C-253-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-253/11
INCONSTITUCIONALIDAD
POR CONSECUENCIA-Concepto
INCONSTITUCIONALIDAD POR
CONSECUENCIA-Configuración
Referencia.: expediente  RE-207
Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto
Legislativo 144 del 21 de enero de 2011 “Por el cual se expiden algunas
disposiciones para facilitar la actuación de las autoridades departamentales y
municipales en la atención de los efectos generados por el fenómeno de la niña”.
Magistrado Ponente:
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., seis (6) de abril de dos mil once (2011).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 7, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El
presidente de la República, mediante Decreto Legislativo 020 del 7 de enero de
2011, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional.
En
desarrollo de la anterior norma de excepción, el Presidente de la República,
con la firma de los ministros, expidió el Decreto Legislativo 144 de 21 de
enero de 2011 “por el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar
la actuación de las autoridades departamentales y municipales en la atención de
los efectos generados por el fenómeno de la niña”.
Que
de acuerdo con lo previsto en el artículo 241-7 de la Carta Política, corresponde
a la Corte Constitucional decidir definitivamente sobre la constitucionalidad
de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los
artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.
II.
LAS NORMAS DEMANDADAS
El
texto de la norma objeto de análisis, de acuerdo con su publicación en el
Diario Oficial No. 47959 del 21 de enero de 2011, es el siguiente:
“MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
DECRETO NÚMERO 144 DE 2011
21 ENE 2011
Por
el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las
autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos
generados por el fenómeno de la niña.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de
1994 y en desarrollo del Decreto 020 de 2011 y,
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto 020 del 7 de enero de 2011, fue declarado
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública ocasionada por el
Fenómeno de La Niña 2010-2011 e impedir la extensión de sus efectos.
Que de acuerdo a lo previsto por el Ideam el Fenómeno de La Niña
se podrá extender hasta mediados de mayo o junio de 2011, trayendo como
consecuencia precipitaciones por encima del promedio determinado para la
primera temporada de lluvias del año 2011, empatando, con el segundo régimen de
este año, por lo cual no sólo extendería los efectos de la actual calamidad
pública, sino que la haría mucho más grave de lo que hoy padece el país por el
prolongado y excesivo período de lluvias.
Que la situación originada por el Fenómeno de La Niña está siendo
atendida por todas las entidades que conforman el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, pero sus recursos y atribuciones resultan insuficientes
para conjurar los efectos de la calamidad.
Que es necesario adoptar medidas para coordinar la planificación y
ejecución de las medidas de recuperación, reconstrucción y construcción
requeridas para atender la emergencia y evitar la extensión de sus efectos.
Que es necesario que las entidades territoriales tengan un marco
institucional acorde con la situación que les permita actuar en forma
concurrente y coordinada a fin de lograr la adecuada, eficaz y eficiente superación
de la emergencia y evitar la extensión de sus efectos.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. FACILIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS EN LAS ZONAS AFECTADAS. El
término para el otorgamiento de licencias de construcción de establecimientos
institucionales y de servicios que se localicen en zonas que son objeto de
construcción, reconstrucción de viviendas afectadas por la calamidad, salvo de
las edificaciones indispensables a las que se refiere la Ley 400 de 1997, será de 20 días hábiles,
prorrogable hasta por 10 días mediante resolución motivada, por una sola vez,
cuando la complejidad lo amerite.
ARTÍCULO 2o. PLANES MUNICIPALES DE REDUCCIÓN DE
RIESGOS. Las autoridades municipales deberán
adoptar una política de manejo del drenaje urbano y de reducción de los riesgos
asociados al manejo del recurso hídrico, en el marco de sus competencias, a
través de los Planes de Gestión Ambiental Regional y los Planes de Ordenamiento
Territorial, POT.
Los alcaldes de los municipios afectados adoptarán un plan de
reducción de riesgos municipales, donde se definirán los planes de reubicación
de asentamientos localizados en zonas de alto riesgo, los sistemas de drenaje
urbano que deban ampliarse o construirse, planes de prevención, programas de
atención de emergencia y en ellos se especificará el uso de los suelos que sean
liberados por reubicaciones. En el decreto en el que se adopte este plan, se
podrán proponer modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial dirigidas a
habilitar suelo para emprender desarrollos urbanos para vivienda en donde se
reubiquen personas afectadas por la calamidad o que se encuentren en zonas de
alto riesgo no mitigable. Estas modificaciones al POT deberán ser aprobadas por
el respectivo Concejo Municipal, para lo cual podrá agotarse el procedimiento
previsto en el Decreto Legislativo 4821 de 2010.
