T-401-15
Sentencia T-401/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Vulneración del debido proceso y mínimo vital, por
cuanto no se dio aplicación al principio de la condición más beneficiosa en
pensión de sobrevivientes
APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION
MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Precedente de la Corte Constitucional
La Sala advierte que tanto
la Corte Constitucional, como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
guardaban un precedente uniforme con respecto a la aplicación del principio de
condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes. Así, para
ambas corporaciones, el principio de condición más beneficiosa permitía aplicar
el Acuerdo 049 de 1990 cuando se probaba que el afiliado había cumplido con el
número de semanas exigidas por la mencionada norma jurídica durante el término
de su vigencia, pese a que la muerte hubiese ocurrido con posterioridad a la
vigencia de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.  Sin embargo, desde el 2008,
esa posición ha venido cambiando en la Corte Suprema de Justicia, donde una
gran mayoría de sus falladores viene adoptando posiciones diferentes.
APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION
MAS BENEFICIOSA-Cambio de
precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
SEPARACION DEL PRECEDENTE-El funcionario judicial puede apartarse de
su propio precedente o del precedente resuelto por el superior jerárquico,
siempre y cuando explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones
por las que modifica su posición
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por desconocimiento del precedente por cuanto no se aplica la jurisprudencia
que sobre el principio de la condición más beneficiosa ha elaborado esta
Corporación, en cuanto a las normas que regulan la pensión de sobrevivientes
Referencia:
Expediente T-4.786.006
Acción
de tutela instaurada por Carlina Esther Santodomingo Gallardo contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Procedencia:
Corte Suprema de Justicia.
Asunto:
Aplicación del principio de condición más beneficiosa para interpretar los
requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y la Magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión
de la providencia de tutela proferida el 22 de enero de 2015 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el fallo proferido
el 24 de septiembre de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, en el marco del proceso ordinario laboral iniciado por la
accionante en contra del Instituto de Seguros Sociales (ahora COLPENSIONES).
El asunto fue conocido por
la Corte Constitucional por remisión que realizó la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991. Mediante auto del 13 de marzo de 2015, la Sala Tercera de Selección de
Tutelas de esta Corporación lo seleccionó para revisión.
I. ANTECEDENTES
La señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo, a
través de apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra de la
decisión del 24 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, en el marco del proceso ordinario laboral iniciado
por la accionante en contra del Instituto de Seguros Sociales y otros.
La accionante considera que sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital y móvil, y el
principio de la condición más beneficiosa en materia pensional, fueron
vulnerados por la entidad accionada. Argumenta que el Tribunal pretermitió la
aplicación de la norma más favorable en materia pensional en su caso,
apartándose de la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto.
A. Hechos y pretensiones
1. La señora Carlina
Esther Santodomingo Gallardo, quien cuenta en este momento con 65 años de edad[1], a través de apoderada
judicial, manifestó que presentó reclamación administrativa para acceder a la
pensión de sobrevivientes de su fallecido cónyuge, el señor Alejandro Orozco
Bonett, ante el Instituto de Seguros Sociales, ahora COLPENSIONES.
2. El señor Alejandro
Orozco Bonett falleció efectivamente el 4 de febrero de 2006, y cotizó
setecientas ocho (708) semanas, entre el 2 de noviembre de 1969 y el 9 de marzo
de 1992[2];
lapso durante el cual se encontraba en vigencia el Acuerdo 049 de 1990. La
accionante considera que la mencionada norma jurídica es la aplicable en el
caso concreto, en virtud del principio de condición más beneficiosa, por ser la
vigente para el momento en que se realizaron todas las cotizaciones exigibles
para acceder a esa prestación, conforme a la regulación del momento.
3. El artículo 25 del
Acuerdo 049 de 1990 señalaba que la pensión de sobrevivientes, en consecuencia,
podía ser reclamada por los beneficiarios del asegurado, cuando a la fecha del
fallecimiento, el afiliado hubiese reunido el número y densidad de cotizaciones
exigidas para adquirir el derecho a la pensión de invalidez. Así, señalaba el
artículo:
“ARTÍCULO
25.
PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Cuando la
muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos: a) Cuando a la fecha del
fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones
que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo
común y b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga
causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente
Reglamento”. (Subraya
fuera del original)
Como puede verse, tendrían
derecho a la pensión de sobrevivientes, los familiares del asegurado que
hubiese realizado el número de cotizaciones necesarias para acceder a la
pensión de invalidez a la fecha del fallecimiento.
Así, según el artículo 6º del
Acuerdo 049 de 1990, los requisitos de acceso a la pensión de invalidez que
eran los exigibles para el acceso a la pensión de sobrevivientes, indican que la
pensión se causaría cuando se probara la cotización de trescientas (300)
semanas en cualquier término, con anterioridad al estado de invalidez o del
fallecimiento:
“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las
siguientes condiciones: a) Ser inválido permanente total o inválido permanente
absoluto o gran inválido y, b) Haber cotizado para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis
(6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300)
semanas,  en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”. (Subraya fuera del
original)
4. Para el caso de la
accionante, sin embargo, el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución
No. 026678 de 29 de diciembre de 2009[3],
negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, solicitada por
la peticionaria, con fundamento en la aplicación estricta de la ley vigente.
La entidad argumentó que el
cónyuge fallecido no había acreditado el requisito de las cincuenta (50) semanas
cotizadas dentro de los tres últimos años anteriores a su muerte, exigido ahora
en el numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que señala:
“ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de
sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
(…)
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema
que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro
de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se
acrediten las siguientes condiciones (…)”.
Asimismo, negó el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes,
argumentando que había transcurrido más de un año entre la fecha de
fallecimiento del cónyuge, y la presentación de la solicitud, por lo que había
operado el fenómeno de la prescripción.
5. La señora Carlina
Esther Santodomingo Gallardo, a través de apoderado judicial, interpuso
entonces recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la
Resolución No. 026678 de 29 de diciembre de 2009. Indicó que en virtud del principio
de condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política, la norma aplicable a su caso era el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que
en vigencia de la mencionada norma jurídica, se habían realizado las
cotizaciones respectivas al sistema de seguridad social[4], conforme a las
condiciones señaladas en esa norma.
6. El Instituto de Seguros
Sociales, a través de las Resoluciones No. 101217[5] y 2328 de 2010[6] respectivamente, confirmó
el acto administrativo impugnado, negando las solicitudes del recurso.
La entidad indicó que la
norma aplicable al caso concreto no era el Acuerdo 049 de 1990, como
equivocadamente sostenía la accionante. Por el contrario, señaló que la norma
aplicable debía ser el numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues era la vigente para
la fecha de fallecimiento del afiliado.
A su vez, en la Resolución
No. 2328 de 30 de julio de 2010, el Instituto de Seguros Sociales, adoptando lo
manifestado por la Corte Suprema de Justicia, señaló que el principio de
condición más beneficiosa no era aplicable en materia de pensión de
sobrevivientes, toda vez que la Ley 100 de 1993 no había previsto un régimen de
transición. Así, manifestó la entidad:
“Es
importante destacar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
se ha pronunciado sobre la no aplicación de condición más beneficiosa en
pensión de sobrevivientes señalando que “En relación con el estudio y
decisión del reconocimiento de pensiones de sobreviviente o de invalidez, la
Ley 100 no fijó un Régimen de Transición, por lo tanto dichas prestaciones se
deben estudiar y decidir de conformidad con las normas vigentes para la fecha
en que ocurrió la contingencia (muerte o invalidez), sin que pueda invocarse la
primacía de la realidad y la condición más beneficiosa” (sentencia del 29 de
julio de 2003)”[7]
(Subraya
y negrilla fuera del texto)
7. La señora Carlina
Esther Santodomingo Gallardo, a través de apoderada judicial, inició demanda
ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, para reclamar el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, del retroactivo
pensional, de los correspondientes intereses moratorios y de la indexación, con
fundamento en las afirmaciones ya indicadas.
8. En la demanda laboral,
señaló que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció en
sentencias de 5 de abril de 2001, 24 de agosto de 2001, y 8 de marzo de 2002,
que el Acuerdo 049 de 1990 es aplicable, aun cuando no sea la norma vigente al
momento del fallecimiento del asegurado, en virtud de los principios de
favorabilidad y condición más beneficiosa, contenidos en el artículo 53 de la
Constitución Política[8].
La apoderada de la
accionante aportó además el precedente contenido en sentencia del 8 de marzo de
2002, proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia[9], en la que dicha
Corporación indicó que no puede omitirse la eficacia de los aportes realizados
por los afiliados que cumplieron con los requisitos contemplados en el Acuerdo
049 de 1990, y que posteriormente se desafiliaron del sistema, al considerar
que sus familiares podrían reclamar la prestación mencionada al momento de la
muerte, por haber cumplido con las exigencias de ley para el momento de las
cotizaciones. Así, lo manifestó la Corporación:
“… es conveniente señalar que  en torno a la procedencia
de la pensión de sobrevivientes, la Sala tiene decidido que no es admisible
negarla por la ausencia de cotizaciones en el año anterior al fallecimiento del
causante, si durante todo el tiempo de su vinculación a la seguridad social
cumplió con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990 (…)
Además cabe resaltar que
mientras los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron como requisitos
de aportes para la pensión de sobrevivientes de origen común reunir 150 semanas
de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en
cualquier tiempo, el nuevo ordenamiento legal de prima media con prestación definida
de la ley 100 redujo las semanas a sólo 26 en cualquier tiempo para quienes
estuvieren afiliados al momento de la muerte, y para quienes dejaron de cotizar
al sistema introdujo la condición de que las mismas 26 hubiesen sido sufragadas
dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento, por lo que ante tal
realidad y en atención al postulado protector propio del derecho del trabajo y
de la seguridad social, se actualiza por excelencia en el caso objeto de
estudio, el principio de la condición más beneficiosa, contemplado en el
artículo 53 de la Constitución Política.
En consecuencia, sería
violatorio de tal postulado y del principio constitucional de la
proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la ley 100 - que
redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas -, quedaron abolidas
las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante
su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido
todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a
regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que
por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podrían
reclamar la respectiva prestación al momento de su deceso.” (Subraya
y negrilla fuera del texto)
La accionante indicó que su
fallecido cónyuge había cotizado, además, más de setecientas ocho (708) semanas
en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y antes de que entrara en vigencia la Ley
100 de 1993, normas que sólo exigían la cotización de más de trescientas (300)
semanas antes de la fecha del fallecimiento. En este sentido, en virtud del
principio de condición más beneficiosa, reconocido por el artículo 53 superior
y por el precedente de la Corte Suprema de Justicia al respecto, debía ser
reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes a su favor.
9. El Juzgado Once Laboral
del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 14 de febrero de 2013,
negó el reconocimiento y pago del derecho a la pensión de sobrevivientes, toda
vez que no encontró probado el cumplimiento de los requisitos contenidos en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797
de 2003[10].
El juez de primera
instancia señaló que no era posible realizar un ejercicio histórico para
aplicar cualquier norma anterior a la Ley 100 de 1993 que hubiese regulado la
situación jurídica del afiliado o sus beneficiarios, y consecuentemente, dejar
de aplicar la norma jurídica vigente al momento de la muerte del causante, en
este caso, la Ley 797 de 2003, bajo el argumento de dar protección al principio
de condición más beneficiosa.
En este sentido, manifestó
que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció en sentencia de 9
de diciembre del 2008 con número de radicación 32642, que para dar protección
al principio de seguridad jurídica, es necesario verificar el cumplimiento de
los requisitos de la norma vigente al momento de la muerte, en este caso, el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
10. Frente a la anterior
decisión, la apoderada de la accionante interpuso el recurso de apelación. Alegó
que el juez debió aplicar el principio de la condición más beneficiosa, es
decir, no los requisitos contemplados en la Ley 100 de 1993 o Ley 797 de 2003, sino
los contemplados en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, por ser
éstas las normas vigentes al momento de las cotizaciones.
Estableció que en la
Sentencia T-584 de 2011, providencia posterior a la mencionada por el juez de
primera instancia en el fallo del proceso ordinario, la Corte Constitucional
protegió el derecho fundamental al mínimo vital del demandante, dando
aplicación al principio de condición más beneficiosa. En la sentencia a la que
se hace referencia, señaló la Corte Constitucional:
“Por tanto,
en el caso concreto, el ISS no podía exigir el cumplimiento de un
requisito al que no estaba sometida la pensión solicitada por cuanto el
causante cotizó, según el reporte de la Vicepresidencia de pensiones, desde el
año 1978 hasta 1988 un número de 447.43 semanas, es decir, antes de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993, y no registró aportes posteriores. En este caso,
los requisitos exigidos debieron examinarse a la luz de los artículos 6 y 25
del Acuerdo 49 de 1990, para efectos de obtener el derecho a la pensión de
sobrevivientes, los cuales consisten en reunir 150 semanas de cotización
realizadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier
tiempo, condiciones éstas que cumplía el señor José Albeiro Parra
Ospina, como se desprende del acervo probatorio obrante en el expediente, en
especial de la Resolución 0961 del 2006 que niega el derecho solicitado”.
(Subraya y negrilla
fuera del texto)
11. La Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del
24 de septiembre de 2013, confirmó la sentencia de primera instancia, negando
las pretensiones de la demanda.
