T-171-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-171/13
ACCION DE
TUTELA-Carácter subsidiario y residual por existencia de otro medio de
defensa judicial
La Corte Constitucional ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela,  solo se podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa
judicial, toda vez que ésta no puede entrar a sustituir los recursos ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD-Excepciones
La
procedencia de la acción de tutela depende de la observancia estricta del
principio de subsidiariedad, “comoquiera que este se encuentra ordenado a
garantizar importantes principios de la función jurisdiccional, y asegura el
fin contemplado por el artículo 86 de la Carta, que no es otro que el de
brindar a la persona garantías frente a sus derechos constitucionales
fundamentales. En este orden de ideas, en los casos en los que no sea evidente
el cumplimiento de este principio, la tutela deberá ser declarada
improcedente”.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O
SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia excepcional
SUBORDINACION
E INDEFENSION-Concepto/SUBORDINACION E INDEFENSION-Distinciones
CAMARA DE
COMERCIO-Naturaleza jurídica
CAMARA DE
COMERCIO-Funciones
Las cámaras de comercio
ejercen varias funciones tanto públicas (entre ellas las de llevar el registro
mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, recopilar
las costumbres mercantiles y certificar sobre la existencia de las recopiladas,
y servir de tribunales de arbitramento) como privadas, consagradas no solo en
el artículo 86 del Código de Comercio, sino en otras disposiciones.
DESCENTRALIZACION
POR COLABORACION-Cumplimiento de funciones públicas por particulares
COMERCIANTE-Concepto/COMERCIANTE-Deberes
AFILIACION Y
DESAFILIACION DE COMERCIANTES A LAS CAMARAS DE COMERCIO-Procedimiento de
naturaleza privada, corporativa y gremial
(i) La ley
no establece el procedimiento que se debe adelantar para que un comerciante se
afilie o desafilie a una cámara de comercio, ya que se limita a definir bajo
qué condiciones un comerciante puede afiliarse, los derechos que se tienen una
vez se ostenta dicha calidad y las causales que dan lugar a la desafiliación.
(ii) El proceso de afiliación y por ende el de desafiliación de comerciantes
están directamente relacionados con la naturaleza privada, corporativa y
gremial de las cámaras de comercio y no con el desarrollo de funciones públicas
(como sí lo son llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y
documentos en él inscritos, recopilar las costumbres mercantiles y certificar
sobre la existencia de las recopiladas, y servir de tribunales de
arbitramento). Por lo tanto, deberán regirse por lo que señalen los estatutos
de la respectiva cámara y por lo que las normas de derecho privado dispongan
sobre el particular.
ACCION DE
TUTELA CONTRA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA-Improcedencia por cuanto
la decisión de la Junta Directiva de cancelar afiliación de los accionantes
puede ser debatida en la justicia ordinaria
Referencia: expediente T-3631021
Acción de tutela interpuesta por Ricardo Varela Consuegra, Maritza del
Carmen Mangones Mejía, Luis Ibarra Fontalvo y Erika Cristina de la Hoz Páez
contra la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
primero (1°) de abril de dos mil trece (2013)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito
de Barranquilla, en la acción de tutela instaurada por Ricardo Varela
Consuegra, Maritza del Carmen Mangones Mejía, Luis Ibarra Fontalvo y Erika
Cristina de la Hoz Páez contra la Cámara de Comercio de Barranquilla.
I.
ANTECEDENTES
Los señores Ricardo Varela
Consuegra, Maritza del Carmen Mangones Mejía, Luis Ibarra Fontalvo y Erika
Cristina de la Hoz Páez, por medio de apoderado, interpusieron acción de tutela
contra la Cámara de Comercio de Barranquilla, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de asociación, a elegir y ser elegido, al debido proceso
y a la igualdad, con ocasión de una reunión llevada a cabo por la junta directiva
de esa entidad en la cual se tomó, por mayoría, la decisión de cancelar sus
afiliaciones, limitándoles de esa forma la posibilidad de participar en el
proceso electoral para la conformación de una nueva junta directiva. Para
fundamentar su solicitud los accionantes relatan los siguientes:
1. Hechos
1.1. El
Presidente Ejecutivo y la junta directiva de la Cámara de Comercio de
Barranquilla, el 28 de mayo de 2012, previa convocatoria a reunión
extraordinaria, tomaron la determinación de desafiliar a los actores de su
condición de comerciantes, exponiendo como argumento el hecho de haber
registrado “como actividad única en el formulario de su matrícula una
actividad de prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”.
1.2. La
Cámara de Comercio de Barranquilla hizo pública la anterior decisión, mediante
un comunicado de prensa en la edición del periódico El Heraldo de fecha 29 de
mayo de 2012.
1.3. Dentro
del “proceso eleccionario cameral” que se estaba adelantando, los
accionantes habían sido admitidos como candidatos a miembros de la junta directiva,
razón por la cual podían participar en las elecciones que se llevarían a cabo
el 7 de junio de 2012, habiendo la Superintendencia de Industria y Comercio
rendido concepto de las listas admitidas para el efecto (artículo 6 del Decreto
726 de 2000).
1.4. Precisan
que el señor Ricardo Varela Consuegra se inscribió como candidato principal en
la lista número 3, la señora Maritza del Carmen Mangones Mejía como principal
de la lista número 5, la señora Erika Cristina de la Hoz Páez como suplente en
la lista número 5 y Luis Ibarra Montalvo como principal en la lista número 5,
razón por la cual tenían derechos consolidados en virtud del aval que le había
dado tanto la Cámara de Comercio de Barranquilla como la Superintendencia de
Industria y Comercio.
2. De la solicitud de tutela
Los actores manifiestan que acuden
a la acción de tutela porque consideran que la Cámara de Comercio de
Barranquilla vulneró sus derechos fundamentales de asociación, a elegir y ser
elegido, al debido proceso y a la igualdad. Lo anterior en atención a que, de
una parte, no se les notificó legalmente la convocatoria a la reunión
extraordinaria de la junta; y de otra, por cuanto en dicha reunión extraordinaria,
llevada a cabo el 28 de mayo de 2012 por el Presidente Ejecutivo y la junta directiva
de esa institución, se tomó arbitrariamente la determinación de revocarles las
afiliaciones, con fundamento en lo siguiente:
(i) La decisión se basó, entre
otras cosas, en los conceptos emitidos por la Superintendencia de Industria y
Comercio con radicados 12-78070-0-0 del 11 de mayo de 2012 y 12-78070-3-0 del
15 del mismo mes y año[1],
y en la Resolución 31385 del 22 de mayo de 2012[2],
a pesar de que en ellos nunca se da una orden de esa naturaleza, sino, todo lo
contrario, se solicita que el proceso de afiliación se realice de acuerdo a los
estatutos y con plena observancia de la ley. Insisten en que la citada resolución
no faculta al Presidente Ejecutivo y/o a la junta directiva para desafiliar a
los actores de manera unilateral y arbitraria, desconociéndoles derechos
consolidados de carácter fundamental y arrogándose competencias que sólo le
están dadas a las autoridades judiciales.
(ii) En la circular 001 de la
Cámara de Comercio de Barranquilla, dirigida a los matriculados y afiliados a
esa entidad, entre otros puntos, se indica:
“Mediante
oficios del 11 y 15 de mayo de 2011, la Superintendencia de Industria y
Comercio, preocupada por quejas recibidas con ocasión del proceso de elección
de Juntas Directivas en las Cámaras de Comercio del país, instruyó a estas
instituciones en el sentido de propender porque quienes participen en el
proceso electoral, sean en efecto comerciantes e incluso cita el ente de
vigilancia las facultades legales que, con ocasión de la solicitud de
matrícula, pueden ejercer las cámaras para que se les acrediten sumariamente
los datos contenidos en la matrícula (Art. 36).”
Sin embargo, esa facultad que
tienen las cámaras de comercio de exigir a quien solicite la matrícula
mercantil que acredite la calidad de comerciante no puede ejercerse “ex post
porque de hacerlo estaría confirmando su omisión en la función que le
corresponde de verificar que es comerciante antes del registro”.
(iii) Según las normas del Código
de Comercio y el Concepto 99060208-3 proferido por la Superintendencia de
Industria y Comercio, los requisitos para ser afiliado a una cámara de comercio
son de carácter taxativo y no enunciativo. Por lo tanto, dichas instituciones
no pueden crear a su arbitrio condiciones especiales para “verificar o
comprobar la calidad de la condición de un comerciante, pues este procedimiento
como lo he venido sosteniendo, la ley lo contempló para que de manera
individual y dentro del trámite de la solicitud, la Cámara pudiese rechazarla ya
sea por fraude o por adolecer de algún documento de los necesarios para
acreditar la condición de comerciante”.
(iv) De acuerdo con lo informado
en el comunicado de prensa publicado en el periódico El Heraldo, la
desafiliación se hizo bajo el argumento de que los accionantes ejercen una
profesión liberal y que la prestación de sus servicios no se considera como una
actividad mercantil. Decisión que es injusta, ilegal y viola los derechos
adquiridos de los demandantes, porque ellos, además de diligenciar el
formulario de inscripción, anexaron el RUT en donde manifiestan ejercer
actividades comerciales y una certificación de un contador público en la cual
se acredita su calidad de comerciantes, documentos que gozan de presunción de
legalidad, ya que ninguna autoridad los ha tachado de falsos o fraudulentos.
(v) A los accionantes se les
vulneró el derecho al debido proceso (defensa y contradicción), toda vez que no
se les notificó o comunicó ninguna de las actuaciones relacionadas con la
revocatoria de su afiliación a la Cámara de Comercio de Barranquilla, con
excepción del señor Ricardo Varela Consuegra, quien, en su condición de miembro
de la junta directiva de la entidad demandada, se opuso a dicha revocatoria.
(vi) En el proceso de desafiliación
la cámara de comercio revocó actos de carácter particular y concreto, contrariando:
(a) las normas que preceptúan que, en caso de no contar con la manifestación
expresa del afectado, la administración no puede acudir a la revocatoria
directa de actos de esa naturaleza, sino que debe proceder a demandar la
actuación ante la jurisdicción competente; (b) “el artículo 90 (sic) del
Código de Comercio”, que dispone que contra los actos proferidos por las
cámaras de comercio se puede interponer recurso de apelación ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, quedando así agotada la vía
gubernativa.
Por todo lo expuesto, los
accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales y que, en
consecuencia:
(i) Se confirme la suspensión de
las decisiones de desafiliación de los actores que en el formulario de
matrícula hayan declarado ejercer una profesión liberal, por haber sido
adoptadas sin adelantar el procedimiento idóneo y legalmente establecido para
el efecto.
(ii) Se ordene al Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla que se abstenga de ejecutar
y/o desarrollar facultades y/o competencias que la ley y el reglamento no le
han conferido.
(iii) Se ordene a “a los
accionantes que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la
comunicación y/o notificación de la decisión de desafiliarlos concurran ante la
jurisdicción competente a efecto de obtener la nulidad de las mismas”.
(iv) Se sujete el proceso
electoral de la Cámara de Comercio de Barranquilla a los principios de
imparcialidad y respeto de las normas que lo regulan.
3. Trámite
procesal
Correspondió
conocer de la acción de tutela al Juzgado Noveno Civil Municipal de
Barranquilla, el cual, mediante auto del 4 de junio de 2012, avocó el conocimiento
y ordenó: vincular al trámite a la Superintendencia de Industria y Comercio; a
los señores Pablo Obregón, Carlos Murgas, Marciano Puche, Arnold Gómez, Félix
Bayona, José Manuel Carbonell, Alberto Cepeda, Rodolfo Anaya, Juan Ruisseco,
Hernán Maestre y Daniel Martínez, en su calidad de miembros de la junta directiva
de la demandada; a Inversiones Zariba S. en C., representada legalmente por el
señor Roberto Nicolás Manssur Villegas; Inversiones Eduardo Santamaría S.A.S.,
representada legalmente por el señor Eduardo Antonio Santamaría de la Hoz;
Transportes y Grúas Ltda., representada legalmente por Jairo Castilla de la
Peña; Arriendos del Norte Alfonso Acosta Bendek S.A., representada legalmente
por Luis Fernando Acosta Osío; Servi-García & Cía. Ltda., representada
legalmente por César Hernández Dorado; Sociedad Portuaria Michellmar S.A.,
representada legalmente por Michael García Riascos; Residencia Jurassic S.A.S.,
representada legalmente por el señor Fermín Duarte Ortega, en su condición de integrantes
de las listas número 3 y 5 inscritas para las elecciones de la junta directiva de
la Cámara de Comercio de Barranquilla; y a los señores José Gregorio Vergara
Flórez, Donaldo Barrios Sánchez, Ernesto Rafael Gaviria Tinoco, Katherine Gómez
Vélez, Jairo Manuel García Torres, Elvis Castro Hernández y Magalys Muñoz
Ortega, por tener un interés legítimo en el resultado del proceso, de
conformidad con el artículo 13, inciso 2°, del Decreto 2591 de 1991.
3.1. Respuesta de la Cámara de Comercio de Barranquilla
El Presidente Ejecutivo y representante legal de la Cámara
de Comercio de Barranquilla dio respuesta a la acción de amparo oponiéndose a
su prosperidad. Para sustentar su posición expone los siguientes razonamientos:
(i) En este caso la acción de tutela es improcedente, ya
que el objeto de la misma versa sobre asuntos relacionados con el régimen de
afiliados a la cámara de comercio demandada y el proceso interno de la elección
de su junta directiva, los cuales corresponden a aspectos de naturaleza privada
y no a las funciones registrales de carácter público que les han sido delegadas
por el Estado a dichas instituciones, sobre las cuales, según el artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, sí procede la tutela.
(ii) Existe carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la mayoría de las pretensiones de los accionantes, ya que la Cámara de
Comercio de Barranquilla no ejecutó la decisión adoptada por la junta directiva
el día 28 de mayo de 2012 de desafiliar a aquellas personas naturales
matriculadas, cuya actividad corresponda al ejercicio de una profesión liberal.