ARTÍCULO 3o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
PUBLÍQUESE, y CÚMPLASE”
III.
INTERVENCIONES
Mediante
Auto del primero (1) de febrero de 2011, el Magistrado Sustanciador avocó
conocimiento del asunto de la referencia y ofició al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial para que presentara ante esta Corporación el
sustento constitucional de la disposición objeto de análisis.
En
la misma providencia se determinó que luego de calificadas dichas pruebas, se
fijará el proceso en lista, con el fin de garantizar la participación ciudadana
en el trámite de constitucionalidad.  De manera simultánea se invitó a
participar al Departamento Nacional de Planeación y a la Federación Colombiana
de Municipios, para que rindieran concepto técnico sobre la norma objeto de
control de constitucionalidad. Tanto en el trámite probatorio como en la
fijación en lista, fueron allegadas a la Corte las siguientes intervenciones:
1.
Intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
El
señor Alejandro Rodríguez Cruz, obrando como apoderado de la Nación –
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, presentó a la Corte escrito
en el que orienta sus argumentos a defender la exequibilidad de la norma sujeta
a examen.
1.1
En su intervención, el apoderado del Ministerio realiza el examen formal del Decreto
144 de 2011, para concluir que cumple en forma estricta todos los
requerimientos que el bloque de constitucionalidad, la Constitución Política, la
Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional establecen para su
expedición: (i) en cuanto a la suscripción, evidencia que el mencionado Decreto
se encuentra debidamente firmado por el Presidente de la República y todos los
Ministros del Despacho; (ii) en relación con la motivación, encuentra que el
Decreto Legislativo expone en su parte considerativa las razones que condujeron
al Gobierno Nacional a adoptar las medidas allí contenidas; (iii) en cuanto a
la oportunidad, afirma que el Decreto 144 de 2011, fue expedido dentro del
límite temporal establecido en el Decreto 020 de 2011; (iv) así mismo considera
que el decreto legislativo no limita ni restringe el ejercicio de derechos
constitucionales; y (v) las medidas adoptadas con el Decreto no suspenden en su
totalidad leyes vigentes.
1.2
Posteriormente, el apoderado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, realiza el examen material del decreto 144 de 2011, pronunciándose
sobre (i) la conexidad; (ii) finalidad; (iii) necesidad y (iv) proporcionalidad.
1.3
En relación con la finalidad y conexidad, considera que las medidas adoptadas
en el Decreto Legislativo 144 de 2011, guardan relación directa y específica con
las consideraciones expuestas en mencionado Decreto y con las situaciones que
dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia expuesto en el Decreto
020 de 2011.
1.4
En relación con la necesidad sostiene que las medidas adoptadas en el Decreto
144 de 2011, resultan necesarias, adecuadas e indispensables para alcanzar los
fines de la declaratoria de emergencia, en tanto que el modelo ordinario
resulta insuficiente para hacer frente a las circunstancias excepcionales que
sustentan la emergencia.  Es así como con la reducción de los términos para la
aprobación de la licencia de construcción, se permite que el tramite de
licenciamiento de construcción se realice de manera más expedita, contribuyendo
a agilizar el proceso de construcción y reconstrucción de los establecimientos
institucionales y de servicios afectados, logrando así el pronto
restablecimiento del orden económico, social y ecológico turbado con ocasión de
la emergencia. Del mismo modo, la medida es indispensable, debido a que las
mayores afectaciones resultantes del fenómeno de la niña, se ha reflejado en
los drenajes urbanos necesarios para la mitigación de los impactos ambientales.
1.5
En lo que se refiere a la proporcionalidad, señala que la reducción del término
para el otorgamiento de licencias de construcción de establecimientos
institucionales y de servicios, resulta proporcional en la medida que el
término otorgado es razonable frente a la situación que motivó la declaratoria
de emergencia, al buscar que la construcción se realice lo más rápido posible. En
lo referente a los planes municipales de reducción de riesgos asociados al
manejo del recurso hídrico, la medida es concordante con los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiaridad, que rigen las entidades
territoriales y los principios y fines constitucionales que ordenan amparar
derechos fundamentales como la vida, seguridad y salud de las personas.
1.6
Con base en lo anterior, considera que el Decreto Legislativo 144 de 2011 cumple
con los presupuestos formales y materiales, por lo que solicita la declaratoria
de exequibilidad del mencionado Decreto.
2.
Intervención de la Presidencia de la República
La
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, intervino en el presente
proceso con el fin de solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad del
Decreto 144 de 2011.
