T-041-09
Proyecto de circulación restringida
Sentencia T-041/09
EDUCACION-Derecho deber
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Alcance/AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Potestad de expedir reglamentos universitarios
DERECHO A LA EDUCACION-Requisitos que se
deben acreditar cuando se tienen obligaciones financieras con la Universidad
La procedencia de
la acción de tutela en casos donde la controversia se circunscribe a determinar
si un plantel educativo puede abstenerse de graduar a una persona que cumplió
los requisitos académicos exigidos pero tiene obligaciones financieras sin
cancelar con la Universidad, la Corte ha definido que es necesario acreditar: “(i) la efectiva imposibilidad del estudiante de cumplir con las
obligaciones financieras pendientes con el establecimiento educativo, (ii) que
tales circunstancias encuentran fundamento en una justa causa y, además, (iii)
que el deudor haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago o
el cumplimiento de la obligación, dentro del ámbito de sus posibilidades”.
DERECHO A LA EDUCACION-La graduación de
quien cumplió los requisitos académicos no puede posponerse por razones
económicas
Referencia: expediente T- 2083311
Acción de
tutela instaurada por Gloria Constanza Ordóñez Muñoz contra la Universidad de
Pamplona
Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Mauricio González Cuervo, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Doce Penal del
Circuito de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, que resolvieron la acción de tutela promovida por la señora Gloria
Constanza Ordóñez Muñoz contra la Universidad de Pamplona.
I. ANTECEDENTES
Hechos y
acción de tutela interpuesta
La señora
Gloria Constanza Ordóñez Muñoz interpuso acción de tutela contra la Universidad
de Pamplona, por considerar que se vulneraron sus derechos a la igualdad, al
buen nombre, al trabajo, a la educación y al debido proceso. La acción
interpuesta se fundamenta en los siguientes hechos:
1. La accionante sostiene que es estudiante de la Universidad de
Pamplona, donde cursó y aprobó las asignaturas correspondientes al programa de
Lengua Castellana y Comunicación. Al respecto, aclara que presentó trabajo de
grado y lo sustentó el 15 de diciembre de 2007.
2. La señora Ordóñez Muñoz señala que ingresó a la Universidad de
Pamplona en el año 2002, en la modalidad “abierta y a distancia sede del
colegio INEM “Jorge Isaac”, donde el señor rector de esa institución, Argemiro
Méndez, también lo conocimos como el representante de la universidad en Cali,
es él quien nos dio a conocer las diferentes carreras que ofrecía la
universidad de Pamplona, es el quien nos asignó los profesores y la forma en
que podíamos pagar los semestres, bien con crédito con Coopfuturo o pagando en
el Banco Popular en la cuenta de la universidad o haciéndolo en la misma
universidad en efectivo, esto ocurrió durante los seis años que cursamos en la
institución, supuestamente no autoriza el pago en efectivo como se venía
haciendo, por cuanto jamás se nos comunicó tal decisión; como no vamos a pagar
si la persona a quien conocimos como coordinador y por ende representante de la
universidad fue al señor Argemiro Méndez, no hubo durante todo este tiempo un
delegado de la universidad que nos orientara en tal sentido por lo tanto ¿como
no le podíamos obedecer y creer a la persona en mención?”[1].
3. De acuerdo
con la peticionaria la negligencia de la Universidad permitió que durante años fuera
representada en la ciudad de Cali por personal no calificado que autorizó y
recibió el pago en efectivo de diferentes cobros. Esto, conllevó que al evaluar
su situación financiera ante la Universidad, previo al grado, apareciera con
deudas a pesar de haber remitido en varias ocasiones los recibos del Banco
Popular y de caja menor con firma y sello de la Universidad que a su juicio acreditan
que se encuentra a paz y salvo por todo concepto.
Sobre el particular, la señora Ordóñez Muñoz, precisó que : “(…)
la universidad argumenta que no reconoce ni recibe pagos efectuados a
funcionarios de la universidad y que no se hace responsable de esto. Es
importante aclarar que el encargado del CRESC de Cali como coordinador el señor
Argemiro Méndez y su secretaria Paola Zapata y Diana Torres cobraba y
autorizaba en pago el efectivo como lo demuestro con las copias que anexo de
los abonos a los respectivos semestres y la secretaria Paola Zapata y Diana
Torres recibían y elaboraban los recibos de caja menor con el respectivo sello,
logo y NIT de la Universidad de Pamplona. De otra parte sino se hacían abonos o
el pago total del respectivo semestre el señor Argemiro Méndez, NO PERMITIAN la
entrada al recinto. Este cobro se hacía a la entrada de la Universidad.”[2].
