C-622-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-622/03
DERECHO A LA LIBERTAD-No es absoluto/DERECHOS FUNDAMENTALES-No
son absolutos
LIBERTAD INDIVIDUAL-Limitaciones legales
LIBERTAD PERSONAL-Limitaciones razonables y proporcionales/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites constitucionales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
POLÍTICA CRIMINAL-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PENAL-Bienes
jurídicos susceptibles de protección, conductas a sancionar, modalidades y
cuantía de la pena/SANCION PENAL-Conductas excluidas
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
POLITICA CRIMINAL-Establecimiento
de tratamientos diferenciales
DERECHO PENAL-Valoración social/IGUALDAD ANTE LA LEY-Competencia
del Congreso para establecer regímenes diferenciados de juzgamiento y
tratamiento penitenciario/PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA LEY PENAL
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PENAL-Sujeción a
principios de razonabilidad y proporcionalidad/LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA-Control de límites básicos del gravamen
LIBERTAD PROVISIONAL-Alcance
LIBERTAD PROVISIONAL-Causales/LIBERTAD PROVISIONAL-Diferenciación
entre justicia regional y justicia ordinaria
LEGISLACION PERMANENTE/LIBERTAD PROVISIONAL-No establecimiento de prohibición absoluta
DETENCION PREVENTIVA
LIBERTAD PROVISIONAL-Prohibición de concederla
CAUCION JURATORIA O PRENDARIA-Libertad provisional por cumplir
requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia
LIBERTAD PROVISIONAL-Restricción determinada para cumplir los
fines de la investigación penal
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
SUBROGADOS PENALES-Límites
por respeto de las garantías procesales del debido proceso
LIBERTAD PROVISIONAL POR PENA CUMPLIDA
BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES-Competencia legislativa
BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES-Inclusión o exclusión guarda relación con
duración de la pena privativa de la libertad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
LIBERTAD PROVISIONAL-Límites
respecto de causales
PRESUNCION DE INOCENCIA-Libertad del sindicado por sentencia
absolutoria, preclusión de la investigación o cesación del procedimiento/PRESUNCION
DE INOCENCIA-Continuación privación de la libertad por apelación de
decisión judicial/PRESUNCION DE INOCENCIA-Prolongación indebida de
privación de la libertad/LIBERTAD PROVISIONAL EN PROCESO ANTE JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Ampliación de términos
LIBERTAD PROVISIONAL-Restricción en el tiempo de duración de
detención preventiva
DETENCION PREVENTIVA-Duración
DETENCION PREVENTIVA-Cómputo como parte de la pena
SUBROGADO PENAL DE SUSPENSION CONDICIONAL
DE EJECUCION DE LA PENA
LIBERTAD PROVISIONAL EN DETENCION
PREVENTIVA-Prevalencia de
la libertad y presunción de inocencia/ORDENAMIENTO PENAL-Plazos para
surtir etapas procesales
PRIVACION DE LA LIBERTAD-Suspensión si se cumplen ciertos supuestos
DELITO DE TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA-Tipificación
TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA-Tipo penal
TRATAMIENTO PUNITIVO DIFERENCIADO-Aplicación detención preventiva a fraudes
traficantes de moneda falsificada
PENA DE PRISION-Dosificación
AGRAVACION PUNITIVA-Procedencia de la medida de aseguramiento
de detención preventiva en razón a la cuantía
LIBERTAD PROVISIONAL-No se configura la suspensión condicional
de ejecución de la pena por agravación punitiva
TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA-No aplica el beneficio de libertad
provisional por superar la cuantía
LIBERTAD PROVISIONAL-No existe beneficio por ser el tráfico de
moneda falsificada un delito contra la fe pública
LIBERTAD PROVISIONAL EN DELITO POR TRAFICO
DE MONEDA FALSIFICADA-Prohibición
de concederla
TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA-Violación de la Constitución al prohibir
conceder libertad provisional
DELITO DE TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA-Trato diferenciado en materia de libertad
provisional/LIBERTAD PROVISIONAL-Desconocimiento núcleo esencial del
debido proceso y razonabilidad de la detención preventiva
Cabe señalar así mismo que en el presente caso se
estaría estableciendo una  diferenciación entre los procesados por el delito de
tráfico de moneda falsificada y los demás procesados sin que exista una
justificación constitucional que respete los principios de razonabilidad y
proporcionalidad exigido al Legislador cuando establece diferenciaciones  de
esta naturaleza.  Téngase en cuenta que en el presente caso no se están
ampliando los plazos para que en el caso de determinados procesados dicha
libertad  pueda ser concedida, ni se están excluyendo supuestos de libertad
provisional que resultan de la aplicación de subrogados penales, ni se está
limitando a determinadas causales la posibilidad de conceder dicha libertad,
supuestos  de diferenciación en materia de libertad provisional que  la Corte
ha encontrado ajustados a la Constitución, sino que se trata de una prohibición
absoluta, que resulta claramente desproporcionada en tanto desconoce  el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, así como la razonabilidad de la
detención preventiva.
TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA-Inexequibilidad por violación del derecho
de igualdad al prohibir conceder la libertad provisional
Referencia:
expediente D-4434
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 1º parcial de la Ley 777 de 2002 “por la cual se reforma el artículo 274 del Código
Penal”
Actor:
Darío Garzón Garzón
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C.,  veintinueve (29)
de julio de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Darío Garzón Garzón demandó la expresión “y
no habrá lugar a la libertad provisional” contenida en el artículo 1º de la
Ley 777 de 2002 “por la cual se reforma el artículo 274 del Código Penal”.
Mediante auto del 31 de enero
del presente año, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, dispuso correr
traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor, ordenó fijar en lista la norma acusada para asegurar la
intervención ciudadana, así como comunicar la iniciación del proceso al señor
Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro de Justicia
y del Derecho y al Fiscal General de la Nación a fin de que conceptuaran sobre
la constitucionalidad de la norma acusada, de estimarlo oportuno.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto de la
disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.038
del 18 de diciembre de 2002, y se subraya lo demandado:
“LEY 777 DE 2002
(diciembre 17)
por la cual se
reforma el artículo 274 del Código Penal.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo
274 del Código Penal quedará así:
Artículo 274. Tráfico de
moneda falsificada. El que introduzca al país o saque de él, adquiera,
comercialice, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa
incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
La pena se duplicará y no habrá lugar a
libertad provisional cuando la cuantía supere cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.”
III.    LA DEMANDA
A juicio del accionante la expresión “y no habrá lugar
a la libertad provisional”  contenido en el segundo inciso del  artículo 274
del Código Penal, tal como lo modificó el artículo 1° de la Ley 777 de 2002,
desconoce los artículos 13 y 29 de la Constitución,  como quiera que niega el
derecho a la libertad provisional del sindicado por el delito de tráfico de
moneda falsificada, cuya cuantía supere los cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en tanto que la ley penal otorga dicho derecho a personas
sindicadas por delitos considerados más graves o sancionados con pena más grave
“como sería el Genocidio, la Desaparición Forzada de Personas, etc.”.
Advierte que en el caso de estos delitos, “en los
eventos de ser favorecidos con Preclusión de la investigación, o con cesación
de procedimiento, o con sentencia absolutoria, o porque no se calificara la
investigación en 120 días, o porque no se hubiese acabado la audiencia pública
luego de haber transcurrido seis meses luego de ejecutoriada la resolución de
acusación”, el sindicado se haría acreedor al mencionado beneficio, en
tanto que para el procesado por el delito regulado en la norma parcialmente
demandada que se encuentre en las circunstancias previstas en su inciso
segundo, nunca lo tendría “ni siquiera cuando en detención preventiva cumpla
con un tiempo igual al que se merece como pena privativa de la libertad”.
IV.    INTERVENCIONES
1.      Fiscalía General de la Nación
El señor Fiscal General de la Nación interviene en el
presente proceso con el objeto de defender la constitucionalidad de la
expresión acusada y solicita a la Corte que declare su exequibilidad, de
conformidad con los siguientes argumentos.
Manifiesta que lo dispuesto por el legislador en el
aparte normativo demandado realiza el fin esencial del Estado de asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo –artículo 2º C.P.-. Así
mismo, señala que se aviene a lo establecido en el artículo 3º del Código Penal
-Ley 599 de 2000-, según el cual las sanciones penales deben responder a los
principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Considera que la modificación introducida por el legislador
en el artículo parcialmente demandado pretende sancionar con mayor rigor y
severidad una conducta punible que, por su actualidad y repercusión social,
colocan en mayor riesgo y vulnerabilidad los intereses de la comunidad, en
especial a la economía nacional. Al respecto, transcribe apartes de uno de los
informes de ponencia presentados durante el trámite legislativo llevado a cabo
para la expedición de la Ley 777 de 2002.
Advierte que en ejercicio de la cláusula general de
competencia que el artículo 150 de la Constitución atribuye al  legislador,
éste  puede establecer  un mayor rigor penal para determinadas conductas
punibles, así como  determinar en que casos y en cuales no procede  la libertad
provisional. Transcribe  al respecto algunos apartes de la Sentencia C-716 de
1998.
Finalmente, sobre la presunta vulneración del derecho
a la igualdad, el interviniente señala que, según la jurisprudencia, el mandato
del artículo 13 de la Constitución permite dar un tratamiento diferente a
aquellos casos que presenten características diversas y, en ese sentido, afirma
que la norma acusada no desconoce dicha garantía toda vez que resulta obvia la
necesidad de sancionar con mayor severidad a quien con su conducta pone en
mayor peligro los bienes jurídicos tutelados por el Estado. Concluye  en este
sentido que la negación del derecho a la libertad provisional por parte del
legislador en el tipo penal regulado por la norma demandada, se ajusta a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
2.      Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio referido  por intermedio de la Directora
del Ordenamiento Jurídico, participa en el proceso de la referencia para
defender la constitucionalidad de las expresiones acusadas a partir de las
consideraciones que se sintetizan a continuación.
La interviniente afirma que  el tipo penal de tráfico
de moneda falsificada se refiere a   una conducta que vulnera diversos bienes
jurídicos tutelados como la seguridad y fluidez del comercio jurídico que
utiliza la moneda nacional o extranjera, la fe pública, el orden económico
social, la seguridad pública, el patrimonio de las personas y la función del
Estado de emitir y determinar la moneda legal. Así mismo, resalta que la
penalización de dicha conducta cobra importancia dentro del contexto de una
economía globalizada y responde a los compromisos adquiridos con la comunidad
internacional para prevenir, controlar y reprimir la delincuencia
transnacional, sin dejar de lado la gran influencia que dicho delito tiene en
otras actividades criminales como el terrorismo y el narcotráfico.
Alega que la decisión del legislador de proscribir el
derecho a la libertad provisional de los sindicados por el delito de tráfico de
moneda falsificada cuando la cuantía supera los cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes, corresponde al legítimo ejercicio de su libertad de
configuración de las leyes y de la política criminal, con fundamento en los
principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad, y en argumentos
de conveniencia.
