T-421-10
Sentencia T-421/10
Sentencia
T-421/10
ACCION DE TUTELA CONTRA CAJANAL EN LIQUIDACION-Reconocimiento y pago transitorio de pensión según Ley 42/33
PENSION A DOCENTE CONFORME A LEY 42/33-Caso
en que se encuentra en estado de pobreza, tiene más de 70 años y servicios por
más de 15 años a establecimientos educativos públicos y privados
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y MINIMO VITAL DE DOCENTE DE LA TERCERA
EDAD-Violación por negar pensión con actos no
motivados, insuficientes y contrarios a la ley
REGIMEN DE TRANSICION-Derecho a obtener
pensión con edad, tiempo de servicios y monto establecidos en Ley 42/33
PRESUNCION DE BUENA FE Y VERACIDAD DE PARTICULARES ANTE AUTORIDADES
PUBLICAS EN PENSIONES-Aporte de declaraciones
extrajuicio para acreditar tiempo de servicio como docente de colegio privado
Referencia: expediente T-2525422
Acción de tutela
interpuesta por Teresa Mariela Torrado Clavijo contra la Caja Nacional de
Previsión Social EICE en Liquidación.
Magistrada Ponente:
Dra. María Victoria Calle Correa
Bogotá, D.C., veinticinco
(25) de mayo de dos mil diez (2010).
La Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de los fallos adoptados, en primera instancia, por el Juzgado Único
Laboral del Circuito de Ocaña y, en segunda instancia, por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro de la acción de
tutela instaurada por Teresa Mariela Torrado Clavijo, contra la Caja Nacional
de Previsión Social EICE en Liquidación.[1]
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1. Teresa Mariela Torrado Clavijo
dice haber prestado sus servicios por más de quince (15) años como docente para
establecimientos educativos privados y públicos, así: (i) primero desde
1950 hasta 1954, en el Colegio San Luis Gonzaga, ya desaparecido;[2]
(ii) luego desde el 11 de octubre de 1960, hasta el 30 de julio de 1964, más
adelante desde el 22 de marzo de 1965 hasta el 30 de diciembre de 1965 y,
finalmente, desde el 29 de mayo de 1970 hasta el 17 de mayo 1977, estos últimos
períodos para instituciones vinculadas al departamento de Norte de Santander.[3]
Por ese motivo, luego de tener más de  setenta (70) años,[4]
le solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación el
reconocimiento y pago de la pensión especial de jubilación establecida en el
artículo 1° de la Ley 42 de 1933.[5]
2. No obstante,
la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación le negó la solicitud
en dos oportunidades. Primero, mediante Resolución No. 37675 de agosto de 2007,
bajo el argumento de que no bastaba con cumplir los requisitos enunciados en el
artículo 1° de la Ley 42 de 1933 para que la pensión pudiera serle reconocida,
se le dijo que además debía reunir las condiciones establecidas en una Ley
anterior: la Ley 114 de 1913, que exigía tener veinte (20) años de servicio en
la docencia oficial. Como la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo no cumplía
con esa condición, entonces no tenía derecho al reconocimiento y pago de la
pensión reclamada.[6]
Al decidir un
recurso de reposición instaurado por la peticionaria, mediante Resolución No. 21435
del 16 de mayo de 2008, la entidad accionada sostuvo que la señora Teresa
Mariela Torrado Clavijo no le asistía el derecho a la pensión contemplada en la
Ley 42 de 1933 (i) porque no tenía setenta (70) años al momento de
entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993. La
Caja Nacional de Previsión EICE en Liquidación sustentó su afirmación así: “para
acceder a la pensión solicitada, la interesada debe contar con 70 años de edad
al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para adquirir el derecho
al régimen de excepción”.[7] Agregó
que tampoco, (ii) tenía quince (15) años de servicios como docente. A
esta conclusión llegó la Caja, sin tener en cuenta el tiempo de
servicios trabajado por la peticionaria para la institución educativa no
oficial, Colegio San Luis Gonzaga.
3. Manifiesta
que, agotada la vía gubernativa,[8] acudió a la Procuraduría
Judicial para Asuntos Administrativos de Norte de Santander solicitando la
diligencia de conciliación previa, pero dicha diligencia no pudo realizarse
porque la entidad demandada no asistió en las oportunidades en que fue citada.
Igualmente, señaló que, aunque acudió a la vía Contenciosa-Administrativa, la
demanda interpuesta fue inadmitida y luego rechazada de plano por no haber sido
subsanada dentro de los términos legales. Por tanto, ahora acude a la acción de
tutela porque considera que la Caja Nacional de Previsión Social EICE en
Liquidación, le violó sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad
y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento de la pensión de
jubilación establecida en la Ley 42 de 1933. Sostiene que necesita de la
pensión para subsistir autónomamente, pues no cuenta con otro ingreso y aunque
siempre pudo vivir con dignidad gracias al apoyo de su hermana Ana Mercedes
Torrado Clavijo, ésta falleció y la dejó al amparo de una sobrina, de la cual
depende para satisfacer sus necesidades básicas.[9] Solicita, por
ello, (i) que se le ordene a Cajanal el reconocimiento de la pensión de
vejez establecida en la Ley 42 de 1933 y (ii) que ésta le pague su
mesada pensional desde dos mil tres (2003), fecha en la cual cumplió setenta
(70) años.
Respuesta de
la entidad accionada
4. La Caja
Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación guardó silencio.
Decisiones de
instancia bajo revisión
5. El dieciocho
(18) de septiembre de dos mil nueve (2009), el Juzgado Único Laboral del
Circuito de Ocaña resolvió declarar improcedente el amparo invocado. Consideró
que por tratarse de una reclamación para reconocimiento pensional, debían ser
por otra vía distinta a la tutela que se decidiera la controversia. Agregó que
en este caso no se había violado el derecho de petición, pues las solicitudes
de la tutelante fueron satisfechas con las respectivas resoluciones, mediante
las cuales se le negó su pensión.
