T-591-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-591/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
Para determinar la procedencia de la acción de tutela
en contra de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones:
(i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la
existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la
Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine
que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia/JUEZ-Uso de
poderes para llegar a la verdad real
Esta
Corporación ha desarrollado, en el escenario de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la denominada doctrina del defecto procedimental.
Según esta tesis jurisprudencial, una autoridad encargada de impartir justicia
puede incurrir en defecto procedimental de tipo absoluto, o en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. na autoridad judicial encargada de
tramitar un proceso civil o contencioso administrativo, incurre en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando existiendo incertidumbre
sobre unos determinados hechos que se estiman definitivos para la decisión
judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio,
omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su
demostración. Lo anterior por cuanto, pudiendo remover la barrera que se
presenta a la verdad real y, por ende, a la efectividad del derecho sustancial,
prefiere hacer caso omiso de las herramientas procesales a su alcance,
convirtiendo los procedimientos en un obstáculo al acceso a la administración
de justicia. En estos casos procede la tutela del derecho constitucional al
acceso a la administración de justicia, y la orden de reabrir el debate
probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo código adjetivo, para
que el juez de la causa, con audiencia de las partes, ejerza sus deberes
inquisitivos.
ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO-Cumplimiento de
requisitos para la procedencia
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Orden a Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
para que adopte medidas encaminadas a despejar incertidumbre que advirtió en
proceso de reparación directa por atentado terrorista
Referencia:
expediente T – 2972143
Acción de tutela instaurada por William Celis Flórez
contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del Cauca y otros.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil once (2011).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados(a) María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, el veinticinco (25) de agosto de dos mil diez (2010), en primera
instancia, y la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, el trece (13) de diciembre de dos mil diez (2010), en
segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
1.- De los hechos y la demanda
William Celis Flórez[1] interpuso acción de
tutela en contra del Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cali y el
Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del Cauca[2],
por considerar que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad, al proferir sus sentencias
de primera y segunda instancia respectivamente, en el proceso de reparación
directa iniciado por él en contra de la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional[3].
Pasa la Sala a sintetizar las actuaciones procesales
surtidas en la acción de reparación directa, en cuanto resulten relevantes para
la decisión de revisión de tutela. Posteriormente, la Corte resumirá los hechos
y fundamentos jurídicos en que se apoya la demanda de amparo constitucional.
1.1.- Del proceso de reparación directa
Mediante
apoderado judicial el señor William Celis Flórez, quien obró en nombre propio y
en representación de su hija menor Kelly Estefanía Celis Arias, su hermana Rocío
Celis Flores y su madre María Luisa Flórez, impetró demanda de acción de reparación
directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con la
pretensión de que se declarara responsable a la autoridad administrativa allí demandada,
de las lesiones por él sufridas con ocasión del atentado terrorista acaecido el
diez (10) de noviembre de dos mil (2000) en las inmediaciones de la Tercera
Brigada del Ejército Nacional, y por consiguiente de la totalidad de los daños
y perjuicios ocasionados a su menor hija, hermana y madre.
De
los hechos y fundamentos jurídicos alegados por el peticionario en la demanda
de reparación directa, y de la oposición a la misma por parte de la autoridad
administrativa allí accionada[4]
1.1.1.
Siendo aproximadamente las cuatro y cincuenta y cinco de la tarde  (4:55 p.m.)
del diez (10) de noviembre del año dos mil (2000), el señor William Celis
Flórez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como obrero de
construcción, abordó un vehículo de transporte público con destino a su
residencia ubicada en el barrio Floralia en el norte de la ciudad Santiago de
Cali.
1.1.2.-
El conductor del autobús se desvió de la ruta ordinaria, y se detuvo en una
estación de gasolina situada al frente del Hospital Psiquiátrico de Cali.
Minutos después se escuchó una fuerte detonación, y cayeron varios cilindros de
gas junto al automotor, los cuales al hacer explosión le causaron graves
heridas en su integridad física y moral. El accionante manifestó que el estallido
fue producto de un atentado terrorista perpetrado contra las instalaciones de la
Tercera Brigada del Ejército Nacional.
1.1.3.-
Diez (10) minutos después de la detonación, y ante la gravedad de sus heridas, el
actor fue transportado al Hospital Universitario del Valle por el conductor del
autobús, un dragoneante y dos patrulleros de la Policía Nacional. Posteriormente,
fue trasladado al Hospital Mario Carmona, lugar en el que le limpiaron y
suturaron las heridas.
1.1.4.-
En la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el
apoderado judicial del peticionario arguyó como fundamento jurídico de su pretensión,
entre otras, las siguientes consideraciones: “Lo ocurrido el día 10 de
noviembre de 2000, son hechos típicos de lo que la jurisprudencia nacional ha
reconocido como presunción de responsabilidad, dentro de la teoría del daño
especial o responsabilidad por ruptura del principio de igualdad ante las
cargas públicas. || El daño constituye la fuente de responsabilidad
administrativa del Estado y cuando se prueba aquel, todas las personas que
resulten perjudicadas deben ser indemnizadas en su totalidad. || El Estado
Colombiano no ha cancelado suma alguna por concepto de perjuicios a la
familia.” (fl. 8 Cdno. 1).
1.1.5.-
El apoderado judicial de la entidad accionada se opuso a las pretensiones de la
demanda. Señaló que se estaría a los hechos que se demostraran en el proceso, y
sostuvo que las circunstancias fácticas narradas en la demanda se tipificaban
bajo la figura jurisprudencial del “hecho de un tercero”, todo lo cual supondría
la exclusión de responsabilidad de su representada.
De
las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, respectivamente
1.1.6.-
Mediante sentencia del trece (13) de junio de dos mil ocho (2008), el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Cali negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento
normativo de su decisión acudió a las doctrinas de la falla del servicio,
el daño especial y el riesgo excepcional, haciendo una lectura de las mismas de
conformidad con la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado.
Seguidamente,
al abordar el caso concreto y estudiar el acervo probatorio, no encontró
acreditados los elementos que le permitirían imputar la responsabilidad al
Estado en alguno de los regímenes empleados como premisa mayor de la sentencia.
En particular, el a quo restó valor probatorio a los documentos
aparentemente suscritos por autoridad pública que fueron allegados al proceso
en copia simple por el apoderado judicial del demandante. Al respecto, en la sentencia
se manifestó lo siguiente:
“Que en circunstancias tan graves de perturbación del
orden público como las que vive nuestro país, la obligación de diligencia,
vigilancia y cuidado por parte de las autoridades es imperativa. Sin embargo,
en este caso, no existe prueba que permita concluir al Despacho con total
certeza que ocurrió el atentado el día 10 de Noviembre de 2000, igualmente que
el Estado tuviera conocimiento de alguna amenaza de bomba en la zona ni de
probabilidades de un atentado contra algún ciudadano de la población; o que
este estuviera dirigido a una autoridad pública o representante del Estado en
particular, o que representantes del Estado, pudieran haber tenido la
oportunidad de conocer las circunstancias especiales que ameritaran una
protección también especial. Más aun, no está demostrado en el proceso que se
haya solicitado amparo alguno por los vecinos donde ocurrieron los hechos.
(…)
“El daño causado a las víctimas tampoco es reparable a
título de (daño especial) ni riesgo excepcional, pues no se acreditó en el
plenario la ocurrencia de los hechos alegados y tampoco que estas actividades
estuvieran dirigidas contra un objetivo Estatal concreto, no se acreditó la
ocurrencia misma del hecho generador de los perjuicios sufridos por la parte
actora, y que el mismo estuviera dirigido contra ningún bien del Estado ni
contra ninguna autoridad representativa del poder público y tampoco se produjo
como consecuencia de un riesgo creado por el mismo Estado, más allá de las
afirmaciones de la parte Actora, si acaso de alguna referencia tangencial de
alguno de los testigos –no presenciales del hecho- y de copias simples de
constancias expedidas por autoridades municipales que no satisfacen los
requerimientos del artículo 254 del C.P.C., -respecto del valor probatorio de
las copias- aplicables por remisión del artículo 269 del C.C.A., al procedimiento
contencioso administrativo”. (fl. 30 a 37 Cdno. 1)
Más
adelante, con fundamento en la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el juez de la causa
señaló que el demandante no cumplió la carga de la prueba en lo que a sus
intereses se refiere. En particular, indicó que “… el Despacho advierte que
no se acreditaron los hechos que sirvieron de fundamento a las pretensiones de
la demanda, puesto que la actora (sic) no aportó pruebas ni desplegó
actividad alguna tendiente a que se allegaran los medios de prueba necesarios
para determinar la imputación del daño a la Administración Pública…” (fl. 39
Cdno. 1).
1.1.7.-
Apelada la decisión por el representante judicial del demandante, el Tribunal
Contencioso Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del
veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009), confirmó la providencia
recurrida. En lo que a la acción de tutela atañe, interesa resaltar que la Sala
accionada efectuó un recuento de las pruebas incorporados al proceso, y
coincidió con el a quo en lo que toca a la falta de valor probatorio de
los documentos aparentemente expedidos por autoridad pública, anexados en copia
simple a la demanda. Sobre este punto el ad quem manifestó:
“Sea lo primero advertir respecto del material
probatorio, que algunos de los documentos se aportaron en copia simple.
Partiendo de lo anterior, observa la Sala que aquellos documentos públicos que
fueron allegados en estas condiciones, esto es en copia simple, no pueden ser
valorados por el fallador, teniendo en cuenta el contenido de los artículos 253
y 254 del C.P.C. que exige que los documentos públicos sean aportados en
original o copias auténticas. Son estos documentos: historias clínicas del
H.U.V. y del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo que obran a folios 5 a 15 del cuaderno 1, certificado de la Dirección para la Prevención y Atención de Desastres (folio
17 ibidem), Oficio de la Personería Municipal que obra a folio 18 Cdno. 1.
Tampoco puede ser valorada por ser prueba aportada
extemporáneamente, la documentación que allega el apoderado judicial de la
parte demandante y la cual obra a folios 174 a 209 del cuaderno principal. Estas pruebas fueron aportadas cuando el proceso ya se encontraba para fallo en
segunda instancia y su decreto resulta improcedente por cuanto no se reúnen
ninguna de las condiciones de que habla el artículo 214 del C.C.A”. (fl. 89 a 90 Cdno. 1)
Posteriormente,
con base en el acervo probatorio admitido como válido en el expediente, el
Tribunal dio por acreditado que el demandante (i) sufrió una herida en un
miembro inferior por una explosión de un cilindro bomba ocurrida el día diez (10)
de noviembre de dos mil (2000), (ii) por esta lesión fue atendido en el
Hospital Universitario del Valle, (iii) sufrió una pérdida de su capacidad
laboral del 24.05%, (iv) la lesión padecida le ha impedido trabajar normalmente
y, (v) su familia sufrió perjuicios derivados de la incapacidad producida por
la anotada afección.
