T-713-10
Sentencia T-713/10
Sentencia T-713/10
ACCION DE TUTELA CONTRA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Caso en que directora decide imponer matrícula
condicional a menor por unirse a grupo de facebook donde apoya solicitud de
cambio de la Rectora del colegio demandado
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental
que garantiza el debido proceso en trámites disciplinarios en instituciones
educativas
MANUAL DE CONVIVENCIA Y DEBER
DE SOMETERSE A LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN SU APLICACION-Las normas
consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las reglas
constitucionales/DEBIDO PROCESO-Sanciones que se impongan en proceso
escolar, por mas justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante
un trámite que respete el derecho al debido proceso
DERECHO A LA EDUCACION DEL
MENOR-Retos educativos que suponen la participación en el contexto de
tecnologías de la información. Redes sociales
ACCION DE TUTELA CONTRA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Procede por cuanto existe una duda razonable con
relación a la posibilidad de que la eventual sanción se haya empleado como un
medio de coacción ilegítima
Para la Sala, advertir a un estudiante acerca de las
sanciones de las cuales puede ser objeto, es legítimo o no, dependiendo del
grado de afectación que la amenaza de la imposición de la sanción por parte del
colegio, tenga sobre el estudiante. Si se trata de una amenaza cierta, que se
emplea para intimidar a un estudiante ilegítimamente en medio de un proceso,
por ejemplo, se tratará de una violación a sus derechos fundamentales. Pero si
se trata de una advertencia legítima a un estudiante acerca de las consecuencias
que los actos que cometa pueden acarrear; incluso en tono de regaño y reclamo,
no constituyen una violación a los derechos fundamentales del menor. El juez de
tutela tiene el deber de valorar en cada caso la protección al debido proceso,
por una parte, y el correcto desarrollo de los procesos pedagógicos en la
institución educativa, por otra.
Referencia:
expediente T-2664575
Acción de
tutela de Rosa Elina Ardila Oliveros y Luis Fernando Rojas Chaves contra el
Colegio La Presentación de Girardot.
Magistrada Ponente:
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil diez (2010)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao
Pérez y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela de 14 de abril
de 2009, proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot,
Cundinamarca, dentro de la acción instaurada por Rosa Elina Ardila Oliveros y
Luis Fernando Rojas Chaves contra el Colegio de La Presentación de Girardot.[1]
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Luis Fernando Rojas Chaves y Rosa Elina Ardila Oliveros
presentaron acción de tutela en nombre de su hijo, Gabriel Fernando Rojas
Ardila, contra el Colegio La Presentación de Girardot, por considerar que el
plantel educativo le violó sus derechos fundamentales al buen nombre, a la
honra, al debido proceso y a la igualdad, como consecuencia “de la decisión
arbitraria y amañada por parte de la directora de dicho ente educativo, de
imponer a nuestro menor hijo matrícula condicional.” A su juicio, éste fue
presionado indebidamente por la Rectora del Colegio para que ‘confesara’ haber
cometido una acción que no se encuentra sancionada por el reglamento, sin darle
una oportunidad adecuada para defenderse. Por tanto, consideran que la sanción
impuesta es claramente injusta. Presentan los hechos que dan lugar a la acción
de la siguiente manera.
1.1. El 5 de marzo de 2010, la Rectora del Colegio La
Presentación de Girardot, Nubia Estela Mayorga, citó a los padres del menor
Gabriel Fernando Rojas Ardila a las 6:30 a.m. en su oficina, en donde les “comunica
que habían creado en la red social Facebook del Internet, un grupo denominado ‘los
que queremos que cambien la rectora de la presentación’, al cual se unieron
más de 150 alumnos del Colegio de La Presentación, y al que se unió nuestro
hijo por invitación que le hiciera un amigo alumno de otro plantel educativo,
sin realizar ningún comentario.”[2]
Según la tutela, la “Rectora, muy ofendida, [les comunicó] que si no
retiraban a su hijo del plantel, ella lo expulsaba, porque según ella, éste
había faltado a su honor y a su nombre, que tal situación la iba a colocar en
manos de la Fiscalía”.
1.2. Según los padres del menor, dado el alto grado de
exaltación de la Rectora, y ante la falta de conocimiento acerca del caso, “(…)
solo atinamos a decirle a ésta, que procederíamos a examinar el asunto y
averiguar exactamente lo realizado por nuestro hijo, y que si la conducta [a]
él endilgada ameritaba las amenazas de advertencia proferidas por la directora,
así como el retiro de nuestro hijo de la institución.”
1.3.  Sostienen los padres que una vez en casa,
recapacitaron sobre la cuestión y concluyeron que la acción de la cual se
acusaba a su hijo, era una conducta que no se encontraba sancionada por el
reglamento y que, por tanto, no podía ser objeto de castigo alguno. Dadas las
cosas, los padres se dirigieron al Colegio y, luego de que la Rectora les
dijera que “no se trataba de manual de convivencia alguno, sino de una
decisión de apoyo de los padres hacia ella por la ofensa recibida por parte de
nuestro hijo”, comunicaron la decisión de no retirar a su hijo de la
institución. La Rectora les informó que, en consecuencia, ella adelantaría el
correspondiente proceso de expulsión.[3]
1.4. Afirman que luego de un tiempo, se les citó para
informarles que se había decidido imponerle la sanción de matrícula
condicional.[4]
La decisión fue justificada por el Comité de Convivencia del Colegio en los
siguientes términos, de acuerdo con la acción de tutela: “no presentarse
nuestro hijo con el corte de pelo que impone el colegio”; “la mala
presentación de su uniforme”, “el mal uso del internet”, sin
especificar en qué consistió el mal uso, y ‘falta de respeto a sus
compañeros y profesores’, por hechos ocurridos en años anteriores. Por
considerar que la decisión era injusta y contraria a derecho, los padres del
menor se negaron a firmar la matrícula condicional e interpusieron acción de
tutela en contra de la institución educativa, en representación de su hijo, en
defensa de sus derechos.
1.5. Los padres reconocen que su hijo Gabriel Fernando Rojas
Ardila tiene compromiso académico y disciplinario con la institución, pero
indican que a la fecha no ha faltado a esos compromisos, al tanto que el
Observador del Alumno actualmente se encuentra limpio de notas al respecto,
como tampoco se nos ha notificado o referido falta alguna a dichos compromisos.
Los padres señalaron que no firmaron el Acta de la Matrícula
condicional antes referida, “por estimarla totalmente irregular y contraria
a derecho por lesionar claros principios constitucionales fundamentales
inherentes a nuestro menor hijo […], además, se constituye en un
elemento de retaliación de la Rectora del Colegio […] en contra de nuestro
menor hijo, por no acceder sus padres a las peticiones iniciales antes
referidas, por la supuesta y no probada lesión a sus derechos personales. […].”
1.6. En el expediente reposan varias copias de los
contenidos del grupo de facebook creado en contra de la Rectora del
Colegio acusado.
1.6.1. En primer lugar, en el expediente reposa copia de la
impresión de la pantalla de computador en la que aparecía el muro de la página
de facebook del grupo,[5]
denominado ‘yo tambn quiero cambiar la
rectora de la presentación’. El muro del grupo tenía al momento en que
se imprimió, dos intervenciones y un comentario a la segunda intervención; en
los tres casos, firmados por personas distintos al accionante. La primera
intervención (Daniel Triana) acusaba a la Rectora en términos fuertes.[6] La segunda
(Juan Fernando Torres Aya) era un insulto,[7]
con un comentario (Sergio Orejuela), que lo celebraba.[8]
1.6.2. También reposa copia de la pantalla en la que
aparecía la información del grupo de facebook:[9] (i) el nombre del grupo,
ya antes mencionado; (ii) las categorías del mismo, identificadas como ‘interés
común’ y ‘creencias y causas’; (iii) el grado de privacidad, establecido como
‘abierto: todo el contenido es público’; y  (iv) la descripción del grupo, la
cual se hacía en los siguientes términos: “la
quiero cambiar por q ha hechado a mucha gente q hacia famoso el colegio”
[sic].
1.6.3. En tercer lugar, reposa copia de una parte de una
pantalla de computador en la que aparece un mensaje de correo electrónico, en
el cual se lee el siguiente letrero: “Gabriel Rojas te ha invitado a unirte al
grupo yo tambn quiero cambiar la rectora
de la presentación”.[10]
1.6.4. Finalmente, reposa copia de una impresión de un
archivo de texto en el que, aparentemente, aparece una copia del contenido del
muro del grupo de facebook.[11]
En esta segunda copia del muro, aparece una nueva intervención que tampoco está
firmada por el accionante (Hugo Horacio), pero en la que sí se hace mención a
él. Dice los siguiente: “eeey q pasa?? no
aguanta q hallan hechado [sic] a
Gabriel Rojas solo por unirse a una
causa…sigan uniendose a ver si
esta señor va a dejar el colegio sin estudiantes, por eso hice este grupo porq
(SIC) Esta señora se cree la dueña del mundo y quiere decidir el futuro de los
demás, cómo va a dejar a un man
sin estudiar este año solo por unirse a un grupo.”
2. Demanda y solicitud
A juicio de los padres del menor, “la actitud
retaliatoria, arbitraria e ilegal con que ha actuado la Rectora […] en
el presente evento lesiona gravemente los derechos fundamentales a la
educación, al buen nombre, a la honra, al debido proceso y al libre desarrollo
de la personalidad, a que tiene derecho nuestro menor hijo […]”. La Acción
de tutela sustenta que tales derechos están siendo violados por la decisión del
plantel educativo, en los siguientes términos.
2.1. Derecho a la educación. En este caso, los padres
consideran que no se ha violado el derecho aún, pero que sí existe una amenaza
concreta y cierta, que se materializa en la matrícula condicional. A su juicio
no sólo se trata de un ultimátum, que se impuso de manera ilegal, sino que
conlleva afectar su proceso de aprendizaje, su rendimiento y atención, en
desarrollo de su proceso formativo.[12]
2.2. Derecho al buen nombre y a la honra. Para los
padres, el derecho al buen nombre y a la honra de su hijo fue violentado
gravemente por la Rectora “al momento de sindicar o endilgar al mismo la
autoría de hechos supuestamente ilícitos, que incluso al parecer de la
mencionada directora a puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación, que nunca fueron realizados o que no constituyen delito alguno.  ||  La
actitud arbitraria e ilegal de la mencionada rectora,  a más de lesionar el
derecho antes aludido, la sitúa ante la posible comisión del delito de injuria
y calumnia cometida contra un menor de edad.”
2.3. Derecho al debido proceso.  Para los
accionantes, “la forma como fue emitida la ‘matrícula condicional’ en contra
de nuestro menor hijo, sin las formas propias establecidas en el manual de
convivencia, hace que indefectiblemente se haya violado este preciado precepto
constitucional que debió ser privilegiado dentro del trámite de la
investigación correspondiente.” Adicionalmente, consideran que se le
sancionó con base en comportamientos que no están tipificados en el manual de
convivencia del Colegio o que no son sancionables actualmente, por ser acciones
y comportamientos realizados en el pasado. Para ellos, la sanción de matrícula
condicional no encuentra justificación en ninguna de las razones alegadas por
el Colegio. En primer lugar, consideran que no es cierto que su hijo ‘no se
presenta con el corte de pelo que impone el colegio’ o que tenga ‘mala
presentación de su uniforme’. Al respecto sostienen: “[…] desde que esta
estudiando en el Colegio [… nuestro] hijo ha tenido el mismo corte de
pelo y jamás ha sido devuelto de la entrada al Colegio o se ha recibido nota
alguna al respecto, además, siempre hay profesores en la puerta a la hora de
entrada al Colegio para fiscalizar a los alumnos en cuanto a su presentación
personal, tal es así, que si un alumno no va en el porte del uniforme o con el
corte de pelo normal simplemente no le es permitido el ingreso.”  En
segundo lugar, tampoco consideran que pueda sancionársele por ‘el mal uso del
internet’, pues al igual que en el caso anterior, sostienen, “nunca desde
que nuestro hijo se encuentra estudiando en el Colegio de La Presentación, nos
[habían] requerido o nos habían informado de tal circunstancia, como tampoco se
nos han enunciado los fundamentos de tal uso indebido, como para que ahora se
tenga como motivo suficiente para penalizar a nuestro hijo con matrícula
condicional.”  Por último, en tercer lugar, se alega que tampoco se puede
señalar al menor de haber ‘faltado al respeto de sus compañeros y profesores’.
El Comité de Convivencia, señalan los accionantes, sustenta la acusación en “[
…] hechos sucedidos en años anteriores en los que supuestamente se vio
involucrado nuestro hijo, hechos que nada tienen que ver con el periodo actual,
durante el cual nunca se nos ha requerido o informado situación alguna al
respecto, como para que ahora se tenga como motivo suficiente para penalizar a
nuestro hijo con matrícula condicional.”
2.4. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En último término, se considera que la decisión del Colegio afecta la libertad
del menor en general, y de opinión, en particular. Al respecto, sostienen que “el
hecho de que el fundamento de la incomodidad de la Rectora […] es la
unión de nuestro menor hijo al grupo denominado ‘los que queremos que
cambien la Rectora de La Presentación’, creado y formado en la Red Social
Facebook del internet, por más de 150 alumnos del Colegio […], y que el
mismo sea motivo de la retaliación concretada en la emisión de la referida
‘matrícula condicional’, no hace más que probar que en el presente caso, a más
de los derechos fundamentales ya descritos, a nuestro menor hijo se le violó el
preciado derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, y de
contera al libre derecho de opinión, por cuanto lo [que] en síntesis
molesta a la accionada fue la opinión expresada por un grupo numeroso de
estudiantes acerca de un cambio de la dirección del mencionado ente educativo
por ella regido.”
2.5. Los padres del joven sancionado, solicitan mediante su
acción de tutela que “dentro de un plazo prudencial y perentorio, en amparo
de sus derechos […], los cuales están siendo violados a nuestro menor
hijo como consecuencia de la decisión arbitraria y amañada por parte de la
Directora de dicho entre educativo, de imponer a nuestro menor hijo matrícula
condicional, se ordene a la entidad accionada dejar sin efecto alguno la
matrícula condicional contra él emanada.”
3. Participación del Colegio La Presentación de Girardot
La Hermana Nubia Estela Mayorga Pedraza, Rectora y
representante del Colegio de la Presentación de Girardot,[13] el 5 de abril de 2010,
participó por escrito en el proceso para manifestar su posición, y la del
Colegio que representa, acerca de lo acontecido.[14]
3.1. La Rectora aclara que fue el día 25 de febrero cuando
se reunió con el menor y con la madre de éste, pero no así con su padre. Afirma
que “hasta la fecha nunca he tenido contacto verbal ni física ni de ninguna
índole con el señor Padre del accionante.” La reunión del 5 de marzo a la
cual hacen referencia los padres en la acción de tutela, se llevó a cabo con la
Coordinadora de Convivencia del Colegio, no con la Rectora. También contradice
la afirmación según la cual ella se encontraba ‘muy ofendida’. A su juicio, al
decir esto faltan a la verdad, al igual que cuando afirman que ella les exigió
que lo retiraran del plantel porque de lo contrario, ella lo expulsaría.
3.2. El Colegio afirma que informó a los padres que venía
indagando que el estudiante estaba reenviando un correo que apareció en la
página facebook y donde atentaban contra la Rectora. En su escrito, se
aclara que hasta ese momento, “no se ha concluido a través de la
investigación interna, si el menor Rojas Ardila realizó o no comentario alguno
en la página de facebook.” El Colegio no volvió a pronunciarse sobre el
desarrollo de esta investigación durante el curso del presente proceso de
acción de tutela.
