C-425-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-425/08
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
de procedibilidad
ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Conformación de Comisión de Seguimiento del Sistema Penal
Acusatorio/ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Facultades
de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio/ACTO LEGISLATIVO
QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Características de la iniciativa
legislativa otorgada a la Comisión/ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Plazo para el ejercicio de la iniciativa
legislativa por parte de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal
Acusatorio
Con ocasión de la implementación del
sistema penal acusatorio en Colombia, el artículo 4º transitorio del Acto
Legislativo número 3 de 2002 conformó una comisión de alto nivel, conformada
por un grupo especializado de expertos, a la que le fueron otorgadas dos facultades:
la primera, de iniciativa legislativa y, la segunda, de seguimiento de la
implementación gradual del nuevo proceso penal en todo el territorio nacional.
La iniciativa legislativa que el constituyente autorizó a este grupo de
expertos tiene tres características que la identifican: i) es una atribución
específica para la implementación del nuevo proceso penal, ii) es una facultad
especial, porque la presentación de proyectos de ley generalmente corresponde a
entes públicos y no a un grupo multidisciplinario conformado por particulares y
autoridades de distintas ramas del poder público y, iii) es una facultad
precisa con expresa limitación en el tiempo. La lectura literal de la norma
superior muestra que la autorización a esta comisión para presentar proyectos
de ley se efectuó hasta el 20 de julio de 2003. De todas maneras, el Congreso
tenía hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes necesarias para
implementar el sistema penal acusatorio y si no lo hiciere el Presidente de la
República podía proferir las normas pertinentes dentro de los dos meses
siguientes. Para la Sala es evidente que cumplido el plazo expresamente
concedido a la comisión para presentar proyectos de ley, la facultad se agota y
ya no produce efectos jurídicos. Adicionalmente las atribuciones de seguimiento
consistentes en la vigilancia, posible asesoría y veeduría asignada a la
Comisión de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio no puede entenderse como
una limitación a la facultad para reformar las leyes que otorga al legislador
el artículo 150 de la Constitución.
NORMAS CONSTITUCIONALES TRANSITORIAS-Efectos/NORMAS
CONSTITUCIONALES TRANSITORIAS-Carácter precario y temporal
Esta Corporación lo ha advertido en
reiteradas oportunidades, las normas constitucionales transitorias, de un lado,
están destinadas a producir efectos jurídicos inmediatos, en tanto que se
aplican mientras sucede la condición o el plazo señalado y, de otro, tienen un
carácter precario y temporal, pues buscan agotar la situación que les dio vida
jurídica para después desaparecer. La Corte explicó que “La razón de ser de las
normas transitorias, esta Corporación lo reitera, es la de servir de puente
hacia la instauración del régimen constitucional ordinario al cual ellas se
refieren y que se encuentra en suspenso hasta su agotamiento. La
instrumentalidad del régimen transitorio explica su carácter eminentemente
temporal y precario, llamado a ser superado y sustituido por el régimen
ordinario tan pronto sea ello posible jurídica y materialmente”. Por lo tanto,
la iniciativa legislativa a que hacía referencia el artículo 4º transitorio del
Acto Legislativo 3 de 2002 ya se agotó y no podía condicionar el proceso
legislativo que finalizó con la Ley 1142 de 2007.
QUERELLA-Condición de procedibilidad de
la acción penal/QUERELLA-No constituye condición de punibilidad/ACCION
PENAL-Titularidad
La Corte Constitucional ha sostenido que la querella es una
condición de procedibilidad de la acción penal, puesto que se concibe como un
requisito que condiciona el inicio del proceso penal en tanto que sólo la
persona legitimada para el efecto puede autorizar la intervención del Estado
para investigar las conductas que son reprochables penalmente. La querella, entonces,
constituye una excepción a la regla general según la cual al Estado corresponde
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar de oficio la investigación
de los hechos que tienen las características de un delito. La querella no es un
elemento del delito que autorice diferenciar entre delitos de naturaleza
querellable y delitos de naturaleza oficiosa, puesto que constituye un
instrumento de política criminal del Estado.
ACCION PENAL-Naturaleza
La acción penal siempre es pública, aunque el titular para su
ejercicio sea la persona lesionada. En otras palabras, debe hablarse de delitos
perseguibles de oficio o a instancia de la persona ofendida por el delito o del
titular del bien jurídico tutelado.
INVESTIGACION PENAL DE OFICIO-Regla
general
El artículo 250 de la Constitución dispone que la Fiscalía General
de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de los hechos que revistan las características de
delito de los que tenga conocimiento por denuncia, petición especial, querella
o de oficio. A su turno, el Título II, Capítulo I, del Código de Procedimiento
Penal (artículos 66 a 81) desarrolla el deber de la Fiscalía de adelantar las
investigaciones penales de oficio y el de los ciudadanos de denunciar a la
autoridad los delitos de cuya comisión conozca y que deban iniciarse de oficio,
salvo la exoneración constitucional y legal del deber de denunciar. Eso muestra
que, por regla general, la investigación penal debe iniciar de oficio y, por
excepción, está sometida a la declaración de voluntad del afectado.
LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR-Facultad para regular los procedimientos judiciales/LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Determinación de delitos que
deben investigarse de oficio o a petición de parte (querella)
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar, de un lado, que
la determinación de cuáles de los delitos deben ser investigados de oficio o a
petición de parte es tan sólo un criterio de clasificación que utiliza el
legislador para ordenar las conductas penalmente reprochables, pero no
representa una diferencia ontológica entre los mismos y, de otro, que salvo
algunos casos tales como la prohibición de la tortura, del genocidio, la
desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales, no existe el deber
constitucional de criminalizar conductas ni de exigir la investigación de
oficio de las mismas, pues ello corresponde a la valoración del legislador que
le permite apreciar la conveniencia y oportunidad de establecer cuáles son los
instrumentos de protección de los derechos de las personas que resultan más
efectivos. La Corte ha dicho que la regulación de los requisitos de
procedibilidad de la acción penal es un asunto de regulación legal porque hace
parte de la libertad de configuración normativa del legislador para regular los
procedimientos judiciales.
PROCEDIMIENTO PENAL-Forma procesal no
diferencia entre delitos que se inician de oficio o a petición de parte (querella)/PROCESO
PENAL-Es uno sólo
No existe una forma procesal propia y específica para la
investigación de los delitos que requieren petición del lesionado, puesto que,
dentro de la libertad de configuración normativa que tiene el legislador para
determinar el procedimiento, es claro que el proceso penal es uno sólo y que
sin importar si se ha iniciado de oficio o a petición de la víctima, las
etapas, los términos y las oportunidades de intervención de los sujetos
procesales en el proceso es idéntico. En consecuencia, no podría hablarse de
formas procesales típicas de las conductas penales que requieren querella para
el inicio de su investigación.
QUERELLA-Desistimiento como opción de la
víctima/ACCION PENAL-Extinción por desistimiento/DESISTIMIENTO-Improcedencia
en delitos cuya investigación se inicia de oficio/DESISTIMIENTO-Procedencia
en delitos cuya investigación se inicia mediante querella
Una consecuencia natural de la querella es la posibilidad que tiene
la víctima de desistir el ejercicio de la acción penal, pues es lógico que si
la ley le permite al sujeto pasivo del delito dar inicio al proceso penal,
también le autorice terminarlo cuando lo considere pertinente. De ahí que, es
cierto, que el único que puede desistir de la querella es el querellante
legítimo y que, en delitos cuya investigación se inicia de oficio, por regla
general, no procede el desistimiento. La Corte considera que el hecho de que la
ley permita el desistimiento de la acción penal en delitos cuya investigación
se inicia mediante querella no significa que la forma procesal penal sea
modificada cuando se cambia la lista de los delitos que deben investigarse a
instancia de parte, ni que sea reprochable constitucionalmente que el
legislador reforme la figura del desistimiento o de la caducidad en esos casos,
como quiera que no sólo no existe una previsión constitucional que lo exija,
sino que, por el contrario, es un asunto que se encuentra dentro de la órbita
de libre configuración normativa del legislador.
CAPTURA EN FLAGRANCIA-Hecho que da lugar
a que se inicie de oficio el proceso penal/CAPTURA EN FLAGRANCIA-No
significa que el proceso finalice con sentencia condenatoria o que deban
surtirse todas las etapas procesales/CAPTURA EN FLAGRANCIA-Admite
aplicación de fórmulas de terminación anticipada del proceso
El hecho de que el proceso penal se inicie de oficio cuando el autor
del delito es capturado en flagrancia, no significa que éste necesariamente
debe finalizar con sentencia condenatoria o deba surtir todas las etapas
procesales que la ley prevé para el efecto, pues es perfectamente posible que
el proceso termine de manera anticipada con la aplicación de fórmulas como la
conciliación, el desistimiento por el pago de la indemnización de perjuicios
(artículo 76 del Código de Procedimiento Penal), la aplicación del principio de
oportunidad (artículos 321 y siguientes de la Ley 906 de 2004) o los casos de
extinción de la acción penal (artículo 77 del estatuto procesal penal). Ello,
por cuanto el proceso penal es idéntico respecto de los delitos que deben
investigarse de oficio o para los que requieren instancia de parte, pues, como
se dijo en precedencia, la querella es un requisito de procedibilidad de la
acción penal y no hace parte de la naturaleza del delito.
DELITOS QUERELLABLES-Procedencia de la
investigación de oficio por captura en flagrancia
La Corte infiere que el hecho de que la investigación deba iniciarse
de oficio en delitos que se han clasificado como querellables cuando se
presenta la captura en flagrancia, no viola la Constitución y, en especial, no
contradice la autonomía individual o el debido proceso penal, principalmente por
tres razones que se resumen así: i) ni de la dogmática penal ni de la
perspectiva constitucional puede deducirse que hay delitos cuya naturaleza sea
querellable, ii) la querella no es una figura que surge del delito, sino de la
potestad de valoración de la política criminal del Estado, por lo que es
indiferente que el legislador hubiere regulado una situación ajena al delito
como mecanismo para eliminar la disponibilidad de la acción penal y, iii) la
clasificación de delitos cuya investigación se inicia de oficio o mediante
querella corresponde a la ley, pues hace parte de la libertad de configuración
legislativa para regular el debido proceso penal.
DILIGENCIAS DE LEGALIZACION DE LA CAPTURA, FORMULACION DE IMPUTACION
E IMPOSICION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Etapas
procesales distintas que pueden desarrollarse en una sola audiencia y que
generan consecuencias jurídica distintas
LEGALIZACION DE LA CAPTURA-Carácter
perentorio/ LEGALIZACION DE LA CAPTURA-Funcionario ante quien se
realiza/LEGALIZACION DE LA CAPTURA-Objetivo/LEGALIZACION DE LA
CAPTURA EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
La legalización de la captura es una diligencia centrada en el
estudio de los aspectos fácticos que rodearon la detención del capturado y de
las garantías que el Estado Social de Derecho consagra al derecho a la
libertad, entre ellas, el respeto por la dignidad humana, la orden judicial
previa, la información sobre los motivos de la captura y la defensa de la
integridad física y sicológica del detenido. El carácter perentorio y máximo
del término señalado en la Constitución para legalizar la captura que es de
treinta y seis (36) horas, para poner a disposición del juez de control de
garantías al capturado. La jurisprudencia constitucional ha entendido que de la
lectura sistemática de las normas que integran el bloque de constitucionalidad
se deduce que poner al capturado a disposición del juez implica su presentación
o entrega física, puesto que esa diligencia no sólo asegura el ejercicio de
funciones judiciales, sino también la eficacia de los derechos del detenido,
tanto en el proceso: la plena identificación, a la defensa y a la
contradicción, como de su esfera personal, tales como los derechos a la
libertad y a la integridad física del detenido.
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Aspectos
que debe evaluar en la audiencia de legalización de la captura/JUEZ DE
CONTROL DE GARANTIAS-Decisiones que puede adoptar en audiencia de
legalización de la captura
En la audiencia de legalización de la captura, el juez de control de
garantías no sólo evaluará la situación en que se produjo la restricción de la
libertad –flagrancia u orden judicial-, sino también el cumplimiento de los
requisitos señalados en la ley para hacer efectivos los derechos del capturado,
pues en esa oportunidad puede ordenarse la cancelación de la orden de captura y
lo pertinente para la protección de sus derechos.
DEBIDO PROCESO EN LEGALIZACION DE LA CAPTURA CON PRESENCIA DEL
DETENIDO-Posibilita la defensa material y otros
derechos del indiciado
La presencia física del indiciado en diligencia de legalización de
la captura es fundamental para la eficacia de sus derechos y su limitación sólo
puede autorizarse en caso de renuncia del afectado –ni la ausencia ni la
contumacia pueden ser aplicables porque estamos en presencia de un capturado-,
por cuanto admitir lo contrario implicaría afectar gravemente el núcleo
esencial del derecho a la defensa material, a la integridad física y a la
libertad del indiciado.
DEBIDO PROCESO EN LEGALIZACION DE LA CAPTURA SIN PRESENCIA DEL
DETENIDO-Reduce la eficacia del derecho a la
defensa del capturado pero mantiene su derecho a la defensa técnica y el
derecho al control de legalidad de la medida/LEGALIZACION DE LA CAPTURA SIN
PRESENCIA DEL DETENIDO-Procedencia en situaciones excepcionales
En el caso
en el que la ley autoriza a legalizar la captura sin la presencia física del
detenido porque entró en estado de inconsciencia después de la privación de la
libertad o se encuentra en estado de salud que le impide ejercer su defensa
material, se presenta un conflicto entre, de un lado, la regla prevista en el
artículo 28 superior –la legalización de la captura debe realizarse en un
término máximo de 36 horas- y, de otro, el derecho del capturado a ser
presentado físicamente ante el juez de control de garantías para legalizar la
captura, también regulado en el artículo 28 de la Carta y en varias normas que
hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Sala considera que es válido
constitucionalmente que el legislador adopte como medida excepcional la
legalización de la captura sin la presencia del detenido cuando se trata de
situaciones también excepcionales, como las reguladas en la disposición
acusada: estado de inconsciencia y la grave enfermedad que impida el ejercicio
del derecho material, en tanto que de esta forma logran conciliarse los
derechos en tensión sin que se sacrifique en mayor medida un derecho para
lograr la eficacia del otro. Desde la perspectiva de los derechos del capturado
se tiene que aunque se reduce el grado de eficacia de su derecho a la defensa,
éste no resulta anulado porque se mantiene su derecho a la defensa técnica y
queda incólume el derecho fundamental a que un juez revise la legalidad y
constitucionalidad de la captura dentro de las 36 horas siguientes a la misma.
De igual manera, desde la perspectiva de los deberes y responsabilidades del
Estado, con la formalización de la captura se define la situación jurídica del
detenido y se evita el limbo en que pudiera encontrarse quién aparece sub
iúdice frente al Estado sin la autorización jurídica para el efecto.
LEGALIZACION DE CAPTURA DE MANERA FORMAL-Improcedencia/LEGALIZACION DE CAPTURA CON BASE EN CONSTANCIA DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Improcedente por afectación del derecho a la
defensa material del capturado
Permitir que el juez realice el control de legalidad de la
aprehensión de manera formal y no material, como quiera que no tiene a su
alcance todos los elementos de juicio suficientes para llegar a una decisión
contundente, afecta el derecho a la defensa material del capturado y pone en
riesgo los derechos a la vida e integridad del mismo
DILIGENCIA DE FORMULACION DE IMPUTACION-Inicio
del proceso penal/FORMULACION DE IMPUTACION-Objetivo/FORMULACION DE
IMPUTACION-Determinación del sujeto procesal/DILIGENCIA DE
FORMULACION DE IMPUTACION-Activa el ejercicio del derecho a la defensa
material
La diligencia de formulación de la imputación señala el inicio del
proceso penal y, a partir de ahí, entran en juego todos los derechos que
resultan involucrados con el delito y que corresponde al juez y a todas las
autoridades públicas garantizar y salvaguardar. La diligencia de formulación de
la imputación tiene como objetivo comunicar a una persona que se inicia en su
contra el proceso penal. En otras palabras, esta actuación formalmente pone en
funcionamiento la función investigativa del Estado y el aparato judicial para
perseguir el delito y proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad. En
el sistema penal acusatorio, a partir de la formulación de la imputación, el imputado adquiere el carácter de sujeto procesal y puede ejercer
su derecho a la defensa material. A partir de la diligencia de formulación de
imputación se activa el ejercicio del derecho a la defensa material del
sindicado.
DEBIDO PROCESO PENAL-Participación
directa y personal del imputado
Esta Corporación ya había dicho que solamente puede hablarse de
juicio justo cuando el ordenamiento jurídico consagra formas eficaces de
defensa y de contradicción para el imputado, tales como su participación
directa en el proceso en tanto que la defensa se ejerce de mejor manera con la
participación directa del imputado en el proceso.
DEFENSA MATERIAL Y DEFENSA TECNICA-Forman
parte del núcleo esencial del debido proceso/DEFENSA MATERIAL Y DEFENSA
TECNICA-Garantías que comprenden/DEFENSA MATERIAL Y DEFENSA TECNICA-Diferencias/DEFENSA
MATERIAL Y DEFENSA TECNICA-Importancia de la presencia física del indiciado
o su defensor para su desarrollo
El derecho a la defensa material goza de expresa garantía superior
en el artículo 29 de la Carta cuando dispone que quién sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento. La defensa material pone de
manifiesto la facultad inalienable que tiene el sindicado para autodefenderse,
pues es evidente que la defensa técnica, esto es, a cargo de su abogado de
confianza o nombrado de oficio, no puede concebirse como un obstáculo, o como
un abandono, o renuncia a defenderse por sí mismo. El derecho a la defensa
material supone, entre otras garantías, el derecho del sindicado a comparecer personalmente al proceso, a enfrentar los cargos que
pesan en su contra, haciendo el propio relato de los hechos, suministrando las
explicaciones o justificaciones que considere pertinentes en su favor, también
ejerciendo actos positivos de oposición a las pruebas de las cuales se
desprende su señalamiento como posible autor o partícipe de la comisión de un
delito, a ver el expediente y a escoger
libremente el derecho a guardar silencio como estrategia de defensa. La defensa
técnica en el proceso penal, fue concebida como un presupuesto de validez de
las decisiones que se adoptan en ejercicio del ius punendi del Estado. Es así
como la Corte concluyó que del artículo 29 de la Carta se deduce que el
imputado tiene derecho a defenderse personalmente en el proceso pero bajo la
dirección, asesoría y acompañamiento directo de su abogado, por cuanto no le es
permitido hacer su propia defensa, salvo que tenga la calidad de abogado. La
defensa material y técnica está encaminada tanto al esclarecimiento de la
verdad y al logro de la justicia en el caso concreto, como a la obtención de la
reparación económica a que haya lugar.
DEBIDO PROCESO EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Se materializa con la presencia del sindicado/DEBIDO PROCESO EN
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Excepcionalmente sin la presencia del sindicado/DEBIDO
PROCESO PENAL-Deber de adelantar las diligencias para localizar al
sindicado
La regla general en el proceso penal es la presencia física del
imputado, no obstante la jurisprudencia constitucional que autoriza adelantar
el proceso penal en ausencia del imputado es compatible con las nuevas
disposiciones constitucionales en materia del sistema penal acusatorio y con
las normas que integran el bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha concluido que las investigaciones y
juicios penales en ausencia del sindicado se ajustan a la Constitución, siempre y cuando éstos constituyan la excepción a la regla general
de presencia física y/o mediante abogado de confianza en el proceso penal y se
hubieren adelantado todas las diligencias pertinentes y al alcance del
funcionario competente para localizar al sindicado, de tal forma que pueda
concluirse que él se esconde o que renunció voluntariamente a su derecho a
hallarse presente en el proceso.
AUDIENCIA DE FORMULACION DE IMPUTACION E IMPOSICION DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Improcedencia por inasistencia del
indiciado por inconsciencia o por estado de salud
La inasistencia del indiciado a las audiencias de formulación de
imputación e imposición de la medida de aseguramiento porque se encuentra en
estado de inconsciencia al que entró después de la privación de la libertad o
porque se encuentra en estado de salud que le impida ejercer su defensa
material, evidentemente afecta sus derechos a la valoración de su situación
física por parte del juez de control de garantías y de defensa material porque
le perturba el ejercicio de la autodefensa en dichas diligencias y le limita la
posibilidad de exponer razones para evitar la restricción de su derecho a la
libertad. La presencia física del imputado en esa diligencia es fundamental
para el ejercicio del derecho a la defensa material y, en especial, para
aportar importantes elementos de juicio fácticos a la defensa técnica a cargo
de su apoderado. La situación del inconsciente o del enfermo con imposibilidad
de ejercicio de su defensa material, a quienes el funcionario judicial
encuentra no sólo plenamente identificados, sino también perfectamente
ubicados, pese a lo cual estarán ausentes del proceso por hechos no imputables
a él. De hecho, una cosa es la ausencia y otra la inasistencia o no presencia
del inculpado por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad y perfectamente
conocidas por el Estado. Es lógico concluir que la ley no puede autorizar la
práctica de diligencias fundamentales para el proceso penal sin la presencia
del indiciado plenamente identificado y ubicado, pues al hacerlo afecta
gravemente los derechos fundamentales del investigado. De este modo, en
aquellos casos en los que el capturado no puede ejercer su derecho a la defensa
material por causas no imputables a él, tales como su estado de inconsciencia o
grave enfermedad, debe suspenderse la iniciación del proceso penal y, por
consiguiente, no pueden adelantarse las audiencias de formulación de imputación
e imposición de la medida de aseguramiento.
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL-Interrupción
por imposibilidad de efectuar diligencia de formulación de imputación
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004,
la prescripción de la acción penal sólo se interrumpe con la formulación de la
imputación, por lo que mientras no se adelante esa diligencia los términos
continúan produciendo efectos de sanción por la inoperancia del aparato
investigativo y judicial del Estado para imputar la responsabilidad al presunto
infractor de la ley penal. No obstante, la Corte considera necesario para
garantizar la eficacia de los derechos constitucionales en tensión que se deje
a salvo la posibilidad de aplicar la interpretación extensiva del artículo 292
del Código de Procedimiento Penal y se interrumpa el término de prescripción de
la acción penal, en aquellos casos en los que no puede adelantarse la
diligencia de formulación de la imputación por los motivos previstos en el
parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007. En este orden de ideas,
las excepciones a la regla general de presencia física del imputado en el
proceso penal, no pueden entenderse como instrumentos para llenar exigencias de
carácter normativo, sino para velar por la efectividad material de los derechos
en tensión, de tal manera que sólo puedan limitarse los derechos del imputado a
la defensa técnica y a hallarse presente en el proceso en caso de que la medida
restrictiva sea realmente efectiva para proteger los derechos de las víctimas y
de la sociedad, que pueden salvaguardarse con la interrupción del término de
prescripción de la acción penal.
CORTE CONSTITUCIONAL-Interpretación de
normas legales
La Corte Constitucional ha señalado en reiteradas oportunidades que
no le corresponde definir cuál es el sentido de la ley ni señalar cuál es la
interpretación más adecuada, en aquellos casos en los que existen
interpretaciones diversas que tienen incidencia constitucional, sino determinar
cuáles sentidos de la disposición se mantienen dentro del ordenamiento jurídico
y cuáles no son legítimos constitucionalmente.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LA DETERMINACION DE LAS
CONDUCTAS PARA DECRETAR MEDIDAS PREVENTIVAS DE ASEGURAMIENTO
DETENCION PREVENTIVA-Criterios para su
procedencia
Dentro de los criterios que la ley ha tenido en cuenta para que
proceda la detención preventiva, y que la Corte consideró válidos
constitucionalmente, son el interés a proteger, la gravedad de la conducta, la
situación del procesado y el grado de convicción de que el imputado o el
acusado sea el responsable de la conducta investigada, precisándose que esos criterios
no deben operar de manera silogística o mecánica, ya que la ley debe permitirle
al juez un margen de valoración para analizar circunstancias objetivas
–exigencias fácticas y jurídicas- y subjetivas, tales como la personalidad,
edad y condiciones socioeconómicas del imputado.
DETENCION PREVENTIVA Y PRESUNCION DE INOCENCIA-Compatibilidad
DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Definición/DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Características/DETENCION
PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Finalidad procesal
La detención preventiva en establecimiento carcelario es una medida
cautelar de tipo personal que adopta el juez en el curso de un proceso penal y
consiste en la privación de la libertad de manera provisional, pues su objetivo
es realizar los derechos y deberes constitucionales que, en sentido estricto,
consisten en asegurar el cumplimiento de las decisiones que se adoptan en el
proceso y garantizar la presencia del sindicado en el mismo para que sea más
efectiva, de una parte, la investigación y el juzgamiento y, de otra, los
derechos de las víctimas. La detención preventiva, tiene una duración precaria
o temporal porque su finalidad no es sancionatoria, ni está dirigida a
resocializar, ni a prevenir el delito ni a ejemplarizar, sino que su finalidad
es puramente procesal y asegurar el resultado exitoso del proceso penal.
DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Imposición por captura precedente dentro del año anterior a
la nueva captura/DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Medida
de política criminal/DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Procedencia
por ocurrencia de dos hechos delictivos que se imputan a la misma persona en un
mismo año
El legislador adoptó como criterio de valoración para que el juez
pueda imponer la medida preventiva de detención en establecimiento carcelario,
la existencia de una captura dentro del año anterior a la nueva captura. En
sentido estricto, la regulación se refiere a situaciones en las que, en el
término de un año, una misma persona ha sido objeto de dos capturas por hechos
ilícitos distintos en los que se considera razonablemente que ha sido autor o
partícipe del mismo, siempre que no se haya producido la absolución o preclusión
en el caso precedente.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LA DETERMINACION DE LOS
REQUISITOS PARA CONCEDER LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES
En las normas que regulan los subrogados penales y los beneficios a
favor del condenado, se observa que el legislador ha utilizado diversas pautas
para aplicarlos, dentro de los cuales se encuentran criterios subjetivos que
surgen de la personalidad del sentenciado y criterios objetivos que se
verifican con la constatación de la pena impuesta y de su cumplimiento
efectivo; todos ellos dirigidos a suponer que no existe necesidad de continuar
con la pena, o que no se requiere imponer su ejecución, o que no resulta
necesaria la restricción de la libertad en los términos más gravosos porque
existen elementos de juicio suficientes para concluir que la limitación de los
derechos del sentenciado ha cumplido su función de reinserción a la sociedad.
BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES-Concepto
y fundamento
Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y los
beneficios con los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra favorable,
han sido regulados en los diferentes estatutos procesales en provecho de las
personas que han sido condenadas en los casos expresamente definidos por la
ley. Estos beneficios tienen como fundamento la humanización del derecho penal
y la motivación para la resocialización del delincuente.
BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES-Criterio
para concederlos con base en la valoración de la personalidad del condenado/BENEFICIOS
Y SUBROGADOS PENALES-No concesión por reincidencia
Dentro de los criterios de valoración de la personalidad del
condenado, el legislador ha señalado la existencia de antecedentes personales,
sociales y familiares del sentenciado, de tal suerte que si éstos resultan
favorables en el sentido general de aceptación social, el sentenciado puede
tener derecho a que se le concedan los beneficios indicados en la ley. Pero, de
la misma manera, de la valoración sobre la personalidad del condenado, o de la
gravedad de la conducta punible, o de la buena conducta del sentenciado, el
juez puede concluir que la pena aún es necesaria o que debe mantenerse la rigidez
de la medida restrictiva de la libertad. Precisamente uno de los criterios que
el legislador ha utilizado para suponer que la pena debe mantenerse, o que no
es adecuado ni justo otorgar beneficios al condenado, es el de la reincidencia,
entendida ésta como la reiteración del delito, esto es, como el reproche a
quien cometió una nueva conducta ilícita después de haber estado sometido a una
pena anterior.
BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES-Exclusión
cuando la persona hubiera sido condenada por delito doloso o preterintencional
dentro de los cinco años anteriores a la nueva condena/BENEFICIOS Y
SUBROGADOS PENALES-Exclusión por reincidencia
La exclusión de beneficios y subrogados penales sustitutivos de la
pena privativa de la libertad o de la prisión en establecimiento carcelario
cuando la persona hubiera sido condenada por delito doloso o preterintencional
dentro de los 5 años anteriores a la nueva condena penal, desarrolla el
principio de la libre configuración normativa del legislador y se ajusta a la
Constitución porque contiene una medida razonable y adecuada
constitucionalmente. Para la Sala, no existe
limitación constitucional en la incorporación de la reincidencia para excluir
de los subrogados penales o beneficios a condenados, pues la adopción de esas
medidas es una facultad libre del legislador que no contradice las normas
constitucionales.
Referencia: expediente D-6948
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º, 4º, 18, 21,
24, 25, 26, 30 y 32 (todos parcialmente) de la Ley 1142 de 2007 “Por la cual
se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de
2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad
delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”.
Actores: Carlos Felipe Sánchez Lugo y otros
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C.,
treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los
magistrados Humberto Antonio Sierra Porto -quien la preside-, Jaime Araujo
Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla
Pinilla y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en
los siguientes,
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los
ciudadanos Carlos Felipe Sánchez Lugo, Jairo Ardila Espinosa y Alberto José
Prieto demandaron, como pretensión principal, la totalidad de la Ley 1142 de
2007 y, como pretensión subsidiaria, apartes de los artículos 2º, 4º, 18, 21,
24, 25, 26, 30 y 32, en su totalidad, de la Ley 1142 de 2007 “Por la cual se reforman
parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan
medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto
para la convivencia y seguridad ciudadana”
Mediante auto del 19 de septiembre de 2006, el Magistrado Ponente
resolvió inadmitir la demanda en relación con los cargos dirigidos contra
algunos apartes de los artículos 2º, numeral 3º, incisos 1º y 2º; 21, 24, 25 y
30 de la Ley 1142 de 2007, para lo cual concedió tres días para su corrección.
Así mismo, resolvió admitir la demanda contra la totalidad de la Ley 1142 de
2007 y contra los apartes impugnados de los artículos 4º, 18, 26 y 27 y la
totalidad del artículo 32 de la misma normativa.
En vista de que los demandantes no corrigieron la demanda, mediante
auto del 4 de octubre de 2007, el Magistrado Ponente resolvió rechazar la
demanda en relación con los apartes impugnados de los artículos 2º, numeral 3º,
incisos 1º y 2º; 21, 24, 25 y 30 de la Ley 1142 de 2007.
En consecuencia, el trámite continuó respecto de los reproches
formulados contra las normas admitidas en su oportunidad legal, para lo cual se
ordenó ordenar la fijación en lista, el traslado al Procurador, comunicar el
proceso a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al
Congreso de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia e invitar a
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal.
1.      Normas demandadas
En lo admitido, la demanda se dirige a
cuestionar, en primer lugar, el proceso de formación de la Ley 1142 de 2007 y,
en segundo lugar, algunos apartes contenidos en los artículos 4º, 18, 26, 27 y
32, en su totalidad, de la misma normativa. A continuación se transcribe la
totalidad de las disposiciones acusadas que serán objeto de análisis de esta
Corporación, pero se subrayan y resaltan los apartes demandados:
LEY 1142 DE 2007
(junio 28)
Diario Oficial No. 46.673 de 28
de julio de 2007
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se reforman
parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan
medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial
impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
(…)
ARTÍCULO 4o. El artículo 74 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Delitos que requieren querella. Para
iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos,
excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable o la
persona haya sido capturada en flagrancia:
1. Aquellos que de conformidad con el
Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad.
2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P.
artículo 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para
trabajar o enfermedad que supere treinta (30) días sin exceder de sesenta (60)
días (C. P. artículo 112 incisos 10 y 20); lesiones personales con deformidad
física transitoria (C. P. artículo 113 inciso l0); lesiones personales con
perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso lo); parto o
aborto preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales culposas que
produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad que supere treinta (30) días
(C. P. artículo 120); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo
221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de
hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 227); maltrato
mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); malversación y
dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple de
cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que
no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes
(C. P. artículo 239); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de
ganado (C. P. artículo 243); estafa de cuantía superior a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de ciento cincuenta (150)
salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246); emisión y
transferencia ilegal de cheques de cuantía superior a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 248); abuso de confianza de
cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P.
artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito de cuantía
superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P.
artículo 252); alzamiento de bienes de cuantía superior a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 253); disposición de bien
propio gravado con prenda de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (C. P. artículo 255); malversación y dilapidación de
bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261);
usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C.
P. artículo 263); daño en bien ajeno de cuantía superior a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 265); falsa autoacusación
(C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C.P. artículo
445)”.
ARTÍCULO 18. El artículo 289 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Formalidades. La formulación de la
imputación se cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de
confianza o, a falta de este, el que fuere designado por el sistema nacional de
defensoría pública.
PARÁGRAFO 1o. Ante el juez de
control de garantías, el fiscal podrá legalizar la captura, formular
imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las
solicitudes que considere procedentes, con la sola presencia del defensor de
confianza o designado por el sistema nacional de defensoría pública, cuando el
capturado haya entrado en estado de inconsciencia después de la privación de la
libertad o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su defensa
material. En este caso, la posibilidad de allanarse a la imputación se
mantendrá hasta cuando la persona haya recobrado la consciencia, con el mismo
descuento punitivo indicado en el inciso 1º del artículo 351 de este código.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el capturado se
encuentre recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud
que le permita ejercer su defensa material, el juez de control de garantías, a
solicitud del fiscal, se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la
legalización de captura, la formulación de la imputación y la respuesta a las
demás solicitudes de las partes.
PARÁGRAFO 3o. En aquellos eventos en
los cuales por las distancias, la dificultad en las vías de acceso, los
desplazamientos y el orden público, no sea posible dentro del término de las
treinta y seis (36) horas siguientes a la captura, trasladar a la persona
aprehendida ante el juez de control de garantías, dentro del mismo término,
deberá legalizarse su captura con la constancia que haga la Fiscalía General de
la Nación respecto de los motivos por los cuales se imposibilitó el traslado y
el compromiso de presentarlo tan pronto sean superadas las dificultades. El
fiscal asumirá las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan
en caso de faltar a la verdad. A esta audiencia asistirá el defensor de
confianza o en su defecto el que sea designado por el Sistema Nacional de
Defensoría Pública y el Ministerio Público. La Fiscalía podrá formular
imputación y solicitar medida de aseguramiento. La persona aprehendida tendrá
la posibilidad de allanarse a la imputación hasta cuando sea posible para la
Fiscalía presentarlo físicamente ante el juez, con el mismo descuento punitivo
indicado en el inciso 1o del artículo 351 de este código”.
ARTÍCULO 26. “El artículo 313 de la Ley 906 de 2004, tendrá un cuarto numeral
que quedará así:
Satisfechos los requisitos señalados en
el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento
carcelario, en los siguientes casos:
4. Cuando la persona haya sido
capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso
del año anterior, contado a partir de la nueva captura o imputación, siempre
que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente”.
ARTÍCULO 27. “El artículo 314 de la Ley 906 de 2004, quedará así:
Sustitución de la detención preventiva.
La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la
del lugar de la residencia en los siguientes eventos:
1. Cuando para el cumplimiento de los
fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en
el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la
sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en
atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado.
2. Cuando el imputado o acusado fuere
mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza
y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de
residencia.
3. Cuando a la imputada o acusada le
falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de nacimiento.
4. Cuando el imputado o acusado
estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales.
El juez determinará si el imputado o
acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital.
5. Cuando la imputada o acusada fuere
madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre
y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga
sus veces tendrá el mismo beneficio.
La detención en el lugar de residencia
comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la
ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5.
En todos los eventos el beneficiario
suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares
indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante
las autoridades cuando fuere requerido y, adicionalmente, podrá imponer la
obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o
de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez.
El control del cumplimiento de la
detención en el lugar de residencia estará a cargo del Inpec, el cual realizará
un control periódico sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria y
reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que si se advierten violaciones
a las condiciones impuestas por el Juez se puedan adoptar las correspondientes
acciones.
PARÁGRAFO. No procederá la
sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por
detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes
delitos: Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados o
quien haga sus veces, Tráfico de migrantes (C.P. artículo 188); Acceso carnal o
actos sexuales con incapaz de resistir (C.P. artículo 210); Violencia intrafamiliar
(C.P. artículo 229); Hurto calificado (C.P. artículo 240); Hurto agravado (C.P.
artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); Estafa agravada (C.P. artículo
247); Uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados
(C.P. artículo 291); Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para
delinquir (C.P. artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias
condenatorias vigentes por los mismos delitos; Fabricación, tráfico y porte de
armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C.P. artículo 366);
Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas
y nucleares (C.P. artículo 367); Peculado por apropiación en cuantía superior a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C.P. artículo 397);
Concusión (C.P. artículo 404): Cohecho propio (C.P. artículo 405): Cohecho
impropio (C.P. artículo 406); Cohecho por dar u ofrecer (C.P. artículo 407);
Receptación repetida, continua (C.P. artículo 447, incisos 1o y 3o);
Receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la
receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el
concierto para delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes
esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C.P.
artículo 447, inciso 2o)”.
ARTÍCULO 32. “La Ley 599 de 2000, Código Penal, tendrá un artículo 68A el cual
quedará así:
Exclusión de beneficios y
subrogados. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos
de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de
la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como
sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado
legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración
regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya
sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5)
años anteriores”.
2. La demanda
Como pretensión
principal, los actores solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de toda la
Ley 1142 de 2007, pues consideran que, de conformidad con lo prescrito en el
artículo 4º del Acto Legislativo número 3 de 2002, las reformas o ajustes al
sistema penal acusatorio deben hacerse previo seguimiento de la comisión creada
por esa disposición. Pese a ello, la Fiscalía General de la Nación radicó el
proyecto de ley que finalizó con la normativa que ahora se demanda sin que se
hubiere oído el concepto de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal
Acusatorio, el cual era especialmente necesario porque el nuevo procedimiento
no había entrado a regir en todo el país.
De otra parte,
los actores dijeron que el artículo 4º (parcial) de la Ley 1142 de 2007, según
el cual no se requiere la querella para iniciar el proceso penal cuando el
sujeto activo ha sido capturado en flagrancia, es contrario a los artículos 16
y 29 de la Constitución, en tanto que la naturaleza jurídica de los delitos
querellables exige que sea el sujeto pasivo quien determina si dispone o no de
la acción penal, por lo que “no puede ser suplantado por el ente Estatal,
como lo pretende la norma demandada”. Dicho de otro modo, para los
demandantes, en los delitos cuya naturaleza es querellable, el legislador no
puede excluir la petición de parte por el solo hecho de que sus autores sean
sorprendidos en flagrancia. Así, concluyen que, de acuerdo con la expresión
acusada, una situación posterior al delito (la captura en flagrancia) impediría
que se apliquen figuras propias de la querella, tales como el desistimiento o
la caducidad, por lo que se violan las formas propias de cada juicio.
En relación con
el artículo 18, parágrafos 1º y 3º, de la Ley 1142 de 2007, los demandantes los
consideran contrarios a los artículos 1º, 29 y 32 de la Constitución, 8º de la
Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. A su juicio, el parágrafo 1º viola la dignidad de
quien se encuentra en estado de inconsciencia, por cuanto lo utiliza como un
instrumento para lograr la aparente eficiencia penal y lo irrespeta en un
momento en que no puede convertirse en sujeto pasivo de la acción penal. De
igual manera, los actores consideran que ese parágrafo desconoce el derecho de
defensa, de un lado, porque es ambiguo y confuso y, de otro, porque el estado
en que se encuentra el investigado le impide nombrar un abogado de confianza y,
con ello, le es imposible mostrarle al juez las razones que evitarían medidas
de aseguramiento o decisiones que posteriormente limitarían sus derechos
fundamentales. Los demandantes también manifestaron que el hecho de permitir
que la investigación continúe con una persona que se encuentra en estado de
inconsciencia hace que ella no pueda presentar elementos materiales de prueba y
los elementos de juicio pertinentes para su defensa. De hecho, a su juicio, el
poner a disposición del juez competente de manera inmediata a la persona
aprehendida, tal y como lo prevé la Constitución, simplemente muestra que la
presencia física de esa persona es fundamental para el ejercicio de su derecho
de defensa.
En cuanto al
parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, los actores dijeron que
esa norma podría interpretarse en el sentido de que el control de legalidad de
la captura podría realizarse después de las 36 horas siguientes a la
aprehensión, lo cual resulta manifiestamente contrario al artículo 28 de la
Carta que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no admite
excepciones porque se trata de una regla imperativa de obligatoria observancia.
Respecto del
artículo 26 (parcial) de la Ley 1142 de 2007, la demanda sostiene que es
contrario al preámbulo y a los artículos 1º, 28, 29 y 250 de la Constitución.
Los demandantes consideran que el numeral 4º del artículo 313 de la Ley 906 de
2004, introducido por el artículo 26, consagra “de manera ambigua, genérica
y abstracta una cláusula innominada de afectación ilegítima del debido proceso
por vulneración de la presunción de inocencia, afectando el núcleo esencial del
derecho a la libertad personal”, por cuanto al señalar como requisito de
procedencia legal para imponer la detención preventiva el hecho de que se haya
detenido a la persona dentro del año inmediatamente anterior, implica señalar
una causa fortuita que afecta desproporcionada y excesivamente su derecho a la
libertad. De igual forma, los actores dijeron que la disposición acusada
vulnera la presunción de inocencia, en tanto que la sola existencia de una
captura por delito o contravención no lo hace responsable del hecho
investigado. Incluso, a su juicio, la norma no tiene en cuenta ni siquiera que
la captura haya sido declarada ilegal, o que no se haya concretado la
imputación, o que el proceso anterior donde hubo captura y posteriormente se
hubiere dejado en libertad al imputado no hubiere terminado.
En cuanto al
parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, la demanda sostiene que es
contrario a los artículos 1º, 2º, 13, 28 y 250 de la Constitución, 7º de la
Convención Americana de Derechos Humanos y 9º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Para sustentar su posición, los demandantes
dijeron que, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Corte
Constitucional, la libertad de configuración normativa del legislador no puede
ser entendida como una facultad enteramente discrecional, por lo que, bajo
ningún punto, puede afectar el núcleo esencial del derecho a la libertad al
señalar medidas desproporcionadas o irrazonables. Entonces, cuando el
legislador establece la prohibición de sustituir la detención preventiva
carcelaria por la domiciliaria para un catálogo de delitos, sin atender los
fines constitucionales y la dignidad humana, “amarra” al juez de control de
garantías y lo hace “un mero espectador u operador de normas, en clara
contravía con el principio constitucional de la separación de poderes y
colaboración armónica entre los poderes públicos”. Finalmente, los actores
consideraron que, en este caso, la Corte debe reiterar la tesis expuesta en las
sentencias C-327 de 1997 y C-774 de 2001 y concluir que “esta clase de
fórmulas cerradas que prohibían la libertad o la excarcelación por determinada
clase de delincuencia, al capricho del legislador” fueron declaradas
inexequibles.
Finalmente, en
lo que hace referencia al artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, la demanda dijo
que es contrario a los artículos 13 y 29 de la Constitución. Según su criterio,
el hecho de que una persona hubiere sido condenada dentro de los 5 años
anteriores a una nueva condena no constituye un motivo suficiente para que la
ley los excluya de beneficios y subrogados, pues se trata de una doble sanción
por una misma causa que, en sentido estricto, se fundamenta en el peligrosismo
de la persona condenada penalmente. De hecho, esa disposición resulta
abiertamente irrazonable frente a personas en situación de debilidad manifiesta
como madres cabeza de familia, enfermos o mujeres que dan a luz en la cárcel
que deben permanecer en el centro carcelario por la sola circunstancia de tener
una condena previa.
3.
Intervenciones
3.1    Fiscalía
General de la Nación
Dentro de la
oportunidad legal prevista, el doctor Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General
de la Nación (E), intervino en el proceso para manifestar su oposición a la
demanda, en resumen, por lo siguiente:
En primer
lugar, el interviniente pidió que la Corte se declare inhibida para conocer el
fondo de la demanda formulada contra el artículo 4º de la Ley 1142 de 2007, por
ineptitud del cargo en tanto que no fue específico ni pertinente al señalar los
motivos por los que considera que esa norma es contraria a la Constitución. De
todas maneras, en caso de que esta Corporación considere que el cargo es apto,
solicitó que se declare su exequibilidad porque la disposición acusada se
limita a concretar la libertad de configuración normativa que tiene el Congreso
para tipificar como delitos las conductas que atentan o ponen en peligro bienes
jurídicos y a disponer que el ejercicio de la acción penal frente a
determinados delitos se encuentre subordinado a la presentación de la querella.
Además de lo
anterior, la Fiscalía dijo que el concepto positivo del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para acceder a los efectos de la querella en los delitos de
violencia intrafamiliar no puede entenderse como una intromisión indebida del
poder ejecutivo en la administración de justicia, pues el legislador
simplemente quiso que el órgano estatal especializado en esos temas analice el
entorno familiar del autor y se evite que los efectos preclusivos de la
querella se presenten en detrimento de la seguridad de las víctimas. De igual
manera, concluyó que “no existe una sola disposición en la Constitución
Política que establezca, o de la que pueda desprenderse, que determinadas
conductas punibles necesariamente requieren querella de parte como requisito de
procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, hallándose tal
determinación dentro del ámbito de la libertad de configuración del legislador”.
En cuanto a los
reproches formulados contra el primer parágrafo del artículo 18 de la Ley 1142
de 2007, la Fiscalía General de la Nación solicitó su declaratoria de exequibilidad
porque, contrario a lo dicho por los actores, la norma no permite que el
imputado sea “juzgado” en estado de inconsciencia, pues no debe olvidarse que
en la etapa de la investigación no existe debate probatorio ni contradicción de
pruebas, por lo que la norma acusada solamente pretende que el capturado sea
informado de su situación jurídica y que “no quede en el limbo”. De otra parte,
en relación con el parágrafo 3º de la norma objeto de análisis, el
interviniente considera que es suficientemente clara para aplicar el habeas
corpus cuando una persona es retenida y no se ha legalizado la captura dentro
de las 36 horas siguientes cuando no hay justificación (imposibilidad absoluta)
para no haberlo puesto a disposición del juez de control de garantías.
De otra parte,
el interviniente también solicitó la declaratoria de exequibilidad del artículo
26 (parcial) de la Ley 1142 de 2007, en consideración con tres argumentos. El
primero, porque, como lo ha advertido la Corte Constitucional en varias
oportunidades, la finalidad preventiva de las medidas cautelares no desconoce
la presunción de inocencia del imputado. El segundo, por cuanto la disposición
acusada no establece una medida automática (cuando hubiere sido aprehendido en
una situación anterior), sino que establece un presupuesto objetivo, “de tal
forma que para que se decrete la detención preventiva debe concurrir, además,
evidencia de la que razonablemente se infiera que el imputado intervino en la
comisión de la conducta punible (requisito probatorio) y la medida debe
mostrarse necesaria para proteger a la víctima, a la sociedad o evitar que el
investigado eluda la acción de la justicia (requisito teleológico)”. Y, el
tercer argumento: la lectura sistemática del artículo 26 en comento muestra que
la captura anterior y por hechos distintos a los que originan nueva decisión
judicial, a la que hace referencia la norma, es la decretada en forma legal,
pues lo contrario implicaría aceptar que una actuación ilícita de la
administración de justicia tenga consecuencias válidas.
En cuanto a los
reproches formulados contra el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de
2007, en primer lugar la Fiscalía advirtió que reitera los argumentos expuestos
en la demanda D-6941, en la que adujo que el legislador está facultado para
restringir la aplicación de figuras como la prisión domiciliaria, sin que ello
implique afectación de la dignidad humana. Para el efecto, solicitó que la
Corte reitere lo expuesto en sentencia C-106 de 1994, al decidir la
exequibilidad del artículo 388, inciso 2º, del Decreto 2700 de 1991, que
disponía como única medida de aseguramiento la detención en establecimiento
carcelario para los delitos de competencia de los jueces especializados.
Finalmente,
respecto del reproche formulado contra el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, la
Fiscalía General de la Nación dijo que el cargo es inepto porque el demandante
no explica las razones por las que considera que la reincidencia en el delito
no es un factor suficiente para establecer el trato diferenciado. En todo caso,
solicitó que la Corte reitere lo dicho en sentencia C-762 de 2002 cuando afirmó
que la exclusión de beneficios y subrogados penales hace parte de la libertad
de configuración del legislador en desarrollo de la política criminal del
Estado y que, ante la gravedad del delito o por las circunstancias personales
del delincuente, es razonable que no procedan los beneficios punitivos
consagrados en el ordenamiento penal.
3.2.
Ministerio del Interior y de Justicia
Dentro de la
oportunidad legal prevista, el Director del Ordenamiento Jurídico del
Ministerio referido intervino en el proceso para oponerse a las pretensiones de
la demanda y solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas,
por las siguientes razones:
Respecto de la
pretensión principal de la demanda, esto es, de declarar la inexequibilidad de
todo el texto de la Ley 1142 de 2007, el interviniente consideró que “no tiene
soporte alguno”, en tanto que el legislador no modificó el núcleo del sistema
procesal acusatorio sino que se limitó a cambiar algunos aspectos para que “los
tipos penales cumplieran el anhelo social de seguridad ciudadana”. Al respecto,
citó algunos apartes de la exposición de motivos del proyecto de ley en el que
consta que el gobierno y la Fiscalía General de la Nación realizaron una
evaluación de las normas y observaron la necesidad de “realizar algunos
ajustes” para lograr la eficiencia del sistema penal y la defensa de los
derechos ciudadanos y de los fines del Estado.
Respecto del
artículo 4º de la Ley 1142 de 2007, el Ministerio del Interior y de Justicia
manifestó que, contrario a lo dicho por los demandantes, por regla general la
investigación de los hechos delictivos debe ser de oficio y sólo en los casos
expresamente señalados por el legislador corresponderá a petición de parte,
pues al Estado corresponde la protección de las personas en su vida, honra y
bienes y de la comunidad en general para la defensa de la convivencia
ciudadana. Por esa razón, el legislador consideró necesario iniciar la
investigación de oficio en casos en los que se considera de especial gravedad,
tales como la afectación de los derechos a personas especialmente vulnerables,
tales como los niños, niñas, adolescentes, mujeres y cuando la persona ha sido
capturada en flagrancia.
De otra parte,
el interviniente dijo que los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de ley 1142 de
2007 no deben ser interpretados en forma aislada, por lo que al revisar esas
disposiciones en su conjunto se debe concluir que otorgan todas las garantías
al imputado, porque todas las decisiones que afectan sus derechos no pueden
adoptarse sin su consentimiento.