Seguidamente,
sin hacer alusión alguna a los regímenes de imputación del daño al Estado por
acto terrorista, es decir al marco normativo aplicable al caso concreto,
el Tribunal pasó a señalar que el demandante no había logrado demostrar la
responsabilidad endilgada a la autoridad administrativa acusada. En cuanto a
estos aspectos, la sentencia consignó lo siguiente:
“Siendo estos los hechos demostrados, encuentra la
Sala que a partir de ellos no se puede atribuir responsabilidad alguna a la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la lesión padecida por el
señor William Celis Flórez. Lo anterior por cuanto no se halla demostrado en el
plenario que en efecto las heridas que padeció la citada persona obedecieron a
un atentado en contra de la institución militar, pues se desconoce incluso cómo
acaecieron los hechos en que resultó herido el actor. Si bien dos testigos
manifiestan que el insuceso ocurrió en una bomba de gasolina y uno de ellos
adicionalmente expresa que fue por los lados del Batallón y que la pipeta de
gas iba dirigida contra la Tercera Brigada, es de anotar que estos declarantes
no fueron testigos presenciales de los hechos, como tampoco pertenecen a
ninguna autoridad como para dar certeza de esta afirmación. En casos como el
presente corresponde a la parte actora la carga de demostrar los supuestos de
hecho que afirma en la demanda, tal como lo establece el artículo 177 del
C.P.C., deber que no se cumplió a cabalidad por los accionantes, pues tal y
como se anotó con antelación, del material probatorio obrante en el expediente
y que puede ser valorado por el fallador, no se puede llegar a la conclusión de
que el señor William Celis Flórez resultó herido como consecuencia de un
atentado contra la Tercera Brigada de la ciudad de Cali. || Considera en
consecuencia la Sala que ante la carencia de pruebas mediante las cuales se
demuestren los supuestos de hecho que plantea el libelo, la sentencia objeto de
apelación debe ser confirmada, toda vez que las pretensiones de la demanda no
están llamadas a prosperar”.
1.2.-
De la acción de tutela
1.2.1.-
El demandante estima que las autoridades judiciales accionadas al dictar las
respectivas sentencias de primera y segunda instancia, incurrieron en causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Para
sustentar su acusación el demandante (i) relata sus actuales condiciones
materiales de subsistencia, (ii) hace énfasis en el alcance que a su juicio
tienen algunos de los medios de convicción anexados al expediente contencioso
administrativo, (iii) se pronuncia sobre determinados aspectos procesales que
habrían ocurrido en el trámite demandado, y (iv) finaliza precisando el tipo de
defecto en el que, según su criterio, incurrieron los despachos judiciales
demandados. Pasa la Sala a sintetizar los puntos referidos en precedencia.
1.2.2.-
El actor afirma que es padre cabeza de familia y debe contribuir al sustento de
su hija, madre y hermana. Agrega que “lo que devengaba por la labor
independiente de maestro de construcción, se ha mermado en virtud de que [es]
una persona más en este país discapacitada para trabajar” (fl. 121 Cdno.
1).
1.2.3.-
Posteriormente, precisa que como prueba del atentado terrorista del que aduce
ser víctima, se acompañó a la demanda, entre otros, los siguientes documentos:
(i) oficio No. PDH- 1011 del 11 de noviembre de 2000, expedido por el personero
delegado de derechos humanos de la alcaldía de Santiago de Cali, en el que se
solicita a las directivas del Hospital Universitario que por el atentado perpetrado
en las inmediaciones del Batallón, se atienda a un determinado número de
pacientes, entre los que figuraría el demandante, por tratarse de un evento
catastrófico cuya atención corresponde al Estado y; (ii) certificado del
director para la prevención y atención de desastres y del comité local de
emergencias, en el que, a juicio del accionante, se indica que como
consecuencia “del conflicto armado interno por razones ideológicas que vive
el país, se produjo una explosión de un petardo en la calle 5 Kra. 80 Estación
de Servicio Esso ubicado en el barrio Carpi, y como consecuencia de ello
resultó lesionado el señor William Celis Flórez” (fl. 120 Cdno. 1).
1.2.4.-
Seguidamente, expresa que el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009)
su apoderado judicial le solicitó a la magistrada encargada de la sustanciación
del proceso, que procediera a decretar pruebas de oficio “a fin de conocer
la verdad de los hechos por mí esbozados en la demanda y con fundamento en ello
se impusiera la justicia, petición que no fue resuelta ya que no existe
pronunciamiento alguno sobre ello, por el contrario un mes más adelante se
profiere el fallo confirmando la sentencia de primera instancia, en donde solo
se le reconoció personería a mi apoderado…”. (fl. 122 Cdno. 1)
1.2.5.-
El peticionario continúa su exposición indicando que los documentos
desestimados en el trámite contencioso administrativo no fueron objeto de tacha
de falsedad por la entidad demandada. Esta situación, sin embargo, no habría sido
tenida en cuenta por la autoridad judicial accionada al momento de dictar
sentencia de segunda instancia. Reitera que “si había duda en la
comprobación de los hechos el juez debió desplegar su poder oficioso a fin de
conocer la verdad verdadera para efectos de dictar fallo ajustado a la
situación real…” (fl. 121 Cdno. 1).
1.2.6.-
Finalmente, arguye que se vulneró su derecho a la igualdad y se desconoció el que
considera precedente judicial horizontal sobre la materia, en tanto en dos
procesos surtidos por los mismos hechos y con similares pretensiones ante los Juzgados
Octavo y Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali, sí se accedió a las
pretensiones de los allí accionantes, y se tuvo en cuenta al momento de
proferir los respectivos fallos, la “certificación del Director para la
Prevención y Atención de Desastres y del Comité Local de Emergencias, (…)”
(fl. 123 Cdno. 1), los cuales son los mismos documentos aportados al proceso de
reparación directa cuestionado ahora por vía constitucional.
Cargos
formulados por el actor
1.2.7.-
A partir del relato efectuado en el escrito de demanda de tutela, el actor
invoca la ocurrencia de tres defectos específicos de procedencia de la acción
de tutela contra sentencias judiciales, a saber: (i) defecto fáctico, (ii)
defecto por desconocimiento del precedente horizontal y, (iii) defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
Los
dos primeros defectos no fueron desarrollados expresamente por el demandante,
en tanto se limitó a reproducir algunos fragmentos jurisprudenciales
consignados en sentencias de la Corte Constitucional, sin detenerse a señalar
la incidencia que los mismos tendrían en el caso concreto.
No
obstante la precariedad expositiva y argumentativa de la demanda de tutela en
lo que a los cargos por defecto fáctico y desconocimiento del precedente
horizontal se refiere, la Sala, interpretando el contenido de la misma, infiere
que en criterio del accionante la autoridad judicial demandada habría incurrido
en defecto fáctico por falta de valoración de algunos documentos públicos allegados
al proceso en copia simple, y en desconocimiento del precedente horizontal al
no haber tenido en cuenta las decisiones de los Juzgados Octavo y Diecisiete Administrativos
del Circuito de Cali.
Ahora
bien, en lo que al cargo por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
atañe, el accionante señaló que su apoderado, en el trámite de segunda
instancia, radicó ante el Tribunal Contencioso Administrativo un oficio en el
que dejó a consideración de la autoridad judicial la posibilidad de decretar
pruebas de oficio. Asimismo, con apoyo en la sentencia T-599 de 2009 argumentó
lo siguiente: “Es necesario tener en cuenta que la facultad oficiosa cobra
especial relevancia en la instrucción del proceso, pues en caso de omitirse se
infringen derechos fundamentales, ya que esta prueba conduce a enderezar o
disipar las dudas frente a los hechos de la demanda, y en ese sentido tomar la
decisión, ya que el Juez no puede actuar como un simple espectador, y aunque
los jueces se encuentran vinculados por la restricción del non liquen (sic)
que les impone el deber de fallar con el material probatorio que acredite la
ocurrencia de los hechos, pero si estos abrigan dudas como en mi caso, estas
pueden ser superadas con el decreto oficioso, que a las voces del Art. 169 del
Código Contencioso Administrativo pudo haberse decretado ya que para la fecha
en que se solicito (sic) no se había producido el fallo de segunda
instancia” (fl. 129 Cdno. 1).
2.
Intervención de las autoridades accionadas
Por auto del veintiséis (26) de julio de dos mil diez
(2010), la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado avocó conocimiento de la acción de tutela y dispuso la
notificación de los interesados, con el objeto de que efectuaran los descargos
que a bien tuvieran sobre los hechos, consideraciones y pretensiones elevadas
en la demanda de tutela.
El Juez Trece Administrativo del Circuito de Cali, el
comandante del Batallón de Infantería No.
8, y el segundo comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional intervinieron en el trámite de tutela a través de
escritos radicados ante el Consejo de Estado. A su turno, el Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca dejó transcurrir en silencio el término de
traslado de la demanda, limitándose a remitir copia del fallo de segunda
instancia dictado en el trámite contencioso administrativo.
2.1.- Intervención del Juzgado Trece Administrativo
del Circuito de Cali
El Juez Trece Administrativo del Circuito de Cali intervino
en el trámite oponiéndose a la prosperidad del amparo constitucional, con base
en las consideraciones que a continuación se resumen:
En el trámite contencioso administrativo no se cometió
ninguna irregularidad procesal en lo relativo a la alegada solicitud de pruebas
de oficio radicada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del
Cauca, en tanto en ella el actor no solicitó el decreto y práctica de una
prueba específica, sino que dejó a consideración del ad quem de forma
genérica, la posibilidad de desplegar oficiosamente alguna actividad
probatoria, en el evento de considerarlo pertinente.
De la lectura del memorial presentado por el actor ante
el Tribunal Contencioso Administrativo, no se desprende la ocurrencia de alguna
de las hipótesis contempladas como causal para el decreto y práctica de pruebas
en segunda instancia, ello de conformidad con lo normado en el artículo 214 del
Código Contencioso Administrativo (en adelante C.C.A.).
La omisión en el decreto y práctica de pruebas de
oficioso, “no configura una violación al debido proceso, pues la prueba
oficiosa, es una herramienta de la cual puede hacer uso el Juzgador sólo si lo
estima necesario, pero no puede considerarse como obligatoria. || Debe
advertirse que es claro que por regla general a quien le corresponde asumir la
carga probatoria es a la parte demandante, con fundamento en el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil que dispone que “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen””. (fl. 170 Cdno. 1).
No fue posible otorgar valor probatorio a algunos
documentos públicos aportados al proceso en copia simple, en tanto no
cumplieron con lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil
(en adelante C.P.C.). Asimismo, las pruebas solicitadas por la parte demandante
se decretaron oportunamente, y las allegadas al proceso en debida forma, fueron
valoradas en el trámite.
Las pretensiones de la demanda fueron negadas en
atención a la línea jurisprudencial “trazada por el Consejo de Estado en
torno al tema de los atentados terroristas y teniendo en cuenta que la parte
demandante ni siquiera probó la forma en [que] se desarrollaron los
hechos objeto de la demanda y mucho menos se acreditó que las pipetas de gas
que lesionaron al actor [iban] dirigidas contra algún organismo del
Estado o un miembro suyo en particular…” (fl. 174 Cdno. 1).
