T-719-00
Sentencia T-719/00
Sentencia
T-719/00
DERECHO AL MINIMO
VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Pago oportuno de mesadas pensionales
DERECHO A LA
PENSION DE JUBILACION-Situación
económica de la empresa no impide pago oportuno de mesadas
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expedientes T-271303, T-288855 y T-289032.
Acciones de tutela
instauradas por Syra García Vda de Milanes, Aida Buelvas de Tobinson y Elisa
Luna Herazo contra la Gobernación del Departamento de Bolívar.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS.
Santa Fe de Bogotá
D.C., a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil  (2000).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1.991, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
que pone fin al
proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Decisión Civil -
Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Cartagena dentro de las acciones de tutela instauradas por Syra
García Vda de Milanes, Aida Buelvas de Tobinson y Elisa Luna Herazo contra la
Gobernación del Departamento de Bolívar.
I. ANTECEDENTES.
En calidad de
pensionadas del Departamento de Bolívar, las accionantes,  instauraron acción
de tutela contra la Gobernación del citado Departamento, con el fin de obtener
la protección de sus derechos a la vida y seguridad social, para que, como
consecuencia, se ordene el pago inmediato de las mesadas adeudadas
correspondientes a los siguientes meses:
·
A la señora Syra García
Vda de Milanes quien tiene noventa y un (91) años de edad,[1] se
le adeudan los meses de noviembre y diciembre de 1998, así como los meses de
enero a julio de 1999, junto con la prima semestral del mismo año.
·
A la señora Aida
Buelvas de Tobinson quien cuenta con sesenta (60) años de edad,[2] los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1998, y los meses de enero a octubre
de 1999.
·
Finalmente, a la señora
Elisa Luna Herazo, quien tiene ochenta y ocho (88) años de edad,[3] se
le deben los meses de abril a diciembre de 1999, junto con las primas
semestrales de junio y diciembre del mismo año.
Argumentan las
accionantes que son personas de la tercera edad, que requieren permanentes
controles médicos por sus diferentes dolencias, y que carecen de los servicios
médicos básicos,  que fueron suspendidos en razón a que el Departamento no se
encuentra al día en el pago de los aportes.
Señalan por otra
parte que el no pago de la pensión les causa un perjuicio irremediable, pues de
ella derivan su sostenimiento y el de sus familias, careciendo además, de otras
fuentes de recursos económicos que les permita subsistir.
Dentro del trámite
de las diferentes acciones de tutela, el Departamento de Bolívar manifestó que
efectivamente adeuda las mesadas señaladas por las  accionantes y argumentó,
que el no pago obedece a la crisis financiera y fiscal en la  que se encuentra
el Departamento.
Por lo anterior,
solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la vida y seguridad
social, y solicitan se ordene al Departamento de Bolívar pagarles las mesadas
adeudadas, así como también que se ponga al día en el pago de los aportes por
concepto de salud.
2. Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Expediente
T-271303.
En sentencia del 31
de agosto de 1999, la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior de
Cartagena, concedió la tutela. Consideró que la demandante como persona de la
tercera edad merece especial protección por encontrarse en debilidad
manifiesta,  a causa de la mora de  la administración departamental en cumplir
con la obligación de pagar en tiempo las mesadas pensionales a que tiene
derecho, omisión que atenta contra los derechos a la vida y a la seguridad
social de la accionante. Por lo anterior, ordenó al Gobernador del Departamento
de Bolívar que en el   término de 45 días, adoptara las medidas necesarias, a
fin de proceder a cancelar las mesadas pensionales a la accionante,
correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 1998 y de enero a
julio  de 1999 y su prima semestral del mismo año. Igualmente, deberá pagar
puntualmente las mesadas que se sigan causando.
Expedientes
T-288855 y T-289032.
En fallos del 25 de
noviembre y 15 de diciembre de 1999, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Cartagena negó las tutelas. Señaló que si bien en los expedientes se encuentran
copias de las resoluciones por las cuales fueron reconocidas las pensiones de
jubilación de las accionantes, no obra prueba en los expedientes que demuestren
que son personas de la tercera edad. Por lo tanto, las tutelas no pueden
prosperar, concluyéndose que las actoras tienen otro medio judicial de defensa,
además de que  no se logró demostrar la existencia de un perjuicio
irremediable.
