C-221-94
Sentencia No
Sentencia
No. C-221/94
DESPENALIZACION
DEL CONSUMO DE LA DOSIS PERSONAL
DROGADICCION-Comportamiento
personal
Dentro
de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse
de una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan
caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos
civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente
hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser drogadicto se
considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la
órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por
tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada
para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad
de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de
toda la superestructura  jurídica. Sólo las conductas que interfieran con la
órbita de la libertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente
exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación,
como delictiva, de una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la
observa y, en consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que
llamamos derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de
la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro.
CONSTITUCION
POLITICA-Naturaleza/JUEZ
CONSTITUCIONAL-Función
La
filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no
autoritaria y mucho menos totalitaria. Por tanto, si del texto de una norma
pudiera desprenderse una conclusión a tono con una ideología de esa naturaleza,
sería necesario, en una tarea de armonización sintáctica que incumbe al
intérprete, extraer de ella un sentido que no rompa abruptamente el sistema
sino que lo preserve. Porque la tarea del juez de constitucionalidad no
consiste, ni puede consistir, en resignarse a que la norma básica es un tejido
de retazos incongruentes, entre sí inconciliables, sino en eliminar
contradicciones y hacerlo de modo razonable.
DERECHO
A LA SALUD-Tratamiento
médico
Cada
quien es libre de decidir si es o no el caso de recuperar su salud. Ni siquiera
bajo la vigencia de la Constitución anterior, menos pródiga y celosa de la
protección de los derechos fundamentales de la persona, se consideraba que el
Estado fuera el dueño de la vida de cada uno y, en armonía con ella, el Decreto
100 de 1980 (Código Penal) no consideraba la tentativa de suicidio como
conducta delictual; mucho menos podría hacerse ahora esa consideración. Si yo
soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo
deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme.
DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Límites/AUTONOMIA
PERSONAL
E
l legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquéllas que
estén en armonía con el espíritu de la Constitución. La primera consecuencia
que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie
por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un
rumbo.  Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela
sino  en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena. El
considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e
inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos
que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por
ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de
objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella
se eligen. Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo
que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde
como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre
lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Que las personas sean
libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con
la autonomía de las otras, es parte vital del interés común en una sociedad
personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy
nos rige. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún
sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones
anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente
inconstitucionales.
DROGADICCION-Educación
como obligación estatal
¿Qué
puede hacer el Estado, si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y
estupefacientes y juzga deseable evitarlo, sin vulnerar la libertad de las
personas? Cree la Corte que la única vía adecuada y compatible con los principios
que el propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover, consiste en
brindar al conglomerado que constituye su pueblo, las posibilidades de
educarse. ¿Conduce dicha vía a la finalidad indicada? No necesariamente, ni es
de eso de lo que se trata en primer término. Se trata de que cada persona elija
su forma de vida responsablemente, y para lograr ese objetivo, es preciso
remover el obstáculo mayor y definitivo: la ignorancia. No puede, pues, un
Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre
desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de
educar, y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de
sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y,
eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente se halla integrada.
UNIDAD
NORMATIVA
Resultan
violatorias del Estatuto Básico, los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986,
este último por constituir unidad normativa con los acusados.
DROGADICCION-Tratamiento
médico
Que
una persona que no ha cometido ninguna infracción penal -como lo establece el
mismo artículo- sea obligada a recibir tratamiento médico contra una
"enfermedad" de la que no quiere curarse, es abiertamente atentatorio
de la libertad y de la autonomía consagradas en el artículo 16, como
"libre desarrollo de la personalidad". Resulta pertinente, en este
punto, remitir a las consideraciones hechas atrás acerca del internamiento en
establecimiento psiquiátrico o similar, considerado, bien bajo la perspectiva
del tratamiento médico, bien bajo la perspectiva de la pena. Si se adopta la
primera, la norma resulta inconstitucional por violentar la voluntad del
destinatario mediante la subrogación de su capacidad de decidir, por la decisión
del juez o del médico. Cada quien es libre de elegir (dentro de nuestro
ordenamiento) qué enfermedades se trata y si es o no el caso de recuperar la
"salud", tal como se concibe de acuerdo con el criterio oficial. Si
se adopta la segunda, la evidencia de inconstitucionalidad es aún mayor, pues
no sólo es inconcebible sino monstruoso y contrario a los más elementales
principios de un derecho civilizado, que a una persona se le sancione sin haber
infringido norma alguna, o se le compela a recibir un tratamiento médico que no
desea.
DESPENALIZACION
DEL CONSUMO DE LA DOSIS PERSONAL
Los
preceptos de la Carta que resultan directamente violados por las disposiciones
señaladas, son los siguientes: el artículo 1o. que alude al respeto a la
dignidad humana como fundamento del Estado; el 2o. que obliga al mismo Estado a
garantizar "la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución"; el 5o. que reconoce la primacía de los
derechos inalienables de la persona, dentro de los cuales ocupa un lugar
privilegiado el de la autonomía, como expresión inmediata de la libertad; el 16
que consagra expresamente el derecho anteriormente referido, y el 13
consagratorio del derecho a la igualdad, pues no se compadece con él, el
tratamiento diferente a categorías de personas que deben ser análogamente
tratadas.
REGULACION
DEL CONSUMO DE DROGAS
En
ese mismo orden de ideas puede el legislador válidamente, sin vulnerar el
núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad, desconocidos por
las disposiciones que serán retiradas del ordenamiento, regular las
circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras
análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o
socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es
ésa, materia propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de
quienes tienen a su cargo la dirección de actividades de instituciones,
públicas o privadas, quienes derivan de esa calidad la competencia de dictar
reglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro de los
ámbitos que les incumbe regir.
DECLARACION
DE INEXEQUIBILIDAD -Efectos
La
declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986,
por las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que
fueron derogadas por la ley en cuestión.
REF.:
Expediente No. D- 429
Normas
acusadas: literal j) del artículo 2o. y artículo 51 de la ley 30 de 1986.
Demandante:
Alexandre
Sochandamandou
Magistrado
Ponente:
Dr.CARLOS GAVIRIA DIAZ.
En
Santafé de Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro (1.994), la Sala Plena de la Corte Constitucional,
EN
NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR
MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
Procede
a dictar sentencia en el proceso de constitucionalidad contra el literal j) del
artículo 2 y el artículo 51 de la Ley 30 de 1.986.
1.
ANTECEDENTES.
El
ciudadano ALEXANDRE SOCHANDAMANDOU, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, solicita a la Corte que declare inexequibles el literal
j) del artículo 2o. y el artículo 51 de la ley 30 de 1986.
Cumplidos
como están los trámites constitucionales y legales exigidos para procesos de
esta índole, procede la Corte a decidir.
2.
NORMAS ACUSADAS.
El
texto de las disposiciones objeto de impugnación es el que sigue:
"artículo
2o. Para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientes
definiciones:
..................
j)
Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefaciente que una persona porta
o conserva para su propio consumo.
Es
dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20)
gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína
o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de
metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.
No
es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo,
cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su
cantidad".
"artículo
51. El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma, cocaina,
marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad
considerada como dosis de uso personal, conforme a lo dispuesto en esta ley,
incurrirá en las siguientes sanciones:
a)
Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía de
medio (1/2) salario mínimo mensual.
b)
Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y multa en cuantía de
medio (1/2) a un (1) salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se
realice dentro de los doce (12) meses siguientes a la comisión del primero.
c)
El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre
en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez, será
internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o
privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no se
aplicará multa ni arresto.
La
autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la familia
o remitirlo, bajo la responsabilidad de ésta a una clínica, hospital o casa de
salud, para el tratamiento que corresponda, el cual se prolongará por el tiempo
necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificada por el
médico tratante y por la respectiva Seccional de Medicina Legal. La familia del
drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones, mediante
caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta la capacidad
económica de aquella.
El
médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido del
caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia
faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución
y el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente."
3.
LA DEMANDA.
A
pesar de que la redacción de la demanda no es tan clara como sería deseable, se
alcanza a entender en ella que las razones del actor para considerar violadas
las normas constitucionales, son las siguientes:
3.1.
SOBRE LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA SALUD
PERSONAL.
Dice
el actor que las normas acusadas violan el artículo 366 de la Constitución,
pues, si el Estado no puede garantizar la curación del enfermo, tampoco puede
privarle de la droga que le proporciona alivio. "Si el Estado no puede
garantizar la recuperación de la salud de los enfermos psicofisiológicos de
drogadicción o toxicomanía, porque no existe clínicamente el tratamiento
radical y científico que asegure su curación, tampoco puede el Estado impedir o
limitar el uso del medicamento que le procura alivio al sufrimiento del
enfermo. Los estupefacientes son parte integral de la enfermedad de drogadicción
o toxicomanía y a la vez, son el medicamento que alivia el dolor y el
sufrimiento de los enfermos incurables."
Según
el demandante, las normas acusadas  violan los artículos 5, 28, 29, 34 y 49 de
la Carta Política, porque los drogadictos y toxicómanos son enfermos
psicofisiológicos, estén o no bajo los efectos de un estupefaciente; "el
Estado no puede sancionar con pena o medida de seguridad el derecho inalienable
de las personas a estar psicofisiológicamente enfermas por cualquier causa,
inclusive de drogadicción o toxicomanía."
Añade
el accionante que las normas acusadas violan los artículos 28 y 95 numeral 1°
de la Carta, pues no se "puede penar a quienes simplemente consumen
estupefacientes, porque con su conducta no perjudican a persona diferente a
ellos mismos."
3.2.
SOBRE EL TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO PARA LOS CONSUMIDORES DE DETERMINADOS
ESTUPEFACIENTES.
El
demandante anota la discriminación de los adictos frente a otros enfermos
incurables, afirmando que si el Estado permite que el padecimiento de otros
enfermos incurables sea mitigado con drogas que producen adicción, al
drogadicto incurable no le puede negar el Estado el consumo de la droga que
mitiga su sufrimiento, so pretexto de que ésta produce adicción, sin violar el
derecho a la igualdad.
El
actor sólo acusa como inconstitucionales al artículo 51 y al literal j) del
artículo 2, porque el tratamiento dado por la Ley 30 de 1.986 a los otros
drogadictos y toxicómanos, es considerado por él como constitucional, lo que
resalta otra discriminación que viola el derecho a la igualdad. Efectivamente,
según la Ley 30, el nicotinómano y el alcohólico son tan drogadictos y
toxicómanos como el marihuanero y el cocainómano; pero, se incurre en trato
discriminatorio cuando se dá a los dos primeros el tratamiento legal de adictos
socialmente aceptados, mientras se trata a los demás consumidores de drogas
como contraventores o delincuentes, dependiendo de qué tan enfermos estén.
Afirma
el accionante que la discriminación impuesta por la Ley 30 de 1.986 para los
toxicómanos distintos al alcohólico y el nicotinómano, no sólo es apreciable si
se mira a los otros enfermos incurables y a los otros toxicómanos, sino que la
Ley impone también una discriminación entre los drogadictos más y menos
afectados. La cantidad de droga que un toxicómano requiere diariamente, depende
de su grado de adicción y de las condiciones biofisiológicas de cada quien. Por
esto, establecer una cantidad tope a la dosis personal, que desconozca las
necesidades de uno o varios adictos, introduce una diferenciación artificial e
injustificada entre personas enfermas del mismo mal, con la única consecuencia
legal de tratar como contraventores a los que menos consumen y, como
delincuentes, a los más afectados por la enfermedad.
3.3.
SOBRE EL TRATAMIENTO MÉDICO PREVISTO EN LAS NORMAS ACUSADAS.
Para
el actor, los artículos 51 y 2 literal j) de la Ley 30 de 1.986, violan el
artículo 5 de la Carta, "porque los derechos inalienables de la persona,
se extienden hasta su derecho a enfermarse psicofisiológicamente."
Añade
que se violan los artículos 28 y 34 de la Carta, porque existen toxicómanos
incurables, "en cuyo caso la duración de los tratamientos sería indefinida
y la INTERNACIÓN en un ESTABLECIMIENTO PSIQUIÁTRICO o similar por el TÉRMINO
NECESARIO PARA SU RECUPERACIÓN se convertiría en una PENA IMPRESCRIPTIBLE."
Señala
también el accionante que las normas acusadas violan el artículo 47 de la
Carta, "porque el Estado colombiano carece en la práctica de la provisión
necesaria en todos los aspectos,  para brindar a los ENFERMOS DE DROGADICCIÓN O
TOXICOMANÍA centros psiquiátricos de rehabilitación, que no sean anexos de las
cárceles, ni tugurios infrahumanos donde se violan los derechos humanos de los
ENFERMOS."
Finalmente,
el actor anota que sobre la libertad de las personas sólo puede decidir
constitucionalmente un Juez de la República  y nó el médico tratante o unos
funcionarios estatales que no tienen jurisdicción; "...la situación
jurídica de un ENFERMO DE DROGADICCIÓN O TOXICOMANÍA, internado en algún
establecimiento psiquiátrico, estaría sujeta a la vulnerabilidad del grupo de
personas del sector oficial o privado con facultad de decidir discrecionalmente
sobre la rehabilitación o no rehabilitación del enfermo."
4.
INTERVINIENTES:
El
Ministerio de Justicia por medio de apoderado constituído para el efecto,
presentó un escrito en el que expone las razones que justifican la
constitucionalidad de las normas demandadas, las cuales se resumen en  seguida:
-
El literal j) del artículo 2o. de la ley 30 de 1986 no viola el artículo 366 de
la Carta, por que "las necesidades insatisfechas de salud de los usuarios
de los estupefacientes no se solucionan administrándoles el tóxico, ni
permitiéndoles que sigan usándolo libremente, sino con medidas de educación, de
prevención, de tratamiento y de rehabilitación de su enfermedad, que se
fundamentan todas en la supresión del uso de la droga".
-
En lo que respecta al artículo 51 de la misma ley se afirma que no viola el
artículo 5o. de la Carta "puesto que el ciudadano colombiano tiene derecho
a la salud, tanto psíquica como orgánica y no, como lo plantea el demandante,
derecho a estar enfermo, puesto que la enfermedad es un concepto opuesto al de
la salud... la acción del Estado debe estar encaminada a ayudarle al enfermo a
recobrar su salud y no a facilitarle que con el uso de una sustancia tóxica que
es dañina para su organismo y para su psiquismo, perpetúe su enfermedad".