2.2.- Intervención del Batallón de Infanteria No. 8
“Batalla de Pichincha”
El mayor ejecutivo y segundo comandante del Batallón
de Infantería No. 8 intervino en el proceso. Sus argumentos se sintetizan de la
siguiente forma:
El Batallón de Infantería No. 8 no tiene jurisdicción
en la ciudad de Cali “donde presuntamente ocurrieron los hechos de fecha 10
de noviembre de 2000 en donde estallara un carro bomba en frente de las
instalaciones del “Batallón Pichincha”|| Es de aclarar que por ser el “Batallón
Pichincha” un batallón de tradición y con gran antigüedad, en la ciudad de Santiago
de Cali es conocido el Cantón Militar Nápoles como “El Batallón Pichincha”,
razón por la cual se concluye que la explosión del mencionado vehículo fue en
frente de las instalaciones del cantón Militar Nápoles y no del Batallón
Pichincha como tal (…). Es por ello que se considera que cuando el
accionante refiere el nombre de esta unidad táctica, se encuentra en un
equívoco, en la medida que los hechos ocurrieron en frente del Cantón Militar
Nápoles y no en frente de nuestra unidad táctica y por ende está mal enfocada
la descripción del accionante al decir el lugar de los hechos que motivan su
demanda” (fl. 296 Cdno. 1).
2.3.- Intervención de la Tercera Brigada del Ejército
Nacional
El segundo comandante de la Tercera Brigada del
Ejército Nacional presentó informe sobre los hechos ocurridos el diez (10) de
noviembre de dos mil (2000) en las inmediaciones del Cantón Militar Nápoles. Al
respecto puntualizó que de acuerdo con los archivos de la Tercera Brigada, se
registra Boletín de Informaciones No. 314 en el que se expresa: “10-NOV-00
Atentado Terrorista. El día 1017:15-NOV-00 (sic) Milicias Populares en
represalia a la operación Conquistador realizada por personal orgánico de la
“FUDRA”, en intento fallido por destruir las instalaciones del Cantón Militar
de Nápoles destruyeron parte aledañas al Cantón, así: El primer cilindro
estalló en la parte trasera del Hospital Psiquiátrico, resultando heridas 08
personas, el segundo y tercer cilindro cayó en la Calle 5ta con Carrera 78
causando daños en centro Estación de gasolina CAPRI, así mismo centro venta de
vehículos Renault, resultando heridos 04 personas que responden a los nombres
de Adolfo Solorzano, Fallid Lilian Castillo, Nestor Balanta, Palacios Sanchez,
el cuarto cilindro estalló en un camioneta Luv B2000 Mazda de placas CAJ 665
color rojo, hurtada en el año 1992 utilizada como rampa para el lanzamiento de cilindros…”
(fl. 299 Cdno. 1).
3. Del fallo de primera instancia
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del veinticinco (25)
de agosto de dos mil diez (2010) declaró la improcedencia del amparo
constitucional impetrado.
A juicio del Consejo de Estado la tutela
constitucional reclamada deviene improcedente en la medida que carece de
relevancia constitucional, pues no se avizora una flagrante afectación de las
garantías superiores invocadas por el actor. Agregó que el debate probatorio
propuesto por el peticionario era propio de las instancias procesales
demandadas, y por ello estaba vedada la intromisión del juez constitucional.
4. Impugnación
El
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos
esgrimidos en la demanda de tutela.
5.
Del fallo de segunda instancia
Mediante sentencia del trece (13) de diciembre de dos
mil diez (2010), la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. Al abordar el
estudio del asunto concreto, el juez constitucional de segundo grado concluyó
que el Tribunal demandando no vulneró los derechos fundamentales alegados por
el accionante, pues, de una parte, el juez de la causa se limitó a dar
aplicación al artículo 254 del C.P.C. y, de otra, la facultad que tiene el juez
para decretar y practicar pruebas de oficio es una atribución que puede ser
ejercida cuando lo considere necesario y no cuando alguna de las partes se lo
solicite.
6. Insistencia presentada por el Defensor del Pueblo
En escrito dirigido a la Corte Constitucional el ocho
(8) de abril de dos mil once (2011), el Defensor del Pueblo en uso de sus
facultades constitucionales y legales, solicitó la revisión del presente caso.
En su petición trajo a cita varios fragmentos de las sentencias T- 461 de 2003,
T-916 de 2008 y T-264 de 2009, relativas a la doctrina constitucional sobre la
configuración de los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual
manifiesto. A partir de ellas señaló lo siguiente: “Los jueces de la
república deben desplegar sus poderes oficiosos cuando de los hechos de la
demanda se observa con nitidez que su utilización permite dictar justicia sin
ataduras formalistas, que solo llevan a vulnerar la confianza legítima que los
usuarios tienen en el sistema judicial. || En el caso concreto la omisión en la
práctica de las pruebas insinuadas (en copia simple) en el proceso para
esclarecer la verdad se traduce en un claro exceso ritual manifiesto que
lesiona de bulto los preceptos constitucionales que garantizan el acceso a la
justicia y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales”.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de veintiocho
(28) de abril de dos mil once (2011), expedido por la Sala de Selección
Número Cuatro (4) de esta Corporación.
2. Cuestión previa. Delimitación fáctica del debate
constitucional propuesto
2.1. Revisados los antecedentes de esta sentencia, la
Sala avizora una circunstancia que podría obstaculizar de forma insuperable la
formulación o delimitación del problema jurídico que debe resolver el Tribunal
Constitucional. En efecto, se observa que los cargos formulados relativos a la
posible configuración de un defecto fáctico y al desconocimiento del precedente
horizontal, aparentemente se sustentan en premisas materiales inexistentes. Por
esa razón, previo a plantear el problema jurídico que envolvería el debate
jurídico propuesto por el actor, la Sala estudiará si los dos cargos referidos
se sustentan en supuestos fácticos ciertos, en la medida que de no ser así el
control de constitucionalidad concreto devendría impracticable pues la Corte no
tendría una situación real sobre la cual pronunciarse.
2.2.
El accionante formuló un cargo por defecto fáctico ante la supuesta falta de
valoración de algunos documentos que habrían sido expedidos por autoridades
públicas, y allegados al expediente contencioso administrativo en copia simple.
No obstante lo expuesto, la Sala encuentra que los mencionados documentos sí
fueron tenidos en cuenta por la autoridad judicial accionada en su sentencia,
la que luego de estudiarlos decidió restarles valor probatorio, pero con
fundamento en una interpretación de los artículos 253 y 254 del C.P.C., hermenéutica
cuya razonabilidad no fue cuestionada por el actor en vía de tutela, y que por
ende, la Corte se abstiene de enjuiciar.
2.3.-
Igualmente, el demandante alega el presunto desconocimiento del precedente
horizontal por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del
Cauca, pues al momento de proferir su fallo, dicha autoridad judicial no habría
tomado en consideración las decisiones adoptadas por los Juzgados Octavo y Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cali en casos que, en criterio del peticionario,
guardan una cercanía fáctica y jurídica con el suyo.
Al
respecto, es menester recordar que “la jurisprudencia constitucional ha distinguido dos clases de
precedentes los horizontales y los verticales, a fin de establecer en cada caso
la contundencia que el juez debe dar a cada uno de ellos al momento de decidir
un asunto. || [El precedente
horizontal] se refiere a aquellos fijados por autoridades de la misma
jerarquía o la misma autoridad. Sobre este aspecto la Corte ha señalado que las
autoridades judiciales deben ser consistentes con las decisiones adoptadas por
ellas mismas, de manera que casos con supuestos fácticos similares sean
resueltos bajo las mismas fórmulas de juicio, a menos que expongan razones
suficientes para decidir en sentido contrario”[5].
Bajo
tal óptica, sin lugar a mayores consideraciones, la Sala advierte que el cargo
formulado adolece de una protuberante imprecisión fáctica y jurídica en la
medida que las sentencias que el peticionario pretende hacer valer con fuerza
de precedente horizontal no revisten tal carácter, pues no fueron dictadas por
el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del Cauca sino por autoridades judiciales
de inferior jerarquía; en ese sentido, no existe un precedente vertical sobre
el cual analizar el apartamiento alegado en la demanda de tutela.
2.4.-
En conclusión, en el presente asunto la Sala se abstendrá de estudiar los
cargos formulados por defecto fáctico y desconocimiento del precedente
horizontal, ya que las premisas fácticas sobre las que el demandante hace
descansar sus reproches jurídicos son inexistentes, deviniendo impracticable,
por sustracción de materia, el juicio concreto de constitucionalidad pretendido
por el demandante.
3.
Problema jurídico planteado
3.1.-
De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a
la Sala Novena de Revisión establecer si el Tribunal Contencioso Administrativo
de Valle del Cauca vulneró el derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia de William Celis Flórez, en el trámite de la acción de reparación
directa impetrada por él contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional.
En
ese sentido, la Sala deberá determinar, en un primer momento, si en el caso
concreto se cumplen los presupuestos formales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, de suplirse dicha etapa
procesal, comprobará si el Tribunal accionado incurrió en causal genérica de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, en especial,
si se configuró un exceso ritual manifiesto al no decretar, de forma oficiosa,
pruebas que presuntamente habrían podido conducir a la demostración de ciertos
hechos jurídicamente relevantes para el proceso. Lo anterior, a pesar de que
del acervo probatorio se desprendían, aparentemente, elementos de juicio que,
sin tener un grado de certeza suficiente, permitían inferir razonablemente la
ocurrencia de los mencionados enunciados fácticos jurídicamente relevantes.
3.2.-
Para dar solución al problema jurídico planteado, la Corte Constitucional reiterará
su jurisprudencia sobre: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y, (ii) la configuración de defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto. Posteriormente, la Sala aplicará estas reglas para
solucionar el caso concreto.
a.
Solución del problema jurídico
4.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia
4.1.-
La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y
guardiana de la integridad y supremacía del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio
adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y
efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser primordial del
estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a
partir de la procedencia excepcional de la acción de tutela, dentro de
supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[6].
4.2.-
De este modo, en sentencia C-590 de 2005 el Pleno del Tribunal Constitucional
señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la acción de
tutela contra sentencias judiciales. Así, para que una acción de tutela proceda
formalmente deben reunirse los siguientes requisitos: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[7],
(ii) que el actor, antes de acudir al juez de tutela[8],
haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance,
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales, (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible, (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[9].
4.3.-
Igualmente, para que la acción de tutela proceda materialmente debe acreditarse
en el caso concreto alguna de las causales genéricas de procedibilidad
ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[10]
sustantivo[11], procedimental[12]
o fáctico[13]; error inducido[14];
decisión sin motivación[15];  desconocimiento del
precedente constitucional[16]; y violación directa a
la constitución[17].
