C-520-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-520/02
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargo concreto
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formulaciones genéricas, confusas y sin relación causal de cargos
PRINCIPIO
PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Límites
Si bien la Corte debe  tomar en cuenta
el carácter democrático  de la acción de constitucionalidad y la necesidad de
adoptar un criterio pro actione en el examen de las demandas que le son
presentadas, no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación
de los cargos, ni de determinar por sí misma, el concepto de la violación de
las normas que ante ella  se acusan  como infringidas, pues ésta es una carga
mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho  político a
ejercer la acción de inconstitucionalidad.
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargo directo
Referencia:
expediente D-3878
Demanda de
inconstitucionalidad parcial contra el artículo 36 del Código Sustantivo del
Trabajo e inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio.
Actor: Carlos
Alberto Maya Restrepo.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS.
Bogotá D.C.,   nueve (9) de julio de dos
mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Carlos Alberto Maya
Restrepo, haciendo uso de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó parcialmente
el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y el inciso primero del
artículo 252 del Código de Comercio.
Mediante
auto de 8 de febrero de 2002 el Magistrado Sustanciador admitió la demanda,
ordenó fijarla en lista, correr traslado de la misma al Procurador General de
la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, y dispuso comunicar
su iniciación al señor Presidente de la República y al Presidente del Congreso,
como también a los Ministros de Justicia y del Derecho, de Trabajo y de
Seguridad Social y a la Superintendencia de Sociedades, a fin de que, de
estimarlo oportuno, conceptuaran sobre la inconstitucionalidad de las normas
acusadas.
Cumplidos
los trámites propios de esta clase de procesos y previo el concepto del
Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la
inconstitucionalidad propuesta.
II. LAS NORMAS DEMANDADAS
Se transcribe a continuación el texto de
las disposiciones acusadas, según su publicación en los Diarios Oficiales números
27.407 del 9 de septiembre de 1950 y 33.339 del 16 de junio de 1971
respectivamente y se subraya los apartes acusados.
“DECRETO
NUMERO 2663 DE 1950
(AGOSTO 5)
sobre
el Código Sustantivo del Trabajo.
El
Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades  que le confiere el artículo 121 de
la Constitución Política de Colombia, y
CONSIDERANDO:
Que según el decreto número 3518 del Decreto de 1949,
se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de
la República;
Que según el
artículo 153 del Decreto 2158 de 1948, se autorizó al gobierno para organizar
una comisión que elaborara una codificación de las disposiciones sustantivas
del trabajo o que formulara un proyecto de Código sobre la materia;
Que por decretos
números 693 y 1934 de 1950, se creó la Comisión Redactora del Código Sustantivo
del Trabajo y se amplió su término de duración, Comisión  que ha presentado al
Gobierno el proyecto de Código que se adopta en el presente Decreto;
Que es una
necesidad inaplazable tener la República un estatuto orgánico de las
disposiciones sustantivas del trabajo,  que se encuentran en la actualidad
dispersas en numerosas leyes y decretos, lo que hace difícil su interpretación
y cabal cumplimiento, porque muchos de esos preceptos son en veces
contradictorios e inconexos;
Que es deber del
Gobierno atender a la regulación normal de las relaciones laborales para
mejorestar de las clases trabajadoras, con el fin de lograr la justicia social
y el desarrollo de la economía nacional, a lo cual contribuye una acertada y
completa legislación social, por cuanto el Derecho del Trabajo influye
notablemente en el mantenimiento del orden público
DECRETA
CODIGO
DEL TRABAJO
(...)
Responsabilidad
solidaria
Artículo
36.- Son
solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato
de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre si en
relación con el objeto social y sólo hasta el límite de la responsabilidad
de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre si,
mientras permanezcan en indivisión.”
“DECRETO NUMERO 410 DE 1971
(marzo 27)
por el cual se expide el Código de Comercio
El presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 15 del
artículo 20 de la Ley 16 de 1968, y cumplido el requisito allí establecido,
DECRETA
(...)
CAPITULO X
Liquidación
del patrimonio social
(...)
Artículo 252.- En las sociedades por acciones no habrá acción de los
terceros contra los socios por las obligaciones sociales. Estas acciones sólo
podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de
los activos sociales recibidos por ellos.
En las sociedades por cuotas o partes
iguales de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de
su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los
liquidadores como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación
como después de consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser
citados al juicio respectivo.”