-
Tampoco se vulneran los artículos 34, 47 y 49 de la Constitución, pues el
demandante "confunde el tratamiento para una enfermedad, con la pena para
un contraventor", ni los artículos 28 y 29 del mismo Ordenamiento, por que
la misma ley parcialmente demandada, como las normas penales de procedimiento
consagran "la jurisdicción competente, formalidades y procedimiento para
el juzgamiento de quien ha incurrido en la contravención consagrada en el
artículo 51".
-
El artículo 95-1 de la Ley Suprema no resulta lesionado por el mandato acusado,
ya que si bien es cierto que señala como deber de la persona y del ciudadano
"respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. El individuo que
consume droga estupefaciente a sabiendas de que se trata de una sustancia
tóxica, deletérea para su salud, está abusando de su derecho de libertad, sólo
que algunas veces lo hace motivado por su enfermedad; de manera que cumple el
Estado con su función cuando trata de suministrarle o al menos de facilitarle
la posibilidad de tratamiento para su dolencia".
-
Finalmente anexa un concepto emitido por el subdirector de investigación
científica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre
el tema.
5.
CONCEPTO FISCAL.
El
Procurador General de la Nación (Encargado) rinde la vista fiscal de rigor en
oficio No. 350 del 1o. de diciembre de 1993, la que concluye solicitando a la
Corte que declare exequibles el literal j) del artículo 2o. y el artículo 51 de
la ley 30 de 1986, este último "en el entendido que la sanción de
internamiento o restricciones a la libertad en virtud de su literal c), no
pueden ser superiores a las penas de arresto contenidas en sus literales a) y
b)".
Son
estas las argumentaciones del citado funcionario:
-
La ley 30 de 1986 otorga un tratamiento más benigno para quien consume droga
que para quien la produce y comercializa, y la razón "puede encontrarse en
el hecho de que quien es usuario de la droga por regla general, es considerado
una víctima más que un delincuente y por ello antes que un castigo debe recibir
un tratamiento adecuado para lograr su recuperacion". Para que una
conducta relacionada con la utilización de drogas encaje dentro de una
contravención se requiere, conforme al artículo 51 de la ley, "que la
cantidad de ellas corresponda al concepto de dosis personal", el cual
también se encuentra definido en ese ordenamiento.
-
El "establecimiento de topes máximos en las cantidades de drogas o
sustancias controladas que hace la ley para ubicarlas dentro del concepto de
dosis personal, no contraría precepto alguno de nuestro ordenamiento
constitucional. La penalización o no del consumo, su tratamiento como delito o
contravención, la determinación de porciones máximas, como dosis personal, son
consecuencia fundamentalmente de la política criminal que en un momento
determinado haya adoptado el Estado en materia de lucha contra el narcotráfico.
Lo anterior como es lógico, siempre que la escogencia de cualquiera de esas
opciones se haga dentro del límite de lo razonable y con salvaguardia de
nuestros principios constitucionales y de la dignidad humana".
-
El literal i) del artículo 2o. de la ley 30 de 1986 consagra que la dosis terapéutica
es la cantidad de droga o medicamento que un médico prescribe según las
necesidades clínicas de su paciente,  sin que dentro de dicho estatuto se
consagre sanción alguna para las conductas relacionadas con dosis de esa
índole, y por el contrario "lo relativo a la dosis terapéutica es una de
las posibles utilizaciones lícitas de las drogas controladas, dentro del
concepto no de estupefaciente sino de medicamento, en el marco del ejercicio de
una actividad lícita como es la medicina, y con una finalidad legítima
jurídicamente como es el tratamiento, curación o rehabilitación de un
enfermo", pudiendo incluso la dosis terapéutica ser superior a la dosis
personal.
-
En relación con el artículo 51 demandado, dice el Procurador, que el literal c)
de dicha disposición "está orientado a lograr la recuperación del
drogadicto a través de su internación en un establecimiento adecuado para que
allí reciba tratamiento médico necesario, o de la entrega a la familia para que
bajo su responsabilidad se le siga dicho tratamiento" y por tratarse de un
enfermo no se le imponen las sanciones de multa ni arresto, ejerciendo así el
Estado "una función social tendiente a la recuperación de la salud de
aquél que es dependiente de las drogas", cumpliendo lo dispuesto en los artículos
47, 48 y 49 de la Carta.
-
La función curativa y rehabilitadora de la norma se percibe también en el
inciso 2o. del literal c) del citado artículo 51 "cuando prevé la
posibilidad de confiar el drogadicto al cuidado de la familia, o remitirlo bajo
la responsabilidad de ésta a una institución especializada para recibir allí el
tratamiento debido". Sin embargo, considera el Procurador que el
internamiento del drogadicto a que se refiere el inciso primero del artículo 51
demandado "tiene el carácter de sanción e implica para quien es acreedor
de ella, la pérdida de la libertad en los casos en que el internamiento deba
cumplirse forzosamente, o una limitación al ejercicio de la misma cuando se
confía al cuidado de la familia. Como se trata de una mengua a los derechos
fundamentales de la persona entre los cuales se encuentra la libertad, no es
posible que las restricciones a ella tengan el carácter de indeterminadas. La
expresión 'por el término necesario para su recuperación' contenido en la
disposición sin la fijación de un tope máximo permitiría que la sanción se
prolongara en el tiempo de manera indefinida, llegando incluso a ser perpetua
en los casos en que el drogadicto no lograre su recuperación, lo cual contraría
de manera flagrante los artículos 16, 28 y 34 de la Carta Política", tal
como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-176 de mayo 6 de 1993.
-
Por consiguiente considera el Procurador que "cuando se imponga al
consumidor o usuario de drogas que se encuentre en estado de drogadicción, el
internamiento o cualquier medida que implique pérdida o restricción de su
libertad, a título de sanción de acuerdo con el literal c) del artículo 51 de
la ley 30 de 1986, estas medidas no podrán ser superiores a los máximos
determinados como pena de arresto para quienes hayan realizado las mismas
conductas pero que no sean drogadictos y que son de treinta (30) días cuando
sea la primera vez que hayan realizado las conductas descritas en dicho
artículo y de doce (12) meses por la segunda vez".
6.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
6.1.-
Competencia.
Dado
que la acusación se dirige contra normas que integran una ley, es competente
esta Corporación para decidir sobre su constitucionalidad, conforme a lo
ordenado por el artículo 241- 4 de la Constitución Nacional.
6.2.-
CONSIDERACIONES DE FONDO.
6.2.1.-
El derecho como forma de regulación de la conducta interferida. Existen deberes
jurídicos para consigo mismo?.
Más
allá de las disputas de escuelas acerca de la naturaleza del derecho, puede
afirmarse con certeza que lo que caracteriza a esa forma específica de control
de la conducta humana es el tener como objeto de regulación el comportamiento
interferido, esto es, las acciones de una persona en la medida en que injieren
en la órbita de acción de otra u otras, se entrecruzan con ella, la
interfieren. Mientras esto no ocurra, es la norma moral la que evalúa la
conducta del sujeto actuante (incluyendo la conducta omisiva dentro de la
categoría genérica de la acción). Por eso se dice, con toda propiedad, que
mientras el derecho es ad alterum, la moral es ab agenti o, de
otro modo, que mientras la norma jurídica es bilateral, la moral es unilateral.
En lenguaje hohfeldiano, puede afirmarse que el precepto del derecho crea siempre
una situación desventajosa correlativa a una situación ventajosa. En el caso
concreto, cuyo análisis importa, un deber correlativo a un derecho.
La moral no conoce esta modalidad reguladora. Las obligaciones que ella impone
no crean en favor de nadie la facultad de exigir la conducta debida. En eso
radica su unilateralidad. No en el hecho de que no imponga deberes frente a
otro, sino en la circunstancia que no confiere a éste facultad de exigir.
De
allí que no haya dificultad alguna en admitir la existencia de deberes morales
frente a uno mismo y menos aún cuando la moral que se profesa se halla adherida
a una concepción teológica según la cual Dios es el dueño de nuestra vida, y el
deber de conservarla (deber frente a uno mismo) se resuelve en un deber frente
a Dios.
Pero
otra cosa sucede en el campo del derecho: cuando el legislador regula mi
conducta con prescindencia del otro, está transponiendo fronteras que
ontológicamente le están vedadas. En otros términos: el legislador puede
prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en
que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no
interfiere con la órbita de acción de nadie.  Si de hecho lo hace, su
prescripción sólo puede interpretarse de una de estas tres maneras: 1) expresa
un deseo sin connotaciones normativas; 2)  se asume dueño absoluto de la
conducta de cada persona, aún en los aspectos que nada tienen que ver con la
conducta ajena; 3) toma en cuenta la situación de otras personas a quienes la
conducta del sujeto destinatario puede afectar.
6.2.2.-
Implicaciones en el caso sub-examine.
En
el caso que ocupa a la Corte, (en relación con el consumo de estupefacientes)
es preciso vincular las normas de la ley 30 de 1986, que se refieren al consumo
de las sustancias allí indicadas, con el inciso último del artículo 49 de la
Carta, que dispone: "Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad." (énfasis fuera de
texto). Aplicando los lineamientos anteriores al examen de dicho inciso, se
tendría:
1).
Se trata de un mero deseo del Constituyente, llamado a producir efectos
psicológicos que se juzgan plausibles, pero en modo alguno generador de un
deber jurídico genérico, susceptible de plasmarse en la tipificación de una
conducta penal.
2).
El Estado colombiano se asume (en tanto que sujeto pretensor) dueño y señor de
la vida de cada una de las personas cuya conducta rige y, por eso, arrogándose
el papel de Dios, en la concepción teológica, prescribe, mas allá de la órbita
del derecho, comportamientos que sólo al individuo atañen y sobre los cuales
cada persona es dueña de decidir.
3).
Toma en consideración las consecuencias, frente a otros, de la conducta
individual y por esa razón la hace objeto de regulación jurídica, v.gr.: la
situación de desamparo en que puede quedar la familia del drogadicto; la
privación a la comunidad de una persona potencialmente útil; el peligro que
para los demás puede entrañar la conducta agresiva desatada por el consumo de
las sustancias indicadas en la ley.
Entra
la Corte a examinar las tres posibilidades hermenéuticas señaladas, empezando
por la últimamente enunciada y tomando en cuenta las situaciones que, a modo de
ejemplo, allí se indican, así:
PRIMERA
POSIBILIDAD HERMENEUTICA.
1).
Si se asume que es en consideración a las personas próximas al drogadicto, que
se verán privadas de su presencia, de su afecto y, eventualmente de su apoyo
económico, que la conducta punible se tipifica, habría que concluir que el
tener seres queridos y obligaciones familiares qué cumplir, tendría que hacer
parte de la conducta típica y, por ende, quienes no se encontraran dentro de
esa situación no podrían ser justiciables por el delito en cuestión. Pero
resulta que la norma prescinde de todos esos condicionamientos y hace reos de
la infracción a quienes se coloquen en su hipótesis, independientemente de que
tengan o no familia  y de que tengan o no vínculos obligacionales con alguien.
En otros términos: un sindicado por esos delitos no podría, válidamente, argüir
en su favor, para hacerse acreedor a la exención de responsabilidad, que es
solo en la vida y a nadie está ligado por vínculos de sangre o de afecto.
Pero
si se trata de alguien que sí se halla integrado a una comunidad familiar, y la
sanción penal se ha revelado inepta para inhibir el consumo, el mantenimiento
del castigo sólo serviría para añadir a la familia una nueva angustia, derivada
de la sanción.
2).
Si se argumenta, entonces, que es la comunidad toda, a la que inexorablemente
ha de pertenecer, la que se va a ver privada de uno de sus miembros
potencialmente útiles, habría que concluir que los ya marginados por otro tipo
de comportamientos asociales, egoístas irredentos, misántropos irreductibles, podrían
gastar su existencia en el consumo de sustancias nocivas y con ello la
sociedad, antes que perder, ganaría, pues habría segregado, de modo natural, a
un miembro indeseable. Y aún subsiste una duda: ¿por qué si es ese el motivo de
la prohibición no se le conmina bajo pena el consumo del tabaco que, de acuerdo
con investigaciones médicas confiables, y de amplia aceptación en el campo
científico, es causa del cáncer de pulmón y del cáncer en general? y ¿por qué
no se le prohibe la ingestión de sustancias grasas que aumentan el grado de
colesterol y propician las enfermedades coronarias, acelerando así el proceso
que conduce a la muerte?. Pero no. El sujeto en cuestión sería justiciable por
la conducta que, desde esa perspectiva, resultaría socialmente provechosa.
Luego, tampoco parece ser ésa la razón justificativa de la represión.
3).
Pero finalmente, puede invocarse como motivo de la punición, el peligro
potencial que para los otros implica la conducta agresiva desencadenada por el
consumo de la droga. Sobre este punto, es preciso hacer varias consideraciones:
la primera se refiere al trato abiertamente discriminatorio que la ley acuerda
para los consumidores de las drogas que en ella se señalan y para los
consumidores de otras sustancias de efectos similares, v.gr., el alcohol.
Porque mientras el alcohol tiene la virtud de verter hacia el otro a quien lo
consume, para bien o para mal, para amarlo o para destruirlo, el efecto de
algunas de las sustancias que la ley 30 incluye en la categoría de "drogas",
como la marihuana y el hachís, es esencialmente interior, intensificador de las
experiencias íntimas, propias del ser monástico. Por eso ha podido decir
Octavio Paz que el vino se halla vinculado al diálogo (la relación con el otro)
desde sus comienzos: el simposio griego. La droga a los viajes interiores, más
propios de la cultura oriental. Quien toma alcohol, se halla dentro de la más
pura tradición occidental, mientras que el que se droga es un heterodoxo (tal
vez sea por eso por lo que se le castiga).
¿No
es acaso un hecho empíricamente verificable que la ingestión de alcohol, en un
elevado número de personas, ocasiona el relajamiento de lazos inhibitorios y la
consiguiente exteriorización de actitudes violentas reprimidas hasta entonces,
y es factor eficiente en la comisión de un sinnúmero de delitos? ¿Por qué,
entonces, el tratamiento abiertamente distinto, irritantemente discriminatorio,
para el alcohólico (quien puede consumir sin medida ni límite) y para el
drogadicto?.
