T-498-19
Sentencia T-498/19
PRINCIPIO DE
RESOCIALIZACION Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Educación en prisión
FACULTAD DISCRECIONAL
DEL INPEC PARA TRASLADAR A LOS RECLUSOS-No es absoluta
La
discrecionalidad es relativa porque, tal y como lo ha sostenido esta
Corporación, no hay facultades puramente discrecionales en un Estado de
Derecho. Por ello, la Corte al resolver esta clase de conflictos, ha dicho que
el juez de tutela no puede interferir en las decisiones sobre traslados, a no
ser que observe una arbitrariedad o una vulneración de los derechos
fundamentales del reo
TRASLADO DE INTERNOS POR
EL INPEC-Línea
jurisprudencial sobre discrecionalidad
Las
decisiones de traslado deben guardar proporcionalidad entre el estudio de la
solicitud y la decisión y, bajo ningún motivo pueden transgredir garantías
fundamentales, pues, de lo contrario, es procedente la intervención del juez de
tutela en aras de restablecer los derechos conculcados por la autoridad
carcelaria
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL
ESTADO-Garantía y respeto de derechos fundamentales del
interno
DERECHOS DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reiteración de jurisprudencia
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación
en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos
restringidos o limitados
PRINCIPIO DE
RESOCIALIZACION Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Protección
DERECHO A LA EDUCACION
DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Garantía como
parte del proceso de resocialización del interno
Referencia: Expediente T-7.414.163
Acción de tutela instaurada por Armando
Macías Ardila contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el
Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá y la Cárcel y
Penitenciaría de Mediana Seguridad de Bucaramanga.
Asunto: La educación como factor de
resocialización de personas condenadas a penas de prisión.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de
dos mil diecinueve (2019).
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto
Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo emitido por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 24 de abril de 2019, que confirmó el
del Juzgado 29 Laboral del Circuito local del 14 de febrero de 2019, con
ocasión de la acción de tutela interpuesta por Armando Macías Ardila contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de
Bogotá y la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Bucaramanga, por vulneración
de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la educación.
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1. La
actuación da cuenta que el señor Armando Macías Ardila ingresó el 17 de mayo de
2016 al patio 5 de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de
Bucaramanga (en adelante Cpmsbuc), en la que aparte de culminar su bachillerato
académico en 2017 al interior del establecimiento y en ese mismo año realizar
un curso de manejo básico de herramientas informáticas con el Sena, a comienzos de 2018, con ocasión del convenio entre el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante Inpec), la Institución
de Educación Superior Tecnológica Fitec (en adelante Fitec) y la alcaldía de
Bucaramanga, inició estudios en el programa denominado “técnica profesional
en procesos empresariales para Mipymes”. En tales condiciones, Fitec se
comprometió a cubrir un 100% el valor del programa.
Para
ese momento y desde el año 2013, la cárcel de Bucaramanga soportaba altos
índices de hacinamiento, que llevaron a que por parte de la alcaldía de esa
ciudad, a través de un trámite administrativo, se impusieran obligaciones al
centro de reclusión de solo contar con 2750 internos en sus patios, número
máximo de detenidos que puede albergar el establecimiento y que en diferentes
momentos sobrepasó, llegando a contar con 3100, lo que generó la imposición de
una sanción de 10.000
salarios diarios mínimos y el cierre de los pabellones 2, 4 y 5.
De
igual forma, los patios 4 y 5 del reclusorio fueron objeto de sendas acciones
de tutela que protegieron los derechos de quienes se encontraban en tales
pabellones. Ambos asuntos judiciales fueron tratados por esta Corte en la
sentencia T-762 de 2015, en la que se reiteró el estado de cosas
inconstitucional de 16 centros de reclusión del país, declarado inicialmente en
la sentencia T-388 de 2013. En el fallo de la Corporación se avaló la medida de
gestionar el traslado de 688 internos dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de esa decisión y no recibir más sindicados o condenados en el
establecimiento, lo que generó diferentes acciones por parte del INPEC en sus
distintos niveles.
En el
caso del señor Armando Macías Ardila, este se inscribió en el curso de técnica
profesional en procesos empresariales para Mipymes y cursó el primer año en
2018. Luego de aprobarlo, iniciaría clases del tercer semestre el 18 de febrero
de 2019; sin embargo, el 9 de enero fue trasladado al Complejo Penitenciario y
Carcelario Metropolitano de Bogotá (en adelante Comeb), situación que lo llevó
a presentar el amparo el 4 de febrero siguiente[1],
con el que solicitó que se revocara la orden de traslado y se le retornara a
Bucaramanga para culminar sus estudios.
En
sentir del accionante, el traslado interrumpe su proceso educativo y vulnera los
derechos a la vida, a la integridad personal y a la educación, ya que para
ingresar al programa de estudios superiores fue necesario suscribir un acta de
compromiso ante la administración de la prisión en la cual se obligó a
abstenerse de solicitar traslados mientras culminaba la carrera, lo cual
incumplió el director del Inpec al cambiarlo de ciudad.
Anexó
al escrito certificación de Fitec de cursar el segundo semestre del programa y
estar matriculado para el tercero, diploma de bachiller y acta individual de
graduación, certificación del Sena de aprobación del curso de manejo básico de
herramientas informáticas y el reporte de créditos de Fitec[2].
Actuación procesal
2. El 6 de
febrero de 2019[3] el Juzgado Veintinueve Laboral del
Circuito de Bogotá avocó conocimiento de la acción y dispuso correr traslado a
la dirección general del Inpec y a los establecimientos de reclusión para que
ejercieran su defensa.
Respuestas de
las entidades accionadas
3. Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – Comeb – La
Picota[4]. Advirtió sobre la falta de competencia
para disponer el traslado sugerido en la tutela, lo cual le corresponde a la dirección
general del Inpec, sin que medie registro alguno de solicitudes en ese sentido.
Pidió, en consecuencia, la desvinculación del asunto.
4. Cárcel y
Penitenciaría de Mediana Seguridad de Bucaramanga – Cpmsbuc[5].
Señaló que el accionante ostenta la situación jurídica de condenado por el
delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, cuyo proceso es
vigilado por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga. En ese contexto, detalló que el actor fue capturado el 15 de mayo
de 2016, ingresó al Cpmsbuc el 06 de septiembre de 2016 y, posteriormente, fue trasladado
al Comeb el 10 de enero de 2019, de conformidad con la Resolución 900-903473 de
24 de diciembre de 2018 expedida por la dirección general del Inpec, donde fue
ubicado en el pabellón 5 pasillo 4.
En relación
con el traslado indicó que fue el resultado de las medidas adoptadas para
atender el hacinamiento que presenta el establecimiento. Por una parte, el Cpmsbuc
tiene capacidad máxima para 2750 personas -según lo dictaminado por la
Secretaría de Salud y Ambiente de esa ciudad mediante Resolución 025 de 2013[6]-
y a ese momento albergaba 2774 reclusos. Por otra parte, terció una solicitud
de la Policía Nacional consistente en abrir cupos para remitir a 150 de las
personas privadas de la libertad que se encontraban en las unidades policiales,
lo cual, a su vez, permitía descongestionar y trasladar a quienes contaban con
medida de aseguramiento y estaban ubicados en dichas instalaciones en situación
de hacinamiento, de ahí que la remisión al Comeb obedeció a situaciones de
naturaleza excepcional, por lo que solicitó su desvinculación del trámite.
5. Inpec[7].
Argumentó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, ya que su
traslado tuvo origen en las medidas de descongestión del establecimiento de
Bucaramanga y, bajo esas condiciones, fue acorde con su perfil, quántum punitivo
y medidas de seguridad derivadas de la condena impuesta. Señaló que el traslado
se dio a través de la Resolución 900-903473 de 2018, la cual no ha sido anulada
por el juez de lo contencioso administrativo, además de que el accionante no presentó
solicitud previa sobre este asunto ante la Oficina Jurídica de la entidad, por
lo que pidió su desvinculación del asunto.
Anexó al escrito copia de
la consulta ejecutiva sisipec web, donde consta que el actor ingresó al Comeb
el 10 de enero de 2019 por descongestión del Cpmsbuc[8].
Sentencias
objeto de revisión
6. Primera
instancia. El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá en
sentencia del 14 de febrero de 2019 declaró improcedente la acción, al
considerar que i) no existe prueba sumaria sobre el perjuicio causado o
de encontrarse en estado de sufrir uno irremediable, que amerite la protección
constitucional; ii) la medida de traslado no fue caprichosa; y, además, iii)
no se presentó ninguna petición a la entidad con anterioridad al uso del
mecanismo constitucional[9].
7. Impugnación. El
accionante impugnó la decisión señalando que el acto mediante el cual se
dispuso el traslado al Comeb fundado en el hacinamiento carcelario fue
arbitrario, por lo que se vulneró su derecho a la educación superior al no
permitírsele seguir sus estudios[10]. Adicionalmente acompañó un documento
explicativo sobre la naturaleza jurídica y funciones de Fitec[11].
8. Segunda
instancia. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
fallo del 24 de abril de 2019 confirmó la decisión de instancia. Encontró, una
vez valorado el material probatorio, que el actor no elevó petición al Inpec de
ser trasladado a Bucaramanga para continuar sus estudios, ni que en el actual
establecimiento carcelario no fuera posible hacerlo. De igual forma, que la
dirección general del Inpec adoptó una decisión que no se exhibe arbitraria, ya
que cumplió lo ordenado en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993 (Código
Penitenciario y Carcelario) que consagra entre las causales de traslado la
descongestión del centro carcelario[12].
Actuaciones en la
Corte Constitucional
9. El asunto se escogió para revisión el 28
de junio de 2019 por la Sala de Selección de Tutelas número 6[13], y se asignó
al despacho del magistrado sustanciador el 15 de julio de 2019[14], que luego del
estudio del expediente dispuso la vinculación de terceros, así como la práctica
de pruebas en auto del 25 de julio siguiente.
Vinculación en
calidad de accionada
10. Examinado el expediente se
advirtió que la queja constitucional también comprometía el actuar de Fitec, en
tanto se trata de la institución con la que el actor cursa sus estudios, por lo que en auto del 25
de julio de 2019[15] se dispuso su vinculación
al trámite.
11. A través de su representante
legal, Fitec[16] emitió
respuesta el 14 de agosto de 2019[17].
En primer momento confirmó que el accionante estaba inscrito en un programa
educativo y aprobó dos semestres iniciales; que el tercer semestre en el cual
estaba matriculado inició el 18 de febrero de 2019 y que desconocía que el
beneficiario hubiera sido trasladado a otro centro de reclusión.
En segundo lugar explicó que brinda educación técnica
de manera presencial en escenarios específicos, los cuales están amparados por
un convenio que exige la presencialidad, entre los que se encuentra el suscrito
con la alcaldía de Bucaramanga, cuyo fin radica en brindar apoyo a personas que
cumplen una pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, por
lo que dadas sus condiciones, un grupo seleccionado del personal docente se
desplaza hacia el centro carcelario e imparte las clases correspondientes.
En tercer término indicó que como ha sucedido con
otras personas que han sido trasladadas a distintos lugares del país, tiene la
capacidad para darle continuidad al programa académico cursado por el
accionante en el establecimiento carcelario de Bogotá, presentando al respecto
dos propuestas:
“1. Remitir material de trabajo a un
administrativo del establecimiento carcelario de Bogotá, de manera digital o
por medio físico, para que este sea transferido y trabajado por el señor
Armando Macías Ardila y posteriormente devuelto a [la] institución.
2. Habilitar la educación y/o módulos
virtuales al señor Armando Macías Ardila, para que este pueda continuar con sus
estudios por medio de [las]
aulas virtuales, empero, para esto, el centro penitenciario y carcelario de
Bogotá deberá garantizarle la conectividad al recluso”[18].
Explicó que en caso de que se adopte la segunda opción debe
realizar con el accionante una inducción para que pueda utilizar los medios
virtuales, indicando finalmente que se acogería a lo que sobre el caso disponga
la Corte.
Solicitud y
práctica probatoria
12. En el mismo auto del 25 de julio de
2019 el despacho sustanciador decretó la
práctica de pruebas relacionadas con: i) la situación familiar del accionante ya que según
el registro del sisipec web del Inpec, cuenta con 3 hijos; ii) las
condiciones establecidas por el Cpmsbuc para que el actor fuera parte del
programa educativo con Fitec; iii) el motivo y el proceso de toma de
decisión del traslado ordenado por el Inpec; y iv) la existencia de
convenios educativos disponibles para los reclusos del Comeb.