III. LA DEMANDA
El ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo
solicita a esta Corporación que excluya del ordenamiento jurídico las
expresiones “de personas”, “y sólo hasta el límite de la
responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo”, contenidas las
dos primeras en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y las
restantes en el inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio, porque
quebrantan el Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58,
83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución Política.
Como sustento de su solicitud el demandante
expone los siguientes argumentos,  que la Corporación considera necesario citar
en su totalidad, en atención a la petición de inhibición a la que mas adelante
se hará referencia.
“C. RAZONES PARA
CONSIDERAR VIOLADA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:
Desde la aprobación de la Ley 50 del 28 de
diciembre de 1.990, nefasta para la clase trabajadora porque le robó la estabilidad
en el empleo y la retroactividad a las cesantías, el país, en aplicación de la
política neoliberal, ha visto cómo a los trabajadores se les despide bajo la
fórmula del acta de conciliación (sin la mediación del juez, como sucede en la
realidad) y cómo por la pérdida de la retroactividad de la cesantía, los
trabajadores no han podido cancelar los préstamos de vivienda con la misma
facilidad con la cual lo hacían hasta el año de 1.990.
Afortunadamente, el efecto búmerang le ha
dado la razón a los críticos de esta Ley, y como la clase trabajadora perdió
capacidad de compra, los empresarios perdieron capacidad de oferta, porque se
tuvieron que quedar con sus mercancías sin vender, Y adicionalmente las
corporaciones de ahorro y vivienda entraron en graves crisis de iliquidez,
porque ya no tenían quien les cancelara a tiempo los créditos de vivienda
otorgados.
Dentro de los inventos que se le
presentaron al país están los famosos fondos de pensiones y cesantías, que
ahora recogen cada año el valor de las cesantías de los trabajadores y que
antes servían de capital de trabajo para los empresarios.
Los fideicomisos se pusieron de moda,
especialmente para los patronos inescrupulosos que creyeron que por el hecho de
constituir un patrimonio autónomo, con suma inferiores a las reales, podían
eludir el pago de las prestaciones sociales y de las pensiones de jubilación de
sus trabajadores, mucho más empezaron a sentir los efectos de la política
neoliberal. (Recordemos por ejemplo, los casos de COLCURTIDOS S.A. y de la
FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, ya estudiados por la H. CORTE CONSTITUCIONAL en
sus sentencias T-014 de 1999 y SU-1023 de 2001, respectivamente).
Desde la aprobación del Código Civil, hace
ya más de cien años, el legislador dejó contempladas las regulaciones de la
obligaciones solidarias (arts. 1568 a 1580).
A su turno, el Código de Comercio, en su
artículo 191, trató el tema de las obligaciones a cargo de los socios.
Por ello, a la luz de la nueva Constitución
Política, y en respeto al derecho al trabajo(arts. 25 y 53), al derecho de
igualdad (art.13), al derecho al debido proceso (art. 29), al derecho a la
seguridad social y a la salud (arts. 48 y 49), a la garantía de los derechos
adquiridos (art.58), al respecto por el principio de la buena fe (art.83), al
deber de respetar los derechos ajenos y al no abuso de los propios (art.95), a
la prevalencia del derecho sustancial (art.228), al acceso a la administración
de justicia (art.229), al imperio de la Ley (art. 230), y a que la empresa como
base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones (art.
333), en concordancia con el art. 23 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, con el art. 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos
, Sociales y Culturales, aprobado por la Ley 74 de 1.968, y, con el art. 25 de
la Declaración Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José- aprobado
por la Ley 16 de 1972, las expresiones “de personas” y “ y sólo hasta
el límite de la responsabilidad de cada socio” del art. 36 del Código
Sustantivo de Trabajo y, “no” y “sólo” del inciso primero del
art. 252 de Código de Comercio, son violatorias del mandato del constituyente
de 1.991.
No tiene sentido que las sociedades de
responsabilidad limitada y de personas y sus asociados, responda solidariamente
por los pasivos laborales, pero que a las sociedades anónimas se les otorgue el
aval del Estado para que sus dueños no responda por los salarios y las
prestaciones sociales de sus trabajadores, cuando ellas entran en situación de
iliquidez o de liquidación, “ luego de que esos mismos accionistas fueron los
que se beneficiaron con el desarrollo de la actividad de la sociedad y de las
eventuales utilidades que hubiere podido obtener durante su vida activa, parte
de las cuales debieron destinar a la conformación de los fondos necesarios para
atender las obligaciones laborales y pensionales”.
