T-471-19
Sentencia T-471/19
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procede por ser sujetos de
especial protección dada la condición particular de desamparo, vulnerabilidad e
indefensión en que se encuentran
Dado el
particular estado de vulnerabilidad de la población desplazada, la acción de
tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus
derechos mínimos, al menos por las siguientes razones: (i) aunque existen otros
medios de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria que garantizan la
protección de los derechos de este grupo de personas, éstos no son idóneos ni
eficaces debido a la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se
encuentran; (ii) no es viable exigir el previo agotamiento de los recursos
ordinarios como requisito de procedibilidad de la acción, pues, debido a la
necesidad de un amparo inmediato, no es posible imponer cargas adicionales a la
población desplazada ; y, (iii) por ser sujetos
de especial protección, dada su condición particular de desamparo,
vulnerabilidad e indefensión.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA, A LA
REPARACION INTEGRAL Y A LA NO REPETICION-Instrumentos internacionales
El derecho internacional se ha
establecido una conexión importante entre los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación predicables como garantías básicas a las que tienen
derecho las víctimas. En especial, respecto del derecho a la reparación
integral se ha precisado que (i) las víctimas de graves violaciones de los
derechos humanos, del derecho internacional humanitario o de crímenes de lesa
humanidad tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, proporcional,
integral y eficaz respecto del daño sufrido; (ii) la reparación se concreta a
través de la restitución íntegra o plena al estado anterior al hecho que generó
la victimización, pero también a través de la indemnización, de la
rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y de la garantía de no
repetición; (iii) la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se
refiere tanto a los daños materiales como a los inmateriales, (iv) la
reparación se concreta a través de medidas tanto individuales como colectivas,
y que (v) estas medidas se encuentran encaminadas a restablecer a la víctima en
su dignidad por el grave daño ocasionado.
RESTITUCION DE TIERRAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO-Obligación
de entidades territoriales para generar sistemas de alivio o exoneración del
impuesto predial a población desplazada, según ley 1448 de 2011
La Ley 1448 de 2011 buscó
superar los problemas generados por el conflicto armado, consagrando, por
ejemplo, medidas con efecto reparador para las víctimas de desplazamiento
forzado. Así, tal  como se evidencia en el caso concreto, las entidades
territoriales han seguido cobrando el impuesto predial sobre los predios que
han sido abandonados o despojados a pesar de que sus propietarios no han podido
disfrutar del bien inmueble por encontrarse en situación de desplazamiento
forzado. Por ello, el artículo 121 de dicha ley impone a las entidades territoriales
un mandato legal orientado a establecer mecanismos de alivio y/o exoneración de
los pasivos por el no pago del impuesto predial a favor de las víctimas. Dicho
artículo se encuentra ubicado en el Capítulo sobre restitución de tierras y
otras disposiciones generales del Título IV referido a la reparación de las
víctimas; por lo tanto, el mecanismo de alivio y/o exoneración del impuesto
predial es una de las medidas con efecto reparador diseñadas especialmente para
aquellos que no pudieron gozar de sus bienes por el despojo o el desplazamiento
del que fueron víctimas.
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD-Deben ser beneficiadas con medidas de alivio tributario sobre
el impuesto predial causado frente al inmueble del que fueron despojadas
El deber que le asiste a las autoridades de
establecer, a favor de las
víctimas del despojo o abandono forzado, mecanismos de alivio y/o condonación
de los pasivos, sosteniendo que en estos eventos deben protegerse los derechos
a la reparación integral en virtud del principio de solidaridad.
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD-Orden a autoridad
municipal suspender cobro de impuesto predial
Referencia: Expediente T-7.353.814
Accionante: Primitiva Valbuena Pedraza.
Accionado: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre
de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, en especial de las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, profiere la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del
fallo proferido el 28 de marzo de 2019, por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guadalajara de Buga, que confirmó la
sentencia del 7 de marzo de 2019, fallada en primera instancia por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Buga – Valle,  la cual negó la acción de tutela
promovida por Primitiva Valbuena Pedraza en contra de la Alcaldía Municipal de
Guadalajara de Buga.
De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos
50, 51 y 53 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección Cinco (5) de la Corte
Constitucional, mediante auto de 31 de mayo de 2019, resolvió seleccionar el
expediente de tutela de la referencia y repartirlo a la Sala Quinta de
Revisión.
I. ANTECEDENTES
1.     La Acción de Tutela
La señora Primitiva Valbuena
Pedraza, en calidad de víctima del conflicto armado,
presentó acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de
Buga, con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia, y a la reparación integral, presuntamente
vulnerados por la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, al negar la
exoneración del pago del impuesto predial unificado de un inmueble de su
propiedad, que tuvo que abandonar con ocasión de su desplazamiento forzado.
2.
Hechos relevantes
De acuerdo con la demanda, los
hechos relevantes son los siguientes:
2.1
La demandante narra que es propietaria de un
predio ubicado en el corregimiento Nogales, zona alta montañosa en el Municipio
de Guadalajara de Buga, identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
37327556.
2.2
Hace aproximadamente 15 años, ella y su
familia fueron víctimas del conflicto armado siendo obligados a abandonar su
predio. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Personería de
Guadalajara de Buga, en declaración presentada por su hijo el 18 de agosto de
2005, con base en la cual fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas.
2.3
En folio de matrícula inmobiliaria No.
37327556, en la anotación número 6 de 4 de junio de 2007, se observa la
declaratoria de riesgo de desplazamiento realizada por el Comité Municipal de
Guadalajara de Buga.
2.4
El predio quedó abandonado y su propietaria
ha estado en imposibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales en tanto
los escasos recursos que obtiene del ordeño de 4 vacas y cultivo de café,  los
utiliza para cubrir los gastos diarios de ella y sus hermanos.
2.5
El 14 de septiembre de 2018, presentó, ante la
Secretaría de Hacienda del Municipio de Guadalajara de Buga, petición para
acogerse a lo estipulado en el parágrafo único del artículo 6 del Acuerdo
Municipal Nro.0 47 de 13 de agosto de 2013, que permite la condonación del pago
del impuesto predial a las víctimas del conflicto armado
2.6
Mediante resolución Nro. SHM-1703-2730 del 25
de septiembre de 2018, la administración municipal contestó la petición negando
a la señora Primitiva Valbuena Pedraza, la exoneración solicitada, dado que no
aportó las pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos
que le permiten beneficiarse de dicha condonación. Contra la resolución citada,
la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación sin lograr
variar la decisión, pues el 11 de octubre de 2018, fue confirmada.
3.     Respuesta de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga
El Juzgado Primero Civil
Municipal de Buga –Valle del Cauca, mediante auto de 20 de febrero de 2019, (i)
admitió la acción de tutela presentada por la señora
Primitiva Valbuena Pedraza en contra de la Alcaldía
Municipal de Guadalajara de Buga; (ii) ofició a la
entidad accionada con el fin de que informara el motivo por el cual no exoneró
a la señora Valbuena del pago del impuesto predial de la finca de su propiedad;
y  (iii) vinculó a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Guadalajara de
Buga, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas
-en adelante Unidad para las Victimas[1].
Posteriormente, a través de auto de 26 de febrero de 2019, ordenó vincular a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras -en adelante UAEGRT, para que se pronuncie sobre lo
relacionado en la acción de tutela[2].
3.1 En respuesta radicada el 25
de febrero de 2019, la Jefe de la Oficina  Jurídica del Municipio de
Guadalajara de Buga[3], se opuso a las pretensiones de la demandante. Explicó que la negación en la condonación  del pago del impuesto
predial unificado se debió a que, dentro de las pruebas aportadas por la
accionante el 14 de septiembre de 2018, no están los documentos exigidos en la
Ley 1448 de 2011 y el Acuerdo 047 de 2013 para acceder a los beneficios
tributarios, con base en los cuales, el contribuyente deberá figurar en la
parte resolutoria de la sentencia que ordena la restitución o formalización del
predio abandonado.
3.2 Citó los artículos 4 y 6 del
Acuerdo 047 de 2013[4],
para indicar que la accionante no demostró haber sido despojada del predio
sobre el cual se hubiera ordenado la restitución, por no haber presentado la
sentencia o el acto administrativo que así lo ordenara. En efecto, explicó que
la Alcaldía ofició a la UAEGRT, para que remitiera copia de la sentencia
judicial o del acto administrativo que ordenara la restitución o formalización
del predio de propiedad de la demandante, y obtuvo como respuesta que no existe
solicitud de inscripción de la señora Primitiva Valbuena Pedraza en el sistema
de registro de tierras despojadas o abandonadas, y por ende, no existe un acto
administrativo o sentencia de restitución o formalización a su favor.
3.3 Concluyó que la señora
Primitiva vive en el predio “presuntamente despojado” porque lo
relaciona como dirección de notificación, razón por la cual no se vulneraron
sus derechos fundamentales en tanto “su estado de desplazamiento ya ha
cesado pues ha regresado al predio[5]”.
Para sustentar lo expuesto, citó la sentencia T-911 de 2014 de la Corte
Constitucional:
“Tal vez una de las razones más
importantes que esta Corporación ha identificado y que justifica la procedencia
de la solicitud de amparo en este tipo de eventos, es que mientras la persona
permanezca en condición de desplazamiento, el amparo constitucional no solo es
actual, sino que se convierte en el único mecanismo idóneo para tratar de
evitar la vulneración permanente de sus derechos fundamentales”.
3.4. En todo caso, arguyó que la
acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad en tanto el medio
idóneo para para solicitar la exoneración del pago de impuesto es ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Al efecto, allegó las siguientes
pruebas:
-
Copia de la resolución Nro. SHM-1703-2730 de
25 de septiembre de 2018, en la que la Alcaldía Municipal de Guadalajara de
Buga, da respuesta al derecho de petición presentado por la señora Primitiva
Valbuena Pedraza, negando la exoneración del pago de
impuesto predial unificado[6].
-
Copia de la resolución Nro. SHM-1703-2951 de
12 de octubre de 2018, en la que se resuelve el recurso de reposición,
confirmando el sentido de la resolución Nro. SHM-1703-2730 de 25 de septiembre
de 2018[7].
-
Copia del oficio de 18 de octubre de 2018,
emanado del despacho de la Secretaria de Hacienda, sin firma, en el que se
solicitó a la UAEGRT allegar sentencia en la que se ordene la restitución o
formalización del predio ubicado en el corregimiento Nogales, zona alta
montañosa en el Municipio de Guadalajara de Buga[8].
-
Copia del oficio de 18 de octubre de 2018,
emanado del despacho de la Secretaría de Hacienda, sin firma, en el que se
solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Atención a Víctimas, con el fin
de que expida constancia sobre la condición de vulnerabilidad de la señora
Primitiva Valbuena Pedraza e indique las fechas en las que se dio inicio al
abandono o desplazamiento[9].
