T-103-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-103/14
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Reiteración Auto 004/04 y Auto 100/08 para que tutelas
contra Salas de la Corte Suprema de Justicia sean revisadas por la Corte
Constitucional
Quedó así establecido que las acciones de tutela
presentadas contra providencias judiciales de las altas Corporaciones, que no
fueran objeto de trámite, inadmisión o rechazo, faculta a los accionantes a
presentar un nuevo amparo i) ante cualquier juez, incluyendo una Corporación de
igual jerarquía la Corte Suprema o al Consejo de Estado, como la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional o Superior de la Judicatura,
o ii) requerir su radicación ante la Corte Constitucional, para así poder
cumplir con los fines esenciales del Estado como lo es el garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución (art.
2º de la Carta)”.
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA DE TUTELA-Posibilidad de acudir ante cualquier Juez o Cuerpo
colegiado para interponer la acción de tutela o directamente ante la Corte
Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Relevancia
constitucional del requisito general de subsidiariedad para su procedencia
excepcional
El principio de subsidiariedad de la acción
de tutela envuelve tres características importantes que llevan a su
improcedencia contra providencias judiciales, a saber: (i) el asunto está en
trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. En tal
sentido se desarrollará cada uno de ellos.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO
DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia cuando el proceso se
encuentra en trámite
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Agotamiento de
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial como
requisito general de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
por existir recursos en proceso penal que aún está en curso y no acreditar
perjuicio irremediable
Puede afirmarse que en lo concerniente a la
procedencia o no de la acción de tutela cuando el asunto está en trámite e
incluso se cuenta con la posibilidad de acudir a la acción de revisión, así: i.
La acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de
defensa previstos en el ordenamiento, así como la oportunidad de agotar los
recursos extraordinarios, como ocurre con la acción de revisión. ii. En la
eventualidad de haber agotado los medios de defensa ordinarios y
extraordinarios de defensa, es procedente entonces la acción de tutela, si en
tales decisiones incurren en alguna de las causales de procedibilidad y se
compruebe que se están afectando derechos fundamentales.
Referencia:
expediente T-3.286.505
Acción de tutela instaurada por el exrepresentante a
la Cámara José Aristides Andrade en contra de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión del fallo emitido en segunda instancia por la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que confirmó la decisión adoptada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
declarando improcedente la solicitud de amparo.
I.
ANTECEDENTES.
El
señor José Aristides Andrade Exrepresentante a la Cámara, mediante apoderado
judicial, interpuso la presente acción de tutela contra la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al estimar que vulneró su
derecho fundamental al debido proceso (art. 29 superior), toda vez que dentro
de la causa seguida en su contra por el presunto delito de homicidio agravado
(radicado 35.592[1]),
no decretó la prescripción de la acción penal, tampoco desarrolló un adecuado
ejercicio probatorio, desconociendo el principio de la investigación integral e
imparcial y adicionalmente se adoptaron decisiones sin tener competencia para
ello. La solicitud de amparo tiene como base el siguiente acontecer fáctico.
1.
Hechos.
1.1.
Descripción fáctica a partir de lo expuesto por la parte actora y lo
consignado en el expediente de instancia.
-
El 5 de abril de 1991, en circunstancias que son objeto de investigación, el
señor David Núñez Cala fue asesinado en el municipio de Barrancabermeja[2].
-
El 21 de mayo de 1993, ante la ausencia de suficientes elementos de juicio que
permitieran la individualización de posibles infractores de la conducta punible
para proceder a la apertura de instrucción, la autoridad competente resolvió
suspender la investigación previa.
-
El 17 de abril de 2008, el señor Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”,
desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las FARC, rindió versión dentro
del programa de justicia y paz, donde expuso que durante su vinculación al
frente 24 de las FARC se dio
de baja al doctor DAVID NÚÑEZ CALA candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja,
siendo determinador del mismo el señor José Aristides Andrade[3]. Por tanto, la Fiscalía dispuso el desarchivo del
proceso y  continuó con la investigación.
-
El 31 de julio de 2009, la Fiscalía 22 de la Unidad de Estructura de Apoyo
avocó el conocimiento del asunto, ordenando una serie de pruebas, así como su
vinculación mediante diligencia de indagatoria[4],
la que se adelantó el 21 de octubre de 2009.
-
El 14 de septiembre de 2010, una vez cumplidas las diligencias de indagatoria
de todos los implicados, con base en lo dispuesto en el artículo 356 de la Ley
600 de 2000[5],
la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, resolvió la
situación jurídica de Mario Jaimes Mejía, Fremio Sánchez Carreño y David Ravelo
Crespo, con medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos
coautores de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio
agravado. Y entre otros aspectos resolvió: abstenerse de definir la situación
jurídica de José Aristides Andrade, toda vez que había sido elegido
Representante a la Cámara en los comicios del 11 de marzo de 1990, siendo
reelecto el 27 de octubre de 1991. En consecuencia compulsó copias a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que asumiera su
juzgamiento, atendiendo al fuero congresional.
-
El 21 de septiembre de 2010, la defensa del señor Aristides Andrade presentó
recurso de reposición en contra de la anterior decisión, señalando que por
falta de competencia del ente investigador, correspondía anular todo lo actuado
a partir del momento en que se acreditó dentro del proceso la calidad de
Representante a la Cámara de su defendido (02 diciembre 2008), correspondiendo
a la Corte Suprema de Justicia iniciar nuevamente con el trámite respectivo[6].
-
El 8 de noviembre de 2010, la Fiscalía desestimó el recurso interpuesto por dos
razones fundamentales: (i) para la fecha en que se contaba con la constancia de
la calidad de aforado del señor Andrade, no existía al interior de la Corte
Suprema de Justicia una posición sólida respecto a los delitos comunes
cometidos por los congresistas; y (ii) la actual posición de la Sala de
Casación Penal no solo valora el aspecto objetivo de la calidad del
investigado, sino además la relación de las presuntas conductas punibles con
las funciones desempeñadas por el investigado.
-
El 11 de noviembre de 2010, la defensa interpuso recurso de apelación, del que
conoció en segunda instancia la Vicefiscalía General de la Nación, autoridad
que mediante providencia del 03 de diciembre de 2010, se abstuvo de decretar la
nulidad planteada[7].
-
El 29 de diciembre de 2010 y el 17 de enero de 2011, los señores Fremio Sánchez
Carreño y Mario Jaimes Mejía, respectivamente, aceptaron los cargos imputados
como sindicados en el homicidio del señor Núñez Cala y se acogieron a la figura
de la sentencia anticipada.
-
El 28 de enero de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, avocó el conocimiento del asunto, dado el fuero congresional que
ostentaba el señor José Aristides Andrade y decretó la nulidad “exclusivamente
de la indagatoria rendida (…) el 21 de octubre de 2010”,
otorgando validez a las demás pruebas acopiadas y adelantadas con
anterioridad a 1° de septiembre de 2009[8].
-
El 14 de febrero de 2011, la Sala de Casación Penal declaró persona ausente al
señor José Aristides Andrade, ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la
orden de captura (art. 344 de la Ley 600 de 2000[9]).
-
El 16 de febrero de 2011, la defensa solicitó que se practicaran las pruebas
que habían sido decretadas por la Fiscalía mediante decisiones del 31 de julio
de 2009, 24 de agosto y 15 de octubre de 2010, las cuales se encontraban
pendientes y adicionalmente pidió que se llevaran a cabo otras que consideraba
necesarias y conducentes para la investigación, sin embargo, se abstuvo de presentar recurso en contra
de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de asumir la competencia del
asunto por considerar que el mismo resultaba inviable[10].
En
esta misma fecha, sustentó el recurso de reposición contra la providencia del
28 de enero de 2011 (avocó conocimiento), a fin de que declarara la nulidad de
todo lo actuado a partir de la resolución de apertura de investigación, junto
con la totalidad de los actos procesales y probatorios cumplidos a partir de
dicha decisión, en atención a que existía una clara vulneración al debido
proceso en la medida que dichas diligencias se adelantaron con desconocimiento
del derecho a ser juzgado por el juez competente.
-
El 22 de febrero de 2011, la entidad accionada resolvió no reponer la decisión
del 28 de enero de 2011 e impuso al actor medida de aseguramiento de detención
preventiva como presunto coautor del delito de homicidio agravado, al tiempo
que negó la práctica de las pruebas requeridas, declarando cerrada la
investigación[11].
- El
3 de marzo de 2011, la defensa formuló recurso de reposición en contra de la
anterior decisión, siendo sustentado el 7 de marzo de 2011, bajo la
consideración que el análisis del caudal probatorio se centró exclusivamente en
las pruebas desfavorables, sin entrar a reparar en las múltiples
contradicciones en que incurrieron los sujetos que lo incriminaron.  Por otra
parte, explicó que la negativa de decretar y practicar las pruebas solicitadas,
terminó por afectar los principios de “investigación integral e imparcial”.
Por último, adujo que no existía suficiencia probatoria para declarar el cierre
de la investigación.
-
El 8 de marzo de 2011, la autoridad judicial accionada decidió no reponer el
auto del 22 de febrero de 2011 (cierre de instrucción), ya que en su criterio
el material probatorio recaudado era suficiente para proferir la medida de
aseguramiento y decretar la clausura de la investigación, sin que hubiere lugar
a acceder a las solicitudes probatorias elevadas por la defensa al no ser
conducentes ni necesarias[12].
-
El 18 de marzo de 2011, su abogado informó a la Sala de Casación que se
abstenía de presentar alegatos precalificatorios, por existir prejuzgamiento
por parte de la Corporación accionada al negarse a practicar las pruebas
decretadas con anterioridad por la Fiscalía, así como aquellas solicitadas en
esta oportunidad, lo que hubiera podido desvirtuar la posición asumida por la
Corte.
-
El 22 de marzo de 2011, se dictó en su contra resolución de acusación como
presunto determinador del punible de homicidio agravado y se ordenó su captura.
Esta decisión fue notificada el 31 de marzo de 2011[13].
-
La Sala de Casación Penal resolvió dejar sin valor y efecto la notificación
adelantada el 28 de marzo de 2011 y tuvo por notificado personalmente al
defensor el 31 de marzo de 2011.
-
El 7 de abril de 2011 el abogado defensor sustentó el recurso de reposición
interpuesto en contra del auto acusatorio, a través del cual pretendió
desvirtuar los fundamentos relacionados con: (i) los supuestos vínculos del
procesado con las FARC; (ii) el presunto móvil político del homicidio; y (iii)
la presunta inconsistencia de las pruebas de cargo y la veracidad de las de
descargo. Igualmente solicitó la prescripción de la acción penal en la medida
que desde el momento en que ocurrieron los hechos (5 de abril de 1991) y hasta
la fecha en que se interpuso el recurso (7 de abril de 2011) habían
transcurrido más de los 20 años, que la ley define como término extintivo de la
acción penal, sin que se la acusación hubiera quedado ejecutoriada[14].
-
El 4 de mayo de 2011 la Sala de Casación Penal resolvió el anterior recurso
absteniéndose de reponer la acusación y, en consecuencia, negó la solicitud de
prescripción de la acción penal, por cuanto en su criterio, el término de prescriptivo
se había suspendido desde el momento en que algunos de los sujetos procesales
se acogieron a la sentencia anticipada por aceptación de cargos (Fremio Sánchez
Carreño y Mario Jaimes Mejía)[15]
y hasta el 28 de enero de 2011 cuando se materializó la ruptura de la unidad
procesal (Corte Suprema de Justicia avoca conocimiento del asunto).
-
El 25 de mayo de 2011, el abogado defensor presentó solicitud de nulidad, al
estimar que existía una irregularidad sustancial por no haberse declarado la
prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta que la suspensión de
términos solo podía surtir efectos respecto de los dos procesados que
decidieron acogerse a la sentencia anticipada. Afirmó: (i) a raíz de la nulidad
de la diligencia de indagatoria (21 octubre de 2009) su defendido no estuvo
vinculado al proceso hasta que la Sala de Casación Penal lo declaró persona
ausente (14 de febrero de 2011), por lo que cuando se surtieron las diligencias
de aceptación de cargos de los señores Jaimes Mejía (15 de marzo de 2010) y
Sánchez Carreño (6 de noviembre de 2009) no hacía parte del proceso (21 octubre
de 2009 al 14 de febrero de 2011); y (ii) la figura de la sentencia anticipada
implica necesariamente la ruptura de la unidad procesal (art. 40 Ley 600 de
2000[16]).
-
El 25 de julio de 2011, tuvo lugar la audiencia preparatoria en la que la Sala
de Casación Penal negó la petición de nulidad y se abstuvo de decretar la
prescripción de la acción penal[17].
En contra de esta decisión el agente del Ministerio Público y la defensa
formularon recurso de reposición.
-
El 27 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia resolvió no reponer lo
decidido en la sesión del 25 de julio (audiencia preparatoria), en lo relativo
a la prescripción de la acción penal, reiterando que la suspensión de términos
cobija a todos los procesados hasta la ruptura de la unidad procesal, la cual
se materializó hasta que la Sala de Casación Penal avocó el conocimiento del
asunto. Por otra parte, explicó que a pesar de haberse declarado la nulidad de
la indagatoria de José Aristides Andrade, se encontraba ligado a la instrucción
al momento en que los otros procesados se acogieron a la sentencia anticipada.
Por último, accedió a algunas solicitudes probatorias elevadas por la
Procuradora Delegada, la parte civil y el abogado defensor.
-
Actualmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha
visto obligada a modificar la fecha de audiencia pública, debido a la necesidad
de practicar las pruebas ordenadas en la audiencia preparatoria[18].
1.2.
Fundamentos jurídicos de la acción de tutela.
Las
irregularidades que expone la parte actora se basan en los siguientes aspectos:
(i) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no decretó la
prescripción de la acción penal; (ii) asumió la competencia de la investigación
con aplicación retroactiva de la nueva interpretación jurisprudencial por ella
sentada; y (iii) soslayó el decreto y práctica de pruebas solicitadas por el
sindicado. Expone concretamente los siguientes defectos:
1.2.1.
Sustancial. Hizo alusión a cuatro situaciones particulares.
1.2.1.1.
Se hicieron extensivos los efectos de la aceptación de cargos de dos procesados
a otro sujeto procesal, sin que le fuera aplicable la causal de
suspensión del término de prescripción de la acción penal contemplada en el
artículo 40[19]
del Código de Procedimiento Penal, ya que fueron otros los sindicados que se
acogieron a la figura de la sentencia anticipada.
1.2.1.2.
Se le extendieron los efectos jurídicos de la investigación a pesar de no estar
debidamente vinculado a la misma, teniendo en cuenta que no era sujeto procesal
al momento en que algunos de los procesados aceptaron cargos y se acogieron a
sentencia anticipada.
1.2.1.3.
Se dieron efectos retroactivos a la ley procesal desfavorable, en la medida que
el término de prescripción de la acción penal empezó a correr el 5 de abril de
1991 (muerte del señor David Núñez Cala), por lo que el procedimiento aplicable
era el contemplado en el Decreto Ley 50 de 1987, normatividad que no
contemplaba la aceptación de cargos y la solicitud de sentencia anticipada como
causal para suspender los términos de prescripción de la acción penal.
