T-287-20
Sentencia T-287/20
Referencia:
Expedientes T-7.601.933 y T-7.764.757
Acciones de
tutela interpuestas por: i) Jorge Ceballos Abudinem y Liliana María
Lafaurie Lafaurie, por intermedio de apoderado judicial, en representación de
su hijo menor Jorge Alberto Ceballos Lafaurie, contra la Corporación Educativa
Bilingüe de Santa Marta (T-7.601.933); y ii) Manuel
Fernando Toro Ortiz, en representación de su hijo menor Juan José Toro Martínez,
contra la Institución Educativa de Desarrollo Rural -IEDR (T-7.764.757).
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020).
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José
Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo dictado el 20 de agosto de 2019 por el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Santa Marta que confirmó el fallo del 12 de julio de
2019, proferido por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Santa Marta, el cual a su vez negó el amparo solicitado (expediente
T-7.601.933); y el fallo emitido el 13 de noviembre de 2019 por el
Juzgado Penal del Circuito de La Unión, Nariño, que confirmó la sentencia
dictada el 26 de septiembre de 2019, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de La Unión, Nariño, que en su momento negó el amparo invocado (expediente T-7.764.757).
I.
Antecedentes
Caso 1. Expediente T-7.601.933,
Jorge Ceballos Abudinem y Liliana María Lafaurie Lafaurie, por
intermedio de apoderado judicial, en representación de su hijo menor Jorge
Alberto Ceballos Lafaurie contra la Corporación Educativa Bilingüe de Santa
Marta
Hechos[1]
1.
Los accionantes, actuando por medio de apoderado judicial y en
representación de su hijo, manifestaron que desde cuando Jorge Alberto Ceballos
Lafaurie (13 años de edad), inició su formación académica, ha estado vinculado
a la Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta[2], cursando sexto grado.
2.
El 12 de junio de 2018, la institución educativa impuso matrícula
condicional a Jorge Alberto Ceballos Lafaurie para el año académico 2018-2019[3], basada en
que, al terminar el año lectivo 2017-2018, obtuvo una valoración de disciplina
inferior a 140 puntos[4].
3.  El 19 de junio de 2018, al
evidenciar que el menor de edad estaba presentado problemas comportamentales,
sus padres recurrieron a un especialista del Instituto de Desarrollo e
Investigación en Neurociencias de la ciudad de Medellín[5]. Fue así como el médico
psiquiatra infantil y de adolescentes Juan David Palacio le diagnosticó “trastorno
por déficit de atención con hiperactividad”[6]
y se le sugirió cumplir con una serie de recomendaciones[7].
4.  El 7 de marzo de 2019 el
colegio decidió no renovar el contrato de servicios educativos de Jorge Alberto
Ceballos Lafaurie para el año lectivo 2019-2020[8], al no haber cesado sus
faltas de comportamiento, teniendo en cuenta que había hecho copia en un
trabajo de matemáticas y había generado un “estado de alerta en el salón de
clases”, al afirmar que iba a quemar el colegio.
5.
El 13 de junio de 2019, los acudientes del menor presentaron su
inconformidad con la anterior decisión, con el fin de que la misma fuera
reconsiderada[9].
6.
El 25 de junio de 2019, la institución mantuvo su postura debido a que
la misma no había sido recurrida en el término correspondiente. En el mismo documento,
aseveraron que se le había prestado la atención necesaria a Jorge Alberto
Ceballos Lafaurie[10],
sin embargo, los padres no estaban suministrando los medicamentos recetados,
por lo que se cambió el sistema de calificación de fase 2 a fase 1[11].
7.
Al respecto los representantes del menor de edad expresaron que seguía
siendo tratado, pero en la ciudad de Barranquilla[12], por lo que el colegio
debió haber tenido en cuenta la condición del menor antes de imponerle la
sanción.
8.
Con base en lo anterior, los padres de Jorge Alberto Ceballos Lafaurie
instauraron acción de tutela, con el fin de que se le protejan los derechos
fundamentales a la educación y al debido proceso, al no haberle dado la
consideración especial que requería por su condición médica.
Trámite
Procesal
9.
Mediante auto del 2 de julio de 2019[13], el Juzgado Primero de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Santa Marta avocó la acción de tutela, corriendo traslado de esta
a la parte accionada para que en el término de
dos (2) días se pronunciara sobre los hechos. Vinculó al trámite a la
Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta y al instituto de Desarrollo e
Investigación en Neurociencias - CONCIENCIA.
Respuesta de la accionada y vinculada
10.
Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta[14]. Explicó que el estudiante no solo contaba con
matrícula condicional, sino que también había sido sujeto de suspensión, sanción
impuesta al haber consumido cigarrillos electrónicos dentro de la institución
(falta gravísima).
11.
Aclaró que, la decisión de no renovar el contrato de servicios
educativos del alumno no se motivó en su condición, sino producto de una serie
de incumplimientos al Manual de Convivencia, llevando a cabo todo el proceso
con respeto al debido proceso y al derecho de defensa, permitiendo que el
estudiante terminara el año académico en curso para no interrumpir su proceso
educativo.
12.
Instituto de Desarrollo e Investigación en Neurociencias- CONCIENCIA[15]. Afirmó que el paciente asistía a consulta desde junio de
2018, diagnosticándole “trastorno por déficit de atención con hiperactividad
presentación inactivo”, por lo que comenzó un tratamiento con metilfenidato
36 mgs. 1 tableta al día.
13.
Indicó que en la etapa escolar el trastorno padecido por el menor podía
acarrear repercusiones, como el bajo nivel académico, la baja autoestima por la
pobre relación con los pares y las dificultades por sus comportamientos
impulsivos. En este sentido hizo énfasis en que era fundamental en el
tratamiento con fármacos, además del apoyo del colegio, al que normalmente se
solicitaba realizar un plan individual de ajustes razonables, teniendo en
cuenta el estado del paciente.
Sentencias
objeto de revisión
14.  Primera
instancia[16].
El 12 de julio de 2019, el Juzgado Primero de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta negó el amparo solicitado,
consideró que la institución había realizado un acompañamiento permanente al
estudiante, acatando las recomendaciones dadas por el especialista, sin
evidenciar interés por parte del alumno o de sus padres en mejorar su
comportamiento y tampoco hicieron uso de los recursos que tenían a disposición
en el término respectivo.
15.
Estimó que no se vulneró el derecho a la educación, pues se le permitió terminar
el año en curso y el siguiente año escolar pudo ser matricularlo en otra
institución.
16.  Impugnación[17]. Los
padres del menor argumentaron que la institución no dio el trato que requiere
el menor al ser diagnosticado con “trastorno por déficit de atención con hiperactividad”.
Finalmente, señalaron que se le estaban causando perjuicios al menor, pues su
círculo social, en su mayoría, se encuentra en la institución accionada.
17.
Segunda instancia[18].
El 20 de agosto de
2019, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta confirmó el fallo de
primera instancia, estimó que la institución había dado especial atención
a Jorge Alberto Ceballos Lafaurie,
suministrándole el acompañamiento y apoyo por psicología y bienestar para
superar sus afectaciones. Indicó que tampoco se había demostrado que la
desvinculación del alumno hubiera obedecido a un proceder arbitrario o
discriminatorio, pues había estado sustentada en el incumplimiento reiterado de
los compromisos pactados en el “marco del manual estudiantil”.
Actuaciones en sede de revisión
Auto del 14 de noviembre de 2019[19]
18.  Los representantes legales del menor Jorge Alberto Ceballos
Lafaurie[20], destacaron que se encontraba
desescolarizado y no ha podido ingresar a otro plantel
educativo, ya que la institución accionada reportó informes negativos por
disciplina. Al desistir de esa posibilidad, recurrieron a un docente particular
que lo está acompañado en el proceso educativo, dándole clases durante 3 horas
y media, tres veces por semana.
19.
Manifestaron que el tratamiento para el trastorno
que padece su hijo también se está llevando a cabo desde casa, prestándole
acompañamiento psicoterapéutico por parte de Karen Lafaurie Lafaurie,
fonoaudióloga de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, Special Education
Teacher, NYC Department of  Education, la cual lo atiende por sesiones
virtuales dos veces a la semana, puntualizando que este tipo de niños requieren
un acompañamiento permanente por parte de un equipo interdisciplinario.
20.
Frente a la sanción consideraron que no se debió
haber evaluado al alumno disciplinariamente en aplicación descontextualizada
del Manual de Convivencia como el resto de los alumnos que no sufren de
hiperactividad, máxime cuando los integrantes del Consejo Directivo del Colegio
no eran especialistas en psicología, psiquiatría o ciencias afines, tomando la
decisión sin apoyarse en ningún examen de algún experto.
21.
La Secretaría de Educación del Distrito de
Santa Marta[21] allegó comunicación el día 19 de noviembre de 2018, mediante correo electrónico, donde expuso que contaba con
la Institución Educativa Liceo Saber la cual presta servicios educativos a los
menores que para su formación requieren de medidas especiales. Además, que al ser los padres los primeros educadores estos
debían propiciar un ambiente acorde con el desarrollo cognitivo del menor de
edad, teniendo una responsabilidad conjunta con la escuela.
22.
La psicóloga Lina Marcela Restrepo[22]
allego informe donde aclaró que adelantó un tratamiento con Jorge Alberto del
25 de septiembre del 2018 al 27 de mayo de 2019. Señaló que en este caso era
fundamental “permanecer escolarizado, con rutinas claras y apoyos
terapéuticos dentro y fuera del colegio dado que su condición puede mejorar y
llevarlo a ser muy funcional al punto de obtener metas académicas y
personales”.
23.
La psiquiatra Liliam Juliao Borge[23] relató que debido al trastorno por déficit de atención e hiperactividad
con predominio impulsivo que presenta el menor y por el malestar que le
producía el medicamento Concerta 36 mg, dio abordaje farmacológico de aripripazol
15 mg., pero que después de esa consulta la madre le comunicó que había
suspendido el medicamento por incomodidades similares a las presentados con el
anterior, sin regresar a cita de control.
24.
La Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta[24]
manifestó que cuenta con un Departamento de Bienestar por medio del cual
realizan actividades permanentes tanto de prevención como de atención a las
diversas problemáticas que afrontan los alumnos. Explicó que dichas medidas se
aplicaron con Jorge Alberto Ceballos Lafaurie dándole el tratamiento adecuado
que requería, acatando las recomendaciones del médico tratante y realizándole
un plan de acomodación académica con implementación de educación inclusiva[25].
Auto del 4 de diciembre de 2019[26]
25.
Los padres del menor de edad[27]
indicaron que el menor se encontraba sin tratamiento
farmacológico, teniendo en cuenta que este había sido formulado solo para las
horas escolares, por lo que al encontrarse desescolarizado no debía seguirlo.
Para fundamentar lo narrado aportaron oficio suscrito por el médico psiquiatra
infantil Juan David Palacio, el cual también aclara que se encuentra a la
espera de que se resuelva la situación del menor para iniciar dicho tratamiento
farmacológico.
26.
Karen Lafaurie Lafaurie el 9 de diciembre
de 2019[28]
confirmo que el menor no estaba siendo medicado, hizo énfasis en que en la
mayoría de los casos este tipo de medicamento se les suministraba a los niños
en las jornadas escolares, paulatinamente y con un seguimiento diario de la
institución acerca de sus observaciones, con el fin de prevenir síntomas
secundarios.
Auto 643
del 6 de diciembre 2019
27.
La Sala de Revisión dictó una medida provisional donde se ordenó:
i) permitir de manera inmediata la matrícula de Jorge Alberto Ceballos Lafaurie
en la Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta; ii) la valoración
de Jorge Alberto Ceballos Lafaurie, con el
fin de tratar el trastorno que le fue diagnosticado y establecer las
recomendaciones para llevar a cabo en el hogar y en el establecimiento
educativo; iii) consolidar un Plan Individual de Ajustes Razonables -PIAR[29]
en un término no mayor a treinta (30) días[30];
y iv) realizaran cada veinte (20) días reuniones con
el fin de desarrollar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos
planteados en el PIAR.
28.
El 28 de enero de 2020 el Colegio Bilingüe de
Santa Marta informó que dio cumplimiento a la medida provisional reintegrando
al menor a la institución educativa. Así el 29 de enero de 2020 la institución educativa presentó informe neuropsicológico donde
se consignó:
“(…) aunque Jorge tiene buena capacidad atencional, se ve
afectada por la falta de regulación y control. Posee índices de impulsividad
altos que influyen directamente sobre su proceso de aprendizaje, le ocasionan
fatiga y distorsión de su aprendizaje.
La impulsividad, está asociada a inestabilidad emocional y presencia
de ansiedad que debe ser manejada terapéuticamente por psicología clínica.
Su inestabilidad emocional se ve reflejada en resultados de prueba adaptativa
aplicada, en la cual se muestra una autopercepción baja, dificultad para
expresar sus sentimientos profundos y características de adaptación social
adecuadas, compensando con una fortaleza externa que no obedece a la realidad.
Se sugiere tratamiento externo por
psicología clínica para Jorge y PIAR nivelatorio con adecuaciones para control
inhibitorio y manejo de ansiedad. Se
esperan pautas de profesional externo para complementar acomodaciones
ambientales en aula.”
29.
El 19 de febrero de 2020 los padres del menor de
edad refirieron que a partir de la orden dada en la medida provisional la
Secretaría de Salud Distrital los direccionó a su EPS (Salud Total), trámite
que ya iniciaron para que se lleve a cabo la valoración de Jorge Alberto, así
como también solicitud para que sea el mismo médico que ha venido tratando al
menor (Dr. Juan David Palacio -médico psiquiatra infantil) quien dé continuidad
al tratamiento.
