T-717-14
Sentencia T-717/14
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION
DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
El
principio de subsidiariedad ayuda a preservar la naturaleza de la acción de
tutela porque (i) permite evitar el desplazamiento innecesario de los
mecanismos ordinarios de defensa, dado que éstos son los espacios naturales
para invocar la protección de la mayoría de los derechos fundamentales, y (ii)
garantiza que opere cuando, a la luz de un caso concreto, se requiere suplir
las deficiencias que presenta el orden jurídico para la protección efectiva de
tales derechos. El principio de inmediatez, exige que la acción de tutela sea
interpuesta de
manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Como requisito de
procedibilidad, la inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente
entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en todo
momento” y el
deber de respetar la configuración de la acción como un medio de protección “inmediata” de
derechos fundamentales.
ACCION DE
TUTELA PARA ORDENAR RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional
La
Corte ha señalado que cuando se discute el reconocimiento de una pensión de
invalidez que ha sido solicitada por una persona que tiene una disminución en
su capacidad laboral, a quien se le ha negado este derecho, quien carece de una
fuente de ingresos y que, por tal razón, encuentra en riesgo inminente su
sostenimiento y el de su núcleo familiar, la acción de tutela es procedente
aunque existan otros medios para la defensa del derecho prestacional. La
presunta afectación de sus derechos fundamentales trasciende el ámbito
estrictamente económico y debe ser estudiada pues, de existir, comprometería
las condiciones de vida digna y los otros derechos de quien por su condición de
salud ya no tiene la posibilidad de trabajar.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
Las causales de
procedibilidad generales o requisitos de procedibilidad son:
(i) que el tema sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable o de proteger a un
sujeto de especial protección constitucional que no fue bien representado;
(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que cuando se trate de
una presunta irregularidad procesal, debe haber claridad en que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el accionante
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración,
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre y cuando hubiere sido posible, y (vi) que la
providencia que se demanda no sea de tutela. Las causales de procedibilidad especiales, específicas o propiamente
dichas, comprendidas como los defectos en los que el funcionario judicial
puede incurrir, han sido clasificados así: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material y sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii)
desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la
Constitución.
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Improcedencia por cuanto
el actor no cumple con los requisitos establecidos para acceder a ella
PENSION DE
INVALIDEZ-Reglas establecidas por la Corte Constitucional para determinar
la fecha de estructuración de la invalidez en los casos de enfermedad
degenerativa, crónica o congénita
Cuando
la persona inválida padece de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita,
y la pérdida de la capacidad laboral se presenta de manera paulatina, existe la
posibilidad de que si tal circunstancia no es tenida en cuenta por las
autoridades competentes, la fecha consignada en el dictamen sea diferente a
aquella en que efectivamente perdió su capacidad para trabajar de manera
permanente y definitiva. La Corte ha señalado reiteradamente que las personas
que padezcan de una de estas enfermedades, que hayan conservado una capacidad
laboral residual después de ser diagnosticadas y que hayan seguido trabajando,
tienen derecho a que el fondo de pensiones les reconozca los aportes que
realizaron con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, y
hasta el momento en que perdieron su fuerza de trabajo de manera permanente y
definitiva. Es decir, el día en que no pudieron seguir cumpliendo sus funciones
en razón de su incapacidad y, en consecuencia, enfrentaron la imposibilidad de
proveerse un sustento económico a partir de su participación en el mercado
laboral, así como de continuar efectuando las cotizaciones al Sistema General
de Seguridad Social.
PENSION DE
INVALIDEZ-Cotización de mínimo 50 semanas durante los tres años anteriores
a la fecha de estructuración
La
Corte encontró que el aumento de las semanas no implicaba una regresión en
materia de exigibilidad de la pensión de invalidez ya que el incremento venía
acompañado de un mayor plazo para hacer valer las semanas, a saber, se había
pasado de un (1) año a tres (3). A su juicio, esto favoreció a los sectores de
la población que carecían de un empleo permanente y que, bajo la redacción
original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, habían quedado excluidos del
beneficio de la pensión de invalidez. La Corte concluyó que el aumento en el
número de semanas era una medida de carácter económico con la cual el
legislador buscó evitar que una persona accediera a un beneficio prestacional,
sin haber aportado el capital proporcional a dicha prestación.
PRINCIPIO DE
LA CONDICION MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación del principio de
favorabilidad en materia laboral
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Desconocimiento
sobre las condiciones de aplicación del principio de la condición más
beneficiosa en materia pensional
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD Y MINIMO VITAL-Orden a Colpensiones reconocer
pensión de invalidez y pagar las mesadas causadas y no prescritas
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD Y MINIMO VITAL-Orden a Colfondos reconocer
pensión de invalidez y pagar las mesadas causadas y no prescritas
Referencia: Expedientes T-4349013, T-4349611, T-4350198,
T-4360082, T-4363536, T-4364489 y T-4365133 (acumulados).
Expediente T-4349013:
Acción de tutela presentada por Arnulfo Ballesteros contra Colpensiones.
T-4349611: Acción de tutela presentada por Fernando Martínez Martínez contra Colpensiones.
T-4350198: Acción de tutela presentada por Tito Hernando Montaño Buitrago contra
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros.
T-4360082: Acción de tutela presentada por Roberto Guerrero contra
Colpensiones. T-4363536: Acción de tutela presentada por Rodrigo Alberto López
Sierra contra Colpensiones. T-4364489: Acción de tutela presentada por Olga
Lucía Marín Giraldo, en representación de Germán Flórez Gómez, contra
Colfondos. T-4365133: Acción de tutela presentada por Jesús Orlando Grisales
Peláez contra Colpensiones.
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá
D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil catorce (2014)
La
Sala Primera (1ª) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
previas al cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos: 1. En primera (1ª) instancia,
por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Popayán el once (11)
de febrero de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela iniciado por
Arnulfo Ballesteros contra Colpensiones. 2. En primera (1ª) instancia, por el
Juzgado Tercero (3º) de Familia del Circuito de Villavicencio el once (11) de
diciembre de dos mil trece (2013) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala
Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio,
el diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela
iniciado por Fernando Martínez Martínez contra Colpensiones. 3. En primera (1ª)
instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia,
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el ocho (8) de abril
de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela iniciado por Tito Hernando
Montaño Buitrago contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y otros.
4. En primera (1ª) instancia, por el Juzgado Primero (1º) Laboral del Circuito
de Bogotá el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) y, en segunda (2ª) instancia,
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el
veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela
iniciado por Roberto Guerrero contra Colpensiones. 5. En primera (1ª) instancia,
por el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Medellín el treinta (30) de
enero de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala
Tercera (3ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el trece
(13) de marzo de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela iniciado por
Rodrigo Alberto López Sierra contra Colpensiones. 6. En primera (1ª) instancia,
por el Juzgado Tercero (3º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Manizales, Caldas, el tres (3) de febrero de dos mil
catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por el Juzgado Segundo (2º) Penal
del Circuito para Adolecentes con Función de Conocimiento de Manizales, Caldas,
el doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela
iniciado por Germán Gómez Flórez contra Colfondos. 7. En primera (1ª) instancia,
por el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Medellín el doce (12) de
febrero de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala
Tercera (3ª) Civil de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, el
veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela
iniciado por Jesús Orlando Grisales Peláez contra Colpensiones.
Mediante
Auto del veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014), la Sala de
Selección Número Cinco (5) de la Corte Constitucional seleccionó para revisión
y acumuló los procesos de referencia para ser fallados en una misma sentencia por
su unidad temática.
I.
DEMANDA
Y SOLICITUD
En cinco (5) de los expedientes
mencionados se presentaron acciones de tutela contra Colpensiones[1],
en uno contra Colfondos[2]
y en otro contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá[3], quien actuó
como juez de segunda (2ª) instancia en el proceso ordinario laboral que
adelantó el tutelante contra Colpensiones. En todos ellos, se debate el
reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez de personas que aparentemente
no cumplen con el número de semanas de cotización exigidas en el artículo 1º de
la Ley 860 de 2003[4].
Los siete (7) casos pueden ser
divididos en cuatro (4) bloques de acuerdo con la situación específica en la
que se encuentran los respectivos accionantes. En el primero (1º) se solicita tener
en cuenta las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración de la
invalidez porque, si bien en ese momento sufrieron una pérdida de la capacidad
laboral mayor al cincuenta por ciento (50%), pudieron seguir trabajando por un
periodo adicional de tiempo como producto de la capacidad laboral residual que
caracteriza a las enfermedades degenerativas que padecen[5]. En el
segundo (2º) bloque al actor le hace falta menos de una (1) semana para cumplir
con el requisito de las cincuenta (50) semanas, razón por la cual, se solicita
la flexibilización de dicho requisito[6].
En el tercero (3º) se solicita la corrección de la historia laboral porque el empleador
presuntamente omitió realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social y esto
le impidió al accionante acreditar el cumplimiento de las cincuenta (50)
semanas[7].
Finalmente, en el cuarto (4º) y último bloque se solicita la aplicación de un
régimen anterior a aquel consagrado en la Ley 860 de 2003[8] porque los
requisitos consagrados en el Acuerdo 049 de 1990[9]
le resultan más favorables al tutelante y permiten proteger las expectativas
legítimas que tenía[10].
A continuación, se hará una
síntesis de cada caso para posteriormente estudiar la procedibilidad de las
acciones y abordar la discusión de fondo.
1. Expediente
T-4349013.- Caso de Arnulfo Ballesteros
1.1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
1.1.1. Arnulfo
Ballesteros es un señor de cincuenta y tres (53) años de edad que, como consecuencia
de un accidente de tránsito, tiene un traumatismo en el nervio peroneo y tibial
a nivel de la pierna y en otros a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y
de la pelvis[11].
Según la valoración médica realizada el veintisiete (27) de
febrero de dos mil trece (2013) por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Valle del Cauca, tiene una incapacidad laboral del sesenta punto
trece por ciento (60.13%)[12].
La fecha de estructuración de su invalidez fue fijada el treinta y uno (31) de
agosto de dos mil nueve (2009), cuando tuvo el accidente[13]. Durante los tres (3)
años anteriores a esa fecha, cotizó catorce punto catorce (14.14) semanas[14]. Sin
embargo, continuó realizando aportes hasta el treinta y uno (31) de julio de
dos mil trece (2013), logrando acreditar más de cincuenta (50) semanas durante
los tres (3) años anteriores a ese día.
1.1.2. El
veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y el pago de su pensión de invalidez[15], adjuntando los formatos
respectivos debidamente diligenciados, el dictamen médico elaborado por la
Junta Regional de Invalidez, copia de su cédula de ciudadanía, copia de su
registro civil de nacimiento y el poder otorgado a su abogado. Mediante la
Resolución GNR 207454, proferida el quince (15) de agosto de dos mil trece
(2013), la entidad le indicó que no podía acceder a su solicitud pues, a partir
de los documentos aportados, no era claro si el dictamen médico había quedado
en firme, o si había sido apelado ante la Junta Nacional[16]. El diecinueve (19) de
septiembre de dos mil trece (2013), el accionante interpuso los recursos de
reposición y apelación por considerar que sí había aportado toda la
documentación requerida[17].
Mediante la Resolución GNR 13893 del dieciséis (16) de enero de dos mil catorce
(2014), la accionada confirmó la decisión argumentando que el peticionario sólo
había cotizado catorce punto catorce (14.14) semanas durante los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez[18]. Razón por la cual, no
cumplía con los requisitos señalados en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[19].
1.1.3.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el actor interpuso una acción de
tutela contra Colpensiones por la presunta vulneración a sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Dado que el número de
semanas por él cotizadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez era inferior al requerido, solicitó que le
fueran tenidos en cuenta los aportes realizados después de ese momento y que,
consecuentemente, le fuera reconocida la pensión de invalidez y le fueran
pagadas las mesadas causadas desde la fecha de estructuración.
1.2.
Respuesta de la entidad accionada
A pesar de
haber sido debidamente notificado, el representante legal de Colpensiones no
contestó a la acción de tutela objeto de revisión.
1.3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
Mediante fallo
proferido el once (11) de febrero de dos mil catorce (2014), el Juzgado Primero
(1º) Administrativo del Circuito de Popayán decidió no amparar los derechos fundamentales
del accionante a la seguridad social y al mínimo vital por no encontrar una
violación manifiesta al ordenamiento constitucional y no tener pruebas suficientes
de la existencia de un perjuicio irremediable; decisión que no fue impugnada
por el actor. Sin embargo, amparó su derecho fundamental de petición al no
encontrar copia de una respuesta a los recursos de reposición y apelación
presentados el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013) contra la
Resolución GNR 207454.
1.4.
Cumplimiento de la sentencia de tutela en primera instancia
Mediante
escrito presentando el catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014), la
accionada solicitó declarar el cumplimiento del fallo de tutela porque el
dieciséis (16) de enero de ese año había proferido la Resolución GNR 13893. A
través de esta, había negado la petición consagrada en los recursos de
reposición y apelación argumentando que el actor no cumplía con los requisitos
para pensionarse pues sólo había cotizado catorce punto catorce (14.14) semanas
durante los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez.
1.5.
Tramite surtido en sede de revisión ante la Corte Constitucional
En escrito presentado
el ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014) ante la Corte
Constitucional, el accionante informó que (i) tiene cinco (5) hijos mayores de
edad, de los cuales cuatro (4) tienen actualmente trabajo; (ii) vive con su
esposa, quien tiene cuarenta y siete (47) años y no trabaja, y tres (3) de sus
hijos junto con sus respectivas esposas(os) y nietos; (iii) el único bien que
posee es la finca donde vive pero, como consecuencia de su difícil situación
económica y su incapacidad, no la puede poner a producir, y (iv) no pudo
continuar trabajando después del accidente de tránsito, pero siguió haciendo
aportes al sistema.[20]
2. Expediente
T-4349611. – Caso de Fernando Martínez Martínez
2.1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
2.1.1. Fernando
Martínez Martínez es un señor de cincuenta y cinco (55) años de edad[21] que padece
de un carcinoma escamo celular ubicado en una de sus amígdalas[22]. Según el dictamen
médico practicado el treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012) por el
Instituto de Seguro Social (ISS), tiene una pérdida de capacidad laboral del
sesenta y tres punto setenta y cinco por ciento (63.75%) y la fecha de
estructuración de su invalidez corresponde al siete (7) de agosto de dos mil
nueve (2009)[23].
No cotizó ninguna semana durante los tres (3) años anteriores a dicha fecha,
pero habiendo reanudado su trabajo y sus aportes desde el primero (1º) de junio
de dos mil diez (2010), logró cotizar ciento dos punto ochenta y seis (102.86)
semanas hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), último día en
que laboró[24].
Manifestó vivir en una casa arrendada con su madre de setenta y seis (76) años
de edad, quien depende económicamente de él, dado que no cuenta con una pensión
de vejez. Así mismo, indicó que carece de toda fuente de ingresos, que no puede
trabajar a raíz de su enfermedad, que vive de la caridad de amigos y vecinos y
que, como consecuencia de la crisis económica que atraviesa, no puede realizar
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, ni pagar la alimentación o
el arriendo de su casa[25].
Como consecuencia de lo anterior, fue desvinculado del Programa de Subsidio al
Aporte en Pensión (PSAP) del Ministerio del Trabajo porque no logró aportar el
porcentaje del monto total de cotización que le exigían al estar desempleado y discapacitado[26].
2.1.2. El
catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012), solicitó ante Colpensiones el
reconocimiento y el pago de su pensión de invalidez. Al no recibir una
respuesta oportuna, instauró una acción de tutela contra dicha entidad por una
presunta vulneración a sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social y a la petición. El Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito de
Villavicencio, quien conoció de la acción, profirió Sentencia el once (11) de
enero de dos mil trece (2013), ordenándole a Colpensiones a proferir una
respuesta durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes[27]. Esta decisión fue
impugnada por la accionada, quien solicitó un plazo de un (1) mes para dar respuesta
porque la documentación que requería para tal efecto debía serle enviada por el
ISS[28].
Esta petición le fue concedida por el juez de segunda (2ª) instancia. Dando
cumplimiento a esta providencia, el dos (2) de abril de dos mil trece (2013) Colpensiones
profirió la Resolución GNR 050600, mediante la cual negó el reconocimiento de
la pensión argumentando que el actor no cumplía con todos los requisitos para acceder
a ella. Específicamente, que no había cotizado cincuenta (50) semanas durante
los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. El
accionante, por su parte, manifestó haber apelado esta decisión y no haber
recibido respuesta alguna.
2.1.3.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, interpuso acción de tutela contra
Colpensiones por considerar que dicha entidad estaba vulnerando su derecho
fundamental al mínimo vital, a la seguridad social y a la petición. Argumentó
cumplir con todos los requisitos para acceder a la pensión de invalidez porque se
le debían tener en cuenta las semanas cotizadas después de la fecha de
estructuración de su invalidez ya que padecía una enfermedad degenerativa. En
relación con el derecho de petición, manifestó seguir a la espera de la respectiva
respuesta.
2.2.
Respuesta de la entidad accionada
A pesar de
haber sido debidamente notificado, el representante legal de Colpensiones no
contestó a la acción de tutela objeto de revisión.
2.3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
Mediante fallo
proferido el once (11) de diciembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero
(3º) de Familia del Circuito de Villavicencio determinó que la acción era
improcedente toda vez que el actor contaba con otros mecanismos de defensa
judicial y no se vislumbraba ninguna afectación a sus derechos fundamentales.
2.4.
Impugnación
2.4.1. En
escrito presentado el trece (13) de enero de dos mil catorce (2014), el
accionante impugnó la decisión del juez de primera (1ª) instancia afirmando que
no habían otros recursos disponibles pues había agotado la vía gubernativa cuando
apeló lo resuelto por Colpensiones, estando todavía a la espera de la respuesta.
2.4.2. Ese
mismo día, el Defensor Regional del Pueblo para el Departamento del Meta impugnó
el fallo aludido argumentando que el juez de primera (1ª) instancia había
pasado por alto que una de las razones por las cuales se presentó la tutela fue
porque la accionada no había resuelto el recurso de apelación interpuesto por
el actor. Así mismo, señaló que la acción era procedente como mecanismo
subsidiario porque el peticionario era un sujeto de especial protección
constitucional que se veía enfrentado a un perjuicio irremediable.
2.5. Decisión
del juez de tutela en segunda instancia
Mediante fallo
proferido el diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014), la Sala
Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio
amparó los derechos fundamentales del actor a la seguridad social y al mínimo
vital ordenándole a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez.
No obstante, otorgó una protección transitoria previniendo al actor a acudir a
la jurisdicción ordinaria durante los cuatro (4) meses siguientes so pena de que
cesaran los efectos de dicha Sentencia.
3. Expediente
T-4350198. – Caso de Tito Hernando Montaño Buitrago
3.1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
3.1.1. Tito
Hernando Montaño Buitrago es un señor de cuarenta y nueve (49) años de edad[29] que padece de
VIH/SIDA, Toxoplasmosis y parálisis en la mitad de su cuerpo[30]. Según el dictamen
médico practicado el veintiocho (28) de septiembre de dos mil once (2011) por el
ISS, tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del setenta y cuatro
punto cincuenta por ciento (74.50%) y la fecha de estructuración de su
invalidez fue fijada el doce (12) de marzo de dos mil once (2011)[31]. Según el reporte
de Colpensiones del dieciséis (16) de agosto de dos mil catorce (2014), durante
toda su vida laboral cotizó novecientas setenta y tres punto veintitrés
(973.23) semanas, realizando la última cotización el treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006)[32].
Vive con su madre, quien se encarga del sostenimiento del hogar, y manifestó no
tener ninguna fuente de ingresos y sobrevivir de la caridad de sus amigos y
familiares.
3.1.2. El doce
(12) de octubre de dos mil once (2011), le solicitó a Colpensiones que le
reconociera y pagara su pensión de invalidez. Mediante la Resolución 18854 del
veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), la entidad se opuso a sus
pretensiones argumentando que no había realizado ninguna cotización durante los
tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez[33]. El
accionante demandó a la entidad ante la jurisdicción ordinaria, obteniendo
fallo favorable el tres (3) de septiembre de dos mil trece (2013) por parte del
Juzgado Treinta y Seis (36) Laboral del Circuito de Bogotá[34]. Teniendo en cuenta que
había cotizado más de trescientas (300) semanas, en cualquier época, antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[35],
el mencionado Despacho aplicó el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[36] por ser la
norma más beneficiosa, ordenando el reconocimiento pensional bajo el régimen
anterior. Colpensiones apeló el fallo ante la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, quien revocó la decisión de primera (1ª) instancia
exonerando a la accionada del reconocimiento y del pago de la pensión por
considerar que la ley aplicable era la Ley 100 de 1993[37]. Esta exigía la
acreditación de veintiséis (26) semanas durante el año inmediatamente anterior
a la fecha de estructuración de la invalidez, condición que no cumplía el actor.
3.1.3.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el accionante interpuso una tutela
contra el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. A su
juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital al no aplicar la norma más
beneficiosa y, consecuentemente, al negarle el acceso a la pensión de
invalidez. Solicitó la revocatoria de la mencionada providencia y el
reconocimiento y el pago de su pensión, incluyendo la cancelación de las
mesadas ya causadas y los intereses moratorios de los que trata el artículo 141
de la Ley 100 de 1993[38].
3.2.
Respuesta de la entidad accionada
Dentro de la
oportunidad correspondiente, el Juzgado Treinta y Seis (36) Laboral del
Circuito de Bogotá contestó a la acción manifestando que se acogía a lo
dispuesto en la sentencia de primera (1ª) instancia proferida en el proceso
ordinario laboral.
3.3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
Mediante fallo
del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia resolvió no otorgar el amparo solicitado. A su
parecer, el Tribunal Superior de Bogotá no había actuado de manera arbitraria o
caprichosa. Por el contrario, se había acogido a la jurisprudencia de la Corte
Suprema, según la cual, el principio de la condición más beneficiosa solo
permitía aplicar la norma inmediatamente anterior. En el caso concreto, esta correspondía
al texto original de la Ley 100 de 1993[39]
que exigía la cotización de veintiséis (26) semanas durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, requisito
que no cumplía el accionante.
3.4.
Impugnación
En escrito
presentado el veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce (2014), el
accionante impugnó la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia argumentando que esa corporación no estaba teniendo en
cuenta que él era un sujeto de especial protección constitucional por padecer
de VIH/SIDA. En este sentido, exigió un trato preferencial y recordó que,
habiendo cotizado novecientas setenta y tres punto veintitrés (973.23) semanas,
cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en los términos
del artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[40].
3.5.
Decisión del juez de tutela en segunda instancia
Mediante
sentencia proferida el ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014), la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar el fallo de
primera (1ª) instancia por considerar que el actor no podía cuestionar la
interpretación jurídica del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema. A su juicio, esta era correcta y su
discusión solo podía efectuarse a través de los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, los cuales el accionante ya había agotado sin éxito.
4. Expediente
T-4360082. – Caso de Roberto Guerrero
4.1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
4.1.1. Roberto
Guerrero es un señor de sesenta y seis (66) años de edad[41] que, como consecuencia
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece[42], tiene una movilidad
restringida, depende del suministro artificial de oxígeno las veinticuatro (24)
horas del día y ha sido incapacitado en más de cuarenta y tres (43) ocasiones
por un total de seiscientos trece (613) días, comprendidos entre el tres (3) de
marzo de dos mil diez (2010) y el catorce (14) de diciembre de dos mil trece
(2013)[43].
Durante esos años, manifestó haber sido empleado por Talleres Autopintura LTDA[44], pero los
aportes que realizó al Sistema de Seguridad Social en Salud los efectuó en
calidad de independiente. Alega que no está en condiciones de trabajar y carece
de una fuente alterna de ingresos. Según el dictamen médico practicado el
veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011) por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, tiene una pérdida de capacidad laboral del cincuenta
y ocho punto nueve por ciento (58.9%) y su invalidez fue estructurada el tres
(3) de septiembre de dos mil nueve (2009)[45].
4.1.2. El once
(11) de abril de dos mil once (2011) le solicitó al Instituto de Seguro Social
(hoy Colpensiones) que le reconociera y pagara su pensión de invalidez. El
veintiséis (26) de agosto del mismo año, la entidad profirió la Resolución No.
118135, oponiéndose a sus pretensiones y señalando, en una redacción confusa,
que no cumplía con todos los requisitos para acceder a la pensión que reclamaba[46]. Inconforme
con esta decisión, presentó recurso de reposición y apelación. El primero fue
resuelto el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012) mediante la
Resolución No. 32032, donde Colpensiones confirmó la decisión recusada y le
aclaró al actor que la razón de su negativa obedecía a que en toda su historia
laboral únicamente había cotizado ciento veintidós (122) semanas, comprendidas
entre el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (1978) y
el cinco (5) de junio de mil novecientos ochenta y dos (1982). Consideraba la
entidad que no había cotizado ninguna semana durante los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez[47]. El recurso
de apelación fue resuelto mediante la Resolución VPB 3535 del trece (13) de agosto
de dos mil trece (2013), donde se confirmó la decisión inicial y se le indicó que
si no había hecho los aportes necesarios al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones por negligencia de su empleador, la entidad no podía reconocer su
derecho hasta tanto no se corrigiera su historia laboral y se realizara el pago
de los aportes en mora con las respectivas multas e intereses; trámite
adicional que debía iniciar diligenciando los formularios respectivos[48].
4.1.3.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el tres (3) de febrero de dos mil
catorce (2014) presentó acción de tutela contra Colpensiones argumentando que dicha
entidad había vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital, a la vida digna
y a la seguridad social desde que se negó a reconocerle y pagarle la pensión de
invalidez bajo el argumento de que no había cotizado cincuenta (50) semanas
durante los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez.
Solicitó el reconocimiento y el pago de su pensión como medida transitoria.
4.2.
Respuesta de la entidad accionada
A pesar de
haber sido debidamente notificado, el representante legal de Colpensiones no
contestó a la acción de tutela objeto de revisión.
4.3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
Mediante fallo
proferido el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013), el Juzgado Primero (1º)
Laboral del Circuito de Bogotá consideró que la acción era improcedente porque
no existía un perjuicio irremediable que justificara el desplazamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial. Así mismo, señaló que no contaba con
los suficientes elementos de juicio para esclarecer si el accionante tenía
derecho a la pensión de invalidez porque no estaba dentro de su competencia determinar
(i) si él realmente había trabajado durante los tres (3) años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez, y (ii) si su empleador era quien había
omitido hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones.
4.4.
Impugnación
En escrito
presentado el diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), el accionante impugnó
la decisión del juez de primera instancia argumentando que sí existía un
perjuicio irremediable como consecuencia de su deteriorado estado de salud, su
avanzada edad, su incapacidad para trabajar y su precaria situación económica. A
su juicio, estos hechos demostraban que él se encontraba en un estado de debilidad
manifiesta.
4.5.
Decisión del juez de tutela en segunda instancia
Mediante fallo
proferido el veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá consideró que el perjuicio irremediable
estaba demostrado por el simple hecho de que el actor padecía una grave
enfermedad y estaba en una situación de invalidez que le impedía acceder al
mercado laboral para conseguir los recursos económicos necesarios para
garantizar su subsistencia. Sin embargo, tras corroborar que la accionada había
corregido la imprecisión contenida en la Resolución No. 118135 de dos mil once
(2011), en el sentido en que el accionante efectivamente no había cotizado
ninguna semana durante los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez[49],
negó el amparo solicitado por considerar que el accionante no había acreditado
todos los requisitos necesarios para acceder a la pensión que reclamaba.
5. Expediente
T-4363536. – Caso de Rodrigo Alberto López Sierra
5.1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
5.1.1. Rodrigo
Alberto López Sierra es un señor de cuarenta y ocho (48) años de edad[50] que contrajo
VIH/SIDA en mil novecientos noventa y tres (1993)[51] y que, tras sufrir la
ruptura de un aneurisma cerebral, quedó con secuelas
neurológicas desde el diecinueve (19) de junio de dos
mil seis (2006); fecha en la cual fue estructurada su invalidez. El tres (3) de
abril de dos mil doce (2012) se le calificó una pérdida de capacidad laboral
del sesenta y cuatro punto sesenta por ciento (64.60%)[52]. Se afilió
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en junio de mil novecientos noventa
(1990) y su última cotización fue realizada el treinta y uno (31) de octubre de
dos mil trece (2013), momento en el cual dejó de trabajar de manera definitiva[53].
5.1.2. El veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013), solicitó
ante Colpensiones el reconocimiento y el pago de su pensión de invalidez. Esta
petición le fue negada mediante la Resolución GNR 252765 del nueve (9) de
octubre del mismo año bajo el argumento de que sólo había cotizado dos (2)
semanas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de su
invalidez[54].
