C-335-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-335/13
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA
SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES-Exequibilidad
En primer lugar, las sanciones sociales no
requieren estar consagradas necesariamente por el ordenamiento jurídico, sino
que surgen en la sociedad como formas de control social informal en la familia,
la educación, la cultura y las relaciones sociales, por esta razón no tienen
que ser tipificadas ni se encuentran sometidas al principio de legalidad. En
segundo lugar, las sanciones sociales no son penas estatales, sino mecanismos
de condicionamiento
social que buscan que el sujeto imite o repita las formas de conducta que conllevan consecuencias
positivas y evite cometer las que tengan consecuencias negativas al interior de
la propia sociedad, a través de mecanismos que son impuestos en la familia, la
educación, el trabajo o las interacciones sociales, pero que no dependen del
Estado, pues son informales. En este sentido, los mecanismos de control social
informal son plenamente válidos en un Estado social de Derecho, pues no
implican la privación de derechos fundamentales, sino que simplemente tienen por
objeto aplicar estímulos o desestímulos a conductas socialmente relevantes. En
este sentido, las “sanciones sociales” a las que se refiere la
expresión demandada no se dirijan a la descalificación de personas en concreto,
ni a la afectación de sus derechos, sino que se trata de medidas para reforzar
la desaprobación social de conductas de discriminación y violencia contra las
mujeres. En tercer lugar, la norma demandada tampoco vulnera los artículos 113,
116, 228 y 229 de la
Constitución Política que establecen la titularidad del Estado de la
administración de justicia, pues por el contrario permite que se establezcan
mecanismos para mejorar esta función. En este campo, las sanciones sociales son
complementos muy importantes de los instrumentos de control social formal pues:
(i) facilitan el aprendizaje de la lesividad de la discriminación y la
violencia al interior de la familia, la educación y de las relaciones sociales,
(ii) reprimen desde la propia educación comportamientos discriminatorios o
violentos, y (iii) facilitan la denuncia generando respuestas inmediatas en
otros miembros de la sociedad de apoyo a las víctimas y de divulgación de los
abusos a la justicia y a los medios de comunicación. Por lo anterior, la norma
tampoco pone en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, pues las
sanciones sociales no implican la privación de derechos fundamentales, sino la
desestimulación de conductas lesivas para la sociedad, mediante respuestas de
intolerancia hacia la violencia y la discriminación. En este sentido, las
sanciones sociales son procesos normales propios del control social informal
que  son aplicados en todas las sociedades y que son independientes del control
social formal del Estado. Finalmente, la expresión demandada no vulnera el
principio de culpabilidad, pues no consagra sanciones, sino que permite que
aquellas que se generen al interior de la sociedad tengan una mayor eficacia.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD­Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
DISCRIMINACION CONTRA LA
MUJER-Definición
La "discriminación contra la
mujer" se ha definido a nivel internacional como toda distinción,
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera.
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER-Definición/VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER-Modalidades
La violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la
mujer tiene diversas modalidades que han sido definidas por la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la
Asamblea General de las Naciones Unidas: La violencia física, sexual y
sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por
otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; b)
La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la
trata de mujeres y la prostitución forzada; c) La violencia física, sexual y
sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER-Relación
La discriminación y la violencia están íntimamente
ligadas, pues la primera tiene un componente afectivo muy fuerte que genera
sentimientos agresivos, por lo cual la discriminación causa violencia y la
violencia a su vez es una forma de discriminación, generando actos que vulneran
los derechos humanos y la dignidad humana de muchos grupos de la sociedad. La
discriminación y la violencia contra la mujer están a su vez fundados
sociológicamente en prejuicios y estereotipos de género que han motivado la
idea de la independencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre
y de la emotividad, compasión y sumisión de la mujer, situación que ha causado
una desafortunada discriminación de las mujeres en roles intelectuales y de
liderazgo que históricamente ha sido reforzada mediante la violencia, a través
de la agresividad masculina aprendida en la infancia como estereotipo y luego
desarrollada como forma de dominación.
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN COLOMBIA-Reseña
histórica
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER-Protección a través de mecanismos internacionales
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA
MUJER EN COLOMBIA-Desarrollo
normativo
PROTECCION ESPECIAL DE LA
MUJER-Jurisprudencia constitucional
CONTROL SOCIAL-Definición
El control social se define como el conjunto de formas
organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y personas que
contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o
indeseables de una u otra manera.
SANCION SOCIAL-Definición
La sanción social es una forma de control social de
reaccionar a un comportamiento y es definido por la sociología como cualquier
tipo de reacción que tienen los demás ante el comportamiento de un individuo o
grupo y que pretende garantizar que se cumpla una determinada norma.
CONTROL SOCIAL-Tipos
Este control puede ser a su vez formal o
informal: el formal se
ejercita a través de instancias formales específicamente concebidas y
disciplinadas para el control como la policía, los tribunales de justicia, la
cárcel, mientras que el informal opera mediante el condicionamiento de los
miembros del grupo social, de adaptarle a las normas sociales a través de un
largo y sutil proceso que comienza en sus núcleos primarios (familia), pasa por
la escuela, la profesión y la instancia laboral, interiorizando el individuo
las pautas y modelos de conducta transmitidos y aprendidos.
IUS PUNIENDI-Corresponde
al Estado/IUS PUNIENDI-Titularidad
Cuando las sanciones
formales se aplican por el Estado corresponden al llamado Ius Puniendi, que se
utiliza para perseguir y sancionar aquellas conductas que atentan contra bienes
jurídicos estimados valiosos o causan daño a los derechos de los asociados. El
Estado, como titular del ius puniendi, es el llamado a fijar los lineamientos
de la política criminal que han de aplicarse para posibilitar la convivencia
pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los valores, derechos y
garantías ciudadanas, tomando como referente válido las circunstancias
históricas del momento y las diversas situaciones de orden coyuntural que se
generan al interior de la comunidad, atribuibles a una dinámica social,
política, económica e incluso cultural de permanente cambio y evolución.
IUS PUNIENDI-Límites
al legislador
El ejercicio del ius
puniendi supone una adecuación de la potestad del legislador con los
principios, valores y derechos consagrados en la
Constitución, de tal manera que se garanticen efectivamente los derechos
fundamentales dentro de un marco de respeto de la dignidad humana y la
libertad.
IUS PUNIENDI-Principios comunes
Esta
Corporación ha entendido que el ejercicio del ius puniendi está sometido a los
principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad,
razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto en tanto que límites
materiales a la ejecución de esta competencia estatal.
CONTROL SOCIAL FORMAL Y CONTROL SOCIAL
INFORMAL-Relación
La relación entre el control social formal
y el control social informal es integral, siendo mecanismos complementarios
para contrarrestar los comportamientos que atacan a la sociedad: el control
social informal realizado a través de la familia, la educación y la cultura es
fundamental para difundir las normas propias del control social formal y
asegurar su aplicación, pues si éstos no operan se genera una anomia que
produce el desconocimiento o el rechazo a la norma. Así mismo, los mecanismos
de control social formal complementan al control informal, pues establecen
sanciones mucho más fuertes que garantizan la prevención general de las
conductas más lesivas a la sociedad. En conclusión, la relación entre los
mecanismos de control social formal e informal es interdependiente, pues el
éxito de unos depende completamente de los del de los otros: un control social
formal sin uno informal eficaz genera anomia y un control social informal sin
uno formal no tiene la coercibilidad suficiente como para ser eficiente.
Referencia:
expediente D - 9415
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º
del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008 (parcial)
Magistrado Sustanciador:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., trece (13) de
junio de dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio–quien la preside– ,
María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes
1.
ANTECEDENTES
1.1.
El dieciséis (16)
de noviembre de 2012, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano EDISON HERNANDO ACOSTA BECERRA, demandó la
expresión “medidas para fomentar la sanción social” consagrada en el
numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008.
A esta demanda se le asignó la radicación D- 9415.
1.2.
El texto de la
disposición demandada es el siguiente. Se subraya el aparte demandado:
“LEY 1257 DE
2008
Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal  , la Ley 294 de 1996 y se  dictan otras disposiciones
Artículo 9°. Medidas de sensibilización y
prevención. Todas las
autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán
reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las
relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que
desempeñan en la familia y en el grupo social.
El Gobierno Nacional:
1. Formulará, aplicará, actualizará estrategias,
planes y programas Nacionales integrales para la prevención y la erradicación
de todas las formas de violencia contra la mujer.
2. Ejecutará programas de formación para los
servidores públicos que garanticen la adecuada prevención, protección y
atención a las mujeres víctimas de la violencia, con especial énfasis en los
operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades de
policía.
3. Implementará en los ámbitos mencionados las
recomendaciones de los organismos internacionales, en materia de Derechos
Humanos de las mujeres.
4. Desarrollará planes de prevención, detección y
atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de
violencia contra las mujeres.
5. Implementará medidas para fomentar la sanción
social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia
contra las mujeres.
6. Fortalecerá la presencia de las instituciones
encargadas de prevención, protección y atención de mujeres víctimas de
violencia en las zonas geográficas en las que su vida e integridad corran
especial peligro en virtud de situaciones de conflicto por acciones violentas
de actores armados.
7. Desarrollará programas de prevención, protección y
atención para las mujeres en situación de desplazamiento frente a los actos de
violencia en su contra.
8. Adoptar medidas para investigar o sancionar a los
miembros de la policía, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y otras
fuerzas que realicen actos de violencia contra las niñas y las mujeres, que se
encuentren en situaciones de conflicto, por la presencia de actores armados.
9. Las entidades responsables en el marco de la
presente ley aportarán la información referente a violencia de genero al
sistema de información que determine el Ministerio de Protección Social y a la
Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer, a través del Observatorio de Asuntos de Género, para las labores de
información, monitoreo y seguimiento.
Departamentos y Municipios
1. El tema de violencia contra las mujeres será
incluido en la agenda de los Consejos para la
Política Social.
2. Los planes de desarrollo municipal y departamental
incluirán un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la
violencia”.
1.3.
El ciudadano Edison
Hernando Acosta Becerra, considera que la expresión “medidas para fomentar
la sanción social” consagrada en el numeral 5º del artículo 9 de la
Ley 1257 de 2008 vulnera el preámbulo y lo artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113,
116, 228 y 229 de la Constitución, por las siguientes razones:
1.3.1.  Señala que la norma demandada vulnera el preámbulo y
el artículo 1º de la
Constitución Política de Colombia, al permitir que las sanciones sean
aplicadas directamente por la sociedad y no por la administración de justicia
en el marco de los principios de jurisdicción y competencia.
1.3.2.  Afirma que la norma vulnera los principios de
legalidad y de seguridad jurídica consagrados en el artículo 29 de la
Carta Política, pues permite la aplicación directa de sanciones por la
sociedad, imponiéndose un castigo sin exigir que la conducta reprochada se haya
consagrado previamente en la ley, ni que la consecuencia jurídica haya sido
dosificada y cuantificada.
1.3.3.  Manifiesta que la norma desconoce las garantías del
juez natural y del debido proceso consagradas en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, pues no señala las calidades que debería
tener el juez que aplique las sanciones sociales ni los parámetros elementales
de un juicio justo para poder imponerlas, por cuanto no existe ningún parámetro
para su aplicación.
1.3.4.  Indica que la norma vulnera el derecho a la presunción
de inocencia consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, pues permite que se sancione a quien no ha
sido declarado judicialmente culpable, sino que sea la propia la sociedad la
que imponga sanciones sin necesidad de la intervención de un juez ni de un
juicio previo.
1.3.5.  Aduce que el establecimiento de sanciones sociales en
el ordenamiento jurídico colombiano carece de legitimidad y vulneraría los
artículos 116, 228 y 229 de la
Constitución Política, pues el constituyente definió claramente los criterios
jurídicos y los marcos normativos para la punición de una conducta determinada
a través de ciertas autoridades encargadas de la función de impartir justicia,
dentro de los cuales en ninguna parte se hace mención alguna a que sea la
propia sociedad la que pueda determinar, juzgar el imponer directamente
sanciones a comportamientos de sus miembros.
1.3.6.  Expresa que la norma permitiría que la propia sociedad
tomara justicia y utilizara el poder punitivo y sancionatorio  a partir de la
fuerza, lo cual desconoce lo señalado en el artículo 113 de la
Constitución en el que se exige la existencia de un organismo judicial
independiente encargado de administrar justicia.
1.3.7.  Afirma que la norma demandada atenta contra la función
del Estado de proteger a los residentes en el territorio nacional en su vida,
honra y bienes, pues fomentaría la existencia de conflictos sociales,
permitiendo que sus propios miembros atenten contra sus derechos
constitucionales, aplicando formas de justicia privada entre los ciudadanos.
1.3.8.  Por lo anterior, asevera que la posibilidad de la
existencia de sanciones sociales pone en peligro la convivencia pacífica de los
ciudadanos y con ello, sus derechos y libertades, afectándose la dignidad
humana, pues en virtud de la indeterminación de la norma podrían incluso llegar
a aplicarse sanciones muy graves como torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, lo cual desconocería completamente el artículo 12 de la
Carta Política.
1.4.
INTERVENCIONES
1.4.1.  Intervención del Ministerio de Interior
El representante del Ministerio de Interior
solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de la norma demandada por
los siguientes motivos:
1.4.1.1.
Indica que las
normas demandadas son adecuadas para proteger la dignidad de la mujer; son
necesarias en cuanto facilitan su participación social en la que se ve
beneficiada toda una población; son proporcionales ya que buscan el bienestar
general y la efectividad de la Ley en mención frente a un sistema de normas que
beneficia la protección a la mujer.
1.4.1.2.
Señala que la
Ley 1257 de 2008 es un instrumento que contribuye a garantizar a las mujeres
una vida libre de violencia a nivel público y privado, ejercer los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional e interno y acceder a
procedimientos administrativos y judiciales que permitan su protección y
atención efectivas. Así mismo, señala que la norma demandada permite adoptar
las políticas públicas necesarias tendientes a buscar la solidaridad
constitucional y legal frente a esta problemática.
1.4.1.3.
Manifiesta que la
defensa que le asiste a la expresión demandada en el numeral 5° del artículo 9°
de la Ley 1257 de 2008, se puede deducir de la importancia que la
Corte Constitucional le ha dado dentro de sus pronunciamientos a la posición
de la mujer, la relación que ha tenido con el país, y los mecanismos de
protección en los que se hacen visibles las acciones en el diseño de políticas
de inclusión y de protección de acuerdo a la discriminación positiva, tal como
lo señala la sentencia C-804 de 2006.
1.4.1.4.
Indica que teniendo
en cuenta la evolución de la mujer es importante resaltar lo señalado sobre el
tema por organismos como las Naciones Unidas, de acuerdo a lo manifestado por la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos
Humanos en Colombia en el último informe dado al Consejo Económico y Social de
ese organismo en el que se habla de la situación de las mujeres en Colombia y
se destaca la persistencia de la violencia y de las inequidades frente a los
hombres en cuanto a trabajo, salud y participación.
1.4.1.5.
Señala que el mismo
informe resalta que en temas de equidad y género los compromisos y metas
internacionales del país no se ven reflejadas de manera adecuada en las
políticas públicas, y que la respuesta del Estado frente a las situaciones de
violencia intrafamiliar no resulta ser satisfactoria ya que las autoridades competentes
para estos casos se encuentran dispersas, no hay coordinación institucional ni
de servicios y las disposiciones normativas no contribuyen a la prevención y
sanción de las conductas cometidas en contra de las mujeres.
1.4.1.6.
Manifiesta los
diferentes escenarios jurídicos de protección de la mujer, dentro de los que se
encuentran la Constitución, y algunos instrumentos internacionales y
desarrollos legales, los cuales conforman una tricotomía para reprimir la
indiferencia social y reivindicar los derechos de la mujer.
1.4.1.7.
Indica que es
necesario para la institucionalidad que surja una solidaridad constitucional
con el fin de hacer efectivos los contenidos normativos integralmente, así como
la actuación de la sociedad que resulta inescindible del espíritu de la norma
demandada.
1.4.1.8.
Afirma que el
apartado demandado de la Ley 1257 de 2008 debe ser entendido de manera integral
con la totalidad de la norma, por lo que tal expresión no es contraria a la
Constitución sino que es concordante con el objeto y  fin de dicha Ley,
contrario a lo que señala el demandante.
1.4.2.  Intervención del Ministerio de Justicia y
del Derecho
El representante del Ministerio de Justicia
solicita a la Corte que declare la constitucionalidad del apartado demandado
de  la Ley 1257 de 2008, por las siguientes razones:
1.4.2.1.
Señala que como
antecedente histórico de la norma demandada se encuentra el proyecto de Ley 302
de 2007 Cámara y 171 de 2006 Senado, acumulado al 98 de 2006 Senado, en el cual
estaba incluida la disposición acusada, en la que se facultaba al Gobierno para
implementar medidas que fomentaran la sanción social y la denuncia de
situaciones de discriminación y violencia contra la mujer.
1.4.2.2.
Manifiesta de
acuerdo a ese antecedente histórico de la
Ley 1257 de 2008 se determinó que tanto el Estado como la sociedad tienen la
obligación de prevenir, ayudar, indagar, condenar y eliminar la violencia
contra la mujer, así como proteger a las víctimas de tales conductas.
1.4.2.3.
Aduce que la
facultad que consagra la norma demandada para que el Gobierno implemente
medidas que fomenten la sanción social para sensibilizar y prevenir conductas
de discriminación y violencia contra la mujer no se refiere al poder
sancionatorio del Estado ni a imponer sanciones jurídicas, sino que por el
contrario consagra medidas de sanción social que no son contrarias a nuestro
ordenamiento jurídico.