En adición a lo anterior, sostiene que la Superintendencia
de Industria y Comercio, mediante oficio 12-78070-238-0 del 4 de junio de 2012,
indicó que “no le asiste razón a la Cámara de Comercio de Barranquilla para
eliminar a los siete (7) candidatos a las elecciones, bajo el argumento de que
el certificado conste que desarrollan profesionales liberales”.
Así las cosas, los actores no solo siguen estando
afiliados, sino que, además, aún ostentan la calidad de candidatos a la junta directiva.
(iii) En todo caso, en ningún momento la Cámara de
Comercio de Barranquilla ha dado un trato discriminatorio a los accionantes, ni
les ha negado su derecho de asociación.
Agregan que no se ha vulnerado el derecho al debido
proceso, toda vez que las actividades realizadas por las cámaras de comercio
relacionadas con la afiliación de comerciantes y la elección de los miembros de
la junta directiva no se ejecutan a través de actos administrativos, razón por
la cual no se les aplica el procedimiento contemplado para éstos.
3.2. Intervención de los terceros vinculados al proceso
3.2.1. La Coordinadora  del Grupo de Gestión
Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio indica que, según lo
dispone el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esa entidad el control y vigilancia
de las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones, por lo que se
encuentra facultada para decretar, previa investigación, la suspensión o cierre
de las cámaras, imponer multas y vigilar las elecciones de sus juntas
directivas, entre otras cosas.
Afirma que, de acuerdo con lo señalado por el Decreto 726
de 2000[3],
dentro de las obligaciones de las cámaras de comercio está la revisión y
control del cumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión como afiliados
de los candidatos para ocupar cargos directivos.
Sostiene que, con ocasión del proceso de elección de
juntas directivas de las cámaras de comercio del país, la Superintendencia de
Industria y Comercio recibió una serie de quejas y denuncias en las cuales se
hacía alusión a posibles acciones fraudulentas o manipulaciones del proceso
electoral, cuestionándose la calidad de comerciantes de varios candidatos.
En virtud de lo anterior, la entidad emitió las comunicaciones
12-780760-0 de fecha 11 de mayo de 2012 y 12-780760-2 del 15 de del mismo mes y
año, en las que se “les recordó a las cámaras de comercio su obligación de
efectuar una estricta revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos para
la admisión de sus afiliados, así como su obligación de verificar el
cumplimiento de los deberes del comerciante señalados en el artículo 19 del
Código de Comercio, siendo claro que esta Superintendencia nunca instruyó, ni
mucho menos ordenó a las cámaras de comercio la exclusión de los candidatos que
indicaran en su certificado de matrícula que desarrollaban profesiones
liberales”.
Manifiesta que, siguiendo el procedimiento previsto en el
Decreto 726 de 2000 (artículo 6°), emitió la comunicación 12-74522-1 del 17 de
mayo de 2012, en la que le informó a la presidencia ejecutiva de la Cámara de
Comercio de Barranquilla la necesidad de revocar “la decisión de considerar
como candidatos a algunas personas (naturales y/o jurídicas) que no cumplían
con los requisitos fijados en la ley, entre las cuales -debe decirse- no se
hizo mención alguna a la participación de los aquí accionantes de tutela”.
Aduce que con posterioridad la Superintendencia de Industria
y Comercio recibió un escrito de fecha 31 de mayo de 2012, proveniente de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en donde
informaba la desvinculación de varios afiliados, entre los que se encontraban
los señores Ricardo Varela Consuegra, Maritza del Carmen Mangones Mejía, Luis
Ibarra Fontalvo y Erika Cristina de la Hoz Páez, fundamentando su decisión “en
que no se podían considerar como comerciantes por encontrarse matriculados en
el Registro Mercantil con actividades no mercantiles, al desempeñar profesiones
liberales”.
Explica que, como consecuencia de la anterior actuación,
la superintendencia expidió la comunicación 12-78070-238 del 4 de junio de
2012, en la que se aclara “que el artículo 13 del Código de Comercio prevé
varias presunciones para determinar si una persona ejerce el comercio, entre
las que se encuentra ‘(…) cuando se halle inscrita en el registro mercantil
(…)’, coligiendo así que no le asistía razón a la Cámara de Comercio de
Barranquilla al eliminar a los 7 candidatos a las elecciones bajo el argumento
esgrimido en la comunicación antes referenciada, pues se pudo constatar que los
candidatos excluidos se encontraban matriculados desde el año 2010 y algunos
contaban con establecimientos de comercio debidamente inscritos en el registro
mercantil”.
De igual forma, expone que, conforme a lo ordenado por el
Decreto 1202 de 2012, mediante el cual se faculta a la superintendencia para
disponer la realización de las elecciones a más tardar el primer día hábil del
mes de agosto de 2012, la Dirección de Cámaras de Comercio de la entidad que
representa profirió la Resoluciones 35746 y 35755 del 6 de junio de 2012, en las
cuales se fijan nuevas fechas para las elecciones de las juntas directivas de
las Cámaras de Comercio de Bogotá, Barranquilla y Villavicencio.
Finalmente señala que, según lo reseñado, es claro que la
Superintendencia de Industria y Comercio no ha vulnerado o amenazado, por acción
u omisión, los derechos fundamentales de los accionantes y que, por el
contrario, en todas las actuaciones adelantadas por la institución se ha dado cumplimiento
a los requisitos legales establecidos para ser candidato en las elecciones y
para el nombramiento de directivos de las cámaras de comercio.
3.2.2. El señor Carlos Murgas Guerrero, miembro de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, intervino en los mismos
términos manifestados por la entidad demandada en la respuesta a la acción de
tutela.
Por su parte, los señores Rodolfo Anaya Abello, José
Manuel Carbonell Gómez, Hernán Maestre Castro y Arnold Gómez, también en
calidad de  miembros de la junta directiva de la entidad demandada, rindieron
informe sobre los hechos narrados en la acción de tutela, en los siguientes
términos:
(i) La Cámara de Comercio de Barranquilla, mediante Circular
del 23 de mayo de 2012, procedió a fijar “acorde con los requisitos de ley,
las condiciones de permanencia como afiliados, y a requerir cierta información
a aquellas personas naturales y jurídicas que se afiliaron en el curso del
presente año para determinar su condición de comerciantes”.
(ii) La Superintendencia de Industria y Comercio le
anunció al Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla la
apertura de una investigación contra esa entidad por haber matriculado como
comerciantes a varias personas que ejercían otra clase de actividades ajenas a
la mercantil, entre estas a los señores Ricardo Varela Consuegra, Maritza del
Carmen Mangones Mejía, Luis Ibarra Fontalvo y Erika Cristina de la Hoz Páez.
(iii) Como consecuencia de dicha investigación la Cámara
de Comercio aprobó que, en aquellos casos de personas inscritas con una
profesión liberal y que no ejercieran actividades como comerciantes, se
procediera a su desafiliación, medida que finalmente terminó afectando a los
accionantes.
(iv) La anterior decisión fue ratificada por la junta directiva
de la entidad en reunión del 28 de mayo de 2012, que se fundamentó en los informes,
análisis e interpretaciones que fueron expuestos en la respectiva sesión y con
el propósito de dar cumplimiento a las indicaciones impartidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
(v) La presunta vulneración del derecho al debido proceso
de los actores por no tener la oportunidad de controvertir la decisión de
desafiliación  “no pasa de ser una mera afirmación toda vez que a más de
existir mecanismos legales que permitirían atacar la decisión ante la justicia
ordinaria y que fuere competente, solicitando inclusive la suspensión
provisional, también contaban con la información y plazos determinados para proceder
a remediar su condición de afiliados y de esa manera cumplir con los mandatos
señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio y la ley sobre este
particular”.
(vi) Según lo señalado por el Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Barranquilla la desafiliación de los accionantes no se ha
hecho efectiva a la fecha y además aún ostentan la calidad de candidatos a la
junta directiva de esa entidad. (Anexan certificados donde consta que los
señores Ricardo Varela Consuegra, Maritza del Carmen Mangones Mejía, Luis
Ibarra Fontalvo y Erika Cristina de la Hoz Páez son afiliados).
3.2.3. De otro lado, los señores Marciano Puche, Pablo
Obregón, Félix Bayona y Alberto Cepeda, igualmente miembros de la junta directiva
de la Cámara de Comercio de Barranquilla, interpusieron incidente de nulidad
por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, exponiendo estas
razones:
(i) En el trámite de la tutela fue vinculada la
Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad del orden
nacional. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 1°, numeral 1°, del Decreto
1382 de 2000, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla no es
competente para su conocimiento.
(ii) No se ha integrado en debida forma el litisconsorcio
necesario, ya que se omitió vincular a los integrantes de las listas inscritas
para las elecciones de junta directiva números 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10,
quienes también tienen un interés legítimo en el resultado del proceso, en
tanto que pueden verse “afectados o bien excluidos de una responsabilidad
con la decisión que de ésta resulte”.
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
1. Sentencia de primera
instancia
El Juzgado Noveno Civil Municipal
de Barranquilla, en sentencia del 19 de junio de 2012, resolvió amparar los
derechos fundamentales de los actores al debido proceso, a la libre asociación,
a la igualdad y a elegir y ser elegido, violados por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, ordenándole a ésta que garantice el ejercicio pleno de tales
derechos y se abstenga de vulnerarlos en lo sucesivo. Adujo las siguientes razones
esenciales:
(i) La Corte Constitucional, en
Auto 124 de 2009, señala que la competencia para conocer de las acciones de
tutela está regulada en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto
2591 de 1991, mas no en el Decreto 1382 de 2000, que simplemente contiene
reglas de reparto. En consecuencia, concluyó que el juzgado era el competente
para conocer de la acción de tutela.
(ii) Según lo dispuesto por los
Decretos 2591 de 1992, 306 de 1992 y 1382 de 2000, aunque los accionantes en
este caso disponen del procedimiento civil, ese medio de defensa judicial no
resulta idóneo para la protección de los derechos
fundamentales que alegan, sobre todo el de participar en la elección de la junta
directiva de la entidad demandada, programada para el 7 de junio de 2012, razón
por la cual la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
(iii) Por otra parte, conforme a
lo dispuesto en el artículo 42 Decreto 2591 de 1991, la tutela es procedente
para amparar los derechos fundamentales de los actores, quienes se encuentran
en situación de indefensión frente a los actos que cuestionan de la Cámara de
Comercio de Barranquilla, que es una persona privada (artículos 78 del Código
de Comercio y 1° Decreto 898 de 2002), que desempeña funciones públicas y
privadas (artículo 86 Código de Comercio, Decreto 2150 de 1995 y Leyes 23 de
1991 y 80 de 1993), toda vez que “esa indefensión es evidente en cuanto la
Junta Directiva de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA está en aptitud de
impedir en forma absoluta, la participación de los accionantes como candidatos
en el proceso electoral para escoger miembros de la Junta Directiva, que debía
cumplirse el día 07 de junio de 2012 y que ha sido aplazado por la SIC para el
día 05 de julio de 2012, con la decisión de desafiliación sin permitir a la
parte afectada el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción que le
asiste”.
(iv) No es cierta la afirmación
de la parte demandada en el sentido de que existe carencia actual de objeto,
dado que no está demostrado que la junta directiva de la Cámara de Comercio de
Barranquilla haya revocado o dejado sin efectos jurídicos la desafiliación
ordenada en su reunión del 28 de mayo de 2012; y que el Superintendente de
Industria y Comercio ha informado que el Vicepresidente de la Cámara de
Comercio de Barranquilla le comunicó el 31 de mayo de 2012 la desafiliación de
varias personas, entre ellas Ricardo Varela Consuegra, Maritza del Carmen
Mangones Mejía, Luis Ibarra Fontalvo y Erika Cristina de la Hoz Páez.
(v) Las causales de desafiliación
están consagradas taxativamente, en general, como un sistema sancionatorio en
los artículos 6° del Decreto 898 de 2002 y 27 de los estatutos de la Cámara de
Comercio de Barranquilla, y como tal debe someterse al debido proceso.
Sin embargo, la junta directiva
de la Cámara, en su reunión del 28 de mayo de 2012, terminó desafiliando a
varias personas, entre ellas a los accionantes, por haber incluido en el
formulario de matrícula como actividad única la prestación de servicios
inherentes a profesiones liberales, sin que en el orden del día de esa reunión
se hubiera incluido dicho tema y sin que se le hubiera comunicado la decisión a
los afectados para que pudieran interponer los recursos legales. Es decir, que
la junta directiva invocó, como fundamento de la desafiliación, “una causal
que no se hallaba prevista en el decreto reglamentario 898 de 2002 y en los
estatutos de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA”.
(vi) La junta directiva de la
Cámara de Comercio de Barranquilla sostiene que los accionantes no son
comerciantes.
Pero, esta afirmación tampoco
corresponde a la verdad, dado que la misma junta directiva acepta que el
registro mercantil de los actores se encuentra vigente y el artículo 13 del
Código de Comercio dice que de ese hecho se presume que una persona es
comerciante.
(vii) La misma entidad sostiene
que desafilió a los demandantes el 28 de mayo de 2012 siguiendo las directrices
impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en las circulares
del 15 y 18 de mayo, afirmación que es desmentida por dicha entidad en el
informe rendido al juzgado, según el cual “esta superintendencia nunca
instruyó ni mucho menos ordenó a las cámaras de comercio, la exclusión de los
candidatos que indicaran en su certificado de matrícula que desarrollaban
profesiones liberales”.
(viii) La Cámara de Comercio de
Barranquilla no ha implementado “mecanismos idóneos para verificar el
cumplimiento de los deberes de comerciante e incluirlos en sus reglamentos
internos, pues los estatutos no contemplan mecanismo alguno (…)”.
(ix) El acto de desafiliación se
constituyó en la imposición de una decisión arbitraria, fuera de todo contexto
legal, sin observancia de las garantías mínimas y violatoria de los derechos
fundamentales de los actores, los cuales deben ser amparados en forma
transitoria, mientras interponen la acción contencioso administrativa en el
término de 4 meses.