El juez de segunda
instancia señaló que, en tanto la muerte del cónyuge tuvo lugar después del 29
de febrero de 2003[11],
fecha de entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, ésta era la norma aplicable y
no el Acuerdo 049 de 1990. En este sentido, concluyó que no se cumplían los
requisitos necesarios para acceder a la pensión de sobreviviente.
No obstante, admitió que sí
se habían cotizado más de setecientas ocho (708) semanas antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994[12].
Asimismo, reiteró el
precedente contenido en la sentencia del 9 de diciembre de 2008 proferida por
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se indica que el
juez ordinario laboral no puede realizar un ejercicio histórico para aplicar
cualquier normativa anterior a la Ley 100 de 1993 que hubiese regulado la
situación jurídica del afiliado en materia de seguridad social. En el
mencionado fallo, manifestó la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:
“En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro
para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que
haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la
vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que
regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto
aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley
797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a
la norma remplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y
condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la
condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un
ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la
Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada
por la que viene al caso,  para darle un[a] especie de efectos
“plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí
la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más
beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de
2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 3264[9])” (Subraya y negrilla fuera del texto)
12. El 9 de abril de 2014,
la accionante presentó entonces acción de tutela a través de una nueva apoderada
judicial, en contra del fallo proferido el 24 de septiembre de 2013 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, aduciendo que sus derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital habían sido vulnerados.
Señaló que el Tribunal
había desconocido el precedente de la Corte Constitucional contenido en la
Sentencia T-584 de 2011, que expresamente indica que en materia pensional, debe
aplicarse la norma más beneficiosa en favor de quien reclama la pensión, lo que
podía significar, en su caso, la aplicación del Acuerdo No. 049 de 1990.
Asimismo, manifestó que se
había configurado un defecto sustantivo, pues se omitió la aplicación del
Acuerdo No. 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, normas que
en sus artículos 6º y 25, regulan los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes.
13. Indicó, a través de su
apoderada en el proceso de tutela, que no tiene conocimiento de los términos
judiciales para la interposición de recursos. Además, que no interpuso el
recurso extraordinario de casación por no contar con los medios económicos para
sufragarlo, y que se encuentra desamparada y sin recursos económicos, pues los
ingresos devengados por su fallecido esposo eran los únicos destinados a su
sostenimiento[13].
Asimismo, afirmó que sus hijos tienen responsabilidades en sus hogares y que no
cuentan con los medios necesarios para ayudarla.
Manifiesta que se
encuentra afiliada al SISBEN[14]
y que vive en arriendo en una habitación de una casa que comparte con otras dos
familias[15],
en precarias condiciones de higiene y salubridad[16]. Señala que desde marzo
de 2015 no paga el arriendo por carecer de medios económicos para hacerlo,
razón por la cual el propietario del inmueble ha advertido que iniciará el
procedimiento de restitución[17].
Señala que sólo estudió hasta tercero de primaria, y que no interpuso el
recurso de casación por cuanto su abogada en el proceso ordinario no le informó
que éste era procedente, ni le sugirió contratar otro abogado para que lo
interpusiera[18].
Finalmente, afirma que tiene problemas de salud, como es el caso de reiterados
dolores en la rodilla[19].
B. Actuaciones procesales
en sede de tutela
Mediante Auto del 28 de
octubre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
admitió la acción de tutela y ordenó darle traslado al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, al Juzgado Once Laboral del Circuito de
Barranquilla y a COLPENSIONES (antes Instituto de Seguros Sociales), para que
éstos ejercieran sus derechos fundamentales a la defensa y contradicción.[20]
El Juzgado Once Laboral
del Circuito de Barranquilla y COLPENSIONES, guardaron silencio respecto de las
alegaciones presentadas en la acción de tutela.
Sentencia de tutela de primera
instancia.
1. Mediante sentencia
proferida el 5 de noviembre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia negó la protección de los derechos fundamentales
alegados por la accionante, esto es, los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, seguridad social, vida digna y mínimo vital y móvil, y el
principio de favorabilidad[21].
2. La mencionada
Corporación advirtió que la parte accionante no cumplió con su deber jurídico
de aportar, al menos sumariamente, las pruebas que daban cuenta de la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto no anexó las
decisiones judiciales proferidas en el proceso ordinario.
3. Adicionalmente, indicó
que, si bien solicitó el expediente del proceso laboral para verificar la
posible vulneración de los derechos de la accionante, éste no fue allegado por
las autoridades judiciales. En este sentido, señaló que “(…) el juez
constitucional no puede atenerse a simples afirmaciones de las partes dado el
carácter excepcional y restrictivo de la acción de tutela contra providencia
judicial. Así las cosas, como la peticionaria no cumplió con el deber de la
carga probatoria, no hay forma de verificar las actuaciones realizadas por los
accionados”.
4. Finalmente, manifestó
que no se cumplía con el requisito de inmediatez, toda vez que la tutela fue
presentada un año y un mes después de que la decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla fuese sido proferida, lo que excede el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia para la presentación de las
acciones de tutela contra providencias judiciales.
Respuesta
extemporánea del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
1. El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla respondió la acción de tutela el 5 de
noviembre de 2014[22],
señalando que no era aplicable el principio de la condición más beneficiosa
para el caso concreto de la accionante.
Para argumentar esta
posición, indicó que en tanto que el cónyuge de la accionante falleció el 4 de
febrero de 2006, las normas aplicables a su situación eran los artículos 46 y
47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003.
2. Señaló que no era
posible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, por no ser el régimen anterior a
la Ley 797 de 2003. Asimismo, hizo referencia a la sentencia del 18 de junio de
2010, radicado 39.512 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que insiste en dicha posición jurídica.
3. Anexó copia del CD en
el que consta el fallo del 24 de septiembre de 2013, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla[23].
Impugnación
La apoderada de la
accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, reiteró los
argumentos presentados en la demanda, y señaló que el requisito de inmediatez
no tiene carácter absoluto. En este sentido, manifestó que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el requisito de inmediatez debe ser
analizado en cada caso concreto para determinar la procedencia de la acción de
tutela[24].
Igualmente, reiteró que su
poderdante no tenía los recursos económicos para contratar un abogado que
interpusiera el recurso de casación en el trámite del proceso ordinario.
Sentencia de segunda
instancia.
La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de tutela del 22 de enero de
2015, decidió confirmar la sentencia impugnada, reiterando que no se dio
cumplimiento al requisito de inmediatez en el caso analizado[25].
Asimismo, estableció que,
a pesar de que la accionante adujo que no presentó el recurso de casación por
falta de recursos económicos, la ley contempla la posibilidad de acudir al
amparo de pobreza para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
C. Pruebas allegadas en
sede de revisión.
El 20 de mayo de 2015, la
apoderada de la accionante aportó los siguientes documentos para que fueran
valorados como prueba en el expediente:
a)
Copia
de la demanda en el proceso ordinario laboral iniciado por Carlina Esther
Santodomingo Gallardo en contra del Instituto de Seguros Sociales. (Cuaderno 3,
Folios 17 a 29)
b)
Contestación
de la demanda ordinaria laboral, presentada por el Instituto de Seguros
Sociales. (Cuaderno 3, Folios 30 a 33)
c)
CDs en
los que constan las grabaciones de las audiencias de primera y segunda
instancia en el proceso ordinario. (Cuaderno 3, Folios 36 y 37)
Asimismo, en tanto la
Magistrada Sustanciadora consideró que era necesario que se allegaran al
expediente elementos de juicio adicionales para la adopción de la decisión, mediante
auto del 12 de mayo de 2015, solicitó a la accionante que remitiera la
siguiente información:
a)
Copia
de su cédula de ciudadanía.
b)
Copia
de los recibos de agua y energía eléctrica de su residencia de los tres (3)
últimos meses.
c)
Que
indicara su situación económica y social actual, señalando, principalmente: su
nivel de educación, su ocupación actual, qué ingresos percibía, por qué
concepto, sus gastos mensuales, con quién convivía, si vivía en arriendo o no,
su estado de salud, y las razones que llevaron a interponer en su momento la
acción de tutela.
Mediante documento
radicado el 26 de mayo de 2015, la apoderada de la accionante dio respuesta al
requerimiento de la Magistrada Sustanciadora, y aportó los siguientes
documentos:
a)
Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo,
en la que consta que la accionante nació el 10 de marzo de 1950, por lo que
tiene sesenta y cinco (65) años. (Cuaderno 3, Folio 48)
b)
Certificación
expedida el 24 de mayo de 2015 por la Jefa de Oficina del SISBEN en
Barranquilla, en la que consta que la accionante se encuentra afiliada al
régimen subsidiado. (Cuaderno 3, Folio 49)
c)
Declaración
extrajuicio ante la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, mediante la
cual la señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo informa: i) que su
situación económica es precaria, pues no recibe ningún tipo de ingreso
actualmente, ya que dependía económicamente de su esposo fallecido; ii) que sus
hijos también se encuentran con dificultades económicas y de salud, y además
tiene una hija que sufre de lupus; iii) que cursó hasta tercer año de primaria;
iv) que sus gastos mensuales incluyen el pago de arriendo de una habitación en
una casa que comparte con otras dos familias y de alimentación, y que debe
mudarse constantemente al no poder cubrirlos, pues éstos superan el salario
mínimo; v) que se encuentra afiliada al régimen subsidiado en salud; vi) que la
apoderada del proceso ordinario laboral nunca le comentó sobre la existencia
del recurso de casación y de la posibilidad de interponerlo. (Cuaderno 3, Folio
50)
d)
Declaración
extrajuicio ante la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, mediante la
cual Beatriz Elena Pacheco Villa y Samit Alberto Ruiz Ortega reiteran las
precarias condiciones económicas y sociales de la accionante. (Cuaderno 3,
Folio 51)
e)
Fotos
que dan cuenta de las precarias condiciones del lugar en el que habita la
accionante. (Cuaderno 3, Folios 52 a 58)
f)
Reporte
de historia clínica de la accionante, en la que se ordenan radiografías por
razón de un dolor en las rodillas. (Cuaderno 3, Folios 58 a 61)
g)
Copia
de recibos de pago por concepto de “Arriendo de habitación No. 3”, uno
por valor de doscientos setenta mil pesos ($270.000) de fecha 28 de febrero de
2015, y uno por valor de quinientos cuarenta mil pesos ($540.000),
correspondiente a diciembre y enero de 2015. La accionante indica que no aporta
los recibos de servicios públicos, porque éstos son pagados directamente al
arrendador. Asimismo, señala que no aporta el recibo de arriendo de los últimos
meses, pues aún no ha pagado. (Cuaderno 3, Folio 62)
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, las
sentencias proferidas dentro de la acción de tutela en referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Análisis
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
2. El artículo 86 de la
Constitución Política establece los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, indicando que las personas están facultadas para iniciar una
acción de tutela contra cualquier autoridad pública, cuando por su acción u
omisión, haya ocasionado la vulneración de sus derechos fundamentales.
Asimismo, el Decreto 2591 de 1991
y la jurisprudencia constitucional han establecido que para verificar la
procedencia de la acción de tutela deberá demostrarse el cumplimiento de los
siguientes requisitos: (i) legitimidad activa y pasiva; (ii) vulneración o
amenaza de un derecho constitucional fundamental; (iii) subsidiariedad; e (iv)
inmediatez.
3. En
efecto, la Corte Constitucional ha reconocido que en el marco de los procesos
judiciales pueden adoptarse decisiones que, si bien no constituyen una vía de
hecho judicial por no resultar ostensiblemente contrarias a la Carta Política
por irrazonables o arbitrarias, pueden afectar gravemente los derechos
fundamentales de las partes en el proceso judicial.
Así,
con el fin de asegurar una protección real y efectiva de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, la Corte Constitucional en Sentencia C-590
de 2005[26]
ha establecido ciertos requisitos generales que deberán configurarse para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales, a saber: i) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado los mecanismos de defensa
judicial al alcance de la persona afectada; iii) que se cumpla con el requisito
de inmediatez; iv) en el caso de irregularidades procesales, que éstas tengan
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna; v) que el
accionante haya identificado tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que se hubiese alegado tal vulneración en el proceso
judicial; y, finalmente, vi) que no se trate de una sentencia de tutela.
4. En
el caso objeto de estudio, los jueces de instancia advirtieron que la acción de
tutela no cumplía con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por haber
sido presentada un año y un mes después de la decisión de segunda instancia en
el proceso ordinario, y por haberse omitido la presentación del recurso de
casación. Así, la Corte deberá responder el siguiente problema jurídico de
procedencia de la acción de tutela:
¿Es
procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando la accionante
pretende obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, no
obstante haber presentado la acción de tutela un año y un mes después del fallo
de segunda instancia, y haber omitido acudir al recurso de casación, alegando falta
de capacidad de pago, ignorancia de los términos y recursos de ley, y unas
condiciones económicas y sociales precarias?
A
continuación se analizarán, puntualmente, cada uno de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
mencionados, para establecer la procedencia o no de la acción de tutela de la
referencia.
Legitimación
por activa y por pasiva
5. La
accionante, quien actúa a través de apoderada judicial[27], se encuentra legitimada
por activa para presentar la acción de tutela en virtud de lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el cual garantiza que “[t]oda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”
Asimismo,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se encuentra
legitimado por pasiva, por cuanto ostenta la calidad de autoridad pública en
los términos del mencionado artículo 86 de la Carta Política, y es la autoridad
que profirió el fallo judicial que se ataca.