En cuanto a la
salud, indicó que dicho derecho no ha sido vulnerado pues, el I.S.S viene
atendiendo a la demandante, pues no obra prueba alguna en el expediente (T-288855)
de omisión en el servicio del Plan Obligatorio de Salud. En el otro expediente
(T-289032), señaló que si bien la accionante sí alegó su condición de
longeva, no lo demostró, como tampoco probó que estuviera ante un perjuicio
irremediable.
Finalmente, señala
la providencia dictada dentro del expediente             T-289032  que
no se desconoce la fecha de la resolución que reconoce la pensión de jubilación
de la accionante, “solo que en derecho las decisiones deben estar
respaldadas en pruebas regulares y oportunas allegadas al expediente, por lo
que de la simple fecha de la resolución, estima el despacho, no es documento
idóneo para dar por probada la edad avanzada de la accionante”.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1. Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos  31 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es
competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Reiteración
de jurisprudencia en relación con la afectación del mínimo vital  y seguridad
social en personas de la  tercera edad.
Esta Corporación ha
sostenido la tesis de que, si bien la tutela no es en principio el mecanismo
adecuado para hacer valer pretensiones de carácter laboral susceptibles de ser
reclamadas por otros medios judiciales, cuando quiera que se vea afectado el
mínimo vital del actor, procede el amparo, en aquellos eventos en los cuales
el  pago oportuno de las mesadas constituye la única fuente de ingresos que
brinda condiciones de vida digna y justas para las personas de tercera edad.[4]
De la misma manera,
las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran los
pensionados, quienes ya agotaron su vida útil como trabajadores, y se
encuentran excluidos del mercado laboral, con dificultad para sustituir el
único ingreso que sin lugar a dudas constituye el mínimo vital[5],
acelera la protección por esta vía.
Contra el
Departamento de Bolívar existen por los mismos motivos, las sentencias T-009,
T-238, T-381, T-102 , T-525, T-726 y T-687 de 1999.  Particularmente, en la
sentencia T-525 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz, en donde se declaró el estado
de cosas inconstitucionales para ese Departamento, ocasión en la que se
involucró a todas las autoridades departamentales en la solución a la crisis
que afronta el departamento. Dijo así la sentencia:
“La
Administración del Departamento de Bolívar, no ha sido eficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones laborales, y prueba de ello  son los  doce
meses que se les adeuda a los pensionados, no obstante todas las prevenciones
que se han hecho con anterioridad por vía de tutela,[6]
pues constantemente retarda el pago de prestaciones sociales a un grupo de
personas, que como en el caso de ahora, manifiestan claramente su imposibilidad
de volver al mercado laboral, su dependencia económica de las mesadas
pensionales y sus apremiantes condiciones de vida. Por consiguiente, debe
recordarse que por expreso mandato constitucional (artículo 209), la función
pública debe regirse por los principios de eficacia y eficiencia en el
servicio, los cuales son también pautas de comportamiento del Estado Social de
Derecho y uno de los mecanismos para desarrollar los fines esenciales del
Estado”.
En todos los casos
analizados, existe violación de los derechos fundamentales a la vida  por
existir afectación del mínimo vital respecto de las accionantes al no recibir
en forma oportuna el pago de sus mesadas, sumas que constituyen la única fuente
de ingresos para brindar condiciones de vida digna y justa para las personas de
la tercera edad, y por ende, a la seguridad social como pensionados.
Tal como lo ha
expuesto la Corte en las sentencias citadas, la Sala es consciente de la crisis
financiera que afronta el Departamento, al punto de haber tenido sus rentas
embargadas y atravesar  serias dificultades  para atender la nómina de
empleados y jubilados del Departamento. Sin embargo, una vez más la Corte se
ratifica en sus decisiones, en el sentido de no aceptar que las dificultades
presupuestales y económicas  que padecen la gran mayoría de Departamentos,
coloquen a los pensionados en situaciones de hambre y miserias absolutas.[7]
No se explica la
Corte cómo particularmente el Departamento de Bolívar, que ha sido demandado y
cuestionado por vía de tutela en varias ocasiones, no haya tomado las medidas y
previsiones necesarias para cumplir y garantizar los pagos adeudados. Por lo
anterior, se reiterará la doctrina de esta Corporación, ordenando pagos
excepcionales de acreencias laborales por vía de tutela,  advirtiéndole al
Gobernador  que debe cumplir con lo aquí ordenado, so pena de las sanciones por
desacato.