13. El grupo de asuntos penitenciario del Inpec[19], allegó
copia de la Resolución 900-903473 del 24 de diciembre de 2018, mediante la cual
se dispuso el traslado del accionante al Comeb por “motivos de seguridad y descongestión”[20].
14. El Cpmsbuc[21]
hizo una relación y aportó los documentos que acreditan la adopción de medidas
y actuaciones mediante las cuales se le ha dado cumplimiento a la Resolución
025 de 2013 de la Secretaría de Salud y Ambiente de la alcaldía de Bucaramanga,
que ordenó emprender acciones para resolver el hacinamiento y, por tanto, prohibió
el ingreso de más reclusos a los pabellones 2, 4 y 5.
Destacó que mediante Resolución del 17 de mayo de
2016, la Inspección de Salud y Aseo de Bucaramanga ordenó cumplir los
compromisos adquiridos por la cárcel, al estipularse un máximo de 2750 reclusos
y evidenciarse una cantidad de 3100, lo que provocaba afectación a la salud de
las personas detenidas e incumplimiento de lo pactado. Adicionalmente, informó
que el accionante ingresó al programa educativo con Fitec con una beca 100%
otorgada por la alcaldía de esa ciudad.
15. El actor allegó escrito recibido el 14 de agosto
de 2019, en el cual informó que se encuentra recluido en el establecimiento
penitenciario y carcelario La Picota de Bogotá, estructura 1, patio 5, pabellón
1. Manifestó que su núcleo familiar se integra por su compañera y 3 hijos
menores de edad[22].
Pruebas
documentales
16. Las siguientes son las
pruebas que obran en el expediente, que se citarán en el orden en que aparecen
dentro del mismo:
i) Certificaciones de Fitec de que el señor
Armando Macías Ardila cursó el segundo semestre del programa “técnica
profesional en procesos empresariales para Mipymes” de fecha 5 de
septiembre de 2018 [23]
y de estar matriculado para el tercer semestre en la misma institución del 29
de enero de 2019[24].
ii) Diploma de bachiller y acta individual
de graduación a nombre del actor en el Instituto San Juan Bosco de Bucaramanga
de fecha 6 de octubre de 2017[25].
iii) Certificación del Sena de aprobación del
curso de manejo básico de herramientas informáticas y reporte de créditos de
Fitec a nombre de Armando Macías Ardila de fecha 29 de junio de 2017[26].
iv) Reporte de créditos de Fitec a
nombre del accionante[27].
v) Oficio S-2019-011675 SIJIN-GRUIJ-29.25
con el que se solicitó cupo en el Cpmsbuc para 150 personas privadas de la
libertad en lugares de reclusión transitorios, remitido por la Policía Nacional[28].
vi) Resolución 1203 del 16 de abril de
2012 proferida por el director general del Inpec, a través de la cual se
delegan unas funciones para la asignación, fijación y remisión de internos a
nivel nacional[29].
vii) Decreto 4151 del 3 de noviembre de
2011 proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio del cual
se modifica la estructura del Inpec[30].
viii) Consulta ejecutiva de sisipec web perteneciente
al actor[31].
ix) Documento
explicativo sobre la naturaleza jurídica y funciones de Fitec[32].
x) Resolución 903473 del 24 de
diciembre de 2018[33]
emitida por el director general del Inpec, por la que se dispone el traslado de
50 internos del Cpmsbuc a distintas cárceles del país por motivos de seguridad
y descongestión, entre los que se encuentra el actor en el número 21[34].
Las penas impuestas a los reclusos oscilan entre los 14 y los 40 años de
prisión y todos ellos se encuentran en fase de alta seguridad. Los
establecimientos a los que fueron remitidos, con la cantidad de internos, es el
siguiente: Jamundí (3 personas), Bogotá
(6), Guaduas (6), Yopal (5), Girón (5), Acacías (5), Buga (3), Puerto Triunfo
(3), Villeta (2), Cómbita (5), La Dorada (2), Palmira (3) y Popayán (2).
xi) Certificado de acceso a educación
superior de la alcaldía de Bucaramanga a nombre del actor en el que se indica
que cumple con las condiciones para ser favorecido del programa de apoyo a la educación superior que
otorga el municipio y que no ha sido beneficiario de otro curso otorgado por el
municipio[35].
xii) Resolución 025 de 2013 de la
Secretaría de Salud y Ambiente del municipio de Bucaramanga en la que se aplica
medida de seguridad preventiva parcial a los pabellones 2, 4 y 5 del Cpmsbuc, y
acta de compromiso suscrita por las partes[36].
xiii) Resoluciones de la Inspección de
Salud y Aseo de la alcaldía de Bucaramanga a través de las cuales se impone
sanción de 10.000 salarios diarios mínimos al Cpmsbuc por contravenir las
disposiciones de la Ley 09 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias y
de seguridad en pro de la protección de la salud y el bienestar de los asociados[37].
xiv) Resolución 3729 del 29 de octubre de
2018 emitida por el director general del Inpec por la cual se denomina y
destinan los pabellones del Cpmsbuc[38].
xv) Certificado de existencia y
representación legal de Fitec expedido por el Ministerio de Educación Nacional
de fecha 13 de agosto de 2019[39].
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Sala es competente para analizar el fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Planteamiento del caso y determinación
del problema jurídico
2. El señor Armando Macías Ardila se encuentra
recluido en el complejo carcelario de Bogotá desde el 10 de enero de 2019,
luego de que, a través de resolución
emitida por el director general del Inpec del 24 de diciembre de 2018, se dispusiera su traslado desde la cárcel
de Bucaramanga, en la que se hallaba desde el 17 de mayo de 2016.
Con ocasión del convenio entre el Inpec, la alcaldía
de Bucaramanga y Fitec, el privado de la libertad a inicios de 2018 había
empezado clases en el programa “técnica profesional en procesos
empresariales para Mipymes”, cursando los dos primeros semestres de ese
año. Las clases del tercer semestre se iniciarían el 18 de febrero de 2019,
pero el 10 de enero el interno fue transferido para el complejo carcelario de
Bogotá, por lo que, sin pedir directamente al Inpec su retorno a la ciudad de
origen, entabló la acción constitucional por violación al derecho de petición, solicitando
que se revocara tal determinación.
Los fallos de instancia declararon improcedente el
amparo. Destacaron que el accionante no hizo petición de ser retornado a la
ciudad de origen y no demostró que en el establecimiento en el que se encuentra
no pueda seguir estudiando, además de que no se advertía un perjuicio
irremediable y que el acto que dispuso su remisión de Bucaramanga hacia Bogotá fuera
arbitrario.
Las pruebas allegadas en sede de Revisión permitieron
determinar que la cárcel de Bucaramanga soporta altos índices de hacinamiento y
que el patio 5, donde se hallaba el actor, fue objeto de medidas sanitarias y
de tutela que ordenaron la remisión de 688 reclusos; que la resolución del
Inpec por la cual se trasladó al accionante dispuso el movimiento de 49
personas más a distintas cárceles del país por motivos de seguridad y
descongestión; que el actor se encontraba inscrito en el tercer trimestre del
programa y fue enviado para la ciudad de Bogotá; y que Fitec tiene la
posibilidad de continuar brindando apoyo educativo al accionante donde se
encuentre recluido.
3. Ante la situación expuesta, la Sala debe examinar en
primer momento si la tutela es procedente para ordenar el traslado de una
persona que se encuentra detenida en un establecimiento de reclusión cumpliendo
una pena y, en segundo lugar, si el Inpec desconoce el derecho a la educación de
una persona condenada cuando ordena que sea transferida a una cárcel de otra
ciudad, interrumpiendo consecuencialmente los estudios superiores impartidos al
interior de la cárcel en que se encuentra recibiéndolos con autorización del
mismo instituto.
Para resolver tal asunto la Sala seguirá la siguiente
metodología: i) estudiará previamente el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela y los aplicará a este asunto; ii)
analizará la facultad del Inpec de trasladar a los reclusos y la potestad del
juez de tutela para intervenir en tales aspectos; iii) examinará los
derechos de los privados de la libertad y dentro de ellos el derecho a la
educación como mecanismo de resocialización y, finalmente, iv) abordará
el caso concreto.
Requisitos de procedencia de la acción de tutela
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución, toda persona puede ejercer la acción de tutela por sí misma
o por quien actúe a su nombre mediante un procedimiento preferente y sumario,
para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de particulares. En igual sentido, dicho mecanismo resulta
procedente cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo
y eficaz[40]
para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Bajo esos supuestos, la Sala verificará el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción y los
aplicará al caso sometido a estudio.
5. En cuanto a la legitimación en la causa por
activa, la acción de tutela debe ser promovida por el titular de los
derechos fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados, bien
directamente o a través de su representante[41].
Cuestión que, en este evento, cumple el señor Armando Macías Ardila, ya que él
mismo instauró el amparo y su escrito refleja la presunta afectación del
derecho a la educación con ocasión del traslado de lugar de reclusión.
6. En torno a la legitimación en la causa por
pasiva[42],
según el artículo 86 superior, la acción debe ser ejercida en contra del sujeto
responsable de la amenaza  o vulneración de derechos, sea este una autoridad
pública o un particular, lo cual en este caso se satisface en la medida en que
el trámite se dirige contra quienes presuntamente vulneraron los derechos del
actor, tratándose de autoridades penitenciarias que tienen la condición de
entidades públicas encargadas de garantizar la protección y seguridad de las
personas privadas de la libertad[43].
De esta forma, el amparo se adelantó contra el Inpec en su dirección general,
el establecimiento de Bucaramanga donde recibía las clases el actor y, por
último, el centro de reclusión de Bogotá, lugar donde actualmente cumple pena,
aclarándose que si bien el actor enunció, aparte de la vulneración del derecho
a la educación, la vida e integridad personal, no se hizo ningún desarrollo a
este respecto y no encuentra la Corte que estos resulten comprometidos en este
caso.
Ahora, con relación a la Tecnológica Fitec debe
precisar este Tribunal, en primer lugar, que ella no fue accionada de manera
directa por el actor, lo que significa que este en ningún momento
responsabilizó a la Institución de Educación Superior de la vulneración de sus
derechos, por acción u omisión, y, en segundo término, que su vinculación a la
acción se dio solo en sede de revisión por los posibles efectos que podrían
adjudicársele con el fallo que llegue a adoptarse.
Para la Sala ello de por sí es insuficiente para
efectos de encontrar probada la legitimación en la causa por pasiva y menos aun
cuando se trata de una institución de educación superior de carácter privado[44] frente a
la que el actor no se encuentra en situación de subordinación o indefensión[45]. Es claro
que en la relación entre Fitec y el accionante, media el Inpec, instituto este
que realizó el convenio con el centro educativo y que posibilita el ingreso del
personal docente al establecimiento penitenciario para que los reclusos reciban
sus clases, lo que implica que de Fitec no depende directamente la recepción o
no del curso.
Lo anterior significa que la legitimación por pasiva
únicamente se encuentra acreditada frente al Inpec, tanto en su dirección
general como en los establecimientos carcelarios de Bucaramanga y de Bogotá,
mas no de Tecnológica Fitec, que incluso afirmó no tener conocimiento del
traslado del accionante sino hasta el momento en que se le notificó de la
existencia de la acción de tutela, por lo que la vulneración del derecho
invocado por el actor solo se estudiará respecto de las entidades públicas
citadas y no de esta última.
7. En
lo que corresponde a la inmediatez[46],
que tiene por finalidad preservar la naturaleza de la acción de tutela
concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección
efectiva y actual de los derechos invocados[47],
tampoco existe obstáculo para abordar el fondo del asunto, en la medida en que
la acción fue instaurada el 4 de febrero de 2019, días después de que el actor fuera
trasladado al complejo carcelario de Bogotá.
En efecto, si el presunto hecho trasgresor se
encuentra contenido en la resolución del 24 de diciembre de 2018 y la
materialización de dicha orden se dio el 9 de enero de 2019, es claro que entre
tal suceso y la presentación de la acción transcurrió menos de un mes.
8. Respecto de la subsidiariedad, la
Constitución establece que la procedencia de la acción está condicionada a que “el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (artículo 86 C.
Pol.). Sin embargo, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la
improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio
ordinario de defensa judicial, por lo que el juez constitucional debe analizar,
en el marco de la situación fáctica particular, si la acción judicial dispuesta
por el ordenamiento jurídico es idónea y eficaz[48], en virtud
de las circunstancias del caso concreto[49].