Relevancia
constitucional de la cuestión discutida
6. El
primero de los elementos referidos por la jurisprudencia constitucional en la Sentencia
C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una sentencia judicial, es la relevancia constitucional de la cuestión
discutida. En efecto, en tanto el juez constitucional no está llamado a
analizar los asuntos propios de otras jurisdicciones, pues ello quebrantaría
los principios del juez natural y de separación de jurisdicciones, sólo podrá estudiar
aquellos casos en los que exista una cuestión de raigambre constitucional y que
comprenda la afectación de los derechos fundamentales de las partes.
En el
caso analizado, la Sala observa que existe un conflicto de derechos y garantías
fundamentales, pues se alega la necesidad de adoptar la condición más
beneficiosa en materia pensional, para garantizar los derechos fundamentales al
debido proceso y mínimo vital de la accionante, consagrados en los artículos 29
y 53 de la Constitución Política.
Asimismo,
también requiere análisis constitucional el argumento esgrimido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de no dar aplicación al
principio de la condición más beneficiosa, sobre la base de la obligación de salvaguardar
los principios de legalidad y seguridad jurídica, y el deber de acatar el
precedente contenido en la sentencia del 9 de diciembre de 2008, proferida por
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En este
sentido, se advierte la relevancia constitucional de la cuestión discutida, al
vislumbrarse una clara confrontación de principios constitucionales y derechos
fundamentales reconocidos en la Carta Política. Igualmente, se observa una
interpretación diversa entre la Corte Constitucional y la actual jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación o no del Acuerdo 049 de
1990 y de la condición más beneficiosa, en materia de sustitución pensional.
Subsidiariedad
7. El
agotamiento de todos los medios de defensa judicial es un requisito
indispensable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias,
toda vez que ésta no puede devenir en un recurso adicional a los ya
establecidos por el Legislador en el marco de las jurisdicciones. De ser así,
ello privaría a las otras jurisdicciones de las competencias que la
Constitución y la ley les han asignado[28].
8. Ahora
bien, la Corte Constitucional ha establecido que el análisis realizado por el
juez para determinar la configuración del requisito de subsidiariedad no puede
limitarse a una simple constatación de la existencia de otros mecanismos
previstos por el ordenamiento para controvertir la decisión judicial. En
efecto, tales mecanismos tienen que ser idóneos, eficaces y oportunos para la
salvaguarda de los derechos fundamentales alegados por las partes.
9. En
el caso analizado, la Sala advierte que la accionante interpuso el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia en el marco del proceso ordinario.
Sin embargo, a juicio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no agotó
todos los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico,
pues omitió interponer el recurso extraordinario de casación, al cual hubiese
podido acceder en caso de haber solicitado el amparo de pobreza.
La Sala
observa, sin embargo, que el recurso de casación no resulta ni idóneo ni eficaz
para dar una respuesta oportuna y efectiva a la vulneración de los derechos
involucrados en el caso concreto. En efecto, la resolución del recurso de
casación es generalmente demorada, razón por la cual para el momento de una
futura resolución, la afectación a los derechos fundamentales de la accionante
ya se habría consolidado en forma grave. En este sentido, ya que se solicita el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de una persona que supera
la edad promedio para ingresar al mercado laboral, que no cuenta con ningún
tipo de sustento económico actualmente, que nunca ha laborado, que se encuentra
afiliada al régimen subsidiado, cuya situación económica y social es precaria, y
que presenta problemas de salud es claro que un recurso extraordinario no
resultaría idóneo ni eficaz para la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
De
hecho, la señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo ha manifestado que
actualmente no percibe ningún tipo de ingreso económico, pues dependía enteramente
de su esposo fallecido. Asimismo, ha señalado que vive en una habitación
localizada en una casa que comparte con otras dos familias, cuyo arriendo no ha
pagado en los últimos meses, razón por la cual ha sido advertida de que debe
desalojar el lugar. En consecuencia, someter a la accionante al trámite y desarrollo
del recurso extraordinario de casación resultaría altamente gravoso frente a su
vulnerable situación. Incluso, puede válidamente predecirse que de no darse una
inmediata protección a su derecho fundamental al mínimo vital, otros derechos
fundamentales, como es el caso de los derechos fundamentales a la vida y vivienda
dignas, podrían verse vulnerados eventualmente para el momento en que se
resuelva el recurso extraordinario.
Al
respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-228 de 2014[29], en un caso con
similitudes fácticas a las estudiadas en la presente providencia, adoptó una
posición similar a la anteriormente esbozada, señalando que el recurso de
casación no resulta efectivo ni oportuno para la protección del derecho
fundamental a la seguridad social de quien reclama el reconocimiento y pago de
una pensión de sobrevivientes. En efecto, estableció la Corporación que el
mismo tiene una duración aproximada de tres a cinco años, lo cual no resulta pertinente
para la protección inmediata de los derechos fundamentales involucrados. Así,
lo indicó la Corte Constitucional:
“Cabe
recordar que, ciertamente, la acción de tutela solo procede “cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (art. 86
superior), pero como lo ha reiterado ampliamente esta corporación, tal medio
tiene que ser apto, expedito y oportuno, lo cual notoriamente no está
ocurriendo con la casación laboral, trámite que al tener “una duración
aproximada de 3 a 5 años… no es idóneo ni eficaz para obtener la protección
inmediata”[22] de
derechos fundamentales. De tal manera, e independientemente de la discusión de
si el asunto excedía o no la cuantía requerida para la casación, someter a la
actora a un trámite adicional tan dilatado resulta claramente desproporcionado
y riesgosamente tardío, convirtiendo en procedente la acción de tutela desde
esta perspectiva.
7.3. Por
consiguiente, se acometerá el estudio de fondo, determinando si es viable o no
la aplicabilidad del principio de la condición más beneficiosa, para conceder
la pensión de sobrevivientes que reclama la señora Concepción Acosta
Cabarcas; de resultar lo anterior positivo, posteriormente se corroborará
si se cumplen los requisitos necesarios para acceder a dicha pensión, según lo
previsto en el precitado Acuerdo 049 de 1990; y finalmente, se constatará si la
actora satisface los presupuestos como beneficiaria del derecho pensional
que solicita”.
10. Igualmente,
el argumento esbozado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el
sentido de que la accionante podía acudir al amparo de pobreza, no es de recibo
para la Corporación. En efecto, no puede perderse de vista que la accionante es
una persona con un nivel ostensiblemente bajo de escolaridad, toda vez que
estudió hasta tercero de primaria, y que por lo tanto, no tiene conocimiento de
los recursos que la ley ha previsto en el marco del proceso laboral,
especialmente, de aquéllos cuyo carácter es extraordinario.
En la Sentencia
T-352 de 2012[30],
la Corte Constitucional analizó el caso de un médico que presentó una acción de
tutela contra una sentencia de segunda instancia en el marco de un proceso de
filiación, pero que omitió sustentar el recurso de casación porque carecía de
los recursos económicos para pagar los honorarios de su abogado. La Corte
Constitucional consideró que, atendiendo las particularidades del caso, no
podía exigírsele al accionante la interposición del recurso, toda vez que éste
no contaba con los medios económicos para sufragarlo. A su vez, determinó que
en su calidad de profesional de la salud, no tenía pleno conocimiento de los
recursos jurídicos previstos en el ordenamiento para acceder al amparo de
pobreza, pues esta situación nunca fue puesta de presente por su abogado.
En el
caso analizado en esta oportunidad, se observa que la situación de la
accionante, mutatis mutandi, es ostensiblemente más gravosa que la del
profesional de la medicina estudiada en la Sentencia T-352 de 2012, por lo cual
el análisis sobre el requisito de subsidiariedad debe atender las
particularidades del caso concreto, y flexibilizarse en aras de salvaguardar
los derechos de una persona en un evidente estado de vulnerabilidad.
De esta
forma, oponer la exigencia de interponer el recurso de casación y de solicitar
el amparo de pobreza a una persona cuya condición social y nivel de escolaridad
son precarios y que no tiene garantizado ni siquiera su derecho fundamental al
mínimo vital, conllevaría una carga excesiva en su caso. En la práctica, ello desconocería
las garantías del debido proceso y acceso a la administración de justicia, por
oposición del principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las
formas.
En este
sentido, a pesar de que la accionante no interpuso el recurso de casación, ello
no es obstáculo para la procedencia de la acción de tutela, toda vez que el
mismo no resulta eficaz en el caso concreto para la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados de la accionante, en esta oportunidad.
Inmediatez
11. El
tercero de los requisitos generales señalados por el artículo 86 de la
Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, está relacionado con el principio de inmediatez, que obliga a
los accionantes a presentar la acción de tutela en un término razonable, con el
fin de que los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada no resulten resquebrajados
por la presentación arbitraria de acciones de tutela en cualquier término.
La Sala
observa que la tutela analizada en esta oportunidad, se presenta un año y un
mes después de la expedición de la sentencia de segunda instancia, lo cual, prima
facie, no constituye un término razonable. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha establecido que pese a que el requisito de inmediatez es de
obligatorio análisis para determinar la procedencia de la acción de tutela, el
mismo no puede devenir en un término de caducidad que impida la iniciación de
una acción constitucional para la protección de los derechos fundamentales. En consecuencia,
resulta necesario que el juez constitucional estudie las características
fácticas del caso concreto, y evalúe si, de acuerdo con las particularidades
propias, la accionante excedió o no el plazo razonable.
12. Así,
en Sentencias T-1028 de 2010[31],
T-145 de 2013[32]
y SU-158 de 2013[33],
la Corte Constitucional estudió la configuración del requisito de inmediatez en
casos en que la acción de tutela fue presentada para reclamar un derecho
pensional después de haber transcurrido un periodo considerable a partir de la
expedición de la última decisión judicial en el proceso ordinario. En efecto,
la Sentencia T-145 de 2013 señaló que para determinar el plazo razonable en
materia de afectación de un derecho pensional, era necesario analizar,
genéricamente, i) la afectación continua del derecho fundamental, ii) el
carácter imprescriptible del derecho pensional y iii) la situación de
vulnerabilidad de los accionantes, asociadas a la vejez, la invalidez y la
muerte.
Asimismo,
en la referida providencia se indicó que, específicamente, en cada caso
concreto debe atenderse a las particularidades de la situación de los
accionantes, la naturaleza y complejidad de la cuestión discutida, la posible
afectación de derechos de terceros, la diligencia del accionante en la
protección de sus derechos fundamentales, y las razones que éste argumenta para
justificar la demora en la presentación de la acción constitucional. Así, la
Sentencia T-145 de 2013[34],
frente al tema de la tardanza en la presentación de tutela en materia personal,
manifestó lo siguiente:
“Si el
operador advierte, por el contrario, que el peticionario tardó un tiempo
considerable para acudir a la acción de tutela, deberá dar paso a un segundo
nivel de análisis, en el que se consideren todos los aspectos relevantes.
(…)
En ese sentido, en los eventos en que se solicita un
derecho pensional, puede considerarse como elementos genéricos de análisis: la
afectación continua del derecho fundamental, derivada del carácter periódico de
las mesadas pensionales; el carácter imprescriptible del derecho pensional; y
que las personas que acuden al amparo enfrentan situaciones de vulnerabilidad
asociadas a la vejez, la invalidez y la muerte, pues son tales los riesgos que
cubre el sistema pensional.
Finalmente, (iii) en relación con los hechos específicos
de cada asunto, corresponde al juez tener presentes las circunstancias
concretas de cada peticionario, así como la naturaleza y complejidad del asunto
a tratar; la eventual afectación a intereses de terceros; la diligencia
demostrada por el peticionario o la peticionaria en la defensa de sus derechos,
y las razones que aduce como justificación o explicación de la eventual
tardanza”.
13. En el caso analizado se alega efectivamente
la vulneración de un derecho pensional, el cual tiene el carácter de continuo,
toda vez que no se ha efectuado el reconocimiento y pago de las mesadas
pensionales a las cuales la accionante presuntamente tendría derecho en su
calidad de cónyuge supérstite de su esposo fallecido.
A su vez, la Sala advierte que la
accionante se encuentra en una situación de evidente vulnerabilidad, pues tiene
sesenta y cinco (65) años de edad, nunca ha laborado, se encuentra afiliada al
SISBEN, padece quebrantos de salud y vive en una habitación localizada en una
casa en precarias condiciones que comparte con otras dos familias, pues no
cuenta con los recursos para costear el pago de un arriendo.
Asimismo, es de particular
importancia resaltar además su particular situación social: la accionante tiene
un bajo nivel de escolaridad, pues afirma haber estudiado hasta tercero de
primaria. Ello permite deducir, en forma razonable, que el conocimiento que
ésta podría tener acerca del término para la presentación de la acción de
tutela era escaso.
Igualmente, a pesar de que la
accionante fue representada por un apoderado judicial en el proceso ordinario,
afirmó bajo la gravedad de juramento que éste no le indicó la posibilidad de
presentar una acción de tutela en contra de la sentencia de segunda instancia. De
hecho, quien representa a la accionante en la acción de tutela, es un apoderado
diferente al del proceso ordinario.