Veamos
si no, los datos suministrados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Regional Nor-Occidente - Medellín, acerca de la incidencia del
alcohol en las conductas delictivas no sólo desde el punto de vista de los
sujetos activos, sino también del de las víctimas.
Dice
dicho informe en su parte pertinente: "En la cifra bruta de mortalidad por
causas violentas, al menos para la ciudad de Medellín, existe un factor que
parece pudiera considerarse como riesgo, y es el de la ingestión de bebidas
alcohólicas; para 1980 el 27% de las víctimas de muerte violenta tenía en su
sangre cifras positivas para alcohol, para el año de 1990 ese porcentaje se
había incrementado al 48.51% ".
Y
luégo, a través de dos anexos, que se incluyen al final de este fallo, se
ilustra gráficamente lo anterior y se establece, específicamente, una relación
entre los delitos cometidos en estado de embriaguez y las conductas delictivas
determinadas por la dependencia de drogas.
La
segunda dice relación al hecho de que dentro de un sistema penal liberal y
democrático, como el que tiene que desprenderse de una Constitución del mismo
sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan caro al positivismo penal, hoy
por ventura ausente de todos los pueblos civilizados. Porque a una persona no
pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente
hace. A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese
comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo
que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente
sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra
en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir
su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura  jurídica.
Con
razón ha dicho Thomas Szasz, crítico agudo de lo que pudiéramos llamar el
totalitarismo psiquiátrico: "En una sociedad de hombres libres, cada uno
debe ser responsable de sus actos y sancionado como tal. Si el drogadicto
comete un crimen, debe ser castigado por ese crimen, no por ser drogadicto. Si
el cleptómano roba, si el pirómano incendia, si el regicida asesina, todos
deben caer bajo el peso de la ley y ser castigados." (Entrevista concedida
a Guy Sorman, en "Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo", Seix
Barral, 1992.).
SEGUNDA
POSIBILIDAD HERMENEUTICA.
Pero
descartada por arbitraria e inarmónica con nuestro estatuto básico la anterior
vía interpretativa, (resulta violatoria de la libertad y de la igualdad) es
preciso detenerse en la enunciada en segundo término, a saber: el Estado
colombiano se asume dueño y señor de la vida y del destino de cada persona
sujeta a su jurisdicción, y por eso le prescribe comportamientos que bajo una
perspectiva menos absolutista quedarían librados a la decisión suya y no del
Estado. Empero, también esta tentativa exegética debe ser desechada, pues la
filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no
autoritaria y mucho menos totalitaria. Por tanto, si del texto de una norma
pudiera desprenderse una conclusión a tono con una ideología de esa naturaleza,
sería necesario, en una tarea de armonización sintáctica que incumbe al
intérprete, extraer de ella un sentido que no rompa abruptamente el sistema
sino que lo preserve. Porque la tarea del juez de constitucionalidad no
consiste, ni puede consistir, en resignarse a que la norma básica es un tejido
de retazos incongruentes, entre sí inconciliables, sino en eliminar
contradicciones y hacerlo de modo razonable. Por ejemplo: si de una norma se
sigue que el hombre es libre y, por tanto, dispone de un ámbito de autonomía
compatible con el ámbito ajeno; y de otra, que no lo es, la alternativa no
tiene escapatoria: optamos por darle relevancia a la primera ("pro favor
libertatis") ratificando la sustancia ideológica de la Carta, o la
distorsionamos, atribuyendo trascendencia derogatoria a un precepto de
significación normativa vicaria. La opción que en esta sentencia se avala es,
sin duda, la primera.
Pero
si, moderando la perspectiva, asumimos que no se trata de un Estado omnímodo,
con pretensiones de injerencia en las más íntimas decisiones del sujeto
destinatario, sino de un Estado paternalista y protector de sus súbditos, que
conoce mejor que éstos lo que conviene a sus propios intereses y hace entonces
obligatorio lo que para una persona libre sería opcional, por esa vía benévola
se llega al mismo resultado inadmisible: la negación de la libertad individual,
en aquel ámbito que no interfiere con la esfera de la libertad ajena.
TERCERA
POSIBILIDAD HERMENEUTICA
Queda,
entonces, como única interpretación plausible la que se enunció en primer
término, a saber: que se trata tan sólo de la expresión de un deseo del
constituyente, de mera eficacia simbólica, portador de un mensaje que el sujeto
emisor juzga deseable, pues encuentra bueno que las personas cuiden de
su salud, pero que no puede tener connotaciones normativas de orden jurídico en
general, y muchísimo menos de carácter específicamente punitivo. Esto porque,
tal como se anotó al comienzo, no es posible hablar de sujeto pretensor de este
deber, sin desvirtuar la Carta Política actual y la filosofía liberal que la
inspira, determinante de que sólo las conductas que interfieran con la órbita
de la libertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles.
6.2.3.-
El tratamiento médico como medida protectora del drogadicto, y la sanción
penal.
Especial
atención merece el literal c) del artículo 51 demandado, que prescribe:
"El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se
encuentre en estado de drogadicción, así haya sido sorprendido por primera vez,
será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o
privado, por el término necesario para su recuperación.  En este caso no se
aplicará multa  ni arresto".
"La
autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la familia
o remitirlo, bajo la responsabilidad de ésta, a una clínica, hospital o casa de
salud, para el tratamiento que corresponda, el cual se prolongará por el tiempo
necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificada por el
médico tratante y por la respectiva Seccional de Medicina Legal. La famila del
drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones, mediante
caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta la capacidad
económica de aquélla".
"El
médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido del
caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia
faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución
y el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente."
Tal
disposición impone al drogadicto (condición que ha de establecerse mediante
peritación médico-legal) el internamiento "en establecimiento de carácter
psiquiátrico o similar" hasta que la recuperación se produzca. La pregunta
que la norma suscita, es obvia: ¿se trata de una pena (retaliación por haber
delinquido) que se destina al sujeto activo de un delito, o de una medida
humanitaria en beneficio de un enfermo? Si lo primero, la norma es
inconstitucional, conforme al análisis que antes se ha hecho, pues no se
compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de
una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en
consecuencia, está sustraida a la forma de control normativo que llamamos
derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la
dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro. ¿O se tratará, tal vez, de
una medida humanitaria encaminada a restituir la salud a quien padece una grave
enfermedad? No hay duda, para la Corte, de que también bajo esta perspectiva,
la disposición es abiertamente inconstitucional, pues cada quien es libre de
decidir si es o no el caso de recuperar su salud. Ni siquiera bajo la vigencia
de la Constitución anterior, menos pródiga y celosa de la protección de los
derechos fundamentales de la persona, se consideraba que el Estado fuera el
dueño de la vida de cada uno y, en armonía con ella, el Decreto 100 de 1980
(Código Penal) no consideraba la tentativa de suicidio como conducta delictual;
mucho menos podría hacerse ahora esa consideración. Si yo soy dueño de mi vida,
a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la
muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme.
Bajo
el tratamiento de ciertas conductas que se juzgan desviadas, como enfermedades,
se esconde el más feroz poder represivo, tanto más censurable cuanto más se
presenta como una actitud paternal (casi amorosa) frente al disidente. La
reclusión en establecimientos psiquiátricos o similares, ha sido desde hace
mucho, un vitando mecanismo usado por los regímenes totalitarios para
"curar" a los heterodoxos. Y las sociedades contemporáneas se han
empeñado en tratar a los drogadictos como heterodoxos, pero heterodoxos
enfermos a quienes hay que hacerles ver el mundo como lo ven los gobernantes.
Sobre el punto anota Szasz, con su habitual agudeza: "El hecho de drogarse
no es una enfermedad involuntaria, es una manera totalmente deliberada de
afrontar la dificultad de vivir, la enfermedad de vivir. Pero como no sabemos
curar la enfermedad de vivir, preferimos 'tratar' al drogadicto". ob cit.
Refiriéndose
al mismo problema (el encubrimiento de la pena por el tratamiento) cuenta Lon
L. Fuller en "The anatomy of the law" que algún curioso visitante de
uno de esos famosos establecimientos donde se dice no sancionar sino tratar, al
advertir que a uno de los pacientes lo sometían a una cruel tortura consistente
en ponerle un chorro de agua a presión sobre la nariz, preguntó con inteligente
candor: "¿Y a esto se le puede llamar 'hidroterapia'?".
Sobre
el punto que venimos examinando, a saber, la obligación de un enfermo (o que es
considerado como tal) de observar un tratamiento médico encaminado a la
curación, existe un notable precedente en esta misma Corte. Es la sentencia No.
T-493 de 1993 de la Sala Segunda de Revisión, que con ponencia del H.
Magistrado Antonio Barrera, sentó una significativa doctrina, al denegar una
tutela tendiente a imponer, a quien padecía de una enfermedad grave, la
obligación de tratarse médicamente. En su aparte más relievante dice el
mencionado fallo:
"Tanto
los peticionarios de la tutela, como el fallo del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ituango Antioquia, desconocen el mandato constitucional del
artículo 16, que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad
"sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico", en cuanto coartan la libertad que posee María Libia Pérez
Duque de decidir si se somete o no a un tratamiento médico y las modalidades
del mismo, e interfieren indebidamente la potestad de autodeterminarse,
conforme a su propio arbitrio dentro de los límites permitidos, en lo relativo
a lo que a su juicio es más conveniente para preservar su salud y asegurar una
especial calidad de vida".
En
la norma citada hay implícita una discriminación inadmisible para el drogadicto
que tiene recursos económicos y para el que carece de ellos, pues mientras el
primero puede ir a una clínica privada a recibir un tratamiento con los
especialistas que él mismo elija, el segundo se verá avocado a que se le
conduzca a un establecimiento no elegido por él, con todas las connotaciones de
una institución penitenciaria.
6.2.4.-
La sanción (o tratamiento) por el consumo de droga y el libre desarrollo de la
personalidad.
Para
dilucidar "in toto" la constitucionalidad de las normas que hacen del
consumo de droga conductas delictivas, es preciso relacionar éstas con una
norma básica que, para este propósito, resulta decisiva. Es el artículo 16 de
la Carta, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo
hace en los siguientes términos: "Todas las personas tienen derecho al
libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico".
La
frase "sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás
y el orden jurídico", merece un examen reflexivo, especialmente en
lo que hace relación a la expresión subrayada. Porque si cualquier limitación
está convalidada por el solo hecho de estar incluida en el orden jurídico, el
derecho consagrado en el artículo 16 Superior, se hace nugatorio. En otros
términos: el legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que
aquéllas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución.
Téngase
en cuenta que en esa norma se consagra la libertad "in nuce", porque
cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella. Es el reconocimiento de
la persona como autónoma en tanto que digna (artículo 1o. de la C.P.), es
decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de
decidir sobre sus propios actos y, ante todo, sobre su propio destino. La
primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la
propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia
y, en armonía con él, un rumbo.  Si a la persona se le reconoce esa autonomía,
no puede limitársela sino  en la medida en que entra en conflicto con la
autonomía ajena.  John Rawls en "A theory of justice" al sentar los
fundamentos de una sociedad justa constituída por personas libres, formula, en
primer lugar, el principio de libertad y lo hace en los siguientes términos:
"Cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea
posible, compartible con un ámbito igual de libertades de cada uno de los
demás".  Es decir: que es en función de la libertad de los demás y sólo de
ella que se puede restringir mi libertad.
Lo
anterior, desde luego, dentro de una concepción personalista de la sociedad,
que postula al Estado como un instrumento al servicio del hombre y no el hombre
al servicio del Estado para la realización de un fín más allá de la persona
(transpersonalismo), como la victoria de la raza superior o el triunfo de la
clase proletaria.
El
considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e
inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos
que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por
ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de
objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella
se eligen.
Una
vez que se ha optado por la libertad, no se la puede temer. En un hermoso libro
"El miedo a la libertad"[1]
subraya Erich Fromm como un signo del hombre moderno (a partir de la Reforma)
el profundo temor del individuo a ejercer su propia libertad y a que los demás
ejerzan las suyas. Es el pánico a asumirse como persona, a decidir y a hacerse
cargo de sus propias decisiones, esto es, a ser responsable. Por eso se busca
el amparo de la colectividad, en cualquiera de sus modalidades: del partido, si
soy un militante político, porque las decisiones que allí se toman no son mías
sino del partido; de la iglesia, si soy un creyente de secta, porque allí se me
indica qué debo creer y se me libera entonces de esa enorme carga de decidirlo
yo mismo; del gremio, porque detrás de la solidaridad gremial se escamotea mi
responsabilidad personal, y así en todos los demás casos.
Cuando
el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni
más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético:
dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo,
sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar
su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa
forma de vida, en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para
otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el
gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen
de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que, por ese
camino, se propone alcanzar la justicia.
Reconocer
y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole como
límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo que se
afirma. Equivale a esto: "Usted es libre para elegir, pero sólo para
elegir lo bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado".
Y
no se diga que todo lo que el legislador hace lo hace en función del interés
común, porque, al revés, el interés común resulta de observar rigurosamente las
pautas básicas que se han establecido para la prosecución de una sociedad
justa. En otros términos: que las personas sean libres y autónomas para elegir
su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, es
parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha
pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige.
Si
el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de
nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas
que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales.
6.2.5.-
Libertad, educación y droga.
Cabe
entonces preguntar: ¿qué puede hacer el Estado, si encuentra indeseable el
consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo, sin vulnerar
la libertad de las personas? Cree la Corte que la única vía adecuada y
compatible con los principios que el propio Estado se ha comprometido a
respetar y a promover, consiste en brindar al conglomerado que constituye su
pueblo, las posibilidades de educarse. ¿Conduce dicha vía a la finalidad
indicada? No necesariamente, ni es de eso de lo que se trata en primer término.