30.  La
institución educativa ha presentado informes periódicos sobre el cumplimiento
de la medida[31], donde se destaca el diseño de un PIAR de cara a la situación del
estudiante Jorge Ceballos a partir de un equipo que contaría con: coordinación
de un equipo de apoyo escolar, directora de bachillerato, fonoaudiología,
especialista en learning center, director de grupo, profesores de las
diferentes asignaturas y un tutor de apoyo en casa, acompañamiento que se irá
desmontando de acuerdo con la evolución del estudiante.
31.  El 27 de marzo los
padres de Jorge Alberto informaron que llevaron a cabo una cita virtual con el médico
psiquiatra Juan David Palacio el 12 de marzo del presente año. Expusieron que
iniciaron un nuevo tratamiento, el cual ha sido muy positivo en la medida que
le ha permitido concentrarse y trabajar de manera virtual dada la pandemia del
Covid-19, siguiendo todas las indicaciones del colegio.
Destacaron que en la última
reunión en el colegio (19 de marzo de 2020) se tomó la decisión de hacer
refuerzo al niño en cuatro materias, para lo cual fue necesario contratar un
tutor recomendado por el colegio con el fin de poder nivelar el tiempo
desescolarizado.
Específicamente,
el médico Juan David Palacio indicó que, en entrevista con el menor, muestra muy buena actitud, estado de ánimo normal, no
hay trastornos formales del pensamiento. También destacó que en ocasiones se
nota distraído por lo que se le deben repetir las preguntas. Comenta que le
gusta mucho ir al colegio, jugar fútbol y los videojuegos. Puede hacer lecturas
y tener buena comprensión de la lectura, siempre y cuando esté en un espacio
solo y sin ruidos. De esta manera, recomienda
comenzar con “Lisdexamfetamina = Samexid Samexid
70 mgs, 1 capsula cada día. Se comenzará con
dosis graduales de 17,5 luego de 23,3 y luego de 35 mgs al día. Hasta llegar a
70 mgs al día”.
Caso 2. Expediente T-7.764.757 Manuel Fernando Toro Ortiz, en
representación de su hijo menor Juan José Toro Martínez contra la Institución
Educativa de Desarrollo Rural -IEDR
32.  En la historia clínica del
menor Juan José Toro Martínez se reporta que fue atendido por neurología el 2
de noviembre de 2018[32]
en la IPS Unidad Pediátrica Integral en la ciudad de Pasto, debido a la
remisión realizada por los médicos de la E.S.E. Luis Acosta, de La Unión,
Nariño, donde se le diagnosticó “trastorno del
desarrollo psicológico no especificado”, cuyo plan de tratamiento fue
establecido en valoración por psiquiatría prioritario, control en 4 meses, tac
de cráneo y medicamento hasta valoración por psiquiatría[33].
33.  El
3 de diciembre de 2018, el menor de edad fue valorado por un médico psiquiatra del
Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Pasto,
quien lo diagnosticó con “perturbación de la actividad y la atención y
trastorno de ansiedad - no especificado”[34],
por lo que se ordenó la práctica de unos exámenes que no se realizaron, ni se
continuó con el tratamiento ni control por psiquiatría[35].
En esta oportunidad se indicó:
“Menor de 14 años refiere alteraciones comportamentales desde hace
más de 3 años, describe que es grosero con los padres, les pega, los molesta,
molesta a la hermana, no obedece, comenta que lo expulsaron del colegio La
Normal porque no dejaba dictar clases, molestaba y por eso salió, pero en el
actual colegio comenta que se porta igual, molesta a los compañeros, pone
apodos, les pega, no deja dar clases, habla, recocha, refiere que ha intentado
portarse bien pero que no puede, niega consumo de psico-tóxicos. El
padre comenta que el niño vivió con los abuelos hasta los 8 años de edad porque
ellos estudiaban, comenta que al único que respeta y obedece es al abuelo
materno, a ellos no los respeta, no acata las normas, comenta que quien pone
las normas es la madre, pero él no quiere seguirlas, es difícil que obedezca,
comenta que han intentado controlarlo por las buenas hablándole, dándole
órdenes, con correa y esa es la única forma que obedezca ‘por la buena nada’,
comenta que de siempre había problemas porque el niño era tosco, molestoso,
inquieto, grosero con los compañeros, ingresó a la escuela con igual conducta,
no dejaba dictar clases, se paraba, hablaba, en casa igual conducta, en sitios
públicos también molesta, inició estudios a los 5 años, refieren que pese a que
es un buen estudiante el comportamiento influye, el padre tiene que estar
pendiente, dice que este año le fue bien, solo perdió una materia en los
primeros periodos, pasó a 8 grado, comenta que hace un años en un momento de
rabia pensó en matarse y asegura que fue por rabia con la madre, pero sí
comenta que se siente triste hace una semana por lo que puede suceder en su
casa, en el colegio, no otros, hace 15 días consultaron a neuropediatría, le
mandaron fluxetina aún no le dan y remiten a psiquiatra.”
34.
Al adelantar el análisis respectivo se consignó: “menor
de 14 años con cuadro de alteraciones comportamentales dados por
hiperactividad, sin manejo con compromiso funcional, ahora además conductas
desafiantes, considero menor con cuadro de perturbación en la atención y la
actividad, se inicia difenhidramina 10 cc noche, se solicita kg para inicio de
metifenidrato, control en 15 días valoración por psicología semanal, deporte
formativo en escuela, indicaciones y signos de alarma, se solicita hemograma
tóxicos de orina”.
35.
Adicionalmente la parte accionante refiere que Juan José fue matriculado
en el año 2017 para cursar el grado 7, siendo cancelada su matrícula académica cuando
se encontraba cursando octavo grado.  Bajo este contexto, se procede a exponer
cronológicamente las distintas actuaciones surtidas al interior de la
institución educativa en relación con el menor de edad.
36.
En acta de reunión de Comité de Convivencia celebrada el día 25 de
septiembre de 2018 se resolvió suspensión por 2 días hábiles a Juan José del
grado 7-2 por reincidente en las faltas tipo I y II. En esta oportunidad se señaló:
“Juan José Toro Martínez. Grado 72; reincidente en faltas tipo I y II,
académicamente va bien, el padre de familia acepta lo que determine la administración.
Después del análisis se recomienda suspensión de 2 días hábiles”.
37.  El
27 de noviembre de 2018, el Comité Disciplinario de la institución educativa al
referirse al estudiante Juan José Toro Martínez indicó: “Grosero,
indisciplinado, no se le puede hablar debe pasar al comité de admisiones se
califica con 2.5 DOS CINCO, el papá informó que le encontró dosis de marihuana.
Para matricula Acta de compromiso”.
38.
El 27 de noviembre de 2018, en reunión de análisis disciplinario se
ratificó que el estudiante Juan José Toro Martínez es grosero e indisciplinado,
por lo que se estableció un acta de compromiso y se remitió el caso al Consejo
Directivo.
39.
Mediante Resolución 012 del 10 de diciembre de 2018[36]
no se autorizó la matricula a algunos estudiantes, entre ellos a Juan José Toro
Martínez del grado séptimo a octavo. Sin embargo, a través de Resolución 06 del
11 de febrero de 2019[37]
el Consejo Directivo autorizó la matrícula académica a unos estudiantes, dentro
de los que se encuentra Juan José Toro Martínez, a quién se le recibió con “matrícula
en observación”, por lo que en caso de que incurrir en alguna falta se le
cancelaría la matrícula.
40.
El 4 de junio de 2019 el Consejo Directivo ordenó al coordinador de la
institución educativa de desarrollo rural la organización de toda la
información relacionada con el estudiante Juan José Toro Martínez en una sola
carpeta, donde se evidenció el incumplimiento de los compromisos adquiridos,
por lo que se procedió a formular pliego de cargos en contra del estudiante. En
el libro de registro de convivencia correspondiente al grado 8-2, Juan José
presenta 4 situaciones descritas como tipo II, que se encuentran respaldadas
por la firma del docente y del estudiante.
41.
El 18 de junio de 2019 algunos padres de familia
a través de oficio[38]
manifestaron su preocupación frente a las actitudes del estudiante Juan José
Toro Martínez, específicamente comportamiento relacionado con actos de bullying,
por lo que solicitaron la intervención de los directivos de la institución
educativa.
42.
El día 13 agosto de 2019, se notificó a los padres del menor de edad
sobre un “pliego de cargos” por incurrir en fallas tipificadas en el
artículo 15 del manual de convivencia de la Institución Educativa, el cual hace
referencia a la clasificación de situaciones Tipo 1 y 2[39].
43.
El día 16 de agosto siguiente, el señor Toro Ortiz (acudiente del
alumno) presentó los respectivos descargos ante el Consejo Directivo de la Institución
Educativa[40],
donde reconoció que Juan José es responsable de las
faltas cometidas, por lo que es consciente que se necesita la imposición de una
sanción donde se llegue a un acuerdo o compromiso con el menor respecto de las
faltas cometidas y que se tengan en cuenta el respectivo registro de notas,
como el reporte de clases, para que continúe en la institución educativa, con
la condición de no reincidir en los hechos ocurridos, brindándole otra
oportunidad, so pena de que se le imponga la máxima sanción.
44.
El 20 de agosto de 2019, el estudiante Edimer Alejandro
Aroca Muñoz declaró ante las directivas del plantel educativo haber sido
agredido físicamente por el estudiante Juan José Toro Martínez[41].
45.
El 26 de agosto de 2019 se expidió el Acuerdo 05 por medio del cual se
canceló la matrícula al estudiante Juan José Toro Martínez para el año lectivo
2019, con una valoración de comportamiento bajo (2.5)[42].
46.
El 2 de septiembre de 2019 se revisó por parte del Consejo Directivo el
recurso de reposición presentado por el señor Manuel Fernando Toro Ortiz[43],
donde expuso que como padre y acudiente el menor de edad nunca fue informado de
las reincidencias o comportamientos de su hijo, a fin de hacer un compromiso
íntegro con la institución, lo que le impidió recibir una orientación para
superar las dificultades presentadas. Además destacó que Juan José es un
estudiante ejemplar en cuanto a su parte académica, solo se han venido
presentado faltas leves que si bien son repetitivas no deberían acarrear las
cancelación de la matrícula escolar, agregando que el colegio no cuenta con los
servicios de tratamiento psicológico para este tipo de casos; en su calidad de
padre de familia nunca se le ofreció una asesoría o estrategia para ayudarlo a
corregir el comportamiento del menor de edad; solo hasta la diligencia de
boletines pudo acceder a las constancias y/o quejas aportadas por los docentes.
47.
El 10 de septiembre de 2019, el Consejo Directivo ratificó la decisión
inicial y notificó la cancelación de la matrícula[44].
48.
En orden a lo expuesto, el señor Toro Ortiz en calidad de padre de Juan
José Toro Martínez, acudió a la acción de tutela al considerar que con la
decisión la institución accionada de cancelar la matrícula de su hijo se está
vulnerando el derecho fundamental a la educación, máxime si se tiene en cuenta
que el menor de edad está en tratamientos “neuropediátricos y psiquiátricos”.
Trámite
Procesal
49.  Mediante
auto del 13 de septiembre de 2019[45],
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Unión, Nariño avocó la acción de
tutela, corriendo traslado de esta a la Institución Educativa de Desarrollo
Rural La Unión y a la Secretaria de Educación Departamental de Nariño.
Respuesta de la accionada y vinculada
50.
Institución Educativa de Desarrollo Rural de La Unión, Nariño[46]. Explicó
que el derecho a la educación implica deberes académicos y disciplinarios a
cargo de los estudiantes consagrados en el Manual de Convivencia, por lo que su
quebrantamiento permite al plantel educativo imponer las sanciones correctivas
a las que haya lugar, bajo la observancia del debido proceso.
51.
La sanción que se le imputa al estudiante Toro Martínez por incurrir en
faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del plantel
educativo no infringió sus derechos fundamentales, dado que se presentó: i) la
observancia del derecho al debido proceso, en cuanto a la aplicación de las
sanciones y amonestaciones impuestas; ii) los cargos fueron comprobados; iii)
el manual de convivencia consagra la amonestación impuesta; y iv) la sanción fue
ajustada, razonable y proporcional, en relación con la infracción cometida.
52.
Secretaría de Educación de Nariño. Indicó que revisado el sistema
integrado de matrícula -SIMAT- el menor de edad Juan José Toro Martínez se encuentra
matriculado activo desde el 3 de enero de 2019 en el grado Octavo en la
Institución Educativa de Desarrollo Rural de La Unión. Además, en el título discapacidades
y capacidades excepcionales, no se ha señalado ninguna, lo que significa
que la Institución Educativa desconocía los antecedentes clínicos del estado de
salud mental del menor porque sus padres no lo dieron a conocer, situación que
no permitió determinar a la administración un trato especial y la aplicación
del respectivo PIAR o la vinculación en el programa de educación inclusiva.
53.
Advirtió que en cada institución existe un manual de convivencia y no
tiene injerencia cuando una institución educativa decide cancelar la matrícula
a un estudiante.
54.
Declaración rendida por el rector de Institución Educativa de
Desarrollo Rural de La Unión[47].