La Corte ha advertido que el estudio de la
subsidiariedad no consiste en una mera verificación formal de la existencia de
otros mecanismos judiciales o administrativos[50],
por lo que le corresponde al juez de tutela analizar la situación particular
del actor y los derechos cuya protección solicita para determinar si aquellos
resultan eficaces para la garantía de los derechos fundamentales[51]. Así, la
existencia de otro medios debe ser analizada en cuanto a su eficacia en cada
caso en vista de que la vía judicial de lo contencioso administrativo no
siempre es idónea y eficaz para reponer la vulneración alegada[52].
Si no permiten resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no
ofrecen una solución integral para el derecho comprometido, es procedente
la acción de tutela como mecanismo de amparo definitivo de los derechos
fundamentales invocados[53].
En este sentido puede evidenciarse que la Resolución
903473 del 24 de diciembre de 2018 emitida por el director general del Inpec
que ordenó el traslado del actor, junto con 49 personas más a distintas
cárceles del país “por motivos de seguridad y descongestión”, podría ser
demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Al encontrarse de por medio un acto administrativo
debe señalarse que si bien la posición sentada por este Tribunal[54] ha
consistido en que resulta improcedente la acción de tutela dado que el
legislador determinó por medio de la regulación administrativa y contencioso
administrativa los mecanismos judiciales pertinentes para que los ciudadanos
puedan comparecer al proceso respectivo y ejercer su derecho de defensa y
contradicción, se debe evaluar que el mecanismo judicial ofrezca una protección
cierta, efectiva y concreta del derecho, al punto que sea la misma que podría
brindarse con el amparo.
Por regla general, la Corte ha entendido que quienes
se vean afectados por determinaciones adoptadas en el marco de actuaciones
administrativas pueden valerse de los medios de control disponibles en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo como la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho (art. 138 CPACA), ante la que también se puede
solicitar la adopción de medidas cautelares (art. 229[55] ejusdem),
con las que se busca proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia.
En relación con las medidas cautelares, el artículo
230 del CPACA establece que estas pueden ser preventivas, conservativas,
anticipativas o de suspensión, entre las que se encuentran el mantenimiento de
la situación o su restablecimiento, la suspensión de la actuación
administrativa y la suspensión provisional de los efectos de un acto
administrativo, entre otras, y que demandan para su decreto el cumplimiento de
unas condiciones especiales, como lo precisa el artículo 231 ejusdem,
aparte de que requieren caución (art. 232) y un procedimiento para su adopción
(art. 233).
A partir de la comparación entre la regulación de
acción de tutela y las medidas cautelares referenciadas, la Corte ha indicado
que la solicitud de amparo activa un mecanismo judicial generalmente
definitivo y de garantía inmediata de los derechos fundamentales, en virtud de
la cual el juez de tutela despliega toda su competencia, decretando y
recolectando las pruebas que resulten necesarias para definir el caso puesto a
su conocimiento. Por su parte, la medida cautelar, por su naturaleza, es
transitoria, busca conjurar situaciones urgentes y su resolución impone un
estudio del asunto expuesto de manera preliminar, sin que implique un
prejuzgamiento y en consideración a los elementos fácticos y normativos a
disposición en esa etapa inicial[56].
De este modo, aparte de referirse el atraso que
presenta la jurisdicción contencioso administrativo, en la sentencia C-284 de
2014[57]
se expuso que la jurisdicción de lo contencioso administrativo “contempla
unos términos para decretar medidas cautelares, que desbordan notoriamente los
límites constitucionales perentorios sobre el tiempo que pueden durar los
procesos de tutela antes de una decisión de fondo”, excediendo el término
fijado en el artículo 86 superior para tomar una decisión definitiva y que
incluso puede estar precedida de la adopción de medidas provisionales, lo que
dota de mayores garantías el trámite de tutela frente a situaciones que
trasgreden de manera flagrante los derechos fundamentales.
9. De lo expuesto, la Sala reseña que, en principio,
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es idónea ni eficaz para
la protección del derecho a la educación que reclama el actor, pues la
prolongación en el tiempo del proceso contencioso causaría una afectación mayor
sobre este, que en todo caso puede conjurarse de modo más efectivo con la
acción de tutela, cuyo término es considerablemente menor.
De igual manera, la iniciación del asunto contencioso
demanda la representación a través de un profesional del derecho, mientras que
el amparo constitucional no lo requiere. Y por último, la adopción de medidas
cautelares implica no solo el estudio de la judicatura de aquella que se
solicite de cara al cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el
CPACA, sino también el pago de una caución, cuestiones ausentes del trámite de
tutela, caracterizado por ser informal y sumario, que además se torna mucho más
expedito enfrente de la mora a la que se enfrenta la justicia contenciosa. Es
decir, la espera prolongada que supone un proceso contencioso en el sub
examine, justifica la procedencia del amparo.
Adicionalmente, ha de tenerse en consideración que
quien acude a la acción de tutela es una persona privada de la libertad con
ocasión de una condena impuesta, que se encuentra en una relación de especial
sujeción con el Estado que conlleva, como se indicó en la sentencia T-444 de
2017, el “nacimiento de un vínculo en el que, de un lado, el recluso se
sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con las condiciones del
centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en
el ejercicio de ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la
responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante su tiempo de
reclusión”.
Estima este Tribunal que el tiempo que requiere el
adelantamiento del proceso contencioso no solo tiene un efecto negativo en el
derecho a la educación del actor, que incluso a la fecha se encuentra sin
cursar un solo día del programa para el que se matriculó en el año 2019, sino
que además se ve igualmente conculcado su proceso de reinserción social al que
lo aboca la situación de detención, en tanto no obtendría la rebaja de pena
correspondiente, lo cual para el caso tiene una doble connotación, ya que, de
un lado, es un derecho que posibilita su resocialización y, del otro, un
beneficio que le permite reducir el tiempo de expiación de la pena.
Encuentra la Sala que una espera más prolongada para
la protección del derecho trunca de manera más intensa el significativo
progreso educativo que ha demostrado el actor desde su llegada a prisión
conforme la información arrimada al expediente, que comprueba el interés en
participar en los programas de crecimiento personal, académico y profesional
que se ofrecen en ese estado de privación de la libertad y que aprovecha al
máximo, según lo muestran los hechos.
Así, se tiene que luego de que el actor fuera
capturado el 17 de mayo de 2016[58],
i) el 29 de junio de 2017 culminó al interior de la prisión un curso en
el manejo básico de herramientas informáticas con una duración de 40 horas[59]; ii)
para el 6 de octubre de 2017 obtuvo su grado de bachiller académico (lo que
implica que en la cárcel culminó el grado once, denominado Clei VI[60]); iii)
entre el 4 y el 7 de diciembre de 2017 se inscribió en la convocatoria para
estudios superiores en el programa “técnico profesional en procesos
empresariales para Mipymes”[61];
iv) el 10 de enero de 2018 firmó el certificado de acceso a educación
superior ante la alcaldía de Bucaramanga en el que constaba que no había
recibido otro beneficio económico para estudiar[62]; v)
el 1º de febrero de 2018 inició las primeras clases, que culminó
satisfactoriamente; y vi) finalmente quedó matriculado para el tercer
semestre del programa, pendiente del inicio del curso el 18 de febrero de 2019.
Dicha secuencia de acontecimientos, enmarcados en un
ámbito de detención en un lapso de dos años, da cuenta efectivamente del
interés del accionante en acceder a los beneficios resocializadores que encarna
la prisión y en avanzar de forma activa en las fases del tratamiento
penitenciario, lo que igualmente le da a la Corte una idea de la importancia
que para el actor representan los procesos educativos y, en consecuencia, la
necesidad de buscar su garantía a través de una herramienta expedita como la
acción de tutela.
Si bien las sentencias de instancia reclamaron del
actor una actitud proactiva en torno a la resolución de traslado y le exigieron
que frente a su materialización hubiera presentado petición de retorno a
Bucaramanga para culminar sus estudios, la Corporación encuentra que, de cara a
las circunstancias particulares del caso, la acción de amparo se muestra como el
mecanismo idóneo para la reclamación, respecto de la inexistencia de esa
alternativa.
Lo anterior por cuanto, como se desprende del material
probatorio que compone el expediente, de un lado, el traslado por motivo
de estudio no aparece regulado como causal del mismo, pues el artículo 75 de la
Ley 65 de 1993[63],
modificado por el artículo 53 de la Ley 1709 de 2014[64] contempla
como razones para ello los motivos de salud comprobados por médico oficial, la falta
de elementos adecuados para el tratamiento médico del recluso, los motivos de
orden interno del establecimiento, el estímulo a la buena conducta, la
descongestión y las condiciones de seguridad[65].
Y del otro, la Resolución 1203 del 16 de abril de 2012[66], establece
como causales de improcedencia del traslado en el artículo 9[67], el
hacinamiento del establecimiento al cual se solicita, no llevar un año de
permanencia en el centro carcelario donde se encuentra recluido, haber permanecido
dentro de los dos años anteriores a la solicitud en la cárcel destino y no
ofrecer suficientes condiciones de seguridad.
Para este Tribunal es claro que la petición que en tal
sentido se le exige al accionante no podría prosperar, pues, como se indicó, la
causal de estudio es inexistente dentro de las que establece el Código
Penitenciario y el traslado a todas luces resulta improcedente con fundamento
en que, el establecimiento de Bucaramanga soporta altos niveles de hacinamiento
y no recibe internos sindicados ni condenados, el actor no lleva aún un año en
el Comeb, estuvo recluido dentro de los dos años anteriores en la cárcel a la
que solicita ser llevado, y el centro carcelario de Bucaramanga no ofrece
condiciones de seguridad, pues este fue uno de los motivos para disponer el
traslado de los 50 reclusos entre los que se encontraba el actor.
Aparte de lo anterior, es decir, independientemente de
que proceda o no el retorno de Bogotá a Bucaramanga, encuentra la Sala que la
regulación atinente a la decisión sobre el traslado no asegura tampoco una
decisión pronta en torno al tema al que hoy se contrae la Corte, en vista de
que de acuerdo con los parágrafos del artículo 75 del Código Penitenciario y
Carcelario, una vez se haga la solicitud, el director del Inpec debe resolver
teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y las condiciones de seguridad
del establecimiento, cuestiones que, como se señaló, no cumple el centro de
reclusión de Bucaramanga, ya que tales razones fueron las que llevaron a
disponer el traslado del accionante para Bogotá.
De esta manera, estima la Sala que el medio de defensa
que las accionadas y las sentencias de instancia le exigen al actor, no le
permite satisfacer el derecho a la educación que reclama, pues trasladado a
Bogotá con ocasión de las causales expuestas no resulta posible que a través de
la petición que realice al Inpec logre su retorno a la capital santandereana,
lo que determina que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para
la protección del derecho presuntamente conculcado, lo que además se refuerza
con el hecho de que contra la resolución de traslado no proceden los recursos
ordinarios de la vía gubernativa[68],
ya que se trata de un acto de “comuníquese y cúmplase”[69].
En este contexto, la acción de tutela se erige en la
herramienta disponible para debatir con prontitud y efectividad los efectos que
en perspectiva constitucional genera la determinación impartida en detrimento
del proceso educativo del actor, con prevalencia sobre la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, con un alto costo para este, no solo porque para
acudir a tal medio debe hacerlo a través de abogado y cancelar la caución
correspondiente tratándose de las medidas cautelares que puedan invocarse, sino
también porque su trámite conlleva un tiempo considerablemente mayor al de la
tutela.
10. Por otra parte, tratándose específicamente del
traslado de internos, este Tribunal ha destacado[70] que dado
que las decisiones a través de las cuales se ordena dicho movimiento se
encuentran en un acto administrativo, se ha aceptado la utilización de la
acción de tutela pues se trata de sujetos privados de la libertad, que tienen
limitadas sus actuaciones debido a su particular situación[71], ya que “tales
personas no son dueñas de su propio tiempo y están sujetos a restricciones
normativas -privación de la libertad y sometimiento a las reglas de cada centro
penitenciario o de detención- y fácticas, más allá de la simple privación de la
libertad, que disminuyen su aptitud para actuar o responder de manera diligente
ante demandas o situaciones que ocurren, dentro y fuera del penal”[72].
A partir de lo expuesto, advierte la Sala que la
jurisprudencia constitucional ha sido del criterio de que se debe dar mayor
flexibilidad al análisis de los requisitos de procedibilidad en aquellos casos
en los que la acción de tutela sea interpuesta para proteger los derechos de
sujetos de especial protección constitucional, pues el artículo 13 de la Carta,
en sus incisos 2º y 3º, exige al Estado la promoción de condiciones para
alcanzar la igualdad real y efectiva y la protección de “aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta”.