4. La accionante relata que la Universidad le solicitó a varios
estudiantes que se encuentran en una situación similar a la suya un informe
financiero con el propósito de autorizar su grado el 28 de marzo de 2008. Al
respecto, precisó: “Llegada la fecha del supuesto grado, nos informa que en
la universidad falta mucha información tanto académica como financiera de los
estudiantes, motivo por el cual cada uno de los estudiantes hizo su informe
financiero con sus respectivos recibos de pagos, soportes y adjuntó una
relación de pagos donde se especificaba fecha de pago, número de recibo y valor
cancelado, esta relación se hizo teniendo en cuenta los costos educativos de
cada semestre enviados por la universidad  donde se registran unos cobros con
certificado electoral y sin certificado electoral, enviando adjunto los
certificados ya que era un requisito para el descuento. Igualmente en la parte
académica se envió las notas desde el primer semestre hasta el onceavo semestre
y los certificados nuevamente de inglés, sistemas, ICFES y otros documentos que
se exigieron, como la fotocopia de la cédula ampliada”[3].
5. La señora
Ordóñez Muñoz manifestó que no se graduó en las fechas propuestas por la
Universidad,  en marzo ni abril de 2008, porque ésta alega que aparece aún con
deudas vigentes ante el centro educativo.
6. En virtud de
lo expuesto, la accionante promovió acción de tutela contra la Universidad de
Pamplona pues considera que al impedírsele graduarse a pesar de haber cursado y
aprobado todas las asignaturas de su plan de estudio, le están vulnerando sus
derechos a la igualdad, al buen nombre, al trabajo, a la libertad de ejercer profesión
u oficio, a la educación y al debido proceso. En esa medida, solicita que se ordene
al representante legal de la Universidad de Pamplona que expida el acta de
grado, los certificados correspondientes y el diploma de grado en Licenciatura
en Lengua Castellana y Comunicación.
7. La señora
Ordóñez Muñoz adjuntó como pruebas a la acción de tutela, los siguientes
documentos:
i)
Copia de recibo de caja No 0103 de 10 de julio
de 2004, en papelería de la Universidad de Pamplona en el que consta que Paola
Zapata recibió $114640 de Constanza Ordóñez, con sello de la misma Universidad.
ii)
Copia de recibo de caja No 0383 de 13 de marzo
de 2004, en papelería de la Universidad de Pamplona en el que consta que Gloria
Ordóñez pagó la suma de $130000 por concepto de abono a la matrícula. El recibo
tiene sello de la Universidad de Pamplona.
iii)
Copia del comprobante único de consignación No.
24229789 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 11
de noviembre de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $200.000.
iv)
Copia de un recibo informal suscrito por el
señor Argemiro Méndez  en el que consta que recibió la suma de $260000 de
Gloría Constanza Ordóñez.
v)
Copia de recibo de caja No 1213 de 25 de
septiembre de 2004, en papelería de la Universidad de Pamplona en el que consta
que Gloria Ordóñez pagó la suma de $100000 por concepto de abono a la matrícula
de 5º semestre. El recibo tiene sello de la Universidad de Pamplona.
vi)
Copia de recibo de caja No 1299 de 6 de
noviembre de 2004, en papelería de la Universidad de Pamplona en el que consta
que Gloria Ordóñez pagó la suma de $200000 por concepto de abono a la
matrícula. El recibo tiene sello de la Universidad de Pamplona.
vii)
Copia de recibo de caja de 22 de abril de 2006,
en el que consta que Gloria Ordóñez pagó la suma de $200000 por concepto de
abono a la matrícula. El recibo está firmado por Paola Z.
viii)
Copia del comprobante único de consignación No. 3432626
en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 12 de junio
de 2002, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de $30900.
ix)
Copia de recibo de caja No 0382 de 13 de marzo
de 2004, en papelería de la Universidad de Pamplona en el que consta que Gloria
Ordóñez pagó la suma de $5000 por concepto de abono a la matrícula de tercer
semestre. El recibo tiene sello de la Universidad de Pamplona.
x)
Copia de recibo de caja No 0484 de 28 de mayo de
2004, en papelería de la Universidad de Pamplona en el que consta que Gloria
Ordóñez pagó la suma de $150000 por concepto de abono a la matrícula de cuarto
semestre. El recibo tiene sello de la Universidad de Pamplona.
xi)
Copia del comprobante único de consignación No.