§
Impugnación
1. La Cámara de Comercio de
Barranquilla, a través de apoderado, impugnó el fallo de primera instancia,
aduciendo los siguientes argumentos básicos:
(i) La acción de tutela no es
procedente, porque los derechos que según la sentencia supuestamente se
violaron a los accionantes son de naturaleza comercial, no fundamental.
(ii) El fallo no relacionó el
supuesto peligro inminente que se presenta con los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la libertad de asociación, sino con el
derecho a elegir y ser elegido, que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 40
de la Constitución, es el derecho de todo ciudadano a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, pero no de las cámaras de
comercio, que no son de naturaleza política, sino comercial.
(iii) Agrega el recurrente que “existe
una norma clara y expresa que determina la acción a la que deben acudir los
demandantes para lograr que la decisión que consideren adversa se revoque, no
es dado que sea una acción de tutela la que se encargue de decidir ese tema”.
(iv) De acuerdo con la Sentencia
T-823 de 1999, el perjuicio o daño irremediable es aquel “que una vez se
produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la
vulneración del derecho”. Cosa que no sucede en el caso que se analiza, en
que se trataría de “una posible violación de normas estatutarias, de normas
gremiales, que sin lugar a dudas en la vía ordinaria los demandantes tendrían
la posibilidad de solicitar la reivindicación de sus derechos, pidiendo
disolver la Junta elegida, en su sentir, de forma ilegal o solicitando la
nulidad de las decisiones que tome la junta elegida, es decir, todas
situaciones propias de un grupo o agremiación privada”.
(v) La circunstancia de que los
actores dispongan de ese otro medio ordinario de defensa judicial indica que no
se hallan en un estado de indefensión y menos aún si se tiene en cuenta que
varios de ellos eran miembros activos de la junta directiva que produjo la
actuación que se ataca y que en ese momento también tuvieron la oportunidad de
oponerse, aunque sin éxito.
(vi) La sentencia de primera
instancia no demostró que los accionantes son realmente comerciantes, ya que
esa condición no se adquiere con el registro mercantil, que solamente es una
certificación pública de quien ostenta esa calidad.
Por su parte, el “numeral 5°
del artículo 21 (sic)” del Código de Comercio expresa que no son
mercantiles actividades como “[l]a prestación de servicios inherentes a las
profesiones  liberales”.
(vii) No estando demostrada la
calidad de comerciantes de los actores, tampoco es acertado afirmar que se les
está vulnerando el derecho a la igualdad, porque no se trata de personas que se
hallen en las mismas condiciones de los afiliados a la Cámara de Comercio de
Barranquilla que son verdaderos comerciantes.
2. Los señores Félix Bayona Meza,
Marciano Puche Uribe, Pablo Obregón Santodomingo y Daniel Martínez Pedrozo,
vinculados por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla, también
pidieron la revocatoria del fallo del 19 de junio de 2012 con base en estos
razonamientos:
(i) Consideran que el proceso
está afectado de nulidad por falta de integración del contradictorio con las
personas que figuran en las listas 1, 2, 4 y 6 a 10 de aspirantes a participar en la elección de miembros de la junta directiva de la Cámara de
Comercio de Barranquilla, quienes tienen interés legítimo en el proceso.
(ii) Coinciden con los planteamientos
del apoderado de la entidad accionada relacionados con la falta de
determinación en la sentencia impugnada de la calidad de comerciantes de los
demandantes.
2. Sentencia de segunda
instancia
El Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Barranquilla, mediante providencia del 10 de agosto de 2012,
confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
Sostiene que la determinación de
la calidad con que actúan los actores escapa a la función del juez de tutela,
quien solo debe establecer la legitimidad e interés para proponer la acción,
según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991. Por tanto, no es
cierto que el juez constitucional deba verificar la condición de comerciantes
de los demandantes para poder tramitar la acción, sino solamente establecer si
se están vulnerando sus derechos fundamentales con la acción o la omisión del
demandado.
Manifiesta que, según el artículo
13 del Código de Comercio, para todos los efectos legales se presume que una
persona ejerce el comercio cuando se halla inscrita en el registro mercantil.
Igualmente afirma que, como lo
sostiene el Superintendencia de Industria y Comercio en el comunicado que le
envió al Presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, “no pueden
desafiliarse comerciantes que se encuentren matriculados por el hecho de estar
inscritos con actividades correspondientes a profesiones liberales. Únicamente
podrán desafiliarse cuando se compruebe que el afiliado no está cumpliendo con
sus deberes de comerciante (…). // Por otro lado, atendiendo que afirma en su
comunicación que va a ‘proceder a desafiliar a aquellos afiliados respecto de
los cuales se concluya que no son comerciantes’ debe precisarse que en los
términos del artículo 13 del Código de Comercio, mientras la persona se
encuentre matriculada se presume su calidad de comerciante, razón por la cual
si se considera que la información suministrada en el registro mercantil es
falsa, la Cámara de Comercio debe instaurar la respectiva denuncia penal, como
lo ordena el artículo 38 del Código de Comercio, pero dichas personas
conservarán su calidad de comerciante hasta tanto exista un pronunciamiento por
orden de autoridad competente”.
Expone dicho fallo que,
cualquiera sea el resultado de la acción de tutela, las listas 1, 2, 4 y 6 a 10 de aspirantes a la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla no deben ser
modificadas en ningún sentido. Es decir, que carecen de interés legítimo para
intervenir en el proceso.
Finalmente afirma que el artículo
27 de los estatutos señala taxativamente las causales para perder la calidad de
afiliado a la Cámara de Comercio de Barranquilla y que en ellas no está
consagrada la de ejercer únicamente actividades inherentes a profesiones
liberales, que fue la tenida en cuenta para desafiliar a los actores. Esto
quiere decir que la entidad demandada les está vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido.
III. Pruebas
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
·
Copia del Decreto 726 del 18 abril 2000, por el cual se
reglamenta la elección de Directivos de las cámaras de comercio y se dictan
otras disposiciones (folios 165 a 172, cuaderno de primera instancia).
·
Copia del Decreto 0333 del 9 febrero 2012, por el cual se
modifican parcialmente los Decretos 726 de 2000, 898 de 2002 y se dictan otras
disposiciones (folios 173 a 180, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la comunicación del 4 de mayo de 2012, remitida por el Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla al señor Jairo Francisco
Castillo de la Peña, haciéndole saber que había sido admitida su inscripción como
candidato a miembro de la junta directiva en las elecciones del 7 de junio de
2012  (folio 34, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la comunicación del 4 de mayo de 2012, remitida por el
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla a la Jefe de la
División de Cámara de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio
sobre integración de listas de candidatos inscritos para la elección de
miembros de la junta directiva en el periodo 2012-2014 (folios 35 a 39, (folio 32, cuaderno de primera instancia).
·
Comunicación del 11 mayo 2012 dirigido por la Directora de Cámaras
de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio a los representantes
legales de las Cámaras de Comercio de Colombia (folios 341 y 342, cuaderno de
primera instancia).
·
Comunicación del 15 de mayo de 2012, dirigida por el
Superintendente de Industria y Comercio a los representantes legales de las
Cámaras de Comercio de Colombia, instruyéndolos sobre algunas medidas de
control que debían tomar respecto a posibles actos fraudulentos en
inscripciones y matrículas de comerciantes (folios 282 a 285, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la comunicación del 17 de mayo de 2012, enviada por la
Directora de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio
al Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, acusando
recibo de listas de candidatos inscritos a miembros de junta directiva (folios 42 a 44, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la comunicación del 18 de mayo de 2012, remitida por la
Directora de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio
al Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla en la cual le
hace saber a éste último la apertura de una investigación por irregularidades
en la matrícula de algunos comerciantes (folios 162 a 164, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la Resolución número 31385 del 22 de mayo de 2012,
expedida por la Directora de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de
Industria y Comercio, por la cual impone una sanción a la Cámara de Comercio de
Barranquilla  (21 a 31, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la convocatoria de fecha 22 de mayo de 2012, hecha por
el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla a los
directivos de la misma entidad, para la reunión extraordinaria a realizarse el
28 de mayo de 2012 (folio 48, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la circular 001 del 23 de mayo de 2012, dirigida por el
Presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla a los matriculados y
afiliados de esa entidad, instruyéndolos sobre elecciones para miembros de
junta directiva (folios 18 a 20, cuaderno de primera instancia).
·
Parte del periódico El Heraldo de Barranquilla, de fecha 29 de
mayo de 2012 (folio 32, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la comunicación del 31 de mayo de 2012, remitida por la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla sobre la
lista de personas que estaban inscritas y afiliadas y que desempeñaban
profesiones liberales, lo que les impedía integrar la nueva junta directiva
(folios 350 a 358, cuaderno de primera instancia).
·
Comunicación del 4 de junio de 2012, dirigida por la Directora de
Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio al
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla (folios 339 y
340, cuaderno de primera instancia).
·
Certificaciones expedidas el 6 de junio de 2012 por la Jefe de
Servicios de la Cámara de Comercio de Barranquilla sobre la calidad de
afiliados a esa entidad como comerciantes de los señores Erika Cristina de la
Hoz Páez, Luis Enrique Ibarra Fontalvo, Maritza del Carmen Mangones Mejía y
Ricardo Gaitán Varela Consuegra (folios 292, 293, 294 y 301, cuaderno de
primera instancia).
·
Copia del Decreto 1202 del 6 de junio de 2012, por el cual se
modifican parcialmente los Decretos 726 de 2000 y 333 de 2012 (folios 330 a 332, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la Resolución 35746 del 6 de junio de 2012, por la cual
se fija nueva fecha para la elección de Junta Directiva y Revisor Fiscal
periodo 2012-2014 en Cámaras de Comercio de Bogotá, Barranquilla y
Villavicencio (folios 333 y 334, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la Resolución 35755 del 6 de junio de 2012, por la cual
se modifica la Resolución 35746 de la misma fecha (folios 336 y 337, cuaderno
de primera instancia).
·
Certificaciones expedidas el 6 de junio de 2012 por la Cámara de
Comercio de Barranquilla, según las cuales para esa fecha se encontraban
afiliados como comerciantes Erika Cristina de la Hoz Páez, Luis Enrique Ibarra,
Maritza del Carmen Mangones Mejía y Ricardo Varela Consuegra[4].
·
Copia de la comunicación del 12 junio 2012, enviada por la
Directora de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio
al representante legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla, acerca de la
presunción de la calidad de comerciantes de los accionantes (folios 324 y 325,
cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la comunicación del 12 de junio de 2012 de la Directora
de Cámaras de Comercio de Industria y Comercio al representante legal de la
Cámara Comercio de Barranquilla, en la que se refiere a la comunicación de éste
del 7 de junio de 2012 y le reitera los casos de presunción de la calidad de
comerciantes de los afiliados (folios 361 y 362, cuaderno de primera
instancia).
·
Copia de los estatutos de la Cámara de Comercio de Barranquilla
(folios 363 a 376, cuaderno de primera instancia).
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241,
numeral noveno, de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Breve presentación del caso
2.1. Los accionantes sostienen que sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, asociación y a elegir y ser elegido están siendo
vulnerados por el acto de desafiliación a la Cámara de Comercio de
Barranquilla, aprobada por mayoría de votos de su junta directiva, llevada a
cabo, previa convocatoria, en su reunión extraordinaria del 28 de mayo de 2012,
exponiendo como argumento el hecho de haber registrado “como actividad única
en el formulario de su matrícula una actividad de prestación de servicios
inherentes a las profesiones liberales”, limitándoles en esa forma la
posibilidad de participar en el próximo proceso electoral para conformación de
una nueva junta directiva.
Los demandantes argumentan que:
(i) la entidad accionada no les notificó legalmente la convocatoria a la
reunión extraordinaria, ni la revocatoria de su afiliación tomada en ella,
haciéndolo únicamente por publicación en el periódico El Heraldo del 29 de mayo
de 2012; (ii) habían sido admitidos como candidatos a miembros de la nueva
junta directiva en las elecciones que se llevarían a cabo el 7 de junio de
2012; (iii) la decisión de desafiliación se fundamentó en los conceptos del 11
y 15 de mayo de 2012 y en la Resolución 31385 del 22 del mismo mes y año,
expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales lo que
dicen realmente es que el proceso de desafiliación debe regirse por los
estatutos y la ley; (iv) la decisión de desafiliación no tuvo en cuenta que ellos
anexaron a la inscripción copia del RUT y una certificación de contador
público, documentos en los que consta que ejercen actividades comerciales; (v)
la causal de desafiliación no figura como tal en las normas del Código de
Comercio y en el concepto 99060208-3 de la Superintendencia de Industria y
Comercio; (vi) en contra de las normas administrativas, la entidad accionada
revocó, de manera directa y sin el consentimiento de los afectados, un acto
administrativo de carácter particular y concreto, como es la afiliación a la
Cámara de Comercio de Barranquilla.
2.2. El representante legal de la
Cámara de Comercio de Barranquilla se opuso a las pretensiones de los actores
y, en su lugar, pidió que se niegue por improcedente, dado que el acto de
desafiliación corresponde a las actividades internas y privadas de la junta
directiva; existe carencia actual de objeto, porque no se ha ejecutado la
decisión de desafiliación y los accionantes están afiliados y son candidatos
para ser miembros de la junta directiva; la Cámara no ha ejercido actos
discriminatorios contra ellos.
2.3. La Coordinadora del Grupo de
Gestión Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que esa
entidad no ha vulnerado, ni amenazado, por acción u omisión, ningún derecho
fundamental a los accionantes, en virtud de que, con base en los Decretos 726
de 2000, 4886 de 2011 y 1202 de 2012, le hizo llegar varias comunicaciones a la
Cámara de Comercio de Barranquilla para que no desafiliara a quienes se
encontraran matriculados en el registro mercantil “con actividades no
mercantiles, al desempeñar profesiones liberales”.