2.1
Señala que después de declarar la emergencia social mediante Decreto 4580 de
2010, se han presentado una serie de nuevos hechos relacionados con el fenómeno
de La Niña, que han hecho necesario adoptar medidas que contrarresten la crisis
y sus efectos. Es así como se ha reportado persistencia de lluvias por encima
del promedio, lo cual satura los suelos y los hace inestables, manteniendo la
amenaza alta por deslizamiento de tierras en zonas de montaña en catorce
departamentos, dentro de las cuales se encuentran Cauca, Caldas, Antioquia,
Chocó, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima, Huila, Valle
del Cauca, Nariño, Cundinamarca y Meta. También se mantiene la alerta ante la
posibilidad de descarga por vertimientos en la mayoría de los embalses de
Antioquia, Prado y Tolima.
Aunado
a lo anterior, para diciembre 30 de 2010 se presentaron 2.220.482 personas
afectadas en todo el país por el fenómeno de La Niña. Además, 458.987 familias
afectadas; 310 pérdidas humanas; 289 heridos; 63 personas desaparecidas; 5.157
viviendas destruidas; 325.379 viviendas averiadas ; 737 vías averiadas y 711
municipios afectados.
Indicó
que el incremento en las lluvias afectó la prestación de varios servicios
esenciales en diversas regiones del país: 223 acueductos; 16 alcantarillados;
12 centros de salud; 157 centros educativos y 37 centros comunitarios.
Además,
el fenómeno de la Niña afectó 726.172 hectáreas en todo el territorio nacional, lo que ocasionó que muchos pobladores de las zonas afectadas hayan tenido que abandonar
sus viviendas y refugiarse en albergues provisionales.
2.2
Menciona que según información de los centros internacionales de predicción
climática y del IDEAM, el fenómeno de la Niña se prolongará hasta mediados del
año 2011. Asimismo las temporadas secas de las regiones Caribe y Andina
presentarán volúmenes de lluvia por encima de todos sus valores mensuales y
estarán seguidas de temporadas de lluvia superiores a los valores usuales
registrados para la época.
2.3
En consecuencia, la magnitud de la tragedia desborda las facultades ordinarias
del Estado para atender la situación de desastre nacional, por lo que se
requiere medidas adicionales a las adoptadas a raíz de la expedición del
Decreto 4580 de 2010. Es por ello que el Gobierno Nacional adoptó nuevas
medidas destinadas a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos,
para lo cual  declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en
todo el territorio nacional, hasta el 28 de enero de 2011, con el fin de evitar
los graves perjuicios. Una de las medidas adicionales es el Decreto 144 de
2011, el cual tiene por objeto consagrar disposiciones que permitan la
actuación de las autoridades departamentales y municipales en atención de los
efectos de la emergencia, ya sea para la construcción de edificaciones
destinadas a establecimientos institucionales, o brindando un marco normativo,
para diseñar y ejecutar planes de prevención y reducción de riesgos.
2.4
En su intervención, la secretaría jurídica de presidencia realiza un examen
formal del decreto, para concluir que cumple en forma estricta todos los
requerimientos que el bloque de constitucionalidad, la Constitución Política, la
Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional establecen para su
expedición: (i) en cuanto a la firma, constata que el Decreto 144 de 2011 se
encuentra firmado por el Presidente de la República y todos los Ministros del
Despacho, en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales
otorgadas para conjurar la grave calamidad pública que se presenta
(competencia). Además, (ii) se encuentran debidamente y razonadamente argumentados
los motivos que llevaron a su expedición (motivación) y (iii) fue dictado
dentro del término fijado en el artículo 1 del Decreto 20 de enero 7 de 2011,
que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, hasta el 28
de enero siguiente.
2.5
Igualmente, el Decreto 144 de 2011 cumple con los supuestos materiales de
control jurídico para ser considerado ajustado a  la Carta Política, ya que (i)
está destinado a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos
mediante la adecuada y responsable destinación y administración de recursos;
(ii) guarda relación directa y específica con el estado de emergencia; (iii)
cumple los presupuestos de suficiencia, necesidad y proporcionalidad. Además,
(iv) no desconoce derechos ni libertades fundamentales, por el contrario, busca
conservarlas mediante la atención humanitaria oportuna.
2.6
Por lo tanto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República solicita
declarar exequible el Decreto Legislativo 144 de 21 de enero de 2011.
3.
Intervención del Departamento
Nacional de Planeación
El
Departamento Nacional de Planeación intervino en el presente proceso de
constitucionalidad mediante apoderado judicial, para solicitar la exequibilidad
del Decreto 144 de 2011.
