C-159-04
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-159/04
DEROGACION DE LA LEY-Expresa y tácita
Es
expresa, cuando la ley dice expresamente que deroga la antigua. Y tácita,
cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de
la ley anterior. En la derogación expresa, el legislador señala en forma
precisa y concreta los artículos que deroga. Es decir, no es necesaria ninguna
interpretación, pues simplemente se excluye del ordenamiento uno o varios
preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador.
Contrario a lo anterior, la derogación tácita supone un cambio de legislación,
una incompatibilidad con respecto a lo regulado en la nueva ley y la ley que
antes regía. Hecho que hace necesaria la interpretación de ambas leyes, para
establecer qué ley rige la materia, o si la derogación es total o parcial.
DEROGACION DE LA LEY-Carácter orgánico
DEROGACION DE LA LEY-Función
DEROGACION DE LA LEY-Facultad del legislador/DEROGACION DE
LA LEY-Carácter tácito
Estas normas tienen una razón de ser y no implican
vulneración de ningún precepto constitucional, sencillamente, el Constituyente
dejó en cabeza del legislador la facultad de interpretar, reformar y derogar
las leyes (artículo 150 numeral 1). De tal manera que al derogar tácitamente
una ley no se está incurriendo en una omisión, sino que por el contrario en
ejercicio de su función legislativa, el Congreso, decide al crear una nueva ley
que las disposiciones contenidas en la ley anterior, dejen de aplicarse,
siempre y cuando no pueden conciliarse con la nueva. Una ley solo puede ser
derogada por otra de igual o superior jerarquía. Además, cuando el legislador
crea una nueva ley, tiene en cuenta la realidad del país y la conveniencia
política y social, es por ello que en algunos eventos la norma derogada que
cobijó situaciones surgidas bajo su vigencia, sigue produciendo efectos, los
que van cesando con el paso del tiempo.
DEROGACION DE LA LEY-Carácter tácito no crea inseguridad
jurídica
DEROGACION DE LA LEY-No siempre es expresa
La derogación no siempre puede ser expresa, pues ello
implicaría confrontar cada nueva ley con el resto del ordenamiento. Es decir,
se le exigiría al Congreso una dispendiosa labor que no tiene razón de ser,
pues la tarea legislativa se concentra en asuntos específicos definidos por el
propio Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las leyes
seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y aplicación de
las mismas.
Referencia: expediente D-4915
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 71 (parcial) y 72 del Código Civil.
Actor: Luis Agustín Castillo Zarate.
Magistrado
Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de
febrero de dos mil cuatro (2004).
I.  ANTECEDENTES.
El ciudadano Luis Agustín Castillo Zarate, en uso del
derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6º, y 241, numeral 4º, de la
Constitución Política, demandó la constitucionalidad de los artículos 71
(parcial) y 72 del Código Civil Colombiano.
Por auto del veintiocho (28) de octubre de dos mil
tres (2003), el Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó fijar en
lista las normas parcialmente acusadas. Así mismo, dispuso dar traslado al
señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y
comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, al señor
Presidente del Congreso y al señor Ministro del Interior y de Justicia con el
objeto de que, si lo estimaba oportuno, conceptuaran sobre la
constitucionalidad de las normas parcialmente demandadas.
A.  NORMAS ACUSADAS.
El siguiente es el texto de las normas acusadas como
inconstitucionales, bajo
la advertencia de que se subrayan los apartes
demandados:
“Código Civil
“Artículo
71. La derogación de las leyes podrá ser
expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice
expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o
parcial”.
“Artículo 72. La derogación tácita deja vigente en las
leyes anteriores aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no
pugna con las disposiciones de la nueva ley”.
B. LA DEMANDA.
En concepto del demandante, las normas acusadas
desconocen el artículo 150 numeral 1 de la Constitución Política. Los cargos de
la demanda pueden sintetizarse así:
Para el actor, al consagrar la derogación tácita de
las normas, el Congreso está legislando por omisión, ya que la derogación debe
ser siempre expresa y concreta así el ciudadano a quien va dirigida la ley sabe
cuál es exactamente la voluntad del legislador.
Esta omisión genera un problema de interpretación, que
se traslada automáticamente al sujeto pasivo de la ley, a quien no le
corresponde “constitucionalmente hablando decir si una ley está derogada o no
”.