Tales mandatos, que parten del derecho a la igualdad,
derivan en una obligación del Estado de adoptar medidas en favor de grupos que
requieren especial protección, lo que se traduce en una carga especial para las
autoridades de dispensar un trato encaminado a la realización de los derechos
fundamentales de estos grupos de personas, a lo que responde esa categoría, elaborada
por la jurisprudencia constitucional y, que, conlleva, entre otras, una
protección reforzada en materia de acceso al mecanismo de protección de
derechos fundamentales que es la acción de tutela[73].
11. Concluye la Sala de Revisión que en punto del
presupuesto de subsidiariedad, los elementos expuestos, en conjunto, aseguran
su cumplimiento. En efecto, de un lado, i) se cuenta con el atraso que
aún soporta la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que implicaría la
emisión de un fallo tardío con relación a una presunta afrenta a los derechos
de una persona que reclama acciones inmediatas para su protección; de otra
parte, ii) los requisitos a que se contraen las medidas cautelares al
interior de los asuntos que se debaten ante esa jurisdicción, hacen dificultosa
su adopción e implicarían un esfuerzo adicional por parte del accionante; de
igual manera, iii) lo anterior conllevaría a que la contratación de un
profesional del derecho para el adelantamiento de la acción ante la justicia
contenciosa hiciera más onerosa la carga impuesta al actor; en el mismo
sentido, iv) la petición al Inpec de retorno a Bucaramanga por parte del
interno para culminar sus estudios no existe como causal de traslado y esta se
muestra improcedente desde la regulación legal, aparte de que la petición que
llegare a presentar el accionante de manera directa ante el Inpec no podría
prosperar debido a la reglamentación normativa; y del mismo modo, v) el
presuntamente afectado es un sujeto de especial protección que está supeditado
a restricciones que disminuyen su aptitud para actuar o responder de manera
diligente ante demandas o situaciones que ocurren en situación de detención.
En esa medida puede señalarse que el mecanismo
constitucional desplaza a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
la cual, entonces, no permite proteger de manera eficaz, rápida y oportuna los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, por lo que la Sala encuentra
procedente la acción de amparo y por ende pasará a desarrollar los temas
previamente expuestos.
La facultad del Inpec de trasladar a las personas
privadas de la libertad
12. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 73 de la Ley 65 de 1993[74], le corresponde a la dirección general
del Inpec disponer el traslado de los internos condenados a los diferentes
centros de reclusión del país, ya sea por decisión propia, motivada o por
solicitud formulada ante ella.
La misma Ley establece las causales para el efecto,
enlistadas en el artículo 75 ibídem, modificado por el artículo 53 de la Ley
1709 de 2014[75],
así: i) por motivos de salud debidamente comprobados por médico oficial,
ii) por falta de elementos adecuados para el tratamiento médico del
interno, iii) por motivos de orden interno del establecimiento, iv)
como estímulo de buena conducta -con la aprobación del respectivo consejo de
disciplina-, v) para descongestionar el establecimiento penitenciario, y
vi) cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión
que ofrezca mayores condiciones de seguridad.
El artículo 78 de la mencionada ley establece que para
efectos de los traslados de internos a nivel nacional, se integrará una junta
asesora que será reglamentada por el director general del Inpec, la cual
formulará sus recomendaciones a éste, teniendo en cuenta todos los aspectos
socio-jurídicos y de seguridad. Conforme con ello, tal directiva profirió la Resolución
1203 del 16 de abril de 2012[76],
en la cual reguló, entre otros, las funciones de la Junta de Traslados de
estudiar y analizar las solicitudes que se presenten acorde con las causales
previstas en el artículo 75 de la Ley 65 (art. 8 de la mencionada resolución),
y recomendar a la dirección general el movimiento de internos.
Dicha resolución en el numeral 11 del artículo 4º
dispone que los directores de los establecimientos de reclusión del orden nacional
son competentes para “[s]olicitar al director general a través del
grupo de asuntos penitenciarios, el traslado de internos, previo estudio del
cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 73, 74 y 75 de la
Ley 65 de 1993 y demás contemplados en los procedimientos aprobados por el
Instituto. Exclusivamente sobre el cumplimiento de estos requisitos, queda
facultado para decidir si remite o no la solicitud de traslado del interno,
determinación que se le debe comunicar para que subsane o desista de la
solicitud de traslado”.
Esta Corporación, desde la sentencia C-394 de 1995[77], ha venido
sosteniendo que si bien la facultad de traslado de los reclusos es
discrecional, la misma debe ejercerse dentro de los límites de la razonabilidad
y el buen servicio de la administración, para evitar de esta manera cualquier
tipo de arbitrariedad[78];
lo que reiteró cuando indicó que.
“(…) la discrecionalidad es relativa
porque, tal y como lo ha sostenido esta Corporación, no hay facultades
puramente discrecionales en un Estado de Derecho. Por ello, la Corte al
resolver esta clase de conflictos, ha dicho que el juez de tutela no puede
interferir en las decisiones sobre traslados, a no ser que observe una
arbitrariedad o una vulneración de los derechos fundamentales del reo. Así
mismo, ha sostenido que cuando no se vislumbra la violación de un derecho
fundamental, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la acción
procedente para atacar la actuación”[79].
De la misma
forma, se expresó en la sentencia T-153 de 2017 al establecer que el Inpec,
“(…) goza de discrecionalidad para
decidir los traslados de los internos, siempre que no se pierdan de vista los
fines de la norma y la proporcionalidad que debe existir entre el motivo o
causa del traslado y la decisión de llevarlo a cabo, pues como es lógico dicho
instituto debe garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos
carcelarios y por ello debe adoptar discrecionalmente las medidas que juzgue
pertinentes con tal finalidad, situación que impide en principio que el juez de
tutela tome partido a favor de una opción como sería la de traslado de un
preso, sin que ello signifique que no pueda intervenir para que sean tenidos en
cuenta determinados derechos fundamentales omitidos en el estudio de una
petición de traslado”.
Tal como se advierte de lo referido, en
vista de que le corresponde al Inpec garantizar la seguridad y el orden en los
establecimientos carcelarios, sus funcionarios pueden proceder dentro de una
discrecionalidad reglada, que impone una sustentación razonable sobre las
causas de un traslado de establecimiento de reclusión, que guarde
proporcionalidad entre el motivo y lo decidido, debiéndose garantizar que la
restricción sobre derechos fundamentales sea solo la absolutamente indispensable[80].
13. Bajo ese entendido, en
reiterada jurisprudencia[81],
esta Corporación ha señalado que por regla general el juez de tutela no puede
interferir en las decisiones sobre traslados, a no ser que observe una
arbitrariedad o una vulneración de los derechos fundamentales del recluso, lo
que la ha llevado en diversas ocasiones[82]
a negar el solicitado a través de este amparo, por considerar que el ejercicio
de la facultad por parte del Inpec había sido razonable, mientras que en otras
ocasiones lo ha concedido, cuando ha advertido que la actuación de las
autoridades carcelarias resulta arbitraria o están de por medio derechos
fundamentales de tal jerarquía ante los cuales debe ceder el ejercicio de la
facultad discrecional[83].
En tales condiciones, esta Corte ha determinado que[84]:
“(…) se considera que es arbitraria e
injustificada la decisión en relación al traslado de los reclusos cuando,
evidenciándose vulneraciones a derechos fundamentales no restringibles, la
Dirección general del Inpec:
(i) Emite órdenes de traslado o niega los
mismos sin motivo expreso.
(ii) Niega traslados de internos bajo el
único argumento de no ser la unidad familiar una causal establecida en el
artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario.
(iii) Emite órdenes de traslado o niega
los mismos con base en la discrecionalidad que le otorga la normatividad, sin
más argumentos.
Por el contrario, se observa que se
ha considerado fundada la amplia facultad de apreciación de las causales de
traslado, de los mismos cuando la decisión se encuentra justificada en las
siguientes razones:
(i) Que el recluso requiera una cárcel de
mayor seguridad.
(ii) Por motivos de hacinamiento en los
establecimientos penitenciarios.
(iii) Porque se considere necesario para
conservar la seguridad y el orden público.
(iv) Que la estadía del recluso en
determinado penal sea indispensable para el buen desarrollo del proceso”.
Con fundamento en lo anterior se ha concluido que el
Inpec cuenta con la facultad de decidir sobre los traslados de los internos entre
los diferentes establecimientos carcelarios, atendiendo criterios de seguridad,
salubridad y dignidad humana; empero, “dicha facultad es de carácter
relativo y, por ende, las decisiones de traslado deben guardar proporcionalidad
entre el estudio de la solicitud y la decisión y, bajo ningún motivo pueden
transgredir garantías fundamentales, pues, de lo contrario, es procedente la
intervención del juez de tutela en aras de restablecer los derechos conculcados
por la autoridad carcelaria”[85].
Los derechos de las personas privadas de la libertad
14. La Corte ha señalado que las personas priva­das de
la libertad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad[86] que impone
particulares deberes al Estado para con ellas, que surgen de la Constitución,
la ley y la jurisprudencia constitucional. Esta última ha indicado que en el
contexto de un Estado social de derecho le está permitido a este limitar
el derecho a la libertad de los ciudadanos, pero ello genera en cabeza suya el
deber de garantizarles las condiciones para una vida digna, de lo que surge una
“especial relación de sujeción”[87],
en la medida en que la situación de detención conlleva a que estos se
encuentren sometidos al régimen disciplinario del lugar en el que se hallen y aquél
tiene el deber de asumir el cuidado y la protección de sus derechos[88].
La Corporación ha precisado que entre las principales
consecuencias de esta relación de sujeción están las siguientes:
“(i) la posibilidad de limitar el
ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad,
reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de
algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos,
debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza
del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales
como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando
la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial
situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los
reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las
condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la
efectiva resocialización de los reclusos.”[89].
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido que esa subordinación constituye “una relación jurídica
de derecho público [que] se encuadra dentro de las categorías ius
administrativistas conocida como relación de sujeción especial, en virtud de la
cual el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en garante
de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la
privación de la libertad (…)”[90].
Ahora, desde sus inicios[91] la Corte ha
expresado que si bien algunos derechos de los reclusos son suspendidos y
restringidos desde el momento en que estos son sometidos a detención preventiva
o condenados mediante sentencia, muchos otros se conservan intactos y deben ser
respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a su
cargo.
En la sentencia T-182 de 2017 se especificó que los
derechos de las personas privadas de la libertad se clasifican en tres
categorías. En este sentido, hay derechos que: i) pueden ser suspendidos,
como consecuencia de la pena impuesta, como la libertad física y la libre
locomoción; ii) son restringidos debido al vínculo de sujeción del
recluso con el Estado, como derechos al trabajo, a la educación, a la familia,
a la intimidad personal; y iii) otros se mantienen incólumes o intactos,
pues no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre
sometido al encierro, dado que son inherentes a la naturaleza humana. Este
último grupo incluye el derecho a la vida, a la integridad personal, la
dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición.
De otra parte, la Corte afirmó[92] que las
autoridades no pueden perder de vista que el fin de la pena es la
resocialización del infractor, lo que entra en armonía con lo dispuesto en el artículo
10-3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que
“el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”, cuyo
contenido fue precisado por el Comité de Derechos Humanos en su Observación
General No. 21, al enunciar que “ningún sistema penitenciario debe estar
orientado solamente al castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma
y la readaptación social del preso”.
En el mismo sentido el tratadista Claus Roxin asegura
que en la fase de la ejecución de la sanción debería buscarse solamente la
resocialización, como lo plantea la teoría moderna de los fines de la pena, ya
que “la ejecución penal basada en la imposición de un mal y que renuncie a
la resocialización solamente puede llevar al condenado a una desocialización
definitiva y no puede ser para él un aliciente hacia formas de conducta humanas
y sociales que él necesita urgentemente (…) es acertado e importante que se
emprendan esfuerzos serios de resocialización precisamente para los
presidiarios que cumplan condenas de larga duración. Nuestra ley de ejecución
penal exige por eso (en el art. 3) una configuración de la ejecución penal que
ayude al prisionero a integrarse en la vida en libertad, que se oponga a las
consecuencias perjudiciales de la privación de la libertad y que acerque, lo
máximo posible, la vida carcelaria a las relaciones generales de la vida.”[93].
