C-033-19
Sentencia C-033/19
NORMA QUE DECLARA A LA ARQUIDIOCESIS Y AL
MUNICIPIO DE PAMPLONA COMO CREADORES, GESTORES Y PROMOTORES DE LAS PROCESIONES
DE LA SEMANA SANTA EN ESE MUNICIPIO-Exequibilidad por el cargo de vulneración al
principio constitucional de laicidad
PRINCIPIO DE LAICIDAD-Garantiza la independencia mutua entre las
iglesias y el Estado/PRINCIPIO DE LAICIDAD-Inclusión de la libertad
religiosa
PRINCIPIO
DE LAICIDAD DEL ESTADO-Separación entre
iglesia y Estado/PRINCIPIO DE
LAICIDAD DEL ESTADO-Neutralidad frente a
las distintas religiones y prohibición de favorecimiento
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Alcance
DEBER DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA-Límites del Estado/ DEBER DE NEUTRALIDAD
RELIGIOSA-Contenido
[E]l deber de neutralidad religiosa impide que el
Estado: (i) establezca una religión o iglesia oficial; (ii) se identifique
formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) realice actos
oficiales de adhesión a una creencia; (iv) tome medidas o decisiones con una
finalidad exclusivamente religiosas; y (v) adopte políticas cuyo impacto sea
promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia.
PRINCIPIO DE SEPARACION ENTRE LO PUBLICO Y LO
PRIVADO-Concepto y alcance
PRINCIPIO DE
LAICIDAD Y NEUTRALIDAD RELIGIOSA-Protección
del Estado al patrimonio cultural
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DE LA LEY FRENTE A
LAS RELIGIONES-Consecuencias
LEGISLADOR-Límites a la intervención en materia religiosa
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA DEL ESTADO-Carácter secular de la ley no puede ser
accidental o incidental
RELACIONES ESTADO IGLESIAS-Constitucionalidad bajo el criterio secular/RELACIONES
ESTADO IGLESIAS-Control de constitucionalidad concreto
Expediente:
D-12039
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 1645 de 2013, Por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones.
Actores:
Pedro Hernán Osorio Cano y Jesús Alipio Osorio Cano.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial la prevista en el artículo 241.4 de la Constitución, una vez cumplidos
los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, los
ciudadanos Pedro Hernán Osorio Cano y Jesús Alipio Osorio Cano demandan la
declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 1645 de 2013.
Mediante
providencia del 8 de mayo de 2017[1], el
Magistrado sustanciador dispuso admitir la demanda de la referencia, por la
vulneración  de los artículo 1 y 19 de la Constitución Política, en los
términos de las sentencias C-152 de 2003, C-766 de 2010, C-817 de 2011 y T-832
de 2011. Al tiempo ordenó correr traslado al Procurador General de la
Nación, a fin de que emitiera su concepto en los términos de los artículos
242.2 y 278.5 de la Constitución; fijar en lista el proceso con el objeto de
que cualquier ciudadano impugnara o defendiera la norma y comunicar, de acuerdo
con el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, la iniciación del mismo al Presidente
de la República, para los fines previstos en el artículo 244 de la Constitución,
así como al Presidente del Congreso y al Ministro de Justicia y del Derecho.
Se invitó a participar en el
presente juicio a la Conferencia Episcopal de Colombia, a la Iglesia Evangélica
Luterana de Colombia, a la Iglesia Adventista del Séptimo día Movimiento de
Reforma, a la Iglesia Movimiento Misional Mundial, a la Iglesia de Dios
Ministerial, a la Organización Ateos de Colombia, a la ONG Colombia Diversa,  a
la ONG DeJusticia, al municipio de Pamplona, a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de
Colombia, a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la
Facultad de Jurisprudencia y a la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad
del Rosario, a la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, a la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, a la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Caldas, a la Facultad de Derecho de la Universidad de
Cauca, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad del Norte y a la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional.
Cumplidos los trámites
previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067
de 1991, procede la Corte a resolver sobre la presente demanda.
A.
NORMA
DEMANDADA
El siguiente es el texto del artículo
5 de la Ley 1645 de 2013 demandado resaltado y en negrilla:
“LEY 1645 DE 2013
(julio 12)
Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial
de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y
se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
“ARTÍCULO 5o. Declárese
a la Arquidiócesis de Pamplona y al municipio de Pamplona como los creadores,
gestores y promotores de las Procesiones de la Semana Santa de Pamplona,
departamento de Norte de Santander”.
B.
LA
DEMANDA
Los ciudadanos Pedro
Hernán Osorio Cano y Jesús Alipio Osorio Cano demandan la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 1645 de 2013, al considerar que dicha
disposición vulnera los
artículos 1 y 19 de la Constitución Política, de acuerdo con las sentencias
C-152 de 2003, C-766 de 2010, C-917 de 2011 y T-832 de 2011, proferidas por la
Corte Constitucional.
Para
los demandantes, declarar a la Arquidiócesis de Pamplona como creadora, gestora
y promotora de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona desconoce el
concepto de Estado laico, por cuanto viola el principio de igualdad de otras
expresiones religiosas, “las cuales también celebran semana santa y no están
involucradas directamente en la gestión del espectáculo cultural que implica la
semana santa”.
Adicionalmente,
consideran que obligar a la administración municipal a coparticipar, al lado de
la Arquidiócesis de Pamplona, en la organización de dicho evento, implica que
el Estado debe administrar una celebración de tradición exclusivamente
religiosa, lo cual viola el principio de separación entre iglesia y Estado.
En suma,
sostienen que el artículo 5 de la Ley 1645 de 2013, vulnera el principio de
laicidad del Estado colombiano porque (i) le entrega a la iglesia católica, con
la participación del municipio, la creación, promoción y gestión de las
procesiones de Semana Santa de Pamplona, en detrimento de otras confesiones
religiosas que también podrían participar; y (ii) obliga al Estado a participar
en asuntos de orden religioso.
C.
INTERVENCIONES
1.      De entidades
públicas
a.
Municipio
de Pamplona
El alcalde municipal y el
director general del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona[2],
solicitan la declaratoria de exequibilidad de la norma cuestionada. Explica
que la celebración de la semana santa en Pamplona es una tradición que
antecede, incluso al reconocimiento oficial de ese municipio, en la medida en
que se realizan desde hace más de 450 años y, en ese sentido, no sólo se trata
de un patrimonio material e inmaterial del lugar, sino que ha ayudado a su
desarrollo social, cultural, económico y religioso.
Agregan que las procesiones
realizadas durante la semana santa en Pamplona son anteriores al principio de
laicidad del Estado establecido en la Constitución Política de 1991 y que, en
todo caso, esta última no prohibió las manifestaciones religiosas, en la medida
en que “la libertad de cultos o religiosa precisamente garantiza la libre
manifestación religiosa de todos”, lo que implica, precisamente, no
eliminar dichas expresiones privadas o públicas.
Los intervinientes también
anotan que, en todo caso, otras expresiones religiosas del municipio pueden
participar libremente de la semana santa, tal y como sucede con una que desde
hace 5 años celebra el domingo de resurrección, sin que exista reproche alguno
por parte de la administración o de las autoridades eclesiásticas del lugar. Lo
anterior, como quiera que en ningún momento la celebración es excluyente o
discriminatoria con otras manifestaciones religiosas, sino que es más
relevante, dada la tradición histórica que tiene para el municipio.
Por último, resaltan que la
historia y sus manifestaciones deben juzgarse de manera objetiva, valorando
cada hecho de conformidad con su tiempo y que, por ello, es imposible aplicar
criterios modernos a situaciones que encuentran su explicación en el pasado.
2.      De las
universidades y organizaciones académicas
a.
Academia
Colombiana de Jurisprudencia
Uno de los
académicos de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia[3] rindió concepto en el que solicita que la
norma demandada sea declarada inexequible. Expone que, en efecto, el
artículo 5 de la Ley 1645 de 2013 viola de manera directa los artículos 1 y 19
de la Constitución Política, en tanto que se desconoce el principio del Estado
laico y, en ese sentido, “la neutralidad del mismo en asuntos religiosos y
de libertad de cultos”.
Para el
interviniente, los principios constitucionales vulnerados son elementos
fundamentales de la convivencia pacífica y, por ende, la norma demandada afecta
la aceptación que debe existir entre las personas aunque profesen diferentes
religiones, en tanto que ésta debe darse en un marco sin discriminación, en el
que el Estado no imponga, ni obligue a  realizar una manifestación religiosa
determinada, como a su juicio, ocurre en el presente caso.
b.
Universidad
de la Sabana
Miembros de la comunidad académica de
la Universidad de la Sabana[4] defienden
la exequibilidad de la norma demandada. Para esto, explican que las
procesiones de semana santa en Pamplona tienen una justificación cultural
importante, en tanto que se encuentran relacionadas con la vida cultural del
municipio y tienen un vínculo con la historia del país, situación que fue
advertida por el legislador en la exposición de motivos de ley demandada y que,
a su vez, se convierten en la razón por la cual no se afectan los principios de
laicidad del Estado y de libertad de cultos.
Para arribar a la anterior
conclusión, los intervinientes inician exponiendo que el principio de laicidad
tiene una dimensión negativa y otra positiva. La primera, implica que cualquier
tipo de actividad religiosa le está prohibida al Estado y; la segunda, por el
contrario, se fundamenta en que si bien debe existir una separación funcional e
institucional entre aquel y la iglesia, lo cierto es que pueden existir
relaciones de apoyo mutuo entre uno y otro.
Agregan que, en ese sentido, desde el
preámbulo de la Constitución Política de 1991 se reconoce la importancia de la
relación con Dios y que, si bien la Corte Constitucional ha indicado que esta
cláusula no implica forma alguna de confesionalismo, lo cierto es que ello no
significa que el Estado no pueda “establecer relaciones de cooperación con
diversas confesiones religiosas – siempre y cuando se respete la igualdad entre
las mismas”.
Para los intervinientes, existen dos
ejemplos claros en los que la jurisprudencia constitucional ha aceptado que en
el Estado existe un principio de laicidad positiva. En efecto, refieren que en
la sentencia C-948 de 2014, mediante la cual se estudió la constitucionalidad
de la Ley 1710 de 2011[5] y se
concluyó que si bien esa norma tenía una vocación religiosa, también tiene un
propósito laico constitucionalmente legítimo: el fomento al dialogo
inter-cultural. En igual sentido, anotan que en la sentencia C-567 de 2016,
providencia en la cual se juzgó exequible el artículo 4 de la Ley 891 de 2004[6], se estableció que para que una medida
asociada a un hecho religioso sea válida debe (i) tener una justificación
secular importante y (ii) deben ser susceptibles de conferirse a otros credos
en igualdad de condiciones.
Por último, los intervinientes
concluyen que, en atención al principio de laicidad positiva imperante en la
Constitución Política de 1991, el artículo 5 de la Ley 1645 de 2013 es
exequible, como quiera que tiene una finalidad cultural y no implica un trato
desigual entre las diferentes confesiones religiosas.
c.
Conferencia
Episcopal de Colombia
El Presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia[7],
solicita que se declare la exequibilidad del artículo 5 de la Ley 1645 de 2013,
en tanto que la norma se encuentra ajustada de conformidad con todos los
preceptos constitucionales.
En primer lugar, el interviniente
resalta que el artículo 5 de la Ley 1645 de 2013 se debe estudiar dentro del
contexto de las demás disposiciones que integran la citada norma, en tanto el
propósito de ésta es declarar y proteger como patrimonio cultural e inmaterial
de la Nación las procesiones de semana santa, así como todos los bienes (cuadros,
esculturas, entre otros) que se usan como manifestaciones culturales del
municipio de Pamplona, de los habitantes del departamento de Norte de
Santander, así como del resto de territorio nacional que tienen un valor y un
significado histórico por su arraigo en la población, lo que coincide con la
exposición de motivos de la ley demandada.
