T-128-15
Sentencia T-128/15
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES-Procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reiteración
de jurisprudencia sobre el carácter de fundamental
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional
Sobre el pago de
prestaciones económicas pensionales por esta vía, existe amplia jurisprudencia,
de la cual surgen las siguientes reglas: (i) Que el actor no cuente con otro medio idóneo de defensa judicial diferente a la acción de tutela,
aclarando que “la sola existencia formal de
uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada”.
(ii) Que la tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable,
que cause inminente violación a derechos fundamentales. (iii) Que la falta de
reconocimiento y/o pago de la pensión se origine en actuaciones que, en
principio, permitan desvirtuar
la presunción de legalidad de
que gozan las actuaciones de las entidades administradoras del servicio público
de la seguridad social. (iv) Que se
encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios para el reconocimiento y/o pago de la pensión o que, sin que ello se encuentre
plenamente demostrado, exista razonable certeza respecto de la procedencia de
la solicitud. (v) Que a pesar
de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, este hubiere sido negado.
PENSION
DE INVALIDEZ-Evolución normativa y jurisprudencial
para su reconocimiento y pago
PRINCIPIO
DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación
del principio de favorabilidad en materia laboral
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de la
pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
Las
entidades encargadas de determinar el estado de invalidez de una persona que
padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, cuando establezcan la
fecha de estructuración de la invalidez, deben tener en cuenta que dicha fecha
corresponde al momento en el cual el afiliado al Sistema General de Pensiones
perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, ya que de lo
contrario, se estaría poniendo en riesgo los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de sujetos en condiciones de debilidad manifiesta.
PENSION
ANTICIPADA DE VEJEZ-Diferencias con las pensiones
de vejez y de invalidez
PROTECCION
CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Reiteración de jurisprudencia
Las
personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas y a que se
adopten medidas tendientes a lograr que su derecho a la igualdad sea efectivo
garantizándoles su participación e integración plenas en la sociedad. Este
derecho está consagrado en la Constitución y en tratados internacionales,
normas en las que se establecen obligaciones en cabeza del Estado, entre las
que se encuentran la de “tomar todas las medidas
pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad”,
y la de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles
con su protección especial. Para cumplir estas obligaciones, existe un deber de
adoptar medidas como la implementación de “ajustes razonables”,
entendido como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se
requieren en un caso particular, para garantizarle a las personas con
discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una carga
desproporcionada o indebida.
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Régimen jurídico
En lo que respecta al régimen jurídico de la pensión
de invalidez de origen común, cuando el afectado se enmarca dentro del contexto
de “persona joven”, indicó la Corte que quien pretenda el
reconocimiento de una pensión de invalidez debe demostrar, además de su
condición de inválido certificada por cualquiera de las entidades competentes
para ello, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador en
el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, norma que, a su vez, ha sido modificada
en dos oportunidades: i) a través del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, el
cual fue declarado inexequible por vicios de forma mediante la sentencia C-1056
del mismo año, y ii) por medio de la Ley 860 de 2003, cuyo artículo 1° se
encuentra vigente, pero sin la exigencia del requisito de fidelidad que contenía
inicialmente, por cuanto el mismo fue declarado inexequible por esta
Corporación mediante Sentencia
C-428 de 2009.
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Protección constitucional
Cuando se está estudiando la posibilidad de reconocer
una pensión de invalidez a una persona joven, se le pueden tener en cuenta
tanto las semanas cotizadas antes del hecho causante de la invalidez, como las
efectuadas con antelación a la declaratoria de la misma, fechas que
generalmente no coinciden, ya que desde el instante de la ocurrencia del hecho
que causó la invalidez (accidente común) o se estructuró la misma (enfermedad
común), hasta el momento en que es declarada (calificación por parte del
organismo competente fijando el origen y fecha de estructuración), transcurre
un lapso que en la mayoría de los casos no es inferior a seis meses (180 días
de incapacidad).
PENSION
DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Inaplicación del parágrafo 1 del artículo 1 de la ley 860 de 2003
REGIMEN
DE TRANSICION EN PENSIONES-Finalidad
Con
el fin de que aquellas personas próximas a pensionarse no se vieran afectadas
con la creación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993, el Legislador fijó un régimen de transición que les
permitió mantenerse en el régimen pensional al cual estaban afiliados al
momento de entrar en vigencia dicha ley, para efectos del reconocimiento de la
pensión de vejez.
BENEFICIARIOS
DEL REGIMEN DE TRANSICION
PENSION
DE VEJEZ-Requisitos del
régimen de transición de la ley 100 de 1993 y régimen de la ley 71 de 1988
ACUMULACION
DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR PRIVADO COMO EN EL SECTOR
PUBLICO
Sí es posible acumular dichos
tiempos. Adicionalmente, si al sumar los tiempos laborados en el sector público
(sin realizar aportes al ISS) y las semanas efectivamente cotizadas al mismo a
través de diferentes empresas, se logra demostrar que el trabajador cumple con
los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990,  tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-Improcedencia por no cumplir con los requisitos legales para acceder
a la pensión de invalidez, por cuanto las cotizaciones de manera interrumpida
no permiten consolidar el derecho bajo ninguna normativa posible
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, AL MINIMO VITAL Y A LA
VIDA DIGNA-Orden a Fondo de Pensiones reconocer
pensión de invalidez
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, AL MINIMO VITAL Y A LA
VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones reconocer pensión
de invalidez
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Orden a Colpensiones para reconocer indemnización conforme a las
reglas
Referencia: Expedientes acumulados:
T-4478561 (Germán Vélez Cárdenas).
T-4491269 (Carlos A. Arévalo
Jaramillo).
T-4535468 (Boris Obed Pérez Gutiérrez).
T-4538765 (Manuel S. Villalba Urbina).
T-4539990 (Zulma Noha Guzmán Ayala).
T-4540903 (Iván Escobar Vásquez).
T-4544352 (Edgar Pozada Acosta).
T-4551538 (Luis C. Gualtero Rodríguez).
T-4558851 (Vespaciano S. Rodríguez S.).
T-4567772 (Otoniel Guerra Motta).
T-4568487 (Henry Henao Orozco).
T-4515097 (Marino Alirio Otero Cobo).
T-4519620 (Nixon Rafael De la Rosa R.)
T-4522641 (Jorge Eliécer Siabato
Castro).
T-4527213 (Atanacio Rodríguez
Castillo).
T-4529388 (Mónica Gómez Valdivieso).
T-4531271 (Lina María Flórez Ospina).
T-4532129 (Idalia María Arce Guerrero).
T-4575377 (Amanda Aterhotúa Zapata)
Asuntos: (i) Reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez, calificación de la pérdida de capacidad laboral,
determinación de la fecha de estructuración; (ii) Pensión de vejez y la no
prescripción de la misma y; (iii) pensión invalidez magisterio.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y Martha Victoria Sáchica Méndez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos
33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos dictados por los
respectivos jueces de instancia, dentro de los asuntos de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591, la Sala Número 10 de Selección de
Tutelas de la Corte Constitucional, mediante Auto del seis (6) de octubre de
2014, resolvió seleccionar para revisión los procesos de tutela T-4.515.097,
T-4.519.620, T-4.522.641, T-4.527.213, T-4.529.388, T-4.531.271 y T-4.532.129 y
ordenó acumularlos entre sí para ser fallados en una misma sentencia, por
presentar unidad de materia.
Posteriormente, la misma Sala de Selección, mediante
Auto del veinte (20) de octubre de 2014, escogió para revisión los expedientes
T-4.478.561, T-4.491.269, T-4.535.468, T-4.538.765, T-4.539.990, T-4.540.903,
T-4.544.352, T-4.551.538, T-4.558.851, T-4.567.772 y T-4.568.487; ordenó
acumularlos al Expediente T-4.515.097 por presentar unidad de materia, para que
fueran decididos en una misma providencia.
Así mismo la Sala Sexta de Revisión mediante Auto del 20
de febrero de 2015, ordenó acumular los anteriores casos al Expediente
T-4.575.377 para ser fallados en una misma sentencia al encontrar que tenían
identidad en los hechos, fundamentación y pretensiones.
Breve reseña
fáctica.
Los expedientes
seleccionados y acumulados tienen como eje central el reconocimiento y pago de pensiones
de invalidez y de vejez, donde los accionantes solicitan la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad (art. 13), a la seguridad social (art. 48)
y al mínimo vital (art. 53) contenidos en la Constitución Política.
De los diecinueve
(19) asuntos acumulados, dieciséis (16) versan sobre el derecho a la pensión de
invalidez en diferentes regímenes, los otros tres solicitan el reconocimiento
de la pensión de vejez.
Con el fin de
desarrollar con suficiencia cada uno de los asuntos puestos a consideración de
la Sala, la parte dogmática se desarrollará en un solo bloque. No obstante, se
hará referencia expresa a las diferencias puntuales que se puedan desprender
del estudio realizado a cada uno de los expedientes.
Identificación
de los asuntos objeto de revisión
En el siguiente cuadro se enuncia el número de radicación de cada
expediente, el nombre del accionante y la identificación de las entidades
accionadas.
Núm.
Expediente
Accionante
Accionandos
1
T-4478561
Germán Vélez Cárdenas
Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
2
T-4491269
Carlos A. Arévalo Jaramillo
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
3
T-4535468
Boris Obed Pérez Gutiérrez
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
4
T-4538765
Manuel S. Villalba Urbina
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
5
T-4539990
Zulma Noha Guzmán Ayala
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
6
T-4540903
Iván Escobar Vásquez
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín.
7
T-4544352
Edgar Pozada Acosta
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES- y
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima.
8
T-4551538
Luis C. Guatero Rodríguez
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
9
T-4558851
Vespaciano S. Rodríguez S
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
10
T-4567772
Otoniel Guerra Motta
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
11
T-4568487
Henry Henao Orozco
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
12
T-4515097
Marino Alirio Otero Cobo
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
13
T-4519620
Nixon Rafael De la Rosa Rolong
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
14
T-4522641
Jorge Eliécer Siabato Castro
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
15
T-4527213
Atanacio Rodríguez Castillo
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
16
T-4529388
Mónica Gómez Valdivieso
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
17
T-4531271
Lina María Flórez Ospina
Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
18
T-4532129
Idalia María Arce Guerrero
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
19
T-4575377
Amanda Aterhotúa Zapata
Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones –COLPENSIONES-.
1. Expediente T-4.478.561
El señor Germán Vélez Cárdenas, incoó acción de tutela contra la AFP
Protección S.A., al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida digna y a la seguridad
social, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que
aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que en la actualidad cuenta con 55 años de edad, se encuentra desempleado y en estado
de indefensión debido a su enfermedad cardíaca.
2. Indicó que se
encuentra afiliado a la AFP Protección S.A., desde el 1º de marzo de 2005,
hasta la fecha, cotizando a dicho fondo alrededor de 112 semanas, lo que sumado
a las cotizaciones realizadas con anterioridad al ISS (desde 1976), equivale a
un total de 699, 71 semanas.
3. Manifestó que
el mes de diciembre de 2013, presentó una patología cardíaca que le dejó como
secuela una marcada limitación funcional, de tal manera que desde esa fecha no
ha podido volver a laborar.
4. Adujo que
como consecuencia de su enfermedad solicitó la calificación de su pérdida de
capacidad laboral, la cual fue realizada por la Aseguradora SURA, quien lo
calificó con un 59.18% de PCL, precisando que la misma es de origen común y la
fecha de estructuración fue fijada el 1º de agosto de 2013.
5. Por lo
anterior solicitó ante la AFP Protección S.A., el reconocimiento de la pensión
de invalidez, la cual fue negada por cuanto el afiliado sólo cotizó 34.91
semanas de las 50 que se exigen en los tres últimos años anteriores a la fecha
de estructuración de la invalidez.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que al momento de resolver su asunto, se tenga
en cuenta el principio de la “condición más beneficiosa” el cual ha sido
aplicado tanto por la Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, como por la
Corte Constitucional, en casos similares.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira CFCG admitió la
tutela, remitió copia de la misma a la accionada con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la AFP PROTECCIÓN S.A.
La AFP accionada señaló que no ha vulnerado los derechos del
accionante por cuanto sus actuaciones están sometidas al imperio de la ley, y
en el presente asunto, el señor Vélez Cárdenas no cumple con el requisito
legal de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez. Indicó que no se
puede reconocer su prestación sin el lleno de los requisitos exigidos, toda
vez que atentaría contra la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Sentencia de primera instancia
El 21 de marzo de 2014, el Juzgado Primero Penal Municipal de
Pereira CFCG, negó las pretensiones del accionante al considerar que no se
cumple con los requisitos legales para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez; por cuanto no se cotizaron en los últimos tres años anteriores
al echo causante de la invalidez, las cincuenta semanas que exige el artículo
1º de la Ley 860 de 2003.
Impugnación
La anterior decisión fue impugnada por el accionante, al considerar
que el a quo no analizó la obligatoriedad del precedente
jurisprudencial en lo que se refiere al principio de la condición más
beneficiosa.
Sentencia de Segunda instancia
En sentencia del 12 de mayo de 2014, el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Pereira, confirmó la decisión impugnada, al considerar que sobre
la aplicación del principio de la condición más beneficiosa existe un amplio
debate jurisprudencial, donde existen cambios bruscos de precedentes y
decisiones contradictorias. Atendiendo a lo anterior, conminó al accionante
para que acuda a la jurisdicción ordinaria en busca de un fallo favorable a
sus pretensiones.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
señor Germán Vélez Cárdenas.
b.    Copia del dictamen de la pérdida de capacidad laboral y su
respectiva notificación por parte de la aseguradora Suramericana.
c.
Solicitud del reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez.
d.    Negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez.
e.
Historia laboral del accionante.
f.
2. Expediente T-4.491.269
La señora Myriam Jaramillo Torneros, actuando como agente oficiosa
de su hijo Carlos Andrés Arévalo Jaramillo, impetró acción de tutela contra la
AFP Porvenir S.A., al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida digna y a la seguridad
social, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que
aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que su hijo cotizó al sistema de seguridad social de manera ininterrumpida
desde el 2 de enero de 2012, hasta la fecha de interposición de la tutela.
2. Indicó que su
hijo fue calificado por la Aseguradora Alfa S.A. determinando que su pérdida de
capacidad laboral asciende al 78.25%, fue de origen común y se fijó como fecha
de estructuración el once de octubre de 2012.
3. Manifestó que
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue
negada por Porvenir S.A., al señalar que el señor Arévalo Jaramillo sólo había
cotizado 38 semanas, en los últimos tres años con anterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez.
4. Adujo que
según una certificación de la historia laboral del accionante, se encuentra que
el mismo cotizó 60 semanas entre el mes de octubre de 2012 y diciembre de 2013.
B. Solicitud
de tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional, desde
el momento en que cumplió los 180 días de incapacidad, teniéndole en cuenta
todas las semanas cotizadas por su empleador Servicios Postales Nacionales 472.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Pereira CFCG admitió la
tutela, remitió copia de la misma a la accionada con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la AFP PORVENIR S.A.
La AFP accionada señaló que no ha vulnerado los derechos del
accionante por cuanto sus actuaciones se ajustan a las exigencias legales, y
en el presente asunto el señor Arévalo Jaramillo no cumple con el requisito
legal de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez.
Sentencia de primera instancia
El 1º de abril de 2014, el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de
Bogotá CFCG, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que
existen otros medios alternativos de defensa. Como lo es acudir ante la
jurisdicción laboral.
Impugnación
La anterior decisión fue impugnada por la accionante, al
considerar que el a quo no tuvo en cuenta la jurisprudencia reiterada
por la Corte Constitucional, al momento de inaplicar por inconstitucional el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por cuanto una persona joven, en la mayoría
de las veces no alcanza a cotizar 50 semanas, entre la fecha en  que inició
su primera relación laboral y el momento en que le ocurre el siniestro que
provocó su estado de invalidez.
Sentencia de Segunda instancia
En sentencia del 20 de mayo de 2014, el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Bogotá, confirmó la decisión impugnada, al considerar que el
asunto debatido es de rango legal; por tanto, hace impertinente e imposible
la procedencia tutelar.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor
Carlos Andrés Arévalo Jaramillo.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad laboral
y su respectiva notificación por parte de la aseguradora.
c.
Historia clínica del accionante.
d.
Certificados de incapacidades.
e.
Solicitud del reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez.
f.
Negativa del reconocimiento de la pensión de
invalidez.
g.
Historia laboral del accionante.
3. Expediente T-4.535.468
El señor Boris Obed Pérez Gutiérrez impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida digna y a la seguridad
social, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que
aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que es una persona de 63 años de edad, la cual sufrió un accidente en el año de
1983. Como consecuencia del mismo, le fue amputado su brazo izquierdo.
2. Indicó que
pese a esta minusvalía laboró y cotizó al ISS sin ningún impedimento durante
más de 20 años.
3. Manifestó que
sólo hasta el año 2007, comenzó a sentir molestias en el manguito rotador del
brazo derecho, situación que se hizo más gravosa en el año 2011, fecha en la
cual sintió la necesidad de retirarse de la vida laboral, ante la imposibilidad
de desarrollar alguna actividad lucrativa.
4. Adujo que
solicitó al ISS que calificara su pérdida de capacidad laboral, la cual fue
valorada en un 58.02%, fijándole como fecha de estructuración el 17 de febrero
de 1985.
5. Una vez
obtenida la calificación de su PCL, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez, la cual fue negada por cuanto no demostró haber
cotizado 150 semanas en los último seis años, ni 300 en cualquier tiempo, según
lo preceptuado en el artículo 5 del Acuerdo 224 de 1996, modificado por el
acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984 y demás normas
concordantes.
6. Por último
precisó que logró cotizar al ISS 1.082, 19 semanas, por lo que considera que
tiene derecho al pago de la prestación reclamada.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional
conforme lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la
Corte Suprema de Justicia.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Octavo Penal del Circuito CFC de Medellín, admitió la
tutela, remitió copia de la misma al ISS en Liquidación y a COLPENSIONES, con
el fin de que se pronunciaran sobre los hechos objeto de la acción
constitucional.
Contestación de la entidad accionada.
Ambas entidades guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
El 30 de mayo de 2014, el Juzgado Octavo Penal del Circuito CFC de
Medellín, denegó la acción de tutela, al considerar que existen otros medios
alternativos de defensa; como lo es acudir ante la jurisdicción laboral.
Impugnación
La anterior decisión fue impugnada por el accionante, al
considerar que no se puede someter a una persona inválida a las resultas de
un proceso laboral, el cual por su naturaleza y cuantía llegar hasta casación,
lo que implica largos años para que la sentencia quede debidamente
ejecutoriada. Ello implicaría negar el acceso a la salud del accionante
durante varios años y una afectación directa a su mínimo vital, teniendo en
cuenta que el mismo ha cotizado durante más de mil (1000) semanas, lo que
permite que el sistema financie su prestación.
Sentencia de Segunda instancia
En sentencia del 10 de julio de 2014, la Sala de Decisión
Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, confirmó la decisión
impugnada, al considerar que el asunto debatido debe ventilarse ante la
jurisdicción ordinaria laboral.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor
Boris Obed Pérez Gutiérrez.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación por parte del ISS.
c.
Historia Laboral del accionante.
d.
Copia de la Resolución Núm. 013914 del 17 de
mayo de 2012, mediante la cual el ISS niega la pensión de invalidez.
e.
Copia de la Resolución Núm. 042293 del 18 de
marzo, en la cual COLPENSIONES confirma la negativa del reconocimiento de la
pensión.
f.
Historia laboral del accionante.
4. Expediente T-4.538.765
El señor Manuel Salvador Villalba Urbina impetró acción de tutela
contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus
derechos fundamentales de petición, al mínimo vital, a la salud, a la vida
digna y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que es una persona de 62 años de edad, calificado con un 70.80% de pérdida de
la capacidad laboral, fijándole como fecha de estructuración de la invalidez el
11 de agosto de 2011, según dictamen Núm. 3706 del 20 de junio de 2012, emitido
por el ISS.
2. Indicó que no
cuenta con recursos o rentas propias con las cuales procurarse una congrua
subsistencia, que depende de las ayudas de familiares y amigos.
3. Manifestó que
elevó petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, la cual fue negada mediante Resolución Núm. 090373 del 10 de mayo
de 2013.
4. Adujo que
interpuso el recurso de reposición el cual fue resuelto mediante la Resolución
Núm. 209017 del 6 de agosto de 2013, confirmando la negativa en el
reconocimiento de la prestación.
5. Indica que
interpuso el recurso de apelación, el cual hasta la fecha de interposición de
la acción de tutela no había sido resuelto.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional
atendiendo a su situación de salud, económica y social.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Sexto Penal del Circuito CFC de Cartagena, admitió la
tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la entidad accionada.
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 13 de mayo de 2014, el Juzgado Sexto Penal del Circuito CFC de
Cartagena, tuteló el derecho fundamental de petición al accionante, sin hacer
referencia a los otros derechos presuntamente conculcados.
Impugnación
La anterior decisión no fue impugnada.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor
Manuel Salvador Villalba Urbina.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación por parte del ISS.
c.
Historia Laboral del accionante.
d.
Copia de la Resolución Núm. 090373 del 10 de
mayo de 2013, donde se le niega al accionante el reconocimiento de la pensión
de invalidez.
e.
Escrito en el que sustenta el recurso de
apelación.
5. Expediente T-4.539.990
La señora Zulma Noha Guzmán Ayala impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al
debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que se afilió al ISS desde el 1º de junio de 1986, cotizando al sistema para
los riesgos de invalidez, vejez y muerte, un total de 710 semanas hasta la
fecha.
2. Indicó que el
7 de febrero de 2013, la EPS Sanitas calificó a la accionante con una pérdida
de la capacidad laboral del 50.85%.
3. No estando
conforme con dicha calificación, acudió ante Medicina Laboral de COLPENSIONES,
la cual fijó su PCL en un 68.5%, la determinó como de origen común y fijo como
fecha de estructuración el 29 de septiembre de 1973, es decir desde el día de
su nacimiento.
4. Manifestó que
elevó petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, la cual fue negada mediante Resolución Núm. 134398 del 19 de
junio de 2013, aduciendo que la accionante no cotizó las semanas exigidas
legalmente, antes de la estructuración de la invalidez.
5. Adujo que
interpuso los recursos de la vía gubernativa. Ante el silencio de la entidad
accionada interpuso una primera acción de tutela con el fin de que se
resolvieran sus pretensiones. En esta ocasión fue amparado su derecho de
petición.
6. Indica que un
vez interpuesto el incidente de desacato, COLPENSIONES profirió la Resolución
núm. 290594 del 1º de noviembre de 2013, donde se confirmó la negativa del
reconocimiento de la pensión de invalidez.
7. Por último
indica que COLPENSIONES no tuvo en cuenta el esfuerzo realizado por la
accionante, quien si bien es cierto ha padecido una enfermedad degenerativa,
puso sin embargo, realizar varias actividades laborales, y que su hidrocefalia
severa se complicó en los últimos años.
Solicitud de
tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional
atendiendo a su situación de salud, económica y social, atendiendo que la misma
cotizó durante su vida laboral 710 semanas. En esa medida la fecha de
estructuración debe coincidir con la fecha de calificación y no con la de su
nacimiento.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Cali, admitió la
tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la entidad accionada.
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 28 de abril de 2014, el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de
Cali, denegó el amparo, al considerar que a la accionante le asisten otros
medios de defensa judicial.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada al considerar que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de invalidez, por cuanto la
accionante es un sujeto que merece protección especial por parte del juez
constitucional, atendiendo a la enfermedad que padece.
No obstante, el recurso de impugnación fue rechazado por el juez
de primera instancia, por cuanto fue presentado de manera extemporánea.
Sentencia de Segunda instancia
No hubo decisión.
Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación por parte de COLPENSIONES.
c.
Historia Laboral de la accionante.
d.
Copia de la Resolución Núm. 134398 del 19 de
junio de 2013, donde se le niega al accionante el reconocimiento de la pensión
de invalidez.
e.
Copia de la Resolución Núm. 290594 del 1º de
noviembre de 2013, donde se confirma la negativa al reconocimiento de su
pensión.
6. Expediente
T-4.540.903
El señor Iván Escobar Vásquez impetró acción de tutela contra la Sala
Dual de Decisión Laboral  de Descongestión del Tribunal Superior de  Medellín y
contra COLPENSIONES, al considerar que la entidad judicial y la administradora
de pensiones, vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, a la salud, a la vida digna, al debido proceso y a la seguridad social,
al negarle el reconocimiento y pago de la pensión por aportes a la que aduce
tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que nació el 10 de diciembre de 1947, es decir que cumplió la edad para
pensionarse (60 años) en el 2007.
2. Indicó que el
10 de diciembre de 2007, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión
por aportes,  al haber cotizado 1000 semanas en los sectores público y privado
y haber cumplido 60 años de edad.
3. El ISS
mediante Resolución Núm. 005811 del 29 de febrero de 2008, negó el derecho la
pensión de vejez, argumentando que el accionante sólo contaba con 1.057.86
semanas de cotización, y que según la Ley 797 de 2003, debió acreditar 1100
semanas para el año 2007 y 1.125 para el 2008.
4. Manifestó que
contra la decisión anterior interpuso los recursos de la vía gubernativa y el
ISS mediante Resolución Núm. 020792 del 31 de julio de 2008, confirmó la
negativa en el reconocimiento de la prestación por cuanto sólo tenía 1.034.57
semanas de cotización.
5. Indica que en
procura de alcanzar su derecho pensional, inició demanda laboral ordinaria ante
el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín. Dicha instancia le concedío el
derecho en los términos del decreto 758 de 1990, en concordancia con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicándole el régimen de transición.
6. Indicó que el
ISS interpuso el recurso de apelación y el Tribunal Superior de Medellín -Sala
Cuarta Dual de Descongestión laboral, revocó el fallo de primera instancia, al
considerar que el señor Escobar Vásquez, no cumplía con los requisitos exigidos
por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ni tampoco le era posible aplicarle
el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tal como lo ha venido sosteniendo la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
7. Señaló que al
conocerse de antemano la posición de la Corte Suprema de Justicia en lo que
respecta a la pensión por aportes, decidió desistir del recurso de casación,
toda vez que endicha instancia sería confirmada la negativa del reconocimiento
de su pensión.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional y, en
consecuencia, se revoque la Sentencia Núm. 333 del 17 de septiembre de 2012,
mediante la cual el Tribunal Superior de Medellín -Sala Laboral de
Descongestión- negó su derecho a la pensión de vejez por aportes, para que en
su lugar se ordene a COLPENSIONES emita una nueva resolución donde se le reconozca
y pague con efecto retroactivo la pensión a que haya lugar.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia asumió
el conocimiento de la acción de tutela y ordenó el correspondiente traslado a
las autoridades judiciales accionadas y a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciaran sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de COLPENSIONES
COLPENSIONES  solicitó declarar improcedente la tutela por cuanto
este no es el escenario propicio para conceder prestaciones laborales, máxime
cuando el peticionario ha agotado las vías judiciales que el Legislador puso
a su disposición.
El Tribunal accionado guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 2 de julio de 2014, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, denegó el amparo al considerar que el medio idóneo para atacar la
decisión del Tribunal era la casación, y que el accionante había desistido
del mismo, lo que no permite que por vía de tutela se pueda controvertir la
inconformidad con el fallo recurrido.
Impugnación
Esta decisión no fue impugnada.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
accionante.
b.
Copia de la historia laboral.
c.
Certificado de tiempos de servicio a las
Empresas públicas de Medellín.
d.
Copia de la Resolución Núm. 005811donde se niega
al accionante el reconocimiento de la pensión.
e.
Copia de los fallos proferidos por el Juzgado
Doce laboral del circuito de Medellín y por el Tribunal superior de esa misma
ciudad.
7. Expediente
T-4.544.352
El señor Edgar Pozada Acosta impetró acción de tutela contra la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima y contra COLPENSIONES,
al considerar que dichas entidades vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al debido proceso y a
la seguridad social. La primera por cuanto fijó la fecha de estructuración de
su invalidez sin tener en cuenta la totalidad de su historia clínica. La
segunda,  al negarle en tres ocasiones el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Indicó que
nació en el 23 de febrero de 1953, por lo que al fecha cuenta con 62 años de
edad.
2. Señaló que se
afilió al ISS desde el año 1985, cotizando a la fecha un total de 1671 días,
equivalentes a 238,71 semanas.
3. Manifestó que
sufre de una enfermedad mental que se ha vuelto crónica, trastorno afectivo
bipolar, lo que le ha ocasionado episodios psicóticos con violencia hacia
familiares y amigos, hasta el punto que ha sido necesaria la intervención de la
policía, para poder ingresarlo a un centro médico y poder ser sedado.
4. Adujo que el
29 de noviembre de 2009, fue internado en la Clínica los Remansos, hasta el 10
de diciembre de ese mismo año. A finales de enero de 2010 tuvo una nueva
recaída y fue internado en el Hospital Federico Lleras, por cuanto presentó un
nuevo episodio de hetero-agresividad. Nuevamente fue internado en la Clínica
los Remansos del 1º  al 16 de febrero de 2010, y la Clínica Federico Lleras del
9 al 23 de marzo de 2011.
5. Argumentó que
con ocasión de su enfermedad debió renunciar intempestivamente a su trabajo,
por cuanto los tratamientos con fuertes dosis de drogas, le dejaban sin fuerzas
ni ánimos para continuar con sus labores.
6. Señaló que en
octubre de 2012 inició el proceso de pérdida de capacidad laboral. El 6 de
marzo de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, le
dictaminó un 50% de PCL, por trastorno bipolar afectivo. Sin embargo,
manifiesta que al momento de señalar la fecha de estructuración de la misma, se
cometió un error, por cuanto se basaron en un concepto de un psiquiatra
adscrito al Hospital Federico Lleras Acosta, que data del 29 de agosto de 2011,
sin atender a que su episodio más crítico ocurrió el 9 de marzo de ese mismo
año.
7. Precisó que
si bien le concedieron el término de 10 días para interponer los recursos en
caso de no encontrarse de acuerdo con la calificación de  invalidez, en dicho
escrito no se dijo nada sobre la inconformidad con la fecha de estructuración,
lo que lo habilita para interponerlos en cualquier tiempo.
8. Indicó que
una vez interpuestos los recursos ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Tolima, ésta indicó que el dictamen se encuentra en firme, por
cuanto el recurso fue interpuesto de manera extemporánea, situación que no
permite modificar la fecha de estructuración de la invalidez.
9. Por último,
manifestó que el ISS ha proferido tres resoluciones (159342 del 29/06/13;
361845 del 19/12/13 y 174454 del 19/05/14) donde le niegan su derecho
pensional, por cuanto en la historia laboral no se acreditan 50 semanas
cotizadas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez, estimada para el 29 de agosto de 2011. Indica
que de haberse fijado el 29 de marzo de ese mismo año, tendría derecho a la
pensión de invalidez que reclama.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le ordene a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Tolima que emita un nuevo concepto de fondo,
donde se tenga en cuenta la totalidad de la historia clínica del accionante,
con el fin de que determine de manera precisa, la fecha de estructuración de la
invalidez. Una vez dictaminada objetivamente dicha fecha, se envíe a
COLPENSIONES el respectivo dictamen, con el fin de que se dé respuesta a la
solicitud de pensión por invalidez radicada por el señor Pozada Acosta.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Primero de Familia de Ibagué, admitió la tutela,
remitió copia de la misma a COLPENSIONES y al Junta Regional de Calificación,
con el fin de que se pronunciara sobre los hechos objeto de la acción
constitucional.
Contestación de las entidades accionadas
Ambas guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
El 2 de julio de 2014, el Juzgado Primero de Familia de Ibagué,
declaró improcedente el amparo, al considerar que el accionante no hizo uso
de los recursos en el tiempo propicio, dejando fenecer dicha oportunidad.
Adicionalmente consideró que al accionante le asisten otros medios de defensa
judicial, como lo es controvertir los actos administrativos a través de la
jurisdicción contencioso administrativa.
Impugnación
Esta decisión no fue impugnada.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
accionante.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación.
c.
Historia Laboral del accionante.
d.
Copia de las resoluciones que le negaron el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
e.
Copia de la Historia Clínica del accionante.
8. Expediente
T-4.551.538
La señora Beatriz Reyes Torres, obrando en calidad de agente
oficiosa de su compañero permanente Luis Carlos Gualtero Rodríguez, impetró
acción de tutela contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud,
a la vida digna, al debido proceso y a la seguridad social, al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que el señor Gualtero Rodríguez cotizó de manera interrumpida a diferentes
Cajas de Previsión Social  (ISS-CAJANAL, Caja de Previsión Municipal de los
municipios de Ibagué y Rovira) un total de 766 semanas, entre los años 1978 y
2011.
2. Indicó que el
22 de diciembre de 2011 la Junta Médica Laboral del ISS le dictaminó una
pérdida de capacidad laboral del 90.15%, fijando como fecha de estructuración
el 4 de octubre de 2006.
3. Con base en
el anterior dictamen, presentó el 13 de enero de 2012, el reconocimiento de la
pensión de invalidez, la cual fue negada mediante Resolución Núm. 1012260 del
15 de marzo de 2012, al no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 860
de 2003.
4. Contra la
anterior resolución se interpusieron los recursos de ley y ante la demora en la
contestación, se incoó una primera tutela, con el fin de que se garantizara su
derecho de petición, la cual fue resuelta favorablemente.
5. El recurso de
reposición fue resuelto mediante la Resolución 064930 del 16 de abril de 2013,
confirmando la negativa del reconocimiento pensional.
6. Indica que
pese a que se propuso el incidente de desacato, COLPENSIONES no ha resuelto el
recurso de apelación.
7. Por último
indica que su compañero se encuentra postrado en cama, que requiere la compañía
permanente de su esposa, lo que no le permite laborar. Indica que no cuentan
con bienes de renta y que sus hijos no han podido acceder al mercado laboral.
B. Solicitud
de tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca a su compañero el derecho
prestacional reclamado, bien sea de manera definitiva o transitoria, atendiendo
a su situación de salud, económica y social, teniendo en cuenta que el mismo
cotizó durante su vida laboral más de 766 semanas.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes CFC de
Ibagué, admitió la tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el
fin de que se pronunciara sobre los hechos objeto de la acción
constitucional.
Contestación de la entidad accionada.
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 9 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para
Adolescentes CFC de Ibagué, denegó el amparo, al considerar que la tutela no
es el medio idóneo para controvertir un acto administrativo.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada al considerar que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de invalidez, por cuanto la
accionante es un sujeto que merece protección especial por parte del juez
constitucional, atendiendo a la enfermedad que padece.
Señaló además, que el juez de tutela desconoció el precedente
jurisprudencial, desarrollado, tanto por la Corte Suprema de Justicia, como
por la Corte Constitucional en lo que se refiere al principio de la condición
más beneficiosa, la cual permite inaplicar el requisito de las 50 semanas de
cotización exigido por la Ley 860 de 2003, en los casos en que se demuestre
haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo, según lo estipulado en el
decreto 758 de 1990, para aquellas personas que fueron afiliadas al ISS con
anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de
Responsabilidad Penal Para Adolescentes, mediante providencia del 13 de junio
de 2014, decidió confirmar el fallo del a quo bajo el entendido de que
no se cumple con los requisitos legales por parte del accionante para ser
beneficiario de la prestación que reclama.
C. Pruebas
a.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación por parte de COLPENSIONES.
b.
Historia Laboral de la accionante.
c.
Certificación de la relación laboral sostenida
por el accionante con la Alcaldía del municipio de Rovira-Tolima-.
d.
Certificación de la relación laboral sostenida
por el accionante con la Alcaldía del municipio de Ibagué.
e.
Certificación de la relación laboral sostenida
por el accionante con la Contraloría General de la República.
f.
Certificación de la Red de Solidaridad Social donde
consta que el accionante y su núcleo familiar están registrados como población
desplazada.
g.
Declaración extra juicio de convivencia de la
señora Beatriz Reyes Torres y el señor Luis Carlos Gualtero Rodríguez.
h.
Registro civil de nacimiento de sus tres hijos.
i.
Copia de la Resolución Núm. 101260 del 15 de
marzo de 2012, donde se le niega al accionante el reconocimiento de la pensión
de invalidez.
j.
Escrito donde se interponen los recursos de
reposición y apelación en contra de la resolución que negó la prestación.
k.
Copia de la Resolución Núm. 064930 del 16 de
abril de 2013, donde se resuelve el recurso reposición y se confirma la
negativa del reconocimiento de su pensión.
9. Expediente
T-4.558.851
El señor Vespaciano Segundo Rodríguez Sanjuan impetró acción de
tutela contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, FIDUPREVISORA S.A., Secretaría de
Educación del Distrito de Santa Marta, al considerar que dichas entidades,
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la
salud, a la vida digna, al debido proceso y a la seguridad social, al negarle
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que aduce tener
derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que cuenta con 48 años de edad, y que tiene a cargo su núcleo familiar
compuesto por su esposa y dos hijos menores de edad, 16 y 4 años
respectivamente.
2. Indicó que su
ocupación ha sido maestro de bachiller, fue inscrito en el escalafón docente
teniendo como último ascenso al grado 9º.
3. Manifestó que
su último traslado fue al Instituto Educativo Distrital Normal Superior María
Auxiliadora, donde prestó sus servicios educativos, en el área de Tecnología e
Informática, desde el 11 de abril de 2006, hasta el 3 de mayo de 2011, fecha en
que fue declarado insubsistente.
4. Relató  que
desde el año 2005 venía presentando molestias lumbares, las cuales fueron
atendidas por los médicos especialistas encargados de suministrar la atención
en salud a los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, quienes le diagnosticaron Protusión Disco Osteofitaria
Paramedial Izquierda en la L4-L5 y Abombamiento Disco Osteofitario en L5-S1.
5. Adujo que
dicha patología se fue agravando al punto que en el año 2010 fue hospitalizado
por más de 15 días, donde además le diagnosticaron artritis reumatoide.
6. Indica que
ante las persistentes incapacidades que interferían con sus funciones como
docente, se hizo valorar por el área de salud ocupacional, la cual determinó
que su patología es de carácter irreversible, lo que amerita recomendaciones de
carácter permanente.
Por lo anterior,
mediante oficios radicados el 31 de mayo de 2010,  11 de febrero de 2011 y 7 de
julio de 2011,  puso en conocimiento del Secretario de Educación del Distrito
de Santa Marta, su delicado estado de salud, el cual se iba agravando
progresivamente, solicitándole que le respetara su derecho a la estabilidad
laboral reforzada. Al respecto, afirma que no recibió contestación a sus
escritos.