Expuso que en el caso del estudiante Juan José Toro
Martínez al finalizar el año lectivo 2018 se realizó la asamblea de docentes
para valorar su comportamiento y se determinó que para el año 2019 se llevaría
a cabo matrícula en observación de acuerdo con la Resolución No. 06 de febrero
11 de 2019, citando de manera personal al padre del menor en reunión particular
en Rectoría, donde se le indicó que la permanencia en la Institución dependería
únicamente del estudiante quien debía asumir con responsabilidad y seriedad el
cumplimiento de sus deberes tanto académicos como disciplinarios, por lo que no
podía estar incurso en situación tipo I antes llamadas faltas leves, o en
situaciones tipo II antes llamadas faltas graves y situaciones tipo III antes
llamadas faltas gravísimas.
55.
Destacó que en su condición de rector fue informado que el estudiante
persistió en las situaciones tipo I, tipo II y tipo III generando ambientes
desfavorables para el proceso enseñanza aprendizaje, donde se cuentan
agresiones verbales y físicas a sus compañeros de curso, bullying, entre otros,
por lo que se convocó al Comité de Convivencia quien dio traslado al Consejo
Directivo para analizar detenidamente todo lo actuado y proceder según lo
establece el Manual de Convivencia con el fin de preservar el orden, la
disciplina y el buen funcionamiento de la institución, terminando con la
cancelación de la matrícula.
56.
Manifestó que como rector debe mantener el orden, la disciplina y la sana
convivencia dentro de la institución, y los estudiantes y padres de familia
deben asumir y cumplir sus compromisos. Expuso que en
ningún momento la institución educativa fue informada por parte de los padres
de familia que el estudiante Juan José Toro Martínez estaba siendo tratado por
el diagnostico de “perturbación de la actividad y de la atención”, como
también de “trastorno de ansiedad no especificado” o “trastorno en el
desarrollo psicológico”, por lo que en la carpeta de matrícula no reposa
documento alguno que haga referencia a estos diagnósticos.
57.
Por otra parte, explicó que en dicha institución no se cuenta con
psicólogo para atender este tipo de situaciones, dado que el Estado no brinda
este servicio y “pedir cuota a los padres de familia para brindar esta
atención es también problema para uno como Rector y tampoco se ha pedido apoyo
al ICBF”.
58.
Declaración rendida por Manuel Fernando Toro Ortiz, padre del menor
de edad Juan José Toro Martínez[48].
Explicó que matriculó a Juan José “en la
Institución Educativa de Desarrollo Rural en el año 2017 para que curse el
grado 7°, posteriormente a eso, yo iba a visitar a mi hijo a la Institución
para saber cómo iba, y el Coordinador siempre me decía que tenía que hablar
conmigo por la disciplina de mi hijo, me decía que molestaba a los
compañeritos, que se paraba mucho del puesto y como que indisponía la clase
para los demás compañeros, yo le comenté que nosotros teníamos que colaborar y
entonces nosotros primero le sacamos una cita con el médico general y luego se
remitió con el psicólogo y de ahí al neuropediatra, y viajamos a Pasto y él lo
examinó y verificó que no tenía problemas mentales y nos recomendó que
sacáramos una cita con el psiquiatra, posteriormente sacamos la cita con el
psiquiatra y lo valoró y le mandó unos medicamentos para la ansiedad y dijo que
si no le hacían efecto tocaba otros medicamentos y de ahí ya como hay problemas
para sacar citas y eso, entonces no hemos ido. Los profesores dicen que es buen
muchacho en cuanto a la parte académica pero que la disciplina que es lo que
debe mejorar”.
Destacó que hasta el mes de diciembre de 2018 se llevó a
cabo el tratamiento de psiquiatría, advirtiendo que no se le pudo hacer los
exámenes ordenados debido a que la EPS no tenía contrato y en consecuencia no
se autorizó. Por otra parte, señaló que de manera verbal informó al coordinador
y a algunos profesores sobre el tratamiento que estaba recibiendo su hijo. Agregó
que el menor de edad tiene la actitud de cambio y quiere seguir estudiando,
pero necesita ayuda, sin embargo, Juan José manifiesta que “como saben que
soy molestoso los otros compañeros no me dejan concentrarme y portarme bien”.
Finalmente
refirió que la institución educativa debe “tener su estrategia para atender
este tipo de casos, por ejemplo en otras instituciones cuando los alumnos
presentan problemas de dificultades como hiperactividad o ansiedad, los mismos
psicólogos de la institución ayudan a que los profesores entiendan las
dificultades de los estudiantes dependiendo la discapacidad, en la Institución
no hay orientador escolar y eso también hace falta para hacerles un seguimiento
a los estudiantes, y estamos preocupados porque ya lleva tiempo sin estar en
clases”.
Sentencias
objeto de revisión
59.  Primera
instancia[49].
El 26 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La
Unión negó el amparo solicitado, al considerar que todo el proceso realizado
por la institución educativa ha respetado el derecho a la defensa y al debido
proceso por estar ajustado al Manual de Convivencia, dado que existen las
evidencias necesarias para determinar que el estudiante incurrió en
innumerables situaciones clasificadas como tipo I y tipo II, de las cuales se
hizo pliego de cargos y fueron reconocidas por la parte accionante. Igualmente
se evidencia todos los llamados que se realizaron para que el estudiante
cambiara de actitud, incluso a principios del año escolar 2019, llevó a que se
suscribiera un acta de compromiso por parte del estudiante y el padre de
familia.
60.
Argumentó que no se acreditó a través de ningún medio de prueba que la
institución educativa conociera la situación de salud del menor de edad y si
bien aquella era preocupante para los padres de familia no mostraron actuación
alguna respecto a la salud mental de su hijo o frente a la adaptación al
ambiente escolar, pues en ningún momento del año escolar de 2019 se solicitó
una nueva cita por psiquiatría ni neuropsiquiatría, tampoco se le practicó
ningún examen de los ordenados, según lo declarado por el padre del
adolescente.
61.
En este contexto, requirió a los padres de familia para que, de manera
inmediata, continuaran con la valoración por neuropsiquiatría y psiquiatría del
menor, para que se especificara si el estudiante está preparado para adaptarse
y funcionar en el ambiente escolar, junto con las recomendaciones a seguir y
así la Institución Educativa de Desarrollo Rural, valore si le otorga un nuevo
cupo estudiantil, previas las recomendaciones a que hubiere lugar por parte del
profesional de la salud.
62.  Impugnación[50]. El
señor Manuel Fernando Toro Ortiz impugnó la decisión de primera instancia al
considerar que no se ajustó a los hechos que motivaron la acción de tutela. Sobre
las faltas cometidas por el estudiante destacan que como padres aceptaron la
innegable indisciplina de su hijo y solicitaron la colaboración de la institución
educativa, no sin antes asumir la obligación y el deber para el menor de edad,
por ello acudieron a los exámenes respectivos, circunstancia que fue comunicada
de manera verbal ante el coordinador de la Institución Educativa.
63.  Además,
advirtió que la falta de información o el desconocimiento de las circunstancias
médicas del menor de edad, no exime a la institución de su responsabilidad, por
lo que debía observar la conducta del estudiante en ese ambiente académico,
identificar los problemas, necesidades y carencias específicas del alumno, para
de esta manera de orientarlo en la búsqueda de alternativas que propicien su
formación integral, como podría ser: i) identificar las causas que han
propiciado las dificultades del estudiante; ii) definir las oportunidades de
actuación disponibles atendiendo las circunstancias concretas; iii) valorar la
efectividad de las medidas adoptadas; e iv) identificar formas de seguimiento
oportuno y periódico.
64.  Destacó
que el plantel educativo accionado carece de un Departamento de Orientación
Escolar, donde profesionales en psicología presten un servicio efectivo, que
den a conocer las condiciones y dificultades en las que se encuentran algunos
alumnos, para de esta manera garantizar los derechos de los menores y que sea
efectiva su protección.
65.  Destacó
que en su condición de padre no está ajeno al debido tratamiento que debe
seguir su hijo, pues es su deber de hacer el acompañamiento respectivo, para
efectivizar sus derechos y mejoras en los procesos psicológicos, por ello, es
viable parcialmente lo resuelto por la juez en cuanto al tratamiento
psicológico y las respectivas terapias que se deban realizar.
66.
Segunda instancia[51].
El 13 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal
del Circuito de La Unión, confirmó el fallo de primera instancia, explicó que
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa determinar si la
decisión de cancelar la matrícula al accionante se ajustó a derecho.
67.  Señaló que los
diagnósticos expuestos por la parte accionante como posibles causantes de
alteraciones comportamentales del actor y su hiperactividad, no fueron puestos
de presentes por representante legal a la institución educativa, por lo que no
pudieron tenerse en cuenta al momento de calificar la conducta del estudiante.
En consecuencia, la decisión tomada corresponde al ejercicio de las
atribuciones que le son propias con el fin de mantener la disciplina al
interior del plantel.
Actuaciones en sede de
revisión
El señor Manuel
Fernando Toro Ortiz, anexó
certificado hospitalario de fecha 24 de febrero de 2020, expedido
por el Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de
Pasto, donde se expone que el accionante permaneció hospitalizado del 24 de
enero hasta el 24 de febrero del presente año por trastorno de ansiedad no
especificado, recomendando retomar sus actividades escolares, advirtiendo que
se encuentra apto para la convivencia con pares.
Adicionalmente
manifestó que su hijo no asiste a clases desde el mes de octubre de 2019. Finalmente,
refirió que según el Ministerio de Educación Nacional existe una norma para las
instituciones educativas en cuanto a este tipo de estudiantes en situación de discapacidad
puedan continuar un proceso escolar acorde a su dificultad para que no se le desconozca
el derecho fundamental a la educación, sin embargo, no se ha tenido en cuenta.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela
mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Planteamiento
de los problemas jurídicos y estructura de la decisión
2.  De la situación
fáctica planteada y de superarse la procedibilidad de la acción, la Sala deberá
responder los siguientes interrogantes:
¿A los estudiantes que padecen un
déficit de atención e hiperactividad se les vulnera el derecho fundamental a la
educación ante la ausencia de un programa de educación inclusiva?
¿Se vulneran los derechos fundamentales a la
educación y al debido proceso de un menor de edad quien debido a trastornos del
comportamiento infringe los reglamentos escolares y, como consecuencia de ello,
es sujeto de sanciones disciplinarias o negación de cupos escolares sin haber
articulado un plan individual de ajustes razonables (PIAR)?
3.  Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, se procederá al análisis sobre: i)
el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes; ii) la
educación inclusiva basada en el derecho a la igualdad y a la no
discriminación; y iii) finalmente se resolverán los
casos concretos, iniciando por el estudio
de la procedencia de las acciones de tutela y, luego de superado el mismo, se
procederá al examen de fondo de acuerdo con los lineamientos sentados en la
parte dogmática.
Derecho a la educación de
niños, niñas y adolescentes
4.
La Constitución en su
artículo 44 reconoce el derecho fundamental a la educación de los menores de
edad. Este derecho se encuentra establecido de manera más específica en el
artículo 67 superior, donde se le adiciona el carácter de servicio público con
función social a cargo del Estado,
la sociedad y la familia. Bajo estos lineamientos también se ha reconocido que
la prestación del servicio de educación por parte del Estado, es obligatoria
entre los cinco y los dieciocho años de edad y comprende como mínimo un año de
preescolar y nueve de educación básica[52].
5.
Por su parte, el artículo 68 de la Constitución,
también da la potestad a los particulares para que
funden establecimientos educativos, con la participación en la dirección de
dichas instituciones de la comunidad educativa[53].
Lo anterior fue reiterado por el artículo 1º de la Ley 1650 de 2013, por
la cual se reforma parcialmente la Ley 115 de 1994 -ley general de educación, dando
la posibilidad a los particulares de fundar establecimientos educativos,
siempre y cuando cuenten con las condiciones para que su creación y gestión
estén basadas en las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno nacional.
6.  De igual manera,
diferentes instrumentos internacionales ratificados por Colombia han dado
protección al derecho a la educación, el primero de ellos fue la Declaración Universal de los
Derechos Humanos[54], en su artículo 26 establece que: “toda persona tiene
derecho a la educación”, propendiendo
por el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
7.  Igualmente  el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966[55], reconoció el derecho de toda persona a la educación, orientada
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su
dignidad, debiéndose fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Fue así como estableció que “(…) la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover
las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. Así
mismo, lo hizo la Convención sobre los Derechos del Niño[56]
en el artículo 28 donde se manifestó que “los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho”.
8.  En desarrollo de lo anterior y para
regular el servicio público a la educación se expidió la Ley 115 de 1994[57],  situando en cabeza
del Estado, la sociedad y la familia la obligación de velar por la calidad de
la educación y promover el acceso a la misma, así como la responsabilidad de la
Nación y las entidades territoriales de garantizar su cubrimiento.
Adicionalmente, establece que el Estado debe promover la calidad y el
mejoramiento educación, velando por “la cualificación y formación de los
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional,
la inspección y evaluación del proceso educativo”[58].
9.  La Ley 115 de 1994 en el artículo 5°
también desarrolla los fines de la educación, a partir de “la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo,
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad”. Para garantizar el cumplimiento
de la educación en todas sus formas y niveles, esta debe contener las
siguientes características interconectadas[59]:
i) asequibilidad o disponibilidad: supone la obligación del
Estado de cubrir la necesidad de la población escolar, creando instituciones y
permitiendo del mismo modo que los particulares lo hagan; ii) accesibilidad:
busca asegurar a los menores de edad las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo; iii) adaptabilidad: se refiere
al deber de flexibilizar y adaptar la educación a los diferentes contextos sociales,
respondiendo a las necesidades y realidades de cada alumno; iv) aceptabilidad:
es el deber de dar permanentemente educación pertinente y de calidad, para
satisfacer a la comunidad educativa.
