T-042-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-042/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO-Caso en que se otorgó merito
ejecutivo a resoluciones que no cumplieron requisitos para ello
DEFECTO FACTICO-Los
actos administrativos por los que se libró el mandamiento de pago no cumplen
con los requisitos del Decreto 2831/05
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de
procedibilidad
FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-Resoluciones mediante las
cuales reconozca prestaciones sociales deben cumplir con el requisito de aprobación
previa por parte de la sociedad fiduciaria
De acuerdo con el parágrafo
segundo del artículo 3º del Decreto 2381 de 2005, la falta de la previa
aprobación por la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de
los recursos del Fondo, fuera de acarrear “la responsabilidad administrativa,
disciplinaria, legal, fiscal y penal a que pueda haber lugar”, tiene como
consecuencia que las resoluciones expedidas por la autoridad territorial,
mediante las cuales se reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “carecerán de efectos legales
y no prestarán mérito ejecutivo.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Es el juez quien debe conocer el
derecho, interpretarlo y aplicarlo, más aún si media un interés público
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-El juez ha de asumir el derecho
vigente aplicable al caso y no puede dejar de aplicarlo o ignorarlo como si no
existiera
La jurisprudencia de esta
Corte ha explicado que la inaplicación de alguna disposición por el juez que
decide sobre algún caso específico no debe fundarse en la sola sospecha o en el
parecer del juzgador, sino que ha de tener sustento en una manifiesta
contradicción con determinados contenidos constitucionales que se perciba, con
indubitable claridad, al rompe, de bulto y sin necesidad de incurrir en
complicados ejercicios intelectuales, de modo que se pueda dejar constancia en
la decisión de la urgencia insoslayable de proceder a la inaplicación que, por
si mismo, ha de ser expresa, pues no puede entenderse como implícita, quedar
librada a la interpretación o depender de alusiones genéricas a los derechos de
los trabajadores pensionados y a la evitación de eventuales afectaciones
causadas por supuestos errores de la administración
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO SUSTANTIVO-No se tuvo en
cuenta lo que de modo específico dispone la ley para que las decisiones administrativas
tengan efectos legales y presten mérito ejecutivo
El desconocimiento por el juez
de la normatividad que gobierna la materia tiene el efecto de permitir el
adelantamiento de un proceso ejecutivo que no podía surtirse, pues es indudable
que, por disponerlo así la normatividad, las resoluciones aportadas, junto con
la demanda no podía surtir ningún efecto, ni tener el mérito ejecutivo que el
funcionario judicial les otorgó”
VIOLACION
AL DEBIDO PROCESO-Superación
Adicionalmente, conviene
destacar que es del todo pertinente ordenar el cumplimiento de la ley, por
cuanto su observancia no depende de que tenga que adelantarse un proceso,
tampoco de la voluntad del juez, ni de la decisión de los particulares que,
sencillamente, son sus destinatarios, están sometidos a sus mandatos y deben
acatar sus términos”
Referencia:
Expediente T-2.828.671
Demandantes:
Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A.
Demandado:
Juzgado Civil
del Circuito de Lorica, Córdoba
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil doce (2012).
La Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías
Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la
revisión del fallo de tutela proferido, en segunda instancia, por la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, en el trámite de la acción de amparo
constitucional promovida por el Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria la Previsora
S.A., contra el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, Córdoba, fallada, en
primera instancia, por el Tribunal Superior de Montería, Sala Civil.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 11 de mayo de 2010, el
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y la Fiduciaria la Previsora S.A., por intermedio de apoderado,
presentaron acción de tutela, con el objeto de que fuera amparado su derecho
fundamental al debido proceso que, según afirman, fue vulnerado por el Juzgado
Civil del Circuito de Lorica, en las providencias de 8 de marzo, 15, 22 y 29 de
abril de 2010, al incurrir en una vía de hecho, dentro del trámite del proceso
ejecutivo laboral, instaurado por la señora Lesbia Isabel Suárez Mendoza y
otros contra el Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y/o la Fiduciaria La Previsora S.A.
2. Reseña
fáctica
2.1. Manifiesta el apoderado de
los demandantes que el 2 de junio de 2009, la señora Delsa Mariela Pérez del
Carmen y 29 personas más instauraron, ante el Juzgado Civil del Circuito de
Lorica, demanda ejecutiva laboral contra el Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La
Previsora S.A., con el fin de que se condenara a dichas entidades al pago de
las sumas reconocidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba
por concepto de reajuste pensional.
2.2. El 10 de junio de 2009, el
Juez Civil del Circuito de Lorica, tras considerar que los actos
administrativos aportados al proceso cumplían con los requisitos de un titulo
ejecutivo, libró mandamiento de pago contra las entidades demandadas y decretó
el embargo y retención de los dineros que éstas tuvieran o llegaran a tener
depositados en cuentas de ahorro o corrientes, limitando dicha medida cautelar
a la suma de cuatro mil veintisiete millones doscientos setenta y siete mil
doscientos veinte pesos ($4´027.277.220).
2.3. En desacuerdo con lo
anterior, el apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A. presentó escrito de
excepciones, en el que advirtió que los actos administrativos relacionados
dentro de la demanda como títulos ejecutivos, no lo eran, por cuanto carecían
de la aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
requisito establecido en el Decreto 2381 de 2005.
2.4. El 6 de noviembre de 2009,
el Juez Civil del Circuito de Lorica declaró de oficio la irregularidad de lo
actuado dentro del proceso ejecutivo laboral instaurado por la señora Delsa
Mariela Pérez del Carmen y 29 personas más contra el Ministerio de Educación
Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la
Fiduciaria la Previsora S.A., por estimar que no había transcurrido el tiempo
previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo para que
fuera posible la ejecución. Sin embargo, decidió mantener la medida cautelar
decretada sobre los dineros que se encontraran depositados en las cuentas de
ahorro y corrientes de las entidades demandadas, en razón de la existencia, en
su despacho, de un nuevo proceso ejecutivo laboral en contra del Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o
la Fiduciaria La Previsora S.A., instaurado por la Señora Lesbia Isabel Suárez
Mendoza y otros 65 demandantes, mediante el cual se pretendía hacer efectivas
las sumas reconocidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba
en sendas resoluciones y por concepto de reajuste pensional.
2.5. Al advertir el apoderado de
los accionantes que los actos administrativos aportados en la demanda ejecutiva
laboral instaurada por la Señora Lesbia Isabel Suárez Mendoza y otros 65 se
habían emitido sin cumplir el procedimiento previsto en el Decreto 2381 de 2005
para constituirse como titulo ejecutivo, presentó escrito de excepciones, el
cual fue resuelto el 8 de marzo de 2010 por el Juez Civil del Circuito de
Lorica, quien declaró imprósperas las excepciones presentadas y ordenó seguir
con la ejecución contra las entidades demandadas, por considerar que no era de
su jurisdicción determinar si las resoluciones en comento eran válidas.
2.6. Como consecuencia de lo
anterior, el Juez Civil del Circuito de Lorica, mediante Auto de 15 de abril de
2010, ordenó al Banco Agrario, cancelar a la apoderada de la Señora Lesbia
Isabel Suárez Mendoza y otros 65 demandantes las cantidades de
$3.196’541.624.32 y $ 830’735.595.68, contenidas en los títulos judiciales
números 427450.00000.30.498 y 427450.0000.30.512, en virtud del embargo del
remanente y de los dineros que se llegaren a desembargar en el proceso
ejecutivo laboral, promovido por la Señora Delsa Mariela Pérez, y otros, contra
los precitados demandados. Dicha providencia no fue notificada, lo que impidió
que fuera controvertida.
2.7. Así mismo, mediante
providencias del 22 y 29 de abril de 2010, el Juez Civil del Circuito de Lorica
decretó el embargo y retención de los dineros contenidos en el título judicial
número 427450.0000.30.471 por valor de $4’027.277.220, pertenecientes a las
entidades demandadas. Así mismo, ordenó al Banco Agrario cancelar las
mencionadas sumas de dinero.
3. Fundamentos de la acción y pretensiones
Los actores promovieron la presente
acción de tutela, con el ánimo de cuestionar las providencias proferidas por el
Juzgado Civil del Circuito de Lorica, los días 8 de marzo, 15, 22 y 29 de abril
de 2010, las cuales, a su juicio, constituyen vía de hecho judicial.
3.1 Vía de hecho
Consideran los demandantes que el
Juzgado Civil del Circuito de Lorica incurrió en una vía de hecho al otorgar
merito ejecutivo a unas resoluciones que nunca cumplieron los requisitos para
ello, por cuanto no surtieron el tramite de aprobación por parte de la
Fiduciaria La Previsora S.A., establecido en el parágrafo 2 del artículo 3 del
Decreto 2831 de 2005.
Estimaron que también se incurrió
en vía de hecho, cuando, de manera contradictoria, se decidió mantener el
embargo de los dineros contenidos en los títulos judiciales números
427450.00000.30.498 y 427450.0000.30.512, decretado en el proceso ejecutivo
laboral promovido por la señora Delsa Mariela Pérez del Carmen y otros, para
trasladarlo a un nuevo proceso, a pesar de haber declarado en el mismo la
irregularidad de lo actuado desde que se libró el mandamiento de pago.
4.
Pretensiones de la demanda
Por las razones expuestas, los
actores solicitan, mediante el ejercicio de la acción de tutela, revocar las
providencias proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica los días el
8 de marzo, 15, 22, 29 de abril de 2010, dentro del trámite del proceso
ejecutivo laboral, instaurado por la Señora Lesbia Isabel Suárez Mendoza y
otros contra el Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y/o la Fiduciaria La Previsora S.A.
5.
Oposición a la demanda de tutela
La acción de
tutela fue conocida, en primera instancia, por el Tribunal Superior de
Montería, Sala Civil, despacho que, por auto de doce (12) de mayo de dos mil
diez (2010), resolvió admitirla y correr traslado de la misma a la parte
demandada y a los terceros interesados, para efectos de ejercer su derecho a la
defensa.
5.1. Juez Civil del Circuito de Lorica, Córdoba
Durante el término otorgado para
el efecto, solicitó al juez constitucional declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia, por cuanto advierte que en su despacho cursan cuatro
(4) incidentes de nulidad contra las providencias acusadas.  Así mismo señala
que los accionantes no presentaron recurso de apelación contra la sentencia
proferida en dicho proceso.
5.2 Apoderado de la Señora
Lesbia Isabel Suárez Mendoza y otros
El Abogado Jairo López Ramos,
dentro del término establecido para contestar, solicitó al juez de instancia
declarar improcedente la acción de tutela de referencia, toda vez que a folios 67 a 69 del proceso ejecutivo laboral insaturado por la Señora Lesbia Isabel Suárez Mendoza y otros
contra el Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y la Fiduciaria la Previsora S.A. se encuentra el
oficio No.762 de 22 de septiembre de 2008 dirigido a la Doctora Edy Alba Borre
– Jefe de Prestaciones Económicas de la Previsora S.A. por parte del Doctor
Tony Luna Espitia, Profesional Especializado del Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio de Córdoba, por medio del cual se enviaron las resoluciones
cuestionadas para su estudio, desvirtuando así lo afirmado por las entidades
accionadas sobre la omisión en el tramite establecido en el Decreto 2831 de
2005 para que las mimas presten merito ejecutivo.
6. Pruebas que obran en el
expediente
Durante el trámite de la acción
de tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:
- Copia de las resoluciones
proferidas por la Secretaria de Educación de Córdoba, por concepto de reajuste
pensional a los 66 demandantes (Folios 75 a 337).