1.2.1.4. No se motivó la decisión de suspensión de
términos por parte de la Fiscalía, desconociendo el principio de publicidad, al
igual que la obligación de motivar las decisiones judiciales.
1.2.2.
Orgánico.  Se refiere a dos aspectos principales.
1.2.2.1.
La Corte Suprema de Justicia asumió competencia sobre la presente investigación
penal, dando aplicación retroactiva al cambio de jurisprudencia que hizo esa
Corporación respecto a la interpretación del artículo 235 de la Carta Política[20],
a partir de los autos del 1° y 15 de septiembre de 2009, encontrando que
existía un nexo entre el delito atribuido y la imputación efectuada, pese a que
el congresista había dejado de pertenecer al órgano legislativo y el delito
atribuido era de los llamados propios o de responsabilidad.
1.2.2.2.
Falta de competencia sobreviniente de la Corte Suprema de Justicia, por
continuar con la investigación del caso, a pesar de haberse decretado la
prescripción del delito de concierto para delinquir, por el cual asumió la
competencia en el presente asunto.
1.2.3.
Defecto fáctico. En relación con este punto destacó que se omitió el
decreto de pruebas necesarias para calificar el sumario y además se dejaron de
practicar las pruebas oportunamente decretadas por la Fiscalía, antes de que la
Corporación accionada asumiera la competencia.
2.
La pretensión de amparo. Con base en
los hechos y fundamentos jurídicos esgrimidos, solicitó:
Principal:
i.
Se ordene dejar sin efectos todas
las actuaciones y providencias proferidas con anterioridad al 5 de abril de
2011, para que en su lugar se decrete la prescripción de la acción penal.
Subsidiarias:
ii.
Se ordene dejar sin efecto todo lo
actuado desde el 28 de enero de 2011, para que en su lugar se remitan las
actuaciones a la Fiscalía por ser el órgano judicial competente para conocer de
la investigación.
iii.
Se decrete la nulidad de todas las
actuaciones adelantadas por la Fiscalía ante la asunción de competencia por
parte de la Corte Suprema de Justicia.
iv.
Se ordene dejar sin efectos las
providencias del 22 de febrero y del 22 de marzo de 2011 por las cuales se
declaró el cierre de la instrucción y se profirió resolución de acusación,
respectivamente, para que en su lugar se rehaga la fase de instrucción e
investigación con respecto a las garantías del derecho al debido proceso del
accionante.
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.
1. Trámite procesal. Informó el actor que presentó solicitud de amparo ante
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial
que se abstuvo de dar trámite a la presente acción de tutela al considerar que
no procedía al impetrarse en contra de una decisión proferida por un órgano de
cierre de la jurisdicción penal.
Ante tal situación, comenta que de conformidad con el
Auto 100 de 2008[21]
de la Corte Constitucional, presentó la acción de tutela ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
la cual mediante auto del 05 de agosto de 2011 avocó el conocimiento del asunto
y corrió traslado a la autoridad judicial accionada, a la Procuradora Cuarta
Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal y la apoderada de la parte
civil.
2.
Respuesta de la Procuradora Cuarta Delegada para la Investigación y el
Juzgamiento Penal. Explicó que en
desarrollo de la actuación que cursa en contra de José Aristides Andrade,
conceptuó que en este caso se debía aplicar el fenómeno de la extinción de la
acción penal por prescripción, ya que de conformidad con el artículo 84 del
Código Penal el término de la prescripción en los actos de ejecución
instantánea empieza a contar desde el momento de su consumación, para este
caso, desde el 5 de abril de 1991, por lo que prescribía el 5 de abril de 2011.
Agregó
que este asunto está viciado de nulidad, conforme con lo estipulado en el
artículo 306 numeral 2 de la Ley 600 de 2000, que refiere a la “comprobada
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”. Expuso
que la figura de la sentencia anticipada, solo se aplica al procesado que
decide libre y voluntariamente acogerse a la terminación previa del juicio. En
cuanto al señor José Aristides Andrade advierte que fue declarado persona
ausente el 14 de febrero de 2011 y a la fecha no ha comparecido, con lo que se
demuestra que no tiene ánimo de aceptar cargos por el delito de homicidio
agravado.
Explicó
que al no haber hecho uso de la sentencia anticipada, no es procedente aplicar
los efectos procesales de suspensión del término prescriptivo, como sí aplica
para aquellos que se acogieron a esta figura jurídica. Por tanto refirió que de
conformidad con el artículo 16[22]
de la Ley 600 de 2000, en este caso debe prevalecer el derecho sustancial sobre
el procesal, considerando que existe una violación al debido proceso.
3.
Respuesta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su intervención ante el juez de instancia en
tutela, indicó que el amparo solicitado resulta improcedente, ya que esta
acción no es una instancia adicional y las providencias judiciales cuentan con
presunción de legalidad y constitucionalidad, sin que en este caso se presente
un error procedimental o se configure alguna causal objetiva de procedencia.
4.
Fallo de primera instancia. La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
negó la protección invocada tras considerar que no se configuró ninguno de los
yerros expuestos por la parte accionante.
Mencionó
que las actuaciones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia se ajustaron a las normas sustantivas y procesales, además no observó
desconocimiento o valoración irracional de las pruebas, por lo que las
decisiones no carecen de fundamento jurídico, ni obedecen a un capricho o
arbitrariedad del órgano que conoció del trámite judicial, en la medida que
atienden a un valorado y ponderado estudio de los hechos y pruebas obrantes en
el expediente, cumpliendo así con los principios de celeridad, eficiencia,
lealtad e independencia.
En
cuanto a la competencia de la autoridad accionada adujo que al interior del
proceso penal se logró establecer que el homicidio tuvo relación con las
funciones que desempeñaba el actor, al constatarse que existió un interés
político en alcanzar la alcaldía del municipio de Barrancabermeja, por lo que
incluso al haberse declarado la prescripción de la acción penal por el delito
de concierto para delinquir, no se perdía la competencia para conocer el asunto
penal en cuestión.
Precisó
que cuando la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la investigación, en el
expediente obraba abundante material probatorio, además se contaban con otras
etapas procesales, como la audiencia preparatoria, para pronunciarse sobre la
necesidad de practicar las pruebas ordenadas en su momento por la Fiscalía.
Refirió
que la calificación de la instrucción se dio a pocos días de haberse proferido
el cierre de la misma, debido a que el abogado defensor renunció a presentar
alegatos precalificatorios, por lo que no resultaba necesario dejar que
venciera el término de traslado.
En
tal medida concluyó que todas las decisiones adoptadas por la entidad accionada
obedecieron a una valoración razonada y ponderada de los hechos acusados, las
pruebas allegadas al expediente y la normatividad aplicable.
5.
Impugnación. El apoderado judicial de
la accionante solicitó la revocatoria del fallo indicando que aunque las
actuaciones realizadas dentro del proceso penal tramitado ante la Sala de
Casación Penal se encuentran debidamente argumentadas, al señalar dicho
tribunal que la aceptación de cargos de un sujeto procesal afecta a los demás
procesados en virtud de la unidad procesal y de la indivisibilidad de la acción
penal, se está partiendo de bases jurídicas erradas, toda vez que el artículo
40 del Código de Procedimiento Penal expresa que al finalizar la audiencia de
aceptación de cargos opera la ruptura de la unidad judicial y los efectos
solamente se aplican para quienes se hubieren acogido a dicha figura jurídica.
En
relación con la falta de competencia de la Corte Suprema de Justicia para
adelantar esta investigación judicial, adujo que desconoció la legalidad e
irretroactividad de la ley, al aplicar una nueva regla hermenéutica respecto
del artículo 235 superior, a hechos acaecidos con anterioridad a ella.
Reiteró
que antes de cerrar la investigación era necesaria la práctica de pruebas
tendientes a desvirtuar aquellas que sirvieron de fundamento para la acusación,
con lo que además se satisfacían los principios de imparcialidad e
investigación integral. Agregó que no es jurídicamente válido que después de
haberse decretado las pruebas por el ente fiscal, la Corte Suprema de Justicia
las haya vedado para poder interrumpir la prescripción de la acción penal.
6.
Fallo de segunda instancia. La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la
decisión del a quo y, en su lugar, declaró improcedente el amparo, al
estimar que en este caso no se habían agotado todos los medios ordinarios de
defensa judicial existentes ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en
cuenta que el asunto se encuentra en trámite. Aunado a lo anterior, en ningún
momento se ha acreditado la existencia de un perjuicio irremediable. En
concreto señaló:
“En desarrollo de los presupuestos fácticos recogidos
en el presente caso, y teniendo como referente lo señalado por la Corte
Constitucional en torno a las causales genéricas de procedibilidad, la Sala
debe señalar que es indiscutible que en el caso analizado no se han agotado todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, en tanto el actor
ha atacado diferentes decisiones que hacen parte de un proceso que está en
curso ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. // Bajo
el anterior presupuesto, y conforme a los elementos probatorios recaudados en
el infolio, la Sala desde ya anuncia que declarará la improcedencia de la
presente acción, por cuanto la tutela no procede como mecanismo transitorio,
cuando se tramita un proceso ante el juez competente; de allí que permitir el
ejercicio de la acción de amparo constitucional cuando exista un proceso en
curso, equivale a desvirtuar los principios de jurisdicción, competencia y juez
natural.”
III.    PRUEBAS APORTADAS EN EL TRÁMITE DE INSTANCIA
DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
Dentro
del asunto sometido a examen se adjuntaron al expediente fotocopias simples de
las siguientes piezas procesales del expediente número 35.592, así:
1.      Providencia
del 28 de enero de 2011, a través de la cual la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento en la causa penal seguida en
contra del señor José Aristides Andrade (folios 56 a 69 cuaderno anexo).
2.      Recurso
reposición interpuesto contra la decisión del 28 de enero de 2011 (folios 70 a
75 cuaderno anexo).
3.
Providencia del 22 de febrero de
2011, a través de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del
28 de enero de 2011 (folios 81 a 111 cuaderno anexo).
4.      Recurso
reposición interpuesto contra la decisión del 22 de febrero de 2011 (folios 112
a 130 cuaderno anexo).
5.      Providencia
del 8 de marzo de 2011, por medio de la cual la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de reposición interpuesto contra
la decisión del 22 de febrero de 2011 (folios 131 a 165 cuaderno anexo).
6.
Escrito de argumentación sobre las razones por la cuales la defensa se abstiene
de presentar alegatos precalificatorios (folios 166 a 171 cuaderno anexo).
7.
Providencia del 22 de marzo de 2011, en la que se califica el mérito del
sumario dictando acusación en contra del señora José Aristides Andrade (folios
172 a 268 cuaderno anexo).
8.      Recurso
de reposición interpuesto contra la decisión del 22 de marzo de 2011 (folios
269 a 315 cuaderno anexo).
9.      Providencia
del 4 de mayo de 2011, a través de la cual la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de reposición interpuesto contra
la decisión del 22 de marzo de 2011 (folios 316 a 336 cuaderno anexo).
10.    Escrito
presentado por la defensa dentro del término de traslado señalado en el
artículo 400 de la Ley 600 de 2000, a través del cual expone una serie de
nulidades y solicita la práctica de algunas pruebas (folios 337 a 378 cuaderno
anexo).
11.    Acta
número 256 del 25 de julio de 2011, donde se consigna la diligencia de
audiencia preparatoria (folios 385 a 405 cuaderno anexo).
12.    Providencia
del 27 de julio de 2011, en la que se resuelve el recurso de reposición,
sustentado en la audiencia preparatoria por el Ministerio Público y el defensor
principal del exrepresentante a la Cámara José Aristides Andrade (folios 406 a
425 cuaderno anexo).
IV.
ACTUACIÓN ADELANTADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN.
1.
En desarrollo del trámite de revisión, la Sala Quinta consideró indispensable
disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran esclarecer la
situación fáctica del asunto sometido a estudio. Para ello, se solicitó copia
del expediente de única instancia, identificado con el radicado 35.592, dentro de la causa seguida contra
el Exrepresentante a la Cámara, José Aristides Andrade.
2.
Aunado a lo anterior, diversas personas presentaron escritos haciendo alusión a
la solicitud de amparo. Los argumentos se concretaron de la siguiente manera:
2.1.
La señora Claudia Patricia Andrade González, en su condición de hija del actor,
afirmó que su progenitor es una persona pulcra en su vida pública y privada,
que ha sido calumniado por uno de los peores criminales de Colombia, como lo es
Mario Jaimes Mejía alias “el Panadero”, quien además fue autor de la masacre
del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja y coautor del secuestro y violación
de la reconocida periodista Jineth Bedoya. Agregó que la Corte Suprema de
Justicia no hizo un adecuado cotejo probatorio, ni una investigación integral
del asunto.
2.2.
El actor expuso[23]
que además de las irregularidades reseñadas en el escrito de tutela, se debe
tener en cuenta que toda la investigación fue adelantada por el Fiscal 22
Antiterrorismo William Giraldo Pacheco Granados, quien a su vez se apoyó en el
investigador del CTI Jairo Salazar, al igual que el principal testigo de cargo
Mario Jaimes Mejía, los cuales están relacionados de la siguiente manera:
-
El Fiscal antes de posesionarse
como miembro de ese ente investigador fue comandante del Primer Distrito de
Policía de Armenia y participó en la desaparición forzada del joven Guillermo
Hurtado Parra, por lo que fue destituido a través de resolución 015 del 10 de
julio de 1992, confirmada a través de resolución 017 del 22 de noviembre de
1993. Igualmente señaló que en su contra existe una investigación por
irregularidades presentadas en un caso que adelantó como Fiscal en el municipio
de Chivolo, Magdalena.
-
El investigador del CTI antes de
pertenecer a ese cuerpo investigativo fue destituido de la Armada Nacional por
hechos de corrupción administrativa, al igual que por su posible participación
en el homicidio de un dirigente de la Unión Sindical Obrera.
-
Mario Jaimes Mejía, es una persona
condenada a 40 años de cárcel por la masacre de 1998 en Barrancabermeja,
coautor del secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya, quien se
acogió a  Justicia y Paz¸ para que todos sus crímenes sean saldados con
una pena máxima de 8 años de cárcel.
Explicó
que para el año 1991, cuando sucedieron los hechos todas las personas
involucradas en la investigación seguida en su contra se encontraban
delinquiendo, por lo que los funcionarios encargados de llevar su caso carecieron
de competencia.
2.3.
La abogada Alexandra Pardo González intervino como apoderada de las víctimas,
señalando que el proceso donde originalmente se adelantó la investigación
contra el señor José Aristides Andrade, ya fue fallado en primera instancia y
los acusados fueron condenados, sin que se hubiere configurado la prescripción[24].
Afirma
que a lo largo del trámite procesal se ha establecido que en este caso no ha
operado la prescripción, decisiones que se deben mantener, so pena de que las
víctimas pierdan su confianza en la justicia.