En cuanto al
artículo 26 demandado, el Ministerio de la referencia dijo que, contrario a lo
expuesto por los demandantes, para que el juez de control de garantías pueda
decretar la detención preventiva debe verificar la existencia de todos los
requisitos que señala la ley para el efecto. Pero, además, con esa disposición
se pretende brindar mayores herramientas a los operadores judiciales para
encontrar la verdad, evitar “la burla” de la acción penal y proteger a los
sujetos pasivos de los delitos.
En este mismo
orden de ideas, el interviniente considera que el artículo 27 de la Ley 1142 de
2007 parcialmente acusado, no vulnera la Constitución por varias razones. La
primera, porque, tal y como se evidencia en la exposición de motivos del
proyecto de ley, la detención preventiva debe ser excepcional, necesaria,
racional y debe someterse a una base probatoria mínima que indique la autoría o
participación del imputado. Por ello, es claro que la interpretación que de esa
norma hacen los demandantes es equivocada. La segunda, porque la disposición
acusada se fundamenta en la cláusula general de competencia que el artículo 150
de la Carta atribuye al legislador que le permite evaluar el grado de
afectación del delito respecto de los derechos de la víctima y de la sociedad.
La tercera, la norma acusada pretende dotar al aparato judicial de herramientas
suficientes para resolver los casos con criterios de justicia y equidad y, al
mismo tiempo, brindarle a la víctima “una relativa sensación de protección y
de tranquilidad en cuanto se asegura que no está expuesta a nuevas acciones de
la persona sobre la cual existen mayores razones para considerar que se
encuentra vinculada a la conducta que ha vulnerado sus derechos”. La cuarta
razón: ante la gravedad de las conductas que se describen en esta disposición,
el legislador buscó conciliar “teorías reconocidas por la Corte Constitucional”
conforme a las cuales la libertad de configuración normativa del legislador
encuentra su límite en el respeto de los derechos fundamentales de las
personas, por lo cual pretende preservar la dignidad humana y diferenciar las
conductas delictivas con base en su gravedad y afectación de los bienes
jurídicamente tutelados. Y, para terminar, el interviniente dijo que, tal y
como lo señalan las sentencias C-425 de 1997 y C-634 de 2000, la sustitución de
la detención preventiva por detención domiciliaria es una alternativa que el
Estado cuenta no para sancionar al procesado –porque no se hacen juicios
respecto de la responsabilidad definitiva del indiciado-, sino para garantizar
la eficacia de los derechos constitucionales en tensión.
Finalmente,
respecto del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, el Ministerio del Interior y
de Justicia dijo que se ajusta a los mandatos constitucionales porque busca que
se cumplan en su totalidad las penas impuestas cuando se trata de delitos
cometidos contra niños y adolescentes, en los delitos de tráfico de
estupefacientes, extorsiones y otros de mayor gravedad, con lo que se intenta combatir
la “sensación de falta de eficacia de la administración de justicia, de
impunidad y de inseguridad ciudadana”.
3.3 Academia
Colombiana de Jurisprudencia
Dentro de la
oportunidad legal prevista, por encargo del Vicepresidente Académico de dicha Academia,
el doctor Fernando Arboleda Ripoll intervino en el proceso para solicitar la
declaratoria de exequibilidad de las normas parcialmente acusadas, por las
siguientes razones:
En cuanto a la
pretensión principal, el interviniente manifestó que los actores confunden las
funciones que el Acto Legislativo 03 de 2002 atribuyó a una comisión para
presentar proyectos de ley antes del 20 de julio de 2003 con la Comisión de
Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio, la cual tiene como objetivo analizar
la implementación gradual y la verificación de que el sistema entró a operar
dentro de los plazos y zonas señaladas en el país, pero nunca pudo atribuírsele
funciones de limitación al ejercicio de la iniciativa legislativa para evaluar
los ajustes al proceso penal, pues ello resultaría contrario a los principios y
valores constitucionales que suponen el control de constitucionalidad posterior
de la ley en cabeza de la Corte Constitucional. En consecuencia, la
verificación de esta comisión no puede ser tenida como condición de validez de
la ley.
En relación con
los reproches formulados contra el artículo 4º de la Ley 1142 de 2007, el
interviniente manifestó que los demandantes parten de una diferencia ontológica
entre el delito querellable y el perseguido de oficio que no es cierta, puesto
que, como lo ha advertido la jurisprudencia y la doctrina, entre esos delitos
no hay diferencia desde el punto de vista de la infracción o del injusto, sino
que la distinción surge de la política criminal que evalúa el legislador. De
igual modo, dijo que la racionalidad y proporcionalidad de la ley que
constituye el límite a la libertad de configuración del legislador “no se ven
afectadas”. Y, por el contrario, esa disposición busca “apaciguar la sensación
de desprotección colectiva” o confirmar la confianza en la norma infringida
porque desde el punto de vista de la percepción pública, “genera gran alarma
que quien haya sido aprehendido en el momento mismo de cometer el delito, sea
inmediatamente puesto en libertad”, lo cual se ajusta a la finalidad del
derecho penal y al marco de justicia y racionalidad en el caso concreto.
El
interviniente tampoco considera contrario a la Constitución el primer parágrafo
del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, por dos motivos. En cuanto es válido
que el legislador privilegie la defensa técnica sobre la que se ha denominado
defensa material, pues el primero es el garante de los derechos del indiciado
ausente y por lo mismo se le exige el máximo de su esfuerzo para sacar adelante
los intereses que defiende. De igual manera, considera que al juez de control
de garantías también corresponde velar por el respeto de los derechos del
imputado, en especial, si está ausente por razones ajenas a su voluntad. De
otra parte, recordó que en las audiencias preliminares no existe la posibilidad
de controvertir, descubrir o presentar pruebas, por lo que la ausencia del
imputado en las diligencias preliminares no afecta sus derechos fundamentales.
En relación con
el tercer parágrafo del artículo objeto de análisis, la Academia Colombiana de
Jurisprudencia adujo que a pesar de que es indiscutible que la presencia física
del implicado es fundamental para el cumplimiento de las funciones del proceso,
también es lógico que en “eventos extraordinarios” derivados de “factores
externos” que impiden el traslado de los capturados dentro del término señalado
en la Constitución y la ley, como son los casos regulados por la norma acusada,
es razonable la ponderación que hace el legislador porque pretende que en una
situación excepcional no se desconozcan los derechos del indiciado y el
cumplimiento de los deberes propios de la función pública. De igual modo dijo
que la interpretación que hace el demandante de la disposición acusada respecto
de la posible ampliación del término para legalizar la captura es equivocada,
pero que si hubiere lugar a ese error “bien valdría la pena que la Corte
hiciera esa precisión, como también la que correspondería respecto de la
responsabilidad del fiscal, la cual no sólo debe ser por faltar a la verdad en
relación con los motivos por los que la actuación no puede llevarse a cabo en
condiciones regulares, sino también cuando habiendo desaparecido unos tales
motivos, el capturado no es presentado inmediatamente ante el juez de control
de garantías”.
Respecto del
reproche formulado contra el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007, el
interviniente dijo que la detención preventiva debe ordenarse teniendo en
cuenta el conjunto de instrumentos a que hace referencia la ley y no solamente
con base en la circunstancia que está regulada en la norma acusada. Por ello,
no contradice la Constitución el hecho de que el juez tenga en cuenta para
tomar su decisión la situación de que el imputado hubiere sido capturado con
anterioridad, con mayor razón si se tiene en cuenta la transitoriedad de la
medida cautelar y el término que tiene el Estado para resolver la situación
jurídica del imputado.
Finalmente, en
relación con los artículos 27 y 32 de la Ley 1142 de 2007, la Academia
Colombiana de Jurisprudencia manifestó que no encuentra desbordamiento de la
proporcionalidad y razonabilidad legislativa y que, por el contrario, se
justifican por razones de lealtad y disciplina en el proceso.
3.4
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
En respuesta a
la invitación formulada por el Magistrado Ponente y por encargo del Presidente
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el doctor Mauricio Pava Lugo
intervino en el proceso para expresar las razones por las que considera que la
Corte debe declarar la exequibilidad condicionada del artículo 18, parágrafo
1º, de la Ley 1142 de 2007 y la inexequibilidad de los apartes demandados
contenidos en los artículos 4º, 18 (parágrafo 3º), 26, 27 y 32 de la misma ley.
Los argumentos centrales de la intervención se resumen así:
A manera de
introducción, el interviniente recordó que si bien es cierto el Estado es el
titular del ius persequendi y el ius puniendi, que son mecanismos
legítimos que permiten la restricción legal de derechos ciudadanos, no lo es
menos que dicha facultad se encuentra limitada por la razonabilidad y la
proporcionalidad de la medida, la cual no podrá sustentarse, en el contexto del
Estado Social de Derecho, en la mera eficiencia judicial y el eficientismo
estatal. Luego, a su juicio, la limitación de los derechos sólo tiene sustento
superior en la medida en que ésta represente el ejercicio de garantías
constitucionales.
En relación con
el aparte normativo del artículo 4º impugnado, el Instituto dijo que, de
acuerdo con la doctrina, los actos querellables son aquellos disponibles por el
titular del bien jurídico y por ello la protección estatal que de ellos se haga
depende de él. A su turno, la captura en flagrancia es una situación de índole
procesal con efectos probatorios, por lo que es irrelevante la gravedad del
bien jurídico afectado con la conducta del capturado, pues en nuestro sistema
constitucional es claro que se trata de “un derecho penal de acto” y, por ende,
es el acto el que se juzga. Así las cosas, concluye el interviniente que la
norma acusada es inexequible porque “excluir la necesidad de la querella en los
eventos de flagrancia, conduciría a que nos abstrajéramos del principio de acto
constitucionalmente reconocido, atribuyéndole otras consideraciones ausentes al
acto mismo”.
En cuanto al
primer parágrafo del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, el interviniente citó
apartes de las sentencias C-591 de 2005, C-627 de 1996, C-657 de 1996, C-100 de
2003, C-248 de 2004 a partir de lo cual concluyó que si bien es cierto la regla
general es la presencia física del investigado o el imputado en el proceso
penal, es válido constitucionalmente que se inicie la acción penal sin
presencia del procesado y se adelanten juicios en su ausencia, siempre y cuando
sea excepcional, se intensifique la protección del derecho de defensa y las
garantías procesales que corresponde salvaguardar a los jueces competentes y se
asigne abogado defensor, todo con el fin de dar continuidad y eficacia a la
administración de justicia. En este sentido dijo que la jurisprudencia
constitucional debe mantenerse porque resulta acorde con las nuevas
disposiciones superiores que regulan el sistema penal acusatorio y con la
doctrina imperante en el derecho comparado, tal y como la efectuada por el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el asunto Daniel Moguya
vs. República Democrática del Congo y por la Corte Suprema Federal
Norteamericana en los casos Illinois vs. Allen y Maryland vs. Bussman. De todas
maneras, hizo énfasis en la necesidad de que el juez de control de garantías
verifique que a pesar de que se desplegaron todos los esfuerzos tendientes a
lograr la localización del sindicado y que se seguirá intentando, ésta no se
pudo hacer.
No obstante lo
anterior, el interviniente considera que en relación con la continuación del
proceso cuando el capturado se encuentra en estado de inconsciencia y su estado
le impide el discernimiento, para ponderar las garantías que la Constitución le
otorga al sindicado y la de eficiencia de la administración de justicia es
necesario que la Corte condicione la exequibilidad del primer parágrafo del
artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en el entendido que “la Fiscalía General de
la Nación estaría facultada para legalizar la captura, formular imputación e
imponer medida de aseguramiento pero habría de suspenderse la actuación hasta
tanto el ciudadano esté en condiciones de hacerse presente en el juicio oral o
en las etapas subsiguientes”, pues según lo dispone el artículo 339 de la Ley
906 de 2004, el juicio no tiene validez si el acusado privado de la libertad no
se encuentra presente, a menos que él no quiera concurrir.
Respecto del
parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, el Instituto
Colombiano de Derecho Procesal dijo que el artículo 250, numeral 1º, de la
Constitución es enfático en señalar el término máximo de 36 horas para poner a
disposición del juez de control de garantías al capturado, por lo que cualquier
disposición que amplíe el término es inconstitucional. Por esa razón, solicita
el retiro del ordenamiento jurídico del aparte normativo acusado.
En relación con
los artículos 26, 27 y 32 de la
Ley 1142 de 2007, el Instituto considera que son inconstitucionales por tres
motivos. El primero, porque excluir de beneficios por hechos sucedidos 5 años
atrás, o impedir una medida de aseguramiento favorable porque hubo captura
anterior o porque se trata de unos delitos específicos, se impone al operador
jurídico la evaluación de condiciones ajenas al “acto” objeto de juzgamiento,
lo cual es contrario al Estado Social de Derecho. El segundo, porque contradice
la línea jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional en sentencia C-774
de 2001, según la cual las medidas de privación de la libertad personal
indiscriminada, general y automática, son contrarias a la presunción de
inocencia del investigado. Y, el tercero, porque las normas desconocen que el sistema
penal acusatorio parte del supuesto de que la restricción de la libertad
preventiva es excepcionalísima y que sólo procede en casos de necesidad
comprobada, por lo que las reglas que operan como presunciones de pleno derecho
o como premisas que invierten la excepcionalidad, deben ser retiradas del
ordenamiento jurídico.
4.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador
General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón, intervino dentro de la
oportunidad procesal prevista, con el fin de solicitar que la Corte resuelva:
i) declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre el cargo formulado
contra el artículo 27, parágrafo, y la totalidad de la Ley 1142 de 2007, por
ineptitud sustantiva de la demanda; ii) declarar inexequibles los parágrafos 1º
y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 y, iii) declarar exequibles los
artículos 4º, 26 y 32 de la ley 1142 de 2007, en lo acusado y en relación con
los cargos examinados.
En primer
lugar, el Ministerio Público recordó los requisitos de certeza, claridad,
especificidad y pertinencia que la jurisprudencia constitucional ha señalado al
interpretar el concepto de cargo para las demandas de inconstitucionalidad,
señalado en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Con base en ello, concluyó
que el cargo formulado contra la totalidad de la Ley 1142 de 2007 es inepto
porque se fundamenta en la interpretación particular y errada que el actor hace
del alcance del artículo 4º del Acto Legislativo 03 de 2002, como quiera que el
sentido de la norma superior es conformar una comisión para que el legislador
pueda evaluar los resultados de la ley, pero de ninguna manera restringe la
facultad de la Fiscalía de presentar proyectos de ley en materia penal. Por
consiguiente, dicha censura resulta impertinente y procede la inhibición de la
Corte.
De igual
manera, el Procurador dijo que la Corte tampoco puede pronunciarse de fondo
respecto del cargo formulado contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 1142 de
2007, por cuanto su fundamentación no es clara ni suficiente, en tanto que se
limita a señalar que la prohibición allí señalada atenta la dignidad humana y
el derecho a la libertad.
En cuanto a los
reproches formulados contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 1142 de 2007, la
Vista Fiscal refiere 4 argumentos con base en los cuales considera que la Corte
debe declarar su exequibilidad, a saber: i) el carácter querellable del delito
depende de la política criminal que determina el legislador dentro de su
libertad de configuración normativa del debido proceso penal; ii) el hecho de
que la acción se inicie de oficio no implica que sean inaplicables las figuras
del desistimiento o los mecanismos de justicia restaurativa y, a pesar de que
es cierto que no operaría la caducidad para la interposición de la querella,
esta situación no afecta el debido proceso porque “ésta no es una prerrogativa
constitucional ni mucho menos fundamental para el procesado”; iii) no existe
derecho constitucional a iniciar la acción penal cuando se está frente a
algunos delitos señalados por el legislador como querellables y, iv) es
razonable que en situaciones de flagrancia se imponga el deber estatal de
adelantar la acción penal para hacer respetar los derechos de la comunidad y la
vigencia del orden justo.
De otra parte,
el Procurador considera que el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de
2004, debe ser declarado inexequible, por tres motivos. El primero, porque el
hecho de que se permita avanzar en la investigación, formular cargos e imponer
medidas restrictivas de la libertad cuando el sindicado se encuentra en estado
de inconsciencia vulnera el derecho a la defensa material y técnica consagrado
en los artículos 29 de la Constitución, 8º, numeral 2º, de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 14, numeral 3, ordinal d, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los cuales durante el
proceso toda persona acusada tendrá derecho a hallarse presente y a defenderse
en forma asistida. Entonces, la circunstancia ajena a la voluntad del imputado
de encontrarse inconsciente le impide ejercer su defensa material para
direccionar la misma. El segundo, porque la ausencia de capacidad de defensa
material implica violación del principio de dignidad humana, en tanto que se
ignora que el imputado es sujeto de derechos que deben ser garantizados en el
proceso penal y se le impone el poder punitivo estatal a pesar de ser “parte
inerte”, lo cual, además, desconoce el principio de equilibrio entre las
partes. Finalmente, el Ministerio Público afirmó que la expresión “o se
encuentre en estado de salud que le impida ejercer su defensa material”
contenida en el primer parágrafo acusado viola el principio de legalidad porque
es indeterminada y “deja un espacio muy amplio al funcionario judicial para
establecer cuándo es imperiosa la presencia del procesado privado de la
libertad para formularle la imputación y cuándo no”
De otra parte,
a juicio del Ministerio Público, el parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley
1142 de 2004, también debe ser declarado inexequible porque desconoce “frontal
y evidentemente” el artículo 28 de la Constitución, pues esa disposición no
establece excepciones al deber de poner al capturado a disposición del juez
competente dentro de las 36 horas siguientes y, por el contrario, el legislador
consagra un tiempo indefinido para legalizar la captura. De hecho, en sentencia
C-251 de 2002, la Corte Constitucional ya dijo que, en aplicación de los
tratados internacionales que vinculan al Estado Colombiano, “es imprescindible
hacer entrega material del retenido dentro del término de 36 horas siguientes a
la aprehensión”.
También en
relación con el artículo 18, parágrafo 3º, de la Ley 1142 de 2007, el
Procurador dijo que, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 3 de 2002, el
fiscal no puede ejercer el control de legalidad de la captura, aunque sea
transitoriamente, lo cual es autorizado por la norma demandada, puesto que el
artículo 250 superior es claro en señalar que el único funcionario autorizado
para ese efecto es el juez de control de garantías, quien realizará el control
en el término máximo de 36 horas siguientes a la aprehensión. Pero, además, si
se tiene en cuenta que, a juicio del Ministerio Público, es manifiesta la
vaguedad y ambigüedad de las circunstancias que permiten desconocer el término
máximo para legalizar la captura, cualquier circunstancia como el alto tráfico
vehicular, una falla mecánica del automóvil o la distancia en la que se
encontraba el aprehendido, pues no se debe olvidar que los jueces de control de
garantías deben laborar en todos los municipios y a cualquier hora, permitirían
desconocer una regla constitucional enfática y contundente: la legalización de
la captura en un término máximo de 36 horas.
A su turno,
respecto del artículo 26 de la Ley 1142 de 2007, el Ministerio Público concluyó
que se ajusta a la Constitución, por dos razones. La primera, porque el
artículo 313 del Código de Procedimiento Penal es claro en señalar cuáles son
las circunstancias objetivas que dan lugar a ordenar la detención preventiva,
por lo que si no se reúnen los presupuestos señalados en el artículo 308
ibídem, no es viable imponer la detención preventiva en establecimiento
carcelario ni ninguna otra medida de aseguramiento. De ahí que esa norma no
resulte contraria al derecho al debido proceso. La segunda, porque la norma no
fundamenta la detención preventiva en el hecho constitutivo de delito o
contravención que dio lugar a la anterior captura, sino en circunstancias
objetivas de haber sido señalado como posible autor de una infracción a la ley.
Sin embargo, precisa, de un lado, que una captura ilegal no puede servir de
fundamento para la detención preventiva y, de otro, que tampoco puede
presentarse la eventualidad de una captura administrativa, en tanto que la
aprehensión debe producirse en razón de un delito o contravención, “razón por
la cual la norma condiciona la causal a que no se haya precluído la
investigación o decretado la absolución”.
Por último, en
relación con el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, el Procurador solicitó su
declaratoria de exequibilidad, por cuanto considera que no existe violación al
principio de igualdad con el trato diferencial que establece la norma acusada
en cuanto a los beneficios y subrogados, pues el hecho de haber sido condenado
dentro de los 5 años anteriores no es una diferencia “gratuita o inmotivada”,
sino razonable porque pone en evidencia que una persona cometió un delito
doloso previamente y que incurrió en una nueva conducta punible con lo que “muestra
desprecio por el ordenamiento y pone de presente la ineficacia disuasoria de
las medidas punitivas previamente impuestas, razón por la cual el Estado decide
adoptar medidas disuasorias de la criminalidad como la analizada”
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte
es competente para conocer de la constitucionalidad de las expresiones
demandadas que se encuentran contenidas en los artículos 4º, 18, 26, 27 y 32 de
la Ley 1142 de 2007, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en
contra de normas que hacen parte de una ley.
2. En razón a que la demanda y las intervenciones presentadas en el
curso de este proceso plantean varios y diversos problemas jurídicos, la Sala
abordará su análisis de manera separada por cada una de las normas que serán
objeto de pronunciamiento en esta oportunidad.
Cargo contra la totalidad de la Ley 1142 de 2007.
3. Los demandantes consideran que para modificar la Ley 906 de 2004,
el legislador debía solicitar previamente el concepto de la Comisión de
Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio creada por el artículo 4º del Acto
Legislativo número 3 de 2002 y, como ello no se hizo, la Corte Constitucional
debe retirar del ordenamiento jurídico la Ley 1142 de 2007.
A este respecto, todos los intervinientes coinciden en sostener que
el cargo no debe prosperar, de un lado, porque la comisión busca evaluar los
resultados del sistema penal acusatorio pero de ninguna manera limitar la
libertad de configuración normativa del legislador y, de otro, porque ninguna
opinión de expertos puede condicionar la validez de la ley, cuyo control de
constitucionalidad corresponde solamente a la Corte Constitucional.
Por su parte, el Ministerio Público opina que esta Sala debe
declararse inhibida para pronunciarse de fondo, como quiera que el cargo se
fundamenta en la interpretación errada y particular que el actor hace del
artículo 4º del Acto Legislativo número 3 de 2002, pues es claro que la norma
superior creó una comisión de expertos que busca evaluar los resultados del
nuevo proceso penal y no deja en sus manos la facultad de autorizar a la
Fiscalía a presentar proyectos de ley. En tal virtud, concluye que el cargo es
impertinente e improcedente.
4. Así las cosas, en primer lugar, la Corte debe estudiar si el
cargo formulado contra la totalidad de la Ley 1142 de 2007 autoriza un
pronunciamiento de fondo o si su ineptitud le exige declararse inhibida. En
caso de que existan motivos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar la
ley, el problema jurídico que corresponde analizar a la Sala se resume en
determinar si ¿la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio podría
condicionar la validez constitucional de una ley?. Para ello, es necesario
analizar cuál es el sentido del artículo 4º del Acto Legislativo número 3 de 2002
y si dicha comisión tiene facultades para limitar la iniciativa legislativa de la
Fiscalía General de la Nación y la libertad de configuración normativa del legislador
para modificar el proceso penal.
Supuesta ineptitud del cargo
5. En múltiples oportunidades esta Corporación ha sostenido que si
bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad desarrolla los
derechos de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político y de acceso a la justicia para interponer acciones públicas
en defensa de la Constitución, no lo es menos que es válido constitucionalmente
que la ley señale condiciones de procedencia formal de esta acción, pues es una
carga procesal razonable que busca racionalizar su uso e impedir el control de
constitucionalidad oficioso de todas las leyes. Por esa razón, en sentencia
C-131 de 1993, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 2°
del Decreto 2067 de 1991, de acuerdo con el cual una demanda de
inconstitucional se entiende presentada en debida forma cuando indica: i) las
normas que se acusan como inconstitucionales, ii) las normas superiores que se
consideran vulneradas, iii) las razones por las que la Corte Constitucional es
competente para conocer la demanda y, iv) los motivos por los cuales se estima que
las disposiciones constitucionales han sido infringidas.
Especialmente, en cuanto a este último requisito, la Corte ha
explicado que el cargo de inconstitucionalidad “no se satisface con la
exposición de cualquier tipo de razones o motivos, sino que es necesario que
éstas sean ‘claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[1].
Así, el cargo es claro cuando se presentan argumentos comprensivos y
consecuentes con lo solicitado. Los motivos de impugnación son ciertos
cuando la demanda recae sobre una proposición normativa real y existente[2],
y no sobre una deducida por el actor, o implícita[3].
Las razones de inconstitucionalidad son específicas cuando el actor
explica por qué la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta, pues “el
juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales’ que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”[4].
El cargo de inconstitucionalidad es pertinente cuando presenta
argumentos de constitucionalidad congruentes con lo solicitado, pues las
discusiones puramente legales y las solicitudes dirigidas a constatar la
vigencia o aplicabilidad de la ley no son admisibles en el proceso de
constitucionalidad. Por ello, la Corte ha dicho que no prosperan las
acusaciones cuyo fundamento es el análisis de conveniencia[5],
necesidad[6] o actualidad doctrinaria[7].
Finalmente, los cargos son suficientes cuando la demanda está dirigida a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la ley, esto es, cuando se
genera un verdadero debate constitucional[8].
6. Con ocasión de la implementación del sistema penal acusatorio en
Colombia, el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo número 3 de 2002
conformó una comisión de alto nivel que tenía asignadas atribuciones como la de
seguimiento a la implementación gradual del sistema y de iniciativa legislativa
en esa materia. Con base en esa disposición, los demandantes consideran que,
mientras se implementa en todo el territorio el nuevo proceso penal, todos los
proyectos de ley en esa materia requieren del acompañamiento de dicha comisión.