7. De otra
parte, desde el año 2009 la Comisión Nacional del Servicio Civil abrió
convocatoria a concurso de méritos  para acceder  a cargos de docente y
directivos en la ciudad de Santa Marta. Entre ellos se ofertó el cargo en el
área de informática (cargo que ocupaba el accionante).
8. El distrito
de Santa Marta mediante Resolución Núm. 1845 del 1º de julio de 2011, decidió
declarar insubsistente al señor Vespaciano Segundo Rodríguez Sanjuan,
argumentando que su nombramiento se había realizado en provisionalidad y debía
ser remplazado por un docente de la lista de elegibles. Ello sin importar el
delicado estado de salud del accionante, el cual estaba en espera de la
calificación de la pérdida de capacidad laboral. Aun así, fue despedido sin realizarle
el examen médico de que trata la Resolución 2346 de 2007, expedida por el
Ministerio de Protección Social.
9. Solicitó
reintegro a su cargo, toda vez que al estar retirado de su trabajo iba a perder
la cobertura en salud, lo que ponía en riesgo inminente su vida. Pese a que solicitó
la intervención del Ministerio Público en su asunto, no obtuvo respuesta.
10. El 25 de
agosto de 2011 fue citado por el área de salud ocupacional para ser calificada
su pérdida de la capacidad laboral. El resultado se lo notificaron el 29 de
agosto del mismo mes y año, allí se pudo concluir que padece un 96% de
incapacidad total y permanente, se determinó como fecha de estructuración el 13
de febrero de 2007. Lo anterior debido a la patología ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, Y DISCOPATÍA DISCAL LUMBAR, enfermedad que
lleva a un deterioro progresivo de la movilidad y que a pesar del tratamiento y
las indicaciones médicas, hasta el momento no se conoce cura para la
enfermedad.
11. El
accionante inició una primera acción de tutela solicitando el reintegro,
mientras se realizaban los trámites tendientes al reconocimiento y pago de su
pensión de invalidez. El juez de primera instancia ordenó el reintegro, pero el
ad quem lo revocó.
12. El 12 de
diciembre de 2011, el accionante radicó ante la Secretaría de Educación del
Distrito de Santa Marta, los documentos para tramitar su pensión.
13. La
FIDUPREVISORA S.A. se percató de que al accionante le calificaron su PCL cuando
ya estaba desvinculado del servicio como docente, aunque pudo constatar que al
mismo le hacían seguimiento, por parte de salud ocupacional del servicio médico
del magisterio, desde el mes de mayo de 2010 hasta el 25 de agosto de 2011,
fecha en que fue calificada su invalidez. No obstante, mediante Resolución Núm.
00234 del 11 de mayo de 2012, se le niega el reconocimiento de la pensión, por
cuanto la calificación de invalidez se le realizó cuando ya había sido retirado
del servicio.
14. Ante la falta
de contestación al reconocimiento de su pensión de invalidez,  interpuso una primera
tutela que fue declarada improcedente, en ambas instancias,  por cuanto no
había transcurrido el término de cuatro meses que tiene la administración para
resolver las solicitudes de pensión.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional la protección transitoria o definitiva, de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la salud y vida
digna, a la seguridad social y al mínimo vital. En consecuencia solicitó que se
ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
FIDUPREVISORA S.A. y a la Secretaría de Educación de Santa Marta, que procedan,
respectivamente, a autorizar y expedir el acto administrativo en el cual se
reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez del señor Rodríguez
Sanjuan.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Para Adolescentes de Santa Marta,
admitió la tutela, remitió copia de la misma al Ministerio de Educación
Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
FIDUPREVISORA y a la Secretaría de Educación Distrital de Santa Martha, con
el fin de que se pronunciara sobre los hechos objeto de la acción
constitucional.
Contestación de las entidades demandadas.
La Secretaría de Educación de Santa Marta después de reconocer los
extremos de la relación laboral (2003-2011), solicitó que se declare
improcedente la acción de amparo, por cuanto no se cumplió con el requisito
de inmediatez.
Por su parte el Ministerio de Educación precisó que la entidad
llamada al pago de la prestación es la FIDUPREVISORA S.A., por tanto solicita
ser desvinculado de la acción de tutela.
Las demás entidades guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Para Adolescentes, mediante
proveído del 24 de abril de 2014, resolvió tutelar los derechos fundamentales
a la salud, seguridad social, dignidad humana y mínimo vital del accionante,
ordenó el reintegro, hasta tanto sea reconocida la pensión de invalidez y la
inclusión en nómina del señor Rodríguez Sanjuan. Para ello  consideró que se
debía tener como fecha de estructuración de invalidez la de calificación
(29/08/2011)  y no la de estructuración (13/02/2007), toda vez que para ésta
última el accionante se encontraba vinculado al magisterio.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada por parte de la Secretaría de
Educación Distrital y la FIDUPREVISORA S.A. Como argumento principal solicita
que se indague sobre la posible temeridad en que incurrió el accionante;
señaló además que el fallo debe ser revocado por cuanto ésta sólo se limitó a
cumplir con los mandatos legales en el trámite de la referida pensión. Por su
parte el Fondo de Prestaciones alegó que no tiene competencia para expedir
actos administrativos que reconozcan prestaciones económicas, toda vez que
esa función recae en la Secretaría de Educación. Señalaron que al accionante
le asisten otros medios de defensa judicial, donde debe controvertir los
actos administrativos que negaron su pensión.
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Superior de Santa Marta, revocó el fallo del a quo
al considerar que el accionante debió agotar los otros medios de defensa que
tenía a su alcance. Adicionalmente consideró que no está probado el perjuicio
irremediable.
C. Pruebas relevantes.
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Copia de los registros civiles de nacimiento de
los hijos del accionante.
c.
Copia del certificado laboral.
d.
Copia de la Resolución Núm. 0696.
e.
Copia del acta de posesión.
f.
Copia de la Resolución Núm. 0159 de 1986.
g.
Copia de la Resolución Núm. 0220 de 2006.
h.
Copia de la Resolución Núm. 0895 de 2011.
i.
Copia de la historia clínica.
j.
Concepto de salud ocupacional
k.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral.
l.
Copia de sentencias judiciales de tutelas.
m.  Copia de oficios dirigidos a la secretaría de Educación de Santa
Marta, en diferentes fechas.
10.
Expediente T-4.567.772
El señor Otoniel Guerra Motta impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al
debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que nació el 20 de marzo de 1966, a la fecha cuenta con 48 años de edad.
2. Indicó que de
acuerdo con su historia clínica cuando tenía 7 años tuvo antecedentes de
poliomielitis, situación que generó alguna deformidad en sus hombros
bilaterales.
3. manifestó que
realizó aportes al ISS desde el año 1997 hasta el año 2013, alcanzando a
cotizar 690 semanas al sistema general de pensiones.
4. Argumentó que
el 24 de mayo de 2013, Medicina Laboral de COLPENSIONES, lo calificó con 62.84%
de pérdida de capacidad laboral, de origen común y fijándole como fecha de
estructuración el 17 de marzo de 1974.
5. Con base en
el anterior dictamen, elevó petición de reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez ante COLPENSIONES, la cual fue negada mediante Resolución Núm. 149473
del 25 de junio de 2013, aduciendo que la accionante no cotizó 150 semanas en
los últimos 6 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, es
decir, antes de 1974, año en el cual el accionante tenía 7 años de edad.
6. Adujo que
COLPENSIONES pasó por alto que sí cumple con el requisito de tener 300 semanas
cotizadas en cualquier tiempo.
7. Por último
precisa que la fecha de estructuración de invalidez ocurrió en el año 2013, ya
que en dicho año fue que perdió de manera real y efectiva su capacidad laboral,
toda vez que su enfermedad degenerativa le obligó a cesar en el desempeño de
cualquier actividad productiva.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho a la pensión de
invalidez, atendiendo a su situación de salud, económica y social. En
consecuencia, que se deje sin efectos las Resoluciones GNR 149473 del 25 de
junio de 2013 y GNR del 27 de enero de 2014, mediante las cuales se negó su
derecho prestacional, para que en su lugar se ordene la expedición de un nuevo
acto administrativo donde se reconozca el derecho a su pensión.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Civil del Circuito de Purificación-Tolima, admitió la
tutela y remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la entidad accionada.
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 29 de mayo de 2014, el Juzgado Civil del Circuito de
Purificación, denegó el amparo, al considerar que a la accionante le asisten
otros medios de defensa judicial.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada al considerar que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de invalidez, por cuanto el
accionante es un sujeto que merece protección especial por parte del juez
constitucional, atendiendo a la enfermedad que padece.
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Superior de Ibagué, mediante proveído del 1º de agosto
de 2014, confirmo el fallo del a quo al considerar que los presuntos
derechos del accionante se encuentran en discusión y, por tanto, corresponde
a la jurisdicción laboral ordinaria dirimir el asunto.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Registro civil de nacimiento.
c.
Reporte de semanas cotizadas.
d.
Resolución Núm. GNR 149473 del 25 de junio de
2013.
11.
Expediente T-4.568.487
El señor Henry Henao Orozco impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al
debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez o la pensión anticipada de vejez, a la que aduce tener
derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que en el mes de mayo del año 2009 cumplió 55 años de edad y para esa misma
fecha ya contaba con más de 1000 semanas cotizadas al sistema general de
pensiones.
2. Indicó que el
27 de junio de 2011, el ISS le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del
64.48%, señalando como fecha de estructuración el 13 de mayo de 1954, fecha en
que nació el accionante.
3. Precisó que
una vez en firme el referido dictamen procedió a reclamar ante COLPENSIONES el
reconocimiento de la pensión anticipada de vejez, toda vez que cumplía con los
requisitos legales exigidos para tal fin.
4. Manifestó que
en el año 2012 le notifican la Resolución Núm. 4129, donde le niegan el derecho
a la pensión de invalidez, basándose en la fecha de estructuración.
4. Adujo que
interpuso los recursos de la vía gubernativa argumentando que no había
solicitado una pensión de invalidez, sino la de vejez anticipada por invalidez,
que es una figura prestacional diferente a la primera.
5. Indica que
mediante Resolución GNR 235417 del 18 de septiembre de 2013, le confirmaron la
negación en el reconocimiento del derecho prestacional reclamado, por cuanto no
tenía la densidad de cotización necesaria antes de la fecha de estructuración
de la invalidez, es decir antes de su nacimiento.
B. Solicitud
de tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional
atendiendo a su situación de salud, económica y social, atendiendo que la misma
cotizó durante su vida laboral 710 semanas. En esa medida la fecha de
estructuración debe coincidir con la fecha de calificación y no con la de su
nacimiento.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, admitió la
tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la entidad accionada.
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 24 de junio de 2014, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cali, denegó el amparo, al considerar que a la accionante le asisten otros
medios de defensa judicial.
Impugnación
Esta decisión no fue impugnada.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación por parte de COLPENSIONES.
c.
Historia Laboral de la accionante.
d.
Copia de la Resolución Núm. 235417 donde se le
niega al accionante el reconocimiento de la pensión de invalidez.
e.
Copia de la Resolución Núm. 24983, donde se
confirma la negativa al reconocimiento de su pensión.
12.
Expediente T-4.515.097
El señor Marino Alirio Otero Cobo impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al
debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que para el día 5 de septiembre de 1994, tenía cotizadas 500 semanas al ISS,
durante los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad necesaria
para pensionarse, es decir 60 años.
2. Indicó que el
anterior hecho lo hace merecedor del reconocimiento de la pensión de vejez de
que trata el Decreto 758 de 1990.
3. Manifestó que
en el año 2013 solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento de su pensión de
vejez, pero la misma fue negada mediante Resolución GNR 219370 del 29 de agosto
de ese mismo año. Negación que fue confirmada por la Resolución GNR 039807 del
14 de febrero de 2014, al desatar los recursos de la vía gubernativa.
4. Indica que su
situación de salud es grave toda vez que padece de cáncer de próstata, no
cuenta con bienes de renta y carece de cualquier medio que le permita llevar
una vida digna a sus 80 años de edad.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional
atendiendo a su situación de salud, económica y social, toda vez que para el
año 1994 ya tenía causado su derecho prestacional.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado 32 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá,
admitió la tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de
que se pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la entidad accionada
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 22 de mayo de 2014, el Juzgado 32 Penal del Circuito de
Conocimiento, declaró improcedente el amparo, al considerar que a la
accionante le asisten otros medios de defensa judicial. Sin embargo, concedió
el amparo del derecho de petición, ordenando que se resolviera el recurso de
apelación.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada argumentando que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de vejez ya causada, por
cuanto la accionante es un sujeto que merece protección especial por parte
del juez constitucional, atendiendo a su edad (80 años) y la enfermedad que
padece (cáncer de próstata).
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Superior de Bogotá –Sala Penal- mediante proveído del
10 de julio de 2014, confirmó el fallo del a quo con idénticos argumentos.
C. Pruebas
a.
Historia Laboral de la accionante.
b.
Historia clínica del señor Otero Cobo
c.
Copia de la Resolución Núm. 219370 del 29 de
agosto de 2013, donde se le niega al accionante el reconocimiento de la pensión
de vejez.
d.
Copia de la Resolución Núm. 39807 del 14 de
febrero de 2014, donde se confirma la negativa al reconocimiento de su pensión.
13.
Expediente T-4.519.620
El señor Nixon Rafael de la Rosa Rolong impetró acción de tutela
contra COLFONDOS, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al debido
proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Adujo
que venía laborando para la empresa Ladrillera S.A. mediante contrato a término
fijo desde el año 2006, hasta el momento en que se presentó su invalidez.
2. Señaló que
estuvo afiliado al ISS donde realizó cotizaciones efectivas por más 200
semanas.
3. Indicó que el
10 de septiembre de 2010 se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A., donde cotizó a
través de su empleador, para el riesgo de pensión, hasta el año 2014.
4. Precisó que
el día 6 de septiembre de 2012 sufrió trauma por herida de fuego, lo que
produjo una pérdida de la capacidad laboral del 76%, fijándosele como fecha de
estructuración ese mismo día.
5. Manifestó que
elevó petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLFONDOS S.A. Dicha entidad le informó que remitió su petición a la
aseguradora con la que tiene contratada la póliza previsional por invalidez y
sobrevivencia. De igual forma le comunicó que se está validando la historia
laboral ante COLPENSIONES con el fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos legales.
6. Adujo que
COLFONDOS negó el reconocimiento de la pensión bajo el argumento de que sólo se
habían cotizado 48 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez.
7. Indicó que su
ex empleador envió a COLFONDOS las planillas de autoliquidación, las cuales dan
cuenta de que en ese mismo período (06/09/2009-06/09/2012) se cotizaron más de
95 semanas.
8. Por último,
argumentó que COLFONDOS S.A. mantiene su posición de negar la pensión, hasta
tanto COLPENSIONES traslade los aportes que se realizaron en su favor en el
régimen de prima media con prestación definida.
B. Solicitud
de tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional. En
consecuencia, que se ordene a COLFONDOS S.A. pagar la pensión de invalidez y a
COLPENSIONES que traslade sin dilación los aportes realizados por los distintos
empleadores que cotizaron a su favor.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barranquilla, admitió la tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES y a
COLFONDOS S.A. con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos objeto de
la acción constitucional.
Contestación de las entidades accionadas
La AFP COLFONDOS S.A. solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela, toda vez que el litigio aquí planteado es de rango legal.
Indicó que no le asiste obligación alguna de reconocer la pensión por cuanto
el accionante no cuenta con las 50 semanas exigidas por la Ley 860 de 2003,
ya que sólo cuenta con 48. Adicionalmente consideró que este tipo de debates
deben resolverse ante la jurisdicción laboral.
COLPENSIONES guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 11 de abril de 2014, el Juzgado Noveno Administrativo de
Barranquilla, denegó el amparo, al considerar que a la accionante le asisten
otros medios de defensa judicial.
Impugnación
Esta decisión no fue impugnada.
C. Pruebas
a.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación.
b.
Historia Laboral parcial del accionante
(noviembre 2011-abril de 2014).
c.
Copia de la comunicación en la que COLFONDOS le
niega al accionante el reconocimiento de la pensión de invalidez.
d.
Copia de la objeción presentada por la
aseguradora al pago de la prestación.
14.
Expediente T-4.522.641
El señor Jorge Eliécer Siabato Castro impetró acción de tutela
contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida
digna, al debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que es una persona de 65 años de edad, el cual se afilió al ISS desde el año
1973, cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, hasta el 3 de
abril de 2013.
2. Indicó el 19
de junio de 2009, solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual
fue negada mediante Resolución 6061 del 20/12/2010, por no reunir las mil (1.000)
semanas de cotización; sólo tenía 970.
3. Comenzó
entonces a cotizar nuevamente hasta completar 1022 semanas a comienzos del año
2012. Realizó entonces el requerimiento del pago de la prestación, pero esta
vez se la negaron mediante resolución 2012680031161 argumentando que no tenía
las semanas requeridas, esta vez no le tuvieron en cuenta el servicio público
prestado desde el 1º de octubre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1995.
4. Manifestó que
interpuso los recursos de la vía gubernativa los cuales fueron resueltos
negativamente mediante Resolución GNR 343867 del 6 de diciembre de 2013,
después de que una tutela amparara su derecho de petición,
4. Adujo que
esta vez la negativa se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos para
ser beneficiario del régimen de transición, toda vez que no había cotizado 750
semanas tal como lo exige el Acto Legislativo 01 de 2005.
5. Indica que su
actual estado de salud no le permite realizar actividad económica alguna con la
cual procurar el sustento a su núcleo familiar.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le garantice el goce de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, reconozca su derecho a la pensión de vejez.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, admitió la
tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la entidad accionada
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 27 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Manizales denegó el amparo, al considerar que a la accionante le asisten
otros medios de defensa judicial.
Impugnación
Esta decisión no fue impugnada.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Registro Civil de nacimiento.
c.
Historia Laboral de la accionante.
d.
Certificado de tiempos públicos laborados para
el Departamento de Caldas.
e.
Copia de la Resolución Núm. 6061 del 20 de
diciembre de 2010, mediante la cual  se niega un derecho pensional.
f.
Copia de la Resolución Núm. GNR 020740 del 2 de
marzo de 2013, donde se niega, nuevamente, el reconocimiento de la pensión de
vejez.
g.
Copia de la Resolución Núm. GNR 343867 del 6 de
diciembre de 2013.
h.
Historia clínica.
15.
Expediente T-4.527.213
El señor Atanacio Rodríguez Castillo impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al
debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que se afilió al ISS desde el 6 de noviembre de 1974, cotizando para los
riesgos de invalidez, vejez y muerte hasta el año 1994. Posteriormente volvió a
cotizar del año 2011 al 2014.
2. Indicó que
sufrió una enfermedad de origen común que le produjo una pérdida de la
capacidad laboral del 85.92%, se fijó la fecha de estructuración el 30 de
agosto de 2009, tal como se prueba en la calificación realizada por el equipo
de Medicina Laboral de COLPENSIONES.
3. Manifestó que
elevó petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, la cual fue negada mediante Resolución Núm. GNR 150610 del 25 de
junio de 2013, aduciendo que el accionante no allegó el dictamen mediante el
cual se declaró su invalidez.
4. Adujo que
interpuso los recursos de la vía gubernativa y anexó nuevamente el dictamen que
calificó su pérdida de capacidad laboral.
5. Indica que
COLPENSIONES profirió la Resolución Núm. GNR 287242 del 30 de octubre de 2013,
donde se confirmó la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez. En
esta ocasión se argumentó que el accionante no contaba con las 50 semanas de
cotización en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de
la invalidez.
6. Por último
indica que COLPENSIONES no tuvo en cuenta que para el mes de septiembre de
1994, el señor Rodríguez Castillo ya había cotizado 1013.14 semanas para los
riesgos de invalidez, vejez y muerte.
7. Precisa que
su situación económica es precaria, no tiene bienes ni rentas que le permitan
procurarse una existencia digna.
B. Solicitud
de tutela
El accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho a la pensión de
invalidez, atendiendo a que en su vida laboral cotizó más de 1.128 semanas.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Sexto Laboras del Circuito de Bogotá, admitiíó la
tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la entidad accionada
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 31 de julio de 2014, el Juzgado Sexto laboral del Circuito,
denegó el amparo, al considerar que el accionante no cumple con los
requisitos exigidos por la Ley 860 de 2003. Precisó además que no se le puede
aplicar el principio de la condición más beneficiosa por cuanto la fecha de
estructuración es del año 2009, cuando ya estaba en vigencia el artículo 1º
de la referida ley.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada al considerar que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
al no dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa. Tampoco
tuvo en cuenta que se han cotizado más de 1128 semanas al sistema general de
pensiones, lo que sin duda permite financiar su prestación.
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 29 de
agosto de 2014, confirmó el fallo del a quo al considerar que el
peticionario no reúne los requisitos legales para ser beneficiario de la
pensión de invalidez.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral y su respectiva notificación por parte de COLPENSIONES, el cual data
del 28 de febrero de 2013.
c.
Historia Laboral de la accionante.
d.
Copia de la Resolución Núm. GNR 150610 del 25 de
junio de 2013, donde se le niega al accionante el reconocimiento de la pensión
de invalidez.
e.
Copia de la Resolución Núm. GNR 287242 del 1º de
noviembre de 2013, donde se confirma la negativa al reconocimiento de su
pensión.
16. Expediente
T-4.529.388
La señora Mónica Valdivieso Gómez, a través de apoderado judicial,
impetró acción de tutela contra COLPENSIONES, al considerar que dicha
administradora vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, a la salud, a la vida digna, al debido proceso y a la seguridad social,
al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que aduce
tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que la accionante padece de una enfermedad mental que progresivamente le fue
mermando su capacidad laboral, hasta el punto que el día 13 de abril de 2011,
el Médico Psiquiatra que conoce de su padecimiento conceptuó: “presenta
trastorno mental severo de tipo enfermedad bipolar que la discapacita para
realizar cualquier actividad personal, familiar, social, laboral, jurídica o
compromiso económico, necesitando de un adulto que vele permanentemente por su
condición de salud y manutención”.
2. Indicó que el
16 de mayo de 2011, la EPS CONFENALCO calificó a la accionante con una pérdida
de la capacidad laboral del 55.46%.
3. De igual
manera, acudió ante Medicina Laboral de COLPENSIONES, la cual fijó su PCL en un
61.75%, la determinó como de origen común y fijó como fecha de estructuración
el 30 de julio de 1998; fecha en la cual la accionante no había iniciado su
historia laboral y por ende no había realizado cotizaciones al sistema general
de pensiones.
4. Manifestó que
el 11 de septiembre de 2013, elevó petición de reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez ante COLPENSIONES, la cual fue negada mediante Resolución
Núm. GNR 246149 del 3 de octubre de 2013, aduciendo que la accionante no
alcanzó a cotizar 26 semanas en el último año con anterioridad a la
estructuración de la invalidez.
4. Adujo que de
su acudiente (padre de la accionante) solicitó un nuevo concepto de psiquiatría
especializada, el cual aclara en la historia de la evolución de la enfermedad
“que la paciente ha venido en un deterioro FUNCIONAL APROXIMADAMENTE DESDE
EL AÑO 2012, año en el cual la paciente empezó a mostrar signos de
autoagresión y grave inestabilidad emocional, previamente la enfermedad no
comprometía de manera tan marcada su funcionamiento”.
5. Indica que la
fecha de estructuración asignada no corresponde con la realidad, toda vez que
la fija en el año 1998, fecha en la cual comienzan a darse algunos síntomas de
la patología, pero que no la invalida de forma definitiva, como sí ocurrió en
el año 2012.
B. Solicitud
de tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho a la pensión de
invalidez, teniendo en cuenta que la fecha de estructuración de la misma, debe
coincidir con el momento en que se perdió de manera definitiva y permanente la
capacidad para laborar.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Tercero Laboral de Cali, admitió la tutela, remitió
copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se pronunciara sobre los
hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la AFP Protección S.A.
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 15 de mayo de 2014, el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de
Cali, denegó el amparo, al considerar que COLPENSIONES aplicó en debida forma
el contenido normativo que rige la pensión reclamada por la accionante. En
consecuencia, no se vislumbra la vulneración de los derechos fundamentales
que se reclaman.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada al considerar que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de invalidez en al cual
existen serios reparos a la fecha de estructuración fijadas por las entidades
encargadas de la calificación, las cuales además son las encargadas de
reconocer y pagar la prestación.
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Superior del distrito Judicial de Cali, mediante
proveído del 3 de julio de 2014, confirmó el fallo del a quo, l considerar
que la accionante no interpuso los recursos en contra de los dictámenes que
se pretenden desconocer a través de la tutela.
C. Pruebas
a.
Informe de evolución médica del mes de abril de
2011
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral proferido por CONFENALCO el 16 de mayo de 2011.
c.
Calificación de la pérdida de la capacidad
laboral expedida por COLPENSIONES.
d.
Historia Laboral de la accionante.
e.
Copia de la Resolución Núm. GNR 246149, la cual
niega el reconocimiento de la pensión de invalidez.
f.
Historia de la evolución de la enfermedad
certificada por psiquiatría especializada.
17.
Expediente T-4.531.271
La señora Lina María Flórez Ospina impetró acción de tutela contra
la AFP PROTECCIÓN S.A., al considerar que dicha administradora vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida
digna, al debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló que es una paciente con VIH, que fue calificada con el 79.45%
de pérdida de capacidad laboral.
2. Indicó que el
10 de abril de 2013, solicitó ante la AFP Protección S.A. el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez.
3. Precisó que
el 26 de octubre de 2013, el referido fondo de pensiones negó el derecho
invocado, por cuanto no cumplía con el requisito de las 50 semanas de
cotización en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración, ya
que sólo alcanzó a realizar aportes de 0.5 (cero punto cinco) semanas en el
período comprendido entre el 8 de septiembre de 2004 y el 7 de septiembre de
2007, siendo esta última fecha en la que se estructuró la invalidez.
4. Manifestó que
el no reconocimiento de la prestación pone en riesgo su vida digna ya que es
una persona ciega, que necesita de la compañía permanente de familiares y
amigos para poder valerse.
4. Adujo que si
bien no alcanzó a cotizar el tiempo requerido por la ley antes de la
estructuración de la invalidez, cuenta con 66.29 semanas de aportes a su cuenta
de ahorro individual.
5. Por último
indica que laboró en varias partes pero que sus patronos no le realizaron las
cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social.
Solicitud de
tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho a la pensión de
invalidez.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Cuarto Penal Municipal CFCG, admitió la tutela, remitió
copia de la misma a la AFP PROTECCIÓN S.A., con el fin de que se pronunciara
sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la AFP Protección S.A.
La AFP precisó que la negativa al reconocimiento de la pensión se
basó en el incumplimiento de los requisitos legales por parte de la
accionante, toda vez que sólo cotizó 0.05 semanas en los últimos tres años
con anterioridad a la fecha de estructuración.
Consideró entonces que lo pretendido por la señora Flórez Ospina
no tiene asidero legal, toda vez que de reconocer una pensión a una persona
que no cumple con el número mínimo de semanas exigido por la ley, haría
insostenible el sistema pensional.
Sentencia de primera instancia
El 1º de abril de 2014, el Juzgado Cuarto Penal Municipal CFCG de
Medellín, negó el amparo por improcedente, al considerar que a la accionante
no logró demostrar el cumplimiento de los requisitos legales para adquirir el
derecho a la pensión.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada bajo el argumento de que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de invalidez, cuando se
trata de personas con VIH.
Sentencia de Segunda instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito CFC, mediante sentencia del
12 de mayo de 2014, confirmó el fallo del a quo argumentando que la
accionante no acreditó de manera objetiva, clara, cierta e indiscutible el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley 860 de
2003.
Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Copia del dictamen de la pérdida de capacidad
laboral.
c.
Historia Laboral de la accionante.
d.
Copia de los oficios donde la AFP PROTECCIÓN
niega el reconocimiento de la pensión de invalidez.
18.
Expediente T-4.532.129
La señora Idalia María Arce Guerrero impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al
debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que se afilió al ISS desde el 1º de junio de 1998, estuvo cotizando para los
riesgos de invalidez, vejez y muerte, hasta el 31 de mayo de 2011, alcanzando
un total de 621.29 de aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
2. Indicó que el
grupo de Medicina laboral del ISS la calificó con una pérdida de la capacidad
laboral del 65.19%, fijándole como fecha de estructuración el 5 de agosto de
1958, esto es cuando tenía 7 años de edad.
3. Manifestó que
padece de INSUFIENCIA RENAL CRÓNICA, EPILEPSIA E HIPERTENSIÓN.
4. Adujo que
elevó petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, el 31 de marzo de 2011, la cual fue negada mediante Resolución
Núm. 032247 del 25 de noviembre de 2011, aduciendo que la accionante no cotizó
las semanas exigidas legalmente, antes de la estructuración de la invalidez, ACLARANDO
QUE LAS SEMANAS COTIZADAS CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA NO PUEDEN SER TENIDAS
EN CUENTA PARA EFECTOS DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA.
4. Señala  que
ante las afujías económicas que padecía, asesorada por una abogada que
desconocía del derecho a la seguridad social, recibió la indemnización
sustitutiva de la pensión en cuantía de $ 3.112.715 (tres millones ciento doce
mil setecientos quince pesos).
5. Por último,
argumentó que tiene más de 62 años, que su esposo es una persona mayor que ella
y que también presenta serios quebrantos de salud, y tampoco recibe pensión
alguna, ni pública ni privada.
B. Solicitud
de tutela
La accionante
solicitó al juez constitucional que le reconozca su derecho prestacional
atendiendo a su situación de salud, económica y social, reconociendo que la
misma cotizó durante su vida laboral 621.29 semanas. Argumentó que la fecha de
estructuración debe coincidir con el momento en que pudo realizar sus últimos
aportes, es decir en el año 2011.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Once Oral Administrativo de Medellín, admitió la
tutela, remitió copia de la misma al ISS-COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la AFP Protección S.A.
Las entidades guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
El 30 de abril de 2014, el Juzgado Once Oral Administrativo de
Medellín, negó el amparo, al considerar que a la accionante le asisten otros
medios de defensa judicial, que no cumple con los requisitos legales para
obtener la pensión de invalidez, además por cuanto ya reclamó al indemnización
sustitutiva de la pensión.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada al considerar que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de invalidez, por cuanto la
accionante es un sujeto que merece protección especial por parte del juez
constitucional, atendiendo a la enfermedad que padece.
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia –Sala De
Oralidad- confirmó el fallo del a quo al considerar que la accionante
no controvirtió el acto administrativo que le fijó como fecha de
estructuración de la invalidez el 5 de agosto de 1958. De igual manera al
haber recibido la indemnización sustitutiva de la pensión, no tiene derecho a
reclamar la pensión de invalidez, por considerarse que ya se realizó un pago
definitivo.
C. Pruebas
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
b.
Historia clínica.
c.
Historia Laboral de la accionante.
d.
Copia de la Resolución Núm. 032247 del 25 de
noviembre de 2011.
e.
Carta del Consorcio Colombia Mayor.
19.
Expediente T-4.575.377
La señora Amanda Atehortúa Zapata impetró acción de tutela contra
COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al
debido proceso y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
1. Señaló
que nació el 5 de agosto de 1944, es decir que para la fecha cuenta con más de
70 años de edad.
2. Indicó que su
vida laboral transcurrió como empleada de servicio doméstico en varias casas de
familia, pero que sólo la afiliaron al Seguro Social en el año de 1998;
posteriormente siguió cotizando a través del Fondo de Solidaridad Pensional
–Consorcio Prosperar- hasta el año 2009, fecha en que fue desafiliada por haber
cumplido los 65 años.
3. Manifestó que
desde el año 2005, ha venido consultando al médico por sus problemas de
hipoacusia sensorial bilateral, sintomatología que se agravó en el año 2009,
tal como se desprende de su historia médica.
4. Adujo que fue
remitida al especialista en el año 2011 y después de varias valoraciones en las
cuales se recomendó el suministro de audífonos, la Junta Regional de Invalidez
mediante dictamen del 7 de marzo de 2012, la calificó con el 51.21% de pérdida
de capacidad laboral, fijándole como fecha de estructuración el día 28 de
octubre de 2011.
5. Argumentó que
con dicha calificación se dirigió a COLPENSIONES a solicitar el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez. Sin embargo, la entidad respondió que la
señora Atehortúa Zapata no tenía derecho a la pensión de vejez reclamada.
6. Precisó que a
través de una primera acción de tutela logró que COLPENSIONES le diera
respuesta de fondo a su solicitud en materia de pensión de invalidez, pero la
misma fue negada por no cumplir con los requisitos señalados en la Ley 860 de
2003, por cuanto no contaba con 50 semanas de cotización en los últimos tres
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
7. Manifestó que
ante la negativa en el reconocimiento de la prestación, acudió al consultorio
jurídico de la Universidad de Antioquia, donde después de haberse realizado un
estudio interdisciplinario (facultades de medicina y de derecho) de su caso, se
recomendó a COLPENSIONES que hiciera una nueva valoración en lo que respecta a
la fecha de estructuración de invalidez de la accionante, al considerar que el último
examen de hipoacusia bilateral severa realizado a la señora Atehortúa Zapata,
no  corresponde a la fecha real en que se estructuró la invalidez.
8. COLPENSIONES
respondió que sólo calificaría nuevamente a la accionante si una orden judicial
así lo determinaba, de lo contrario dejaría en firme el concepto ya emitido.
9. Por último
insiste en que de tomarse como fecha de estructuración el momento en el cual
fue remitida al especialista (21 de julio de 2011), cumpliría con los
requisitos exigidos por la Ley 860 de 2003 y, en esa medida, tendría derecho a
la pensión de invalidez que reclama.
B. Solicitud
de tutela
La accionante
solicitó al juez el reconocimiento su derecho prestacional atendiendo a su
situación de salud, económica y social, toda vez que depende de su hijo, quien
devenga un salario mínimo y debe responder además de su madre por sus dos
menores hijos. Lo anterior sin desconocer que la misma cotizó durante su vida
laboral 403 semanas al sistema. En esa medida, la fecha de estructuración debe coincidir
con aquella en que fue enviada al médico especialista, toda vez que allí fue
donde se agravó de manera considerable su enfermedad.
Las actuaciones en sede de tutela pueden resumirse de la siguiente
manera:
Actuación procesal
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, admitió la
tutela, remitió copia de la misma a COLPENSIONES, con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción constitucional.
Contestación de la AFP Protección S.A.
La entidad guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 24 de abril de 2014, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Medellín denegó el amparo por improcedente, al considerar que a la accionante
le asisten otros medios de defensa judicial.
Impugnación
Esta decisión fue impugnada al considerar que el a quo
desconoció el precedente en materia de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata del reconocimiento de una pensión de invalidez, por cuanto la
accionante es un sujeto que merece protección especial por parte del juez
constitucional, atendiendo a la enfermedad que padece. Adicionalmente señaló
que en su caso se dejaron de valorar pruebas, concretamente su historia
clínica que da cuenta de que la fecha de estructuración de su invalidez es anterior
a la fijada en la calificación realizada por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia.
Sentencia de Segunda instancia
El Tribunal Superior de Medellín declaró la nulidad de todo lo
actuado y ordenó vincular a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia, la cual se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela por
cuanto consideró que no había vulnerado los derechos fundamentales invocados
por la accionante.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito, mediante nueva sentencia
del 16 de julio de 2014, denegó las pretensiones de la señora Atehortúa
Zapata, con los mismos argumentos esbozados en la sentencia del 24 de abril
de 2014.
En esta segunda oportunidad, no se presentó escrito de
impugnación.
Pruebas
a.
Copia de la Resolución GNR 154065 del 26 de
junio de 2013.
b.
Copia de la historia laboral expedida por
COLPENSIONES.
c.
Copia de la Historia Clínica de la accionante.
d.
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Atehortúa Zapata.
e.
Copia de la remisión hecha por el Consultorio de
Seguridad Social Integral de la Universidad de Antioquia, solicitando la
recalificación de la accionante.
f.
Copia de la respuesta dada por COLPENSIONES a la
remisión hecha por la citada universidad.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
2.1.
Competencia.
La  Sala Sexta
de Revisión de Tutelas es competente para dictar sentencia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los
artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.2. Problema
jurídico
Con el fin de
solucionar las controversias suscitadas, esta Sala de Revisión entrará a
resolver los siguientes problemas jurídicos:
En lo que
respecta a las pensiones de invalidez:
i)
¿Atentan los fondos de pensiones contra los postulados constitucionales
que rigen la seguridad social de los trabajadores, cuando desconocen el
principio de la condición más beneficiosa, en materia pensional,
anteponiéndoles como eje rector la sostenibilidad financiera del sistema?
ii)
¿Desconocen las entidades accionadas los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, quienes además son sujetos de especial
protección constitucional,  al negárseles el reconocimiento de la pensión de
invalidez, bajo los argumentos de que los mismos no cumplen con los requisitos
exigidos en el artículo 1º de la ley 860 de 2003, especialmente al no poder
demostrar cotizaciones iguales o superiores a 50 semanas dentro de los últimos
tres años anteriores a la fecha de estructuración, pese a que en su vida
laboral, realizaron cotizaciones significativas al sistema general de
pensiones?
iii)
¿De igual manera, se desconocen los derechos fundamentales de los
accionantes cuando las entidades encargadas de realizar, en primera instancia,
la calificación de la pérdida de capacidad laboral, las que son a su vez las
obligadas al reconocimiento y pago de la prestación, fijan una fecha de
estructuración de la invalidez que no corresponde con la realidad fáctica de la
historia clínica de los cotizantes?
iv)
¿Vulneran las administradoras de fondos de pensiones los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, cuando un trabajador por
desconocimiento de la norma, invoca el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, siendo que en realidad tiene derecho al pago de la pensión anticipada
de vejez por invalidez y, la entidad encargada de reconocer la prestación, sólo
realiza el estudio de lo pedido por el cotizante, obstaculizándole el acceso a
la seguridad social, a sabiendas de que le asiste otro derecho pensional?
v)
¿Incurren los fondos administradores de pensiones en conductas
vulneradoras de los derechos invocados por los tutelantes cuando exigen
requisitos contenidos en la ley de pensiones, pero que a la luz de los
postulados superiores aparecen  abiertamente inconstitucionales?
vi)
¿Lesionan los fondos de pensiones los derechos fundamentales de
los accionantes al negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez,
hasta tanto el fondo anterior al que se hallaba vinculado el trabajador,
traslade los aportes realizados en favor de éste?