Refiere
que existen pruebas que vinculan a milicianos de las FARC y al señor José
Aristides Andrade con el homicidio del señor Núñez Cala, por lo que resulta
desleal pretender en este momento presentar acusaciones en contra de una de las
fiscalías que conoció el caso, así como un investigador, buscando desvirtuar la
actuación de fondo respecto de las conductas delictivas endilgadas al prófugo.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
La
Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura dentro de la acción de
tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241.9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del asunto y determinación del problema jurídico.
2.1.
El accionante José Aristides Andrade, Exrepresentante a la Cámara, a
través de apoderado judicial, interpone acción de tutela contra la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, a partir de varias irregularidades
presentadas al interior del proceso penal.
2.2.
De esta manera corresponde a la Corte Constitucional examinar previamente si en
este caso el actor cuenta con otro medio defensa judicial para hacer valer el
derecho presuntamente vulnerado, teniendo en cuenta que el proceso aún se
encuentra en trámite ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Para
resolver la problemática citada, la Corte acogerá como metodología de
exposición: (i) el derecho a la tutela judicial efectiva respecto a la no
admisión a trámite de la acción; y (ii) la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales, en
especial, el principio de subsidiariedad y el deber de agotar los recursos
cuando el proceso se encuentra en curso.
De
superarse el anterior presupuesto, la Sala de Revisión entrará a establecer si
la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido
proceso al (i) abstenerse de decretar la prescripción de la acción penal; (ii)
asumir la competencia de la investigación penal; y (iii) inadecuada valoración
del material probatorio existente y la adopción de decisiones con insuficiencia
del mismo.
3.
Posibilidad de interponer la acción de tutela ante cualquier juez incluyendo
una corporación de igual jerarquía a aquella que se niega a dar trámite a la
solicitud de amparo.
La
Corte Constitucional en el año 2004 se vio abocada a proferir el auto 004 del 3
de febrero, debido a las múltiples peticiones elevadas por ciudadanos en las
cuales manifestaban su preocupación por la actitud asumida por las salas de
casación de la Corte Suprema de Justicia que no admitían a trámite las acciones
de tutela que se presentaban contra sus decisiones, como tampoco enviaban la
correspondiente actuación a este tribunal para la eventual revisión.
Lo anterior llevó a que este tribunal, como máximo órgano de la
jurisdicción constitucional (inc. 1, art. 241 superior), señalara que aquellas
personas afectadas con la referida medida tenían “el derecho de acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual
jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de
tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la
actuación de una Sala de Casación de dicha Corte”. Todo ello a fin de
evitar que quedaran sin resolución las solicitudes de tutela presentadas y
específicamente garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia
y la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales. Al respecto se
expuso:
“Por lo tanto, si la Constitución Política (art. 86),
el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000,
establecen que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y no sólo
en contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte
Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia
anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones
de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por
una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional
fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a
obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de
conformidad con los Tratados Internacionales (Convención Americana de Derechos
Humanos, art. 25), y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
[…]
Pese a lo anterior, no es posible, como regla general,
que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas
hubieren surtido el trámite propio de las instancias.
En estos casos entonces, con fundamento en el artículo
37 del decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la
acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el
lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación
de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer
lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los
accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela
del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido
por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte
Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no
admitir su trámite.
Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con
fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos
casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del
derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva
interposición de la acción de tutela.
Finalmente, es necesario dar un tratamiento igual a
otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma situación aquí advertida.
Por ello, para los casos en que exista la misma situación de vulneración del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la no tutela
judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el
derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una
Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar
mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que
consideran violado con la actuación de una Sala de casación de la Corte Suprema
de Justicia.”
Posteriormente, ante la imposibilidad de garantizar el
derecho de acceso a la justicia a través de la aplicación de la subregla
descrita, la Corte Constitucional resolvió implementar una segunda alternativa
con el objeto de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva. Así en
el Auto 100 de 2008, se señaló:
“(ii) solicitar ante la Secretaría General
de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida
por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela
era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en
las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela”.
Quedó
así establecido que las acciones de tutela presentadas contra providencias
judiciales de las altas Corporaciones, que no fueran objeto de trámite,
inadmisión o rechazo, faculta a los accionantes a presentar un nuevo amparo i)
ante cualquier juez, incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte
Suprema o al Consejo de Estado, como la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional o Superior de la Judicatura, o ii) requerir su radicación
ante la Corte Constitucional, para así poder cumplir con los fines esenciales
del Estado como lo es el garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución (art. 2º de la Carta)[25].
Conforme a los lineamientos expuestos, para esta
Corporación, la actuación de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, al momento de negarse a darle trámite a la acción de tutela
interpuesta por el exrepresentante José Aristides Andrade, bajo el argumento de
que contra las decisiones de los órganos de cierre no procede recurso alguno,
desconoció el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva. De ahí que el accionante, conforme a lo establecido en el
Auto 100 de 2008, se encontraba habilitado para presentar el amparo ante la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, quien tenía el deber
constitucional de tramitarlo, como efectivamente ocurrió, gozando de
competencia para decidir en el asunto.
4.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
4.1. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y los primeros pronunciamientos de esta Corporación[26], se ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales. Ello tiene fundamento en el artículo 86 superior, el
cual establece que mediante dicho instrumento podrá reclamarse la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten
amenazados o vulnerados por “cualquier autoridad pública”.
Al
abordar lo concerniente a
quiénes constituyen autoridad pública, este Tribunal ha manifestado que del
contenido del artículo 86 constitucional se desprende que son “todas
aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder
de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten
a los particulares”[27]. De igual modo, en las sentencias T-006 de
1992[28]
y C-590 de 2005[29]
se trajeron a colación los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente,
de los cuales pueden extraerse los fundamentos que llevaron a acoger la
procedencia del recurso de amparo contra “cualquier autoridad pública” y de esa
manera contra providencias judiciales.
4.2. La sentencia C-543 de 1992 no fue ajena a la
jurisprudencia constitucional que le antecedía, toda vez que si bien en tal
determinación se declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto Ley 2591 de 1991, que contemplaban la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación luego de
enfatizar que los jueces son “autoridades públicas”, registró claramente que:
“Nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene
al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe contra los preceptos constitucionales la
utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las  cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual si está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, queda supeditado a lo que se
resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como estas no
puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia” [subrayas al margen del texto original].
Lo anterior significa que la citada sentencia terminó excluyendo del
ordenamiento jurídico colombiano la normatividad que hacía procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales como regla general, permitiendo
su procedencia solo de manera excepcional como hasta hoy ha insistido la
Corte Constitucional.
Ello
se comprueba notoriamente con las numerosas sentencias de revisión y
unificación de tutela que reiteran la procedencia extraordinaria del amparo
frente a decisiones judiciales, que han llevado con el paso del tiempo, más de
21 años, a construir una sólida línea jurisprudencial en cuanto a los supuestos
de procedibilidad de la acción, que vienen a constituir el reflejo de las
distintas situaciones que enfrenta la comunidad respecto de la efectividad de
sus derechos fundamentales, como el debido proceso[30].
4.3.
En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional reitera que la tutela
solamente resulta viable contra providencias judiciales si se cumplen ciertos
y rigurosos requisitos de procedibilidad, que se distinguen: unos, como de
carácter general que habilitan la presentación de la acción y, otros, de
carácter específico que conciernen a la procedencia del amparo una vez
interpuesta.
4.4. Siguiendo la exposición hecha en la sentencia
C-590 de 2005, el Juez de Tutela al estudiar la procedencia de la acción, debe
constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales: (i) que el asunto
sometido a estudio tenga relevancia constitucional[31]; (ii) que el
actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes
de acudir al juez de tutela[32];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad[33];
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que
generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso
judicial, en caso de haber sido posible[34];
y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[35].
4.5. Además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda el amparo contra una sentencia judicial es necesario acreditar
la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que
deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, se requiere que se
presente, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos: orgánico[36],
sustantivo[37],
procedimental[38]
o fáctico[39];
error inducido[40],
decisión sin motivación[41],
desconocimiento del precedente constitucional[42]
y violación directa a la constitución[43].
4.6.
En este orden de ideas, los
criterios esbozados constituyen un catálogo a partir del cual es posible
comprender y justificar a la luz de la Constitución y de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
4.7.
Tratándose de las decisiones de las altas corporaciones judiciales, en
particular de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, dada la
condición de máximos órganos de las jurisdicciones ordinaria y contencioso
administrativa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que los eventos de
procedencia del amparo resultan aún más restrictivos, siempre partiendo de la
competencia de este tribunal de surtir el grado de revisión en tutela (art.
241.9 superior), como una puerta abierta hacia la garantía efectiva de la
primacía de los derechos inalienables del ser humano (arts. 2º y 5º
superiores), dada la función que se le ha encomendado por la Carta Política de
la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241 superior).[44]
4.8. Partiendo de la
exposición y teniendo en cuenta el contexto del asunto que ocupa la atención de
esta Sala de Revisión, en el siguiente acápite se desarrollará lo concerniente
al requisito de subsidiariedad, el cual constituye uno de los ejes a partir de
los cuales se determina la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
5.
El principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
El
inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política[45] y el numeral 1° del
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[46],
revisten a la acción de tutela de un carácter subsidiario por cuanto
solo es procedente cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Vale señalar que los medios de defensa judiciales deben ser
valorados en cuanto a su idoneidad y eficacia, respecto a las circunstancias en
que se encuentre el solicitante.
El
carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias
judiciales ha sido señalado por la Corte desde sus primeros pronunciamientos en
la materia. Así, en la sentencia C-543 de 1992, se sostuvo que “tan sólo
resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento
constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces,
esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (…) Luego no es propio de
la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar
los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en
cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni
el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de
su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es
otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en
orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales(…)
tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso…” Decisión que, entre otras,
fue reiterada en la sentencia SU-622 de 2001 y posteriormente en la sentencia
C-590 de 2005, donde se señaló que la acción de tutela es un medio de defensa
judicial subsidiario y residual, y que las acciones judiciales ordinarias
constituyen supuestos de reconocimiento y respeto de los derechos
fundamentales.
En igual sentido, la Sala Plena en la
sentencia SU-026 de 2012, señaló lo siguiente: “Es necesario resaltar que la acción de tutela no es,
en principio, el instrumento judicial adecuado para solicitar la protección de
los derechos que eventualmente sean lesionados en el trámite de un proceso
judicial, pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la
estructura de órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico
cuyo movimiento se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos
judiciales que buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales”. Por otra parte, en la sentencia SU-424
de 2012 se destacó: “(…) a la acción de tutela no
puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de
los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos
para controvertir las decisiones que se adopten[47]”.
Hechas las anteriores precisiones es dable
establecer que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve
tres características importantes que llevan a su improcedencia contra
providencias judiciales, a saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico. En tal sentido se desarrollará cada uno
de ellos.
5.1. Improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial cuando el proceso aún se encuentra en trámite.
La Corte Constitucional ha señalado que el
requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales, se puede
presentar en dos escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) se
encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, la intervención del juez
constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben
ser resueltos al interior del trámite ordinario. Sobre el particular en la
sentencia T-113 de 2013 se consignó:
“En efecto, al estudiar el requisito de
subsidiariedad en estos casos se pueden presentar dos escenarios: i) que el
proceso haya concluido[48];
o ii) que el proceso judicial se encuentre en curso[49]. Lo anterior
constituye un factor para diferenciar el papel del juez constitucional en cada
caso, de una parte, si se enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un
proceso concluido deberá asegurarse que la acción de amparo no se está
utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas, que se agotaron
todos los recursos previstos por el proceso judicial para cuestionar las
decisiones impugnadas y que no se emplea la acción de amparo como una instancia
adicional. De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención
del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción
de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar
necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración
de derechos fundamentales.”
En tal sentido, la Corte ha sido enfática
al considerar que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo
en la resolución de conflictos, por lo que no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino
cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el
amparo[50]. Es así como esta Corporación ha precisado algunas razones que resaltan
la importancia del estudio del requisito de subsidiariedad a fin de determinar
la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales[51], dentro de las que se
destaca el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial. En
concreto se indicó:
“Las etapas, recursos y procedimientos que conforman
un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que:
‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos
orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite
las irregularidades procesales que puedan afectarle.”
Teniendo en cuenta que la subsidiariedad se deriva del carácter excepcional, preferente y
sumario que tiene la acción de tutela, el cual le impone al ciudadano la
obligación de acudir a los otros mecanismos antes de invocar la protección de
los derechos fundamentales a través del amparo constitucional, la Corte en la
sentencia SU-458 de 2010, indicó que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales
deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias y solo en casos
excepcionales a través de la acción de tutela. Al respecto se dijo:
“La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa
en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los
conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en
principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y
administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional”.
En suma, la acción de tutela solo resulta procedente cuando no
existen o se han agotado todos los mecanismos judiciales y administrativos que
resultan efectivos para la protección de los derechos fundamentales, a no ser
que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio. Ello con el fin de evitar que este
mecanismo excepcional, se convierta en principal[52].
Al
respecto, vale destacar algunas decisiones en las que este tribunal
Constitucional ha declarado la improcedencia
del amparo debido a que el asunto aún se encontraba en trámite ante la
jurisdicción respectiva. Ejemplo de ello son las siguientes:
En la sentencia T-886 de 2001[53],
estando en curso el trámite de casación el actor interpuso la solicitud de
tutela ya que se había adelantado una indebida valoración probatoria. Sobre la
improcedencia se indicó:
“En el presente caso se observa que está en
trámite el recurso de casación interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia del Tribunal Nacional.  Es reiterada la jurisprudencia de esta
Corporación en el sentido de que la tutela únicamente procede contra
actuaciones judiciales cuando el afectado ha agotado todos los medios de
defensa judicial a su alcance[54].”
Por su parte en la sentencia T-212 de
2006, le correspondió a la Corte estudiar un caso en el que los accionantes
fueron condenados en segunda instancia por su participación en una organización
destinada al tráfico de drogas ilícitas. Estando en trámite el proceso en sede
de casación se interpuso la acción de tutela, por supuestos defectos fácticos y
sustantivos.  La Corte observó que al haber sido admitido el recurso
extraordinario de casación, se estaría desconociendo la naturaleza subsidiaria
de la tutela. Se estableció:
“La Sala reitera que a pesar de la actual
privación de la libertad personal, de estar en curso un recurso ordinario de
protección que se estima idóneo para la protección de los derechos
fundamentales, tal como lo es la casación penal, no procede la tutela. Lo
anterior siguiendo los razonamientos de las sentencias T-466/02 y T-1107/03.”
Recientemente, en la sentencia T-113 de
2013, donde el actor estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso -defensa y contradicción-
y el acceso a la administración de justicia, en la medida que en la Fiscalía no
se tramitó de forma separada el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución de acusación proferida en su contra y la solicitud de nulidad
elevada, la Corte consideró que este asunto debía ser ventilado al interior del
proceso penal y aún contaba con la posibilidad de alegar la nulidad dentro de
la oportunidad señalada en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000. Se dijo:
“Al respecto, destaca la Sala que el
escenario natural para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante
es el proceso penal. Al interior del mismo fungen como operadores judiciales
sus jueces naturales, quienes están llamados al respeto del debido proceso
propio de cada actuación judicial a fin de garantizar los derechos
fundamentales de las partes, y por lo tanto, la intromisión del juez
constitucional desconoce la seguridad jurídica y la cosa juzgada inherente a
cada juicio.