De otro lado, afirma que dentro de ese ejercicio se
encuentra la posibilidad de otorgar tratamiento diferente a situaciones
materialmente distintas, sin que con ello se desconozca el principio de
igualdad, pues una es la situación de quienes trafican una pequeña cantidad de
moneda falsificada y otra la de quienes lo hacen en cantidades significativas.
En este último caso, el legislador puede decidir mantener bajo su custodia a
los sindicados, en cumplimiento de las finalidades de la detención preventiva contenidas
en el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal.
Así mismo, indica que la posibilidad de la retención
permite al Estado el desmantelamiento de organizaciones criminales y evitar la
continuación de su actividad criminal, haciendo efectiva la vigencia de un
orden justo y la protección de los derechos y las libertades públicas.
Afirma que el tratamiento diferenciado por parte del
legislador no vulnera la Constitución, siempre que se fundamente en factores
objetivos que lo hagan necesario y no constituyan alguna discriminación. En ese
sentido, reitera que el castigo para el delito de tráfico de moneda falsificada
en grandes cantidades debe ser diferente al de otros delitos y debe tener
carácter ejemplarizante. Así mismo, señala que no se vulneran los principios de
igualdad y favorabilidad pues el trato diferenciado se justifica para asegurar
los intereses de la investigación y de la justicia dada la gravedad y enorme
perjuicio social que representa la conducta punible.
Finalmente advierte que el cargo formulado por el
actor se desvirtúa mediante una interpretación sistemática de la norma
demandada con lo dispuesto en los ordinales 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 365 de
la Ley 600 de 2000, ya que si el procesado es favorecido con preclusión de
investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, de manera
inmediata procedería la libertad de la persona, lo mismo sucedería si no se
calificara la investigación en el término de 120 días o no se hubiere concluido
la audiencia luego de transcurridos seis meses de ejecutoriada la resolución de
acusación, o cuando la persona cumpla en detención preventiva un tiempo igual
al que se merece como pena privativa de la libertad, pues “las causales de libertad
provisional a pesar de hallarse contenidas en estatutos de procedimiento,
consagran derechos sustanciales a favor del procesado”. Cita el Auto del 13 de
septiembre de 2000 de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Fernando Arboleda R.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Señor
Procurador General de la Nación allegó el concepto número 3169, recibido el 14
de marzo de 2003,  en el cual solicita que se declare la inexequibilidad de la
expresión “y no habrá lugar a libertad provisional” contenida en el
artículo 1º de la Ley 777 de 2002, por ser contraria a la Constitución, de
conformidad con las razones que se resumen a continuación.
Afirma que si
bien es cierto que el legislador goza de libertad para configurar la política
criminal del Estado y que los tratados internacionales y la Constitución le
permiten restringir la libertad de las personas durante la investigación penal
para asegurar la comparecencia de los sindicados y el cumplimiento de la pena,
lo cierto es que el ejercicio de dicha facultad está sujeto a los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, de forma que no se afecten las garantías
constitucionales.
En ese
sentido, señala que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada sin
dilaciones injustificadas o, de lo contrario, a ser puesta en libertad.  Invoca
al respecto el  artículo 25-3 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, el artículo 9-3 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos  y el artículo 7-5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pone de
presente que el artículo 1º de la Ley 777 de 2002, que reformó el artículo 274
del Código Penal, buscó tomar en cuenta los efectos de la Sentencia C-760 de
2001 en la que se declaró la inexequibilidad por razones de forma de algunos
apartes del artículo  357 del Código de Procedimiento Penal.
Dicho
artículo 1° duplicó así la pena del delito de tráfico de moneda falsificada que
será de 6 a 16 años cuando la cuantía  del mismo supere los cien salarios
mínimos legales mensuales vigentes, lo que significa  que los sindicados por la
comisión de dicho ilícito  en esas circunstancias pueden ser sujetos de
detención preventiva, de conformidad con los artículos 356 y 357, numeral 1º,
de la Ley 600 de 2000.
El mismo
artículo prohibió de manera absoluta el otorgamiento de la libertad provisional
a los procesados por dicho delito, trayendo como consecuencia que quienes han
sido cobijados con medida aseguramiento de detención preventiva puedan
permanecer detenidos durante todo el tiempo que dure la actuación penal, sin la
posibilidad de recobrar su libertad por cualquiera de las causales señaladas en
el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, es decir, aún cuando hubiere
permanecido privado de ella en cumplimiento de la medida de aseguramiento por
un periodo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el
referido punible, o aunque el Estado tarde más de 120 días en adelantar la
instrucción o, culminada ésta, demore más de 180 días en finiquitar la
audiencia pública.
De lo
anterior deduce que en virtud del aparte demandado los derechos de los
procesados a la libertad y a un juicio sin dilaciones injustificadas quedan
desamparados por una prohibición irrazonable, pues el funcionario judicial ya
no se verá compelido a evacuar las distintas etapas del proceso dentro de los
límites temporales señalados en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000, con el
fin de que el tiempo de la detención preventiva resulte ser el menor posible, y
perdiendo importancia el hecho de que el sindicado permanezca detenido
preventivamente por un tiempo mayor al que le pudiera corresponder como pena,
resultando más gravosa la medida de aseguramiento que la sanción penal.
Considera
entonces que lo dispuesto en el aparte normativo demandado no consulta los
principios de razonabilidad y proporcionalidad a que está sometida la adopción
de medidas restrictivas de la libertad por parte del legislador, pues tanto el
derecho a la libertad como su restricción no tienen carácter absoluto en el
marco del Estado social de derecho.
Así las
cosas, concluye que el aparte demandado desconoce los postulados
constitucionales que propugnan por el respeto a la libertad y toleran su
restricción provisional durante el transcurso de un proceso, esto es, antes de
producirse una condena, solamente en casos excepcionales, en interés general y
sometido a límites temporales.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional
es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia.
2.      La materia sujeta a examen
Para el actor la expresión “y no habrá lugar a
libertad provisional” contenida en el segundo inciso del  artículo 274 del
Código penal tal como quedó reformado por el artículo 1° de la Ley 777 de 2002
desconoce el artículo 13 superior por cuanto impide, en el supuesto a que alude
dicho inciso, que se apliquen  las causales de  libertad provisional a que se
refieren los incisos 2,3,4 y  5 del artículo 365 del Código de Procedimiento
penal, mientras que ello si resulta posible cuando se trata de  delitos mucho
más graves en su parecer como el genocidio o la desaparición forzada de personas.
Para el Fiscal General de la Nación la diferencia de
trato que la norma  establece resulta razonable y proporcionada en función de
la gravedad de la conducta  que se pretende sancionar, con la que se vulneran
múltiples bienes jurídicos. Afirma que el Legislador bien  puede  señalar en
qué casos procede y en cuales no la libertad provisional  sin que con ello
desborde su potestad de configuración.
En sentido similar se manifiesta   la representante
del Ministerio del Interior y de Justicia  quien precisa que una
interpretación  sistemática de las normas penales debe llevar a la conclusión
de que en los supuestos  de los numerales 2,3,4, y 5 del artículo 365 del
Código de Procedimiento Penal  deberá concederse la libertad, por cuanto dichos
numerales  se refieren a derechos sustanciales a favor del procesado.
El señor Procurador General de la Nación por su parte
solicita la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada. Afirma que
con ella se desconoce tanto  el artículo 29 superior, por cuanto se vulnera el
derecho a un procedimiento sin dilaciones injustificadas, como el artículo 13
constitucional,  por cuanto  sin ninguna justificación razonable se priva
exclusivamente a los procesados por el delito de tráfico de moneda  de las
garantías establecidas  en el artículo 365 del Código de Procedimiento penal
para salvaguardar el  derecho de defensa y el carácter excepcional y limitado
en el tiempo de la detención preventiva.
Corresponde a la Corte,  en consecuencia,  establecer
si  la exclusión de  la libertad provisional   a que alude la  expresión
acusada  desconoce o no  el debido proceso y el derecho a la igualdad  de las
personas que sean procesadas por el delito de tráfico de moneda falsificada
cuando la cuantía supere los cien salarios  mínimos legales mensuales.
3. Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario hacer algunas
precisiones  relativas a:  i) los límites a la  posibilidad de restricción por
el Legislador del derecho a la libertad   ii) el alcance de la jurisprudencia
constitucional en materia de establecimiento de causales de  libertad
provisional  iii) las causales de libertad provisional establecidas en
la ley y su fundamento y iv)  el contenido y alcance de la expresión  acusada,
que resultan pertinentes para el examen de los cargos planteados en la demanda.
3.1 Los límites a la  posibilidad de restricción por
el Legislador del derecho a la libertad
La Corporación ha precisado de manera
reiterada que el derecho a la libertad
personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del
Estado de Derecho, no tiene un carácter absoluto e ilimitado[1].
Como en el caso de los demás derechos fundamentales[2],  el Constituyente no
concibió  en efecto la libertad individual a la manera de un derecho inmune a
cualquier forma de restricción.
La Corte ha advertido empero que la
Constitución Política establece en esta materia  una estricta reserva legal y
que el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del
derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad  bien
precisos.
Al respecto ha dicho:
"... Desde la perspectiva de los
requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho
de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en  los casos
previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que
pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio
de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado
a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable....
...Se deduce de lo expuesto que el
constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho
absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del
propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga
lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que
tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una
estricta reserva legal...
...Sin embargo, esa libertad del
legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su
límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual,
delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por
virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los
bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que
en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la
efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la
Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del
artículo 29, que dispone que toda persona "se presume inocente mientras no
se la haya declarado judicialmente culpable" y que quien sea sindicado
tiene derecho "a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas"...
...Así pues, aún cuando el derecho a la
libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese
carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que
opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente
una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario
equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del
mismo.." [3].
La Corte ha  precisado
así  mismo  que  el ejercicio de la competencia atribuida al Legislador  para
fijar la política criminal,   debe atender  los principios superiores  al
tiempo que ha de asegurar la plena vigencia de las garantías constitucionales
-sustanciales o formales- derivadas del derecho al debido proceso (art.29
C.P.).
Al respecto ha dicho la
Corte:
“(E)n la medida en que el propio constituyente se ha
ocupado de incorporar al ordenamiento constitucional valores, principios,
reglas, postulados y presupuestos -de contenido sustancial y procedimental-, que
se proyectan sobre el conjunto de los derechos fundamentales y comportan una
garantía para el ejercicio legítimo de los mismos, el margen de autonomía o
discrecionalidad reconocida al legislador, en particular para ejercer el poder
punitivo del Estado, no es del todo absoluto pues se encuentra limitada y
subordinada a los mandatos que en esa materia emergen de la propia Carta
Política, los cuales a su vez se convierten en criterios de obligatoria
observancia dentro del proceso de adopción de la legislación penal.