Se trata de que cada persona elija su forma de vida responsablemente, y para
lograr ese objetivo, es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo: la
ignorancia. Sin compartir completamente la doctrina socrática de que el único
mal que aqueja a los hombres es la ignorancia, porque cuando conocemos la
verdad conocemos el bien y cuando conocemos el bien no podemos menos que
seguirlo, sí es preciso admitir que el conocimiento es un presupuesto esencial
de la elección libre y si la elección, cualquiera que ella sea, tiene esa
connotación, no hay alternativa distinta a respetarla, siempre que satisfaga
las condiciones que a través de esta sentencia varias veces se han indicado, a
saber:  que no resulte atentatoria de la órbita de la libertad de los demás y
que, por ende, si se juzga dañina, sólo afecte a quien líbremente la toma.
Poco
sirven las prédicas hueras contra el vicio. Tratándose de seres pensantes (y la
educación ayuda a serlo) lo único digno y eficaz consiste en mostrar de modo
honesto y riguroso la conexión causal existente entre los distintos modos de
vida y sus inevitables consecuencias, sin manipular las conciencias. Porque del
mismo modo que hay quienes se proclaman personeros de una cosmovisión, pero la
contradicen en la práctica por ignorar las implicaciones que hay en ella, hay
quienes optan por una forma de vida, ciegos a sus efectos.
El
examen racional de las cosas no lleva fatalmente a que la voluntad opte por lo
que se juzga mejor. Pero tiene una ventaja inapreciable: garantiza que la
elección es libre y, generalmente, la libertad rinde buenos frutos. Al menos
ése es el supuesto de una filosofía libertaria, como la que informa nuestro
estatuto básico. Con toda razón ha escrito Richard Rorty[2]: "El aglutinante
social que mantiene unida a la sociedad liberal consiste en poco más que el
consenso en cuanto a que lo esencial de la organización social estriba en dar a
todos la posibilidad de crearse a sí mismos según sus capacidades".
Si,
en una hipótesis meramente teórica -que la Corte no propicia ni juzga deseable-
una sociedad de hombres educados y libres resuelve vivir narcotizada, nada ético
hay que oponer a esa decisión. Pero si dichos supuestos se dan, es altamente
probable que tal cosa no ocurra. La educación tiene por destinatario, idéntico
sujeto que el derecho: el hombre libre. Los shocks eléctricos, los
cortes quirúrgicos y los tratamientos químicos no educan, inducen conductas
irresistibles y, en esa medida, niegan brutalmente la condición moral del
hombre, que es lo único que nos distingue de los animales.
No
puede, pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía
personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación
irrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma de
controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona
individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la que
necesariamente se halla integrada.
7.
Unidad normativa.
Conforme
a lo anterior, resultan violatorias del Estatuto Básico, los artículos 51 y 87
de la ley 30 de 1986, este último por constituir unidad normativa con los
acusados. No así el literal j) del artículo 2o., también demandado, por las
razones que más adelante se expondrán, y que llevan a la Corte a considerarlo
claramente ajustado a la Carta.
En
efecto, para integrar la proposición normativa, es preciso hacer referencia al
artículo 87 que, sin duda, merece comentario especial. Dicha norma establece:
"Las
personas que, sin haber cometido ninguna de las infracciones descritas en este
estatuto, estén afectadas por el consumo de drogas que producen dependencia,
serán enviadas a los establecimientos señalados en los artículos 4 y 5 del
Decreto 1136 de 1970, de acuerdo con el procedimiento señalado por este
Decreto".
Que
una persona que no ha cometido ninguna infracción penal -como lo establece el
mismo artículo- sea obligada a recibir tratamiento médico contra una
"enfermedad" de la que no quiere curarse, es abiertamente atentatorio
de la libertad y de la autonomía consagradas en el artículo 16, como
"libre desarrollo de la personalidad". Resulta pertinente, en este
punto, remitir a las consideraciones hechas atrás acerca del internamiento en
establecimiento psiquiátrico o similar, considerado, bien bajo la perspectiva
del tratamiento médico, bien bajo la perspectiva de la pena. Si se adopta la
primera, la norma resulta inconstitucional por violentar la voluntad del
destinatario mediante la subrogación de su capacidad de decidir, por la
decisión del juez o del médico. Cada quien es libre de elegir (dentro de
nuestro ordenamiento) qué enfermedades se trata y si es o no el caso de
recuperar la "salud", tal como se concibe de acuerdo con el criterio
oficial.
Si
se adopta la segunda, la evidencia de inconstitucionalidad es aún mayor, pues
no sólo es inconcebible sino monstruoso y contrario a los más elementales principios
de un derecho civilizado, que a una persona se le sancione sin haber infringido
norma alguna, o se le compela a recibir un tratamiento médico que no desea.
Ahora bien: la protección de los disminuidos "físicos, sensoriales y
psíquicos" a que se refiere el artículo 47 de la Carta, hay que entenderla
como una obligación del Estado frente a las personas que, hallándose en una de
esas situaciones, la soliciten, creándose así una situación ventajosa para
ellas, que tienen, entonces, la facultad de exigir dicha ayuda y no la obligación
de soportar las decisiones que en contra de su autonomía resuelva tomar el
Estado, el cual, se repite, dentro de nuestro ordenamiento, no puede asumirse
como dueño de la voluntad y la vida de los destinatarios.
Acerca
del "deber", establecido en el inciso último del artículo 49, se
hicieron, en otro lugar las consideraciones pertinentes. A ellas se remite la
Corte.
En
síntesis: los preceptos de la Carta que resultan directamente violados por las
disposiciones señaladas, son los siguientes: el artículo 1o. que alude al
respeto a la dignidad humana como fundamento del Estado; el 2o. que obliga al
mismo Estado a garantizar "la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución"; el 5o. que reconoce la primacía
de los derechos inalienables de la persona, dentro de los cuales ocupa un lugar
privilegiado el de la autonomía, como expresión inmediata de la libertad; el 16
que consagra expresamente el derecho anteriormente referido, y el 13
consagratorio del derecho a la igualdad, pues no se compadece con él, el
tratamiento diferente a categorías de personas que deben ser análogamente
tratadas.
8.-
El literal j) del artículo 2o. de la ley 30 de 1986
En
cuanto al literal j) del artículo 2o., también demandado, encuentra la Corte
que se ajusta a la Norma Básica, pues constituye un ejercicio de la facultad
legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque
determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una
actividad lícita (que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra
ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se
estiman socialmente indeseables.
En
ese mismo orden de ideas puede el legislador válidamente, sin vulnerar el
núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad, desconocidos por
las disposiciones que serán retiradas del ordenamiento, regular las
circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras
análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o
socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es
ésa, materia propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de
quienes tienen a su cargo la dirección de actividades de instituciones,
públicas o privadas, quienes derivan de esa calidad la competencia de dictar
reglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro de los
ámbitos que les incumbe regir. Alude la Corte a los reglamentos laborales,
disciplinarios, educativos, deportivos, etc.
Cabe
reiterar, entonces, que no afecta este fallo las disposiciones de la ley 30 del
86, relativas al transporte, almacenamiento, producción, elaboración,
distribución, venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el
mismo estatuto.
Finalmente,
juzga la Corte conveniente observar que, conforme a la Convención de Viena de
1988, suscrita por Colombia y que, conjuntamente con la ley 67 del 93,  fue
revisada por esta Corporación, (sent. C-176/94), dicho Instrumento
Internacional establece la misma distinción mantenida en el presente fallo,
entre consumo y narcotráfico, y que, con respecto al primero, deja en libertad
de penalizarlo o no, a los Estados signatarios.
La
declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986,
por las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que
fueron derogadas por la ley en cuestión.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
R E S
U E L V E :
PRIMERO:
Declarar EXEQUIBLE el literal j) del artículo 2o. de la ley 30 de 1986.
SEGUNDO:
Declarar INEXEQUIBLES los artículos  51 Y 87 de la ley 30 de 1986.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JORGE
ARANGO MEJÍA
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ
GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO
MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA
V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Salvamento
de voto a la sentencia No. C-221/94
DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Límites
(Salvamento de voto)
Interpretar,
como lo ha hecho la mayoría, que el derecho al libre desarrollo de la
personalidad implica la facultad ilimitada de cada quien de hacer o no hacer lo
que le plazca con su vida, aún llegando a extremos de irracionalidad, -como
atentar contra su propia integridad física o mental-, constituye un  funesto
error; pero peor aún resulta interpretar que tal derecho puede ejercerse aun en
perjuicio de los demás. El libre desarrollo de la personalidad se basa,
entonces, en el principio de una justa autonomía del hombre, como sujeto
personal de sus actos. En virtud de la razón natural, que es expresión de
sabiduría, la razón humana es la suprema ley del hombre.
PRINCIPIO
DE DIGNIDAD HUMANA-Drogadicción (Salvamento de voto)
La
dignidad humana exige pues el respeto y promoción incondicionales de la vida
corporal; por tanto, la dignidad humana se opone a esa concepción que, en aras
del placer inmediato, impide la realización personal, por anular de forma
irreversible tanto el entendimiento  como la voluntad, es decir, torna al hombre
en esclavo del vicio, como ocurre en el caso patético de la droga. No es
admisible ningún atentado   contra ese valor personal del hombre que es su
dignidad. Todo el orden jurídico, político y económico debe permitir que cada
ciudadano preserve su dignidad, y en orden a la coherencia, debe garantizar la
prevalencia de dicha dignidad, que siempre es de interés general. Quienes
suscribimos este Salvamento no entendemos cómo puede considerarse que la
autodestrucción del individuo, sin posibilidad de reprimir su conducta nociva y
ni siquiera de rehabilitarlo, pueda tomarse como una forma de realizar el
mandato constitucional de respeto a la dignidad humana, cuando es precisamente
ésta la primera lesionada y, peor aún, aniquilada por el estado irracional al
que se ve conducido irremisiblemente el consumidor de droga.
CONSUMO
DE DROGAS/DESPENALIZACION DEL CONSUMO DE DROGAS (Salvamento de
voto)
Se
colige que el consumo de drogas no es un acto indiferente, sino lesivo contra
el bien común y desconocedor del interés general. Ante esta clase de actos, la
ley tiene que prohibir  esa conducta, so pena de legalizar un desorden
evidente en las relaciones humanas; desorden que imposibilita lograr los fines
del Estado Social de Derecho, y que vulnera, en lo más hondo, la dignidad
humana. Resulta contra la naturaleza de la ley, despenalizar una conducta
lesiva per se. Es un derecho de la sociedad, y de los mismos enfermos, el que
la ley no permita el consumo de sustancias que, como está plenamente
demostrado, inexorable e irreversiblemente atentan contra la especie humana. No
hay ningún título jurídico válido que permita la destrucción de la humanidad.
Resulta un contrasentido amparar la despenalización del consumo de drogas, así
sea limitado a la llamada "dosis personal", en el argumento de la
defensa de la dignidad humana, por cuanto precisamente es esa dignidad la que
se ve gravemente lesionada bajo los efectos de la drogadicción.
PREVALENCIA
DEL INTERES PARTICULAR/PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL (Salvamento
de voto)
En
cuanto hace a la prevalencia del interés general, sobre el particular,
principio preconizado en las distintas normas constitucionales (Arts. 2o., 58,
82), este principio resulta desconocido abiertamente por la Sentencia de la
cual discrepamos, en cuanto ésta lo supedita a una concepción absolutista del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, haciendo prevalecer elementos
tales como el irrefrenable deseo y la imperiosa necesidad del consumo en quien,
bajo el único pretexto de su soberana voluntad, envenena su propio organismo y
proyecta en la sociedad los negativos efectos de la perturbación mental que la
sustancia le causa.
DERECHOS
DE LA FAMILIA-Violación (Salvamento de voto)
Ningún
sentido tiene, entonces, que mientras la Constitución busca proteger a la
familia con tanto énfasis, pueda invocarse el libre desarrollo de la
personalidad de uno de sus miembros como argumento que prevalezca sobre tales
concepciones institucionales, dentro de un criterio individualista que resulta
a todas luces extraño a una concepción contemporánea del derecho.
ALCOHOL-Consumo/TABACO-Consumo/DROGA-Consumo
(Salvamento de voto)
No
desconocemos,  en manera alguna,  los efectos nocivos que puede causar el
alcohol ingerido en altas dosis para el organismo, ni el hecho de que éste ha
sido causa de muchos actos de violencia interpersonal. Pero equiparar los daños
que causa la droga, tanto para la propia persona como para el entorno social,
con los que pueden causar el tabaco o el alcohol, es un exabrupto que no resiste
ningún análisis ni científico ni estadístico. En cuanto al tabaco, es evidente
que la nicotina en él contenida es un problema para la salud, el cual se ve
agravado por el de la adicción. Sin embargo, la nicotina no es un intoxicante
que se convierta en un riesgo para el comportamiento humano; tampoco es una
fuente, inmaginaria o real, de grandes poderes internos  o de intuiciones.
DOSIS
PERSONAL/NARCOTRAFICO-Penalización (Salvamento de voto)
De
la decisión mayoritaria se desprende una paradoja y una ambigüedad muy
difíciles de entender: Por un lado se autoriza el consumo de la dosis personal,
pero por otro se mantiene la penalización del narcotráfico. Es decir que se
permite a los individuos consumir droga, pero se prohibe su producción,
distribución y venta. Carece de toda lógica que la ley ampare al consumidor de
un producto y, en cambio sancione a quien se lo suministre.
REF.:
Expediente D-429
"La
verdadera libertad no consiste en el derecho a escoger el mal, sino en el
derecho a elegir sólo entre las sendas que conducen al bien".
G.
MAZZINI
"La verdadera libertad consiste en el dominio
absoluto de sí mismo".
MONTAIGNE
Los
suscritos magistrados, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, HERNANDO HERRERA
VERGARA, FABIO MORON DIAZ y VLADIMIRO NARANJO MESA salvan su voto en el asunto
de la referencia, por no compartir la decisión de fondo de la Sala Plena de la
Corte Constitucional del día cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), que declaró inexequibles los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de
1986.