En ese sentido, resalta que si bien
la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 8 de esa misma norma,
en el que se establecía que la administración municipal de Pamplona debía
asignar partidas presupuestales para financiar el objeto de la ley, a su
juicio, se precisó que las procesiones de semana santa constituyen expresiones
culturales que pueden y deben ser protegidas por el Estado.
En segunda medida, agrega que, en
relación con lo anterior, la Corte Constitucional ha declarado exequibles otras
normas jurídicas que protegen las manifestaciones culturales, que si bien
surgen dentro del marco de una expresión religiosa, no por ello afecta el
principio de laicismo del Estado, en tanto que este tipo de tradiciones también
implican expresiones artísticas y turísticas de la población colombiana. Al
respecto, el intervinientes pone de presente las sentencias C-570 de 2016,
C-557 de 2016, C-111 de 2017, C-287 de 2017, C-288 de 2017 y C-441 de 2016.
Particularmente, refiere que los
argumentos de la última sentencia citada son plenamente aplicables al debate
constitucional actual, en la medida en que la Ley 1645 de 2013 señala, a través
de sus diferentes disposiciones, que la participación de la administración
obedece a la obligación del Estado de proteger esta manifestación como
patrimonio material e inmaterial de la Nación, lo que implica que, en virtud
del principio de colaboración entre las autoridades públicas y eclesiásticas,
deberá ser creador, gestor y promotor de las procesiones de la semana santa en
Pamplona. En ese sentido, recuerda que en la sentencia C-441 de 2016, esta
Corte estableció que, las celebraciones de la semana santa en Tunja (i) hacen
parte de la historia del municipio y gozan de una amplia participación del
colectivo social y; (ii) el fundamento de la norma fue proteger y salvaguardar
diversos elementos culturales, artísticos y usos sociales desarrollados
alrededor de estas celebraciones.
En conclusión, para el interviniente,
se está ante elementos de juicio objetivos y razonables que permiten concluir
que las procesiones desarrolladas en el marco de la semana santa de Pamplona
son un elemento propio del patrimonio cultural de la Nación y que, en ese orden
de ideas, el artículo 5 de la Ley 1645 de 2013 busca la promoción, protección y
conservación de éstas y de los bienes utilizados para su celebración, razón por
la cual la norma no transgrede ninguna norma constitucional.
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, en ejercicio de las facultades
previstas en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución Política, emitió en
su oportunidad el concepto 6373, por medio del cual solicita que se declare la exequibilidad
del artículo 5 de la Ley 1645 de 2013, salvo la expresión “promotores”,
frente a la cual solicita la exequibilidad condicionada, en el entendido de
que el municipio de Pamplona debe promover las procesiones de semana santa,
únicamente como evento cultural, absteniéndose de efectuar cualquier promoción
doctrinal de la fe católica.
En primer lugar, el
Ministerio Público resalta que, pese a que en la sentencia C-224 de 2016, la
Corte Constitucional ya había realizado algunas consideraciones respecto del
artículo 5 de la Ley 1645 de 2013 (actualmente demandado), providencia en la
que consideró inexequible el artículo 8 de la misma norma, al establecer que
implicaba una asociación inconstitucional para la promoción de un culto
religioso en específico, no existe cosa juzgada, en tanto que dichas
aseveraciones se hicieron a modo de obiter dicta y como contexto
general.
Por otro lado,
argumenta que, en todo caso, la tesis que soportó la sentencia C-224 de 2016
antes citada, fue posteriormente revaluada por esta corporación, razón por la
cual los cargos de esta demanda deben analizarse de conformidad con la nueva
postura. En ese sentido, refiere que en la sentencia C-567 de 2016, la Corte
reconoció que no existía una postura armónica respecto a la neutralidad estatal
en materia religiosa, como quiera que en la jurisprudencia existía una
divergencia interpretativa en torno al “grado o relevancia del contenido
religioso que podía contener la celebración cultural resaltada o apoyada por
parte del legislador”, en tanto que unas sentencias se exigía que la
referencia religiosa fuera solamente accidental o secundaria, mientras que en
otras todo lo contrario.
En razón de lo
anterior, a juicio del Ministerio Público, en esa sentencia se decidió unificar
los criterios y se señaló que no era proporcional exigir al Congreso que el
contenido religioso de los eventos culturales apoyados mediante una ley fueran
meramente accidentales, circunstanciales o secundarios, en la medida en que el
deber estatal de velar por la protección y la promoción del acceso a la
cultura, es predicable incluso de aquellas manifestaciones con contenido
religioso. En ese orden de ideas, una medida legislativa de ese tipo, es
concordante con el principio de neutralidad religiosa siempre que se funde
exclusivamente en motivos seculares relevantes y concurrentes al hecho
religioso como tal.
Por lo anterior, sostiene
que la Corte incurrió en un error al juzgar inexequible el artículo 8 de la Ley
1645 de 2013 por dos razones: La primera, referida a que si bien, a su juicio,
no encontró que dicha norma se fundará en motivos seculares relevantes, ese
análisis lo hizo exclusivamente por el contenido religioso de las procesiones,
dejando de lado las razones civiles concurrentes que se constituían en un elemento
importante de verificar; y la segunda, relacionada con la constatación que hizo
la Corte de que las procesiones de Pamplona no hacen parte de los eventos
protegidos por el sistema de la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de
2008, omitiendo el hecho de que el legislador, dentro de su marco de
configuración, tiene legitimidad para evaluar de forma directa cuáles
manifestaciones culturales en el país tienen relevancia y, por ende, requieren
algún tipo de protección.
Igualmente, el
Procurador General de la Nación concuerda con los demandantes en tanto la norma
genera una asociación entre un ente estatal y un segmento social cohesionado en
razón de una fe específica; sin embargo, afirma que este sólo hecho no es
suficiente para deducir la inconstitucionalidad de la norma, en tanto que en
este caso dicha unión se genera en torno a un objetivo secular, que si bien
tiene relación con elementos religiosos, tiene una finalidad civil concurrente
y relevante y, en ese orden, no existe una razón suficiente para excluir de la
esfera pública a las personas con fundamento en su condición religiosa, en
consonancia con el artículo 13 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 133
de 1994.
Asimismo, para el
Ministerio Público, la norma al establecer que tanto el Estado como la Iglesia
Católica son creadores y gestores de las procesiones celebradas durante la
semana santa en el municipio de Pamplona, constituye una relación entre uno y
otro, que se explica en atención a que realiza la declaración de un hecho histórico,
que debe ser protegido por tratarse de una manifestación cultural de ese lugar
y, por ende, se trata de una norma con una finalidad secular relevante.
Por último, indica
que la función de promover la referida celebración sí puede parecer más complejo,
en atención a que la interpretación de la disposición podría conllevar a una
norma jurídica, según la cual la administración tiene el deber de promover la
fe católica y, en ese sentido, se desconocerían no sólo las reglas
jurisprudenciales relativas a la neutralidad del Estado en materia religiosa,
sino el principio de laicidad en sí mismo.
II. CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1.       En virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución
Política, este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, por
dirigirse contra preceptos contenidos en una norma con fuerza y rango de ley: la
Ley 1645 de 2013.
B.
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
2.
El artículo 5 de la Ley 1645 de 2013, Por la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de
Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones, declara a la
Arquidiócesis de Pamplona y al municipio de Pamplona como los creadores,
gestores y promotores de las Procesiones de la Semana Santa en dicha ciudad.
Para los demandantes, esta norma desconoce los artículos 1 y 19 de la
Constitución, porque no existe una fundamentación secular, vulnera la igualdad
de trato frente a las diferentes religiones, al promover la iglesia católica e
involucra indebidamente a la administración municipal en una celebración
religiosa. La mayoría de los intervinientes comparte la argumentación de la
demanda, salvo la Universidad de la Sabana para quien, la norma se adecúa a los
parámetros exigidos por la jurisprudencia constitucional en materia de
promoción cultural de hechos religiosos. El Procurador General de la Nación
solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma, en el
entendido de que la actividad de la alcaldía de Pamplona se dirige a los
componentes culturales de las procesiones de Semana Santa, más no a la
promoción de los elementos religiosos de la misma.
3.       Adicionalmente,
considera la Sala que tiene competencia para resolver el
asunto, teniendo en cuenta que no existe cosa juzgada al respecto: la sentencia
C-224 de 2016 declaró la inexequibilidad del artículo 8 de la mencionada ley,
pero no se pronunció respecto del artículo 5, ahora bajo control de
constitucionalidad. En estos términos, le corresponde a la Corte
Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Al declarar que la
Arquidiócesis y el municipio de Pamplona son los creadores, gestores y
promotores de las Procesiones de la Semana Santa en dicha ciudad, el artículo 5
de la Ley 1645 de 2013 desconoció el principio constitucional de laicidad?
4.       Para
resolver este problema jurídico, la Corte Constitucional precisará el alcance
de las relaciones posibles entre el Estado y las iglesias, en el contexto del
principio de laicidad y, a continuación, determinará si la norma cuestionada
responde a dichos parámetros.
C.
LAS
RELACIONES POSIBLES ENTRE EL ESTADO Y LAS IGLESIAS, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE
LAICIDAD
El
principio de laicidad y el de separación entre lo público y lo privado
5.       A diferencia de la
Constitución de 1886 que desde su preámbulo estableció la unidad de la religión
con el Estado, y la opción por la religión católica como fundamento de la
Nación, la Carta Política de 1991 optó por un modelo de Estado laico, con
respeto de todos los credos que al interior del Estado Se prediquen, así como
por aquellas personas que no predican credo alguno. Ello impone una carga de
neutralidad al Estado y sus autoridades, derivada, principalmente, del artículo
19 constitucional que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia
constitucional[8].
6.
En efecto, la laicidad del Estado permite la coexistencia de
todos los colombianos y residentes en el territorio nacional,
independientemente de sus creencias, visiones del mundo e ideologías, tanto
políticas como religiosas[9], unidos alrededor
de valores republicanos[10], tales
como la supremacía constitucional frente a normas jurídicas y extrajurídicas[11];
el pluralismo, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de creencias
y de cultos  y la igualdad de trato respecto de todas las congregaciones
religiosas (artículo 19 de la Constitución), sin que las autoridades públicas
puedan mostrar preferencia por alguna en particular o animadversión respecto de
alguna de ellas[12].
7.       Tal como lo reconoció la sentencia C-212 de 2017, el
principio de laicidad y la separación entre las iglesias y el Estado, es una de
las maneras en las que se concretiza el principio constitucional de separación
entre lo público y lo privado que determina, de una manera más amplia, una
serie de aspectos en los que el Estado no podría inmiscuirse, como, en este
caso, el derecho de asociación religiosa[13] y la
consciencia y las creencias de las personas[14], al
tratarse de asuntos que dejaron de ser de interés público[15],
para convertirse en asuntos privados y del fuero interno de las personas, es
decir, ajenos a la función pública y al interés general que esta ampara[16].
En dicha sentencia se sostuvo que “La superación del absolutismo y el paso
hacia el Estado liberal de derechos significó, en adelante, el establecimiento
de un principio fundamental del derecho público y de la esencia del mismo: la
separación entre los asuntos públicos y los asuntos privados, ausente en los
regímenes absolutos. Se trata de un principio constitucional presente en la
Constitución Política de 1991 el que, a pesar de no tener una consagración
normativa expresa, atraviesa todo el cuerpo constitucional: implica el respeto
del principio de dignidad humana (artículo 1), al reconocer la autonomía de los
particulares, su libertad y excluir su utilización instrumental o cosificación
por parte del poder público; al diferenciar implícitamente entre los fines
esenciales del Estado, de interés general (artículo 2), de los fines que
individualmente puedan resultar esenciales para los particulares; (…) al
reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), en
el que no puede intervenir el Estado; al permitir las libertades de conciencia
y de cultos, típicos asuntos de fuero privado (artículo 18 y 19)”[17].
