T-620-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-620/13
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
Esta corporación ha indicado que el
defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario
judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas
sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el
debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar
los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”. Con todo, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que, para que sea procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales por defecto procedimental, deberán concurrir los
siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de
la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa
en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales;
(iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del
caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales (Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de
2005 y T-737 de 2007)”.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO
ORGANICO-Configuración
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que la competencia busca delimitar el campo de
acción, función o actividad que ejerce una entidad o autoridad pública,
precisando que ésta tiene como propósito hacer efectivo el principio de
seguridad jurídica. Así las cosas, las actuaciones de las autoridades públicas
que administran justicia están enmarcadas dentro de una competencia funcional y
temporal determinada en la Constitución y en la ley (artículo 121 superior) y,
en consecuencia, las decisiones adoptadas por fuera de dichos parámetros constituyen
un atentado contra el Estado de derecho. Bajo este contexto, la Corte
Constitucional ha señalado que la probada incompetencia del funcionario
judicial configura un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso,
toda vez que “el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por
finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar
así el principio de seguridad jurídica que ‘representa un límite para la
autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las atribuciones
que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la
Constitución y la ley establecen”. La referida irregularidad se genera, entre
otros supuestos, cuando la autoridad judicial que profirió la providencia
respectiva: “(i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el
asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le
corresponde, así como (iii) adelanta alguna actuación o emite un
pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se
surta cierta actuación (Sentencia T-929 de 2008)”. A su vez, esta corporación
ha indicado que no es suficiente con alegar la falta competencia para que se
configure el defecto orgánico, ya que para ello es necesario que, de acuerdo a
las normas aplicables, resulte irrazonable pensar que el operador judicial sí
tenía competencia para actuar.
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO
FACTICO-Dimensión negativa y positiva
La jurisprudencia
constitucional ha identificado dos dimensiones en las que se presentan
defectos fácticos: (a) Una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, situación que
se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de
la prueba; y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge
claramente. b) Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez
aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia
cuestionada, la cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas, eran ilegales o ineptas; o (ii) da por ciertas
algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su
decisión.
DEFECTO
FACTICO POR LA OMISION EN EL DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS
DEFECTO
FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
DEFECTO
FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION-Origen y funciones
La palabra casación proviene
“de la voz francesa casser, a su turno derivada del latín cassus (desprovisto
de valor), que quiere decir romper, quebrar, anular”. Sus antecedentes como
instituto jurídico procesal son muy vastos, debiéndose buscar en Francia el más
próximo “concretamente en la obra legislativa de la revolución, que asignó
nuevos cometidos y dio nuevos alientos de expansión vital a un instituto que ya
existía bajo l’ancien régime’. Allí se consagró como un mecanismo
extraordinario de revisión de la estructura lógica interna de la decisión
judicial vertida en una sentencia, que tiene como fines primordiales unificar
la jurisprudencia nacional, promover la realización del derecho objetivo y la
reparación de los agravios inferidos a las partes por la decisión.”. En
Colombia sus orígenes se remontan a la Constitución de 1886, la cual en su
artículo 151, al establecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia,
señaló que una de ellas era “[c]onocer de los recursos de casación, conforme a
las leyes”.  La anterior disposición fue reiterada en los mismos términos en la
reforma de 1936 y así continuó hasta 1945, cuando el Constituyente de ese año
suprimió del texto constitucional tal atribución, por considerar que la misma
debía tener consagración legal. Sin embargo, en la reforma constitucional de
1991, vuelve a estar consagrada directamente en la Constitución.
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION-Finalidad
Esta corporación ha precisado
que los principales fines del recurso de casación son: unificar la
jurisprudencia nacional, velar por la realización del derecho objetivo en
procesos judiciales, reparar los agravios ocasionados a las partes por la
sentencia recurrida y velar por la efectiva realización de los derechos
fundamentales de los asociados. La Corte
Constitucional ha explicado también que la casación es un medio de impugnación
extraordinario, cuya finalidad es más “de orden sistémico, para proteger
la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo”. Este carácter extraordinario la diferencia de la
labor judicial efectuada por los jueces de instancia, ya que, mientras el
control jurídico que estos realizan tiene como propósito analizar la conducta
de los particulares en relación al derecho vigente, en la casación se hace un
control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los
juzgadores de instancia, para establecer si se ajusta al ordenamiento legal, es
decir, se hace control de legalidad para decidir si en dicha actuación se
produjo un error in iudicando o un error in procedendo  que genere como única
consecuencia infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada .
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION-No puede considerarse como una tercera instancia
RECURSO DE
CASACION-Medio idóneo para protección de derechos fundamentales
Esta Corporación ha resaltado
el deber que tienen las diversas salas de casación de velar por la realización
y respeto de los derechos fundamentales de los recurrentes, sustituyéndose de
esta forma “la concepción formalista de la administración de justicia vinculada
al simple propósito del respeto a la legalidad, por una concepción más amplia y
garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los
derechos de los asociados”.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia
por no configurarse defectos fáctico, procedimental, orgánico, desconocimiento
del precedente en sentencia sustitutiva en proceso civil por simulación
En el presente caso no se configura ninguna causal específica de
procedibilidad y que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
no ha vulnerado a los accionantes el derecho fundamental al debido proceso, ni
ningún otro, por medio de su sentencia sustitutiva proferida en el proceso
civil ordinario de simulación adelantado entre las mismas partes de esta acción
de tutela
Referencia: expediente T-3540786
Acción de
tutela interpuesta por Orlando, Luis Alberto y Fabio Martín Ruiz Blanco contra
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C.,
nueve (9) de septiembre de dos mil trece (2013)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela instaurada por
Orlando, Luis Alberto y Fabio Martín Ruiz Blanco contra de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES.
Los señores
Orlando, Luis Alberto y Fabio Martín Ruiz Blanco, por medio de apoderado,
interponen acción de tutela contra la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso, con ocasión de la sentencia sustitutiva dictada por esa autoridad
judicial el 13 de octubre de 2011, a través de la cual, entre otras cosas, se “confirmó”
el fallo de primera instancia proferido dentro del proceso ordinario instaurado
por ellos contra los herederos de Luis Emilio Ruiz Sierra y otros. Para
fundamentar su solicitud los accionantes relatan los siguientes:
1. Hechos.
1.1. Afirman
que promovieron proceso ordinario contra los señores Reinaldo, Efraín Enrique,
Carlos Augusto, Luis Ernesto, Armando y Jaime Gustavo Ruiz Cardozo (en calidad
de herederos determinados de Luis Emilio Ruiz Sierra y socios de Ruiz Hermanos
Ltda. y Agropecuaria Delta Ltda.), Bibiana María y Mariana Ruiz Hernández,
Amparo Escobar de Ruiz, Natalia, María Mónica y Javier Armando Ruiz Escobar,
Rosaura Gómez de Ruiz, Margarita María y Ana María Ruiz Gómez (en calidad de
socios de Ruiz Hermanos Ltda.), Incubadora del Oriente S.A., Agropecuaria Delta
(antes Luis Emilio Sierra y Familia Sociedad Ltda.), Ruiz Hermanos Ltda., y
herederos indeterminados de Luis Emilio Ruiz Sierra, con la pretensión
principal de que se declarara la simulación del contrato de compraventa
contenido en la escritura pública número 3593 del 20 de diciembre de 1977,
exponiendo como fundamentos fácticos de la demanda los que a continuación se
reseñan:
- El señor
Luis Emilio Ruiz Sierra, mediante escritura pública número 3660 del 7 de
octubre de 1968, constituyó con su cónyuge e hijos comunes la sociedad
comercial denominada Luis Emilio Ruiz Sierra y Familia Ltda. (hoy Agropecuaria
Delta Ltda.), a la cual el señor Luis Emilio Ruiz Sierra aportó los bienes que
tenía de su propiedad, habiendo quedado por fuera de esa sociedad sus hijos
extramatrimoniales Orlando, Luis Alberto y Fabio Martín Ruiz Blanco.
- En la
fecha de constitución de dicha sociedad, los mencionados hijos
extramatrimoniales del señor Luis Emilio Ruiz Sierra eran todos menores de
edad.
- Los
señores Reinaldo, Luis Ernesto, Efraín Enrique, Armando, Jaime Gustavo y Carlos
Augusto Ruiz Cardozo, junto con sus respectivos cónyuges e hijos, a través de
escritura pública número 458 de fecha 3 de marzo de 1976, constituyeron la
sociedad comercial Ruiz Hermanos Ltda.
- El señor
Luis Emilio Ruiz Sierra, en su condición de representante legal y socio
mayoritario de la sociedad Luis Emilio Ruiz Sierra y Familia Ltda., transfirió,
por escritura pública número 3593 del 20 de diciembre de 1977, a la sociedad
Ruiz Hermanos Ltda. la totalidad de su interés social, incluidos los bienes de
su aporte inicial.
- El precio
de venta de los bienes transferidos fue irrisorio, ya que la enajenación se
hizo por la suma de $2.958.328, a un plazo de 10 años, en cuotas anuales, sin
intereses corrientes y al 1% los moratorios.
1.2.
Sostienen que se presentó una reforma de la demanda ordinaria inicial, en la
cual se adujo que: (i) en el contrato de compraventa que recoge la escritura
3593 del 20 de diciembre de 1977 el señor Luis Emilio Ruiz Sierra excedió los
límites de la cuantía para contratar establecidos en los estatutos para el
representante legal, generándose con ello la ineficacia del acto jurídico; (ii)
existe nulidad en la actuación por el incumplimiento de los requisitos legales.
1.3.
Manifiestan que, surtida la notificación del auto admisorio de la demanda y de
su reforma, los demandados se opusieron a las pretensiones y formularon
excepciones de “prescripción de la acción ordinaria de simulación” y “falta
de legitimación en la causa por pasiva”, excepciones que también fueron
formuladas por el curador ad litem de los herederos indeterminados de Luis
Emilio Ruiz Sierra.
1.4. Señalan
que el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, al cual correspondió
conocer en primera instancia del proceso ordinario, no accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó la cancelación de la inscripción de ésta en
el Registro de Instrumentos Públicos. Agregan que, apelada dicha decisión, la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia impugnada, por
estar probada parcialmente la falta de legitimación pasiva y considerar no
demostrada la simulación absoluta del contrato de compraventa de que trata la
escritura pública número 3593 del 20 de diciembre de 1977.
1.5. Aducen
que, interpuesto por la parte vencida el recurso extraordinario de casación, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 6 de
mayo de 2009, casó el fallo del tribunal “por encontrar demostrado un yerro
manifiesto en la interpretación de la demanda con la cual se inició el proceso”
y dispuso que, antes de dictar sentencia sustitutiva, se practicara un dictamen
pericial sobre los libros y documentos de comercio de la sociedad denominada
Agropecuaria Delta (antes Luis Emilio Sierra y Familia Sociedad Ltda.), así
como el valor presente de las cuotas sociales sobre las que era titular el
señor Luis Emilio Sierra en aquella sociedad.
1.6.
Indican, finalmente, que en sentencia sustitutiva, proferida el 13 de octubre
de 2011, la misma Sala, actuando como fallador de segunda instancia, decidió
confirmar el fallo proferido por el Juzgado Treinta Dos Civil del Circuito de
Bogotá, el cual había sido confirmado por la sentencia de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá, contra la cual prosperó el recurso de casación.
2. Fundamentos jurídicos de la
acción de tutela.
Los actores
consideran que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
vulneró su derecho fundamental al debido proceso al dictar la sentencia
sustitutiva de fecha 13 de octubre de 2011, por las siguientes razones:
- En la
sentencia del 6 de mayo de 2009, a través de la cual la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia retiró del ordenamiento jurídico la dictada el
29 de junio de 2007 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, se
indica que en el fallo casado se había incurrido en un error de hecho en la
interpretación de la demanda, ya que, apegándose al tenor literal de la misma,
se dio por establecido que los demandantes “impetraron la declaración de una
simulación absoluta, (…) pese a encontrarse probada una simulación relativa
(…)”.
Lo anterior
significa que la parte resolutiva de esa providencia fue hallada contraria a
derecho.
- La Sala de
Casación Civil, como juez de segunda instancia debió haberle dado desarrollo
jurisdiccional al fallo del 6 de mayo de 2009. Sin embargo, lo que hizo fue
confirmar la sentencia de primer grado. Es decir, resolvió de forma idéntica a
como lo hizo el tribunal, por cuanto en las dos decisiones “existe identidad
en cuanto se deniega la declaración de simulación relativa que se impetró en la
demanda inicial y que, con acertado criterio jurídico, la propia Corte Suprema
de Justicia consideró que, en Derecho, debería prosperar, previa una recta
interpretación de la demanda”, siendo este caso único en la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia.
- Según lo
dispuesto en el artículo 375, inciso 4º, del Código de Procedimiento Civil, “[l]a
Sala no casará la sentencia por el solo hecho de hallarla erróneamente
motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la
correspondiente rectificación doctrinaria”.
De acuerdo
con esta norma, si la sentencia del tribunal del 29 de junio de 2007 fue casada
en sentencia del 6 de mayo de 2009, es porque su parte resolutiva fue
encontrada contraria a derecho, porque, de no ser así, no habría sido casada y
se habría hecho la correspondiente corrección doctrinaria en relación con la
motivación del fallo recurrido.
- La Sala de
Casación Civil solo tenía competencia para hacer la corrección doctrinaria en
caso de encontrar ajustada a derecho la parte resolutiva de la sentencia
recurrida. Pero, como la casó, la sentencia sustitutiva no podía ser
confirmatoria de la de primera instancia, ya que para esto no tenía
competencia.
- La Corte
reabrió la etapa de la apreciación de las pruebas obrantes en el proceso,
asunto que ya no era ni podía ser materia de debate, y concluyó en la sentencia
del 13 de octubre de 2011 que no se encuentra demostrada la simulación
relativa, pese a haber casado la sentencia sustitutiva del tribunal en la
sentencia del 6 de mayo de 2009, todo lo cual resulta contrario a derecho y
violatorio de la garantía constitucional al debido proceso.
- En la
sentencia de casación la Corte decretó pruebas de oficio para determinar con
exactitud el valor de la totalidad de los bienes transferidos por Luis Emilio
Ruiz Sierra a la Sociedad Ruiz Hermanos Ltda. y el valor de las cuotas sociales
de que era titular, por lo que “nada  permitía siquiera suponer que
el fallo de primer grado habría de ser confirmado, pues es evidente que tales
pruebas no fueron decretadas ni requerían ser practicadas para confirmar la
sentencia del a quo”.
- En un
Estado de derecho todas las personas deben acatar lo dispuesto por la
Constitución y la ley, de lo cual surge el derecho de las partes en un proceso
a que, si el fallo de segundo grado se casa por la Corte Suprema de Justicia,
por encontrar su parte resolutiva contraria a derecho, se reparen “los
agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida lo que le da plena
armonía a lo dispuesto por los artículos 229, 230, 235, numeral primero, de la
Constitución Política con lo dispuesto por los artículos 375, inciso cuarto,
365 in fine del Código de Procedimiento Civil y 17 del Código Civil”.
3. La
pretensión de amparo. Como consecuencia de lo anterior, los
accionantes solicitan se ampare su derecho fundamental al debido proceso y se
deje sin efectos la sentencia sustitutiva proferida el 13 de octubre de 2011
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
4. Trámite
procesal.
Correspondió conocer de la
acción de tutela a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
la cual, mediante providencia del 26 de marzo de 2012, avocó el conocimiento y
ordenó: (i) tener como pruebas las documentales anexadas a la demanda; (ii)
correr traslado de la acción a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, para que en el término de un día rindiera informe sobre los hechos
materia de tutela; (iii) enterar “a los intervinientes en el proceso
ordinario (simulación de contrato de compraventa), adelantado por los
accionantes contra Reinaldo Ruiz Cardoso y otros, para que en el término de un
(1) día puedan ejercer el derecho de defensa y contradicción”.
5. Respuesta de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El Presidente de esa
corporación, con oficio PSCC número 0048 de fecha 27 de mayo de 2012, manifestó
que las razones que tuvo la Sala para casar la sentencia del 29 de junio de
2007, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, corresponden
a las motivaciones plasmadas en la sentencia de casación del 6 de mayo de 2009
y en la sustitutiva del 13 de octubre de 2011, cuyas copias adjuntó.