-
Copia del oficio con fecha de recibido 16 de
noviembre de 2018, emanado de la UAEGRT, sin firma, en el que informa que en el
Sistema de Registro de Tierras despojadas o Abandonadas Forzosamente –en
adelante RTDAF-, no existe solicitud de inscripción a nombre de la señora
Primitiva Valbuena Pedraza, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
29.281.156 del Valle del Cauca[10].
-
Copia del oficio con fecha de 20 de noviembre
de 2018, emanado por la Unidad para las Víctimas, suscrito por la directora de
Registro y Gestión, en el que hace constar que la señora Primitiva Valbuena
Pedraza se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas –RUV- por hechos
victimizantes asociados al desplazamiento forzado, ocurridos el 12 de diciembre
de 2014[11].
-
Copia de sentencia de tutela Nro. 102 del 14
de diciembre de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito[12].
4.     Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras. –UAEGRTDA-
4.1 Mediante respuesta radicada
el 1 de marzo de 2019, la UAEGRT[13], se refiere, en primera medida, a las competencias señaladas en
el Art. 105 de la Ley 1448 de 2011. Dicho lo anterior, informa que, al
consultar el Sistema de Registro de Tierras Despojadas, no hay registro de
solicitud elevada por la accionante a su nombre, mientras que sí encontró tres
requerimientos del extinto Instituto Colombiano de Reforma Rural -INCODER, en
relación con la existencia de medidas de protección del Registro Único de
Predios y Territorios  Abandonados – RUPTA-, que recae sobre los tres inmuebles
rurales ubicados en el Municipio de Guadalajara de Buga, los cuales se denominan
“El Encanto”, “El Encanto” y “Las Veraneras”.
4.2 La UAEGRT, invita a la
accionante para que, si lo considera necesario, presente la solicitud de
inclusión en el registro correspondiente, y le indica el proceso y las normas
que lo regulan.
4.3 En todo caso, solicita que
se le desvincule del proceso, en la medida que no ha vulnerado los derechos
invocados.
5.
Respuesta de la Unidad para las
Víctimas
5.1 A través de respuesta
radicada el 6 de marzo de 2019, la Unidad para las Victimas-[14], informa que la señora Primitiva Valbuena Pedraza, se encuentra
incluida en el Registro Único de Víctimas –RUV-, por el hecho victimizante de
desplazamiento, bajo el radicado 405031, desde el día 14 de septiembre de 2005.
5.2 Adicionalmente, solicita que
se le desvincule de la acción judicial por falta de legitimación en la causa
por pasiva en la medida en que no es la entidad encargada de exonerar los pagos
de impuesto predial.
6.
Sentencia de primera instancia
6.1 El 7 de marzo de 2019, el
Juzgado Primero Civil Municipal de Buga - Valle, “negó por improcedente”
la acción de tutela, por considerar que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad en tanto la señora Primitiva Valbuena Pedraza cuenta con la vía
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, para la protección de sus derechos[15].
7.
Impugnación
7.1 El 12 de
marzo de 2019, la accionante impugnó la sentencia del 7 de marzo de 2019[16].
En el memorial, además de solicitar que se tenga en cuenta su condición de
vulnerabilidad generada por el conflicto armado, indica que el parágrafo del
artículo sexto del Acuerdo Municipal 047 de 2016, no exige que medie sentencia
para que pueda acceder a la exoneración prevista en dicho acuerdo.
8.
Sentencia de segunda instancia
8.1. El Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, mediante sentencia de 28
de marzo de 2019, confirmó la decisión del juez de primera instancia, en
providencia en la que aprovechó para indicar que la  condición de víctima de
conflicto armado no concede  per se el derecho a los alivios tributarios
definidos por el Concejo Municipal de Buga, dado que, adicionalmente, se debe
acreditar que cumplió con todos los requisitos indicados en las normas
aplicables.
8.2 El juez de conocimiento señaló que:
“(i) no (sic) existe
sentencia judicial o acto administrativo que indique que el predio “El Encanto”
del cual se solicita exoneración del pago de impuesto predial fue objeto de
medida de restitución compensación o formalización, por la jurisdicción
especial de restitución de tierras.
(ii) No se acreditó que el
predio “El Encanto” del interés de la actora, estuviera en alguna de las
situaciones establecidas en el artículo 5 del acuerdo, pues administrativamente
no se ha dispuesto su retorno.
(iii)“No existe solicitud de
inscripción en el Registro de la Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente
nombre de la señora PRIMITIVA VALVUENA [sic] PEDRAZA, identificada con cédula
de cuidada No. 29.281156 de Buga”, fue la respuesta emitida por la  UNIDAD
AADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y
ABANDONADAS, ante la petición realizada por la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
en razón a la solicitud de exoneración o conducción al pago de impuesto y que
fue ordenado en la Resolución SHM-17032730 de septiembre 25 de 2018, requisito
que se encuentra contenido en el parágrafo del ARTÍCULO SEXTO del Acuerdo 047
de 2013, en el que se sustenta la actora para asegurar  que no se requiere
sentencia, pero que el Acuerdo exige una certificación, la cual se echa de
menos en el presente caso.”
Por lo anterior, y teniendo en
cuenta la solicitud realizada por la UAEGRT, el juez de segunda instancia instó
a la señora Primitiva Valbuena Pedraza, para que se acerque a dicha entidad en
orden a realizar los trámites pertinentes a fin de obtener el certificado de
que el predio cumple con los requisitos contenidos en el artículo 5 del Acuerdo
047 de 2013.
II. CONSIDERACIONES  DE LA
CORTE
1.
Trámite surtido ante la Corte
Constitucional
De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos
50, 51 y 53 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección Cinco (5) de la Corte
Constitucional, mediante auto de 31 de mayo de 2019, resolvió seleccionar el
expediente de tutela de la referencia y repartirlo a la Sala Quinta de
Revisión.
El Magistrado
sustanciador, con base en lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991, profirió auto el 28 de junio de 2019, en el que ordenó vincular a la Unidad paralas Víctimas, para que: (i) se pronuncie respecto de
los hechos y las pretensiones planteadas en el expediente de la referencia; y,
(ii) remita copia de los antecedentes que reposan en su oficina sobre la
calidad de víctima alegada por la señora Valbuena y su grupo familiar. En la
misma providencia se ordenó vincular a la UAEGRT, para que: (i) se pronuncie
respecto de los hechos y las pretensiones planteadas en el expediente de la
referencia; y (ii) remita copia de los antecedentes que reposan en su oficina
sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
373-27556 ubicado en el círculo registral de Buga, departamento del Valle del
Cauca.
Adicionalmente,
solicitó a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Guadalajara de Buga, que
arrime copia de las facturas de impuesto predial correspondientes al folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 373-27556 ubicado en el círculo registral de Buga,
departamento del Valle del Cauca y no pagadas, y las decisiones administrativas
adoptadas con ocasión de las solicitudes de exoneración del pago de dichos
impuestos que haya elevado la señora Valbuena.
Por conducto de la
Secretaría General de esta Corporación, se solicitó a la ciudadana Primitiva
Valbuena Pedraza que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del auto que decretó las pruebas, respondieran las preguntas que se plantean en
el mencionado auto.
Fuera del término, y en
respuesta al auto de pruebas, se recibió la siguiente información:
1.1.
Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Tierras Despojadas[17]
La UAEGRT, informó
que la señora Primitiva Valbuena no ha comparecido ante esa entidad a solicitar
la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,
respecto del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
373-27556 denominado "El Encanto", ubicado en la vereda Nogales del
municipio de Guadalajara de Buga - Valle del Cauca.
Con relación a la
solicitud de condonación de pago del impuesto a favor de las víctimas de
desplazamiento forzado por el conflicto armado, afirmó que solo podrá hacerse
efectiva previo reconocimiento y orden proferida a través de sentencia de un
Juez Especializado en Restitución de Tierras.
1.2.
Alcaldía Municipal de Guadalajara de
Buga[18]
La Secretaria de
Hacienda, relacionó y remitió los documentos requeridos en el auto de fecha 28
de junio de 2019:
-
Copia del recibo del impuesto predial
unificado, por el valor de 1´139.390, a nombre de la señora Primitiva Valbuena Pedraza,
en la que aparece como propietaria.
-
Copia de la consulta individual de Vivanto,
donde se relaciona la señora Primitiva como parte de un grupo familiar víctima
del conflicto.
-
Copia de la petición presentada por la señora
Primitiva Valbuena Pedraza, en la que solicitó a la Secretaría de Hacienda del
Municipio de Guadalajara de Buga, se le exonere del pago de impuesto predial de
la finca “El Encanto” identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
37327556.
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Primitiva Valbuena Pedraza.
-
Copia del folio de matrícula inmobiliaria Nro.
37327556
-
Las decisiones administrativas adoptadas con
ocasión de las solicitudes de exoneración del pago del impuesto predial
unificado:
-
Copia de la resolución Nro. SHM-1703-2730 del
25 de septiembre de 2018, en la que la Alcaldía Municipal de Guadalajara de
Buga, da respuesta al derecho de petición presentado por la señora Primitiva
Valbuena Pedraza, negando la exoneración del pago de
impuesto predial unificado[19],
argumentando que: “ esta oficina no tiene conocimiento de sentencia judicial
alguna y/o la administración municipal de Buga no ha proferido acto
administrativo, en el cual se indique que el predio de propiedad de
la señora Primitiva Valbuena Pedraza se ha declarado la restitución,
imposibilidad de restituirla, o la formalización del mismo, como tampoco el
término durante el cual dicha situación existió, o si aún existe; no podrá esta
Secretaría dar aplicación a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y lo reglado
en el Acuerdo Municipal No. 027 de 2013 respecto a la condonación del pago del
impuesto predial y sus recargos que recaen sobre la propiedad de la
solicitante.”
-
Copia del acta de notificación de 9 de octubre
de 2019, en la que se notifica a la señora Primitiva Valbuena Pedraza de la
resolución Nro. SHM-1703-2730 de 25 de septiembre de 2018.
-
Copia del recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra la resolución Nro. SHM1703-2730 de 25 de
septiembre de 2018, suscrito por la señora Primitiva
Valbuena Pedraza. Expuso su desacuerdo con la decisión alegando que, el artículo
sexto del Acuerdo municipal Nro. 047 de 2013, prevé la posibilidad de acceder a
estos beneficios -exoneración del pago del impuesto predial-  sin necesidad que
medie sentencia judicial siempre que haya sufrido un daño como consecuencia del
conflicto armado interno, esta condición, de acuerdo a su dicho consta en el
Vivanto anexado al derecho de petición.
-
Copia de la resolución Nro. SHM-1703-2951 del
12 de octubre de 2018, en la que se resuelve el recurso de reposición,
confirmando el sentido de la resolución Nro. SHM-1703-2730 del 25 de septiembre
de 2018[20].