La H. CORTE CONSTITUCIONAL, recogieron la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ya
mencionada sentencia T-014 del 21 de enero 1999, expresó sobre el tema de la
solidaridad lo siguiente:
“…El hecho de haber
celebrado un contrato de fiducia no la exonera de la responsabilidad laboral.
Surge la pregunta de si los socios pueden relegarse de dicha obligación. Se
predica acá el principio legal de la solidaridad. La Corte Suprema de Justicia
(Casación 9 de abril de 1.960 y de 28 de marzo de 1.969) indicó: “Al respecto
no vale el argumento de que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo,
al contemplar solo la responsabilidad solidaria de las sociedades de personas
con sus miembros y de estos entre si, excluye de las de capital, puesto que si
se creyó conveniente regular de manera especial en dicho estatuto tal aspecto
de la responsabilidad, no fue con el ánimo de exonerar de la que incumbe a las
sociedades anónimas, casi siempre con mayor suma de obligaciones laborales por
su vasto radio de acción, sino porque esa materia está regulada en su
integridad en el derecho comercial aplicable en lo pertinente a las
obligaciones surgidas del contrato de trabajo, a falta de disposición expresa”,
Son pues solidariamente responsables no solo la empresa sino sus socios.
Claro surge una inquietud: si está en trámite liquidación obligatoria, las obligaciones
a cargo de los socios surgen, según el artículo 191 de la Ley 222 de 1.995,
cuando sean insuficientes los activos. Esto es cierto, pero no significa que
desaparece la solidaridad porque el liquidador podrá ( deberá, dice el art.
191) exigir, mediante proceso ejecutivo contra los socios, el faltante del
pasivo externo por cubrir, de acuerdo al respectivo tipo societario. Pero aquí
no se agota el tema de la solidaridad, porque la Corte Suprema de Justicia
(Sentencia de 10 de enero de 1.995) recuerda que según el artículo 20 del
Código Sustantivo del Trabajo en el conflicto de leyes del trabajo y cualquiera
otra se prefieren aquellas, luego no quedará solamente al arbitrio del
liquidador la exigencia a los socios, sino que este derecho también es susceptible
de ser ejercido por los trabajadores y extrabajadores, si el liquidador en el
momento oportuno no lo hace”.
(Las negrillas son
mías), (Las expresiones: deberá , dice el art. 191 intercaladas en el
texto transcrito son también mías).
A su turno la Sala de Consulta y Servicio
Civil del H. CONCEJO (sic) DE ESTADO, con ponencia del Magistrado doctor
AUGUSTO TREJOS JARAMILLO, en el negocio de radicación No. 1.307 del 15 de
febrero del 2.001, ratifica la teoría de la “responsabilidad subsidiaria del
Estado”, tema que recoge la H. CORTE  CONSTITUCIONAL también ya mencionada
sentencia de Sala Plena SU- 1023 del 26 de septiembre del 2.001.
El Código Civil, en su art. 769, señala que
la buena fe se presume. Y la Carta Magna, con su imperativo categórico, determina
que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe.
Permitir que las expresiones demandadas
continúen haciendo parte del art.36 del C.S. de T  y del art. 252 del C. de
Co., es concederle patente de corzo a los empleadores de mala fe, puestos de
moda con la nefasta política neoliberal, contraria a nuestro Estado Social de
Derecho, cuya Constituición Política es garantista, tal como reiteradamente lo
ha dicho la H. CORTE CONSTITUCIONAL.
Con todo respeto solicito a la H. CORTE CONSTITUCIONAL que en
desarrollo de su propia competencia precise la violación de las normas
superiores que endilgo a las disposiciones acusadas.”
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de
Desarrollo Económico
La ciudadana Luz Ángela Muñoz Oviedo,
actuando como apoderada del Ministerio de Desarrollo Económico, intervino en el
proceso en defensa de las expresiones acusadas, como quiera que a su juicio los
vocablos “de personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad
de cada socio”, “no” y “sólo” contenidas en el artículo 36
del Código Sustantivo del Trabajo y en el inciso primero del artículo 252 del
Código de Comercio, no quebrantan el Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 9°, 13,
25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución
Política.