6. Intervención del señor Reinaldo Ruiz Cardozo.
El señor Reinaldo Ruiz
Cardozo manifestó que, en calidad de tercero con interés legítimo, se opone a
las pretensiones de los accionantes, con fundamento en los siguientes
argumentos.
Aduce que la acción de amparo
es improcedente porque no se encuentra acreditada ninguna causal específica de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y menos aún se puede
colegir que la actuación desplegada por la Corte Suprema de Justicia al
proferir la sentencia sustitutiva haya sido arbitraria o caprichosa, sino que,
por el contrario, ella es el producto de la autonomía e independencia que le
son inherentes, es concordante con los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad, sana crítica y sobre todo “se corresponde con los hechos
debidamente acreditados en el proceso (…) y es congruente con las pretensiones
de la parte demandante, las excepciones de los demandados y, en general, con
los argumentos y alegatos vertidos en las diferentes piezas que reposan en el
proceso”.
Señala que, aunque los actores
no identifican, ni se refieren directamente en este caso concreto a ninguna de
las causales específicas que, según la Corte Constitucional, excepcionalmente
hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales, contraen su
juicio de reproche a la circunstancia de que la Corte Suprema de Justicia, no
obstante haber casado la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, profirió
sentencia sustitutiva en idéntico sentido a la que había casado, contrariando
así el artículo 375, inciso 4º, del Código de Procedimiento Civil, según el
cual no se casará la sentencia si la parte resolutiva se ajusta a derecho.
Expresa que de este
planteamiento se deduce que el reproche de los accionantes se traduce en la
alegación de: (i) un defecto procedimental por inaplicación de las normas que
regulan el recurso extraordinario de casación, particularmente el artículo 375,
inciso 4º, del Código de Procedimiento Civil; (ii) un defecto sustantivo por no
tener en cuenta los fines y alcances del recurso extraordinario de casación;
(iii) un defecto fáctico por “soslayar la ocurrencia de una simulación
relativa”; (iv) un defecto por desconocimiento del precedente consistente
en que la Corte Suprema de Justicia nunca antes, al momento de proferir
sentencia sustitutiva, había resuelto en el mismo sentido que la providencia
casada.
Sostiene que según los
accionantes: (i) la sentencia sustitutiva, en cuanto resolvió en el mismo
sentido de la sentencia casada, contradice el artículo 375 del Código de
Procedimiento Civil, concretamente su inciso 4°, el cual sostiene que “la
Sala no casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente motivada,
si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la correspondiente
rectificación doctrinaria”; (ii) si la Corte casó la sentencia del
tribunal, fue porque halló la parte resolutiva contraria a derecho y, por
tanto, la sentencia sustitutiva no podía ser en el mismo sentido de la casada,
sino revocatoria de la de primera instancia.
Sin embargo, el interviniente
considera que esa interpretación del artículo 375 del Código de Procedimiento
Civil es sesgada por considerar aisladamente el inciso 4°, sin armonizarlo e
integrarlo con el inciso 1° del mismo artículo, según el cual, si la Sala de
Casación “hallare procedente alguna de las (causales) previstas en los
numerales 1°, 2°, 3° y 4° del articulo 368, casará la sentencia recurrida y
dictará la que debe reemplazarla”.
Dice también el tercero que la
demanda de casación se basó, no en la incorrección de la sentencia de segunda
instancia en relación con la valoración probatoria o con la aplicación de las
normas pertinentes, sino en la indebida interpretación de la demanda y en la
omisión absoluta de la decisión sobre un punto de derecho propuesto por los
demandantes, que implicaba la negación del acceso a la administración de
justicia y la violación del derecho al debido proceso.
Sigue afirmando que, si la
sentencia de casación del 6 de mayo de 2009 no analizó las pruebas relacionadas
con la simulación relativa, sino que se limitó al examen de la falta de
decisión en la sentencia casada sobre la simulación relativa, a pesar de deducirse
su alegación de la demanda y de su reforma, es evidente que procedía en la
sentencia sustitutiva hacer el análisis probatorio para determinar la
existencia o inexistencia de la simulación relativa.
De lo anterior concluye el
interviniente que no es cierta la afirmación de los accionantes respecto a que
la Corte resolvió en idéntico sentido en esas dos sentencias y que por eso
desconoció lo dispuesto en el artículo 375, inciso 4º, del Código de
Procedimiento Civil y violó el derecho al debido proceso.
El tercero resalta que, según
los accionantes, “si todas las personas deben acatamiento a la Constitución
y a la ley, de ahí surge el derecho para las partes en un proceso a que si el
fallo de segundo grado se casa por la Corte, por encontrar su parte resolutiva
contraria a derecho, entonces deben repararse ‘los agravios inferidos a las
partes por la sentencia recurrida’, lo que le da plena armonía a lo dispuesto
por los artículos 229, 230 y 235, numeral primero, de la Constitución Política
con lo establecido por lo artículos 375, inciso cuarto, 365 in fine del Código
de Procedimiento Civil y 17 del Código Civil”.
De esta argumentación infiere
el interviniente que, si bien el cuestionamiento de los actores se refiere a
una norma objetiva, como es el artículo 375, realmente alegan un defecto
sustantivo de la sentencia sustitutiva, el cual se reduce al hecho de que, no
obstante haberse casado la sentencia de segunda instancia, la Corte profirió
sentencia sustitutiva negando igualmente el petitum de la demanda, haciendo en
esa forma nugatoria la garantía de reparación de los agravios causados por la
providencia recurrida.
Sin embargo, el tercero
considera que es errado el anterior razonamiento, porque parte de una
interpretación equivocada de la sentencia de casación y de la sustitutiva, ya
que la Corte casó la sentencia del tribunal por el hecho de haber omitido
resolver sobre una eventual simulación relativa, por lo que el perjuicio que
esta providencia había causado a los demandantes no era la negación de sus
pretensiones, sino el acceso a la administración de justicia, que fue reparado
por la sentencia sustitutiva al decidir sobre la simulación relativa negándola.
Por estas razones considera que no se estructura el
defecto sustantivo.
Afirma también que los
accionantes hacen un reproche velado a la valoración probatoria que hizo la
Corte Suprema de Justicia en la sentencia sustitutiva que la condujo a no
encontrar acreditada la simulación relativa y a confirmar la sentencia del a
quo. Igualmente por haber decretado un dictamen pericial que, en lugar de
llevarla a revocar la sentencia apelada, le sirvió para confirmarla.
Acerca de este aspecto el
interviniente considera que la Corte Suprema, en la sentencia sustitutiva del
13 de octubre de 2011, valoró las pruebas testimoniales, las documentales, la
inspección judicial y el dictamen pericial practicados en el proceso,
concluyendo que no se encuentra acreditada la simulación relativa pretendida
por los demandantes, dado que los lazos de parentesco no son per se indicativos
de ella y que, por el contrario, se halla probada la realización del contrato
societario y la venta del interés social; que no está demostrado el precio
írrito, en razón de que los valores de los bienes por los cuales fueron
aportados son similares a los de adquisición, sin que hubiera transcurrido un
lapso significativo; que la venta de la participación en el capital social se
hizo por precios razonables y que el plazo para pagar se explica por la
naturaleza familiar de la sociedad, en tanto que hay constancias de que los
pagos se hicieron oportunamente.
Continúa sosteniendo el
interviniente que el decreto y la práctica del dictamen pericial eran
conducentes para determinar si la simulación relativa ocurrió realmente o no y
si los precios de los bienes aportados a la sociedad familiar y la enajenación
del interés social son irrisorios o justos.
Afirma que no está probado el
defecto fáctico, ya que la valoración probatoria es adecuada y atiende
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Sostiene el tercero que los
accionantes le reprochan indirecta o tácitamente a la sentencia sustitutiva del
13 de octubre de 2011 que incurre en un defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial horizontal, porque contradice la sentencia del 6 de
mayo de 2009, que casó la del Tribunal Superior de Bogotá del 29 de junio de
2007, igual que esta confirmó la sentencia de primera instancia, lo que
constituye un caso único en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
El interviniente estima que
la sentencia sustitutiva no desconoce el precedente jurisprudencial horizontal,
porque los accionantes no citan las sentencias que establecen la regla según la
cual la sentencia sustitutiva no puede estar en la misma dirección de la
providencia casada, lo que impide al juez de tutela establecer la violación del
principio de igualdad.
Dice que, por el contrario,
en un caso diferente al que se analiza, la Corte Suprema de Justicia, en
providencia del 1° de septiembre de 2003, casó la sentencia de un tribunal por
estar fundada en pruebas que no arrojaban el máximo de certeza sobre la
existencia de la paternidad. Sin embargo, la misma Corte, en sentencia
sustitutiva del 9 de noviembre de 2004, con base en una nueva prueba, revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró que el demandado era
padre extramatrimonial del demandante.
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
1. Sentencia de primera
instancia.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 1° de abril
de 2012, negó por improcedente la acción de tutela.
Considera
que esta clase de acción no procede contra providencias o sentencias
judiciales, en atención a los principios constitucionales de cosa juzgada y
autonomía judicial, salvo que resulten violados en forma evidente derechos
fundamentales  con las actuaciones u omisiones de los jueces, y que en ese caso
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Sostiene que
en este asunto no existe evidencia de la violación de ningún derecho
fundamental por parte de la providencia de instancia de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, proferida en el proceso ordinario,
porque en ella se afirma claramente que las pretensiones de los demandantes son
imprósperas en razón a que ni la simple relación de parentesco entre las partes
que celebraron el contrato societario, ni el hecho de que éste no se hubiera
realizado con los hijos extramatrimoniales, son prueba suficiente de la
simulación de ese contrato.
Indica que
en dicha providencia se deja en claro que no está demostrada ninguna de las
causales de nulidad declarables de oficio, ni un defecto en los presupuestos de
validez de los contratos, según lo dispuesto en los artículos 2° de la Ley 50
de 1936 y 306 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente,
expresa que “el hecho de no haberse (sic) casado la sentencia del ad quem,
no impone a la Corte revocar la decisión  del a quo, por cuanto en sede de
instancia el Juzgador debe estudiar el recurso de apelación, en armonía con las
normas que se consideren aplicables, y con los respectivos medios de
convicción, que fue lo que hizo precisamente la Sala accionada, sin que su
proceder se pueda calificar de arbitrario o caprichoso”.
Asimismo,
agrega que, aceptar la acción de tutela para realizar un nuevo estudio jurídico
y probatorio, sería tanto como crear una instancia nueva y revivir debates
superados a través del proceso ordinario, lo que haría interminables las
controversias judiciales.
§
Impugnación.
El apoderado
judicial de los accionantes impugnó el fallo de primera instancia, precisando
que dirige la acción de tutela contra la sentencia del 13 de octubre de 2011,
emitida por la Corte Suprema de Justicia como fallador de instancia, para lo
cual reitera los argumentos expuestos en la demanda inicial.
2. Sentencia de segunda
instancia.
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 19 de
junio de 2012, confirmó la de primera instancia.
Dice
reiterar su criterio en el sentido de que la acción de tutela es de carácter
estrictamente subsidiario, por lo cual no constituye un mecanismo para atacar,
impugnar o censurar decisiones expedidas en un proceso judicial, salvo que
excepcionalmente se ejercite para amparar un derecho fundamental vulnerado por
decisiones arbitrarias y caprichosas que un funcionario judicial profiera
dentro de un proceso, desbordando el ámbito funcional o de manera
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, esto es, “cuando se
configuran las llamadas causales generales o especiales de procedibilidad
(sentencia T-322 de 2006), o el mecanismo pertinente, previamente previsto en
el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz, para la defensa de éstas,
evento en el cual procede como dispositivo transitorio, con el fin de evitar un
perjuicio de carácter irremediable”.
Afirma que
la Sala de Casación Civil de la Corte no incurrió en irregularidad en la
sentencia de instancia, porque “una cosa es que haya casado la sentencia de
segundo grado por indebida interpretación de la demanda, y otra muy
diferente es que la Corte, actuando como Tribunal de Instancia, haya corregido
la hermenéutica del libelo y haya decidido negar las pretensiones en él
contenidas de conformidad con el acervo probatorio allegado”.
Aclara que
la Corte, actuando como tribunal de reemplazo, confirmó la sentencia de primera
instancia, dictada por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, y
no, como erróneamente lo aduce el impugnante, la proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior de la misma ciudad, que no hacía parte del ordenamiento
jurídico por haber sido casada.
Señala que
la circunstancia de que la Corte haya casado la sentencia de segundo grado no
restringía su competencia en el fallo de instancia para corregir el error
cometido por el ad quem, procediendo a analizar el tema de fondo propuesto en
la demanda y a determinar la viabilidad jurídica de las pretensiones; lo que
explica que la sentencia de casación del 6 de mayo de 2009 no se haya
pronunciado sobre el petitum del litigio, precisando que la sentencia del
tribunal confirmó la del juzgado “aunque con su propia motivación”, de
manera que la ratio decidendi que le sirvió de sustento no fue jurídicamente
cuestionada y por eso la Sala de Casación Civil de la Corte, como tribunal de
instancia, no tenía vedado retomarlo, luego de valorar el acervo probatorio.
Resalta que
la inconformidad con la interpretación de la ley aplicable a un determinado
caso no debe plantearse en la acción de tutela, porque esta no es una instancia
judicial, sino valiéndose de los mecanismos previstos en el respectivo proceso
ordinario y ante el juez competente.
III. Pruebas.
A
continuación se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
·
Copia de la sentencia dictada el 30 de agosto de 2006 por el
Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso
ordinario de Orlando Ruiz Blanco y otros contra Reinaldo Ruiz Cardozo y otros
(folios 118 a 130, cuaderno de primera instancia)
·
Copia de la sentencia proferida el 29 de junio de 2007 por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario de Orlando
Ruiz Blanco y otros contra los herederos de Luis Emilio Ruiz Sierra y otros
(folios 92 a 116, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la sentencia proferida el 6 de mayo de 2009 por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso número
11001-3103-032-2002-00083-01 (folios 21 a 45, cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la sentencia dictada el 13 de octubre de 2011 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso número
11001-3103-032-2002-00083-01 (folios 46 a 91, cuaderno de primera instancia).
·
Proceso ordinario de simulación de contrato número 11001-3103-032-2002-00083-01
de Orlando Ruiz Blanco y otros contra los herederos determinados e
indeterminados de Luis Emilio Ruiz Sierra.
IV. ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN.
1. Con el
fin de obtener elementos de juicio para adoptar la decisión en el caso objeto
de análisis, mediante auto del 1° de noviembre de 2012, la Sala Quinta
resolvió:
“PRIMERO:
ORDENAR que, a través de la Secretaría General de esta Corporación,
se oficie a la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia para que, dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación
de esta providencia, haga llegar a esta Corporación el original del proceso
ordinario instaurado por Orlando, Luis Alberto y Fabio Martín Ruiz Blanco,
contra los herederos de Luis Emilio Ruiz Sierra y otros, con número de radicación
11001-3103-032-2002-00083-01, en caso de no ser posible enviar el original, se
solicita copia íntegra del mismo.
SENGUNDO:
Mientras se surte el trámite correspondiente y se evalúa el
contenido de las pruebas solicitadas, los términos para fallar el presente
proceso se suspenden hasta nueva orden.”
2. En
cumplimiento de lo ordenado, la Secretaría General de esta corporación libra el
oficio N°OPTB-790/2012.
3. La
Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a
través de oficio OSSCC- No. 1355 del 30 de noviembre de 2012, recibido en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 30 de noviembre de 2012,
remitió el proceso ordinario 11001-3103-032-2002-00083-01 de Orlando Ruiz
Blanco y otros contra Reinaldo Ruiz Cardozo y otros.
4. Por auto
de fecha 29 de enero de 2013 el magistrado sustanciador, al advertir que no
existía constancia dentro del expediente de la notificación del auto admisorio
de la acción de tutela a todos los intervinientes en el proceso ordinario
adelantado por los accionantes contra el señor Reinaldo Ruiz Cardozo y otros,
dispone:
“ORDENAR
que, a través de la Secretaría General de esta Corporación, se oficie a la
Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para
que, en el término de dos (02) días, se sirva aclarar la forma en que comunicó
la demanda de tutela y su correspondiente auto admisorio  a los intervinientes
en el proceso ordinario de simulación de contrato de compraventa, allegando las
respectivas constancias.”