3.3. Finalmente, en su comunicación la Hermana cuestiona la
veracidad y forma de presentación de los hechos por parte de los padres, en
especial, por cuanto ello implica involucrar a su hijo, una persona en
formación, en estos comportamientos reprochables.[15]
4. Declaración de los padres ante el juez de instancia
4.1. Los padres aclararon a la Juez de instancia que la
versión de la Rectora del Colegio, según la cual la madre había asistido sola
al plantel educativo y no con el padre del menor era cierta.[16] Pero se reiteró en
cuanto al acta en la cual se le imponía matrícula condicional a su hijo.
Declaró la madre al juez,
“No conozco el Comité de Convivencia, no sé las personas que lo
componen, inicialmente la Hna Nubia Stella me llamó a mi casa un viernes a las
7 de la mañana y me dijo que tenía que ir por un problema que tenía con mi
hijo. A esa cita asistí sola, no asistió mi esposo, fue cuando me dijo que
retirara a mi hijo o lo expulsaba. La siguiente cita a la que fui
voluntariamente fui sola, en la que le dije que no retiraba a mi hijo porque no
encontraba en el manual de convivencia la falta para retirar a mi hijo del
colegio. La tercer y última cita, fue una citación escrita y fue por la
coordinadora de convivencia. […]  La Coordinadora de convivencia nos mostró un
acta levantada por el Comité de convivencia pero no pedí copia de esa ni de la
matrícula condicional por el corte de pelo, por el uniforme, por indisciplina
con sus compañeros o profesores y por uso indebido de internet. […]”
4.2. La Juez de instancia insistió sobre el acta del
matrícula ‘condicional’, por seguir siendo éste un punto de contradicción entre
las versión de ellos, los padres del menor, y la institución educativa acusada.
La madre sostuvo al respecto lo siguiente,
“[…] ellos lo llaman matrícula en observación, que fue lo que a
mi me presentaron. A parte de esta tutela, no hay nada porque vi su observador
del alumno y está limpio. […] Estoy bajo la gravedad de juramento y sé lo que
significa eso, lo dije y lo repito, vi el acta levantada por el Comité de
Convivencia, porque cuando me llamaron para firmar la matrícula condicional,
pedí ver el acta levantada por el Comité de Convivencia y la Coordinadora de
convivencia nos lo enseñó a mi esposo y a mi; fue un error no haber pedido
copia […]”
El padre se manifestó en sentido similar al momento de
declarar,
“Claro que la vi [el Acta de la matrícula condicional] y no la firme,
la verdad no me percaté de pedir una copia. […] Me ratifico en lo antes dicho,
me mostraron, vi la matrícula condicional que me pusieron sobre el escritorio
para que yo la firmara como padre, en ese momento estaba en mis cinco sentidos.
Me parece falta de seriedad por parte del colegio que no acepten que me
presentaron esa matrícula condicional ese día.”
4.3. Sobre la situación de su hijo y la manera como ellos
habían procedido con él, la madre declaró ante el juez de instancia lo
siguiente,
“[…] mi hijo estaba muy desorientado, tenía temor de su situación
en el colegio, yo hable con él y le dije que no había cometido ningún delito
aunque esto se estaba viendo como si el hubiera cometido un delito, le dije que
el como persona tenía derecho a su libre expresión, pero que había momentos en
la vida de una persona que tiene que actuar con prudencia y le deje claro que
esto tenía que servirle para que en un futuro pensara y analizara las
decisiones que fuera a tomar, por unos días, como quince o veinte días no tuvo
acceso al computador de la casa. Yo personalmente no lo veo como castigo,
aunque para ellos sí es un castigo, para los jóvenes si es un castigo
apartarlos de su portal.  […] Una vez mirada la página con mi hijo porque la
pregunta que se le hizo desde un principio es que si él había hecho esa
publicación, entramos y me mostró que había sido invitado más no el creador de
la página. Como madre conozco a mi hijo, desafortunadamente desde el punto de
vista en que se le mire hay un descontento general en el colegio con la rectora
en cuanto a alumnos y padres. Son opiniones que he recogido y mi hijo no es
ajeno a esa situación en el Colegio, afortunadamente según un psicólogo que vio
a mis hijos no tengo niños contaminados como lo llaman ellos, como para yo
pensar que mi hijo esté orquestando algo hacía la rectora. No considero que la
conducta de mi hijo sea para actuar indebidamente en contra de los directivos
de la institución. […]”
Sobre el mismo asunto dijo el padre lo siguiente,
“Hablé con él, de hecho al principio lo iba a castigar
severamente, estoy hablando de quitarle salidas, le anulé el computador, a
veces soy muy fuerte con ellos porque son dos hijos. Cuando fuimos a mirar la
página para confirmar lo sucedido esta ya la habían eliminado, ya había
desaparecido. A mis hijos les enseño muchos de los valores que recibí de mi
familia de mis padres. Gracias a estos tengo un familia dentro de un lugar de
la sociedad, tenemos una empresa familiar fundada hace 12 años donde hemos
manejado nuestros créditos, compromisos, tanto con los proveedores como con
nuestros clientes y estos mismos valores  se los transmito a mis hijos, el
respeto hacia los demás, la humildad y muchos más. Y vuelvo y lo digo, si hay
una falla o error cometido o falta dentro de una institución se le debe aplicar
el reglamento las leyes y asumir la responsabilidad si le comprueban culpa.
[…]”
5. Decisión de instancia
El 14 de abril de 2010, la Juez Tercera Civil Municipal de
Girardot, Cundinamarca, resolvió negar la acción de tutela presentada por los
padres en representación de su hijo, por considerar que el Colegio La
Presentación no había violado los derechos a la igualdad y al debido proceso
del menor.  Para la Juez no se puede considerar que se haya violado la
igualdad, porque nunca se estableció que el plantel educativo hubiese dado un
trato diferente y discriminatorio.[17]
En segundo lugar, consideró que no podía existir violación al derecho al debido
proceso por haber impuesto una sanción ilegítimamente, cuando ni siquiera se
constata que existe una sanción.[18]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela de
conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991; asimismo, por la selección del respectivo expediente y la
determinación de que el caso sea decidido por esta Sala de Revisión.
2. Problema Jurídico
2.1. En el presente caso, la Sala debe entrar a resolver el
siguiente problema jurídico: ¿violó una institución educativa el derecho al
debido proceso, a la educación y a la igualdad de un estudiante, al habérsele
adelantado un proceso en el que se le habría impuesto una sanción [matrícula
condicional] por haber ingresado a un grupo en una red social que tenía por
objeto atacar y difamar a la Rectora del Colegio donde él estudiaba, a pesar de
que el Colegio afirma no haber impuesto tal sanción?
2.2. La Sala considera que la respuesta a este problema
jurídico depende del grado de afectación que la amenaza de la imposición de la
sanción por parte del colegio, tenga sobre el estudiante. Si se trata de una
amenaza cierta, que se emplea para intimidar a un estudiante ilegítimamente en
medio de un proceso, por ejemplo, se tratará de una violación a sus derechos
fundamentales. Pero si se trata de una advertencia legítima a un estudiante
acerca de las consecuencias que los actos que cometa pueden acarrear; incluso
en tono de regaño y reclamo, no constituyen una violación a los derechos
fundamentales del menor. El juez de tutela tiene el deber de valorar en cada
caso la protección al debido proceso, por una parte, y el correcto desarrollo
de los procesos pedagógicos en la institución educativa, por otra. Para exponer
las razones de esta decisión la Sala, (i) en primer lugar, se referirá a la
jurisprudencia constitucional sobre el debido proceso en los trámites
disciplinarios en el contexto educativo para, luego,  (ii) pasar a referirse a
la normatividad propia del Colegio La Presentación. (iii) Posteriormente, hará
una referencia a algunos de los nuevos retos que suponen las nuevas tecnologías
en el ámbito educativo, para, luego, (iv) analizar el caso bajo análisis.
2.3. Ahora bien, mediante el análisis de los hechos del
presente caso, la Sala ha sido alertada sobre una disposición contemplada en el
Manual de Convivencia del Colegio la Presentación de Girardot, que es contraria
al orden constitucional vigente. Por eso, una vez decidido el problema de la
referencia,  (v) pasará la Sala a comentar esta cuestión adicional que el caso
plantea y a tomar las medidas de protección correspondientes, teniendo en
cuenta que están en juego los derechos de personas menores de edad, sujetos de
especial protección constitucional.
3. El derecho a la educación contempla la garantía de que
el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en
instituciones educativas
Desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la
misma, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del
derecho a la educación, su estrecha relación con el debido proceso a propósito
de los trámites que se adelanten en dicho contexto –en especial, si se trata de
procesos sancionatorios– y la posibilidad de que la protección del goce
efectivo del mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela.
3.1. En efecto, la segunda sentencia dictada por la Corte
Constitucional, la sentencia T-02 de 1992, decidió que una entidad educativa
(Universidad Tecnológica de Pereira) no violaba el derecho a la educación de
una persona, cuando le afecta la posibilidad de continuar sus estudios, debido
a que no ha cumplido los requisitos legítimamente establecidos para poder
continuar inscrito en un programa.[19]
Para la Corte Constitucional en este caso se había impuesto una restricción
legítima, con base en el reglamento, al ejercicio del derecho a la educación de
una persona, sin que este supusiera una ‘extinción’ del mismo.[20]
3.1.1. En esta decisión judicial fundacional (T-02 de 1992),
la Corte Constitucional decidió ‘tomarse en serio’ una noción robusta y
amplia de los derechos fundamentales. Una noción que no está determinada taxativamente
en la Constitución Política de forma clara y distinta por contenidos concretos
y específicos.[21]
El concepto ‘derecho fundamental’, señaló el fallo de la Corte, no es un
concepto legal que deba ser aplicado judicialmente mediante sencillos
mecanismos de subsunción. A su parecer, se trata de un concepto jurídico
abierto, o lo que parte de la doctrina ha denominado un ‘concepto jurídico
indeterminado’.[22]
La Corte indicó que esta posición se encuentra reflejada en el propio texto de la
Constitución Política en su artículo 94, norma que señala lo siguiente: ‘la
enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.’[23] Este texto
encuentra desarrollo, entre otras disposiciones, en el reglamento de la
acción de tutela (Decreto 2591 de 1991), cuando establece en su segundo
artículo lo siguiente: ‘derechos protegidos por la tutela. La acción de
tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una
decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la
Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para
casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a
esta decisión.’ Esta disposición fue declarada ajustada a la Constitución
en 1993 por esta Corte.[24]
Esta posición jurisprudencial se sostuvo, advirtiendo a la vez que el juez constitucional
no tienen licencia para ‘crear’ o ‘inventar’ derechos fundamentales. De ninguna
manera.[25]
La Corte precisó que el Juez debe ‘decir el derecho’ aplicando las reglas y
estándares que conforman el orden constitucional vigente. Esta aplicación del
derecho ciertamente no es mecánica, pero no por ello deja de responder a
criterios y parámetros que fundamentan la razonabilidad y la legitimidad de la
decisión o que pueden ser públicamente conocidos, analizados y debatidos.[26]
3.1.2. Concretamente la Corte consideró que el derecho a la
educación de toda persona es fundamental (en especial, de todo niño y toda
niña), tanto por el hecho de que así lo establece textualmente el artículo 44
de la Constitución Política,[27]
porque en tal sentido ha sido desarrollado internacionalmente,[28] y porque se trata de un
derecho ‘esencial’ o ‘inherente’ a la dignidad de toda persona. Para la Corte,
el conocimiento es inseparable a la naturaleza del ser humano, es de su
esencia; hace parte de su dignidad; es un punto de partida para lograr el
desarrollo de su personalidad, es decir, para ser fin en sí mismo. Sostiene que
la educación ocupa un lugar primordial en la vida de toda persona y “logra
que permanezca en un constante deseo de realización”.[29]
3.1.3. La sentencia T-02 de 1992 ha sido reiterada por la Corte desde ese momento hasta la actualidad. En efecto, al poco tiempo,
la sentencia T-420 de 1992 decidió que el Rector de una institución educativa
(el Liceo Departamental Integrado San Francisco de Asís de Liborina, Antioquia)
había quebrantado  “[…] el derecho fundamental de la educación, por
cuanto impidió el ingreso  de la estudiante al mencionado plantel
educativo, aduciendo argumentos de orden moral y más exactamente, que no es
permitido por el Liceo recibir madres solteras, sin haber agotado con
antelación los procedimientos legales.”[30]
Además, decidió que a la estudiante le habían desconocido también el derecho a
la igualdad,[31]
y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.[32] La Corte resolvió
confirmar la sentencia de instancia (Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina,
Antioquia), que había tutelado el derecho de la estudiante, y ordenado al
Rector de la institución educativa su reintegro, para la conclusión de sus
estudios secundarios. Esta es una de muchas sentencias de la Corte
Constitucional que ha reiterado y retomado la línea trazada por la sentencia
T-02 de 1992.[33]
Se trata de una línea jurisprudencial tan clara y reiterada que ya en la década
de los noventa, existen casos en los que se pretendía cuestionar los
reglamentos básicos de funcionamiento de las instituciones educativas, que
dieron lugar a breves sentencias en las que no se requirió mayor análisis de la
cuestión para desestimar el reclamo presentado. Por ejemplo, en la sentencia
T-1084 de 2000.[34]
3.2. Eso sí, de manera reiterada, la Corte Constitucional ha
insistido en que las sanciones que se impongan, por más justificadas o
razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho
al debido proceso. La jurisprudencia constitucional ha recopilado las
principales dimensiones del derecho al debido proceso en el ámbito
disciplinario en las instituciones educativas en los siguientes términos,
Las instituciones educativas comprenden un escenario en donde se
aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal
que regir sus relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia.[35]  Esas normas
deben respetar las garantías y principios del derecho al debido proceso. La
Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho
al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas
fijando los parámetros de su aplicación.
Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer
las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la
comunidad educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de
las mismas. Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones
mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de
la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito
disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han
de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean
graves.[36]
Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en
materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa
determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo
establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier
sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a
que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias
que consagran las faltas)[37]
y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3)
el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado
pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las
pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus
descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción
proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el
encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada
una de las decisiones de las autoridades competentes.[38]
Adicionalmente el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la
edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto
que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y
familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter
preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición
de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la
obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su
permanencia en el sistema educativo.[39]”
[40]
3.2.1. Son pues, múltiples los casos en los que la
jurisprudencia ha dejado sin efectos una sanción disciplinaria porque una
entidad no ha cumplido con las reglas que establece su propia normatividad
interna, fijada en el Manual de Convivencia y en el Reglamento interno. Por
ejemplo, en la sentencia T-307 de 2000 se resolvió dejar sin efecto la sanción
impuesta y ordenarle al Colegio [Colegio Calasanz de Pereira] reiniciar,
adelantar y terminar el proceso sancionatorio, respetando el Manual de
Convivencia;[41]
de igual forma se resolvieron las sentencias T-243 de 1999 [Colegio La
Presentación de Tunja];[42]
T-022 de 2003 [Centro Educativo Distrital Instituto Técnico Tabora (Jornada
Tarde)].[43]
3.2.2.  Además de establecer unos mínimos materiales que las
reglas de todo proceso disciplinario deben respetar, sin importar de qué
institución educativa se trate, la jurisprudencia ha señalado que las garantías
específicas que fije cada entidad particularmente, no podrán ser desconocidas
por ella misma. Así, en la sentencia T-880 de 1999 la Corte Constitucional
inaplicó una disposición del Manual de Convivencia, dejando sin efectos la
sanción disciplinaria que había sido impuesta, por considerar que dichas normas
establecían unas reglas que no eran respetuosas del debido proceso.[44]
3.2.3.  Es pues determinante resaltar que el derecho al
debido proceso ha de ser respetado también cuando se trata de personas que ya
no tienen relación con la institución educativa. En tal sentido, se ha señalado
por ejemplo que una “universidad vulnera el derecho a la educación y a
escoger libremente profesión u oficio cuando después de dos años de haber
otorgado el título de abogado al tutelante identifica una inconsistencia
académica en la que se constata que no aprobó una asignatura cursada en el año
2001 de lo que se deriva el incumplimiento de un requisito de grado, sin que la
universidad ofrezca al interesado en el plano académico una opción para cumplir
los requisitos para acceder y mantener el título”; reconociendo, eso sí,
que “la universidad tiene la facultad de verificar los requisitos de grado
en el ámbito de una profesión que supone un título de idoneidad para su
ejercicio”.[45]
Así pues, la jurisprudencia reconoce el derecho de una institución para
corregir una situación errada, pero advirtiendo que lo que se decida hacer,
debe respetar las reglas del debido proceso.[46]
La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho al
debido proceso incluso en aquellos casos en los que se ha demostrado que los
estudiantes investigados y sancionados sí cometieron las faltas que les fueron
endilgadas; eso sí, advirtiendo que el proceso se ha de repetir adecuadamente,
teniendo en cuenta que no es sólo una garantía para los estudiantes
sancionados, sino también, de los estudiantes que sean víctimas, en los casos
en los que ello ocurra. Así, por ejemplo, en la sentencia T-917 de 2006 se
estudió el caso de un grupo de jóvenes que solicitaban que se les tutelara su
derecho al debido proceso, porque se les habían impuesto sanciones drásticas y
graves, sin el debido respeto de esa garantía constitucional. En efecto, los
jóvenes habían sido gravemente sancionados por cometer un acto de humillación
sexual a un joven.[47]
La Sala consideró que los hechos por los que se habían iniciado los procesos
disciplinarios eran graves y habían vulnerado la dignidad del menor afectado, “la
cual se proyecta también a otros derechos como la intimidad, dado que sus
partes íntimas fueron expuestas en público, y su autonomía, dado que dicha
exposición fue forzada por otros estudiantes contra la voluntad y los esfuerzos
de la víctima.” La Corte resaltó el hecho de que “todos los
participantes en los hechos no niegan su responsabilidad”, pero a la vez,
que el objeto de la sentencia de revisión no era pronunciarse sobre dicha
responsabilidad, “ni calificar las conductas de los menores implicados.”
Una vez dicho esto, la Corte decidió que sí se había violado el derecho de los
menores, pero que a la vez, las reglas establecidas disciplinariamente en el
Manual de Convivencia no podrían reparar adecuadamente las ofensas cometidas al
menor afectado por sus compañeros.[48]
La Sala tomó varias medidas orientadas a que se respetara el derecho al debido
proceso de los agresores, pero asegurando al mismo tiempo, que dicho proceso no
sólo fuera formativo y educativo para los menores agresores, sino también para
el menor agredido.[49]
3.2.4. Como se dijo, dentro de las reglas del debido proceso
se encuentra también la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, en
función de la gravedad de la falta cometida, los bienes jurídicos afectados y
el propósito pedagógico. Así, por ejemplo, en la sentencia T-651 de 2007 se
estudió el caso de un estudiante universitario de mitad de carrera al que, luego
de una riña, se le impuso una sanción (expulsión y prohibición de reingreso por
20 años) que, a juicio de los jueces de instancia, era desproporcionada e
irrazonablemente diferente a la que se le había impuesto a los demás
estudiantes sancionados por los mismos hechos.[50]
Ahora bien, ello no quiere decir que no se puedan imponer
sanciones fuertes y estrictas como una expulsión, o que se pretenda trasladar
exigencias propias del formalismo procesal penal, afectando así el sentido
pedagógico y formativo que tienen los procesos disciplinarios en el contexto
educativo. Por ello, en la sentencia T-263 de 2006, por ejemplo, la Corte
revocó las decisiones de los jueces de instancia que habían tutelado los
derechos de un estudiante, supuestamente porque una universidad [Los Andes]
había desconocido su derecho al debido proceso, y en consecuencia, resolvió
dejar en firme la sanción impuesta por la universidad. La madre de una
estudiante a la cual se le había sancionado severamente por haber cometido un
fraude [cancelación de matrícula y prueba de conducta por dos semestres; el
acuerdo consistió en que se le incluyera como autora de un trabajo en el que no
había trabajado, a cambio de pagar la suma de dinero acordada] presentó una
tutela en nombre de su hija por considerar que no se le había respetado el
derecho al debido proceso. Los jueces de instancia consideraron que la apertura
del proceso no había sido totalmente clara y precisa respecto a la acción que
se le endilgaba y, además, que la sanción era totalmente desproporcionada y
exagerada. La Corte Constitucional, como se dijo, estuvo en desacuerdo con tan
elevado estándar de análisis de las actuaciones educativas, constató que las
reglas básicas de un debido proceso sancionatorio se habían cumplido y resolvió
negar la protección de tutela que se había concedido y dejar en firme la
sanción que había sido impuesta.
3.2.5. Por último, cabe mencionar que la jurisprudencia se
ha pronunciado también sobre la razonabilidad de las limitaciones que pueden
implicar las sanciones en contextos educativos, incluso más allá de los hechos
estrictamente referidos al asunto. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional decidió
que un Colegio no violó el derecho político a elegir y ser elegida de una
persona de último grado (11°) –una alumna en este caso­–, al impedirle
participar como candidata a personera estudiantil, debido a que había tenido un
muy bajo rendimiento académico y un reprochable y repetido mal comportamiento
que le había hecho merecedora de una matrícula condicional (T-706 de 2002).[51] Se aceptó en
este caso, por tanto, que se trataba de una limitación razonable al desarrollo
armónico e integral, el impacto que conllevaba en ella la imposibilidad de ser
elegida como personera. De hecho, resalta esta Sala, la sanción de no ser
personera es una consecuencia que la estudiante tenía derecho a que se le
impusiera, para asegurarle el goce efectivo de su derecho a un desarrollo
armónico e integral. El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor
de edad, como parte del proceso del formación, es un derecho constitucional
fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que
propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante; permitirle formarse
integralmente, para que en un futuro, la sociedad no le impida acceder a cargos
de dirección pública, ya no en el contexto educativo, sino profesional y
político. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona, sería pues,
impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos y propiciar que en
el futuro, se insiste, sea una persona excluida de la posibilidad de acceder a
más altas dignidades. Toda sanción legítima y razonable en el contexto
educativo, debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo
individuo.
3.3. Así pues, es deber de toda institución educativa
imponer las sanciones a los estudiantes, respetando las reglas procedimentales
que la propia institución haya impuesto, siempre y cuando las mismas respeten
los mínimos contenidos de un debido proceso. Esta garantía no sólo asegura los
derechos de los estudiantes que hayan sido acusados, sino también, los de las
personas que eventualmente hayan sido afectadas por la sanción cometida y
encuentren en dicho procedimiento, una forma de reparación y protección de sus
derechos. Finalmente, cuál es la orden más adecuada para impartir en cada uno
de los casos concretos, cuando se verifique la violación o la amenaza de los
derechos invocados, es una cuestión que dependerá de las situaciones fácticas
concretas. En principio se deberá dejar sin efecto la sanción impuesta y
ordenar que se rehaga el trámite disciplinario en cuestión, pero dicha orden
podrá ser modificada o ajustada, de acuerdo con los hechos concretos que
plantee el caso, como se vio en la jurisprudencia citada.
A continuación, pasa la Sala a exponer los lineamientos
básicos del Manual de Convivencia del Colegio La Presentación de Girardot,
haciendo especial énfasis en las sanciones contempladas y las reglas procesales
para imponerlas.
4. Colegio La Presentación de Girardot, una
institución educativa centenaria, con una normatividad inspirada en la
promoción y el respeto del orden constitucional propio de un estado social de
derecho
4.1. El Colegio La Presentación de Girardot es una
institución “educativa privada de carácter mixto, fundada y dirigida por las
Hermanas de La Caridad Dominicanas de La Presentación” en la que se
ofrecen los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
vocacional.[52]
El Colegio La Presentación de Girardot fue fundado en 1903. De acuerdo
con su Manual de Convivencia, “para proclamar y testimoniar el mensaje de
salvación, impartiendo una educación cristiana a los niños y jóvenes desde su
realidad concreta, en mirar la construcción de un mundo más humano, más
solidario y más justo.”[53]
Resalta el Manual que, enmarcado “[…] por el espíritu de Marie Poussepin
(1653-1744), fundadora de las Hermanas de la Caridad Dominicanas de la
Presentación, el colegio pretende ser una respuesta adecuada al momento
histórico y sus implicaciones.” Las Hermanas de esta congregación llegaron
a Girardot por solicitud oficial, para prestar servicios de salud durante la
guerra de ‘los mil días’.[54]
Años más tarde, en 1903, fundarían el Colegio, el cual funcionó a partir de
1905 en una casa donada por una familia. Luego, en 1914, a causa de un incendio, el Colegio fue reconstruido con la ayuda del Presidente de la
República, Carlos E. Restrepo.
4.2. El Reglamento Interno del Colegio, como éste mismo lo
sostiene en su presentación, es producto de la participación de todos los
sectores de la comunidad.[55]
Aclara que se enmarca dentro del orden constitucional vigente, reconociendo
expresamente dentro de éste, la Constitución Política; las leyes 115 de 1995 (ley
general de educación), 375 de 1997 (ley de la juventud) y 1098 de
2006 (Código de Infancia y Adolescencia); tres decretos (1860 de 1994,
1286 de 2005 y 1290 de 2009) y la jurisprudencia constitucional, dentro de la
cual se destacan algunas sentencias [T-02, T-366 y T-524 de 1992, T-341 de
1993, T-015 y T-386 de 1994, T-037 de 1995, T-366 de 1997, T-1233 de 2003].
4.3. En cuanto a los principios y fundamentos que orientan
el Colegio, así como sobre el sentido de la educación, el Manual de Convivencia
señala lo siguiente,
“Principios y fundamentos que orientan la Institución
La Institución propende por el desarrollo de potencialidades y
valores en sus educandos, opta por un modelo educativo personalizado, a través
del cual genera espacios educativos y momentos pedagógicos para encausar el
pensamiento y la toma de decisiones que orienten: el ser, el hacer y el cómo
vivir en una sociedad cambiante.
El desarrollo de la autonomía, la libertad de opción, el juicio
crítico, la singularidad, la creatividad, la sociabilidad, la apertura y la
trascendencia (en triple relación el ser humano con Dios, el ser humano con el
mundo y el ser humano con el otro), son elementos educativos que mejoran las
perspectivas de formación de los educandos, pues ayudan a incrementar potencialidades
cognoscitivas, socio-afectivas y psicomotoras.
El estilo educativo característico de la Presentación, tomo como
modelo a la Virgen María, la mujer perfecta que escucha ‘la palabra’, la acoge
y la hace vida, se enmarca en la pedagogía de Marie Poussepin que forma sus
estructuras desde los orígenes de la Congregación en un ambiente de caridad,
sencillez, piedad, verdad, trabajo, respeto, audacia y responsabilidad. Acoge
al educando y lo orienta en su realización personal y comunitaria.
Sentido de la Educación
La educación se asume como un proceso de formación integral de
las personas teniendo en cuenta su dimensión social humana y trascendente, con
sus valores, derechos y deberes que le permite ser libre dentro de un marco
orientador de su personalidad: Ejercicio de los derechos, cumplimiento de los
deberes, respeto por la prohibiciones, construcción de saberes, mejoramiento de
la calidad de vida y práctica de la convivencia social motivado por los
principios de la ética, los valores morales, el servicio social y la fe
cristiana.”
4.4. El Manual advierte que hace suyos los deberes que en
materia de educación se contemplan en el nuevo Código de la infancia y la
adolescencia (art. 42). En especial, cabe resaltar, la obligación de “abrir
espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del
proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la
comunidad educativa”; “respetar, permitir y fomentar la expresión y el
conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar
actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal
fin”; y “garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso
y difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.”
También siguiendo el Código de infancia y adolescencia (art. 44), el Colegio La
Presentación de Girardot asume las responsabilidades complementarias con sus
estudiantes, dentro de las cuales cabe resaltar las siguientes: “proteger
eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato,
agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de
los demás compañeros o profesores”; y “establecer en sus reglamentos los
mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para
impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades
de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades
sobresalientes o especiales.”
4.5. El Reglamento Interno, incluido en el Manual de
Convivencia, reconoce una serie de derechos, indicando a la vez, los deberes
relacionados con estos. El tercero de esos derechos que tienen los estudiantes
del Colegio La Presentación, es “ser valorado en todos los aspectos
referentes al desarrollo de su personalidad”, el cual encuentra un
correlato en el deber de “esforzarse continuamente para construir valores y
así lograr su formación integral.” El quinto derechos, es “ser formado
integralmente por todos los miembros de la Familia La Presentación y participar
en actividades que contribuyan al mejoramiento de la persona”, y su
correlato, el deber de “respetarse y respetar a todos los miembros de la
Familia Presentina; estar en disposición de escuchar la opinión y la palabra de
los demás, asumiendo una actitud de cambio. Participar y respetar las
actividades programadas por la institución.” El sexto de los derechos
reconocidos, es “ser escuchado en sus inquietudes, reclamos e iniciativas,
contando canales de participación y decisión”, y su correlato, el deber de
“manifestar sus inquietudes y reclamos de forma respetuosa, con la persona
indicada, en el momento y lugar pertinente y siguiendo el conducto regular,
según sea el caso.”
4.6. El Reglamento Interno del Colegio contempla en su
Capítulo Noveno, el Régimen Disciplinario aplicable a los educandos. Establece
los principios rectores, advirtiendo expresamente que el Colegio “es
respetuoso de las garantías constitucionales al debido proceso aplicadas en los
procesos disciplinarios que adelante la institución educativa, tal como lo ha
indicado la Corte Constitucional en diversas oportunidades.” Señala luego
cuáles son las prohibiciones, dentro de las que contempla, entre otras, “[…] 3.
Ejecutar actos de violencia física y/o verbal contra cualquier mimbro de la
comunidad educativa.  ||  […]  ||  7. Proferir en público expresiones
injuriosas o calumniosas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.”
Posteriormente, se identifican y clasifican las faltas en leves, graves y
gravísimas, incluyendo dentro de las primeras “[…] 6. Utilizar vocabulario
vulgar o descortés. […] 13. Uso inadecuado de mensajes de texto en
celulares e Internet. […]” Dentro de las faltas graves se contempla, por
ejemplo, “[…] 14. Uso de la palabra y de sus posiciones de liderazgo para
rebelión o descrédito de la institución.” Y dentro de las faltas
gravísimas, por ejemplo, se contempla “4. Las agresiones físicas que
ocasionen lesiones personales o agresiones verbales que configuren injuria,
calumnia a cualquier miembro de la comunidad educativa. […] 9. La
altanería, vulgaridad y falta de respeto con cualquier directivo o miembro de
la comunidad educativa.” A continuación, el Reglamento Interno se ocupa de
las sanciones, indicando que a cada hecho o conducta corresponde una sanción
específica de acuerdo a la gravedad de la falta”. Luego se ocupa de indicar las
causales de terminación o no renovación del contrato de matrícula, y de fijar
las instancias, competencias y procedimientos, según la clase de sanción de que
se trate.