Las
razones que mueven a los suscritos magistrados a apartarse de la decisión
mayoritaria son, básicamente, de orden jurídico, por considerar que las normas
declaradas inexequibles tenían pleno fundamento constitucional y, por ende, no
contrariaban ninguno de los preceptos de la Carta Política. Adicionalmente,
consideramos que dicha decisión no sólo contradice claros preceptos que
informan el Estado Social de Derecho, sino que sus efectos pueden resultar
altamente nocivos para bienes protegidos por la Carta como la salud física y
mental de los colombianos, la  pacífica convivencia ciudadana, o la integridad
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y contrarían la
obligación que tiene toda persona de procurar el cuidado  integral de su salud
y la de su comunidad, el principio de solidaridad social, el de  la prevalencia
del interés general sobre el particular, y la obligación de respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios, entre otros preceptos
constitucionales. A continuación nos permitimos explicar las razones que
motivan nuestro disentimiento:
La
Sentencia tiene una motivación que bien puede calificarse de ingenua, y
anacrónica a la vez, pues sólo refleja la concepción del liberalismo
individualista decimonónico, sostenedor del desueto "Estado gendarme"
del Laissez faire-laissez passer, desconociendo en absoluto la evolución
ideológica, política y económica experimentada por el liberalismo
contemporáneo. Cabe señalar que dicha evolución se plasma en el concepto de
Estado Social de Derecho, cuyo diseño en Colombia empezó en la Reforma
Constitucional de 1936 y culminó en la Carta de 1991. Es éste un liberalismo
que exalta las  libertades y derechos, pero que admite limitaciones a éstos en
aras del bien común y la intervención del Estado en la vida económica y social,
buscando  con su actividad el logro de un orden justo y la prevalencia del
interés general sobre el individual.
1.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto
Una
imprecisión sobre el sentido de la libertad -decía Locke- puede anular la
libertad misma. Otro tanto se puede afirmar sobre el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, consagrado en nuestra Constitución, en buena
hora, en su artículo 16. Interpretar, como lo ha hecho la mayoría, que este
derecho implica la facultad ilimitada de cada quien de hacer o no hacer lo que
le plazca con su vida, aún llegando a extremos de irracionalidad, -como atentar
contra su propia integridad física o mental-, constituye un  funesto error;
pero peor aún resulta interpretar que tal derecho puede ejercerse aun en
perjuicio de los demás. No podemos los suscritos magistrados compartir esta
interpretación profundamente individualista y absolutista, a la vez, del
artículo 16. Ella  resulta, por lo demás, abiertamente contradictoria con
reiterada jurisprudencia de esta Corte, en la que se reconoce que no existen,
ni pueden existir, derechos ni libertades absolutos, y que todo derecho o libertad
está limitado por los derechos y libertades de los demás y por el orden
jurídico.
El
caso del derecho al libre desarrollo de la personalidad no es una excepción.
Sorprende que en la decisión mayoritaria se haya pasado por alto el hecho
palmario de que el propio artículo 16 señala con toda claridad las limitaciones
que tiene ese derecho: "las que imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico". En el caso concreto del drogadicto, objeto de las
normas declaradas inexequibles, es evidente que éste con su conducta no sólo se
está causando grave daño físico y mental a sí mismo, sino que con ella está
afectando de manera grave su entorno familiar y, en todo caso, su entorno
social. Es cierto que el drogadicto, en sí mismo, no puede considerarse como un
delincuente, sino com un enfermo en cuyo auxilio el Estado y la sociedad tienen
el deber de recurrir. Pero por la condición mental y psicológica a que su
situación lo conduce, no es menos cierto que el drogadicto corre el riesgo, más
que ningún otro adicto,  de caer en la delincuencia, como lo demuestran de
manera cada vez más alarmante todas las estadísticas en este campo. De ahí que
no pueda reducirse de manera tan simplista el problema de la drogadicción a un
asunto que sólo tiene que ver con el fuero interno o la intimidad de la
persona, sino que, por el contrario, forzosamente afecta a todo el entorno
social. En consecuencia, en aras de defender a todo trance la iniciativa
individual, no se puede tolerar que se atropellen bienes fundamentales de los
asociados reconocidos en nuestra Carta Política, como son los  derechos a la la
vida, a  la paz, a la salud, a la seguridad,  a la convivencia, al bienestar,
etc.
Los
filósofos clásicos -de todas las corrientes- coinciden en que no hay libertad
contra el género humano, así como también en que toda libertad es responsable.
De suerte que afirmar que hay libertad para el vicio, equivale a decir que el
vicio, de una u otra forma, es un objeto jurídico protegido. Siendo que el
vicio no puede considerarse como un bien, sino causa y origen de males, tal
aserto resulta absurdo. La libertad, no puede ir contra la naturaleza humana,
porque, en la esencia del hombre, como principio de operación, encuentra ella
su razón de ser. La naturaleza humana es racional, y en tal virtud el hombre
puede medir y regular sus actos y tendencias; por eso la libertad presupone el
dominio de la persona sobre su ser.  El tratadista español Millán Puelles
analiza el tema de la posible -y confusa- disyuntiva entre naturaleza y
libertad, que pretenden establecer algunos, así:  "La naturaleza sigue
idéntica, a lo largo del cambio. Es algo fijo, como principio de
comportamiento. Mas no es lo mismo ser un principio fijo de comportamiento,
que un principio de comportamiento fijo. En la confusión de estas dos
cosas hay una buena clave para enjuiciar la crítica historicista a la noción
aristotélica de naturaleza. Afirmar que ésta es un principio de comportamiento
fijo no es todavía decir que tal comportamiento no pueda ser libre; ni hay aquí
tampoco ninguna consecuencia necesaria. Se trata sólo de una determinación
genérica, susceptible de inflexiones específicas, pero en la cual, no obstante,
ya hay algo valioso para el asunto que nos ocupa: la concepción de la
naturaleza como principio y fuente de operación y de conducta"1
.
Como
vemos, la supuesta contradicción que algunos ven entre naturaleza y libertad,
obedece a una confusión: creer que la naturaleza humana es un comportamiento
fijo. Cuando se habla de naturaleza humana, no se señala con ello una pauta de
conducta, sino un principio de operación. Ahora bien, ese principio es racional
-tiende a la perfección y no a la destrucción- y en tal virtud, es libre.
No hay, pues, antinomia alguna entre naturaleza y libertad, sino todo lo
contrario: la libertad se fundamenta en la naturaleza perfectible del hombre.
La libertad no puede ir contra el hombre, porque el ser humano es fin en sí
mismo. Por ello resulta cuando menos impropio afirmar que, en aras de la libertad,
el hombre se puede degenerar, lo que equivale a despersonalizarse. El derecho
al libre desarrollo de la personalidad supone que el hombre, en el ejercicio
libre de sus actos, aumente su autonomía, de suerte que sea dueño de sí, es
decir, como persona y no lo contrario: que se anule como tal.
Emmanuel
Kant advierte en torno a la finalidad del ser humano, que el libre albedrío no
puede tener su esencia sino en la realización de los fines racionales del
hombre. La finalidad de que habla el filósofo alemán es la finalidad de la
naturaleza; dicha finalidad no es otra que el mismo hombre, ya que éste es
"el único ser sobre la tierra que posee un entendimiento y, por tanto, una
facultad de proponerse unos fines, por eso merece ciertamente el título de señor
de la naturaleza, y si se considera a la naturaleza como a un sistema
teleológico, es según su destino, el fin último  de la naturaleza; pero es
solamente de una manera condicional, es decir, a condición de que sepa y de que
tenga la voluntad de establecer entre ella y él una relación final tal, que
ésta sea independiente de la naturaleza y, bastándose a sí misma, pueda ser por
consiguiente fin último"2 .
Por
lo demás, la interpretación errónea del derecho al libre desarrollo de la
personalidad como un derecho absoluto que se consigna en la Sentencia,
conduciría también a concluir que, en ejercicio de tal derecho, serían lícitas
otras conductas que, aparentemente, pertenecen al fuero interno de la persona,
como cuando una mujer consiente acabar con la vida de la criatura que está en
su vientre, es decir, el aborto. Siendo ello así, la Sentencia está entonces en
abierta contradicción con reciente jurisprudencia sentada por esta misma Corporación,
que declaraó exequible el artículo 343 del Decreto 100 de 1980, el cual
penaliza el aborto (Sentencia C-133 de 17 de marzo de 1994, Magistrado ponente
Dr. Antonio Barrera Carbonell).
2.
La drogadicción atenta contra la dignidad humana
Resulta
un contrasentido, por decir lo menos, que uno de los escasos argumentos de tipo
jurídico que se menciona en la Sentencia para avalar la supuesta
inconstitucionalidad de las normas consideras inexequibles, sea el de la
dignidad humana.
La
dignidad humana, que es un bien irrenunciable, está implícita en el fin que
busca el hombre en su existencia. El ser humano es fin en sí mismo, ya que toda
la finalidad terrena, de una u otra manera, está referida a su ideal de
perfeccionamiento. Cada hombre, en el uso de su libertad, debe ser consciente
de esto, pues sólo el hombre tiene la superioridad sobre los demás seres del
universo. He ahí el por qué es fin en sí mismo; pero dicha finalidad no es
absoluta, sino limitada, ya que el ser personal está ordenado a unos fines que
vienen determinados por la naturaleza humana. El hombre no vive sólo para sí
mismo, sino también para los demás.
¿Qué
comporta la dignidad del ser humano? Comporta que el hombre es un ser ordenado
a la perfección, como fin esencial. Acrecentar la dignidad humana es una
exigencia de la propia esencia del hombre, que es perfectible. Apartarse de la
dignidad lleva, ineludiblemente, a la degradación del hombre. De ahí la
reiterada apelación de los tratadistas de derechos fundamentales a los fines
racionales del hombre; y de ahí también que tales fines constituyan para la
civilización los principios básicos de moralidad de los actos humanos. La
perfección del hombre, la obtención de los fines, que lleva consigo la plenitudo
essendi, constituye su deber ser fundamental, pues obtener tal
perfección es exigencia de su ser personal. En tal sentido, el deber ser, además
de ser un imperativo, implica el ascenso del hombre hacia la realización de sus
fines racionales.
La
persona humana está pues destinada a unos fines, y ello implica que bienes como
la vida, la salud y la integridad física, psíquica y moral, están traspasados
de finalidad y de trascendencia. La libertad se tiene para aumentar el señorío
de la persona sobre el entorno, y no para degradar la personalidad. La libertad
supone un imperativo ético inescindible y por ello contribuye a los fines
supremos del hombre. Esto enlaza -dice Kant- con la ley natural. Tal ley no es
tampoco un añadido meramente extrínseco al hombre; la ley racional que dirige
las tendencias de éste hacia sus fines propios, es la regla y medida de los
actos humanos. De ahí que lo fundamental que aparece respecto de la vida, de la
integridad física, psíquica y moral, y de la salud, sea el deber de
conservarlas. Pero a la vez, como el hombre -según se ha manifestado- es un ser
de fines, y la libertad es un despliegue del ser personal, tal facultad se
encauza a los fines del ser humano.
Estas
consideraciones fueron las que movieron a John Locke, considerado como el padre
del liberalismo filosófico, a proclamar que la libertad está ordenada a unos
fines, y que no consiste en una potestad absoluta, y mucho menos en una
disposición que atente contra el mismo hombre o contra sus semejantes. "La
libertad del hombre en sociedad consiste -dice Locke- en no estar sometido a
otro poder legislativo que el que se establece por consentimiento dentro del
Estado". Locke refuta al filósofo subjetivista Robert Filmer, quien
concebía la libertad como "la facultad que tienen todos de hacer lo que
bien les parece, de vivir según les place, y de no encontrarse trabados por
ninguna ley". "La libertad del hombre sometido a un poder civil,
sostiene Locke, consiste en disponer de una regla fija para acomodar a ella su
vida, que esa regla sea común a cuantos forman parte de la sociedad,  y que
haya sido dictada por el poder legislativo que en ella rige.  Es decir, la
facultad de seguir mi propia voluntad en todo aquello que no está determinado
por esa regla"[3].
Del
pensamiento de Locke se pueden sacar en claro varias conclusiones: en primer
lugar, la distinción entre la libertad natural y la libertad civil. Aquella
significa la autodeterminación del hombre, no sometido a ninguna potestad sobre
la tierra, y no teniendo más límite que la ley natural; en la libertad civil el
hombre sólo se somete a la ley, la cual, para ser válida, necesita del
consentimiento común, en el que está, sin lugar a dudas, el propio juicio de
quien consiente en  someterse a la ley, para gozar así de la libertad en el
seno de la sociedad. La ley, para Locke, no es una cortapisa a la libertad,
sino una garantía social de la misma. Respetando el contenido de la ley, se
aseguran las facultades individuales coordinadas hacia el bien común. El
filósofo liberal, demuestra que la tesis de Filmer niega la esencia de la
libertad, ya que ésta no consiste en hacer lo que nos plazca, porque tenemos el
deber de encauzar nuestras facultades hacia el bien.
Pero
además, Erich Fromm, ilustre sicoanalista contemporáneo -citado, por cierto, en
la Sentencia aprobada por la mayoría-, también explica, desde otra perspectiva,
cómo la libertad es perfeccionante, y censura el falso ideal de libertad que
lleva consigo la facultad de destruirnos, individual o colectivamente.
"Sabemos -dice Fromm- que la pobreza, la intimidación, el aislamiento,
están dirigidos contra la vida: que todo lo que sirve a la libertad y
desarrolle el valor y la fuerza para ser uno mismo es algo en favor de la vida.
Lo que es bueno o malo para el hombre no constituye una cuestión metafísica,
sino empírica, y puede ser resuelta analizando la naturaleza del hombre y el
efecto que ciertas condiciones ejercen sobre él"[4]. Vemos, pues, cómo el
famoso científico coincide con los clásicos en el sentido de no reconocer una
supuesta libertad que niegue los valores humanos.