10.  Estos
conceptos han sido precisados también por la jurisprudencia constitucional[60],
considerando que es indispensable
garantizar en todos los ámbitos el derecho a la educación, máxime tratándose de
menores de edad, por ello se da la posibilidad de que cuando alguna de
estas características sea restringida sin justa causa, se pueda exigir a quien
preste el servicio su cumplimiento por medio de los diferentes instrumentos
jurídicos y administrativos procedentes, incluyendo la acción de amparo[61].
11.  En
suma, esta Corporación al referirse al derecho a la educación ha determinado que
se trata de un derecho inherente a la persona y un servicio
público cuya prestación es un fin esencial del Estado; adquiere el carácter
fundamental cuando se trata de personas menores de 18 años; es gratuita y
obligatoria por lo que a los menores de 18 años se les debe garantizar al menos
a un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria; cuenta
con cuatro características aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y
accesibilidad; finalmente, las entidades públicas del orden nacional y
territorial tienen la obligación de garantizar el cubrimiento adecuado de los
servicios de educación y de asegurar a los niños y niñas condiciones de acceso
y permanencia en el sistema educativo[62].
Educación
inclusiva basada en la igualdad y la no discriminación
12.
El
artículo 13 superior establece el derecho a la igualdad determinando la misma protección y trato para todos por parte de las
autoridades, gozando sin discriminación alguna de iguales derechos, libertades
y oportunidades. En este marco las disposiciones internacionales, nacionales y
la jurisprudencia constitucional han advertido que entre los alumnos hay
diferentes niveles de aprendizaje, por tanto, es necesario flexibilizar los
esquemas de enseñanza, de tal manera que estos se adapten a las
transformaciones de la sociedad y a las particularidades de sus miembros,
buscando que los diversos contextos culturales y sociales de los estudiantes no
conlleven una barrera en el ejercicio de su derecho.
13.  Lo
anterior implica que no deben ser los estudiantes quienes necesariamente se amolden
a un único modelo de educación, sino que el sistema educativo se adapte a las
diversidades y necesidades de los estudiantes, en procura de combatir la
deserción escolar. En este contexto, el sistema educativo tiene la carga de, en
determinados casos, adecuar los programas escolares cuando ello constituye una barrera
al ejercicio pleno del derecho a la educación.
14.  En consecuencia, le corresponde al sistema
educativo establecer unas condiciones de acceso general para toda la población,
a partir de la igualdad de trato, de derechos y de oportunidades (art. 13 C.
Pol.), por lo que, en caso de existir menores de edad en situaciones adaptación
a la educación diferente ya sea por sus condiciones físicas o psicológicas, se
deben adoptar acciones afirmativas en procura de evitar la exclusión que limite
el acceso a la educación e impida la integración social.
15.  Al respecto, la Conferencia de Ginebra en el 2008 refirió que “el
concepto de educación para todos no lleva implícito el de inclusión. Si bien
ambos comparten el objetivo de asegurar el acceso a la educación, la inclusión
implica el acceso a una educación de calidad sin ningún tipo de discriminación,
ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige una transformación
profunda de los sistemas educativos. Sin inclusión es muy posible que ciertos
grupos de estudiantes sean excluidos por lo que ésta debe ser un principio
orientador de las políticas y programas educativos, con el fin de que la
educación sea para todos y no sólo para una mayoría”[63].
16.
Por su parte, en la Observación General No. 13 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se determinó que el modelo
inclusivo impone la necesidad de asegurar la accesibilidad, la disponibilidad,
la adaptabilidad y la aceptabilidad. En el mismo sentido se ha pronunciado el
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el
cual, entre otras, en la Observación General No. 4, hizo un análisis del
enfoque inclusivo considerándolo indispensable para la comunidad académica y
estudiantil, en la medida que permite el desarrollo de sociedades más justas,
ya que desde la infancia se promueve la igualdad de trato y de oportunidades a
pesar de las diferencias.
17.  En
este sentido, distintos órganos internacionales han destacado que la inclusión
en los sistemas educativos debe propender por brindar el acceso en condiciones
de igualdad, reduciendo cualquier margen de exclusión que se pueda presentar. En
tal contexto se extrae que los niños, niñas y adolescentes que padecen
dificultades por déficit de atención e hiperactividad tienen derecho a la
educación y a la permanencia en el sistema educativo, a partir de una educación
inclusiva donde se puedan integrar todos los estudiantes con independencia de
sus necesidades especiales.
18.  A continuación, se destacan
algunas disposiciones normativas que atienden a la importancia de generar
escenarios diversos dadas las condiciones especiales de cada estudiante, específicamente
de cara al déficit de atención e hiperactividad.
19.  La Ley 715 de 2001[64]
estableció en su artículo 9° que las instituciones educativas deberán
brindar una educación de calidad, garantizar la evaluación permanente, el
mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje,
en el marco de su Programa Educativo Institucional.
20.  La Ley 1618 de 2013[65] hizo referencia a la con
la finalidad de garantizar el ejercicio de derechos por personas en situación
discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión social[66]. Precisamente, en el artículo
11 impuso a las entidades educativas una serie de deberes en procura de
fomentar el acceso y la permanencia de personas en situación de discapacidad en
el sistema educativo, como la identificación de los niños, niñas y jóvenes de
su entorno susceptibles de atención integral para garantizar su acceso y
permanencia educativa pertinente y con calidad en el marco de la inclusión y
conforme a los lineamientos establecidos por la Nación.
21.  En este mismo sentido, el Decreto 1421 de 2017 expedido por el
Ministerio de Educación Nacional[67],
reglamentó los deberes de las instituciones educativas públicas o privadas,
estableciendo, entre otros, los deberes de incorporar el enfoque de
educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI). Esta normativa refirió a los Planes Individuales
de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR), con el fin de que, dependiendo del ritmo
de entendimiento de cada estudiante se generen estrategias de estudio en la
institución y en el aula, sin que tenga que ser excluido de los demás
compañeros.
22.  El PIAR se constituye en la
herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y
aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus
estilos y ritmos de aprendizaje, que se materializa como un proyecto para el
estudiante durante el año académico, que se debe llevar a cabo en la
institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y
deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
“i)
descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del
establecimiento educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos
sociales); ii) valoración pedagógica; iii) informes de profesionales de la
salud que aportan a la definición de los ajustes; iv) objetivos y metas de
aprendizaje que se pretenden reforzar; v) ajustes curriculares, didácticos,
evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; vi) recursos
físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y
la participación del estudiante y; vii) proyectos específicos que se requieran
realizar en la institución educativa, diferentes a los que ya están programados
en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes; viii) información sobre
alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de
aprendizaje y participación y ix) actividades en casa que darán continuidad a
diferentes procesos en los tiempos de receso escolar.”[68]
23.  El
Decreto 1421 de 2017 también estipuló las obligaciones i) de las secretarías de
educación o la entidad que haga sus vece a nivel territorial, ii) de los
establecimientos educativos públicos y privados, y iii) de la familia, de cara a la materialización
eficaz y efectiva de la educación inclusiva. En ese sentido, el artículo 2.3.3.5.2.3.1 determinó que corresponde a las secretarías
de educación o a las entidades certificadas que hagan sus
veces a nivel territorial, entre otras:
“4.
Asesorar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad
sobre la oferta educativa disponible en el territorio y sus implicaciones
frente a los apoyos.
(…)
7.
Articular con la secretaría de salud de cada jurisdicción, o quien haga sus
veces, los procesos de diagnóstico, informes del sector salud, valoración y
atención de los estudiantes con discapacidad.
(…)
11. Prestar
asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos públicos y
privados en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión
escolar, para garantizar una adecuada atención a los estudiantes matriculados y
ofrecerles apoyos requeridos, en especial en la consolidación de los PIAR en
los PMI; la creación, conservación y evolución de las historias escolares de
los estudiantes con discapacidad; la revisión de los manuales de convivencia
escolar para fomentar la convivencia y generar estrategias de prevención sobre
cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los
estudiantes.”[69]
24.  En
la misma disposición normativa se estableció que los centros educativos
públicos y privados, deben contribuir con la identificación de las
circunstancias de desarrollo diferentes o las situaciones de discapacidad que
presenten los estudiantes y, en pro de ellos, agregar un enfoque de educación
inclusiva, estando constantemente en contacto con las familias o acudientes del
alumno, ajustando los manuales de convivencia y previniendo cualquier caso de
exclusión o discriminación. En concreto el literal “c”
del artículo 2.3.3.5.2.3.1 del Decreto 1421 de 2017, entre otras obligaciones, establece:
“1. Contribuir a la identificación de signos de alerta
en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de los estudiantes.
2.
Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la
matrícula, el retiro o el traslado.
6.
Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de
Mejoramiento Institucional (PMI).
8.
Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con
discapacidad de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de
evaluación de los aprendizajes, con la participación de los docentes de aula,
docentes de apoyo y directivos docentes, o quienes hagan sus veces en el
establecimiento educativo.
25.  Respecto de los familiares el artículo 2.3.3.5.2.3.12 expone que les corresponde realizar la matrícula anual del estudiante,
cumplir y firmar los acuerdos establecidos en el PIAR, así como tener
disponibilidad para mantener un dialogo con los demás actores que intervienen
en el proceso de inclusión. Específicamente, la norma en cita, entre otros
aspectos, refiere:
“1. Adelantar anualmente el proceso de
matrícula del estudiante con discapacidad en un establecimiento educativo.
2. Aportar y actualizar la información
requerida por la institución educativa que debe alojarse en la historia escolar
del estudiante con discapacidad.
3. Cumplir y firmar los compromisos señalados
en el PIAR y en las actas de acuerdo, para fortalecer los procesos escolares
del estudiante.
8. Realizar veeduría permanente al
cumplimiento de lo establecido en la presente sección y alertar y denunciar
ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento.”
26.
En cuanto a la responsabilidad
familiar, la jurisprudencia constitucional[70]
y la legislación vigente han fijado que como
núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los
hijos tiene a cargo el deber de reclamar y recibir orientación sobre la
educación de los hijos[71],
participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la
adecuada prestación del servicio educativo[72],
contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus
hijos[73],
entre otras.
27.  Con todo, el derecho fundamental a la educación
comprende distintas facetas y componentes, en procura de que el sistema
educativo sea moldeado también por las necesidades particulares de los
estudiantes a fin de evitar la deserción escolar a partir de ajustes
razonables, donde se atiendan las necesidades pedagógicas de los alumnos atendiendo
los distintos ritmos académicos, desarraigando concepciones discriminatorias.
Este esquema lleva a que las instituciones educativas mejoren la prestación del
servicio y en consecuencia los resultados del aprendizaje.
28.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional desde sus primeros
pronunciamientos (sentencia T-492 de 1992) estableció que la sociedad debe
brindarle a la comunidad estudiantil, la garantía de que ante su diversidad,
solo hay manifestaciones de respeto, apoyo y comprensión, pues no puede
perderse de vista que la educación es un instrumento de cambio, igualdad y
democracia, en consecuencia, la educación inclusiva se aparta de la idea de que
las personas con necesidades diferentes, se deban aislar o segregar.
29.
En la sentencia T-255 de 2001 la Corte
solicitó concepto a profesionales especializados en el Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TDAH)[74],
identificando las características más relevantes, así: i) padecer uno o varios
de los siguientes síntomas: desatención, hiperactividad y/o impulsividad; ii) manifestación
de los síntomas antes de los siete años; iii) expresión del trastorno en el
colegio y/o en la casa; y iv) que el comportamiento altere el funcionamiento
social, académico y ocupacional del paciente.
30.
Se detectó que la dificultad más frecuente es
que el comportamiento del alumno perturba el desarrollo efectivo de las clases,
razón por la cual los estudiantes son sancionados drásticamente, a tal punto
que se contempla como única solución el retiro de la institución educativa. En
consecuencia, los afectados por el trastorno presentan oposición a las
autoridades, falta de rendimiento académico y aislamiento social debido a la
imagen social censurable que se crea en torno a su comportamiento.
31.
Por otra parte, en la sentencia T-390 de 2011 extrajo
algunas conclusiones de acuerdo con la jurisprudencia constitucional respecto del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH)[75]:
i) implica una discriminación, dado que ante dificultades de hiperactividad la
respuesta de los docentes es ignorar de plano la situación clínica del
trastorno e incluso su propio entorno social y cultural lo excluye al no
comprenderlo; ii) la desescolarización desconoce el deber de solidaridad que
tiene la familia, la sociedad y el Estado; iii) el aislamiento priva a la
sociedad de seres valiosos que pueden aportar con su inteligencia y habilidades
al desarrollo y a la cultura social; iv) las personas con déficit de atención e
hiperactividad son constantemente objeto de aislamiento, estigmatización, mal
trato, incomprensión y discriminación; v) una inapropiada conducción de este
problema puede generar graves consecuencias personales y sociales; y vi) las
reglas de comportamiento en los planteles educativos, por parte de un menor con
TDAH, no puede ser igual a la aplicada al simple transgresor de las reglas.
32.
También en las sentencias T-488 y T-581 de 2016 se advirtió
que enfoque inclusivo involucra a toda la sociedad, bajo la idea de que una
situación médica, sensorial, física o psíquica no puede servir de fundamento
para negarle a una persona un trato digno, justo e igualitario, por lo que la educación inclusiva acepta que existen seres con semejanzas
y diferencias, rompiendo el paradigma de normalidad impuesto socialmente.