8.       De
esta manera, es posible sostener que “El principio de
laicidad se involucró así, de manera cercana, con el principio de libertad que
inspiró todo el cuerpo de la Constitución Política de 1991”[18], porque
permite definir las creencias y celebraciones religiosas, así como el
funcionamiento interno de las congregaciones eclesiásticas, como asuntos relevantes
para las personas, pero excluidos de la intervención estatal. En vista de lo
anterior, es necesario reiterar que el principio de laicidad no
significa desprecio o desdén frente al hecho religioso, como hecho social,
sino, por el contrario, su reconocimiento como elemento importante de la
sociedad, en el que se materializan libertades y derechos fundamentales de las
personas y que, por lo tanto, amerita protección por parte de las autoridades
públicas, pero con el respeto de la imparcialidad frente a las diferentes
religiones y sin intervenir o involucrar indebidamente el poder público en los
asuntos religiosos.
9.       Lo
anterior, precisamente fue reconocido por la Ley Estatutaria 133 de 1994, al
desarrollar el artículo 19 superior, al señalar que “Ninguna
Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el
Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de
los colombianos”[19]. Pero a
renglón seguido en su artículo 3 señala que “El Estado reconoce la
diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de
desigualdad o discriminación ante la Ley que anulen o restrinjan el
reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. Todas las confesiones
Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley”. Así entonces, se
hace patente la separación entre iglesias y Estado[20],
pero a la vez el deber de tolerancia de todas las manifestaciones religiosas,
concretada en el deber de proteger el pluralismo entre las confesiones
religiosas de los colombianos, de donde surge, que no le es dable a autoridad
estatal alguna tomar medidas para desincentivar o desfavorecer a las personas o
comunidades que no compartan determinada práctica religiosa, sea o no
mayoritaria, o incluso a quienes son indiferentes ante las creencias en la
dimensión trascendente. En otros términos, el deber de neutralidad religiosa
impide que el Estado[21]:
(i) establezca una religión o iglesia oficial; (ii) se identifique formal y
explícitamente con una iglesia o religión; (iii) realice actos oficiales de
adhesión a una creencia; (iv) tome medidas o decisiones con una finalidad
exclusivamente religiosas; y (v) adopte políticas cuyo impacto sea promover, beneficiar
o perjudicar a una religión o iglesia.
Las
relaciones posibles entre las iglesias y el Estado
10.   La misma sentencia C-212
de 2017 reconoció que “(…) la separación entre los asuntos públicos y los
asuntos privados, como principio constitucional, no es absoluta ni orgánica, ya
que permite el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares[22],
pero sí inspira, a la vez, la esencia libertaria del régimen constitucional y
el carácter limitado y sometido del poder público”[23].
Por su parte, la SU-585 de 2017 desarrolló el argumento, al explicar que este
principio “no implica la ausencia de puntos de contacto o
puentes comunicantes que determinan, fundamentalmente, que ciertas actividades
privadas tengan incidencia en lo público y, a la vez, que los particulares
participen activamente en los intereses de la colectividad a la que pertenecen,
en ejercicio de sus derechos, pero también en cumplimiento de sus deberes”[24]. Así, dicho
principio no excluye que se entablen relaciones entre las congregaciones
religiosas y el Estado y es por esta razón que el
mismo artículo 2 de la Ley Estatutaria de libertad religiosa y de cultos, 133
de 1994, dispone que el Estado “mantendrá relaciones armónicas y de común
entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la
sociedad colombiana”. Por lo tanto, las relaciones con
las diferentes congregaciones religiosas deben guiarse por la voluntariedad[25]; la neutralidad estatal en
materia religiosa; el respeto mutuo de los ámbitos competenciales propios y la
no intervención recíproca en dichos asuntos; y la igualdad de trato del Estado,
respecto de todas las iglesias.
11.   Uno de los puntos posibles de contacto
entre las iglesias y el Estado, consiste en la hipótesis en la cual, un lugar
de culto, un objeto o una manifestación religiosa, adquiera, a la vez, la
connotación de elemento cultural, caso en el cual, la jurisprudencia
constitucional ha admitido que, el cumplimiento del mandato de protección y
promoción cultural, previsto en varias normas constitucionales[26], resulta exigible, incluso si la expresión cultural tiene connotaciones religiosas[27]. aun cuando la
regulación legal del patrimonio cultural de la Nación no incluye expresamente
al Congreso de la República, como autoridad competente para determinar las manifestaciones
que lo han de integrar, una lectura sistemática de los artículos 70 y 71 y 150
de la Constitución, así como el hecho que los artículos 70 y 71 superiores se
refieran al “Estado” y no a un órgano en específico, permiten argumentar que el
Congreso tiene la competencia para señalar las actividades culturales que
merecen una protección del Estado, máxime cuando en este órgano democrático
está representada la diversidad de la Nación. Argumentar que dicha facultad es
exclusiva del ejecutivo, sería asimilar a éste con el término Estado, cuando
éstas no son, ni mucho menos expresiones sinónimas. Ello ha sido reconocido por
la jurisprudencia constitucional al señalar:
“En atención al
reconocimiento de la citada diversidad y en aras de promover e impulsar el
acceso a las tradiciones culturales y artísticas que identifican a los
distintos sectores de la población, la Constitución Política en los artículos
70, 71 y 150 le asigna al legislador la atribución de señalar qué actividades
son consideradas como expresión artística y cuáles de ellas -en concreto-
merecen un reconocimiento especial del Estado.”[28]
12.  Ahora bien, la
protección y promoción cultural de un hecho religioso, conlleva necesariamente
importantes riesgos de comprometer la neutralidad estatal en materia religiosa
y de afectar la separación entre las iglesias y el Estado porque puede,
indirectamente, conducir a efectos contrarios al principio de laicidad del
Estado. Es por lo anterior, que, aunque el Legislador goza de un amplio margen
de configuración para la determinación legislativa de lo que se considera
cultura[29], cuando
la promoción de actividades culturales se dirija a hechos o actividades de
contenido religioso, es necesario que el legislador cumpla con cargas
adicionales en la protección de hechos culturales. Así, en conclusión, al momento de analizar
medidas legislativas que involucren una relación entre el Estado e
instituciones religiosas, la Corte Constitucional deberá analizar si en ellas
se encuentra un criterio predominantemente secular que la justifique, pues como
ha señalado la jurisprudencia “si bien es cierto que el Legislador está
legitimado para adoptar políticas de protección y promoción a manifestaciones
culturales, aún si tienen alguna connotación religiosa, también lo es que el
fundamento cultural debe ser el protagonista, y no a la inversa, porque en tal
caso se afectarían los principios de laicidad y neutralidad religiosa, pilares
esenciales de un Estado social de derecho que pregona el pluralismo y el
respeto por la igualdad de todas las confesiones”[30]. Lo que además se
sintetiza en los siguientes criterios de nuestra jurisprudencia:
“[L]a neutralidad que impone la laicidad frente a los
cultos religiosos no prohíbe que ciertos lugares (por ejemplo, de culto),
ciertas obras artísticas (pinturas, esculturas) y arquitectónicas (templos,
monasterios), o incluso ciertas manifestaciones religiosas sean protegidas por
el Estado en razón de su proyección como patrimonio cultural. Sin embargo, al
estar en tensión el principio constitucional de laicidad y neutralidad
religiosa con el deber –también constitucional- de protección al patrimonio
cultural, es preciso evaluar y ponderar varios aspectos:
(i) La existencia de elementos de juicio objetivos y
razonables que demuestren que en verdad se está en presencia de un elemento
propio del patrimonio cultural de la Nación, esto es, más allá de meras
referencias a manifestaciones que perduran en el tiempo o con alguna
significación para un sector de la sociedad.
(ii) La noción de cultura o patrimonio cultural no
está asociada a un criterio de mayoría, lo que de suyo anularía la existencia
de culturas de comunidades poblacionalmente minoritarias, cuyos aportes pueden
resultar aún más significativos y afrontar riesgos más graves de extinción. En
consecuencia, cuando la decisión mayoritaria pueda afectar los derechos de las
minorías, en este caso religiosas, el nivel de control constitucional para
avalar su existencia debe ser más riguroso.
(iii) Las medidas de protección de manifestaciones
culturales deben ser cuidadosas de no comprometer al Estado en la defensa y
promoción de un culto en particular, que le haga perder su neutralidad. En
otras palabras, las medidas adoptadas por el Legislador no pueden generar un
privilegio a favor de un culto determinado, de manera que “la
constitucionalidad de las políticas estatales que beneficien a la religión será
juzgadas en función de la neutralidad de sus propósitos y de sus efectos.”[31]
13.  De lo anterior, es
posible colegir que, es necesario que se demuestre claramente que, en la
promoción del hecho cultural, de contenido religioso, en ella se pueda
identificar un criterio predominantemente secular, que la sustente o justifique. Para tales
efectos, la exposición de motivos es un criterio necesario, pero no suficiente
para develar tal motivo, como bien se expresó en la sentencia C-224 de 2016,
por lo que es necesario que el juez constitucional tome en cuenta los elementos
deliberativos que son puestos a su juicio en las intervenciones ciudadanas, así
como en el despliegue de sus facultades probatorias, con el fin de determinar
la existencia de dicho elemento secular.
14.  En síntesis, en consideración a los precedentes
de la Corte Constitucional, Colombia es un Estado laico, lo cual le impide
imponer medidas legislativas u otras reglas del ordenamiento jurídico, que
prevean tratamientos más favorables o perjudiciales a un credo particular,
basadas en el hecho exclusivo de la práctica o rechazo a ese culto religioso.
Por ende, la constitucionalidad de las medidas legislativas que involucre un
trato específico para una institución religiosa, dependerá de que en ella se
pueda identificar un criterio predominantemente secular, que la sustente o
justifique.
El
criterio del control de la constitucionalidad de las normas que establezcan relaciones
entre el Estado y las iglesias
15.  En diferentes
pronunciamientos, la Corte Constitucional ha examinado el respeto del principio
de laicidad en normas que establecían diferentes formas de relacionamiento
entre el Estado y las iglesias, entre otras, leyes de honores respecto de
hechos religiosos, reconocimiento, protección y financiación pública de
actividades religiosas con arraigo cultural, entre otros. Así, la sentencia
C-152 de
2003 declaró la constitucionalidad de la ley que establece la licencia de
maternidad. En dicha ocasión examinó si el título de la ley, “Ley María”,
afectaba el principio de laicidad. Concluyó este tribunal que no había
desconocimiento del principio, porque se trata de “un nombre genérico
de amplia recordación
(…) tan
común en la cultura colombiana y en general latina” y “las
connotaciones religiosas constitucionalmente prohibidas son las que tienen
ciertas características: son únicas y necesarias, y por lo tanto, promueven una
determinada confesión o religión”[32].
El rigor de este criterio de control, hubiera significado la
inconstitucionalidad de todas las normas que reconocían el carácter cultural
presente en la celebración de la Semana Santa en diferentes ciudades del país,
teniendo en cuenta que se trata de un evento con una connotación necesariamente
religiosa. Pero esta sentencia no tuvo en cuenta la compleja tensión que se
crea, cuando es posible que la connotación religiosa de un hecho o de una
manifestación revista, a la vez, un carácter cultural. Es por esta razón que, posteriormente,
la jurisprudencia aceptó que resulta constitucionalmente posible la protección
y el fomento de una actividad religiosa que constituyera una manifestación
cultural[33],
siempre y cuando el elemento religioso fuera meramente anecdótico o accidental[34] y no recayera sobre símbolos
asociados a determinada religión[35].