En lo que se refiere a las pensiones de vejez, se abordarán los
siguientes problemas jurídicos:
i)
¿Desconoce la Administradora Colombiana de
Pensiones, los derechos fundamentales de los accionantes, al no permitir la
acumulación de los tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales en
calidad de trabajador dependiente, junto con aquellos que fueron prestados a
entidades públicas pero que no realizaron aportes al régimen de prima media?
ii)
¿Se vulneran los derechos fundamentales de un
cotizante al sistema de pensiones, cuando éste ha causado su derecho
prestacional, pero por desconocimiento no acude prontamente a reclamar su
derecho, y cuando lo hace se lo niegan porque ha existido un cambio legal en la
materia, o porque le desconocen su régimen de transición, argumentando que su
derecho se encuentra prescrito?
Con el fin de dar solución a los diferentes problemas jurídicos
planteados,  esta Sala reiterará acerca de los siguientes tópicos: i)
Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones
sociales, especialmente las referidas a la pensión de invalidez y de vejez; ii)
el derecho a la seguridad social y su carácter fundamental. Reiteración de jurisprudencia;
iii) el contenido normativo y jurisprudencial que rige la pensión de invalidez,
requisitos legales para acceder a la misma; iv) el principio de favorabilidad y
la condición más beneficiosa; v) fecha de estructuración en forma retroactiva
del estado de invalidez de personas que padecen enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas. Reiteración de jurisprudencia; vi) Pensión
anticipada de vejez, diferencia con la pensión de invalidez; vii) protección
constitucional e internacional a las personas con discapacidad; viii) protección
especial a los jóvenes que reclaman su pensión de invalidez; ix) el régimen de
transición, la no prescripción de la pensión y la acumulación de tiempos
públicos y privados para alcanzar el derecho a la pensión de vejez, por último;
x) se resolverán los casos concretos.
2.3. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de
prestaciones sociales, especialmente las referidas a la pensión de invalidez.
2.3.1. Como lo
ha señalado esta Corporación, la acción de tutela es un mecanismo
constitucional de carácter excepcional, orientado a la protección directa,
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas,
cuando aquellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares, en los casos definidos por la ley.
Con fundamento
en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con reiterada
jurisprudencia constitucional[1],
el carácter subsidiario de la acción de tutela se traduce, por regla general,
en su improcedencia cuando existe otro medio de defensa judicial. En esta
línea, se ha considerado que en el caso del reconocimiento o restablecimiento
de derechos pensionales, la acción de tutela no es la vía judicial apropiada
para reclamar su protección, toda vez que dicho asunto es de competencia de la
jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa, según el caso, en
tanto se requiere la valoración de aspectos litigiosos de naturaleza legal que
escapan a la órbita del juez de tutela.
2.3.2. Sin
embargo, de manera excepcional esta Corte ha reconocido y ordenado pagar
derechos pensionales por vía de tutela, aún en presencia de otros medios de
defensa judicial, cuando se advierte que de tal reconocimiento depende la
protección de otros derechos, fundamentales por naturaleza propia. Esta
situación es especialmente frecuente en el caso de la pensión de invalidez, la
cual se ha considerado que “goza de una garantía constitucional reforzada
cuando está en juego el mínimo vital de su titular y el de su núcleo familiar”.
2.3.3. Con base
en lo anterior, esta Corte ha venido aceptando que el derecho a la pensión de
invalidez es, en sí mismo, un derecho fundamental. Al respecto ha precisado:
“Cuando la pensión de invalidez adquiere relevancia constitucional
por su relación directa con la protección de derechos fundamentales tales como
el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, al trabajo o la
igualdad,[2] su reconocimiento y pago sí pueden ser reclamados mediante el
ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.[3]
Considerados estos factores, el derecho a la pensión de invalidez
adquiere el carácter de derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de
personas que por haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, no
pueden acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en
la única fuente de ingresos con la que cuentan para la satisfacción de sus
necesidades básicas y las de su familia, así como para proporcionarse los
controles y tratamientos médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a
dichos individuos en un completo estado de indefensión y vulnerabilidad que
hace indispensable la adopción de medidas urgentes para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable."
Lo anterior obliga que al momento de efectuar el análisis de procedibilidad,
el juez constitucional valore las circunstancias del caso concreto, determinando
la viabilidad de esta acción judicial excepcional. Para ello debe discernir
cuando el conflicto jurídico planteado trasciende el nivel legal, para
convertirse en un problema de carácter constitucional, caso en el cual la
protección por la vía de amparo es la adecuada[4].
2.3.4. También
ha sostenido la Corte que como consecuencia del estado de debilidad manifiesta
y de la especial protección que la Constitución Política brinda a ciertos
grupos de personas, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los
ancianos, las minorías étnicas o las personas que sufren de algún tipo de
discapacidad, el juicio de procedibilidad de la acción de tutela debe ser menos
estricto[5].
Por ello, cuando quien reclama la protección de sus derechos hace parte de uno
de estos grupos, la acción tutelar se someterá a reglas probatorias menos severas,
atendiendo directamente a la situación del afectado, más aún cuando las
condiciones personales de quien reclama la protección constitucional, permite
darle un trato especial[6].
De igual forma ha señalado esta corporación, que no es aceptable
someter a una persona, cuya debilidad sea manifiesta, al agotamiento de
actuaciones administrativas o judiciales de carácter ordinario, cuyo trámite y
complejidad procedimental, limiten su autonomía personal y su dignidad[7],
haciendo más gravosa su situación de vulnerabilidad.
2.3.5. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en los diecinueve
casos puestos a consideración de la Sala, todos los accionantes son personas
que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, bien sea por su condición
de invalidez o por ser adultos mayores, se puede concluir que la acción de
tutela procede en todos los asuntos.
2.4. El derecho
a la seguridad social y su carácter fundamental. Reiteración de
jurisprudencia.
2.4.1. Basado
en los principios de solidaridad, igualdad y universalidad, el derecho a la
seguridad social adquirió mayor desarrollo hacia la segunda mitad del Siglo XX[8], con positiva
evolución que condujo a su reconocimiento internacional como uno de los
derechos inmanentes de la persona, hasta el punto de haber sido incluida en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos[9]
y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales[10],
entre otros varios tratados.
Para la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la seguridad social es muy
importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias, y de toda la
sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento de cohesión
social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración
social”[11]
(Negrilla fuera del texto original).
El artículo
16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre estatuye: “Toda
persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios de subsistencia” (la negrilla es
nuestra).
El artículo 9° del Protocolo
Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”),
es del siguiente tenor: “Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona
tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de
la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 2. Cuando se trate de
personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá
al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes
de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia
retribuida por maternidad antes y después del parto.”
2.4.2. Inicialmente los
denominados derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales se
enmarca la seguridad social, apuntaban a la protección de la sociedad frente a
ciertas necesidades y contingencias de la vida humana e imponían a los Estados
obligaciones positivas o de hacer (ej. establecer la prestación del servicio
de salud para todos los habitantes), implicando, entre otras acciones, la
asignación de partidas presupuestales para su realización, condición que los situó
como derechos prestacionales, programáticos, no justiciables ni exigibles y en
consecuencia, primigeniamente, no fundamentales.
Así, en principio, se sostuvo la
tesis de la improcedencia general de la acción de tutela para la protección de
los derechos sociales, por no ser ellos fundamentales; sin embargo, la Corte
Constitucional colombiana reconoció que la rigidez de tal clasificación
presentaba dificultades y, por ello, estableció excepciones para la procedencia
cuando se trataba de proteger dichos derechos, toda vez que “podían ser
amparados por vía de tutela cuando se lograba demostrar un nexo inescindible
entre estos derechos de orden prestacional y un derecho fundamental, lo que se
denominó ‘tesis de la conexidad’[12]”[13].
Con todo, el patrón que definía
el carácter fundamental de un derecho era el tipo de obligación que imponía al
Estado y su clasificación como de “primera” o “segunda”
generación.
No obstante, como vienen
repitiendo la doctrina y la jurisprudencia nacional[14] e internacional, a través
de un estudio más profundo sobre la diferencia entre los derechos civiles y
políticos, y los económicos, sociales y culturales, se ha indicado que las
obligaciones positivas y negativas se pueden encontrar en cualquier tipo de
derecho, sin importar en cual categoría se sitúe[15]. Así “podría decirse
entonces que la adscripción de un derecho al catálogo de los derechos civiles y
políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales tienen un valor
heurístico, ordenatorio, clasificatorio, pero que una conceptualización más
rigurosa basada sobre el carácter de las obligaciones de cada derecho llevaría
a admitir un continuum de derechos, en el que el lugar de cada derecho esté
determinado por el peso simbólico del componente de obligaciones positivas o
negativas que lo caractericen” [16].
2.4.3. Bajo esa línea
argumentativa, la Corte Constitucional ha venido aceptando que el carácter
fundamental de un derecho lo otorga su consagración en la carta política,
debido a que todos los allí consignados son fruto del desarrollo de los
principios y valores en que se funda el Estado social de derecho[17], razón por la
cual la distinción que otrora se realizó, hoy resultaría superada.
Al ser los derechos
constitucionales fundamentales, se hacen exigibles en diferente grado y manera,
a través de diferentes mecanismos, debido a que su estatus superior los hace
ineludiblemente objeto de la formulación de las políticas públicas de cada
Estado.
2.4.4. Ahora bien, una cosa es el
carácter fundamental de los derechos y otra que todos ellos permitan su
protección directamente por la acción de tutela ya que, como refiere la cita
anterior, cada derecho tomará su lugar, en este caso su exigibilidad, según el
peso en mayor o menor grado de obligaciones que imponga al Estado, la
definición de dichas obligaciones y la relevancia constitucional que tengan.
El derecho a la seguridad social
presenta un fuerte contenido de deberes positivos, creándose para el Estado la
necesidad de realizar importantes erogaciones presupuestales para ponerlo en
marcha y promover, facilitar y extender su cobertura. Como esta Corte lo ha
expuesto, “esto supone que algunas veces sea necesario adoptar políticas
legislativas y/o reglamentarias para determinar específicamente las
prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a las mismas, las
instituciones obligadas a brindarlas y su forma de financiación, teniendo en
cuenta que se debe atender, de modo prioritario, a quienes más lo necesitan”.[18]
Así, el artículo 48 de la
Constitución Política de Colombia instituyó la obligatoriedad del servicio
público de la seguridad social, mandato desarrollado ampliamente en la Ley 100
de 1993 y en las disposiciones que la complementan y reforman, estableciéndose
en esa preceptiva las prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a
ellas.
En este entendido, creada legal y
reglamentariamente la estructura básica del sistema de seguridad social y
determinadas las diferentes facetas que desarrollan dicho derecho, su
protección por vía de tutela se sujeta a la revisión de los requisitos
generales de procedibilidad de este mecanismo constitucional.
2.4.5. Ahora bien, para reconocer
las situaciones fácticas en las que se debe encontrar quien aspire a que la
acción de tutela proceda en lo relacionado con una solicitud de pensión, debe
observarse, en primer lugar, que usualmente las personas que la reclaman son de
avanzada edad o se encuentran en estado de invalidez, y por tanto, están en circunstancias
de debilidad manifiesta (artículo 13 Superior, parte final).
Específicamente sobre el pago de
prestaciones económicas pensionales por esta vía, existe amplia jurisprudencia,
de la cual surgen las siguientes reglas:
(i)
Que el actor no cuente con otro medio idóneo de defensa
judicial diferente a la acción de tutela, aclarando que “la sola
existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba
ser denegada”[19].
La idoneidad del medio de defensa
debe ser verificada judicialmente en cada caso concreto, preguntándose si las
acciones disponibles protegen eficazmente derechos fundamentales de quien
invoca la tutela, sea como mecanismo transitorio o no[20], pues existen casos en que
los medios ordinarios de defensa pueden resultar insuficientes, especialmente
frente al estado de indefensión de algunas personas en circunstancia de
debilidad manifiesta, que no poseen otros medios de subsistencia diferentes a
la pensión.
En sentencia T-180 de marzo 19 de
2009, la Corte afirmó:
“… la acción
de tutela resulta procedente siempre que se demuestre la ineficiencia de dichos
medios ordinarios para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales
que se estiman vulnerados, para lo cual debe valorarse cada caso en particular,
dando un tratamiento especial a los sujetos de especial protección
constitucional, debido a que para ellos se exige un juicio de procedibilidad
menos riguroso y estricto.”
Esto quiere decir que cuando la
controversia jurídica verse sobre la legalidad del acto que niega el
reconocimiento de una pensión, se valorarán las especiales condiciones de la
persona (edad, capacidad económica, estado de salud, etc.), es decir, todo aquello
que permita deducir que el medio ordinario no resultaría idóneo para obtener la
protección de sus derechos.
(ii)
Que la tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable, que cause inminente violación a derechos fundamentales.
Cuando está en juego el
reconocimiento de una pensión, cabe resaltar que la evaluación del posible
perjuicio irremediable no es un ejercicio genérico, sino que es necesario
consultar las particularidades de cada caso, teniendo en cuenta factores que
evidencien ostensible debilidad.
(iii)
Que la falta de reconocimiento y/o pago de la pensión se origine en
actuaciones que, en principio, permitan desvirtuar la presunción de
legalidad de que gozan las actuaciones de las entidades administradoras del
servicio público de la seguridad social.
Esta Corte ha
reiterado que “en ciertos casos, cuando la conducta desplegada por las
entidades responsables del reconocimiento de derechos pensionales, resulta
evidentemente arbitraria e infundada al punto de que se configura una vía de
hecho administrativa, el mecanismo de amparo resulta procedente aun cuando no
se demuestre la afectación del mínimo vital, toda vez que en estos casos la
procedencia de la acción de tutela se fundamenta, en primer lugar, en la
necesidad de proteger al ciudadano de determinaciones abiertamente contrarias
al ordenamiento constitucional y, en segundo término, en la protección de los
derechos al debido proceso, igualdad, y el principio de dignidad humana de los
afectados”.[21]
(iv)
Que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales
y reglamentarios para el reconocimiento y/o pago de la pensión o que, sin
que ello se encuentre plenamente demostrado, exista razonable certeza respecto
de la procedencia de la solicitud[22].
(v)
Que a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional
que reclama, este hubiere sido negado[23].
Con base en lo anterior, el juez
constitucional siempre debe efectuar un estudio de procedencia, que
estrictamente mantendrá racionalidad con las reglas ya señaladas. Ello quiere
decir que la improcedencia tutelar en materia pensional, está lejos de ser una
regla absoluta.
2.4.6. Finalmente se reitera que
la seguridad social no es un simple derecho prestacional o programático, pues
es, además, el resultado de la idea de progreso universal de las sociedades y
del desarrollo internacional de valores jurídicos de gran trascendencia, como
la igualdad, la dignidad humana y la solidaridad, todos ellos presentes en el
estatuto superior.
2.5. Contenido normativo y
jurisprudencial que rige la Pensión de Invalidez.
2.5.1. Sobre
la pensión de invalidez, cabe anotar que si una persona se encontraba
trabajando y sufre una pérdida de su capacidad laboral, por enfermedad o
accidente, sus ingresos se reducirán consecuencialmente, en el entendido de que
la actividad laboral que realizaba era su único medio de subsistencia,
afectando de paso su mínimo vital, con la consecuente configuración de un
perjuicio irremediable.
Así lo ha
reconocido desde sus inicios la jurisprudencia constitucional, al afirmar que “la
pensión de invalidez representa para quien ha perdido total o parcialmente la
capacidad de trabajar y no puede por sí mismo proveerse de los medios
indispensables para su subsistencia, un derecho esencial e irrenunciable”[24].
De igual
manera esta Corporación ha catalogado como sujetos de especial protección a las
personas en situación de discapacidad, especialmente cuando solicitan una
pensión de invalidez[25].
En este sentido, la sentencia T-144 de 1995,  precisó:
“La condición de disminuido físico, sensorial o psíquico - que subyace
a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como presupuesto
del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez -, coloca a la persona
afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una
protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad
manifiesta.”
También se ha
resaltado la existencia de factores con los cuales la concesión y pago de la
pensión de invalidez adquiere un rango aún más sobresaliente, por su palmaria
relación con derechos esenciales como el mínimo vital, la seguridad social y la
vida digna, entre otros, realzándose así su carácter fundamental[26] y
permitiéndole al afectado pedir su protección por vía de tutela.
A la par de
lo anterior, cuando una entidad del sistema de seguridad social, se rehúsa a
reconocer la pensión de invalidez, a pesar de que la persona cumple los
requisitos constitucionales y legales previstos, podría estar incurriendo
adicionalmente en violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad,
lo cual así mismo hace procedente la acción de tutela, que es el medio idóneo
para la protección de dichos derechos fundamentales, más aun tratándose de evitar
un perjuicio irremediable, originado en la afectación al mínimo vital de quien
goza de especial protección constitucional en razón a su pérdida de capacidad
laboral.
2.5.2.
Evolución legislativa de los requisitos para el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a partir del Decreto 758 de 1990.
Los
requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez han variado
desde su creación. Originalmente el artículo 6° del Decreto 758 de 1990[27] exigía para
conceder la referida pensión: (i) estar en situación de invalidez[28] y (ii) haber cotizado para el Seguro 150 semanas dentro de los 6
años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o tener aportados al
sistema 300 semanas en cualquier época con anterioridad a la misma.
Posteriormente,
la Ley 100 de 1993 derogó el anterior precepto a partir del 1° de abril de
1994, cuando cobró vigencia, estableciendo en su artículo 39 que tendrían
acceso a dicha prestación quienes i) tuvieran una pérdida de capacidad laboral
igual o superior al 50%, y ii) cumplieran una de las dos condiciones: a) que
estuvieran cotizando al régimen y tuvieran aportes equivalentes a 26 semanas o
más al momento de estructurarse la enfermedad, o b) que acreditaran aportes
durante 26 semanas o más, en el año inmediatamente anterior.
Esta norma
fue modificada por la Ley 797 de 2003, en cuyo artículo 11 se crearon nuevos
requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Se estableció entonces que
el afiliado que hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral por
enfermedad común debía: i) acreditar 50 semanas de cotización en los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad, y ii) tener al
menos un 25% de cotizaciones al sistema, entre el momento en que cumplió 20
años de edad y la fecha de la primera calificación de la pérdida de capacidad
laboral (“fidelidad”). Esta norma fue declarada inexequible, debido a
vicios de procedimiento en su formación[29].
Por esta
razón, los requisitos fueron nuevamente modificados por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, disposición que i) disminuyó el porcentaje de fidelidad al
sistema del 25% al 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que el
afiliado cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación de la
invalidez; ii) extendió ese requisito al reconocimiento de la pensión de
invalidez originada en accidente de trabajo; iii) continuó con las 26 semanas
de cotización para afiliados menores de 20 años, y iv) estipuló en el parágrafo
2°, que “cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas
mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que
haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”.
Empero, dicho
artículo fue objeto de demanda de inconstitucionalidad[30], que fue resuelta mediante
el fallo C-428 de julio 1° de 2009, en el que la Corte analizó el principio de
progresividad[31],
entendido como una carga impuesta al Estado por la Constitución Política y por
diferentes instrumentos internacionales[32].
A partir de ello, declaró exequible el requisito referente al periodo de los
aportes al sistema, señalando que “si bien se aumentó el número de semanas
mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, de igual manera aumentó el plazo
para hacer valer las semanas de uno a tres años anteriores a la estructuración”
e inexequible la exigencia del 20% de fidelidad al sistema, que consideró
regresivo, pues hacía más difícil el acceso a la pensión de invalidez, especialmente
para las personas en situación de discapacidad.
Por ello, los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta tanto la
reforma como la parcial declaratoria de inexequibilidad del artículo 1° de la
Ley 860 de 2003, quedaron así:
“Ley 860 de 2003, Artículo 1°. El artículo 39 de la
Ley 100 quedará así:
Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma.
Parágrafo 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo
deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el
75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo
se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
Es así que,
el afiliado que cumpla cualquiera de los requisitos de los supuestos de hecho
previstos en la norma, puede acceder a la pensión de invalidez.
2.6. La
condición más beneficiosa y el principio de favorabilidad
2.6.1. El
principio de la condición más beneficiosa nace del artículo 53 de la
Constitucional Política, cuyo inciso final prescribe: “La ley, los
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. (Negrilla
fuera del texto).
2.6.2. En la sentencia
C-168 de 1995, la Corte precisó sobre este principio lo siguiente:
“La ‘condición más beneficiosa’ para el trabajador, se
encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de
favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel
constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada
caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a
quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando
una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales
del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es
deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que
resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente
formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en
legislador.”
En cuanto a
la consagración legal del principio de favorabilidad, la precitada sentencia
afirmó:
“El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21,
contempla el principio de favorabilidad, así: ‘En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable
al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad’; se
parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales
vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual
habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho
principio difiere del ‘in dubio pro operario’, según el cual toda duda ha de
resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un
precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite
distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al
trabajador.”
Respecto de
su aplicación en asuntos pensionales, la misma providencia explicó:
“En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en
materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe
al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de
constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una
de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales
que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y
en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado
trabajador.”
2.6.3. De
igual manera, en un caso concreto resulto por la jurisdicción ordinaria, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia aplicó normas más
benéficas en materia de pensión de invalidez. Es así como en la sentencia de
febrero 5 de 2008, Radicado 30.528, expuso:
“En efecto, las disposiciones que rigen el asunto y que le dan derecho
al actor a la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición
más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, son
los artículos 5° y 6° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del
mismo año. Ello es así, porque la demandante acreditó la disminución de su
capacidad laboral en un porcentaje superior al 50 %, y cotizó más de 300
semanas antes del 1º de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100
de 1993.
Los argumentos para concluir lo precedente están condensados en la
sentencia 24280, del 5 de junio de 2005, por lo que conviene de nuevo
reproducirlos.
‘… entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial
categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la
integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría
truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha
cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el
del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y
asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o
infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha
normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella
finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas
anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en
el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle
desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las
normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C. S. del
T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta
que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte,
no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe
o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento
(incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el
conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social,
con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y
a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente
previstas.
Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico
además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la
seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente… que,
de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de
cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el
derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la
lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una
modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas
cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su
grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios
del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad
hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los
aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.”
En el asunto de radicación 41.731,
en septiembre 21 de 2010, la Sala Laboral relacionó decisiones en las cuales se
ha aplicado esta doctrina a la pensión de invalidez:
“Vista la motivación de
la sentencia impugnada, el fallador de alzada estimó que el principio de la
condición más beneficiosa tiene aplicación tratándose de pensiones de
invalidez, y por consiguiente si el afiliado tiene satisfechas las semanas
exigidas en la legislación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, tendrá derecho al reconocimiento de esta prestación económica.
Así las cosas, la razón
está de parte del Tribunal, dado que en relación al tema propuesto, esta Sala
ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asuntos del mismo perfil y en
sentencia del 5 de julio de 2005 radicado 24280, reiterada en decisiones del
19, 25 y 26 de julio del mismo año, radicación 23178, 24242 y 23414
respectivamente, y más recientemente en fallo del 10 de julio de 2007 radicado
30085, rectificó el criterio que se venía acogiendo y por mayoría sostuvo que
para las pensiones de invalidez también tiene aplicación el principio de la
condición más beneficiosa, consistente en que pese a no alcanzarse a cotizar 26
semanas durante el año anterior al estado de invalidez, el hecho de tener el
afiliado un número considerable de semanas cotizadas, concretamente más de 300
en cualquier época, antes de la entrada en vigencia de la citada Ley 100, tiene
derecho a la citada pensión de invalidez; con lo cual quedan respondidos los
argumentos expuestos por la censura que no logran variar la postura actual de la
Corte.”
La Corte
Constitucional, también ha dado aplicación a los contenidos normativos del
artículo 53 Superior, desarrollando la obligación de protección laboral
reforzada a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, las
cuales no pueden quedar por fuera del sistema de seguridad social, mientras
existan previsiones normativas que les permitan acceder a la pensión de
invalidez, en aplicación de la condición más beneficiosa. Al respecto se pueden
ver, entre otras, las sentencias T-594 de 2011, T- 668 de 2011, T-298, T-595 y
T-1042 de 2012.
2.7. Estructuración
en forma retroactiva del estado de invalidez de personas que padecen
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. Reiteración de
jurisprudencia.
2.7.1. El artículo 48 de la Constitución Política consagra la
seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio y un derecho
fundamental irrenunciable, el cual debe prestarse en los términos que
establezca la ley. En desarrollo de esta norma constitucional, el legislador
expidió la Ley 100 de 1993, estableciendo el Sistema de Seguridad Social
Integral, dentro del cual se encuentra el Sistema General de Pensiones que
tiene por objeto garantizar a la población una protección frente a las
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
2.7.2. Respecto de las contingencias derivadas de la invalidez por
riesgo común,[33]
el Sistema General de Pensiones consagró el reconocimiento de una pensión para
aquellas personas que cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 39
de la citada ley y, para aquellos afiliados que al momento de la estructuración
de su invalidez no hubieren reunido los requisitos para adquirir esa
prestación, el Sistema estableció el reconocimiento de una indemnización
sustitutiva.
2.7.3. Ahora bien, es necesario analizar la jurisprudencia de la
Corte Constitucional respecto de los casos en los que la causa de la invalidez
de los trabajadores, se deriva de una enfermedad crónica, degenerativa o
congénita, en los que la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral
se establece en una fecha anterior al dictamen, pues en algunos casos, se ha
determinado que ese dictamen vulnera el derecho a la seguridad social y al
mínimo vital de los afiliados al Sistema.
2.7.4. Con ese fin, es pertinente indicar que la pérdida de
capacidad laboral se establece por medio de una calificación que realizan las
entidades autorizadas por la ley,[34]
a partir de tal dictamen se determina la condición de la persona, indicándose
el porcentaje de afectación producida por la enfermedad, en términos de
deficiencia, discapacidad, y minusvalía,[35]
de modo que se le asigna un valor a cada uno de estos conceptos, lo cual
determina un porcentaje global de pérdida de la capacidad laboral, el origen de
esta situación y la fecha en la que se estructuró la invalidez.[36]
2.7.5. El Decreto 917 de 1999, define la fecha de estructuración de
la invalidez como aquella “[…] en que se genera en el individuo una pérdida
en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes          clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación”.
2.7.6. Así, es posible que, en razón del tipo de enfermedad que dio
origen a la pérdida de la capacidad laboral, la fecha en que se fija la
estructuración del estado de invalidez sea anterior al momento del dictamen;[37] a pesar de que la persona haya
conservado sus capacidades funcionales y, en consecuencia, cotizado al sistema
de seguridad social con posterioridad a la fecha en que se declaró la pérdida
definitiva de su fuerza de trabajo. En estos eventos,
la Corte ha considerado que:
“existen casos en los que la fecha en que efectivamente una persona
está en incapacidad para trabajar, es diferente a la fecha que indica el
dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo anterior se presenta,
generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina
Frente a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que los
órganos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral, es decir las
Juntas de Calificación de Invalidez, establecen como fecha de estructuración de
la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la
que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la
enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de
capacidad laboral permanente
y definitiva[38] superior al 50%[39], tal y como establece el Manual
Único para la calificación de la invalidez – Decreto 917 de 1999-[40].
Esta situación genera una vulneración al derecho a la seguridad
social de las personas que se encuentran en situación de invalidez y han
solicitado su pensión para conjurar este riesgo, por cuanto, en primer lugar,
desconoce que, en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas,
la pérdida de capacidad laboral es gradual y por tanto la persona que sufre de
alguno de este tipo de padecimientos puede continuar desarrollando sus
actividades; en segundo lugar, no se tiene en cuenta las cotizaciones
realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez para
el reconocimiento de esta prestación, lo cual puede generar un enriquecimiento
sin justa causa por parte del fondo de pensiones al beneficiarse de los aportes
hechos con posterioridad a la estructuración para, luego, no tener en cuenta
este periodo al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el reconocimiento de la pensión.[41]
[…]
En este orden de ideas, cuando una entidad estudia la solicitud de
reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de
estructuración de la invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma
definitiva y permanente su capacidad laboral igual o superior al 50%  y, a partir
de ésta, verificar si la persona que ha solicitado la pensión de invalidez
cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable para el
caso concreto.”[42]
(Negrilla en texto original).
2.7.7. En desarrollo de lo anterior, las entidades encargadas de
determinar el estado de invalidez de una persona que padece una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, cuando establezcan la fecha de
estructuración de la invalidez, deben tener en cuenta que dicha fecha
corresponde al momento en el cual el afiliado al Sistema General de Pensiones
perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, ya que de lo
contrario, se estaría poniendo en riesgo los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de sujetos en condiciones de debilidad
manifiesta.
2.7.8. Esta posición fue asumida por la Corte en la sentencia T-561
de 2010, en la cual se estudió una acción de tutela interpuesta por una persona
que sufría una enfermedad mental de muy larga evolución, quien se afilió al
Sistema General de Pensiones desde julio de 1983 y había cotizado de manera
ininterrumpida por más de 21 años. Su enfermedad fue calificada con un
porcentaje de pérdida de su capacidad laboral del cincuenta y uno punto diez
por ciento (51.10%), pero al momento de practicarse el dictamen correspondiente
se estableció que la fecha de estructuración de su invalidez fue el 17 de
noviembre de 1983, razón por la cual, la entidad accionada le había negado el
reconocimiento de la pensión de invalidez por no haber cumplido el requisito de
cotización de 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración
de su invalidez.
2.7.9. En esa sentencia, la Corte consideró que la fecha de
estructuración de la invalidez se había establecido teniendo en cuenta que en
esa fecha la accionante había sufrido un episodio clínicamente difícil, sin
embargo, debido a que la misma había continuado aportando por más de 21 años al
Sistema, se consideró poco verosímil asumir que esa hubiera sido la fecha en
que la actora perdió definitivamente su capacidad laboral, razón por la cual,
la Corte tomó como fecha de estructuración el momento en que la accionante
solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. Concretamente
dijo:
“En efecto, el proceso de aseguramiento de los riesgos de invalidez,
vejez o muerte exige el cumplimiento de algunos requisitos, pero el sistema no
puede desconocer las circunstancias particulares de un caso como el que se
revisa, para negar el reconocimiento de una pensión por invalidez, cuando está
demostrado más que suficientemente que la interesada pudo cotizar a pensiones
hasta el año 2004, muy a pesar de la supuesta condición de invalidez que se
habría estructurado desde 1983. Por tal motivo, entiende la Sala que sólo en el
año de 2004 se consolida en la accionante una verdadera situación de invalidez,
por lo que serán las normas y las situaciones fácticas de ese momento las que
en efecto han de ser tenidas en cuenta para una adecuada valoración y calificación
de su invalidez y del efectivo cumplimiento o no de la condición de persona
inválida”.[43]
2.7.10. Por lo anterior, en aquellos casos en los que se deba
establecer la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de
una persona que sufra una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no
le impida ejercer actividades laborales remuneradas durante ciertos períodos de
tiempo, la entidad encargada de realizar el dictamen de pérdida de capacidad
laboral deberá tener en cuenta que la fecha de estructuración corresponde a
aquella en que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales, en
tal grado, que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente
productiva.
2.8. Pensión anticipada de vejez, diferencia con la pensión de
invalidez. Reiteración de jurisprudencia.
Antecedentes legislativos del artículo 9º de la Ley 797 de 2003.
2.8.1. El
legislador, con el fin de permitir que el Sistema General de Pensiones establecido
en la Ley 100 de 1993, fuera viable financieramente y se ampliara la cobertura
del mismo a través de la solidaridad del Gobierno, y de los colombianos con
oportunidad de empleo y afiliación a la seguridad social, adoptó una reforma
que cumplía con los anteriores objetivos, es decir, con alcanzar el equilibrio
financiero y la equidad en la distribución de los recursos.
2.8.2. Dentro de
los motivos que originaron esta ley, se resalta la intención del legislador de
asegurar una mayor equidad social, solidaridad y responsabilidad fiscal.  Al
presentarse el proyecto de ley, dentro de la exposición de motivos,[44]
se señaló que el sistema no era “solidario ni equitativo, por la presencia
de regímenes especiales y exceptuados que permiten que una gran minoría
disfrute de unos derechos pensionales diferentes de los que tiene el resto de
la población colombiana”.
Así, la pensión
de vejez en el régimen de prima media, contemplada en el artículo 33 de la Ley
100 de 1993, fue reformada por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, reforma
que versó principalmente sobre los requisitos exigidos para tener derecho a
esta prestación, tales como la edad[45]
y las semanas cotizadas.[46]
El proyecto también establece el reconocimiento de la pensión como causal de
terminación del contrato o de la relación laboral reglamentaria. Además,
contempla  una pensión especial de vejez para personas con deficiencia física,
síquica o sensorial y para las madres (y padres) de hijos inválidos.
2.8.3. La
pensión especial de vejez quedó regulada en el parágrafo 4° del artículo 9° de
la citada ley. Con esta prestación, el legislador pretendió proteger de manera
prioritaria a personas disminuidas y a grupos vulnerables de la población, en
desarrollo de lo contemplado en los artículos 13, 48 y 53 de la Carta Política.
En ese sentido,
y en relación con el inciso primero del parágrafo indicado, es necesario
destacar que el legislador distinguió ésta pensión de la de invalidez,
consagrada en el artículo 38 de la Ley 100.
Bajo ese
entendido, procede la Sala a hacer un análisis de esta pensión especial
contemplada en el parágrafo 4° y a establecer las diferencias existentes entre
esta prestación (pensión anticipada de vejez por invalidez) y las de vejez e
invalidez, respectivamente.
2.8.4. Pensión
anticipada de vejez. Parágrafo 4° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
Diferencias con las pensiones de vejez y de invalidez
2.8.4.1. En el inciso primero del parágrafo 4°, artículo 9° de la
Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el Legislador
consagró una pensión especial de vejez para aquellas personas que “padezcan
una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan
55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más
semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993”
(Subrayas añadidas). Los afiliados que se encuentren dentro de las
anteriores exigencias, serán exonerados de los requisitos establecidos en los
numerales 1° y 2° del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social[47].
La Corte advierte que la pensión anticipada de vejez tiene algunos
rasgos similares a las pensiones de vejez y de invalidez. Sin embargo, constata
que son tres clases diferentes de pensiones, razón por la cual es preciso
establecer cuáles son las diferencias entre la una y las otras.
2.8.4.2. La pensión anticipada de vejez por invalidez se diferencia
de la pensión ordinaria de vejez en tanto exonera al solicitante del
cumplimiento del requisito de edad contemplado en el numeral 1° del artículo 33
de la Ley 100 de 1993.[48]
La razón de esa exoneración radica en el hecho de que la persona presenta una deficiencia
igual o superior al  50%.
De otro lado,
aunque esta pensión anticipada exige que se hayan cotizado 1000  o más semanas
en cualquier tiempo, (igual que en la pensión de vejez), la diferencia con
relación a este punto se encuentra en que en la pensión ordinaria de vejez, las
semanas exigidas para acceder a dicha prestación irán aumentando en cincuenta
semanas a partir del año 2005, hasta llegar a 1300 en el año 2015, particularidad
que no se observa en la pensión anticipada. De vejez por invalidez.[49]
2.8.4.3. Respecto de la pensión de invalidez, cabe precisar lo
siguiente:
Entre los elementos que permiten diferenciar a estas prestaciones, se
encuentra el hecho de la ubicación de las mismas en la Ley. La pensión especial
anticipada de vejez por invalidez se encuentra dentro del Capítulo II, que
regula lo concerniente a la pensión de vejez y para ser más precisos, dentro
del artículo que señala los requisitos para obtener dicha pensión. Por el
contrario, el legislador reguló todo lo relacionado con la pensión de invalidez
en un capítulo diferente.
2.8.4.4. De otro lado, analizando la redacción y exigencias de las
normas que contienen estas pensiones, se observa que la edad requerida para
obtener la pensión anticipada de vejez se estipula en 55 años, sin distinción
de género. En cambio, éste requisito  es irrelevante para obtener la pensión de
invalidez, ya que la norma no exige que el afiliado cuente con cierta edad para
acceder a la misma.
De este modo, la finalidad perseguida por el legislador fue la de
amparar a las personas disminuidas físicas, psíquicas o sensoriales, en observancia
de lo dispuesto por los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución.[50]
Bajo ese entendido, esta pensión resultaría menos gravosa para el afiliado, ya
que puede acceder a una pensión sin necesidad de cumplir estrictamente con la
edad para acceder a la pensión de vejez, o con el porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral para exigir la pensión de invalidez.  En este caso, si el
afiliado opta por la pensión anticipada, con el lleno de los requisitos
exigidos, recibiría el setenta y cinco por ciento establecido para la pensión
de vejez.
Otro aspecto relevante para distinguir la pensión especial
anticipada, de la de invalidez, radica en que en la primera de las
prestaciones, el legislador no señaló cuál debía ser el origen de la
deficiencia, lo que significa que la misma puede ser consecuencia de cualquier
tipo de enfermedad, accidental o voluntaria.  Situación que no se permite en la
pensión de invalidez, pues la norma establece claramente que la causa de la
pérdida de la capacidad laboral debe provenir de una enfermedad o accidente no
profesional o que la misma no haya sido provocada intencionalmente por el
afiliado.
En cuanto a la exigencia del número de semanas cotizadas por parte
del asegurado para acceder a la prestación solicitada, se observan las
siguientes diferencias. En la pensión de invalidez, la Ley establece un número
de cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores
a la fecha de la invalidez.  Situación distinta en la pensión especial
anticipada del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues el
afiliado debe tener cotizadas, mil semanas en cualquier época, continuas o
discontinuas, independientemente de la fecha en que se haya estructurado la
deficiencia.
2.9. Protección
constitucional e internacional de las personas con discapacidad. Reiteración de
jurisprudencia.
2.9.1. La Constitución Política reconoce una protección especial
para las personas con discapacidad. En efecto, en su artículo 13 se consagra el
derecho de todas las personas a recibir la misma protección y trato de las
autoridades, y a que se les garanticen los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación. Adicionalmente, en los incisos 2° y
3° del mismo artículo se establece el deber del Estado de brindar una
protección especial a las personas que se encuentren en estado de debilidad
manifiesta por su condición económica, física o mental, con el fin de lograr
que la igualdad de estas personas sea material y no simplemente formal.[51]
2.9.2. Por otra parte, en el artículo 47 de la Constitución Política
se establece el deber del Estado de adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales o
psíquicos[52].