En su momento, la administración municipal expuso:
“Se
reitera, que de acuerdo a lo anterior, ni la señora Primitiva Valbuena Pedraza,
ni la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
despojadas no (sic) han puesto en conocimiento o allegado copia alguna de
sentencia judicial en la cual se indique la situación de despojo o restitución
del predio de propiedad de la recurrente-peticionaria”.
Ahora bien,
teniendo en cuenta el parágrafo del articulo (sic) sexto del Acuerdo Municipal
047 de 2013, esta secretaría solicitará a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación de víctimas para que expida la respectiva constancia de
condición de vulnerabilidad manifiesta de la señora Primitiva Valbuena Pedraza,
precisando además el periodo de duración de las circunstancias que dieron lugar
al Desplazamiento y/o despojo; igualmente se solicitará a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras despojadas
certificar la Inscripción y registro del predio de propiedad de la señora
Primitiva Valbuena Pedraza. Por todo lo anterior, se confirmará lo resuelto en la
Resolución Nro. SHM 1703 2730 del 25-09-2018 concederá el Recurso de Apelación”
-
Copia de resolución Nro. DAM – 856-2018 de 27
de noviembre de 2018, en la que se resolvió el recurso de apelación presentado
por señora Primitiva Valbuena Pedraza, en contra la resolución Nro. SHM1703-2730 de 25 de
septiembre de 2018. En esta oportunidad, la administración
confirmó la decisión tomada en la resolución Nro. SHM-1703-2951 del 12 de
octubre de 2018[21],
alegado que:
“observa el despacho que dentro del
expediente se encuentra probada la condición de desplazado de la contribuyente,
quien rindió declaración ante a personería municipal el día 18 de agosto de
2005 según la constancia de vivato aportada por ella. De igual manera se probó
que efectivamente la señora VALBUENA PEDRAZA, es propietaria del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 373-27556, ubicado en la
vereda Nogales; sin embargo, no está comprobado que el predio haya sido objeto
de despojo o restitución.
Si bien el despacho no cuenta con
información adicional que permita acceder a lo pretendido por la contribuyente,
debido a que no aporto (sic) los medios probatorios necesarios en este caso la
respectiva certificación emitida por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de tierras (sic) Despojadas y la respectiva sentencia o
certificado de condición de vulnerabilidad, se procederá a confirmar la
decisión adoptada por la Secretaría de Hacienda Municipal”.
1.3.
Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas[22]
La Unidad para las
Víctimas informó que la accionante y su núcleo familiar, se encuentra incluida
en el RUV por desplazamiento forzado, desde el 18 de agosto de 2005.
Indicó que:
“en la respuesta de la Alcaldía
Municipal de Guadalajara Buga evidencia un actuar negligente, al negar la
aplicación de la exoneración del impuesto predial, sin analizar los hechos que
expone la accionante y los anexos que soportan su solicitud, en los cuales se
demostró que ya la UARIV la reconoció como víctima de desplazamiento forzado
desde agosto de 2005. No obstante, la entidad resuelve negar la solicitud con
el argumento que solicitará una constancia de desplazamiento, lo cual es
contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional, pues sujeta el cumplimiento
de la medida de exoneración del predial a una condición que no se requiere
certificar y adicional si eso fuera así la actora según lo expuesto en su
petición si se aportó en la solicitud. Por otra parte, es preciso agregar que
para este caso no contamos con acto administrativo de valoración, ya que se
trata de una inclusión en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) con
fecha de valoración 14/09/2005 y, para esa fecha no se expedían actos
administrativos de inclusión, puesto que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 2569 de 2000, se entendía que con la mera inscripción
en el registro o actualización en el sistema se daba por notificada la
decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 01 de
1984, según el cual los actos de inscripción realizados por las entidades
encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en
que se efectúe la correspondiente anotación. En esas condiciones, debe
desvincularse a la UARIV en la medida que no vulneró los derechos fundamentales
de petición, debido proceso y el derecho al RUV, en la medida que se encuentra
en el mismo y se le ha suministrado toda la oferta institucional”.
1.4.
Primitiva Valbuena Pedraza
A través del Personero Municipal de Guadalajara de Buga,
con oficio de fecha 22 de agosto de 2009, la señora Primitiva allegó la
información requerida por este despacho en auto de fecha 28 de junio de 2019,
relacionada con la forma (i) en la que adquirió el bien inmueble del que se
solicita la exoneración del pago del impuesto predial; (ii) en que ocurrieron
los hechos de violencia que originaron el desplazamiento de ella y su familia;
y, (iii) en la que vive en la actualidad. Al respecto, sostuvo que:
“(…)
el predio objeto de la acción de tutela fue adquirido el 5 de marzo de 1987 a
través de una compraventa del señor Simón Valbuena y María Waldina Pedraza
mediante escritura pública No. 347. Dicho inmueble lo habite[sic] junto [sic]
mis padres y mis hijos desde el momento que lo compre [sic] hasta el día en que
fui desplazada hecho ocurrido en el año 2004. En el cual mi padre utilizaba la
tierra para cultivo de frijol y criaba terneritos.
(…)
Hace
aproximadamente 15 años una noche las fuerzas armadas al margen de la ley
sacaron a mis hermanos JOAQUIN VALBUENA Y ANTONIO VALBUENA de sus parcelas y
los asesinaron, al poco tiempo de haber ocurrido esto por miedo a que nos
hicieran daño a mí y a mis hijos y por la dura situación económica en la que
comenzamos a vernos, decidí dejar mi finca abandonada y me desplace hacia el
municipio de Buga en la zona urbana en una casa de la cual no toco [sic] pagar
arrendo. Al año siguiente mi hijo OCTAVIO SANCHEZ rindió declaración en la
Personería Municipal de Guadalajara de Buga donde manifestó todo lo ocurrido y
me incluyo [sic] en su declaración. Después de haberme desplazado a la ciudad
de Buga me dedique [sic] a la modistería y a los oficios domésticos mientras
estuve allí, sin embargo pude retornar a la Región de la cual fui desplazada
(crucero Nogales) donde junto con un hermano nos dedicamos a las actividades
agrícolas, pero no en la finca donde residía anteriormente dado que por el
abandono de tantos años no se pudo volver a habitar. Actualmente soy conocedora
de que la finca de la cual fui desplazada se encuentra deshabitada. Como
mencione [sic] anteriormente actualmente vivo con dos hermanos y un sobrino en
una pequeña finca que era de mi esposo, en la cual desarrollamos actividades
agrícolas como siembra café y ordeño de 4 vacas y con la venta de lo producido
es que podemos cubrir los gastos de cada uno de mis hermanos y el mío.
(…)
La
deuda de los impuestos jamás me fue notificada sin embargo, por reuniones de
las personas víctimas del conflicto me di cuenta que en otros municipios del
país se estaban dando alivios y/o exoneración de impuestos a personas víctimas,
además también por información de vecinos de la región me di cuenta que en la
personería Municipal de Guadalajara de Buga, le estaban prestando
acompañamiento a las personas Víctimas del Conflicto Armado a fin de que la
Alcaldía Municipal nos diera beneficios como el alivio o la exoneración de
impuestos a través de acción de tutela(…)”.
2.
Competencia
Esta Sala es competente para
analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
3.     Planteamiento de los problemas jurídicos
De acuerdo con los antecedentes
expuestos, corresponde a la Sala determinar si ¿la Alcaldía de Guadalajara de Buga vulneró la
protección especial de la población desplazada,  el derecho a la reparación
integral de la accionante, al negar la condonación del pago del impuesto
predial de un bien inmueble que fue abandonado forzosamente, aun cuando cumple los
requisitos exigidos en el Acuerdo Municipal que los establece?
Con el fin de resolver el
problema jurídico, la Sala se referirá a: (4) la legitimación para actuar y el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
de subsidiariedad e inmediatez; (5) Los derechos de las víctimas a la verdad, a
la justicia, a la reparación integral, y a la no repetición. El derecho al
alivio de los pasivos, como componente de la reparación integral a las
víctimas; (6) los principios de buena fe y de
solidaridad aplicados a favor de las víctimas del conflicto armado; y, (7) resolverá
el caso concreto.
4.
Examen de procedencia de la acción de
tutela
4.1. Legitimación en la causa
4.1.1. Legitimación en la
causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que
la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier
persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
Además, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[23]
establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
En esta oportunidad, Primitiva
Valbuena Pedraza, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la
Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, con el propósito de obtener el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana,
al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia, a la reparación
integral. Por tanto, está legitimada en la causa para actuar, dado que la
acción de tutela que se tramita es clara al señalar que puede ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales.
4.1.2. Legitimación en la
causa por pasiva. El artículo 86 de la Constitución Política define la
acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario que procede para la protección
inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad o de los particulares.
En el caso
específico, por la naturaleza del ente territorial accionado, y en la medida
que se está ante una autoridad local, el mecanismo de
amparo constitucional resulta procedente contra la Alcaldía Municipal de
Guadalajara de Buga.
4.2. Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
La Corte Constitucional a través de su
jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento
de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por
vía excepcional.
4.2.1. Subsidiariedad. De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario. El
principio de subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es
procedente siempre que (i) no exista un medio alternativo de defensa
judicial; o (ii) aunque exista, este no sea idóneo y eficaz en las
condiciones del caso concreto; o (iii) sea necesaria la intervención del
juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio
irremediable en los derechos constitucionales.
Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que, pese a la existencia de otro
medio de defensa judicial, el examen de procedencia de la acción tutela debe
ser más flexible cuando están comprometidos derechos fundamentales de sujetos
de especial protección constitucional, porque, en desarrollo del derecho
fundamental a la igualdad, el Estado les debe garantizar un tratamiento
diferencial positivo.
La Corte Constitucional en reiteradas
providencias ha señalado que las víctimas del desplazamiento forzado son
sujetos de especial protección constitucional, dado que “se encuentran en
una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida
la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide
acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus
derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un
proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una
persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la
que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no
pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y
del reconocimiento social. Estas dramáticas características convierten a la
población desplazada en sujetos de especial protección constitucional”[24].
Por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, el Estado
debe orientar sus actuaciones a superar las circunstancias que configuran su
situación de vulnerabilidad, como, por ejemplo, la pérdida de su hogar y la
ausencia de fuentes de ingresos para su sustento.
Ahora bien,
dado el particular estado de vulnerabilidad de la población desplazada, la
acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce
efectivo de sus derechos mínimos[25],
al menos por las siguientes razones:
(i) aunque existen otros medios
de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria que garantizan la protección
de los derechos de este grupo de personas, éstos no son idóneos ni eficaces
debido a la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran[26];
(ii) no es viable exigir el previo agotamiento de los recursos ordinarios como
requisito de procedibilidad de la acción, pues, debido a la necesidad de un
amparo inmediato, no es posible imponer cargas adicionales a la población
desplazada [27];
y, (iii) por ser sujetos de especial protección, dada su condición particular
de desamparo, vulnerabilidad e indefensión[28].