16.  Este rigor inicial
de la jurisprudencia constitucional ponía ya de presente que la promoción
cultural de actividades religiosas resulta sensible y riesgosa frente al
principio de laicidad. Por esta razón, la sentencia C-817 de 2011 advirtió que
“asimilar
un culto específico al concepto ‘cultural’ plantea serias dificultades y
graves” riesgos””, aunque en dicha sentencia la
jurisprudencia comenzó a atenuar el rigor anterior, al aceptar que la
connotación religiosa no debe ser necesariamente anecdótica o accidental, sino
que, aunque la connotación religiosa sea importante, es necesario que las
medidas como las controladas respondan a “un factor secular, el
cual (i) sea suficientemente identificable; y (ii) tenga
carácter principal, y no solo simplemente accesorio o incidental”.
17.  Esta decisión fue
reiterada en la sentencia C-224 de 2016, en donde se declaró inexequible que se
autorizara el destino de recursos públicos para financiar las procesiones de
Semana Santa en la ciudad de Pamplona[36], ya que
se concluyó que “el fin principal de este tipo de regulaciones en ningún
caso ha de ser la exaltación religiosa” y, “Por ende, la
constitucionalidad de las medidas legislativas que involucren un trato
específico para una institución religiosa, dependerá de que en ella se pueda
identificar un criterio predominantemente secular, que la sustente o justifique”[37]. De nuevo, la Corte
Constitucional reiteró el riesgo latente en la promoción cultural de actividades
de contenido religioso “en especial cuando de lo que se trata es de
reivindicar prácticas religiosas mayoritarias –como la religión católica-. En
estos casos las autoridades públicas deben ser especialmente cuidadosas debido
a factores históricos de discriminación y exclusión de minorías”[38].
18.  Por otra parte, el
criterio establecido en la sentencia C-817 de 2011, fue igualmente reiterado en
la sentencia C-441 de 2016, en la que se declaró exequible la autorización
presupuestal para financiar la celebración de la Semana Santa en Tunja, donde
se concluyó la constitucionalidad de la medida porque se identificó que la
finalidad del legislador sí era laica y, se advirtió que este tipo de medidas
resulta constitucional, “si en ellas se encuentra un criterio
predominantemente secular que la justifique”[39]. Así mismo, se reconoció que la
Constitución, permite que el Congreso de la República como órgano deliberativo,
pluralista y representativo de las distintas regiones del país, pueda discutir
y proponer la promoción y protección de diferentes expresiones culturales. En
efecto, cuando el artículo 70 de la Constitución Política se refiere al deber
del “Estado” de promover el acceso a la cultura, y respetar el pluralismo
cultural, no optó por circunscribirlo a una rama específica del poder público,
por lo que resultaría ilógico restringir la competencia para declarar un
elemento como integrante del patrimonio cultural de la Nación a la rama
Ejecutiva, pues sería tanto como equiparar Estado a rama ejecutiva.  Así, el
legislador cuenta con la competencia de declarar una expresión cultural como
integrante del patrimonio cultural de la Nación, mas cuando ello surja de un
debate donde se le otorgue igual respeto y consideración a las diferentes
posturas que allí surjan, y en todo caso, dicha ley luego podrá ser objeto de
control de constitucionalidad por las vías que la Constitución prevé,
conservando así el carácter deliberativo, diverso y pluralista de la Carta de
1991.
19.  Por su parte la
sentencia C-567 de 2016 declaró la exequibilidad de la ley que declara como
patrimonio cultural nacional las procesiones de Semana Santa y el festival de
música religiosa de Popayán, al constatar que el legislador no perseguía una
finalidad religiosa[40]. En dicha ocasión, constató la Corte la necesidad de unificar
los parámetros para juzgar la constitucionalidad de este tipo de medidas y, en
el caso concreto, concluyó que la constitucionalidad depende de si “la
medida acusada tiene una justificación secular importante, verificable, consistente
y suficiente”[41]. De
esta manera, obvió el requisito de que el elemento secular fuera principal[42] y, en su lugar, se exigió que
existiera una justificación especial: importante, verificable, consistente y
suficiente.
20.  Sin embargo, la sentencia
C-570 de 2016 reintrodujo la exigencia del carácter principal del criterio
secular de la medida y, mezclándolo con el establecido en la C-567 de 2016, concluyó,
por su parte, que para determinar la constitucionalidad de las medidas de
amparo cultural de manifestaciones religiosas era necesario identificar “un
criterio secular principal o predominante, el cual debe ser verificable,
consistente y suficiente”. En dicha decisión, este criterio condujo a
declarar parcialmente exequible la ley demandada, que implementaba medidas de
protección al monumento al Cristo Rey de Belalcázar, pero llevó a declarar la
inconstitucionalidad de los apartes de la ley que reconocieron la “importancia
(…) religiosa” del monumento. El criterio de control establecido en
la sentencia C-567 de 2016 fue aplicado en la sentencia C-109 de 2017, donde se
declaró exequible la declaratoria como patrimonio cultural nacional de las
procesiones de Semana Santa y el festival de música religiosa de Popayán[43]. Igualmente, el método se
reiteró en la sentencia C-111 de 2017, que declaró la exequibilidad de una
norma que ordenaba al Ministerio de Cultura, el fomento de las Fiestas de San
Francisco de Asís en Quibdó[44].
21.  Por su parte, la
sentencia C-288 de 2017 reiteró el criterio establecido en la sentencia C-567
de 2016, pero precisó que el control de la neutralidad del Estado en materia
religiosa, en desarrollo del principio de laicidad, debía ser más estricto
cuando la connotación religiosa del evento fuera importante, caso en el cual la
justificación secular debía ser importante y suficiente, pero menor, cuando la
connotación religiosa fuera marginal. El anterior criterio permitió concluir
que la declaratoria de patrimonio cultural y artístico, con medidas de fomento,
para las Fiestas de San Pedro, celebradas en el Espinal, no desconocía el
principio de laicidad, teniendo en cuenta que el único elemento religioso del
evento es el nombre, que coincide con una figura de la religión católica[45], pero no se trata, de una
celebración eclesiástica.
22.  Este criterio fue
finalmente confirmado en la sentencia C-054 de 2018, donde se juzgó una norma
que declaraba a entidades privadas del orden religioso, como gestores y
garantes del rescate de la tradición cultural y religiosa de la Semana Santa de
la ciudad de Tunja. Allí se resaltó que el examen del respeto del principio de
laicidad debía ser riguroso, en ese caso, porque el reconocimiento realizado
por la ley hacía referencia a un evento con una innegable connotación religiosa[46]. Pese a lo anterior, se
encontró que la norma superaba los parámetros exigidos para garantizar el
principio de laicidad[47].
D.
SOLUCIÓN
AL CARGO PROPUESTO
23.  El problema
jurídico que aborda la Corte Constitucional en la presente decisión no ha sido
anteriormente planteado en el control abstracto de constitucionalidad. Respecto
de las normas que reconocen el carácter cultural de las procesiones u otras
celebraciones de Semana Santa en diferentes lugares del país, este tribunal ha
juzgado mayoritariamente la constitucionalidad de contenidos normativos que autorizan
la destinación de recursos públicos para su financiación, como actividades con
contenido cultural[48]. Por su
parte, en la sentencia C-054 de 2018 se juzgó una norma que reconoce a la “ciudad
de Tunja, a la Curia Arzobispal y a la Sociedad de Nazarenos de Tunja, como
gestores y garantes del rescate de la tradición cultural y religiosa de la
Semana Santa de la ciudad de Tunja, siendo el presente un instrumento de
homenaje y exaltación a su invaluable labor”, pero únicamente se juzgó la
constitucionalidad en lo relativo a la Curia Arzobispal y a la Sociedad de
Nazarenos de Tunja y no se ocupó la Corte del examen de la constitucionalidad
de la expresión relativa a la ciudad de Tunja.
24.  En esta ocasión,
le corresponde a la Corte, juzgar la constitucionalidad de una norma con un
contenido diferente: “Declárese a la Arquidiócesis de Pamplona y
al municipio de Pamplona como los creadores, gestores y promotores de las
Procesiones de la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander”. La
norma juzgada en la sentencia C-054 de 2018 utiliza la expresión reconózcase,
mientras que la ahora bajo examen recurre a la expresión declárese. La norma
relativa a la ciudad de Tunja utiliza las expresiones “gestores y garantes”,
mientras que la ahora bajo control refiere “creadores, gestores y promotores”.
La norma relativa a la ciudad de Tunja dirige expresamente este reconocimiento
al
“rescate de
la tradición cultural y religiosa de la Semana Santa de la ciudad de Tunja”,
mientras que la de la ciudad de Pamplona recae sobre las “Procesiones de la
Semana Santa de Pamplona”. Finalmente, en la norma acerca de la ciudad de
Tunja, se hace evidente su naturaleza de ley de honores, no solamente por la
utilización del verbo reconocer, sino porque su mismo contenido normativo
precisa la naturaleza de exaltación, al agregar que “siendo el presente un
instrumento de homenaje y exaltación a su invaluable labor”. En atención a
lo anterior, la sentencia C-054 de 2018 juzgó la constitucionalidad de la norma
en lo relativo a las organizaciones privadas allí mencionadas, frente al
principio de laicidad, a partir de su naturaleza de ley de honores[49], pero no le correspondió juzgar lo relativo
a la ciudad de Tunja.
La naturaleza
jurídica de la norma objeto de control
25.  La inclusión del
municipio de Pamplona, como creador, gestor y promotor de las procesiones de
Semana Santa no puede ser considerado exclusivamente como una exaltación a su
labor, sino como una atribución de funciones a esta autoridad administrativa,
porque la interpretación normativa a efecto útil, determina que la gestión y
promoción de las procesiones de Semana Santa no se refiere a hechos pasados,
como ocurre con la creación del evento –hecho social-, sino implica la
realización futura de actividades respecto de la manifestación que se sucederá
en el tiempo, al realizarse año tras año; así, afirmar que se trata de un
reconocimiento, privaría de contenido normativo los verbos gestionar y
promocionar, utilizados por la norma, otorgando de esta forma competencias a
una autoridad administrativa.
Los criterios
de constitucionalidad y el método de control
26.  La norma bajo
examen tiene una doble naturaleza jurídica: respecto de la Arquidiócesis de
Pamplona, se trata de una ley de honores; en cuanto al Municipio de Pamplona,
es una ley de atribución de competencias administrativas. En uno y otro caso,
la ley debe respetar imperativos constitucionales. En concreción de esto, en la sentencia
C-817 de 2011, este tribunal juzgó la constitucionalidad de una ley que
asociaba a la Nación a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El
Espinal y declaraba monumento nacional a su Catedral. Esta ley de honores fue
declarada inexequible porque se evidenció que perseguía fines religiosos y no
existía una finalidad secular de mayor importancia al respecto. También, en la
sentencia C-948 de 2018, la Corte encontró parcialmente exequible el contenido
de la ley de honores respecto de la Santa Madre Laura Montoya Upegui[50]. Allí se sostuvo que “esta forma de ley de honores solo es
válida si el componente laico prima sobre el religioso” [51]. Por otra parte, como cualquier
ley que atribuye competencias a las autoridades administrativas, el componente
relativo a las actividades que debe desarrollar el municipio de Pamplona, debe
respetar la Constitución y, en el presente asunto, el principio constitucional
de laicidad.
27.  Para juzgar la
constitucionalidad de la norma bajo control, frente al principio de laicidad,
es necesario afincar el control en dos extremos: tanto en la finalidad
perseguida por el legislador al rendir honores y atribuir las competencias al
municipio, como en el resultado que produce. Estos elementos han sido tenidos
en cuenta por la Corte Constitucional al juzgar las mencionadas normas que han
establecido diversas formas de relación entre las iglesias y el Estado. El
examen de los efectos que provoca la norma, respecto del principio de laicidad,
resulta ineludible. Por lo tanto, una norma legal que establezca relaciones
entre las iglesias y el Estado puede resultar inconstitucional si, a pesar de
tener una intención laica o secular, genera promoción o afectación de
determinada congregación religiosa o involucra al Estado en los asuntos
religiosos de determinada confesión.