En
relación con estas últimas, la Corte ha manifestado que no existe un límite
indivisible entre ellas, pues resulta evidente que la aplicación de una norma
inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden
derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de
apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de
aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso
específico[18].
4.4.-
En conclusión, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra
de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i) el
cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia
de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación
para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non,
consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental.[19]
5.
Breve caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de
tutela contra fallos judiciales por defecto procedimental. Configuración de
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
5.1.-
La norma fundamental de 1991 consagra en su artículo 29 el
derecho fundamental al debido proceso[20]. Dentro del contenido constitucionalmente protegido
de esta garantía se encuentra el mandato según el cual toda persona tiene
derecho a ser juzgada con “observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio”. A su turno, el artículo 228 superior reconoce el derecho
constitucional al acceso a la administración de justicia, y establece el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, como uno de
los criterios rectores de las actuaciones judiciales[21].
Atendiendo
al contenido normativo de las disposiciones constitucionales en comento, esta
Corporación ha desarrollado, en el escenario de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la denominada doctrina del defecto procedimental.
Según esta tesis jurisprudencial, una autoridad encargada de impartir justicia
puede incurrir en defecto procedimental de tipo absoluto, o en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
5.2.-
La Sala Tercera de Revisión en sentencia T-264 de 2009 recogió la
jurisprudencia trazada por esta Corporación en materia de defecto procedimental,
al revisar el caso de una peticionaria que presentó acción de tutela contra una
sentencia dictada en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá en el trámite de un proceso ordinario, en el cual la autoridad
judicial demandada había omitido el decreto y práctica oficiosa de una prueba que
se advertía necesaria para una correcta aplicación del derecho sustantivo, y
cuya omisión, a la postre, condujo a la revocatoria de la sentencia de primer
grado en cuanto el ad quem entendió no acreditados los hechos en
que el a quo fundó la condena de instancia.
5.3.-
Al trazar los fundamentos jurisprudenciales de su decisión, la Corte puntualizó
que el defecto procedimental absoluto se produce “cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue un trámite
por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto[22]),
o (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido[23]
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso”.
5.4.-
Asimismo, en lo atinente al defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, el Tribunal Constitucional indicó que este tiene ocurrencia “cuando
un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia”[24]. Igualmente, señaló que al
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto le subyace una tensión entre
las garantías constitucionales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia en su faceta de prevalencia del derecho sustancial
sobre el derecho adjetivo, en tanto el acatamiento riguroso de las formas puede
implicar el sacrificio del derecho material o, viceversa, el respeto
irrestricto del derecho sustantivo podría suprimir importantes principios
formales, atentado contra la seguridad jurídica del ordenamiento jurídico y la
salvaguarda del debido proceso de las partes. No obstante lo expuesto, la Sala
precisó que dicha tensión es tan solo aparente, pues su solución “se
encuentra en la concepción de las formas procedimentales como un medio para
lograr la efectividad de los derechos subjetivos, y no como fines en sí mismos”[25].
5.5.-
Seguidamente, la Sala Tercera  de Revisión recordó que “la Corte se ha
referido al defecto por exceso ritual en eventos en los cuales el juzgador
incurre en una vulneración del mandato de dar prevalencia al derecho
sustancial, o del derecho al acceso a la administración de justicia por (i)
dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias
puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas[26]”.
5.6.-
Igualmente, la Corporación puntualizó que tanto en la hipótesis en que se
discute la ocurrencia de un defecto procedimental absoluto, como en aquellos
casos en que se alega la configuración de un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la procedencia de
la tutela se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos: “(i) que
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales[27]; (iii) que la
irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico[28]; y (iv) que como
consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”.[29]
5.7.-
En línea con lo expuesto, la Corporación indicó en la sentencia T-264 de 2009,
que “a partir del derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia, y de la obligación de dar prevalencia al derecho sustancial (artículo
228 de la Constitución), la Corte ha encontrado que puede producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones de impartir justicia,
buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más
posible a la verdad real, garantizar la efectividad de los derechos
constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que trunquen la
eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia[1] y de los derechos
materiales, pues los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la
efectividad del derecho y no fines en sí mismos.”.
5.8.-
Ahora bien, la Sala Tercera de Revisión, continuando su análisis, se pronunció ampliamente,
de una parte, sobre la relevancia constitucional que tiene el decreto oficioso
de pruebas en el proceso civil colombiano y, de otra, al defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto en que puede incurrir una autoridad judicial al no
cumplir con su deber probatorio oficioso, cuando las condiciones del caso
concreto así se lo exigen. De este modo, la Corte recalcó que el sistema de
enjuiciamiento civil es de carácter mixto, en tanto incorpora los principios de
procesamiento inquisitivo y dispositivo. Así, sobre la parte demandante recae
el derecho de acción, incumbiéndole la obligación de aportar al expediente los elementos
que considere oportunos para la prosperidad de sus pretensiones, mientras que al
juez le asiste el deber de dirigir el proceso, adoptar todas las medidas
pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos, eliminar los
obstáculos que le impidan llegar a decisiones de fondo, y decretar las pruebas
de oficio que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, tanto
en primera como en segunda instancia (artículos 37.1, 37.4[30],
179[31] y 180[32]
del Código de Procedimiento Civil).
5.9.-
A partir de lo señalado, la Corte concluyó que “Las funciones atribuidas al juez permiten afirmar,
entonces, que el hecho de que el sistema procesal sea mixto no implica que
exista algún tipo de ambigüedad sobre los fines perseguidos por el proceso. En
ese sentido, la Corte ha establecido claramente que el proceso se dirige a la
vigencia del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad y la solución de
controversias mediante decisiones justas[33]”.
5.10.-
Consecutivamente, la Sala estimó pertinente reflexionar sobre la relación
existente entre la búsqueda de la verdad real, la efectividad del derecho
material y la pretensión de corrección de las decisiones judiciales. De este
modo, precisó que “una sentencia justa solo se alcanza si el juez parte de
una base de conocimiento que pueda considerarse, al menos en cierta medida,
verdadera”. Asimismo, entendió que “el ordenamiento [jurídico] colombiano no es indiferente a la verdad desde un punto
de vista ideológico, como lo demuestra el valor dado a la prueba como elemento
del debido proceso constitucional, el mandato de dar prevalencia al derecho
sustancial en las actuaciones judiciales, y la obligación de los funcionarios
de evitar fallos inhibitorios que erosionan el derecho al acceso a la
administración de justicia (T-134 de 2004), removiendo los obstáculos que le
impidan llegar a una decisión de mérito”. Luego de ello, la Corte arribó a
las siguientes conclusiones:
“Lo expuesto permite aseverar que la correcta
aplicación del derecho, bien sea mediante la atribución de consecuencias
jurídicas a determinadas situaciones de hecho, bien sea mediante la ponderación
de principios en un caso concreto, solo se logra si se parte de una base
fáctica adecuada. Por lo tanto, la verdad es un presupuesto de la vigencia del
derecho material o, dicho de otra forma, de la justicia de las decisiones. Como
lo ha reiterado la Corte, el derecho procesal, en el marco de un estado
constitucional de derecho, debe buscar la solución de conflictos, pero desde
una base justa y no sólo eficiente, basada en el establecimiento de la verdad.
4.7 Como conclusión, se puede
afirmar que, para la Constitución Política, arribar a la verdad es algo posible
y necesario; que la Jurisdicción tiene como finalidad la solución de conflictos
de manera justa; y que esa solución supone la adopción de las decisiones
judiciales sobre una consideración de los hechos que pueda considerarse
verdadera”.
5.11.- Establecida la necesaria relación entre la búsqueda
de la verdad real, la efectividad del derecho sustancial y la pretensión de
corrección de las decisiones judiciales, la Corte reafirmó el papel central que
en dicho marco ocupa el decreto oficioso de pruebas en el campo del proceso
civil. En esa dirección, la Corte señaló que “el decreto oficioso de
pruebas constituye una manifestación del deber del juez de indagar la verdad de
los hechos antes de tomar una decisión determinada, con pleno sustento en la
adopción de la forma política del Estado Social de Derecho, en donde el juez
deja de ser un frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley, para
adoptar el papel de garante de los derechos materiales[34]”.
5.12.-Igualmente, enfrentándose a las posibles objeciones
del ejercicio del deber de decretar pruebas de oficio, consistentes en el
supuesto obstáculo que dicha facultad implicaría para la solución oportuna de
las controversias judiciales, y la probable imparcialidad en que caería el
juez, la Corte precisó que (i) “la solución de conflictos es
compatible con la búsqueda de la verdad, porque el establecimiento de la verdad
puede ser un método adecuado para la solución de las controversias. (…)
una solución de los conflictos que no se fundamente en la indagación de los
hechos puede resultar contraproducente, pues genera desconfianza en el derecho
y un riesgo para la paz social” y, (ii) “En relación con la segunda
objeción, debe recalcarse que el juez no desplaza a las partes ni asume la
defensa de sus intereses privados. Desde el punto de vista de la Constitución
Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del
juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del
proceso. Por ello, el decreto de pruebas no afecta la imparcialidad del juez,
ya que el funcionario puede decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las
partes siempre que le ofrezca a la otra la posibilidad de ejercer el derecho de
defensa y contradicción[35]”.
No obstante lo anterior, la Corte fue enfática en aclarar
que no siempre que “el juez omita el decreto de una prueba que alguna
de las partes considere conveniente, incurre en una actuación irregular”
o en un “defecto fáctico (insuficiencia de pruebas), sustantivo (falta de
aplicación de los artículos 179 y 180 del C.P.C.), o procedimental (por no
buscar la prevalencia del derecho sustancial o negar el acceso a la
administración de justicia). Ello se debe a que los principios de autonomía e
independencia judicial le dan al juez un amplio margen para la dirección del
proceso, especialmente en lo que hace a la evaluación sobre la conducencia,
pertinencia o necesidad de una prueba”.
5.13.-
Finalmente, el Tribunal Constitucional concluyó que “el decreto oficioso de
pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad postestativa del
Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario deberá decretar
pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las
partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia;
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas
razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del
sendero de la justicia material”.
5.14.-
Ahora bien, al abordar el estudio del caso concreto, la Sala Tercera de
Revisión encontró acreditada la configuración de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en la medida que el Tribunal accionado había omitido
el decreto oficioso de una prueba que se avenía necesaria para arribar a una
decisión judicial ajustada a la verdad real y respetuosa de la vigencia del
derecho sustancial en el caso concreto. Sobre este asunto la Corte indicó:
“La Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, una vez constató que hacía falta un medio probatorio imprescindible
para adoptar una decisión apegada al derecho material como lo indicaban todos
los demás elementos del proceso, en lugar de adoptar las medidas necesarias
para suplir esa necesidad y, especialmente, para cumplir con su tarea de
solucionar los conflictos que se someten a su consideración desde una base
fáctica adecuada, requisito necesario para proferir una decisión justa (supra,
acápite 4º), prefirió revocar el fallo de primera instancia y cerrar
definitivamente las puertas de la jurisdicción civil a la demandante, actuación
que comporta negarle el acceso material a la administración de justicia.