3.1
Manifiesta cómo ante la magnitud de la ola invernal, es imprescindible
optimizar los tiempos de respuesta de las autoridades distritales y municipales
para adelantar procesos de reconstrucción de viviendas en los municipios más
afectados. Para ello, el Decreto 144 de 2011 disminuyó los plazos de expedición
de la licencia de construcción de 45 días hábiles a 20 días hábiles, es decir,
a menos de la mitad del tiempo actual permitido por la ley.
3.2
Por otra parte, señala que el Decreto 144 de 2011 estableció la adopción del
Plan Municipal de Reducción de Riesgos en los municipios del país para definir
aspectos como: los planes de reubicación de asentamientos localizados en zonas
de alto riesgo, los sistemas de drenaje urbano que deban ampliarse o
construirse, planes de prevención y programas de atención de emergencia.
3.3
Al revisar los aspectos de forma del Decreto 144 de 2011, indica que el Decreto
es el desarrollo de las causas invocadas en la declaratoria de emergencia
prevista en el Decreto 020 de 2011, tendiente a la solución de hechos distintos
a aquellos que dan origen a la aplicación de los artículos 212 y 213 de la
Constitución Política. De acuerdo con la motivación contenida en el Decreto 144,
los considerandos 3 a 5, se encuentran estrechamente asociados a los
considerandos 23, 25, 26, 28 del Decreto de declaratoria. De otra parte, fue
expedido dentro del plazo que fijó aquel que declaró el Estado de emergencia,
esto es, el día 21 de enero de 2011. Asimismo, se encuentra suscrito por el
Presidente de la República en asocio con todos los Ministros del Despacho.
Adicionalmente, en el Decreto 144 aparecen de manera explicita, las razones de
la pertinencia de las medidas en él adoptadas y la relación de conexidad que
las mismas tienen con la crisis que motivó la declaratoria del estado de
emergencia.
3.4
En relación con la conexión y especialidad del Decreto 144 de 2011, la entidad colige
que es desarrollo específico, directo y necesario del Decreto 020 del mismo año.
Así, considera que a través del artículo 1 se garantiza la continuidad del
servicio público y de los servicios indispensables, por medio de un
procedimiento ágil de licenciamiento. En cuanto al artículo 2 del Decreto, se
trata de una disposición destinada a la coordinación, planificación y ejecución
de las medidas, con el fin de garantizar la eficacia de la misma. En
conclusión, las normas expedidas se encuentran en relación directa y especifica
con la situación que determinó la emergencia y resultan consistentes con el
ordenamiento.
3.5
En cuanto al cumplimiento de los principios de sujeción, indica el Apoderado
del Departamento Nación de Planeación, que el Decreto 144 de 2011, no afecta
derechos intangibles sino que los fortalece. Además, no suspende garantías
judiciales ni limita derechos, no desmejora los derechos de los trabajadores,
mantiene la vigencia del Estado de Derecho  y las normas que se expidan al amparo
de la emergencia son en principio permanentes.
Por
todo lo anterior, el Departamento Nación de Planeación solicita se declare
exequible el Decreto 144 de 2011.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en
el artículo 278-5 de la Constitución y en el artículo 7º del Decreto 2067 de
1991, intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte que
declare inexequible el Decreto 144 de 2011, fundándose en las siguientes
consideraciones:
El
Ministerio Público comienza por traer a colación el Concepto 5093 A, rendido en el tramite del expediente RE-173, en donde solicita declarar inexequible el
Decreto 020 de 2011, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública.
Advierte
que con la expedición del Decreto 020 de 2011, no se cumplió con el requisito
de comunicar la decisión de declarar el estado de excepción y de los motivos de
la misma a los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además,
con respecto a los “hechos nuevos” que dieron origen al Decreto 20 de 2011, el
Ministerio Público consideró que los elementos fácticos que el Gobierno
Nacional pretendió presentar como hechos nuevos y sobrevinientes, distintos a
los que dieron lugar a la expedición del Decreto 4580 de 2010[1], ni son nuevos ni son
sobrevinientes.
Sostiene
que si el tiempo de vigencia del estado de emergencia era insuficiente para
tomar todas las medidas necesarias para afrontar la crisis, lo que correspondía
hacer era disponer su prórroga de manera oportuna, es decir, antes de la
medianoche del 5 de enero de 2011 y no esperar a que el estado de emergencia
cesara para proceder a declarar un nuevo estado de emergencia. Ésta actuación
irregular desconoce la Constitución Política, al vulnerar el principio
democrático y usurpar de manera irregular las competencias del Congreso.
Con
base en lo anterior, el Ministerio Público considera que los decretos dictados
dentro de este estado de emergencia, como el Decreto 144 de 2011, resultan
inconstitucionales por la desaparición de la vida jurídica del título que
sustenta la expedición de los mismos.