28.  Para hacer este
control la Corte ha desarrollado una jurisprudencia que toma elementos
doctrinales de la jurisprudencia norteamericana, especialmente del denominado ‘lemon
test’.  Así la Corte Constitucional ha determinado, que en el control de
constitucionalidad se debe establecer si los propósitos
legislativos que se persiguen con la medida son principalmente seculares, por
lo cual deben cumplir con dos características: (i) deben ser suficientemente
identificables; y (ii) deben tener carácter principal, y no solo simplemente
accesorio o accidental. Para lo cual, la exposición de motivos es un criterio necesario,
pero no es suficiente; lo anterior, tiene como consecuencia, que el juez
constitucional, con base en el ejercicio deliberativo propio de nuestro control
constitucional, deba determinar con base en los elementos de juicio puestos a
su disposición y recaudados por la vía probatoria. De esta forma, no le es dado
al legislador promover hechos culturales que tienen (i) por efecto principal el
de promover o afectar o inhibir determinada religión; o (ii) genera un involucramiento
indebido del Estado en asuntos religiosos o de las iglesias en los asuntos
estatales. Este último asunto ha sido definido de manera variable por la
jurisprudencia constitucional, ya que ésta ha exigido que la norma no produzca “una
posición excesivamente comprometida con la religión”[52]; “un
enmarañamiento –excessive entanglement- entre el Estado y la
religión”[53]; una
“confusión
o entrelazamiento simbólico de las funciones públicas, con las actividades
religiosas”[54]
o una “excesiva confusión de las funciones del Estado con las de las
iglesias”[55].
29.  En atención a lo
anterior, la constitucionalidad de la norma que declara a la Arquidiócesis de
Pamplona y al municipio de Pamplona como los creadores, gestores y promotores
de las Procesiones de la Semana Santa en dicha ciudad, será determinada, por
una parte, a partir de la identificación de si existe en la misma un criterio
secular que responda a las exigencias jurisprudenciales en la materia y, por
otra parte, si los efectos que acarrea son compatibles con el principio de
laicidad.
La norma demandada responde a un criterio secular suficientemente
identificable, de carácter principal, y no solo simplemente accesorio o
accidental
30.  La sentencia C-224
de 2016 declaró la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley 1645
de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación
la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan
otras disposiciones”. En esta decisión no se integró la unidad normativa
respecto de toda la ley en cuestión y, por lo tanto, no se juzgó la
constitucionalidad del artículo 5, que ahora se encuentra bajo control de
constitucionalidad. Esto implica que no existe cosa juzgada al respecto. No
obstante, la ratio decidendi de la sentencia C-224 de 2016 no resulta
exclusivamente predicable del artículo 8, sino de las otras normas, ya que la
inconstitucionalidad se derivó del hecho de que no encontró la Corte
Constitucional que con la expedición de esta ley, el legislador persiguiera
finalidades compatibles con el principio constitucional de laicidad. Esta
decisión se constituye entonces, para el presente asunto, en un precedente no
sólo relevante, sino ineludible. Así, será necesario identificar el fundamento
del precedente y resolver si, en el presente asunto, existen o no suficientes
razones para apartarse del mismo.
31.  Para la sentencia
C-224 de 2016 “a pesar de que la ley 1645 de 2013 pretende el reconocimiento
de ciertos actos como parte del patrimonio cultural inmaterial de la Nación, lo
que se desprende de su contenido es, en últimas, la exaltación de las
ritualidades, íconos y actos ceremoniosos exclusivos de la religión católica
romana, probablemente mayoritaria y hegemónica durante varios siglos. De la
misma forma, cuando se revisan los antecedentes legislativos se puede constatar
–incluso con mayor claridad- cómo el elemento religioso fue en realidad el
protagónico para la inspiración y aprobación de esa ley, donde la promoción de
la cultura y de otros factores como el turismo fueron apenas coyunturales.
Así, en la
exposición de motivos del proyecto de ley, a la cual la Corte hace remisión
directa, luego de una breve descripción geográfica y de la historia de
Pamplona, se hace un recuento de la Semana Santa en ese municipio. En él se
incluye “un escrito de María Clara Valero Álvarez Presidenta de la Academia de
Historia de la Ciudad de Pamplona, en donde se hace un breve relato sobre la
trayectoria e importancia de la Ciudad de Pamplona y sobre la antigüedad de la
Semana Santa, con sus respectivas citas colocadas en orden cronológico con
soportes documentales de fuentes primarias que reposan en los archivos
notariales y eclesiásticos, indagación realizada por la autora de esta nota
histórica”. A continuación, se exponen algunas consideraciones referentes a la
competencia del Congreso y los fundamentos constitucionales y legales para
aprobar esta clase de normas (declarar el patrimonio cultural inmaterial de la
Nación). Finalmente, se exponen algunas consideraciones acerca de la “justificación
del proyecto”, en los siguientes términos:
“El
presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental que la Semana
Santa del municipio de Pamplona -Norte de Santander- o como se denomina en
el ámbito nacional -Semana Mayor-, sea incluida en la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional y que los bienes muebles que
hagan parte de la respectiva manifestación religiosa tengan el carácter de
bienes de interés cultural del ámbito nacional, con su correspondiente plan
especial de protección.
Al
incluirse en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del
ámbito nacional la Semana Santa del municipio de Pamplona, se asegura
su fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción.
De igual forma con la declaratoria de interés cultural
de carácter nacional de las imágenes (bienes muebles) que hacen parte de la
celebración de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona Norte
de Santander, se les otorga un régimen especial de protección, incluyendo
medidas para su inventario, conservación y restauración, etc.
En
conclusión, de todo lo expuesto en esta parte motiva con respecto a la
celebración de la Semana Santa en Pamplona, que data desde el siglo
XVI hasta el siglo XXI, dan suficiente peso y respaldo para que la Semana
Mayor de la ciudad de Pamplona -Norte de Santander- sea reconocida como
Patrimonio Inmaterial de Carácter Nacional, lo cual, traería sumos beneficios
para fortalecer la fe católica, así como se mostraría a Colombia y al mundo la
riqueza religiosa que existe en la ciudad de Pamplona. Además,
atraería muchas personas piadosas a participar de los imponentes actos
religiosos y también a aquellas personas interesadas en conocer y apreciar
joyas de carácter histórico-cultural, promoviéndose así el turismo en esta
región de Colombia”.
Son
casi cinco (5) siglos de historia de aludida Semana Santa, que hoy, por nuestro
ambiente sociocultural queremos fortalecer como un espacio maravilloso
de fomento de la cultura religiosa de nuestro país y de nuestra región.
(…)
En el transcurso
del trámite tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la
República, en los debates se optó por presentar como fundamento de la
iniciativa, consideraciones idénticas a las formuladas en la exposición de
motivos, en los siguientes términos:
(…)
En conclusión, la
Semana Santa en Pamplona, que data desde el siglo XVI hasta el siglo XXI,
traería sumos beneficios para fortalecer la fe católica, así como se mostraría
a Colombia y al mundo la riqueza religiosa que existe en la ciudad de Pamplona.
Además, atraería muchas personas piadosas a participar de los imponentes actos
religiosos y también a aquellas personas interesadas en conocer y apreciar
joyas de carácter histórico-cultural, promoviéndose así el turismo en esta
región de Colombia”. (Subrayado fuera de texto)
De la exposición
de motivos se pueden concluir tres situaciones: (i) las procesiones de Semana
Santa en Pamplona son parte de la historia del municipio; (ii) sin embargo, es
evidente que el objetivo principal de la autorización al municipio para asignar
partidas presupuestales, es fortalecer la fe católica y atraer a
personas piadosas a participar de los imponentes actos religiosos; y (iii) en últimas, el fin secundario es la activación del
turismo en la región” (negrillas en la sentencia)[56].
Y más adelante apuntó la Corte que (…) 48. Con todo, resulta difícil encontrar un contenido
secular identificable y primordial en la norma acusada. Para la Corte
Constitucional es evidente que la autorización de invertir presupuesto público
en la promoción de las procesiones de Semana Santa en Pamplona, y en la
protección de los bienes que en ella se utilizan, lo que pretende es fortalecer
la fe católica, siendo esto contrario a la naturaleza laica del Estado
colombiano, según las distinciones conceptuales explicadas en esta sentencia.
En estos términos, no es de recibo que el Congreso de la República desconozca
de tal manera el principio de neutralidad del Estado laico, tomando decisiones
con las cuales otorga beneficios presupuestales a entidades religiosas con la
finalidad primordial de promover y/o beneficiar a la religión católica”
(negrillas en la sentencia)[57].
32.
Ahora bien, en el presente asunto
fueron invitadas a participar varias entidades públicas y privadas, incluidas
la Alcaldía de Pamplona y la Conferencia Episcopal de Colombia y se dio la
oportunidad para la intervención ciudadana en el proceso público de
inconstitucionalidad. La Alcaldía de Pamplona y su Instituto de Cultura y
Turismo resaltan la antigüedad de la celebración de la Semana Santa en la
ciudad, de más de 450 años[58] y consideran que esto ha generado
que esta manifestación haga parte de la cultura de la ciudad y genere un
beneficio de atracción turística. En efecto, y reiterando lo establecido en la
sentencia C-441 de 2016, en este tipo de juicios de constitucionalidad, la
exposición de motivos es un factor necesario, pero no suficiente para
determinar la constitucionalidad de una norma.
33.
De lo anterior, y reconociendo la
importancia de la deliberación dentro del proceso de constitucionalidad
evidenciada en las diferentes intervenciones ciudadanas, es posible concluir
que, a pesar de que las procesiones de Semana Santa en Pamplona son una
manifestación religiosa, su celebración acarrea beneficios no exclusivamente
para la Iglesia Católica o para sus fieles, sino permite atraer el turismo y
genera riqueza económica para la ciudad, al mismo tiempo que, como lo pone de
presente la exposición de motivos de la Ley, la norma pretende que se amparen
las imágenes utilizadas durante las procesiones[59] las que
pueden ser igualmente percibidas, como representativas de tradiciones
culturales y artísticas de la región. Además, alrededor de la celebración de
las procesiones, se realizan una serie de actividades culturales, artísticas,
plásticas y gastronómicas que justifican que se exalte la celebración de esta
actividad. Al respecto, debe aclararse que el amparo se justifica no únicamente
en razón de la antigüedad de la celebración de la Semana Santa en dicha ciudad,
sino por las consecuencias benéficas seculares que acarrea para los miembros de
la sociedad, pertenezcan o no a la religión católica.
La coorganización de la Semana Santa, por parte de
la administración municipal de Pamplona, debe fundarse en medidas de promoción
y difusión, en la salvaguarda del principio de neutralidad y de un criterio
secular preponderante
34.  Para determinar el
respeto del principio de laicidad en normas que determinan relaciones entre las
iglesias y el Estado, la jurisprudencia constitucional no ha juzgado únicamente
las finalidades perseguidas; también ha considerado el efecto que acarrean,
para determinar si, aparte de las finalidades buscadas, el resultado es
compatible con el principio. En particular, determinó que una relación entre
las iglesias y el Estado sería inconstitucional si tiene por impacto primordial
beneficiar a determinada religión, pero perjudicar a otras[60]. Así, consideró la Corte que la
determinación del descanso dominical, idea inicialmente religiosa, no tenía por
efecto obligar a las personas a realizar determinadas prácticas religiosas, ni
les impedía trabajar, sino que aseguraba el descanso o un recargo salarial para
todas las personas, independientemente de sus creencias y prácticas religiosas[61]. También determinó que resultaba
inconstitucional la consagración del Estado al Sagrado Corazón de Jesús por
parte del Presidente de la República, por el efecto simbólico que acarreaba al
asimilar al Estado colombiano con la religión católica, consecuencia contraria
a la neutralidad pública en la materia[62].