6. Impugnado el
fallo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta lo confirmó mediante
providencia del seis (6) de noviembre de dos mil nueve (2009). Consideró que
aunque la accionante pertenece a un grupo de especial protección
constitucional, por su avanzada edad, lo pretendido excede la competencia del
juez de tutela. Más aún teniendo en cuenta que no existen pruebas en el proceso
que permitan demostrar que, en efecto, la accionante cumple con los requisitos
de tiempo de servicios como docente, establecidos en la Ley 42 de 1933. Siendo
así, opinó que la tutela no debe ser el medio idóneo para la presente
reclamación. De otro lado, afirmó que la accionante interpuso la acción de
tutela luego de haber transcurrido más de un año desde la fecha en la cual la
entidad accionada negó el reconocimiento del derecho, razón por la cual no
cumple con el requisito de inmediatez.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Presentación
del problema jurídico y procedencia de la tutela en el caso concreto
2. La Corte debe
decidir si la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación le violó a
Teresa Mariela Torrado Clavijo su derecho al mínimo vital al haberle negado la
pensión de jubilación contemplada en la Ley 42 de 1933, a pesar de que: (i)
tiene más de setenta (70) años y prestó sus servicios como docente durante más
de quince (15) años para establecimientos educativos públicos y privados.
Teniendo además en cuenta que (ii) la Ley 42 de 1933, dice en su artículo 1°
que “[l]os individuos que hubieren desempeñado durante más de 15 años
puestos en el magisterio como profesores en establecimientos públicos o
privados y que tuvieren más de 70 años, tendrán derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación de ochenta pesos ($80) pagaderos del erario público
nacional”.
3. Para resolver
este asunto, lo primero que constata la Sala de Revisión es que el juez de
segunda instancia declaró la improcedencia de la acción de tutela, entre otras
razones, porque consideró que ésta no cumplía con el requisito de inmediatez ya
que fue interpuesta catorce (14) meses después de que la Caja Nacional de
Previsión Social EICE en Liquidación le negó el derecho a la pensión de
jubilación a la accionante. La Sala de Revisión no comparte el argumento del
juez de instancia, ya que éste no tuvo en cuenta que entre el 16 de mayo de
2008,[10] fecha en que se le negó
el derecho a la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo, y el 26 de agosto de
2009, fecha de interposición de la acción de tutela, la tutelante manifiesta
que convocó a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación a
conciliación prejudicial ante la Procuraduría 24 Judicial de San José de
Cúcuta, teniendo que esperar meses para su realización, conforme a la fecha
fijada para la misma, audiencia que además fue declarada fallida el 16 de
septiembre de 2008 por inasistencia injustificada de la entidad convocada.[11]
La tutelante manifiesta también, que interpuso acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la entidad accionada, la cual fue
conocida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cúcuta, quien
rechazó la demanda y ordenó el archivo de la misma el  17 de junio de 2009.[12]
4. Ahora bien, con el rechazo de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, podría pensarse que la tutela resultaría
improcedente por cuanto, debido al paso del tiempo, las acciones legales
caducaron, porque, en efecto, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido
como criterio constitucionalmente admisible el de declarar improcedentes las
acciones de tutela para cuestionar determinados actos, si los demandantes tenía
otras acciones legales pero las dejaron caducar injustificadamente.
Precisamente por ese motivo, por ejemplo en la sentencia T-912 de 2006,[13]
la Corte declaró improcedente el amparo para reclamar el reconocimiento de un
derecho pensional, tras constatar que el peticionario había dejado caducar las
acciones que tenía a su alcance.
5. Con todo, en
este caso no sería apropiado concluir que las acciones legales, a disposición
de la tutelante, hubieran caducado. En efecto, contra los actos administrativos
que le negaron el derecho al reconocimiento de la pensión, pueden aún instaurar
una acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del
derecho. Y una acción de esa naturaleza, según la jurisprudencia vigente del
órgano autorizado para definir sus alcances, no caduca cuando se pretende
cuestionar un acto administrativo como el que en esta ocasión se controvierte.
La Sección Segunda del Consejo de Estado por ejemplo, al ocuparse de una acción
de nulidad y restablecimiento instaurada más de un año y tres meses después de
haberse notificado el correspondiente acto administrativo, sostuvo que la
pretensión no había caducado. En esa oportunidad, el acto atacado le negaba a
la cónyuge de un pensionado el derecho a la sustitución pensional, y la máxima
autoridad de la justicia contencioso administrativa consideró que, en una
hipótesis de esa índole, no podía operar la caducidad por las siguientes
razones jurídicas:
“El artículo 48 de la Constitución Política,
habilita el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social, y en esa
misma dimensión el artículo 46 ibídem, constitucionaliza el amparo prevalente
frente a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. Estos
dos preceptos constitucionales que suponen protección frente a situaciones de
necesidad, resultarían completamente ineficaces a la interpretación consolidada
que no exime de caducidad a los actos que niegan prestaciones periódicas, y
teniendo en consideración que los mandatos constitucionales suponen principios
para la protección de derechos fundamentales, es evidente para esta Sala que el
alcance regulador del numeral 2 del artículo 136 C.C.A., debe ser
reinterpretado en el sentido de exonerar del término de caducidad a los actos
que niegan prestaciones periódicas.