-Copia de las providencias
proferidas por el Juez Civil del Circuito de Lorica, los días 3 de noviembre de
2009, 8 de marzo de 2010, 8, 15, 22, 29 de abril y 10 de mayo (Folios 391 a 400, 460 a 471, 475, 477 a 478, 482, 484 y 485, 508 a 510).
- Copia del escrito de
excepciones presentado por el apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A.,
dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la Señora Lesbia Isabel
Suárez Mendoza y otros contra el Ministerio de Educación Nacional- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o la Fiduciaria La Previsora
S.A.( Folios 416 a 426).
- Copia del memorial presentado
por la apoderada de los demandantes, en el que se pronuncia sobre las
excepciones presentadas por la Fiduciaria la Previsora S.A. (Folios 428 a 430).
- Copia del escrito de
excepciones presentado por el apoderado del Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro del proceso
ejecutivo laboral promovido por la Señora Lesbia Isabel Suárez Mendoza y otros
contra el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y la Fiduciaria la Previsora S.A.(Folios 438 a 448).
- Copia del oficio enviado a la
Doctora Mirid Sornoza Arquimedo, Secretaria de Educación del Departamento de
Córdoba, por parte de la Directora de Prestaciones Económicas de la Fiduciaria
La Previsora S.A., en el cual advierte que ninguno de los actos administrativos
remitidos por la mencionada Secretaría cumple con el requisito establecido en
el articulo 3 del Decreto 2831 de 2005 (Folios 449 a 453).
II. DECISIONES JUDICIALES
PROFERIDAS
1. Primera instancia
El Tribunal Superior de Montería,
Sala Civil, mediante providencia dictada el nueve (9) de julio de dos mil diez
(2010), resolvió conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso
de los actores y ordenó al juez accionado dejar sin efecto el proveído que
dispuso seguir adelante con la ejecución de las entidades demandadas, para que,
en su lugar, emitiera un nuevo fallo tomando en consideración los parámetros
expuestos.
Lo anterior, por considerar que
el Juez Civil del Circuito de Lorica incurrió en una vía de hecho por defecto
fáctico, pues del material probatorio que obra dentro del expediente se
desprende que los actos administrativos por los cuales se libró mandamiento de
pago no cumplieron con el requisito sine qua non, establecido en el
Decreto 2831 de 2005, para constituirse como títulos ejecutivos.
Por estar en desacuerdo con la
decisión del a quo, el apoderado de los demandantes impugnó la mencionada
decisión.
2. Segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia,
Sala Laboral, en providencia de veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez
(2010), revocó la decisión del juez de primera instancia, tras considerar que
las entidades accionantes actuaron con negligencia, desidia y abandono dentro
del proceso ejecutivo laboral cuestionado, pues dejaron vencer todas las
oportunidades para hacer uso de los medios de defensa ordinarios e idóneos,
mediante los cuales debió controvertir las providencias acusadas.
III. PRUEBAS SOLICITADAS EN SEDE DE REVISION
1. Mediante Auto de
veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011), la Sala de Revisión
consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes
del proceso y proveer como corresponde en el presente caso. En consecuencia,
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: a
través de la Secretaria General de esta Corporación, OFICIAR al Juzgado
Civil del Circuito de Lorica, Córdoba, para que, en el término de tres (3) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, remita, con
destino al asunto de la referencia, el expediente original del proceso
ejecutivo laboral No. 2009-00096 donde es demandante la señora Delsa Mariela
Pérez y 29 personas más, y demandado el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y/o Fiduciaria la Previsora S.A., el cual surtió el correspondiente
trámite en el mencionado despacho.
“SEGUNDO: a
través de la Secretaria General de esta Corporación, OFICIAR al Juzgado
Civil del Circuito de Lorica, Córdoba, para que, en el término de tres (3) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, remita, con
destino al asunto de la referencia, el expediente original del proceso
ejecutivo laboral No. 2009-00180 donde es demandante la señora Lesbia Isabel
Suárez Mendoza y 65 personas más, y demandado el Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio y/o Fiduciaria la Previsora S.A., el cual surtió el
correspondiente trámite en el mencionado despacho.
“TERCERO:-SUSPENDER los
términos en el presente proceso, de manera que sólo vuelvan a correr,
conforme al cómputo que corresponda a la fecha de este Auto, una vez la Sala
reciba y evalúe las pruebas solicitadas”.
1.1. La
Secretaría General de la Corte Constitucional, vencido el término señalado para
allegar las pruebas, comunicó al Magistrado Ponente que recibió del Juzgado
Civil del Circuito de Lorica los expedientes de los proceso ejecutivos
laborales requeridos.
2. Mediante Auto de
veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011), el Magistrado Sustanciador
consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes
del proceso y proveer como corresponde en el presente caso. En consecuencia,
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: SOLICITAR a
la Fiduciaria la Previsora S.A. que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación del presente auto, remita con destino a esta Sala
de Revisión, copia de las resoluciones por medio de las cuales la Secretaría de
Educación Departamental y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconocieron la pensión de jubilación a los siguientes docentes:
NOMBRE
CEDULA
RESOLUCION
LESBIA ISABEL SUAREZ MENDOZA
25.954.038
No.
11624 de 2006
LACIDES MAGNO CARRASCAL
PEREZ
15.016.402
No.11159
de 2005
ISAAC EUGENIO MERCADO SUAREZ
15.016.922
No.11760
de 2006
DORIS MARIA GUTIERREZ
NORIEGA
25.954.030
No.10282
de 2005
ERCILIA PADILLA DE
BUSTAMANTE
25.954.131
No.
9778 de 2004
AMADYS DEL CARMEN PLAMET
PESTANA
25.953.797
No.9775
de 2004
AYDA REGINA SUAREZ DE ZAPATA
29.955.479
No.11693
de 2006
PABLO ALFONSO PARDO PARDO
3.013.330
No
7236 de 2001
EDUARDO LACAYO DURAN
9.070.712
No.
11011 de 2005
ANTONIO OVIEDO PACHECO
6.861.797
No.
10972 de 2005
VIRGINIA DEL CARMEN PINEDO
NARANJO
34.957.737
No.
7614 de 2002
TOMAS DE AQUINO MORALES
CORDERO
2.754.504
No
10974 de 2005
ANTONIO JOAQUIN FRANCO
CORREA
2.754.846
No
11995 de 2007
JAIRO ALFREDO CAUSIL MESTRA
2.754.352
No
7686 de 2002
PRODIGIA BARRIOS PAZ
33.140.894
No.
11907 de 2007
NILECTA SUSANA RAMIREZ
NARANJO
25.869.954
No.
10141 de 2004
MARGENITA DE LOS REYES
CONTRERAS GONZALEZ
26.171.430
No.11162
de 2005
EDITH DEL CARMEN ESPITIA
PADILLA
25.765.813
No.
6088 de 1999
ADALBERTO PRETELT DURANGO
2.754.254
No.7750
de 2002
ROSA CORREADE LADEUZ
33.129.521
No.
9127 de 2004
HOLANDA CAMPO MOTERROZA
34.962.096
No.8708
de 2003
CARMEN ALICIA PRETELT
MARCIGLIA
25.867.670
No.
7481 de 2001
WILSON GONZAGA LOPEZ
ARGUMEDO
2.754.052
No.
7800 de 2002
ANTONIO MARIA MARTINEZ
AGAMEZ
2.754.605
No.
11559 de 2004
ALICIA DEL CARMEN COGOLLO DE
OVIEDO
26.171.762
No.12305
de 2007
AGUSTINA DE LOS REYES MADERA
OCAMPO
22.388.807
No.
9757 de 2004
MAYRA ESTEBANA BURGOS
ALMANZA
25.867.654
No.10263
de 2005
CANDIDA DEL SOCORRO GONZALEZ
SANTANAZ
25.867.683
No.
11629 de 2006
MARIA DEL ROSARIO VIDAL
VERGARA
25.867.518
No.
10530 de 2005
NANCY GREGORIA PINEDO
NARANJO
34.957.738
No.10005
de 2004
MARILA LUCENI TORRES ARCIA
25.867.648
No.10979
de 2005
ALFREDO MANUEL AVILEZ
PASTRANA
2.754.537
No.
10978 de 2005
AMAURY MARTINEZ TORRES
9.261.435
No.11761
de 2006
ANDRES ROQUE MORALES LAFONT
9.056.274
No.
5699 de 1999
CARLOTA BONAFANTE CARMONA
33.130.359
No.7846
de 2002
CIELO DEL AMPARO MOTALVO
LOPEZ
25.841.715
No.
8428 de 2002
DANIEL EMIRO CASTAÑO
GONZALEZ
2.754.767
No.
11165 de 2005
DELMA MANUELA RINCON PRETELT
25.868.069
No.
12794 de 2008
DENNYS DEL ROSARIO PINEDO
NARANJO
25.869.534
No.
12318 de 2007
DINA VICTORIA DOVAL ARGUMEDO
34.960.779
No.10951
de 2005
EDUARDO ENRIQUE VIDAL ZUÑIGA
6.861.441
No.
8001 de 2002
EFRAIN CARMELO CUMPLIDO
SOCARRAS
9.066.102
No.
8490 de 2003
ELINA CLEOFE USTA ALVAREZ
25.867715
No.11163
de 2005
FELIX MANUEL TIRADO GERMAN
2.754.308
No.
9755 de 2004
FRANCISCO MIGUEL DURANGO
CAUSIL
2.754.494
No.10252
de 2005
GABRIEL ANTONIO ALMANZA
LAMBRAÑO
6.861.502
No.
8481 de 2003
JAVIER FRANCISCO DURANGO
VILLADIEGO
2.754.596
No.
11209 de 2005
JORGE ANTONIO FRANCO CAUSIL
2.755.116
No.
11813 de 2007
JOSE ANTONIO GOMEZ FUENTES
2.754.307
No.9639
de 2004
JOSE BENJAMIN MOSQUERA
MOSQUEA
8.331.212
No.8318
de 2002
LUIS FERNANDO MIRANDA ROMERO
6.860.828
No
8707 de 2003
LUIS MIGUEL LOPEZ PALENCIA
2.803.453
No.10941
de 2005
MARIELA DEL SALOME LUNA
OSORIO
34.965.267
No.
10286 de 2005
MARITZA DEL CARMEN LAKAH
BEDOYA
34.961.106
No.
12314 de 2007
MIRIAM DEL CARMEN DURAN
ZAMBRANO
34.957.610
No.
9966 de 2004
NELSY DEL CARMEN VALLEJO
VILLADIEGO
25.867.653
No
11182 de 2005
NORA ELENA VIDAL FUENTES
25.867.651
No.
11611 de 2006
NORMA ISABEL VILLADIEGO
FLOREZ
25.867.452
No.
8536 de 2003
PAULINA MEDUZA PADILLA BULA
26.012.336
No.
11545 de 2006
ROBERTO DE JESUS SAENZ
PACHECO
2.754.110
No.
9262 de 2004
TAYRON DEL CRISTO SAENZ
TIRADO
2.754.853
No.
12597 de 2008
ENITH YENITH DAVINSON NIEVES
33.124.285
No.
8817 de 2003
OLIMPO DE JESUS JIMENEZ
6.866.150
No.
1199 de 2007
HERNAN FRANCISCO DURANGO
MENDOZA
6.864.212
No.
