C-296-95
Sentencia No
Sentencia No. C-296/95
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Abuso
Se pide a la Corte que se exceda en el
ejercicio de sus competencias y entre a estudiar la conveniencia o
inconveniencia de las normas demandadas. De otra parte, se le solicita que
formule los cargos que el demandante omitió y que  explore la relevancia constitucional
de afirmaciones vagas que no parecen pertinentes en una acción de esta
naturaleza. Es, pues, un claro ejemplo de abuso ciudadano de la acción pública
de inconstitucionalidad. Lo que hace que este sea un momento oportuno para que
la Corte reitere la importancia, para el cumplimiento eficaz del ordenamiento
jurídico, de que los ciudadanos ejerzan con seriedad y responsabilidad los
mecanismos de control y protección del orden constitucional, y no incurran en
abusos que sólo entorpecen el proceso de administración de justicia.
ORDENAMIENTO
JURIDICO-Condiciones de
existencia
Las condiciones primordiales e
indispensables para que un ordenamiento jurídico exista son, de un lado, la
existencia de un poder estatal que imponga el cumplimiento de las normas frente
a aquellas personas que no estarían dispuestas a obedecer de manera espontánea
y, del otro, la existencia de una estructura estatal dispuesta a aplicar las
normas jurídicas de manera voluntaria.
MONOPOLIO ESTATAL
DE LAS ARMAS/PROPIEDAD DE ARMAS
La Constitución de 1991 crea un monopolio
estatal sobre todas las armas y que el porte o posesión por parte de los
particulares depende de que el Estado otorgue el correspondiente permiso. En
este orden de ideas no puede afirmarse que la creación de tal monopolio vulnera
el artículo 336 de la Carta, pues se trata de un monopolio de creación
constitucional que nada tiene que ver con los monopolios de orden económico de
que habla este último artículo. No existe por lo tanto una propiedad privada
originaria sobre armas, tal como se contempla el derecho a la propiedad privada
en el artículo 58 de la Constitución Política.
DERECHOS
ADQUIRIDOS SOBRE POSESION Y TENENCIA DE ARMAS-Inexistencia/PORTE DE ARMAS-Permisos
En materia de posesión y tenencia de armas
no hay derechos adquiridos que puedan oponerse al Estado. Existe, en cambio, un
régimen de permisos - desde antes de la vigencia de la Constitución de 1991 - a
partir de los cuales se hacen efectivos algunos derechos como el de posesión y
porte, pero son estos permisos, surgidos de la voluntad institucional los que
constituyen y hacen efectivo el derecho y, de ningún modo, la existencia de un
título originario concebido en los términos de la propiedad civil. En este
contexto es necesario excluir a las armas del ámbito de los derechos
patrimoniales para ubicarlas en el contexto de las relaciones entre el Estado y
los particulares, en el cual se aplican las normas y principios del derecho
público.
MONOPOLIO ESTATAL
DE ARMAS-Límites/MONOPOLIO
ESTATAL DE ARMAS-Controles
La existencia y legitimidad constitucional
de tal monopolio no puede ser la excusa para que se vulneren los derechos
económicos y la libertad de empresa y de comercio de quienes utilizan
maquinaria, artefactos y materias primas propios de la industria de las armas
para producir otras mercancías de libre circulación. Pero, de otra parte,
también resulta obvio que de nada serviría prohibir la importación de una arma
si al tiempo existe libertad de comercio sobre los insumos que integran dicho
artefacto y que hacen posible su producción nacional. Controlar el comercio y
la producción de las armas, municiones y explosivos implica también
necesariamente controlar, en forma razonable, la comercialización y elaboración
de las materias primas, maquinaria y artefactos que se necesitan para
producirlas.
ARMAS DE MUSEO-Objeto de regulación
Si la definición del concepto de arma es
una facultad del legislador que entraña la existencia de un ámbito de libertad
para la fijación razonable de su sentido, entonces debe concluirse que las
armas de museo pueden ser objeto de regulación por parte del legislador
extraordinario. Los argumentos sobre la conveniencia o inconveniencia del
régimen diseñado por el legislador pueden o no ser legítimos, pero carecen de
toda relevancia en términos del control constitucional.
FACULTADES
EXTRAORDINARIAS-Modificación
de código
En todo caso, aún en el evento de que una
modificación de este tipo hubiese tenido lugar, tampoco se habría incurrido en
inconstitucionalidad por este motivo, debido a que se trataría simplemente de
una reforma parcial que no afecta la estructura general del Código, ni
establece la regulación sistemática e integral de una materia y, por lo tanto,
no vulnera el principio democrático que el Constituyente quiso proteger con la
prohibición de que trata el tercer inciso del numeral décimo del artículo 150
de la Carta.
DERECHO A LA
RECREACION-Uso de armas
El derecho a la recreación - como los demás
derechos constitucionales - debe ser interpretado y aplicado en concordancia
con los otros derechos, valores y principios del ordenamiento jurídico. Una
visión absolutista de los derechos, además de ser inconcebible teóricamente, es
impracticable. El orden público, la paz, la seguridad ciudadana, entre otros,
son limites evidentes al derecho a la recreación de los individuos. Además, en
el caso que se estudia, el derecho a la recreación no se suspende o elimina,
sino que sufre una limitación razonable y proporcional frente a los valores
fundamentales que el decreto pretende proteger, valores éstos que tienden a
garantizar una convivencia pacifica y el monopolio de las armas por parte del
Estado.
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE-No se predica de
la creación de normas
El principio de la buena fe se predica de
las actuaciones de los ciudadanos frente al cumplimiento de las leyes, no de la
creación de normas generales y abstractas. Cuando una norma general y abstracta
parte del supuesto de la posible desviación de una conducta y, en esta
dirección, impone restricciones a la libertad individual, no vulnera el
principio de la buena fe.
CONDUCTAS
CULPABLES-Regulación
El demandante confunde la adopción de una
tesis peligrosista con la regulación de conductas culpables que atentan contra
bienes jurídicos tutelados por el derecho. Aquélla se presenta cuando la
legislación penaliza ciertas situaciones o determinado tipo de personas, bajo
el supuesto de la amenaza social que representan, sin que exista una relación
de causalidad necesaria entre el supuesto de hecho y la actividad
delincuencial. Es el caso, por ejemplo, de las normas que penalizan la
mendicidad y la vagancia o el consumo mínimo de drogas. Sin embargo, en el caso
de la regulación del porte de armas, lo que se hace es prohibir una conducta
culpable de un agente. En estos delitos, no se penaliza en abstracto, por el
supuesto peligro social que representan las personas, sino que se hace por una
conducta específica que se estima atentatoria del orden público.
FEDERACION
COLOMBIANA DE TIRO Y CAZA-Naturaleza/DERECHOS
FUNDAMENTALES-No son absolutos
La Federación Colombiana de Tiro y Caza es
una corporación, conformada por una pluralidad de individuos unidos por un
objetivo común y dispuestos a colaborar en la realización de un mismo fin no
lucrativo, durante un período de tiempo considerable. A esta asociación se le
ha reconocido personería jurídica y su vida interna se encuentra regida por
estatutos derivados de la voluntad de sus asociados.  Este acuerdo de
voluntades produce efectos jurídicos, en virtud del principio de la autonomía
de la voluntad. La jurisprudencia constitucional ha reconocido la importancia
de este principio en la instauración de una sociedad fundada en la libertad y
el respeto de los derechos fundamentales. En este sentido no cabe duda de que
las normas restringen el derecho de asociación, tanto por la obligatoriedad de
afiliarse para practicar el deporte de tiro y caza, como por la intervención en
la órbita propia de la Federación  y de los respectivos clubes en cuanto se
refiere a las causales para afiliar, suspender o retirar a un miembro. Empero,
la jurisprudencia, en desarrollo de claros mandatos constitucionales, ha
establecido que los derechos fundamentales que consagra la Carta no son de
carácter absoluto.
ARMAS DEPORTIVAS-Permiso para utilización
Cuando el Estado otorga un permiso para la
utilización de armas deportivas, éstas no pueden ser usadas para otros fines
(art. 16). Sobre ellas recae una limitación adicional que el Estado no está en
capacidad de verificar con la misma diligencia con la que pueden hacerlo los
clubes de tiro y caza. Estas asociaciones ejercen un mayor control sobre el uso
de tales armas, lo que justifica el deber de vigilancia y control que establece
el decreto. Para que esta función de vigilancia y control resulte eficaz, las
personas que tengan armas para la práctica del deporte deben estar asociadas,
pues mal puede un club vigilar a quien no es miembro del mismo.
LIBERTAD DE
ASOCIACION
No está llamado a prosperar el cargo del demandante
en relación con el derecho a la libertad de asociación, debido a que el interés
que tiene el Estado en la vigilancia de las armas en poder de los particulares,
en este caso tiene precedencia respecto del derecho individual a la libertad de
asociación, el cual, de otra parte, sólo se reduce de manera proporcional y
razonable. Los valores y principios constitucionales que se encuentran en juego
en esta materia y que han sido expuestos en esta providencia, sirven para
sustentar esta afirmación.
DERECHO A LA
AFILIACION A UN CLUB
Si un club cuenta con todos los requisitos
exigidos por el decreto, la Federación Colombiana de Tiro y Caza no puede
negarse a afiliarlo. Lo contrario, sería tanto como aceptar que el derecho a la
recreación y a la práctica del deporte de los miembros de tal club se sujeta a
una decisión discrecional de una federación de naturaleza privada, lo que sin
duda resulta inconstitucional. El rechazo de una petición debe, por
consiguiente, motivarse en causales legales o reglamentarias y estará sujeta a
los controles que el ordenamiento jurídico consagra para este tipo de actos.
RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO-Inexistencia
El Estado será responsable siempre que
falte al cumplimiento de alguna de sus obligaciones, pero si un particular
causa un daño antijurídico con un arma cuyo porte o tenencia ha sido autorizado
legítimamente por él, y no existe vínculo alguno con el servicio que en estas
materias están obligadas a prestar las autoridades, no podrá configurarse la
responsabilidad pública.
ARMAS DE GUERRA-Permisos/ARMAS DE GUERRA-Prohibición
de tenencia o porte
Si bien en términos generales la
Constitución vigente contempla un régimen más restrictivo en materia de
posesión y porte de armas, al considerar que sobre todas ellas existe un
monopolio estatal, el artículo 9 del decreto 2535 permite que los permisos se
extiendan también a las armas de guerra. Esta posibilidad no se contemplaba en
la redacción del artículo 48 de la Constitución anterior. En efecto, esta norma
establecía una clara diferencia entre armas de guerra y otras armas. Mientras
las primeras sólo podían ser introducidas, fabricadas o poseídas por el
Gobierno, las segundas estaban sometidas a un régimen de permisos. El propósito
de la Constitución vigente, en materia de armas,  no fue otro que el de
fortalecer la paz y fomentar una articulación social a través de los valores de
la cooperación, la solidaridad y el entendimiento entre las personas. La
entrega de armas a los particulares es aceptada dentro del ordenamiento
constitucional como una posibilidad excepcional. En ningún caso los
particulares pueden estar colocados en la posibilidad de sustituir a la fuerza
pública. Por consiguiente, la tenencia o porte de armas de guerra les debe
estar vedado. Al respecto debe precisarse que no se puede tratar de armas de
guerra, pues su uso está reservado a ciertos organismos armados del Estado. El
legislador no puede desvirtuar la prohibición constitucional de dotar a la
población civil de  armas de guerra, de tal manera que, de hecho, se conformen
grupos de fuerza pública que pugnen con lo dispuesto por el artículo 216.
PORTE DE ARMAS DE
USO RESTRINGIDO-Permisos
Los permisos para las armas de uso
restringido deberán responder a los siguientes lineamientos: 1) no puede tratarse
de armas de guerra o de uso exclusivo de la fuerza pública; 2) la concesión del
permiso es de carácter excepcional; 3) su objetivo no puede ser el de la
defensa de una colectividad, sino el de la protección de bienes o de personas
que específicamente requieran de este servicio; 4) no pueden ser entregadas
para ser usadas en situaciones en las cuales exista un conflicto social o
político previo, cuya solución pretenda lograrse por medio de las armas; 5) la
entrega de armas no debe traducirse en un desplazamiento de la fuerza pública y
6) el poder de vigilancia y supervisión del Estado debe ser más estricto que el
previsto para las armas de uso civil.
REF: Expediente
Nº D-702
Actor: ALVARO
MAURICIO ARCHILA GALVIS
Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f
"por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para
reglamentar la vigilancia y seguridad privadas" y el Decreto 2535 de 1993
"por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos"
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., Julio seis (06) de mil novecientos noventa y cinco
Aprobado por Acta Nº
La Sala Plena de la
Corte Constitucional integrada por su Presidente José Gregorio Hernández
Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell,
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo,
Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y
Vladimiro Naranjo Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
constitucionalidad contra  la Ley 61 de 1993, artículo 1° literales b) y f)
"por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para
reglamentar la vigilancia y seguridad privadas" y el Decreto 2535 de 1993
"por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos".
TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS
LEY 61 DE 1993
(agosto 12)
"Por la cual se reviste al Presidente
de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas,
municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad
privadas".
El Congreso de Colombia,
D E C R E T A :
ARTICULO 1º. De conformidad con el ordinal 10 del
artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la
República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los siguientes
efectos:
(...)
b) Establecer el
régimen de propiedad, porte, tenencia de las armas, y la devolución voluntaria
de las mismas al Estado;
(...)
f) Regular la
propiedad y tenencia de armas de fuego de las compañías de vigilancia y los
departamentos de seguridad de las personas jurídicas;
(...)
DECRETO NUMERO 2535 DE 1993
(diciembre 17)
"por el cual se expiden normas sobre
armas, municiones y explosivos".
El Presidente de la
República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), de la Ley 61
de 1993 y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión del Congreso de
que trata el artículo 2º de la misma,
DECRETA:
TITULO I
Principios generales.
ARTICULO 1º. Ambito. El presente Decreto tiene
por objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de armas,
municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar las armas; establecer el
régimen para la expedición, revalidación y suspensión de permisos, autoridades
competentes; condiciones para la importación y exportación de armas, municiones
y explosivos; señalar el régimen de talleres de armería y fábricas de artículos
pirotécnicos, clubes de tiro y caza, colecciones y coleccionistas de armas,
servicios de vigilancia y seguridad privada; definir las circunstancias en las
que procede la incautación de armas, imposición de multas y decomiso de las
mismas y establecer el régimen para el registro y devolución de armas.
Las armas,
municiones, explosivos y sus accesorios destinados a la Fuerza Pública para el
cumplimiento de su misión constitucional y legal, así como su fabricación y
comercialización en las empresas estatales no son objeto del presente Decreto.
ARTICULO 2º. Exclusividad. Sólo el Gobierno
puede introducir al país, exportar, fabricar y comercializar armas, municiones,
explosivos y las materias primas, maquinaría y artefactos para su fabricación y
ejercer el control sobre tales actividades.
ARTICULO 3º. Permiso del Estado. Los
particulares, de manera excepcional, sólo podrán poseer o portar armas, sus
partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, con permiso expedido
con base en la potestad discrecional de la autoridad competente.
ARTICULO 4º. Exclusión de responsabilidad. El
permiso concedido a los particulares para la tenencia o porte de las armas, sus
partes, piezas, municiones, explosivos y accesorios se expedirá bajo la
responsabilidad absoluta del titular del permiso y no compromete la
responsabilidad del Estado, por el uso que de ellas se haga.
TITULO II
Armas
CAPITULO I
Definición y Clasificación
ARTICULO 5º. Definición. Son armas, todos
aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o
muerte a una persona.
ARTICULO 6º. Definición de armas de fuego. Son
armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza
creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia
química.
Las armas pierden su
carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portadas.
ARTICULO 7º. Clasificación. Para los efectos del presente Decreto, las armas de
fuego se clasifican en:
a) Armas de guerra o
de uso privativo de la Fuerza Pública;
b) Armas de uso
restringido;
c) Armas de uso
civil.
ARTICULO 8º. Armas de guerra o de uso privativo de la
Fuerza Pública. Son armas
de guerra y por tanto de uso privativo de la Fuerza Pública, aquellas
utilizadas con el objeto de defender la independencia, la soberanía nacional,
mantener la integridad territorial; asegurar la convivencia pacífica, el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el
mantenimiento y restablecimiento del orden público, tales como:
a)Pistolas y
revólveres de calibre 9.652 mm. (.38 pulgadas) que no reúnan las
características establecidas en el artículo 11 de este Decreto;
b) Pistolas y
revólveres de calibre superior a 9.652 mm. (.38 pulgadas);
c) Fusiles y
carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 L. R.;
d) Armas automáticas
sin importar calibre;
e) Los antitanques,
cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los
calibres;
f) Lanzacohetes,
bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre;
g) Cargas explosivas
tales como bombas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación,
petardos, proyectiles y minas.
h) Granadas de
iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción de la Fuerza Pública;
i) Armas que lleven
dispositivos de tipo militar como miras infrarrojas, laséricas o accesorios
como lanzagranadas y silenciadores;
j) Las municiones
correspondientes al tipo de armas enunciadas en los literales anteriores.
Parágrafo 1º. El material descrito en el literal g)
podrá ser autorizado de manera excepcional, previo concepto favorable del
Comité de Armas, de que trata el artículo 31 de este Decreto.
Parágrafo 2º. El Gobierno Nacional por conducto del
Ministerio de Defensa Nacional determinará las armas de uso privativo que
puedan portar los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros
cuerpos oficiales armados de carácter permanente creados o autorizados por la
ley.
ARTICULO 9º. Armas de uso restringido. Las armas de uso restringido son armas de
guerra o de uso privativo de la fuerza pública, que de manera excepcional
pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad
competente, para defensa personal especial, tales como:
a) Los revólveres y
pistolas de calibre 9.652 mm. (.38 pulgadas) que no reúnan las características
establecidas en el artículo 11 de este Decreto;
b) Las pistolas de
funcionamiento automático y subametralladoras.
Parágrafo 1º. Aquellas personas que a la fecha de
expedición de este Decreto tengan armas de este tipo con su respectivo permiso
o salvoconducto vigente, deberán obtener el nuevo permiso para tenencia o para
porte, en los términos señalados en los artículos 22 y 23 del presente Decreto.
Parágrafo 2º. El Comité de Armas del Ministerio de
Defensa Nacional podrá autorizar la tenencia o porte de armas de uso
restringido, a las empresas transportadoras de valores, departamentos de
seguridad de empresas y a los servicios especiales de seguridad, previo
concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional reglamentará el
número máximo de armas de este tipo que en cada caso puedan portar los
particulares.
ARTICULO 10º. Armas de uso civil. Son aquellas, que con permiso de
autoridad competente, pueden tener o portar los particulares, y se clasifican
en:
a) Armas de defensa
personal;
b) Armas deportivas;
c) Armas de
colección.
ARTICULO 11º. Armas de defensa personal.
Son aquellas diseñadas para defensa individual a corta distancia. Se clasifican
en esta categoría:
a) Revólveres y
pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características:
- Calibre máximo
9.652 mm. (.38 pulgadas).
- Longitud máxima de
cañón 15.24 cm. (6 pulgadas).
- En pistolas,
funcionamiento por repetición o semiautomática.
- Capacidad en el
proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción de las que
originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos.
b) Carabinas calibre
22 S, 22 L, 22 L. R., no automáticas;
c) Las escopetas
cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas.
ARTICULO 12º. Armas deportivas. Son las
armas de fuego que cumplen con las especificaciones necesarias para practicar
las modalidades de tiro aceptadas por la Federación Internacional de Tiro y las
usuales para la práctica del deporte de la cacería, de acuerdo con la siguiente
clasificación:
a) Pistolas y
revólveres para prueba de tiro libre, rápido y fuego central;
b) Armas cortas no
automáticas para tiro práctico;
c) Revólveres o
pistolas de calibre igual o inferior a .38 pulgadas y de cañón superior a 15.24
cm. (6 pulgadas);
d) Escopetas cuya
longitud de cañón sea superior a 22 pulgadas;
e) Revólveres y
pistolas de pólvora negra;
f) Carabinas calibre
22 S, 22 L, 22 L. R., no automáticas;
g) Rifles de cacería
de cualquier calibre que no sean semiautomáticos;
h) Fusiles
deportivos que no sean semiautomáticos.
ARTICULO 13º. Armas de colección. Son
aquellas que por sus características históricas, tecnológicas o científicas
sean destinadas a la exhibición privada o pública de las mismas.
CAPITULO II
Armas y accesorios prohibidos.
ARTICULO 14º. Armas prohibidas. Además de
lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Política, se prohibe la
tenencia y el porte en todo el territorio nacional de las siguientes armas, sus
parte y piezas:
a) Las armas de uso
privativo o de guerra, salvo las de colección debidamente autorizadas, o las
previstas en el artículo 9º de este Decreto;
b) Armas de fuego de
cualquier calibre que hayan sido modificadas sustancialmente en sus
características de fabricación u origen, que aumenten la letalidad del arma;
c) Las armas
hechizas, salvo las escopetas de fisto;
d) Las que requiriéndolo
carezcan del permiso expedido por autoridad competente;
e) Las que el
Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, clasifique
como tales.
Parágrafo. También está prohibida la tenencia o
porte de artefactos fabricados sobre la base de gases venenosos, de sustancias
corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, y
los implementos destinados a su lanzamiento o activación.
ARTICULO 15º. Accesorios prohibidos. Se
consideran de uso privativo de la Fuerza Pública las miras infrarrojas,
laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que
alteren su sonido.
El Comité de Armas
del Ministerio de Defensa Nacional, de que trata el artículo 31 de este
Decreto, podrá autorizar a particulares el uso de algunos de estos elementos
para competencias deportivas.
CAPITULO III
Tenencia, porte, transporte, pérdida o
destrucción de armas y municiones.
ARTICULO 16º. Tenencia de armas y municiones.
Se entiende por tenencia de armas su posesión, dentro del bien inmueble
registrado en el correspondiente permiso, del arma y sus municiones para
defensa personal. La tenencia sólo autoriza el uso de las armas dentro del
inmueble, al titular del permiso vigente y a quienes siendo sus moradores permanentes
o transitorios asuman dicha defensa.
Las armas deportivas
solamente serán utilizadas en actividades de tiro y caza, con las limitaciones
establecidas en la ley y el reglamento, en particular las normas de protección
y conservación de los recursos naturales.
ARTICULO 17º. Porte de armas y municiones. Se
entiende por porte de armas y municiones la acción de llevarlas consigo, o a su
alcance para defensa personal con el respectivo permiso expedido por autoridad
competente.
ARTICULO 18. Transporte de armas. Las
armas con permiso de tenencia podrán ser transportadas de un lugar a otro, para
reparación o práctica de tiro en sitios autorizados, con el arma y el proveedor
descargados, y observando las condiciones de seguridad que establezca el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional.
ARTICULO 19. Pérdida, hurto o destrucción
de armas. El titular de un permiso para tenencia o porte de armas que sufra
la pérdida o hurto de la misma, deberá:
a) Informar por
escrito de manera inmediata a la autoridad militar que expidió el permiso, a la
ocurrencia de la pérdida o el hurto de la misma;
b) Formular en forma
inmediata la denuncia correspondiente;
c) Entregar el
permiso del arma y copia de la denuncia.
En caso de
destrucción de un arma, bastará con informar del hecho al Comando Militar que
concedió el permiso, adjuntando declaración rendida bajo la gravedad del
juramento, sobre el hecho y el respectivo permiso para su anulación.
Recibido el informe,
la autoridad respectiva lo comunicará al Departamento Control Comercio de
Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.
Parágrafo. Facúltase a la autoridad militar
competente para autorizar o negar un nuevo permiso para tenencia o para porte a
las personas naturales o jurídicas de que trata este artículo.
TITULO III
Permisos
CAPITULO I
Definición, clasificación, excepciones y
Comité de Armas.
ARTICULO 20º. Permisos. Es la
autorización que el Estado concede con base en la potestad discrecional de la
autoridad militar competente, a las personas naturales o jurídicas para la
tenencia o para el porte de armas.
Cada una de las
armas de fuego existentes en el territorio nacional en manos de los
particulares, debe tener un (1) permiso para tenencia o para porte según el uso
autorizado. No obstante, podrán expedirse dos (2) permisos para un (1) arma, si
su uso se autoriza entre parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
entre cónyuges o compañeros permanentes.
ARTICULO 21º. Clasificación de los permisos. Los
permisos tienen validez en todo el territorio nacional y se clasifican en:
permiso para tenencia, para porte y especiales.
ARTICULO 22º. Permiso para tenencia. Es aquel que autoriza a su titular para
mantener el arma en el inmueble declarado, correspondiente a su residencia, a
su sitio de trabajo o al lugar que se pretende proteger.
Sólo podrá
autorizarse la expedición hasta de dos (2) permisos para tenencia por persona.
El permiso de
tenencia tendrá una vigencia máxima de diez (10) años.
Parágrafo. Para la expedición de permisos de
tenencia a los coleccionistas deberá presentarse la credencial de coleccionista
de acuerdo con lo previsto en este Decreto; para la expedición de permiso de
tenencia para deportistas deberá acreditarse la afiliación a un club de tiro y
caza afiliado a la Federación Colombiana de Tiro.
ARTICULO 23º. Permiso para porte. Es aquel que autoriza a su titular para
llevar consigo un (1) arma.
Sólo podrá
autorizarse la expedición hasta de dos permisos para porte por persona. La
autorización para el segundo permiso será evaluada de acuerdo con las
circunstancias particulares de seguridad del solicitante. A quienes demuestren
estar en las circunstancias contempladas en el literal c) del artículo 34 de
este Decreto, se les podrá autorizar un número superior, previa autorización
del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
El permiso para el
porte de armas de defensa personal se expedirá por el término de tres (3) años;
y el permiso para porte de armas de uso restringido tendrá una vigencia de un
(1) año.
ARTICULO 24º. Permiso especial. Es aquel
que se expide para la tenencia o para porte de armas destinadas a la protección
de misiones diplomáticas o funcionarios extranjeros legalmente acreditados.
Cuando la concesión
del permiso se haga a nombre de la misión diplomática, la vigencia será de
cuatro (4) años. Tratándose de permisos concedidos a nombre de un funcionario,
su vigencia será hasta por el término de su misión.
ARTICULO 25º. Excepciones. No requieren
permiso para porte o para tenencia, las armas neumáticas, de gas y las armas
largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisto.
Parágrafo. No obstante lo establecido en este
artículo, las armas que no requieren permiso están sujetas a las disposiciones
previstas en los artículos 84 a 94 del presente Decreto, en lo pertinente.
ARTICULO 26º. Autorizaciones a personas
naturales. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 23 y 34 literal c)
de este Decreto, a las personas naturales sólo les podrá ser autorizado hasta
dos permisos para tenencia y hasta dos permisos para porte para las armas
relacionadas en los artículos 10 y 12 de este Decreto y excepcionalmente para
las previstas en el artículo 9º del mismo.
ARTICULO 27º. Autorizaciones para personas jurídicas. A partir de la vigencia del presente
Decreto a las personas jurídicas sólo les podrá ser autorizado permiso para
tenencia hasta para cinco (5) armas, de cualquiera de las siguientes: pistola,
revólver, carabina o escopeta de las características previstas en el artículo
11 del presente Decreto, salvo a los servicios de vigilancia y seguridad
privada, los cuales se rigen por las normas específicas previstas en este
Decreto y en las disposiciones que reglamenten esta actividad.
ARTICULO 28º. Autorizaciones para inmuebles rurales. A partir de la vigencia del presente
Decreto, para los inmuebles rurales, la autoridad militar respectiva podrá
conceder permiso para tenencia hasta para cinco (5) armas de defensa personal.
Parágrafo. Cuando por especiales circunstancias se
requiera un número superior de permisos, el propietario del inmueble deberá
constituir un Departamento de Seguridad en los términos establecidos en la ley.
ARTICULO 29º. Misiones diplomáticas. El Comando General de las Fuerzas Militares
podrá autorizar la expedición de permisos para la tenencia o porte de armas y
municiones para la protección de sedes diplomáticas y sus funcionarios,
debidamente acreditados ante el Gobierno Colombiano, teniendo en cuenta las
circunstancias concretas de cada misión o funcionario.
ARTICULO 30. Autorización para instalación de polígonos. La instalación de polígonos para tiro
requiere autorización del Comando General de las Fuerzas Militares, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional.
ARTICULO 31º. Comité de Armas del Ministerio de Defensa
Nacional. El Comité de
Armas estará integrado por:
a) Dos delegados del
Ministro de Defensa Nacional;
b) El Defensor del
Pueblo o su delegado;
c) El
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o su delegado;
d) El Jefe del
Departamento D-2 EMC del Comando General de las Fuerzas Militares;
e) El Subdirector de
Policía Judicial e Investigación;
f) El Jefe del
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.