Para el efecto hace un recuento de la
naturaleza, características e importancia de la sociedad anónima. Alude que
este tipo de sociedad surgió como resultado de la evolución de la
responsabilidad de los socios, en la que, partiendo de una responsabilidad
plena, propia de las sociedades colectivas, se llegó primero a las sociedades
de responsabilidad limitada, en las que se separan las obligaciones a cargo de
la empresa y de los  asociados, para luego permitir la conformación de un tipo
societario que reúne grandes capitales.
Alude a la limitación de la
responsabilidad de los socios, como el medio que la sociedad anónima utiliza
para estimular la inversión, debido a la fácil vinculación de inversionistas y
suscripción de aportes, al punto que este tipo societario es el “instrumento
típico de la economía moderna”.
Estima que la responsabilidad de los
socios, propia de las sociedades por acciones, permite la movilidad de éstas, y
estimula la vinculación de grandes aportes al desarrollo societario, porque los
inversionistas conocen, de antemano, que su responsabilidad se limita a
suscribir las acciones y a mantener incorporado su aportes al capital social
hasta la liquidación de la sociedad, de manera que conocen que, en ningún
momento, y bajo ninguna circunstancia, serán compelidos a incrementar su
aporte.
Aduce que en las sociedades de capital
los patrimonios del socio y de la empresa se separan de manera absoluta, y que
la protección de terceros se presenta con la suficiente y adecuada conformación
del fondo social.
Agrega que en este tipo de sociedades no
importa quienes concurrieron a conformar el capital social, aspecto
trascendental en las sociedades de personas.
Concluye que los grandes desarrollos
empresariales no pueden concebirse sin este tipo societario, en el que se
reúnen grandes y pequeños inversionistas, que, en ejercicio de su libertad
contractual, arriesgan únicamente el monto de su aporte en una determinada
actividad empresarial –se apoya en jurisprudencia de esta Corporación y del
Consejo de Estado de las que transcribe apartes.
2. Intervención de la Superintendencia
de Sociedades
El ciudadano Jorge Pinzón Sánchez,
actuando como Superintendente de Sociedades, interviene en el asunto de la
referencia para solicitar que las expresiones “de personas”, “y sólo
hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo”
contenidas en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y en el inciso
primero del artículo 252 del Código de Comercio, sean mantenidas en el
ordenamiento jurídico porque no quebrantan el Preámbulo, y los artículos 1°,
2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la
Constitución Política.
Advierte previamente que el actor  no
hace un señalamiento expreso  de las razones por las cuales  los preceptos
acusados  infringen las normas constitucionales invocadas en la demanda “dejando
este examen al criterio de la Honorable Corte”.
Sostiene que la sociedad anónima se
caracteriza porque el patrimonio societario y el de los accionistas se separan
radicalmente, de suerte que éstos limitan su responsabilidad al monto de sus
aportes. Separación a la que atribuye la creación y creciente actividad
empresarial gestada por este tipo social, mediante la compra y venta de
acciones, de fácil adquisición y negociación en el mercado de valores.
Afirma el interviniente que la sociedad
de responsabilidad limitada, por su parte, surge como una forma de organización
societaria a la que recurren pequeños y medianos empresarios, cuenta con un
número limitado de miembros, posee un capital representado en cuotas sociales
no negociables, aunque, al igual que la anónima, la responsabilidad de sus
socios también se limita al monto de sus aportes.
Estima que, consecuencialmente, la
sociedad de responsabilidad limitada atiende reglas más estrictas en pro de la
protección de terceros, “y se permite la estipulación expresa a cargo de
todos o algunos de los socios de una responsabilidad mayor a la del monto de
sus aportes, o de prestaciones accesorias o garantías suplementarias”,como
quiera que este tipo de sociedad no cuenta con el respaldo patrimonial que
poseen las sociedades colectivas, ni con los volúmenes de capital propios de
las sociedades anónimas.
Estima pertinente mencionar que los
instrumentos jurídicos de protección de acreedores, son iguales para todos los
tipos societarios, porque i) siempre la sociedad matriz responde en forma
subsidiaria ii) procede la acción revocatoria y la acción de simulación, contra
ciertos actos del deudor cuando el patrimonio es insuficiente para pagar los
créditos, y iii) debido a que opera la extensión de la responsabilidad a los
socios, cuando la sociedad ha sido utilizada para defraudar a los acreedores.