5. La
Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
oficio 889 del 2 de febrero de 2013, informa que envía copia de los autos
admisorios de fechas 15 y 22 de febrero de 2012 donde se comisiona a la
Secretaría de la Sala de Casación Civil de esa corporación para que entere a
las partes e intervinientes sobre la existencia del presente trámite
constitucional, adjuntando igualmente copia de las comunicaciones enviadas por
dicha secretaría.
V.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241,
numeral noveno, de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del
problema jurídico.
De acuerdo con los antecedentes
planteados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar:
(i) Si la Corte Suprema de
Justicia, actuando como tribunal de instancia, vulneró el derecho al debido
proceso de los accionantes al confirmar en la sentencia sustitutiva el fallo
proferido por el a quo, que denegaba sus pretensiones, el cual, a su vez, había
sido confirmado parcialmente por el fallador de segunda instancia (providencia
objeto de casación).
(ii) Si la Corte Suprema de
Justicia,  al proferir la sentencia sustitutiva del 13 de octubre de 2011,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes al no haber
declarado la simulación relativa del contrato de compraventa mediante el cual
el señor Luis Emilio Ruiz Sierra transfirió a la sociedad Ruiz Hermanos Ltda.
la totalidad de su interés social en la sociedad Luis Emilio Ruiz Sierra y
Familia Ltda.
Para resolver el anterior
problema jurídico estima la Sala que es preciso estudiar la jurisprudencia de
esta corporación en relación con: (i) la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) los criterios específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
particular los que guardan relación directa con el asunto objeto de revisión;
(iii) el recurso de casación y la sentencia sustitutiva. Con base en ello, (iv)
la Sala procederá al análisis del caso concreto para determinar si hay lugar o
no a la protección invocada.
3. Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.1. El artículo 86 de la
Constitución Política dispone que toda persona tiene “acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
Por su parte, el Decreto 2591 de
1991[1] indica
que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto”.
En
igual forma, tanto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos[2],
como el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[3],
establecen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales ágiles y
efectivos cuando sus derechos han sido violados, aún si dicha vulneración
hubiera sido cometida por personas que actuaban “en ejercicio de sus
funciones oficiales”.
Así las
cosas, la “interposición de la tutela contra sentencias judiciales es una
facultad reconocida desde la propia Constitución y concordante con las normas
que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, pues es
claro que siendo las sentencias actos de autoridades públicas que ejercen
función jurisdiccional, las mismas no están exentas del riesgo de afectar
derechos fundamentales y, en consecuencia, de ser controvertidas por esta vía
expedita pero subsidiaria”[4].
3.2. Tomando como fundamento las
normas precitadas la Corte Constitucional, intérprete autorizada y guardiana de
la integridad del texto superior (artículo 241 Constitución Política), ha
desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia sobre  la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, “basada en la búsqueda de
un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial –pilares de la administración de justicia en un estado
democrático-, y la prevalencia y efectividad de los derechos fundamentales
–razón de ser del estado constitucional y democrático de derecho-”[5].
Inicialmente dicha posibilidad
encontró sustento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, normas que
contemplaban la acción de tutela contra decisiones judiciales y establecían el
trámite correspondiente. No obstante, en la Sentencia C-543 de 1992 esta
corporación declaró inexequibles esas disposiciones, sin que con ello se
hubiese atribuido un carácter absoluto a la intangibilidad de las providencias
judiciales, ya que, por el contrario, en la misma sentencia se advirtió que
ciertos actos no tienen las cualidades para poder ser considerados providencias
judiciales y que, por tanto, respecto a estas “actuaciones de hecho” que representen una grave afrenta a los derechos
fundamentales, la acción de tutela sí procede. En aquel entonces dijo:
“Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha
incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que
proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia.”
3.3. Bajo este contexto,
atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad, esta
corporación, a través de sus sentencias en sede de tutela y de
constitucionalidad, comenzó a construir y desarrollar los requisitos que se
debían dar para la procedencia del amparo constitucional frente a una eventual
vulneración de derechos fundamentales dentro de un proceso judicial.
En las primeras decisiones la
Corte Constitucional indicó que la viabilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales estaba condicionada a la configuración de una “vía de
hecho”, concepto mediante el cual “se hacía alusión a aquellas
decisiones arbitrarias de los jueces que eran fruto de su abierto y caprichoso
desconocimiento de la legalidad”[6].
Sin embargo,
la Corte estimó necesario redefinir el concepto de “vía  de hecho”
incluyéndolo dentro de uno más amplio de requisitos de procedibilidad de esta
acción constitucional: unos de carácter general (requisitos formales de
procedibilidad) y otros específicos (aspecto sustancial, eventos en los que un
fallo puede llevar a la amenaza o trasgresión de derechos constitucionales),
los cuales compiló primero en la Sentencia T-462 de 2003 y posteriormente en la
Sentencia C-590 de 2005. Esta última indicó:
“Con todo,
no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es
compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales,
con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción
de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
23. En ese
marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en
fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.  Esta línea
jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido
objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.”
3.4. Ahora
bien, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia SU-813 de 2007,
siguiendo los parámetros de la precitada Sentencia C-590, sistematizó las
causales genéricas de la siguiente forma:
“Las
causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en
general se exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que
referidas al caso específico de la tutela contra providencias judiciales
adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en
estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de
un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe
entenderse ajustada a la Constitución. Tales causales son las siguientes:
(i) Se
requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente
relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté
acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor[7];
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede
judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión
iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un
efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate
de sentencias de tutela.”
3.5. Así
mismo, la Corte ha precisado que los criterios específicos, “fruto de una
evolución jurisprudencial que comenzó por la enumeración de algunas causales
para considerar una sentencia ‘vía de hecho’, pero que hoy en día está
consolidada en torno al concepto de causales específicas de procedibilidad”[8], deben
revestir un carácter protuberante y presentarse de forma evidente en la
decisión bajo examen[9],
resumiéndolos así:
“i) Defecto
sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede
probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[10].
ii) Defecto fáctico: Cuando en
el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido[11].
iii) Error inducido o por
consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional
de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la
administración de justicia[12].
iv) Decisión sin motivación:
Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o
los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[13].
v) Desconocimiento del
precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de
los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera
atendido a la jurisprudencia.
vi) Vulneración directa de la
Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los
derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[14].”[15]
En este
orden de ideas, los criterios en mención constituyen el catálogo mínimo a
partir del cual es posible justificar de manera excepcional la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales[16].
3.6. Debe destacarse finalmente
que tratándose de las decisiones de las altas cortes, por la condición de
máximos órganos de su respectiva jurisdicción, esta corporación ha aclarado que
los eventos de procedencia de la acción de tutela resultan aún más
restrictivos. Sobre el particular, en Sentencia SU-917 de 2010, señaló:
“- Una importante restricción al ejercicio de la tutela
contra sentencias judiciales se presenta en el caso de decisiones proferidas
por las Altas Cortes, en particular por la Corte Suprema de Justicia, máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria (art. 234 CP), o el Consejo de Estado,
tribunal supremo de lo contencioso administrativo (art. 237 CP).
Teniendo en cuenta el rol protagónico que cumplen la Corte
Suprema y el Consejo de Estado en sus respectivos ámbitos, tanto la regulación
normativa como la jurisprudencia se han ocupado de fijar mayores restricciones,
pues ellos son los primeros llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivos ámbitos.
- De un lado, el Decreto 1382 de 2000 consagra reglas
específicas en materia de tutela contra providencias judiciales en lo que tiene
que ver con las demandas contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura. Así, el artículo 2º atribuye a las propias corporaciones el trámite
y conocimiento de las acciones de tutela, por supuesto con exclusión de los
jueces que emitieron el fallo acusado[17].
(…)
- De otro lado, es preciso tener en cuenta que la acción de
tutela en estos eventos no se explica porque el juez constitucional nunca se
equivoque y los tribunales supremos de la jurisdicción ordinaria o contenciosa
administrativa sí lo hagan, pues es claro que la infalibilidad no es
propiamente una virtud humana. De hecho, una prueba de que la Corte
Constitucional también yerra en sus decisiones es que algunas de sus sentencias
han sido anuladas por la propia Corte, cuando por ejemplo advierte graves y
trascendentales violaciones al debido proceso o cuando alguna de las salas de
revisión ha desconocido la jurisprudencia de la Corte[18].
Una de las principales razones que justifican la
procedencia de la tutela contra sentencias judiciales es la imperiosa necesidad
de que exista una interpretación unificada sobre el alcance y límites de los
derechos fundamentales; y ésta es la principal misión de la Corte
Constitucional en sede de revisión de los fallos de tutela (art. 86 y 241-9 CP).
(…)
Por lo mismo, la tutela contra providencias judiciales de
las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene
cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del
juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e
independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro
de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
- Finalmente, con miras a garantizar una mayor coherencia y
rigor en el examen de la tutela contra sentencias proferidas por las altas
corporaciones judiciales, el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992 (reglamento
interno de la Corte Constitucional), modificado por el Acuerdo 01 del 3 de
diciembre de 2008, estipuló el deber de presentar ante la Sala Plena de la
Corporación los fallos sobre acciones de tutela contra providencias de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, para que la plenaria determine si
asume directamente el estudio del caso. (…)”
4. El defecto
procedimental absoluto.
4.1. El fundamento normativo del denominado defecto
procedimental se encuentra en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, referentes a    los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales.
La Corte Constitucional ha reconocido dos
modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se presenta cuando
el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar
cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en
los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.[19]
4.2. En lo concerniente al
defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha señalado:
“… [E]l defecto procedimental, se presenta en
aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento
fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda
solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela
será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como consecuencia de todo
lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales
del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del
implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o
si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales,
no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del
caso.”[20]
De igual manera esta corporación ha indicado
que el defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario
judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su
competencia[21]; (ii)
pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes[22] o (iii) “pasa
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el
derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación
a los derechos fundamentales”[23].
4.3. Con todo, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que, para que sea procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales por defecto procedimental, deberán concurrir los
siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de
la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa
en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales[24];
(iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del
caso específico[25];
y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los
derechos fundamentales (Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007)”[26].
Asimismo, la
Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del procedimiento que
se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado[27].
5. Defecto sustantivo o material.
5.1. Esta
corporación ha desarrollado una consolidada jurisprudencia en torno al defecto
sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela, señalando
que este se configura cuando “la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto”[28].
Bajo este contexto, ha sostenido que la construcción
dogmática del defecto sustantivo “parte del reconocimiento que la
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia
judicial, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho”[29].
5.2. Ahora
bien, la Corte Constitucional ha precisado el ámbito de aplicación del defecto
en mención, indicando los eventos en los que puede predicarse su existencia, a
saber:
“(i) cuando
la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable,
porque a) no es pertinente , b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada
, c) es inexistente  d) ha sido declarada contraria a la Constitución , e) a
pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, ‘no se
adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador’ ; (ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro
del margen de interpretación razonable  o ‘la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes’  o cuando en una decisión judicial ‘se aplica una norma jurídica de
manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial’ ; (iii) cuando no toma
en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes , (iv)
la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva  o contraria a
la Constitución ; (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se
utiliza ‘para un fin no previsto en la disposición’ ; (vi) cuando la decisión
se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso ; (vii) cuando se desconoce
la norma del ordenamiento jurídico constitucional o infraconstitucional
aplicable al caso concreto .
5.2. Se
considera también que existe un defecto sustantivo en providencias judiciales:
(vii) cuando la actuación no está justificada en forma suficiente  de manera
que se vulneran derechos fundamentales ; (viii) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial . o (ix) ‘cuando el juez no
aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una violación manifiesta
de la Constitución.”[30]
5.3. En el
mismo sentido, ha advertido esta corporación que:
(i) Cuando
hay un error ostensible en la aplicación de una norma, por ejemplo “sacando
del marco de la juridicidad y de la hermenéutica razonable la disposición”[31], el fallo
judicial se convierte en una vía de hecho, ya que no se está “ante un
problema de interpretación normativa sino ante una decisión carente de
fundamento, dictada según el capricho del operador judicial”[32].
(ii) Si el
problema se centra en la interpretación de la norma o del régimen legal en el
que se encuentra inscrita, “en principio, no cabe una revisión de la
sentencia en sede de tutela comoquiera que se trata de un asunto eminentemente
legal[33].
Pero ha encontrado que este problema legal excepcionalmente puede adquirir
relevancia constitucional e involucrar legítimamente la intervención del juez
constitucional, en los casos en los que la interpretación privilegiada
constituye una flagrante violación a los derechos (Sentencias T-114 de 2002 y
T-1031 de 2001) (…)”[34].
Respecto a
este último punto la Corte, en Sentencia T-233 de 2007, sostuvo:
“(…) la
motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde
analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo
que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no
encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio
de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga
a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente,
puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el
fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del
juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir, en una arbitrariedad”. (Subrayas fuera de texto).
6. Defecto
orgánico.
6.1. La jurisprudencia
constitucional ha señalado que la competencia busca delimitar el campo de
acción, función o actividad que ejerce una entidad o autoridad pública,
precisando que ésta tiene como propósito hacer efectivo el principio de
seguridad jurídica.
Así las cosas, las actuaciones de
las autoridades públicas que administran justicia están enmarcadas dentro de
una competencia funcional y temporal determinada en la Constitución y en la ley
(artículo 121 superior) y, en consecuencia, las decisiones adoptadas por fuera
de dichos parámetros constituyen un atentado contra el Estado de derecho[35].
6.2. Bajo
este contexto, la Corte Constitucional ha señalado que la probada incompetencia
del funcionario judicial configura un defecto orgánico que afecta el derecho al
debido proceso, toda vez que “el grado de jurisdicción correspondiente a un
juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial
para asegurar así el principio de seguridad jurídica que ‘representa un límite
para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las
atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que
la Constitución y la ley establecen”[36].
La referida irregularidad se
genera, entre otros supuestos, cuando la autoridad judicial que profirió la
providencia respectiva: “(i) carecía absolutamente de competencia para
conocer y definir el asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una
competencia que no le corresponde, así como (iii) adelanta alguna actuación o
emite un pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente
para que se surta cierta actuación (Sentencia T-929 de 2008)”[37].
6.3. A su vez, esta corporación
ha indicado que no es suficiente con alegar la falta competencia para que se
configure el defecto orgánico, ya que para ello es necesario que, de acuerdo a
las normas aplicables, resulte irrazonable pensar que el operador judicial sí
tenía competencia para actuar. En relación con este punto la Corte, en
Sentencia T-302 de 2011, dijo:
“4.3 La estructuración de
la causal tiene carácter cualificado, debido a que no basta con que se alegue
la falta de competencia del funcionario judicial, sino que se debe estar en un
escenario en el que, siguiendo los lineamientos contenidos en las normas
jurídicas aplicables, resulta irrazonable considerar que la autoridad judicial
estaba investida de la potestad de administrar justicia. Es decir, solamente en
aquellos casos en los cuales el acto o decisión que se adscribe a la
competencia aparezca manifiestamente contraria a derecho, bien sea por la
evidente falta de idoneidad de la autoridad que la expidió o porque su
contenido es claramente antijurídico, el juez constitucional puede trasladar el
vicio del acto habilitante al acto producido con base en la  facultad
ilegalmente otorgada. Sólo en estas condiciones puede el juez
constitucional afirmar que la potestad para emitir la decisión judicial
censurada, no encuentra cabida en el ámbito de competencia del funcionario que
la profirió, convirtiéndose en una irregularidad o defecto orgánico en el que
está incurso lo actuado[38].
Es que las actuaciones judiciales, debe insistirse, están enmarcadas dentro de
una competencia funcional y temporal establecida en la Constitución y en la
ley, que no puede desbordarse en detrimento del debido proceso.” (Subrayas
fuera de texto original).
De lo anterior se infiere que la
actuación judicial está enmarcada constitucional y legalmente dentro de una
competencia funcional y temporal, la cual, de ser desbordada, genera un defecto
orgánico.
7. Desconocimiento del
precedente como causal específica de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
7.1. Como se vio con
anterioridad, el desconocimiento del precedente constituye una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando la
decisión judicial vulnera o amenaza derechos fundamentales de las partes[39].