En el artículo 54, se establece el deber del Estado de garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud,[53]
y en el artículo 68, se establece la obligación especial del Estado de brindar
educación a las personas con limitaciones físicas o mentales.[54]
2.9.3. De la interpretación de estas normas, la Corte Constitucional
ha concluido que las personas con discapacidad tienen derecho a que el Estado
adopte medidas positivas con el fin de lograr que su derecho a la igualdad sea
efectivo, toda vez que ha reconocido que estas personas han sido históricamente
discriminadas y han tenido que enfrentar distintas barreras que les han
impedido gozar y disfrutar de sus derechos en las mismas condiciones que las
demás personas. Respecto de la forma de discriminación a la que han sido
sometidas las personas con discapacidad, la Corte ha señalado:
“6. Tal como ha ocurrido con otros grupos sociales, los
discapacitados han sido objeto constante de marginación social a través de los
siglos. La discriminación contra los discapacitados presenta, sin embargo,
características que le son propias y que no se observan en otros casos. Por un
lado, porque el sector de los discapacitados ha sido durante largos períodos
una minoría oculta o invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las
personas afectadas por discapacidades fueron internadas en instituciones o
mantenidas por fuera del ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la
minoría de los discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las
limitaciones que pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las
discapacidades. Y finalmente, porque la discriminación contra los
discapacitados frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e
irracionalidad que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que
causa la segregación racial. En efecto, en muchos casos la discriminación
contra los discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y
recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta la
persona afectada - claro está, haciendo caso omiso de las condiciones
especiales de cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que
ellas pueden generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados
frecuentemente no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto
de ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza o
de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes”.[55]
2.9.4. La protección constitucional antes descrita está acorde con
los instrumentos internacionales que se han suscrito con el propósito de
garantizar a las personas con discapacidad el goce pleno en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En efecto, el Comité
de Derechos Económicos Sociales y Culturales interpretó mediante su Observación
General Núm. 5, que el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales
establece una protección especial a las personas con discapacidad.
En la observación en mención, se señaló:
“5.  El Pacto no se refiere explícitamente a personas con
discapacidad. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y
en derechos y, como las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos
los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente
derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto. Además, en la
medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados Partes han de
adoptar medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos
disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes,
en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados
de su discapacidad. Además, el requisito que se estipula en el párrafo 2 del
artículo 2 del Pacto que garantiza "el ejercicio de los derechos que en él
se enuncian, sin discriminación alguna" basada en determinados motivos
especificados "o cualquier otra condición social" se aplica
claramente a la discriminación basada en motivos de discapacidad.”
2.9.5. Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidad adoptó el
13 de diciembre de 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, tratado aprobado por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009. Esta
ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-293
de 2010. En la misma la Corporación mencionó  los tratados internacionales que
hasta la adopción de la Convención habían desarrollado los derechos humanos de
las personas con discapacidad. Al respecto, indicó:
“Entre los tratados internacionales que previamente a la firma de
esta Convención se han ocupado del tema cabe mencionar, comenzando por los
emanados de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los
Derechos del Retrasado Mental (1971) y la Declaración de los Derechos de los
Impedidos (1975), y las Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad (de carácter no vinculante, adoptadas en
1993). Dentro del ámbito continental se destaca la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad de 1999, incorporada al derecho interno por Ley 762 de 2002.
Además de los anteriores instrumentos, específicamente dirigidos a
la población discapacitada, la Corte ha identificado otros tratados
multilaterales que protegen también, aunque de manera global y menos directa,
los derechos de ese grupo especial de personas. Entre estos, deben destacarse
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales suscritos ambos en 1966, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de 1984, así como los instrumentos relativos a la eliminación de
distintas formas de discriminación[56].”[57]
2.9.6. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, los Estados Partes reconocieron que el concepto de discapacidad
evoluciona y que es el resultado de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras que se les imponen y que evitan su participación
plena y efectiva en condiciones de igualdad.[58]
De igual manera, establecieron que el concepto de discapacidad incluye a
aquellas personas “que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.[59]
2.9.7. Asimismo, en el artículo 1° se estableció que el propósito de
la Convención es el de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente”.
2.9.9. Para alcanzar los fines propuestos y en armonía con el marco
de protección constitucional para este grupo poblacional, la Convención
estableció en cabeza del Estado unas obligaciones de acción y otras de omisión
respecto de los derechos de los que son titulares las personas con
discapacidad. Entre estas obligaciones, se encuentra la de “tomar todas las
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad”,[60]
y la de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con la
referida Convención velando porque todas las autoridades e instituciones
públicas actúen de acuerdo a lo que en ella se dispone.
2.9.10. Igualmente, en el artículo 3º del instrumento internacional,
se consagraron unos principios generales, entre los cuales cabe destacar el
respeto por la dignidad, autonomía individual y la independencia de las
personas con discapacidad, la no discriminación, la participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad, y la igualdad de oportunidades.[61]
Entre estos principios, la Convención se ocupó de desarrollar “el de no
discriminación”,  señalando que los Estados Partes, i) prohibirán toda
discriminación por motivo de discapacidad, ii) garantizarán protección legal a
las personas con discapacidad contra cualquier tipo de discriminación, y iii)
realizarán ajustes razonables para promover la igualdad de las personas con
discapacidad y eliminar la discriminación a la que este grupo de personas ha
sido sometido.
2.9.11. Para una mejor comprensión de los compromisos adquiridos por
los Estados Parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad definió los conceptos de “discriminación por motivos de
discapacidad” y de “ajustes razonables”. Respecto del primer
concepto, se estableció que la discriminación ocurre cuando se presentan actos
de distinción, exclusión o restricción, que tengan el propósito o el efecto de
obstaculizar o impedir el goce de los derechos y libertades de las personas con
discapacidad. Asimismo, señaló que existe discriminación contra las personas
con discapacidad cuando se deniegan ajustes razonables,[62] concepto que
fue definido como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
se requieran en un caso particular, para garantizarle a las personas con
discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una carga
desproporcionada o indebida.[63]
2.9.12. Finalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad consagró una serie de derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, los cuales tienen especial
importancia en la consecución de los fines y principios ya mencionados. Por
esta razón, la Convención estableció obligaciones especiales de los Estados
Partes para garantizar a las personas con discapacidad el goce efectivo de esos
derechos en condiciones de igualdad.
2.9.13. En esta oportunidad es pertinente resaltar el derecho de las
personas con discapacidad a ser habilitadas y rehabilitadas en los ámbitos de
la salud, el empleo, la educación, y los servicios sociales, con el fin de
lograr la máxima independencia posible de estas personas y su inclusión social
efectiva. Esta garantía reconoce que las personas con discapacidad pueden
ejercer actividades productivas acordes con sus capacidades y hacer aportes
importantes a la sociedad. Con este fin, la Convención establece la obligación
de los Estados de adelantar servicios y programas voluntarios, que comiencen en
la etapa más temprana posible y se basen en una “evaluación
multidisciplinaria de las necesidades y capacidades de la persona”.[64]
2.9.14. Asimismo, la Convención reconoce los derechos de las
personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás
personas,[65]
a procurarse un nivel adecuado de vida y al acceso en igualdad de condiciones a
programas y beneficios de jubilación.[66]
Estos derechos también son una muestra de que la discapacidad, por sí sola, no
implica que las personas que las padecen sean inválidas, ya que si estas
personas voluntariamente son habilitadas laboralmente, debe dárseles la
oportunidad de trabajar, garantizarse en forma independiente un nivel de vida
digno, y, en condiciones especiales, acceder a las prestaciones que el Sistema
General de Pensiones les garantiza a los demás.
2.9.15. En resumen, las personas con discapacidad tienen derecho a
no ser discriminadas y a que se adopten medidas tendientes a lograr que su
derecho a la igualdad sea efectivo garantizándoles su participación e
integración plenas en la sociedad. Este derecho está consagrado en la
Constitución y en tratados internacionales, normas en las que se establecen
obligaciones en cabeza del Estado, entre las que se encuentran la de “tomar
todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad” ,[67]
y la de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con su
protección especial. Para cumplir estas obligaciones, existe un deber de
adoptar medidas como la implementación de “ajustes razonables”,
entendido como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se
requieren en un caso particular, para garantizarle a las personas con
discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una carga
desproporcionada o indebida.[68]
2.10. Protección especial a los jóvenes que reclaman su pensión de
invalidez como parte integral del derecho a la seguridad social y
como materialización real y efectiva de los principios de igualdad y
solidaridad. Reiteración de jurisprudencia.
2.10.1. Este asunto
ha sido ampliamente abordado por la jurisprudencia de esta Corporación[69],
donde se  ha hecho especial énfasis en la obligación que tiene el Estado,
cuando dirige y orienta las políticas públicas en materia de seguridad social,
de garantizar la materialización y concreción de los principios de solidaridad
e igualdad que informan al Estado Social de Derecho y que fueron acogidos como
pilar fundamental de nuestra forma organizacional por el constituyente
primario.
2.10.2. Al
respecto en la primera sentencia que abordó el asunto de la pensión de
invalidez reclamada por una persona joven, la T-777 de 2009, precisó:
“Los objetivos de la seguridad social que deben comprender a todo el
conglomerado, guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del
Estado social de derecho como el servir a la comunidad, promover la prosperidad
general, garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales,
promover las condiciones para una igualdad real y efectiva, adoptar medidas a
favor de grupos discriminados o marginados, proteger especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna la
primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y
fin último del poder político, donde el gasto público social tiene prioridad
sobre cualquier otra asignación.
Estos fines sociales se concretan en el bienestar de toda la
comunidad a través del cubrimiento de los eventos de pensión de invalidez,
vejez y muerte; servicios de salud, cubrimiento de riesgos profesionales y
servicios sociales complementarios. También comprenden la garantía que debe
otorgarse a los sujetos de especial protección constitucional como son las
personas gravemente enfermas; los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales;
los mayores adultos, la mujer embarazada y cabeza de familia, los niños menores
de un año, los desempleados; los indigentes o personas sin capacidad económica
alguna, entre otras.”
2.10.3. Esta teleología esencial del Estado social de derecho, fue
elevada a rango constitucional a través del artículo 48 del estatuto superior,
el cual debe ser leído en concordancia con los artículos 1° (Estado social de
derecho); 2° (fines esenciales del Estado); 4° (supremacía de la Constitución);
13 (igualdad), 45 (derechos de los jóvenes y adolescentes); 48 (derecho a la
seguridad social); 53 (derecho al mínimo vital) y 93 (bloque de
constitucionalidad).
De acuerdo con la amplia facultad de configuración legislativa que
el artículo 48 de la Constitución Política otorgó al Congreso, éste expidió la
Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social
Integral, compuesto por los regímenes de salud, pensiones y riesgos
profesionales.
Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, el
legislador estableció una prestación específica para garantizar que aquellas
personas que han cotizado al sistema o que se encuentran realizando aportes y
sufren una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 50%, tengan
derecho a acceder a una fuente de ingresos que les permita solventar sus
necesidades vitales; dicha prestación está representada en la pensión de
invalidez y a través de esta se busca realizar el mandato previsto en el
artículo 13 constitucional, al brindar especial protección a las personas
disminuidas físicamente.
2.10.4. La pensión de invalidez, tal y como lo ha señalado esta
Corporación, guarda un estrecho vínculo con los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida digna de las personas que han visto mermada su
capacidad laboral en los porcentajes legalmente establecidos. De igual manera, tiene
una especial conexidad con los principios de igualdad y de solidaridad por
cuanto, como regla general, en estos casos les es imposible a los afiliados al
sistema de pensiones acceder por sus propios medios y en forma autónoma a una
fuente de ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas.
Ahora bien, la
pensión de invalidez puede generarse por enfermedades o accidentes de riesgo
común o de origen profesional; en lo atinente a la pensión de invalidez por
riesgo común, ésta se encuentra regulada por el Capítulo III del Título II de
la Ley 100 de 1993. Según el artículo 38 del régimen de seguridad social, “se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional
y no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral”. Este es, entonces, el presupuesto fundamental de la prestación,
ya que esa contingencia explica el hecho de que no se pueda continuar laborando
y por ende justifica el reconocimiento de una suma de dinero que garantice la
subsistencia de la persona afectada.
2.10.5. Esta especial condición
de los sujetos que han visto menguada su capacidad laboral hace necesaria la
valoración de los principios de igualdad y solidaridad, de vida digna y mínimo
vital, para establecer la relevancia constitucional del problema planteado y
obliga a que el juez de tutela se pronuncie sobre las disposiciones legales que
rigen el derecho a la seguridad social -pensión de invalidez-, sobre todo
buscando que su interpretación se realice conforme a la Constitución.
Así mismo debe precisarse que en
un Estado social de derecho el principio de igualdad también implica que los
poderes públicos investidos con capacidad de expedir normas atiendan a las
diversas situaciones con un criterio de racionalidad y proporcionalidad, en
donde las diferencias existentes encuentren una justificación legítima y
suficiente a las distintas consecuencias jurídicas que de ellas se deriven.
Al respecto, la Corte ha
manifestado que tratándose del derecho al mínimo vital de sujetos merecedores
de especial protección, éste es consecuencia directa del principio de dignidad
humana y, en el Estado Social de Derecho, hace parte de la organización
política, social y económica justa que fue acogida como meta por el
Constituyente primario bajo el principio de progresividad.[70].
2.10.6. En conclusión, “en el
contexto antes descrito, el reconocimiento del mínimo vital lejos de ser una
concesión altruista como muestra de generosidad, se enarbola como la concreción
del principio de solidaridad del Estado para con la población que se halla en
estado de debilidad manifiesta y cuya materialización recae también en los
particulares que administran recursos de la seguridad social de los
colombianos.”[71]
2.10.7. Ahora en lo que respecta
al régimen jurídico de la pensión de invalidez de origen común, cuando el
afectado se enmarca dentro del contexto de “persona joven”, indicó la Corte que
quien pretenda el reconocimiento de una pensión de invalidez
debe demostrar, además de su condición de inválido certificada por cualquiera
de las entidades competentes para ello, el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el legislador en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, norma
que, a su vez, ha sido modificada en dos oportunidades: i) a través del
artículo 11 de la Ley 797 de 2003, el cual fue declarado inexequible por vicios
de forma mediante la sentencia C-1056 del mismo año[72], y ii) por
medio de la Ley 860 de 2003, cuyo artículo 1° se encuentra vigente, pero sin la
exigencia del requisito de fidelidad que contenía inicialmente, por cuanto el
mismo fue declarado inexequible por esta Corporación mediante Sentencia
C-428 de 2009.
2.10.8. Siendo
las cosas de esta manera, cabe precisar que la pensión de invalidez debe
ser reconocida por las entidades de previsión social, públicas y privadas, a
quienes cumplan con los siguientes requisitos:
“LEY 860
DE 2003. ARTÍCULO PRIMERO: Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración.
2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma.
PARÁGRAFO
1o. Los menores de veinte (20) años de edad
sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.
PARÁGRAFO
2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
2.10.9. Es de anotar que en el estudio de control abstracto
realizado al artículo en mención, la sentencia C-428 de 2009, precisó que “aun
cuando se admitió la demanda contra la totalidad del artículo 1 ° de la Ley 860
de 2003, el pronunciamiento se contraerá a sus numerales 1° y 2°, pues los
cargos formulados sólo guardan relación con estos últimos y no se refieren al
contenido normativo de los parágrafos 1° y 2°”.
De esta manera,
se puede mencionar que si bien es cierto el artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, ya fue objeto de control
constitucional por parte de esta Corporación, también lo es que respecto al
contenido de los parágrafos 1° y 2° de la misma preceptiva no existe
pronunciamiento alguno, con excepción de la interpretación realizada en un caso
de control concreto, el cual dio origen a la sentencia T-777 de 2009, ya
mencionada.
En dicha providencia se fijó el
alcance jurisprudencial del contenido del parágrafo 1°, del artículo 1° de la
Ley 860 de 2003, precisándose lo siguiente:
“No
obstante, llama la atención el parágrafo 1°; en este se incluye a un segmento
joven de la población que cuenta con una especial protección legal, tanto en el
plano nacional como en el internacional, y que hace referencia expresa a las
personas que se encuentran iniciando su vida laboral, bien sea por que han
terminado su educación básica secundaria y por carecer de medios económicos no
pueden ingresar a la universidad, o bien porque deben estudiar y trabajar al
tiempo para proveerse lo necesario (mayores de 18 años y menores de 20)”.
En cuanto al caso específico de
la pensión de invalidez, indicó:
“Para el
caso de la pensión de invalidez, el legislador quiso dar protección especial a
un segmento joven de la población, permitiéndole acceder a dicha prestación
originada en enfermedad o accidente no profesional, con unos requisitos menos
rigurosos que para el resto de la población colombiana (26 semanas en el año
inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o de su
declaratoria); ello, en razón a que los jóvenes se encuentran haciendo tránsito
de la vida estudiantil a la vida laboral o en el mejor de los casos realizan
las dos actividades concomitantemente. Es apenas obvio que a una persona joven
que está iniciando su vida laboral no se le pueden exigir los mismos requisitos
para acceder a un derecho prestacional como la pensión de invalidez, que a una
persona mayor, con experiencia, pues se presume que la misma viene laborando
desde tiempo atrás, bien sea de manera constante o interrumpida, pero que las
más de las veces alcanzará a reunir las 50 semanas exigidas en los últimos tres
años con anterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez que exige la
norma”.
2.10.10. Se tiene entonces que el
artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860
de 2003, declarado parcialmente exequible por la sentencia C-428 de 2009, hace
referencia en sus numerales 1° y 2° a los elementos conjuntivos y expresos que
han de cumplirse en el tiempo y en la cantidad de semanas cotizadas para
acceder al derecho a la pensión de invalidez: “últimos tres años anteriores
a la fecha de estructuración del hecho causante y 50 semanas cotizadas”.
Sin embargo, no sucede lo mismo con el parágrafo 1° del artículo 1° de la ley
en referencia, el cual exige expresamente una cantidad determinada de semanas:
veintiséis (26).
En lo referente al momento en el
cual debieron realizarse las cotizaciones, la norma en comento trae dos
proposiciones disyuntivas: la primera precisa que durante el año inmediatamente
anterior al hecho causante de la invalidez; y la segunda señala que en el
último año anterior a la fecha de su declaratoria, “veintiséis (26) semanas
en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o de
su declaratoria”.
De tal manera que cuando se está
estudiando la posibilidad de reconocer una pensión de invalidez a una persona joven,
se le pueden tener en cuenta tanto las semanas cotizadas antes del hecho
causante de la invalidez, como las efectuadas con antelación a la declaratoria
de la misma, fechas que generalmente no coinciden, ya que desde el instante de
la ocurrencia del hecho que causó la invalidez (accidente común) o se
estructuró la misma (enfermedad común), hasta el momento en que es declarada
(calificación por parte del organismo competente fijando el origen y fecha de
estructuración), transcurre un lapso que en la mayoría de los casos no es
inferior a seis meses (180 días de incapacidad).
2.10.11. Se deduce, entonces, que
el trato diferencial y preferente que el parágrafo en mención quiso dar a las
personas jóvenes de Colombia, que están haciendo el tránsito de la vida
académica a la vida laboral, consiste en permitir que se les tenga en cuenta
las semanas cotizadas por su empleador, después de haber ocurrido el accidente
o aparecido la enfermedad, que terminó por generar la contingencia de la
invalidez.
La
anterior interpretación está acorde con lo que esta Corporación y los
organismos internacionales han precisado, en aras de garantizar el principio de
no regresividad en materia de seguridad social; toda vez que el cambio
introducido por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, al artículo 39 de la Ley
100 de 1993, aumentando de 26 semanas de cotización en el último año anterior a
la fecha de estructuración de la invalidez, a 50 semanas en los últimos tres
años, si bien pudo beneficiar a la población colombiana adulta, tal como se
precisó en la sentencia C-428 de 2009, también puede aparecer como regresivo
respecto a la población joven de Colombia.
Lo
anterior, por cuanto al exigir a una persona que apenas está comenzando su vida
laboral cincuenta semanas de cotización en los últimos tres años anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez, en lugar de 26, tal como lo
contemplaba el artículo 39 de la Ley 100 en su acepción original, representa en
principio, una medida regresiva en materia de seguridad social; toda vez que en
la práctica, lo que ocurre es que una persona joven que inicia su primer
empleo, tiene la obligación de cotizar ininterrumpidamente el primer año de su
vida laboral para poder acceder a la pensión de invalidez; de lo contrario
quedaría desprotegida para los riesgos causados por enfermedad o accidente
común, durante las primeras 50 semanas de su relación laboral.
En este
evento, es entonces razonable tener en cuenta a los jóvenes, para efecto del
cómputo de semanas cotizadas, y en consecuencia, para el reconocimiento de la
pensión de invalidez, tanto las semanas cotizadas con anterioridad a la fecha
de estructuración, como aquellas que se realizaron con posterioridad al
siniestro pero con antelación a su declaratoria.
2.10.12.
De igual manera, es viable extender, como lo ha hecho la jurisprudencia de esta
Corporación[73],
el beneficio de exigir sólo 26 semanas de cotización con anterioridad a la
fecha de estructuración de la invalidez o de su declaratoria, a los jóvenes
menores de 26 años de edad que han visto reducida en más del cincuenta por
ciento su capacidad laboral.
Esto por cuanto la Corte después
de hacer un recuento de la legislación internacional que rige la materia de la
seguridad social y una vez analizadas las disposiciones constitucionales y
legales contenidas en la legislación colombiana en lo que respecta al concepto
de persona joven, esta Corporación consideró que “(…) para los organismos internacionales esta etapa de la vida oscila
entre los 10 y los 24 años, para la legislación colombiana la misma incluye a
las personas que se encuentran entre los 14 y los 26 años”.
Adicionalmente
precisó: “puede concluirse que las normas que pretendan beneficiar al
segmento joven de la población, necesariamente deben comprender, en principio,
a todas las personas que se encuentran dentro del rango de edad anteriormente
señalada, así está contemplado por los organismos internacionales y en esa
forma lo ha entendido el Legislador colombiano.”
En esa medida, al realizar una
interpretación desde el punto de vista constitucional y no formal del artículo
1° de la Ley 860 de 2003, puntualizó:
“No
obstante, llama la atención el parágrafo 1°; en este se incluye a un segmento
joven de la población que cuenta con una especial protección legal, tanto en el
plano nacional como en el internacional, y que hace referencia expresa a las
personas que se encuentran iniciando su vida laboral, bien sea por que han
terminado su educación básica secundaria y por carecer de medios económicos no
pueden ingresar a la universidad, o bien porque deben estudiar y trabajar al
tiempo para proveerse lo necesario (mayores de 18 años y menores de 20).”
2.10.13. Señaló entonces esta
Corporación, que al momento de entrar a analizar casos sui generis como el
planteado en el asunto de la referencia, era necesario acudir a una valoración
de los principios constitucionales y los derechos fundamentales que le asisten
a los jóvenes dentro del marco de un Estado Social de Derecho como el nuestro y
que resultan de imprescindible consideración al momento de resolver si les
asiste o no el derecho a la pensión de invalidez.
Ello atendiendo a que “toda
lesión que afecte la integridad de una persona y que reduzca su capacidad de
proveerse los bienes materiales mínimos para sobrellevar una vida digna, es
extremadamente lamentable; pero la situación es más dramática cuando quien debe
soportar esta tragedia es una persona joven que apenas termina sus estudios
profesionales, comienza su vida laboral y que por los avatares del destino ve
cerrados sus sueños, metas y aspiraciones.”
Lo anterior llevó a que la
valoración de elementos como el principio de igualdad y del mínimo vital fueran
tenidos en cuenta al momento de analizar los casos en que fueran personas
jóvenes las que padecieran el rigor de una invalidez, resaltando la relevancia
constitucional del problema, obligando a que el juez constitucional al momento
de pronunciarse respecto de la aplicación de las disposiciones legales que
rigen la materia, buscara que la misma se hiciera conforme a la Carta Política,
de manera que se tengan en cuenta valores y principios constitucionales que
necesariamente deben iluminar la lectura de las normas que rigen la prestación
de la invalidez. Ello aunado a la especial situación de debilidad manifiesta y
al estado de sujetos de especial protección que revisten los jóvenes que
padecen tales contingencias, lo que hace necesario desplegar el contenido
material, real y efectivo de los principios de solidaridad e igualdad que
impregnan nuestra Carta magna.
2.10.14. Una vez hechas las
acotaciones anteriores, la Corte afirmó que el parágrafo 1° del artículo 1° de
la ley 860 de 2003 preceptúo condiciones más favorables para que el segmento
joven de la población colombiana pudiera acceder a la pensión de invalidez;
entendiendo por jóvenes aquellas personas que se encuentran entre los 10 y los
26 años de edad.
No obstante, puso de presente un reparo consistente en que el parágrafo del artículo mencionado “estableció
el requisito de cotización de las 26 semanas en el año inmediatamente anterior
al hecho causante de la invalidez o de su declaratoria, sólo para las personas
menores de 20 años”. En esta medida se precisó que se está ante un déficit
de protección de la población joven de Colombia, por cuanto como ya se anotó
las disposiciones internacionales, la Constitución y la legislación nacional
han definido este segmento poblacional como aquel que está comprendido entre
los 10 y los 26 años.
2.10.15. Este
Tribunal llegó a la anterior consideración “después de examinar las gacetas
del Congreso y de indagar por la exposición de motivos que llevó al Legislador
a tomar como referencia la edad de 20 años y no la de 25 por ejemplo, como si
lo hiciera en la prolongación del beneficio de la pensión de sobrevivientes;
repara la Sala que no existe una argumentación razonable que permita excluir de
este beneficio a una persona de 23 años que se encuentra en simétrica situación
fáctica que una persona de 20 años.”
En esa medida
esta Colegiatura concluyó que el beneficio atribuido a los jóvenes menores de
20 años puede predicarse in extenso a aquellas personas que como la accionante
se encuentran en idénticas situaciones fácticas que una persona joven que
apenas comienza su vida laboral. Así mismo, determinó que si se aplicaba el
parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 en sentido literal, se
estaría vulnerando el derecho a la igualdad de la accionante y por lo mismo su
derecho al mínimo vital, al no reconocérsele la pensión de invalidez; a pesar
de haber cotizado 34 semanas con anterioridad a la fecha de la declaración de
la contingencia.
Los anteriores argumentos llevaron a que esta Corporación inaplicara
el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, en cuanto a la edad
requerida de 20 años, con el fin de materializar la protección real y efectiva
del derecho a la seguridad social de la accionante contenido en el artículo 48
superior, quien se hallaba en estado de debilidad física y mental.
2.10.16. Con base en los anteriores argumentos este Tribunal
Constitucional, indicó que la aplicación formal del parágrafo 1° del artículo
1° de la Ley 860 de 2003 implicaría la vulneración de principios
constitucionales relativos al carácter social de nuestro Estado Social de
Derecho, tales como el de solidaridad, igualdad real y justicia material,
además, atentaría contra derechos fundamentales como el mínimo vital y la
seguridad social; por tanto exceptuó su aplicación reducida, extendiendo su
alcance en desarrollo del principio de supremacía constitucional y su principio
derivado de interpretación conforme a la Carta Política. En consecuencia,
resolvió conceder el amparo de los derechos a la seguridad social, a la
igualdad y al mínimo vital, invocados por la accionante.
Una vez hechas
las acotaciones legales y jurisprudenciales que gobiernan la parte dogmática de
los diecinueve asuntos sometidos a estudio de esta Sala, se procederá a
resolver los casos concretos.
2.11. El
régimen de transición, la no prescripción de la pensión y la acumulación de
tiempos públicos y privados para alcanzar el derecho a la pensión de vejez.
2.11.1. Con
el fin de que aquellas personas próximas a pensionarse no se vieran afectadas
con la creación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993, el Legislador fijó un régimen de transición que les
permitió mantenerse en el régimen pensional al cual estaban afiliados al
momento de entrar en vigencia dicha ley, para efectos del reconocimiento de la
pensión de vejez.
Este asunto
fue expuesto recientemente en la Sentencia de Unificación SU-130 de 2013, la
cual se transcribirá in extenso, con el fin de hacer claridad en lo que
respecta a la aplicación de los regímenes pensionales que aún subsisten por
expresa disposición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto indicó
la mencionada sentencia:
“5.1.
De los  derechos adquiridos, las meras expectativas y las expectativas legítimas
5.1.1. Para efectos de una mayor comprensión del contenido y alcance
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93,
previamente, es importante abordar la doctrina constitucional acerca de los
derechos adquiridos, las meras expectativas y las expectativas legítimas en
materia de pensiones.
5.1.2. En desarrollo del principio de progresividad y no regresividad
que gobierna la seguridad social, desde sus inicios, la Corte se ocupó de
precisar el alcance de la clásica distinción entre derechos adquiridos y meras
expectativas, propia del derecho civil, en el marco de desarrollos legislativos
que implican afectación o desconocimiento de derechos de carácter pensional.
5.1.3. Desde entonces, ha señalado en forma reiterada que “configuran
derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado
definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se
entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de
una persona”, es decir, que para que se configure un derecho adquirido es
necesario que antes de que opere el tránsito legislativo se reúnan todas las
condiciones necesarias para adquirirlo. Entre tanto, las meras expectativas “son aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de
adquirir en el futuro un derecho, si no se produce un cambio relevante en el
ordenamiento jurídico”[74].
5.1.4. Partiendo de criterios doctrinarios y jurisprudenciales
comúnmente aceptados sobre el tema, esta corporación ha estimado que una de las
principales diferencias entre estas dos instituciones radica en que, mientras
los derechos adquiridos gozan de la garantía de inmutabilidad que se deriva de
su protección expresa en la Constitución, salvo casos excepcionales (art. 58)[75],
las meras expectativas, en cambio, pueden ser objeto de modificación por el
legislador, pues carecen de dicha protección constitucional.
5.1.5. En lo que respecta a las expectativas legítimas y derechos
adquiridos en materia pensional, a partir de la Sentencia C-789 de 2002, la
Corte ha venido reconociendo que, si bien es cierto, tratándose de meras
expectativas no aplica la prohibición de regresividad, ello no significa que
estén desprovistas de toda protección, pues cualquier transito normativo no
solo debe consultar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino
que, además, en función del principio de confianza legítima, se debe proteger
la creencia cierta del administrado de que la regulación que lo ampara en un
derecho se seguirá manteniendo vigente en el ordenamiento jurídico. Por tal
razón, la Corte ha señalado que cuánto más cerca está una persona de acceder al
goce efectivo de un derecho, mayor es la legitimidad de su expectativa en este
sentido[76].
5.1.6. Así entonces, al proferirse la Sentencia C-789 de 2002, surgió
en la jurisprudencia constitucional una categoría intermedia entre derechos
adquiridos y meras expectativas, denominada “expectativas legítimas”, concepto que hace referencia a que en determinados casos se puede
aplicar el principio de no regresividad a las aspiraciones pensionales próximas
a realizarse de los trabajadores, cuando se trata de un cambio de legislación
abrupto, arbitrario e inopinado, que conduce a la vulneración del derecho al
trabajo de manera desproporcionada e irrazonable[77].
De igual
manera señaló:
5.2. El régimen de transición y sus reglas básicas fijadas en la
SU- 130 de 2013.
5.2.1. En cuanto al régimen de transición previsto en la Ley 100/93,
el artículo 36 que lo regula, básicamente, se ocupa de (i) establecer en qué
consiste el régimen de transición y los beneficios que otorga; (ii) señala qué
categoría de trabajadores pueden acceder a dicho régimen; y (iii) define bajo
qué circunstancias el mismo se pierde. (Subrayas fuera de texto).
5.2.2. Acorde con ello, el régimen de transición allí
consagrado prevé como beneficio para acceder a la pensión de vejez, que la
edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
misma, sea la establecida en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado
el trabajador.
5.2.3. Para tal efecto, el legislador precisó que el
régimen de transición va dirigido a tres categorías de trabajadores, a saber:
§ Mujeres
con treinta y cinco (35) o más años de edad, a 1° de abril de 1994.
§ Hombres
con cuarenta (40) o más años de edad, a 1° de abril de 1994.
§ Hombres
y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más
de servicios cotizados, a 1° de abril de 1994.
Conforme con lo anterior, para ser beneficiario o sujeto del régimen
de transición pensional y así quedar exento de la aplicación de la Ley 100/93
en lo referente a la edad, el tiempo y el monto de la pensión de vejez, no se
requiere cumplir paralelamente el requisito de edad y el de tiempo de servicios
cotizados, sino tan solo uno de ellos, pues la redacción disyuntiva de la norma
así lo sugiere (…).
5.2.4. Ahora bien, como ya se mencionó, el artículo 36 de la Ley
100/93 también regula el asunto referente a la pérdida del régimen de
transición, circunstancia que no se predica respecto de todos los trabajadores
beneficiarios de dicho régimen, sino tan solo de dos categorías de ellos,
concretamente, de mujeres y hombres que, a 1° de abril de 1994, cumplen con el
requisito de edad en los términos de la referida norma. Así, el inciso 4° del
referido precepto legal señala que “[l]o dispuesto en el presente artículo
para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas
voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso
en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
(Negrilla y subraya fuera del texto original).
Acto seguido, en inciso 5° del mismo artículo dispone que, “tampoco
será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual
con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida”.
(Negrilla y subraya fuera del texto original).
5.2.5. Así las cosas, los trabajadores que al momento de entrar en
vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, pierden los
beneficios del régimen de transición, en cualquiera de los siguientes eventos:
(i) cuando el afiliado inicialmente y de manera voluntaria deciden acogerse
definitivamente al régimen de ahorro individual con solidaridad o (ii) cuando
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad deciden trasladarse
al de prima media con prestación definida. (El subrayado es nuestro).
5.2.6. En estos términos, una primera conclusión se impone: los
sujetos beneficiarios de la transición, bien por edad o por tiempo de servicios
cotizados, pueden elegir libremente el régimen pensional a cual desean
afiliarse e incluso tienen la posibilidad de trasladarse entre uno y otro, pero
en el caso de los beneficiarios del régimen de transición por cumplir el
requisito de edad, la escogencia del régimen de ahorro individual o el traslado
que hagan al mismo, trae como consecuencia ineludible la pérdida de los
beneficios del régimen de transición. En este caso, para efectos de
adquirir el derecho a la pensión de vejez, los afiliados deberán necesariamente
cumplir los requisitos previstos en la Ley 100/93 y no podrán hacerlo de
acuerdo con las normas anteriores que los cobijaban, aun cuando les resulte más
favorable[78].
(Subrayas fuera de texto).
5.2.7. Finalmente, es importante mencionar que, en virtud de la
reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 al
artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición no es indefinida.
En efecto, a través de dicho acto legislativo, el Congreso de la República fijó
un límite temporal, en el sentido de señalar que, “el
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a
la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios
pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen".
2.11.2. Según lo anterior, una persona puede acceder a su derecho
prestacional bajo el régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si
logra demostrar los siguientes supuestos fácticos: i) que al 1º de abril de
1994 tenía 35 o más años siendo mujer, 40 o más años siendo hombre; ii) que
independientemente de la edad, habían laborado o realizado cotizaciones por más
de 15 años (750 semanas); iii) que no se cambiaron voluntariamente al régimen
de ahorro individual, en el caso de tener menos de 750 anteriores a la referida
fecha y; iv) que al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de 2005,
contaba al menos con las 750 semanas que exige el artículo 36 de la Ley 100/93,
ello con el fin de que el régimen de transición se le prolongue hasta el año
2014.
Sin embargo, considera la Sala que dichos requisitos tienen una
excepción, cual es el hecho de que una persona haya cotizado al ISS 500 semanas
en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad para alcanzar
la pensión de vejez; es decir, entre los 40 y 60 años de edad para los hombres
y entre los 35 y 55 años para la mujer. Lo anterior siempre y cuando dichos
trabajadores sean beneficiarios del contenido del artículo 12 del Decreto 758
de 1990, como se pasará a demostrar.
2.11.3.
Requisitos para acceder a la pensión de vejez.
Ha señalado esta
Corte que, la verificación de la edad y el tiempo de servicio o número de
semanas cotizadas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, debe
realizarse de acuerdo con los requisitos del régimen al cual se encontraba
afiliado el solicitante de la prestación, al momento de entrar en vigencia el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Quiere decir lo anterior que,
si una persona se encontraba afiliada al Seguro Social al 1º de abril de 1994,
cotizando a través de uno o de diferentes empleadores privados, el régimen a
tener en cuenta para la pensión de vejez, es aquel consagrado en el artículo 12
del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Al respecto
señala la norma:
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho
a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.”
Siendo las cosas
de ese modo, la persona que cumpla a cabalidad con los requisitos de edad y
tiempo de cotización señalados en la norma, con anterioridad a las reformas
hechas por la Ley 100 de 1993 y las que la han modificado, ya tenían un derecho
adquirido al reconocimiento y pago de su pensión y, en esa medida, su derecho
prestacional, no prescribe.
En lo que
respecta al carácter imprescriptible de la pensión, esta Corporación en la
sentencia T-217 de 2013, reiteró:
“Para la Corte, el carácter imprescriptible del derecho a la pensión
se deriva directamente de principios y valores constitucionales que garantizan
la solidaridad que debe regir a la sociedad, y además, se constituye en un
instrumento para la especial protección que el Estado debe a las personas que
por su edad, condiciones de salud y ausencia de alguna fuente de sustento,
tienen mayor dificultad para subsistir, y de esta manera asegurar el
mantenimiento de unas condiciones de vida digna.”
En ese sentido,
si una persona afiliada al ISS con anterioridad  al 1º de abril de 1994, sin
que la misma se haya trasladado voluntariamente al régimen de ahorro
individual, logra demostrar que durante el tiempo transcurrido entre el momento
que cumplió los 35 y 55 años (mujeres) y los 40 a los 60 años (hombres), que
cotizó al menos 500 semanas, dicho trabajador(a),tendrá derecho a pensionarse
bajo el régimen del decreto 758 de 1990, sin que le sean oponibles los cambios
de legislación contenidos en la Ley 100 de 1993.
2.11.4.
Acumulación de tiempos públicos y privados para alcanzar el derecho a la
pensión de vejez.
