T-410-17
Sentencia
T-410/17
DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICION-Contenido y alcance
DERECHO DE
PETICION-Respuesta clara y precisa, congruente, de fondo y suficiente
AYUDA
HUMANITARIA DE EMERGENCIA DE POBLACION DESPLAZADA Y DERECHO DE PETICION-Protección
reforzada de personas en condición de vulnerabilidad para solicitar bienes o
servicios del Estado imprescindibles para satisfacer necesidades fundamentales
AYUDA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA DE POBLACION DESPLAZADA Y DERECHO DE PETICION-Respuesta de
fondo, clara y congruente
DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICION DE POBLACION DESPLAZADA-Protección constitucional y
alcance
La
Corte ha señalado de manera reiterada que la falta de una respuesta oportuna y
adecuada a las peticiones elevadas por la población desplazada, mediante las
cuales solicitan la entrega de la ayuda humanitaria o información al respecto,
abre la posibilidad de imponerles cargas desproporcionadas para la garantía de
sus derechos mínimos, lo cual puede acarrear para aquellas personas que se
encuentran en situaciones de extrema urgencia un perjuicio irremediable no solo
frente al derecho de petición sino también la afectación de su derecho
fundamental al mínimo vital.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos eventos que
a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Accionantes obtuvieron una respuesta
definitiva sobre la ayuda humanitaria solicitada
La UARIV profirió una
respuesta de fondo a la solicitud presentada por la accionante en ejercicio de
su derecho de petición
DERECHO AL MINIMO VITAL-Contenido y alcance/DERECHO
AL MINIMO VITAL-Carácter móvil y multidimensional
El
derecho al mínimo vital tiene un carácter móvil y multidimensional, que no
depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la
persona. En otras palabras, como herramienta de movilidad social, el mínimo
vital debe ser entendido de manera dual, pues además de ser una garantía frente
a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la justa
aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de
manera más cómoda.
DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICION DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a la UARIV
proporcionar al peticionario una respuesta de fondo sobre entrega de ayuda humanitaria
Referencia: Expedientes T-5.920.374;
T-5.922.562; T-5.932.921; T-5.937.111; T-5.939.138; T-5.956.850; T-6.018.699; T-6.021.362; T-6.021.364; T-6.025.737; T-6.025.743;
T-6.025.748; T-6.030.882; T-6.030.898; T-6.030.905; T-6.050.393; T-6.051.628;
T-6.051.631; T-6.051.633; T-6.051.636; T-6.063.961; T-6.063.962; T-6.063.972;
T-6.063.976; T-6.063.989; y T-6.063.990.
Procedencia: Acciones de tutela
interpuestas por María Aisalem Salazar de Gallo, Everildes de los Reyes Suárez,
Flor Edilma Toro Quintero, Paola Andrea Duque del Río, Jesús Orlando Suárez
Castaño, Jaime de Jesús Idarraga Franco, Bertha Oliva Castaño Gómez, María
Damaris Mejía Pamplona, Gladys Edilma Rodríguez Carrillo, Libardo de Jesús
Mejía Ramírez, Martha Cecilia Guarín Giraldo, Lenis Celisandra Ceballos Flórez,
Evelio Chindoy Mutmbajoy, María Victoria Parra Vargas, Javier Francisco Gutiérrez,
Jen Zing Hinestroza Valderrama, Diva Luz Torres Sánchez, Rosiris Gómez
Hernández, Guillermina Narváez León, Roberto Zapata Barrios, Ana del Carmen
González Márquez, Gerardo Manuel Suárez Castillo, Yudys Edilma Pertuz Borja,
Eidy Rocío Goméz Hernández, Sergio Manuel Mesa Torres, Juan Evangelista Muñoz Flórez,
Luis Gabriel Sánchez Negrete, Erika Andrea Parejos Ríos, Alejandro Antonio
Escipion Ramírez, Camilo Delelis Mendoza Soto, Sandra Milena Sánchez Vargas,
William Arrieta Peña, Demetrio Palma Rentería, Luz Miryam Higuita Higuita y Jorge
Tulio Guzmán Rodríguez contra la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Asunto: Alcance y contenido de los
derechos de petición y al mínimo vital; atención humanitaria para las víctimas
del desplazamiento forzado; carencia actual de objeto por hecho superado; y la
responsabilidad administrativa del Estado para responder de manera oportuna las
peticiones ciudadanas y judiciales ante el bloqueo institucional de la UARIV en
la materia.
Magistrado Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá D.C., veintiocho
(28) de junio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger e Iván
Humberto Escrucería Mayolo y por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos dictados por los
respectivos jueces de instancia, dentro de los asuntos identificados en la
referencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991. Las Salas Primera y Tercera de
Selección de Tutelas, mediante sendos autos del 27 de enero y el 16 de marzo de
2017, resolvieron seleccionar para su revisión los procesos ya identificados, y
por presentar unidad de materia, ordenaron acumularlos entre sí para ser
fallados en una misma sentencia.
Por el número considerable de casos, y para una mejor comprensión,
la presente sentencia está dividida en cuatro capítulos. En un primer capítulo,
se presenta un recuento general de los hechos de los casos y de los fallos de
instancia a revisar. Asimismo, se incluye una relación de las pruebas
recaudadas por el despacho de la Magistrada ponente durante el trámite de
revisión. En el segundo acápite, se desarrollan las consideraciones y
fundamentos constitucionales de la Sala para analizar todos los casos, puesto
que al tener unidad de materia han sido acumulados. En la tercera sección, se
expone el análisis concreto de cada expediente. Finalmente, a manera de
conclusión, se presentan las decisiones adoptadas. Además, en un documento
anexo, se expone una relación particular de los hechos de los casos, las
decisiones de tutela a revisar y de las pruebas practicadas por la Corte.
I. ANTECEDENTES
Los accionantes, quienes afirman ser víctimas de desplazamiento
forzado, presentaron solicitudes en ejercicio del derecho de petición ante la
UARIV, para que les fuera entregada la ayuda humanitaria de emergencia
contemplada en la ley, o la prórroga de la misma. Sin excepción, la entidad
demandada se abstuvo de dar respuesta de fondo a dichas peticiones, por lo que
los peticionarios acudieron a la acción de tutela con el fin de proteger sus
derechos fundamentales de petición y al mínimo vital.
En todos los procesos, salvo en uno, tampoco hubo una respuesta oportuna
por parte de la entidad accionada ante los requerimientos realizados por los
diferentes jueces de tutela que conocieron de los amparos. A su vez, éstos
decidieron de formas diferentes. Unos jueces protegieron los derechos invocados
pero, en lugar de ordenar que la UARIV diera una respuesta en un término
perentorio, procedieron a reconocer en favor de los peticionarios las ayudas
humanitarias a las que consideran tiene derecho la población en situación de
desplazamiento, mientras que otros se limitaron a imponerle un término a la
entidad para que resolviera de manera clara y pronta la petición ignorada.
El detalle de los antecedentes de cada una de las acciones de
tutela, así como de los fallos judiciales que se revisan, puede consultarse en
el Anexo que hace parte de la presente sentencia.
Ahora bien, aunque los
asuntos revisados en el presente juicio constitucional fueron presentados
mediante 26 acciones de tutela separadas, todas comparten aspectos básicos, a
saber: (i) los supuestos fácticos guardan identidad material; (ii) los amparos
se dirigen contra la misma entidad; (iii) los derechos fundamentales invocados
son los mismos; (iv) la fundamentación jurídica empleada por los accionantes es
objetivamente similar pues acudieron a formatos preestablecidos para la
presentación de las tutelas; y (v) el material probatorio recaudado en las
instancias judiciales es escaso o inexistente.
Por esta razón, con el fin de
dar mayor claridad expositiva y coherencia argumentativa en los relatos, la
Sala explicará en primer lugar las actuaciones probatorias que realizó en sede
de revisión para luego exponer las consideraciones y fundamentos de la
providencia. Por último, adelantará el análisis concreto de los casos.
Actuaciones realizadas en sede de revisión
En razón a la necesidad de obtener información suficiente
para decidir sobre la revisión de los fallos de tutela y conforme a los autos del
9 de marzo y el 25 de mayo de 2017 y del artículo 170 del Código General del
Proceso, la magistrada sustanciadora solicitó a la UARIV informar si los
peticionarios de las acciones de tutela de la referencia en la actualidad
reciben las ayudas humanitarias a las que tiene derecho la población en
situación de desplazamiento. En particular, se le solicitó a dicha entidad
allegar: (i) el estudio de necesidad o carencia correspondiente a cada caso
individual; (ii) el historial de ayudas de cada uno de los actores, incluyendo
las resoluciones de reconocimiento correspondientes. Además, en caso de que uno
o varios de los peticionarios no estén incluidos en los programas de ayuda, la
Sala requirió que se le informara las razones por las que la entidad se abstuvo
de reconocer dicho derecho.
Sin embargo, a la fecha la Sala recibió una respuesta parcial
de la UARIV en tanto que solo, mediante oficio del 30 de marzo de 2017[1],
la entidad ofreció información sobre los expedientes T-5.920.374;
T-5.922.562; T-5.932.921; T-5.937.111; T-5.939.138; T-5.956.850. En el anexo
incorporado a esta sentencia, se detalla de manera puntual la respuesta
presentada por la entidad con respecto a cada uno de los procesos anteriores.
Ahora bien, la misma puede ser agrupada de la siguiente manera, a saber:
(i) Frente a un grupo de
accionantes, la UARIV suspendió la ayuda humanitaria de emergencia que venía
otorgando, en razón a que el demandante respectivo recibe otro tipo de subsidios
del Estado, personalmente o a través de su núcleo familiar ha adquirido
productos financieros con el sector bancario y/o posee vivienda propia.
(ii) Con respecto a otro grupo de
peticionarios, la entidad suspendió la prórroga de las ayudas en razón a que,
después de realizado el estudio de carencia, se encontró que las personas no
viven bajo una situación de extrema vulnerabilidad o grado de pobreza que les
impida asumir los gastos asociados a la subsistencia mínima de su núcleo
familiar.
(iii) En relación con un conjunto
de peticiones, la UARIV manifestó que después de realizado el estudio de
carencias, se comprobó que la situación de vulnerabilidad continuaba razón por
lo cual se prorrogó la ayuda humanitaria de emergencia. Incluso, en algunos
casos, la entidad señaló que la ayuda fue reintegrada debido a que los
accionantes no la retiraron.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Corresponde a la Corte Constitucional
analizar, a través de esta Sala de Revisión, los fallos proferidos dentro de
las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Planteamiento de los problemas
jurídicos
2. En la presente sentencia, la Sala de
Revisión analizará los casos de 36 víctimas de desplazamiento forzado que
presentaron un número igual de peticiones ante la UARIV con el fin de solicitar
la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia. Ante la ausencia de una
respuesta oportuna y de fondo, los peticionarios acudieron a 26 acciones[2]
de tutela al considerar que la entidad desconoció sus derechos fundamentales de
petición y al mínimo vital.
3. Los diferentes jueces constitucionales
que conocieron los casos reconocieron y ampararon dichos derechos y, sin
excepción, le ordenaron a la entidad accionada reconocer y pagar la ayuda
humanitaria de emergencia o responder la solicitud elevada en un término
cierto.
4. De acuerdo con los antecedentes
resumidos anteriormente, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
antes de resolver el problema de fondo, deberá verificar si las acciones son
procedentes. Así, desde una perspectiva formal asociada a los requisitos
generales de procedencia de las acciones constitucionales, debe determinar sí:
(i) ¿la tutela es procedente como
mecanismo de protección del derecho fundamental de petición cuando las
solicitudes presentadas a la administración en ejercicio de éste no son
resueltas?
(ii) ¿la respuesta eventual de la UARIV
posterior al fallo de tutela o durante el trámite de revisión de la misma en la
Corte Constitucional, hace que se configure la carencia actual de objeto por
hecho superado?
5. Para eso, la Sala reiterará los
elementos generales de procedibilidad de la acción de tutela en relación al
derecho fundamental de petición. El mismo incluirá una explicación breve del
alcance y contenido de dicho derecho. Por otra parte, y teniendo en cuenta que
frente a un grupo de casos la Sala constató que ya existen respuestas de fondo,
se presentará un resumen de las reglas jurisprudenciales por carencia actual de
objeto por hecho superado. De la misma forma, analizará los casos concretos
para determinar si estos cumplen con el examen de procedencia y así dilucidar
si deben ser examinados de fondo.
Alcance y contenido del derecho
fundamental de petición -Reiteración jurisprudencial[3]-
6. El artículo 23 de la Constitución
Política[4]
establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución.
Así es como, la Corte ha señalado, en
reiteradas oportunidades, que el derecho fundamental de petición es esencial
para la consecución de los fines del Estado como lo son el servicio a la
comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, la participación de los ciudadanos en las decisiones que los
afectan y para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales
han sido instituidas[5].
7. Asimismo, esta Corporación ha indicado
que el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y
efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas[6];
(ii) la certeza de que la respuesta emitida por la autoridad será pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable,
que debe ser dentro del término señalado  en la ley, así como clara, precisa y
de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre
la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir
sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados[7];
y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independiente
de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder
a lo pedido[8].
Respecto del último aspecto, la Corte ha
sido enfática en señalar que la satisfacción de este derecho no sólo se
materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o material dentro
del término previsto en la ley. De esta forma, la jurisprudencia ha sostenido
de manera reiterada que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en
principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta,
cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla al
conocimiento directo e informado del solicitante. De este segundo momento,
emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica
el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su
respuesta y lograr constancia de ello[9].
Por lo anterior es acertado afirmar que,
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el derecho de petición se
concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo solicitado y cuando se
cumple con la obligación de notificar al particular sobre la respuesta adoptada
por la entidad.
8. Por otro lado, cuando se ven
involucrados los derechos fundamentales de la población en situación de
desplazamiento, como en el presente caso, esta Corporación ha demandado del Estado
una atención mucho más calificada y preferencial, en atención a que se trata de
sujetos de especial protección constitucional. Por este motivo, la Corte ha
sostenido que en materia de derecho de petición, las personas en situación de
desplazamiento cuentan con una protección reforzada[10].
Así, en la sentencia T-025 de 2004[11],
en donde este Tribunal constató y declaró la existencia de un Estado de
Cosas Inconstitucional en materia de atención y protección de la población
desplazada, las entidades encargadas de resolver las solicitudes presentadas
por las víctimas en ejercicio de su derecho de petición deberán atender los
siguientes parámetros, a saber: (i) informarle al desplazado dentro de término
de (15) días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud;
(ii) señalar, dentro del mismo tiempo, si la solicitud cumple con los
requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle de forma clara y
precisa cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda;
(iii) si la solicitud cumple con los requisitos pero no existe la
disponibilidad presupuestal, la entidad deberá adelantar los trámites
necesarios para obtener los recursos, determinar las prioridades y el orden en
que las resolverá; (iv) si la solicitud cumple con los requisitos y existe
disponibilidad presupuestal suficiente, informará cuando se hará efectivo el
beneficio y el procedimiento se seguirá para que se reciba de manera pronta; y
(v) los funcionarios se abstendrán de exigir un fallo de tutela para cumplir
los deberes legales y respetar los derechos fundamentales de la población en
situación de desplazamiento.
En síntesis, la Corte ha considerado que
el derecho fundamental de petición tiene una connotación particular cuando se
trate de sujetos de especial protección constitucional. En el caso de las
personas en situación de desplazamiento, para la satisfacción de este derecho, se
deben tener en cuenta los elementos señalados con anterioridad, en atención a
que estos sujetos requieren de medidas especiales de protección.
Reglas de procedencia de la acción en relación
con el derecho fundamental de petición con respecto a las solicitudes de ayuda
humanitaria de emergencia -Reiteración jurisprudencial[12]-
9. El artículo 86[13]
de la Constitución (desarrollado por las normas procesales de la tutela[14])
establece que esta acción constitucional procede como un mecanismo para
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales
de las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública. Sin embargo, la misma regla establece
un claro límite a la procedencia de la acción, al señalar que ésta solo será
admisible cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo en los casos donde la tutela sea utilizada como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable o cuando el medio judicial no sea
adecuado o idóneo.