Considera que de las sentencias de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a las que alude el
actor, no es dable deducir que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo
establece una responsabilidad solidaria de los accionistas, como quiera que
esta disposición “consagra una responsabilidad excepcional que
razonablemente tiene en cuenta el límite de responsabilidad de cada socio.”
Para concluir insiste en que las
expresiones demandadas no quebrantan el principio constitucional de la
igualdad, porque razones objetivas le permiten al legislador establecer
responsabilidades diferentes frente a las obligaciones originadas en los
contratos de trabajo, según se trate de socios o de accionistas, en cuanto la
responsabilidad de éstos, frente a terceros, es un medio adecuado y
proporcional para conseguir que cada tipo societario realice su objeto, dentro
del marco constitucional de la libre iniciativa privada.
3. Intervención Ciudadana
La ciudadana Rubiela Gamboa Bastidas, en
uso de la facultad que le otorga el numeral 1º del artículo 242 de la
Constitución Política interviene para impugnar la demanda y respaldar la
exequibilidad de las expresiones acusadas.
Considera que las expresiones “de
personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”,
“no” y “sólo” contenidas en el artículo 36 del Código Sustantivo
del Trabajo y en el inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio, no
quebrantan el Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58,
83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución Política.
Afirma que la forma de liquidación de una
sociedad corresponde a la forma como cada sociedad fue conformada, de suerte
que lo que sería arbitrario sería desconocer tal realidad.
Sostiene que la sociedad limitada se
constituye para conformar pequeñas empresas -máximo de 25 socios-, en tanto la
sociedad anónima lo hace para atender las necesidades de las grandes transacciones
comerciales, y el flujo creciente de bienes y servicios y destaca que la
anterior diferencia incide, necesariamente en la responsabilidad de sus
integrantes, aunque el límite de la responsabilidad de los socios no difiera,
porque en el primer caso para los terceros cuentan la persona misma de los
socios, en tanto para estos, resulta indiferente, quienes se vinculan como
accionistas.
Además, con relación a la alusión que
hace el actor de la sentencia T-014 de 1999, la interviniente recuerda que el
aparte que éste enfatiza, fue declarado nulo mediante Auto 022 de 1999, el que
transcribe.
Destaca finalmente que la responsabilidad
ilimitada de los socios, propia de las sociedades colectivas, no puede darse ni
en la sociedad de responsabilidad limitada, ni en las sociedades anónimas.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION
El señor Procurador General de la Nación,
mediante concepto 2834, recibido en la Secretaría de esta Corporación el 2 de
abril del año en curso, interviene para solicitar que esta Corporación se
abstenga de proferir sentencia de fondo, para decidir sobre la
inconstitucionalidad de las expresiones “de personas”, “y sólo hasta
el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo”
contenidas en los artículos 36 del Código Sustantivo del Trabajo y 252 del
Código de Comercio, porque aunque el actor relaciona como violados los
artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y
333 de la Constitución Política, no expone la razón de la violación.
Alude a los requisitos que el Decreto
2067 de 1991 exige para que una demanda de inconstitucionalidad culmine con
sentencia de mérito, de conformidad con los cuales no sólo se requiere señalar
el precepto acusado y las normas constitucionales infringidas, sino también
exponer los cargos en que el demandante sustenta la violación.
Sostiene que de las afirmaciones  del
demandante en torno a la reforma introducida al Código Sustantivo del Trabajo
por la Ley 50 de 1990 no se puede deducir cargo alguno, y que no es dable ante
la ausencia de los requisitos en el ordenamiento establece para la procedencia
de la acción de inconstitucional que él emita concepto, como tampoco que esta
Corporación decida de fondo.
VI. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de
la referencia, porque las expresiones “de personas”, “y sólo hasta el
límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo”
están contenidas en leyes de la República, esto es, los artículos 36 del Código
Sustantivo del Trabajo y 252 del Código de Comercio.
2. Inhibición
Previamente a cualquier análisis de fondo
la Corte debe resolver la petición de inhibición formulada por el señor
Procurador General de la Nación.