El caso objeto de estudio
plantea una controversia que reviste especial relevancia constitucional, en
tanto involucra el posible goce efectivo de los derechos fundamentales de la
señora Primitiva Valbuena, como víctima del conflicto
armado, por lo que la acción de tutela resulta ser el
medio idóneo y eficaz para perseguir su amparo.
En
consecuencia, la Sala llama la atención del Juez de primera instancia, en tanto
desconoció que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, pese a la
existencia de otro medio de defensa judicial, el examen de procedencia de la
acción de tutela debe ser más flexible cuando están comprometidos derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, porque, en
desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el Estado les debe garantizar
un tratamiento diferencial positivo.
4.2.2. Inmediatez.
En lo que hace referencia al denominado requisito de inmediatez,
la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y
proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación
de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[29].
En el caso bajo estudio, la Sala advierte el cumplimiento del requisito de
inmediatez dado que la accionante presentó la acción de tutela el 20 febrero de
2019, es decir, dentro de un plazo razonable si se
tiene en cuenta que el 27 de noviembre de 2018 se resolvió el recurso de
apelación confirmando el sentido de la resolución
Nro. SHM-1703-2951 del 12 de octubre de 2018, que niega la exoneración en el
pago del impuesto predial.
5.     Los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la
reparación integral, y a la no repetición. El derecho al alivio de los pasivos,
como componente de la reparación integral a las víctimas.
5.1 En relación con los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y
a la garantía de no repetición, la jurisprudencia constitucional ha abordado su
estudio desde dos ámbitos que se interrelacionan entre sí[30]: (i) en el marco del Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y (ii) desde la perspectiva de
la Constitución Política y los desarrollos jurisprudenciales que en la materia
ha adoptado.
5.2 En el primer caso (del
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos) los derechos de las víctimas de delitos, especialmente de graves
violaciones a los derechos humanos, se encuentran reconocidos por el derecho
internacional, lo cual tiene una evidente relevancia constitucional (i) de
conformidad con el artículo 93 superior, por tratarse de tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos,
prohíben su limitación en los estados de excepción y prevalecen en el orden
interno, (ii) por cuanto los derechos constitucionales deben ser interpretados
de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, y
(iii) porque esta Corporación ha reconocido el carácter prevalente de las
normas de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, y los derechos fundamentales en general de las víctimas del
conflicto armado interno de nuestro país.
Dentro de los instrumentos
internacionales más relevantes que reconocen los derechos de las víctimas a la
verdad, a la justicia y a la reparación, se encuentran la Declaración Universal
de Derechos Humanos –art.8-, la Declaración Americana de Derechos del Hombre
–art. 23-, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso del poder –arts. 8 y 11-, el Protocolo II
adicional a los Convenios de Ginebra –art. 17-[31],
el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad o “principios Joinet” –arts. 2,
3, 4 y 37-, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados adoptada en el seno de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que extendió las normas de los refugiados a las situaciones
de violencia generalizada y a los desplazados internos - parte III, párrafo 5-,
la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, y la
Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas y su
Protocolo Adicional[32].
En este
marco puntual, se ha reconocido que las víctimas de delitos en general y de
graves violaciones a los derechos humanos en particular, tienen derecho a
obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido[33],
a la vez que debe ser justa, suficiente y proporcional a la gravedad de
las violaciones y a la entidad del daño mismo.
El mismo criterio ha sido
recogido en los pronunciamientos que ha emitido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como órgano jurisdiccional e intérprete autorizado de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto la sentencia C-715 de
2012 sintetizó la postura que sobre tales derechos ha asumido ese órgano
internacional[34].
A partir de lo anterior, es posible concluir que en
el derecho internacional se ha establecido una conexión
importante entre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
predicables como garantías básicas a las que tienen derecho las víctimas. En
especial, respecto del derecho a la reparación integral se ha precisado que (i)
las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, del derecho
internacional humanitario o de crímenes de lesa humanidad tienen derecho a ser
reparadas de manera adecuada, proporcional, integral y eficaz respecto del daño
sufrido; (ii) la reparación se concreta a través de la restitución
íntegra o plena al estado anterior al hecho que generó la victimización,
pero también a través de la indemnización, de la rehabilitación, de la
satisfacción de alcance colectivo, y de la garantía de no repetición; (iii)
la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere tanto a los
daños materiales como a los inmateriales, (iv) la reparación se concreta
a través de medidas tanto individuales como colectivas, y que (v) estas
medidas se encuentran encaminadas a restablecer a la víctima en su dignidad por
el grave daño ocasionado.
Ahora,
desde la perspectiva de la Constitución Política y los desarrollos
jurisprudenciales que en la materia ha adoptado la Corte Constitucional, la interpretación armónica de los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229
y 250 de la Carta, así como de los estándares internacionales sobre los
derechos de las víctimas, ha consolidado una línea jurisprudencial pacífica y
uniforme con base en la cual,  los derechos de las víctimas de delitos no se
agotan con la reparación económica de los perjuicios ocasionados, sino que se
integra de otros componentes adicionales. Así, se ha
entendido que existe un derecho fundamental a la reparación del daño causado.
Justamente en lo relacionado con
el derecho a la reparación integral, las reglas jurisprudenciales fueron
unificadas de la siguiente forma:
“En cuanto al derecho a la reparación, la jurisprudencia de
la Corte ha fijado los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en
armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional en la materia:
(i) el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño
causado que le asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de
derechos humanos, y de que por tanto éste es un derecho internacional y
constitucional de las víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado;
(ii) el derecho a la reparación integral y las medidas que este
derecho incluye se encuentran regulados por el derecho internacional en todos
sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los
beneficiarios, aspectos que no pueden ser desconocidos y deben ser respetados
por los Estados obligados;
(iii) el derecho a la reparación de las víctimas es integral, en
la medida en que se deben adoptar distintas medidas determinadas no solo por la
justicia distributiva sino también por la justicia restaurativa, en cuanto se
trata de la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los
derechos fundamentales de las víctimas;
(iv) las obligaciones de reparación incluyen, en principio y de
manera preferente, la restitución plena (restitutio in integrum), que hace
referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho
de la violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos
fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las
tierras usurpadas o despojadas a las víctimas;
(v) de no ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la
compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño
causado;
(vi) la reparación integral incluye además de la restitución y de
la compensación, una serie de medidas tales como la rehabilitación, la
satisfacción y garantías de no repetición. Así, el derecho a la reparación
integral supone el derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos
y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la rehabilitación por el
daño causado; medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y
de la dignidad de las víctimas; así como medidas de no repetición para
garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados
sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin
de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos
se repitan;
(vii) la reparación integral a las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos tiene tanto una dimensión individual como colectiva;
(viii) en su dimensión individual la reparación incluye medidas
tales como la restitución, la indemnización y la readaptación o rehabilitación;
(ix) en su dimensión colectiva la reparación se obtiene también a
través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se
proyecten a la comunidad (…)”[35] (Resaltado fuera del texto original).
El daño
acaecido por la violación grave de los derechos humanos genera a favor de la
víctima el derecho fundamental a la reparación integral de los perjuicios
directamente ocasionados con la transgresión, a través de la restitución, la
indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no
repetición.
En
aplicación del mandato jurídico-objetivo que reconoce el derecho a la
reparación integral[36], el Legislador estableció algunos
mecanismos de reparación para aliviar la situación patrimonial de las víctimas
en relación con los pasivos que se generaron durante el tiempo de despojo o de
desplazamiento forzado de sus bienes. Dicho alivio quedó consagrado, como
expresión de la solidaridad y del derecho a la reparación, en el artículo 121
de la Ley 1448 de 2011 así:
“En relación con los pasivos de las
víctimas, generados durante la época del despojo o el desplazamiento, las
autoridades deberán tener en cuenta como medidas con efecto reparador, las
siguientes:1. Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del
impuesto predial u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden
municipal o distrital relacionadas con el predio restituido o formalizado. Para
estos efectos las entidades territoriales establecerán mecanismos de alivio
y/o exoneración de estos pasivos a favor de las víctimas del despojo o abandono
forzado”[37] (énfasis añadido).
5.3 La Ley 1448 de 2011 buscó superar los problemas generados por el
conflicto armado, consagrando, por ejemplo, medidas con efecto reparador para
las víctimas de desplazamiento forzado. Así, tal  como se evidencia en el caso
concreto, las entidades territoriales han seguido cobrando el impuesto predial
sobre los predios que han sido abandonados o despojados[38]
a pesar de que sus propietarios no han podido disfrutar del bien inmueble por
encontrarse en situación de desplazamiento forzado. Por ello, el artículo 121
de dicha ley impone a las entidades territoriales un mandato legal orientado a
establecer mecanismos de alivio y/o exoneración de los pasivos por el no pago
del impuesto predial a favor de las víctimas.
Dicho
artículo se encuentra ubicado en el Capítulo sobre restitución de tierras y
otras disposiciones generales del Título IV referido a la reparación de las
víctimas; por lo tanto, el mecanismo de alivio y/o exoneración del impuesto
predial es una de las medidas con efecto reparador diseñadas especialmente para
aquellos que no pudieron gozar de sus bienes por el despojo o el desplazamiento
del que fueron víctimas.
5.4 De
igual manera esta Corporación en reiteradas sentencias, tales como la T-347 de 2014, T-911 de 2014, T-380 de 2016,
T-278 de 2017 y T-449 de 2017,
se ha pronunciado sobre el deber que le asiste a las autoridades de establecer,
a favor de las víctimas del despojo o abandono forzado, mecanismos de
alivio y/o condonación de los pasivos, sosteniendo que en estos eventos deben
protegerse los derechos a la reparación integral en virtud del principio de
solidaridad.  La Corte Constitucional a través de sentencia T-738 de 2017
también se refirió a “la
divergencia de las órdenes o remedios constitucionales que se emplearon en las
providencias comentadas” y
sintetizó la regla jurisprudencial así:
“Se vulneran
los derechos a la protección especial a la población desplazada y al trato
preferente de esta población (artículos 13 y 95 de la Constitución) por violar
el principio constitucional de solidaridad y la obligación de asistir a las
personas que se encuentran en circunstancias de extrema vulnerabilidad, al
cobrar un impuesto predial de un bien inmueble que fue abandonado forzosamente
o despojado cuando las entidades territoriales no han cumplido, en desarrollo
de sus competencias, el mandato legal de  exoneración y/o alivio tributario previsto
en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011[39],
mediante la aprobación de un Acuerdo municipal.”