(…)
Una sentencia como ésta, si bien no es de carácter
inhibitorio, tiene el mismo efecto, pues  impide la prevalencia del derecho
sustancial y deniega el acceso material a la administración de justicia de la
peticionaria. Contrasta de forma evidente la actitud de la autoridad judicial
accionada con aquella prescrita por el artículo 228 de la Constitución, que
ordena al juez la adopción de todas las medidas conducentes y necesarias para
arribar a una decisión de fondo y apegada a la justicia material.
5.15.-
Demostrada la infracción constitucional demandada por la parte actora, la Sala
tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia conculcados por el Tribunal Superior de Bogotá. En
esa dirección, la Corte dejó sin efecto la sentencia impugnada por vía
constitucional, y dispuso lo siguiente:
“La autoridad
accionada deberá decretar un período probatorio adicional en el cual hará uso
de sus facultades inquisitivas para dictar un fallo en los términos indicado en
la parte motiva de esta providencia, cuyo término no podrá exceder de 40 días.
Una vez cerrado este período probatorio adicional, la Sala de Decisión Civil
del Tribunal Superior de Bogotá, deberá dictar sentencia en los términos
previstos por el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil”.
5.16.-
Si bien en la sentencia T-264 de 2009 el
Tribunal Constitucional estudió el asunto relativo a la configuración del
defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto en la omisión en el
decreto y práctica de pruebas de oficio en el marco del proceso civil, en
posteriores decisiones la Corte reiteró sus preceptos en casos en los que se
debatía la misma clase de defecto, pero en el escenario del proceso contencioso
administrativo.
Lo
anterior por cuanto las consideraciones jurídicas efectuadas sobre el alcance
del derecho al acceso a la administración de justicia y el principio de búsqueda
de la verdad como componente que contribuye a la correcta aplicación del
derecho sustancial y a su efectividad, son transversales a los procesos civil y
contencioso administrativo, pues en ellos también se busca su satisfacción,
aunque, como es natural, dentro del respectivo contexto procesal y sustantivo,
en arreglo a los principios jurídicos que orientan el escenario jurídico
procesal de que se trate.
5.17.-
Bajo tal óptica, la Sala Novena de Revisión comparte
el criterio asumido en la sentencia T-654 de 2009, en la cual, la Sala Segunda
Revisión, al cuestionarse sobre la vinculación que tiene para el escenario
contencioso administrativo la tesis expuesta en la sentencia T-264 de 2009 sobre
el decreto oficioso de pruebas, expresó lo siguiente:
“Ahora bien, debe señalarse que estas últimas
sentencias [T-417 de 2008 y T-264 de 2009] decidían una acción de tutela contra
providencias de la justicia civil. Por lo tanto, podría pensarse que tienen
fuerza de precedente vinculante sólo para las decisiones de tutela contra
providencias civiles. Sin embargo, esa interpretación no es adecuada, pues lo
que en último término fundamenta el deber del juez de decretar pruebas de
oficio en un proceso jurisdiccional no es la naturaleza civil, administrativa o
laboral del proceso, sino el contexto normativo y fáctico en el cual está
inserto cada caso concreto”.
En
dicha sentencia, la Sala Segunda de Revisión analizó el caso de una persona que
instauró acción de amparo constitucional contra un Juzgado y un Tribunal de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, al estimar que estas autoridades,
en el trámite de una acción electoral, habían vulnerado su derecho al acceso a
la administración de justicia, pues aunque habían excluido del proceso algunos
documentos públicos por haber sido aportados en copia simple, se abstuvieron de
solicitar su incorporación al expediente en copia auténtica mediante el empleo de
sus poderes oficiosos en materia probatoria, actuación que, a su juicio,
debieron desplegar al encontrar que los mismos se referían a aspectos fácticos
jurídicamente relevantes.
En
lo que interesa a la construcción de los fundamentos normativos de esta decisión,
la Corte resalta que en su providencia la Sala Segunda de Revisión reiteró la
tesis según la cual, en el marco de un proceso judicial, el juez tiene la
obligación de adoptar las medidas pertinentes para superar la incertidumbre que
recaiga sobre un determinado enunciado fáctico, cuando este se insinúe en el
acervo probatorio y resulte jurídicamente relevante para el sentido de la
decisión. En esa dirección la sentencia T-654 de 2009 manifestó:
“[E]s cierto que el juez tiene una autonomía para
decidir cuándo existen puntos oscuros o dudosos. Sin embargo, si hay puntos
oscuros o dudosos en un caso, él está obligado a decretar pruebas de oficio.
Pero, aún más, si está en duda que determinado acto puede amenazar o violar
derechos fundamentales, el juez está obligado a decretarlas. En ese caso, no
puede permanecer estático. Su libertad se reduce a determinar cuáles y cuántas
pruebas debe decretar; no a decidir si debe decretarlas. Porque en definitiva
no es en abstracto que puede hablarse de los deberes del juez de decretar
pruebas de forma oficiosa, sino sólo en el contexto fáctico de cada caso
concreto”.
Al
abordar el estudio del caso concreto, la Sala Segunda de Revisión encontró demostrado
que las autoridades judiciales encausadas habían desatendido su obligación de
decretar pruebas de oficio para despejar aspectos oscuros de la contienda, ello
a pesar de que los mismos podían ser clarificados mediante el recaudo en copia
auténtica de varios documentos que habían sido excluidos del acervo probatorio
por no cumplir los ritualismos de los artículos 253 y 254 del C.P.C., esto es,
al haber sido aportados en copia simple. En ese orden de ideas, la Sala concedió
la tutela del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y
tomó las medidas que estimó pertinentes para su reparación.
No
obstante, cabe precisar que en la sentencia T-654 de 2009 la Sala Segunda de
Revisión entendió que la omisión en el decreto oficioso de pruebas configuraba
una modalidad de defecto fáctico[36]. Esta posición es
plenamente razonable en tanto tal y como lo expresó la Sala Tercera de Revisión
en la sentencia T-264 de 2009, y se reitera en esta oportunidad, el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta en “íntima relación
con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas (defecto
fáctico), y con problemas sustanciales relacionados con la aplicación
preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la
vigencia de los derechos constitucionales”.
Para
la Sala Novena de Revisión, empero, la omisión en el decreto oficioso de
pruebas -cuando a ello hay lugar- conduce a un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto en la medida que la autoridad judicial, de una parte, pretermite
una actuación procesal que se aviene imprescindible para despejar puntos
oscuros de la controversia y, de otra, instrumentaliza las ritualidades propias
de cada juicio de una forma contraria al derecho al acceso a la administración
de justicia[37]; en particular, aplicando
con extremo rigor el artículo 177 del C.P.C., y desatendiendo los mandatos
consagrados en los artículos 37 y 180 del mismo código, así como el deber de
buscar la adopción de decisiones judiciales sobre una base fáctica apegada a la
realidad y respetuosa del derecho sustancial (art. 228 C.P.).
De
este modo, es claro que la omisión en el decreto oficioso de pruebas como
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, puede
encuadrar en cualquiera de las dos categorías genéricas de procedibilidad en
comento, máxime si entre ellas, como reiteradamente lo ha señalado esta
Corporación, no existe un límite indivisible, pues tan solo representan una
metodología empleada por el juez constitucional para facilitar el estudio de la
alegación iusfundamental formulada en el escenario de la acción de
tutela contra providencias judiciales (Supra 4.3.).
5.18.-
Igualmente, la Sala Novena de Revisión considera oportuno reiterar en esta
ocasión la sentencia T-599 de 2009 dictada por la Sala Primera de Revisión. En
aquella decisión, el Tribunal Constitucional estudió el caso de una persona que
impetró acción de tutela contra un fallo dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila, en el cual la autoridad judicial demandada había denegado las
pretensiones de una demanda de reparación directa por acto terrorista,
argumentando, entre otras cosas, que la accionante no había logrado demostrar
la ocurrencia de los hechos sobre los que pretendía edificar el juicio de
responsabilidad contra el Estado[38].
En
lo que aquí importa, es del caso resaltar que el Tribunal Contencioso Administrativo
accionado había, de una parte, negado valor probatorio a unos documentos, que
si bien aparentemente habían sido dictados por autoridades públicas, se
anexaron al expediente en copia simple, incumpliendo con ello las previsiones
de los artículos 253 y 254 del C.P.C. y, de otra, omitido el recaudo del medio
de convicción requerido a través del decreto oficioso de pruebas, pese a que a
partir del acervo probatorio se insinuaba la efectiva ocurrencia de los enunciados
fácticos alegados por el demandante, los cuales resultaban jurídicamente
relevantes en cuanto se referían a elementos normativos desarrollados por la
doctrina del daño especial, tesis edificada por el Consejo de Estado en el
ámbito de la reparación administrativa por acto terrorista.
5.19.-
Al trazar los fundamentos jurisprudenciales de su decisión, la Sala Primera de
Revisión, siguiendo de cerca la sentencia T-264 de 2009, señaló que (i) la
ponderación entre los principios dispositivo (iniciativa procesal de las partes)
e inquisitivo (poder oficioso del juez) conducen a la solución justa y
eficiente de las controversias sometidas a consideración de las autoridades
judiciales, (ii) si bien por regla general incumbe a las partes la carga de probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, el juez, como director del proceso, tiene el deber de
desplegar cierta actividad probatoria oficiosa con el objeto de garantizar una
debida administración de justicia en aquellos casos en que alberge dudas sobre
la ocurrencia de determinados hechos materia de discusión y, (iii) “La facultad oficiosa cobra especial relevancia
tratándose de la instrucción de procesos, cuando con su omisión se infringen
derechos fundamentales, pues la misma debe enderezarse a disipar las dudas que
puedan afectar la consistencia y el sentido de la decisión del juez”.
Al igual que en la sentencia T-264 de 2009, la Sala
Primera de Revisión se refirió al decreto oficioso de pruebas, esta vez en el
escenario del proceso contencioso administrativo. De este modo, expresó que al juez le está vedado “actuar como simple
espectador dado que el Código Contencioso Administrativo colombiano, a partir
de la reforma  introducida con la expedición del Decreto Ley 01 de 1984, además
de proporcionar una relativa autonomía al régimen probatorio de los procesos que
cursan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, destacó el
carácter inquisitivo de los mismos, nota distintiva que resulta consustancial a
este tipo de regímenes”.
En arreglo a lo expuesto, el Tribunal Constitucional
recordó que el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo (aún vigente)
dispone lo siguiente:
“Art.
169.- Pruebas de oficio. Modificado
Decreto 2304 de 1989. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar
de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las
partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al
vencimiento del término de fijación en lista.
Además,
en la oportunidad procesal de decidir, la sala, sección o subsección también
podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos
oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término
de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual
no procede ningún recurso.”