5.1.3. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el diecisiete (17)
de enero de dos mil catorce (2014) interpuso acción de tutela contra
Colpensiones por considerar que dicha entidad había vulnerado sus derechos fundamentales
a la seguridad social y al mínimo vital desde que se negó a reconocer y pagar
su pensión de invalidez. Solicitó que se tuviera como fecha de estructuración
el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), último día que trabajó,
porque en ese escenario cumplía con todos los requisitos para acceder a la
pensión, toda vez que en los tres (3) años anteriores a esa fecha, había
cotizado ciento treinta y un punto cuarenta y tres (131.43) semanas, después de
trabajar como independiente y como empleado para diferentes empresas[55].
5.1.4. En relación con la procedibilidad de la tutela, señaló que
era un sujeto de especial protección constitucional al que le resultaba muy
gravoso soportar las cargas y los tiempos de la jurisdicción ordinaria en
materia laboral como resultado de su invalidez, su delicado estado de salud y
su situación económica. Respecto al fondo, afirmó que no se podía tomar como
fecha de estructuración el día en que le diagnosticaron VIH/SIDA, ni cuando se
presentó la ruptura de su aneurisma cerebral, porque en ninguno de esos
momentos había perdido su capacidad laboral de forma permanente y definitiva.
Al padecer una enfermedad degenerativa, su capacidad laboral fue disminuyendo
de manera gradual hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece
(2013), cuando no pudo seguir trabajando.
5.2. Respuesta de la entidad accionada
A pesar de
haber sido debidamente notificado, el representante legal de Colpensiones no
contestó a la acción de tutela objeto de revisión.
5.3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
Mediante sentencia proferida el treinta (30) de enero de dos mil
catorce (2014), el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Medellín declaró
la improcedencia de la acción por considerar que no se satisfizo el principio
de subsidiariedad ya que los mecanismos ordinarios de defensa judicial eran
idóneos y efectivos y no existía la amenaza de un perjuicio irremediable.
5.4. Impugnación
En escrito presentado el once (11) de febrero de dos mil catorce
(2014), el accionante impugnó la decisión del juez de primera (1ª) instancia
argumentando que, siendo un sujeto de especial protección constitucional que
veía amenazado su derecho fundamental al mínimo vital, se presumía la
ocurrencia de un perjuicio irremediable y con ella la falta de eficacia de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial para el reconocimiento y el cobro de
la pensión de invalidez.
5.5. Decisión del juez de tutela en segunda instancia
Mediante sentencia del trece (13) de marzo de dos mil catorce
(2014), la Sala Tercera (3ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín confirmó la decisión de primera (1ª) instancia por considerar que el
accionante no había probado la existencia del perjuicio irremediable que
alegaba y no había hecho uso de los mecanismos ordinarios de defensa judicial
que se encontraban disponibles. Particularmente, que no había solicitado la
modificación de la fecha de estructuración de su enfermedad ante la Junta
Regional y/o Nacional de Calificación de Invalidez, y no había iniciado el
respectivo proceso ordinario laboral.
6. Expediente
T-4364489. – Caso de Germán Gómez Flórez
6.1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
6.1.1. Germán
Gómez Flórez es un hombre de cuarenta y dos (42) años de edad[56], quien padece de
neurosífilis. Como consecuencia de su enfermedad, presenta un trastorno mental
por lesión, un trastorno afectivo bipolar, episodios maniaco presentes con
síntomas psicóticos, disfunción cerebral con secuelas irreversibles a nivel
psiquiconeurológico, deterioro cognitivo global y pérdida de relación con el
entorno[57].
Razón por la cual, fue declarado interdicto por el Juzgado Quinto (5º) de
Familia de Manizales, Caldas, el seis (6) de abril de dos mil once (2011)[58]. Es padre de
dos (2) hijos, uno de los cuales es menor de edad[59]. Vive con ellos, con su
madre y con su compañera permanente, quien es su curadora. Los gastos de
sostenimiento del núcleo familiar corren por cuenta del hermano de su compañera,
pues ella debe quedarse en casa cuidándolo y él no puede trabajar como
consecuencia de su estado de salud[60].
La aseguradora Mapfre determinó que la pérdida de capacidad laboral ascendía al
cincuenta y cinco punto uno por ciento (55.1%) y que la fecha de estructuración
correspondía al seis (6) de diciembre del dos mil once (2011). La compañera del
accionante objetó dicho dictamen ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Departamento de Caldas, quien corrigió el porcentaje de la
pérdida de capacidad laboral elevándolo al cincuenta y ocho punto ochenta por
ciento (58.80%) y estableciendo como fecha de estructuración el doce (12) de
marzo de dos mil nueve (2009). Durante los tres (3) años anteriores a esa
fecha, el actor cotizó cuarenta y nueve punto veintiocho (49.28) semanas[61].
6.1.2. El
cinco (5) de marzo de dos mil trece (2013), Colfondos se negó a reconocerle su
pensión de invalidez argumentando que no había cotizado las cincuenta (50)
semanas exigidas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración[62].
El ocho (8) de mayo y el dieciséis (16) y veinte (20) de abril de dos mil trece
(2013), el actor le manifestó a la Junta Regional de Invalidez y a Colfondos que
estaba en desacuerdo con la fecha de estructuración registrada. Según su
historia clínica, las actuaciones previas del fondo de pensiones y un concepto
médico que había solicitado a un médico particular, contrajo neurosífilis antes
del mes de marzo de dos mil ocho (2008)[63].
Colfondos se abstuvo de modificar la fecha de estructuración, manteniéndose en
su negativa de reconocerle la pensión.
6.1.3.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el veinticinco (25) de noviembre de
dos mil trece (2013), su compañera permanente, curadora y representante legal
interpuso la acción de tutela objeto de revisión. Argumentó que Colfondos
estaba vulnerando los derechos fundamentales de su compañero a la salud, a la
vida digna y al mínimo vital desde el momento en que se abstuvo de reconocerle la
pensión de invalidez, pues la fecha de estructuración había sido erróneamente
fijada. Situación que le impedía probar que efectivamente había cotizado las
cincuenta (50) semanas requeridas.
6.2.
Respuesta de la entidad accionada
El veintinueve
(29) de noviembre de dos mil trece (2013), Colfondos dio contestación a la
acción de tutela señalando que el actor no había cumplido con los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez pues no había cotizado las cincuenta
(50) semanas exigidas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración. Adicionalmente, solicitó la vinculación de la Aseguradora
Mapfre como litisconsorte necesario con el ánimo de evitar la nulidad de
lo actuado por una violación al debido proceso.
6.3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
6.3.1.
Mediante Sentencia del nueve (9) de diciembre del dos mil trece (2013), el
Juzgado Tercero (3º) Penal Municipal para Adolecentes con Función de Control de
Garantías de Manizales, Caldas, declaró que la acción era improcedente porque
el peticionario no había logrado demostrar la existencia de un perjuicio
irremediable. El juzgado no encontró prueba de tal afectación dado que, si bien
el actor no percibía ningún ingreso económico como consecuencia de la invalidez
que le impedía trabajar, su compañera permanente y su hija mayor de edad podían
contribuir con el sostenimiento del hogar mientras su madre se encargaba de su
cuidado. Adicionalmente, señaló que el actor no había apelado el dictamen
médico proferido por la Junta Regional de Invalidez ante la Junta Nacional.
6.3.2. Esta Sentencia
fue anulada por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito para Adolecentes con
Función de Conocimiento de Manizales, Caldas, el veinte (20) de enero de dos
mil catorce (2014) en sede de segunda (2ª) instancia. La nulidad fue decretada
porque el a quo no vinculó a la aseguradora Mapfre como litisconsorte
necesario, debiendo hacerlo al haber sido esta quien profirió el primer
dictamen médico.
6.3.3.
Mediante escrito del veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014),
Mapfre contestó a la acción de tutela señalando que no había violado los
derechos fundamentales del actor. Argumentó que Colfondos no había registrado
ni le había notificado ninguna solicitud de reconocimiento y pago de pensión a
favor del accionante. Consecuentemente, solicitó ser desvinculada del proceso.
6.3.4. El tres
(3) de febrero de dos mil catorce (2014), el Juzgado Tercero (3º) Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales,
Caldas, profirió nuevamente Sentencia de primera (1ª) instancia declarando que
la acción de tutela era improcedente por las mismas razones expuestas en la
providencia anulada.
6.4.
Impugnación
El siete (7)
de febrero de dos mil catorce (2014), la compañera permanente, representante
legal y curadora del actor impugnó la decisión del juez de primera (1ª)
instancia solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la
vida digna y al mínimo vital, sin exponer argumentos adicionales a los consignados
en el escrito de tutela.
6.5.
Decisión del juez de tutela en segunda instancia
El doce (12)
de mazo de dos mil catorce (2014), el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito
para Adolecentes con Función de Conocimiento de Manizales, Caldas, declaró la
improcedencia de la acción por no estar probada la existencia de un perjuicio
irremediable. A su juicio, el mínimo vital del actor y de su familia no se
encontraba en riesgo dado que su sostenimiento económico corría por cuenta del
hermano de su compañera permanente. Así mismo, señaló que su hija mayor y su
compañera permanente se encontraban en edad de trabajar y no presentaban ningún
impedimento para ingresar al mercado laboral. Razón por la cual, podían
contribuir con el pago de los gastos del hogar mientras el actor era cuidado
por su madre y la solicitud de pensión era estudiada por el juez ordinario
laboral. Por último, puso de presente que el accionante no había apelado la
decisión de la Junta de Calificación Regional, ni había presentado demanda laboral.
6.6.
Trámite en sede de revisión ante la Corte Constitucional
En escrito presentado
ante la Corte Constitucional el veintidós (22) de agosto de dos mil catorce
(2014), la compañera permanente del accionante informó que (i) su hija mayor de
edad no podía contribuir con el sostenimiento del hogar porque estaba
estudiando en el SENA; (ii) la madre del actor no podía hacerse cargo de él
dado que era una persona mayor a la que se le dificultaba realizar cualquier
esfuerzo físico; (iii) era ella la única persona que podía acompañarlo y, por
esta razón, no podía trabajar; (iv) no apeló el dictamen médico proferido por
la Junta Regional de Calificación de Invalidez porque desconocía que contaba
con ese recurso judicial, y (v) su hermano, quien era quien respondía por los
gastos de su familia, es un soldado con escasos recursos y recientemente ha
dejado de contribuir al hogar[64].
7. Expediente
T-4365133. – Caso de Jesús Orlando Grisales Peláez
7.1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
7.1.1. Jesús Orlando Grisales Peláez es un señor de sesenta (60)
años[65]
que enfrenta restricciones de movilidad como consecuencia de la desviación de
sus pies, rodillas y talones, y una deformidad en su columna que le ha ocasionado
una lumbalgia crónica[66].
Las dolencias fueron producto de la poliomielitis que contrajo cuando era niño.
La fecha de estructuración de su invalidez corresponde al ocho (8) de noviembre
de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), cuando tenía cinco (5) años de
edad[67].
Mediante dictamen médico practicado el veinticinco (25) de febrero de dos mil
trece (2013), Colpensiones determinó que su pérdida de capacidad laboral
correspondía al sesenta y ocho punto ochenta y siete por ciento (68.87%)[68].
El accionante realizó cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones desde el dieciséis (16) de agosto de mil novecientos noventa y uno
(1991), hasta el primero (1º) de febrero del año dos mil (2000). Sus aportes
equivalen a trescientas cincuenta y cuatro punto veintidós (354.22) semanas[69],
de las cuales cotizó ciento cuarenta y cuatro punto ochenta y tres (144.83)
durante los tres (3) años anteriores al último día que trabajó.
7.1.2. El ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013), interpuso un
derecho de petición solicitándole a Colpensiones la asignación de su pensión de
invalidez. El nueve (9) de agosto del mismo año, la entidad negó el
reconocimiento de dicha prestación por considerar que (i) no había cotizado
ninguna semana antes de la fecha de estructuración de su invalidez, y (ii) que
para el momento en que se llevó a cabo la estructuración, los empleadores eran
los directamente responsables de asumir el pago de las prestaciones de sus
trabajadores pues no existía el recaudo de los aportes dirigidos a cubrir los
riesgos de invalidez, vejez y muerte[70].
El veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), apeló la decisión
argumentando que la fecha de estructuración no coincidía con el día en que
había perdido permanente y definitivamente la capacidad para trabajar.
Seguidamente, solicitó que, para efectos del cómputo de semanas cotizadas, se
tuviera en cuenta el veintinueve (29) de febrero del año dos mil (2000), último
día que laboró. No obstante, el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014)
Colpensiones confirmó su decisión señalando que no podía cambiar la fecha de
estructuración de la invalidez pues esta había sido fijada en estricto
cumplimiento del artículo 3º del Decreto 917 de 1999[71].
7.1.3.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el treinta y uno (31) de enero de dos
mil catorce (2014), interpuso una acción de tutela contra Colpensiones por
considerar que dicha entidad estaba vulnerando sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social como consecuencia de su negativa a
reconocerle la pensión de invalidez. Consecuentemente, solicitó la asignación
pensional contada a partir del veintinueve (29) de febrero del año dos mil
(2000) y la imposición de las sanciones correspondientes al representante legal
de la accionada por la omisión y/o tardanza en el reconocimiento del derecho.
7.1.4.  En
relación con la procedibilidad de la acción, sostuvo que le resultaba muy gravoso
someterse a los tiempos y a las cargas de la jurisdicción ordinaria pues se
encontraba en una situación de debilidad manifiesta al ser una persona inválida
y desempleada que carecía de una fuente de ingresos. Adicionalmente, explicó
que no había solicitado su pensión con anterioridad porque desconocía que tenía
derecho a la misma. Respecto al fondo, manifestó que, tratándose de
enfermedades congénitas, degenerativas o crónicas, para efectos del cálculo de
semanas cotizadas y requeridas para obtener la pensión de invalidez por origen
común, la jurisprudencia constitucional había señalado que debía tenerse en
cuenta el verdadero momento en que la persona dejó de trabajar.
7.2.
Respuesta de la entidad accionada
A pesar de
haber sido debidamente notificado, el representante legal de Colpensiones no
contestó a la acción de tutela objeto de revisión.
7.3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
Mediante
providencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), el Juzgado
Catorce (14) Civil del Circuito de Medellín declaró la improcedencia de la
acción por el incumplimiento del principio de subsidiariedad. A su juicio, no
era posible deducir la ocurrencia de un perjuicio irremediable pues el actor
había dejado pasar más de trece (13) años desde que dejó de trabajar, hasta el
momento en que solicitó la pensión. Razón por la cual, era presumible que tenía
otra fuente de ingresos y que podía recurrir a la jurisdicción ordinaria
laboral sin ver afectado su mínimo vital.
7.4.
Impugnación
Mediante
escrito del diecisiete (17) de febrero de dos mil catorce (2014), el accionante
reiteró que existía la amenaza de un perjuicio irremediable porque era una
persona carente de ingresos y con dificultades para conseguir un nuevo trabajo
a raíz de su edad y su invalidez. Afirmó que sobrevivía a partir del esporádico
y escaso apoyo económico que le brindaba uno de sus hermanos. Explicó que no
había solicitado la pensión con anterioridad porque desconocía que tenía
derecho a ella, más no porque no la necesitara. Finalmente, arguyó que,
habiendo sido dictaminado médicamente el veinticinco (25) de febrero de dos mil
trece (2013), eran irrelevantes los trece (13) años que habían trascurrido
desde que dejó de trabajar hasta que acudió a la jurisdicción constitucional, porque
la prescripción de las mesadas pensionales se debía contar a partir del momento
en que quedó ejecutoriado el dictamen y no desde la última cotización.
7.5.
Decisión del juez de tutela en segunda instancia
Mediante
sentencia del veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), la Sala
Tercera (3ª) Civil de Decisión del Tribunal Superior de Medellín confirmó la
providencia proferida por el a quo al considerar que no existía prueba
suficiente de la amenaza de un perjuicio irremediable. Explicó que las
precarias condiciones económicas en las que vivía el actor se habían originado
cuando dejó de trabajar en el año dos mil (2000) y, por ende, no eran una
consecuencia reciente del no reconocimiento de la pensión de invalidez. Así
mismo, determinó que la decisión de Colpensiones no era ni ilegítima, ni
arbitraria, ya que el accionante no había cotizado ninguna semana antes de la
fecha de estructuración.
7.6.
Trámite surtido en sede de revisión ante la Corte Constitucional
En escrito
recibido el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014), la apoderada del
accionante manifestó que él (i) vive con su compañera permanente, quien no
cuenta con pensión, es población SISBEN y padece de cáncer; (ii) depende de la
ayuda que le brinda su hermano, quien le regala cincuenta mil pesos (50.000) al
mes; (iii) su único patrimonio es una vivienda de interés social que adquirió
mediante un subsidio otorgado por el Ministerio de Vivienda, y (iv) ha logrado sobrevivir
desde el día en que no pudo seguir trabajando gracias a la caridad de sus
amigos y familiares[72].
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites
de referencia con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y
el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación de los casos y problemas jurídicos
2.1.
Mediante las acciones de tutela objeto de revisión, los accionantes solicitaron
el reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez por presentar una
pérdida de capacidad laboral superior al cincuenta por ciento (50%), de origen
común, no provocada intencionalmente y debidamente acreditada por las
autoridades competentes. Recurrieron a la tutela porque su pretensión les fue
negada por el fondo de pensiones al que están afiliados, o por el juez
ordinario laboral que conoció de su solicitud, por no cumplir en estricto
sentido con el requisito establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[73].
Este les exige haber cotizado cincuenta (50) semanas al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez. Los reclamos de los tutelantes fueron
sustentados en cuatro (4) argumentos distintos, según las particularidades de
cada caso. A su juicio, la autoridad respectiva (i) erró al contar las semanas
cotizadas pasando por alto que algunos de ellos, al padecer de enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas, continuaron realizando aportes después de
la fecha de estructuración de la invalidez, como resultado de la capacidad laboral
residual que caracteriza la enfermedad que padecen y que les permitió seguir trabajando
por un periodo adicional de tiempo; (ii) no flexibilizó el requisito de semanas
cotizadas a pesar de que al peticionario le hacía falta menos de una (1) para
cumplir con el requisito respectivo; (iii) ignoró que sí se había acreditado el
requisito de las cincuenta (50) semanas en cuanto el interesado había trabajado
durante ese tiempo, pero que no había hecho las cotizaciones respectivas por
omisión de su empleador, y (iv) se rehusó a aplicar los requisitos establecidos
en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[74]
para acceder a la pensión de invalidez, norma anterior a la Ley 860 de 2003[75],
a pesar de que esta le resultaba más beneficiosa al trabajador.
2.2. Teniendo en cuenta los
hechos descritos, le corresponde a esta Sala de Revisión resolver los siguientes
problemas jurídicos:
2.2.1. ¿Viola los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social un fondo de
pensiones que le niega la pensión de invalidez a un afiliado que padece una
enfermedad degenerativa, crónica o congénita, bajo el argumento de que no ha
cotizado el número de semanas requerido con antelación a la fecha de
estructuración de su invalidez, a pesar de que realizó los aportes faltantes
después de esa fecha por no haber perdido su capacidad laboral de manera
permanente y definitiva en el momento en que fue estructurada su invalidez como
consecuencia de la afectación paulatina que caracteriza a la enfermedad que
padece y la capacidad laboral residual que está le dejó por un tiempo?
2.2.2. ¿Viola
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social un fondo de
pensiones que le niega la pensión de invalidez a uno de sus afiliados bajo el
argumento de que no cumple con el número de cotizaciones exigidas por la ley, a
pesar de que solo le hace falta una (1) semana y padece de una enfermedad
degenerativa, crónica o congénita que compromete significativamente su calidad
y expectativa de vida como consecuencia de su avanzado desarrollo?
2.2.3. ¿Viola
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social un fondo de
pensiones que le niega la pensión de invalidez a uno de sus afiliados bajo el
argumento de que no cumple con el número de cotizaciones exigidas por la ley
vigente, a pesar de que tenía una expectativa legítima a acceder a la pensión
en cuanto había cumplido con el número de semanas exigido en una norma
anterior?
2.3. No
obstante, antes de dar respuesta a estos interrogantes, la Sala verificará
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela según lo dispuesto en los artículos 86 superior y 1° del Decreto 2591 de
1991[76].
Para tal efecto recordará su jurisprudencia sobre (i) la procedibilidad de la
acción de tutela a la luz de los principios de subsidiariedad e inmediatez;
(ii) la procedibilidad de esta acción para solicitar el reconocimiento y el
pago de la pensión de invalidez, y (iii) la interposición de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Hecho esto, se ocupará de establecer
cuáles de las acciones objeto de revisión son procedentes. Esto último, lo hará
en un acápite independiente dado el número de casos que analiza.
3. Procedibilidad
general de la acción de tutela, principios de subsidiariedad e inmediatez –
Reiteración de jurisprudencia
3.1. La acción de tutela es
procedente si se emplea (i) como mecanismo principal cuando el actor no dispone
de otro medio judicial de defensa; (ii) cuando se interpone como mecanismo
subsidiario ante la existencia de otros medios que resultan inidóneos o ineficaces,
o (iii) como mecanismo subsidiario para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable. En el primer y segundo caso, la protección constitucional tiene
un carácter definitivo, en el tercero, uno transitorio. En esta última
situación, el accionante adquiere la obligación de acudir a las instancias
ordinarias durante los cuatro (4) meses siguientes para que allí se desarrolle
el debate jurídico de fondo sobre los hechos planteados en su demanda, tal como
lo establece el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991[77].
3.2. La
evaluación de la idoneidad y la eficacia de los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, así como el análisis de si existe un perjuicio irremediable,
constituyen lo que ha sido denominado como el principio de subsidiariedad. Este
ayuda a preservar la naturaleza de la acción de tutela porque (i) permite evitar
el desplazamiento innecesario de los mecanismos ordinarios de
defensa, dado que éstos son los espacios naturales para invocar la protección
de la mayoría de los derechos fundamentales[78],
y (ii) garantiza que opere cuando, a la luz de un caso concreto, se requiere
suplir las deficiencias que presenta el orden jurídico para la protección
efectiva de tales derechos[79].
3.3. El cumplimiento del principio de subsidiariedad no está
condicionado por la presentación de los recursos administrativos contra los
actos que negaron la prestación del derecho que se reclama. El artículo 9 del
Decreto 2591 de 1991 establece que “[n]o será necesario interponer
previamente la reposición u otro recurso administrativo para presentar la
solicitud de tutela”, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, al referirse a los recursos que se pueden
interponer en la vía gubernativa, aclara que no es obligatorio presentar el de
reposición contra el acto administrativo que se estima violatorio de los
derechos del administrado[80].
Es suficiente, en esta medida, que el accionante demuestre que ha desplegado cierta actividad administrativa o
judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos, salvo que haya
resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad. Por tanto,
el requisito de subsidiariedad no condiciona la procedencia de la tutela a que
se agote completamente la vía gubernativa, o que se presenten los recursos
administrativos existentes, en tanto el amparo se presenta como un mecanismo de
defensa inmediato para enervar la amenaza o vulneración actual de derechos
fundamentales[81].
3.4. La determinación de la eficacia e idoneidad de
los recursos ordinarios, por su parte, no debe obedecer a un análisis abstracto
y general[82].
Es competencia del juez constitucional determinar la funcionalidad de tales
mecanismos a la luz del caso concreto y de la situación del accionante para establecer
si ellos, realmente, permiten asegurar la protección efectiva  del derecho
cuyo amparo se pretende[83]. Es
decir, si dichos medios de defensa ofrecen la misma
protección que el juez constitucional podría otorgar a través del mecanismo
excepcional de la tutela y  si su puesta en ejecución  no generaría
una lesión mayor de los derechos del afectado[84].
3.5. El
perjuicio irremediable, para ser considerado
como tal, debe (i) ser inminente; (ii) ser grave; (iii) requerir de medidas
urgentes para su supresión, y (iv) demandar la acción de tutela como una medida
impostergable[85].
3.6. Idealmente, el actor debe indicarle al juez
constitucional los hechos que sustentan sus pretensiones pues la
informalidad de la acción de tutela no lo exonera de probar la vulneración que
alega, aunque sea de manera sumaria[86]. Sin
embargo, con fundamento en la jurisprudencia constitucional[87], las ritualidades
procesales deben ser aplicadas con  menor rigor cuando se decide una
acción de  tutela e interpretadas teniendo en cuenta la situación de
debilidad en que se encuentre el accionante para acceder a la evidencia o
prueba. Esto, a su vez, reafirma la obligación del juez de cumplir con la
actividad oficiosa y esclarecer los hechos componentes de la acción[88].
3.7. Así
mismo, el juez de tutela debe ser más flexible cuando el actor es un sujeto de
especial protección constitucional, o cuando se encuentra en
una situación de debilidad manifiesta[89]. En desarrollo del derecho fundamental a la igualdad,
le debe ofrecer un tratamiento diferencial positivo y analizar la procedencia
de la acción de tutela desde una óptica igual de
rigurosa, pero menos estricta, pues el
actor no puede soportar las cargas y los tiempos procesales de los medios
ordinarios de defensa judicial de la misma manera que el resto de la sociedad[90].
No obstante, no todos los daños se traducen en un perjuicio irremediable cuando
quien los alega es un sujeto de especial protección o una persona en circunstancias
de debilidad manifiesta.[91]
3.8. El
principio de inmediatez, por su parte, exige que la acción de tutela sea interpuesta
de manera oportuna en relación con
el acto que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales. Como requisito de procedibilidad, la inmediatez encuentra su
razón de ser en la tensión existente entre el derecho constitucional a presentar
una acción de tutela “en todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio de
protección “inmediata” de derechos fundamentales[92].
Es decir, que pese a no contar con un término de prescripción por
mandato expreso del artículo 86 superior, debe
existir necesariamente una correspondencia entre la célere naturaleza de la tutela y su
interposición justa y oportuna.
3.9. Para verificar el cumplimiento de este principio,
el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o
amenaza y la interposición de la tutela es razonable. De no serlo, debe
analizar si existe una razón válida que justifique la inactividad del
accionante al ser inconstitucional pretender darle un término de caducidad a la
acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo[93].
De tal modo que, si bien el término para interponer la
acción de tutela no puede establecerse de antemano, el juez está en la
obligación de verificar cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para
evitar que se convierta en un factor de inseguridad que lesione los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. A este respecto, la
Corte Constitucional ha puesto de presente la existencia de dos (2) factores
excepcionales que justifican el transcurso de un lapso prolongado entre el
momento de la vulneración del derecho y la fecha de interposición de la acción.
Estos son (i) que se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo en el entendido de que si bien el hecho
que la originó es muy antiguo, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto a sus derechos continúa y es actual; y (ii) que la especial situación
del actor convierta en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer
los medios ordinarios de defensa judicial[94].
4.
Procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento y el pago de la
pensión de invalidez – Reiteración de jurisprudencia
4.1.
En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha señalado que en virtud
del carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, ella resulta
improcedente para solicitar acreencias laborales como, por ejemplo, el
reconocimiento y el pago de una pensión[95].
Bien es sabido que existen mecanismos ordinarios de defensa judicial en la jurisdicción
ordinaria y en la contencioso administrativa que han sido diseñados
específicamente para estudiar este tipo de solicitudes. Sin embargo, la Corte ha
señalado que en ciertas circunstancias el reconocimiento del derecho pensional
adquiere relevancia constitucional dada la necesidad de proteger y garantizar los
derechos fundamentales de quien solicita el amparo. Estos casos son aquellos
donde se presentan los siguientes cuatro (4) requisitos[96]: (i) que sea necesario
evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (ii) que la negativa de
reconocer la pensión implique la afectación de derechos fundamentales; (iii) que
la decisión de la administradora de fondos de pensiones desconozca preceptos
legales y constitucionales y resulte, por tanto, arbitraria, y (iv) que el medio judicial principal u ordinario no resulte
eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados
dadas las condiciones en las que se encuentra el accionante.
4.2. Teniendo en cuenta lo
anterior, la Corte ha señalado que cuando se discute el reconocimiento de una
pensión de invalidez que ha sido solicitada por una persona que tiene una
disminución en su capacidad laboral, a quien se le ha negado este derecho, quien
carece de una fuente de ingresos y que, por tal razón, encuentra en riesgo
inminente su sostenimiento y el de su núcleo familiar, la acción de tutela es
procedente aunque existan otros medios para la defensa del derecho prestacional.
La presunta afectación de sus derechos fundamentales trasciende el ámbito
estrictamente económico y debe ser estudiada pues, de existir, comprometería
las condiciones de vida digna y los otros derechos de quien por su condición de
salud ya no tiene la posibilidad de trabajar. En este sentido, se inscriben los
pronunciamientos que ha hecho esta Corporación en las Sentencias T-653 de 2004[97], T-186 de 2010[98], T-533 de 2010[99] y T-627 de
2013[100],
entre muchas otras, donde ha señalado la importancia de analizar la edad del actor, su nivel de vulnerabilidad social o económica y
sus condiciones de salud para determinar si los medios ordinarios de defensa
judicial son eficaces.