En ese sentido, este Tribunal, en
repetidas ocasiones, ha señalado que los jueces de tutela tienen una obligación
general frente a la procedencia de esta acción:
“Es obligación del juez que estudia la
procedencia de la acción de tutela tener en cuenta que ésta es (un) mecanismo
sumario y preferente creado para la protección de los derechos fundamentales,
que se caracteriza por tener un carácter residual o supletorio, obedeciendo a
la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el legislador a las
diferentes autoridades judiciales a partir de los procedimientos ordinarios o
especiales, en los que también se protegen derechos de naturaleza
constitucional. Por lo anterior, el recurso de amparo no puede convertirse en
un mecanismo alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de los
diversos procedimientos judiciales, salvo que dichas vías sean ineficaces,
inexistentes o se configure un perjuicio irremediable. En relación con este
último, esta Colegiatura ha determinado que se configura cuando existe el
riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el orden
jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese
sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas
urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la
inmediatez de la medida de protección” (resaltado fuera del texto)[15].
10. Ahora bien, como lo recordó la sentencia
T-149 de 2013[16],
cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz
diferente a la acción de tutela[17].
Así, de modo que quien resulta afectado por la vulneración a este derecho
fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que
le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida
resolución a su petición no fue producida o comunicada dentro de los términos
que la ley señala, esto es, que quebrantó su garantía fundamental, puede acudir
directamente a la acción de amparo.
11. Con todo, cuando
se trata de la protección vía tutela del derecho de petición,
particularmente cuando a través suyo se solicita la entrega de la ayuda
humanitaria, la Corte advirtió que omitir una respuesta de fondo, precisa y
oportuna a las solicitudes de la población desplazada, no sólo conduce a la
vulneración del derecho de petición, sino que reviste de especial gravedad
cuando aquello que se solicita hace parte de los derechos de protección
reforzada que les fueron reconocidos[18].
En el caso particular de las peticiones elevadas para solicitar información y/o
el otorgamiento de la ayuda humanitaria, esta Corporación resaltó que la falta
de información o de respuesta idónea puede entrañar también una amenaza o la
vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital[19], en tanto se puede
encontrar acompañada de un aumento del nivel de vulnerabilidad[20]. Cuando la omisión de
dar respuesta oportuna y adecuada es generalizada, este Tribunal precisó que se
perpetúa el estado de cosas contrario a la Constitución en materia de
desplazamiento forzado[21].
Ahora bien, en estos escenarios
se acentúa el doble imperativo de preservar el uso idóneo y expedito del
recurso de amparo, en contrapunto con el respeto del derecho a la igualdad
entre las personas desplazadas, y la observancia de los principios de
inmediatez y subsidiariedad.  En efecto, este Tribunal sostuvo que los jueces
de tutela no están investidos de la facultad de ordenar que se realice el pago
de la ayuda humanitaria de manera discrecional, automática y generalizada, ante
cada solicitud y/o petición de las personas desplazadas que no es resuelta
oportuna ni adecuadamente por parte de las autoridades.
Por el contrario, con la
finalidad de que el recurso de amparo no afecte el derecho a la igualdad, ni se
instaure como un trámite preferente y paralelo que termine reemplazando los
procedimientos administrativos ordinarios, en la jurisprudencia se estableció
que los jueces de tutela deben: (i) respetar el orden de los turnos previamente
establecidos por la autoridad competente, de tal manera que la vulneración del
derecho de petición no es, prima facie, una razón suficiente para
entregar los recursos de la ayuda humanitaria de manera directa y prioritaria;
(ii) abstenerse –en ese sentido- de emplear la acción de tutela como mecanismo
para alterar dicho sistema de turnos; (iii) exceptuar el acatamiento del
orden preestablecido o dar una prelación dentro del mismo, cuando se presenten
situaciones excepcionales de urgencia manifiesta o extrema que
justifiquen dar un trato privilegiado a determinadas personas desplazadas,
incluso a pesar de que sólo se haya invocado la vulneración del derecho de
petición; y, finalmente, (iv) exigir a las autoridades, en cualquier caso, el
deber de responder las peticiones y demás solicitudes, informando a la
población desplazada sobre un término cierto y oportuno en el cual recibirá la
ayuda humanitaria.
Así, en casos en los que las
autoridades no dieron respuesta oportuna a las peticiones, este Tribunal ha
desaprobado que los jueces de instancia, en aplicación de los principios de
veracidad y buena fe, dieran por ciertos los hechos descritos por los actores y
ordenaran la entrega inmediata de la ayuda humanitaria, sin contar con el
material probatorio necesario[22].
Por ejemplo, en la sentencia T-158 de 2017[23]
la Corte valoró un número considerable de tutelas que, a través de la
protección del derecho de petición, otorgaron la ayuda humanitaria de
emergencia. En esta oportunidad, a juicio del Tribunal, la falta de sustento
probatorio que permita determinar: la calidad de desplazados
de los peticionarios; si tienen derecho a recibir la ayuda; qué componentes han
recibido; y si hubo dilación de las autoridades en su entrega, apareja
el riesgo de alterar el orden en que se deben entregar las ayudas humanitarias
solicitadas a la población víctima de desplazamiento forzado o desconocer los
derechos de otros desplazados que no acudieron a la acción de amparo y que se
encuentran, en igualdad de condiciones, a la espera de una respuesta de la
entidad accionada.
Sin embargo, la Corte también ha
considerado que hay casos excepcionales donde el juez de tutela no debe
limitarse a exigir que se responda adecuadamente a la petición y/o solicitud
relacionada con la ayuda humanitaria; ni tampoco debe restringirse a ordenar
una nueva valoración de la situación del accionante. Por el contrario, en este
tipo de situaciones extremas en las que se acredite, de manera suficiente, que
la persona desplazada, al no contar con medios para garantizar su subsistencia
mínima, se encuentra expuesta a un perjuicio irremediable derivado de la
afectación de su derecho fundamental al mínimo vital, el juez de tutela debe
ordenar directamente la entrega de la ayuda humanitaria.
Así, por ejemplo la sentencia
T-626 de 2016[24],
al considerar el caso de una víctima de desplazamiento forzado que se
encontraba en una situación de alta vulnerabilidad, señaló que los accionantes
que, en su calidad de víctimas, soliciten ayuda humanitaria tienen derecho a su
reconocimiento, siempre que del escrito de amparo o en el transcurso del
trámite tutelar, se pueda advertir a través cualquiera de los medios de prueba
y convicción, la afectación de su subsistencia mínima. Lo anterior, incluso a
pesar de que la acción de tutela sólo gire alrededor de una presunta
vulneración del derecho de petición, y sin exigirle al solicitante el
cumplimiento de alguna otra actuación probatoria o procesal que resulte
desproporcionada frente a la situación extrema en la que se encuentra.
De todas formas, vale la pena
recordar que estos casos de urgencia manifiesta o extrema se encuentran, muchas
veces, antecedidos de una respuesta por parte de las autoridades que es tardía
y/o inadecuada -en algunos casos inexistente-, frente a las peticiones
interpuestas por las personas en situación de desplazamiento. Si estas personas
ya fueron sometidas a una espera incierta, desproporcionada e injustificada, a
pesar de haber recurrido insistentemente a las autoridades, y se encuentra en
una situación de urgencia extraordinaria, no es admisible que el juez se limite
a ordenar que se les proteja el derecho de petición, o que someta al accionante
a una nueva espera para que se realice una nueva valoración y, así,
eventualmente, recibir la ayuda humanitaria en un plazo indefinido[25].
En conclusión, la Corte ha
señalado de manera reiterada que la falta de una respuesta oportuna y adecuada
a las peticiones elevadas por la población desplazada, mediante las cuales
solicitan la entrega de la ayuda humanitaria o información al respecto, abre la
posibilidad de imponerles cargas desproporcionadas para la garantía de sus
derechos mínimos,[26]
lo cual puede acarrear para aquellas personas que se encuentran en situaciones
de extrema urgencia un perjuicio irremediable no solo frente al derecho de
petición sino también la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital.
Reglas judiciales sobre la carencia
actual de objeto -Reiteración de jurisprudencia[27]-
12. Con respecto a la carencia actual de objeto, la Sala reitera que en aquellas ocasiones en que las situaciones de hecho que
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de las personas cesan o
desaparecen durante el trámite de la tutela, o cuando en razón de la
vulneración a los derechos fundamentales, se ha ocasionado un daño irreparable
que se pretendía evitar con la orden del juez a quien se acudió en amparo y
ello no se logró a tiempo, se ha alegado en la jurisprudencia la existencia del
fenómeno procesal denominado carencia actual de objeto por hecho superado o por
daño consumado; fenómeno que puede ser fundamento de la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela.
La razón de ser de esa determinación,
está fundada en que, ante las circunstancias de hecho evidenciadas en el caso,
es inocuo un pronunciamiento judicial de fondo en tales situaciones, por no
tener un impacto real y efectivo en la protección de los derechos fundamentales
invocados. No obstante, conforme a la jurisprudencia reciente de esta
Corporación, independientemente de si se da o no la carencia actual de objeto,
la Corte como órgano de revisión de la acción de tutela puede pronunciarse de
fondo sobre los problemas constitucionales planteados, en estos casos[28].
13. La Corte ha invocado entonces, la
figura de la carencia actual de objeto en oportunidades anteriores, cuando se
presenta alguna de las situaciones previamente descritas para negar por
improcedente la tutela. Por ejemplo, frente a la idea de daño irreparable, en
la sentencia T-498 de 2000[29],
esta Corporación resolvió confirmar el fallo de instancia pero por la
ocurrencia de un daño consumado en el caso de una tutela presentada por el
padre de una menor de edad que padecía de un tumor cerebral, cuya EPS se negó a
realizar la biopsia ordenada por los médicos tratantes. Cuando el caso llegó a
esta Corporación, lamentablemente la niña había fallecido, por lo que la Sala
de Revisión en aquella oportunidad consideró que el daño consumado impedía el
fin primordial de la acción de tutela, que era la protección inmediata de los
derechos fundamentales de la niña, para evitar que se consumara una violación
sobre los mismos. Como de acuerdo con esta visión, la tutela no fue diseñada
como un instrumento para causar una protección posterior a la consumación de
los hechos, lo conducente era entonces, buscar otros mecanismos judiciales de
defensa para reclamar la debida indemnización.
En circunstancias similares, sin embargo,
la Corte ha reconocida la existencia de la carencia actual de objeto, ante un
hecho superado, y no por daño consumado. Así, en la sentencia T-936 de 2002[30]
esta Corporación resolvió la tutela que presentó una persona, a través de
agente oficioso, a la que no le fue reconocido un tratamiento integral por el
lupus que padecía. Una vez seleccionado el caso, la Corporación constató que la
demandante había fallecido y decidió declarar la improcedencia de la acción de
tutela por hecho superado, aunque consideró que la negligencia de las entidades
involucradas debía ser debidamente investigada, por lo que ordenó compulsar
copias a la Procuraduría y a la Fiscalía.
Igualmente, en algunos casos, la Corte ha
considerado que la carencia actual de objeto se produce por lo que se ha
denominado sustracción de materia. Este es el caso de la sentencia
T-414 de 2005[31]
que revisó la situación de un menor de edad que falleció, por no recibir de
manera oportuna un tratamiento por un cuadro severo de anemia que padecía. La
Corte decidió no fallar de fondo, al considerar que cualquier decisión “caería
en el vacío, por sustracción de materia”[32], pero concluyó que era necesario
compulsar copias a las autoridades competentes, para que investigaran la
negligencia en la prestación del servicio de salud.
Ahora bien, la jurisprudencia en casi
todos estos supuestos, ha sostenido que la circunstancia de la muerte, conduce,
como se dijo, a una situación de carencia actual de objeto y de allí, a la
improcedencia de la tutela, por cuanto cualquier orden que se pudiera emitir
sería ineficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados. Sin
embargo, al llegar a esta conclusión la Corte, a través de sus Salas de
Revisión de Tutela, ha optado por diferentes fórmulas para resolver el caso.
Inicialmente, en algunos casos, se abstuvo de decidir de fondo sobre las
circunstancias propuestas y en otros optó por reconocer que existen
responsabilidades que causaron la muerte de los peticionarios, por lo que era
necesario que las autoridades administrativas impusieran las sanciones
correspondientes.
14. Con todo, frente a la poca claridad
que existía entre la distinción entre hecho superado y daño consumado y sus
efectos frente a la posibilidad de pronunciarse de fondo o no, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-540 de 2007[33]
unificó los criterios sobre la materia y estableció un precedente de plena
vigencia constitucional. Al conocer sobre una controversia laboral, la Corte
señaló que el hecho superado[34] se presenta cuando, por la acción u
omisión del obligado, se supera la afectación del derecho fundamental en una
magnitud que hace inocuo cualquier pronunciamiento del juez de tutela. Bajo ese
principio, el hecho superado se debe entender en el sentido obvio de las
palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de si se
produjo la satisfacción o no de lo solicitado en la tutela. Sí, por ejemplo, lo
pretendido era una orden de actuar o dejar de hacerlo, y previamente a la
sentencia de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado porque simplemente desaparece la vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales.
A su vez, a partir de esta sentencia de
unificación, el daño consumado[35] ha sido entendido como una
circunstancia donde se afectan de manera definitiva los derechos de las
personas antes de que el juez de tutela logre pronunciarse sobre la petición de
amparo (por ejemplo, la muerte del accionante). Así, a diferencia del hecho
superado, la Corte reconoció en ese pronunciamiento, que en estos casos se
impone la necesidad de pronunciarse de fondo, dada la posibilidad de establecer
correctivos y prever futuras violaciones a los derechos fundamentales de las
personas.
15. Ahora bien, en lo que respecta al
derecho de petición en relación con las solicitudes de ayuda humanitaria, de
manera reciente la Corte Constitucional ha tenido que resolver peticiones
idénticas a las ahora evaluadas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-158 de
2017[36]
el Tribunal revisó 157 tutelas interpuestas por igual número de ciudadanos
que consideraron que la UARIV no resolvió de manera oportuna y cierta las
solicitudes de ayuda humanitaria que presentaron en ejercicio de su derecho de
petición. Durante el transcurso del proceso, el Tribunal encontró que en
algunos casos la entidad accionada dio respuesta de fondo a la petición, ya sea
porque reconoció la ayuda deprecada o inició el estudio de carencias respectivo
para determinar la viabilidad de otorgar una prórroga a la misma. Frente al
primer grupo de casos, la Corte procedió a declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado, mientras que en los segundos decidió amparar
parcialmente el derecho de petición en el sentido de ordenarle a la UARIV que
procediera a informarle una fecha cierta a los peticionarios donde les daría
una respuesta puntual sobre la ampliación de la ayuda.
Por otra parte, en la sentencia T-377
de 2017[37]
la Corte revisó 133 casos iguales, en los que los peticionarios acudían al juez
de tutela para proteger su derecho de petición y, a su vez, los operadores
jurídicos procedían a amparar el derecho y a reconocer inmediatamente la ayuda
humanitaria. Al revisar los procesos, la Sala de Revisión respectiva encontró
que en un grupo considerable de casos la UARIV le proporcionó a los ciudadanos
una respuesta clara frente al reconocimiento y suspensión de la ayuda. Así, al
encontrar que las circunstancias que produjeron la afectación del derecho
dejaron de existir la protección constitucional se hacía inocua toda vez que se
configuró el hecho superado. Así, en la parte resolutiva de la sentencia la
Corporación procedió a declarar la improcedencia de dichas acciones de tutela
por carencia actual de objeto.
En conclusión, la carencia actual
de objeto se ha fundamentado en la existencia de un daño consumado y/o
de un hecho superado. En ese sentido, en términos generales, se puede entender que
la carencia actual de objeto es la consecuencia jurídica del hecho superado o
el daño consumado y deberá ser el juez de tutela entonces, el que determine, en
cada caso concreto, si se deben tomar o no algunas medidas de reparación
conducentes a restaurar en parte el perjuicio ocasionado. Con todo, como se
enunció previamente, la jurisprudencia constitucional reciente ha reconocido
que el hecho superado se da cuando se repara la amenaza o vulneración del
derecho cuya protección se ha solicitado o cuando cesa la violación del derecho
fundamental o el hecho que amenazaba vulnerarlo, es decir, en el curso del
proceso de tutela las situaciones de hecho generadoras de la vulneración
desaparecen o se solucionan[38].