11237 de 2005
ROCIO DEL SOCORRO PACHECO DE
CHICA
25.868.076
No.9264
de 2004
GLORIA  MARINA GOMEZ VELEZ
26.867.705
No
11763 de 2006
“SEGUNDO:
SOLICITAR a la Fiduciaria La Previsora S.A., que, dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación del presente auto, remita con destino a
esta Sala de Revisión, un escrito en el que indique si las anteriores
resoluciones cumplieron con el requisito establecido en el Decreto 2831 de 2005
artículo 3 para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
2.1. La
Secretaría General de la Corte Constitucional, vencido el término señalado para
allegar las pruebas, comunicó al Magistrado Ponente que recibió del
Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria la Previsora S.A. un
oficio, acompañado de 278 folios.
3. Mediante Auto de veintiocho (28) de octubre de dos mil
once (2011), el Magistrado Sustanciador advirtió que en el presente caso se
encuentran en debate las resoluciones por medio de las cuales el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterios de Córdoba reconoció unos valores por
concepto de reajuste a la pensión vitalicia de jubilación de 66 pensionados,
quienes no fueron debidamente vinculados al trámite de la acción de tutela de
la referencia. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO:
COMISIONAR al Tribunal Superior de Montería, Sala Civil, para que,
en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir del momento en que le
sea comunicado este Auto, proceda a notificar del contenido del expediente
identificado con el número T-2.828.671 a los beneficiarios de las resoluciones atacadas en el proceso de referencia, a fin de que, si lo consideran
pertinente, se sirvan intervenir respecto de las pretensiones y del problema
jurídico que plantea la aludida acción de tutela, para lo cual se les otorga un
término de tres (3) días hábiles, contados a partir del momento en que venza el
término conferido al Tribunal Superior de Montería, Sala Civil, para
notificarlos.
LESBIA ISABEL SUAREZ MENDOZA
HOLANDA CAMPO MOTERROZA
DINA VICTORIA DOVAL ARGUMEDO
LACIDES MAGNO CARRASCAL PEREZ
CARMEN ALICIA PRETELT MARCIGLIA
EDUARDO ENRIQUE VIDAL ZUÑIGA
ISAAC EUGENIO MERCADO SUAREZ
WILSON GONZAGA LOPEZ ARGUMEDO
EFRAIN CARMELO CUMPLIDO SOCARRAS
DORIS MARIA GUTIERREZ NORIEGA
ANTONIO MARIA MARTINEZ AGAMEZ
ELINA CLEOFE USTA ALVAREZ
ERCILIA PADILLA DE BUSTAMANTE
ALICIA DEL CARMEN COGOLLO DE OVIEDO
FELIX MANUEL TIRADO GERMAN
AMADYS DEL CARMEN PLAMET PESTANA
AGUSTINA DE LOS REYES MADERA OCAMPO
FRANCISCO MIGUEL DURANGO CAUSIL
AYDA REGINA SUAREZ DE ZAPATA
MAYRA ESTEBANA BURGOS ALMANZA
GABRIEL ANTONIO ALMANZA LAMBRAÑO
PABLO ALFONSO PARDO PARDO
CANDIDA DEL SOCORRO GONZALEZ SANTANAZ
JAVIER FRANCISCO DURANGO VILLADIEGO
EDUARDO LACAYO DURAN
MARIA DEL ROSARIO VIDAL VERGARA
JORGE ANTONIO FRANCO CAUSIL
ANTONIO OVIEDO PACHECO
NANCY GREGORIA PINEDO NARANJO
JOSE ANTONIO GOMEZ FUENTES
VIRGINIA DEL CARMEN PINEDO NARANJO
MARILA LUCENI TORRES ARCIA
JOSE BENJAMIN MOSQUERA MOSQUEA
TOMAS DE AQUINO MORALES CORDERO
ALFREDO MANUEL AVILEZ PASTRANA
LUIS FERNANDO MIRANDA ROMERO
ANTONIO JOAQUIN FRANCO CORREA
AMAURY MARTINEZ TORRES
LUIS MIGUEL LOPEZ PALENCIA
JAIRO ALFREDO CAUSIL MESTRA
ANDRES ROQUE MORALES LAFONT
MARIELA DEL SALOME LUNA OSORIO
PRODIGA
BARRIOS PAZ
CARLOTA BONAFANTE CARMONA
MARITZA DEL CARMEN LAKAH BEDOYA
NILECTA SUSANA RAMIREZ NARANJO
CIELO DEL AMPARO MOTALVO LOPEZ
MIRIAM DEL CARMEN DURAN ZAMBRANO
MARGENITA DE LOS REYES CONTRERAS GONZALEZ
DANIEL EMIRO CASTAÑO GONZALEZ
NELSY DEL CARMEN VALLEJO VILLADIEGO
EDITH DEL CARMEN ESPITIA PADILLA
DELMA MANUELA RINCON PRETELT
NORA ELENA VIDAL FUENTES
ADALBERTO PRETELT DURANGO
DENNYS DEL ROSARIO PINEDO NARANJO
NORMA ISABEL VILLADIEGO FLOREZ
ROSA CORREADE LADEUZ
TAYRON DEL CRISTO SAENZ TIRADO
PAULINA MEDUZA PADILLA BULA
ROBERTO DE JESUS SAENZ PACHECO
ENITH YENITH DAVINSON NIEVES
GLORIA MARINA GOMEZ VELEZ
HERNAN DURANGO MENDOZA
ROCIO DEL SOCORRO PACHECO
OLIMPO DE JESUS JIMENEZ
“SEGUNDO: En
caso de no ser posible la notificación personal de cada uno de los demandantes
en el proceso ejecutivo, la misma deberá surtirse de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.
“TERCERO: Para
efectos de asegurar el cumplimiento de lo resuelto en el presente Auto se
enviará copia del expediente contentivo de la demanda de tutela identificada
con el número T-2.828.671 al Tribunal Superior de Montería, Sala Civil, para
notificarlos.
“CUARTO: Dentro
del término señalado, los beneficiarios de las resoluciones atacadas en el
proceso de referencia, podrán presentar sus escritos o intervenciones en el
Tribunal Superior de Montería, Sala Civil.
“QUINTO: Una vez
cumplido lo dispuesto en este Auto y vencido el término de tres (3) días
conferido, el Tribunal Superior de Montería, Sala Civil, remitirá con destino a
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional las diligencias que se
hayan surtido”.
3.1. La
Secretaría General de la Corte Constitucional, por oficio de veintidós (22) de
noviembre de 2011, informó al Magistrado Ponente que respecto del Despacho
Comisorio No.025 de primero (1) de noviembre de 2011, remitido al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil, no se obtuvo ninguna
respuesta.
3.2. Para dictar sentencia en el proceso de la referencia
el Magistrado Ponente, mediante Auto de veinticuatro (24) de noviembre de dos
mil once (2011), el Magistrado Ponente consideró necesario que se surtiera la notificación
de los beneficiarios de las resoluciones atacadas. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO: Por
la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil, para que de forma inmediata, una
vez le sea notificada la presente providencia, se sirva dar cumplimiento a lo
ordenado en Auto de fecha 28 de octubre de 2011, en el que se
resolvió, respecto de éste (…)”.
3.3. La Secretaría General de la Corte Constitucional, el
siete (07) de diciembre de dos mil once (2011), comunicó al Magistrado Ponente
que recibió de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Montería
el Oficio No. 3783 dirigido al expediente de la referencia, mediante el cual
informa “que se hicieron todas las diligencias tendientes a la notificación
personal, de las personas señalas en el auto de fecha 28 de octubre de 2011,
pero fue imposible ( ...)”.
3.4. Mediante Auto de doce (12) de enero de dos mil doce
(2012), el Magistrado Sustanciador advirtió que en el numeral segundo del Auto
de veintiocho (28) de octubre de 2011, ordenó al Tribunal Superior de Montería,
Sala Civil que, en caso de no ser posible la notificación personal de cada uno
de los demandantes en el proceso ejecutivo, la misma debería surtirse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento
Civil, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna sobre
dicha solicitud. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil, para que de
forma inmediata, una vez le sea notificada la presente providencia, se sirva
dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral segundo del Auto de fecha 28 de
octubre de 2011(…) ”.
3.5. La Secretaría General
de la Corte Constitucional, mediante oficio de 31 de enero de 2012, informó al
Magistrado Sustanciador que recibió del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería, el Oficio No. 109 de 25 de enero de 2012, en el que comunica que
la notificación requerida se surtió por Estado No. 202 de 10 de noviembre de
2011.
3.6. La Secretaría General
de la Corte Constitucional, a través de oficio de 3 de febrero de 2012, informó
al Magistrado Sustanciador que recibió del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, el Despacho Comisorio No. 025 de 01 de noviembre de 2011,
debidamente diligenciado (consta de nueve (9) cuadernos de 20, 24, 15, 19, 25,
510, 58, 22 y 347 folios).
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. La competencia
Con fundamento en lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para efectuar la revisión, dentro del
proceso de la referencia.
2. El asunto planteado
La Fiduciaria La Previsora S. A.
y la Nación -Ministerio de Educación Nacional-  impetraron acción de tutela en
contra del Juzgado Civil del Circuito de Lorica, para que, en garantía del
derecho constitucional al debido proceso, sean revocadas varias providencias
proferidas dentro del proceso ejecutivo que en contra de la Fiduciaria y/o el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio fue instaurado por Lesbia Isabel
Suárez Mendoza y otros, y en consecuencia, se disponga el desembargo de los
dineros retenidos y la devolución de los que se llegaren a entregar.
Aduce el apoderado de los
demandantes en tutela que se configura una vía de hecho, pues en otro proceso
ejecutivo el juez demandado aceptó que había habido error judicial al librar
mandamiento de pago en contra de actos que no cumplían los requisitos del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, no obstante lo cual dispuso
que los dineros embargados en ese proceso permanecerían sometidos a medida
cautelar, dada la existencia del nuevo proceso ejecutivo instaurado por Lesbia
Isabel Suárez Mendoza y otros en contra de los mismos demandados, con lo que, a
juicio de los tutelantes incurrió en insalvable contradicción, ya que no es
lógico que un embargo declarado irregular en un proceso se traslade a otro
proceso por solicitud de la parte demandante.
Añade el apoderado judicial que,
fuera de lo anterior, en el proceso hallado irregular, el Juzgado Civil del
Circuito de Lorica omitió pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la
Sociedad Fiduciaria y, entre ellas, sobre la relativa a la inexistencia de
título ejecutivo por incumplimiento de los requisitos formales para su validez,
puesto que las resoluciones aportadas no fueron aprobadas por la Fiduciaria La
Previsora, lo que también era del conocimiento de la Secretaría de Educación
Departamental de Córdoba.
Agrega que en el proceso
ejecutivo que da lugar a la acción de tutela las resoluciones aportadas no
habían nacido a la vida jurídica, por cuanto nunca surtieron el trámite
dispuesto en el Decreto 2831 de 2005, luego, en razón de su irregular
expedición, no podían prestar mérito ejecutivo ni justificar la realización de
los pagos supuestamente ordenados en ellas.
Sostiene el apoderado de los
demandantes que en relación con la supuesta embargabilidad de los dineros de la
Nación y, en especial, de los de la cuenta del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, administrada por la Fiduciaria La Previsora, se impuso
la interpretación subjetiva del juez, quien sostuvo que en el proceso ejecutivo
se cobraba una prestación social importantísima, vinculada con los derechos
fundamentales al trabajo y a la seguridad social, siendo que los actores ya
recibían prestaciones periódicas por concepto de la pensión que se les había
reconocido.