5.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales –
Reiteración de jurisprudencia
5.1. De la lectura del artículo 86 superior y del Decreto 2591 de 1991[101],
la Corte Constitucional ha interpretado que la acción de tutela puede
ser promovida contra todas las autoridades, incluidas las judiciales, cuando
violan o amenazan derechos fundamentales. Así lo indicó desde la sentencia
C-543 de 1992[102]:
“[…] nada
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente […]”
5.2. Esta regla jurisprudencial
ha sido reiterada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, por ejemplo, en
las sentencias C-037 de 1996[103], SU-159
de 2002[104],
C-590 de 2005[105]
y SU-353 de 2013[106]. También
la han reiterado las diversas Salas de Revisión de tutela desde que esta
corporación inició funciones, como se evidencia, por ejemplo, en las sentencias
T-079[107] y
T-158 de 1993[108]. De
modo que la jurisprudencia constitucional ha sido coherente desde sus inicios
al sostener que algunos actos judiciales en determinadas condiciones pueden ser
cuestionados mediante tutela si violan derechos fundamentales.
5.3. No obstante, la magnitud del
defecto judicial que amerita una intervención del juez de tutela para proteger
derechos fundamentales violados no ha sido valorada de igual manera durante
todo el tiempo. Actualmente, y como lo sostuvo la Corte en la mencionada
sentencia C-590 de 2005[109],
la tutela contra providencias procede siempre y cuando se satisfagan dos (2)
grupos de causales. Por una parte, las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos
de procedibilidad’, mediante las cuales se establece si la providencia
judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela. Por la
otra, las causales ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘de
procedibilidad propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una
providencia judicial violó los derechos fundamentales de una persona.
5.4. Las causales de
procedibilidad generales o requisitos de
procedibilidad son las siguientes: (i) que el tema sujeto a discusión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable o de proteger a un sujeto de especial protección
constitucional que no fue bien representado; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez; (iv) que cuando se trate de una presunta irregularidad
procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que el accionante identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
y cuando hubiere sido posible, y (vi) que la providencia que se demanda no sea
de tutela.
5.5. Las causales de
procedibilidad especiales, específicas o propiamente
dichas, comprendidas como los defectos en los que el funcionario
judicial puede incurrir, han sido clasificados así: (i) defecto orgánico[110]; (ii)
defecto procedimental[111];
(iii) defecto fáctico[112];
(iv) defecto material y sustantivo[113];
(v) error inducido[114]; (vi)
decisión sin motivación[115]; (vii)
desconocimiento del precedente[116],
y (viii) violación directa de la Constitución[117].
6. Análisis
de procedibilidad de los casos concretos
Expedientes
T-4349611, T-4350198, T-4363536, T-4364489 y T-4365133
6.1. Los
accionantes de los Expedientes T-4349611, T-4350198, T-4363536,
T-4364489 y T-4365133 coinciden en (i) padecer una enfermedad degenerativa que
compromete su estado de salud y disminuye su expectativa y calidad de vida[118];
(ii) tener una pérdida de capacidad laboral superior al cincuenta por ciento (50%),
la cual les impide reingresar al mercado laboral en igualdad de condiciones[119], y
(iii) ver comprometido su mínimo vital y el de sus familias al estar
desempleados y carecer de una fuente de ingresos[120]. Por esta razón, la
Sala de Revisión considera que las acciones de tutela por ellos interpuestas son
procedentes como un mecanismo subsidiario de protección definitiva ante la
ineficacia de los medios ordinarios de defensa judicial para amparar sus
derechos fundamentales.
6.2. En la
jurisdicción ordinaria laboral y en la contenciosa administrativa se encuentran
los espacios naturales para resolver las inconformidades que presenten los
afiliados a un fondo de pensiones frente a la negativa de estas entidades a
reconocerles y pagarles la pensión de invalidez. Razón por la cual, como regla
general, la acción de tutela no es el mecanismo procedente para realizar este
tipo de solicitudes. Sin embargo, en los cinco (5) casos mencionados, las
condiciones económicas, el estado de salud y la composición de los núcleos
familiares de los accionantes los hacen sujetos de especial protección
constitucional y justifican el desplazamiento de los medios ordinarios de
defensa judicial. Esto en cuanto (i) se presume la existencia de un perjuicio
irremediable porque no pueden trabajar y carecen de otra fuente de ingresos;
(ii) está en juego el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad
social, a la pensión de invalidez y al mínimo vital de personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta; (iii) se entrevé la
arbitrariedad de las decisiones tomadas por las autoridades en materia
pensional por resultar contrarias a la jurisprudencia de esta Corporación, tal
como se explicará en el acápite séptimo (7º) y octavo (8º), y (iv) se pone de
relieve la ineficacia de los medios ordinarios de defensa judicial porque existe
el riesgo que la decisión del juez laboral o contencioso administrativo, según
el caso, devenga en inoportuna o inocua ante la inminente e irreversible
afectación de los derechos fundamentales de los accionantes y sus familiares
cercanos.
6.3. Según la
jurisprudencia constitucional reseñada en acápites anteriores, no es factible obligar
a una persona gravemente enferma que tiene una expectativa y una calidad de
vida reducida, y que encuentra amenazado su derecho fundamental al mínimo vital
por carecer de ingresos y no poder trabajar, a someterse a las cargas y a los
tiempos procesales propios de los medios ordinarios de defensa judicial para
reclamar la pensión de invalidez. Su apremiante situación exige, por ende, la
toma de medidas urgentes y, como consecuencia, la tutela se convierte en el
único medio de defensa efectivo en razón de la celeridad que la caracteriza.
6.4. Las
decisiones a tomar, por su parte, tendrán un carácter definitivo en cuanto
buscarán solucionar los problemas planteados de manera permanente. Siendo
ineficaces los medios ordinarios de defensa judicial a la luz de los casos
concretos, y contando el juez de tutela con todas las pruebas necesarias para
fallar de fondo, carece de todo sentido ordenarle a los accionantes a acudir con
posterioridad a la jurisdicción laboral o contenciosa administrativa, so pena
de que la Sentencia que se profiera pierda validez.
6.5. Ahora
bien, antes de proseguir con el estudio de procedibilidad de los Expedientes restantes
(T-4349013 y T-4360082), la Sala se referirá a las objeciones presentadas por
los jueces de instancia en relación con (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales en el caso del señor Tito Hernando Montaño
Buitrago (Expediente T-4350198); (ii) el cumplimiento del principio de
inmediatez en el caso del señor Jesús Orlando Grisales Peláez (Expediente
T-4365133), y (iii) el no agotamiento de los recursos de reposición y apelación
frente al dictamen médico de calificación de invalidez en los casos de los
señores Germán Flórez Gómez y Rodrigo Alberto López Sierra
(ExpedientesT-4364489 y T-4363536, respectivamente).
Aclaraciones
sobre el Expediente T-4350198
6.6. Según fue explicado en el
acápite quinto (5º) de esta providencia, por tratarse de una tutela contra
providencia judicial, la procedibilidad de la acción interpuesta por el señor
Tito Hernando Montaño Buitrago está sujeta a la acreditación de una serie
adicional de requisitos generales y específicos, pero estos fueron cumplidos en
su totalidad. En cuanto a los generales, la acción resulta procedente porque (i)
trata sobre un tema de evidente relevancia constitucional, toda vez que se
discute el acceso al derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad
social de un sujeto de especial de protección constitucional; (ii) el actor
agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial que
tenía a su alcance dado que solicitó el reconocimiento y el pago de la pensión de
invalidez directamente ante el fondo de pensiones, demandó a dicha entidad ante
la jurisdicción ordinaria laboral cuando recibió una negativa de su parte,
interpuso la acción de tutela objeto de revisión contra el juez que falló en su
contra en sede de segunda (2ª) instancia, e impugnó la decisión de tutela
cuando su acción fue declarada improcedente; (iii) cumplió con el requisito de
inmediatez pues no pasaron más de seis (6) meses desde que se profirió el fallo
acusado hasta el día en que se interpuso la acción de amparo; (iv) identificó
de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados,
poniendo de presente tal situación en el proceso judicial laboral después de
que la accionada impugnara la decisión del a quo por serle favorable al
actor, y (v) la providencia que demandó no es de tutela[121].
6.7. Así mismo, en el caso se
cumplió con una de las causales de procedibilidad especiales, específicas o propiamente
dichas, ya que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente
aplicable[122].
La Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, quienes conocieron de la acción de tutela en primera (1ª) y segunda (2ª)
instancia, respectivamente, consideraron que la acción de tutela era
improcedente porque no cumplía con ninguna de estas causales y, en especial,
porque el juez laboral no había desconocido el precedente toda vez que, a la
hora de decidir sobre la aplicación de la condición más beneficiosa al
trabajador, se había reusado acertadamente a aplicar el artículo 6º del Acuerdo
049 de 1990[123]
por no ser esta norma la inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003[124]. A
juicio de algunas Salas de la Corte Suprema de Justicia, esta interpretación era
correcta pues encontraba eco en sus pronunciamientos recientes, según los
cuales sólo podía aplicarse la norma inmediatamente anterior a aquella que
estuviera vigente. En el caso concreto, esto significaba que la Ley 860 de 2003[125] sólo
podía ser remplazada por la redacción original del artículo 39 de la Ley 100 de
1993[126],
que exigía la acreditación de veintiséis (26) semanas durante el año anterior a
la fecha de estructuración de la invalidez. Exigencia que el accionante tampoco
lograba acreditar.
6.8. No
obstante lo anterior, esta Sala de Revisión considera que el juez laboral
desconoció el precedente de la Corte Constitucional, que le era vinculante dado
que se estaba pronunciando en calidad de juez de tutela. En numerosas Sentencias,
esta Corporación ha dado aplicación al Acuerdo 049 de 1990[127] sin importar que la
solicitud de la pensión de invalidez haya sido hecha durante la vigencia de la
Ley 860 de 2003[128],
exigiéndole al accionante cumplir con el requisito de semanas cotizadas en él
consagrado para evitar que surtan efecto las normas posteriores que en el caso
concreto resultan regresivas para la protección de los derechos fundamentales
de la parte interesada[129].
Concretamente, la Corte ha exigido la acreditación de trescientas (300) semanas
cotizadas con anterioridad al primero (1º) de enero de mil novecientos noventa
y cuatro (1994), día en que entró a regir la Ley 100 de 1993[130].
6.9. El
precedente de la Corte Constitucional encuentra eco en la jurisprudencia que ha
proferido la Corte Suprema de Justicia, pues algunas de sus Sentencias, a
diferencia de las citadas por la autoridad judicial demandada, han sostenido
que en virtud del principio de la condición más beneficiosa, sí se puede
aplicar una norma derogada que no sea, necesariamente, inmediatamente anterior
a la vigente. La Sala de Casación Laboral, por ejemplo, ha dispuesto lo
siguiente:
“(…) entendido el derecho a la seguridad social, dentro de
esa especial  categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir,
la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es
indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse,
como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él,
bajo un régimen como el del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la
finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los
distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de
aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener
en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos
26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o,
contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o
se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general
inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
16 del C. S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe
tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la
causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para
determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo
acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente
observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la
seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos
constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de
las instituciones legalmente previstas.
[…] Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además,
si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad
social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente… que, de no
haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de
cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el
derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con
la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que
una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca
aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente,
la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los
principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una
novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de
los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.”[131]
6.10. De esta
manera, por cumplir con los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial y por existir una vía de hecho por
desconocimiento del precedente constitucional sobre materia pensional, la
acción impetrada por el señor Montaño Buitrago contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá es procedente.
Aclaraciones
sobre el Expediente T-4365133
6.11. El señor
Jesús Orlando Grisales Peláez (Expediente T-4365133) presentó acción de tutela
contra Colpensiones el treinta y uno (31) de enero de dos mil catorce (2014), solicitando
el reconocimiento y el pago de su pensión de invalidez por padecer de
poliomielitis desde los cinco (5) años de edad y ver amenazado su derecho
fundamental al mínimo vital al no contar con una fuente de ingresos. El
accionante dejó de trabajar desde el primero (1º) de febrero del año dos mil
(2000), dejando pasar cerca de catorce (14) años entre ese día y la fecha en que
interpuso la acción de tutela. Los jueces de primera (1ª) y segunda (2ª) instancia
consideraron que su acción era improcedente porque no cumplía con el principio
de inmediatez, ni con el principio de subsidiariedad, toda vez que era
presumible que si había sobrevivido sin el pago de la pensión durante más de
una década, contaba con una fuente adicional de ingresos y no existía un
perjuicio irremediable.
6.12. Si bien
es cierto que los cerca de catorce (14) años que transcurrieron entre el hecho
que generó la presunta vulneración y la interposición de la acción constituyen
un periodo de tiempo aparentemente irrazonable, el juez de tutela debió analizar
si existía una razón válida que justificara la inactividad del actor, pues la
acción de tutela no tiene un término de prescripción definido. A diferencia de
lo señalado por los jueces de instancia, la Sala de Revisión encuentra que,
efectivamente, el lapso prolongado está plenamente justificado. Teniendo
presente la jurisprudencia constitucional reseñada en acápites anteriores, la
Sala estima que se cumplen los dos (2) factores excepcionales para la admisión
de un lapso prolongado: (i) la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido de que, si bien el hecho que la
originó es muy antiguo, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto
a sus derechos continúa y es actual, y (ii) que la especial situación del actor
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los
medios ordinarios de defensa judicial.
6.13. El señor Grisales se vio obligado a retirarse
del mercado laboral por la invalidez derivada de la poliomielitis que padeció
cuando era niño. Desde su retiro, no ha logrado acceder a una pensión de
invalidez, ni cuenta con una fuente alternativa de ingresos. Razón por la cual,
su situación económica ha sido desde entonces precaria y se ha agravado en los
últimos años, pues hoy sobrevive únicamente con los cincuenta mil pesos
($50.000) mensuales que le regala su hermano. Con este dinero debe garantizar
su sostenimiento y el de su compañera permanente, quien padece de cáncer y
tampoco goza de una pensión. De los anteriores hechos, es pues evidente que si
bien la precaria situación económica del actor se originó hace más de una
década cuando omitió solicitar la pensión de invalidez por desconocer que tenía
derecho a ella, la vulneración a su derecho fundamental al mínimo vital ha sido
constante y actualmente es más crítica que nunca. Por las mismas razones, resultaría
desproporcionado adjudicarle la carga de ejercer los medios ordinarios de
defensa judicial toda vez que se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta por ser una persona de bajos recursos, inválida, desempleada y
mayor. Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala encuentra que su acción
de amparo es a todas luces procedente pues existen válidas razones para pensar
que satisface los principios de subsidiariedad e inmediatez.
Aclaraciones sobre los Expedientes T-4364489 y
T-4363536
6.14. En el trámite que se le dio a las tutelas
presentadas por los señores Germán Flórez Gómez y Rodrigo Alberto López
Sierra (Expedientes T-4364489 y T-4363536, respectivamente), los jueces de
instancia consideraron que dichas acciones eran improcedentes porque los
actores no habían apelado el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez. No obstante, dando alcance a la jurisprudencia descrita en acápites
anteriores, así como a la interpretación directa del Decreto 2591 de 1991[132] y
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta
Sala considera que esa no es una razón válida para declarar la improcedencia de
la acción de tutela puesto que ningún ciudadano está obligado a agotar la vía
gubernativa antes de acudir a la acción de amparo. De esta manera, las tutelas
de los señores Flórez y López son procedentes por las razones expuestas.
Expediente
T-4349013
6.15. El señor
Arnulfo Ballesteros tiene un pérdida de capacidad laboral del sesenta punto
trece por ciento (60.13%) como consecuencia de un accidente de tránsito que
sufrió el treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009)[133]; fecha en la que fue
estructurada su invalidez. Durante los tres (3) años anteriores a ese día,
cotizó catorce punto catorce (14.14) semanas[134].
Razón por la cual, Colpensiones consideró que no acreditaba las condiciones
establecidas en la Ley 860 de 2003[135],
negándose así al reconocimiento y al pago de su pensión de invalidez. El
accionante interpuso acción de tutela solicitando que le fueran tenidas en
cuenta las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración.
Actualmente, vive en su finca con su esposa, quien tiene cuarenta y siete (47)
años y no trabaja, y con tres (3) de sus cinco (5) hijos
mayores de edad, en conjunto con sus esposas(os) y sus respectivos descendientes[136]. El
juez de primera (1ª) instancia estableció que su acción era improcedente por no
encontrar una violación manifiesta al ordenamiento constitucional y no tener
pruebas suficientes de la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera
procedente la acción como mecanismo subsidiario; decisión que no fue impugnada
por el actor.
6.16. De los
anteriores hechos, la Sala observa que el mínimo vital del actor no se ve
flagrantemente comprometido por no acceder inmediatamente a la pensión de
invalidez porque cuenta con el apoyo de sus cinco (5) hijos mayores de edad.
Personas que, si bien tienen sus propias obligaciones con sus compañeros y
descendientes, trabajan y pueden garantizar el sostenimiento económico de su
padre mientras este acude a la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, la Sala advierte
que la acción de tutela depende de la aplicación de una regla jurisprudencial
que está reservada exclusivamente para las personas que, como consecuencia de
una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, han visto disminuida su
capacidad laboral de manera paulatina, pero han conservado una capacidad
residual que les ha permitido trabajar y cotizar por cierto tiempo después de
la fecha de estructuración de la invalidez. Situación en la
que no se encuentra el actor porque, como él mismo lo puso de presente en el
escrito que envió a la Corte el ocho (8) de septiembre de dos mil catorce
(2014), siguió haciendo aportes al sistema después del accidente de tránsito,
pero nunca pudo volver a trabajar porque su estado de salud se lo impidió desde
el día en que sufrió el accidente[137].
Es decir, que las lesiones que adquirió el treinta y uno (31) de agosto de dos
mil nueve (2009) acabaron de manera permanente y definitiva con su capacidad
laboral. Razón por la cual, no puede el juez constitucional entrar a estudiar
una modificación a un criterio médico que está basado en parámetros objetivos
definidos en un manual de calificación, si los hechos del caso no demuestran
que el actor conservó una capacidad laboral residual posterior a la fecha señalada
en el dictamen. La negativa de Colpensiones, entonces, no se vislumbra como
arbitraria o caprichosa y, como consecuencia, la acción de tutela no satisface
los requisitos de procedibilidad que han sido fijados por la Corte para el
reconocimiento y el cobro de la pensión de invalidez.
6.17. No obstante lo anterior, la
Sala le recuerda al accionante que puede solicitar la indemnización sustitutiva
de la pensión de invalidez según lo establecido en el artículo 45 de la ley 100
de 1993[138].
En relación con esto último, es importante aclarar que el derecho que tiene la
persona en estado de invalidez que no cumplió los requisitos para acceder a su
pensión, es imprescriptible. En la Sentencia T-286 de 2008[139],
la Sala Segunda (2ª) de Revisión señaló que “[…] el derecho a la
indemnización sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas en el
sistema general de pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede
ser reclamada en cualquier tiempo. Así, la indemnización sustitutiva, solo se
sujeta a las normas de prescripción desde el momento en que ha sido reconocida
por la entidad responsable, previa solicitud del interesado”.
Expediente T-4360082
6.18. La
acción de tutela interpuesta por el señor Roberto Guerrero es improcedente por
estar por fuera de la competencia del juez de tutela la declaración de un
contrato realidad y la corrección de su historia laboral con miras a establecer
si cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. El
accionante padece de una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)[140],
tiene una pérdida de capacidad laboral del cincuenta y ocho punto nueve por
ciento (58.9%)[141]
y manifestó no estar en condiciones de trabajar y carecer de una fuente de
ingresos. Colpensiones se negó al reconocimiento y al pago de su pensión de
invalidez bajo el argumento de que no había acreditado todos los requisitos establecidos
en la Ley 860 de 2003. Particularmente, que no había cotizado cincuenta (50)
semanas durante los tres (3) años anteriores al tres (3) de septiembre de dos
mil nueve (2009), fecha en la que se estructuró su invalidez. Ignorando los
obvios errores de redacción que se cometieron en la Resolución No. 118135 del
veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011), los cuales se vuelven
evidentes a la luz de los pronunciamientos posteriores de la entidad[142] y
las indagaciones hechas por el juez de tutela en segunda (2ª) instancia[143], se entiende
que el accionante sólo aportó ciento veintidós punto ochenta y
seis (122.86) semanas en toda su historia laboral, la cual inició el dieciséis
(16) de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (1978) y terminó el cinco
(5) de junio de mil novecientos ochenta y dos (1982). Como resultado de lo
anterior, en principio no cumple con todos los requisitos para acceder a la
pensión de invalidez y la decisión de Colpensiones se presume, en esa medida, ajustada
al Derecho.
6.19. Sin embargo, del Expediente se puede inferir que
el actor trabajó durante los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez y que su empleador fue quien, quizá, omitió
realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Bajo este
supuesto fáctico, el juez de tutela debería ordenar el reconocimiento y el pago
de la pensión de invalidez ya que, según lo ha establecido esta Corporación, los
derechos pensionales del trabajador no pueden verse afectados por la mora en el
pago de los aportes, o por una falta a los deberes de su empleador dado que este
error es completamente ajeno a su voluntad[144].
6.20. No obstante, en el caso concreto no es claro si
la omisión efectivamente es atribuible al empleador o si, por el contrario, se
debe a la negligencia del tutelante, toda vez que no hay certeza sobre la
naturaleza de la relación laboral y, consecuentemente, no hay claridad sobre
quién era el verdadero responsable de
hacer los aportes al Sistema. La
única referencia sobre el particular se encuentra en la historia clínica, donde
el actor manifestó que para finales del dos mil trece (2013) seguía percibiendo un salario por parte de su empleador
sin especificar allí, ni en ninguna otra parte, quién era el empleador, desde
hace cuánto trabajaba con él, en qué condiciones y en virtud de qué tipo de
contrato[145].
Adicionalmente, siempre hizo los aportes a salud como cotizante independiente. Hecho
que sugiere que, o bien no era un empleado dependiente, o laboraba en
condiciones de informalidad. Por las anteriores razones, no es posible señalar,
fuera de toda duda razonable, si el accionante tenía un contrato laboral o un
contrato de prestación de servicios en virtud del cual fuera él el encargado de
hacer las respectivas contribuciones.
6.21. Si bien es cierto que el juez constitucional tiene el deber
oficioso de recaudar el material probatorio necesario para fallar de fondo (más
aún si se encuentra ante un sujeto de especial protección constitucional, como
es el caso del señor Guerrero), el debate que se plantea en el caso concreto
excede las competencias del juez de tutela en cuanto no se trata de probar una
serie de hechos, sino de resolver una posible controversia netamente laboral,
hacer una posterior corrección de la historia laboral del actor en lo que se
refiere al número exacto de semanas cotizadas y, finalmente, evaluar si tiene
derecho a la pensión de invalidez. Todo esto a partir de indicios y no como respuesta
a una solicitud expresa o una descripción ilustrativa por parte del accionante.
6.22. Así entonces, la Sala
advierte que si bien de las pruebas y hechos expuestos en el proceso de tutela
se deduce que las circunstancias por las cuales atraviesa el señor Roberto
Guerrero y su familia son difíciles, el aparente incumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos para el otorgamiento de la pensión de
invalidez, hace inviable para el juez constitucional declarar la prosperidad
del amparo, en tanto que no puede conceder la protección de un derecho que por
el momento es incierto. No estando entonces facultada para tal efecto, la Sala considera
que, antes de solicitar el reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez,
el accionante debe acudir ante la jurisdicción ordinaria para (i) solicitar la
declaración de un contrato realidad si considera que este existe y que ha sido
incumplido por su empleador en cuanto al pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, o (ii) solicitar la indemnización sustitutiva de
la pensión de invalidez contenida en el artículo 45 de la ley 100 de 1993[146].
6.23. En
relación con este último, es importante aclarar que el derecho que tiene la
persona en estado de invalidez que no cumplió los requisitos para acceder a su
pensión, es imprescriptible. En la Sentencia T-286 de 2008[147],
la Sala Segunda de Revisión señaló que “[…] el derecho a la indemnización
sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas en el sistema general de
pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede ser reclamada en
cualquier tiempo. Así, la indemnización sustitutiva, solo se sujeta a las
normas de prescripción desde el momento en que ha sido reconocida por la
entidad responsable, previa solicitud del interesado”.
Dicho lo anterior, la Corte continuará con las
consideraciones de fondo necesarias para resolver los cinco (5) casos que
fueron declarados procedentes (Expedientes T-4349611, T-4350198,
T-4363536, T-4364489 y T-4365133).
7.
Derecho a la pensión de invalidez cuando se
trata de una pérdida de la capacidad laboral paulatina en razón a una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita. – Reiteración de jurisprudencia
7.1. El artículo 48 de la Constitución Política consagra la
seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio y un derecho
fundamental irrenunciable, el cual debe prestarse en los términos que
establezca la ley. En desarrollo de esta norma constitucional, el legislador
expidió la Ley 100 de 1993[148], estableciendo el Sistema de Seguridad Social
Integral, dentro del cual se encuentra el Sistema General de Pensiones que
tiene por objeto garantizar a la población una protección frente a las
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
7.2. El
artículo 1° de la Ley 860 de 2003[149],
que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[150], dispone que tendrá
derecho a la pensión de invalidez la persona que declarada inválida por
enfermedad o por accidente haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
su invalidez.
7.3. Cuando
la invalidez proviene de un accidente o de una situación de salud que generó la
pérdida de capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración fijada por
la Junta de Calificación coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho. Sin
embargo, cuando la persona inválida padece de una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita, y la pérdida de la capacidad laboral se presenta de
manera paulatina, existe la posibilidad de que si tal circunstancia no es
tenida en cuenta por las autoridades competentes, la fecha consignada en el
dictamen sea diferente a aquella en que efectivamente perdió su capacidad para
trabajar de manera permanente y definitiva.
7.4.
En relación con estas situaciones excepcionales, la Corte ha señalado
reiteradamente que las personas que padezcan de una de estas enfermedades, que hayan
conservado una capacidad laboral residual después de ser diagnosticadas y que
hayan seguido trabajando, tienen derecho a que el fondo de pensiones les
reconozca los aportes que realizaron con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez, y hasta el momento en que perdieron su fuerza
de trabajo de manera permanente y definitiva[151].
Es decir, el día en que no pudieron seguir cumpliendo sus funciones en razón de
su incapacidad y, en consecuencia, enfrentaron la imposibilidad de proveerse un
sustento económico a partir de su participación en el mercado laboral, así como
de continuar efectuando las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.
7.5.
Por tratarse de afecciones degenerativas, los efectos de estas enfermedades se
manifiestan de manera paulatina en el tiempo, lo que hace que la fuerza de
trabajo de estas personas vaya menguándose cíclica y progresivamente. Por ello,
a pesar del deterioro que causa la enfermedad en su estado de salud, tienen
momentos de capacidad productiva después de que han sido diagnosticados, lo que
les permite seguir trabajando y cotizando hasta el momento en que su condición
médica se agrava a tal punto que no pueden continuar con sus labores. En tal
sentido, la fecha en la cual pierden la capacidad para trabajar puede ser
diferente a aquella en la que fue estructurada su invalidez, toda vez que en
ese último momento no hubo una pérdida permanente y definitiva de su
capacidad laboral y, prueba de ello, es que con posterioridad siguieron
vinculados al mercado de trabajo y efectuando aportes al tener una capacidad
laboral residual que así se los permitía[152].
7.6.
Por lo tanto, en sede de tutela esta Corporación ha sostenido que es
inconstitucional resolver la situación pensional de una persona que padece de
una enfermedad degenerativa, crónica o congénita con base en el dictamen de
pérdida de la capacidad laboral si no se hace, simultáneamente, un análisis
sobre todas sus circunstancias personales, laborales y de salud con el ánimo de
establecer en qué momento no pudo continuar trabajando[153].
7.7.
Para resolver este tipo de controversias, a la hora de verificar el número de
semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en los
términos del artículo 1º de la Ley 860 de 2003[154], diferentes Salas de Revisión
han realizado el cálculo a partir del momento que, de conformidad con el acervo
probatorio, corresponde a la pérdida definitiva y permanente de la capacidad
laboral del interesado, encontrando así que esta puede corresponder a una fecha
posterior a la consignada en el dictamen[155].
De lo contrario, esto es, si no se tienen en cuenta las semanas cotizadas después
de la fecha de estructuración, se violaría el principio de prevalencia de la
realidad en materia laboral y de seguridad social (art. 53, CP), así como la
buena fe de aquellos afiliados que padecen de una enfermedad degenerativa,
crónica o congénita y que han seguido trabajando y cotizando con la expectativa
de quedar protegidos ante un mayor riesgo de invalidez o muerte.
7.8.