1.4.2.4.
Indica que respecto
a los actos de discriminación y violencia, la
Ley 1257 de 2008 decidió no solo fortalecer las sanciones penales sino también
agregar medidas de sensibilización y prevención de cualquier orden, destacando
la protección y la atención que implica sensibilización social.
1.4.2.5.
Señala que dentro
del amplio poder de configuración legislativa se pueden determinar los bienes
jurídicos susceptibles de protección penal, estableciendo otros mecanismos o
instrumentos de protección de derechos que sean una garantía para su real
cumplimiento.
1.4.2.6.
Manifiesta que la
expresión “sanción social” que contiene la norma demandada se debe entender en
su acepción sociológica donde es considerada como un término para describir las
diferentes reacciones sociales frente a determinados comportamientos negativos,
los cuales necesariamente reciben una sanción social pero no siempre una sanción
jurídica.
1.4.2.7.
Señala que de
acuerdo a estas consideraciones la sanción social que consagra la
Ley 1257 de 2008 no implica una sanción penal sino por el contrario un
mecanismo de control social para sensibilizar y prevenir conductas de violencia
contra la mujer. Igualmente, se resalta la importancia de la sentencia C-776 de
2010 en la que se realiza un análisis de la violencia contra la mujer como
fenómeno socio-jurídico y la protección de la mujer en el Derecho internacional
y nacional.
1.4.2.8.
Indica que la
disposición demandada no quebranta el principio de la dignidad humana, ya que
no busca reducir ni instrumentalizar al ser humano en su desarrollo, ni tampoco
pretende aplicar juicios y sanciones por parte de la sociedad sin tener en
cuenta el principio de justicia, ni busca utilizar el poder punitivo y
sancionador a partir de la fuerza.
1.4.3.      Intervención de la
Defensoría del Pueblo
El Defensor Delegado para Asuntos
Constitucionales y Legales de la
Defensoría del Pueblo solicita a la Corte que declare la ineptitud sustancial
de la demanda y profiera un fallo inhibitorio frente al fondo de la demanda por
las siguientes razones:
1.4.3.1.
Indica que la
demanda no cumple con los requisitos establecidos para considerarse apta ni
para poder pronunciarse de fondo, ya que el accionante no presenta cargos
específicos, ciertos, pertinentes y suficientes contra la norma demandada.
1.4.3.2.
Señala que el actor
interpreta de manera incorrecta la expresión “sanción social” al considerarla
como una sanción penal y por esa razón las conclusiones a las que llega el
demandante son erróneas. De acuerdo a lo anterior, el representante de la
Defensoría del Pueblo señala que debido a la incorrecta interpretación del
actor la demanda está viciada ya que no recae sobre un contenido real.
1.4.3.3.
Aduce que debido a
la confusión del demandante entre la expresión sanción social con sanción
penal, se cuestiona la posibilidad de recibir un castigo indeterminado y que se
fundamente en juicios sociales por lo que considera que se violaría el derecho
al debido proceso y se desconocería la institucionalidad estatal.
1.4.3.4.
Manifiesta que la
sanción social en cuanto a categoría sociológica es un juicio público, una
reacción de la sociedad que condena una acción negativa o indeseable para
desestimular dichos comportamientos y para incentivar los coherentes con el
referente ético imperante.
1.4.3.5.
Indica que lo
señalado en el artículo 9° numeral 5° de la
Ley 1257 de 2008 consagra el compromiso del Estado para garantizar la
protección de las mujeres, así como fomentar las sanciones sociales, por lo
cual tiene que implementar medidas desde lo público para promover valores,
conductas y actitudes en la sociedad, e interiorizarlos para tener una efectiva
condena pública.
1.4.3.6.
Señala que la
expresión demandada no crea de ninguna manera un tipo penal ni contempla penas
ante la comisión de un hecho ilícito, al contrario la sanción que consagra es
un castigo social que se materializa en un rechazo o repudio hacia la
discriminación o violencia contra las mujeres, sin que esto implique
consecuencias penales, disciplinarias o administrativas.
1.4.4.      Intervención Universidad Sergio Arboleda
El Decano de la
Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y la investigadora del
Departamento de Derechos Humanos de la misma institución solicitan a la
Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de la norma acusada con
base en las siguientes razones:
1.4.4.1.
Indica que diversos
estudios han demostrado que los derechos de las mujeres son un tema que
requiere de atención prioritaria por parte del Estado ya que aún existen
falencias para permitirle a las mujeres disfrutar plenamente de sus derechos y
libertades. Resalta que en Colombia también se han evidenciado diversos casos
de violencia y discriminación contra las mujeres.
1.4.4.2.
Señala que aún en
nuestro país existe una prevalencia de la cultura patriarcal, por lo que leyes
como la 1257 de 2008 resultan tener mucha importancia en cuanto al impacto
simbólico y la relevancia que se deriva para enfrenar al machismo en los
ámbitos públicos y privados.
1.4.4.3.
Manifiesta que la
norma demandada establece como estrategia que dentro de las sociedades donde
aún existen conductas violentas o de discriminación contra las mujeres, se
reconozcan e identifiquen estereotipos que generan violencia o discriminación
contra estos hechos. Esta herramienta en la que un miembro de la sociedad
reprocha una conducta realizada contra la mujer es una sanción social y tiene
por objeto hacer visibles las violaciones que antes no eran tenidas en cuenta.
1.4.4.4.
Señala que el
Estado está obligado a fomentar cualquier tipo de mecanismo, aparte de los
judiciales y legislativos, incluyendo la sanción social que se promoverá a
través de medidas educativas, políticas públicas para visibilizar y
concientizar a la sociedad sobre los problemas que afectan a las mujeres por el
hecho de ser mujeres.
1.4.4.5.
Indica que no se
puede entender la “sanción social” como una herramienta para facilitar la
justicia aplicada por particulares, pues el objetivo real de este tipo de
sanción es iniciar cambios culturales dentro de la sociedad haciendo visibles
estas conductas violentas y discriminatorias contra la mujer.
1.4.4.6.
Aduce que el hecho
de consagrar una sanción social frente a actos que constituyen vulneraciones a
los derechos de las mujeres permite lograr que la sociedad deje de ser
indiferente y busca la eliminación de estereotipos para el avance en la
protección de derechos humanos de las mujeres de acuerdo al principio de
dignidad humana, los compromisos internacionales y la propia Constitución.
1.4.5.      Intervención de la
Universidad del Rosario.
La representante de la
Universidad del Rosario, como integrante del Grupo de Investigación en
Derechos Humanos solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de
los apartes señalados en la demanda por las siguientes razones:
1.4.5.1.
Indica que el poder
sancionatorio del Estado para desarrollar y conseguir los fines propios del
mismo, no se limita a imponer sanciones penales, sin embargo aclara que el
ejercicio de dicha facultad debe realizarse obedeciendo los principios
fundamentales que garantizan el respeto y la aplicación del debido proceso.
1.4.5.2.
Señala que de
acuerdo a la anterior precisión las sanciones sociales contempladas en la
Ley 1257 de 2008 entendidas de acuerdo a los principios del Estado Social de
Derecho, están limitadas por el respeto a los derechos humanos, por lo que al
Estado le corresponde establecer medidas de sensibilización y preventivas,
delimitar el alcance de las sanciones contenidas en la norma demandada,
entendiéndolas siempre como medidas pedagógicas.
1.4.5.3.
Manifiesta que
dentro de los esfuerzos internacionales para erradicar la violencia y
discriminación contra la mujer, se encuentran medidas para eliminar la
tolerancia social e institucional de estas situaciones.
1.4.5.4.
Aduce que las
medidas que se tomen de acuerdo a las recomendaciones del CEDAW, se deben
establecer en los medios apropiados para que el Estado pueda justificar la
pertinencia de estos instrumentos para corroborar el efecto y resultado
deseados mediante las políticas creadas para eliminar la violencia y
discriminación contra la mujer.
1.4.5.5.
Señala que los
instrumentos dentro del sistema regional de protección de los derechos humanos
también se refieren a las medidas preventivas dentro de las que no sólo se
encuentran las sanciones civiles, penales, administrativas o disciplinarias, la
Relatora para los Derechos de las Mujeres de la
Comisión Interamericana ha señalado al respecto que se deben fortalecer las
políticas para prevenir conductas de discriminación y violencia contra la mujer
con un enfoque integral.
1.4.5.6.
Manifiesta que la
expresión demandada es legítima frente a los parámetros de la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer y las recomendaciones del Comité de la misma Convención, ya que el fin
de la norma es la sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer.
Así mismo, indica que la norma es conforme a la
Constitución y a los instrumentos internacionales de Derechos humanos que
buscan prevenir y erradicar dichas conductas.
1.4.5.7.
Indica que la
medida es idónea ya que desde la formulación del proyecto de ley que dio origen
a la norma demandada la sanción social no se consagró como sanción en si misma,
sino como una herramienta para prevenir y sensibilizar, con carácter
pedagógico, cualquier forma de violencia y discriminación, teniendo en cuenta
que la misma Ley tiene un apartado que consagra las sanciones respectivas
frente a la comisión de tales conductas.
1.4.5.8.
Recuerda que, la
Relatora para los Derechos de las Mujeres de la
Comisión Interamericana, ha señalado que en la región se requiere el
fortalecimiento de las políticas de prevención con un enfoque integral, así por
ejemplo son conducentes las “medidas y campañas de difusión destinadas al
público en general sobre el deber de respetar los derechos de las mujeres en
materia  civil, política, económica, social, cultural, sexual y reproductiva”, así
como son pertinentes las “iniciativas para difundir la información
disponible al público general en un formato sensible a las necesidades de una
diversidad de audiencias y poblaciones de distintos niveles económicos y
educacionales y de diferentes culturas y lenguajes. La seguridad y la
privacidad de las víctimas deben constituir una prioridad en este proceso de
difusión”
1.4.5.9.
Concluye que las
sanciones sociales como la difusión de la información, son válidos en tanto que
se ajusten al respeto por los derechos humanos, y en ese sentido ha de
interpretarse la disposición, por lo cual solicita que la norma se declare
exequible en el entendido que las sanciones sociales aplicables respeten los
derechos humanos.
1.4.6.  Intervención de SISMA MUJER
La representante de Sisma Mujer solicita a la
Corte que se declare inhibida para analizar la constitucionalidad de la norma
demandada por las siguientes razones:
1.4.6.1.
Señala que en la
demanda el actor no formula de manera correcta el concepto de la violación y lo
confunde con el alcance del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de
las mujeres, de manera que los señalamientos del demandante resultan confusos,
contradictorios y desinformados.
1.4.6.2.
Manifiesta que la
demanda no cumple con los requisitos que la misma Corte Constitucional ha
solicitado para poder emitir un fallo de fondo en una demanda de
inconstitucionalidad según la sentencia C-013 de 2010, que señala que “la
jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que para poder pronunciarse
de fondo en una demanda de inconstitucionalidad es necesario que esta contenga
cargos que sean “claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes””.
1.4.6.3.
Indica que frente a
la demanda existen dos dificultades, la primera en cuanto a que el demandante
confundió la sanción social con el régimen penal para que la administración de
justicia castigara los delitos. Sobre la segunda, señala que el actor no está
informado sobre el problema social y estructural de los tipos de violencia
contra la mujer, ni de las obligaciones que tiene el Estado a nivel nacional e
internacional sobre este problema.
1.4.6.4.
Afirma que de
acuerdo a las dos falencias que contiene la demanda de inconstitucionalidad se
deriva la falta de comprensión por parte del actor frente a la importancia de
la de la Ley 1257 con la cual se buscó proteger a las mujeres de la violencia
sin importar los mecanismos que son utilizados para garantizar los derechos de
los demás grupos sociales excluidos y violentados.
1.4.6.5.
Manifiesta la
importancia de la problemática sobre la violencia contra la mujer, y resalta
que en la actualidad se reconoce como un problema de orden público y social.
Así mismo manifiesta que de las relaciones desiguales que se presentaron a lo
largo de la historia se deriva la violación de los derechos humanos de las
mujeres.
1.4.6.6.
Señala que dentro
de los diferentes instrumentos internacionales se ha venido desarrollando la
idea de transformar la mentalidad socio cultural en la que se reproduce, tolera
o perpetúa la violencia contra la mujer mediante  el uso de medidas y políticas
que impacten a la sociedad en general.
1.4.6.7.      Indica que la
Convención de Belém do Pará señala en el artículo 7° la obligación que tienen
los Estados parte de condenar cualquier forma de violencia contra la mujer y
adoptar los mecanismos necesarios para erradicar dicha violencia, entre otras
disposiciones.
1.4.6.8.      Afirma que dentro de las formas disponibles
para conseguir la transformación de los patrones de discriminación socio
culturales se encuentran los ámbitos de educación, justicia, salud, trabajo y
medios de comunicación, tal y como lo consagra la
Ley 1257 de 2008, en la que la sanción penal es una forma limitada para
afrontar esta problemática.
1.4.6.9.      Señala que la tolerancia de la sociedad en
cuanto a la violencia contra la mujer, hace que continúe existiendo esta
problemática y por lo tanto el Estado debe ser garante de la protección de los
derechos humanos de las personas, y del avance en la adopción de las medidas y
políticas para sancionar y rechazar cualquier tipo de violencia contra la
mujer.
1.4.6.10. Indica que los medios de comunicación son el medio
ideal para poder aplicar sanciones sociales por conductas de violencia contra
la mujer, al tener un efecto simbólico.
1.4.6.11. Señala los altos índices de mujeres que no denuncian
el maltrato o algún tipo de violencia en su contra, de acuerdo a las cifras
presentadas por la Defensoría del Pueblo y que dentro de las causas para no
denunciar se encuentra principalmente la naturalización de la violencia en
contra de la mujer y que corresponde al Estado tomar las medidas necesarias tal
y como lo indican los tratados internacionales para prevenir, investigar,
sancionar y reparar a las víctimas, según la obligación de debida diligencia.
1.4.6.12. Afirma que la norma demandada le da competencia al
Gobierno para adoptar las medidas necesarias que tiendan a fomentar la sanción
social y la denuncia contra prácticas de discriminación y violencia contra la
mujer para tratar de revertir la tolerancia que tiene la sociedad frente a
estas conductas.
2.      CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Procurador General de la
Nación presentó concepto en el cual solicita que la
Corte se declare inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad de la
expresión “medidas para fomentar la sanción social” consagrada en el
artículo 9°, numeral 5° de la Ley 1257 de 2009 por las siguientes razones:
2.1.    Manifiesta que de acuerdo al numeral 4° del
artículo 241 de la Constitución, al artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y a la
jurisprudencia constitucional, en especial la
Sentencia C-1052 de 2011, la demanda de inconstitucionalidad sub examine
no cumple con los requisitos sustanciales mínimos que permiten y justifican
activar la jurisdicción constitucional.”[1]
2.2.    Indica que el actor cumplió con el deber de
indicar la expresión demandada y las normas constitucionales que considera que
ésta vulnera, así como tratar de argumentar los reproches que realizó. Sin
embargo esta argumentación no resulta suficiente para el Ministerio Público, ya
que no permite realizar una confrontación pura y directa entre la expresión
demandada y las normas presuntamente violadas.
2.3.    Afirma que la demanda interpuesta no se
sostiene en razones claras, ciertas específicas, pertinentes y suficientes,
sino que se construye sobre argumentos que no tienen un contraste entre la
expresión que se demanda y las normas constitucionales invocadas mediante las
cuales se permita concluir porqué el actor considera que la norma que demanda
es inconstitucional.
2.4.    Indica igualmente que los argumentos no van
en contra de la expresión demandada sino que se dirigen contra una deducción
hecha por el actor según la cual “el hecho de que el Gobierno Nacional deba
implementar “medidas para fomentar la sanción social […] de las prácticas
discriminatorias y violencia contra las mujeres” equivale a otorgar una
competencia amplia y general al Gobierno Nacional para sancionar estas
prácticas sin ninguna consideración por lo establecido en la
Ley o que la sociedad o los particulares puedan juzgar y sancionar estas
conductas de cualquier forma”[2]
2.5.    Manifiesta que los argumentos presentados
por el actor no ofrecen elementos suficientes para empezar a realizar un
estudio de constitucionalidad referente a la expresión que se demanda.
2.6.    Señala que esos argumentos son ““vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos, y globales [,] que no se relacionan
concreta y directamente” (Sentencia C-1052 de 2011)”[3] frente a la expresión que se demanda ya
que se derivan de principios o normas constitucionales que no se relacionan con
el problema jurídico que plantea.
2.7.    Manifiesta que los argumentos expresados
por el demandante no despiertan duda sobre la constitucionalidad de la
expresión que se demanda, ya que sólo sostiene que con el hecho de fomentar una
sanción social ante prácticas discriminatorias y de violencia contra la mujer
se contradicen las normas constitucionales que se señalan, por lo que se
requiere una fundamentación mayor por parte del accionante.
3.     CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de
la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre la demanda de la referencia, pues las disposiciones acusadas hacen parte
de una Ley de la República.
3.2.
ANÁLISIS DE
APTITUD DE LA DEMANDA
3.2.1.
El artículo 2° del
Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la
demanda en los procesos de control de constitucionalidad[4]. Concretamente, el
ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una
disposición determinada debe indicar con precisión el objeto demandado,
el concepto de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto.
3.2.2.
Por otro lado, en la
Sentencia C-1052 de 2001, la Corte señaló las características que debe reunir
el concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo que las
razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes, posición acogida por
esta Corporación en jurisprudencia reiterada[5].