33.  A su vez, la sentencia T-120 de 2019 se explicó que la educación
inclusiva implica superar los obstáculos para la integración de todos los
estudiantes y para ello se requiere la “adopción de los ajustes razonables
que sean necesarios con el fin de garantizar que el espacio de convivencia se
torne en un clima escolar amistoso para el desarrollo cognitivo y personal de
todos los estudiantes, y no solo para quien enfrenta la situación diferenciada.
En este sentido, los ajustes razonables además de permitir que el estudiante en
situación de discapacidad adquiera los conocimientos académicos que
corresponda, debe permitirle a este y a sus compañeros compartir escenarios que
faciliten su proceso de aprendizaje, su integración social y el disfrute de
todas sus garantías fundamentales”. Ahora bien, en esta misma decisión se estableció que el derecho a la
educación inclusiva no puede afectar a los demás alumnos al obligarlos a
permanecer en un espacio “tosco, indeseado y de riesgo”.
34.  En el mismo sentido, la providencia en cita se refirió a
la proporcionalidad que debe tener la sanción con relación a la medida frente a
los actos cometidos, por lo que las medidas correctivas
deben atender los procesos de aprendizaje y madurez del estudiante.
35.  Con todo, el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad está oficialmente reconocido
por instituciones, estudios y expertos[76],
como un trastorno crónico que
puede cambiar sus manifestaciones desde la infancia hasta la edad adulta, que
interfiere en muchas áreas del funcionamiento[77],
por lo que la falta de atención a estos menores trae graves
consecuencias para ellos mismos y para la sociedad, lo cual demanda
responsabilidad por parte de las familias, los colegios a pesar de no ser
especializados y las autoridades estatales, dando un manejo especial a las
personas que padecen este tipo de trastornos, puesto que de lo contrario se
estaría atacando a las circunstancias que permiten que el problema subsista y
no a las que lo causan.
Casos concretos
Caso 1. Expediente T-7.601.933
Examen
de procedencia de la acción de tutela
36.
Previo
al análisis de fondo de la acción de tutela, se debe realizar un estudio para
determinar si la misma cumple con los requisitos descritos en el artículo
anterior, referentes a: i) legitimación en la causa por activa y por pasiva;
ii) subsidiariedad; e iii) inmediatez.
37.  Legitimación en la causa por activa. La acción de tutela puede ser propuesta
por la misma persona o por quien actúe
a su nombre. Cuando se trata de menores de
edad los padres pueden interponer la acción en ejercicio de la patria potestad[78].
38.  En este caso se observa que la acción de
tutela cumple con la legitimación por activa, teniendo en cuenta que Jorge
Ceballos Abudinem y Liliana María Lafaurie Lafaurie al ser los padres del menor de edad Jorge Alberto
Ceballos Lafaurie cuentan con la
patria potestad, lo que les da la representación legal. Por su parte, la apoderada
judicial de los padres del niño suscribió con estos poder especial, lo que la
legitima para actuar en la acción de tutela.
39.
Legitimación
en la causa por pasiva. La acción de
tutela procede contra particulares según el 42 del Decreto Estatutario 2591,
entre otros, cuando estén encargados de la prestación del servicio público de
educación[79]
y cuando el afectado se
encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular
contra el cual se interpuso la tutela[80].
40.
La Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta está legitimada
por pasiva en razón de que se ocupa de prestar el servicio público de educación
y es a quien se le endilga la transgresión de los derechos fundamentales a la
educación y al debido proceso de Jorge Alberto Ceballos Lafaurie.
41.
Por su parte, la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta
es una entidad pública que tiene obligaciones respecto al derecho a la
educación que se pretende proteger por este medio y junto con la Secretaría de
Salud Distrital de Santa Marta, deberían articular la valoración y atención de
Jorge Alberto Ceballos Lafaurie con relación su trastorno, para que así se dé
efectivamente una educación inclusiva[81].
42.
Subsidiariedad. Este requisito de procedibilidad se encuentra en
el inciso 4° del artículo 86 de la Constitución Política y supone que la acción
de tutela es procedente de manera i) definitiva siempre
que no exista un medio alternativo de defensa judicial o que, a pesar
de existir, no sea idóneo ni eficaz para lo que se pretende; y ii) transitoria
cuando sea necesaria la intervención del juez constitucional para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
43.
Además, en reiterados pronunciamientos la
Corte ha explicado que cuando en el proceso de tutela puedan verse
comprometidos los derechos de sujetos de especial protección constitucional, el
examen de procedencia debe ser más flexible, pues como en el caso de los niños, las niñas y los
adolescentes, el Estado les debe garantizar un tratamiento diferencial positivo[82].
44.
Teniendo en cuenta que en este caso se
pretende la protección de los derechos fundamentales a la educación respecto de
un sujeto de especial protección constitucional, se debe flexibilizar el examen
de procedencia, por lo que la acción de
tutela se convierte en el mecanismo que permite en oportunidad alcanzar la
protección invocada.
45.
Inmediatez. Si bien la acción de tutela no tiene término de
caducidad, debido a que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, su formulación debe hacerse
dentro un plazo razonable y oportuno[83].
46.
La Sala considera que este requisito se
cumple en el presente asunto, teniendo en cuenta que el acto por medio del cual
el colegio decidió no renovar el contrato de servicio educativo del menor de
edad Jorge Alberto Ceballos Lafaurie para el año lectivo 2019-2020, el cual es
objeto de esta controversia, se presentó el 7 de marzo de 2019 y la acción de
tutela fue interpuesta el  27 de junio de 2019 por lo que solo dejaron
transcurrir 3 meses y 20 días, plazo razonable si se tiene en cuenta que se
trata de la protección del derecho a la educación de un sujeto de especial
protección.
Análisis de fondo
47.
Después de haber superado el
requisito de procedibilidad la Sala pasa a estudiar el caso concreto, en orden
a establecer si se afectaron los derechos fundamentales a la educación del
menor de edad Jorge Alberto Ceballos al sancionarlo disciplinariamente
con la cancelación del contrato de servicio educativo por la Corporación
Educativa Bilingüe de Santa Marta, al haber incursionado en faltas disciplinarias
dentro de la institución, sin previamente articular un plan individual de
ajustes razonables, componiendo un trabajo integral entre padres, institución
educativa y autoridades locales.
48.
En este asunto está probado que al menor se le diagnosticó “trastorno
por déficit de atención con hiperactividad”[84], lo que ha llevado a
adelantar un tratamiento medicado. Por otra parte, producto de una serie de
incumplimientos al Manual de Convivencia, la institución educativa resolvió no
renovar el contrato de servicios educativos a favor del adolescente.
49.
Como se advirtió en la parte dogmática de esta decisión, este
tipo de trastorno constituye una condición de discapacidad cuya dificultad más frecuente se materializa en la perturbación del desarrollo
efectivo de las clases, por la imposibilidad de autocontrol que se agrava por
distintos factores como lo es la ausencia de tratamiento o la falta de un
programa especial dada su especial condición, aspectos que agravan las
dificultades propias del trastorno.
50.  A
partir de este contexto, procede la Sala a verificar la responsabilidad de los
distintos actores en el proceso educativo del menor de edad, a saber: la
familia, la institución educativa y las autoridades locales.
Responsabilidad
de la familia
51.
En este criterio, el análisis debe partir de tres aspectos
principales, de acuerdo con lo expuesto en la parte dogmática de esta
decisión, así: i) aportar información a la institución escolar sobre la
situación física y mental del alumno; ii) atender los tratamientos médicos
recomendados por los especialistas; y iii) asistencia en casa y apoyo respecto
de las directrices dadas por las instituciones educativas. A partir de estos lineamientos se procede a adelantar el
presente análisis como pasa a explicarse.
52.
Deber de informa a la institución educativa. En junio de 2018,
los padres de Jorge Alberto al notar que estaba presentado problemas
comportamentales, recurrieron a un especialista quien le diagnosticó “trastorno
por déficit de atención con hiperactividad”, por lo que procedieron a
informar al colegio, a partir de lo cual se inició un proceso de calificación
fase 2, creada con el propósito de responder a las diferencias individuales
entre los estudiantes, en cuanto a una o más dimensiones del desarrollo humano
(comunicativa, física, cognitiva, afectiva, social), de tal forma que puedan
alcanzar los estándares de competencia establecidos para el grado. En este caso
se cumple este presupuesto.
53.
Atender los tratamientos médicos recomendados por
especialistas. En cuanto a la responsabilidad de
los padres respecto del suministro de medicamentos existen versiones contrarias
frente a lo informado por la institución educativa y lo manifestado por los
accionantes, pues mientras el colegio afirmó que el menor no se encontraba
cumpliendo con los lineamientos dados por el médico tratante al no
suministrar los medicamentos recetados, pudiendo tener esto impacto en el
proceso educativo del menor[85];
por su parte, los representantes de Jorge Alberto refirieron
que únicamente desarrolla su condición al estar en el colegio y en su casa u
otros espacios no presenta tal circunstancia, por lo que el menor se encontraba
sin tratamiento farmacológico en horas no escolares.
54.
En este orden de ideas, encuentra la Sala que al
momento de interponer la acción de tutela no existía unos lineamientos
específicos a seguir en materia de tratamiento médico a favor del menor, por lo
que no se podría establecer un incumplimiento concreto de este presupuesto.
55.
Asistencia en casa y apoyo respecto de las directrices dadas por las
instituciones educativas. Este punto será valorado a partir de las medidas
adoptadas con la implementación del PIAR ordenada en el Auto 643 de 2019. Sin
embargo, se debe destacar que ante la no renovación del contrato escolar los
padres el menor acudieron a clases particulares durante 3
horas y media, tres veces por semana, lo que muestra una diligencia inicial de
los padres en este sentido.
Responsabilidad de la
Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta
56.  En la parte dogmática de esta decisión se advirtió que a las
instituciones educativas les corresponde como mínimo: i) identificar a las
niños, niñas y adolescentes que de acuerdo a sus comportamientos requiera una
atención especial en orden a garantizar el acceso y permanencia en el sistema
escolar; ii) reportar en el SIMAT los estudiantes con discapacidad; y iii)
incorporar el enfoque de educación inclusiva con la participación de toda la
comunidad educativa.  A partir de estos lineamientos procede la Sala a hacer la
verificación respectiva.
57.  Identificar
a las niños, niñas y adolescentes que de acuerdo a sus comportamientos requiera
una atención especial. Como se explicó previamente, la institución
educativa en principio otorgó un proceso de calificación fase 2, a partir de lo
cual se puede entender que identificó de manera inicial las necesidades del
alumno.
58.  Reportar
en el SIMAT los estudiantes con discapacidad. Atendiendo a
lo informado por la Secretaria de Educación de Santa Marta no existía reporte
en el sistema, por lo que no se cumplió con este requisito.
59.  Incorporar
el enfoque de educación inclusiva con la participación de toda la comunidad
educativa. El colegio en su Manual de Convivencia
establece las actuaciones consideradas como graves y gravísimas[86], la ruta para la
atención de faltas de comportamiento[87]
y sus consecuencias[88],
no se evidencia que existan estrategias preventivas incorporadas a la ruta de atención
integral para la convivencia escolar, que de alguna manera hubiera tratado de
evitar los hechos sancionados, ni que se hubiera establecido un procedimiento
disciplinario especial para los estudiantes con “acomodaciones adicionales”[89],
que permitiera analizar las circunstancias del caso a la hora de tomar una
decisión.
A pesar de conocer el contexto específico en el que se encuentra
el alumno, respecto a su comportamiento impulsivo producto del trastorno de
déficit de atención con hiperactividad y su nivel de madurez psicológica y
emocional, el Consejo Directivo de la institución dispuso no
renovar su contrato de servicios educativos, sin haber realizado una valoración
completa del proceso del estudiante dentro del plantel educativo, ni buscar
apoyo de algún profesional en este tipo de casos que diera un concepto sobre la
alternativa que mejor se adecuara para el asunto, enfocándose solamente en la
falta y sancionándolo como si fuera un estudiante regular, por lo que no era
viable imponer una sanción de no renovación del contrato escolar sin atender a
las especiales necesidades del adolescente.
Debe recordarse que las instituciones educativas están en el
deber de resignificar al menor de edad, esto es ayudar con su proyecto de vida,
ofreciéndole un aprendizaje constante más allá del aula de clases, el cual debe
verse reflejado incluso en el proceso sancionatorio, donde se debe entender las necesidades, capacidades y problemáticas de cada uno,
para así poder propiciando
el perdón, la convivencia, el pluralismo, la justicia,
la solidaridad y la igualdad.
60.
Al no haberse dado este escenario de aprendizaje en el proceso
sancionatorio llevado contra del menor Jorge Alberto Ceballos Lafaurie, se ha
generado la discriminación del alumno, ya que al no explicarle las razones por
las que no se podía tolerar más su comportamiento, ni ser
aplicables otro tipo de medidas que no fueran punitivas sino restaurativas y
educativas que fortalecieran
sus aptitudes en sociedad, se le negó la posibilidad de hacerse consciente de
su error, de poder reparar el daño y de continuar en un ambiente de inclusión
junto con sus demás compañeros.  Entonces, no se encuentran fundamentos
claros que permitan concluir que la sanción impuesta era necesaria para la
formación educativa del alumno y que la misma no podía ser adaptada al
contexto. Aspectos estos que se debieron reflejar en el proceso sancionatorio
adelantado en su contra, donde la institución educativa debió valorar las necesidades, capacidades y problemáticas del estudiante, para
así poder propiciar
el perdón, la convivencia, el pluralismo, la justicia,
la solidaridad y la igualdad.