[…]
En suma, la relectura y alcance que en esta
oportunidad fija la Sala al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
en cuanto dispone que los actos que reconocen prestaciones periódicas pueden
demandarse en cualquier tiempo, no apuntó sólo a aquéllos que literalmente
tienen ese carácter, sino que igualmente comprende a los que las niegan […]”.[14]
6. Por lo
anterior, y acogiendo la posición del Consejo de Estado, la Sala de Revisión
considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no ha
caducado, razón por la cual la presente acción de tutela no podría declararse
improcedente basándose, para ello, en la expiración del término para instaurar
ante la justicia, la acción correspondiente. Lo que, en otras palabras
significa que la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo aún tiene la posibilidad
de demandar las resoluciones proferida por la Caja
Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, pues su instrumento natural
de defensa no está sujeto al término de caducidad establecido en el artículo
136 numeral 2° del Código Contencioso Administrativo.
7. En tercer
lugar, la Sala de Revisión encuentra que la acción de tutela se ejerció en
contra de unos actos administrativos mediante los cuales la Caja Nacional de
Previsión Social EICE en Liquidación negó el reconocimiento de una pensión
especial de jubilación a una persona de la tercera edad. Ahora bien, aun cuando
la Corte Constitucional ha manifestado que, por regla general, la acción de
tutela es improcedente para resolver controversias sobre actos administrativos
referentes a temas pensionales, ya que existen mecanismos judiciales idóneos
para la solución de este tipo de pretensiones, esta Corporación ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela cuando con su ejercicio se busca
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. [15]
8. En el caso
concreto, la Sala de Revisión considera que la acción de tutela es procedente,
porque se trata de una persona que goza de protección constitucional reforzada
por ser de la tercera edad, tiene derecho a la pensión y, sin embargo, ve
amenazado su mínimo vital necesario para satisfacer sus necesidades básicas y
llevar una existencia digna. En efecto, actualmente vive de la generosidad de
una sobrina suya, y no tiene, para subsistir de forma autónoma, ni salario, ni
mesada pensional, ni renta, ni fuerza de trabajo para prestar sus servicios
personales a cambio de un salario o una remuneración. Por tanto, la acción de
tutela debe ser estudiada de fondo, pues en definitiva se emplea para evitar un
perjuicio: actual, ya que se encuentra hoy por hoy a merced de otra
persona para satisfacer sus necesidades básicas y, además, grave pues la
decisión de la entidad accionada amenaza con mantenerla en un estado de
abandono indignante, ya que podría incluso verse privada de la posibilidad de
alimentarse, asearse, vestirse y proveerse un techo autónomamente. Son amenazas
que demandan, actuaciones urgentes e impostergables de las autoridades
públicas, incluidos naturalmente los jueces de tutela.[16]
9. Ahora bien,
esta sola circunstancia no quiere significar que la
Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación haya violado los derechos
fundamentales. Para establecerlo,
es preciso verificar además si las decisiones fueron debidamente motivadas y,
por otra parte, si se expidieron de conformidad con lo dispuesto por la ley. En
caso de constatarse que la entidad demandada no respetó estas dos condiciones
básicas, la Sala debe concluir que se le violaron a la tutelante su derecho al
mínimo vital y al debido proceso, pues se la privó de los mínimos
indispensables para sobrellevar una existencia digna, sin motivación ni
justificación suficiente.
En este caso
se le negó a la tutelante su pensión con actos no motivados en debida forma y,
prima facie, contrarios a la ley. Por tanto se le conculcó su derecho al debido
proceso y, además, se le violó su derecho al mínimo vital
10. La
administración tiene el deber de hacer públicas las razones que la
conducen a adoptar una decisión, especialmente cuando tiene la virtualidad de
frustrar un interés de los gobernados. Ese deber tiene su fundamento, en un
Estado Constitucional, en el derecho de toda persona “a la defensa” (art.
29, C.P.), pues este derecho sólo puede efectivizarse si la administración
establece en sus actos los motivos que la conducen a tomar decisiones, para que
las personas –en especial las afectadas- los conozcan y los puedan cuestionar.
Pero, desde luego, ese derecho no sólo se desconoce cuando por completo se
desobedece el deber de motivación, sino también cuando se ofrecen razones
oscuras, indeterminadas, insuficientes, parciales o superfluas para sustentar
una decisión.[17]
11. Un ejemplo
de motivación insuficiente, que según la Corte supuso una violación del derecho
al debido proceso, se analizó en la sentencia SU-250 de 1998,[18]
en el caso de una persona que fue desvinculada de su cargo de notaria en
interinidad mediante un acto administrativo en el cual simplemente se citaban
algunas normas, y se decía que la decisión se dictaba en ejercicio de las
prescripciones contenidas en ellas. La Corporación señaló que la mera citación
de normas no podía tenerse en cuenta como una motivación suficiente, pues era
necesario además señalar las razones (empíricas y argumentativas) que, en
concordancia con la normatividad correspondiente, justificaban la remoción del
servicio. Además, indicó que al no haber concurrido todas las condiciones
necesarias de motivación de los actos, se violaba el derecho de defensa de la
persona accionante, pues se le impedía materialmente contradecir el acto. Dijo:
“[e]n conclusión, la cita de las normas no
equivale a motivación; para una desvinculación, el nominador debe enumerar con
claridad las causas y hechos que motivaron el retiro. Mientras no lo haga está
violando el debido proceso. En el presente caso se incurrió en tal omisión,
luego la tutela prospera por este aspecto, de lo cual se infiere que debe
dársele al Presidente de la República y al Ministro de Justicia y el Derecho la
orden de que profieran el acto administrativo para que la doctora Duque, pueda
nuevamente controvertir el asunto ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, si es que esa sería su determinación”.