Otro de los
asuntos puestos a consideración de esta Sala tiene como fundamento la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
seguridad social y mínimo vital, que surge de la interpretación que realiza el
ISS-COLPENSIONES respecto de la imposibilidad de acumular el tiempo laborado en
el sector público sin cotizaciones al ISS,  a aquel que fue directamente aportado
a dicha entidad, para poder acreditar la cantidad mínima de semanas requeridas en
el reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el régimen del referido Acuerdo
048 de 1990.
Al respecto ha
dicho esta Corte que esa interpretación realizada por el ISS, tanto en lo
referente al mencionado Decreto 758 de 1990, como en lo pertinente al alcance
del contenido del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, excluye la posibilidad de
acumular los tiempos efectivamente cotizados y los servidos a una entidad
pública, lo que hace inviable el reconocimiento de una pensión que se pretenda
hacer valer en aplicación del régimen de transición gobernado por el Decreto
049 de 1990.
Dicha
interpretación restrictiva la soporta el ISS-COLPENSIONES en que al no encontrarse
consignado expresamente en el texto de la referida norma, la posibilidad de
acumular tiempos públicos y privados “el tiempo no cotizado al ISS y servido
a las entidades públicas no se puede contabilizar en la aplicación de dicho
régimen” y sostiene que la “única normatividad que permite acumular
tiempo laborado al servicio del Estado y no aportado a Caja de previsión
alguna, tiempos aportados a cualquier Caja o Fondo de Previsión Social y
periodos cotizados al Seguro Social en calidad de trabajador vinculado a una
empresa privada, es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, […]”.
En relación con
lo anterior, esta Corporación en la sentencia T-100 de 2012, fue enfática en
resaltar que esta interpretación de la norma es errónea y atenta contra los
derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de transición. Esto por
cuanto: (i) al exigir que para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con
el Decreto 758 de 1990 las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al
Seguro Social, se está requiriendo el cumplimiento de un elemento que la norma
no consagra; (ii) los requisitos para acceder a los beneficios Sistema General
de Seguridad Social se acreditan ante el sistema mismo y no ante las entidades
que lo conforman; y (iii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el
régimen de transición a solo tres ítems (edad, tiempo y monto)] y estableció
que “las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley”, por lo que haciendo una lectura integral de la Ley 100 de
1993 -especialmente del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del
artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la misma-, los tiempos deben acumularse
para efectos de la contabilización del número de semanas de cotización
requeridas.
En este sentido, se puede establecer que según los argumentos
anteriores sí es posible acumular dichos tiempos. Adicionalmente, si al sumar
los tiempos laborados en el sector público (sin realizar aportes al ISS) y las
semanas efectivamente cotizadas al mismo a través de diferentes empresas, se
logra demostrar que el trabajador cumple con los requisitos exigidos en el
Decreto 758 de 1990,  tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez.
2.12. Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
Desde la entrada
en vigencia de la Constitución de 1991 y los primeros pronunciamientos
de esta Corporación[79],
se ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra
providencias judiciales. Ello tiene fundamento en el artículo
86 superior, el cual establece que mediante dicho instrumento podrá reclamarse
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando
resulten amenazados o vulnerados por “cualquier autoridad pública”, lo
cual también se reitera en algunas disposiciones del Decreto 2591 de 1991 que
reglamenta la acción de tutela.
Al abordar lo
concerniente a quiénes constituyen autoridad pública, este Tribunal ha
manifestado que del contenido del artículo 86 constitucional se desprende que
son “todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad
para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones
obliguen y afecten a los particulares”[80]. De igual
modo, en las sentencias T-006 de 1992[81]
y C-590 de 2005[82]
se trajeron a colación los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente,
de los cuales puede extraerse los fundamentos que llevaron a acoger la
procedencia del recurso de amparo contra “cualquier autoridad pública” y de esa
manera contra providencias judiciales.
La sentencia
C-543 de 1992 no fue ajena a la jurisprudencia constitucional que le antecedía,
toda vez que si bien en tal determinación se declaró la inexequibilidad de los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que contemplaban la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación luego
de enfatizar que los jueces son “autoridades públicas”, registró claramente
que:
“Nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en
la adopción de decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe contra los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las  cuales se desconozcan o amenacen
los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un
perjuicio irremediable, para lo cual si está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, queda supeditado a lo
que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como
estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia” [subrayas al margen del texto original].
Lo anterior
significa que la citada sentencia terminó excluyendo del ordenamiento jurídico
colombiano la normatividad que hacía procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales como regla general, permitiendo su procedencia
sólo de manera excepcional como hasta hoy ha insistido esta Corporación.
Ello se comprueba notoriamente
con las numerosas sentencias de revisión y unificación de tutela que reiteran
la procedencia extraordinaria del amparo frente a decisiones judiciales, que
han llevado con el paso del tiempo, a casi 20 años, a construir una sólida línea
jurisprudencial en cuanto a los supuestos de procedibilidad de la acción, que
vienen a constituir el reflejo de las distintas situaciones que enfrenta la
comunidad respecto de la efectividad de sus derechos fundamentales, como el
debido proceso.[83]
Decisiones de tutela que han
encontrado apoyo en sede de control abstracto de constitucionalidad, esto es,
en sentencias con efectos erga omnes, como la C-037 de 1996 [Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia][84],
C-384 de 2000[85],
C-739 de 2001[86]
y C-713 de 2008 (Reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia][87].
Particularmente, este Tribunal en
la sentencia C-590 de 2005 declaró inexequible la norma que
impedía interponer la acción de tutela contra sentencias de casación en materia
penal[88],
por considerar que dicha restricción vulneraba, entre otras normas, el artículo
86 de la Constitución. Los criterios expuestos en tal determinación resultan
aplicables para reivindicar la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra las sentencias de los órganos máximos en las jurisdicciones ordinaria,
contencioso administrativa y jurisdiccional disciplinaria.
En consecuencia, la Sala Plena de
la Corte Constitucional reitera que la tutela solamente resulta viable contra
providencias judiciales si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad, que se distinguen: unos, como de carácter general que
habilitan la presentación de la acción y, otros, de carácter específico que
conciernen a la procedencia del amparo una vez interpuesta. Tales eventos comprenden la superación del concepto de “vía de hecho” y
la admisión de “específicos supuestos de procedencia” en eventos en los que si
bien no se está ante una burda trasgresión de la Constitución, si se trata de
decisiones ilegítimas que afectan los derechos fundamentales. Así se
sostuvo por esta Corporación en la sentencia C-590 de 2005, que in extenso
se transcribe para su mejor comprensión:
“Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[89].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que
se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[90].  De allí que
sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[91].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[92].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[93].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que
no se trate de sentencias de tutela[94].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido,
como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia
se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[95]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[96].
h.  Violación
directa de la Constitución.”
2.13. Resolución
de los casos concretos
2.13.1. Expediente
T-4.478.561 (Asunto: condición más beneficiosa)
El señor Germán
Vélez Cárdenas, presentó acción de tutela contra la Administradora de Fondos de
Pensiones Protección S.A., al considerar vulnerados los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vida digna, la igualdad, la salud y la seguridad social
por haberle negado la pensión de invalidez; no obstante, habérsele dictaminado por
la entidad una pérdida de la capacidad laboral de 59.18% y haber cotizado 595
semanas al Instituto del Seguro Social, antes del 1° de abril de 1994, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Antes de
realizar el examen correspondiente, advierte esta Corporación el cumplimiento
del requisito de inmediatez, toda vez que entre la notificación del oficio que
negó la pensión de invalidez (diciembre de 2013) y la interposición de la
acción de tutela (marzo de 2014), transcurrió un lapso razonable, debiendo
observarse, así mismo, que lo reclamado es el reconocimiento de una prestación
continua y sucesiva.
Satisfecho
el requisito mencionado, observa la Sala que el cuestionamiento trasciende,
ante la negativa de la pensión, lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 860 de
2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, al no aplicar Protección
S.A. los principios constitucionales de la condición más beneficiosa, de
acuerdo a lo que esta Corporación ha reseñado en reiterada jurisprudencia,
conocidas las especiales circunstancias en que se halla el accionante quien
perdió más de 50% de su capacidad laboral, según dictamen de la Aseguradora
SURA S.A., irrespetándose así la protección internacional y nacional de que
goza la persona que se encuentra en situación de discapacidad. Normas que deben
ser aplicadas tanto por las entidades públicas, como por aquellas privadas que
manejan recursos del sistema general de pensiones.
De esta
manera, recuérdese que el amparo constitucional emerge de una confrontación de
acto que deniega la pensión de invalidez con el contenido del texto superior arts.
4 (supremacía de la constitución) y 53 (principio de favorabilidad y condición
más beneficiosa) para la estricta verificación del cumplimiento, real y
efectivo de los derechos fundamentales.
Por
consiguiente, la cuestión a determinar es si la aludida administradora de los
recursos de la seguridad social y los jueces de instancia, pasaron por alto en
el caso concreto, el cumplimiento de garantías constitucionales que, dando
aplicación a los principios referidos, protegen a una persona en las
circunstancias en que se encuentra el señor Germán Vélez Cárdenas.
Efectivamente
en el asunto objeto de estudio, de manera excepcionalísima, la tutela entraría
a proteger estrictos e inexorables postulados constitucionales[97], que emanan de
los ya mencionados principios, los cuales tienen que ser realizados en materia
laboral, específicamente para proteger los derechos a la seguridad social, al
mínimo vital, a la vida digna, a la dignidad humana y a la igualdad.
Una vez
establecida la procedencia de la presente acción, debe verificarse la aplicación
de la condición más beneficiosa, que ha sido explicada desde la perspectiva de
la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral; el interrogante propuesto gira en torno a si era posible acudir a tal
condición para conceder una pensión de invalidez, cumplidos los requisitos del
Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 del mismo año, y consultando la
jurisprudencia emanada de las corporaciones referidas, en adicional desarrollo
de la interpretación más favorable al trabajador (art. 53 Const.).
Como se
reseñó, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que la
seguridad social tiene finalidades específicas de cubrimiento de ciertas
contingencias y  un cambio normativo en esa materia no puede provocar el
desconocimiento de esos objetivos; por ello, frente a casos fácticamente
semejantes al presente, cuando una persona declarada en situación de invalidez
haya cotizado por lo menos 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 (abril 1° de 1994), puede acceder a la pensión bajo el régimen
del Acuerdo 049 de 1990.
Conforme a
lo expuesto, teniendo en cuenta que el actor cotizó 595 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (según
el total de semanas reportadas en la historia laboral para bono, folio 29 c.p.)
y que presenta 59.18% de pérdida de capacidad laboral, ha debido concluirse que
ciertamente tiene derecho a la pensión de invalidez reclamada.
En conclusión,
resulta ostensible el yerro en que incurrieron, por inadvertencia, Protección
S.A., al negar la pensión de invalidez, al igual que
los jueces de instancia, denegando el derecho fundamental del señor Germán
Vélez Cárdenas a la seguridad social, que al no ser reconocido, debiendo serlo,
deja en evidencia la adicional violación al derecho a la igualdad al confrontar
su asunto con otros que han sido merecedores de la aplicación de la condición
más beneficiosa, a quienes sí les ha efectuado el reconocimiento pensional en
similitud de condiciones estando, además, está de por medio el mínimo vital y
la vida digna de un enfermo, que ya no puede desempeñarse laboralmente.
Así, para obrar en consecuencia, tiene que ser revocada la sentencia de la Sala  Laboral del Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Pereira, proferida el 12 de mayo de 2014, que confirmó la
emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal de esa misma ciudad, el 21 de
marzo de ese mismo año, por la cual no otorgó el amparo solicitado en la acción
interpuesta “en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la vida digna, a la igualdad, a la salud y a la seguridad social”.
En su
lugar, serán tutelados los derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad
social, el mínimo vital y la vida digna del señor Germán Vélez Cárdenas, a cuyo
favor se dispondrá que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta sentencia, la Administradora de Fondos de
Pensiones Protección S.A., si aún no lo ha efectuado, expida  el oficio de
reconocimiento de la pensión de invalidez del mencionado señor, en la suma que
corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá
retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los
diez (10) días hábiles subsiguientes.
Precisión
final.
Podría
argumentar Protección S.A. que dicha prestación sólo se causó en el régimen de
prima media, por tanto, el llamado al pago de dicha pensión es el Instituto de
Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, y que al haberse trasladado el señor Vélez
Cárdenas al régimen de ahorro individual administrado por Protección S.A.,
perdió el pretendido derecho a la pensión.
Sin embargo,
esta Sala no comparte dicho entendimiento, por cuanto las cotizaciones
realizadas por el accionante no pueden perder su eficacia por el sólo hecho de
haberse traslado de régimen pensional, toda vez que no existe una norma que lo
señale expresamente.
Por el contrario
el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, garantiza los derechos adquiridos
conforme a disposiciones normativas anteriores. Al respecto precisa:
Ley 100 de 1993. ARTICULO 11.- Modificado por el art. 1, Ley 797 de
2003 Campo de aplicación. El sistema general de pensiones, con las excepciones
previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los
habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los
derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y
establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la
fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una
pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general. (Subrayas fuera de texto).
Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán
su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas
anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.
(…).
Quiere decir lo
anterior, que una vez el señor Vélez Cárdenas se trasladó del régimen de prima
media con prestación definida administrado en ese entonces por el ISS, al
régimen de ahorro individual con solidaridad que administra Protección S.A., su
derecho estaba ya consolidado al haber cotizado más de 300 (trescientas)
semanas en cualquier época, con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de
1993 y; en esa medida, le asiste el derecho a la pensión de invalidez que
reclama, sin que se pueda oponer en este puntual caso, el hecho de que los dos
regímenes son excluyentes.
Ello por cuanto la
AFP Protección S.A. al momento de recibir la afiliación del señor Vélez
Cárdenas, el 1º de marzo de 2005, debió haber previsto el hecho de no causarle
ningún perjuicio en sus derechos adquiridos, o por lo menos en sus legítimas
expectativas. Al respecto, se debe precisar que es la Administradora de Fondos
de Pensiones la que cuenta con la información especializada para no hacer
incurrir al afiliado en error; entender lo contrario, equivaldría a trasladarle
una carga irrazonable y desproporcionada al trabajador, obligándole de paso a
asumir la pérdida de sus derechos en contra de su voluntad, cuando el artículo
48 Superior, garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social.
En esas
condiciones se dará aplicación a los precedentes fijados por esta Corporación,
en lo que respecta a la condición más beneficiosa y al principio de
favorabilidad desarrollados en el acápite 2.6 de esta providencia.
2.13.2.
Expediente T-4.491.269 (Asunto: Pensión Invalidez persona joven).
En este caso el
joven de 24 años, Andrés Arévalo Jaramillo fue víctima de atraco con arma de
fuego en ciudad de Bogotá. Dicha lesión le trajo como consecuencia una pérdida
de capacidad laboral del 78.25%, fijándose como fecha de estructuración el día
11 de octubre de 2012, día en el cual sufrió el incidente callejero.
El señor
Jaramillo había ingresado formalmente a su vida laboral el día 2 de enero de
2012, de tal manera que para la fecha de los hechos generadores de su invalidez
sólo contaba con 38 semanas de cotización al sistema general de seguridad
social.
No obstante,
dentro de los seis meses de incapacidad la empresa Servicios Postales
Nacionales 472, siguió cotizando en favor del trabajador todos los aportes
legales que exige el sistema de seguridad social integral.
Una vez se
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez a favor del señor
Arévalo Jaramillo, la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A. la
negó, al considerar que el joven no cuenta con las 50 semanas de cotización que
exige el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Olvida dicho
fondo que esta Corporación en la Sentencia T-777 de 2009, ordenó a Porvenir
S.A. reconocer y pagar una pensión de invalidez en favor de una joven que había
quedado invalida como consecuencia de un accidente de tránsito. En dicha
ocasión se excepcionó por inconstitucional el parágrafo 1º del artículo 1º de
la Ley 860 de 2003, en lo que respecta a la limitación impuesta por el
Legislador de que sólo las personas menores de 20 años deberían demostrar haber
cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior a la fecha de
estructuración de la invalidez o de su declaratoria.
En su lugar se
dispuso que dicho límite de edad fuera extendido también a las personas que
tuvieran hasta 26 años,  siendo esta la edad en la que se enmarca el concepto
de juventud según los instrumentos internacionales y la ley de juventudes
vigente en nuestro país.
Dicho argumento
sirvió para consolidar una línea jurisprudencial reiterada y pacífica que
propende por el derecho a la pensión de invalidez de la población joven de
Colombia, entre ellas las sentencias T-777 de 2009, T-839 de 2010, T-934 de
2011, T-054 de 2012, T-246 de 2012, T-506 de 2012, T-930 de 2012, T-1011 de
2012, T-630 de 2013, T-819 de 2013, T-443 de 2014 y T-580 de 2014.
Recientemente,
esta Corporación en la sentencia C-020 de 2015, estudió la constitucionalidad
del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y lo declaró
condicionalmente exequible  al considerar lo siguiente[98]:
“Por lo cual, para remediar el déficit de protección, la Corte
declarará exequible la norma acusada, con la condición de que se extienda lo
allí previsto en materia de pensiones de invalidez hacia toda la población
joven, definida esta última razonablemente, y en la medida en que sea más
favorable al afiliado. En los casos concretos, sin embargo, mientras la
jurisprudencia constitucional no evolucione a la luz del principio de
progresividad, la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1 de
la Ley 860 de 2003 debe extenderse favorablemente, conforme lo ha señalado
hasta el momento la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de
Revisión de la Corte Constitucional; es decir, se debe aplicar a la población
que tenga hasta 26 años de edad, inclusive.”
Teniendo en
cuenta que el accionante contaba con 22 años de edad al momento de
estructurársele la invalidez, siguiendo los lineamientos expuestos en los
acápites 2.9 y 2.10 de esta providencia, siendo consistentes con la
jurisprudencia que se ha venido fijando en casos semejantes al presente asunto,
la Corte revocará las sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Conocimiento, el pasado veinte (20) de mayo de 2014, para en su
lugar conceder la protección de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
Lo anterior por
cuanto está probado en el expediente: i) que el señor Carlos Andrés Arévalo
Jaramillo nació el día 17 de febrero de 1991, es decir, que para la fecha de
estructuración de la invalidez (11 de octubre de 2012) contaba con 21 años y
ocho meses de edad; ii) que se afilió al Sistema de Seguridad Social Integral
desde el mes de enero del año 2012; iii) que con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez su empleador cotizó durante más de 50 semanas;
iv) que la fecha del dictamen de invalidez corresponde al 20 de agosto de 2013.
Siendo
consecuentes con los postulados jurisprudenciales referenciados y en aplicación
del artículo 1º, parágrafo 1º de la Ley 860 de 2003 tal como lo señaló esta
Corporación en la Sentencia C-020 de 2015,  se debe entender que el señor
Arévalo Jaramillo, sólo tenía que demostrar haber cotizado 26 semanas en el año
inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o de su
declaratoria. Por tanto al haber sido afiliado al sistema general de pensiones
en el mes de enero de 2012, para el 11 de octubre de ese mismo año, ya había
cotizado más de las 26 semanas requeridas.
Si en gracia de
discusión se aceptara que no las tenía, entonces para la fecha en que fue
declarada su invalidez, es decir para el 20 de agosto de 2013, aparece probado
que su empleador Servicios Postales Nacionales 472, le había cotizado
ininterrumpidamente por más de 10 meses (40 semanas).
En este contexto
está suficientemente probado que el accionante se encuentra en estado de
invalidez (78.15%) de pérdida de la capacidad laboral, y que siendo una persona
joven, ha cotizado al sistema más de 26 semanas en el año inmediatamente
anterior a la fecha de estructuración de su invalidez o de su declaratoria.
En consecuencia,
le asiste el derecho a la pensión que reclama.
2.13.3. Expediente
T-4.535.468 (Asunto: fecha de estructuración de la invalidez en forma retroactiva)
En el presente asunto el señor Boris Obed Pérez Gutiérrez impetró
acción de tutela contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora
vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la igualdad,
a la vida digna y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
Manifestó que es
una persona de 63 años de edad, que tiene una discapacidad desde que sufrió un
accidente en el año 1983, lo cual le ocasionó la pérdida del brazo izquierdo.
Sin embargo, dicha limitación no le impidió laborar y cotizar al Instituto de
Seguros Sociales durante más de 20 años.
Señaló que una
vez solicitó el reconocimiento y pago de la pensión, la misma le fue negada porque
la fecha de estructuración de la pérdida de su capacidad laboral fue establecida
en un momento anterior a su afiliación al Sistema General de Pensiones (17 de
febrero de 1985). Por lo anterior, se debe establecer
si esa decisión vulneró el derecho a la igualdad y de paso los demás derechos
prestacionales invocados por el actor, al no brindarle la protección especial a
la que tiene derecho por ser una persona con discapacidad.
Manifestó que
sólo hasta el año 2007, comenzó a sentir molestias en el manguito rotador del
brazo derecho, situación que se hizo más gravosa en el año 2011, fecha en la
cual sintió la necesidad de retirarse de la vida laboral, ante la imposibilidad
de desarrollar alguna actividad lucrativa.
Adujo que
solicitó al ISS que calificara su pérdida de capacidad laboral, la cual fue
valorada en un 58.02%, fijándole como fecha de estructuración el 17 de febrero
de 1985.
Una vez obtenida
la calificación de su PCL, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, la cual fue negada por cuanto no demostró haber cotizado
150 semanas en los últimos seis años, ni 300 en cualquier tiempo con
anterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, según lo preceptuado
en el artículo 5° del Acuerdo 224 de 1996, modificado por el acuerdo 019 de
1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984 y demás normas concordantes.
Por último
precisó que logró cotizar al ISS 1.082, 19 semanas, por lo que considera que
tiene derecho al pago de la prestación reclamada
El ISS, hoy COLPENSIONES interpretó que el hecho
de que la fecha de estructuración de la invalidez del actor hubiera sido
anterior a la fecha de su afiliación al Sistema General de Pensiones, implicaba
que no tiene derecho a la pensión de invalidez.
De aceptarse esta interpretación, se estaría
admitiendo que a las personas que nacieron con discapacidad o a las que se les
generó a temprana edad, por razón de su especial condición, no se les debe
garantizar la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de
vida acorde con la dignidad humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión
de invalidez, derechos que sí están reconocidos a las demás personas.
Como es evidente, esta interpretación constituye
un acto de discriminación contra el señor  Boris Obed
Pérez Gutiérrez por motivo de su
discapacidad, ya que tiene el efecto de impedir que este acceda a la pensión de
invalidez, la cual resulta contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales
que protegen a las personas con discapacidad de ser discriminadas por su
condición especial.[99]
Pero además de vulnerar el derecho a la igualdad
de las personas con discapacidad, esa decisión resulta completamente contraria
a otros postulados de la Constitución, la ley y los Tratados Internacionales
suscritos por Colombia, sobre la protección especial de las personas que
presentan una merma considerable en su capacidad laboral, tal como se señaló en
los acápites 2.7 y 2.9 de esta providencia.
En efecto, en el artículo 47 de la Constitución
Política se consagra el deber del Estado de adelantar políticas de
rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad y en el
artículo 54 se consagra el deber de garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Como ya se indicó en el título
anterior de esta sentencia, en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad también se
garantiza el derecho de este segmento de la población a acceder en forma
voluntaria a programas de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la
salud, el empleo, la educación, y los servicios sociales, con el fin de lograr
su máxima independencia y su integración social, así como el derecho a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás en una actividad acorde con sus
capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y beneficios de
jubilación.[100]
Por lo tanto, si una persona con discapacidad
ejerce una actividad productiva, el Estado debe garantizarle los mismos
derechos que tiene todo trabajador, entre los cuales se incluye el derecho a
afiliarse al Sistema General de Pensiones y de beneficiarse de los derechos y
prestaciones sociales que este Sistema reconoce. Así, debe concluirse que la Administradora Colombiana de
Pensiones vulneró el derecho a la igualdad y a la seguridad social del señor Pérez
Gutiérrez, al interpretar que su condición de ser una persona con una discapacidad
desde temprana edad le impedía obtener la pensión de invalidez, pese a haber
realizado cotizaciones por más de 1082 semanas.
Por lo anterior,
revocará la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, el pasado
10 de julio de 2014, para en su lugar tutelar los derechos fundamentales a la
igualdad, a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital del
accionante.
Ello teniendo en
cuenta que se logró probar su estado de invalidez al tener más del 58% de la
pérdida de capacidad laboral. Adicionalmente está reconocido por el
ISS-COLPENSIONES que el accionante cuenta con más de 1082 semanas en toda su
historia laboral, superando por mucho las 300 semanas que exige el artículo 6º
del Decreto 758 de 1990, en cualquier época, cumpliendo así con todos los
requisitos legales que se exigen para ser beneficiario de la pensión de
invalidez que reclama.
2.13.4. Expediente
T-4.538.765 (Asunto: calificación de pérdida de capacidad en enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas)
La Sala encuentra que en el caso concreto del señor Manuel Salvador
Villalba Urbina, entre la fecha de estructuración de la invalidez (11 de agosto
de 2011) y la fecha de su calificación (20 de junio de 2012), el accionante
pese a la enfermedad que padecía y las limitaciones que su estado de salud le
generaban, se mantuvo activo laboralmente y continuó cotizando al sistema
general de pensiones.
En efecto, de la historia laboral aportada al expediente, se colige
que cotizó como trabajador dependiente de la empresa Coingsar SAS, desde el 1°
de agosto de 2010 hasta el 31 de enero de dos mil trece (2013).[101]Quiere
decir lo anterior, que se registraron aportes pagados por el empleador,
entre el 11 de agosto de 2011 y el 20 de junio de 2012[102], hecho que ratifica que
después de la fecha de estructuración se continuó cotizando en favor del
trabajador.
En el presente asunto resulta aplicable la jurisprudencia reiterada
por esta Corporación, conforme la cual tratándose de enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas es posible tener en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración cuando aún la persona conserva su
capacidad laboral residual, al punto de continuar con su vinculación laboral,
realizando los correspondientes aportes al sistema de seguridad social y hasta
el momento en el que se le practique el examen de calificación de la invalidez
en el cual se asume, la persona pierde la capacidad efectiva para seguir
trabajando.[103]
Teniendo en cuenta lo anterior y según lo expuesto en el
acápite 2.7. de esta providencia, procede esta Corporación a verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley 860 de
2003, por parte del señor Villalba Urbina, norma aplicable al caso y que exige (i) sufrir una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al
50% y (ii) haber cotizado cincuenta (50) semanas en los
tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez. Para ello, se tendrán en cuenta las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración (11 de agosto
de 2011) y hasta la fecha de elaboración del dictamen, es decir el día veinte
(20) de junio de dos mil doce (2012), en atención a que fue en ese momento en
que el actor se vio en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez ante
el progreso de la enfermedad y la gravedad de su estado de salud que le impedían
ejercer óptimamente sus capacidades productivas.
De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en
pensiones emitido por COLPNESIONES, se encuentra
probado que durante el periodo comprendido entre el veinte (20) de junio de dos mil doce (2012) y el veintiuno (21)
de junio de dos mil nueve (2009), es decir entre los
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha del dictamen, el señor Villalba
Urbina cotizó al sistema general de pensiones más de las 50 semanas exigidas
por la norma citada, e incluso superó el monto mínimo exigido en el
marco normativo que le resulta aplicable (82.6 semanas).[104] De modo
que, cuando se realizó el examen de calificación de la pérdida de capacidad
laboral (20 de junio de 2012), el actor ya contaba con las 50 semanas de
cotización exigidas por la Ley 860 de 2003.
Igualmente, quedó probado que padece una disminución en su capacidad
laboral del setenta punto ochenta por ciento (70.80%) de
origen común tal como se desprende del dictamen de calificación anexado al
trámite,[105]
y como consecuencia de la “cardiomiopatía, hipertensión arterial sistémica
con cardiopatía hepertensiva, arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular POP
tardío de CIA Congénita y la diabetes mellitus tipo II, entre otras dolencias”[106],
es claro que padece una enfermedad catastrófica.
En este orden de ideas, el precedente conforme el cual
es posible tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha
de estructuración de la invalidez, resultan aplicables al asunto analizado.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del
accionante, tanto por omitir las condiciones especiales en las que se
encuentra, dado que su invalidez le afecta su integridad personal y su vida
digna, toda vez que se trata de una persona inválida, sujeto de especial
protección constitucional, la Sala revocará la
sentencia de tutela proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circutio de
Cartagena CFC el trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), que en su
momento no amparó los derechos fundamentales del accionante dentro de la acción
de tutela promovida contra la Administradora Colombiana de Pensiones S.A., para
en su lugar, proteger los derechos fundamentales del señor Manuel Salvador
Villalba Urbina ordenando a COLPENSIONES, que le reconozca y pague la pensión
de invalidez por riesgo común, desde el momento en que se produjo el hecho
causante de la invalidez de manera definitiva, pagando el valor de las mesadas
causadas y no prescritas.
2.13.5. Expediente
T-4.539.990 (Asunto: Calificación de la fecha de estructuración de la invalidez
de forma retroactiva)
En el presente asunto la señora Zulma Noha Guzmán Ayala impetró
acción de tutela contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora
vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la igualdad,
a la vida digna y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
Manifestó que es
una persona de 41 años de edad, que tiene una discapacidad mental del 68.5%, la
cual se ha venido agravando con el paso del tiempo; sin embargo, dicha
limitación no le impidió laborar y cotizar al Instituto de Seguros Sociales
durante más 14 años (710 semanas).
Señaló que una
vez solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, la misma le fue negada porque la fecha de estructuración de la
pérdida de la capacidad laboral fue establecida en un momento anterior a su
afiliación al Sistema General de Pensiones (29 de septiembre de 1973, fecha de
su nacimiento). Por lo anterior, se debe establecer
si esa decisión vulneró el derecho a la igualdad y de paso las demás
prerrogativas prestacionales invocados por la accionante, al no brindarle la
protección especial a la que tiene derecho por ser una persona en estado de
invalidez.
Adujo que sólo
hasta el mes de mayo de 2013, solicitó a COLPENSIONES que calificara su
discapacidad y una vez obtenida la calificación de su PCL, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue negada por cuanto
no demostró haber cotizado 150 semanas en los último seis años, ni 75 en los
últimos tres, inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, según lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 90 de 1948 y demás
normas que la adicionan o modifican (Decreto 3041 de 1966).
COLPENSIONES interpretó que el hecho de que la
fecha de estructuración de la invalidez de la accionante hubiera sido anterior
a la fecha de su afiliación al Sistema General de Pensiones, implicaba que no
tenía derecho a la pensión de invalidez.
De aceptarse esta interpretación, se estaría
admitiendo que a las personas que nacieron con discapacidad, o a las que se les
generó a temprana edad, por razón de su especial condición, no se les debe
garantizar la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de
vida acorde con la dignidad humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión
de invalidez, derechos que sí están reconocidos a las demás personas.
Como es evidente, esta interpretación constituye
un acto de discriminación contra la señora  Zulma Noha Guzmán Ayala por motivo
de su discapacidad, ya que tiene el efecto de impedir que esta acceda a la
pensión de invalidez, la cual resulta contraria a la Constitución y a los
tratados internacionales que protegen a las personas con discapacidad de ser
discriminadas por su condición especial.[107]
Pero además de vulnerar el derecho a la igualdad
de las personas con discapacidad, esa decisión resulta completamente contraria
a otros postulados de la Constitución, la ley y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, sobre la protección especial de las personas que
presentan una merma considerable en su capacidad laboral, tal como se señaló en
los acápites 2.7 y 2.9 de esta providencia.
En efecto, en el artículo 47 de la Constitución
Política se consagra el deber del Estado de adelantar políticas de
rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad y en el
artículo 54 se consagra el deber de garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Como ya se indicó en el título
anterior de esta sentencia, en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad también se
garantiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder en forma voluntaria
a programas de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud, el
empleo, la educación y los servicios sociales, con el fin de lograr su máxima
independencia y su integración social, así como el derecho a trabajar en
igualdad de condiciones con los demás en una actividad acorde con sus
capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y beneficios de
jubilación.[108]
Por lo tanto, si una persona con discapacidad
ejerce una actividad productiva, el Estado debe garantizarle los mismos
derechos que tiene todo trabajador, entre los cuales se incluye el derecho a
afiliarse al Sistema General de Pensiones y de beneficiarse de los derechos y
prestaciones sociales que este Sistema reconoce. Así, debe concluirse que la Administradora Colombiana de
Pensiones vulneró el derecho a la igualdad y a la seguridad social de la señora
Guzmán Ayala, al interpretar que su condición de ser una persona con una
discapacidad desde su nacimiento le impedía obtener la pensión de invalidez,
pese a haber realizado cotizaciones por más de 710 semanas.
Por lo anterior,
la Sala revocará la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de
Oralidad de Cali, el 28 de abril de 2014, para en su lugar tutelar los derechos
fundamentales a la igualdad, a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo
vital de la accionante.
Ello teniendo en
cuenta que se logró probar su estado de invalidez al tener más del 68.5% de la
pérdida de capacidad laboral. Adicionalmente está reconocido por COLPENSIONES
que la accionante cuenta con más de 50 semanas en los últimos tres años
anteriores a la fecha de calificación de su pérdida de capacidad laboral,
cumpliendo así con todos los requisitos legales que se exigen para ser
beneficiario de la pensión de invalidez que reclama; toda vez que no se puede
tener como fecha de estructuración la de su nacimiento, por cuanto ello
conllevaría a desconocer las cotizaciones efectivamente realizadas por la
accionante durante más de 14 años.
A juicio de esta
Sala, una persona que haya nacido con discapacidad no puede ser excluida del
derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento de que no reúne 50 semanas
antes de la estructuración de su invalidez porque ésta se estableció a partir
de su nacimiento, si se constata que: i) está en las mismas condiciones de
vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición legal expresa, beneficiarios
de la pensión; ii) se afilió al sistema y ha aportado un número relevante de
semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que lo haya hecho con el ánimo de
defraudar al sistema. Esta diferencia de trato, a juicio de la Corte, no tiene
ninguna justificación.
2.13.6. T-4.540.903
(Asunto: Pensión por aportes)
El señor Guillermo Iván Escobar Vásquez de 67 años de edad, quien
además aduce ser beneficiario del régimen de transición por cuanto al 1° de
abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, busca amparo para sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida
digna, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, presuntamente
conculcados por el ISS-COLPENSIONES, al negar el reconocimiento de la pensión de vejez por acumulación de aportes,
argumentando que para ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 71
de 1988, el peticionario debió haber efectuado aportes a los sectores público y
privado, con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones (Ley 100 de 1993).
Se observa que el actor agotó los mecanismos ordinarios
de defensa judicial, y en primera instancia el Juzgado Segundo Adjunto al Doce
Laboral del Circuito de Medellín concedió el amparo a sus pretensiones. Apelado
el fallo del a quo el Tribunal Superior de Medellín lo revocó, bajo el
argumento de que no se podían acumular los tiempos de servicios públicos no
cotizados al ISS junto con aquellos efectivamente aportados. Aduce el
accionante que interpuso el recurso de casación, pero que al conocer algunas
providencias que profirió la Corte Constitucional amparando los derechos
invocados en asunto muy similares al suyo, prefirió renunciar al recurso
extraordinario con el fin de que fuera el juez constitucional quien amparara
sus derechos.
Por lo anterior interpuso la acción de tutela en contra
de la sentencia proferida por el Tribunal de Medellín el pasado 17 de
septiembre de 2012.
Ahora bien, la
viabilidad de esta acción y lo que ha quedado fundamentado en las
consideraciones generales, hace que se evalúe si la decisión de la entidad
demandada vulneró los derechos fundamentales del actor o si, por el contrario,
existió razón para negar el reconocimiento de la pensión de vejez.
Resulta
pertinente recordar lo expuesto en la sentencia recurrida cuando señala “en
efecto, la posibilidad de acumulación de aportes en las distintas entidades de
previsión social con los del I.S.S. fue prevista por vez primera en el artículo
7° de la Ley 71 de 1988, que permitió a los empleados oficiales y trabajadores
que acreditaran 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o
varias de las entidades de previsión de los distintos órdenes del Estado y en
el Instituto de Seguros Sociales, acceder a la pensión de jubilación especial
allí prevista, a la edad de 60 años los varones y 55 las mujeres.
Adicionalmente
esa normatividad abría la puerta a la acumulación de aportes a distintas cajas
de previsión con los del seguro social, pero no la contabilización de tiempos
de servicio a entidades públicas que no estuvieran acompañados de cotizaciones
a alguna de esas entidades de previsión.”
Ello no es de
recibo conforme a la Constitución, ni ante la ley y la jurisprudencia, toda vez
que esta Corporación al estudiar el alcance e
interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual determina los
beneficios de aquellas personas a  las cuales se les puede aplicar el régimen
de transición, en la sentencia C-596 de 1997, estableció que de una
lectura armónica del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en
relación con otras normas se podía concluir:
“(…) los servidores públicos que, cumpliendo los mencionados
requisitos de edad no estaban afiliados a ningún régimen pensional en el
momento de entrar a regir la nueva ley, tienen la posibilidad de pensionarse a
la edad de 55 años si se trata de mujeres, o de 60, si se trata de hombres, y
no pierden el tiempo de servicio ni las semanas de cotización que hayan
acumulado con anterioridad a tal fecha.
En efecto, son varias las normas contenidas en el Régimen General de
Pensiones que se refieren a los servidores públicos que se encuentran en esta
situación, que analizadas en su conjunto conducen a la conclusión anteriormente
señalada:
En primer lugar, el artículo 13 de la Ley 100, que describe las
características del nuevo sistema, en su literal f) señala que para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en cualquiera de
los dos regímenes pensionales, se tendrán en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, sin importar si dicha
cotización se hizo al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector
público o del sector privado, o el tiempo de servicio como servidores
públicos, cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de
servicios;
En segundo lugar, el artículo 33 de la ley en comento, al definir
los requisitos generales para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen
de prima media con prestación definida, indica que es necesario haber cotizado
un mínimo de mil semanas en cualquier tiempo, señalando que para el cómputo de
dichas semanas se tendrá en cuenta, entre otros, ‘el tiempo de servicio como
servidor público’.