En efecto, esta corporación
ha sido enfática en sostener que, aunque según los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política el poder judicial es autónomo e independiente y los
jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, dicha
regla no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros
valores constitucionales (artículo 2° superior[40]).
En materia de decisiones
judiciales se destaca: (i) el respeto por el principio de igualdad (artículo 13
de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de
trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad en la interpretación
y aplicación de la ley por las autoridades judiciales; y (ii) la eficacia de
los derechos fundamentales, en particular del debido proceso judicial[41]. Al respecto,
la Corte en Sentencia T-760A de 2011, dijo:
“3. No obstante, salvo en
materia constitucional cuya doctrina es obligatoria[42],
la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la
interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica
social, ni petrificarse, así como tampoco convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta, sino que debe armonizarse, de tal
manera que se asegure la eficacia de los principios y derechos fundamentales
que indican seguir el precedente, dentro de los que se encuentran la igualdad,
buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, así como el debido proceso y
el acceso efectivo a la administración de justicia.”
7.2. Bajo
este contexto la jurisprudencia constitucional ha manifestado que, para ofrecer
un mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos, los operadores judiciales se
encuentran atados en sus decisiones por la regla jurisprudencial que constituya
precedente.
Ahora bien,
esta corporación ha señalado que el precedente judicial[43] vinculante está
constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y
directamente dirigidas a resolver el caso objeto de estudio. De esta forma el
precedente está atado a la ratio decidendi o razón central de la
decisión anterior, la cual, a su vez, surge de los presupuestos fácticos
relevantes de cada caso[44].
Sobre el particular, en Sentencia T-158 de 2006, expuso:
“43.- Por
ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso
pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado,
(ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”
En la misma
dirección, en Sentencia T- 292 de 2006, indicó:
“En este
sentido, en el análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para
establecer hasta qué punto el precedente es relevante o no:
i. En la
ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso
a resolver posteriormente.
ii. La
ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante.
iii. Los
hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación
similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto
de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente.”
7.3. En este
punto conviene precisar que el precedente judicial puede ser: (i) horizontal,
que es aquel fijado por autoridades  judiciales de la misma jerarquía
institucional, o (ii) vertical, que se refiere al sentado por un funcionario de
rango superior[45].
Bajo este contexto la
jurisprudencia de esta corporación ha indicado que el respeto y coherencia con
sus propias decisiones es un deber de obligatorio cumplimiento de los
funcionarios judiciales y no una simple facultad discrecional, lo que se
explica por lo menos por estas cinco razones:
“i) el
principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a
algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la
misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el
principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones
jurídicas cierto grado de seguridad jurídica y previsibilidad de la
interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí
debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) la autonomía judicial no
puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la
interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado
de Derecho; iv) los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la
administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues
existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de
racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia
a su interior.”
Con todo, la Corte Constitucional
también ha admitido la posibilidad de que el juez se aparte de su precedente o
del precedente establecido por su superior, con la condición de que, de forma
expresa, amplia y suficiente, exponga las razones de su posición (principio de
razón suficiente), ya que, de no hacerlo, la consecuencia no es otra que la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso[46]. Al respecto
la Corte, en Sentencia T-292 de 2006, expresó:
“En este sentido, el juez
puede apartarse tanto de los precedentes horizontales como de los precedentes
verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su posición y expresar
razones contundentes para distanciarse válidamente de los precedentes
vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el precedente es
contrario a la Constitución, en todo o en parte. Sin embargo, existen otras
razones válidas para apartarse del precedente, señaladas por la propia Corte.
… cuando los hechos en el
proceso en estudio se hacen inaplicables al precedente concreto o cuando
‘elementos de juicio no considerados en su oportunidad, permiten desarrollar de
manera más coherente o armónica la institución jurídica’ o ante un tránsito
legislativo o un cambio en las disposiciones jurídicas aplicables,
circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en otras consideraciones
jurídicas. Ante estas posibilidades, se exige que los jueces, en caso de apartarse,
manifiesten clara y razonadamente, con una carga argumentativa mayor, los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión.”
7.4. Finalmente, es importante
señalar que “tratándose de los magistrados que hacen parte de un mismo
cuerpo colegiado, esta Corporación ha indicado que éstos también pueden
apartarse de su propio precedente o del de otra sala, siempre y cuando expongan
en su decisión los argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello,
resguardando de esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías
de independencia judicial, aclarando que para tal efecto el funcionario debe:
‘i) referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un argumento suficiente para
el abandono o cambio si en un caso se pretende fallar en un sentido contrario
al anterior en situaciones fácticas similares, a fin de conjurar la
arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad’ (Sentencia T-698
de 2004)”[47].
8. Defecto fáctico[48].
8.1. La Corte Constitucional ha
definido el defecto fáctico como aquel que surge “cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión”[49],
precisando que las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no
constituyen errores fácticos, ya que el juez, en su labor, no solo es autónomo
sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[50].
Bajo este contexto, esta
corporación ha señalado que únicamente es factible fundar una acción de tutela
por defecto fáctico cuando la valoración probatoria es manifiestamente
irrazonable. Al respecto, en Sentencia SU-159 de 2002, dijo:
“Finalmente,
la Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo
es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera
manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
‘debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia[51].”
En consonancia con lo anterior,
esta Corte también ha aclarado que no es suficiente para que proceda la tutela
el solo hecho de que el accionante reclame la presencia de una prueba, toda vez
que el juez constitucional solamente está autorizado “a dejar sin efectos
una sentencia cuando se evidencia que el resultado judicial es contrario a la
Constitución, viola derechos fundamentales y cambia la verdad procesal”[52].
8.2. Ahora bien, la
jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las que se
presentan defectos fácticos:
(a) Una dimensión negativa que
surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional
y caprichosa[53],
situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración
defectuosa de la prueba[54];
y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente.
(b) Una dimensión positiva, que
se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la
decisión de la providencia cuestionada, la cuales no ha debido tener en cuenta
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas, eran ilegales o ineptas;
o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio
que fundamente su decisión[55].
8.3. De igual forma, esta
corporación ha precisado las distintas modalidades que puede asumir el defecto
fáctico, a saber: (i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y la
práctica de pruebas; (ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo
probatorio; y (iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio (desconocimiento de las reglas de la sana crítica)[56]. En las sentencias T-902
de 2005 y T-747 de 2009 se hizo un amplio estudio de dichas categorías, de las
cuales se extrae lo siguiente.
a. Defecto fáctico por la
omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta circunstancia
se presenta cuando el funcionario judicial excluye el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual impide la debida conducción al proceso de hechos que son
indispensables para el análisis y solución del asunto jurídico bajo revisión.
b. Defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio. Esta situación sobreviene cuando
el juez no realiza el análisis y valoración de elementos probatorios que
reposan en el proceso, debido a que no los advierte o sencillamente no los
tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión, los cuales, de haberse
contemplado, habrían cambiado sustancialmente la solución del asunto jurídico
debatido[57].
c. Defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio. Esta hipótesis acontece
cuando el funcionario “en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva”[58].
La jurisprudencia constitucional
ha precisado que en estos casos existe incongruencia entre lo probado y lo
resuelto, apartándose el juez, en consecuencia, de las reglas de la sana
crítica en la valoración probatoria.
8.4.
Finalmente, se hace necesario reiterar que, para que la tutela resulte
procedente ante un error fáctico, “el error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[59].
9. El recurso extraordinario de casación.
9.1.
Origen y funciones del recurso extraordinario de casación.
9.1.1. La palabra casación
proviene “de la voz francesa casser, a su turno derivada del latín cassus
(desprovisto de valor), que quiere decir romper, quebrar, anular”[60].
Sus antecedentes como instituto
jurídico procesal son muy vastos, debiéndose buscar en Francia el más próximo “concretamente
en la obra legislativa de la revolución, que asignó nuevos cometidos y dio
nuevos alientos de expansión vital a un instituto que ya existía bajo l’ancien
régime’[61].
Allí se consagró como un mecanismo extraordinario de revisión de la estructura
lógica interna de la decisión judicial vertida en una sentencia, que tiene como
fines primordiales unificar la jurisprudencia nacional, promover la realización
del derecho objetivo y la reparación de los agravios inferidos a las partes por
la decisión[62].”[63].
En Colombia sus orígenes se
remontan a la Constitución de 1886, la cual en  su artículo 151, al establecer
las funciones de la Corte Suprema de Justicia, señaló que una de ellas era “[c]onocer
de los recursos de casación, conforme a las leyes”.
La anterior disposición fue
reiterada en los mismos términos en la reforma de 1936 y así continuó hasta
1945, cuando el Constituyente de ese año suprimió del texto constitucional tal
atribución, por considerar que la misma debía tener consagración legal. Sin
embargo, en la reforma constitucional de 1991, vuelve a estar consagrada
directamente en la Constitución y es así como en el artículo 235 superior se
dispone:
“ARTÍCULO
235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. Actuar
como tribunal de casación.
2. Juzgar
al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos
funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les
impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.
3.
Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
4. Juzgar,
previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la
Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de
Justicia, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del
Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de
Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos,
al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión
diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a
los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se
les imputen.
5. Conocer
de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante
el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
6. Darse su
propio reglamento.
7. Las
demás atribuciones que señale la ley.” (Subrayas fuera de texto original).
Como se ve, el artículo 235 en
comento recoge la existencia del instituto procesal de la casación, asignando a
la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia ordinaria, la
competencia para tramitarlo.
Ahora bien, la jurisprudencia
constitucional ha resaltado la importancia de la casación con el surgimiento
del Estado moderno y en la formación del Estado de Derecho, por ser una
manifestación de los postulados de la igualdad ante la ley y de sometimiento de
los poderes públicos al orden jurídico. Al respecto la Corte, en Sentencia
C-590 de 2005, sostuvo:
“Desde sus
orígenes, que, no obstante algunas instituciones precedentes en el antiguo
régimen, se remontan a la Revolución Francesa, la casación se concibió como un
ámbito de defensa de la legalidad en virtud del cual se superan las violaciones
de la ley contenidas en las sentencias de mérito. En razón de ello, el recurso
de casación se asumió como una institución emblemática de la modernidad política
y, además, adquirió una impronta garantista. Dos situaciones explican el
carácter con el que surgió el recurso extraordinario de casación. Por una
parte, el giro que se presentó en la formulación del derecho positivo, pues por
tal dejó de considerarse la manifestación de la sola voluntad del soberano y en
su lugar se tomó, de la mano del contractualismo clásico y fundamentalmente de
Rousseau, como la expresión de la voluntad general del pueblo. Y, por otra
parte, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que, de proclama
revolucionaria, pasó luego a convertirse en un derecho expresamente reconocido
en la Declaración de 1789.[64]
En este contexto, cuando a través de la casación se controlaba que las
sentencias proferidas por los jueces fuesen respetuosas de la ley, lo que se
hacía era estructurar y dinamizar un instrumento normativo que permitía
reforzar esa concepción de la ley y su aplicación igualitaria. En efecto, aún
hoy, cuando se casa una sentencia judicial se hace primar la voluntad general
expresada en la ley sobre la voluntad individual del juez y se le asegura al
ciudadano que esa ley se aplica a todos con sentido igualitario.”
9.1.2. De otra parte, esta
corporación ha precisado que los principales fines del recurso de casación son:
unificar la jurisprudencia nacional, velar por la realización del derecho
objetivo en procesos judiciales, reparar los agravios ocasionados a las partes
por la sentencia recurrida y velar por la efectiva realización de los derechos
fundamentales de los asociados[65].
9.1.3. La
Corte Constitucional ha explicado también que la casación es un medio de
impugnación extraordinario, cuya finalidad es más “de orden
sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del
derecho objetivo”[66].
Este carácter extraordinario la
diferencia de la labor judicial efectuada por los jueces de instancia, ya que,
mientras el control jurídico que estos realizan tiene como propósito analizar
la conducta de los particulares en relación al derecho vigente, en la casación
se hace un control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de
los juzgadores de instancia, para establecer si se ajusta al ordenamiento
legal, es decir, se hace control de legalidad para decidir si en dicha
actuación se produjo un error in iudicando o un error in procedendo  que
genere como única consecuencia infirmar, destruir, casar, la sentencia
impugnada[67].
En relación con este punto, esta corporación ha indicado:
“La
sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada
por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe
cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido,
sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una
situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha
providencia no es, entonces, un simple acto formal sino el producto del
análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre
los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales
aplicables al caso concreto.
Tal acto,
entonces, puede contener errores de juicio o de actividad, que los doctrinantes
denominan errores in iudicando y errores in procedendo. Es decir, ‘que la
voluntad concreta de la ley proclamada por el juez como existente en su
sentencia, no coincida con la voluntad efectiva de la ley (sentencia
injusta), porque, aún habiéndose desarrollado de un modo regular los actos
exteriores que constituyen el proceso (inmune, así, de errores in procedendo),
el juez haya incurrido en error durante el desarrollo de su actividad intelectual,
de modo que el defecto inherente a una de las premisas lógicas haya repercutido
necesariamente sobre la conclusión. En este caso, en el que la injusticia de la
sentencia se deriva de un error ocurrido en el razonamiento que el juez lleva a
cabo en la fase de decisión, los autores modernos hablan de un 'vicio de
juicio' que la doctrina más antigua llamaba un  'error in iudicando'.’ [68]
Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de
aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación
errónea.
Los errores
in procedendo, por el contrario, nacen de la ‘inejecución de la ley procesal,
en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le
impone (inejecución in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohibe
(injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la
ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso
una irregularidad, que los autores modernos llaman un vicio de actividad
o un defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama
un error in procedendo.’(ibidem).”[69]
De igual forma, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que la principal diferencia entre la casación y la
instancia está relacionada con la labor que tiene el tribunal de casación de
casar o no la sentencia que está conociendo, y ha precisado que cuando se
infirma el fallo de segundo grado se realiza un “iudicium rescindens”,
instante en el que, en principio, termina su función. Sin embargo, como la
providencia de segunda instancia queda sin efectos jurídicos, es necesario su
reemplazo, para lo cual se debe volver a estudiar la conducta que fue examinada
por el a quo, llevándose a cabo una función propia del juez ad quem.
Sobre el particular esta corporación ha sostenido:
“Para
dictar la sentencia sustitutiva de la que fue casada, es decir para volver a
examinar la  conducta  que  fue  objeto  de juzgamiento en la primera
instancia, se realiza entonces un iudicium rescisorium, propio del juez ad quem.
Esa función, en algunos países, como en Francia o en Italia, se cumple por un
Tribunal de igual jerarquía al que profirió la sentencia de segundo grado que
se destruyó en casación, tribunal éste al que se envía el proceso por la Corte
de Casación para que profiera ese fallo, lo que se conoce como el reenvío del
proceso, para que se dicte una nueva sentencia de segunda instancia. En
Colombia, finalizada la casación con el iudicium rescindens, la Corte Suprema
de Justicia en la respectiva Sala de Casación, asume entonces una función
adicional, la de proferir el iudicium rescisorium, es decir, la de dictar la
sentencia de reemplazo o sustitutiva de la que fue destruida por la prosperidad
de la casación. (…)”[70]
9.1.4. Con
fundamento en lo anterior, esta Corte ha sido enfática en sostener que la
casación no puede considerarse una tercera instancia. Al respecto, en Sentencia
C-590 de 2005, explicó:
“Bien se sabe
que los jueces se encuentran sometidos al principio de legalidad y que cada
sentencia debe implicar la aplicación de las normas legales generales y
abstractas a supuestos fácticos específicos.  En este sentido, la sentencia
debe ser la concreción de la ley al caso sometido a juzgamiento.  No obstante,
puede ocurrir que la sentencia, en lugar de constituir un supuesto de
aplicación de la ley, resulte violatoria de ella.  Frente a este tipo de
eventos surge el recurso de casación como un remedio extraordinario contra
las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito. De allí que
el recurso de casación plantee un juicio de legalidad contra la sentencia
proferida en un proceso penal.
