T-063-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-063/06
ACCION DE TUTELA CONTRA COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO-Despido de mujer embarazada
COOPERATIVAS  DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza
jurídica, definición y características
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Libertad
de regulación de estatutos o reglamentos no es absoluta/COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO-Protección de derechos fundamentales de trabajadores
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Régimen
de trabajo, compensación, previsión y seguridad social será el establecido en
estatutos y reglamentos
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Inaplicación
de normas laborales a los trabajadores socios
COOPERATIVA DE TRABAJO Y EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO-Distinción
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Casos
en los cuales a trabajadores vinculados se les aplica legislación laboral
PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE
FORMALIDADES EN RELACIONES LABORALES-Principio constitucional
CONTRATO DE TRABAJO-Elementos esenciales
SUBORDINACION DEL TRABAJADOR EN
CONTRATO DE TRABAJO-Alcance
PRESUNCION DE RELACION LABORAL-Inversión
de la carga de la prueba
Con relación
a la nombrada presunción, la Corte ha señalado que es de naturaleza legal, de
manera que puede ser desvirtuada por el empleador con la demostración del hecho
contrario al presumido, esto es, probando que el servicio personal del
trabajador no se prestó con el ánimo de que le fuera retribuido, o en
cumplimiento de una obligación que le impusiera dependencia o subordinación sin
que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato
correspondiente. En consecuencia, al empleador se le traslada la carga de la
prueba, caso en el cual el juez con fundamento en el principio constitucional
de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), tendrá que examinar el
“conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar
que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Vulneración por despido
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Fundamental
Las mujeres
en estado de embarazo tienen como derechos fundamentales el de no ser
discriminadas en el campo laboral y por consiguiente a una estabilidad laboral
reforzada, que tiene como objetivo evitar todo tipo de discriminación sexual en
el trabajo cuyo motivo sea el embarazo.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Despido previa autorización de la oficina
de trabajo
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Requisitos mínimos de
procedibilidad para despido
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Casos en que el despido es nulo
La
legislación colombiana ha rodeado la maternidad de una serie de beneficios que
amparan a las madres trabajadoras y ha consagrado la prohibición de despido por
motivo de embarazo o lactancia (artículo 239 del Código Sustantivo del
Trabajo). Así mismo, por presunción legal se entiende que el despido se efectuó
por causa de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de
embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin autorización del
inspector del trabajo o del alcalde municipal en los lugares donde no existiere
aquel funcionario. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el
embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente
autorización previa del funcionario competente. Esto significa que para que el
despido sea eficaz, el patrono debe obtener la previa autorización del
funcionario del trabajo, para entonces poder entregar la correspondiente carta
de terminación del contrato. Y en caso de que no lo haga, no sólo debe pagar la
correspondiente indemnización sino que, además, el despido es ineficaz. En consecuencia,
si una trabajadora es despedida por su empleador y este no cuenta con la
autorización administrativa para proceder al retiro, tiene derecho a ser
reintegrada y al pago de una indemnización  conformada por los siguientes
factores: (i) el equivalente a los salarios de 60 días; (ii) 12 semanas de
salario como descanso remunerado, y (iii) Las indemnizaciones por retiro sin
justa causa y prestaciones a que hubiere lugar según la modalidad del contrato
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Casos excepcionales de
procedencia para reintegro
Sobre el
particular, la Corte ha manifestado que por regla general, la acción de tutela
no procede para obtener el reintegro al cargo por ineficacia del despido, como
quiera que el mecanismo procesal adecuado es la demanda ante la jurisdicción
ordinaria laboral, en caso de empleados privados o trabajadores oficiales y, la
acción contenciosa ante la jurisdicción contencioso administrativa para las
empleadas públicas. No obstante, esta Corporación ha establecido que si se
alega que existe otro instrumento judicial, aquel debe ser idóneo y eficaz que
permita la protección inmediata de los derechos fundamentales de la misma forma
en que lo haría la acción de tutela. Luego, si una mujer en estado de embarazo
es despedida, la Corte ha señalado que en aras de proteger el derecho
constitucional a la estabilidad laboral reforzada, la acción de tutela procede
siempre y cuando se encuentren acreditados los requisitos jurisprudencialmente
establecidos.
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y DESPIDO DE MUJER EMBARAZADA-Existencia de relación entre Cooperativas y
Cooperada no excluye relación laboral
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Empleador conocía o debía conocer
estado de embarazo de trabajadora
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Trabajadora de cooperativa que fue despedida por encontrase en
estado de embarazo
Referencia:
expediente T-1199946
Acción de tutela instaurada por Yenny Leandra Orozco Cano contra la
Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C.,
dos (2) de febrero de dos mil seis (2006).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo
Rentería y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos dictados por los Juzgados
Segundo (2) Penal Municipal y Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda,
dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Yenny Leandra Orozco
Cano contra la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO.
I. ANTECEDENTES
La señora Yenny Leandra Orozco Cano, interpuso acción de tutela
contra la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO, al considerar vulnerados los
derechos fundamentales al mínimo vital y de los niños. Para fundamentar su
demanda señala los siguientes
1. Hechos
a.
Expone que ingresó a laborar en la Cooperativa
accionada, el 21 de febrero de 2005, por medio de un contrato de trabajo a
término indefinido, como impulsadora de ventas, devengando el salario mínimo
legal mensual vigente.
b.
Declara que se enteró de su estado de gravidez,
el 25 de mayo de 2005, por medio de una prueba de embarazo.
c.
En consecuencia, dentro de los días siguientes,
informó a su empleador dicha situación, quien a su vez la remitió a un
laboratorio privado en la ciudad de Pereira, lugar en el que se confirmó el
resultado obtenido con la citada prueba.
d.
Posteriormente, es decir, el 28 de mayo de 2005,
le fue comunicado que su contrato de trabajo era “cancelado sin ninguna
explicación”.
e.
Asevera que le consignaron la suma de $307.071
pesos por concepto de liquidación, sin embargo, sostiene que aquella suma de
dinero no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
f.
Afirma que su compañero permanente se encuentra
desempleado y que el salario que sufragaba en la Cooperativa accionada “constituía
el único ingreso familiar”.
g.
Manifiesta que ha realizado todas las
diligencias necesarias para obtener una explicación sobre el motivo de su
despido, como citar al representante legal de la Cooperativa MAXCO por medio de
la Oficina de Trabajo.
h.
Arguye que presentó un derecho de petición ante
la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO, con la finalidad de obtener la expedición
de una copia del contrato de trabajo y de la comunicación por medio de la cual
se dio por terminado.
i.
Aduce que estaba afiliada a la EPS CAFESALUD y
que a la fecha cree que no tiene servicio médico, el cual necesita para
efectuarse los controles prenatales.
Por todo lo
anterior, solicita que se ordene a la Cooperativa MAXCO reintegrarla a su
trabajo y cancelar los salarios dejados de percibir.
2. Respuesta
del ente demandado
El señor Orlando Jiménez Ojeda, obrando en calidad de representante
legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO, solicita que se deniegue el
amparo solicitado.
Manifiesta que la señora Yenny Orozco Cano ingresó al ente accionado el
21 de febrero de 2005, pero “no con contrato a término indefinido, sino como
asociada de la cooperativa, a solicitud escrita de ella”.
Además, afirma que nunca fue notificado del estado de embarazo de la
señora Yenny Orozco y que la desvinculación de aquella de la Cooperativa MAXCO
se produjo de forma voluntaria, por ende, no se puede aseverar que se haya
cancelado el contrato por la condición de gravidez de la accionante.
Así mismo, expresa que la señora Yenny Orozco no fue remitida por el
ente accionado al laboratorio de la Doctora Ángela Vargas para efectos de
constatar su maternidad.
Aduce que el derecho de petición presentado por la demandante fue
oportunamente contestado con unos documentos anexos, que no fueron los
solicitados por la accionante, pues aquellos no existen, por ende, tan solo
fueron remitidas las copias del Convenio Cooperativo y de la solicitud de
retiro voluntario.
Por último, argumenta que no se puede predicar de la accionante una
estabilidad laboral reforzada, pues para ello es necesario que se configure
dentro de la relación laboral ciertas circunstancias fácticas, tales como que
el despido sea a causa del estado de gravidez de la trabajadora, lo cual no se
presenta en el actual caso, ya que, no hubo despido sino desvinculación
voluntaria.
3.  Pruebas
Del material
probatorio allegado al expediente la Sala destaca los siguientes documentos:
-
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la
señora Yenny Leandra Orozco Cano, en la que se aprecia que la accionante nació
el 8 de febrero de 1987, contando en la actualidad con 18 años de edad (folio 6
cuaderno original).
-
Fotocopia del convenio de asociación celebrado
entre la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO y la demandante (folio 13
cuaderno original).
-
Fotocopia del carné de la Cooperativa de Trabajo
Asociado MAXCO, expedido a nombre de la accionante (folio 4 cuaderno original).
-
Fotocopia del formulario de afiliación e
inscripción a la EPS CAFESALUD, Régimen Contributivo, para trabajadores
dependientes, en el que se observa que la señora Yenny Leandra Orozco Cano se
encuentra afiliada a la misma en calidad de cotizante dependiente, desde el 22
de febrero de 2005, y su empleador era la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO
(folio 16 cuaderno original).
-
Fotocopia de la solicitud de retiro voluntario “desde
el 30 de mayo de 2005”, presentada por la actora, en su calidad de
asociada, ante los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de
Trabajo Asociado MAXCO (folio 15 cuaderno original).
-
Fotocopia de la prueba de embarazo, de fecha 25
de mayo de 2005, practicada a la señora Yenny Orozco, en la que consta que la
accionante se encuentra embarazada (folio 3 cuaderno original).
-
Fotocopias de unos formularios de
autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud SGSSS
y al Sistema General de Riesgos Profesionales, cancelados el 7 y 8 de junio de
2005 respectivamente (folios 19 y 20 cuaderno original).
-
Fotocopia de la liquidación del Acuerdo
Cooperativo No. 040760, pagada el 17 de junio del año pasado, correspondiente
al convenio celebrado entre la señora Yenny Orozco con MAXCO, en la que se
contempla que la accionante ingreso el 21 de febrero del año pasado y se retiro
el 30 de mayo del mismo año (folio 18 cuaderno original).
-
Fotocopia del derecho de petición presentado por
la señora Yenny Orozco, el 20 de junio de 2005, ante la Cooperativa de Trabajo
Asociado MAXCO, por medio del cual solicita copia del “Certificado de
representación legal de la firma MAXCO, Fotocopia del contrato de trabajo
suscrito entre la empresa MAXCO y la señora YENNY LEANDRA OROZCO CANO,
Fotocopia de la comunicación por medio de la cual la firma MAXCO da por
terminado el contrato de trabajo (...), Certificado de la prueba de embarazo
expedida por la doctora ANGELA VARGAZ con base en el examen practicado por su
laboratorio (...), Certificado laboral donde conste tiempo de vinculación y
asignación salarial (...) por el tiempo que estuvo vinculada a la firma MAXCO”
(folio 5 del cuaderno original).
II.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1. Primera Instancia
Del presente
asunto conoció el Juzgado Segundo (2) Penal Municipal de Dosquebradas,
Risaralda, que en providencia del 29 de julio de 2005 denegó el amparo
solicitado al considerar que la señora Yenny Orozco tiene a su disposición otro
mecanismo de defensa judicial, como es la jurisdicción ordinaria, ante los
juzgados laborales, “pues es allí donde se debe debatir si se le violo o no
algún derecho a la peticionaria”.
Así mismo,
expresa que “tampoco se encuentra probado en el expediente que se le haya
violado siquiera el mínimo vital (...) aunque así lo insinúe la señora Yenny
Leandra”, ya que, no sólo implica alegar dicha circunstancia, sino también
demostrarla.
Por otra
parte, expone que para que se configure un perjuicio irremediable, es necesario
que aquél sea inminente, o sea “que amenaza o esta por suceder prontamente”,
las medidas que se requieren para conjurarlo deben ser urgentes, tiene que
ser grave “lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona”, y por último, el
amparo solicitado por medio de la acción de tutela ha de ser impostergable para
poder restablecer el “orden social justo en su integridad”.
En
consecuencia, aduce que en el presente caso no se cumplen los anteriores
requisitos, ya que, la accionante no expresa que la tutela haya sido
interpuesta como mecanismo transitorio “ni se observa por parte alguna
dentro de la actuación la necesidad, urgencia e inminencia del daño aún el
quebrantamiento a los derechos de rango fundamental que impliquen grave perjuicio”.
2.
Impugnación
La señora
Yenny Leandra Orozco Cano impugnó el fallo del a quo al considerar que
en su caso se cumplen los requisitos previstos por la Corte Constitucional para
que prospere el amparo solicitado, es decir, fue desvinculada de su trabajo
durante la época de embarazo, “sin contar con la autorización del
funcionario competente (art. 240 del CST). El patrono tenía conocimiento de mi
estado de gravidez. (...) el despido fue consecuencia de mi estado de embarazo
y no estuvo directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo
justifique”.
Sostiene que
su mínimo vital se encuentra afectado por la decisión del ente accionado de
prescindir de sus servicios, si se tiene en cuenta la “cuantía de la
liquidación que recibí al ser despedida”, su compañero permanente se
encuentra desempleado y no tiene otros medios económicos para solventar sus
necesidades básicas y las de su hijo que esta por nacer.
Expresa que
si bien las madres despedidas en estado de embarazo o con posterioridad al
parto cuentan con otros medios de defensa para obtener el reconocimiento y pago
de la indemnización o el reintegro al cargo que venían desempeñando, los mismos
en determinadas circunstancias resultan tardíos, inadecuados para proteger los
derechos fundamentales de la madre e hijo, caso en el cual la acción de tutela
es procedente en virtud del derecho a la “estabilidad laboral reforzada”.
Finalmente,
solicita que se revoque el fallo proferido por la primera instancia y en su
lugar se ordene a la empresa accionada MAXCO, pagar la “indemnización a que
tengo derecho por razón del despido en estado de embarazo prevista en el
artículo 239 del CST y el reintegro al empleo que desempeñaba.” Además de
lo anterior, pide que se ordene a la entidad accionada que asuma los gastos de
las prestaciones médicas, asistenciales y económicas, porque fue enterada que
desde el 25 de julio de 2005 quedo por fuera del Sistema de Seguridad Social en
Salud.
3.
Segunda Instancia
El Juzgado
Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, en providencia del 23 de agosto
de 2005, confirmó el fallo del a quo al considerar que entre la señora
Yenny Orozco y MAXCO no existe una relación laboral, pues no se encuentra
acreditado en las pruebas aportadas en el expediente dicha situación, por el
contrario, se observa que la accionante ingresó a la Cooperativa MAXCO en
calidad de socia.
Expone que
tanto el ingreso como el retiro de la señora Yenny Orozco de la cooperativa fue
voluntario, por ende, no entiende como “pretende, mediante el mecanismo de
la tutela, obtener aquello que ella misma dejó de lado, esto es, su calidad de
asociada a la Cooperativa y los beneficios que comporta”.
Reitera que
la accionante fue socia de MAXCO, desempeñando un trabajo asociado, lo que no “implica
que sea una relación laboral, por el contrario, allí se habla de contratación
de servicios de carácter civil y no laboral”.
Por otra
parte, afirma que el mínimo vital de la actora no se encuentra vulnerado por el
actuar del ente accionado, ya que la señora Yenny Orozco fue la que renunció
voluntariamente ante la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO, además, no
existía una relación laboral entre las partes.
Así pues,
asevera que la accionante cuenta con otros medios de defensa, no propiamente
ante la justicia ordinaria laboral, ni civil sino ante un Tribunal de
Arbitramento.
En suma,
manifiesta que si bien la Constitución exige dar un trato especial a la mujer
en estado de embarazo y con posterioridad al parto, “la señora Yenny Leandra
tiene a su compañero y éste puede buscar una actividad laboral que le permita
obtener ingresos para su congrua existencia” (...) “A la señora Yenny Leandra,
no le queda otra alternativa que buscar la colaboración afectiva de su
compañero y proceder a buscar la ayuda de sus familiares o de los familiares de
su compañero permanente para que les colaboren en su empresa familiar. En caso
extremo, de necesidad manifiesta, acudir al Estado para que por intermedio de
sus entidades como el ICBF, y las Comisarías de Familia les presten la
colaboración debida”.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es
competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Problemas jurídicos
De acuerdo con
la situación fáctica planteada, en esta ocasión corresponde a la Sala
determinar (i) el tipo de relación que tenía la señora Yenny Leandra Orozco
Cano con la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO; (ii) si hubo despido o
desvinculación voluntaria de la Cooperativa MAXCO; y por último, (iii) si en el
presente caso se cumplen los lineamientos dados por esta Corporación para
proteger el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.
Para efectos de resolver los anteriores problemas jurídicos la Sala abordará
el asunto atinente a las relaciones que pueden surgir entre una Cooperativa de
Trabajo Asociado y sus asociados, el principio constitucional de la primacía de
la realidad en las relaciones laborales y la procedencia del amparo al derecho
a la estabilidad en el empleo de una mujer en embarazo. Abordados estos
asuntos, entrará a determinar si la señora Yenny Leandra Orozco Cano tiene o no
derecho al amparo solicitado.
3. Las
relaciones que pueden surgir entre una Cooperativa de Trabajo Asociado y sus
asociados y el principio constitucional de la primacía de la realidad en las
relaciones laborales
Las
cooperativas de trabajo asociado "son aquellas que vinculan el trabajo
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de
obras o la prestación de servicios”[1].
Por ende, el principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones
es su trabajo.
En las cooperativas de trabajo
asociado, los asociados son al mismo tiempo los aportantes de capital y los
gestores de la empresa. Además de lo anterior, “el régimen de trabajo, de
previsión, seguridad social y compensación”, debe estar consagrado en los
estatutos y reglamentos de dichas organizaciones en razón a que “se originan
en el acuerdo cooperativo” y, por consiguiente sus miembros no estarán
sujetos “a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes
y las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento arbitral previsto
en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral
ordinaria. En ambos casos, se deberán tener en cuenta las normas estatutarias,
como fuente de derecho.”[2]
Al respecto, en sentencia C-211 de 2000[3],
MP. Carlos Gaviria Díaz, la Corte sostuvo que las características más
relevantes de las mencionadas cooperativas son las siguientes: “La asociación
es voluntaria y libre, Se rigen por el principio de igualdad de los asociados,
No existe ánimo de lucro, La organización es democrática, El trabajo de los
asociados es su base fundamental, Desarrolla actividades económico sociales,
Hay solidaridad en la compensación o retribución, Existe autonomía
empresarial”.
Así mismo, en la mencionada providencia se estimó que las “cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y
autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos
estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos
trabajadores éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones
laborales, al margen del código que regula esa
materia. Todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el
trabajo aportado, además de participar en la distribución equitativa de los
excedentes que obtenga la cooperativa”.
Como se dejo
dicho, los asociados de dichas cooperativas además de tener obligaciones tienen
derechos, entre ellos, los de “Participar en las actividades de la
Cooperativa y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales,
Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones
estatutarias, Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales y
Fiscalizar la gestión de la cooperativa”, facultades que están
condicionadas al cumplimiento de los deberes.[4]
De igual forma, la Corte concluyó que las cooperativas de trabajo
asociado se diferencian de las demás en el sentido de que los asociados son simultáneamente los dueños de la entidad y los que
aportan el trabajo, es decir, que “existe identidad entre asociado y
trabajador”. En virtud de lo anterior, la Corte consideró que “no es
posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores por la otra,
como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. Esta la razón para
que a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les apliquen las
normas del Código Sustantivo del Trabajo, estatuto que regula solamente el
trabajo dependiente, esto es, el que se presta bajo la continuada dependencia o
subordinación de un empleador y por el cual el trabajador recibe una
retribución que se denomina salario”.[5]
Sin embargo, en la citada providencia se precisaron algunos casos en
los cuales a los trabajadores vinculados con las aludidas Cooperativas se les
aplica la legislación laboral[6].
Una de esas situaciones es cuando las cooperativas contratan trabajadores
ocasionales o permanentes[7],
lo cual es de carácter excepcional debido a su propia naturaleza “asociación
para trabajar”, pues en estos casos sí se dan todos los supuestos de una
relación laboral subordinada, a saber: “existe un empleador, un trabajador
que labora bajo la subordinación de aquél, y una remuneración o salario”.[8]
El otro suceso se configura bajo la regla de que “la vinculación
formal a una cooperativa de trabajo asociado no excluye que en la práctica
entre ésta y el trabajador asociado surja una relación laboral”[9], es
decir, cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino
para un tercero, respecto del cual recibe ordenes y cumple horarios y la
relación con el tercero surge por mandato de la Cooperativa.[10]
En consecuencia, y por regla general, a las cooperativas de trabajo
asociado no se les puede aplicar la legislación laboral prevista para los
trabajadores dependientes, ya que, “no es posible hablar de empleadores por
una parte, y de trabajadores por la otra, como en las relaciones de trabajo
subordinado o dependiente”, pues además de ser socios, aportan su trabajo y
laboran bajo sus propias reglas, es decir, las previstas en los estatutos o
reglamentos.
No obstante, hay casos excepcionales en los que las cooperativas de
trabajo asociado contratan con personal ocasional o permanente o que el
cooperado no trabaja directamente para la cooperativa sino para un tercero
respecto del cual recibe ordenes y cumple horarios y la relación con este
último surge por mandato de aquella, en los que si es aplicable la legislación
laboral vigente.
Además de los anteriores casos en los que se aplica la legislación
laboral vigente, hay otros, que también puede surgir al interior de una
Cooperativa de Trabajo Asociado, esto es, cuando en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales (artículo 53 de la Constitución Política), concurren
los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
Al respecto, la
Corte en sentencia C-665 de 1998, MP. Hernando Herrera Vergara, estimó que el
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales, implicaba un “reconocimiento a la
desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad
de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o
desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades”[11],
por ende, sí de los hechos se demuestra que la actividad desempeñada por una
persona se hizo bajo subordinación o dependencia con respecto a la
persona natural o jurídica hacia la cual se presta el servicio, se configura la
“existencia de una evidente relación laboral”.
En el mismo
sentido, en sentencia C-1110 de 2001, MP. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte
consideró que la “relación de trabajo dependiente nace primordialmente de la
realidad de los hechos sociales, por cuanto cada vez que una persona natural
aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o
dependencia a otra persona natural o jurídica, surge a la vida del derecho una
relación jurídica de trabajo dependiente, originando obligaciones y derechos
para las partes contratantes que fundamentalmente se orientan a garantizar y
proteger a la persona del trabajador.[12]”
Así mismo, en la
aludida providencia la Corte manifestó que el elemento esencial, tipificador y
diferencial del contrato de trabajo es la subordinación, pues “No pueden
darse relaciones de trabajo sin un poder de dirección y un deber de obediencia,
es decir sin aquél elemento de subordinación en el cual justamente los juristas
ven la señal inconfundible del contrato de trabajo”. [13]
Del mismo modo
en sentencia T-992 de 2005, MP. Humberto Antonio Sierra Porto, esta Corporación
manifestó con relación al citado principio, que su fin es “determinar la
situación real en que se encuentra el trabajador respecto del patrono, la
realidad de los hechos y las situaciones objetivas surgidas entre estos. Debido
a esto es posible afirmar la existencia de un contrato de trabajo y desvirtuar
las formas jurídicas mediante las cuales se pretende encubrir, tal como ocurre
con los contratos civiles o comerciales o aún con los contratos de prestación
de servicios”[14].
De
conformidad con lo anterior, el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo,
establece que el contrato de trabajo es “aquel por el cual una persona
natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o
jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y
mediante remuneración”.
En consecuencia,
los elementos esenciales del contrato de trabajo son: “a. La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta
a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual
debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c. Un salario
como retribución del servicio.[15]”
Sobre el
elemento en particular de la subordinación laboral, la Corte ha manifestando
que es el “poder jurídico permanente de que es titular
el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la
expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de
la empresa, los cuales son generalmente económicos. Se destaca dentro del
elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la
actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con
los propósitos de la organización empresarial y
el respeto por la dignidad y los derechos de aquél.”[16]
Así pues, la
figura jurídica de la subordinación implica por lo tanto la aptitud que tiene
el empleador para impartir ordenes al trabajador que condicionan la prestación
del servicio, relacionadas con el comportamiento que tiene que tener el
empleado durante el desempeño de sus funciones y con la forma de realizar sus
labores.
Por lo tanto,
una vez reunidos los anteriores elementos, se entiende que existe contrato de
trabajo y “no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen”[17].
De ahí que el
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo haya dispuesto que “se presume
que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, con
lo cual la ley le esta otorgando primacía legal a la realidad de la prestación
de un servicio personal sobre las formalidades.
Con relación a
la nombrada presunción, la Corte en sentencia de constitucionalidad 665 de 1998
dispuso que es de naturaleza legal, de manera que puede ser desvirtuada por el
empleador con la demostración del hecho contrario al presumido, esto es,
probando que el servicio personal del trabajador no se prestó con el ánimo de
que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le impusiera
dependencia o subordinación “sin que para ese efecto probatorio sea
suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente”[18].
En consecuencia,
al empleador se le traslada la carga de la prueba, caso en el cual el juez con
fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art.
53 CP.), tendrá que examinar el “conjunto de los hechos, por los
diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en
consecuencia, queda desvirtuada la presunción.”[19]
Por ende, el
principio constitucional de la primacía de la realidad en las relaciones
laborales tiene como fin garantizar los derechos de los trabajadores y
determinar la situación real en que se encuentran respecto del empleador, pues
sus derechos no se pueden ver afectados o desmejorados por las formalidades.
Por lo tanto, si
concurren los tres elementos esenciales previstos en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo existe un contrato de trabajo, sin que deje de serlo por
razón del nombre que se le de, ni de otras condiciones y modalidades que se le
agregen. Lo anterior es lo que la doctrina ha denominado contrato realidad. Por
ende, al trabajador sólo le bastará con acreditar la existencia de la relación
laboral para que opere la presunción legal de contrato de trabajo, con lo cual
se invierte la carga de la prueba para el empleador quien para desvirtuarla
tendrá que demostrar que el servicio no se prestó bajo subordinación o dependencia
y con el pago de una remuneración, para lo cual no es suficiente la exhibición
del respectivo contrato.[20]
4. El
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado
de embarazo
La
Constitución Política, encomienda al Estado la protección especial de grupos de
personas, que por sus características particulares y posición dentro de la
sociedad, pueden ser susceptibles de agresión o discriminación (artículo 13
Superior), tal es el caso de las mujeres que se encuentran en estado de embarazo.
En virtud de
lo anterior, el artículo 43 Superior, consagra en favor de la mujer en estado
de maternidad una protección de carácter especial al señalar que “durante el
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada”. Tal protección se predica por ejemplo en el
trabajo, en donde debe ser prodigada por la sociedad y el Estado en procura de
garantizar que la vida que se está gestando, pueda desarrollarse plenamente
bajo el amparo de su progenitora.
Al respecto
en sentencia C-470 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero, la Corte
estableció lo siguiente:
“ ... la
mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral
reforzada, pues una de las manifestaciones mas claras de discriminación sexual
ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se
encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o
incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas. Por ello, los
distintos instrumentos internacionales han sido claros en señalar que no es
posible una verdadera igualdad entre sexos, si no existe una protección
reforzada a la estabilidad laboral de la mujer embarazada”.
Así mismo, la
Corte recientemente en sentencia T-291 de 2005, MP. Manuel José Cepeda
Espinosa, reiteró que la estabilidad laboral reforzada es “un derecho
fundamental[21],
que se deriva del derecho fundamental a no ser discriminada por ocasión del
embarazo[22]
y que implica una garantía real y efectiva de protección a favor de las
trabajadoras en estado de gestación o de lactancia[23]”.
Por ende, las
mujeres en estado de embarazo tienen como derechos fundamentales el de no ser
discriminadas en el campo laboral y por consiguiente a una estabilidad laboral
reforzada, que tiene como objetivo evitar todo tipo de discriminación sexual en
el trabajo cuyo motivo sea el embarazo.
De conformidad
con lo anterior, la legislación colombiana ha rodeado la maternidad de una
serie de beneficios que amparan a las madres trabajadoras y ha consagrado la
prohibición de despido por motivo de embarazo o lactancia (artículo 239 del
Código Sustantivo del Trabajo[24]).
Así mismo, por presunción legal se entiende que el despido se efectuó por causa
de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo
o dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin autorización del inspector
del trabajo o del alcalde municipal en los lugares donde no existiere aquel
funcionario[25].
Al respecto,
esta Corporación en sentencia C-470 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero,
señaló que el despido en los periodos legalmente amparados dentro de la
maternidad y de la lactancia, sin que medie autorización previa del funcionario
competente, será considerado nulo. En lo pertinente, la providencia dijo:
“(...)
carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en
los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa
del funcionario competente. Esto significa que para que el despido sea eficaz,
el patrono debe obtener la previa autorización del funcionario del trabajo,
para entonces poder entregar la correspondiente carta de terminación del
contrato. Y en caso de que no lo haga, no sólo debe pagar la correspondiente
indemnización sino que, además, el despido es ineficaz.”
En
consecuencia, si una trabajadora es despedida por su empleador y este no cuenta
con la autorización administrativa para proceder al retiro, tiene derecho a ser
reintegrada y al pago de una indemnización  conformada por los siguientes
factores: (i) el equivalente a los salarios de 60 días; (ii) 12 semanas de
salario como descanso remunerado, y (iii) Las indemnizaciones por retiro sin
justa causa y prestaciones a que hubiere lugar según la modalidad del contrato[26].
Sobre el
particular, la Corte ha manifestado que por regla general, la acción de tutela
no procede para obtener el reintegro al cargo por ineficacia del despido, como
quiera que el mecanismo procesal adecuado es la demanda ante la jurisdicción
ordinaria laboral, en caso de empleados privados o trabajadores oficiales y, la
acción contenciosa ante la jurisdicción contencioso administrativa para las
empleadas públicas.
No obstante, esta Corporación ha establecido[27]
que si se alega que existe otro instrumento judicial, aquel debe ser idóneo y
eficaz que permita la protección inmediata de los derechos fundamentales de la
misma forma en que lo haría la acción de tutela.
Luego, si una
mujer en estado de embarazo es despedida, la Corte ha señalado que en aras de
proteger el derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada, la
acción de tutela procede siempre y cuando se encuentren acreditados los
siguientes requisitos:
“a) que el despido se ocasione
durante el período amparado por el "fuero de maternidad", esto es,
que se produce en la época del embarazo o dentro de los tres meses
siguientes al parto (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo). b) que a
la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del
estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las
condiciones que establece la ley. c) que el despido sea una consecuencia del
embarazo, por ende que el despido no está directamente relacionado con una
causal objetiva y relevante que lo justifique. En este sentido el Convenio 103
de la OIT, relativo a la protección de la maternidad dispone la prohibición de
despedir de su empleo a una mujer por su estado de embarazo. d) que no medie
autorización expresa del inspector del trabajo si se trata de trabajadora
oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo
organismo si se trata de empleada pública. e) Que el despido amenace el mínimo
vital de la actora o del niño que está por nacer.” [28]
Así mismo, la
Corte en sentencia T-778 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero, consolidó
los parámetros de la protección constitucional de la trabajadora embarazada de
la siguiente forma:
“ a) La Constitución y los tratados
internacionales imponen al Estado y a la sociedad la obligación de proteger a
la mujer embarazada. Especialmente en el campo laboral, la trabajadora en
embarazo tiene derecho a una "estabilidad laboral reforzada".
b) La mujer embarazada goza del derecho fundamental a no ser
discriminada en el campo laboral por razón de su estado de gravidez, lo que
conlleva el derecho fundamental a no ser despedida por ese hecho. Por
consiguiente, la terminación unilateral de los contratos laborales por causa de
embarazo puede rebasar los límites legales y adquirir el rango constitucional.
c) Por lo anterior, el despido en los periodos legalmente amparados
dentro de la maternidad y de la lactancia, sin que medie autorización previa
del funcionario competente, será considerado nulo.
e) La procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a
la estabilidad del empleo debe ser evaluado por el juez en cada caso concreto,
analizando las condiciones objetivas del despido y subjetivas de la mujer
embarazada.”
Por lo tanto,
teniendo en cuenta los sujetos (mujer embarazada y nasciturus en condiciones de
debilidad manifiesta e indefensión) y el objeto (estabilidad laboral) de la
protección especial, la Corte Constitucional ha establecido que por vía de la
acción de tutela se declare la ineficacia del despido, el consecuente
reintegro, el pago de la indemnización consagrada en el artículo 239 del CST. y
los respectivos salarios y prestaciones dejados de pagar como consecuencia del despido.
Por otra parte, la Corte en sentencia T-1177 de 2003, MP. Jaime
Araujo Rentería, reiteró que “en tanto exista una relación laboral,
cualquiera que ella sea, es predicable de la mujer embarazada el derecho a una
estabilidad laboral reforzada, como una consecuencia del principio de igualdad,
y por ende, su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al
punto de que se afecte su condición de mujer en estado de embarazo. Así lo
expuso esta misma Sala al considerar en una oportunidad anterior, que al margen
del tipo de relación laboral que este operando, durante el período de embarazo
la mujer es acreedora de un derecho especial de asistencia y estabilidad
reforzada, que obliga, en el evento de ser despedida, a apelar a una presunción
de despido por discriminación en razón del embarazo, siendo el empleador quien
asuma la carga de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su
despido de manera legal”.[29]
En suma,
independientemente de la clase de relación laboral que tenga una mujer en
embarazo, esta última tiene derecho por expreso mandato de la constitución a
una protección especial específicamente en el campo laboral llamada estabilidad
laboral reforzada, durante el estado de gravidez y después del parto, y por
ende su relación no puede ser suspendida ni anulada, por causa o con ocasión
del mismo, pues lo que se pretende es asegurar una certeza mínima de que el
vínculo laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva,
quedando expuesta la trabajadora permanentemente a perder su trabajo y con él
los ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia.
5. Caso
concreto
De acuerdo con
los hechos y la jurisprudencia reseñada, procederá esta Sala, en primer lugar,
a determinar el tipo de relación que tuvo la señora Yenny Leandra Orozco Cano
con la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO.
La señora Yenny Leandra Orozco Cano afirma que celebró un contrato de
trabajo a término indefinido con la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO. Por
su parte, la Cooperativa niega que se haya firmado un contrato de tal
naturaleza y reconoce que lo que se celebró entre las partes fue un convenio
cooperativo, del cual anexa copia (folio 13).
En el expediente obra copia del convenio de asociación que la señora
Yenny Orozco Cano firmó el 21 de febrero de 2005 con la Cooperativa MAXCO. La
naturaleza de esta última es la de una cooperativa de trabajo asociado de
economía solidaria. En dicho convenio se incluyen, entre otros, los siguientes
aspectos: identificación de las partes; la mención de los principios
cooperativos; la declaración de las partes que conocen y se someten a las
normas legales cooperativas, a los estatutos, a los reglamentos de la
cooperativa accionada y a la filosofía y práctica de los principios
cooperativos; los asuntos que acepta el asociado; las obligaciones del asociado
y de la cooperativa; las prohibiciones al asociado; la declaración sobre el fin
principal de la cooperativa; la duración y terminación del convenio y la
solución de controversias por un tribunal de arbitramento.
A pesar de la existencia formal del convenio cooperativo, las
afirmaciones y criterios divergentes llevan a que la Corte tenga que establecer
la naturaleza del vínculo jurídico que existía entre la peticionaria y la
Cooperativa MAXCO, es decir, si correspondía a una relación laboral común o si,
por el contrario, constituía el ejercicio del derecho a la libre conformación
de cooperativas de trabajo asociado. La respuesta que se obtenga condicionará
la aplicación de uno u otro sistema normativo en la solución del caso concreto:
esto es, las normas del derecho laboral ordinario o las reglas del trabajo
asociado en cooperativas.
En el caso concreto, si bien la
Sala no desconoce la naturaleza, objeto y fines de las cooperativas de trabajo
asociado, la ponderación integral de la información que obra en el expediente
permite concluir que entre la peticionaria y la cooperativa accionada existía
una relación laboral ordinaria, regida por las disposiciones del derecho del
trabajo, pues dentro del convenio de asociación sobresalen los siguientes
aspectos:
·
El convenio no hace
mención alguna al derecho a participar “en la
distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa”[30],
que debe preverse a favor de cada uno de los cooperados y que constituye
elemento esencial de esa modalidad específica de asociación.
·
Por otra parte, el
convenio tampoco alude a los riesgos propios que deben asumir los trabajadores
socios de las cooperativas de trabajo asociado. Para la Corte, “los trabajadores asociados no sólo reciben beneficios pues, dada su
condición de propietarios, también tienen que asumir los riesgos, ventajas y
desventajas propios del ejercicio de toda actividad empresarial. De manera que
si se presentan pérdidas deben asumirlas conjuntamente, lo que no ocurre en las
relaciones de trabajo dependientes”[31].
·
Además de lo anterior, el antedicho convenio no
hace referencia  a los derechos que tienen los asociados vinculados con las
cooperativas de trabajo asociado, es decir, no consagra la facultad de
participar en las actividades de dichas organizaciones y en su administración
mediante el desempeño de cargos sociales, no se refiere a la posibilidad de
ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales y por último
sobre la oportunidad de fiscalizar la gestión de la cooperativa.
·
Así mismo, la Sala aprecia que el convenio
consagra una de las relaciones que pueden surgir al interior de una Cooperativa
de Trabajo Asociado  regidas por la legislación laboral vigente, es decir, la
atinente a que el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa sino
para un tercero respecto del cual recibe ordenes y cumple horarios y la
relación con este último surge por mandato de aquella. Lo anterior debido a
que, el convenio contempla que la Cooperativa MAXCO estaba obligada a utilizar
los servicios de la señora Yenny y tenerla en cuenta para enviarla a laborar
donde la Cooperativa MAXCO celebrara contratos civiles de prestación de
servicios.
·
Por último, el citado convenio emplea términos
que dan a entender que hay subordinación, en especial cuando habla de
superiores en el sentido de “Dar aviso de inmediato sobre cualquier
irregularidad observada en la ejecución de la labor que deba realizarse y que
pueda causarle perjuicio a la Cooperativa”, ya que, una de las
características de las cooperativas es la igualdad de derechos y obligaciones
entre los asociados, y la regla general en ese tipo de organizaciones es que
los asociados son los mismos dueños y por ende no se puede hablar de
trabajadores y empleadores sino de cooperados.
De lo anterior, la Sala advierte que en el convenio obrante en el
expediente prevalecen las disposiciones de carácter laboral, bajo las cuales
laboró la accionante, sobre aquellas de índole de cooperado. Por ello, de
conformidad con el principio constitucional previsto en el artículo 53 de la
Carta Política, según el cual prima la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, la Sala concluye que
en el caso en estudio se configura una relación laboral dependiente y por
consiguiente regida por un contrato de trabajo, luego, las relaciones jurídicas
entre la actora y la cooperativa accionada no se rigen por las normas de la
legislación cooperativa sino por las disposiciones del Código Sustantivo del
Trabajo.
Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que independientemente de
la clase de relación laboral que tenga una mujer embarazada tiene derecho a una
estabilidad laboral reforzada, se analizará si en el presente caso se cumplen
los requisitos para que proceda el amparo de dicho derecho:
1-    Que el despido o la desvinculación se ocasionó durante el embarazo o
dentro del período de lactancia.
De los hechos la
Sala advierte que la demandante ingresó a la Cooperativa MAXCO el 21 de febrero
de 2005 y se enteró de su estado de embarazo el 25 de mayo del año pasado
(folio 3), gracias a una prueba que se practicó, razón por la cual aduce que
notificó días después a su empleador quien la remitió a un laboratorio privado
lugar en el que se concluyó nuevamente que la demandante estaba embarazada.
Así mismo, la accionante manifiesta, que con posterioridad, es decir el
28 de mayo del mismo año fue despedida sin justificación alguna, en virtud de
lo cual acudió a la Oficina de Trabajo para que por medio de dicha entidad
citaran al representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Maxco,
quien no asistió.
Por su parte, el representante legal de la entidad accionada, argumenta
que no hubo despido sino desvinculación voluntaria, para lo cual anexa la
solicitud de retiro voluntario (folio 15).
La Sala observa
que la citada solicitud de retiro voluntario, efectivamente se encuentra
firmada por la señora Yenny Orozco, no obstante aquella se encuentra en un
formato preestablecido por la Cooperativa accionada, de lo que se infiere que
no fue elaborado por la actora y por ende se presume que es una formalidad para
obtener el pago de las prestaciones.
Además de lo
anterior, la regla según la cual los asociados de las cooperativas se
desvinculan voluntariamente[32]
no se predica en el presente caso, pues al no existir entre la demandante y la
Cooperativa una relación regida por la normatividad de las cooperativas sino
una relación laboral dependiente sometida a la legislación laboral vigente, el
retiro voluntario no produce ningún efecto.
Igualmente, la Sala no encuentra
razonable que la peticionaria, consciente de su estado de maternidad y de su
dependencia económica, presentara una solicitud de retiro voluntario para dejar
de laborar “desde el 30 de mayo de 2005”, si se tiene en cuenta que la
demandante se enteró que estaba embarazada el 25 de mayo de 2005.
Así mismo, a folio 18 se encuentra la
liquidación del Acuerdo Cooperativo No 040760, en el que se contempla que la
señora Yenny Orozco se desvinculó de la citada Cooperativa el 30 de mayo de
2005.
De lo anterior se desprende que el
contrato celebrado entre la partes terminó el 30 de mayo de 2005, fecha para la
cual la actora estaba embarazada, lo que indica que el despido se ocasionó
durante el embarazo de la demandante y por ende, se presume que fue motivado en
dicho estado de maternidad.
2- Que la
desvinculación se produzca sin los requisitos legales pertinentes para cada caso.
En el expediente
de tutela objeto de estudio, se observa que no se cumplió con el procedimiento
previamente determinado para despedir a una mujer embarazada, ya que, no consta
en el mismo el permiso solicitado al inspector de trabajo o al alcalde. Por
ende y de acuerdo a lo dicho anteriormente el despido carece de todo efecto.
3- Que el
empleador conocía o debía conocer el estado de embarazo de la empleada o
trabajadora.
La señora
Yenny Orozco Cano sostiene que se enteró de su estado de embarazo el 25 de mayo
de 2005 por medio de una prueba y que días después informó a su empleador dicha
circunstancia, quien a su vez la remitió a un laboratorio privado en la ciudad
de Pereira, confirmándose nuevamente el citado resultado.
Por su parte, el
representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado afirma que nunca
fueron notificados del estado de gravidez de la señora Yenny Orozco y que es
falso que la demandante haya sido remitida por el ente demandado a un
laboratorio privado para efectos de verificar el embarazo.
Del material
probatorio obrante en el expediente, a folio 3 se encuentra el resultado de la
prueba de embarazo, en la que se observa que fue positiva y que fue tomada en
SaludCoop Sucursal: Cafesalud Dosquebradas, EPS a la se encontraba afiliada la
señora Yenny Orozco como trabajadora dependiente de la Cooperativa de Trabajo
Asociado Maxco (folio16).
Así mismo, a
folio 5 se encuentra un derecho de petición presentado por la señora Yenny
Orozco, el 20 de junio de 2005, ante la cooperativa MAXCO, por medio del cual
solicita “Fotocopia del contrato de trabajo (...), Fotocopia de la
comunicación por medio de la cual la firma MAXCO da por terminado el contrato
de trabajo (...), Certificado de prueba de embarazo expedida por la doctora
ANGELA VARGAZ con base en el examen practicado por su laboratorio”.
Con relación a
la notificación del estado de mujer embarazada, la Corte en sentencia T-550 de
2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, estimó lo siguiente[33]:
“En consecuencia, la Corte mantiene su jurisprudencia según la
cual no se exige como requisito para protección constitucional del derecho a la
maternidad, que la notificación del estado de embarazo que se realiza al
empleador, deba ejecutarse atendiendo ciertas formalidades”.
En virtud de lo
anterior, se infiere que la accionante, se encontraba embarazada para el 25 de
mayo de 2004 y con posterioridad notificó verbalmente a la Cooperativa de
Trabajo Maxco su maternidad, lo cual es válido si se tiene en cuenta que la
comunicación del estado de embarazo no requiere de formalidades especiales,
luego, el representante legal de la Cooperativa accionada debía aportar pruebas
que desmintieran dicha afirmación.
Ahora bien, si
la accionante presentó un derecho de petición solicitando los anteriores
certificados, entre ellos el de la prueba de embarazo, la Sala en virtud del
principio de la buena fe[34]
presume que este último existe, y que la entidad accionada sí conocía del
estado de embarazo de la peticionaria al momento de dar por terminado el
contrato de trabajo.
4- Que el
despido amenaza el mínimo vital de la actora o que la arbitrariedad resulta
evidente y el daño que apareja es devastador.
Para la Sala
es evidente que el mínimo vital de la accionante y del nasciturus, se encuentra
afectado, por la difícil situación económica en que ha quedado sumida como
producto del despido, de conformidad con las afirmaciones realizadas por
aquella en la demanda de tutela, esto es, que la
liquidación que recibió al ser despedida, $307.071 pesos, es insuficiente para
cubrir sus necesidades básicas y las de su hijo,“su compañero permanente se
encuentra desempleado y no tiene otros medios económicos para solventar sus
necesidades básicas y las de su hijo que esta por nacer”.
Por lo expuesto, no queda duda que en el caso bajo estudio, se dan
los elementos necesarios para conceder el amparo solicitado, pues es evidente
la vulneración de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al mínimo vital y de los niños. En consecuencia,  se revocarán los
fallos objeto de revisión, se ordenará al representante legal de la entidad
accionada que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de
este fallo, reintegre a la actora al cargo que desempeñaba o a otro en
condiciones similares, cancele la indemnización de que trata el artículo 239
del Código Sustantivo del Trabajo, las indemnizaciones por retiro sin justa causa
según la modalidad de contrato y las prestaciones sociales correspondientes,
como quiera que el despido careció de todo efecto.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR el fallo dictado por el Juzgado Segundo (2) Penal Municipal de
Dosquebradas y el proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas,
Risaralda y en su lugar CONCEDER la tutela por los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y de los
niños de la señora Yenny Leandra Orozco Cano y de su hijo.
SEGUNDO. ORDENAR a la Cooperativa de Trabajo Asociado MAXCO que, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo
ha hecho, reintegre a la señora Yenny Leandra Orozco Cano al cargo que
desempeñaba o a otro en condiciones similares, cancele la indemnización de que
trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, las indemnizaciones
por retiro sin justa causa según la modalidad de contrato, y las prestaciones
sociales correspondientes, como quiera que el despido careció de todo efecto.
TERCERO. Por secretaría General líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Artículo 70 Ley 79 de 1988 “Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”
[2] Artículo 59 Ley 79 de 1988.
[3] Posición reiterada en la sentencia T-873 de 2005, MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Artículo
23 Ley 79 de 1988.
[5] Sentencia C-211 de 2000.
[6] Al respecto, se puede consultar la sentencia T-900 de
2004, MP. Jaime Córdoba Triviño.
[7] Artículo 59 Ley 79 de 1998.
[8] Ver las sentencias T-1177 de 2003, MP. Jaime Araujo
Rentería y T- 286 de 2003, MP. Jaime Araujo Rentería.
[9] Posición reiterada en las sentencias T-291
de 2005, MP. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-917 de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra, T-900 de 2004, MP. Jaime
Córdoba Triviño, T-550 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1177 de
2003, MP. Jaime Araujo Rentería, T-286 de 2003, MP. Jaime Araujo Rentería.
[10] Sentencias 1177 de 2003, MP. Jaime Araujo
Rentería, y T- 550 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] Ver la sentencia T-291 de 2005, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[12] Posición reiterada en la sentencia T-255 de 2004, MP.
Clara Inés Vargas Hernández.
[13] Otto Khan-Freund  en su obra “El trabajo y la ley”.
Opinión citada por Antonio Cerón del Hiero en “El trabajo, el derecho laboral y
la seguridad social”.  Ed. Dike  Página 55
[14] Con relación se pueden consultar las sentencias T-900
de 2004, T-550 de 2004, T- 1177 de 2003 y la T-286 de 2003.
[15] Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo.
[16] Sentencia C-386 de 2000. Posición reiterada en las
sentencias T-523 de 1998, T-1040 de 2001 y C-934 de 2004.
[17] Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo.
[18] Ver sentencia T-255 de 2004, MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[19] Sentencia C- 665 de 1998, MP. Hernando Herrera
Vergara.
[20] Sentencia T-255 de 2004, MP. Clara Inés
Vargas Hernández. Posición reiterada en las sentencias T-291 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, T-890 de 2005, MP. Jaime
Araujo Rentería, T-992 de 2005, MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[21] Posición reiterada en las sentencias T-1177 y T- 286
de 2003.
[22] Sentencia T-778 de 2000, MP. Alejandro Martínez
Caballero. Esta sentencia ha sido reiterada, entre otras sentencias, en las
siguientes: T-568 de 1996, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-710 de 1996, MP.
Jorge Arango Mejía; C-470 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero; C-373 de
1998, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-141 de 1993, MP. Vladimiro Naranjo Mesa;
T-497 de 1993, MP. Fabio Morón Díaz; T-119 de 1997, MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-606 de 1995, MP. Fabio Morón Díaz; T-311 de 1996, MP. José Gregorio
Hernández Galindo; T-426 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero; T-174 de
1999, MP. Alfredo Beltrán Sierra y T-315 de 1999, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23] Sentencia T-373 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[24] Modificado por el artículo 35 Ley 50 de 1990.
[25] Artículo 240 Código Sustantivo del Trabajo.
[26] Artículo 239 Código Sustantivo del Trabajo.
[27] Sentencias T-1236 de 2004, MP. Clara Inés Vargas Hernández y T-315 de
2000, MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
[28] Sentencia T-373 de 1998, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz, reiterada en sentencia T-426 de 1998, MP. Alejandro Martínez
Caballero.
[29] Ver las sentencias T-873 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, T-889 de 2005, MP. Jaime
Araujo Rentería , T-862 de
2003, MP. Jaime  Araujo Rentería, T-550
de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Corte Constitucional. Sentencia C-211/00 MP. Carlos
Gaviria Díaz.
[31] Ibídem.
[32] Artículo 5° Ley 79 de 1988: “Que tanto, el ingreso
de los asociados como su retiro sea voluntario”.
[33] Posición reiterada en la sentencia T- 900 de 2004,
MP. Jaime Córdoba Triviño.
[34] Artículo 83 de la Constitución Política: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquéllos adelanten ante éstas.”