12. Ahora bien,
un acto puede ser contrario a la Constitución, no sólo porque exponga motivos
insuficientes para adoptar una determinada decisión, sino también porque adopte
decisiones contrarias a la ley en casos en los cuales está de por medio la
garantía de derechos fundamentales. De modo que si, en un caso, una persona
reclama el reconocimiento y pago de una prestación como la indemnización
sustitutiva o la pensión de vejez, y ella se niega por razones jurídicas
insuficientes, que además inciden en sus derechos fundamentales, se viola la
Constitución. Así lo ha dicho la Corte, por ejemplo, en la sentencia T-597 de
2009.[19] En esa oportunidad examinaba la acción de tutela interpuesta
también contra la Caja Nacional de Previsión Social, por una persona que
reclamaba el reconocimiento y pago de su indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, la cual le había sido negada –entre otras razones- porque al
momento de retirarse no cumplía la edad para obtener la pensión o la
indemnización sustitutiva y no era posible, según Cajanal, conceder la referida
indemnización en hipótesis de esa naturaleza. La Corte, empero, consideró que
esa exigencia no estaba conforme a la ley y que, como en el caso concreto el
tutelante requería de la indemnización para satisfacer sus necesidades básicas,
se le había violado su derecho al mínimo vital por negársela con fundamento en
esos motivos.
Sostuvo en
aquella oportunidad:
“4.3.3. Además, resalta esta Sala que esta Corporación en
diversas oportunidades bajo similar supuesto de hecho al objeto de esta acción
de tutela, esto es, frente a la negativa del reconocimiento del derecho a la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez debido a que [el] retiro del
servicio ocurrió antes de cumplir la edad requerida para acceder a la
mencionada pensión, ha tutelado el derecho fundamental a la seguridad social,
al mínimo vital y a la vida y han ordenado el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, una vez se constata que en vigencia de la Ley 100 de
1993 el accionante cumplió la edad mínima requerida para acceder a la pensión
de vejez, cumpliéndose el presupuesto para que el afiliado al sistema pudiera
optar libremente por la indemnización sustitutiva, pues no había adquirido
derecho alguno conforme a la normatividad anterior.
4.3.4. Ahora bien, en el presente caso advierte esta Sala que
el accionante cumplió la edad para acceder a la pensión de vejez, 60 años, el
29 de enero del año 2000, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que al
no cumplir con el tiempo de cotización para acceder al derecho a la pensión de
vejez, optó por solicitar la indemnización sustitutiva, requerimiento que
conforme a lo expuesto está ajustado al ordenamiento legal y constitucional, y
cuya satisfacción es indispensable para la garantía del derecho fundamental al
mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
4.4. Constatada de esta forma la actuación ilegítima de la
entidad accionada y por ende la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, esta Sala de Revisión tutelará a Francisco Biblio Quintero Bedoya
los derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida, y por tanto ordenará
a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, hoy Cajanal EICE en
Liquidación, reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la
que tiene derecho el accionante, de acuerdo a las semanas de cotización que se
encuentren debidamente acreditadas y pague de conformidad con las normas que
rigen el proceso de liquidación de la entidad accionada”.
13. Así las
cosas, en este caso la Sala considera que a la demandante también se le
violaron sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, porque
las decisiones tomadas por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, hoy
Cajanal EICE en Liquidación no sólo no están debidamente motivadas, sino que
aparecen prima facie contrarias a la ley a pesar de que de la pensión dependen las
necesidades básicas de la peticionaria.
14.
Efectivamente, la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación le
ofreció en dos Resoluciones distintas, razones diversas a la actora para
negarle la pensión solicitada. Primero, en la Resolución
No. 37675 de agosto de 2007, le negó la pensión bajo el argumento de que no
bastaba con cumplir los requisitos enunciados en el artículo 1° de la Ley 42 de
1933. Era necesario, además, reunir las condiciones establecidas en una Ley
anterior a esta, así fueran diferentes y más exigentes: era preciso satisfacer
lo dispuesto en la Ley 114 de 1913, que exigía tener veinte (20) años de
servicio en la docencia oficial. Dado que la señora Teresa Mariela Torrado
Clavijo no cumplía con esa condición, entonces no tenía derecho –según Cajanal–
al reconocimiento y pago de la pensión reclamada, aunque sí cumpliera con las
exigencias de la Ley 42 de 1933. Y así motivó esa exigencia:
“la ley aplicable para el reconocimiento de
la Pensión Mensual Vitalicia de Jubilación – GRACIA- es la del momento en que
adquiere el status pensional, es decir que cumpla con los requisitos de tiempo
de servicios y de edad, que para el caso en concreto no sería la Ley 42 de
1933, sino la [L]ey 114 de 1913, es decir 20 años de servicio en la docencia
oficial del orden departamental, municipal o distrital.
[…]
Concluye esta Entidad que con los elementos
de juicio existentes en el expediente administrativo de la peticionaria la
señora TORRADO CLAVIJO TERESA MARIELA, se puede establecer que no cumple con el
requisito de veinte (20) años de servicio al Estado, como Docente, en
consecuencia y de acuerdo a las normas legales, es procedente Negar la
prestación solicitada.”[20]
15. Esta
motivación no cumple con la carga de suficiencia, que la Constitución le impone
a la administración pública cuando adopta sus decisiones. Para empezar, no es
evidente que quien reclama la pensión consagrada en la Ley 42 de 1933, debe
satisfacer también las exigencias establecidas en una ley distinta y anterior,
que más que consagrar requisitos complementarios o adicionales, consagra
requerimientos diferentes, e incluso más exigentes. En efecto, desde el punto
de vista jurídico, si la Ley 42 de 1933 establece como exigencias para adquirir
una pensión (i) el desempeño durante más de 15 años en el magisterio como
profesor en establecimientos públicos o privados y (ii) tener
más de 70 años, no es evidente que se tenga que acreditar una condición más
gravosa, estipulada en una ley anterior, como la que demandaba la Ley 114 de
1913, de tener veinte (20) años o más de servicios en entidades oficiales. Mucho
menos evidente resulta esa interpretación, si se constata que en toda la Ley 42
de 1933 no hay una referencia expresa, o una remisión a la Ley anterior. Dado
que en el caso sometido a consideración de la Sala no era esa una conclusión
evidente, a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación se le
exigía un desarrollo más amplio de las razones que la condujeron a exigir el
requisito de los 20 años de servicio en el magisterio, establecido en la Ley
114 de 1913. Pero esos argumentos no fueron plasmados en el acto administrativo
y, por tanto, la forma de plantear la negativa le dificultó a la peticionaria
su derecho a la contradicción del acto.