En ese sentido,
el recurso de casación constituye un mecanismo extraordinario e interno de
control jurisdiccional de la legalidad de los fallos.  Se trata de un mecanismo
de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción de los fallos
judiciales a la ley que los gobierna.  Es extraordinario, por cuanto se surte
por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo
que fue objeto de debate en ellas, sino un juicio de valor contra la sentencia
que puso fin al proceso por haberse proferido con violación de la ley.  Es
interno, por cuanto se surte al interior de cada jurisdicción, siendo el
competente para tramitarlo y resolverlo el Tribunal de Casación.  Finalmente,
implica un juicio de valor que exige la confrontación de la sentencia con la
ley.” (Subrayas fuera de texto).
9.2. Casación como medio
idóneo para la protección de derechos fundamentales.
9.2.1. Como ya se mencionó, esta
corporación ha aclarado que uno de los propósitos más
importantes del recurso de casación es hacer efectivo el derecho material, así
como las garantías fundamentales de las partes que intervienen en el proceso
respectivo, razón por la que este mecanismo se convierte en un
instrumento de defensa judicial de derechos subjetivos, con implicaciones
relevantes para la validez del orden jurídico[71].
En tal sentido, en Sentencia
C-596 de 2000, enfatizó:
“El
concepto de ley sustancial no solamente se predica o limita a las normas de
rango simplemente legal. Este comprende por consiguiente las normas
constitucionales que reconocen los derechos fundamentales de la persona, y aun
aquellas normas de las cuales pueda derivarse la existencia de un precepto
específico, por regular de manera precisa y completa una determinada situación.
Lo anterior
implica que es posible fundar un cargo en casación por violación de normas de
la Constitución.
Pero es mas, en razón de la primacía
que se reconoce a los derechos constitucionales fundamentales es obligatorio
para el tribunal de casación pronunciarse oficiosamente sobre la violación de
éstos, aun cuando el actor no formule un cargo específico en relación con dicha
vulneración.” (Subrayas fuera de texto).
En la misma línea, en Sentencia
C-1065 de 2000, dijo:
“(…) recurso
extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el
agravio en su contra al servicio de la protección de la coherencia sistémica
del ordenamiento. Así, el individuo tiene interés en atacar una sentencia
ilegal o contraria a la jurisprudencia, a fin de evitar una decisión que le es
desfavorable, y de esa manera, su actuación permite que el tribunal de
casación anule la decisión contraria al derecho objetivo, y asegure así el
respeto al ordenamiento.” (Subrayas fuera de texto original).
En sentido similar, en Sentencia
C-252 de 2001, indicó:
“‘El recurso de
casación, en su base política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y
genuina aplicación e interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la
misma, y logrando en esta misión, al ser ejercida por un mismo y sólo tribunal,
la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el
respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado,
cual es la reparación de los agravios que se puede inferir a las partes con las
resoluciones violatorias de la ley.’
Todas las
concepciones, como bien lo anota la Procuraduría, después de transcribir varias
definiciones de notables tratadistas, ‘parten de considerarla como un
‘remedio extraordinario’ (Giaturco) para remover condenas injustas y, por
consiguiente, convergen a fines idénticos, que no son otros que los de corregir
las desviaciones legales del juicio, bajo el valor primordial de alcanzar la
protección de los derechos fundamentales de los sujetos pasivos del ius
puniendi y la búsqueda de uniformidad jurisprudencial’[72].” (Subrayas
fuera de texto).
La anterior posición también ha
sido acogida por la propia Corte Suprema de Justicia, en los siguientes
términos:
“Desde 1991,
por fuerza de la normativización de la Constitución que antes se consideraba
como un tema esencialmente político, la interpretación del derecho dejó de ser
un problema de mera hermenéutica o de lógica de buena voluntad, razón por la
cual hoy en día la ley sólo puede tener sentido en la medida en que sus
fórmulas realicen los valores y principios del texto Superior y los tratados
internacionales sobre derechos humanos que conforman el bloque de
constitucionalidad.
(…)
En ese
orden, el recurso de casación debe ser consecuente con esa axiología. No por
otra razón, de acuerdo con ese sentido, el artículo 180 de la ley 906 de 2004,
define el recurso extraordinario como un control constitucional y legal  que
busca la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías debidas
a los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos y la
unificación de la jurisprudencia.
Por todo lo
anterior, el recurso extraordinario de casación no puede ser interpretado
sólo desde, por y para las causales, sino también desde sus fines, con lo cual
adquiere una axiología mayor vinculada con los propósitos del proceso penal y
con el modelo de estado en el que él se inscribe[73].”[74] (Subrayas
fuera del texto original)
9.2.2. Es de concluir, entonces,
que el recurso extraordinario de casación no es “sólo un mecanismo procesal
de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en
un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de
la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los
derechos fundamentales”[75].
En virtud de  ello, esta
corporación ha resaltado el deber que tienen las diversas salas de casación de
velar por la realización y respeto de los derechos fundamentales de los
recurrentes, sustituyéndose de esta forma “la concepción formalista de la
administración de justicia vinculada al simple propósito del respeto a la
legalidad, por una concepción más amplia y garantista, en la cual la justicia
propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados”[76].
10. Análisis del caso concreto.
Es preciso recordar en este punto que los señores Orlando, Luis Alberto y
Fabio Martín Ruiz Blanco, por medio de apoderado, solicitan que se ampare su
derecho fundamental al debido proceso y que, en consecuencia, se deje sin
efecto la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, “dictada en sede de instancia con violación de lo dispuesto por
el artículo 375, inciso cuarto, del C.P.C., es decir con violación del
principio de legalidad del proceso, el 13 de octubre de 2011 en la cual se
decidió confirmar el fallo de primer grado, al igual que lo hizo el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 29 de junio de 2007,
no obstante haber sido casado por la propia Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, en sentencia del 6 de mayo de 2009”[77], siendo este
caso único en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia pide tener en cuenta las razones y motivaciones expuestas
en la sentencia de casación del 6 de mayo de 2009 y en la sustitutiva del 13 de
octubre de 2011.
El apoderado del señor Reinaldo Ruiz Cardozo, tercero interesado,
solicita que se deniegue la acción de tutela por improcedente en razón de que
no considera probada ninguna causal específica de procedibilidad de la acción
de amparo contra providencias judiciales y que, por el contrario, está
demostrado que la Corte Suprema de Justicia, al proferir la sentencia
sustitutiva objeto de reproche, no fue arbitraria, ni caprichosa, obró en
cumplimiento de los principios de autonomía e independencia judiciales, con
razonabilidad y proporcionalidad, ajustándose a los principios de la sana
crítica en la valoración del material probatorio obrante en el expediente,
teniendo en cuenta las pretensiones de la parte demandante, las excepciones de
los demandados y los argumentos expuestos por ellos.
Específicamente considera que los accionantes interpretan equivocadamente
el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil al no tener en cuenta lo
dispuesto en su primer inciso, según el cual la sala casará la sentencia
recurrida y dictará la que debe reemplazarla cuando encuentre procedente alguna
de las causales previstas en los numerales 1° a 4° del artículo 368 del mismo
código.
De acuerdo con la referidas intervenciones de las partes, está claro para
la Sala que la presente acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial, concretamente contra la sentencia sustitutiva de fecha 13 de octubre
de 2011, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en el proceso ordinario de simulación contractual adelantado por los
ahora accionantes contra los herederos determinados e indeterminados de Luis
Emilio Ruiz Sierra, Reinaldo, Efraín Enrique, Carlos Augusto, Luis Ernesto,
Armando, Jaime Gustavo Ruiz Cardozo y otros.
Por tanto, corresponde a esta Sala de Revisión entrar a determinar si la
entidad judicial accionada está vulnerando realmente a los accionantes, con la
sentencia cuestionada, el derecho fundamental al debido proceso que consagra el
artículo 29 de la Constitución Política, habida cuenta la jurisprudencia
constitucional que se acaba de analizar, según la cual la acción de tutela
contra providencias judiciales procede excepcionalmente, siempre y cuando
concurran todas las causales genéricas de procedibilidad y por lo menos una de
las específicas.
10.1. Verificación de los
requisitos generales de procedibilidad.
10.1.1. Relevancia
constitucional de las cuestiones discutidas. Según los actores, la entidad
demandada obró en contra de lo dispuesto en el artículo 375, inciso 4°, del
Código de Procedimiento Civil, porque primero, mediante providencia del 6 de
mayo de 2009,  casó la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de junio
de 2007 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la de
primera instancia negando las pretensiones de los accionantes; y, en segunda
medida, dictó sentencia sustitutiva el 13 de octubre de 2011 confirmando la de
primera instancia, cuando lo legal habría sido resolver en otro sentido las
peticiones de los actores para no contradecir la sentencia de casación
mencionada y el citado artículo 375.
No hay lugar a duda que los
accionantes están alegando una pretendida vulneración del derecho al debido
proceso, que tiene connotación constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 29 superior.
10.1.2. Agotamiento de los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
Del contenido del artículo 375
del Código de Procedimiento Civil se deduce que la sentencia sustitutiva no
admite ningún recurso ordinario, ni extraordinario, por ser posterior a la
sentencia de casación.
10.1.3. Cumplimiento del
requisito de inmediatez.
En la actuación aparece que la
acción de tutela fue presentada el 22 de marzo de 2012 contra la sentencia
sustitutiva del 13 de octubre de 2011, esto es, 4 meses y 11 días después, lo
que se considera un plazo razonable y justificado, teniendo en cuenta la
complejidad del asunto y lo extenso del proceso ordinario civil, que demanda un
tiempo considerable para su estudio.
10.1.4. La acción no se dirige
contra una sentencia de tutela.
La sentencia sustitutiva del 13
de octubre de 2011 fue proferida por la Corte Suprema de Justicia como tribunal
de segunda instancia, dentro del proceso ordinario de simulación contractual
adelantado por los aquí accionantes contra los herederos determinados e
indeterminados de Luis Emilio Sierra, Reinaldo, Efraín Enrique, Carlos Augusto,
Luis Ernesto, Armando y Jaime Gustavo Ruiz Cardozo y otros, siendo evidente que
no se trata de una sentencia de tutela.
10.1.5. Las irregularidades
alegadas tienen incidencia decisiva en la providencia que se acusa de vulnerar
los derechos fundamentales del actor.
Los actores afirman que la
sentencia sustitutiva del 13 de octubre de 2011 contradice lo dispuesto en el artículo
375, inciso 4°, del Código de Procedimiento Civil, en cuanto confirmó la de
primera instancia en forma idéntica a como lo había hecho la sentencia de
segunda instancia dictada el 29 de junio de 2007 por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, la cual había sido casada por sentencia de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de mayo de 2009; y que el
recurso de casación tampoco cumple lo dispuesto en el artículo 365 del mismo
código en relación con la reparación de los perjuicios causados a la parte
demandante.
Es indiscutible que, si se llega
a demostrar y a concluir que tales irregularidades son ciertas, ellas deben
tener incidencia directa y decisiva en la providencia cuestionada.
10.1.6. Los accionantes han
identificado los hechos generadores de la vulneración a los derechos
fundamentales.
Los actores enumeran y explican
razonada y detalladamente las acciones y omisiones que le atribuyen a la
entidad demandada, de las cuales derivan la pretendida violación de su derecho
fundamental al debido proceso.
10.2. Causales específicas de
procedibilidad.
De acuerdo con lo señalado
anteriormente, los demandantes alegan que la providencia del 13 de octubre de
2011, emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
vulnera su derecho fundamental al debido proceso por las siguientes razones
esenciales:
(i) La sentencia sustitutiva del
13 de octubre de 2011 se “decidió confirmar el fallo de primer grado,
al igual que lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá, en
sentencia del 29 de junio de 2007”[78].
(ii) Según lo dispuesto en el
artículo 375, inciso 4°, del Código de Procedimiento Civil, “[l]a Sala no
casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente motivada, si su
parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la correspondiente
rectificación doctrinaria”; en tanto que el artículo 365 del mismo código,
dispone que uno de los fines del recurso de casación es procurar la reparación
de los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida.
(iii) Como la sentencia del
tribunal del 29 de junio de 2007 fue casada por la Corte en sentencia del 6 de
mayo de 2009, obviamente es porque su parte resolutiva fue hallada contraria a
derecho en cuanto confirmó la de primera instancia, la cual negó las
pretensiones de los demandantes.
Acorde con lo anterior, “la
sentencia de reemplazo no podía ser entonces confirmatoria de la proferida por
el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito, que negó las pretensiones de la
parte actora, sino que habría de ser dictada en un sentido diverso”[79].
Sin embargo, en la sentencia del
13 de octubre de 2011, “que habría de sustituir a la del 29 de junio de 2007
originaria del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Decisión, la Corte
Suprema de Justicia decidió confirmar el fallo de primer grado, es
decir, resolvió de manera idéntica a como lo hizo el tribunal en la
sentencia que fue casada”, ya que “en las dos sentencias existe identidad
en cuanto se deniega la declaración de simulación relativa que se impetró en la
demanda inicial y que, con acertado criterio jurídico, la propia Corte Suprema
de Justicia consideró que, en Derecho, debería prosperar, previa una recta
interpretación de la demanda”[80].
Además, la sentencia sustitutiva
de la Corte no cumple con la obligación de procurar la reparación de los
agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil.
(iv) La Corte no tenía
competencia en la sentencia sustitutiva para confirmar la de primera instancia,
ya que la prosperidad del recurso de casación indica que la parte resolutiva de
la sentencia del tribunal no se ajustaba a derecho.
(v) La Corte reabrió la etapa
probatoria y concluyó en la sentencia sustitutiva del 13 de octubre de 2011 que
no se encuentra demostrada la simulación relativa, con desconocimiento de su
propia sentencia del 6 de mayo de 2009, que casó la del tribunal en el mismo
proceso, “caso único en la Jurisprudencia de la Corte Suprema”[81].
Teniendo en cuenta lo anterior y
que la acción de tutela no está sujeta a complejas exigencias técnicas, sino
que rige el principio de informalidad, en este caso la Sala abordará el estudio
de los argumentos de los accionantes en la forma que considera más adecuada,
reconduciendo su análisis bajo los siguientes ejes temáticos: defecto
procedimental, defecto sustantivo, defecto orgánico, desconocimiento del
precedente y defecto fáctico.
10.2.1. Inexistencia de los
defectos procedimental y/o sustantivo.
No es necesario repetir aquí los
argumentos expuestos atrás con base en los cuales los accionantes consideran
que la Corte Suprema de Justicia les está vulnerando el derecho al debido
proceso por incumplimiento de los artículos 375, inciso 4º, y 365 del Código de
Procedimiento Civil.
En orden a establecer si tienen
razón se verá a continuación lo que expresan tales normas y se efectuará un
breve recuento y análisis de lo resuelto en las providencias judiciales a que
se refieren, así como de las pretensiones de la demanda y su reforma que dieron
origen al proceso civil.
10.2.1.1. En efecto, el
artículo 375, inciso 4°, del Código de Procedimiento Civil establece que “[l]a
Sala no casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente
motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la
correspondiente rectificación doctrinaria”; mientras que la parte final del
artículo 365 del mismo código consagra como uno de los fines del recurso de
casación procurar “reparar los agravios inferidos a las partes por la
sentencia recurrida”.
10.2.1.2. De acuerdo con
las constancias procesales, los señores Orlando, Luis Alberto y Fabio Martín
Ruiz Blanco presentaron demanda contra los herederos determinados e
indeterminados de Luis Emilio Ruiz Sierra, Reinaldo, Efraín Enrique, Carlos
Augusto, Luis Ernesto, Armando y Jaime Gustavo Ruiz Cardozo y otros, con las
pretensiones de que se declarase la simulación absoluta y la nulidad “total”
del contrato de compraventa celebrado entre Luis Emilio Ruiz Sierra y
Reinaldo Ruiz Cardozo como representante legal de Ruiz Hermanos Ltda.,
contenido en la escritura pública número 3593 del 20 de diciembre de 1977; y
que se oficiara a los Registradores de Instrumentos Públicos respectivos para
que hicieran la inscripción correspondiente[82].
Esa demanda fue reformada dando
varias explicaciones de la simulación absoluta, entre ellas “porque se
aprecia con claridad meridiana el propósito cumplido como es engañar a terceros
en este caso concreto los herederos, ya que el objetivo del causante Luis
Emilio Ruiz Sierra (q.e.p.d.) era prever la intervención sucesoral de los
asignatarios forzosos, es decir que lo único que le interesaba era consumar el
fraude para menoscabar  la forzosa y legítima asignación sucesoral de sus
propios hijos extramatrimoniales”[83],
y pidiendo la nulidad absoluta, además, del contrato contenido en la escritura
pública 3360 del 7 de octubre de 1968.