5.5 En todo caso, la
Sala advierte que el sub judice se diferencia de los casos resueltos en
las providencias citadas porque la autoridad municipal promulgó un Acuerdo que
permite condonar a las víctimas del pago del impuesto predial unificado. En
consecuencia, corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos
indicados en dicho Acuerdo.
6.     Los principios de buena fe y de solidaridad aplicados a favor de
las víctimas del conflicto armado
6.1 Varias son las providencias
de esta Corporación que, de manera concreta, se han referido a la forma en que
se reconoce el principio de buena fe en cabeza de las víctimas del conflicto
armado[40].
Es así como, en la sentencia T-333 de 2019 se dijo:
“Al momento de valorar los
enunciados de la declaración, el funcionario debe tener en cuenta la presunción
de buena fe. En consecuencia, si estima que el relato o las pruebas son
contrarios a la verdad, debe demostrar que ello es así, dado que la presunción
de la buena fe supone una inversión de la carga de la prueba. En estos
casos, corresponde a la autoridad demostrar que los hechos esenciales de la
narración no son ciertos y que, por tal razón, el solicitante no se encuentra
en circunstancia de desplazamiento interno” (resaltado fuera de texto).
Por su parte, la sentencia T-274 de 2018, señaló:
“Las peticiones de estas
víctimas de inclusión en el RUV, conforme a los lineamientos previstos por los
artículos 36 y 37 del Decreto 4800 de 2011 y los artículos 3 y 156 de la Ley
1448 de 2011, deben ser examinadas “en aplicación de los principios de buena
fe, pro homine, geo-referenciación o prueba de contexto, in dubio pro víctima,
credibilidad del testimonio coherente de la víctima. En complemento, se debe
hacer una lectura a la luz del conflicto armado y la diversidad étnica y
cultural”.
Y la sentencia T-393 de 2018, frente a este principio se pronuncia en los
siguientes términos:
“Como lo ha
indicado la Corte en reiterada jurisprudencia, en aplicación de los principios
de buena fe y el principio pro personae, en caso de duda, deberán tenerse por
ciertas las afirmaciones de las víctimas del conflicto armado. Así mismo, según
lo preceptuado por el artículo 5 de la Ley 1448 de 2011, se presume la buena fe
de las víctimas, sin perjuicio de la carga de aportar pruebas sumarias del
daño, mediante cualquier medio legalmente aceptado. En este último evento,
opera la inversión de la carga de la prueba pues será la UARIV quien deberá
probar la falta de veracidad de las pruebas aportadas por los peticionarios. En
atención a estos principios, para el presente caso, la UARIV debió dar por
cierta la información que presenta la accionante, a menos que, en efecto,
lograse evidenciar la falta de un nexo causal entre el hecho victimizante y el
conflicto armado. Ello, por cuanto, como lo reconoce la misma entidad
demandada, la carga probatoria está a su cargo y en ese sentido resulta
desproporcionado exigirle a la demandante que sea ella quien aporte todos los
elementos probatorios que soporten su solicitud de inclusión”.
El principio de buena fe también fue objeto de desarrollo
legislativo en la Ley 1448 de 2011 reconociendo -en el artículo 5[41]-
la presunción de buena fe de las víctimas, al momento de acreditar el daño, sin
perjuicio de la carga de aportar pruebas sumarias sobre la ocurrencia de este,
mediante cualquier medio legalmente aceptado. En este último evento, opera la inversión
de la carga de la prueba[42]
pues resulta desproporcionado exigirle a la víctima que sea ella quien aporte
todos los elementos probatorios que soporten su solicitud, como se observa en
el caso aquí estudiado.
6.2 En cuanto al principio de
solidaridad, la Corte Constitucional lo ha definido como: “un deber,
impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado
social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en
beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. La dimensión de la
solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de
coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime
cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su
condición económica, física o mental”[43].
Este principio tiene su
fundamento en los artículos 1 y 95-2 de la Constitución. El primero establece
que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. El
segundo, por su parte, afirma que “son deberes de la persona y el ciudadano:
(…) 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas”.
6.3 En el ámbito legislativo, la
Ley 1448 de 2011[44],
también se refiere a este principio señalando -en el artículo 14- que: “La
superación de la vulnerabilidad manifiesta de las víctimas implica la
realización de una serie de acciones que comprende: (…) El deber de
solidaridad y respeto de la sociedad civil y el sector privado con las
víctimas, y el apoyo a las autoridades en los procesos de reparación; y la
participación activa de las víctimas”. Así mismo, el artículo 32 de la
citada Ley, frente a los programas de protección integral, señala que: “Los
programas de protección deberán incluir en su revisión e implementación un
carácter integral que incluya los siguientes criterios: (…) Las autoridades
competentes pondrán en marcha una campaña sostenida de comunicación en
prevención, garantía y defensa de los derechos de las víctimas que fomente
la solidaridad social a nivel local y nacional” (Negrilla fuera de
texto).
6.4 El principio de solidaridad
tiene dos facetas[45]:
(i) es un elemento esencial del Estado social de derecho, y (ii) es un deber
constitucional impuesto a todos los miembros de la sociedad. En tanto elemento
esencial, el principio de solidaridad obliga al Estado a actuar e intervenir
las relaciones sociales en favor de los más desventajados, lo que justifica la
vigencia de unos deberes fundamentales estatales relacionados con la protección
de las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta (art.
13). Por otro lado, en su faceta de deber constitucional, la Corte ha definido
la solidaridad como “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de
su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio
esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés
colectivo”[46].
6.5 Debido a la indeterminación
del contenido concreto de las acciones que son exigibles a los ciudadanos y a
las autoridades en aplicación del principio de solidaridad, la Corte ha
considerado que le corresponde al Legislador determinarlas[47].
Sin embargo, excepcionalmente, cuando se trata de sujetos en situación de debilidad
manifiesta o de especial protección constitucional, tal y como puede ocurrir en
ciertas circunstancias concretas con las víctimas de desplazamiento forzado,
este Tribunal ha precisado el alcance de las facultades del juez de tutela para
exigir su cumplimiento, en los siguientes términos:
“(…) cuando se verifica el incumplimiento del
deber de solidaridad por parte de una autoridad pública o de un particular que
preste un servicio público y con su acción u omisión vulnere los derechos
fundamentales de una persona víctima de desplazamiento forzado, y se encuentra
en situación de debilidad manifiesta, el juez constitucional puede exigir por
medio de la acción de tutela, el cumplimiento del principio de solidaridad, con
el fin de lograr el goce efectivo de los derechos fundamentales. Las
consecuencias o efectos de la aplicación de tal principio deberán precisarse en
cada caso atendiendo diferentes aspectos”[48].
6.6 El
alivio y las exoneraciones del impuesto predial a la población desplazada, es
una de las formas posibles de realizar el principio de solidaridad. Sin
embargo, esta no es la única modalidad para materializarlo, por lo que las
entidades tienen -en ejercicio de sus competencias- la facultad de decidir
entre las alternativas que concreten este principio constitucional[49].
7.
Análisis del caso concreto
7.1 La señora Primitiva Valbuena
Pedraza se desplazó en el año 2004 de su predio[50]
ubicado en la vereda Nogales, zona rural montañosa del Municipio de Guadalajara
de Buga[51]
hacia el Municipio de Buga, zona urbana. En la
respuesta que aportó a esta Corporación con ocasión del proceso que ahora se
dijo, afirmó que: “hace aproximadamente 15 años una noche las
fuerzas armadas al margen de la ley sacaron a mis hermanos JOAQUIN VALBUENA Y
ANTONIO VALBUENA de sus parcelas y los asesinaron”, razón por la que
abandonó su predio y se desplazó hacia el Municipio de Buga. Agregó que pudo
retornar a la región de la cual fue desplazada (crucero Nogales) donde, junto a
un hermano, se dedica a las actividades agrícolas. Manifestó que, su  predio no
ha podido volver. Actualmente vive con dos hermanos y un sobrino en una pequeña
finca que era de su esposo, desarrollando actividades
agrícolas como siembra de café y ordeño de 4 vacas, y con la venta de lo
producido cubre los gastos diarios de alimentación y
mantenimiento de ella y sus hermanos, razón por la cual no le ha sido posible
pagar el impuesto predial[52].
7.2 El 14 de septiembre de 2018,
presentó ante la Alcaldía Municipal de Guadalajara de
Buga, petición para acogerse a lo estipulado en el
parágrafo único del artículo 6 del Acuerdo Municipal Nro. 047 de 13 de agosto
de 2013[53],
que contempla la exoneración del pago del impuesto predial a las víctimas del
conflicto armado.
7.3 Mediante resolución Nro.
SHM-1703-2730 de 25 de septiembre de 2018[54],
la administración negó la petición, porque “no
tiene conocimiento de sentencia judicial alguna/o la administración municipal
de Buga no ha proferido acto administrativo, en el cual se indique que el predio
de propiedad de la señora Primitiva Valbuena Pedraza se ha
declarado la restitución, imposibilidad de restituirla, o la formalización del
mismo, como tampoco el término durante el cual dicha situación existió, o si
aún existe”. Contra la anterior decisión, la accionante
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. El 11 de octubre de
2018, la administración confirmó la decisión de negar
la exoneración del pago del impuesto predial unificado solicitada por la señora
Primitiva Valbuena Pedraza, a través de resolución
Nro. DAM – 856-2018 de 27 de noviembre, resolvió el recurso de apelación,
confirmando el sentido de la resolución Nro. SHM-1703-2951 del 12 de octubre de
2018, así:
“esta oficina no tiene conocimiento de sentencia judicial alguna/o
la administración municipal de Buga no ha proferido acto administrativo, en el
cual se indique que el predio de propiedad de la señora Primitiva
Valbuena Pedraza se ha declarado la restitución, imposibilidad de restituirla,
o la formalización del mismo, como tampoco el término durante el cual dicha
situación existió, o si aún existe; no podrá esta Secretaría dar aplicación a
lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y lo reglado en el Acuerdo Municipal No.
027 de 2013 respecto a la condonación del pago del impuesto predial y sus
recargos que recaen sobre la propiedad de la solicitante”.
7.4 El 20 de febrero de 2019, la
señora Primitiva Valbuena Pedraza, presentó acción de tutela en contra de la Alcaldía
Municipal de Guadalajara de Buga, con el propósito de obtener el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo
vital, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral. Lo
anterior, debido a la decisión de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de negar
la exoneración del pago del impuesto predial unificado, de un inmueble de su
propiedad y que tuvo que abandonar.