De acuerdo con esa consideración, este Tribunal ha
resaltado la importancia que tienen la educación y el trabajo para las personas
privadas de la libertad, por constituir unos de los medios para el logro de la
resocialización que persigue la medida punitiva[94], ya que esa
labor implica brindarles a las personas detenidas los medios para que establezcan
el camino de su reinserción al conglomerado social.
El derecho a la educación en los centros de reclusión
como elemento integral de la resocialización
15. En punto de la educación al interior de los
establecimientos carcelarios, debe empezar por indicarse que el artículo 67 de la Carta establece que la “educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura”. Por su parte, el Código Penitenciario
en el artículo 94[95]
prescribe que la educación así como el trabajo constituye la base fundamental
de la resocialización; de ahí que el desempeño de las actividades de estudio recibe
el estímulo correspondiente al reducir el tiempo de expiación de la condena
(art. 97[96]
ejusdem), tal como sucede con el trabajo y la enseñanza.
No obstante las implicaciones de la privación de la
libertad y lo que ella apareja, el tratamiento penitenciario tiene como fin
alcanzar la resocialización del trasgresor de la ley penal, “mediante el
examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el
estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo
un espíritu humano y solidario”, según lo establece el artículo 10 de la
Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario).
En este sentido, la sentencia T-151 de 2016 indicó
que “la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni
puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus
faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de
modo civilizado, conforme al derecho, sin que el Estado -que tiene la función
de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al
delincuente”.
El Código Penitenciario en sus artículos 142[97] y 143[98] establece
que el tratamiento penitenciario tiene como objeto preparar a la persona que se
encuentra privada de la libertad a través de la educación, el trabajo y
actividades de toda índole para el momento en el que recobre la libertad, el
cual en todo caso debe ser progresivo. Con tal razón, la Corte ha sostenido que
el tratamiento penitenciario tiene dos aspectos fundamentales, de un lado, la
readaptación social del interno y, del otro, la relación que hay entre el
derecho a acceder a programas de estudio y trabajo que permitan redimir pena y el
derecho a la libertad[99].
Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha indicado que la privación de la libertad tiene como objetivo
específico que el interno logre su resocialización. En virtud de ello, las
autoridades penitenciarias, a pesar de gozar de un poder disciplinario, no se
deben exceder en su ejercicio y por tanto “el recluso no deberá ser
marginado sino reinsertado en la sociedad”; es decir, la actividad
penitenciaria tiene que cumplir como principio básico no añadir a la detención “mayor
sufrimiento del que ésta ya representa. Esto es, que el preso deberá ser tratado
humanamente, con toda la magnitud de la dignidad de su persona, al tiempo que
el sistema debe procurar su reinserción social”[100].
En esta misma dirección ha de señalarse que las
teorías modernas de la ejecución de la pena ubican al sujeto condenado como
parte activa de su proceso de resocialización, tema sobre el que el tratadista
Claus Roxin asegura que durante siglos la pena era vista como algo que se infligía
e imponía al autor, de tal manera que él solamente debía soportarlo pasivamente,
convirtiéndolo en un mero objeto de influjos, sea que sirvieran estos a la
retribución, al tratamiento preventivo-especial o a la influencia en la
generalidad, pero en este sentido también se ha abierto paso un cambio prometedor,
sobre todo de carácter preventivo-especial, aunque también preventivo-general,
ya que,
“[c]uando volcamos nuestra mirada otra vez hacia los
nuevos métodos de sanción, tales como la compensación autor-víctima, la
reparación civil prestada bajo esfuerzos personales y también el trabajo comunitario,
vemos que todos ellos exigen un compromiso activo del condenado en vez de una
simple actitud de soportar las medidas coercitivas estatales (…). Y es que la
mejor terapia carece de sentido cuando el delincuente se niega a ella. Los
esfuerzos terapéuticos solamente pueden tener éxito cuando el prisionero
libremente cooperase con el desarrollo resocializador de su personalidad. (…).
En esto hay, primeramente, un gran potencial preventivo-especial que transforma
en lo esencial, el contenido de esta finalidad de la pena. Y es que cuando p.
ej. Hegel criticaba la finalidad de la pena de la prevención especial el que
con ella se trate al ser humano como a un perro contra quien se levanta el
palo, esto ya no se puede sostener cuando el autor, de manera autorresponsable,
trabaja para sí mismo y para dar solución al conflicto social que ha generado
su actuar. De esta manera, se le toma en serio como persona y recibe la
sensación de poder, por su propio esfuerzo, dar un giro a su vida hacia algo
mejor (…) Pero también tiene favorables efectos preventivo-generales el
compromiso de un delincuente que se haya esforzado por reconciliarse con la
víctima, que emprenda todos los esfuerzos para la reparación del daño, que
preste trabajos en interés de la generalidad o que se someta voluntariamente a
una terapia social que exija una intervención muy personal. Y es que la
generalidad ve en estas conductas que el delincuente busca retornar a la
legalidad a través de acciones autorresponsables. Esto sirve a la paz jurídica,
crea confianza y facilita la reinserción social del delincuente” [101].
Entonces, la obligación que adquieren los centros de
reclusión es la de restituir los vínculos sociales de las personas privadas de
la libertad con el mundo exterior, ya que de ello depende que se logre una
verdadera readaptación social[102],
lo cual debe hacer a través de medios que le permitan al detenido contar con
herramientas que le faciliten su reinserción a la sociedad. El Estado debe implementar en los establecimientos
penitenciarios programas de educación que le permitan al interno preparase con
una formación que al momento de salir de prisión le sea útil para incorporarse en la sociedad y aportarle a la misma[103].
En suma, el trabajo, la educación y las distintas actividades
que se realicen en el curso de la detención, son parte del núcleo esencial del
derecho a la libertad, pues se constituyen en un mecanismo indispensable para lograr
la resocialización de la persona recluida en prisión, de lo que se deriva que para
los centros carcelarios debe ser una prioridad que los internos puedan acceder
a los programas que les permita redimir pena durante las diferentes fases del
tratamiento penitenciario (observación, alta, mediana, mínima seguridad y
confianza).
Caso concreto
16. En este evento la Corte debe resolver si el Inpec
vulneró el derecho a la educación del accionante al disponer su traslado de la
cárcel de Bucaramanga a la de Bogotá, interrumpiendo de forma abrupta los
estudios que cursaba en el programa de “técnica profesional en procesos
empresariales para Mipymes” que ofrece Fitec, ya que como se indicó, sobre
los derechos a la vida y a la integridad personal solo hubo una enunciación por
parte del actor en el escrito inicial, sin que estos fueran objeto de
desarrollo o debate al interior del trámite, menos de acreditación de alguna
afectación.
A efectos de proceder a solucionar la controversia
suscitada, la Sala debe partir de lo expuesto en la parte dogmática de esta decisión
y de lo probado en el trámite procesal a través de los documentos aportados,
que reflejan la situación del actor de cara a la decisión adoptada por el Inpec
con ocasión de lo acontecido al interior de la cárcel de Bucaramanga que generó
su remisión para uno de los centros de reclusión de la ciudad de Bogotá.
De modo entonces que, en primer momento, la Corte se
referirá al tema del traslado del accionante para verificar si de lo obrante en
el expediente se puede derivar que tal determinación fue arbitraria, y, luego
de ello, si con ocasión de su movimiento de ciudad se presentó afectación al
derecho a la educación y si ello es así, qué medidas deben disponerse en aras
de su protección.
17. Como se explicó en la parte dogmática de esta
decisión, la jurisprudencia constitucional, a partir del contenido legal
expuesto, ha reiterado que el director general del Inpec cuenta con
discrecionalidad para remover a los internos del sitio donde se encuentran
sujetos a detención, bien con ocasión de una medida de aseguramiento o del
cumplimiento de una pena, lo cual debe realizar sin perder de vista los fines
de la norma y la proporcionalidad que debe existir entre el motivo o causa del
traslado y la decisión de llevarlo a cabo.
Descendiendo al caso objeto de estudio, debe indicarse
que del análisis de las pruebas que obran en el expediente no surge en forma
manifiesta que haber enviado al accionante para Bogotá constituya, en
principio, una arbitrariedad, ya que en primer lugar en la resolución que lo ordena
se anota que este se produce por “motivos de seguridad y descongestión”,
previa solicitud de la dirección del Cpmsbuc y, en segundo término, que en esta
se dispone el movimiento de 50 personas a diferentes establecimientos del país,
entre las que se encuentra el actor en el número 21[104].
Lo anterior permite considerar, ab initio, que
la resolución tuvo origen en motivos de seguridad y descongestión del centro
carcelario de Bucaramanga y que el actor no fue el único de los transferidos a
otros sitios, sino que con él fueron remitidos a distintos lugares del país, 49
personas más, habiendo dispuesto el movimiento de 6 de ellas al Comeb, y que un
número similar fuera enviado a Guaduas, Yopal, Girón, Cómbita y Acacías.
No puede pues sostenerse que a través de un acto
administrativo como el expedido se buscara un perjuicio para el accionante y
que para ello el Inpec se valiera de la resolución en comento, porque además el
origen de la misma se sustenta en las medidas que se venían adoptando en el
establecimiento de Bucaramanga y que generaron la remoción de algunos privados
de la libertad, con fundamento en diversos trámites administrativos y
judiciales, como pasa a verse.
En cuanto al trámite administrativo se tiene
que la actuación exhibe que el 13 de marzo de 2013, el municipio de Bucaramanga
y la Secretaría de Salud y Ambiente de esa ciudad expidieron la Resolución 025
de 2013[105], por la cual se aplicó la medida de
seguridad preventiva parcial a los pabellones 2, 4 y 5 del centro carcelario de
esa ciudad, prohibiéndose el ingreso de más reclusos a los mismos.
Luego de ello, en febrero de 2014 se realizó visita de
verificación e inspección por parte de la Secretaría de Salud y se dejó como
compromiso con la dirección de la cárcel un tope máximo de 2750 reclusos, por
cuanto a esa fecha contaba con 3100, lo que generaba mayor hacinamiento y afectación
a la salud de los detenidos y de la población en general.
El proceso de verificación volvió a reabrirse en julio
de 2015, cuando se hizo visita de inspección, la cual se repitió en noviembre
de 2015 y enero de 2016, aplicándose en abril de 2016 medida sanitaria de
control consistente en clausura temporal parcial del establecimiento, y en mayo
de ese año, sanción de 10.000 salarios diarios mínimos legales por superar el
número de internos objeto de compromiso.
En cuanto al trámite judicial se cuenta con que
la situación de los patios 4 y 5[106]
de dicho centro (en este último se encontraba el actor), fue objeto de estudio
en sendas acciones de tutela que finalmente conoció esta Corte en la sentencia
T-762 de 2015, que reiteró el estado de cosas inconstitucional de 16 centros de
reclusión del país, declarado inicialmente en la sentencia T-388 de 2013. En
tal decisión se avaló[107]
la orden dada por el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga, que dispuso
gestionar el traslado de 688 internos dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de ese fallo y no recibir más sindicados o condenados[108].
En la sentencia T-762 de 2015, que validó lo expuesto
en la decisión del Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga, la Corporación
señaló que con ocasión de las denuncias sobre las condiciones de habitabilidad
en las cárceles y penitenciarías de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal,
Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira,
Florencia, Apartadó, Sincelejo, Roldanillo y Villavicencio, se constataba que
persistía:
“La violación masiva de los
derechos constitucionales a la vida en condiciones dignas, a la salud, al agua
potable, a la resocialización de los condenados penalmente, entre otros, pues
es notorio que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad, sometidas
a las actuales condiciones de reclusión, que revela el caudal probatorio, han
sido desprovistas no solo del derecho a la libertad, como lógicamente
corresponde, sino del ejercicio de muchas de las demás garantías
constitucionales, sin que ello pueda ser admisible en un Estado Social de
Derecho (…)
El desconocimiento de los derechos
fundamentales además es generalizado, en  la medida en que se ha
consolidado como una práctica a lo largo y ancho del territorio nacional (…).
El incumplimiento prolongado de las obligaciones de respeto,
protección y garantía de los derechos de las personas recluidas, que se
estableció, incluso antes del año 1998, cuando se explicó que el problema
relativo a la violación masiva de derechos de los reclusos, no era novedoso en
el país (…)”.
Ahora, el 29 de octubre de 2018, la dirección general
del Inpec emitió la Resolución 3729 del 29 de octubre de 2018[109], por la
cual se hizo una redistribución de pabellones en el establecimiento de
Bucaramanga, disponiéndose la proyección de los actos administrativos correspondientes.