10.2.1.3. El Juez Treinta
y Dos Civil del Circuito de Bogotá, el 20 de agosto de 2006, profirió sentencia
de primera instancia y resolvió:
“1.- No
acceder a suspender el proceso por prejudicialidad penal, conforme lo pedido
por la parte demandante, por improcedente.
2.- No acceder
a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva
del fallo.
3,. Ordenar
cancelar la inscripción de la demanda respecto de todos los bienes
involucrados  en este proceso. Ofíciese a quien legalmente corresponda.
4.- No
imponer condena en costas a los demandantes, por lo señalado  en la parte
motiva.”[84]
En cuanto a las razones expuestas
en la motivación del fallo a que se refiere el numeral 2 de la parte
resolutiva, se aprecian en ella las siguientes, además del análisis de las
pruebas:
“(…) en
este caso, el acervo probatorio incorporado no otorga certeza que el
plurimencionado negocio jurídico esté afectado por simulación, ni absoluta,
ni relativa (…) no se dieron a conocer hechos que configuren alguna o
algunas de las causales, constitutivas de la nulidad absoluta y tampoco se
incorporó prueba alguna en ese sentido y del análisis de las respectivas escrituras
públicas se infiere, que tanto el objeto como la causa son lícitos y se
cumplieron las formalidades que la ley prescribe para la validez de esa clase
de actos o contratos, y no intervino en ellos persona afectada con capacidad
(sic) absoluta (…)”[85]
(Subrayas fuera de texto).
Claramente se observa que la
sentencia de primer grado analiza y resuelve todas las pretensiones planteadas
en la demanda y su reforma, es decir, lo relacionado con la simulación absoluta
y relativa y con la nulidad absoluta de los contratos contenidos en las
escrituras públicas 3593 del 20 de diciembre de 1977 y 3360 del 7 de octubre de
1968, aunque negándolas por considerarlas insuficientemente demostradas.
10.2.1.4. La Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá, el 29 de junio de 2007, emitió sentencia
resolviendo de este modo el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia:
“PRIMERO.
Confirmar la sentencia proferida el treinta de agosto de dos mil seis, por
el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en el proceso de
la referencia, previa modificación del numeral 2° de su parte resolutiva, a
fin de indicar que la negación de las pretensiones de la demanda obedece:
A) A que se
declara probada la excepción ‘FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PASIVA’
en lo que atañe a los demandados Agropecuaria Delta Ltda.  (antes Luis Emilio
Ruiz Sierra y Familia Sociedad Ltda.), Incubadora del Oriente Ltda., Juan Pablo
Ruiz Hernández, Viviana María Ruiz Hernández, Mariana Ruiz Hernández, Amparo
Escobar de Ruiz, Natalia Ruiz Escobar, María Mónica Ruiz Escobar, Javier
Armando Ruiz Escobar, Margarita María Ruiz Gómez, Ana María Ruiz Gómez y
Rosaura Gómez de Ruiz, y;
B) Las
motivaciones (sic) expuestas en esta providencia y no a los argumentos
esbozados por el a-quo (…).”[86]
(Subrayas fuera de texto).
Ahora bien, las motivaciones
expuestas en esa providencia, a que se remitía ese literal B, eran:
“Ahora
bien, como primera medida valga precisar que, si bien es cierto que en la
demanda se deprecó la simulación absoluta del contrato de compraventa contenido
en la escritura pública N° 3.593, otorgada el 20 de diciembre de 1977 en la
Notaría 1ª de la ciudad de Bucaramanga y, al tiempo, se deprecó la nulidad
absoluta de tal acto así como del contenido en la escritura pública N° 3.360
del 7 de octubre de 1968 otorgada en la Notaría 3ª de la misma ciudad, lo que,
a primera vista, implicaría una indebida acumulación de pretensiones porque la
nulidad absoluta y la simulación de un contrato son pretensiones excluyentes
entre sí, no menos cierto resulta que es deber del juez interpretar el libelo a
fin de hacer prevaler el derecho sustancial sobre el procesal conforme lo prevé
el artículo 228 de nuestra Carta Política.
(…)
En suma,
se colige que el negocio impugnado judicialmente no fue simulado absolutamente,
como se deprecó en el petitum de la demanda, pues ello fue desvirtuado en el
trámite; no apunta la prueba indiciaria, antes analizada, a concluir que
existió una venta simulada en forma absoluta; si partimos del móvil o causa
simulandi, que se aduce en los alegatos finales de la demandante, que era
privar a sus hijos extramatrimoniales del derecho a heredar los bienes del
vendedor, que fueron transferidos por venta simulada a la sociedad constituída
por  sus hijos matrimoniales, esposas e hijos de estos, cabría concluir, que
tal venta fue simulada, pero no en forma absoluta como se pidió en la demanda,
sino en forma relativa, puesto que, detrás de la venta simulada, cabe inferir
la existencia de un negocio jurídico real, tendiente a traspasar los bienes del
supuesto vendedor a sus herederos de filiación matrimonial, para, entre otras
cosas, el día de su muerte dejar liquidado, por vía diferente a la legal, el
proceso de sucesión. Pretensión que no se formuló en el libelo, razón por la
cual, esta Sala tampoco puede avocar su estudio.”[87] (Subrayas fuera
de texto original).
Nótese cómo esta parte de la
motivación de la sentencia del tribunal era muy clara y precisa al decir que la
sala no avocaba el estudio y decisión de la simulación relativa, porque esa
pretensión no se había formulado en la demanda.
Queda así claro entonces que la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en su parte resolutiva, numeral 1°,
literal B, modificó lo resuelto en el numeral 2º de la parte resolutiva de la
sentencia del juzgado en el sentido de que no avocó el estudio y decisión de la
simulación relativa de ese mismo contrato, en razón de que consideró que la
demanda no contenía esa pretensión. En otras palabras, el tribunal no estudió,
ni resolvió de fondo la simulación relativa.
Por consiguiente, la confirmación
que hizo la sentencia del tribunal de lo resuelto en la del juzgado en su
numeral 2º quedó reducida a la negación de la nulidad absoluta de los contratos
que recogen las escrituras públicas 3593 del 20 de diciembre de 1977 y 3360 del
7 de octubre de 1968 y de la simulación absoluta. En lo demás fue modificado y
técnicamente hablando fue revocado.
Luego, no es cierta la afirmación
que hacen los accionantes de que la sentencia sustitutiva del 13 de octubre de
2011 “decidió infirmar el fallo de primer grado, al igual que lo hizo el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 29 de junio
de 2007”, en cuanto hace relación a la pretensión de simulación
relativa.
10.2.1.5. La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 6 de
mayo de 2009, decidió casar la proferida el 29 de junio de 2007 por la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Estas son algunas de las
motivaciones básicas de esa providencia:
“Bajo estas
premisas, en este asunto, aún cuando, el sentenciador claramente
partió de la incompatibilidad entre la simulación absoluta y la nulidad absoluta
contenida en la inadecuada formulación semántica y jurídica de la demanda,
equivocó su interpretación coherente, iterase, porque aquella comporta
la inexistencia del acto y ésta presupone su existencia, yerro
manifiesto e incidente en la sentencia, pues, se
abstuvo de decidirla por un error de juicio en el alcance del libelo.
(…)
A este
propósito, en los juicios de simulación, particularmente, cuando el petitum
enuncia la absoluta y se está en presencia de la relativa, menester una (sic)
apreciación sistemática, cuidadosa e integral de la demanda, para no sacrificar
el derecho sustancial con un excesivo formalismo sacramental, desgastando el
aparato judicial y acentuando el conflicto.
(…)
Sobre este
específico punto, encuentra la Corte un desacierto fáctico significativo del
laborío del ad quem, al concluir con el tenor literal, exegético y aislado de
la demanda como única pretensión la simulación absoluta de la compraventa de 20
de diciembre de 1997, haciendo caso omiso de sus fundamentos fácticos y los de
su reforma, por cuanto de su interpretación lógica, sistemática, íntegra y racional,
surge con claridad, con evidencia manifiesta, como una verdad de a puño, el
reproche de encubrir un acto con la transferencia realizada en vida por el
causante del derecho de dominio, propiedad y posesión de todos sus bienes a sus
hijos matrimoniales a través de la sociedad previamente constituida con éstos
para privar a sus hijos extramatrimoniales de sus derechos herenciales futuros.
De lo
anterior, fluye nítido el yerro del tribunal, por cuanto el contenido de la
demanda denota la petición de declarar simulada la transferencia realizada por
el señor Ruíz Sierra de todos sus bienes para desconocer los derechos de los
hijos extramatrimoniales, encubriéndose un acto simulado, cuya realidad debe
establecerse para declararlo nulo por ausencia de los requisitos de validez,
esto es, clara estuvo en los fundamentos fácticos la celebración del contrato
simulado escondiendo otro inválido. Y, en tal error, incurrió el sentenciador
de segundo grado, ateniéndose a la calificación sacramental del precedente enunciado
fáctico.
De este
modo, la errónea interpretación del libelo y el temor a cometer incongruencia,
condujo al ad quem a errar en su pronunciamiento, pues a pesar que los
supuestos fácticos de la demanda y su reforma son indicativos de un acto
verídico de transferencia de bienes con el cual se dice encubrir otro
afectado de nulidad absoluta, se atuvo a la calificación literal aislada y, no
obstante, hallar evidencias de la simulación aunque no absoluta, ‘puesto que,
detrás de la venta simulada, cabe inferir la existencia de un negocio jurídico
real, tendiente a traspasar (sic) los bienes del supuesto vendedor a sus
herederos de filiación matrimonial, para, entre cosas, el día de su muerte
dejar liquidado, por vía diferente a la legal el proceso de sucesión’, se
abstuvo de declararla, emergiendo palmaria la trascendencia del error. (…)”[88] (Subrayas
fuera de texto).
Como puede verse, la sentencia de
casación sostiene con absoluta claridad que casó la sentencia del tribunal
porque adolecía de un error de hecho por equivocada interpretación de la
demanda y de su reforma por no concluir que estas contenían una pretensión de
declaratoria de simulación relativa, que calificó como un “yerro manifiesto
e incidente en la sentencia, pues, se abstuvo de decidirla por un error de
juicio en el alcance del libelo”, que “condujo al ad quem a errar su
pronunciamiento”.
Esto quiere decir que la
sentencia de casación halló contrario a derecho el pronunciamiento del tribunal
en cuanto interpretó indebidamente la demanda y su reforma, error que lo llevó
a no estudiar y a no decidir la pretensión de declarar la simulación relativa.
10.2.1.6. La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de octubre de 2011,
profirió sentencia sustitutiva dentro del proceso ordinario de simulación,
habiendo resuelto:
“Primero:
Confirmar la sentencia proferida en primera instancia el 30 de agosto de 2006,
por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, previa
modificación del numeral segundo de su parte resolutiva en tanto la denegación
de las pretensiones se hace por lo expuesto en la parte motiva, y se
declara probada la excepción de ‘FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA’
en cuanto concierne a ‘Luis Emilio Ruiz Sierra y Familia, Sociedad Limitada’,
hoy Agropecuaria Delta Ltda., Incubadora del Oriente S.A., Juan Pablo, Viviana
María y Mariana Ruiz Hernández, Amparo Escobar de Ruiz, Natalia, María Mónica y
Javier Armando Ruiz Escobar, Margarita María y Ana María Ruiz Gómez, y Rosaura
Gómez de Ruiz.
Segundo:
Declarar no probada la objeción por error grave al dictamen pericial decretado
y practicado en esta sede.
Tercero:
Sin condena en costas por el amparo de pobreza de los demandantes.”[89] (Subrayas
fuera de texto).
Es evidente que la confirmación
que esta sentencia hace de la de primera instancia tampoco es plena, sino
modificada en su numeral 2° de la parte resolutiva en la medida de que la
negación de las pretensiones de la demanda se hace por lo expuesto en la parte
motiva.
Y en la parte motiva expone en lo
fundamental:
(i) Refiriéndose a la sentencia
de casación del 6 de mayo de 2009 anota que:
“la Corte
halló un error fáctico en la hermenéutica de la demanda, relevante por
cuanto a la parte le asiste el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo de
la controversia según corresponda al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia (…)”[90]
(Subrayas fuera de texto original).
(ii) Luego de realizar un
completo análisis y valoración de las pruebas obrantes en el proceso, concluye
con relación a la simulación relativa:
“Para la
Sala las pruebas reseñadas carecen de la certeza suficiente demostrativa de la
simulación pretendida, tal cual concluyó el a quo.”[91]
(iii) Y más adelante agrega:
“En fin los
indicios conducen a conclusiones diversas y no bastan para tener probada la
simulación invocada, cuando su fuerza probatoria, ‘depende de su univocidad, o
sea, de su directa orientación hacia el señalamiento del hecho indicado, por
supuesto con exclusión de otras posibilidades, por cuanto la equivocidad, la
multivocidad, merman y reducen en grado sumo el valor probatorio, tornando en
indicio leve el grave, o impidiendo definitivamente la operación lógica que en
fin de cuentas estructura el medio en comentario’ (cas. civ. sentencia 003 de 7
de febrero de 2002).
Es palmaria
la falta de prueba, siquiera indiciaria, de la alegada simulación.
Tampoco se
observa manifiesta u ostensible causal alguna de nulidad absoluta de los
contratos impugnados, de las que el ordenamiento impone declarar ex officio, ni
defecto en los presupuestos de validez (artículo 2º, Ley 50 de 1936, y 306 del
C. de P.C.).”[92]
De esta sentencia sustitutiva es
importante resaltar que modificó la de primera instancia declarando probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con
algunos demandados; que confirmó la negación de la simulación y la nulidad
absoluta; y sobre todo que hizo un pronunciamiento de fondo acerca de la
simulación relativa, confirmando su negación por falta de prueba suficiente.
10.2.1.7. El examen de las
providencias judiciales que se acaban de mencionar permite inferir que:
(i) Contrario a lo que afirman
los accionantes, la parte resolutiva de la sentencia del 29 de junio de 2007,
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, sí era contraria a
derecho, pero porque, a diferencia de la sentencia de primera instancia y de la
sustitutiva, omitió hacer un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión de
simulación relativa del contrato de compraventa contenido en la escritura
pública 3593 del 20 de diciembre de 1977, pretensión que se deducía de la
demanda civil y su reforma, incumpliendo en esa forma lo dispuesto en el
artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la parte
resolutiva de una sentencia civil debe contener, entre otras cosas, la decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda; así como el
artículo 305  del mismo código, que ordena que la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda; el
artículo 29 de la Constitución sobre el debido proceso; y el artículo 229 de la
misma Carta, que garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia.
De suerte que la parte resolutiva
de la sentencia del tribunal no solamente era ilegal, sino inconstitucional, en
cuanto se abstuvo de estudiar y decidir la referida pretensión de simulación
relativa, irregularidad constitutiva de un error fáctico in judicando que
ameritó la prosperidad del recurso de casación por la causal primera del
artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. La misma sentencia de casación
dice claramente que “la errónea interpretación del libelo y el temor a
cometer incongruencia, condujo al ad quem errar en su pronunciamiento”[93].
(ii) Según el artículo 375,
inciso 1° del Código de Procedimiento Civil, la Sala de Casación Civil de la
Corte casará la sentencia recurrida y dictará la que debe reemplazarla cuando
hallare procedente alguna de las causales previstas en los numerales 1° a 4°
del artículo 368. Y eso fue exactamente lo que hizo la Corte en las sentencias
del 6 de mayo de 2009 y 13 de octubre de 2011, sin que se pueda afirmar
válidamente que desconoció lo dispuesto en el mismo artículo, inciso 4°,
porque, como se acaba de ver, la parte resolutiva de la sentencia recurrida del
tribunal era contraria a derecho por ilegal e inconstitucional.