7.5 La Alcaldía del municipio de
Guadalajara de Buga, explicó que la negación de la exoneración del pago del
impuesto predial unificado se debió a que, dentro de las pruebas aportadas por
la accionante el 14 de septiembre de 2018, no están los documentos exigidos en
la Ley 1448 de 2011 y en el Acuerdo 047 de 2013, que indican que, para el
acceso a los beneficios tributarios, el contribuyente deberá figurar en la
parte resolutiva de la sentencia que ordena la restitución o formalización, y
que en el presente caso la señora Valbuena no lo aportó. Tanto en la resolución
que resuelve el recurso de reposición, como el de apelación, el ente
territorial manifestó que, teniendo en cuenta lo regulado en el parágrafo del
artículo sexto del Acuerdo municipal Nro. 047 de 2013[55],
solicitará a la Unidad para las Víctimas que expida la respectiva constancia de
la condición de vulnerabilidad manifiesta de la señora Primitiva Valbuena
Pedraza, precisando, además, el periodo de duración de las circunstancias que
dieron lugar al desplazamiento y/o despojo; igualmente, dice que solicitará al
UAEGRT certificar la inscripción y el registro del predio de propiedad de la
señora Primitiva Valbuena Pedraza.
7.6 El Juez, en primera
instancia, negó por improcedente la acción de tutela al considerar que
la señora Primitiva Valbuena Pedraza tiene la vía de la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para la protección de sus derechos al debido
proceso, dignidad humana, mínimo vital, acceso a la justicia y reparación
integral.
7.7 Por su parte, el Juez de
tutela, en segunda instancia, confirmó la decisión del juez de primera
instancia, al considerar que su condición de víctima del conflicto armado no le
concede per se, el derecho a los alivios tributarios definidos por el
Concejo Municipal de Buga, dado que debe acreditar que cumplió con todos los
requisitos que las normas transcritas mencionan y de las que no hay prueba en
el expediente.
7.8 Al respecto, la Sala encuentra
que, aun cuando la accionante no cuenta con una sentencia que ordene la
restitución y formalización del predio, en el caso bajo
estudió sí se encuentra acreditado uno de los presupuestos señalados en el
Acuerdo Municipal 047 de 2013, para obtener el reconocimiento de la exoneración
tributaria, atendiendo las siguientes razones:
El Acuerdo Municipal 047 de
2013, contempla varios escenarios para condonar el valor causado del impuesto
predial, el primero de ellos lo regulan los artículos 1 y 4 así:
ARTICULO PRIMERO.- Condónese el valor
ya causado del impuesto predial unificado, incluido los intereses corrientes y
moratorios, generado sobre los bienes inmuebles restituidos o formalizados que
en el marco de la aplicación de la Ley 1448 hayan sido beneficiarios de la
medida de restitución mediante sentencia judicial, así como sobre aquellos
bienes inmuebles que hayan sido restituidos, retornados o formalizados desde la
esfera administrativa, sin que medie dicha sentencia, siempre que sea a favor
de las víctimas de la violencia relacionadas con los procesos de restitución de
tierras.
(…)
ARTÍCULO
CUARTO.- Los beneficiarios del presente Acuerdo serán los contribuyentes que
por sentencia judicial hayan sido beneficiarias de la restitución, compensación
o formalización, en los términos del artículo 75 de, la ley 1448 de 2011, y los
que hayan  sido reconocidos mediante acto administrativo y que por motivo del
despojo y/o el desplazamiento forzado entraron en mora en el pago del impuesto
predial, tasas y otras contribuciones relacionadas con el predio a restituir o
formalizar.
Los artículos citados,
contemplan dos opciones para ser beneficiado en la condonación del pago del
impuesto predial: (i) quienes cuenten con una sentencia de restitución,
formalización o compensación; y (ii) quienes, desde la esfera administrativa,
se les haya restituido, formalizado o retornado sus bienes inmuebles.
En el caso bajo estudio, no se
cumplen las condiciones descritas, tal como lo indica la respuesta allegada por
la UAEGRT[56],
en la que se informó que la señora Primitiva Valbuena
no ha solicitado la inscripción -en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente- del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 373-27556 denominado "El Encanto", ubicado en la
vereda Nogales del municipio de Guadalajara de Buga - Valle del Cauca.[57] Por
lo tanto, no existe actuación administrativa o judicial de conocimiento de esa
entidad en el que se dé cuenta  la restitución, formalización o retorno al
predio.
No obstante lo anterior, el
artículo 6° del Acuerdo Municipal citado, dispone que:
“ARTICULO SEXTO.- Para el acceso a
los beneficios tributarios consignados en el presente Acuerdo, el contribuyente
beneficiario deberá figurar en la parte resolutoria de la sentencia judicial
que ordena la restitución o la formalización, para el efecto, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a
través de sus Direcciones Territoriales hará llegar a la Administración
Municipal la copia de las sentencias judiciales que ordenen la restitución o
formalización de predios.
PARAGRAFO: El presente Acuerdo se
podrá aplicar a predios beneficiarios de la restitución o formalización sin
que necesariamente sea ordenada por sentencia judicial, siempre y cuando el
contribuyente cumpla con la definición de victima señalada en el artículo 3° de
la Ley 1448 de 2.011. Para efectos de la constancia de su condición de
vulnerabilidad manifiesta, la Administración Municipal solicitará la respectiva
certificación ante la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a
Víctimas”  (Negrilla fuera de texto).
A partir de la lectura del
parágrafo único del artículo 6 del Acuerdo Municipal 047 de 2013, se tiene que
las sentencias de restitución o actuación administrativa no son las únicas
opciones para ser beneficiario de la condonación del pago del impuesto predial,
puesto que el Acuerdo Municipal indica que también podrán serlo quienes tengan
la calidad de víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
7.9 En el sub
lite se aportaron elementos probatorios que corroboran la condición de
víctima del conflicto armado de la accionante, quien abandonó su predio por los
hechos violentos que se presentaron en la zona de la que tuvo que salir; tan es
así que, en el expediente reposa respuesta de la
Unidad para las Victimas[58],  radicada el 6 de marzo de 2019, donde informa que la señora
Primitiva Valbuena Pedraza, se encuentra incluida en el Registro Único de
Víctimas –RUV-, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, bajo el
radicado 405031, desde el día 14 de septiembre de 2005. Al respecto se precisa
que el Registro Único de Víctimas, contenido en la
Ley 1448 de 2011, es un requisito declarativo y no constitutivo de la condición
de víctima para acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos
de protección[59].
Adicional a
lo anterior, en la anotación Nro. 6 del folio de matrícula inmobiliaria se registró una declaratoria de
inminencia de riesgo de desplazamiento y de desplazamiento forzado por parte del Comité Municipal de Guadalajara de Buga, como medida
de protección de aquellas que se inscribían en los folios por orden de los
Alcaldes Municipales como presidentes de los Comités Municipales de Atención
Integral a la Población Desplazada que, entre otros efectos, buscaban proteger
la relación y calidad jurídica –propietario, poseedor, tenedor u ocupante- que
tenía la persona desplazada con el bien abandonado, así como, proteger a la población de actos arbitrarios contra su vida,
integridad y bienes patrimoniales[60]. En otros términos, estas medidas se inscribían en el folio de
matrícula inmobiliaria con la finalidad de proteger el patrimonio de las
víctimas cuando sobre ese bien y su zona de influencia se había presentado un
desplazamiento o un riesgo de desplazamiento.
En este
orden de ideas, la señora Primitiva es víctima del conflicto armado y sobre el
inmueble abandonado existe una medida de protección que corrobora el hecho
victimizante, con lo que se cumple el primer requisito señalado en el parágrafo
único del artículo 6 del Acuerdo Municipal 047 de 2013, esto es, tratarse de una víctima en los términos que señala el art 3 de la Ley 1448
de 2011.
7.10 De otro lado,
con relación al segundo presupuesto que cita el artículo
6 del Acuerdo Municipal 047 de 2013, sobre la constancia de las condiciones de
vulnerabilidad, se tiene que la Alcaldía Municipal de Guadalajara -Buga, no
cumplió con la carga de demostrar que la accionante no se encuentra en estas
condiciones y, por el contrario, la cuestionó por no aportar los documentos exigidos en la Ley 1448 de 2011 y el Acuerdo 047 de
2013. Esta exigencia por parte del municipio desconoce el deber que le asiste a
las autoridades de examinar las peticiones de las víctimas en aplicación del
(i) principio de buena fe con base en el cual todas las declaraciones y pruebas aportadas por las víctimas
deben tenerse como ciertas, salvo prueba en contrario[61]; y del
(ii) principio de interpretación pro homine, en virtud del cual “las normas han de
ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de
los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en
instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y
prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de
las personas”[62]. Así, en caso de considerar que el relato o las pruebas son
contrarios a la verdad, debe la autoridad demostrarlo, ya que la presunción de
la buena fe supone una inversión de la carga de la prueba porque resulta
desproporcionado que en casos como el estudiado, el ente territorial -que tiene
todos los elementos y medios idóneos para allegar la información requerida-, la
traslade a un sujeto que, además, tiene unas condiciones especiales de
vulnerabilidad.
Lo dicho ha sido reiterado por este
Tribunal en Sentencia[63]
en la que se señala que lo preceptuado por el artículo 5 de la Ley 1448 de
2011, “presume la buena fe de las víctimas, sin perjuicio de la carga
de aportar pruebas sumarias del daño.  Mediante cualquier medio
legalmente aceptado”. En este último evento opera la inversión de la
carga de la prueba pues será, tal como se dijo, la autoridad municipal
quien deberá probar que la accionante no cumple con los requisitos para acceder
a la condonación del impuesto predial
La presunción de
buena fe que ha sido ampliamente reconocida a las víctimas para ser
incluidas en el Registro Único de Victimas- RUV también
procede para evaluar las solicitudes de condonación de lo adeudado por concepto
de impuesto predial, dado que el artículo que lo consagra  -artículo 5 de la
Ley 1448 de 2011- no distingue entre autoridades administrativas. Dispone la
norma en mención que el Estado   presumirá  la  buena  fe  de las
víctimas  de que trata esta Ley y,  el  artículo  3  establece  que “[S]e
consideran  víctimas,  para los efectos  de esta ley,  aquellas  personas  que
individual  o  colectivamente  hayan  sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno”.