2.4. Los miembros de la junta directiva
de la Cámara de Comercio de Barranquilla Marciano Puche, Félix Bayona, Pablo
Obregón y Alberto Cepeda solicitaron la nulidad de lo actuado por falta de
competencia del juez de primera instancia, según el artículo 1°, numeral 1°,
del Decreto 1382 de 2000, y por no haber vinculado al proceso a los integrantes
de las listas de aspirantes 1, 2, 4 y 6 a 10 para las elecciones de nueva junta directiva.
2.5. Las sentencias de primera y
segunda instancia tutelaron los derechos fundamentales del debido proceso,
igualdad, asociación y a elegir y ser elegido de los actores, por considerar
que están siendo vulnerados por la decisión de desafiarlos que tomó la junta directiva
de la Cámara de Comercio de Barranquilla en sesión extraordinaria del 28 de
mayo de 2012, por estas razones esenciales: (i) la acción es procedente como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; y por no ser
idóneo como mecanismo de defensa con el que cuentan; (ii) la decisión de
desafiliación no ha sido revocada y por eso no se presenta carencia actual de
objeto por hecho superado; (iii) de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Decreto 1382 de 2000 no regula la competencia para conocer
acciones de tutela, sino el artículo 86 de la Constitución y los Decretos 2591 de
1991 y 306 de 1992; (iv) la entidad accionada desafilió a los demandantes en forma
arbitraria, con base en una causal no contemplada en la enumeración taxativa
que contienen los artículos 6° del Decreto 898 de 2002 y 27 de los estatutos de
la Cámara; (v) según el artículo 13 del Código de Comercio, la calidad de
comerciante se presume por la inscripción en el registro mercantil.
3. Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes
planteados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si es procedente la acción de tutela en el caso bajo análisis. De ser así, la Corte
analizará si la junta directiva de una cámara de comercio vulnera el derecho
fundamental al debido proceso de un comerciante al desafiliarlo de dicha
entidad, bajo el argumento que, según el certificado de matrícula, presta
servicios inherentes a una profesión liberal.
Para resolver
el anterior problema jurídico estima la Sala que es preciso estudiar la
jurisprudencia de esta corporación en relación con: (i) el carácter subsidiario
de la acción de tutela; (ii) la procedencia de la acción de tutela contra
particulares; (iii) la naturaleza y funciones de las cámaras de comercio; (iv)
la afiliación y desafiliación de comerciantes a las cámaras de comercio. Con
base en ello, (v) se procederá al análisis del caso concreto para determinar si
hay lugar o no a la protección invocada.
4. El carácter subsidiario de la acción de tutela
4.1. El artículo 86, inciso 3º, de la Constitución le asigna un carácter
subsidiario a la acción de tutela al precisar que ésta solo es procedente
cuando no se disponga de otros medios de defensa judicial. La norma en comento dispone:
“ARTÍCULO 86.
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. (…)” (Subrayas fuera de texto
original).
En desarrollo del anterior precepto, el artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991 establece:
“ARTÍCULO 6o.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)” (Subrayas fuera de texto).
4.2. Tomando como fundamento estas
normas la Corte Constitucional ha sostenido que, debido al carácter subsidiario
y residual de la acción de tutela,  solo se podrá acudir a ella en ausencia de
otro medio de defensa judicial, toda vez que ésta no puede entrar a sustituir
los recursos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un
derecho. Sobre este punto, en Sentencia T-406 de 200, dijo:
“El fundamento
constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, consiste en impedir
que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se
convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos
fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia
con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca
el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta
Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos
al interior de cada una de las jurisdicciones.”
Con todo, esta
corporación ha precisado que esta regla tiene algunas excepciones que se
presentan cuando: “(i) [l]os medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados; (ii) [a]ún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos,
de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se
produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales; (iii) [e]l
accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela (Sentencias T-656 de
2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003)”[5].
En cuanto a la
primera excepción, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la sola
existencia de otro mecanismo judicial no es razón suficiente para declarar la
improcedencia de la acción, ya que el mismo debe ser idóneo y eficaz para
proteger los derechos fundamentales invocados. Al respecto la Corte, en Sentencia
T-795 de 2011, señaló:
“Es así
como en aquellos casos en que se logra establecer la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, debe ponderarse la idoneidad de dicho medio de
protección, valorando el caso concreto y determinando su eficacia en las
circunstancias específicas que se invocan en la tutela[6].
Por esta razón, el juez constitucional debe establecer si el procedimiento
alternativo permite brindar una solución ‘clara, definitiva y precisa’[7]
a las pretensiones que se ponen a consideración del debate iusfundamental y su
eficacia para proteger los derechos invocados.
Por ello,
la jurisprudencia constitucional ha considerado necesario apreciar frente al
medio de defensa alternativo, entre otros aspectos: ‘(a) el objeto del
proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela y (b) el
resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la
protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales’[8]. Estos elementos,
aunados al análisis de las circunstancias concretas del caso, permiten
corroborar si el mecanismo judicial de protección alterno es eficaz para la
defensa de los derechos presuntamente conculcados. (…)” (Subrayas fuera de
texto original).
En lo que
tiene que ver con la segunda situación excepcional, la Corte Constitucional ha afirmado
que puede acudirse a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, definiéndolo así:
“[U]n
perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el
derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera
grave su  subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen.”[9]
Asimismo, esta
corporación ha señalado como elementos configurativos del perjuicio
irremediable los siguientes:
“A)… inminente:
‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de
la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas
de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y
oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...)
B). Las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la
Real Academia. (...)
C). No
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona. (…)
D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando
ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (...)”[10]
De igual forma, la Corte Constitucional
ha aclarado que, a pesar de la informalidad del amparo constitucional, el actor
debe presentar y sustentar los factores a partir de los cuales pretenda derivar
el perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento
hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela. Así
lo sostuvo en Sentencia T-436 de 2007, al indicar:
“En
concurrencia con los elementos configurativos que llevan a determinar que se
está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal ha sostenido que,
para que proceda la tutela como mecanismo de defensa transitorio, se requiere
también verificar que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre
este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no está
habilitado para conceder el amparo transitorio, que por expresa disposición
constitucional se condiciona a la existencia de un perjuicio irremediable, si
el perjuicio alegado no aparece acreditado en el expediente, toda vez que el
juez de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o
proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el
presunto daño irreparable[11].
La posición que
al respecto ha adoptado esta Corporación, reiterada en  distintos fallos, no
deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio irremediable es
requisito fundamental para conceder el amparo. Por ello, ha señalado la Corte
que quien promueva la tutela como mecanismo transitorio, no le basta con
afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es
necesario, además, que el afectado ‘explique en qué consiste dicho perjuicio,
señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de
juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento
en cuestión’ (Sentencia T-290 de 2005).”
4.3. En
consonancia con lo anterior, es posible concluir que la procedencia de la
acción de tutela depende de la observancia estricta del principio de
subsidiariedad, “comoquiera que este se encuentra ordenado a garantizar
importantes principios de la función jurisdiccional, y asegura el fin
contemplado por el artículo 86 de la Carta, que no es otro que el de brindar a
la persona garantías frente a sus derechos constitucionales fundamentales. En
este orden de ideas, en los casos en los que no sea evidente el cumplimiento de
este principio, la tutela deberá ser declarada improcedente”[12].
5. Procedencia de la acción de tutela contra particulares
5.1. El artículo 86 de la Carta
Política establece:
“ARTÍCULO 86.
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
Del texto de
la anterior norma se infiere que el Constituyente previó expresamente tres
situaciones respecto de las cuales resulta procedente la acción de tutela
contra particulares, a saber: (i) cuando tienen a su cargo la prestación de un
servicio público, (ii) cuando su conducta afecte grave y directamente el
interés colectivo o (iii) cuando el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión respecto al particular.
Bajo este
contexto, en relación con el ámbito de cobertura y eficacia de protección de
los derechos fundamentales en las relaciones privadas, la Corte Constitucional
en la sentencia T-160 de 2010 precisó:
“Una de las
consecuencias del papel que ocupan los derechos fundamentales dentro del
constitucionalismo contemporáneo, concebidos como un ‘orden objetivo
valorativo’[13],
es el denominado efecto de irradiación en todo el ordenamiento jurídico, de
manera tal que ‘al derecho privado que hasta entonces determinaba en solitario
la configuración de las relaciones jurídicas y la decisión de los conflictos
jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico; éste tiene incluso primacía
sobre él, si bien conste sólo en principios jurídicos, además de escasos, muy
amplios y frecuentemente indeterminados’[14].
Dicho efecto de
irradiación se extiende a las relaciones jurídicas privadas, debido
precisamente a la pretensión de universalidad de los derechos fundamentales,
cuyo carácter vinculante se afirma no sólo respecto de los poderes públicos
sino también respecto de los particulares. Ahora bien, sobre la extensión de
dicha obligatoriedad, al igual que sobre la manera como se hace efectivo dicha
influencia existen diversas posturas doctrinales[15] y
jurisprudenciales[16],
sin embargo es una constante en el constitucionalismo contemporáneo reconocer
la eficacia de los derechos fundamentales en el tráfico jurídico privado.
En Colombia, la
Constitución Política de 1991 zanja de una vez la cuestión al establecer en el
inciso final del artículo 86 la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, de este modo el Constituyente al definir una cuestión procesal
–la legitimidad pasiva del mecanismo constitucional de protección de los
derechos fundamentales- resolvió un asunto sustancial cual es la eficacia de
los derechos fundamentales en las relaciones inter privados.
No
obstante, cabe distinguir entre las dos dimensiones de la cuestión bajo estudio
porque sería errado concluir que la dimensión procesal configura totalmente la
dimensión material, en otras palabras, sería errado sostener que como el
artículo 86 constitucional señala que la acción de tutela procede contra los
particulares que prestan un servicio público, aquellos que con su conducta
afecten de manera grave y directa el interés colectivo o en los supuestos de
subordinación o de indefensión, la eficacia de los derechos fundamentales entre
particulares queda limitada a esos eventos. Por el contrario, debido
precisamente al lugar que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional
colombiano y a su efecto de irradiación se puede sostener que el influjo de
éstos cobija todas las relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben
ajustar al ‘orden objetivo de valores’ establecido por la Carta política de
1991. Cosa distinta es que la acción de tutela, como mecanismo idóneo de
protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares
sólo proceda prima facie en los supuestos contemplados por el artículo 86
constitucional.”
En desarrollo del artículo 86 superior, el Decreto
2591 de 1991 en su artículo 42 establece las situaciones en las que resulta
procedente la acción de tutela contra particulares:
“ARTÍCULO
42. PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquél
contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del
servicio público de educación.
2. Cuando aquél
contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del
servicio público de salud.
3. Cuando aquél
contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de
servicios públicos.
4. Cuando la
solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquél
contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la
entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en
ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando
se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso
se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en
condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando
el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo
caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando
la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.”
5.2. Ahora bien, para efectos del
asunto objeto de revisión interesa hacer claridad sobre los conceptos de
subordinación e indefensión.
Al respecto es necesario señalar
que desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en el
carácter relacional de estos dos conceptos, es decir, ha resaltado que su
configuración está determinada por las circunstancias del caso concreto[17]. De igual
forma, ha indicado que, aunque se trata de dos figuras que cobijan
circunstancias diferentes, en determinados eventos pueden ir asociadas.
En relación con la subordinación la
Corte Constitucional ha sostenido que ésta  hace referencia a una relación
jurídica de dependencia entre dos o más sujetos, en virtud de la cual hay lugar
al “acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de
sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”[18].
Con fundamento en esta
definición, las diferentes Salas de Revisión de esta corporación han
identificado algunos casos en los cuales se presenta subordinación, entre los
que se pueden mencionar los siguientes:
1. Las relaciones laborales[19].
2. Las relaciones de los
pensionados con sus antiguos empleadores[20].
3. Las relaciones de patria
potestad entre los hijos menores o incapaces y sus padres[21].
4. Las relaciones entre los
residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los
mismos[22].
De otro lado, los supuestos de
indefensión son mucho más amplios, ya que no implican la existencia de un
vínculo jurídico de dependencia, sino que son situaciones que surgen por las
circunstancias fácticas en que se encuentra el actor. Sobre el particular, esta
corporación ha precisado:
“(…) De donde
se ha concluido que el concepto de indefensión no es un predicado abstracto del
cual puedan hacerse generalizaciones que se distancien de la realidad que
ofrecen los hechos. Es por el contrario una situación relacional,
intersubjetiva en la cual el demandante es uno de los extremos y el demandado
es otro. El primero ha sido ofendido o amenazado por la acción del segundo.
Adicionalmente, el demandado no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho
para defenderse de esta agresión injusta.”[23]
Así las cosas,
la Corte Constitucional ha afirmado que, en principio, hay indefensión cuando
no se cuenta en el ordenamiento jurídico con medios de defensa eficaces e idóneos
para “repeler los ataques de un tercero contra la esfera iusfundamentalmente
protegida, pero esta Corporación ha hecho énfasis en el carácter relacional de
este concepto y por lo tanto es la situación de una de las partes en conflicto
–la parte más débil por supuesto- la que configura el estado de indefensión,
independientemente de la disposición de medios judiciales para su defensa”[24]. Bajo esta
hipótesis, se ha sostenido que hay indefensión cuando el accionante se
encuentra en situación de marginación social y económica[25], es una persona de la tercera
edad[26],
discapacitado o menor de edad[27].
Igualmente, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que existen circunstancias en las que
la indefensión no hace alusión a la ausencia de medios jurídicos de defensa, si
no a la “posición de preeminencia social y económica del demandado que rompe
el plano de igualdad en las relaciones entre particulares, se ha afirmado así
que procede la tutela contra poderes sociales y económicos los cuales disponen
de instrumentos que pueden afectar la autonomía privada del individuo tales
como los medios de comunicación[28],
los clubes de fútbol[29],
las empresas que gozan de una posición dominante en el mercado[30] o las
organizaciones privadas de carácter asociativo, tales como las asociaciones
profesionales[31]
o las cooperativas[32],
o los sindicatos (Sentencias T-329 y T-331 de 2005)”[33].