Fromm
explica: "El fenómeno del masoquismo nos muestra que las personas pueden
sentirse impulsadas a experimentar el sufrimiento o la sumisión. No hay duda de
que tanto éstos como el suicidio constituyen la antítesis de los objetivos
positivos de la vida (...). Tal atracción hacia lo que es más perjudicial para
la vida es el fenómeno que me parece con más derecho que todos los demás al
nombre de perversión patológica. Muchos psicólogos han supuesto que la
experiencia del placer y el rechazo del dolor representan el único principio
legítimo que guía la acción humana: pero la psicología dinámica puede demostrar
que la experiencia subjetiva del placer no constituye un criterio suficiente
para valorar, en función de la felicidad humana, ciertas formas de conducta. Un
ejemplo de esto es el fenómeno masoquista. Su análisis muestra que la sensación
de placer puede ser el resultado de una perversión patológica, y también que
representa una prueba tan poco decisiva con respecto al significado objetivo de
la experiencia, como el gusto dulce de un veneno para su efecto sobre el
organismo. Llegamos así a definir como ideal verdadero todo propósito que
favorezca el desarrollo, la libertad y la felicidad del yo, considerándose, en
cambio, ficticios aquellos fines compulsivos e irracionales que, si bien
subjetivamente representan experiencias atrayentes, en realidad resultan
perjudiciales para la vida"[5].
En
otras palabras, hay que pasar de la ilusión de libertad, que se basa en la
subjetividad absoluta, a la vivencia real dentro de la libertad, que comporta
un límite ético necesario para coordinar los distintos y legítimos intereses
vitales, dentro de un margen de respeto, tolerancia y apoyo mutuo. Se trata de
una proclamación de la singularidad de cada uno, sin entorpecer ni el
desarrollo vital propio ni el de los demás.
El
libre desarrollo de la personalidad debe pues consistir en un acto de
racionalidad y no de barbarie. La actividad de la razón humana determina la
expresión de la personalidad: la vida moral exige la creatividad propia de la
persona, origen y causa de sus actos deliberados. La razón encuentra su
fundamento en el orden a la perfección, al crecimiento ontológico de la
persona: ésta es llamada a ser cada vez más. El libre desarrollo de la
personalidad se basa, entonces, en el principio de una justa autonomía del
hombre, como sujeto personal de sus actos. En virtud de la razón natural, que
es expresión de sabiduría, la razón humana es la suprema ley del hombre. La
razón no es otra cosa que la regla y medida de los actos humanos, de suerte que
hace que el hombre sea libre, y en aras de la libertad, responsable. La
autonomía de la razón práctica significa que el hombre en sí mismo posea la
propia ley de prudencia para la praxis. La autonomía racional propia del
hombre, por lo anterior, no implica el rechazo del orden moral, sino todo lo
contrario: la compenetración de la plena racionalidad en los fines
perfeccionantes a que está llamado el hombre. De ahí que, por medio de la
libertad, el ser humano es un animal moral, como lo llamara Santo Tomás
de Aquino, aludiendo al zoon politicón aristotélico.
La
dignidad humana exige pues el respeto y promoción incondicionales de la vida
corporal; por tanto, la dignidad humana se opone a esa concepción que, en aras
del placer inmediato, impide la realización personal, por anular de forma
irreversible tanto el entendimiento  como la voluntad, es decir, torna al
hombre en esclavo del vicio, como ocurre en el caso patético de la droga. No
puede afirmarse que el uso de la droga pueda ser algo opcional, porque no hay
una indeterminación de los efectos, sino todo lo contrario:  conduce a la
privación de un bien -la salud, tanto física como mental-, de manera a menudo
irreversible y siempre progresiva. La producción de estupefacientes es, a todas
luces, un crimen actual -y no potencial- contra la humanidad, y tolerar el
consumo de la causa de un mal, es legitimar sus efectos nocivos. En otras
palabras, es legalizar lo que es de por sí no legitimable.
Nuestro
ordenamiento constitucional se funda en la dignidad de la persona. En efecto,
el artículo 1o. de la Carta establece que "Colombia es un Estado Social
de Derecho, organizado en forma de República Unitaria ... fundada en el respeto
de la dignidad humana". Por esta razón no es admisible ningún
atentado   contra ese valor personal del hombre que es su dignidad. Todo el
orden jurídico, político y económico debe permitir que cada ciudadano preserve
su dignidad, y en orden a la coherencia, debe garantizar la prevalencia de
dicha dignidad, que siempre es de interés general. La dignidad del hombre no
permite que éste sea esclavizado, o que  corra el peligro de caer bajo los
efectos de la drogadicción, que es una forma de esclavitud. Por el contrario,
el Estado y la sociedad tienen el deber de preservar al hombre en su dignidad,
y de manera muy especial, de defender a la juventud de todo peligro moral y
físico.
La
dirección del hombre hacia el bien, sólo se logra mediante la libertad,
entendida como la facultad de obrar con conciencia de las finalidades
perfeccionantes a que está ordenada la naturaleza humana. Con frecuencia se
confunde la libertad con el libertinaje, que es la distorsión de aquella, su
caricatura. La libertad fomentada en forma depravada, conduce al libertinaje y
no ennoblece al hombre, sino que le mengua su dignidad. La dignidad humana,
requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección,
es decir, inducido por una convicción interna personal y no bajo la presión de
una pasión o de un deseo desordenado, que en el fondo es una coacción. Por
ello, abandonar a su suerte al enfermo de drogadicción, equivale a dejarlo
sometido a la esclavitud que le ha creado su dependencia de la droga;
abandonarlo a su aparente uso de la libertad, no es otra cosa que colocarlo al
arbitrio de quienes manipulan y controlan el mercado infame de la droga, que,
complacidos, verán cómo ya sus víctimas están autorizadas para seguir
dependiendo de su mercado letal.
No
se compadece, pues, con el concepto de dignidad humana ese enfoque radicalmente
individualista y ciego, en cuya virtud se debe permitir la libre determinación
de la persona, en lo que concierne al consumo de estupefacientes, así sea en
dosis limitadas. No necesitamos demostrar los perniciosos efectos  que causa
la droga en la mente, en el cuerpo y en el espíritu del adicto, quien se
convierte en un ser carente de todo dominio sobre sí mismo, extraviado y ajeno
a todo concepto de comportamiento digno, gobernado únicamente por los  impulsos
irracionales que en él provoca la ingestión de las sustancias tóxicas.
Quienes
suscribimos este Salvamento no entendemos cómo puede considerarse que la
autodestrucción del individuo, sin posibilidad de reprimir su conducta nociva y
ni siquiera de rehabilitarlo, pueda tomarse como una forma de realizar el
mandato constitucional de respeto a la dignidad humana, cuando es precisamente
ésta la primera lesionada y, peor aún, aniquilada por el estado irracional al
que se ve conducido irremisiblemente el consumidor de droga.
El
hombre logra hacer real su dignidad, cuando se encuentra liberado totalmente de
la cautividad de las pasiones y puede libremente tender hacia sus fines
vitales, sin coacción de circunstancias externas.
El
argumento de la Sentencia se sostiene, como se ha señalado, en una errónea
interpretación: como la voluntad humana apetece en  ciertas ocasiones la droga,
en aras del libre desarrollo de la personalidad, hay que permitir tal decisión,
so pena de que el orden jurídico -que es externo- se involucre en la intimidad
de cada cual. La sola fuerza sensitiva no es expresión de una voluntad
consciente, de manera que el adicto a la droga, cuando la consume, no está
ejercitando su libre voluntad, que siempre es racional, sino dejándose llevar
por la fuerza sensitiva; es decir, no está ejerciendo su plena libertad.
La
dignidad del hombre, pues, conduce a que éste ejerza su libre albedrío y no se
deje determinar por la mera fuerza sensitiva. De no ser así, inútiles serían
los racionamientos legales, las exhortaciones, los preceptos, las
prohibiciones, los premios y los castigos. Para demostrarlo, hay que tener
presente que hay seres que obran sin juicio previo alguno, como sucede con los
seres carentes de razón. Otros obran con un juicio previo, pero no libre: los
animales que obran con juicio instintivo, natural, pero no deliberativo. En
cambio, el hombre obra con juicio, puesto que por su facultad cognoscitiva,
juzga sobre lo que debe evitar o buscar. Como quiera que este juicio no
proviene del instinto natural ante un caso concreto, sino de un análisis
racional, se concluye que obra por un juicio libre. Cuando se trata de algo
contingente, la razón puede tomar direcciones contrarias. Ahora bien, las
acciones particulares son contingentes, y, por lo tanto, el juicio de la razón
sobre ellas puede seguir diversas direcciones, sin estar determinado a una
sola. Así pues, es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo
que es racional. Pero cuando cae bajo la dependencia absoluta de la droga, no
puede decirse que el hombre está autodeterminándose, sino que ha perdido su
libre albedrío y está sometido a la fuerza sensitiva que le determina la
necesidad de la droga de la cual depende. ¿Cuál libertad hay, pues, en el
drogadicto? ¿Puede haber libertad contra la dignidad?
3.
El consumo de la droga no puede considerarse como un acto indiferente
Como
ya es tradición jurídica inobjetable, los actos de la ley pueden clasificarse
en mandar, permitir, prohibir, y castigar, de acuerdo con la naturaleza de los
actos humanos. Así, por ejemplo, la ley manda los actos humanos  benéficos y
necesarios para el bien común; v.gr. los actos de solidaridad. A su vez, la ley
prohibe los actos nocivos contra el bien común; v.gr.: el homicidio, el
secuestro, el narcotráfico. Los actos indiferentes, es decir, aquellos que
tienen muy poco de bondad o maldad, son permitidos. Y la transgresión a la ley
es castigada.
Ahora
bien, de la decisión mayoritaria se colige que el consumo personal de
estupefacientes, por ser un acto privado, es un acto indiferente para el
derecho, aunque tenga repercusiones morales. Pero resulta que no todo acto
privado es, de suyo, indiferente, porque puede trascender a la comunidad y
afectar tanto el interés general como el bien común. La gravedad evidente -que
por tanto, no requiere ser demostrada- del consumo de drogas, hace que sea
apenas razonable juzgar que el consumo de tales tóxicos no sea indiferente. No
puede ser indiferente para el Estado, ni para la sociedad civil, el que uno de
sus miembros esté privándose de la salud de manera injustificada y con la
complicidad de los asociados. El bienestar de cada uno de los asociados es de
interés general.  La Sentencia arguye que, en ese orden de ideas, se tendrían
que prohibir  las bebidas alcohólicas y el consumo de cigarrillos. La
diferencia ya es bien conocida:  con el consumo de cigarrillos o de bebidas
alcohólicas existe la posibilidad de lesión, y así como no puede obligarse a lo
imposible, tampoco puede limitarse a toda posibilidad, por indeterminación del
objeto. El hecho posible es incierto. Pero ocurre que con el consumo de drogas
alucinógenas,  la circunstancia no es la mera posibilidad de lesión, sino la certeza
de lesión  y la probabilidad, en muy alto grado, de dependencia. Ya no
hay un mero riesgo, sino un peligro grave e inminente de que el efecto nocivo
se produzca.
Por
todo lo anterior, se colige que el consumo de drogas no es un acto indiferente,
sino lesivo contra el bien común y desconocedor del interés general. Ante esta
clase de actos, la ley tiene que prohibir  esa conducta, so pena de legalizar
un desorden  evidente en las relaciones humanas; desorden que imposibilita
lograr los fines del Estado Social de Derecho, y que vulnera, en lo más hondo,
la dignidad humana.
Resulta,
pues, contra la naturaleza de la ley, despenalizar una conducta lesiva per
se. Es un derecho de la sociedad, y de los mismos enfermos, el que la ley
no permita el consumo de sustancias que, como está plenamente demostrado,
inexorable e irreversiblemente atentan contra la especie humana. No hay ningún
título jurídico válido que permita la destrucción de la humanidad. El sofisma
que se trae a cuento, en la Sentencia, según el cual entonces deberían
prohibirse todos los vicios, fue hace mucho resuelto por los juristas romanos y
por los clásicos pandectistas, cuando demostraron cómo no todos los vicios
humanos pueden ser erradicados por la ley; pero cuestión diferente es cuando se
está en presencia de un vicio que obstruye directa, grave e inminentemente el
bienestar individual y colectivo, caso en el cual la razón impele a prohibirlo
por necesidad.
4.
Las normas declaradas inexequibles tienen sólidos fundamentos
constitucionales
Como
lo afirmamos al comienzo de este Salvamento, las normas declaradas inexequibles
tienen sólidos fundamentos constitucionales. Para empezar, en el Preámbulo de
la Carta Política se señala entre los fines de ésta el de "asegurar a
sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, el conocimiento, la
libertad y la paz dentro de un marco jurídico (...) que garantice un orden
(...) social justo". Es claro, y no necesita de mayor demostración,
que la vida, la convivencia, el trabajo y la paz, entre otros valores, se ven
gravemente comprometidos por efectos de la drogadicción. No es compatible la
coexistencia de un verdadero orden justo, con la destrucción  paulatina de un
sector de la población  víctima del consumo de drogas, el cual por lo demás,
mucho tememos se  verá incentivado  con la despenalización, así ésta se limite
a la llamada "dosis personal".
A
continuación señalaremos otros de los clarísimos fundamentos constitucionales
que han sido desconocidos por la Sentencia al declarar la inexequibilidad de
las normas objeto de la decisión:
4.1
Se fundamentan en el concepto de Estado Social de Derecho
El
artículo 1o.  define a Colombia como un Estado Social de Derecho, con todas las
implicaciones que ello tiene, particularmente en cuanto hace a la efectividad
del principio de la prevalencia del interés general, que también consagra este
artículo. Pero, además, señala él qe la República de Colombia está "fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran". En cuanto hace a la dignidad humana, como
se ha demostrado de modo incontrovertible en el presente Salvamento, ésta se
desconoce de manera flagrante  al permitirse el consumo de drogas sicotrópicas
y alucinógenas, bajo cuyos efectos el individuo atenta contra su propia
dignidad como persona, al reducirse a la categoría de un ente que actúa sin
responsabilidad y sin conciencia, cayendo en los más abyectos estados  de
relajamiento  moral y ético, en conductas irracionales y, con lamentable
frecuencia, en conductas delictivas. Resulta un contrasentido amparar la
despenalización del consumo de drogas, así sea limitado a la llamada
"dosis personal", en el argumento de la defensa de la dignidad
humana, por cuanto precisamente es esa dignidad la que se ve gravemente
lesionada bajo los efectos de la drogadicción. Por otra parte, tampoco resulta
difícil demostrar cómo el trabajo se ve gravemente afectado por el flagelo de
la drogadicción, y cómo quienes son sus víctimas ven sensiblemente reducidas su
capacidad laboral y productiva. Las estadísticas demuestran claramente cómo, en
muy alto porcentaje, quienes caen en la drogadicción, al disminuir su capacidad
laboral, terminan engrosando las filas de desempleo, la vagancia y la
mendicidad.