No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable.
18. En términos concretos, en este caso la procedencia de la acción de tutela
depende de identificar si al interior del proceso penal es posible encontrar
otro medio de defensa judicial para subsanar la supuesta irregularidad en que
incurrió la Fiscalía Sexta Delgada ante la Corte Suprema de Justicia al denegar
el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de 2 de mayo de 2012.
En particular, si la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, es
susceptible de ser planteada como causal de nulidad al interior del proceso,
dentro de la oportunidad señalada en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000.”
Entonces, la jurisprudencia de este
tribunal constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que la acción
de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda
vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos
en el ordenamiento.
5.2. Improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial cuando no se han agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios.
Como se indicó en la sentencia C-590 de
2005, constituye “un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última”. En
consecuencia, no resulta procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando el actor no ha utilizado o agotado todos los medios
ordinarios o extraordinarios de defensa judiciales que el ordenamiento jurídico
le ha otorgado para la protección de sus derechos fundamentales.
Es así como el agotamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible
para la procedencia de la acción de tutela, salvo que por razones
extraordinarias, el juez constitucional compruebe que los otros medios
judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas.  En la sentencia T-161 de 2005, esta
Corporación enfatizó que:
“la tutela no fue creada para sustituir los
mecanismos de defensa ordinarios. Para el Tribunal, la acción del artículo 86
de la Carta tiene carácter excepcional en la medida en que únicamente responde
a las deficiencias de los medios de defensa judiciales, sin desplazarlos ni
sustituirlos. De allí que la Corte haya afirmado que dicha acción constituye un
instrumento democrático con que cuentan los ciudadanos para reclamar ante los
jueces dicha protección de sus derechos constitucionales, pero de la cual, en
razón a su excepcionalidad, no puede abusarse ni hacerse uso cuando existan
otros medios judiciales idóneos para la definición del conflicto asignado a los
jueces ordinarios con el propósito reiterado de obtener, entre otras
consideraciones, un pronunciamiento más ágil y expedito.”
Ahora bien, la Corte Constitucional también
ha destacado que no basta con la mera existencia de otro mecanismo de defensa
judicial para determinar la improcedencia de la tutela, sino que el juez debe
valorar la idoneidad y la eficacia del mismo de cara a cada caso en particular,
sin que ello implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los medios
ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos. Entonces, con miras a obtener la protección de sus
garantías, los ciudadanos están obligados a acudir de manera preferente a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios, cuando ellos se presenten como
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional[55], y solo en
caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o eficacia, es que
procedería la acción de tutela para su protección.
Esta exigencia pretende
asegurar que la acción de tutela no sea considerada una instancia adicional en
el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos
diseñados por el legislador[56].
Así se ha venido estableciendo por la jurisprudencia desde sus primeros
pronunciamientos:
“la justicia constitucional no puede operar
como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de
defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe
procurar una coordinación entre éstos, con el fin de que no ocurran
interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el
Constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de
subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la
determinación del espacio jurisdiccional respectivo.”[57]
Igualmente, en reciente pronunciamiento,
este tribunal constitucional reiteró esta posición y confirmó que siempre que
existan recursos ordinarios o extraordinarios para alcanzar la validez de los
derechos fundamentales, se debe acudir a ellos de manera preferente, a fin de
que la acción de tutela no sea considerada como una instancia adicional, ni
llegue a reemplazar aquellos previstos por el proceso ordinario. En la
sentencia T-746 de 2013 se expuso:
“En este sentido, la
subsidiariedad y la excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer
la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los
derechos. Al existir tales mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente,
siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional
de los derechos fundamentales de los individuos. Razón por la cual, quien
invoca la transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe
agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.[58] Esta exigencia
pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia
adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que remplace
aquellos diseñados por el legislador[59].”
Por otra parte, en lo que concierne al
deber de agotar los recursos extraordinarios, más concretamente, la acción de
revisión, la Corte ha resaltado la importancia constitucional del mecanismo
judicial para la defensa de los derechos fundamentales.
Sobre esta
herramienta, la Corte Constitucional en la sentencia C-998 de 2004[60], refirió que con la
acción de revisión se cumple la exigencia constitucional de poder impugnar las
sentencias condenatorias, la que además no tiene límite de tiempo para su
presentación[61].
Específicamente ha señalado que “permite en casos excepcionales dejar sin
valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res
iudicata pro veritate habertur’ para evitar que prevalezca una injusticia, pues
busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y
reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio
de la justicia  y verdad material, como fines esenciales del Estado…Teniendo en
cuenta que la revisión está llamada a modificar providencias amparadas por la
cosa juzgada, es un mecanismo extraordinario que sólo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley. Es por ello que la jurisprudencia ha dicho
que las causales previstas para su procedencia deben ser interpretadas en forma
restrictiva[62]”
(Sentencia C-871 de 2003).
De igual
forma, la acción de revisión constituye un mecanismo al cual pueden acudir el
procesado que no comparezca personalmente por desconocimiento o porque se
oculte, como lo indicó esta Corte en la sentencia C-488 de 1996, donde además
distinguió para efectos de determinar los derechos que les asiste entre el
sindicado que se oculta y el que no se entera de la existencia del proceso[63].
También ha reconocido esta Corporación que
la acción de revisión hace improcedente la acción de tutela al constituir un
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales siempre que se esté bajo alguna de las causales taxativamente
contempladas en el Código de Procedimiento Penal[64].
Es
así como en diferentes oportunidades esta Corporación ha declarado la
improcedencia del amparo al verificar que no se agotaron todos los recursos
ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela. Al respecto
se pueden constatar las siguientes decisiones:
En la sentencia SU-858 de 2001, la Corte Constitucional estudió el caso del Exsenador
Édgar José Perea Arias en contra de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
mediante providencia de 18 de julio de 2000 decidió decretar la pérdida de su
investidura[65].
En esa oportunidad encontró este tribunal constitucional que el accionante aún contaba
con la posibilidad de acudir al recurso extraordinario especial de revisión (art. 17 de la Ley 144 de 1994).
“En los términos del artículo 86 de la Constitución,
no basta que en el caso concreto se presente una violación de los derechos
fundamentales, sino que es menester, además, que la persona carezca de un medio
de defensa judicial eficaz. La nota de eficacia del medio de protección
judicial no puede apreciarse en abstracto y sin consideración de los derechos
constitucionales fundamentales involucrados[66].
La necesidad de tener presente las circunstancias
concretas y los derechos constitucionales involucrados, a efectos de analizar
la eficacia del otro medio de protección judicial, explica el carácter
subsidiario de la acción de tutela, que impone establecer si el ordenamiento
jurídico no ha dispuesto un remedio judicial idóneo y específico para proteger
el derecho. Por lo mismo –carácter subsidiario-, la tutela no tiene por objeto
desplazar los diversos mecanismos de protección, sino fungir como último recurso
–y, por lo mismo, sin restricciones normativas distintas a las normas
constitucionales- para lograr la protección de los derechos fundamentales. La
forma en que se han desconocido o puesto en peligro los derechos fundamentales,
puede indicar la no idoneidad de los mecanismos ordinarios.”
En el presente caso es claro que el demandante cuenta
con un medio de defensa judicial expresamente previsto en la ley, para
controvertir la sentencia judicial que decreta la pérdida de la investidura,
por ser violatoria del debido proceso y con la virtualidad de brindar plena
protección al derecho de ejercicio de cargos públicos, en razón a que como
resultado de la decisión de la revisión, el Congresista puede ser reintegrado a
su curul y rehabilitado en su capacidad para ser nuevamente elegido, sin
perjuicio de la reparación patrimonial que pueda obtener.”
En la Sentencia SU-1299 de 2001[67],
se alegó el desconocimiento de la prohibición de la reformatio in pejus.
Esta Corporación sostuvo que a pesar de la irregularidad presentada, debía
agotarse primero el recurso de casación. Dijo la Corte en esa ocasión:
“[A]l
contemplar la normatividad aplicable al presente caso una causal específica de
casación sobre la violación de la prohibición de la reformatio in pejus, causal
que pese a su naturaleza civil es aplicable por la justicia penal, la acción de
tutela era improcedente. La Corte confirmará el fallo objeto de revisión en
cuanto denegó la acción de tutela por improcedente, no sin antes dejar en claro
que la acción de tutela podrá ser utilizada posteriormente de presentarse una
vía de hecho[68].”
La Corte Constitucional también ha establecido que la
acción de tutela se torna improcedente en asuntos penales en materia de
prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta que para tal fin está
prevista la acción de revisión. En la sentencia SU-913 de 2001[69], se dijo:
“[e]s el consagrado en el artículo 232 del Código de
Procedimiento Penal anterior (220 actual) consagra la acción de revisión, que
sería aplicable en el presente caso. Dice la norma que: ‘La acción de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:(…)2.
Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de
seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de
la acción (..) O por cualquier otra causal de extinción de la acción penal’.
Hay, pues una acción procesal  expresamente
establecida para dilucidar si había presunta prescripción de la acción penal.
La jurisprudencia de la Corte Suprema, al referirse a  esta causal dijo:
La causal segunda de revisión, tal como ha sido
concebida en el estatuto procesal penal, pareciera regular exclusivamente
hipótesis de extinción de la acción penal anteriores al fallo, dejando fuera de
previsión situaciones que por igual pueden llegar a presentarse como
consecuencia del mismo o en el trámite de su ejecutoria.
(…)
Esta hipótesis, como ya se anotó, pareciera no hacer
procedente la revisión a juzgar por el texto de los artículos 232.2 y 240.1,
pero en razón a que la prescripción es fenómeno posible de concretarse en
cualquier momento del proceso, aún después de la sentencia, debe quedar
comprendida en este motivo de procedencia, al lado de la prescripción
antecedente’. (Sentencia de 29 de julio de 1997).
En conclusión, mediante la acción de revisión ante
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puede plantear el
accionante, a través del defensor, la causal de prescripción.”
En
igual sentido en la sentencia T-1320
de 2001[70], la Corte reiteró los planteamientos
esbozados en la sentencia SU-913 de 2001, estableciendo que el amparo resultaba
improcedente ante la existencia de la acción de revisión. En concreto se
refirió:
“4.2. Conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación, cuando existe otro medio de defensa judicial, como ocurre cuando
para combatir una providencia se ha previsto por la ley la posibilidad de
ejercer recursos ordinarios o extraordinarios contra ella, no es procedente la
acción de tutela.
4.3. Así, en desarrollo del postulado a que se ha
hecho referencia en el párrafo precedente, la Corte Constitucional en sentencia
SU-913 de 29 de agosto de 2001, en la cual se decidió una acción de tutela
contra sentencia penal de única instancia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, en la cual se invocó para proponerla la
existencia de la prescripción de la acción penal, expresó que era improcedente
por la existencia de otro medio de defensa judicial.”
En conclusión, siempre que exista un medio de defensa
idóneo y eficaz para la protección de derechos, debe agotarse antes de acudir
al juez constitucional, a fin de que la acción de tutela no se convierta en un
instrumento alternativo, adicional o paralelo a los establecidos al interior de
cada proceso.
5.3. Improcedencia de la acción de tutela
cuando se utiliza para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear
los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
En atención al carácter exceptivo de la
acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende emplear para
reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las
partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido, desde los primeros
pronunciamientos de esta Corte, se ha indicado:
“Si existiendo el medio judicial, el
interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su
acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de
tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para
resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional.”[71]
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia
T-753 de 2006 señaló que existe el deber de agotar oportuna y adecuadamente las
vías judiciales ordinarias, antes de acudir a la acción de amparo.
“Frente a la necesidad de preservar el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela[72], se ha sostenido que aquella
es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales
ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo
en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la
jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas
herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben
usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en
improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.”
En ese orden de ideas, es reiterativa la posición de
la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un
proceso judicial las partes pudieron valerse de los recursos judiciales
ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede
constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que
adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron
utilizados oportunamente por los interesados. Así se expuso en la sentencia
SU-037 de 2009.
“En efecto, el carácter subsidiario de la acción de
tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido
a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal
imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela
el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y
procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo
de amparo establecido en el artículo 86 Superior.
Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia
que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a
él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá
posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección
de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo
constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio
de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio
de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente
acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer
uso oportuno del mismo.”
Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir
términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo
que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría
el propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos
fundamentales.
En conclusión, es necesario que quien alega la vulneración de sus
derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la
legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de
subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional
no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional,
ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el
legislador. Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar
errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios.
5.4. Ahora bien,
respecto a la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, la Corte en sentencia T-751 de 2001 y en
Auto de Sala Plena 199 de 2003, definió el perjuicio irremediable como “el
daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio
que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado
anterior a la vulneración del derecho...”[73]
Según
la jurisprudencia de esta Corporación, las características del perjuicio
irremediable se refieren a: (i) la inminencia[74];
(ii) la medida debe ser urgente[75];
(iii) debe ser grave[76];
y (iv) el ejercicio de la acción de tutela se torna impostergable[77].  Por
ende, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio está
supeditada a que el actor demuestre conforme a las circunstancias concretas del
caso, la presencia concurrente de los elementos de su configuración.
7.
Improcedencia de la acción de tutela ante la necesidad de agotar otros medios
de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico y haber dejado vencer
etapas procesales en las que pudo alegar los derechos invocados en la acción de
tutela. Caso concreto.
La Sala
procederá a resolver (i) sobre la procedencia de la acción de tutela en el
presente caso, teniendo en cuenta que el asunto se encuentra en trámite; (ii)
la existencia de otros mecanismos de defensa judiciales. De existir un medio
judicial que revista de idoneidad y eficacia, la Sala habrá de examinar (iii)
si se está ante un perjuicio irremediable a pesar de que el amparo no fue
interpuesto como mecanismo transitorio.
Al
respecto se debe tener en cuenta que el accionante basa la solicitud de amparo
en tres puntos fundamentales: (i) la prescripción de la acción penal, (ii) la
valoración del material probatorio, y (iii) la competencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación
y juzgamiento del presente asunto. La Sala evaluará cada uno de los ítems
planteados de manera separada.
7.1.
Abstenerse de decretar la prescripción de la acción penal.
7.1.1.
En desarrollo del proceso penal adelantado, el 7 de abril de 2011 la defensa
solicitó la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta que desde el
momento en que ocurrieron los hechos (5 de abril de 1991) y hasta la fecha en
que se interpuso el recurso (7 de abril de 2011) habían transcurrido más de 20
años, término que la ley define como extintivo de la acción penal.