En el caso de
las asociaciones de profesionales la jurisprudencia constitucional ha aclarado
que: (i) “no puede dejar de advertirse que, si, de una parte, a través de
las asociaciones los profesionales adquieren un mayor poder de negociación en
el mercado y, por lo tanto, amplían el radio de su autonomía, de otro lado,
delegan en la agrupación una porción de su libertad. En efecto, al decidir
participar en el proceso de negociación a través de la asociación, están
aceptando, voluntariamente, someterse al poder del grupo. En consecuencia, debe
afirmarse que, entre la asociación y el miembro asociado, existe una relación
de supremacía social”[34];
(ii) un miembro de estas asociaciones se encuentra en estado de
indefensión cuando “las situaciones de predominio o supremacía despliegan
sus efectos sobre órbitas constitucionalmente tuteladas de la vida de un
individuo - como la órbita laboral -, disminuyendo radicalmente el ejercicio de
su autonomía, sin que existan medios eficaces para acometer la defensa integral
e inmediata de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados”[35].
6.
Naturaleza y funciones de las cámaras de comercio. La descentralización por
colaboración
6.1. Naturaleza
jurídica. Las cámaras de comercio no tienen consagración constitucional y el
ámbito de su naturaleza jurídica se encuentra en la ley.
El artículo 78
del Código de Comercio define así la naturaleza de estas organizaciones:
“ARTÍCULO 78.
Las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería
jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los
comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán
representadas por sus respectivos presidentes”.
A su vez, el
Decreto reglamentario 898 de 2002[36],
en su artículo 1º dispone que:
“Artículo 1°.
Las Cámaras de Comercio son personas jurídicas, de derecho privado, de carácter
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, integradas por los comerciantes
matriculados en el respectivo registro mercantil. Son creadas de oficio o a
solicitud de los comerciantes mediante acto administrativo del Gobierno
Nacional y adquieren personería jurídica en virtud del acto mismo de su
creación, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el
efecto.”
Es importante
precisar que durante varios años en Colombia existió discusión en torno a la
naturaleza jurídica, pública o privada, de las cámaras de comercio, debido a
circunstancias aparentemente opuestas relacionadas con este tema, a saber:
“i) [E]l hecho
de que el artículo 78 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) las denomina
‘instituciones de orden legal’, término que para la doctrina ha resultado
confuso; ii) el hecho de haberse atribuido a las cámaras de comercio el
cumplimiento de funciones reconocidamente públicas, particularmente las
funciones registrales que le competen en relación con los comerciantes y la
sociedades comerciales, (…), con las personas interesadas en celebrar contratos
con las entidades estatales (Ley 80 de 1993), y con las entidades sin ánimo de
lucro (Decreto 2150 de 1995); iii) la atribución que el Código de Comercio
(art. 87) establece en cabeza de la Contraloría General de la República, para
ejercer el control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos
provenientes de los derechos autorizados por la ley para las inscripciones y
certificados; iv) la circunstancia de estar integradas por los comerciantes inscritos
en el respectivo registro mercantil; v) la naturaleza eminentemente privada de
otras de las funciones listadas en el artículo 86 del Código de Comercio como
son, por ejemplo, las de servir de órgano de los intereses generales del
comercio ante el Gobierno, la de recopilar las costumbres mercantiles, la de
prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre
acreedores y deudores, o la de organizar exposiciones y conferencias y/o editar
o imprimir estudios o informes relacionados con el cumplimiento de sus
objetivos.”[37]
Sin embargo,
dicha discusión teórica fue superada por la jurisprudencia y doctrina, hasta el
punto de aceptar en forma unánime que la naturaleza de las cámaras de comercio
es corporativa, privada y gremial.
Es así como la
Corte Constitucional, en Sentencia C-144 de 1993[38], precisó que las cámaras
de comercio no son entidades públicas, ya que no concuerdan con ninguna de las
especies de esta naturaleza contempladas y reguladas constitucional o
legalmente. Concretamente dijo al respecto:
“A las
cámaras de comercio la Ley confía la función de llevar el registro mercantil y
certificar sobre los actos y documentos en él inscritos (C de Co art. 86). El
origen legal del registro, la obligatoriedad de inscribir en él ciertos actos y
documentos, el valor vinculante de las certificaciones que se expiden, la
regulación legal y no convencional relativa a su organización y a las
actuaciones derivadas del mismo, el relieve esencial que adquiere como pieza
central del Código de Comercio y de la dinámica corporativa y contractual que
allí se recoge, entre otras razones, justifican y explican el carácter de
función pública que exhibe la organización y administración del registro
mercantil.
Las cámaras
de comercio a las cuales se ha encargado el ejercicio de la anotada función, no
son entidades públicas, pues no se avienen con ninguna de las especies de esta
naturaleza contempladas y reguladas en la Constitución y la Ley. Si bien
nominalmente se consideran ‘instituciones de orden legal’ (C. de Co. art. 78),
creadas por el Gobierno, lo cierto es que ellas se integran por los
comerciantes inscritos en su respectivo registro mercantil (C. de Co.). La
técnica autorizatoria y la participación que ella reserva a la autoridad
pública habida consideración de las funciones que cumplen las cámaras de
comercio, no permite concluir por sí solas su naturaleza pública. Excluida
la función de llevar el registro mercantil, las restantes funciones de las
cámaras, su organización y dirección, las fuentes de sus ingresos, la
naturaleza de sus trabajadores, la existencia de estatutos que las gobiernan,
extremos sobre los cuales no es necesario para los efectos de esta providencia
entrar a profundizar, ponen de presente que sólo a riesgo de desvirtuar tales
elementos no se puede dudar sobre su naturaleza corporativa, gremial y privada.”
(Subrayas fuera de texto original).
En fallo posterior y en igual
dirección, esta corporación sostuvo:
“Para esta
Corporación es claro entonces que, a pesar de la naturaleza corporativa,
gremial y privada de las Cámaras de Comercio a la luz de los artículos 123
inciso 3o. y 210 inciso 2o. de la Carta Política, éstas pueden ser habilitadas
para cumplir funciones  públicas en las condiciones previstas en la ley, como
sería el caso del artículo 86 inciso 3o.  del código de Comercio que le confía
la función pública de llevar  el registro público mercantil y certificar sobre
los documentos y actos en él inscritos, no obstante el carácter privado de  las
mismas.”[39]
En la misma línea, en Sentencia
C-909 de 2007[40],
la Corte afirmó:
“Cabe
recordar, que las Cámaras de Comercio no tienen consagración constitucional. El
ámbito propio de su naturaleza jurídica se encuentra en la ley, Código de
Comercio artículo 78, que establece que, ‘Las cámaras de comercio son
instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno
Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan
de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos
presidentes’. Por su parte, el decreto reglamentario 898 de 2002, en su
artículo 1º estipula que, ‘Las Cámaras de Comercio son personas jurídicas, de
derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro,
integradas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro
mercantil. Son creadas de oficio o a solicitud de los comerciantes mediante
acto administrativo del Gobierno Nacional y adquieren personería jurídica en
virtud del acto mismo de su creación, previo cumplimiento de los requisitos
legales exigidos para el efecto’.
En efecto,
las Cámaras de Comercio son, (i) instituciones de orden legal; (ii) personas
jurídicas de derecho privado[41];
(iii) de carácter corporativo y gremial; (iv) sin ánimo de lucro; (v)
integradas por comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil;
(vi) creadas de oficio o a solicitud de comerciantes; (vii) creadas mediante
acto administrativo del Gobierno Nacional; (viii) con personería jurídica
adquirida en virtud del acto mismo de su creación, previo cumplimiento de los
requisitos legales exigidos para el efecto; y, (ix) representadas por sus
Presidentes.” (Subrayas fuera de texto).
La anterior posición también ha
sido sostenida por el Consejo de Estado, entidad que, al referirse a la
naturaleza de las cámaras de comercio, ha
indicado:
“Ahora bien, el artículo 68 de la ley 489 de 1998, que
constituye el actual estatuto de la administración pública, menciona dentro de
las entidades descentralizadas del orden nacional a ‘las demás entidades
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el
ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o
la realización de actividades industriales o comerciales, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio’, y se pudiera pensar
que tal extensión del concepto de entidad descentralizada comprende a las
Cámaras de Comercio, en la medida en que son creadas por el gobierno
ciertamente, pero porque lo autoriza la ley, y cumplen las funciones
administrativas de los registros mercantil, de proponentes y de las entidades
privadas sin ánimo de lucro, de las cuales derivan los servicios públicos de
certificación y publicidad. Sin embargo, no entran en esa categoría por cuanto
las personas que las integran son los comerciantes particulares y la finalidad
de la institución es la de agremiarlos para lograr su unidad y la defensa de
sus intereses comunes.
Además,
para una interpretación armónica de la ley, la norma atrás citada debe ser
relacionada con el literal g) del numeral 2º del artículo 38 de la misma ley,
el cual indica que integran la rama ejecutiva del poder público, en el orden
nacional, dentro del sector descentralizado por servicios, ‘las demás entidades
administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o
autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público’,
con lo cual se observa que la entidad creada debe ser administrativa, esto es,
estatal, y las Cámaras de Comercio no lo son, dado que sus componentes son
personas particulares que ejercen profesionalmente el comercio”[42]
6.2. Funciones. El
artículo 86 del Código de Comercio[43]
establece las funciones de las cámaras de comercio, entre las que se encuentran
las de llevar el registro mercantil y certificar
sobre actos y documentos en él inscritos, función propia de la administración, circunstancia
que, como lo ha aclarado
la jurisprudencia constitucional, no modifica
la naturaleza jurídica privada de estas
entidades en pública, sino que corresponde a la figura de la descentralización por
colaboración, avalada por los artículos
1º, 2º, 123, 209, 210 y 365 de la Constitución[44].
Además de las anteriores, hay
otras funciones públicas asignadas a las cámaras de comercio por leyes
expedidas con posterioridad al Código de Comercio, como las previstas en los
artículos 40, 42, 43 y 144 del Decreto 2150 de 1995[45], la referida al registro
único de proponentes y demás señaladas en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007
(modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012).
Por su parte, el Decreto
reglamentario 898 de 2002 establece también otras funciones a cargo de las
cámaras de comercio, entre las cuales se encuentran:  actuar como órganos
consultivos; elaborar estudios e investigaciones jurídicos, financieros,
estadísticos y socioeconómicos; llevar los registros públicos encomendados a
ellas por la ley y certificar sobre los actos y documentos allí inscritos;
recopilar y certificar las costumbres locales; crear centros de arbitraje,
conciliación y amigable composición; realizar ferias, exposiciones, eventos
artísticos, culturales, científicos y académicos; dictar sus estatutos;
promover capacitaciones; impulsar el desarrollo regional y participar en
programas nacionales de esta índole; prestar servicios de información comercial
originada en los registros públicos nacionales en forma gratuita; desempeñar
funciones de veeduría cívica; adelantar programas, actividades y obras en favor
de los sectores productivos de las regiones en que les corresponde actuar;
mantener disponibles servicios especiales y útiles para sus afiliados; adoptar
manuales de procedimiento interno para el desempeño de las funciones
registrales; contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el
cumplimiento y debido desarrollo de sus funciones registrales; publicar la
noticia mercantil de que trata el artículo 86, numeral 4°, del Código de
Comercio; realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y
proyectos de desarrollo económico, social y cultural en que la Nación o los
entes territoriales tengan interés o hayan comprometido sus recursos;
participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea
el desarrollo económico, cultural o social; gestionar la consecución de
recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus actividades;
prestar los servicios de entidades de certificación previstos en la Ley 527 de
1999; administrar cualquier otro registro público de personas, bienes o
servicios que se derive de funciones atribuidas a entidades públicas, con el
objeto de conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros
se desarrollen en virtud de vínculos contractuales de tipo habilitante que
celebren con dichas entidades.
De igual forma, las cámaras de comercio
realizan otra clase de funciones públicas, dentro del marco de lo previsto en
el artículo 116 superior, “se trata de funciones de carácter judicial como
son las que se cumplen a través de los centros de conciliación y arbitraje que
muchas de ellas han organizado, y desde los cuales contribuyen a la prestación
de este esencial servicio”[46].
De lo señalado se infiere que las
cámaras de comercio ejercen varias funciones tanto públicas (entre ellas las de
llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él
inscritos, recopilar las costumbres mercantiles y certificar sobre la
existencia de las recopiladas, y servir de tribunales de arbitramento) como
privadas, consagradas no solo en el artículo 86 del Código de Comercio, sino en
otras disposiciones.
Ahora bien, se hace preciso
indicar que en la descentralización por colaboración una entidad privada creada
por la libre iniciativa de particulares para alcanzar propósitos de su interés,
en virtud de su conocimiento y experiencia, es investida legalmente de
determinadas funciones públicas, al considerarse que el desarrollo de las
mismas resulta más eficiente en su cabeza que a cargo de un organismo estatal,
caso en el cual es la misma ley la que regula todos los aspectos relacionados
con la función encomendada[47].
En relación con este punto, esta corporación ha sostenido:
“En
efecto, como lo ha considerado esta corporación[48], la
función administrativa no atañe de manera exclusiva al poder público sino que
también incumbe a personas privadas, aspecto este último que se inscribe dentro
de la perspectiva, más amplia, de la participación de los administrados ‘en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación’, que el artículo 2o. de la Constitución colombiana
consagra como uno de los fines prevalentes del Estado. (se subraya)
Cabe
recordar, que de conformidad con las voces del art. 123 Superior, la ley
determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio; conforme al artículo 365
Idem. los particulares prestan servicios públicos, y según el artículo 210  los
particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que
señale la ley. Así, el desempeño de funciones administrativas por particulares,
es una posibilidad reconocida y avalada constitucional y legalmente, y respecto
de la atribución prevista en el artículo 210 de la Carta opera por ministerio
de la ley y, en el caso de las personas jurídicas, no implica mutación en la
naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la función, que conserva
inalterada su condición de sujeto privado sometido al régimen de derecho
privado en lo atinente a la organización y desarrollo de las actividades anejas
a su específica finalidad (Ver Sentencia C-166 de 1995).”[49]
Bajo este contexto, la Corte Constitucional ha aclarado que las
decisiones que tomen las entidades privadas en ejercicio de funciones públicas
tienen carácter de actos administrativos, razón por la cual pueden ser objeto
de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo[50].