3.4. Así, según lo ha dicho la Corte[4],
desbordaría el marco de configuración legislativa la decisión política de
sancionar conductas constitucionalmente excluidas de tipificación penal, o la
omisión de criminalizar aquellos comportamientos que, conforme a la Carta y los
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, por
su gravedad y daño social deben ser objeto de sanción penal[5]. En ese
mismo contexto, resultaría contrario a su propia atribución que el legislador,
con ocasión de la consagración de un hecho punible, optara por imponer la pena
de muerte, la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el
destierro, la prisión perpetua[6]
o la confiscación, a sabiendas de que las mismas se encuentran prohibidas por
el propio Estatuto Superior (C.P. arts. 11, 12, 17 y 34). O lo que es más
grave, que excusándose en la protección de determinados bienes jurídicos,
decidiera restringir, suspender o hacer nugatorias alguna de las garantías
constitucionales -sustanciales o formales- derivadas del derecho al debido
proceso (C.P. arts 29 y sig.)” [7].
La Corporación ha
precisado también  que  los tratamientos diferenciales que establezca la
regulación penal en ejercicio del ius puniendi no vulneran la Constitución,
siempre que no se desconozca el núcleo esencial de los derechos fundamentales[8], y que las medidas que
se adopten  sean en todo caso razonables y proporcionales con el fin perseguido
por el legislador.
Al respecto ha señalado la Corporación lo
siguiente:
El Legislador,
en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede
establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el
juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo,
incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la
medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como,
la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión
que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en
el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros. La
consecuencia obvia y lógica de lo anterior, es que el tratamiento penitenciario
de los condenados por delitos de mayor entidad y gravedad, sea más severo que
el dado a las conductas de menor gravedad.”[9]
Por todo ello la Corte ha
concluido que el control de constitucionalidad en lo atinente a la libertad de
configuración política del legislador es más un control de límites, con el que
se busca evitar los excesos en que éste pueda incurrir al ejercer sus competencias
en materia punitiva[10].
3.2 El alcance de la jurisprudencia constitucional en
materia de establecimiento de causales de  libertad  provisional
En  materia de libertad provisional la
Corte ha señalado  que  el legislador, por razones de política criminal, tiene
facultades para establecer las causales y condiciones para concederla al procesado,
o para  estatuir los casos en los que ella no procede, siempre y cuando no
lesione mandato superior alguno y observe los criterios aludidos de
racionalidad y proporcionalidad[11].
Así, en la sentencia C-093 de 1993[12], en la que se
examinaron las disposiciones que establecían procedimientos especiales para el
juzgamiento  de delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales,
para “... garantizar la eficacia de la Administración de Justicia en el
ámbito penal, y ... rodear al personal de sus servidores de especiales
garantías ante la escalada de la delincuencia organizada del narcotráfico y del
terrorismo.”  la Corte encontró exequible la diferenciación establecida en
la legislación penal entre la justicia regional y la justicia ordinaria  para
la aplicación de las causales de libertad provisional, por estimar que el
legislador está constitucionalmente facultado para determinar:
“cuáles de dichas causales proceden para
todos los delitos y cuáles no y también para establecer un régimen especial ante
determinadas modalidades delictivas que exigen un tratamiento más riguroso.”
Cabe precisar que la norma que en esta
materia se analizó en dicha sentencia (artículo 4° Decreto 2271 de 1991, -que
adoptó como legislación permanente el artículo 59 del Decreto 099 de 1991)[13] si bien restringió
para algunos procesados la aplicación de libertad provisional  a determinados
supuestos, no estableció la  prohibición absoluta  de la misma.  Al respecto
cabe recordar las precisiones hechas en esa ocasión por uno de los Magistrados
que adoptaron la decisión:
“La norma establece unas causales de
libertad provisional más restrictivas para los imputados de delitos de
competencia de los jueces regionales y del Tribunal Regional, que las
determinadas para los delitos comunes en el C.P.P. Si bien es cierto que el
principio de la seguridad pública autoriza al Estado, en determinadas
circunstancias -ante delitos cometidos por organizaciones delincuenciales y
ante dificultades probatorias ajenas a la actividad y diligencia de los órganos
estatales -para ampliar los términos legales para la investigación y
juzgamiento de estos delitos frente a los términos ordinarios, la Constitución
y los Pactos Internacionales impiden que, con base en simples indicios, se
persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de
ninguna manera puede coincidir con el término de la pena, pues ello llevaría a
desvirtuar la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva, que
terminaría convertida en un cumplimiento anticipado de la pena, en menoscabo
del principio de la presunción de inocencia”[14].
Posteriormente en la  Sentencia C-716 de
1998 la Corte declaró la exequibilidad del artículo 417 del Decreto 2700 de
1991 que  prohibía la concesión de la libertad provisional  en determinadas
circunstancias.
Dicho artículo era del siguiente tenor:
“Artículo 417.- Modificado Ley 360/97,
artículo 17. Prohibición de libertad provisional
No tendrán derecho a la libertad
provisional con fundamento en el numeral 1o. del articulo 415, salvo que estén
demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la pena:
1. Los sindicados contra quienes se hubiere
dictado detención preventiva conforme a lo dispuesto en el numeral 6o del
artículo 397 de este código.
2. Cuando aparezca demostrado que en contra
del sindicado existe mas de una sentencia condenatoria por delito doloso o
preterintencional.
3. Cuando
se trate de homicidio o lesiones personales en accidente de tránsito y se
compruebe que el sindicado se encontraba en el momento de la realización del
hecho en estado de embriaguez aguda o intoxicación, de acuerdo con experticio
técnico, o que haya abandonado, sin justa causa, el lugar de la comisión del
hecho (s. 0324, 0755, 2247, 2306).
4. En los siguientes delitos:
Peculado por apropiación
(art. 133)
Concusión (art. 140)
Cohecho propio (art. 141)
Enriquecimiento ilícito
(art. 148)
Prevaricato por acción
(art. 149)
Receptación (art. 177)
Fuga de presos (art. 178)
Favorecimiento de la fuga
(art. 179)
Fraude procesal (art. 182)
Incendio (art. 189)
Daño en obra de defensa
común (art. 190)
Provocación de inundación o
derrumbe (art. 191)
Siniestro o daño de nave
(art. 193)
Tenencia, fabricación y
tráficos de sustancias u objetos peligrosos (art. 197)
Fabricación y trafico de
armas de fuego o municiones (art. 201)
Fabricación y trafico de
armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (art. 202)
Falsificación de moneda
nacional o extranjera (art. 207)
Tráfico de moneda falsificada (art. 208)
Emisiones ilegales (art.
209)
Acaparamiento (art. 229)
Especulación (art. 230)
Pánico económico (art. 232)
Ilícita explotación
comercial (art. 233)
Privación ilegal de la
libertad (art. 272)
Constreñimiento para
delinquir (art. 277)
Fraudulenta internación en
asilo, clínica o establecimiento similar (art. 278)
Tortura (art. 279)
Acceso carnal abusivo con
incapaz de resistir (art. 304)
Actos sexuales con menor de
catorce anos (art. 305)
Inducción a la prostitución
(art. 308)
Constreñimiento a la
prostitución (art. 309)
Trata de personas (art.
311)
Estímulo a prostitución de
menores (art. 312)
Lesiones con deformidad
(art. 333)
Lesiones con perturbación
funcional (art. 334)
Lesiones con perturbación
síquica (art. 335)
Hurto calificado (art.
350)
Hurto agravado (art.
351)
Extorsión (art. 355)
Los delitos contemplados
en el Decreto 1730 de 1991. (subrayas
fuera de texto)
Para justificar su decisión  la Corte
señaló lo siguiente:
“La libertad provisional es un beneficio que se les
concede a las personas contra las cuales se ha proferido la medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva y procede en los casos
taxativamente señalados por la ley (art. 415 C.P.P.). En el artículo 417,
objeto de demanda, se consagran los eventos en los que no procede la libertad
provisional, con fundamento en el numeral 1o. del artículo 415, "salvo que
estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la
pena", estableciendo de esta forma una excepción a la regla general de la
libertad provisional. Veamos:
El artículo 415 en su numeral 1o.
prescribe:
"Artículo 415. Causales de
libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el
sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución
juratoria o prendaria en los siguientes casos:
1.    Cuando en cualquier estado del proceso
estén demostrados los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución
de la sentencia. Salvo lo dispuesto en el artículo 417 de este Código, la
libertad no podrá negarse con base en que el detenido provisionalmente necesita
tratamiento penitenciario."
Este precepto ha sido objeto de
interpretación por la Corte así:
"En la primera parte del numeral 1 del
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, el legislador previó la
concesión de la libertad provisional cuando al momento de resolver la situación
jurídica del procesado, estén acreditados los requisitos objetivos para
suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia, de conformidad con el
artículo 68 del Código Penal (modificado por el artículo 1o. del decreto 141 de
1980), esto es, que la pena imponible atendidas las circunstancias particulares
del caso, "sea de arresto o no exceda de tres años de prisión"; sin que
sea posible negar el beneficio, con el argumento de que el procesado requiere
provisionalmente tratamiento penitenciario.
En la citada causal, el legislador ha hecho
aplicación de los criterios de proporcionalidad y racionalidad. Pues, parte de
considerar que si el juez, al momento de resolver la situación jurídica del
procesado, tuviese que dictar fallo condenatorio, y teniendo en cuenta las
circunstancias particulares del caso, la pena a imponer no superará los topes
máximos señalados en el numeral 1 del artículo 68 del Código Penal y, en
consecuencia, procediera a conceder la suspensión condicional de la sentencia,
sería absurdo mantener al sindicado privado de la libertad, mientras transcurre
el proceso, y esperar a que éste culmine, para concederle ahí si el subrogado
penal.
En la segunda parte del numeral 1 del
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal se establece que: salvo los
eventos previstos en el artículo 417 de la misma codificación, la libertad no
podrá negarse con fundamento en que el procesado requiere provisionalmente
tratamiento penitenciario.
Esta última norma prevé los supuestos en
los cuales no habrá lugar a la libertad provisional, cuando se cumplan los
requisitos objetivos para conceder la suspensión condicional de la sentencia,
salvo que estén demostrados todos los requisitos subjetivos para otorgar el
subrogado penal."[15]”
Si la restricción de la libertad durante el
trámite del proceso se justifica por la necesidad de que se cumplan los fines
de la investigación penal, "la excarcelación se erige como un derecho, al
que el sindicado puede acceder cuando se cumplen los supuestos normativos
establecidos por el legislador, al determinar las causales de libertad provisional.
En dichas causales pueden establecerse diferencias relacionadas con la gravedad
de los delitos, la medida de la pena, etc., siempre que con tales distinciones
no se vulneren derechos fundamentales."[16]
No obstante, surge con claridad que así
como el legislador, por razones de política criminal, tiene facultades para
establecer las causales y condiciones para conceder la libertad provisional al
procesado, también puede estatuir, como en efecto lo hace en la norma acusada,
los casos en los que ella no procede, siempre y cuando no lesione mandato
superior alguno.
Es por ello que la Corte ha señalado que ni
el artículo 9, numeral 3 de la Ley 74 de 1968 (Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos) ni el artículo 7º, numeral 5º de la Ley 16 de 1972
(Convención Americana sobre Derechos Humanos), citados por el demandante,
establecen límites sustantivos a las condiciones y garantías previas a la
concesión de la libertad provisional.