Como puede verse, independientemente de si los demandantes realizan
o no una interpretación acertada de la norma constitucional que consideran
infringida, asunto que no compete a analizar a la Corte en la verificación de
los requisitos de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad sino en
el fondo de la sentencia, lo cierto es que sus argumentos son claros en
tanto que pueden comprenderse fácilmente y son ciertos porque un somero
análisis del proceso legislativo muestra que en la iniciativa del proyecto de
ley que finalizó con la Ley 1142 de 2007 no tuvo ninguna injerencia la Comisión
de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio creada por la norma cuyo
desconocimiento reclaman los demandantes en tanto que el proyecto de ley fue
presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Fiscal General de
la Nación[9]. Luego, en caso de que en
el análisis de fondo de la Ley 1142 de 2007 se encuentre que la norma acusada
exige el requisito que reclaman los demandantes resultaría acertado su
planteamiento y, por lo tanto, habría que declarar la inexequibilidad de toda
la normativa, por lo que se concluye que el argumento es cierto.
En cuanto a los requisitos de suficiencia y pertinencia de los
cargos de inconstitucionalidad es importante precisar que aunque son dos
condiciones indispensables para generar el debate constitucional sin los cuales
no existe demanda en debida forma, de ninguna manera pueden entenderse como
exigencias de resultado o condiciones de gran rigurosidad que impiden el acceso
a la justicia de los ciudadanos que discuten la validez constitucional de las
normas con fuerza de ley, pues debe aplicarse el principio de pro actione
y preferir la interpretación que permita el análisis de fondo de los cargos.
Por consiguiente, los planteamientos de desacuerdo con la demanda o de discrepancia
con la interpretación de las normas constitucionales en que se apoya no
desvirtúan el cargo sino el fondo del asunto, lo cual exige que la Corte admita
el reproche y se pronuncie sobre su contenido. Así, en esta oportunidad la Sala
encuentra que, con independencia de si los demandantes aciertan en sus
conclusiones, el cargo formulado contra la totalidad de la Ley 1142 de 2007,
debe ser estudiado de fondo porque, además de lo expuesto en precedencia, sus
argumentos no se fundamentan en discusiones puramente legales y generan
discusión constitucional en torno a la aplicación que debe darse a la norma
superior que se opina vulnerada.
Facultades de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal
Acusatorio creada por el Acto Legislativo 3 de 2002
7. Para resolver de fondo el cargo que busca la declaratoria de
inexequibilidad de toda la Ley 1142 de 2007, se tiene que el artículo 4º
transitorio del Acto Legislativo número 3 de 2002, dispuso:
“Confórmase una comisión integrada por
el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación,
quien la presidirá, el Procurador General de la Nación, el Presidente de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el
Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o los delegados que ellos
designen, tres Representantes a la Cámara y tres Senadores de las Comisiones
Primeras, y tres miembros de la Academia designados de común acuerdo por el
Gobierno y el Fiscal General, para que, por conducto de este último, presente a
consideración del Congreso de la República a más tardar el 20 de julio de 2003,
los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y adelante el
seguimiento de la implementación gradual del sistema.
El Congreso de la República dispondrá hasta
el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo
hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de
facultades extraordinarias, por el término de dos meses para que profiera las
normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin podrá expedir,
modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la
ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de habeas
corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto
Orgánico de la Fiscalía.
Con el fin de conseguir la transición hacia
el sistema acusatorio previsto en el presente Acto Legislativo, la ley tomará
las previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos
necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en particular, el traslado
de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la
Defensoría del Pueblo, y los organismos que cumplen funciones de policía
judicial. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la implementación
gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un Sistema Nacional
de Defensoría Pública”.
Nótese que la norma transcrita conformó la Comisión de Seguimiento
del Sistema Penal Acusatorio y le otorgó dos facultades: la primera, de
iniciativa legislativa y, la segunda, de seguimiento de la implementación
gradual del nuevo proceso penal en todo el territorio nacional.
La iniciativa legislativa que el constituyente autorizó a este grupo
especializado de expertos tiene tres características que la identifican: i) es
una atribución específica para la implementación del nuevo proceso penal, ii)
es una facultad especial, porque la presentación de proyectos de ley
generalmente corresponde a entes públicos y no a un grupo multidisciplinario
conformado por particulares y autoridades de distintas ramas del poder público
y, iii) es una facultad precisa con expresa limitación en el tiempo. La lectura
literal de la norma superior muestra que la autorización a esta comisión para
presentar proyectos de ley se efectuó hasta el 20 de julio de 2003. De todas
maneras, el Congreso tenía hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes
necesarias para implementar el sistema penal acusatorio y si no lo hiciere el
Presidente de la República podía proferir las normas pertinentes dentro de los
dos meses siguientes.
En este orden de ideas, para la Sala es evidente que cumplido el
plazo expresamente concedido a la comisión para presentar proyectos de ley, la
facultad se agota y ya no produce efectos jurídicos. De hecho, incluso, como lo
ha advertido esta Corporación en reiteradas oportunidades[10],
las normas constitucionales transitorias, de un lado, están destinadas a
producir efectos jurídicos inmediatos, en tanto que se aplican mientras sucede
la condición o el plazo señalado y, de otro, tienen un carácter precario y
temporal, pues buscan agotar la situación que les dio vida jurídica para
después desaparecer. La Corte explicó que “La razón de ser de las normas transitorias,
esta Corporación lo reitera, es la de servir de puente hacia la instauración
del régimen constitucional ordinario al cual ellas se refieren y que se
encuentra en suspenso hasta su agotamiento. La instrumentalidad del régimen
transitorio explica su carácter eminentemente temporal y precario, llamado a
ser superado y sustituido por el régimen ordinario tan pronto sea ello posible
jurídica y materialmente”[11]. Luego,
a diferencia de lo expresado por los demandantes, la iniciativa legislativa a
que hacía referencia el artículo 4º transitorio ya se agotó y no podía
condicionar el proceso legislativo que finalizó con la Ley 1142 de 2007.
8. En cuanto a la función
de seguimiento de la implementación del sistema penal acusatorio, que atribuyó
a la comisión la norma constitucional que se considera infringida, esta Corte
había dicho en anterior oportunidad que debía interpretarse sistemáticamente con
el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo número 3 de 2002, por lo que
consistiría en vigilar la aplicación progresiva del proceso penal en todo el
territorio y “en velar porque el gobierno nacional garantice tales recursos
respecto de los distritos judiciales en los que el sistema entrará a regir en cada una de las
etapas fijadas por el legislador”[12]. Esto
significa que las atribuciones de seguimiento consistentes en la vigilancia,
posible asesoría y veeduría asignada a la Comisión de Seguimiento del Sistema
Penal Acusatorio no puede entenderse como una limitación a la facultad para
reformar las leyes que otorga al legislador el artículo 150 de la Constitución,
puesto que no fue concebida como una atribución para condicionar la validez de
las normas que regulan el debido proceso penal cuya libertad de configuración
normativa es, por el contrario, claramente reconocida en el artículo 29
superior. Con mayor razón, no es acertado el argumento de la demanda si se
tiene en cuenta que la facultad objeto de análisis parte el supuesto de que la
“implementación” del sistema fue gradual en el territorio nacional, por lo que
dicho seguimiento se concentra en poner en funcionamiento el nuevo proceso
penal y no en verificar la validez, necesidad o razonabilidad de aspectos
procesales específicos como los que reprocha la demanda en esta oportunidad.
De esta forma, para la Sala resulta
evidente que el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002 no
otorgó a la Comisión de Seguimiento de la Implementación del Sistema Penal
Acusatorio ninguna facultad dirigida a impedir el ejercicio de la función
legislativa para modificar el proceso penal acusatorio, ni a limitar la iniciativa
legislativa que la Constitución otorga al gobierno y a la Fiscalía General de la
Nación para diseñar la política criminal del Estado, pues como lo advirtió la
Corte en anterior oportunidad, “la competencia del Fiscal General de la
Nación en materia de diseño de la política criminal del Estado no es exclusiva,
pero sí expresa y suficiente para presentar proyectos de ley al respecto”[13]
(artículos 200 y 251, numeral 4º, de la Constitución). Por lo tanto, el cargo
planteado contra la totalidad de la Ley 1142 de 2007 no prospera.
Artículo 4º (parcial) de la Ley 1142 de 2007. Eliminación de la
querella en casos de flagrancia
9. La norma parcialmente acusada modificó el artículo 74 de la Ley
906 de 2004, en el sentido de señalar la captura en flagrancia como una causal
genérica que excluye la querella. De este modo, la expresión impugnada obliga a
investigar de oficio los hechos ocurridos en aquellas conductas que, al no
presentarse la flagrancia, requieren querella para iniciar la acción penal.
A juicio de los demandantes, esa disposición viola los artículos 16
y 29 de la Constitución porque desconoce la naturaleza dispositiva de los
delitos querellables e impone a los sujetos pasivos la decisión de iniciar el
proceso penal por el sólo hecho de haberse sorprendido al autor material del
ilícito en flagrancia. Por esa razón, la ley modifica condiciones procesales
propias de los delitos querellables, tales como el desistimiento y la
caducidad. En este mismo sentido se pronunció el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, quien, además, dijo que la flagrancia, como figura de índole
procesal, debe ser ajena al acto que se juzga, por lo que la ley desconoce que
nuestro ordenamiento penal se fundamenta en el derecho penal del acto.
Por el contrario, la Fiscalía considera que, respecto de los
reproches contra esta norma, la Corte debe inhibirse por ineptitud de la
demanda porque el cargo no fue específico en señalar en que se funda la
supuesta inconstitucionalidad. No obstante, en caso de pronunciamiento de
fondo, el Fiscal General de la Nación, el Ministerio del Interior y de
Justicia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Procurador sostienen
que la norma se ajusta a la Constitución por tres motivos principales. El
primero, porque el legislador tiene amplio margen de libertad en la regulación
del proceso penal y, por consiguiente, puede definir cuándo se inicia el
proceso penal de oficio y cuándo a petición de parte. El segundo, porque no
existe diferencia ontológica entre los delitos querellables y los perseguidos
de oficio, por lo que es razonable que frente a casos en los que la sociedad
requiere protección inmediata del Estado no se deje la investigación penal a la
voluntad del titular del derecho afectado. El tercero, porque el hecho de que
la acción se inicie de oficio no implica que sean inaplicables las figuras del
desistimiento u otras propias de la justicia restaurativa y, de todas maneras,
la caducidad no es una prerrogativa constitucional que se imponga al
legislador.
10. En este orden de ideas, el problema jurídico que surge de los
planteamientos resumidos en precedencia se circunscribe a determinar si ¿el
hecho de que la investigación deba iniciarse de oficio en delitos que la ley
define como querellables, cuando se presenta la captura en flagrancia, viola la
autonomía individual o el debido proceso penal?. Para resolver dicho
cuestionamiento es necesario tener en cuenta que la premisa principal en que se
apoya la demanda parte del supuesto de que existen delitos de naturaleza
querellable, a los cuales se les modifica su esencia por el hecho de que los
autores sean sorprendidos en flagrancia. Entonces, la Corte deberá analizar de
un lado, si existe previsión constitucional que imponga al legislador la
naturaleza querellable a una conducta típica, antijurídica y culpable y, de
otro, si hay formas propias del proceso penal cuando el delito se inicia con
querella –desistimiento o caducidad- que deben regularse en la ley de
determinada manera por disposición superior.
11. En la misma línea que adopta la doctrina mayoritaria[14],
la Corte Constitucional[15] ha sostenido que la
querella es una condición de procedibilidad de la acción penal, puesto que se
concibe como un requisito que condiciona el inicio del proceso penal en tanto
que sólo la persona legitimada para el efecto puede autorizar la intervención
del Estado para investigar las conductas que son reprochables penalmente. La
querella, entonces, constituye una excepción a la regla general según la cual
al Estado corresponde adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar de
oficio la investigación de los hechos que tienen las características de un
delito.
Sin embargo, esta figura, no implica una alteración de la naturaleza
de la acción penal porque ésta es siempre pública aunque el titular para su
ejercicio sea la persona lesionada. En otras palabras, no es correcto referirse
a delitos de acción pública o privada, si no que debe hablarse de delitos
perseguibles de oficio o a instancia de la persona ofendida por el delito o del
titular del bien jurídico tutelado. De esta forma, queda claro que la querella
es un requisito previo al ejercicio de la acción penal que consagra la ley como
un instrumento de política criminal y no una condición de punibilidad del
delito que pueda surgir de la conducta reprochada[16],
pues la existencia del hecho delictivo no depende de la voluntad del lesionado
sino de la regulación legal que lo crea.
12. En efecto, esta Corporación ya había advertido en anterior
oportunidad[17] que, al margen de si la
querella es un aspecto procedimental o sustancial del derecho penal, lo cierto
es que es un instrumento de la política criminal del Estado para salvaguardar
los bienes jurídicos que son susceptibles de protección penal, puesto que
corresponde a los órganos políticos la evaluación de si los instrumentos de
protección de los derechos resultan eficaces, o de si se justifica la
penalización de conductas que la sociedad considera prudente autorizar, o de si
la iniciación de oficio de la acción penal debe ceder en aras de proteger los
derechos a la intimidad, a la vida o al buen nombre de las víctimas.
Lo anterior, entonces, permite inferir la primera conclusión: la
querella no es un elemento del delito que autorice diferenciar entre delitos de
naturaleza querellable y delitos de naturaleza oficiosa, puesto que constituye
un instrumento de política criminal del Estado. Luego, desde la dogmática penal
no es correcto sostener que la modificación del sujeto con capacidad para
iniciar el ejercicio de la acción penal cambia la naturaleza del delito.
13. El artículo 250 de la Constitución dispone que la Fiscalía
General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal
y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de
delito de los que tenga conocimiento por denuncia, petición especial, querella
o de oficio. A su turno, el Título II, Capítulo I, del Código de Procedimiento
Penal (artículos 66 a 81) desarrolla el deber de la Fiscalía de adelantar las
investigaciones penales de oficio y el de los ciudadanos de denunciar a la
autoridad los delitos de cuya comisión conozca y que deban iniciarse de oficio,
salvo la exoneración constitucional y legal del deber de denunciar. Eso muestra
que, por regla general, la investigación penal debe iniciar de oficio y, por
excepción, está sometida a la declaración de voluntad del afectado.
Ahora bien, desde la perspectiva constitucional el principio de
disponibilidad de la acción penal opera como una excepción a la regla general
de oficiosidad según la cual al ente público investigador corresponde iniciar
la persecución penal, cuyo fundamento puede encontrarse en tres
consideraciones:
La primera, porque con la consagración de la querella se pretende
proteger algunos derechos de los sujetos pasivos del delito, tales como la
intimidad personal y familiar, la autonomía personal y la honra del afectado.
En aquellos casos en los que la investigación penal puede afectar o poner en
riesgo los derechos de las víctimas, el Estado deja en sus manos la decisión de
poner o no en funcionamiento el aparato investigador y sancionador del Estado.
Dicho en otros términos, la querella surge como un mecanismo de conciliación de
derechos que pueden encontrarse en tensión con ocasión del delito, puesto que
al consagrar la querella como requisito de procedibilidad de la acción penal,
el legislador parte de la magnitud de los delitos en consideración.
La segunda, porque algunos de los bienes o intereses jurídicamente
tutelados por el derecho penal son derechos personalísimos cuya disponibilidad
del titular es razonable, por lo que la defensa del interés público que le es
propia a la judicialización de una conducta será de menor intensidad que la del
interés individual. En otras palabras, la regulación legal de la querella
también toma en consideración la autonomía de la voluntad de las víctimas del
delito.
La tercera, porque es válido constitucionalmente que el legislador
valore dentro del esquema de política criminal que pretende desarrollar el
mayor o menor grado de gravedad del delito.
14. De otra parte, en relación con las consideraciones
político-normativas que llevan al legislador a definir si un delito debe
investigarse a instancias del afectado, la Corte Constitucional ha sido
enfática en señalar, de un lado, que la determinación de cuáles de los delitos
deben ser investigados de oficio o a petición de parte es tan sólo un criterio
de clasificación que utiliza el legislador para ordenar las conductas
penalmente reprochables, pero no representa una diferencia ontológica entre los
mismos[18] y, de otro, que salvo
algunos casos tales como la prohibición de la tortura, del genocidio, la
desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales, no existe el deber
constitucional de criminalizar conductas ni de exigir la investigación de
oficio de las mismas, pues ello corresponde a la valoración del legislador que
le permite apreciar la conveniencia y oportunidad de establecer cuáles son los
instrumentos de protección de los derechos de las personas que resultan más
efectivos[19]. Precisamente por ello, la
Corte ha dicho que la regulación de los requisitos de procedibilidad de la
acción penal es un asunto de regulación legal porque hace parte de la libertad
de configuración normativa del legislador para regular los procedimientos
judiciales, por lo que “es posible que el legislador establezca unas
condiciones previas de operatividad que conlleven limitaciones o condiciones
para el ejercicio adecuado del derecho [de acceso a la justicia], tales como
fijar determinados límites temporales dentro de los cuales debe hacerse uso de
las acciones judiciales, o señalar requisitos de procedibilidad para poner en
movimiento el aparato judicial, o condicionar el acceso a la justicia a la
representación de abogado, o al cumplimiento de determinados presupuestos de
técnica jurídica, o a una mínima información a partir de la cual la justicia
pueda operar”[20].
En tal virtud, se impone la segunda conclusión: aunque es razonable
que el legislador tenga en cuenta algunos criterios para regular la querella,
tales como la entidad del delito, los derechos en consideración y la autonomía
de la víctima, no existe previsión constitucional que
le imponga el deber de señalar cuáles delitos deben investigarse de oficio y
cuáles requieren querella de parte. Pero, si se deriva de la interpretación
integral del artículo 250 superior que el ejercicio de la acción penal es, por
regla general, de oficio y, por excepción, a petición de parte.
15. En cuanto al procedimiento penal que se origina con ocasión de
la querella es importante recordar que, a diferencia de lo afirmado por los
demandantes, no existe una forma procesal propia y específica para la
investigación de los delitos que requieren petición del lesionado, puesto que,
dentro de la libertad de configuración normativa que tiene el legislador para
determinar el procedimiento, es claro que el proceso penal es uno sólo y que
sin importar si se ha iniciado de oficio o a petición de la víctima, las
etapas, los términos y las oportunidades de intervención de los sujetos
procesales en el proceso es idéntico. En consecuencia, no podría hablarse de
formas procesales típicas de las conductas penales que requieren querella para
el inicio de su investigación.
No obstante, una consecuencia natural de la querella es la
posibilidad que tiene la víctima de desistir el ejercicio de la acción penal,
pues es lógico que si la ley le permite al sujeto pasivo del delito dar inicio
al proceso penal, también le autorice terminarlo cuando lo considere
pertinente. De ahí que, es cierto, que el único que puede desistir de la
querella es el querellante legítimo y que, en delitos cuya investigación se
inicia de oficio, por regla general, no procede el desistimiento. Pese a ello, la
Corte considera que el hecho de que la ley permita el desistimiento de la
acción penal en delitos cuya investigación se inicia mediante querella no
significa que la forma procesal penal sea modificada cuando se cambia la lista
de los delitos que deben investigarse a instancia de parte, ni que sea
reprochable constitucionalmente que el legislador reforme la figura del desistimiento
o de la caducidad en esos casos, como quiera que no sólo no existe una
previsión constitucional que lo exija, sino que, por el contrario, es un asunto
que se encuentra dentro de la órbita de libre configuración normativa del
legislador.
16. Sin embargo, cabe advertir que el hecho de que el proceso penal
se inicie de oficio cuando el autor del delito es capturado en flagrancia, no
significa que éste necesariamente debe finalizar con sentencia condenatoria o
deba surtir todas las etapas procesales que la ley prevé para el efecto, pues
es perfectamente posible que el proceso termine de manera anticipada con la
aplicación de fórmulas como la conciliación, el desistimiento por el pago de la
indemnización de perjuicios (artículo 76 del Código de Procedimiento Penal), la
aplicación del principio de oportunidad (artículos 321 y siguientes de la Ley
906 de 2004) o los casos de extinción de la acción penal (artículo 77 del
estatuto procesal penal). Ello, por cuanto el proceso penal es idéntico
respecto de los delitos que deben investigarse de oficio o para los que
requieren instancia de parte, pues, como se dijo en precedencia, la querella es
un requisito de procedibilidad de la acción penal y no hace parte de la
naturaleza del delito.
17. El análisis efectuado le permite a la Corte inferir que el hecho
de que la investigación deba iniciarse de oficio en delitos que se han
clasificado como querellables cuando se presenta la captura en flagrancia, no
viola la Constitución y, en especial, no contradice la autonomía individual o
el debido proceso penal, principalmente por tres razones que se resumen así: i)
ni de la dogmática penal ni de la perspectiva constitucional puede deducirse
que hay delitos cuya naturaleza sea querellable, ii) la querella no es una
figura que surge del delito, sino de la potestad de valoración de la política
criminal del Estado, por lo que es indiferente que el legislador hubiere
regulado una situación ajena al delito como mecanismo para eliminar la
disponibilidad de la acción penal y, iii) la clasificación de delitos cuya
investigación se inicia de oficio o mediante querella corresponde a la ley,
pues hace parte de la libertad de configuración legislativa para regular el
debido proceso penal. De igual manera, no existe prohibición constitucional ni
legal para que los sujetos activo y pasivo del delito puedan extinguir la
acción penal por conciliación o pago de indemnización de perjuicios, ni existe
una norma superior que exija un conteo especial del término de caducidad en
delitos que han sido definidos por el legislador como querellables, ni existe
el deber superior de establecer etapas procesales o ritualidades específicas
para los delitos cuya investigación se inicia de oficio.
18. Refuerza los anteriores argumentos el hecho de que resulta
razonable que el legislador hubiere señalado que la flagrancia impone a la
Fiscalía el deber de iniciar la investigación penal, por dos motivos:
El primero, porque si bien con la querella se busca hacer eficaz la
investigación penal y salvaguardar los derechos personalísimos y de la esfera
individual de la víctima (no sólo porque es ella la que mejor conoce cómo se
cometió el delito sino que es muy importante que colabore con la
investigación), en las situaciones de flagrancia se atenúa la necesidad de
información de las circunstancias en que ocurrió el delito y el grado de
protección de los derechos individuales de la víctima, por cuanto esa figura
exige la demostración de la simultaneidad de la ocurrencia del suceso ilícito y
la captura, con lo que se evidencia que, en la mayoría de los casos, quién
retiene a una persona en flagrancia es quién vio cometer el ilícito. Luego, la
información de la víctima no es tan necesaria como en casos en los que no se
presentó la flagrancia.
El segundo, por cuanto, como bien lo advirtió uno de los
intervinientes, es razonable que el legislador hubiere considerado que genera
desconfianza para la colectividad que una persona capturada en el momento en
que cometió el ilícito en donde hay mayor probabilidad de demostrar la
ocurrencia del delito y la autoría o participación en el mismo, quede en
libertad porque la víctima no solicitó la investigación penal respectiva.
Pero, incluso, si se adelanta una lectura sistemática de la norma
que ahora es parcialmente acusada se encuentra que con la modificación de la
querella para los delitos cometidos por una persona capturada en flagrancia, el
legislador buscó proteger a la víctima como parte evidentemente débil de la
sociedad. Nótese que la querella no aplica en ningún tipo de delitos cometidos
contra menores de edad, inimputables y quienes fueron objeto de conductas
delictivas en flagrancia. En efecto, el término máximo de 36 horas con que
cuenta la Fiscalía General de la Nación para legalizar la captura en flagrancia
y para solicitarle al juez de control de garantías la medida de aseguramiento
antes de que se ordene la libertad (artículos 32 y 28 de la Constitución y 302
del Código de Procedimiento Penal), puede resultar bastante reducido para que
la víctima autorice la iniciación de la investigación penal si se tiene en
cuenta que el delito tiene todo su impacto psicológico o físico sobre ella.
Entonces, someter a la víctima de un delito cuyo autor fue sorprendido y aprehendido
en el momento de cometerlo al trámite de la querella para que pueda iniciarse
la investigación penal, en un término reducido, puede resultarle una carga
gravosa que razonablemente busca impedir la norma parcialmente acusada.
Por todas las razones expuestas, la Corte concluye que el cargo no
prospera.
Artículo 18, parágrafo 1º, de la Ley 1142 de 2007.
19. El primer parágrafo impugnado consagra una excepción a la regla
general según la cual la formulación de la imputación que presenta el fiscal
ante el juez de control de garantías se hará siempre en presencia del imputado,
pues autoriza al funcionario investigador a solicitar la legalización de la
captura, a formular la imputación, a solicitar la imposición de medida de
aseguramiento y hacer las solicitudes que considere pertinentes, con la sola
presencia del defensor, cuando el capturado hubiere entrado en estado de
inconsciencia después de la captura o cuando se encuentre en un estado de salud
que le impida ejercer su defensa material. De todas maneras, deja a salvo el
derecho del capturado a allanarse a la imputación y a beneficiarse del
descuento punitivo cuando recobre la consciencia.