Al respecto cabe
recordar que reiterada  jurisprudencia de esta Corporación[1] ha señalado la necesidad de que se cumplan
en los procesos de inconstitucionalidad todos y cada uno de los requisitos
establecidos por el  artículo 2° del Decreto 2067 de 1991[2].  Se trata, como lo dijo la Corte al declarar
exequible la norma citada, de “unos requisitos mínimos razonables que buscan
hacer más viable el derecho [de participación política], sin atentar en ningún
momento contra su núcleo esencial”[3].
Así, si un ciudadano
demanda una norma, “debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente
estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la
demanda”[4] que impide que la Corte se pronuncie de
fondo. Téngase en cuenta, además, que el artículo 241 de la Constitución
consagra de manera expresa las funciones de la Corte, dentro de las que señala
que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo; de acuerdo con
esta norma, “no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las
leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo
cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando
efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un
ciudadano contra una norma legal”[5].
Ahora bien, en relación con el caso que
ocupa la atención de la Corte,  cabe precisar que si bien al momento de
admitir  la demanda,  se constató la identificación y trascripción de las
normas constitucionales que se estimaban violadas, así como la exposición por
el demandante de una serie de argumentos para sustentar su pretensión de
inexequibilidad, el examen detallado de dichos argumentos, propio de la actual
etapa del proceso de control de constitucionalidad, lleva a la Corte a la
conclusión   de que el actor no formula cargos concretos contra las expresiones
acusadas.
En efecto, en  la exposición que hace el
actor, transcrita en  su totalidad en el aparte respectivo de   los antecedentes
de esta providencia,   no encuentra la Corte  que éste  haga efectivamente  un
señalamiento expreso de las razones  por las cuales los preceptos acusados
infringen las normas constitucionales que cita en la demanda.
El actor se limita a hacer una serie de
consideraciones genéricas sobre los inconvenientes que en su concepto trajo
para los trabajadores  la expedición de la ley 50 de 1990 y la utilización de
la figura jurídica de los “fideicomisos”, al tiempo que invoca y transcribe
parcialmente algunas decisiones  de tutela proferidas por la Corte en materia
de solidaridad en el ámbito de las sociedades.
No sobra señalar que a pesar de la
voluntad de la Corporación  de interpretar la demanda  y de buscar el sentido
de afirmaciones del actor  tales como que  “no tiene sentido  que las
sociedades de responsabilidad limitada y de personas  y sus asociados
respondan solidariamente por los pasivos laborales, pero que a las sociedades
anónimas  se les otorgue un aval del estado  para que sus dueños no respondan
por los salarios  y las prestaciones sociales de sus trabajadores, cuando
ellas  entran en situación  de iliquidez o de  liquidación...”, debe
concluirse que éstas, además de confusas, no guardan relación con el texto de
las normas acusadas y por tanto no puede entenderse que con ellas se haya
formulado por el actor un cargo específico contra las mismas.
Por si
quedara alguna duda al respecto, basta remitirse a la afirmación que el propio
actor hace al final de su exposición  sobre la ausencia en su escrito del
concepto de violación de las normas acusadas  cuando señala: “Con todo
respeto solicito a la H. CORTE CONSTITUCIONAL que en desarrollo de su propia competencia precise
la violación de las normas superiores que endilgo a las disposiciones acusadas.”(resalta la Corte).
Si bien la Corte debe  tomar en cuenta el
carácter democrático  de la acción de constitucionalidad y la necesidad de
adoptar un criterio pro actione en el examen de las demandas que le son
presentadas[6], no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación
de los cargos, ni de determinar por sí misma, como lo solicita en este caso el
actor,  el concepto de la violación de las normas que ante ella  se acusan
como infringidas,   pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano
para hacer uso de su derecho  político a ejercer la acción de
inconstitucionalidad.
Así ha dicho  la Corte que:
“(...) la acción pública de
inconstitucionalidad, si bien corresponde a un derecho político expresamente
consagrado en la Constitución en cabeza de todo ciudadano (artículos 40,
numeral 6, y 241 C.P.), cuyo objetivo consiste en preservar la vigencia
efectiva de los principios y normas fundamentales merced a la participación
directa del pueblo, no está exenta de una mínima responsabilidad de quien la
ejerce, toda vez que no ha sido consagrada con el propósito de interferir sin
motivo ni justificación la vigencia de la ley.