Responsabilidad de la Secretaría de
Educación de Santa Marta
61.
Finalmente, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión, la competencia de las Secretarías de Educación activa
una vez es reportado un menor en situación de atención especial en el SIMAT,
debiendo hacer el seguimiento respectivo brindando apoyo de asesoría a las
familias sobre la oferta educativa disponible en el territorio, articular con
las secretarías de salud los procesos de diagnóstico y prestar asistencia
técnica y pedagógica a los establecimientos educativos públicos y privados en
lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión escolar, en
especial en la consolidación de los PIAR. Teniendo en cuenta
que en este caso la Secretaría no fue informada de la situación del menor Jorge
Alberto Ceballos la Sala no adelantará el análisis respectivo de este punto.
Necesidad de mantener el PIAR diseñado
con ocasión de lo resuelto en el Auto 643 de 2019.
62.
A partir de lo expuesto, la Corte
encuentra vulnerado el derecho a la educación con enfoque inclusivo del menor Jorge
Alberto Ceballos Lafauire, pues la
institución a pesar de haber sido informada de la circunstancia de desarrollo
diferente del adolescente no creo un Plan Individual de Apoyo y Ajuste
Razonable -PIAR.
63.
En consecuencia, como medida provisional a través del Auto 643 de 2019,
se dispuso el reintegro del menor a la institución educativa[90],
la valoración médica en orden a establecer el tratamiento a seguir[91],
así como el seguimiento hecho por colegio para la readaptación escolar, al
punto que se tomó la decisión de hacer refuerzo al niño en cuatro materias,
para lo cual fue necesario contratar un tutor recomendado por el colegio con el
fin de poder nivelar el tiempo desescolarizado.
64.
También se diseñó un PIAR, como era su deber desde el principio, de cara
a la situación del estudiante Jorge Alberto a partir de un equipo donde
intervienen: la coordinación de un equipo de apoyo escolar, la directora de
bachillerato, fonoaudiología, un especialista en learning center, el director
de grupo, los profesores de las diferentes asignaturas y un tutor de apoyo en
casa. En este orden de ideas se confirmará la medida previa que fue dictada,
atendiendo los mismos lineamientos sentados en el PIAR, acompañamiento que se
mantendrá o irá desmontando de acuerdo con la evolución del estudiante.
65.  Ahora bien, teniendo en cuenta que la educación inclusiva no
puede afectar a los demás alumnos, al punto de suponer un riesgo para ellos al obligarlos a
permanecer en un espacio que no resulte propicio para garantizar sus derechos,
corresponde a las autoridades académicas adoptar medidas necesarias para
brindar un ambiente amable con todos los estudiantes, en aras hacer viable y
exitosa la inclusión educativa, disminuyendo los detonantes que sean
identificados, a través de un esquema de ajustes razonables. Ello no
necesariamente implica que el menor no pueda ser desvinculado de la institución
educativa, solo que este tipo de decisión debe obedecer a su especial
condición.
66.
En este contexto, al final
del año escolar los padres del menor Jorge Alberto, las autoridades educativas
y la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta deberán determinar si de
acuerdo a las necesidades especiales del alumno, puede continuar su proceso
educativo en la Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta o en otra
diferente.
Caso 2.
Expediente T-7.764.757
Examen
de procedencia de la acción de tutela
67.
Como
ocurrió en el asunto anterior, previo al análisis de fondo de la acción de
tutela, se debe realizar un estudio para determinar si la misma cumple con los
requisitos descritos en el artículo anterior, referentes a: i) legitimación en
la causa por activa y por pasiva; ii) subsidiariedad; e iii) inmediatez, los
cuales se limitarán a los aspectos concretos, teniendo en cuenta que las
consideraciones generales se llevaron a cabo en el acápite previo del caso 1.
68.  Legitimación en la causa por activa. La acción de tutela cumple con la legitimación por
activa, teniendo en cuenta que el menor Manuel
Fernando Toro Ortiz al ser el padre de Juan
José Toro Martínez cuenta con su la patria
potestad, lo que le da la representación legal.
69.
Legitimación
en la causa por pasiva. La Institución Educativa de Desarrollo
Rural (IEDR). está legitimada por pasiva en razón a que se ocupa de prestar el
servicio público de educación y es a quien se le endilga la transgresión de los
derechos fundamentales a la educación y al debido proceso del menor Juan José Toro Martínez.
70.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Nariño es una entidad
pública que tiene obligaciones respecto al derecho a la educación que se
pretende proteger por este medio.
71.
Subsidiariedad. Teniendo en
cuenta que en este caso se pretende la protección de los derechos fundamentales
a la educación y al debido proceso de un sujeto de especial protección
constitucional, se debe flexibilizar el examen de procedencia. Además, como se explicó en el caso anterior en
reiterados pronunciamientos la Corte ha explicado que cuando en el proceso de
tutela puedan verse comprometidos los derechos de sujetos de especial
protección constitucional, el examen de procedencia debe ser más flexible, pues
como en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, el Estado les debe
garantizar un tratamiento diferencial positivo[92].
En orden a lo expuesto la tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos
fundamentales a la educación desde la esfera inclusiva[93], por lo que el amparo resulta
ser procedente como mecanismo definitivo.
En este contexto, Juan José Toro
no cuenta con otro medio de defensa idóneo y eficaz que les permita hacer
efectivo su derecho a la educación, ante la decisión de la institución
educativa accionada de cancelarle la matrícula escolar, máxime teniendo en
cuenta sus especiales condiciones de salud (el trastorno por hiperactividad y
ansiedad no especificado), situación que llevó a su desescolarización.
Con todo, en este caso la acción
de tutela resulta procedente para proteger de manera oportuna los derechos
fundamentales invocados a favor del menor de edad (sujeto de especial
protección constitucional), situación que pone en evidencia la
necesidad de la intervención del juez constitucional. Así la Sala verifica
cumplido este presupuesto de procedencia.
72.
Inmediatez. La Sala
considera que este requisito se cumple en el presente asunto, teniendo en
cuenta que el acto por medio del cual el colegio decidió cancelar la matrícula
de Juan José Toro Martínez, objeto de esta controversia, se presentó el 10 de
septiembre de 2019 y la acción de tutela fue interpuesta el 13 de septiembre de
2019, por lo que solo transcurrió 3 días, plazo que resulta a todas luces razonable.
Análisis de fondo
73.
Superado el requisito de
procedibilidad la Sala pasa a estudiar el caso concreto, en orden a establecer
si se afectó el derecho fundamental a la educación del menor de edad Juan José Toro Martínez al sancionarlo
disciplinariamente con la cancelación de su matrícula por haber incurrido en
diversas faltas disciplinarias.
74.
Al respecto es importante destacar que Juan José Toro fue
diagnosticado con trastorno de ansiedad no especificado desde el
2 de noviembre de 2018[94],
lo que lo llevó a estar hospitalizado por un mes (24 de enero al 24 de febrero
de 2020) en el Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad
de Pasto, Nariño. De acuerdo a lo expuesto en el caso previamente analizado, el
trastorno de ansiedad constituye una condición de discapacidad que se materializa
en la perturbación del desarrollo efectivo de las clases, por
la imposibilidad de autocontrol que se agrava por distintos factores como lo es
la ausencia de tratamiento o la falta de un programa especial dada su especial
condición.
75.
A partir de este contexto, procede la Sala a verificar la
responsabilidad de los distintos actores en el proceso educativo del menor de
edad, a saber: la familia, la institución educativa y las autoridades locales.
Responsabilidad del grupo familiar
76.
Como se explicó el análisis parte de tres aspectos principales: i)
aportar información a la institución escolar sobre la situación física y mental
del alumno; ii) atender los tratamientos médicos recomendados por los
especialistas; y iii) asistencia en casa y apoyo respecto de las directrices
dadas por las instituciones educativas. A
partir de estos lineamientos se procede a adelantar el presente análisis como
pasa a explicarse.
77.
Deber de informar a la institución educativa. De acuerdo con lo
expuesto por el padre del menor, el tratamiento médico inicial se llevó a cabo
en los meses de noviembre y diciembre de 2018, advirtiendo que no se le pudo
hacer los exámenes ordenados debido a que la EPS no tenía contrato y en
consecuencia no se autorizó. Por otra parte, señaló que de manera verbal
informó al coordinador y a algunos profesores sobre el tratamiento que estaba
recibiendo su hijo.
78.
Al respecto la institución educativa indicó que en ningún momento fue
informada por parte de los padres de familia que el estudiante Juan José Toro
Martínez estaba siendo tratado por el diagnostico de “perturbación de la
actividad y de la atención”, como también de “trastorno de ansiedad no
especificado” o “trastorno en el desarrollo psicológico”, por lo que
en la carpeta de matrícula no reposa documento alguno que haga referencia a
estos diagnósticos.
79.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Nariño indicó que revisado
el sistema integrado de matrícula -SIMAT- el menor de edad Juan José Toro
Martínez se encuentra matriculado activo desde el 3 de enero de 2019 en el
grado Octavo en la Institución Educativa de Desarrollo Rural de La Unión, sin
reporte adicional alguno.
80.
Con todo, se observa que si bien pudo presentarse una manifestación
verbal de la situación del menor por parte de sus familiares a la institución
educativa, tal circunstancia no cuenta con respaldo probatorio, por lo que no
se puede afirmar que esta obligación se hubiere cumplido.
81.
Atender los tratamientos médicos recomendados por
especialistas. En relación con este aspecto el
señor Toro Ortiz, padre del menor, explicó que en el mes de noviembre de 2018 “primero
le sacamos una cita con el médico general y luego se remitió con el psicólogo y
de ahí al neuropediatra, y viajamos a Pasto y él lo examinó y verificó que no tenía
problemas mentales y nos recomendó que sacáramos una cita con el psiquiatra,
posteriormente sacamos la cita con el psiquiatra y lo valoró y le mandó unos
medicamentos para la ansiedad y dijo que si no le hacían efecto tocaba otros
medicamentos y de ahí ya como hay problemas para sacar citas y eso, entonces no
hemos ido”.
82.
Al respecto se advierte que el 2 de noviembre de 2018[95],
el adolescente fue atendido por neurología en la IPS Unidad Pediátrica Integral
en la ciudad de Pasto, debido a la remisión realizada por los médicos de la
E.S.E. Luis Acosta, de La Unión, Nariño, donde se le diagnosticó “trastorno
del desarrollo psicológico no especificado”, cuyo plan de tratamiento fue
establecido en valoración por psiquiatría prioritario, control en 4 meses, tac
de cráneo y medicamento hasta valoración por psiquiatría.
83.
Luego, el 3 de diciembre de 2018, el menor de edad fue valorado por un
médico psiquiatra del Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la
ciudad de Pasto, quien lo diagnosticó con “perturbación de la actividad y la
atención y trastorno de ansiedad - no especificado”[96],
por lo que se ordenó la práctica de unos exámenes que no se realizaron, ni se
continuó con el tratamiento ni control por psiquiatría[97].
84.
También se tiene registro que con ocasión de la orden dada por el juez
de primera instancia en tutela, el señor Manuel Fernando Toro Ortiz anexó certificado hospitalario de
fecha 24 de febrero de 2020, expedido por el Hospital Mental Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de Pasto, donde se expone que el menor
permaneció hospitalizado del 24 de enero hasta el 24 de febrero del presente
año por trastorno de ansiedad no especificado, recomendando retomar sus
actividades escolares, advirtiendo que se encuentra apto para la convivencia
con pares, sin que exista una recomendación médica o un tratamiento a seguir.
85.
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que el menor de
edad no ha recibido un tratamiento médico acorde con su condición, dado que el
mismo no ha tenido una continuidad y tampoco se ha logrado establecer un
procedimiento médico a seguir.
86.
Asistencia en casa y apoyo respecto de las directrices dadas por las
instituciones educativas. Se debe destacar que el 30 de marzo de 2020, el
padre del menor expuso que ante la cancelación de la matrícula su hijo se
encuentra desescolarizado desde octubre de 2019, sin que se hubiere adelantado
una gestión adicional.
87.
Así, es evidente que en este caso los representantes de Juan José Toro
Martínez se han sustraído de sus obligaciones, específicamente en cuanto al
deber de informar a la institución educativa el estado de salud de su hijo, la
necesidad de continuar con un tratamiento médico y las gestiones necesarias
para reincorporar a la vida estudiantil.
Responsabilidad de la Institución
Educativa de Desarrollo Rural -IEDR
88.
Ese examen se adelantará de acuerdo con la
obligación de: i) identificar a las niños, niñas y adolescentes que de acuerdo
a sus comportamientos requiera una atención especial en orden a garantizar el
acceso y permanencia en el sistema escolar; ii) reportar en el SIMAT los
estudiantes con discapacidad; y iii) incorporar el enfoque de educación
inclusiva con la participación de toda la comunidad educativa.  A partir de
estos lineamientos procede la Sala a hacer la verificación respectiva.
89.
Identificar a las niños, niñas y adolescentes que de acuerdo a
sus comportamientos requiera una atención especial. El colegio afirma que en
ningún momento fue informada por parte de los padres de familia que el
estudiante Juan José Toro Martínez estaba siendo tratado por algún tipo de
trastorno de ansiedad o similares.
90.