Los demandantes consideran que la presencia física del capturado en
las diligencias a que hace referencia la norma acusada es una regla de
obligatoria observancia para el legislador que imponen los artículos 1º, 29 y
32 de la Constitución, 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues deriva de su
derecho a la defensa material y del deber que tiene el Estado de tratarlo de
manera digna. Incluso, la demanda adujo que la continuación del proceso penal
cuando la persona objeto de investigación se encuentra en estado de
inconsciencia o de enfermedad grave muestra que la ley utiliza al ser humano
como un instrumento para el derecho, lo cual se ubica en la teoría del
eficientismo penal que es contraria al Estado Social de Derecho. En este mismo
sentido se pronunció el Ministerio Público, pues considera que el parágrafo
debe ser declarado inexequible en tanto que la norma vulnera el derecho a la
defensa material del imputado, afecta su dignidad humana y consagra una regla
ambigua que autorizaría a adelantar esas diligencias sin la presencia del
imputado en casos en los que no sea imperiosa su presencia.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del
Interior y de Justicia y la Academia Colombiana de Jurisprudencia le pidieron a
la Corte que declare la exequibilidad de esa norma porque consideran que no
sólo no viola la Constitución sino que desarrolla las garantías superiores que
pretenden evitar la indefinición de la situación del capturado. Así, opinan que
no desconoce el derecho de defensa, en primer lugar, porque simplemente
privilegia la defensa técnica del capturado, en segundo lugar, porque en estas
etapas procesales no es posible aportar elementos probatorios ni contradecir
pruebas y, en tercer lugar, porque, contrario a lo dicho por los demandantes,
la norma no autoriza a adelantar el juzgamiento sin presencia del imputado.
A su turno, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitó que
la Corte declare la exequibilidad condicionada del parágrafo primero del
artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en el entendido de que la investigación
penal y las actuaciones pertinentes pueden adelantarse cuando el capturado se
encuentre en inconsciencia o en grave estado de salud hasta el juicio oral,
etapa en la que deberá suspenderse el proceso si el sujeto pasivo no puede
acudir personalmente a las audiencias de juzgamiento. Para llegar a esa
conclusión, dijo que para garantizar la continuidad y eficacia de la
administración de justicia es válido que se inicie la investigación penal sin
la presencia del procesado, pero al juez de control de garantías corresponde
intensificar la protección del derecho de defensa.
20. En este orden de ideas, a la Sala corresponde analizar si ¿al
tenor de las normas superiores que garantizan la defensa material y técnica en
el proceso penal, la presencia física del imputado es una condición esencial
para legalizar la captura, formular imputación e imponer medidas de
aseguramiento?. Para resolver la cuestión formulada, la Corte debe resolver si
es válido constitucionalmente que se legalice la captura y se inicie la
investigación penal sin presencia del procesado para hacer eficiente y eficaz
la administración de justicia.
Diligencias de imputación, legalización de la captura e imposición
de medidas de aseguramiento en ausencia física del imputado.
21. Como se observa en el planteamiento del problema jurídico y en
el tema que será objeto de pronunciamiento de esta Corporación, la norma
acusada consagra tres etapas procesales distintas en las que la ley autoriza al
juez de control de garantías y al fiscal a adelantarlas sin la presencia física
del capturado. En efecto, la norma impugnada se refiere a la legalización de la
captura, a la formulación de la imputación y a la imposición de medidas de
aseguramiento.
A juicio de la Corte, aunque las tres diligencias pueden adelantarse
en una sola audiencia, es indudable que contienen momentos procesales
diferentes, generan un impacto distinto sobre los derechos del capturado y de
la sociedad y pueden condicionar de varias maneras el desarrollo del proceso
penal. Veamos, si se tiene en cuenta la situación procesal de cada una se
evidencia que, mientras la diligencia de legalización de la captura tiene un
carácter perentorio porque existe límite temporal constitucional y legal para
el efecto (36 horas), la formulación de la imputación tiene como límite máximo
el término de prescripción de la acción penal y la solicitud de medida de
aseguramiento no se impone en un momento determinado, puesto que sólo se podrá
solicitar y decretar si se cumplen con los requisitos y condiciones que la ley
señala para la restricción preventiva de la libertad (artículos 308 a 314 de la
Ley 906 de 2004).
A su turno, si se tiene en cuenta el impacto sobre los derechos
también es clara la diferencia entre las tres actuaciones, pues mientras la
legalización de la captura es una diligencia centrada en el estudio de los
aspectos fácticos que rodearon la detención del capturado y de las garantías
que el Estado Social de Derecho consagra al derecho a la libertad, entre ellas,
el respeto por la dignidad humana, la orden judicial previa, la información
sobre los motivos de la captura y la defensa de la integridad física y
sicológica del detenido; la diligencia de formulación de la imputación señala
el inicio del proceso penal y, a partir de ahí, entran en juego todos los
derechos que resultan involucrados con el delito y que corresponde al juez y a
todas las autoridades públicas garantizar y salvaguardar. Finalmente, la
diligencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento tiene por
objeto resolver la viabilidad jurídica de imponer sobre el imputado medidas que
restringen sus derechos fundamentales.
Eso muestra que no todas las diligencias suponen tiempos procesales
urgentes ni regulan el mismo impacto sobre los derechos en tensión, por lo que la
Sala analizará en forma separada cada una de las diligencias de tal forma que
pueda efectuarse una ponderación particular y, con base en ella, puedan adoptarse
conclusiones autónomas.
22. La diligencia de legalización de la captura tiene como
único objetivo ejercer el control de legalidad y constitucionalidad de la
privación de la libertad que: i) ha sido ordenada previamente por un juez
–cuando la autoridad competente ejecuta una orden de captura- (artículo 28 de la
Carta), ii) fue excepcionalísimamente efectuada por un fiscal (artículo 250 de la
Constitución) o, iii) obedeció a la situación de flagrancia en la que se
encontró al capturado (artículo 32 superior).
En las tres situaciones, entonces, se busca formalizar la
restricción válida de este derecho fundamental. Sin embargo, eso no significa
que la autoridad responsable de legalizar la captura pueda tomarse todo el
tiempo que considere pertinente para el efecto, pues el artículo 28 de la
Constitución, es claro en señalar que “la persona retenida preventivamente será
puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes”, en tanto que al juez, principalmente, corresponde la
salvaguarda de los derechos del detenido, con mayor razón si se trata de la
restricción de la libertad que es uno de los bienes más preciados del ser
humano. Nótese que la formalización de la captura debe adelantarse en un
término perentorio porque de esa manera se logra armonizar, de un lado, el
derecho de la sociedad a investigar un hecho delictivo y asegurar que el
presunto autor o copartícipe no interfiera en la investigación y cumpla con la
pena y, de otro, el derecho del capturado al ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales y, en especial, del derecho a la libertad.
Sobre el carácter perentorio y máximo del término señalado en la
Constitución para legalizar la captura, esto es, para poner a disposición del
juez de control de garantías al capturado, en reiteradas oportunidades la Corte
Constitucional ha dicho que es una regla de control al abuso de poder que
legitima el monopolio de la fuerza y se impone al Estado en el bloque de
constitucionalidad, en tanto que “el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, ratificado mediante Ley 74 de 1968, y el Pacto de San José,
disponen que es obligación de los Estados llevar sin demora a la persona
aprehendida o detenida ante una autoridad judicial. En el Pacto Internacional
la norma (art. 9) se refiere a las personas detenidas por infracciones penales,
lo cual ha de interpretarse en armonía con el Pacto de San José que claramente
se refiere a cualquier forma de detención (art. 7)”[21]
23. De otra parte se tiene que, por la importancia de esta
diligencia para la protección de los derechos del detenido, la jurisprudencia
constitucional[22] ha entendido que de la
lectura sistemática de las normas que integran el bloque de constitucionalidad
se deduce que poner al capturado a disposición del juez implica su presentación
o entrega física, puesto que esa diligencia no sólo asegura el ejercicio de
funciones judiciales, sino también la eficacia de los derechos del detenido,
tanto en el proceso: la plena identificación, a la defensa y a la
contradicción, como de su esfera personal, tales como los derechos a la
libertad y a la integridad física del detenido. Así, la Corte dijo que “la
regulación sobre la captura tiene un propósito más allá de asegurar que la
restricción a la libertad se realice de acuerdo a la ley y ante funcionarios
competentes. También tiene un propósito protector de la integridad de la
persona… resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la
Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposición
de la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura”[23]
Por estas razones, los artículos 297 a 303 de la Ley 906 de 2004
disponen que, en la audiencia de legalización de la captura, el juez de control
de garantías no sólo evaluará la situación en que se produjo la restricción de
la libertad –flagrancia u orden judicial-, sino también el cumplimiento de los
requisitos señalados en la ley para hacer efectivos los derechos del capturado,
pues en esa oportunidad puede ordenarse la cancelación de la orden de captura y
lo pertinente para la protección de sus derechos. Luego, la presencia física
del indiciado en dicha diligencia es fundamental para la eficacia de sus
derechos y su limitación sólo puede autorizarse en caso de renuncia del
afectado –ni la ausencia ni la contumacia pueden ser aplicables porque estamos
en presencia de un capturado-, por cuanto admitir lo contrario implicaría
afectar gravemente el núcleo esencial del derecho a la defensa material, a la
integridad física y a la libertad del indiciado.
24. Lo
anterior evidencia que, en el caso sub iúdice en el que la ley autoriza
a legalizar la captura sin la presencia física del detenido porque entró en
estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentra
en estado de salud que le impide ejercer su defensa material, se presenta un
conflicto entre, de un lado, la regla prevista en el artículo 28 superior –la
legalización de la captura debe realizarse en un término máximo de 36 horas- y,
de otro, el derecho del capturado a ser presentado físicamente ante el juez de
control de garantías para legalizar la captura, también regulado en el artículo
28 de la Carta y en varias normas que hacen parte del bloque de
constitucionalidad.
Ahora, como
se trata de derechos en tensión que tienen la misma jerarquía normativa y de
reglas obligatorias que no tienen prevalencia en abstracto, le corresponde a la
Corte realizar la ponderación de los mismos de tal manera que no se anule el
núcleo esencial de ninguno de los derechos y se adopte una decisión conforme a
los mandatos superiores.
Así las
cosas, la Sala considera que es válido constitucionalmente que el legislador
adopte como medida excepcional la legalización de la captura sin la presencia
del detenido cuando se trata de situaciones también excepcionales, como las
reguladas en la disposición acusada: estado de inconsciencia y la grave
enfermedad que impida el ejercicio del derecho material, en tanto que de esta
forma logran conciliarse los derechos en tensión sin que se sacrifique en mayor
medida un derecho para lograr la eficacia del otro. En efecto, desde la
perspectiva de los derechos del capturado se tiene que aunque se reduce el
grado de eficacia de su derecho a la defensa, éste no resulta anulado porque se
mantiene su derecho a la defensa técnica y queda incólume el derecho
fundamental a que un juez revise la legalidad y constitucionalidad de la
captura dentro de las 36 horas siguientes a la misma. De igual manera, desde la
perspectiva de los deberes y responsabilidades del Estado, con la formalización
de la captura se define la situación jurídica del detenido y se evita el limbo
en que pudiera encontrarse quién aparece sub iúdice frente al Estado sin
la autorización jurídica para el efecto. Luego, con la medida analizada se
logra proteger el derecho del capturado a la valoración judicial de la
detención, sin que se sacrifique gravemente el derecho a la defensa del
capturado porque se conserva la defensa técnica como un instrumento de validez
de la diligencia.
Ahora, es
evidente que, en estos casos como en los que se adelantan investigaciones en
ausencia, al juez de control de garantías corresponde potencializar sus poderes
para salvaguardar los derechos fundamentales del capturado.
Por las razones expuestas, la Sala concluye que la legalización de
la captura ante el juez de control de garantías, sin la presencia del detenido
porque después de la captura éste entró en inconsciencia o tiene una enfermedad
grave que le impida ejercer su derecho a la defensa material, se ajusta a la
Constitución.
25. De otra parte, para evaluar la regulación demandada en cuanto a
las diligencias de formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento, la Sala parte de dos supuestos jurídicos propios del actual
proceso penal: i) las diligencias de legalización de la captura, formulación de
la imputación y solicitud de la medida de aseguramiento generan consecuencias
jurídicas distintas. No debe olvidarse que mientras en la diligencia de
legalización de la captura no necesariamente se ha iniciado el proceso penal,
la diligencia de formulación de la imputación tiene como objetivo comunicar a
una persona que se inicia en su contra el proceso penal. En otras palabras,
esta actuación formalmente pone en funcionamiento la función investigativa del
Estado y el aparato judicial para perseguir el delito y proteger los derechos
de las víctimas y de la sociedad. De igual forma, desde la perspectiva de los
derechos del capturado es distinto legalizar la privación de la libertad ya
efectuada, que solicitar una medida de aseguramiento que se produce en
desarrollo de un proceso penal en curso y respecto de la responsabilidad penal
del imputado. ii) Al igual que la diligencia de indagatoria en el proceso penal
anterior, en el sistema penal acusatorio, a partir de la formulación de la
imputación, el imputado adquiere el carácter de sujeto
procesal y puede ejercer su derecho a la defensa material. De hecho, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[24] dijo que,
como acto de vinculación, la imputación se asimila a la indagatoria, por lo que
es lógico que desde la vinculación a una investigación por hechos delictivos el
imputado tiene todos los derechos, deberes y garantías propios del proceso
penal. Ahora, la jurisprudencia y la doctrina contemporánea[25]
coincidieron en señalar que la indagatoria tiene doble
carácter de medio de defensa material y medio de prueba, pues se considera un acto procesal de naturaleza compleja destinado a garantizar al
sindicado su derecho a ser oído en el proceso frente a la imputación que existe
en su contra[26]. Luego, es evidente que,
de manera especial, a partir de la diligencia de formulación de imputación se
activa el ejercicio del derecho a la defensa material del sindicado.
26. Ahora bien, el derecho a la defensa material goza de expresa
garantía superior en el artículo 29 de la Carta cuando dispone que “quién sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”.
En esta misma línea, el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos señala que toda persona acusada de un delito
tendrá derecho, en plena igualdad, “a hallarse presente en el proceso y a
defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser
informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y,
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de
oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”. El
artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos dispuso que toda
persona inculpada de delito tiene derecho a “defenderse personalmente o de
ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor… de ser asistido por un defensor proporcionado por
el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley”.
Como puede verse, las
normas transcritas en precedencia reconocen el “derecho a hallarse presente en
el proceso” o a la intervención personal del sindicado en el proceso como una
garantía del derecho al debido proceso penal que hace efectiva la defensa
material del indiciado. De hecho, esta Corporación ya había dicho que solamente
puede hablarse de juicio justo cuando el ordenamiento jurídico consagra formas
eficaces de defensa y de contradicción para el imputado, tales como su
participación directa en el proceso en tanto que “la defensa se ejerce de
mejor manera con la participación directa del imputado en el proceso”[27].
En el mismo sentido, al interpretar el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Comisión Europea de Derechos Humanos dijo que
“el derecho a estar presente en la audiencia es, singularmente en materia
penal, un elemento esencial de la noción de proceso justo. Información,
presencia y defensa se encuentran consecuentemente en una relación de
continuidad lógica y necesaria”[28]
27. Merece especial atención para el caso objeto de estudio, la
consagración superior de la defensa material, que al igual que la defensa
técnica, hacen parte del núcleo esencial del debido proceso penal. La defensa
material pone de manifiesto la facultad inalienable que tiene el sindicado para
autodefenderse, pues es evidente que la defensa técnica, esto es, a cargo de su
abogado de confianza o nombrado de oficio, no puede concebirse como un
obstáculo, o como un abandono, o renuncia a defenderse por sí mismo.
De acuerdo con la jurisprudencia nacional y extranjera, el derecho a
la defensa material supone, entre otras garantías, el derecho del sindicado a comparecer personalmente al proceso, a enfrentar los cargos que
pesan en su contra, haciendo el propio relato de los hechos, suministrando las
explicaciones o justificaciones que considere pertinentes en su favor[29],
también ejerciendo actos positivos de oposición a las pruebas de las cuales se
desprende su señalamiento como posible autor o partícipe de la comisión de un
delito[30],
a ver el expediente[31] y a escoger libremente
el derecho a guardar silencio como estrategia de defensa[32].
En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el
derecho del acusado a defenderse comporta el de poder dirigir realmente su
defensa, dar instrucciones a sus abogados, interrogar a los testigos y ejercer
las demás facultades que le son inherentes, en tanto que la presencia del
acusado es fundamental para el juicio justo[33].
En este orden de ideas, aparece claro que de la interpretación
sistemática de los artículos 28 y 29 de la Constitución y de los artículos 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención
Americana de Derechos Humanos se deduce, de un lado, que la disposición del
detenido ante el juez competente se refiere a su presentación física y, de
otro, que su presencia en el proceso penal constituye un mecanismo de garantía
efectiva para el derecho a la defensa material del indiciado.
28. De todas maneras, lo dicho no significa que la presencia del
imputado en el proceso sea únicamente la referida a la defensa material, puesto
que, de manera especial, las normas que conforman el bloque de
constitucionalidad se refieren a la naturaleza esencial de la defensa técnica
en el proceso penal, en tanto que ésta fue concebida como un presupuesto de
validez de las decisiones que se adoptan en ejercicio del ius punendi
del Estado. De hecho, en anteriores oportunidades, esta Corporación ha dicho
que el derecho a la defensa técnica hace parte del núcleo esencial del derecho
de defensa[34] y que es válido
constitucionalmente que el artículo 130 de la Ley 906 de 2004 hubiere
establecido que en caso de conflicto entre las actuaciones defensivas del
imputado y las de su abogado, prevalecen las de este último[35].
De igual manera, la Corte concluyó que del artículo 29 de la Carta se deduce
que el imputado tiene derecho a defenderse personalmente en el proceso pero
bajo la dirección, asesoría y acompañamiento directo de su abogado, por cuanto
“no le es permitido hacer su propia defensa, salvo que tenga la calidad de
abogado”[36]. No obstante, como bien
lo dijo esta Sala anteriormente la participación de la defensa material y
técnica en el proceso penal “no significa que la existencia de una defensa
técnica pueda impedir su defensa material (la de la víctima o el perjudicado),
ni que la exigencia de abogado pueda constituirse en un obstáculo para la
garantía de sus derechos. La defensa material y técnica está encaminada tanto
al esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia en el caso concreto,
como a la obtención de la reparación económica a que haya lugar”[37]
Precisamente por la importancia para la defensa material y técnica,
la presencia física del indiciado es la regla general consagrada en los artículos
289 y 306 de la Ley 906 de 2004, según los cuales la formulación de la
imputación y la imposición de medidas de aseguramiento, se realizarán con la
presencia del imputado o de su defensor, so pena de afectar la validez de la
diligencia.
29. Sin embargo, la misma legislación penal regula casos, algunos
que han sido considerados válidos constitucionalmente por esta Corporación, en
los que es posible adelantar el proceso penal aún con la ausencia del
sindicado, puesto que paralizar el proceso en espera de la concurrencia de alguien que no se encuentra o que bien puede
renunciar a su derecho a la defensa material, afectaría gravemente la eficacia
y continuidad de la administración de justicia, el deber del Estado de juzgar
al responsable de hechos delictivos y los derechos de las víctimas a conocer la
verdad y a obtener la justicia y reparación de los daños causados.
Entonces, con el fin de obtener una correcta ponderación de los
derechos e intereses en conflicto en el Estado Social de Derecho cuando el
sindicado no ha acudido al proceso penal que, en síntesis, se reducen a
proteger, de un lado, los derechos de la sociedad a la cumplida administración
de justicia, a la resocialización de los delincuentes y de las víctimas a
conocer la verdad, justicia y reparación de los daños y, de otro, los derechos
del sindicado a hallarse presente en el proceso y a la defensa material y
técnica, la Corte Constitucional ha concluido que las investigaciones y juicios
penales en ausencia se ajustan a la Constitución,
siempre y cuando éstos constituyan la excepción a la regla general de presencia
física y/o mediante abogado de confianza en el proceso penal y se hubieren
adelantado todas las diligencias pertinentes y al alcance del funcionario
competente para localizar al sindicado, de tal forma que pueda concluirse que
él se esconde o que renunció voluntariamente a su derecho a hallarse presente
en el proceso.
Así, por ejemplo, en sentencia C-488 de 1996[38],
la Corte resolvió declarar la exequibilidad de varias normas del entonces
Código de Procedimiento Penal –Decreto 2700 de 1991- que señalaban la calidad
de sujeto procesal, autorizaban la investigación y juzgamiento y la definición
de la situación jurídica a quien hubiere sido declarado persona ausente, por
cuanto consideró que dicha declaratoria “es una medida con que cuenta la
administración de justicia para cumplir en forma permanente y eficaz la función
que el Constituyente le ha asignado y, por tanto, al estar comprometida en ella
el interés general no puede postergarse so pretexto de que el procesado no ha
comparecido al llamado de la justicia, y esperar a que éste voluntariamente se
presente o que sea capturado o que la acción penal prescriba”. Por ello,
dijo que no es igual la situación de quién se oculta (renuncia al ejercicio
personal de la defensa) con la de quién no ha sido buscado en forma diligente
por el Estado, pues es evidente que los derechos que reclaman no pueden
situarse en el mismo plano de protección constitucional y legal. Sin embargo,
aclaró que en los procesos penales en ausencia se potencializan los deberes, de
una parte, a cargo del juez, de garantizar el ejercicio eficaz del derecho de
defensa y contradicción del imputado y, de otro, de los funcionarios judiciales
que tienen la responsabilidad de continuar con la búsqueda del sindicado para
comunicarle, en forma inmediata, la existencia del proceso.
En el mismo sentido, la sentencia C-657 de 1996[39],
concluyó que el artículo 245 del Decreto 2700 de 1991, según el cual era
posible surtir el recurso de revisión sin que se hubiere podido notificar a la
persona que se absolvió, por cuanto, de un lado, era claro que la declaratoria
de ausencia estaba antecedida por el adelantamiento de
las diligencias y la utilización de los recursos y medios con el fin de
comunicar la admisión del recurso y, de otro, “la declaración de ausencia
permite armonizar los derechos del absuelto y el cumplimiento de la función
confiada a la administración de justicia, que se vería entrabada si hubiera que
esperar, indefinidamente, a que el absuelto se entere o decida comparecer”.
De igual manera, en sentencia C-100 de 2003[40],
la Corte consideró que el artículo 344 de la Ley 600 de 2000, que autorizaba a
declarar persona ausente a quién no comparecía a rendir indagatoria dentro de
los 10 días siguientes a la orden de captura, resultaba compatible con la Constitución
en tanto que “es la ultima ratio frente a la imposibilidad de ubicar a la
persona comprometida en una investigación penal y no la regla general en la
vinculación de los individuos a los procesos penales” y constituye una
herramienta eficaz para “el esclarecimiento de la verdad a partir del
recaudo exhaustivo de las pruebas y del suministro de un defensor de oficio que
recibe plenas facultades para dirigir eficazmente la defensa técnica”
En sentencia C-248 de 2004, esta Corporación estudió la validez
constitucional de la declaratoria de persona ausente como acto de vinculación
al proceso penal en los siguientes términos:
“Desde esta perspectiva [de la naturaleza residual de la
declaratoria de ausencia], la
validez de la declaratoria de persona ausente se sujeta, entre otros, al
cumplimiento de los siguientes requisitos materiales y formales, a saber:
En el orden formal se destacan: (i) El
adelantamiento de las diligencias necesarias para lograr la práctica de la
indagatoria como forma de vinculación personal… (ii) Solamente es procedente la
declaratoria de persona ausente, si el sindicado no comparece a rendir
indagatoria… (iii) Dicha declaratoria debe realizarse mediante “resolución de
sustanciación motivada” en la que se
designará defensor de oficio, “se establecerá de manera sucinta los hechos por
los cuales se lo vincula, se indicará la imputación jurídica provisional y se
ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren pendientes”. (iv) Esta
resolución debe notificarse al defensor designado y al Ministerio Público.
En el orden material, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, ha exigido la constatación de dos factores
relevantes para la vinculación del acusado como persona ausente: “(i) Su identificación
plena o suficiente (segura), dado que por estar ausente por lo general no basta
con la constatación de su identidad física; y (ii) la evidencia de su
renuencia. Una y otra precaven el rito contra las posibilidades de adelantar el
trámite respecto de alguien ajeno a los hechos (homonimia) afectando con ello a
un inocente, o de construir un proceso penal a espaldas del vinculado sin
ofrecerle oportunidad efectiva y material de ser oído en juicio, es decir, sin
audiencia bilateral”[41].
En este orden de ideas, la relación jurídica
procesal en tratándose de la declaratoria de persona ausente, no se sujeta a la
presencia física del imputado, sino que se adelanta a través de una ficción
jurídica que permite el cumplimiento de la función pública de administrar
justicia de manera permanente y eficaz, en aras de garantizar, entre otros, los
derechos a la verdad y a la justicia.
Por ello, aun cuando se reconoce que la
declaratoria de persona ausente implica una disminución en la intensidad del
ejercicio del derecho de defensa, en especial, en el caso de la defensa
material, es indudable su validez constitucional por la necesidad de asegurar
el logro de tres finalidades básicas para la correcta administración de
justicia.
En primer lugar, porque permite la continuidad de la administración
de justicia como servicio público esencial, pese a la rebeldía o la ausencia
real del procesado.
En segundo lugar, porque permite el cumplimiento
del principio de celeridad procesal (C.P. art. 209 y 228), al impedir que el
juicio criminal se sujete a la espera indefinida del sindicado, pese a la
existencia de un hecho punible y a la individualización de un posible
responsable que exigen la pronta continuidad del proceso penal, en aras de
preservar la justicia y la verdad y, eventualmente, de reparar el derecho de las
víctimas.