Cuando el ciudadano, en ejercicio de su
derecho, acude a la Corte Constitucional en demanda de su decisión sobre la
exequibilidad o inexequibilidad de uno de los preceptos sometidos a su control,
o cuando interviene dentro de procesos de revisión automática de
constitucionalidad, para impugnar las disposiciones sujetas a ella, no se
presenta simplemente como alguien opuesto a la vigencia de la normatividad en
tela de juicio, en cuanto le moleste o no le convenga.  Su presencia en tales
procesos, que en el caso de la acción de inconstitucionalidad son provocados
por la demanda, obedece a la necesidad de asegurar, dentro de la mayor
amplitud, y en un contexto democrático y participativo, que se lo escuche y
atienda, con efectos jurídicos erga omnes, sobre el supuesto de que,
aunque no prosperen, tiene argumentos de derecho para exponer ante la Corte
sobre posibles vicios, de fondo o de forma, en las disposiciones que ataca.
Así las cosas, resulta inadmisible el uso
de la acción pública de inconstitucionalidad para controvertir la validez de
normas, en búsqueda de su inexequibilidad, sin algún fundamento que lleve a la
Corte al examen propio de su función.
De allí que el artículo 2 del Decreto 2067
de 1991 haya establecido, como requisitos para la admisión de la demanda de
inconstitucionalidad y para el fallo, cuando la Corte considere del caso seguir
el proceso, ‘el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren
infringidas’ y ‘las razones por las cuales dichos textos se estiman violados’.”[7]
Es claro en este
sentido que la sola acusación de un precepto legal con la indicación de
los dispositivos superiores en apariencia infringidos, no satisface los
requisitos de procedibilidad del juicio de constitucionalidad, que obligan a la
formulación por el actor de por lo menos un cargo directo de
inconstitucionalidad contra la norma impugnada, que a su vez permita al
juzgador determinar si en realidad existe una oposición objetiva y verificable
entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política[8].
En el caso que ocupa
la atención de la Corte resulta imposible realizar la labor de comparación de
dichos textos legales con las normas constitucionales que se han anunciado como
infringidas, pues se carece de concepto de la violación, a partir del cual
pueda efectuarse el examen enunciado.
Así las cosas, dado
el carácter meramente aparente de los cargos esbozados en la demanda,
construida a partir de argumentos vagos y abstractos, así como el
reconocimiento que hace el actor del incumplimiento del requisito de
procedibilidad señalado, no es posible para la Corte proferir una decisión de
fondo en el presente proceso.
Por todo lo anterior, la Corte se
declarará inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las
expresiones demandadas y así lo señalará en la parte resolutiva de este
sentencia.
VII. DECISION
En
mérito de los expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el
concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites
previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
R E S U E L V E
Declararse INHIBIDA para pronunciarse  en relación con las
expresiones “de personas”, e “y sólo hasta el límite de la
responsabilidad de cada socio” contenidas en el artículo 36 del Código
Sustantivo del Trabajo, así como en relación con  las expresiones “no” y
“sólo”, contenidas en el inciso primero del artículo 252 del Código de
Comercio, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Cópiese, comuníquese, notifíquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNTETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Al respecto ver la síntesis de esta
jurisprudencia realizada en la Sentencia  C-1052/01 M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa y los considerandos que sobre el tema allí se hacen, a los que remite
esta  Sentencia.
[2] Dice la citada norma: “Artículo 2º. Las demandas en
las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en
duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de
la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas
constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales
dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la
forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente
para conocer de la demanda".
[3] Corte Constitucional Sentencia C-131 de
1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta sentencia declaró la
constitucionalidad del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, y estableció el
punto de partida de la jurisprudencia constitucional respecto de la
sistematización de los requisitos que deben cumplir las demandas de
constitucionalidad. Los lineamientos generales sobre la materia han sido
desarrollados, entre otras, en las sentencias C-024 de 1994 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero); C-504 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo);
C-609 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa);  C-236 de 1997 (M.P. Antonio
Barrera Carbonell); y, C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Ciertamente, existen muchos otros pronunciamientos sobre el particular que
desarrollan  y precisan los elementos esbozados en estos fallos. Ver Sentencia
C-1052/01 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[5] Ibídem Sentencia C-447 de 1997, citada en
la sentencia C- 1052/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] Ver
Sentencia C-1052  M.P. José Manuel Cepeda Espinosa.
[7]
Sentencia C-630/96 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[8] Ver
Sentencia C-380 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,  reiterada en la Sentencia
C-328 de 2001 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.