Si se declara la inconstitucionalidad de los artículos
acusados, se obliga al Congreso a que en el futuro legisle mejor y acabe el uso
inveterado de esa fórmula absurda de decir “esta ley deroga todas las que le
sean contrarias”, en el futuro el congreso tendrá que derogar expresamente como
le corresponde una por una de las normas contrarias a las leyes que expida.
C. INTERVENCIONES.
En el término constitucional establecido para
intervenir en la defensa o impugnación de las normas acusadas presentó escrito
la ciudadana Ana Lucia Gutiérrez, apoderada del Ministerio del Interior y de
Justicia.
Para esta interviniente, la decisión de la Corte debe
ser inhibitoria, ya que el actor en ningún momento concreta el concepto de la
violación, únicamente manifiesta que los artículos acusados interfieren en la
actividad normal de la función legislativa.
El demandante estima que los artículos acusados son
inconstitucionales por desconocer el artículo 150 numeral 1, pero no deduce
tales conceptos de una verificación sobre el contenido mismo del precepto
normativo objeto de la acción, sino de los comportamientos que viene observando
o se puedan dar en la práctica.
En consecuencia, considera que la Corte carece de
competencia para evaluar hechos posteriores a la vigencia y materialidad de las
normas sobre cuya validez se pronuncia, su actividad recae únicamente sobre
ellas, en cuanto tales, y de ningún modo sobre la manera como se las lleva a la
práctica.
D. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El señor Procurador General de la Nación, doctor
Edgardo José Maya Villazón, en concepto No. 3455 de enero catorce (14) de dos
mil cuatro (2004), pidió declarar la exequibilidad de las normas parcialmente
acusadas.
En su concepto, consideró que la atribución
derogatoria que el Constituyente le confirió al legislador comprende la
derogatoria expresa y tácita de las leyes, ya que el Constituyente estableció
esa facultad de manera amplia sin hacer restricciones de ningún tipo ni
referirse a las distintas clases de derogatoria.
Por tanto, las disposiciones acusadas armonizan con la
facultad dada al legislador en el artículo 150 numeral 1 de la Carta, pues
contrario a lo afirmado por el demandante, la derogatoria tácita es producto de
la función legislativa y no puede exigírsele al órgano legislativo que se ponga
en la dispendiosa tarea de derogar expresamente cada una de las disposiciones
que puedan ser contrarias a las nuevas que ha tramitado.
Finalmente, afirma que el cargo relacionado con la
dificultad interpretativa que ofrece la derogatoria tácita, no tiene relevancia
constitucional. Puesto que los problemas que se puedan generar al momento de
interpretar las leyes, no pueden conducir a una inexequibilidad en sí misma
considerada, pues lo que es objeto de análisis constitucional es la
interpretación que de la norma se esté haciendo.
II.-  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Procede la Corte Constitucional a dictar la decisión
que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones.
Primera.-  Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241, numeral 4, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para
conocer de esta demanda, pues, los artículos 71 y 72 del Código Civil son de
carácter legal.
Segunda.-  Lo que se debate.
Como ya se explicó, sostiene el actor que las normas
del Código Civil que prevén la derogatoria tácita de las leyes, son contrarias
a la Constitución, porque violan la facultad dada al legislador en el artículo
150 numeral 1 de la Carta Política.
De otra parte, también sostiene el demandante que se
genera un problema de interpretación, que se traslada automáticamente al sujeto
pasivo de la ley, atribuyéndole a éste la función de derogar.
Se examinarán, en consecuencia, los argumentos
contenidos en la demanda.
Tercera.- Algunas reflexiones sobre la derogación de
las leyes.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española define derogar como “abolir, anular una cosa establecida
como ley o costumbre”.
Según el derecho romano, la derogación
viene del latín derogare, que supone la revocación parcial de la ley, a
diferencia de la abrogación que significa la supresión completa de una ley.
En nuestro sistema el sustantivo
derogación, es el único que define a todas las formas enunciadas de
modificación o supresión de una ley. Así, de conformidad con los artículos 71 y
72 del Código Civil, la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la ley dice
expresamente que deroga la antigua. Y tácita, cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
En la derogación expresa, el legislador señala en
forma precisa y concreta los artículos que deroga. Es decir, no es necesaria
ninguna interpretación, pues simplemente se excluye del ordenamiento uno o
varios preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador.
Contrario a lo anterior, la derogación tácita supone
un cambio de legislación, una incompatibilidad con respecto a lo regulado en la
nueva ley y la ley que antes regía. Hecho que hace necesaria la interpretación
de ambas leyes, para establecer qué ley rige la materia, o si la derogación es
total o parcial.