Por último, porque el derecho a la defensa del sindicado se
garantiza mediante su vinculación al proceso y, por ende, a través del
nombramiento de un defensor de oficio que adelante todas las estrategias de
defensa que se consideren necesarias para desvirtuar la acusación criminal que
se endilgue en su contra, obviamente, bajo el reconocimiento de la presunción
de inocencia como pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho.
Igualmente, el ordenamiento jurídico permite al
sindicado contumaz nombrar su propio apoderado en cualquier estado del proceso,
con la consecuencia natural de la imposibilidad de retrotraer las etapas
procesales frente a las cuales ya haya operado el principio de preclusión
procesal
23. Sin embargo, es pertinente destacar que en los
procesos en ausencia debe garantizarse con mayor rigor el derecho de defensa,
es decir, el juicio que adelante la autoridad competente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos que legitimen su procedencia, debe realizarse de
manera estricta, pues es deber de dicha autoridad evitar el desconocimiento del
principio de contienda que subyace en todo proceso acusatorio”
Por último, en sentencia C-591 de 2005[42],
este Tribunal declaró la exequibilidad de los apartes impugnados contenidos en
los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2005, con los cuales se autoriza, en
el contexto del sistema penal acusatorio, la declaratoria de persona ausente de
quien no ha sido ubicado para formularle imputación y la continuación del
proceso en caso de contumacia. Después de adelantar una análisis in extenso
sobre la validez constitucional de los procesos penales en ausencia y de
reconocer que la regla general en el proceso penal es la presencia física del
imputado, dedujo que la jurisprudencia constitucional que autoriza adelantar de
esta manera el proceso penal es compatible con las nuevas disposiciones
constitucionales en materia del sistema penal acusatorio y con las normas que
integran el bloque de constitucionalidad. Esa providencia concluyó lo
siguiente:
“Del examen de constitucionalidad de las normas acusadas, la Corte
extrae las siguientes conclusiones:
1.
Es la regla general, que no se
pueden adelantar investigaciones o juicios en ausencia; tanto menos en el marco
de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria caracterizado por la
realización de un juicio oral, público, con inmediación de las pruebas,
contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
2.
Solo de manera excepcional, y con
el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de
justicia en tanto que servicio público esencial, la Constitución y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, pueden admitirse las figuras de la
declaratoria de persona ausente y la contumacia, casos en los cuales la
audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación,
o con el defensor que le designe el juez, de la lista suministrada por el
sistema nacional de defensoría pública, según el caso. Adicionalmente, la
persona puede renunciar a su derecho a hallarse presente durante la audiencia
de formulación de la acusación. Con todo, siendo mecanismos de carácter
excepcional, su ejecución debe estar rodeada de un conjunto de garantías y
controles judiciales.
3.
La declaratoria de persona ausente
por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de
manera real y material y no meramente formal, que al fiscal le ha sido
imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar
alguna medida de aseguramiento que lo afecte, y se le hayan adjuntando los
elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el
agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables
para obtener la comparecencia del procesado. Una vez verificados tales
requisitos, la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el
término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se
publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. De igual manera,
se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría
Pública.
4.
En tal sentido, la Corte considera que la
declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías
procesales y ser objeto de un estricto control judicial, y que por lo tanto no
se agota con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para
demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias
suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia, sino que igualmente
éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta
declaración, a fin de que el juez de conocimiento, al momento de la citación
para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, realice una
labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación
del procesado, y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con
el paradero del acusado, a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en
ausencia, o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho
fundamental al debido proceso, bien de oficio o a solicitud del acusado de
conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, o del
defensor respectivo. Cabe recordar, que la actividad del Sistema Nacional de
Defensoría Pública debe encaminarse a que en materia de juicios en ausencia el
Estado cumpla efectivamente con su deber de demostrar que adelantó todas las
gestiones necesarias y pertinentes para localizar al investigado o enjuiciado,
así como que el rol que juega el Ministerio público en estos casos se acentúa
para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las garantías
constitucionales en el proceso.
En esta oportunidad, la Sala reitera las reglas expuestas en
precedentes anteriores que conducen a señalar la declaratoria de ausencia y la
contumacia como dos excepciones válidamente admitidas en el ordenamiento
superior que admiten la investigación y juzgamiento en ausencia del imputado o
acusado, con base en las cuales se resolverá el problema jurídico que plantea
la demanda.
30. La inasistencia del indiciado a las audiencias de formulación de
imputación e imposición de la medida de aseguramiento porque se encuentra en
estado de inconsciencia al que entró después de la privación de la libertad o
porque se encuentra en estado de salud que le impida ejercer su defensa
material, evidentemente afecta sus derechos a la valoración de su situación
física por parte del juez de control de garantías y de defensa material porque
le perturba el ejercicio de la autodefensa en dichas diligencias y le limita la
posibilidad de exponer razones para evitar la restricción de su derecho a la
libertad.
En efecto, como se dijo en precedencia, en el actual proceso penal,
la diligencia de formulación de imputación, que reemplazó la indagatoria del
proceso anterior, adquiere una relevancia fundamental para el adecuado
ejercicio del derecho a la defensa en el curso del proceso penal, pues el
imputado puede ejercitar su defensa material al manifestar todo lo que
considere conveniente en su descargo, como quiera que habrá hechos que conoce
el imputado y no su abogado. No olvidemos que el artículo 290 de la Ley 906 de
2004 dispone que “con la formulación de la imputación la defensa podrá
presentar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la
solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este
código”. De esta forma, entonces, el imputado puede rechazar o aceptar las
imputaciones y abstenerse de emitir manifestaciones, con lo que es lógico
deducir que, a pesar de que no pueden solicitarse o controvertir pruebas, la
presencia física del imputado en esa diligencia es fundamental para el
ejercicio del derecho a la defensa material y, en especial, para aportar
importantes elementos de juicio fácticos a la defensa técnica a cargo de su
apoderado.
Igualmente, resulta fundamental para los derechos a la libertad y a
la defensa técnica del imputado, su comparencia física a la diligencia de
imposición de medida de aseguramiento, que usualmente se desarrolla en la misma
audiencia de legalización de la captura y formulación de la imputación, pues
ahí tendrá la oportunidad de oponerse a la medida de aseguramiento que puede
consistir, incluso, en una medida restrictiva de la libertad. De hecho, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 306 a 311 del Código de Procedimiento
Penal, el defensor y el imputado pueden oponerse a la solicitud de la medida
demostrando al juez de control de garantías que no cumple con alguno de los
requisitos señalados en la ley o que de los elementos materiales probatorios y
evidencias físicas en que se apoya la Fiscalía no puede inferirse
razonablemente que el imputado sea autor o partícipe de la conducta delictiva
que se investiga. Al respecto, la Corte ha dicho que el control de legalidad de
las medidas de aseguramiento comprende su análisis formal y material, de tal
suerte que debe averiguarse su razonabilidad y proporcionalidad desde una
perspectiva jurídica y fáctica, pues “la presentación de los elementos de
conocimiento que fundamentan la medida de aseguramiento y la oportunidad de
contradicción de éstos, constituyen una garantía de los derechos fundamentales,
en especial del derecho de defensa”[43]. Entonces, a
pesar de que en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento no hay
debate probatorio, el imputado sí puede presentar elementos de conocimiento
para desvirtuar la petición del fiscal, en tanto que el juez deberá valorar la
situación fáctica relevante. En este caso, entonces, los argumentos de autodefensa
del imputado resultan determinantes.
Así las cosas, puede concluirse que la inasistencia del indiciado a
las audiencias de formulación de imputación e imposición de la medida de
aseguramiento afecta gravemente sus derechos a hallarse presente en el proceso
penal, a la defensa material y a la libertad personal.
31. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional a que se hizo referencia en precedencia, la ausencia del
imputado en el proceso penal podría ser válida si se presenta la contumacia o
la declaratoria de ausencia del sindicado. Cabe precisar que el estado de
inconsciencia o de enfermedad grave a que hace referencia el parágrafo acusado
no encuadra en ninguna de esas dos situaciones. Claramente no se trata de un
contumaz, a quién la autoridad judicial le ha notificado válidamente el
requerimiento y éste no acude al proceso penal, pues en los casos previstos por
la norma acusada se trata de una inasistencia por motivos de fuerza mayor o
ajenos a la voluntad del indiciado que no pueden calificarse como actos de
desobediencia al mandato judicial ni como incumplimiento a la obligación de
comparecer. Tampoco se trata de un ausente, en los términos de la decisión
judicial de vincular a una persona al proceso penal, pues esta figura sólo
procede cuando se ignora el paradero del sindicado, ya porque no se encuentra
en el lugar donde reside, o no se ubica en los domicilios registrados a su
nombre. Por el contrario, la situación del inconsciente o del enfermo con
imposibilidad de ejercicio de su defensa material, a quienes el funcionario
judicial encuentra no sólo plenamente identificados, sino también perfectamente
ubicados, pese a lo cual estarán ausentes del proceso por hechos no imputables
a él. De hecho, una cosa es la ausencia y otra la inasistencia o no presencia
del inculpado por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad y
perfectamente conocidas por el Estado.
Por ello, tanto la Corte Constitucional[44]
como la Corte Suprema de Justicia[45] han sido enfáticas en
concluir que la declaratoria de ausencia “no es un procedimiento alternativo
al de vinculación personal (mediante indagatoria), sino residual o supletorio,
al que sólo puede llegarse cuando no ha sido posible hacer comparecer al
imputado para que asuma la defensa material… En desarrollo de la actividad
orientada a lograr que el sindicado concurra a rendir indagatoria, el Estado
está en el deber de agotar todas las opciones razonablemente posibles para
hacerlo, atendiendo la información de que dispone”.[46]
32. En tal virtud, si como se vio en
precedencia, la validez constitucional de la declaratoria de persona ausente
está sometida al procedimiento obligatorio de búsqueda del indiciado y a la
imposibilidad de ubicación, en tanto que éste no es un procedimiento
facultativo o sucedáneo de la formulación de imputación con presencia física
del indiciado, es lógico concluir que la ley no puede autorizar la práctica de
diligencias fundamentales para el proceso penal sin la presencia del indiciado
plenamente identificado y ubicado, pues al hacerlo afecta gravemente los
derechos fundamentales del investigado. De este modo, en aquellos casos en los
que el capturado no puede ejercer su derecho a la defensa material por causas
no imputables a él, tales como su estado de inconsciencia o grave enfermedad,
debe suspenderse la iniciación del proceso penal y, por consiguiente, no pueden
adelantarse las audiencias de formulación de imputación e imposición de la
medida de aseguramiento.
33. Con todo, a la anterior conclusión podría objetarse que paralizar
el proceso penal por término indefinido –hasta que el indiciado recobre la
consciencia o pueda asumir su defensa material- también afecta gravemente los
derechos de las víctimas y de la sociedad a gozar de una cumplida y diligente
administración de justicia y, sobretodo, permitiría que algunos delitos se
queden en la impunidad en tanto que el Estado tiene un término máximo para
sancionar al responsable de la conducta delictiva que se investiga.
La Sala comparte parcialmente esa objeción, pues no es totalmente
cierto que la prohibición de adelantar la formulación de la imputación sin
presencia del indiciado paralice la investigación penal, ni que con esta medida
se afecten los derechos de las víctimas, pero sí es cierto que podría
flexibilizarse el término de prescripción de la acción penal, porque por un
hecho totalmente ajeno al Estado, a la sociedad y a las víctimas, el paso del
tiempo se convierte en un obstáculo para la defensa de sus intereses. Pasa la
Sala a explicar los planteamientos expuestos:
En primer lugar, la Corte considera que no es correcto afirmar que
la imposibilidad de adelantar la formulación de la imputación sin la presencia
física del indiciado paralice el proceso penal, de un lado, porque las
autoridades competentes pueden adelantar actuaciones de investigación
preprocesal o indagación preliminar en los términos del Título I del Libro II
de la Ley 906 de 2004 y, de otro, porque la actual legislación no permite
continuar el proceso penal e iniciar el juicio contra una persona ausente a
pesar de que no ha sido declarada como tal ni se encuentra en situación de
contumacia, pues los artículos 366 y 367 de la Ley 906
de 2004 disponen que el juez de conocimiento instalará el juicio oral, previa
verificación de la presencia de las partes, quienes solo por expresa
manifestación propia o mediante su apoderado, podrán renunciar al derecho a hallarse
presentes en el juicio. Luego, el logro de la medida –avance del proceso penal-
no se justificaría respecto del enorme sacrificio para los derechos del
imputado que representaría la investigación sin la presencia del imputado, con
lo que se considera una medida desproporcionada en estricto sensu.
De igual manera, la medida objeto de análisis tampoco representa un
instrumento eficiente de protección de los derechos de las víctimas, no sólo
porque de todas maneras el proceso debe suspenderse, sino porque adelantar la
etapa de la investigación sin defensa material también implica eliminar formas
de protección de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, la medida impugnada
afectaría gravemente el derecho de los sujetos procesales a llegar a un preacuerdo
sobre los hechos imputados y sus consecuencias, pues la ausencia del imputado
impide la aprobación de pactos antes del juicio. En efecto, a este tipo de
acuerdos de voluntad pueden llegar las partes desde la audiencia de formulación
de imputación y hasta antes de presentarse el escrito de acusación (artículo
350 de la Ley 906 de 2004), con la presencia física del imputado (artículo 3501
ídem), por cuanto establece plena prevalencia a la defensa material sobre la
defensa técnica, como quiera que si se presenta desacuerdo entre lo opinado por
el sindicado y su abogado prevalece la defensa material. Eso muestra que no es
tan cierto que con la iniciación del proceso penal siempre se garantizan los
derechos de la víctima y la eficiencia de la administración de justicia y, por
el contrario, sí se afectan gravemente los derechos del imputado.
34. Sin embargo, es cierto que prohibir la formulación de la
imputación sin la presencia del indiciado cuando éste se encuentra inconsciente
o gravemente enfermo, podría conducir a la impunidad y de esta forma a afectar
gravemente los derechos de las víctimas y de la sociedad a gozar de una
justicia eficiente y a sancionar al delincuente. En efecto, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, la prescripción de la
acción penal sólo se interrumpe con la formulación de la imputación, por lo que
mientras no se adelante esa diligencia los términos continúan produciendo
efectos de sanción por la inoperancia del aparato investigativo y judicial del
Estado para imputar la responsabilidad al presunto infractor de la ley penal.
No obstante, la dificultad que aquí se plantea no surge exactamente de la norma
acusada, sino de la hermenéutica literal de otra disposición que al aplicarla
en el presente caso resulta sumamente gravosa para los intereses de las
víctimas y del Estado. Por esa razón, la Corte considera necesario para
garantizar la eficacia de los derechos constitucionales en tensión que se deje
a salvo la posibilidad de aplicar la interpretación extensiva del artículo 292
del Código de Procedimiento Penal y se interrumpa el término de prescripción de
la acción penal, en aquellos casos en los que no puede adelantarse la
diligencia de formulación de la imputación por los motivos previstos en el
parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
En este orden de ideas, las excepciones
a la regla general de presencia física del imputado en el proceso penal, no
pueden entenderse como instrumentos para llenar exigencias de carácter
normativo, sino para velar por la efectividad material de los derechos en
tensión, de tal manera que sólo puedan limitarse los derechos del imputado a la
defensa técnica y a hallarse presente en el proceso en caso de que la medida
restrictiva sea realmente efectiva para proteger los derechos de las víctimas y
de la sociedad, que pueden salvaguardarse con la interrupción del término de
prescripción de la acción penal.
35. El análisis efectuado le permite a la Corte concluir que: i) no
vulnera el artículo 29 de la Carta, la regla legal según la cual el fiscal
puede legalizar la captura ante el juez de control de garantías, con la sola presencia
del defensor de confianza o designado por el sistema nacional de defensoría
pública, cuando el capturado haya entrado en estado de inconsciencia después de
la privación de la libertad o se encuentre en estado de salud que le impida
ejercer su defensa material; ii) es contrario a los derechos al debido proceso
y de defensa material, que se pueda, sin la presencia del indiciado, formular la
imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las
solicitudes que el fiscal considere procedentes; iii) en aras de garantizar la
eficacia en la administración de justicia y de que no haya lugar a la
impunidad, es necesario entender que mientras el indiciado se encuentre en
estado de inconsciencia o tan enfermo que le impida ejercer su derecho a la
defensa material, se interrumpe la prescripción.
Por esas razones, la Corte declarará la inexequibilidad de las
expresiones “…formular imputación, solicitar imposición de medida de
aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes…” y “En
este caso…”, contenidas en el parágrafo primero del artículo 18 de la Ley
1142 de 2007 y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el
entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción.
Artículo 18, parágrafo 3º, de la Ley 1142 de 2007. Legalización de
la captura con la constancia de la Fiscalía sobre la imposibilidad de poner a
disposición del juez al capturado.
36. El parágrafo tercero impugnado señala que en aquellos eventos en
los cuales, por las distancias, la dificultad en las vías de acceso, los
desplazamientos y el orden público, no sea posible trasladar a la persona
aprehendida ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas
siguientes a la captura, podrá legalizarse la captura con la constancia que
haga la Fiscalía General de la Nación respecto de los motivos por los cuales no
se pudo hacer el traslado y el compromiso de presentarlo tan pronto sean
superadas las dificultades. De igual manera, la norma acusada dispone que: i)
el fiscal debe asumir las responsabilidades derivadas del hecho de no decir la verdad,
ii) a la audiencia asistirá el defensor del imputado y el Ministerio Público,
iii) la fiscalía podrá formular imputación y solicitar medida de aseguramiento
y, iv) mantiene el derecho de la persona aprehendida a allanarse a la
imputación con los beneficios consagrados en la ley hasta tanto sea presentado
físicamente ante el juez.
Los demandantes, el Instituto de Derecho Procesal y el Ministerio
Público coinciden en sostener que la disposición acusada debe ser declarada
inexequible porque, contrario a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución, amplia el término para legalizar la captura. Así, esa norma
superior es enfática en señalar que el término máximo para poner a disposición
del juez de control de garantías al capturado es de 36 horas, por lo que
ninguna excepción que amplíe esa regla es válida constitucionalmente. Además,
el Procurador dijo que esa disposición viola el artículo 250 de la Carta,
porque autoriza al fiscal a legalizar la captura, pese a que esa es una
atribución exclusivamente judicial y bajo ninguna circunstancia puede
realizarla el fiscal.
Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio
de Justicia y del Derecho consideran que la norma se ajusta a la Constitución
porque simplemente consagra casos de imposibilidad absoluta para poner a disposición
del juez competente al capturado dentro del término de 36 horas, pero no
modifica la autoridad encargada de legalizar la captura. De igual manera,
considera que la reglamentación es clara, específica y concreta en determinar
en qué circunstancias puede acudirse al habeas corpus, con lo que se protege el
derecho a la libertad del capturado.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia adujo que si bien la norma
acusada se ajusta a la Constitución porque regula situaciones absolutamente
excepcionales en las que el fiscal no puede poner al capturado a disposición
del juez de control de garantías, no puede desconocerse que podría
interpretarse, como lo hace la demanda, de tal forma que se amplíe el término
de 36 horas para el control judicial de la captura. Por tanto, opina que la
Corte debe declarar la exequibilidad de la norma pero con la precisión de que
el fiscal debe legalizar la captura dentro del término señalado en la
Constitución.
En consecuencia, corresponde a la Corte determinar si ¿el parágrafo
3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 desconoce los artículos 28 y 250
superiores porque autoriza que el fiscal efectúe la legalización de la captura
y fuera del término máximo señalado en la Constitución?. Para ello, la Sala
analizará, en primer lugar, cuál es la interpretación que surge de la
disposición acusada y, posteriormente, si en situaciones extraordinarias es
posible legalizar la captura sin la presencia del indiciado, o si se ajusta a la
Constitución la posibilidad de ampliar el término de 36 horas para legalizar la
captura o si es válido autorizar al fiscal del caso a adelantar dicha
diligencia.
37. Para resolver el problema jurídico planteado, se dijo, en primer
lugar, la Corte debe conocer cuál es la interpretación correcta que surge de la
norma acusada, puesto que, de acuerdo con lo afirmado por los demandantes, los
intervinientes y el Ministerio Público, de ella pueden deducirse varias
interpretaciones posibles. Cabe precisar que, como lo ha advertido esta
Corporación en reiteradas oportunidades[47], a pesar de
que a la Corte Constitucional no le corresponde definir cuál es el sentido de
la ley ni a señalar cuál es la interpretación más adecuada, en aquellos casos
en los que existen interpretaciones diversas que tienen incidencia
constitucional, primero debe entrar a determinar el alcance de la norma para
que posteriormente pueda definir cuáles sentidos de la disposición acusada se
mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos
constitucionalmente.
Por lo tanto, se considera necesario recordar el tenor literal de la
disposición normativa acusada:
PARÁGRAFO 3o. En aquellos eventos en
los cuales por las distancias, la dificultad en las vías de acceso, los
desplazamientos y el orden público, no sea posible dentro del término de las
treinta y seis (36) horas siguientes a la captura, trasladar a la persona
aprehendida ante el juez de control de garantías, dentro del mismo término,
deberá legalizarse su captura con la constancia que haga la Fiscalía General de
la Nación respecto de los motivos por los cuales se imposibilitó el traslado y
el compromiso de presentarlo tan pronto sean superadas las dificultades. El
fiscal asumirá las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan
en caso de faltar a la verdad. A esta audiencia asistirá el defensor de
confianza o en su defecto el que sea designado por el Sistema Nacional de Defensoría
Pública y el Ministerio Público. La Fiscalía podrá formular imputación y
solicitar medida de aseguramiento. La persona aprehendida tendrá la posibilidad
de allanarse a la imputación hasta cuando sea posible para la Fiscalía
presentarlo físicamente ante el juez, con el mismo descuento punitivo indicado
en el inciso 1o del artículo 351 de este código”.
Para la Sala, esa disposición autoriza al juez de control de
garantías a realizar la diligencia de legalización de la captura dentro de
las 36 horas siguientes a ella, sin la presencia del indiciado, pero con base
en la constancia que haga la Fiscalía General de la Nación respecto de los
motivos que imposibilitaron el traslado, ya sea por las distancias, la
dificultad en las vías de acceso, los desplazamientos y el orden público. A esa
audiencia asiste el defensor de confianza o el defensor público y el Ministerio
Público. De todas maneras, cuando fuere posible debe dejarse al capturado a
disposición del juez de control de garantías, de un lado, la Fiscalía podrá formular
imputación y solicitar medida de aseguramiento y, de otro, el capturado tiene
la posibilidad de allanarse a la imputación.
38. Claramente, esta hermenéutica afecta el derecho a la defensa
material del capturado y pone en riesgo los derechos a la vida e integridad del
mismo, pues permite que el juez solamente realice el control de legalidad de la
aprehensión de manera formal y no material, como quiera que no tiene a su
alcance todos los elementos de juicio suficientes para llegar a una decisión
contundente. A esa conclusión se llega si se tienen en cuenta los siguientes
aspectos:
i) Se vio en precedencia, que uno de los objetivos más importantes
de la presentación del capturado al juez y, por consiguiente, de la valoración
judicial para legalizar la captura, es el control sobre el abuso de poder y la
verificación de que en el acto de privación de la libertad no se hubiere
acudido a técnicas como las torturas y los tratos denigrantes, de tal forma que
el juez pueda dar fe de la situación física en que se encuentra la persona. En
efecto, después de citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
reclama la verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad
con la presentación del detenido ante el juez, la Corte Constitucional concluyó
que “La entrega del capturado a una autoridad judicial cumple varios
propósitos, que no se limitan al ejercicio de funciones judiciales. La
regulación de la materia en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se encuentra en la norma dedicada a la libertad y seguridad personal,
y en el caso del Pacto de San José, el mandato inicia con una exigencia de
protección y respeto a la libertad y seguridad personales. De ello se desprende
que la regulación sobre la captura tiene un propósito más allá de asegurar que
la restricción a la libertad se realice de acuerdo a la ley y ante funcionarios
competentes. También tiene un propósito protector de la integridad de la
persona”[48]
Incluso, en reciente oportunidad, esta Corporación reiteró que el
capturado debe ser puesto a disposición de juez competente en un término máximo
de 36 horas y que su presentación debe ser personal, en tanto que su presencia
física en las diligencias judiciales es fundamental para que el juez verifique
las condiciones en que se encuentra el capturado. Así, en sentencia C-185 de
2008, la Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones de “por motivos
serios y de fuerza mayor” y “disponible” contenidas en el artículo
21 de la Ley 1142 de 2007 y exequible la expresión “cuando (….) no se
encuentre (…) un juez que pueda ordenarla”, “en el entendido que el fiscal
debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente
competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante”.
Entonces, si se adelanta la legalización de la captura sin la
presencia del imputado y, esta obligación solo es exigible “tan pronto sean
superadas las dificultades”, se podría poner en riesgo la vida e integridad de
la persona. Y, si dentro de la concepción humanista y la constitucionalización
del derecho penal se descarta la instrumentalización de la persona a los fines
de prevención general, pues ante cualquier situación se proclama la dignidad y
la protección de los derechos esenciales e inherentes del ser humano, es lógico
inferir que con la legislatura de la captura no se protegen los derechos en un
sentido material sin la presencia física del capturado.
ii) Debe tenerse de presente que, en la mayoría de los casos, el
control de legalidad sobre la captura se realiza en situaciones de flagrancia
en donde el juez debe realizar una valoración fáctica de los requisitos de
inmediatez, actualidad y plena identificación del delincuente como condiciones sine
qua non para que se configure. De este modo, la presencia física del
capturado en esa diligencia resulta fundamental para el ejercicio de su derecho
a la defensa material.