En este sentido, la Sala considera que
es razonable que una persona con el nivel de escolaridad de la accionante y con
las condiciones sociales en que se ha desenvuelto, asuma como cierto, de buena
fe, las recomendaciones y directrices proferidas por su apoderado. Atendiendo a
las particularidades del caso, entonces, advierte la Sala que la accionante no
actuó con negligencia o descuido en el marco del proceso ordinario laboral. Por
el contrario, a pesar de su difícil situación social y económica, ésta procuró
la representación de un abogado en su momento, quien presentó la demanda
ordinaria e interpuso los recursos pertinentes en el proceso judicial. Incluso,
adelantó la acción de tutela, a través de un nuevo apoderado judicial, para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales, los cuales considera
vulnerados por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla.
Adicionalmente, atendiendo los
criterios esbozados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a las
particularidades del caso concreto, observa la Sala que no existe evidencia
alguna de una posible vulneración de derechos de terceros, en caso de que prosperasen,
eventualmente, las pretensiones de la accionante, pues ningún ciudadano acudió
al proceso ordinario alegando un mejor derecho que ella.
En definitiva, la Corte evidencia
que la accionante utilizó diligentemente los medios administrativos y
judiciales consagrados para la protección de sus derechos fundamentales, al
haber agotado los recursos en vía gubernativa e iniciar el respectivo proceso
ordinario laboral sin éxito alguno.
Por ende, tomando en consideración
el hecho de que se reclama un derecho pensional, cuya presunta vulneración tiene
el carácter de continua y permanente, y a su vez, que de las pruebas aportadas
al proceso de tutela se evidencia con manifiesta claridad la situación de vulnerabilidad
de la accionante, la Corte Constitucional considera que el término de un año y
un mes no excedió el plazo razonable en su caso concreto por las razones
expuestas, por lo que se satisface el requisito de inmediatez.
Incidencia
de la irregularidad procesal
14. El
cuarto requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales señala que, en caso de que se alegue una irregularidad
de carácter procesal, ésta debe ser decisiva y determinante en la sentencia
impugnada, y ocasionar una notoria afectación de los derechos fundamentales del
accionante.
En el
caso analizado, se alegó la falta de aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del principio de condición más beneficiosa, consagrado en el artículo 53
de la Carta Política, y reconocido por los precedentes de la Corte
Constitucional e inicial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ello,
a juicio de la accionante, constituyó un defecto sustantivo, y no un defecto
procedimental, razón por la cual el análisis de este requisito de
procedibilidad de la acción de tutela, no resulta pertinente para el caso
concreto.
Sin
embargo, aun si en gracia de discusión se aceptase que la aplicación incorrecta
de una norma constituye una irregularidad procesal, advierte la Sala que en
este caso, ésta resultaría determinante, toda vez que la misma implicaría la posible
vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de
una persona de avanzada edad.
Por lo
tanto, la Sala considera que, bajo las dos perspectivas, el cumplimiento del
presente requisito se encuentra probado.
Identificación
de la situación fáctica y los derechos transgredidos
15. El
quinto requisito señalado por la jurisprudencia se refiere a la importancia de
que el accionante identifique tanto los hechos que generaron la vulneración
alegada, como los derechos trasgredidos, siendo imperativo que el accionante
hubiese alegado los mismos durante el proceso judicial.
La Sala
advierte que este requisito se configura en el caso objeto de estudio. En
efecto, en el marco del proceso ordinario laboral iniciado por la accionante en
contra de COLPENSIONES, ésta alegó repetidamente que su derecho a percibir la
pensión de sobrevivientes había tenido lugar como resultado de la cotización de
setecientas ocho (708) semanas por parte de su esposo, dando cumplimiento a los
requisitos consagrados en el Acuerdo 049 de 1990.
Asimismo,
señaló que dicha norma jurídica debía ser aplicada como consecuencia del
principio de condición más beneficiosa en materia de seguridad social,
consagrado en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y reconocido
por los precedentes de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la
Corte Constitucional.
En consecuencia, la presente acción de
tutela es procedente, y por lo tanto, la Corte Constitucional revisará el
problema jurídico de fondo en el acápite siguiente.
Asunto objeto de
revisión y problema jurídico
16. En tanto la Sala
constató la procedencia de la presente acción de tutela, deberá analizar
entonces el fondo del asunto planteado, y determinar si las violaciones a los
derechos fundamentales alegadas por la accionante tuvieron lugar.
Tal y
como se señaló en el acápite de hechos, la accionante considera que sus
derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social y mínimo vital y
móvil le han sido vulnerados, por la omisión del Tribunal de dar aplicación al precedente
constitucional con respecto al principio de la condición más beneficiosa en
materia de seguridad social. Este principio se encuentra consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, y ha sido reconocido y protegido en
múltiples oportunidades por esta Corporación, tanto en la Sentencia T-584 de
2011 que cita la accionante, como en su más reciente expresión en la Sentencia
T-228 de 2014[35],
así como en sentencias varias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, entre otras, la sentencia del 8 de marzo de 2002, para los casos de
pensión de sobrevivientes.
El
principio de condición más beneficiosa ha sido desarrollado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, como un corolario del principio de favorabilidad en materia
laboral, contenido en el artículo 53 superior. Dicho principio protege la expectativa
legítima del afiliado, o sus beneficiarios, de acceder a una pensión cuando se
han cumplido los requisitos para su reconocimiento con base en una ley, pero ha
existido un tránsito legislativo en el que no se ha previsto un régimen de
transición para el efecto.
17. Así,
la señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo considera que tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, al haberse demostrado
que su fallecido cónyuge cotizó un número de semanas mayor incluso a las
requeridas en el Acuerdo 049 de 1990, norma vigente al momento de las
cotizaciones. En este sentido, considera que la omisión del Tribunal de aplicar
el Acuerdo 049 de 1990, repercutió en la vulneración del principio de condición
más beneficiosa, y consecuentemente, generó los defectos de desconocimiento del
precedente y sustantivo en la providencia proferida por la autoridad judicial,
pues ese reconocimiento ha sido otorgado en otras ocasiones a personas en sus
mismas circunstancias.
Por
otro lado, el Tribunal afirma que dio estricto cumplimiento a la norma jurídica
aplicable, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, observando así los principios de legalidad y
seguridad jurídica.
En el
mismo sentido, manifiesta que el precedente actual de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia está contenido en la sentencia del 9 de diciembre de
2008, que establece que el principio de condición más beneficiosa no implica la
aplicación automática del Acuerdo 049 de 1990, pues ésta no es la norma
jurídica anterior a la Ley 797 de 2003. Así, señala el Tribunal que aún si en
gracia de discusión se aceptase la aplicación del principio de condición más
beneficiosa, la norma jurídica aplicable no sería el Acuerdo 049 de 1990, sino
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original[36].
18. De
esta forma, la Sala advierte la existencia de un conflicto de derechos y
principios constitucionales enfrentados que deben ser objeto de análisis: por
un lado, los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social, el
mínimo vital, y, particularmente, la garantía de la condición más beneficiosa
consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política. Y del otro, la
protección de la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Así, de
acuerdo con
lo señalado por la demandante, el precedente de la Corte Constitucional, y el
precedente anterior de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, reconocen
el derecho de acceso a la pensión de sobrevivientes cuando se hayan reunido los
requisitos en vigencia de una ley anterior, aún si éstos han sido modificados
por una ley posterior vigente a la fecha de la muerte del causante. De esta
manera, se protegería la expectativa legítima de quien realizó sus aportes
pensionales con base en la ley vigente para la época de las cotizaciones y cumplió
los requisitos consagrados en dicha norma jurídica.
Por el
otro, la necesidad de preservar la aplicación estricta de los principios de
legalidad, seguridad jurídica y el precedente reciente de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, indicarían la prevalencia de la aplicación de la
norma jurídica vigente al momento de la muerte del afiliado, para determinar el
cumplimiento de los requisitos para la pensión de sobrevivientes. Ello, sin
atender o considerar las cotizaciones previas o las expectativas pensionales de
quienes, confiados en un régimen especial determinado, cotizaron en un momento
bajo el amparo de una ley, y bajo una nueva creación normativa, perdieron el
aparente reconocimiento legal.
19. Ahora
bien, en tanto la presente acción de tutela se dirige a controvertir una
decisión de carácter judicial proferida en el marco de la jurisdicción
ordinaria, será necesario que la Corte Constitucional analice las
circunstancias específicas de configuración de una presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, señalados por la jurisprudencia
constitucional en la Sentencia C-590 de 2005[37],
lo cual se realizará en el siguiente acápite.
Análisis de los requisitos especiales de
procedencia de la acción de tutela. Vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
20. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha decantado los eventos que permiten
establecer la vulneración del derecho fundamental al debido proceso con ocasión
de la expedición de una providencia judicial. Así, ha indicado la Corte que
para determinar la mencionada vulneración, es necesario acreditar la
configuración de alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
acción de tutela, a saber: un defecto i) orgánico, ii) procedimental absoluto,
iii) fáctico, iv) material o sustantivo, v) error inducido, vi) decisión sin
motivación, vii) desconocimiento del precedente, o, viii) violación directa de
la Constitución. En Sentencia C-590 de 2005, señaló la Corte:
“Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación directa de la Constitución”.
21.
Así, por razón de la expedición de la sentencia controvertida en la presente
acción de tutela se alega la configuración simultánea de dos de las causales
establecidas por la jurisprudencia constitucional que dan cuenta de la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
21.1. En
primer lugar, la accionante señala que el juez de segunda instancia incurrió en
la causal desconocimiento del precedente, por omitir lo dispuesto por la Corte
Constitucional en Sentencia T-584 de 2011. En esta sentencia, la Corte
Constitucional analizó el alcance del principio de la condición más beneficiosa
para asegurar los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social
del cónyuge que reclama el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
Así,
será necesario determinar si este supuesto precedente de la Corte
Constitucional debía ser aplicado en el caso analizado para proteger la
expectativa legítima de la accionante de acceder a la pensión de
sobrevivientes, en virtud de los principios de favorabilidad y condición más
beneficiosa, o si por el contrario, debía darse aplicación al principio de
legalidad estricta, conforme a la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema
de Justicia.
En
consecuencia, la Corte Constitucional deberá responder el siguiente problema
jurídico:
¿Se vulneran
los derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital de la accionante
con la providencia del 24 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por configuración de la causal
“desconocimiento del precedente judicial”, cuando el juez ordinario laboral
decide aplicar preferentemente el principio de legalidad estricto, sobre el
principio de condición más beneficiosa, en oposición al precedente de la Corte
Constitucional sobre la materia?
21.2. En
segundo lugar, se alega que se configuró un defecto sustantivo por cuanto el
juez de segunda instancia pretermitió la aplicación del principio de la
condición más beneficiosa, y por tanto, del Acuerdo 049 de 1990, y en su lugar,
dio aplicación al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, norma que a pesar de estar
vigente para la fecha de la muerte del cónyuge de la accionante, resultaba
desfavorable a su expectativa legítima de acceder a la pensión de
sobreviviente.
En este
sentido, si bien la Ley 797 de 2003 modificó los requisitos para acceder a la
pensión de sobrevivientes, señalando en su artículo 12, la necesidad de que se
hubiesen cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores al
fallecimiento del afiliado para acceder al derecho, ésta no incluyó un régimen
de transición que regulara la expectativa legítima de aquellas personas que
cotizaron bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1990.
En
tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla fundamentó su
decisión con base en la sentencia del 9 de diciembre de 2008, proferida por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se realizará un análisis sobre el
cambio de precedente de esa Corporación frente al principio de condición más
beneficiosa en materia pensional, y sobre la jurisprudencia constitucional, con
un énfasis especial en los requisitos para que la Corte Constitucional
modifique sus precedentes previos en la materia.
Bajo
estos supuestos, la Corte Constitucional deberá responder el siguiente
interrogante:
¿Se
configura una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
mínimo vital por configuración de la causal “defecto sustantivo”, cuando el
juez ordinario laboral deniega el reconocimiento y pago de una pensión de
sobreviviente, al aplicar la ley pensional vigente a la fecha de la muerte del
causante, aun cuando se demuestra que el derecho a la pensión se causó con base
en una ley anterior, vigente para la fecha de las cotizaciones, y existen
precedentes constitucionales que promueven, en tales casos, la aplicación de la
condición más beneficiosa para garantizar al confianza legítima de estas
personas en materia de derechos pensionales?
A continuación,
la Sala analizará la configuración de los mencionados defectos en el caso
objeto de estudio, que podrían dar cuenta o no de la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso que invoca la accionante.
Análisis de la posible
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital, en
razón a la presunta omisión del precedente de la Corte Constitucional sobre la
aplicación del principio de condición más beneficiosa
Consideraciones sobre la procedencia
de la acción de tutela por violación del precedente constitucional
22. La Constitución
Política reconoce diversos derechos fundamentales en favor de los ciudadanos,
los cuales deben ser respetados por las autoridades públicas en el marco de los
trámites judiciales y administrativos, como es el caso del derecho fundamental
al debido proceso, consagrado en el artículo 29 superior. Ahora bien, la Corte
Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 previamente reseñada, reconoció
que en las providencias judiciales se puede configurar una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, cuando el juez omite aplicar el
precedente de la Corte Constitucional que ha definido, previamente, el alcance
de un derecho fundamental.