Análisis concreto de procedencia
16. Del análisis de todos los expedientes
acumulados, queda claro que en ninguno de ellos se presentó una respuesta oportuna
por parte de la entidad, ante las solicitudes elevadas por los ciudadanos en
ejercicio de su derecho de petición. En ese sentido, de acuerdo a los criterios
explicados, la acción de tutela es el mecanismo procedente para atender este
tipo de reclamos en razón a que no existe otro medio de defensa judicial que
permita proteger el derecho fundamental de petición invocado en cada una de las
peticiones de amparo.
Por otra parte, de los hechos
relacionados en el Anexo y de las pruebas recaudadas en sede de revisión es
posible dividir las acciones presentadas en dos grupos diferentes, a saber: (i)
un conjunto de casos donde la UARIV dio una respuesta de fondo a las peticiones,
aunque tardía; y (ii) otro grupo de tutelas donde no existe la certeza, por el
silencio de la entidad en el proceso de tutela o la poca diligencia de la misma
al momento de responder los requerimientos del Tribunal, que exista una
respuesta cierta, clara y oportuna.
Primer grupo de casos
17. En este grupo de casos se encuentran
los expedientes T-5.929.374; T-5.922.562; T-5.932.921; T-5.937.111;
T-5.939.138; T-5.956.850; T-6.063.962; T-6.063.976; T-6.063.989; y T-6.063.990.
Cada uno de ellos comparte una de las siguientes características: (i) la UARIV,
mediante acto administrativo debidamente notificado, suspendió la ayuda
humanitaria al encontrar, tras el estudio de carencia, que los peticionarios no
estaban en un estado de vulnerabilidad; (ii) tras realizar el respectivo
análisis, la entidad encontró que la situación de carencia subsistía razón por la
cual procedió a reconocer la prórroga de la ayuda humanitaria; o (iii) no se
configuraba el derecho a la ayuda humanitaria debido a que la situación no
encajaba dentro de los límites temporales de la Ley 1448 de 2011.
18. En ese sentido, de estos casos
debe predicarse el hecho superado. Se reitera que el mismo se presenta cuando,
por la acción u omisión del obligado, se ha conjurado la afectación del derecho
fundamental en una magnitud que hace inocuo cualquier pronunciamiento del juez
de tutela. Ahora bien, en estas tutelas, la Sala observa que los accionantes
obtuvieron una respuesta definitiva de la entidad. En ese sentido, del acervo
probatorio recaudado o de los escritos aportados por la UARIV después del fallo
de tutela, se tiene que existe una resolución administrativa en firme que
ofrece una respuesta detallada, motivada y clara sobre la ayuda humanitaria
solicitada. Lo anterior, sin perjuicio de que los actores puedan acudir a los
mecanismos ordinarios para impugnar las decisiones de la administración en caso
de no estar conformes con la resolución de su solicitud.
Por esta razón, y con base en la
información relacionada en el anexo de esta sentencia, el Tribunal procederá a revocar
los fallos de instancia y declarar la improcedencia de la tutela por carencia
actual de objeto ante el hecho superado.
Segundo grupo de casos
19. Ese grupo de casos, conformado por los procesos T-6.018.699; T-6.021.362; T-6.021.364; T-6.025.737; T-6.025.743;
T-6.025.748; T-6.030.882; T-6.030.898; T-6.030.905; T-6.050.393; T-6.051.628;
T-6.051.631; T-6.051.633; T-6.051.636; T-6.063.961; T-6.063.972 comparten la
característica de que debido a la omisión de la UARIV en responder a los
requerimientos judiciales tanto del juez de única instancia como de la Corte
Constitucional, no hay certeza sobre la existencia de una respuesta de fondo a
las peticiones elevadas por los accionantes. Ahora bien, frente a ese conjunto
de tutelas, la Sala advierte que los jueces de instancia optaron por dos tipos
de resoluciones judiciales: (i) amparar los derechos de petición y al mínimo vital
y en consecuencia ordenar la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia; o
(ii) proteger el derecho invocado y de manera subsecuente ordenar a la UARIV
proferir una respuesta de fondo en un término que no supere los tres meses
contados a partir de la notificación de la sentencia.
Bajo estas circunstancias, la Sala
considera que debe abordar de fondo el problema jurídico que se desprende de
las decisiones adoptadas por los jueces de tutela y que puede resumirse de la
siguiente manera:
(i) ¿el juez de tutela, al constatar
la vulneración del derecho de petición en lo relacionado con la solicitud de
ayudas humanitarias por parte de la población en situación de desplazamiento,
debe ordenar la entrega de la misma o, en cambio, debe requerir a la entidad
responsable para que responda de fondo en un término oportuno y cierto?
20. Para analizar el fondo del asunto, y como quiera que
en las tutelas se alegaba la vulneración concurrente del derecho al mínimo
vital, la Sala reiterará las reglas sobre el alcance y contenido del mismo. En
segundo lugar, la Sala presentará un resumen del auto 206 de 2017 proferido por
la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, en donde la
Corte analizó el problema estructural asociado a los fallos de tutela que, como
los ahora revisados, ordenan la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a
través de la protección del derecho fundamental de petición.  Por último, con
base en las consideraciones presentadas, el Tribunal analizará los 16 casos
agrupados en este grupo.
Alcance y contenido del derecho al mínimo vital
como concepto cualitativo o multidimensional -reiteración jurisprudencial[39]-
21. Como lo ha indicado la dogmática
constitucional[40],
el sentido inicial que la Corte Constitucional le dio al concepto del mínimo
vital fue el derecho fundamental innominado como parte de una interpretación
sistemática de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia T-426 de
1992[41]
la Corte conoció el caso de un ciudadano de 69 años de edad que llevaba un
año sin devengar su pensión. Al ordenar el pago de la misma, el Tribunal señaló
que aunque la Constitución no contemplada un derecho a la subsistencia éste se
deducía del derecho a la salud, a la vida, al trabajo y a la seguridad social.
Sin embargo, posteriormente la Corte pareció
definir el mínimo vital, ya no como un derecho, sino como un elemento del
núcleo esencial de los derechos sociales prestacionales. Así, por ejemplo en la
sentencia T-081 de 1997[42]
la Corte relacionó el mínimo vital con el salario mínimo vital y móvil en la
medida en que el primero está relacionado con la remuneración proporcional a la
tiene derecho el trabajador por el trabajo realizado.
Ahora bien, posterior a este periodo la Corte fue
enfática en señalar que el mínimo vital sí es un derecho fundamental autónomo
ligado estrechamente a la dignidad humana. Por ejemplo, la sentencia SU-995
de 1999[43],
al resolver varias tutelas que interpusieron diferentes maestros a los que se
les adeudaba su salario, la Corte señaló que este derecho se constituye en la
porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la
financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda,
el vestido, el acceso a los servicios públicos, la recreación y la atención en
salud. Es decir, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer
efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento
jurídico constitucional.
Sin embargo, la misma sentencia señaló con
claridad que el análisis frente al mínimo vital no se puede reducir a un examen
meramente cuantitativo sino que, por el contrario, se deben introducir
calificaciones materiales y cualitativas que dependen de cada caso concreto. En
otras palabras, cada persona tiene un mínimo vital diferente, que depende en
últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida. Por
esta razón, este derecho se debe entender como una garantía de movilidad social
de los ciudadanos quienes, de manera natural, aspiran a disfrutar a lo largo de
su existencia de una mayor calidad de vida. De esa manera, la jurisprudencia de
la Corte ha aceptado que al existir diferentes nociones del mínimo vital, es
consecuente que haya distintas cargas soportables para cada persona.
Esto implica que el mínimo vital no está
constituido, necesariamente, por el salario mínimo mensual legalmente
establecido y se requiere una labor valorativa del juez constitucional en la
cual entre a tomar en consideración las condiciones personales y familiares del
peticionario, así como sus necesidades básicas y el monto mensual al que ellas
ascienden. De igual manera, es indispensable llevar a cabo una valoración
material del trabajo que desempeña el actor o desempeñaba el hoy pensionado, en
aras de la protección a la dignidad humana como valor primordial del
ordenamiento constitucional[44].
En el caso específico de los desplazados, la sentencia
T-218 de 2014[45] conoció del caso de una víctima de
desplazamiento forzado de 68 años de edad al que le fue negada una prórroga de
ayuda humanitaria. En dicha oportunidad, el Tribunal señaló que la
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, constituye uno de los derechos
más importantes para proteger el mínimo vital y la dignidad humana de quien se
encuentra en situación de desplazamiento. Dada su importancia,
el Estado está en la obligación de entregarla de forma ostensible,
integra, oportuna y sin dilaciones. Lo anterior, por cuanto el estado de
debilidad manifiesta en que se encuentra ese grupo poblacional lo hace
merecedor de un trato especial por parte del Estado, y en esa medida tiene
derecho a recibir asistencia humanitaria en aspectos tales como alimentación,
salud, aseo personal, atención médica y psicológica, vivienda en condiciones
dignas, entre otros.
Por otra parte, en los casos de atención a
población desplazada y las solicitudes por ella presentadas en atención al
derecho de petición, el Tribunal ha recordado que los jueces de tutela deben
observar el principio de coherencia, en el sentido de que debe existir una
relación casual y material entre los hechos, las pretensiones y lo que se
resuelve en la sentencia de tutela. Así, para lograr lo anterior, la sentencia
T-511 de 2015[46],
al revisar una decisión judicial que ordenó la entrega automática de la
prórroga de la ayuda humanitaria, consideró que el silencio de la UARIV no es
suficiente para que se asevere sobre circunstancias que no se lograron tramitar
durante el procedimiento del amparo. Por lo anterior, los jueces deben
responder también a lo que se logre debatir y probar en el expediente o
mediante las presunciones legales establecidas para tal efecto.
22. Como conclusión, se puede advertir que el
derecho al mínimo vital tiene un carácter móvil y multidimensional, que no
depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la
persona. En otras palabras, como herramienta de movilidad social, el mínimo
vital debe ser entendido de manera dual, pues además de ser una garantía frente
a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la justa
aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de
manera más cómoda. Además, en lo que respecta a peticiones de ayuda humanitaria
para la atención a población en situación de desplazamiento, el juez de tutela
debe ser cuidadoso al momento de reconocer las mismas, más aún cuando no cuenta
con el material probatorio suficiente para tomar una decisión que tenga
congruencia con los hechos y pretensiones presentadas.
Como complemento a lo
anterior, la Sala ahora presentará un resumen de las principales
consideraciones y decisiones adoptadas en el Auto 206 de 2017 proferido
por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004. Dicha
decisión se refiere al problema estructural asociado a la falta de diligencia
de la UARIV para proteger el derecho de petición, sus omisiones en atender los
requerimientos judiciales y la incongruencia que se ha presentado de manera
frecuente en sede de tutela entre lo solicitado en casos como los que ahora se
revisan (protección del derecho fundamental de petición) y lo otorgado por el
operador judicial constitucional (reconocimiento automático de la ayuda
humanitaria).
El problema estructural
que se presenta en la UARIV con respecto a la exigibilidad del derecho de
petición y la respuesta de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia
T-025 de 2004.
23. El 11 de mayo del
2016, las entonces directoras de la UARIV  y de Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (ANDJE) presentaron una solicitud ante la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 con la finalidad de suspender todas
las sanciones impuestas, y las que a futuro lleguen a imponerse, en contra de
los directivos de la Unidad como resultado de las actuaciones adelantadas por
esa entidad con respecto a las solicitudes presentadas por las víctimas en
ejercicio del derecho de petición. Las solicitantes requirieron condicionar el
levantamiento de esta suspensión a la implementación de un plan de trabajo
aprobado por este Tribunal, orientado a superar los rezagos existentes en
materia de respuesta de peticiones y de tutelas, así como al fortalecimiento de
la capacidad de la entidad para responder el flujo diario de estos recursos.
Así, la UARIV y la
ANDJE sostuvieron que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 del
2011 se ha presentado un aumento del número de víctimas por encima del
planeado, razón por la cual no cuenta con la capacidad para responder
oportunamente a la cantidad creciente de peticiones que interponen. El rezago
en la respuesta a las peticiones ha traído consigo, a su vez, un mayor número
de acciones de tutela, lo que ha provocado que la entidad desatienda la ruta
administrativa para centrarse en tramitar oportunamente los recursos de amparo.
A pesar de los esfuerzos que ha realizado en la materia, la Unidad para las
Víctimas afirmó que no cuenta con la capacidad operativa para ofrecer una
respuesta a cada uno de los requerimientos judiciales propios de la gran
cantidad de acciones de tutela que se presentan a diario con ella, en términos
adecuados y con atención a los plazos judiciales perentorios.
En consecuencia,
los casos que se encuentran bajo el conocimiento de los jueces de tutela no son
objeto de una verificación exhaustiva, ni logran ser confrontados oportunamente
con la información con la que cuenta la entidad. Por esta razón,
argumenta que los peticionarios reciben, en su gran mayoría, una respuesta
favorable a sus pretensiones en materia de ayuda humanitaria e indemnización
administrativa (en un 85% según la información aportada por la unidad a la Sala
de Seguimiento[47]),
sin que medie una verificación previa de la real situación de la víctima  Lo
anterior responde, entre otras razones, a la aplicación mecánica y estricta del
principio de veracidad por parte de los jueces de tutela contenido en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Esta situación, para la entidad, afecta: (i)
el derecho a la igualdad de las víctimas que no acuden a la acción de amparo
para reivindicar sus derechos; (ii) desnaturaliza, en muchos casos, las
características de la acción de tutela, y le resta eficiencia; y (iii)
entorpece el trámite administrativo que debe regir ordinariamente el trámite de
las pretensiones de este grupo poblacional.
Ante esta
circunstancia, las entidades le solicitaron a la Sala de Seguimiento aplicar
los precedentes que sobre la materia se fijaron en los casos de Cajanal y
Colpensiones, y de esta manera disponer con efectos generales que los jueces de
tutela, al momento de resolver las acciones de tutela que reclaman la
protección del derecho de petición relacionado con solicitudes de
reconocimiento de ayudas humanitarias o indemnización administrativa, dispongan
que la UARIV tiene hasta el 31 de diciembre de 2017 para cumplir con el fallo
de acuerdo al orden de prioridad del Plan de Acción diseñado por la entidad.
Además, solicitan que se le indique a los jueces que se abstengan de impartir
órdenes relacionadas con reconocimiento económico.
24. Frente a esta
solicitud, la Sala de Seguimiento comenzó por advertir que resultaba necesario
resolver las solicitudes planteadas por el Gobierno. Lo anterior, al reconocer
que la situación actual está impidiendo que se avance en la superación
de las prácticas inconstitucionales descritas, que se dé cabal cumplimiento a
las órdenes proferidas y, más importante aún, que se alcancen los fines que se
persiguen con otros autos de seguimiento en la materia, en particular el auto
373 de 2016 que dispuso que los reconocimientos realizados por la UARIV deben
perseguir dos propósitos, a saber: (i) una asignación equitativa de recursos
entre las personas desplazadas en materia de ayuda humanitaria, que sea
sensible frente a las personas más vulnerables; y (ii) que el Gobierno fije
reglas de juego claras y transparentes acerca de las condiciones de modo y
tiempo bajo las cuales las personas desplazadas van a recibir la indemnización
administrativa.
Así, presentó un análisis
separado con respecto a la petición sobre ayuda humanitaria y otro en relación
con la solicitud referida a la indemnización administrativa. Frente a la
primera, después de aplicar un test de proporcionalidad, advirtió que la medida
solicitada por la UARIV no era necesaria, en el sentido de ser ineludible
para alcanzar el fin propuesto de garantizar un equilibrio en la asignación de
las ayudas. Lo anterior, debido a que la entidad implementó, según la
información suministrada a la Sala, un plan de trabajo que le va a permitir a
diciembre del 2017 superar el rezago actual en materia de tutelas y fortalecer
su capacidad para responderlas oportunamente así como disminuir la cantidad de
tutelas interpuestas, lo que va a facilitarle, a su vez, el progresivo traslado
de los recursos destinados a la contestación de las tutelas hacia el
fortalecimiento de la ruta administrativa contemplada en la legislación.