(iii) No es cierto que la
sentencia del 29 de junio del Tribunal Superior de Bogotá y la del 13 de
octubre de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, como juez de instancia, sean
idénticas en su parte resolutiva, porque en relación con la pretensión de
simulación relativa, el tribunal se abstuvo de estudiarla y decidirla; mientras
que la sentencia sustitutiva de la Corte resolvió esa pretensión de fondo,
analizando y valorando las pruebas y negándola finalmente por considerar que no
estaba demostrada. En este punto esencial más bien las dos sentencias son
diametralmente opuestas.
(iv) En tales circunstancias,
tampoco resulta ser cierto que la Corte Suprema de Justicia, obrando como juez
de instancia, no podía en la sentencia sustitutiva confirmar la de primer
grado. La verdad es que la sentencia del tribunal omitió decidir de fondo sobre
la simulación relativa por errónea interpretación de la demanda y su reforma,
error fáctico que constituyó fundamento para que la sentencia fuera casada, sin
entrar a calificar las pruebas relacionadas con la simulación relativa.
Fue así como, al casar la
sentencia del tribunal, quedó sin resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de primer grado y era necesario que
la Corte lo decidiera de fondo en la sentencia sustitutiva, no necesariamente
revocando aquella, sino conforme con las pruebas allegadas oportuna y
legalmente al proceso, incluido el dictamen pericial que decretó la Corte, como
lo dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Es obvio que la
Corte podía en la sentencia sustitutiva resolver ese recurso de apelación
confirmando o revocando la de primera instancia, de acuerdo con los hechos que
resultaran debidamente probados, que fue lo que ocurrió.
(v) La sentencia del tribunal
vulneró a la parte apelante los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia al omitir resolver de fondo sobre la
simulación relativa y las sentencias de casación y sustitutiva repararon ese
agravio, cumpliendo así uno de los fines del recurso de casación, según el
artículo 365 del Código de Procedimiento Civil.
10.2.1.8. De lo dicho en
precedencia se concluye que ni la sentencia de casación del 6 de mayo de 2009,
ni la sustitutiva del 13 de octubre de 2011, incurren en defecto procedimental
por seguir un trámite totalmente diferente al indicado por la ley o por exceso
ritual manifiesto.
Esas providencias judiciales
tampoco incurren en un defecto sustantivo en ninguna de las modalidades
especificadas por la jurisprudencia constitucional, y más concretamente por
inaplicación o indebida interpretación de los artículos 375, inciso 4º, y 365
del Código de Procedimiento Civil, vigentes para las fechas en que la Corte
profirió esas dos sentencias.
10.2.2. Inexistencia de
defecto orgánico.
Afirman los accionantes que:
“No tenía
competencia la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria,
sino para hacer una rectificación doctrinaria si halló erróneamente motivada la
sentencia objeto del recurso de casación, y, en cambio, si el recurso de
casación prosperó, como en efecto sucedió, su competencia no le permitía
confirmar el fallo de primera instancia pues la prosperidad de aquel recurso
indica que la parte resolutiva no se encontró ajustada a Derecho, de lo
contrario, había que aceptar, lo que resulta inadmisible que la Corte desacertó
al casar la sentencia no obstante la calidad de su argumentación para retirarla
del ordenamiento jurídico”[94].
La Sala no comparte este
planteamiento de los accionantes, por lo siguiente:
(i) Como se acaba de precisar en
párrafos anteriores, la Corte en la providencia que casó la sentencia recurrida
no solamente la encontró erróneamente motivada, sino que también halló
parcialmente contraria a derecho su parte resolutiva en la medida en que “la
errónea interpretación del libelo y el temor a cometer incongruencia, condujo
al ad quem a errar en su pronunciamiento”[95].
Además, la sentencia del tribunal, en relación a la simulación relativa de la
compraventa contenida en la escritura pública 3593 del 20 de diciembre de 1977,
decidió que dicha pretensión no se había formulado en el libelo, razón por la
cual no podía avocar su estudio. Se afirma que esto resolvió la sentencia del
tribunal, porque corresponde a la modificación que hizo el numeral 1° de su
parte resolutiva al numeral 2° de la parte resolutiva de la sentencia de primer
grado[96].
De ahí que la Corte acertadamente
no haya aplicado en la sentencia de casación lo dispuesto en el inciso 4°, sino
lo ordenado en el primer inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento
Civil.
De suerte que no se puede
sostener válidamente que la Corte carecía de competencia para proferir la
sentencia sustitutiva del 13 de octubre de 2011.
(ii) Mucho menos frente a lo
normado en los artículos 235, numeral 1° de la Constitución y 25, numeral 1°,
del Código de Procedimiento Civil, que le dan competencia a la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia para conocer de los recursos de casación.
(iii) Por tanto, la entidad
accionada no carecía de competencia para emitir en la forma que lo hizo la
sentencia sustitutiva del 13 de octubre de 2011, y, desde luego, tampoco se
configura en ella el defecto orgánico.
10.2.3. Inexistencia del
desconocimiento del precedente.
Según los actores, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 6 de
mayo de 2009, casó la del Tribunal de Bogotá de fecha 29 de junio de 2007, que
había confirmado la de primera instancia; mientras que en la sentencia
sustitutiva del 13 de octubre de 2011 “decidió, como lo había hecho la
sentencia que fue casada, confirmar el fallo de primer grado, con
desconocimiento de su propia sentencia de casación en el mismo proceso, caso
único en la jurisprudencia de la Corte Suprema”[97].
Al respecto la Sala considera
necesario reiterar que la sentencia del tribunal del 29 de junio de 2007 y la
sustitutiva de la Corte del 11 de octubre de 2011 no son idénticas, sino
diferentes en su parte resolutiva, en relación con la forma como decidieron la
pretensión de simulación relativa del contrato de compraventa contenido en la
escritura pública 3593 del 20 de diciembre de 1977, ya que la sentencia del
tribunal resolvió en su numeral 1° modificar lo resuelto en el numeral 2° de la
del juzgado en el sentido de no avocar el estudio y decisión de la pretensión
de la referida simulación relativa por no haber sido solicitada en la demanda;
mientras que la sentencia sustitutiva confirmó lo resuelto en el numeral 2° de
la sentencia del juzgado, que negó la simulación relativa por no hallarla
suficientemente demostrada. Son dos decisiones completamente distintas.
Por otra parte, la sentencia de
casación del 6 de mayo de 2009 se limitó a casar la sentencia del tribunal del
29 de junio de 2007, porque este interpretó indebidamente la demanda y su
reforma al no hallar en su contenido la pretensión de simulación relativa, lo
que lo llevó a errar también en la decisión de la misma, sin que la sentencia
de casación se haya ocupado de su prueba y resolución.
De estos hechos surge que la
sentencia sustitutiva no contradice la de casación, sino que la desarrolla
conforme a lo ordenado en ella y a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo
375 del Código de Procedimiento Civil, decidiendo el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia,
el cual no había sido resuelto por la sentencia impugnada del tribunal en
relación con la simulación relativa, porque se abstuvo de avocar su estudio y
decisión y por eso fue casada por la Corte.
De otro lado, en un proceso
diferente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
providencia del 19 de mayo de 2004, no casó la sentencia dictada el 22 de marzo
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, a pesar de haber
incurrido en error  de hecho en la interpretación de la demanda y, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 375, inciso 4° del Código de
Procedimiento Civil, consideró que la parte resolutiva se ajustaba a derecho y
se limitó a realizar una rectificación doctrinaria. Dice esa providencia:
“Esta es
exactamente la situación que se presenta en el caso que ocupa la atención de la
Corte, dando lugar a que el cargo fracase, en razón a que si se prescinde de
aquel razonamiento errado del sentenciador, que en líneas anteriores se dejó
evidenciado, en todo caso las determinaciones que incorpora la parte resolutiva
del fallo serían las mismas, es decir, desestimatorias de las pretensiones del
demandante, puesto que a idéntica solución ha de arribar la Corporación al
estudiar en el fondo los hechos que sirven de sustento a la acción deprecada,
toda vez que no encuentra en el plenario prueba fehaciente de la simulación
endilgada, como enseguida pasa a verse.”[98]
No es necesario que esta Sala
entre a tomar partido si está o no de acuerdo con esa decisión para decir que
ella no constituye precedente horizontal en el asunto que aquí se analiza,
puesto que en éste el Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de estudiar y
decidir de fondo la pretensión de simulación relativa, dejando sin resolver la
segunda instancia en este punto; mientras que el Tribunal de Manizales revocó
la decisión del a quo favorable a las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, las negó. Es decir, que el Tribunal de Manizales sí resolvió de fondo la
pretensión de simulación relativa. Las circunstancias de los dos casos son
diferentes.
Por el contrario, en un proceso
de responsabilidad civil por accidente de tránsito el juzgado de primera
instancia accedió a las pretensiones de la demanda; el Tribunal Superior de
Neiva resolvió revocar la sentencia apelada y en su lugar denegar las
pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que el actor se equivocó al
plantearlas dentro del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual;
pero, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, en decisión del 31 de
octubre de 2011, casó la sentencia del tribunal, porque éste incurrió en error
de facto por indebida interpretación de la demanda, con el carácter de
manifiesto y trascendente, al denegar las pretensiones del actor, so pretexto
de que éste eligió la vía equivocada para hacer su reclamación; ordenó
pronunciar en sede de instancia la sentencia de reemplazo, previa la práctica
de una prueba documental y la ampliación de un dictamen pericial; finalmente,
la misma Sala, pero como tribunal de segunda instancia, el 26 de junio de 2003,
revocó la sentencia del a quo en cuanto declaró la responsabilidad
extracontractual y, en cambio, revocó solidariamente responsables a los
demandados por el incumplimiento del contrato de transporte terrestre de
pasajeros [99].
No cabe duda que este es un
asunto muy similar al que se está analizando, porque en éste el Tribunal
Superior de Bogotá modificó lo concerniente a la simulación relativa; y el
Tribunal de Neiva revocó la concesión de las pretensiones de la demanda; en
ambos la Corte casó las sentencias recurridas por error al interpretar las
demandas; y los dos, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 375,
inciso 4º, dieron cumplimiento a lo normado en el inciso 1º de ese mismo
artículo, profiriendo sentencia sustitutiva, en uno modificando y en el otro
revocando lo resuelto por el a quo, previo decreto y práctica de pruebas de
oficio en sede de casación.
En otro proceso de
responsabilidad civil el juez de primera instancia resolvió favorablemente las
pretensiones contenidas en la demanda; el Tribunal Superior de Neiva, modificó
el monto de los perjuicios y revocó la orden de restablecer el servicio de gas;
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, casó la sentencia recurrida del
tribunal por error fáctico en la interpretación de la demanda y al mismo tiempo
dictó sentencia de reemplazo modificando también el monto de los perjuicios,
entre otras decisiones[100].
En el caso que se acaba de citar
la Corte tampoco aplica el artículo 375, inciso 4º, sino el inciso 1º del mismo
artículo, a pesar de que casa la sentencia del tribunal por error de hecho en
la interpretación de la demanda; por su parte, la sentencia del ad quem como la
sustitutiva, entre otras cosas, modifican el monto de los perjuicios.
En un caso más el a quo declaró
que el demandado no era el padre extramatrimonial del menor demandante; la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior de San Gil, revocó la sentencia de primera
instancia y accedió a las pretensiones de la demanda; pero la Sala de Casación Civil
de la Corte la casó por evidentes errores de hecho en la apreciación de algunas
pruebas; sin embargo, previo decreto y práctica de un nuevo dictamen genético,
la misma Corte profirió sentencia sustitutiva revocando la de primera instancia
y accediendo a las pretensiones de la demanda[101].
Este es un ejemplo muy claro y
evidente de que la Corte, con base en pruebas decretadas y practicadas en sede
de casación, entre otras, decide en forma idéntica a como lo hace la sentencia
casada del ad quem.
De los asuntos reseñados surge
como corolario que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
la mayoría de casos en que la sentencia adolece de error de hecho por indebida
interpretación de la demanda aplica el artículo 375, inciso 1º, y no el inciso
4º de la misma norma, profiriendo sentencia sustitutiva con fundamento en las
pruebas allegadas al proceso oportuna y regularmente, incluidas las que decreta
y practica en sede de casación, según lo dispuesto en el artículo 174 del
Código de Procedimiento Civil.
Como la sentencia de casación del
6 de mayo de 2009 y la sustitutiva del 13 de octubre de 2011 siguen esta línea
jurisprudencial, no son violatorias de los derechos a la igualdad y debido
proceso por desconocimiento del precedente judicial.
10.2.4. Inexistencia de
defecto fáctico.
Si bien los accionantes no hacen
a la sentencia sustitutiva del 13 de octubre de 2011 ningún cuestionamiento
concreto de adolecer de defecto fáctico en sus dimensiones positiva o negativa,
sí lo hacen de manera general en los términos siguientes:
“Así las
cosas, si la sentencia del 29 de junio de 2007 dictada por el Tribunal Superior
de Bogotá, confirmó la denegación de las pretensiones de los demandantes
conforme a lo decidió por el juez de primera instancia; si el fallo de segundo
grado se casó por la Corte Suprema de Justicia por ser contrario a derecho; si en
virtud de ello se imponía darle desarrollo a lo así decidido mediante una
sentencia sustitutiva de la que fue retirada del ordenamiento jurídico; si
previo a ese fallo se decretaron de oficio pruebas por la Corte Suprema de
Justicia para determinar con exactitud el valor de la totalidad de los bienes
transferidos por Luis Emilio Ruiz Sierra a la Sociedad Ruiz Hermanos Ltda., el
valor de las cuotas sociales de que era titular y que enajenó mediante un
contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública No. 5393 de 20 de
diciembre de 1977 otorgada en la Notaría Primera de Bucaramanga, en (sic) un
acto jurídico afectado de simulación relativa, y si de los frutos que aquellos
y las cuotas sociales produjeron o hubiesen podido producir con mediana inteligencia
y cuidado, nada  permitía siquiera suponer que el fallo de primer grado
habría de ser confirmado, pues es evidente que tales pruebas no fueron
decretadas ni requerían ser practicadas para confirmar la sentencia del a quo
(…)”[102]
Los actores también sostienen que
la sentencia de casación dice acerca de la simulación relativa que “con
acertado criterio jurídico la propia Corte Suprema de Justicia consideró que,
en Derecho, debería prosperar, previa una recta interpretación de la demanda”.
En relación con estas
afirmaciones se hacen estas precisiones, algunas de ellas reiteradas:
(i) No es cierto que la sentencia
del 29 de junio de 2007 confirmó la denegación de todas las pretensiones de los
demandantes conforme a lo decidido por el juez de primera instancia, porque,
como atrás se analizó, la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en el
ordinal 1° de su parte resolutiva, dijo confirmar la sentencia del a quo, pero
a la vez aclaró que “previa modificación del numeral 2° de su parte
resolutiva, a fin de indicar que la negación de las pretensiones de la demanda
obedece [a] (…) B) Las motivaciones (sic) en esta providencia y no a los
argumentos esbozados por el a quo”[103].
Y entre las motivaciones de la
sentencia, haciendo referencia a la simulación relativa del contrato de
compraventa contenido en la escritura pública 5393 del 20 de diciembre de 1977,
dijo que dicha pretensión no se formuló en el libelo, razón por la cual no se
avocaba su estudio[104].
Es decir, que la sentencia del tribunal no abordó el estudio de esa pretensión
de simulación relativa, ni decidió al respecto. Luego, tampoco negó tal
pretensión conforme se resolvió en la primera instancia.
(ii) Es cierto que el fallo de
segundo grado fue casado por ser contrario a derecho; pero no porque resolvió
de fondo negando la pretensión de simulación relativa, sino porque incurrió en
error de hecho al interpretar indebidamente la demanda y haber omitido estudiar
y resolver sobre la petición de simulación relativa, lo que “condujo al ad
quem a errar en su pronunciamiento”[105].
(iii) Se imponía darle desarrollo
a la sentencia de casación del 6 de mayo de 2009 mediante la sentencia
sustitutiva, pero resolviendo el recurso de apelación presentado contra la
sentencia de primera instancia en el entendido de que la demanda y su reforma
contenían la pretensión de simulación relativa del mencionado contrato de
compraventa, no necesariamente en forma favorable, porque la sentencia de
casación no dice, ni podía decir eso, sino de acuerdo a lo probado en el
proceso, según lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento
Civil.