La ley 153 de 1887 en su artículo 3º establece otra
forma de derogación y es la derogación orgánica. Al respecto, la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de marzo 28 de 1984, señaló que:
“La derogación orgánica, que para no pocos
autores no pasa de ser una faz de la derogatoria tácita, sólo se da es verdad
cuando la nueva ley “regule íntegramente la materia” que la anterior normación
positiva regulaba. Empero, determinar si una materia está o no enteramente
regulada por la ley posterior, depende de la intención revelada por el
legislador de abarcar con la nueva disposición o disposiciones toda una
materia, aunque en realidad no haya incompatibilidad alguna entre éstas y las
de la ley anterior.
Sea de ello lo que fuere, lo
evidente es que hay que suponer que la nueva ley realiza una mejora en relación
con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y
que por tanto responde mejor al ideal de justicia, ideal y necesidad  éstos que
tornan urgente  la aplicación de la nueva ley;  aplicación que por lo mismo
debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el
propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva.
Es un principio universalmente reconocido que cuando un legislador emite dos
voluntades diversas, la más reciente prevalece”
Por su parte, sobre la derogación de las
leyes, esta Corporación, en sentencia C-443 de septiembre 18 de 1997 señaló:
“[e]n términos
generales, se puede decir que la derogación tiene como función, tal y como lo señala la doctrina y lo ha
establecido esta Corporación, dejar sin efecto el deber ser de otra norma,
expulsándola del ordenamiento[1].
Por ello se ha entendido que la derogación es la cesación de la vigencia de una
disposición como efecto de una norma posterior, por cuanto la derogación no se basa en un cuestionamiento de la validez
de la norma -como sucede cuando ésta es anulada o declarada inexequible por los
jueces- sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las
autoridades competentes, y en especial, en relación con las leyes, por el
Congreso. Esta Corte ya había precisado esa diferencia con claridad. Dijo
entonces esta Corporación:
“Así, la derogación no deriva de conflictos
entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del Legislador,
pues ese órgano político decide expulsar del ordenamiento una norma que hasta
ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra
disposición, ya sea para que la regulación de la materia quede sometida a los
principios generales del ordenamiento. Es pues un acto de voluntad política
pues el Legislador evalúa, conforme a criterios de conveniencia, cuando es
oportuno derogar una determinada disposición (....) En cambio, la
inexequibilidad surge de un conflicto normativo entre la Constitución y la ley,
que es resuelto jurídicamente por el órgano a quien compete preservar la
supremacía de la Carta. El juez constitucional no decide entonces conforme a su
voluntad política sino que se limita a constatar esa incompatibilidad, y a
expulsar del ordenamiento la disposición legal, por ser ésta de menor
jerarquía. (...) En síntesis, y tal y como esta Corporación ya lo había
señalado, "la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no
sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la
inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la
vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento
jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación (Sentencia C-145/94. MP
Alejandro Martínez Caballero, Fundamento Jurídico No 5)[2]"
“Pero la derogación
no afecta tampoco ipso iure la eficacia de la norma derogada, pues en
general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por
ella, por lo cual la norma derogada puede mantener su eficacia, la cual poco a
poco se va extinguiendo. Esto es precisamente lo que justifica que la Corte se
pronuncie incluso sobre normas derogadas cuando éstas siguen produciendo efectos,
con el fin de hacerlos cesar, por ministerio de la declaratoria de
inexequibilidad, si tales efectos son contrarios a la Carta,
“.... Así precisada
la naturaleza del fenómeno derogatorio, para la Corte es claro que en el caso
de las leyes, la competencia del Congreso para derogar las normas precedentes
encuentra sustento no sólo en el hecho de que expresamente la Carta le confiere
esa posibilidad a las cámaras (CP art. 150 ord. 1) sino en el propio principio
democrático y en la soberanía popular (CP art. 1 y 3), que hacen que las
potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, deben
ser consideradas inagotables. El Legislador actual no puede atar al Legislador
del mañana, pues esto anularía el principio democrático, ya que unas mayorías
ocasionales, en un momento histórico, podrían subordinar a las mayorías del
futuro. Esto explica que en el Reino Unido, en donde se considera que el
Parlamento es soberano, y por ende ese cuerpo representativo puede hacer todo,
salvo cambiar un hombre en mujer, sin embargo la doctrina y la práctica
judicial consideran que una ley actual no puede prohibir su derogación por un
parlamento posterior, pues admitir esa posibilidad acabaría precisamente con la
soberanía misma del parlamento[3]. La derogación de las leyes
encuentra entonces sustento en el principio democrático, en virtud del cual las
mayorías pueden modificar y contradecir las regulaciones legales precedentes,
con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades históricas, con base en el
juicio político de conveniencia que estas nuevas mayorías efectúen. En materia
legislativa, debe entenderse que la última voluntad de los representantes del
pueblo, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece
sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas. Tal es pues
el fundamento constitucional del principio "lex posterior derogat
anteriori".