3.2.3.
En este caso, el
actor indicó con precisión el objeto demandado, el cual corresponde a la
expresión “medidas para fomentar la
sanción social”
contemplada en el numeral 5º del artículo 9º de la
Ley 1257 de 2008; señaló las razones por las cuales la
Corte Constitucional es competente y; explicó el concepto de la violación al
expresar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116,
228 y 229 de la Constitución, por cuanto considera que permite la aplicación
directa de sanciones por la sociedad, lo cual vulneraría el principio de
legalidad y la seguridad jurídica al no determinarse los criterios para la
imposición de la sanción y además pondría en peligro la convivencia pacífica de
los ciudadanos.
3.2.4.
Así mismo, esta
Corporación considera que el cargo señalado por el actor cumple con los
requisitos indicados por la
Corte Constitucional para configurar un cargo de constitucionalidad por las
siguientes razones:
3.2.4.1.Se presenta el requisito de certeza, pues la
afirmación del actor que es el punto de partida de la demanda es cierta, ya que
a través de la expresión demandada se está fomentando la existencia de
sanciones sociales a las prácticas
discriminatorias y a la violencia contra las mujeres.
En torno al significado de la expresión sanción social
debe señalarse que la misma corresponde a “cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante
el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se
cumpla una determinada norma”[6], lo cual comprende las sanciones impuestas
directamente por el conglomerado social (control social informal)[7],
por lo cual el actor no confundió la sanción social con el régimen penal, sino que dirigió su reproche
directamente a cuestionar que puedan existir mecanismos de sanción social
distintos al Derecho penal a través de los cuales se puedan imponer sanciones
sin cumplir estrictamente con los principios de legalidad, culpabilidad y
debido proceso. En este sentido, las sanciones sociales corresponden a
reacciones de la comunidad y no conllevan una sanción que limite derechos
fundamentales sino un reproche, una reacción negativa de la comunidad a una
determinada práctica.
De esta manera, el cuestionamiento del accionante se
centra en definir si es posible que existan en un Estado Social de Derecho como
el colombiano mecanismos de control social informal que permitan la aplicación
de sanciones directamente por la sociedad.
El resto de afirmaciones, dirigidas a señalar que esta
circunstancia vulneraría el principio de legalidad, el debido proceso, el
principio de culpabilidad y la seguridad jurídica al no determinarse los
criterios para la imposición de la sanción y que además se pondría en peligro
la convivencia pacífica de los ciudadanos deben ser precisamente el objeto de
análisis de esta Corporación.
3.2.4.2.Se configura el requisito de claridad, pues la demanda
expone de manera comprensible y razonada sus argumentos.
3.2.4.3.Se presenta el requisito de pertinencia, pues los
reproches realizados a la norma son constitucionales, teniendo en cuenta que se
señala que la disposición acusada vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2,
12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la
Constitución.
3.2.4.4.Finalmente, se configura el requisito de suficiencia,
pues la demanda ha generado una duda sobre la constitucionalidad de la norma
acusada en relación con si la posibilidad de la existencia de sanciones
sociales fuera del marco del ius puniendi del Estado puede dar lugar a
la vulneración de derechos fundamentales. En este sentido resulta razonable la
duda formulada por accionante, pues el ius puniendi es una facultad
exclusiva y excluyente que radica en cabeza del Estado, por lo cual la
Corte deberá entrar a analizar la posibilidad de que existan formas de control
social informal que pueden vulnerar el principio de legalidad o el derecho a la
administración de justicia.
En este sentido, la suficiencia hace referencia
simplemente a que las razones de las demanda “contengan todos los elementos
fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de
inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima
sobre la constitucionalidad del precepto impugnado”[8]. Por
lo anterior, la Corte Constitucional en una línea consolidada y reiterada muy
recientemente[9]
ha señalado que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de
constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso
y que debe preferirse una decisión de fondo para privilegiar la efectividad de
los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo
ante la Corte:
“3.3. No obstante, también ha resaltado,
con base en el principio pro actione que el examen de los requisitos adjetivos
de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio
excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que
una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de
participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[10]. Este
principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter
público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar
la condición de abogado[11];
en tal medida,  “el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación
tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda
habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda
y fallando de fondo.”[12]
3.3.
PROBLEMA
JURÍDICO
El ciudadano Edison Hernando Acosta Becerra,
considera que la expresión “medidas para fomentar la sanción social”
consagrada en el numeral 5º del artículo 9 de la
Ley 1257 de 2008 vulnera el preámbulo y lo artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113,
116, 228 y 229 de la Constitución, por cuanto considera que permite la
aplicación directa de sanciones por la sociedad, lo cual vulneraría los
principios de legalidad y seguridad jurídica al no determinarse los criterios
para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia
pacífica de los ciudadanos al permitirse que los particulares apliquen estas
sanciones.
Para abordar este problema jurídico esta
Corporación analizará: (i) la discriminación y la violencia contra las mujeres,
(ii) la protección de la mujer  contra la discriminación y la violencia a nivel
internacional, (iii) la
evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer, (iv) la protección especial de la mujer en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, (v) el control social y sanciones
sociales en el Estado Social de Derecho, y (vi) la norma demandada.
3.4.
LA
DISCRIMINACIÓN Y LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
3.4.1.  La estrecha relación entre la
discriminación, la violencia y la violación de los derechos humanos
3.4.1.1.  La "discriminación contra la
mujer" se ha definido a nivel internacional como “toda distinción,
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”[13].
3.4.1.2.  Por su parte, la violencia contra la mujer se entiende
como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada”[14]. La violencia contra la mujer tiene diversas
modalidades que han sido definidas por la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la
Asamblea General de las Naciones Unidas:
“a) La violencia física, sexual y
sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por
otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; b) La violencia física, sexual y
sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo,
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la
prostitución forzada; c) La violencia física, sexual y sicológica
perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”.
3.4.1.3.   Desde el punto de vista sociológico, la
discriminación y la violencia están íntimamente ligadas, pues la primera tiene
un componente afectivo muy fuerte que genera sentimientos agresivos, por lo
cual la discriminación causa violencia y la violencia a su vez es una forma de
discriminación[15],
generando actos que vulneran los derechos humanos y la dignidad humana de
muchos grupos de la sociedad[16].
3.4.1.4.   La discriminación y la violencia contra la
mujer están a su vez fundados sociológicamente en prejuicios y estereotipos de género que han motivado
la idea de la independencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del
hombre y de la emotividad, compasión y sumisión de la mujer[17],
situación que ha causado una desafortunada discriminación de las mujeres en
roles intelectuales y de liderazgo que históricamente ha sido reforzada
mediante la violencia, a través de la agresividad masculina aprendida en la
infancia como estereotipo y luego desarrollada como forma de dominación[18].
3.4.1.5.   En este sentido, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que la violencia contra
las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres que ha trascendido a todos los sectores de
la sociedad:
“108. Este Tribunal recuerda, como lo
señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no solo
constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de
ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente
sus propias bases”[19].
3.4.1.6.   Adicionalmente, tal como señaló la
Corte Interamericana de Derechos Humanos[20]
y la Relatora sobre la Violencia contra la
Mujer de la ONU, la violencia
puede utilizarse como un mecanismo para reforzar la discriminación y la
dominación masculina cuando se presentan cambios en los roles tradicionales de
la mujer:
“La incapacidad de los hombres para
desempeñar su papel tradicionalmente machista de proveedores de sustento
conduce al abandono familiar, la inestabilidad en las relaciones o al
alcoholismo, lo que a su vez hace más probable que se recurra a la violencia.
Incluso los casos de violación y asesinato pueden interpretarse como intentos desesperados
por aferrarse a normas discriminatorias que se ven superadas por las cambiantes
condiciones socioeconómicas y el avance de los derechos humanos”[21].
En este sentido, en algunos sectores de la
sociedad, si la mujer desconoce el estereotipo de género, asumiendo roles
tradicionalmente asumidos por los hombres puede generar repercusiones negativas
como el rechazo, la falta de estimulación y las agresiones a su integridad
física, moral y sexual[22].
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló esta situación en la
sentencia del Caso Campo Algodonero vs. México en la cual logró demostrar que
el ingreso de empresas maquiladoras al Norte de México generó la contratación
masiva de mujeres que cambiaron sus roles tradicionales al convertirse en
proveedoras del hogar, situación que motivó una respuesta de muchos hombres que
quisieron reforzar su dominio a través de la violencia[23].
3.4.1.7.   Pero además, tal como lo destacó la
Recomendación General No. 19 adoptada por
el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer: “La violencia contra la mujer es una forma
de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, posición también
señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[24].
Al respecto, se ha reconocido que la violencia contra las mujeres constituye
una grave violación de la prohibición de no discriminación derivada del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y por ello su eliminación ha sido un
compromiso de la comunidad internacional[25].
3.4.1.8.   De esta manera, la violencia y la discriminación
contra las mujeres tiene un origen social y por ello las herramientas para
combatirla no pueden ser exclusivamente jurídicas sino también sociales para
motivar un cambio de mentalidad contra los prejuicios y estereotipos de género,
tal como lo destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Campo Algodonero vs. México[26].
3.4.2.
La
discriminación y la violencia contra la mujer en Colombia
La mujer ha padecido históricamente una
situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad
y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo[27]. Hasta hace solamente
algunas décadas, las mujeres en Colombia tenían restringida su ciudadanía, se
les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, no
podían ejercer la patria potestad, se les obligaba a adoptar el apellido del
marido, agregándole al suyo la partícula “de” como símbolo de pertenencia,
entre otras limitaciones[28].
3.4.2.1.
Esta situación ha
tenido su origen en la cultura y en la propia sociedad pero también se ha visto
reflejada muy especialmente en la legislación que durante años estableció un
trato diferenciado e injusto de sometimiento de las mujeres:
(i)    En materia civil, el Código Civil señaló
que la niña que contraía matrimonio siempre se encontraba sometida a la repre­sen­tación
legal de otro hombre: primero de su padre, después de su mari­do[29] . Se entendía que el padre “faltaba”,
entre otras razones, cuando se le había privado de la patria potestad; en
cambio, se entendía que la madre “faltaba” cuando se le había inha­bi­li­tado
para intervenir en la educación de sus hijos “por su mala conduc­ta”.[30]  Adicionalmente, la madre tenía la
patria potestad tan sólo en caso de la ausencia del padre.[31]
(ii)  En materia de familia, las diferencias entre los
cónyuges eran muy claras. Mientras el marido le debía “protec­ción” a la mujer,
ésta le debía “obediencia” a aquél.[32] La mujer, además de no compartir la
patria potestad sobre sus hijos, estaba some­tida a la potestad marital,[33] y tenía obligaciones específicas de “seguirlo”,
sin que estas fueran recíprocas; tan sólo se le daba el derecho a ser admitida
en la casa del marido.[34]  Por otro lado, la capacidad de la mujer
en el manejo de los bienes era limitada, mientras que los hombres, desde los 18
años, ya no requerían curador para admi­nistrar su sociedad conyugal.[35]
(iii)
En el campo laboral,
la posibilidad de trabajar de toda mujer casada se encontraba some­tida a la
autorización del marido. El que una mujer ostentara pública­mente la condición
de trabajadora, es decir, que ejerciera una profesión o un oficio de forma reco­no­­cida,
otorgaba a la mujer una condición especial en la sociedad; se entendía
tácitamente autorizada por su marido, a menos que éste se manifestara en
contra.[36]
(iv)
En el campo penal,
durante varios siglos se presentó una discriminación absurda respecto de
diversos delitos: (i) Los
Códigos Penales de 1837[37]
y 1890[38]
sancionaban solamente el adulterio de la mujer pero no el del hombre adúltero y
las penas aplicables eran la pérdida de todos los derechos de la sociedad
marital  y la reclusión por el tiempo que quisiera su marido hasta 10 años, lo
cual era claramente desproporcionado; (ii) En los Códigos Penales de 1890[39] y 1936[40] la pena del delito de rapto se atenuaba si era cometida contra grupos
determinados de mujeres.
3.4.2.2.   Esta marcada discriminación histórica
hacia la mujer no solamente afectó su independencia e igualdad sino que se
convirtió en un catalizador de la violencia de género:
“La violencia contra la mujer suele estar
vinculada con causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas,
históricas y políticas, que operan en conjunto o aisladamente en desmedro de la
dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada como una persona
vulnerable y, en esa medida, sujeto de especial protección tanto en el derecho
internacional como en el ordenamiento jurídico interno de los Estados”[41].
3.4.2.3.   Las cifras de la violencia contra la mujer en Colombia
han sido muy altas y se reflejan en diversos documentos de Medicina Legal y del
Gobierno Nacional, entre los cuales cabe destacar la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada en el año 2010, cuyos
resultados indican la gravedad de la problemática:
“El 72.5 por ciento de las mujeres
sufre algún tipo de control por parte de su esposo o  compañero y el 26 por
ciento es víctima de violencia verbal. El 37 por ciento de las mujeres de
Colombia sufre algún tipo de violencia física por parte de su pareja, este
porcentaje disminuyó dos puntos porcentuales con respecto al 2005. Las
agresiones más comunes son: empujones, golpes con la mano, patadas y violación.
Entre quienes sufren violencia física por parte de su esposo o compañero un 10
por  ciento señala haber sido violada por él. Un 6 por ciento de las mujeres ha
sido víctima de violencia sexual”[42].
3.4.2.4.   En este campo debe destacarse la especial
vulnerabilidad que tiene la mujer en el conflicto armado frente a la violencia
y a la discriminación, que ha hecho que en muchos casos se haya utilizado la
violencia sexual contra las mujeres como estrategia de dominación[43].
En este sentido, esta Corporación ha
expresado que se han identificado
“un número significativo de riesgos de género en el marco del conflicto
armado colombiano, que son a su vez factores específicos de vulnerabilidad a
los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina, en el
marco de la confrontación armada interna colombiana. Dentro de esos riesgos
detectados, por su relación con este caso, se destacan: “…) (v) los riesgos
derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas
de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos
en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y
asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público
y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en
extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o
desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos
familiares y de sus redes de apoyo material y social”[44].
3.5.
LA PROTECCIÓN DE LA
MUJER  EN EL DERECHO INTERNACIONAL FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA
La violencia y la discriminación contra las
mujeres son fenómenos profundamente lesivos de los derechos humanos, por lo
cual la comunidad internacional ha realizado múltiples esfuerzos para
eliminarlos a través de instrumentos jurídicos que han exigido la
implementación de mecanismos eficaces para su prevención y sanción:
3.5.1.  Instrumentos internacionales generales
Si bien la violencia de género
no fue abordada directamente por instrumentos internacionales muy importantes
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos documentos contemplan
normas que prohíben cualquier forma discriminación por cualquier causa, dentro
de la cual cabe incluir claramente la discriminación contra la mujer:
3.5.1.1.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217
A (III), de 10 de diciembre de 1948 señala la protección contra toda forma de
discriminación:
“Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”[45].
3.5.1.2.   El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos contempla diversas disposiciones en contra de la discriminación en
las cuales cabe señalar el artículo 3º que señala que “los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”[46] y el artículo
20 según el cual: “Toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”[47].
3.5.1.3.   La Convención Americana de
Derechos Humanos señala por su parte que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”[48]. Adicionalmente, esta convención también
establece que  “Todas las personas son iguales ante la ley.  En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”[49].
3.5.2.  Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer
3.5.2.1.  El 7 de noviembre de 1967 se aprobó en el seno de las
Naciones Unidas la Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer en la cual se declaró que la discriminación contra la mujer es
fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana por
cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre[50].
3.5.2.2.En esta declaración se contemplaron una
serie de medidas para abolir la discriminación en contra de la mujer, así como
también para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de
derechos del hombre y la mujer, en especial en los derechos políticos[51], la nacionalidad[52], los derechos civiles[53], la educación[54] y el trabajo[55].
3.5.2.3.En este sentido, se destacan medidas muy
importantes para garantizar la igualdad en materia laboral como la licencia y
el fuero de maternidad[56]
y la necesidad de combatir todas las formas de trata de mujeres y de
explotación de la prostitución de mujeres[57].
3.5.3.  La Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer
El 18 de diciembre de 1979, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, que define la discriminación contra la mujer como “toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera”[58].
Esta convención exige a los Estados partes
implementar una serie de políticas para eliminar la discriminación de la mujer
dentro de las cuales se encuentran: (i) consagrar la igualdad entre el hombre y
la mujer,  (ii) adoptar sanciones que prohíban toda discriminación contra la
mujer, (iii) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer,
(iv) abstenerse de incurrir en actos de discriminación, (v) eliminar la
discriminación de la mujer en la sociedad y (vi) derogar las disposiciones
penales que impliquen una discriminación contra la mujer[59]. En este sentido, se
exige la adopción de medidas para garantizar la igualdad jurídica, social y
económica de la mujer:
3.5.3.1.Exige la igualdad en los derechos políticos
y en especial en los derechos a elegir y a ser elegidas, a participar en la
formulación y aplicación de políticas gubernamentales, a ocupar cargos
públicos, a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales[60], a representar a su
gobierno en el plano internacional y a participar en organizaciones
internacionales[61].
3.5.3.2.Requiere la adopción de medidas para
asegurar la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y
en especial en la orientación profesional, enseñanza preescolar, general,
técnica, profesional y técnica superior, capacitación, programas, personal
docente y equipos, becas y otras subvenciones, deporte, educación física y
derecho a la información, así como también, para la  eliminación de todo
concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino y el fomento de la
educación mixta[62].