En ese sentido, la Sala de
Seguimiento encontró que la situación que afectó a la UARIV se debió a un
aumento coyuntural en la interposición de tutelas y una reducción considerable,
pero también circunstancial, de su capacidad de respuesta. Además, es una
situación sobre la cual la misma entidad tiene el control para adoptar de
manera inmediata los correctivos necesarios. Así, la problemática se diferencia
de aquella que enfrentaron en su momento Cajanal y Colpensiones. Por lo
anterior, la Sala concluyó que no era indispensable realizar una intervención
como la solicitada por la Unidad.
No obstante, en relación con las
peticiones de ayuda humanitaria, la Sala consideró necesario incluir un exhorto
a los jueces para atender los problemas que enfrenta la UARIV para responder los
recursos judiciales de manera adecuada y oportuna. Así, invitó a los operadores
judiciales para que, en el momento de resolver las acciones de tutela que
reclaman el reconocimiento de la ayuda humanitaria y la protección del derecho
de petición, observen tanto las reglas generales relacionadas con la
procedencia de la acción de tutela a favor de las personas desarraigadas; la
aplicación de la presunción de veracidad; y el decreto oficioso de pruebas por
parte del juez constitucional así como las específicas concernientes a la
protección del derecho de petición y al acceso a la ayuda humanitaria. En ese
sentido, el exhorto incluyó una recomendación para que se amplíen los plazos
que otorgan a la UARIV, que usualmente son de 48 horas, y fije un término
razonable para dar una respuesta oportuna y de fondo a la petición. Por último,
de acuerdo al plan de trabajo presentado por el Estado, la Sala señaló que el
exhorto se extendería hasta el 31 de diciembre de 2017, momento para el cual la
Unidad ya habrá superado el bloqueo institucional descrito.
25. En contraste, en lo referente
a las indemnizaciones administrativas la Sala encontró que la solicitud del
Estado superaba el juicio de proporcionalidad. Lo anterior, debido a que de
acuerdo a la información suministrada a la Corte, la UARIV no contaba en ese
momento con el presupuesto suficiente para pagar la indemnización
administrativa a favor de todos los solicitantes que cumplen con los requisitos
exigidos reglamentariamente para ser priorizados; mucho menos, el Gobierno
Nacional cuenta con los recursos para atender al resto de personas desplazadas
que tienen derecho a la indemnización pero que no han sido priorizadas.
Adicionalmente, la misma Unidad no tiene certeza sobre la fecha en la que
estarán disponibles los recursos para el pago de todas las medidas
indemnizatorias.
Ante esta realidad, el creciente
y expandido uso del recurso de amparo ha activado la emisión de órdenes de pago
inmediato de la medida indemnizatoria, de tal manera que la acción de tutela se
instaura como el principal criterio de priorización, con lo que se desconoce el
procedimiento administrativo respectivo lo que implica una vulneración
insalvable del derecho a la igualdad, junto con el traslado y la reproducción
de todos los obstáculos que existen en el procedimiento administrativo a la
ruta judicial. Como quiera entonces que esta no encuentra una solución dentro
de los mecanismos ordinarios que contempla la administración, puesto que no se
ha puesto en marcha un modelo o plan de acción como en el caso de las ayudas
humanitarias, la Sala Especial encontró que el exhorto general a los jueces
descrito en el punto anterior  no es suficiente para lograr el propósito de
evitar que la acción de tutela, vía ejercicio del derecho de petición no
resuelto de manera oportuna y/o adecuada, se presente como un proceso paralelo
y preferente al trámite administrativo ordinario que deben acoger las personas
desplazadas para acceder a la indemnización administrativa.
Por esta razón, en relación con
la indemnización administrativa, la Sala Especial de Seguimiento incorporó en
el Auto 206 de 2017 un exhorto mucho más estricto en comparación con el
relacionado con las ayudas humanitarias. En el mismo, se invitó a los jueces
del país a que, al momento de resolver las acciones de tutela que reclaman la
protección del derecho de petición cuando se encuentra relacionado con la
indemnización administrativa, concedan el amparo pero disponiendo que la UARIV
tiene hasta el 31 de diciembre de 2017 para cumplir con el fallo de conformidad
con el orden de prioridad que adopte. En ese sentido, la Sala exhortó a los
operadores judiciales a que se abstuvieran de impartir órdenes relacionadas con
reconocimientos económicos durante ese lapso sin perjuicio de que, ante casos
de extrema vulnerabilidad, lo hagan si constatan la existencia de una grave
violación de derechos fundamentales.
Ahora bien, realizadas las anteriores consideraciones jurídicas, la Sala
pasará a analizar los casos concretos.
Análisis de los casos
concretos
26. En primer lugar, la
Sala recuerda que con respecto al segundo grupo de casos identificados en la
parte considerativa de esta providencia, el problema jurídico a resolver se
circunscribe a establecer si el juez de tutela, al constatar la vulneración del
derecho de petición en lo relacionado con la solicitud de ayudas humanitarias
por parte de la población en situación de desplazamiento, debe ordenar la
entrega de la misma o debe requerir a la entidad responsable a responder de
fondo en un término oportuno y cierto.
Así, la Sala primero
quiere anotar que frente al análisis puntual de cada caso, la Corte encontró
que los jueces de tutela en los casos referenciados con los números T-6.030.898
y T-6.030.905 procedieron a ordenarle a la UARIV a realizar, dentro de los 10
días siguientes de la notificación del fallo, el proceso de caracterización y
verificación de condiciones de vulnerabilidad respectivo y a asignar un turno a
los actores para que les sea entregada la ayuda humanitaria de emergencia, en
caso de que esta proceda, dentro de los tres meses siguientes contados a partir
de la adjudicación de la misma.
Por otra parte, con
respecto a las tutelas identificadas con los números de referencia T-6.018.699; T-6.021.362; T-6.021.364;
T-6.025.737; T-6.025.743; T-6.025.748; T-6.030.882; T-6.050.393; T-6.051.628;
T-6.051.631; T-6.051.633; T-6.051.636; T-6.063.961; T-6.063.972 los jueces,
aplicando de manera general la presunción de veracidad, ordenaron que se
entregara la ayuda humanitaria de emergencia a los peticionarios.
27. Ahora bien, la Sala en este punto, acudiendo al
principio de eficacia y coherencia, considera que lo más apropiado para
resolver estas tutelas resulta ser la aplicación de las reglas decantadas y
fijadas por el Auto 206 de 2017 proferido por la Sala Especial de Seguimiento
de la Sentencia T-025 de 2004. Como se observó en otro punto de las
consideraciones, esta ya es la tercera vez que una Sala de Revisión de la Corte
debe atender el análisis de un grupo acumulado de tutelas interpuestas por la
violación del derecho fundamental de petición de las víctimas de desplazamiento
que termina en órdenes judiciales de reconocimiento de ayudas humanitarias.
Lo anterior, no solo demuestra que el bloqueo
institucional detectado por la Sala de Seguimiento persiste, sino que se hace
necesario unificar un criterio de respuesta judicial. Para eso, el carácter
técnico y especial de dicha Sala ofrece herramientas adecuadas para la resolución
de los casos concretos y que se resumen en los exhortos ya explicados y
relacionados en el auto mencionado. Sin embargo, es necesario también precisar
con claridad que lo anterior no puede ir en detrimento de la autonomía propia
del juez derivada del principio de la independencia judicial. Así, tal
unificación responde a la necesidad de dar una respuesta uniforme a las
peticiones de tutela, imprescindible ante la gran cantidad de solicitudes que
recibe la UARIV y el bloqueo institucional que perdura en la entidad. Con todo,
en modo alguno puede concluirse que la directriz que se incorpora en esta
decisión revoca la facultad de cada juez constitucional de resolver el caso
según las reglas de la sana crítica, su análisis autónomo y el contraste que de
los hechos del caso haga con las normas aplicables, incluyendo los precedentes
vinculantes de la Corte Constitucional que aceptan, por ejemplo, que vía tutela
se puede reconocer de manera excepcional la ayuda humanitaria de emergencia en
casos donde se compruebe una circunstancia especialmente gravosa.
En razón a lo anterior, en relación con el primero
grupo de casos -identificados con los expedientes T-6.030.898 y T-6.030.905- esta Sala de Revisión encuentra que el Juez
Segundo Laboral del Circuito de Apartadó aplicó de manera precisa las reglas
jurisprudenciales de protección de las solicitudes presentadas por las víctimas
de desplazamiento forzado en ejercicio del derecho de petición. Lo anterior se
constata en los siguientes hechos: (i) ante la falta de información completa
debido a la omisión de respuesta por parte de la UARIV, el juez no pudo
identificar con certeza la vulneración del mínimo vital alegado, razón por la
cual ordenó a la entidad dar una respuesta clara y precisa en un término
razonable, observando el sistema de priorización; (ii) se ciñó a las reglas
generales de procedencia de la tutela para la protección del derecho de
petición; y (iii) aplicó las reglas específicas referidas al acceso a la ayuda
humanitaria.
En ese sentido, la Sala confirmará los fallos
de tutela en los dos procesos referenciados.
28. En contraste, con respecto al segundo conjunto de
casos identificados en este grupo -compuesto por los expedientes T-6.018.699;
T-6.021.362; T-6.021.364; T-6.025.737; T-6.025.743; T-6.025.748; T-6.030.882;
T-6.050.393; T-6.051.628; T-6.051.631; T-6.051.633; T-6.051.636; T-6.063.961;
T-6.063.972-  la Sala encuentra que el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó, quien profirió todos los fallos que se revisan en este punto, de manera
general aplicó la presunción de veracidad y desatendió los lineamientos sobre
la procedencia de reconocer, vía tutela, la ayuda humanitaria de emergencia ante
la falta de resolución de solicitudes en ejercicio del derecho de petición.
Para la Sala, la actuación del juez, aunque imprecisa,
no se desprende de una actitud irregular, en la medida en que la gran cantidad
de solicitudes de tutela, como la dificultad para recabar material probatorio
debido a la falta de diligencia de la UARIV que no atendió a ninguno de sus
requerimientos, son un ejemplo del bloqueo institucional identificado por la
Corte en el Auto 206 de 2017. Incluso, esta Sala de Revisión pudo cerciorarse
de la dificultad de recoger las pruebas necesarias para fallar de manera
integral en este tipo de procesos ya que, como se explicó en los antecedentes
de esta providencia, la Unidad solo contestó de manera parcial los
requerimientos realizados por la magistrada sustanciadora en sede de revisión.
Incluso, en lo que respecta a este grupo de casos, a la fecha no ha sido
posible determinar si las peticiones fueron resueltas de fondo o si las
solicitudes siguen sin ser atendidas.
Sin embargo, por las mismas razones, no es adecuado
bajo las reglas de la sana crítica judicial, realizar un reconocimiento
económico automático pues lo anterior, como lo resaltó la Sala Especial de
Seguimiento, puede afectar aún más el ya de por sí frágil sistema de asignación
de ayudas humanitarias. Por esta razón, la Sala procederá a revocar los
fallos de instancia y en su defecto amparará el derecho fundamental de
petición y ordenará a la UARIV dar una respuesta de fondo. Dicho acto,
acudiendo al exhorto fijado por el Auto 206 de 2017, tendrá que ser notificada
dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la presente
providencia ya que se considera que este es un tiempo razonable y prudencial,
atendiendo la situación de bloqueo institucional existente. En todo caso, se le
advertirá a la UARIV que el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la notificación de la presente providencia.
29. Como conclusión, para efectos de claridad procesal y
conceptual, se presentará de manera expresa la decisión que en cada caso se va
a tomar, a partir del análisis global realizado. Así, la siguiente lista -y que
sigue el orden señalado en la referencia de esta sentencia- explicará la manera
como la Sala resolverá las tutelas revisadas en esta oportunidad.
Recapitulación de decisiones
1. T-5.920.374
En el caso de la señora María Aisalem
Salazar de Gallo se declarará la improcedencia de la tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el
trámite de revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la
UARIV profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por la
accionante en ejercicio de su derecho de petición.
2. T-5.922.562
En el caso de la señora Eberlides de
los Reyes Suárez se declarará la improcedencia de la tutela por carencia
actual de objeto ante el hecho superado toda vez que, como se explicó, durante
el trámite de revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que
la UARIV profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por la
accionante en ejercicio de su derecho de petición.
3. T-5.932.921
En el caso del proceso acumulado de los
peticionarios Flor Edilma Toro Quintero, Paola Andrea Duque del Río, Jesús
Orlando Suárez Castaño, Jaime de Jesús Idarraga Franco, Bertha Oliva Castaño
Gómez, María Damaris Mejía Pamplona, Gladys Edilma Rodríguez Carrillo, Libardo
de Jesús Mejía Ramírez, Martha Cecilia Guarín Giraldo, Lenis Celisandra Ceballo
Flórez se declarará la improcedencia de la tutela  por carencia actual de
objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el trámite de
revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la UARIV
profirió respuestas de fondo a las solicitudes presentadas por los accionantes
en ejercicio de su derecho de petición. En este punto, es importante precisar
que la decisión de la Corte se refiere a la protección del derecho de petición
invocado originalmente por los peticionarios. Por lo anterior, en razón a que
en algunos de los casos la Unidad negó el reconocimiento solicitado, es importante
advertir que los ciudadanos cuentan con los recursos administrativos para impugnar
dicha decisión en caso de que lo consideren oportuno.
4. T-5.937.111
En el caso del señor Evelio Chindoy
Mutmbajoy se declarará la improcedencia de la tutela por carencia actual de
objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el trámite de
revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la UARIV
profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante en
ejercicio de su derecho de petición.
5. T-5.939.138
En el caso de la señora María Victoria
Parra Vargas se declarará la improcedencia de la tutela
por carencia actual de objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó,
durante el trámite de revisión del proceso en la Corte Constitucional se
constató que la UARIV profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada
por la accionante en ejercicio de su derecho de petición.
6. T-5.956.850
En el caso del señor Francisco Javier
Gutiérrez Agudelo se declarará la improcedencia de la tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el
trámite de revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la
UARIV profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por el
accionante en ejercicio de su derecho de petición.
7. T-6.018.699
En el caso del señor Jen Zing Hinestroza Valderra,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a
la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
8. T-6.021.362
En el caso de la señora Diva Luz Torres Sánchez,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición de la accionante. En ese sentido, le ordenará
a la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione a la peticionaria una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia, advirtiendo
que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución definitiva de
la petición no podrá superar los 60 días contados a partir de la
mencionada notificación.
9. T-6.021.364
En el caso de la señora Rosiris Gómez Hernández,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición de la accionante. En ese sentido, le ordenará
a la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione a la peticionaria una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución definitiva
de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir de la
mencionada notificación.
10. T-6.025.737
En el caso de la señora Guillermina Narváez León,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición de la accionante. En ese sentido, le ordenará
a la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione a la peticionaria una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
11. T-6.025.743
En el caso del señor Roberto Antonio Zapata Barrios,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a
la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia, advirtiendo
que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución definitiva de
la petición no podrá superar los 60 días contados a partir de la
mencionada notificación.
12. T-6.025.748
En el caso de la señora Ana del Carmen González
Márquez, la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar
amparará el derecho fundamental de petición de la accionante. En ese sentido,
le ordenará a la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la
Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de
2017, le proporcione a la peticionaria una respuesta de fondo dentro de los 20
días siguientes contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y
resolución definitiva de la petición no podrá superar los 60 días
contados a partir de la mencionada notificación.
13. T-6.030.882
En el caso del señor Manuel Salazar Castillo,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a
la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
14. T-6.030.898
En el caso de la señora Yudys Edilma Pérez Borja,
la Sala confirmará el fallo de única instancia proferido por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Apartadó, en la medida que el mismo observa los
precedentes fijados por la Corte Constitucional, en relación con la protección
del derecho fundamental de petición en relación con las solicitudes de ayudas humanitarias
elevadas por la población en situación de desplazamiento.