24159073 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 1 de
junio de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de
$150000.
xii)
Copia del comprobante único de consignación No.
7272706 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 16 de
marzo de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de
$5000.
xiii)
Copia del comprobante único de consignación No.
17272943 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 16
de marzo de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $130000.
xiv)
Copia del comprobante único de consignación No.
16982339 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 17
de mayo de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $100000.
xv)
Copia del comprobante único de consignación No.
11784281 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 15
de abril de 2003, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $224600.
xvi)
Copia del comprobante único de consignación No.
6029960 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 27 de
marzo de 2003, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de
$130000.
xvii)
Copia del comprobante único de consignación No.
18058609 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 17
de diciembre de 2003, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $29600.
xviii)
Copia del comprobante único de consignación No.
5449059 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 10 de
octubre de 2002, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $268700.
xix)
Copia del comprobante único de consignación No.
5449765 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 23 de
agosto de 2003, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $200000.
xx)
Copia del comprobante único de consignación No.
24229785 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 12
de julio de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $114640.
xxi)
Copia del comprobante único de consignación No.
6359602 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 08 de
agosto de 2006, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $400000.
xxii)
Copia del comprobante único de consignación No.
6027065 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 21 de
febrero de 2003, por un valor de $150000.
xxiii)
Copia del comprobante único de consignación No.
46818996 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 23
de agosto de 2006, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $300000.
xxiv)
Copia del comprobante único de consignación No. 40782471
en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 7 de diciembre
de 2006, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de $228225.
xxv)
Copia del comprobante único de consignación No.
30917109 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 31
de octubre de 2007, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $245000.
xxvi)
Copia del comprobante único de consignación No.
47967117 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 16
de marzo de 2007, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $270000.
xxvii) Copia del comprobante único de consignación No. 24230482 en la
cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 28 de septiembre de
2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de $100000.
xxviii)
Copia del comprobante único de consignación No.
46818951 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 24
de abril de 2006, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $200000.
xxix)
Copia del comprobante único de consignación No.
34787873 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 10
de agosto de 2006, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $115450.
xxx)
Copia del comprobante único de consignación No.
23693032 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 8 de
junio de 2007, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de
$280000.
xxxi)
Copia del comprobante único de consignación No.
24516866 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 28
de octubre de 2005, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $550000.
xxxii) Copia del comprobante único de consignación No. 41642000 en la
cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 21 de noviembre de
2005, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de $40000.
xxxiii)
Copia del comprobante único de consignación No.
34787864 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 21
de marzo de 2006, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $270000.
xxxiv)
Copia del comprobante único de consignación No.
34788371  en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 22
de diciembre de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $250000.
xxxv) Copia del comprobante único de consignación No. 34787794 en la
cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 16 de mayo de 2005,
en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de $180000.
xxxvi)
Copia del comprobante único de consignación No.
24510828 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 14
de julio de 2005, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor
de $405000.
xxxvii)
Copia del comprobante único de consignación No.
24230482 en la cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco Popular, del 28
de septiembre de 2004, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un
valor de $100000.
xxxviii)
Copia del comprobante de consignación en la
cuenta de la Universidad de Pamplona del Banco de Bogotá, del 2 de febrero de
2008, en el que figura como depositante Gloria Ordóñez por un valor de $100300,
correspondiente a derechos de grado.
xxxix)
Copia del certificado de asistencia de Gloria
Constanza Ordóñez al “Encuentro Pedagógico” celebrado por la Universidad de
Pamplona del 8 al 11 de enero de 2008.
xl)
Copia del “Formato de Ficha de Sustentación
Práctica Docente Integral” correspondiente al trabajo presentado por Gloria
Constanza Ordóñez.
xli)
Copia de la lista de “Aspirantes a Graduarse
el 28 de marzo” en la que figura la accionante Gloria Constanza Ordóñez
Muñoz.
xlii)
Copia de una carta dirigida a la señora Patricia
Pereañez, Secretaria de la Universidad de Pamplona y suscrita por la señora
Ordóñez Muñoz en la que remite documentos tendientes a aclarar su situación
académica y financiera.
xliii)
Copia del certificado de notas de Gloria
Constanza Ordóñez, correspondiente a las materias cursadas en el programa de
Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación durante los periodos
académicos transcurridos entre el segundo semestre del 2002 hasta el 2007.
xliv)
Copia de la certificación expedida por la “Institución
Educativa José María Córdoba” en la que consta que la señora Ordóñez Muñoz
cumplió las horas correspondientes a la labor social.