Ahora, como se vio en fundamentos jurídicos precedentes de esta providencia,
la formulación de la imputación y la imposición de medidas de aseguramiento
requieren la presencia física del imputado para garantizar su derecho a la
defensa material, por lo que, se reitera, no podría autorizarse la iniciación
del proceso penal, en caso de imputado plenamente identificado y ubicado o
localizado por el Estado, quién no pudo acudir a la audiencia por razones
ajenas a su voluntad que han sido plenamente constatadas por la Fiscalía
General de la Nación, tanto que a esa autoridad también le ha impedido cumplir
con su deber constitucional de poner a disposición del juez al capturado.
Pero, incluso, si solamente se adelanta la diligencia de legalización
de captura y se deja en suspenso la formulación de la imputación y la
imposición de la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías
hasta tanto fuere posible dejar al capturado a su disposición, lo cierto es que
en todo caso de restricción de la libertad, el derecho a la defensa material
debe garantizarse porque es una regla exigible aún frente al legislador.
iii) Según esta interpretación, la legalización de la captura, la
formulación de la imputación y la imposición de medidas de aseguramiento podrán
hacerse por el juez de control de garantías sin la presencia del imputado, pero
con la asistencia del defensor de confianza o el abogado designado por el
Sistema Nacional de Defensoría Pública. No obstante, la especial situación en la
que se encuentra el capturado –privado de la libertad en un lugar lejano, con
dificultad en las vías de acceso o en el desplazamiento, o en un sitio con
problemas de orden público- hace que la designación de un abogado de confianza
sea muy difícil y prácticamente imposible que direccione la defensa y le
informe todos los elementos de conocimiento necesarios y pertinentes para que
la defensa técnica pueda ser tan eficaz como la defensa material. En
consecuencia, también se afectaría el derecho del imputado a tener una adecuada
defensa técnica.
39. Pero, además, se insiste que, por el carácter perentorio del
plazo a que hace referencia el artículo 28 de la Constitución, a las
autoridades competentes corresponde garantizar la eficacia y el cumplimiento de
esa norma con la disponibilidad de los medios e instrumentos que se requieren
para garantizar la oportunidad de los traslados, la cumplida administración de
justicia y la defensa de los derechos de la sociedad, de las víctimas y del
capturado, que se ubican en tensión con la ocurrencia del delito. Un ejemplo
que concreta el deber del Estado de garantizar la presencia de los jueces en
todo el territorio nacional para legalizar la captura dentro de las 36 horas siguientes
a la captura a que hace referencia el artículo 28 superior, es la competencia
que el artículo 39 de la Ley 906 de 2004 otorga a los jueces de control de
garantías, funcionarios encargados de adelantar la audiencia posterior de
legalización de la captura. En efecto, en lo pertinente, esa norma dispone: i)
que dicho juez constitucional debe ejercer sus funciones en el lugar donde se
cometió el delito, por lo que, en principio, no le corresponde a las
autoridades que realizaron la captura desplazarse a un municipio distinto al
que fue capturada la persona que se encontró en flagrancia o ante el juez que
ordenó la captura; ii) que la función de control de garantías se ejerce en
cualquier hora hábil (artículo 157 del Código de Procedimiento Penal), de
acuerdo con los turnos previamente establecidos; iii) si el juez penal
municipal se encuentra impedido o no disponible en el municipio donde ejerce
sus funciones, corresponde ejercer la función de control de garantías a otro
juez municipal, sin importar la especialidad, del mismo lugar donde ocurriere
el delito.
De hecho, a esta
misma conclusión ha llegado la Corte en varias oportunidades anteriores. En
sentencia C-1024 de 2002[49], se declaró la
exequibilidad del artículo 2º del Decreto 2002 de 2002, en el entendido que la
captura que podían adelantar funcionarios del DAS y de las Fuerzas Militares,
que no tengan funciones de policía judicial, solamente puede practicarse cuando
ella sea públicamente requerida, en los términos del artículo 348 del Código de
Procedimiento Penal. Sin embargo, precisó que, por disposición del artículo 28
superior, “el capturado no puede permanecer por más de 36 horas por cuenta
de funcionario diferente al Fiscal General de la Nación o su delegado, o el
juez”. En el mismo sentido, la sentencia C-730 de 2005[50],
dijo que el artículo 28 de la Carta tiene “un doble contenido, pues no
solamente será necesario mandamiento escrito de autoridad judicial competente para
poder detener a una persona, sino que una vez se le haya detenido preventivamente
en virtud de dicho mandamiento deberá ser puesta a disposición del juez
competente, en el menor tiempo posible y en todo caso máximo dentro de las
treinta y seis horas siguientes”.
40. Con todo, podría pensarse como lo hizo uno de los intervinientes
en este asunto que, como lo dijo la Corte en sentencia C-251 de 2002[51],
existen algunas situaciones en las que sea imposible requerir la autorización
judicial en el término de 36 horas siguientes a la captura, por lo que podría
admitirse el control de legalidad en un momento posterior con la constancia que
expida la Fiscalía General de la Nación –nótese que la norma no se refiere al
Fiscal del caso, sino a dicha entidad- sobre los motivos que imposibilitaron el
desplazamiento dentro del término señalado en la Constitución, tal y como lo
regula la norma demandada.
Sin embargo, esa tesis no puede aceptarse no sólo porque la
sentencia a que se hizo referencia se profirió cuando no existían los jueces de
control de garantías[52], sino porque estudió un
asunto distinto al que ahora ocupa la atención de la Sala, que se concretó en
el análisis de la constitucionalidad de la expresión “término de la distancia”
como límite para legalizar la captura, sino que en esa misma oportunidad, la
Corte dejó en claro que es deber del Estado “diseñar los mecanismos para
asegurar, dentro de lo posible, que alguna autoridad judicial pueda ser
alcanzada en el término fijado por la Constitución. Esto también puede lograrse
con el desplazamiento de la autoridad judicial al lugar, antes de que se
cumplan las 36 horas, en aquellos casos excepcionales en que sea materialmente
imposible desplazar al capturado hasta la sede de dicha autoridad judicial”
El análisis adelantado muestra que el parágrafo 3º del artículo 18
de la Ley 1142 de 2007, contradice la Constitución, razón por la cual la Corte
debe declarar su inexequibilidad.
Artículo 26 (parcial) de la Ley 1142 de 2007. Detención preventiva
para quién ha sido capturado un año antes de la nueva captura.
41. La norma parcialmente acusada modificó el artículo 313 de la Ley
906 de 2004, en el sentido de ampliar los casos en los que procede la detención
preventiva en establecimiento carcelario cuando la persona hubiere sido
capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del año
anterior a la nueva captura, siempre que no se hubiere producido preclusión o
absolución en el caso anterior.
La demanda considera que la norma acusada, que a su juicio contiene
una regla ambigua y general porque exige tener en cuenta incluso capturas
ilegales, vulnera la presunción de inocencia del capturado porque el hecho de
que hubiese sido objeto de otra captura anterior no lo hace responsable del
hecho investigado, pese a lo cual la ley lo trata como si hubiere sido
condenado penalmente. En el mismo sentido, el Instituto de Derecho Procesal
coincide con los demandantes en sostener que esa norma vulnera la Constitución
por cuanto limita beneficios y condiciones favorables al imputado por
circunstancias ajenas al acto que se imputa. Además, dijo que esa norma
contradice lo afirmado por la Corte en sentencia C-774 de 2001, según la cual
no es posible imponer medidas generales, automáticas e indiscriminadas de
privación de la libertad.
El Fiscal, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Academia
Colombiana de Jurisprudencia y el Procurador consideran que la disposición
impugnada debe ser declarada exequible principalmente por dos razones. La
primera, porque como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional, las
medidas cautelares no desconocen la presunción de inocencia del imputado. La
segunda, porque el hecho de que una persona hubiere sido aprehendida con
anterioridad constituye un presupuesto objetivo cuya valoración en un nuevo
proceso penal es razonable. Finalmente, precisan que, a su juicio, es natural y
obvio que la norma acusada se refiere a la captura previa que se realizó en
forma legal, por lo que la interpretación que de la norma hace el demandante es
equivocada.
Así las cosas, la Sala debe averiguar si ¿vulnera la presunción de
inocencia del imputado la regulación legal que autoriza a decretar la medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario
cuando el aprehendido fue objeto de otra captura dentro del año anterior?. Para
resolver el problema jurídico la Corte estudiará: i) la libertad de
configuración normativa del legislador para determinar las circunstancias que
conducen a decretar la medida privativa de la libertad y la presunción de
inocencia, ii) si en el caso objeto de estudio la captura ilegal previa podría
conducir a la detención preventiva en establecimiento carcelario y, iii) si la
norma acusada consagra una medida razonable y proporcional que le permite al
juez hacer valoración de circunstancias objetivas o si, como lo afirman algunos
intervinientes, la decisión restrictiva de la libertad está regulada de manera
automática y general que “ata al juez”.
42. Como lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades[53],
la detención preventiva en establecimiento carcelario es una medida cautelar de
tipo personal que adopta el juez en el curso de un proceso penal y consiste en
la privación de la libertad de manera provisional, pues su objetivo es realizar
los derechos y deberes constitucionales que, en sentido estricto, consisten en
asegurar el cumplimiento de las decisiones que se adoptan en el proceso y
garantizar la presencia del sindicado en el mismo para que sea más efectiva, de
una parte, la investigación y el juzgamiento y, de otra, los derechos de las
víctimas.
Por su propia naturaleza, la detención preventiva, entonces, tiene
una duración precaria o temporal porque su finalidad no es sancionatoria, ni
está dirigida a resocializar, ni a prevenir el delito ni a ejemplarizar, sino
que su finalidad es puramente procesal y asegurar el resultado exitoso del
proceso penal. Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
sido uniforme en señalar que la institución de la detención preventiva se
ajusta a la Constitución y, en especial, no resulta contraria a la presunción
de inocencia. Al respecto, dijo:
“…En cuanto se refiere a la detención, la Carta Política
distingue claramente entre ella y la pena. El artículo 28 alude a la primera y
exige, para que pueda llevarse a cabo, mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, impartido y ejecutado con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley. A la segunda se refiere el artículo 29,
que plasma la presunción de inocencia a favor de toda persona, estatuyendo,
para que pueda imponerse una pena, el previo juzgamiento conforme a las leyes
preexistentes, ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio y con la integridad de las garantías que
configuran el debido proceso…
…Así, una cosa es detener al individuo contra el cual
existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para
que esté a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el
proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites
procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías,
reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la
convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de que,
por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley…”[54].
En el mismo sentido, en reciente oportunidad, esta Corporación
afirmó:
“No ha escapado por lo tanto a la reflexión jurisprudencial de la
Corte Constitucional la compleja relación entre las medidas de aseguramiento y
la presunción de inocencia, en medio de lo cual ha afirmado claramente que la
prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva y que, en consecuencia
resolución de acusación no impone una sanción al imputado, ni define el proceso
penal, sino que la definición del proceso penal apenas tiene lugar cuando se
dicta sentencia y, más concretamente, cuando la sentencia ha hecho tránsito a
cosa juzgada, no antes.[55] “De ahí
el carácter provisional que le subyace a la resolución de acusación "y la
vigencia que durante el lapso que ella esté vigente tiene la presunción de
inocencia"[56]. En vista
de que la resolución de acusación no es una sanción ni tiene carácter
definitivo, el sindicado goza de todos los derechos fundamentales y puede
hacerlos efectivos. La resolución de acusación no comporta, por tanto,
"restricción alguna de las garantías constitucionales, entre ellas la
presunción de inocencia que permanece incólume mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia judicial en firme.[57]"[58]
Es importante entonces resaltar que las medidas de aseguramiento
dictadas como consecuencia de haberse proferido resolución de acusación en
contra de una persona tienen como finalidad garantizar en los casos en los que
las circunstancias lo ameriten la comparecencia de dicho individuo ante la
administración de justicia, pero que esta situación es claramente distinguible
de aquella que se presenta cuando una vez cumplidos todos los trámites propios
del proceso, se la declara responsable penalmente y se le aplica la sanción
prevista en la ley.[59]
En este sentido, la Corte ha admitido en algunas oportunidades que
la presunción de inocencia no riñe con la posibilidad de aplicar medidas de
orden preventivo para asegurar la comparecencia ante los jueces de las personas
frente a las cuales se tienen motivos serios y debidamente fundados para
considerar que han cometido un ilícito. Cuando se dicta como medida de
aseguramiento detención preventiva sin beneficio de excarcelación, la persona
sigue gozando de la presunción de inocencia mientras no se pruebe su
responsabilidad”[60]
43. Las circunstancias que conducen a la detención preventiva –en
establecimiento carcelario o en el lugar de residencia-, como medida
restrictiva de la libertad que es, deben encontrarse clara y expresamente
definidas en la ley, pues el juez que las impone sólo está autorizado a
restringir la libertad de las personas en casos de necesidad, adecuación,
razonabilidad y proporcionalidad de la medida.
De todas maneras, esta Corporación[61] también ha
aclarado que los criterios que evalúa el legislador para determinar cuáles
serían las conductas que conducirían a decretar la medida de aseguramiento
hacen parte de su libertad de configuración normativa porque implican
valoración de aspectos generales de política criminal y de protección de los
derechos constitucionales en tensión. Obviamente, esa libertad de configuración
debe ejercerse dentro de los límites constitucionales y puede ser objeto de
control de constitucionalidad para que prevalezcan derechos e intereses
superiores. Por estas razones, la Corte ha concluido que dentro de los límites
de la potestad de configuración legislativa se encuentra la determinación de la
proporcionalidad, razonabilidad y excepcionalidad de la medida porque la
restricción de la libertad no puede convertirse en la regla general ni en el
único instrumento que tiene el juez para asegurar el éxito de la investigación
y juzgamiento penal.
La regla que reconoce al legislador de libertad de configuración de
las medidas de aseguramiento y, en especial, de los criterios que conducen a
decretar la detención preventiva, ha sido uniforme y constante en la Corte
Constitucional, por lo que ahora se reitera. En efecto, el artículo 397,
numeral 1º, del Decreto 2700 de 1991 que disponía la procedencia de la
detención preventiva en delitos de competencia de los jueces regionales fue
declarado exequible en la sentencia C-150 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz, por
cuanto concluyó que “No encuentra la Corte violación al artículo 28 de la
Carta, ni al principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la misma
codificación, y más bien advierte que se trata del natural ejercicio de las
competencias legislativas en materia del procedimiento penal, en el que esta
involucrado el conjunto de reflexiones jurídicas y de política criminal, que
toma en cuenta las especiales modalidades delictivas, propias de las
competencias de los jueces regionales y que exigen un mayor celo procedimental”
En el mismo sentido, en sentencia C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón
Díaz, la Corte declaró exequibles los numerales 2º y 3º, del artículo 397 del Decreto
2700 de 1991, que señalaban la procedencia de la detención preventiva cuando el
delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo
sea o exceda de dos años y en aquellas situaciones en las que se investigara la
ocurrencia de los delitos indicados en un listado, en tanto que “se
torna patente el ejercicio de las facultades que el legislador cumple amparado
por la libertad de configuración que le permite, de conformidad con sus
preferencias de política criminal, escoger causales de detención preventiva,
que siendo adoptadas con la finalidad de perseguir eficazmente el delito, han
de estar, sin embargo, acopladas a los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que, al obrar como límites, le imprimen a los supuestos de
privación de la libertad la naturaleza excepcional que deben tener,
erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho fundamental”.
Específicamente en relación con las causales dijo que “el legislador se
atuvo a un criterio de carácter objetivo que, ante todo, atiende a la gravedad
del hecho, establecida a partir del monto de la pena, y en ello no encuentra la
Corte que se haya consagrado una causal arbitraria que comporte el sacrificio
excesivo de la libertad en aras de la finalidad de actuar en contra del delito,
como tampoco encuentra violación de la Carta Política en el atacado numeral
tercero, que contiene la lista taxativa de los delitos que en el criterio del
legislador merecen la detención, porque las conductas allí referidas atentan
contra bienes jurídicos que se juzgan de importancia para el logro de la
convivencia y ya la Corte ha indicado que “el control social mediante la
protección de bienes jurídicos fundamentales constituye la razón de ser del
derecho penal”, y que la correspondiente indicación de los bienes jurídicos
tenidos por valiosos y que son, por ende, merecedores de protección, es tarea
que dentro de la estructura de un Estado de Derecho compete al legislador”.
Esa misma tesis fue reiterada en la sentencia C-425 de 1997, M.P.
Fabio Morón Díaz, al declarar la exequibilidad del numeral 7º del artículo 397
del Decreto 2700 de 1991, que señalaba la procedencia de la detención
preventiva en los casos de lesiones culposas, cuando el sindicado en el momento
de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo
el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica
demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin
justa causa el lugar de la comisión del hecho, en tanto que “en ejercicio de
las competencia que le atañen tratándose de la regulación de la libertad y en
concreto del señalamiento de los casos en que sea procedente su privación, el
legislador se encuentra asistido por la denominada libertad de configuración
que se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia constitución y en
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad “que al obrar como límites,
le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza
excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho
fundamental”.
Posteriormente, en sentencia C-392 de 2000, M.P. Antonio Barrera
Carbonell, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 25 de la Ley 504 de
1999, que modificó el numeral 1º del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991, en
el sentido de indicar que procede la detención preventiva en los delitos de
competencia de los jueces penales del circuito especializados –disposición
idéntica a la que ahora regula el numeral 1º del artículo 313 de la Ley 906 de
2004-, como quiera que “es de competencia del legislador determinar los
casos en que procede la detención preventiva, en razón de la comisión de
ciertos delitos, según la naturaleza y gravedad de éstos, o en los casos de
flagrancia, o atendiendo las circunstancias en que ellos ocurrieron, o de los
antecedentes del procesado, etc”
44. Está claro, en consecuencia, de un lado, que el legislador tiene
libertad de configuración de las medidas preventivas de aseguramiento y, de
otro, que el solo hecho de que el legislador hubiere considerado necesario y
adecuado imponer medida de detención preventiva en establecimiento carcelario a
quién hubiere sido objeto de otra captura dentro del año anterior, no viola la
presunción de inocencia.
45. Ahora bien, dentro de los criterios que la ley ha tenido en
cuenta para que proceda la detención preventiva, y que, como se vio, la Corte
consideró válidos constitucionalmente, son el interés a proteger, la gravedad
de la conducta, la situación del procesado y el grado de convicción de que el
imputado o el acusado sea el responsable de la conducta investigada. Sin
embargo, también ha dicho esta Corporación, que esos criterios no deben operar
de manera silogística o mecánica, pues la ley debe permitirle al juez un margen
de valoración para analizar circunstancias objetivas –exigencias fácticas y
jurídicas- y subjetivas, tales como la personalidad, edad y condiciones socioeconómicas
del imputado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 308 a 314 de la Ley
906 de 2004. Al respecto, la Corte dijo con anterioridad:
“la detención
preventiva dentro de un Estado social de derecho, no puede convertirse en un
mecanismo de privación de la libertad personal indiscriminado, general y
automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una
persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley
Bajo esta consideración, para que proceda la detención preventiva no
sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el
ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance
de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la
consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma.
El concepto de detención preventivo tiene en la Constitución, en
principio, el carácter de indeterminado, en la medida en que, ni en la norma
que la permite (Artículo 28 de la C.P.) ni en el resto de las disposiciones de
la parte dogmática de la Carta, se definen su alcance o sus limitaciones.”[62]
En tal virtud, el señalamiento legal de las medidas restrictivas de
la libertad no le puede impedir al juez realizar juicios de valor de carácter
jurídico y fáctico sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la
detención preventiva.
46. En esta oportunidad, el legislador adoptó como criterio de
valoración para que el juez pueda imponer la medida preventiva de detención en
establecimiento carcelario, la existencia de una captura dentro del año
anterior a la nueva captura. Piénsese en una persona que había sido capturada y
queda en libertad porque el delito por el que se investiga o juzga no tiene un
mínimo de pena superior a 4 años, o la cuantía del bien que había sido objeto
de defraudación no excedía de 150 salarios mínimos legales, o porque el juez no
se encontró méritos para que continúe privado de la libertad y, dentro del año
siguiente nuevamente fue objeto de captura, ya sea en flagrancia o mediante
orden judicial. En sentido estricto, entonces, la regulación demandada se
refiere a situaciones en las que, en el término de un año, una misma persona ha
sido objeto de dos capturas por hechos ilícitos distintos en los que se
considera razonablemente que ha sido autor o partícipe del mismo.
47. Sin embargo, cabe precisar que, contrario a lo afirmado por los
demandantes, la Sala considera que la norma acusada no se refiere a las
capturas previamente declaradas ilegales, por la sencilla razón de que esa
decisión judicial produce como consecuencia la nulidad de la medida, esto es,
para efectos del debido proceso penal, hace desaparecer del mundo jurídico la
decisión que resulta contraria a la Constitución y a la ley. Luego, no
parecería razonable que el juez que analiza la procedencia de la medida de
aseguramiento tenga en cuenta elementos que salieron del ordenamiento jurídico
por considerarse contrarios a los derechos y principios mínimos que regula la
Constitución y la ley, ni que el juez encargado de proteger los derechos
afectados con el proceso penal sea el que imponga una consecuencia legal –la detención
preventiva en establecimiento carcelario- a un supuesto ilegal –la captura
arbitraria-, pues la norma acusada simplemente regula una nueva hipótesis de
detención preventiva en establecimiento carcelario y no de detención
domiciliaria.
No obstante, si es cierto que la norma acusada autoriza al juez de
control de garantías a valorar la captura previa que a pesar de que fue
declarada legal no condujo a la acusación, o la captura que produjo acusación
sin detención preventiva y aún no se ha proferido sentencia definitiva y muchos
casos más en los que el proceso penal continúa sin restricción de la libertad y
no se hubiere producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Esas
son, precisamente, las situaciones que originan el presente juicio de
constitucionalidad y que sencillamente se refieren a la ocurrencia de dos
hechos delictivos que se imputan a la misma persona en un mismo año.
48. Así las cosas, la Sala encuentra razonable que, dentro de las
valoraciones de política criminal, el legislador hubiere considerado la captura
precedente en el año anterior como un criterio que debe tener en cuenta el juez
para imponer la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva
en establecimiento carcelario, por las siguientes dos razones:
Es lógico suponer que dos capturas en el mismo año a la misma
persona podría ser un indicador de la necesidad de la medida privativa de la
libertad no sólo para evitar la multiplicación del delito o la dedicación
asidua a la realización de conductas reprochables penalmente que implican un
claro peligro para la sociedad, sino para evitar la fuga o la obstrucción de la
justicia por parte de quién ha demostrado tener cierto desprecio por la
administración de justicia. Por lo tanto, esa medida podría ser un instrumento
útil y eficaz para proteger los derechos de la sociedad y de las víctimas.
Por otra parte, no debe olvidarse que la norma acusada regula casos
válidos de privación legítima de la libertad, la cual sólo puede producirse en
dos situaciones: la primera, cuando el autor o partícipe de un delito fue
capturado en flagrancia y, la segunda, por orden escrita del juez de control de
garantías con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la
ley. Luego, el juez de control de garantías evalúa una situación objetiva y
verificable que consiste en la “repetición” de conductas reprochables
penalmente en un término bastante reducido, la cual puede ser valorada por el
juez como un elemento relevante de la necesidad, adecuación y proporcionalidad
de la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva.
49. Finalmente, es importante precisar que, contrario a lo dicho por
uno de los intervinientes, la Sala no considera válido aplicar en esta ocasión
los criterios adoptados en la sentencia C-774 de 2001[63],
según la cual procedía la posibilidad de que el juez valore la necesidad,
adecuación, proporcionalidad y razonabilidad de la detención preventiva en
atención a los fines que le son propios, de acuerdo con la Constitución y la
ley, pues se resolvió problemas jurídicos distintos a los que ahora debió
estudiar la Corte.
Por lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 26
de la Ley 1142 de 2007.
Artículo 27, parágrafo, de la Ley 1142 de 2007. Cosa juzgada
constitucional
50. La norma parcialmente acusada dispone que el juez no podrá
sustituir la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención
domiciliaria cuando se trata de la imputación de los delitos específicamente
señalados en ese listado.
La demanda sostiene que el texto normativo acusado limita la
facultad que tiene el juez para decidir si impone o no la medida restrictiva de
la libertad en un centro carcelario o en el domicilio del imputado, con lo que
se afecta el núcleo esencial del derecho a la libertad. De igual forma, dijo
que esta norma consagra fórmulas cerradas para determinada clase de
delincuencia, lo cual, de acuerdo con las sentencias C-327 de 1997 y C-774 de
2001, es contrario a la Constitución. A su turno, el Instituto de Derecho
Procesal también considera que la norma acusada es inconstitucional, en tanto
que limita beneficios y condiciones favorables al imputado por circunstancias
ajenas al acto que se imputa.
Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Academia Colombiana de Jurisprudencia consideran
que la norma acusada se ajusta a la Constitución, de un lado, porque, tal y
como lo ha advertido la Corte Constitucional en sentencias C-425 de 1997, C-634
de 2000 y C-106 de 1994, el legislador está facultado para restringir la
aplicación del beneficio de la prisión domiciliaria y, de otro, porque esa
norma debe interpretarse de manera integral con las condiciones que exige la
ley para imponer la medida, pues la decisión judicial se toma cuando la
detención es necesaria y existe un mínimo de indicios que indiquen la autoría o
participación del imputado en el ilícito investigado.