Si bien los jueces son
autónomos al adoptar sus decisiones, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 230 de la Constitución Política, dicha potestad no es ilimitada. De
esta manera, la Corte ha indicado que se configura una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso cuando se desconoce el precedente judicial, es
decir, cuando el juez ha omitido dar aplicación a las reglas para la decisión
(o ratio decidendi) contenidas en sentencias previas cuyas
situaciones fácticas son similares a las del caso objeto de estudio. Así, en Sentencia
T-762 de 2011[38],
el precedente judicial fue definido en los siguientes términos:
La figura del
precedente, ha sido definida por la Corte como “(…) aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que
se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada,
al momento de dictar sentencia”. [29][39] Igualmente, ha precisado que la pertinencia
de un precedente, se predica de una sentencia previa, cuando: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
posteriormente;[30] (ii) se trata de un  problema jurídico semejante, o a
una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente””[40].
23. Asimismo, la Corte Constitucional
ha establecido que los jueces deben adoptar sus decisiones con base en el
precedente judicial para preservar garantías de significativa importancia en el
Estado Social de Derecho, como es el caso de los principios de igualdad, seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima. En este sentido, los funcionarios
judiciales se encuentran en la obligación de observar las reglas adoptadas por
ellos mismos en providencias anteriores con similitudes fácticas a la del caso
analizado, lo que ha sido denominado “precedente horizontal”. De la misma
manera, deben observar las reglas adoptadas por los órganos de cierre de las
distintas jurisdicciones, lo que ha sido denominado “precedente vertical”[41].
En materia constitucional,
la Corte Constitucional tiene el rol de órgano de cierre y de unificador de la
jurisprudencia, y por lo tanto, su precedente tiene carácter vinculante y
obligatorio, y constituye fuente de derecho para las autoridades judiciales. En
este sentido, el juez ordinario debe acatar no solamente el precedente
contenido en las sentencias de constitucionalidad, cuyos efectos son erga
omnes, y, consecuentemente, vinculantes para todas las autoridades
públicas. También el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional en la ratio decidendi de las sentencias de tutela, debe
ser igualmente observado por los jueces ordinarios, para efectos de preservar
los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima,
y garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
De esta forma, el
mecanismo de revisión eventual de sentencias de tutela, además de permitir la
unificación de la jurisprudencia en materia constitucional, tiene la función de
establecer reglas para la protección e interpretación de los derechos
fundamentales y de sus alcances. En consecuencia, los jueces deberán adoptar
las directrices señaladas por la Corte en sus fallos, para efectos de preservar
el derecho a la igualdad y los derechos subjetivos involucrados en la cuestión
de tutela, pues, de lo contrario, estarían incurriendo en una vulneración de la
Constitución misma. Al respecto, en Sentencia  T-260 de 1995[42], indicó
la Corte Constitucional:
“Las pautas
doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la
integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el
sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse.
Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia
-como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que
violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en
que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina
constitucional que le corresponde fijar.
El objetivo
primordial de la revisión eventual, mucho más allá de la resolución específica
del caso escogido, es el análisis de fondo sobre la manera como se ha
interpretado y aplicado por los jueces la preceptiva constitucional y la
definición que hace la Corte, en el plano doctrinal, acerca de cómo debe
entenderse y aplicarse en casos posteriores en los que surja el mismo debate, a
propósito de hechos o circunstancias regidas por idénticos preceptos.” (Subraya y
negrilla fuera de texto)
24. En conclusión, los
jueces ordinarios se encuentran en la obligación jurídica de acatar el
precedente que la Corte Constitucional ha establecido en la ratio decidendi
de las sentencias de tutela sobre el alcance de los derechos fundamentales
contenidos en la Carta Política, con el fin de salvaguardar el derecho a la
igualdad, y los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.
De no ser así, éstos incurrirían en una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso de las partes involucradas en el trámite judicial, el cual puede
ser protegido en sede de tutela.
Precedente de la Corte
Constitucional en relación con la condición más beneficiosa para acceder a la
pensión de sobrevivientes
25. El artículo 53 de la
Constitución Política establece una serie de derechos y garantías mínimas
fundamentales en favor de los trabajadores, que no pueden ser resquebrajadas o
pretermitidas. Entre éstas, incluye el principio de favorabilidad en la
aplicación de las normas jurídicas laborales o en la interpretación de éstas, señalando
que el funcionario público deberá optar por dar aplicación a la situación más
favorable al trabajador, cuando exista un conflicto de normas jurídicas, o
dudas en la interpretación de una determinada norma jurídica.
26. Como corolario del
principio de favorabilidad, la Corte Constitucional ha reconocido el alcance
del principio de la condición más beneficiosa, indicando que los trabajadores
tienen derecho a que sus expectativas legítimas de acceder a la pensión de
vejez, o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las autoridades. Así,
la condición más beneficiosa se predica en aquellos casos en que los ciudadanos
han cumplido con uno de los requisitos para acceder a la pensión, como es el
caso del número de semanas cotizadas, pero no con la totalidad de éstos, por
ejemplo, el requisito de edad. En consecuencia, si la ley pensional es modificada
por el Legislador, sin que se prevea un régimen de transición, puede darse
aplicación a la ley vigente al momento de las cotizaciones, en caso de que éste
sea más favorable al trabajador, para salvaguardar sus derechos fundamentales
al mínimo vital y a la seguridad social, ya que de buena fe el ciudadano
accedió a un régimen pensional que le ofrecía unas garantías legítimamente
establecidas, y cumplió con la parte que, en principio, le correspondía.
En Sentencia C-168
de 1995[43],
la Corte Constitucional hizo referencia al principio de condición más
beneficiosa, señalando que el mismo se garantiza mediante la aplicación del
principio de favorabilidad, el cual exige la aplicación integral de la norma o
interpretación más favorable al trabajador. Así, indicó la Corte:
“La "condición más
beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada
mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en
materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien
corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o
benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De
conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar
las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al
trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto
entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica
fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una
tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador”. (Subraya y negrilla fuera del texto)
27. Ahora bien, la Corte
Constitucional ha dado aplicación también al principio de condición más
beneficiosa para salvaguardar el derecho que tiene el cónyuge supérstite para acceder
a la pensión de sobrevivientes. Así, en aquellos casos en que los afiliados al
sistema de seguridad social en pensiones han cumplido con la totalidad de las
semanas de cotización previstas en la ley vigente durante la fecha de las
cotizaciones, pero no con el de la edad, y se ha efectuado un tránsito
legislativo que impone condiciones más gravosas para acceder a la pensión, la
Corte ha optado por dar aplicación al régimen anterior en consonancia con el
principio de la condición más beneficiosa.
27.1. En Sentencia T-584
de 2011[44],
la Corte analizó el caso de una accionante que, en su calidad de cónyuge
supérstite, reclamaba el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
de su esposo, quien había muerto en agosto del año 2004. La accionante
consideraba que tenía derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes, toda
vez que su esposo había cotizado cuatrocientas cuarenta y siete (447) semanas y
el Acuerdo 049 de 1990, vigente para la fecha de las cotizaciones - las cuales
tuvieron lugar entre 1978 y 1988 -, sólo exigía acreditar trescientas (300) semanas
cotizadas en cualquier tiempo. Sin embargo, el Instituto de Seguros Sociales
negó la pensión de sobrevivientes, en esa oportunidad, aduciendo que la ley
aplicable era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46
de la Ley 100 de 1993, y que exigía la cotización de cincuenta (50) semanas en
los tres años anteriores a la fecha del fallecimiento.
La Corte Constitucional en
la mencionada sentencia señaló que la accionante sí tenía derecho a acceder a
la pensión de sobrevivientes, toda vez que las cotizaciones se habían realizado
en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993. En consecuencia, al ser el Acuerdo 049 de 1990 la norma más
favorable para la accionante, la Corte Constitucional decidió aplicarla y
proteger su derecho fundamental al mínimo vital. Así, manifestó la Corte Constitucional:
“Por tanto,
en el caso concreto, el ISS no podía exigir el cumplimiento de un
requisito al que no estaba sometida la pensión solicitada por cuanto el
causante cotizó, según el reporte de la Vicepresidencia de pensiones, desde el
año 1978 hasta 1988 un número de 447.43 semanas, es decir, antes de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993, y no registró aportes posteriores. En este caso,
los requisitos exigidos debieron examinarse a la luz de los artículos 6 y 25
del Acuerdo 49 de 1990, para efectos de obtener el derecho a la pensión de
sobrevivientes, los cuales consisten en reunir 150 semanas de cotización
realizadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier
tiempo, condiciones éstas que cumplía el señor José Albeiro Parra Ospina,
como se desprende del acervo probatorio obrante en el expediente, en especial
de la Resolución 0961 del 2006 que niega el derecho solicitado.
Por lo
anterior, es menester concluir que la presente acción de tutela resulta
procedente ante la afectación de los derechos fundamentales de la accionante,
por un lado, para amparar un derecho de rango fundamental, en tanto que se
trata de proteger el mínimo vital de una persona que resultó afectada con la
muerte de su esposo; y por otro, porque los requerimientos actuales de la
actora exigen una intervención inmediata del juez constitucional, pues el
tiempo que gastaría en el trámite de un proceso ordinario constituye una carga
desproporcionada, evidenciándose un perjuicio grave e inminente que requiere de
una atención urgente, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la
accionante”. (Subraya y negrilla fuera del texto)
Si bien en la Sentencia
T-584 de 2011 se realizó una interpretación y aplicación del principio de
favorabilidad en materia laboral contenido en el artículo 53 de la Constitución
Política, también se aplicó el precedente que la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia había consolidado con respecto a la condición más
beneficiosa en materia de seguridad social. Así, en la mencionada providencia,
la Corte Constitucional citó la sentencia del 2 de mayo de 2003 proferida por
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se indicó:
“El tema que
ocupa la atención de la Sala ha sido tratado en reiterada jurisprudencia por
esta Sala, inicialmente en la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicación
9758, decisión en que se ha concluido, que a pesar de que el asegurado,
no aportante al sistema, no cuente con 26 semanas de cotización dentro del año
anterior al fallecimiento, pero que haya satisfecho, antes de la vigencia del
Sistema General de Pensiones que instituyó la ley 100 de 1993, la densidad de
cotizaciones a que aluden los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, sus beneficiarios son
acreedores a la correspondiente prestación económica, con observancia de los
principios de equidad, proporcionalidad y condición más beneficiosa; puesto que
no puede tener más derecho quien menos densidad de cotizaciones posee, e
igualmente, que si con solo 26 semanas de cotización se tiene derecho a la
pensión de sobrevivientes, con mayor razón en este caso, en que el asegurado
fallecido tenía aportadas  990 semanas.
“La Corte, ha
reiterado el criterio expuesto en la sentencia atrás aludida, entre otras, en
la de julio 9 de 2001, radicación No. 16269, en que se puntualizó:
“Ha dicho
hasta la saciedad la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en forma mayoritaria, en casos
iguales al presente contra la misma demandada que no se puede negar la pensión
de sobrevivientes a los derechohabientes de un afiliado so pretexto de no
reunir éste 26 semanas de cotización en el año anterior a su deceso, si
durante su vinculación con la seguridad social cumplió cabalmente con los
requisitos exigidos por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990.
“Lo anterior
se ha basado, entre múltiples fundamentos, en el texto del inciso cuarto del
artículo 48 de la ley 100 de 1993, que garantiza el derecho a “optar por una
pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes
del I. S. S., VIGENTE CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE
LEY…” (resalta la sala); en los principios medulares de la seguridad social; en
el artículo 53 de la carta fundamental y en el postulado de la condición más
beneficiosa”. (Subraya y negrilla fuera del texto)
27.2. Asimismo,
en Sentencia T-228 de 2014[45],
la Corte estudió el caso de una accionante que reclamaba el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes de su fallecido compañero permanente, de
quien dependía económicamente, y quien murió en diciembre de 2008. La
demandante señalaba que entre 1970 y 1983, su compañero había cotizado
cuatrocientas tres (403) semanas, razón por la cual cumplía con los requisitos
para acceder a la pensión de sobrevivientes, en consonancia con lo consagrado
en el Acuerdo 049 de 1990. El Instituto de Seguros Sociales negó la solicitud
de la accionante, razón por la cual inició el respectivo proceso laboral. Sin
embargo, el juez de primera instancia consideró que la ley aplicable no era el
Acuerdo 049 de 1990 sino la ley vigente al momento del fallecimiento del
afiliado, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, señaló que no se cumplía con la
exigencia de las cincuenta (50) semanas cotizadas en los tres años anteriores a
la muerte, razón por la cual denegó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
La Sala Segunda Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, entidad accionada en
el presente trámite de tutela, resolvió el recurso de apelación interpuesto por
el juez de primera instancia y confirmó la sentencia recurrida. El Tribunal
señaló en esa oportunidad que el principio de la condición más beneficiosa no
implicaba la aplicación automática del Acuerdo 049 de 1990. En efecto, indicó
que éste refería la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su
texto original, por ser la norma anterior al artículo 12 de la Ley 797 de 2003,
norma vigente a la fecha de la muerte del afiliado.
En dicha
providencia, la Corte Constitucional resolvió dejar sin efecto las sentencias
del proceso ordinario y proteger los derechos fundamentales de la accionante.
Así, aplicó los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, explicando
que el Acuerdo 049 de 1990 debe ser aplicado para reconocer y pagar la pensión
de sobrevivientes, excluyendo a la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, a
pesar de que éstas sean las vigentes a la muerte del asegurado, cuando se
demuestre que: i) el afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia del Acuerdo
049 de 1990, ii) no realizó cotizaciones con posterioridad al 1º de abril de
1994, y, iii) la muerte tuvo lugar con posterioridad a dicha fecha.