Respuesta de
la entidad accionada
8. El señor Hugo
Fernando Castro Silva, rector encargado y representante legal de la Universidad
de Pamplona solicitó que se desestimarán las pretensiones de la accionante. El
representante del centro educativo reconoció que para el año 2002 el señor: “(…)
Argemiro Méndez era el coordinador, el encargado de organizar todas las
actividades del Cresc, la promoción y socialización de la reglamentación; No es
cierto que estaban autorizados para cancelar los semestres en la misma
Universidad puesto que los UNICOS pagos válidos son los realizados por los
estudiantes en las cuentas autorizadas por la Universidad de Pamplona para el
efecto, procedimiento que cumplen todos los estudiantes de nuestra Universidad
que cursan programas en LOS CENTROS REGIONALES DE SOPORTE Y CERTIFICACIÓN CRESC
en todo el país. Ningún funcionario de la Universidad se encuentra autorizado
para recibir directamente dineros de los estudiantes.”.
En esa medida,
el rector encargado de la Universidad precisó que el monto que ha debido pagar
la accionante por concepto de matrícula durante los semestres cursados entre el
2002 y el 2007 asciende a $5.837.093, pero que las consignaciones aportadas y
reconocidas por el Banco Popular solo suman $4.288.125, por lo tanto, existe una
diferencia de $1.548.968. Adicionalmente, resaltó que existen consignaciones
por un valor de $1.600.090 que el Banco Popular no reportó en los extractos
bancarios y recibos de caja menor por la cuantía de $899.640 que tampoco podían
tenerse en cuenta pues las personas que recibieron el dinero no se encontraban
facultadas por la Universidad de Pamplona para recaudarlo. Además, el rector
afirmó que los recibos de caja menor están destinados a certificar gastos de la
universidad y en ningún caso son un documento válido para reconocer un ingreso.
Al respecto, el
representante legal del centro educativo resumió el procedimiento para
matricularse en la Universidad de Pamplona, de acuerdo con el cual el pago se
hace ante una entidad financiera y no existe recaudo de dinero por parte de sus
trabajadores. En tal sentido, manifestó que ante “(…) las afirmaciones que
vienen haciendo los estudiantes del CREAD (hoy CRESC) la Universidad de
Pamplona presentó denuncio penal el cual se tramita en la Fiscalía Seccional 49
Santiago de Cali, radicado N° 760016000193200700506 con el fin de establecer la
ocurrencia de conductas ilegales y determinar el o los posibles responsables,
pero de ninguna manera podrá tener como válidos pagos de dineros que nunca han
ingresado al patrimonio de la misma, máxime si se tiene en cuenta que el
patrimonio de la universidad es Público”.
Por otra parte,
el rector encargado de la Universidad de Pamplona es enfático en señalar que el
artículo 46 del “Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado de la Universidad
de Pamplona” dispone que los estudiantes al aceptar el registro de matrícula
aceptan y se comprometen a cumplir los reglamentos y demás disposiciones de la
Universidad. En esa medida, considera “desproporcionado y absurdo” que
se pretenda por vía de tutela ordenar la expedición del título profesional
cuando la misma accionante reconoce que no ha cumplido con los requisitos para
graduarse comoquiera que el artículo 5 del Reglamento Estudiantil establece que
para obtener el título, entre otras exigencias, se debe estar a paz y salvo por
todo concepto con la Universidad.
El representante
de la institución educativa concluyó que la Universidad de Pamplona no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de la actora pues el único motivo para que
a la fecha no se haya graduado es que no se encuentra a paz y salvo con la
Universidad.
El rector
encargado remitió como pruebas copias de sentencias de tutela falladas en favor
de la Universidad de Pamplona por distintos despachos judiciales, que a su
juicio son análogas al caso de la señora Ordóñez Muñoz.