Posteriormente,
la Sala Primera de Revisión recurrió a la jurisprudencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en sentencia
del 11 de diciembre de 2007 había señalado:
“[…]
el decreto de pruebas –tanto de aquellas pedidas por las partes, como de las
que de oficio disponga practicar el juez competente-, corresponde a una
determinación que únicamente podrá adoptarse ‘después de la expiración del
plazo de fijación en lista del proceso, sin que la ley señale otro límite
temporal distinto de aquél determinado por el advenimiento del momento en el
cual el negocio se encuentra “en la oportunidad procesal de decidir’
instante en el cual, adicionalmente al ponente, cuando se trata de jueces
colegiados, la Sala, Sección o Subsección podrán disponer, de oficio, la
práctica de pruebas enderezadas a esclarecer puntos oscuros o dudosos de la
contienda, ello quiere significar que la facultad de ordenar la práctica de
pruebas de oficio puede ejercerse entonces, en primera o en segunda instancia,
en cualquier momento comprendido entre el vencimiento del período de fijación
en lista del proceso y la adopción de la sentencia correspondiente.
Por
supuesto y como no podría ser de otra manera, el ejercicio de dicha potestad
oficiosa debe supeditarse al lleno de las exigencias requeridas para garantizar
el debido proceso y los derechos de contradicción y de defensa de las partes, a
quienes debe brindarse tanto la posibilidad de controvertir las decisiones en
comento, como la de participar en la práctica o recaudo de las pruebas y
durante la controversia de los correspondientes medios probatorios”
Asimismo, en la sentencia T-599 de 2009 la Sala Primera
enfatizó que “aunque la
facultad oficiosa del juez administrativo para decretar pruebas sirve como
medio de búsqueda de la verdad real y esclarecimiento de los hechos, no se
puede pretender que se haga uso de éste poder para suplir una exacerbada
negligencia de los apoderados respecto de los medios probatorios. Lo anterior
quiere decir, que no se puede esperar que el juez administrativo decrete
pruebas de oficio que pretendan dar cuenta de hechos que las partes no han
tenido diligencia en demostrar por otros medios; la prueba de oficio se
justifica cuando ella es apta para otorgar al juez certeza respecto de hechos
que a pesar de estar insinuados a través de otros medios de prueba no han
ofrecido el grado de convicción requerido”.
5.20.-
Finalmente, al abordar el estudio del caso concreto, la Corte encontró
acreditada la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, pues el Tribunal Contencioso Administrativo demandado había omitido
el decreto oficioso de las pruebas necesarias para arribar a la verdad sobre
los hechos materia de disputa en el proceso, pese a que estaban insinuados en
otros medios de convicción y que en un proceso similar (precedente horizontal)
había recurrido a una prueba testimonial para dar certeza al contenido de
documentos presuntamente expedidos por autoridad pública, que al igual que en
el trámite objeto de esa acción de tutela, habían sido desechados de la litis por
haber sido aportados en copia simple. Al respecto la Corporación puntualizó:
“[El único hecho que diferencia los dos casos] es que
a pesar de que en el proceso incoado por el señor Hernando Herrera Herrera y
otros se allegó el Oficio No. 1015 de diciembre de 2000 en copia simple y que
éste no reunía los requisitos de autenticidad previstos en los artículos 253 y
254 del Código de Procedimiento Civil, su contenido fue reconocido a través de
los testimonios recibidos por quienes lo suscribieron, según se acredita en los
folios  106 a 101 y 150 a 154 del cuaderno principal que fue allegado a este
expediente de tutela, lo cual permitió al Tribunal tener por probada la
responsabilidad del Estado a título de Falla del Servicio. || En el caso de la
señora Caviedez, no fueron solicitados los testimonios de ninguno de los
firmantes del citado Oficio, razón por la cual su valoración fue descartada de
plano, precisamente, por no reunir los requisitos exigidos por los artículos
253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.
(…)
En el caso concreto la omisión en la práctica de esta
prueba se traduce en un claro exceso ritual manifiesto que lesiona de bulto los
preceptos constitucionales que garantizan el acceso a la justicia y la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. La no
prevalencia del derecho sustancial, como falta de compromiso por la búsqueda de
la verdad en el proceso, se traduce en una denegación de justicia que favorece
fallos inocuos que desconocen la realidad, al tiempo que anega la confianza
legítima de los particulares en quienes administran justicia al cambiar de
manera injustificada e inesperada su posición frente a un caso idéntico en un
limitado espacio de días”.
5.21.-
Verificada la infracción constitucional alegada, la Corte tuteló los derechos
constitucionales a la igualdad y al debido proceso de la peticionaria, dejó sin
efecto la sentencia acusada por vía constitucional, y ordenó al Tribunal Contencioso
Administrativo accionado que, entre otras cosas, procediera a recaudar de
oficio la copia auténtica del documento que había sido allegado al expediente
en copia simple por la demandante, o a decretar y practicar oficiosamente los
testimonios de las personas que suscribieron el mencionado documento, con el
fin de obtener el reconocimiento de su contenido.
5.22.-
En suma, dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho al
acceso a la administración de justicia se encuentra el principio de prevalencia
del derecho sustantivo sobre el procesal, y la pretensión de corrección de las
decisiones judiciales. Esta última demanda de corrección implica, entre otras
cosas, que el derecho sustantivo se ejecute sobre una base fáctica ajustada a
la verdad real, pues esta es un presupuesto esencial de la vigencia del derecho
material. En ese sentido, el juez de la causa debe tomar las medidas que estime
necesarias para integrar al proceso los elementos de convicción necesarios para
el establecimiento de la verdad.
De
lo anteriormente expuesto, la Sala Novena de Revisión concluye que una
autoridad judicial encargada de tramitar un proceso civil o contencioso
administrativo, incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
cuando existiendo incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman
definitivos para la decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere
razonablemente del acervo probatorio, omite decretar, de forma oficiosa, las
pruebas que podrían conducir a su demostración. Lo anterior por cuanto,
pudiendo remover la barrera que se presenta a la verdad real y, por ende, a la efectividad
del derecho sustancial, prefiere hacer caso omiso de las herramientas procesales
a su alcance, convirtiendo los procedimientos en un obstáculo al acceso a la
administración de justicia. En estos casos procede la tutela del derecho
constitucional al acceso a la administración de justicia, y la orden de reabrir
el debate probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo código
adjetivo, para que el juez de la causa, con audiencia de las partes, ejerza sus
deberes inquisitivos.
b.
Del caso concreto
6. De la procedibilidad formal de la acción de tutela
contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del Cauca
A
continuación la Sala analizará la procedencia de la acción de tutela interpuesta
por William Celis Flórez contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle
del Cauca, estudiando, en primer término, el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad de la acción y, en segundo lugar, la procedencia
material del amparo.
6.1.-
Relevancia Constitucional. El asunto planteado a esta Sala de Revisión posee
relevancia constitucional, por lo menos, por las siguientes razones: (i) existe
un cargo fáctica y jurídicamente sustentado sobre la presunta vulneración del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y, (ii) el
accionante es una persona de modestos recursos económicos, que aparentemente
fue víctima de un atentado terrorista dirigido contra la Tercera Brigada del
Ejército Nacional, a causa del cual impetra reparación directa por parte del
Estado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En criterio de la
Sala, estas consideraciones son suficientes para dar por cumplido el requisito.
6.2.-
El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. La Sala estima que el fallo cuestionado por vía
constitucional no podía ser pasible del recurso extraordinario de revisión
contemplado en el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, por no
estructurarse ninguna de las causales previstas para el efecto en el artículo
188 del mismo estatuto procesal. De este modo, está acreditado que la demanda
de tutela cumple el presupuesto de subsidiariedad enjuiciado.
6.3.-
El principio de inmediatez. Si bien el
actor no señaló la fecha de notificación de la sentencia de segunda instancia
impugnada por vía constitucional, la Corte encuentra que la misma fue proferida
el 27 de noviembre de 2009, y que entre el 17 de diciembre de 2010 y el 10 de
enero de 2011, los Juzgados y Tribunales Administrativos del país estuvieron en
vacancia judicial[39]. Igualmente, se observa
que la acción de tutela se presentó el 29 de junio de 2010[40].
Atendiendo
a lo anotado, la Sala Novena de Revisión estima que la demanda de amparo constitucional
se ajusta al principio de inmediatez, en la medida que el término transcurrido
entre los hechos que habrían comportado la afectación iusfundamental endilgada,
y la interposición de la demanda de tutela, no resulta irrazonable o
desproporcionado, atendiendo a los derechos fundamentales en juego y a las
condiciones materiales de subsistencia del actor.
6.4.-
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. El demandante alega la configuración de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, acaecido presuntamente por virtud
de la omisión en el decreto oficioso de pruebas por parte del Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca, medios de convicción que presuntamente resultarían
determinantes para una decisión ajustada a la verdad real y al derecho
sustancial.
Bajo
tal perspectiva, de prosperar materialmente el cargo procedimental formulado,
la decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
podría ser distinta a la tomada en el fallo cuestionado, en tanto el recaudo
oficioso en copia auténtica de los documentos descartados por el Tribunal
accionado por no reunir las previsiones de los artículos 253 y 254 C.P.C., tienen la potencialidad de incidir directamente en el sentido de la decisión, pues se
refieren a elementos exigidos por la jurisprudencia contencioso administrativa
al momento de estudiar la configuración de la responsabilidad estatal en el
escenario de la reparación directa por acto terrorista.
6.5.-
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible. No
obstante la notable precariedad argumentativa y expositiva de la demanda de
tutela, de su lectura es posible extraer que el actor estima que el Tribunal
accionado incurrió en causal genérica de procedibilidad en la forma que fue
sintetizada y explicada en los antecedentes de esta sentencia (Supra 1.2.7.).
De
este modo, en lo concerniente al cargo por exceso ritual manifiesto, obra copia
simple en el expediente de tutela del oficio radicado el 28 de octubre de 2009
en el trámite de segunda instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo demandado,
en el que, luego de hacer un relato de determinadas situaciones fácticas que
demostrarían el nexo causal entre las lesiones padecidas por el actor y el
atentado terrorista perpetrado contra la Tercera Brigada del Ejército Nacional el
10 de noviembre de 2000, el apoderado judicial del demandante deja a
consideración de la autoridad judicial accionada la posibilidad de decretar
pruebas de oficioso (fl. 42 a 44 Cdno. 1).
La
Sala considera que la demanda de tutela cumple los requisitos de identificación
de los hechos que generaron la supuesta afectación iusfundamental, y la alegación
de la misma dentro del proceso contencioso administrativo.
6.6.-
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. Al
respecto, basta señalar que la sentencia judicial que se considera vulneratoria
de los derechos fundamentales se produjo en ejercicio de una acción de reparación
directa ventilada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6.7.
Conclusión: en el presente caso están
acreditados los requisitos formales de procedibilidad de acción de tutela
contra providencias judiciales. Pasa la Sala a abordar el estudio de fondo, o
de procedencia material del amparo.