3.5.3.3.Solicita la adopción de medidas para
eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y en
particular, el derecho al trabajo con las mismas oportunidades, a elegir
libremente profesión y empleo, al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a
todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, a la formación
profesional, readiestramiento, a igual remuneración y a la igualdad de trato, a
la seguridad social, a la protección de la salud y a la seguridad en las
condiciones de trabajo[63].
3.5.3.4.Así mismo, señala que se deberán adoptar
medidas para impedir la discriminación contra la mujer por razones de
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar,
tales como “a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la
base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado
o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la
antigüedad o los beneficios sociales; c) Alentar el suministro de los servicios
sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las
obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la
participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los
niños; d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los
tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella”[64].
3.5.3.5.El derecho a la atención médica en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y en especial a los servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, asegurando
una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia[65].
3.5.3.6.El derecho a las prestaciones familiares,
el crédito financiero, la recreación y la cultura[66].
3.5.3.7.Los derechos civiles, en especial la plena
capacidad jurídica, la residencia y el domicilio[67].
3.5.3.8.Medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y en especial: “a) El mismo derecho
para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y
contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; c)
Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de
su disolución; d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores,
cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en
todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información,
la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; f) Los
mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos
existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los
hijos serán la consideración primordial; g) Los mismos derechos personales como
marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y
ocupación; h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de
propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes,
tanto a título gratuito como oneroso.”[68].
3.5.3.9.Así mismo, exige la adopción de medidas
para eliminar todas las formas de trata de mujeres y explotación de la
prostitución de la mujer[69].
3.5.4.  Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer
El 20 de diciembre de 1993 en
la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas se aprobó la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la cual se
entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada”[70].
Por su parte, también se
reitera que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la
protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra
índole: “a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a la
igualdad 7/; c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; d) El
derecho a igual protección ante la ley 7/; e) El derecho a verse libre de todas
las formas de discriminación 7/; f) El derecho al mayor grado de salud física y
mental que se pueda alcanzar 9/; g) El derecho a condiciones de trabajo justas
y favorables 10/;  h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes 11/”[71].
La convención también señala
la obligación de los Estados de aplicar una política dirigida a eliminar la violencia
contra la mujer y en especial: (i) abstenerse de practicar cualquier acto de
violencia contra la mujer; (ii) prevenir, investigar y castigar todo acto de
violencia contra la mujer; (iii) establecer sanciones penales, civiles,
laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a
las mujeres que sean objeto de violencia; (iv) elaborar planes de acción
nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de
violencia; (v) elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de
índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la
protección de la mujer contra toda forma de violencia; (vi) garantizar que las
mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia
especializada; (vii) contar con los recursos adecuados para sus actividades
relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; (viii)
sensibilizar a autoridades y funcionarios sobre el fenómeno; (ix) modificar las
pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y
eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole; (x)
promover la realización de investigaciones, informes y directrices sobre el
tema; (xi) y apoyar las organizaciones y movimientos que se dediquen a promover
los derechos de la mujer, entre otros[72].
3.5.5.  Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer
3.5.5.1.   Del 4 al 15 de septiembre de 1995 se reunió
en Beijing la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de las Naciones Unidas, la cual estableció un plan de acción para el
cumplimiento de objetivos estratégicos en relación con aspectos tales como: la
mujer y la pobreza[73],
la educación y la capacitación[74],
la salud[75],
la violencia contra la mujer[76],
los conflictos armados[77],
la economía[78],
el ejercicio del poder y la adopción de decisiones[79], los mecanismos institucionales
para el adelanto de la mujer[80],
los derechos humanos de la mujer[81],
los medios de difusión[82],
el medio ambiente[83]
y las niñas[84].
3.5.5.2.   El documento hace énfasis en la existencia
de graves situaciones de discriminación en la educación[85], la salud[86], el trabajo[87], la sociedad y la
economía[88],
por ello señala que “La plena participación, en condiciones de igualdad, de la
mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional”[89].
3.5.5.3.   En el mismo documento se reconoce la influencia
que tienen la discriminación y la desigualdad en la familia, el lugar de
trabajo, la comunidad y la sociedad en la generación de la violencia contra las
mujeres[90].
3.5.5.4.   En virtud de lo anterior, el informe exige
la adopción de múltiples medidas como “Introducir sanciones penales,
civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o
reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a
las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el
hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad”[91].
3.5.6.  Convención Interamericana para Prevenir,
Castigar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer
3.5.6.1.   El 9 de junio de 1994 en Belém do Pará,
Brasil se adoptó la
Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer. Esta convención comienza por definir la  violencia
contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado”[92].
Así mismo señala las formas en las cuales se presenta la violencia contra la
mujer:
“Se entenderá que violencia
contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) Que tenga lugar dentro
de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer,
y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) Que tenga lugar en la
comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros,
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada,
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c) Que sea perpetrada o
tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”[93].
3.5.6.2.   Igualmente esta convención exige la
adopción de los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, tales como:
“a) Abstenerse de cualquier
acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades,
sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación;
b) Actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c) Incluir en su
legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que
sean del caso;
d)Adoptar medidas jurídicas
para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su
integridad o perjudique su propiedad;
e)Tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;
f) Establecer
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno
y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g) Establecer los
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño
u otros medios de compensación justos y eficaces; y
h) Adoptar las
disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención”[94].
3.5.7.
Las
recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la eliminación de la
discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW)
El párrafo 1 del artículo
21 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer creó el comité para la eliminación de la discriminación contra la
Mujer de las Naciones Unidas, el cual puede hacer sugerencias y
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de
los datos transmitidos por los Estados Partes. En ejercicio de esta
competencia, el comité ha emitido una serie de recomendaciones trascendentales
para la protección de los derechos de la mujer, dentro de las cuales se
destacan las siguientes:
3.5.7.1.La Recomendación General No. 12 sobre Violencia contra la mujer en la cual se
exige a los Estados Partes que se incluya en sus informes periódicos
información sobre: “1. La legislación vigente para protegerla de la
frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia
sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de
trabajo, etc.); 2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia; 3.
Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos; 4. Datos
estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer
y sobre las mujeres víctimas de la violencia”.
3.5.7.2.La Recomendación General No. 13 sobre “Igual remuneración por trabajo de
igual valor”, en la cual se alienta a los Estados Partes que aún no lo
hayan hecho a que ratifiquen el Convenio Nº 100 de la
OIT, a fin de aplicar plenamente la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer.
3.5.7.3.La Recomendación General No. 14 sobre Circuncisión femenina que exige que se
adopten medidas apropiadas y eficaces encaminadas a erradicar esta terrible
práctica.
3.5.7.4.La Recomendación General Nº 15 sobre la
Necesidad de evitar la discriminación contra la mujer en las estrategias
nacionales de acción preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA).
3.5.7.5.La Recomendación General Nº 16 sobre Mujeres que trabajan sin remuneración en
empresas familiares rurales y urbanas.
3.5.7.6.La Recomendación General Nº 17 sobre medición y cuantificación del trabajo
doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional
bruto que recomienda a los Estados Partes para que Alienten y apoyen las
investigaciones y los estudios experimentales destinados a medir y valorar el
trabajo doméstico no remunerado de la mujer.
3.5.7.7.La Recomendación General Nº 18 sobre mujeres discapacitadas que “Recomienda
que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos información sobre
las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a su
situación particular, incluidas las medidas especiales para que gocen de
igualdad de oportunidades en materia de educación y de empleo, servicios de
salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos
de la vida social y cultural”
3.5.7.8.La Recomendación General no. 19 sobre violencia contra la mujer que comienza
por reconocer que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación
que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con
el hombre[95].
En relación específica con la violencia la comisión recomendó que “los
Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos
en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia
contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su
integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo
apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los
agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la
Convención”.
3.5.7.9.La Recomendación General No. 21 sobre: La igualdad en el matrimonio y en las
relaciones familiares, en especial aconseja a los Estados partes adoptar las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en
particular, asegurarán, en condiciones de igualdad con el hombre.
3.5.7.10.
La Recomendación
General Nº 23 sobre “vida
política y pública” aconseja a los Estados parte que tomen las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política
y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de
condiciones con los hombres, el derecho a: “a) Votar en todas las elecciones
y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros
sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las
políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c)
Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de
la vida pública y política del país”.
3.5.8.
Protocolo para
Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
El Protocolo para Prevenir,
Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional exige la tipificación de todas las
modalidades de trata de personas[96],
exige la Asistencia y protección a las víctimas de esta conducta punible[97] y establece medidas de
prevención, cooperación de este fenómeno criminal[98].
3.6.
La evolución
del reconocimiento de los derechos de la mujer en Colombia
Durante muchos siglos la situación de
discriminación de la mujer afectó su dignidad humana, sin embargo, se han dado
algunos avances muy importantes en el reconocimiento de sus derechos, los
cuales sin embargo aún hoy resultan insuficientes para garantizar su igualdad
material:
3.6.1.  La Ley
8ª de 1922 comenzó con un reconocimiento legislativo de los derechos civiles y
patrimo­niales de la mujer[99],
declarando que la mujer casada tiene la
administración y uso libre de los bienes (1) “determinados en las capitula­ciones
matrimoniales” y  (2) “los de su exclusivo uso personal, como sus ves­ti­dos,
ajuares, joyas e instrumentos de su profesión u oficio. De estos bienes no
podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de los cónyuges, cualquiera que
sea su valor.”[100]
Adicionalmente, la Ley reconoció a las mujeres, a la par con los hombres, la
posibilidad de ser testigos en los actos de la vida civil[101].
3.6.2.  La Ley 28 de 1932, realizó diversas modificaciones que hicieron que de una
familia caracterizada por el gobierno y la admi­nis­tración del padre y la
incapacidad de la mujer, representada jurídi­camente por su marido, se pasara a
una familia en la que la mujer también era capaz, ya no la representaba el
marido, y la administración de los bienes era conjunta.[102]
3.6.3.  El Decreto 1972 de 1933 que permitió a las mujeres
acceder a la Universidad: “Las
señoritas que aspiren a obtener certificado de segunda enseñanza de cultura
general y de ingreso a las Facultades universitarias, deberán hacer sus
estudios, o en el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, o en las
Escuelas Normales Departamentales, o en los colegios particulares o privados,
siempre que éstos últimos establezcan el plan de estudios de que trata el
artículo 3º de este Decreto. Las alumnas provenientes de establecimientos
particulares deberán presentar su examen de cultura general, en el Instituto
Pedagógico Nacional para Señoritas, o en las Escuelas Normales, como lo
prescribe el Decreto número 1575 de 1929, para tener derecho al examen de
admisión en las Universidades, y al certificado oficial de
institutoras”[103].
3.6.4.  La Ley
83 de 1931 que posibilitó a la mujer trabajadora recibir directamente su
salario y que el mismo no fuera recibido por sus padres o marido.
3.6.5.  En 1938, se pusieron en vigor normas sobre protección
a la maternidad, recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que
reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el parto, ampliada a
doce semanas mediante la Ley 50 de 1990[104].
3.6.6.  En 1954 se les reconoció el derecho al sufragio mediante
el Acto legislativo No. 3 de ese año, que pudo ser ejercido por primera vez en 1957,
a lo cual debe agregarse que el Decreto
502 de 1954 se extendió la cedulación a todos los colombianos mayores de 21
años, por lo cual la mujer podría obtener identidad al portar la cédula de ciudadanía.
3.6.7.  En el Decreto 2351 de 1965, se prohibió despedir a la
mujer en estado de embarazo.
3.6.8.  El Decreto 2820 de 1974, “por el cual
se otorgan iguales de­re­­­chos y obligaciones a las mujeres y a los varones”,
en uso de las facul­ta­des conferidas por la
Ley 24 de 1974 reformó varios artículos del Código Civil en aras de eliminar
las diferencias contempladas por el Código en varios aspectos.[105] Este Decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre
como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, la de vivir con
él y la de seguirle a donde quiera que se trasladase su residencia.
3.6.9.  El artículo 94 Decreto Ley 999 de 1988 abolió la
obligación de llevar el apellido del esposo: “La mujer casada podrá proceder, por medio
de escritura pública, a adicionar o suprimir  el apellido del marido precedido
de la preposición "de", en los casos en que ella lo hubiere adoptado
o hubiere sido establecido por la ley”[106].
3.6.10.     La Constitución por su parte representó un muy importante avance en
el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres a partir de múltiples
disposiciones:
(i)    El artículo 13 de la
Constitución señala que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica”.
(ii) El artículo 40 establece que las autoridades
garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la
Administración Pública
(iii) El artículo 43 consagra que “La mujer y el hombre
tienen iguales derechos y oportunidades”. Reconoce igualmente que “La
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
Adicionalmente consagra que “Durante el embarazo y después del parto gozará
de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”. Así mismo
expresa que “el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de
familia”.
(iv)       El artículo 53 exige que en el estatuto del
trabajo se tendrá en cuenta la protección especial a la mujer y a la
maternidad.
3.6.11.     La Ley
82 de 1993 contempló normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de
familia otorgándole protección especial en materia de seguridad social[107], educación[108], capacitación[109], cultura[110], adquisición y venta
de bienes estatales y de contratación de servicios[111], vivienda[112], política y
administración[113]
3.6.12.     La Ley
248 de 1995 aprobó la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer.
3.6.13.     La Ley
294 de 1996 desarrolló el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar
la violencia intrafamiliar. En este sentido se destaca que permitió la
posibilidad de solicitar al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los
hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, la
protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite
que esta se realice cuando fuere inminente[114].
Así mismo se consagraron una serie de
medidas contra la violencia de género como: órdenes de desalojo, de no penetrar
en un lugar donde se encuentre la víctima, la prohibición de esconder y
trasladar de la residencia a determinadas personas, la obligación de acudir a
un tratamiento reeducativo y terapéutico,  el pago de los gastos de orientación
y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima, la
protección de la policía, la revisión del régimen de visitas, la guarda y
custodia de los hijos e hijas, la suspensión al agresor de la tenencia, porte y
uso de armas; la decisión provisional de quién tendrá a su cargo las pensiones
alimentarias y el uso y disfrute de la vivienda familiar; la devolución
inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier
otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima; la prohibición,
al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes
de su propiedad sujetos a registro[115].
Así mismo estableció que cuando se incumplan estas medidas de protección se
deberán aplicar sanciones como multas y arresto[116].
También se ordenó a las autoridades de
policía la adopción de las siguientes medidas para impedir la repetición de
esos hechos, remediar las secuelas físicas y sicológicas que se hubieren ocasionado
y evitar retaliaciones por tales actos: “a) Conducir inmediatamente a la
víctima hasta el centro asistencial más cercano, aunque las lesiones no fueren
visibles;  b) Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar
para el retiro de las pertenencias personales, en caso de considerarse
necesario para la seguridad de aquella;  c) Asesorar a la víctima en la
preservación de las pruebas de los actos de violencia y;  d) Suministrarle la
información pertinente sobre los derechos de la víctima y sobre los servicios
gubernamentales y privados disponibles para las víctimas del maltrato
intrafamiliar”.
3.6.14.     La Ley
599 de 2000 sancionó como delitos diversas conductas punibles de las cuales
pueden ser víctimas las mujeres destacándose de manera muy específica: el
aborto sin consentimiento[117],
el parto o aborto preterintencional[118]
y la inseminación o transferencia de óvulo no consentidas[119]. Así mismo, se
consagra la calidad de mujer como sujeto pasivo en numerosos delitos como la
desaparición forzada[120],
el secuestro[121],
la tortura[122],
el desplazamiento forzado[123]
y la violencia intrafamiliar[124].
3.6.15.
La Ley 731 de 2002 tuvo por objeto mejorar la
calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y
consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre
y la mujer rural orientadas a la participación de las mujeres rurales en los
fondos de financiamiento del sector rural[125], el régimen de seguridad social de las mujeres rurales[126], la
educación, capacitación y recreación de las mujeres rurales[127], la
participación de las mujeres rurales en los órganos
de decisión[128], la
reforma agraria[129], los subsidios familiares de vivienda rural
para las mujeres rurales[130], participación de las mujeres rurales en
los planes, programas y proyectos de reforestación[131] y la igualdad de remuneración en el sector rural[132]
Dentro de estas medidas se destacan: la
creación de cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las mujeres
rurales de bajos ingresos[133], el
acceso de las mujeres rurales al fondo agropecuario de garantías[134], la
creación del fondo de fomento para las mujeres rurales (FOMMUR)[135], la
extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios a las mujeres
rurales por parte de COMCAJA[136], la afiliación de las mujeres rurales sin vínculos laborales al sistema general de riesgos
profesionales[137].
3.6.16.     La  Ley
800 de 2003 aprobó el “Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres
y Niños, que la complementa” y adoptados por la
Asamblea General de la ONU 15 de noviembre de 2000.
3.6.17.     La Ley
823 de 2003 dictó normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres que
establecen una serie de políticas de igualdad de oportunidades para las
mujeres, y el fortalecimiento de las instituciones responsables de su ejecución[138].
3.6.18.     La Ley
882 de 2004 modificó el artículo 229 de la
Ley 599 de 2000 agravando la pena del delito de violencia intrafamiliar.
3.6.19.     La Ley
1009 de 2006 creó el observatorio de asuntos de género con carácter permanente
a cargo del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República a través de la
Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer con el objeto de “identificar y seleccionar un sistema de indicadores
de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer
reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las
normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y
de la equidad de género en Colombia”[139].
3.6.20.     Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos” en el marco de
las relaciones de trabajo definió el acoso laboral como “toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o
inducir la renuncia del mismo”.