A continuación, se sintetizarán algunas de las decisiones que han proferido las
distintas Salas de Revisión de esta Corporación sobre el tema. En la Sentencia T-699A
de 2007[156]
la Sala Cuarta (4ª) de Revisión conoció del caso de una persona portadora de
VIH-SIDA, a quien le dictaminaron una pérdida de la capacidad laboral del cincuenta
y tres punto veinticinco por ciento (53.25%) y le fijaron la fecha de
estructuración el veinticuatro (24) de julio de dos mil tres (2003). La Corte halló
que la pérdida definitiva y permanente de la capacidad laboral se dio en un
momento posterior a ese debido a que el actor había podido continuar laborando
y haciendo aportes al sistema. Verificados los aportes que realizó con
posterioridad al momento en que se dijo que se estructuró su invalidez, la Sala
concluyó que le asistía el derecho a la pensión de invalidez, sosteniendo:
“[…] es posible
que, en razón del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad, pueden
darse casos, como el presente, en los que, no obstante que de manera
retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la invalidez, la
persona haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado
con su vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema
de seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de calificación
de la invalidez. Así pues, el hecho de que la estructuración sea fijada en una
fecha anterior al momento en que se pudo verificar la condición de inválido por
medio de la calificación de la junta, puede conllevar a que el solicitante de
la pensión acumule cotizaciones durante un periodo posterior a la fecha en la
que, según los dictámenes médicos, se había estructurado la invalidez, y
durante el cual se contaba con las capacidades físicas para continuar
trabajando y no existía un dictamen en el que constara la condición de
invalidez. || En consecuencia, se presenta una dificultad en la contabilización
de las semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión, toda vez
que, si bien la ley señala que tal requisito debe verificarse a la fecha de
estructuración, en atención a las condiciones especiales de esta enfermedad,
puede ocurrir que, no obstante que haya algunas manifestaciones clínicas, el
portador esté en la capacidad de continuar trabajando, y de hecho siga
realizando los aportes al sistema por un largo periodo, y, solo tiempo después,
ante el progreso de la enfermedad y la gravedad del estado de salud, se vea en
la necesidad de solicitar la pensión de invalidez, por lo que al someterse a la
calificación de la junta se certifica el estado de invalidez y se fija una
fecha de estructuración hacia atrás. Así las cosas, no resulta consecuente que
el sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de verificar
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión.”
7.9.
En la Sentencia T-561 de 2010[157]
la Sala Sexta (6ª) de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta por una
persona que sufría una enfermedad mental de muy larga evolución, quien se
afilió al sistema general de pensiones desde julio de mil novecientos ochenta y
tres (1983) y había cotizado de manera ininterrumpida por más de veintiún (21)
años. Su enfermedad fue calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad
laboral del cincuenta y uno punto diez por ciento (51.10%), pero al momento de
practicarse el dictamen correspondiente se estableció que la fecha de
estructuración de su invalidez fue el diecisiete (17) de noviembre de mil
novecientos ochenta y tres (1983), razón por la cual, la entidad accionada le
negó el reconocimiento de la pensión de invalidez por no haber cotizado
veinticinco (25) semanas en el año anterior a la estructuración de la
invalidez, de conformidad con la normativa aplicable (Decreto 3041 de 1966[158]). La
Corte consideró que la fecha de estructuración de la invalidez se había
establecido teniendo en cuenta que en ese tiempo la tutelante había sufrido un
episodio clínicamente difícil. Sin embargo, debido a que la actora había
continuado trabajando y aportando por más de veintiún (21) años al sistema, se
consideró que no podía asumirse que esa hubiera sido la fecha en la que perdió
definitivamente su capacidad laboral. La Sala tuvo en cuenta entonces las
cotizaciones realizadas con posterioridad y, en consecuencia, ordenó el
reconocimiento y el pago de la pensión.
7.10. En la Sentencia T-671 de
2011,[159]
la Sala Octava (8ª) de Revisión amparó el derecho a la pensión de invalidez de
una persona que fue calificada con sesenta y cuatro punto sesenta y cuatro por
ciento (64.64%) de pérdida de capacidad laboral, y cuya fecha de estructuración
correspondía al trece (13) de marzo de mil novecientos
ochenta y uno (1981); momento en que le fue diagnosticada por primera vez su
enfermedad. El fondo de pensiones le negó el derecho a la pensión porque en los
tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración no registró cotización
alguna. La Corte, sin embargo, amparó sus derechos ordenando el reconocimiento
pensional tras observar que “[…]la referida resolución tomó como fecha de
estructuración de la invalidez el momento en que se manifestó por primera vez
la enfermedad de la agenciada, y esto constituye una afrenta al derecho [a] la
seguridad social de aquella, esta Sala tomará, de acuerdo con los lineamientos
expuestos en el acápite sexto de esta providencia, el 27 de febrero 2007 como
fecha de estructuración de la invalidez, dado que este fue el día en que el
galeno de medicina laboral del ISS la determinó”.
7.11. Por su parte, en la
Sentencia T-962 de 2011[160]
la Sala Cuarta (4ª) de Revisión se ocupó del caso de una persona que había
perdido el sesenta y dos punto ochenta por ciento (62.80%) de su capacidad
laboral por haber padecido poliomielitis cuando era niño, pero que, pese a las
dificultades de movilidad que le ocasionó dicha enfermedad, logró cotizar mil
quinientas cuarenta semanas (1540) hasta el momento en que no pudo continuar
desarrollando normalmente sus funciones como consecuencia de su invalidez. Cuando
solicitó su pensión de invalidez, el fondo al que estaba afiliado se negó a su
reconocimiento y pago por considerar que no había cotizado semana alguna antes
de la fecha de estructuración, la cual había sido fijada cuando tenía siete (7)
años de edad. La Corte determinó que, por padecer de una enfermedad
degenerativa y haber realizado cotizaciones después de que aparecieron los
primeros síntomas de su enfermedad, tenía derecho al reconocimiento y al pago
de la pensión de invalidez a partir del último día que trabajó, toda vez que
cumplía con los requisitos exigidos en la ley.
7.12. En la Sentencia T-886 de
2013[161]
la Sala Tercera (3ª) de Revisión examinó el caso de tres (3) personas a quienes
les negaron el reconocimiento de la pensión de invalidez por no acreditar el
requisito de cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha
de estructuración a pesar de que habían realizado aportes luego de ese momento,
demostrando que la pérdida definitiva de la capacidad laboral había ocurrido en
un tiempo posterior. La Corte sostuvo que “[…] para
definir la fecha de la estructuración de la invalidez, es necesario determinar
con especial cuidado la incapacidad permanente y definitiva del sujeto
evaluado, en especial cuando se parte del diagnóstico de enfermedades
catalogadas como degenerativas, congénitas o crónicas, por cuanto si bien
pueden ser calificados con un porcentaje mayor al 50% en una fecha que podría
ser la del diagnóstico de la enfermedad, lo que haría presumir a su vez la
incapacidad laboral, la misma naturaleza de dichas enfermedades, que implican
un deterioro paulatino en la salud, necesariamente no conllevan a que el
afectado deje de laborar”. En los
casos bajo examen, se encontró que las fechas de estructuración dictaminadas no
correspondían al momento en que se perdió definitivamente la capacidad laboral
de los interesados, entre otras cosas, porque habían podido continuar
desarrollando sus actividades laborales luego de ese momento. Por lo tanto, sus
derechos fundamentales fueron amparados y se ordenó a los respectivos fondos
que tuvieran en cuenta las semanas cotizadas luego de la fecha de
estructuración dictaminada, tomando como punto de referencia el último aporte
efectuado por cada uno de ellos.
7.13. En la Sentencia T-294 de
2013[162],
la Sala Primera (1ª) de Revisión ordenó proteger los derechos fundamentales de
un adulto mayor invidente que, luego de haber perdido la visión, se desempeñó
durante varios años como maestro de niños ciegos (tiflólogo). En este caso, la
Corte decidió que la fecha de estructuración no se configurara en el momento en
que perdió la vista, sino en el momento en que no pudo seguir desempeñando sus
nuevas funciones como profesor.
7.14. Finalmente, en la Sentencia
T-043 de 2014[163],
la Sala Novena (9ª) de Revisión estudió el caso de una señora que, como
consecuencia de un trauma cerebral, tuvo una pérdida de capacidad laboral del
setenta y ocho punto setenta y cinco por ciento (78.75%), fue declarada en
interdicción judicial por incapacidad mental absoluta y no logró acceder a la
pensión de invalidez porque, a juicio del fondo de pensiones al que estaba
afiliada, no había cotizado cincuenta (50) semanas durante los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Al encontrar que la
accionante padecía de una enfermedad degenerativa y que pese a su deteriorado
estado de salud había logrado hacer los aportes que le hacían falta después del
trauma cerebral, la Corte ordenó tomar en cuenta las cotizaciones al sistema realizadas
con posterioridad por considerar que solo dejó de aportar cuando perdió de
forma definitiva su capacidad para trabajar.
7.15. Por
último, es importante aclarar que el juez constitucional no cuestiona ni controvierte
el criterio médico con base en el cual se determina la fecha de estructuración
de la invalidez, pues se presume que esta coincide con aquella en la que se
produce una pérdida total de la capacidad laboral. Lo que sucede es que en
algunos casos específicos, la autoridad respectiva tiene dificultad para prever
si la persona conserva una capacidad laboral residual que le permite seguir
trabajando. Por tanto, para definir cuándo una persona pierde de manera permanente
y definitiva su fuerza laboral a la hora de verificar si cuenta con la densidad
de semanas requerida, el juez de tutela debe constatar con base en las pruebas
existentes, si la persona reunió o no los requisitos de cotización para acceder
a la pensión de invalidez, incluyendo los aportes posteriores que hizo y que se
encuentran respaldados por una actividad laboral.[164]
8. Exigibilidad en
el cumplimiento de las cincuenta semanas durante los tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez y principio de la condición más
beneficiosa – Reiteración de jurisprudencia
8.1. Como
consecuencia del aumento que estableció el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[165] en relación
con el número de semanas cotizadas requeridas para acceder a la pensión de
invalidez, distintas Salas de Revisión de esta
Corporación sostuvieron que el requisito de las cincuenta (50) semanas
resultaba ampliamente regresivo y desfavorable para los interesados en
comparación con aquel consagrado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[166], según el cual sólo era necesario acreditar veintiséis
(26) semanas. Por esta razón, en varias Sentencias se aplicó la excepción de
inconstitucionalidad sobre el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[167]
y se dio acogida a las normas anteriores[168].
8.2. No
obstante, la mencionada disposición fue posteriormente declarada exequible en
la Sentencia C-428 de 2009[169].
Allí, la Corte explicó y respaldó las razones que habían llevado al legislador
a alterar los requisitos para acceder a la pensión de invalidez aumentando el
número de semanas de cotización de veintiséis (26) a cincuenta (50). Del
estudio de la exposición de motivos del proyecto de ley, encontró que el
aumento obedecía a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema pensional mediante la promoción indirecta de la cultura de la
afiliación a la seguridad social y el control de los fraudes dado que, desde
antes de la Ley 100 de 1993[170],
los problemas financieros del sistema “habían sido el resultado de modelos
basados en bajas cotizaciones -si es que las había-, dispersión de regímenes pensionales
y beneficios exagerados, dejando de lado por completo el tema de la
sostenibilidad en el largo plazo como esperanza de cubrimiento prestacional
para las generaciones futuras”.
8.3. Al analizar
las disposiciones demandadas, la Corte encontró que el aumento de las semanas no
implicaba una regresión en materia de exigibilidad de la pensión de invalidez
ya que el incremento venía acompañado de un mayor plazo para hacer valer las
semanas, a saber, se había pasado de un (1) año a tres (3). A su juicio, esto
favoreció a los sectores de la población que carecían de un empleo permanente y
que, bajo la redacción original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993[171], habían
quedado excluidos del beneficio de la pensión de invalidez. Al respecto precisó:
“[e]n el actual régimen, el porcentaje exigido es variable y en promedio se
ubica en el 33% de la carga de cotización, es decir, que supone cotizar en
promedio 16.6 semanas en cada año durante los últimos 3 años, siendo antes que
regresiva, favorable a los intereses de muchos cotizantes, sobre todo a los
trabajadores que no poseen un empleo permanente.”
8.4. La
Corte concluyó que el aumento en el número de semanas era una medida de
carácter económico con la cual el legislador buscó evitar que una persona
accediera a un beneficio prestacional, sin haber aportado el capital
proporcional a dicha prestación. Desde ese entonces, se adoptó la tesis de que la excepción de inconstitucionalidad había perdido toda
eficacia ante el mencionado pronunciamiento de la Sala Plena. Por considerar
que los pronunciamientos proferidos por la Corte en ejercicio del control
jurisdiccional tenían un efecto erga omnes, hacían tránsito a cosa
juzgada constitucional y adquirían un carácter definitivo, incontrovertible e
inmutable, se argumentó que sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en
procesos anteriores no resultaba admisible replantear litigio alguno ni emitir
un nuevo pronunciamiento de fondo[172].
Razón por la cual, ninguna autoridad judicial, incluida la Corte misma, podía
recurrir a la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003[173]
por considerarlo regresivo.
8.5. Sin embargo, lo anterior no
implica que la Ley 860 de 2003[174] no pueda ser válidamente
inaplicada después de la Sentencia C-428 de 2009[175] por motivos diferentes a
la progresividad para guardar la supremacía de la Constitución. Recordando la
distinción entre cosa juzgada absoluta y relativa, la Corte ha aclarado que la
primera se produce cuando una norma ha sido analizada o confrontada con todo el
texto constitucional, mientras que la segunda ocurre cuando solo se ha
analizado un cargo o un problema jurídico específico. De esta manera, la
restricción a la excepción de inconstitucionalidad solo se puede predicar de la
cosa juzgada absoluta porque, en el caso de la relativa, pueden existir motivos
diversos a los analizados en el fallo de constitucionalidad que justifiquen
acudir a dicha figura excepcional[176].
En ese orden de ideas, la decisión que adoptó la Corporación en la sentencia
C-428 de 2009[177]
se concretó en declarar exequible, en abstracto, el requisito de las cincuenta
(50) semanas por no resultar regresivo. Como consecuencia, esa ratio
decidendi les impide a los jueces constitucionales plantear una
excepción de inconstitucionalidad en lo que atañe a los principios de
progresividad y prohibición de retroceso, pero no en relación a otros
principios jurídicos que revisten la misma importancia, como la equidad, la proporcionalidad
o la condición más beneficiosa.
8.6. Dando alcance a esta
interpretación, distintas Salas de Revisión de esta Corporación han tomado dos
(2) tipos de decisiones sobre la materia. Por un lado, algunas han inaplicado los
requisitos exigidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[178]
para emplear, en su remplazo, los consagrados en normas anteriores cuando el
accionante los satisface en su totalidad, requiere la pensión de invalidez con
urgencia por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y no cumple
con las exigencias previstas en el régimen vigente[179]. Por el otro lado, las
demás Salas han optado por ser menos estrictas al momento de verificar la
acreditación de los requisitos consagrados en la Ley 860 de 2003[180]
cuando se han visto enfrentadas a “casos extremos”, es decir, a situaciones
donde el accionante requiere con urgencia la pensión de invalidez, pero no
logra satisfacer todos los requisitos de la legislación vigente, aunque está muy
cerca de lograrlo.
8.7. Al
hacer lo primero, es decir, al inaplicar la Ley 860 de 2003[181]
para dar cabida a una norma anterior (bien sea la Ley 100 de 1993[182] o el
Acuerdo 049 de 1990[183]),
las Salas de Revisión han fundamentado sus decisiones en el principio de la
condición más beneficiosa[184].
Este principio protege las expectativas legítimas de
quienes están próximos a reunir los requisitos de reconocimiento del derecho a
la pensión frente a cambios normativos que menoscaban sus fundadas aspiraciones.
Las expectativas legítimas constituyen una figura intermedia entre las meras
expectativas y los derechos adquiridos pues se refieren al momento en que una
persona logra consolidar una situación fáctica y jurídica concreta en virtud de
la satisfacción de alguno de los requisitos relevantes para el reconocimiento
del derecho subjetivo que persigue[185]. En este sentido, no tiene un derecho adquirido, pues
no satisface todos los requisitos, pero tampoco tiene una mera expectativa porque
ya ha acreditado algunos.
8.8. La defensa de las expectativas legítimas le compete
en primera oportunidad al Congreso de la República. Razón por la cual, en
diversas situaciones el Legislador las ha protegido mediante la adopción de
regímenes de transición buscando amparar a las personas que han desplegado un
importante esfuerzo en la consecución de un derecho pero que, cuando se encontraron
próximas a acceder a él, vieron afectada su posición de forma abrupta o
desproporcionada a raíz de un cambio normativo[186]. No
obstante lo anterior, cuando el legislador omite la consagración de
dispositivos de protección de los derechos eventuales o la realiza de forma
incompleta o imperfecta, la autoridad judicial, como intérprete del
ordenamiento jurídico encargado de aplicar y materializar el Derecho en los
casos concretos, debe acudir al criterio hermenéutico de la condición más
beneficiosa para analizar los
asuntos sometidos a su conocimiento. Esto ha ocurrido, justamente, en el caso
de la pensión de invalidez pues a pesar de que las condiciones de acceso a esta
prestación social han variado por disposición normativa en dos (2) ocasiones
durante los últimos veinticinco (25) años, no se ha adoptado un régimen de
transición. Lo que ha dejado desprotegidas las expectativas legítimas de
quienes empezaron a cotizar en la vigencia del artículo 6º del Acuerdo 049 de
1990[187],
o de la Ley 100 de 1993[188], y que se vieron posteriormente sometidos a la Ley
860 de 2003[189].
8.9. El principio de la condición más beneficiosa ha
sido aplicado en materia pensional para determinar si una persona tiene derecho
a acceder a la pensión de invalidez a partir del cumplimiento de los requisitos
consagrados en una norma anterior y derogada, teniendo en cuenta que no puede
acceder a la prestación que solicita a la luz de la legislación vigente. De
esta manera, se ha otorgado una protección especial a aquellos que, para el
momento en que se presentó el cambio normativo que hoy les impide pensionarse,
habían acreditado completamente el requisito de las semanas cotizadas, pero no
habían perdido su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al
cincuenta por ciento (50%). Así, por ejemplo, diferentes Salas de Revisión de
esta Corporación[190] han amparado los derechos de personas inválidas que
no lograron cumplir con el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[191], en cuanto
no pudieron cotizar cincuenta (50) semanas durante los tres (3) años anteriores
a la fecha de estructuración de la invalidez, sino que, por el contrario,
pudieron (i) cotizar veintiséis (26) semanas durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de estructuración en los términos del artículo 39 de la Ley
100 de 1993, o (ii) cotizar trescientas (300) semanas en toda su historia
laboral y acreditar así las condiciones estipuladas en el Acuerdo 049 de 1990[192].
Es importante aclarar que al otorgar esta protección, la Corte ha verificado
que la persona hubiera cumplido con las condiciones de las normas derogadas antes
de la entrada en vigencia de la norma posterior. Es decir, que si se iba a
aplicar el Acuerdo 049 de 1990[193],
el accionante tenía que haber cotizado las semanas exigidas antes del primero
(1º) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), día en que entró a
regir la Ley 100 de 1993[194].
8.10. De esta manera, el principio de la condición más
beneficiosa se caracteriza porque (i) opera en el tránsito legislativo y ante
la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma
derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica
concreta, la cual es protegida porque con la nueva ley se le desmejora. La
condición más beneficiosa debe ser diferenciada de los principios de favorabilidad
e indubio pro operario porque, si bien son parecidos en cuanto abogan
por la protección del trabajador, no son exactamente iguales. La favorabilidad se
aplica cuando se duda sobre la
aplicación de dos (2) o más
normas válidas y vigentes que
regulan la misma situación fáctica, teniendo que respetar, además, el principio
de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, acoger la norma escogida como
un todo, un mismo cuerpo o conjunto normativo[195]. De
esta manera, mientras que la condición más beneficiosa invita al operador
jurídico a escoger cuál es la norma más propicia para los intereses del
trabajador entre una que está derogada y otra que está vigente, el principio de
favorabilidad sólo permite hacer un balance entre dos normas vigentes. El
principio indubio pro operario, por su parte, se presenta cuando frente a una misma norma surgen varias
interpretaciones sensatas, debiendo
así escogerse la que más le favorezca al trabajador.
8.11. Ahora bien, en relación con
la segunda (2ª) razón que han argüido las distintas Salas de Revisión de esta
Corporación para aplicar una excepción de inconstitucionalidad frente al
artículo 1º de la Ley 860 de 2003[196],
se encuentra la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social de aquellas personas que se encuentran en “casos extremos”.
Esto es, que están en circunstancias de debilidad manifiesta verdaderamente
apremiantes y que están muy próximos a cumplir la totalidad de los requisitos
necesarios para acceder a la pensión de invalidez a la luz de la normatividad
vigente. En estas situaciones, el juez
constitucional tiene la obligación de realizar una ponderación entre la
especial protección a las personas con discapacidad, la solidaridad, la equidad
y los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones y al mínimo
vital, por un lado, y la eficiencia económica del sistema, el principio
democrático que le da un lugar preponderante al Legislador en la configuración
del derecho a la pensión, y el principio de igualdad formal que se ve
restringido siempre que el juez crea una excepción para un caso concreto, por
el otro. De esta manera, siempre y cuando preserve el equilibrio entre los
anteriores lados de la balanza, el juez de tutela puede concurrir en el diseño
de garantías para que una persona acceda a la pensión, incluso antes de que el
Legislador cumpla con sus obligaciones progresivas. Para tal efecto, debe tomar en
cuenta, por ejemplo, la cantidad de cotizaciones que la persona ha acreditado
durante toda su historia laboral con el fin de analizar desde el punto de vista
de la solidaridad su solicitud pensional, así como analizar con cierta
flexibilidad aquellos casos en los que faltan pocas semanas para cumplir el
requisito.
8.12. La Sala Octava (8ª) de
Revisión, por ejemplo, mediante la Sentencia T-138 de 2012[197] amparó los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de una persona que
padecía VIH/SIDA en fase terminal, que había perdido el sesenta y uno por
ciento (61%) de su capacidad laboral y que era madre de un menor de edad,
ordenando el reconocimiento y el pago de su pensión de invalidez a pesar de que
había cotizado cuarenta y nueve (49) semanas, y no cincuenta (50). A juicio de
la Sala, era contrario a la Constitución negarle el derecho pensional cuando
sólo le faltaba una (1) semana para completar el requisito exigido por la ley.
El amparo fue sustentando en las siguientes tres (3) razones: (i) el requisito
que incumplió la accionante tenía sentido en el contexto en el que el
legislador lo expidió, a saber, asegurar el equilibrio económico entre los
aportes realizados por la persona y la pensión que espera recibir; (ii) resulta
contrario a la justicia material y es en extremo difícil sostener en la
práctica que bajo condiciones especiales, como la de una persona que padece una
enfermedad terminal, el equilibrio financiero que persigue el legislador se
cumple cuando la tasación de los aportes requeridos equivale a cincuenta (50)
semanas, pero no cuando equivale a cuarenta y nueve (49), y (iii) la
jurisprudencia constitucional ha encontrado razones suficientes para hacer una
interpretación pro homine de los requisitos exigidos para la
pensión de invalidez de las personas que padecen VIH por ser sujetos de especial
protección constitucional.
8.13. En síntesis, se tiene que
la exequebilidad que declaró la Sentencia C-428 de 2009[198] sobre el artículo 1º de
la Ley 860 de 2003[199]
constituye una cosa juzgada relativa en relación con la no regresividad del
requisito de las cincuenta (50) semanas de cotización requeridas para acceder a
la pensión de invalidez. Razón por la cual, los jueces de tutela no pueden
aplicar una excepción de inconstitucionalidad sobre dicho artículo por considerarlo
contrario al principio de progresividad. Sin embargo, dado el carácter relativo
de la cosa juzgada, existen otros motivos que no han sido descartados por la
Sala Plena de esta Corporación en sede de control abstracto y que, por ende,
permiten inaplicar los requisitos consagrados en la Ley 860 de 2003[200], o
aplicarlos con una menor rigurosidad, a la luz del caso concreto. Según lo ha
señalado la jurisprudencia, este ejercicio es viable en dos (2) situaciones.
Primero, cuando en razón del principio de la condición más beneficiosa, es
necesario aplicar las disposiciones consagradas en normas anteriores para otorgar
el derecho pensional a quien tenía una expectativa legítima por haber cumplido
con el número de semanas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[201], o
en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[202].
Segundo, cuando en virtud de los principios de solidaridad y equidad es
necesario aplicar con menor rigurosidad el requisito de las cincuenta (50)
semanas consagrado en la Ley 860 de 2003[203]
ante la presencia de un “caso extremo” que, dado su carácter límite, no
pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Esto es, cuando la
persona que solicita la pensión tiene una pérdida de la capacidad laboral mayor
al cincuenta por ciento (50%), se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta
y está muy próxima a cumplir con el número de cotizaciones requerido.
Terminadas
las consideraciones de fondo, la Sala de Revisión pasará a resolver los casos
concretos recordando que dos (2) de ellos (Expedientes T-4349013 y T-4360082)
fueron declarados improcedentes en el acápite sexto (6º) de esta providencia. Razón
por la cual, no se harán consideraciones adicionales sobre ellos.
9. Casos concretos
Caso de
Fernando Martínez Martínez – Expediente T-4349611
9.1. El señor
Fernando Martínez Martínez padece de un carcinoma escamo celular ubicado en una
de sus amígdalas[204],
tiene una pérdida de capacidad laboral del sesenta y tres punto setenta y cinco
por ciento (63.75%) y la fecha de estructuración de su invalidez corresponde al
siete (7) de agosto de dos mil nueve (2009)[205].
Durante los tres (3) años anteriores a esa fecha no cotizó ninguna semana, pero
reanudó sus labores y sus aportes el primero (1º) de junio de dos mil diez
(2010), logrando cotizar ciento dos punto ochenta y seis (102.86) semanas hasta
el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), último día que trabajó[206]. Vive
en una casa arrendada con su madre de setenta y seis (76) años de edad, quien
depende económicamente de él, y carece de toda fuente de ingresos al no poder trabajar
a raíz de su enfermedad. Razón por la cual, sobrevive de la caridad de sus amigos
y vecinos, no ha podido continuar realizando los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud, ni ha podido pagar la alimentación ni el arriendo de
su casa[207].
A pesar de haber solicitado debidamente su pensión de invalidez, dicha
pretensión le fue negada por Colpensiones el dos (2) de abril de dos mil trece
(2013) por no haber cotizado cincuenta (50) semanas durante los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez. Teniendo en cuenta lo
anterior, interpuso acción de tutela contra la entidad por una presunta
vulneración a su derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad social.
9.2. El
Juzgado Tercero (3º) de Familia del Circuito de Villavicencio, quien conoció de
la acción en primera (1ª) instancia, determinó que era improcedente toda vez
que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial y no se
vislumbraba ninguna afectación a sus derechos fundamentales. No obstante, la
Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, quien actuó como juez de segunda instancia, amparó los derechos
del actor, le ordenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez
otorgando una protección transitoria previniendo al accionante a acudir a la
jurisdicción ordinaria durante los cuatro (4) meses siguientes, so pena de que
cesaran los efectos de dicha sentencia.
9.3.
Como fue puesto de presente en el acápite séptimo (7º) de esta providencia, las
distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han manifestado de
manera reiterada que las personas que padecen de enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas, que hayan conservado una capacidad laboral residual
después de ser diagnosticadas y que hayan seguido trabajando, tienen derecho a
que el fondo de pensiones les reconozca los aportes que realizaron con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, y hasta el momento
en que perdieron su fuerza de trabajo de manera permanente y definitiva[208]. Es
decir, el día en que no pudieron seguir trabajando en razón de su incapacidad
y, en consecuencia, enfrentaron la imposibilidad de proveerse un sustento
económico a partir de su participación en el mercado laboral, así como de
continuar efectuando las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.
Esto porque, al tratarse de afecciones degenerativas, sus efectos se
manifiestan de manera paulatina en el tiempo, lo que hace que la fuerza de
trabajo de estas personas vaya menguándose cíclica y progresivamente. Por ello,
a pesar del deterioro que causa la enfermedad en su estado de salud, tienen
momentos de capacidad productiva después de que han sido diagnosticados, lo que
les permite seguir trabajando y cotizando hasta el momento en que su condición
médica se agrava a tal punto que no pueden continuar con sus labores. En tal
sentido, si bien la fecha de estructuración fue fijada de acuerdo con un
criterio médico y objetivo, que no es cuestionado ni controvertido por el juez
de tutela en estos casos, a la hora de verificar si una persona cuenta con la
densidad de semanas requerida para acceder a la pensión de invalidez, la
autoridad judicial debe constatar, con base en las pruebas existentes, si
reunió o no los requisitos de cotización, incluyendo los aportes posteriores
que hizo y que se encuentran respaldados por una actividad laboral[209].
9.4.