4.2
Se fundamentan en los fines esenciales del Estado
El
artículo 2o. señala los fines esenciales del Estado. Entre ellos aparecen los
de "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,
así como los de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo".  No puede ser compatible la coexistencia de un verdadero orden
justo, ni la prosperidad general, ni la convivencia pacífica, con la
destrucción paulatina de sectores cada vez más grandes de la  población,
particularmente de la juventud, por obra del consumo de drogas alucinógenas
Menos
aún puede ser compatible con la coexistencia de un orden justo ni con la
convivencia pacífica, el hecho de que al despenalizar el consumo de drogas
sicotrópicas y alucinógenas se incentive, por otro lado, la producción y
tráfico de éstas, fortaleciendo así a los carteles de la droga, que desde hace
largos años se han convertido en los peores enemigos de la sociedad colombiana
e internacional, a través no sólo de este tráfico nefando, sino de sus acciones
criminales que, en forma tan grave e irreparable, han atentado y atentan contra
los derechos fundamentales, contra la convivencia pacífica y contra el orden
legal.
El
mismo artículo 2o. establece que "las autoridades de la República están
instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares". (Subrayados nuestros). Es claro que las normas
declaradas inexequibles constituían un desarrollo de esta disposición, sobre
todo lo que hace a la protección a la vida y al aseguramiento de los deberes
sociales de los particulares, disposición esta última que se enmarca también
dentro del concepto de Estado Social de Derecho.
4.3
Se fundamentan en el deber del Estado y de la sociedad de velar por la salud
de los asociados
De
manera nítida y reiterativa la Constitución busca asegurar la protección de las
salud física y mental de los asociados. El artículo 13 establece que "el
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición ...
física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta". Es
evidente que el drogadicto debe ser objeto de esta especial protección, por su
condición física y mental y por la circunstancia de debilidad manifiesta a que
su dependencia de las drogas alucinógenas lo reduce.
Por
otro lado, el artículo 47 de la Carta Política dispone: "El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran".
En
las dos normas declaradas inexequibles se preveían mecanismos para la
rehabilitación e integración social de los drogadictos, a quienes debe
tratarse, como es apenas lógico, como disminuídos físicos, sensoriales y
síquicos, y a quienes, por tanto, debe prestarse la atención especializada que
necesitan, a través de establecimientos siquiátricos o similares de carácter
oficial o privado, por el término necesario para su recuperación, tal como
disponía el artículo 51 de la Ley 30 de 1986.  Más aún, este artículo
establecía que: "La autoridad correspondiente podrá confiar al
drogadicto al cuidado de la familia o remitirlo,  bajo la responsabilida de
ésta, a una clínica, hospital o casa de salud, para el tratamiento que
corresponda, el cual se prolongará por el tiempo necesario  para la
recuperación de aquel".
El
artículo 49, por su parte, consagra que "la atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado", y
que "se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud".  Y en su inciso
final, este mismo artículo es perentorio:
"Toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y  la
de su  comunidad".  (Subrayado nuestro).
No
se limita pues  esta disposición a garantizar a todas las personas el acceso a
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, sino que
impone a cada uno el deber de procurar el cuidado integral no sólo de su
salud sino la de su comunidad. Así, se desprende que dentro de un Estado Social
de Derecho, el problema de la salud individual no es un problema al cual el
Estado pueda ser ajeno, sino que interesa a éste y en general a toda la
comunidad.
Como
si ello fuera poco, el artículo 366 establece que "el bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades
sociales del Estado" y que "será objetivo fundamental de su
actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, etc.
...". Así, tanto el bienestar general como el mejoramiento de la
calidad de vida, que tan seriamente se ven afectados por la drogadicción, se
consagran como finalidades sociales del Estado; y como objetivo fundamental de
su actividad, aparece en primer término la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, solución que se busca, entre otros mecanismos, a través
de los previstos en las normas declaradas inexequibles.
Como
puede apreciarse, la Constitución Política consagra el deber del cuidado de la
salud, tanto en cabeza de los asociados, individualmente considerados, como del
Estado mismo.  Ninguno de los enunciados propósitos constitucionales puede
cristalizarse, si se considera contraria a la Carta Política una norma legal
que obliga al Estado a prestar atención especializada a quien padece notorias y
graves afecciones ocasionadas por su situación de drogadicto.
Pero,
además, en el mismo campo de la solidaridad como criterio orientador en la
interpretación de la Carta, debe decirse que permitir a las personas portar y
consumir libremente determinada dosis de droga representa la negación de
aquel.  Las consecuencias que se derivan del consumo de alucinógenos, tanto
para quien los usa como para el núcleo social en cuyo medio se desenvuelve,
resultan desastrosas.
4.4
Se fundamentan en la prevalencia del interés general sobre el particular y
en el catálogo de deberes de las personas
En
cuanto hace a la prevalencia del interés general, sobre el particular,
principio preconizado en las distintas normas constitucionales (Arts. 2o., 58,
82), este principio resulta desconocido abiertamente por la Sentencia de la
cual discrepamos, en cuanto ésta lo supedita a una concepción absolutista del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, haciendo prevalecer elementos
tales como el irrefrenable deseo y la imperiosa necesidad del consumo en quien,
bajo el único pretexto de su soberana voluntad, envenena su propio organismo y
proyecta en la sociedad los negativos efectos de la perturbación mental que la
sustancia le causa.  La colectividad, por su parte, queda inerme, pues a partir
de la interpretación que se ha impuesto, no contará  siquiera con el amparo de
la ley para reprimir el uso de la droga, ni para actuar sobre el drogadicto con
miras a su recuperación.  Los elementos de defensa social han sido excluídos así
del ordenamiento jurídico.
Nos
negamos a aceptar que esto pueda ser así a la luz de la Constitución. Como ya
lo hemos resaltado, su mismo artículo 16, invocado por la mayoría como norma
quebrantada, impone al libre desarrollo de la personalidad, como limitaciones,
los derechos de los demás y el orden jurídico, auténticas expresiones del
interés general.
Debe
tenerse en cuenta, por otra parte, que al tenor del artículo 95 de la Carta, el
primer deber de toda persona consiste en respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios (art. 95, num. 1).  A renglón seguido, así mismo, dicho
artículo consagra también como deberes de la persona y del ciudadano el de "obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas".   (art. 95, num. 2).   A la vez, el ya citado artículo 49,
inciso final, impone a toda persona " el deber  de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad".
4.5
Se fundamentan en los derechos de la familia, los niños y los adolescentes
El
artículo 5o. de la Constitución reconoce y ampara a la familia  como  institución
básica de la sociedad y el 42 la define como núcleo fundamental de
la misma.
Es
la familia la primera que padece, y no de cualquier manera, los efectos
negativos que propicia el consumo de drogas por parte de cualquiera de sus
miembros.  La drogadicción destruye la unidad familiar, hace perder el respeto
entre sus miembros, genera violencia, implica pérdida del autocontrol  por
parte de quien la usa,  elimina todo valor y hace desaparecer en la persona
cualquier concepción edificante.  Muy grave es el daño que causa el padre
drogadicto:  su estado provoca la ruptura de los lazos afectivos, genera la
desintegración entre los cónyuges y ocasiona, en razón de la despersonalización
de la víctima, un resquebrajamiento de su autoridad y la absoluta imposibilidad
de educar a los hijos, sin contar con la ruina moral y material que se produce,
de manera casi inevitable, en el seno de la institución familiar, si persisten
las causas del mal.  El afectado pierde todo sentido de responsabilidad y de
juicio.
Por
su parte, el hijo perturbado por la ingestión de alucinógenos desconoce la
autoridad de sus padres, se constituye en un mal ejemplo para sus hermanos,
socava las bases de comprensión y respeto que inspira el hogar y se convierte
en permanente amenaza de zozobra para quienes integran la familia.
Frente
a tan delicadas consecuencias, alguna respuesta debe hallarse, y se halla en la
Constitución Política. El Estado y la sociedad, según su artículo 42 "garantizan
la protección integral de la familia". Ella debe comprender tanto el
aspecto material como el moral  y la armonía familiar, indispensables para su
subsistencia y necesarios para la convivencia pacífica dentro del entorno
social.
La
misma norma declara que la dignidad de la familia es inviolable y establece que
las relaciones familiares se basan en el respeto recíproco entre todos sus
integrantes. Una y otra resultan gravemente afectadas cuando la droga irrumpe
en el seno del hogar.
El
artículo 42 reprime, además, "toda forma de violencia" en la familia,
porque la considera "destructiva de su armonía y unidad",  razón por
la cual estatuye que será sancionada conforme a la ley.
Ningún
sentido tiene, entonces, que mientras la Constitución busca proteger a la
familia con tanto énfasis, pueda invocarse el libre desarrollo de la
personalidad de uno de sus miembros como argumento que prevalezca sobre tales
concepciones institucionales, dentro de un criterio individualista que resulta
a todas luces extraño a una concepción contemporánea del derecho.
Al
considerar  los graves efectos que tiene el consumo de la droga en el seno de
la familia, causando su destrucción y lesionando gravemente a quienes son
miembros de ella, no podemos dejar de referirnos a los derechos de los niños y
de los adolescentes, plasmados en los artículos 44 y 45 de la Constitución.
En
cuanto a los niños alude, la Carta Política ha incluido entre sus derechos
fundamentales el de "tener una familia", así como el derecho "al
cuidado y al amor", elementos todos éstos que desaparecen cuando la
dependencia de los estupefacientes afecta a los padres y a los hermanos
mayores.
También
señala el precepto, que los niños "serán protegidos contra toda forma
de abandono y de violencia física o moral". A nuestro juicio, es claro
que los menores son las primeras víctimas del consumo de alucinógenos por parte
de sus progenitores, pues no es menester demostrar que si el responsable de la
familia o uno de sus miembros es adicto, el niño es abandonado a su suerte, y
es casi seguro que sea víctima de violencia física y, en todo caso, moral por
parte de aquel.
Por
lo que hace al adolescente, el artículo 45 de la Constitución declara que  éste
"tiene derecho a la protección y a la formación integral". Es
decir, cuando el legislador -como en el caso de las normas acusadas- estatuye
formas concretas en el campo de la recuperación del joven que ha caído en la
dependencia de la droga, no hace cosa diferente de desarrollar el mandato
constitucional.  Mucho más en un Estado Social de Derecho como el que proclama
el artículo 1o. de la Constitución, con el cual no sería compatible la defensa
de unos órganos estatales ajenos al compromiso de asistir al adolescente, cuyo
estado de postración física y moral demanda la presencia eficiente de quienes
tienen a su cargo el cuidado de la comunidad.
4.6
Se fundamentan en la Convención de Viena suscrita por Colombia
Dice
el artículo 93 de la Constitución, que los derechos y deberes consagrados en
ella "se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia". En la materia de que
se trata, tiene excepcional importancia la Convención de las Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y aprobada por la Ley 67 de 1993,
hallada exequible por esta Corte (Fallo C-176 del 12 de abril de 1994,
magistrado ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero).
Allí
se afirma que las partes llegan a adoptar los acuerdos que componen la
Convención "profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia
creciente de la producción, la demanda  y el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza
para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases
económicas, culturales y políticas  de la sociedad".  (Subrayamos).
Según
el artículo 3o. de la Convención, cada una de las partes adoptará las medidas
que sean necesarias para tipificar en su derecho interno delitos relativos a la
fabricación, la oferta, el transporte y el tráfico de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas.
Dice
el literal 2) de dicho artículo que, a reserva de sus principios
constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico,
cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar
como delitos penales la posesión, la adquisición o el  cultivo de
estupefacientes  o sustancias sicotrópicas para el consumo personal. Es decir,
que a la luz de la Convención de Viena, cada Estado podrá, a su juicio,
establecer en su legislación si penaliza o no la llamada dosis personal.  No
otra cosa fue lo que hizo el legislador colombiano mediante la Ley 30 de 1986
en los artículos declarados inexequibles.
5.
La penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal
La
cuestión de si la tenencia de estupefacientes para consumo personal debe ser o
no objeto de sanción legal, ha sido ampliamente discutida, tanto en los países
donde se ha llegado a la despenalización, como en los que aún se mantiene, que
son la inmensa mayoría.  Respecto de aquellos, resulta oportuno señalar cómo
la permisividad ha producido funestas consecuencias como ha ocurrido en España,
en Inglaterra -donde la medida ha sido reconsiderada-, o en la misma Holanda,
precursora en este campo, y cómo, en general, en estos países la permisividad
se limita a las drogas menos dañinas, como la marihuana o el hachís en pequeñas
dosis, pero se ha mantenido la prohibición para las llamadas drogas
"duras". En todo caso, la despenalización ha tenido, en general,
efectos contraproducentes.  Así se registra en un estudio sobre la materia:
"Hay
dos antecedentes importantes que muestran el fracaso de la legalización: Inglaterra
tomó medidas en los años 60 y 70 para que los adictos pudieran recibir heroína
legalmente en las farmacias; el resultado fue un aumento del 100% en el número
de adictos y un aumento del 300% en el tráfico ilegal. Alaska emitió una ley
que aumentó la dosis personal de marihuana a 4 onzas (unos 140 gramos) y el
resultado es que el uso de la marihuana entre los niños de 11 a 14 años se hizo
casi tres veces mayor allí que en el resto de los Estados Unidos. Esta medida
fue derogada recientemente".[6]
Cabe
anotar, por lo demás, que se trata, en estos casos, de países que no son
productores ni exportadores de droga; distinto es el caso de Colombia, donde a
los altos índices de consumo  se agrega el hecho desgraciado de que es uno de
los principales productores y exportadores a nivel mundial, con las
implicaciones que ello puede acarrear.
Sobre
el tema de la penalización del consumo personal, consideramos pertinente
transcribir el muy autorizado concepto del jurista Carlos Santiago Nino, en su
obra "Etica y derechos humanos":
"Al
discutir este tema me parece relevante partir de la base de que la adicción,
por lo menos a algunas drogas, puede efectivamente degradar la calidad de vida
de un individuo al deteriorar varias de sus capacidades afectivas,
intelectuales, laborales, etc.