Declaró la inconstitucionalidad de una norma que asociaba a la Nación a la
celebración del aniversario de una diócesis, considerando el impacto simbólico
que conllevaba frente al principio de laicidad[63].
El mismo impacto de adhesión simbólica del Estado y del servicio público a
determinada religión fue el que determinó la declaratoria de inexequibilidad del
mandato legal de consagrar oficialmente a la Madre Laura Restrepo, como patrona
de los educadores[64], lo que
además afectaba la laicidad en el servicio público de la educación.
35.   En este sentido,
la jurisprudencia constitucional ha precisado que las relaciones entre las
iglesias y el Estado deben velar por evitar “que las funciones públicas
se mezclen con las que son propias de las instituciones religiosas”[65],
desde un punto de vista real o incluso meramente simbólico[66],
teniendo en cuenta que aunque la separación entre las iglesias y el Estado
admite el establecimiento de relaciones entre las mismas, éstas no deben
afectar la independencia recíproca que es amparada por el principio de
laicidad, ni generar en las personas, ni siquiera la apariencia de que el
Estado promueve determinada religión y, por lo tanto, la asume como oficial, ya
que esto afectaría la confianza ciudadana en la neutralidad del Estado en
materia religiosa, como garante imparcial del ejercicio de los derechos de
todas las personas, más allá de sus creencias religiosas.
36.  En el caso bajo
control de constitucionalidad, se trata de una norma que asigna la función al
Municipio de Pamplona de gestionar y promocionar las procesiones de la Semana
Santa. Al respecto, es cierto que los municipios tienen responsabilidades
constitucionales en materia cultural: el artículo 311 de la Constitución
Política estable que a los municipios les corresponde “prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”
(negrillas no originales). Por su parte, el numeral 9 del artículo 313 de la
Constitución faculta a los concejos municipales para “dictar las normas
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico
y cultural del municipio”. Sin embargo, el cumplimiento de estos deberes
respecto de la cultura, debe ser encuadrado en el acatamiento integral de la
Constitución Política; en concreto, la labor municipal en materia cultural no
exime a las autoridades administrativas locales del respeto del principio de
laicidad. En vista de esto, cuando la manifestación cultural se predique de
hechos religiosos, las autoridades administrativas deben ser particularmente
cuidadosas para no incurrir en ninguno de los comportamientos contrarios a la
separación de las iglesias y del Estado, la neutralidad estatal en materia
religiosa, la igualdad de las confesiones religiosas y la libertad de cultos de
las personas.
37.  Reitera la Corte
Constitucional que la separación entre las iglesias y el Estado no es una
garantía unidireccional que protege únicamente la autonomía del Estado frente a
las distintas religiones[67], necesaria
para el adecuado ejercicio de las funciones públicas en un Estado democrático y
pluralista[68], sino se
trata también de un mecanismo que ampara la autonomía de las iglesias en el
manejo de sus propios asuntos, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional[69]. En
este sentido, mientras la sentencia C-224 de 2016 advirtió que la financiación
con dineros públicos de manifestaciones religiosas implica que al respecto se
activen los mecanismos de control fiscal y, por lo tanto, convierte a estos particulares
en gestores fiscales; en el presente caso es necesario advertir que la
atribución a una autoridad administrativa de la función de organizar y promover
las procesiones de la Semana Santa, convierte este evento religioso en una
actividad administrativa, que debe respetar los principios del artículo 209 de
la Constitución y la convierte en objeto de control disciplinario.
38.  Luego de analizar
los distintos argumentos puestos a consideración de la Corte, resulta admisible
la solicitud de constitucionalidad condicionada formulada por el Procurador, en el
sentido de que la expresión “promotores”, sea entendida como que el
municipio de Pamplona debe fomentar las procesiones de Semana Santa, únicamente
como evento cultural, absteniéndose de efectuar cualquier promoción doctrinal
de la fe católica. El mismo entendimiento es predicable de la expresión “gestores”.
En efecto, a
pesar de la naturaleza evidentemente religiosa de las procesiones de Semana
Santa en la ciudad de Pamplona, existen manifestaciones no religiosas que se
desarrollan alrededor, tales como eventos culturales y gastronómicos que
ameritan que la administración municipal gestione y promueva la realización del
acto religioso, pero enfocando su actividad hacia los elementos seculares,
laicos o culturales que se realizan en torno de las procesiones y con el fin de
promover la cultura y atraer el turismo a la ciudad. Por lo cual, cuando se
está frente a una manifestación cultural que incorpora particularmente un
contenido religioso, en virtud del mandato constitucional contenido en el
artículo 19 Superior y ampliamente desarrollado en la jurisprudencia, como el
principio de neutralidad, característico del Estado laico colombiano, tanto las
autoridades competentes -Ministerio de Cultura, gobernación, municipio y
distrito como el Congreso de la República, tienen el deber de fundar las
medidas de promoción, difusión, y salvaguarda de tal expresión, en un criterio
secular preponderante.
39.  En otros términos,
en cumplimiento de estas funciones, la administración municipal deberá
gestionar y promover este evento, como una actividad cultural y preservar la
neutralidad del Estado en materia religiosa. Por lo tanto, debe evitar promover
directa o indirectamente la religión católica, afectar la igualdad entre las
distintas confesiones religiosas o realizar actos de adhesión a dicha religión,
incluso si estos son meramente simbólicos. Este condicionamiento que será
incluido en la parte resolutiva de la sentencia, busca preservar el principio
de separación de lo público y lo privado y, en particular, el principio de
laicidad, en sus componentes de separación entre el Estado y las iglesias y la
neutralidad estatal en materia religiosa.
E.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
40.  Le correspondió a
la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Al declarar que
la Arquidiócesis y el municipio de Pamplona son los creadores, gestores y
promotores de las Procesiones de la Semana Santa en dicha ciudad, el artículo 5
de la Ley 1645 de 2013 desconoció el principio constitucional de laicidad?
41.  Para resolver este
problema jurídico, encontró la Corte que es posible que el Estado exalte
manifestaciones sociales que tengan un referente religioso, pero que para que
ello resulte constitucionalmente admisible es imperante que la normatividad o
medida correspondiente tenga en adición a los motivos esbozados por el
legislador, unos efectos seculares, que cumplan con dos características: (i)
deben ser suficientemente identificables; y (ii) deben tener carácter
principal, y no solo simplemente accesorio o accidental. Por lo cual, cuando se
está frente a una manifestación cultural que incorpora particularmente un
contenido religioso, en virtud del mandato constitucional contenido en el
artículo 19 Superior y ampliamente desarrollado en la jurisprudencia, como el
principio de neutralidad, característico del Estado laico colombiano, tanto las
autoridades competentes -Ministerio de Cultura, gobernación, municipio y
distrito como el Congreso de la República, tienen el deber de fundar las
medidas de promoción, difusión, y salvaguarda de tal expresión, en un criterio
secular preponderante.
42.  Con fundamento en
lo anterior, concluyó la Corte Constitucional que la exposición de motivos no
es suficiente para declarar dicho criterio secular preponderante, pero
evidenció que existen manifestaciones no religiosas que se desarrollan
alrededor de la realización de las procesiones de Semana Santa en la ciudad de
Pamplona, tales como eventos culturales y gastronómicos. Por lo cual, es
posible identificar beneficios seculares para la comunidad de dicha ciudad,
entre otros, en materia de turismo, que justifican la exaltación de la
Arquidiócesis de Pamplona como creadora, gestora y promotora de las procesiones
de Semana Santa en dicha ciudad.
43.  Por lo tanto, en
reconocimiento de la competencia legislativa para reconocer y promover
actividades culturales, así como en aplicación del principio de conservación
del derecho y considerando el criterio secular preponderante que se evidencia
en el marco de la celebración de las procesiones de Semana Santa en Pamplona,
este tribunal condicionó la exequibilidad de la norma en el sentido de que en
el cumplimiento de estas funciones, la administración municipal deberá
gestionar y promover este evento, como una actividad cultural y preservar la
neutralidad del Estado en materia religiosa. Por lo tanto, debe evitar promover
directa o indirectamente la religión católica, afectar la igualdad entre las
distintas confesiones religiosas o realizar actos de adhesión a dicha religión.
Concluyó la Corte que de esta manera se busca preservar el principio de
separación de lo público y lo privado y, en particular, el principio de
laicidad, en sus componentes de separación entre el Estado y las iglesias y la
neutralidad estatal en materia religiosa.
III. DECISIÓN
En mérito a las consideraciones
expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo de
vulneración al principio constitucional de laicidad, el artículo 5o. de la Ley
1645 de 2013 “Por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la
Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se
dictan otras disposiciones”, en el entendido de que en desarrollo de la
labor atribuida al Municipio de Pamplona como gestor y promotor de las
procesiones de Semana Santa en dicha ciudad, la administración municipal debe
preservar la neutralidad del Estado en materia religiosa y, por lo tanto, debe
evitar promover directa o indirectamente la religión católica, afectar la igualdad
entre las distintas confesiones religiosas o realizar actos de adhesión a dicha
religión.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
Con
salvamento de voto
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
Con
impedimento aceptado
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA C-033/19
NORMA QUE DECLARA A LA ARQUIDIOCESIS Y AL MUNICIPIO DE
PAMPLONA COMO CREADORES, GESTORES Y PROMOTORES DE LAS PROCESIONES DE LA SEMANA
SANTA EN ESE MUNICIPIO-Vulnera el principio de laicidad y el deber de neutralidad
religiosa (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
D-12039
Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo
En atención a la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, el 30 de enero de 2019, en este asunto, presento Salvamento de
Voto porque considero que la disposición acusada, debió
ser declarada inexequible.
Esto por cuanto, si bien la Arquidiócesis de Pamplona y el municipio de
Pamplona, fueron declarados creadores, gestores y promotores de las Procesiones
de la Semana Santa de Pamplona, en razón de que tal celebración fue reconocida
por el legislador como patrimonio cultural inmaterial de la Nación por la Ley
1645 de 2013, no debió soslayarse el hecho de que el artículo 8º de esta misma
ley, que autorizó a la administración municipal de Pamplona para asignar
partidas presupuestales destinadas al cumplimiento de las disposiciones allí
contenidas, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-224 de 2016.
Cabe recordar que en dicha oportunidad, la Corte encontró que tal
disposición resultaba contraria a los artículos 1º y 19 de la Constitución
Política porque la citada ley busca “fortalecer la fe católica” y ese objetivo
no es compatible con el principio de laicidad del Estado.
En
esa medida, como quiera que los artículos 5º y 8º de la Ley 1645 de 2013 tienen
un contenido normativo inescindible, ante la existencia de este precedente
jurisprudencial, conforme al cual las Procesiones de la Semana Santa de
Pamplona tienen un carácter religioso y no secular, en la práctica, resultaría
imposible que el municipio de Pamplona gestione esas procesiones, en conjunto con
la Arquidiócesis de Pamplona, sin promover directa o indirectamente la religión
católica y sin realizar actos de adhesión a dicha religión.
De este modo, al ser aplicada la ratio decidendi de la Sentencia
C-224 de 2016, al estudio de constitucionalidad del artículo 5º de la Ley 1645
de 2013, y, en consecuencia, la Corte debió declarar su inexequibilidad.
Fecha ut
supra
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Ver folios 10 -12 del
expediente.
[2] Ronald Mauricio
Contreras Flórez y Amilkar Avella Martínez, respectivamente. Folios 98-101 del
expediente.