"Los tratados internacionales de
derechos han declarado expresamente que los acusados por delitos y los
condenados pueden obtener su libertad bajo las condiciones y garantías que les exija el
Estado."[17]
En este orden de ideas, es evidente que ni
la Constitución ni los tratados internacionales citados por el actor, prohiben
la restricción del derecho a la libertad. Por el contrario, permiten su
limitación en los casos expresa y taxativamente señalados por el legislador,
siempre que se cumplan las exigencias constitucionales antes reseñadas y no se
vulneren derechos fundamentales.
(…)
La consagración por parte del legislador de
causales en las que no procede la libertad provisional, no puede considerarse
lesiva del derecho a la libertad, pues la restricción de esta garantía deriva
de la comisión de hechos ilícitos, que la Constitución no debe permitir y,
mucho menos, amparar.”[18]
Es importante precisar que en dicha sentencia la Corte
declaró la exequibilidad de la prohibición de libertad provisional en relación
con la causal a que aludía el  numeral 1 del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal, entonces vigente,  relativa a la posibilidad de
conceder la libertad provisional cuando en cualquier estado del proceso
estuvieran demostrados los requisitos para suspender condicionalmente la
ejecución de la sentencia.  Es decir que la Corte en esa sentencia no se
refirió a las demás causales de libertad provisional pues tal no era el objeto
de la decisión.
Al respecto  cabe precisar así mismo que la
jurisprudencia  de esta Corporación  a partir de la  aplicación de los mandatos
constitucionales  ha  dado  un tratamiento diferente a aquellos casos en que se
trata de  limitar o prohibir  para determinadas conductas  la aplicación  de
subrogados penales  como la ejecución condicional de la pena o la libertad
condicional -en los que claramente se ha afirmado la amplia potestad de configuración
del Legislador para garantizar la eficacia de las penas[19]-  de aquellos casos en
los que se establecen normas cuyo fundamento está dado  en la protección del
derecho de defensa[20]
o en  la razonabilidad de la duración  de la detención preventiva[21]    -supuestos en los
que  se ha hecho énfasis en los límites que impone a la potestad de
configuración del legislador el respeto de las garantías procesales   derivadas
del debido proceso[22]
-.
Sobre el particular  debe destacarse lo
dicho en la Sentencia C-213 de 1994  en la que  al tiempo que se declaró la
exequibilidad del artículo 15 de la ley 40 de 1993 en cuanto a la  exclusión de
beneficios y subrogados penales,  se declaró  por el contrario la
inexequibilidad del aparte final de dicho artículo que señalaba que “La
libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida".
Dijo la Corte en esa sentencia lo siguiente:
“D) El artículo 15 de la ley 40 de 1993 :
"Artículo 15.- Exclusión de beneficios
y subrogados.  Salvo
lo dispuesto en el artículo 17 de este Estatuto, en el artículo 37 y la rebaja
por confesión previstos en el Código de Procedimiento Penal, los sindicados o
condenados por los delitos de que trata esta ley no tendrán derecho a la
condena de ejecución condicional, libertad condicional ni a subrogados
administrativos. En los casos del delito de secuestro, no podrán otorgarse la
suspensión  de la detención preventiva ni de la condena. La libertad
provisional sólo podrá concederse por pena cumplida".
Las mismas razones expuestas en relación
con el artículo 14, permiten deducir la exequibilidad del 15. A las cuales cabe
agregar las siguientes.
Las restricciones previstas en este
artículo, tienen que ver, en últimas, con la duración  de la pena privativa  de
la libertad, y no con garantías procesales que permitan al sindicado del delito
de secuestro su defensa. Limitar o eliminar estas últimas hasta desconocer la
presunción de inocencia, sí violaría la Constitución, concretamente el artículo
29. Pero, una cosa son las penas, las más graves de las cuales tienen que
corresponder a los peores delitos; y otra las garantías procesales encaminadas
a permitir la defensa del sindicado, garantías que no pueden eliminarse o
recortarse hasta hacerlas ineficaces, con mayor razón si ello se hace en
perjuicio de quienes, por estar acusados de la comisión de los delitos más
graves, enfrentan la posibilidad de las penas mayores.
De otra parte, esta norma no viola el
artículo 13 de la Constitución, que consagra la igualdad, porque, se repite, la
privación de la libertad debe ser mayor para quienes cometen los delitos más
graves.
Lo anterior, en cuanto al artículo en
general. Pero, la Corte habrá de referirse a su última frase, que dice:
" La libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida".
En concepto de la Sala, esta expresión debe
ser declarada inexequible, por la siguientes razones.
Primera.-  La ley 40 de 1993 fue expedida el 19 de
enero de 1993, pero el estudio de la expresión citada, hay que hacerlo a la luz
de la ley 81 de 1993, de fecha 2 de noviembre de 1993, por su estrecha relación
con el  principio de favorabilidad en materia penal, consagrado en el artículo
29, inciso 3o. de la Constitución.
(…)
Cuarta.-  Con la entrada en vigencia de la ley 81, la Corte
debe declarar inexequible la expresión " La libertad provisional sólo podrá
concederse por pena cumplida", porque es restrictiva al desconocer otras
causales de libertad provisional consagradas para los delitos de competencia de
los jueces regionales, hecho que en sí  mismo desconoce el principio de
favorabilidad consagrado en el artículo 29 inciso tercero de la Constitución,
según el cual "En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable".
De otra parte, la Corte estima que no es
razonable, y no se ajusta a la Constitución, una norma que permita detener
indefinidamente, y por muchos años, a una persona sindicada de la comisión de
un delito, sin que contra ella se haya dictado sentencia condenatoria, y ni
siquiera resolución acusatoria.
Además, la frase que se analiza viola el
principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, pues no
existe una razón suficiente para la discriminación.
(…)
Por lo expuesto, la Corte declarará exequible el
artículo 15 acusado, salvo su última frase, que se declarará  inexequible.”[23]. (subrayas fuera de texto).
Dichas consideraciones  fueron reiteradas por la
Corte en la Sentencia C-762 de 2002   en la que esta Corporación tuvo la
oportunidad de referirse al tema de la competencia legislativa para excluir
beneficios y subrogados penales, a propósito del examen de constitucionalidad
del artículo 11 de la Ley 733 de 2002[24],
“por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos
de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones.”
En esa ocasión la  Corte señaló lo
siguiente:
“(L)a inclusión o exclusión de
beneficios y subrogados penales guarda estrecha relación con la duración de la
pena privativa de la libertad y, de ningún modo, con las garantías procesales
que le permiten al sindicado intervenir en la actuación judicial y ejercer
plenamente su derecho a la defensa. Por ello, sin tener por qué afectar,
comprometer o desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a
favor de todos los imputados, con la exclusión de los beneficios y subrogados
penales lo que se busca es evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o
irrisorio, el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor
impacto social como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y sus conexos;
que, como se dijo, quebrantan en forma significativa los valores de gran
relevancia individual y colectiva, desestabilizando incluso el propio orden
institucional.
(…)
Conforme a lo expuesto, es claro que el artículo 11 de
la Ley 733 de 2002, en cuanto elimina algunos beneficios y subrogados penales
para los delitos de terrorismo, secuestro, extorsión y conexos, no desconoce
ningún valor constitucional, y menos los principios de dignidad humana,
igualdad y debido proceso, pues, al margen de que el mismo no se mete con
las garantías procesales del imputado ni las afecta, existe un marcado criterio
de diferenciación: la gravedad de las conductas punibles, que justifica su
adopción y descarta cualquier posible discriminación.
(…)
En consecuencia, la Corte reitera la
posición adoptada en la Sentencia C-213 de 1994, y procederá a declarar
exequible la norma acusada.”[25]
(subrayas fuera de texto).
Ahora bien, la necesidad de asegurar el respeto de las
garantías procesales  a que se hace referencia en las sentencias citadas ha
llevado a la Corte  a precisar  que la potestad  de configuración del
Legislador  con respecto a las causales para la concesión de la libertad
provisional, no es absoluta sino relativa, en tanto tiene como limitante las
normas constitucionales que reconocen el derecho al debido proceso  y en
particular la presunción de inocencia.
Así lo advirtió la Corte en la Sentencia
C-392 de 2000 en la que declaró la inexequibilidad   del artículo 27 de la Ley
504 de 1999 con el que se reformó el numeral 3 del artículo 415  del Código de
Procedimiento Penal antes vigente.
Dijo la Corte:
“La norma del art. 27 establece que en los delitos que
corresponda conocer a los Jueces Penales del Circuito Especializados, cuando se
dicte en primera instancia preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento o sentencia absolutoria, la libertad provisional no procede
cuando se hubiere interpuesto recurso de apelación por el fiscal delegado o el
respectivo agente del ministerio público, caso en el cual sólo será concedida
"una vez confirmada la decisión de primera instancia por el
superior".
Además, allí se dispone que si el recurso no se
resuelve dentro de los treinta días hábiles siguientes a partir de aquél en que
entre al despacho del funcionario, se "concederá la libertad
provisional".
Finalmente, se establece que los
términos señalados en los numerales cuarto y quinto del artículo 415 del Código
de Procedimiento Penal, en aquellos procesos de que conozcan los Jueces Penales
del Circuito Especializados, "se duplicarán", cuando por el
vencimiento de los mismos en estos procesos se solicite la libertad provisional.
La libertad de configuración
legislativa con respecto a las causales para la concesión de la libertad
provisional, no es absoluta sino relativa, en tanto tiene como limitante las
normas constitucionales.
En ese orden de ideas, la norma acusada, salvo su
parágrafo,  resulta contraria a la Carta Política, por cuanto:
Conforme al artículo 29 de la Constitución, una de las
garantías mínimas a que tiene derecho el sindicado de cualquier delito, es la
de la presunción de inocencia mientras judicialmente no se le declare culpable.
En este caso, si se produce una sentencia absolutoria,
o se precluye la investigación, o se ordena la cesación del procedimiento
conforme a la ley, a la presunción de inocencia que acompaña al sindicado, le
sigue ahora una decisión judicial que la reafirma, lo que llevaría, como
consecuencia lógica, a la concesión inmediata de la libertad.
Con todo,  pese a ello, lo que la norma en cuestión
ordena es que el sindicado permanezca privado de la libertad si la decisión
judicial fue objeto de apelación por el fiscal delegado o por el agente del
ministerio público, mientras el recurso no se decida confirmando lo resuelto en
primera instancia, lo que significa que la presunción de inocencia desaparece
para prolongar indebidamente la privación de la libertad del procesado, lo que
equivale a presumirlo culpable con ostensible quebranto del artículo 29 de la
Carta, y con  violación además, del artículo 28 de la Constitución, que
instituye como regla general la libertad personal.