7.-
De la procedencia material del amparo. Configuración de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto
7.1.-
El actor acusa a las autoridades judiciales accionadas de haber incurrido en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al tramitar la acción de reparación
directa por él interpuesta contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional, pues en su criterio, omitieron decretar de oficio la práctica de
pruebas que se estimaban necesarias para despejar la incertidumbre que recaía
frente a ciertos hechos relevantes del proceso.
7.2.-
De acuerdo con los fundamentos normativos de esta providencia, el derecho al
acceso a la administración de justicia incorpora la garantía a la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas, y la pretensión de corrección de las
decisiones judiciales. Esta última demanda de corrección implica, entre otras
cosas, que el derecho sustantivo se aplique sobre una base fáctica ajustada a
la verdad real, pues esta es un presupuesto esencial de la vigencia del derecho
material.
En
ese sentido, se indicó que el juez de la causa debe tomar las medidas que
considere necesarias para integrar al proceso los elementos de convicción
indispensables para el establecimiento de la verdad, entre las cuales se
encuentra el decreto oficioso de pruebas. Sin embargo, se precisó igualmente,
que no siempre que el juez omita el decreto de una prueba que alguna de las
partes considere conveniente, incurre en una actuación irregular, pues ello
solo resulta imperativo en el evento en que, a partir del acervo probatorio
obrante en el proceso y de los hechos narrados por los intervinientes, surja en
el funcionario la necesidad de esclarecer aspectos oscuros de la controversia.
En
atención a lo expuesto, la Sala concluyó que una autoridad judicial encargada
de tramitar un proceso civil o contencioso administrativo, incurre en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando existiendo incertidumbre
sobre unos determinados hechos que se estiman relevantes para la decisión
judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio,
omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su
demostración.
7.3.-
Bajo tal marco, la Sala Novena de Revisión deberá establecer si el Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca incurrió en el defecto procedimental demandado
por el accionante, al no decretar, de forma oficiosa, pruebas que presuntamente
habrían podido conducir a la demostración de ciertos hechos aparentemente
relevantes para el proceso. Lo anterior, a pesar de que del acervo probatorio
se desprendían, supuestamente, elementos de juicio que, sin tener un grado de
certeza suficiente, permitían inferir razonablemente la ocurrencia de los
mencionados enunciados fácticos jurídicamente relevantes.
7.4.-
Para resolver el debate constitucional propuesto, la Sala seguirá los
siguientes parámetros: (i) enfocará su estudio en lo resuelto por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Valle del Cauca en la medida que, como juez de
segundo grado, tenía la función de corregir o mantener los fundamentos y sentido
de la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Trece
Administrativo de Cali, (ii) hará referencia al acervo probatorio obrante en el
expediente de acción de reparación directa desde la óptica del juez de la causa
contencioso administrativa, es decir, a partir de lo expresado en la sentencia
por el Tribunal Administrativo demandado. Igualmente, (iii) establecerá si
existían hechos jurídicamente relevantes, que sin estar acreditados, se encontraban
insinuados en el expediente contencioso administrativo y, (iv) determinará si a
pesar de lo anterior, el juez de la causa omitió el decreto de las pruebas que
habrían conducido a la probable demostración de los mismos.
7.5.-
Revisados los antecedentes de esta sentencia (Supra 1 a 6), contrastados con las pruebas allegadas al proceso de tutela, los fundamentos normativos
de esta decisión y los argumentos de las accionadas, la Sala constata que el
cargo formulado por el demandante está llamado a prosperar.
En
efecto, se demostró a la Sala Novena de Revisión que las premisas fácticas
cuya verificación estimó necesaria y no probadas la autoridad judicial
demandada al momento de dictar sentencia, se encontraban insinuadas en el
acervo probatorio. Asimismo, se acreditó a la Sala que el Tribunal accionado,
pese a la falta de certeza que advirtió sobre la ocurrencia de los mencionados
hechos relevantes, omitió decretar de forma oficiosa la práctica de pruebas que
podrían haber conducido a despejar las dudas que albergaba sobre la indicada
realidad fáctica. Lo anterior, por las siguientes razones:
7.5.1.-
Al resolver el recurso de apelación formulado por el actor en contra de la
sentencia de primer grado, el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del
Cauca señaló que el demandante (i) no había logrado demostrar la
responsabilidad imputada a la autoridad administrativa allí acusada, por cuanto,
(i.a) no se encontraba acreditado en el expediente que las heridas que sufrió el
demandante hubieren sido producto de un atentado perpetrado en contra de la
Tercera Brigada del Ejército Nacional y, (i.b) se desconocía cómo acaecieron
los hechos en que resultó lesionado el actor.
Igualmente,
(ii) dio por probado que el demandante sufrió una herida en un miembro inferior
por la explosión de un cilindro bomba ocurrida el día 10 de noviembre
de 2000, y que por esta lesión el actor fue atendido en el Hospital
Universitario del Valle. Refirió que “dos testigos manifiestan que el
insuceso ocurrió en una bomba de gasolina y uno de ellos adicionalmente expresa
que fue por los lados del Batallon y que la pipeta de gas iba dirigida contra la
Tercera Brigada”, sin embargo, precisó que “estos declarantes no fueron
testigos presenciales de los hechos, como tampoco pertenecen a ninguna
autoridad como para dar certeza de esta afirmación”. Advirtió que en el
expediente obraba copia simple de las historias clínicas del Hospital
Universitario del Valle, del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, de la
Dirección para la Prevención y Atención de Desastres y de un Oficio de la
Personería Municipal de Cali, los cuales no obstante fueron desestimados por no
reunir los requerimientos de los artículos 253 y 254 del C.P.C. Señaló que “en
casos como el presente corresponde a la parte actora la carga de demostrar los
supuestos de hecho que afirma en la demanda, tal como lo establece el artículo
177 del C.P.C., deber que no se cumplió a cabalidad por los accionantes…”. En
definitiva, el Tribunal indicó que “no se puede llegar a la conclusión de
que el señor William Celis Flórez resultó herido como consecuencia de un
atentado contra la Tercera Brigada de la ciudad de Cali”.
7.5.2.-En
lo que interesa al trámite de revisión de tutela, en criterio de la Sala Novena
de Revisión, de lo apuntado se extrae que el Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca (i) entendió que en el proceso de reparación
directa era jurídicamente relevante demostrar que las heridas sufridas
por el señor William Celis Flórez eran producto de un atentado terrorista
dirigido contra la Tercera Brigada del Ejército Nacional con sede en Cali, (ii)
estimó que subsistía incertidumbre sobre la forma en que el actor había
sido lesionado, y por tanto no era posible adjudicar responsabilidad administrativa
al Estado y, (iii) se abstuvo de decretar pruebas de oficio en la medida que consideró
que el artículo 177 del C.P.C. impone a las partes -en este caso al accionante-,
la carga de probar los supuestos de hecho que afirmó en la demanda de
reparación directa.
7.5.3.-
La Sala no cuestiona la valoración de las pruebas que hizo el Tribunal, ni las
razones que tuvo para restar valor probatorio a los señalados testigos y a las
copias provenientes de autoridad pública allegadas al proceso en copia simple (Supra
F.J. 2), empero, es lo cierto que (i) la lesión padecida por el accionante
producto de un cilindro bomba el 10 de noviembre de 2000, (ii) la atención
médica prestada al actor en el Hospital Universitario del Valle como
consecuencia de la misma, (iii) la alusión por parte de dos testigos sobre las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que el demandante habría sufrido sus
lesiones y, (iv) la aportación de documentos públicos que, sin revestir la
calidad de plena prueba –según la interpretación del Tribunal Contencioso
Administrativo-, insinuaban la probable ocurrencia de los hechos alegados por
el peticionario en su demanda, mostraban la razonable posibilidad de que las
lesiones padecidas por el peticionario fueran producto de un atentado
terrorista dirigido contra las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército
Nacional con sede en Cali el 10 de noviembre de 2000, tal y como lo había asegurado
el actor.
7.5.4.-
De este modo, a juicio de la Sala Novena de Revisión se hacía imperativa la
oportuna actuación del director del proceso contencioso administrativo con
miras a despejar la mencionada incertidumbre pues, de un lado, según su propio discernimiento
la demostración de esos hechos resultaba determinante (o jurídicamente
relevante) para la correcta aplicación de las normas jurisprudenciales que regulan
la imputación de responsabilidad al Estado por acto terrorista, y de otro, el acaecimiento
de los indicados hechos se vislumbraba probable a partir de los elementos
materiales de convicción obrantes en el expediente.
7.5.5.-
Con su omisión probatoria el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del
Cauca incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en
cuanto pretermitió la actuación procesal que se vislumbraba ineludible para la
adopción de un fallo fundado en una base fáctica cercana a la realidad
material, aspecto este último que como se ha visto resulta imprescindible para
la correcta aplicación del derecho y la vigencia del derecho
sustancial.
7.6.-
La autoridad judicial acusada debió tener en cuenta que la carga de la prueba
consagrada en el artículo 177 del C.P.C. y las restricciones a la facultad de solicitar
pruebas en segunda instancia, no se oponen en modo alguno a la obligación que
recae sobre la autoridad judicial en lo concerniente al decreto y práctica de pruebas
de forma oficiosa, cuando alberga dudas sobre la ocurrencia de hechos
relevantes dentro del respectivo proceso. En efecto, se trata de actuaciones
procesales y cargas disimiles, mientras la primera se impone a las partes, la segunda
se establece por el ordenamiento jurídico como un deber de la autoridad
judicial que, independientemente de lo pedido o no por los sujetos procesales,
debe buscar la vigencia del derecho sustancial y la corrección de las
decisiones judiciales.
7.7.-
Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo ha debido advertir que el juez
tiene autonomía para establecer cuándo existen puntos oscuros o dudosos en la
controversia, en tanto ello hace parte de su libertad en materia de valoración
probatoria, empero, si existe incertidumbre sobre hechos jurídicamente
relevantes que aparecen insinuados en el trámite, está obligado a hacer uso de
sus poderes inquisitivos y decretar de forma oficiosa las pruebas que considere
pertinentes para despejar las dudas que tenga sobre la situación fáctica
sometida a su análisis.
7.8.-
Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que el Tribunal
Contencioso Administrativo de Valle del Cauca actuó en contra de su papel como
director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento
jurídico en la garantía de los derechos materiales, pues omitió el decreto
oficioso de pruebas que se avistaban imprescindibles para fallar de fondo. Su
actuar condujo a un fallo que impidió la prevalencia del derecho sustancial y denegó
el acceso a la administración de justicia del actor.