Decisión de
primera instancia
9. Mediante
sentencia de 18 de junio de 2008, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali
decidió negar por improcedente la acción de tutela. El juez consideró que la
universidad en ejercicio de la autonomía universitaria había proferido el
Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado conforme con el cual cuando el
estudiante registre una deuda con la institución no puede acceder a la
obtención del título profesional. Al respecto, precisó que el carácter residual
de la acción de tutela no permite que a través de este mecanismo se defina si
los pagos realizados por la accionante a personas que trabajaban con la
universidad, pueden ser tenidos en cuenta para acreditar que se encuentra a paz
y salvo.
Impugnación
10. La señora
Ordóñez Muñoz apeló la sentencia de primera instancia pues a su juicio existen
precedentes jurisprudenciales que han ordenado a la universidad demandada
graduar a estudiantes que se encuentran en su misma situación. Además, insiste que
fue el centro educativo el que permitió durante tres años que sus funcionarios
recaudaran dinero correspondiente a las matrículas y sólo hasta el momento del
grado se les informó sobre las irregularidades financieras por dichos pagos.
Decisión de
segunda instancia
11. La Sala
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia de
19 de agosto de 2008, decidió confirmar la decisión de primera instancia. A
juicio de la Sala: “(…) la situación que se tilda de vulneradora de los
derechos fundamentales de la actora, fue originada por ella misma”, pues
realizó pagos de la matrícula a personas que conforme con el reglamento
universitario no estaban autorizadas para recibirlo.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y
241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar los
fallos de tutela seleccionados.
Problema jurídico
2. Corresponde a la Sala definir si se vulneran los derechos a la
igualdad, al buen nombre, al trabajo, a la educación y la libertad de escoger
profesión u oficio de una estudiante cuando la universidad se abstiene de graduarla
pues a pesar de haber cumplido con los requisitos académicos para obtener el
titulo profesional no se encuentra a paz y salvo financieramente con la
institución.
Reiteración de jurisprudencia. La educación como derecho-deber. El
alcance de la autonomía universitaria. La potestad de expedir reglamentos
universitarios como parte de la autonomía universitaria.
3. La Corte ha reconocido en forma reiterada que el derecho a la
educación comprende una doble dimensión de derecho-deber[4].
Lo anterior significa que el estudiante tiene de forma simultánea derechos para
exigir y obligaciones que cumplir. En particular, la Corte ha señalado que: “(...)
la educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho-deber, en cuanto no
solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del
derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como
sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o
infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a
las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la
imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la
institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta,
consiste en su exclusión del establecimiento educativo.”[5]
De tal forma que quien se vincula como estudiante a un plantel
educativo, adquiere una doble condición de sujeto pasivo, frente a los deberes
que se le imponen, y de sujeto activo, ante los derechos que puede exigir.
4. El artículo 69 de la Constitución Política ampara la autonomía
universitaria[6].  De tal forma que las
instituciones de educación superior tienen la facultad de definir su ideal
filosófico, su organización interna, así como las normas que regirán su
funcionamiento. En efecto, la autonomía universitaria ha sido definida por la
Corte como: “(...)la capacidad de autoregulación filosófica y de
autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio
público de educación superior”[7].
Al respecto, la Corte ha determinado el alcance de la autonomía
universitaria, de la siguiente forma: “(...) podemos deducir dos grandes
vertientes que definen el contenido de la autonomía de las instituciones
educativas superiores. De un lado, la dirección ideológica del centro
educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición
filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad
cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y
sistemas de investigación. Y, de otro lado, la potestad para dotarse de su propia
organización interna, lo cual se concreta en las normas de funcionamiento y de
gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su
presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus
docentes.”[8]
En suma, en
virtud de la garantía constitucional de la autonomía universitaria los centros
educativos tienen la potestad de autodeterminarse en diversos aspectos
administrativos, financieros, disciplinarios, académicos, entre otros. No
obstante, la Corte ha concluido que dicha garantía no es absoluta, pues las
disposiciones y actuaciones de las universidades deben  ajustarse a la
Constitución Política y a las leyes[9]. Por consiguiente si bien
este Tribunal ha reconocido como expresión de esa autonomía universitaria la
facultad de definir los reglamentos estudiantiles[10],
lo cierto es que éstos tienen como límite, entre otros, la garantía de los
derechos fundamentales.
Reiteración
de jurisprudencia. Una medida que comporte el
sacrificio de los propósitos que el proceso educativo persigue en aras de un
interés económico, resulta desproporcionada[11]: la
graduación de quien cumplió los requisitos académicos no puede posponerse por
razones económicas[12].