En cambio, considera la Corte que el parágrafo de la
disposición acusada, en cuanto duplica los términos para efectos de la libertad
provisional en los procesos de que conocen los jueces penales del circuito
especializado se ajusta a la Constitución, por la circunstancia de que la Corte
debe valorar la apreciación del legislador, en cuanto que la naturaleza propia
de los delitos asignados a dichos jueces, las circunstancias de tiempo modo y
lugar en que ello ocurre y especialmente las dificultades para incorporar pruebas
al proceso, pueden justificar una mayor laxitud de los términos procesales, lo
cual, no conlleva una violación de los principios nucleares del debido
proceso.” [26]
La Corte ha hecho énfasis igualmente en el carácter
eminentemente limitado en el tiempo[27]
de la detención preventiva y en que su finalidad no es la de  que se dé una
ejecución anticipada  de la pena que pueda llegar a imponerse, por lo que  es
un deber ineludible de las autoridades  evitar que la medida se prolongue más
allá de un lapso razonable.
La Corporación ha puesto de presente en este sentido
la importancia  que tiene la debida aplicación de  las causales de libertad
provisional  establecidas en  el ordenamiento procesal penal con las que se
pretende delimitar  la duración de la detención preventiva.
Al respecto resulta pertinente recordar
las consideraciones hechas en la Sentencia C- 774 de 2001 en la que se
examinaron  diversas normas relativas a la detención preventiva y en la que  en
relación con las normas  que regulan el cómputo de la misma  y la aplicación de
algunas de las  causales de libertad provisional  (numerales  4 y 5  del
artículo 365 del Código de Procedimiento Penal)  la Corte hizo las siguientes
precisiones:
“Los artículos 406, 407 y 409 del Decreto 2700 de 1991
y los artículos 361 y 362 de la Ley 600 de 2000, se establecen las figuras del
cómputo de la detención preventiva, la suspensión de la detención preventiva y
la detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio fueron demandados por
su conexidad con la detención preventiva sin que el actor formule frente a
ellos cargos específicos distintos. Por tal razón la Corte declarará su
constitucionalidad, en los términos en los que la misma se declara para las
demás disposiciones que configuran la institución de la detención preventiva.
Estima la
Corte, sin embargo, que es necesario precisar que en relación con el cómputo de
la detención preventiva (artículo 406 del Decreto 2700 de 1991 y artículo 361
de la ley 600 de 2000), es un deber ineludible de las autoridades judiciales en
cada caso, evitar que la medida se prolongue más allá de un lapso razonable.
Por ello,
aunque la norma es constitucional, se debe insistir en que la finalidad de
la detención no es remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del
cómputo previsto en la ley,  no genera el poder para la autoridad judicial de disponer
de la libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena, ya
que de admitirse esa circunstancia, se vulneraría flagrantemente la presunción
de inocencia y el debido proceso, ya que se cumpliría anticipadamente una
sanción sin haberse declarado judicialmente la culpabilidad del sindicado.
Bajo
estas consideraciones resulta pertinente reconocer la procedencia de las
causales de libertad provisional, mediante las cuales se restringe en el tiempo
la duración de la detención preventiva (numerales 4 y 5 del artículo 415 del
decreto 2700 de 1991, y numerales 4 y 5 del artículo 365 de la ley 600 de
2000), cuyos parámetros de aplicación se encuentran estrictamente delimitados
por ley. Surge entonces el derecho a obtener libertad provisional cuando:
“vencido el término de ciento veinte días de privación efectiva de la libertad,
no se hubiere calificado el mérito de la instrucción”, y “cuando hayan
transcurrido más de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la
resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente
audiencia pública o se hubiere vencido el término para presentar alegatos de
conclusión en el juicio”, estas normas permiten delimitar la duración de la
detención cumpliendo cabalmente el mandato constitucional de la presunción de
inocencia, de tal manera que la detención no se convierta en un anticipado de
la pena. No
obstante, las citadas disposiciones encuentran un vacío legislativo consistente
en que no existe un límite temporal para obtener la libertad provisional en dos
eventos: el primero, en cuanto al término de detención que existe entre la
calificación del mérito de la instrucción y la ejecutoria de la resolución de
acusación, y el segundo, consistente en el tiempo de detención que existe entre
la celebración de la audiencia de juzgamiento y la sentencia definitiva.
Ante el
vacío legislativo que existe en cuanto a la procedencia de la libertad
provisional en los eventos citados, es preciso condicionar la
constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo de
la detención, en el sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal su
término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin de
evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena.
Ahora bien, el término razonable, proporcional y
justo, debe ser valorado por las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo
los siguientes parámetros: la efectividad de la duración (amoldar la detención
a sus objetivos), el tiempo actual de detención, su duración en relación con la
ofensa, los efectos de la conducta punible, los efectos materiales y morales
para con el sindicado, la conducta del inculpado, las dificultades de la
instrucción, la forma como se ha tramitado, la conducta de las autoridades
judiciales, entre otras. [28]
Mediante esta consagración no taxativa, la Corte pretende garantizar la
presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal ante el vacío
legal.”[29]
3.3.  Las causales de libertad provisional
establecidas en la ley y su fundamento
Para efectos del análisis de  los cargos formulados en el
presente proceso  resulta de la mayor importancia recordar  cuáles son las
causales de libertad provisional establecidas en la ley y cual es su
fundamento.
Así de acuerdo con el artículo 365 del Código de
procedimiento Penal el sindicado tendrá derecho a la libertad
provisional -que no cabe por lo demás confundir con la libertad condicional[30]- garantizada mediante
caución prendaria en los siguientes casos:
1. Cuando en cualquier estado del proceso
estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la
ejecución de la pena.
2. Cuando en
cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención
preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad
por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la
calificación que debería dársele[31].
3. Cuando se dicte en primera instancia,
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia
absolutoria.
4. Cuando vencido el término de ciento
veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere
calificado el mérito de la instrucción[32].
5. Cuando
hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de
la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente
audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se
esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende
ampliado hasta en seis (6) meses[33].
6. Cuando la
infracción se hubiere realizado con exceso en cualquiera de las causales
eximentes de responsabilidad.
7. En los delitos contra el patrimonio
económico, cuando el sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el
objeto material del delito, o su valor e indemnice integralmente los perjuicios
ocasionados al ofendido o perjudicado.
8. En los procesos que se adelanten por el
delito de peculado, siempre que la cesación del mal uso, la reparación del daño
o el reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la
indemnización de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte
sentencia de primera instancia.
En el caso del numeral 1° del artículo 365  del Código
de Procedimiento Penal  la causal de libertad provisional se fundamenta en la
aplicabilidad  del subrogado penal de suspensión  condicional de  la  ejecución
de la pena regulado por los artículos 483 del Código de procedimiento Penal y
63 del Código penal[34]
.
Respecto de las causales señaladas en los numerales 2,
3, 4,  y 5  cabe hacer énfasis en que las mismas  tienen como fundamento
garantizar el carácter razonable de la detención preventiva  (numerales 2, 4 y
5), el respeto de la presunción de inocencia (numeral 3)  así como  el
cumplimiento de los términos procesales (numerales 4 y 5).  Al respecto no
sobra reiterar que el ordenamiento penal  en
desarrollo de los principios constitucionales ha previsto unos plazos para que
se surtan ciertas etapas procesales. Si dichos plazos se vencen sin que tales
etapas se hayan agotado, ya no es posible mantener privado de la libertad al
sindicado  al que el Estado no ha podido brindarle la garantía de un proceso
sin dilaciones y al que no se le puede prorrogar de manera indefinida el
término de su detención preventiva[35].
Finalmente en relación con los numerales 6, 7 y 8
cabe señalar que el legislador ha previsto frente a determinadas circunstancias
(numeral 6)[36]
o  para el caso de determinados delitos (numerales 7 y 8) unas hipótesis
objetivas que  excluyen, en principio, la necesidad de mantener la efectiva
privación de la libertad del sindicado, razón por la cual una vez establecidas,
la libertad provisional  puede concederse si se cumplen los demás presupuestos
señalados en la ley[37].
3.4. El contenido y alcance de la disposición
demandada
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 777
de 2002 el artículo 274 del Código Penal quedará así:
“Artículo 274. Tráfico de moneda
falsificada. El que introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice,
reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en prisión
de tres (3) a ocho (8) años.
La pena se duplicará y no habrá lugar a
libertad provisional cuando la cuantía supere cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.”
En la exposición de motivos del proyecto
que se convertiría en la ley 777 de  2002 se señaló lo siguiente para sustentar
la reforma propuesta.
“ El tipo penal de tráfico de
moneda falsificada es de aquellos denominados “pluriofensivos”, por
cuanto afectan dos o más bienes jurídicos.  Lo anterior significa que a pesar
de ubicarse entre el grupo de delitos que atentan contra la fe pública, también
afecta otros bienes jurídicos como el orden económico y social y la seguridad
pública.
En el Código Penal de 1980, que
rigió hasta junio de 2001, el artículo 208 establecía una sanción de uno (1) a
cinco (5) años de prisión.  Es evidente que al estudiarse la gravedad del delito
cuando se discutió el Código Penal de 2001 se advirtió que la pena prevista en
el Código de 1980 era proporcionalmente baja e incoherente con la gravedad del
delito.
En la actualidad se hace
necesario hacer una modificación de la pena por dos razones principalmente una
de carácter constitucional y otra de naturaleza político-criminal.
Desde un punto de vista
constitucional no parece acorde con el principio de proporcionalidad que la
legislación no diferencie los distintos niveles de gravedad con que puede
cometerse un hecho punible; no puede ser igual traficar una cantidad baja de
moneda falsificada, que traficar una cantidad significativa.  Consecuentemente,
pena en uno y otro caso debe ser diferente y proporcional a la gravedad del
hecho.
El tema de la proporcionalidad
tiene que ver también con el bien jurídicamente tutelado.  Mientras el tráfico
de una cantidad reducida de moneda nacional o extranjera falsificada
básicamente constituye un atentado contra la fe pública (se afecta la confianza
que las personas deben tener en la autenticidad de la moneda), cuando las
cifras son significativas se introduce un elemento de distorsión al orden
económico-social, lo cual técnicamente implica un doble desvalor del hecho o en
otras palabras, un grado superior de antijuricidad, que debe reflejarse en la
sanción a imponer.
Desde un punto de vista
político-criminal la necesidad de regular una agravación punitiva para el
tráfico de moneda falsificada en un volumen significativo responde a dos
razones fundamentales.  De una parte a la influencia que tiene el tráfico de moneda
falsificada en actividades colaterales que se nutren con ella, como el
narcotráfico y el terrorismo.  Uno de los frentes de lucha contra actividades
terroristas es sin lugar a dudas, el endurecimiento de las penas para los
grandes traficantes de moneda falsificada.
Ante la globalización del
terrorismo y uno de los elementos que están utilizando para adquirir armas y
explosivos tanto por parte de los terroristas y narcoterroristas es la moneda
falsa; lo cual atenta contra la seguridad nacional del país.