Bajo este contexto jurisprudencial, resulta claro que la Sala Civil y de
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio aplicó correctamente
el precedente establecido por esta Corporación en relación con la protección
especial a las personas que padecen de enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas. Esto en cuanto realizó el cálculo de las semanas cotizadas por el
actor a partir del treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), por ser
ese el día en que perdió su capacidad laboral de manera permanente y definitiva,
y no la fecha de estructuración de su invalidez, que corresponde al siete (7)
de agosto de dos mil nueve (2009). Esta situación le permitió cumplir con el
requisito de las cincuenta (50) semanas de cotización, acreditando ciento dos
punto ochenta y seis (102.86) semanas laboradas durante los tres (3) años
anteriores a su último día de trabajo, toda vez que, a pesar de las primeras
consecuencias del cáncer, había logrado seguir activo en el mercado laboral durante
un periodo considerable de tiempo. Por tener una pérdida de capacidad laboral
del sesenta y tres punto setenta y cinco por ciento (63.75%) y reunir así las
dos (2) condiciones necesarias para acceder a la pensión de invalidez en los
términos del artículo 1º de la Ley 860 de 2003[210], el Tribunal le ordenó
a Colpensiones reconocer y pagar la prestación solicitada. No obstante, al
hacerlo otorgó una protección transitoria obligando al señor Martínez a acudir
a la jurisdicción ordinaria durante los cuatro (4) meses siguientes. Decisión
que le impuso una carga excesiva por estar gravemente enfermo y extendió innecesariamente
en el tiempo la resolución de su caso a pesar de que en el expediente se
encontraban todos los elementos de juicio para otorgar una protección
definitiva.
9.5.
A este respecto, la Sala recuerda que la acción de tutela procede como
mecanismo principal cuando el actor no dispone de otro medio judicial de
defensa, como mecanismo subsidiario ante la existencia de otros medios que
resultan inidóneos o ineficaces, o como mecanismo subsidiario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; ofreciendo una protección de carácter
definitivo en el primer y segundo caso, y una transitoria en el tercero. En el
caso bajo estudio, era necesario otorgar una protección definitiva dado que,
según fue explicado en detalle en esta providencia, los medios de defensa que
estaban disponibles ante la jurisdicción ordinaria laboral, resultaban
ineficaces pues la decisión de la respectiva autoridad judicial podía devenir
en inoportuna e inocua frente al apremiante estado en el que se encontraba el
accionante.
9.6. Por las
anteriores razones, la Sala confirmará la Sentencia proferida en segunda (2ª) instancia
por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio el diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) en el
proceso de tutela iniciado por el señor Fernando Martínez Martínez contra
Colpensiones, que revocó el fallo proferido en primera (1ª) instancia por el
Juzgado Tercero (3º) de Familia del Circuito de Villavicencio el once (11) de
diciembre de dos mil trece (2013), y que otorgó el amparo solicitado a los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, en el entendido
de que la protección otorgada tiene un carácter definitivo. En este sentido, se
modificará el alcance de la orden para que el actor no tenga que acudir a la
jurisdicción laboral para solicitar nuevamente su pensión de invalidez.
Caso de
Tito Hernando Montaño Buitrago – Expediente T-4350198
9.7. El señor Tito Hernando
Montaño Buitrago padece de VIH/SIDA, Toxoplasmosis y parálisis en la mitad de
su cuerpo[211],
tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del setenta y cuatro punto
cincuenta por ciento (74.50%) y la fecha de estructuración de su invalidez fue
fijada el doce (12) de marzo de dos mil once (2011)[212], día en el que le fue
diagnosticada su enfermedad. Durante toda su vida laboral, cotizó novecientas
setenta y tres punto veintitrés (973.23) semanas, realizando la última
cotización el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), cuando fue
despedido[213].
Vive con su madre, quien responde por el sostenimiento del hogar, y manifestó
no tener ninguna fuente de ingresos y sobrevivir de la caridad de sus amigos y
familiares. Solicitó ante Colpensiones que le fuera reconocida y pagada su
pensión de invalidez. No obstante, esta le fue negada mediante la Resolución
18854 del veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) bajo el argumento de
que no había realizado ninguna cotización durante los tres (3) años anteriores
a la fecha de estructuración de su invalidez y, consecuentemente, no cumplía
con los requisitos establecidos para tal efecto en el artículo 1º de la Ley 860
de 2003[214].
El accionante demandó a la entidad ante la jurisdicción ordinaria, obteniendo
fallo favorable por parte del Juzgado Treinta y Seis (36) Laboral del Circuito
de Bogotá[215],
quien dio aplicación al artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[216], en virtud del
principio de la condición más beneficiosa estableciendo que el actor tenía
derecho a la pensión de invalidez por haber cotizado más de trescientas (300)
semanas antes del primero (1º) de enero de mil novecientos noventa y cuatro
(1994). No obstante, dicha providencia fue revocada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá en sede de segunda (2ª) instancia, quien consideró
que la condición más beneficiosa sólo permitía aplicar la norma inmediatamente
anterior a la Ley 860 de 2003[217],
esto es, la Ley 100 de 1993[218],
cuyas condiciones tampoco acreditaba el accionante porque no había cotizado
veintiséis (26) semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
estructuración de la invalidez. Por los anteriores hechos, el señor Montaño
interpuso acción de tutela contra el fallo de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá por una presunta vía de hecho por desconocimiento del
precedente judicial y la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.
9.8. La Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien conoció de la acción
de tutela en primera (1ª) instancia, no otorgó el amparo solicitado por no
encontrar que el Tribunal Superior de Bogotá hubiera actuado de manera
arbitraria o caprichosa. Decisión que fue confirmada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que el actor no podía
cuestionar la interpretación jurídica del Tribunal Superior de Bogotá o de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprima, toda vez que esta era correcta y su
discusión solo podía efectuarse a través de los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, que él ya había agotado sin éxito.
9.9. Como fue explicado en el
acápite octavo (8º) de esta providencia, el
principio de la condición más beneficiosa ha sido aplicado en materia pensional
para determinar si una persona tiene derecho a acceder a la pensión de
invalidez a partir del cumplimiento de los requisitos consagrados en una norma
anterior y derogada, teniendo en cuenta que no puede acceder a la prestación
que solicita a la luz de la legislación vigente. De esta manera, se ha otorgado
una protección especial a las personas que, para la vigencia de una norma
anterior, tenían una expectativa legítima a acceder a la pensión de invalidez
por haber acreditado completamente el requisito de las semanas cotizadas, pero
no habían perdido su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al
cincuenta por ciento (50%).
9.10.
Así, por ejemplo, diferentes Salas de Revisión de esta Corporación[219]
han amparado los derechos de personas inválidas que no lograron cumplir con el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003[220], en cuanto no pudieron cotizar cincuenta (50) semanas
durante los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, sino veintiséis (26) semanas durante el año inmediatamente anterior
a la fecha de estructuración, o trescientas (300) semanas en toda su historia
laboral. En el primer escenario, se ha aplicado lo dispuesto en la redacción
original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993[221], exigiéndole al interesado haber aportado las veintiséis (26) semanas antes
de la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003. En el segundo escenario, se ha
aplicado el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, siendo exigible que las trescientas
(300) semanas hayan sido cotizadas antes del primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), momento en que entró a regir la Ley 100 de
1993. De esta manera, para la Corte Constitucional la
aplicación de la condición más beneficiosa es posible en relación con cualquier
norma derogada siempre y cuando el interesado haya cumplido con uno de sus
requisitos antes de la entrada en vigencia de la norma siguiente y, por ende, el
mencionado principio no está limitado a la norma inmediatamente anterior[222].
9.11.
Esta interpretación no contraría la Sentencia C-428 de 2009[223] dado
que esta constituye cosa juzgada relativa a propósito de la exequibilidad del artículo 1º de la ley 860 de 2003[224] y, en esa medida, sólo impide la declaratoria de una
excepción de inconstitucionalidad al respecto cuando se fundamenta en una
supuesta vulneración al principio de progresividad, pero no a otros principios.
La condición más beneficiosa es distinta de la progresividad porque la primera
coteja una norma derogada con una vigente, mientras la segunda evalúa, de
manera general, si a la luz de un cambio normativo se realiza un retroceso
injustificado en la protección y la garantía de los derechos de todos los
interesados. A su vez, el principio de la condición más beneficiosa se
diferencia del principio de favorabilidad porque mientras este último se aplica
cuando se duda sobre la
aplicación de dos (2) o más
normas válidas y vigentes que
regulan la misma situación fáctica[225],
la condición más beneficiosa invita al operador jurídico a escoger cuál es la
norma más propicia para los intereses del trabajador entre una que está
derogada y otra que está vigente.
9.12.
Bajo este contexto jurisprudencial, es evidente que la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá incurrió en una vía de hecho por desconocer el
precedente de la Corte Constitucional sobre las condiciones de aplicación del
principio de la condición más beneficiosa en materia pensional en cuanto descartó
la aplicación del artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[226] por no ser
inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003[227].
De esta manera, al haber inaplicado sin justa causa la jurisprudencia
constitucional, desconoció las más de novecientas setenta y tres punto
veintitrés (973.23) semanas que realizó el accionante en toda su historia
laboral, dejándolo desamparado y sin una fuente de ingresos a pesar de que es
un sujeto de especial protección constitucional dada su precaria situación
económica y su reducida calidad y expectativa de vida que se ha visto menguada por
el VIH/SIDA.
9.13. Como resultado de lo
anterior, esta Sala de Revisión encuentra que la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá vulneró los derechos fundamentales del
señor Tito Hernando Montaño Buitrago al mínimo vital y
a la seguridad social cuando le negó la pensión de invalidez bajo el argumento
de que no cumplía con el número de cotizaciones exigidas por el artículo 1º de
la Ley 860 de 2003[228] o el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[229], a
pesar de que tenía una expectativa legítima a acceder a la pensión en cuanto
había cumplido con el número de semanas exigido en el artículo 6º del Acuerdo
049 de 1990[230], antes de su derogatoria.
9.14. Por lo expuesto, la Sala revocará el fallo proferido en
segunda (2ª) instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela
iniciado por el señor Tito Hernando Montaño Buitrago contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la Sentencia de primera (1ª)
instancia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) y que negó el amparo
solicitado por considerar que el principio de la condición más beneficiosa
únicamente permitía aplicar la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de
2003[231],
cuyos requisitos tampoco cumplía el actor y, en su lugar, tutelará sus
derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social. En este
sentido, ordenará a Colpensiones a que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, reconozca al accionante la pensión de invalidez, conforme con las
consideraciones señaladas en esta Sentencia, a partir del doce (12) de
marzo de dos mil once (2011), y
pague las mesadas causadas y no prescritas desde entonces.
Caso de Rodrigo
Alberto López Sierra – Expediente T-4363536
9.15. El señor
Rodrigo Alberto López Sierra tiene una pérdida de capacidad laboral del sesenta y cuatro punto sesenta por ciento (64.60%)[232], padece de
VIH/SIDA[233]
y la fecha de estructuración de su invalidez corresponde al diecinueve (19) de junio de dos mil seis (2006), día en que sufrió la
ruptura de un aneurisma cerebral que le dejó secuelas
neurológicas. Se afilió al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en junio de
mil novecientos noventa (1990), y a pesar de las enfermedades que lo aquejan,
siguió trabajando y cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones hasta
el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), momento en el cual no
pudo continuar con el desarrollo de sus labores por el deterioro en su estado
de salud. Pese a que solicitó debidamente su pensión de invalidez, el nueve (9)
de octubre de dos mil trece (2013), Colpensiones se negó al reconocimiento y al
pago de dicha prestación mediante la Resolución GNR 252765. Esta decisión fue
sustentada en el hecho de que el accionante sólo cotizó dos (2) semanas durante
los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y, en
esa medida, no cumplía con todos los requisitos señalados en el artículo 1º de
la Ley 860 de 2003[234].
Teniendo en cuenta lo anterior, el actor interpuso acción de tutela contra la
entidad por considerar que esta había vulnerado sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad, toda vez que, si bien era
cierto que no había cotizado más de dos (2) semanas antes de la estructuración,
conservó una capacidad laboral residual y durante los tres (3) años anteriores
al último día que trabajó, cotizó ciento treinta y un punto cuarenta y tres
(131.43) semanas, después de trabajar como independiente y como empleado de
diferentes empresas.
9.16. El Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Medellín, quien
conoció de la acción de tutela en primera (1ª) instancia, la declaró
improcedente por considerar que no se satisfizo el principio de subsidiariedad
dado que los mecanismos ordinarios de defensa judicial eran idóneos y efectivos
y no existía la amenaza de un perjuicio irremediable. Esta decisión fue
confirmada por la Sala Tercera (3ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior
de Medellín en sede de segunda (2ª) instancia, quien argumentó que el
accionante no había probado la existencia de un perjuicio irremediable y no
había hecho uso de los mecanismos ordinarios de defensa judicial que se
encontraban disponibles. Particularmente, que no había solicitado la
modificación de la fecha de estructuración de su invalidez ante la Junta
Regional y/o Nacional de Calificación de Invalidez, y no había iniciado el
respectivo proceso ordinario laboral.
9.17. Como fue puesto de presente en el acápite séptimo (7º)
de esta providencia, así como en la resolución del caso de Fernando Martínez
Martínez (Expediente T-4349611), las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional han manifestado de manera reiterada que las personas que padecen
de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, que hayan conservado una
capacidad laboral residual después de ser diagnosticadas y que hayan seguido
trabajando, tienen derecho a que el fondo de pensiones les reconozca los
aportes que realizaron con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez, y hasta el momento en que perdieron su fuerza de trabajo de manera
permanente y definitiva[235].
Es decir, el día en que no pudieron seguir trabajando en razón de su
incapacidad y, en consecuencia, enfrentaron la imposibilidad de proveerse un
sustento económico a partir de su participación en el mercado laboral, así como
de continuar efectuando las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social.  Esto porque, al tratarse de afecciones degenerativas, sus efectos se
manifiestan de manera paulatina en el tiempo, lo que hace que la fuerza de
trabajo de estas personas vaya menguándose cíclica y progresivamente. Por ello,
a pesar del deterioro que causa la enfermedad en su estado de salud, tienen
momentos de capacidad productiva después de que han sido diagnosticados, lo que
les permite seguir trabajando y cotizando hasta el momento en que su condición
médica se agrava a tal punto que no pueden continuar con sus labores. En tal
sentido, si bien la fecha de estructuración fue fijada de acuerdo con un
criterio médico objetivo, que no es cuestionado ni controvertido por el juez de
tutela en estos casos, a la hora de verificar si una persona cuenta con la
densidad de semanas requerida para acceder a la pensión de invalidez, la
autoridad judicial debe constatar, con base en las pruebas existentes, si
reunió o no los requisitos de cotización, incluyendo los aportes posteriores
que hizo y que se encuentran respaldados por una actividad laboral[236].
9.18. Bajo este contexto jurisprudencial, es claro que
Colpensiones y la Sala Tercera (3ª) de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Medellín desconocieron el precedente fijado por la Corte
Constitucional en relación con la protección especial que merecen las personas
que padecen de VIH/SIDA en materia pensional, toda vez que no tuvieron en
cuenta las semanas cotizadas por el actor después de la fecha de estructuración
de la invalidez. Al ignorar este hecho, desconocieron el carácter degenerativo
de la enfermedad y los esfuerzos del actor, quien siguió trabajando y cotizando
al Sistema General de Seguridad Social hasta el treinta y uno (31) de octubre
de dos mil trece (2013), momento en el que perdió su capacidad laboral de
manera permanente y definitiva. Por el contrario, la accionada y el juez de
segunda (2ª) instancia realizaron los cálculos a partir de la fecha de
estructuración fijada el diecinueve (19) de junio de
dos mil seis (2006), por ser ese el día en el que el accionante tuvo un
aneurisma cerebral. Esta apreciación resulta desacertada en cuanto ignora la
presencia de una enfermedad más grave, así como la evidente disminución paulatina
de la capacidad laboral del actor a raíz de esta última. Por lo expuesto, la
aplicación que dieron al artículo 1º de la Ley 860 de 2003 fue exegética,
descontextualizada y contraria a la Constitución.
9.19. Así
mismo, el Tribunal Superior de Medellín erró al considerar que la acción de
tutela era improcedente porque el actor no había apelado el dictamen de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez. Como fue explicado en el acápite
sexto (6º) de esta providencia, dicha razón no constituye un argumento válido
para declarar la improcedencia de la acción dado que ningún ciudadano está
obligado a agotar la vía gubernativa antes de acudir a la acción de amparo,
según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación y según lo
establece el Decreto 2591 de 1991[237]
y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.[238]
9.20. De
acuerdo con lo anterior, la Sala de Revisión considera que Colpensiones vulneró
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social del señor Rodrigo Alberto López Sierra cuando se negó a reconocer y pagar su pensión de invalidez bajo el argumento de que
no había cotizado el número de semanas requerido con antelación a la fecha de
estructuración de su invalidez, pues al decidir lo anterior, no tuvo en cuenta
que el accionante había trabajado y realizado los aportes faltantes después de esa
fecha toda vez que en ese momento no había perdido su capacidad laboral de
manera permanente y definitiva como consecuencia de la afectación paulatina que
caracteriza la enfermedad degenerativa que padece.
9.21. Por lo anteriormente expuesto, la Sala revocará el
fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala Tercera (3ª) de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín el trece (13) de marzo de dos mil
catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor Rodrigo Alberto
López Sierra contra Colpensiones, que confirmó la Sentencia proferida por el
Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Medellín el treinta (30) de enero de
dos mil catorce (2014) y que negó el amparo solicitado por
considerar que la acción de tutela no era procedente dado que no se cumplía con
el principio de subsidiariedad y no se había demostrado la existencia de un
perjuicio irremediable y, en su lugar, tutelará los derechos fundamentales del
accionante a la seguridad social y al mínimo vital. En este sentido,
ordenará a Colpensiones a que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, reconozca al accionante la pensión de invalidez, conforme con las consideraciones
señaladas en esta Sentencia, a partir del treinta y uno
(31) de octubre de dos mil trece (2013), y pague las mesadas causadas y no prescritas desde
entonces.
Caso de
Germán Gómez Flórez – Expediente T-4364489
9.22. El señor
Germán Gómez Flórez padece de neurosífilis, presenta un trastorno mental por
lesión, un trastorno afectivo bipolar, episodios maniaco presentes con síntomas
psicóticos, disfunción cerebral con secuelas irreversibles a nivel
psiquiconeurológico, deterioro cognitivo global y pérdida de relación con el
entorno[239].
Fue declarado interdicto por sentencia judicial[240], tiene una pérdida de
capacidad laboral del cincuenta y ocho punto ochenta por ciento (58.80%), la
fecha de estructuración de su invalidez fue fijada el doce (12) de marzo de dos
mil nueve (2009) y durante los tres (3) años anteriores a ese día, cotizó
cuarenta y nueve punto veintiocho (49.28) semanas[241].  Es padre de dos (2)
hijos, uno de los cuales es menor de edad[242].
Vive con ellos, con su madre y con su compañera permanente, quien es su
curadora. Manifestó carecer de una fuente de ingresos al no poder trabajar y
estar atravesando una difícil situación económica[243]. Solicitó la pensión de
invalidez, pero esta le fue negada por Colfondos por no haber cumplido con el
requisito de las cincuenta (50) semanas de cotización que prevé el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003[244].
Por los anteriores hechos, su compañera permanente, curadora y representante
legal, interpuso la acción de tutela objeto de revisión argumentando una
presunta vulneración a los derechos fundamentales del señor Gómez a la salud, a
la vida digna y al mínimo vital.
9.23. El
Juzgado Tercero (3º) Penal Municipal para Adolecentes con Función de Control de
Garantías de Manizales, Caldas, quien conoció de la acción de tutela en primera
(1ª) instancia, declaró que esta era improcedente porque no se había demostrado
la existencia de un perjuicio irremediable, ni se había cumplido con el
principio de subsidiariedad dado que el actor no había apelado el dictamen
médico proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Decisión que
fue confirmada integralmente en segunda (2ª) instancia por el Juzgado Segundo
(2º) Penal del Circuito para Adolecentes con Función de Conocimiento de
Manizales, Caldas.
9.24. Según
fue explicado en el acápite octavo (8º) de esta providencia, cuando la Corte se
ha visto enfrentada a solicitudes pensionales de personas que están en
circunstancias de debilidad manifiesta verdaderamente apremiantes y que están
muy próximos a cumplir con el número de semanas requeridas para acceder a la
prestación que reclaman (evento que ha sido denominado como “casos extremos”),
ha realizado una ponderación entre la especial
protección a las personas con discapacidad, la solidaridad, la equidad y los
derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital,
por un lado, y la eficiencia económica del sistema, el principio democrático
que le da un lugar preponderante al Legislador en la configuración del derecho
a la pensión, y el principio de igualdad formal que se ve restringido siempre
que el juez crea una excepción para un caso concreto, por el otro. Preservando
el equilibrio entre los anteriores lados de la balanza, ha concurrido en el
diseño de garantías para amparar los derechos fundamentales de estas personas
permitiéndoles acceder a la pensión de invalidez a pesar de que no cumplen
estrictamente con los requisitos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de
2003[245]. Interpretación
que no contraría la Sentencia C-428 de 2009[246] dado que esta
constituye cosa juzgada relativa sobre la exequibilidad del artículo 1º de la ley 860 de 2003[247] y, en esa medida, sólo impide la declaratoria de una
excepción de inconstitucionalidad fundamentada en una supuesta vulneración al
principio de progresividad, pero no a otros principios jurídicos, como lo es la
solidaridad y la equidad.
9.25. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala
considera que tanto Colfondos como el Juzgado Segundo (2º) Penal del
Circuito para Adolecentes con Función de Conocimiento de Manizales, Caldas, se
abstuvieron equivocadamente de amparar los derechos fundamentales del actor a
la seguridad social y al mínimo vital al impedirle acceder a la pensión de
invalidez ya que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta y le
faltaba menos de una (1) semana para cumplir con el número de cotizaciones
requerido. Si bien el requisito que incumplió el actor tenía sentido en
asegurar la proporcionalidad económica entre sus aportes y la pensión que
esperaba recibir, resulta contrario a la justicia material y es en extremo
difícil sostener que, tratándose de un sujeto de especial protección
constitucional que merece un trato distinto por padecer la enfermedad
degenerativa de neurosífilis, haber alcanzado la demencia absoluta y atravesar
una difícil situación económica que ha puesto en riesgo el mínimo vital de su
núcleo familiar, dentro del cual se encuentra una persona mayor y un menor de
edad, el equilibrio financiero que persigue el legislador se cumple cuando la
tasación de los aportes requeridos equivale a cincuenta (50) semanas, pero no
cuando equivale a cuarenta y nueve punto veintiocho (49.28). Razón por la cual,
Colpensiones y el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito para Adolecentes con
Función de Conocimiento de Manizales, Caldas, debieron haber sido menos
estrictos al momento de verificar la acreditación de los requisitos consagrados
en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[248]
y, en este sentido, amparar los derechos del actor.
9.26. Así
mismo, el juez de segunda (2ª) instancia erró al considerar que la acción de
tutela era improcedente porque el actor no había apelado el dictamen de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez. Como fue explicado en el acápite
sexto (6º) de esta providencia, dicha razón no constituye un argumento válido
para declarar la improcedencia de la acción dado que ningún ciudadano está
obligado a agotar la vía gubernativa antes de acudir a la acción de amparo,
según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación y según lo
establece el Decreto 2591 de 1991 y el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.[249]
9.27. En
conclusión, la Sala de Revisión encuentra que Colpensiones vulneró
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del señor Germán
Gómez Flórez al negarle la pensión de invalidez por no cumplir
con el número de cotizaciones exigidas por la Ley 860 de 2003, puesto que dicha
decisión resulta contraria a la justicia material y a los principios de equidad
y solidaridad toda vez que al actor tiene una pérdida de la capacidad laboral
superior al cincuenta por ciento (50%), le falta menos de una (1) semana para
acreditar el requisito de cotizaciones y padece de neurosífiles, enfermedad
degenerativa que ha deteriorado significativamente su calidad y expectativa de
vida como consecuencia de su avanzado desarrollo.
9.28. Por las
razones expuestas, la Sala revocará el fallo proferido en segunda (2ª)
instancia por el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito para Adolecentes con
Función de Conocimiento de Manizales, Caldas, el doce (12) de marzo de dos mil
catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor Germán Gómez
Flórez contra Colfondos, que confirmó la Sentencia proferida en primera (1ª)
instancia por el Juzgado Tercero (3º) Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Manizales, Caldas, el tres (3) de febrero de
dos mil catorce (2014), y que negó el amparo solicitado por considerar que la
acción de tutela era improcedente ante la inexistencia de un perjuicio
irremediable y el incumplimiento del principio de subsidiariedad y, en su
lugar, tutelará los derechos fundamentales del accionante a
la seguridad social y al mínimo vital. En este sentido, ordenará a Colfondos a que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, reconozca al
accionante la pensión de
invalidez, conforme con las consideraciones señaladas en esta Sentencia, a
partir del doce (12) de marzo de dos mil nueve
(2009), y pague las mesadas causadas
y no prescritas desde entonces.
Caso de Jesús
Orlando Grisales Peláez – Expediente T-4365133
9.29. El señor Jesús Orlando Grisales Peláez presenta restricciones
de movilidad y deformaciones en su cuerpo como producto de la poliomielitis que
contrajo cuando era niño[250],
tiene una pérdida de capacidad laboral del sesenta y ocho punto ochenta y siete
por ciento (68.87%)[251]
y su invalidez fue estructurada el ocho (8) de noviembre de mil novecientos
cincuenta y nueve (1959), cuando tenía cinco (5) años de edad[252]. En toda su
historia laboral, cotizó trescientas cincuenta y cuatro punto veintidós
(354.22) semanas[253],
de las cuales ciento cuarenta y cuatro punto ochenta y tres (144.83) fueron
realizadas durante los tres (3) años anteriores al primero (1º) de febrero del
año dos mil (2000), último día que trabajó. Solicitó la pensión de invalidez el
ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013), pero esta le fue negada por
Colpensiones, quien consideró que no había cotizado ninguna semana antes de la
fecha de estructuración de la invalidez. Teniendo en cuenta los
anteriores hechos, interpuso una acción de tutela contra la entidad argumentando
una presunta vulneración a sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social. Manifestó estar desempleado y carecer de una fuente de ingresos.
Adicionalmente, explicó que no había solicitado su pensión con anterioridad
pues desconocía que tenía derecho a la misma.
9.30. El
Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Medellín, quien conoció de la acción
de tutela en primera (1ª) instancia, la declaró improcedente por no satisfacer
el principio de subsidiariedad y no poder presumir la ocurrencia de un
perjuicio irremediable dado que el actor había dejado pasar más de trece (13)
años desde que dejó de trabajar, hasta el momento en que solicitó la pensión. Esta
decisión fue confirmada en segunda (2ª) instancia por la Sala Tercera (3ª) Civil
de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, quien argumentó que no había un
perjuicio irremediable ya que las precarias condiciones económicas en las que
vivía el actor se habían originado cuando dejó de trabajar en el año dos mil
(2000) y, por tal razón, no eran una consecuencia reciente del no
reconocimiento de su pensión de invalidez.
9.31. Como fue
puesto de presente en el acápite séptimo (7º) de esta providencia, así como en
la resolución de los casos de Fernando Martínez Martínez (Expediente T-4349611)
y Rodrigo Alberto López Sierra (Expediente T-4363536), las distintas
Salas de Revisión de la Corte Constitucional han manifestado de manera
reiterada que las personas que padecen de enfermedades crónicas, degenerativas
o congénitas, que hayan conservado una capacidad laboral residual después de
ser diagnosticadas y que hayan seguido trabajando, tienen derecho a que el
fondo de pensiones les reconozca los aportes que realizaron con posterioridad a
la fecha de estructuración de la invalidez, y hasta el momento en que perdieron
su fuerza de trabajo de manera permanente y definitiva[254]. Es decir, el día en
que no pudieron seguir trabajando en razón de su incapacidad y, en
consecuencia, enfrentaron la imposibilidad de proveerse un sustento económico a
partir de su participación en el mercado laboral, así como de continuar
efectuando las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.  Esto
porque, al tratarse de afecciones degenerativas, sus efectos se manifiestan de
manera paulatina en el tiempo, lo que hace que la fuerza de trabajo de estas
personas vaya menguándose cíclica y progresivamente. Por ello, a pesar del
deterioro que causa la enfermedad en su estado de salud, tienen momentos de
capacidad productiva después de que han sido diagnosticados, lo que les permite
seguir trabajando y cotizando hasta el momento en que su condición médica se
agrava a tal punto que no pueden continuar con sus labores. En tal sentido, si
bien la fecha de estructuración fue fijada de acuerdo con un criterio médico y
objetivo, que no es cuestionado ni controvertido por el juez de tutela en estos
casos, a la hora de verificar si una persona cuenta con la densidad de semanas
requerida para acceder a la pensión de invalidez, la autoridad judicial debe
constatar, con base en las pruebas existentes, si reunió o no los requisitos de
cotización, incluyendo los aportes posteriores que hizo y que se encuentran
respaldados por una actividad laboral[255].