A partir de tal aseveración la institución educativa parece
entender que su obligación se limitaba a que debía ser informada sobre la
situación de salud del menor, sin embargo, de acuerdo con el artículo 11 la Ley
Estatutaria 1618 de 2013[98],
corresponde a las entidades educativas “a) Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno
susceptibles de atención integral para garantizar su acceso y permanencia
educativa pertinente y con calidad en el marco de la inclusión y conforme a los
lineamientos establecidos por la Nación; b) Identificar las barreras que
impiden el acceso, la permanencia y el derecho a una educación de calidad a
personas con necesidades educativas especiales (…)”.
91.
Ello encuentra consonancia con lo establecido en el literal “c”
del artículo 2.3.3.5.2.3.1 del Decreto 1421 de 2017, que establece en cabeza de
estas instituciones la obligación de “1. Contribuir a la identificación de
signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de
los estudiantes”.
92.
En este caso es evidente que existían múltiples señales de alerta
en relación con la atención especial que necesitaba el estudiante, de cara a
los diversos reportes sobre su comportamiento al interior de la institución
como fuera de ella. En este sentido, cuando el colegio elude su responsabilidad
termina trasladando a la familia y a las autoridades locales sus obligaciones,
supeditando a que otros afronten la solución a la problemática planteada y
termina desconociendo el derecho fundamental a la educación del alumno,
aumentando con este comportamiento la discriminación, el aislamiento y el trato
diferenciado, lo que termina por invisibilizar el problema. En
consecuencia, las entidades educativas no pueden dejar de comprender y asumir
las implicaciones que su actuación genera en el entorno social y cultural en
este tipo de casos.
93.
Por otra parte, le instituto educativo explicó que no cuenta con
psicólogo para atender este tipo de situaciones, dado que el Estado no brinda
este servicio y “pedir cuota a los padres de familia para brindar esta
atención es también problema para uno como Rector y tampoco se ha pedido apoyo
al ICBF”. Al respecto, el literal “b” del artículo
2.3.3.5.2.3.1 del Decreto 1421 de 2017 establece que se deben cumplir con unos deberes en cabeza de las
secretarías de educación o a las entidades certificadas que hagan sus
veces a nivel territorial, entre otras: “Prestar asistencia técnica y
pedagógica a los establecimientos educativos públicos y privados en lo
relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión escolar, para
garantizar una adecuada atención a los estudiantes matriculados y ofrecerles
apoyos requeridos, en especial en la consolidación de los PIAR en los PMI”.
94.
De acuerdo con lo señalado, para la Sala la institución educativa
contaba con herramientas suficientes para identificar la problemática del menor
Juan José Toro y adoptar las medidas necesarias para su integración al proceso
escolar. En consecuencia, la Sala encuentra que en este caso se materializó una
vulneración del derecho a la educación.
95.
Reportar en el SIMAT los estudiantes con discapacidad. De acuerdo con lo informado por la Secretaria de Educación de Nariño
no se registra reporte en el SIMAT sobre la necesidad de un tratamiento
diferenciado. En estas condiciones, debido a que el establecimiento educativo
no identificó la especial condición del actor, tampoco hizo el respectivo
reporte para la anotación en el
sistema integrado de matrícula.
96.
Incorporar el enfoque de educación inclusiva con la participación de
toda la comunidad educativa. Este presupuesto tampoco se cumplió, teniendo
en cuenta que no existía por parte del colegio ni de las autoridades locales la
identificación del menor como sujeto de medidas académicas específicas en su
favor, dado su déficit de atención. Aspectos que incluso se debieron reflejar
en el proceso
sancionatorio adelantado en su contra, donde la institución educativa debió
valorar las necesidades, capacidades y problemáticas del
estudiante, para así poder propiciar el perdón, la convivencia, el
pluralismo, la justicia, la solidaridad y la igualdad, partiendo al menos de
explicarle las razones por las que no se podía tolerar
más su comportamiento, aplicarle otro tipo de medidas que no fueran punitivas
sino restaurativas y educativas que fortalecieran sus aptitudes en sociedad, a efectos de se le permita
hacerse consciente de su error, de poder reparar el daño y de continuar en un
ambiente de inclusión junto con sus demás compañeros.
Responsabilidad de la Secretaría de
Educación de Nariño
97.
Toda vez que en este caso la Secretaría de
Educación de Nariño no fue informada, la Sala no adelantará el análisis
respectivo de este punto.
Decisiones a adoptar
98.  Ante la necesidad de que el menor de edad permanezca escolarizado, obteniendo la
posibilidad de compartir en un ambiente libre de discriminación, es
indispensable adoptar una medida tendiente a la permanencia del niño en un
establecimiento educativo, donde se integren la Secretaría de Educación de
Nariño, la Institución Educativa de Desarrollo Rural -IEDR y la familia.
99.  En
este sentido la Sala advierte necesario el reintegro inmediato del menor de edad a la Institución
Educativa de Desarrollo Rural -IEDR. Además, diseñar la consolidación de un
PIAR, en un término no mayor a 30 días, entre la Institución Educativa y la familia de Juan José Toro Martínez. Estos
últimos se deben comprometer a cumplir con los procedimientos que sean
necesarios para efectuar la matrícula. El plan debe establecer la forma cómo se
dará la compensación de estudios y evaluaciones del tiempo durante el cual ha
estado desescolarizado. Después de fijado el PIAR se deberá firmar un acta de
acuerdo entre la institución educativa y los padres. De la instalación del PIAR
se deberán enviar informes mensuales al juez de primera instancia en tutela.
100.
La Secretaría de Educación Distrital de Nariño,
con el apoyo de la Secretaría de Salud Distrital[99],
junto con los representantes de Juan José Toro Martínez deberán además
establecer un plan articulado, para cumplir con los trámites necesarios para
valorar y diagnosticar al menor de edad.
101.  Por otra parte, se instará a los padres del niño, como
responsables de su educación, para que cumplan sus obligaciones, prestando el
apoyo que requiera la institución, además de seguir las recomendaciones que
sean dadas por los especialistas tratantes.
102.      Para la Sala también resulta indispensable advertir que los
procesos de educación inclusiva no pueden afectar a los demás alumnos, al punto
de suponer un riesgo para
ellos obligándolos a permanecer en un espacio que no resulte propicio para
garantizar sus derechos, por lo que corresponde a las autoridades académicas
adoptar medidas necesarias para brindar un ambiente amable con todos los
estudiantes, en aras hacer viable y exitosa la inclusión educativa,
disminuyendo los detonantes que sean identificados, a través de un esquema de
ajustes razonables. Ello no necesariamente implica que el menor no pueda ser
desvinculado de la institución educativa, solo que este tipo de decisión debe
obedecer a su especial condición.
103.
En este contexto, al final
del año escolar los padres del menor Juan José Toro Martínez, las autoridades
educativas y la Secretaría de Educación Distrital de Nariño deberán determinar
si de acuerdo con las necesidades especiales del estudiante, puede
continuar su proceso académico en la Institución Educativa de Desarrollo Rural
-IEDR o en otra diferente.
104.      Por
último, para la Sala es importante destacar que el 3 de diciembre de 2018, Juan
José Toro Martínez fue valorado por un médico psiquiatra del Hospital Mental
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Pasto, donde en entrevista
con los padres consignó: “El padre comenta que el niño vivió con los abuelos
hasta los 8 años de edad porque ellos estudiaban, comenta que al único que
respeta y obedece es al abuelo materno, a ellos no los respeta, no acata las
normas, comenta que quien pone las normas es la madre, pero él no quiere
seguirlas, es difícil que obedezca, comenta que han intentado controlarlo por
las buenas hablándole, dándole órdenes, con correa y esa es la única
forma que obedezca ‘por la buena nada’, (…)”
Tal afirmación tiene especial relevancia, en la
medida que la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los
niños, niñas y adolescentes tiene su fundamento en la situación de
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran, pues su desarrollo
físico, mental y emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida
para la toma de decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad.
Además, el grado de vulnerabilidad e indefensión
tiene diferentes niveles y se da a partir de todos los procesos de interacción
que los niños, niñas y adolescentes deben realizar con su entorno físico y
social para la evolución de su personalidad.
Entonces, ante la eventual configuración de un
caso de violencia intrafamiliar, para la Sala es necesario compulsar copias de
esta decisión a la Comisaría de Familia de La Unión, Nariño, y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Nariño.
105.
Consideración adicional. En el expediente T-7.601.933 la
Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta mediante oficio del 3 de
diciembre de 2019 dio respuesta al auto del 14 de noviembre de 2019 dictado por
este despacho, donde puso de presente a la Corte la siguiente información:
“tuve acceso mediante una madre de familia de nuestra
comunidad educativa quién pidió absoluta confidencialidad en su nombre por
considerar que su seguridad estaría en peligro, al contarnos como parte de
nuestra comunidad educativa su preocupación ante las palabras de la señora
LILIANA LAFAURIE madre del menor JACL, quien manifestó en público que la
familia Ceballos Lafaurie había pagado una suma de dinero a contactos en la
Corte Constitucional para que el caso de su hijo JACL fuera seleccionado para revisión
en la Corte, lo cual constituye un acto contrario a la ley, que considero es mi
deber declarar bajo la gravedad de juramento con el ánimo de poner en
conocimiento de tan importante institución tal hecho para que se realicen las
investigaciones internas de rigor con el fin de buscar la mayor objetividad en
el caso bajo estudio. Días después de tener conocimiento de esta información,
el colegio fue notificado de la selección del caso en la Corte, lo cual me
llamó aún más la atención.”
106.
Teniendo en cuenta que las afirmaciones hechas
por la representante legal de la Corporación Educativa podrían
constituir una conducta punible[100]
y una falta disciplinaria, el despacho del magistrado sustanciador consideró
necesario: i) Compulsar copias de la totalidad de las piezas procesales del
expediente T-7.601.933 a la Fiscalía General de la Nación; ii)
a la Secretaría de la Corte Constitucional; iii)
a la Presidencia de la Corte para que, de considerarlo pertinente, en el
ámbito de sus competencias realice las investigaciones a que haya lugar. Por
ello a las mismas oficinas, se enviará copia de esta decisión para que se
agregue a las respectivas actuaciones.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la sentencia proferida
el 20 de agosto de 2019 por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Santa Marta, que a su vez confirmó el fallo del 12 de julio de 2019
dictado por el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de la misma ciudad
(expediente T-7.601.933). En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho
fundamental a la educación de Jorge Alberto Ceballos Lafaurie, en los términos expuestos en esta
providencia.
Segundo: ORDENAR a la Corporación
Educativa Bilingüe de Santa Marta para el periodo académico 2019-2020, se
continúe con la aplicación del PIAR diseñado para el menor de edad Jorge
Alberto Ceballos Lafaurie, aclarando que los informes respectivos deberán ser
remitidos al Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Santa
Marta, para que verifique el cumplimiento de esta decisión.
Tercero: ADVERTIR a la Secretaría de
Educación del Distrito de Santa Marta que en caso de que el adolescente deba ser
trasladado a otra institución educativa, deberá seguir realizando el
acompañamiento permanente con el personal idóneo para lograr su aprendizaje
permanente en condiciones de inclusión.
Cuarto: REVOCAR la sentencia proferida
el 13 de noviembre de 2019 por el Juzgado
Penal del Circuito de La Unión, que a su vez confirmó
el fallo del 26 de septiembre de 2019 dictado por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de La Unión (expediente T-7.764.757). En
su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la educación de
Juan José Toro Martínez, en los términos expuestos en esta providencia.
Quinto: ORDENAR el reintegro inmediato del menor de edad a
la Institución Educativa de Desarrollo Rural -IEDR, así como el inició
del diseño de un PIAR[101]
que no podrá superar treinta (30) días[102],
que involucre la participación de la familia de Juan
José Toro Martínez quienes se deben comprometer a cumplir con los
procedimientos que sean necesarios para efectuar la matrícula. El plan debe
establecer la forma como se dará la compensación de estudios y evaluaciones del
tiempo durante el cual ha estado desescolarizado. De la instalación del PIAR se
deberán enviar informes mensuales al juez de primera instancia en tutela.
Sexto: ORDENAR a la Secretaría de Educación
Distrital de Nariño, con el apoyo de la Secretaría de Salud Distrital[103],
junto con los representantes de Juan José Toro Martínez deberán además
establecer un plan articulado, para cumplir con los trámites necesarios para
valorar y diagnosticar medicamente a Juan José Toro Martínez.
Séptimo: INSTAR a los padres de Juan José Toro Martínez, como
responsables de su educación, para que cumplan sus obligaciones, prestando el
apoyo que requiera la institución y siguiendo las recomendaciones que sean
dadas por los especialistas tratantes.
Octavo: COMPULSAR COPIAS de esta decisión
a la Comisaría de Familia de La Unión, Nariño y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Regional Nariño (fundamento jurídico 103) a efectos de que determine
si en este caso se ha presentado un abuso físico o psicológico por parte de los
padres del menor Juan José Toro Martínez.
Noveno: SOLICITAR a la Procuraduría
Delegada para la Infancia y Adolescencia que adelante el acompañamiento y la
supervisión en el cumplimiento de la presente decisión.
Décimo: REMITIR COPIA de esta decisión a
la Fiscalía General de la Nación, a la Secretaría de la Corte Constitucional y a
la Presidencia de la Corte Constitucional para que, la incorporen a la
actuación que se esté adelantando con ocasión de las afirmaciones hechas bajo
la gravedad del juramento por la representante legal de la Corporación
Educativa Bilingüe de Santa Marta (fundamento jurídico 104 y 105).