[3] Saúl Flórez Enciso.
Páginas 40 y siguientes del expediente.
[4] Profesor Fabio Enrique
Pulido Ortiz y la estudiante Lindsay Valentina Guaba Marulanda. Folio 81 y
siguientes del expediente.
[5] Por la cual se rinde
honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana.
[6] por la cual se declara
patrimonio cultural nacional las procesiones de semana santa y el festival de
música religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento
nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras
disposiciones.
[7] Luis Augusto Castro
Quiroga, Arzobispo de Tunja. Página 46 y siguientes del expediente.
[8] Entre
las decisiones en la materia se destacan, entre otras, las sentencias C-027 de
1993, C-568 de 1993, C-088 de 1994, C-350 de 1994, C-609 de 1996, C-152 de
2003, C-1175 de 2004, C-766 de 2010 y C-817 de 2011.
[9] “(…) la Constitución
de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho
colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más
importantes”: Corte Constitucional, sentencia C-350/94.
[10] “En la Constitución
Política de 1991, son la supremacía constitucional, así como el respeto de las
diferencias, los elementos de cohesión social que permiten la convivencia
pacífica y el desarrollo libre de las potencialidades de todas las personas,
alrededor de los valores democráticos de la sociedad civil. Debe recordarse que
la palabra religión significa etimológicamente unión, al tener origen en relegere
(reunir, recoger) y religare (ligar, liar, religar). En este sentido, el
factor de unión republicano es la democracia y la tolerancia por las distintas
creencias, prevalida de la neutralidad del Estado frente a los distintos
fenómenos religiosos”: Corte Constitucional, sentencia C-664 de 2016.
[11] “La laicidad es un principio republicano y democrático, tal vez el
único que realmente permite la convivencia pacífica dentro de la diversidad
religiosa. La laicidad promueve a la vez la supremacía constitucional al poner
en planos distintos la supremacía de los libros sagrados y la de la
Constitución. La laicidad permite entender que no hay antinomias entre estos
textos, sino espacios normativos distintos; permite entender que, a pesar de
las diferencias, el texto que nos reconoce a todos como colombianos, nuestro el
texto sagrado, es la Constitución”: Corte
Constitucional, sentencia C-224 de 2016.
[12] Para la Asamblea
Nacional Constituyente, “El haber desaparecido del preámbulo de la Carta,
que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión
católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se
traduce en la libertad de cultos": Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta
Constitucional, n. 82, p. 10.
[13] Uno de los mecanismos
para garantizar las libertades de cultos y de asociación (arts. 19 y 38 CP.),
al igual que el principio de no injerencia mutua entre Estado e Iglesias, es
reconocer a estas últimas un amplio margen de autonomía para definir su organización,
su régimen interno y las normas que rigen las relaciones con sus miembros”:
Corte Constitucional, sentencia T-658 de 2013.
[14] “(…) uno de los momentos esenciales en el
desarrollo del constitucionalismo y de la idea de los derechos humanos fue el
reconocimiento de que las creencias religiosas eran un asunto que no debía de
ser controlado por el poder público y que, por consiguiente, debería respetarse
la libertad de consciencia, de religión y de cultos. Así, al consagrarse tales
libertades, se desplazó la cuestión de la verdad religiosa a la vida privada de
las personas y se comenzaron a establecer límites al poder de intervención del
Estado”: Corte Constitucional, sentencia C-350 de 1994.
[15] “Colombia ya no es
un Estado confesional, como lo fue durante más de cien años, en vigencia de la
Constitución Nacional de 1886 e incluso antes, con excepción del período
comprendido entre 1853 y 1886”: Corte Constitucional, sentencia C-664 de 2016.
[16] “No es papel del
Estado el promocionar las distintas confesiones religiosas, así lo haga
respetando la igualdad entre ellas”: Corte Constitucional, sentencia C-766
de 2010.
[17] Corte Constitucional,
sentencia C-212 de 2017.
[18] Corte Constitucional,
sentencia C-664 de 2016.
[19] Al
evaluar la constitucionalidad de dicha norma, declarada exequible, la Corte
precisó que “todas las creencias de las personas son respetadas por el
Estado, cualquiera sea el sentido en que se expresen o manifiesten, y que el
hecho de que no sea indiferente ante los distintos sentimientos religiosos se
refiere a que pueden existir relaciones de cooperación con todas las iglesias y
confesiones religiosas por la trascendencia inherente  a ellas mismas, siempre
que tales  relaciones se desarrollen dentro  de la igualdad garantizada  por el
Estatuto Superior” (Ver, sentencia C-088 de 1994).
[20] Lo
que en los términos de la jurisprudencia constitucional, sintetizados en la
sentencia C-1175 de 2004 implica: “(i) separación entre Estado e Iglesias de
acuerdo con el establecimiento de la laicidad del primero (C-088/94 y
C-350/94); prohibición de injerencia alguna obligatoria, que privilegie a la
religión católica o a otras religiones en materia de educación (C-027/93); (ii)
renuncia al sentido religioso del orden social y definición de éste como orden
público en el marco de un Estado Social de Derecho (C-088/94 y C-224/94); (iii)
determinación de los asuntos religiosos frente al Estado, como asuntos de
derechos constitucionales fundamentales (C-088/94); (iv) prohibición jurídica
de injerencia mutua entre Estado e Iglesias (C-350/94); (v) eliminación
normativa de la implantación de la religión católica como elemento esencial del
orden social (C-350/94); y (vi) establecimiento de un test que evalúa si las
regulaciones en materia religiosa están acordes con los principios de
pluralidad y laicidad del Estado colombiano (C-152/2003)”.
[21] Corte
Constitucional, sentencias C-478 de 1999, C-152 de 2003, C-1175 de 2004, C-766
de 2010, C-817 de 2011, T-139 de 2014, y C-948 de 2014, entre otras.
[22] “La forma en que se
ha desdibujado la separación absoluta entre las esferas pública y privada en
torno al desarrollo de actividades que interesan a la sociedad, se muestra
propicia al afianzamiento de una concepción material de los asuntos públicos,
por cuya virtud los particulares vinculados a su gestión, si bien siguen
conservando su condición de tales, se encuentran sujetos a los controles y a
las responsabilidades anejas al desempeño de funciones públicas, predicado que,
según lo expuesto, tiene un fundamento material, en cuanto consulta, de
preferencia, la función y el interés públicos involucrados en las tareas
confiadas a sujetos particulares”: Corte Constitucional, sentencia C-181 de
1997.
[23] Corte Constitucional,
sentencia C-212 de 2017.
[24] Corte Constitucional,
sentencia SU-585 de 2017.
[25] “(…) el
principio de laicidad cobija también la decisión libre y autónoma de las
congregaciones religiosas, de negarse a establecer relaciones con el Estado
colombiano”: Corte Constitucional, sentencia C-664 de 2016.
[26] Basta con referir que
el artículo 2 de la Constitución prevé como uno de los fines esenciales
del Estado “facilitar la participación de
todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”; el artículo 7 “reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la Nación colombiana”; el artículo 8 establece la
obligación del Estado y de toda persona de “proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación”; el artículo 44 define la cultura como
un “derecho fundamental” de los niños; el artículo 67
establece que el derecho a la educación busca afianzar los valores culturales;
el artículo 70 estipula que “la cultura, en sus diversas
manifestaciones, es el fundamento de la nacionalidad”; el artículo 71
señala el deber de “fomento a las ciencias y, en general, a la cultura”;
el artículo 72 reconoce que “el patrimonio cultural de la Nación está
bajo la protección del Estado”; y, el numeral 8 del artículo 95 señala como
uno de los deberes de la persona y el ciudadano “proteger los recursos
culturales y naturales”.
[27] “La justicia
constitucional debe celebrar y proteger todas las manifestaciones culturales,
sin importar cuál sea su tipo o condición. Se deben proteger manifestaciones
culturales que se pierden en la historia y la memoria, aquellas que se han
consolidado recientemente y constituyen un gran orgullo nacional, tanto como
aquellas que hasta ahora se constituyen y cristalizan, porque son las
creaciones de espíritus jóvenes, cuyas emociones, hasta ahora encuentran las
formas para expresarse y manifestarse” (…) “El
patrimonio cultural de la Nación puede comprender bienes materiales, muebles o
inmuebles, así como también manifestaciones inmateriales en las cuales esté
presente una dimensión religiosa”: Corte Constitucional, sentencia C-054/13, al
examinar la constitucionalidad del artículo tercero de la Ley 739 de
2002, “por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación
el Festival de la Leyenda Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se
autorizan apropiaciones presupuestales”.
[28] Ver,
sentencia C-1192 de 2005.
[29]  “(…) aun
cuando la regulación legal del patrimonio cultural de la Nación no incluye
expresamente al Congreso de la República, como autoridad competente para
determinar las manifestaciones que lo han de integrar, una lectura sistemática de
los artículos 70 y 71 y 150 de la Constitución, así como el hecho que los
artículos 70 y 71 superiores se refieran al “Estado” y no a un órgano en
específico, permiten argumentar que el Congreso tiene la competencia para
señalar las actividades culturales que merecen una protección del Estado,
máxime cuando en este órgano democrático está representada la diversidad de la
Nación. Argumentar que dicha facultad es exclusiva del ejecutivo, sería
asimilar a éste con el término Estado, cuando éstas no son, ni mucho menos
expresiones sinónimas”: Corte Constitucional, sentencia C-441 de 2016.
[30] Ver,
sentencia C-224 de 2016.
[31]
Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y Constitución, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 2012, p. 53.
[32] En el caso concreto,
la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de Ley María porque, aunque
algunas personas podían otorgarle connotación religiosa “ésta no es única y necesaria, sino contingente y eventual debido a
que es extrínseca a la decisión del legislador y no promueve religión
específica alguna”, ya que el beneficio allí
previsto de la licencia de paternidad no exige, como requisito para tener
acceso, profesar determinada religión: Corte Constitucional, sentencia C-152 de
2003.
[33] “Si bien el Estado podría promocionar, promover, respaldar o tener acciones
de expreso apoyo y protección jurídica respecto de manifestaciones que,
incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e incontrovertible
carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad de personas dentro
del territorio  colombiano, en el presente caso,
independientemente de otros posibles significados, la denominación de Ciudad
Santuario tiene un sentido predominantemente religioso, sobre el que no
encuentra la Corte un elemento secular que se superponga a la clara
significación católica que tiene tal denominación, acción con la que el Estado
entraría en la esfera prohibida en un Estado laico, de promoción de una
determinada religión y el desconocimiento de las exigencias derivadas del
principio de neutralidad estatal”: Corte
Constitucional, sentencia C-766 de 2010.
[34] “(…) en estos casos el fundamento religioso deberá ser
meramente anecdótico o accidental en el telos de la exaltación.
En otras palabras, el carácter principal y la causa protagonista debe ser la de
naturaleza secular” (negrillas del original): Corte Constitucional,
sentencia C-766 de 2010.
[35] “Por estas razones,
para la Corte no resulta razonable la promoción y protección del patrimonio
cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con símbolos
que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa, como
ocurre en el presente caso con la denominación de Ciudad Santuario”: Corte
Constitucional, sentencia C-766/10.
[36] La sentencia C-225 de
2016 se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-224 de 2016.
[37] Corte Constitucional,
sentencia C-224 de 2016.
[38] Ibíd.
[39] Corte Constitucional,
sentencia C-441 de 2016. La sentencia C-541 de 2016 se está a lo allí resuelto.
[40] “(…) a diferencia
de lo que ocurrió en el caso resuelto en la sentencia C-224 de 2016, en esta
ocasión 4) el legislador no adopta medidas que tengan una finalidad religiosa”:
Corte Constitucional, sentencia C-567/16.