Asevera que el auto de 15 de
abril de 2010 no fue notificado por estados y que en él, a causa de una
solicitud de la apoderada de los demandantes en el sentido de ordenar la
entrega de dos títulos judiciales por valor de $3’196.541.642,32, y
$830’735.595,68 a Lorna Cecilia Martínez Vélez, abogada de los actores, el
despacho judicial ordenó al Banco Agrario de Lorica cancelar las cantidades
contenidas en los títulos, sin que obre acto o providencia alguna en la cual el
Juzgado ordene la entrega de los títulos judiciales, tal como lo establece el
artículo 522 del Código de Procedimiento Civil, que supone un auto o
providencia que disponga la entrega, para luego sí ordenar su cancelación.
Indica el apoderado judicial de
los demandantes en tutela que al incumplirse la providencia que ordenara la
entrega, se pretermitió una etapa procesal obligatoria, se le impidió a la
defensa de los demandados pronunciarse sobre esa decisión y se le negó a las
ejecutadas la oportunidad procesal de manifestar su absoluta inconformidad con
la entrega de dichos títulos, entrega que constituye “un multimillonario
perjuicio” para el patrimonio de la Nación, porque, en contra de la notificación
por estado que ordena el artículo 108 del Código de Procedimiento Laboral, en
el auto de 15 de abril de 2010 el juez “decidió acompañar su decisión por un
escueto cúmplase”, con lo que incurrió en las causales de nulidad “de que
tratan los numerales 3, 6 y 9 inciso 2 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil”, como quiera que, sin justificación legal alguna, se
pretermitió la instancia que daba la oportunidad “a las demandadas para pedir
la revocatoria de dicha decisión a través de los recursos de ley”.
Adicionalmente, refiere que la
apoderada de la parte demandante solicitó el embargo y retención de los dineros
contenidos en un título judicial por $4.027.277.220,00 que todavía se
encontraba a disposición en otro proceso ejecutivo y que el embargo y retención
solicitados fueron decretados el 22 de abril de 2010 con violación del debido
proceso que no puede tenerse por superada, a más de lo cual el 29 de abril, el
Juzgado profirió auto de entrega a favor de la parte demandante.
Según el abogado de los
promotores de la acción de tutela, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica
incurrió en vía de hecho (i) al otorgarle mérito ejecutivo a unas resoluciones
que nunca se configuraron como tales por no haber surtido el trámite de
aprobación por parte de la Fiduciaria La Previsora, (ii) al declarar
imprósperas las excepciones propuestas, con abierto desconocimiento de las
disposiciones que establecen la inembargabilidad de los respectivos recursos,
(iii) al mantener un embargo ordenado en proceso declarado irregular y
trasladarlo a un nuevo proceso, sin el cumplimiento de los trámites procesales
pertinentes, (iv) al omitir la notificación en debida forma del auto fechado el
15 de abril de 2010.
Por todo lo anterior se solicita
al juez tutelar el derecho fundamental al debido proceso “en lo que perjudique
a las demandadas, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o
Fiduciaria La Previsora” y revocar las decisiones adoptadas por el Juzgado
Civil del Circuito de Lorica el 8 de marzo, así como en los días 15, 22 y 29 de
abril de 2010, dentro del proceso ejecutivo de Lesbia Isabel Suárez Mendoza en
contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o Fiduciaria La
Previsora S.A.
La Sala considera que para una
mejor comprensión de las circunstancias fácticas reseñadas en la demanda de
tutela y de las solicitudes formuladas, es menester efectuar un breve resumen
del proceso ejecutivo en el que, según las afirmaciones de los tutelantes, se
presentaron las irregularidades que, en su criterio, constituyen vías de hecho.
3. Síntesis del proceso
ejecutivo
Según aparece en autos, los 66
docentes que, apoderados por la abogada Lorna Cecilia Martínez Vélez,
demandaron ejecutivamente al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la
Fiduciaria La Previsora, obtuvieron su pensión de jubilación, mediante sendas
resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación del Departamento de
Córdoba, en nombre y representación de la Nación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y fechadas en los años 1999, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
El 14 de marzo de 2008, la
abogada Martínez Vélez, en calidad de apoderada, presentó ante el Coordinador
de la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio de Córdoba una solicitud
de “reconsideración y pago de pensión vitalicia de jubilación a los 50 años de
edad y 20 años de servicios”, aduciendo la aplicación de regímenes especiales y
que, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, sobre
racionalización de trámites, “las prestaciones sociales que pagará el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el
citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de
quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de
Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se
encuentre vinculado el docente”, a lo que se agrega que “el acto administrativo
de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del
Secretario de Educación de la Entidad Territorial”.
Para resolver la referida
solicitud, el Secretario de Educación del Departamento de Córdoba, actuando en
nombre y representación de la Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y basándose en “las facultades que le confiere la Ley 91 de
1989, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, el decreto 2381 de 2005”, expidió las 66 resoluciones adjuntadas a la demanda ejecutiva, en las que decidió reconocer y
pagar a cada uno de los solicitantes “una pensión vitalicia de jubilación, con
una mesada ajustada” y como docentes nacionalizados, pensión que sería
cancelada “a través de la Fiduciaria La Previsora, según convenio celebrado
entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público”.
En las consideraciones de cada una
de las resoluciones se parte de verificar que, previamente, al respectivo
docente le fue reconocida una pensión de jubilación y, con posterioridad, se
trae a colación un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, del cual se concluye que, tratándose de los docentes, se
debe tener en cuenta la legislación especial, contemplada en la Ley 6ª de 1945,
de acuerdo con la cual se establecen como requisitos 20 años de servicios y 50
de edad, lo que, según lo allí consignado, le ha permitido al Tribunal
Administrativo de Córdoba y al de Sucre fallar en sentido favorable a algunos
docentes.
Además, se menciona la
posibilidad de revocar los actos administrativos que, en los términos del
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, tienen los mismos
funcionarios que los profirieron o sus inmediatos superiores, de oficio o a
solicitud de parte. Se advierte que la situación puesta de presente por los
peticionarios “se continuará reflejando en los estrados judiciales, con la
consecuente mayor erogación para las arcas públicas, por los incrementos en
intereses, costas procesales y demás emolumentos que genera tal situación, lo
cual hay necesidad de evitar” y, tras enunciar los documentos aportados y
referir lo que de ellos se deduce, se reconoce el derecho al reajuste de la
pensión, “en armonía con lo dispuesto en la Ley 71 de 1998 y Ley 238 de 1995” y se ordena pagarla.
Con fundamento en las 66
resoluciones, adiadas el 24 de abril de 2008 y coadyuvadas “por el Profesional
Especializado del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Córdoba”, el
26 de octubre de 2009, fue instaurada demanda ejecutiva de carácter laboral en
contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o Fiduciaria la
Previsora S. A., en cuanto sujetos pasivos de los créditos pretendidos, cuyo
pago se exigió junto con la correspondiente indexación.
Previa prestación del juramento
de que trata el artículo 101 del Código Procesal del Trabajo, el Juzgado Civil
del Circuito de Lorica, mediante providencia del 3 de noviembre de 2009, libró
mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral contra el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio de Córdoba y/o la Fiduciaria La Previsora
por el total de las mesadas adeudadas a cada docente pensionado, más la
respectiva indexación, e igualmente dispuso el embargo y retención de los
dineros que la Fiduciaria tuviera o llegara a tener depositados en cuentas de
ahorro o corrientes en los Bancos BBVA, Bancafé, Popular, Agrario de Colombia,
de Occidente, Colpatria, Caja Social, Megabanco, Colmena BCSC, Santander,
Citibank, Sudameris, Davivienda, AV Villas, de Bogotá y Bancolombia, ubicados
en Bogotá, así como el embargo del remanente y de los dineros que se llegaren a
desembargar en el proceso laboral de Delsa Mariela Pérez Gómez y otros contra
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o Fiduciaria La Previsora,
fuera de lo cual limitó la medida decretada hasta la suma de doce mil
seiscientos cincuenta y nueve millones setecientos catorce mil ochocientos
sesenta y cinco pesos, ordenó notificar en la forma establecida en los
artículos 315 al 320 del Código de Procedimiento Civil y reconoció a la abogada
Lorna Cecilia Martínez Vélez “como apoderada de los demandantes y para los
efectos del poder conferido”.
El juez consideró que se habían
acreditado unos actos administrativos en los que “expresamente se reconoce un
valor equivalente a la pensión vitalicia de jubilación”, efectiva “a partir de
una fecha determinada”, con el señalamiento “de la normatividad aplicable” y
del “reajuste de dicha pensión”, siendo claro, a juicio del funcionario
judicial, que “la pensión será pagada a través de la Fiduciaria La Previsora S.
A., por cuanto así lo afirma la parte resolutiva de los actos administrativos y
escrituras públicas que se han anexado”, que conforman “un título ejecutivo
laboral complejo contra las entidades demandadas, por lo que es viable el
mandamiento de pago”.
A continuación indica que “se
tendrá en cuenta la fecha efectiva a partir de la cual se le empieza a pagar la
pensión” y que “de ahí en adelante se sumarán setenta (70) mesadas que
corresponden a catorce (14) anuales multiplicado por los cinco (5) años que se
dejaron de pagar, debidamente indexados”, toda vez que las resoluciones
anteriores a las expedidas el 24 de abril de 2008 “reconocieron el derecho
pensional a los cincuenta y cinco (55) años” y que “se les está adeudando cinco
(5) años a los ejecutantes, ya que según la normatividad aducida, la pensión
debía reconocerse a los cincuenta, como efectivamente lo hace este acto
administrativo que sirve de recaudo”.
El Director de Afiliaciones y
Recaudos de la Fiduciaria La Previsora informó al Juzgado Civil del Circuito de
Lorica “que de los sesenta y seis (66) usuarios relacionados en el listado
adjunto, cinco no aparecen en nuestra base de datos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, mientras que los otros restantes se
encuentran en nómina”; puso de presente que “la entidad que emitió las
Resoluciones o Actos Administrativos (…) desconoció el trámite estipulado en
las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005, así como también el Decreto Reglamentario
2381 de 2005 del Ministerio de Hacienda, en especial los capítulos II y III, artículos
2 al 6”, por lo que apunta que “este despacho llega a la conclusión de que
dichos Actos Administrativos carecen de legalidad por violar los procedimientos
conforme a Derecho” y señala que “esta comunicación no tiene el carácter de
acto administrativo por cuanto Fiduprevisoria S.A. no tiene competencia para
expedirlos”, pues “solamente obra como administradora de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuenta especial de la Nación
creada por la Ley 91 de 1989, en virtud del contrato de fiducia pública
celebrado entre esta y la Nación”.
El apoderado especial de la
Fiduciaria La Previsora presentó escrito de excepciones y al efecto adujo (i)
la “inembargabilidad jurídica que existe sobre los recursos integrantes de un
patrimonio autónomo”, así como (ii) la inexistencia de título ejecutivo, que
hizo consistir en que, “conforme a lo señalado por el Decreto 2381 de 2005,
todas las resoluciones a través de las cuales se reconocen prestaciones a cargo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberán cumplir el
procedimiento descrito en el mismo, a fin de que tales actos puedan
constituirse como título ejecutivo”, dado que las secretarías de educación
deben elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento a
la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación”, trámite que no
cumplieron “las resoluciones relacionadas por el libelista en el escrito de
demanda y, por último, (iii) la excepción de pago, ya que “a los demandantes se
les reconoció y se les ha pagado las mesadas pensionales reconocidas” mediante
resoluciones que “sí cumplieron con el trámite descrito en el Decreto 2381 de
2005 y que no son las que se alegan como título ejecutivo en la presente
demanda”.