Finalmente, debe destacarse que, como ya se mencionó, “el desempeño de
funciones administrativas por particulares, es una posibilidad reconocida y
avalada constitucional y legalmente, y que esa atribución prevista en el
artículo 210 de la Carta opera por ministerio de la ley y, en el caso de las
personas jurídicas, no implica mutación en la naturaleza de la entidad a la que
se le atribuye la función, que conserva inalterada su condición de sujeto
privado sometido al régimen de derecho privado en lo atinente a la organización
y desarrollo de las actividades anejas a su específica finalidad”[51].
7. La
afiliación y desafiliación de comerciantes a las cámaras de comercio
7.1. El
artículo 10 del Código de Comercio define al comerciante como aquella persona
que se ocupa profesionalmente de alguna de las actividades que la ley considera
mercantiles y en su artículo 19 le impone, entre otras obligaciones, la de
matricularse en el registro mercantil, inscribir en él todos los actos, libros
y documentos respecto de los cuales la ley les exija esa formalidad, llevar la
contabilidad, conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con
sus negocios o actividades, y abstenerse de realizar actos de competencia
desleal.
A su vez, el
artículo 92 del mismo código establece que los comerciantes que hayan cumplido
y estén cumpliendo con los deberes del comerciante, podrán solicitar la
afiliación a una cámara de comercio, con el apoyo de un banco local o de tres
comerciantes inscritos del mismo lugar, enumerando las prerrogativas que se
tienen por ostentar dicha calidad. Dice la norma en comento:
“ART. 92 -
Los Comerciantes que hayan cumplido y estén cumpliendo los deberes de
comerciante, podrán ser afiliados de una cámara de comercio cuando así lo
soliciten con el apoyo de un banco local o de tres comerciantes inscritos del
mismo lugar.
Los
afiliados a las cámaras tendrán derecho a:
1. Dar
como referencia la respectiva cámara de comercio;
2. A que se le envíe gratuitamente las publicaciones de la cámara, y
3. A obtener gratuitamente los certificados que soliciten a la cámara”.
En sentido
similar, el Decreto reglamentario 898 de 2002, en su artículo 5, al hablar
sobre los comerciantes afiliados a las cámaras de comercio, indica:
“ART.
5º—Los comerciantes que hayan cumplido y estén cumpliendo los deberes de
comerciante, podrán ser afiliados de una cámara de comercio cuando así lo
soliciten.
La junta
directiva fijará el valor de la cuota anual de afiliación.
El
afiliado que se encuentre al día en el pago de esta cuota tendrá derecho a
elegir y ser elegido miembro de la junta directiva y a gozar de los derechos y
prerrogativas consagrados en el régimen de los afiliados.
En
desarrollo del numeral 3º del artículo 92 del Código de Comercio, el afiliado
tendrá derecho a obtener gratuitamente los certificados que se relacionen con
su propia actividad mercantil y en un número que sea proporcional a la cuota
anual de afiliación que cancele a la respectiva cámara de comercio.”
De otro lado,
el artículo 6 ibídem señala las causales por las cuales se pierde el carácter
de afiliado y hace las siguientes consideraciones:
“ART.
6º—El carácter de afiliado a una cámara de comercio se pierde por el
incumplimiento en el pago de la cuota anual de afiliación o por la falta de
renovación de la matrícula mercantil o por el incumplimiento de las
obligaciones señaladas en el régimen de afiliados.
La pérdida
del carácter de afiliado a una cámara de comercio no implica perder el carácter
de comerciante matriculado ni la cancelación de la respectiva matrícula.”
Como se
deduce de las normas anteriores, la solicitud de afiliación de un comerciante a
una cámara de comercio es completamente voluntaria y en virtud de ésta se le
concede un tratamiento y prerrogativas especiales. Sobre el particular, esta corporación
en Sentencia C-602 de 2002 dijo:
“Nótese
entonces, que los comerciantes afiliados cuentan con una alternativa que les
concede un tratamiento y prerrogativas especiales dada la condición adquirida
en forma voluntaria, en ejercicio de su derecho de asociación, lo cual, a
juicio de la Corte, resulta completamente válido, máxime si se tiene en cuenta,
que aportan una cuota adicional al sostenimiento de la Cámara respectiva, que
les brinda ciertas ventajas como las enumeradas en el artículo 92 del Código de
Comercio citado; cuota que hace parte, por lo demás, de los ingresos ordinarios
de las Cámaras de Comercio, tal como lo dispone el artículo 93 ibídem, al
establecer: ‘Cada cámara tendrá los siguientes ingresos ordinarios: (...) 2.
Las cuotas anuales que el reglamento señala para los comerciantes afiliados e
inscritos (...)’.”
En la misma
sentencia esta Corte precisó que: (i) a través de la afiliación el comerciante
ejerce su derecho de asociación (ánimo gremial o asociativo), con el propósito
de efectuar aportes periódicos (destinados a la financiación del objeto de la
respectiva cámara y al incremento de su patrimonio) e intervenir en forma más
intensa en sus actividades, lo que no ocurre con la inscripción al registro
mercantil, la cual es una consecuencia del cumplimiento de un deber legal; (ii)
la condición de comerciante inscrito, no es suficiente para adquirir el status
de afiliado, el cual está ligado al ejercicio de la voluntad libre de
comprometerse en el desarrollo del objeto y metas de la entidad ; (iii) para
determinar quién o quienes deben participar en los actos corporativos de
conformar la asamblea general y elegir directivos de una cámara de comercio
resulta relevante, en principio, la condición de afiliado y no basta la de
comerciante inscrito, salvo los casos expresamente contemplados en la ley.
Concretamente dijo al respecto:
“La distinción
introducida por la norma entre comerciantes matriculados y comerciantes
afiliados debe, por tanto, estudiarse a la luz de la libertad asociativa. La
condición de comerciante inscrito, se adquiere como consecuencia del
cumplimiento de un deber legal. Por el contrario, la condición de comerciante
afiliado, obedece a un ejercicio de la libre voluntad del comerciante que
decide vincularse a la cámara de comercio, con el objeto de efectuar periódicos
aportes y participar de manera más intensa en sus actividades. La
inscripción o matrícula, no tiene, pues, ninguna connotación asociativa, la que
en cambio sí puede predicarse de la afiliación. En este último caso, las
cuotas o aportes, no corresponden a la contraprestación que se ofrece por los
servicios que las cámaras suministran, sino a las erogaciones que
voluntariamente se destinan a la financiación de su objeto y al incremento de
su patrimonio.
(…)
Todo
comerciante tiene la obligación de matricularse en el registro mercantil. En
estricto rigor la matrícula mercantil es un medio legal que permite brindar
publicidad sobre la condición de comerciante (…). Resulta equivocado, por
consiguiente, pretender edificar a partir de la obligación y cumplimiento de la
obligación de inscripción del comerciante en la cámara de comercio, un status
de asociado o afiliado de la corporación. Por lo demás, el dato legal es
concluyente. Los comerciantes que cumplan sus deberes de inscripción y demás
obligaciones mercantiles, pueden solicitar y obtener la afiliación a las
cámaras de comercio, en las condiciones establecidas en el artículo 92 del
Código de Comercio. La condición de comerciante inscrito, no basta para
adquirir el status de afiliado, definitivamente ligado a un aporte de recursos
y de esfuerzos en los que se plasma una voluntad libre de comprometerse en el
desarrollo del objeto y metas de la cámara de comercio.
Dado que la
asamblea es órgano máximo de articulación del esfuerzo solidario, eje de la
inextirpable faceta asociativa de las cámaras de comercio, las voluntades que
allí habrán de fundirse en decisiones y políticas comunes, deben en primer
término ser las de las personas que están ligadas entre sí en virtud de un lazo
asociativo libre que se manifiesta en la asunción de obligaciones pecuniarias y
de todo orden en aras de la cristalización del ideario corporativo. Los
comerciantes inscritos se han limitado a cumplir una obligación legal, pero
tienen vocación asociativa que puede transformarse o no en el  status de
asociado o afiliado, para lo cual será determinante un acto voluntario libre de
quien desea hacer ese tránsito, contrayendo nuevas obligaciones y adquiriendo
nuevos derechos.
Se ha
comprobado hasta la saciedad que la simple condición de comerciante, así la ley
haya dispuesto que cada cámara se integra por los comerciantes inscritos en su
respectivo  registro mercantil,  no comporta la condición de afiliado, la cual
tiene relevancia para los efectos de conformar la asamblea general y elegir
directivos. Para establecer quién debe participar en estos actos corporativos,
resulta relevante la condición de afiliado y no basta la de comerciante inscrito,
salvo el caso previsto en la ley en el que los inscritos temporalmente suplen
la ausencia de un extendido ánimo gremial o asociativo (…).” (Subrayas
fuera de texto).
7.2. En este
punto es importante señalar que los artículos 10 y 25 del precitado Decreto
reglamentario 898 de 2002 facultan a las juntas directivas de las cámaras de
comercio para aprobar sus estatutos y reformas, siempre y cuando ellos se
sujeten a las normas vigentes y sean puestos en conocimiento de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Según estas mismas disposiciones, los
estatutos deberán contemplar el régimen de afiliados.
7.3. Bajo la perspectiva descrita
se puede concluir que:
(i) La ley no
establece el procedimiento que se debe adelantar para que un comerciante se
afilie o desafilie a una cámara de comercio, ya que se limita a definir bajo
qué condiciones un comerciante puede afiliarse, los derechos que se tienen una
vez se ostenta dicha calidad y las causales que dan lugar a la desafiliación.
(ii) El
proceso de afiliación y por ende el de desafiliación de comerciantes están
directamente relacionados con la naturaleza privada, corporativa y gremial de
las cámaras de comercio y no con el desarrollo de funciones públicas (como sí
lo son llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos
en él inscritos, recopilar las costumbres mercantiles y certificar sobre la
existencia de las recopiladas, y servir de tribunales de arbitramento). Por lo
tanto, deberán regirse por lo que señalen los estatutos de la respectiva cámara
y por lo que las normas de derecho privado dispongan sobre el particular.
7.4. La
naturaleza privada, corporativa y gremial del procedimiento de vinculación de
los comerciantes afiliados a las cámaras de comercio ha sido reconocida, entre
otros, por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los siguientes
términos:
“De acuerdo
con lo establecido en el artículo 92 del código de comercio, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 898 de 2002, podrán ser afiliados
a una cámara de comercio los comerciantes que hayan cumplido y estén cumpliendo
los deberes de comerciante. Adicionalmente, teniendo en cuenta lo señalado en
el artículo 6 del mismo decreto, deben haber renovado su matrícula mercantil y
cumplir con el pago de la cuota anual de afiliación y con las obligaciones y
aceptar tácita (como consecuencia de la aceptación del pago, o expresamente su
condición de tales.
Ahora bien, en
razón a que la ley no establece el procedimiento de vinculación de los
comerciantes afiliados a las cámaras de comercio, en tanto corresponde a su
naturaleza privada, corporativa y gremial, deberá atenderse a lo señalado en
los respectivos estatutos y directivas o políticas internas que se manejen en
la cámara y en su defecto, deberá acudirse a lo que las normas de derecho
privado señalen al respecto. (…)”[52]
8. Análisis del caso concreto
8.1. Como ya
se evidenció, los demandantes dirigen la acción de tutela contra la Cámara de
Comercio de Barranquilla, por considerar que ésta les está vulnerando sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, asociación y a elegir y ser
elegidos, en virtud de que la junta directiva, en reunión extraordinaria del 28
de mayo de 2012, sin previa convocatoria para tal efecto, por mayoría de votos,
decidió cancelar su afiliación como comerciantes de esa entidad, determinación
que no les ha notificado personalmente, sino a través de un comunicado
publicado en el periódico El Heraldo de Barranquilla en su edición del 29 de
ese mes y año, impidiéndoles en esa forma participar en la próxima elección de
miembros de la junta directiva para el período 2012-2014.
El
representante legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla se opone a las
pretensiones de los actores y pide que se declare improcedente la acción tutela,
porque, si bien es cierto que la junta directiva decidió la desafiliación de
los accionantes en la reunión del 28 de mayo de 2012, también lo es que esa
determinación no se ha ejecutado y que en todo caso se trata de una decisión de
orden interno de una persona jurídica privada que no les ha causado ningún
perjuicio irremediable. Considera que existe carencia actual de objeto.
Algunos
intervinientes piden la nulidad procesal por falta de competencia del juez de
primera instancia, según lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 1°, del
Decreto 1832 de 2000, en atención a la participación de la Superintendencia de
Industria y Comercio y a que no se han vinculado como terceros con interés
legítimo a los aspirantes que integran las listas 1, 2, 4 y 6 a 10 para las elecciones de junta directiva.
Por su parte,
las sentencias de primero y segundo grado aceptan la tutela para evitar el
perjuicio irremediable de que los demandantes se vean privados de la
participación en las próximas elecciones para junta directiva.
Agregan que la
entidad demandada les vulneró a los actores el derecho al debido proceso con la
decisión de desafiliarlos en forma arbitraria, desconociendo su calidad de
comerciantes, que se presume según  lo dispuesto en el artículo 13 del Código
de Comercio.
En estas
condiciones se hace necesario, en primer lugar, definir si existe nulidad de lo
actuado, determinar luego si es procedente la acción de tutela y, de ser así,
resolver de fondo el asunto planteado.