En este contexto la norma señala que son
modalidades del acoso laboral: el maltrato laboral, la persecución laboral, la
discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la
desprotección laboral. Si bien esta Ley no está enfocada específicamente a la
mujer, si resulta un instrumento muy importante para luchar contra la
discriminación y la violencia contra la mujer, pues el trabajo es uno de los
ámbitos donde más se presentan estas reprochables conductas.
3.6.21.     La Ley
1257 de 2008 dictó normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal,
de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictaron otras disposiciones.
Esta ley consagra mecanismos muy importantes para la protección de los derechos
de las mujeres:
(i)
El primer capítulo
señala aspectos generales como la violencia contra la mujer[140], las modalidades de
daño contra la mujer[141],
los principios de igualdad efectiva, derechos humanos, corresponsabilidad,
integralidad, autonomía, coordinación, no discriminación y atención
diferenciada[142]
y los derechos de las mujeres víctimas de violencia[143].
(ii)
El segundo contempla
medidas de sensibilización y prevención en el ámbito público, educativo,
laboral de la salud, de la familia y de la sociedad.
(iii)
El tercero consagra una
serie de medidas de protección en el caso de violencia intrafamiliar y en el
ámbito familiar para lo cual se modifica la
Ley 294 de 1996.
3.6.22.      El Decreto 164 de 2010 creó la
Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para
Erradicar la Violencia contra las Mujeres".
3.6.23.      La Ley
1468 de 2011 modificó las normas que consagran en el Código Sustantivo del
Trabajo: el Descanso remunerado en la época del parto[144], la prohibición de
despido por motivo de embarazo o lactancia[145], las obligaciones
especiales del empleador en caso de licencia remunerada por embarazo[146].
3.6.24.      La Ley
1542 de 2012 eliminó el carácter de querellable y desistible de los delitos de
violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los
artículos 229 y 233 del Código Penal.
3.7.
La protección
especial de la mujer en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional
La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido la especial importancia de
establecer criterios para la protección de las mujeres en múltiples aspectos,
bien sea como una manifestación del derecho a la igualdad de sexos[147] o mediante el
establecimiento de acciones afirmativas y medidas de protección especial a la
mujer:
3.7.1.  En materia política se destaca el derecho de la mujer
a participar en los niveles decisorios del poder público[148].
3.7.2.
En materia laboral
se destacan: el derecho a la igualdad en la selección de personal,
reconociéndose su vulneración si se es víctima de discriminación por parte de
la empresa demandada al no ser contratada como vigilante por su condición de
mujer[149];
el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el ingreso de las mujeres
a empleos que históricamente fueron desempeñados exclusivamente por hombres
como la infantería de marina[150];
y la imposibilidad de establecer parámetros dentro de los cuales sin
justificación alguna, opten por contratar trabajadores solo de determinado sexo[151].
3.7.3.
En relación con la
igualdad ante la ley se destacan: la igualdad de protección en especial entre
menores en relación con el género[152];
el derecho a la igualdad de protección de la mujer adolescente en relación con
el matrimonio precoz[153];
el derecho a la igualdad en el régimen contributivo de seguridad social en
salud y su vulneración al establecerse un período de espera para atención de
mujer embarazada y de menores de un año[154];
la vulneración del derecho a la igualdad por medidas discriminatorias
injustificadas en la ley penal como la de la sanción a la mujer adultera[155]; la
inconstitucionalidad de la norma que permitía al testador que provea a la
subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por
ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión
periódica[156].
3.7.4.
En relación con la
protección especial de la mujer embarazada y madre se destacan: el
reconocimiento de su estabilidad laboral reforzada[157]; el derecho a no ser discriminada[158], su derecho al pago
oportuno de salarios[159];
su derecho a la educación[160]
y el derecho a unas
condiciones adecuadas para la permanencia del menor junto a la madre en un
establecimiento carcelario de la mujer[161].
3.7.5.  En relación con grupos especiales de mujeres se
resaltan: las acciones afirmativas a favor de la mujer cabeza de familia[162]; el derecho a la
igualdad de la mujer cabeza de familia disminuida físicamente[163]; la inclusión de prestaciones de alojamiento y
alimentación para mujeres víctimas de violencia y maltrato en los POS de los
regímenes contributivo y subsidiado no vulneran la Constitución[164].
3.7.6.  La protección de la mujer frente a todo tipo de
violencia[165].
Por lo anterior, la Corte reconoció los mandatos constitucionales que obligan a
las autoridades colombianas a prodigar protección a la mujer frente a todo tipo
de violencia y discriminación:
“(i) El artículo 1º de la
Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en
el respeto de la dignidad humana. (ii) El artículo 2º consagra como uno de los
fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la
Constitución, y dispone inequívocamente que “las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”. (iii) El artículo 5º dispone que el Estado “reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”.
(iv) El artículo 13 establece que “todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo”, y obliga al Estado a promover las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, así como a adoptar “medidas en favor de grupos
discriminados o marginados”. (v) El artículo 22 consagra el derecho a la paz.
(vi) Y el artículo 43 dispone inequívocamente que “la mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades”, y que “la mujer no podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación”, obligando al Estado a prestar especial
protección a la maternidad y a las mujeres cabeza de familia”[166].
3.8.
EL CONTROL
SOCIAL Y SANCIONES SOCIALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
3.8.1.  El control social se define como el conjunto de «formas
organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y personas que
contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos
o indeseables de una u otra manera»[167].
Por su parte, la sanción
social es una forma de control social de reaccionar a un comportamiento y es
definido por la sociología como “cualquier
tipo de reacción que tienen los demás ante el comportamiento de un individuo o
grupo y que pretende garantizar que se cumpla una determinada norma”[168].
3.8.2.  Este control puede ser a su vez formal o informal: el
formal se ejercita a través de
instancias formales específicamente concebidas y disciplinadas para el control
como la policía, los tribunales de justicia, la cárcel, mientras que el
informal opera mediante el condicionamiento
de los miembros del grupo social, de adaptarle a las normas sociales a través
de un largo y sutil proceso que comienza en sus núcleos primarios (familia),
pasa por la escuela, la profesión y la instancia laboral, interiorizando el
individuo las pautas y modelos de conducta transmitidos y aprendidos[169].
3.8.3.  Cuando las sanciones
formales se aplican por el Estado corresponden al llamado Ius Puniendi,
que se utiliza para perseguir y sancionar aquellas conductas que atentan contra
bienes jurídicos estimados valiosos o causan daño a los derechos de los
asociados[170]. El Estado, como titular del ius
puniendi, es el llamado a fijar los lineamientos de la política criminal
que han de aplicarse para posibilitar la convivencia pacífica en sociedad y
para asegurar la defensa de los valores, derechos y garantías ciudadanas,
tomando como referente válido las circunstancias históricas del momento y las
diversas situaciones de orden coyuntural que se generan al interior de la
comunidad, atribuibles a una dinámica social, política, económica e incluso
cultural de permanente cambio y evolución[171].
3.8.4.  El ejercicio del ius
puniendi supone una adecuación de la potestad del legislador con los
principios, valores y derechos consagrados en la
Constitución, de tal manera que se garanticen efectivamente los derechos
fundamentales dentro de un marco de respeto de la dignidad humana y la libertad[172].
En este sentido, esta Corporación ha entendido que el ejercicio del ius
puniendi está sometido a los principios de estricta legalidad, presunción de
inocencia, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el
acto en tanto que límites materiales a la ejecución de esta competencia estatal[173].
3.8.5.  Sin embargo, el control social no se agota en el ius
puniendi, pues puede tener manifestaciones en los sistemas de control
social informal como la familia, la escuela, la ciencia, la cultura, la
religión o los medios de comunicación, las cuales son plenamente legítimas,
siempre y cuando no afecten derechos fundamentales. El control social penal es solamente un subsistema
en el sistema global del control social que se caracteriza por sus fines
(prevención o represión del delito) y por los medios de que se sirve (penas y
medidas de seguridad)[174].
3.8.6.  En este sentido, al lado del control social penal
existen numerosos medios o sistemas como la ética, la educación, la
religión, la moral, la cultura y la costumbre que permiten la represión de
conductas consideradas negativas para la sociedad. Estos sistemas son
producidos por diversos órganos como la familia, la ciencia, los
sindicatos, la escuela y las organizaciones sociales, que utilizan estrategias
o respuestas como la prevención, la represión y la socialización e
imponen consecuencias positivas (como los ascensos, las recompensas o las
distinciones) y negativas (como la amonestación, el escándalo, la vergüenza, el
rechazo y la intolerancia) para poder modificar y reprimir las conductas que
dañan a la sociedad[175].
3.8.7.  El control social informal es completamente legítimo
en un Estado Social de Derecho, pues refuerza socialmente la protección de los
bienes jurídicos, generando condicionamientos de estímulo hacia conductas que
los protegen y aversión hacia comportamientos que los ofenden[176],
lo cual fortalece la protección de los valores constitucionales, siempre y
cuando no se utilicen medios exclusivos del ius puniendi como las penas y las medidas de seguridad[177].
3.8.8.  La relación entre el control social formal y el
control social informal es integral, siendo mecanismos complementarios para
contrarrestar los comportamientos que atacan a la sociedad: el control social
informal realizado a través de la familia, la educación y la cultura es
fundamental para difundir las normas propias del control social formal y
asegurar su aplicación, pues si éstos no operan se genera una anomia que
produce el desconocimiento o el rechazo a la norma.
3.8.9.  Así mismo, los mecanismos de control social formal
complementan al control informal, pues establecen sanciones mucho más fuertes
que garantizan la prevención general de las conductas más lesivas a la
sociedad.
3.8.10.     En conclusión, la relación entre los
mecanismos de control social formal e informal es interdependiente, pues el éxito
de unos depende completamente de los del de los otros: un control social formal
sin uno informal eficaz genera anomia y un control social informal sin uno
formal no tiene la coercibilidad suficiente como para ser eficiente.
3.8.11.     Algunas conductas como la corrupción, el
prejuicio y la violencia están tan arraigadas en la sociedad que los mecanismos
de control social formal que buscan eliminarlos son insuficientes y requieren
de un reforzamiento del control social informal para ser eficaces, pues de lo
contrario el individuo las seguirá ejecutando, intentando simplemente evadir su
castigo pero sin interiorizar la obligatoriedad de su cumplimiento.
3.8.12.     Sociedades que no han logrado eliminar el
individualismo y los prejuicios sociales, raciales y de género tienden a la
anomia, que consiste en la consideración de normalidad de conductas que son
sancionadas como delito[178],
tal como sucede con la corrupción, la violencia doméstica y  la violencia de
género. La única forma de contrarrestar esta compleja situación es generar
cambios sociales estructurales para los cuales son fundamentales las
instituciones de control social informal como la familia, la educación y la
cultura.
3.9.
ANÁLISIS DE LA
NORMA DEMANDADA
3.9.1.  La importancia de la norma en la protección
de los derechos de las mujeres
3.9.1.1.  La violencia de género es un fenómeno fundado en
factores sociales como son la desigualdad y la discriminación de las mujeres,
por ello una estrategia eficaz para eliminarla requiere de una respuesta
integral del Estado[179],
la cual no solamente debe abarcar el Derecho penal sino también otras medidas
jurídicas y sociales que la complementen.
3.9.1.2.  En este marco, la norma demandada se inscribe dentro
de un grupo de medidas para la sensibilización y la prevención de la violencia
de género exigiendo al Gobierno Nacional que implemente medidas para fomentar
la sanción social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la
violencia contra las mujeres.
3.9.1.3.  Las sanciones sociales corresponden a “cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante
el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se
cumpla una determinada norma”[180].
Estas sanciones pueden ser formales o informales
3.9.1.4.  El fomento
de la sanción y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia
contra las mujeres, es un desarrollo del deber constitucional de proteger los
derechos de las mujeres y de numerosas convenciones internacionales que exigen
a los Estados la sanción de la discriminación y de la violencia contra la
mujer:
(i)
La
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer exige a los Estados parte: “Adoptar medidas adecuadas, legislativas y
de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer”[181].
Por su parte, en relación con
la discriminación exige: “a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido
por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los
despidos sobre la base del estado civil”[182].
(ii)
La
Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la
Mujer exige a los Estados parte “Establecer, en la legislación nacional,
sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y
reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia”[183].
(iii)
La Cuarta conferencia sobre la mujer celebrada en
Beijing (China) señala que los Gobiernos deben adoptar: “Medidas que han de adoptar los gobiernos: (…) Introducir
sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las
legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar
y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas
de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de
trabajo, la comunidad o la sociedad”[184]
así mismo “Crear mecanismos institucionales, o reforzar los
existentes, a fin de que las mujeres y las niñas puedan dar parte de los actos
de violencia cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en
condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o
represalias”[185].
(iv)
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” está centrada
claramente en sancionar y erradicar dicha violencia y señala una serie de
obligaciones a los Estados para cumplir con este objetivo:
“a) Abstenerse de cualquier acción o
práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad
con esta obligación;
b) Actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c)Incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d) Adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su
integridad o perjudique su propiedad;
e) Tomar todas las medidas apropiadas,
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f) Establecer procedimientos legales
justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos;
g) Establecer los mecanismos judiciales
y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces; y
h) Adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta
Convención”[186].
Así mismo, para asegurar esta finalidad,
los Estados partes tendrán que adoptar de manera progresiva otras medidas para
favorecer la sanción de la discriminación y la violencia de género como:
fomentar el conocimiento de los derechos de la mujer, modificar los patrones
socioculturales de superioridad del hombre, fomentar la capacitación del
personal encargado de la aplicación de la
Ley, suministrar los servicios especializados apropiados para la atención
necesaria a la mujer objeto de violencia, apoyar los programas de educación y
concientización, ofrecer protección a la mujer, fomentar los medios de
comunicación para erradicar la violencia contra la mujer, garantizar la
investigación y la recopilación estadística, y fomentar la cooperación
internacional[187].
(vi)  La
recomendación general no. 19 sobre violencia contra la mujer exige a los
Estados que : “adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean
necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre
ellas: i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles
e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la
violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el
hostigamiento en el lugar de trabajo”[188].
3.9.1.5.      De esta manera, los instrumentos internacionales más
importantes en relación con la protección de los derechos de la mujer
establecen la obligación del Estado de implementar medidas para fomentar la sanción y la
denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres.
El término sanción social corresponde como ya se anotó a cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante
el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se
cumpla una determinada norma[189],
lo cual incluye sanciones formales y sanciones informales: (i) Las sanciones
formales pueden incluir sanciones civiles, laborales, penales, administrativas o disciplinarias; (ii) Las
sanciones informales pueden incluir sanciones educativas y cívicas.
3.9.1.6.      De esta manera, el término sanción social
es multicompresivo y la norma demandada es un instrumento muy importante para
hacer efectivas sanciones ya existentes o que se creen en el futuro.
3.9.1.7.      En este sentido, debe destacarse que pese a
los muy importantes avances que ha presentado en los últimos años la
legislación en materia de género su implementación en la práctica debe hacerse
en una sociedad que desafortunadamente todavía presenta prejuicios de género y
otras circunstancias que disminuyen la denuncia y la visibilidad del problema.
El subregistro en la violencia de género es muy alto, por una serie de factores
muy complejos que han sido identificados por las organizaciones especializadas
en la materia:
(i)   La falta de denuncia de esta clase de
delitos, por parte de las mujeres se
genera por el miedo por su seguridad, vergüenza, culpa, desconocimiento, falta
de confianza en la justicia, falta de recursos económicos, entre otras[190]
En este sentido, “si bien no
existen cifras unificadas sobre la violencia sexual en Colombia ni sobre la
magnitud del subregistro, varias encuestas han intentado mostrar la dimensión
del problema. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud[191] señaló
que el 73% de las mujeres maltratadas físicamente no denunciaron la violencia a
la cual se vieron enfrentadas (PROFAMILIA, 2010, p. 388). Para la
Defensoría del Pueblo[192],
el 70% de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7% de las
víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la
agresión (2008, pp. 164 y 176). Específicamente en materia de violencia sexual
en el conflicto armado, la Primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual
impulsada por OXFAM y realizada por la Casa de la
Mujer encontró que el 82,1% de las mujeres encuestadas no denunciaron los
hechos de los que fueron víctimas (2010, p. 26).”[193].
(ii)
La
impunidad en los casos de violencia sexual, pues gran parte de las
investigaciones que por violencia sexual se adelantan no presentan avances
substanciales o terminan sin una sentencia de fondo, generando así una
situación de impunidad[194].
(iii)
Los problemas
logísticos de los procesos relacionados con las dificultades en la recolección
de las pruebas y la falta de recursos de las entidades encargadas de la
persecución de estos crímenes[195].
(iv)
El impacto diferencial y agudizado del
conflicto armado colombiano sobre las mujeres, especialmente las víctimas de
desplazamiento forzado, situación que fue destacada por esta Corporación en el
Auto 092 de 2008. En este sentido, este auto señala que las mujeres desplazadas, están mayormente
expuestas al riesgo de violencia y abuso sexuales, así como a la prostitución
forzada, la esclavitud sexual y la trata de personas con fines de explotación
sexual[196].
(v)
Patrones discriminatorios y
estereotipos de género en los administradores de justicia[197].
3.9.1.8.      Esta grave y persistente situación
demuestra que no es suficiente con la consagración de sanciones formales contra
la violencia de género, sino que además es necesario adoptar medidas para que
estas efectivamente se apliquen, situación que justifica claramente que la
norma demandada implemente
medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas
discriminatorias y la violencia contra las mujeres.