En tercer lugar, el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que es la norma especial que regula la pensión de vejez de las personas que al
entrar en vigencia el nuevo Sistema de Seguridad Integral tenían 35 o más años,
si se trataba de mujeres, o 40 o más años, si se trataba de hombres,
expresamente menciona que para efectos del reconocimiento de la pensión de
vejez de tales personas, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas
con anterioridad a la vigencia de la ley, ‘al Instituto de Seguros Sociales, a
las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado,
o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera que sea el número
se semanas cotizadas o el tiempo de servicio.’
En conclusión, aquellos servidores públicos que tenían en el momento
de entrar en vigencia la nueva ley las edades mencionadas, se jubilarán a
los 55 o 60 años de edad, según se trate de mujeres o de hombres,
respectivamente; y el tiempo de servicio que como servidores públicos hayan
trabajado en cualquier tiempo, siempre se les tendrá en cuenta.”
Como se pudo
constatar está permitido aplicar leyes anteriores a la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y de aquellas que la modifican o complementan,
siempre y cuando se cumplan los requisitos propios de la disposición anterior, esto
es con la edad y tiempo de servicio, enfoque que acredita que a quienes
satisfagan los aspectos expuestos se les reconozca el régimen de transición,
como lo ha entendido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.[109]
En relación a lo
anterior, es importante traer a colación lo indicado por esta corporación en
sentencia T-365 de 2010, cuando ante un caso similar al estudiado se concluyó:
“(i) las personas se encuentran afiliadas al sistema de seguridad
social y por tanto los requisitos que se impongan para acceder a los beneficios
de la seguridad social se cumplen ante el sistema no ante entidades u órganos
que lo compongan y (ii) en virtud del principio de favorabilidad laboral[110]
y con el fin de garantizar el derecho constitucional a la seguridad social, es
viable reconocer la pensión por acumulación de aportes a quien acredite veinte
(20) años de servicios o de cotizaciones en el sector público y privado,
incluyendo para tal efecto el tiempo laborado, incluso durante el lapso en que
no se realizaron aportes a ninguna caja de previsión.”
El señor Escobar Vásquez tiene los siguientes tiempos de servicio y
de cotización:
COTIZACIONES/TIEMPO DE SERVICIO
DESDE
HASTA
TOTAL TIEMPO
Cotizaciones al ISS
22/09/80
28/12/86
(2.256 días) 322.9 semanas
EPM
29/1286
30/06/95
(3.062 DÍAS) 437.43
Cotizaciones al ISS
101/07/95
28/02/97
(600 días) 85.71 semanas
Cotizaciones al ISS
01/01/98
01/11/98
(300 días) 43 semanas
Prosperar-ISS
01/03/04
30/01/07
(1050 días) 150 semanas
TOTAL
7.268 DÍAS, 1038 SEMANAS
De lo anterior se puede extraer que el tiempo laborado por el señor
Escobar Vásquez a entidades del Sector Público y el cotizado al Seguro Social,
acredita un total de 7.268 días; que equivalen a 1.038 semanas,
correspondientes a 20 años, 02 meses y 8 días, evidenciándose el cumplimiento
de los requisitos del régimen de transición y de los previstos en el artículo
7° de la Ley 71 de 1988, esto es, haber efectuado
aportes durante 20 años y, haber cumplido 60 años de edad.
Una vez acreditados los
requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de vejez, se pasará a
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
-Que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Es claro que el asunto puesto a consideración de la Sala tiene
relevancia constitucional toda vez que los derechos fundamentales que cuya
protección se invoca son de rango suprior, al pretenderse la protección de los
derechos a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad
social, todos ellos contenidos en la Carta Política.
-Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[111].  Como se
precisó el accionante agotó la vía laboral ordinaria en busca de obtener el
reconocimiento de su pensión; sin embargo renunció al recurso de casación por
cuanto encontró que la Corte Constitucional ya tenía una línea jurisprudencial
consolidada y pacífica en lo que respecta al asunto de la pensión por aportes,
situación que no se dada en la Corte Suprema, lo que suponía un gran riesgo
para el reconocimiento de sus pretensiones.
-Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[112].  En este aspecto hay que hacer énfasis en que la tutela se
presentó en un tiempo razonable desde el momento en que le aceptaron el
desistimiento del recurso de casación, por tanto dicho requisito también se cumple.
-Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[113].
El accionante hizo mención expresa a los hechos que vulneraron sus derechos,
tal como lo es el desconocimiento del precedente constitucional.
-Que no se
trate de sentencias de tutela[114].
Es claro que la sentencia recurrida es la dictada por el Tribunal Superior de
Medellín en la vía ordinaria laboral, por tanto no se trata de una providencia
de naturalez constitucional.
En lo que
concierne a los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción
de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos:
-Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[115].
En el presente caso el Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral
de Descongestión, optó por aplicar una norma que limita abiertamente el derecho
a la acumulación de tiempos públicos y privados, para que un trabajador pueda
acceder a su derecho a la pensión.
Ello sin tener en cuenta que ya esta Corporación en una sentencia
de constitucionalidad y en varias de tutela ya citadas, había fijado el alcance
al derecho que le asiste al trabajador oficial o al servidor público de sumar
el tiempo de servicio prestado a una entidad, sin importar si la misma había
cotizado o no, mientras duró la relación laboral, antes de la Ley 100 de 1993.
Por lo expuesto, será revocado el
fallo que se revisa, proferido el 2 de julio de 2014, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de igual manera se dejará sin efecto
la sentencia proferida por la Sala Cuarta Dual de Decisión Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, proferida el 17 de septiembre
de 2012, para en su lugar proteger el amparo de los derechos fundamentales a la
vida digna, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, del señor
Iván Escobar Vásquez.
En consecuencia,
se ordenará COLPENSIONES que, en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, expida una nueva resolución que
reconozca la pensión del señor Iván Escobar Vásquez, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia y realicé las gestiones necesarias para que, una
vez reconocida la pensión, él sea incluido en nómina de pensionados. Dicho
trámite deberá efectuarse dentro de un término no superior a un mes, contado a
partir de la notificación de la presente providencia.
2.13.7.
Expediente T-4.544.352 (Asunto: Inconformidad con la fecha de estructuración)
El señor Edgar
Pozada Acosta indica que nació en el 23 de febrero de 1953, por lo que al fecha
cuenta con 62 años de edad. Señala que se afilió al ISS desde el año 1985,
cotizando a la fecha un total de 1671 días, equivalentes a 238,71 semanas.
Manifiesta que
sufre de una enfermedad mental que se ha vuelto crónica, trastorno afectivo
bipolar, lo que le ha ocasionado episodios psicóticos con violencia hacia
familiares y amigos, hasta el punto que ha sido necesaria la intervención de la
policía, para poder ingresarlo a un centro médico y poder ser sedado.
Argumenta que
con ocasión de su enfermedad debió renunciar intempestivamente a su trabajo,
por cuanto los tratamientos con fuertes dosis de drogas, le dejaban sin fuerzas
ni ánimos para continuar con sus labores.
Señala que en
octubre de 2012 inició el proceso de reconocimiento de la pérdida de capacidad
laboral. El 6 de marzo de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Tolima, le dictaminó un 50% de PCL, por trastorno bipolar afectivo. Sin
embargo, manifiesta que al momento de señalar la fecha de estructuración de la
misma, se cometió un error, por cuanto se basaron en un concepto de un
psiquiatra adscrito al Hospital Federico Lleras Acosta del 29 de agosto de
2011, sin atender a que su episodio más crítico data del 9 de marzo de ese
mismo año.
Precisa que si
bien le concedieron el término de 10 días para interponer los recursos en caso
de no encontrarse de acuerdo con la calificación de  invalidez, en dicho
escrito no se dijo nada sobre la inconformidad con la fecha de estructuración,
lo que lo habilita para interponerlos en cualquier tiempo.
Indica que una
vez interpuestos los recursos ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Tolima, ésta indicó que el dictamen se encuentra en firme, por
cuanto el recurso fue interpuesto de manera extemporánea (más de un año
después), situación que no permite modificar la fecha de estructuración de la
invalidez.
Por último,
manifiesta que el ISS ha proferido tres resoluciones (159342 del 29/06/13;
361845 del 19/12/13 y 174454 del 19/05/14) donde le niegan su derecho
pensional, por cuanto en la historia laboral no se acreditan 50 semanas
cotizadas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez, fijada el 29 de agosto de 2011. Indica que de
haberse fijado el 29 de marzo de ese mismo año, tendría derecho a la pensión de
invalidez que reclama.
En el presente
asunto está claro que la interposición de la tutela, obedece a una
inconformidad del accionante con la fecha de estructuración que le fijaron,
como constitutiva de su invalidez; ya que aduce que el episodio más severo de
su enfermedad lo padeció en el mes de marzo de 2011 y no en agosto de ese mismo
año, como lo conceptuaron los médicos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
Una vez
estudiada la historia laboral del accionante se pudo concluir que el mismo no
cuenta con los requisitos legales para acceder al derecho a la pensión de
invalidez, ello por cuanto sus precarias cotizaciones de manera interrumpida no
permiten consolidar el derecho bajo ninguna normativa posible, aún si se le
aplicaran los principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa.
Por ello, en
este caso se tendrá que confirmar la sentencia proferida por el Juzgado primero
de Familia de Ibagué, el 2 de julio de 2014, el cual denegó por improcedente el
amparo tutelar, al no ser este el mecanismo idóneo para controvertir la fecha
de estructuración de la invalidez, cuando se han dejado de interponer los
recursos que se tuvieron al alcance del accionante, en cuyo caso debe acudir a
la jurisdicción laboral ordinaria con el fin de que se ordene realizar un nuevo
estudio a su caso concreto.
2.13.8.
Expediente T-4.551.538 (Asunto: Condición más beneficiosa)
El señor Carlos
Gualtero Rodríguez, quien tiene una pérdida de capacidad laboral del 90.15%, y
tiene cotizadas al sistema 766 semanas, en diferentes cajas de previsión
social, incoó acción de tutela con el fin de que se le reconozca la pensión de
invalidez a la cual aduce tener derecho, siempre y cuando se de aplicación a los
principios de favorabilidad y de condición más beneficiosa.
Es de anotar que
una vez estudiada la historia laboral del accionante, se encuentra que si bien
se afilió al ISS desde el año 1978, hasta el año 1994, fecha en que entró a
regir la Ley de seguridad social integral, sólo había cotizado 91 semanas.
Siendo las cosas de este modo no es posible dar aplicación al artículo 6° del
Decreto 758 de 1990, en cuanto exigía 150 semanas de cotización en los últimos
seis años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o 300 en
cualquier época.
Es claro que
esta Corporación ha dado aplicación a los principios enunciados, cuando los
requisitos han sido cumplidos con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de
1993, puesto que se considera que los trabajadores que habían realizado dichos
aportes, antes de la fecha indicada, consolidaron un derecho en materia de
pensión de invalidez que no podía ser desconocido por la nueva ley.
En el presente
caso, no se dan los presupuestos para dar aplicación a dichos postulados, por
no cumplirse con el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales. Sin
embargo, atendiendo al precario estado de salud en que se encuentra el
accionante, se ordenará a COLPENSIONES que liquide dentro de los quince días
siguientes a la notificación de esta providencia, el valor de la indemnización
sustitutiva de la pensión, si a bien lo tienen sus familiares, incluyendo en
ella los tiempos cotizados a CAJANAL y a la Caja de Previsión social del
Municipio de Rovira –Tolima-, a quienes posteriormente solicitará el
reconocimiento del bono o título pensional a que tenga derecho la entidad.  Dicha
liquidación y pago deberá ser atendida en el menor tiempo posible, sin que se
pueda oponer el hecho de que CAJANAL o quien haga sus veces, o el Municipio no
han pagado el respectivo bono, título o cuota parte pensional.
Por lo anterior
se revocará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, el 13 de junio de 2014.
2.13.9. Expediente
T-4.558.851 (Asunto: Pensión de invalidez docente)
En el presente
asunto, el accionante de 48 años de edad, maestro de bachiller, con tres
personas a cargo, entre ellas dos menores de edad,  relató  que desde el año
2005 venía presentando molestias lumbares, las cuales fueron atendidas por los
médicos especialistas encargados de suministrar la atención en salud a los
docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
quienes le diagnosticaron Protusión Disco Osteofitaria Paramedial Izquierda en
la L4-L5 y Abombamiento Disco Osteofitario en L5-S1.
Adujo que dicha
patología se fue agravando al punto que en el año 2010 fue hospitalizado por
más de 15 días, donde además le diagnosticaron artritis reumatoide.
Indica que ante
las persistentes incapacidades que interferían con sus funciones como docente,
se hizo valorar por el área de salud ocupacional, la cual determinó que su
patología es de carácter irreversible, lo que amerita recomendaciones de
carácter permanente.
Señala que el 25
de agosto de 2011 fue citado por el área de salud ocupacional para ser
calificada su pérdida de la capacidad laboral. El resultado se lo notificaron
el 29 de agosto del mismo mes y año, allí se pudo concluir que padece un 96% de
incapacidad total y permanente, se determinó como fecha de estructuración el 13
de febrero de 2007. Lo anterior debido a la patología ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, Y DISCOPATÍA DISCAL LUMBAR, enfermedad que
lleva a un deterioro progresivo de la movilidad y que a pesar del tratamiento y
las indicaciones médicas, hasta el momento no se conoce cura para la
enfermedad.
El 12 de
diciembre de 2011, el accionante radicó ante la Secretaría de Educación del
Distrito de Santa Marta, los documentos para tramitar su pensión de invalidez.
La FIDUPREVISORA S.A. se percató de que al accionante le calificaron su PCL
cuando ya estaba desvinculado del servicio, aunque pudo constatar que al mismo
se le hacía seguimiento por parte de salud ocupacional del servicio médico del
magisterio desde el mes de mayo de 2010, hasta el 25 de agosto de 2011, fecha
en  fue calificada su invalidez. No obstante, mediante Resolución Núm. 00234
del 11 de mayo de 2012, se le niega el reconocimiento de la pensión, por cuanto
la calificación de invalidez se le realizó cuando ya había sido retirado del
servicio.
Como puede
apreciarse en este puntual asunto, el docente que reclama su pensión de
invalidez cumple a cabalidad los requisitos legales para ser beneficiario de la
pensión de invalidez que reclama, esto es los contenidos en el artículo 61 del
Decreto 1848 de 1969:
“ARTICULO 61. DEFINICIÓN. 1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido
el empleado oficial que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni
por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de
previsión, ha perdido en un porcentaje no inferior al setenta y cinco por
ciento (75%) su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye
su actividad habitual o la profesional a que se ha dedicado ordinariamente.
En consecuencia
tendrá derecho a la pensión de invalidez en forma temporal o vitalicia
todo docente oficial que estando vinculado al servicio activo se halle
en situación de invalidez perdiendo su capacidad laboral en un porcentaje no
inferior al 75%.
El señor Rodríguez Sanjuan,
perdió su capacidad laboral en un 96%, debido a la enfermedad degenerativa que
padece. En este orden de ideas tiene derecho a la prestación que reclama, pero
la entidad encarga del pago de la misma la negó por cuanto la fecha de
calificación de la pérdida de capacidad laboral es posterior al retiro del
docente.
Cabe recordar que las dolencias
del docente empezaron a manifestarse desde el año 2005 y la estructuración de
la invalidez se configuró mientras el docente estaba vinculado al magisterio.
Por ello no es de recibo para esta Sala, el argumento de que por el simple
hecho de haber sido calificado dos meses después de retirado del plantel
educativo, no causa el derecho a la prestación.
Aceptar tal argumento sería
permitir que la entidad encargada del pago de las prestaciones por invalidez de
los miembros del magisterio, declarara insubsistente a los docentes, para
después mandarles a calificar la PCL, y con dicha excusa no asumir sus
obligaciones prestacionales. Tal interpretación atenta contra los derechos
fundamentales de los docentes a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social y a la vida digna.
Por lo anterior,
se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta -Sala Octava de Decisión de asuntos Penales para
adolescentes-, para en su lugar conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el señor Rodríguez Sanjuan.
En consecuencia,
se dejará sin efecto la Resolución Número 0234 del 11 de mayo de 2012, mediante
la cual se negó el derecho a la pensión de invalidez del señor Vespaciano
Segundo Rodríguez Sanjuan, para en su lugar proteger sus derechos
constitucionales invocados. En efecto se ordenará al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría
de Educación de Santa Marta, que procedan según sus competencias a expedir un
nuevo acto administrativo donde se reconozca la pensión de invalidez reclamada
por el accionante.
2.13.10. Expediente
T-4.567.772 (Asunto: Calificación de la fecha de estructuración de forma
retroactiva)
En el presente asunto el señor Otoniel Guerra Motta impetró acción
de tutela contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora vulneró
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la igualdad, a la
vida digna y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
Manifestó que es
una persona de 49 años de edad, que tiene una discapacidad del 62.84%, la cual
se ha venido agravando con el paso del tiempo; sin embargo, dicha limitación no
le impidió laborar y cotizar al Instituto de Seguros Sociales durante casi 14
años (690 semanas).
Señaló que una
vez solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, la misma le fue negada porque la fecha de estructuración de la
pérdida de la capacidad laboral fue establecida en un momento anterior a su
afiliación al Sistema General de Pensiones (17 de marzo de 1974, es decir
cuando apenas tenía 8 años de edad). Por lo anterior,
se debe establecer si esa decisión vulneró el derecho a la igualdad y de paso
los demás derechos prestacionales invocados por la accionante, al no brindarle
la protección especial a la que tiene derecho por ser una persona en estado de
invalidez.
Adujo que sólo
hasta el mes de enero de 2013, solicitó a COLPENSIONES que calificara su
discapacidad y una vez obtenida la calificación de su PCL, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue negada por cuanto
no demostró haber cotizado 150 semanas en los último seis años, ni 75 en los
últimos tres, inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, según lo preceptuado en el artículo 5° del Decreto 3041 de 1966.
COLPENSIONES interpretó que el hecho de que la
fecha de estructuración de la invalidez del accionante hubiera sido anterior a
la fecha de su afiliación al Sistema General de Pensiones, implicaba que no
tenía derecho a la pensión de invalidez.
Como ya se dijo en casos anteriores, de
aceptarse esta interpretación se estaría admitiendo que a las personas que
nacieron con discapacidad, o a las que se les generó a temprana edad, por razón
de su especial condición, no se les debe garantizar la posibilidad de
procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, derechos que
sí están reconocidos a las demás personas.
Como es evidente, este entendimiento constituye
un acto de discriminación contra el señor  Otoniel Guerra Motta por motivo de su
discapacidad, dado que tiene el efecto de impedir que éste acceda a la pensión
de invalidez, la cual resulta contraria a la Constitución y a los tratados
internacionales que protegen a las personas con discapacidad de ser
discriminadas por su condición especial.[116]
Pero además de vulnerar el derecho a la igualdad
de las personas con discapacidad, esa decisión resulta completamente contraria
a otros postulados de la Constitución, la ley y los Tratados Internacionales
suscritos por Colombia, sobre la protección especial de las personas que
presentan una merma considerable en su capacidad laboral, tal como se señaló en
los acápites 2.7 y 2.9 de esta providencia.
En efecto, en el artículo 47 de la Constitución
Política se consagra el deber del Estado de adelantar políticas de
rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad y en el
artículo 54 se consagra el deber de garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Como ya se indicó en el título
anterior de esta sentencia, en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad también se
garantiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder en forma
voluntaria a programas de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la
salud, el empleo, la educación, y los servicios sociales, con el fin de lograr
su máxima independencia y su integración social, así como el derecho a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás en una actividad acorde con sus
capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y beneficios de
jubilación.[117]
Por lo tanto, si una persona con discapacidad
ejerce una actividad productiva, el Estado debe garantizarle los mismos
derechos que tiene todo trabajador, entre los cuales se incluye el derecho a
afiliarse al Sistema General de Pensiones y de beneficiarse de los derechos y
prestaciones sociales que este Sistema reconoce. Así, debe concluirse que la Administradora Colombiana de
Pensiones vulneró el derecho a la igualdad y a la seguridad social del Guerra
Motta, al interpretar que su condición de ser una persona con una discapacidad
desde temprana edad le impedía obtener la pensión de invalidez, pese a haber
realizado cotizaciones por más de 690 semanas.
Por lo anterior,
la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué,
sala Civil -Familia, el pasado primero de agosto de 2014, para en su lugar
tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, a la
seguridad social y al mínimo vital del accionante.
Ello teniendo en
cuenta que se logró probar su estado de invalidez al tener más del 62.84% de la
pérdida de capacidad laboral. Adicionalmente está reconocido por COLPENSIONES
que el accionante cuenta con más de 50 semanas en los últimos tres años
anteriores a la fecha de calificación de su pérdida de capacidad laboral,
cumpliendo así con todos los requisitos legales que se exigen para ser
beneficiario de la pensión de invalidez que reclama; toda vez que no se puede
tener como fecha de estructuración la del 17 de marzo de 1974, por cuanto ello
conllevaría a desconocer las cotizaciones efectivamente realizadas por la
accionante durante casi de 14 años.
A juicio de esta
Sala, una persona que haya adquirido una discapacidad a temprana edad, no puede
ser excluida del derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento de que no
reúne 50 semanas antes de la estructuración de su invalidez porque esta se
estableció cuando la misma tenía 8 años de edad, si se constata que, i) está en
las mismas condiciones de vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición
legal expresa, beneficiarios de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha
aportado un número relevante de semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que
lo haya hecho con el ánimo de defraudar al sistema. Esta diferencia de trato, a
juicio de la Corte, no tiene ninguna justificación.
Por ello se
dejará sin efectos la Resolución Núm. GNR 26699 del 27 de enero de 2014,
mediante la cual se confirmó la negativa al reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez reclamada por el señor Otoniel Guerra Motta, y se ordenará a
COLPENSIONES que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera un nuevo acto administrativo donde reconozca el pago de
la pensión reclamada.
2.13.11
Expediente T-4.568.487 (Asunto: Pensión anticipada de vejez)
El señor Henry Henao Orozco solicitó el reconocimiento de la pensión
anticipada de vejez por invalidez, al considerar que contaba con los requisitos
que exige el parágrafo cuarto del artículo 33 de la ley 100 de 1993, pues
actualmente cuenta con más 55 años de edad, más de 1000 semanas de cotización y
una invalidez del 64.48%. No obstante, mediante la Resolución Núm. 4129 de
2012, se niega la prestación al realizarle el estudio bajo los parámetros de la
pensión de invalidez. Posteriormente bajo la Resolución Núm. GNR 235417 del 18
de septiembre de 2013, COLPENSIONES negó dicho reconocimiento, al estimar (i)
que no contaba con los 60 años de edad para ser beneficiario de la pensión de
vejez y; (ii) que la fecha de estructuración de la invalidez correspondía al 13
de mayo de 1954, por tanto no contaba con las 150 semanas que exige el artículo
5° del Decreto 3041 de 1966.
Inconforme con dicha decisión, el actor presentó la apelación dentro
del término correspondiente, obteniendo mediante la Resolución Núm. GNR 24983
del 24 de enero de 2014, la negativa del ISS al reconocimiento pensional
solicitado.
Considera el accionante que cumple a cabalidad con los requisitos
que establece el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para que se
le reconozca la pensión anticipada de vejez por invalidez, dado que cuenta con
más de 55 años de edad, 1113 semanas de cotización y una invalidez ratificada
del 64.48%.
De acuerdo a lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si los derechos a la
seguridad social y al mínimo vital, invocados por el apoderado del señor Henry
Henao Orozco, fueron vulnerados por COLPENSIONES al negarle la pensión
anticipada de vejez por invalidez, al considerar que inobservó los requisitos
que establece el artículo 5° del Decreto 3041 de 1966, el cual exige la
acreditación de 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la
invalidez de las cuales por lo menos 75 deben ser cotizadas en los últimos tres
años.
Antes de entrar a determinar si en
el presente caso se vulneraron los derechos invocados por el señor Heno Orozco por
parte del ISS, esta Sala de Revisión estudiará la procedencia de la acción de
tutela sub examine.
En el presente caso se encuentra
probado que el señor Henry Henao Orozco cuenta con 60 años de edad y padece de
“SECUELAS MENINGOENCEFALITIS, RETRASO SICOMOTOR, TRASTORNO DEL LENGUAJE,
HIPOACUSIA NS BILATERAL DE LEVE A MODERADA, EPILEPSIA, CONVULSIONES NO
CONTROLADAS (…)”. Esta enfermedad repercutió en el actor con una pérdida de
capacidad laboral del 64.48%, la cual se estructuró el día 13 de mayo de 1954.
Se advierte que en la actualidad el
señor Henao Orozco no devenga algún tipo de ingreso y que la gravedad de su
estado actual de salud reduce considerablemente las posibilidades de
desarrollar alguna actividad productiva que le permita sufragar los gastos
necesarios para conllevar una vida en condiciones dignas y, además, tampoco
cuenta con la compañía de alguna persona o familiar que le brinde los cuidados
que requiere su discapacidad. Estas circunstancias hacen que el reconocimiento
pensional que demanda el actor, sea la única herramienta obtener los recursos
necesarios para su digna subsistencia.
Con base en lo anterior, esta Sala
de Revisión evidencia que los medios de defensa judicial ordinarios no resultan
ser herramientas idóneas y eficaces para lograr una protección expedita a los
derechos fundamentales invocados por el actor, ya que el tiempo que requiere un
proceso ordinario podría agravar, aún más, su salud y su vida en condiciones
dignas. Bajo estas circunstancias fácticas, la Sala de Revisión considera que
la situación que está padeciendo actualmente exige la adopción de medidas
urgentes que, en caso sub examine, sólo la acción de tutela puede garantizar.
Las anteriores razones conducen a
la Sala a declarar procedente la presente acción. En este sentido, debe
recordarse que la condición de discapacidad de las personas genera una especial
protección constitucional por parte del Estado, que obliga al juez
constitucional a evaluar desde dicha perspectiva la idoneidad y eficacia de los
mecanismos ordinarios que prevé el ordenamiento para la satisfacción de los
intereses de sujetos de especial protección.
Siendo este el contexto del caso
que ahora estudia la Sala, y realizado el examen de procedibilidad de la
presente acción, se pasará a evaluar los aspectos sustantivos que desde la
perspectiva constitucional involucra el caso en estudio.
Ahora bien, para determinar si el actor tiene
derecho al reconocimiento de la pensión anticipada de vejez, se debe establecer
si la normatividad aplicable en el caso es la que consagra el artículo 5° del Decreto 3041 de 1966 o el parágrafo 4 del artículo 33
de la Ley 100 de 1993.
Constata la Sala de revisión que COLPENSIONES, sostuvo en la
Resolución GNR 235417 del 18 de septiembre de 2013, que:
“Que como quiera que el estado de invalidez del asegurado fue
estructurado a partir del 13 de mayo de 1954, la norma aplicable es el Decreto
3041 de 1966.”
Mediante Resolución GNR 24983 del 24 de enero de 2014, COLPENSIONES confirmó,
con similares argumentos la decisión tomada en la Resolución GNR 235417 del 18
de septiembre de 2013.
De lo anterior se deduce que COLPENSIONES incurrió en un error al
emplear en el presente caso el Decreto 341 de 1966, por creer que le estaban
solicitando una pensión de invalidez, y aplicar la normatividad que regula ese
tipo de pensiones. Esto se evidencia en las Resoluciones anteriores, en las que
dicha entidad confunde de manera reiterada la pensión anticipada de vejez
-consagrada en el inciso primero del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993- con unas normas que se refieren a la pensión de invalidez, tales como
el artículo 5° del Decreto 3041 de 1966; y, en segundo lugar, porque niega el
reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por el no cumplimiento de los
requisitos establecidos en las normas aplicables para la pensión de invalidez.
Valga reiterar que la pensión anticipada
de vejez que solicita el actor difiere totalmente de la pensión de invalidez, toda
vez que en esta última se requiere de la cotización de un número de semanas
antes de la estructuración o del hecho causante de la misma, en cambio, la
pensión anticipada de vejez requiere de la cotización de un número semanas sin
distinguir si se realizaron antes o después de la estructuración de la pérdida
de capacidad laboral o el hecho que la originó. Asimismo, recuerda la Sala que
la pensión anticipada de vejez es una institución jurídica independiente que se
encuentra regulada en el inciso primero del parágrafo 4° del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993.
Una vez determinada la normatividad aplicable al señor Henao Orozco,
pasa la Sala de Revisión a comprobar el cumplimiento de los requisitos que
requiere la pensión anticipada de vejez.
El inciso primero del parágrafo cuarto del artículo 33 de la ley 100
de 1993 establece que “se exceptúan de los requisitos establecidos en los
numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una
deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de
edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al
régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993”.
Encuentra esta Sala que el señor Henao efectivamente cumple con
todos los requisitos para que le sea reconocida la pensión anticipada de vejez
que establece el inciso primero del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993.
En primer lugar, el dictamen médico laboral expedido por el
Instituto de Seguros Sociales, prueban que el señor Henao Orozco cuenta
efectivamente con una calificación de pérdida de la capacidad laboral del 64.48%.
Asimismo, se constató, del resumen de las semanas cotizadas que
expidió el ISS, que actualmente el accionante cuenta con 1113 semanas cotizadas
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Finalmente, se aporta prueba, que el Instituto de Seguros Sociales
nunca controvirtió que el accionante cuenta hoy en día con 60 años de edad.
Se reitera, tal y como se expresó en el acápite 2.8 de
la presente providencia, que una de las diferencias que identifica la pensión
de invalidez de la pensión anticipada de vejez por invalidez, se encuentra en
que esta última requiere de la cotización de mil (1000)
semanas en cualquier tiempo ya sean continuas o discontinuas, sin importar
cuántas semanas cotizó antes de la estructuración de la incapacidad.
Con base en estos presupuestos y
con la acreditación de los requisitos que exige el parágrafo 4 de Ley 100 de
1993 por parte del señor Henao Orozco, la Sala de
Revisión estima que el Instituto de Seguros Sociales vulneró los derechos
fundamentales de la seguridad social y mínimo vital del actor, al no concederle
la pensión anticipada de vejez por invalidez.
Esta Sala de Revisión resalta que los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna se ven
directamente afectados, cuando cumpliéndose claramente con todos los requisitos
para acceder al derecho a alguna prestación de las garantizadas por el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, las instituciones del sistema niegan
o son reticentes al reconocimiento de dicha prestación. Más aún cuando se trata
de los sujetos de especial protección constitucional, tal como sucede en el
caso sub examine.
En consecuencia se revocará
la sentencia de tutela proferida en segunda instancia y en su lugar se
tutelarán los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a
la vida en condiciones dignas del señor Henry Henao Orozco.
2.13.12. Expediente T-4.515.097 (Asunto: Pensión
de vejez Decreto 758 de 1990).
El señor Marino
Alirio Cobo afirma que desde el año 1994 cumplió con los requisitos exigidos
por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, el cual exige lo siguiente:
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o
cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización
pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo.”
El accionante cuenta en la
actualidad con 80 años de edad, nació el 5 de septiembre de 1934. Cumplió los
60 el mismo día y mes de 1994. Quiere decir lo anterior que si el señor Otero Cobo
cotizó entre los años 1974 y 1994 quinientas (500) semanas al ISS, logró causar
el derecho a la pensión de vejez que hoy reclama.
De la historia laboral del
accionante se puede extraer que entre los años 1974 y 1994 cotizó un total de
577 semanas[118],
lo que quiere decir que para el 1° de abril de 1994, ya tenía un derecho
consolidado y no una simple expectativa del derecho, lo que lo hace merecedor
del reconocimiento y pago de la pensión de vejez que reclama, sin que se le
pueda oponer el cambio de la legislación, ni mucho menos la prescripción de su
derecho, toda vez que como ya se señaló en el acápite 2.9 de esta providencia,
sólo prescriben las mesadas más el derecho en sí mismo.
Por lo anterior se dejará sin
efectos la Resolución GNR 39807 del 14 de febrero de 2014, mediante la cual se
confirmó la negativa al reconocimiento de la pensión plasmada en la Resolución
GNR 219370 del 29 de agosto de 2013.
De igual manera se revocará la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Penal-, para en su lugar
conceder el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el señor
Mariano Alirio Otero Cobo.
2.13.13. Expediente
T-4.519.620 (Asunto: Pensión de invalidez. Traslado entre fondos).
El señor Nixon Rafael De la Rosa
Rolong Adujo que venía laborando para la empresa Ladrillera
S.A. mediante contrato a término fijo desde el año 2006, hasta el momento en
que se presentó su invalidez. Señaló que estuvo afiliado al ISS donde realizó
cotizaciones efectivas por más 200 semanas.
Indicó que el 10
de septiembre de 2010 se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A., donde cotizó a
través de su empleador, para el riesgo de pensión, hasta el año 2014. Precisó
que el día 6 de septiembre de 2012 sufrió trauma por herida de fuego, lo que
produjo una pérdida de la capacidad laboral del 76%, fijándosele como fecha de
estructuración ese mismo día.
Manifestó que
elevó petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLFONDOS S.A. Dicha entidad le informó que remitió su petición a la
aseguradora con la que tiene contratada la póliza previsional por invalidez y
sobrevivencia. De igual forma le comunicó que se está validando la historia
laboral ante COLPENSIONES con el fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos legales.
Adujo que
COLFONDOS negó el reconocimiento de la pensión bajo el argumento de que solo se
habían cotizado 48 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez.
Indicó que su ex
empleador envió a COLFONDOS las planillas de autoliquidación, las cuales dan
cuenta de que en ese mismo período (06/09/2009 - 06/09/2012) se cotizaron más
de 95 semanas.
Por último,
argumentó que COLFONDOS S.A. mantiene su posición de negar la pensión, hasta
tanto COLPENSIONES traslade los aportes que se realizaron en su favor en el
régimen de prima media con prestación definida, los cuales ascienden a por lo
menos 200 semanas.
Considera que
con dicha actuación la AFP COLFONDOS está vulnerando sus derechos a la vida
digna, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social. Ello por cuanto dicha
entidad tampoco ha querido tener en cuenta los aportes realizados por su
empleador después de estructurada la fecha de invalidez, los cuales representan
alrededor de 88 semanas más.
Se tiene
entonces que el señor De la Rosa Rolong, manifiesta haber cotizado de manera
ininterrumpida al sistema general de pensiones por más de 600 semanas, y aun
así no ha podido recibir el pago de su pensión por invalidez. Sin embargo dicha
afirmación no ha sido desvirtuada por la Administradora de Fondos de Pensiones
COLFONDOS S.A.
Según lo
expuesto en los acápites 2.4 y 2.5 de esta providencia el derecho a la pensión
de invalidez, es autónomo y está considerado como de rango fundamental, por
cuanto de este dependen la materialización de otros principios constitucionales
como lo son la igual real y efectiva y el mínimo vital.
No puede
entonces una AFP sustraerse de su obligación de  reconocer y pagar una
prestación aduciendo trabas administrativas, como lo es el traspaso de los
recursos de un régimen a otro, haciendo más gravosa la situación de una persona
inválida, añadiendo a su ya precaria situación económica una espera prolongada
en el pago de sus prestaciones.
Por lo anterior,
esta Corporación revocará la sentencia dictada por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, el pasado once de abril de
2014, y en su lugar protegerá los derechos invocados por el accionante.
En consecuencia
se ordenará a COLFONDOS S.A. que si no lo h hecho, reconozca y pague la pensión
de invalidez reclamada por Nixon Rafael de la Rosa Rolong, en el término de 48
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia.
Ello por cuanto
está probado que el referido ciudadano padece una pérdida de capacidad laboral
del 76%, cuya fecha de estructuración data del 6 de septiembre de 2012, que con
anterioridad a dicha fecha había realizado cotizaciones al sistema general de
pensiones tanto en COLPENSIONES como en la AFP COLFONDOS S.A., las cuales
superan las 50 semanas que exige el artículo 1° de la Ley 860 de 2003. Que si
en gracia de discusión las mismas no se cumplen, con posterioridad a la
estructuración de la invalidez se cotizaron alrededor de 88 semanas más por
parte del empleador, de las cuales por lo menos 25 semanas, correspondientes a
al término de los 180 días de incapacidad, deben ser tenidos en cuenta para
causar el derecho reclamado.
Se considera
entonces, que de esta manera están plenamente satisfechos los requisitos
legales exigidos por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, lo que hace al
accionante beneficiario de la prestación que reclama.
2.13.14
Expediente T-4.522.641 (Asunto acumulación de tiempos públicos y privados)
El señor Jorge Eliécer Siabato Castro de 66 años de edad, quien
además aduce ser beneficiario del régimen de transición por cuanto al 1° de
abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, busca amparo para sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida
digna, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, presuntamente
conculcados por el ISS-Colpensiones, al negar el reconocimiento de la pensión de vejez por acumulación de aportes,
argumentando que para ser beneficiario del régimen de transición contenido en
el Decreto 758 de 1990, el peticionario debió haber efectuado aportes a los
sectores público y privado, con anterioridad a la entrada en vigencia del
sistema general de pensiones (Ley 100 de 1993).
Ahora bien, la
viabilidad de esta acción y lo que ha quedado fundamentado en las
consideraciones generales, hace que se evalúe si la decisión de la entidad
demandada vulneró los derechos fundamentales del actor o si, por el contrario,
existió razón para negar el reconocimiento de la pensión de vejez.
Consideró
COLPENSIONES  que el tiempo laborado para el Departamento de Caldas no debía
ser tenido en cuenta con el fin de alcanzar las 1000 semanas de cotización que
exige el Decreto 758 de 1990.
Ello no es de
recibo frente a la Constitución, ni ante la ley y la jurisprudencia, toda vez
que esta Corporación al estudiar el alcance e
interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual determina los
beneficios de aquellas personas a  las cuales se les puede aplicar el régimen
de transición, en la sentencia C-596, estableció que de una lectura
armónica del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en relación
con otras normas se podía concluir:
“(…) los servidores públicos que, cumpliendo los mencionados
requisitos de edad no estaban afiliados a ningún régimen pensional en el
momento de entrar a regir la nueva ley, tienen la posibilidad de pensionarse a
la edad de 55 años si se trata de mujeres, o de 60, si se trata de hombres, y
no pierden el tiempo de servicio ni las semanas de cotización que hayan acumulado
con anterioridad a tal fecha.