8.2. En tal
orden de ideas, es preciso decir que el artículo 86 de la Constitución dispone
que la acción de tutela se puede interponer ante los jueces en todo momento y
lugar; mientras que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que son
competentes para conocer de dicha acción, a prevención, los jueces o tribunales
con jurisdicción en el lugar donde ocurriese la violación o amenaza que
motivare la presentación de la solicitud, aclarando que de las acciones
dirigidas contra la prensa y los medios de comunicación serán competentes los
jueces del circuito del lugar.
Acerca de
estas normas y del Decreto 1382 de 2000 esta corporación ha sostenido:
“5.- De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las únicas normas que
determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la
Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez,
y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia
territorial y la de las acciones de tutela, que se dirijan contra los medios de
comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.
El decreto
reglamentario 1382 de 2000, no puede, por su inferior jerarquía, modificar
tales disposiciones razón por la cual se ha entendido que las reglas que
contiene son simplemente de reparto, y no de competencia[53].
Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la
mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues
consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque
establecía normas de reparto y no de competencia.”[54] (Subrayas fuera de
texto).
En esta misma
línea, en Sentencia T-591 de 2011, la Corte Constitucional se abstuvo de
decretar la nulidad de lo actuado con base en una irregularidad derivada de la
falta de reparto de una acción de tutela, habiendo expuesto estas razones en
esa ocasión:
“De estos
hechos se deduce que en realidad se trata de un desistimiento de la primera
demanda y de la presentación de una nueva acción de tutela, en la cual los
accionantes, las pretensiones y los hechos son completamente diferentes a los
de la primera. Por consiguiente, el juzgado no ha debido admitirla sino
enviarla a la oficina judicial encargada de hacer el reparto y, al no hacerlo,
incurrió en una irregularidad censurable, por violación del Decreto 1382 de
2000, que, sin embargo, no constituye causal de nulidad de lo actuado, sino
desconocimiento de las reglas de reparto, según la jurisprudencia
constitucional vigente[55]
y los principios de perpetuatio jurisdictionis[56],
sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela
(artículo 86 superior). Además, dicha irregularidad
no altera la competencia, que en todo caso está asignada a los jueces del
circuito.”
De lo anterior
se deduce que no les asiste razón a quienes afirman que el Juez Noveno Civil
Municipal de Barranquilla no era competente para conocer en primera instancia de
la presente acción de tutela porque interviene la Superintendencia de Industria
y Comercio.
Cabe agregar
que la acción de tutela está dirigida contra la Cámara de Comercio de
Barranquilla, debido a la decisión que tomó su junta directiva  en la sesión
extraordinaria del 28 de mayo de 2012, consistente en desafiliar a los
demandantes, y no contra la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual
fue vinculada por el juez de primera instancia por tener “un interés
legítimo en el resultado del proceso, de conformidad con el inciso 2° del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991”[57].
De otra parte,
los señores Pablo Obregón, Félix Bayona y Alberto Cepeda piden también la
nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio, por considerar que no se
integró en debida forma el contradictorio con las personas que conforman las
listas de inscritos 1, 2, 4 y 6 a 10 para elecciones de la junta directiva de la
Cámara de Comercio de Barranquilla en el período 2012-2014[58].
En relación
con este aspecto el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone en lo
pertinente[59]:
“ARTÍCULO 13.
PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCIÓN E INTERVINIENTES. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. (…)
Quien tuviere
un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.”
Ahora bien,
los demandantes en este caso son Ricardo Varela Consuegra, Maritza del Carmen
Mangones, Luis Ibarra Fontalvo y Erika Cristina de la Hoz Páez, quienes dicen
formar parte, en su orden, de las listas de aspirantes 3 y 5 para las
elecciones de junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla[60].
Estas
afirmaciones coinciden con la comunicación de fecha 31 de mayo de 2012, enviada
por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla al
Jefe de la División de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria
y Comercio, dando cuenta de las listas originales de inscritos para las
elecciones de junta directiva del período 2012-2014[61]y también con las listas
que aparecen publicadas en la página de internet[62].
Por su parte,
el juez de primera instancia, además de admitir la demanda contra la Cámara de
Comercio de Barranquilla, ordenó vincular, en calidad de terceros con interés
legítimo, a la Superintendencia de Industria y Comercio; a los miembros de la
junta directiva de la entidad accionada; y a los demás integrantes de las
listas 3 y 5, de las cuales hacen parte los actores[63].
La Sala
considera razonable que éstos últimos podrían ser afectados con el resultado
final de la acción de tutela, pero de ninguna manera los integrantes del resto
de listas, con los cuales no tienen relación alguna las pretensiones de la
demanda. Por consiguiente, no está acreditado ningún motivo válido que legitime
su vinculación procesal, y mucho menos que se configure causal alguna de
nulidad que deba ser declarada.
8.3. Ahora
bien, como atrás se precisó, con fundamento en los artículos 78 del Código de
Comercio y 1° del Decreto 898 de 2002, así como en la jurisprudencia
constitucional pertinente[64],
las cámaras de comercio son personas jurídicas, de derecho privado, de carácter
corporativo y gremial, sin ánimo de lucro, integradas por los comerciantes del
territorio donde hayan de operar.
Según lo
dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio, numerales 3 y 12, las
cámaras de comercio desempeñan la función pública de llevar el registro
mercantil, certificar sobre los actos y documentos en él inscritos y todas las
demás que le deleguen las leyes y el gobierno.
Además de las
anteriores, existen otras funciones públicas asignadas a dichas entidades, como
las previstas en los artículos 40, 42, 43 y 144 del Decreto 2150 de 1995 y 6 de
la Ley 1150 de 2007.
Igualmente, el
artículo 3° de los estatutos de la Cámara de Comercio de Barranquilla precisa
sus funciones[65].
De acuerdo con
estas disposiciones y como se explicó en el numeral 7 de la parte considerativa
de esta providencia, la decisión de la junta directiva de la entidad accionada,
consistente en desafiliar a los demandantes, nada tiene que ver con el
desarrollo de una función pública, o con la prestación de un servicio público
y, por el contrario, se trata de un acto de naturaleza privada, corporativa y
gremial.
De otro lado,
no está demostrado que alguno o algunos de los actores tengan una relación
jurídica de dependencia con la Cámara de Comercio de Barranquilla, puesto que
su afiliación es absolutamente libre, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 92 del Código de Comercio, 6° del Decreto 898 de 2002 y 27 de los estatutos[66]. De suerte
que no se configura una situación de subordinación en el sentido en que lo ha
entendido esta corporación[67].
Tampoco hay
evidencia de que los demandantes se encuentren en situación de indefensión
porque carezcan de medios jurídicos de defensa, o porque la entidad accionada
tenga frente a ellos una posición de preeminencia social o económica que rompa
el plano de igualdad en las relaciones con los afiliados, toda vez que las
prerrogativas y obligaciones de éstos últimos no están al arbitrio de la cámara
de comercio sino que están regulados en los artículos 92 del Código de
Comercio, 5 y 6 del Decreto 898 de 2002, 24, 25 y 26 de los estatutos.
Es más, con la
cancelación de la afiliación los actores no reciben afectación económica,
restricción en el desarrollo de su actividad comercial o disminución en el
ejercicio de su autonomía, sino solamente la pérdida de los derechos y
prerrogativas contemplados en los artículos 92 del Código de Comercio, 5 del
Decreto 898 de 2002 y 25 de los estatutos.
En fin, no se
configura en este caso ninguna de las causales de procedencia de la acción de
tutela consagradas en los artículos 86 Superior y 42 del Decreto 2591 de 1991,
en relación con la decisión de desafiliar a los demandantes que tomó el 28 de
mayo de 2012 la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla
obrando como persona jurídica privada.
8.4. No
obstante lo anterior, la Sala considera necesario determinar igualmente si en
este caso se cumple con el requisito de subsidiariedad, bien sea porque los
actores no tienen  otro medio alternativo de defensa o porque, disponiendo de
él, carece de idoneidad y eficacia para la protección efectiva de sus derechos;
o si la acción de tutela es viable como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Bajo este
derrotero, es preciso recordar que los accionantes atribuyen la pretendida
vulneración de sus derechos a la decisión tomada por la junta directiva de la
Cámara de Comercio de Barranquilla, en su sesión extraordinaria del 28 de mayo
de 2012, consistente en desafiliarlos de esa entidad. Dada la naturaleza
privada, gremial y corporativa de las cámaras de comercio, es evidente que,
como ya se mencionó, el acto de desafiliación de los demandantes por parte de
la junta directiva es de carácter privado y pertenece a su nivel interno, ya
que no tiene relación con las funciones públicas delegadas por la ley o por el
Gobierno (ver acápites 7.3 y 7.4 de la parte considerativa).
Acerca de la
competencia para conocer de las acciones judiciales que se susciten entre
asociaciones privadas y sus asociados, esta corporación, en Sentencia T-697 de
1996, sostuvo lo siguiente:
“En reiterada
jurisprudencia, la Corte ha señalado que los conflictos que se susciten
alrededor del debido proceso entre las asociaciones privadas y sus asociados
deben ser tramitados a través de la jurisdicción ordinaria.
(…)
En el presente
caso, la Sala no puede menos que prohijar la jurisprudencia anterior, advirtiendo,
que sólo habrá de proceder la acción de tutela si la violación del debido
proceso apareja necesariamente la consumación de un perjuicio iusfundamental de
carácter irremediable (…).” (Subrayas fuera de texto original).
Como los
asuntos contenciosos relacionados con las cámaras de comercio no corresponden a
ningún procedimiento civil especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
396 del Código de Procedimiento Civil deben tramitarse por el procedimiento
ordinario, que es un medio idóneo y eficaz, dadas las garantías de defensa y
contradicción que ofrece a las partes.
Siendo así las
cosas y teniendo en cuenta el carácter excepcional y subsidiario de la acción
de tutela, ésta deviene improcedente en este caso como mecanismo definitivo de
defensa.
Por lo
anterior, los actores tienen la posibilidad de pedir por vía judicial ordinaria
civil la anulación definitiva del acto que dispuso la desafiliación y la
indemnización de perjuicios, por lo cual, surge la obvia conclusión de que no
están abocados a recibir ningún daño irremediable, inminente y grave, que haga
impostergable y procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio,
puesto que podrán no solo participar en las elecciones para integrar la junta directiva
de la Cámara de Comercio de Barranquilla, sino ejercer los demás derechos y
prerrogativas que les otorgan la ley y los estatutos en calidad de afiliados.
8.5. En conclusión,
corresponde revocar la sentencia que se revisa y, en su lugar, negar la tutela
por improcedente, con base en las consideraciones que se han expuesto en esta
providencia, siendo innecesario entrar a decidir la cuestión de fondo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR
el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Barranquilla el 10 de agosto de 2012, que confirmó el dictado por el Juzgado
Noveno Civil Municipal de la misma ciudad el 19 de junio de 2012, en tanto
concedieron el amparo constitucional invocado por los señores Ricardo Varela
Consuegra, Maritza del Carmen Mangones Mejía, Luis Ibarra Fontalvo y Erika
Cristina de la Hoz Páez, y tomaron otras medidas consecuenciales; en su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO.-
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ponente
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 158 a 161 del cuaderno de primera instancia. A continuación se
trascriben los apartes más relevantes: “Con ocasión del proceso de elección
de juntas directivas de las cámaras de comercio del país, esta
Superintendencia  ha venido recibiendo múltiples denuncias de parte de varías
Cámaras y de comerciantes sobre posibles acciones fraudulentas o de
manipulación del proceso electoral en mención// Teniendo en cuenta la gravedad
de las denuncias y el irrestricto compromiso de esta entidad para dotar de
mayor transparencia dicho proceso de elección, como parte esencial de la buna
marcha del sistema cameral y el buen gobierno de estas instituciones, en
respuesta a estas denuncias, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó información adicional a todas las cámaras de comercio del país con el fin
de precisar el alcance y validez de los hechos denunciados. Luego  del estudio
de la información allegada por las cámaras de comercio, en efecto se evidencia
que existen serias indicaciones de manipulaciones posiblemente fraudulentas en
varias  cámaras de comercio del país. Ciertamente, aparte de los señalamientos
concretos que en algunas cámaras de hacen, se ponen de presente una serie de
comportamientos claramente atípicos del proceso de matrícula y afiliación en
los tiempos recientes, precisamente en vísperas de las elecciones. A manera de
ejemplo se observa que ha existido un número inusual de matriculados nuevos
durante el primer trimestre del año 2012 en muchas de las cámaras, en algunas
de ellas representando más del 19 %  del total de comerciantes inscritos. Del
mismo modo, se han presentado números atípicos en la afiliación a ciertas
cámaras de comercio del país, habiendo cámaras que durante el primer trimestre
del presente año han incrementado su número de afiliados hasta en un 236 %. //
(…)// Por esta razón, esta Superintendencia reitera a todos los representantes
legales de las cámaras de comercio del país el llamado para que adopten de
manera mas vigorosa y estricta posible todos los mecanismos legales que tengan
a su alcance para prevenir y controlar estas manifestaciones de posibles
acciones fraudulentas y, para corregir el curso del proceso de forma que se
logre una eficaz protección del mismo.// En ese sentido , se instruye a todas
la cámaras a ejercer sus funciones y dar estricto cumplimiento a la
verificación de los requisitos legales para matricularse y afiliarse a la
cámara de comercio, conforme con el ordenamiento legal vigente. // Así en
aquellos casos en los cuales la cámara de comercio detecte que existen indicios
suficientes para suponer que existieron personas naturales o jurídicas que se
matricularon sin ser comerciantes o usando documentos o información falsa,
recordamos a las cámaras de comercio, que conforme con el artículo 38 del
Código  de Comercio, deben denunciar los hechos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes. // Del
mismo modo , las cámaras del comercio cuya elección de miembros de junta
directiva corresponda a los comerciantes afiliados, deben utilizar los
mecanismos legales contenidos en sus Estatutos o en el Régimen de Afiliados,
para efectuar una estricta e inmediata revisión del cumplimiento de los
requisitos exigidos a las disposiciones legales vigentes para efecto de su
admisión como afiliados. // (…)// En consecuencia, siempre y cuando se usen
mecanismos estrictamente razonables para poder verificar el cumplimiento de los
requisitos señalados en la norma en mención, y en la medida en que la
implementación de dichos mecanismos este consecuente con los respectivos
estatutos o el régimen de afiliación, la Cámara podrá solicitar información o hacer revisiones, como por ejemplo solicitar exhibición de libros o documentos
contables o la presentación de certificaciones contables, en relación con los
requisitos establecidos en los numerales 3 y 4 del art. 19 del Código de
Comercio. // En el evento de que se logre establecer objetivamente por la
respectiva Cámara, que alguno o algunos de sus afiliados no satisfacen los
requisitos en mención, deberán proceder a cancelar la respectiva afiliación, en
los términos del artículo 6° del Decreto 898 de 2002(…).// Esta determinación
de la Cámara traerá como consecuencia que el afiliado que pierde tal carácter
no pueda participar en las próximas elecciones, cuando dicha elección
corresponda a los comerciantes afiliados.”