9.32. Según el
anterior recuento jurisprudencial, es claro que Colpensiones y la Sala Tercera (3ª) Civil de Decisión del Tribunal Superior
de Medellín desconocieron el precedente fijado por la Corte
Constitucional en relación con la protección especial que merecen las personas
que padecen de enfermedades congénitas en materia pensional, toda vez que no
tuvieron en cuenta que el actor contrajo la poliomielitis cuando apenas era un
niño. Al ignorar este hecho, desconocieron el carácter congénito de la
enfermedad y los esfuerzos que emprendió el accionante durante su juventud y
vida adulta trabajando y cotizando al Sistema General de Seguridad Social hasta
el primero (1º) de febrero del año dos mil (2000), momento en el que perdió su
capacidad laboral de manera permanente y definitiva. Por el contrario, la
accionada y el juez de segunda (2ª) instancia consideraron que el cálculo de
las semanas cotizadas debía hacerse a partir de la fecha de estructuración
fijada el ocho (8) de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959),
por ser ese el día en que al accionante le fue diagnosticada su
enfermedad. Esta apreciación resulta desacertada porque le hace imposible al
peticionario acceder a la pensión de invalidez, exigiéndole cotizar al sistema
durante sus primeros cinco (5) años de vida. Así mismo, resulta equivocada en
cuanto desconoce la disminución paulatina que generó la poliomielitis en la
capacidad laboral del actor, hecho que le permitió trabajar y cotizar ciento cuarenta y cuatro punto ochenta y tres (144.83) semanas durante
los tres (3) años anteriores al momento en que perdió su capacidad laboral de
manera permanente y definitiva. Por lo expuesto, la aplicación que
dieron al artículo 1º de la Ley 860 de 2003[256]
fue exegética, descontextualizada y contraria a la Constitución.
9.33. Del
mismo modo, resulta errada la interpretación del Tribunal Superior de Medellín en
relación con el incumplimiento del principio de inmediatez pues, si bien
pasaron más de trece (13) años entre la perdida permanente y definitiva de la
capacidad laboral del actor y la solicitud de la pensión de invalidez, dicho
lapso está plenamente justificado. Tal como fue explicado en el acápite sexto
(6º) de esta providencia, en el caso concreto se cumplieron los dos (2)
factores excepcionales para la admisión de un lapso prolongado: (i) la vulneración
es permanente en el tiempo en el entendido de
que si bien el hecho que la originó es muy antiguo, la situación desfavorable
del actor derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es actual dado que
actualmente está desempleado, carece de una fuente estable de ingresos y
sobrevive únicamente con los cincuenta mil pesos ($50.000) mensuales que le
regala su hermano, y (ii) la especial situación del actor convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los medios
ordinarios de defensa judicial por ser una persona en una situación de
debilidad manifiesta, de bajos recursos, inválida, desempleada y mayor.
9.34. De
acuerdo con lo anterior, la Sala de Revisión considera que tanto Colpensiones,
como la Sala Tercera (3ª) Civil de Decisión del
Tribunal Superior de Medellín, debieron haber tomado por fecha de
estructuración el día en que el actor perdió su capacidad laboral de manera
permanente y definitiva para efectos del cálculo de las cincuenta (50) semanas
de cotización necesarias para acceder a la pensión de invalidez. Esto es, el primero (1º) de febrero del año dos mil (2000). Asunción que les
hubiera permitido ver que el actor cumplía con todos los requisitos necesarios
para pensionarse en los términos del artículo 1º de la Ley 860 de 2003[257].
9.35. De esta
manera, la Sala concluye que Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del señor Jesús Orlando
Grisales Peláez cuando se negó a reconocer y pagar su
pensión de invalidez bajo el argumento de que no había cotizado el número de
semanas requerido con antelación a la fecha de estructuración de su invalidez,
pues al decidir lo anterior, no tuvo en cuenta que el accionante había
realizado todos los aportes necesarios después de esa fecha, toda vez que en
ese momento era un niño y no había perdido su capacidad laboral de manera
permanente y definitiva como consecuencia de la afectación paulatina que
caracteriza la enfermedad congénita que padece.
9.36. Por lo anteriormente expuesto, la Sala revocará el
fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala Tercera (3ª) Civil de
Decisión del Tribunal Superior de Medellín el veintisiete (27) de marzo de dos
mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor Jesús Orlando
Grisales Peláez contra Colpensiones, que confirmó la sentencia de primera (1ª)
instancia proferida por el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Medellín
el doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) y que negó el amparo
solicitado por considerar que la acción de tutela no era
procedente dado que no se cumplía con los principios de subsidiariedad e
inmediatez y no se había demostrado la existencia de un perjuicio irremediable
y, en su lugar, tutelará los derechos fundamentales del
accionante a la seguridad social y al mínimo vital. En este sentido,
ordenará a Colpensiones a que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, reconozca al accionante la pensión de invalidez, conforme con las consideraciones
señaladas en esta Sentencia, a partir del primero (1º)
de febrero del año dos mil (2000), y pague las mesadas causadas y no prescritas desde entonces.
10. Conclusión
Por las
consideraciones expuestas, la Sala Primera (1ª) de Revisión de la Corte
Constitucional (i) CONFIRMARÁ el
fallo proferido en primera (1ª) instancia por el Juzgado Primero (1º)
Administrativo del Circuito de Popayán el once (11) de febrero de dos mil
catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor Arnulfo
Ballesteros contra Colpensiones, que negó el amparo solicitado por considerar que la acción de tutela no era procedente dado que no
se había demostrado la existencia de un perjuicio irremediable y no se
apreciaba una violación manifiesta al ordenamiento constitucional; (ii) CONFIRMARÁ
la Sentencia proferida en segunda (2ª) instancia por la Sala Civil y de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el diecinueve (19)
de febrero de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el
señor Fernando Martínez Martínez contra Colpensiones, que revocó el fallo
proferido en primera (1ª) instancia por el Juzgado Tercero (3º) de Familia del
Circuito de Villavicencio el once (11) de diciembre de dos mil trece (2013), y otorgó
el amparo solicitado a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social, EN EL ENTENDIDO de que la protección otorgada tiene un
carácter definitivo y el accionante no tiene que acudir a la jurisdicción
laboral para solicitar nuevamente su pensión de invalidez; (iii) 3. REVOCARÁ
el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia el ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014) en
el proceso de tutela iniciado por el señor Tito Hernando Montaño Buitrago
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la
Sentencia de primera (1ª) instancia proferida por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia el doce (12) de febrero de dos mil catorce
(2014) y que negó el amparo solicitado por considerar que el principio de la
condición más beneficiosa únicamente permitía aplicar la norma inmediatamente
anterior a la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos tampoco cumplía el actor y, en
su lugar, TUTELARÁ sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social; (iv) CONFIRMARÁ el fallo proferido en segunda (2ª) instancia
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el
veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela
iniciado por el señor Roberto Guerrero contra Colpensiones, que confirmó la Sentencia
de primera (1ª) instancia proferida por el Juzgado Primero (1º) Laboral del
Circuito de Bogotá el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) y que negó
el amparo solicitado por considerar que el actor no había cumplido con el
número de semanas de cotización exigido en el artículo 1º de la Ley 860 de
2003, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; (v) REVOCARÁ
el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala Tercera (3ª) de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín el trece (13) de marzo de
dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor Rodrigo
Alberto López Sierra contra Colpensiones, que confirmó la Sentencia proferida
por el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Medellín el treinta (30) de
enero de dos mil catorce (2014) y que negó el amparo solicitado por considerar que la acción de tutela no era procedente dado que no
se cumplía con el principio de subsidiariedad y no se había demostrado la
existencia de un perjuicio irremediable y, en su lugar, TUTELARÁ los
derechos fundamentales del accionante a la seguridad social y al mínimo
vital; (vi) REVOCARÁ el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por el
Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito para Adolecentes con Función de
Conocimiento de Manizales, Caldas, el doce (12) de marzo de dos mil catorce
(2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor Germán Gómez Flórez contra
Colfondos, que confirmó la Sentencia proferida en primera (1ª) instancia por el
Juzgado Tercero (3º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control
de Garantías de Manizales, Caldas, el tres (3) de febrero de dos mil catorce
(2014), y que negó el amparo solicitado por considerar que la acción de tutela
era improcedente ante la inexistencia de un perjuicio irremediable y el
incumplimiento del principio de subsidiariedad y, en su lugar, TUTELARÁ los derechos fundamentales del accionante a la seguridad
social y al mínimo vital, y (vii) REVOCARÁ el fallo proferido en segunda
(2ª) instancia por la Sala Tercera (3ª) Civil de Decisión del Tribunal Superior
de Medellín el veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) en el
proceso de tutela iniciado por el señor Jesús Orlando Grisales Peláez contra
Colpensiones, que confirmó la sentencia de primera (1ª) instancia proferida por
el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Medellín el doce (12) de febrero
de dos mil catorce (2014) y que negó el amparo solicitado por
considerar que la acción de tutela no era procedente dado que no se cumplía con
los principios de subsidiariedad e inmediatez y no se había demostrado la
existencia de un perjuicio irremediable y, en su lugar, TUTELARÁ los derechos fundamentales del accionante a la seguridad
social y al mínimo vital.
En este
sentido, la Sala Primera de Revisión:
1.
MODIFICARÁ el alcance de la Sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el diecinueve (19) de febrero
de dos mil catorce (2014), en el entendido de que el amparo allí otorgado tiene
un carácter definitivo. Razón por la cual, el señor Fernando Martínez Martínez no
tiene que acudir a la jurisdicción laboral para solicitar nuevamente su pensión
de invalidez.
2.
ORDENARÁ a Colpensiones a que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, reconozca al señor Tito Hernando
Montaño Buitrago la pensión de
invalidez, conforme con las consideraciones señaladas en esta Sentencia, a
partir del doce (12) de marzo de dos mil once (2011), y pague las mesadas causadas y no
prescritas desde entonces.
3.
ORDENARÁ a Colpensiones a que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, reconozca al señor Rodrigo Alberto
López Sierra la pensión de
invalidez, conforme con las consideraciones señaladas en esta Sentencia, a
partir del treinta y uno (31) de octubre de dos mil
trece (2013), y pague las
mesadas causadas y no prescritas desde entonces.
4.
ORDENARÁ a Colfondos a que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, reconozca al señor Germán Gómez Flórez
la pensión de invalidez, conforme
con las consideraciones señaladas en esta Sentencia, a partir del doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009), y pague las mesadas causadas y no
prescritas desde entonces.
5.
ORDENARÁ a Colpensiones a que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, reconozca al señor Jesús Orlando Grisales
Peláez la pensión de invalidez,
conforme con las consideraciones señaladas en esta Sentencia, a partir del primero (1º) de febrero del año dos mil (2000), y pague las mesadas causadas y no
prescritas desde entonces.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido en
primera (1ª) instancia por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito
de Popayán el once (11) de febrero de dos mil catorce (2014) en el proceso de
tutela iniciado por el señor Arnulfo Ballesteros contra Colpensiones, que negó
el amparo solicitado por considerar que la acción de tutela no
era procedente dado que no se había demostrado la existencia de un perjuicio
irremediable y no se apreciaba una violación manifiesta al ordenamiento
constitucional.
Segundo.-
CONFIRMAR la Sentencia proferida en segunda (2ª) instancia por la Sala
Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio
el diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela
iniciado por el señor Fernando Martínez Martínez contra Colpensiones, que
revocó el fallo proferido en primera (1ª) instancia por el Juzgado Tercero (3º)
de Familia del Circuito de Villavicencio el once (11) de diciembre de dos mil
trece (2013), y otorgó el amparo solicitado a los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social, EN EL ENTENDIDO de que la
protección otorgada tiene un carácter definitivo y el accionante no tiene que
acudir a la jurisdicción laboral para solicitar nuevamente su pensión de
invalidez.
Tercero.-
REVOCAR el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el ocho (8) de abril de dos
mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor Tito Hernando
Montaño Buitrago contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que
confirmó la Sentencia de primera (1ª) instancia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el doce (12) de febrero de dos
mil catorce (2014) y que negó el amparo solicitado por considerar que el
principio de la condición más beneficiosa únicamente permitía aplicar la norma
inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos tampoco cumplía
el actor y, en su lugar, TUTELAR sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social.
Cuarto.-
CONFIRMAR el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el veintitrés
(23) de abril de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el
señor Roberto Guerrero contra Colpensiones, que confirmó la Sentencia de primera
(1ª) instancia proferida por el Juzgado Primero (1º) Laboral del Circuito de
Bogotá el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) y que negó el amparo
solicitado por considerar que el actor no había cumplido con el número de
semanas de cotización exigido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.-
REVOCAR el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala Tercera
(3ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín el trece (13) de
marzo de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor
Rodrigo Alberto López Sierra contra Colpensiones, que confirmó la Sentencia
proferida en primera (1ª) instancia por el Juzgado Doce (12) Laboral del
Circuito de Medellín el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014) y que
negó el amparo solicitado por considerar que la acción de
tutela no era procedente dado que no se cumplía con el principio de
subsidiariedad y no se había demostrado la existencia de un perjuicio
irremediable y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales del
accionante a la seguridad social y al mínimo vital.
Sexto.-
REVOCAR el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por el Juzgado
Segundo (2º) Penal del Circuito para Adolecentes con Función de Conocimiento de
Manizales, Caldas, el doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014) en el
proceso de tutela iniciado por el señor Germán Gómez Flórez contra Colfondos,
que confirmó la Sentencia proferida en primera (1ª) instancia por el Juzgado
Tercero (3º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Manizales, Caldas, el tres (3) de febrero de dos mil catorce
(2014), y que negó el amparo solicitado por considerar que la acción de tutela
era improcedente ante la inexistencia de un perjuicio irremediable y el
incumplimiento del principio de subsidiariedad y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales del accionante a la seguridad
social y al mínimo vital.
Séptimo.-
REVOCAR el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por la Sala Tercera
(3ª) Civil de Decisión del Tribunal Superior de Medellín el veintisiete (27) de
marzo de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por el señor
Jesús Orlando Grisales Peláez contra Colpensiones, que confirmó la sentencia de
primera (1ª) instancia proferida por el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito
de Medellín el doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) y que negó el
amparo solicitado por considerar que la acción de tutela no
era procedente dado que no se cumplía con los principios de subsidiariedad e
inmediatez y no se había demostrado la existencia de un perjuicio irremediable
y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales del accionante a la seguridad social y al mínimo vital.
Octavo.-
MODIFICAR el alcance de la Sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio el diecinueve (19) de febrero de dos mil
catorce (2014), en el entendido de que el amparo allí otorgado tiene un
carácter definitivo. Razón por la cual, el señor Fernando Martínez Martínez no
tiene que acudir a la jurisdicción laboral para solicitar nuevamente su pensión
de invalidez.
Noveno.-
ORDENAR a Colpensiones a que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de esta providencia, reconozca al señor Tito Hernando Montaño Buitrago la pensión de invalidez, conforme con las
consideraciones señaladas en esta Sentencia, a partir del doce (12) de
marzo de dos mil once (2011), y
pague las mesadas causadas y no prescritas desde entonces.
Décimo.-
ORDENAR a Colpensiones a que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de esta providencia, reconozca al señor Rodrigo Alberto López Sierra la pensión de invalidez, conforme con las
consideraciones señaladas en esta Sentencia, a partir del
treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), y pague las mesadas causadas y no
prescritas desde entonces.
Décimo primero.-
ORDENAR a Colfondos a que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, reconozca al señor Germán Gómez Flórez la pensión de invalidez, conforme con las
consideraciones señaladas en esta Sentencia, a partir del
doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009), y pague las mesadas causadas y no prescritas desde
entonces.
Décimo segundo.-
ORDENAR a Colpensiones a que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de esta providencia, reconozca al señor Jesús Orlando Grisales Peláez la pensión de invalidez, conforme con las
consideraciones señaladas en esta Sentencia, a partir del
primero (1º) de febrero del año dos mil (2000), y pague las mesadas causadas y no prescritas desde
entonces.
Décimo tercero.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
(E)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA T-717/14
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Improcedencia por cuanto
no se reunieron los presupuestos para dar aplicación a la “condición más
beneficiosa” (Salvamento parcial de voto)
Si bien considero que el reconocimiento de la pensión
de invalidez está condicionada al cumplimiento de los requisitos que exige la
norma vigente al momento de la fecha de estructuración de la invalidez (art. 39
Ley 100 de 1993), pueden presentarse dos casos en los cuales, excepcionalmente
se aplique otro régimen pensional (i) cuando, de las particularidades del caso
concreto se desprenda que a una misma situación resulten aplicables dos o más
cuerpos normativos, en ese evento en aplicación del principio de favorabilidad
el análisis del reconocimiento de la pensión se hará bajo los requisitos que
dispone la norma que le sea más favorable al peticionario; o (ii) cuando, el
principio de condición más beneficiosa se aplique para remitirse al régimen
pensional inmediatamente anterior.  En el caso concreto, no se presenta
ninguna de las dos hipótesis expuestas
Referencia:
Expedientes T-4349013, T-4349611, T-4350198, T-4360082, T-4363536, T-4364489 y
T-4365133 (acumulados).
Accionantes y
accionados:
T-4349013:
Arnulfo Ballesteros contra Colpensiones.
T-4349611:
Fernando Martínez Martínez contra Colpensiones.
T-4350198: Tito
Hernando Montaño Buitrago contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y otros.
T-4360082:
Roberto Guerrero contra Colpensiones.
T-4363536:
Rodrigo Alberto López Sierra contra Colpensiones.
T-4364489: Olga
Lucía Marín Giraldo, en representación de Germán Flórez Gómez, contra
Colfondos.
T-4365133:
Jesús Orlando Grisales Peláez contra Colpensiones.
Magistrada
ponente: María Victoria Calle Correa.
Salvo mi voto de manera parcial
frente a la sentencia de tutela aprobada por la Sala  Primera de Revisión en
sesión del dieciséis (16) de septiembre de dos
mil catorce (2014),  al no estar de acuerdo con lo decidido en el
expediente T-4350198 por las razones que a continuación expongo:
En el presente caso, la Sala
resolvió tutelar el derecho a la seguridad social y al mínimo vital del señor
Tito Hernando Montaño Buitrago, bajo el argumento que tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de invalidez, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que la fecha de estructuración
de la invalidez se fijó el 12 de marzo de 2011, en vigencia de la Ley 860 de
2003. Lo anterior, al considerar que en el presente caso se reunían los presupuestos
para dar aplicación a la “condición más beneficiosa”, lo cual conllevaba
a que la situación pensional del interesado se examinara bajo la normativa más
favorable y no con base en las reglas dispuestas en el régimen vigente a la
fecha de estructuración de la invalidez.
Si
bien considero que el reconocimiento de la pensión de invalidez está
condicionada al cumplimiento de los requisitos que exige la norma vigente al
momento de la fecha de estructuración de la invalidez (art. 39 Ley 100 de
1993), pueden presentarse dos casos en los cuales, excepcionalmente se aplique
otro régimen pensional (i) cuando, de las particularidades del caso concreto se
desprenda que a una misma situación resulten aplicables dos o más cuerpos
normativos, en ese evento en aplicación del principio de favorabilidad el
análisis del reconocimiento de la pensión se hará bajo los requisitos que
dispone la norma que le sea más favorable al peticionario; o (ii) cuando, el
principio de condición más beneficiosa se aplique para remitirse al régimen
pensional inmediatamente anterior.  En el caso concreto, no se presenta
ninguna de las dos hipótesis expuestas.
En razón a la
anterior consideración, salvo parcialmente mi voto en la decisión adoptada por
la Sala.
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
[1] Ver
Expedientes T-4349013, T-4349611,
T-4360082, T-4363536 y T-4365133.
[2] Ver
Expediente T-4364489.
[3] Ver
Expediente T-4350198.
[4] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. El
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 establece lo siguiente: “El
artículo 39 de la Ley 100 quedará así: Artículo
39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de
invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración. 2. Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
[5] Ver
Expedientes T-4349013, T-4349611,
T-4363536 y T-4365133.
[6] Ver
Expediente T-4364489.
[7] Ver
Expediente T-4360082.
[8] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[9] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[10] Ver Expediente T-4350198.
[11] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del
Cauca el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), donde se
diagnosticó su estado de salud. Ver folios 9 a 18 del primer cuaderno del
Expediente T-4349013 (de ahora en adelante, siempre que se cite un folio se
entenderá que hace parte del primer cuaderno de este Expediente, salvo que
explícitamente se diga otra cosa).
[12] Folio
9 al 18.
[13] Folio
9 al 18.
[14] En cumplimiento del fallo de tutela, Colpensiones aportó copia de la Resolución
GNR 13893, proferida el dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014),
donde hizo un recuento de todos los aportes realizados por el accionante entre
el primero (1º) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), y el
treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013); cálculo que dio un total
de trescientas setenta punto un (370.1) semanas. Folio 65 al 67.
[15] Ver
copia del derecho de petición que presentó el accionante a Colpensiones el
veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013). Folio 7.
[16] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución GNR
207454 proferida por Colpensiones el quince (15) de agosto de dos mil trece
(2013). Folio 19.
[17] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de los recurso de
reposición y apelación que presentó el diecinueve (19) de septiembre de dos mil
trece (2013) contra la Resolución GNR 207454, proferida por Colpensiones el
quince (15) de agosto del mismo año. Folio 20.
[18] En cumplimiento del fallo de tutela, Colpensiones aportó copia de la Resolución
GNR 13893, proferida el dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014).
Folio 65 al 69.
[19] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[20] Ver
escrito presentado el ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014). Folios
16 y 17 del segundo cuaderno.
[21] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su cédula de
ciudadanía, según la cual nació el veintiocho (28) de enero de mil novecientos
cincuenta y nueve (1959). Ver folio 72 del Expediente T-4349611 (de ahora en
adelante, siempre que se haga alusión a un folio de este Expediente, se
entenderá que hace parte del cuaderno principal, salvo que se diga otra cosa).
[22] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su histórica clínica.
Según los reportes proferidos por la Unidad de Servicios de Cáncer del Hospital
Departamental de Villavicencio el siete (7) de septiembre de dos mil nueve
(2009) y el seis (6) se septiembre de dos mil once (2011), tiene un carcinoma
de células escamosas de amígdala moderadamente diferenciado infiltrante con una
gran masa tumoral que se extiende desde la región de la amígdala palatina
izquierda hacia la faringe posterior, obstruyendo la rinofaringe. Folio 82 al
96 y, especialmente, los folios 82  y 85.
[23] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico que
le practicó el ISS el treinta y uno (31)
de enero de dos mil doce (2012). Folios 44, 45, 74 y 75.
[24] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del reporte de semanas
cotizadas en pensiones proferido por Colpensiones el doce (12) de diciembre de
dos mil doce (2012). Folio 76 al 80.
[25] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de una declaración
extrajuicio rendida ante la Notaría Tercera del Circuito de Villavicencio el
veintiséis (26) de diciembre de dos mil doce (2012). En dicha declaración, dijo
lo siguiente: “Manifiesto que por motivos de encontrarme desempleado por un
cáncer de amígdala izquierda, con paladar comprometido no pude seguir
cotizando, y por tal razón solicito que se me pague la pensión por incapacidad,
ya que no tengo ningún ingreso para poder subsistir, pagar arriendo y salud,
como también manifiesto que no dependo económicamente de nadie”. Folios 46 y
73.
[26] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del oficio proferido el
cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) por Juan Carlos López Castrillón,
Gerente General del consorcio Colombia Mayor, en el que le notifican su
desvinculación por no pago. Folio 35.
[27] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la sentencia
proferida por el Juzgado Tercero (3º)
Penal del Circuito de Villavicencio, el once (11) de enero de dos mil trece
(2013), en el proceso de tutela iniciado por él contra Colpensiones. Folio 49
al 60.
[28] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del escrito de impugnación
presentado por Colpensiones el diecisiete (17) de enero de dos mil trece
(2013). Folios 47 y 48.
[29] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su cédula de
ciudadanía, según la cual nació el veintiocho (28) de diciembre de mil
novecientos sesenta y cuatro (1964). Folio 14 del cuaderno principal del
Expediente T-4350198 (de ahora en adelante, siempre que se haga alusión a un
folio de este Expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal,
salvo que se diga otra cosa).
[30] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su historia clínica.
De los documentos allí contenidos, se resalta (i) el examen de VIH positivo
practicado el veinte (20) de enero de dos mil once (2011) en el Hospital Simón
Bolívar de Bogotá, y (ii) el informe de evolución médica realizado el nueve (9)
de agosto de dos mil doce (2012) en la misma IPS. En este último, se constatan
las secuelas de la toxoplasmosis cerebral, a saber, la dificultad para mover el
lado izquierdo del cuerpo. Folio 15 al 19 y, especialmente, los folios 15 y 16.
[31] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
practicado por el ISS el veintiocho (28) de septiembre de dos mil once (2011).
Folio 20.
[32] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del reporte de semanas cotizadas proferido por
Colpensiones el dieciséis (16) de agosto de dos mil catorce (2014). Folios 23 y
24.
[33] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución 18854
proferida por el ISS el veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011). Folio
21.
[34] Como
anexo al escrito de tutela, el actor aportó copia de la Sentencia de primera
(1ª) instancia, la cual fue proferida en audiencia pública y su grabación se
encuentra en un CD adjunto.
[35] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[36] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte. El artículo 6º del
Acuerdo establece lo siguiente: “Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las
siguientes condiciones: a) ser invalido permanente total o inválido permanente
absoluto o gran inválido y, b) haber cotizado para el seguro de Invalidez,
Vejez y Muerto, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en
cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.”
[37] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[38] Ibídem.
[39] Ibídem.
[40] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[41] Como anexo al escrito de tutela, el actor aportó
copia de su cédula de ciudadanía, según la cual, nació el doce (12) de febrero
de mil novecientos cuarenta y seis (1946). Ver folio 17 del cuaderno principal
del Expediente T-4360082 (de ahora en adelante, siempre que se haga alusión a
un folio de este Expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno
principal, salvo que se diga otra cosa).
[42] Como
anexo al escrito de tutela, el actor
aportó copia de su historia clínica, la cual inició el catorce (14) de octubre
de dos mil cinco (2005). En ella está registrada la evolución de varias
enfermedades, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, una enfermedad
hemorroidal severa, disfunción eréctil, una hernia umbilical, neumopatía
crónica, hipertensión arterial, varicocele bilateral, espondilosis, disnea del
sueño y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ver folio 18 al 130 y, en
especial, los folios 19, 26 al 30, 33 al 41, 46, 48 al 50, 53 al 77 y 115. De
la historia clínica, se destaca la cita realizada el veintiocho (28) de octubre
de dos mil nueve (2009), en donde la Doctora Yamile Rocío Caguazango,
especialista en medicina laboral, estableció lo siguiente: “paciente con
patologías de origen común con criterios de invalidez. Actualmente labores en
puesto de trabajo que agrava sintomatología pulmonar […] actualmente sin
cotización a pensiones desde hace 8 años” (negrillas fuera del texto).
Folio 41.
[43] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de los certificados de
incapacidad proferidos por Cafesalud EPS. Folio 138 al 170.
[44] Como lo puso de presente el accionante en la cita
médica practicada el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), para
ese entonces seguía percibiendo un salario de su empleador, se encontraba
incapacitado y a la espera de la respuesta a su solicitud de pensión de
invalidez. Folio 18 y 171.
[45] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución No.
118135 proferida por el Instituto de Seguro Social el veintiséis (26) de agosto
de dos mil once (2011). En dicho documento, el ISS explicó cuál era el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha en que fue estructurada
su enfermedad. Folio 15.
[46] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución No.
118135, proferida por el ISS el veintiséis (26) de agosto de dos mil once
(2011). Folios 15 y 16.
[47] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución No.
32032, proferida por el ISS el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce
(2012). Folio 12 al 14.
[48] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución VPB
3535, proferida por Colpensiones el trece (13) de agosto de dos mil trece
(2013). Ver folios 9 y 10 del Expediente
T-4360082.
[49] El
juez de segunda (2ª) instancia constató que el accionante sólo cotizó ciento
veintidós punto ochenta y seis (122.86) semanas en toda su historia laboral, la
cual inició el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos setenta y ocho
(1978) y terminó el cinco (5) de junio de mil novecientos ochenta y dos (1982).
En el folio 10 del segundo cuaderno se encuentra el reporte de semanas cotizadas
en pensiones proferido por Colpensiones el veintitrés (23) de abril de dos mil
catorce (2014).
[50] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del reporte de semanas
cotizadas a pensiones, obtenido de la página web de Colpensiones el dos (2) de
diciembre de dos mil trece (2013), en donde aparece registrada su fecha de
nacimiento: veinticinco (25) de agosto de mil novecientos sesenta y seis
(1966). Ver folio 23 del cuaderno principal del Expediente T-4363536 (de ahora
en adelante, siempre que se haga alusión a un folio de este Expediente, se debe
entender que hace parte del cuaderno principal, salvo que se diga otra cosa).