16. Al mismo
tiempo, la negativa de la pensión sumió a la actora, sin justificación
suficiente, en situación de desamparo y, por ende, le violó también su derecho
al mínimo vital. Porque esa interpretación de la Ley 42 de 1933 no sólo no está
debidamente motivada, sino que tal como aparece expuesta resulta contraria a lo
dispuesto de forma expresa en el cuerpo mismo de la Ley. De hecho, la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo refiriéndose a las
pensiones de jubilación para determinados profesores de educación pública y
privada, que tales pensiones eran una excepción a la regla general en materia
de pensiones de jubilación y como tal resultaba, en lo regulado por ella,
autosuficiente, de modo que no era correcto cambiar sus requerimientos por
otros de normas distintas. Se dijo en la sentencia aludida:
“[c]abe observar que la pensión de
jubilación en los términos de la Ley 42 de 1933 no fue concebida con base en
los principios que caracterizan un sistema de seguridad social sino que se
estableció como una "excepción" para quienes se encontraran en las
circunstancias previstas en aquella ley porque el Estado estaba en la
obligación de garantizar la vida digna y la subsistencia de los ancianos”.[21]
17. Lo que es
más, la propia Caja Nacional de Previsión Social –EICE- en Liquidación, afirmó
posteriormente, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 37675 de agosto de 2007, que
para pensionarse de acuerdo con la Ley 42 de 1933 no es necesario reunir,
también, los requisitos de la Ley 114 de 1913.[22] Por eso al
decidir un recurso de reposición instaurado por la peticionaria, señaló que de
acuerdo con las normas que regulan la pensión solicitada, “tienen derecho a
ésta prestación las personas que hubieren ejercido por más de 15 años labor de
profesor en el magisterio ya fuere en establecimiento público o privado”.[23]
Esa manifestación no fue óbice, empero, para negarle la pensión a la accionante
en segunda instancia aunque por motivos diferentes. Esta vez, en la Resolución 21435 de 2008, rechazó su solicitud por dos
causas distintas. (i) Por una parte,  porque no tenía setenta (70)
años al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley
100 de 1993.[24]
18. Sin embargo,
tampoco esta interpretación es evidente. En consecuencia, era preciso motivar
el acto administrativo de forma suficiente, para que la interesada pudiese
ejercer su derecho de contradicción y defensa, lo que no ocurrió en esta
oportunidad, ya que en la Resolución 21435 de 2008 no
se advierte que este requisito se hubiese cumplido, al expedir el acto
administrativo.
19. Por lo
demás, aun cuando el entendimiento de esta exigencia no fue explicitado por la
Caja Nacional de Previsión Social, -EICE- en liquidación, la Corte considera
que es contrario a la ley. En efecto, parece subyacer al acto la opinión de
acuerdo con la cual a la tutelante no podría aplicársele la Ley 42 de 1933,
porque una vez entrado en vigencia el nuevo sistema general de pensiones, quien
no hubiera tenido setenta (70) años de edad, perdía el derecho a pensionarse de
conformidad con esa normativa, así hubiera reunido los quince (15) años de
servicios exigidos en la citada ley, pues la entrada del  nuevo régimen supuso
la introducción de requisitos distintos a esos. No obstante, la Sala considera
que esa motivación es apenas parcialmente cierta. En efecto, quienes al momento
de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993,[25]
tenían el derecho adquirido a pensionarse según algún régimen pensional
anterior, contaban con la garantía de que sus condiciones les serían
respetadas.[26] Pero, eso no quiere
decir que quienes no hubieran adquirido el derecho a pensionarse con los
regímenes previos, antes de ese momento, hubieran perdido por completo
cualquier posibilidad de beneficiarse siquiera de algunas de sus condiciones,
pues podrían tener derecho al régimen de transición.
20. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, quienes no habían adquirido el derecho a pensionarse con el
correspondiente régimen anterior a la Ley 100, pero tenían para el primero de
abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) “treinta y cinco (35) o más años de edad si
[era]n mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si [era]n hombres, o quince
(15) o mas años de servicios cotizados” (art. 36, inc. 2°, Ley de 1993), podían beneficiarse del régimen de transición. Según el inciso 2° del artículo 36, pensionarse
según el régimen transición es equivalente a pensionarse de acuerdo con el
régimen anterior al cual hubieran estado afiliadas las personas, pero sólo en
cuanto a “[l]a edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez”
(art. 36, inc. 2°, Ley 100 de 1993).
21. Así las cosas, sólo habría sido factible negarle a la
tutelante la pensión contemplada en la Ley 42 de 1993 por no haber tenido
setenta (70) años al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, si se hubiera
logrado demostrar que no tenía derecho a pensionarse de acuerdo con el régimen
de transición. No obstante, este no fue argumentado por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación y, en
consecuencia, al menos por ese motivo le violó el derecho a la defensa, pues
expuso motivos insuficientes para negarle la prestación reclamada, y esa
omisión se tradujo en la imposibilidad de la tutelante de contradecir
adecuadamente el acto mediante el cual se le negó la pensión. Pero, además, le
violó el derecho al mínimo vital, porque cuando entró en vigencia el sistema general de pensiones,
la señora Torrado superaba los sesenta años. Por tanto, desde ese momento
adquirió el derecho a beneficiarse del régimen de transición y, así, a obtener
su pensión con la edad, el tiempo de servicios y el monto establecidos en la
Ley 42 de 1933, que era el régimen al cual pertenecía en esa época.