15. T-6.030.905
En el caso de la señora Eidy Roció Gómez Hernández,
la Sala confirmará el fallo de única instancia proferido por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Apartadó, en tanto el mismo observa los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en relación con la protección
del derecho fundamental de petición, en relación con las solicitudes de ayudas
humanitarias elevadas por la población en situación de desplazamiento.
16. T-6.050.393
En el caso del señor Sergio Manuel Mesa Torres,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a
la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
17. T-6.051.628
En el caso del señor Juan Evangelista Muñoz Flórez,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a
la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
18. T-6.051.631
En el caso del señor Luis Gabriel Sánchez Negrete,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a
la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
19. T-6.051.633
En el caso de la señora Erika Andrea Pareja Ríos,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición de la accionante. En ese sentido, le ordenará
a la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione a la peticionaria una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
20.  T-6.051.636
En el caso del señor Alejandro Antonio Escipion
Ramírez, la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar
amparará el derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará
a la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
21. T-6.063.961
En el caso del señor Camilo Delelis Mendoza Soto,
la Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el
derecho fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a
la UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
22.  T-6.063.962
En el caso de la señora Sandra Milena
Sánchez Vargas se declarará la improcedencia de la tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el
trámite de revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la
UARIV profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por la
accionante en ejercicio de su derecho de petición.
23.  T-6.063.972
En el caso del señor William Arrieta Peña, la
Sala revocará el fallo de única instancia y en su lugar amparará el derecho
fundamental de petición del accionante. En ese sentido, le ordenará a la
UARIV que, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017, le
proporcione al peticionario una respuesta de fondo dentro de los 20 días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
advirtiendo que en todo caso, el trámite de estudio, valoración y resolución
definitiva de la petición no podrá superar los 60 días contados a partir
de la mencionada notificación.
24. T-6.063.976
En el caso del señor Demetrio Palma
Rentería se declarará la improcedencia de la tutela por carencia actual de
objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el trámite de
revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la UARIV
profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante en
ejercicio de su derecho de petición.
25. T-6.063.989
En el caso de la señora Luz Miryam
Higuita Higuita se declarará la improcedencia de la tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el
trámite de revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la
UARIV profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por la
accionante en ejercicio de su derecho de petición.
26. T-6.063.990
En el caso de la señora Jorge Tulio
Guzmán Rodríguez se declarará la improcedencia de la tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado toda vez que, como se explicó, durante el
trámite de revisión del proceso en la Corte Constitucional se constató que la
UARIV profirió una respuesta de fondo a la solicitud presentada por la
accionante en ejercicio de su derecho de petición.
Conclusión
30. Durante el trámite de revisión, la
Sala encontró que los jueces de tutela tuvieron que enfrentar un bloqueo
institucional en lo que respecta a la resolución de peticiones por parte de la
UARIV relacionadas con el reconocimiento de la ayuda humanitaria a favor de la
población desplazada. Frente a esta problemática, y ante la falta de material
probatorio a causa de la omisión de la Unidad de responder de manera oportuna a
los requerimientos judiciales, los funcionarios optaron por dos vías, a saber:
(i) aplicar de manera abstracta la presunción de veracidad y ordenar el
reconocimiento inmediato de la ayuda; o (ii) proteger el derecho fundamental de
petición de los accionantes y por lo tanto darle un término claro y preciso a
la entidad accionada para que profiriera una respuesta de fondo.
A partir de los precedentes fijados por
la Corte Constitucional referidos al alcance y contenido de la procedencia de
la tutela con respecto a la protección del derecho de petición en casos de
solicitudes de ayudas humanitarias por desplazamiento y los lineamientos
técnicos fijados por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de
2004 mediante el auto 206 de 2017, la Sala optará por respaldar la segunda de
las interpretaciones acogidas por los jueces de instancia. En ese sentido,
procederá a revocar aquellas decisiones que otorgaron de manera inmediata la
ayuda de emergencia y en su defecto ordenará proteger el derecho de petición
emplazando a la UARIV a dar una respuesta de fondo en un término cierto y
razonable. Por otro lado, confirmará aquellos casos donde los jueces de tutela
aplicaron de manera correcta la línea jurisprudencial descrita. A su vez, como
quiera que en algunos casos se pudo constatar durante el trámite de revisión
que la Unidad dio una respuesta efectiva, la Sala declarará la carencia actual
de objeto por hecho superado en los términos explicados en esta providencia.
Por último, y como un esfuerzo por
unificar los criterios para atender los casos que se desprenden del bloqueo
institucional que enfrenta la UARIV, la Sala de Revisión reiterará los exhortos
realizados por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en
el Auto 206 de 2007, en lo referente a la forma como los jueces de tutela deben
resolver los amparos presentados por violación del derecho de petición ante
solicitudes incoadas por las víctimas con el fin de recibir la ayuda
humanitaria o la indemnización administrativa. Además, atendiendo que en dicho
Auto la Sala de Seguimiento también profirió unas órdenes concretas con el
objetivo de que la UARIV superara el bloqueo institucional[48],
se le enviará una copia de esta decisión a la Sala de Seguimiento con el objeto
de que verifique, a través de los informes solicitados a la Unidad en
desarrollo de sus competencias de evaluación, el cumplimiento de lo ordenado,
de cara a los hechos comprobados en este fallo y que ratifican la existencia de
un obstáculo estructural que impide la resolución oportuna de las solicitudes
que se presentan en la entidad en ejercicio de derecho de petición.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
las sentencias proferidas en los procesos
identificados con los números de referencia T-5.929.374;
T-5.922.562; T-5.932.921; T-5.937.111; T-5.939.138; T-5.956.850; T-6.063.962;
T-6.063.976; T-6.063.989; y T-6.063.990 y, en
consecuencia, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo.- REVOCAR
las decisiones proferidas por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Apartadó en los procesos identificados con los números de
referencia T-6.018.699; T-6.021.362; T-6.021.364;
T-6.025.737; T-6.025.743; T-6.025.748; T-6.030.882; T-6.050.393; T-6.051.628;
T-6.051.631; T-6.051.633; T-6.051.636; T-6.063.961; T-6.063.972, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En su
lugar AMPARAR el derecho fundamental de petición de los accionantes y ORDENARLE
a la  Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
que en el término de veinte (20) días siguientes contados a partir de la
notificación de la presente sentencia le proporcione a los peticionarios una
respuesta de fondo a su solicitud de ayuda humanitaria advirtiéndole en todo
caso que el trámite de estudio, valoración y resolución definitiva de la
petición no podrá superar los sesenta (60) días contados a partir de la
mencionada notificación siguiendo los lineamientos fijados por la Sala Especial
de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de 2017.
Tercero.-
CONFIRMAR las decisiones proferidas por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Apartadó en los procesos identificados con los
números T-6.030.898
y T-6.030.905 que ampararon el derecho fundamental de petición de los actores, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto.- REITERAR el exhorto, realizado por la
Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 206 de
2017, a todos los jueces de la República para que, en el momento de
resolver las acciones de tutela que reclaman el reconocimiento de las medidas
de ayuda humanitaria y/o la protección del derecho de petición, cuando
se encuentra relacionado con este componente, observen tanto las reglas
generales relacionadas con: la procedencia de la acción de tutela a favor de
las personas desplazadas, la aplicación de la presunción de veracidad, y el
decreto oficioso de pruebas por parte del juez constitucional; como las
específicas concernientes a la protección del derecho petición y al acceso a la
ayuda humanitaria, recogidas en este pronunciamiento.
Quinto.- REITERAR el
exhorto, realizado por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de
2004 en el auto 206 de 2017, a todos los jueces de la República para que apliquen la siguiente regla en el momento de
resolver las acciones de tutela que reclaman la protección del derecho de
petición, cuando se encuentra relacionado con la indemnización
administrativa: los jueces deben conceder la tutela del derecho de
petición, una vez verificado el cumplimiento de los respectivos requisitos de
procedibilidad formal y material, pero dispondrán que la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene hasta el
31 de diciembre de 2017 para cumplir con el fallo de acuerdo al orden de
prioridad que adopte. Por lo tanto, se abstendrán de impartir órdenes
relacionadas con reconocimientos económicos durante ese lapso. Al pronunciarse
sobre los incidentes de desacato ocasionados por el incumplimiento de la UARIV
a las órdenes de tutela impartidas en estos casos de indemnización
administrativa, los jueces suspenderán las sanciones por desacato, tanto de
arresto como de multa, dictadas a partir del 01 de enero de 2016, hasta el 31
de diciembre de 2017, fecha límite que dispone la UARIV para cumplir las
sentencias de tutela que ordenaron la contestación de una petición o el
reconocimiento de la medida de indemnización administrativa.
Lo anterior, se excluye en los casos
excepcionales en los que los solicitantes se encuentran en un alto grado de
vulnerabilidad, debido a circunstancias especiales, tales como la edad, la
composición del hogar, algún tipo de discapacidad, entre otras, que les
dificultan asumir su sostenimiento y cambiar de condición socioeconómica
(numeral 2 del artículo 7 del Decreto 1377 de 2014), en los términos definidos
en este pronunciamiento.
Sexto.- A través de la
Secretaría General de esta Corporación, REMITIR  copia de esta
providencia a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 con
el fin de que evalué el cumplimiento del fallo en el marco de las facultades de
evaluación que ostenta y, en particular, con base en lo dispuesto por el Auto
206 de 2017 expedido por dicha Sala, en relación con las medidas decretadas para
la superación del bloqueo institucional que persiste en la UARIV en lo
referente a la resolución de solicitudes de reconocimiento de ayuda humanitaria
o indemnizaciones administrativas y la atención a los requerimientos realizados
por las autoridades judiciales.
Séptimo.- SOLICITAR a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla que desarrolle módulos de capacitación dirigidos
a todos los funcionarios judiciales del país acerca de la normatividad y
los requisitos desarrollados por la Corte y la Sala de Seguimiento de la
Sentencia T-025 de 2004 en torno a la entrega de ayudas humanitarias de
emergencia y la protección del derecho de petición de las víctimas del
conflicto.
Octavo.- Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e)
ROCÍO
LOAIZA MILÍAN
Secretaría
General (e)
Anexo
Relación particular de los hechos, decisiones de
tutela revisadas y
pruebas practicadas en sede de revisión
1.
Expediente T-5.929.374
1.1. Hechos
La señora
María Aisalem Salazar de Gallo, de 70 años de edad[49], afirmó
ser víctima de desplazamiento desde el año 1999. Por tal razón, advirtió que
presentó una solicitud, sin fecha cierta, ante la UARIV para obtener la
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia. Sin embargo, para el momento de
la presentación de la tutela señaló que la entidad no le había dado respuesta
oportuna y clara por lo que consideró vulnerados sus derechos fundamentales, en
particular al mínimo vital.
A su vez, a
pesar de ser notificada mediante oficio del 13 de septiembre del 2016[50], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
1.2.
Decisión objeto de revisión
Mediante
decisión de única instancia del 21 de septiembre de 2016, el Juzgado Único
Civil del Circuito de Sonsón amparó el derecho fundamental al mínimo vital de
la actora y le ordenó a la entidad demandada que procediera a hacer entrega de
la ayuda humanitaria de emergencia. Para llegar a dicha conclusión, el juez
consideró: (i) la peticionaria, en razón de su edad y su situación socio
económica, es una persona sujeta a especial protección constitucional; y (ii)
la UARIV no ha dado respuesta de fondo a su solicitud ya que ni siquiera existe
prueba sumaria que demuestre que le ha asignado a la actora un turno o le ha
informado de una fecha probable y cierta para la recepción de la ayuda
humanitaria.
1.3.
Pruebas recaudadas en sede de revisión
La UARIV
indicó[51]
que a la señora María Aisalem Salazar de Gallo se le asignaron tres ayudas
humanitarias por un valor cada una de $1,320,000, siendo la última entregada el
17 de abril de 2015[52].
De la misma forma, adjuntó copia de la Resolución 546913 del 23 de septiembre
de 2016[53]
así como la constancia de notificación personal de la misma[54]. En dicha
resolución, se resolvió suspender la entrega de los componentes de ayuda
humanitaria de emergencia ya que se logró comprobar que: (i) la actora recibe
un subsidio bimensual como beneficiaria del programa Colombia Mayor; (ii) se
pudo comprobar que su núcleo familiar no presenta carencias con respecto a su
seguridad alimentaria; (iii) de acuerdo con la evaluación de la información
recopilada a través de la Central de Información Financiera (CIFIN) se logró
determinar que varios miembros de su hogar han adquirido de manera reciente un
producto financiero lo que refleja una capacidad de endeudamiento como también
la obtención de ingresos que permiten cubrir los gastos asociados a la
subsistencia mínima; y (iv) la víctima informó que era propietaria de vivienda.
2.
Expediente T-5.922.562
2.1. Hechos
La señora
Eberlides De los Reyes Suárez, de 42 años de edad[55], indicó
que como víctima de desplazamiento forzado y madre cabeza de familia encargada
del cuidado de una menor de edad presentó una petición ante la entidad
demandada el 13 de septiembre de 2016 con el fin de solicitar la prórroga de
las ayudas humanitarias a la que tiene derecho. Sin embargo, sostuvo que a la
fecha de la presentación del amparo, la UARIV no se había pronunciado por lo
que consideró vulnerados sus derechos fundamentales, en particular el de
petición.
A su vez, a
pesar de ser notificada mediante oficio del 13 de octubre del 2016[56], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
2.2. Decisión
objeto de revisión
Mediante
sentencia de única instancia del 25 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Bello amparó el derecho fundamental de petición y ordenó
a la UARIV hacer entrega efectiva de la ayuda de emergencia solicitada. El
despacho judicial concluyó que: (i) transcurrieron más de 15 días desde la
presentación de la solicitud sin que la entidad resolviera de fondo la misma;
(ii) los hechos del caso se tienen como ciertos ante la ausencia de respuesta a
la tutela por parte de la UARIV; y (iii) la ayuda humanitaria de emergencia es
una medida que se debe mantener, de acuerdo a los precedentes fijados por la
Corte Constitucional, pues a través de la misma se garantiza la estabilidad
socioeconómica de las víctimas y en el caso particular dicha situación no se ha
consolidado, puesto que la peticionaria es madre cabeza de familia que requiere
de especial protección del Estado.
2.3.
Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
En su
respuesta al auto de pruebas decretado por la magistrada ponente, la UARIV
indicó que la actora recibió siete subsidios por un valor de $270,000 como componente
de la ayuda humanitaria y el último cobro se efectuó el 29 de agosto de 2015[57]. A su vez,
adjuntó copia de la Resolución 368475 del 19 de octubre de 2016[58] así como
la constancia de notificación personal del mismo[59]. En dicha
resolución, se resolvió suspender la entrega de los componentes de ayuda
humanitaria de emergencia ya que se logró comprobar que: (i) de acuerdo al
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(SISBEN III) con posterioridad a la fecha de desplazamiento no se presenta un
grado de pobreza que impida que la peticionaria cubra los gastos asociados a la
subsistencia mínima de su núcleo familiar; (ii) tras la evaluación de carencias
realizadas en el hogar de la accionante no se evidencia una situación de
extrema urgencia o vulnerabilidad que haga viable la prórroga solicitada.
3.
Expediente T-5.932.921
3.1. Hechos
Es preciso
anotar que en este proceso se acumularon diez acciones de tutela que fueron
presentadas por Flor Edilma Toro Quintero, Paola Andrea Duque del Río, Jesús
Orlando Suarez Castaño, Jaime de Jesús Idarraga Franco, Bertha Oliva Castaño
Gómez, María Damaris Mejía Pamplona, Gladys Edilma Rodríguez Carrillo, Libardo
de Jesús Mejía Ramírez, Martha Cecilia Guarín Giraldo, Lenis Celisandra Ceballo
Flórez. Todas las acciones presentadas responden al mismo formato y sus hechos
comparten los siguientes elementos: (i) durante los meses de marzo y agosto de
2016 los peticionarios, que se encuentran entre los 30 y 59 años de edad[60],
presentaron una solicitud ante la UARIV en ejercicio del derecho de petición
solicitando la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia como quiera que
son víctimas de desplazamiento forzado; y (ii) en ninguno de los casos la
entidad dio respuesta por lo que los accionantes acudieron a la acción de
tutela con el fin de amparar dicho derecho fundamental.