[51] Como anexo al escrito de tutela, el accionante aportó
copia de los conceptos médicos proferidos el doce (12) de diciembre de dos mil
once (2011) por la Doctora Luisa Fernanda Guerrero Santander, especialista en
VIH/SIDA, el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013) por el Doctor
Hugo León Ortiz Acosta y el diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece
(2013) por el Doctor Fernando Alonso Díaz Giraldo. En todos ellos se confirmó
el diagnóstico de VIH/SIDA en estadio B2 poniendo de presente las
complicaciones de salud asociadas y sufridas por el accionante. Folio 14 al 18.
[52] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
realizado por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) el tres (3)
de abril de dos mil doce (2012). Allí se señaló que la invalidez había sido
estructurada el diecinueve (19) de junio de dos mil seis (2006) y que el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral ascendía al sesenta y cuatro punto
sesenta por ciento (64.60%). Folio 22.
[53] Como anexo al escrito de tutela, el accionante aportó
copia de los certificados de aportes a pensiones. Folio 23 al 25.
[54] Ver
copia de la Resolución GNR 252765 proferida por Colpensiones el nueve (9) de
octubre de dos mil trece (2013). Folios 28 y 29.
[55] Según obra en el certificado expedido por
Colpensiones el dos (2) de diciembre de dos mil trece (2013), durante los tres
(3) años anteriores al último día que trabajó, el actor realizó aportes en
calidad de independiente desde el primero (1º) de diciembre de dos mil once
(2011) hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), y como
dependiente de las empresas Midas Gestión Empresarial LTDA. y  Interseguros de
Colombia S.A.S., desde el primero (1º) de marzo de dos mil once (2011) y hasta
el treinta (30) de noviembre del mismo año. Folio 23.
[56] Como
anexo al escrito de tutela, la compañera permanente, curadora y representante
legal del accionante aportó copia de su cédula de ciudadanía, según la cual
nació el veintiuno (21) de abril de mil novecientos setenta y dos (1972). Ver
folio 5 del primer cuaderno del Expediente T-4364489 (de ahora en adelante,
siempre que se haga alusión a un folio de este Expediente, se entenderá que
hace parte del primer cuaderno, salvo que se diga otra cosa).
[57] Como
anexo al escrito de tutela, la compañera permanente, curadora y representante
legal del accionante aportó copia de su historia clínica. Dentro de esta se
encuentran los reportes de los controles, las citas médicas y los periodos en
los que estuvo hospitalizado en la Clínica San Juan de Dios de Manizales.
Particularmente, hay copia de los informes elaborados: (i) el cinco (5) de mayo
de dos mil ocho (2008) por el Doctor Mauricio Andrés Rivera, médico general; (ii)
el veintinueve (29) de mayo de dos mil ocho (2008) por el Doctor Mauricio
Castaño R., psiquiatra; (iii) el tres (3) de junio de dos mil ocho (2008) por
el Doctor Mauricio Castaño R, psiquiatra; (iv) el ocho (8) de septiembre de dos
mil ocho (2008) por los Doctores Edwin Alexander Duque y Mauricio Castaño R.,
médico general y psiquiatra, respectivamente; (v) el veintinueve (29) de julio
de dos mil diez (2010) por el Doctor Óscar Mauricio Gómez, psiquiatra; (vi) el
once (11) de agosto de dos mil once (2011) por el Doctor Andre Martínez,
psiquiatra, y (vii) el seis (6) de diciembre de dos mil once (2011) por el
Doctor Jaime Paredes, psiquiatra. Desde la primera consulta, se registró un
comportamiento mental anormal, con pérdida de la memoria, pensamientos ilógicos
y repetitivos, agresividad, desorientación espacial y temporal y un juicio y
raciocinio comprometidos. Folio 45 al 55.
[58] Como
anexo al escrito de tutela, la compañera permanente, curadora y representante
legal del accionante aportó copia de la Sentencia que profirió el Juzgado
Quinto (5º) de Familia de Manizales, Caldas, el seis (6) de abril de dos mil once
(2011). Allí se declaró que el actor “presenta marcado déficit cognitivo y
conductual además de sus limitaciones físicas que lo incapacitan desde el punto
de vista laboral, social y psicológico”. Razón por la cual, se ordenó su
interdicción judicial por discapacidad mental absoluta, se le privó de la
administración de sus bienes y se designó a su compañera permanente, la señora
Olga Lucía Marín Giraldo, como su curadora. Folio 7 al 18.
[59] Como
anexo al escrito de tutela, la compañera permanente, curadora y representante
legal del accionante aportó copia de los registros civiles de nacimiento de
Juan Camilo Gómez Marín y Diana Marcela Gómez Marín, hijos que tuvo con el
actor el tres (3) de enero del año dos mil (2000) y el tres (3) de julio de mil
novecientos noventa y tres (1993), respectivamente. Folios 60 y 61.
[60] Esta
afirmación está registrada en el escrito de tutela y fue corroborada por el
señor Eliecer Valencia Valencia y la señora Martha Elena Guevara Villa, quienes
conocen al actor hace diecinueve (19) años y rindieron declaración juramentada
extra juicio ante el Notario Cuarto (4º) del Círculo de Manizales el seis (6)
de noviembre de dos mil doce (2012). Folio 62.
[61] El
cálculo de las semanas cotizadas comprendidas entre el doce (12) de marzo de
dos mil seis (2006) y el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) fue
realizado por Colfondos, quien lo consignó en (i) el escrito del cinco (5) de
marzo de dos mil trece (2013), a través del cual dio respuesta a la solicitud
de pensión de invalidez que presentó el actor, y (ii) en la contestación a la
acción de tutela. Folio 70 al 77, 79 y 80.
[62] Ver
copia del oficio que emitió Colfondos el cinco (5) de marzo de dos mil trece
(2013). Folio 79 al 81.
[63] Para
estos efectos, la compañera permanente, curadora y representante legal del
accionante aportó copia de: (i) la historia clínica, resumida en una nota al
pie anterior (folio 45 al 55);  (ii) la certificación sobre el proceso de
rehabilitación integral para el trámite de pensión por invalidez proferida por
Colfondos el primero (1º) de septiembre de dos mil ocho (2008), donde se señala
que tiene secuelas por sufrir neurosífilis y que no era probable que se lograra
reubicar en el futuro (folio 41 al 44), y (iii) un dictamen médico particular para la calificación de
invalidez practicado el dos (2) de agosto de dos mil diez (2010), según el cual
la fecha de estructuración de la invalidez correspondía al veinticinco (25) de junio de dos mil
ocho (2008) (folio 36 al 38).
[64] Folio
11 al 27 del segundo cuaderno.
[65] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su cédula de
ciudadanía y su registro civil de nacimiento, según los cuales nació el once
(11) de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954). Ver folios 34 y 35
del primer cuaderno del Expediente T-4365133 (de ahora en adelante, siempre que
se haga alusión a un folio de este Expediente, se entenderá que hace parte del
cuaderno principal, salvo que se diga otra cosa).
[66] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la remisión proferida
por Colpensiones para la calificación de la pérdida de capacidad laboral. En
dicho documento, se señala que, con base en el concepto de ortopedia, el actor
tiene “[…] antecedentes de poliomielitis en la niñez con secuelas motoras de
miembros inferiores, con desviación de pies, rodillas, talones por compromiso
nervioso, las cuales se acentuaron en la edad adulta desde el año 1998-1999.
Presenta alteraciones de movilidad, fuerza que es de nula recuperación. Ahora
en tratamiento para la hipertensión, lumbalgia crónica por deformidad de
columna secundaria a compromiso nervioso. Ahora con alteraciones visuales,
hipertrofia prostática y arritmia cardiaca […]”. Folio 33.
[67] La
fecha de estructuración aparece registrada en el dictamen médico practicado por
Colpensiones el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), en la
respuesta dada a la solicitud de pensión de invalidez que presentó el actor el
ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013) y en la respuesta al respectivo
recurso de apelación del veintiocho (28) de agosto del mismo año. Folios 11, 19
y 31.
[68] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
realizado por Colpensiones el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece
(2013), así como del oficio a través del cual se le informó sobre el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral. Folio 30 al 32.
[69] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del reporte de semanas
cotizadas en pensiones, obtenido de la página web de Colpensiones el treinta y
uno (31) de enero de dos mil catorce (2014). Folios 22 y 23.
[70] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución GNR
202595, proferida por Colpensiones el nueve (9) de agosto de dos mil trece
(2013), y mediante la cual se le negó el reconocimiento a la pensión de
invalidez. Folios 11 y 12.
[71] Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995, mediante el cual
se adoptó el Manual Único para la Calificación de la Invalidez. Como anexo al
escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución VPB 406,
proferida por Colpensiones el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014) y
mediante la cual se dio respuesta negativa al recurso de apelación que
presentó.
[72] Ver
folio 10 al 14 del segundo cuaderno.
[73] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[74] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[75] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[76] Por
medio del cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[77] Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[78] Ver Sentencias T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) y T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra
Porto).
[79] Ver Sentencias T-262 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[80] Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
señala en su artículo 76 que “los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en
que se haya acudido ante el juez. || (…) Los recursos de reposición y de
queja no serán obligatorios” (subrayado fuera del
texto).
[81] Al respecto, puede observarse, entre otras, la
sentencia T-361 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En esa oportunidad, la
Sala Sexta (6ª) de Revisión declaró procedente una acción de tutela mediante la
cual se pretendía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y al
momento de resolverse la tutela la entidad demandada (ISS) no se había
pronunciado sobre el recurso de apelación interpuesto. A pesar de que la
entidad no se había terminado de pronunciar, la Corte decidió que la acción de
tutela era procedente y otorgó la pensión de sobreviviente a la accionante,
quien era la madre del causante. En el mismo sentido, pueden verse las
sentencias T-335 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-950 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo) y T-716 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En
esta última, la Corte consideró que la acción de tutela presentada por una
señora que reclamaba la pensión de sobrevivientes era procedente dado que el deber de diligencia no se veía infringido
por el hecho que no hubiera agotado el recurso de reposición contra la
Resolución que negó su derecho pues el mismo, junto con el recurso de
apelación, no son obligatorios para el agotamiento de la vía gubernativa.
[82] Ver Sentencia T-303 de 2002 (M.P. Jaime Araujo
Rentería).
[83] Cuando se afirma que el juez de
tutela debe tener en cuenta la situación especial del actor, se quiere decir
que este debe prestar atención a su edad, a su estado de salud o al de su
familia, a sus condiciones económicas y a la
posibilidad de que para el momento del fallo definitivo por la vía ordinaria o
contenciosa, la decisión del juez ordinario o contencioso sea inoportuna o
inocua. A este respecto, se pueden ver las Sentencias T-100 de 1994 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz), T-228 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-338
de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), SU-086 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-875 de 2001 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), T-999 de
2001(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-179
de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-267
de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), SU-484 de 2008 (M.P. Jaime Araujo
Rentería), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto) y
T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[84] Ver
las consideraciones en materia de subsidiariedad hechas en la Sentencia T-384 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra), que fueron posteriormente reiteradas en la T-1316 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[85] Por inminencia se ha
entendido algo que
amenaza o que está por suceder prontamente.  Un daño cierto y predecible
cuya ocurrencia se pronostica objetivamente en el corto plazo a partir de la
evidencia fáctica y que justifica la toma de medidas prudentes y oportunas para
evitar su realización. No se trata, por el contrario, de una simple
expectativa o hipótesis. La urgencia, por su parte, se predica de las medidas
precisas que se requieren para evitar la pronta consumación del perjuicio
irremediable y la consecuente vulneración del derecho. Por esta razón, la
inminencia está directamente ligada a la urgencia. La primera hace relación a
la prontitud del evento y la segunda alude a la respuesta célere y concreta que
se requiere.  La gravedad se refiere al nivel de intensidad del daño. Esto
es, a la importancia del bien jurídico tutelado y al nivel de afectación del
mismo. Esta exigencia busca garantizar que la amenaza o violación sea
motivo de una actuación extraordinariamente oportuna y diligente. Por
último, la impostergabilidad de la acción de tutela ha sido definida como la
consecuencia de la urgencia y la gravedad, bajo el entendido de que un amparo
tardío a los derechos fundamentales resulta ineficaz e inoportuno. Sobre la
diferencia entre los componentes del perjuicio irremediable, pueden verse las Sentencias T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), T-789 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-761 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-424 de
2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[86] Ver Sentencias T-761 de 2010 (M.P. María Victoria
Calle Correa), T-424 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[87] Ver
Sentencia T-600 de 2009 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez) y T-054 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos; S.V. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[88] Este Tribunal ha decantado una
serie de reglas en materia probatoria que el juez de tutela debe aplicar para
salvaguardar a todas las personas respecto de cualquier acción u omisión que
vulnere o ponga en peligro sus derechos fundamentales. Entre estas se destacan
las siguientes: (i) la carga probatoria en el trámite de la acción de tutela es
más exigente para los demandados que para los accionantes, en virtud de la
naturaleza especial de esta. Este principio alivia la carga de los accionantes,
quienes usualmente son personas que carecen de los medios para probar todos y
cada uno de los hechos por ellos relatados; (ii) la función del juez
constitucional es privilegiar la protección de los derechos fundamentales que
se enuncian como vulnerados. So pretexto de no cumplir con requisitos
procesales, no puede olvidar el espíritu garantista que ilumina la acción de
tutela; (iii) en el trámite de la acción de tutela, se aplica el principio de
la carga dinámica de la prueba según el cual - corresponde probar un hecho
determinado a quien se encuentre en mejores condiciones para hacerlo, y (iv)
cuando el juez de instancia solicita a los demandados rendir el informe de que
trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 20 de ese mismo decreto, si éste no es rendido dentro del plazo
correspondiente se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa. A este
respecto, se pueden ver las Sentencias T- 596 de 2004 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; S.V. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T -638 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; S.V. Mauricio
González Cuervo) y T-174 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre
otras.
[89] Ver las Sentencias T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1088 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1042 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-225 de 2012
(M.P. Humberto Sierra Porto), T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[90] Ver las Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de
2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo
Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-515A de 2006
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-972 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1088 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-202 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y
T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[91] Ver las Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes) y T-529 de 2007 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis).
[92] Ver,
entre otras, la Sentencia T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), donde
la Corte hizo una exposición detallada del principio de inmediatez al estudiar
una acción de tutela mediante la cual se solicitó una sustitución pensional
después de que había transcurrido más de un (1) año entre la expedición de la
Resolución que negó el acceso a la pensión y la interposición de la acción.
[93] A
este respecto, véase la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández)
en la que se declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991, los cuales regulaban la caducidad de la tutela cuando era
interpuesta contra providencias judiciales. Así mismo, véase la Sentencia T-288
de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) donde se pusieron de presente los
deberes del juez de tutela en relación con el principio de inmediatez a la luz
de unas presuntas vías de hecho en las que supuestamente habían incurrido dos
(2) autoridades judiciales en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario.
[94] Ver
las Sentencias T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de
2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T- 429 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-998 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), SU-158 de
2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo). Allí la Sala Plena y las diferentes Salas de Revisión han hecho
alusión a estas situaciones excepcionales al abordar la procedibilidad de
acciones de tutela mediante las cuales se pretendía obtener acceso a una
defensa técnica, a un recalculo del monto base de la pensión, a la
indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión
de sobreviviente y a la pensión de invalidez, respectivamente.
[95] Ver
las Sentencias T-550 de 2008 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T- 163 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-962 de 2011
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-142 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva) y T-627 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos). En esta última providencia,
la Corte se ocupó de definir la procedibilidad de la acción de tutela para el
reconocimiento y el cobro de la pensión de invalidez en tres (3) casos
acumulados a la luz de los cuales debía preguntarse si era necesario
contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez y luego de la calificación de la pérdida de la
capacidad laboral, para establecer así el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez de quienes padecían enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas.
[96] Originalmente,
se hablaba únicamente de los primeros tres (3) requisitos. Véase a este respecto la Sentencia T-043 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), reiterada
en la T-186 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Sin embargo, en
fallos posteriores la Corte adoptó el cuarto y último requisito relacionado con
la ineficacia de los medios ordinarios de defensa judicial. El listado completo
puede encontrarse en la Sentencia T-627 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos),
entre muchas otras.
[97] MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra. En dicha oportunidad, al estudiar la presunta
incompatibilidad entre la pensión de gracia y la pensión de invalidez
solicitada por una maestra que trabajaba para el Distrito Capital, la Corte
señaló que “el derecho a la pensión de
invalidez adquiere el carácter de derecho fundamental por sí mismo, por
tratarse de personas que por haber perdido parte considerable de su capacidad
laboral, no pueden acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se
convierte en la única fuente de ingresos con la que cuentan para la
satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia, así como para
proporcionarse los controles y tratamientos médicos requeridos. Esta penosa
situación coloca a dichos individuos en un completo estado de indefensión y
vulnerabilidad que hace indispensable la adopción de medidas urgentes para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable”. Estas consideraciones
fueron posteriormente reiteradas en las Sentencias T-223 de 2012 (M.P. Mauricio González
Cuervo) y T-627 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[98] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta oportunidad, la Corte revisó tres (3)
fallos de tutela en los que los jueces de instancia habían declarado la
improcedencia de las respectivas acciones constitucionales a través de las
cuales se solicitaba el reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez
dada la existencia de otros medios de defensa judicial. A este respecto, la
Corte señaló que “cuando la autoridad pública o
el particular encargado de prestar los servicios inherentes a la seguridad
social la vulneran, al privar arbitrariamente a una persona de la pensión de
invalidez que le permite su digna subsistencia, están sometidos a la
jurisdicción constitucional en cuanto amenazan de manera directa derechos
constitucionales, por lo cual la controversia acerca de la correspondiente
protección judicial no debe darse en el plano de la ley sino en el nivel
superior de la normatividad fundamental. De allí que tenga validez en tales casos
la acción de tutela, si falta un mecanismo ordinario con suficiente aptitud y
eficacia para imponer de manera inmediata el debido respeto a los preceptos
constitucionales”. Esta interpretación había sido acogida por la Corte desde la
Sentencia T-246 de 1996 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
[99] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. En dicha oportunidad, la Corte determinó que una
acción de tutela presentada por una señora de sesenta (60) años de edad que
tenía una pérdida de capacidad laboral del cincuenta y ocho punto cincuenta y
cuatro por ciento (58.54%) era procedente para reclamar la protección de sus
derechos a la seguridad social y al mínimo vital, y solicitar el reconocimiento
de la pensión de invalidez. En concepto de la Corte, la accionante estaba
sometida a un estado de debilidad manifiesta que hacía desproporcionado
remitirla a la jurisdicción ordinaria para la defensa de sus derechos.
[100] M.P. Alberto Rojas Ríos. En dicha oportunidad, esta Corporación se
ocupó de definir la procedibilidad de la acción de tutela para el
reconocimiento y el cobro de la pensión de invalidez en tres (3) casos
acumulados a la luz de los cuales debía preguntarse si era necesario
contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez y luego de la calificación de la pérdida de la
capacidad laboral, para establecer así el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez de quienes padecían enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas. Al hacer un recuento sobre la procedibilidad de la
tutela para el reconocimiento y el cobro de la pensión de invalidez, la Corte
señaló que “para el caso de las personas
con discapacidad, es evidente que la evaluación del perjuicio irremediable debe
realizarse en razón de la capacidad material que tiene este grupo poblacional
para el acceso a los medios judiciales ordinarios, competencia que se ve
significativamente disminuida en razón de la debilidad y la vulnerabilidad que
imponen la limitación física o mental. Así, cuando los derechos de este grupo
de personas resultan afectados por la omisión atribuible a la entidad
demandada, la Corte ha tutelado el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, en forma definitiva, teniendo en cuenta que  se
trata de la prestación económica destinada a cubrir contingencias generadas por
enfermedad común o de otra índole, que inhabilitan al afiliado para el
ejercicio de la actividad laboral”. Esta interpretación aparece también en las
Sentencias T-
100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T- 1338 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-859 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-630 de 2006 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-043 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), entre
muchas otras.
[101] Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[102] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; S.V. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero.
[103] M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; S.P.V. Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro
Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara; S.V. José Gregorio Hernández
Galindo; A.V. Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera Vergara, José Gregorio
Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz. En dicha oportunidad, la Corte
hizo una revisión al proyecto de ley estatutaria de administración de justicia
evaluando, principalmente, el artículo 66 que contemplaba la posibilidad de
condenar al Estado por ‘error jurisdiccional’. Al respecto, señaló que no cabía
predicar responsabilidad del Estado por cualquier error jurisdiccional, sino
sólo por el que constituyera una actuación subjetiva, arbitraria, caprichosa y
violatoria del derecho al debido proceso, y que frente de las decisiones de las
altas Cortes o de los tribunales supremos de cada jurisdicción, no cabría
predicar el ‘error jurisdiccional’. Pero hizo énfasis en que la Corte
Constitucional, por ser el intérprete máximo de los derechos constitucionales
fundamentales, podía controlar las decisiones judiciales que se apartaran
groseramente del Derecho.
[104] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; S.V. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra. En esa ocasión, si bien la Corte no revocó una sentencia
adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiteró la doctrina
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Esto es, que con ella se infringieran derechos fundamentales como consecuencia
de una interpretación caprichosa y arbitraria del Derecho objetivo
aplicable.
[105] M.P. Jaime Córdoba
Triviño. En ella,  la Corte  estudiaba la constitucionalidad de una
norma del Código de Procedimiento Penal que aparentemente proscribía la acción
de tutela contra los fallos dictados por las Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia. La Corte consideró que esa limitación contrariaba no sólo
la Constitución, sino además el precedente sobre la materia que nunca descartó
la posibilidad de impetrar el amparo contra actuaciones ilegítimas de las
autoridades judiciales, incluso cuando estas revisten el nombre de
providencias. De esta manera, la corporación recordó la jurisprudencia sobre la
materia especificando los requisitos de procedibilidad que debía cumplir una
acción de tutela cuando era promovida contra una providencia judicial.
[106] M.P.
María Victoria Calle Correa; S.V. Jorge Iván Palacio Palacio. En esa
oportunidad, la Corte conoció de una tutela presentada por el Banco de la
República contra una providencia judicial que lo condenaba al pago de
perjuicios por haber emitido una resolución que posteriormente fue declarada
nula por el Consejo de Estado y que, mientras estaba vigente, fue utilizada
para actualizar el monto del crédito de un particular de una manera más
gravosa. La Corte concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso
por considerar que la providencia que se revisaba había desconocido el
precedente constitucional sobre la imputabilidad del daño antijurídico a las
entidades públicas. Como antesala a esa decisión, la corporación recordó el
precedente sobre la interposición de tutelas contra providencias judiciales.
[107] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esa ocasión, la Corte decidió confirmar el fallo proferido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de
acción de tutela estudiado, mediante el cual confirmó la decisión que había
adoptado el juez de tutela de primera instancia (Sala Civil del Tribunal
Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil fue evidente la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante, ya que
las declaraciones allegadas al expediente del proceso acusado, no podían ser
fundamento de la decisión por haber sido rendidas como versiones libres y espontáneas
y no bajo la gravedad del juramento, según las exigencias de los artículos 175
C.P.C. y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema había aducido, por lo demás,
que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas mediante auto del
funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera posible ejercer el
derecho de contradicción.
[108] M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa. La Corte, en esa oportunidad, consideró procedente confirmar la decisión
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, de conceder el amparo
solicitado contra una providencia judicial, por haber sido quebrantado el
derecho fundamental al debido proceso al negar el recurso de apelación bajo el
entendimiento de que faltaba un requisito inexistente en el Código de Procedimiento
Civil. En la providencia, el Tribunal Superior de Popayán invocó una doctrina
sobre quebrantamiento del debido proceso por providencias judiciales, que
aceptaba la Corte Suprema de Justicia.
[109] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[110] El defecto orgánico se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada
carece absolutamente de competencia para ello.
[111] El defecto
procedimental se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
[112] El defecto fáctico
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
[113] El defecto material y
sustantivo se presenta en los casos en que se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
[114] El error inducido
aparece cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
[115] Una decisión sin
motivación implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
[116] El desconocimiento del
precedente se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
[117] La
violación directa de la Constitución puede originarse por una interpretación legal inconstitucional
o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción
de inconstitucionalidad. El fundamento de la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad tiene su cimiento en el mandato contenido en el artículo
4° superior, el cual jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar
dentro del sistema de fuentes jurídico colombiano. Es decir que, cuando es
evidente que la norma de inferior jerarquía contraría principios, valores y
reglas de rango constitucional, es un deber de las autoridades judiciales y
administrativas aplicar directamente la Constitución.
[118] El
señor Fernando Martínez Martínez padece de cáncer (folio 82 al 96 del
Expediente T- 4349611); el señor Tito Hernando Montaño Buitrago tiene VIH/SIDA (folio 15 al 19 del Expediente T-4350198); el señor Rodrigo Alberto López Sierra tiene VIH/SIDA
(folio 14 al 18 del Expediente T-4363536); el señor Germán Flórez Gómez padece
de neurosífilis (folio 45 al 55 del Expediente T-4364489), y el señor Jesús
Orlando Grisales Peláez sufre las condiciones de la poliomielitis que contrajo
cuando era niño (folio 33 del Expediente T-4365133).
[119] El
señor Fernando Martínez Martínez tiene una
pérdida de capacidad laboral del sesenta y tres punto setenta y cinco por
ciento (63.75%) (folios 44, 45, 74 y 75 del Expediente T-4349611); el señor Tito Hernando
Montaño Buitrago tiene una pérdida de
capacidad laboral del setenta y cuatro punto cincuenta por ciento (74.50%)
(folio 20 del Expediente
T-4350198); el señor Rodrigo Alberto
López Sierra tiene una pérdida de capacidad laboral del sesenta y cuatro punto
sesenta por ciento (64.60%) (folio 22 del Expediente T-4363536); el señor
Germán Flórez Gómez tiene una pérdida de capacidad laboral del cincuenta y ocho
punto ochenta por ciento (58.80%) (folio 70 al 77 y 79 al 80 del Expediente T-4364489), y el señor Jesús Orlando Grisales Peláez
tiene una pérdida de capacidad laboral del sesenta y ocho punto ochenta y siete
por ciento (68.87%) (folio 30 al 32 del Expediente T-4365133).
[120] El
señor Fernando Martínez Martínez manifestó carecer
de toda fuente de ingresos, no poder trabajar a raíz de su enfermedad, vivir de
la caridad de sus amigos y vecinos, tener que responder económicamente por su
madre, quien tampoco cuenta con una pensión, y como consecuencia de la crisis
económica que atraviesa, no poder realizar los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Salud, ni pagar la alimentación o el arriendo de su casa (folios 46 y 74 del Expediente T-
4349611); el señor Tito Hernando Montaño Buitrago manifestó vivir con su madre, quien se encarga del sostenimiento
del hogar, no tener ninguna fuente de ingresos y sobrevivir de la caridad de
sus amigos y familiares (folios 1 al 12 del Expediente T-4350198); el señor Rodrigo Alberto López Sierra manifestó tener una precaria situación
económica que le hacía muy gravoso soportar las cargas y los tiempos propios de
los medios ordinarios de defensa judicial
(folios 1 al 12 del Expediente
T-4363536); el señor Germán Flórez Gómez manifestó no poder trabajar, carecer de una fuente de
ingresos, ser el responsable económico de un (1) menor de edad y de su madre,
depender del cuidado diario y permanente de su compañera permanente, quien por
esta razón no puede trabajar, no poder exigirle ninguna contribución a su hija
mayor de edad porque se encuentra estudiando y depender de las ayudas
periódicas que les brinda un (1) hermano de su compañera (folio 62 del primer cuaderno y folio 11 al 27 del
segundo cuaderno del Expediente T-4364489), y el señor Jesús Orlando Grisales
Peláez manifestó vivir con su compañera permanente, quien no cuenta con
pensión, es población SISBEN y padece de cáncer, y sobrevivir de la ayuda que
le brinda su hermano, quien le regala cincuenta mil pesos (50.000) al mes
(folios 10 a 14 del segundo cuaderno del Expediente T-4365133).
[121] El requisito sobre el efecto decisivo o determinante
de la irregularidad procesal en la sentencia que se impugna y su impacto en los
derechos fundamentales de la parte actora no se verifica en este caso toda vez
que el actor no alega un error procedimental, sino sustancial.
[122] El desconocimiento del
precedente se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
[123] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[124] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[125] Ibídem.