3.9.1.9.      En este sentido, teniendo en cuenta la
problemática y en virtud de la norma demandada el Gobierno podría adoptar
medidas concretas para aumentar la eficacia y aplicación de las sanciones por
este terrible fenómeno que destruye nuestro tejido social, orientadas a: (i) disminuir el miedo de las mujeres para denunciar
otorgándoles una protección inmediata; (ii) aumentar la confianza de las mujeres en el sistema
dando una respuesta inmediata y especial a sus denuncias; (iii) mejorar la
difusión la información a las mujeres sobre sus derechos; (iv) incrementar la
capacitación de los funcionarios encargados de aplicar sanciones contra la
discriminación y la violencia contra las mujeres con un enfoque diferenciado de
género; (v) dar prioridad a las investigaciones sobre violencia contra las
mujeres en el conflicto armado; (vi) asignar recursos económicos y logísticos
para la investigación de la violencia y la discriminación contra la mujer.
3.9.2.  La importancia del control social informal
en la lucha contra la violencia de género
3.9.2.1.   Como se ha visto en esta sentencia, la
violencia de género ha sido un fenómeno derivado de prejuicios arraigados históricamente
en nuestra sociedad. Esta situación ha generado un desafortunado grado de
anomia hacia el cumplimiento de las normas que buscan la eliminación de la
violencia contra las mujeres en muchos sectores de nuestra sociedad. La anomia
se define precisamente como la no interiorización de las normas en una sociedad
que genera conductas desviadas entre sus miembros, tal como sucede con la
violencia de género, frente a la cual una exclusiva utilización de mecanismos
de control es insuficiente.
3.9.2.2.   En este marco es preocupante la cifra negra
de criminalidad que tiene el fenómeno de la violencia de género en Colombia,
que ha sido reconocida por diversas instituciones de nuestro país entre otras
por esta Corporación, lo cual indica que pese a la importancia de las leyes que
sancionan este fenómeno deben adoptarse medidas para reforzar su cumplimiento y
también para complementarlas con mecanismos de control social informal para que
los victimarios comprendan la obligatoriedad de su cumplimiento y no simplemente
busquen evitar su castigo a través de la intimidación de las víctimas, quienes
en su gran mayoría no denuncian por miedo o falta de confianza en la eficacia
del proceso.
3.9.2.3.   El prejuicio de género es uno de las causas
más importantes de la violencia contra las mujeres y el mismo solamente podrá
ser eliminado a través de medidas de control social informal al interior de las
familias, de las instituciones educativas, de las empresas, de las entidades
públicas y de la propia administración de justicia, por lo cual precisamente se
requiere que el Gobierno Nacional  implemente
medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas
discriminatorias y la violencia contra las mujeres.
3.9.3.  Constitucionalidad de la norma demandada
Como se acaba de ver, la norma
demandada constituye un desarrollo directo de normas del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos como: la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, la Declaración sobre la
Eliminación de la violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer Adicionalmente, la disposición no vulnera las normas constitucionales mencionadas
por el accionante, por los siguientes motivos:
3.9.3.1.  En primer lugar, las sanciones sociales no requieren
estar consagradas necesariamente por el ordenamiento jurídico, sino que surgen
en la sociedad como formas de control social informal en la familia, la
educación, la cultura y las relaciones sociales[198], por esta razón no tienen que ser
tipificadas ni se encuentran sometidas al principio de legalidad.
3.9.3.2.  En segundo lugar, las sanciones sociales no son penas
estatales, sino mecanismos de condicionamiento social que buscan que el sujeto imite
o repita las formas de conducta que
conllevan consecuencias positivas y evite cometer las que tengan consecuencias
negativas al interior de la propia sociedad, a través de mecanismos que son
impuestos en la familia, la educación, el trabajo o las interacciones sociales,
pero que no dependen del Estado, pues son informales[199].
En este sentido, los mecanismos de control social informal son plenamente
válidos en un Estado social de Derecho, pues no implican la privación de
derechos fundamentales, sino que simplemente tienen por objeto aplicar
estímulos o desestímulos a conductas socialmente relevantes.
En este
sentido, las “sanciones
sociales” a las que se refiere la expresión demandada no se dirijan a la
descalificación de personas en concreto, ni a la afectación de sus derechos,
sino que se trata de medidas para reforzar la desaprobación social de conductas
de discriminación y violencia contra las mujeres.
3.9.3.3.  En tercer lugar, la norma demandada tampoco vulnera
los artículos 113, 116, 228 y 229 de la
Constitución Política que establecen la titularidad del Estado de la
administración de justicia, pues por el contrario permite que se establezcan
mecanismos para mejorar esta función. En este campo, las sanciones sociales son
complementos muy importantes de los instrumentos de control social formal pues:
(i) facilitan el aprendizaje de la lesividad de la discriminación y la
violencia al interior de la familia, la educación y de las relaciones sociales,
(ii) reprimen desde la propia educación comportamientos discriminatorios o
violentos, y (iii) facilitan la denuncia generando respuestas inmediatas en
otros miembros de la sociedad de apoyo a las víctimas y de divulgación de los
abusos a la justicia y a los medios de comunicación.
3.9.3.4.   Por lo anterior, la norma tampoco pone en
peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, pues las sanciones sociales
no implican la privación de derechos fundamentales, sino la desestimulación de
conductas lesivas para la sociedad, mediante respuestas de intolerancia hacia la
violencia y la discriminación. En este sentido, las sanciones sociales son
procesos normales propios del control social informal que  son aplicados en
todas las sociedades y que son independientes del control social formal del
Estado.
3.9.3.5.   Finalmente, la expresión demandada no
vulnera el principio de culpabilidad, pues no consagra sanciones, sino que
permite que aquellas que se generen al interior de la sociedad tengan una mayor
eficacia.
4.     DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la
expresión “medidas para
fomentar la sanción social” contemplada
en el numeral 5º del artículo 9º de la
Ley 1257 de 2008 por los cargos analizados en la presente sentencia.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Con aclaración de
voto
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Ausente
en comisión
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Ausente
en comisión
NILSON PINILLA PINILLA
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA
SENTENCIA C-335 DE 2013
SANCIONES SOCIALES COMO MEDIDAS PARA
PREVENIR LAS PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Procedencia siempre que respeten la
Constitución, la Ley y los derechos fundamentales (Aclaración de voto)
Si bien este Magistrado comparte la
sentencia en cuanto a la propuesta de exequibilidad de la expresión “medidas
para fomentar la sanción social” contemplada en el numeral 5º del artículo 9º
de la Ley 1257 de 2008 por los cargos analizados, considero necesario presentar
una aclaración en cuanto al alcance y límites constitucionales de las
denominadas sanciones sociales de que trata la norma acusada, pues se ha debido
realizar un mayor análisis y énfasis constitucional respecto de que las
sanciones sociales o la sanción social informal, es constitucional siempre y
cuando, se cumpla con la condición categórica e imperativa, o con el requisito
sine qua non, de que  dichos reproches o medidas adoptadas por la sociedad en
general, en el seno de los diferentes grupos, comunidades o sectores sociales,
se enmarquen estrictamente dentro de las fronteras y los límites que plantea el
respeto de los valores, principios y derechos fundamentales de la
Constitución y de la ley. Así pues, se debió expresar clara y ampliamente, que
desde el punto de vista constitucional, no son admisibles prácticas de sanción
social que terminen por reemplazar la sanción social formal o institucional del
Estado, que impliquen justicia privada, o que vulneren los derechos
fundamentales de las personas que se acusan de violar los derechos de las
mujeres.
REF.: Expediente: D-9415
Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008 (parcial)
Magistrado Ponente:
José Ignacio Pretelt Chaljub
Con el debido respeto por las decisiones de
esta Corte, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia, con fundamento
en las consideraciones que paso a exponer a continuación:
1. En esta sentencia la
Corte decidió declarar la exequibilidad de la expresión “medidas para
fomentar la sanción social” contemplada en el numeral 5º del artículo 9º de
la Ley 1257 de 2008 por los cargos analizados. Los argumentos esgrimidos en
contra de la expresión acusada se presentaron por vulnerar el Preámbulo y los
artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la
Constitución Política, al considerar que la aplicación de sanciones sociales
vulneraba los principios de legalidad y seguridad jurídica.
2. La sentencia hace mención (i) a la discriminación y
la violencia contra las mujeres; (ii) la protección de la mujer contra la
discriminación y la violencia a nivel internacional, mediante mecanismos como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana de Derechos Humanos, la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer -1967-, la
Convención de Naciones Unidas sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer -1979-, la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer -1993-, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer -1995-, la
Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia
contra la mujer -1994-, las recomendaciones generales adoptadas por el Comité
para la eliminación de la discriminación contra la
Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la Trata de Personas; (iii) la evolución del reconocimiento de los
derechos de las mujeres en Colombia; (iv) la protección de la mujer por la
jurisprudencia constitucional, como sentencias sobre fuero laboral, licencias
de maternidad, protección reforzada a mujeres cabeza de familia, miembros de
minorías étnicas y víctimas del conflicto armado, entre otros; y (v) termina
mencionando la naturaleza del control social y las sanciones sociales en el
Estado Social de Derecho.
Al respecto, en este fallo se concluye que
la expresión demandada es constitucional por cuanto (i) el control social en un
Estado constitucional de Derecho es tanto de tipo formal como informal. El
primero de ellos hace parte del ius puniendi del Estado y es totalmente
legítimo, y el segundo, hace parte de la ética, la cultura, la educación, que
se refuerza en los espacios de la familia, el colegio y las diferentes
expresiones comunitarias de la sociedad. En relación con el control social
informal y las sanciones que éste puede imponer, tales como el reproche
social o la intolerancia frente a actos de discriminación contra la mujer, el
fallo concluye que es plenamente constitucional, y menciona marginalmente que
lo anterior es así, siempre y cuando este tipo de manifestaciones de sanción
social sean respetuosas de la
Constitución, la ley y los derechos humanos.
3. Así las cosas, si bien este Magistrado comparte la
sentencia en cuanto a la propuesta de exequibilidad de la expresión demandada,
y en cuanto al desarrollo considerativo y motivo de la misma, ya que se realiza
un recuento bastante completo y suficiente respecto de la discriminación
histórica que ha sufrido la mujer, y el proceso de reconocimiento de sus
derechos a nivel internacional y a nivel interno; así como también respecto de
las apreciaciones que se desarrollan en relación con el concepto de control
social y su legitimidad dentro de un Estado Social de Derecho; considero
necesario presentar una aclaración en cuanto al alcance y límites
constitucionales de las denominadas sanciones sociales de que trata la
norma acusada.
A este respecto, considero que en la
sentencia se ha debido realizar un mayor análisis y énfasis constitucional
respecto de que las sanciones sociales o la sanción social informal, es
constitucional siempre y cuando, se cumpla con la condición categórica e
imperativa, o con el requisito sine qua non, de que  dichos reproches o
medidas adoptadas por la sociedad en general, en el seno de los diferentes
grupos, comunidades o sectores sociales, se enmarquen estrictamente dentro de
las fronteras y los límites que plantea el respeto de los valores, principios y
derechos fundamentales de la
Constitución y de la ley. De esta manera, encuentro que se debió expresar
clara y ampliamente, que desde el punto de vista constitucional, no son
admisibles prácticas de sanción social que terminen por reemplazar la sanción
social formal o institucional del Estado, que impliquen justicia privada, o que
vulneren los derechos fundamentales de las personas que se acusan de violar los
derechos de las mujeres. En este punto, considero que la
Corte debe tener mucha prudencia con avalar las sanciones sociales de manera
general, y ser muy categórica al afirmar que las prácticas de sanción social
informal son aceptables dentro de un marco y contexto muy estricto que es el
que fija el Estado Social democrático y Constitucional de Derecho, esto es, si
y solo si no resultan de ninguna forma y manera contrarias o violatorias de la
Constitución, de la ley y de los derechos fundamentales de cualquier
ciudadano, incluyendo los de los sospechosos, imputados o procesados por
delitos en contra de los derechos de las mujeres.
Con base en las consideraciones expuestas
aclaro mi voto a la presente providencia judicial.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-335/13
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS
DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Se debía considerar con mayor detenimiento la relación y las diferencias
que existen entre los conceptos de “control social” y “sanción social”, así
como las afectaciones a derechos fundamentales que pueden llegar a derivarse
del recurso a sanciones sociales y los límites que éstas deben respetar para
ser constitucionalmente admisibles (Aclaración de voto)
CONTROL SOCIAL Y SANCION PENAL-Distinción (Aclaración de voto)
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS
DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Debieron fijarse los límites al tipo de sanciones sociales que el Gobierno
Nacional podrá fomentar (Aclaración de voto)
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS
DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Cuestión planteada en este juicio de constitucionalidad obligaba a tomarse
en serio no sólo el propósito de poner fin a la discriminación y violencia en
contra de las mujeres, sino además el cuidadoso examen de los medios que la
sociedad está dispuesta a utilizar y la Constitución le permite emplear para
lograr tal propósito (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-9415
Demanda de inconstitucionalidad
contra el numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008 (parcial).
Magistrado
Ponente:
Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Sala, a continuación expongo las razones que me  llevan a
aclarar el voto.
Como bien se identifica en la sentencia, el problema
jurídico que plantea esta demanda es “si es posible que existan en un Estado
Social de Derecho mecanismos de control social informal que permitan la aplicación
de sanciones directamente por la sociedad”. La respuesta a este problema
requería considerar con mayor detenimiento la relación y las diferencias que
existen entre los conceptos de “control social” y “sanción social”, así como
las   afectaciones a derechos fundamentales que pueden llegar a derivarse del
recurso a sanciones sociales y los límites que éstas deben respetar para ser
constitucionalmente admisibles.
Aunque esta sentencia asume como punto de partida la
distinción entre “control social” y “sanciones sociales”, en el
desarrollo de la argumentación termina por equiparar ambos conceptos cuando,
por el contrario, deberían ser distinguidos. El control social incluye
mecanismos de muy diverso tipo, ejercidos en el seno de varias instituciones (familia,
escuela, trabajo, iglesia, asociaciones, etc.) orientados a reforzar los
valores y normas que ordenan la convivencia social. Como se indica en la
sentencia, éste incluye estrategias que van desde la socialización, la
prevención, la imposición de consecuencias positivas (premios, ascensos,
distinciones), hasta la imposición de consecuencias negativas y represivas.
El concepto de “sanción social” sirve para
nombrar a estos mecanismos de control social orientados en esta última
dirección, es decir, aquellos que buscan desincentivar la comisión de una
conducta dañina a través de la imposición de una consecuencia negativa a quien
es señalado como responsable de cometerla. Aunque el concepto de “sanción”
admite ser utilizado no sólo en un sentido “negativo” (privación de un bien a
quien es señalado como responsable de cometer una conducta dañosa), sino
también en  sentido “positivo” (otorgamiento de un bien a quien realiza una
conducta valiosa), lo cierto es que tanto en la teoría jurídica como en el lenguaje
ordinario el concepto de sanción suele emplearse en su sentido negativo[200].
Al traer esta distinción al tema objeto de
controversia, se concluye que la promoción de sanciones positivas, tales como
el establecimiento de estímulos, premios o algún tipo de distinciones para
quienes realicen labores meritorias para erradicar las prácticas de
discriminación y violencia contra la mujer, no merece ningún reparo
constitucional.  El problema que no se aborda en la sentencia es el impacto en
los derechos fundamentales que puedan llegar a tener las sanciones negativas.
Si se tiene en cuenta que, por definición, estas últimas implican la privación
de bienes (que pueden estar protegidos por derechos fundamentales), y que su
cumplimiento descansa, a su vez, en la posibilidad del uso de la coacción para
hacerlas efectivas, no es posible excluir de manera categórica, como se afirma
en la sentencia, que el recurso a las sanciones informales pueda llegar a
afectar derechos fundamentales.
Sobre este riesgo llama la atención Luigi Ferrajoli
cuando señala que la justificación del castigo estatal no puede estar cifrada
tan sólo en el fin de prevenir delitos, sino también de otro tipo de mal que
suele ser olvidado o subestimado:
“Este otro mal es la mayor reacción –
informal, salvaje, espontánea, arbitraria, punitiva pero no penal – que a falta de penas
podría provenir de la parte ofendida o de fuerzas sociales o institucionales
solidarias con ella. Es el impedir este mal, del que sería víctima el reo o
incluso personas ligadas a él, lo que representa (…) el segundo y justificador
fin del derecho penal. Pretendo decir que la pena no sirve sólo para prevenir
los injustos delitos, sino también los castigos injustos; que no se amenaza con
ella y se la impone sólo ne peccetur, sino también ne punietur;
que no tutela sólo a la persona ofendida por el delito, sino también al
delincuente frente a reacciones informales, públicas o privadas”[201]
Si se admite que no sólo el derecho penal sino, en
general, el derecho sancionador comparten el doble fin de prevenir tanto la
violencia social procedente de los delitos y de las faltas, como la violencia
que puede desencadenar la reacción social desproporcionada contra aquellos, es
posible comprender por qué el sometimiento de la coacción y de la sanción (en
tanto implica de manera latente o efectiva a la primera) a los límites
establecidos por el Derecho y su progresivo monopolio en manos del poder
público representa una importante conquista civilizatoria que no debería ser
subestimada.
En ese orden de ideas, al abordar el control constitucional
de normas que proponen estimular el uso de sanciones sociales como mecanismo
para reforzar la efectividad de las sanciones legales ya previstas en contra de
la violencia de género, no debe obviarse el riesgo de que, en aras de alcanzar
un fin cuya legitimidad está fuera de duda, aquellos límites a la reacción
social contra conductas socialmente dañosas puedan llegar a ser desbordados[202].