6. En la sentencia T-933 de 2005, la Corte realizó un recorrido
jurisprudencial sobre los casos en que los centros educativos aplicaban,
conforme a su reglamento interno, restricciones en el cumplimiento de las
actividades académicas de estudiantes como consecuencia de una obligación
pecuniaria sin saldar. En esta oportunidad se concluyó que aún cuando no se
puede desconocer la facultad que tienen las instituciones que prestan el
servicio de educación para cobrar por la inscripción,
matrícula, realización de exámenes, derechos de grado, expedición de certificados,
entre otros, lo cierto es que resulta desproporcionado hacer que las deudas
contraídas por dichos conceptos limiten el derecho a la educación[13].
En efecto, en la sentencia se puntualizó: “Según
esta Corporación, para la protección de sus intereses económicos, las
instituciones educativas cuentan con las vías judiciales ordinarias, a efecto
de lo cual pueden también exigir la constitución de garantías para asegurar el
pago de los préstamos o créditos que otorgue, por ejemplo, a través de la
suscripción y firma de títulos valores como son cheques, letras de cambio o
pagarés.”
7. Asimismo, la sentencia T-933 de 2005 reiteró los parámetros de
procedibilidad fijados por la Corte en la SU-624 de 1999, para proteger el
derecho a la educación de los alumnos, quienes deben acreditar: “(i) la
efectiva imposibilidad del estudiante de cumplir con las obligaciones
financieras pendientes con el establecimiento educativo, (ii) que tales
circunstancias encuentran fundamento en una justa causa y, además, (iii) que el
deudor haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago o el
cumplimiento de la obligación, dentro del ámbito de sus posibilidades(…)Con la
aplicación de estos presupuestos de procedibilidad se buscan dos propósitos
específicos: (i) evitar que una interpretación equivocada de la jurisprudencia
termine por fomentar la cultura del no pago, y (ii) orientar e informar la
actividad de control constitucional del juez de tutela, de manera que éste
pueda, con un mayor nivel de certidumbre, impedir que al amparo de la
protección de los derechos fundamentales, sus titulares actúen en forma
temeraria, abusando de sus derechos y exigiendo un mayor esfuerzo de las
instituciones educativas para garantizar sus intereses económicos.”.
En esa medida, corresponde al juez constitucional valorar el
cumplimiento de los requisitos mencionados para hacer prevalecer los derechos
fundamentales del estudiante en cada caso, frente al derecho que le asiste a la
institución educativa para aplicar restricciones por obligaciones pecuniarias,
pues en principio no puede calificarse como arbitraria la exigencia de un paz y
salvo financiero para graduar a los alumnos[14].
8. En particular,
es pertinente recordar que esta Sala de Revisión[15]
ordenó a la Universidad del Magdalena  otorgar el título profesional a un
estudiante que había cumplido los requisitos académicos para graduarse pero quien
no se encontraba a paz y salvo con el ICETEX, entidad que había realizado un
préstamo al estudiante, a través de un convenio con el centro educativo, para
que éste adelantara los estudios de educación superior. Sobre el particular, la
sentencia T-330 de 2008, precisó: “No podría, en consecuencia, una
institución educativa estatal de educación superior dilatar el reconocimiento
expreso de la idoneidad para el ejercicio de una profesión de quien culminó sus
estudios universitarios y aprobó los trabajos y pruebas reglamentarias,
argumentando que el egresado no cuenta con el paz y salvo financiero previsto
en el reglamento de la universidad, porque éste no podría condicionar los
reconocimientos académicos a la previa satisfacción de obligaciones económicas.”.
Estudio del caso concreto.
9. La accionante es
estudiante de la Universidad de Pamplona “abierta y
a distancia” y solicita que se
ordene al plantel educativo que le otorgue el grado en Licenciatura de Lengua Castellana y Comunicación pues cursó y aprobó las
asignaturas correspondientes a dicho programa. Asegura que la universidad se
niega a otorgarle el título porque presenta deudas financieras con la
institución, sin embargo, afirma que en diversas oportunidades ha enviado copia
de los recibos de caja y consignaciones del Banco Popular que acreditan que se
encuentra a paz y salvo con el centro educativo. La accionante precisa que no
puede asumir la carga de la negligencia de la Universidad que permitió durante
varios semestres que personas que la representaban recaudaran dinero por
concepto de matrícula.