Fue mediante el oficio 410CPMSCBUC-AJUR-2018IE0164712
del 23 de diciembre de 2018, que la dirección del establecimiento de esa ciudad
solicitó la remoción de 50 personas por motivos de seguridad y descongestión,
lo que se tradujo en la Resolución 903473 del 24 siguiente, que dispuso la
remisión de tales reclusos a 13 establecimientos de alta seguridad del país,
acordes al perfil que estos exhibían.
Del recorrido expuesto desde el año 2013 hasta el
momento de expedición de la resolución en comento (24 de diciembre de 2018) se
deriva que esta última no obedeció, en principio, a un capricho de la dirección
general del Inpec sino que es el resultado no solo de las sanciones que soportó
el Cpmsbuc por parte de la administración de esa ciudad al superar el número de
reclusos que podía soportar la prisión, sino de órdenes judiciales como las
dispuestas por el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga del 11 de abril de
2013 y avaladas por la Corte en la sentencia T-762 de 2015.
Así, la Resolución
903473 de 2018 por medio de la que dispuso la salida de 50 internos del
Cpmsbuc a distintas cárceles del país por motivos de seguridad y descongestión, entre los que se encuentra el actor en
el número 21, no es caprichosa, ya que obedece a tales mandatos, pues no solo
se adoptó sobre el patio 5 de dicho centro de reclusión, precisamente en
el que se encontraba el accionante, sino que además recayó sobre un grupo de
reclusos con características similares a las del accionante, quien de acuerdo
con la resolución y lo que reportó el Cpmsbuc, está condenado a 16 años y 2
meses de prisión, fue capturado el 17 de mayo de 2016 y actualmente a
disposición del Juez 1º de Ejecución de Penas de Bucaramanga, lo que indica que
se encuentra en fase de alta seguridad, ya que apenas inicia la expiación de
esa condena.
Los “motivos de seguridad y descongestión” como
argumentos de la resolución de traslado se muestran entonces válidos, en tanto
están soportados en causas reales comprobadas al interior del expediente: i)
la Inspección de Salud y Aseo de la alcaldía desde el año 2013 realiza
seguimiento al establecimiento, determinando deficiencias de índole sanitarias
que generaban riesgo a la salud pública, y ii) el Juzgado 12
Administrativo de esa ciudad igualmente adoptó medidas tendientes a la garantía
de los derechos de los reclusos del patio 5 de la cárcel santandereana.
De este modo, la expedición de la Resolución 903473,
que involucra el movimiento de 50 reclusos a diversos sitios del país, fue uno
de los recursos que agotó el Inpec para conjurar la situación que se presenta
en el establecimiento de Bucaramanga que, reitera la Sala, es fruto de las
medidas de descongestión que debe adoptar en aras de la protección de los
derechos de los privados de la libertad, que por cuenta del hacinamiento
carcelario, estaban soportando condiciones no compatibles con la vida en
reclusión.
18. Ahora, si bien el accionante expuso como argumento
para refutar su remisión, que ante la administración del establecimiento firmó
un acta de compromiso en el que se obligaba a no solicitarlo mientras estuviera
cursando el programa, el centro de reclusión desmintió tal afirmación cuando la
persona responsable del área de educativas de la cárcel refirió frente a los
interrogantes planteados por la Corte, que la convocatoria para el ingreso del
estudiante al programa se realizó del 4 al 7 de diciembre de 2017 en cada una
de las comunidades de la cárcel, se llenó el formulario exigido por la alcaldía
para la obtención de la beca del 100% y se dio inicio al mismo a partir del 1º de
febrero de 2018[110].
Tales datos ya habían sido suministrados desde el 11
de febrero de 2019 por la misma encargada del área de educativas del
establecimiento, cuando se le notificó la admisión de la acción de tutela, que
anexó el acta firmada por el actor, la cual da cuenta de no haber recibido del
municipio otro apoyo para cursar un programa de educación superior[111], mas no
de abstenerse de solicitar el traslado.
La existencia del certificado de acceso a la educación
superior de la alcaldía de Bucaramanga firmado por el accionante y los emitidos
por Fitec que demuestran que cursó los dos primeros semestres y que se encontraba
inscrito para el tercer trimestre, no permiten calificar de arbitraria la
decisión de trasladarlo, porque además, al revisar la Resolución 903473 esta no
solo comprende a 50 reclusos, tal como se indicó, sino que del análisis de la
información contenida sobre cada uno de ellos, se concluye que todos se
encuentran en fase de alta seguridad y que las condenas impuestas oscilan entre
los 14 y los 40 años de prisión.
Bajo tal consideración, esta Sala de Revisión concluye
que la decisión de mover de sitio de reclusión al actor se ajusta, ab initio,
al marco de discrecionalidad de que goza el director general del Inpec y que
ello comporta, necesariamente, una limitación o restricción de sus derechos,
pues fue trasladado el 9 de enero de 2019 desde el Cpmsbuc al Comeb dando
cumplimiento a la Resolución 903473, en la cual se argumentaron motivos de
seguridad y descongestión del establecimiento de Bucaramanga, motivación que en
todo caso fue corroborada con la documentación aportada.
Para este Tribunal, los hechos mencionados
anteriormente demuestran que el Inpec obró de manera legítima, en uso de la
facultad discrecional plasmada en el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 y con
base en las causales 4ª y 5ª del artículo 75 de la misma ley, al justificar la
orden en circunstancias válidas y contempladas por la norma, esto es, el alto
índice de hacinamiento del Cpmsbuc y razones de seguridad y salud públicas.
Debe entonces concluirse que la decisión que dispuso
la salida del actor del lugar donde se hallaba no se exhibe arbitraria,
irrazonable y desproporcionada, por lo que no resulta procedente el amparo para
lograr el cometido planteado por el actor.
19. Ahora, con respecto al programa de estudios que adelantaba
el accionante en Bucaramanga, esta Corporación debe partir de lo indicado por
la responsable del área de educativas del centro carcelario sobre la situación
particular de éste, que así la expuso
en el oficio remitido al área de tutelas cuando se le pidió información para
dar contestación al trámite constitucional. Al respecto señaló:
“Me permito informar que el ppl[112] Armando Macías Ardila, nu[113] 933112, inició sus estudios superiores
dentro del programa social de la alcaldía de Bucaramanga – Universidad del
Pueblo, a través de Tecnológica Fitec, otorgando beca del 100% a los
estudiantes que se encuentran en este establecimiento penitenciario del
municipio de Bucaramanga, en la modalidad presencial, desde el 1 de febrero de
2018 al 9 de enero de 2019, aprobando segundo semestre en la carrera técnico
profesional en procesos empresariales para Mipymes, anexo certificación de
Tecnológica Fitec, de fecha 16 de enero de 2019, en la cual se informa que se
encuentra matriculado para continuar con el tercer semestre durante el primer
periodo académico de 2019”[114].
Lo que se desprende de dicho comunicado, armonizado
con lo que más tarde informó el establecimiento a la Corte[115] y el
certificado de la Alcaldía[116],
es que una vez se abrió la convocatoria en cada uno de las comunidades de la
cárcel entre el 4 y el 7 de diciembre de 2017, y que cada postulado diligenció
el certificado de acceso a educación superior de la alcaldía de Bucaramanga de
fecha 10 de enero de 2018 para logar la beca del 100% del valor, se dio inicio
al programa con Fitec entre el 1º de febrero de 2018 y el 9 de enero de 2019.
Con relación al accionante se tiene que este aprobó el
primero y el segundo semestre del programa “técnico profesional en procesos
empresariales para Mipymes”, y de acuerdo con certificación de Fitec de
fecha 16 de enero de 2019, se encontraba matriculado para continuar el tercer
semestre durante el primer periodo académico de 2019, contando igualmente con
la asunción por la alcaldía de Bucaramanga del 100% del costo.
A este respecto lo primero que debe destacarse es el
que programa de educación superior que inició el accionante se encuentra
avalado por el establecimiento carcelario, en la medida en que a través suyo se
hicieron las gestiones para que los internos se postularan entre el 4 y el 7 de
diciembre de 2017, el 10 de enero de 2018 los escogidos suscribieran el
correspondiente certificado de no haber recibido otra ayuda de parte de la
alcaldía, y el 1º de febrero iniciaran clases.
La Sala de Revisión observa que en el expediente no
existe ninguna constancia de que el Inpec le hubiera advertido al actor acerca
de que el hecho de iniciar sus estudios de “técnico profesional en procesos
empresariales para Mipymes” no lo eximía de ser removido a otro centro de
reclusión, pero de ello también se deriva que el actor se hubiera matriculado
en el programa con la firme intención de culminar sus estudios sin ser
trasladado de lugar de detención.
Si bien la educación es uno de aquellos derechos que
puede limitarse en estado de reclusión, este Tribunal encuentra que en este
caso, el Inpec al disponer el movimiento del actor sin tener en consideración la
situación particular evidenciada y el progreso educativo demostrado, no actuó
bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad y, por el contrario, vulneró
ese derecho, ya que lo había autorizado para realizar estudios superiores en
procesos empresariales con Fitec, aprobación que lo indujo a hacer las
gestiones necesarias para iniciar su carrera, pero luego de culminar el segundo
semestre de la misma lo trasladó de centro carcelario sin brindar una
alternativa para su continuidad.
Dicha actuación desconoció el derecho del actor a la
educación como parte del proceso de resocialización, tal como este se había
propuesto desarrollarlo para sí mismo, pues se le cercenó la posibilidad de que
pudiera adquirir otras habilidades que seguramente le servirán cuando goce de
la libertad, ya que como se puede advertir de lo aportado por el mismo
accionante y probado en el expediente, para el año 2017 logró graduarse como
bachiller estudiando en la cárcel el grado once, realizó en junio de ese año una
formación en manejo básico de herramientas informáticas y, a finales del mismo se
inscribió para realizar estudios superiores, que inició en 2018.
Ello además refuerza la tesis de que el tema en
discusión se relaciona con el derecho a la educación del actor y su
entorpecimiento con el traslado de cárcel, pues su reclamación tiene que ver
con las consecuencias que en su proceso educativo tuvo el traslado desde
Bucaramanga hacia Bogotá, mas no con los derechos a la vida y a la integridad
personal, que solo fueron enunciados por el actor en el escrito inicial y en
modo alguno se advirtieron amenazados o vulnerados o fueron tratados en el
curso de la actuación.
El movimiento entre ciudades y la afectación de su
carrera es, pues, el punto basilar de su solicitud, lo que además se corrobora
con el hecho de que aun contando con tres hijos menores de edad, como se
estableció en el formato sispec web[117]
y luego él lo ratificó en la respuesta que brindó a la Corte[118], no
utilizó ningún argumento de índole familiar para solicitar el retorno a la
capital de Santander, mostrando entonces la relevancia que para el actor
representa su profesionalización.
Es decir, como en pocas ocasiones, la Corporación se
encuentra frente a una persona detenida que asume de forma activa el proceso de
expiación de la pena y aprovecha el escenario de privación de la libertad para
su crecimiento académico, personal y profesional, lo que en todo caso rescata
la Sala en tiempos en los que existen fuertes críticas a la fase de ejecución
la pena por las pocas posibilidades que se les brindan a los condenados de
lograr su resocialización debido a la dificultad de acceder a los beneficios que
encarnan los distintos procesos llevados al interior de la prisión, entre los
que se encuentran los estudios superiores y que impide que los privados de la
libertad contribuyan desde su propio actuar al proceso de reinserción a la
sociedad.
A partir de lo expuesto, la Sala concluye que el accionante
ha asumido un fuerte compromiso consigo mismo en la fase de ejecución penal, y
en el corto lapso que lleva en privación de la libertad, en consideración de la
pena de 16 años y 2 meses de prisión que debe cumplir (al estar detenido desde
el 17 de mayo de 2016), ha permanecido férreo en su ideal de forjar en él una
persona que se valió de las oportunidades que brinda el estado de reclusión
para adquirir destrezas y habilidades que luego podrá aprovechar cuando goce de
la libertad.
Ahora, no obstante el interés del actor en superarse y
profesionalizarse mientras expía la pena impuesta y el hecho de que la Corte
estime que la senda elegida por él sea la adecuada en pro de su resocialización
y reinserción a la sociedad, en tanto toma parte activa en la realización de
los fines de la pena, y que advierta vulnerado el derecho a la educación, ello no
implica que obligatoriamente deba ser retornado a la cárcel de origen, porque
tal como se ha dicho, en principio, el Inpec cuenta con discrecionalidad para
determinar el sitio de reclusión de los internos y, por otra parte, con ocasión
de las órdenes administrativas y judiciales referidas, la cárcel de Bucaramanga
no puede recibir más reclusos, lo que implicaría, en caso de retornarlo a tal
lugar por vía de tutela, contrariar tales mandatos y desestabilizar el orden
que se ha dispuesto sobre la misma.
En tales circunstancias, deberá emitirse una orden que
armonice la facultad de la dirección general del Inpec con la restauración del derecho
a la educación, que se funde además en las pruebas aportadas, por lo que en
este sentido cobra validez la exposición hecha por Fitec luego de su
vinculación en sede de revisión, en la que informó que ha tenido la oportunidad
de continuar con la formación educativa de varios reclusos que han sido
trasladados a otros establecimientos carcelarios de distintas ciudades, permitiéndoles
por intermedio de personal administrativo, ya sea de trabajo social o
educativas, que les sea remitido material de trabajo, que posteriormente es
devuelto a esa institución, o la conectividad al aula virtual.
Recuérdese al efecto que Fitec ofreció las siguientes propuestas:
“1. Remitir material de trabajo a un
administrativo del establecimiento carcelario de Bogotá, de manera digital o
por medio físico, para que este sea transferido y trabajado por el señor
Armando Macías Ardila y posteriormente devuelto a [la] institución.
2. Habilitar la educación y/o módulos
virtuales al señor Armando Macías Ardila, para que este pueda continuar con sus
estudios por medio de [las]
aulas virtuales, empero, para esto, el centro penitenciario y carcelario de
Bogotá deberá garantizarle la conectividad al recluso”.
Bajo las premisas previamente establecidas, esta Sala de
Revisión considera que lo más apropiado es ordenar al Inpec que realice todos
los trámites tendientes a que el accionante pueda continuar con sus estudios en
el Comeb, ya sea porque: i) se le remita de manera digital o por medio físico, material de
trabajo al personal administrativo (de trabajo social, educativas o el área
correspondiente) del establecimiento carcelario de Bogotá, para que este sea entregado
y trabajado por el actor y posteriormente devuelto a Fitec, o ii) se
habilite la educación y/o módulos virtuales al accionante, para que este pueda
continuar con sus estudios por medio de las aulas virtuales, empero, para esto
el centro penitenciario y carcelario de Bogotá deberá garantizarle la
conectividad al recluso.
Será entonces el Inpec el que deba establecer bajo qué
condiciones podría el actor continuar con sus estudios, lo que llevará a la
revocatoria del fallo dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el del Juzgado 29 Laboral del
Circuito local, en tanto declaró la improcedencia de la tutela invocada por el actor
y, en consecuencia, la concederá por violación del derecho a la educación del
actor, ya que como se señaló, los derechos a la vida y a la integridad personal
fueron solo fueron enunciados por éste en el escrito inicial, pero en modo
alguno objeto de discusión en el curso de la actuación ni se advirtieron
amenazados o vulnerados.
Así, se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -Inpec- que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la fecha de notificación del presente fallo, y sin que exceda de un
(1) mes, garantice que el actor pueda continuar realizando desde el Comeb sus
estudios de técnico profesional en procesos empresariales para Mipymes,
reiniciando en el tercer semestre, el cual no pudo iniciar con ocasión de su
remisión para Bogotá, en el programa que ofrece Fitec, bien a través de la
remisión de material de trabajo a personal administrativo (área de educativas,
trabajo social o la que se disponga) del Comeb, de manera digital o por medio
físico, para que este sea entregado y trabajado por el actor y posteriormente
devuelto a tal institución, o a través de las aulas virtuales, pero para ello el
Comeb deberá garantizarle la conectividad al actor y la inducción
correspondiente.
En vista de que los estudios del actor fueron
cubiertos en un 100% para el año 2019 por la alcaldía de Bucaramanga, el Inpec
deberá realizar las gestiones correspondientes a afectos de que el accionante,
ubicado en Bogotá, cuente con un beneficio idéntico que le permita culminar el
programa y cubrir los créditos del mismo, lo que
en todo caso debe estar supeditado al cumplimiento de los requisitos académicos
fijados en el convenio suscrito entre el Inpec y Fitec, pues la relación
de sujeción respecto del Estado implica que se respete su derecho a la
educación como uno de los mecanismos a través de los cuales pueda lograr la
resocialización, de tal manera que al momento de recobrar la libertad le sea
útil para reincorporarse a la sociedad, aparte de que sea una de las formas en
que pueda redimir su pena.
Por último, estima la Sala que debe advertir al Inpec
sobre la necesidad de que al momento de disponer el traslado de internos a
nivel nacional, ha de procurar que en la mayor medida posible se brinde
continuidad en la garantía de los procesos educativos que estos adelantan, para
que la privación de la libertad no solo permita el cumplimiento de la pena sino
también la resocialización del individuo.
En mérito de lo anterior, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Revocar el fallo proferido el 24 de abril de 2019 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual
confirmó el del Juzgado 29 Laboral del
Circuito local del 14 de febrero de 2019 que declaró la improcedencia de la
tutela invocada por el señor Armando Macías Ardila. En su lugar, conceder
la tutela solicitada por violación del derecho a la educación como parte del
proceso de resocialización del actor.
Segundo.- Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente fallo, y sin que exceda de un
(1) mes, garantice que el actor pueda
continuar realizando desde el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano
de Bogotá el tercer semestre de sus
estudios de técnico profesional en procesos empresariales para Mipymes, en el
programa que ofrece la Tecnológica Fitec, y obtenga idéntico beneficio al de la
beca otorgada para cursarlos, según la consideraciones realizadas.
Tercero.- Advertir al Inpec sobre la necesidad de que al
momento de disponer el traslado de internos a nivel nacional, procure que en la
mayor medida posible se brinde continuidad en la garantía de los procesos
educativos que estos adelantan, para que la privación de la libertad no solo
permita el cumplimiento de la pena sino también la resocialización del
individuo.
Cuarto.- Librar por la Secretaría General de la Corte las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El escrito de tutela obra de folios 7 a
11 del cuaderno 1.
[2] Folios
1 a 6 del cuaderno 1.
[3] Folio
13 del cuaderno 1.
[4] Folio 19, cuaderno 1.
[5] Folios 20 a 24 del cuaderno 1.
[6] “Por
la cual se aplica medida de seguridad preventiva parcial a los pabellones 2, 4
y 5 del centro carcelario y penitenciario La Modelo de la ciudad de
Bucaramanga”.
[7] Folios
65 a 71 del cuaderno 1.
[8] Folio
72 del cuaderno 1. En el formato de consulta ejecutiva igualmente consta que el
accionante nació el 7 de agosto de 1984 en San Vicente de Chucurí, Santander y
que cuenta con tres hijos.
[9] Folios 73 a 78 del cuaderno 1.
[10] Folios
83 a 86 del cuaderno 1.
[11] Folios
87 a 111 del cuaderno 1.
[12] Folios 3
a 5 del cuaderno 2.
[13] Folios 2 a 22 del cuaderno de la Corte.
[14] Folio 24 del cuaderno de la Corte.
[15] Folios 26 a 29 del cuaderno de la Corte.
[16] Se
estableció a través del certificado de existencia y representación legal, que
por Resolución 1876 del 13 de abril de 2007 expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, se reformó el nombre de Fundación Instituto Tecnológico
Cooperativo de Coomultrasan (Fitecdecoom)  por el de Tecnológica Fitec. De
igual manera indicó que es una institución de educación superior de carácter
privado.
[17] Folios
85 a 87 del cuaderno de la Corte.
[18] Folio 86 del cuaderno de la Corte.
[19] Folios 80 a 82 del cuaderno de la Corte.
[20] El listado está compuesto de 50 personas
y el accionante se encuentra en el número 21, sin que la resolución exhiba una
sustentación adicional a los dos motivos referenciados (folio 81 del cuaderno
de la Corte).
[21] Folios 41 a 44 del cuaderno de la Corte.
[22] Folio 89 del cuaderno de la Corte. Los
tres hijos menores tienen 15, 13 y 5 años (nacidos el 30 de agosto de 2004, 3
de enero de 2006 y 7 de enero de 2014).
[23] Folio
1 del cuaderno 1.
[24] Folio
4 del cuaderno 1.
[25] Folios
2 y 3 del cuaderno 1.
[26] Folio
5 del cuaderno 1.
[27] Folio
6 del cuaderno 1.
[28] Folios
29 a 30 del cuaderno 1.
[29] Folios
30 a 38 del cuaderno 1.
[30] Folios
39 a 62 del cuaderno 1.
[31] Folio
72 del cuaderno 1.
[32] Folios
87 a 111 del cuaderno 1.
[33] Expresa
el acto administrativo lo siguiente:
“Artículo 1º. Traslado. Ordenar el traslado de los privados de la
libertad que a continuación se relacionan de conformidad con lo preceptuado en
el acápite considerativo del presente acto administrativo (…) // Artículo 2º.
Cumplimiento. El traslado con la debida custodia, vigilancia y máximas medidas
de seguridad, lo efectuará la dirección del Cpmsc Bucaramanga, previa
coordinación con la Dirección Regional Oriente y el apoyo logístico y de
seguridad requeridos a la fuerza pública. // Artículo 3º Comunicación.
Comunicar el presente acto administrativo al director del Cpmsc Bucaramanga y a
los directores de los establecimientos destino, así como a las direcciones
regionales respectivas. // Artículo 4º. Información a autoridad. Conforme a la
Resolución no. 001203 del 16 de abril de 2012, artículo 4, numeral 8 emanada de
la dirección general del Inpec, compete al director del Cpms Bucaramanga,
informar inmediatamente a las autoridades judiciales sobre el traslado de los
privados de la libertad a otros establecimientos. // Artículo 5º. Erogación. La
erogación que cause el traslado será con cargo al rubro presupuestal traslado
de internos, una vez la dirección de gestión corporativa asigne el recurso y
sitúe las partidas correspondientes. // Artículo 6º. Vigencia. La presente
resolución rige a partir de la fecha de su expedición”.
[34] Folios
81 a 82 del cuaderno de la Corte.
[35] Folio
46 del cuaderno de la Corte.
[36] Folios
47 a 48 del cuaderno de la Corte.
[37] Folios
63 a 71 del cuaderno de la Corte.
[38] Folios 72 a 73 del cuaderno de la Corte.
[39] Folio
88 del cuaderno de la Corte.
[40] Numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
[41] Artículo 10º del Decreto Estatutario
2591 de 1991.
[42] Esta Corporación ha expuesto que ella “hace
referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción,
de ser efectivamente la llamada a responder por la afectación del derecho
fundamental” (sentencia T-683 de 2017).
[43] En este
caso, el INPEC es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia
y del Derecho.
[44] En la respuesta allegada a la Corte el
14 de agosto de 2019 indicó que se trata
de una institución de educación superior de carácter privado (folios 85 a 87 del
cuaderno de la Corte).
[45] En la sentencia T-117 de 2018, esta
Corporación reiteró las premisas sentadas sobre la procedencia de la acción de
tutela contra particulares e indicó que con fundamento en el artículo 86
superior y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede
contra particulares en alguna de las siguientes circunstancias: i)
cuando el particular presta un servicio público; ii) cuando la conducta
del particular afecta grave y directamente el interés colectivo y, iii)
cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente
al particular. Refirió que esta última situación, “hace referencia al
supuesto en el que, debido a las circunstancias fácticas concurrentes, una
persona se encuentra impotente o sometida en relación con otra y, por tanto, se
halla en la imposibilidad de defender sus derechos”.
[46] De conformidad con este presupuesto,
esta Corporación ha indicado que la acción de tutela debe ser utilizada en un
término prudencial, “razonable y proporcionado” (sentencia T-219 de
2012, reiterada, entre otras, en las sentencias T-695, T-070 de 2017 y T-277 de
2015), el cual debe examinarse a partir del hecho que conculca el derecho
fundamental (sentencia SU-439 de 2017), toda vez que el remedio constitucional
pierde su sentido y razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de
protección, cuando el paso del tiempo desvirtúa su inminencia (sentencia T-275
de 2012).
[47] Sentencia SU-391 de 2016.
[48] Artículo 6º numeral 1º del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
[49] Sentencias
T-127 de 2001, y T-672 y T-384 de 1998.
[50] Sentencia T-721 de 2012.
[51] Sentencias T-043 de 2014, T-402 de 2012
y T-235 de 2010.
[52] Sentencias
T-295 de 2018, T-421 de 2017 y T-338 de 2015.
[53] Sentencia T-288 de 2018.
[54] Sentencia T-051 de 2016.
[55] “Procedencia de medidas
cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta
jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá
el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de
acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. // La decisión sobre la
medida cautelar no implica prejuzgamiento. // Parágrafo. Las medidas
cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de
los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del
conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por
lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”.
[56] Sentencia
T-376 de 2016.
[57] Dicha
sentencia estudió la constitucionalidad del parágrafo del artículo 229 del
CPACA.
[58] En este sentido se puede corroborar la
información que reporta el expediente: El accionante lo indicó en su escrito
(fl. 8 del cuaderno 1), lo refirió el establecimiento de Bucaramanga (fl. 20
del cuaderno 1) y lo reportó la consulta en el sisipec web (fl. 72 del cuaderno
1).
[59] Folio
5 del cuaderno 1.
[60] Folios
2 y 3 del cuaderno 1.
[61] Folio
45 del cuaderno de la Corte.
[62] Folio
46 del cuaderno de la Corte.
[63] “Por
la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
[64] “Por medio de la cual se reforman algunos
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y
se dictan otras disposiciones”.
[65] “Son causales del traslado, además de
las consagradas en el Código de Procedimiento Penal, las siguientes:
1. Cuando así lo requiera el estado de salud del
interno, debidamente comprobado por el médico legista.
2. Cuando sea necesario por razones de orden interno
del establecimiento.
3. Cuando el consejo de disciplina lo apruebe, como
estímulo a la buena conducta del interno.
4. Cuando sea necesario para descongestionar el
establecimiento.
5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del
interno o de los otros internos.
Parágrafo 1o. Si el traslado es solicitado por el
funcionario de conocimiento indicará el motivo de este y el lugar a donde debe
ser remitido el interno.
Parágrafo 2o. Hecha la solicitud de traslado, el
director del Inpec resolverá teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y
las condiciones de seguridad del establecimiento; y procurará que sea cercano
al entorno familiar del condenado.
Parágrafo 3o. La dirección del establecimiento
penitenciario informará de manera inmediata sobre la solicitud del traslado al
familiar más cercano que el recluso hubiere designado o del que se tenga
noticia”.
[66] “Por la cual se derogan las resoluciones número 01836
del 6 de abril de 2006, 08444 del 11 de junio de 2008 y la Circular 58 de 2011,
se delegan unas funciones para la asignación, fijación y remisión de internos y
se dictan otras disposiciones”
[67] “Improcedencia del traslado. No procede
la solicitud de traslado en los siguientes casos: 1) Cuando la petición de
traslado la formule persona o funcionario diferente de los previstos en el
artículo 74 de la Ley 65 de 1993. 2) Por hacinamiento del establecimiento de
reclusión al cual se solicita traslado del interno, conforme con el reporte que
presenta la subdirección de cuerpo de custodia a través del parte nacional
numérico contada de internos. 3) Cuando el interno no haya cumplido un (1) año
de permanencia en el establecimiento de reclusión donde se encuentra, o cuando
el interno dentro de los dos años anteriores a la solicitud de traslado, haya
estado recluido en el establecimiento penitenciario o carcelario al cual
solicita que se traslade nuevamente. 4) Si el establecimiento al cual se
solicita el traslado no es acorde con el perfil del interno o no le ofrece
suficientes condiciones de seguridad. 5) Cuando sea para un establecimiento
diferente al lugar en donde se encuentra radicado el proceso”.
[68] La
Resolución 903473 no contempla la procedencia de recursos. Esta contiene los
siguientes numerales en la parte resolutiva: 1) la orden de traslado, 2) el
cumplimiento de la misma por la dirección del Cpmsbuc, 3) la comunicación del
acto a la dirección del Cpmsbuc y a los directores de los establecimientos
destino, 4) la comunicación de la determinación a las autoridades judiciales,
5) la asunción de los costos de los traslados y, 6) la vigencia de la
resolución, la cual “rige a partir de la fecha de su expedición”.
[69] Folio
82 del cuaderno de la Corte.
[70] Sentencias
T-153 de 2017, T-751 de 2010 y T-532 y T-208 de 1998.
[71] Sentencia
T-439 de 2013.
[72] Sentencia
T-950 de 2003.
[73] Sentencia T-153 de 2017.
[74] “Por
la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
[75] “Por medio de la cual se reforman
algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de
1985 y se dictan otras disposiciones”.
[76] “Por la cual se derogan las resoluciones número 01836
del 6 de abril de 2006, 08444 del 11 de junio de 2008 y la Circular 58 de 2011,
se delegan unas funciones para la asignación, fijación y remisión de internos y
se dictan otras disposiciones”.
[77] En
esta decisión la Corte juzgó la constitucionalidad de los artículos 72, 73 y
77, entre otros, de la Ley 65 de 1993, referidos a la determinación del lugar
para purgar la pena y a la facultad del Inpec de trasladar a los reclusos y
declaró su exequibilidad y manifestó al respecto: “El inciso segundo del
artículo 16, será declarado exequible, por cuanto, como ya se ha dicho, el
director del Inpec puede ordenar traslados en circunstancias especiales,
teniendo en cuenta que el caso del inciso sub lite siempre remite a las
necesidades. No es el capricho del director, sino las necesidades las que
determinan que opere una facultad que perfectamente puede otorgar la ley”.
[78] Sentencias T-153 de 2017, T-470, T-127 de 2015, T.002
de 2014, T-439 de 2013, T-739 de 2012 y T-537 de 2007.
[79] Sentencia T-435 de 2009.
[80] Sentencia T-153 de 2017, que replicó lo expuesto en la
sentencia T-214 de 1997.
[81] Sentencias T-182 y T-153 de 2017.
[82] Sentencias T-894 y T-537 de 2007.
[83] Sentencias T-435 de 2009, T-566 de 2007 y T-1275 de
2005.
[84] Sentencia T-439 de 2013.
[85] Sentencia T-127 de 2015.
[86] Sentencia T-044 de 2019.
[87] Sentencia T-182 de 2017. En el contexto
de las relaciones entre las autoridades penitenciarias y las personas privadas
de la libertad, esta expresión fue utilizada por primera vez en la
jurisprudencia constitucional en la sentencia T-596 de 1992 y retomada
posteriormente en muchos de los casos conocidos por la Corte.
[88] En la sentencia T-175 de 2012 se identificaron seis
elementos característicos de las relaciones de especial sujeción: (i) “[L]a
subordinación de una parte (el
recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el
sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y [la] posibilidad de
limitar el ejercicio de derechos,
incluso fundamentales), (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la
potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales
debe estar autorizado por la
Constitución y la ley, (iv)  La finalidad del ejercicio de la potestad
disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de
garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos
(mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y
lograr el cometido principal de la pena (la resocialización), (v) Como consecuencia
de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales(relacionados con las
condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios
públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el
Estado.(vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial el principio de
eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el
desarrollo de conductas activas).”.
[89] Sentencia T-687 de 2003.
[90] Informe
sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
de 2011. Cfr. ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe
presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/21, adoptado el 16 de
febrero de 2009.
[91] Sentencias T-424 de 1992.
[92] Sentencia T-851 de 2004.
[93] ROXIN, Claus. La teoría del delito en la discusión
actual. Traducción de Manuel A. Abanto Vásquez. Editora Jurídica Grijley, mayo
de 2014, pp. 84.
[94] Sentencias T-718 de 1999, T-009 de 1993
y T-601 de 1992.
[95] “Educación. La educación al igual que
el trabajo constituye la base fundamental de la resocialización. En las
penitenciarías y cárceles de Distrito Judicial habrá centros educativos para el
desarrollo de programas de educación permanente, como medio de instrucción o de
tratamiento penitenciario, que podrán ir desde la alfabetización hasta
programas de instrucción superior. La educación impartida deberá tener en
cuenta los métodos pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual
enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores
humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de
convivencia ciudadana y el desarrollo de su sentido moral.  // En los demás
establecimientos de reclusión, se organizarán actividades educativas y de
instrucción, según las capacidades de la planta física y de personal,
obteniendo de todos modos, el concurso de las entidades culturales y
educativas. / Las instituciones de educación superior de carácter oficial
prestarán un apoyo especial y celebrarán convenios con las penitenciarías y
cárceles de distrito judicial, para que los centros educativos se conviertan en
centros regionales de educación superior abierta y a distancia (CREAD), con el
fin de ofrecer programas previa autorización del ICFES. Estos programas
conducirán al otorgamiento de títulos en educación superior. // Los internos
analfabetos asistirán obligatoriamente a las horas de instrucción organizadas
para este fin. // En las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito
judicial, se organizarán sendas bibliotecas. Igualmente en el resto de centros
de reclusión se promoverá y estimulará entre los internos, por los medios más
indicados, el ejercicio de la lectura”.
[96] “Redención de pena por estudio. El
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de
pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. /A los
detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de
estudio. /Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad
durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán
computar más de seis horas diarias de estudio”.
[97] “Objetivo. El
objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su
resocialización para la vida en libertad”.
[98]  “Tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario debe
realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la
personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la
instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las
relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad
del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea
posible”.
[99] Sentencia
T-213 de 2011.
[100] Informe sobre los Derechos Humanos de
las Personas Privadas de Libertad en las Américas de 2011.
[101] ROXIN, Claus. op. cit. pp. 86.
[102] Sentencias
T-266 de 2013 y T-213 de 2011.
[103] Sentencia T-448 de 2014.
[104] En
la resolución se determinan como establecimientos destino los siguientes:
Jamundí (3 personas), Bogotá (6 personas), Guaduas (6 personas), Yopal (5
personas), Girón (5 personas), Acacías (5 personas), Buga (3 personas), Puerto
Triunfo (3 personas), Villeta (2 personas), Cómbita (5 personas), La Dorada (2
personas), Palmira (3 personas) y Popayán (2 personas).
[105] “Por
la cual se aplica medida de seguridad preventiva parcial a los pabellones 2, 4
y 5 del centro carcelario y penitenciario La Modelo de la ciudad de
Bucaramanga”.
[106] La
relacionada con el patio 5 de la cárcel de Bucaramanga corresponde al
expediente T-3977802.
[107] En
la sentencia T-762 de 2015, sobre el amparo prodigado al patio 5 del centro
carcelario de Bucaramanga, la Corte resolvió: “QUINTO: En el
expediente T-3977802, EPMSC, Cárcel Modelo de Bucaramanga. Pabellón
Quinto, CONFIRMAR el fallo proferido el 11 de abril de 2013, por el
Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga, mediante el cual se ampararon los
derechos a la dignidad humana, la salud y la vida digna de los reclusos del
patio quinto del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad EPMSC, Cárcel Modelo de Bucaramanga”.
[108] En esta acción, el Juzgado 12
Administrativo de Bucaramanga amparó los derechos fundamentales a la
dignidad humana, la salud y la vida digna de los actores y ordenó, en el
numeral 2 del fallo, al director de la cárcel abstenerse, durante 3 meses,
de recluir ciudadanos sindicados o condenados en el patio quinto y, en
coordinación con la dirección nacional y regional oriente del Inpec y la Uspec,
superar definitivamente la situación de hacinamiento existente; en el
numeral 3, a las direcciones nacional y regional oriente del Inpec, dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación del fallo, gestionar el traslado de
los 688 reclusos que constituyen la sobrepoblación en el patio quinto; en
el numeral 4, a la dirección regional oriente del Inpec, en coordinación con
Uspec, realizar una inspección ocular para estimar los arreglos locativos
necesarios; en el numeral 5, a la Uspec, en coordinación con la dirección
nacional del Inpec, destinar el presupuesto necesario para la pronta adecuación
o remodelación del pabellón quinto, con el fin de hacerlo habitable; y en el
numeral 6, a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga,
practicar visitas trimestrales durante el 2013 al pabellón quinto, para
determinar si se cumplen las condiciones de salubridad e higiene necesarias, e
informar a dicho despacho judicial.
[109] “Por medio de la cual se la (sic) denomina y destina los pabellones
de la cárcel y penitenciaría de media (sic) seguridad de Bucaramanga”.
[110] Folio
45 del cuaderno de la Corte.
[111] Folio
46 del cuaderno de la Corte.
[112] Se
refiere a “persona privada de la libertad”.
[113] Se
refiere a “número único”.
[114] Folio
25 del cuaderno 1.
[115] Folio
45 del cuaderno de la Corte.
[116] Folio
46 del cuaderno de la Corte.
[117] Folio 72 del cuaderno 1.
[118] Folio 89 del cuaderno de la Corte.