T-678-15
Sentencia T-
Sentencia T-678/15
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Presupuestos
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa
DERECHO
A LA SALUD-Doble connotación al ser un derecho fundamental y
al mismo tiempo un servicio público
El artículo 49 de la Constitución
Política de 1991 establece la obligación en cabeza del Estado de garantizar a
todas las personas la atención en salud que requieran y, por ello, le ha
encargado la tarea de diseñar, implementar y vigilar la ejecución de las
políticas públicas que se requieran para el cumplimiento de este mandato. Por
lo anterior, es posible afirmar que la salud en Colombia tiene una doble
connotación: por un lado, es un derecho fundamental del que son titulares todas
las personas y, por otro, es un servicio público esencial que debe ser
garantizado por el Estado.
FUNDAMENTALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Principios rectores como eficiencia,
universalidad y solidaridad
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-Contenido/PRINCIPIO DE
INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Alcance
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS
Como es bien sabido, los derechos fundamentales de los niños
y niñas prevalecen sobre los de los demás, en virtud del artículo 44 de la
Constitución Política, al punto que la Carta establece explícitamente el
carácter fundamental de los derechos a la vida, la integridad física, la salud
y la seguridad social de los menores de edad. Del mismo modo, dicho artículo
dispone que la sociedad, la familia y el Estado tienen la obligación de asistir
y proteger a los menores para asegurar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. En vista de la previsión constitucional
mencionada y de las obligaciones internacionales que ha asumido Colombia en lo
que respecta a la protección de los niños y niñas, esta Corporación ha sido
enfática en afirmar que los menores son sujetos de especial protección
constitucional, lo cual implica que sus derechos tienen carácter prevalente cuando
se encuentren en conflicto con otros intereses. La obligación de proteger los
derechos de los niños de manera prevalente aplica del mismo modo
al juez constitucional, quien tiene el deber de modular o inaplicar las
disposiciones que restrinjan el acceso a los servicios que requieran los
menores, en caso de que se compruebe que en el caso concreto estas operan en
contra de los intereses de estos sujetos de especial protección. De allí
que sea posible concluir que “en
síntesis, los infantes requieren de una atención en salud idónea, oportuna y
prevalente, respecto de la cual toda entidad pública o privada tiene la
obligación de garantizar su acceso efectivo a los servicios como lo ordena el
artículo 50 superior, en
concordancia con los principios legales de protección integral e interés
superior de los niños y niñas”.
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Naturaleza jurídica
Dentro del ordenamiento aplicable al Sistema de
Seguridad Social en Salud, se ha contemplado las figuras de copagos, cuotas
moderadoras y de recuperación como pagos que deben realizar los usuarios del
sistema con el fin de contribuir con su financiación, así como racionalizar el
uso de los servicios del mismo. El cobro de este tipo de desembolsos ha sido considerado
ajustado a la Constitución por esta Corporación, siempre y cuando no se
constituyan en una barrera al acceso fundamental a la salud, por lo que en
determinados casos se ha aceptado la posibilidad de eximir a un usuario de esta
responsabilidad económica. Al respecto,
es necesario mencionar las diferencias que existen entre los dos regímenes
contemplados por la Ley 100 de 1993 para efectos de los mencionados pagos. Así,
las personas pertenecientes al régimen contributivo tienen el deber de cancelar
copagos y cuotas moderadoras, sin que sea posible que se cobren
simultáneamente para un mismo servicio. Por su parte, las personas afiliadas a
través del régimen subsidiado tienen la carga de contribuir a la financiación
del sistema a través de copagos y cuotas de recuperación, pero por el hecho de
pertenecer a poblaciones vulnerables o no contar con la suficiente capacidad
económica, el Estado subsidia total o parcialmente dicha contribución.
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Casos en que procede exoneración
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-No pueden convertirse en una barrera para el acceso a los
servicios de salud cuando el usuario no está en la capacidad de sufragar su
costo
ACCION DE TUTELA PARA ORDENAR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES
O PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCESO A TRATAMIENTO MEDICO O MEDICAMENTO
EXCLUIDO DEL POS-Criterios constitucionales para acceder a
servicios no POS
COBERTURA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO
DE PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Reiteración
de jurisprudencia
INCAPACIDAD ECONOMICA EN MATERIA DE SALUD-Reglas jurisprudenciales sobre la prueba
JUEZ CONSTITUCIONAL-Facultad oficiosa para esclarecer las
actuaciones u omisiones que amenazan o vulneran derechos fundamentales
Siguiendo con el precedente reiterado por la mencionada T-255
de 2015, el juez de tutela es un garante activo de los derechos fundamentales
y, por eso, desde la admisión de la acción constitucional debe procurar, entre otras cosas, (i) interpretar adecuadamente la solicitud de tutela, analizando
íntegramente la problemática planteada; (ii) identificar cuáles son los hechos
generadores de la afectación y sus posibles responsables; (iii) integrar
debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas entidades que
puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento
de una eventual orden de amparo; (iv) decretar y practicar de oficio las
pruebas que resulten necesarias para despejar la incertidumbre fáctica y
jurídica que se cierna sobre la verdad real materia de examen; (v) dictar
medidas cautelares cuando advierta la necesidad de evitar que la amenaza
contra un derecho fundamental se transforme en vulneración o, que habiéndose
constatado la existencia de una infracción iusfundamental, ésta se torne más
gravosa para la integridad de los bienes constitucionales invocados. Para ello
debe ordenar “todo lo que considere procedente para proteger los derechos
fundamentales y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del
solicitante”; (vi) valorar la situación de vulnerabilidad de las personas y
considerar sus condiciones materiales de existencia, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política y; (vii) proteger
adecuadamente y conforme a los hechos probados en el proceso, aquellos derechos
vulnerados o amenazados, incluso si el accionante no los invocó.
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA Y POLIZA DE SEGUROS-Diferencias
CONTRATO DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA-Preexistencias
CONTRATO DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA-Obligación de realizar exámenes médicos antes de la
celebración a fin de determinar las preexistencias
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DEL MENOR-Orden
a EPS autorizar estudio de caso de menor con miras a que se realice cirugía
reconstructiva de rostro, si el dictamen es favorable, autorizar y
realizar dicha intervención
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DEL MENOR-Orden
a EPS expedir autorizaciones que menor requiera para que sea atendido por un
profesional en psicología
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Orden
a EPS autorizar servicio de enfermería permanente
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Orden
a EPS autorizar suministro diario de pañales
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DEL MENOR-Orden
a EPS autorizar servicio de transporte para menor y acompañante adulto, ida y
vuelta, desde hogar del accionante hasta instituto para ciegos y sordos
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA QUE SUFRE DE
OBESIDAD-Orden a compañía de seguros autorizar procedimiento denominado
“Gastrectomía Tipo Sleeve por Laparoscopia” en el marco de la póliza del seguro
de salud celebrada con el accionante
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Carencia actual de
objeto por fallecimiento de accionante
Referencia: Expedientes T-5.046.747, T-5.050.455, T-5.053.956, T-5.055.084,
T-5.058.627 y T-5.061.429 (Acumulados)
Acción de
tutela interpuesta por Ruby Marina Rodríguez contra Caprecom E.P.S.; Luz Marina
Melo de Zapata contra Sanitas E.P.S.; Alba del Socorro Atehortúa contra Nueva
E.P.S.; Ángela María Pérez contra Salud Total E.P.S.; Andrés
Mauricio Fonseca contra MetLife Compañía de Seguros S.A. y Blanca Cecilia
Castillo contra Capital Salud E.P.S.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., tres
(3) de noviembre de 2015.
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos dentro de los expedientes: T-5.046.747, por el Juzgado Cuarto de
Familia de Barranquilla en única instancia; T-5.050.455, por el Juzgado
20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali en primera
instancia y el Juzgado 3 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali
en segunda instancia; T-5.053.956, por el Juzgado 29 Administrativo Oral
del Circuito de Medellín en única instancia; T-5.055.084, por el Juzgado
5 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cali en única instancia; T-5.058.627,
por el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá en primera instancia y
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad en segunda instancia, y
T-5.061.429, por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en
primera instancia y el Consejo Superior de la Judicatura en segunda.
I.
ANTECEDENTES
Los
accionantes mencionados en la referencia acuden a la acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la salud, la
vida en condiciones dignas y la seguridad social, que consideran desconocidos
por las Entidades Promotoras de Salud a las cuales están afiliados, con base en
los antecedentes que a continuación se describen:
Del
expediente T-5.046.747
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
1. La señora
Ruby Marina Rodríguez Navarro instauró acción de tutela, en representación de
su hijo menor Esneider Prenth Rodríguez contra la EPS Caprecom, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y la seguridad social.
2. Señaló que
Esneider es un joven de 12 años de edad, que nació con una malformación
congénita diagnosticada como “microsomia hemifacial lado izquierdo”, que
desde su nacimiento, y hasta la fecha de presentación de la tutela, ha sido de
gran impacto y padecimiento psicológico por las malformaciones que ha generado
en su cara. Igualmente, relata que desde sus primeros años ha sido sometido a
múltiples cirugías en procura de su mejor calidad de vida y apariencia.
3. Indicó que
desde el año 2012 Caprecom EPS se ha comprometido a realizarle una cirugía
junto con los procedimientos dirigidos a la reconstrucción de rostro del menor,
y que, en más de tres ocasiones ha cancelado los pagos exigidos para la
realización del procedimiento.
4. En igual
sentido, alega que desde el año 2012 el doctor Carlos Prado, cirujano
maxilofacial, solicitó a Caprecom EPS la remisión del niño a los niveles de
atención 3 y 4, para la práctica de una cirugía de reconstrucción del rostro
del menor, por parte de un equipo multidisciplinario compuesto por el cirujano
plástico de cabeza, cuello, otorrinolaringología maxilofacial. Adicionalmente,
sugirió la realización del procedimiento en el Hospital cancerológico de Bogotá
o en el Hospital San Vicente de Paul de Medellín.
5. Sostiene que
lleva más de 3 años gestionando trámites, y reitera que luego de efectuar en 3
ocasiones diferentes los copagos solicitados por la entidad, la EPS no ha
realizado la programación de la cirugía. Finalmente, afirma que se encuentra en
una situación económica precaria debido al pago de los co-pagos cobrados por la
EPS accionada, y que adicionalmente, debe lidiar con la difícil situación de
frustración que afronta su hijo por las malformaciones que padece.
6. Por lo
anterior, solicita al juez constitucional que ordene a la accionada la
realización de la mencionada cirugía, así como la prestación de los
tratamientos post-operatorios que su hijo requiera.
2. Pruebas relevantes
aportadas con la acción de tutela
-
Órdenes médicas especificando diagnóstico y
tratamientos para el menor Esneider Jesús Prenth, que incluyen aquellas por las
que se solicita autorización para intervenciones quirúrgicas a cargo de un
especialista en cirugía plástica.
4. Respuesta
de las entidades accionadas
La accionada no
emitió respuesta a las pretensiones elevadas por la accionante.
5. Decisiones
judiciales objeto de revisión
Mediante
providencia del siete de mayo de 2015, el Juzgado Cuarto de Familia de
Barranquilla decidió negar el amparo solicitado por la señora Ruby Rodríguez
Navarro a favor del menor Esneider Prenth Rodríguez, por considerar que si bien
el médico tratante ordenó la realización de una cirugía reconstructiva de
rostro con un equipo multidisciplinario de especialistas, no se logró acreditar
que dicho procedimiento hubiese sido suspendido con ocasión de algún trámite o
por falta de disponibilidad presupuestal de CAPRECOM E.P.S. De este modo, el
juez no consideró probada la vulneración de los derechos fundamentales alegada.
Dicha decisión
no fue impugnada, por lo que no se surtió trámite de segunda instancia.
Del
expediente T-5.050.455
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
1. La señora Luz
Marina Melo de Zapata instauró acción de tutela, como agente oficiosa de su
padre el señor Álvaro Melo Solano, en contra de la EPS Sanitas, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y la
dignidad humana.
2. La agente
manifiesta que su padre, de 88 años de edad, padece de “alzaheimer”,
razón por la cual necesita de una persona que lo acompañe debido a las
limitaciones físicas y mentales derivadas de su enfermedad. Dentro de su
diagnóstico se señala que padece “severo síndrome cognitivo, motor de rango
demencial concomitante con graves alteraciones sensoriales motoras” que le
han generado una grave discapacidad. Agrega que es paciente “anticoagulado”
con control de medicamento y atención permanente para ir al baño, toma de
presión por hipertensión arterial aguda, depresión, poli-neuropatía idiopática,
síndrome cordonal posterior y demencia senil.
3. Sostiene que
ha acudido a múltiples especialistas de la salud, y que en un derecho de
petición dirigido a la EPS Sanitas, el 30 de octubre de 2014, solicitó el
servicio de enfermería domiciliaria 24 horas con base en el concepto de
especialistas antes consultados. Sin embargo, la EPS negó el servicio aduciendo
que lo requerido por su padre era un servicio de cuidador, el cual se encuentra
excluido del POS y, por consiguiente, del ámbito de protección de las entidades
promotoras de salud.
4. La agente
alega que los médicos que indicaron los tratamientos no estaban adscrito a la
EPS pero que sobre este tema, la Corte Constitucional ha señalado que los
conceptos médicos de los profesionales de la salud externos a la EPS son
válidos hasta que la EPS demuestre lo contrario.
2. Pruebas
relevantes aportadas con la acción de tutela
-
Copia de documento denominado “Notas de Consulta
General”, elaborado por profesionales médicos adscritos a la Fundación Valle
del Lilli, en el que se “solicita evaluación por el grupo de medicina
domiciliaria con el fin de indicar la mejor asistencia posible que atenúe las
complicaciones sistémicas propias” del estado neurológico del señor Melo
Solano.
-
Copia de fórmula médica elaborada por
profesionales adscritos a Medical Group, en la que se recomienda “atención
integral (…) con cuidados de enfermería.
-
Formato de atención de consulta domiciliaria
elaborada por profesionales de la empresa Red Vida, en la que se detallan los
síntomas del paciente, así como la recomendación de que sea atendido por un
cuidador domiciliario las 24 horas.