El
4 de mayo de 2011, la Sala de Casación Penal negó la solicitud de prescripción
de la acción penal, por cuanto el término de prescriptivo se había suspendido
desde el momento en que algunos de los sujetos procesales se acogieron a la
sentencia anticipada por aceptación de cargos y hasta el 28 de enero de 2011
cuando se materializó la ruptura de la unidad procesal (Corte Suprema de
Justicia avocó el conocimiento del asunto).
El
25 de mayo de 2011, la defensa solicitó se declarara la nulidad de lo actuado,
por no haberse declarado la prescripción de la acción penal.  En la audiencia
preparatoria en la que la Sala de Casación Penal negó la petición de nulidad y
se abstuvo de decretar la prescripción de la acción penal. En igual sentido el
27 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia resolvió no reponer lo
decidido en la sesión del 25 de julio (audiencia preparatoria), en lo relativo
a la prescripción de la acción penal. Se reitera que actualmente no se ha
cumplido con la audiencia pública de juzgamiento.
7.1.2.
Entonces, dentro del proceso seguido en contra del accionante aún se encuentra
pendiente una de las etapas procesales más importante, como lo es la audiencia
pública de juzgamiento, la cual se constituye en la parte sustancial del
proceso, cuyo fin es establecer los criterios fundamentales para proferir la
sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Todo ello siguiendo los
lineamientos establecidos en el artículo 29 de la Carta Política, que preserva
la garantía del juicio público dentro del marco de un debido proceso: “Toda
persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.
La audiencia de juicio se cumple bajo la dirección del
juez, con plena observancia de todas las garantías constitucionales y legales.
En esta audiencia, las partes (sindicado,
defensor, fiscal, representante del Ministerio Público y apoderado de la parte
civil), someten a debate las
pruebas recaudadas, de manera previa a la audiencia pública y/o concomitante
con esta, a fin de esclarecer los hechos generadores de la conducta ilícita,
para así poder determinar la responsabilidad del procesado, situación que en
todo caso debe desvirtuar la presunción de inocencia.
Es
así como, en la audiencia pública la defensa puede exponer los argumentos
expuestos en esta oportunidad a través de la acción de tutela, donde cuenta con
las garantías propias del proceso penal, en amplio debate en el que se
desarrollan todas las problemáticas de orden fáctico, sustancial y procesal, de
acuerdo a la particularidad del caso. En esa medida corresponderá al operador
judicial valorar todas las circunstancias expuestas por las partes y evacuar
cada una de ellas de cara a los lineamientos constitucionales y legales.
En
suma, la audiencia pública se constituye en un medio de defensa idóneo y eficaz
para la protección de los derechos de la parte actora, incluso para reclamar la
cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, evitando de
esta manera que la tutela se convierta en un instrumento alternativo, adicional
o paralelo a los establecidos al interior del proceso penal.
7.1.3.
Por otra parte, la improcedencia también alude a la posibilidad de acudir a la
acción de revisión. Ella se
encuentra consagrada en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, que en el
numeral segundo señala: “2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria
o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o
proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición
válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción
penal”.
Esta Corte ha
reiterado que la procedencia de la acción de revisión por la causal de
prescripción de la acción (numeral 2), constituye un mecanismo extraordinario
de defensa judicial que resulta idóneo y eficaz para proteger los derechos
fundamentales, siendo la instancia propicia para que se examine la pretensión
del accionante, por lo que no corresponde a esta Corporación decidir si
prosperaría o no la pretensión de quien instaura la tutela, al momento de decidirse
el recurso existente, porque se entraría al estudio del fondo de lo alegado, lo
cual escapa a la competencia de la Corte Constitucional.
En tal medida en
principio, el ciudadano debe esperar a que la autoridad judicial competente se
pronuncie de fondo acerca de la procedencia o no de la causal de revisión, ya
que dicho mecanismo constituye un medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para la protección de los derechos fundamentales del actor. Por
consiguiente, la acción de revisión que habrá de surtirse ante la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, constituye el escenario natural donde el actor
puede ventilar las circunstancias reseñadas en la acción de tutela bajo las
causales taxativamente previstas en la legislación procesal penal, aportar las
pruebas que considere necesarias y brindar los elementos de juicio
indispensables para demostrar que efectivamente al momento de dictarse
sentencia en su contra la acción penal se encontraba prescrita.
En esa dirección, atendiendo el
requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales establecido por la jurisprudencia de la Corte de agotar todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, corresponde al actor acudir a dicho
medio de defensa judicial ordinario (audiencia pública) y extraordinario
(acción de revisión) previsto en el ordenamiento jurídico, conforme con el
carácter subsidiario que reviste el amparo.
7.2. La valoración del
material probatorio.
7.2.1.
El apoderado del accionante destacó que en el desarrollo del proceso penal
seguido en contra de su defendido, se omitió el decreto de pruebas necesarias
para calificar el sumario y además se dejaron de practicar las pruebas
oportunamente decretadas por la Fiscalía, antes de que la Corporación accionada
asumiera la competencia de este caso.
Del
material probatorio obrante se extrae que una vez la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento del asunto (28 de enero de
2011) declaró la nulidad de la diligencia de indagatoria rendida por el señor
José Aristides Andrade, dando validez a las demás pruebas practicadas.
El
22 de febrero de 2011, la autoridad accionada decidió cerrar la instrucción, ya
que en su criterio el material probatorio recaudado era suficiente para
calificar el mérito del sumario. Finalmente el 25 de julio (audiencia
preparatoria), la Sala de Casación Penal, accedió a algunas solicitudes
probatorias elevadas por la Procuradora Delegada, la parte civil y la defensa,
quedando por celebrarse la audiencia pública de juzgamiento.
7.2.2.
En esta etapa procesal (audiencia pública de juzgamiento) la defensa puede
presentar las alegaciones expuestas en esta oportunidad sede de tutela, contando
con las garantías propias del proceso penal, especialmente si se tiene en
cuenta que en esta instancia es viable presentar y evaluar todos las pruebas
recaudadas durante la etapa instructiva e incluso en la de juicio, en procura
de alcanzar el esclarecimiento de los hechos, así como garantizar las
prerrogativas propias del debido proceso que implícitamente abarca también el derecho a la
presunción de inocencia, la cual debe ser desvirtuada para poder dictar
sentencia condenatoria.
Por su parte, la presunción de inocencia es uno de los
pilares fundamentales sobre los cuales se configura el Estado de Derecho y las
democracias modernas[78].
Su significado práctico consiste en que quien ha sido imputado de haber
cometido un delito se presume inocente hasta tanto no se haya demostrado lo
contrario mediante sentencia debidamente ejecutoriada[79].
Por
tanto, para que el operador judicial proceda a dictar sentencia condenatoria,
debe haber superado una valoración de los hechos y derechos en relación con el
material probatorio, debiendo cumplir con una amplia carga argumentativa en
aras a desvirtuar la presunción de inocencia[80].
De
lo expuesto se desprende que para condenar a una persona se requiere de un
profundo análisis de los diferentes elementos probatorios allegados al proceso,
a fin de verificar la certeza sobre la tipicidad de la conducta y la
responsabilidad del procesado, por lo que el juez debe calificar jurídicamente los hechos y
establecer la consecuencia jurídica de ellos.
7.3. La competencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para adelantar la
investigación y juzgamiento del presente asunto.
7.3.1.
Afirma la parte actora que la Corte Suprema de Justicia asumió competencia
sobre la presente investigación penal, dando aplicación retroactiva al cambio
de jurisprudencia hecho por esa Corporación respecto a la interpretación del
artículo 235 de la Carta Política (autos del 1° y 15 de septiembre de 2009), al
establecer que existía un nexo entre el delito atribuido y su calidad de
congresista, pese a que había dejado de pertenecer al órgano legislativo y el
delito atribuido era de los llamados propios o de responsabilidad.
De
las pruebas recaudadas se extrae que el 14 de septiembre de 2010, la Fiscalía
se abstuvo de resolver la situación jurídica del señor José Aristides Andrade y
compulsó copias a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
para que allí se asumiera su juzgamiento, debido a su fuero congresional. En
contra de esta decisión, el abogado defensor presentó recurso de reposición,
advirtiendo que se debía anular todo lo actuado a partir del momento en  que se
acreditó dentro del proceso la calidad de Representante a la Cámara de su
defendido (02 diciembre 2008), correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia
iniciar nuevamente con el trámite respectivo. Los recursos interpuestos fueron
desestimados.
El
28 de enero de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
avocó el conocimiento del proceso adelantado en contra del señor José Aristides
Andrade y decretó la nulidad exclusivamente de la indagatoria. En esa
oportunidad, la defensa expuso
su inconformismo con la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia en
torno a la posibilidad de asumir la competencia en este caso, sin embargo, se
abstuvo de presentar recurso en su contra por considerar que el mismo resultaba
inviable.
7.3.2. Hechas las anteriores precisiones, debe
destacarse que del recuento fáctico expuesto, no puede entenderse que la parte
actora haya atacado la posición de la Sala de Casación Penal, en la medida que
en la primera oportunidad, cuando la Fiscalía remitió las diligencias a esa
Corporación, expuso que se debían anular todas las actuaciones adelantadas, sin
mostrar inconformidad con la posición esbozada y en la etapa posterior si bien
refirió que a pesar de no compartir el hecho que la Corte Suprema asumiera el
conocimiento del asunto, consideró inviable presentar recurso en contra de
dicho punto, máxime si se tiene en cuenta que el auto a través del cual ese
tribunal asumió la competencia permitía interponer los recursos de ley,
teniendo en cuenta que en él se consignó la expresión “Notifíquese y cúmplase”,
de lo que puede extraerse que en este caso se trataría más de una estrategia
defensiva que la imposibilidad de presentar su inconformidad con el hecho que
ahora considera vulnerador de sus derechos fundamentales.
Como
se explicó en la parte dogmática de esta decisión, la acción de tutela no puede
admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional
o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los
derechos, ya que con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos
para controvertir las decisiones que allí se adopten.
En
tal medida, no resulta admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no solicitó su amparo dentro del proceso
seguido en su contra, toda vez que, el estatuto procesal penal le permitía
incluso alegar la nulidad de acuerdo a lo establecido en la causal primera del
artículo 306 de la Ley 600 de 2000[81].
En este punto es indispensable
precisar la oportunidad procesal en la cual es posible interponer nulidades
dentro del proceso. El artículo 308 ibídem, señala que “las nulidades podrán
invocarse en cualquier estado de la actuación procesal”. La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que “las
nulidades que acorde con lo previsto en el artículo 308 de la Ley 600 de 2000, pueden
invocarse en cualquier estado de la actuación procesal son aquellas originadas
en la etapa del juicio, pues las surgidas en la etapa instructiva deben ser
alegadas durante el término de traslado previo a la audiencia preparatoria”[82].
Así,
una irregularidad en relación con la declaratoria de persona ausente que pueda
generar la nulidad de la misma debe ser alegada en el término de 15 días señalado
en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, previo a la audiencia preparatoria[83].
En tal medida no se cumple con este requisito de
procedibilidad partiendo de la descripción fáctica adelantada y lo señalado en
la jurisprudencia de esta Corporación, donde se ha indicado que es
indispensable que la persona exponga todas las razones por las cuales está
inconforme dentro de las etapas procesales respectivas, para que sea allí donde
dicho debate se desarrolle, de lo contrario se estaría usando la tutela como
una instancia para subsanar los errores cometidos en el proceso.
7.4.
Ausencia de existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio.
Ahora bien, en cuanto a la posible existencia de un
perjuicio irremediable en el caso concreto que pudiera hacer procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, debe señalarse que el apoderado
judicial del actor no alegó esta circunstancia, ni demostró que existiera un
evento que hiciera viable el amparo como mecanismo transitorio. Incluso
valorando el acontecer fáctico, la Sala no aprecia la concurrencia de los
presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración
de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y
la impostergabilidad de la acción.
Ha establecido la Corte Constitucional que la sola
circunstancia de que exista una orden de captura en contra del accionante no
constituye en sí misma la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez
que esta fue dictada bajo las garantías del procedimiento penal, máxime si se
tiene en cuenta que actualmente no se ha podido materializar la privación de la
libertad. Así se señaló en la sentencia T-1107 de 2003 donde se puntualizó:
“Carece de fundamento constitucional toda
pretensión de amparo transitorio basada en la presunta vulneración del derecho
a la libertad individual, cuando, como en el presente caso, el peticionario
está siendo buscado por las autoridades públicas para que comparezca y cumpla
con la pena privativa de la libertad que le ha sido impuesta, después de un
proceso judicial adelantado conforme lo establece el ordenamiento jurídico.”
Así las cosas, no encuentra esta Sala de
Revisión motivo alguno para conceder el amparo como mecanismo transitorio.
7.5. En suma, si una vez agotados de manera
diligente los medios de defensa judiciales que ha previsto el ordenamiento
jurídico para la protección de los derechos fundamentales del actor, considera
que han fallado al persistir su vulneración puede acudir nuevamente a la acción
de tutela sin que por ello se incurra en temeridad, dado el estado de
indefensión en que se encontraría ante la nueva decisión adoptada.
Así también se estableció en la sentencia
C-590 de 2005, donde se explicó que una vez agotados de manera diligente los
medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, el actor considera
que la autoridad judicial ha fallado al no garantizar sus derechos
fundamentales, la acción de tutela resulta procedente al encontrarse en estado
de indefensión. Así sostuvo: “este mecanismo (acción de tutela) sólo
puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que
la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente(…) Se trata,
simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la
constitucionalidad de las decisiones judiciales cuando la persona presuntamente
afectada ha agotado todos los recursos a su alcance y se encuentra, por lo
tanto, en condiciones de indefensión.
7.6. Conclusión.
Puede afirmarse
que en lo concerniente a la procedencia o no de la acción de tutela cuando el
asunto está en trámite e incluso se cuenta con la posibilidad de acudir a la
acción de revisión, así:
i.
La acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el
ordenamiento, así como la oportunidad de agotar los recursos extraordinarios, como
ocurre con la acción de revisión.
ii.
En la eventualidad de
haber agotado los medios de defensa ordinarios y extraordinarios de defensa, es
procedente entonces la acción de tutela, si en tales decisiones incurren en
alguna de las causales de procedibilidad mencionadas y se compruebe que se
están afectando derechos fundamentales.
En el presente caso observa la Sala que el asunto aún sigue en trámite, siendo indispensable
que el actor agote todos los medios de defensa judicial, ordinarios y
extraordinarios, como lo es presentar sus alegatos respectivos en la audiencia
pública de juzgamiento, el escenario natural donde deben cumplirse este tipo de
debates, siendo posible hacer solicitudes en el sentido de obtener la
declaratoria de cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal
o una eventual sentencia absolutoria, con lo que las demás irregularidades
procesales expuestas perderían razón de ser al quedar demostrada la inocencia.
Por
las razones anteriores, se confirmará el fallo proferido en segunda instancia
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
VI.  DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Levantar
la suspensión de términos decretada en este asunto.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura el 18 de octubre de 2011, dentro de la acción
de tutela interpuesta por el Exrepresentante a la Cámara José Aristides Andrade, que en su momento declaró improcedente la
solicitud de amparo.