En efecto, son varias las normas contenidas en el Régimen General de
Pensiones que se refieren a los servidores públicos que se encuentran en esta
situación, que analizadas en su conjunto conducen a la conclusión anteriormente
señalada:
En primer lugar, el artículo 13 de la Ley 100, que describe las
características del nuevo sistema, en su literal f) señala que para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en cualquiera de
los dos regímenes pensionales, se tendrán en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, sin importar si dicha
cotización se hizo al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector
público o del sector privado, o el tiempo de servicio como servidores
públicos, cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de
servicios;
En segundo lugar, el artículo 33 de la ley en comento, al definir
los requisitos generales para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen
de prima media con prestación definida, indica que es necesario haber cotizado
un mínimo de mil semanas en cualquier tiempo, señalando que para el cómputo de
dichas semanas se tendrá en cuenta, entre otros, ‘el tiempo de servicio como
servidor público’.
En tercer lugar, el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que es la norma especial que regula la pensión de vejez de las personas que al
entrar en vigencia el nuevo Sistema de Seguridad Integral tenían 35 o más años,
si se trataba de mujeres, o 40 o más años, si se trataba de hombres,
expresamente menciona que para efectos del reconocimiento de la pensión de
vejez de tales personas, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas
con anterioridad a la vigencia de la ley, ‘al Instituto de Seguros Sociales, a
las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado,
o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera que sea el número
se semanas cotizadas o el tiempo de servicio.’
En conclusión, aquellos servidores públicos que tenían en el momento
de entrar en vigencia la nueva ley las edades mencionadas, se jubilarán a
los 55 o 60 años de edad, según se trate de mujeres o de hombres,
respectivamente; y el tiempo de servicio que como servidores públicos hayan trabajado
en cualquier tiempo, siempre se les tendrá en cuenta.”
Como se pudo
constatar está permitido aplicar leyes anteriores a la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y de aquellas que la modifican o complementan,
siempre y cuando se cumplan los requisitos propios de la disposición anterior,
esto es con la edad y tiempo de servicio, enfoque que acredita que a quienes
satisfagan los aspectos expuestos se les reconozca el régimen de transición,
como lo ha entendido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ibídem.
En relación a lo
anterior, es importante traer a colación lo indicado por esta corporación en
sentencia T-365 de 2010, cuando ante un caso similar al estudiado se concluyó:
“(i) las personas se encuentran afiliadas al sistema de seguridad
social y por tanto los requisitos que se impongan para acceder a los beneficios
de la seguridad social se cumplen ante el sistema no ante entidades u órganos
que lo compongan y (ii) en virtud del principio de favorabilidad laboral[119]
y con el fin de garantizar el derecho constitucional a la seguridad social, es
viable reconocer la pensión por acumulación de aportes a quien acredite veinte
(20) años de servicios o de cotizaciones en el sector público y privado,
incluyendo para tal efecto el tiempo laborado, incluso durante el lapso en que
no se realizaron aportes a ninguna caja de previsión.”
El señor Siabato Castro tiene los siguientes tiempos de servicio y
de cotización:
COTIZACIONES/TIEMPO DE SERVICIO
DESDE
HASTA
TOTAL TIEMPO
Cotizaciones al ISS
26/12/73
30/04/13
2443 días (349 semanas)
Departamento de Caldas
01/10/82
30/11/95
4740 días (677.14 semanas)
TOTAL
7.183 DÍAS, 1026 SEMANAS
De lo anterior se puede extraer que el tiempo laborado por el señor Siabato
Castro a entidades del Sector Público y el cotizado al Seguro Social, acredita
un total de 7.183 días; que equivalen a 1.026 semanas, evidenciándose el
cumplimiento de los requisitos del régimen de transición y de los previstos en
el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, esto es, haber
efectuado aportes durante 1000 semanas en cualquier tiempo y haber cumplido 60
años de edad.
Por lo expuesto, será revocado el
fallo que se revisa, proferido el 27 de mayo de 2014, por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Manizales, para en su lugar proteger el amparo de los
derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social y
al mínimo vital, del señor Jorge Eliécer Siabato Castro.
En consecuencia,
se ordenará COLPENSIONES que, en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, expida una nueva resolución que
reconozca la pensión del señor Iván Escobar Vásquez, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia, y realicé las gestiones
necesarias para que, una vez reconocida la pensión, él sea incluido en nómina
de pensionados. Dicho trámite deberá efectuarse dentro de un término no superior
a un mes, contado a partir de la notificación de la presente providencia.
Expediente
T-4.527.213 (Asunto: condición más beneficiosa)
En el presente
asunto al señor Atanacio Rodríguez Castillo, quien fuera dictaminado con una
pérdida de capacidad laboral del 85.92%, le fue negada su pensión de invalidez,
por cuanto no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003.[120]
Es decir, no
logró demostrar el haber cotizado 50 semanas durante los últimos tres años
anteriores a la fecha de estructuración de invalidez (30/08/2009-01/09/2006).
Sin embargo, el mencionado ciudadano fue afiliado al sistema general de
pensiones desde el año 1974, cotizando antes del 1º de abril de 1994, fecha en
que entra en vigencia la Ley 100 de 1993, más de 1013 semanas.
Por lo anterior
solicita que en su caso se de aplicación a los principios de la condición más
beneficiosa y de favorabilidad, ello teniendo en cuenta que una vez afiliado al
Instituto del Seguro Social, causó el derecho a la prestación por invalidez,
toda vez que ya había cotizado con suficiencia el tiempo necesario que exigía
el artículo 6° del Decreto 758 de 1990[121];
en consecuencia no se le podía negar la prestación que reclama.
Debe verificarse la aplicación de la condición más beneficiosa, que
ha sido explicada desde la perspectiva de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral; el interrogante propuesto fue sí era posible
acudir a tal condición para conceder una pensión de invalidez, cumplidos los
requisitos del Acuerdo 049 de 1990 y consultando la jurisprudencia emanada de
las corporaciones referidas, en adicional desarrollo de la interpretación más
favorable al trabajador (art. 53 Const.).
La Sala Laboral de la Corte Suprema ha explicado que la seguridad
social tiene unas finalidades específicas de cubrimiento de ciertas
contingencias, y que el cambio normativo en esa materia no se traduce en el
desconocimiento de esos objetivos; por ello, consideró en varios casos con
supuestos fácticos semejantes a los del presente, que cuando una persona que
sea declarada inválida haya cotizado por lo menos 300 semanas antes de la
entrega en vigencia de la Ley 100 de 1993 (abril 1° de 1994), puede acceder a
la pensión de invalidez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990.
En lo que concierne a lo expuesto, teniendo en cuenta que el actor
cotizó 1013.14 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y
que presenta un 85.92% de pérdida de capacidad laboral, ha debido concluirse
que ciertamente tiene derecho a la pensión de invalidez reclamada.
En conclusión,
resulta ostensible la vía de hecho administrativa en que incurrió, por
inadvertencia, COLPENSIONES, al denegar al accionante
la pensión reclamada, vulnerando de paso los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital. De igual manera conculcó su derecho a la
igualdad, por cuanto no le permitió el acceso a su prestación, sin tener en
cuenta que a otras personas, merecedores de la condición más beneficiosa sí se
les ha reconocido el derecho pensional que reclaman.
Por ende, será revocada
la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que
negó el amparo de los derechos fundamentales instados al considerar que el
accionante no había realizado las cotizaciones exigidas en el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003.
En su lugar, serán tutelados los referidos derechos fundamentales y
se dispondrá que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia, COLPENSIONES, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha efectuado, expida
la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Atanacio
Rodríguez Castillo, en la suma que corresponda, que empezará a pagar en la
periodicidad debida y cuyos tres últimos años cubrirá retroactivamente, en un
término no superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
En esas
condiciones se dará aplicación a los precedentes fijados por esta Corporación,
en lo que respecta a la condición más beneficiosa y al principio de
favorabilidad desarrollados en el acápite 2.6 de esta providencia.
2.13.16
Expediente T-4.529.388 (Asunto: calificación de la pérdida de capacidad laboral
de forma retroactiva)
En el presente asunto la señora Mónica Gómez Valdivieso impetró
acción de tutela contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora
vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la igualdad,
a la vida digna y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
Manifestó que es
una persona de 40 años de edad, que tiene una discapacidad del 61.75%, la cual
se ha venido agravando con el paso del tiempo; sin embargo, dicha limitación no
le impidió laborar y cotizar al Instituto de Seguros Sociales durante más 334
semanas.
Señaló que una
vez solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, la misma le fue negada porque la fecha de estructuración de la
pérdida de la capacidad laboral fue establecida en un momento anterior a su
afiliación al Sistema General de Pensiones (30 de julio de 1998), es decir
cuando apenas comenzaba su etapa laboral). Por lo
anterior, se debe establecer si esa decisión vulneró el derecho a la igualdad y
de paso los demás derechos prestacionales invocados por la accionante, al no
brindarle la protección especial a la que tiene derecho por ser una persona en
estado de invalidez.
Adujo que solo
hasta el mes de agosto de 2013, solicitó a COLPENSIONES que calificara su
discapacidad y una vez obtenida la calificación de su PCL, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue negada por cuanto
no demostró haber cotizado 26 semanas en el último año,  inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, según lo preceptuado
en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.
COLPENSIONES interpretó que el hecho de que la
fecha de estructuración de la invalidez de la accionante hubiera sido anterior
a la fecha de su afiliación al Sistema General de Pensiones, implicaba que no
tenía derecho a la pensión de invalidez.
Como ya se dijo en casos anteriores, de
aceptarse esta interpretación se estaría admitiendo que a las personas que
nacieron con discapacidad, o a las que se les generó a temprana edad, por razón
de su especial condición, no se les debe garantizar la posibilidad de
procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, derechos que
sí están reconocidos a las demás personas.
Como es evidente, esta interpretación constituye
un acto de discriminación contra la señora Gómez Valdivieso por motivo de su
discapacidad, pues tiene el efecto de impedir que este acceda a la pensión de
invalidez, la cual resulta contraria a la Constitución y a los tratados
internacionales que protegen a las personas con discapacidad de ser
discriminadas por su condición especial.[122]
Pero además de vulnerar el derecho a la igualdad
de las personas con discapacidad, esa decisión resulta completamente contraria
a otros postulados de la Constitución, la ley y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, sobre la protección especial de las personas que
presentan una merma considerable en su capacidad laboral, tal como se señaló en
los acápites 2.7 y 2.9 de esta providencia.
En efecto, en el artículo 47 de la Constitución
Política se consagra el deber del Estado de adelantar políticas de
rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad, y en el
artículo 54 se consagra el deber de garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Como ya se indicó en el título
anterior de esta sentencia, en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad también se
garantiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder en forma voluntaria
a programas de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud, el
empleo, la educación, y los servicios sociales, con el fin de lograr su máxima
independencia y su integración social, así como el derecho a trabajar en
igualdad de condiciones con los demás en una actividad acorde con sus
capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y beneficios de
jubilación.[123]
Por lo tanto, si una persona con discapacidad
ejerce una actividad productiva, el Estado debe garantizarle los mismos
derechos que tiene todo trabajador, entre los cuales se incluye el derecho a
afiliarse al Sistema General de Pensiones y de beneficiarse de los derechos y
prestaciones sociales que este Sistema reconoce. Así, debe concluirse que la Administradora Colombiana de
Pensiones vulneró el derecho a la igualdad y a la seguridad social de la señora
Gómez Valdivieso, al interpretar que su condición de ser una persona con una
discapacidad desde temprana edad le impedía obtener la pensión de invalidez,
pese a haber realizado cotizaciones por más de 334 semanas.
Por lo anterior,
la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, el
pasado tres de junio de 2014, para en su lugar tutelar los derechos
fundamentales a la igualdad, a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo
vital del accionante.
Ello teniendo en
cuenta que se logró probar su estado de invalidez al tener más del 661.75% de
la pérdida de capacidad laboral. Adicionalmente está reconocido por
COLPENSIONES que la accionante cuenta con más de 50 semanas en los últimos tres
años anteriores a la fecha de calificación de su pérdida de capacidad laboral,
cumpliendo así con todos los requisitos legales que se exigen para ser
beneficiario de la pensión de invalidez que reclama; toda vez que no se puede
tener como fecha de estructuración la del 30 de julio de 1998, por cuanto ello
conllevaría a desconocer las cotizaciones efectivamente realizadas por la
accionante durante casi de 7 años.
A juicio de esta
Sala, una persona que haya adquirido una discapacidad a temprana edad, no puede
ser excluida del derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento de que no
reúne 26 semanas antes de la estructuración de su invalidez porque esta se
estableció cuando la misma tenía 24 años de edad, si se constata que, i) está
en las mismas condiciones de vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición
legal expresa, beneficiarios de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha
aportado un número relevante de semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que
lo haya hecho con el ánimo de defraudar al sistema. Esta diferencia de trato, a
juicio de la Corte, no tiene ninguna justificación.
Por ello se dejará
sin efectos la Resolución Núm. GNR 246149 del 3 de octubre de 2013, mediante la
cual se confirmó la negativa al reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez reclamada por la señora Mónica Gómez Valdivieso, y se ordenará a
COLPENSIONES que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera un nuevo acto administrativo donde reconozca el pago de
la pensión reclamada.
2.13.17 Expediente T-4.531.271 (Asunto: pensión invalidez
VIH)
En el presente asunto, la señora Lina María Flórez Ospina,
quien padece una enfermedad catastrófica como es el VIH-Sida, fue calificada
con una pérdida de capacidad laboral de 79.45%, fijándose como fecha de
estructuración el 7 de septiembre de 2007.
De lo expuesto
en la demanda y del acervo probatorio, se desprende que Protección S.A.
certifica que la accionante cuenta con un total de 66.29 semanas cotizadas, de
las cuales 0.5  fue aportada en los tres años inmediatamente anteriores a la
fecha en que se causó su invalidez
Como se expuso en la parte considerativa, para el reconocimiento de la
pensión de invalidez, es necesario determinar si el trabajador cumplió, durante
la vigencia de la norma que rige su caso, con los requisitos en ella
establecidos para la obtención de dicha prestación.
Así, la Sala encuentra que la accionante no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Tampoco cumple a
cabalidad con los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 (artículos 38 y
39), vigente al momento en que cesaron sus cotizaciones al sistema en el año
2004, ni reúne los criterios establecidos en la norma anterior, esto es el
artículo 6° del Decreto 758 de 1990, que exigía haber
cotizado al Seguro Social 300 semanas en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez, por lo que tampoco se puede aplicar el principio de la
condición más beneficiosa.
Es por ello que tanto la decisión de COLPENSIONES, y el fallo dictado el 12
de mayo de 2014, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín, que en
su momento confirmó el emitido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal CFG de esa
misma ciudad, el pasado 1º de abril de 2014, en el sentido de no reconocerle la
pensión de invalidez, no vulneraron los derechos fundamentales de la señora Lina
María Flórez Ospina, al debido proceso, la igualdad, la seguridad social, el
mínimo vital y el principio de favorabilidad en materia laboral, al encontrarse
que la accionante no cumple con ninguno de los parámetros legales y
jurisprudenciales que rigen la pensión de invalidez.
Por lo anterior, se confirmará parcialmente el fallo proferido por las
entidades antes mencionadas; sin embargo, atendiendo a la precaria situación
económica y de salud en que se encuentra la accionante, se ordenará a la
Administradora de Fondos de Pensiones Protección S.A. que, de así disponerlo la
accionante, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de
esta providencia, proceda a entregarle la devolución de saldos de que trata el
artículo 72 de la Ley 100 de 1993.
2.13.18 Expediente T-4.532.129 (Asunto: Calificación de la pérdida de
capacidad laboral de manera retroactiva)
En el presente asunto la señora Idalia María Arce Guerrero impetró
acción de tutela contra COLPENSIONES, al considerar que dicha administradora
vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la igualdad,
a la vida digna y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que aduce tener derecho.
Manifestó que es
una persona de 64 años de edad, que tiene una discapacidad del 65.19%, la cual
se ha venido agravando con el paso del tiempo; sin embargo, dicha limitación no
le impidió laborar y cotizar al Instituto de Seguros Sociales durante más 621
semanas.
Señaló que una
vez solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
COLPENSIONES, la misma le fue negada porque la fecha de estructuración de la pérdida
de la capacidad laboral fue establecida en un momento anterior a su afiliación
al Sistema General de Pensiones (5 de agosto de 1958; es decir, cuando apenas
comenzaba con 7 años de edad). Por lo anterior, se
debe establecer si esa decisión vulneró el derecho a la igualdad y de paso los
demás derechos prestacionales invocados por la accionante, al no brindarle la
protección especial a la que tiene derecho por ser una persona en estado de
invalidez.
Adujo que solo
hasta el mes de febrero de 2011, solicitó a COLPENSIONES que calificara su
discapacidad y una vez obtenida la calificación de su PCL, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue negada por cuanto
no demostró haber cotizado 150 semanas en los últimos seis años,  inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, según lo preceptuado
en el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966.
COLPENSIONES interpretó que el hecho de que la
fecha de estructuración de la invalidez de la accionante hubiera sido anterior
a la fecha de su afiliación al Sistema General de Pensiones, implicaba que no
tenía derecho a la pensión de invalidez.
Como ya se dijo en casos anteriores, de
aceptarse esta interpretación se estaría admitiendo que a las personas que
nacieron con discapacidad, o a las que se les generó a temprana edad, por razón
de su especial condición, no se les debe garantizar la posibilidad de
procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, derechos que
sí están reconocidos a las demás personas.
Como es evidente, esta interpretación constituye
un acto de discriminación contra la señora Arce Guerrero por motivo de su
discapacidad, pues tiene el efecto de impedir que esta acceda a la pensión de
invalidez, la cual resulta contraria a la Constitución y a los tratados
internacionales que protegen a las personas con discapacidad de ser
discriminadas por su condición especial.[124]
Pero además de vulnerar el derecho a la igualdad
de las personas con discapacidad, esa decisión resulta completamente contraria
a otros postulados de la Constitución, la ley y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, sobre la protección especial de las personas que
presentan una merma considerable en su capacidad laboral, tal como se señaló en
los acápites 2.7 y 2.9 de esta providencia.
En efecto, en el artículo 47 de la Constitución
Política se consagra el deber del Estado de adelantar políticas de
rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad, y en el
artículo 54 se consagra el deber de garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Como ya se indicó en el título
anterior de esta sentencia, en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad también se
garantiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder en forma
voluntaria a programas de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la
salud, el empleo, la educación, y los servicios sociales, con el fin de lograr
su máxima independencia y su integración social, así como el derecho a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás en una actividad acorde con sus
capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y beneficios de
jubilación.[125]
Por lo tanto, si una persona con discapacidad
ejerce una actividad productiva, el Estado debe garantizarle los mismos
derechos que tiene todo trabajador, entre los cuales se incluye el derecho a
afiliarse al Sistema General de Pensiones y de beneficiarse de los derechos y
prestaciones sociales que este Sistema reconoce. Así, debe concluirse que la Administradora Colombiana de
Pensiones vulneró el derecho a la igualdad y a la seguridad social de la señora
Arce Guerrero, al interpretar que su condición de ser una persona con una
discapacidad desde temprana edad le impedía obtener la pensión de invalidez,
pese a haber realizado cotizaciones por más de 621 semanas.
Por lo anterior,
la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el pasado trece de junio de 2014, para en su lugar tutelar los
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, a la seguridad social y
al mínimo vital de la accionante.
Ello teniendo en
cuenta que se logró probar su estado de invalidez al tener más del 65.19% de la
pérdida de capacidad laboral. Adicionalmente está reconocido por COLPENSIONES
que la accionante cuenta con más de 50 semanas en los últimos tres años
anteriores a la fecha de calificación de su pérdida de capacidad laboral,
cumpliendo así con todos los requisitos legales que se exigen para ser
beneficiario de la pensión de invalidez que reclama; toda vez que no se puede
tener como fecha de estructuración la del 5 de agosto de 1958, por cuanto ello
conllevaría a desconocer las cotizaciones efectivamente realizadas por la
accionante durante casi  13 años.
A juicio de esta
Sala, una persona que haya adquirido una discapacidad a temprana edad, no puede
ser excluida del derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento de que no
reúne 150 semanas antes de la estructuración de su invalidez porque esta se estableció
cuando la misma tenía 7 años de edad, si se constata que, i) está en las mismas
condiciones de vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición legal expresa,
beneficiarios de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha aportado un número
relevante de semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que lo haya hecho con
el ánimo de defraudar al sistema. Esta diferencia de trato, a juicio de la
Corte, no tiene ninguna justificación.
Por ello se
dejará sin efectos la Resolución Núm. GNR 032247 del 25 de noviembre de 2011,
mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
reclamada por la señora Idalia María Arce Guerrero, y se ordenará a
COLPENSIONES que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera un nuevo acto administrativo donde reconozca el pago de
la pensión reclamada.
2.13.19
Expediente T-4.575.377 (Asunto: Calificación de la pérdida de capacidad
laboral, con presunto desconocimiento de la historia clínica).
La Señora Amanda
Atehotúa Zapata, de 70 años de edad, incoó acción de tutela en contra de
COLPENSIONES al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, por cuanto
considera que dicha entidad al calificarla con el 51.21 de pérdida de capacidad
laboral, pero fijando como fecha de estructuración el 28 de octubre de 2001,
desconoció la realidad de su historia clínica, y en esa medida, le impidió el
acceso a la prestación por invalidez que reclama.
Indica que ha
sido empleada del servicio doméstico. Que solo hasta el 1º de julio de 1998 la
afiliaron al sistema general de pensiones; después de terminada su relación
laboral con el último empleador siguió cotizando a través de Prosperar, hasta
el año 2009, fecha en que fue retirada del sistema por cumplir 65 años de edad.
Manifestó que
desde el año 2005, ha venido consultando al médico por sus problemas de
hipoacusia sensorial bilateral, sintomatología que se agravó en el año 2009,
tal como se desprende de su historia médica.
Adujo que solo
fue remitida al especialista en el año 2011 y después de varias valoraciones en
las cuales se recomendó el suministro de audífonos, la Junta Regional de
Invalidez mediante dictamen del 7 de marzo de 2012, la calificó con el 51.21%
de pérdida de capacidad laboral, fijándole como fecha de estructuración el día
28 de octubre de 2011.
Argumentó que
con dicha calificación se dirigió a COLPENSIONES a solicitar el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez. Sin embargo, la entidad respondió que la
señora Atehortúa Zapata no tenía derecho a la pensión de vejez reclamada.
Precisó que a
través de una primera acción de tutela logró que COLPENSIONES le diera
respuesta de fondo a su solicitud en materia de pensión de invalidez, pero la
misma fue negada por no cumplir con los requisitos señalados en la Ley 860 de
2003, por cuanto no contaba con 50 semanas de cotización en los últimos tres
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
Manifestó que ante
la negativa en el reconocimiento de la prestación, acudió al consultorio
jurídico de la Universidad de Antioquia, donde después de haberse realizado un
estudio interdisciplinario (facultades de medicina y de derecho) de su caso, se
recomendó a COLPENSIONES que hiciera una nueva valoración en lo que respecta a
la fecha de estructuración de invalidez de la accionante, al considerar que el
último examen de hipoacusia bilateral severa realizado a la señora Atehortúa
Zapata, no  corresponde a la fecha real en que se estructuró la invalidez.
COLPENSIONES
respondió que sólo calificaría nuevamente a la accionante si una orden judicial
así lo determinaba, de lo contrario dejaría en firme el concepto ya emitido.
Por último
insiste en que de tomarse como fecha de estructuración el momento en el cual
fue remitida al especialista (21 de julio de 2011), cumpliría con los
requisitos exigidos por la Ley 860 de 2003 y, en esa medida, tendría derecho a
la pensión de invalidez que reclama.
De los hechos
anteriores se puede colegir que la señora Atehortúa Zapata a sus 70 años de
edad, pretende el reconocimiento de su pensión de invalidez; toda vez que
considera que la fecha que se tuvo en cuenta para fijar la pérdida de la
capacidad laboral es errada, ya que la misma es anterior a la que tuvo en
cuenta la Junta Regional de Invalidez de Antioquia.
En el
expediente, se puede observar que la accionante cotizó de manera interrumpida
entre el 01/07/1998 y el 31/08/2009 un total de 403.44 semanas. Que no pudo
volver a cotizar por cuanto las condiciones que rigen el Fondo de Solidaridad
Pensional, no permiten subsidiar a las personas mayores de 65 años, toda vez
que al llegar a esta edad ya deberían haber causado su derecho prestacional.
No obstante, la
señora Atehortúa Zapata ya venía siendo tratada desde el año 2005, por su enfermedad
de hipoacusia bilateral, padeciendo los episodios más críticos en el mes de
julio del año 2011, según la tabla de evolución general que data el 21 de ese
mismo mes y año. Al respecto señalA el mencionado documento: “Servicio:
AUDIOLOGÍA, Subjetivo: Audiología, Objetivo: Hipoacusia en estudio. Motivo de
la consulta: Hace mucho tiempo me duele la cabeza y mareos, sufro de presión
arterial y deje de tomar las pastillas porque me sabía amargo.
AUDIOMETRÍA
TONAL:
O.D. Hallazgos
en sensibilidad auditiva periférica compatible con HIPOACUSIA SENSORIONEURAL
SEVERA conforme al PTA al momento del examen. (MAYOR COMPROMISO EN UMBRALES)
O.I. Hallazgos en sensibilidad auditiva periférica compatible con
HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SEVERA conforme al PTA al momento del examen.”
De igual manera se prescribe: “Paciente que requiere auxiliar
auditivo de uso diario: BTE + MANGUERA LARGA + CIRCUITO PP Y AGC; conforme a la
logoaudiometría no se garantiza con la adaptación auditiva, un 100% de
discriminación pero podría acercarse a un 50%, siempre y cuando la adaptación
sea bilateral, porque la paciente RECLUTA BILATERALMENTE. PACIENTE CON GRANDES
PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN, REFIERE SER HIPERTENSA (…)”.
Considera la Sala que le asiste razón a la accionante cuando refiere
a que la fecha de estructuración de la invalidez data del 21 de julio de 2011 y
no del 28 de octubre de ese mismo año, como lo dictaminó la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia.
Ello por cuanto el diagnóstico motivo de la calificación que aparece
en el dictamen (ver folio 8 del C.P.), refiere: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
BILATERAL, HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA), OTRAS MIGRAÑAS. Síntomas que ya
eran de conocimiento médico para el día 21 de julio de 2011.
En esa medida, el cumplimiento de los requisitos para causar la
pensión de invalidez, se empezaran a contar desde esa fecha, ello por cuanto la
accionante ha manifestado que no pudo volver a cotizar al sistema por cuanto la
misma ley no se lo permite. Una vez revisada su historia laboral se puede
concluir que la señora Atehortúa Zapata venía cotizando de manera
ininterrumpida con el fin de acceder a las prestaciones del sistema.
Por ello no se le puede trasladar el hecho de haber dejado de
cotizar, por cuanto el mismo no sucedió por voluntad propia, sino por
exigencias propias del sistema subsidiado.
Es claro para esta Sala que de tomarse como fecha de estructuración
de la invalidez el 21 de julio de 2011, la actora cuenta con los requisitos
exigidos por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que exige un porcentaje de
la pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, y haber cotizado 50 semanas
en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la consolidación de la
invalidez.
En cuanto al porcentaje dela PCL fue fijado en un 51.21, por tanto
el primer requisito está cumplido. En lo que respecta a las 50 semanas de
cotización, de la historia laboral aportada al expediente (folio 15), se puede
verificar que la señora Atehortúa Zapata cotizó entre el 21 de julio de 2011 y
el 22 de julio de 2008 alrededor de 53 semanas, discriminadas así: del 22 de
julio de 2008 al 31 de agosto del mismo año (40 días); del 1º de octubre de
2008 al 31 de enero de 2009 (120 días y, del 1º de febrero de 2009 al 31 de
agosto del mismo año, fecha en que tuvo que retirarse del sistema por haber
alcanzado los 65 años de edad (210 días), para un total de 371 días,
equivalentes a 53 semanas.
En esa medida la accionante cumple con los requisitos exigidos por
el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y en consecuencia es beneficiario de la
pensión de invalidez que reclama.
Por lo anterior, esta Sala revocará la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el 16 de julio de 2014, que
declaró la improcedencia de la tutela,  para en su lugar conceder el amparo de
los derechos deprecados por la accionante.
En consecuencia se dejará sin efecto la Resolución Núm. GNR 154065
del 26 de junio de 2013, y se ordenará a COLPENSIONES que dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a reconocer
el pago de la pensión de invalidez en favor de la señora Amanda Atehortúa
Zapata, en el valor que corresponda y atendiendo las mesadas no prescritas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por  mandato  de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia dictada el doce de mayo de
2014 por El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el que a su vez
confirmó la proferida el 21 de marzo de ese mismo año por el Juzgado Primero
Penal Municipal CFCG de esa misma ciudad,  dentro del expediente T-4.478.561,
la cual negó el amparo pedido por el señor Germán Vélez Cárdenas en contra de
la AFP Protección S.A.
Segundo.- En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales a
la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y la vida digna del
demandante, ordenando a la Administradora de Fondos de Pensiones Protección
S.A., que si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia expida el oficio
de reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Germán Vélez Cárdenas,
en la suma que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y
cubrirá retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no
superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Tercero.- REVOCAR la sentencia
proferida el 20 de mayo de 2114 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá, el que a su vez confirmó eldictado por el Juzgado 24
Penal Municipal CFG de esta misma ciudad, que declaró improcedente el amparo
invocado por el señor Carlos Andrés Arévalo Jaramillo contra la Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., dentro del expediente T-
4.491.269; en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital del accionante.
Cuarto.- ORDENAR a la Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, que en el término de cinco (05)
días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta
providencia, reconozca y pague la pensión de invalidez por riesgo común al
señor  Carlos Andrés Arévalo Jaramillo desde el momento en que se produjo el
hecho causante de su invalidez, esto es, el once (11) de octubre de dos mil
doce (2012), fecha de ocurrencia del evento que le ocasionó la pérdida de
capacidad laboral de manera definitiva.
Quinto.- ADVERTIR
a la Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que debe observar las
consideraciones expuestas en esta sentencia para la solución de asuntos
similares.
Sexto.- ORDENAR a la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que remita a
este despacho copia del oficio a través del cual se reconozca el derecho
pensional al señor Carlos Andrés Arévalo Jaramillo, en el término de los quince
(15) días siguientes a su ejecutoria.
Octavo.-
REVOCAR la sentencia dictada el diez de julio de
2014, por El Tribunal Superior de Medellín, el que a su vez confirmó la
proferida el 30 de mayo de ese mismo año por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito CFC de esa misma ciudad, dentro del expediente T-4.535.468 la
cual negó el amparo pedido por el señor Boris Obed Pérez Gutiérrez en contra del
ISS y COLPENSIONES.
Noveno.- En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales a
la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y la vida digna del
demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no lo ha efectuado, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta sentencia expida un acto administrativo de reconocimiento de la pensión de
invalidez del señor Boris Obed Pérez Gutiérrez, en la suma que corresponda, que
empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá retroactivamente, en lo
que no esté prescrito, en un término no superior a los diez (10) días hábiles
subsiguientes.
Décimo.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la
sentencia dictada el trece de mayo de 2014, por El Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Cartagena, dentro del  Expediente T-4.538.765, la cual solo
concedió el amparo del derecho fundamental de petición, adicionándola, en
sentido de proteger los derechos fundamentales invocados por el accionante en
la tutela interpuesta en contra de COLPENSIONES.
Décimo
Primero.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no
lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Manuel Salvador Villalba
Urbina, en la suma que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad
debida y cubrirá retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término
no superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Décimo
Segundo.- REVOCAR la sentencia dictada el
veintiocho de abril de 2014, por  el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de
Santiago de Cali, dentro del Expediente T-4.539.990 la cual negó el
amparo pedido por la señora Zulma Noha Guzmán Ayala en contra de COLPENSIONES.
Décimo
Tercero.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no
lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de invalidez de la señora Zulma Noha Guzmán Ayala,
en la suma que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y
cubrirá retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no
superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Décimo Cuarto.- REVOCAR la sentencia dictada el veinte de junio de 2014, por la Sala de
Casación Laboral, dentro del Expediente T-4.54.903, la cual negó el
amparo pedido por el señor Iván Escobar Vásquez en contra del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín –Sala Laboral-.
Décimo
Quinto.- Dejar sin efectos la Resolución Núm.
005811 del 29 de febrero de 2008, expedida por el ISS, mediante la cual se negó
la pensión por aportes del señor Iván Escobar Vásquez.
Décimo
Sexto.- En su lugar, se dispone TUTELAR los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y
la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no lo ha
efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de reconocimiento
de la pensión de invalidez del señor Iván Escobar Vásquez Gutiérrez, en la suma
que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá
retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los
diez (10) días hábiles subsiguientes.
Décimo Séptimo.- Confirmar por las
razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado
Primero de Familia de Ibagué, el 2 de julio de 2014, dentro del Expediente T-4.544.352, el cual denegó
por improcedente el amparo tutelar, al no ser este el mecanismo idóneo para
controvertir la fecha de estructuración de la invalidez, cuando se han dejado
de interponer los recursos que se tuvieron al alcance del accionante, en cuyo
caso deberá acudir a la jurisdicción laboral ordinaria con el fin de que se
ordene realizar un nuevo estudio a su caso concreto.
Décimo Octavo.-
Revocar parcialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 13 de junio de 2014, dentro
del Expediente T-4.551.538, en cuanto denegó la protección de los derechos
fundamentales invocados por el señor Carlos Gualtero Rodríguez.
Décimo Noveno.-
Ordenar a COLPENSIONES que liquide dentro de los
quince días siguientes a la notificación de esta providencia, el valor de la
indemnización sustitutiva de la pensión, si a bien lo tiene la accionante o
quien represente sus derechos, incluyendo en ella los tiempos cotizados a
CAJANAL y a la Caja de Previsión social del Municipio de Rovira –Tolima-, a
quienes posteriormente solicitará el reconocimiento del bono o título pensional
a que tenga derecho la entidad.  Dicha liquidación y pago deberá ser atendida
en el menor tiempo posible, sin que se pueda oponer el hecho de que CAJANAL o
quien haga sus veces, o el Municipio no han pagado el respectivo bono, título o
cuota parte pensional.
Vigésimo.-
REVOCAR la sentencia dictada el diez de abril de
2014, por la Sala Quinta de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de
Santa Martha, dentro del Expediente T-4.558.851, la cual negó el amparo pedido por el señor Vespaciano Segundo
Rodríguez Sanjuan en contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y
otros.
Vigésimo
Primero.- Dejar sin efectos la Resolución Núm. 0234
del 11 de mayo de 2012, expedida por la Secretaría de Educación de la Alcaldía
de Santa Martha, mediante la cual se negó la pensión de invalidez al señor Vespaciano
Segundo Rodríguez Sanjuan.
Vigésimo
Segundo.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a la Secretaría de Educación de
la Alcaldía de Santa Martha, que si aún no lo ha efectuado, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
sentencia expida un acto administrativo de reconocimiento de la pensión de
invalidez del señor  Vespaciano Segundo Rodríguez Sanjuan, en la suma que
corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá
retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los
diez (10) días hábiles subsiguientes.
Vigésimo
tercero.- REVOCAR la sentencia dictada el primero
de agosto de 2014, por El Tribunal Superior de Ibagué, el que a su vez confirmó
la proferida el once de junio ese mismo año por el Juzgado Civil del Circuito
de Purificación-Tolima, dentro del Expediente T-4.567.772, la cual negó
el amparo pedido por el señor Otoniel Guerra Motta en contra de COLPENSIONES.
Vigésimo
Cuarto.- En su lugar, se dispone TUTELAR los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y
la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no lo ha
efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de reconocimiento
de la pensión de invalidez del señor Otoniel Guerra Motta, en la suma que
corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá
retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los
diez (10) días hábiles subsiguientes.
Vigésimo
Quinto.- REVOCAR la sentencia dictada el
veinticuatro de junio de 2014, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cali, dentro del Expediente T-4.568.487, la
cual negó el amparo pedido por el señor Henry Henao Orozco en contra de
COLPENSIONES.
Vigésimo
Sexto.- En su lugar, se dispone TUTELAR los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y
la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no lo ha
efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de reconocimiento
de la pensión de invalidez del señor Henry Henao Orozco, en la suma que
corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá
retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los
diez (10) días hábiles subsiguientes.
Vigésimo
Octavo.- REVOCAR la sentencia dictada el diez de
julio de 2014, por El Tribunal Superior de Bogotá –Sala Penal-, el que a su vez
confirmó la proferida el veintidós de mayo de ese mismo año, por el Juzgado 32
Penal del Circuito de esta misma ciudad, dentro del Expediente
T-4.515.097, la cual negó el amparo pedido por el
señor Mariano Otero Cobo en contra de COLPENSIONES.
Vigésimo
Noveno.- En su lugar, se dispone TUTELAR los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y
la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no lo ha
efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de reconocimiento
de la pensión de vejez del señor Marino Alirio Otero Cobo, en la suma que
corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá
retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los
diez (10) días hábiles subsiguientes.
Trigésimo.-
REVOCAR la sentencia dictada el once de abril de
2014, por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla,
dentro del Expediente T-4.519.620, la cual negó el amparo pedido por el
señor Nixon Rafael de la Rosa Rolong en contra de COLFONDOS S.A.
Trigésimo
Primero.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a COLFONDOS, que si aún no lo
ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de esta sentencia expida un Oficio de reconocimiento de la
pensión de invalidez del señor Nixon Rafael de la Rosa Rolong, en la suma que
corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá retroactivamente,
en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los diez (10) días
hábiles subsiguientes.
Trigésimo
Segundo.- REVOCAR la sentencia dictada el
veintisiete de mayo de 2014, por el Juzgado Segundo laboral Circuito Judicial
de Manizales, dentro del Expediente T-4.522.641, la cual negó el amparo
pedido por el señor Jorge Eliécer Siabato Castro en contra de COLPENSIONES.
Trigésimo
tercero.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no
lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia expida un Oficio de reconocimiento de la
pensión de vejez del señor Jorge Eliécer Siabato Castro, en la suma que
corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y cubrirá
retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no superior a los
diez (10) días hábiles subsiguientes.
Trigésimo
Cuarto.- REVOCAR la sentencia dictada el
veintinueve de agosto de 2014, por El Tribunal Superior de Bogotá –Sala
Laboral-, el que a su vez confirmó la proferida el treinta y uno de julio de
ese mismo año, por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de esta misma ciudad, dentro
del Expediente T-4.527.213, la cual
negó el amparo pedido por el señor Atanacio Rodríguez Castillo en contra de
COLPENSIONES.