De estas excepciones se corrió
traslado a la parte demandante que alegó (i) que la Fiduciaria La Previsora
obra en calidad de administradora de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, (ii) que los actos administrativos que
sirven como título ejecutivo fueron expedidos por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con la ley y “de acuerdo a
un derecho de petición radicado el día 14 de abril de 2008 en la Gobernación
del Departamento de Córdoba y (iii) que no había habido pago, en la medida en
que lo solicitado fue la “reconsideración, reconocimiento y pago de la pensión
vitalicia de jubilación a los 50 años de edad y 20 años de servicio”, por lo
que lo pedido es “la cancelación de los 5 años, debido a que mis poderdantes
debieron ser pensionados a los 50 años de edad y 20 de servicio”.
Al resolver sobre las
excepciones, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica estimó que (i) a través
del contrato fiduciario la entidad La Previsoria S.A se compromete a cancelar
las obligaciones pensionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio con cargo al patrimonio autónomo constituido y que en el proceso “se
está cobrando una prestación social importantísima que hace parte del derecho
al trabajo y a la seguridad social como lo son las pensiones”, lo cual
significa que “la obligación está dentro de las actividades propias del
patrimonio autónomo” y que resulta procedente el embargo de los recursos que
hacen parte del contrato, sin que la autonomía de la fiducia pueda constituirse
en mecanismo “para evadir las obligaciones prestacionales laborales”.
En cuanto a la inexistencia del
título, el despacho señaló (ii) que las resoluciones “llenan los requisitos del
art. 488 del C. P. C. y 100 del C. P. L”, y acotó que “esta no es la
jurisdicción encargada de decidir si los actos administrativos son válidos o
no, por cuanto tienen una presunción de legalidad, hasta tanto no sean
controvertidos ante la jurisdicción contencioso administrativa”, por lo que “el
trabajador pensionado no puede acarrear con alguna irregularidad que una
entidad haya consignado en su propio acto”, ni la entidad previsora puede
“aprovecharse de alguna presunta falencia ocurrida con la expedición del acto
administrativo en que haya incurrido su fiduciante”, ya que “nadie puede
aprovechar su propio error”.
Respecto de la excepción de pago
consideró que (iii) no se encontraba probada por ninguno de los documentos”,
dado que “el hecho de relacionar unas resoluciones en manera alguna puede
probar las obligaciones que aquí se cobran”, de modo que declaró imprósperas
las excepciones, ordenó seguir adelante la ejecución, condenó en costas y
agencias en derecho a los ejecutados y dispuso liquidar el crédito y las
costas.
Por su parte, el apoderado de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio propuso como excepciones (i) la inexistencia de título ejecutivo por
haberse omitido el procedimiento establecido en el Decreto 2831 de 2005, (ii)
el pago de las mesadas pensionales correspondientes a la pensión reconocida con
el cumplimiento del trámite previsto en el decreto citado y (iii) la
inembargabilidad de las cuentas bancarias del Ministerio de Educación Nacional,
pero fueron rechazadas de plano por haber sido presentadas extemporáneamente.
4. Las solicitudes formuladas
en el proceso de tutela
Como quedó expuesto, mediante la
acción de tutela, la parte demandante solicita amparar el derecho al debido
proceso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la
Fiduciaria La previsora S.A., así como revocar las decisiones adoptadas los
días 8 de marzo, 15, 22 y 29 de abril de 2010, dictadas dentro del proceso
ejecutivo promovido por Lesbia Isabel Suárez Mendoza y otros, en contra de los
ahora demandantes en tutela.
Las decisiones acusadas de
constituir vías de hecho tienen que ver (i) con el mantenimiento de un embargo
ordenado en otro proceso ejecutivo declarado irregular, (ii) con el
otorgamiento de mérito ejecutivo a las 66 resoluciones adjuntadas a la demanda
de ejecución, (iii) con el embargo de recursos que los actores en tutela
estiman inembargables y (iv) con la orden de cancelar títulos judiciales que
los tutelantes consideran contraria al debido proceso, en la medida en que, de
conformidad con sus planteamientos, no se produjo la previa orden de entrega
exigida por las leyes procesales, ni la notificación por estado, lo que implicó
la pretermisión de la instancia, por haber sido privados los demandantes de la
oportunidad de controvertir lo que, a su juicio, fue decidido erróneamente y
con insubsanable vulneración del debido proceso.
Expuestas así las pretensiones
esgrimidas en tutela y consideradas en el contexto del proceso ejecutivo dentro
del cual fueron proferidas las decisiones atacadas, la Sala de Revisión observa
que las referentes al mantenimiento de un embargo ordenado en otro proceso ejecutivo
hallado irregular, al embargo de recursos que los actores consideran
inembargables y a la orden de cancelar títulos judiciales dependen de lo que se
decida respecto de la decisión consistente en otorgarle mérito ejecutivo a unas
resoluciones que, en opinión de los tutelantes, fueron irregularmente
expedidas, en la medida en que se omitió el cumplimiento de un trámite
legalmente exigido.
En efecto, si existe
irregularidad en los títulos ejecutivos con base en los cuales se profirió el
mandamiento de pago, es claro que esa situación incidiría negativamente en la
orden de embargo y en la orden de cancelar los títulos judiciales que no
podrían mantenerse de manera autónoma si se llega a comprobar que la decisión
de conferirle mérito ejecutivo a las resoluciones constituye vía de hecho.
Así pues, la Sala considera
indispensable abordar, en primer lugar, los cuestionamientos que los actores en
tutela plantean en contra de las decisiones que le confirieron a las
resoluciones adjuntadas a la demanda de ejecución el mérito ejecutivo que
permitió seguir adelante con el respectivo proceso y, considerar después las
restantes acusaciones, a la luz de lo que se decida en relación con el aspecto
que será tratado inicialmente.
Sobre el particular conviene
destacar que una de las providencias que en el escrito de tutela se pide
revocar es la adoptada por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica el 8 de
marzo de 2010, mediante la cual el mencionado despacho judicial declaró imprósperas
las excepciones propuestas por el apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A.,
consistiendo una de ellas, precisamente, en la inexistencia del título
ejecutivo por no haberse surtido el trámite dispuesto en el Decreto 2831 de
2005.
5. La acción de tutela en
contra de providencias judiciales
Dado que mediante la acción de
tutela los demandantes plantean algunas controversias en contra de providencias
judiciales bajo el cargo de constituir vías de hecho, resulta indispensable
examinar, previamente, si se presentan las condiciones que, de modo
excepcional, permiten la procedencia del amparo en contra de decisiones
judiciales.
Es sabido que por Sentencia C-543
de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los
artículos 11, 12 y 40 del decreto 2591 de 1991, el último de los cuales
regulaba la posibilidad de instaurar la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, habiendo dejado a salvo las hipótesis en que actuaciones
de hecho atribuibles al juez violaran o amenazaran derechos fundamentales.
Posteriormente, en sentencias
como la T-079 de 1993 o la T-158 de 1993 la Corte identificó un conjunto de
defectos justificativos de la procedencia del amparo en contra de providencias
judiciales y en la Sentencia T-231 de 1994 condensó el desarrollo
jurisprudencial al postular la existencia de cuatro posibles vicios que
denominó defecto sustantivo, defecto fáctico, defecto orgánico y defecto
procedimental.
La evolución de la figura condujo
a afinar los defectos mencionados y a replantear el concepto de vía de hecho
equivalente al acto caprichoso o grosero del juez, sustituyéndolo por el de
causales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, cuya mayor amplitud le da cabida a situaciones que afectan los
derechos constitucionales fundamentales, sin comportar, necesariamente, una
actuación arbitraria del juez.
Así, en la Sentencia C-590 de 2005, a la afinación de los tradicionales defectos orgánico, procedimental, fáctico y sustantivo se
agregaron causales de procedencia relativas al error inducido, a la violación
directa de la Constitución, a la decisión sin motivación o al desconocimiento
del precedente que, junto con otras, constituyen causales específicas cuyo
análisis debe estar precedido de la acreditación del cumplimiento de requisitos
genéricos de procedibilidad que, por lo tanto, se examinan a continuación.
5.1. Los requisitos genéricos
de procedibilidad
Los requisitos genéricos de
procedibilidad permiten constatar que la acción de tutela no se haya impetrado
en contra de una sentencia de tutela y también si se ha cumplido el requisito
de la inmediatez, si se han agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial, si se han identificado las circunstancias
generadoras de la vulneración posible, si, de haber sido posible, la violación
ha sido alegada en el respectivo proceso, si el asunto tiene relevancia
constitucional y si se trata de una irregularidad procesal que entrañe una
grave lesión de los derechos fundamentales[1].
Tratándose del caso que ahora
ocupa la atención de la Sala, es evidente que el mecanismo previsto en el
artículo 86 de la Carta no se ha ejercitado en contra de sentencias de tutela,
luego por este aspecto se cumple el pertinente requisito genérico de
procedibilidad.
En cuanto al requisito de la
inmediatez, la Sala observa que la providencia en la cual fueron declaradas
imprósperas las excepciones propuestas por el apoderado de la Fiduciaria La
Previsora S.A., entre ellas la consistente en inexistencia del título
ejecutivo, aparece calendada el día 8 de marzo de 2010, mientras que la demanda
de tutela fue presentada el 11 de mayo de ese año, en término que se considera
razonable, debido a que la fecha en que se presentó la tutela dista apenas en
dos meses de aquella en que se produjo la providencia atacada y porque en ese
lapso dentro del proceso ejecutivo se surtieron varias actuaciones derivadas de
la decisión de seguir adelante con la ejecución y más próximas en el tiempo al
día en que se presentó la acción de tutela.
En lo atinente al agotamiento de
los medios judiciales ordinarios y extraordinarios se tiene que la decisión de
conferirle mérito ejecutivo a las resoluciones en las que se reconoció el
reajuste pensional solicitado fue cuestionada por el apoderado de la Fiduciaria
La Previsora al proponer la excepción consistente en la inexistencia del título
ejecutivo que, conforme se ha visto, fue rechazada junto con las demás
propuestas, lo que dio lugar a proseguir la ejecución y a adoptar las otras
decisiones judiciales, sobre el supuesto de la existencia del título ejecutivo
y de la orden de seguir adelante la ejecución contra el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y/o la Fiduciaria La Previsora S.A.
Es de anotar que, en lo referente
a la alegación del defecto que consiste en haberle otorgado mérito ejecutivo a
las resoluciones allegadas junto con la demanda ejecutiva, la proposición de la
respectiva excepción era el medio judicial que tenía al alcance la Fiduciaria
La Previsora en cuanto demandada y que de él hizo uso oportuno, sin que por el
aspecto examinado pudiera exigirse más, ya que la cuestión quedó zanjada al
insistir el despacho judicial en el mérito ejecutivo de las resoluciones y en
la consiguiente prosecución del proceso en contra de los ejecutivamente
demandados.
No importa, entonces, que el
apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio en escrito separado haya propuesto las
excepciones con tardanza, pues el asunto quedó decidido al resolver las
excepciones propuestas por La Previsora S.A. y tampoco importa que se hubiesen
presentado incidentes de nulidad en contra de los actos de 15, 22 y 29 de abril
de 2010, puesto que estas providencias se refieren a asuntos distintos a la
decisión de otorgarle mérito ejecutivo a las resoluciones presentadas, como que
en ellas se adoptan decisiones relativas a embargos y a la cancelación de unos
títulos judiciales.