Tercero. Líbrese por la Secretaría General de esta Corporación,
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA T-103/14
Referencia: expediente T-3286505.
Acción de tutela presentada por el señor
José Aristides Andrade contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Magistrado ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Habiendo votado positivamente y firmado el
proyecto presentado en este caso por el Magistrado sustanciador, estimo
necesario consignar por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de
mi voto en el presente asunto.
Si bien participo de la resolución
adoptada, por cuanto comparto la percepción de que no existían razones que
justificaran invalidar las actuaciones surtidas por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, debo aclarar mi voto, pues siempre he disentido
frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho”, más aún
cuando se utiliza en proceso aún en curso, y en relación con algunas de las
argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado
con más amplitud frente a otras decisiones[84],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce
por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones
judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone
de presente en la cita que se efectúa (páginas 23 a 27) de la sentencia C-590
de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones
discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia, que el
actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho de que,
en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la
acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o
más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto
desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo
mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto
en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito
de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al
constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta
corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una
línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones
que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya
que en realidad ese pronunciamiento[85],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia
de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243
Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela contra decisiones
judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra otros importantes
valores constitucionales, como el “principio democrático de la autonomía
funcional del juez”, “la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia” y “la función
garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión
adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con
alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Causa seguida en contra del
Exrepresentante a la Cámara José Aristides Andrade en grado de determinador del
homicidio del señor David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991.
[2] De acuerdo con el acervo probatorio, el 5
de abril de 1991, en hechos acaecidos en Barrancabermeja, Santander,
aproximadamente a las 6:00 am, David Núñez Cala perdió la vida a causa de
diversos impactos de bala producidos por arma de fuego de corto alcance, cuando
se desplazaba en una camioneta marca LUV (modelo B-2000) a cargo de la
Secretaría de Obras Públicas de ese municipio, por el sitio conocido como
“Paso Nivel” de la línea férrea.
[3] En aquella oportunidad el declarante
expuso que: “durante mi pertenencia al frente 24 de las FARC se dio de baja
al candidato de la Alcaldía de Barrancabermeja al doctor DAVID NÚÑEZ CALA,
quienes montaron el operativo y dieron la orden de llevarlo a cabo fueron alias
don JORGE, RENZO, DAVID RAVELO, autor ALCIDES SILVA, coautor PANADERO y
ARISTIDES ANDRADE, esto ocurrió en 1990 después de la reunión que hicieron, el
doctor ARISTIDES ANDRADE y ANDRÉS un funcionario de obras públicas, a la
reunión asistió (sic) los mandos de las milicias del frente (…) estas fueron
las palabras del doctor ARISTIDES ANDRADE, era que el doctor NÚÑEZ era MASETO
(…) en el reten fue la reunión, en Barrancabermeja aquí hay un restaurante en
ese entonces, ahí nos reunimos con el señor ARISTIDES ANDRADE, el señor JORGE
Comandante de las Milicias Bolivarianas, ahí se acordó, la conversación que
hubo ahí fue el favor que pidió ARISTIDES ANDRADE para que le diéramos de baja,
la información que el señor DAVID NÚÑEZ, era que era colaborador de los masetos
de Puerto Boyacá”.
[4] Específicamente en la providencia a la
que se hace alusión se mencionó: “En virtud
a que mediante resolución del pasado primero de Octubre, el Fiscal Tercero de
Barrancabermeja ordenó la apertura de la
Instrucción solamente contra MARIO JAIMES MEJÍA, Alias “Panadero”; se dispone
en virtud a que los señores DAVID RAVELO CRESPO, ORLANDO NOGUERA MANTILLA y
JOSÉ ARISTIDES ANDRADE rindieron versión libre, igualmente ordenar su
vinculación mediante diligencia de indagatoria y dentro del término legal
resolverles situación jurídica.// Así mismo, se dispone vincular mediante
diligencia de indagatoria al señor FREMIO SÁNCHEZ CARREÑO, alias comandante ‘Esteban’,
‘Juan Carlos’, ‘El Loco Esteban’ o ‘Diego Papeleta’, quien se encuentra a
disposición de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y DIH de
Bucaramanga, y dentro del término resolverle situación jurídica”.
[5]
Artículo 356. Requisitos. Solamente se
tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención
preventiva.//Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del
proceso. // No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea
indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales
de ausencia de responsabilidad.
[6]
En su momento la defensa
expuso: “Según el artículo 306, numeral 1° de la
Ley 600 de 2000, constituye causal de nulidad la ‘falta de competencia del
funcionario judicial’, causal que es procedente en el presente caso como
consecuencia jurídica de tal declaratoria realizada por el señor Fiscal del
conocimiento del caso.// La indagación preliminar se abrió el 2 de julio de
2008 y producto del trabajo investigativo se estableció que mi poderdante JOSÉ
ARISTIDES ANDRADE, según aparece en el proceso el Oficio No. 24 de Noviembre de
2008, RDE-01089, procedente de la
Registraduría Delegada en lo Electoral, (Fls. 62 y 63 Cdno 2 de copias, fue
elegido Representante a la Cámara en las elecciones del 11 de marzo de 1990 y
en las elecciones del 27 de octubre de 1991, fue elegido nuevamente Representante
a la Cámara por Santander. Por otra parte, también fue allegada certificación
del Secretario General de la Cámara de Representantes de fecha 2 de diciembre
de 2008 (Fl. 69, cdno 2 de copias), en la que consta que para la fecha 8 de
abril de 1991, el doctor JOSÉ ARISTIDES ANDRADE fungía como Representante a la
Cámara por la circunscripción electoral de Santander.// Por lo antes expuesto
es claro, que desde antes de la apertura de la instrucción de 1° de abril de
2009 y de la orden de vinculación mediante indagatoria de mi defendido de fecha
31 de julio de 2009, se conocía en el expediente su calidad del aforado, razón
por la cual, de acuerdo al razonamiento realizado ahora por la
Fiscalía General de la Nación, no podía iniciar la investigación penal por
expresa disposición del artículo 235 de la
Constitución Política, lo que indica que, a juicio del ente investigador, el
juez natural es la Corte Suprema de Justicia. En ese orden de ideas, la
incompetencia no se presentó ahora sino que deviene desde el momento mismo en
que se acreditó la calidad de aforado, razón por la cual desde aquel momento
debió haberse dado la ruptura de la unidad porcesal (art. 92 numeral 1°) y
compulsado las copias correspondientes para que se investigara por parte de esa
Corporación y no hasta ahora, es decir, no se debió haber continuado la
investigación como tampoco con la práctica de pruebas en razón a la
incompetencia de la Fiscalía”.
[7]
Sobre el particular señaló: “Tratándose
de personas amparadas por el fuero constitucional, son varios los eventos que
se pueden presentar, teniendo en cuenta que el fuero no es un privilegio
personal sino una cláusula de protección a favor de la dignidad del cargo: (a)
la persona comete delito común (no funcional) y adquiere el cargo que le otorga
el fuero, la competencia pasa a la
Corte Suprema de Justicia. Pero si deja el cargo, el caso pasa al competente
por los factores ordinarios de competencia; (b) la persona comete un delito
funcional (para adquirir el cargo y adquiere el cargo que le da el fuero),
durante el cargo y después de dejarlo, la competencia es de la
Corte Suprema de Justicia, corporación que la retiene así la persona deje el
cargo; (c) el funcionario comete delitos con un coparticipe no aforado, caso en
el cual se rompe la unidad procesal mientras aquél conserve el fuero (artículo
92-1 de la ley 600 de 2000 y el artículo 53-1 de la
Ley 906 de 2004).// Como se explicó, la investigación contra JOSÉ ARISTIDES
ANDRADE surgió, no sólo de la mención que hizo MARIO JAIMES, alias EL PANADERO,
sino de los señalamientos que en ese mismo sentido le hicieron FREMIO SÁNCHEZ,
JESÚS VILLAMIZAR RODRÍGUEZ, JAIME BARBA RINCÓN y PEDRO NÚÑEZ CALA. //La calidad
foral del procesado fue acreditada el 2 de diciembre de 2008, y la misma no se
discute. También se entiende que el delito, de haber ocurrido, era un delito
funcional porque la muerte de DAVID NÚÑEZ CALA ocurrida el 5 de abril de 1991
en Barrancabermeja, estaba relacionada con su probable aspiración a la alcaldía
de ese municipio, es decir, en relación con la política y la pretensión
electoral del probable coautor, además que al parecer el procesado se concertó
con integrantes de grupos armados ilegales para cometer el delito, lo que
permitiría suponer que esos vínculos venían de tiempo atrás.//Pero cuando se
estima que el funcionario que actuó, lo hizo sin competencia, no es apropiado
asumir que no tiene competencia sobre el asunto pero sí la tendría para
decretar la nulidad por falta de competencia. Por esa razón la regla de derecho
que rige la nulidad por incompetencia, es que sólo puede ser decretada por
quien sí tiene la competencia. (…) Por esa razón, para dar cumplimiento al
parágrafo del artículo 235 de la
Constitución Política, lo que procede es remitir la actuación a la
H. Corte Suprema de Justicia para que ella, en su soberanía jurídica, decida
si asume o no el conocimiento del caso”.
[8] A través de auto del 1° de septiembre de
2009 la Sala de Casación Penal constituye el precedente jurisprudencial a
partir del cual esa Corporación estableció que se debía mantener el fuero
congresional en cuanto se trate de conductas inherentes al ejercicio de la
función pública que corresponde a senadores y representantes (art. 150 y ss C.
Pol.), cuando el ilícito “tengan relación con las funciones desempeñadas”
(art. 235 C. Pol.) siempre que de su contexto se advierta el vínculo con
función pública propia del Congreso. Para la
Corte Suprema de Justicia la relación del delito con la función pública tiene
lugar cuando “se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en
ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga
origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que el
ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en un medio
y oportunidad propicios para la ejecución del punible, o que represente un
desviado o abusivo ejercicio de funciones”. Fue sobre esta hipótesis
que la Corte Suprema fijó la competencia del presente asunto, así: “Los
hechos que motivaron la apertura de instrucción, tal como quedaron referidos,
se relacionan con los señalamientos hechos en contra del ex Representante a la
Cámara de Representantes, cuando el 5 de abril de 1991, miembros para ese
entonces de las milicias urbanas de Barrancabermeja, que formaban parte del
Frente 24 de las FARC, quienes luego de la deserción se vincularon con las
Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Central Bolívar, hasta la
desmovilización. Fueron ellos quienes cegaron la vida del funcionario de la
alcaldía de Barrancabermeja, el ingeniero DAVID NÚÑEZ CALA. // Para esa fecha,
como ya se ha referido esta providencia, el doctor JOSÉ ARISTEDES ANDRADE
ostentaba la calidad de miembro del Congreso de la
República, tal como fue conocido desde el 2 de diciembre de 2008.// Para ese
momento la interpretación del parágrafo del artículo 235 Superior dista
diametralmente de la que hoy en día rige a partir del primero de septiembre de
2009, la que debe estar precedida del análisis de la concreta situación para
posteriormente definir si efectivamente se trata de actividades ‘completamente
ajenas al desempeño de las funciones parlamentarias’. Las pruebas allegadas al
plenario, analizadas hoy, bajo la reciente y consolidada jurisprudencia de la
Sala Penal, permite estimar que los hechos ocurridos en Barrancabermeja, el 5
de abril de 1991, sí tuvieron relación con las funciones que desempeñaba el
entonces Representante a la Cámara JOSÉ ARISTIDES ANDRADE, porque de los
testimonios e indagatoria de MARIO JAIMES MEJÍA, alias ‘EL PANADERO’ se
desprende que presuntamente existió un interés político con la finalidad de
lograr la alcaldía del municipio de Barrancabermeja. //En el auto del primero
de septiembre de 2009, como en la providencia complementaria del 15 del mismo
mes y año, la Corte  resolvió asumir una postura que parte del mantenimiento
del fuero congresional en cuanto se trate de conductas inherentes al ejercicio
de la función pública que corresponde a senadores y representantes (artículos
150 y ss. de la Carta Política), pero a la par de ello se debe acudir al
referido parágrafo del artículo 235 de la
Constitución cuando no se trata específicamente de ‘delitos propios’, sino de
punibles ‘que tengan relación con las funciones desempeñadas’ por los
congresistas, siempre que de su contexto se advierta el vínculo con la función
pública propia del Congreso. //La relación del delito con la función pública
tiene lugar cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o
en ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga
origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que el
ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y
oportunidad propicios para la ejecución del punible, o que represente un
desviado o abusivo ejercicio de funciones. //En las diligencias enviadas a la
Corte Suprema de Justicia, se vislumbra la existencia de esa relación, como se
expuso de la cita de algunas declaraciones que le permite a la
Sala en este caso concreto, interpretar la competencia a las directrices
jurisprudenciales de aplicación de la norma constitucional”.
[9]
Articulo 344. Si ordenada la captura, no
fuere posible hacer comparecer al imputado que deba rendir indagatoria,
vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en que la orden haya sido
emitida a las autoridades que deban ejecutar la aprehensión sin que se haya
obtenido respuesta, se procederá a su vinculación mediante declaración de
persona ausente. Esta decisión se adoptará por resolución de sustanciación
motivada en la que se designará defensor de oficio, se establecerán de manera
sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se indicará la imputación
jurídica provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren
pendientes. Esta resolución se notificará al defensor designado y al Ministerio
Público y contra ella no procede recurso alguno.
[10] Al respecto
explicó: “El que la defensa en el curso del proceso haya guardado silencio en
relación con la competencia que ahora asume la
H Corte, no es porque estemos de acuerdo con el cambio jurisprudencia y por el
contrario defendemos la posición de que dicha Corporación no es competente para
conocer entre otros, el presente asunto, pero que si ha adoptado la decisión de
conocer una investigación, debe asumir todas las consecuencias de su decisión
sin desvíos jurídicos para reconocer los efectos jurídicos y reales de su
propia decisión frente al caso particular.(…) El que el suscrito abogado
conozca las decisiones que ha tomado la
H Corte a partir del 1° de septiembre de 2009, en ‘otros procesos’, no es
argumento válido para presumir que estoy de acuerdo con aquel ‘precedente’ o
legitimar lo que en mi sentir jurídico y posición como defensor, es una
equivocación de la H Corte en materia de competencia, que lleva a la
vulneración de derechos fundamentales de los procesados, al considerar, por vía
de interpretación que los presuntos delitos cometidos por un parlamentario
tienen que ver con las funciones de ellos, pero sin consultar exactamente las
regladas por la Constitución y la ley para confrontarlas exactamente con los
hechos materia de investigación o juzgamiento. El que un defensor no haya
impugnado la competencia de la Fiscalía y que después se diga que la
competencia es de la H Corte para conocer de un proceso contra un parlamentario
sin fuero, no significa que se esté de acuerdo con el cambio de competencia o
esté convalidando dicho cambio y las nulidades que subsisten en todos estos
procesos, particularmente por violación al debido proceso. //El que no
interponga recurso de reposición contra el numeral 1 de la parte resolutiva de
la providencia impugnada no es porque convalide y esté de acuerdo con tal
determinación: simplemente lo hago sobre la base de que siempre y
particularmente desde el auto de 1° de septiembre de 2009 la asunción de
competencia la realiza la H. Corte, en estos casos, con una providencia de
‘comuníquese y cúmplase’, lo que no haría viable el recurso en mención. Por esa
razón la impugnación se dirige contra los otros numerales de la parte
resolutiva, excepto el numeral 1° de la parte resolutiva”.