4.6.1. En el caso de las faltas leves, señala que podrán
establecerse “[…] una de las siguientes sanciones:  1. Llamada de atención
verbal.  2. Llamada de atención por escrito y firma del alumno en el
anecdotario.  3. Firma de compromiso por el estudiante y el Padre o acudiente.
4. Suspensión de uno a tres días. Además, se fijan algunas reglas en materia de
procedimiento.”[56]
En el caso de las faltas gravísimas, la persona “[…] se hace acreedora a alguna
de las siguientes sanciones: 1. Suspensión de tres a cinco días, con
permanencia dentro de la institución. 2. Matrícula en observación que conlleva
la firma de compromiso por el estudiante y el padre o acudiente.  ||
Desescolarización del estudiante. 4. Terminación del contrato de prestación del
servicio educativo durante el año escolar. 5. No renovación del Contrato de
prestación del servicio educativo. 6. Para los estudiantes de grados 5°, 9° y
11° la no graduación pública. Las faltas graves y gravísimas serán analizadas y
sancionadas en primera instancia por el Consejo Disciplinario, de acuerdo al
grado de atenuación o agravación con que se haya cometido.”
4.6.2. El Reglamento contempla una serie de reglas que deben
contemplarse en todo proceso sancionatorio, a saber,
“1. Toda amonestación o sanción conlleva una función formativa,
la posibilidad para el estudiante de corregir su comportamiento y enmendar su
error.
2. Los términos de días deben entenderse como días hábiles.
3. El alumno que con una misma conducta infrinja varias normas o
cuando para lograr determinado objetivo incurra en varias faltas, será
sancionado por la falta más grave.
4. El compromiso que se firme puede ser académico y/o
disciplinario, constituye un mecanismo pedagógico y formativo que permite al
estudiante corregir sus errores, pero lleva implícito el deber de cumplirlo y
respetarlo.”
4.6.3. El Reglamento Interno, luego de señalar el marco
constitucional y legal, en especial el “reiterado llamado” de la
jurisprudencia para que los manuales de convivencia se sujeten a los parámetros
constitucionales, sobre todo en materia de debido proceso, para lo cual se hace
referencia a la sentencia T-1233 de 2003, establece que todo proceso
disciplinario “está orientado a determinar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar en que tuvo ocurrencia alguna de las faltas previstas en el presente
reglamento.” No obstante, advierte, “en virtud de los principios y fines de la
educación de la atención a la misión del colegio, previo al inicio de cualquier
procedimiento sancionatorio, deberán agotarse todas las medidas pedagógicas y
correctivas al alcance de los docentes y coordinadores directivos,” lo cual,
excluye la coacción o amedrentar como medios legítimos en el ámbito educativo
sancionatorio. Por último, luego de describir las reglas básicas del
procedimiento para imponer una sanción, se establece cuál es el propósito de
las medidas correctivas adicionales que se puede imponer, y cuáles son éstas.
4.7. En resumen, el Colegio La Presentación de Girardot es
una institución educativa con más de un siglo de actividades, que actualmente
cuenta con una normatividad que, en términos generales, está inspirada en la
promoción y el respeto del orden constitucional instituido en 1991, bajo la
fórmula política de un estado social de derecho. En tal sentido, el Manual de
Convivencia de la institución recoge y hace suyos los parámetros
constitucionales y legales más actuales, incluyendo las reglas propias de un
debido proceso.
A continuación, pasa la Sala a hacer algunos comentarios con
relación a algunos de los retos que las nuevas tecnologías plantean a los
procesos educativos, teniendo en cuenta el tipo de falta con la cual se vinculó
al hijo de los accionantes.
5. Comentario sobre los retos educativos que supone la
participación en el contexto de tecnologías de la información
5.1. La participación de las personas que son estudiantes en
sus instituciones educativas y en su proceso de formación, especialmente en la
época de las nuevas tecnologías, supone delicados retos para los directores de
las instituciones, sus profesores y para los padres de familia. Indudablemente,
la participación de los estudiantes no puede darse en condiciones que
desconozcan los procedimientos establecidos y acordados previamente para
hacerlo, sobre todo cuando se pretende que dicha participación se dé en
condiciones democráticas y con respeto a los derechos constitucionales
fundamentales. Pero a la vez, no se pueden imponer reglas, condiciones y
requisitos para el ejercicio de la participación, a tal punto que se prefigure
el grado, el sentido y la magnitud de la participación de las personas, por
ejemplo, excluyendo ciertas posiciones, discursos u opiniones.
Las tensiones y cuestiones se potencian a propósito de las
nuevas tecnologías en múltiples sentidos. Por ejemplo, los casos de
participaciones estudiantiles en debates sobre la conformación y estado del
gobierno escolar que incurren en excesos y en abusos pueden ser mayores, por cuanto
los nuevos medios tecnológicos permiten amplificar el auditorio, llevando el
mensaje a un número mayor de destinatarios y haciendo más daño del que
normalmente se producía en tales circunstancias. Pero a su vez, el control que
los medios tecnológicos ofrece, abre la puerta para imponer sobre las personas
restricciones y limitaciones que no son razonables ni compatibles con una
sociedad democrática.
5.2. Son varios los casos tratados por la jurisprudencia
constitucional en los que intervienen nuevas tecnologías y en los cuales la
transmisión, recepción, difusión o construcción de información afecta el goce
efectivo de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-013 de
2008 se consideró que si bien existe una relación usualmente positiva entre el
derecho de petición y la informática, en especial, el internet –en tanto, el
primero se potencia a través de la segunda–, pueden existir casos en los que
una entidad estatal puede imponer una ‘barrera informática’ a las personas,
excluyendo a aquellas que tienen problemas de acceso a las nuevas tecnologías
de la información y afectando sus derechos fundamentales.[57] Por tal razón, se ordenó
a una entidad abstenerse de obligar a las personas a tener que hacer un trámite
relacionado con su seguridad social, por medio de internet.[58] De forma similar, en el
caso de la educación se ha considerado que los trámites por internet de ingreso
a las instituciones educativas son procesos legítimos cuyo incumplimiento puede
implicar restricciones razonables a las personas. Por ejemplo, se ha decidido
que una Universidad no viola el derecho a la educación de una persona a la que
por error se le tuvo en cuenta un puntaje de examen de ingreso diferente al que
realmente obtuvo, teniendo en cuenta que tal equivocación, que impidió su ingreso
a la carrera elegida, había sido generado por el propio estudiante al haber
llenado erradamente el formato de ingreso por internet.[59]
5.3. Uno de los problemas que ha crecido debido a las nuevas
tecnologías es el acoso escolar. Bajo el orden constitucional vigente, toda
persona, en especial los menores de edad, tiene derecho a que se le proteja del
llamado acoso escolar o matoneo (o ‘bullying’), por ser formas de
atentar contra su honra y su dignidad. Las tecnologías de la información han
tenido un impacto negativo en este tipo de conductas, al potenciar el daño
causado por muchos de los ataques y acosos que pueda sufrir un estudiante. De
hecho esto ha dado lugar a que se hable de un ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’ (o cyberbullying),
esto es, según la Policía Nacional, cuando una persona menor atormenta,
amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra persona menor mediante internet,
teléfonos móviles, consolas de juegos u otros medios técnicos similares.[60] Son tan
graves y frecuentes los ataques a la dignidad, a la intimidad, a la honra y al
buen nombre, que la Policía Nacional cuenta con un CAI virtual para atender
allí las denuncias de cyberbullying.
El acoso escolar suele tener origen en los señalamientos que
se hacen los estudiantes entre sí. Pero también puede ocurrir de parte de
alguno o algunos de los estudiantes para con los profesores o las directivas
del plantel educativo, como también de parte de éstos y éstas hacia algún
estudiante. En tal sentido, por ejemplo, la jurisprudencia ha prevenido a las
autoridades escolares de hacer señalamientos públicos de un estudiante, en
especial cuando se puede traducir en acoso (en matoneo), en burlas, en
violación de su intimidad, o en la imposición de apodos [T-220 de 2004].[61]
5.4. Sin duda, para la envergadura del impacto que
representan las tecnologías de la información en las sociedades contemporáneas,
los casos tratados hasta ahora por la Corte Constitucional son pocos. Es
probable que en los años venideros sea este un tema que imponga nuevos retos a
las personas y, consecuentemente, a los jueces de la República cuando su
intervención sea requerida. Será pues, caso a caso, que la jurisprudencia
constitucional seguirá avanzando en dibujar y delinear los límites de estas
nuevas dimensiones de los derechos, en plena evolución y transformación.
6. El Colegio La Presentación no violó los derechos de
Gabriel Fernando Rojas Ardila al debido proceso en el contexto de un trámite
disciplinario escolar, por cuanto nunca se le impuso sanción alguna
Los padres de Gabriel Fernando interpusieron la presente
acción de tutela, por considerar que se le estaban imponiendo medidas
sancionatorias injustificadas y por hechos no probados a su hijo, sin que se
hubieran seguido las reglas propias del debido proceso. De los hechos narrados
por las partes –que en un principio eran versiones contradictorias en algunos
aspectos, pero luego, en las declaraciones ante la juez de instancia se fueron
aclarando–, puede concluirse (i) que existieron algunos hechos por los cuales
se le inició una investigación al menor en cuestión,  (ii) que dentro de ese
proceso se hizo referencia a las sanciones que la institución pretendía imponer
y  (iii) que no existe sanción alguna que haya sido impuesta.
6.1. Los hechos por los cuales el hijo de los accionantes
fue investigado por el Colegio, era su posible relación con la creación de una
página en internet, en la red social facebook, en la cual se creaba un
grupo para pedir el cambio de la Rectora del Colegio, abriendo así un espacio
para opinar, pero que también servía para insultar y atentar en contra de
ella.  La vinculación del menor, se debe a dos razones. La primera es haber
ingresado a dicha página, ratificando así, de alguna forma, su opinión de que
se ‘cambiara a la Rectora del Colegio’, y la segunda, que referenció la página
en cuestión a otras personas, invitándolas a ser seguidores del grupo que en
ella se creaba.  El joven aceptó haber entrado a la página, pero negó haber
puesto insulto alguno o haber sido el creador de la misma.
6.2. Las investigaciones iniciadas por el plantel educativo
buscan poder establecer qué ocurrió y si hay lugar a tramitar alguna sanción en
contra del estudiante. No obstante, más allá de reconocer esta investigación
inicial, el Colegio niega que se estuviera adelantando un proceso específico y
concreto para imponer una sanción específica al estudiante. En su participación
ratifica que ni expulsión ni matrícula condicional se le ha impuesto. Salvo la
investigación realizada preliminarmente, el Colegio no ha tomado una decisión
disciplinaria con respecto al hijo de los accionantes.
6.3. Para la Sala, advertir a un estudiante acerca de las
sanciones de las cuales puede ser objeto, es legítimo o no, dependiendo del
grado de afectación que la amenaza de la imposición de la sanción por parte del
colegio, tenga sobre el estudiante. Si se trata de una amenaza cierta, que se
emplea para intimidar a un estudiante ilegítimamente en medio de un proceso,
por ejemplo, se tratará de una violación a sus derechos fundamentales. Pero si
se trata de una advertencia legítima a un estudiante acerca de las
consecuencias que los actos que cometa pueden acarrear; incluso en tono de
regaño y reclamo, no constituyen una violación a los derechos fundamentales del
menor. El juez de tutela tiene el deber de valorar en cada caso la protección
al debido proceso, por una parte, y el correcto desarrollo de los procesos
pedagógicos en la institución educativa, por otra.
No descarta esta Sala que la institución educativa hubiera
reaccionado en un primer momento con mucha molestia frente a la situación, por
lo grave y notoria de la afectación de la cual la Rectora había sido objeto.
Puede ser que con el fin de lograr resultados en sus investigaciones o
conseguir información, se haya hecho al estudiante afirmaciones referentes a la
gravedad de los actos con los cuales él estaba relacionado. Es probable que se
hubiera advertido sobre las posibles sanciones a recibir, incluso en un tono
fuerte y afirmativo, como si se pudieran dar por hecho. No obstante, no existe
en el expediente pruebas suficientes que demuestren si tales actos llegaron a
implicar que el Colegio coaccionó y amedrentó al estudiante con la
investigación que se abrió y la eventual sanción.
En principio, la Sala deber considerar que el Colegio actuó
de buena fe y no lesionó los derechos del menor. Sin embargo, así nunca se le
haya impuesto sanción alguna, los hechos narrados permiten advertir una duda
razonable con relación a la posibilidad de que la eventual sanción se haya
empleado como un medio de coacción ilegítima. Todo parece indicar que el
Colegio no sólo advirtió al estudiante cuáles eran las posibles sanciones que
se le impondrían, sino que llegó a elaborar documentos, presentándolas como una
situación dada (la supuesta Acta que se quería que se firmara, cuya existencia
niega la Rectora del Colegio).
Teniendo en cuenta (i) la falta de certeza sobre lo
ocurrido, (ii) que el juez de tutela no sólo debe proteger a las personas de
violaciones ciertas, sino también de posibles amenazas (art. 86, CP), y (iii)
que se trata de los derechos de un menor de edad, sujetos de protección
especial (art. 44, CP), la Sala considera que es procedente conceder la acción
de tutela como medio para  prevenir una amenaza a los derechos fundamentales
del hijo de los accionantes.
6.4. Dentro del expediente no existe referencia a un caso
concreto de otra persona que hubiese cometido exactamente los mismos actos que
él, que estuviera en el colegio, y que no hubiese sido investigado. En tal caso
no puede hablarse de un trato diferente y menos aún discriminatorio.  Al no
existir sanción, además, no puede alegarse que exista un trato diferente con
otros estudiantes que, al parecer, también habían ingresado en la página de
internet en cuestión y, sin embargo, no recibieron sanción alguna. Gabriel
Fernando nunca fue sancionado, por lo tanto, nunca se le trató de forma
diferente a como fueron tratados, supuestamente, sus compañeros. Como lo afirmó
la juez de instancia, este aspecto fue un asunto que, en todo caso, nunca fue
adecuada y debidamente alegado.
6.5. Para la Sala, valga decirlo, la institución de
educación no sólo tenía la facultad de investigar los hechos relacionados con
la página en la cual se insultó a la Rectora, sino que, además, tenía el deber
de hacerlo; eso sí, con respeto al derecho al debido proceso. Sin duda se
trataba de un ataque que no sólo comprometía la dignidad de la Hermana Nubia
Estela Mayorga Pedraza, sino que afectaba el buen desarrollo de las actividades
de toda la comunidad educativa. Las técnicas de ciberacoso, como se
dijo, son por lo general técnicas de matoneo que se utilizan entre personas de
igual condición, usualmente estudiantes. No obstante, los ataques y el acoso
escolar puede ser también practicado por las directivas hacia los estudiantes
(en actividades públicas o también mediante tecnologías de la información), o
también, como ocurre en este caso, de parte de los estudiantes hacia los
profesores o directivos de un colegio.
Este tipo de escenarios exponen a las víctimas, a tener que
enfrentar ataques a su dignidad que superan el ámbito de su comunidad escolar.