Surge de lo expuesto que también
se cumple el requisito genérico de procedencia que radica en identificar las
causas de la vulneración y en haber llamado la atención sobre la violación
durante el proceso, pues el otorgamiento de mérito ejecutivo a las resoluciones
presentadas junto con la demanda de ejecución ha sido identificado como un
motivo autónomo de vulneración del debido proceso y, según se acaba de ver, la
excepción que trataba de neutralizar los efectos de haberles concedido mérito
ejecutivo, fue oportunamente propuesta por la Fiduciaria La Previsora y
rechazada por el Juzgado del Circuito de Lorica en decisión atacada mediante el
ejercicio de la acción de tutela.
Adicionalmente, cabe destacar
que, aunque con la advertencia de que su comunicación no tenía el carácter de
acto administrativo, el Director de Afiliaciones y Recaudos de Fiduciaria La
Previsora informó al Juzgado Civil del Circuito de Lorica que “de los sesenta y
seis (66) usuarios relacionados en el listado adjunto, cinco no aparecen en
nuestra base de datos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio” y que la entidad que emitió las resoluciones había desconocido “el
trámite estipulado en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005, así como también en
el Decreto Reglamentario 2381 de 2005 del Ministerio de Hacienda”.
Por lo demás, la relevancia
constitucional del asunto no se remite a dudas, por cuanto si las resoluciones
no podían prestar mérito ejecutivo, al librar el mandamiento de pago, declarar
impróspera la excepción consistente en la inexistencia de título ejecutivo y
disponer proseguir con la ejecución se habría comprometido seriamente el
derecho al debido proceso de las demandantes en tutela, lo que, sumado a la
posible falta de aplicación de disposiciones vigentes sobre condiciones para el
otorgamiento de mérito ejecutivo a las mencionadas resoluciones, demuestra el
interés constitucional del asunto y la eventual configuración de una
irregularidad con notable incidencia negativa en derechos fundamentales.
Habiendo sido superado el
análisis de los requisitos genéricos o formales de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, procede ahora adelantar el estudio
de los requisitos específicos o materiales que, según reiterada jurisprudencia,
corresponden a los vicios o defectos presentes en el fallo judicial que dan
lugar a la vulneración de los derechos fundamentales[2].
5.2. Los requisitos
específicos de procedibilidad
La Sala debe determinar si el
haber omitido el trámite que los demandantes de tutela echan de menos afecta el
carácter de título ejecutivo que el juzgado les otorgó a las resoluciones
aportadas para efectos de proceder a la ejecución en contra del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y/o la Fiduciaria la Previsora y, en caso
de que se concluya en la afectación del título ejecutivo, deberá establecer si
esa circunstancia configura vulneración del debido proceso susceptible de ser
ventilada y saneada en sede de tutela.
5.2.1. El trámite que se debe
impartir a las solicitudes de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
A fin de resolver el problema
jurídico así planteado, es indispensable establecer cómo está regulado el
trámite que, según los demandantes en tutela, fue omitido. Al respecto la Sala
observa que el referido trámite está contenido en el Decreto 2381 de 16 de
agosto de 2005, “por el cual se reglamenta el inciso 2º del artículo 3º y el
numeral 6º del artículo 7º de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962
de 2005, y se dictan otras disposiciones”.
El artículo 3º de la Ley 91 de
1989 crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como “una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica” e indica que los recursos del Fondo serán
manejados por “una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual
el Estado tenga más del 90% de capital”, efecto para el cual “el Gobierno
Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la
presente ley”.
Por su parte, el artículo 56 de la
Ley 962 de 2005 señala que “las prestaciones sociales que pagará el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el
citado Fondo, mediante aprobación del proyecto de resolución por parte de quien
administre el Fondo”, proyecto que “debe ser elaborado por el Secretario de
Educación de la Entidad Territorial Certificada correspondiente, a la que se
encuentre vinculado el docente”, secretario cuya firma llevará el acto
administrativo de reconocimiento que “se hará mediante resolución”.
El capítulo II del Decreto 2381
de 2005 contiene el “trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas
a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en cuanto
a la radicación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales,
en el artículo 2 se señala que se hará en la secretaría de educación de la
respectiva entidad territorial certificada, a cuya planta docente haya
pertenecido o pertenezca el docente o causahabiente, “de acuerdo con el
formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de
administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio”, entidad encargada de implementar “un sistema de radicación único,
que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que
deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”,
simultáneamente “en la respectiva entidad territorial certificada y en la
sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente
el estado de su trámite”.
El artículo 3º regula la gestión
a cargo de las secretarías de educación e indica que la atención de las
solicitudes referentes a las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio será efectuada a través de las
secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas y que,
para tal efecto, la correspondiente secretaría (i) recibirá y radicará las
solicitudes en estricto orden cronológico, “de acuerdo con los formularios que
adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho
Fondo”, (ii) expedirá “con destino” a esa sociedad fiduciaria y “conforme a los
mandatos únicos por ésta adoptados”, certificación de tiempo de servicio y
régimen salarial y prestacional, según la normatividad vigente, (iii) dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la radicación, elaborará y remitirá el
proyecto de acto administrativo de reconocimiento “a la sociedad fiduciaria”
para “su aprobación”, junto con la certificación y (iv) “previa aprobación por
parte de la sociedad fiduciaria”, suscribirá el acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de
2005, surtirá los trámites administrativos a que haya lugar y (v) “remitirá a
la sociedad fiduciaria” copia “de los actos administrativos de reconocimiento
de prestaciones sociales” a cargo del Fondo, “junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días
siguientes a que éstos se encuentren en firme”.
De tal modo se reglamenta el
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, de acuerdo con cuyas voces “las prestaciones
sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
serán reconocidas por el citado Fondo, mediante aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado
por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente”.
El examen de las disposiciones
legales y reglamentarias citadas permite concluir que el reconocimiento de las
prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le corresponde al Fondo, mediante aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien lo administre y que el trámite establecido con
tal finalidad implica la participación de la Secretaría de Educación de la
respectiva entidad territorial certificada y de la sociedad fiduciaria
encargada de administrar los recursos del Fondo.
En efecto, en términos generales,
a la secretaría de educación le corresponde recibir y radicar las solicitudes
de reconocimiento de prestaciones, elaborar el proyecto de acto administrativo,
suscribirlo de conformidad con la normatividad que rige la materia, surtir los
trámites a que haya lugar y hacer las remisiones ordenadas en los pertinentes
preceptos, mientras que a la sociedad fiduciaria le atañe implementar un
sistema de radicación único, adoptar un formulario de radicación, recibir la
certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, así como
el proyecto de resolución que, dentro del término previsto, le envíe la
respectiva secretaría de educación y, si fuere del caso, impartirle su
aprobación para que el secretario de educación pueda suscribirlo.
5.2.2. Las resoluciones que
sirvieron de base al proceso ejecutivo, el trámite para su adopción y la
actuación del juez
Al examinar las resoluciones que
sirvieron de base para adelantar el proceso ejecutivo dentro del cual se dictó
el mandamiento de pago cuestionado, la Sala advierte que en cada una de ellas
se reconoce y ordena pagar “una pensión vitalicia de jubilación, con una mesada
reajustada”, cuyo pago “será cancelado a través de la Fiduciaria La Previsora
S. A., según convenio celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público” y que las suscribe el Secretario de
Educación del Departamento de Córdoba, ante quien la abogada Lorna Cecilia
Martínez Vélez presentó los derechos de petición para solicitar “la
reconsideración, reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación a
los 50 años”.
El trámite se desarrolló ante la
Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba y no consta que antes de
suscribir las resoluciones, los proyectos hayan sido enviados a la sociedad
fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ni que la referida sociedad
los haya aprobado como lo exige la normatividad, omisión que ha sido puesta de
presente en la solicitud de amparo deprecada por la Fiduciaria La Previsora
S.A. y el Ministerio de Educación Nacional.
De esa manera las aceptó el Juez
Civil del Circuito de Lorica al proferir mandamiento de pago y tras estimar que
habían sido acreditados unos actos administrativos (resoluciones), donde
expresamente se reconoce un valor equivalente a la pensión vitalicia de
jubilación”, efectiva a partir de una fecha determinada, con señalamiento “de
la normatividad aplicable e igualmente se reconoce el reajuste de dicha
pensión” que “será pagada a través de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., por
cuanto así lo afirma la parte resolutiva de los actos administrativos y
escrituras públicas que se han anexado, luego entonces surge un título
ejecutivo laboral complejo contra las entidades demandadas, por lo que es
viable el mandamiento de pago”.
De
acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 3º del Decreto 2381 de 2005, la
falta de la previa aprobación por la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo, fuera de acarrear “la responsabilidad
administrativa, disciplinaria, legal, fiscal y penal a que pueda haber lugar”,
tiene como consecuencia que las resoluciones expedidas por la autoridad
territorial, mediante las cuales se reconozcan prestaciones sociales que deba
pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “carecerán de
efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo”.
Así pues, al desconocimiento del
trámite en la parte en que implica la participación de la sociedad fiduciaria,
se suma el caso omiso que hizo el Juez Civil del Circuito de Lorica de la
consecuencia jurídicamente prevista para la falta de aprobación de los
proyectos de resoluciones por la respectiva fiduciaria, cual es la carencia de
efectos legales y, señaladamente, la imposibilidad jurídica para prestar mérito
ejecutivo, pues, en contra de la expresa previsión contenida en el Decreto 2381
de 2005, el funcionario judicial resolvió otorgarles mérito ejecutivo a las
resoluciones y proferir mandamiento de pago.
En vano se busca en las
decisiones del juzgado la exposición de algún motivo que pretenda justificar el
desconocimiento del claro texto citado que anuda a la falta de aprobación por
la sociedad fiduciaria una consecuencia jurídica diametralmente opuesta a la
que surge de la decisión del despacho judicial. Así, en la providencia por la
que se libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral y en contra del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o la Fiduciaria La Previsora no
hay nada distinto al reconocimiento del “título ejecutivo laboral complejo”, a
la fijación de la manera como se les tendría que pagar a los docentes
ejecutantes los cinco años adeudados, “ya que la pensión debía reconocerse a
los cincuenta, como efectivamente lo hace este acto administrativo que sirve de
recaudo” y a la decisión de indexar con base en el IPC suministrado por el
DANE, estadísticas que, según el despacho, se presumen conocidas y fueron
obtenidas “de la Internet”.
Más adelante, al resolver sobre
las excepciones propuestas por la Fiduciaria La Previsora S.A. y, en especial,
sobre la referente a la inexistencia de título ejecutivo, el Juez Civil del
Circuito de Lorica, después de citar doctrina referente al título ejecutivo
laboral y a su carácter expreso, claro y exigible, así como el artículo 488 del
Código de Procedimiento Civil, concluye que “esas resoluciones junto con los
documentos anexados sí cumplen o se encuentran perfeccionados para atender las
voces del Art. 488 del C. de P. C. y Art. 100 C. P. l.”, esto es, “que preste mérito ejecutivo por ser expresa clara y exigible”, dado que “llenan los requisitos
del título ejecutivo atrás enumerados”.
Con posterioridad reitera lo
expuesto y añade que las resoluciones “están por escrito, se sabe quien (sic)
es el deudor y acreedor y son actualmente exigibles”, que “esta no es la
jurisdicción encargada de decidir si los actos administrativos son validos
(sic) o no, por cuanto tienen una presunción de legalidad, hasta tanto no sean
controvertidos ante la jurisdicción contencioso administrativa” y, para
finalizar, apunta que “el trabajador pensionado no puede acarrear con alguna
irregularidad que alguna entidad haya consignado en su propio acto” y que “la
entidad Previsora no puede aprovecharse de alguna presunta falencia ocurrida
con la expedición del acto administrativo en que haya incurrido su fiduciante,
nadie puede aprovecharse de su propio error”.