22. Pero la Caja
Nacional de Previsión EICE en Liquidación también adujo, en la Resolución 21435
de 2008, otro motivo adicional para negarle la pensión a la peticionaria. (ii)
Señaló, que debía rechazarle la solicitud pensional a la tutelante porque
no tenía más quince (15) años de servicios como docente en instituciones
educativas oficiales o no oficiales. Sin embargo, esta Sala constata que a esa
conclusión pudo llegar la demandada, a causa de no haber tenido en cuenta el
tiempo de servicios trabajado por la peticionaria para la institución educativa
no oficial, Colegio San Luis Gonzaga. Y, por esta razón, la decisión le viola
su derecho al debido proceso, pues se adoptó sin tener en consideración ese
tiempo dentro del cómputo preciso de los años de servicio de la tutelante. Si
no se hubiera omitido su cómputo, la peticionaria habría completado los quince
(15) años de servicio como docente exigidos por la Ley para obtener la
pensión.
23. No obstante,
la Sala advierte que en el expediente sólo se acreditaron once (11) años y
treinta y nueve (39) días de servicios en la docencia[27] de conformidad con lo dispuesto en la Ley 42 de 1933, el cual
establece que los servicios prestados serán acreditados “[…] con los
nombramientos que se les hubieren hecho para las cátedras y con los
certificados de haberlas desempeñado satisfactoriamente”,[28] porque el tiempo faltante para completar los quince (15) requeridos
por la Ley 42 de 1933, se acreditó mediante declaraciones extrajuicio, rendidas
por tres de sus antiguos alumnos. Al respecto, la Sala de Revisión encontró que
la imposibilidad de acreditar el tiempo de servicio restante con base en lo
establecido en la Ley 42 de 1933, está justificado en causas ajenas a la
voluntad de la tutelante, pues, luego de solicitar la expedición del documento
a la Gobernación de Norte de Santander, la Secretaría de Educación del
Departamento le informó que no existen archivos anteriores al año 1989 debido a
un incendio.
24. En este
caso, en aplicación del principio constitucional de presunción de buena fe de
las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas,[29] y teniendo en
cuenta que la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación no
desvirtuó durante el trámite administrativo la ocurrencia de los hechos que
imposibilitaron a la tutelante aportar las certificaciones de su trabajo como
docente en el Colegio San Luis Gonzaga, ni tampoco presentó un informe sobre
los hechos y pretensiones de la acción de tutela, la Sala de Revisión, en
aplicación de la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991,[30] tendrá por ciertos estos hechos, que además constituyen una fuerza
mayor[31] que le imposibilitó a la
señora Teresa Mariela Torrado Clavijo aportar las certificaciones del tiempo de
servicio como docente en un colegio privado. Tales certificaciones fueron
suplidas por las declaraciones extrajuicio de tres de sus antiguos alumnos, que
constituyen un medio probatorio admisible para acreditar el tiempo de servicios
restante, pues, con base en lo establecido en artículo 25 de la Ley 962 de
2005,[32] en los casos en los que se requiera de testigos para acreditar
hechos ante una entidad de previsión o seguridad social responsable del
reconocimiento o pago de pensiones, no está prohibido acudir a este medio.
25. Ahora bien,
en las declaraciones aparece expresamente dispuesto que la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo
trabajó durante al menos cuatro (4) años para el desaparecido Colegio San Luis
Gonzaga. Así lo declaró, por ejemplo, el señor Javier Lemus Cabrales, quien
cuenta ahora con sesenta y tres (63) años, pues dijo que la tutelante fue su
profesora “de 1°, 2°, 3° y 4° de primaria”.[33] Si a este tiempo se le
suman los once (11) años y treinta y nueve (39) días laborados al servicio del
departamento de Norte de Santander, se tiene que la demandante reúne los más de
quince (15) años de servicios prestados en establecimientos educativos públicos
o privados exigidos por la Ley 42 de 1933. Por tanto, la Resolución 21435
de 2008 también es contraria a la ley, porque dice que la peticionaria no
reunía los más de quince años de servicios, aun cuando en realidad sí lo hacía.
26. En
consecuencia, la Corte Constitucional no encuentra ajustadas a la Constitución
y a la ley las Resoluciones 37675 y 21435 de 2008,
porque se le niega a la peticionaria su pensión, pero con motivaciones
insuficientes e interpretaciones contrarias a la Ley 42 de 1933. Porque esta
última estableció como requisitos i) tener 70 años de edad, ii) haber laborado
durante más de 15 años en establecimientos educativos públicos o privados. La
tutelante tiene en la actualidad más de setenta y cinco (75) años y acreditó
mediante declaraciones juramentadas ante notario de tres antiguos alumnos
suyos, el tiempo restante de servicios, para computar los 15 años exigidos.[34]
Además aportó como prueba de su estado de pobreza, un acta de inspección ocular
realizada por el Personero Municipal de Ocaña, en la cual se menciona el estado
de dependencia económica en el cual se encuentra en su vejez,[35]
y acreditó más de 15 años en el magisterio. Además teniendo en cuenta (i) la edad de la tutelante, (ii) la
falta de independencia en la cual se encuentra actualmente debido a la carencia
de ingresos propios, (iii) la concurrencia de la prueba sumaria de los
años de servicios restantes y (iv) la finalidad del amparo, la Corte
Constitucional tutelará transitoriamente el derecho al mínimo vital y al debido
proceso de la tutelante.