En efecto, antes de que llegaran las nuevas tecnologías de la información, un
estudiante tenía que enfrentar los ataques y burlas en el seno de la comunidad
escolar a la cual la persona se encontraba vinculada. Hoy ello no es así. Un
ataque y una burla pueden alcanzar dimensiones globales. Un video íntimo, que
afecte la dignidad de una persona, puede llegar a tener impactos
inesperadamente sobredimensionados. Mucho más allá de lo que pudieron
inicialmente querer o pretender los agresores. Las nuevas tecnologías suelen
poner un poder insospechado en todas y cada una de las personas. En especial de
las más jóvenes, que tanta cercanía y familiaridad tienen con este nuevo mundo virtual
que hasta ahora comienza. Estas son, precisamente parte de las dimensiones y
tensiones que académica y éticamente deben ser tematizadas y enfrentadas, con
un sentido crítico y responsable, en los ámbitos escolares.
6.6. En conclusión, la Sala considera que no existen pruebas
que demuestren que el Colegio La Presentación violó el derecho al debido
proceso de Gabriel Fernando Rojas Ardila, por cuanto la sanción que
supuestamente fue indebidamente impuesta, fue tan sólo una sanción aparente, no
real. Pero los hechos del caso, dejan un margen de duda razonable sobre la
existencia de amenazas y coacciones ilegítimas sobre el menor, con base en las
eventuales sanciones que se le impondrían. De hecho, las dificultades
enfrentadas en La Presentación llevaron al menor a tomar la decisión de
continuar sus estudios en otra institución educativa.[62]
Así pues, la Sala adoptará dos medidas de protección al
respecto. En primer lugar, declarar que el hijo de los accionantes tiene
derecho a continuar y finalizar sus estudios en el Colegio La Presentación de
Girardot, si tal fuera su decisión. En tal caso, el plantel educativo tendría
que aceptar su decisión y tomar las medidas adecuadas y necesarias para
permitirle terminar sus estudios cabalmente. En segundo lugar, se advertirá al
Colegio deberá abstenerse de utilizar las investigaciones y las sanciones
disciplinarias como medios de coacción a los estudiantes.
6.7. Finalmente, pasa la Sala a hacer referencia un aspecto
del Manual de Convivencia del Colegio que es abiertamente inconstitucional y a
indicar cuáles son las medidas que se tomarán al respecto para garantizar el
goce efectivo del derecho a la educación de todos los estudiantes y todas las
estudiantes que, ante esa disposición reglamentaria, lo tienen amenazado.
7. Protección a todas las personas que estudian en el
colegio La Presentación
Una de las principales
protecciones que ofrece el derecho al debido proceso a toda persona, consiste
en asegurarle que en cualquier procedimiento se aplicará el derecho vigente.
Que no se aplicarán, por ejemplo, disposiciones legales derogadas que no forman
parte del ordenamiento, o normas legales contrarias al orden constitucional
vigente. El Manual de Convivencia del Colegio establece como prohibición y
causa de grave sanción el estar casado o embarazado, medida que, de acuerdo a
la reiterada jurisprudencia constitucional, es abiertamente contraria a la
Constitución Política, por desconocer y por comprometer varias libertades y
derechos fundamentales. Esta situación que ha sido puesta en conocimiento de
esta Sala, la obliga a adoptar medidas de protección que protejan a todas y a
todos los estudiantes.
7.1. En la sentencia T-853 de 2004, se tuteló el derecho a
la educación y a fundar una familia, de una estudiante de último grado de
educación secundaria, a la cual se le había negado la posibilidad de continuar
sus estudios por haber contraído matrimonio.[63]
En esta oportunidad, se recopiló y sintetizó la jurisprudencia constitucional
aplicable en los siguientes términos,
“[1] los reglamentos estudiantiles,
al igual que todos los ordena­mientos internos de entidades privadas o
públicas, deben estar acordes, en su conte­nido, con los valores, principios y
derechos consagrados en la Constitución colombiana;
[2] impedir el reingreso de una
estudiante a terminar su educación secundaria, que se ausentó del Colegio por
haber estado embarazada, constituye una clara violación de los derechos a la
educación, la igualdad y la autodeterminación propia de toda persona;
[3] un Colegio no puede obligar o
imponer a un estudiante un trato dife­­ren­te por negarse a comprometerse a
conformar su familia de una forma determinada;
[4] un Reglamento de Convivencia del
Colegio que sanciona “cualquier manifestación amorosa” desconoce
irrazonablemente el derecho a la intimidad de los estudiantes y afecta,
igualmente, los derechos a la libertad y al libre desarrollo de su
personalidad;
[5] un manual de convivencia le da un
trato desigual, carente de justi­ficación, a las alumnas que han decidido
formar una familia, por la vía de la unión libre, la cual es una forma de
composición de la familia que se encuentra amparada por la Constitución (art.
42);
Por tanto (i) “los reglamentos de un colegio,” (ii)
“los manuales de convivencia de las instituciones educativas” y (iii)
“las medidas de los órganos de un esta­ble­cimiento educativo” no pueden
establecer sanciones académicas o discipli­narias a una estudiante por las
decisiones que ésta adopte para afirmar su identidad sexual. Incluso si sus
conductas comprenden convivir en unión de hecho y la consecuencia de su opción
consciente y libre sea quedar en estado de embarazo;
[6] la mera vigencia de reglas
contrarias a la Constitución Política constituye una amenaza real, al derecho a
la autonomía de las estudiantes y los estudiantes, cuya claridad y presencia
deberá analizarse caso por caso;
[7] las autoridades, funcionarios y
órganos educativos no pueden darle un trato diferente que le cause perjuicio a
la estudiante, que la excluya o la margine por haber fundado una familia, porque
ello viola su derecho a la igualdad;
[8] se vulneran los derechos funda­mentales
al debido proceso, a la educación y a la intimidad de un alumno cuando se le
impone una sanción por un comportamiento que hace parte exclusiva de su
intimidad, como por ejemplo, tener relaciones sexuales con una persona casada.[64]” [65]
Con base en las anteriores consideraciones, se tuteló los
derechos de la accionante, pero se consideró que no eran los únicos que fueron
afectados y puestos en riesgo por la actuación del Colegio acusado [La Sagrada
Familia, Montería]. A juicio de la Sala, las normas del reglamento eran
violatorias en sí mismas del derecho fundamental del resto de la comunidad
académica. Por ello resolvió adoptar tres medidas de protección en ese sentido,
a saber,
“[1] Por una parte el Colegio deberá inaplicar las
disposiciones del Manual de Convivencia en virtud de las cuales se sancionó a
[la accionante] en el presente caso, y abstenerse de hacerlo en cualquier otro
caso disciplinario, hasta tanto se modifiquen de forma tal que respeten el
principio de legalidad y el derecho al debido proceso. El proceso de reforma
del Manual de Convivencia que se requiere para ajustarlo al orden
constitucional vigente, debe garantizar el derecho de participación de la
comunidad académica, en especial, la participación de las alumnas del Colegio.
[2]  Además, se ordenará que se haga
una presentación pedagógica de los derechos constitucionales tratados en el
presente caso a las alumnas de los grados 9°, 10° y 11° y a los profesores del
Colegio de la Sagrada Familia de Montería. A cada grupo se hará una
presentación por separado. Esta promoción pedagógica la deberá hacer el Colegio
en ejercicio de su autonomía institucional, para lo cual contará con la
colaboración y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, en virtud de sus
funciones.[66]
[…][67]
[3] Por último, la Sala remitirá una copia de la
presente sentencia a la Defensoría del Pueblo para que ésta, en desarrollo de
sus funciones, en especial, la de divulgar los derechos humanos y recomendar
las políticas para su enseñanza (art. 282, CP), adopte las medidas adecuada
y necesarias conjuntamente con los colegios privados, para garantizar que
cuando se imparta la enseñanza de la Constitución Política de 1991 se incluyan
los derechos fundamentales que han sido objeto de análisis en el presente
caso.”[68]
Esta posición jurisprudencial ha sido recientemente
reiterada por la jurisprudencia constitucional.[69]
7.2. La Sala advierte que en el Manual de Convivencia señala
como quinta causal de terminación o no renovación del contrato de matrícula
“los casos decididos en el Consejo Disciplinario y aprobados expresamente por
el Consejo Directivo como: embarazo, matrimonio (El Colegio La Presentación en
su jornada única es una entidad educativa para jóvenes solteros.)”  Existe pues
la amenaza cierta para las personas menores de edad que estudian en el Colegio
acusado, de que se les expulse del Colegio. Esto es, de que se les viole
gravemente su derecho a al educación, por haber ejercido su derecho humano a
constituir una familia.
En consecuencia, al tener la Sala noticia de esta situación,
declarará que el Colegio La Presentación de Girardot no puede aplicar el
numeral quinto del Manual de Convivencia, en especial, cuando se advierte “embarazo,
matrimonio (El Colegio La Presentación en su jornada única es una entidad
educativa para jóvenes solteros)” bajo el orden constitucional vigente y,
por tanto, se ha de tener por no escrito. A su vez, se exhortará al Colegio La Presentación
de Girardot para que, dentro del espíritu de respeto que siempre ha tenido
hacia la Constitución Política, ajuste su Manual de Convivencia al orden
constitucional vigente, en este aspecto y en todos aquellos en los que sea
pertinente.
7.3. No pretende esta Sala promover los embarazos
adolescentes o precoces. Por el contrario, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional, “los embarazos prematuros son un pro­blema público
y social a resolver, no un objetivo constitucional por alcanzar”,[70] pues suelen
conllevar violaciones de graves derechos fundamentales (pueden poner en riesgo
los derechos a la vida, a la salud y al desarrollo armónico e integral, en
especial de las niñas, por ejemplo). ‘Orientar a la comunidad educativa para la
formación en la salud sexual y reproductiva en pareja y la vida en pareja’ es
una de las responsabilidades complementarias de las instituciones educativas,
que el Colegio La Presentación de Girardot expresamente decidió asumir. Con
base en ese y otros mandatos Constitucionales, legales y de su propio
reglamento, el Colegio puede desestimular y evitar los embarazos adolescentes
entre sus estudiantes. Pero no por haber contraído matrimonio o estar
embarazada, como se explicó, sería razonable constitucionalmente que se le
afectara e impactara los derechos a la educación y al desarrollo armónico de
una persona en el alto grado que supone ‘terminar o no renovar el contrato
de matrícula’.
7.4. Teniendo en cuenta que en el presente caso no hay
noticia de que el colegio haya utilizado o esté utilizando la norma en
cuestión, la Sala se limitará a adoptar dos medidas. La primera es declarar que
no se puede aplicar las normas reglamentarias claramente inconstitucionales,
hasta tanto el Manual de Convivencia no sea ajustado a los parámetros
constitucionales señalados por la jurisprudencia constitucional en esta
materia. La segunda es que se dé a conocer en un contexto pedagógico, la
presente decisión judicial a la comunidad académica, en especial a los alumnos
de últimos años.
8. Conclusión
8.1. La Sala reitera que los trámites sancionatorios en los
contextos escolares deben respetar el derecho al debido proceso, so pena de que
la misma quede sin validez y legitimidad por tal razón y por afectar el derecho
fundamental a la educación. La amenaza de la imposición de una sanción por
parte del colegio, esta constituirá una violación a las reglas propias del
debido proceso, por constituir medios de coaccionar y amedrentar, dependiendo
del grado de afectación que tenga sobre un estudiante. Si se trata de una
amenaza cierta, que se emplea para intimidar a un estudiante ilegítimamente en
medio de un proceso, por ejemplo, se tratará de una violación a sus derechos
fundamentales. El juez de tutela tiene el deber de valorar en cada caso la
protección al debido proceso, por una parte, y el correcto desarrollo de los
procesos pedagógicos en la institución educativa, por otra.
8.2. También reitera la Sala que [1] un manual de
convivencia le da un trato desigual, carente de justi­ficación, a las alumnas y
los alumnos que han decidido formar una fami­lia (por ejemplo, por contraer
matrimonio civil); una forma de composición de la familia que se encuentra
amparada por la Constitución (art. 42). Por tanto (i) “los reglamentos
de un colegio,” (ii) “los manuales de convivencia de las institu­ciones
educativas” y (iii) “las medidas de los órganos de un esta­ble­cimiento
educativo” no pueden establecer sanciones académicas o discipli­narias a una
estu­diante por las decisiones que ésta adopte para afirmar su identidad
sexual. Incluso si sus conductas comprenden casarse o convivir en unión de
hecho y la consecuencia de su opción consciente y libre sea quedar en estado de
embarazo. [2] La mera vigencia de reglas de contrarias a la Constitución
Política, por desconocer el principio de legalidad, constituye una amenaza
real, al derecho a la autonomía de las estudiantes y los estudiantes.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Revocar la
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot del 14
de abril de 2010, en la cual se resolvió negar la acción de tutela de la
referencia, y en su lugar, tutelar el derecho de Gabriel Fernando Rojas
Ardila a la educación.
Segundo.- Ordenar al
Colegio La Presentación de Girardot que reciba al estudiante Gabriel Fernando
Rojas Ardila en su plantel educativo, si tal fuera su decisión. En tal caso, el
Colegio deberá tomar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar al
estudiante poder culminar cabalmente sus estudios.
Tercero.- Declarar que no se
puede aplicar la causal quinta de terminación o no renovación del contrato
de matrícula contenida en el Manual de Convivencia del Colegio La Presentación
de Girardot, que dice: “los casos decididos en el Consejo Disciplinario y
aprobados expresamente por el Consejo Directivo como: embarazo, matrimonio (El
Colegio La Presentación en su jornada única es una entidad educativa para
jóvenes solteros)”, hasta tanto no se modifique el reglamento de forma tal
que respete el principio de legalidad y el derecho al debido proceso. La
reforma del Manual de Convivencia debe hacerse mediante un procedimiento que
permita la participación de la comunidad educativa, en especial la
participación de las alumnas y los alumnos, tal cual como lo dispone el propio
Manual de Convivencia actual del Colegio.
Cuarto.- Ordenar al
Colegio La Presentación de Girardot que una vez realice el cambio del Manual de
Convivencia, le remita una copia del mismo al Juzgado Tercero Civil Municipal
de Girardot y a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional.
Quinto.- El Juzgado
Tercero Civil Municipal de Girardot notificará esta sentencia dentro del
término de cinco (05) días después de haber recibido la comunicación, de
conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Líbrese por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento de voto
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO A LA SENTENCIA T-713 DE 2010
Referencia: Expediente T-2664575
Accionante: Rosa Elina Ardila
Oliveros y Luís Fernando Rojas Chaves.
Accionados: Colegio La
Presentación de Girardot.
Magistrada
Ponente: María Victoria Calle Correa
Salvo mi voto frente a la sentencia de tutela aprobada por la
Sala Primera de revisión en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2010, por
las razones que a continuación expongo:
De manera general, no resulta valido para el juez
constitucional pronunciarse sobre la aplicación futura de una norma la cual (i)
no ha sido demandada como inconstitucional en una acción pública y (ii) no está
haciendo uso de la excepción de inconstitucionalidad. De manera especifica,
excede la orbita del juez de tutela entrar a declarar la inconstitucionalidad
de una norma en abstracto, debido a que en esta materia sus facultades se
restringen a declarar que en un caso especifico, la norma produce efectos
inconstitucionales y, por tanto, la inaplica. En la sentencia que estudiamos en
el numeral tercero se ordena:
Declarar
que no se puede aplicar la causal
quinta de terminación o no renovación del contrato de matrícula contenida en el
Manual de Convivencia del Colegio La Presentación de Girardot, que dice: “los
casos decididos en el Consejo Disciplinario y aprobados expresamente por el
Consejo Directivo como: embarazo, matrimonio (El Colegio La Presentación en su
jornada única es una entidad educativa para jóvenes solteros)”, hasta tanto no
se modifique el reglamento de forma tal que respete el principio de legalidad y
el derecho al debido proceso. La reforma del Manual de Convivencia debe hacerse
mediante un procedimiento que permita la participación de la comunidad
educativa, en especial la participación de las alumnas y los alumnos, tal cual
como lo dispone el propio Manual de Convivencia actual del Colegio.