Es claro, entonces, que el juez
le confirió legalidad a unas resoluciones en cuyo proceso de adopción se
incumplieron trámites jurídicamente ordenados e indispensables para que
tuvieran efectos legales y pudieran prestar mérito ejecutivo, pese a la
claridad de unos textos que, oportunamente, le fueron puestos de presente y que
no podía ignorar, menos aun si se trataba de decidir si las resoluciones
adjuntadas a la demanda contenían una obligación clara expresa y exigible y
tenían mérito ejecutivo para proceder a librar mandamiento de pago.
Y es que aun cuando la
normatividad no le hubiera sido puesta de presente, es el juez quien debe
conocer el derecho, interpretarlo y aplicarlo, más aun si media un interés
público que, para el caso, está representado en el mantenimiento de las
condiciones que tornan posible la operatividad y la eficacia del sistema
diseñado para satisfacer las pretensiones pensionales, y los derechos a ellas
vinculados, de todos los docentes que cumplan los requisitos previamente
establecidos. El juez ha de asumir el derecho vigente aplicable al caso y no
puede dejar de aplicarlo o ignorarlo como si no existiera.
Desde esta perspectiva, la Sala
destaca que en la parte considerativa de las providencias que han sido citadas
ni una sola palabra se le dedica al Decreto 2831 de 2005 o a las disposiciones
de ley por él reglamentadas y ello aunque el juez extrae, precisamente,
consecuencias contrarias a las que, con nitidez que no remite a dudas de
ninguna índole, aparecen ordenadas en la normatividad cuya consideración no
podía de manera válida esquivar, porque la ley o las disposiciones aplicables
para tomar decisiones en un caso concreto no son disponibles por el juez que,
al tenor de lo establecido por el artículo 230 de la Carta, en sus providencias
está sometido “al imperio de la ley”.
Así las cosas, el funcionario
judicial no se encuentra habilitado para escoger, según su libre albedrío y
entre los preceptos reguladores del caso sometido a su juicio, cuáles
disposiciones aplica y cuáles no, cuáles erige como fundamento de su decisión y
cuáles deja de lado, pues el derecho que debe conocer, interpretar y aplicar le
es dado por las autoridades que en el ordenamiento tienen el poder para expedir
regulaciones normativas vinculantes y para fijar, mediante ellas, los supuestos
de hecho y asignar las consecuencias que se sigan de determinada conducta o
situación.
No se remedia, entonces, el total
desconocimiento de lo previsto en el artículo 3º del Decreto 2831 de 2005 con
la sola consideración de los artículos 488 del Código de Procedimiento Civil y
100 del Código de Procedimiento Laboral, pues su aplicación no implica la de
los artículos omitidos, habida cuenta de que las consecuencias que de ellos
derivó el juez son, conforme se ha indicado, opuestas a las que se habrían
impuesto de haber tenido en cuenta la regulación especial contenida en la
Decreto citado y tampoco se subsana la anotada falencia por la simple
estimación de que el título ejecutivo es “complejo”, en cuanto conformado por
las resoluciones y las escrituras públicas anexadas a la demanda, pues la
pretendida complejidad del título habría llevado a verificar el cumplimiento de
las condiciones jurídicamente establecidas para que lo resuelto por la
Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba tuviera efecto legal y
pudiera prestar mérito ejecutivo, en lugar de haber evadido su consideración.
No sobra advertir que en la
escritura pública por medio de la cual se protocoliza el contrato de fiducia
suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria La Previsora
S. A. se lee que en lo no previsto en sus cláusulas el contrato se regirá,
entre otros, por la Ley 91 de 1989 y sus decretos reglamentarios, luego es
evidente que el Decreto 2831 de 2005 en la medida en que reglamenta la citada
ley es plenamente aplicable al asunto ahora examinado.
Se podría argüir que la pensión
de jubilación ya les había sido reconocida a los docentes demandantes y que,
como solo se trataba de un reajuste para reconocer la pensión desde los 50 años
de edad y no desde los 55 inicialmente tenidos en cuenta, no era necesario
obtener la aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y que, por lo tanto, la omisión de ese trámite no podía tener por
consecuencia la carencia de efectos legales o la imposibilidad de que las respectivas
resoluciones prestaran mérito ejecutivo.
Sin embargo, el argumento no es
de recibo, debido a que la normatividad que ha debido aplicarse no establece
ninguna distinción al respecto y, en cambio se refiere, en general, a la
aprobación por la sociedad fiduciaria de los proyectos de actos administrativos
por medio de los cuales se reconozcan prestaciones económicas a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y, por si alguna duda hubiese, el
parágrafo 1º del artículo 3º del Decreto 2831 de 2005 señala que “igual trámite
se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las
decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y
aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto
del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio”.
Es de anotar que en el escrito de
excepciones presentado por el apoderado judicial de la Fiduciaria La Previsora
S. A., al sustentar la excepción de pago, se deja constancia de que a quienes
demandaron ejecutivamente les habían sido pagadas las mesadas pensionales
reconocidas en las resoluciones que inicialmente ordenaron el pago de las
respectivas prestaciones a los 55 años de edad, resoluciones que, según el
libelista “cumplieron el trámite descrito en el Decreto 2381 de 2005, y que no
son las que se alegan como título ejecutivo en la presente demanda”.
A este propósito el Magistrado
Sustanciador decretó una prueba y solicitó a la Fiduciaria La Previsora remitir
copia de las primeras resoluciones mediante las cuales les fue reconocida la
pensión de jubilación a los docentes que demandaron en el proceso ejecutivo e
indicar si habían cumplido “el requisito establecido en el Decreto 2831 de
2005, artículo 3º, para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio".
Al responder, el Vicepresidente
de Fondos de Prestaciones - Fiduprevisora S. A. informó que anexaba copia de
las resoluciones, con excepción de algunas, e indicó que “todas las
resoluciones solicitadas por su señoría, mediante las cuales se les reconoce a
los docentes relacionados la pensión de jubilación cumplen con el trámite
establecido en el decreto 2831 de 2005”, así como en “el artículo 56 de la Ley
962 de 2005 y por ende se está cancelando de manera ininterrumpida hasta la
fecha”.
Así las cosas, es pertinente
apuntar que de la misma manera como las resoluciones inicialmente adoptadas con
la finalidad de reconocer y ordenar el pago de la pensión de jubilación
cumplieron el trámite jurídicamente previsto, las que fueron proferidas con la intención
de obtener un reajuste de la pensión antes reconocida y de ordenar el pago de
ese reajuste también han debido cumplirlo y no solo porque así surge del
denominado paralelismo de las formas, sino, ante todo, porque así está ordenado
en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y en el parágrafo 1º del artículo 3º
del Decreto 2831 de 2005.
Por último, cabría pensar que la
falta de aplicación de la normatividad que los demandantes en tutela pusieron
de presente en el proceso ejecutivo y, más tarde, al ejercitar el mecanismo de
protección contemplado en el artículo 86 de la Carta, podría deberse a alguna
contrariedad con la Constitución que hubiese llevado a su inaplicación, pero
tampoco esta posibilidad es convincente, porque en las providencias del Juzgado
Civil del Circuito de Lorica que les confirieron mérito ejecutivo a las
resoluciones y ordenaron proseguir la ejecución no se hace ninguna alusión al
Decreto 2831 de 2005 o a preceptos constitucionales que resultaran desconocidos
por el trámite en él regulado, como que únicamente aparecen las referencias a
los artículos 488 del Código de Procedimiento Civil y 100 del Código Procesal
Laboral.
La jurisprudencia de esta Corte
ha explicado que la inaplicación de alguna disposición por el juez que decide
sobre algún caso específico no debe fundarse en la sola sospecha o en el
parecer del juzgador, sino que ha de tener sustento en una manifiesta
contradicción con determinados contenidos constitucionales que se perciba, con
indubitable claridad, al rompe, de bulto y sin necesidad de incurrir en
complicados ejercicios intelectuales, de modo que se pueda dejar constancia en
la decisión de la urgencia insoslayable de proceder a la inaplicación de la
preceptiva manifiestamente inconstitucional, inaplicación que, por lo mismo, ha
de ser expresa, pues no puede entenderse como implícita, quedar librada a la
interpretación o depender de alusiones genéricas a los derechos de los
trabajadores pensionados y a la evitación de eventuales afectaciones causadas
por supuestos errores de la administración.
La Sala observa que en el caso de
las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras del trámite que se debe
impartir a las solicitudes de reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en particular, de la
aprobación que debe impartir la sociedad fiduciaria y de las consecuencias de
su omisión, no se advierte, de manera inmediata y evidente inconstitucionalidad
manifiesta de ninguna índole, luego el juez no tenía alternativa diferente a
verificar si se había cumplido todo el trámite y a asignar al incumplimiento
del requisito de aprobación por la Fiduciaria La Previsora S. A. las
consecuencias previstas en la normatividad.
Así lo entendió el Tribunal
Superior de Montería al fallar en primera instancia la acción de tutela
impetrada, pues señaló que de las resoluciones adjuntadas a la demanda
ejecutiva “no se logra establecer el agotamiento del requisito sine qua non,
abordado por el accionante, al momento de exhibir su oposición al título
ejecutivo, asentado en el decreto 2831 de 2005 artículo 3 y especialmente en su
parágrafo segundo, y artículo 56 de la ley 962 de 2005, que era exigible por
demás al a quo, siendo quien administra justicia, fijó un efecto jurídico
consagrado en la norma (artículo 488 C. P. C.) para aquellas obligaciones
claras expresas y exigibles, estando huérfana la resolución de reconocimiento
pensional de un eslabón que confluía de manera irrefragable, para encumbrar lo
demandable de la misma”.
Después de transcribir el
parágrafo segundo del artículo 3 del Decreto 2831 de 2005 y el artículo 56 de la
Ley 962 de 2005, el juez de tutela agregó que “la normativa evocada le exige al
operador judicial, procurar en la emisión del mandamiento de pago, la vista de
los presupuestos allí contenidos, se repite, para lograr su éxito” y que “las
resoluciones base de ejecución, no advierten el cumplimiento de aprobación
previa del proyecto de resolución, por parte de quien administra los recursos,
esto es, de la FIDUCIARIA LA PREVISORA, ente que necesariamente debe intervenir
como lo denota la atrás esbozada, en ausencia de la misma, los títulos
ejecutivos no nacieron al mundo jurídico, al estar comprometida su existencia”,
sin que “la firma inscrita en cada una de las resoluciones, correspondiente a
un profesional universitario del Fondo de Prestaciones del Magisterio”, logre
“suplir la pretermisión aludida, apareciendo claro que uno es el FONDO DE
PRESTACIONES DEL MAGISTERIO (…) y otra la entidad encargada de administrarlo:
FIDUCIARIA LA PREVISORA”, que tiene “la responsabilidad indelegable de
verificar el proceso de reconocimiento de prestaciones económicas, a través de
la revisión de los proyectos que para el caso elabore la secretaría de
educación, tal como viene apreciado en la institución jurídica memorada”.
De lo anterior concluyó el
Tribunal que “soslayar tal presupuesto torna insostenible la orden de seguir
adelante la ejecución” y que se había configurado un defecto fáctico, bajo el
entendimiento de que este consiste en la carencia del apoyo probatorio que le
permite al juez “la aplicación del supuesto legal en que se sustenta la
decisión”.