El
Departamento de Bolívar deberá asumir de manera directa la prestación de los
servicios médicos requeridos por las accionantes,  hasta tanto se encuentre a
paz y salvo con la respectiva E.P.S., en la cual se encuentran afiliadas. En la
medida en que los aportes al Sistema General en Salud son de orden parafiscal,
y el Departamento de Bolívar descuenta los respectivos aportes y no los
traslada a la correspondiente E.P.S., se ordenará compulsar copias de la
presente decisión a la Fiscalía General de la Nación para que investigue su
destinación por parte del Departamento.
Finalmente,
se ordenará a la Gobernación del Departamento de Bolívar, que dentro del
término de los tres (3) meses siguientes a la notificación de ésta providencia,
cancele lo adeudado a las demandantes, poniendo de presente que el Departamento
podrá hacer uso también del mecanismo previsto en el parágrafo 6° del artículo
2° de la Ley 549 de 1999, mediante el cual se creó el Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), el cual dispuso anticipar a
éstas entidades territoriales, los recursos que debe girarles la Nación, para
que fuesen destinados al pago de las mesadas pensionales atrasadas.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, en los expedientes T-288855 y
T-289032, mediante los cuales se negó la protección de los derechos
invocados por las accionantes. En su lugar, CONCEDER  las tutelas por
violación  al mínimo vital  y a la seguridad social en conexidad con la vida.
derecho fundamental a la seguridad social.
Segundo. ORDENAR al Gobernador del Departamento de Bolívar
que, dentro de los tres meses (3) siguientes a la notificación de la presente
providencia, cancele a las demandantes la totalidad de las mesadas adeudadas,
advirtiéndole que podrá también  hacer uso del anticipo contemplado en el
parágrafo 6° del artículo 2° de la Ley 549 de 1999.
Se previene de nuevo
al demandado para que no vuelva a incurrir en conductas como las que originaron
la instauración de las acciones de tutela en referencia.
Tercero. Tener en cuenta el
estado de cosas inconstitucionales que  se declaró para el Departamento de
Bolívar mediante la sentencia T-525 de 1999, en orden a corregir dentro de los
parámetros constitucionales y legales, la falta de previsión presupuestal que
afecta la puntual cancelación de las mesadas pensionales de los ex empleados
del Departamento demandado.
Cuarto. ADICIONAR
la decisión de la Sala de
Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior de Cartagena en el caso de la
señora Syra García Vda de Milanes (expediente T-271303), y tutelar
el derecho a la salud.
Igualmente TUTELAR
el derecho a la salud de las demandantes Aida Buelvas Tobinson y Elisa Luna
Herazo (expediente T-288855 y            T-289032) para lo cual se ORDENARÁ
al Departamento de Bolívar asumir de manera
directa la prestación de los servicios médicos requeridos por las accionantes y
sus beneficiarios, hasta tanto el Departamento se encuentre a paz y salvo con
la respectiva E.P.S., en la cual se encuentran afiliadas las demandantes.
Quinto. El desacato a lo aquí dispuesto, se
sancionará por el correspondiente juez de primera instancia, en los términos
previstos por el artículo 52 de decreto 2591 de 1991.
Sexto. Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver a folio 5 del expediente, fotocopia de la cédula
de ciudadanía cuya fecha de nacimiento es el 3 de agosto de 1909. Expediente T-289032.
[2] Ver a folio 3 del expediente, Resolución
de reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación, en la cual se indica
como fecha de nacimiento el 9 de noviembre de 1940. Expediente T-288855.
[3] Ver a folio 4 del expediente, Resolución
de reconocimiento de pensión en la cual se señala el 2 de mayo de 1912, como
fecha de nacimiento. Expediente T-289032.
[4] Sentencia Corte Constitucional  T-286/99
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] Sentencias Corte Constitucional T-323 de
1996, T-299 de 1997 y T-397 de 1999 entre otras.
[6] Contra el departamento de Bolívar
existen las sentencias T-009,T 238, T-381 y T-102 de 1999.
[7] Sentencia Corte Constitucional T-286/99
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.