Asimismo, a
pesar de ser notificada de forma apropiada mediante oficio del 13 de octubre de
2016[61],
la entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
3.2.
Decisión objeto de revisión
En sentencia
del 20 de octubre de 2016, el Juzgado Único Penal del Circuito de Santuario
amparó los derechos fundamentales de los peticionarios. Así, ordenó a la UARIV
garantizar las ayudas humanitarias requeridas por los accionantes mientras se
consolide el proceso de sostenibilidad propia. Para llegar a esta conclusión,
el despacho judicial indicó que: (i) no existe otra acción judicial que permita
proteger los derechos fundamentales de los peticionarios; (ii) a la fecha de
presentación de la tutela la entidad demandada había omitido su obligación legal
de ofrecer una respuesta oportuna y de fondo a la petición elevada; y (iii) de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional el derecho a la ayuda
humanitaria de las víctimas de desplazamiento se vulnera cuando no se reconoce
el derecho, situación que se configura en el presente caso ante la ausencia de
una acción estatal decidida.
3.3.
Pruebas recaudadas en el trámite de tutela
Con respecto
al caso de la señora Flor Edilma Toro Quintero, la UARIV le informó al despacho
de la magistrada sustanciadora que a la peticionaria se le habían adjudicado
cuatro subsidios de emergencia que oscilaron entre $180,000 y $300,000, siendo
el último reclamado el 6 de junio de 2015[62].
De la misma forma, adjuntó copia de la Resolución 365297 del 23 de julio de
2016[63]
así como la constancia de notificación personal de la misma[64].  En dicho
acto administrativo, la entidad ordenó la suspensión de la ayuda humanitaria de
emergencia al considerar que después de realizado el estudio de carencia no se
comprobó que existiera una situación de emergencia que hiciera procedente la
prórroga de la ayuda humanitaria.
En relación
con el amparo presentado por Paola Andrea Duque del Río, la UARIV explicó que
se habían realizado seis pagos de ayuda por un valor de $1,320,000, siendo el
último asignado el 15 de julio de 2015[65].
Por otra parte, allegó una copia de la Resolución 160876 del 27 de septiembre
de 2016[66]
y la constancia de notificación de dicho acto mediante aviso[67]. En la
misma, se ordenó la suspensión de la ayuda humanitaria ya que al realizar el
estudio de carencia se encontró que el núcleo familiar de la peticionaria
recibe ayudas a través del programa Familias en su Tierra (FEST) administrado
por el Departamento para la Prosperidad Social en coordinación con la UARIV y
cuya finalidad es la de proporcionar incentivos monetarios para lograr el
sostenimiento propio al potenciar las capacidades productivas de los
beneficiarios.
En lo que
respecta a la tutela del señor Jesús Orlando Suárez Castaño, la UARIV le indicó
a la Sala que mediante comunicación del 29 de octubre de 2016 le informó al
actor que le había sido reconocida una ayuda por $450,000 pesos y que la misma
se encontró disponible en el Banco Agrario del municipio de Santuario hasta el
30 de noviembre del mismo año, cuando fue reintegrado a la entidad por no haber
sido cobrada[68].
En cuanto al
caso del señor Jaime de Jesús Idarraga Franco, la entidad demandada explicó que
se le habían reconocido ocho ayudas humanitarias con anterioridad al actor por de
$1,320,000 cada una, siendo la última reintegrada por no cobro el 11 de
septiembre de 2015. Adicional a lo anterior, en el informe presentado a la Sala,
la UARIV indicó que una vez realizado el estudio de carencias se le había
otorgado un nuevo giro por concepto de ayuda humanitaria con una vigencia de
cuatro meses[69].
A su vez,
sobre el caso de la señora Bertha Oliva Castaño Gómez la entidad precisó que la
accionante había recibido seis giros de ayuda por un valor promedio de $825,000
el último de los cuales fue cobrado el 17 de abril de 2015[70]. Por otra
parte, adjuntó copia de la Resolución 220164 del 12 de abril de 2016[71], y su
respectiva acta de notificación personal[72],
con la que se suspendió la entrega de ayuda toda vez que a través del estudio
de carencia, se encontró que algunos de los miembros del núcleo familiar de la
peticionaria están vinculados al régimen contributivo de salud y que ésta
última es propietaria de un bien inmueble destinado a vivienda familiar.
Acerca del
amparo elevado por la señora María Damaris Mejía Pamplona, la UARIV precisó que
la peticionaria recibió hasta el 22 de marzo de 2016 un total de cinco apoyos
económicos por un valor promedio de $645,000. A su vez, señaló que mediante
Resolución 324782 del 15 de julio de 2016[73],
notificada el 12 de noviembre de 2016[74],
decidió suspender la ayuda humanitaria en razón a que se logró determinar que
la actora había adquirido varios productos financieros y que el 30 de diciembre
de 2010 se le adjudicó un subsidio monetario para la compra de vivienda, por lo
que a través del SISBEN III la víctima informó que en la actualidad es
propietaria de su lugar de residencia.
Con respecto a
la tutela de la señora Gladys Edilma Rodríguez Carrillo, la UARIV informó que
con anterioridad a la acción presentada el actor había recibido cuatro giros por
un valor promedio de $850,000. Aunado a lo anterior, indicó que después de
realizado el estudio de carencia respectiva se le comunicó el 29 de octubre de
2016 que le fue otorgado un nuevo pago por un valor de $855,000 pero que el
mismo fue reintegrado el 20 de noviembre siguiente por falta de cobro[75].
En relación
con la petición impetrada por Libardo de Jesús Mejía Ramírez, la entidad
accionada señaló que se le habían adjudicado previamente cinco apoyos
humanitarios de emergencia por un valor promedio de $900,000. A su vez, explicó
que mediante comunicación del 28 de octubre de 2016 se llevó a cabo el proceso
de medición de carencias y que tras el mismo se reconoció una nueva atención de
emergencia con una vigencia de cuatro meses[76].
En lo que
respecta al caso de la señora Martha Cecilia Guarín Giraldo, la UARIV destacó
que antes de la acción de tutela se habían adjudicado doce apoyos económicos
por un valor promedio de $1,200,000 hasta el 6 de mayo de 2016[77]. De la
misma forma, adjuntó copia de la Resolución 655056 del 24 de octubre de 2016[78] donde se
ordenó suspender la ayuda como quiera que se comprobó que tanto la peticionaria
como su esposo reciben apoyos por parte del programa FEST así como que son
propietarios de la vivienda donde residen. Sin embargo, es oportuno anotar que
en la respuesta de la entidad accionada no se allegó prueba alguna relacionada
con la notificación de dicho acto administrativo.
Por último, en
relación con la tutela del señora Lenis Celissandra Ceballos Flórez, la UARIV
indicó que hasta el 24 de febrero de 2016 la peticionaria había recibido dos
giros por un valor promedio de $700,000[79].
Asimismo, señaló que mediante Resolución 320747 del 11 de julio de 2016[80],
notificada mediante aviso[81],
se suspendió la entrega de ayuda pues el estudio de carencia aplicado arrojó
que ni la actora ni su núcleo familiar se encuentran en un estado de urgencia
manifiesta y que ésta es propietaria de la vivienda donde reside.
4.
Expediente T-5.937.111
4.1. Hechos
El señor
Evelio Chindoy Mutmbajoy, de 46 años de edad[82],
señaló que es víctima de desplazamiento forzado. Por esta razón, presentó una
solicitud en ejercicio del derecho de petición ante la UARIV, con el fin de que
se le reconociera y entregara la ayuda humanitaria de transición a la que tiene
derecho. Sin embargo, sostuvo que a la fecha de la presentación de amparo la
UARIV no le había dado respuesta alguna por lo que consideró que su derecho de
petición fue conculcado junto con el derecho al mínimo vital.
A su vez, a
pesar de ser notificada mediante oficio del 25 de octubre del 2016[83], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
4.2.
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 1 de noviembre de 2016, el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de Mocoa   amparó los derechos fundamentales del señor Chindoy
Mutmbajoy. Así, le ordenó a la entidad demandada que procediera a entregar la
ayuda humanitaria solicitada, toda vez que en el caso concreto se probó que la
entidad no había dado una respuesta oportuna a la solicitud presentada lo que
expone al actor, que se encuentra en una situación de indefensión, a una
violación de sus derechos.
4.3.
Pruebas recaudadas en el trámite de tutela
En su oficio
de respuesta, la UARIV precisó que hasta el 19 de febrero de 2015 el actor
había recibido dos soportes económicos por un valor promedio de $300,000[84]. Por otro
lado, la entidad adjuntó copia de la Resolución 610394 del 12 de octubre de
2016[85],
notificada a través de aviso[86],
en donde después de realizado el estudio de carencias se identificó la
necesidad de prorrogar la atención humanitaria de emergencia. Así, se reconoció
en favor del actor y su núcleo familiar el pago de tres giros, por un valor
cada uno de $255,000, durante el año 2017.
5. Expediente
T-5.939.138
5.1. Hechos
La señora
María Victoria Parra Vargas, de 32 años de edad[87], señaló
que es víctima de desplazamiento forzado y que es la responsable, como madre cabeza
de familia, del cuidado de dos hijos en condición de discapacidad[88]. En tal
condición, presentó una solicitud ante la UARIV para que se le asignara en
fecha cierta y oportuna la ayuda humanitaria a la que tiene derecho. Sin
embargo, la entidad no dio respuesta alguna.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 6 de septiembre del 2016[89], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
5.2.
Decisión objeto de revisión
En sentencia
del 16 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia
amparó los derechos fundamentales de petición y al mínimo vital de la
peticionaria. Así, ordenó que se le entregara la ayuda solicitada, en
particular los componentes para garantizar su alojamiento y alimentación por
considerar que: (i) la actora es madre cabeza de familia responsable del
cuidado de dos menores en condición de discapacidad; (ii) ante la falta de
respuesta de la entidad se tienen como cierto los hechos descritos en la
tutela, en particular la falta de atención por parte de la UARIV; y (iii)
existe vulneración probada de los derechos fundamentales de la señora Parra
Vargas y de su núcleo familiar.
5.3.
Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
En su memorial
de respuesta al auto de pruebas, la UARIV le informó a la Sala que la señora
Parra Vargas había sido beneficiaria de tres pagos de ayuda humanitaria por un
valor promedio de $400,000 siendo el último cobrado el 17 de abril de 2015[90]. Por otra
parte, allegó copia de la Resolución 070506 del 30 de noviembre de 2015[91],
notificada por aviso[92],
mediante la cual se ordenó la suspensión de la ayuda de emergencia pues se
constató que la peticionaria ha cursado estudios técnicos que le permiten
mejorar su situación de empleabilidad, se encuentra afiliada al régimen
contributivo y posee vivienda propia.
6.
Expediente T-5.956.850
6.1. Hechos
El señor
Francisco Javier Gutiérrez Agudelo, de 38 años de edad[93], señaló
que es víctima de desplazamiento forzado desde el año 2008. Asimismo indicó que
ha recibido tres ayudas de emergencia, pero que las mismas han sido
insuficientes en razón a su situación de extrema vulnerabilidad. Por tal razón,
presentó una petición para que se le reconociera la prórroga de la misma pero
la UARIV no ofreció respuesta alguna. Por esa razón, considera que sus derechos
fundamentales de petición y al mínimo vital fueron vulnerados por la entidad.
Respuesta
de la entidad accionada
Mediante
memorial del 4 de octubre de 2016[94],
la entidad se opuso a las pretensiones de la tutela al sostener que el 3 de
octubre de 2016 la UARIV respondió la solicitud presentada por el señor
Gutiérrez Agudelo y en la que se procedió a realizar un desembolso por un valor
de $520,000 como componente de ayuda humanitaria con una vigencia de un año[95].
6.2.
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 11 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Cali amparó los derechos fundamentales de petición y al mínimo vital del actor.
Así, señaló que el peticionario se encontraba en una situación de  extrema
vulnerabilidad por lo que se debían aplicar las prórrogas automáticas
contempladas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con
las ayudas humanitarias de emergencia así como las reglas para una eventual
indemnización administrativa.
6.3.
Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La UARIV le informó a la Sala que mediante comunicación del 3 de
octubre de 2016 se le informó al peticionario que tras la realización del
estudio de medición de carencias se había determinado asignarle un turno de
ayuda humanitaria. Sin embargo, el escrito de la entidad señala que el mismo ya
fue reclamado el 19 de agosto de 2016 por el peticionario[96].
7. Expediente T-6.018.699
7.1. Hechos
El señor Jen Zing Hinestroza Valderrama, de 45 años de edad[97], señaló
que es víctima de desplazamiento forzado desde el año 2005. De la misma forma,
señaló que se encuentra incluido en el Registro Único desde el 29 de abril de
2015. Por tal razón, presentó una petición el 2 de agosto de 2016 ante la UARIV
con el fin de que se le reconociera la ayuda humanitaria a la que tiene
derecho. Sin embargo, la UARIV no ofreció ninguna respuesta por lo que el actor
presentó tutela al considerar que dicha omisión vulneró sus derechos
fundamentales de petición y al mínimo vital.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 27 de septiembre del 2016[98], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
7.2.
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 5 de octubre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del actor. El juez consideró que el
caso del peticionario se enmarca en una situación de vulneración sistemática de
los derechos de la población desplazada. Por lo anterior, le ordenó a la UARIV
proceder a entregar la ayuda humanitaria de emergencia solicitada por el
accionante.
8.
T-6.021.362
8.1. Hechos
La señora Diva
Luz Torres Sánchez, de 43 años de edad[99],
indicó que es madre cabeza de familia encargada del cuidado de dos menores de
edad y que tanto ella como su núcleo familiar son víctimas del desplazamiento
forzado, razón por la cual se encuentran inscritos en el Registro Único de
Víctimas. Señala que mediante vía telefónica, la UARIV le ha indicado que tiene
derecho a una ayuda humanitaria sin precisarle el momento en el que el giro se
realizará. Por esta razón, acude a la acción de tutela con el fin de que se le
ordene a la entidad a realizar el procedimiento para adelantar el Plan de
Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI) y así concretar la ayuda
humanitaria requerida.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 14 de septiembre del 2016[100], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
8.2.
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 23 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Apartadó amparó los derechos fundamentales de la accionante. El juez
consideró que el caso de la peticionaria se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia solicitada por la accionante.
9.
T-6.021.364
9.1 Hechos
La señora
Rosiris Gómez Hernández, de 46 años de edad[101],
manifestó que es víctima de desplazamiento forzado y el 22 de agosto de 2016
solicitó ante la UARIV el reconocimiento de la ayuda humanitaria de emergencia.
Sin embargo, indicó que a la fecha de presentación del amparo no había obtenido
respuesta alguna por lo que considera que se desconocieron sus derechos
fundamentales de petición y al mínimo vital. Por esa razón, acudió a la tutela
con el fin de que se le ordenara a la entidad realizar los estudios necesarios
para determinar el grado de vulnerabilidad de su núcleo familiar y de esta
forma reconocer la ayuda solicitada.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 7 de septiembre del 2016[102], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
9.2.
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Apartadó amparó los derechos fundamentales de la accionante. El juez
consideró que este caso se enmarca en una situación de vulneración sistemática
de los derechos de la población desplazada. Por lo anterior, le ordenó a la
UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de emergencia sin realizar el
correspondiente estudio de vulnerabilidad. 10. T-6.025.737
10.1 Hechos
La señora
Guillermina Narváez León, de 35 años de edad[103],
señaló que es víctima de desplazamiento forzado por hechos ocurridos el 17 de
mayo de 1996 y que es madre cabeza de familia responsable del cuidado de dos
menores de edad. De igual forma, manifestó que se encuentra inscrita en el
Registro Único de Víctimas y que a la fecha no ha recibido el subsidio integral
para compra de vivienda y la ayuda humanitaria a la que tiene derecho. Por lo
anterior, en ejercicio de su derecho de petición, presentó una solicitud ante
la UARIV el 15 de julio de 2016, con el fin de que se realizara el estudio de
necesidades respectivas para aprobar la ayuda. Sin embargo, a la fecha de
presentación del amparo, la entidad no había proferido ninguna respuesta.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 30 de agosto del 2016[104], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
10.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 6 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal de Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales de la peticionaria. El juez
consideró que el caso de la peticionaria se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia sin realizar el correspondiente estudio de vulnerabilidad.