[11] El 22 de febrero
de 2011, la Corte Suprema dictó auto donde resolvió: (i) no reponer la
providencia a través de la cual avocó el conocimiento de la investigación (ii)
decretó la prescripción de la acción penal del punible de concierto para
delinquir; (iii) impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como
presunto coautor del delito de homicidio agravado(art. 356 Ley 600 de 2000);
(iv) negó la práctica de algunas pruebas requeridas por la defensa; y (v)
declaró cerrada la investigación (art. 393 Ley 600 de 2000). La presente
providencia se basó en los siguientes argumentos: “Así entonces, con base en
las pruebas que obran en el asunto, es viable colegir el vínculo del señor
ARISTIDES ANDRADE con el movimiento al margen de la ley denominado Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC EP; así como los acuerdos que
tuvieron, los cuales se orientaban a promocionar esa organización armada,
supuesto de hecho previsto bajo la figura de concierto para delinquir
agravado.// Así mismo, de su participación en el homicidio de DAVID NÚÑEZ CALA
(…) Como son varias las pruebas que involucran al ex Congresista ARISTIDES
ANDRADE, se dan en este orden de ideas los requisitos objetivo y subjetivo,
para imponerle medida de aseguramiento, al materializarse las conductas y estar
presuntamente comprometida de manera cierta su responsabilidad. Debido a la
gravedad de la conducta imputada al sindicado, le será impuesta la medida de
aseguramiento de detención preventiva como presunto coautor de los delitos de
concierto para delinquir.”  En cuanto al delito de concierto para delinquir
consideró importante hacer la siguiente precisión: “No obstante lo dicho y aún
teniendo en cuenta que a pesar de la existencia de prueba suficiente para
afectar la libertad del sindicado por el delito contra la seguridad pública,
ello no es posible en virtud de la pérdida del ius puniendi por parte del
Estado”. Hechas las anteriores
precisiones consideró que lo procedente era hacer efectiva la medida de aseguramiento, atendiendo a
que se daban los presupuestos constitucionales de sus fines. Especialmente
teniendo en cuenta que el procesado viene eludiendo su compromiso con la
justicia, siendo necesaria la medida de aseguramiento para garantizar su
comparecencia al proceso penal que se sigue en su contra. Respecto a las pruebas solicitadas por la defensa, la
Sala de Casación Penal consideró que se debía negar las solicitudes probatorias elevadas al contarse con
suficientes medios de prueba, advirtiendo que no era indispensable agotar todas
las solicitudes probatorias, sino que era viable cerrar la investigación al
contarse con prueba suficiente.  En tal sentido, habiéndose recaudado la prueba
suficiente para calificar el mérito del sumario, ordenó correr el término de
traslado de 8 días para que los sujetos procesales presentaran las solicitudes
que estimen necesarias con relación a las pretensiones sobre la calificación
que deba adoptarse.
[12] En primer término hizo un
recuento de los distintos elementos materiales probatorios que llevaron a
concluir que los testigos que inculparon al señor José Aristides Andrade, eran
concordantes en sus declaraciones, por lo que sus dichos se ajustaban a la
realidad, descartando cualquier tipo de actuación que pudiera calificarse de
ligera.  En cuanto a las solicitudes probatorias descartó una por una las
peticiones elevadas por la defensa y expuso los motivos por los cuales las
consideraba inconducentes o impertinentes.  Finalmente, explicó que al ser
remitido el expediente a la Corte Suprema de Justicia para definir la
competencia, si bien algunas pruebas no habían sido recaudadas, sí la mayoría,
no solo las requeridas por la defensa técnica, sino por los demás procesados.
Atendiendo tales consideraciones, basándose en la legislación adjetiva que no
consagra como fundamento del cierre de la instrucción un número de pruebas o la
existencia de un plazo razonable sino que se hubiere recaudado la prueba
necesaria, adoptó la decisión recurrida.
[13] El 22 de marzo de 2011, el
abogado defensor intentó notificarse personalmente de la anterior decisión,
siendo informado por parte de la Secretaría de la Sala de Casación Penal que la
misma sería notificada a través de estado que se fijaría el 28 de marzo de
2011. El 31 de marzo de 2011, la defensa solicitó dejar sin valor y efecto la
aludida notificación, invocando lo prescrito en el artículo 396 de la Ley 600
de 2000, que exige que la notificación de la resolución de acusación se cumpla
de manera personal.  En la misma fecha (31 de marzo de 2011) la Sala de
Casación Penal resolvió dejar sin valor y efecto la notificación adelantada el
28 de marzo de 2011 y tuvo por notificado personalmente al defensor ese mismo
día.
[14] Ley 599 de 2000 artículo 83.
Termino de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un
tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la
libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de
veinte (20) (…).// Artículo 86 original. Interrupción y suspensión del término
prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución
acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada.
[15] Ley 600 de 2000 artículo 40. Sentencia anticipada. A partir
de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la
resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por una
sola vez, que se dicte sentencia anticipada.//Efectuada la solicitud, el Fiscal
General de la Nación o su delegado, si lo considera necesario, podrá ampliar la
indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días. Los
cargos formulados por el Fiscal General de la Nación o su delegado y su
aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por
quienes hayan intervenido.//Las diligencias se remitirán al juez competente
quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia de acuerdo a
los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no haya habido violación de
garantías fundamentales. (…) Desde el momento en que se solicite la sentencia
anticipada hasta cuando se profiera la providencia que decida sobre la
aceptación de los cargos, se suspenden los términos procesales y de
prescripción de la acción penal. Sin embargo, podrán practicarse diligencias
urgentes de instrucción orientadas a evitar la desaparición, alteración de las
pruebas o vestigios del hecho.
[16] “Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden
admitirse aceptaciones parciales, caso en el cual se romperá la unidad procesal
a partir de la finalización de la diligencia.”
[17] Sobre el particular indicó
que la ruptura de la unidad procesal con ocasión de la solicitud de sentencia
anticipada se puede dar en dos oportunidades procesales: (i) a partir de la finalización
de la diligencia de aceptación de cargos (inciso 8° del artículo 40); y (ii)
cuando se haya proferido la sentencia anticipada (art. 92 ley 600 de 2000). Por
lo que el funcionario judicial puede a partir de la finalización de la
diligencia de aceptación de cargos, ordenar la ruptura de la unidad procesal o
como término máximo para que este fenómeno opere, una vez se dicte la
respectiva sentencia anticipada.
En
cuanto a la suspensión de términos, señaló que debe entenderse que cobija a
todos los procesados, hayan o no expresado su voluntad de acogerse al mecanismo
de terminación anticipada, dada la unidad del proceso. Al respecto se señaló: “Esta
comunidad procesal supervive hasta que opera el quiebre, momento en el cual los
términos judiciales volverán a correr, lo mismo que la contabilización del
lapso prescriptivo, que a partir de ese momento deja de ser colectivo para
convertirse en individual.”
Refirió
que la Ley 600 de 2000, a pesar de haber consagrado la figura de la sentencia
anticipada no fijó un plazo entre la suspensión de términos procesales y la
prescripción de la acción penal, como sí lo hacía la legislación anterior
señalando que no podía ser un término superior a 30 días hábiles. No obstante,
a pesar del vacío legislativo entendió que la misma se debe dar dentro de un
plazo razonable, conforme lo había señalado la Corte Constitucional en la
sentencia C-394 de 1994.
En
este particular caso lamenta que la diligencia de aceptación de cargos de
Fremio Sánchez Carreño y Mario Jaimes Mejía se haya llevado a cabo hasta el año
siguiente de la manifestación de acogerse a la sentencia anticipada, término
que a todas luces supera no solo el parámetro que la legislación anterior
contemplaba, sino el concepto de razonabilidad al que alude la Corte
Constitucional. En esa medida consideró que la suspensión de términos se debió
extender exclusivamente por el término de 30 días hábiles, para ello tuvo en
cuenta la fecha original de prescripción de la acción penal -5 de abril de 2011-
y aumentó el citado lapso, lo que dio como fecha límite de prescripción el 24
de mayo de 2011, cuando ya se había producido la interrupción de la
prescripción de la acción penal, debido a que el 5 de mayo de 2011 había
quedado ejecutoriada la resolución de acusación.
En
cuanto a lo alegado por la defensa, en relación con la ausencia de vinculación
del accionante, toda vez que había sido declarada nula la indagatoria rendida
por el señor Andrade y aún así le hicieron extensivos los efectos de la
suspensión de términos con ocasión de la aceptación de cargos por parte de
otros procesados, advirtió que la ruptura de la unidad procesal exclusivamente
se dio cuando la Sala de Casación Penal avocó el conocimiento del asunto, por
lo que todas las actuaciones procesales tuvieron efectos para la totalidad de
los sujetos procesales que hacían parte de la misma en ese momento. Al respecto
indicó: “Es legítimo que [la
defensa y el Ministerio Público] funden su petición en consideraciones del
tenor expuesto, pero dicha posición no se compadece con las situaciones
procesales que se dieron en vigencia de la interpretación del parágrafo 235 de
la Constitución Política y que la Fiscalía –en cabeza de la Vicefiscal General
de la Nación-, solo se percató hasta la remisión del expediente a la Corte
Suprema de Justicia y el pronunciamiento acerca de la competencia. Antes de
llevarse a cabo este tránsito judicial, las actuaciones anteriores se entienden
adelantadas dentro de la legitimidad y sólo hasta cuando se avizora el yerro es
que pierde vigencia la única actuación que se reputa contraria a la
Constitución y la ley, como efectivamente así lo dispuso la Sala al momento de
avocar el conocimiento.// Entonces, se crea la expectativa de los incriminados
ante su manifestación de acogimiento a la terminación anticipada del proceso y
para ese concreto instante procesal ya se había llevado a cabo la indagatoria
de JOSÉ ARISTIDES ANDRADE, hecho que ocurrió el 21 de octubre de 2009, es
decir, para él también operaba el término prescriptivo, única y exclusivamente
por el máximo de treinta días hábiles, el que resulta del análisis sistemático
de la norma, sus antecedentes y de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional”. Por último, accedió a
algunas solicitudes probatorias elevadas por la Procuradora Delegada, la Parte
Civil y el abogado defensor del señor José Aristides Andrade.
[18] De acuerdo con la información obtenida en la Secretaría de
la Sala de Casación Penal, la última fecha fijada para la mencionada diligencia
son los días 17, 18, 25, 27 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2014.
[19] Artículo 40. Sentencia anticipada. A
partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada
la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por
una sola vez, que se dicte sentencia anticipada. (…) Desde el momento en que se
solicite la sentencia anticipada hasta cuando se profiera la providencia que
decida sobre la aceptación de los cargos, se suspenden los términos procesales
y de prescripción de la acción penal.
[20] “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (…) 3.
Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. (…) PARÁGRAFO. Cuando los
funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el
fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las
funciones desempeñadas”.
[21] Debe recordarse que en la citada providencia se señaló: “Cuando
se presente una situación (…) en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita
a trámite una acción de tutela contra una de sus providencias, el tutelante
tendrá la opción de: (i) acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de
febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela ante cualquier juez
(unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma
jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o (ii) solicitar ante la Secretaría
General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida
por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela
era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en
las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela”.
[22] Artículo 16.
Finalidad del procedimiento. En la actuación procesal los funcionarios
judiciales harán prevalecer el derecho sustancial y buscarán su efectividad.
[23] Se destaca que en el expediente obra un
escrito firmado por el señor José Aristides Andrade, junto con una huella
digital.
[24] Anexa copia del fallo de primera
instancia, el cual consta de 507 folios. El Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado Adjunto de Bucaramanga, en providencia del 16 de noviembre de
2012, resolvió condenar a Orlando Noguera Mantilla alias “Renzo” ya a David
Rabelo Crespo a la pena principal de 18 años y 4 meses de prisión, como
coatores responsables de la conducta punible de homicidio agravado en perjuicio
del señor David Núñez Cala.  Para tal fin procedió a analizar las pruebas de
cargo y de descargo encontrando que estas personas tuvieron directa incidencia
en los hechos acaecidos el 5 de abril de 1991.
Dentro de sus apreciaciones
encontró que el homicidio tenía un fin claro y específico, el cual era impedir
que David Núñez Cala alcanzara el primer cargo de elección popular del
municipio de Barrancabermeja, por no ajustarse a su línea de pensamiento
político. Se señaló: “En conclusión, se tiene que la conducta imputada a los
procesados David Rabelo Crespo y Orlando Noguera Mantilla, alias ‘Renzo’, se
adecua a lo prescrito en nuestro ordenamiento penal como un delito que atenta
contra la vida e integridad personal del ingeniero y precandidato a la alcaldía
de Barrancabermeja, David Núnez Cala, a quien una pluralidad de sujetos por
motivos diversos y fines disímiles le cegaron la vida, a cambio de una
colaboración remuneratoria para un Grupo Miliciano ilegal que operaba en
Barrancabermeja, y teniendo como fin primordial, quitarlo del medio, es decir,
impedir que accediera a la alcaldía de esa localidad; razón por la cual la
conducta desplegada por los enjuiciados Rabelo Crespo y Noguera Mantilla,
encuentran adecuación típica en los artículos 323 y 324 numeral 4° del
Decreto-Ley 100 de 1980 (…)”.
[25] Cft. Sentencias T-146 de 2010, T-301 de 2009, SU-195 de 2012,
SU-198 de 2013, entre otras.
[26] T-006 de 1992, T-223 de 1992, T-413 de 1992,
T-474 de 1992, entre otras.
[27] Sentencia T-405 de 1996.
[28] Indicó: “En el seno de la Asamblea
Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que buscaba
circunscribir la expresión "autoridades públicas", que aparece en el
texto del artículo 86 de la Constitución, de manera que sólo cobijara a las
"autoridades administrativas". En el proyecto de articulado
presentado por la Comisión I a la Plenaria no se acogió la pretendida
limitación del alcance del derecho de amparo o de la acción de tutela a las
autoridades administrativas (Proyecto No. 67, artículo 62 Misael Pastrana
Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes Alzate y
Mariano Ospina Hernández. Gaceta Constitucional No. 23) y, por el contrario,
adoptó la fórmula  amplia de incluir como sujeto pasivo de dicha acción a
cualquier autoridad pública. Igualmente, en el curso del segundo debate en
Plenaria, se presentó una propuesta sustitutiva en el sentido de restringir a
las acciones u omisiones de las autoridades administrativas la interposición de
la acción de tutela cuando éstas vulneren o amenacen vulnerar los derechos
fundamentales, la cual fue nuevamente  derrotada al aprobarse  definitivamente
el actual artículo 86 de la Constitución Política. (Propuesta sustitutiva
presentada por los honorables constituyentes Hernando Yepes Arcila, Rodrigo
Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández y María
Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.18)”.