En mérito
de lo expuesto, el Ministerio Público solicitó a la Corte declarar inexequible
el Decreto Legislativo 144 de 2011.
V. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
Conforme a lo dispuesto por el parágrafo del artículo
215 y el numeral 7º del artículo 241 de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la
constitucionalidad del Decreto Legislativo 134 de 2011.
2. Configuración del fenómeno de inexequibilidad por
consecuencia
Mediante sentencia C-216 del
veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011), la Corte Constitucional
declaró inexequible el Decreto 020 del siete (7) de enero de 2011, por el cual
el Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social
y ecológica en todo el territorio nacional, por razón de grave calamidad
pública, por el término de treinta (30) días, declaratoria de emergencia que
constituye el fundamento jurídico del decreto que ahora se revisa.
Por tanto, al haber declarado esta Corporación la
inexequibilidad del Decreto 020 de 2011 que declaraba la emergencia, en
desarrollo de la cual se dictó el Decreto 144 de 2011 que ahora nos ocupa,
evidencia la Sala que en el presente caso se configura plenamente el fenómeno jurídico
de inexequibilidad por consecuencia. Lo anterior, en razón a que el decreto
bajo examen es de naturaleza  legislativa,  expedido con base en las
atribuciones que la Constitución Política le otorga al Presidente de la
República en el estado de emergencia económica, social y ecológica, y que al
determinarse la inexequibilidad del decreto que declaró este estado de
excepción, por sustracción de materia los decretos expedidos al amparo del
mismo devienen también en inconstitucionales.
En consecuencia, al haber desaparecido
del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que sirvió de sustento a la
expedición del Decreto Legislativo 144 de 2011, éste deviene necesariamente en
inconstitucional. En efecto, el decreto declaratorio del estado de emergencia económica,
social y ecológica, es el instrumento jurídico a través del cual el Presidente
de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de
legislar a través de decretos con fuerza de ley. Por consiguiente, una vez
excluido del ordenamiento jurídico el decreto de declaratoria de emergencia económica,
social y ecológica, mediante sentencia de inexequibilidad, los decretos
legislativos dictados a su amparo corren la misma suerte del decreto principal
o declaratorio de la emergencia económica, social y ecológica.
Sobre el fenómeno de “inconstitucionalidad por
consecuencia”[2]
respecto de los decretos dictados bajo el amparo de los estados de excepción, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que consiste en que la decisión de
inexequibilidad del decreto que declara el estado de excepción, produce como
efecto imperativo y vinculante, la inexequibilidad de los decretos legislativos
que lo desarrollan.
En este sentido, la jurisprudencia de
esta Corte ha explicado este fenómeno en los siguientes términos:  "Se
trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento
de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma
que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones
extraordinarias previstas en la Constitución.” [3]
Así las cosas, la inconstitucionalidad por
consecuencia se explica a partir del principio jurídico según el cual lo
subsidiario sigue la suerte de lo principal, en este caso, los decretos
legislativos dictados en desarrollo del decreto “madre” o decreto base que
instaura la emergencia económica, social y ecológica – en este caso el Decreto
020 de 2011 que fue declarado inexequible por este Tribunal -, siguen la suerte
de este último. Así mismo, este fenómeno encuentra fundamento en la ausencia de
competencia para legislar, en razón a que con la declaratoria de
inexequibilidad del Decreto que declaraba la emergencia, el Presidente de la
República pierde toda competencia legislativa para dictar normas con fuerza de
ley en desarrollo del estado de excepción.
En estos eventos, es claro entonces que la Corte no
puede entrar a analizar ni de forma, ni de fondo, los decretos legislativos
expedidos en desarrollo del decreto que declara el estado de emergencia social,
por inexistencia de causa jurídica, decretos que independientemente de su
contenido, deben ser declarados inconstitucionales.
Por consiguiente, se impone entonces
que esta Corporación declare la inexequibilidad del decreto objeto de revisión,
sin entrar a analizar su contenido.
Así
las cosas, la Sala declarará inexequible el decreto 144 de 2011 "Por
el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las
autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos
generados por el fenómeno de la Niña”.
VI. DECISIÓN
En
mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar
INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 144 del 21 de enero de 2011, “por el
cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las
autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos
generados por el fenómeno de la Niña”.
Notifíquese, comuníquese al Presidente de la
República y al Presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional, y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] “Por el cual  se declara el estado de emergencia económica, social y
ecológica por razón de grave calamidad pública”
[2] Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-488 de
1995, C-127 de 1997, C-130 de 1997 y C-135 de 1997.
[3] Sentencia C-488 de 1995, criterio reiterado en C-135 de 1997.