En el procedimiento de tutela al juez sólo le es lícito
pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas aplicadas en el caso
concreto y no declarar su inconstitucionalidad en abstracto, por cuanto no es
competente para ello. Esto porque esta facultad no se le confirió ni
constitucional ni legalmente y, adicionalmente, por cuanto el proceso de tutela
no reúne los requisitos para poder pronunciarse sobre la constitucionalidad en
abstracto de una norma. En efecto, en el trámite de amparo no existe lugar a
discutir los problemas de constitucionalidad en abstracto de una disposición
normativa, tampoco la oportunidad de que intervengan los posibles interesados o
el ministerio público. Siendo esto así, el juez no tiene suficientes elementos
de juicio para tomar ese tipo de decisiones. Este punto se hace especialmente
relevante en el caso bajo estudio, pues en el análisis del artículo en mención
no tuvieron oportunidad de pronunciarse ninguna de las partes interesadas. Ni
siquiera se constata que cualquiera de los intervinientes se declarara en algún
sentido sobre la norma en cuestión, pues esta no era objeto de debate en el
proceso. En síntesis, considero que no corresponde al juez de tutela
pronunciarse sobre la constitucionalidad en abstracto de las normas, por
cuanto, el trámite de tutela no es adecuado para dar ese debate  y menos en este
caso, en el cual los intervinientes no hicieron mención alguna sobre la
juridicidad de la norma.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] La presente acción de tutela fue seleccionada mediante auto del
27 de mayo de 2010 por la Sala de Selección Número Cinco de la Corte Constitucional.
[2] La acción de tutela del presente caso, se encuentra en el cuaderno
principal del expediente, en los folios 1 a 5; de allí provienen las citas textuales que se hacen de tal documento en esta parte y las demás de la presente
sentencia.
[3] La acción de tutela narró tales hechos en los siguientes términos:
“Una vez en nuestra residencia, procedimos a estudiar determinadamente el
manual de convivencia del Colegio de La Presentación, y no encontramos allí, norma que tipificara la conducta descrita por la Rectora como fundamento o base para el
retiro o expulsión de nuestro hijo de dicha institución educativa, máxime
cuando  la decisión prescrita por la rectora, fue realizada sin la realización
(sic) previa de una investigación con la debida protección y tutela del debido
proceso, que permitiera al menos la más mínima posibilidad de contradicción a
las imputaciones realizadas a mi menor hijo.  ||  Dado lo anterior, procedimos
a dirigirnos al Colegio de La Presentación, a efecto de solicitarle a la rectora de dicho plantel, que nos mostrara en el Manual de Convivencia la enunciación
dentro del mismo de la conducta de nuestro hijo como constituyente de falta
grave o gravísima que diera como pena el retiro del estudiante de la
institución educativa, a lo cual la directora nos manifestó que no se trataba
de manual de convivencia alguno, sino de una decisión de apoyo de los padres
hacia ella por la ofensa recibida por parte de nuestro hijo, ante lo cual le
manifestamos, que no retiraríamos a nuestro hijo, ante lo cual respondió, que
entonces iniciaría el proceso de expulsión de nuestro hijo Gabriel Fernando
Rojas Ardila, del Colegio de La Presentación.”
[4] “[…] El pasado jueves 18 de marzo, previa citación que se nos
realizara, acudimos ante la Rectora del Colegio de La Presentación […] quien nos dio a conocer y nos entregó para la correspondiente firma, el Acta de Matrícula
condicional de nuestro hijo Gabriel Fernando Rojas Ardila, […]”
[5] Expediente, cuaderno principal, folio 11.
[6] Dice la primera de las intervenciones “esa es la vieja q hecho a todo
el mundo de la presentación … y dice ser seguidora de dios…” [sic].
[7] Por respeto a la Hermana Nubia Estela Mayorga Pedraza, la Sala de Revisión resuelve que la segunda de las intervenciones no será reproducida en la
presente sentencia.
[8] El comentario que lo celebraba se limitaba a decir “Jjajajaja”.
[9] Expediente, cuaderno principal, folio 12.
[10] Expediente, cuaderno principal, folio 14. En la impresión
aparece la siguiente inscripción manuscrita: “Jueves 25 2:50 p.m.”
[11] Expediente, cuaderno principal, folio 16.
[12] Al respecto, dice la acción de tutela lo siguiente: “Con los
antecedentes fácticos antes referidos, el derecho fundamental a la educación
que le asiste a nuestro menor hijo se encuentra en grave riesgo de ser
violentado, en razón del ultimátum que representa la referida ‘matrícula
condicional’, máxime cuando la misma fue impuesta de manera arbitraria e
ilegal, sin fundamentos fácticos y convencionales que la sustenten.  ||  Dado
que la llamada ‘matrícula condicional’, conlleva la incursión de su
destinatario no sólo en el mundo de la condicionalidad con todas las
limitaciones  que tal condición refiere, sino que igualmente lo ubica en el
ámbito del riesgo inminente de la declaratoria de caducidad de la misma,
impuesta de manera arbitraria como su condición primigenia, tal circunstancia
afectará irremediablemente el rendimiento y atención de nuestro hijo en la
aprehensión del conocimiento[, que] le es inherente a su naturaleza y es la
misma esencia de su ser.”
[13] Así fue certificado por la Hermana Superiora Provincial, Hermana Nidia Beatriz Mesa Navarrete el 15 de enero de 2009.
[Expediente, cuaderno principal, folio 9].
[14] Expediente, cuaderno principal, folios 23 a 29.
[15] Dice la Rectora: “Faltan a la verdad y que tristeza que involucren a
su propio hijo, una personita en formación; en esta sarta de mentiras. [Qué]
puede esperar la sociedad de núcleos familiares como estos.”
[16] La declaración de los padres accionantes frente a la Juez de instancia se encuentra en el cuaderno principal del expediente, en los folios 32 a 36.
[17] Expresamente sostuvo, “[…] los accionantes afirman que existen
otros alumnos del Colegio que supuestamente incurrieron en los mismos hechos
por los cuales se sanciona a su menor hijo, a quienes no los han investigado,
lo cual de manera alguna acreditaron, razón por la cual de manera alguna se
puede establecer que realmente se encuentre en condiciones de desigualdad con
otros alumnos del plantel educativo accionado, ante lo cual la acción de tutela
no puede prosperar.” Expediente, cuaderno principal, folio 41.
[18] Dice expresamente el texto de la sentencia de la Juez de instancia: “De las pruebas aportadas a la presente acción de tutela no se desprende
que por parte del Colegio accionada, se hubiere vulnerado derecho fundamental
alguno, pues no se acreditó en debida forma, que efectivamente se hubiere
impuesto sanción de ninguna índole al menor Gabriel Fernando Rojas Ardila hasta
la fecha en que se está profiriendo el fallo sin habérsele garantizado el
derecho a la defensa, solo existe la afirmación de los accionantes […].” Expediente,
cuaderno principal, folio 42.
[19] En la sentencia T-02 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), la Corte Constitucional decidió confirmar la decisión de los jueces de instancia no tutelar el
derecho a la educación de una persona a la que se le había negado el reintegro
a una institución educativa para culminar un programa académico (Ingeniería
Industrial) a una persona a la que había reprobado tres veces un curso
(matemáticas IV). La decisión había sido adoptada por el juez de primera
instancia (Juzgado 1° de Instrucción Criminal de
Pereira) y confirmada por el juez de segunda instancia
(Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira).
[20] Dijo al respecto la Corte en aquella oportunidad: “No existe pues en este caso vulneración ni amenaza del derecho
fundamental a la educación porque con la reprobación de una asignatura en
varias oportunidades, la peticionaria perdió el derecho a continuar sus
estudios en ese programa concreto, sin perjuicio de iniciar, en igualdad de
condiciones a los demás estudiantes, un programa de estudios distinto del cual
fue excluida.” Corte Constitucional, sentencia T-02 de
1992 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[21] Una de las primeras cuestiones que concluye la Corte Constitucional, a partir de la revisión de la discusión de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente es que “[…] el hecho de limitar los
derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitución Política bajo el título ‘de los derechos fundamentales’ y excluír cualquier otro
que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante
sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los mecanismos
de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el Constituyente de 1991.” Al respecto ver el apartado 2.2. de las
consideraciones de la sentencia T-02 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[22] La Corte dijo al respecto en la sentencia T-02 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero) lo siguiente: “El Juez está frente a lo que la doctrina
denomina un ‘concepto jurídico indeterminado’: los derechos constitucionales
fundamentales,  […].  || Para el profesor García de Enterría, introductor de la
noción "concepto jurídico indeterminado", la "valorización
política de la realidad podrá acaso ser objeto de una facultad discrecional,
pero la realidad como tal, si se ha producido el hecho o no se ha producido y
cómo se ha producido, esto ya no puede ser objeto de una realidad discrecional,
porque no puede quedar al arbitrio de la Administración discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido o determinar que algo
ha ocurrido si realmente no ha sido así.” [GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. La Lucha contra las inmunidades del Poder. Cuadernos de Civitas. Tercera edición. Editorial
Civitas S.A. Madrid 1983 págs. 31 y 32].
[23] La sentencia T-02 de 1992 (MP. Alejandro Martínez Caballero) resaltó
que uno de los antecedentes de la norma había sido la enmienda novena de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791.
[24] En la sentencia C-018 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero) se
resolvió, entre otras cosas, que el artículo 2° del Decreto 2591 de 1991 era
ajustado a la Constitución, por las razones analizadas en la sentencia.
Siguiendo lo decidido en la sentencia T-02 de 1992, la Corte consideró que “[…] este precepto no viola la Constitución sino que incluso se inscribe perfectamente en su sistema axiológico que pretende
por un Estado social de derecho flexible y dinámico, abierto a proteger cada
vez más las diferentes aristas de la dignidad humana. […]”
[25] La Corte dijo al respecto en la sentencia T-02 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero) lo siguiente: “Esta
indeterminación sin embargo, no le permite al juez actuar total y absolutamente
libre. La interpretación del caso particular se mueve dentro de parámetros
establecidos por la propia Constitución.  ||  El Juez debe buscar, como lo dice
el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, la naturaleza del derecho fundamental
que permita su tutela. Es entonces en la naturaleza, en el estudio de su
esencia, en donde el Juez descubre si está frente a un derecho fundamental.
||  La labor que realiza el Juez de Tutela es de verificación; él no crea el
derecho fundamental, lo desentraña y verifica. […].”
[26] En la sentencia T-02 de 1992 (MP. Alejandro Martínez Caballero) la Corte Constitucional señaló al respecto: “El Juez de Tutela debe
acudir a la interpretación sistemática, finalista o axiológica para
desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental,
lo que podría denominarse una ‘especial labor de búsqueda’, científica y
razonada por parte del Juez.” La
sentencia citó y empleó dos criterios con que cuenta un juez constitucional
para determinar si está o no ante un derecho fundamental, a saber: (i) por ser
un derecho ‘esencial’ de la persona y (ii) por reconocimiento expreso, como
ocurre con el artículo 44 de la Constitución Política. Además, advirtió que dentro de los criterios existentes también se
encuentran: (a) los tratados internacionales sobre derechos humanos;
(b) los derechos de aplicación inmediata;  (c) los derechos que ‘poseen
un plus’ en su estabilidad constitucional –“los artículos
del Capítulo 1, Título II de que trata el artículo 377” “Este capítulo de derechos tiene una ‘supergarantía’ que le permite
condicionar eventualmente su reforma, lo que hace pensar en la naturaleza
especial de tales derechos, siguiendo en esto la orientación de la Constitución Española de 1978 en su artículo 168 (a su vez inspirado en el artículo 79-3 de la Ley Fundamental  de Bonn de 1949).”-; y  (d) por
ubicación y titulación.
[27] Constitución Política, artículo 44: ‘Son derechos fundamentales de los
niños: […] la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión. […]’.
[28] Dice la sentencia al respecto: “Este derecho
ha sido desarrollado por distintos Pactos Internacionales entre los cuales se
destacan: la Declaración de los Niños de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991; y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
de Derechos Civiles y Políticos; los Convenios de la OIT número 52, 29, 62; los Convenios de Ginebra números 1 y 2; y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.” Corte
Constitucional, sentencia T-02 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[29] Corte Constitucional, sentencia T-02 de 1992 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[30] Corte Constitucional, sentencia T-420 de 1992 (MP Simón Rodríguez
Rodríguez).
[31] Dijo al respecto la Corte: “[…] el rector al
marginarla del derecho a la educación, le da un trato de inferioridad en
relación con las otras estudiantes y la discrimina cuando afirma que es
objetivo primordial de la moral del establecimiento cerrarle las puertas a las
madres solteras.” Corte Constitucional, sentencia T-420 de
1992 (MP Simón Rodríguez Rodríguez).
[32] Dijo al respecto la Corte: “La Sala considera que el rector ha
desobedecido también el mandato constitucional del Derecho a la Autonomía establecido en el artículo 16 como derecho fundamental, por cuanto coarta la libre
decisión de la estudiante de escoger como nueva forma de vida su condición de
madre, limitándole la facultad de autodeterminarse conforme a su propio
arbitrio dentro de los límites permitidos. En este orden de ideas el rector no
tiene ninguna potestad para impedirle a la estudiante que dirija soberanamente
su vida, siempre que transite dentro de los lineamientos que le impone la ley y
sin que traspase la barrera donde se inicia el derecho de los demás.” Corte Constitucional, sentencia T-420 de 1992 (MP Simón Rodríguez
Rodríguez).
[33] Dentro de las varias sentencias que han
seguido la línea trazada por la sentencia T-02 de 1992, también pueden verse,
entre otras, las sentencias T-235 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), caso
en el que se resolvió ordenar a una Alcaldía y una Gobernación (del Chocó) que
tomaran las acciones necesarias para lograr la contratación de varios de los
profesores de un colegio, cuya ausencia hacían inviable que se adelantaran los
programas académicos anuales cabalmente, hasta el final; T-442 de 1998 (MP
Fabio Morón Díaz), caso en el que se consideró que un colegio no había violado
el derecho de una niña de 7° grado que no había cumplido con los requisitos
para continuar en el colegio; T-675 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño), caso en
el que se consideró que una institución violaba el derecho a la educación al
impedirle terminar el bachillerato en las jornadas ‘sabatinas’; T-694 (MP Clara
Inés Vargas Hernández) se consideró que un Colegio no había violado el derecho
de un estudiante al no renovarle la matrícula para 10° grado, porque no había cumplido
los requisitos para continuar; T-918 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), caso
en el que se resolvió dejar sin efecto una sanción y ordenar que se rehiciera
el proceso disciplinario; y T-041 de 2009 (MP Jaime Córdoba Triviño), caso en
el que se decidió que una Universidad no podía impedir un grado, como manera de
presionar el pago de pensiones atrasadas, porque era una forma ilegítima de
cobrar una deuda legítima.
[34] Corte Constitucional, sentencia T-1084 de 2000 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[35] Ley 115 de 1994. Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia. Los
establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en
el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres
o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.