El Comité de Armas
estudiará y decidirá sobre las peticiones que formulen los particulares en
relación con armas, municiones, explosivos y sus accesorios en los casos
establecidos en el presente Decreto.
El Comité será presidido
por el delegado del Ministro de Defensa que éste señale.
CAPITULO II
Competencia, requisitos, pérdida y
suspensión de la vigencia de permisos.
ARTICULO 32º. Competencia. Son competentes para la expedición y revalidación de
permisos para tenencia y para porte de armas y para la venta de municiones y
explosivos en los lugares que determine el Ministerio de Defensa Nacional, las
siguientes autoridades militares: El Jefe del Departamento Control Comercio
Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades
Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y
los Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército
Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
ARTICULO 33º. Requisitos para solicitud de permiso para
tenencia. Para el estudio
de las solicitudes de permisos para tenencia, deben acreditarse los siguientes
requisitos:
1. Para personas
naturales:
a) Formulario
suministrado por la autoridad competente, debidamente diligenciado;
b) Presentación de
la tarjeta de reservista o provisional militar;
c) Fotocopias de la
cédula de ciudadanía y del certificado judicial debidamente autenticadas;
d) Certificado
médico de aptitud sicofísica para el uso de armas.
2. Para personas
jurídicas:
a) Formulario
suministrado por autoridad competente debidamente diligenciado;
b) Certificado de
existencia y representación legal;
c) Fotocopias de la
cédula de ciudadanía y del certificado judicial del representante legal
debidamente autenticadas;
d) Concepto
favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para los
servicios sometidos a su vigilancia.
Parágrafo. El solicitante, además de los requisitos
anteriores deberá justificar la necesidad de tener armas para su seguridad y
protección, circunstancia que será evaluada por la autoridad competente.
ARTICULO 34º. Requisitos para solicitud de permiso para
porte. Para el estudio de
las solicitudes de permiso para porte deben acreditarse los siguientes
requisitos:
1. Para personas
naturales:
a) Acreditar los
requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo pertinente;
b) Si se solicita
permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá
justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este Decreto, aportando para
ello todos los elementos probatorios de que dispone;
c) Si se solicita
permiso para el porte de un arma de uso restringido, el solicitante deberá
justificar que se encuentre en peligro de muerte o grave daño personal por
especiales circunstancias de su profesión, oficio, cargo que desempeña o
actividad económica que desarrolla, que ameriten su expedición, para lo cual
podrá aportar todos los elementos probatorios de que disponga, previa
autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Para servicios de
vigilancia y seguridad privada:
a) Acreditar los
requisitos establecidos en el artículo anterior para las personas jurídicas.
ARTICULO 35º. Información a la autoridad. Las informaciones que se suministren a las
autoridades con el propósito de obtener armas, municiones y explosivos, se
considerarán rendidas bajo la gravedad del juramento, circunstancia sobre la
cual se deberá advertir al particular al solicitarle la información respectiva.
Es responsabilidad
del funcionario competente investigar todas las circunstancias y hechos
consignados en la solicitud, consultando los archivos de la Policía Nacional
del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos del Comando
General de las Fuerzas Militares y demás organismos de seguridad del Estado.
ARTICULO 36º. Cambio de domicilio. El titular de un permiso para tenencia o
para porte de armas, deberá informar todo cambio de domicilio, o del lugar de
tenencia del arma a la autoridad militar competente, dentro de los cuarenta y
cinco (45) días siguientes a que éste se produzca, y tramitar el cambio del
permiso de tenencia, si es del caso.
ARTICULO 37º. Costo del uso del arma y su devolución. A partir de la vigencia de este Decreto,
para la expedición del permiso para tenencia o para porte de armas y la entrega
de las mismas, el interesado deberá cancelar su valor. A la expiración del
término del permiso y en concordancia con el artículo 87, literal a), éste
podrá ser prorrogado, o en caso contrario el arma deberá ser devuelta a la
autoridad militar competente y su valor inicial o el mayor valor que resulte
del avalúo, será devuelto al titular, salvo en los eventos de pérdida de
vigencia del permiso por decomiso del arma.
Parágrafo 1º. Las personas que a la fecha de expedición
de este Decreto posean armas con su respectivo permiso, en el evento de su
cambio, no deberán cancelar nuevamente su valor. No obstante, a la expiración
del término del permiso, si éste no es prorrogado, el arma deberá ser devuelta
a la autoridad militar competente y el valor que resulte del avalúo será
devuelto a su titular, salvo en los eventos de pérdida de vigencia por decomiso
del arma.
Parágrafo 2º. En caso de que el arma devuelta presente
daños, el valor de su reparación será deducido. En caso de pérdida o hurto no
habrá lugar a devolución alguna.
Parágrafo 3º. Para el manejo y administración de los
valores de que trata este artículo, autorízase a la Industria Militar para
celebrar contratos de fiducia.
ARTICULO 38º. Revalidación. El titular de un permiso para tenencia o para porte de
armas, que desee su revalidación, deberá cumplir con las disposiciones
previstas en este Decreto. No obstante, el Comando General de las Fuerzas
Militares, dará aviso por escrito antes del vencimiento del mismo, a la
dirección registrada por el titular ante la autoridad militar competente.
ARTICULO 39º. Requisitos para revalidación. Para la revalidación de permisos el
interesado deberá demostrar que las circunstancias que dieron origen a su
concesión original, aún prevalecen, y además deberá presentar los siguientes
documentos:
a) Formulario
suministrado por la autoridad militar competente debidamente diligenciado;
b) Permiso vigente;
c) Fotocopia de la
cédula de ciudadanía y certificado judicial;
d) Recibo de pago
Parágrafo. A juicio de la autoridad competente se
podrá disponer la presentación del arma.
ARTICULO 40º. Pérdida de vigencia de permisos. Los permisos perderán su vigencia en
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Muerte de la
persona a quien se le expidió;
b) Cesión del uso
del arma sin la autorización respectiva;
c) Entrega del arma
al Estado;
d) Por destrucción o
deterioro manifiesto;
e) Decomiso del
arma;
f) Condena del
titular con pena privativa de la libertad;
g) Vencimiento de la
vigencia del permiso.
Parágrafo 1º. En el evento previsto en el literal a), los
beneficiarios o interesados deberán avisar a la autoridad militar competente,
dentro de los noventa (90) días siguientes al fallecimiento, pudiendo ellos
obtener permiso para tenencia de las armas del fallecido previo el cumplimiento
de los requisitos previstos en este Decreto, sin perjuicio de las disposiciones
sucesorales a que haya lugar.
Parágrafo 2º. En el evento previsto en el literal f),
las armas deberán ser entregadas a la autoridad militar dentro de los noventa
(90) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ordena la condena, por
cualquier persona que autorice el titular. Transcurrido este término procederá
el decomiso.
ARTICULO 41º. Suspensión. Las autoridades de que trata el artículo 32 del
presente Decreto, podrán suspender de manera general la vigencia de los
permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales,
personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán
ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales,
personas jurídicas o inmuebles rurales, previo el concepto del Comité de Armas
del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las
condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido.
Si el titular del
permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el
arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados
a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su
decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Cuando la suspensión
sea de carácter general los titulares no podrán portar las armas.
Parágrafo 1º. Los gobernadores y alcaldes, podrán
solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión
general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo 2º. La autoridad militar que disponga la
suspensión general de la vigencia de los permisos, podrá autorizar de manera
especial e individual el porte de armas a solicitud del titular o del
gobernador o alcalde respectivo.
ARTICULO 42º. Suspensión voluntaria. El titular de un permiso podrá solicitar
la suspensión de la vigencia del mismo, cuando no requiera hacer uso del arma.
En este caso, las armas deberán ser depositadas temporalmente en la Unidad
Militar más cercana a su domicilio.
Parágrafo. Durante el término de la suspensión no
correrán los términos de la vigencia del permiso.
ARTICULO 43º. Extravío de permisos. Cuando por cualquier circunstancia se
produzca el extravío del permiso, el propietario del arma deberá:
1. Formular la
denuncia.
2. Informar a la
autoridad militar más cercana al lugar de su residencia, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la ocurrencia del hecho, so pena de incurrir en la
sanción establecida en este Decreto.
Una vez cumplidos
los anteriores requisitos la autoridad militar competente podrá expedir nuevo
permiso.
CAPITULO III
Cesión del uso de armas.
ARTICULO 44º. Solicitud para la cesión del uso de armas. Cuando el titular de un permiso, para
tenencia o para porte requiera efectuar la cesión de su uso, deberá hacer la
correspondiente solicitud a la autoridad militar competente, la cual podrá
autorizarla si el cesionario reúne los requisitos de que trata el presente
Decreto.
ARTICULO 45. Procedencia de la cesión. La cesión del uso de armas de defensa
personal podrá autorizarse en los siguientes casos:
a) Entre personas
naturales o jurídicas, previa autorización de la autoridad militar competente;
b) Las
colecciones, entre coleccionistas y las armas deportivas entre miembros o
clubes afiliados a la Federación de Tiro y Caza;
c) De una persona
natural a una jurídica de la cual sea socio o propietario de una cuota parte.
Parágrafo. Los permisos para la tenencia de armas de
uso restringido, sólo podrán ser cedidos entre parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, cónyuges o compañeros
permanentes.
TITULO IV
Municiones, explosivos y sus accesorios.
CAPITULO I
Municiones.
ARTICULO 46.
Definición. Se entiende
por munición, la carga de las armas de fuego necesaria para su funcionamiento y
regularmente está compuesta por: vainilla, fulminante, pólvora y proyectil.
ARTICULO 47.
Clasificación. Las
municiones se clasifican:
1. Por calibre;
2. Por uso: de
guerra o uso privativo, de defensa personal, deportiva, de cacería.
ARTICULO 48. Venta de municiones: Las autoridades militares de que trata el
presente Decreto, podrán vender municiones a los titulares de los permisos
correspondientes.
A juicio de la
autoridad competente, podrá exigirse además de la presentación del permiso, la
presentación del arma.
Parágrafo. El Comando General de las Fuerzas
Militares, determinará las cantidades y tipo de munición, clase y la frecuencia
con que pueden venderse por cada tipo de arma y por cada clase de permiso.
ARTICULO 49. Prohibición: Queda prohibida la venta y uso particular de
municiones explosivas, tóxicas expansivas y de fragmentación.
CAPITULO II
Explosivos.
ARTICULO 50. Definición. Se entiende por explosivo, todo cuerpo o mezcla que
en determinadas condiciones puede producir rápidamente una gran cantidad de
gases con violentos efectos mecánicos o térmicos.
ARTICULO 51. Venta. La venta de explosivos, o sus accesorios se realizará
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)
Diligenciamiento de la respectiva solicitud;
b) Prueba de la
actividad para la cual se requiere el explosivo;
c) Justificación
de la cantidad de explosivos y accesorios solicitados;
d) El certificado
judicial del solicitante;
e) Los medios de
que dispone la persona o entidad que adquiere los explosivos, para ejercer              el
control que sobre los mismos exijan las autoridades militares competentes.
Parágrafo 1º. La venta de explosivos será potestad
discrecional de la autoridad militar competente, debiendo tenerse en cuenta la
situación de orden público reinante en la zona donde se vaya a utilizar el
material y la conveniencia y seguridad del Estado. La venta podrá ser
permanente cuando se acredite su uso para fines industriales.
Parágrafo 2º. Previa coordinación, se podrá autorizar la
fabricación y venta de explosivos en el sitio de trabajo.
Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional podrá ejercer control
sobre los elementos requeridos para uso industrial, que sin serlo
individualmente, en conjunto, conforman substancias explosivas y sobre los
elementos que sin serlo de manera original, mediante un proceso pueden
transformarse en explosivos.
ARTICULO 52. Responsabilidad. Toda persona natural o jurídica que
adquiera explosivos responde por su correcta y exclusiva utilización para los
fines detallados en la solicitud de compra. El comprador se hará acreedor a las
sanciones legales a que haya lugar, por uso indebido o destinación diferente
que se haga de estos elementos, provenientes de dolo, negligencia o descuido en
las medidas de control establecidas.
ARTICULO 53. Transporte aéreo. El transporte aéreo de armas, municiones,
explosivos y sus accesorios se efectuará observando las regulaciones del
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, o la entidad que haga sus
veces de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Reglamentos Aeronáuticos y
las demás disposiciones que se dicten sobre el particular.
ARTICULO 54. Transporte de explosivos. El transporte de explosivos y sus
accesorios dentro del territorio nacional se efectuará de acuerdo con los
requisitos que expida el Comando General de las Fuerzas Militares.
ARTICULO 55. Provisión y registro de explosivos. Para la provisión de explosivos las
personas naturales o jurídicas que tengan autorización legal para el empleo de
los mismos con fines industriales, se establecerán marcas, numeración o
distintivos especiales con el fin de controlar las cantidades indispensables
para su uso.
Estas personas
implementarán un archivo en el cual consten la calidad, características y
porcentajes de utilización de dichos materiales.
ARTICULO 56. Cesión. Sólo podrá efectuarse la cesión de explosivos, previa
autorización de la autoridad militar competente.
TITULO V
Importación y exportación de armas,
municiones y explosivos.
ARTICULO 57. Importación y exportación de armas,
municiones y explosivos.
Solamente el Gobierno Nacional podrá importar y exportar armas, municiones,
explosivos y sus accesorios, de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.
La importación de
explosivos y de las materias primas contempladas en el parágrafo 3º del
artículo 51 de este Decreto, podrá llevarse a cabo a solicitud de los
particulares por razones de conveniencia comercial, salvo por circunstancias de
defensa y seguridad nacional. La entidad gubernamental encargada de estas
operaciones no podrá derivar utilidad alguna y solamente cobrará los costos de
administración y manejo.
ARTICULO 58. Importación y exportación temporal. El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Defensa Nacional podrá expedir licencia para importar armas,
municiones y sus accesorios a empresas extranjeras o sus representantes en el
país, con el propósito de realizar pruebas o demostraciones autorizadas. Así
mismo, podrá expedir licencia de exportación temporal para reparaciones y
competencias.
Al término de la licencia
de importación los elementos deberán ser reexportados. El titular de la misma
deberá remitir constancia escrita al Comando General de las Fuerzas Militares,
acreditando tal hecho.
Parágrafo. Cuando el Gobierno Nacional autorice la
importación de armas para extranjeros, la Aduana Nacional deberá hacer constar
en el pasaporte de los interesados que éstas saldrán del país junto con su
propietario, lo cual será exigido y verificado por las autoridades de
inmigración.
TITULO VI
Talleres de armería, fábricas de artículos
pirotécnicos, importación y adquisición de materias primas.
ARTICULO 59. Funcionamiento. Unicamente con licencia expedida por el
Comando General de las Fuerzas Militares y mediante el lleno de los requisitos
que éste señale, podrán funcionar en el país fábricas de artículos
pirotécnicos, pólvora negra, perdigones, fulminantes y talleres para reparación
de armas.
ARTICULO 60. Reparación de armas. Las personas naturales y jurídicas
titulares de permisos, que requieran reparar armas, deberán hacerlo en los
talleres autorizados por el Comando General de las Fuerzas Militares, para lo
cual, junto con el arma, se dejará el correspondiente permiso o su fotocopia
autenticada.
Parágrafo. la reparación de armas sin el permiso
vigente, dará lugar a la cancelación de la licencia de funcionamiento del
taller y el decomiso del arma, sin perjuicio de la sanción penal
correspondiente.
ARTICULO 61. Medidas de Seguridad. Las medidas de seguridad para las fábricas
y talleres de armería, serán contempladas en los manuales de seguridad que
expida el Comando General de las Fuerzas Militares.
Parágrafo 1º. La Policía Nacional inspeccionará
periódicamente las fábricas y talleres de armería. En caso necesario el Comando
General de las Fuerzas Militares ordenará practicar inspecciones.
Parágrafo 2º. Las autoridades municipales y las del
Distrito Capital, determinarán las áreas para la ubicación de las fábricas y
expendios de artículos pirotécnicos.
ARTICULO 62. Importaciones de materias primas. Las Importaciones de materias primas, o de
las maquinarias o artefactos que sean necesarios para la operación en las
fábricas o talleres, de que trata el artículo 59 de este Decreto, requiere
autorización previa del Comando General de las Fuerzas Militares.
TITULO VII
Clubes de tiro y caza.
ARTICULO 63. Afiliación. La Federación Colombiana de Tiro y Caza podrá
afiliar, como integrantes de esa organización, a los clubes dedicados a estas
actividades que así lo soliciten, previo el lleno de los trámites establecidos
por el Comando General de las Fuerzas Militares, además de la licencia
correspondiente de caza de la entidad administradora de los recursos naturales
en este evento, y concepto favorable del Comandante de la Unidad Operativa del
Ejército o su equivalente en la Armada Nacional o Fuerza Aérea, en cuya
jurisdicción tenga la sede el club solicitante.
ARTICULO 64. Control a clubes. Los clubes de tiro y caza, una vez
afiliados a la Federación Colombiana de Tiro y Caza a que se refiere el
presente Capítulo, quedarán bajo el control de los Comandos de Unidades
Operativas o Tácticas o sus equivalentes en la Armada y Fuerza Aérea, que
tengan jurisdicción en el lugar de la sede de dichos clubes sin perjuicio de
los controles que sobre ellos ejerzan las entidades que tienen a su cargo la
guarda de los recursos naturales cuando sea del caso.
ARTICULO 65.  Responsabilidad. Cada club de tiro y caza es responsable,
ante las autoridades militares a que se refiere el artículo anterior, de la
seguridad y correcto empleo de las armas y municiones de propiedad de sus
socios, sin perjuicio de la que le compete a cada uno de éstos.
ARTICULO 66. Venta a socios. Unicamente se autorizará la venta de
municiones a los socios de los clubes, de acuerdo con las armas deportivas que
les figuren en los permisos. Para el ejercicio de la caza sólo se autorizará la
venta de munición adecuada para la cacería de especies de fauna silvestre
autorizadas por la entidad administradora de recursos naturales.
ARTICULO 67. Control a socios. El control de armas y municiones a los
socios de clubes de tiro y caza, será ejercido por las autoridades militares a
que se refiere el artículo 64 de este Decreto.
ARTICULO 68. Retiro de socios. La Federación Colombiana de Tiro y Caza
suspenderá o retirará según el caso, por decisión del Comando General de las
Fuerzas Militares, al club afiliado o socio del mismo que infrinja las normas
sobre seguridad y empleo de las armas y municiones y demás disposiciones
expedidas por este Comando o aquéllos que infrinjan el Código de Recursos
Naturales.
ARTICULO 69. Devolución de armas. Las armas y municiones autorizadas al
socio suspendido o retirado, de acuerdo con el artículo anterior, serán
entregadas por la Federación Colombiana de Tiro y Caza a la autoridad militar
de la sede del club, a que se refiere el artículo 64 del presente Decreto,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la comunicación de la
medida correspondiente, para su remisión y depósito temporal en el Departamento
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las
Fuerzas Militares y será reportada a la entidad administradora de recursos
naturales.
Parágrafo. Transcurridos 90 días y si no hubiere
interés en conservarlas, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto para
la expedición de permisos, podrá reintegrarse los valores correspondientes a
las armas, previo su avalúo.
TITULO VIII
Colecciones y coleccionistas de armas de
fuego.
ARTICULO 70. Coleccionistas de armas de fuego. Para los efectos previstos en el presente
Decreto, se considera como coleccionista de armas de fuego la persona natural o
jurídica que posea armas de fuego que por sus características históricas,
tecnológicas o científicas, sean destinadas a la exhibición privada o pública,
y que sean clasificadas como tal por el Comité de Armas del Ministerio de
Defensa.
Los coleccionistas
podrán afiliarse a una asociación legalmente constituida. Quien no pertenezca a
una cualquiera asociación, deberá llenar los requisitos establecidos por el
Gobierno Nacional.
La calidad de
coleccionista se acreditará mediante credencial que expida la asociación y el
Comando General de las Fuerzas Militares si es asociado o este último si es un
coleccionista no asociado.
ARTICULO 71. Asociaciones de coleccionistas de armas. Para los efectos previstos en el presente
Decreto, se considera que son asociaciones de coleccionistas de armas, las
personas jurídicas que tengan por fin la tenencia de toda clase de armas de
colección, fomentar su exhibición y procurar el mejoramiento de los museos
existentes.
ARTICULO 72. Depósito. Las armas de colección deberán permanecer en un
museo estacionario o inmóvil, con las debidas medidas de seguridad, según la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
ARTICULO 73. Creación de asociaciones. Para la creación de asociaciones de
coleccionistas de armas, los interesados deberán presentar la solicitud ante el
Comando General de las Fuerzas Militares, con el lleno de los requisitos que
señale el Gobierno Nacional y obtener concepto favorable del Comité de Armas
del Ministerio de Defensa.
ARTICULO 74. Control de asociaciones. Las asociaciones de coleccionistas de
armas quedarán bajo el control y supervisión de las autoridades militares que
tengan jurisdicción en la localidad donde funcionen aquéllas. Para tal fin,
efectuarán como mínimo una inspección anual a cada una de las colecciones y
elaborarán el acta correspondiente, cuya copia se enviará al Comando General de
las Fuerzas Militares, dentro de los quince (15) días siguientes a la visita:
dicha inspección se hará con anterioridad al primero (1º) de diciembre de cada
año.
ARTICULO 75. Responsabilidad de los coleccionistas. Cada coleccionista es responsable ante el
Comando Militar de la jurisdicción de la seguridad y correcto empleo de las
armas que posean y las asociaciones velarán por el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales sobre la materia.
El Comando General
de la Fuerzas Militares establecerá las medidas de seguridad a que deben
someterse las armas de colección, así como las medidas que pueden adoptarse en
caso de inobservancia de las mismas.
ARTICULO 76. Información a la autoridad. Los Directivos de cada Asociación deberán
presentar oportunamente al Comando de la Unidad Militar de su jurisdicción y
ésta al Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, la lista
de personal que por cualquier motivo deja de ser socio y adjuntarán el permiso
y credencial respectivos para su anulación. La información deberá hacerse
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se produzca el
retiro del socio.
Parágrafo. El socio expulsado de una asociación
podrá solicitar la calidad de coleccionista al Comité de Armas del Ministerio
de Defensa.
TITULO IX
Servicios de vigilancia y seguridad
privada.
ARTICULO 77. Uso de armas para servicios de vigilancia
y seguridad privada. Los
servicios de vigilancia y seguridad privada podrán usar armas de fuego de
defensa personal en la proporción máxima de un arma por cada tres vigilantes en
nómina y excepcionalmente armas de uso restringido, de acuerdo con lo previsto
en el parágrafo 2º del artículo 9º de este Decreto.
ARTICULO 78. Idoneidad para el uso de armas. Toda persona que preste servicio armado
de vigilancia o seguridad privada, deberá ser capacitado en el uso de las armas
y acreditar su cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
ARTICULO 79. Tenencia y porte. Los servicios de vigilancia y seguridad
privada deben obtener el permiso para la tenencia o para el porte de armas y
adquirir municiones ante la autoridad competente ubicada en el lugar donde
funcione la oficina principal, sucursal o agencia del servicio de vigilancia y
seguridad privada. El personal que porte armamento deberá contar con los
siguientes documentos:
a) Credencial de
identificación vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada;
b) Fotocopia
auténtica del permiso de porte correspondiente.
ARTICULO 80. Devolución de las armas. Cuando los servicios de vigilancia y
seguridad privada se disuelvan o les sea cancelada la licencia de
funcionamiento o su credencial, éstos deberán entregar el armamento, municiones
y permisos correspondientes al Comando General de la Fuerzas Militares. El
valor de las armas y de las municiones entregadas, salvo que se haya autorizado
su cesión, será devuelto al titular previo avalúo.
ARTICULO 81. Devolución transitoria de las armas. Cuando se presente suspensión de labores
por parte del personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, el representante legal o quien haga sus veces, informará dentro de los
diez (10) días siguientes por escrito a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y entregará las armas y municiones a la unidad militar del
lugar, la cual dispondrá el traslado del armamento, munición y permisos a sus
instalaciones, previa elaboración del acta correspondiente.
Una vez se
restablezcan las labores, previa solicitud se procederá a devolver el
armamento, munición y permisos.
ARTICULO 82. Devolución de material inservible. El material inservible u obsoleto podrá
ser entregado al Comando General de las Fuerzas Militares con el respectivo permiso
para el descargo correspondiente.
TITULO X
Incautación de armas.
ARTICULO 83. Competencia. Son autoridades competentes para incautar armas,
municiones, explosivos y sus accesorios:
a) Todos los
miembros en servicio activo de la Fuerza Pública cuando se hallen en
cumplimiento de funciones propias del servicio;
b) Los Fiscales,
los Jueces de todo orden, los Gobernadores, los Alcaldes e Inspectores de
Policía en sus correspondientes territorios, a través de la Policía, cuando
conozcan de la tenencia o porte irregular de un arma, munición o explosivo;
c) Los Agentes del
Departamento Administrativo de Seguridad, en desarrollo de actos del servicio,
y los funcionarios que integran las Unidades de Policía Judicial;
d) Los
administradores y empleados de aduana, encargados del examen de mercancías y
equipajes en ejercicio de sus funciones;
e) Los guardias
penitenciarios;
f) Los Comandantes
de naves y aeronaves, durante sus desplazamientos.
ARTICULO 84. Incautación de armas, municiones y explosivos. La incautación procede en todos los casos
en que se posea o porte un arma, munición o explosivo y sus accesorios sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto. La autoridad que
incaute está en obligación de entregar a su poseedor un recibo en que conste:
Lugar y fecha, características y cantidad de elementos incautados (clase,
marca, calibre, número y estado), nombres y apellidos, número del documento de
identidad y dirección de la persona a quien se le incautó, cantidad de cartuchos,
vainillas u otros elementos incautados, número y fecha de vencimiento del
permiso. Unidad que hizo la incautación, motivo de ésta, firma y postfirma de
la autoridad que lo realizó.
La autoridad que
efectúa la incautación deberá remitir el arma, munición o explosivo y sus
accesorios y el permiso o licencia al funcionario competente, con el informe
correspondiente en forma inmediata.
Parágrafo 1º. El incumplimiento de lo aquí dispuesto,
por parte de las autoridades, se considerará como causal de mala conducta para
efectos disciplinarios.
Parágrafo 2º. Los explosivos y accesorios de voladura
deberán remitirse a un polvorín autorizado, donde serán almacenados o
destruidos según el estado en que se encuentren.
ARTICULO 85. Causales de incautación. Son causales de incautación las
siguientes:
a) Consumir licor
o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos en
lugares públicos;
b) Portar o
transportar arma, munición, explosivo o sus accesorios en notorio estado de
embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas;
c) Portar,
transportar o poseer arma, munición, explosivo o accesorio, sin el permiso o
licencia correspondiente;
d) Portar el
armamento, municiones y explosivos o accesorios en reuniones políticas,
elecciones, sesiones de corporaciones públicas, asambleas y manifestaciones
populares;
e) Ceder el arma o
munición, sin la correspondiente autorización;
f) Portar o poseer
el arma, munición, explosivo o accesorios cuando haya perdido vigencia el
permiso o licencia respectiva;
g) Portar o poseer
un arma que presente alteraciones en sus características numéricas sin que el
permiso así lo consigne;
h) Permitir que
las armas, municiones, explosivos y accesorios sean poseídas o portadas en
sitios diferentes a los autorizados;
i) Poseer o portar
un arma cuyo permiso o licencia presente alteraciones;
j) Poseer o portar
un arma cuyo permiso o licencia presente tal deterioro que impida la plena
constatación de todos sus datos;
k) Portar,
transportar o poseer arma, munición, explosivo o accesorio, sin permiso o
licencia correspondiente a pesar de haberle sido expedido;
l) Portar el arma,
munición, explosivo o sus accesorios, en espectáculos públicos;
m) La decisión de
la autoridad competente cuando considere que se puede hacer uso indebido de las
armas, municiones, explosivos y sus accesorios, por parte de personas o
colectividades que posean tales elementos aunque estén debidamente autorizadas.
Parágrafo. Para los efectos de lo previsto en el
literal k) del presente artículo, el propietario del arma, munición, explosivo
o accesorio incautado, tendrá un término de 10 días contados a partir de la
fecha de la incautación para presentar el correspondiente permiso o licencia en
caso de poseerla, y solicitar la devolución del bien incautado, el cual será
entregado por parte de las autoridades de manera inmediata.
TITULO XI
Multa y decomiso de armas, municiones,
explosivos y sus accesorios.
CAPITULO I
Multa
ARTICULO 86. Competencia. Son autoridades competentes para imponer multas las
siguientes:
a) Los comandantes
de brigada en el Ejército, y sus equivalentes en la Armada y   Fuerza Aérea;
b) Los comandantes
de los comandos específicos o unificados;
c) Los comandantes
de unidad táctica en el ejército y sus equivalentes en la Armada y   la Fuerza
Aérea,
d) Los comandos de
departamento de policía.
Parágrafo 1º. En el evento de incautación, la autoridad
competente para imponer la multa, será el respectivo comandante militar o de
policía previsto en el presente artículo, según la incautación la haya
realizado autoridad militar o de policía.
Parágrafo 2º. Las sumas por concepto de multas serán
consignadas de acuerdo con las instrucciones que imparta el Ministerio de
Defensa Nacional.
ARTICULO 87. Multa.
El que incurra en cualquiera de las siguientes conductas, será sancionado con
multa equivalente a un salario mínimo legal mensual:
a) Revalidar el
permiso dentro de los cuarenta y cinco (45) o noventa (90) días calendario
siguientes a la pérdida de su vigencia, según sea de porte o de tenencia;
b) Consumir
licores o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones, explosivos
y sus accesorios en lugar público;
c) No informar
dentro del término de treinta (30) días establecido en el presente decreto del
extravío o hurto del permiso;
d) No presentar el
permiso vigente a la autoridad militar dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha en que se presentó la incautación de que trata el numeral 11 del
artículo anterior de este decreto;
e) No informar
dentro de los treinta (30) días siguientes a la autoridad militar sobre la
pérdida o hurto del arma, munición, explosivo y sus accesorios;
f)Transportar
armas o municiones y explosivos sin cumplir con los requisitos de seguridad que
para el transporte establezca el Comando General de las Fuerzas Militares;
g) Permitir, en el
caso de las personas jurídicas, que las armas, municiones, explosivos y
accesorios sean poseídos o portados en sitio diferente al autorizado;
h) Portar,
transportar o poseer armas, municiones y explosivos sin el permiso o licencia
correspondiente, a pesar de haber sido expedido;
i) No informar a
la autoridad militar que concedió el permiso, el cambio de domicilio dentro de
los cuarenta y cinco (45) días siguientes en que éste se produzca,
j) Esgrimir o
disparar arma de fuego en lugares públicos sin motivo justificado, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la ley.
Parágrafo 1º. Para el caso de los literales b) a j) del
presente artículo, transcurridos treinta (30) días contados a partir de la
fecha de ejecutoria de la resolución que impone la multa, y ésta no se hubiere
cancelado, procederá el decomiso del arma, munición o explosivo.
Cancelada la multa
dentro del término legal, en caso de haberse incautado el arma, munición o
explosivo, se ordenará su devolución.
Parágrafo 2º.  En el caso del literal a) de este
artículo si se revalida el permiso de tenencia después de los noventa (90) y
hasta ciento ochenta (180) días calendario siguientes a su vencimiento, la
multa será del doble establecido en el inciso 1º de este artículo.
Si se revalida el
permiso de porte después de los cuarenta y cinco (45) y hasta noventa (90) días
calendario siguientes a su vencimiento, la multa será del doble establecido en
el inciso 1º de este artículo.
CAPITULO II
Decomiso.
ARTICULO 88. Competencia.
Son autoridades competentes para ordenar el decomiso de armas, municiones,
explosivos y sus accesorios:
a) Los fiscales de
todo orden y jueces penales cuando el arma, munición o explosivo, se hallen
vinculados a un proceso;
b) Los comandantes
de Brigada y sus equivalentes en la Armada Nacional y Fuerza Aérea dentro de su
jurisdicción y los comandantes de los comandos específicos o unificados;
c) Los comandantes
de unidad táctica en el Ejército y sus equivalentes en la Armada y Fuerza
Aérea,
d) Comandantes de
departamento de policía.
ARTICULO 89. Decomiso de armas, municiones, explosivos
y sus accesorios. Incurre
en contravención que da lugar al decomiso:
a) Quien porte o
posea arma, munición o explosivo y sus accesorios sin permiso de autoridad
competente, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar;
b) Quien porte
armas, municiones, explosivos y sus accesorios o los posea dentro de un
inmueble, cuando el permiso haya perdido su vigencia, por haber transcurrido un
término superior a noventa (90) o ciento ochenta (180) días, según sea de porte
o tenencia;
c) Quien porte o
transporte armas, municiones, explosivos y sus accesorios en notorio estado de
embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas;
d) Quien haya sido
multado por consumir licores o usar sustancias sicotrópicas portando armas,
municiones y explosivos y sus accesorios en lugar público, e incurra de nuevo
en la misma conducta;
e) Quien porte un
arma cuyo permiso sólo autorice la tenencia, sin perjuicio de las sanciones
penales a que haya lugar;
f) Quien porte
armas y municiones estando suspendida por disposición del gobierno la vigencia
de los permisos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar;
g) Cuando se
porten o posean municiones no autorizadas, evento en el cual también procederá
el decomiso del arma si es del caso, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar.
h) Quien no
entregue el arma al Estado dentro del término establecido, cuando por orden de
autoridad competente se haya dispuesto la cancelación de la vigencia del
permiso;
i) Quien mediante
el empleo de armas, municiones, explosivos o accesorios, atente contra la fauna
y la flora, el medio ambiente y las áreas de especial importancia ecológica,
incluido el uso de las armas de que trata el artículo 25 de este decreto.
j) Quien traslade
explosivos sin el lleno de los requisitos establecidos por el Comando General
de las Fuerzas Militares;
k) Quien entregue
para reparación armas a talleres de armería que operen sin permiso de
funcionamiento del Comando General de las Fuerzas Militares o las entregue sin
el permiso correspondiente o la fotocopia autenticada del mismo;
l) Quien preste o
permita que un tercero utilice el arma, salvo situaciones de inminente fuerza
mayor;
m) Quien porte
armas o municiones, explosivos o sus accesorios en reuniones políticas,
elecciones, sesiones de corporaciones públicas y manifestaciones populares, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar;
n) Quien haya sido
condenado con pena privativa de la libertad y no entregue el arma en el término
previsto en el parágrafo 2º del artículo 40 de este decreto;
ñ) Aquellos
servicios de vigilancia y seguridad privada que no entreguen las armas durante
el plazo de 10 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución que
ordenó el cierre o la no renovación de la licencia de funcionamiento
respectiva, a menos que se haya autorizado la cesión a otra empresa. En caso de
entregarlas dentro del término previsto, el Ministerio de Defensa reconocerá,
previo avalúo, el valor de las mismas;
o) Quien no
cancele la multa con que haya sido sancionado dentro del plazo establecido en
el acto administrativo que dispuso la sanción, si éste procede,
p) Quien efectúe
la cesión del uso del arma, munición o explosivo a cualquier título sin
autorización.
CAPITULO III
Procedimiento.
ARTICULO 90. Acto administrativo. La autoridad militar o policial
competente mediante acto administrativo, dispondrá la devolución, la imposición
de multa o decomiso del arma, munición, explosivo, o accesorio, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que
efectúo su incautación, o dio aviso de la irregularidad. Este término se
ampliará otros quince (15) días cuando haya lugar a práctica de pruebas.
Parágrafo 1º. Lo dispuesto en este artículo no se aplica
para la imposición de la multa prevista en el literal a) del artículo 87 en
concordancia con el parágrafo 2º del mismo.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de armas de guerra de uso
privativo, sus municiones y accesorios decomisados, su devolución solamente
podrá ser autorizado por el Comando General de las Fuerzas Militares.
ARTICULO 91. Recursos. Contra la providencia que dispone la multa o el
decomiso, procederán los recursos de reposición y apelación en los términos
previstos en el Código Contencioso Administrativo.
El recurso de
apelación se surtirá ante el inmediato superior de la autoridad que ordenó la
multa o decomiso.
TITULO XII
Material decomisado, remisión, vinculación
a proceso.
CAPITULO I
Material decomisado.
ARTICULO 92.  Decomiso en virtud de sentencia judicial
o acto administrativo. En
firme la sentencia o acto administrativo que ordene el decomiso de un arma de
guerra, ésta quedará a disposición del Comando General de las Fuerzas Militares
quien podrá disponer de ella de conformidad con lo dispuesto en este decreto, o
asignarla a la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública, organismos
nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados de carácter
permanente.
El Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Defensa, reglamentará el trámite que deberá seguirse
para el uso del material a que se refiere el artículo anterior
ARTICULO 93. Remisión del material decomisado. El material decomisado deberá ser enviado
por conducto de los comandos de unidad táctica u operativa o sus equivalentes
en la Armada y la Fuerza Aérea, al departamento de control comercio de armas,
municiones y explosivos del comando general trimestralmente, salvo los
explosivos y sus accesorios que serán destruidos previa elaboración del acta
correspondiente.
Parágrafo. El material decomisado en Santafé de
Bogotá y Cundinamarca, se remitirá directamente al departamento de control
comercio armas, municiones y explosivos del Comando General por la autoridad
que lo haya dispuesto, dentro de los términos fijados en el presente artículo.
ARTICULO 94. Extravío o alteración de material
incautado o decomisado.
Cuando por  cualquier causa o circunstancia se pierdan, extravíen, cambien o
sufran cualquier alteración los elementos incautados o decomisados, se iniciará
el informativo administrativo correspondiente, sin perjuicio de la acción penal
a que hubiere lugar.
CAPITULO II
Material vinculado a procesos.
ARTICULO 95. Material vinculado a un proceso penal. Las armas y municiones de cualquier clase
que son puestas a disposición de las autoridades judiciales y que hicieren
parte de proceso, se pondrán por el respectivo juez o funcionario bajo control
y custodia de las autoridades militares o de la Policía Nacional, según el
caso, en un término no mayor a 30 días y allí quedarán a disposición del
funcionario competente para los efectos de la investigación. Las inspecciones
judiciales y los dictámenes a que hubiere lugar, deberán practicarse dentro de
las dependencias donde queden dichas armas y municiones y solamente cuando se requiere
la experticia del laboratorio, podrá disponerse su traslado, bajo el control y
custodia de las autoridades militares o de la policía.
ARTICULO 96. Material vinculado a un proceso civil. Si las armas, municiones, explosivos y
sus accesorios, están vinculadas a un proceso civil, permanecerán igualmente
bajo control y custodia de las autoridades militares o de la policía del lugar,
hasta cuando se adopte la determinación definitiva en relación con aquellas por
parte del juez competente.
ARTICULO 97.
Traslado y competencia. Cuando por razones procesales haya lugar a cambio
de funcionario instructor o de conocimiento y existan armas de fuego,
municiones o explosivos incautados bajo el control y custodia de autoridades
militares o de la policía, tanto el que remite el expediente, como el que
recibe, informará de tal hecho a la autoridad competente.
ARTICULO 98. Aviso autoridades judiciales. Las autoridades judiciales están en el
deber de informar al departamento control comercio armas, municiones y explosivos
la iniciación de procesos en los cuales se hallen vinculadas armas, municiones,
explosivos y accesorios de que trata el presente decreto así como de la
providencia definitiva.
ARTICULO 99. Eficacia de la administración de justicia. Las autoridades que no cumplan con lo
dispuesto en el presente decreto, incurrirán en causal de mala conducta.
CAPITULO III
Destrucción o venta de material decomisado.
ARTICULO 100. Destrucción de elementos decomisados. El Comando General de las Fuerzas
Militares, previo concepto del departamento control comercio armas, municiones
y explosivos, e intervención de la auditoría interna del citado comando,
autorizará la destrucción del material decomisado que se encuentre inservible o
en desuso y no pueda ser reconvertido o utilizado por la fuerza pública.
Parágrafo. Se exceptúa de lo establecido en el
presente artículo las armas y municiones de guerra.
ARTICULO 101. Venta al exterior de material decomisado. Por conducto del Comando General de las
Fuerzas Militares, el Gobierno Nacional pondrá en venta, mediante licitación
privada internacional, las armas y municiones de guerra, que se consideren
inservibles, obsoletas y que no sean susceptibles de reconversión y utilización
por la fuerza pública.
CAPITULO IV
Permisos para armas decomisadas.
ARTICULO 102. Expedición de permisos para armas de
defensa personal y deportivas decomisadas. El Comando General de las Fuerzas Militares, podrá
autorizar la expedición de permisos para tenencia o para porte de armas de
defensa personal y deporte decomisadas.
ARTICULO 103. Armas y municiones de colección
decomisadas. Las armas y
municiones que no puedan ser utilizadas por la fuerza pública y que representen
un valor histórico, tecnológicas o científicas, podrán ser enviadas al museo
militar u otro museo público que resalte su valor.
En caso de no
requerirse por un museo público, podrá expedirse permiso a los coleccionistas
de armas debidamente afiliados a asociaciones autorizadas, previa la
cancelación del valor correspondiente al avalúo.
El comité de armas
del Ministerio de Defensa Nacional, establecerá las políticas generales para la
clasificación y avalúo de armas de colección.
TITULO XIII
Prohibiciones.
ARTICULO 104. Prohibición de rifas de armas y municiones. Se prohibe la rifa de armas y municiones.
La inobservancia de esta norma, implica para el responsable, la acción
disciplinaria o penal a que hubiere lugar.
Parágrafo. Los clubes de tiro y las asociaciones de coleccionistas,
podrán efectuar remates entre socios de los mismos.
TITULO XIV
Disposiciones varias
ARTICULO 105. Otras armas. Facúltase al Gobierno Nacional para que en la medida
en que surjan nuevas armas no clasificadas en el presente decreto, reglamente
su tenencia y porte de conformidad con lo aquí previsto.
TITULO XV
Artículos de transición
ARTICULO 106. Departamentos de seguridad. Las personas jurídicas que tengan 5 o más
armas a la vigencia del presente decreto, deberán en un término no mayor a 150
días calendario, constituir departamentos de seguridad, en los términos
establecidos en la ley.
ARTICULO 107. Registro o devolución de armas. Quienes al entrar en vigencia el presente
decreto tengan en su poder armas de fuego, sin el permiso correspondiente,
deberán optar por una cualquiera de las siguientes opciones:
a) Registro de
armas. A partir de la expedición de este decreto y hasta el 28 de febrero
de 1994, el interesado diligenciará bajo la gravedad de juramento, un “formulario
de registro de armas”, que para el efecto distribuirá el Comando General de las
Fuerzas Militares, por conducto de las unidades militares y comandos de
policía, mediante publicaciones semanales en periódicos de amplia circulación
nacional y regional.
Dicho formulario
consta de dos (2) partes:
1. Solicitud de
registro para la obtención de permiso para tenencia.
2. Un desprendible
que será el “permiso para tenencia temporal” para el arma, con vigencia hasta
el 30 de septiembre de 1994.
La solicitud de
registro (parte uno) será enviada por el solicitante por correo a un apartado
aéreo que establecerá el Ministerio de Defensa, en Santafé de Bogotá,
adjuntando el recibo de consignación en la cuenta nacional que informará el
Ministerio de Defensa en dicho formulario, por el valor allí establecido para
la tenencia del arma.
El solicitante
conservará copia del recibo de pago y el “permiso temporal para tenencia” que
él mismo diligenciará, el cual acredita que el permiso para tenencia definitivo
se encuentra en trámite. Las autoridades podrán verificar en todo momento la
veracidad del “permiso temporal para tenencia”.
Previa la
verificación de la información suministrada, la autoridad competente podrá
expedir permiso para tenencia a nombre del solicitante para el arma o armas
declaradas, el cual será remitido por correo a la dirección registrada en el
“formulario de registro de armas”, antes del 30 de septiembre de 1994.
Las solicitudes de
permiso para porte de armas registradas en virtud de este artículo, se
resolverán dentro del año siguiente a la expedición del permiso temporal para
tenencia,
b) Devolución
de armas. A partir de la expedición de este decreto y hasta el 28 de
febrero de 1994, los poseedores o tenedores de armas de fuego con permiso o sin
él, podrán devolverlas a los comandos de brigada o unidad táctica del Ejército,
o sus equivalentes en la Armada o la Fuerza Aérea. El estado reconocerá el
valor de las mismas previo avalúo.
ARTICULO 108. Prórroga vigencia salvoconductos. Los permisos vigentes a la fecha de
expedición del presente decreto, llamados salvoconductos, tendrán validez hasta
el 30 de septiembre de 1994.
ARTICULO 109. Cambio de salvoconductos a permisos para
tenencia o para porte. A
partir de la expedición de este Decreto y hasta el 17 de marzo de 1994, los
titulares de salvoconductos vigentes, expedidos bajo la vigencia del Decreto
1663 de 1979, deberán tramitar su cambio a los nuevos permisos para tenencia o
para porte, mediante el siguiente procedimiento:
1. El Comando
General de las Fuerzas Militares distribuirá por conducto de las unidades
militares, comandos de policía y mediante publicaciones semanales en periódicos
de amplia circulación nacional y regional, el “formulario de cambio de
salvoconductos”.
2. Deberá
consignarse el valor establecido por cada permiso de acuerdo con las
instrucciones que imparta el Ministerio de Defensa Nacional.
3. Dicho
formulario deberá ser diligenciado por el titular del salvoconducto para cada
una de las armas que posea para lo cual se aceptarán fotocopias del formato. El
original del recibo de pago y del formulario deberá ser enviado antes del 17 de
marzo de 1994 al apartado aéreo que establecerá el Ministerio de Defensa
Nacional en Santafé de Bogotá.
Si el titular
requiere un permiso para porte, podrá elegir cuál arma desea portar, previo el
cumplimiento de los requisitos previstos para tal fin. Mientras la autoridad
decide sobre la expedición del permiso para porte, se autorizará el porte
temporal durante un período máximo de dos años.
Quienes se
encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 23 inciso 2º y 34
literal c) del presente Decreto, podrán solicitar los permisos para tenencia o
para porte, cumpliendo los requisitos establecidos.
De no requerirse el
porte se expedirá permiso de tenencia para cada una de las armas por un término
entre ocho (8) y diez (10) años.
El Comando General
de las Fuerzas Militares, enviará por correo al domicilio del solicitante los
permisos correspondientes antes del 30 de septiembre de 1994.
Parágrafo 1º. Quien teniendo salvoconducto vigente a la
fecha de expedición de este Decreto no tramite el cambio a los nuevos permisos
para tenencia o para porte antes del 17 de marzo de 1994, incurrirá en multa de
1 salario mínimo legal mensual, a partir de esta última fecha. No obstante,
podrá tramitar su cambio cancelando la multa antes del 30 de septiembre de
1994. Después de esta fecha, incurrirá en causal de decomiso sin perjuicio de
las sanciones a que haya lugar.
Parágrafo 2º. Los servicios de vigilancia y seguridad
privada autorizados por el Ministerio de Defensa Nacional podrán solicitar los
permisos para porte que requieran según la modalidad de servicio autorizada en
la licencia de funcionamiento.
Mientras la
autoridad decide sobre la expedición del permiso para porte en los términos
previstos en este Decreto, se autorizará el porte temporal durante un período
máximo de dos (2) años.
ARTICULO 110. Expiración de salvoconductos. A partir del 30 de septiembre de 1994,
todos los salvoconductos expedidos bajo la vigencia del Decreto 1663 de 1979
quedarán sin ninguna validez.
ARTICULO 111. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el
Decreto 1663 de 1979 y las normas que lo modifiquen o adicionen.
Publíquese y
Cúmplase
Dado en Santafé de
Bogotá, D.C., a 17 de diciembre de 1993.
ANTECEDENTES
I. El demandante
Alvaro Mauricio Archila Galvis ejerció acción pública de inconstitucionalidad
para demandar la ley 61 de 1993 en su artículo 1 literales b) y f) y el decreto
ley 2535 de 1993, en su integridad. Las razones jurídicas que sustentan su
petición se resumen en los siguientes argumentos:
1. El actor considera
que la ley 61 de 1993, artículo 1° literales b) y f) y la integridad del
decreto 2535 de 1993 pero especialmente los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 20-23, 26, 28, 37, 40, 41, 57, 62, 65, 70 y 80-82 del mismo, son
violatorios de la Constitución Política, por cuanto crean un monopolio no
autorizado por la ley sobre las armas de uso civil y en esa medida desconocen
el derecho de propiedad, los derechos adquiridos y el derecho a la vida de los
ciudadanos.
2. Para el actor los
artículos 1, 14, 15, 24, 31, 37, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67-69, 70, 77, 90,
95-99, 105 y 107 del decreto 2535 de 1993 son violatorios de la Constitución
Política, por extralimitación de facultades (violación del artículo 150-10 de
la C.N.). El cargo relativo a cada uno de los artículos demandados por esta
causa será tratado en la parte motiva de la  presente providencia.
3. Señala la demanda
que los artículos 12, 13, 26, 37,  y 70 del decreto 2535 de 1993 son
violatorios de la Constitución en la medida en que las exigencias allí
establecidas vulneran el derecho a la recreación (art. 52 C.P.) de quienes
tienen la afición a la práctica del deporte de tiro y caza, así como el de
coleccionar armas.
4. Considera que el
artículo 58 del decreto 2535 de 1993 vulnera el derecho a la igualdad (art. 13
de la C.P.) al crear ventajas comparativas para las empresas extranjeras.
5. A juicio del
demandante los artículos 85, 87, 89 y 90 del decreto 2535 de 1993, son
violatorios de la Constitución por desconocer el derecho de defensa y las garantías
procesales y el principio de non bis in idem.
6. De otra parte
establece que los artículos 7, 23, 33 y 34 del decreto 2535 de 1993, son
violatorios de la Constitución por desconocer el principio de la buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Carta.
7. Señala que los
artículos 23, 25, 33, 34, 44 y 45 del decreto 2535 de 1993 se inspiran en una
tesis peligrosista al  limitar el número de armas que puede portar un
particular o al restringir el tipo de armas para defensa personal o para
recreación y deporte.
8. Considera que los
artículos 26, 63, 64 y 66-69 del decreto 2535 de 1993 violan el derecho a la
libertad de asociación (art. 38 de la C.P.) ya que imponen obligaciones a los
coleccionistas y clubes de tiro y caza e interfieren en decisiones que
corresponden a la órbita interna de la Federación de Tiro y Caza.
9. Juzga el actor
que el artículo 4° del decreto 2535 de 1993, viola el artículo 90 de la
Constitución Política al eximir de toda responsabilidad al Estado por el uso
que hagan los particulares de las armas, municiones, explosivos y accesorios
obtenidos con permiso de las autoridades.
10. Considera que el
artículo 3° del decreto 2535 de 1993 es violatorio de la Constitución por
desconocer el principio de  discrecionalidad.
11. Además de los
puntos descritos arriba, el actor cuestiona varios artículos del decreto 2535
de 1993 por ausencia de técnica legislativa, por errores técnicos y por razones
de inconveniencia. En general, el demandante observa una "falta de
precisión y consistencia en la esencia de la materia tratada, requisito
establecido por la Constitución para otorgar facultades extraordinarias y para
ejercerlas", pero no manifiesta con claridad las razones que justifican
los cargos formulados.  Diversas acusaciones por falta de precisión en la
materia son realmente comentarios sobre ausencia de técnica legislativa, sin
mayor relevancia constitucional.
Los artículos
demandados por ausencia de técnica legislativa son los siguientes: 1, 5, 6,
14, 16, 22, 24, 28, 40, 44, 45, 51, 62, 65 y 78.  Considera el demandante que
estos artículos carecen de precisión o introducen errores conceptuales y
contradicciones, lo cual podría dar lugar a interpretaciones equívocas e
inconvenientes.
Los artículos  7, 8,
9, 10, 11, 14, 25, 46 y 65 son cuestionados por el demandante por errores
técnicos. Considera el actor que estos artículos contienen errores que reflejan
un profundo desconocimiento del legislador en materia de armas.
El actor expresa
argumentos de inconveniencia contra los artículos  17, 18, 19, 41, 43 y 89.
Señala que estas normas establecen procedimientos que en su práctica podrían
resultar ineficaces. El demandante ofrece alternativas que en su opinión
resultarían más efectivas.
II. En el proceso se
recibieron  conceptos de la Consejería Presidencial para la Defensa y la
Seguridad Nacional, del Ministerio de Defensa, y de la Superintendencia de
Seguridad y Vigilancia. A continuación se reseñan sus contenidos.
1. Concepto de
la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional
1. El porte de armas
es uno de los factores de oportunidad que de manera más evidente incide en la
agudización de la violencia.
2. Existe una
relación directa entre el tipo de normas que regulan la posesión y el porte de
armas y las tasas de homicidio. Un estudio en Colombia demuestra que el aumento
del homicidio corre parejo con un aumento de la utilización de armas de fuego
para cometer la agresión (Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, La Violencia
Urbana).
3. La consecuencia
social más notoria de la liberalización de la posesión y porte de armas es una
elevación de la probabilidad en el uso de las mismas.
4. La difusión de
armas aumenta la posibilidad de una violencia social fundada en perjuicios,
miedos sociales y en el mecanismo de las "profecías autocumplidas".
5. Se ha generado un
círculo vicioso en Colombia, "la gente se arma porque se siente en peligro
y luego queda en peligro porque la gente está armada".
2. Concepto
del Ministerio de Defensa
1. El Ministerio de
Defensa no cuenta con estadísticas que describan el número y la tipología de
armas de fuego que no estén legalmente amparadas o registradas, debido a que el
Archivo Nacional de Armas está compuesto por las armas que cumplen los
requerimientos legales. Las armas de fuego que en la actualidad no tienen
permiso provienen de actividades ilícitas. Solamente el Estado puede
introducir, producir, y comercializar armas, municiones y explosivos.
2. Las estadísticas
muestran cómo, organizaciones y empresas particulares, participan en la
actividad de prevención del delito mediante la utilización de armas de fuego de
defensa personal o de uso restringido.
3. En la misma
definición de arma, contemplada en el artículo 5 del decreto 2535 de 1993, está
expresada la peligrosidad que representan para la sociedad.
4. Los principales
riesgos a que está sometida la ciudadanía por la circulación de armas en manos
de particulares son las siguientes:
4.1 Muertes
accidentales o graves daños corporales producidos por accidentes.
4.2 Homicidios
culposos que se derivan de conflictos cotidianos entre ciudadanos que no
tendrían el mismo resultado si no fuera por la presencia de armas.
4.3 Actos de
justicia privada con armas.
4.4 Estado de
indefensión a que son sometidos los ciudadanos como consecuencia de los que
están armados.
4.5 La adquisición
de armas legales por particulares que se dedican a cometer actos ilícitos o
delincuenciales.
5. El Decreto 2535
va a limitar la adquisición de armas por los particulares y con ello se
reducirá el riesgo que representan. Además, se establece un completo archivo
nacional de armas que facilitará la labor de la Fuerza Pública y de los
organismos de investigación y seguridad del Estado.
6. La facultad
discrecional del Estado en la administración del monopolio de las armas, es el
principal criterio en la asignación de permisos de porte o tenencia de armas.
"La concesión de permisos no obedece a una prerrogativa o derecho del
ciudadano, sino por el contrario constituye una prohibición para portar o tener
armas sin el salvoconducto o permiso de ley".
7. De otra parte, la
ley establece el límite de la discrecionalidad, al fijar requisitos mínimos que
aseguran el hecho de que el solicitante no representa un peligro para la
sociedad.
3. Concepto de
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
1. Las estadísticas
sobre la cantidad de armas ilegales en poder de los servicios de vigilancia y
seguridad privada son prácticamente inexistentes. Sin embargo, de 85 empresas
inspeccionadas por la entidad - que equivale al 1.72% del total de servicios de
vigilancia y seguridad privada - 20 de ellas, es decir el 23.53%, tenía en su
poder armas ilegales. De los resultados obtenidos por una consultoría realizada
en el presente año, se concluyó que aunque las empresas observan los requisitos
legales sobre el uso de armamento, las medidas sobre control respecto a la
pérdida de armas es mínima. Se recomendó en dicho estudio, dictar una
legislación que sea especialmente exigente con las empresas oferentes del
servicio de vigilancia y seguridad.
Debe estimularse la
utilización de otros medios distintos a las armas de fuego cuando éstas no sean
estrictamente necesarias y, además, se deben realizar estudios de seguridad
previos a la prestación de los servicios que permitan sugerir al contratante el
tipo de vigilancia requerido, lo mismo que la necesidad del armamento. Todo
esto con el fin de racionalizar la utilización de armas de fuego.
2. Las
posibilidades reales de control sobre manejo de armas por parte de los
servicios de vigilancia y seguridad privada, son precarias. La
Superintendencia, por su corta existencia, no ha podido implementar mecanismos
suficientes para realizar una efectiva labor de control.
3. Quienes proponen
la liberalización del porte de armas, argumentando la ineficiencia del Estado
para garantizar la seguridad ciudadana, desconocen el principio fundamental que
debe orientar la reflexión para resolver los problemas de seguridad personal y
empresarial. De otra parte, "no todos los riesgos existentes en un
determinado entorno social amenazan por igual a todos los grupos o individuos
ubicados en él ni todos los riesgos y amenazas son susceptibles de ser
afrontados  exitosamente utilizando el mismo o los mismos métodos".
En la propuesta de
liberalización, subyace una estandarización de los medios de protección, en
donde el arma se presenta como el medio que defenderá la vida y los derechos
del ciudadano, olvidando que existen casos en los cuales este mecanismo resulta
inútil e inapropiado.
4. En materia de
seguridad predomina la tendencia reactiva, que prescinde de la evaluación de
riesgos y privilegia los denominados mecanismos de choque. Esa mentalidad
desconoce las múltiples ineficiencias que caracterizan la vigilancia armada,
pues deposita toda su fortaleza en la real o presunta destreza en el uso de
armas, desperdiciando recursos mentales o psicológicos como la observación,
contravigilancia, anticipación, etc. Se hace necesario desarrollar un código de
conducta que permita proponer fórmulas para enfrentar cada riesgo de manera
discriminada, en donde la premisa no sea la utilización de un arma.
5. Los problemas de
seguridad personal de los ciudadanos colombianos pueden resolverse de manera
eficiente "por medio de una cultura de la seguridad y no del
armamentismo". Si bien el uso de las armas no debe excluirse de manera
absoluta como mecanismo de protección, resulta indispensable que su necesidad
no se presuma sino que se demuestre. Para ello se debe conservar el monopolio
en cabeza del Estado, permitiendo que sólo los casos extremos de inseguridad
sean atendidos mediante permisos de porte o tenencia de armas.
6. Parte de los
peligros del porte y tenencia de armas por particulares proviene de la
impericia en su manejo.
7. Una de las
razones por la que no se ha conseguido la paz en nuestro país es la
inexistencia del monopolio legítimo en el uso de la fuerza por parte del
Estado.
III.
Intervención del Defensor del Pueblo
El Defensor del
Pueblo interviene en el proceso para defender la constitucionalidad de la norma
acusada.
1. El derecho de
propiedad como un poder absoluto es clasificado por autores como Josserand como
una "concepción legendaria y muy alejada de la realidad, que representa
casi la posición antípoda". Especialmente en materia de armas, la
propiedad supone "una multitud de trabas, barreras y fronteras, que
limitan sus movimientos y que se oponen a su expansión” (V.L. Josserand, El
Espíritu de los Derechos y su Relatividad).
2. El demandante
hace uso del argumento de interpretación a contrario para sostener que
el Estado no tiene capacidad reguladora sobre las armas de uso civil de acuerdo
con el art. 223 C.P., pero quizás es más lógico utilizar el argumento a pari
para decir que "lejos de no haber sido contemplada por el Constituyente la
posibilidad de regulación sobre las armas de uso civil, éste concibió su
regulación como una regla sobreentendida frente al género".
3. En cuanto al
argumento del demandante que sostiene que los particulares habían adquirido el
derecho de propiedad sobre las armas de uso civil y, por lo tanto, no puede ser
objeto de restricciones, el régimen de 1886 no era tan amplio como se pretende.
La jurisprudencia señala que "en materia de derecho público, la noción de
derechos adquiridos tiende a diluirse, pues esta noción, admitida
universalmente se refiere sustancialmente a los derechos que regulan las leyes
civiles" (Corte Constitucional T-001, 1992).
4. "Es hora de
superar la sociedad armada en la que los mecanismos violentos de resolución de
los conflictos y las situaciones de justicia por propia mano le dejan un píngüe
porcentaje en las estadísticas a los casos de ejercicio de la legítima defensa.
Así a manera de excusa, este medio de exclusión de la antijuricidad de las
conductas penalmente típicas (la legítima defensa), terminó por convertirse en
el salvoconducto para mantener un estado general de armamento de la población
civil, con las consecuencias cotidianamente trágicas que conocemos".
5. Armas, municiones
de guerra y explosivos requieren el mayor y más estricto control y supervisión
por parte de las autoridades, tanto en actividades  de producción y
comercialización, como sobre los usuarios.
IV. Concepto
del viceprocurador
Señala el
viceprocurador en el concepto de rigor que no obstante que el actor pretende
que se declare la inexequibilidad de la integridad del decreto 2535 de 1993,
varias de las acusaciones se refieren a aspectos de técnica legislativa,
asuntos técnicos en materia de armas, mera transcripción de las normas,
conveniencia o contradicciones en el texto de las normas. Solicita el
viceprocurador que se  declaren exequibles esos artículos debido a que las
acusaciones no presentan concepto de violación constitucional.
En cuanto al cargo
de inconstitucionalidad contra los literales b) y f) de la ley 61 de 1993 por
crear un monopolio sobre todas las armas, considera el viceprocurador que
carece de fundamento pues "la facultad reguladora del Gobierno respecto de
las armas cubre por igual a las armas de guerra y de uso civil".
Respecto del cargo
sobre desconocimiento de la propiedad privada en materia de armas de uso civil,
considera que también carece de bases jurídicas ya que lo que está haciendo el
Gobierno es cumplir con el mandato constitucional de adelantar la regulación de
su porte y tenencia.
En lo referente al
cargo del demandante en virtud del cual aún si se aceptara la existencia del
monopolio del Estado en favor de todas las armas éste sólo se aplicaría a las
personas que las hubieran adquirido después de haber entrado en vigencia la
Constitución de 1991, señala el viceprocurador que en la Carta anterior regían
iguales presupuestos constitucionales respecto de la regulación sobre porte y
tenencia de armas.
A continuación se
resume la posición del viceprocurador respecto de cada artículo del decreto
2535 de 1993 demandado por razones de constitucionalidad.
Artículo 1
No tiene validez la
acusación de inconstitucionalidad por la omisión del Gobierno en “legislar”
sobre la propiedad de las armas, de acuerdo con el literal b), artículo 1° de
la ley 61 de 1993, por las razones expuestas anteriormente. Además, se observa,
la norma regula la tenencia y porte de armas sin radicar la titularidad
patrimonial de todas las armas en cabeza del Estado.
En cuanto al cargo
de extra limitación de facultades por regular tenencia y porte de accesorios,
señala el viceprocurador que "regular lo atinente a los accesorios de una
cosa - armas en el caso que nos ocupa - no es regular algo más allá del objeto
cuya regulación se ha autorizado, sino por el contrario, es desarrollar la
regulación en relación con aspectos comprendidos en ese mismo objeto".
Considera
irrelevante jurídicamente el argumento de extralimitación de facultades por
referirse a salvoconductos en vez de permisos.
Artículo 3°  - Permiso del Estado
Cabe advertir que la
acusación por discrecionalidad, no es de recibo a la luz de la sentencia de la
Corte, C-031 de 1995.
Además el argumento
del demandante implicaría desconocimiento de uno de los fines esenciales del
Estado, cual es el de garantizar al efectividad de los derechos consagrados en
la Constitución y llevaría a "la instauración del reino de  la justicia
privada".
Artículo 13 - Armas de colección
En cuanto a la
reiterada acusación de la violación del artículo 58 de la C.P., señala el
Ministerio Público que la regulación que hace el decreto se sustenta "en
la facultad general que tiene el Estado para reglamentar la tenencia de
armas" y no en el monopolio del Estado sobre todas las armas.
Artículo 14 - Armas prohibidas
Se observa que la
ley 61 de 1993 otorga facultades en lo referente a toda clase de armas, sin
restricción alguna.
Artículo 15 - Accesorios prohibidos
Se reitera lo dicho
en lo concerniente a la regulación de los accesorios de armas.
Artículo 23 - Permiso de porte
No considera que la
fijación de términos para el permiso de portar armas para defensa personal o de
uso restringido, vulnere el principio de la buena fe. El permiso de las autoridades,
presume la buena fe del titular del mismo. El establecimiento de instancias de
control, como las revisiones periódicas de las condiciones de los poseedores de
armas, constituye un mecanismo válido para asegurar su uso conforme a la ley.
Artículo 24  - Permiso especial
Las facultades
constitucionales que regulan la posesión y el porte de armas, contempladas en
el artículo 223 de la Carta, no tienen sujeto calificado. Por lo tanto, se
descarta el cargo del demandante respecto de la posible invasión de la órbita
constitucional del Presidente.
Artículo 26 - Autorización a personas naturales
Es improcedente el
cargo de violación del derecho de asociación por cuanto la norma acusada no se
ocupa de dicho derecho.
En cuanto a la
vulneración del derecho a la recreación por limitar el número de armas que se
puedan tener para actividades deportivas, señala el viceprocurador que en esta
materia el legislador está facultado para establecer las condiciones a las
cuales sujeta el permiso.
Artículo 31 - Comité de armas del Ministerio de
Defensa Nacional
No se presenta
extralimitación de facultades en la asignación de funciones al Comité de armas.
Las mismas están incluidas en el ámbito de las autorizaciones de la ley 61 de
1993.
Tampoco se observa
vulneración al artículo 150 numeral 7°. Dicho comité no tiene el carácter de
entidad estatal.
Artículo 37 - Costo del uso del arma y su devolución
El otorgamiento del
permiso de porte y tenencia de armas exige el cumplimiento de ciertas
condiciones (pago de unos derechos). De lo contrario, es claro que el arma
deberá ser devuelta a su proveedor oficial.
En punto al derecho
de recreación, reitera, el viceprocurador, que su restricción no implica su
desconocimiento.
La devolución
forzosa cuestionada por el actor, no constituye extralimitación de facultades.
Se sustenta en el artículo 223 de la Carta, que prohibe el porte y tenencia sin
permiso.
Artículo 44 y 45  - Solicitud para la cesión del uso de
armas - Procedencia de la cesión
En cuanto al argumento
de vulneración del derecho de propiedad se remite a lo dicho anteriormente.
Artículo 57 - Importación y exportación de armas y
municiones
Se considera que no
tiene validez el argumento del actor de que esta norma establece un monopolio.
La norma se sustenta en el artículo 223 de la Carta.
Artículo 58  - Importación y exportación temporal
No constituye
extralimitación de facultades. El literal c) del artículo 1° de la ley 61 de
1993, autorizó al Presidente para "regular la importación, exportación y comercialización
de armas . . .".
Artículo 62 - Importaciones de materias primas
Por el carácter
explosivo de las materias primas de artículos pirotécnicos, considera el
viceprocurador, que éstas quedan incluidas dentro de la materia a regular. Por
consiguiente, no se presenta un desbordamiento de las facultades como argumenta
el actor.
Sobre la alegada
violación al principio de precisión en la materia por la posibilidad de que las
fuerzas militares exijan autorización para importar cualquier tipo de máquinas,
estima, el viceprocurador que esa acusación no tiene relación con el contexto
normativo del artículo 62, del que se deduce claramente que se trata de
maquinaria relacionada con armamento.
Artículo 63 - Afiliación
La acusación por
violación del derecho a la asociación carece de fundamento. El artículo no
impone la obligación de afiliación. Sólo consagra la posibilidad -opcional - de
afiliarse a la Federación Nacional de Tiro y Caza.
Artículo 68 y 69 - Retiro de socios - Devolución de armas
El literal c) de la
ley 61 de 1993, faculta al Presidente para reglamentar lo relativo al
funcionamiento y control de los clubes de tiro y caza. Se desvirtúa así el
cargo de extralimitación de facultades.
Artículo 70 - Coleccionista de armas de fuego
No constituye
extralimitación de facultades puesto que según la ley 61 de 1993, los
coleccionistas que poseen o porten armas quedan sometidos a la regulación
oficial.
Artículo 77 - Uso de armas para servicio de vigilancia
y seguridad privada
No constituye una
modificación del Código Sustantivo de Trabajo. La misma Constitución permite
que la ley señale condiciones para la expedición de permisos para tenencia y
porte de armas.
Artículos 80 a 82
- Devolución de las armas
- Devolución transitoria de las armas - Devolución de material inservible
"Si el Estado
puede regular los permisos para porte y tenencia de armas, puede también
regular su devolución cuando no se ha cumplido con los requisitos para obtener
tales permisos".
Artículos 83 a 87 - Competencia  - Incautación de armas,
municiones y explosivos - Causales de incautación - Multa.
Las normas acusadas
no vulneran el derecho a la defensa y las garantías procesales. Los artículos
90 y 91 del decreto prevén los procedimientos para los actos administrativos de
multa e incautación, sin excluir el derecho de defensa.
Artículos 95 a 99 - Material decomisado vinculado a un
proceso penal - Material decomisado vinculado a un proceso civil - Traslado de
funcionarios instructores - Aviso de autoridades judiciales - Eficacia de la
administración de justicia.
Carece de sustento
el argumento del demandante, según el cual, estos artículos modifican los
Códigos de Procedimiento Penal y Civil. De acuerdo  con el literal h) de la ley
61 de 1993, lo regulado en estas normas es de competencia del ejecutivo. El
hecho de que se aluda a los procesos civiles  o penales en que puedan aparecer
tales materiales de manera incidental, no implica modificación de los códigos.
Artículo 105 - Otras armas
No se desconoce el
principio de unidad de materia. Lo que se regula en esta norma tiene una íntima
relación con el objeto del decreto 2535 de 1993.
Acerca de la
prolongación del término de las facultades, considera el viceprocurador que la
reglamentación de armas futuras es labor que compete al ejecutivo en cualquier
momento.
Artículo 107 - Registro o devolución de armas
El mismo actor
reconoció que la amnistía sólo cubre delitos políticos. Se desvirtúa el cargo
contra esta norma ya que el porte y tenencia ilegal de armas constituye una
infracción que se tipifica como delito común. Lo que es objeto de regulación es
la tramitación de las solicitudes de permiso hechas después de la entrada en
vigencia del decreto, no así la tenencia indebida de armas.
Concluye el
viceprocurador solicitando a la Corte declarar la exequibilidad de los
literales b) y f) del artículo 1° de la ley 61 de 1993 y de los artículos 1 a
4, 7 a 11, 14, 15, 23, 24, 26, 31, 37, 44, 45, 52, 57, 58, 62, 63, 68 a 70, 77,
80 a 91, 95 a 99, 105 y 107 del decreto 2535 de 1993. También pide se declaren
exequibles los demás artículos del decreto, pero únicamente por las razones
expresamente estudiadas en la vista fiscal.
FUNDAMENTOS
COMPETENCIA
Al tenor de lo
dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 241 de la Carta, la Corte
Constitucional es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad.
Dado que la demanda contiene tanto cargos de inconstitucionalidad como
opiniones del demandante sobre la conveniencia del régimen diseñado en las
normas acusadas, así como críticas personales sobre la ausencia de técnica
legislativa en la elaboración de las mismas, la Corte advierte que sólo se
pronunciará sobre los cargos concretos de inconstitucionalidad que encuentren
algún tipo de argumentación en el texto de la demanda.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
La demanda que se
estudia contempla tanto cargos de inconstitucionalidad, como múltiples
opiniones del demandante sobre la inconveniencia de algunos artículos y
reflexiones en torno a asuntos de técnica legislativa, que no tienen ninguna
relevancia constitucional. Así también, en varios apartes, el demandante señala
normas constitucionales violadas pero no explica el concepto de la violación, y
en buena parte del texto formula cargos del todo irrelevantes en materia
constitucional.
En cierto modo se
pide a la Corte que se exceda en el ejercicio de sus competencias y entre a
estudiar la conveniencia o inconveniencia de las normas demandadas. De otra
parte, se le solicita que formule los cargos que el demandante omitió y que
explore la relevancia constitucional de afirmaciones vagas que no parecen
pertinentes en una acción de esta naturaleza. Es, pues, un claro ejemplo de
abuso ciudadano de la acción pública de inconstitucionalidad. Lo que hace que
este sea un momento oportuno para que la Corte reitere la importancia, para el
cumplimiento eficaz del ordenamiento jurídico, de que los ciudadanos ejerzan
con seriedad y responsabilidad los mecanismos de control y protección del orden
constitucional, y no incurran en abusos que sólo entorpecen el proceso de
administración de justicia.
En las condiciones
anteriormente descritas, la Corte no puede más que descartar el estudio de los
argumentos de inconveniencia, los cuestionamientos por ausencia de técnica
legislativa y los cargos que no encontrando sustento en la demanda, tampoco
parecen pertinentes desde una perspectiva constitucional.
Ahora bien, como las
más de las veces la demanda formula el mismo cargo contra distintos artículos
de las normas cuestionadas, la Corte procede a acumular dichos cargos para
estudiarlos en forma global, haciendo alusión, cuando sea necesario, a aquellos
artículos que presenten particularidades relevantes en materia constitucional.
Por razones metodológicas se transcribe en algunos de los cargos estudiados el texto
de la norma demandada y en cada aparte se presenta, en letra cursiva, un
resumen de las razones de inconstitucionalidad aportadas por el demandante.
I. CARGOS
RELATIVOS AL DERECHO A LA VIDA, A LA PROPIEDAD, A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, Y A
LA PROHIBICION DE MONOPOLIOS
El demandante
considera que el artículo 1° literales b) y f) de la ley 61 de 1993 y el
decreto 2535 de 1993 en su integridad, pero especialmente los artículos 2, 3,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20-23, 26, 28, 37, 40, 41, 57, 62, 65, 70 y 80-82
de este decreto, son violatorios de la Constitución Política, en cuanto crean
un monopolio no autorizado por la constitución sobre las armas de uso civil,
desconociendo con ello el derecho de propiedad, los derechos adquiridos y el
derecho a la vida de los ciudadanos.
En primer lugar,
el actor considera que el decreto 2535 de 1993 determina una situación de
"total indefensión de los ciudadanos de bien que siempre han estado y
pretenden estar en la legalidad, en tanto que aquellos que siempre han persistido
en el porte y las posesiones ilegales, no se ven perjudicados puesto que no por
ello van a dejar de utilizar tales medios para la comisión de delitos". De
esta manera se restringe el derecho fundamental de las personas a su defensa.
Apoya el aserto anterior en los siguientes argumentos:
a. Las
restricciones de tipo técnico limitan el derecho de defensa de los ciudadanos y
por ende el derecho a la vida. El Estado no está en capacidad de proteger a las
personas y, en consecuencia, los ciudadanos deben asumir su propia protección.
b. Las dos
terceras partes de las armas en poder de los particulares son ilegales. De esta
manera los que están por fuera de la ley pueden actuar con plena impunidad.
c. Las armas no
son la causa sino el medio de la comisión de delitos. La solución está pues en
atacar las causas y no los medios del problema.
En segundo lugar,
para el demandante los artículos transcritos violan el texto constitucional
pues desconocen el mandato de los artículos 58 y 223 de la Constitución Política.
Para el demandante el artículo 223 de la Carta no establece una extinción del
dominio sobre armas civiles de propiedad particular; sólo faculta para regular
su posesión y porte.
El demandante
añade que el artículo 223 mencionado -  en concordancia con el 58 - permiten
concluir que el Estado puede reconocer titularidad a los particulares sobre
armas. “Al reconocerse permiso o licencia de porte y posesión, implícitamente
se entiende que son los particulares los titulares de la propiedad".
Así para el actor
no existe un monopolio Estatal en materia de armas, pero si se llegase a
aceptar que la Constitución de 1991 creó tal monopolio éste no podría
comprender aquellas armas de tipo civil adquiridas con anterioridad a la nueva
legislación. Señala la demanda que sobre estas últimas existe un derecho de
propiedad que debe ser protegido, al haber sido adquiridas mediante justo
título y de acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 1663 de 1979).
Por las razones
anteriores el demandante sostiene que las normas del decreto 2535 de 1993 y la
ley 61 de 1993 arriba transcritas, y en especial el artículo 37 del decreto,
deben ser declarados inconstitucionales, ya que la autoridad no puede exigir la
devolución de las armas obtenidas de acuerdo con las leyes anteriores que están
amparadas por un derecho adquirido.
Respecto del
artículo 2° del decreto estudiado, el actor señala que la inclusión de los
materiales, artefactos y maquinaria para la fabricación de las armas en el
presunto monopolio estatal, es excesiva y absurda si se tiene en cuenta la
cantidad de estos elementos que se usan en la industria para fines diferentes a
los de fabricación de armas, vulnerando así el artículo 333 de la Constitución
Política.
Por último, en
relación concreta con el artículo 70, el demandante señala que sobre las piezas
de museo debe existir un derecho pleno de propiedad. No siendo
"armas", no se les debe aplicar el decreto demandado.
En resumen, el
argumento fundamental del demandante para cuestionar la constitucionalidad del
artículo 1 de la ley 61 de 1993 y el decreto 2535 de 1993 en su totalidad,
reside en la tesis de que el ordenamiento constitucional colombiano no permite
el monopolio estatal en materia de armas. Sostiene el demandante que crear
dicho monopolio atenta no sólo contra el derecho a la vida de ciudadanos de
bien que pierden la capacidad de defensa legitima y eficaz frente a una virtual
agresión, sino contra el derecho de propiedad y, en general, los derechos
adquiridos de quienes han obtenido en forma legitima una arma. Por último, se
vulneró la prohibición constitucional de crear monopolios distintos de los
consagrados en el artículo 336 de la Carta Política.
Para estudiar
juiciosamente los argumentos del demandante, se hace necesario que la Corte
realice ciertas consideraciones generales, sin las cuales es imposible
verificar la constitucionalidad de las normas aquí demandadas.
A. Derecho a la
vida, defensa personal y monopolio de las armas en cabeza del Estado
La argumentación del
demandante está construida, en primer lugar, bajo el supuesto de que la
prerrogativa del Estado en materia de armas puede ser puesta en tela de juicio
en aquellos casos en los cuales el deber institucional de defender a las
personas no logra los resultados deseados. En este orden de ideas, la entrega
de armas a los particulares sería una alternativa para remediar el estado de
inseguridad generalizado de la población.
Para dilucidar la
legitimidad constitucional del anterior argumento son necesarias las siguientes
consideraciones:
1. El Estado y el
derecho constituyen dos ámbitos sociales de incidencia y  dependencia
recíproca, esenciales para la articulación social. Cada uno de ellos representa
una condición de posibilidad respecto del otro. Esto explica el hecho de que
las constituciones políticas por lo general empiecen reconociendo el supuesto
básico de la existencia de un Estado. Así lo hace el artículo primero de la
Carta cuando establece que "Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria...". Este supuesto es tan
evidente como importante y significa que el ordenamiento jurídico que rige en
Colombia y que se origina en la Constitución promulgada en 1991, está compuesto
por un conjunto de normas que conciben la organización social bajo la forma de
un Estado.
Las condiciones
primordiales e indispensables para que un ordenamiento jurídico exista son, de
un lado, la existencia de un poder estatal que imponga el cumplimiento de las
normas frente a aquellas personas que no estarían dispuestas a obedecer de
manera espontánea y, del otro, la existencia de una estructura estatal
dispuesta a aplicar las normas jurídicas de manera voluntaria.
2. Así como el
Estado es una condición de posibilidad del derecho, el poder efectivo es una
condición de posibilidad del Estado. Un régimen estatal se desnaturaliza cuando
las normas que restringen el uso indiscriminado de la violencia dejan de ser efectivas.
Esto explica el hecho de que todo Estado, por regla general, monopolice el
ejercicio de la fuerza.
Con estas
explicaciones elementales se derrumba el cargo esencial del demandante, aquél
según el cual, la incapacidad del Estado para defender a todos las personas en
Colombia justifica el traslado de las armas a la sociedad civil con el fin de
que sus miembros asuman por sí mismos la función de defensa y protección. El
razonamiento del actor se funda en un supuesto inaceptable, esto es, que el Estado
delegue una de las funciones que determinan su propia naturaleza. El Estado no
puede renunciar a la prerrogativa de ejercer la coacción - en este caso
legítima -, de la misma manera como el derecho no puede disponer de su
capacidad sancionadora. Por estas razones el asunto relativo a quién, entre las
autoridades y los individuos, está más capacitado para enfrentar a la
delincuencia, no puede ser planteado en términos generales, como una política
susceptible de ser adoptada por el gobierno.
3. Estas consideraciones
de teoría constitucional son suficientes para desvirtuar toda pretensión
dirigida a sustituir al Estado en materia de defensa y ejercicio de la fuerza
legítima. Sin embargo, no sobra agregar otros argumentos de tipo empírico para
mostrar el carácter insostenible del cargo expresado por el demandante.
3.1 En materia de
restricción de la violencia - como en todo lo relacionado con la sanción de las
personas que se desvían del comportamiento prescrito - la eficacia de las
normas es siempre relativa. Esta es, además, una característica inherente al
funcionamiento de los sistemas normativos. El derecho siempre es más o menos
obedecido. Es una cuestión de grado que no puede plantearse en términos
absolutos. En una sociedad en la cual las normas nunca son desobedecidas éstas
resultan innecesarias. El hecho de que el control de las armas no elimine
totalmente la violencia armada no es un argumento para desconocer su utilidad
ni tampoco su eficacia.
3.2. En términos de
eficacia, la gran mayoría de los estudios de sociología de la violencia
muestran de manera consistente cómo el sistema de control en la posesión y
tenencia de armas es más conveniente que el sistema de libertad. Se puede
demostrar cómo aquellos países que adoptan un régimen más laxo en el porte de
armas tienen mayores índices de homicidio, siendo este aumento una consecuencia
de aquél régimen. El caso de los Estados Unidos es paradigmático. Se calcula
que un millón de personas mueren cada año en ese país como consecuencia del uso
de armas de fuego. Esta cifra es siete veces mayor que la que corresponde al
Reino Unido. Se estima que las armas de fuego son la principal causa de muerte
de jóvenes entre 15 y 19 años en los Estados Unidos ([1]). Esto explica la movilización de la opinión pública
norteamericana en favor de una reforma del sistema. En 1993 se aprobó la ley
Brady según la cual se prohibe la venta de armas a todo aquel que no disponga de
una licencia, a menos que se lleve a cabo un sistema de controles sumamente
estricto. Es importante tener en cuenta que, no obstante que la Segunda
Enmienda a la constitución de los Estados unidos permite a los ciudadanos
mantener y portar armas, la Corte Suprema ha considerado que tal derecho no es
de naturaleza individual y de alcance absoluto o ilimitado.
3.3. Colombia
también ha tenido un régimen laxo en materia de porte de armas y sus
consecuencias saltan a la vista. Mientras que en el período 1987-1992 la tasa
de homicidios fue de 77.5 por cada 100.000 habitantes, en Brasil fue de 24,6,
en México de 20,6, en Nicaragua de 16,7, en Argentina de 12,4, en Ecuador de 11
y en los Estados Unidos de 8 ([2]). Estadísticas oficiales del año 93
muestran cómo, si bien el enfrentamiento con la guerrilla y el narcotráfico
contribuyeron a elevar el índice de muertes causadas por armas de fuego, cerca
del 80% de los homicidios en Colombia  se produjeron en medio de la violencia
cotidiana entre ciudadanos. El alcohol y la presencia de armas de fuego en
situaciones de conflicto cotidiano juegan una papel esencial en el aumento de
las probabilidades de desenlace fatal de los conflictos.
3.4 En una disputa
armada la vulnerabilidad del contrincante es uno de los factores que más
incitan a la utilización de las armas y por lo tanto que más desestabilizan una
situación de disuasión. Así se explica, por ejemplo, que la mayoría de los
tratados internacionales sobre armas nucleares fijen un tope tecnológico en los
misiles con el objeto de que nadie se encuentre en situación de superioridad.
La relación de disuasión entre particulares dotados de armas de uso personal es
de una enorme fragilidad, debido a la dificultad para fijar límites que pongan
en situación de igualdad a los contrincantes. La posesión de armas cada vez más
sofisticadas, eficientes y de fácil manejo crea una sensación de
invulnerabilidad frente a las demás personas - provistas o no de armas - y
estimula a sus poseedores a actuar.
3.5. En conclusión,
según las estadísticas existentes, es posible sostener que el porte de armas
promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales
e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares que
no pocas veces es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o
sociales. Por eso los permisos para el porte de armas sólo pueden tener lugar
en casos excepcionales. Esto es, cuando se hayan descartado todas las demás
posibilidades de defensa legítima que el ordenamiento jurídico contempla para
los ciudadanos.
El argumento en
virtud del cual es legítima la posesión de armas por parte de los particulares
en la medida en que éstas no están dirigidas a la agresión sino a la defensa,
está construido en una distinción infundada. En efecto, el poder defensivo de
las armas sólo se explica en medio de una situación de disuasión en la cual
cada una de las partes puede agredir al adversario para causarle la muerte. De
no ser así el arma no cumpliría su objetivo. Si las armas llamadas defensivas
no representaran un peligro para la sociedad - como de hecho lo demuestran las
investigaciones empíricas sobre el tema - nadie se podría oponer a que los
ciudadanos se armaran. Es justamente porque el Estado tiene el deber
constitucional de proteger la vida de las personas que se limita la tenencia y
el porte de armas. Porque se considera que, salvo en casos excepcionales, la
desprotección es mayor cuando las personas disponen de armas.
3.6. El hecho de que
los delincuentes se encuentren armados y las personas de bien no lo estén, no
es una circunstancia que fortalezca el cargo del demandante. En primer término,
el principio de igualdad no es aplicable en este caso. El Estado no trata de
manera discriminatoria a los ciudadanos de bien al prohibirles que se armen
contra los delincuentes. La igualdad sólo puede ser apreciada entre individuos
situados en posiciones semejantes. El delincuente simplemente está por fuera de
la relación de legalidad que supone la igualdad. De otra parte, la amenaza que
proviene de la delincuencia armada debe ser contrarrestada por el ejercicio
legítimo de la coacción Estatal. La falta de eficacia de esta última no justifica
de plano que la sociedad civil asuma la función de defensa. En primer término,
porque en la mayoría de los casos dicha solución resulta contraproducente y, en
segundo término, porque de esta manera se desmorona el principio de eficacia
jurídica e institucional.
3.7. El logro de la
convivencia pacífica en una sociedad no sólo es una cuestión de medios
institucionales y personales para contrarrestar la violencia; es también un
asunto cultural. La paz no es simplemente el resultado de la eliminación de los
conflictos, también es la consecuencia de la convicción ciudadana en la
conveniencia de los métodos jurídicos de solución de  conflictos. Una sociedad
que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión
por medio de las armas de fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y
deleznable. Las relaciones intersubjetivas estarían construidas en el temor y
la desconfianza recíprocas, de tal manera que la ausencia de cooperación,
entendimiento y confianza como bases del progreso social serían un obstáculo
insalvable para el crecimiento individual y colectivo.
4. De otra parte, es
fundamental anotar cómo los valores constitucionales del pluralismo, la
participación y la solidaridad  consagrados en el artículo primero de la
Constitución como pilares axiológicos del Estado social de derecho no son
compatibles con una sociedad civil regida por la disuasión entre agresores
potenciales dispuestos a causar la muerte del contrincante.  El orden de las
armas, si bien podría crear una situación preferible a la de la guerra, no es
constitucionalmente aceptable y, por lo tanto, no puede ser asumida como un
propósito legislativo. Las dificultades relacionadas con la convivencia
pacífica no facultan al Congreso para sustituir los fines consagrados en la
Carta en beneficio de otros fines no consagrados, así sea de manera temporal.
Esto no es posible ni siquiera como un mecanismo transitorio para regresar a la
normalidad. El texto constitucional no puede ser mediatizado por el legislador.
Sus normas tienen un valor que no puede ser negociado o subordinado a una
relación medio-fin definida a juicio del legislador.
Bajo los cargos del
demandante subyace la idea de que es posible neutralizar temporalmente los
valores esenciales del ordenamiento jurídico con el objeto de solucionar
problemas graves, los cuales una vez resueltos permitirían regresar a la
normalidad. La Constitución contempla el acaecimiento de situaciones especiales
que dan lugar a la adopción de medidas de excepción, sin que ello conlleve una
suspensión de los principios, valores y derechos fundamentales previstos en la
Carta política (C.P. art. 214). A fortiori, por fuera de los
estados de excepción no puede plantearse la posibilidad de poner en entredicho
normas esenciales del ordenamiento como medios para recuperar posteriormente
dichas normas. Este es un típico razonamiento de naturaleza política, fundado
en la manipulación de la relación medio-fin, que se encuentra totalmente
excluido del juicio de constitucionalidad (C.P. art. 4).
Por las razones
expuestas no prospera el cargo del actor que hace relación a la vulneración,
por las normas demandadas, del derecho a la vida.
B. El monopolio
Estatal de las armas, el derecho de propiedad y los derechos adquiridos
Alega el demandante
que el artículo 1 de la ley 61 de 1993, y la totalidad del decreto demandado,
violan la Constitución Política al establecer un monopolio prohibido por el
artículo 336, vulnerando, por contera, el derecho de propiedad y los derechos
adquiridos protegidos por el artículo 58 de la Carta.
Al igual que para el
cargo anterior, el estudio de este tema requiere reflexionar sobre algunas
cuestiones preliminares, de las cuales dependerá en buena parte, el fallo que
esta Corporación debe proferir.
1. Durante el período
colonial se permitió que algunas personas por razón de su rango o condición
social poseyeran armas. Una vez consolidada la independencia, las condiciones
de inseguridad ciudadana y la falta de firmeza institucional determinaron una
legislación favorable a la tenencia de armas por parte de los ciudadanos, con
el propósito de asegurar el afianzamiento institucional. Sin embargo - de
manera similar a como sucedió en los Estados Unidos - esta legislación estaba
más dirigida hacia la defensa colectiva que hacia el reconocimiento de un
derecho individual. Un reglamento de la provincia de Pamplona de 1815 mencionó
por primera vez de manera expresa el derecho de los ciudadanos a "tener y
llevar armas lícitas y permitidas para la defensa común y de su persona".
De todos modos el Estado se reservaba la posibilidad de limitar este derecho
por medio de la definición del la expresión "armas lícitas".
2. En la
Constitución de 1863 se reconoció la libertad de asociación sin armas y se
aceptó la posibilidad de que los Estados las comercializaran. En documento
enviado a esta corporación por el historiador Jorge Orlando Melo ([3]) se hace alusión a la opinión generalizada entre los
analistas políticos de la época, sobre el carácter perjudicial que tuvieron
estas normas. Según José María Samper - por ejemplo - "cada comerciante
pudo inundar al país de revólveres, puñales y sables y de cápsulas, balas y
pólvora de suerte que todos los ciudadanos pudiesen proveerse de elementos de
destrucción individual y colectiva (...) ¿Qué garantías podían tener el orden
público y la legalidad con un sistema de armamento libre... en ilimitada
escala?. Ninguna" ([4]). Estas impresiones y muchas otras
expresadas en igual sentido condujeron al desprestigio de la constitución
federalista. En noviembre de 1885 Rafael Nuñez afirmó lo siguiente: "El
amplio comercio de armas y municiones es estímulo constante dado a la guerra
civil en países en donde ha hecho corto camino  la noción de orden... la
Constitución que ya termina su procelosa carrera, declaraba inviolable la vida
humana, y sin embargo, no hemos tenido una época más fértil en asesinatos y
matanzas que ese período de veintidós años transcurridos desde 1863, fecha de
su expedición" ([5]).
3. La constitución
de 1886 condicionó el derecho a portar armas a la autorización estatal. El
artículo 48 consagró el monopolio estatal para la introducción
(importación-exportación), la fabricación y la posesión de armas y municiones
de guerra. De esta afirmación se deducía la posibilidad de poseer aquellas
armas consideradas como diferentes a las de guerra. En relación con el porte,
el mismo artículo restringió la tenencia de todas las armas a la  consecución
de un permiso para tal efecto. Dicho permiso no contemplaba autorización para
porte de armas en situaciones de reuniones políticas y otros casos de
concurrencia ciudadana. En estas circunstancias, las armas consideradas de uso
personal - por oposición a las de guerra - no tenían restricción expresa
respecto de su posesión y de aquí se deducía por la doctrina la existencia de
un derecho de propiedad, aunque se aceptaba que el ejercicio de los atributos
de este derecho estaba sometido o condicionado por el Estado.
4. En cuanto
respecta al artículo 223 de la nueva Carta, es importante aclarar que de las
discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, parece claro que la
violencia crónica padecida durante los cuarenta últimos años en el país influyó
de manera determinante en los miembros de la mencionada Asamblea. Así, en
relación con el monopolio estatal de armas, el artículo 223 se ocupó del tema
en términos sustancialmente más restrictivos que el artículo 48 de la
constitución de 1886. En efecto, según la norma que rige actualmente: "Sólo
el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y
explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad
competente".
Mientras la norma
anterior parecía permitir un régimen diferenciado para las armas de guerra -
creando un monopolio estatal sólo respecto de las armas de este tipo -, el
artículo 223 se refiere a todo tipo de armas y sólo utiliza el calificativo de
guerra para referirse a las municiones.
5. De acuerdo con
esto la Constitución establece las siguientes reglas: 1) sólo el Estado puede
introducir al territorio o fabricar: a) cualquier tipo de armas o explosivos y
b) municiones de guerra; 2) la posesión y el porte de cualquier arma, explosivo
o munición de guerra solo es posible con permiso de la autoridad competente y
3) en  los casos de concurrencia a reuniones políticas, elecciones o sesiones
de corporaciones públicas, el porte de armas está prohibido.
6. La Constitución
de 1991 condicionó la posesión y la tenencia de todo tipo de armas a la
obtención de un permiso otorgado por la autoridad competente. En principio,
entonces, sólo el Estado puede poseer y portar armas por medio de su fuerza
pública (C.P. art. 216) y de los miembros de los organismos y cuerpos oficiales
de seguridad (C.P. art. 223) y para el cumplimiento de los fines consagrados en
la Constitución y en la ley. La posibilidad de que los particulares posean
armas deriva exclusivamente del permiso estatal.
En este sentido ha
sido claro para esta Corporación que el artículo 223 crea un monopolio en
cabeza del Estado, y otorga a la ley la facultad de reglamentar todo lo que
haga relación al uso, posesión y porte de armas y municiones de guerra. Así lo
manifestó la Corte al declarar constitucional el artículo 3 (parcial) del
Decreto 2535 de 1993, cuando dijo:
"Como se
desprende  de la lectura del inciso segundo del artículo 223 superior, la Carta
Política defirió a la ley el desarrollo y reglamentación el uso, posesión y
porte de armas, municiones de guerra y explosivos. Es pues al Gobierno Nacional
a quien corresponde expedir, a través de la autoridad competente, la
autorización para portar armas" (Corte Constitucional, Sentencia C-031 de
2 de febrero de 1995, MP Hernando Herrera Vergara).
7. Esta misma
Corporación, en sentencia más reciente, manifestó que el monopolio estatal
sobre las armas se refiere a todo tipo de armas, y no simplemente a armas y
municiones de guerra, como afirma el demandante. En este sentido la Corte dijo:
"Ahora bien, la
disposición constitucional no distingue entre armas de guerra y otro tipo de
armas, puesto que el calificativo "de guerra" está únicamente
referido a las municiones, pero no a las armas. Igualmente, el pronombre
"los" de la segunda oración del artículo (poseerlos o portarlos) se
refiere a las tres clases de bienes (todas las armas, todos los explosivos y
las municiones de guerra). El monopolio estatal cubre entonces todo tipo de
armas y todo tipo de explosivos, por lo cual se equivoca el demandante al creer
que ese monopolio se refiere únicamente a las armas de guerra.
La Constitución de
1991 amplió el monopolio estatal a todo tipo de armas, por cuanto en el
ordenamiento derogado éste se refería únicamente a las armas de guerra. En
efecto, el artículo 48 de la anterior Constitución señalaba que "sólo el
Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra.
Nadie podrá dentro de poblado llevar armas consigo sin permiso de autoridad
competente." Esto significa que la anterior Constitución admitía la
posesión de armas que no fuesen de guerra, aun cuando limitaba su porte dentro
de poblado a la obtención del correspondiente permiso de autoridad competente.
En cambio, la Constitución de 1991 consagra un régimen más estricto, puesto que
no existe la posibilidad de que haya propiedad o posesión privadas sobre ningún
tipo de armas. Hay entonces una reserva estatal de principio sobre su propiedad
y posesión, de suerte que los derechos de los particulares sobre las armas son
precarios pues provienen únicamente de los permisos estatales, los cuáles son
por esencia revocables" (Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 9 de
febrero de 1995, MP Alejandro Martínez Caballero).
8. La Corte ha
entendido entonces que la Constitución de 1991 crea un monopolio estatal sobre
todas las armas y que el porte o posesión por parte de los particulares depende
de que el Estado otorgue el correspondiente permiso. En este orden de ideas no
puede afirmarse que la creación de tal monopolio vulnera el artículo 336 de la
Carta, pues se trata de un monopolio de creación constitucional que nada tiene
que ver con los monopolios de orden económico de que habla este último
artículo.
9. No existe por lo
tanto una propiedad privada originaria sobre armas, tal como se contempla el
derecho a la propiedad privada en el artículo 58 de la Constitución Política.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, que en sentencia 077 de 1993
señaló:
"El único que
originaria e incondicionalmente puede poseer y portar armas es el Estado a
través de la fuerza pública (CP art. 216) y los miembros de los organismos y
cuerpos oficiales de seguridad (CP art. 223) y su uso se circunscribe a los
precisos fines y propósitos enunciados en la Constitución y la ley. Cualquier
otra posesión se deriva del permiso estatal. Junto al indicado monopolio, dada
la necesidad del permiso para la constitución y circulación de derechos
ulteriores sobre las armas y demás elementos bélicos, cabe reconocer una
reserva estatal de principio sobre su propiedad y posesión. A partir de esta
reserva el Estado puede, en los términos de la ley, crear y administrar
titularidades privadas, a través de la técnica administrativa del permiso. La
propiedad y posesión de los particulares no tiene frente a este conjunto de
bienes un valor constitucional originario que pueda oponerse al Estado. Por el
contrario, cualquier titularidad proviene de éste y tiene el alcance relativo
que pueda en cada caso derivarse de las leyes".
10. Ahora bien, el
cargo relacionado con el artículo 37 del decreto 2535 de 1993 plantea el
siguiente problema jurídico: ¿las personas que eran propietarias de armas de
uso personal antes de la expedición de la nueva Constitución, conservan dicho
derecho?. En otros términos, ¿en materia de propiedad sobre armas, los
particulares pueden oponer a la Constitución Política derechos adquiridos
durante la vigencia de una constitución anterior?. Para resolver estos
interrogantes se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones.
10.1. Durante la
vigencia de la Constitución de 1886, los particulares podían ser titulares del
derecho de propiedad sobre armas diferentes de aquellas consideradas como de
guerra. Sin embargo, si bien en esta materia no es posible poner en duda la
existencia de un derecho subjetivo radicado en cabeza de los particulares,
existen serios reparos a la identificación de este derecho con el derecho pleno
y clásico de propiedad regulado por el Código Civil y fundamento económico de
los regímenes constitucionales liberales. En efecto, la propiedad sobre las
armas - salvo durante el período federal instaurado por la Constitución de 1863
- siempre ha sido un derecho cuyo ejercicio se ha entendido en los términos de
la ley. Se trata de un derecho precario penetrado por la actividad legislativa
y sometido a los intereses superiores plasmados en la Constitución e inspirados
en el orden público. Este carácter atenuado del derecho se explica por razones
- expuestas anteriormente -  derivadas del concepto de Estado y del monopolio
de la violencia legítima como condición necesaria para su existencia.
10.2.  La
jurisprudencia y la doctrina contemplan dos puntos de vista sobre los derechos
adquiridos. El primero de ellos es más restrictivo, mientras el segundo es más
amplio. El concepto restringido es de tipo patrimonialista y considera que los
derechos adquiridos se configuran cuando han ingresado definitivamente en el
patrimonio de una persona (Corte Suprema de Justicia, 1969, Banco de la
República, Tomo I, p. 375). La visión amplia, en cambio, estima que los
derechos adquiridos son situaciones jurídicas individuales, subjetivas o
concretas, creadas o consolidadas bajo el imperio de una ley (Corte Suprema de
Justicia, Sentencia del 17 de Marzo de 1977).
10.3. La
jurisprudencia derivada de la Constitución anterior interpretó la norma
constitucional relativa a los derechos adquiridos (art. 30) en el sentido de
que estos se protegían con arreglo a las leyes civiles, esto es, a las leyes
que regulan "los derechos de los particulares, por razón del estado de las
personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles"
(Corte Suprema de Justicia Sentencia del 17 de febrero de 1976).  En estos
casos debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 153 de 1887, a
cuyo tenor "todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con
ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas,
y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva
ley". En relación con las leyes que no son de naturaleza civil, la
jurisprudencia citada sostenía  lo siguiente:
"Mas el
ejercicio normal o excepcional de la función legislativa del poder público
genera igualmente, otra clase de leyes, las denominadas 'administrativas' que
definen la situación o situaciones de los gobernados frente al Estado. Y al
paso que en las primeras, las 'civiles' se respeta la autonomía de la voluntad,
en las segundas, realmente ésta no existe. En el primer caso (...) hay
equilibrio de derechos y  poderes; en el segundo hay subordinación de un sujeto
de derecho a otro. Es un fenómeno semejante al que se deduce de la comparación
entre el derecho privado y el derecho público; el primero se
aplica de modo preferente, por concierto; el segundo, igualmente, por
imperio".
"Pero la ley
'administrativa' también deja a salvo las situaciones jurídicas individuales
surgidas al amparo de la legislación anterior (...) y si la ley desconoce o
vulnera esas situaciones jurídicas subjetivas, surge  para el Estado el deber
de reparar o compensar  el daño que se desprende de su aplicación. Este caso es
la excepción; la regla es que las nuevas relaciones que prevé la ley
administrativa en materia procesal no menoscaban las situaciones jurídicas
subjetivas" (Corte Suprema de Justicia Sentencia del 17 de febrero de
1976).
11. Todas los
argumentos anteriores llevan a concluir que en materia de posesión y tenencia
de armas no hay derechos adquiridos que puedan oponerse al Estado. Existe, en
cambio, un régimen de permisos - desde antes de la vigencia de la Constitución
de 1991 - a partir de los cuales se hacen efectivos algunos derechos como el de
posesión y porte, pero son estos permisos, surgidos de la voluntad
institucional los que constituyen y hacen efectivo el derecho y, de ningún
modo, la existencia de un título originario concebido en los términos de la
propiedad civil. En este contexto es necesario excluir a las armas del ámbito
de los derechos patrimoniales para ubicarlas en el contexto de las relaciones
entre el Estado y los particulares, en el cual se aplican las normas y
principios del derecho público.
12. De otra parte,
parece claro que la imposibilidad de afectar el derecho de posesión de armas
radicado en cabeza de un grupo de personas, conduciría a una situación de
desequilibrio entre los particulares que pone en entredicho el principio de igualdad
en la aplicación de la ley. Además, crearía problemas difíciles de resolver
para la puesta en marcha de una política criminal en el país.  En efecto, una
política de desarme social resultaría ineficaz si tuviese que contar con la
existencia de una élite de ciudadanos poseedores de armas que no pueden ser
objeto de la aplicación de las nuevas disposiciones constitucionales debido a
la existencia previa de derechos adquiridos. Esta posibilidad, que ya es bien
dudosa tratándose de la propiedad en general, resulta chocante cuando se trata
de armas. Si el monopolio de las armas es una de las condiciones esenciales de
posibilidad del Estado mismo, la excepción propuesta por el demandante
afectaría este presupuesto básico y limitaría gravemente el imperium
propio del poder institucional.
13. En consecuencia
la expresión "de propiedad de sus socios", contenida en artículo 65
del decreto 2535 de 1993, deberá ser interpretada de manera tal que se entienda
el concepto de propiedad sobre tales armas en el sentido relativo que ha sido
desarrollado en esta providencia.
En materia sucesoral
(art. 40 del decreto), valen las consideraciones anteriores y, por lo tanto, el
derecho de propiedad que se hereda tiene el carácter precario que ha sido
señalado.
14. Por último cabe
aclarar que cuando el artículo mencionado habla de cesión o de titularidad se
refiere no al arma sino al permiso de porte o tenencia. El ciudadano es pues
titular de un permiso y, previos los requisitos establecidos por el decreto,
puede ceder tal permiso. Son claros en este sentido los artículos 16, 40 f) y
44, entre otros.
15. Al impugnar la
constitucionalidad del Decreto por crear un monopolio prohibido por la Carta,
el actor cuestiona también la parte del artículo segundo del Decreto estudiado,
en la cual se incluyen bajo el control del Estado la exportación, fabricación y
comercialización de las materias primas, maquinarias y artefactos para la
fabricación de armas, municiones y explosivos. Este artículo forma unidad
normativa con el artículo 62 del mismo Decreto, por lo tanto el estudio que
aquí se realiza es aplicable a los dos artículos mencionados.
A pesar de que el
presupuesto del cual parte el demandante - vale decir, la inconstitucionalidad
de un monopolio estatal en materia de armas - es falso, lo cierto es que la
existencia y legitimidad constitucional de tal monopolio no puede ser la excusa
para que se vulneren los derechos económicos y la libertad de empresa y de
comercio de quienes utilizan maquinaria, artefactos y materias primas propios
de la industria de las armas para producir otras mercancías de libre
circulación.
Pero, de otra parte,
también resulta obvio que de nada serviría prohibir la importación de una arma
si al tiempo existe libertad de comercio sobre los insumos que integran dicho
artefacto y que hacen posible su producción nacional. Controlar el comercio y
la producción de las armas, municiones y explosivos implica también
necesariamente controlar, en forma razonable, la comercialización y elaboración
de las materias primas, maquinaria y artefactos que se necesitan para
producirlas.
En este caso lo que
se presenta es un conflicto entre algunos derechos económicos de los
comerciantes y fabricantes de productos libres que se utilizan para la
fabricación de las armas, municiones y explosivos y, de otra parte,  el interés
público o social en el control de la producción y comercialización de estos
elementos. En los artículos 2 y 62 en estudio, este conflicto fue resuelto por
el legislador  incluyendo en el monopolio de las armas, municiones y
explosivos, aquellas materias primas, maquinarias y artefactos indispensables
para su fabricación. Ahora bien, esta norma resulta constitucional si se
interpreta en forma restringida, de tal manera que se entienda que no están
bajo monopolio del Estado todos los elementos que se utilicen para la
producción de armas, municiones y explosivos, sino aquellos indispensables, y
que son claramente identificados con el proceso de elaboración de estos
productos. Lo anterior no significa que dichas materias primas, maquinarias o
artefactos no puedan ser adquiridos para elaborar otros productos, sólo que su
importación, comercialización y producción deberá estar controlada por el
Estado.
A juicio de esta
Corte las anteriores restricciones resultan congruentes con el mandato del
artículo 333 de la Carta que permite a la ley limitar el alcance de la
actividad económica, cuando así lo exija el interés social o el bien común.
16. En cuanto se
refiere a la restricción en la posesión de las armas de colección o de museo,
contenida en los artículos 13, 26, 37 y 70 del decreto 2535 de 1993, es
importante tener en cuenta varios elementos: 1) por un lado, el régimen de
posesión y tenencia de armas es de naturaleza administrativa y excluye la posibilidad
de la existencia de derechos adquiridos en sentido fuerte - tal como lo concibe
el derecho civil - y, 2) en tratándose de armas, el legislador puede definir
cuales son armas de colección o de museo y cuáles no, y acorde a tal
definición, puede reglamentar, en forma razonable, pero ciertamente
discrecional, la posesión, tenencia y porte de las armas de colección o de
museo.
Si la definición del
concepto de arma es una facultad del legislador que entraña la existencia de un
ámbito de libertad para la fijación razonable de su sentido, entonces debe
concluirse que las armas de museo pueden ser objeto de regulación por parte del
legislador extraordinario. Los argumentos sobre la conveniencia o
inconveniencia del régimen diseñado por el legislador pueden o no ser
legítimos, pero carecen de toda relevancia en términos del control
constitucional.
II. CARGOS
RELATIVOS A LA EXTRALIMITACION EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES
EXTRAORDINARIAS
El demandante
considera que los artículos 1, 14, 15, 24, 31, 37, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
67-69, 70, 77, 90, 95-99, 105 y 107 del decreto 2535 de 1993 son violatorios de
la Constitución Política, por extralimitación en el ejercicio de las
facultades extraordinarias (violación del artículo 150-10 de la C.N.).
Para resolver cada
uno de los cargos que se formulan por presunta extralimitación de facultades,
es pertinente realizar una recapitulación previa sobre algunos aspectos
neurálgicos en  esta materia.
A.
Consideraciones generales sobre el uso de las facultades extraordinarias
1. La expresión
"precisas facultades" - contenida en el artículo 150-10 - establece
un límite tanto para el legislador - necesidad de precisar las facultades  -
como para el Presidente - obligación de ceñirse a lo determinado por la ley.
"La finalidad de las facultades extraordinarias es la de habilitar al
Presidente para que pueda adoptar decretos leyes sobre asuntos y materias
determinados,..." (Sentencia C-510 de septiembre 3 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
La Corte
Constitucional ha reiterado la necesidad de que las facultades sean precisas y
ha delimitado el alcance de este requisito, en los siguientes términos:
"En materia de
facultades extraordinarias, la jurisprudencia ha señalado que el concepto
"precisión" se refiere no al grado de amplitud de la ley de
facultades, sino a su nivel de claridad en cuanto a la delimitación de la
materia a la que se refiere. Cuando las facultades otorgadas al Ejecutivo sean
claras  tanto en el término de vigencia como en el ámbito material de aplicación
y establezcan  las funciones que en virtud de la investidura legislativa
extraordinaria aquél puede ejercer, no son  imprecisas. Basta con que los
límites en el ejercicio de las facultades sean claros, sin importar que las
facultades sean generales. Lo que exige la Carta es que la ley determine
inequívocamente la materia sobre la cual el Presidente puede legislar, a través
de facultades que no resulten vagas, ambiguas, imprecisas o
indeterminadas." (Sentencia C-074 de febrero 21 de 1993.  M.P. Ciro Angarita
Barón).
3. En sentencia
C-416 de junio 18 de 1992, la Corte sostuvo que los decretos expedidos en
ejercicio de las facultades extraordinarias "únicamente pueden tratar
sobre los asuntos en ella indicados, sin lugar a extensiones ni analogías".
En consecuencia, los asuntos objeto de facultades extraordinarias deben estar
definidos de manera inequívoca en ley de facultades.
Procede la Corte a
examinar los cargos presentados por el demandante.
B. Cargos del
demandante por extralimitación en el ejercicio de las facultades en la
expedición de los artículos 1, 14, 15, 24, 31, 37, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
67-69, 70, 77,  90, 95-99, 105 y 107 del decreto 2535 de 1993
1. Cargos contra el
artículo 1° del decreto 2535 de 1993
El artículo
demandado expresa:
ARTICULO 1º. Ambito. El presente Decreto tiene
por objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de armas,
municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar las armas; establecer el
régimen para la expedición, revalidación y suspensión de permisos, autoridades
competentes; condiciones para la importación y exportación de armas, municiones
y explosivos; señalar el régimen de talleres de armería y fábricas de artículos
pirotécnicos, clubes de tiro y caza, colecciones y coleccionistas de armas,
servicios de vigilancia y seguridad privada; definir las circunstancias en las
que procede la incautación de armas, imposición de multas y decomiso de las
mismas y establecer el régimen para el registro y devolución de armas.
Las armas, municiones,
explosivos y sus accesorios destinados a la Fuerza Pública para el cumplimiento
de su misión constitucional y legal, así como su fabricación y comercialización
en las empresas estatales no son objeto del presente Decreto.
Según el actor
este artículo dispone acerca de la "expedición, revalidación y suspensión
de permisos", cuando la ley sólo se refiere a salvoconductos. Se trata de
una grave imprecisión que implicaría la creación de una nueva figura.
Aunque el decreto se
ocupa de la expedición, revalidación y suspensión de permisos, mientras que la
ley de facultades autoriza al Presidente para regular lo relacionado con
salvoconductos, el propio artículo 223 de la Constitución Política señala que
nadie podrá poseer o portar armas, municiones de guerra y explosivos sin permiso
de la autoridad competente. Sin necesidad de entrar a realizar sofisticados
ejercicios semánticos, es razonable concluir que al regular la ley los
salvoconductos se están refiriendo al régimen de permisos al que hace alusión
la Carta política.
2. Cargos contra el
artículo 1, 15 y 90 del decreto 2535 de 1993
El texto de los
artículos 15 y 90 es el siguiente:
ARTICULO 15º. Accesorios prohibidos. Se
consideran de uso privativo de la Fuerza Pública las miras infrarrojas,
laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que
alteren su sonido.
El Comité de Armas
del Ministerio de Defensa Nacional, de que trata el artículo 31 de este
Decreto, podrá autorizar a particulares el uso de algunos de estos elementos
para competencias deportivas.
ARTICULO 90. Acto administrativo. La autoridad militar o policial
competente mediante acto administrativo, dispondrá la devolución, la imposición
de multa o decomiso del arma, munición, explosivo, o accesorio, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que
efectúo su incautación, o dio aviso de la irregularidad. Este término se
ampliará otros quince (15) días cuando haya lugar a práctica de pruebas.
Parágrafo 1º. Lo dispuesto en este artículo no se aplica
para la imposición de la multa prevista en el literal a) del artículo 87 en
concordancia con el parágrafo 2º del mismo.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de armas de guerra de uso
privativo, sus municiones y accesorios decomisados, su devolución solamente
podrá ser autorizado por el Comando General de las Fuerzas Militares.
Para el
demandante estas normas legislan sobre accesorios, materia que según el actor,
no está comprendida en la delegación de funciones que hizo la ley 61 de 1993.
Como se indica en el
Diccionario de la Lengua Española, accesorio es el utensilio auxiliar para
determinado trabajo o para el funcionamiento de una máquina; es un elemento
secundario que depende de otro esencial o principal[6]. Accesorio es  aquéllo que sigue la suerte del
instrumento o herramienta que siendo principal tiene una existencia
independiente o autónoma. Se trata de elementos útiles para el logro de los
objetivos de otro instrumento más esencial al cual se unen.
Los accesorios son
componentes que no forman parte esencial de las armas, pero que fueron creados
con el objeto de hacer más fácil o eficaz su uso, y que en ningún caso producen
de manera autónoma efecto alguno. Son accesorios los silenciadores, las miras
telescópicas, etc.
Es claro que un
silenciador está diseñado para ser un accesorio de algo principal que, en este
caso, es un arma de fuego. No tiene sentido que el Gobierno,  facultado para
reglamentar la tenencia y porte de armas de fuego, no pueda referirse a los
mencionados silenciadores que, al ser incorporados a ellas, en cierta medida,
las potencian.
Es indispensable
verificar si los elementos que las normas demandadas señalan como accesorios
constituyen realmente partes dependientes o secundarias de las armas, porque lo
que no es constitucionalmente admisible es que bajo el pretexto de regular los
accesorios, el legislador extraordinario se adentre en materias distintas de
aquéllas sobre las cuales recaen las respectivas facultades.
El artículo 15 del
Decreto señala que son de uso privativo de la Fuerza Pública las miras
infrarrojas, laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los
elementos que alteren el sonido de las armas. Desde un punto de vista técnico,
no se discute que los objetos mencionados sólo son útiles si se integran a un
arma. Ahora bien, al ser accesorios no constituyen un elemento esencial del
arma de la cual dependen, pero hacen que ésta sea más eficaz o peligrosa.
En suma, la materia
de las facultades extraordinarias de la ley 61 de 1993, incluye  la regulación
de los objetos señalados en el artículo 15 citado.
3. Cargos contra los
artículos 1 y 107 del decreto 2535 de 1993
El artículo 107 dice
textualmente:
ARTICULO 107.
Registro o devolución de armas. Quienes al entrar en vigencia el presente decreto tengan en su poder
armas de fuego, sin el permiso correspondiente, deberán optar por una
cualquiera de las siguientes opciones:
a) Registro de
armas. A partir de la expedición de este decreto y hasta el 28 de febrero
de 1994, el interesado diligenciará bajo la gravedad de juramento, un
“formulario de registro de armas”, que para el efecto distribuirá el Comando
General de las Fuerzas Militares, por conducto de las unidades militares y
comandos de policía, mediante publicaciones semanales en periódicos de amplia
circulación nacional y regional.
Dicho formulario
consta de dos (2) partes:
1. Solicitud de
registro para la obtención de permiso para tenencia.
2. Un desprendible
que será el “permiso para tenencia temporal” para el arma, con vigencia hasta
el 30 de septiembre de 1994.
La solicitud de
registro (parte uno) será enviada por el solicitante por correo a un apartado
aéreo que establecerá el Ministerio de Defensa, en Santafé de Bogotá,
adjuntando el recibo de consignación en la cuenta nacional que informará el
Ministerio de Defensa en dicho formulario, por el valor allí establecido para
la tenencia del arma.
El solicitante
conservará copia del recibo de pago y el “permiso temporal para tenencia” que
él mismo diligenciará, el cual acredita que el permiso para tenencia definitivo
se encuentra en trámite. Las autoridades podrán verificar en todo momento la
veracidad del “permiso temporal para tenencia”.
Previa la
verificación de la información suministrada, la autoridad competente podrá
expedir permiso para tenencia a nombre del solicitante para el arma o armas
declaradas, el cual será remitido por correo a la dirección registrada en el
“formulario de registro de armas”, antes del 30 de septiembre de 1994.
Las solicitudes de
permiso para porte de armas registradas en virtud de este artículo, se
resolverán dentro del año siguiente a la expedición del permiso temporal para
tenencia,
b) Devolución
de armas. A partir de la expedición de este decreto y hasta el 28 de
febrero de 1994, los poseedores o tenedores de armas de fuego con permiso o sin
él, podrán devolverlas a los comandos de brigada o unidad táctica del Ejército,
o sus equivalentes en la Armada o la Fuerza Aérea. El estado reconocerá el
valor de las mismas previo avalúo."
Estima el actor
que al permitir el registro de las armas a aquellas personas que poseyéndolas nunca
las habían registrado, los artículos demandados consagran una amnistía que sólo
puede ser adoptada por el Congreso y respecto de delitos políticos. Señala,
además, que la medida entraña una suspensión temporal de la administración de
justicia.
La finalidad de estas
normas consiste en legalizar una situación de hecho que atenta contra la
convivencia pacífica. El decreto dota al Estado de instrumentos que le permiten
el control efectivo de las armas que se encuentran en manos de particulares. Estas
disposiciones derivan de la potestad del Congreso en materia de política
criminal, para cuya aplicación recaba la colaboración del ejecutivo.
El artículo 1°, al
señalar el ámbito de aplicación del decreto, dispone en la parte final del
inciso primero, que el objeto del mismo es “definir las circunstancias en que
procede la incautación de armas, imposición de multas  y decomiso de las
mismas, y establecer el régimen para el registro y devolución de las armas”.  A
su vez, el artículo 107, establece el procedimiento para efectuar el registro o
devolución de armas de fuego y dispone que el Estado “puede” conceder el
permiso de tenencia o porte de armas. De la lectura de estos artículos no se
infiere que se haya suspendido la función de administrar justicia. El Estado
conserva su facultad punitiva en los casos en que se determine la comisión de
un delito
4. Cargos contra los
artículos 1 y 70 del Decreto 2535 de 1993
El texto del
artículo 70 es el siguiente:
ARTICULO 70. Coleccionistas de armas de fuego. Para los efectos previstos en el presente
Decreto, se considera como coleccionista de armas de fuego la persona natural o
jurídica que posea armas de fuego que por sus características históricas, tecnológicas
o científicas, sean destinadas a la exhibición privada o pública, y que sean
clasificadas como tal por el Comité de Armas del Ministerio de Defensa.
Los coleccionistas
podrán afiliarse a una asociación legalmente constituida. Quien no pertenezca a
una cualquiera asociación, deberá llenar los requisitos establecidos por el
Gobierno Nacional.
La calidad de
coleccionista se acreditará mediante credencial que expida la asociación y el
Comando General de las Fuerzas Militares si es asociado o este último si es un
coleccionista no asociado.
Señala el demandante
que la Ley 61 no otorgó facultades para legislar sobre colecciones ni
coleccionistas.
El demandante
intenta establecer una diferencia material entre las siguientes categorías:
asociaciones de coleccionistas, colecciones y coleccionistas. A su juicio, el
legislador extraordinario podía regular lo relativo a asociaciones de
coleccionistas, mas no lo relativo a las colecciones de armas, ni a los
coleccionistas de las mismas.
El objeto de las facultades
extraordinarias, vale decir, el régimen para la posesión, tenencia y porte de
armas, permite al ejecutivo calificar un arma como de colección y a su tenedor
como coleccionista. Por tratarse de colecciones de armas, le está permitido al
legislador extraordinario crear el régimen de deberes y obligaciones para los
coleccionistas y regular, de este modo, las respectivas colecciones.
El legislador
extraordinario se encuentra habilitado para expedir reglas que afectan
directamente tanto a los coleccionistas como a las respectivas colecciones. La
regulación de una asociación debe necesariamente contemplar asuntos
relacionados con su objeto y sus integrantes.
5. Cargos contra el
artículo 14 del decreto 2535 de 1993
Este artículo dice
textualmente:
ARTICULO 14º. Armas prohibidas. Además de
lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Política, se prohibe la
tenencia y el porte en todo el territorio nacional de las siguientes armas, sus
partes y piezas:
a) Las armas de uso
privativo o de guerra, salvo las de colección debidamente autorizadas, o las
previstas en el artículo 9º de este Decreto;
b) Armas de fuego de
cualquier calibre que hayan sido modificadas substancialmente en sus
características de fabricación u origen, que aumenten la letalidad del arma;
c) Las armas
hechizas, salvo las escopetas de fisto;
d) Las que
requiriéndolo carezcan del permiso expedido por autoridad competente;
e) Las que el
Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, clasifique
como tales.
Parágrafo. También está prohibida la tenencia o
porte de artefactos fabricados sobre la base de gases venenosos, de sustancias
corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, y
los implementos destinados a su lanzamiento o activación.
Considera el
demandante que la Ley 61 confiere expresas facultades al Ejecutivo para dictar
normas sobre armas de fuego, municiones y explosivos y no sobre cualquier tipo
de arma "ya que ello tendría implicaciones de alcances imposibles de
prever". También se extralimita  el decreto, por la misma razón, al
prohibir los "artefactos fabricados sobre la base de gases
venenosos..."
En algunos casos, la
ley de facultades se refiere de manera específica a ciertos tipos de armas. Los
literales d) y g) del artículo primero, parecen limitar las facultades que se
otorgan para la regulación de las armas de fuego. Pero, al mismo tiempo, en los
literales a), b), c), e) e i), del mismo artículo, así como en el
encabezamiento de la ley de facultades, el legislador se refirió de manera
genérica a las armas. No obstante, el artículo 14 del decreto estudiado se
expidió en desarrollo de las facultades concedidas a través de los literales a)
y b) de la ley 61, que se refieren a las “armas”, sin calificar o definir este
concepto. En consecuencia, queda claro a esta Corte que la ley facultó al
Presidente para dictar normas sobre definición, clasificación, propiedad,
tenencia, porte y devolución voluntaria de armas, cualquiera sea su naturaleza.
De otra parte,
sostiene el actor que la concepción amplia de las facultades  traería
"implicaciones de alcances imposibles de prever". Este tipo de
argumentos escapa a la órbita del juicio de constitucionalidad, y se inserta en
el ámbito de las decisiones propias del legislador.
El demandante se
refiere a una posible modificación del Código Penal, sin precisar en qué
consiste. El código penal tipifica la "tenencia, fabricación y tráfico de
sustancias u objetos peligrosos" (Art. 197) y el "empleo o
lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos" (Art. 198).  Mediante
ambos tipos se prohibe el porte, tenencia y uso de sustancias
"asfixiantes, tóxicas, corrosivas", es decir, sustancias que al ser
introducidas en el cuerpo o aplicadas a él en poca cantidad,  ocasionan la muerte
o graves trastornos. La prohibición del porte de "artefactos fabricados
sobre la base de gases venenosos", antes que modificar los tipos penales,
los complementa.
6. Cargos contra los
artículos 14 literal e) y 105 del decreto demandado
El texto del artículo
105 es el siguiente:
ARTICULO 105. Otras armas. Facúltase al Gobierno Nacional para que en la medida
en que surjan nuevas armas no clasificadas en el presente decreto, reglamente
su tenencia y porte de conformidad con lo aquí previsto.
Alega el actor
que el Presidente se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias
al disponer que el Gobierno puede clasificar las armas nuevas no contempladas
en el decreto. Señala, además, que lo señalado en el artículo 105 y en el
literal e) del artículo 14 violan el principio de unidad de materia. Al
respecto afirma que el literal e) "rompe el principio de la unidad
jurídica de materia, por cuanto el Gobierno se ha auto-facultado para
reglamentar futuras armas luego de que agote las facultades conferidas por el
Congreso a través de la Ley 61." Esto contradice la doctrina de la Corte
Constitucional, según la cual, una vez  utilizada la facultad habilitante
extraordinaria, mediante la expedición de los decretos leyes, se extingue la
potestad legislativa del Gobierno Nacional.
La autorización para
clasificar las armas nuevas, además de ésta connotación, se sujeta a que
se realice "de conformidad con lo aquí dispuesto" (Art. 105).  Se
trata del reconocimiento del ejercicio de la potestad reglamentaria. El ejecutivo
no podrá establecer categorías distintas a las previstas en el Decreto 2553 de
1993, ni crear contravenciones o modificar las causales de incautación, multa y
decomiso. Simple y llanamente, clasificará las nuevas armas dentro del marco
definido por el legislador.
7. Cargos contra el
artículo 24 del decreto 2535 de 1993
El artículo 24 dice
textualmente:
ARTICULO 24º. Permiso especial. Es aquel
que se expide para la tenencia o para porte de armas destinadas a la protección
de misiones diplomáticas o funcionarios extranjeros legalmente acreditados.
Cuando la concesión
del permiso se haga a nombre de la misión diplomática, la vigencia será de
cuatro (4) años. Tratándose de permisos concedidos a nombre de un funcionario,
su vigencia será hasta por el término de su misión.
El demandante
alega que el artículo 24 es violatorio de la constitución. A su juicio, el
legislador extraordinario invadió la órbita propia de la rama ejecutiva del
poder público. No se puede conferir derechos a una misión diplomática pues
éstas no son personas jurídicas ni naturales. Se pregunta; "¿No se estará
violando de esta manera el fuero constitucional del Presidente en materia de
relaciones internacionales?".
El hecho de que la
dirección de las relaciones internacionales corresponda al Presidente de la
República no impide que el Congreso regule lo relacionado con el porte de armas
de las misiones diplomáticas o de funcionarios extranjeros legalmente
acreditados. El artículo 223 no tiene sujeto calificado. El texto del artículo
señala que nadie podrá poseer o portar armas en el territorio nacional, sin
permiso de la autoridad competente. Lo que hace el legislador extraordinario
es, justamente, establecer el régimen de permisos cuando se trate de misiones
diplomáticas o de funcionarios extranjeros.
8.  Cargos contra el
artículo 31
El artículo
cuestionado dice textualmente:
ARTICULO 31º. Comité de Armas del Ministerio de Defensa
Nacional. El Comité de
Armas estará integrado por:
a) Dos delegados del
Ministro de Defensa Nacional;
b) El Defensor del
Pueblo o su delegado;
c) El
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o su delegado;
d) El Jefe del
Departamento D-2 EMC del Comando General de las Fuerzas Militares;
e) El Subdirector de
Policía Judicial e Investigación;
f) El Jefe del
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.
El Comité de Armas
estudiará y decidirá sobre las peticiones que formulen los particulares en
relación con armas, municiones, explosivos y sus accesorios en los casos
establecidos en el presente Decreto.
El Comité será
presidido por el delegado del Ministro de Defensa que éste señale.
Señala el actor
que la ley 61 no concedió facultades para crear o constituir un comité de
armas. Con esta norma se modifica la estructura general del Ministerio de
Defensa,  y se interviniene en la órbita constitucional del Congreso para
dictar leyes sobre la estructura de la administración pública en violación del
artículo 150, numeral 7 de C.N.
El artículo 1 de la
ley 61 de 1993 faculta al Gobierno para establecer el régimen de armas,
municiones y explosivos, régimen que habrá de ser ejecutado, vigilado y
controlado por la administración dentro de sus funciones constitucionales
propias. Con este propósito el legislador extraordinario puede crear un órgano
competente para ejercer las funciones administrativas que se refieran a la
materia. De otra parte, como lo señala el Viceprocurador en el concepto de
rigor, el consejo al cual se refiere el artículo cuestionado no es una entidad
pública y, por lo tanto, no es procedente el cargo de constitucionalidad
formulado por el actor.
9. Cargos contra el
artículo 37 del decreto 2535 de 1993
El texto del
artículo 37 es el siguiente:
ARTICULO 37º. Costo del uso del arma y su devolución. A partir de la vigencia de este Decreto,
para la expedición del permiso para tenencia o para porte de armas y la entrega
de las mismas, el interesado deberá cancelar su valor. A la expiración del
término del permiso y en concordancia con el artículo 87, literal a), éste
podrá ser prorrogado, o en caso contrario el arma deberá ser devuelta a la
autoridad militar competente y su valor inicial o el mayor valor que resulte
del avalúo, será devuelto al titular, salvo en los eventos de pérdida de
vigencia del permiso por decomiso del arma.
Considera el
actor que el parágrafo primero del artículo transcrito excede la ley 61, al
establecer un sistema de devolución obligatoria, cuando la ley alude a la
devolución voluntaria.
Lo que hace el
legislador extraordinario en este artículo es simplemente establecer el efecto
del vencimiento del permiso, que no puede ser otro que el de su prórroga o en
su defecto la devolución del arma al Estado. Esta norma es desarrollo directo
del artículo primero de la ley 61 de 1993, y se encuentra en total consonancia
con el artículo 223 de la Carta que prescribe la obligatoriedad del permiso
para la tenencia y porte de las armas.
10.  Cargos contra
los artículos 57 y 58 del decreto 2535 de 1993
El texto de los
artículos  57 y 58 es el siguiente:
ARTICULO 57. Importación y exportación de armas,
municiones y explosivos.
Solamente el Gobierno Nacional podrá importar y exportar armas, municiones,
explosivos y sus accesorios, de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.
La importación de
explosivos y de las materias primas contempladas en el parágrafo 3º del
artículo 51 de este Decreto, podrá llevarse a cabo a solicitud de los particulares
por razones de conveniencia comercial, salvo por circunstancias de defensa y
seguridad nacional. La entidad gubernamental encargada de estas operaciones no
podrá derivar utilidad alguna y solamente cobrará los costos de administración
y manejo.
ARTICULO 58. Importación y exportación temporal. El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Defensa Nacional podrá expedir licencia para importar armas,
municiones y sus accesorios a empresas extranjeras o sus representantes en el
país, con el propósito de realizar pruebas o demostraciones autorizadas. Así
mismo, podrá expedir licencia de exportación temporal para reparaciones y
competencias.
Al término de la
licencia de importación los elementos deberán ser reexportados. El titular de
la misma deberá remitir constancia escrita al Comando General de las Fuerzas
Militares, acreditando tal hecho.
Parágrafo. Cuando el Gobierno Nacional autorice la
importación de armas para extranjeros, la Aduana Nacional deberá hacer constar
en el pasaporte de los interesados que éstas saldrán del país junto con su
propietario, lo cual será exigido y verificado por las autoridades de
inmigración.
Señala el
demandante que la ley 61 de 1993 no estableció competencia para regular lo
relativo a la importación o exportación, ni se refirió a empresas extranjeras.
Esta competencia
proviene del mismo texto constitucional (art. 223) y se consagra de manera
explícita en el literal c del artículo 1 de la ley 61 de 1993.
11.  Cargos contra
el artículo  62 del decreto 2535 de 1993
El texto del
artículo 62 es el siguiente:
ARTICULO 62. Importaciones de materias primas. Las Importaciones de materias primas, o de
las maquinarias o artefactos que sean necesarios para la operación en las
fábricas o talleres, de que trata el artículo 59 de este Decreto, requiere
autorización previa del Comando General de las Fuerzas Militares.
Considera el
demandante que no se otorgaron facultades al ejecutivo para regular lo
concerniente a "fabricas de artículos pirotécnicos".
El legislador autorizó
al Presidente para regular la tenencia y producción de explosivos. De acuerdo
con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, por explosión se entiende
la "liberación brusca de gran cantidad de energía encerrada en un volumen
relativamente pequeño, la cual produce un incremento violento y rápido de la
presión, con desprendimiento de calor, luz y gases, va acompañada de estruendo
y rotura violenta del recipiente que la contiene.  El origen de la energía
puede ser térmico, químico o nuclear". En consecuencia, los juegos
pirotécnicos son explosivos.  La diferencia técnica no interesa en este punto.
Además, como se anotó más arriba, la definición de estos términos se comprende
dentro de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno.
12. Cargos contra
los artículos 63, 67, 68 y 69 del decreto 2535 de 1993
Los artículos
demandados son del siguiente tenor:
ARTICULO 63. Afiliación. La Federación Colombiana de Tiro y Caza podrá
afiliar, como integrantes de esa organización, a los clubes dedicados a estas
actividades que así lo soliciten, previo el lleno de los trámites establecidos
por el Comando General de las Fuerzas Militares, además de la licencia
correspondiente de caza de la entidad administradora de los recursos naturales
en este evento, y concepto favorable del Comandante de la Unidad Operativa del
Ejército o su equivalente en la Armada Nacional o Fuerza Aérea, en cuya
jurisdicción tenga la sede el club solicitante.
ARTICULO 67. Control a socios. El control de armas y municiones a los
socios de clubes de tiro y caza, será ejercido por las autoridades militares a
que se refiere el artículo 64 de este Decreto.
ARTICULO 68. Retiro de socios. La Federación Colombiana de Tiro y Caza
suspenderá o retirará según el caso, por decisión del Comando General de las
Fuerzas Militares, al club afiliado o socio del mismo que infrinja las normas
sobre seguridad y empleo de las armas y municiones y demás disposiciones
expedidas por este Comando o aquéllos que infrinjan el Código de Recursos
Naturales.
ARTICULO 69. Devolución de armas. Las armas y municiones autorizadas al
socio suspendido o retirado, de acuerdo con el artículo anterior, serán
entregadas por la Federación Colombiana de Tiro y Caza a la autoridad militar
de la sede del club, a que se refiere el artículo 64 del presente Decreto,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la comunicación de la
medida correspondiente, para su remisión y depósito temporal en el Departamento
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las
Fuerzas Militares y será reportada a la entidad administradora de recursos
naturales.
Parágrafo. Transcurridos 90 días y si no hubiere
interés en conservarlas, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto para
la expedición de permisos, podrá reintegrarse los valores correspondientes a
las armas, previo su avalúo.
Considera el
demandante que los artículos transcritos limitan las decisiones de la
Federación Colombiana de Tiro y Caza e invaden  su órbita interna. Estima que
la ley 61 no concedió facultades encaminadas al establecimiento de causales de
retiro y devolución obligatoria de armas. Debe ser el club o la Federación de
Tiro los que establezcan la sanción correspondiente al socio que infrinja el
reglamento interno de seguridad del club o el reglamento particular de cada
modalidad de tiro.
Los artículos
transcritos enfrentan en la demanda dos cargos de inconstitucionalidad. El
primero de ellos se refiere al exceso en el ejercicio de las facultades y el
segundo a la violación del derecho de asociación. En este aparte se estudiará
el primer cargo. En el aparte correspondiente de esta providencia, se analizará
la presunta violación del derecho de asociación.
El literal c) de la
ley 61 de 1993 faculta al Gobierno para regular el funcionamiento y control de
los clubes de tiro y caza. Según el uso común del lenguaje, regular el
funcionamiento implica regular la acción y el efecto de las funciones propias
de tales clubes, y, sin duda, una de tales funciones se refiere a las causales
y formas de afiliación y retiro de sus miembros, así como a las sanciones
correspondientes al socio que vulnere las normas del reglamento interno. Así
mismo, la determinación de las causales de expulsión de los socios, es un
elemento de control sobre las asociaciones, los clubes y las personas que
mediante el uso de armas practican deportes como el tiro y la caza.
13.  Cargos contra
el artículo 77 del decreto 2535 de 1993
Dice textualmente el
artículo 77:
ARTICULO 77. Uso de armas para servicios de vigilancia
y seguridad privada. Los
servicios de vigilancia y seguridad privada podrán usar armas de fuego de
defensa personal en la proporción máxima de un arma por cada tres vigilantes en
nómina y excepcionalmente armas de uso restringido, de acuerdo con lo previsto
en el parágrafo 2º del artículo 9º de este Decreto.
Considera el
actor que el artículo 77 es violatorio de la Constitución por exceso en el
ejercicio de las facultades y por violación directa del artículo 150-10 en
cuanto modifica el Código Sustantivo del Trabajo. Señala el demandante que
exigir que los permisos para uso de armas sólo puedan otorgarse a quienes
posean vínculo laboral con la empresa respectiva, obliga a la contratación por
nómina y consagra a las armas de fuego como un elemento natural del contrato de
trabajo.
El artículo
demandado no supone que sólo las personas que cuenten con un vínculo laboral
puedan usar armas de fuego, ni eleva a éstas a elemento natural o accidental
del contrato de trabajo. Simplemente, establece la proporción de permisos, para
la utilización de armas de fuego de defensa personal, respecto del número de
trabajadores contratados por nómina. Es éste un criterio razonable de
proporcionalidad que entra, enteramente, dentro de la órbita de
discrecionalidad del legislador extraordinario y que no modifica el Código
Sustantivo del Trabajo.
14. Cargos contra
los artículos 95 a 99 del decreto 2535 de 1993
El texto de los
artículos 95 a 99 es el siguiente:
ARTICULO 95. Material vinculado a un proceso penal. Las armas y municiones de cualquier clase
que son puestas a disposición de las autoridades judiciales y que hicieren
parte de proceso, se pondrán por el respectivo juez o funcionario bajo control
y custodia de las autoridades militares o de la Policía Nacional, según el
caso, en un término no mayor a 30 días y allí quedarán a disposición del
funcionario competente para los efectos de la investigación. Las inspecciones
judiciales y los dictámenes a que hubiere lugar, deberán practicarse dentro de
las dependencias donde queden dichas armas y municiones y solamente cuando se
requiere la experticia del laboratorio, podrá disponerse su traslado, bajo el
control y custodia de las autoridades militares o de la policía.
ARTICULO 96. Material vinculado a un proceso civil. Si las armas, municiones, explosivos y
sus accesorios, están vinculadas a un proceso civil, permanecerán igualmente
bajo control y custodia de las autoridades militares o de la policía del lugar,
hasta cuando se adopte la determinación definitiva en relación con aquellas por
parte del juez competente.
ARTICULO 97.
Traslado y competencia. Cuando por razones procesales haya lugar a cambio
de funcionario instructor o de conocimiento y existan armas de fuego, municiones
o explosivos incautados bajo el control y custodia de autoridades militares o
de la policía, tanto el que remite el expediente, como el que recibe, informará
de tal hecho a la autoridad competente.
ARTICULO 98. Aviso autoridades judiciales. Las autoridades judiciales están en el
deber de informar al departamento control comercio armas, municiones y
explosivos la iniciación de procesos en los cuales se hallen vinculadas armas,
municiones, explosivos y accesorios de que trata el presente decreto así como
de la providencia definitiva.
ARTICULO 99. Eficacia de la administración de justicia. Las autoridades que no cumplan con lo
dispuesto en el presente decreto, incurrirán en causal de mala conducta.
El demandante afirma
que los artículos 95-99 son inconstitucionales, debido a que modifican los
códigos de procedimiento civil y penal, pero no explica el cargo de la
violación ni señala las normas que han sido reformadas.
El legislador
extraordinario está en capacidad de establecer normas sobre armas, municiones
de guerra y explosivos decomisados por las autoridades competentes. Así lo
prescribe el artículo primero de la ley 61 de 1993, especialmente en sus
literales h) e i) y es, justamente, ésta la materia que se regula en los
artículos demandados.
En todo caso, aún en
el evento de que una modificación de este tipo hubiese tenido lugar, tampoco se
habría incurrido en inconstitucionalidad por este motivo, debido a que se
trataría simplemente de una reforma parcial que no afecta la estructura general
del Código, ni establece la regulación sistemática e integral de una materia y,
por lo tanto, no vulnera el principio democrático que el Constituyente quiso
proteger con la prohibición de que trata el tercer inciso del numeral décimo
del artículo 150 de la Carta.
III. Cargos
relacionados con el derecho a la recreación
El demandante
considera que los artículos 12, 13, 26, 37, y 70 del decreto 2535 de 1993
violan el derecho a la recreación (art. 52 de la C. P.).
El texto de los
artículos demandados por esta causa es el siguiente:
ARTICULO 12º. Armas deportivas. Son las
armas de fuego que cumplen con las especificaciones necesarias para practicar
las modalidades de tiro aceptadas por la Federación Internacional de Tiro y las
usuales para la práctica del deporte de la cacería, de acuerdo con la siguiente
clasificación:
a) Pistolas y
revólveres para prueba de tiro libre, rápido y fuego central;
b) Armas cortas no
automáticas para tiro práctico;
c) Revólveres o
pistolas de calibre igual o inferior a .38 pulgadas y de cañón superior a 15.24
cm. (6 pulgadas);
d) Escopetas cuya
longitud de cañón sea superior a 22 pulgadas;
e) Revólveres y
pistolas de pólvora negra;
f) Carabinas calibre
22 S, 22 L, 22 L. R., no automáticas;
g) Rifles de cacería
de cualquier calibre que no sean semiautomáticos;
h) Fusiles
deportivos que no sean semiautomáticos.
ARTICULO 13º. Armas de colección. Son
aquellas que por sus características históricas, tecnológicas o científicas sean
destinadas a la exhibición privada o pública de las mismas.
ARTICULO 26º. Autorizaciones a personas
naturales. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 23 y 34 literal c)
de este Decreto, a las personas naturales sólo les podrá ser autorizado hasta
dos permisos para tenencia y hasta dos permisos para porte para las armas
relacionadas en los artículos 10 y 12 de este Decreto y excepcionalmente para
las previstas en el artículo 9º del mismo.
ARTICULO 37º. Costo del uso del arma y su devolución. A partir de la vigencia de este Decreto,
para la expedición del permiso para tenencia o para porte de armas y la entrega
de las mismas, el interesado deberá cancelar su valor. A la expiración del
término del permiso y en concordancia con el artículo 87, literal a), éste
podrá ser prorrogado, o en caso contrario el arma deberá ser devuelta a la
autoridad militar competente y su valor inicial o el mayor valor que resulte
del avalúo, será devuelto al titular, salvo en los eventos de pérdida de
vigencia del permiso por decomiso del arma.
Parágrafo 1º. Las personas que a la fecha de expedición
de este Decreto posean armas con su respectivo permiso, en el evento de su
cambio, no deberán cancelar nuevamente su valor. No obstante, a la expiración
del término del permiso, si éste no es prorrogado, el arma deberá ser devuelta
a la autoridad militar competente y el valor que resulte del avalúo será
devuelto a su titular, salvo en los eventos de pérdida de vigencia por decomiso
del arma.
Parágrafo 2º. En caso de que el arma devuelta presente
daños, el valor de su reparación será deducido. En caso de pérdida o hurto no
habrá lugar a devolución alguna.
Parágrafo 3º. Para el manejo y administración de los
valores de que trata este artículo, autorízase a la Industria Militar para
celebrar contratos de fiducia.
ARTICULO 70. Coleccionistas de armas de fuego. Para los efectos previstos en el presente
Decreto, se considera como coleccionista de armas de fuego la persona natural o
jurídica que posea armas de fuego que por sus características históricas,
tecnológicas o científicas, sean destinadas a la exhibición privada o pública,
y que sean clasificadas como tal por el Comité de Armas del Ministerio de
Defensa.
Los coleccionistas
podrán afiliarse a una asociación legalmente constituida. Quien no pertenezca a
una cualquiera asociación, deberá llenar los requisitos establecidos por el
Gobierno Nacional.
La calidad de
coleccionista se acreditará mediante credencial que expida la asociación y el
Comando General de las Fuerzas Militares si es asociado o este último si es un
coleccionista no asociado.
Considera el
actor que  las exigencias establecidas en los artículos transcritos vulneran el
derecho a la recreación de quienes tienen la afición a la práctica del deporte
de tiro y caza así como a la de coleccionar armas. A su juicio, el Gobierno  al
definir las armas que son de colección no incluyó algunas que en la legislación
anterior tenían este tratamiento, y las sometió al estricto régimen del nuevo
decreto. En este sentido se obliga al titular de armas destinadas a la práctica
de un deporte o de colección, a depositar una suma de dinero para obtener el
permiso de tenencia y porte de armas que nunca han sido del Estado, a
entregarlas cuando carezcan de permiso y a poseer sólo dos armas de esta
naturaleza, todo lo cual vulnera el derecho a la recreación de quienes son
coleccionistas de armas o de quienes desean practicar el deporte de tiro y
caza.
El régimen
constitucional vigente consagra el monopolio de las armas en cabeza del Estado.
La Carta supedita a un régimen de permisos, la tenencia y porte de todo aquello
que la ley, dentro de criterios de razonabilidad, considere que es un arma.
El Gobierno realizó,
autorizado por la ley y la Constitución, una determinada clasificación, y reguló
la tenencia y porte de cada uno de los distintos tipos de armas. A juicio de
esta corporación, la clasificación descrita y las normas dictadas pertenecen a
la órbita natural del legislador.
Ahora bien, el
derecho a la recreación - como los demás derechos constitucionales - debe ser
interpretado y aplicado en concordancia con los otros derechos, valores y
principios del ordenamiento jurídico. Una visión absolutista de los derechos,
además de ser inconcebible teóricamente, es impracticable. El orden público, la
paz, la seguridad ciudadana, entre otros, son limites evidentes al derecho a la
recreación de los individuos. Además, en el caso que se estudia, el derecho a
la recreación no se suspende o elimina, sino que sufre una limitación razonable
y proporcional frente a los valores fundamentales que el decreto pretende
proteger, valores éstos que tienden a garantizar una convivencia pacifica y el
monopolio de las armas por parte del Estado.
IV.  Cargos
relacionados con el derecho a la igualdad
El demandante
considera que el artículo 58 vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 de la
C.P.).
El texto del
artículo demandado por esta causa es el siguiente:
ARTICULO 58. Importación y exportación temporal. El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Defensa Nacional podrá expedir licencia para importar armas,
municiones y sus accesorios a empresas extranjeras o sus representantes en el
país, con el propósito de realizar pruebas o demostraciones autorizadas. Así
mismo, podrá expedir licencia de exportación temporal para reparaciones y
competencias.
Al término de la
licencia de importación los elementos deberán ser reexportados. El titular de
la misma deberá remitir constancia escrita al Comando General de las Fuerzas
Militares, acreditando tal hecho.
Parágrafo. Cuando el Gobierno Nacional autorice la
importación de armas para extranjeros, la Aduana Nacional deberá hacer constar
en el pasaporte de los interesados que éstas saldrán del país junto con su
propietario, lo cual será exigido y verificado por las autoridades de
inmigración.
Considera el
demandante que el artículo 58 crea ventajas comparativas para las empresas
extranjeras violando de esta manera el principio de la igualdad. Este quebranto
se materializa en el hecho de que el legislador no contempla la posibilidad de
exportar temporalmente armas para la cacería mientras que si permite
importarlas para tal efecto.
El artículo 58
transcrito establece la facultad de importar temporalmente armas, municiones y
sus accesorios con el fin de que empresas extranjeras puedan participar en
pruebas o demostraciones autorizadas. Al mismo tiempo, señala la posibilidad de
exportar temporalmente los mismos implementos para reparaciones y competencias.
No parece entonces que exista discriminación alguna de las empresas nacionales
frente a las extranjeras, pues en ambos casos el legislador extraordinario
permite la participación en eventos internacionales. Así mismo, al referirse a
la posibilidad de exportar armas, la norma alude a "competencias",
con lo que tampoco se restringe, en forma explícita, la posibilidad de
participar en actividades de cacería.
V. Cargos
relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa
El demandante
considera que los artículos 85, 87, 89 y 90 son violatorios de la Constitución
Política por desconocer el derecho de defensa y las garantías procesales.
El texto de los
artículos demandados es el siguiente:
ARTICULO 85. Causales de incautación. Son causales de incautación las
siguientes:
a) Consumir licor
o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos en
lugares públicos;
b) Portar o
transportar arma, munición, explosivo o sus accesorios en notorio estado de
embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas;
c) Portar,
transportar o poseer arma, munición, explosivo o accesorio, sin el permiso o
licencia correspondiente;
d) Portar el
armamento, municiones y explosivos o accesorios en reuniones políticas,
elecciones, sesiones de corporaciones públicas, asambleas y manifestaciones
populares;
e) Ceder el arma o
munición, sin la correspondiente autorización;
f) Portar o poseer
el arma, munición, explosivo o accesorios cuando haya perdido vigencia el
permiso o licencia respectiva;
g) Portar o poseer
un arma que presente alteraciones en sus características numéricas sin que el
permiso así lo consigne;
h) Permitir que
las armas, municiones, explosivos y accesorios sean poseídas o portadas en
sitios diferentes a los autorizados;
i) Poseer o portar
un arma cuyo permiso o licencia presente alteraciones;
j) Poseer o portar
un arma cuyo permiso o licencia presente tal deterioro que impida la plena
constatación de todos sus datos;
k) Portar,
transportar o poseer arma, munición, explosivo o accesorio, sin permiso o
licencia correspondiente a pesar de haberle sido expedido;
l) Portar el arma,
munición, explosivo o sus accesorios, en espectáculos públicos;
m) La decisión de
la autoridad competente cuando considere que se puede hacer uso indebido de las
armas, municiones, explosivos y sus accesorios, por parte de personas o
colectividades que posean tales elementos aunque estén debidamente autorizadas.
Parágrafo. Para los efectos de lo previsto en el
literal k) del presente artículo, el propietario del arma, munición, explosivo
o accesorio incautado, tendrá un término de 10 días contados a partir de la
fecha de la incautación para presentar el correspondiente permiso o licencia en
caso de poseerla, y solicitar la devolución del bien incautado, el cual será
entregado por parte de las autoridades de manera inmediata.
ARTICULO 87. Multa.
El que incurra en cualquiera de las siguientes conductas, será sancionado con
multa equivalente a un salario mínimo legal mensual:
a) Revalidar el
permiso dentro de los cuarenta y cinco (45) o noventa (90) días calendario
siguientes a la pérdida de su vigencia, según sea de porte o de tenencia;
b) Consumir
licores o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones, explosivos
y sus accesorios en lugar público;
c) No informar
dentro del término de treinta (30) días establecido en el presente decreto del
extravío o hurto del permiso;
d) No presentar el
permiso vigente a la autoridad militar dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha en que se presentó la incautación de que trata el numeral 11 del
artículo anterior de este decreto;
e) No informar
dentro de los treinta (30) días siguientes a la autoridad militar sobre la
pérdida o hurto del arma, munición, explosivo y sus accesorios;
f)Transportar
armas o municiones y explosivos sin cumplir con los requisitos de seguridad que
para el transporte establezca el Comando General de las Fuerzas Militares;
g) Permitir, en el
caso de las personas jurídicas, que las armas, municiones, explosivos y
accesorios sean poseídos o portados en sitio diferente al autorizado;
h) Portar,
transportar o poseer armas, municiones y explosivos sin el permiso o licencia
correspondiente, a pesar de haber sido expedido;
i) No informar a
la autoridad militar que concedió el permiso, el cambio de domicilio dentro de
los cuarenta y cinco (45) días siguientes en que éste se produzca,
j) Esgrimir o
disparar arma de fuego en lugares públicos sin motivo justificado, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la ley.
Parágrafo 1º. Para el caso de los literales b) a j) del
presente artículo, transcurridos treinta (30) días contados a partir de la
fecha de ejecutoria de la resolución que impone la multa, y ésta no se hubiere
cancelado, procederá el decomiso del arma, munición o explosivo.
Cancelada la multa
dentro del término legal, en caso de haberse incautado el arma, munición o
explosivo, se ordenará su devolución.
Parágrafo 2º.  En el caso del literal a) de este
artículo si se revalida el permiso de tenencia después de los noventa (90) y
hasta ciento ochenta (180) días calendario siguientes a su vencimiento, la
multa será del doble establecido en el inciso 1º de este artículo.
Si se revalida el
permiso de porte después de los cuarenta y cinco (45) y hasta noventa (90) días
calendario siguientes a su vencimiento, la multa será del doble establecido en
el inciso 1º de este artículo.
ARTICULO 89. Decomiso de armas, municiones, explosivos
y sus accesorios. Incurre
en contravención que da lugar al decomiso:
a) Quien porte o
posea arma, munición o explosivo y sus accesorios sin permiso de autoridad
competente, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar;
b) Quien porte
armas, municiones, explosivos y sus accesorios o los posea dentro de un
inmueble, cuando el permiso haya perdido su vigencia, por haber transcurrido un
término superior a noventa (90) o ciento ochenta (180) días, según sea de porte
o tenencia;
c) Quien porte o
transporte armas, municiones, explosivos y sus accesorios en notorio estado de embriaguez
o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas;
d) Quien haya sido
multado por consumir licores o usar sustancias sicotrópicas portando armas,
municiones y explosivos y sus accesorios en lugar público, e incurra de nuevo
en la misma conducta;
e) Quien porte un
arma cuyo permiso sólo autorice la tenencia, sin perjuicio de las sanciones
penales a que haya lugar;
f) Quien porte
armas y municiones estando suspendida por disposición del gobierno la vigencia
de los permisos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar;
g) Cuando se porten
o posean municiones no autorizadas, evento en el cual también procederá el
decomiso del arma si es del caso, sin perjuicio de las sanciones penales a que
haya lugar.
h) Quien no
entregue el arma al Estado dentro del término establecido, cuando por orden de
autoridad competente se haya dispuesto la cancelación de la vigencia del
permiso;
i) Quien mediante
el empleo de armas, municiones, explosivos o accesorios, atente contra la fauna
y la flora, el medio ambiente y las áreas de especial importancia ecológica,
incluido el uso de las armas de que trata el artículo 25 de este decreto.
j) Quien traslade
explosivos sin el lleno de los requisitos establecidos por el Comando General
de las Fuerzas Militares;
k) Quien entregue
para reparación armas a talleres de armería que operen sin permiso de
funcionamiento del Comando General de las Fuerzas Militares o las entregue sin
el permiso correspondiente o la fotocopia autenticada del mismo;
l) Quien preste o
permita que un tercero utilice el arma, salvo situaciones de inminente fuerza
mayor;
m) Quien porte
armas o municiones, explosivos o sus accesorios en reuniones políticas,
elecciones, sesiones de corporaciones públicas y manifestaciones populares, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar;
n) Quien haya sido
condenado con pena privativa de la libertad y no entregue el arma en el término
previsto en el parágrafo 2º del artículo 40 de este decreto;
ñ) Aquellos
servicios de vigilancia y seguridad privada que no entreguen las armas durante
el plazo de 10 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución que
ordenó el cierre o la no renovación de la licencia de funcionamiento
respectiva, a menos que se haya autorizado la cesión a otra empresa. En caso de
entregarlas dentro del término previsto, el Ministerio de Defensa reconocerá,
previo avalúo, el valor de las mismas;
o) Quien no
cancele la multa con que haya sido sancionado dentro del plazo establecido en
el acto administrativo que dispuso la sanción, si éste procede,
p) Quien efectúe
la cesión del uso del arma, munición o explosivo a cualquier título sin
autorización.
ARTICULO 90. Acto administrativo. La autoridad militar o policial competente
mediante acto administrativo, dispondrá la devolución, la imposición de multa o
decomiso del arma, munición, explosivo, o accesorio, dentro de los quince días
siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que efectúo su
incautación, o dio aviso de la irregularidad. Este término se ampliará otros
quince (15) días cuando haya lugar a práctica de pruebas.
Parágrafo 1º. Lo dispuesto en este artículo no se aplica
para la imposición de la multa prevista en el literal a) del artículo 87 en
concordancia con el parágrafo 2º del mismo.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de armas de guerra de uso
privativo, sus municiones y accesorios decomisados, su devolución solamente
podrá ser autorizado por el Comando General de las Fuerzas Militares.
El actor señala
que si bien se facultó al Gobierno  para establecer competencias y para definir
contravenciones y medidas correctivas, el procedimiento establecido al respecto
en los artículos demandados desconoce el derecho al debido proceso. No se permite
el derecho de defensa al ciudadano. De plano se expide el acto administrativo,
dejándole solamente los recursos de reposición y apelación, contemplados en la
vía gubernativa.
Respecto de los
artículos 85, 87 y 89, el demandante señala que se viola el principio non bis
in idem, dado que en algunos casos en los que procede la incautación o multa
también procede el decomiso.
El derecho de
defensa está garantizado en estas normas con la posibilidad de ejercer los
recursos de reposición y apelación ante la autoridad que expidió el permiso
correspondiente, todo ello a partir del documento que la autoridad entrega al
afectado. La incautación de un arma tiene una fundamentación similar a la
captura en situación de flagrancia contemplada en el artículo 32 de la
Constitución Política. De la misma manera como la Constitución no exige orden
judicial para la aprehensión de un presunto delincuente, tampoco tiene porqué
exigir lo propio en el caso de una persona que porta armas sin permiso o en
estado de embriaguez. El inminente peligro social justifica la acción inmediata
de la autoridad.
En los casos de
multa y decomiso, los artículos 90 y 91 del decreto 2535 de 1993, establecen el
procedimiento para imponer sanciones, y en ellos se prevé el derecho de defensa
de los afectados.
En relación con la
violación del principio non bis in idem, el actor confunde el hecho de
sancionar a alguien dos veces por el mismo hecho con la posibilidad de imponer
una sanción que en sí misma entraña otras restricciones menos graves. Así, por
ejemplo, el estado de embriaguez puede dar lugar no sólo a la incautación sino
también al decomiso, y esto no significa que se sancione doblemente cuando
primero se incauta y luego se decomisa.
VI. Cargos
relacionados con la violación del principio de la presunción de buena fe
El demandante
considera que los artículos 7, 23, 33 y 34 del decreto 2535 de 1993 son
violatorios de la Constitución Política por desconocer el principio de la buena
fe.
El texto de los artículos
demandados por esta causa es el siguiente:
ARTICULO 7º. Clasificación. Para los efectos del presente Decreto, las armas de
fuego se clasifican en:
a) Armas de guerra o
de uso privativo de la Fuerza Pública;
b) Armas de uso
restringido;
c) Armas de uso
civil.
ARTICULO 23º. Permiso para porte. Es aquel que autoriza a su titular para
llevar consigo un (1) arma.
Sólo podrá
autorizarse la expedición hasta de dos permisos para porte por persona. La
autorización para el segundo permiso será evaluada de acuerdo con las
circunstancias particulares de seguridad del solicitante. A quienes demuestren
estar en las circunstancias contempladas en el literal c) del artículo 34 de
este Decreto, se les podrá autorizar un número superior, previa autorización
del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
El permiso para el
porte de armas de defensa personal se expedirá por el término de tres (3) años;
y el permiso para porte de armas de uso restringido tendrá una vigencia de un
(1) año.
ARTICULO 33º. Requisitos para solicitud de permiso para
tenencia. Para el estudio
de las solicitudes de permisos para tenencia, deben acreditarse los siguientes
requisitos:
1. Para personas
naturales:
a) Formulario
suministrado por la autoridad competente, debidamente diligenciado;
b) Presentación de
la tarjeta de reservista o provisional militar;
c) Fotocopias de la
cédula de ciudadanía y del certificado judicial debidamente autenticadas;
d) Certificado
médico de aptitud sicofísica para el uso de armas.
2. Para personas jurídicas:
a) Formulario
suministrado por autoridad competente debidamente diligenciado;
b) Certificado de
existencia y representación legal;
c) Fotocopias de la
cédula de ciudadanía y del certificado judicial del representante legal
debidamente autenticadas;
d) Concepto
favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para los
servicios sometidos a su vigilancia.
Parágrafo. El solicitante, además de los requisitos
anteriores deberá justificar la necesidad de tener armas para su seguridad y
protección, circunstancia que será evaluada por la autoridad competente.
ARTICULO 34º. Requisitos para solicitud de permiso para
porte. Para el estudio de
las solicitudes de permiso para porte deben acreditarse los siguientes
requisitos:
1. Para personas
naturales:
a) Acreditar los
requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo pertinente;
b) Si se solicita
permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá
justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este Decreto, aportando para
ello todos los elementos probatorios de que dispone;
c) Si se solicita
permiso para el porte de un arma de uso restringido, el solicitante deberá
justificar que se encuentre en peligro de muerte o grave daño personal por
especiales circunstancias de su profesión, oficio, cargo que desempeña o
actividad económica que desarrolla, que ameriten su expedición, para lo cual
podrá aportar todos los elementos probatorios de que disponga, previa
autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Para servicios de
vigilancia y seguridad privada:
a) Acreditar los
requisitos establecidos en el artículo anterior para las personas jurídicas.
Para el actor, el
principio constitucional de la buena fe obliga a las autoridades a presumir que
quien adquiere un arma, reuniendo los requisitos exigidos, lo hace con el
objeto de tener un medio adecuado de defensa y,  por lo tanto, no se le debe
limitar ese derecho. Si el individuo incurre en una conducta delictual por el
mal uso o por la extralimitación en el ejercicio de su defensa,  le corresponde
a la justicia penal ordinaria evaluar el hecho y, si es el caso, sancionar al
responsable.
El demandante
añade que la capacidad máxima establecida para los proyectiles de un arma no se
puede cumplir. Son los fabricantes de armas quienes determinan su capacidad.
Además,  al limitar la capacidad bélica de una persona "se estaría
partiendo de un supuesto de mala fe en el particular, al suponer que con una
capacidad de carga superior a la establecida se pondría en sus manos un arma
extremadamente peligrosa, lo cual es falso". También sostiene que es "absurdo
pretender que una limitación en la capacidad de carga controlará en alguna
forma la violencia, ya que cualquiera puede, si lo desea, portar un número
ilimitado de cargadores con lo que la capacidad real de fuego de un sujeto se
hace indeterminada".
Estos argumentos ya
fueron confrontados en la primera parte de esta providencia. A manera de
recapitulación, basta agregar lo siguiente: 1) el cumplimiento deficiente de la
función de defensa ciudadana por parte del Estado no es una razón válida para
trasladar esta función a los particulares; 2) la buena fe en el uso de las
armas no afecta la facultad normativa del Estado en materia de regulación de
posesión y porte de armas.
El principio de la
buena fe se predica de las actuaciones de los ciudadanos frente al cumplimiento
de las leyes, no de la creación de normas generales y abstractas. Cuando una
norma general y abstracta parte del supuesto de la posible desviación de una
conducta y, en esta dirección, impone restricciones a la libertad individual, no
vulnera el principio de la buena fe. De ser ello así todo el derecho
sancionatorio sería inconstitucional por la violación de este principio. La
Corte se ha referido a este punto en la sentencia 415 de 1994 en los siguientes
términos:
"En suma, no
viola el postulado de la buena fe, el legislador que al diseñar un sistema de
inhabilidades en el campo de la contratación estatal, las establece justamente
para prevenir el eventual dolo o aprovechamiento en que puedan incurrir las personas
a las que ellas se extiende. Es claro que en ausencia de tales restricciones el
dolo y la colusión contra el Estado y los demás participantes en la licitación
o concurso podría ocurrir. No puede reprocharse a la ley que con sano criterio
preventivo se anticipe y mediante las inhabilidades que consagra, clausure esa
posibilidad. Prevenir males es la principal función de la ley; para hacerlo,
primero hay que imaginarlos. La buena fe se afianza gracias a estas
disposiciones del derecho positivo que se inspiran en ese postulado y así
logran crear un cauce y un marco seguros a la actividad estatal y
particular".
VII. Cargos
relacionados con la adopción de una tesis peligrosista
El demandante
considera que las normas consagradas en los artículos 23, 25, 33, 34, 44, y 45
consagran una tesis peligrosista, lo que sería inconstitucional.
El texto de los
artículos demandados por esta causa es el siguiente:
ARTICULO 23º. Permiso para porte. Es aquel que autoriza a su titular para
llevar consigo un (1) arma.
Sólo podrá
autorizarse la expedición hasta de dos permisos para porte por persona. La
autorización para el segundo permiso será evaluada de acuerdo con las
circunstancias particulares de seguridad del solicitante. A quienes demuestren
estar en las circunstancias contempladas en el literal c) del artículo 34 de
este Decreto, se les podrá autorizar un número superior, previa autorización
del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
El permiso para el
porte de armas de defensa personal se expedirá por el término de tres (3) años;
y el permiso para porte de armas de uso restringido tendrá una vigencia de un
(1) año.
ARTICULO 25º. Excepciones. No requieren
permiso para porte o para tenencia, las armas neumáticas, de gas y las armas
largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisto.
Parágrafo. No obstante lo establecido en este
artículo, las armas que no requieren permiso están sujetas a las disposiciones
previstas en los artículos 84 a 94 del presente Decreto, en lo pertinente.
ARTICULO 33º. Requisitos para solicitud de permiso para
tenencia. Para el estudio
de las solicitudes de permisos para tenencia, deben acreditarse los siguientes
requisitos:
1. Para personas
naturales:
a) Formulario
suministrado por la autoridad competente, debidamente diligenciado;
b) Presentación de
la tarjeta de reservista o provisional militar;
c) Fotocopias de la
cédula de ciudadanía y del certificado judicial debidamente autenticadas;
d) Certificado
médico de aptitud sicofísica para el uso de armas.
2. Para personas
jurídicas:
a) Formulario
suministrado por autoridad competente debidamente diligenciado;
b) Certificado de
existencia y representación legal;
c) Fotocopias de la
cédula de ciudadanía y del certificado judicial del representante legal
debidamente autenticadas;
d) Concepto
favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para los
servicios sometidos a su vigilancia.
Parágrafo. El solicitante, además de los requisitos
anteriores deberá justificar la necesidad de tener armas para su seguridad y
protección, circunstancia que será evaluada por la autoridad competente.
ARTICULO 34º. Requisitos para solicitud de permiso para
porte. Para el estudio de
las solicitudes de permiso para porte deben acreditarse los siguientes
requisitos:
1. Para personas
naturales:
a) Acreditar los
requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo pertinente;
b) Si se solicita
permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá
justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este Decreto, aportando para
ello todos los elementos probatorios de que dispone;
c) Si se solicita
permiso para el porte de un arma de uso restringido, el solicitante deberá
justificar que se encuentre en peligro de muerte o grave daño personal por
especiales circunstancias de su profesión, oficio, cargo que desempeña o
actividad económica que desarrolla, que ameriten su expedición, para lo cual
podrá aportar todos los elementos probatorios de que disponga, previa
autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Para servicios de
vigilancia y seguridad privada:
a) Acreditar los
requisitos establecidos en el artículo anterior para las personas jurídicas.
ARTICULO 44º. Solicitud para la cesión del uso de armas. Cuando el titular de un permiso, para
tenencia o para porte requiera efectuar la cesión de su uso, deberá hacer la
correspondiente solicitud a la autoridad militar competente, la cual podrá
autorizarla si el cesionario reúne los requisitos de que trata el presente
Decreto.
ARTICULO 45. Procedencia de la cesión. La cesión del uso de armas de defensa
personal podrá autorizarse en los siguientes casos:
a) Entre personas
naturales o jurídicas, previa autorización de la autoridad militar competente;
b) Las
colecciones, entre coleccionistas y las armas deportivas entre miembros o
clubes afiliados a la Federación de Tiro y Caza;
c) De una persona
natural a una jurídica de la cual sea socio o propietario de una cuota parte.
Parágrafo. Los permisos para la tenencia de armas de
uso restringido, sólo podrán ser cedidos entre parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, cónyuges o compañeros
permanentes.
En igual línea
argumental que la utilizada en el cargo tratado en el numeral VI, el actor
alega que permitir al particular el porte de una sola arma, o restringir la
utilización para la defensa personal o para la recreación y el deporte, de
cierto tipo de armas, constituye una "tesis peligrosista". En muchas
ocasiones puede ser necesario portar dos armas, un arma más sofisticada o mejor
munición, "para garantizar plenamente  la defensa o bien para dar el tiro
de gracia de la cacería". Considera que tratándose de "personas de
bien que desean que el Estado sepa que están armadas y con que tipo de arma, se
les debe permitir el acceso a cualquier tipo de arma".
El demandante
confunde la adopción de una tesis peligrosista con la regulación de conductas
culpables que atentan contra bienes jurídicos tutelados por el derecho. Aquélla
se presenta cuando la legislación penaliza ciertas situaciones o determinado
tipo de personas, bajo el supuesto de la amenaza social que representan, sin
que exista una relación de causalidad necesaria entre el supuesto de hecho y la
actividad delincuencial. Es el caso, por ejemplo, de las normas que penalizan
la mendicidad y la vagancia o el consumo mínimo de drogas. Sin embargo, en el
caso de la regulación del porte de armas, lo que se hace es prohibir una
conducta culpable de un agente. En estos delitos, no se penaliza en abstracto,
por el supuesto peligro social que representan las personas, sino que se hace
por una conducta específica que se estima atentatoria del orden público.
Al respecto, la
Corte en sentencia C-038 del 9 de febrero de 1995, M.P. Alejandro Martínez, se
había pronunciado así:
“En efecto, lo
propio de una concepción peligrosista en materia penal es que la ley sanciona
la personalidad misma del delincuente o criminaliza situaciones sociales que de
manera muy hipotética son susceptibles de generar criminalidad. En cambio, en
este caso, la ley penaliza una conducta culpable de un agente quien, por medio
de su comportamiento, está poniendo en peligro bienes jurídicos fundamentales,
por la razonable y comprobada relación que existe entre la disponibilidad de
armas y la violencia. La restricción del porte de armas y la penalización de
quienes no se sometan a las regulaciones estatales son entonces un medio del
cual se vale el Estado para proteger los derechos de las personas. La razón de
ser de un Estado no sólo está en buscar medidas represivas al momento de
cometerse un daño, sino en evitar que se profiera el mismo. Así, el control estatal
de las armas constituye un marco jurídico de prevención al daño”.