11.
T-6.025.743
11.1 Hechos
El señor
Roberto Antonio Zapata Barrios, de 36 años de edad[105], señaló
que es víctima de desplazamiento forzado. Por esta razón, presentó una
solicitud el 22 de agosto de 2016 ante la UARIV con el fin de que se le
reconociera la ayuda humanitaria de emergencia a la que tiene derecho. Sin
embargo, explicó que a la fecha de presentación de la tutela la entidad no ha
proferido respuesta por lo que considera que sus derechos fundamentales de
petición y al mínimo vital fueron desconocidos.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 9 de septiembre del 2016[106], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
11.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 22 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Zapata Barrios. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia sin realizar el correspondiente estudio de vulnerabilidad.
12.
T-6.025.748
12.1 Hechos
La señora Ana
del Carmen González Márquez, de 45 años de edad, indicó que es víctima de
desplazamiento forzado razón por la cual se encuentra inscrita en el Registro
Único de Víctimas desde el 6 de julio de 2012. Por lo anterior, explicó que
presentó una solicitud ante la UARIV con el fin de que se le indicara una fecha
cierta para la recepción de la ayuda humanitaria. En ese sentido, señaló que la
entidad no le ha proveído de una respuesta por lo que considera que sus
derechos fundamentales de petición y al mínimo vital fueron vulnerados.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 5 de septiembre del 2016[107], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
12.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 15 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Apartadó amparó los derechos fundamentales de la señora González Márquez. El
juez consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia sin realizar el correspondiente estudio de vulnerabilidad.
13.
T-6.030.882
13.1 Hechos
El señor
Manuel Salazar Castillo, de 55 años de edad, señaló que es víctima de
desplazamiento forzado por hechos ocurridos el 6 de junio de 1996. Debido a lo
anterior, explicó que se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas
desde el 9 de junio de 2015. Asimismo, manifestó que la ayuda humanitaria que
recibe no es suficiente por lo que requiere ser incluido en el Programa de
Alimentación en Transición de los Hogares Desplazados. Sin embargo, advirtió
que la entidad no ha querido precisar una fecha cierta para la entrega del
subsidio por lo que sus derechos fundamentales de petición y mínimo vital
fueron desconocidos.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 14 de octubre del 2016[108], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
13.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 26 de octubre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Salazar Castillo. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
14.
T-6.030.898
14.1 Hechos
La señora
Yudys Edilma Pérez Borja, de 26 años de edad[109],
señaló que fue víctima de desplazamiento forzado en el año 2006. En su escrito,
de manera somera, planteó que se encuentra en una situación económica precaria
en razón a que es madre cabeza de familia y no logra conseguir empleo. Por lo
anterior, desde mayo del 2016 viene solicitando a la UARIV la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia a la que tiene derecho sin que a la fecha la entidad
le haya dado respuesta. Por lo anterior, considera que sus derechos
fundamentales de petición y al mínimo vital fueron vulnerados.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 13 de octubre del 2016[110], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
14.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 24 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales de la peticionaria. El juez
consideró que en lo que respecta a la ayuda humanitaria de emergencia, se deben
observar los criterios dispuestos en el Decreto 2569 de 2014 para evaluar las
peticiones elevadas ante la UARIV. Sin embargo, lo anterior no es óbice para
que no se de una resolución pronta y cierta a las solicitudes elevadas por las
víctimas en ejercicio de su derecho de petición. Por todo lo anterior, le ordenó
a la entidad accionada realizar, dentro de los 10 días siguientes del fallo, el
proceso de caracterización y verificación de condiciones de vulnerabilidad y se
le asigne un turno a la actora para que le sea entregada la ayuda humanitaria
de emergencia dentro de los 3 meses contados a partir de la adjudicación del
mismo.
15.
T-6.030.905
15.1 Hechos
La señora Eidy
Roció Gómez Hernández, de 42 años de edad, señaló que es víctima de
desplazamiento forzado desde el año 1996. De la misma forma, indicó que en la
actualidad se encuentra desempleada y que no cuenta con recursos suficientes
para atender sus necesidades o las de su hijo mayor de edad y estudiante.
Indicó que la última ayuda humanitaria de emergencia la recibió en el año 2014
y que en la actualidad la entidad no le da una respuesta clara y cierta sobre
cuándo le será otorgada de nuevo la misma. Por lo anterior, considera que sus
derechos fundamentales de petición y al mínimo vital fueron desconocidos.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 13 de octubre del 2016[111], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
15.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 26 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales de la peticionaria. El juez
consideró que en lo que respecta a la ayuda humanitaria de emergencia, se deben
observar los criterios dispuestos en el Decreto 2569 de 2014 para evaluar las
peticiones elevadas ante la UARIV. Sin embargo, lo anterior no es óbice para
que no se de una resolución pronta y cierta a las solicitudes elevadas por las
víctimas en ejercicio de su derecho de petición. Por todo lo anterior, le ordenó
a la entidad accionada realizar, dentro de los 10 días siguientes del fallo, el
proceso de caracterización y verificación de condiciones de vulnerabilidad y se
le asigne un turno a la actora para que le sea entregada la ayuda humanitaria
de emergencia dentro de los 3 meses contados a partir de la adjudicación del
mismo.
16.
T-6.050.393
16.1 Hechos
El señor
Sergio Manuel Mesa Torres, de 31 años de edad[112],  indicó
que fue víctima de desplazamiento forzado en el año 2004 razón por la cual se
encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas desde el 27 de febrero de
2015. Por lo anteriores hechos, le solicitó a la UARIV el reconocimiento de la
reparación administrativa en los términos de la Ley 1448 de 2011 y de la ayuda
humanitaria de emergencia pero que la entidad no la ha dado una respuesta
cierta y de fondo. Debido a esto, considera que sus derechos fundamentales de
petición y al mínimo vital fueron vulnerados.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 1 de noviembre del 2016[113], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
16.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 15 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Mesa Torres. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
17.
T-6.051.628
17.1 Hechos
El señor Juan
Evangelista Muñoz Flórez, de 38 años de edad, manifestó ser víctima de
desplazamiento forzado y estar inscrito en el Registro Único de Víctimas.
Indicó que el 3 de octubre de 2016, le solicitó a la UARIV la ayuda humanitaria
a la que tiene derecho sin que a la fecha de presentación de la tutela
recibiera una respuesta de fondo. Por lo anterior considera que sus derechos
fundamentales de petición y al mínimo vital se desconocieron.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 19 de octubre del 2016[114], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
17.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 31 de octubre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Muñoz Flórez. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
18.
T-6.051.631
18.1 Hechos
El señor Luis
Gabriel Sánchez Negrete, de 47 años de edad[115],
señaló que es víctima de desplazamiento forzado por hechos ocurridos el 18 de
mayo de 1986 y que es padre cabeza de familia responsable del cuidado de dos
menores de edad. De igual forma, manifestó que se encuentra inscrito en el
Registro Único de Víctimas y que a la fecha no ha recibido el subsidio integral
para compra de vivienda y la ayuda humanitaria a la que tiene derecho. Por lo
anterior, en ejercicio de su derecho de petición, presentó una solicitud ante
la UARIV el 20 de septiembre de 2016, con el fin de que se realizara el estudio
de necesidades respectivas para aprobar la ayuda. Sin embargo, a la fecha de
presentación del amparo, la entidad no había proferido ninguna respuesta.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 25 de octubre del 2016[116], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
18.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 4 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Sánchez Negrete. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
19.
T-6.051.633
19.1 Hechos
La señora
Erika Andrea Pareja Ríos, de 38 años de edad[117],
indicó que es víctima de desplazamiento forzado desde el 18 de junio de 2008.
Señaló que en la actualidad se encuentra desempleada y que no cuenta con los
recursos para financiar la educación de sus dos hijos, de 15 y 19 años
respectivamente, así como acceder a una vivienda digna. Manifestó que la última
ayuda humanitaria que recibió fue en junio de 2016 sin que a la fecha la UARIV
le señalara una fecha cierta para recibir la prórroga de la misma a pesar de
que ha elevado varias solicitudes de manera verbal en la línea de atención
gratuita que dispone la entidad para estos fines. Por lo anterior, considera
que sus derechos fundamentales de petición y al mínimo vital fueron vulnerados.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 28 de octubre del 2016[118], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
19.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 8 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales de la señora Pareja Ríos. El juez
consideró que el caso de la peticionaria se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
20. T-6.051.636
20.1 Hechos
El señor
Alejandro Antonio Escipion Ramírez, de 60 años de edad[119], señaló
que es víctima de desplazamiento forzado por hechos ocurridos el 10 de febrero
de 1997 y que es padre cabeza de familia. De igual forma, manifestó que se
encuentra inscrito en el Registro Único de Víctimas y que a la fecha no ha
recibido el subsidio integral para compra de vivienda ni la ayuda humanitaira a
la que tiene derecho. Por lo anterior, en ejercicio de su derecho de petición,
presentó una solicitud ante la UARIV el 12 de agosto de 2016, con el fin de que
se realizara el estudio de necesidades respectivas para aprobar la ayuda. Sin
embargo, a la fecha de presentación del amparo, la entidad no había proferido
ninguna respuesta.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 26 de octubre del 2016[120], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
20.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 4 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Escipion Ramírez. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
21.
T-6.063.961
21.1 Hechos
El señor
Camilo Delelis Mendoza Soto, de 47 años de edad[121], señala
que es víctima de desplazamiento forzado. En esa condición, presentó una
solicitud en ejercicio de su derecho de petición ante la UARIV el 9 de
noviembre de 2016 con el fin de que le fuera reconocida y adjudicada la ayuda
humanitaria de emergencia a la que tiene derecho. Sin embargo, para la fecha de
presentación de la tutela el peticionario no había obtenido una respuesta por
parte de la entidad razón por la cual considera que sus derechos fundamentales
de petición y al mínimo vital fueron desconocidos.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 28 de noviembre del 2016[122], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
21.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 28 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Mendoza Soto. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
22.
T-6.063.962
22.1 Hechos
La señora
Sandra Milena Sánchez Vargas, de 38 años de edad[123], indicó
que es víctima de desplazamiento forzado desde el 23 de marzo de 1996 y que
como madre cabeza de familia. De la misma forma, manifestó que el 9 de
septiembre de 2013 fue incluida en el Registro Único de Víctimas y que desde
ese momento ha solicitado el reconocimiento de la ayuda humanitaria de emergencia
sin que la UARIV le ofrezca una respuesta. Por lo anterior, señala que los
derechos fundamentales tanto de su núcleo familiar como de ella fueron
vulnerados, en particular el derecho de petición y al del mínimo vital.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 1 de diciembre del 2016[124], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
22.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 13 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales de la señora Sánchez Vargas. El juez
consideró que el caso de la peticionaria se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
Por otra
parte, mediante escrito presentado el 11 de enero de 2017[125] dirigido
al juez de única instancia la entidad explicó las acciones que emprendió para
dar cumplimiento al fallo de tutela. Así, indicó que el hogar de la
peticionaria ya había sido sometido al proceso de identificación de carencias
conforme al cual se identificó que el mismo no se encontraba en una situación
de vulnerabilidad por lo que mediante acto administrativo del 31 de diciembre
de 2015[126]
se ordenó la suspensión de la ayuda humanitaria. En el mismo documento, la
entidad explica que dicho acto administrativo fue notificado a través de la
Personería Municipal de Apartadó en razón a que la actora no aportó una
dirección de notificación.
23.
T-6.063.972
23.1 Hechos
El señor
William Arrieta Peña, de 39 años de edad[127],
indicó que es desplazado por hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2006. Por
esa razón, el 17 de mayo de 2012 fue incluido en el Registro Único de Víctimas
pero que hasta el momento solo ha recibido una ayuda humanitaria de emergencia.
Así, el 5 de octubre de 2016 presentó una solicitud en ejercicio del derecho de
petición ante la UARIV con el fin de que se le asignara una nueva ayuda. Sin
embargo, para la fecha de la presentación del amparo la entidad no le había
proporcionado ninguna respuesta. Por lo anterior, el señor Arrieta Peña
consideró que sus derechos fundamentales de petición y al mínimo vital fueron
vulnerados.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 28 de noviembre del 2016[128], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
23.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del actor. El juez consideró que el
caso del peticionario se enmarca en una situación de vulneración sistemática de
los derechos de la población desplazada. Por lo anterior, le ordenó a la UARIV
proceder a entregar la ayuda humanitaria de emergencia de manera inmediata.
24. T-6.063.976
24.1 Hechos
El señor
Demetrio Palma Rentería, de 49 años de edad[129],
señaló que es desplazado por la violencia desde el 5 de febrero de 1996. Por
esta razón, fue incluido junto a su grupo familiar en el Registro Único de
Víctimas el 21 de mayo de 2015. Así, manifestó que el 18 de noviembre de 2016
solicitó a través del servicio de asistencia virtual de la UARIV la ayuda
humanitaria de emergencia a la que tiene derecho. En dicha oportunidad, la
entidad le indicó que en su casa estaba pendiente el procedimiento de
verificación de vulnerabilidad. Sin embargo, para la fecha de la presentación
de la tutela no se le indicó una fecha cierta para realizar la valoración por
lo que considera que sus derechos fundamentales de petición y al mínimo vital
fueron vulnerados.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 5 de diciembre del 2016[130], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
24.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 14 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Palma Rentería. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
Por otra
parte, mediante escrito presentado el 11 de enero de 2017[131]  dirigido
al juez de única instancia la entidad explicó las acciones que emprendió para
dar cumplimiento al fallo de tutela. Así, indicó que el hogar del peticionario
ya había sido sometido al proceso de identificación de carencias conforme al
cual se identificó que el mismo no se encontraba en una situación de vulnerabilidad
por lo que mediante acto administrativo del 7 de diciembre de 2016[132] se ordenó
la suspensión de la ayuda humanitaria. En el mismo documento, la entidad
explicó que dicho acto administrativo fue notificado a través de la Personería
Municipal de Apartadó en razón a que el actor no aportó una dirección válida de
notificación.
25.
T-6.063.989
25.1 Hechos
La señora Luz
Miryam Higuita Higuita indica que es desplazada por la violencia desde 1981
razón por la cual fue incluida en el Registro Único de Víctimas el 11 de junio
de 2011. Por esta razón, presentó una petición el 3 de octubre del 2016 ante la
UARIV con la finalidad de que le fuera otorgada la ayuda humanitaria de
emergencia a la que tiene derecho. Sin embargo, sostuvo que a la fecha de
presentación de la tutela no había obtenido una respuesta por parte de la
entidad por lo que considera que sus derechos fundamentales de petición y al
mínimo vital fueron desconocidos.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 28 de noviembre del 2016[133], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
25.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales de la señora Higuita Higuita. El
juez consideró que el caso de la peticionaria se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
Por otra
parte, mediante escrito presentado el 9 de diciembre de 2016[134]  dirigido
al juez de única instancia la entidad explicó las acciones que emprendió para
dar cumplimiento al fallo de tutela. Así, indicó que mediante comunicación[135] del 7 de
diciembre de 2016 se le informó a la peticionaria que los hechos que originaron
el desplazamiento ocurrieron el 23 de septiembre de 1981, esto es con
anterioridad al 1 de enero de 1985, fechada fijada por la Ley 1448 de 2011 como
parámetro para considerar que una persona tiene acceso a las ayudas
humanitarias o la indemnización administrativa correspondiente. En ese sentido,
la UARIV le indicó a la señora Higuita Huigita que tenía derecho a acceder a
medidas de reparación, verdad y no repetición pero no a las ayudas señaladas en
la mencionada norma.