De otra parte, el
incremento de la pena para el tráfico de moneda falsificada hace aconsejable la
detención preventiva en los casos en que existen pruebas firmes contra una
persona investigada por este delito.  La regla general de la excarcelación
durante el proceso puede conservarse, por razones lógicas, respecto del tenedor
de pequeñas cantidades de moneda falsificada, pero resulta incomprensible e,
inconveniente cuando se trata de traficantes de grandes sumas.  En este último
caso se facilitaría la actividad de las autoridades judiciales y de
inteligencia al abrir la posibilidad de que los traficantes de grandes sumas de
moneda falsificada sean privados de la libertad mientras se adelanta el
proceso, siempre y cuando las pruebas sobre su posible responsabilidad así lo
permitan.
Por cifra significativa puede
entenderse una cantidad que justifique agravaciones punitivas  en otros
delitos.  En el caso de los delitos contra el patrimonio económico, la cuantía
que se considera adecuada para aplicar, a partir de ella, la agravación
punitiva, es el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (art.261, numeral 1 del Código Penal); para guardar armonía con esta
norma es aconsejable que la agravación del delito de tráfico de moneda
falsificada se aplique a partir de una cuantía semejante, es decir, cien (100)
salarios mínimos legales vigentes.
Actualmente, y desde el 11 de septiembre
del año 2001 se ha detectado que los grupos terroristas han efectuado compras
de elementos para el terrorismo con dinero falso, en consecuencia, al modificar
el artículo 274 del Código Penal se está luchando contra el terrorismo
internacional. ”(subrayas fuera de texto)[38]
Es decir que los objetivos fundamentales que
motivaron  la reforma del artículo  274 del Código Penal, tal como se desprende
de la exposición de motivos transcrita, fueron los de establecer un tratamiento
punitivo diferenciado  entre los pequeños y los grandes traficantes de moneda
falsificada, así como asegurar que en relación con estos últimos resultara
aplicable la detención preventiva.
En este sentido del  texto del segundo
inciso donde se contiene la expresión acusada, señala que  cuando la cuantía de
la  moneda nacional o extranjera falsa que se introduzca o  se saque del país,
se  adquiera, comercialice, reciba o haga circular, supere los cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena  de prisión aplicable
será  el doble de la señalada  para el caso en que la cantidad sea menor (3 a 8
años)  es decir que ella será de 6 a 16 años.
Agravación punitiva que armoniza
plenamente con la voluntad del Congreso de sancionar de manera más severa este
delito  en los supuestos a que allí se alude, y que hace además  que en las
circunstancias anotadas sea procedente la medida de aseguramiento de detención
preventiva al tenor del numeral 1 del artículo 357 del Código de Procedimiento
Penal.  Medida que para el caso del delito de tráfico de moneda falsificada no
se encontraba prevista  en el ordenamiento procesal penal  luego de la
declaratoria de inexequibilidad  por razones de forma  de algunos apartes del
referido artículo 357 de la Ley 600 de 2000, dentro de los que se contaba  la
inclusión de dicho delito en el listado de  conductas cobijadas por dicha
medida independientemente del monto de la pena[39].
Con dicha agravación punitiva se cumple
entonces  el objetivo señalado en la exposición de motivos y en el trámite
legislativo[40]
de permitir que   las personas procesadas por el tráfico de moneda falsificada
cuando  su valor supera los cien salarios mínimos mensuales vigentes, puedan
ser  sujetos de  detención preventiva en los términos de los artículos 356 y
357 del Código de Procedimiento Penal[41].
La norma sin embargo no se limitó a
señalar dicha agravación sino que en ella se señala   además que  “no  habrá
lugar a la libertad provisional cuando la cuantía  supere cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
Puede  entenderse entonces,  como lo
interpreta el Fiscal General de la Nación en su intervención,  en la que
descarta  la aplicación en este caso  de todas las hipótesis a que alude el
artículo 365 del Código de Procedimiento penal, que en esas circunstancias el
procesado por  el delito de tráfico de moneda falsificada  no podrá
beneficiarse en ningún caso con  libertad provisional.
Para el actor esta situación es la que
precisamente resulta  violatoria de  la Constitución  por cuanto en las
circunstancias de agravación punitiva a que se ha hecho referencia, el delito
de tráfico de moneda se convertiría en el único tipo penal excluido de la
aplicación  de las causales de libertad provisional establecidas en los
numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal,
mientras que las personas procesadas por  delitos que el demandante considera
mucho más graves  (genocidio, desaparición forzada de personas) si podrían
invocar la aplicación de las causales aludidas.
4. El análisis de los cargos
Al respecto la Corte debe examinar el alcance de la
prohibición contenida en la expresión acusada  y su eventual incidencia en los
derechos de las personas procesadas por el delito de tráfico de moneda
falsificada en las cantidades a que  alude el  segundo inciso del artículo 274
del  Código Penal tal como lo modificó  el artículo 1 de la ley 777 de 2002.
4.1  La   exclusión por la norma acusada de la
posibilidad de aplicar  las causales de libertad provisional establecidas en la
ley y sus consecuencias.
De acuerdo con las consideraciones efectuadas en los apartes
preliminares de esta sentencia resulta claro para la Corte que  frente a la
prohibición de conceder la libertad provisional que se derive de la
aplicación   de la primera causal  del artículo 365 relativa  al cumplimiento
de  requisitos para la  suspensión condicional de la ejecución de la pena,
ninguna dificultad de orden constitucional llegaría a plantearse. Como ya se
explicó, la Corte en efecto ha  declarado la exequibilidad de normas que restringen
o excluyen la aplicación de  subrogados penales para determinados delitos
frente a los cuales  el Legislador  como responsable de la política criminal
considera que  por razón de su gravedad y alto grado de criminalidad las
conductas que ellos tipifican   no pueden ser relevadas de un castigo
ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal[42].
En el mismo sentido cabe recordar que  el numeral
primero del artículo 365 de la ley 600 de 2000 reproduce casi literalmente el
numeral primero del artículo 415 del Decreto 2700 de 19991 (modificado por el
artículo 17 de la Ley 360 de 1997)  que era el supuesto al que se refería la
“prohibición de libertad provisional” contenida en el artículo 417 del Código
de Procedimiento Penal anterior, declarado exequible por la Corte en la
Sentencia  C-716 de 1998.
Empero, la Corte llama la atención sobre
el hecho que con  la agravación punitiva  señalada en   el segundo inciso del
artículo 274 del  Código Penal tal como lo modificó el artículo 1 de la Ley 777
de 2002, que hace que la pena mínima aplicable  en este caso sea de 6 y no de 3
años y la máxima de 16 y no de 8 años, hacia el futuro el supuesto de hecho que
permitiría que se aplicara la  causal contenida en el numeral primero del
artículo 365  no se podría configurar.
En efecto, dado que el primer requisito
para poder  conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena de
acuerdo con los artículos 483 del Código de procedimiento Penal y 63 del Código
penal es que  “la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años”
y que quien llegare a ser condenado  en los términos del segundo inciso del
artículo 274 del  Código Penal tal como lo modificó el  artículo  1 de la ley
777 de 2002 lo será por  6 años como mínimo, dicha causal no podrá ser invocada
en este caso.
Es decir que en este supuesto la
prohibición no tiene ningún efecto pues de todas maneras  la persona procesada
por el delito de tráfico de moneda falsificada  cuando se trate de una cuantía
superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes no tendría derecho a
que  se le suspendiera la ejecución condicional de la pena  y por tanto a que
se le concediera la libertad provisional en esas circunstancias.
La Corte llama la atención  así mismo
sobre el hecho que tampoco resultarían aplicables los supuestos  contenidos en
los numerales  7 y 8 del artículo 365 que se refieren a delitos diferentes al
de tráfico de moneda falsificada[43].
Respecto de las causales  a que hace
referencia el actor  (numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 365 de la ley 6000 de
2000)  la prohibición que  se desprende de la expresión acusada, significaría
por el contrario que  aun cuando  i) hubiere sufrido el sindicado en detención
preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad
por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la calificación
que debería dársele,  ii) se  hubiere dictado en primera instancia, preclusión
de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria. iii) se
haya vencido el término de ciento veinte (120) o   ciento ochenta (180) días[44] según el caso,   de
privación efectiva de la libertad, sin que  se hubiere calificado el mérito de
la instrucción, iv) hayan transcurrido más de seis (6) o doce (12)  meses[45]  según el caso,
contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se
hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública,      la  persona
procesada por el delito de moneda falsificada cuya cuantía  supere los cien
salarios mínimos  legales mensuales vigentes se vería privada de la posibilidad
de  obtener la libertad provisional, aun cuando  dichas causales estén
estatuidas como ya se explicó para asegurar el  respeto de las garantías
ligadas al debido proceso y el carácter razonable de la detención preventiva.
4.2  La vulneración del derecho al debido proceso y la
consecuente vulneración del derecho a la igualdad
Dado que dichas causales constituyen garantías procesales
derivadas de la aplicación de los principios constitucionales que  orientan la
regulación de la detención preventiva  y que éstas se encuentran reconocidas en
la ley en principio a todo procesado para garantizar la presunción de inocencia
y el debido proceso,  prohibir su aplicación  de manera absoluta  para  el caso
de los procesados por el delito de tráfico de moneda falsificada como lo hace
la disposición acusada  constituye una flagrante  violación de la Constitución.
Podría argüirse, como lo señala la interviniente del
Ministerio del Interior y de Justicia invocando la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia[46],
que la prohibición contenida en  la expresión acusada resulta inane en la
medida en que  las causales a que alude el actor consagran derechos
sustanciales de los procesados que en todo caso deben respetarse.  Al respecto
es claro sin embargo que el mantenimiento de la  expresión acusada  en el
ordenamiento jurídico puede  dar lugar   a  una interpretación contraria a la
Carta, como, se reitera, se desprende efectivamente de la intervención del
señor Fiscal General de la Nación,  para quien  la  expresión acusada significa
la imposibilidad de aplicar en cualquiera de sus  supuestos el artículo 365 del
Código de Procedimiento Penal.
Cabe señalar así mismo que en el presente caso se
estaría estableciendo una  diferenciación entre los procesados por el delito de
tráfico  de moneda falsificada y  los demás procesados  sin que exista una
justificación constitucional  que  respete los principios de razonabilidad y
proporcionalidad exigido  al Legislador cuando establece diferenciaciones  de
esta naturaleza.
Téngase en cuenta  que en el presente caso no se están
ampliando los plazos para que en el caso de determinados procesados dicha
libertad  pueda ser concedida[47],
ni se están excluyendo supuestos de libertad provisional que resultan de la
aplicación de subrogados penales[48],
ni se está limitando a determinadas causales la posibilidad de  conceder dicha
libertad[49],
supuestos  de diferenciación en materia de  libertad provisional que  la Corte
ha encontrado ajustados a la Constitución,  sino que se trata de una
prohibición absoluta, que resulta claramente desproporcionada   en tanto
desconoce  el núcleo esencial del derecho al debido proceso, así como  la
razonabilidad de la detención preventiva.