El Ministerio Público solicitó a la Corte inhibirse para
pronunciarse de fondo en este asunto porque considera que la demanda es inepta
porque el cargo formulado es insuficiente y confuso.
51. Esta Corporación estudió la constitucionalidad del parágrafo del
artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, que es la norma ahora demandada y, mediante
sentencia C-318 del 10 de abril de 2008, resolvió declarar su exequibilidad “en
el entendido de que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre
y cuando el peticionario fundamentalmente, en concreto, que la detención
domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva,
en especial, respecto de las víctimas de delito y en relación exclusiva con las
hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 27 de la Ley 1142
de 2007”.
Para llegar a esa conclusión, la Corte estudió la demanda formulada
por un ciudadano que dijo que el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de
2007, vulnera los artículos 1º, 2º, 5º, 28, 29, 44 y 93 de la Constitución y el
artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En lo
pertinente, la sentencia C- de 2008, resumió los cargos de inconstitucionalidad
así:
“Al exponer el concepto de violación, el accionante sostiene que el
enunciado normativo demandado, al negar la sustitución de la detención
preventiva en centro penitenciario por la detención domiciliaria para un grupo
específico de delitos, vulnera la Carta Política, al restringir el derecho
fundamental a una medida de aseguramiento proporcional, racional y necesaria.
Por otra parte, el demandante considera que se produce una afectación directa a
la libertad personal (art. 28 C.P.), la presunción de inocencia (art. 29 C.P.),
los derechos de los niños (art. 44 C.P.), la excepcionalidad de la detención
preventiva (art. 250 C.P.) y la dignidad humana (arts, 1º y 5º C.P.). Estos son
los argumentos de la demanda:
1. El legislador, al establecer un listado de conductas frente a las
cuales no procede el beneficio de sustitución de la detención penitenciaria,
por detención domiciliaria, realiza una objetivización de los casos penales,
sustrayendo al juez de control de garantías, la posibilidad de imponer una
medida acorde a las circunstancias de cada caso, de acuerdo con su valoración.
El papel activo del juez en la determinación de la procedencia de las medidas
de aseguramiento, es una concreción de los preceptos contenidos en los
artículos 1º, 2º, 5º, 28 y 29 de la Constitución…
2. La disposición desconoce el respeto por la dignidad humana, en la
medida en que prescribe el internamiento de una persona en un centro carcelario
a partir de una norma fría y abstracta, sin reparar en la necesidad de la
medida, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Por esta vía, se
llega a un derecho penal peligrosista y de mayor rigor, pues la persona que
incurra en cualquiera de las conductas previstas en el parágrafo acusado, se
considera dañina para la sociedad, situación que resulta ajena a la presunción
de inocencia, (artículo 28 C.P.), al principio de excepcionalidad de la
detención preventiva (artículo 250 C.P.), y a los principios humanistas
recogidos en el artículo 1º de la Constitución…”.
Como puede verse, los cargos planteados en la demanda anterior y que
fueron resueltos por esta Corporación mediante sentencia definitiva, son muy
similares a los que en esta oportunidad presentan los demandantes como sustento
de su pretensión de inexequibilidad del parágrafo del artículo 27 de la Ley
1142 de 2007, por lo que claramente se tiene que existe cosa juzgada
constitucional.
52. Así las cosas, para la Sala es claro que, respecto del parágrafo
del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional que impide un nuevo pronunciamiento de fondo, por lo que
la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia C-318 de 2008.
Artículo 32 de la Ley 1142 de 2007. La reincidencia como criterio
objetivo para excluir de beneficios y subrogados penales.
53. La disposición normativa acusada excluye de beneficios y
subrogados penales sustitutivos de la pena privativa de la libertad o de la
prisión en establecimiento carcelario cuando la persona hubiera sido condenada
por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores a la
nueva condena penal.
Según criterio de los demandantes la norma acusada vulnera los
artículos 13 y 29 de la Constitución, como quiera que sanciona dos veces por
una misma causa y fundamenta su decisión en criterios de peligrosismo penal.
Dijeron, además, que la disposición es irrazonable especialmente en relación
con personas precisas como madres cabeza de familia, enfermos o mujeres embarazadas.
En la misma línea de lo expuesto en anterioridad, el Instituto de Derecho
Procesal opina que la norma acusada es inconstitucional, en tanto que limita
beneficios y condiciones favorables al imputado por circunstancias ajenas al
acto que se imputa.
Los demás intervinientes y el Ministerio Público, por el contrario,
consideran que la norma acusada debe ser declarada exequible, principalmente
por tres argumentos. El primero, porque tal y como lo advirtió la Corte en
sentencia C-762 de 2002, la exclusión de beneficios y subrogados penales hace
parte de la libertad de configuración normativa del legislador. El segundo,
porque es razonable tener en cuenta la reincidencia como un factor objetivo que
exige el cumplimiento total de la pena. Y, finalmente, porque es la diferencia
entre quienes no han sido condenados dentro de los 5 años anteriores a la nueva
condena y quienes si lo han sido no es gratuita y, por el contrario, estos
últimos muestran desprecio por el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, la Sala deberá estudiar si ¿la reincidencia puede
ser tenida como criterio para excluir de subrogados y beneficios penales al
sujeto activo del delito?. Para resolver los problemas jurídicos planteados, deberá
analizarse si en la punibilidad es válido constitucionalmente el análisis de la
reincidencia y si es cierto, entonces, como dicen los demandantes que la norma
acusada autoriza una doble sanción por el mismo hecho o la aplicación del
peligrosismo penal.
54. Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y
los beneficios con los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra
favorable, han sido regulados en los diferentes estatutos procesales en
provecho de las personas que han sido condenadas en los casos expresamente
definidos por la ley. Como lo ha advertido la Corte[64],
estos beneficios tienen como fundamento la humanización del derecho penal y la
motivación para la resocialización del delincuente.
55. Ahora bien, al igual que sucede con la imposición de medidas de
aseguramiento, los requisitos para decretar la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, la libertad condicional y los beneficios a favor del
condenado hacen parte de la libertad de configuración normativa del legislador
porque constituyen elementos fundamentales del debido proceso penal y responden
a las evaluaciones propias de la política criminal del Estado.
Así, se observa en las normas legales que regulan los subrogados
penales y los beneficios a favor del condenado (artículos 63 a 68 de la Ley 599
de 2000 y 465 a 476 de la Ley 906 de 2004), que el legislador ha utilizado
diversas pautas para aplicarlos, dentro de los cuales se encuentran criterios
subjetivos que surgen de la personalidad del sentenciado y criterios objetivos
que se verifican con la constatación de la pena impuesta y de su cumplimiento
efectivo; todos ellos dirigidos a suponer que no existe necesidad de continuar
con la pena, o que no se requiere imponer su ejecución, o que no resulta
necesaria la restricción de la libertad en los términos más gravosos porque
existen elementos de juicio suficientes para concluir que la limitación de los
derechos del sentenciado ha cumplido su función de reinserción a la sociedad.
Dentro de los criterios de valoración de la personalidad del
condenado, el legislador ha señalado la existencia de antecedentes personales,
sociales y familiares del sentenciado, de tal suerte que si éstos resultan
favorables en el sentido general de aceptación social, el sentenciado puede
tener derecho a que se le concedan los beneficios indicados en la ley. Pero, de
la misma manera, de la valoración sobre la personalidad del condenado, o de la
gravedad de la conducta punible, o de la buena conducta del sentenciado, el
juez puede concluir que la pena aún es necesaria o que debe mantenerse la
rigidez de la medida restrictiva de la libertad.
56. Precisamente uno de los criterios que el legislador ha utilizado
para suponer que la pena debe mantenerse, o que no es adecuado ni justo otorgar
beneficios al condenado, es el de la reincidencia, entendida ésta como la
reiteración del delito, esto es, como el reproche a quien cometió una nueva
conducta ilícita después de haber estado sometido a una pena anterior. Esta
figura ha sido utilizada por la ley como criterio de agravación de la punibilidad,
pero también como criterio de exclusión de subrogados penales o de beneficios
al sentenciado como instrumento de endurecimiento de los privilegios que le da
la ley a quién no dio muestras de resocialización con la imposición de una pena
anterior -como es el caso de la norma objeto de estudio-.
En conclusión, la exclusión de beneficios y subrogados penales
sustitutivos de la pena privativa de la libertad o de la prisión en
establecimiento carcelario cuando la persona hubiera sido condenada por delito
doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores a la nueva
condena penal, desarrolla el principio de la libre configuración normativa del
legislador y se ajusta a la Constitución porque contiene una medida razonable y
adecuada constitucionalmente.
57. Pero, además de las razones expuestas, la Sala considera
necesario exponer dos argumentos adicionales para el caso concreto que permiten
reforzar la conclusión que indica la legitimidad de la medida. De un lado, a
diferencia de los casos en los que la reincidencia es criterio de análisis en
la punibilidad, la exclusión de los beneficios o de subrogados penales, se
ubica en el deber de cumplir en forma completa la pena impuesta. Luego, en el
caso concreto, no se aplica el principio del non bis in idem por cuanto
éste sólo tiene validez cuando se trata de dos sanciones que se imponen por el
mismo acto. De otro lado, no debe olvidarse que el concepto de antecedentes
penales y contravencionales, regulado en el artículo 248 de la Constitución,
está destinado a producir efectos jurídicos que pueden ser tenidos en cuenta
por las autoridades públicas como criterio de exclusión o limitación de
determinados privilegios.
En síntesis, para la
Sala, no existe limitación constitucional en la incorporación de la
reincidencia para excluir de los subrogados penales o beneficios a condenados,
pues como se explicó la adopción de esas medidas es una facultad libre del
legislador que no contradice las normas constitucionales.
Por todo lo anterior, la Sala declarará la exequibilidad del
artículo 32 de la Ley 1142 de 2007.
IV. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la
totalidad de la Ley 1142 de 2007, por el cargo de violación del artículo 4º del
Acto Legislativo número 3 de 2002.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la
expresión “o la persona haya sido capturada en flagrancia” contenida en
el artículo 4º de la Ley 1142 de 2007.
Tercero. ESTARSE A LO RESUELTO en
sentencia C-318 del 10 de abril de 2008, por medio de la cual resolvió declarar
la exequibilidad del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, “en el entendido de
que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el
peticionario fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide
el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial, respecto
de las víctimas de delito y en relación exclusiva con las hipótesis previstas
en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007”.
Cuarto. Declarar INEXEQUIBLES las
expresiones “…formular imputación, solicitar imposición de medida de
aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes…” y “En
este caso…”, contenidas en el parágrafo primero del artículo 18 de la Ley
1142 de 2007 y EXEQUIBLE el resto del parágrafo 1º, en el entendido de
que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción.
Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el
parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
Sexto. Declarar EXEQUIBLES los
artículos 26 y 32 de la Ley 1142 de 2007, por los cargos analizados en esta
sentencia.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Y ACLARACION
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL Y ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-425
DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PRESUNCION DE INOCENCIA Y PRINCIPIO DE LIBERTAD EN DETENCION
PREVENTIVA (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-No debería existir/DETENCION
PREVENTIVA-El juez no debería tener discrecionalidad para determinar su
procedencia (Salvamento de voto)
DETENCION DOMICILIARIA POR CRITERIO SUBJETIVO DEL JUEZ-Fuente de arbitrariedad y corrupción (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Desconoce normas
del bloque de constitucionalidad (Salvamento de voto)
PRIVACION DE LA LIBERTAD-Solo debe
aplicarse después de proceso adelantado con todas las garantías y como medida
de rehabilitación/PRIVACION DE LA LIBERTAD-Improcedencia antes de
sentencia condenatoria (Salvamento de voto)
DERECHO DE DEFENSA-Vulneración
(Salvamento parcial de voto)
El parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 ha debido ser
declarado inexequible en su totalidad, por las mismas razones que condujeron a
tal declaratoria respecto de las expresiones mencionadas de dicho parágrafo,
por cuanto se vulnera el derecho de defensa
BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES-El juez
no debería tener discrecionalidad para determinar cuando se pierden (Salvamento
de voto)
Referencia: Expediente
D-6948
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 2º, 4º, 18, 21, 24, 25, 26, 30 y 32 (todos parcialmente)
de la Ley 1142 de 2007, “Por la cual se reforman parcialmente las
leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la
prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la
convivencia y seguridad ciudadana”
Magistrado
Ponente:
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar parcialmente y
aclarar mi voto a la presente sentencia, con fundamento en las siguientes
razones y consideraciones:
1. Ordinal Primero
En primer término, el suscrito
magistrado se permite manifestar su acuerdo con el ordinal primero de esta
sentencia, en razón a que la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal
Acusatorio ya se agotó en junio de 2004.
2. Ordinal Segundo
En segundo lugar,
expreso mi concordancia con la propuesta de exequibilidad de la expresión “o
la persona haya sido capturada en flagrancia” contenida en el artículo 4º
de la Ley 1142 de 2007, contenida en el ordinal segundo de este fallo.
3. Ordinal tercero
En relación con el
ordinal tercero de este fallo, en el cual se decide estarse a lo resuelto en
sentencia C-318 de 2008, por medio de la cual resolvió declarar la
exequibilidad del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, “en el entendido de
que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el
peticionario fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide
el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial, respecto
de las víctimas de delito y en relación exclusiva con las hipótesis previstas
en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007”,
aclaro mi voto, ya que en su momento disentí de la sentencia C-318 de 2008, a
la que se dispone estarse a lo resuelto respecto del artículo 27 de la Ley 1142
de 2007.
Por consiguiente, me
remito a las razones expuestas en salvamento de voto a la sentencia C-318 de
2008 referidas al principio general de libertad y al principio de presunción de
inocencia con los cuales riñe la detención preventiva, para lo cual me permito
citar in extenso las razones allí expuestas, por cuanto considero siguen
siendo válidas en el presente caso:
“En primer término, me permito reiterar mi posición jurídica en cuanto
al principio general de libertad y la presunción de inocencia, de conformidad
con lo cual considero que la figura jurídica de la detención preventiva no
debería existir y la privación de la libertad sólo debería aplicarse después de
un proceso adelantado con todas las garantías constitucionales y legales, y
consecuentemente luego de desvirtuada plenamente el principio de inocencia.
En consecuencia, a mi juicio todas las normas que autorizan la
detención preventiva son inconstitucionales. Por esta razón, considero que una
vez descalificada la constitucionalidad de la premisa fundamental que es la
detención preventiva, pasa a un segundo plano el problema del lugar donde se
esté detenido, por cuanto el problema fundamental es que no debería existir la
detención preventiva. Tampoco me encuentro de acuerdo con permitirle al juez la
discrecionalidad de determinar la procedencia o no de la detención preventiva.
A juicio de este magistrado, la norma establece dos tipos de criterio:
uno subjetivo y otro objetivo, al establecer los supuestos en que procede la
detención domiciliaria, respecto de lo cual sostengo que el criterio subjetivo
es fuente de arbitrariedad y corrupción que termina por afectar negativamente a
la administración de justicia. En este sentido, debo insistir en que el Código
de Procedimiento Penal es para todos los ciudadanos, esto es, debe aplicarse en
forma igualitaria a todas las personas, y no sólo a aquellos a los que
determine en el juez en forma subjetiva.
De otra parte, para el suscrito magistrado, la norma no admite más de
una interpretación y el que se admita la validez de la detención preventiva, no
implica de ninguna manera que se pueda convertir en la regla general o la
premisa mayor que es la libertad.
Así mismo, considero que estas normas desconocen el numeral 6) del
artículo 5º de la Convención Americana de derechos y el numeral 3) del artículo
10 de la Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que forman parte del
bloque de constitucionalidad.
En mi criterio, tampoco debe olvidarse que la privación de la libertad
sólo se justifica como una medida de  rehabilitación. Establecido lo anterior,
debo insistir en que la sustitución de la detención preventiva plantea
objeciones de fondo, pues la regla general no es la detención en cárceles sino
la libertad y el principio de inocencia, principios que se terminan
contradiciendo con la posibilidad de la detención preventiva.
Así las cosas, para el suscrito magistrado la situación que plantea la
norma demandada es confusa porque no se parte de la regla general que es la
libertad, razón por la cual a mi juicio lo que procede es la libertad de las
personas investigadas o enjuiciadas, hasta tanto no se compruebe su
culpabilidad, pues como lo he anotado, desde un punto de vista iusfilosófico no
me encuentro de acuerdo con la existencia de la detención preventiva.
En síntesis, me permito reiterar (i) que la regla general es la
libertad y el principio de inocencia, y que la detención preventiva los
contradice; ii) que en la norma acusada el legislador utilizó dos tipos de
criterio, uno objetivo y otro subjetivo para justificar la concesión de la
detención domiciliaria, estos últimos contrarios a la Constitución Política;
(iii) que estas normas desconocen la Convención Americana de derechos y el
numeral 3) del artículo 10 de la Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la
ONU; (iv) que no puede proponerse como regla general, un criterio subjetivo,
sino que el legislador en materia penal debe establecer criterios objetivos que
garanticen la objetividad e igualdad en su interpretación y aplicación para
todos los ciudadanos; (v) que la norma es clara y no da lugar a dos
interpretaciones, que requieran de un condicionamiento de la
constitucionalidad.”
4. Ordinal Cuarto
De otra parte, me
permito salvar parcialmente mi voto frente al ordinal cuarto de este fallo, en
el cual se decide declarar inexequible las expresiones “… formular
imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las
solicitudes que considere procedentes …” y “En este caso …”, contenidas
en el parágrafo primero del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 y exequible el
resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe
la prescripción.
En concepto del
suscrito magistrado, el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 ha
debido ser declarado inexequible en su totalidad, por las mismas razones que
condujeron a tal declaratoria respecto de las expresiones mencionadas de dicho
parágrafo, por cuanto se vulnera el derecho de defensa –art. 29 CN-.
5. Ordinal Quinto
En relación con el
ordinal quinto de la parte resolutiva de esta sentencia, manifiesto que me
encuentro de acuerdo con esta decisión de inexequibilidad del parágrafo tercero
del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
6. Ordinal Sexto
Finalmente, salvo mi
voto respecto del numeral sexto de esta sentencia, en el cual se decide
declarar exequibles los artículos 26 y 32 de la Ley 1142 de 2007, por los
cargos analizados.
En relación con la
declaración de exequibilidad del artículo 26 de la Ley 1142 de 2007 salvo mi
voto, ya que en mi criterio el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007 es
inconstitucional, por vulnerar la presunción de inocencia y el derecho a la
libertad personal como regla general. En este sentido, reitero mi posición jurídica
respecto de la improcedencia de la privación de libertad antes de que se
profiera una sentencia condenatoria, lo cual se agrava con una excepción más
contenida en la disposición demandada.
A mi juicio, el
artículo 26 demandado, desconoce la garantía de la libertad personal que es la
regla general y la presunción de inocencia que sólo se desvirtúa mediante una
condena. Es de observar también que en la hipótesis que plantea el artículo 26
no se ha definido aún la responsabilidad penal.
Por último, en
relación con el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 considero que es inconstitucional
por cuanto no se debe dejar al juez la valoración de cuándo se pierden los
beneficios y subrogados penales en el evento de que se haya sido condenado por
delito doloso o preterintencional en los últimos cinco (5) años, pues se crea
inseguridad jurídica, favoritismos y corrupción.
Con fundamento en lo
anterior, salvo mi voto a la presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Sentencia C-1052 de 2001.
[2]En Sentencia C-362 de 2001, la Corte
concluyó que no existían cargos porque los argumentos dirigidos a reprochar la
disposición partían de proposiciones que no se derivaban de la norma acusada.
[3] Mediante Sentencia C-504 de 1995, la Corte concluyó
que la disposición acusada no correspondía a la realmente consagrada por el
legislador.
[4] Sentencia
C-1052 de 2001
[5] Puede verse la Sentencia C-269 de 1995.
[6] Sentencias C-090 de 1996, C-357 de 1997, C, 374 de
1997, C-012 de 2000 y C-040 de 2000.
[7] Sentencia C-504 de 1993.
[8] Sentencias
C-242 de 2006, C-402 de 2007, C-1299 de 2005, C-048 de 2006 y C-1194 de 2005.
[9] Gaceta del Congreso número 250 del 26 de julio de
2006.
[10] Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-025
de 1993, C-03 de 1993, C-188 de 1994 y C-047 de 2001.
[11] Sentencia C-025 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[12] Sentencia C-801 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[13] Sentencia C-646 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[14] Francesco Carnelutti dijo que la querella es un
permiso para que el funcionario competente pueda dar impulso a la investigación
penal, es una simple condición de iniciación del proceso y no de comprobación o
de existencia del delito. A su juicio, “si el permiso es un evento sin el
cual el juez no puede dejar de proceder a la comprobación del delito, es justo
llamarlo una condición de procedibilidad; más correctamente se diría una
condición a la cual está subordinada la eficacia del procedimiento”. Lecciones
sobre el Proceso Penal. Ediciones Jurídicas Europa-América Bosch y cia
editores. Buenos Aires. 1950. Página 31.
[15] Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-658
de 1997, C-489 de 2002 y C-1177 de 2005.
[16] Sobre
las críticas a la posición superada de que la querella es un requisito de
punibilidad del delito, también puede verse Florian, Eugenio en Elementos de
Derecho Procesal Penal. Editorial Clarasó Villarreal. Barcelona. Página 194 y
siguientes.
[17] Sentencia C-658 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[18] Al respecto: sentencia C-658 de 1997. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[19] En este sentido: sentencia C-489 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil
[20] Sentencia C-1177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[21] Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
[22] En este sentido pueden consultarse, entre otras, las
sentencias C-591 de 2005, C-251 de 2002, C-024 de 1994.
[23] Sentencia C-251 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett y Clara Inés Vargas Hernández
[24] Sentencias del 9 de febrero de 2006, M.P. Alfredo
Gómez Quintero, expediente 23700 y del 28 de noviembre de 2006, M.P. Marina Pulido de Barón, expediente 26231.
[25] Al respecto puede consultarse Fenech, Derecho Procesal
Penal. Edición 32. Tomo I. Editorial Barcelona Labor. 1960, Echandía, Hernando.
Teoría General de la Prueba Judicial. Editorial Temis. Bogotá.
[26] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de febrero de 2006, M.P.
Alfredo Gómez Quintero, expediente 23700.
[27] Al respecto, ver las sentencias C-488 de 1996. M.P. Antonio
Barrera Carbonell y T-1110 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto
[28] Informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos.
Informe del 5 de mayo de 1983. Coloza y Rubinar
[29] Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 1 de junio de 2006. M.P. Edgar
Lombana Trujillo, expediente 20614.
[30] Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de febrero de 2006. M.P.
Alfredo Gómez Quintero, expediente 23700.
[31] Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de junio de 2005. M.P.
Álvaro Orlando Pérez Pinzón, expediente 19915
[32]
Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 22 de septiembre de 2005.
M.P. Edgar Lombana Trujillo, expediente 18985.
[33] Al respecto, pueden verse las sentencias del 12 de
febrero de 1985. Caso Colozza contra Italia; del 28 de agosto de 1991. Caso FCB
contra Italia; del 23 de noviembre de 1993. Caso Poitrimol contra Francia; del
22 de septiembre de 1994. Caso Pelladoah contra Holanda y del 16 de diciembre
de 1999. Casos T. y V. contra Reino Unido.
[34] Sentencia C-025 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.
[35] Sentencia C-210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra
[36] Sentencia C-069 de 1996. M.P. Antonio Barrera
Carbonell
[37] Sentencia C-228 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[38] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[39] M.P. Fabio Morón Díaz
[40] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra
[41] Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal. Sentencia de Casación. Radicación 11.220 de 1999.
[42] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[43] Sentencia C-1154 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[44] Además de las citadas en el fundamento
jurídico 22 de esta providencia, ver las sentencias T-945 de 1999, C-488 de 1996 y T-1110 de 2005.
[45] Al
respecto, Sentencias
del 18 de mayo de 2005, M.P. Mauro Solarte Portilla, expediente 22150, del 22
de septiembre de 2005, M.P. Edgar Lombana Trujillo, expediente 18985 y del 20
de noviembre de 2006, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, expediente 21902
[46] Sentencia del
18 de mayo de 2005, M.P. Mauro Solarte Portilla, expediente 22150.
[47] Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias
C-557 de 2001, C-1255 de 2001, C-128 de 2002, C-426 de 2002, C-380 de 2000 y C-836
de 2001.
[48] Sentencia C-251 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.
[49] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[50] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[51] M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés
Vargas Hernández.
[52] En
esa oportunidad, la Corte declaró la inexequibilidad de la Ley 684 de 2001, “Por la cual se expiden normas sobre
la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan
otras disposiciones”, mientras que la institución de los jueces de control de
garantías fue creada por el Acto Legislativo número 3 de 2002 y desarrollada en
la Ley 906 de 2004.
[53] Al
respecto, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias C-634 de 2000,
C-774 de 2001, C-805 de 2002 y C-591 de 2005.
[54] Sentencia C-106 de 1994. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo
[55] Sentencia T-827 de 2005, Mo. Po. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[56] Sentencia C-416 de 2002.
[57] Ibídem.
[58] En la ya citada sentencia T-827 de 2005.
[59] Sentencias C-106 de 1994 y Sentencia T-827 de 2005, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[60] Sentencia T-331 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[61] Sentencias
C-873 de 2003, C-1154 de 2005 y C-154 de 2007.
[62] Sentencia C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[63] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[64] Al respecto: sentencias C-565 de 1993. M.P. Hernando
Herrera Vergara y C-806 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández