C-405-03
-Proyecto de circulación restringida-
Sentencia C-405/03
UNIDAD NORMATIVA-Improcedencia de
integración por modificación
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Subrogación
de disposición acusada
Referencia: expediente D-4328
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 21, literal b), de la Ley 105 de 1993.
Demandante: Orlando Muñoz Neira
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada por el
ciudadano Orlando Muñoz Neira contra el literal b) del artículo 21 de la Ley
105 de 1993.
I.  NORMA
DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto del artículo 21 de la Ley 105
y se subraya el literal demandado:
"LEY
105 de 1993
(diciembre 30)
por
la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras
disposiciones
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO III
Recursos para la construcción y conservación de la infraestructura
de transporte
ARTICULO 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de
transporte a cargo de la Nación. Para la
construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la
Nación, ésta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto
Nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte
a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y
desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas
sobre el uso de la infraestructura nacional de transporte y los recursos
provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte.
Todos los servicios que la Nación o sus Entidades descentralizadas
presten a los usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura
Nacional de transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán
los siguientes principios:
a. Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura
de  transporte, deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y
desarrollo.
b. Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las
motocicletas y bicicletas.
c. El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad
competente; su recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas,
responsables de la prestación del servicio.
d. Las tasas de peajes serán diferenciales, es decir, se fijarán en
proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus
respectivos costos  de operación.
e. Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de
valorización, en las vías nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de
equidad fiscal.
PARAGRAFO : La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto
del Ministerio de Transporte, apropiar recursos del presupuesto Nacional para
el mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.[1]
II. LA
DEMANDA
El demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad del
literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993 por considerarlo contrario a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, estima,
vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 24, 49, 63, 217, 229 y
365 de la  Constitución Política.
Afirma que la disposición acusada no efectúa diferenciación alguna,
e inserta en un todo a entidades que, dadas sus características, no están en
capacidad de hacer erogaciones para el pago del peaje que normalmente se
destina a la recolección de réditos de los concesionarios, que a cambio
efectúan reparaciones a las vías.
Considera que al no distinguir, la norma da el mismo tratamiento a
entidades que, como los cuerpos de bomberos, la Policía Nacional, las Fuerzas
Militares, los hospitales, los entes encargados de la investigación de delitos
o los que hacen parte del mismo Estado o contribuyen al cumplimiento de sus más
caros fines, deberían estar excluidos del pago de peajes, dado que su actividad
está “directa y estrechamente ligada al salvamento de la vida de miles de seres
humanos, a la protección del orden público y al imperio de la justicia pronta y
cumplida en casos concretos”. (fl. 5)
Agrega que la determinación que se toma en la norma acusada viola el
principio de igualdad pues “el hecho de que no sólo los particulares, sino
también aquellas personas o entidades cuya misión es la salvaguarda inmediata
de la vida y bienes de los coasociados tengan que cumplir, bajo condiciones que
son bien diferentes, el pago que los primeros efectúan por uso con fines
privados de las carreteras públicas, implica un claro atentado contra los
principios constitucionales que propugnan justamente por la protección de la
vida y por el imperio de la justicia y el orden en todo el territorio
nacional”. (fls. 5 y 6)
En criterio del actor, “se trata de una norma que desconoce los
parámetros mínimos de proporcionalidad como que no obstante la relación medio–fin
que existe entre el peaje y el mantenimiento de una red de carreteras adecuada,
al proteger un valor constitucional legítimo como es la inversión que las
compañías concesionarias han efectuado en la red vial, desconoce otros valores
de mucha jerarquía en la axiología constitucional como lo son la vida, la
justicia y el imperio del orden público. [si bien] Podría argumentarse contra
la anterior explicación que en los presupuestos de las anteriores entidades
deben incluirse partidas para el pago de los peajes, mas lo cierto es que la
ruinosa situación presupuestal de tales entes muestra que en el 90% de los
casos, tal previsión no se hace”. (fl. 6)
III. INTERVENCIONES
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de apoderada
judicial, solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia C-482 de
1996, en la cual se declaró la exequibilidad del artículo 21 de la Ley 105 de
1993. Afirma la interviniente que al declararse la exequibilidad sin reserva
alguna, ya se efectuó el juicio de constitucionalidad frente a la totalidad de
los preceptos de la Constitución Política.
No obstante, agrega, si a juicio de la Corte dicho pronunciamiento
no constituye cosa juzgada, la norma acusada debe declararse exequible en
atención a los siguientes argumentos:
En el presente caso no puede hablarse de omisión legislativa porque
existe regulación de la materia. Además, la obligación del pago de peajes, la
fijación del monto y la exoneración del pago, bien sea que el Estado asuma
directamente la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de las obras
o que la haga a través de la celebración de contratos de concesión, es un
asunto que corresponde regular única y exclusivamente al legislador.
Por ello, considera que no se vulnera el derecho a la igualdad
porque el legislador ha determinado el cobro de una tasa por la utilización de
una vía pública, que representa la retribución por el servicio que se presta a
través de la infraestructura vial. El cobro unificado del peaje a todos los
usuarios tampoco representa un obstáculo para cumplir con las funciones de
emergencia y salvamento de vidas o bienes encargadas a ciertas personas, pues
de manera alguna dicho cobro impide el cumplimiento de tales funciones.
Ministerio de Transporte
El Ministerio Transporte, por intermedio de apoderado judicial,
solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la norma impugnada. En su
criterio, la demanda no reúne los requisitos exigidos, que permitan confrontar
la norma acusada con los postulados constitucionales que se estiman vulnerados.
De otra parte, es legítimo el cobro de peajes a los vehículos oficiales, los
cuales, al igual que los vehículos particulares, ocasionan desgaste de la
infraestructura de transporte, la que constituye el destino de los recursos
recaudados por este concepto, es decir, que es el uso de las vías lo que
constituye el hecho generador de la tasa del peaje.
Considera igualmente que la consecución de los fines pretendidos por
el actor debe lograrse en otros escenarios de actuación normativa, mas no a
través de la acción de inconstitucionalidad.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de
apoderada judicial, intervino en el proceso para solicitar la declaratoria de
exequibilidad de la norma impugnada. Estos son los fundamentos de su petición:
En primer lugar debe considerarse que las acciones de
inconstitucionalidad sólo proceden frente al contenido normativo de la
disposición acusada y no frente a las omisiones legislativas.
En segundo lugar, la norma demandada no consagra un trato
diferencial entre los sujetos exentos del pago del peaje y los vehículos de la
Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, los Cuerpos de Bomberos,
Ambulancias y Hospitales, ya que éstos no se encuentran en condiciones
idénticas a los exceptuados en la norma acusada. Además, el tráfico de los
vehículos que menciona el actor puede considerarse de carga media a pesada, que
generan detrimento en la red vial. Es por ello que la Ley en estudio consagra
la obligación a todos los usuarios de la red vial de pagar el peaje, con el
cual se garantiza el mantenimiento de la infraestructura vial y se hace viable
el transporte terrestre en nuestro país.
Finalmente, la discriminación positiva que realiza la Ley frente a
las motocicletas y bicicletas está dada en razón al peso de estos vehículos,
que no generan deterioro a la infraestructura vial. De allí se deriva la
obligación para el resto de usuarios de la red vial de pagar los peajes, sin
importar la naturaleza jurídica de sus propietarios, esto en virtud del
cumplimiento del principio constitucional de la igualdad ante la ley,
desapareciendo así todo motivo de discriminación o preferencia entre las personas.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la
exequibilidad del literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993, en los
términos señalados en su concepto y por los cargos analizados.
Estima que, por principio, todos los vehículos, sin importar su uso,
deben pagar el respectivo peaje. Corresponde al legislador establecer las
excepciones a esa regla general, siempre que se atienden criterios que
justifiquen constitucionalmente la diferenciación que introduzca. Esto es, que
para fijar la tarifa de los peajes, la autoridad competente debe atender
criterios que garanticen una diferenciación positiva de acuerdo con las
distintas clases y usos de los vehículos que transiten por las carreteras
nacionales, pues los literales d) y e) del mismo artículo 21 de la Ley 105
proscriben la aplicación de tarifas únicas a favor de unos y en detrimento de
otros.
Por ello, no comparte el criterio expuesto por el actor cuando
afirma que el precepto acusado desconoce los principios de racionalidad y
proporcionalidad, puesto que no se avizora una desproporción que se traduzca en
un quebrantamiento del principio de igualdad, dado que el legislador ha
determinado un cobro generalizado a todos los usuarios de las carreteras, con
excepción de las motos y bicicletas, y así contar con los recursos suficientes
para garantizar el mantenimiento respectivo ya que tanto los vehículos
oficiales como los particulares, independientemente del fin que cumplan, causan
deterioro a las carreteras y en donde el pago del peaje, siempre y cuando sea
proporcionado, en nada incide en el cumplimiento de los fines estatales.
No obstante lo anterior, considera que existen principios y valores
constitucionales que deben prevalecer frente a la obligación general de
cancelar el peaje, es decir, que bajo ninguna circunstancia se debe
obstaculizar el tránsito de vehículos oficiales en situaciones de emergencia, a
pesar que no se cuente con el dinero para el respectivo pago, lo cual no
significa que se eximan del cumplimiento de esa obligación, sino que en
determinadas situaciones el recaudo debe ceder ante valores constitucionales
que por su naturaleza son de mayor jerarquía y que no se pueden coartar a
efectos de darle cumplimiento inmediato a una norma de inferior jerarquía.
En síntesis, para el Director del Ministerio Público el pago de los
peajes es obligatorio para cualquier clase de vehículo. No obstante, la falta
de recursos para su pago no puede obstaculizar la labor de los vehículos
oficiales que velan por la vida, la integridad física y la seguridad pública.
Los concesionarios bien pueden tomar las medidas necesarias para que con
posterioridad les sea cancelada esa obligación en el evento de no contarse con
los recursos en el momento de presentarse la emergencia, con el fin de evitar
privilegiar directrices de rango inferior en detrimento de las establecidas en
la Constitución Política. En el mismo sentido, las entidades públicas deben
procurar cumplir con la obligación tributaria sustancial, que se concreta en el
pago efectivo de la tarifa de peaje a que haya lugar.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Modificación
de la norma acusada. Integración de unidad normativa
Esta Corporación ya se pronunció sobre la constitucionalidad del
artículo 21 de la Ley 105 de 1993, del cual hace parte la norma impugnada en el
proceso de la referencia.
En aquella ocasión el actor estimaba que el artículo acusado violaba
el inciso segundo del artículo 338 de la Carta Política, al no determinar el
sistema y el método para definir los costos y beneficios que debe tener en
cuenta la autoridad encargada de fijar la tarifa de los peajes.
En la Sentencia C-482 de 1996[2],
la Corte resolvió declarar “Exequible el artículo 21 de la ley 105 de 1993”,
en atención a las siguientes consideraciones: i) la norma acusada
impone, clara e inequívocamente, un límite a la cuantía de los costos
recuperables; ii) la fijación de las tarifas, tasas y peajes está sujeta
a un criterio de igualdad; iii) al establecer que las tarifas sean
diferenciales y que se fijen en proporción a las distancias recorridas, las
características vehiculares y los costos de operación, la ley traza unas reglas
suficientes para la actuación de las autoridades competentes; iv) las
tarifas diferenciales demuestran que la ley se funda en la aplicación del
principio de igualdad, al imponer un trato diferente según el beneficio o
provecho que reciba el usuario, y v) se obliga a las autoridades
encargadas de la determinación del peaje y de las tasas de valorización, a
obrar con sujeción a un criterio de equidad social. En conclusión, consideró la
Corte que el sistema y el método estaban definidos en forma general y abstracta,
como deben definirse, sin acudir a fórmulas complicadas y casi ininteligibles.
Agregó la Corporación que, “de otra parte, la norma acusada no
quebranta precepto alguno de la Constitución, y por ello se declarará su
exequibilidad sin reserva alguna”[3].
Esta circunstancia hubiera impuesto a la Corporación que analizara
si operaba o no el fenómeno de cosa juzgada constitucional pues, como se
expresó, en aquella sentencia la Corte concluyó que el artículo 21 de la Ley
105 de 1993 no quebrantaba precepto alguno de la Constitución, y si tal
determinación podría amparar, frente a todo cuestionamiento, a la norma
impugnada.
No obstante lo anterior, tal análisis es improcedente en la
actualidad dado que el precepto demandado fue modificado por el artículo 1º de
la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002. En la nueva versión del literal b) del
artículo 21 de la Ley 105 de 1993 el legislador, dentro de las excepciones al
pago de tasas, tarifas y peajes por el uso de la infraestructura de transporte
a cargo de la Nación, incorpora justamente las actividades y autoridades
mencionadas por el actor para fundar sus argumentos de inconstitucionalidad.
Esta circunstancia se evidencia al apreciar el contenido de la Ley
787:
LEY 787 DE 2002
(diciembre 27)
por la cual se
modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase parcialmente el artículo 21 de la Ley 105
del 30 de diciembre de 1993, el cual quedará así:
Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de
transporte a cargo de la Nación. Para la
construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la
Nación, ésta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto
Nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte
a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y
desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá
peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional de
transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente
para ese modo de transporte.
Todos los servicios que la Nación o sus
entidades descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la
utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán sujetos al
cobro de tasas o tarifas.
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y
peajes, se observarán los siguientes principios:
a) Los ingresos provenientes de la utilización
de la infraestructura de transporte, deberán garantizar su adecuado
mantenimiento, operación y desarrollo;
b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con
excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de
los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias
pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del
(DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que
prestan funciones de Policía Judicial;
c) El valor de las tasas o tarifas será determinado
por la autoridad competente; su recaudo estará a cargo de las entidades
públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio;
d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es
decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características
vehiculares y sus respectivos costos de operación;
e) Para la determinación del valor del peaje y
de las tasas de valoración en las vías nacionales, se tendrá en cuenta un
criterio de equidad fiscal.
Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad
y previo concepto del Ministerio de Transporte, apropiar recursos del
Presupuesto Nacional para el mantenimiento, operación y desarrollo de la
infraestructura de transporte.
Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención
contemplada en el literal b), es de carácter obligatorio que los vehículos allí
relacionados, con excepción de las bicicletas y motocicletas, estén plenamente
identificados con los emblemas, colores y distintivos institucionales de cada
una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para efectos de
control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.
Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades
Territoriales para decretar las exenciones contempladas en el literal b), del
artículo 1°.
Parágrafo 4°. Se entiende también las vías
“Concesionadas”.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación.[4] (subrayado fuera de texto)
Ahora bien, a partir de la modificación del precepto demandado es
improcedente en el presente caso la conformación de la unidad normativa entre
la norma acusada y la norma que la modifica, para pronunciarse acerca de la
constitucionalidad de esta última, puesto que los reparos de inconstitucionalidad
propuestos por el demandante se refieren precisamente a la supuesta
diferenciación positiva que en su sentir debió efectuar el legislador, para
incluir en las exenciones al pago de tasas, tarifas y peajes por el uso de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación, a las máquinas de bomberos,
ambulancias y los vehículos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el
INPEC y el DAS, por cuanto son ellos los que constituyen, en especial, el
objeto de la modificación introducida al literal b) del artículo 21 de la Ley
105 de 1993.
Tanto es así que el objetivo de la Ley 787 fue ampliar las
exenciones al pago de tasas, tarifas y peajes por el uso de la infraestructura
de transporte. Así se evidenció tanto en la exposición de motivos como durante
el trámite legislativo del respectivo proyecto.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, de iniciativa
gubernamental, se dijo:
Hemos decidido poner en consideración de
esta Honorable Corporación el proyecto de ley que aquí nos ocupa, convencidos
de la necesidad de establecer mecanismos, tendientes a facilitar y hacer menos
onerosas las actividades de socorro, ayuda humanitaria, prevención y atención
de desastres, y en general aquellas relacionadas con situaciones de calamidad
pública y doméstica que eventualmente pueden afectar a un ciudadano o a una
comunidad entera.
(...)
Igualmente, es importante mencionar la
concentración de la infraestructura hospitalaria del país, en el sentido de que
la gran mayoría de los municipios, solo ofrecen atención en primer nivel, lo
que obliga a que la atención de pacientes con cierto nivel de complejidad
médica, sean con mayor frecuencia trasladados de manera inmediata a los
hospitales que atienden tercer y cuarto niveles y que generalmente están
ubicados, en las ciudades capitales de departamento.
No son pocas las veces en que un carro de
bomberos, una ambulancia o un vehículo de rescate de los organismos de socorro
antes de atender el llamado urgente de un infortunado ciudadano o de una
comunidad vecina en desgracia, deben sus maquinistas, operarios o conductores
hacer verdaderas colectas o recurrir a las personas que hacen el llamado o
necesitan el servicio para lograr los dineros con que se asumen los costos de
la operación particularmente cuando para ella se debe recorrer un tramo de
carretera que exija el pago de peajes.
Otro aspecto que le concede vital
importancia al presente proyecto de ley, se encuentra enmarcado en la situación
de conflicto interno, de violencia o de guerra fratricida que esta viviendo el
país, en la que los combates, asesinatos, secuestros, masacres, bombardeos,
tomas de poblaciones, etc., se presentan lamentablemente con mayor frecuencia y
hacen que la atención de los organismos mencionados sea de gran importancia y
cada vez más reiterada, lo mismo que la de los cuerpos militares y de policía.
Cuando se presenta una emergencia y por
cosas del destino se pone en juego la vida humana, el tiempo es un factor
preponderante, y es en esos momentos de urgencia, cuando la carencia o aún el
simple olvido de dinero para cancelar un peaje, por parte de los organismos de
socorro, humanitarios y de defensa, puede ser la diferencia entre la vida  o la
muerte, de una o varias personas. Se procura entonces facilitar las soluciones
y no complicarlas con asuntos que aunque parezcan simples pueden conducir  a la
pérdida de un tiempo preciado, valioso y de oportunidades que pueden tener un
irremediable costo individual y social.
Por todo lo anterior y con la finalidad
inicialmente indicada es que consideramos apropiado que la honorable Cámara de
Representantes acoja y apruebe el proyecto en cuestión, no sin antes aclarar,
que esta iniciativa afectaría los recaudos por peajes apenas en sumas
insignificantes, nimias frente al beneficio social y humanitario que con ello
se genera.
De esto último no puede caber duda
alguna, si observamos que el texto del proyecto de ley es absolutamente claro,
restrictivo y concreto respecto de los vehículos que quedarían cobijados con la
excepción para el pago de los peajes, pues tal excepción no comprende siquiera
los vehículos de servicio administrativo de las entidades de socorro, sino que
se limita a los carros que prestan servicio operativo, debidamente
identificados, es decir, aquellos que realizan la acción de socorro o de la
Cruz Roja; a manera de ejemplo, no estarían exceptuados de pagar peajes los
carros en que habitual y rutinariamente se desplazan sus funcionarios o
miembros, sino sólo la maquinaría extintora de incendios, la de rescate o la
ambulancia que traslada al herido o al enfermo, si fuera el caso.
Tampoco el proyecto de ley permite que
los funcionarios o miembros de las entidades de socorro o seguridad social
abusen de este derecho, pues el privilegio o excepción no es de carácter
personal, lo cual les permitirá no pagar los peajes con solo identificarse como
tal, sin importar el carro que conduzcan o en que vayan, sino que la excepción
se consagra es respecto de los vehículos que se mencionan y bajo la condición que
ellos sean de propiedad de las citadas entidades de ayuda humanitaria y de
socorro, así como también de los entes oficiales de la seguridad social, de
salud, de las Fuerzas Militares y de Policía, y  que los mismos se encuentren
debidamente identificados con sus emblemas, distintivos y la correspondiente
calcomanía.[5]
Por su parte, en la Ponencia para segundo debate en la Cámara de
Representantes se señaló que el proyecto de ley busca “facilitar y hacer menos
onerosa, mediante el no pago de peajes, tarifas o tasas, las distintas
actividades de socorro, ayuda humanitaria, prevención y atención de desastres,
y en general aquellas situaciones de calamidad que afecte a cualquier colombiano
y/o colectividad y que obliguen la determinación de un desplazamiento del
cuerpo de voluntariado y/o ayuda o policial en su ayuda”[6]. Y, en la ponencia para
segundo debate en el Senado de la República, se afirmó que el proyecto de ley
“tiene el propósito de facilitar la movilización intermunicipal e
interdepartamental de vehículos que cumplen con labores de rescate, prevención,
seguridad, así como la prestación de servicios de ayuda humanitaria
imprescindibles para la sociedad civil”[7].
Según lo expuesto, ante la subrogación del precepto demandado, debe
la Corte declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo sobre la
Constitucionalidad del literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993,
modificado por el artículo 1º de la Ley 787 de 2002.
VII.
DECISION
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse inhibida para emitir
pronunciamiento de fondo sobre la Constitucionalidad del literal b) del
artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 787
de 2002.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]              Diario Oficial No. 41.158 del 30 de diciembre de
1993.
[2]   M.P. Jorge Arango Mejía y Hernando Herrera Vergara.
[3]   Corte Constitucional. Sentencia C-482-96 M.P. Jorge Arango
Mejía y Hernando Herrera Vergara.
[4]   Diario Oficial No. 45.046 del 27 de
diciembre de 2002.
[5]   Gaceta del Congreso No. 543 del 26 de octubre de 2001, págs.  4
y 5.
[6]   Gaceta del Congreso No. 131 del 24 de abril de 2002, pág. 5.
[7]   Gaceta del Congreso No. 418 del 7 de octubre de 2002, pág. 19.