En el caso
de autos, la autoridad municipal no desvirtúo la condición de vulnerabilidad a
la que hace referencia el acto administrativo sobre condonación de deudas
fiscales. Lo anterior, sumado a la declaración de la señora Primitiva Valbuena Pedraza rendida en sede de revisión, permiten
tenerla por probada, así:
“(…)
Hace aproximadamente 15 años una noche las fuerzas armadas al margen de la ley
sacaron a mis hermanos JOAQUIN VALBUENA Y ANTONIO VALBUENA de sus parcelas y
los asesinaron, al poco tiempo de haber ocurrido esto por miedo a que nos
hicieran daño a mí y a mis hijos y por la dura situación económica en la que
comenzamos a vernos, decidí dejar mi finca abandonada y me desplace hacia el
municipio de Buga en la zona urbana en una casa de la cual no toco [sic] pagar
arrendo. Al año siguiente mi hijo OCTAVIO SANCHEZ rindió declaración en la
Personería Municipal de Guadalajara de Buga donde manifestó todo lo ocurrido y
me incluyo [sic] en su declaración. Después de haberme desplazado a la ciudad
de Buga me dedique [sic] a la modistería y a los oficios domésticos mientras
estuve allí, sin embargo pude retornar a la Región de la cual fui desplazada
(crucero Nogales) donde junto con un hermano nos dedicamos a las actividades
agrícolas, pero no en la finca donde residía anteriormente dado que por el
abandono de tantos años no se pudo volver a habitar. Actualmente soy conocedora
de que la finca de la cual fui desplazada se encuentra deshabitada. Como
mencione [sic] anteriormente actualmente vivo con dos hermanos y un sobrino en
una pequeña finca que era de mi esposo, en la cual desarrollamos actividades
agrícolas como siembra café y ordeño de 4 vacas y con la venta de lo producido
es que podemos cubrir los gastos de cada uno de mis hermanos y el mío.
(…)”.
Por otra
parte en los hechos de la acción de tutela, la Señora Primitiva Valbuena relató
que el predio quedó abandonado y le ha sido imposible cumplir con sus
obligaciones fiscales en tanto los escasos recursos que obtiene del ordeño de 4
vacas y un cultivo de café los utiliza para cubrir los gastos diarios de ella y
sus hermanos.
7.11 Al
respecto, la Sala considera que la administración municipal desconoció que la
condición de víctima del conflicto armado presupone una condición de
vulnerabilidad implícita que exige a las autoridades reconocer que se trata de
una población especialmente protegida que se encuentra en una situación
dramática por haber soportado cargas excepcionales, y cuya protección es
urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes[64].
Olvidó, también, que, las víctimas del desplazamiento
forzado “se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad,
exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin
ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas
que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y
culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda,
como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de
origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un
individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo
de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento
social. Estas dramáticas características convierten a la población desplazada
en sujetos de especial protección constitucional”[65].
7.12 Por
tanto, estamos frente a una víctima del conflicto armado que, no obstante el
transcurso del tiempo, continúa en condiciones de vulnerabilidad y, al ser
propietaria del predio del que se desplazó, está solicitando a las autoridades
que adopten acciones complementarias reconocidas en el Acuerdo Municipal que
faciliten el restablecimiento de sus derechos, como lo es el alivio de los
pasivos. Tales decisiones hacen parte de las medidas de reparación como derecho
fundamental que les ha sido reconocido a las víctimas del conflicto.
7.13 En el
caso estudiado, no se puede obviar el principio de solidaridad que impone a
los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para
hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en
situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o
mental. La Corte Constitucional, en relación con las víctimas del
conflicto, de manera concreta, se ha dicho que, cuando se verifica el
incumplimiento del deber de solidaridad por parte de una autoridad pública o de
un particular que preste un servicio público y con su acción u omisión vulnere
los derechos fundamentales de una persona víctima de desplazamiento forzado y
se encuentra en situación de debilidad manifiesta, el juez constitucional puede
exigir por medio de la acción de tutela, el cumplimiento del principio de
solidaridad, con el fin de lograr el goce efectivo de los derechos
fundamentales. Las consecuencias o efectos de la aplicación de tal principio
deberán precisarse en cada caso atendiendo diferentes aspectos”. [66]
También ha
dicho esta Corporación que, en
materia de alivios y exoneraciones del impuesto predial a la población
desplazada, una de las formas posibles de  realizar el principio de solidaridad
consiste en  definir las condiciones en las que resulta aplicable el alivio o
exoneración del impuesto predial conforme lo prevé el artículo 121 de la Ley
1448 de 2011. Sin embargo, esta no es la única modalidad para
materializar el principio de solidaridad, por lo que las entidades tienen en
ejercicio de sus competencias la facultad de decidir entre las alternativas que
concreten este principio constitucional[67].
Por lo tanto, una vez las entidades decidan  esas alternativas, está llamado a
acatar su cumplimiento. Hecho este que no sucedió en el caso sub judice,
dado que, si bien existe un Acuerdo Municipal que dispone como se alivia el
pasivo de los beneficiario, el mismo fue inobservado por la misma autoridad que
lo expidió.
7.14
Finalmente, dejan de lado los operadores judiciales que, el daño acaecido por
la violación grave de los derechos humanos convierte a las víctimas en
acreedoras del derecho a la reparación integral a través de las diversas
medidas que se han diseñado para garantizar su goce efectivo. El derecho a la
reparación, como derecho fundamental, es integral en la medida en que se deben
adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva,
sino también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación
y restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las
víctimas. Dentro de las medidas con efecto reparador se encuentra el alivio o
exoneración de los pasivos generados durante la época del despojo o el
desplazamiento.
8. Conclusión
La
señora Primitiva Valbuena Pedraza, en el escrito contentivo de la tutela, alega
la vulneración de sus derechos al debido proceso, a
la dignidad humana, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral, no obstante lo cual, atendiendo las consideraciones
expuestas, la Sala concluye que le fueron vulnerados los derechos a la
reparación integral, el principio
constitucional de solidaridad y
a la protección especial de la población desplazada, en este caso, cuando una
autoridad municipal niega la condonación del pago del
impuesto predial de un bien que fue abandonado forzosamente, aun cuando se
cumple con los requisitos exigidos en el Acuerdo Municipal que reconoce tal
beneficio.
En consecuencia, se revocará la
decisión proferida el 28 de marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Guadalajara de Buga y en su lugar se concederá el amparo solicitado
por la señora Primitiva Valbuena Pedraza.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 28 de marzo de 2019
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guadalajara de Buga que confirmó
la sentencia del 7 de marzo de 2019, fallada en primera instancia por el
Juzgado Primero Civil Municipal de Buga – Valle, la cual negó por improcedente
la tutela de los derechos alegados por la accionante y, en su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la reparación integral, a la igualdad y a la protección especial de la población desplazada.
SEGUNDO.- ORDENAR a la
Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga que,
por medio de la Secretaria de Hacienda del municipio, si aún no lo ha
hecho, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, exonere de los pasivos a cargo de la señora Primitiva Valbuena
Pedraza por concepto de los impuestos prediales adeudados sobre el
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 37327556,
desde el momento de su desplazamiento forzado y hasta la fecha en que hayan
cesado o cesen las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba
o se encuentre la accionante, señora Primitiva Valbuena Pedraza.
TERCERO.- ORDENAR a
la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga que,
por medio de la Secretaria de Hacienda del municipio, suspenda cualquier acto o
procedimiento tendiente al cobro coactivo del impuesto predial adeudado.
CUARTO.-
LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las
partes –a través del Juez de tutela de primera instancia–, previstas en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El auto obra en folio 66.
[2] El auto obra en folio 105.
[3] A folios
104 obra diligencia de posesión N0. 022 de la Jefe Oficina Asesora de Jurídica
[4] “ARTICULO
CUARTO: los beneficiarios del presente acuerdo serán los contribuyentes que
por sentencia judicial hayan sido beneficiarios de las restitución,
compensación o formalización, en los términos del artículo 75 de la ley
(sic) 1448 de 2011 y los que hayan sido reconocidos mediante acto
administrativo y que por motivo de despojo y/o desplazamiento forzado entraron
en mora en el pago del impuesto predial, tasas y otras contribuciones y
relacionadas con el predio a restituir o formalizar. (…) ARTÍCULO SEXTO.  Para
el acceso a los beneficios tributarios consignados en el presente acuerdo el
contribuyente deberá figurar en la parte resolutiva de la sentencia judicial
que ordena la restitución o formalización (…). PARAGRAFO: El presente acuerdo
se podrá aplicar a predios beneficiarios de la restitución o
formalización sin que necesariamente sea ordenada por sentencia judicial
(…)” (subrayado y negrilla originales).
[5] Folio 72
[6] Folio 79 al 85
[7] Folio 86 al 91
[8] Folio 92
[9] Folio 93
[10] Folio 95
[11] Folio 96
[12] Folio 97 al 103
[13] Folios 109
al 111
[14] Folios 112
al 113.
[15] Folios 120 a 129.
[16]  El escrito obra a
folios 134 al 136.
[17]
Documento suscrito por María del Mar Chávez Chavarro, Directora Territorial (e)
Valle del Cauca – Eje Cafetero de la UAEGRT.  Folio 44  al 63 del tercer
cuaderno
[18]
Documento suscrito por Margarita Rosa Lozano Marín, Secretaria de Hacienda.
Folio 63 al 135 del tercer cuaderno
[19] Folio 98 al 104 tercer cuaderno
[20] Folio 116 al 121
[21] Folio 133 del tercer cuaderno
[22] Documento
suscrito por John Vladimir Martin Ramos del 25 de octubre de 2016, como Jefe de
Oficina asesora Jurídica. Folio 147 al 180
[23] “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[24]
Sentencia T-268 de 2012.
[25] Ver sentencias T-085 de 2010; T-620 y T-840 2009;  T-496 de 2007;
T-086 y T-468 de 2006; T-175, T-563, T-1076, T-882 y T-1144 de 2005; T-740 y
T-1094 de 2004, entre otras.
[26] Ver entre otras las sentencias T-192 de 2010; T-319 de 2009; T-1135 de
2008; T-496 y T-821 de 2007; T-468 de 2006; T-175, T-563, T-882, T-1076 y
T-1144 de 2005; T-1094, T-740 y T-025 de 2004.
[27] Ver sentencias T-192 de 2010; T-319 y T-923 de 2009; T-506, T-787 y
T-869 de 2008, entre otras.
[28]
Sentencia T-192 de 2010.
[29] En este sentido, puede consultarse Corte Constitucional,
Sentencias, C-166 de 2017, T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-905
de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-825 de 2007, T-243 de
2008, T-299 de 2009, T-265 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-328 de
2010, entre muchas otras.
[30] Se pueden
consultar las siguientes sentencias: C-166 de 2017, C 330 de 2016, C- 795 de
2014, C-099 de 2013, C-820 de 2012, C- 715 de 2012.
[31] Ley 171 de
1994
[32] Aprobado en Colombia mediante la Ley 65 de 1979.
[33] Citada en
la sentencia C 166 de 2017. Así lo establece la Resolución No. 60/147 aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas, Capítulo VII No. 11 de los
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones. Sobre el punto, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos dispone dentro de las competencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la reparación debida y la justa indemnización a la parte
lesionada.