[36] La sentencia T-500 de 1992 (José Gregorio
Hernández Galindo) revisó el caso de un estudiante de un colegio al que le fue
negada la matrícula para su último año de bachillerato por porte de armas en la
institución educativa aun cuando había aprobado el año anterior. La Corte determinó que el estudiante sí había incurrido en una falta disciplinaria al portar un
arma en la institución educativa. Sin embargo, se encontró una vulneración al
debido proceso del estudiante por lo que la Corte decidió conceder la tutela. La Corte dijo que “no
aparece en el expediente prueba alguna que demuestre el cumplimiento de estos
requisitos, de lo cual se desprende que en realidad el proceso no culminó como
estaba previsto en las normas aplicables y que la exclusión de los afectados se
produjo irregularmente, razón por la cual habrá de revocarse el fallo de
segunda instancia que a su vez revocó el que acertadamente confería el amparo
solicitado.”
Sobre el debido proceso en instituciones educativas en materia disciplinaria
dijo: “Con miras a desarrollar esa garantía debe partirse del principio general
de la legalidad de la falta y de la sanción a ella correspondiente, esto es, de
la previa y precisa determinación que todo establecimiento educativo debe hacer
en su reglamento interno de los hechos u omisiones que contravienen el orden o
el régimen disciplinario y de las sanciones que, de acuerdo con la gravedad de
las informaciones, puedan imponerse.  ||  El mismo reglamento debe contemplar los pasos que
habrán de seguirse con antelación a cualquier decisión sancionatoria. Si bien
no tan rigurosos y formales como en los procesos judiciales, los trámites que
anteceden a la imposición del castigo deben hallarse consagrados en dicho
régimen y en ellos asegurarse que el estudiante goce de una oportunidad
adecuada y razonable de defensa.”
[37] En cuanto a la tipicidad en materia disciplinaria en las instituciones
educativas se tiene que las reglas que regulen las conductas que estipulen
sanciones disciplinarias deben consagrar expresamente las actuaciones y
omisiones que constituyan una falta disciplinaria. Si bien, como ya se ha
expuesto, el derecho disciplinario permite la prescripción de tipos abiertos
que se encuentran complementados con los deberes que las mismas reglas
disciplinarias establecen, la determinación de las faltas disciplinarias debe
contener un grado de especificidad tal que permita identificar de manera clara
la conducta prohibida. Sin olvidar que la rigurosidad que se requiere en el
derecho disciplinario no es plenamente exigible en el contexto de las
instituciones educativas.
[38] En la sentencia
T-459 de 1997 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz) la Corte conoció del caso de un estudiante a quien no se le renovó la matrícula por un comportamiento reiterado de
fallas (faltas injustificadas, retrasos, posible hurto). El estudiante interpuso
acción de tutela pues consideraba que se le había vulnerado su derecho al
debido proceso. La Corte determinó que la institución académica había vulnerado
el derecho al debido proceso al no cumplir con las instancias que se
encontraban previstas en su manual de convivencia y decidió tutelar el derecho.
Sobre el debido proceso en los colegios se dijo: “Las faltas y procedimientos disciplinarios constituyen
uno de los temas fundamentales cuya regulación corresponde a los manuales de
convivencia. Si bien el ejercicio de las potestades sancionatorias de los
colegios está amparado por la autonomía antes mencionada, la cual les permite
aplicar un grado considerable de discrecionalidad a la hora de juzgar las
faltas cometidas por los estudiantes e imponer las sanciones que correspondan,
éste se encuentra sometida a las garantías que comporta el derecho fundamental
al debido proceso (C.P., artículo 29). La jurisprudencia constitucional sobre
esta materia ha señalado que los procedimientos disciplinarios de las
instituciones educativas deben garantizar el derecho de defensa de la persona a
quien se impute la comisión de una determinada falta, razón por la cual los
reglamentos deben contener como mínimo (1) la determinación de las faltas
disciplinarias y de las sanciones respectivas y, (2) el procedimiento a seguir
previo a la imposición de cualquier sanción.  ||  En un pronunciamiento que hacía referencia
a los procesos disciplinarios llevados a cabo por las universidades y que esta
Sala juzga aplicable al caso de los colegios, la Corte señaló el contenido mínimo del procedimiento que deben observar las instituciones
educativas en orden a la efectividad del derecho de defensa:  ‘En resumen, la efectividad del derecho al debido
proceso dentro de los procedimientos sancionadores aplicados por las
instituciones universitarias, sólo queda garantizada si el mencionado
procedimiento comporta, como mínimo, las siguientes actuaciones: (1) la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a
que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias
que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como
faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas
que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante
el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita),
controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias
para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las
autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la
imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y(7) la
posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes’.”
[39] En la sentencia T-437 de 2005 (Clara Inés Vargas
Hernández) la Corte revisó el caso de un menor que fue expulsado del colegio
faltando un mes para terminar el año escolar por comportamiento agresivo ya que
se encontró involucrado en un acto violento contra otro compañero. El tutelante
consideraba que se le había vulnerado su derecho al debido proceso con la
expulsión intempestiva. La Corte, además de reiterar lo afirmado anteriormente
por su jurisprudencia  también estableció que en los procesos disciplinarios
para respetar el debido proceso las sanciones debían ser razonables,
proporcionales y necesarias y los trámites sancionatorios deben tener en cuenta
factores como el contexto en el que sucedió la falta: “No sobra advertir que
hace también parte del debido proceso el hecho de que las sanciones sean razonables,
proporcionales y necesarias, es decir, persigan un fin constitucionalmente
legítimo, acorde a la conducta que se reprime teniendo en cuenta los bienes
jurídico constitucionales que están de por medio, e imperiosa frente a las
faltas que se cometen, esto es, que la conducta del estudiante sea tal que
impida la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la sanción
impuesta. Sólo de cumplirse estas condiciones, el derecho a la educación no se
vería afectado.  ||  Se hace necesario aclarar que para casos concretos en
donde están implicados los niños, los principios del artículo 29 deben ser
armonizados con el artículo 44 de la misma Constitución, y las normas del
bloque de constitucionalidad relacionadas, pues como lo ha destacado recientemente
ésta Sala en la Sentencia T-251 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández: ‘el derecho al debido proceso de que son titulares los niños y adolescentes
que se encuentran matriculados en un plantel educativo público, no puede ser
entendido simplemente en términos de la existencia de unas conductas prohibidas
y unos pasos e instancias que es preciso agotar para la imposición de unas
sanciones que, según el caso, pueden ir desde simples llamados de atención
hasta la expulsión del colegio. En efecto, el sometimiento de un menor de edad
a un trámite sancionatorio académico no puede ser ajeno a factores tales como
(i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii)
el contexto que rodeo la comisión de la falta; (iii) las condiciones
personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas
de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos
prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su
futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de
garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo. En
otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un régimen
sancionatorio, no pueden actuar de manera mecánica, sin preguntarse al menos
¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?; ¿se trata de
un hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un grave
problema estructural que aqueja a la institución educativa que se dirige?; dado
el contexto socioeconómico en que se desenvuelve el estudiante, la imposición
de la sanción ¿truncará definitivamente su posibilidad de continuar con sus
estudios?, en otras palabras, la sanción a imponer ¿constituye realmente la
mejor respuesta que un sistema educativo puede dar frente a unos determinados
hechos que afectan de manera grave la convivencia escolar?’.”
[40] Corte Constitucional, sentencia T-917 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[41] En la sentencia T-307 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo) se
dijo: “[…] la sanción no fue impuesta por el órgano
competente –que era el Comité Directivo y no el Comité Operativo ni el Rector-,
tampoco se nombró la comisión investigadora, por lo que tampoco se presentó el
respectivo informe y, según se acaba de decir, después de oído el estudiante
–no se hizo ninguna referencia acerca de las razones aducidas por éste-,
simplemente se le informó la decisión adoptada.”
[42] En la sentencia T-243 de 1999 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez) se
dijo: “[…] el deber de los estudiantes radica, desde
el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y observar una
conducta acorde con las pautas de comportamiento y costumbres aceptadas por la
mayoría de la comunidad, situación que en el caso de la menor accionante no se
desconoció, pues en ningún momento fue incumplido el manual de convivencia ni
se observaron conductas merecedoras de sanción. En todo caso, se reitera, si el
colegio pretendía hacer efectiva una sanción disciplinaria debería haber
adelantado un proceso, en los términos establecidos en el reglamento interno
del Colegio o Manual de Convivencia.  ||  […] ese desconocimiento del debido
proceso en el caso bajo examen, fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de segunda instancia, en cuanto encontró que las dos
primeras sanciones que se han mencionado no están previstas ni en la ley ni en
el precitado reglamento, así como, que no se siguió el procedimiento señalado
para la imposición de sanciones disciplinarias en ese establecimiento
educativo. No obstante esta vulneración, esa Corporación no concedió el amparo
solicitado, por cuanto consideró que el mismo resultaba improcedente al tenor
del numeral 4o. del Decreto 2591 de 1991, por tratarse en su criterio, de un
daño consumado. Por tal motivo, se limitó a hacer una prevención a la rectora
del Colegio, para que en lo sucesivo se abstenga de imponer correctivos
disciplinarios que no aparezcan contemplados en el reglamento y sin el
agotamiento del respectivo procedimiento, so pena de hacerse acreedora a las sanciones
establecidas en el artículo 24 del citado Decreto.”
[43] En la sentencia T-022 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) se
dijo: “Salta a la vista que se violó el debido proceso porque la sanción se
impuso por autoridad que no es la competente, se le restringió el derecho de
recurrir al alumno y no se consideró la reclamación de la acudiente, pese a
haber sido formulada en término.”
[44] En la sentencia T-880 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz) se resolvió inaplicar el último inciso del numeral 7.2 “PROCEDIMIENTO”
del manual de convivencia del Liceo Comercial Superior de Bogotá y ordenarle que permitiera a las dos
accionantes continuar sus estudios, mientras volvía a adelantar el proceso
disciplinario. Sobre la norma reglamentaria inaplicada dijo la Corte: “Por lo tanto, las directivas de dicho centro educativo tienen la facultad de
imponer una sanción de conformidad al procedimiento señalado en el mismo
régimen disciplinario (numeral 7.2. “PROCEDIMIENTO”). Sin embargo, dentro
del procedimiento regular a seguir para imponer una sanción a cualquier alumno
que haya cometido una de las contravenciones allí contempladas, se señala en su
parte final: ‘En caso de falta, teniendo matrícula en observación, o
considerada grave contemplada o no en este manual se procederá a la máxima
sanción correspondiente sin necesidad de cumplir los pasos anteriores.’  ||
De esta manera, se puede constatar que el mencionado manual de convivencia
establece la posibilidad de obviar en su integridad el denominado
“procedimiento regular” que debe seguirse para imponer una sanción al alumnado.
Esta última cláusula viola abiertamente el derecho al debido proceso, de
defensa y de paso atenta de manera directa contra el derecho a la educación,
pues deja a la discrecionalidad de las directivas del centro educativo, la
consideración de si una determinada conducta resulta lo suficientemente “grave”
para no permitirle a quien la haya cometido, la más mínima posibilidad de
entrar a demostrar lo contrario o a controvertir las pruebas sobre las cuales
se cimiente su sanción.”
[45] Corte Constitucional, sentencia T-756 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[46] Corte Constitucional, sentencia T-756 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa); en este caso se resolvió, entre otras cosas, “conceder el
amparo de los derechos a la educación y a escoger libremente oficio o profesión
y ordenar a la Universidad Libre, Seccional Barranquilla que dé al señor
Jorge Consuegra Tamara la oportunidad de presentar un examen imparcial y
gratuito de validación de la materia Derecho Procesal Civil General. De
no pasar este examen y dado que la consecuencia académica de no haber pasado la
materia lo pone en situación de repetir todo el semestre, debe ofrecerle: A) la
oportunidad de intentar la validación de todas las materias de ese semestre
mediante exámenes gratuitos e imparciales; o B) que curse de nuevo todo el
semestre que le faltaría sin costo alguno.”
[47] Cambiando los nombres originales, la Sala narró los hechos de la siguiente manera: “Hacia las 9:30 de la noche del 6 de junio, luego de que el curso
903 del Colegio, asistiera al desierto de la Tatacoa y después de retirarse a sus habitaciones, se suscitó un incidente en un pasillo, con
el grupo de 15 alumnos que se hospedaba en una de las habitaciones del hogar
religioso de paso que les servía de albergue.  ||  Cuenta la madre del menor Santiago
que éste fue derribado al suelo por iniciativa de su compañero de clase
Esteban; mientras sus otros compañeros Jorge y Andrés lo
sostenían por los pies, para tratar de despojarlo de las prendas de vestir con
que cubría la parte inferior de su cuerpo, el menor Esteban le bajaba
sus pantalones e instó a otros de sus compañeros para que utilizaran las
cosquillas con el fin de lograr que el adolescente agredido soltara las piezas
que sostenía para tratar de resistir quedar al desnudo, hecho que finalmente no
pudo evitar y tuvo que girar su cuerpo boca abajo pretendiendo cubrir sus
genitales.  ||  En tal posición de indefensión le fueron arrojadas por Daniel
uvas sobre la cola y otros de los participantes, intentaron aplastárselas con
los pies[47],
entre tanto los hechos eran filmados por el joven, también menor de edad, José.
||  El incidente se interrumpió gracias a que alguien alertó la presencia de un
profesor y los participantes se dispersaron tratando de ocultar los hechos y la
víctima. Adicionalmente, una señora del servicio doméstico, de nombre Marta[47]
quien escuchó el llanto del joven Santiago, alertó a la profesora
Lilian, quien acudió inmediatamente para apersonarse de los hechos.”
[48] La Sala decidió lo siguiente “i) pueden derivarse de estos hechos
otras situaciones en que la dignidad del menor afectado siga siendo lesionada;
ii) el proceso disciplinario es insuficiente para restablecer los vínculos con
la comunidad de todos los estudiantes por lo que sería conducente que se
surtiera un proceso restaurativo; iii) el proceso disciplinario llevado en
contra de los menores tutelantes – el cual como se advirtió fue anulado por la Secretaría de Educación del Municipio-, desconoció el debido proceso en los aspectos
constitucionales analizados en esta sentencia; iv) en virtud del Manual de
Convivencia del Colegio la Secretaría de Educación del Municipio tenía
competencia para pronunciarse en segunda instancia sobre los procesos
disciplinarios llevados por el Colegio y es legítima su decisión de anulación
de los procedimientos; v) la decisión de no renovación de las matrículas de los
menores, supuestamente independiente del anterior proceso disciplinario,
también vulneró su derecho al debido proceso por sancionar a los menores sin
indicarles las faltas por las que se adoptó dicha decisión ni darles la
oportunidad de defenderse.” Corte constitucional, sentencia T-917 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[49] La Sala presentó en la sentencia las ordenes que adoptó en los
siguientes términos: “De acuerdo a lo anterior la Corte ordenará al Colegio: i) que en el evento en que los
tratos lesivos para la dignidad del menor víctima de los hechos se estén
proyectando en su contra, como por ejemplo debido a la ventilación pública de
los hechos, su estigmatización o la burla por parte de miembros de la
comunidad, deberá tomar medidas para que éstos cesen; ii) tales medidas pueden
comprender un tipo de proceso restaurativo de lazos comunitarios a condición de
que a) el menor afectado así lo acepte de manera autónoma, expresa e informada;
y b) alguno de los menores disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo
parte de la comunidad educativa; iii) tutelar el derecho al debido proceso de
los menores en nombre de quienes se instauró la acción de tutela y en
consecuencia en el evento en que los menores implicados deseen regresar al
colegio éste no podrá negarse a matricularlos. Sin embargo, podrá volver a
realizar el proceso disciplinario respetando las garantías del debido proceso y
la consecuencia de dicho proceso puede consistir en cualquiera de las sanciones
previstas en el Manual de Convivencia, incluida la más severa; iv) dejar sin
efectos la no renovación de la matrícula de los menores por no haber respetado
el derecho al debido proceso; v) en aras de garantizar la continuidad de la
educación de los menores se ordenará a la Secretaría de Educación del Municipio que en el evento en que los menores no quieran regresar al
Colegio se les mantenga el cupo en las instituciones educativas en donde se
encuentran estudiando de manera provisional, o en otro establecimiento
educativo diferente; vi) advertir al Colegio que deberá corregir su
Manual de Convivencia en el sentido de determinar con claridad cuáles son las
conductas que constituyen una falta disciplinaria. Lo anterior en el entendido
de que de su lectura debe poderse determinar cuáles son las características
esenciales del comportamiento que será sancionado disciplinariamente; y vii)
abstenerse de mencionar en el texto de esta
providencia, el nombre de los menores involucrados en los hechos del presente
asunto, con el fin de salvaguardar su intimidad. Igualmente, y con el propósito
de garantizar mayor sigilo al respecto, en las reproducciones que se hagan del
presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las autoridades
vinculadas, deberán omitirse los nombres de la institución demandada y de las
demás personas relacionadas con los hechos del caso.”