"Asimismo,
ninguna discusión responsable de este tema puede dejar de tomar en cuenta los
argumentos fácticos que han alegado legisladores y jueces para justificar la
represión de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
"Es
indudablemente cierto, en primer lugar, que el consumo habitual de, por lo
menos, muchas de las sustancias calificadas como estupefacientes acarrea serios
trastornos físicos e incluso, eventualmente, la muerte de quien incurre en él.
También es incuestionable que ese hábito pueda dar lugar a graves
perturbaciones psíquicas, sea por efecto directo de la droga o por efecto de la
combinación entre la creciente dependencia de ésta y al dificultad para
satisfacer la necesidad que esa dependencia genera.
"Tampoco
puede dudarse que el consumo de estupefacientes por parte de ciertos individuos
tiene consecuencias extremadamente perniciosas para la sociedad en conjunto.
En primer lugar, como se ha dicho muchas veces, el círculo inicial de
drogadictos tiende naturalmente a expandirse, como en el caso de una enfermedad
comunicable.  L.G. Hunt ha formulado la hipótesis de que la drogadicción
presenta las características de una verdadera epidemia, puesto que cada adicto
introduce a otros en el vicio, los que, a su vez, introducen a otros,
extendiéndose la adicción en forma contagiosa.  En segundo término, el consumo
de drogas aparece asociado con la comisión de algunos delitos, principalmente
delitos contra la propiedad.
"También
el consumo de drogas se presenta vinculado a situaciones de desempleo, aunque
aquí se debe ser cauteloso al establecer la dirección de la relación causal.
"En
la apreciación de los efectos sociales nocivos del consumo de drogas se debe
también tomar en cuenta la incidencia que la prohibición misma del tráfico de
estupefacientes tiene en la generación de tales efectos.  Por ejemplo, es
indudable que el consumo de estupefacientes alimenta un tipo de delincuencia
organizada con ramificaciones internacionales, que está asociada con hechos de violencia,
corrupción y una amplia gama de otras actividades ilícitas; este tipo de
delincuencia aprovecha la oportunidad para explotar cualquier actividad
lucrativa que esté legalmente proscripta en cierto ámbito, como fue el caso de
la fabricación y venta de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos de los años
20, y lo es ahora en relación al juego clandestino, la prostitución, el tráfico
de armas, etcétera.
"Es
posible que la percepción de los daños individuales y sociales que el consumo
de estupefacientes genera no sea la única razón por la cual él es valorado
negativamente por la moralidad media. Aun frente a un caso hipotético en que,
por las características de la droga consumida o por las condiciones en que se
la consume, estuviéramos relativamente seguros de que el drogadicto no está
expuesto a daños físicos serios o a perturbaciones psíquicas desagradables para
él, y que su adicción no tiene consecuencias nocivas para otra gente o para la
sociedad en conjunto, de cualquier modo su hábito de consumir drogas sería
considerado disvalioso y reprochable por la opinión moral prevaleciente en el
medio social.   Se juzga a la drogadicción, independientemente de sus efectos
nocivos, como un hábito degradante que manifiesta un crácter moral defectuoso.
No es fácil articular la justificación de esta reacción moral, pero ella está
posiblemente asociada a un ideal de excelencia personal que forma parte de
nuestra cultura occidental, y que exalta, por un lado, la preservación de
nuestra capacidad de adoptar y llevar a cabo decisiones, en contraste con una
autoinhibición en tal sentido, y que enaltece, por otro lado, la adquisición de
experiencias "reales" a través de nuestras propias acciones, en
contraste con el goce de experiencias "artificiales" que no se corresponden
con nuestra actuación en el mundo.  Robert Nozick hace explícitos algunos de
los aspectos de este ideal de excelencia humana al mostrar lo insatisfactorio
que nos resultaría la alternativa imaginaria de pasar toda nuestra vida
conectados a una fantástica máquina de experiencias que pudiéramos programas a
voluntad de tanto en tanto, proveyéndonos la sensación de vivir la vida que
consideramos  más satisfactoria.  Preferimos tener una vida menos  agradable
pero que sea "nuestra" vida, o sea el resultado de nuestra actuación
y contacto con la realidad.  Los estupefacientes pueden ser vistos como un
sustituto rudimentario de esa "máquina de experiencias"[7].
6.
¿Es tan nociva la droga como el alcohol y el tabaco y por ende debe dárseles
a éstos el mismo tratamiento?
La
Sentencia pretende equiparar los efectos del consumo de la droga con el del
alcohol. Llega inclusive a preguntar con alarma: "¿Por qué entonces, el
tratamiento abiertamente distinto, irritantemente discriminatorio, para el
alcohólico y para el drogadicto?". Y, aunque no lo dice claramente,
sugiere que al penalizarse el consumo de droga y no el del alcohol, se está desconociendo
el derecho a la igualdad. Pretende demostrar su aserto con unos datos, según
los cuales, en la ciudad de Medellín ha aumentado en la última década el
porcentaje de víctimas de muerte violenta que tenían en su sangre "cifras
positivas de alcohol" (A propósito cabría preguntar ¿bajo efectos de qué
sustancias se encontraban sus victimarios?). No desconocemos,  en manera
alguna,  los efectos nocivos que puede causar el alcohol ingerido en altas
dosis para el organismo, ni el hecho de que éste ha sido causa de muchos actos
de violencia interpersonal. Pero equiparar los daños que causa la droga, tanto
para la propia persona como para el entorno social,  con los que pueden causar
el tabaco o el alcohol, es un exabrupto que no resiste ningún análisis ni
científico ni estadístico.
En
cuanto al tabaco, es evidente que la nicotina en él contenida es un problema
para la salud, el cual se ve agravado por el de la adicción. Sin embargo, la
nicotina no es un intoxicante que se convierta en un riesgo para el
comportamiento humano; tampoco es una fuente, inmaginaria o real, de grandes
poderes internos  o de intuiciones. Nadie comete un crimen inducido por una
dosis de nicotina. De igual forma, nadie se presenta al trabajo con signos de
incapacidad para laborar, o acude a la escuela con problemas de aprendizaje,
por culpa del tabaco. Mientras que los consumidores de drogas son calificados
socialmente como adictos, al fumador de tabaco jamás se le asigna tal
calificativo social.
En
cuanto al alcoholismo, no se necesita ir demasiado lejos para comprobar que son
inmensamente más graves los daños que causa la drogadicción a la propia persona
y al entorno social,  que los que puede causar aquél. Que se sepa, un
alcohólico no suele atracar ni asesinar para obtener el dinero para pagarse un
trago, cosa que, por el contrario, sucede cotidianamente con el drogadicto,
aquí y en todas partes del mundo. Que se sepa, tampoco los alcohólicos son
protagonistas de masacres y genocidios; en cambio está plenamente probado que,
en muchos casos, los sicarios que cometen tales crímenes lo hacen bajo efectos
de alucinógenos. Tampoco se requiere de amplios conocimientos médicos para
saber que uno de los efectos principales del alcohol  consiste en un
relajamiento de las funciones motrices y la somnolencia, lo cual le impide
actuar con agilidad,  cosa que no ocurre con la droga que, por el contrario, en
la mayoría de los casos obra como excitante del sistema nervioso. Que en
Colombia el alcohol haya sido causa de violencia es, como lo decimos, indiscutible.
Pero que la droga lo ha sido en proporciones inmensamente mayores también lo
es. No es una simple coincidencia el hecho de que el alarmante aumento de los
índices de criminalidad en nuestro país en las últimas décadas, haya ido parejo
con el del consumo de drogas, sin contar con la que ha generado el tráfico de
la misma. El aumento de la delincuencia común entre nosotros  está,  pues,
indisoluble e indiscutiblemente asociado al del tráfico y consumo de drogas.
En
cuanto al riesgo de adicción por consumo, las estadísticas demuestran cómo
mientras el del alcohol es del 10% de los consumidores regulares, el de la
cocaína supera el  80% y el del basuco, o "crack", o el de la
heroína, por ejemplo, virtualmente alcanzan un 100%.  En lo que se refiere al poder
de alteración mental, mientras la nicotina ocasiona únicamente alteraciones
afectivas y el alcohol  consumido en grandes cantidades, puede llegar a tener
efectos de alteración mental, en cambio, la cocaína aun siendo utilizada en
pequeñas dosis, tiene los más altos riesgos de producir alteración mental.
Frente al argumento de que el consumo de marihuana no es peor en sus efectos
que el del alcohol o la nicotina, un informe de Naciones Unidas señala lo
siguiente:
"A
diferencia del alcohol, que por lo general abandona el organismo antes de 24
horas en virtud de su carácter hidrosoluble, la marihuana es liposoluble, lo
que significa que los productos químicos psicoactivos se fijan en las partes
grasas del organismo (por lo general el cerebro y los órganos reproductores) y
pueden detectarse hasta 30 días después del uso inicial. Una amplia
investigación ha demostrado que la marihuana altera la memoria reciente y
retarda el aprendizaje; dificulta las funciones reproductoras normales; afecta
negativamente a las funciones cardíacas; tiene graves consecuencias sobre la
percepción y el desempeño de actividades especializadas, como la conducción u
otras tareas complejas en las que intervienen el juicio o destrezas motoras
especiales, y dificulta seriamente las funciones pulmonar y respiratoria. Un
cigarrillo de mariguana contiene más agentes carcinógenos que el más fuerte
cigarrillo de tabaco".[8]
De
acuerdo con el Dr. Herbert Kleber, experto en drogas de la Universidad de
Columbia en Nueva York, psiquiatra y ex-funcionario de la oficina de Política
para el Control de las Drogas, el poder adictivo de la cocaína en polvo tiene
una proporción de 5 a 1. Es decir, por cada cinco personas que consumen esta
droga, una se vuelve adicta a ella. Para el Crack, la proporción es de 3 a 1,
en cambio para el alcohol es de 7 a 1.  Por otra parte, un estudio
realizado por el profesor Dr. Mark Gold de la Universidad de la Florida, señala
que "los adolescentes son particularmente susceptibles de llegar a un
grado de adicción por consumo de cocaína. En efecto, señala el profesor Gold,
que mientras que un adulto requiere en promedio de cuatro años de consumo de
cocaína para experimentar deterioro físico y la consecuente adicción, en el
caso de adolescentes ese lapso se reduce a un promedio de uno y medio
años."[9].
7.
Una
paradoja inexplicable y una contradicción protuberante
De
la decisión mayoritaria se desprende una paradoja y una ambigüedad muy
difíciles de entender: Por un lado se autoriza el consumo de la dosis personal,
pero por otro se mantiene la penalización del narcotráfico. Es decir que se
permite a los individuos consumir droga, pero se prohibe su producción,
distribución y venta. Carece de toda lógica que la ley ampare al consumidor de
un producto y, en cambio sancione a quien se lo suministre. ¿Cómo resolver éste
dilema? ¿Acaso despenalizando también la producción, distribución y venta de la
droga? ¿Es decir, legalizando toda la actividad del narcotráfico y convirtiendo
así de la noche a la mañana, a sus tenebrosas mafias  en "honestos
comerciantes y exportadores"? La opinión nacional e internacional, con
toda razón, serían unánimes en repudiar tan aberrante solución, que implicaría
ni más ni menos que convertir de una plumada a los peores criminales que ha
conocido nuestra historia, a los responsables de millares y millares de
asesinatos, de secuestros, de magnicidios, y del envenenamiento sistemático y
colectivo de la juventud, en inocentes víctimas del  peso de la ley. Quienes
suscribimos este Salvamento somos perentorios en rechazar de la manera más
rotunda tal posibilidad. Pero, al igual que el resto de la opinión,
manifestamos nuestra perplejidad ante la enorme contradicción que ha quedado
planteada con el fallo.
* * *
Finalmente,
los suscritos magistrados vemos con preocupación cómo este fallo ha suscitado
en todos los estamentos de la sociedad una previsible y a nuestro juicio
justificada reacción de inconformidad y rechazo, que necesariamente incide en
el bien ganado prestigio de una Corporación que, como la Corte Constitucional,
ha venido trabajando con tanto empeño por defender el orden jurídico, los
fundamentos del Estado Social de Derecho, y los más altos valores que informan
a la sociedad colombiana. Reconocemos, sin embargo, que la decisión de los
cinco magistrados que conformaron la mayoría se adoptó en ejercicio pleno de
claras facultades constitucionales. Por otra parte, celebramos el hecho de que
finalmente se haya consignado en la Sentencia, de manera expresa, la facultad
que tiene el legislador para "regular las circunstancias de lugar, de
edad, de ejercicio temporal de la actividad, y otras análogas, dentro de las
cuales el consumo de drogas resulta inadecuado o socialmente nocivo",
aclaración que busca morigerar los efectos de la gravísima decisión aprobada
por la mayoría y, en parte, restaurar, aunque parcialmente, la efectividad de
las normas declaradas inexequibles, pero que sin embargo deja en firme el
incalculable daño causado. Empero, sin esta aclaración los efectos de la Sentencia
serían aún más funestos que los que la sociedad en general, con justa razón
teme.
Fecha
ut supra.
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
FABIO
MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
[1]Paidós, Buenos Aires, 1962.
[2] "Contingencia, Ironía y
Solidaridad", Paidós, Buenos Aires, 1991.
1
2 KANT, Emmanuel.  Crítica del juicio (París, 1965). Pág. 23 ss.
[3]  LOCKE,  John.  Ensayo sobre el
Gobierno Civil. Cap. IV. No. 21.
[4] FROMM, Erich.  "El miedo a la
libertad", Buenos Aires, Paidos, XV edición, 1991, p. 253.
[5] Ibídem. Pág. 254.
[6] (PEREZ GOMEZ, Augusto. SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS: HISTORIA DEL CONSUMO EN COLOMBIA; Editorial Presencia,
Bogotá, 1994)
[7] NINO, Carlos Santiago.  "Etica y derechos
humanos".  2a. Edic. Edit. Astrea, Buenos Aires.  1989. pp. 420 y ss.
[8]  (Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas; LAS NACIONES UNIDAS Y LA
FISCALIZACION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS, 1992; PÁG. 57)
[9] (Traducido de la Información remitida por el
United States Information Services al Director Nacional de Estupefacientes.
Mayo de 1994).