Así las cosas, y  dado que  la prohibición de conceder
la libertad provisional contenida en el segundo inciso del artículo 1 de la ley
777 de 2002 haría que ésta no pudiera  reconocerse en aquellos casos en los que
la ley  la ha establecido  como mecanismo para garantizar el respeto del
debido proceso y el carácter razonable de la detención preventiva  y  que no
reconocer  dicha libertad en estos casos a los procesados por el delito de
tráfico de moneda falsificada,   vulneraría igualmente  el derecho de igualdad
frente a los demás procesados,  la Corte declarará la inexequibilidad de la
expresión acusada y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E
Declarar INEXEQUIBLE la expresión  “y no
habrá lugar a libertad provisional” contenida  en el artículo 1°  de la Ley
777 de 2002 “por la cual se reforma  el artículo 274 del Código Penal”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia C-622/03
DERECHOS FUNDAMENTALES-Por su propia naturaleza son limitados
(Aclaración de voto)
DERECHOS FUNDAMENTALES-Límites sujetos a la Constitución
(Aclaración de voto)
Referencia: exxxpediente D-4434
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 1º parcial de la Ley 777 de 2002 “por la cual se reforma el artículo
274 del Código penal”.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Muy respetuosamente me permito presentar las razones
de mi aclaración de voto, en relación con el tema de los límites de los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional en numerosas
sentencias ha sostenido la tesis de que los derechos fundamentales son por su
propia naturaleza limitados; tesis que no he compartido y a la cual de manera
verbal me he opuesto en la Sala y de la que es necesario tomar distancia por
escrito para que quede claramente fijada mi posición.
No es cierto que los derechos
fundamentales nacen “por su propia naturaleza limitados”; pues cuando la
Constitución consagra un derecho fundamental se debe presumir la máxima
amplitud del mismo (es lo que la doctrina constitucional italiana denomina
presunción de la máxima expansión de la libertad).
En realidad los derechos fundamentales
nacen sólo con los límites que la propia Constitución les establezca (bien que
se trate de otros principios fundamentales u obligaciones constitucionales).
Esta distinción es importante, por las
consecuencias que trae aparejadas; ya que si no existe otra norma
constitucional que limite el derecho, el legislador no puede limitarlo y
correlativamente el ciudadano debe gozar plenamente de ese derecho fundamental;
y cualquier límite que no tenga fundamento en la propia Constitución es
inconstitucional.
Esto es también válido en relación con
ciertos límites particulares, que no pueden ser aplicados a los derechos sino
cuando la Constitución expresamente lo señala y que a contrario sensu no pueden
aplicarse si la Constitución expresamente no los establece; por ejemplo: los
conceptos de seguridad pública, buenas costumbres, sanidad, orden público,
etc., no pueden aplicarse para restringir o limitar derechos fundamentales por
el legislador si la Constitución expresamente no los establece.
Fecha ut supra.
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] Ver Sentencia C-030/03.
[2] Ha señalado esta Corte que los derechos
fundamentales ".. no obstante su consagración constitucional y su
importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse
entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo
contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la
vida institucional no serían posibles...".Sentencia C-578/95 M.P.  Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[3]  Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón
Díaz
[4] Cfr., entre otras, las Sentencias
C-609/96, C-581/2001 y C-489/2002.
[5] La Corte ha venido señalando que, en aplicación de
la Constitución Política y los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, existe un deber constitucional de criminalizar o
sancionar penalmente conductas tales como la tortura, el genocidio, las
ejecuciones extrajudiciales, o las desapariciones forzadas. Cfr., entre otras,
las Sentencias C-225 de 1995, C-368 de 2000, C-177 de 2001, C-226 de 2002 y
C-489/2002.
[6] En lo que tiene que ver con la restricción
constitucional de imponer la pena de prisión perpetua, es necesario aclarar
que, mediante el Acto Legislativo N° 02 del 27 de diciembre de 2001, se
adicionó al artículo 93 de la Constitución Política el siguiente texto: “El
Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17
de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento
establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en
materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro
del ámbito de la materia regulada en él”. Ello, bajo la consideración
específica de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, suscrito
y ratificado por Colombia, e incorporado al derecho interno mediante la Ley 742
de 2002, prevé en su artículo 77 literal  b) “La reclusión a perpetuidad
cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias
personales del condenado.”
[7] Sentencia C-762/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V.
Eduardo Montealegre Lynnett.
[8] Ver al respecto, entre otras, las
sentencias C-587/92, C-504/93, C-038/95,  C-070/96,  C-394/96,  C-659/97,
C-404/98, C-083/99, C-996/00, C-1164/00, C-173/01, C-177/01, C-762/02,
C-939/02.
[9] Sentencia
C-598/98 M.P. Fabio Morón Díaz
[10] Ver, entre otras, las sentencias C-038/95 M.P.
Alejandro Martínez Caballero, C-762/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil   y   C-939/02
M.P. Eduardo Montealegre Lynnett.
[11] Sentencia C-716/98 M.P. Carlos Gaviria
Díaz
[12] Se examinó la constitucionalidad del
Decreto 2271 de 1991 (parcialmente) “por el cual se adoptan como legislación
permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del
Estado de Sitio”
[13] “ARTICULO 59.- Los
procesados por los delitos de competencia de los Jueces de Orden Público sólo
tendrán derecho a la libertad provisional en los siguientes casos:
1. Cuando en cualquier estado del proceso
hubieren sufrido en detención preventiva un tiempo igual que merecieren como
pena privativa de la libertad por el delito de que se les acusa, habida
consideración de su calificación o de la que debería dársele.
Se considera que ha cumplido la pena el que
lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad
condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
2. Cuando fuere mayor de 70 años, siempre
que no haya sido procesado antes por uno de los delitos de competencia de los
jueces de Orden Público.
[14] A.V.  del Magistrado Eduardo Cifuentes
Muñoz  a la Sentencia C-093 de 1993 M.P. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez
Caballero  S. P.V. de los magistrados Ciro Angarita Barón  y Alejandro Martínez
Caballero
[15]  Sentencia C-024/94 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[16] Sent. C-549 de 1997 M.P. Carlos Gaviria
Díaz
[17]  Sent. C-008 de 1994 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[18] Sentencia C-716/98 M.P. Carlos Gaviria
Díaz   (subrayas fuera de texto)
[19] Ver entre otras las sentencias C-213/94
M.P. Jorge Arango Mejía, C-069/94,  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-592/98 M.P.
Fabio Morón Díaz, C-762/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil. A.V. Eduardo Montealegre
Lynnett  y  C-069/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sobre el particular  dijo
la Corte La Corte estima que es plenamente válido, desde el punto de vista
constitucional, que el Legislador, en consideración a razones de política
criminal que consultan la realidad material de la gravísima coyuntura que
afronta tanto el país como su sistema carcelario, someta a regímenes
diferenciados la concesión de los beneficios de la libertad condicional, el
permiso de salida y el trabajo comunitario, respecto de condenados  cuyo único
denominador común es el de encontrarse privados de la libertad, y que ameritan
recibir un tratamiento diferencial, por corresponder su conducta a realidades
que ontológica y materialmente son diferentes, por lo cual, jurídicamente, no
pueden ser valoradas ni tratadas por el Legislador de la misma forma; so pena,
ahí sí, de transgredir en forma flagrante la Constitución. Sentencia
C-592/98 M.P. Fabio Morón Díaz .
[20] Ver la sentencia C-213/94 M.P. Jorge
Arango Mejía
[21] Sobre dicho carácter ver  la Aclaración
de voto del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz  a la sentencia C-093/93  y en
particular los consideraciones de  la Sentencia C-774/01 M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[22] Ver, entre otras, la sentencia C-392/00
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[23] Sentencia
C-213/94 M.P. Jorge Arango Mejía
[24] Artículo 11. Exclusión de beneficios y
subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro
extorsivo, extorsión, y conexos, no procederán las rebajas de pena por
sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de
ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o
libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la
prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o
administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código
de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva.
[25] Sentencia
C-762/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil. A.V. Eduardo Montealegre Lynnett  En el
mismo sentido  ver la Sentencia C-069/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en la
que se estuvo a lo resuelto en dicha sentencia C-762/02.
[26] Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera
Carbonnell
[27] Ver Sentencia C-371/02 M.P. Rodrigo
Escobar Gil
[28] Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Caso Neumeister y caso Stogmuller.
[29] Sentencia C-774/01 M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[30] Al respecto resulta ilustrativo
transcribir algunos apartes de la discusión en el Senado  de la República en el
que se hizo evidente la confusión que se presentó entre los conceptos de
libertad provisional y libertad condicional, así como sobre el concepto de
excarcelación en estas circunstancias.  En la Sesión del  11 de marzo del 2003
en el Senado se presento la siguiente discusión:
“La Presidencia concede el uso de la palabra al Honorable Senador
Hector Helí Rojas Jiménez:
A ver muy brevemente, la
urgencia es la siguiente:  Actualmente el tráfico el tráfico de moneda falsa
tiene una pena de tres a ocho años, lo cual significa que casi siempre es
excarcelable y se considera que este delito ha adquirido una dinámica muy
particular en la que se circulan grandes cantidades de moneda falsificada y ya
no solo para ponerla a circular, sino para vender los dólares falsos,
Entonces le venden a usted, cinco millones de dólares
falsos y se los dan por unos pesos, eso no cabe actualmente en el Código Penal
y se pretende que cuando esa circulación de moneda falsa sea superior a cien
salarios mínimos no haya excarcelación.
Cuando es menos de 100 salarios, sí hay lugar a la
excarcelación.  Es toda la modificación que se propone para un tema que como lo
dice el Senador Martínez no solamente está teniendo que ver con el terrorismo y
con el tráfico de armas, sino que está causando graves problemas a la economía
nacional en unos momentos en que tenemos un dólar fluctuando todos los días.
La verdad es que es una
norma verdaderamente necesaria y con esto no se está encarcelando al pequeño
falsificador, sino a las grandes organizaciones criminales que hoy día trafican
con grandes cantidades de dólares, no propiamente para ganarse unos pesos, sino
para hacer transacciones que tienen que ver con el terrorismo o con el tráfico
de armas.  Eso es todo…: :”
(….)
“…  La Presidencia concede el
uso de la palabra al honorable Senador Roberto Gerlein Echeverría:
Yo quisiera con todo respeto preguntarle al señor Senador
cuál es la razón para que en un momento determinado no haya libertad
provisional y me explico durante un par de minutos.  No es que la cuantía, la
gravedad del delito, las motivaciones, los móviles, las circunstancias todo eso
lo evalúa el fallador, el juez en el momento en que dicta la sentencia y señala
la condena y dice, usted por haber falsificado no sé cuántos millones de
dólares en estas y estas condiciones usted estará sometido a una pena de
veinticinco años de prisión, porque ahí se evalúan todas las circunstancias que
rodearon el delito, la gravedad del delito la evalúa el Juez en la sentencia.
La libertad provisional
hasta donde mis conocimientos alcanzan es una forma de disminuir la
sentencia…..perdón….
Bueno la libertad provisional es un
derecho, si se me permite la expresión que tiene un recluso a pedir que se le
ponga en libertad después de haber cumplido tres quintas partes de la condena.