(iv) La sentencia de casación lo
que dice es que la demanda y su reforma contienen la pretensión de simulación
relativa; y que, la sentencia del ad quem llegó a considerar que había prueba
de la simulación relativa, pero equivocadamente consideró que no la estudiaba,
ni la decidía, porque no se había pedido en la demanda y su reforma y por ese
error fue casada. Pero la demanda de casación en ninguna parte sostiene que la
simulación relativa debía prosperar, en la sentencia sustitutiva, previa una
recta interpretación de la demanda, entre otras cosas, porque la recta
interpretación de la demanda y su reforma se hizo precisamente en la sentencia
de casación.
(v) Las pruebas decretadas y
practicadas en sede de casación y previas a la sentencia de reemplazo no
indican que esta sentencia debía ser contraria a la casada del ad quem, sino
que, como lo establece el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso, las cuales, según el artículo 187 del mismo código, deben
ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos. De suerte que el valor de las pruebas
decretadas y practicadas en cualquiera de los momentos procesales solamente lo
determina el juez al proferir la respectiva providencia, no antes.
Por consiguiente, no es válido el
argumento de que “(…) nada permitía siquiera suponer que el fallo de
primera instancia había de ser confirmado, pues es evidente que tales pruebas
ni requerían ser practicadas para confirmar la sentencia del a quo (…)”.
(vi) Al revisar la sentencia
sustitutiva del 13 de octubre de 2011 se constata que en ella se analizan y
critican en forma completa y detallada las pruebas aportadas al proceso regular
y oportunamente, llegando a la conclusión de que “carecen de la certeza
suficiente demostrativa” de la simulación relativa y de la nulidad
absoluta.
La sentencia considera que los
contratos de sociedad que contienen las escrituras públicas 3360 del 7 de
octubre de 1968 (Luis Emilio Ruiz Sierra y Familia Ltda.) y 5393 del 20 de
diciembre de 1977 (Ruiz Hermanos Ltda.), reúnen todos los requisitos que exigen
los artículos 1502 del Código Civil y 98 del Código de Comercio y son
sociedades de familia autorizadas por la ley que no presentan vicios o
irregularidades que permitan al juez declarar de oficio su nulidad absoluta con
fundamento en los artículos 2 de la Ley 50 de 1936 o 306 del Código de
Procedimiento Civil.
Agrega que, aunque está
demostrado el vínculo de consanguinidad, este pierde fuerza probatoria por
tratarse de sociedades familiares legalmente constituidas.
Precisa que en el proceso no
existe prueba del precio ínfimo de los aportes de Luis Emilio Ruiz Sierra a
Luis Emilio Ruiz Sierra y Familia Ltda., en el año 1968, como tampoco de la
venta que hizo en 1977 de todos sus aportes sociales a Ruiz Hermanos Ltda..
Dice que, por el contrario, existen elementos de los cuales puede deducirse un
precio razonable. Por ejemplo, Luis Emilio Ruiz Sierra adquirió un lote por
$80.000 en 1967 y lo aportó en 1968 por el mismo valor; compró la finca “Mi
Ranchito” en 1967 por $370.000 y lo aportó en 1968 por $426.144,71.
Además, que “el valor del
aporte bruto realizado por Luis Emilio Ruiz en 1968 a la sociedad familiar
ascendió a $2.811.464,71 (neto de $1.943.831,55); la transferencia en 1977 de
todo su interés, las utilidades no reclamadas, las eventuales ulteriores y
cuanto pudiere corresponderle, se efectuó por $2.958.328,16 ‘correspondientes
al valor que en los libros de la sociedad se han fijado a sus derechos,
incrementando tal valor’ en $300.000, o sea por la suma total de $3.258,16”[106].
Le resta valor al indicio
derivado del pago en diez cuotas anuales de $295.832,37, sin intereses de plazo
y moratorios al 1%, por tratarse de una sociedad familiar en la que resulta
natural el pago en esas condiciones y en razón de que en los libros y papeles
de contabilidad de la sociedad Ruiz Hermanos Ltda. existen evidencias de esos
pagos periódicos, según se constató en la inspección judicial practicada por el
Juez Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga.
La sentencia concluye que el
proceso no contiene prueba suficiente de la simulación relativa, porque “(…)
los indicios conducen a conclusiones diversas y no bastan para tener probada la
simulación invocada, cuando su fuerza probatoria, ‘depende de su univocidad, o
sea, de su directa orientación hacia el señalamiento del hecho indicado, por su
puesto con exclusión de otras posibilidades, por cuanto la equivocidad, la
multivocidad, merman y reducen en grado sumo el valor probatorio, tornando en indicio
leve el grave, o impidiendo definitivamente la operación lógica que en fin de
cuentas estructura el medio en comentario’ (cas. Civ. sentencia 003 de 7 de
febrero de 2002)”[107].
La sentencia sustitutiva, con
base en esa crítica de las pruebas allegadas al proceso civil, confirmó la de
primer grado, modificándola en cuanto declaró probada la excepción de falta de
legitimación de algunos demandados. Además, improbó la objeción por error grave
al dictamen pericial decretado y practicado en sede de casación.
Ahora bien, el examen cuidadoso
de la sentencia de reemplazo permite concluir, con fundamento en la
jurisprudencia constitucional pertinente, que ella no incurre en defecto
fáctico porque haya omitido decretar y practicar pruebas; o porque, en contra
de la evidencia probatoria, haya decidido separarse por completo de los hechos
debidamente probados, resolviendo arbitrariamente el asunto debatido; o porque
haya tenido en cuenta en su decisión pruebas ilícitas, o allegadas al proceso
en forma irregular o extemporánea. Por el contrario, la valoración probatoria
obedece a los principios de la sana crítica, libre apreciación de la prueba y
autonomía judicial, ejercidos por la entidad accionada de manera razonada.
No obstante, es necesario aclarar
que la misma sentencia no tiene en cuenta que Luis Emilio Ruiz Sierra se
abstuvo de reconocer voluntariamente a los ahora accionantes como hijos
extramatrimoniales, obligándolos para tal efecto a recurrir a un proceso
judicial, según se infiere de sus respectivos registros de nacimiento[108].
Circunstancia esta indicativa de que tampoco habría estado dispuesto a
heredarlos en todos sus bienes.
Sin embargo, la Sala considera
que esta circunstancia no tiene la virtud de hacer cambiar el sentido de la
decisión, ya que los contraindicios a que se refiere la sentencia debilitan el
conjunto de los elementos de juicio que contiene el proceso civil e impiden
tener por cierta la simulación relativa solicitada por los demandantes.
10.2.5. La argumentación
que se acaba de hacer permite a la Sala concluir que en el presente caso no se
configura ninguna causal específica de procedibilidad y que la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia no ha vulnerado a los accionantes el
derecho fundamental al debido proceso, ni ningún otro, por medio de su
sentencia sustitutiva del 13 de octubre de 2011, proferida en el proceso civil
ordinario de simulación adelantado entre las mismas partes de esta acción de
tutela, razones estas por las cuales ha de confirmarse la sentencia de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de junio de 2012.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR los
términos suspendidos mediante Auto del 1° de noviembre de 2012.
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 19 de junio de
2012, que confirmó la de primera instancia emitida el 1° de abril de 2012 por
la Sala de Casación Laboral de esa misma corporación, la cual negó la acción de
tutela presentada por los actores.
TERCERO.- ORDENAR a la
Secretaría General que, dejando las respectivas constancias, devuelva a la
Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el
expediente del proceso ordinario promovido por Orlando Ruiz Blanco y otros
contra Reinaldo Ruiz Cardozo y otros, con número de radicación
11001-3103-032-2002-00083-01, el cual fue remitido a esta Sala en calidad de préstamo.
CUARTO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-620/13
Referencia:
expediente T-3540786.
Acción de
tutela presentada por Orlando, Luis Alberto y Fabio Marín Ruiz Blanco contra la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran invalidar las actuaciones surtidas por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, debo aclarar mi voto,
pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía
de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen
para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[109], no
comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce
por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones
judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone
de presente en la cita que se efectúa (páginas 13 a 28) de la sentencia C-590
de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones
discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la
fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las
llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia
se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían
justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la
imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso
complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[110],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con
mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1]
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política.
[2] “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ║
2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades
de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[3] “Artículo 2. (…)  3. Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda
persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa,
o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso,
y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades
competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso”.
[4] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010.
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
[6] Corte Constitucional, Sentencia T-033 de
2010.
[7] “El presupuesto básico para la procedencia
del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho
fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar
inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo
que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la
concurrencia de una de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían
ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario
también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art.
86 C.P.)’ Sentencia C-701 de 2004. Ver también Sentencia T-381 de 2004,
reiterada en Sentencia T-590 de 2006”.
[8] Corte Constitucional, Sentencia T-939 de 2009.
[9] Corte Constitucional, Sentencias T-693 de
2009 y T-033 de 2010, entre otras.
[10] “Sobre defecto sustantivo pueden
consultarse las Sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405
de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre
otras (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[11] “Sobre defecto fáctico, pueden consultarse
las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408
de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita)”.
[12] “Al respecto, las sentencias SU-014 de
2001, T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de
2002,  T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[13] “Sobre defecto sustantivo, pueden
consultarse las sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334
de 2001, SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de
2002,       T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[14] “Corte Constitucional, Sentencias T-522 de
2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[15] Corte Constitucional, Sentencias T-939 de 2005 y T-1240 de 2008, entre
muchas otras.
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-513 de 2011.
[17] “Artículo 1.- (…) 2. Cuando la acción de tutela se promueva contra
un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior
funcional del accionado (sic). Si se dirige contra la Fiscalía General de la
Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el
Fiscal. // Lo accionado (sic) contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala
de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente Decreto. //Cuando se
trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se
aplicará lo dispuesto en el numeral 1 de este Decreto”.
[18] “Cosa distinta es que el procedimiento sistémico previsto para
enmendar tales fallas no sea la acción de tutela sino el incidente de nulidad.
Para una revisión general del tema pueden
consultarse los Autos 031A de 2002 y 100 de 2006, entre muchos otros”.
[19] Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2010.
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
[21] Corte Constitucional, Sentencias T-996 de 2003, T-638 y T-781 de 2011,
entre muchas otras.
[22] Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
[23] Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2009.
[24] “Ibídem”
[25] “Sentencia C-590 de 2005”.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
[27] Al respecto, ver las Sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654
de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
[28]Corte Constitucional,
Sentencias T-156 de 2009.
[29]Corte Constitucional, Sentencia
T-757 de 2009.
[30] Corte Constitucional, SU-448 de 2011.
[31] Corte Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y
T-066 de 2009.
[32] Ibidem.
[33] “Corte
Constitucional, Sentencia T-441 de 2002”.
[34] Corte Constitucional, Sentencia T-927 de 2010.
[35] Corte Constitucional, Sentencias T-757 de 2009 y T-302 de 2011.
[36] Corte Constitucional, Sentencia T-1057 de 2002.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2011.
[38] “Sentencias T-324 de 2996 y T-310 de 2009”.
[39] Corte Constitucional, Sentencias C-590 de
2005, T-760A de 2011 y T-804 de 2012, entre muchas otras.
[40] Dice la norma en comento: “ARTÍCULO 2o. Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
[41] Corte Constitucional, Sentencia T-589 de 2007.
[42]  “Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998”.
[43] Esta corporación, en Sentencia T- 1317 de 2001, definió  el precedente
judicial como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”.
[44] Corte Constitucional, Sentencias T-049 de 2007, T-589 de 2007, T-766
de 2008, T-619 de 2009 y T-804 de 2012, entre otros.
[45] Corte Constitucional Sentencias T-698 de 2004, T-571 de 2007, T-687 de
2007 y T-760A de 2011, entre muchos otros.
[46] Corte Constitucional Sentencias SU-047 de 1999; T-1625 de 2000; C-836
de 2001; T-698 de 2004; T-517 y T- 589 de 2007; T-599 y T-619 de 2009; T-100,
T-161, T-268 de 2010; T-760A de 2011; y T-804 de 2012.
[47] Corte Constitucional, Sentencia T-804 de 2012.
[48] Esta Sala de Revisión, en Sentencia T-804 de 2012, tuvo la oportunidad
de referirse sobre este mismo tema. Por lo tanto, se reiteran los principales
argumentos allí expuestos.
[49] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[50] Al respecto ver Sentencias T-008 de 1998, T-590 de 2009 y T-071
de 2012, entre otras.
[51] “Cfr. sentencia T-442 de 1994”.
[52] Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 2008.
[53] Corte Constitucional, Sentencias T-567 de
1998 y T-417 de 2008, entre otras.
[54] Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de
2009.
[55] Ver
Sentencias T-538 de 1994, T-086
de 2007 y T-747 de 2009, entre otras.
[56] Corte Constitucional,
Sentencias T-902 de 2005 y T- 458 de 2007.
[57] Corte Constitucional, Sentencia T-747 de 2009.
[58] Ibidem.
[59] Corte
Constitucional, Sentencia T-288 de 2011.
[60] Hernando Morales Molina, Técnica de Casación
Civil, Bogotá, Ediciones Rosaristas, Segunda Edición, 1983, p.14.
[61] “Ídem, p.30”.
[62] “Ver Piero Calamandrei. La casación civil. Madrid:
Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, Tomo II, capítulos II y III, pp 4º y
ss”.
[63] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2011.
[64] “Piero Calamandrei, La Casación Civil.  Traducción de Santiago
Sentís Melendo.  Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945.
Tomo I, Volumen II. pág. 15 y ss”.
[65] Corte Constitucional, Sentencias C-586 de 1992, C-252 de 2001, C- 668
de 2001, C-998 de 2004 y C-372 de 2011.
[66] Corte Constitucional, Sentencia C-998 de
2004.
[67] Corte Constitucional, Sentencias C-252 de 2001, C-998 de 2004 y C-372
de 2011, entre otras.
[68] “Morales Medina Hernando. Técnica de Casación Civil”.
[69] Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 2001.
[70] Corte Constitucional, Sentencia C-998 de 2004.
[71] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2011.
[72] “Ortuzar Latapiat Waldo. Las causales del recurso de casación en el
fondo en materia penal. Editorial jurídica de Chile 1958”.
[73] “La Corte incluso había advertido, con anterioridad, que el recurso le
abría la posibilidad de sobrepasar defectos formales para estudiar ilegalidades
evidentes del proceso. Cfr, en este sentido, decisión del 14 de febrero de
2004, radicado 21302”.
[74] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 29
de octubre de 2005, proceso número 24026.
[75] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2011.
[76] Corte Constitucional, Sentencias T-1306 de 2001 y C-372 de 2011, entre
otras.
[77] Folios 18 y 19, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[78] Folio 19, cuaderno de tutela de primera instancia.
[79] Ibidem.
[80] Folio 15, cuaderno de tutela de primera instancia.
[81] Folio 6, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[82] Folios 112 a 121, cuaderno juzgado proceso
civil.
[83] Folios 419 a 426, cuaderno juzgado proceso
civil.
[84] Folios 129 a 130, cuaderno de tutela de
primera instancia.
[85] Folios 127 a 129, cuaderno de tutela de
primera instancia.
[86] Folios 92 a 118, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[87] Folios 101, 115 y 116, cuaderno de tutela de
primera instancia.
[88] Folios 36, 37, 40 y 42, cuaderno de tutela de primera instancia.
[89] Folios 89 y 90, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[90] Folio 60, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[91] Folio 81, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[92] Folios 87 y 88, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[93] Folio 42, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[94] Folio 17, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[95] Folio 42, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[96] Folio 116, cuaderno de tutela de primera instancia.
[97] Folio 6, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[98] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19
de mayo de 2004, proceso número 7145.
[99] Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias del
31 de octubre de 2001 y  del 26 de junio de 2003, proceso número 5906.
[100] Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del
19 de enero de 2005, proceso número 7796.
[101] Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias del
1° de septiembre de 2003 y del 9 de noviembre de 2004, proceso número 6943.
[102] Folio 18, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[103] Folios 116 y 117, cuaderno de tutela de
primera instancia.
[104] Folio 116, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[105] Folio 42, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[106] Folio 86, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[107] Folio 88, cuaderno de tutela de primera
instancia.
[108] Folios 108 a 110, cuaderno juzgado proceso
civil.
[109] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464,
T-703 y T-786 y T-867 de 2011 y T-010 de 2012; SU-226, SU-407 y SU-539 de 2013.
[110] C-590 de 2005.