7.9.-
De este modo, con el fin de preservar la prevalencia del derecho sustancial y
de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia del señor William
Celis Flórez, esta Corporación concederá la tutela del derecho fundamental conculcado
y, en ese sentido, dejará sin efecto el fallo proferido por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca impugnado por vía constitucional, para que esa
autoridad judicial, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo, abra
un término probatorio adicional en el cual decrete de forma oficiosa el recaudo
en copia auténtica de los documentos públicos que desestimó por haber sido
allegados al proceso en copia simple, o requiera el reconocimiento de su
contenido por parte de los servidores públicos que los suscribieron y, en fin,
adopte las medidas que considere pertinentes para despejar la incertidumbre que
advirtió sobre los hechos del proceso. Todo lo anterior, respetando el debido
proceso y el derecho de contradicción y defensa de las partes. Una vez cumplido
el periodo referido, el Tribunal deberá dictar sentencia de segunda instancia
en el término legal para fallar.
7.10.-
Finalmente, la Sala precisa que esta decisión, adoptada en sede de revisión de
tutela, no incide ni determina el sentido del fallo que deberá proferir el
Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del Cauca. El sentido de la
decisión será el que la autoridad accionada, como juez natural del proceso,
determine en derecho, una vez cuente con todos los elementos de juicio
necesarios para que su sentencia se ajuste a lo prescrito por el artículo 228
constitucional.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.-
Revocar las sentencias denegatorias
de amparo proferidas en el asunto de la
referencia por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, el veinticinco (25) de agosto de dos mil diez (2010), en
primera instancia, y la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, el trece (13) de diciembre de dos mil
diez (2010), en segunda instancia, y en su lugar, conceder la tutela del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del señor William
Celis Flórez.
Segundo.-
Dejar sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca el veintisiete (27) de noviembre de dos mil
nueve (2009), dentro de la acción de reparación directa promovida por William
Celis Flórez contra la Nación Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional.
Tercero.-
Ordenar al Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca que dentro de los quince (15) días siguientes
a la notificación de esta sentencia, decrete de forma oficiosa el recaudo en copia
auténtica de los documentos públicos que desestimó por haber sido allegados en
copia simple, al proceso contencioso administrativo correspondiente a la acción
de reparación directa promovida por William Celis Flórez contra la Nación
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, radicado bajo el número
2002-00189-01, o requiera el reconocimiento de su contenido por parte de los
servidores públicos que los suscribieron y, en fin, adopte las medidas del caso
para despejar la incertidumbre que advirtió sobre los hechos del proceso. Todo
lo anterior, respetando el debido proceso y el derecho de contradicción y
defensa de las partes. Una vez cumplido el periodo referido, el Tribunal deberá
dictar sentencia de segunda instancia en el término legal para fallar.
Cuarto.-
Dése cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
[1] En adelante
también el demandante, el accionante o el peticionario.
[2] En adelante
también las autoridades judiciales accionadas o demandadas.
[3] En adelante
también el Ejército Nacional.
[4] En este aparte la Sala sigue la exposición de los hechos efectuada por el accionante en el escrito de demanda
de tutela y en la copia simple de la demanda de reparación directa anexada al
expediente de solicitud de amparo constitucional.
[5] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2010.
[6] Cfr.
Corte Constitucional, sentencias T-006 de 1992, C-543 de 1992, T-079 de
1993 T-231 de 1994 relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente,
las sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error inducido)
y T-1180 de 2001 (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la
posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y
caprichosos llevaran a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la
doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos
T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004,
doctrina que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005,
que en esta ocasión se reitera.
[7] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[8] Sobre el
agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el
principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008.
[9] Esta regla se
desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que
si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[10]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[11]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 y T-079 de 1993.
[12] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003, T-937
de 2001.
[13]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[14]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.
[15] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.
[16] Se
presenta cuando “la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[17]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001,
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001.
[18] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-701 de 2004.
[19] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 y T-701 de 2004.
[20] El texto íntegro del artículo 29 superior es el
siguiente: “El debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. || Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio. || En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable”.
[21] El
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia se encuentra
reconocido en el texto superior de la siguiente manera: “La
Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con
las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo”.
[22] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-996 de 2003.
[23]Cfr.
Corte Constitucional, sentencias
T-996 de 2003 y SU-159 de 2002. “(se pretermiten etapas) señaladas
en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen
a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i) puedan ejercer el
derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho
de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes
para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación del proceso
y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas”. (Tomado de la SU-159 de 2002).
[24] En
una dirección similar puede ser consultada la sentencia T-599 de 2009.
[25] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009.
[26] Los pronunciamientos más relevantes sobre el exceso
ritual manifiesto, aparte de la mencionada sentencia T-1306 de 2001 y de la 973
de 2004, que será referida en el cuerpo de la sentencias son: la sentencia
T-1323 de 2002, en la cual la Corte conoció de un caso en el cual el abogado de
500 ciudadanos que se encontraban reclamando el derecho a la pensión, dirigió
por error la demanda a los jueces civiles del circuito. El juez del circuito al
que le correspondió en reparto la demanda la envió a los jueces laborales del
circuito, por competencia. El juez laboral del circuito a quien correspondió el
caso ordenó la corrección de la demanda y de 500 poderes incorporados en ella,
en el término de cinco días. El abogado corrigió la demanda, pero solicitó un
plazo adicional para anexar los 500 poderes, pues no todos sus mandates se
encontraban en la misma región del país. La Corte consideró que la exigencia impuesta por un juez laboral del circuito en un término de cinco días, y su
negativa a la ampliación del término, se encontraban enmarcadas en el supuesto
del exceso ritual manifiesto. Tras reparar en que se hallaba de por
medio el derecho a la pensión de un amplio número de ciudadanos, esta
Corporación indicó que, con el fin de dar prevalencia al derecho sustancial, el
juez debió inaplicar las normas sobre términos legales para la corrección de
los poderes, o bien, dar valor a la inequívoca expresión de voluntad contenida
en los poderes rechazados; la sentencia T-289 de 2005 fallo en que la Corte se pronunció sobre la petición de amparo de un ciudadano que había interpuesto la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho ante un Tribunal de la jurisdicción
contencioso-administrativa. La autoridad judicial rechazó la acción
argumentando la caducidad de la misma, decisión que el afectado impugnó
mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del
auto de rechazo. El Tribunal rechazó nuevamente el recurso por considerar que,
de acuerdo con la normativa del proceso contencioso, el único recurso
procedente era el de súplica. La Corte consideró que el juez administrativo
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual, dado que en la medida en
que los recursos tenían el mismo objeto, y el término para interponerlos era el
mismo, el juez debió obviar el encabezado y dar trámite al recurso procedente;
la sentencia T-950 de 2003, pronunciamiento en el que la Corte consideró que un juez civil incurrió en un defecto procedimental al decretar la
perención de un proceso de responsabilidad extracontractual debido a la inasistencia
del demandante, pues el funcionario judicial no tuvo en cuenta que este se
encontraba interno en la cárcel La Picota de Bogotá, y fue notificado de la
audiencia, a realizarse en Valledupar, un día antes de su celebración. Para la Corte, la actuación del juez civil fue por completo irrazonable y desproporcionada,
especialmente porque conocía plenamente la situación del peticionario.
[27]
Ibídem.
[28] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
[29] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
[30] El siguiente es el texto parcial del artículo 37 del C.P.C, modificado por el artículo 1, numeral 13 del Decreto
2282 de 1989. “Deberes del juez. Son
deberes del juez: || 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución,
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la
mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras
que ocurran. || 4. Emplear los poderes que este Código le concede en materia de
pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos
alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.
[31] El siguiente es el texto parcial del artículo 179 del C.P.C. “Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas
pueden ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado o
juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con
las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la
declaración de testigos, será necesario que éstos aparezcan mencionados en
otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. || Las providencias
que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno. Los gastos que
implique su práctica serán a cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de
lo que se resuelva sobre costas”.
[32] El siguiente es el texto parcial del artículo 180 del
C.P.C. “Decreto y práctica de
pruebas de oficio. Podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos
probatorios de las instancias y de los incidentes, y posteriormente, antes de
fallar. || Cuando no sea posible practicar estas pruebas dentro de las
oportunidades de que disponen las partes, el juez señalará para tal fin una
audiencia o un término que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el
caso. ”
[33]  Así, ha afirmado la Corte que “…El derecho procesal se constituye en un factor principal en la preservación del orden social, pues
se trata de la aplicación de la justicia, tal como lo ha expuesto la Corte en varias ocasiones” (C-102 de 2005, y C-548 de 1997); o, en sentido similar, que “Hoy
en día, el proceso civil es de interés público, busca la verdad real y la
realización de la justicia. Es decir, que no obstante que existan asuntos que
corresponden al ámbito particular de las partes, tales como la decisión de
acudir a la jurisdicción con el fin de iniciar una demanda civil, o
manifestaciones de voluntad como cuando el demandado decide allanarse a las
pretensiones de la demanda, o las partes de renunciar a términos, que son
manifestaciones del principio dispositivo del proceso civil, pero que, a su
vez, al estar previstas en la ley, realizan el concepto de que “las normas
procesales son de orden público (…)”” (sentencia C-102 de 2005). Aunado a
lo expuesto, indicó la Corporación en la sentencia C-874 de 2003 que:  “Como
quiera que el Estado a través de la administración de justicia busca o tiene
como finalidad primordial no sólo el esclarecimiento de la verdad, sino también
lograr la efectividad de los derechos de las personas, ha dotado al juez de
mecanismos y herramientas procesales para que la verdad procesal  coincida con
la verdad real y para ello ha consagrado la institución procesal de la prueba
oficiosa, que es aquella que el juez decreta y practica no a petición de parte,
sino porque considera conducente y pertinente a la verificación de los hechos”.
Por último, en la sentencia C-029 de 1995, relativa a la prevalencia del
derecho sustancial, estableció la Corporación: “Cuando los intereses individuales o colectivos tutelados por el derecho objetivo no se satisfacen
espontáneamente por aquellos obligados por la norma, el Estado provee a su
realización por medio de la actividad jurisdiccional.  El objeto de esta
es "la declaración de certeza o la realización colectiva y concreta de los
intereses tutelados en abstracto por las normas de derecho objetivo, cuando,
por falta de certeza o por inobservancia de las dichas normas, no quedan ellos
directamente satisfechos por aquellos a quienes se dirigen las normas
jurídicas". (Ugo Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, tomo I, pág.
48, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1969)”.
[34] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-159 de 2007.
[35] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-159 de 2007.
[36]
Una perspectiva semejante se adoptó en las sentencias T-949 de 2003 y T-417 de
2008.
[37] En
similar sentido se pueden consultar las sentencias T-599 de 2009, T-386 de 2010
y T-327 de 2011.
[38]Adicionalmente,
en esta sentencia se enjuiciaron cargos por defecto fáctico y desconocimiento
del precedente horizontal, los cuales no obstante, no prosperaron.
[39]
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/csj.jsp?cargaHome=2&opcionCalendar=4&id_noticia=310
[40] El
demandante antepone al término de inmediatez la fecha de adopción del auto de
obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior, dictado el 26 de febrero de
2011 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cali. Sin embargo, la Sala Novena de Revisión no toma en cuenta dicha data, pues la fecha pertinente para enjuiciar
el presupuesto de inmediatez es la del día de notificación de la sentencia de
segunda instancia.