Trigésimo
Quinto.- En su lugar, se dispone TUTELAR los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y
la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no lo ha
efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de reconocimiento
de la pensión de anticipada de vejez del señor Atanacio Rodríguez Castillo, en
la suma que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y
cubrirá retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no
superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Trigésimo
Sexto.- REVOCAR la sentencia dictada el tres de junio
de 2014, por El Tribunal Superior de Cali –Sala Tercera de Decisión Laboral-,
la que a su vez confirmó la proferida el dieciséis de mayo de ese mismo año,
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta misma ciudad, dentro del Expediente T-4.529.388, la cual negó el
amparo pedido por la señora Mónica Gómez Valdivieso en contra de COLPENSIONES.
Trigésimo
Séptimo.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no
lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de invalidez de la señora Mónica Gómez Valdivieso,
en la suma que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y
cubrirá retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no
superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Trigésimo
Octavo.- Revocar parcialmente la sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito CFC de Medellín, el 12 de
mayo de 2014, la que a su vez confirmó el fallo proferido por el Juzgado 4º
Penal Municipal CFC de esa misma ciudad, dentro del Expediente
T-4.531.271, en cuanto denegó la protección de los
derechos fundamentales invocados por la señora Lina María Flórez Ospina.
Trigésimo
Noveno.- Ordenar a COLPENSIONES que liquide y pague
dentro de los quince días siguientes a la notificación de esta providencia, el
valor de la indemnización sustitutiva de la pensión, si a bien lo tiene la
accionante, o quien represente sus derechos.
Cuadragésimo.-
REVOCAR la sentencia dictada el trece de junio de
2014, por El Tribunal Administrativo de Antioquia, la que a su vez confirmó la
proferida el treinta de abril de ese mismo año, por el Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, dentro del Expediente T-4.532.129, la
cual negó el amparo pedido por la señora Idalia María Arce Guerrero en contra
de COLPENSIONES.
Cuadragésimo
primero.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no
lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de invalidez de la señora Idalia María Arce
Guerrero, en la suma que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad
debida y cubrirá retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término
no superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Cuadragésimo
Segundo.- REVOCAR la sentencia dictada el dieciséis
de julio de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro
del Expediente T-4.575.377, la cual negó el amparo pedido por la señora Amanda Atehortúa Zapata
en contra de COLPENSIONES.
Cuadragésimo
Tercero.- En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo
vital y la vida digna del demandante, ordenando a COLPENSIONES, que si aún no
lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia expida un acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de invalidez de la señora Amanda Atehortúa Zapata,
en la suma que corresponda, que empezará a pagar en la periodicidad debida y
cubrirá retroactivamente, en lo que no esté prescrito, en un término no
superior a los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Cuadragésimo
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUD
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
(E)
[1] Ver,
entre otras, las sentencias  T-556, T-625, T-651 y T-711, todas de 2004 y T-406
de 2005.
[2] La
sentencia citada hace en este punto una referencia a la sentencia T-619 de
1995.
[3] T-156
de 2000.
[4] T-489 de
1999.
[5] T-043
de 2007.
[6] T-789
de 2003 y T-515A de 2006.
[7] T-086
de  2006, T-938 de 2008 y T-092 de 2010.
[8]“La seguridad
social, para Jambu-Merlin, nace a partir de 1941 de los siguientes factores: a)
Una terminología. En 1935 es votada, en Estados Unidos, La Social Security Act.
Esta expresión se introdujo rápidamente en los países angloparlantes y después
se extendió al mundo entero. b) Un acontecimiento político y militar. La guerra
de 1939 a 1945… los gobiernos saben que una de las condiciones de un esfuerzo
bélico y un esfuerzo de reconstrucción será la implementación de una sociedad
más justa, más segura y de una democracia más social… la Carta del Atlántico
del 12 de agosto de 1941, contiene, resultante de la petición de Churchill, un
parágrafo sobre la necesidad de extensión de la seguridad social a todos. Lo
mismo en la declaración de Filadelfia de la OIT, de 10 de mayo de 1944. c) Una
necesidad social… las necesidades más vivas en materia de seguridad y de salud…
hacen posible que aparezca una idea completamente ignorada a principio de
siglo: la protección social debe extenderse a todos… d) Un documento británico…
es, en cierta medida, la conjunción de los tres elementos precedentes, la que
conduce al gobierno británico a confiar, en mayo de 1941,
a Sir William Beveridge la misión de estudiar la transformación de las
instituciones de protección social.” Carrillo Prieto, Ignacio. Introducción
al Derecho Mexicano. Derecho de la Seguridad Social. Ed. Universidad
Autónoma de México. México, 1981, pág. 27.
[9] Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
[10] Artículo 9°: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”
[11] Seguridad
Social. Un nuevo consenso. Conferencia N° 89 de la OIT. 2002.
[12] “Posición
planteada desde la sentencia T-406 de 1992”.
[13] T-122 de febrero
18 de 2010.
[14] Cfr. las sentencias
T-760 de julio 31 de 2008; T-016 enero 22 de 2007 y T-585 de junio 12 de 2008,
T-122 de 2010 ya citada.
[15] Se evidencian obligaciones prestacionales
de los derechos civiles y políticos; por ejemplo, la protección del derecho a
la libertad de opinión, prensa e información (artículo 20 superior) conlleva el
establecimiento de diferentes organismos y sistemas reguladores, por ejemplo la
Autoridad Nacional de Televisión (antes la Comisión Nacional de Televisión),
que a su vez, implica la asignación de recursos para su creación y
sostenimiento. Así mismo, existen facetas negativas desprendidas de derechos
económicos, sociales y culturales, como la prohibición a los Estados de
realizar reformas regresivas a la seguridad social.
[16] Abramovich,
Víctor. Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles.
Ed. Trotta S. A., Madrid, 2002, pág. 37.
[17] Ib.
“La historia del nacimiento de los Estados Sociales es la historia de la
transformación de la ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la
discrecionalidad de la autoridad pública, en beneficios concretos que
corresponden a derechos individuales de los ciudadanos.”
[18] T- 122 de 2010
ib.
[19] Sentencia T- 433
de mayo 30 de 2002.
[20] T-042 de febrero
2 de 2010.
[21] T-200 de 2010.
[22] T-248 de 2008.
[23] T-063 de 2009.
[24] T-124 de 1993.
[25] Cfr. T-271 de
abril 13 de 2009 y T-561 de julio 7 de 2010, entre otras.
[26] Cfr., entre
otras, T-1128 2005, T-1013 de 2008, T-271 de 2009 y T-561 de 2010, precitadas.
[27] “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1
de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.”
[28] Ver el artículo
5° “Clases de invalidez”
[29] Mediante sentencia C-1056 de noviembre 11
de 2003.
[30] La demanda atacó
los numerales 1° y 2° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, por considerar que
contrariaban “el principio de progresividad contenido en el artículo 48 de
la CP, al establecer unos requisitos para acceder a la pensión de invalidez más
gravosos que los que exigía el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.”
Además violaban “el artículo 53 de la Constitución pues la reforma se mostró
regresiva frente a la protección otorgada por la legislación anterior, sin que
exista un propósito constitucional importante que justifique la medida.”
[31] Principio que
impide la regresividad, es decir el desconocimiento o derogatoria de derechos
alcanzados.
[32] Carga que
consiste en procurar reformas que incluyan mayor población, ampliando la
cobertura y calidad de la seguridad social.
[33] Ley 100
de 1993, artículo 38: “Estado de invalidez. Para los efectos del presente
capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su
capacidad laboral”.
[34]  El artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
establece: “Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las
Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud,
EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y
calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de
que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se
acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya
decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones
proceden las acciones legales”.
[35] El Decreto 917 de
1999, “por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995”,
en su artículo 7°, definió estos conceptos así: “[…] DEFICIENCIA: Se
entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura o
función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o
permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía,
defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del
cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental.
Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja
perturbaciones a nivel del órgano. // DISCAPACIDAD: Se entiende por
Discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o
insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o
rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o
irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la
deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona. //
MINUSVALÍA: Se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa para un
individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que
lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en
función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y
ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las
expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la
socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las
consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales,
que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su
entorno.”
[36]   Artículo 31 del
Decreto 2463 de 2001, “por el cual se reglamenta la integración,
financiación y funcionamiento de la Juntas de Calificación de Invalidez.”
[37]   El artículo 3
de Decreto 917 de 1999 al definir la fecha de estructuración señala: “Es la
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no
habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.
[38] Artículo 2 del Decreto 917 de 1999 “Para efecto de la
aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptanse las siguientes
definiciones:
a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona
que por cualquier causa, de cualquier origen, no provocada intencionalmente,
hubiese perdido el 50% o más  de su capacidad laboral.
b) Incapacidad permanente parcial: Se considera con
incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier causa, de
cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 5% e inferior al 50%.
c) Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral
del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o
potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse
en un trabajo habitual.
d) Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual
aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su capacidad
laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una
remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema
Integral de Seguridad Social”.
[39] Artículo 3 del Decreto 917
de 1999:“la
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no
habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.
[40] Corte
Constitucional, Sentencia T-163 de 2011.
[41] Corte
Constitucional, Sentencia
T-699A
de 2007.
[42] Sentencia T-671
de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), antes citada. En el mismo sentido,
se pueden revisar las sentencias T-420 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) y
T-432 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo). La Sala de Revisión debe aclarar
que aunque la regla citada incluye a las personas que padecen enfermedades
congénitas, la Corte Constitucional no había tenido la oportunidad de resolver
un caso en el que la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez
hubiera sido presentada por una persona que padece una enfermedad de este tipo.
[43] Sentencia T-561
de 2010.
[44] Ver Gaceta 350 de
2002 del Senado de la República.
[45] En el proyecto se
propone incrementar la edad en 2 años en el 2.014 y a partir de 2.018
incrementar le edad de las mujeres a 62 años y la de los hombres a 65. De esta
forma quedó establecida en la Ley 797.
[46] El proyecto
contempla un incremento en las semanas de cotización, atendiendo la gradualidad,
la esperanza de vida de hombres y mujeres, el cambio demográfico y la
disminución de la inversión, al igual que la generación de empleo productivo.
El incremento se iniciará a partir del año 2005 en 25 semanas hasta llegar a
1300 en el 2016. En la ley se estableció que el aumento sería a partir del año
2005, pero en 50 semanas y el 1 de enero de 2006, se incrementa en 25 hasta
llegar a 1300 en el año 2015.
[47] Ley 100 de 1993. ARTICULO.   33.-
Modificado por el art. 9, Ley 797 de 2003 Requisitos para obtener la pensión de
vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco
(55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil
(1.000) semanas en cualquier tiempo.
[48] A saber: 55 años
para la mujer y 60 para el hombre, que partir del 2014 se aumentará a 57 años
para la mujer y a 62 para el hombre.
[49] En efecto, el aumento en la cantidad de
semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, para adquirir el derecho a
la pensión de vejez, viene determinado por el numeral 2° del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993: “Para tener el derecho a la Pensión
de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: (…) 2. Haber
cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. || A partir del
1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir
del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015”. Y justamente el parágrafo 4° del mismo artículo
establece que “[s]e exceptúan de los requisitos establecidos en los
numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una
deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de
edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al
régimen de seguridad social establecido en la Ley100  de 1993”.
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55)
años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. || A partir del 1o.
de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de
edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. A partir del año 2005, el número de semanas
se incrementará en cincuenta, a partir del años 2006 en 25 y así sucesivamente
hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015. (artículo 33 de la Ley 100).
[50] Ver gaceta del
Congreso No. 168 de abril de 2003, página 52.
[51] Constitución
Política de Colombia, artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados
o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.”
[52] Constitución Política
de Colombia, artículo 47. “El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.”
[53] Constitución
Política de Colombia, artículo 54. “Es obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud.”
[54] Constitución
Política de Colombia, artículo 68. “[…] La erradicación del analfabetismo y la
educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.”
[55] Sentencia T-207
de 1999. En este caso, la Corte estudió la situación de un egresado de
medicina, persona con discapacidad, a quien la Secretaría de salud competente
no pudo ubicar en una plaza para el ejercicio del SSO, debido a que las
instituciones prestadoras de salud consideraban que las dificultades de
locomoción del actor le impedían adelantar adecuadamente el servicio social. La
Corte concedió el amparo, considerando que las autoridades demandadas estaban
en obligación de adoptar las medidas pertinentes para adaptar el entorno a la
persona con discapacidad, en lugar de obligar a la persona con discapacidad a
adaptarse a un entorno que le resulta hostil.
[56] Las anteriores
enumeraciones no agotan el conjunto de pronunciamientos y/o tratados
internacionales sobre el tema de la discapacidad. La Corte hizo un recuento aún
más exhaustivo de tales documentos en el Auto A-006 de 2009 en el que analizó
la problemática especial de las personas víctimas de desplazamiento forzado que
además padecen alguna discapacidad.
[57] Sentencia C-293
de 2010.
[58] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Preámbulo. Los Estados Partes
en la presente Convención, // […] Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás, […].”
[59] Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, artículo 1°, inciso 2°. “Las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”
[60] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4°, literal b.
[61] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 3°. “Principios
generales // Los principios de la presente Convención serán: // a) El respecto
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no
discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad
de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la
mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas
con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.”
[62] Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, artículo 2, inciso 3. “Por discriminación por
motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables;”
[63] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 2, inciso 4. “Por
‘ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales”.
[64] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 26. “Habilitación y
rehabilitación. // 1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y
pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener
la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la
inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin,
los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y
programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los
ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma
que esos servicios y programas: // a) Comiencen en la etapa más temprana
posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y
capacidades de la persona; // b) Apoyen la participación e inclusión en la
comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a
disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia
comunidad, incluso en las zonas rurales […].”
[65] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 27. “Trabajo y empleo.
// 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes,
incluida la promulgación de legislación, entre ellas: […].”
[66] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 28. “Nivel de vida
adecuado y protección social. // 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus
familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la
mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes
para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación
por motivos de discapacidad. // 2. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho
sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
// […] e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con
discapacidad a programas y beneficios de jubilación. ”
[67] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4°, literal b.
[68] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 2, inciso 4, antes
citado.
[69] Ver al
respecto las sentencias T-777 de 2009, T-839 de 2010, T-934 de 2011, T-054 de
2012, T-246 de 2012, T-506 de 2012, T-930 de 2012, T-1011 de 2012, T-630 de
2013, T-819 de 2013, T-443 de 2014 y T-580 de 2014.
[70] Ver
Sentencia T- 285 de 2007.
[71] Ver
Sentencia T-777 de 2009.
[72]El
contenido del artículo 39 de Ley 100 de 1993 era el siguiente: “Requisitos
para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior
sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y
b) Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca el estado de invalidez.”
El
contenido del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 era el siguiente:
“Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión
de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad
de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez.
2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los
tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo. Los
menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas
en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria”.(Declarado INEXEQUIBLE. Corte
Constitucional, Sentencia C-1056 de 2003).
[73] Al respecto ver
la Sentencia T-777 de 2009.
[74] Ver sentencia
C-789 de 2002.
[75] “ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:>
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo
a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.
La
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica.
El
Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por
motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso
respecto del precio”.
[76] Sentencias C-789 de 2002 y C-228
de 2011.
[77] Sentencia C-789 de 2002.
[78]
Ver
sentencia SU-062 de 2010.
[79] T-006 de 1992, T-223 de 1992, T-413 de 1992,
T-474 de 1992, entre otras.
[80] Sentencia T-405
de 1996.
[81] Indicó: “En el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que
buscaba circunscribir la expresión "autoridades públicas", que
aparece en el texto del artículo 86 de la
Constitución, de manera que sólo cobijara a las "autoridades
administrativas". En el proyecto de articulado presentado por la
Comisión I a la Plenaria no se acogió la pretendida limitación del alcance del
derecho de amparo o de la acción de tutela a las autoridades administrativas
(Proyecto No. 67, artículo 62 Misael Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo,
Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes Alzate y Mariano Ospina Hernández. Gaceta
Constitucional No. 23) y, por el contrario, adoptó la fórmula  amplia de
incluir como sujeto pasivo de dicha acción a cualquier autoridad pública.
Igualmente, en el curso del segundo debate en Plenaria, se presentó una
propuesta sustitutiva en el sentido de restringir a las acciones u omisiones de
las autoridades administrativas la interposición de la acción de tutela cuando
éstas vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales, la cual fue
nuevamente  derrotada al aprobarse  definitivamente  el actual artículo 86 de la
Constitución Política. (Propuesta sustitutiva presentada por los honorables
constituyentes Hernando Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado
Noriega, Mariano Ospina Hernández y María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional
No. 142 p.18)”.
[82] Señaló:
“…
si bien es cierto que algunos delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente
consideraban que la tutela no debía proceder contra sentencias judiciales,
también lo es que la gran mayoría participó de la idea de consagrar una acción
que  -como el amparo en España o el recurso de constitucionalidad en Alemania-
pudiera proceder contra las decisiones judiciales. En este sentido es
importante recordar que la propuesta presentada por un conjunto de delegatarios
destinada a restringir en el sentido que se estudia el ámbito de protección de
la acción de tutela, resultó amplia y expresamente derrotada por la mayoría con
el argumento, claramente expuesto en el debate, según el cual impedir la tutela
contra decisiones judiciales podría crear un ámbito de impunidad constitucional
y reduciría la eficacia de los derechos fundamentales a su simple consagración
escrita”. Cft.
Sentencia T-117 de 2007.
[83] Dentro
de las sentencias más relevantes pueden citarse: T-043 de 1993, T-079 de 1993,
T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-055 de 1994, T-175 de 1994, T-231 de 1994,
T-442 de 1994, T-572 de 1994, SU.327de 1995, SU.637 de 1996, T-056 de
1997, T-201 de 1997, T-432 de 1997, SU.477 de 1997, T-019 de 1998, T-567 de
1998, T-654 de 1998, SU.047 de
1999, T-171 de 2000, T-1009 de 2000, SU.014 de 2001, T-522 de 2001, SU.1185 de 2001, T-1223
de 2001, SU.1300 de 2001, T-1306 de 2001, T-1334 de 2001, T-020 de 2002, T-080 de 2002,
SU.159 de 2002, T-1057 de 2002, T-1123 de 2002, T-012 de 2003, SU.120 de 2003,
SU.1159 de 2003, T-1232 de 2003, T-027 de 2004, T-205 de 2004, T-778 de 2004,
T-1189 de 2004, T-039 de 2005, T-328 de 2005, T-465 de 2005, T-516 de 2005,
T-902 de 2005, T-170 de 2006, T-1072 de 2006, SU.891 de 2007, T-1020 de 2007,
T-276 de 2008, T-302 de 2008, T-402 de 1998, T-436 de 2008, T-489 de 2008, T-789
de 2008, T-906 de 2009, T-934 de 2009, T-947 de 2009, T-901 de 2010, SU.917 de
2010, T-957 de 2010, T-266 de 2011, T-429 de 2011 y SU.447 de 2011.
[84] Al examinar el artículo 66 sobre error jurisdiccional
señaló: “Conviene aclarar que la
argumentación expuesta no significa que el juez de tutela y la
Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo
86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier
autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una “vía de hecho”,
en los términos que han sido definidos en la
Sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencia de esta Corporación, se amenace
o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese que en este caso se
trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la resolución de
fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión , ni se
enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado -como
es el caso del artículo que se examina-. Se trata simplemente del
reconocimiento de que el juez, al igual que cualquier otra autoridad pública,
se encuentra comprometido con el respeto y la protección de los derechos
fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en
caso de que una actuación judicial, incluso aquellas contenidas en una
providencia, vulnere un derecho, será posible su amparo a través de la acción
de tutela, sin perjuicio de la definición de las demás responsabilidades en los
términos que han sido descritos en esta sentencia”.
[85] Dijo:
“La Corte ha reconocido que contra las decisiones judiciales ejecutoriadas
procede en ciertos casos la acción de tutela. De conformidad con reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, en especial la contenida en la
Sentencia C-543 de 1992, la tutela procede contra providencias judiciales
cuando respecto de ellas se configura una vía de hecho, concepto que esta
Corporación ha definido así: ´Obsérvese que los defectos calificados como vía
de hecho son aquellos que tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma
medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves,
de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este
tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y
protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que,
por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento
arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere´ [T-231
de 1994].”
[86] Expuso: “Esta Corte ha considerado
reiteradamente, […] que cuando se conculcan las disposiciones que asignan el
conocimiento de los asuntos, procede acudir a la vía de hecho para que el juez
adecue el procedimiento, siempre que no se cuente con otros medios de defensa,
los existentes resulten ineficaces, o se interponga la acción de tutela para
evitar la realización de un perjuicio irremediable y grave”.
[87] Manifestó: “Son numerosos y reiterados los
pronunciamientos en los que se ha dejado en claro que los jueces de tutela
forman parte de la jurisdicción constitucional (desde el punto de vista
funcional). En esa medida, los jueces de instancia no pueden dejar de aplicar la
Constitución, de acuerdo con el alcance que le ha dado su intérprete
autorizado, independientemente de cuál sea el objeto del debate, en particular
en lo que hace referencia a la tutela contra providencias judiciales. Y es por
ello que tampoco son órganos de cierre en materia constitucional, de modo que
en sede de tutela no pueden abstenerse de remitir a esta Corporación, para su
eventual revisión, todas las decisiones de cualquier naturaleza que profieran
al resolver este tipo de asuntos. Lo anterior armoniza con lo previsto en el
artículo 86 de la Constitución, que dispone que los fallos de tutela deberán
ser remitidos a la Corte Constitucional “para su eventual revisión”, y
con el artículo 241-9 del mismo estatuto, según el cual corresponde a esta
Corporación “revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales”. En este orden de ideas, es preciso llamar la atención
sobre la procedencia de la tutela contra todo tipo de providencias judiciales,
en particular contra las sentencias de los órganos máximos de las
jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional
disciplinaria”.
[88] Artículo 185 de la
Ley 906 de 2004: “Decisión.
Cuando la Corte aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas,
dictará el fallo dentro de los sesenta  (60)  días siguientes a la audiencia de
sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo
la de revisión. La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el
proceso en el caso de determinar que éste pueda recuperar alguna vigencia.  En
caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda. Cuando la
Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro de los
cinco  (5)  días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.”
[89]  Sentencia 173/93.
[90] Sentencia T-504/00.
[91] Ver entre otras la reciente Sentencia
T-315/05.
[92] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[93] Sentencia T-658/98
[94] Sentencias T-088/99 y SU.1219/01
[95] Sentencia T-522/01
[96] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.
[97] Cfr. arts. 1°,
13, 48, 53 y 228 Const., entre otros.
[98] Ver al
respecto el comunicado de prensa del 21 de enero de 2015.
[99] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4. “Obligaciones
generales. // 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: // […] a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención; // b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad; // […] e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna
persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
[…].”
[100] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 26, 27 y 28. (Antes
citados).
[101] Certificación emitida por ING Fondo de Pensiones Obligatorias Fondo Moderado, hoy
Protección (folio 174).
[102] Vale aclarar que
la entidad simplemente informó acerca de esta situación, sin haber aportado un
certificado donde de manera detallada muestre las cotizaciones efectuadas
durante estos periodos (folio 29 del cuaderno de revisión).
[103]En varias ocasiones, la jurisprudencia
constitucional se ha ocupado de analizar acciones de tutela interpuestas por
personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, a
quienes las entidades encargadas de asuntos pensionales, les han negado el
reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez por considerar que
no tienen las semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración
de la misma, pese a que con posterioridad a este momento han conservado sus
capacidades laborales al punto de seguir cotizando al sistema y alcanzar el
número de semanas exigidas por la norma aplicable para el reconocimiento
pensional. Así por ejemplo, en la sentencia T-699A de 2007, la Sala Cuarta de
Revisión conoció del caso de una persona que sufría de VIH Sida, a quien le fue
diagnosticada una pérdida de la capacidad laboral del 61.05%, con fecha de estructuración del 5 de junio de 2003 “teniendo en cuenta para ello el conteo de
linfocitos que para dicha fecha presentaba el paciente según la historia
clínica”. Con fundamento en la anterior calificación, el accionante
peticionó a la entidad responsable que le reconociera la pensión de invalidez.
En comunicación del 13 de abril de 2004, el fondo respondió negativamente la
solicitud, argumentando que no cumplía con el requisito previsto en el artículo
39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la
Ley 860 de 2003, de haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores
a la fecha de estructuración de la invalidez. El actor sostuvo que cotizó al
sistema de Pensiones después de la fecha de estructuración, razón por la cual,
solicitó que le fueran tenidas en cuenta las cotizaciones efectuadas con
posterioridad, pues para ese momento se mantenía activo laboralmente. A
propósito de esta situación, la Sala se pronunció en el siguiente sentido:  “[…]
en razón del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad, pueden darse
casos, como el presente, en los que, no obstante que de manera retroactiva se
fije una determinada fecha de estructuración de la invalidez, la persona haya
conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado con su
vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema de
seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de
calificación de la invalidez.” En esta
oportunidad, la Sala concedió el amparo ordenando el reconocimiento de la
pensión de invalidez. Consideró que el tutelante reunía los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez conforme la
Ley 860 de 2003, por cuanto después de efectuada la estructuración, él mantuvo
su vínculo laboral y continúo cotizando al sistema General de Pensiones, por lo
que estas semanas, conforme a las consideraciones esbozadas, no podían ser
desconocidas, máxime cuando con ellas se aseguraba la pensión. En la misma
línea, la sentencia T-710 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), en la
cual la Sala Primera de Revisión trató el caso de una persona con VIH Sida, con
pérdida de la capacidad laboral de 65.75% y fecha de estructuración de la
invalidez del 23 de junio de 2002. Solicitó la pensión de invalidez, pero el
fondo de pensiones se la negó bajo el argumento de no reunir las semanas de
cotización requeridas a la fecha de su estructuración. En las consideraciones
de la sentencia, la Sala estimó que incluso después de la fecha de
estructuración y a pesar de la supuesta invalidez que lo afectaba producto de
la enfermedad degenerativa que padecía, el actor pudo seguir cotizando al
sistema por más de 2 años, hasta completar las semanas mínimas de cotización
exigidas por la Ley 860 de 2003. Se ordenó, entonces, el reconocimiento de la
pensión solicitada. Igualmente, en la sentencia T-561 de 2010 (MP Nilson
Pinilla Pinilla), se analizó la situación de una persona con esquizofrenia
esquizo-afectiva a quien el fondo de pensiones resolvió negar la pensión de
invalidez por no haber reunido las exigencias de la Ley 860 de 2003. La Sala
Sexta consideró que debían tenerse en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez por cuanto después
de este momento y hasta la calificación, la accionante había continuado
cotizando al sistema al punto de alcanzar las semanas requeridas para el
reconocimiento pretendido. Con fundamento en ello, se concedió el amparo
invocado y se ordenó el reconocimiento de la pensión solicitada, teniendo en
cuenta para ello, la fecha de calificación de la invalidez. En la sentencia
T-163 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa) la Sala Primera de Revisión
estudio el caso de una mujer que padecía insuficiencia renal crónica terminal y
se le había diagnosticado una pérdida de la capacidad laboral del 71.91%. Mediante
dictamen del treinta (30) de diciembre de dos mil nueve (2009), el grupo
Interdisciplinario de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral estableció
como fecha de estructuración el veintidós (22) de noviembre de dos mil ocho
(2008). Con fundamento en tal dictamen, solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada por no haber
cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de su estructuración,
tal como lo dispone el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. La peticionaria adujo
que interrumpió las cotizaciones al sistema desde el año 2001 hasta el 2007,
pero que entre los años 2007 y 2010, cotizó  aproximadamente 104 semanas, de
las cuales, 78 fueron cotizadas antes de hacer la solicitud de su pensión a la
entidad (19 de enero de 2010). En esta ocasión, se constató que la peticionaria
había continuado cotizando al sistema con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez, a pesar de los síntomas de su enfermad y hasta
un momento en que su condición de salud se agravó y se vio obligada a solicitar
la pensión de invalidez y someterse a una calificación de su discapacidad. Se
encontró que durante este periodo, reunió las semanas exigidas legalmente e
incluso superó el monto mínimo exigido. Con fundamento en lo expuesto, se
ordenó a la Administradora de Fondos de Pensiones accionada reconocer y pagar
la pensión de invalidez solicitada. Finalmente, en la sentencia T-432 de 2011 (MP Mauricio González
Cuervo) la Sala Segunda de Revisión, analizó el caso de una persona con una
pérdida de la capacidad laboral del 51.75% que solicitó el reconocimiento de la
pensión de invalidez. La entidad responsable de tramitar su pensión, determinó
como fecha de estructuración aquella en la cual el actor aún conservaba sus capacidades físicas para trabajar pese a la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica que padecía. Al momento de analizar la
solicitud para otorgar o no la pensión invocada, la entidad consideró que el
usuario solo había cotizado 16 semanas en los 3 últimos años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y no podían tenerse en
cuenta las semanas cotizadas con posteridad a la fecha de estructuración, pese
a que continúo recibiendo los aportes efectuados. Para la
Corte, dicha conducta atentaba contra los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social del actor, máxime cuando este lograba acreditar
las exigencias legales para alcanzar la pretensión invocada si los tres años
anteriores establecidos en el artículo 1 de la
Ley 860 de 2003, se contaban desde la fecha de elaboración del dictamen, en
atención a que el accionante padecía de una enfermedad crónica y había
continuado cotizando al ISS con posterioridad a la fecha de estructuración y
hasta que el progreso de su enfermedad le impidió hacerlo, situación frente a
la cual se vio en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez y someterse
a una calificación de su discapacidad. A partir de lo expuesto, concedió el
amparo y ordenó iniciar el trámite para el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez solicitada. En igual sentido, pueden consultarse las sentencias
T-103 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-209 de 2012 (MP María Victoria
Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo), entre otras.
[104] Según la historia laboral expedida por
COLPENSIONES, entre las referidas fechas cotizó 82.6 semanas. Ver Folio 14
cuaderno de tutela.
[105] Folios 11-12.
[106] Folio 11.
[107] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4. “Obligaciones
generales. // 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: // […] a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención; // b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad; // […] e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad; […].”
[108] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 26, 27 y 28. (Antes
citados).
[109] Para determinar la
aplicación de la Ley 71 de 1988, más concretamente frente a aquellas personas
que no habían cotizado al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, es importante referirse a las decisiones adoptadas por el
Consejo de Estado y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, bajo el análisis de dicha disposición.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado con radicado 11001-03-06-000-2006-00014-00
(1718) de marzo  9 de 2006, en respuesta a la consulta presentada por el Ministro
de la Protección Social, en la que se preguntaba “1. Cuál es el régimen de transición
aplicable a las personas que a 1º de abril de 1994 cumplían con alguno de los
requisitos prescritos en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
se encontraban vinculadas a una entidad de derecho público, como trabajadores
oficiales o como empleados públicos cuando para acreditar el tiempo de
servicios o de cotizaciones, acumulan tiempos laborados para empleadores
públicos y tiempos aportados al Instituto de Seguros Sociales. 2. Pueden
sumarse para efecto de establecer el cumplimiento del requisito ‘tiempo de
servicios’ en el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, los tiempos de aportes
al ISS?”
La mencionada Sala del Consejo de Estado
concluyó (no está en negrillas en el texto original):
“La cuestión es entonces: para el destinatario del
régimen de transición, que el 1º de abril de 1994 tenía vinculación laboral
como empleado público o trabajador oficial, que requiere acumular tiempos
públicos y cotizaciones al ISS para completar el requisito del tiempo y
pensionarse, ¿cuál es el régimen “anterior” aplicable?
Para la Sala, si se hiciera abstracción de la ley 100
de 1993, la situación de la persona que se encuentra en la hipótesis planteada
estaría regulada por la ley 71 de 1988, artículo 7º, que permite acreditar
‘aportes sufragados en cualquier tiempo’ en una o varias entidades de previsión
social públicas de cualquier orden, y en el ISS, para completar el tiempo de 20
años, que junto con la edad, de 60 años para los hombres y 55 años para las
mujeres, son los requisitos establecidos por la misma ley 71 para acceder al
derecho pensional.
Como el requisito del tiempo en la ley 33 de 1985 sólo
puede acreditarse en el sector público así como el número de semanas de
cotización es exclusivo del régimen administrado por el ISS, una persona que
pueda acreditar uno u otro sin necesidad de acumularlos, puede entonces acceder
a la pensión, bajo el régimen de la ley 33 de 1985 o del ISS, según el caso; pero
en la hipótesis consultada, esto es que requiera acumular aportes, se le
negaría la posibilidad de pensionarse si se desconoce la ley 71 de 1988 como el
régimen pensional aplicable por necesitar la suma de su vinculación pública y
privada.
Con la vigencia de la ley 100 de 1993, la ley 71 de
1988 se torna en el ‘régimen anterior’ aplicable a la persona de la hipótesis
de la consulta, pues
precisamente la finalidad del régimen de transición es preservar, bajo el
principio de favorabilidad, las condiciones de edad, tiempo y monto de la
pensión, bajo las cuales esa persona hubiera adquirido el derecho a la pensión;
de lo contrario, esa persona quedaría sujeta al régimen general de la ley 100,
o sólo al régimen público o sólo al régimen del ISS, y ello implicaría que o no
se podría pensionar o que, tratándose del ISS, el derecho a la pensión se
reduciría al pago de una indemnización compensatoria, eventos que carecen de
soporte constitucional y legal precisamente en virtud del régimen de la ley 71
de 1988.
Desconocer que la ley 71 de 1988 contiene uno de los
regímenes pensionales ‘anteriores’ a la ley 100, y en particular el que
resuelve la hipótesis descrita en la consulta, sería absurdo, como lo indica la
misma solicitud de concepto del Sr. Ministro, y también sería violatorio de los
principios constitucionales que rigen las condiciones del trabajo,[109]
en especial los referentes a la igualdad, la irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la favorabilidad en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las normas que regulan el
tema laboral, los cuales adquieren mayor relevancia para los destinatarios del
régimen de transición de la ley 100 de 1993, pues el pilar de esa transición es
precisamente la conservación del régimen pensional derivado de su vida
laboral.”
Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de mayo 24 de 2011 (asunto de rad. N° 41830), al resolver un recurso extraordinario de casación
donde se discutía la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988
a una persona que si bien se encontraba en el régimen de transición, no había
cotizado para el ISS con anterioridad a la Ley 100 de 1993, concluyó (no está en negrillas en el texto
original):
“En lo que respecta al régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que señaló el
Tribunal es que, para estar matriculado en él, solo era necesario el
cumplimiento de una determinada edad o 15 años de servicios cotizados, lo que
no supone un mal entendimiento de la norma, pues eso es lo que se desprende de
su inciso primero cuando señala: ‘La edad para acceder a la pensión de vejez,
el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez, de las personas que al momento de entrar en vigencia el
sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o quince (15) o más años de
servicios, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados.’
Ahora bien, de las consideraciones del
Tribunal no se desprende que éste hubiera entendido que por el hecho de estar
inmerso el afiliado en el régimen de transición señalado le resultaba aplicable
cualquier norma anterior a la vigencia del nuevo sistema general de pensión,
como se lo recrimina la censura, pues nada dijo expresamente sobre el punto ni
ello, tampoco, cabe suponerlo del hecho que hubiera aplicado la Ley 71 de 1988,
ya que específicamente sobre esta normatividad estimó que resultaba enteramente
aplicable a la demandante toda vez que, consideró, su artículo 7 era claro en
afirmar como condición para el otorgamiento de la pensión, el cumplimiento de
20 años de aportes que resaltó podían ser sufragados “en cualquier tiempo, a
partir de su vigencia”, sin que se requiriera que los aportes al ISS se
hubiesen realizado con anterioridad a la vigencia o con retrospectividad a la
Ley 100 de 1993.
De manera que no fue que hubiera
entendido el sentenciador que, por virtud del régimen de transición, a la
actora le resultaba aplicable cualquier norma vigente con anterioridad a la Ley
100 de 1993, sino que, en el caso específico del régimen previsto en el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988, resultaba enteramente aplicable porque, a su
juicio, las semanas cotizadas al ISS lo podían ser en cualquier tiempo anterior
o posterior a la vigencia de la mencionada Ley 100 de 1993.
Y es que no aparece tampoco equivocada la
tesis del ad quem, pues del hecho que la demandante hasta el 1 de abril de
1994 solo hubiere cotizado en el sector público no deviene inexorablemente que
no hubiere estado en la posibilidad de acumular ese tiempo con el cotizado al
ISS, en virtud de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, facultad
que de ninguna manera podía considerarse truncada por el hecho de haber entrado
en vigor el nuevo sistema general de pensiones, si, como ocurre en este caso,
la actora quedó inmersa en el régimen de transición, que le permitía conservar
tal posibilidad.”
[110] “En la
sentencia T-045 de 2004, la Corte señaló: ‘En el ámbito de los conflictos de
trabajo, por ejemplo, la Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de
interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador
jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por
la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con
los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad
de trato y favorabilidad. En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto
Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los
trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos
por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la
República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la
ley.’”
[111] Sentencia T-504/00.
[112] Ver entre otras la reciente Sentencia
T-315/05
[113] Sentencia T-658/98
[114] Sentencias T-088/99 y SU.1219/01
[115] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.
[116] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4. “Obligaciones
generales. // 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: // […] a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención; // b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad; // […] e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna
persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
[…].”
[117] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 26, 27 y 28. (Antes
citados).
[118] Ver
folio 22, cuaderno principal.
[119] “En la
sentencia T-045 de 2004 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), la
Corte señaló: ‘En el ámbito de los conflictos de trabajo, por ejemplo, la
Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance
de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer las
garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la
Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los
principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de
trato y favorabilidad. En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto
Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los
trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos
por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la
República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la
ley.’”
[120] Ley 860 de 2003. Artículo
1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo 39. Requisitos para
obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad:
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez causada por accidente:
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte
(20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26)
semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria.
NOTA: Parágrafo 1° declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-020 de 2015.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado
haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para
acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas
en los últimos tres (3) años.
[121]ARTÍCULO 6o.
REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o
inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis
(6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300)
semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.
[122] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4. “Obligaciones
generales. // 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: // […] a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención; // b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad; // […] e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad; […].”
[123] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 26, 27 y 28. (Antes
citados).
[124] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4. “Obligaciones
generales. // 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: // […] a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención; // b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad; // […] e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna
persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
[…].”
[125] Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 26, 27 y 28. (Antes
citados).