Por tanto, debería haber sido acogida la recomendación
formulada por la Universidad del Rosario en su intervención, en el sentido de
fijar los límites al tipo de sanciones sociales frente a las conductas de
discriminación y violencia contra la mujer que el Gobierno Nacional podrá
fomentar.  Entre estos límites debieron considerarse los siguientes:
a) Procurar que las “sanciones sociales” a las que se
refiere la expresión demandada no se dirijan a la descalificación de personas
en concreto, sino que se trate de medidas para reforzar la desaprobación social
de conductas de discriminación y violencia contra las mujeres.  Este límite se
justifica para evitar que los poderes públicos, en este caso el Gobierno
Nacional, estimulen formas de sanción social difusa que, en aras de lograr el
fin legítimo de promover una cultura de respeto por la equidad de género y
evitar que se naturalicen patrones de discriminación y violencia contra las
mujeres, patrocinen reacciones de repudio desproporcionadas que conduzcan al
ostracismo, al linchamiento físico o moral de los infractores y, por esta vía,
a la victimización de los victimarios.
b) Estimular el recurso a sanciones positivas o bien
otras formas de control social no sancionatorias.  De hecho, buena parte de los
ejemplos que se incluyen en la sentencia no constituyen medidas sancionatorias
en sentido propio (sanciones negativas), sino más bien medidas de control
social más amplias o, incluso, medidas que estimulan no el uso de sanciones
sociales difusas sino el recurso a los mecanismos de investigación y sanción
formal previstas en el ordenamiento jurídico.
En definitiva, la cuestión planteada en este juicio de
constitucionalidad obligaba a tomarse en serio no sólo el propósito de poner
fin a la discriminación y violencia en contra de las mujeres, sino además el
cuidadoso examen de los medios que la sociedad está dispuesta a utilizar y la
Constitución le permite emplear para lograr tal propósito.
Fecha
ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1]
Concepto 5519 de la
Procuraduría General de la Nación, pág. 5.
[2]
Concepto 5519 de la
Procuraduría General de la Nación, pág. 6.
[3]
Concepto 5519 de la
Procuraduría General de la Nación, pág. 6.
[4] Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: “Las
demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por
escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda.”
[5] Ver entre otras las Sentencias de la
Corte Constitucional: C – 480 de 2003,
M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C – 227 de 2004,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa;  C – 675 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 530 de 2010,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C – 641
de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C – 647 de 2010,
M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010,
M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C – 840 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 647 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y C – 369 de 2011,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[6]
Gid. 269.
[7]
GIDDENS, Anthony: Sociedad, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pág. 269.
[8] Sentencias de la
Corte Constitucional C-929 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-149 de 2009,
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-646 de 2010,
M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-819 de 2011,
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-913 de 2011,
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C- 055 de 2013,
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[9]
Sentencia de la Corte Constitucional C - 892 de 2012,
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[10] Sentencia de la
Corte Constitucional C- 012 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11] Sentencia de la
Corte Constitucional C- 814 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[12] Sentencias de la
Corte Constitucional C- 413 de 2003, M.P. Rodrígo Escobar Gil y C-892 de 2012,
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[13] Art. 1. de la
Convención sobre
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
[14] Art. 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[15] WORCHEL, S.: Psicología. Prentice Hall, Madrid, 2001,  661; HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicologia
social, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2010, 351.
[16] HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicologia
social, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2010, 351.
[17] COOPER, J. /
WORCHEL, S. / GOETHALS, G. / OLSON, J.: Psicología Social, Thomson, México
2002, 208 y 209; HOGG, M. / GRAHAM M.
/ VAUGHAN M.: Psicologia social, Editorial Médica
Panamericana, Madrid, 2010, 350.
[18] COOPER, J. / WORCHEL, S. / GOETHALS, G. / OLSON, J.:
Psicología Social, Thomson, México 2002, 208 a 210.
[19] Sentencia Caso Rosendo Cantú y otra vs. México.
[20] Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Campo Algodonero vs. México.
[21] Informe
de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota
64, folios 2001 y
2002.
[22] HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicologia
social, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2010, 357.
[23] Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Campo Algodonero vs. México:
“1.5. Violencia basada en género.
128. Según los representantes, el tema de género es el
común denominador de la violencia en Ciudad Juárez, la cual “sucede como
culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y
sistemática de los derechos humanos”. Alegaron que “niñas y mujeres son
violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos
casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública y privada”.
129. El Estado señaló que los homicidios “tienen
causas diversas, con diferentes autores, en circunstancias muy distintas y con
patrones criminales diferenciados, pero se encuentran influenciados por una
cultura de discriminación contra la mujer”. Según el Estado, uno de los
factores estructurales que ha motivado situaciones de violencia contra las
mujeres en Ciudad Juárez es la modificación de los roles familiares que generó
la vida laboral de las mujeres. El Estado explicó que desde 1965 empezó en
Ciudad Juárez el desarrollo de la industria maquiladora, el cual se intensificó
en 1993 con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Señaló que, al
dar preferencia a la contratación de mujeres, las maquiladoras causaron cambios
en la vida laboral de éstas, lo cual impactó también su vida familiar porque
“los roles tradicionales empezaron a modificarse, al ser ahora la mujer la
proveedora del hogar”. Esto, según el Estado, llevó a conflictos al interior de
las familias porque la mujer empezó a tener la imagen de ser más competitiva e
independiente económicamente112. Además, el Estado citó el Informe del CEDAW
para señalar que “[e]ste cambio social en los papeles de las mujeres no ha sido
acompañado de un cambio en las actitudes y las mentalidades tradicionales -el
cariz patriarcal- manteniéndose una visión estereotipada de los papeles
sociales de hombres y mujeres”.
[24] Sentencia Caso Rosendo Cantú y otra vs.
México: “120. Como ha sido señalado
anteriormente por este Tribunal, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer ha sostenido que la definición de la discriminación contra la mujer
“incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra
la mujer porque [i)] es mujer o [ii)] le afecta en forma desproporcionada”.
Asimismo, también ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma
de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en
pie de igualdad con el hombre”.
Voto concurrente del Juez Diego García Sayán en el
caso Caso Campo Algodonero vs. México: 1.
La violencia contra la mujer es un drama con varias dimensiones y expresiones.
Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discriminación más
extendidas en el mundo, que se refleja en un abanico que va desde expresiones
sutiles y veladas hasta situaciones cruentas y violentas.
[25] ORJUELA RUIZ, A.: Discriminación, violencia y justicia de género,
Análisis a la luz del caso de El Salado, Tesis, Universidad Nacional, 2012, 43
y ss.
[26] Sentencia del Caso Campo Algodonero vs. México
[27] Sentencias de la
Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-507 de 2004,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-540 de 2008,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[28] Sentencias de la
Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[29] Artículo 62 del Código Civil (ya derogado): ‘Son representantes
legales de una persona, el padre o marido bajo cuya potestad vive, su tutor o
curador, y lo son de las personas jurídicas los designados en el artículo 639.’
[modificado por el Decreto 2820 de 1974 y Decreto 772 de 1975 y revisado en la
sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño) En este caso la
Corte resolvió declarar exequible palabra “sordomudo” conteni­da en los
artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil, e inexequible la expresión “por
escrito” contenida en los artículos 62, 432, 560 y 1504 del mismo Código.]
[30] Artículo 119 del Código Civil (ya derogado): ‘Se entenderá faltar
asimismo el padre que ha sido privado de la patria potestad y la madre que por
su mala conducta ha sido inhabilitada para intervenir en la educación de sus
hijos.’ [modificado posteriormente por el Decreto 2820 de 1974]
[31] Artículo 288 del Código Civil (ya derogado): “La patria potestad es
el conjunto de derechos que la ley reconoce al padre legítimo sobre los hijos
no emancipados.  ||  Muerto el padre ejercerá estos derechos la madre legítima
mientras guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias.  ||  (…)”.
[32] Artículo 176 del Código Civil (ya derogado): “Los cónyuges están
obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las
circunstancias de la vida.  ||  El marido debe protección a la mujer, y la
mujer obediencia al marido”
[33] Artículo 177 del Código Civil (ya derogado): “La potestad marital
es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y
bienes de la mujer”
[34] Artículo 178 del Código Civil (ya derogado): ‘El marido tiene
derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirlo a dondequiera que
traslade su residencia.  ||  Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea
peligro inminente a la vida de la mujer.  ||  La mujer, por su parte, tiene
derecho a que su marido la reciba en su casa.’  [modificado posteriormente por
el Decreto 2820 de 1974]
[35] Artículo 193 del Código Civil: ‘El marido menor de dieciocho años
necesita de curador para la admi­nistra­ción de la sociedad conyugal”
[derogado por la Ley 28 de 1932]
[36] Artículo 195 del Código Civil, decía el: ‘Si la mujer casada ejerce
públicamente una profesión o industria cualquiera (como la de directora de
colegio, maestra de escuela, actriz, obstetriz, posadera, nodriza), se presume
la autorización general del marido para todos los actos y contratos
concernientes a su profesión o industria, mientras no intervenga reclamación o
protesta de su marido, notificada de antemano al público, o especialmente al
que contratare con la mujer” [derogado por la
Ley 28 de 1932]
[37] Art. 729 del Código penal de 1837: “La
muger casada que cometa adulterio, perderá todos los derechos de la sociedad
marital, y sufrirá una reclusión por el tiempo que quiera el marido con tal que
no pase de diez años. Si el marido muriere sin haber pedido la soltura, y
faltare mas de un año para cumplirse el término de la reclusion, permanecerá en
ella la muger un año después de la muerte del marido, y si faltare menos tiempo
acabará de cumplirlo” (la ortografía corresponde al castellano de principios
del siglo XIX).
[38] Art. 713 del Código penal de 1890: “El
cómplice en el adulterio sufrirá arresto por el tiempo de la reclusión de la
mujer. Después de cumplir esta pena, será desterrado a diez miriámetros, por lo
menos, del lugar en que se cometió el delito, o del de la residencia de la
mujer, por el tiempo que viva el marido, si éste lo pidiere; pudiendo en
cualquier tiempo levantarse el destierro a solicitud del mismo”.
[39] Art. 688 del Código penal de 1890: “Si la
ofendida fuere mujer pública conocida por tal, sufrirá el reo arresto de uno a
tres meses”.
[40] Art.  321 del Código penal de 1936: “Las
penas señaladas en los Capítulos anteriores serán disminuidas hasta en la mitad
si la víctima de los delitos allí previstos fuere una meretriz o mujer pública.
En este caso no se podrá proceder sino a virtud de petición o querella de
parte”.
[41] Sentencia de la
Corte Constitucional C-776 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[42] Los resultados de la encuesta se encuentran disponibles en la
siguiente dirección electrónica: http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/documentos/Principales_indicadores.pdf
[43] ORJUELA RUIZ, A.: Discriminación,
violencia y justicia de género, Análisis a la luz del caso de El Salado, Tesis,
Universidad Nacional, 2012, 62; CÉSPEDES – BÁEZ, Lina: La violencia sexual en contra de las mujeres como
estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano, Revista de Estudios
Socio-Jurídicos., Bogotá (Colombia), 12(2): 273-304, julio-diciembre de 2010. Véase
también sobre la gravedad de las vulneraciones de los derechos humanos
de las mujeres en el conflicto armado: BERNAL ACEVEDO, Gloria Lucía: El
relato visceral en lo criminal, Grupo Editorial Ibáñez – Uniediciones, Bogotá,
2013.
[44] Sentencia de la
Corte Constitucional T-496 de
2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[45] Art. 7 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
[46] Art.
3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[47] Art. 20.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
[48] Art. 1.1. de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[49] Art. 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[50] Art. 1 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer de 1967.
[51] Art. 4 de la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967.
[52] Art. 5 de la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967.
[53] Art. 6 de la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967.
[54] Art. 9 de la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967.
[55] Art. 10 de la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967.
[56] Art. 10 de la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967.
[57] Art. 8 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer de 1967.
[58] Art. 1 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[59] Art. 2 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[60] Art. 7 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[61] Art. 8 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[62] Art. 10 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[63] Art. 11. 1 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[64] Art. 14.2 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[65] Art. 12 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[66] Art. 13 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[67] Art. 15 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[68] Art. 16 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[69] Art. 6 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer.
[70] Art. 1 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer.
[71] Art. 3 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer.
[72] Art.
4 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer.
[73] Numerales 47 a 68 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[74] Numerales 69 a 88 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[75] Numerales 89
a 111 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer.
[76] Numerales 112 a 130 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[77] Numerales 131
a 149 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer.
[78] Numerales 150 – 180 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[79] Numerales 181 – 195 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[80] Numerales 196 – 209 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[81] Numerales 210 – 233 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[82] Numerales 234 – 245 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[83] Numerales 246 – 258 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[84] Numerales 259 – 285 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[85] Numeral 71 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[86] Numeral 90 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[87] Numeral 161 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[88] Numeral 220 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[89] Numeral 10 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[90] Numeral 118 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[91] Numeral. 124 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[92] Art. 1. de la
Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer.
[93] Art. 2 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer.
[94] Art. 7 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer.
[95] Esta recomendación reconoce que la violencia contra la mujer,
menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades
fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios
de derechos humanos, constituye discriminación y afecta los derechos a la vida;
a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas
humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; a la
libertad y a la seguridad personales; a igualdad ante la ley; a igualdad en la
familia; al más alto nivel posible de salud física y mental; a condiciones de
empleo justas y favorables.
[96] Art. 5 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
[97] Art. 6 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
[98] Arts. 9 a 13 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
[99] La Ley 8ª de 1922 reconoció en su artículo 1° a la mujer casada la
administración y uso libre de los bienes (1) “determinados en las capitula­ciones
matrimoniales” y  (2) “los de su exclusivo uso personal, como sus ves­ti­dos,
ajuares, joyas e instrumentos de su profesión u oficio. De estos bienes no
podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de los cónyuges, cualquiera que
sea su valor.” La Ley reconoce a las mujeres, a la par con los hombres, la
posibilidad de ser testigos en los actos de la vida civil.  [Ley 8ª de 1922,
artículo 4°- Con los mismo requisitos y excepciones de los hombres, las mujeres
pueden ser testigos en todos los actos de la vida civil.]
[100] Art. 1º de la Ley 8ª de 1992,
[101] Art. 4° de la Ley 8ª de 1922: “Con los mismo requisitos y
excepciones de los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos
de la vida civil”
[102] Art. 1° de la Ley 28 de 1932: “Durante el matrimonio cada uno de
los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes
que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere
aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o
adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que
conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal se considerará
que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio,
y en consecuencia se procederá a su liquidación.  ||  artículo 5°- La mujer
casada, mayor de edad, como tal puede comparecer libremente en juicio, y para
la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital
ni licencia del juez, ni tampoco el marido será su representante legal”. (La
Ley 68 de 1946 limitó los efectos de la ley a las sociedades conyugales
posteriores al 1° de enero de 1933).
[103] Artículo 4º.
[104] Sentencia de la
Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[105]Algunas de las modificaciones fueron las siguientes:  (1) La edad a
partir de la cual se puede contraer matrimonio, libremente, se igualó, es
decir, se mantuvo la misma para la mujer y se redujo en tres años para el
hombre, de 21 a 18. Para entonces, la mayoría de edad se alcanzaba aún a los 21
años.  (2) Se igualaron los deberes conyugales, suprimiendo las dife­ren­cias
manifiestas que existían entre el hombre (deber de protección) y la mujer
(deber de obediencia), y se estableció la dirección conjunta del hogar. En este
sentido se reconoció la paridad en el manejo de los hijos, tanto en la
dirección de su educación como en su corrección y crianza en general.  (3) Se
otorgó la patria potestad y la representación legal de los hijos menores de
edad (menores de 21 años) por igual, al padre y a la madre; antes sólo lo hacía
ésta en ausencia de aquél.  La tutela y la curatela de menores de 21 se daban
en ausencia de toda patria potestad. A este respecto, ahora se entendía que la
madre “faltaba” en el mismo supuesto que se consideraba que faltaba el padre, a
saber, en el evento de haber sido privada de su patria potestad.  (4) Se indicó
que “para efectos” de las dos primeras causas de divorcio contem­pladas en el
artículo 154 del Código Civil, se deberían tener en cuenta las relaciones
sexuales extramatrimoniales de cualquiera de los cónyuges, y  (5) se derogó la
expresión “y estando discordes prevalecerá en todo caso la voluntad del padre”
del artículo 117 del Código Civil, según el cual las niñas mayores de 12 y los
niños mayores de 14 requieren permiso expreso de sus padres para poder contraer
matrimonio. Ahora la mujer, en igualdad de condi­ciones a su marido, participa
en la decisión.
[106] Art. 6º del
decreto ley 999 de 1988.
[107] Art. 4 de la Ley 82 de 1992.
[108] Art. 5 de la Ley 82 de 1992.
[109] Art. 8 de la Ley 82 de 1992.
[110] Art. 9 de la Ley 82 de 1992.
[111] Art. 11 de la Ley 82 de 1992.
[112] Art. 13 de la Ley 82 de 1992.
[113] Art. 20 de la Ley 82 de 1992.
[114] Art 4o.  de la
Ley 294 de 1996.
[115] Art. 5o de la
Ley 294 de 1996.
[116] Art. 7o de la
Ley 294 de 1996.
[117] Art. 123 de la Ley 599 de 2000.
[118] Art. 118 de la Ley 599 de 2000.