28. Ahora
bien, en la Sentencia T-228 de
2014, la Corte
Constitucional hizo alusión a la Sentencia
T-584 de 2011 y a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia que refería la importancia del principio de condición más
beneficiosa para garantizar el principio de favorabilidad contenido en el
artículo 53 de la Constitución Política[46].
En efecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó
en la sentencia proferida el 13 de agosto de 1997, lo siguiente:[47]:
“… cabe
resaltar que mientras los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron
como requisitos de aportes para la pensión de sobrevivientes de origen común
reunir 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la
muerte o 300 en cualquier tiempo, el nuevo ordenamiento legal de prima media
con prestación definida de la ley 100 redujo las semanas a sólo 26 en cualquier
tiempo para quienes estuvieren afiliados al momento de la muerte, y para
quienes dejaron de cotizar al sistema introdujo la condición de que las mismas
26 hubiesen sido sufragadas dentro del año inmediatamente anterior al
fallecimiento, por lo que ante tal realidad y en atención al
postulado protector propio del derecho del trabajo y de la seguridad social, se
actualiza por excelencia en el caso objeto de estudio, el principio de la
condición más beneficiosa, contemplado en el artículo 53 de la Constitución
Política.
En
consecuencia, sería violatorio de tal postulado y del principio
constitucional de la proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de
la ley 100 - que redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas -,
quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por
afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad
social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento
aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al
considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del
fallecimiento sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al
momento de su deceso.
Por lo
anterior, la circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna
semana al ISS, en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en manera
alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de 20 años (más de 1200
semanas), porque esa condición más beneficiosa estatuida en el régimen del
Acuerdo 049 está amparada por el artículo 53 supralegal y por ende tiene
efectos después del 1º de abril de 1994, para la eficacia del
cubrimiento del seguro de invalidez, vejez y muerte, dado que el mínimo de
semanas requerido estaba más que satisfecho; es más, era tal la densidad de
ellas que superaba las exigidas para la pensión de vejez (artículo 12 del mismo
Acuerdo)”. (Subraya fuera del original)
29. Igualmente,
en sentencia del 15 de junio de 2004, con número de radicación 21639, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que el juez laboral o el
funcionario administrativo encargado de efectuar el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, deberá identificar cuál es la norma más favorable
para el afiliado y sus familiares, y proceder a aplicarla. De esta manera, se
protegen las expectativas legítimas de quienes cotizaron con base en un régimen
anterior a la Ley 100 de 1993, y cuyas condiciones fueron modificadas con la
nueva norma pensional. Así, manifestó la Corte Suprema de Justicia:
“Lo antes afirmado significa que la ley 100 de 1993, como se
expresa en el fallo que trae a colación el recurrente, no quedaron abolidas las
prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su
vinculación como sujetos activos habían cumplido todas las cotizaciones
exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se
desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles
únicamente el requisito del fallecimiento, sus familiares podrían reclamar la
respectiva prestación al momento del deceso. Predicamento que también
lógicamente es extensivo a quienes siguieron afiliados al sistema y para la
época en que entró a regir el mismo tenía las 300 semanas cotizadas en la
normatividad vigente para esa data”.
30. Asimismo,
en la Sentencia T-228 de 2014 se citó
también la sentencia de 9 de julio de 2011 (expediente de radicación 16269)
proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En la
mencionada providencia, el máximo órgano de la justicia ordinaria reiteró la
postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de agosto
de 1997, y estableció:
“ Esta corporación en
asuntos semejantes, en relación con el punto de derecho que se discute, ha
dejado claro, que pese a haber fallecido el afiliado en vigencia de la
Ley 100 de 1993, son aplicables, por virtud del principio de la
condición más beneficiosa, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si para el momento de entrar
en vigencia la citada ley, se daba el supuesto del número de semanas cotizadas
para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes…”
(Subraya incluida en el texto)
31. En
conclusión, la Sala advierte que tanto la Corte Constitucional, como la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, guardaban un precedente uniforme con respecto
a la aplicación del principio de condición más beneficiosa en materia de
pensión de sobrevivientes. Así, para ambas corporaciones, el principio de
condición más beneficiosa permitía aplicar el Acuerdo 049 de 1990 cuando se
probaba que el afiliado había cumplido con el número de semanas exigidas por la
mencionada norma jurídica durante el término de su vigencia, pese a que la
muerte hubiese ocurrido con posterioridad a la vigencia de las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.  Sin embargo, desde el 2008, esa posición ha venido
cambiando en la Corte Suprema de Justicia, donde una gran mayoría de sus
falladores viene adoptando posiciones diferentes.
Análisis
de los cambios de precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
respecto del principio de la condición más beneficiosa
32. Si
bien en el capítulo anterior se reseñó la postura que la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia había adoptado con respecto a la aplicación del principio
de condición más beneficiosa, esta Corporación advierte que esa entidad viene
modificando su precedente frente a la interpretación, alcance y aplicación del
principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de
sobrevivientes, a pesar de que aún existen algunos fallos, como el del 2011,
que aún mantienen la tesis tradicional.
33. En
efecto, observa la Sala que en las sentencias recientes de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia se indica que para preservar los principios de
legalidad y seguridad jurídica, el Acuerdo 049 de 1990 no debe aplicarse en
virtud de la condición más beneficiosa, en aquellos casos en que el cónyuge o
compañero permanente haya fallecido con posterioridad a la vigencia del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, incluso si las cotizaciones se realizaron en
vigencia del referido acuerdo. El precedente actual de la Corte Suprema establece,
por el contrario, que la norma aplicable es el texto original del artículo 46
de la Ley 100 de 1993, por ser la norma inmediatamente anterior a la vigente. Esa
norma en particular, señala lo siguiente:
“ARTICULO.   Requisitos
para obtener la pensión de sobrevivientes.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1.  Los miembros del grupo familiar del pensionado
por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.
2.  Los miembros del grupo familiar del afiliado
que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes
requisitos:
a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al
sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de
la muerte, y
b)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema,
hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARAGRAFO.-Para efectos del cómputo
de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley”.
34. Así,
inicialmente, en sentencia proferida el 9 de diciembre de 2008, con número de
radicación 32642,
la Sala
Laboral de la Corte Suprema de justicia indicó que, para efectos de preservar
el principio de seguridad jurídica, al juez laboral le está vedado realizar un
ejercicio histórico con el fin de dar aplicación a cualquier norma pensional
que haya regulado la situación del trabajador en cualquier tiempo. En consecuencia,
para dar aplicación a la condición más beneficiosa en materia pensional, sólo
podrá aplicar la norma jurídica inmediatamente anterior a la vigente. De esta
forma, se pronunció la mencionada Corporación:
“En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro
para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que
haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la
vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que
regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto
aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un
asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se
considera más rigurosa ésta frente a la norma remplazada, es preciso establecer
si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición
para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo
que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar
alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a
su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso,  para
darle un[a] especie de efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la
seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a
aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las
sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008
(rad. 3264[9])” (Subraya y negrilla fuera
del texto)
35. La
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha adoptado el referido precedente
en diversas sentencias de casación, en años recientes, como es el caso de la
sentencia del 25 de julio de 2012[48],
en la que se negó el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por
el demandante. Dicha corporación adujo que la aplicación del principio de la
condición más beneficiosa implica únicamente el análisis del cumplimiento de
los requisitos contenidos en la ley inmediatamente anterior a la vigente para
acceder a la pensión. Así, manifestó:
“Como atrás quedó explicado,
para poder aplicar el principio de la condición más beneficiosa de acuerdo con
el criterio jurisprudencial que se está fijando, es necesario que el afiliado
cumpla con la densidad de semanas de la norma inmediatamente precedente en las
hipótesis que se han señalado, para este caso en particular el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, que es la disposición que fue modificada o remplazada por
el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, no siendo en consecuencia cualquier otra
norma anterior
De
ahí que, el hecho indiscutido de que el actor tenga más de 300 semanas
cotizadas al 1° de abril de 1994 cuando entró a regir la Ley 100 de República
de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 38674 29 1993, no tiene para este
asunto en particular ninguna incidencia, en la medida que bajo el amparo de la
llamada condición mas beneficiosa, los requisitos para acceder a la pensión de
invalidez no son los contenidos en el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990, sino
los previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993”. (Subraya y negrilla fuera del texto)
36. Asimismo,
en sentencia del 13 de febrero de 2013[49],
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró la mencionada posición
frente a la limitación de la aplicación del principio de la condición más
beneficiosa. Así, indicó que en el caso objeto de estudio no era aplicable el
Acuerdo 049 de 1990, pese a que en vigencia de dicha norma jurídica se
efectuaron las cotizaciones, toda vez que el afiliado había fallecido con posterioridad
a la vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Por el contrario,
estableció que, aún si se sugiriera la pertinencia del principio de la
condición más beneficiosa, la norma aplicable sería el artículo 46 original de
la Ley 100 de 1993, y que en el caso concreto, dichos requisitos no habían sido
cumplidos:
“Ahora bien, de acuerdo a lo dicho, no podría el censor
eventualmente pretender la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a través del
principio de la condición más beneficiosa, toda vez que si, como lo dejó
sentado el tribunal, el deceso del causante se produjo el 19 de marzo de 2007,
en vigencia de la Ley 797 de 2003, la norma correctamente aplicable según dicho
principio sería el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado
por el artículo 12 de dicho ordenamiento de 2003, cuyas exigencias tampoco se
reunirían en este caso, pues según la historia laboral del afiliado fallecido
allegada al proceso, al momento de producirse la muerte, no se encontraba
cotizando ni, tampoco, reportaba aportes por 26 semanas dentro del año
inmediatamente anterior a esa fecha, como lo exigía la norma en cuestión.
De
manera pues que, como en este caso no se reúnen las condiciones previstas en el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, bajo cuya vigencia se produjo el deceso del
causante, no podían aplicarse las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, por lo
que no incurrió el tribunal en los dislates de que lo acusa la censura, menos
en este caso,  en donde se dio por demostrado y, no se discute, que el
causante antes de la Ley 100 de 1993 solo había cotizado 406, 57 semanas y no
las 500 que aduce”.
37. De lo anterior se
deduce que el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
sobre la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes se
ha visto expuesto a modificaciones recientes por dicha corporación,
restringiéndose su alcance a la consideración de la ley anterior vigente al
momento del fallecimiento del afiliado, bajo el argumento de salvaguardar los
principios de legalidad y seguridad jurídica.
38. Ahora bien, en tanto
la jurisprudencia de la Corte Constitucional adoptó las consideraciones
jurídicas que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había realizado
en su momento con respecto al principio de la condición más beneficiosa, para
analizar igualmente el alcance de los derechos a la igualdad, seguridad social
y debido proceso en el caso de la pensión de sobrevivientes, esta Sala de la
Corte Constitucional analizará si el cambio de precedente efectuado por la
máxima autoridad de la justicia ordinaria se ajusta a los lineamientos de la
Carta Política, y si, en consecuencia, la Corte Constitucional debe adoptar
dicha postura y modificar, por lo tanto, su precedente constitucional.
Análisis de las posibles
razones de un cambio de precedente o no, de la Corte Constitucional, en materia
de pensión de sobrevivientes
39. La Corte
Constitucional ha señalado en diversas providencias que en virtud de los
principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima e igualdad, los
jueces deben acatar el precedente proferido por los órganos de cierre de las
respectivas jurisdicciones[50].
Sin embargo, ha establecido que el funcionario judicial puede apartarse
válidamente del precedente, adoptando una carga argumentativa especial. Si se
trata de un precedente constitucional, como se dijo, es vinculante su
aplicación para todos los funcionarios judiciales, a fin de proteger los
derechos fundamentales de los ciudadanos, la prevalencia de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y la igualdad en la aplicación de la ley.
En este sentido, entre
un enfrentamiento de posturas entre Altas Cortes, los jueces pueden separarse
de los precedentes de sus superiores inmediatos, en aras de su autonomía
judicial y la protección de las garantías de la Constitución Política, por lo
cual deberán: i) indicar explícitamente las razones por las cuales se apartan
del precedente, y, adicionalmente, ii) demostrar que la interpretación adoptada
por éste aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios
constitucionales. Así, en Sentencia T-656 de 2011[51] manifestó
la Corporación:
“Las
autoridades judiciales pueden apartarse del precedente en algunas
circunstancias en virtud de la autonomía que les reconoce la Constitución Política,
empero tal alternativa siempre estará sometida a requisitos estrictos, como: i)
presentar de forma explícita las razones con base en las cuales se apartan del
precedente, y ii) demostrar con suficiencia que la interpretación brindada
aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales. Lo
anterior se sustenta en que en el sistema jurídico colombiano el carácter
vinculante del precedente está matizado, a diferencia de como se presenta en
otros sistemas en donde el precedente es obligatorio con base en el stare
decisis.  Sin embargo, lo anterior no habilita a las autoridades
judiciales para el ejercicio indiscriminado de su autonomía y, por ende, al
desconocimiento injustificado del precedente. En esa medida, no podrán admitirse
las posturas que nieguen la fuerza vinculante prima facie del precedente o
sustenten un cambio jurisprudencial en el entendimiento particular que el juez
o tribunal tenga de las normas aplicables al caso”.