-
Copia de derecho de petición dirigido a SANITAS
E.P.S. por el cual se solicitó a esta entidad la prestación del servicio de
enfermería domiciliaria 24 horas a favor del agenciado.
-
Copia de la contestación realizada por la E.P.S.
al anterior derecho de petición, negando la solicitud por considerar que la
figura de cuidador se encuentra excluida del Plan Obligatorio de Salud y que,
además, la solicitud fue revisada por un Comité Técnico Científico que
determinó rechazar la petición por la misma razón.
4. Respuesta
de las entidades accionadas
A través de
escrito radicado el 10 de diciembre de 2014, la E.P.S. accionada respondió a la
acción interpuesta indicando la diferencia entre “enfermera” y “cuidador”,
señalando que estas son categorías excluyentes, por cuanto este último se
refiere al trabajo que puede ser desempeñado por cualquier familiar del
paciente y, por tanto, no se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de
Salud.
En ese sentido,
dado que se ha probado que el agenciado no requiere los servicios de enfermería
sino de cuidador, solicitó al juez desestimar las pretensiones, habida cuenta
de que la accionante parece vivir en un barrio de estrato cinco, con lo cual
tampoco aparece probada la ausencia de recursos económicos para cubrir las
necesidades de su padre.
5. Decisiones
judiciales objeto de revisión
El Juzgado 20
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, mediante
providencia del 18 de diciembre de 2014, resolvió negar la acción de tutela
instaurada por la señora Luz Melo de Zapata a favor de su padre, por considerar
que la accionada había prestado todos los servicios requeridos por el paciente
dentro del ámbito de sus facultades y que, en lo que respecta a la solicitud
del servicio de enfermería, no era dable acceder a la pretensión al no existir
orden del médico tratante adscrito a la E.P.S. y al haber sido negada la
petición por un Comité Técnico Científico. Luego de haber sido apelada por la
accionante, la decisión fue conocida en segunda instancia por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Cali, que decidió confirmar la providencia del a
quo apoyándose en argumentos similares a los esgrimidos por éste.
Del
expediente T-5.053.956
1. La señora
Alba del Socorro Atehortúa Arias indica que su madre, Otilia Arias de
Atehortúa, tiene 91 años y se encuentra vinculada al régimen contributivo de
salud a través de la Nueva EPS. La señora Arias padece de múltiples
enfermedades tales como demencia senil, enfermedad de Alzheimer e hipertensión
arterial que han tenido como consecuencia, entre otras, la imposibilidad para
controlar sus esfínteres.
2. Manifiesta
que el médico tratante de su madre le ordenó el uso diario de pañales
desechables, dado que la humedad puede generar infecciones urinarias que
agravarían aún más la situación de la señora, quien no puede moverse por sí
misma. Por lo anterior, la peticionaria solicitó a la E.P.S. que le
suministrara los mencionados pañales a la paciente mediante escrito radicado el
24 de octubre de 2014. La entidad, sin embargo, negó la solicitud argumentando que
no existía un concepto emitido por el Comité Técnico Científico que avalara
dicho suministro de insumos.
3. Frente a lo
anterior, la accionante argumenta que el derecho de petición presentado tenía
por objeto, precisamente, que el caso fuera evaluado por el Comité Técnico
Científico, pero al no haber dado una respuesta clara ni afirmativa, la señora
Arias no ha podido disponer de los pañales con la regularidad necesaria ya que
su familia no cuenta con los recursos para sufragar dicho gasto, por cuanto su
único ingreso proviene de la pensión de la misma señora. En vista de lo
anterior, la señora Atehortúa interpuso acción de tutela contra la mencionada
E.P.S. y la Secretaría de Salud del departamento de Antioquia, con el fin de
que sean protegidos los derechos fundamentales de su señora madre y se le
ordene a Nueva E.P.S. que suministre los pañales que fueron ordenados por el
médico tratante.
2. Pruebas
relevantes aportadas con la acción de tutela
- Copia de
historia clínica de la agenciada con énfasis en los problemas médicos asociados
al diagnóstico de demencia senil.
- Copia de la
respuesta dada por la E.P.S. accionada a la señora Otilia Arias, negando la
solicitud de suministro de pañales desechables en vista de que no se ha
realizado el trámite necesario ante el Comité Técnico Científico.
4. Respuesta
de las entidades accionadas
La Nueva E.P.S.
respondió a las pretensiones indicando que no existe orden del médico tratante
que haya prescrito la necesidad de que a la paciente se le suministren pañales
desechables y que tampoco existe prueba de que la accionante hubiese agotado la
vía administrativa necesaria para solicitar el mencionado suministro.
Finalmente, resaltó que, en todo caso, este tipo de elementos de aseo no se
encuentran cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. Por lo anterior,
solicitó declarar la no vulneración de derechos fundamentales por parte de la
entidad y, por ende, negar el amparo deprecado.
Por su parte, la
Secretaría Seccional de Salud de Antioquia indicó que no era de su competencia
la prestación de servicios de salud a la agenciada, en vista de que ésta se
encontraba afiliada al régimen contributivo y no al subsidiado. Por esa razón,
solicitó ser exonerada de cualquier obligación con respecto a los servicios sanitarios
que requiriese la señora Arias de Atehortúa.
5. Decisiones
judiciales objeto de revisión
Mediante
sentencia del 29 de marzo de 2015, el Juzgado 29 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín decidió negar las pretensiones solicitadas por considerar
que del material probatorio que obra en el expediente no era “posible deducir
una situación real de trasgresión de los derechos fundamentales de la
accionante para loa cuales solicita su protección, por cuanto no se evidencia
una razón objetiva y clara que compruebe una amenaza cierta y contundente en
contra de sus derechos”, teniendo en cuenta que los pañales solicitados no
habían sido prescritos por el médico tratante de la señora Otilia Arias de
Atehortúa ni se había surtido el trámite administrativo correspondiente ante la
E.P.S. accionada.
Esta providencia
no fue impugnada, por lo cual no surtió trámite de segunda instancia.
Del
expediente T-5.055.084
1. La señora
Ángela María Pérez López indica que su hijo David González Pérez, de 4 años de
edad, está afiliado a Salud Total E. P. S. El menor nació el 4 de abril de 2011
a las 38 semanas de gestación, en un parto expulsivo que le causó una hipoxia
perinatal teniendo consecuencias negativas en sus pulmones así como
provocándole un retraso psicomotor y de lenguaje. Luego de sucesivas
hospitalizaciones por problemas respiratorios, el menor ha seguido presentando
alergias y ha requerido de terapias para tratar estas dolencias.
2
Posteriormente, el menor fue diagnosticado con cataratas congénitas bilaterales
en su ojo derecho a los 7 meses de edad y, más tarde, desarrolló un glaucoma secundario
por lo que se le debió practicar una “iridectomía” que lo dejó ciego del
ojo afectado; luego, al cumplir un año, fue intervenido en su ojo izquierdo. Todas
las anteriores complicaciones han provocado en el niño una severa pérdida de
visión que ha requerido la adquisición de gafas especiales.
3 La accionante
manifiesta que al cumplir 2 años de edad, su hijo fue ingresado al programa de
rehabilitación que ofrece el Instituto Para Niños Ciegos y Sordos del Valle del
Cauca. Sin embargo, indica que su familia se encuentra en una situación
económica difícil, en vista de que no puede trabajar por dedicarse al cuidado
de su hijo, mientras que su marido gana un salario mínimo, además de tener que
velar por sus otros dos hijos aparte del menor agenciado. Por lo anterior,
solicitó a la E.P.S. que se le prestara el servicio de transporte para poder
asistir junto con el menor a las respectivas terapias de rehabilitación en
vista de la precariedad del transporte público y de que no cuenta con el dinero
para pagar un transporte particular.
4 La E.P.S.
Salud Total respondió a su solicitud el 13 de marzo de 2015, negando la
petición de transporte argumentando que esta prestación no se encuentra
contemplada en el POS. Por ese motivo, la señora Pérez acudió a la acción de
tutela en calidad de agente oficiosa de su hijo, con el fin de proteger sus
derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y a la dignidad y solicitando
que se ordene a la mencionada entidad de salud que i) preste el servicio de
transporte ida y regreso desde su lugar de residencia hasta el centro de
rehabilitación así como a las citas que necesite, ii) la exonere de copagos y
tarifas correspondientes a citas y procedimientos médicos y iii) garantice
todos los tratamientos y prestaciones que sean ordenadas por los médicos
tratantes.
2. Pruebas
relevantes aportadas con la acción de tutela
-
Copia de certificación del Instituto para Niños
Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, en la que se indica que el menor David
González Pérez se encuentra inscrito en el Programa de Rehabilitación de dicha
entidad, al que asiste de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1.00 p.m.
-
Certificado de discapacidad del menor González
Pérez, expedido por el doctor Manuel Burbano, médico laboral adscrito a Salud
Total E.P.S.
-
Copia de derecho de petición presentado en
febrero de 2015, por el cual la accionante solicita a la E.P.S. la prestación
del servicio de transporte ambulatorio.
-
Copia de la contestación emitida por la
accionada, negando la solicitud por no cumplir con los requisitos legales para
acceder a tal servicio.
-
Copia de historia clínica del menor, elaborada
por profesionales adscritos a la Clínica de la Visión del Valle S.A.S.
-
Copias de autorizaciones de consultas
paramédicas a favor del agenciado y expedidas por la E.P.S. accionada, con el
fin de que le sean prestadas sesiones de terapia ocupacional al menor.
4. Respuesta
de las entidades accionadas
Mediante escrito
del 5 de mayo de 2015, la entidad accionada dio respuesta a las pretensiones
indicando que el paciente no tiene orden médica para el servicio de transporte
solicitado y ni siquiera ha sido autorizado por la E.P.S. el tratamiento que
recibe en la Institución para Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Por lo
anterior, la E.P.S. indicó que el servicio prestado por dicha institución es de
carácter educativo y no sanitario, de forma que sus costos no pueden ser
asumidos por la accionada. Del mismo modo, la E.P.S. aclara que el paciente no
tiene orden médica de tratamiento quirúrgico para su patología de base
(cataratas).
5. Decisiones
judiciales objeto de revisión
A través de
fallo proferido el 05 de mayo de 2015, el Juzgado Quinto Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Cali decidió negar el amparo deprecado por
considerar que la entidad accionada ha prestado todos los servicios requeridos
por el menor. Por otro lado, en lo que respecta a la solicitud de transporte,
el juez de primera instancia acogió los argumentos presentados por la E.P.S. en
el sentido de que no existe autorización del médico tratante para la prestación
de servicios en el Instituto para Ciegos y Sordos ni para el mencionado
servicio de traslados. Lo anterior, sumado al hecho de que no se halla prueba
de que la accionante no cuente con los recursos necesarios para solventar los
gastos que genera los traslados del menor, llevaron al despacho a denegar las
pretensiones.
El fallo no
surtió trámite ante la segunda instancia, al no haber sido impugnado por
ninguna de las partes.
Del
expediente T-5.058.627
1. El señor
Andrés Mauricio Fonseca Perdomo, de 35 años, se encuentra afiliado a Café Salud
E.P.S. y a METLife a través de un convenio con la empresa DHL, para la que
trabaja hace ocho años.
2. Luego de ser
valorado por un equipo médico interdisciplinar, los profesionales dictaminaron
la necesidad de que al señor Fonseca le sea practicada una cirugía bariátrica
con el fin de tratar su sobrepeso. A pesar del dictamen médico, la empresa
METLife negó el cubrimiento de los costos de la mencionada cirugía por
considerar que su necesidad deriva de una preexistencia no amparada por el
contrato de seguro, mientras que la E.P.S manifiesta que el procedimiento no se
encuentra en el POS y, por tanto, es necesario que su pertinencia sea evaluada
por un Comité Técnico Científico.
3. En concepto
del señor Fonseca, ésta última opción no es viable pues implica volver a
empezar todo el proceso diagnóstico, lo cual tomaría un tiempo demasiado largo
frente a la urgencia con la que se requiere practicar la cirugía. Por lo
anterior, el paciente interpuso acción de tutela con el fin de proteger sus
derechos fundamentales a la salud y a la vida, solicitando al juez
constitucional que ordene a las entidades accionadas la realización de la
cirugía baríatrica sin más dilaciones.
4. Sustenta su
petición en el hecho de que no tiene recursos económicos para costear el
procedimiento por su propia cuenta y en que su calidad de vida se deteriora
cada vez más, al punto de que padece de apnea de sueño, gastritis crónica o
metaplasia intestinal, esofagitis grado B, síndrome metabólico y artrosis de
rodillas, entre otras dolencias derivadas del sobrepeso crónico.
2. Pruebas
relevantes aportadas con la acción de tutela
- Historia
Clínica elaborada por profesionales médicos del Hospital Universitario de la
Fundación Santa Fe de Bogotá. Detalle de las complicaciones de salud derivadas
de sobrepeso crónico. Se resalta su diagnóstico como candidato a cirugía
bariátrica.
- Carta de
MetLife de 27 de febrero de 2015 por la cual se niega la solicitud de
cubrimiento de la cirugía briátrica solicitada por el accionante.
- Copias de
diversos resultados de examen diagnósticos.
4. Respuesta
de las entidades accionadas
La empresa
MetLife respondió a la acción impetrada aclarando, en primer lugar, que ésta es
una compañía de seguros y no de medicina prepagada. Por otro lado, indicó que
al accionante le fue diagnosticada la enfermedad de obesidad grado II con
anterioridad a que hubiese tomado una póliza de salud con dicha empresa, por lo
cual esa condición puede ser considerada como una condición preexistente que no
está cubierta por la mencionada póliza, según los términos y condiciones que
aparecen en el contrato de seguro suscrito entre la accionada y el señor
Fonseca. Finalmente, la empresa aseguró que la obesidad padecida por el
accionante no es mórbida y no lo ha puesto en peligro de muerte, por lo que el
señor Fonseca dispone de otros tratamientos distintos a la mencionada cirugía.
Así las cosas, la empresa accionada solicitó su desvinculación de la acción por
considerar que el tratamiento de la enfermedad del accionante depende, en
primer lugar, de su cuidado personal y “luego como afiliado al POS, y no del
plan médico adicional tomado como beneficio extralegal por su empleador con la
Compañía Aseguradora” que, como ya se dijo, excluye el cubrimiento por
condiciones preexistentes.
Por su parte, la
Fundación Santa Fe de Bogotá, que fue vinculada a la acción por el juez de
primera instancia, alegó ausencia de vulneración de derechos fundamentales por
el accionar de sus profesionales médicos, en vista de que al peticionario le
fueron prestados todos los servicios que requeridos en el marco del contrato de
seguros celebrado entre el accionante y MetLife. En ese sentido, el
representante de la Fundación señaló que esos servicios sanitarios se prestaron
en virtud de un acuerdo de carácter, sin que éstos debieran ser equiparables a
los cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. Finalmente, la Fundación aclaró
que hasta el momento de la presentación de la acción, no contaba con convenio
vigente para la atención de afiliados a Cafesalud E.P.S.
Cafesalud E.P.S.
solicitó ser desvinculada de la acción por considerar que no había vulnerado
los derechos del actor, en tanto que este no había acudido a los servicios de
la E.P.S. en procura de la autorización del servicio requerido. En ese sentido,
al no existir orden del médico tratante adscrito a esa entidad y no tener
conocimiento de la condición del peticionario, la E.P.S. considera que no puede
ser responsabilizada de la controversia planteada.
5. Decisiones
judiciales objeto de revisión
A través de
sentencia de primera instancia proferida el 27 de marzo de 2015, el Juzgado
Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá decidió amparar el derecho fundamental
a la salud del señor Andrés Fonseca, ordenando a MetLife Seguros de Vida S.A.
que dentro de las 48 siguientes a la notificación de esa providencia,
procediera a autorizar la realización del procedimiento denominado
Gasteroctomía Tipo Sleeve por Laparoscopia, solicitado por el accionante. Para
llegar a esta resolución, el Juzgado argumentó que no le fueron practicados
exámenes al accionante, previos a la celebración del contrato de seguro y, por
lo tanto, no se verificó la existencia de preexistencias por lo que “no puede
ahora admitirse que a través de la revisión de la historia clínica de manera
genérica se excluya la atención del padecimiento del actor”.
Luego de haber
sido apelada por la accionada, la decisión fue conocida en segunda instancia
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito que mediante providencia del 12 de
mayo de 2015 revocó la sentencia del a quo argumentando que la cirugía
solicitada por el accionante era de tipo estético, por lo que estaba excluida
explícitamente de la póliza de seguros a través de su cláusula segunda, que de
manera expresa indica que MetLife no se compromete a cubrir los gastos
derivados de procedimientos estéticos.
Del expediente
T-5.061.429
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
1. La señora
Blanca Cecilia Castillo, actuando como agente oficiosa de su madre Ester
Castillo, instauró acción de tutela contra Capital Salud EPS, por considerar
que esta entidad ha vulnerado sus derechos fundamentales a la salud y la vida
digna.
2. Señaló que la
señora Ester Castillo cuenta con 93 años de edad, y en la actualidad se
encuentra en situación de discapacidad por tratarse de una paciente senil,
invidente, con cuadro de “osteo-artrosis general degenerativa”.
3. Por sus
padecimientos Ester depende totalmente de Blanca Cecilia para realizar sus
actividades básicas, con el agravante de no poder controlar sus esfínteres,
razón por la que debe utilizar permanentemente pañales.
4. Blanca
Cecilia alega que actualmente está enferma, cuenta con 58 años de edad, se
encuentra desempleada desde hace más de 10 años, y no recibe ningún tipo de
ingreso económico para sufragar los costos que generan la compra permanente de
los pañales que necesita Ester.
5. Manifiesta
que el 25 de octubre de 2014, el médico Rubén Moya Castellanos emitió formula
en la que ordenó la utilización de pañales para Ester, en cantidad de 6
unidades diarias, es decir 180 mensuales.
6. Por lo
anterior, solicita que se le amparen los derechos a la salud y la vida digna,
pues la ausencia de suministro de los pañales prescritos causa quemaduras y
llagas en el cuerpo de la agenciada.
2. Pruebas
relevantes aportadas con la acción de tutela
- Historia
Clínica de la agenciada elaborada en el Hospital de Usme I Nivel E.S.E, con
detalle de su estado de salud y las diferentes condiciones médicas que
presenta.
4. Respuesta
de las entidades accionadas
Dado que
mediante auto admisorio del 12 de diciembre de 2014 la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó continuar
con el trámite de la acción y vincular al Hospital de Usme I Nivel E.S.E., a la
Secretaría Distrital de Salud, al Fondo Financiero Distrital de Salud y a la
Alcaldía Distrital, se recibieron respuestas de algunas de estas entidades
aparte de la accionada con el escrito de tutela.
Así, la E.P.S.
Capital Salud respondió indicando que había prestado todos los servicios
incluidos en el POS-S a la agenciada y manifestó que, dado que los pañales
desechables se encuentran excluidos del mencionado Plan Obligatorio, no es
deber de la E.P.S. su prestación sino de la Secretaría Distrital de Salud. Por
tanto, al considerar que con su accionar no vulneraron ningún derecho
fundamental de la señora Ester Castillo, solicitaron su desvinculación de la
acción de tutela interpuesta.
Por su parte, el
Hospital de Usme contestó diciendo que en la I.P.S se habían prestado todos los
servicios requeridos por la señora Castillo y que la entrega de medicamentos y
suministros es responsabilidad de la E.P.S. Capital Salud, por lo cual solicita
que se declare que el Hospital no vulneró los derechos fundamentales de la agenciada.
Finalmente, la
Secretaría Distrital de Gobierno se pronunció argumentando que la necesidad de
los pañales no había sido sustentada ante un Comité Técnico Científico lo cual
es necesario para la eventual aprobación de un suministro no incluido en el
POS, por lo que a su juicio, no se evidenció vulneración alguna.
5. Decisiones
judiciales objeto de revisión
Mediante
sentencia del 16 de enero de 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá decidió conceder en primera
instancia el amparo solicitado a favor de la señora Ester Castillo, al
considerar que los pañales requeridos resultaban “de vital importancia” para
garantizar los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana de la
agenciada, dada su situación de salud. Por tanto, ordenó a Capital Salud E.P.S.
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de fallo
procediera a autorizar y suministrar los pañales desechables solicitados por la
accionante para la señora Castillo; igualmente, autorizó a la E.P.S. para que
realizara el respectivo recobro al Fondo Financiero Distrital de Salud.
Ente la
impugnación presentada por la E.P.S. accionada, la acción fue conocida en
segunda instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, que en providencia del 15 de abril de 2015 decidió confirmar el
amparo pero modificar la orden dada por la primera instancia, indicando que la
E.P.S. adquiría la obligación de autorizar la entrega de pañales y remitir a la
señora Castillo a la Secretaría Distrital de Salud para que esta última
definiera “la red dispuesta” para hacer entrega de los insumos. Igualmente, se
ordenó a ésta Secretaría que llevara a cabo las acciones tendientes a garantizar
el suministro de los pañales solicitados por la accionante a favor de su madre.
Debe señalarse
que ésta última decisión contó con un salvamento de voto del Consejero Néstor
Osuna Patiño, quien consideró que la garantía de los derechos fundamentales de
la señora Castillo “no podía condicionarse a la realización previa de trámites
administrativos ante una entidad del distrito capital, so pretexto de hacer
respetar el carácter residual de la acción de tutela”, teniendo en cuenta que
la agenciada contaba con 92 años y graves problemas de salud.
6. Trámite
adelantado ante la Corte Constitucional
En cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, los expedientes mencionados
fueron remitidos a esta Corporación para su eventual revisión. La Sala de
Selección número ocho, en providencia de 13 de agosto de 2015, decidió
seleccionar estos expedientes y acumularlos por presentar unidad de materia,
asignándoselos a la Sala Novena de Revisión. Posteriormente, el Magistrado
Sustanciador profirió auto del 15 de septiembre de 2015, en el cual se ordenó
la adopción de medidas provisionales en algunos de los casos, tendientes a
evitar la eventual configuración de un perjuicio irremediable mientras la Corte
procedía a proferir un fallo de fondo. Específicamente, se consideró la
situación de los accionantes dentro de los procesos T-5.050.455, T-5.055.084 y
T-5.053.956, teniendo en cuenta el especial estado de vulnerabilidad en el que
se encuentran los agenciados.
Así, en el proceso T-5.050.455 se observó que la enfermedad de
Alzheimer que padece el señor Melo Solano lo ha dejado en una situación tal,
que no puede valerse por sí mismo bajo ninguna circunstancia, por lo cual
requiere de asistencia constante. En vista de esta situación, se ordenó prestar
el servicio de enfermería las 24 horas como medida provisional mientras se
profería el fallo de fondo. Al respecto, la EPS SANITAS informó mediante
escrito radicado el 20 de septiembre de 2015 que había emitido el respectivo
volante de autorización de servicios de enfermería a favor del señor Álvaro
Melo Solano, según lo ordenado por el referido auto.
En segundo lugar, acerca del expediente T-5.055.084, se tuvo en
cuenta el hecho de que se encuentran en entredicho los derechos fundamentales
de un menor de edad que por su estado de salud ve reforzada su condición de
sujeto de especial protección constitucional. A esto, se sumó la necesidad de
que los tratamientos de rehabilitación que recibía en el Instituto para Ciegos
y Sordos no se interrumpieran y resultara reducida su efectividad, por
cuestiones como la imposibilidad de trasladar al paciente. Por tanto, se ordenó
a la accionada que prestara el servicio de transporte ida y vuelta, desde y
hacia el Instituto de Ciegos y Sordos requerido por la agente oficiosa, a favor
de su hijo menor de edad. La EPS no informó nada acerca del cumplimiento de
esta medida.
En tercer lugar, en cuanto al expediente T-5.053.956, se ponderó la
delicada situación de salud de la accionada y el hecho de que el suministro de
pañales solicitados tendría un impacto favorable en su nivel de vida. Por lo
anterior, se ordenó a la accionada que, de manera provisional, procedieran a suministrar
los pañales solicitados por la accionante en un término perentorio de cinco
días contados desde la notificación de esa providencia. La accionada omitió pronunciarse
sobre el cumplimiento de la resolución judicial.
Finalmente, es necesario señalar que el despacho del Magistrado
Ponente se comunicó el 11 de septiembre de 2015 con la señora Blanca Cecilia
Castillo, accionante dentro del proceso T-5.061.429 y agente oficiosa de la
señora Ester Castillo, quien informó que su señora madre había fallecido el 3
de septiembre anterior debido a complicaciones de salud derivadas de su
condición médica. Igualmente, aclaró que a la fecha del fallecimiento, su madre
seguía sin recibir el suministro de pañales ordenado por la sentencia de tutela
de segunda instancia.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Problema
jurídico y fundamento de la decisión
1. Los
accionantes fungen como agentes oficiosos de sus familiares, quienes padecen de
diversas condiciones de salud para las cuales requieren del suministro de
ciertos elementos tales como pañales o de la prestación de servicios de salud y
de transporte o acompañamiento de enfermería. En todos los casos, las E.P.S.
accionadas se han negado a prestar dichos servicios por no encontrarse
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, por no existir orden del médico
tratante o por no haberse agotado el trámite administrativo interno para
proceder a su autorización.
2. Conforme a
estos antecedentes, la Corte deberá determinar, a modo de problema jurídico, si
las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la salud y a
la vida digna de los agenciados al haberse negado a prestar esos servicios y
suministros médicos solicitados por los accionantes, en vista del estado de
salud en el que se encuentran sus familiares.
3. Para resolver
ésta cuestión, la Sala adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, se
reiterará la jurisprudencia constitucional consolidada sobre la legitimación de
los agentes oficiosos para interponer acciones de tutela. A continuación, se
hará referencia a las reglas desarrolladas por esta Corporación acerca del
derecho a la salud y la posibilidad de prestación de servicios No Pos.
Finalmente, se hará el estudio de fondo de los casos concretos.
Legitimación
para interponer la acción de tutela a nombre de terceros. Reiteración de
jurisprudencia.
4. A pesar de
que la acción de tutela es un mecanismo judicial de protección de derechos
fundamentales que se caracteriza por su informalidad, la ley y la
jurisprudencia han definido unos requisitos de procedibilidad mínimos
tendientes a salvaguardar la eficacia de la acción y la legalidad del
procedimiento. Uno de estos requisitos se refiere a la legitimación para actuar
de las partes, ya sea del extremo activo (accionante) o del pasivo (accionado).
5.  En lo que respecta al requisito de
legitimación por activa, la jurisprudencia de esta Corte ha sido consistente en
afirmar que éste     queda cumplido en cualquiera de dos supuestos: primero,
cuando la persona acuda directamente a la jurisdicciones a efectos de buscar la
protección de sus propios derechos fundamentales o, segundo, cuando una persona
se encuentra facultada para actuar en nombre de un tercero y buscar la
protección de los derechos de este último.
6. Dado que el primer supuesto no implica dificultades en su
interpretación, ha sido el segundo caso el que ha necesitado de cierto
desarrollo para definir su alcance. Así, se ha entendido que existen tres
figuras que permiten la interposición de la acción de tutela en representación
de los intereses de un tercero:
“(i) la agencia oficiosa, un cuasicontrato que se
configura, en sede de tutela, cuando una persona se arroga, a “motu proprio”, la protección de los intereses de otra
que se encuentra en la imposibilidad para hacerlo por sí misma; (ii) el
mandato, definido en el código civil como un
contrato en virtud del cual, una persona confía la gestión de uno o más
negocios -o, en el caso de la tutela, intereses jurídicos de rango
ius-fundamental- a
otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo
de la primera; y (iii) la representación legal, que es la potestad otorgada a
una persona, ya sea por la ley, en el caso de los padres que ostentan la patria
potestad con respecto a sus hijos menores de edad, o a través de una orden
judicial, en el caso de los guardadores sobre las personas que han sido
declaradas como interdictas y encargadas a su custodia, para ejecutar acciones
en nombre de otra”[1].
7.
Con respecto a la agencia oficiosa, esta Corporación ha reconocido que su
existencia encuentra justificación en el hecho de que permite materializar el
principios de eficacia de los derechos fundamentales, en tanto que flexibiliza
el acceso a los mecanismos de garantía de los mismos; el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las exigencias formales y el principio
de solidaridad, pues promueve el que las personas asuman activamente la defensa
de los derechos fundamentales de quienes no pueden hacerse valer por sí mismos[2].
En todo caso, la aplicación de esta figura requiere que el agente oficioso haga
explícito que actúa como tal y que se demuestre que el agenciado no se
encuentra en condiciones de promover la acción por sí mismo.
El derecho
fundamental a la salud y su protección constitucional. Reiteración de
jurisprudencia.
8. El artículo
49 de la Constitución Política de 1991 establece la obligación en cabeza del
Estado de garantizar a todas las personas la atención en salud que requieran y,
por ello, le ha encargado la tarea de diseñar, implementar y vigilar la
ejecución de las políticas públicas que se requieran para el cumplimiento de
este mandato. Por lo anterior, es posible afirmar que la salud en Colombia
tiene una doble connotación: por un lado, es un derecho fundamental del que son
titulares todas las personas y, por otro, es un servicio público esencial que
debe ser garantizado por el Estado.
9. En su dimensión de servicio público, la
salud en Colombia tiene un desarrollo legal, que actualmente se encuentra en la
Ley 100 de 1993 y sus normas concordantes y se rige por los principios de
universalidad, eficiencia y solidaridad contenidos en el artículo 49 de la
Constitución y por los de integralidad, unidad y participación, contemplados en
la legislación mencionada. Como ya se dijo, la garantía de esos principios, así
como la organización, dirección y reglamentación del servicio de salud está en
cabeza del Estado, por tratarse de un servicio de carácter esencial para la
eficacia de los demás derechos fundamentales, especialmente, los derechos a la
vida y a la dignidad.
10. Por otro lado, en lo que respecta a la salud entendida
como derecho fundamental, esta Corte ha definido en reiterada jurisprudencia
las características que debe tener el servicio público de salud, para que esté
acorde con las exigencias que implica garantizar el derecho fundamental a la
salud. Así, se contempla la necesidad de que el servicio tenga un carácter integral[3]
y, por tanto, incluya los procedimientos necesarios para la prevención, el
eventual diagnóstico de las enfermedades, su tratamiento y la rehabilitación o
restablecimiento de la salud, con el fin de eliminar la enfermedad en la medida
de lo posible y mitigar los efectos negativos que pudieran quedar de ésta. Este
principio de integralidad, que busca garantizar el máximo nivel posible de
salud del paciente, fue descrito de la siguiente manera en la Sentencia T – 760
de 2008[4], que reúne los pronunciamientos
anteriores al respecto:
“Este
principio ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
con base en diferentes normas legales y se refiere a la atención y el
tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del sistema de seguridad
social en salud, según lo prescrito por el médico tratante.
Al
respecto ha dicho la Corte que ‘(…) la atención y el tratamiento a que tienen
derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado
de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones
dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado,
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo
otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno
restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que
le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión,
debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar
el servicio público de la seguridad social en salud’.” (Negrillas fuera del
original)
11. La integralidad implica, igualmente, la
eventual prestación de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
(POS), que deben ser proveídos por la Entidad Prestadora de Salud a la que se
encuentra afiliado el paciente si se cumplen las reglas fijadas por esta misma
Corte y que incluyen la verificación de que los tratamientos prescritos por
fuera del POS sean indispensables para garantizar la vida del afiliado, que se
trate de un tratamiento que no pueda ser sustituido por otro que sí se
encuentra en el POS o que éste último no tenga la misma efectividad que el
excluido, que la orden del tratamiento provenga de un médico tratante adscrito
a la EPS del paciente y que el enfermo acredite que no puede sufragar por sus
propios medios el tratamiento ordenado que no se encuentra cubierto por el POS[5].
Garantía del derecho fundamental a la salud en sujetos de
especial protección constitucional. El caso de los niños y niñas. Reiteración
de jurisprudencia.
12. Como es bien sabido, los derechos fundamentales de los
niños y niñas prevalecen sobre los de los demás, en virtud del artículo 44 de
la Constitución Política, al punto que la Carta establece explícitamente el
carácter fundamental de los derechos a la vida, la integridad física, la salud
y la seguridad social de los menores de edad. Del mismo modo, dicho artículo
dispone que la sociedad, la familia y el Estado tienen la obligación de asistir
y proteger a los menores para asegurar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. En vista de la previsión constitucional
mencionada y de las obligaciones internacionales que ha asumido Colombia en lo
que respecta a la protección de los niños y niñas, esta Corporación ha sido
enfática en afirmar que los menores son sujetos de especial protección
constitucional, lo cual implica que sus derechos tienen carácter prevalente
cuando se encuentren en conflicto con otros intereses.
13. La obligación de proteger los derechos de los niños de
manera prevalente aplica del mismo modo
al juez constitucional, quien tiene el deber de modular o inaplicar las disposiciones
que restrinjan el acceso a los servicios que requieran los menores, en caso de
que se compruebe que en el caso concreto estas operan en contra de los
intereses de estos sujetos de especial protección. De
allí que sea posible concluir que “en síntesis, los infantes
requieren de una atención en salud idónea, oportuna y prevalente, respecto de
la cual toda entidad pública o privada tiene la obligación de garantizar su
acceso efectivo a los servicios como lo ordena el artículo 50 superior, en concordancia
con los principios legales de protección integral e interés superior de
los niños y niñas”[6].
Posibilidad de ordenar exoneración de
copagos, cuotas moderadoras y de recuperación. Reiteración de jurisprudencia.
14. Dentro del ordenamiento aplicable al Sistema de
Seguridad Social en Salud, se ha contemplado las figuras de copagos, cuotas
moderadoras y de recuperación como pagos que deben realizar los usuarios del
sistema con el fin de contribuir con su financiación, así como racionalizar el
uso de los servicios del mismo. El cobro
de este tipo de desembolsos ha sido considerado ajustado a la Constitución por
esta Corporación, siempre y cuando no se constituyan en una barrera al acceso
fundamental a la salud, por lo que en determinados casos se ha aceptado la
posibilidad de eximir a un usuario de esta responsabilidad económica.
15. Al respecto, es
necesario mencionar las diferencias que existen entre los dos regímenes
contemplados por la Ley 100 de 1993 para efectos de los mencionados pagos. Así,
las personas pertenecientes al régimen contributivo tienen el deber de cancelar
copagos[7] y cuotas moderadoras[8], sin que sea
posible que se cobren simultáneamente para un mismo servicio. Por su parte, las
personas afiliadas a través del régimen subsidiado tienen la carga de
contribuir a la financiación del sistema a través de copagos y cuotas de
recuperación, pero por el hecho de pertenecer a poblaciones vulnerables o no
contar con la suficiente capacidad económica, el Estado subsidia total o
parcialmente dicha contribución.
16. De este modo, a
partir de la expedición del Acuerdo 365 de 2007 se entienden excluidos de la
cancelación de copagos a las personas que además de estar en el régimen
subsidiado de salud, se encuentran en poblaciones i)
pertenecientes al SISBEN I; ii)  infantil abandonada; iii) indigente; iv) en
condiciones de desplazamiento forzado; v) indígena;
vi) desmovilizada; vii) de la tercera edad que se encuentran en ancianatos o en
instituciones de asistencia social; viii) rural migratoria; y ix) ROM. Igualmente, a partir
de la jurisprudencia de esta Corte, se ha entendido que están excluidos del
pago de cuotas de recuperación “i) la
población indígena e indigente (artículo 18 del Decreto 2357 de 1995[9]); ii) las madres gestantes y el
niño menor de un año (artículos 43 y 50 de la Constitución Política); y
iii) las personas vinculadas o no aseguradas al sistema de salud que padecen
una enfermedad de interés público.”[10]
17. Aparte de estas exclusiones legales y en consonancia
con el antedicho principio según el cual estos pagos no pueden constituir
barreras para acceder a los servicios de salud, esta Corporación ha reconocido
la posibilidad de que se ordene por vía de la acción de tutela la exoneración
del pago de las referidas contribuciones en casos concretos en los cuales se
reúnan al menos las siguientes dos condiciones: “[1] Cuando la persona que
necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para
asumir el valor de la cuota moderadora, la entidad encargada de garantizar la
prestación del servicio de salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste,
asumiendo el 100% del valor.  [2] Cuando una persona requiere un servicio
médico y tiene la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para
hacer la erogación correspondiente antes de que éste sea prestado, la entidad
encargada de la prestación, exigiendo garantías adecuadas, deberá brindar
oportunidades y formas de pago de la cuota moderadora sin que su falta de pago
pueda convertirse de forma alguna en obstáculo para acceder a la prestación del
servicio.”[11]
Del
suministro de medicamentos y la prestación de servicios excluidos del Plan
Obligatorio de Salud y su autorización por vía de la acción de tutela.
Reiteración de jurisprudencia.
18. La
jurisprudencia constitucional ha afirmado que, en principio, sólo es procedente
solicitar por vía de acción de tutela el suministro y la prestación de
servicios que se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) de
forma que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios de salud
que cumplan los siguientes requisitos: “(i) se encuentre contemplado en el POS, (ii) sea
ordenado por el médico tratante, generalmente adscrito a la entidad promotora
del servicio, (iii) sea
indispensable para garantizar el derecho a la salud del paciente, y (iv) sea
solicitado previamente a la entidad encargada de la prestación
del servicio de salud[12]”.
19. Con todo, esta Corporación ha
aceptado la posibilidad de que se soliciten tratamientos o suministros que no
se encuentran contenidos en el POS (incluso por vía de la acción de tutela),
siempre y cuando se pruebe lo siguiente: “(i) la falta del servicio médico
vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo
requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre
incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación
del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al
servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha
sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la
prestación del servicio a quien está solicitándolo.”[13]
20. Así las cosas, si bien es
admisible el establecimiento de un régimen de limitaciones y excepciones en
materia de salud por razones de sostenibilidad financiera, la jurisprudencia ha
sido enfática en afirmar que en los supuestos mencionados en el párrafo
anterior debe operar el principio de solidaridad y, en consecuencia, el Estado
adquiere el deber de cubrir los gastos necesarios para garantizar el derecho
fundamental a la salud a través de los servicios prestados por las Entidades
Prestadoras de Salud[14].
La cobertura del servicio de
transporte y alojamiento de pacientes y acompañantes en el sistema de seguridad
social en salud. Reiteración de jurisprudencia.
21. En múltiples
ocasiones, esta Sala ha reiterado la jurisprudencia y las normas concernientes
a la posibilidad de que el sistema de seguridad social en salud cubra los
costos del servicio de transporte y alojamiento de pacientes y sus
acompañantes. En ese sentido, se recuerda que la Sentencia T-760 de 2008 señaló
que
“Si bien el
transporte y hospedaje del paciente no son servicios médicos, en ciertos
eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean
financiados los gastos de desplazamiento y estadía en el lugar donde se le
pueda prestar atención médica. (…) Así pues, toda persona tiene derecho a que
se remuevan las barreras y obstáculos que impidan a una persona acceder a los
servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas implican el
desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su
territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no
puede asumir los costos de dicho traslado”[15].
Del mismo modo,
la Resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013 del Ministerio de Salud “Por
la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de
Salud (POS)”, regula en los artículos 124 y 125 los aspectos relativos al
transporte o traslado de pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado,
en relación con los procedimientos cubiertos por el POS.
22. Así, el artículo 124 de dicha
Resolución, establece que “El Plan Obligatorio de Salud cubre el traslado
acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada) en los
siguientes casos: Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el
sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo
el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles. Entre instituciones
prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de los
pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de
servicios de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran de
atención en un servicio no disponible en la institución remisora. Igualmente
para estos casos está cubierto el traslado en ambulancia en caso de
contrarreferencia. El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte
disponible en el medio geográfico donde se encuentre el paciente con base en su
estado de salud, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión,
de conformidad con la normatividad vigente. Así mismo, se cubre el traslado en
ambulancia del paciente remitido para atención domiciliaria si el médico así lo
prescribe”.
23. A su turno, el artículo 125 se refiere al “Transporte del
paciente ambulatorio”. Al respecto establece que “El servicio de
transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención
incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de
residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional para zona
especial por dispersión geográfica. || PARÁGRAFO. Las EPS igualmente deberán
pagar el transporte del paciente ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse
a un municipio distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados
en el artículo 10 de esta resolución, cuando existiendo estos en su municipio
de residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la conformación de su
red de servicios. Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS
recibe o no una UPC diferencial”.
24. De lo anterior, se puede
concluir que el servicio de transporte está incluido en el POS, en los
supuestos descritos en la Resolución 5521 de 2013. Sin embargo, a estos casos
se deben incluir aquellos eventos contemplados por la jurisprudencia
constitucional y que se refieren a las ocasiones en las que se verifique que “(i) ni el paciente ni sus
familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el
valor del traslado; y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la
vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.”[16]
25.
Finalmente, al decir del precedente de esta Sala, “la Corte ha prescrito que la
tutela del derecho a la salud para garantizar el pago del traslado y estadía
del usuario con un acompañante es procedente siempre que: “(i) el paciente sea
totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera
atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio
adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten
con los recursos suficientes para financiar el traslado”[17]. De esta manera, “cuando se
verifican los requisitos mencionados, el juez constitucional debe ordenar el
desplazamiento medicalizado o el pago total del valor de transporte y estadía
para acceder a servicios médicos que no revistan el carácter de urgencias
médicas[18].
La orden de autorización de procedimientos no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (No-POS) y la prueba de la
incapacidad económica. Reiteración de jurisprudencia.
26.
En la reciente sentencia T-255 de 2015, esta Sala de Revisión consideró
pertinente incluir ciertas consideraciones en torno a la importancia que tiene
la prueba de incapacidad económica para la autorización de servicios no
incluidos en el POS. Dado que este es un factor de capital importancia a la
hora de decidir sobre casos como los que se analizan en esta sentencia, la Sala
considera pertinente reiterar esta argumentación.
27.
De este modo, cabe recordar que el segundo requisito para proceder al reconocimiento
de un tratamiento no – POS se refiere a que “(iii) el interesado no puede
directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la
prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede
acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie”. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha precisado que este requisito no implica
necesariamente que el afectado tenga la obligación de probar su incapacidad
económica, habida cuenta de que las EPS tienen información sobre la situación
económica de la persona y pueden determinar razonablemente si tiene o no
posibilidad de costear el tratamiento.
28.
En ese sentido, es claro que las EPS tienen la carga de evaluar la posibilidad
de pago de las personas cuando solicitan un tratamiento no –POS por la vía
administrativa. En caso de que estos sean requeridos a través de una acción de
tutela, si bien debe presumirse la buena fe de los ciudadanos a la hora de
hacer aseveraciones sobre su incapacidad de pago, la EPS puede desvirtuar dicha
presunción a través de la presentación de información que demuestre la
solvencia del peticionario[19].
29. Las reglas
referidas a este asunto fueron reunidas en la Sentencia T-683 de 2003[20]
de la siguiente manera: “(i) sin perjuicio de las demás reglas, es
aplicable la regla general en materia probatoria, según la cual, incumbe al
actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica
que persigue; (ii) ante la afirmación de ausencia de recursos económicos por
parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba
correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario;
(iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos,
la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de
ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios,
declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier
otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer activamente
sus poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de establecer la verdad
real en cada caso, proteger los derechos fundamentales de las personas y
garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad
social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el
peticionario cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar el costo
de las intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos del POS; (v) en
el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de
recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en
los términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a establecer que tal
afirmación es falsa o contraria a la realidad”.
30.
A lo anterior se suma una regla especial, según la cual si se trata de una
persona afiliada al régimen subsidiado de salud, es posible presumir la falta
de capacidad económica, en vista de que uno de los requisitos para acceder a
dicho sistema es, precisamente, la escasez de recursos que se determina a
través de una encuesta comprehensiva, que verifica las condiciones de vida y
permite establecer la situación económica y social del afiliado.
31. Finalmente, es necesario señalar que el estudio sobre la
capacidad económica no se agota en la verificación de los ingresos netos. Al
decir de la Sentencia T-017 de 2013[21],
“el juez constitucional debe hacer un
ejercicio de ponderación que informe sobre la forma en el modo de vida del
solicitante puede verse afectado en la medida en que asuma la carga de la
prestación que pidió.|| Tal tesis fue desarrollada ampliamente en la sentencia
T-760 de 2008, que reiteró la necesidad de determinar esa capacidad económica
en cada caso concreto, en función del concepto de carga soportable. Al
respecto, el fallo recordó que el hecho de que el mínimo vital sea de carácter cualitativo, y no
cuantitativo, permite tutelar el derecho a la salud de personas con un ingreso
anual y un patrimonio no insignificante, “siempre y cuando el costo del
servicio de salud requerido afecte desproporcionadamente la estabilidad
económica de la persona”. También permite exigir que quienes no estén en
capacidad de pagar un servicio cuyo costo es elevado asuman, por ejemplo, el
valor de los medicamentos, aun siendo sujetos de especial protección
constitucional, si es claro que cuentan con la capacidad para hacerlo[22]”.
32. Lo anterior tiene estrecha relación con los
poderes probatorios con los que cuenta el juez de tutela y con el deber de
proceder oficiosamente en caso de que el expediente carezca de un material
probatorio suficiente para producir un fallo de fondo. Así, siguiendo con el
precedente reiterado por la mencionada T-255 de 2015, el juez de tutela es un
garante activo de los derechos fundamentales y, por eso, desde la admisión de
la acción constitucional debe procurar, entre otras cosas,
“(i) interpretar adecuadamente la solicitud de tutela, analizando
íntegramente la problemática planteada; (ii) identificar cuáles son los hechos
generadores de la afectación y sus posibles responsables; (iii) integrar
debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas entidades que
puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento
de una eventual orden de amparo; (iv) decretar y practicar de oficio las
pruebas que resulten necesarias para despejar la incertidumbre fáctica y
jurídica que se cierna sobre la verdad real materia de examen; (v) dictar
medidas cautelares cuando advierta la necesidad de evitar
que la amenaza contra un derecho fundamental se transforme en
vulneración o, que habiéndose constatado la existencia de una infracción
iusfundamental, ésta se torne más gravosa para la integridad de los bienes
constitucionales invocados. Para ello debe ordenar “todo lo que considere
procedente para proteger los derechos fundamentales y no hacer ilusorio el
efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”[23]; (vi)
valorar la situación de vulnerabilidad de las personas y considerar sus
condiciones materiales de existencia, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Constitución Política y; (vii) proteger adecuadamente y
conforme a los hechos probados en el proceso, aquellos derechos vulnerados o
amenazados, incluso si el accionante no los invocó”[24].
Diferencias entre contrato de seguro en salud y de
medicina prepagada. Posibilidad de negar servicios por constituir
preexistencias. Obligación de realizar exámenes médicos previos a la
celebración de estos contratos. Reiteración de jurisprudencia.
33. De acuerdo con el Decreto 806 de 1998, los
contratos de medicina prepagada y las pólizas de seguro de salud son Planes
Adicionales de Salud (PAS) que contienen una serie de beneficios adicionales a
los proveídos por el POS. Estos contratos, que se rigen por el derecho privado,
se celebran de manera voluntaria entre una persona natural y otro particular
autorizado que no se financia con recursos del Sistema General.
34. Según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1570
de 1993, los contratos de medicina prepagada son “el sistema organizado y establecido por entidades autorizadas
conforme al presente Decreto, para la gestión de la atención médica, y la
prestación de los servicios de salud y/o atender directa o indirectamente estos
servicios, incluidos en un plan de salud preestablecido, mediante el cobro de
un precio regular previamente acordado.” Del mismo modo, el Decreto 1468 de 1994 indica que estos
contratos deben regirse por las disposiciones del Código Civil y del Código de
Comercio, sin que pueda perderse de vista que involucran la captación de
recursos del público y la prestación de un servicio público que
garantiza derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la salud
por lo que la intervención y vigilancia del Estado es imperativa.
35. Por su parte, el contrato de seguro en salud se
rige, de manera general, por las normas contenidas en el Libro V del Código de
Comercio y también encuentra su fundamento en el principio de autonomía de la
voluntad privada. Por esto mismo, en contraste con los contratos de medicina
prepagada, las pólizas no implican la prestación de servicios de salud sino que
se refieren al aseguramiento de un riesgo que, en caso de concretarse, da lugar
al reembolso de la suma de dinero correspondiente.
36. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha
creado criterios de interpretación de estos tipos de contratos, en vista de que
constituyen una vía para garantizar la prestación de servicios de salud y, por
ende, la protección de derechos fundamentales, de tal manera que el contrato de
seguro en salud puede asimilarse con el contrato de medicina prepagada para
efectos de la protección de derechos fundamentales, al tener el mismo
objeto. De este modo, algunas reglas aplicables a los contrato de un tipo son
igualmente predicables del otro[25],
especialmente en lo que respecta al tratamiento que debe darse a las
preexistencias, las exclusiones y la obligación de realizar exámenes médicos
previos a la celebración del contrato[26].
37.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido la necesidad de que los
contratos de seguro en salud y de medicina prepagada contemplen las exclusiones
de manera clara y explícita: “Tales excepciones de cobertura no
pueden estar señaladas en forma genérica, pues la compañía tiene la obligación
de determinar, por medio de los exámenes previos a la suscripción del
contrato, “cuáles enfermedades congénitas y cuáles preexistencias
no serán atendidas en relación con cada usuario”[27]. Para
determinar estas preexistencias o exclusiones es necesario que la empresa de
medicina prepagada o la prestadora del seguro, realicen un examen médico a la
persona contratante, de manera previa a la celebración del contrato.
38. Así, al decir de la
reciente sentencia T-430 de 2015, “de
acuerdo a lo anterior, es imperativo que la entidad, independientemente del
servicio que preste, realice un examen médico que busca (i) detectar los
padecimientos de salud que constituyan preexistencias; (ii) determinar su
exclusión expresa de la cobertura del contrato; y, (iii) permitir que el
usuario decida si bajo estas condiciones, es decir, la exclusión de las
preexistencias del contrato, persiste su intención de celebrar el convenio.
Sobre este deber en cabeza de las entidades aseguradoras, la Corte refirió las
siguientes reglas: (i) que la carga de la prueba en materia de preexistencias
radicaba en cabeza de la aseguradora y no del tomador del seguro y, en segundo
lugar, (ii) que las aseguradoras no podían alegar preexistencias si, teniendo
las posibilidades para hacerlo, no solicitaban exámenes médicos a sus usuarios
al momento de celebrar el contrato”.
39. De tal forma, la empresa de seguros no está
legitimada para negar el cubrimiento de un servicio de salud bajo el argumento
de que el examen médico previo a la celebración del contrato no se realizó o
que éste fue insuficiente para detectar las posibles enfermedades del
asegurado. Igualmente, según fue establecido por esta Corporación en sentencias
como la T-118 de 2000[28],
las empresas de seguro que celebren contratos colectivos derivados de paquetes
promocionales o de convenios con empresas para el cubrimiento de sus trabajadores,
no están exentas del deber de realizar los exámenes médicos previos ni de
detallar los tratamientos que se encuentran excluidos de la póliza.
Del estudio de los casos
concretos.
Expediente
T-5046747
40. Como se
recordará, con esta acción se pretende la protección de los derechos
fundamentales del menor Esneider Prenth Rodríguez, que a la fecha de la
presentación de la acción contaba con 12 años. El menor padece de Microsomía
Hemifacial del lado izquierdo, lo que le ha ocasionado una deformidad en su
cara que ha tenido graves efectos para su salud psicológica, en tanto que debe
soportar de la burla de sus compañeros y soportar las limitaciones físicas que
su situación conlleva. Su señora madre, en calidad de agente oficiosa, indica
que desde el año 2012 se han realizado los trámites para que la EPS CAPRECOM
autorice la realización de una cirugía reconstructiva para el menor, pero esta
no se ha efectuado a la fecha a pesar de que la familia ya ha cancelado los
copagos requeridos en tres ocasiones. Por tanto, solicita que se ordene a la
accionada la realización de la mencionada cirugía así como que asuma el
tratamiento psicológico que pueda requerir el menor.
41. En primer
lugar, la Sala encuentra que la acción interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad. En efecto, la accionante es la representante legal del menor de
edad para quien se busca la protección constitucional al ser su madre, con lo
cual se encuentra legitimada para actuar en favor de sus intereses. Por otro
lado, se encuentra acreditado el requisito de inmediatez, ya que la acción se
impetró mientras ocurría la omisión de la EPS que presuntamente vulnera los
derechos fundamentales del menor, pues aún no se había practicado la cirugía
requerida. Finalmente, es claro que el menor y su madre no cuentan con otra
acción judicial ordinaria dentro de la que puedan ventilarse las pretensiones
alegadas; por tanto, se encuentra cumplido el principio de subsidiariedad.
42. En cuanto al
fondo del asunto, esta Sala observa que efectivamente existe una orden médica
del 13 de julio de 2012[29],
en la cual el doctor José Claros, cirujano maxilofacial, solicita que se
autorice la cirugía de distracción osteogénica. Posteriormente, al menor le
fueron realizadas las evaluaciones prequirúrgicas tales como la consulta con un
profesional en anestesiología hasta que finalmente la EPS expidió autorización
de servicios el 04 de enero de 2013[30],
dando vía libre al procedimiento que, sin embargo, no se realizó. Al paciente
se le siguieron realizando exámenes, hasta que en abril de 2014 el doctor
Carlos Prado, cirujano maxilofacial, solicitó a la EPS que remitiera al
paciente a una institución con atención de tercer y cuarto nivel para que fuera
tratado, a la vez que recomendó la valoración del menor por parte de un “equipo
multidisciplinario con cirujano plástico, de cabeza y cuello,
otorrinolaringólogo y cirujano maxilofacial”[31].
Sin embargo, según lo informado por la accionante, esta orden no ha sido
autorizada por la accionada.
43. De lo
narrado anteriormente, esta Sala encuentra lo siguiente: i). la accionante y su
hijo han acudido a la red de atención de la EPS a la que se encuentran
afiliados, de forma que no han acudido a médicos particulares y, por tanto, las
órdenes de atención han provenido de sus médicos tratantes; ii) la accionante
ha cancelado las cuotas moderadoras y los copagos requeridos para la atención
que se le ha prestado a su hijo; iii) si bien no se observa una falla
sistemática en la prestación del servicio de salud, no obra en el expediente
justificación por parte de la EPS que explique por qué no ha sido acatada la
orden del cirujano Carlos Prado, a pesar de que ha pasado más de un año luego
de haberse expedido; iv) los procedimientos quirúrgicos y las valoraciones
ordenadas por los médicos se encuentran dentro del POS.
44. Ante el
silencio de la accionada dentro del proceso de tutela, la Corte advierte que
este es un caso en el cual la EPS ha omitido prestar servicios que no requieren
de procedimiento especial para ser autorizados, en vista de que ya se encuentran
incluidos en el Plan de Salud. Por lo anterior, se advierte la necesidad de
revertir la equivocada posición del juez de instancia según la cual la tutela
es improcedente porque la accionante no probó que la cirugía solicitada “le
haya sido suspendida [al menor] con ocasión a algún trámite o disponibilidad
presupuestal por parte de la EPS Caprecom”, conclusión a la que llega sin
realizar el más mínimo examen probatorio y sin tener en cuenta que la accionada
ni siquiera se pronunció dentro del proceso.
45. Por el
contrario, lo que se tiene es que se han emitido órdenes desde el año 2012 con
la finalidad de tratar la condición médica que presenta el menor Esneider
Prenth, sin que hasta la fecha estas se hubiesen materializado en su totalidad.
Al respecto, cabe hacer referencia al reconocimiento que ha hecho esta
Corporación de los distintos perjuicios que se producen en las personas que no
reciben la prestación oportuna de los servicios de salud que requieren, más aun
teniendo en cuenta que el agenciado es un sujeto de especial protección
constitucional. Al decir de la sentencia T- 1030 de 2010,
“Estas barreras atrasan la prestación del servicio,
aumentan el sufrimiento de las personas y muchas veces tiene consecuencias
graves en la salud de los usuarios, como las siguientes: a) Prolongación del
sufrimiento, que
consiste en la angustia emocional que les produce a las personas tener que
esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir tratamiento; b) Complicaciones médicas del
estado de Salud, esto se debe a que la persona ha tenido que
esperar mucho tiempo para recibir la atención efectiva, lo cual se refleja en
el estado de salud debido a que la condición médica empeora; c)Daño permanente, cuando ha pasado demasiado tiempo entre el
momento en que la persona acude al servicio de salud y hasta el momento en que
recibe la atención efectiva, empeorando el estado de salud y por lo tanto
generándole una consecuencia permanente o de largo plazo; d) Discapacidad permanente, se da cuando el tiempo transcurrido es
tal entre el momento que el paciente solicita la atención y hasta cuando la
recibe, que la persona se vuelve discapacitada; e) Muerte, esta es la peor de las consecuencias, y se
puede dar cuando la falta de atención pronta y efectiva se tarda tanto que
reduce las posibilidades de sobrevivir o cuando el paciente necesita de manera
urgente ser atendido y por alguna circunstancia el servicio es negado”[32].
46. Así las
cosas, para evitar la prolongación del sufrimiento físico y psicológico del
menor Esneider Prenth y proteger su derecho fundamental a la salud integral, la
Sala revocará la decisión de instancia y ordenará a CAPRECOM que, en un plazo
perentorio, proceda a autorizar el estudio del caso del referido menor por
parte de un grupo multidisciplinario de especialistas con miras a que se
realice una cirugía reconstructiva de su rostro. Igualmente, se ordenará a la
EPS autorizar las citas que el menor requiera con un profesional en
psicología,  con el objetivo de cumplir con el principio de integralidad en la
garantía del derecho fundamental a la salud. Finalmente, se ordenará la
compulsa de copias a la Superintendencia Nacional de Salud, para que investigue
las eventualidades irregularidades que se hayan presentado en este caso, dentro
del marco de sus competencias.
Expediente
T-5.050.455
47. Como se
relató en los antecedentes, en este caso la señora Luz Marina Melo solicita la
protección de los derechos fundamentales de su señor padre, quien cuenta con 87
años de edad y sufre de graves limitaciones físicas derivadas de la enfermedad
de Alzheimer y la demencia senil que lo aquejan. Igualmente, requiere de
atención permanente y constante ayuda para desplazarse, así como control de
medicamentos y ayuda para la realización de sus necesidades básicas. Indica
igualmente que el señor Álvaro Melo vive únicamente con su cónyuge quien padece
de cáncer terminal de páncreas, por lo que no se encuentra en condición de
prestar los cuidados necesarios al agenciado. Por tanto, solicita que se ordene
a la EPS Sanitas la prestación de un servicio de enfermería las 24 horas que
asista al agenciado. Por su parte, la EPS afirma que el paciente no requiere de
un servicio de enfermería, sino que basta con que sea atendido por un cuidador,
figura que no se encuentra contemplada en el POS.
48. La Sala
encuentra reunidos los requisitos de procedibilidad, en tanto que el señor
Álvaro Melo se encuentra en un estado de salud que le impide proceder por sí
mismo a la defensa de sus derechos, con lo cual la presencia de un agente
oficioso se encuentra justificada. Por otro lado, los hechos que llevaron a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados son actuales se encuentran
surtiendo efectos y, finalmente, el agenciado no cuenta con otros medios de
defensa judicial que le permitan una vía para solicitar las pretensiones
incoadas.
49. En cuanto al
fondo del asunto, la Sala debe señalar que, en principio, el servicio de
cuidador domiciliario no se encuentra contemplado en el POS, por un lado, y el
de enfermería sólo se encuentra cubierto en casos en los cuales el paciente
deba recibir cuidados de tipo hospitalario en su hogar. En ese sentido, esta
Corte ha sido enfática en afirmar que el cuidado de una persona que padezca de
una condición de salud incapacitante debe ser asumido en principio por la
familia del paciente siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  “(i) que efectivamente se tenga certeza médica de que el sujeto
dependiente solamente requiere que una persona familiar o cercana se ocupe de
brindarle de forma prioritaria y comprometida un apoyo físico y emocional en el
desenvolvimiento de sus actividades básicas cotidianas, (ii) que sea una carga
soportable para los familiares próximos de aquella persona proporcionar tal
cuidado, y (iii) que a la familia se le brinde un entrenamiento o una
preparación previa que sirva de apoyo para el manejo de la persona dependiente,
así como también un apoyo y seguimiento continuo a la labor que el cuidador
realizará, con el fin de verificar constantemente la calidad y aptitud del
cuidado. Prestación esta que si debe ser asumida por la EPS a la que se
encuentre afiliada la persona en situación de dependencia.”[33]
50. Así las
cosas, se procederá a verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos
con el fin de determinar si es o no procedente conceder la pretensión
deprecada. En lo que respecta al primer criterio, resulta claro, tanto del
relato hecho por la accionante como de los documentos y la historia clínica que
se adjunta a la acción, que el agenciado padece de una enfermedad incapacitante
que le impide realizar las mínimas tareas necesarias para su supervivencia. Por
tanto, es notorio que el señor Álvaro Melo requiere de una persona se encargue
de brindarle asistencia permanente para el desenvolvimiento de sus actividades
cotidianas.
51. Sin embargo,
el segundo requisito no se cumple, en tanto que el señor Melo vive sólo con su
esposa, quien se encuentra afectada por una enfermedad terminal para la que
requiere su propio tratamiento. Por tanto, es claro que la señora no puede dedicarse
al cuidado del agenciado dado que por su situación, no cuenta con la capacidad
física de hacerlo por lo que la ayuda que requiere el señor Melo es una carga
desproporcionada para la única persona que vive con él. En tercer lugar, la
accionante no refiere que a la familia se le hubiese prestado la capacitación
necesaria para el manejo de la persona dependiente ni se verifica un
seguimiento continuo por parte de la EPS accionada, aunque en este punto la
Corte reconoce la buena disposición que ha mostrado esta entidad para el
cumplimiento de la medida provisional decretada por el Magistrado Ponente.
52. Finalmente,
debe observarse que COLSANITAS EPS manifiesta en sus escritos de defensa que la
familia del agenciado parece tener capacidad económica para costear los gastos
que implica un servicio de enfermería para el señor Melo, en vista de que viven
en un barrio de “estrato 5” en la ciudad de Cali. A pesar de esta afirmación, a
lo largo del expediente no se tiene ninguna otra referencia a la situación
económica del accionante y ninguno de los jueces de instancia realizó labor
probatoria alguna con el fin de determinar si el agenciado o su familia cuentan
o no con los recursos para pagar el servicio que requieren. Dado que la
sostenibilidad económica del sistema es un principio que debe ser tenido en
cuenta a la hora de decidir en casos como éste, la Sala tomará una decisión que
pretende encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger los derechos
fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional como el señor
Melo y la obligación de velar por que la estabilidad financiera de los
servicios de salud.
53. Como ya se
dijo, el señor Melo no cuenta con el soporte familiar suficiente para realizar
sus actividades cotidianas ni para llevar una vida en condiciones dignas, por
lo que no es posible pensar en negar completamente la protección constitucional
al agenciado. Sin embargo, en vista de la falta de certeza acerca de la
situación económica de su familia, la Sala procederá a ordenar que se preste el
servicio solicitado pero condicionará su continuidad a que la agente oficiosa
allegue pruebas de incapacidad económica al juez de primera instancia. Del
mismo modo, este último deberá hacer uso de sus poderes probatorios para que,
dentro del seguimiento propio al cumplimiento de las órdenes proferidas, se
compruebe que la familia del agenciado no posee los recursos para cubrir por su
propia cuenta el servicio de enfermería. Por supuesto, la accionada podrá
intervenir dentro de este proceso de comprobación, pero no podrá suspender o
retirar el servicio hasta tanto no exista una autorización del juez en ese
sentido, sustentada únicamente en la capacidad económica de la familia del
señor Melo.
54. Así, se ordenará
a Sanitas EPS que proceda a continuar prestando el servicio de enfermería
permanente a favor del agenciado y que adelante jornadas de capacitación para
los familiares cercanos (entre ellos a la accionante), con el fin de que
participen del proceso terapéutico. Del mismo modo, se advertirá a la
accionante que esta orden no podrá entenderse en perjuicio de los deberes que
le asisten como familiar de la persona dependiente y que deberá cumplir en la
medida de sus capacidades. Finalmente, se ordenará a la accionante que presente
al juzgado de primera instancia pruebas que demuestren la incapacidad económica
de su familia para cubrir por su propia cuenta el servicio mencionado y a dicho
funcionario que proceda a recaudar las pruebas que considere necesarias para llegar
a ese convencimiento. De encontrar que la familia tiene los recursos
suficientes sin afectar su mínimo vital, el juez de instancia quedará
autorizado para permitir el retiro del servicio de enfermería ordenado.
Expediente T-5.053.956
55. La señor Otilia Arias de
Atehortúa padece de múltiples enfermedades derivadas de su avanzada edad
(cuenta con 91 años), es totalmente dependiente de sus familiares, no controla
esfínteres y se encuentra en silla de ruedas desde hace casi 10 años. Por lo
anterior, su hija decidió solicitar a la Nueva EPS que le proporcionaran un
suministro de pañales desechables, teniendo en cuenta que no poseen los
recursos necesarios para cubrir los gastos derivados de los cuidados que
requiere la señor Otilia Arias, sobre todo teniendo en cuenta que la familia
también debe cubrir las necesidades de otro de sus hijos quien padece
discapacidad mental. Ante la negativa de la EPS, la agente oficiosa acudió a la
acción de tutela con el fin de que el juez constitucional ordenara a la accionada
la prestación del mencionado suministro.
56. Sobre la
procedibilidad de la acción, debe decirse que en el caso es procedente el uso
de un agente oficioso en vista de que la señora Otilia Arias se encuentra en un
estado de salud que le impide interponer la acción por sí misma. Por otro lado,
los hechos que llevaron a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados son actuales se encuentran surtiendo efectos y, finalmente, se cumple
el requisito de subsidiariedad en tanto que la agenciada no cuenta con otros
medios de defensa judicial para solicitar las pretensiones incoadas.
57. Para
resolver de fondo, debe tenerse en cuenta que la Juez Administrativo Oral del
Circuito de Medellín negó la acción en primera instancia pues, en su concepto,
no existía orden del médico tratante solicitando la autorización del suministro
de pañales, por lo cual no podía valorar si la agenciada “en realidad requiere
los pañales”. En este punto, la Sala debe apartarse enérgicamente de la
valoración hecha por la señora Juez quien no realizó un examen integral del
material probatorio allegado junto con el escrito de tutela. En efecto, en la
copia de la Historia Clínica de la señora Arias de Atehortúa se puede observar
claramente que en repetidas ocasiones se señala que la agenciada “no controla
esfínteres” y que “requiere de pañal desechable para uso 24 horas”.
58. En ese
sentido, si bien no existe orden expresa del médico tratante, resulta obvio que
la señora Arias requiere de los materiales solicitados. Al respecto, esta Corte
ha sostenido en reiterada jurisprudencia que “cuando se trata del suministro de elementos de aseo
como los pañales o las cremas y toallas que por lo general también son
requeridas por las personas que padecen de problemas de incontinencia o
imposibilidad para controlar sus esfínteres, es posible que el juez
constitucional, en razón a que no se trata se elementos de carácter médico,
determine lo necesario que estos resultan sin que sea indispensable acudir a
criterios médicos o científicos, pues para ello basta que se estime diáfana la
necesidad de este suministro para la paciente, quien en este caso se encuentra
en un estado de postración y de dependencia absoluta como producto de las
diversas patologías que la afectan”[34].
59.
De este modo, aunque es cierto que los pañales son un elemento excluido del
POS, “se tiene que la jurisprudencia de
esta Corporación ha aceptado que los pañales, por este mismo motivo, esto es, por
tratarse de un suministro de aseo, no cuentan con ninguna clase de sustituto
que se encuentre cubierto por el sistema de salud y que contribuya al efectivo
goce de una vida en condiciones dignas del paciente”[35], de
forma que los requisitos para acceder a servicios No – Pos que ya se
mencionaron en la parte considerativa de esta providencia se encuentran satisfechos.
60.
A lo anterior se suma el hecho no desvirtuado de que la familia de la
accionante no cuenta con los recursos suficientes para proveer este elemento
sanitario a la paciente, pues afirman que la persona que cuida a la agenciada
no puede laborar precisamente por dedicarse al cuidado de la señora Otilia
Arias y que los gastos derivados de dicho cuidado son cubiertos por la escasa
pensión de la agenciada y parte de los ingresos de sus otros hijos que deben
repartirse entre las necesidades de sus propias familias, lo requerido por su
señora madre y lo que necesita otro de sus hermanos quien sufre discapacidad
mental.  Por lo tanto, para la Sala resulta necesario revocar la decisión de
instancia y amparar los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de
la señora Otilia Arias, ordenando a la accionada que proceda a prestar el
suministro de pañales diarios solicitado.
Expediente
T-5.055.084
61. En este
caso, la accionante es madre de un menor de 4 años que padece de cataratas
congénitas, glaucoma secundario y problemas de oxigenación en la sangre[36].
El niño se encuentra asistiendo a un programa de rehabilitación en el Instituto
para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, por lo que su madre solicita
que por vía de la acción de tutela se ordene a la EPS Salud Total que asuma el
costo del transporte hasta dicho Instituto, en vista de que no cuenta con los
recursos económicos suficientes pues no trabaja, su marido gana el salario
mínimo y debe velar por sus otros dos hijos (uno de los cuales también es
discapacitado).
62. Ante las
pretensiones de la actora, Salud Total respondió indicando que el servicio de
transporte solicitado no cumple con los requisitos de ley necesarios para su
autorización, sumando a esto el hecho de que el paciente no tiene orden médica
para asistir a la atención en el Instituto para Ciegos y Sordos. Por lo
anterior, la EPS concluye que éste es un servicio educativo y no de salud, por
lo que sus costos no pueden ser asumidos por ella.
63. Frente a
esta situación, la Sala debe hacer énfasis en que el principio de integralidad
en la prestación del servicio de salud implica que los tratamientos médicos no
deben reducirse únicamente a la realización de procedimientos tendientes a
enfrentar la enfermedad sino que incluyen aquellos servicios que contribuyen a
la rehabilitación de los pacientes. Esto cobra mayor importancia en casos en
los que se encuentra en entredicho la salud de sujetos de especial protección
como los niños con algún grado de discapacidad, para quienes los procesos de
rehabilitación significan la oportunidad de llevar una vida adulta con mejores
capacidades y oportunidades.
64. De este
modo, la Corte observa que el trabajo del Instituto de Ciegos y Sordos del
Valle del Cauca no se reduce a proporcionar educación a menores en condición de
discapacidad (como lo argumenta la EPS), sino que proporciona un conjunto de
servicios de salud, rehabilitación y acompañamiento del entorno familiar para
estos menores, que les permiten desenvolverse de mejor manera en su vida
cotidiana[37].
Esto se enmarca dentro de la categoría general de trabajos de rehabilitación
por lo que, en ese sentido, la labor del Instituto incide directamente en la
salud física y psicológica de las personas que reciben sus servicios. En ese
sentido, interrumpir la labor que se ha venido realizando en dicho Instituto a
favor del menor David González podría implicar un retroceso en sus capacidades,
ya de por sí reducidas por su condición médica.
65. A lo
anterior debe sumarse la afirmación no refutada por la EPS, según la cual la
familia de la accionante se encuentra en una situación económica apremiante que
le impide cubrir los costos de traslado del menor hasta el mencionado
Instituto, habida cuenta de que se trata de un niño de aproximadamente cinco
años, con graves problemas visuales y respiratorios para quien el transporte
público resulta riesgoso. Así, la Sala encuentra que se cumplen los requisitos
definidos por la jurisprudencia para la autorización de un servicio de
transporte no cubierto por el POS, en tanto que i) el paciente es un
niño de cuatro años y, por tanto, depende absolutamente de un tercero para su
desplazamiento, (ii) requiere atención permanente para garantizar su integridad
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su
núcleo familiar cuentan con los recursos suficientes para financiar el
traslado.
66. Por tanto, se ordenará que la
Salud Total EPS preste el servicio de transporte solicitado para el menor y un
acompañante adulto, ida y vuelta, desde el hogar de la accionante hasta el
Instituto, siempre y cuando se mantenga la situación de precariedad económica
que le impide acceder al transporte por su propia cuenta. En caso de que la accionada
advierta que la peticionaria cuenta con los recursos propios suficientes para
realizar los traslados, podrá dejar de prestar el servicio sólo con
autorización previa del Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento o el despacho que haga sus veces, que será el encargado de hacer
seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sentencia.
67.
Por otro lado, la Sala observa que la accionante solicitó la exoneración de
copagos y cualquier tipo de cobro relacionado con los servicios médicos que le
preste la EPS accionada. Sin embargo, esta pretensión no resulta procedente al
no encontrarse acreditados los presupuestos definidos por la ley y la
jurisprudencia para tal efecto: en primer lugar, el menor agenciado y su
familia no pertenecen a ninguno de los grupos poblaciones para quienes se ha
dispuesto la exención de cobros; en segundo lugar, a pesar de lo apremiante que
pueda ser la situación económica de la familia del menor, esta cuenta con los
ingresos del padre, que le permiten cubrir las cuotas mínimas que requiere el
servicio de salud. Con todo, la Corte advertirá a la accionada que si la
accionante tiene
problemas para hacer los correspondientes pagos antes de que sean prestados los
servicios, la EPS deberá brindar oportunidades y formas de pago, exigiendo garantías
adecuadas, sin que la falta de pago pueda convertirse de forma alguna en
obstáculo para que el menor acceda a los mencionados servicios.
Expediente T-5.058.627
68.
El señor Andrés Mauricio Fonseca Perdomo solicita, a través de la acción
constitucional de amparo, que se le ordené a la empresa MetLife (con quien
tiene un contrato de seguro adquirido a través de su empleador gracias a un
programa de vinculación masiva), que autorice la realización de una cirugía
bariátrica para el tratamiento de su obesidad, enfermedad que le ha producido
graves padecimientos de salud tales como apnea de sueño, gastritis y
esofaguitis, entre otras. Indica, además, que no cuenta con los recursos
necesarios para cubrir la operación dado que su sueldo escasamente le alcanza
para cubrir las necesidades de su familia. La empresa accionada, por su parte,
argumenta que el señor Fonseca había sido diagnosticado con obesidad grado II
con anterioridad a la suscripción de la póliza de seguro y que, por tanto, su
tratamiento está excluido de la misma en virtud de la cláusula de exclusión de
preexistencias que contiene dicho contrato, por lo cual se niega a prestar el
servicio solicitado. Igualmente, indicó que el tratamiento de la dolencia del
paciente corresponde, en primer lugar, de su cuidado personal y, en segundo
lugar, de la atención que pueda prestarle la EPS a la que se encuentra
afiliado.
69.
Luego de estudiar los fallos de instancia, la Sala encuentra ajustado a derecho
el dictado por el Juez Setenta y Uno Civil Municipal quien actuando en primera
instancia, tuteló los derechos fundamentales incoados por el peticionario. En
efecto, esta Corte considera que:
69.1
Si bien en principio la acción de tutela es improcedente en controversias sobre
asuntos contractuales privados (tales como el contrato de seguro), la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el recurso de amparo puede
impetrarse para resolver este tipo de conflictos en casos en los cuales se
encuentre en entredicho la garantía de derechos fundamentales, por el hecho de
que la empresa de seguros se encuentra prestando un servicio público y/o por la
notoria asimetría entre las partes[38].
69.2
Contrario a lo sostenido por la accionada en su contestación y en el recurso de
apelación, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el contrato de
seguro en salud sí puede asimilarse con el contrato de medicina prepagada para
efectos de la protección de derechos fundamentales, al tener el mismo
objeto. De este modo, las reglas aplicables a los contrato de un tipo son
igualmente predicables del otro[39],
como fue señalado en su momento por el juez de primera instancia y como ha sido
señalado en apartados anteriores de esta providencia.
69.3
Al respecto, la Sala debe hacer referencia al recurso de apelación presentado
por MetLife, en el cual se cita una pieza de doctrina para argumentar por qué
las empresas no tienen la obligación de realizar exámenes médicos, frente a lo
cual es necesario recordar que la doctrina es sólo un criterio auxiliar de
interpretación y no tiene el carácter obligatorio que sí ostenta la
Constitución y el precedente jurisprudencial que haya fijado la Corte
Constitucional.
70.
En el caso concreto, se observa que el señor Fonseca, en el formulario de
afiliación, (29 de octubre de 2010), no aparece que al accionante se le hubiese
practicado ningún tipo de examen previo a la celebración del contrato ni se
tiene que la obesidad o la cirugía bariátrica tipo sleeve hubiesen sido
contempladas de manera explícita como exclusiones dentro del contrato de
seguro.
71.
En efecto, como lo relata la accionada en su recurso de apelación, “la Compañía
Aseguradora prescindió de la elaboración del examen médico al asegurado”. Por
otro lado, la póliza establece lo siguiente:
“Son servicios o eventos no cubiertos los siguientes:
8. El tratamiento médico o quirúrgico de enfermedades
preexistentes (…) En todo caso se considera preexistencia toda lesión,
condición o enfermedad que aparezca como antecedente en la historia clínica del
usuario, sin importar si ha sido declarada o no, o si ha sido detectada o no,
en el examen médico de ingreso si éste se hubiere realizado (…)”.
A
juicio de la Sala, este tipo de cláusula resulta absolutamente general y
ambigua, en tanto que no detalla de manera explícita los tratamientos y
enfermedades que se consideran excluidas de la póliza, en contravención con la
jurisprudencia precitada.
72.
Por otro lado, no es de recibo el argumento según el cual el paciente incurrió
en mala fe al no haber declarado explícitamente que padecía de obesidad dado
que en el formulario de ingreso[40]
ésta no constaba entre las enfermedades que se pedía declarar. En segundo
lugar, para el momento de elaboración de la póliza (2010) el peticionario no
había presentado los síntomas derivados de la obesidad grave que sí presentó
posteriormente (2014, según la historia clínica[41]);
tercero, dado que el accionante ha convivido con exceso de peso toda su vida,
no podía esperarse que esto pudiese ser considerado por él como una “dolencia”
que debía ser declarada, sobre todo si hasta el momento no había presentado
síntomas. Por el contrario, la existencia de la enfermedad habría podido
comprobarse con el examen médico previo que no fue realizado, lo cual evidencia
que no puede exigírseles a los usuarios que den cuenta de su estado de salud
con el grado de detalle que sólo un profesional médico podría proporcionar.
73.
Del mismo modo, es necesario señalar el error en el que incurrió el fallador de
segunda instancia quien luego de reiterar la jurisprudencia ya reseñada,
concluye de manera paradójica que no es posible acceder a ordenar la
realización de la cirugía bariátrica pues, a su juicio, “está excluida de
cobertura, de manera expresa”, para lo cual cita la “condición segunda” de la
póliza, según la cual se encuentran excluidos los “tratamientos y/o
procedimientos quirúrgicos, médicos, ortopédicos o de cualquier índole cuya
finalidad sea estética, de embellecimiento, rejuvenecimiento y/o complicaciones
derivadas de este tipo de tratamientos ya sean médicos o paramédicos”. Y se
dice que dicha conclusión es paradójica porque a pesar de reconocer que la
obesidad del actor no podía considerarse como una preexistencia a la luz de la
jurisprudencia aplicable, decide negar la pretensión argumentando que la
cirugía bariátrica es de tipo cosmético, ignorando de plano todos los
dictámenes médicos que obran en el expediente según los cuales se debe
considerar la realización de dicha intervención para evitar complicaciones
derivadas de la obesidad que se encuentran deteriorando gravemente la calidad
de vida del accionante y no por razones meramente estéticas.
74.
Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia y
dejará en firme la orden proferida por el a quo, en el sentido de
ordenar a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. que, en el marco de la póliza
de seguro de salud celebrada con el accionante, proceda a realizar el trámite
respectivo para que al señor Andrés Mauricio Fonseca Perdomo le sea practicado
el procedimiento denominado “Gastrectomía Tipo Sleeve por Laparoscopia”, según
dictamen de los profesionales médicos adscritos al Hospital Universitario
Fundación Santa Fe de Bogotá.
Expediente
T-5.061.429
75. En cuanto a
este caso, debe señalarse que la señora Ester Castillo, para quien se pedía la
protección constitucional, falleció el 3 de septiembre de 2015 según fue
informado por su hija, la señora Blanca Castillo. Por tanto, en esta ocasión la
Corte deberá aplicar la jurisprudencia concerniente a la carencia actual de
objeto entendiendo que se ha configurado un escenario en el cual la orden que
pudiera llegar a proferirse no tendría ningún efecto por la inexistencia de la
persona que se vería beneficiada con la misma. Sin embargo, lo anterior no
obsta para que la Corte pueda realizar un pronunciamiento de fondo sobre la
existencia de vulneración de derechos fundamentales y la corrección de
decisiones judiciales de instancia, dado que esta Corporación en sede de
revisión tiene el deber de fijar las reglas de interpretación de las normas y
principios constitucionales.
76. De este
modo, si bien en el presente caso no es posible tutelar lo derechos
fundamentales de la señora Ester Castillo, la Sala debe resaltar que al momento
de su fallecimiento la EPS accionada no había recibido el suministro de pañales
que había sido ordenado por los jueces de instancia, por lo cual puede
afirmarse que la situación de vulneración de sus derechos fundamentales se
mantuvo aun después de haber resultado beneficiada por el amparo
constitucional. Por lo anterior, la Sala estima pertinente poner este caso en
conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud para que determine la
viabilidad de imponer algún tipo de sanción a la EPS accionada, en el marco de
sus competencias.
77. Por otro
lado, como se señaló anteriormente, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior
de la Judicatura profirió sentencia de segunda instancia que modificando la
orden del a quo e indicando que Capital Salud E.P.S. debía proporcionar
los pañales transitoriamente y remitir a la señora Ester Castillo a la
Secretaría de Salud de Bogotá, con el fin de que esta última asumiera de manera
definitiva la prestación. Al respecto, la Sala comparte el sentido del salvamento
de voto emitido por el Consejero Néstor Osuna a dicha providencia, en el cual
hace énfasis en que las condiciones de salud de la agenciada eran tan graves
que no podía habérsele impuesto la carga de realizar trámites administrativos
adicionales “so pretexto de hacer respetar el carácter residual de la acción de
tutela”. En consecuencia, la Sala prevendrá al Consejo Superior para que, en
adelante, profiera las órdenes teniendo en consideración la situación
particular de los agenciados y su capacidad de cumplir las cargas que
eventualmente se considere necesario que asuman, en pos de la garantía de sus
derechos fundamentales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Expediente T-5.046.747
PRIMERO: REVOCAR
el fallo proferido en única instancia por el
Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla dentro del expediente T-5.046.747
y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales del menor Esneider
Prenth Rodríguez.
SEGUNDO:
ORDENAR a CAPRECOM E.P.S. que dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia proceda a expedir las autorizaciones necesarias para que un grupo
multidisciplinario de especialistas estudie el caso del menor Prenth Rodriguez
con miras a que se realice una cirugía reconstructiva de su rostro.
TERCERO:
ORDENAR a CAPRECOM E.P.S. que, una vez obtenido el
dictamen médico favorable a la realización de la mencionada cirugía, proceda a
autorizar y a realizar dicha intervención en un término no mayor a un mes
calendario desde el momento en que se conozca el mencionado dictamen.