Este argumento le
resta sustento a la tesis del demandante, a través de la cual se tacha de
inconstitucionales, no sólo el artículo 23, sino  los artículos 33, 34, 44, y
45 del decreto estudiado.
VIII. Cargos
relacionados con el derecho a la libertad de asociación
El demandante
considera que los artículos 26, 63, 64, 66, 67, 68 y 69 vulneran el derecho de
asociación consagrado en la Constitución política.
El texto de los
artículos demandados por esta causa es el siguiente:
ARTICULO 26º. Autorizaciones a personas
naturales. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 23 y 34 literal c)
de este Decreto, a las personas naturales sólo les podrá ser autorizado hasta
dos permisos para tenencia y hasta dos permisos para porte para las armas
relacionadas en los artículos 10 y 12 de este Decreto y excepcionalmente para
las previstas en el artículo 9º del mismo.
ARTICULO 63. Afiliación. La Federación Colombiana de Tiro y Caza podrá
afiliar, como integrantes de esa organización, a los clubes dedicados a estas
actividades que así lo soliciten, previo el lleno de los trámites establecidos
por el Comando General de las Fuerzas Militares, además de la licencia
correspondiente de caza de la entidad administradora de los recursos naturales
en este evento, y concepto favorable del Comandante de la Unidad Operativa del
Ejército o su equivalente en la Armada Nacional o Fuerza Aérea, en cuya
jurisdicción tenga la sede el club solicitante.
ARTICULO 64. Control a clubes. Los clubes de tiro y caza, una vez
afiliados a la Federación Colombiana de Tiro y Caza a que se refiere el
presente Capítulo, quedarán bajo el control de los Comandos de Unidades
Operativas o Tácticas o sus equivalentes en la Armada y Fuerza Aérea, que
tengan jurisdicción en el lugar de la sede de dichos clubes sin perjuicio de
los controles que sobre ellos ejerzan las entidades que tienen a su cargo la
guarda de los recursos naturales cuando sea del caso.
ARTICULO 67. Control a socios. El control de armas y municiones a los
socios de clubes de tiro y caza, será ejercido por las autoridades militares a
que se refiere el artículo 64 de este Decreto.
ARTICULO 68. Retiro de socios. La Federación Colombiana de Tiro y Caza
suspenderá o retirará según el caso, por decisión del Comando General de las
Fuerzas Militares, al club afiliado o socio del mismo que infrinja las normas
sobre seguridad y empleo de las armas y municiones y demás disposiciones
expedidas por este Comando o aquéllos que infrinjan el Código de Recursos
Naturales.
ARTICULO 69. Devolución de armas. Las armas y municiones autorizadas al
socio suspendido o retirado, de acuerdo con el artículo anterior, serán
entregadas por la Federación Colombiana de Tiro y Caza a la autoridad militar
de la sede del club, a que se refiere el artículo 64 del presente Decreto,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la comunicación de la
medida correspondiente, para su remisión y depósito temporal en el Departamento
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las
Fuerzas Militares y será reportada a la entidad administradora de recursos
naturales.
Parágrafo. Transcurridos 90 días y si no hubiere
interés en conservarlas, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto para
la expedición de permisos, podrá reintegrarse los valores correspondientes a
las armas, previo su avalúo.
Según el
demandante los artículos mencionados vulneran el derecho de asociación por las
siguientes razones:
- El artículo 26
vulnera el derecho de libre asociación al forzar a los coleccionistas
ocasionales a pertenecer a alguna asociación específica.
- Los artículos
63 y 64 crean la obligación legal de afiliación de todos los clubes de tiro y
caza a la Federación Colombiana de Tiro y Caza
- Los artículos
67 al 69 establecen la sanción correspondiente al socio que infrinja el
reglamento interno de seguridad del club o el reglamento particular de cada
modalidad de tiro. Esto le corresponde al club o la Federación de Tiro y Caza.
El cargo debe
dividirse para su estudio en dos partes distintas. En primer lugar, lo
relacionado con la vulneración del derecho de asociación de los coleccionistas
de armas. En segundo lugar, lo concerniente a los derechos de asociación de
quienes practican o desean practicar el tiro y la caza.
Respecto al primer
punto, cabe anotar que el decreto no obliga a los coleccionistas de armas a
asociarse, ni interviene de forma irregular o arbitraria en las asociaciones de
coleccionistas.
En cuanto al segundo
aspecto, las normas demandadas por el actor forman unidad normativa con el
literal e) de la ley 61 de 1993, que faculta al Presidente para regular el
funcionamiento y control de las asociaciones de coleccionistas de armas, clubes
de tiro y caza, industrias y talleres de armería y con el artículo 22 del
decreto, en cuyo parágrafo se consagra como requisito para la expedición de
permisos de tenencia de armas para deportistas, que el solicitante acredite que
es socio de un club de tiro y caza afiliado a la Federación Colombiana de Tiro
y Caza.
Las normas
demandadas deben ser estudiadas en el contexto de la totalidad del decreto
2535, pero en particular teniendo en cuenta lo dispuesto en sus artículos 16,
20, 27, 41, 44, 45,85, 89 y 107.
Es importante
señalar que el decreto consagra diversas restricciones en materia del derecho
de asociación a las personas que deseen practicar deportes a través del uso de
las armas. Para obtener el permiso de tenencia de la respectiva arma, dichas
personas deben asociarse a un club que, a su vez, esté afiliado a la Federación
Colombiana de Tiro y Caza (art. 22). De la misma manera, el decreto autoriza la
venta de municiones exclusivamente a los socios de los clubes (art. 66).
De otra parte, el
artículo 63 atribuye a la Federación Colombiana de Tiro y Caza la facultad
potestativa de afiliar a los clubes que llenen los requisitos que el mismo
artículo establece. La Federación Colombiana de Tiro y Caza deberá suspender o
retirar,  por decisión del Comando General de la Fuerzas Militares, al club o
socio que incurra en las causales señaladas en el artículo 67 del decreto. Por
último, el arma cuyo permiso se ha concedido al socio suspendido o retirado
deberá ser entregada por la Federación a la autoridad militar de la sede del
club (art. 69).
Adicionalmente, el
decreto dispone que la cesión de armas deportivas sólo procede entre miembros o
clubes afiliados a la Federación de Tiro y Caza (art. 45).
La Federación
Colombiana de Tiro y Caza es una corporación, conformada por una pluralidad de
individuos unidos por un objetivo común y dispuestos a colaborar en la
realización de un mismo fin no lucrativo, durante un período de tiempo
considerable. A esta asociación se le ha reconocido personería jurídica y su
vida interna se encuentra regida por estatutos derivados de la voluntad de sus
asociados.  Este acuerdo de voluntades produce efectos jurídicos, en virtud del
principio de la autonomía de la voluntad. La jurisprudencia constitucional ha
reconocido la importancia de este principio en la instauración de una sociedad
fundada en la libertad y el respeto de los derechos fundamentales.
En este sentido no
cabe duda de que las normas restringen el derecho de asociación, tanto por la
obligatoriedad de afiliarse para practicar el deporte de tiro y caza, como por
la intervención en la órbita propia de la Federación  y de los respectivos
clubes en cuanto se refiere a las causales para afiliar, suspender o retirar a
un miembro. Empero, la jurisprudencia, en desarrollo de claros mandatos
constitucionales, ha establecido que los derechos fundamentales que consagra la
Carta no son de carácter absoluto.
En el caso que se
analiza, la relación entre el Estado como titular de un monopolio sobre las
armas - esencial para el mantenimiento del orden constitucional y para la
construcción de la convivencia pacífica entre los ciudadanos - y los
particulares como sujetos de una dispensa excepcional y especial para su porte,
se torna distinta a la relación ordinaria entre el Estado y el ciudadano. En
este caso debe garantizarse los derechos que surgen al obtener el permiso de
portar o tener armas para un fin legítimo - como es la práctica de los deportes
de tiro y caza -, pero dentro de unos límites más estrechos que el que se
reserva a la protección de los derechos en el contexto de las demás relaciones
ordinarias. En la relación entre el particular que tiene un arma y el Estado,
confluyen intereses generales que se resumen en la protección de los derechos
fundamentales del resto de los individuos que integran la comunidad.
Lo anterior impone
una ponderación de los bienes en conflicto, teniendo en cuenta que si de un
lado se encuentra el derecho fundamental de asociación, del otro se tiene el
monopolio de las armas en cabeza del Estado, con todos los bienes y derechos
que este monopolio pretende proteger.
El decreto establece
que quien quiera practicar deportes a través de las armas sólo podrá conseguir
permiso de tenencia de las mismas y las respectivas municiones si se asocia a
un club afiliado a la Federación de Tiro y Caza y, al mismo tiempo, consagra
causales de afiliación, suspensión y retiro de los socios de la mencionada
federación.
La Federación y los
clubes tienen la obligación de ejercer vigilancia sobre el manejo adecuado de
las armas por parte de sus socios, y de procurar que las armas deportivas sólo
sean utilizadas en actividades de tiro y caza y que su uso respete las normas
legales y reglamentarias en esta materia. El decreto consagra deberes en cabeza
de estas asociaciones con miras a que colaboren con las autoridades en el
control de las armas de sus socios.
Cuando el Estado
otorga un permiso para la utilización de armas deportivas, éstas no pueden ser
usadas para otros fines (art. 16). Sobre ellas recae una limitación adicional
que el Estado no está en capacidad de verificar con la misma diligencia con la
que pueden hacerlo los clubes de tiro y caza. Estas asociaciones ejercen un
mayor control sobre el uso de tales armas, lo que justifica el deber de
vigilancia y control que establece el decreto. Para que esta función de vigilancia
y control resulte eficaz, las personas que tengan armas para la práctica del
deporte deben estar asociadas, pues mal puede un club vigilar a quien no es
miembro del mismo.
Dado que el porte y
tenencia de armas es una materia que puede ser intensamente regulada e
intervenida por el Estado y que, de otra parte, las armas deportivas no pueden
ser utilizadas para otros fines para los cuales son aptas, se torna razonable y
proporcional que se condicione la obtención de un arma deportiva y de la
respectiva munición, al hecho de la vinculación del peticionario a un club, a
su vez vigilado por la Federación de Tiro y Caza. Son estas asociaciones las
llamadas a colaborar con el Estado en su función de vigilancia y control sobre
las armas. La disposición que se analiza, a pesar de constituir una limitación
a la autonomía y de hechos personales, tiene el propósito de salvaguardar el
interés público superior lo que hace, sin sacrificar de manera absoluta el
interés del particular al cual, no obstante las restricciones, se le ofrece un
ámbito suficiente para desplegar una actividad legítima.
Los mismos criterios
sirven para analizar las normas que restringen la voluntad de los asociados
para configurar los estatutos de la  federación en materia de los requisitos
para afiliar a un miembro o bien para suspenderlo o retirarlo. Se trata de
regular aspectos internos o de funcionamiento de una sociedad cuyos miembros
tienen una especial relación de sujeción con el Estado, en la medida en que
poseen armas y realizan actividades que de una u otra forma pueden afectar
gravemente los valores constitucionales de la convivencia pacífica en los
cuales se funda el régimen democrático y el sistema de derechos. Si, además, se
considera que las personas jurídicas, como los clubes y la Federación de Tiro y
Caza, pueden ser titulares de permisos para el uso de armas deportivas (art. 20
del decreto) y que es viable la cesión del permiso para el uso de un arma entre
miembros de clubes afiliados a la Federación de Tiro y Caza o entre una persona
natural y una jurídica de la cual sea socio, resulta imperioso que una persona
que ha violado las normas sobre el manejo de esta especie de armas deba ser
suspendida o retirada del respectivo club.
Es razonable que las
autoridades militares, comprobada una vulneración al régimen legal o
reglamentario, ordenen la  suspensión o retiro del respectivo socio para evitar
que tenga acceso nuevamente a las armas, todo lo cual tiende a proteger los
derechos fundamentales de los demás miembros de la comunidad y los valores
fundantes del Estado de derecho.
No está llamado a
prosperar el cargo del demandante en relación con el derecho a la libertad de
asociación, debido a que el interés que tiene el Estado en la vigilancia de las
armas en poder de los particulares, en este caso tiene precedencia respecto del
derecho individual a la libertad de asociación, el cual, de otra parte, sólo se
reduce de manera proporcional y razonable. Los valores y principios constitucionales
que se encuentran en juego en esta materia y que han sido expuestos en esta
providencia, sirven para sustentar esta afirmación.
Ahora bien, si un
club cuenta con todos los requisitos exigidos por el decreto, la Federación
Colombiana de Tiro y Caza no puede negarse a afiliarlo. Lo contrario, sería
tanto como aceptar que el derecho a la recreación y a la práctica del deporte
de los miembros de tal club se sujeta a una decisión discrecional de una
federación de naturaleza privada, lo que sin duda resulta inconstitucional. El
rechazo de una petición debe, por consiguiente, motivarse en causales legales o
reglamentarias y estará sujeta a los controles que el ordenamiento jurídico
consagra para este tipo de actos.
IX. Cargo
relacionado con la exclusión de responsabilidad de las autoridades
El demandante
considera que el artículo 4 viola el artículo 90 de la Constitución Política.
El texto del
artículo demandado por esta causa es el siguiente:
ARTICULO 4º. Exclusión de responsabilidad. El
permiso concedido a los particulares para la tenencia o porte de las armas, sus
partes, piezas, municiones, explosivos y accesorios se expedirá bajo la
responsabilidad absoluta del titular del permiso y no compromete la
responsabilidad del Estado, por el uso que de ellas se haga.
Considera el
demandante que al eximir de toda responsabilidad al Estado, esta norma es
contraria al artículo 90 de la Constitución, que establece una responsabilidad
objetiva patrimonial "por los daños antijurídicos que le sean imputables
por la acción o la omisión de las autoridades públicas".
En virtud del
artículo demandado el Estado se exonera de responsabilidad por el uso que los
particulares hagan de las armas sobre las cuales se confiere el permiso. Pero,
en ningún caso, puede derivarse de este artículo la tesis de la
irresponsabilidad absoluta del Estado por el otorgamiento de los respectivos
permisos, o por el cumplimiento y vigilancia del régimen que establecen las
normas de este decreto y, en general, las normas que obligan a las autoridades
públicas a proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. El Estado será
responsable siempre que falte al cumplimiento de alguna de sus obligaciones,
pero si un particular causa un daño antijurídico con un arma cuyo porte o
tenencia ha sido autorizado legítimamente por él, y no existe vínculo alguno
con el servicio que en estas materias están obligadas a prestar las
autoridades, no podrá configurarse la responsabilidad pública.
X. PRESUNTA
VULNERACION DEL ARTÍCULO 216 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
1. El actor demanda
por diversas causas los artículos 14, 26, 34, 77 y 107 del Decreto-Ley 2535 del
17 de diciembre de 1993. Los cargos contra cada uno de estos artículos han sido
ya estudiados en apartes precedentes de esta sentencia. Sin embargo, de los
artículos mencionados surge una cuestión de relevancia constitucional que no
fue planteada por el demandante, que la Corte se ve obligada a tratar en el
ejercicio de su función como guardiana de la integridad de la Carta.
Los mencionados
artículos parecen consagrar la posibilidad de que el Estado autorice a
particulares la tenencia y porte de las armas de guerra o de uso privativo de
la fuerza pública de las que se ocupa el artículo 8 del mismo Decreto.
Este aserto se
confirma con la lectura del artículo 9 del Decreto analizado que, para los
efectos del tema que se analiza, forma unidad normativa con los artículos antes
citados.
El artículo 9 en
estudio dice textualmente:
ARTICULO 9º. Armas de uso restringido. Las armas de uso restringido son armas de
guerra o de uso privativo de la fuerza pública, que de manera excepcional
pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad
competente, para defensa personal especial, tales como:
a) Los revólveres y
pistolas de calibre 9.652 mm. (.38 pulgadas) que no reúnan las características
establecidas en el artículo 11 de este Decreto;
b) Las pistolas de
funcionamiento automático y subametralladoras.
Parágrafo 1º. Aquellas personas que a la fecha de
expedición de este Decreto tengan armas de este tipo con su respectivo permiso
o salvoconducto vigente, deberán obtener el nuevo permiso para tenencia o para
porte, en los términos señalados en los artículos 22 y 23 del presente Decreto.
Parágrafo 2º. El Comité de Armas del Ministerio de
Defensa Nacional podrá autorizar la tenencia o porte de armas de uso
restringido, a las empresas transportadoras de valores, departamentos de
seguridad de empresas y a los servicios especiales de seguridad, previo
concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional reglamentará el
número máximo de armas de este tipo que en cada caso puedan portar los
particulares.
2. Si bien en
términos generales la Constitución vigente contempla un régimen más restrictivo
en materia de posesión y porte de armas, al considerar que sobre todas ellas
existe un monopolio estatal, el artículo 9 del decreto 2535 permite que los
permisos se extiendan también a las armas de guerra. Esta posibilidad no se
contemplaba en la redacción del artículo 48 de la Constitución anterior. En
efecto, esta norma establecía una clara diferencia entre armas de guerra y
otras armas. Mientras las primeras sólo podían ser introducidas, fabricadas o poseídas
por el Gobierno, las segundas estaban sometidas a un régimen de permisos.
En este contexto
normativo se explica la Sentencia N° 22 del 25 de Mayo de 1989 de la Corte
Suprema de Justicia, la que se pronunció sobre algunas normas del decreto 3398
de 1968. Al respecto, señaló la Corte Suprema:
"Esta
disposición constitucional, que tiene su origen en la Carta de 1886, en su
redacción originaria, se explica por la necesidad de establecer el monopolio de
las armas de guerra, en cabeza del Gobierno, que es el responsable de mantener
el orden público y restablecerlo cuando fuere turbado, según lo señala la Carta
Política. Es además, una fórmula que tiene sentido histórico para superar
graves conflictos que afectaron las relaciones civiles entre los colombianos, y
que ahora adquiere una renovada significación ante los problemas que suscitan
las diversas formas de la actual violencia".
"El gobierno
legítimo, por esta misma razón, es el único titular de este monopolio, sin que
le sea permitido por la Carta a cualquier otra persona o grupo detentar las que
se señalan como armas y municiones de guerra. En este sentido, la Corte
considera que el concepto de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas,
debe corresponder al mismo que señala la Constitución en la norma que se
transcribe, y que ha sido desarrollado por disposiciones legales para
distinguir con base en criterios técnicos, que tienen relación con calibres,
tamaños, potencias, usos especializados, dotación, o propiedad, las armas que
son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y las demás que pueden poseer los
particulares. Sobre estas últimas el ilustre exégeta de la Carta don José María
Samper, advierte que ellas se circunscriben a las que son de "uso común,
individual o privado" (Derecho Público Interno, Ed. Temis, página 363,
1981. reedición).
......
"Es preciso,
entonces, establecer una diferencia entre lo que es la Defensa Nacional y los
llamados "grupos de autodefensa" que han proliferado con la escalada
de violencia en los últimos tiempos y sobre cuyas características se genera
tanta confusión en el país".
"En efecto, la
interpretación de estas normas ha llevado la confusión a algunos sectores de la
opinión pública, que pretenden que ellas puedan ser aprovechadas como una
autorización legal para organizar grupos civiles armados.  La actividad de
estos grupos se ubica al margen de la Constitución y de las leyes, pues, se
convierten en grupos criminales que contribuyen con su presencia a agravar la
situación de orden público, por su carácter retaliatorio y agresivo y su
pretensión de sustituir la acción legítima del Ejército, la Policía Nacional y
de los organismos de seguridad del Estado, que son las autoridades a cuyo cargo
se encuentra la función exclusiva del restablecimiento del orden público, bajo
la dirección y mando del Presidente de la República, según las voces
insoslayables de la C.N."[7]
3. El artículo 223
de la Constitución no establece diferencia entre armas de guerra y otro tipo de
armas. En este orden de ideas, se pregunta la Corte si el Estado otorga
permisos para tenencia o porte de armas clasificadas como de guerra.
4. El propósito de
la Constitución vigente, en materia de armas,  no fue otro que el de fortalecer
la paz y fomentar una articulación social a través de los valores de la
cooperación, la solidaridad y el entendimiento entre las personas. La entrega
de armas a los particulares es aceptada dentro del ordenamiento constitucional
como una posibilidad excepcional. En ningún caso los particulares pueden estar
colocados en la posibilidad de sustituir a la fuerza pública. Por consiguiente,
la tenencia o porte de armas de guerra les debe estar vedado.
5. Este es también
el espíritu que inspiró la ley 61 de 1993. En efecto, en la exposición de
motivos de dicha ley se expresa lo siguiente:
"Dentro de los
programas del Gobierno, el logro de la paz es quizás el objetivo que reviste
mayor  prioridad, para lo cual es preciso diseñar y concretar mecanismos
eficaces que conduzcan  a eliminar los diversos factores de violencia  que se
han desencadenado a lo largo de las últimas décadas en el país. Uno de tales
mecanismos es precisamente la expedición de una reglamentación  adecuada para
restringir las armas en poder de la población civil, pues esta inveterada
costumbre arraigada en nuestra sociedad, ha dado paso a las funestas prácticas
del sicariato, y la justicia privada. Por esta razón, es de imperiosa necesidad
adoptar una legislación adecuada y moderna, que garantice un efectivo control
de las armas de fuego, limitando su porte a casos estrictamente necesarios
para garantizar la seguridad personal" (negrillas de la Corte).
6. Las armas de
guerra están concebidas para la defensa colectiva o para la protección
institucional o territorial. Por su naturaleza, estas armas afectan potencial o
directamente a  la población en su conjunto y, por ende, tienen una gran
capacidad para incidir en las relaciones de poder que entran en juego dentro de
un determinado territorio. La soberanía de una nación está inescindiblemente
condicionada al mantenimiento de las armas de guerra por parte del Estado y
sólo por el Estado. Ningún régimen político puede subsistir sin esta condición
previa, vinculada a la efectividad del poder y a la eficacia del derecho.
7. Las armas de
guerra se concentran en ciertos cuerpos especializados del Estado a los cuales
les corresponde la tarea de proteger las instituciones constitucionales y
mantener la soberanía nacional. Esta labor es inherente al Estado y no puede
ser delegada a personas o entes particulares.
Trasladar armas de
guerra a un sector de la población es tanto como renunciar a uno de los
sustentos de poder efectivo y se confunde con la cesión de una parte de la
soberanía nacional. El artículo 216 de la Constitución política establece que
la fuerza pública "estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional". Como lo ordenan los artículos 217 y 218
de la Carta son estas dos instituciones las encargadas de proteger,
respectivamente, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad
del territorio y del orden constitucional, así como mantener las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. En consecuencia, no
podrán existir en Colombia civiles provistos de armas de guerra, que sirven
justamente a los fines arriba descritos, pues con ello se viola el principio de
la exclusividad consagrado en los artículo 216, 217 y 218 de la Carta.
8. El decreto
contempla una categoría especial de armas denominadas "de uso
restringido" que, según el artículo 9º transcrito pueden, de manera
excepcional, ser objeto de permisos a los particulares para la protección de
bienes o de personas. Al respecto debe precisarse que no se puede tratar de
armas de guerra, pues su uso está reservado a ciertos organismos armados del
Estado. El legislador no puede desvirtuar la prohibición constitucional de dotar
a la población civil de  armas de guerra, de tal manera que, de hecho, se
conformen grupos de fuerza pública que pugnen con lo dispuesto por el artículo
216.
En este orden de
ideas, los permisos para las armas de uso restringido deberán responder a los
siguientes lineamientos: 1) no puede tratarse de armas de guerra o de uso
exclusivo de la fuerza pública; 2) la concesión del permiso es de carácter
excepcional; 3) su objetivo no puede ser el de la defensa de una colectividad,
sino el de la protección de bienes o de personas que específicamente requieran
de este servicio; 4) no pueden ser entregadas para ser usadas en situaciones en
las cuales exista un conflicto social o político previo, cuya solución pretenda
lograrse por medio de las armas; 5) la entrega de armas no debe traducirse en
un desplazamiento de la fuerza pública y 6) el poder de vigilancia y
supervisión del Estado debe ser más estricto que el previsto para las armas de
uso civil.
9. En este mismo
sentido se manifestó la Corte Constitucional:
“Es obvio además que
la concesión de permisos a los particulares para la posesión y porte de armas
no puede extenderse, como principio general, a las armas de guerra, puesto que
el artículo 223 de la Carta debe ser interpretado en armonía con las otras
normas que regulan la utilización de la fuerza, y en particular con el artículo
216, el cual establece que "la fuerza pública estará integrada en forma
exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional" (subrayas
no originales). Ahora bien, es propio de la Fuerza Pública tener un tipo de
armamentos que permitan a las autoridades mantener un monopolio eficaz y
legítimo sobre el ejercicio de la fuerza. Por consiguiente, admitir que un
particular o un grupo de particulares posean y porten armas de guerra equivale
a crear un nuevo cuerpo de fuerza pública, con lo cual se viola el principio de
exclusividad de la fuerza pública consagrado por el artículo 216 de la Carta.
En tales circunstancias, la Constitución de 1991 mantiene el principio general,
proveniente de la Constitución de 1886, de que los permisos a los particulares,
como regla general, no pueden extenderse a tipos de armas que afecten la
exclusividad de las funciones de la fuerza pública. (Corte Constitucional,
Sentencia C-038 de 9 de febrero de 1995, MP Alejandro Martínez Caballero)
10. Con fundamento
en las consideraciones anteriores, se declarará inexequible la expresión
"de guerra o de uso privativo de la fuerza pública" contenida en el
artículo 9 del decreto 2535 de 1993. En consecuencia, las expresiones "o
las previstas en el artículo 9 de este Decreto" del artículo 14;  "y
excepcionalmente para las previstas en el artículo 9 del mismo";
"arma de uso restringido" del artículo 34 literal c); "armas de
uso restringido" del parágrafo del artículo 45 y "armas de uso
restringido" del artículo 77, deberán ser interpretadas de conformidad con
lo dispuesto en esta providencia.
XI. Cargos
relacionados con el principio de discrecionalidad
El demandante
considera que el artículo 3 del decreto 2535 de 1993 es violatorio de la
Constitución Política, por desconocer el principio de la discrecionalidad
Se deberá estar a lo
dispuesto en la sentencia C-031 de 2 de febrero de 1995 de la Corte
Constitucional, que declaró constitucional la expresión "...con base en la
potestad discrecional..." contenida en el artículo tercero del Decreto
2535 de 1993.
DECISION
En mérito de lo
expuesto la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos
1, 14, 15, 24, 31, 37, 57, 58, 59, parágrafo 2 del art. 61, 62, 63, 67, 68, 69,
70, 77,  90, 95, 96, 97, 98, 99, 105 y 107 del Decreto 2535 de 1993, pero
únicamente por los vicios de forma expresamente estudiados en esta sentencia.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES los literales b)
y f) del artículo 1 de la ley 61 de 1993.
TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en razón de los
cargos formulados por el demandante, las restantes normas del Decreto-Ley 2535
de 1993, salvo lo dispuesto en los numerales cuarto, quinto y sexto de la parte
resolutoria de la presente sentencia.
CUARTO.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión
"de guerra o de uso privativo de la fuerza pública", contenida en el
artículo 9 del Decreto 2535 de 1993.
QUINTO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 2
y 62 del Decreto 2535 de 1993, siempre que se entienda que sólo se encuentran
sujetos a la autorización del Estado los elementos que sean estrictamente
indispensables para la producción de armas, municiones y explosivos.
SEXTO.-  En relación con la facultad discrecional
consagrada en el artículo 3 del Decreto 2535 de 1993, ESTESE a lo resuelto en
la sentencia C-031 de 2 de febrero de 1995 de la Corte Constitucional.
COPIESE,
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y ARCHIVESE EL EXPEDIENTE
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL                    CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado                                        Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ                         FABIO
MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
(Continúan firmas
expediente D-702)
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Histórical Documents of 1992. Washington, D.C, 1993. The
Congressional Quarterly, 1993, pag 493 ss.
[2] Montenegro A. y Posada C.E., Criminalidad en Colombia,
Documento, p. 1.
[3] Este documento no es reseñado formalmente en esta providencia
debido a que llegó a la Corte extemporáneamente.
[4] SAMPER Derecho público interno, Bogotá, Temis, 1982, p.
200.
[5] Citado en Banco de la República. Nuñez y Caro, 1886,
Bogotá, 1986, p. 41
[6] Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,
vigésima primera edición, Espasa Calpe, España 1994.
[7] Corte Suprema de Justicia. Sentencia Número 22 de mayo 25 de
1989. M.P. Fabio Morón Díaz.