[2] Folios 312 a 322 del cuaderno de primera instancia. La parte resolutiva de la mencionada Resolución contiene lo siguiente:
“RESUELVE://ARTICULO PRIMERO: IMPONER a la Cámara de Comercio de Barranquilla, identificada con el NIT. 890102010, una sanción pecuniaria por la suma de ochenta y
cinco (85) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a la suma
de cuarenta y ocho millones ciento sesenta y nueve mil quinientos pesos m/cte
por la infracción descrita en la parte motiva de esta decisión. // PARÁGRAFO:
El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá //
consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco Popular, cuenta N° 050000249, a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional - Fondos Comunes, Código rentístico
N°.0350300, Nit.899999090-2. En el recibo deberá indicarse el número del
expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse
ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
Resolución.// Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses
moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional,
lo que le generará un saldo en su contra, por ello, debe acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que le efectúen dicha liquidación.//
ARTÍCULO SEGUNDO: REALIZAR la actualización del procedimiento y documentos
internos atinentes al régimen de afiliados, de acuerdo con la decisión de la
administración. Efectuado lo anterior, remitir copia de los mismos a esta
Superintendencia, todo lo cual se deberá llevar a cabo en un término que no
exceda de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta
Resolución.// ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del
presente acto administrativo al doctor LUÍS FERNANDO CASTRO VERGARA,
identificado con la cédula de ciudadanía número 072.136.869 de Barranquilla, en
su condición de representante legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de reposición ante la Directora de Cámaras de Comercio y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Protección de
la Competencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación.”
[3] Modificado parcialmente por el Decreto 333 de 2012.
[4] Folios 292, 293, 294 y 301, cuaderno de primera instancia.
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-983 de 2007.
[6] “El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que ‘La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[7] “Sentencia T-803 de 2002”.
[8]“Sentencia T-822 de 2002, reiterando lo dicho
en la sentencia T-569 de 1992 la cual señaló lo siguiente: ‘De allí que tal
acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la
defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
[9] Corte Constitucional, Sentencia T­634 de 2006.
[10] Corte Constitucional, Sentencia T-225 de 1993.
[11] “Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995
de 1999, T-1155 de 2000 y T-290 de 2005”.
[12] Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011.
[13] “Según la formulación acuñada por el Tribunal Constitucional alemán
en el famoso fallo Lüth”.
[14] “Konrad Hesse. Derecho
constitucional y derecho privado, Madrid, Cívitas, 1995, p. 59”.
[15] “En Alemania donde surge la cuestión en los años cincuenta se
plantea inicialmente la discusión entre la eficacia mediata o indirecta de los
derechos fundamentales en las relaciones entre particulares -mittelbare
Drittwirkung- defendida por Dürig –según el cual tales derechos harían irrupción
en el tráfico jurídico privado por medio de las cláusulas generales y los
conceptos jurídicos indeterminados, y la tesis de la eficacia directa de los
derechos fundamentales –unmittelbare Drittwirkung- defendida por Nipperdey
según la cual estos harían irrupción directa en las relaciones jurídicas
privadas. A estas posturas originales se agregarían en tiempos recientes las
construcciones relacionadas con el deber de protección estatal de los derechos
fundamentales frente a agresiones provenientes de terceros”.
[16] “En Europa las principales dificultades para la implementación de
los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares ha consistido
en que los mecanismos de protección han sido diseñados específicamente contra
los poderes públicos de manera tal que sólo mediante el amparo contra
providencias judiciales ha podido desarrollarse jurisprudencialmente la
materia. En los Estados Unidos mediante la figura de la state action –que
consiste en atribuir la vulneración iusfundamental proveniente de un particular
a un poder público- se sorteó con éxito el problema procesal de la exclusiva
vinculatoriedad estatal”.
[17] Ver Sentencias T-290 de 1993 y T-160 de 2010, entre otras.
[18] Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 1994.
[19] Cfr. Sentencias T-593 de 1992, T-161 de 1993, T-230 de 1994, T-083 de
2010 y T-160 de 2010, entre otras.
[20] Sentencias T-833 de 1998 y T-083 de 2010, entre otras.
[21] Ver Sentencias T-290 de 1993, T-293 de 1994, T-083 de 2010 y T-160 de
2010, entre otras.
[22] Cfr. Sentencias T-233 de 1994, T-083 de 2010 y T-160 de 2010, entre
otras.
[23] Corte Constitucional, Sentencia 172 de 1997.
[24] Corte Constitucional, Sentencia T-160 de 2010.
[25] Ver Sentencias T-605 de 1992, T-083 de 2010 y T-160 de 2010, entre
otras.
[26] Sentencias T-125 de 1994, T-036 de 1995, T-351 de 1997, T-1008 de
1999, T-083 de 2010 y T-160 de 2010, entre otras.
[27] Sentencias T-174 de 1994, T-025 de 1995 y T-288
de 1995, T-083 de 2010 y T-160 de 2010, entre otras.
[28] “Sentencia T-066
de 1998 y T-1723 de 2000”.
[29] “Sentencia T-498
de 1994”.
[30] “Sentencias T-579
de 1995 y T-375 de 1997”.
[31] “Sentencia T-697
de 1996”.
[32] “Sentencias T-394
de 1999”.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-160 de 2010.
[34] Corte Constitucional, Sentencia T-697 de 1996.
[35] Ibídem.
[36] Por el cual se reglamenta el título VI del libro primero del Código de
Comercio y se dictan otras disposiciones reglamentarias.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-690 de 2007.
[38] Mediante la cual se declararon exequibles los artículos 119 y 124 de la Ley 6ª de 1992.
[39] Corte Constitucional, Sentencia C-167 de 1995. En este fallo la Corte examinó la exequibilidad del artículo 88 del Código de Comercio, el cual establece la
facultad de la Contraloría General de la República para ejercer el control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos de las cámaras de comercio.
[40] En ese pronunciamiento la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “y el Gobierno Nacional”, del numeral 12
del artículo 86, del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), en el entendido
de que tales atribuciones se circunscriben al desarrollo de actividades propias
de la naturaleza jurídica y objeto de las Cámaras de Comercio, dentro del marco
fijado por la ley.
[41] “Ver sentencia C-144 de 1993”.
[42] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto número
1308 de 1° de diciembre de 2000.
[43] La norma en cita señala: “ARTÍCULO 86. Las cámaras de comercio
ejercerán las siguientes funciones: 1) Servir de órgano de los intereses
generales del comercio ante el Gobierno y ante los comerciantes mismos; // 2)
Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del
comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos
estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos;
// 3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en
él inscritos, como se prevé en este Código;  // 4) Dar noticia en sus boletines
u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y
de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas
inscripciones;  // 5) Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares
correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las
recopiladas;  // 6) Designar el árbitro o los árbitros o los amigables
componedores cuando los particulares se lo soliciten; // 7) Servir de
tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los
contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de
la junta; // 8) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer
arreglos entre acreedores y deudores, como amigables componedores; // 9)
Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes
relacionados con sus objetivos; // 10) Dictar su reglamento interno que deberá
ser aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio; // 11) Rendir en
el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de
Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su
concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el
detalle de sus ingresos y egresos; y // 12)  Las demás que les atribuyan las
leyes y el Gobierno Nacional.”
[44] Corte Constitucional, Sentencias T-690 y C-909 de 2007.
[45] Los artículos en mención señalan: “ARTÍCULO
40. SUPRESIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS JURÍDICAS. Suprímese el acto de
reconocimiento de personaría jurídica de las organizaciones civiles, las
corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás
entidades privadas sin ánimo de lucro. // Para la obtención de su personalidad,
dichas entidades se constituirán por escritura pública o documento privado
reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente: //  1. El
nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como
otorgantes.  // 2. El nombre. // 3. La clase de persona jurídica.  // 4. El
objeto.  // 5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes. // 6. La forma de
administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a
su cargo la administración y representación legal. // 7. La periodicidad de las
reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones
extraordinarias. // 8. La duración precisa de la entidad y las causales de
disolución. // 9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación. // 10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del
caso.  // 11. Nombre e identificación de los administradores y representantes
legales.  // Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona
distinta de sus miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de
su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio
principal de la persona jurídica que se constituye.
PARÁGRAFO. Con sujeción a las normas previstas
en este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos
dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente
reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.
ARTÍCULO 41. LICENCIA O PERMISO DE
FUNCIONAMIENTO. Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto la ley exija
obtener licencia de funcionamiento, o reconocimiento de carácter oficial, autorización
o permiso de iniciación de labores, las personas jurídicas que surjan conforme
a lo previsto en el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos
previstos en la ley para ejercer los actos propios de su actividad principal.
ARTÍCULO 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS,
REFORMAS, NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES, LIBROS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros,
la disolución y la liquidación de las personas jurídicas formadas según lo
previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los
mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de
las sociedades comerciales.  // Para la inscripción de nombramientos de
administradores y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de las
personas designadas.
ARTÍCULO 43. PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La existencia y la representación legal de las personas
jurídicas de derecho privado a que se refiere este capítulo, se probará con
certificación expedida por la Cámara de Comercio competente, la cual llevará el
registro de las mismas, con sujeción al régimen previsto para las sociedades
comerciales y en los mismos términos, tarifas y condiciones que regulan sus
servicios.
ARTÍCULO 144. REGISTRO
EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. La inscripción en el registro de las entidades
previstas en el artículo anterior, se someterá al mismo régimen previsto para
las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, contenido en el Capítulo II
del Título I de este decreto”.
[46] Corte Constitucional, Sentencias T-690 y C-909 de 2007.
[47] Corte Constitucional, Sentencias C-226 de 1994,
C-308 de 1994, C-167 de 1995,  C-492 de 1996, C-1508 de 2000, C-543 de 2001,
C-1150 de 2003 y T-690 de 2007, entre otras.
[48] “Ver Sentencia C-166 de 1995”.
[49] Corte Constitucional, Sentencia
C-909 de 2007.
[50] Corte Constitucional, Sentencia T-690 de 2007.
[51]  Corte Constitucional, Sentencia C-166 de 1995.
[52] Superintendencia de Industria y Comercio,
Concepto número 02043664 del 24 de mayo de 2002.
[53] “Auto 009A de 2004. Reiterado por los autos A. 230/06,
A. 237/06,
A. 260/06,
A. 312/06,
A. 145/06,
A. 146/06,
A. 157/06,
A. 268/06,
A. 004/07,
A. 008/07,
A. 029/07,
A. 039/07,
A. 059/07,
A. 064/07,
A. 073/07,
A. 084/07,
A. 211/07,
A. 280/07,
A. 123/07,
A. 223/07,
A, 257/07, A. 260/07,
A. 058/08,
A. 033/08,
A. 037/08
y A. 031/08,
entre otros”.
[54] Corte Constitucional, Auto 124 de 2009.
[55] “Corte Constitucional, Autos T-497 de 2006 y 124 de 2009, entre
muchos otros”.
[56] “Corte Constitucional, Autos 080, 124 de 2004, 213, 262 de 2005,
036, 127, 157, 260 y 294 de 2006, entre otros”.
[57] Folios 57 a 59, cuaderno de primera instancia.
[58] Folio s 230 y 231, cuaderno de primera instancia.
[59] En relación con este tema la Corte Constitucional en Auto 364 de 2010 precisó: “Sobre este particular, ha destacado la Corte que los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, además de permitir a los terceros con interés legítimo, su participación en
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien va dirigida la acción, también le imponen al juez la obligación de
notificar las providencias que se emitan en el trámite del proceso constitucional,
a las partes e intervinientes por el medio que considere más expedito y eficaz;
lo cual significa que, en materia de acción de tutela, no solo se permite la
intervención del tercero para demandar protección constitucional o para
oponerse a ella, sino que también se extiende a él la cobertura de los actos de
comunicación procesal, siendo ésta una carga que debe asumir el juez de la
causa. // 3.7 En consecuencia, el juez constitucional, al momento de ejercer su
competencia, está obligado a integrar en debida forma el contradictorio,
vinculando al proceso de tutela no solo a quienes hayan sido demandados sino
también a las personas que tengan un interés legítimo en la actuación y puedan
resultar afectadas con las decisiones que allí se adopten”.
[60] Folios 1, 3 y 4, cuaderno de primera instancia.
[61] Folios 352 y 353, cuaderno de primera instancia.
[62] Folios 225 y 226, cuaderno de primera instancia.
[63] Folios 58 y 59, cuaderno de primera instancia.
[64] Corte Constitucional, Sentencias C-144 de 1993,
C-167 de 1995 y C-909 de 2007, entre otras.
[65] Folio 364, cuaderno de primera instancia.
[66] Folio 373, cuaderno de primera instancia.
[67] La Corte Constitucional ha definido la subordinación como la relación
jurídica de dependencia entre dos o más sujetos, en virtud de la cual hay lugar
al “acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de
sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”. Ver Sentencias
T-593 de 1992, T-233 de 1994, T-833 de 1998, T-083 de 2010 y T-160 de 2010, entre
otras.