[29] Señaló: “… si bien es cierto que algunos delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente consideraban que la tutela no debía proceder contra
sentencias judiciales, también lo es que la gran mayoría participó de la idea
de consagrar una acción que  -como el amparo en España o el recurso de
constitucionalidad en Alemania-  pudiera proceder contra las decisiones
judiciales. En este sentido es importante recordar que la propuesta presentada
por un conjunto de delegatarios destinada a restringir en el sentido que se
estudia el ámbito de protección de la acción de tutela, resultó amplia y
expresamente derrotada por la mayoría con el argumento, claramente expuesto en
el debate, según el cual impedir la tutela contra decisiones judiciales podría
crear un ámbito de impunidad constitucional y reduciría la eficacia de los
derechos fundamentales a su simple consagración escrita”. Cft. Sentencia T-117 de 2007.
[30] Dentro
de las sentencias más relevantes pueden citarse: T-043 de 1993, T-079 de 1993,
T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-055 de 1994, T-175 de 1994, T-231 de 1994,
T-442 de 1994, T-572 de 1994, SU.327de 1995, SU.637 de 1996, T-056 de
1997, T-201 de 1997, T-432 de 1997, SU.477 de 1997, T-019 de 1998, T-567 de
1998, T-654 de 1998, SU.047 de
1999, T-171 de 2000, T-1009 de 2000, SU.014 de 2001, T-522 de 2001, SU.1185 de 2001, T-1223
de 2001, SU.1300 de 2001, T-1306 de 2001, T-1334 de 2001, T-020 de 2002, T-080 de 2002,
SU.159 de 2002, T-1057 de 2002, T-1123 de 2002, T-012 de 2003, SU.120 de 2003,
SU.1159 de 2003, T-1232 de 2003, T-027 de 2004, T-205 de 2004, T-778 de 2004,
T-1189 de 2004, T-039 de 2005, T-328 de 2005, T-465 de 2005, T-516 de 2005,
T-902 de 2005, T-170 de 2006, T-1072 de 2006, SU.891 de 2007, T-1020 de 2007,
T-276 de 2008, T-302 de 2008, T-402 de 1998, T-436 de 2008, T-489 de 2008,
T-789 de 2008, T-906 de 2009, T-934 de 2009, T-947 de 2009, T-901 de 2010,
SU.917 de 2010, T-957 de 2010, T-266 de 2011, T-429 de 2011 y SU.447 de 2011.
[31] El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones.
[32] Es un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
[33] Permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, terminaría por sacrificar los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
[34] Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
[35] Esto por cuanto los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
[36] Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte
del funcionario que dicta la sentencia.
[37] Cuando se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión..
[38] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido.
[39] Referido a la producción, validez o apreciación del material
probatorio. En razón a la independencia judicial, el campo de intervención del
juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
[40] También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace
referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada
a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión
violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima
de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por
ausencia de colaboración entre los órganos del poder público.
[41] En tanto la motivación es un deber de los funcionarios
judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático.
[42] Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance.
[43] Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa
abiertamente contrario a la constitución o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso.
[44] Así
lo sostuvo este tribunal en la sentencia SU-917 de 2010, al señalar: “Teniendo en cuenta el rol
protagónico que cumplen la Corte Suprema y el Consejo de Estado en sus
respectivos ámbitos, tanto la regulación normativa como la jurisprudencia se
han ocupado de fijar mayores restricciones, pues ellos son los primeros
llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivos ámbitos. […] De otro lado, es preciso
tener en cuenta que la acción de tutela en estos eventos no se explica porque el
juez constitucional nunca se equivoque y los tribunales supremos de la
jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa sí lo hagan, pues es claro
que la infalibilidad no es propiamente una virtud humana. De hecho, una prueba
de que la Corte Constitucional también yerra en sus decisiones es que algunas
de sus sentencias han sido anuladas por la propia Corte, cuando por ejemplo
advierte graves y trascendentales violaciones al debido proceso o cuando alguna
de las salas de revisión ha desconocido la jurisprudencia de la Corte. Una de
las principales razones que justifican la procedencia de la tutela contra
sentencias judiciales es la imperiosa necesidad de que exista una
interpretación unificada sobre el alcance y límites de los derechos
fundamentales; y ésta es la principal misión de la Corte Constitucional en sede
de revisión de los fallos de tutela (art. 86 y 241-9 CP). […] Con ello, además,
se ofrece a los ciudadanos cuotas mínimas de seguridad jurídica y certeza del
derecho, en la medida en que razonablemente pueden anticipar cuál será la
respuesta jurídica a sus actos o ante la defraudación de las conductas que el
ordenamiento censura. Por lo mismo, la tutela contra providencias judiciales de
las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene
cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del
juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones
probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión. […] En síntesis, la acción de tutela contra
sentencias judiciales constituye un mecanismo para asegurar la primacía de los
derechos fundamentales y la unidad de interpretación en torno a su alcance y
límites; no obstante, con miras a evitar utilizaciones indebidas, su ejercicio
es verdaderamente excepcional y siempre condicionado a profundas restricciones
formales y materiales, particularmente cuando se ejerce contra providencias de
altas corporaciones judiciales.”
[45] “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[46] “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante”.
[47] Sobre
el particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, T-280 de
2009, T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de 2010, T-136 de 2010 y T-524 de
2010.
[48] Sentencia T-086 de 2007.
[49] En la sentencia T-211 de 2009, la Sala
precisó: “(…) el
amparo constitucional no se ha constituido como una instancia adicional para
decidir conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar
las omisiones o los errores cometidos al interior de un proceso. En otras
palabras, la Corte ha
sostenido que la acción de tutela no es un medio alternativo, ni
complementario, ni puede ser estimado como último recurso de litigio.”
[50] Sobre el particular pueden verse las
sentencias T-083 de 2007, T-1103 y 076 de 2003, T-1316 de 2001, T-482 de 2001,
T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001,
T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999,
T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T-637 de 1997,
T-456 de 1994 y T-426 de 1992, entre otras.
[51] Ver sentencias T-211 de 2009 y T-649 de 2011
[52] Ver sentencia T-003 de 2014.
[53] Correspondió a la Sala Séptima de
Revisión estudiar un caso en el cual el DAS en diligencia de allanamiento
ingresó a un inmueble en el cual encontró 1.025 kilos de cocaína.  Dentro de la
investigación adelantada por la Fiscalía se vinculó en calidad de sindicado al
entonces accionante, entre otras razones, por ser arrendatario del inmueble allanado.
[54] Ver, entre otras, sentencia T-874 de 2000.
[55] Cfr. Sentencias SU-544 de 2001, T-803 de 2002, T-227 de 2010 y T-742 de 2011.
[56] Sentencia T-417 de 2010.
[57] T-575 de 1997. Posición que ha sido
reiterada en múltiples oportunidades por esta Corporación. Ver por ejemplo
sentencias T-618 de 1999, T-1221 de 2001, T-951 de 2004, T-203 de 2006, T-634
de 2006, T-083 de 2007, T-046 de 2009, T-687 de 2010, T-235 de 2012, entre
otras.
[58] Sentencia T- 417 de 2010.
[59] Ibídem.
[60] La Corte examinó la constitucionalidad del artículo 205, parcial,
de la Ley 600 de 2000.
[61] Se transcribe apartes de la sentencia C-142 de 1993.
[62] Sentencia  C-680 de 1996. Fundamento 4.2
[63] “En el caso del procesado ausente,
debe distinguirse entre el procesado que se oculta y el sindicado que no tiene
oportunidad de enterarse de la existencia del proceso, para efectos de
determinar los derechos que les asiste. Así, cuando la persona se oculta, está
renunciando al ejercicio personal de su defensa y delegándola en forma plena en
el defensor libremente designado por él o en el que le nombre el despacho
judicial del conocimiento. No obstante, conserva la facultad de hacerse presente
en el proceso en cualquier momento e intervenir personalmente en todas las
actuaciones a que haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva; pero
no puede pretender que se repitan las actuaciones ya cumplidas, aunque sí
solicitar la declaración de nulidad por falta de defensa técnica.
Situación diferente se presenta cuando el
procesado no se oculta, y no comparece debido a que las autoridades competentes
no han actuado en forma diligente para informar al sindicado la existencia del
proceso, pues frente a este hecho, el procesado cuenta con la posibilidad de
solicitar, en cualquier momento, la nulidad de lo actuado y, si ya se ha
proferido sentencia definitiva ejecutoriada, puede acudir a la acción de tutela
siempre y cuando las acciones y recursos legales no sean eficaces para
restablecerle el derecho fundamental que se le ha vulnerado”.
[64] Ver sentencia T-442 de 2007.
[65] El Exsenador Perea Arias fue elegido para el período
1998-2002. Durante ese periodo actuó como narrador y comentarista deportivo
para varias empresas de radio y televisión, en calidad de invitado. A partir de
lo anterior se presentó en su contra solicitud de pérdida de la investidura al
de desempeñar cargo o empleo público o privado. La Sala Plena del Consejo de
Estado, mediante providencia de 18 de julio de 2000 decidió decretar la pérdida
de la investidura.
[66] Artículo 6 Decreto 2591 de 1991. Así mismo, este punto es una
constante en la jurisprudencia de la Corte. Ver, entre muchas, la sentencia
T-190 de 1999.
[67] La Corte abordó un caso donde los
accionantes en calidad de servidores públicos, fueron condenados por el delito
de peculado culposo, quienes interpusieron contra la mencionada sentencia
recurso de apelación como apelantes únicos. El juez de segunda instancia
adicionó el fallo, imponiéndoles el pago de perjuicios materiales, con lo que
se terminó por desconocer la prohibición de la reformatio in pejus.
[68] En esta ocasión se estudió el caso de una reforma en perjuicio en
la cual si bien no cabía casación en virtud del monto de la pena, ya que era
menor a 8 años, sí era procedente para lo atinente a la condena en materia
pecuniaria en virtud del monto impuesto en segunda instancia. En consecuencia
se negó la tutela.
[69] En esta oportunidad el accionante buscaba
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre,
al estimar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
incurrió en un defecto fáctico y sustantivo al proferir una sentencia
condenatoria en su contra como autor penalmente responsable del delito de falsa
denuncia contra persona determinada. Al respecto informó que pese a que la
acción penal contra él adelantada estaba prescrita, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia profirió en su contra sentencia condenatoria.
[70] En esta ocasión la Corte abordó un caso donde el actor consideraba vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso dentro del trámite penal adelantado en su contra
en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en el cual se le dictó sentencia condenatoria  por los delitos de
peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Los argumentos
expuestos por la parte accionante se sintetizaron así: (i) la Corte Suprema de
Justicia, carecía de competencia para adelantar el proceso penal a que esta
acción de tutela se refiere, por tratarse de hechos ocurridos cuando el actor
no tenía la investidura de congresista; (ii) la Corte Suprema de Justicia al
proferir la sentencia condenatoria lo hizo sin competencia por cuanto la acción
penal se encontraba prescrita; y (iii) deficiencias en la apreciación
probatoria que llevaron a que se le condenara por el supuesto delito de
peculado por apropiación.
[71] El texto citado se encuentra inicialmente en la sentencia SU-111
de 1997. En esa sentencia, se estudió una acción de tutela interpuesta en
contra de un acto administrativo por medio del cual se le suspendía los
servicios de salud a una persona que había sido retirada del servicio, pese a
que existía una sentencia de tutela anterior que ordenaba la prestación del
servicio. La Corte consideró que la acción de tutela era improcedente porque la
accionante no ejerció las acciones ordinarias en contra del acto administrativo.
Estos mismos argumentos se han reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588
de 2000, T-983 de 2001, T-1217 de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373
de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
[72] Respecto a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia T-1222 de 2001 señaló: “(…) el
desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela
implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de
los derechos fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario
y solo en caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se
pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o
cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es que el juez
constitucional está llamado a otorgar la protección invocada. Si no se dan
estas circunstancias, el juez constitucional no puede intervenir”.
[73] Corte Constitucional. Sentencia T-468 de
1992.
[74] La amenaza está por suceder prontamente. Deben existir evidencias
fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas
prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética.
[75] Se debe buscar una medida de pronta ejecución. Es apenas
una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera
hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda
alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
[76] Equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a
basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes
bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de
actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.
[77] Si hay postergabilidad de la acción, esta
corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el
momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos
antijurídicos.
[78] Cfr. Sentencia T-827 de 2005.
[79] La Corte
Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre la presunción de
inocencia. Así, en sentencia C-416 de 2002 dijo: “Cuando el artículo 29 inciso 4º de la Constitución
Política, dispone que ‘Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable’, se establece un postulado que no admite excepción alguna e impone
como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los
procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su
alcance”. Esta posición fue reiterada en posterior pronunciamiento, donde la
Corte Constitucional especificó que es al Estado a quien le corresponde
desvirtuarla. Al respecto se expuso: “La Corte Constitucional ha puesto énfasis
en que la presunción de derecho asume en el ordenamiento jurídico colombiano el
rango de derecho fundamental. En este sentido, quien se haya vinculado a una
investigación no está obligado a ofrecer pruebas a fin de demostrar su
inocencia. Son las autoridades judiciales competentes quienes deberán probar la
culpabilidad del acusado”.
[80] Sobre el particular la Sala
de Casación Penal ha indicado: “Pero
la fijación de los hechos implica una tarea que está más allá de su
consideración histórica dada la circunstancia de que a ellos se llega a través
de los medios de prueba y que sobre éstos han de hacerse juicios de apreciación
o valoración jurídicos (guiados por normas de experiencia, ciencia o lógica, o
reglas que les asignan o niegan un determinado valor) o juicios de legalidad o
validez. La fundamentación apunta precisamente a que el documento en que se
recoge el acto de jurisdicción, o sea la sentencia, comprenda ambas clases de
juicios de modo que de la manera más explícita posible sea asertiva, afirmativa
y que no hipotetice. De ahí que cuando la sentencia no es expresa o terminante,
o se manifiesta de manera ambigua o contradictoria, o se estructura de manera
simplemente enunciativa con referencia a los actos de prueba y prescindiendo
del thema probandi, se constituye en acto procesal defectuoso, vicio de
actividad éste imposible de subsanar en la dinámica de las instancias, como
tampoco susceptible de remedio en casación a través de su reemplazo, dado que
con ello el superior terminaría trastocando la estructura del proceso por
instancias o grados” (Corte Suprema de Justicia, sentencia Núm. 29259 del 2 de
Septiembre de 2008).
[81] Artículo 306. Causales de nulidad. Son causales de nulidad: 1. La falta de
competencia del funcionario judicial.
[82] Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Penal Auto 02 de diciembre de 2008. Radicado 30358.
[83] Cfr. Sentencia T-757 de 2012.
[84] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364,
T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y
T-786 y T-867 de 2011 y T-010, T-761 y 917 de 2012; T-444, T-489 y T-620 de
2013 y SU-074 de 2014.
[85] C-590 de 2005.