[119] Art. 187 de la Ley 599 de 2000.
[120] Art. 163.3 de la Ley 599 de 2000,
[121] Art. 170 de la Ley 599 de 2000.
[122] Art. 179 de la Ley 599 de 2000.
[123] Art. 181 de la Ley 599 de 2000.
[124] Art. 229 de la Ley 599 de 2000.
[125] Cap 2 de la Ley 731 de 2002.
[126] Cap 3 de la Ley 731 de 2002.
[127] Cap 4 de la Ley 731 de 2002.
[128] Cap. 5 de la Ley 731 de 2002.
[129] Cap. 6 de la Ley 731 de 2002.
[130] Art. 27 de la Ley 731 de 2002.
[131] Art. 28 de la Ley 731 de 2002.
[132] Art. 29 de la Ley 731 de 2002.
[133] Art.  8 de la Ley 731 de 2002.
[134] Art.  9 de la Ley 731 de 2002.
[135] Art. 731 de la Ley 731 de 2002.
[136] Art. 13 de la Ley 731 de 2002.
[137] Art. 14 de la Ley 731 de 2002.
[138] Art. 4 Ley 823 de 2003.
[139] Art. 1 de la Ley 1009 de 2006.
[140] Art. 2 de la Ley 1257 de 2008.
[141] Art. 3 de la Ley 1257 de 2008.
[142] Art. 6 de la Ley 1257 de 2008.
[143] Art. 8 de la Ley 1257 de 2008.
[144] Art. 1 de la Ley 1468 de 2011.
[145] Art. 2 de la Ley 1468 de 2011.
[146] Arts. 3 y 4 de la Ley 1468 de 2011.
[147] Sentencias de la
Corte Constitucional C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-667
de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[148] Sentencias de la
Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[149] Sentencia de la
Corte Constitucional T-247 de
2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[150] Sentencia de la
Corte Constitucional T-624 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[151] Sentencia de la
Corte Constitucional T-322 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[152] Sentencia de la
Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[153] Sentencia de la
Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[154] Sentencia de la
Corte Constitucional C-1032 de
2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[155] Sentencia de la
Corte Constitucional C-082 de
1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[156] Sentencia de la
Corte Constitucional C-101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[157] Sentencias de la
Corte Constitucional T-653 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz; T-771 de 2000,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-161 de 2002,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-028 de 2003,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-900 de 2004,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[158] Sentencias de la
Corte Constitucional T-375 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[159] Sentencias de la
Corte Constitucional T- 606 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz y C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[160] Sentencias de la
Corte Constitucional T-656 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[161] Sentencia de la
Corte Constitucional C-157 de
2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[162] Sentencias de la
Corte Constitucional C-722 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[163] Sentencia de la
Corte Constitucional T- 943 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[164] Sentencia de la
Corte Constitucional C-776 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[165] Sentencia de la
Corte Constitucional T-496 de
2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[166] Sentencia de la
Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[167] COHEN, Stanley: Visiones
de control social. PPU. Barcelona,
1988, pág. 15.
[168] GIDDENS, Anthony: Sociedad, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pág.
269.
[169] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 196.
[170] Sentencia de la
Corte Constitucional C-157 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y
C-762 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[171] Sentencia de la
Corte Constitucional C-762 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[172] Sentencia de la
Corte Constitucional C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[173]
Sentencias de la Corte Constitucional C-372 de 2002,
M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
[174] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 195.
[175] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 195.
[176] BANDURA, A. / WALTERS, R.: Aprendizaje social y desarrollo de la
personalidad, Alianza, 1988, 17.
[177] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 195.
[178] GARCÍA PABLOS- De Molina, Antonio: Tratado de criminología, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 791.
[179] Lineamiento 161: La violencia contra
las mujeres debe ser entendida como una forma de discriminación, que se da
contra las mujeres por el hecho de serlo y que incluye formas de violencia
física, psicológica y sexual.
El caso de las mujeres como víctimas de violencia se enmarca
en una situación extendida, que tiene consecuencias específicas y particulares
(por ejemplo, el embarazo producto de violación sexual) y que es causa y
consecuencia de otro tipo de discriminaciones, por ejemplo, cuando las mujeres
pretenden acceder a la justicia u obtener reparación por los hechos violatorios
a sus derechos.
De otro lado, el que numéricamente sean las
mujeres las víctimas mayoritarias de un hecho nos está hablando de un fenómeno
más amplio que agresiones ocasionales y que involucran elementos de poder y
dominación que no necesariamente se encuentran en las agresiones a los hombres.
La violencia contra las mujeres, por tanto, es un ejemplo de violencia de
género que ha sido tardíamente reconocida por el derecho y que necesita una
respuesta integral por parte del Estado lo cual, sin duda, debe ser considerado
como un elemento básico y una preocupación específica en el diseño de una
política criminal.
[180] GIDDENS, A.: Sociología, Alianza, Madrid, 2001, 269.
[181] Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer  Art. 2.b)
[182] Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer  Art. 11.2.
[183] Declaración sobre la
Eliminación de la violencia contra la
Mujer  Art. 4. d)
[184] La Cuarta conferencia sobre la mujer Art. 124.c)
[185] La Cuarta conferencia sobre la mujer  Art. 124.
l)
[186]  La
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” Art. 7
[187] “a)Fomentar
el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos
humanos;
b)Modificar los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y
no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los
papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la
violencia contra la mujer;
c)Fomentar la educación y capacitación del personal en
la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la
aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de
las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la
mujer;
d)Suministrar los servicios especializados apropiados
para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de
entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de
orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de
los menores afectados;
e)Fomentar y apoyar programas de educación
gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre
los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos
legales y la reparación que corresponda;
f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a
programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar
plenamente en la vida pública, privada y social;
g)Alentar a los medios de comunicación a elaborar
directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra
la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h)Garantizar la investigación y recopilación de
estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y
frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia
de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer
y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios; y
i) Promover la cooperación
internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de
programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia”.
[188] 24.T RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 19 (11º período de sesiones, 1992)**
[189] Gid. 269.
[190] Auto 092 de 2008 Auto 082 de 2008: “(i) la
desconfianza de las víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia,
principalmente por su inefectividad en la investigación y juzgamiento de este
tipo de casos, así como por el trato irrespetuoso o degradante que puede
proveer a las víctimas durante las investigaciones y las arduas cargas
psicológicas que implica para la afectada el presentar una denuncia y adelantar
las distintas diligencias que la configuran, sin acompañamiento y asesoría
especializada en términos legales y emocionales;
(ii) el miedo justificado a las amenazas de
retaliaciones contra quienes denuncien lo ocurrido por parte de los
perpetradores o miembros de su grupo, aunado a la falta de acompañamiento y
protección estatal para las víctimas y sus familias ante a estos riesgos, que
ubican a las víctimas en situación de imposibilidad de denunciar a quienes
forman parte de un grupo armado que ejerce actos de violencia y frente al que
están en indefensión; en este sentido, debe tenerse en cuenta que “las que
sobreviven a los abusos sexuales suelen recibir amenazas de muerte de los
grupos armados, dirigidas contra ellas o sus familias”[190],
y que una característica frecuente en los casos sobre los que ha informado a la
Corte “es que la víctima vive aterrorizada por estas amenazas, en un estado de
temor y angustia constantes, especialmente dadas las grandes probabilidades de
que la amenaza se haga realidad”.[190]
(iii) el sub-registro oficial de los casos, por (a)
quedar enmarcados dentro de situaciones de orden público de mayor alcance; (b)
porque el eventual homicidio de la víctima y su registro como tal invisibiliza
los demás actos criminales de contenido sexual cometidos antes del asesinato –
por la omisión por parte de las autoridades médico-legales y judiciales en
adelantar los procedimientos necesarios para confirmar que las víctimas de
homicidio han sido víctimas, además, de actos de violencia sexual, hace que
este tipo de crímenes quedan ampliamente sub-registrados y subsumidos bajo la
categoría de “homicidios”, o en algunos pocos casos como “tortura”; (c) por la
inexistencia de sistemas oficiales operantes de monitoreo y documentación de
casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que se refleja
–entre otras- en que las estadísticas generales de violencia sexual realizadas
por la Policía Nacional y Medicina Legal no están desglosadas indicando la
proporción de casos derivados del conflicto armado, en que no hay protocolos
para detectar la realización de estos crímenes a nivel de informes de necropsia,
o en que los formatos de recolección de información oficial no contienen una
categoría correspondiente a este tipo de delitos[190];
(iv) factores culturales tales como la vergüenza,
aislamiento y estigmatización sociales generados sobre una mujer por el hecho
de haber sido víctima de violencia sexual, que en muchos casos las llevan a
ellas, e incluso a sus propias familias y comunidades, a abstenerse de
denunciar lo ocurrido para no violentar lo que se percibe como el “honor” de la
afectada o de sus parientes; también se ha informado sobre casos en que se
culpabiliza y aísla a la víctima, responsabilizándola por lo ocurrido en el
sentido de no haberse resistido lo suficiente, o de haber generado el delito
con su conducta o con su apariencia; igualmente, hay casos en los que las
víctimas son rechazadas por sus familias, sus parejas o sus comunidades en
virtud de lo ocurrido;
(v) la ignorancia y desinformación de las víctimas
sobre sus derechos y los procedimientos existentes para hacerlos efectivos,
particularmente en el caso de mujeres y jóvenes de procedencia rural, con bajos
niveles educativos y socioeconómicos, que les impiden conocer los modos de
funcionamiento de las instituciones públicas y las rutas de acceso a la
administración de justicia;
(vi) la sub-valoración y distorsión de los crímenes
perpetrados por parte de las autoridades encargadas de su reporte e
investigación, clasificándolos como delitos “pasionales” por su contenido
sexual;
(vii) la inexistencia de sistemas oficiales de
atención a las víctimas sobrevivientes de la violencia sexual, y más aun de
sistemas de atención que sean conformes con los estándares internacionales
pertinentes;
(viii) la inexistencia de sistemas de formación para
funcionarios públicos, que los sensibilicen frente al problema y frente a las
necesidades especiales de atención de las víctimas de la violencia sexual;
(ix) la casi total impunidad de los perpetradores,
particularmente si pertenecen a grupos armados ilegales –impunidad que se
predica tanto del sistema de justicia penal ordinario como del sistema
establecido por la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005-;
(x) en algunos casos reportados, el miedo de las
autoridades judiciales a investigar crímenes sexuales cometidos por miembros de
los grupos armados al margen de la ley, temiendo represalias contra sí o contra
sus familias, o la negativa de las autoridades a ingresar a zonas del
territorio nacional ocupadas por los actores del conflicto armado e investigar
los delitos allí cometidos; y
(xi) el hecho de que en términos reales, las víctimas
de la violencia sexual en el país ven dificultado su acceso a los servicios
básicos por factores adicionales tales como la falta de recursos económicos
–puesto que la inexistencia de servicios gratuitos genera costos para las
víctimas en pruebas de ETS, pruebas de embarazo y anticoncepción de emergencia,
que no tienen cómo sufragar-, la lejanía geográfica frente a los centros de
atención –que genera un obstáculo enorme para las víctimas más vulnerables-, o
la simple la ignorancia sobre la existencia de estos servicios”.(PROFAMILIA, 2010, p. 397)
[191] Esta encuesta en violencia intrafamiliar
[192] Este estudio se enfoca en mujeres en condiciones de desplazamiento
forzado víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.
[193] Mesa de seguimiento al auto 092 de la
Corte Constitucional. Anexo reservado. Acceso a la
Justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Cuarto informe de
seguimiento al auto 092 de la
Corte Constitucional. Bogotá. 2011. Pág. 33
[194] Mesa de seguimiento al auto 092 de la
Corte Constitucional. Anexo reservado. Acceso a la
Justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Cuarto informe de
seguimiento al auto 092 de la
Corte Constitucional. Bogotá. 2011. Pág. 34: “Respecto
a los casos de violencia sexual que son denunciados o conocidos por las
autoridades públicas, la mayoría de ellos no logran culminar de manera
satisfactoria. Gran parte de las investigaciones que por violencia sexual se
adelantan no presentan avances substanciales o terminan sin una sentencia de
fondo, generando así una situación de impunidad. Este escenario imposibilita el
acceso a la justicia en un sentido material, entendido como la garantía que
tienen las víctimas de satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación en los procesos judiciales (Saffón y Guzmán, 2008).”
[195] Corporación Humanas - Centro Regional de
Derechos Humanos y Justicia de Género. La situación de las mujeres víctimas de
violencias de género en el sistema penal acusatorio. Serie acceso a la
justicia. Bogotá, 2008, pág. 69: “sólo cuenta con 137 puntos de atención
situados en las ciudades capitales y en los principales municipios del país y
cubre 121 municipios, siendo Bogotá y Cali las ciudades con más centros de
atención. Es decir que en el 89% de los municipios las pruebas materiales
relacionadas con violencia cometida contra las mujeres por razones de género
recaen en manos de otras entidades que no siempre tienen la pericia y equipos
que se requieren para que los exámenes cumplan con los parámetros necesarios de
una prueba judicial”
[196] “Las mujeres desplazadas, según se ha documentado contundentemente ante
la Corte, están mayormente expuestas al riesgo de violencia y abuso sexuales,
así como a la prostitución forzada, la esclavitud sexual y la trata de personas
con fines de explotación sexual. De acuerdo con la
Encuesta de Profamilia de 2005[56],
el 8.1% de las mujeres desplazadas ha sido violada por personas distintas a su
esposo o compañero, entre las cuales el 27% han sido forzadas a tener
relaciones sexuales con desconocidos.
En particular durante la etapa de emergencia del
desplazamiento, las condiciones de hacinamiento que a menudo prevalecen en los
albergues, alojamientos temporales y asentamientos propician la mayor
exposición de las mujeres, adolescentes y niñas desplazadas a la violencia, el
abuso y el acoso sexuales. No se ha reportado a la
Corte, por parte de las autoridades competentes, la adopción de medidas para
detectar y combatir este tipo de situaciones, contrarrestando los factores de
riesgo. Tampoco se ha informado sobre la existencia de programas para la
atención de mujeres, jóvenes y niñas desplazadas víctimas de violencia o abuso
sexuales.
De especial preocupación resulta el que una alta
proporción de las mujeres, jóvenes y niñas desplazadas se han visto obligadas a
ejercer la prostitución, bien sea porque (a) sus condiciones de vulnerabilidad
material les convierten en víctimas fáciles del proxenetismo o de la trata de personas
con fines de explotación sexual hacia el interior del país o hacia el exterior,
o porque (b) sus condiciones extremas de vida las fuerzan a optar por la
prostitución como única alternativa de subsistencia para sí y para sus hijos. A
su turno, el ejercicio de la prostitución propicia la mayor exposición de
mujeres, jóvenes y niñas desplazadas a infecciones de transmisión sexual,
violencia sexual y embarazos no deseados. En este sentido se han pronunciado
diversas instancias nacionales e internacionales, al caracterizar a la
población desplazada como una población altamente vulnerable a ser víctima de
trata de personas en cualquiera de sus modalidades, pero particularmente para
fines de explotación sexual”.
“Numerosas entidades nacionales –públicas y privadas-,
así como múltiples organismos internacionales de derechos humanos, han
resaltado de manera constante que el desplazamiento forzado en Colombia impacta
con especial severidad a las mujeres, quienes representan una proporción
numérica excesiva del total de personas desplazadas en el país. Si bien –como
es sabido y ha sido resaltado anteriormente por esta Corporación- existen
serias discrepancias en cuanto a la medición cuantitativa del fenómeno del
desplazamiento interno en el país, especialmente entre los sistemas oficiales y
extraoficiales de registro, la mayoría de las fuentes de la información
disponible coinciden en el hecho incontrovertible de que la proporción de
mujeres, niñas y adolescentes frente al total de la población desplazada es
alarmante.
En efecto, unos y otros sistemas están de acuerdo en
que (i) las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población
desplazada, (ii) entre el treinta y el cuarenta por ciento adicional está
constituido por niños y niñas, y (iii) aproximadamente cuatro de cada diez
hogares desplazados tienen a una mujer como cabeza monoparental y única
proveedora, en un número significativamente alto de casos con hijos menores de
18 años a su cargo. Así lo han confirmado, por ejemplo, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la
Violencia contra la Mujer y diversas organizaciones nacionales e
internacionales promotoras de los derechos humanos de la población desplazada;
tales apreciaciones también coinciden con las cifras gubernamentales sobre
desplazamiento forzado”.
[197] Corte Constitucional Auto 092 de 2008,  45.
[198] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 196.
[199] BANDURA, A. / WALTERS, R.: Aprendizaje social y desarrollo de la
personalidad, Alianza, 1988, 17.
[200] Norberto Bobbio, “Las sanciones positivas”,  en Contribución a
la Teoría del Derecho, A. Ruiz Miguel (edit.), Valencia, Fernando Torres
Editor, 1980, p.p. 383 y ss; Jerónimo Betegón, “Sanción y coacción”, en El
Derecho y la Justicia. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, E. Garzón
Valdés y F. Laporta (edits.), Madrid, Trotta, 1996, p.p. 355 y ss.
[201] Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal.
5ª. ed, Madrid, Trotta, 2005, p. 332.
[202] Un ejemplo elocuente del daño que las sanciones sociales difusas
pueden llegar a causar no sólo en la vida del presunto infractor, sino en la de
todos los integrantes de una comunidad, lo ofrece el cineasta danés Thomas
Vinterberg en su película The Hunt (La Caza), donde ilustra hasta dónde
puede llegar la reacción social de una comunidad en contra un profesor acusado
de pederastia.