Por su parte, el
representante de la Universidad de Pamplona argumentó que en desarrollo de la
autonomía universitaria expidió el “Reglamento Académico Estudiantil de
Pregrado de la Universidad de Pamplona”, el cual dispone en el artículo 5 que
para obtener el título, entre otras exigencias, se debe estar a paz y salvo por
todo concepto con la Universidad. Igualmente, advierte que el monto que ha
debido pagar la accionante por concepto de matrícula durante los semestres
cursados entre el 2002 y el 2007 asciende a $5.837.093, pero que las
consignaciones aportadas y reconocidas por el Banco de Popular solo suman
$4.288.125, por lo tanto, existe una diferencia de $1.548.968. Adicionalmente,
resaltó que existen consignaciones por un valor de $1.600.090 que el Banco
Popular no reportó en los extractos bancarios y recibos de caja menor por la
cuantía de $899.640 que tampoco podían tenerse en cuenta pues las personas que
recaudaron el dinero no se encontraban facultadas por la Universidad de
Pamplona para recibirlo, sobre  los últimos hechos manifestó que se adelanta la
respectiva investigación penal.
10. La Corte
reconoce que en virtud de la garantía constitucional de
la autonomía universitaria, la Universidad de Pamplona tiene la potestad de
autodeterminarse, por ejemplo, a través del Reglamento Estudiantil en asuntos administrativos,
financieros, académicos, entre otros. No obstante, en ningún caso dicho
reglamento podrá desconocer los derechos fundamentales, por lo tanto,
corresponde a la Corte valorar si las medidas adoptadas por la Universidad en
el caso de la estudiante Gloria Constanza Ordóñez Muñoz son admisibles
constitucionalmente.
En este orden de
ideas, se debe recordar que la procedencia de la acción de tutela en casos
donde la controversia se circunscribe a determinar si un plantel educativo
puede abstenerse de graduar a una persona que cumplió los requisitos académicos
exigidos pero tiene obligaciones financieras sin cancelar con la Universidad, la
Corte ha definido que es necesario acreditar: “(i)
la efectiva imposibilidad del estudiante de cumplir con las obligaciones
financieras pendientes con el establecimiento educativo, (ii) que tales
circunstancias encuentran fundamento en una justa causa y, además, (iii) que el
deudor haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago o el
cumplimiento de la obligación, dentro del ámbito de sus posibilidades”.
De acuerdo con lo anterior, la Corte considera
que la accionante no está bajo los presupuestos
descritos pues ella manifiesta que se encuentra a paz y salvo con la
Universidad. En efecto, para la señora Ordóñez Muñoz la diferencia económica que
por concepto de matrícula no le ha cancelado a la Universidad es atribuible a la
falta de reconocimiento de los recibos de caja[16]
que pagó durante los primeros semestres a personas que representaban a la
Universidad de Pamplona en la sede donde se desarrollaba su programa de
estudios. En ese sentido, concluye el Tribunal que frente a este caso no
resultan aplicables los requisitos de la procedencia de la acción de tutela
relacionados con la imposibilidad de cumplir con las obligaciones pecuniarias
ni que dicho incumplimiento se fundamente en una justa causa ni las consideraciones
sobre las acciones adelantadas por el deudor para saldar la cuenta. Adicionalmente,
observa la Corte que la peticionaria avanzó académicamente durante el tiempo en
que adelantó sus estudios hasta cancelar incluso los derechos de grado.
11. Ahora bien, la
Universidad de Pamplona insiste en que la estudiante Ordóñez Muñoz adeuda la
suma de $1.548.968 correspondiente al pago parcial de
matrículas en el periodo comprendido entre el 2002 y el 2007. En consecuencia,
ante el debate entre las partes por la existencia de la deuda, la Corte reitera
que no es posible posponer indefinidamente el grado de un estudiante que
cumplió con las exigencias académicas por razones económicas. Esto, comoquiera
que con ello no se quiere fomentar la “cultura del no pago” sino
salvaguardar los derechos fundamentales del estudiante comoquiera que la
universidad cuenta con los mecanismos ordinarios para exigir el pago de la
deuda a la cual cree tener derecho, bien sea por medio de las acciones civiles
pertinentes o a partir del proceso penal que se adelanta.