40. Observa
la Sala que en el caso analizado, la Corte Suprema de Justicia también modificó
su propio precedente tradicional, y se apartó del precedente constitucional
adoptado por la Corte Constitucional sobre el alcance del principio de
condición más beneficiosa para acceder a la pensión de sobrevivientes,
aduciendo la necesidad de preservar los principios de legalidad y seguridad
jurídica. En este sentido, manifestó que el juez no puede realizar un ejercicio
histórico para aplicar una ley pensional que en algún momento haya regulado la
situación jurídica del afiliado, pues ello devendría en una inexorable
inseguridad jurídica. En consecuencia, sólo estaría facultado para aplicar la
norma inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento del
causante.
41. Para
analizar si esta nueva postura puede incidir o no en un cambio de precedente de
esta Corporación, esta Sala, siguiendo las directrices anteriores, revisará el
caso de la referencia.
Así las
cosas, si bien la reciente interpretación de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia es plausible, la Sala no considera que cumpla el segundo
requisito exigido por la jurisprudencia constitucional para el cambio de
precedente, es decir, que demuestre con suficiencia un mejor desarrollo a los derechos y
principios constitucionales analizados.
42. No puede
perderse de vista que la Corte Constitucional es el órgano de cierre en materia
constitucional, y que por lo tanto, tal y como se ha explicitado en la presente
providencia, es la encargada de determinar el alcance de los derechos
fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, la Corte Constitucional
determinó que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los
principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar
aplicación a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el
afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica,
cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la
pensión.
43. Para la Corte
Constitucional resulta diáfano que esta regla tiene como finalidad proteger el
principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el
constituyente primario en el artículo 53 de la Constitución Política. A su vez,
el mismo garantiza la protección de la expectativa legítima de aquellos
ciudadanos que, observando el régimen pensional vigente para la fecha de su
afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el
objetivo de obtener su pensión, o el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a sus familiares.
44. Asimismo, es
de importancia resaltar que el acceso a la pensión de sobrevivientes resulta
necesario para la protección del derecho fundamental al mínimo vital,
especialmente en aquellos casos en que se evidencia una dependencia económica
del cónyuge o compañero permanente supérstite, con el afiliado fallecido. De
esta manera, la aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional,
y por ende, de la condición más beneficiosa, se encuentra directamente ligado a
la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y a la garantía de
una vida en condiciones dignas.
Igualmente, la
Sala considera que el artículo 53 de la Constitución Política no impone un
límite temporal al funcionario judicial para determinar la norma más favorable
al trabajador. En efecto, el principio de favorabilidad implica que el juez,
como garante de los derechos de los ciudadanos, debe determinar en el caso
concreto, cuál norma sería la más favorable al trabajador, y aplicarla, en caso
de que ésta haya regulado su situación jurídica. De esta manera, la restricción
impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su actual jurisprudencia, y por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, frente a la presunta
obligación de aplicar únicamente la norma inmediatamente anterior a la vigente,
no resulta ajustada a la finalidad del principio de favorabilidad, menos cuando
la norma no explicita o regula en concreto el alcance de las expectativas legítimas
generadas por una normativa en materia pensional.
En efecto, si bien
la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirma que
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 es el que debió ser aplicado para efectos
de proteger el principio de condición más beneficiosa en el caso de la
accionante, lo cierto es que ello desconoce que los derechos y expectativas
legítimas se generaron no con base en esa norma jurídica, sino con base en el
Acuerdo 049 de 1990.
En este sentido,
no es adecuado que la interpretación de la Corte Suprema de Justicia haya
desconocido el valor jurídico del Acuerdo 049 de 1990, el cual deviene no sólo
de los principios de favorabilidad y de condición más beneficiosa, contenidos
en el artículo 53 superior, sino de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la materia.
45. En
consecuencia, el argumento esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sus
providencias más recientes, frente a la necesidad de preservar los principios
de legalidad y seguridad jurídica, y a su vez, limitar el alcance del principio
de condición más beneficiosa en materia pensional, no es de recibo para la
Corporación. Para la Sala, dicha interpretación no brinda un mayor y más
adecuado desarrollo de los principios y garantías constitucionales, sino que
impone una restricción a los principios de favorabilidad, igualdad y confianza
legítima, y al derecho al mínimo vital, protegidos ampliamente por la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus providencias anteriores.
46. En este
sentido, no puede sobreponerse la aplicación estricta de la ley a la urgencia
de materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de
los derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos
para acceder a la pensión de sobrevivientes con base en un determinado régimen
jurídico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un régimen de
transición u otro tipo de alternativa jurídica para el ciudadano.
Una ponderación de
los derechos, principios y garantías involucrados, de acuerdo con los lineamientos
contenidos en la Carta Política, permite concluir que debe prevalecer la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad que le
asisten a los cónyuges o compañeros permanentes supérstites en la situación
objeto de estudio, frente a la importancia de preservar el principio estricto de
legalidad, cuando ya se han consolidado prelativamente, formas de interpretar
decisiones legislativas que garantizan la protección de los derechos ciudadanos
ante aparentes omisiones involuntarias del Legislador.
47. Así, la Corte
Constitucional, en esta oportunidad, se sostiene en su precedente
constitucional, en el entendido de que es posible dar aplicación a una norma
jurídica anterior para efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes,
cuando el Legislador no ha previsto un régimen de transición. Para ello, será
necesario demostrar que el afiliado cumplió con el número de cotizaciones
exigidas por dicha norma jurídica, y que los aportes se efectuaron durante su
vigencia, conforme a la jurisprudencia tradicional de esta Corporación en ese
tema.
En conclusión, contrario
a lo señalado en la actualidad por la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional reitera que, en consonancia con el principio de la condición más
beneficiosa, y para salvaguardar los derechos a la seguridad social y mínimo
vital, el Acuerdo 049 de 1990 sí puede ser aplicado preferentemente para
reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes. Ello sucederá en aquellos casos
en que se advierta que el causante ha efectuado las cotizaciones exigidas por
la mencionada ley durante su vigencia, y al mismo tiempo, la ley vigente
resulta desfavorable al ciudadano.
Análisis
de la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
mínimo vital por la configuración de los defectos por desconocimiento del
precedente constitucional y sustantivo
48. En el presente acápite, la Sala
indagará si
con la decisión adoptada el 24 de septiembre de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y
mínimo vital de la accionante, en
razón a la posible configuración de las
causales de desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, alegadas en la
acción de tutela.
Tal y
como se ha mencionado en la presente providencia, la Corte Constitucional, en Sentencia C-590 de 2005 ha señalado que se produce una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso por razón de la violación del precedente constitucional, cuando dicha Corporación
ha
establecido
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance.
A su vez, en Sentencia T-219 de 2013[52],
analizando las reglas adoptadas por la Corporación en la Sentencia SU-448
de 2011[53], la Corte Constitucional señaló
los eventos en los cuales se configura una vulneración del derecho fundamental
al debido proceso por razón de un defecto sustantivo. Así, el
mencionado defecto se configura, por ejemplo, cuando la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no resulta razonable, o la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente, o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, o
cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, y cuando se desconoce la norma del ordenamiento
jurídico constitucional o infraconstitucional aplicable al caso concreto, entre
otros eventos.
49. Ahora
bien, tal y como se ha establecido en la presente providencia, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla omitió aplicar el precedente de
la Corte Constitucional respecto al alcance del principio de la condición más
beneficiosa. Es más, no sólo no lo aplicó, sino que ni siquiera lo tuvo en
cuenta para refutarlo o analizarlo en su interpretación. No obstante, aplicó el
actual precedente de la Corte Suprema de Justicia, que restringe dicha garantía
al análisis de la norma pensional inmediatamente anterior a la vigente, bajo el
argumento de preservar los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Así, el
Tribunal señaló que en tanto la muerte del cónyuge había ocurrido con
posterioridad a la vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el Acuerdo
049 de 1990 no era aplicable al caso concreto. Así, estableció que no se cumplían
los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes contemplados en el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ni en el artículo 46 original de la Ley 100
de 1993. En consecuencia, denegó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a la accionante.
50. Sobre
este asunto, la Sala reitera, en primer lugar, que el precedente de la Corte
Constitucional en relación con el alcance del principio de la condición más
beneficiosa es claro en señalar que el juez ordinario y el funcionario
administrativo tienen la obligación de identificar y aplicar la norma más
favorable al trabajador o afiliado al régimen de seguridad social, para
garantizar así su derecho al mínimo vital. En este sentido, si el afiliado
cumple con el requisito de número de cotizaciones en vigencia de una ley que ha
regulado enteramente su situación jurídica, ésta deberá aplicarse
preferentemente a la ley vigente.
En el caso analizado, la
Sala observa que el señor Alejandro Orozco Bonett cotizó un número de setecientas
ocho (708) semanas entre el 2 de noviembre de 1969 y el 9 de marzo de 1992[54], término durante el cual
se encontraba en vigencia el Acuerdo 049 de 1990. En este sentido, el afiliado
excedió en más del doble el requisito impuesto por el Acuerdo 049 de 1990,
norma que consagraba la obligación de cotizar al menos trescientas (300)
semanas para acceder a la pensión de sobrevivientes, en cualquier término.
En tanto el Acuerdo 049 de
1990 consagraba condiciones más favorables que los regímenes de la Ley 100 de
1993 o de la Ley 797 de 2003, pero el fallecimiento del afiliado tuvo lugar en
vigencia de la última norma jurídica, el deber del funcionario administrativo y
del juez ordinario era aplicar el primer régimen jurídico en virtud de los
principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, contenidos en el
artículo 53 de la Constitución Política, en atención además a los decantados
precedentes constitucionales en la materia, que son precisamente desarrollo de ese
artículo constitucional en materia pensional. En efecto, quedó probado en el
expediente que el cónyuge fallecido realizó sus cotizaciones en vigencia del
Acuerdo 049 de 1990, que cumplió con el número de semanas consagradas en dicha
norma jurídica, y que se abstuvo de realizar cotizaciones después de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, tal y como ha
sido reiterado por la Corte Constitucional, y por los precedentes anteriores de
la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del principio de la condición más
beneficiosa, el hecho de que el afiliado no hubiese realizado las cotizaciones
exigidas por la Ley 797 de 2003 durante los tres (3) años anteriores a su
muerte, no implica que éste o sus familiares hayan sido despojados de su
derecho de acceder a la pensión. Una interpretación contraria desconocería el
tiempo de trabajo y los aportes efectivamente realizados por los ciudadanos al
sistema de seguridad social, e impondría una prelación excesiva de las
formalidades sobre los derechos subjetivos protegidos por la Constitución
Política.
En este sentido, imponer los
requisitos consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, bien con la
modificación introducida por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, o en su
versión original, para negar el acceso a la pensión de sobrevivientes, devino
en una vulneración ostensible del derecho fundamental al debido proceso de la
señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo. Ello constituyó una violación del
precedente de la Corte Constitucional, y una limitación injustificada de los
derechos y garantías laborales consagrados en la Constitución Política.
51. A su vez, si bien el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla fundamentó su decisión en
sentencias actuales de la Corte Suprema de Justicia, y en la necesidad de
preservar los principios de legalidad y seguridad jurídica, lo cierto es que
tales argumentos no son suficientemente adecuados para apartarse del precedente
constitucional. En efecto, tal y como se ha señalado en la presente sentencia,
la Corte Constitucional ha establecido que los jueces podrán apartarse de un precedente
bajo la premisa de observar una mayor carga argumentativa al adoptar la
decisión. De esta manera, será necesario que se cumplan dos requisitos
esenciales: i) que los jueces especifiquen, claramente, las razones por las
cuales no adoptan la postura desarrollada por los órganos de cierre de las
jurisdicciones, y ii) que demuestren que la decisión que adoptan se dirige a
dar un mayor desarrollo y protección a los derechos y principios
constitucionales involucrados.
Sin embargo, la Sala
observa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla no
cumplió con el segundo requisito señalado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para apartarse del precedente constitucional, esto es, demostrar
que con la adopción de una nueva posición jurisprudencial se protegería en una
mayor medida los derechos consagrados en la Constitución Política. En efecto, el
cambio de precedente supuso sólo un reconocimiento del principio de legalidad
estricto, sin la debida ponderación de la importancia de garantizar los
derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad y a la seguridad social de la demandante,
bajo criterios jurisprudenciales ya reconocidos por vía de tutela y vía
ordinaria.
Para la Corte
Constitucional es claro que la interpretación más adecuada de la Constitución
Política, especialmente de la cláusula de Estado Social de Derecho, es aquella
que da prelación a la protección de los derechos del trabajador sobre la
necesidad de preservar el principio de legalidad en sentido estricto.
Adicionalmente, ello no riñe con el principio de favorabilidad en materia
laboral, contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, que obliga a
los servidores públicos a adoptar la aplicación o interpretación de la ley más
favorable en materia laboral y de seguridad social.
52. En segundo lugar, la
Sala advierte que con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla se produjo un defecto sustantivo, al omitirse
la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y de los principios de favorabilidad,
solidaridad y proporcionalidad que deben regir el sistema pensional en la
decisión.
En efecto, tal y como se
ha señalado en la presente providencia, el Acuerdo 049 de 1990 era la norma
jurídica aplicable, no sólo en virtud del precedente consolidado por la Corte
Constitucional, sino por razón de la aplicación del principio de favorabilidad,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Así, en tanto la
mencionada norma era la vigente para la fecha en que el afiliado efectuó las
cotizaciones, y resultaba más favorable para la protección de sus derechos
fundamentales, ésta era la norma que debía ser aplicable al caso concreto.