27. En
consecuencia, la Sala de Revisión revocará las decisiones de instancia que
negaron el amparo solicitado, y concederá de forma transitoria el derecho al
mínimo vital de la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo. Por tanto, le
ordenará a la Caja Nacional de Previsión Social EICE -en liquidación-, que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, le
reconozca y pague la pensión de jubilación a la señora Teresa Mariela Torrado
Clavijo, con base en lo establecido en la Ley 42 de 1933 y el artículo 4 de la
Ley 4 de 1966.[36] Sin embargo, se le
advertirá a la accionante que si en un término de cuatro (4) meses, contados a
partir del momento en que se le notifique este fallo, no interpone la acción
contenciosa administrativa para el reconocimiento de su derecho, los efectos
del mismo cesarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto
2591 de 1991.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo expedido el
seis (06) de noviembre de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, el cual
confirmó la providencia emitida el dieciocho (18) de septiembre de dos mil
nueve (2009) por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña. En
su lugar, tutelar transitoriamente los derechos al debido proceso y al mínimo
vital de Teresa Mariela Torrado Clavijo.
Segundo.- ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en
Liquidación, dentro de los diez (10) días siguientes a
la notificación de esta sentencia, reconozca y pague en forma transitoria la
pensión de jubilación de la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo, con
fundamento en las consideraciones de esta sentencia. Para efectos de la eficacia de dicha orden, la Personería Municipal de
Ocaña intervendrá en nombre de la accionante y vigilará de manera estricta el
cumplimiento de lo aquí ordenado.
Tercero.- ADVERTIR a la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo que si
en término de cuatro (4) meses, contados a partir del momento en que se le
notifique este fallo, no interpone la acción ordinaria para el reconocimiento
de su derecho, los efectos del mismo cesarán de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los fallos de la referencia fueron escogidos para
revisión por la Sala de Selección Número Dos.
[2]
Como fundamento de su afirmación, la accionante aportó las
declaraciones juramentadas ante notario rendidas por los señores Javier Lemus
Cabrales, Mario Enrique Lobo Amaya y Luis Alirio Navarro Vergel, quienes
afirman que la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo fue su maestra durante
cuatro años, desde 1950 hasta 1954, tiempo durante el cual cursaron los años
1°, 2°, 3° y 4° de primaria (folios 22 – 24). Manifiesta que no adjuntó
las certificaciones, porque, luego de solicitar la expedición del documento, la
Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander informó que no
existen archivos anteriores al año 1989 debido a un incendio (folios 3 y 4). En
adelante, se entenderá que los folios a los que se hace referencia, hacen parte
del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario.
[3]
Obra copia del certificado de información laboral No. 0043,
expedido por la Gobernación de Norte de Santander, en el que consta que la
señora Teresa Mariela Torrado Clavijo laboró como docente al servicio de la
Gobernación, durante los períodos por ella afirmados. (Folio 21).
[4]
Obra copia de la cédula de ciudadanía de la señora Teresa
Mariela Torrado Clavijo, en la que consta que nació el 4 de septiembre de 1934.
(Folio 10).
[5] El artículo 1° de la Ley 42 de 1933, establece:
“[l]os individuos que hubieren desempeñado durante más de 15 años puestos en el
magisterio como profesores en establecimientos públicos o privados y que
tuvieren más de 70 años, tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia de
jubilación de ochenta pesos ($80) pagaderos del erario público nacional.
Parágrafo. Las pruebas que deben presentar los
interesados serán las de su edad, su buena conducta, su pobreza y los servicios
prestados. Comprobarán estos con los nombramientos que se les hubieren hecho
para las cátedras y con los certificados de haberlas desempeñado
satisfactoriamente”.
[6]
Dijo Cajanal, en la citada Resolución: “[…] la ley aplicable para el
reconocimiento de la Pensión Mensual Vitalicia de Jubilación – GRACIA- es la
del momento en que adquiere el status pensional, es decir que cumpla con los
requisitos de tiempo de servicios y de edad, que para el caso en concreto no sería
la Ley 42 de 1933, sino la [L]ey 114 de 1913, es decir 20 años de servicio en
la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital”. (Folio 32).
[7]
Folio 35.
[8]
Pues contra la primera Resolución sólo procedía recurso de reposición. (Folio
33).
[9]
Aporta como medio para probar esta afirmación, un acta de inspección ocular
realizada por la Personería de Ocaña. En ella puede leerse que, según el
personero Jesús Antonio Sánchez Clavijo, la tutelante “vive a merced o bajo
el cuidado de una sobrina llamada Miriam Trigos Torrado, para lo cual tiene
dispuesta una alcoba con una cama y un televisor, se trata de una persona de la
tercera edad, que toda la vida vivió bajo la tutela de su hermana Ana Mercedes
Torrado Clavijo, pero ésta falleció hace tres años, razón por la cual desde el
punto de vista psicológico se encuentra muy afectada [..] y actualmente
sobrevive por la custodia que le brinda su sobrina Miriam Trigos Torrado, su
estado clínico es muy delicado, fue intervenida quirúrgicamente de la vesícula
y se puede apreciar por el despacho que es una persona pobre”. (Folio 40).
[10]
Folios 34 – 36.
[11]
Folio 38.
[12]
Mediante consulta a la página de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co, la Corte
Constitucional encontró que la señora Teresa Mariela Torrado Clavijo adelantó
una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja
Nacional de Previsión Social EICE, proceso que se identificó con el radicado
No. 54001333100620080037500. En esta página se verifica que el proceso fue
radicado el 22 de octubre de 2008, y fue archivado el 17 de junio de 2009, por
rechazo de la demanda.
[13] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Consejo de Estado,
Sección Segunda–Subsección “A”. Rad. No. 25000 2325 000 2002 06050 01
(0363-08). Sentencia del 2 de octubre de 2008.
[15]
Sentencia T-275 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
En esa sentencia, la Corte Constitucional Constitucional estudió una acción de
tutela interpuesta en contra de un acto administrativo que negó el
reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación del tutelante,
argumentando que el tiempo de servicio militar obligatorio prestado por el
tutelante no era computable para el reconocimiento de su derecho porque el
Ministerio de Defensa Nacional no había cotizado por ese tiempo a la Caja de Previsión
Social. La Corte Constitucional consideró que, en ese caso, la acción de tutela
era procedente como mecanismo principal para controvertir el acto
administrativo, porque se había acreditado que se ejerció la acción para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable.
[16] Las características del perjuicio irremediable fueron
delimitadas por la Corte desde la Sentencia T-225 de 1993 (MP. Vladimiro
Naranjo Mesa) y luego reiteradas en la sentencia C-531 de 1993 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz, SV. Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara). En aquella se dijo: “[a]l examinar cada uno de los términos que son
elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos
encontramos con lo siguiente: || A).El perjuicio ha de ser inminente: "que
amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior se
diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente
consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las
cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se
contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles:
cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con
el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace
efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa
que está produciendo la inminencia. || B). Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad
de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está
por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con
lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la
oportunidad de la urgencia. || C). No basta cualquier perjuicio, se
requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad
obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados
bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es
motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades
públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino
sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona,
objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente. || D).La urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no
cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la
actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de
los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.”
[17]
Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-552 de 2005 (MP Jaime
Araújo Rentería), al examinar el acto de una junta calificadora de invalidez,
que descartó que una de las enfermedades presentadas por el tutelante se
debiera a un trauma sufrido durante el servicio que prestó en las fuerzas
militares. Y, en esa ocasión, aunque el acto de la junta calificadora de
invalidez no carecía por completo de motivaciones, sí exponía motivos que no
eran suficientes para concluir que no había existido relación causal entre el
trauma y la enfermedad. Por esa razón, la Corte Constitucional decidió tutelar
los derechos del peticionario, dejar sin efectos el acta y ordenar una nueva
valoración, ya que a su juicio “las razones
expuestas por dich[a Junta] son insuficientes y no satisfacen el deber de
motivación que debe informar la adopción de actos administrativos, teniendo en
cuenta que en tales consideraciones no se da cuenta de las razones de hecho ni
de derecho que determinan la decisión del Tribunal en ese sentido”.
[18]
MP. Alejandro Martínez Caballero. SV Fabio Morón Díaz y Susana Montes de
Echeverri –Conjuez-.
[19]
MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[20]
Folio 32.
[21]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B. (CP. Jesús María Lemos Bustamante). Sentencia
del 17 de febrero de 2005, expediente. No. 2500-23-25-000-2000-06066-01
(4834-03).
[22]
Resolución 21435 de 2008. (Folio 34).
[23]
Resolución 21435 de 2008. (Folio 34).
[24]
Folio 35.
[25]
Esto es, al 1° de abril de 1994 como regla general, y al 30 de junio de 1995
para los servidores públicos del nivel departamental, distrital y municipal,
según el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.
[26]
Dijo la Ley 100 de 1993, en su artículo 36: “[q]uienes
a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables
anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán
derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y
liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en
que cumplieron tales requisitos.
[27]
Así lo reconoció la Caja Nacional de Previsión EICE en Liquidación en la
Resolución 37675 del 16 de agosto de 2007, ‘por la cual se niega el
reconocimiento y pago de una pensión gracia’. Dijo, expresamente que la
tutelante laboró para el Departamento de Santander “4158 días, 594 semanas”.
(Folio 30).
[28]
Ley 42 de 1933.
[29]
Constitución Política de Colombia, artículo 83: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”.
[30]
Decreto 2591 de 1991, artículo 20: “Presunción de
veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa”.
[31]
Según jurisprudencia reiterada de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, la fuerza mayor debe ser fatal, irresistible,
incontrolable, hasta el punto de que el obligado no pueda evitar su acaecimiento
ni superar sus consecuencias. Debe tratarse de un acontecimiento insuperable
que hace imposible el cumplimiento de la obligación objetivamente considerada y
no relativamente a las condiciones y circunstancias particulares del obligado
(C.S.J., Cas. Civil, feb 27/74).
[32] Ley
962 de 2005, artículo 25: Modifíquese el
artículo 10 del Decreto 2150 de
1995, el cual quedará así: "Artículo 10. Prohibición de
declaraciones extrajuicio. En todas las actuaciones o trámites
administrativos, suprímase como requisito las declaraciones extrajuicio ante
juez o autoridad de cualquier índole. Para estos efectos, bastará la afirmación
que haga el particular ante la entidad pública, la cual se entenderá hecha bajo
la gravedad del juramento. Cuando se requieran testigos para acreditar hechos
ante una autoridad administrativa bastará la declaración que rindan los mismos
bajo la gravedad del juramento, ante la misma autoridad, bien sea en
declaración verbal o por escrito en documento aparte, sin perjuicio de que el
afectado con la decisión de la administración pueda ejercer el derecho de
contradicción sobre el testimonio.// Parágrafo. Lo dispuesto en el presente
artículo no regirá en los casos en que la Administración Pública actúe como
entidad de previsión o seguridad social o como responsable en el reconocimiento
o pago de pensiones, ni para los casos previstos en materia del Sistema General
de Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales, ni para los relacionados
con Protección Social que establezca el Gobierno Nacional"(negrilla
fuera de texto).
[33]
Folio 22. En similar sentido aparecen las declaraciones de
Mario Enrique Lobo Amaya (folio 23) y Luis Alirio Navarro Vergel (folio 24).
[34]
Folios 22 a 24.
[35]
Folio 40.
[36]
El legislador nacional modificó la Ley 42 de 1933 mediante la Ley 4 de 1966. En
el artículo 4 de esta última dispuso que las pensiones de jubilación o de
invalidez a las que tuvieran derecho los trabajadores de una o más entidades
de  derecho público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y
cinco por ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último año de
servicios.