En conclusión, para la
Corte la Universidad de Pamplona cuenta con mecanismos alternos para cobrar la presunta
deuda sin afectar los derechos fundamentales a la
educación, al trabajo y a escoger profesión y oficio de Gloria Constanza Ordóñez Muñoz. Por consiguiente,
revocará los fallos de instancia, y ordenará al centro educativo que otorgue el
título profesional correspondiente a la Licenciatura de
Lengua Castellana y Comunicación a la señora Gloria Constanza Ordóñez Muñoz en la próxima ceremonia de grado o de forma
individual si la accionante así lo desea.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Doce
Penal del Circuito de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, que resolvieron la acción de tutela promovida por la señora
Gloria Constanza Ordóñez Muñoz contra la Universidad de Pamplona, por los
motivos expuestos en esta providencia, y en su lugar, CONCEDER la acción
de tutela y el amparo demandado para proteger sus derechos fundamentales a la
educación, al trabajo y a la libertad de escoger profesión y oficio.
Segundo: ORDENAR
a la Universidad de Pamplona que le sea otorgado el título correspondiente a la Licenciatura de Lengua
Castellana y Comunicación a la señora Gloria Constanza Ordóñez Muñoz, en la
próxima ceremonia de grado programada por ese centro educativo o en los cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta decisión, si la accionante así lo
exige, en ceremonia individual.
Tercero: Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 1 y 2 del
expediente.
[2] Folio 3 del
expediente.
[3] Folio 2 del
expediente.
[4] Al respecto se
pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-002/92, T-519/92,
T-341/93,          T-515/95, T-695/96, T-156/05 y T-933/05.
[5] Sentencia T-493/92.
[6] Artículo 69. Se
garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
[7] Sentencia T-310/99.
[8] Sentencia T-310/99.
[9] Cfr.
Sentencias T-574/93, T-237/95, T-515/95, T-1317/01 y T-933/05.
[10] Sentencia T-695/96.
En la que se señala: “Los
reglamentos académicos constituyen una manifestación de la autonomía
universitaria, siempre y cuando se ajusten a los principios de carácter
constitucional y legal. Es derecho de todo estudiante que los procedimientos
propios de las actuaciones y sanciones disciplinarias estén plenamente
determinadas en dicho estatuto. De lo contrario se estarían vulnerando el
derecho a la defensa y la observancia del debido proceso.”. Igualmente, se
pueden consultar las sentencias T-492/92, T-386/94, T-184/96,
T-1317/01,T-460/02, T-361/03, T-156/05 y T-933/05.
[11] T-933/05.
[12] T-330/08
[13] Al respecto, la
sentencia en comento, señaló: “En fin, cabe reiterar que frente a los
conflictos económicos surgidos entre el estudiante y la institución educativa a
la cual pertenece, la posición de la jurisprudencia constitucional ha sido la
de privilegiar la protección de los derechos fundamentales del estudiante, en
particular los de educación, libre desarrollo de la personalidad, trabajo y
mínimo vital, dejando sin efecto aquellas medidas que los pongan en riesgo o
hagan nugatorio su ejercicio. La ponderación a favor de los derechos
fundamentales ha sido adoptada por la Corte, básicamente, bajo la consideración
del carácter prevalente de tales derechos y de que los intereses económicos de
la institución pueden ser garantizados y protegidos por vías menos gravosas e
invasivas de aquellos como son los procesos ordinarios o ejecutivos”.
[14] En la sentencia
T-933 de 2005, la Corte concluyó: “Bajo las consideraciones descritas,
exigir al actor el paz y salvo como requisito de grado, aun cuando encuentra un
claro respaldo en el Reglamento Académico (art. 143, literal d), resulta
demasiado gravoso y desproporcionado, pues si bien la medida busca defender los
intereses económicos de la institución, lo hace a costa de sacrificar el núcleo
esencial de los derechos fundamentales del actor a la educación, al trabajo y
al mínimo vital, ya que, en tanto éste no cuenta con recursos económicos para
cubrir el pago de la obligación ni se vislumbra la posibilidad de que los pueda
obtener a corto y mediano plazo, la opción de culminar sus estudios de derecho
y de proyectarse en esa actividad profesional se torna imposible.”
[15] Sentencia T-330 de
2008.
[16] Al respecto ver el
numeral 7 de los antecedentes donde se relacionaron los recibos de caja
aportados por la accionante.