[34] La sentencia C 715 de 2012  lo sintetiza así: “ (…) en relación con el derecho a la justicia, la
CIDH ha reiterado en múltiples oportunidades que este derecho implica, de un
lado, (i) una obligación de prevención de los atentados y violaciones de
derechos humanos, y de otra, (ii) una vez ocurrida la violación, la garantía de
acceso a un recurso judicial sencillo y eficaz por parte de las víctimas, lo
cual supone a su vez (iii) la obligación de los Estados partes de investigar y
esclarecer los hechos ocurridos, así como (iv) la de perseguir y sancionar a
los responsables, (v) accionar que debe desarrollarse de manera oficiosa,
pronta, efectiva, seria, imparcial y responsable por parte de los Estados.  Así
mismo, (vi) ha establecido la CIDH que estos recursos judiciales se deben
adelantar con respeto del debido proceso, (vii) dentro de un plazo razonable, y
(viii) que figuras jurídicas tales como la prescripción penal, la exclusión de
la pena o amnistías son incompatibles con graves violaciones de los derechos
humanos. Finalmente, (ix) ha insistido la CIDH que todas estas obligaciones se
dirigen a cumplir con el deber de los Estados de prevenir y combatir la
impunidad, la cual es definida por la Corte como la falta de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones
de los derechos protegidos por la Convención Americana. En el mismo sentido,
(x) ha insistido la Corte en la gravedad de las consecuencias que apareja la
impunidad, tales como la repetición crónica de las violaciones y la indefensión
de las víctimas y sus familiares. Respecto del derecho a la verdad, la CIDH ha afirmado
que este implica (i) el derecho de las víctimas y de sus familiares a conocer
la verdad real sobre lo sucedido, (ii) a saber quiénes fueron los responsables
de los atentados y violaciones de los derechos humanos, y (iii) a que se
investigue y divulgue públicamente la verdad sobre los hechos. Así mismo, (iv)
en el caso de violación del derecho a la vida, el derecho a la verdad implica
que los familiares de las víctimas deben poder conocer el paradero de los
restos de sus familiares. De otra parte, (v) la CIDH ha resaltado el doble
carácter del derecho a la verdad, que no solo se predica respecto de las
víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad como un todo con el fin
de lograr la perpetración de la memoria histórica. Finalmente, (vi) la CIDH ha
evidenciado la conexidad intrínseca entre el derecho a la verdad, y el derecho
a la justicia y a la reparación. Acerca
del derecho a la reparación, la Corte ha determinado que (i) las reparaciones
tienen que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se
garantice restitutio in integrum, esto es, la restitución de las víctimas al
estado anterior al hecho vulneratorio, y que (ii) de no ser posible la
restitución integral y plena, se deben adoptar medidas tales como
indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH ha determinado que la
reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar
tanto los daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño
material incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante, así como
medidas de rehabilitación, y (vi) que la reparación debe tener un carácter
tanto individual como colectivo, este último referido a medidas reparatorias de
carácter simbólico.En
relación con el derecho a la reparación, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha reconocido la obligación de reparar e indemnizar a las víctimas de
violaciones de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos
Humanos, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención.”.
[35] Sentencia
C-715 de 2012, reiterada en las sentencias C-099 de 2013 y C-795 de 2014.
[36] En la
sentencia T- 738 de 2017, se refiere a la reparación integral en los siguientes
así: La Corte ha señalado que el término reparación es empleado por “Ley 1448
en dos sentidos: en un sentido amplio o genérico, que “alude a la totalidad de
las acciones en beneficio de las víctimas desarrolladas a todo lo largo de su
preceptiva”, y en un sentido estricto, “que corresponde al concepto de
reparación propio del derecho penal, como garantía esencial de las víctimas del
hecho punible junto con la verdad y la justicia”.  Sobre esta base, concluyó
que la norma examinada se refería al efecto reparador en el primero de los
sentidos indicados, esto es, como un “efecto positivo, garantizador de derechos
y restablecedor de la dignidad humana que es común a todas las acciones que el
legislador creó en esta Ley 1448 de 2011 en beneficio de las víctimas” (Corte
Constitucional. Sentencia C-912 de 2013).
[37]
Artículo 121 de la Ley 1448 de 2011.
[38] El
despojo es definido en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 como: “la acción
por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva
arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de
hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la
comisión de delitos asociados a la situación de violencia”. Y en el mismo
artículo se define el abandono forzado así: “la situación temporal o permanente
a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se
ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con
los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo
establecido en el artículo 75”.
[39] Esta ratio
decidendi se deriva de la lectura de las tres providencias cuyas razones de
la decisión son las siguientes:
(i)
“Se amparan los derechos de la población desplazada cuando un municipio
cobra el impuesto predial de un bien inmueble que fue abandonado forzadamente o
despojado, sin establecer mecanismos de alivio tributarios en consideración de
la situación de extrema vulnerabilidad de una víctima de desplazamiento
forzado” (T-347 de 2014).
(ii)
“En vista de lo anterior, la Sala de Revisión observa que la Alcaldía
Municipal de El Carmen desconoció los mandatos constitucionales y legales de
protección a la población que se encuentra en condiciones de extrema
vulnerabilidad, víctima del desplazamiento forzado, como la señora Pérez De
Quintero, al cobrar lo adeudado por concepto del impuesto predial sobre tres
bienes inmuebles rurales que debió abandonar forzadamente, pues omitió dar un
trato preferente en virtud de los artículos 13 y 95 de la Constitución, este
último que se concreta en la obligación de asistir a las personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta con el fin de garantizar
el goce efectivo de sus derechos fundamentales y, el artículo 121 de la Ley
1448 de 2011, al no adoptar medidas de alivio” (T-911 de 2014).
(iii)
“Cuando una autoridad municipal adelante el cobro de un impuesto predial
a nombre de una víctima de desplazamiento forzado, respecto de un inmueble
objeto de abandono a causa del conflicto armado, sin que se apliquen medidas de
alivio tributario en razón a la condición victimizante, bajo el argumento de que
la localidad no cuenta con un Acuerdo adoptado por el concejo municipal en el
que se incorporen dichas medidas, se desconoce el principio constitucional de
solidaridad, y por esa vía se vulneran al peticionario los derechos
fundamentales a la igualdad material y protección especial de la población
desplazada, por hacer recaer sobre la víctima las consecuencias de la omisión
administrativa en que ha incurrido tanto el alcalde, por no presentar ante el
concejo respectivo un proyecto de acuerdo que incorpore los mecanismos de
flexibilización tributaria —por ejemplo condonación o exoneración—, como el
mismo concejo municipal por abstenerse de tramitar de manera efectiva un
Acuerdo en el que se adopten tales mecanismos, en cumplimiento, además, de la
obligación legal contenida en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 y de los
precedentes jurisprudenciales de esta Corporación” (T-380 de 2016).
[40] Sentencia
T-142 de 2017.
[41] Ley 1448
de 2011. “ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe
de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el
daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará
a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad
administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.
En los procesos en los que
se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán
acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño
sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas.
En los procesos judiciales
de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto
en el artículo 78 de la presente Ley”.
[42] Sentencia
T-142 de 2017.
[43] Sentencia C-767/14, citada a su vez en la Sentencia
T-413 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[44] “Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”
[45] Sentencia
T-738/17
[46]
Sentencia T-413 de 2013.
[47]
Sentencia T-181 de 2012.
[48] Corte
Constitucional. Sentencia T-347 de 2014.
[49]
Sentencia T-738 de 2017, citado a su vez en las sentencias T-347 de 2014, T-911
de 2014, T-380 de 2016 y T-278 de 2017, la Corte utilizó el principio de
solidaridad para sustentar las órdenes a los municipios dirigidas al
cumplimiento de su obligación de establecer alivios y/o medidas de exoneración
de impuesto predial a la población desplazada.
[50] El predio se encuentra ubicado en el corregimiento Nogales, zona
alta montañosa en el Municipio de Guadalajara de Buga, identificado con folio
de matrícula inmobiliaria No. 37327556.
[51] Folios 11
y 12
[52] Folio 12
[53] Folio 32 al 38
[54] Folio 79 al 86
[55] ARTICULO SEXTO.- “Para el acceso a los beneficios
tributarios consignados en el presente Acuerdo, el contribuyente beneficiario
deberá figurar en la parte resolutoria de la sentencia judicial que ordena la
restitución o la formalización, para el efecto, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través de sus
Direcciones Territoriales hará llegar a la Administración Municipal la copia de
las sentencias judiciales que ordenen la restitución o formalización de
predios. PARAGRAFO: El presente Acuerdo se podrá aplicar a predios
beneficiarios de la restitución o formalización sin que necesariamente sea
ordenada por sentencia judicial, siempre y cuando el contribuyente cumpla con
la definición de victima señalada en el artículo 3ro de la Ley 1448 de 2.011.
Para efectos de la constancia de su condición de vulnerabilidad manifiesta, la
Administración Municipal solicitará la respectiva certificación ante la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación a Victimas.”
[56] Oficio del
11 de julio de 2019, suscrito por María del Mar Chávez Chavarro, Directora
Territorial (e) Valle del Cauca – Eje Cafetero de la UAEGRT. Folio 44  al 49
del tercer cuaderno
[57] De acuerdo
con lo previsto en el art. 76 y subsiguiente y el Decreto 1071 de 2015 – “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”- , el proceso
de restitución de tierras, consta de dos etapas, una administrativa que impulsa
la UAEGRT dirigida a  la inclusión o no del reclamante en el Registro que
administra esa entidad, la decisión se toma mediante acto administrativo y es
un requisito de procedibilidad para llevar el caso al juez de restitución,
quien finalmente se pronuncia sobre la restitución o no del predio.
[58] Folios 112
a 113.
[59] La Corte
Constitucional en Sentencia T-393 de 2018, sobre las
declaraciones que presentan las víctimas para ser incluidas en el RUV dijo:
“la Corte ha ordenado que las víctimas del conflicto armado se registren en el
RUV para el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley
1448 de 2011 como “herramienta técnica para la identificación de la población
que ha sufrido un daño” . El Tribunal ha sostenido que tal inscripción
constituye un requisito meramente declarativo a efectos de que las victimas
puedan acceder a los beneficios legales.”
[60] Decreto 2007 de 2001 “por el cual se reglamenta parcialmente los
artículos 7°, 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna
atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del
retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y
se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación.”
[61] Sentencia
T-274 de 2018
[62]
Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017.
[63] Sentencia
T-142 de 2017.
[64] Sentencia T-911
de 2014
[65]
Sentencia T-268 de 2012.
[66]Sentencia
T-347 de 2014.
[67] En las
sentencias T-347 de 2014, T-911 de 2014, T-380 de 2016 y T-278 de 2017, la
Corte utilizó el principio de solidaridad para sustentar las órdenes a los
municipios dirigidas al cumplimiento de su obligación de establecer alivios y/o
medidas de exoneración de impuesto predial a la población desplazada.