5.2.3. Las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela
Ciertamente lo aducido en el
proceso de ejecución no le permitía al juez otorgarle mérito ejecutivo a las
resoluciones que, en cada caso, reconocieron la pensión a los 50 años de edad,
ni seguir adelante la ejecución, pero más que en esta circunstancia, el defecto
se configura por no haber tenido en cuenta lo que de modo específico dispone la
ley para que esas decisiones administrativas tuvieran efectos legales y
pudieran prestar mérito ejecutivo, lo que se traduce en un defecto de tipo
sustantivo, porque las mencionadas decisiones se adoptaron sin respaldo
jurídico alguno y, además, en sentido absolutamente contrario al que, de modo
expreso, está contemplado en la normatividad pertinente.
Tiene lugar el defecto
sustantivo, entre otras circunstancias, cuando el juez es inducido a error o
cuando falla los casos sometidos a su conocimiento fundamentándose en preceptos
que no son aplicables a la situación concreta o que, aun cuando hubieran podido
ser aplicables, ya no están a su disposición por haber sido derogados o
separados del ordenamiento debido a su inconstitucionalidad y también, cabe
precisar ahora, cuando el juez deja de tener en cuenta preceptos aplicables al
caso y produce una decisión abiertamente reñida con la normatividad que estaba
obligado a aplicar.
Procede reiterar que la mención
de los artículos 488 del Código de Procedimiento Civil y 100 del Código
Procesal Laboral no tiene por efecto el de subsanar el desconocimiento de lo
previsto en la Ley 962 de 2005 y en el Decreto 2831 de 2006, pues el no enviar
los proyectos de resoluciones para la aprobación de la sociedad fiduciaria
tiene, según esta preceptiva, la clara consecuencia de que las decisiones así
adoptadas no surgen a la vida jurídica ni pueden prestar mérito ejecutivo.
No vale, entonces, que se citen
unas leyes para tener el pretexto de ignorar otras y de guardar silencio sobre
ellas, porque ello equivale a cubrir con un manto de aparente juridicidad una
decisión arbitraria, caprichosa y fundada más en el querer subjetivo del
fallador que en la normatividad que, por decisión de quienes válidamente tienen
poderes de normación en el ordenamiento, le es suministrada al juez, facultado
para interpretarla y aplicarla, mas no para evadirla, sustituirla por su
voluntad o por otras disposiciones de contenido más o menos similar.
El desconocimiento por el juez de
la normatividad que gobierna la materia tiene el efecto de permitir el
adelantamiento de un proceso ejecutivo que no podía surtirse, pues es indudable
que, por  disponerlo así la normatividad, las resoluciones aportadas junto con
la demanda no podían surtir ningún efecto, ni tener el mérito ejecutivo que el
funcionario judicial les otorgó, luego al someter a las demandadas, que lo
fueron la Fiduciaria de Córdoba y/o el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a un proceso que no ha debido adelantarse se vulneró su derecho al
debido proceso, más aún, si habiendo puesto de presente la situación, el juez
insistió en proseguir la ejecución y en adoptar medidas orientadas a llevarla a
cabo.
Es evidente que la actuación
cumplida en el Juzgado Civil del Circuito de Lorica es nula desde el mismo
mandamiento de pago y resta, entonces, determinar cómo poner remedio a la
vulneración del debido proceso. Al respecto el juez de primera instancia, que
concedió la tutela, ordenó al juez demandado que, dentro de las 24 horas
siguientes a la notificación del fallo, dejara sin efecto “el proveído que
dispuso seguir adelante la ejecución”, para que, en su lugar, dentro de las 48
horas siguientes, entrara a “emitir nuevo fallo, tomando en consideración los
parámetros expuestos en esta providencia, recabándose que las decisiones
suscitadas al abrigo de la sentencia que perdió vigencia quedan sujetas a los
efectos del fallo que oportunamente ha de proferir el operador judicial”.
5.2.4. La violación del
derecho al debido proceso y su superación
Desde luego, la Sala está de
acuerdo en que el amparo deprecado debe ser concedido, pero considera que la
medida que se debe adoptar para superar la vulneración del derecho al debido
proceso no radica en devolver la actuación al juez que lo quebrantó, sino en
hacer cumplir la normatividad que no se tuvo en cuenta, puesto que de esa
inobservancia depende la violación anotada.
Tanto la Ley 962 de 2005, como el
Decreto 2831 del mismo año son claros en asignar las consecuencias que siguen
al incumplimiento del requisito de aprobación de los proyectos de resoluciones
por parte de la sociedad fiduciaria y de sus textos se desprende, con total
nitidez, que, sin esa aprobación, las referidas resoluciones no podían prestar
mérito ejecutivo y que, por lo tanto, el juez no estaba habilitado para
proferir mandamiento de pago ni para disponer que prosiguiera la ejecución.
Así las cosas, nada se saca de
devolver las actuaciones al juez que profirió las decisiones, porque el
mandamiento de pago no podía proferirse y ya está afectado por la nulidad que
esta Sala ha advertido, de modo que el juez no se halla en condiciones de
conferirle a las resoluciones los efectos y el mérito ejecutivo que la ley les
niega, ni puede, por ende, ordenar que prosiga la ejecución sin volver a
desconocer la normatividad cuya inobservancia es la raíz del menoscabo del
derecho fundamental al debido proceso.
Lo procedente es, entonces,
disponer que se cumpla el trámite omitido y ordenar que, por consiguiente, las
resoluciones mediante las cuales fueron reconocidas las pensiones a los 50 años
de edad, sean remitidas a la Fiduciaria La Previsora para que se surta el
trámite correspondiente en la forma como está ordenado por la Ley 962 de 2005 y
el Decreto 2831 de 2005, razón de más para justificar que la orden no se le
imparta al juez, pues el resultado de ese trámite podría suscitar otro tipo de
problemas jurídicos, afectar la competencia o dar lugar a otras vías
procesales.
Adicionalmente, conviene destacar
que es del todo pertinente ordenar el cumplimiento de la ley, por cuanto su
observancia no depende de que tenga que adelantarse un proceso, tampoco de la
voluntad del juez, ni de la decisión de los particulares que, sencillamente,
son sus destinatarios, están sometidos a sus mandatos y deben acatar sus
términos, tal como en el caso concreto sucedió con las resoluciones mediante
las cuales fueron inicialmente reconocidas las respectivas pensiones de
jubilación que, se reitera, cumplieron el trámite de la aprobación por la
sociedad fiduciaria, sin que conste que en esa ocasión los beneficiarios de las
prestaciones hubiesen manifestado algún desacuerdo acerca del cumplimiento de
ese requisito jurídicamente impuesto.
6. Las otras providencias
atacadas en el escrito de tutela
Dado que la nulidad por violación
del derecho al debido proceso afecta al mandamiento de pago, es evidente que
todas las actuaciones y medidas adoptadas con posterioridad, en cuanto tuvieron
como finalidad hacer efectivo el mandamiento y proseguir la ejecución, también carecen
de sustento y, por lo tanto, no procede efectuar consideraciones adicionales
referentes a esas providencias, pues bastan las referentes al ataque principal
planteado en el escrito de tutela.
Además, el análisis de la posible
existencia de una causal de procedencia de la acción de tutela en contra de
esas providencias posteriores al mandamiento de pago, tropezaría con la
insatisfacción de los requisitos genéricos de procedencia, en la mediada en
que, como lo hizo ver la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en la sentencia de segunda instancia, las entidades que demandan en
tutela dejaron “vencer todas las oportunidades para hacer uso de los medios de
defensa ordinarios e idóneos” mediante los cuales debieron controvertirlas.
Particularmente, la Corte Suprema
puso de manifiesto que en contra de la providencia de 22 de abril de 2010, por
la que se decretó el embargo y retención de los dineros contenidos en un título
judicial, el apoderado de las entidades ejecutivamente demandadas “interpuso el
recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron
rechazados de plano, por haber sido interpuestos en forma extemporánea”, al
paso que algunos incidentes “presentados contra los autos de fechas 15, 22 y 29
de abril”, se encontraban en trámite y constituían “una razón más de
improcedencia del amparo de conformidad con el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución Política en concordancia con el numeral 1l del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991”.
7. Conclusión
Así las cosas, procede conceder
la tutela solicitada y, por lo tanto, dejar sin efecto lo actuado dentro del
proceso ejecutivo, incluido el mandamiento de pago, y ordenar que se surta el
trámite correspondiente por la Fiduciaria La Previsora S. A. de los proyectos
de resoluciones por las cuales se reajustan las pensiones inicialmente
reconocidas, trámite de cuyo resultado dependerá la suerte del proceso
ejecutivo.
Como quiera que el parágrafo 2º
del artículo 3º del Decreto 2831 de 2005 establece que la carencia de efectos y
la imposibilidad de que los proyectos de resolución no aprobados por la
sociedad fiduciaria son consecuencia de la omisión de ese trámite, “sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a
que pueda haber lugar”, la Sala ordenará compulsar copias con destino a la
Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la
Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo de la Judicatura, para lo de sus respectivas competencias.
V. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la
suspensión de términos ordenada en este proceso.
SEGUNDO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 24 de agosto de 2010 por la Sala  de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por el apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la
Fiduciaria La Previsora S. A., en contra del Juzgado Civil del Circuito de
Lorica y, en su lugar, conceder a los demandantes la protección del derecho al
debido proceso.
TERCERO.- Como
consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, DEJAR SIN EFECTOS lo
actuado dentro del proceso ejecutivo laboral de Lesbia Isabel Suárez Mendoza y
otros en contra del Fondo de Prestaciones del Magisterio de Córdoba y/o la
Fiduciaria La Previsora, incluida la providencia de 3 de noviembre de 2009, por
la cual se libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral y se decretó
el embargo y retención de dineros que la Fiduciaria la Previsora tuviera o
llegara a tener en cuentas de ahorros o corrientes de algunos bancos allí
referenciados.
CUARTO.- ORDENAR a la
Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba que, dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, dé estricto cumplimiento a
lo dispuesto en los artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y 3º del Decreto 2831 de
2005 y envíe, en la forma prevista en los artículos citados a la Fiduciaria La
Previsora S. A., en cuanto encargada del manejo y administración de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los
proyectos de resolución fechados el 24 de abril de 2008, por los cuales le es
reconocida a los docentes que luego demandaron ejecutivamente un reajuste de la
pensión de jubilación previamente obtenida, para que se surta el trámite
correspondiente a la aprobación de los respectivos proyectos por la sociedad
fiduciaria. Sin perjuicio de lo anterior, por Secretaría General se enviarán
copias de los referidos documentos a la Fiduciaria La Previsora S. A. que, para
surtir el trámite que le corresponde, podrá recabar de la Secretaría de
Educación del Departamento de Córdoba la información y documentos que estime
pertinentes.
QUINTO.- Compulsar copias
a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la
República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, para lo de sus respectivas
competencias.
SEXTO.- LIBRENSE, por
Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-042/12
Referencia:
expediente T-2828671
Acción de
tutela de la Nación-Ministerio de Educación- y otros, contra el Juzgado Civil
del Circuito de Lorica, Córdoba
Magistrado
ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de las resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran adelantar el proceso ejecutivo surtido en
el juzgado accionado, debo aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al
enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y en relación con
algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión
adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[3],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en las argumentaciones relacionadas con la
sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño (consideración
5), de cuyos planteamientos discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la
fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las
llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia
se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían
justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la
imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso
complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[4], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con
mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Cfr. Sentencia T-343 de
2010.
[2] Cfr. Sentencias T-789 de
2008 y T-217 de 2010.
[3]
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las
sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007;
T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256
de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925,
T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364,
T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y
T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 y SU-026 de 2012.
[4] C-590 de 2005.