En consecuencia, al
haberse omitido la norma jurídica y principios constitucionales aplicables para
resolver el caso objeto de estudio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla incurrió en un defecto sustantivo, que finalizó con la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
53. Finalmente,
de las pruebas aportadas al expediente en relación con la grave situación
social y económica que atraviesa la accionante, la Sala deduce que con la
actuación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se
configuró una vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital.
En
efecto, en el expediente quedó demostrado que la accionante tiene 65 años de
edad, que se encuentra inscrita en el régimen subsidiado de salud, que sufre
actualmente de algunas enfermedades, que dependía económicamente de su esposo
fallecido, que no cuenta con recursos económicos adicionales para su
subsistencia, que vive en una habitación en arriendo en precarias condiciones,
que tiene un nivel de escolaridad bajo, y que no ha logrado acceder a la
pensión que permita garantizar una vida en condiciones dignas.
En
consecuencia, la negativa de reconocer la pensión de sobrevivientes a la
accionante ha repercutido en una vulneración ostensible a su derecho
fundamental al mínimo vital y a la posibilidad de tener un estándar de vida
digno, que permita satisfacer sus condiciones básicas de subsistencia.
Por lo
tanto, se ordenará a COLPENSIONES expedir el acto administrativo que reconozca
el derecho de la pensión de sobrevivientes de la señora Carlina Esther
Santodomingo Gallardo, con el fin de preservar no sólo su derecho fundamental
al debido proceso, sino su derecho fundamental al mínimo vital, los cuales han
sido vulnerados con ocasión de la providencia judicial objeto de estudio.
En
definitiva, la Sala considera que la decisión proferida el 24 de septiembre de
2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, devino en
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital de
la señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo, por razón de la configuración
de los defectos de desconocimiento del precedente y sustantivo.
Conclusiones
54. De
acuerdo con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la
presente providencia, se concluye:
a. El
principio de condición más beneficiosa en materia laboral y pensional,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, es de obligatoria
observancia para el juez laboral y las autoridades administrativas facultadas
para efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. El
mismo implica que deberá aplicarse el régimen pensional más favorable al
afiliado o sus familiares en tales casos, si se prueba la existencia de una
expectativa legítima, cuando el Legislador no ha previsto un régimen de
transición en la norma pensional vigente.
b. El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la expedición
de la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2013, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y al mínimo vital
de la accionante, al i) omitir el precedente constitucional respecto al
principio de la condición más beneficiosa, ii) omitir la aplicación del Acuerdo
049 de 1990, por ser la norma más favorable para la accionante, y haberse
probado el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas contemplado en ésta,
y, finalmente, iii) aplicar la Ley 797 de 2003 y Ley 100 de 1993, las cuales
eran desfavorables para la peticionaria, en desmedro del derecho a la igualdad
en la aplicación de la ley.
c. Con
la actuación de la autoridad accionada se produjo la configuración de los defectos
de desconocimiento del precedente constitucional y sustantivo, lo cual repercutió
en la vulneración de los derechos fundamentales alegados en el presente trámite
de tutela.
55. Por
las anteriores razones, la Sala procederá a revocar las sentencias proferidas
en el trámite de tutela, y a conceder la protección de los derechos
fundamentales de la accionante, con el fin de que ésta pueda acceder a la
pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho y garantizar así su mínimo
vital.
III.
DECISIÓN
Con
base en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución.
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
las sentencias de tutela proferidas el 22 de enero de 2015, por la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia; y el 5 de noviembre de 2014, por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Segundo.- En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,
al mínimo vital y a la vida digna de la señora CARLINA ESTHER SANTODOMINGO
GALLARDO. En consecuencia, dejar sin efecto la sentencia dictada el 24
de septiembre de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, que en su momento había confirmado la proferida el 14 de
febrero de 2013 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de la misma ciudad, providencia
que también queda sin efecto, dentro del proceso ordinario laboral promovido
por la mencionada señora contra el Instituto de Seguros Sociales (ahora
COLPENSIONES).
Tercero.- ORDENAR a
la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que dentro del término de diez días
(10) hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera un acto
administrativo mediante el cual reconozca y pague a favor de la señora CARLINA
ESTHER SANTODOMINGO GALLARDO, la pensión de sobreviviente que le
corresponde en su calidad de cónyuge supérstite del señor Alejandro Orozco
Bonett.
Cuarto.- Una vez sea cumplida la orden
anterior, COLPENSIONES deberá empezar a pagar dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes, la respectiva pensión de conformidad con el monto
correspondiente a partir de la muerte del causante, es decir, 4 de febrero del
2006, en los términos de la ley aplicable.
Quinto.- Por Secretaría General, LIBRAR
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Según consta en la copia de la cédula de
ciudadanía de la accionante, la cual se encuentra en el folio 44 del Cuaderno
3.
[2] Historia laboral del cónyuge fallecido,
en la que se demuestra que cotizó setecientas ocho (708) semanas entre el 2 de
noviembre de 1969 y el 9 de marzo de 1992. (Cuaderno 2, Folios 29 a 31)
[3] La Resolución No. 26678 de 29 de
diciembre de 2009 no fue aportada al expediente de tutela. Sin embargo, sí se
aportaron las Resoluciones No. 10217 de 25 de junio de 2010 y 2328 de 30 de
julio de 2010, proferidas por el Instituto de Seguros Sociales, en las que se
resuelven los recursos de reposición y apelación en contra del mencionado acto
administrativo, deduciéndose que mediante éste se negó el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Carlina Esther
Santodomingo Gallardo. Las Resoluciones No. 10217 de 25 de junio de 2010 y 2328
de 30 de julio de 2010, proferidas por el Instituto de Seguros Sociales, se
encuentran en los folios 18 a 24 del Cuaderno 1.
[4] No se aporta el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución No. 026678 de 29 de diciembre de 2009, sin embargo, es
posible deducir las pretensiones allí contenidas, a partir del análisis de los
actos administrativos mediante los cuales se resolvió el mencionado recurso.
[5] Resolución No. 101217 de 2010, mediante la cual el
Instituto de Seguros Sociales resuelve el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución No. 026678 de 29 de diciembre de 2009. En el acto
administrativo, la entidad señaló que el señor Alejandro Orozco Bonett no
reunía los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para la pensión de
sobrevivientes, al no haber cotizado ninguna semana en los tres (3) años
anteriores a su muerte. (Cuaderno 2, Folios 18 a 20)
En el mismo acto administrativo, explicó que tampoco
se configuraban los requisitos para el acceso a la indemnización sustitutiva de
la pensión de sobrevivientes, por cuanto el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990
establece que el derecho a cobrar cualquier mesada pensional reconocida
transcurrido el término de un (1) año.
[6] Resolución No. 2328 de 2010, mediante la cual el
Instituto de Seguros Sociales resuelve el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución No. 026678 de 29 de diciembre de 2009, confirmándola.
(Cuaderno 2, Folios 21 a 24)
[7] Folios 22 y 23 del Cuaderno 1,
contenidos en la Resolución
No. 2328 de 2010, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales resuelve el
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 026678 de 29 de
diciembre de 2009, confirmándola.
[8] Cuaderno 3, folios 17 a 29, en los que
consta la demanda ordinaria laboral iniciada por la señora Calina Santodomingo
Gallardo en contra del Instituto de Seguros Sociales.
[9] M.P. Isaura Vargas Díaz.
[10] Acta de la audiencia pública No. 020 dentro del
proceso ordinario laboral de primera instancia iniciado por Carlina
Santodomingo Gallardo contra el Instituto de Seguros Sociales (hoy
COLPENSIONES), con número de radicado 2011-0469, proferida por el Juzgado Once
Laboral del Circuito de Barranquilla, en la que consta que se denegaron las
pretensiones de la demanda (Cuaderno 2, Folios 15 a 17)
[11] Sin embargo, se advierte que la Ley 797 de 2003 rigió desde el momento de su publicación en el DIARIO OFICIAL
45.079, la cual fue realizada el 29 de enero de 2003.
[12] CD rotulado como “49.200-A”, en el que
consta el fallo de 24 de septiembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral iniciado
por la accionante en contra de COLPENSIONES, que confirma la sentencia de
primera instancia. (Cuaderno 3, Folio 39)
[13] Manifestado por la accionante en
declaración extrajuicio ante la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla,
aportada en sede de revisión. Cuaderno 3, Folio 50.
[14] La afiliación al SISBÉN se constata de
la certificación expedida por la Jefe de la Oficina del Sisbén del Distrito de
Barranquilla, aportada por la accionante en sede de revisión, tal y como consta
en el folio 49 del Cuaderno 3.
[15] Manifestado por la accionante en
declaración extrajuicio ante la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla,
aportada en sede de revisión. Cuaderno 3, Folio 50.
[16] La accionante aporta fotos del lugar en
el que habita, en las que se observa una casa en la que se arriendan
habitaciones en la ciudad de Barranquilla, la cual se encuentra en precarias
condiciones. Cuaderno 3, Folios 52 a 57.
[17] Manifestado por la accionante en
declaración extrajuicio ante la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla,
aportada en sede de revisión. Cuaderno 3, Folio 50.
[18] Manifestado por la accionante en
declaración extrajuicio ante la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla,
aportada en sede de revisión. Cuaderno 3, Folio 50.
[19] La accionante aporta solicitud de
radiografía de rodillas del 22 de abril de 2015, expedida la médica Vanessa
Peluffo de la IPS Universitaria Camino Suroccidente. En el documento se
advierte que la señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo “cursa con dolor
en las rodillas más limitación al movimiento”. Cuaderno 3, Folio 61.
[20] Cuaderno 2, Folios 2 a 3, Auto de 28 de octubre de 2014, mediante el
cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la
acción de tutela.
[21] Sentencia de tutela de primera instancia
proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, contenida en el
Cuaderno 2, Folios 21 a 27.
[22] Cuaderno 2, Folios 18 y 19, documento en
el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla responde la
acción de tutela.
[23] CD rotulado como “49.200-A”, en el que
consta el fallo de 24 de septiembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral iniciado
por la accionante en contra de COLPENSIONES, que confirma la sentencia de
primera instancia. (Cuaderno 3, Folio 39)
[24] Cuaderno 2, Folios 41 a 43.
[25] Cuaderno 2, Folios 1 a 12.
[26] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[27] Cuaderno 1, Folio 32, en el que consta
el poder conferido por la señora Carlina Esther Santodomingo Gallardo, a la
apoderada Geidis Esther Zapata Rodríguez.
[28] Sentencia T-204 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[29] M.P. Nilson Pinilla.
[30] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31] M.P. Humberto Sierra Porto.
[32] M.P. María Victoria Calle Correa.
[33] M.P. María Victoria Calle Correa.
[34] M.P. María Victoria Calle Correa.
[35] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[36] El
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación introducida por el
artículo 12 de la Ley 79 de 2003, señalaba: “ARTICULO.  46.- Modificado por el
art. 12, Ley 797 de 2003 Requisitos
para obtener la pensión de sobrevivientes.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1.  Los miembros del grupo familiar del pensionado
por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.
2.  Los miembros del grupo familiar del afiliado
que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes
requisitos:
a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al
sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de
la muerte, y
b)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema,
hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARAGRAFO.-Para
efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se
tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
ley”.
[37] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[38] M.P. María Victoria Calle Correa.
[39]Se citó la Sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[40] Se citó la
Sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[41] Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional se
ha pronunciado en Sentencias T-441 de 2010,  T-014 de 2009, T-446 de 2013,
entre otras. En esta última, la Corte indicó: “La
jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal y precedente vertical
para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder judicial, los
efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe
realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente
horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede
separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente
vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido
por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por
las altas cortes”.
[42] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[43] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[44] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[46]A
su vez, se citaron también las sentencias de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, de septiembre 26 de 2006, M. P. Carlos Isaac Nader (exp.
29042); noviembre 21 de 2007, Ms. Ps. Luis Javier Osorio López y Eduardo
López Villegas (exp. 30140); julio 9 de 2008, M. P. Luis Javier Osorio López
(exp. 30581); febrero 4 de 2009, M. P. Eduardo López Villegas (exp. 35599); y
julio 27 de 2010, M. P. Eduardo López Villegas (exp. 36948), en las que se
aplica el Acuerdo 049 de 1990 preferentemente para reconocer el derecho a la
pensión de sobrevivientes, cuando se cumplen los requisitos contenidos en dicha
norma, y las cotizaciones se realizan en vigencia de la misma.
[47] Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 13de
agosto de 1997 M. P. José Roberto Herrera Vergara , expediente
de radicación 9758.
[48] Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia M.P: Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luis Gabriel
Miranda Buelvas. Radicación N° 38674 Acta N° 26 Bogotá D.C, 25 de julio de
2012.
[49] Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Bogotá D. C., 13 de febrero de 2013.
M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Radicación
No. 45506.
[50] Al respecto, ver Sentencias C-836 de
2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-634 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-656 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
[51] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[52] M.P. Alexei Julio Estrada.
[53] M.P. Mauricio González Cuervo.
[54] Historia laboral del cónyuge fallecido,
en la que se demuestra que cotizó setecientas ocho (708) semanas entre el 2 de
noviembre de 1969 y el 9 de marzo de 1992. (Cuaderno 2, Folios 29 a 31)