[126] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[127] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[128] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[129] En las Sentencias T-062A
de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo y A.V. Juan Carlos Henao Pérez) y T-668 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), las Salas Segunda (2ª) y Octava (8ª)
decidieron no aplicar los requisitos exigidos en el artículo 1º de la Ley 860
de 2003 y emplear, en su remplazo, los consagrados en el Acuerdo 049 de 1990
porque los accionantes habían cotizado más de 300 semanas antes del 1º de enero
de 1994, requerían la pensión de invalidez con urgencia por encontrarse en una
situación de debilidad manifiesta y no cumplían con el número de semanas
exigido en el régimen vigente. Por otro lado, en las Sentencias T-594
de 2011 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-1042 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), la
Salas Quinta (5ª) y Sexta (6ª) no aplicaron los requisitos previstos en el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, en su lugar, resolvieron los casos que
estudiaban utilizando la redacción original del artículo 39 de la Ley 100 de
1993, toda vez que los accionantes habían
cotizado más de 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
estructuración, requerían la pensión de invalidez con urgencia por encontrarse
en una situación de debilidad manifiesta y no cumplían con el número de semanas
exigido en el régimen vigente.
[130] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[131] Sentencias de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferidas el 5 de julio de 2005 (M.P. Camilo Tarquino Gallego), el
5 de febrero de 2008 (M. P. Camilo Tarquino Gallego) y el 15 de febrero de 2011 (M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve).
[132] Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[133] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del
Cauca el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), donde se
diagnosticó su estado de salud. Folios 9 a 18.
[134] En cumplimiento del fallo de tutela, Colpensiones aportó copia de la Resolución
GNR 13893, proferida el dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014),
donde hizo un recuento de todos los aportes realizados por el accionante entre
el primero (1º) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), y el
treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013); cálculo que dio un total de
trescientos setenta punto un (370.1) semanas. Folio 65 al 67.
[135] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[136] Ver
el escrito presentado el ocho (8) de agosto de dos mil catorce (2014). Folios
16 y 17 del segundo cuaderno.
[137] Ver
el escrito presentado el ocho (8) de agosto de dos mil catorce (2014). Folios
16 y 17 del segundo cuaderno.
[138] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones. Su
artículo 45 señala lo siguiente: “[…] El afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido
los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir,
en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido
en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en
el artículo 37 de la presente ley”.
[139] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[140] Como
anexo al escrito de tutela, el actor
aportó copia de su historia clínica, la cual inició el catorce (14) de octubre
de dos mil cinco (2005). En ella está registrada la evolución de varias
enfermedades, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, una enfermedad
hemorroidal severa, disfunción eréctil, una hernia umbilical, neumopatía
crónica, hipertensión arterial, varicocele bilateral, espondilosis, disnea del
sueño y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ver folio 18 al 130 y, en
especial, los folios 19, 26 al 30, 33 al 41, 46, 48 al 50, 53 al 77 y 115. De
la historia clínica, se destaca la cita realizada el veintiocho (28) de octubre
de dos mil nueve (2009), en donde la Doctora Yamile Rocío Caguazango,
especialista en medicina laboral, estableció lo siguiente: “paciente con
patologías de origen común con criterios de invalidez. Actualmente labores en
puesto de trabajo que agrava sintomatología pulmonar […] actualmente sin
cotización a pensiones desde hace 8 años” (negrillas fuera del texto).
Folio 41. En la cita de control del tres (3) de noviembre del dos mil diez
(2010), el Doctor Rogelio Enrique Pimiento Roca, especialista en medicina
interna, registró: “paciente con enfermedades crónicas de carácter irreversible
con pronóstico sobre calidad de vida malo a mediano y largo plazo”. Folio 26.
[141] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución No.
118135 proferida por el Instituto de Seguro Social el veintiséis (26) de agosto
de dos mil once (2011). En dicho documento, el ISS explicó cuál era el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha en que fue estructurada
su enfermedad. Folio 15.
[142] Véase
la Resolución No. 32032 del veintiocho
(28) de septiembre de dos mil doce (2012). Folio 12 al 14.
[143] El
juez de segunda (2ª) instancia constató que el accionante sólo cotizó ciento
veintidós punto ochenta y seis (122.86) semanas en toda su historia laboral, la
cual inició el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos setenta y ocho
(1978) y terminó el cinco (5) de junio de mil novecientos ochenta y dos (1982).
En el folio 10 del segundo cuaderno se encuentra el reporte de semanas cotizadas
en pensiones proferido por Colpensiones el veintitrés (23) de abril de dos mil
catorce (2014).
[144] La
Corte ha sido insistente al señalar que la
mora o la omisión por parte del empleador en la transferencia de los aportes
pensionales puede llegar a afectar el derecho fundamental a la seguridad social
del trabajador, pues del pago oportuno que se haga puede depender directamente
el reconocimiento de la pensión, en caso de que el trabajador reúna los demás
requisitos legales. De tal forma que una entidad administradora de pensiones no
puede negar a un trabajador la pensión a que tiene derecho, argumentando el
incumplimiento del empleador en el pago de los aportes, pues al empleado se le
descuentan estas sumas directamente de su salario mensual y no resulta justo
que soporte tan grave perjuicio por una falta completamente ajena a su
voluntad, imputable directamente a su empleador y por la cual éste debe
responder. A este respecto se pueden consultar las Sentencias SU-430 de
1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-451 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla), entre muchas otras. En la primera de estas, la Sala Plena de esta
Corporación señaló que una entidad administradora de pensiones no podrá negar a
un trabajador el reconocimiento de la pensión a que tiene derecho,
justificándose para ello en el incumplimiento del empleador en el pago de
algunos aportes, pues debe recordarse que al trabajador, en su momento y de
manera periódica se le efectuaron los descuentos de ley directamente de su
salario mensual, y por ello mismo no será él quien deba soportar tan grave
perjuicio por una falta del empleador que, además, hubiese podido ser subsanada
por la misma entidad tan pronto como esta se generó.
[145] Ver el reporte realizado en la cita médica del
veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013). Folios 18 y 171.
[146] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones. Su
artículo 45 señala lo siguiente: “[…] El afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido
los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir,
en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido
en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en
el artículo 37 de la presente ley”.
[147] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[148] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[149] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[150] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[151] Véanse
las Sentencias T-699A de 2007 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-561 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-962 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-294 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-043 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), las
cuales serán explicadas en detalle en este acápite.
[152] Esta es una interpretación que ha hecho la Corte
Constitucional del artículo 3° del Decreto 917 de 1999, por medio del cual se modifica el Decreto 692 de 1995, y que establece lo siguiente: “Fecha de estructuración o
declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en
que se genera en el individuo una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha
persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las
prestaciones derivadas de la invalidez”.
[153] Véanse
las Sentencias T-699A de 2007 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-561 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-962 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-428 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-043 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), las
cuales serán explicadas en detalle en este acápite.
[154] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[155] Ibídem.
[156] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[157] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[158] Por el cual se aprueba el reglamento general del
seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte.
[159] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[160] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[161] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[162] M.P. María Victoria Calle Correa.
[163] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[164] Ver las Sentencias T-699A
de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-710 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-561
de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-103 de
2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-022 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa), y T-886 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[165] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[166] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[167] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[168] Ver
Sentencias T-974 de 2005
(M.P. Jaime Araujo Rentería), T-1291 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-221 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-043 de 2007 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), T-699A de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-580 de 2007
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-628 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández) y T-1040 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre muchas
otras.
[169] M.P.
Mauricio González Cuervo; S.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[170] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[171] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[172] Sobre
esta nueva postura asumida por varias Salas de Revisión de esta Corporación, véase,
por ejemplo, la Sentencia T-485 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[173] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[174] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[175] M.P.
Mauricio González Cuervo; S.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[176] A este respecto, se ha precisado que el juez de
tutela debe atender a la ratio decidendi de los fallos de
constitucionalidad dado que a partir de su análisis es posible determinar si se
está ante una cosa juzgada absoluta o relativa.
[177] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; A.V. María Victoria Calle Correa.
[178] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[179] Véase,
por ejemplo, las Sentencias T-062A  de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-594 de 2011 (M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T- 668 de 2011 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla), T-1042 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-576
de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos), entre muchas otras, en donde la Corte ha sentado su
jurisprudencia sobre la condición más beneficiosa. En las Sentencias T-062A
de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo y A.V. Juan Carlos Henao Pérez) y T-668 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), las Salas Segunda (2ª) y Octava (8ª)
decidieron no aplicar los requisitos exigidos en el artículo 1º de la Ley 860
de 2003 y emplear, en su remplazo, los consagrados en el Acuerdo 049 de 1990
porque los accionantes habían cotizado más de 300 semanas antes del 1º de enero
de 1994, requerían la pensión de invalidez con urgencia por encontrarse en una
situación de debilidad manifiesta y no cumplían con el número de semanas
exigido en el régimen vigente. Por otro lado, en las Sentencias T-594
de 2011 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-1042 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), la
Salas Quinta (5ª) y Sexta (6ª) no aplicaron los requisitos previstos en el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, en su lugar, resolvieron los casos que
estudiaban utilizando la redacción original del artículo 39 de la Ley 100 de
1993, toda vez que los accionantes habían
cotizado más de 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
estructuración, requerían la pensión de invalidez con urgencia por encontrarse
en una situación de debilidad manifiesta y no cumplían con el número de semanas
exigido en el régimen vigente.
[180] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[181] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[182] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[183] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[184] Véanse
las ya citadas Sentencias T-062A  de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-594 de 2011 (M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T- 668 de 2011 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla), T-1042 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-576
de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[185] Las figuras de los
derechos adquiridos, las meras expectativas y las expectativas legítimas hacen
alusión a la posición fáctica y jurídica concreta en que podría encontrarse un
sujeto frente a un derecho subjetivo. Una persona tiene un derecho adquirido cuando ha cumplido la totalidad de los
requisitos exigidos para el reconocimiento del mismo; está ante una mera expectativa cuando no reúne ninguno de los
presupuestos de acceso a la prestación; y tiene una expectativa legítima o derecho eventual cuando logra
consolidar una situación fáctica y jurídica concreta en virtud de la
satisfacción de alguno de los requisitos relevantes de reconocimiento del
derecho subjetivo. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que (i)
las meras expectativas carecen de amparo en la resolución de casos concretos;
(ii) los derechos adquiridos gozan de una poderosa salvaguarda por haber
ingresado al patrimonio del titular y; (iii) las expectativas legítimas son
merecedoras de una protección intermedia atendiendo a los factores relevantes
del asunto específico y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La
salvaguarda anotada de las expectativas legítimas se desprende de una lectura
armónica de la cláusula de protección prevalente de las personas en estado de
inequidad social (Arts. 1, 2 y 13 C.P.), el contenido normativo del derecho a
la seguridad social (Art. 48 C.P.), la prohibición prima facie de menoscabo de
los derechos sociales de los trabajadores (Art. 53. Inc. 5 y 215. Inc. 10
C.P.), la obligación que tienen los particulares y las autoridades públicas de
observar la buena fe en sus actuaciones (Art. 83 C.P.), y las garantías mínimas
del estatuto del trabajo (Art.  53 CP). En
la jurisprudencia de esta Corporación la protección de las expectativas
legítimas surgió a partir de los fallos de constitucionalidad abstracta que
resolvieron distintas demandas formuladas contra el contenido normativo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contentivo del régimen de transición de la
pensión de vejez. El estudio de los problemas jurídicos surgidos del análisis
de estos asuntos le permitió a la Corte establecer la existencia de una situación jurídica distinta a la
representativa de los derechos adquiridos y las meras expectativas, únicas
categorías empleadas hasta entonces por la jurisprudencia constitucional para
establecer si una persona afectada por un tránsito legislativo había alcanzado
el reconocimiento de un determinado derecho subjetivo.
[186] En sentencia C-428 de
2009 (M.P. Mauricio González Cuervo) el Tribunal Constitucional sintetizó su
jurisprudencia sobre la protección brindada a las expectativas legítimas
mediante los regímenes de transición en los siguientes términos: “Los regímenes de transición, en
consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no
sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las
aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de
conformidad con el régimen anterior  y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente
las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas
ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de
transición.||Como el legislador tiene plena competencia para modificar la ley
como parte de sus atribuciones constitucionales (Art. 150 numeral 1 C.P.) y
puede hacerlo dentro del margen de configuración que le es propio, es
constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición
para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas
bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley
posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar
a consolidarse bajo el régimen previo”
[187] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[188] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[189] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[190] Véanse
las ya citadas Sentencias T-062A  de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-594 de 2011 (M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T- 668 de 2011 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla), T-1042 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-576
de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[191] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[192] La
Corte Constitucional ha considerado que la aplicación de la condición más
beneficiosa no se limita a aplicar la norma inmediatamente anterior a aquella
que se encuentra vigente. Por el contrario, ha señalado que no existe un límite
a este respecto siempre y cuando la persona que solicita la pensión de
invalidez haya acreditado uno de los requisitos necesarios durante la vigencia
de la norma derogada. Así, por ejemplo, lo precisó la Sala Novena (9ª) de
Revisión en la Sentencia T-832A de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) al
señalar que “en lo relativo a la posición
de la Sala de Casación Laboral sobre la imposibilidad de confrontar regímenes
jurídicos que no son inmediatamente sucesivos para efecto de aplicar el
principio de la condición más beneficiosa, la Sala Novena de Revisión considera
que si bien la protección de los derechos eventuales tiene límites como lo ha
señalado la jurisprudencia constitucional y ordinaria, el argumento acogido por
la Sala de Casación desconocería que las mencionadas restricciones están dadas
por criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Para esta Sala de la Corte
Constitucional no basta efectuar reformas legislativas sucesivas para suprimir
la protección de las expectativas legítimas. Una medida tal desconocería la
necesidad de tomar en consideración aspectos como la proximidad entre el cambio
legislativo que varió los presupuestos de reconocimiento de la garantía
pretendida y el instante en que la persona adquiriría definitivamente la
pensión, la intensidad del esfuerzo económico desplegado por el afiliado, entre
otros elementos indispensables para determinar una protección razonable y
proporcionada de los derechos eventuales como por ejemplo los índices de
desempleo, los niveles de informalidad laboral o la ausencia o presencia de
mecanismos de protección social supletorios”. Esta posición, incluso, ha sido
asumida por la ya citada Corte Suprema de Justicia en otras ocasiones. A este
respecto, se pueden ver las Sentencias de la Sala de
Casación Laboral, proferidas el 5 de julio de
2005 (M.P. Camilo Tarquino
Gallego), el 5 de febrero de 2008 (M. P. Camilo Tarquino Gallego) y el 15 de febrero de 2011 (M.P. Carlos Ernesto
Molina Monsalve).
[193] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[194] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[195] Sobre la definición del principio de favorabilidad,
se puede consultar el artículo 21 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual
señala lo siguiente: “En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo prevalece la más favorable al
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”.
[196] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[197] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; A.V. María Victoria Calle Correa.
[198] M.P.
Mauricio González Cuervo; S.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[199] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[200] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[201] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[202] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[203] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[204] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su histórica clínica.
Según los resúmenes clínicos proferidos por la Unidad de Servicios de Cáncer
del Hospital Departamental de Villavicencio el siete (7) de septiembre de dos
mil nueve (2009) y el seis (6) se septiembre de dos mil once (2011), el actor
tiene un carcinoma de células escamosas de amígdala moderadamente diferenciado
infiltrante con una gran masa tumoral que se extiende desde la región de la
amígdala palatina izquierda hacia la faringe posterior, obstruyendo la
rinofaringe. Folio 82 al 96 y, especialmente, folios 82  y 85.
[205] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico que
le practicó el ISS el treinta y uno (31)
de enero de dos mil doce (2012). Folios 44, 45, 74 y 75.
[206] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del reporte de semanas
cotizadas en pensiones proferido por Colpensiones el doce (12) de diciembre de
dos mil doce (2012). Folio 76 al 80.
[207] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de una declaración
extrajuicio rendida ante la Notaría Tercera (3ª) del Circuito de Villavicencio
el veintiséis (26) de diciembre de dos mil doce (2012). En dicha declaración,
dijo lo siguiente: “Manifiesto que por motivos de encontrarme desempleado por
un cáncer de amígdala izquierda, con paladar comprometido no pude seguir
cotizando, y por tal razón solicito que se me pague la pensión por incapacidad,
ya que no tengo ningún ingreso para poder subsistir, pagar arriendo y salud,
como también manifiesto que no dependo económicamente de nadie”. Folio 46 y 73.
[208] Véanse
las Sentencias T-699A de 2007 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-561 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-962 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-294 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-043 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[209] Ibídem.
[210] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[211] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su historia clínica.
De los documentos allí contenidos se resalta (i) el examen de VIH positivo
practicado el veinte (20) de enero de dos mil once (2011) en el Hospital Simón
Bolívar de Bogotá, y (ii) el informe de evolución médica realizado el nueve (9)
de agosto de dos mil doce (2012) en la misma IPS. En este último se constatan
las secuelas de las toxoplasmosis cerebral, a saber, la dificultad para mover
el lado izquierdo del cuerpo. Folio 15 al 19 y, especialmente, Folios 15 y 16.
[212] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
practicado por el ISS el veintiocho (28) de septiembre de dos mil once (2011).
Ver folio 20 del Expediente T-4350198.
[213] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del reporte de semanas cotizadas proferido por
Colpensiones el dieciséis (16) de agosto de dos mil catorce (2014). Ver folio
23 y 24 del Expediente
T-4350198.
[214] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la Resolución 18854
proferida por el ISS el veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011). Ver
folio 21 del Expediente T-4350198.
[215] Como
anexo al escrito de tutela, el actor aportó copia de la Sentencia de primera
instancia, la cual fue proferida en audiencia pública y su grabación se
encuentra en un CD adjunto al Expediente T-4350198.
[216] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[217] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[218] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[219] Véanse
las ya citadas Sentencias T-062A  de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-594 de 2011 (M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T- 668 de 2011 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla), T-1042 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-576
de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[220] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[221] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[222] Así,
por ejemplo, lo precisó la Sala Novena (9ª) de Revisión en la Sentencia T-832A
de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) al señalar que en lo relativo a la imposibilidad de confrontar
regímenes jurídicos que no son inmediatamente sucesivos para efecto de aplicar
el principio de la condición más beneficiosa, “[…] no basta efectuar reformas
legislativas sucesivas para suprimir la protección de las expectativas
legítimas. Una medida tal desconocería la necesidad de tomar en consideración
aspectos como la proximidad entre el cambio legislativo que varió los
presupuestos de reconocimiento de la garantía pretendida y el instante en que
la persona adquiriría definitivamente la pensión, la intensidad del esfuerzo
económico desplegado por el afiliado, entre otros elementos indispensables para
determinar una protección razonable y proporcionada de los derechos eventuales
como por ejemplo los índices de desempleo, los niveles de informalidad laboral
o la ausencia o presencia de mecanismos de protección social supletorios”.
[223] M.P.
Mauricio González Cuervo; S.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[224] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[225] Sobre la definición del principio de favorabilidad,
se puede consultar el artículo 21 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual
señala lo siguiente: “En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo prevalece la más favorable al
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”.
[226] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[227] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[228] Ibídem.
[229] Por
medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
[230] Por medio del cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[231] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[232] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
realizado por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) el tres (3)
de abril de dos mil doce (2012). Allí se señaló que la invalidez había sido
estructurada el diecinueve (19) de junio de dos mil seis (2006) y que el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral ascendía al sesenta y cuatro punto
sesenta por ciento (64.60%). Folio 22.
[233] Como anexo al escrito de tutela, el accionante aportó
copia de los conceptos médicos proferidos el doce (12) de diciembre de dos mil
once (2011) por la Doctora Luisa Fernanda Guerrero Santander, especialista en
VIH/SIDA, el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013) por el Doctor
Hugo León Ortiz Acosta y el diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece
(2013) por el Doctor Fernando Alonso Díaz Giraldo. En todos ellos se confirmó
el diagnóstico de VIH/SIDA en estadio B2 poniendo de presente las
complicaciones de salud asociadas y sufridas por el accionante. Ver folios 14 a
18 del Expediente T-4363536.
[234] Ver
copia de la Resolución GNR 252765 proferida por Colpensiones el nueve (9) de
octubre de dos mil trece (2013) en los folios 28 y 29 del Expediente T-4363536.
[235] Véanse
las ya citadas Sentencias T-699A de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-561 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-962 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-294 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-043 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[236] Ibídem.
[237] Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[238] El cumplimiento del principio de subsidiariedad no está
condicionado por la presentación de los recursos administrativos contra los
actos que negaron la prestación del derecho que se reclama. El artículo 9 del
Decreto 2591 de 1991 establece que “[n]o será necesario interponer previamente
la reposición u otro recurso administrativo para presentar la solicitud de
tutela”, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, al referirse a los recursos que se pueden interponer en la vía
gubernativa, aclara que no es obligatorio presentar el de reposición contra el
acto administrativo que se estima violatorio de los derechos del administrado.
Es suficiente, en esta medida, que el accionante demuestre que ha desplegado cierta actividad administrativa o
judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos, salvo que haya
resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad. Por tanto,
el requisito de subsidiariedad no condiciona la procedencia de la tutela a que
se agote completamente la vía gubernativa, o que se presenten los recursos
administrativos existentes, en tanto el amparo se presenta como un mecanismo de
defensa inmediato para enervar la amenaza o vulneración actual de derechos
fundamentales. Al respecto, puede observarse, entre otras, la sentencia T-361
de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En esa oportunidad, la Sala Sexta de
Revisión declaró procedente una acción de tutela mediante la cual se pretendía
el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y al momento de resolverse
la tutela la entidad demandada (ISS) no se había pronunciado sobre el recurso
de apelación interpuesto. A pesar de que la entidad no se había terminado de
pronunciar, la Corte decidió que la acción de tutela era procedente y otorgó la
pensión de sobreviviente a la accionante, quien era la madre del causante. En
el mismo sentido, pueden verse las sentencias T-335 de 2009 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), T-950 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo) y T-716 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva). En esta última, la Corte consideró que la acción de
tutela presentada por una señora que reclamaba la pensión de sobrevivientes era
procedente dado que el deber de diligencia no se
veía infringido por el hecho que no hubiera agotado el recurso de reposición
contra la Resolución que negó su derecho pues el mismo, junto con el recurso de
apelación, no son obligatorios para el agotamiento de la vía gubernativa.
[239] Como
anexo al escrito de tutela, la compañera permanente, curadora y representante
legal del accionante aportó copia de su historia clínica. Dentro de esta se
encuentran los reportes de los controles, las citas médicas y los periodos en
los que estuvo hospitalizado en la Clínica San Juan de Dios de Manizales. Particularmente,
hay copia de los informes elaborados: (i) el cinco (5) de mayo de dos mil ocho
(2008) por el Doctor Mauricio Andrés Rivera, médico general; (ii) el
veintinueve (29) de mayo de dos mil ocho (2008) por el Doctor Mauricio Castaño
R., psiquiatra; (iii) el tres (3) de junio de dos mil ocho (2008) por el Doctor
Mauricio Castaño R, psiquiatra; (iv) el ocho (8) de septiembre de dos mil ocho
(2008) por los Doctores Edwin Alexander Duque y Mauricio Castaño R., médico
general y psiquiatra, respectivamente; (v) el veintinueve (29) de julio de dos
mil diez (2010) por el Doctor Óscar Mauricio Gómez, psiquiatra; (vi) el once
(11) de agosto de dos mil once (2011) por el Doctor Andre Martínez, psiquiatra,
y (vii) el seis (6) de diciembre de dos mil once (2011) por el Doctor Jaime
Paredes, psiquiatra. Desde la primera consulta, se registró un comportamiento
mental anormal, con pérdida de la memoria, pensamientos ilógicos y repetitivos,
agresividad, desorientación espacial y temporal y un juicio y raciocinio comprometidos.
Folio 45 al 55.
[240] Como
anexo al escrito de tutela, la compañera permanente, curadora y representante
legal del accionante aportó copia de la sentencia que profirió el Juzgado
Quinto de Familia de Manizales, Caldas, el seis (6) de abril de dos mil once
(2011). Allí se declaró que el actor “presenta marcado déficit cognitivo y
conductual además de sus limitaciones físicas que lo incapacitan desde el punto
de vista laboral, social y psicológico”. Razón por la cual, se ordenó su
interdicción judicial por discapacidad mental absoluta, se le privó de la
administración de sus bienes y se designó a su compañera permanente, la señora
Olga Lucía Marín Giraldo, como su curadora. Folio 7 al 18.
[241] El
cálculo de las semanas cotizadas comprendidas entre el doce (12) de marzo de
dos mil seis (2006) y el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) fue
realizado por Colfondos, quien lo consignó en (i) en el escrito del cinco (5)
de marzo de dos mil trece (2013), a través del cual dio respuesta a la
solicitud de pensión de invalidez que presentó el actor, y (ii) en la
contestación a la acción de tutela. Folio 70 al 77, 79 y 80.
[242] Como
anexo al escrito de tutela, la compañera permanente, curadora y representante
legal del accionante aportó copia de los registros civiles de nacimiento de
Juan Camilo Gómez Marín y Diana Marcela Gómez Marín, hijos que tuvo con el
actor el tres (3) de enero del año dos mil (2000) y el tres (3) de julio de mil
novecientos noventa y tres (1993), respectivamente. Folios 60 y 61.
[243] Esta
afirmación está registrada en el escrito de tutela y fue corroborada por el
señor Eliecer Valencia Valencia y la señora Martha Elena Guevara Villa, quienes
conocen al actor hace diecinueve (19) años y rindieron declaración juramentada
extra juicio ante el Notario Cuarto del Círculo de Manizales el seis (6) de
noviembre de dos mil doce (2012). Folio 62.
[244] Ver
copia del oficio que emitió Colfondos el cinco (5) de marzo de dos mil trece (2013).
Folio 79, 80 y 81.
[245] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[246] M.P.
Mauricio González Cuervo; S.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[247] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[248] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[249] El cumplimiento del principio de subsidiariedad no
está condicionado por la presentación de los recursos administrativos contra
los actos que negaron la prestación del derecho que se reclama. El artículo 9
del Decreto 2591 de 1991 establece que “[n]o será necesario interponer
previamente la reposición u otro recurso administrativo para presentar la
solicitud de tutela”, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, al referirse a los recursos que se pueden
interponer en la vía gubernativa, aclara que no es obligatorio presentar el de
reposición contra el acto administrativo que se estima violatorio de los
derechos del administrado. Es suficiente, en esta medida, que el accionante
demuestre que ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos,
salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad. Por
tanto, el requisito de subsidiariedad no condiciona la procedencia de la tutela
a que se agote completamente la vía gubernativa, o que se presenten los recursos
administrativos existentes, en tanto el amparo se presenta como un mecanismo de
defensa inmediato para enervar la amenaza o vulneración actual de derechos
fundamentales. Al respecto, puede observarse, entre otras, la sentencia T-361
de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En esa oportunidad, la Sala Sexta de
Revisión declaró procedente una acción de tutela mediante la cual se pretendía
el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y al momento de resolverse
la tutela la entidad demandada (ISS) no se había pronunciado sobre el recurso
de apelación interpuesto. A pesar de que la entidad no se había terminado de
pronunciar, la Corte decidió que la acción de tutela era procedente y otorgó la
pensión de sobreviviente a la accionante, quien era la madre del causante. En
el mismo sentido, pueden verse las sentencias T-335 de 2009 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), T-950 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo) y T-716 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva). En esta última, la Corte consideró que la acción de
tutela presentada por una señora que reclamaba la pensión de sobrevivientes era
procedente dado que el deber de diligencia no se
veía infringido por el hecho que no hubiera agotado el recurso de reposición
contra la Resolución que negó su derecho pues el mismo, junto con el recurso de
apelación, no son obligatorios para el agotamiento de la vía gubernativa.
[250] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de la remisión proferida
por Colpensiones para la calificación de la pérdida de capacidad laboral. En
dicho documento, se señala que, con base en el concepto de ortopedia, el actor
tiene “[…] antecedentes de poliomielitis en la niñez con secuelas motoras de
miembros inferiores, con desviación de pies, rodillas, talones por compromiso
nervioso, las cuales se acentuaron en la edad adulta desde el año 1998-1999.
Presenta alteraciones de movilidad, fuerza que es de nula recuperación. Ahora
en tratamiento para la hipertensión, lumbalgia crónica por deformidad de
columna secundaria a compromiso nervioso. Ahora con alteraciones visuales,
hipertrofia prostática y arritmia cardiaca […]”. Folio 33.
[251] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del dictamen médico
realizado por Colpensiones el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece
(2013), así como del oficio a través del cual se le informó sobre el porcentaje
de pérdida de su capacidad laboral. Folio 30 al 32.
[252] La
fecha de estructuración aparece registrada en el dictamen médico practicado por
Colpensiones el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), en la respuesta
dada a la solicitud de pensión de invalidez que presentó el actor el ocho (8)
de agosto de dos mil trece (2013) y en la respuesta al respectivo recurso de
apelación del veintiocho (28) de agosto del mismo año. Folios 11, 19 y 31.
[253] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del reporte de semanas
cotizadas en pensiones, obtenido de la página web de Colpensiones el treinta y
uno (31) de enero de dos mil catorce (2014). Ver folios 22 y 23 del Expediente
T-4365133.
[254] Véanse
las ya citadas Sentencias T-699A de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-561 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-962 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-294 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-043 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[255] Ibídem.
[256] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[257] Por medio de la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.