26.
T-6.063.990
26.1 Hechos
El señor Jorge
Tulio Guzmán Rodríguez, de 63 años de edad, indicó que es desplazado por hechos
ocurridos en el 2001. Por esta razón, señala que desde octubre de 2015 viene
solicitando vía telefónica ante la UARIV la ayuda humanitaria a la que tiene
derecho sin que hasta el momento de presentación de la tutela la entidad le
ofreciera una respuesta cierta. En ese sentido, consideró que sus derechos
fundamentales de petición y al mínimo vital fueron vulnerados.
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 2 de diciembre del 2016[136], la
entidad guardó silencio durante el trámite de única instancia.
26.2
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 14 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó amparó los derechos fundamentales del señor Guzmán Rodríguez. El juez
consideró que el caso del peticionario se enmarca en una situación de
vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada. Por lo
anterior, le ordenó a la UARIV proceder a entregar la ayuda humanitaria de
emergencia de manera inmediata.
Por otra
parte, mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2016[137]  dirigido
al juez de única instancia la entidad explicó las acciones que emprendió para
dar cumplimiento al fallo de tutela. Así, indicó que mediante comunicación[138] del 19 de
diciembre de 2016 se le informó al peticionario que el 14 de diciembre anterior
se había realizado la evaluación de carencias y que tras la misma se autorizó
el reconocimiento de una ayuda humanitaria de emergencia que se encontraba
disponible para su cobro desde el mismo día.
[1] Memorial de
respuesta de la UARIV (folios 24 a 34; cuaderno principal de revisión).
[2] En el
expediente relacionado con el número T-5.932.921 el
juez de tutela de primera instancia acumuló diez acciones de tutela por
encontrar que presentaban unidad de materia.
[3] Sobres esta
materia, la Sala adoptará la recopilación de las
reglas generales de procedibilidad de la tutela para la protección del derecho
de petición, consignada en la sentencia T-527 de 2015 (Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[4] Constitución
Política. Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
[5] Ver, entre
otras, sentencias T-012 de 1992. Magistrado Ponente: José Gregoria Hernández
Galindo; T-410 de 1992. Magistrado Ponente: Simón Rodríguez Rodríguez; T-172 de
1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; T-306 de 1993.
Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; T-335 de 1993. Magistrado
Ponente: Jorge Arango Mejía; y T-279 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[6] Ver, entre
otras, sentencias T-490 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería; y
T-147 de 2006. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa;
[7] Ver, entre
otras, sentencias T-481 de 1992. Magistrado Ponente: Jaime Sanín Greiffenstein;
y T-214 de 2014. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
[8] Ver, entre
otras, sentencias T-259 de 2004. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández; y T-814 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.
[9] Ver, entre
otras sentencias, T-615 de 1998. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa;
T-178 de 2000. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; T-249 de
2001. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; T-149 de 2014.
Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[10] Ver, entre
otras, sentencias T-839 de 2006. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis; y
T-831A de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
[11] Corte
Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[12] Sobre esta
materia, la Sala adoptará la recopilación de las
reglas generales de procedibilidad de la tutela para la protección del derecho
de petición, consignada en la sentencia T-099 de 2015 (Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado) y en el Auto 206 de 2017 (Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[13]
Constitución Política Artículo 86 (parcial). Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los
jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…) Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
[14]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción
de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito.
[15]
Corte Constitucional. Sentencia T-788 de 13. Magistrado Ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[16] Corte
Constitucional. Sentencia T-149 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[17] Ver, entre
otras, sentencias T-558 de 2012. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-149 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; y
T-828 de 2014. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
[18] Corte
Constitucional. Sentencia T-690A de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva.
[19] Ver, entre
otras, sentencias T-182 de 2012. Magistrada Ponente María Victoria Calle
Correa; T-218 de 2014. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
[20] Corte
Constitucional. Sentencia T-218 de 2014. Magistrada Ponente: Mará Victoria
Calle Correa.
[21] Ver, entre otras,
sentencias T-839 de 2006. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis; y T-182 de
2012. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
[22] Corte
Constitucional. Sentencia T-196 de 2017. Magistrado Ponente: José Antonio
Cepeda Amarís.
[23] Corte
Constitucional. Sentencia T-158 de 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
[24] Corte
Constitucional. Sentencia T-626 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria
Calle Correa.
[25] Ver, entre
otras, sentencias T-690A de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas
Silva; y T-218 de 2014. Magistrada Ponente : María Victoria
Calle Correa.
[26] “Ver, entre
otras, sentencias T-182 de 2012. Magistrada Ponente: María Victoria Calle
Correa; T-218 de 2014. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa; y T-680
de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
[27] Sobre esta
materia, la Sala adoptará la recopilación de las
reglas generales de procedibilidad de la tutela para la protección del derecho
de petición, consignada en la sentencia T-147 de 2016 (Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[28] Corte Constitucional.
Sentencia T-685 de 2010. Magistrado Ponente.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[29] Corte Constitucional.
Sentencia T-498 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[30] Corte Constitucional.
Sentencia T-936 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.
[31] Corte Constitucional.
Sentencia T-414 de 2005. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto,
[32] Ibídem.
[33] Corte Constitucional.
Sentencia SU-540 de 2007. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.
[34] En concreto, la Corte señaló lo siguiente: “El
hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el
requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de
tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en
el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro
del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Así entendida, por
principio, la muerte del accionante no queda comprendida en ese concepto,
aunque la Corte la haya utilizado en diversas oportunidades. En efecto, si
lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de
hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la
vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con
lo cual “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío” (Op.
Cit. Sentencia SU-540 de 2007).
[35] En la misma providencia, el Tribunal advirtió que: “de conformidad con las anteriores referencias
jurisprudenciales, la Sala concluye que la configuración de un hecho superado
hace innecesario el pronunciamiento del juez, en la medida que se logran
satisfacer los requerimientos del tutelante antes de ese pronunciamiento, pero
no ocurre lo mismo con la configuración de un daño consumado, comoquiera que
éste supone la afectación definitiva de los derechos del tutelante y, en
consecuencia, se impone la necesidad de pronunciarse de fondo, como ya lo tiene
definido la jurisprudencia constitucional sobre la materia, por la proyección
que puede presentarse hacia el futuro y la posibilidad de establecer correctivos”
(Op. Cit. Sentencia SU-540 de 2007).
[36] Corte
Constitucional. Sentencia T-158 de 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
[37] Corte
Constitucional. Sentencia T-*** de 2017. Magistrado Ponente: Alejandro Linares
Cantillo.
[38] Ver entre otras, las
sentencias  T-842 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-520
de 2012 M.P. María Victoria Calle.
[39] Sobre esta
materia, la Sala adoptará la recopilación de las
reglas generales de procedibilidad de la tutela para la protección del derecho
de petición, consignada en la sentencia T-147 de 2016 (Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[40]
Arango, Rodolfo y Lemaitre, Julieta. Jurisprudencia constitucional sobre el
derecho al mínimo vital. Universidad de los Andes. Bogotá. 2002.
[41]
Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[42]
Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 1997. Magistrado Ponente: José
Gregorio Hernández.
[43]
Corte Constitucional. Sentencia SU-995 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos
Gaviria Díaz.
[44]
Cfr. Ver entre otras, sentencias T-011 de 1998; T-072 de 1998; T-384 de 1998;
T-365 de 1999 y T-140 de 2002.
[45]
Corte Constitucional. Sentencia T-218 de 2014. Magistrada Ponente: María
Victoria Calle Correa.
[46] Corte
Constitucional. Sentencia T-511 de 2015. Magistrada Ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[47] Corte
Constitucional. Auto 206 de 2017. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado, p. 3.
[48] En particular,
el numeral séptimo del Auto 206 de 2017 dispuso lo siguiente:
“Séptimo.- ORDENAR al
Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación,
reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la
obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y
objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el
transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en
los términos descritos en este pronunciamiento.
El Director de la Unidad para
las Víctimas tiene hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez y
siete (2017) para reglamentar este procedimiento, y deberá presentar en esa
fecha un informe, en medio físico y magnético ante esta Sala Especial,
exponiendo los resultados alcanzados.
En este documento se deberá
hacer un nuevo diagnóstico de la problemática general que se aborda en este
pronunciamiento, tanto en lo concerniente a la ayuda humanitaria como a la
indemnización administrativa, con la finalidad de evaluar el impacto de las
medidas adoptadas en el mismo, junto con la necesidad de mantenerlas o
modificarlas”.
[49]
Copia de la cédula de ciudadanía (folio 13; cuaderno de única instancia).
[50]
Oficio de notificación (folio 16; cuaderno de única instancia).
[51] Ibídem; folio
24.
[52]
Memorial de respuesta de la UARIV (folio 24; cuaderno de revisión).
[53]
Copia digital de la Resolución 546913 del 23 de septiembre de 2016 (folio 35;
cuaderno de revisión).
[54]
Copia digital de la constancia de notificación personal de la Resolución 546913
fechada el 21 de octubre de 2016 (folio 35; cuaderno de revisión).
[55] Copia
de la cédula de ciudadanía (folio 4; cuaderno de única instancia).
[56]
Oficio de notificación (folio 7; cuaderno de única instancia).
[57]
Op. Cit. Memorial de respuesta de la UARIV (folio 25; cuaderno de revisión).
[58]
Copia digital de la Resolución 368475 del 23 de septiembre de 2016 (folio 35;
cuaderno de revisión).
[59]
Copia digital de la constancia de notificación personal de la Resolución 368475
fechada el 31 de octubre de 2016 (folio 35; cuaderno de revisión).
[60] Copias
de las cédulas de ciudadanías (folios 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 y 46; cuaderno de única
instancia).
[61]
Oficio de notificación (folio 59; cuaderno de única instancia).
[62] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UARIV (folio 26; cuaderno de revisión).
[63] Copia
digital de la Resolución 365297 del 23 de julio de 2016 (folio 35; cuaderno de
única instancia).
[64] Copia
digital de la constancia de notificación personal de la Resolución 365297
fechada el 17 de noviembre de 2016.
[65] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UARIV (folio 26; cuaderno de revisión).
[66] Op.
Copia digital de la Resolución 160876 del 27 de septiembre de 2016 (folio 35;
cuaderno de única instancia).
[67] Copia
digital de la constancia de notificación de la Resolución 160876 mediante aviso
fijado el 22 de noviembre de 2016.
[68] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UARIV (folio 26; cuaderno de revisión).
[69] Ibídem;
folio 27.
[70] Ibídem;
folio 28.
[71] Copia
digital de la Resolución 220164 del 12 de abril de 2016 (folio 35; cuaderno de
revisión).
[72] Copia
digital de la constancia de notificación de la Resolución 220164 fechada el 23
de marzo de 2017 (folio 35; cuaderno de revisión).
[73] Copia
digital de la Resolución 324782 del 15 de julio de 2016 (folio 35; cuaderno de
revisión).
[74] Copia
digital de la constancia de notificación de la Resolución 324782 fechada el 12
de noviembre de 2016 (folio 35; cuaderno de revisión).
[75] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UARIV (folio 29; cuaderno de revisión).
[76] Ibídem; folio 29.
[77] Ibídem;
folio 29.
[78] Copia
digital de la Resolución 655056 del 19 de octubre de 2016 (folio 35; cuaderno
de revisión).
[79] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UARIV (folio 30; cuaderno de revisión).
[80] Copia
digital de la Resolución 320747 del 11 de julio de 2016 (folio 35; cuaderno de
revisión).
[81] Copia
digital de la constancia de notificación de la Resolución 320747 mediante aviso
fijado el 22 de noviembre de 2016.
[82] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 5; cuaderno de única instancia).
[83]
Oficio de notificación (folio 10; cuaderno de única instancia).
[84] Op. Cit.
Memorial de respuesta de la UARIV (folio 29; cuaderno de revisión).
[85] Copia digital
de la Resolución 610394 del 12 de octubre de 2016 (folio 35; cuaderno de
revisión).
[86] Copia
digital de la constancia de notificación de la Resolución 320747 mediante aviso
fijado el 6 de diciembre de 2016.
[87] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 4; cuaderno de única instancia).
[88] Copia de
certificados médicos que confirman que los dos menores padecen del Síndrome
de Pelizaeus Merzbacher (folios 5 y 6; cuaderno de única instancia).
[89]
Oficio de notificación (folio 10; cuaderno de única instancia).
[90] Op. Cit.
Memorial de respuesta de la UARIV (folio 31; cuaderno de única instancia).
[91] Copia digital
de la Resolución 070605 del 30 de noviembre de 2015 (folio 35; cuaderno de
revisión).
[92] Copia digital
de la constancia de notificación de la Resolución 070605 mediante aviso fijado
el 8 de febrero de 2017 (folio 35; cuaderno de revisión).
[93] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 4; cuaderno de única instancia).
[94] Memorial de
respuesta de la UARIV en única instancia (folios 17 a 24; cuaderno de única
instancia).
[95] Copia de la respuesta
a la solicitud presentada por el accionante en ejercicio de su derecho de
petición (folio 19; cuaderno de única instancia).
[96] Op. Cit.
Memorial de respuesta de la UARIV (folio 31; cuaderno de revisión).
[97] Copia de la cédula
de ciudadanía (folio 10; cuaderno de única instancia).
[98]
Oficio de notificación (folio 11); cuaderno de única instancia).
[99] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 8; cuaderno de única instancia).
[100]
Oficio de notificación (folio 12; cuaderno de única instancia).
[101] Copia de la cédula
de ciudadanía (folio 5; cuaderno de única instancia).
[102]
Oficio de notificación (folio 6; cuaderno de única instancia).
[103] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 13; cuaderno de única instancia).
[104]
Oficio de notificación (folio 16; cuaderno de única instancia).
[105] Copia de la cédula
de ciudanía (folio 5; cuaderno de única instancia).
[106]
Oficio de notificación (folio 6; cuaderno de única instancia).
[107]
Oficio de notificación (folio 11; cuaderno de única instancia).
[108]
Oficio de notificación (folio 11; cuaderno de única instancia).
[109] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 4; cuaderno de única instancia).
[110]
Oficio de notificación (folio 12; cuaderno de única instancia).
[111]
Oficio de notificación (folio 9; cuaderno de única instancia).
[112] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 6; cuaderno de única instancia).
[113]
Oficio de notificación (folio 7; cuaderno de única instancia).
[114]
Oficio de notificación (folio 6; cuaderno de única instancia).
[115] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 7; cuaderno de única instancia).
[116]
Oficio de notificación (folio 8; cuaderno de única instancia).
[117] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 6; cuaderno de única instancia).
[118]
Oficio de notificación (folio 7; cuaderno de única instancia).
[119] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 11; cuaderno de única instancia).
[120]
Oficio de notificación (folio 13; cuaderno de única instancia).
[121] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 7; cuaderno de única instancia).
[122]
Oficio de notificación (folio 8; cuaderno de única instancia).
[123] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 6; cuaderno de única instancia).
[124]
Oficio de notificación (folio 7; cuaderno de única instancia).
[125] Respuesta de la
UARIV (folios 10 a 32; cuaderno de única instancia).
[126] Copia del acto
administrativo 88060 de 2015 (folios 26 a 27; cuaderno de única instancia).
[127] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 6; cuaderno de única instancia).
[128]
Oficio de notificación (folio10; cuaderno de única instancia).
[129] Copia de la
cédula de ciudadanía (folio 7; cuaderno de única instancia).
[130]
Oficio de notificación (folio 9; cuaderno de única instancia).
[131] Respuesta de la
UARIV (folios 12 a 22; cuaderno de única instancia).
[132] Copia del acto
administrativo 32450 de 2016 (folios 19 a 20; cuaderno de única instancia).
[133]
Oficio de notificación (folio 8; cuaderno de única instancia).
[134] Respuesta de la
UARIV (folios 12 a 22; cuaderno de única instancia).
[135] Respuesta a la
peticionaria (folio 13; cuaderno de única instancia).
[136]
Oficio de notificación (folio 8; cuaderno de única instancia).
[137] Respuesta de la
UARIV (folios 9 a 15; cuaderno de única instancia).
[138] Respuesta a la
peticionaria (folio 13; cuaderno de única instancia).