[50] Corte Constitucional, sentencia T-651 de 2007 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla). La sanción del joven accionante era “cancelar
la matrícula y expulsarlo del CES por un período de 20 años”, las de los demás eran “matrícula condicional durante el resto
de la carrera y suspender temporalmente la matrícula por un año… se le
reintegró a la universidad por mandato de juez de tutela”;  “Matrícula
condicional durante el resto de la carrera y suspender temporalmente la
matrícula por un año”;  “Matrícula condicional durante el resto de la
carrera y suspender temporalmente la matrícula por un 6 meses”;  “Matrícula
condicional durante el resto de la carrera y suspender temporalmente la
matrícula por un 6 meses.”
[51] Así lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia T-706 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil); por lo que resolvió confirmar la decisión del
Juzgado de instancia que había negado la tutela del derecho invocado por la
accionante. Para el juez de primera instancia era claro que el
estudiante había incurrido en una falta disciplinaria, contemplada
en el reglamento académico y, por tanto la Universidad estaba legitimada para aplicarle una sanción, el problema era que la impuesta era
“desproporcionada y desigual, en comparación con los otros estudiantes
disciplinados, toda vez que los actos revisten similitud”. Se
resolvió dejar sin efecto la sanción impuesta por la universidad y permitirle
al accionante continuar sus estudios. El juez de segunda instancia confirmó la
decisión, a pesar de que en la parte motiva se había reconocido que podía
continuar sus estudios pero con ‘matrícula condicional’, por ser ello, un claro
error, no reproducido en la parte motiva. La Sala de Revisión confirmó las decisiones de instancia, haciendo la salvedad frente al error mencionado.
[52] Manual de Convivencia, 2010 del Colegio La Presentación, de Girardot, pág.23. El Manual se encuentra en la Agenda 2010 de la misma institución, aportada al proceso y que se encuentra dentro del
expediente, luego del cuaderno principal.
[53] Manual de Convivencia, 2010 del Colegio La Presentación, de Girardot, pág.14.
[54] De acuerdo con la Historia del Colegio incluida en el Manual de
Convivencia, en 1889, con motivo de la Guerra de Los Mil Días, el Ministro de Guerra solicitó a la Congregación Religiosa enfermeras para que atendieran las ambulancias en la ciudad de
Girardot y en sus alrededores. Las Hermanas Eufrasia, Justa y María Emilia
fueron asignadas para tal fin y más tarde la Hermana Elena María, quienes vieron la necesidad de quedarse en Girardot para atender la
educación en las escuelas del Gobierno.
[55] Dice al respecto: “El Reglamento […] que hoy colocamos en las
manos de cada uno de los estudiantes y sus familias que desean hacer parte de
nuestra comunidad educativa, es el fruto de un arduo trabajo realizado con
todos y cada uno de los estamentos de la Institución, quienes no escatimaron tiempo para presentar sus inquietudes, aclarar dudas e introducir lo que se consideraba más
oportuno para hacer del colegio un lugar donde cada uno comprende sus deberes y
vives sus derechos en forma comprometida y autónoma.”
[56] Dice el Reglamento interno al respecto: “Las sanciones
como llamadas de atención verbal o por escrito con la firma del estudiante,
podrán ser impuestas por el profesor, el director de curso, psicóloga,
coordinadores, académico de convivencia y la Rectora del Colegio.  ||  La sanción de llamada de atención por escrito con firma de compromiso por el estudiante y
el Padre o acudiente y la sanción de suspensión de uno a tres días, están a
cargo de la Coordinación de Convivencia y la Rectora del Colegio.  ||  Antes de una sanción, siempre debe existir el diálogo con el estudiante a fin de
permitirle ser escuchado, corregir su error y garantizar su derecho de
defensa.  ||  Estas sanciones deben ser impuestas en el menor tiempo posible a
la comisión de la falta o cuando se tenga noticia de ella.  ||  Si el
estudiante o el Padre o acudiente no se presenta a firmar el compromiso en la
fecha indicada, se dejará constancia de ello y se presume que aceptan el
compromiso.”
[57] En este caso se consideró lo siguiente: “En esas condiciones
los ciudadanos deben estar en posición de escoger, de acuerdo a sus
posibilidades de acceso a un computador, qué medio
implementar, ya sea el derecho de petición en documento físico que se radica en
las dependencias de cada entidad, o a través de la página Web correspondiente.
||   Por lo anterior, las entidades estatales o particulares no pueden
exigir que, únicamente por la página Web se realice un trámite, se soliciten
certificaciones, información o cualquier tipo de gestión, dado que los medios
tecnológicos como el Internet son concebidos como un mecanismo para facilitar
el acceso y no para limitarlo, entonces si será posible la utilización de
cualquier otro medio sin desconocer los requisitos mínimos exigidos por la Ley.” Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[58] Se resolvió “prevenir a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas para que se abstenga de exigir que los docentes, directivos docentes y administrativos únicamente puedan
solicitar las certificaciones de cesantías parciales, cesantías definitivas,
pensiones, reliquidación de pensiones o cualquier otro trámite por la
página Web, por ser una exigencia que vulnera el ejercicio del derecho
fundamental de petición.” Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2008
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[59] Corte Constitucional, sentencia T-021 de 2007 (MP Jaime Araujo
Rentería). En este caso se señaló que el accionante podía presentarse
nuevamente a la Universidad del Tolima desde el semestre inmediatamente
posterior, si así lo quería, para que, con base en su verdadero puntaje en el
examen de estado ICFES y demás parámetros objetivos de selección, fuera tenido
en cuenta como aspirante para la admisión a la carrera de su elección.
[60] Otra noción al respecto es que ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’ es uso de información electrónica y medios de comunicación
(correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de
texto, teléfonos móviles, consolas de juegos de videos, etc.) difamatorios,
amenazantes, degradantes, agresivos para acosar, intimidar, amedrentar,
humillar, o fines similares, realizada sobre un individuo, mediante ataques
personales u otros medios de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado. Las agresiones pueden realizarse bajo un formato anónimo o de
identidad falsa o adulterada.
[61] En la sentencia T-220 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett) se
tuteló el derecho de una estudiante que había sido señalada públicamente por la Coordinadora de disciplina del Colegio, como ejemplo de las niñas que se dejan tocar como si
fueran ‘el tambor del colegio’; se resolvió, entre otras cosas, ordenar que
“[…] se prevenga a las directivas y a
los profesores de dicha institución, para que en adelante se abstengan de hacer
señalamientos públicos en relación con hechos censurables o inapropiados en que
estén involucrados los estudiantes de dicho plantel, de conformidad con lo
dispuesto en las consideraciones de la presente sentencia.”
[62] De acuerdo con información suministrada telefónicamente al Despacho por
la señora madre del accionante, su hijo se retiró del Colegio La Presentación de Girardot y actualmente cursa su año lectivo en otra institución de la misma
localidad.
[63] Corte Constitucional, sentencia T-853 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). En este caso se decidió, entre otras cosas, que “un manual de
convivencia le da un trato desigual, carente de justi­ficación, a las alumnas y
los alumnos que han decidido formar una fami­lia (por ejemplo, por contraer
matrimonio civil); una forma de composición de la familia que se encuentra
amparada por la Constitución (art. 42). Por tanto (i) “los reglamentos
de un colegio,” (ii) “los manuales de convivencia de las institu­ciones
educativas” y (iii) “las medidas de los órganos de un esta­ble­cimiento
educativo” no pueden establecer sanciones académicas o discipli­narias a una
estu­diante por las decisiones que ésta adopte para afirmar su identidad
sexual. Incluso si sus conductas comprenden casarse o convivir en unión de
hecho y la consecuencia de su opción consciente y libre sea quedar en estado de
embarazo.  [2] También decide la Sala que la mera vigencia de reglas de
contrarias a la Constitución Política, por desconocer el principio de legalidad, constituye una amenaza real, al derecho a la autonomía de las estudiantes y los
estudiantes. […]”
[64] En la sentencia T-491 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández) se
tuteló el derecho de una estudiante que había tenido relaciones sexuales con un
hombre casado, fuera del colegio, un fin de semana, en la casa de una amiga que
no era del colegio y con personas también ajenas a esa institución. La Corte Constitucional sostuvo que existen “(…) comporta­mientos que no pueden ser catalogados
como faltas al manual de convivencia ni tener como consecuencia la imposición
de una sanción, ya que no que afectan la actividad académica o institucional,
ni conllevan el incumplimiento de los deberes educativos. En esta medida ningún
centro educativo, ni público ni privado, puede instituirse como autoridad para
aplaudir o censu­rar las decisiones autó­nomas de un miembro de la comunidad
educativa, no sólo de sus alumnos sino también del personal docente y
administrativo.”
[65] Corte Constitucional, sentencia T-853 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[66] La función del Defensor del Pueblo, según la Constitución Política de Colombia (art. 281), es velar “por la promoción, el ejercicio y la
divulgación de los derechos humanos”, para lo cual podrá ejercer, entre otras,
las siguientes funciones:  (1) orientar e instruir a los habitantes del
territorio nacional y a los colombianos en el exterior en  (i) el
ejercicio y  (ii) la defensa de sus derechos ante las autoridades
competentes o entidades de carácter privado;  (2) divulgar los derechos
humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
[67] Al respecto añadió la sentencia lo siguiente: “Para esta promoción se deberán observar los siguientes criterios:
[4-i]  Teniendo en cuenta que a lo largo de este proceso se ha
presentado a [la accionante] como una estudiante que cometió una grave falta
disciplinaria, afectando su imagen y buen nombre ante la comunidad educativa, y
en general en Montería, la promoción pedagógica que se haga debe aclarar lo
sucedido indicando que su proceder no solo no es una falta, sino que está
amparada constitucionalmente. Deberá aclararse que su la conducta no viola el
derecho a las demás estudiantes de educarse según su creencias religiosas; por
el contrario, es una oportunidad para enseñar y aprender a tolerar y respetar a
los demás, dentro del respeto al pluralismo (art. 1°, CP).  ||  [4-ii]
Teniendo en cuenta que el propósito primordial de esta orden es asegurar los
derechos de los adolescentes, es importante que por ningún momento se niegue o
afecte la autoridad y respeto de la Rectora, las directivas y los profesores
del Colegio. Reconocer que se tomó una decisión no amparada por la Constitución es motivo de aprendizaje y crecimiento colectivo de la comunidad.  La Sala Tercera de Revisión reconoce al igual que [la accionante] el valor que representa para
una adolescente haber egresado del Colegio de la Sagrada Familia; no otra cosa explica la voluntad férrea y persistente de tan notable
alumna para regresar a su Colegio y culminar allí sus estudios.  ||  [4-iii]
La promoción de la presente sentencia a las estudiantes de los grados 10° y 11°
debe hacerse teniendo en cuenta su edad, madurez y el nivel educativo en el que
se encuentran. Según la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994) la educación media[67] constituye
la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y
comprende dos grados, el décimo (10) y el undécimo (11). Esta etapa del proceso
educativo tiene como fin  (1) ‘la comprensión de las ideas y los valores
universales’ y (2) ‘la preparación para el ingreso del educando a la educación
superior y al trabajo” (art. 27, Ley 115 de 1994).  Dentro de los objetivos
específicos de la educación media académica la Ley General
de Educación contempla desarrollar “la capacidad reflexiva y
crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los
valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad’.  ||  [4-iv]
Finalmente, la Corte reconoce la libertad que tiene el Colegio para orientar y
guiar a sus estudiantes en la toma de decisiones tan importantes como lo son
fundar una familia o contraer matrimonio. Por supuesto, respetando los mandatos
constitucionales, sin afectar los derechos de Cristina Espinosa Salinas o
cualquier otra alumna en especial a su autonomía y su intimidad y, ante todo,
respetando los deberes de solidaridad, amor y cuidado para con todo menor.” Corte Constitucional, sentencia T-853 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[68] Corte Constitucional, sentencia T-853 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[69] En la sentencia T-437 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)
se dejó sin efectos una sanción con base en una norma similar del Manual de
Convivencia de un Colegio [Departamental Santo Domingo Savio de
Quibdó] y se ordenó al Colegio adecuar su Manual de Convivencia
a los parámetros constitucionales desarrollados por la jurisprudencia
constitucional. La norma decía que se podía sancionar con cancelación de
matrícula o pérdida de cupo para el año siguiente a los siguientes actos: “14.7.
Sostener relaciones maritales y/o convivir públicamente con alguna pareja, ser
madre de familia y aborto comprobado”, “14.14. Asistir al plantel en estado de
gravidez o siendo madre soltera”, y “14.21 Embarazar a una alumna del plantel”.
Para la Corte: “[…] los reglamentos de las instituciones educativas no
pueden contener normas o principios que estén en contravía de la Constitución, como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se
aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de
seres humanos, por ejemplo tratamientos que afecten el libre desarrollo de la
personalidad de los educandos y su dignidad, favoreciendo la presencia de
prácticas discriminatorias, de tratos humillantes, cuyas sanciones no consulten
un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la
arbitrariedad.”  Al respecto también puede verse la sentencia T-551 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[70] Corte Constitucional, sentencia T-507 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra). En este
caso se resolvió, entre otras cosas, Declarar inexequibles
las expresiones ‘de doce’ contenidas en el numeral 2 del artículo
140 del Código Civil; y declarar exequibles las expresiones
‘un varón menor de catorce años y una mujer menor’ contenidas en el numeral
2 del artículo 140 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que la edad
para la mujer es también de catorce años.” La Corte consideró que según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia (2000) “(…) [l]a conducta
reproductiva de las adolescentes (15-19) es un tópico de reconocida
importancia, no sólo en lo concerniente en embarazos no deseados y abortos,
sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de
salud.”  Más adelante se indica: “El 15% de las adolescentes (15 a 19 años) ya han sido madres y 4 % están embarazadas de su primer hijo, para un total de 19% que
han estado embarazadas o ya han tenido partos, en comparación con 17 por ciento
en la encuesta de 1995, lo cual estaría demostrando un ligero aumento de la
fecundidad ado­lescentes.” (p.48)