Escrito lo anterior, es posible ahora examinar las
normas acusadas.
Cuarta.- Análisis de la parte
demandada del artículo 71, y el artículo 72 del Código Civil.
Se demanda la parte del artículo 71, según la cual, la
derogación de las leyes puede ser tácita, y es así cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las disposiciones contenidas en la
ley anterior, y el artículo 72 que establece que “la derogación tácita deja
vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia,  todo
aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”
Estas normas tienen una razón de ser y no implican
vulneración de ningún precepto constitucional, sencillamente, el Constituyente
dejó en cabeza del legislador la facultad de interpretar, reformar y derogar
las leyes (artículo 150 numeral 1). De tal manera que al derogar
tácitamente una ley no se está incurriendo en una omisión, sino que por el
contrario en ejercicio de su función legislativa, el Congreso, decide al crear
una nueva ley que las disposiciones contenidas en la ley anterior, dejen de
aplicarse, siempre y cuando no pueden conciliarse con la nueva.
Recuérdese, que una ley solo puede ser
derogada por otra de igual o superior jerarquía. Además,  cuando el legislador
crea una nueva ley, tiene en cuenta la realidad del país y la conveniencia
política y social, es por ello que en algunos eventos la norma derogada que
cobijó situaciones surgidas bajo su vigencia, sigue produciendo efectos, los
que van cesando con el paso del tiempo.
Lo anterior no significa que exista una
inseguridad jurídica sobre qué norma hay que aplicar, pues es claro que “aunque
el legislador goza de libertad de configuración, el ejercicio de esta facultad
no es absoluto ni su ejercicio puede ser arbitrario, en tanto debe atender los
límites fijados en la Constitución[4],
según lo señala el artículo 4º superior al consagrar el principio fundamental
de supremacía de la Carta Política, en cuya aplicación el Congreso no puede
ejercer sus potestades sino con observancia de las limitaciones que surjan de
la Constitución Política. En otras palabras, el legislador goza de libertad
para señalar las formas propias de cada juicio en la medida en que no ignore en
su ejercicio las garantías básicas previstas por el Constituyente”.[5] (Sentencia C-309 de
2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño).
La derogación no siempre puede ser expresa,
pues ello implicaría confrontar cada nueva ley con el resto del ordenamiento.
Es decir, se le exigiría al Congreso una dispendiosa labor que no tiene razón
de ser, pues la tarea legislativa se concentra en asuntos específicos definidos
por el propio Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las
leyes seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y
aplicación de las mismas. (v gr. Sentencia C-025 de 1993)
No hay, en consecuencia, razón alguna para sostener
que la derogatoria tácita de las leyes, quebranta la Constitución. Y por lo
mismo, la Corte declarará exequible las disposiciones demandadas.
Por último, la Sala aclara que tal como lo afirmó en
su oportunidad el Ministerio Publico, la dificultad interpretativa que ofrece
la derogatoria tácita no es un asunto de relevancia constitucional.
III.-  DECISIÓN.
Con base en las consideraciones anteriores, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declárense EXEQUIBLES en lo acusado y por los cargos analizados los
artículos 71 y 72 del Código Civil.
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E)
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que la señora Presidenta doctora CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ, no firma la presente sentencia por encontrarse en
comisión en el exterior debidamente autorizada por la Sala Plena de esta
Corporación.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Ver, entre otras, la sentencia C-055 de 1996. Fundamento jurídico
No 6. A nivel de la doctrina, ver Hans Kelsen, Ulrich Klug. Normas jurídicas
y análisis lógico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp
71.
[2] Sentencia C-055 de 1996. Fundamento Jurídico No 7..
[3]Ver en especial el caso Vauxhall Estates Ltd v liverpool
Corrporation, 1932, 1 KB. 733 citado por Denis Keenan. English Law. Londres:
Pitman Puiblisihing, 1989, pp 10 y 510 y ss.
[4]              Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-327 de 1997.
[5]              Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2001.