CUARTO:
ORDENAR a CAPRECOM E.P.S. que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
proceda a expedir las autorizaciones que el menor Esneider Prenth Rodríguez requiera
para que sea atendido por un profesional en psicología.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, OFICIAR a la
Superintendencia Nacional de Salud para que proceda a estudiar la eventual
responsabilidad de la accionada por el retraso en la prestación de servicios de
salud al menor Esneidder Prenth Rodríguez, dentro del ámbito de sus
competencias.
Expediente
T-5.050.455
SEXTO:
REVOCAR las sentencias proferidas por el
Juzgado 20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali en
primera instancia y el Juzgado 3 Penal de Circuito con Función de Conocimiento de
Cali en segunda instancia, dentro del expediente T-5.050.455. En su
lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales del señor Álvaro
Melo Solano.
SÉPTIMO:
ORDENAR a Colsanitas E.P.S. que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda
a autorizar el servicio de enfermería permanente (24 horas) a favor del señor
Melo Solano. Igualmente, deberá adelantar jornadas de capacitación para los
familiares cercanos (entre ellos la accionante), con el fin de que participen
del proceso terapéutico del paciente.
OCTAVO: ORDENAR
a la señora Luz Marina Melo de Zapata que allegue
al Juzgado 20 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cali o a quien haga sus veces las pruebas suficientes
que demuestren incapacidad económica suya y de su familia para cubrir los
gastos derivados del servicio de enfermería para su padre.
NOVENO:
ORDENAR al Juzgado 20 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Cali o a quien haga sus veces que, en el marco del
seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia,
proceda a recaudar las pruebas tendientes a verificar la incapacidad económica
de la accionante y su familia para cubrir el costo del servicio de enfermería
requerido por el señor Álvaro Melo. En caso de que no se llegue a probar dicha
incapacidad económica, el mencionado Juzgado podrá autorizar a la EPS a
suspender la prestación del servicio, sólo por la mencionada razón.
DÉCIMO: ADVERTIR a la señora Luz Marina Melo de Zapata que las anteriores órdenes no
podrán entenderse en perjuicio de los deberes que le asisten como familiar de
su señor padre, tales como asistir a las capacitaciones ordenadas, los cuales deberá
cumplir en la medida de sus capacidades.
Expediente
T-5.053.956
UNDÉCIMO:
REVOCAR la sentencia proferida de única instancia
proferida por el Juzgado 29 Administrativo Oral del Circuito de Medellín dentro
del expediente T-5.053.956 y, en consecuencia, CONCEDER el amparo
solicitado a favor de la señora Otilia Arias de Atehortúa.
DÉCIMO
SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA E.P.S. que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda
a autorizar el suministro diario de pañales a favor de la señora Otilia
Arias de Atehortúa, en las cantidades y en la talla que señalen los
accionantes. La E.P.S quedará autorizada a realizar una visita domiciliaria con
el fin de verificar la cantidad necesaria de pañales que la señora Arias de
Atehortúa requiere diariamente y a ajustar el suministro en consecuencia.
Expediente
T-5.055.084
DÉCIMO
TERCERO: REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cali en única
instancia dentro del expediente T-5.055.084. En consecuencia,
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del menor David
González Pérez.
DÉCIMO CUARTO:
ORDENAR a Salud Total E.P.S. que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda
a autorizar el servicio de transporte solicitado para el menor y un
acompañante adulto, ida y vuelta, desde el hogar de la accionante hasta el
Instituto para Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Dicho servicio deberá
prestarse, siempre y cuando se mantenga la situación de precariedad económica
que le impide acceder al transporte por su propia cuenta y siempre que el menor
se mantenga recibiendo terapias de rehabilitación en el mencionado Instituto.
DÉCIMO QUINTO: ADVERTIR a
Salud Total EPS que sólo podrá suspender la prestación del servicio ordenado en
el numeral décimo cuarto con autorización
previa del Juzgado Quinto Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento o el despacho que haga sus veces, que
será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la orden proferida en
dicho numeral.
DÉCIMO SEXTO: PREVENIR
a la accionada que la
falta de pago de copagos y cuotas moderadoras no puede convertirse en obstáculo
para que el menor acceda a los servicios médicos que necesite, situación ante
la cual la EPS deberá brindar oportunidades y formas de pago, exigiendo
garantías adecuadas.
Expediente T-5.058.627
DÉCIMO SÉPTIMO: REVOCAR las
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad
en segunda instancia dentro del expediente T-5.058.627 y, por ende, CONFIRMAR
la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Setenta y Uno Civil
Municipal de Bogotá en primera instancia que CONCEDIÓ las pretensiones
impetradas por el señor Andrés Mauricio Fonseca Perdomo.
DÉCIMO OCTAVO:
ORDENAR a MetLife Compañía de Seguros S.A. que dé
cumplimiento al numeral segundo de la providencia proferida por el Juzgado
Setenta y Uno Municipal de Bogotá. En consecuencia, deberá proceder a expedir la autorización respectiva para que al señor
Andrés Mauricio Fonseca Perdomo le sea practicado el procedimiento denominado
“Gastrectomía Tipo Sleeve por Laparoscopia”, en el marco de la póliza de seguro
de salud celebrada con el accionante y según dictamen de los profesionales
médicos adscritos al Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá.
Dichas autorizaciones deberán expedirse dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación del presente fallo.
Expediente
T-5.061.429
DÉCIMO NOVENO:
DECLARAR IMPROCEDENTE por carencia actual de objeto
la acción de tutela impetrada a favor de la señora Ester Castillo, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente sentencia.
VIGÉSIMO: Por Secretaría General de esta Corporación, REMITIR copia del
presente fallo y del expediente correspondiente a la Superintendencia Nacional
de Salud para que, en el marco de sus competencias, realice las acciones que
estime convenientes a fin de establecer la razón por la que Capital
Salud E.P.S. omitió cumplir las sentencias de tutela de instancia.
VIGÉSIMO
PRIMERO: PREVENIR a la Sala Jurisdiccional de la
Judicatura para que, en adelante, profiera las órdenes teniendo en
consideración la situación particular de los agenciados y su capacidad de
cumplir las cargas que eventualmente se considere necesario que asuman, a favor
de la garantía de sus derechos fundamentales.
Órdenes
generales
VIGÉSIMO
SEGUNDO: ADVERTIR que el seguimiento al
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia corresponde a los
distintos jueces de primera instancia. Sin embargo,
esta Corte, a través de su Sala Novena de Revisión o la que se disponga para el
caso, se reserva la posibilidad de asumir el seguimiento a dicho cumplimiento
de considerarlo necesario.
VIGÉSIMO
TERCERO: OFICIAR, a través de la Secretaría General
de esta Corporación, a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia
Nacional de Salud para que realicen un seguimiento al cumplimiento de las
órdenes adoptadas en esta providencia, dentro del marco de sus competencias.
VIGÉSIMO
CUARTO: LÍBRENSE por Secretaría General de la
Corte, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MYRIAM
ÁVILA ROLDÁN
Magistrada
(E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia T-131 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica.
[2]
Sentencia T-531 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3]
La noción de integralidad del servicio de salud se encuentra,
entre otras fuentes, en pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, tales como la Observación General No. 14 de 2000. En el
mismo sentido, ver Sentencias T – 179 de 2000, M.P.: Alejandro Martínez
Caballero; T-1059 de 2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; T-062 de
2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-730 de 2007, M.P.: Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-536 de 2007, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-421 de
2007, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla.
[4]
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido, ver
Sentencia T – 179 de 2000, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[5]
Al respecto, ver Sentencias T-500 de 1994, M.P.: Alejandro
Martínez Caballero; SU – 819 de 1999 M.P.: Álvaro Tafur Galvis;  T-523 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda y
T – 321 de 2012, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[6]
Sentencia T-206 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio.
[7]
Por “copagos” debe entenderse como los aportes que tienen el propósito de financiar el sistema de
salud y únicamente deben ser sufragados por los beneficiarios del sistema.
Deben cancelarse por recibir los servicios contemplados en el artículo 7 del
Acuerdo 260 de 2004.
[8]
Las cuotas moderadoras pretenden
regular el uso del servicio de salud y estimular su buen uso, valores que deben
ser cancelados por cotizantes y beneficiarios en forma indistinta como producto
de recibir los servicios establecidos en el artículo 6 del Acuerdo 260 de 2004.
[9]
Modificado por el Decreto 4877 de 2007.
[10]
Sentencia T-619 de 2014, M.P.: Martha Victoria Sáchica.
[11]
Corte Constitucional. Sentencia T-296 de 2006. Reiterado en las
sentencias: T-725 de
2010, T-924 de 2011, T-388 de 2012, T-500 de 2013, T-105 de 2014, T-619 de 2014
y T-131 de 2015, entre otras.
[12]
Sentencia T-613 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. Al respecto, ver la ya
citada T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
[13] T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda). Sin embargo,
como lo señala la Sentencia T-255 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas): “en
relación con la exigencia de suscripción de la orden médica por el galeno de la
EPS, la jurisprudencia reciente de esta Corte flexibilizó dicha carga. Al
respecto la sentencia T-374 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio) señaló: “La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el médico tratante es
la persona idónea para determinar un tratamiento en salud. Además, por regla
general, ha considerado que el concepto relevante frente a los tratamientos es
el establecido por el galeno que se encuentra adscrito a la EPS encargada de
garantizar los servicios de cada persona. || Sin embargo, se han establecido
ciertas excepciones. En efecto, el concepto del médico tratante que no se
encuentra adscrito a la EPS debe ser tenido en cuenta por dicha entidad siempre
que se presenten ciertas circunstancias, entre estas se destacan: || “(i) En
los casos en los que se valoró inadecuadamente a la persona. (ii) Cuando
el concepto del médico externo se produce en razón a la ausencia de valoración
médica por los profesionales correspondientes, lo que indica mala prestación
del servicio. (iii) Cuando en el pasado la EPS ha valorado y aceptado
los conceptos del médico externo como médico tratante. (iv) Siempre que
la EPS no se oponga y guarde silencio después de tener conocimiento del
concepto del médico externo”[13]. || En
desarrollo de lo anterior, este tribunal recuerda lo señalado en la sentencia
T-889 de 2010, en la que resolvió un caso en el que a la peticionaria le fue
negado el procedimiento ordenado por un médico tratante no adscrito a su EPS,
al que acudió después de haberse sometido a múltiples dietas sin resultado
alguno: “(…) el concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a obligar
a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene
noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información
científica, teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea
porque se valoró inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido
sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la
entidad de salud en cuestión. En tales casos, el concepto médico externo
vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con
base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso
concreto”.”
[14]
Ver Sentencias T-662 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil y la ya
citada T-131 de 2015.
[15] Sentencia T-760 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[16] Sentencias T-745 de 2009
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-365 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo); T-587 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),  T-022 de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-481 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-173
de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[17] Sentencias T-246 de 2010
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-481 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[18] Sentencia T-481 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En estos casos, sin importar la capacidad
económica del paciente, la EPS está obligada a cubrir el costo del traslado.
[19] Ver Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
[20]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[21]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[22] Además,
el fallo precisa que la falta de capacidad económica puede ser temporal o
permanente y señala las reglas que deben ser tenidas en cuenta para determinar
los casos en los que es viable excluir al afiliado de los pagos, para
garantizar su derecho a la salud.
[23] Auto
035 de 2007 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[24] Sentencia T-255 de 2015.
Sobre este aspecto se pueden consultar las providencias T-065 de 2010 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva), T-194 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-235 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-710 de 2010 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T-344 de 2011 (M.P. Humberto Sierra Porto) y T-327 de 2013
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). También se pueden consultar las providencias T-502
de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-288 de 1997 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), A- 203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda),  T-1020 de 2004
(M.P. Humberto Sierra Porto), T-693 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), A-227
de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto), A-234 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), A-308 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), A-150 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño) y C-483 de 2008, entre otras.
[25]
Ver, por ejemplo, Sentencias T-171 de 2003 o T-152 de 2006.
[26] Así por
ejemplo, hablando de las pólizas de seguro para gastos de salud, la Corte ha
indicado que: “para la Corte es evidente
que la oposición de preexistencias no contempladas previamente o la elusión de
la responsabilidad de la compañía en este tipo de contratos, aunque no se
traduzcan en la obligatoriedad de que ésta preste servicios clínicos, médicos o
quirúrgicos, puede llevar a efectos similares a los que se ocasionan en
contratos de medicina prepagada cuando no cubren lo que se han comprometido a
cubrir, con el consiguiente perjuicio para la salud de los contratantes, y aun
con riesgo para derechos fundamentales en conexión con ella.” Sentencia T-118 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández. Citada en la
Sentencia T- 430 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
[27]
Sentencia T-184 de 2014, M.P. Nilson pinilla Pinilla.
[28]
M.P. José Gregorio Hernández.
[29]
Cuaderno 1. Folio 54. Expediente.
[30]
Cuaderno 1. Folio 50. Expediente.
[31]
Cuaderno 1. Folio 03. Expediente.
[32]
Sentencia T-1030 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
[33]
Sentencia T-154 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero. En el
mismo sentido, Sentencia T-131 de 2015, M.P. Martha Sáchica Méndez.
[34]
Sentencia T-131 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica.
[35]
Ibíd.
[36]
En este punto, la Sala encuentra que la accionante se
encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, al ser madre del
menor y, por tanto, representante legal del mismo.
[37] Cfr. folios 14, 16 y 17
del Cuaderno 1 del Expediente. En el mismo sentido, ver, por ejemplo, la
entrevista hecha a la directora del mencionado Instituto hecha en 2014, en la
que ésta indica que “El instituto tiene los cuatro niveles de atención en salud.
Además hacemos promoción y prevención; diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico;
habilitación y rehabilitación, y ayuda diagnóstica”:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/entrevista-con-directora-del-instituto-para-ninos-ciegos-y-sordos-del-valle-del-cauca/14018895
[38] Sentencia
T-856 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz. Ver también Sentencias: T-490 de 2009, T-832 de 2010, T-738 de 2011, T-751
de 2012 y T-662 de 2013.
[39]
Ver, por ejemplo, Sentencias T-171 de 2003 o T-152 de 2006.
[40]
Cuaderno 1, página 71.
[41]
Cuaderno 1, páginas 3 y siguientes.