¿Por qué? Porque  se le va a quitar al recluso cuyo delito fue valuado en la
sentencia.  Porque se le va a quitar al recluso el derecho a una libertad
provisional….. como no …..
Con la venia de la Presidencia
y del Orador, interpela el honorable Senador Carlos Gaviria Díaz:
Creo Senador Gerlein que está en una
confusión, porque usted está hablando de la libertad provisional, pero está
hablando de la libertad provisional como si fuera libertad condicional.  La
libertad provisional es si hay lugar o no a excarcelación. Y por eso a mí me
parece más bien un poco redundante.  Si se sabe de antemano que un delito que
tiene una pena mínima mayor de tres años no es excarcelable, me parece que no
habría que decirlo que no hay lugar a la libertad provisional.
Recobra el uso de la palabra
el honorable Senador Roberto Gerlein Echeverría:
Pero sigue siendo válido lo
que he dicho, la gravedad de un delito lo aprecia el Juez en la condena.
Con la venia de la Presidencia
y del Orador, interpela el honorable Senador Carlos Gaviria Díaz:
Si
se tratara de la libertad condicional yo estaría totalmente de acuerdo.
La Presidencia con cede el uso
de la palabra al honorable Senador Oswaldo Darío Martínez Betancourt:
El Senador Gaviria me ha relevado en la
explicación.  Los subrogados penales se conceden en la sentencia condenatoria.
La libertad provisional o excarcelación caucionada que la llaman otros.  Eso no
es un subrogado penal, y efectivamente cuando la conducta tráfico de moneda
falsificada tenga que ver con una cuantía superior a los 100 salarios mínimos,
pues es obvio que tiene que haber un sentido de mayor gravedad en la
posibilidad de conceder ese beneficio, pero es dentro de la investigación.
Si la persona es condenada tendrá derecho a todos los
beneficios que le da la Ley, a todos los subrogados penales de condena de
ejecución condicional, etc., yo en eso estoy de acuerdo con el Senador
Gaviria.  Muchas Gracias….” GACETA DEL
CONGRESO No. 101, del martes 11 de marzo de 2003 pag 30y 31
[31] Se considerará que ha cumplido la pena, el
que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad
condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en
cuenta para el cómputo de la sanción.
La libertad
provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que
esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal
aquí prevista.
[32] Este término se
ampliará a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados
contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución
de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal
diferente.
No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito
de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al
sindicado o a su defensor.
[33] No habrá lugar a la
libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se
encuentre suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado
fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa
atribuible al sindicado o a su defensor.
Cuando la libertad provisional prevista en los
numerales cuarto (4º) y quinto (5º)  citados se niegue por causas atribuibles
al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue
disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias.
[34] Art  483
C.P.P.—Procedencia. Para
conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará
cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro
del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con la conducta
punible.
Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o
embargados, que garanticen íntegramente la indemnización, no se fijará término
para la reparación de los daño
Art.  63 C.p.—Suspensión condicional de la ejecución de
la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia
de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2)
a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran
los siguientes requisitos:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda
de tres (3) años.
2. Que los antecedentes personales, sociales y
familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta
punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de
la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la
conducta punible. (subrayas fuera de texto)
El juez podrá exigir el cumplimiento de
las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso
cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política, se exigirá su cumplimiento.
[35] Ver Sentencia C-371/02 M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[36]  El numeral 6 se  refiere en efecto al caso
en que la infracción se haya realizado  con exceso de cualquiera de las
causales eximentes de responsabilidad  a que alude el artículo 32 del Código
Penal  en el que se señala que: “ No habrá lugar a responsabilidad penal
cuando:
1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido
por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer
del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de
autoridad competente emitida con las formalidades legales.
No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se
trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura.
5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una
actividad lícita o de un cargo público.
6. Se obre por la necesidad de defender un derecho
propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la
defensa sea proporcionada a la agresión.
Se presume
la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente
penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas.
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho
propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que
el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el
deber jurídico de afrontar.
El que exceda los límites
propios de las causales consagradas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º
precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni
mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta
punible.8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.
9. Se obre impulsado por miedo
insuperable.
10. Se obre con error invencible de que no concurre en
su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren
los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el
error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto
como culposa.
Cuando el agente obre en un error sobre los elementos
que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del
supuesto de hecho privilegiado.
11. Se obre con error invencible de la licitud de su
conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad.
Para estimar cumplida la conciencia de la
antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos
razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta.
12. El error invencible sobre una circunstancia que
diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la
diminuente.”
[37] Ver Sentencia C- 371/02 M.P. Rodrigo
Escobar Gil
[38] Exposición de motivos de la
iniciativa    presentada por el H.  Senador  Hector Eli Rojas   cuyo  artículo
único inicialmente propuesto era del siguiente tenor:
“ Artículo Único. El artículo 274 del
Código Penal quedará así:
Artículo 274.Tráfico de Moneda
Falsificada.  El que introduzca al país o saque de él o adquiera, reciba o haga
circular moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en prisión de tres (3)
años a ocho (8) años.
La pena se duplicará y no
habrá lugar a libertad provisional cuando la cuantía supere cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
Ver gaceta del Congreso N°350 del 23 de
agosto de 2002   pag. 6
[39] Artículo 357.- Procedencia. La
medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión
cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.
2. Por los delitos de:
• Homicidio culposo agravado (C.P., art. 110).
• Lesiones personales (C.P.,  art. 112,
inc. 3º, art. 113, inc. 2º ;art. 114, inc. 2º y art. 115, inc. 2º).
• Parto o aborto preterintencional cuando la base para
calcular la pena sean los artículos 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º
y 115 inciso 2º (C.P.,  art. 118).
• Lesiones en persona protegida (C.P.,  art. 136).
• Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias
(C.P., art. 153).
• *(Privación ilegal de libertad (C.P.,  art. 174)*.
• Acto sexual violento (C.P.,  art. 206 § 2311).
• Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en
incapacidad de resistir (C.P., art. 207, inc. 2º.)
• Actos sexuales con menor de catorce años (C.P.,  art.
208).
• Acto sexual abusivo con incapaz de resistir (C.P.,
art. 210, inc. 2º).
• Hurto calificado (C.P.,  art. 240, nums. 2º y 3º).
• *(Hurto agravado (C.P.,  art. 241, nums. 1º, 5º, 6º,
8º, 14 y 15))*.
• Estafa, *(cuando la cuantía exceda de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (C.P.,  art. 246))*.
• Invasión de tierras cuando se trate del promotor,
organizador o director (C.P., art. 263, inc. 2º).
• *(Tráfico de moneda falsificada (C.P.,  art.
274))*.
• *(Emisiones ilegales (C.P., art. 276))*.
• Destrucción, supresión u ocultamiento de documento
público por servidor público (C.P., art. 292, inc. 2º).
• *(Acaparamiento (C.P.,  art. 297))*.
• *(Especulación (C.P.,  art. 298))*.
• *(Pánico económico (C.P., art. 302))*.
• Ejercicio ilícito de actividad monopolística de
arbitrio rentístico (C.P., art. 312).
• Evasión fiscal (C.P., art. 313).
• Invasión de áreas de especial importancia ecológica
cuando se trate del promotor, financiador o director (C.P., art.  337, inc. 3º  ).
• *(Incendio (C.P.,  art.  350))*.
• Tráfico, transporte y posesión de materiales
radiactivos o sustancias nucleares (C.P.,  art. 363).
• Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de
uso privativo de las fuerzas armadas (C.P., art. 366).
• Prevaricato por acción (C.P., art. 413).
• *(Receptación (C.P., art. 447))*.
• Sedición (C.P.,  art. 468 § 4319).
3. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente
sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que
tenga pena de prisión.
Esta causal sólo procederá en los casos en que la
conducta punible tenga asignada pena privativa de la libertad.
Parágrafo -La detención preventiva podrá ser sustituida
por detención domiciliaria en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones
consagradas para la pena sustitutiva de prisión domiciliaria.
*. Las expresiones entre paréntesis
fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia
C-760/01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
La Corte Constitucional en Sentencia C-774/01 M.P.
Rodrigo Escobar Gil, declaró la exequibilidad condicionada el artículo 357 del
Código de Procedimiento Penal
[40] Gaceta del Congreso N°350 viernes 23 de
Agosto de 2002 pag 6 y ss;  Gaceta del Congreso N° 474  del miércoles 6 de noviembre
de 2002; Gaceta del Congreso N°101  del martes 11 de marzo de 2003  pag 30 y ss
[41] Art. 355.- Fines de la detención
preventiva. La imposición de la medida de aseguramiento procederá para
garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena
privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad
delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar
elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad
probatoria.
Art. -Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para
los imputables la detención preventiva.
Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios
graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro
del proceso.
No procederá la medida de aseguramiento cuando la
prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de
las causales de ausencia de responsabilidad.
[42] Sobre el particular ver la Sentencia  C-
762/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil  en la que se señaló  al respecto igualmente lo
siguiente “(N)o cabe duda que la eliminación de beneficios y subrogados penales
responde al diseño de una política criminal que, interpretando la realidad del
país, está direccionada a combatir las peores manifestaciones delictivas.
Ciertamente, en la medida en que exista en el ordenamiento jurídico una amplia
gama de beneficios y subrogados penales, y los mismos resulten aplicables a
todas las categorías de delitos en forma indiscriminada, la lucha que se
promueva contra aquellos puede resultar infructuosa, pues la pena, que
“constituye lo justo, es decir, lo que se merece”(Sentencia C-069/94,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), pierde su efectividad y proporcionalidad
cuantitativa frente al mayor daño que determinados comportamientos causan a la
comunidad. Por eso, resulta ajustado a la Constitución Política que subsista y
se aplique la punibilidad para conductas como el terrorismo, el secuestro y la
extorsión, que, por razón de su gravedad y alto grado de criminalidad, no
pueden ser relevadas de un castigo ejemplarizante y de la proporcionada sanción
penal.”. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-213/94 M.P.
Jorge Arango Mejía, C- 592/98 M.P. Fabio Moron Díaz y C-069/03 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[43] Los incisos re refieren al los delitos
contra el patrimonio económico (título VII del Libro II) y el peculado (
ubicado en el titulo XV del Libro II sobre delitos contra la administración
pública) que son diferentes al de tráfico de moneda falsificada que se
encuentra tipificado en el  Titulo IX del Libro II sobre delitos contra la fe
pública.
[44] cuando sean tres (3) o más los
sindicados-
[45] En el supuesto en  que se hubieren
decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en
el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.
[46] La interviniente  cita en efecto el auto
de 13 de septiembre  de 2000 de la Corte suprema de Justicia M.P. Fernado
Arboleda Ripoll.
[47] Ver Sentencia C-392/00 M.P. Antonio
Barrera Carbonnell
[48] Ver Sentencia C-716/98 M.P. Carlos Gaviria
Díaz
[49] Ver Sentencia C-093/93 M.P. Fabio Morón
Diaz y Alejandro Martinez Caballer A.V. Eduardo Cifuentes Muñoz.