[41] Corte Constitucional,
sentencia C-570/16. Esta sentencia retomó la lista de los criterios de constitucionalidad
de las normas de financiación pública de actividades religiosas con contenido
cultural, establecidos en la sentencia C-152 de 2003, pero modificó el alcance
del sexto de ellos: “En vista de que el propósito de esta decisión es
resolver una demanda contra una norma que autoriza la financiación pública de
una práctica estrechamente asociada al hecho religioso, los criterios que se
exponen a continuación serán relevantes para el examen de normas semejantes a
esta (...) el Estado no puede 1) establecer una religión o iglesia
oficial; 2) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión;
3) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia,
religión o iglesia; 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad
religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por
alguna iglesia o confesión; 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo
impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o
iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Para
adoptar normas que autoricen la financiación pública de bienes o
manifestaciones asociadas al hecho religioso 6) la medida debe tener una
justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente y
7) debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de
condiciones”: Corte Constitucional, sentencia C-570 de 2016.
[42] La sentencia C-570 de
2016 concluyó que la exigencia de que el elemento religioso no fuera principal,
imponía restricciones importantes en el cumplimiento del deber constitucional
de proteger el patrimonio, incluso si éste tiene connotaciones religiosas
importantes.
[43] Entre otros
argumentos, expone la sentencia que “las procesiones han motivado la
creación colectiva de vocablos, conceptos, relaciones y roles, no inherente al
rito religioso, sino propios de su revivificación colectiva. En ellas, las
imágenes han tenido también un amplio valor artístico y cultural, con orígenes
españoles, italianos, franceses, quiteños y colombianos de diferentes épocas y
lugares, imágenes que quedan bajo la custodia de los “Síndicos” y no de la
Iglesia Católica”: Corte Constitucional, sentencia C-109 de 2017.
[44] Encontró la Corte que
la justificación secular era “verificable y consistente, no solo porque
la decisión de la UNESCO y la Resolución No. 1895 de 2011 del Ministerio de
Cultura son actos públicos, sino, además, porque las características de la
fiesta se ajustan adecuadamente a las condiciones conceptuales que, para el
efecto, establece la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial”: Corte Constitucional, sentencia C-111 de 2017.
[45] “Atendiendo los
criterios fijados en la jurisprudencia en torno al modelo del Estado laico que
impera en Colombia, la Corte concluyó que la sola designación de un festival
con el nombre de una figura de importancia religiosa no infringe ninguna de las
prohibiciones derivadas del principio de neutralidad religiosa. Esta
designación no constituye un acto de establecimiento, promoción o adhesión
oficial a una iglesia. Simplemente es una referencia al nombre de un festival,
el cual no es dado por el Estado sino por los espinalunos a lo largo de los
años. Dicho festival, además, no es promovido directamente por la Iglesia
Católica ni por ninguna confesión religiosa en particular. Es una celebración
que, tanto en su origen como en la actualidad, celebra distintos aspectos de la
cultura tolimense y resulta coincidir con el día de San Pedro”: Corte
Constitucional, sentencia C-288 de 2017.
[46] “La Corte advierte que en este caso el elemento religioso contenido
en la norma demandada es importante y significativo, pues se exalta la labor de
instituciones vinculadas a la religión católica en la celebración de la Semana
Santa en Tunja. Por lo tanto, el examen sobre la importancia y suficiencia de
la justificación secular de la medida que se estudia debe ser riguroso”: Corte Constitucional, sentencia C-054 de 2018.
[47] “Si bien dos de las
instituciones cuya labor se homenajea pertenecen a la religión católica (la
Curia Arzobispal y la Sociedad de Nazarenos de Tunja), no se establece con la
norma demandada la promoción o adhesión del Estado a esta religión, así como
tampoco se asignan competencias a instituciones religiosas ni se valora algún
tipo de creencia. La norma en cuestión reconoce la importancia que han tenido
la Curia Arzobispal y la Sociedad de Nazarenos de Tunja a lo largo de los años
en la organización de la Semana Santa en este Municipio”: Corte Constitucional, sentencia C-054 de 2018.
[48] Corte Constitucional,
sentencias C-224/16, C-225/16, C-441/16, C-541/16, C-567/16, C-109/17.
[49] El problema jurídico
formulado por la sentencia C-054/18 fue el siguiente: “¿El reconocimiento,
la exaltación y homenaje mediante Ley de la República a la Curia
Arzobispal y a la Sociedad de Nazarenos de Tunja, por su labor como gestores y
garantes de la Semana Santa en Tunja, vulnera el principio de neutralidad
religiosa del Estado, a pesar de que dicha celebración tenga aspectos y fines
seculares importantes?”.
[50] “Si bien se
trata de una norma que abiertamente manifiesta su motivación religiosa, en
tanto indica que la ley surge “con motivo de su santificación”, posteriormente
destaca que se pretende hacer también un homenaje por su trabajo social, en
“defensa y apoyo de los más necesitados, respetando así el parámetro de control
ya descrito”: Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2014.
[51] Corte Constitucional,
sentencia C-948 de 2014.
[52] Corte Constitucional,
sentencia C-152 de 2003.
[53] Corte Constitucional,
sentencia C-224 de 2016.
[54] Corte Constitucional,
sentencia C-664 de 2016.
[55] Ibíd.
[56] Corte Constitucional,
sentencia C-224 de 2016.
[57] Ibíd.
[58] Este hecho es
igualmente puesto de presente en la exposición de motivos “La realización de la Semana Santa en Pamplona data del
siglo XVI, pues con la conformación de la Cofradía de la
Veracruz en 1553 se da inicio a las procesiones durante los días santos.
El primer Párroco de Pamplona, Pbro. Alonso Velazco, es quien organiza dicha
Cofradía, encargada de engalanar y dirigir las procesiones. Con el transcurrir
de la historia se fue organizando la Semana Santa en la ciudad, que
en 1835 comienza a ser sede de la Diócesis de Nueva Pamplona,
posteriormente en 1956 elevada al título de Arquidiócesis. Poco a poco se
fueron adquiriendo algunas imágenes que representan el Misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo”: Exposición de motivos del Proyecto de Ley Número 078 de 2012 Cámara, en
Gaceta del Congreso 503 de 2012, p. 12.
[59] “De igual forma con
la declaratoria de interés cultural de carácter nacional de las imágenes
(bienes muebles) que hacen parte de la celebración de las procesiones de la
Semana Santa de Pamplona Norte de Santander, se les otorga un régimen especial
de protección, incluyendo medidas para su inventario, conservación y
restauración, etc.”: Exposición de motivos del Proyecto de Ley Número 078
de 2012 Cámara, en Gaceta del Congreso 503 de 2012, p. 16.
[60] “En cuanto a los propósitos del legislador, si ellos son
explícitos para promover o beneficiar a una religión o iglesia en particular
frente a otras, o si, pese a no ser explícitos, tienen dicho impacto primordial
como efecto, esto es, perjudican a otras confesiones religiosas, entonces la
conclusión no puede ser otra que la inconstitucionalidad de la medida por
desconocimiento de los principios y derechos constitucionales arriba citados”:
Corte Constitucional, sentencia C-152 de 2003.
[61] Consideró que el
establecimiento del descanso dominical “no significa la obligación para
ningún colombiano de practicar esas profesiones de la fe, o, de no
practicarlas, y en su lugar otras, que incluso pudiesen resultar contrarias, a
juicio de sus fieles”: sentencia C-568 de 1993.
[62]  “De un lado, se trata de una consagración oficial, por medio
de la cual el Estado manifiesta una preferencia en asuntos religiosos, lo cual
es inconstitucional por cuanto viola la igualdad entre las distintas religiones
establecida por la Constitución. Esta discriminación con los otros credos
religiosos es aún más clara si se tiene en cuenta que la consagración se
efectúa por medio del Presidente de la República quien es, según el artículo
188 de la Carta, el símbolo de la unidad nacional. En efecto, una tal norma
obliga a efectuar una ceremonia oficial que ya sea incluye a los nacionales no
católicos en un homenaje religioso católico o, en sentido contrario, los
excluye, al menos simbólicamente, de la pertenencia a la nación colombiana”:
Corte Constitucional, sentencia C-340 de 1994.
[63] “(…) la norma acusada es expresa en vincular a la Nación, representada en el
Gobierno y el Congreso, en una celebración propia de la religión católica, como
es la conmemoración de una diócesis.  Esta vinculación se manifiesta de
dos maneras, a saber, (i) con actos de naturaleza simbólica, como la
rendición de público homenaje y la realización de ceremonias solemnes; (ii) con
actuaciones materiales, con cargo a los recursos del Estado, como la imposición
de placa conmemorativa, elaboración de nota de estilo con el texto de la ley y
autorización al Gobierno para que incorpore partidas del presupuesto destinadas
a la refacción de un inmueble destinado al culto católico”: Corte Constitucional, sentencia C-817 de 2011.
[64] “El concepto
de patrona es un calificativo con clara connotación religiosa, y la designación
de un personaje de un credo específico y determinado como patrona de todos los
educadores supone la adhesión simbólica del Estado a esta religión en la
prestación de un servicio público esencial que, además, afecta la libertad de
cátedra, la autonomía de las instituciones educativas, y la formación
pluralista para los niños, niñas y adolescentes”: Corte Constitucional,
sentencia C-948 de 2014.
[65] Corte Constitucional,
sentencia C-766/10. Por su parte, la sentencia C-224 de 2016 precisó que “Aunque
la laicidad no significa el aislacionismo de la religión respecto de los
intereses del Estado, sí reclama que las funciones públicas no se confundan con
las que son propias de las instituciones religiosas”.
[66] La sentencia C-664 de
2016 concluyó que “Se trata de verificar que la relación no conduzca,
en los términos del Lemon Test, a una excesiva confusión de las
funciones del Estado con las de las iglesias” y, en el caso concreto,
encontró que “Se verifica una situación de confusión simbólica
y funcional en el caso bajo estudio, en la medida en la que la participación
discutida se realiza, en representación de la Conferencia Episcopal, órgano
máximo de la Iglesia Católica en el país, conformado por la reunión de los
obispos del país. (…) En estos términos, la
participación en representación de la Conferencia Episcopal, en la dirección
del establecimiento público encargado de la formación técnica de los
colombianos, determina una confusión constitucionalmente inadmisible entre las
funciones estatales y la misión de la Iglesia”.
[67] El Estado goza “de
plena independencia, frente a todos los credos”: Corte Constitucional,
sentencia C-568 de 1993.
[68] La sentencia C-1175 de
2004 declaró la inconstitucionalidad de la participación de un representante de
la Curia Arquidiocesana de Bogotá en el Comité de Clasificación de Películas,
órgano encargado de funciones públicas y la sentencia C-664 de 2016 declaró la
inconstitucionalidad de la participación de un representante de la Conferencia
Episcopal en el Consejo Directivo del SENA, en atención al carácter laico de
los servicios públicos, en particular, el servicio público de la educación.
[69] “(…) el
principio de laicidad garantiza la independencia mutua entre las iglesias y el
Estado. Se trata de un mecanismo para proteger a la iglesia de las
intromisiones de las autoridades públicas, lo mismo que al Estado respecto de
las intromisiones de las iglesias”: Corte Constitucional,
sentencia C-224 de 2016. También se precisó que “el principio de
laicidad no es una garantía unidireccional, establecida en beneficio exclusivo
de una de las partes (las iglesias o el Estado), sino el criterio regulador de
las mutuas relaciones bajo una lógica de respeto de las autonomías recíprocas.
Así, respecto de las iglesias, evita la intervención y fiscalización estatal de
sus asuntos, los que, no obstante, se convierten en públicos, cuando éstas
ejercen funciones públicas o administran dineros o recursos públicos”:
Corte Constitucional, sentencia C-664 de 2016.