Decimoprimero: DEJAR CONSTANCIA del trámite que se dio
a la información suministrada por la representante legal de la
Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta quedando la
investigación respectiva en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, la
Secretaría de la Corte Constitucional y la Presidencia de la Corte
Constitucional.
Decimosegundo:
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto ley 2591 de 1991.
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La información sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela
fue complementada a través de los elementos probatorios que obran en el
expediente con el fin de facilitar el entendimiento del caso.
[2] La Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta es calendario B.
[3] Folio 230 del cuaderno de instancia.
[4] Según el artículo 74 del Manual de Convivencia.
[5] Folios 22 a 26 del cuaderno de instancia.
[6] El estudiante fue medicado con medicándolo con metilfenidato 36 mgs.
1 tableta al día, Folio 27 del cuaderno de instancia.
[7] Estas fueron: a) sentarlo adelante; b) acompañarlo de un estudiante
modelo; c) realizar supervisión de su proceso en general; d) implementar un
acompañamiento externo durante los exámenes, en lo posible realizarlos en un
ambiente diferente al salón de clases; d) darle un tiempo adicional para
presentar los exámenes y e) seguir aplicando el plan de acomodación de notas
que brinda el programa de bienestar del colegio (folio 27 cuaderno de
instancia).
[8] Folios 33 a 35 del cuaderno de instancia.
[9] Folios 36-37 del cuaderno de instancia.
[10] Labor preventiva realizada por la institución a todos los
estudiantes, por medio del Learning Center (expertos en temas de psicología),
para determinar los aspectos en los que puedan estar presentando dificultades.
[11] El artículo 9º del Manual de Convivencia de la institución estipula
que: “Basados en el artículo 48 de la Ley 115 de 1994, en el C.B.S.M. se
considera al estudiante desde dos condiciones: la condición de "Estudiante
Regular" y la condición de "Estudiante con Acomodaciones
Adicionales". Esta última, se crea con el propósito de responder a las
diferencias individuales entre los estudiantes, en cuanto a una o más
dimensiones del desarrollo humano (comunicativa, física, cognitiva, afectiva,
social), de tal forma que puedan alcanzar los estándares de competencia
establecidos para el grado. Criterios para optar a la condición de estudiante
con acomodaciones adicionales: La solicitud de estudio para aplicar a la
condición se hará en cualquier momento del año lectivo. El ingreso y/o la
permanencia en esta Condición de Estudiante con Acomodaciones Adicionales se da
a partir de Grado lº y va hasta Grado 11º. La decisión frente al ingreso del
estudiante es potestad exclusiva del Consejo Académico, para ello se debe
contar con un informe escrito y una recomendación del Comité de Bienestar. Debe
existir un diagnóstico actualizado emitido por un profesional externo
competente que soporte la toma de decisión. Este debe contener las recomendaciones
necesarias para la institución. Esta condición no aplica para estudiantes en
proceso de admisión. La Fase I de este proceso corresponde a los estudiantes
que ingresan por primera vez a esta condición y/o aquellos que conforme a la
recomendación del Comité de Bienestar y a criterio del Consejo Académico deben
continuar en esta condición. Corresponden a la Fase II los estudiantes que
habiendo estado en Fase 1 evidencian progreso en su desempeño, pero necesitan
continuar recibiendo algunos de los beneficios de la condición. El ingreso de
un estudiante a la Fase 1 o 11 implica la adopción para él de una escala de
valoración diferente a la que aplica para estudiantes regulares. Esta fase será
establecida por el Consejo Académico teniendo en cuenta su situación particular
y las recomendaciones del Comité de Bienestar.
[12] En los Folios 67 a 69 del cuaderno de instancia se puede evidenciar
el certificado de asistencia a consulta en Barranquilla de la psicóloga Lina
María Restrepo y la historia médica de emitida por la psiquiatra Liliam Juliao
Borge.
[13] Folio 191 del cuaderno de instancia.
[14] Folios 205 a 225 del cuaderno de instancia.
[15] Folio 71 del cuaderno de instancia.
[16] Folios 350 a 353 del cuaderno de
instancia.
[17] Folios 358 a 378 del cuaderno de
instancia.
[18] Folios 2 a 11 del cuaderno de segunda
instancia.
[19] El magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas
tendientes a contar con mayores elementos de juicio en el caso sub examine, requiriendo
informes a los padres del menor, la institución educativa y la Secretaría de
Educación Distrital de Santa Marta (folio 47 del cuaderno de revisión).
[20] Folio 74-81 del cuaderno de revisión
[21] Folio 63-68 del cuaderno de revisión.
[22] Folio 100 del cuaderno de revisión.
[23] Folio 62 del cuaderno de revisión.
[24] No dio respuesta en el término oportuno, sin embargo, el 3
de diciembre de 2019 dio respuesta a los interrogantes planteados (folios 197-200 del cuaderno de revisión).
[25] De acuerdo a lo informado por el colegio el plan de acomodación que
se llevó a cabo consistió en: i) adaptación en fase 2 de calificaciones, en
donde el estudiante sale del plan académico ordinario y entra a un plan
especial según sus capacidades; ii) se les recomendó a los padres de familia buscar
apoyo con expertos externos a la institución y el suministrar el medicamento
recetado; iii) acatar las recomendaciones suscritas por el médico tratante; y
iv) realizar sesiones permanentes de seguimiento por parte del área de
bienestar del colegio.
[26] En esta oportunidad se requirieron una serie de pruebas y se dispuso a vincular al proceso a la Secretaría Distrital de Salud
de Santa Marta, al evidenciarse la posibilidad de darle una orden en la
resolución del trámite constitucional.  (folios 212
-218 del cuaderno de tutela).
[27] Folios 232-246 del cuaderno de revisión.
[28] Folios 251-253 del cuaderno de revisión.
[29] De acuerdo con el Decreto 1421 de 2017 “por el cual se reglamenta
en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con
discapacidad”, el PIAR está definido como una “herramienta utilizada para
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados
en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes
razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos
los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación,
permanencia y promoción” (art. 2.3.3.5.1.4.).
[30] Artículo 2.3.3.5.2.3.5
del Decreto 1421 de 2017.
[31] Estos fueron presentados los días 17 de enero, 7 de febrero, 6 de
marzo y 27 de marzo de 2020.
[32] Folio 11 cuaderno de instancia.
[33] En esa oportunidad se expuso: “paciente que presenta un
trastorno conductual en el contexto de haber sido criado y educado inicialmente
por los abuelos maternos y posteriormente los padres biológicos cuando
quisieron ejercer el rol han obtenido una resistencia importante de parte del
menor, de hecho en consulta refiere querer volver donde los abuelos que
considera sus figuras paternas. Adicionalmente ha tenido pensamientos sobre la
muerte en reiteradas ocasiones, considero prudente iniciar fluoxetina 4cc cada
noche hasta la valoración por psiquiatría, se solicita TAC de cráneo para
descartar organicidad”.
[34] Folios 8 cuaderno de instancia.
[35] Folios 112 y 113 cuaderno de instancia.
[36] Folios 78 y 79 cuaderno de instancia.
[37] Folios 75 a 77 cuaderno de instancia.
[38] Folios 61 y 62 cuaderno de instancia.
[39] Folio 39 a 41 cuaderno de instancia. En concreto las situaciones
endilgadas fueron: “Situaciones tipo I: d) Evadir las clases y actividades
durante la jornada escolar sin el debido permiso; f) Incumplir con los
materiales y elementos para desarrollar su proceso escolar; h) Interrumpir el
desarrollo normal de las clases o actividades escolares; p) Negarse a realizar
sin causa justificada tareas, evaluaciones, trabajos, recuperaciones; q) No
acatar las instrucciones dadas por un docente, administrativo o directivo de la
institución; x) Utilizar en la Institución libros, revistas o láminas
pornográficas; juegos de azar, radios o cualquier aparato digital de producción
o reproducción sonora, que no se requiera para la actividad escolar y que
interrumpan o perturben las mismas. Situaciones tipo II: v) Ausentarse del
plantel sin previo permiso de la coordinación durante la jornada escolar, ingresar
de forma irregular a la institución por muros, rejas, alambrados o mallas; b)
Agresión verbal o física con compañeros o personas particulares dentro o fuera
de la institución; u) Llamar por apodos que sean ofensivos a las compañeras y
compañeras, profesores, directivos y demás personal de la institución”.  Este
pliego de cargos fue formulado en contra de 40 estudiantes.
[40] Folios 45 a 47 cuaderno de instancia.
[41] Al respecto expuso: “En horas del descanso haciendo fila
en el restaurante Juan José Toro Martínez me empujó y yo le reclamé y él se
puso agresivo y me amenazó a que a la salida me iba a pegar pero en el
restaurante la profesora Rubiela Erazo me dijo que no me ponga a pelear porque
tenía la hoja de vida sin anotaciones y ahí no pasó nada. Pero a la salida nos
encontramos en un desecho y me empezó a empujar y pegar y me tiró a una cequia
y me empezó a golpear seguidamente y le decía que me deje parar para defenderme
y ese fue el problema” (folio 48 cuaderno de instancia).
[42] Folios 34 a 38 cuaderno de instancia.
[43] Folios 24 a 29 cuaderno de instancia.
[44] Folios 22 y 23 cuaderno de instancia.
[45] Folio 13 del cuaderno de instancia.
[46] Folios 17 a 21 del cuaderno de instancia.
[47] Folios 110 y 111 cuaderno de instancia.
[48] Folios 112 y 113 cuaderno de instancia.
[49] Folios 350 a 353 del cuaderno de
instancia.
[50] Folios 123 a 131 del cuaderno de
instancia.
[51] Folios 136 a 140 del cuaderno de
instancia.
[52] Artículo 67 de la Constitución y artículo 28 del Código de Infancia
y Adolescencia.  En el mismo sentido, en la sentencia T-533 de 2009,
esta Corporación indicó que, de conformidad con el artículo 67 superior, la
educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y
nueve de educación básica”. De este modo, la Corte subrayó que esta
disposición constitucional se traduce en que, si bien el Estado tiene la
obligación de disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación
(preescolar, primaria, secundaria y superior), se prioriza la consecución de un
mínimo: un año de preescolar y nueve de educación básica, es decir 1 año de
preescolar, 5 años de primaria y 4 de secundaria. También indicó que aunque el
artículo 67 de la Constitución prevé que la educación es obligatoria para los
niños y niñas entre los 5 y los 15 años, esta referencia debe ser entendida
hasta los 18 años, ya que según el artículo 1° de la Convención sobre los
Derechos del Niño - ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991- la
niñez se extiende hasta los 18 años.
[53] Según el artículo 6 de la Ley 114 de 1994, la comunidad educativa
está conformada por “los estudiantes o educandos, educadores, padres de familia
o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y
administradores escolares”.
[54] El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
[55] Aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
[56] Aprobado por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
[57] Ley general de educación.
[58] Artículo 4, Ley 115 de 1994.
[59] Observación general No. 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, las cuales además fueron
recopiladas en la sentencia C-376 de 2010.
[60] Ver sentencias C-376 de 2010 y T 207 de 2018.
[61] Sentencia T-434
de 2018.
[62] Ver sentencia T-167 de 2019.
[63] Blanco, R., Marco conceptual sobre la educación inclusiva (2008).
Conferencia internacional de educación, Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A manera de contexto, también se
puede destacar que desde 1975 se decretó en Estados Unidos una ley
federal que permite la educación especial para niños con discapacidad, con el
fin de que se les garantice una formación educativa pública, gratuita y
apropiada, en igualdad de condiciones. Los estados pueden guiarse en dicha ley
para determinar quién está habilitado para recibir los servicios de educación
especial, pues constituyó 13 categorías, estando dentro de la clase de “otros
impedimentos de la salud” el denominado “desorden deficitario de la
atención o desorden deficitario de la atención/ hiperactividad” (Ver: http://www.parentcenterhub.org/wp-content/uploads/repo_items/spanish/gr3sp.pdf).
[64] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros.
[65] Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
[66] Las medidas de inclusión fueron definidas en el artículo 2 como “un
proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y
la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar
de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna
limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones
concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad”.
[67] Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la
atención educativa a la población con discapacidad.
[68] artículo 2.3.3.5.2.3.5 Decreto 1421 de 2017.
[69] Literal “b” del artículo 2.3.3.5.2.3.1 del Decreto 1421 de 2017.
[70] Sentencias C-451 de 2016 y T-384 de 2018.
[71] Literal “d”, artículo 7 de la Ley 115 de 1994.
[72] Literal e, ibídem.
[73] Literal f, ibídem.
[74] Los profesionales que rindieron concepto
fueron el médico psiquiatra de niños y adolescentes, Rafael Vásquez y el psiquiatra
Germán Puerta Batista.
[75] Sobre el particular consúltese la
Sentencia T-1099/03.
[76] Organización Mundial de la Salud (OMS), American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry (AACAP), (Aphanizomenon Flos Aquae) en referencia a
estudios con algas AFA para tratar el TDAH y NICE en referencia a la
Guía NICE para el diagnóstico y tratamiento del TDAH.
[77] Sentencia T-390 de 2011 (concepto del Instituto Nacional de
Medicina Legal).
[78] Sentencia T-244 de 2017.
[79] Sentencias T-938 de 2012, T-380 de
2019, T-434 de 2018.
[80] Sentencias T 407 A de 2018, T-103 de 2019.
[81] Decreto 1421 de 2017 artículo 2.3.3.5.2.3.1, numerales 4, 7 y 11.
[82] Sentencias T-136 de 2001, T-789 de
2003, T-456 de 2004, T-328 de 2011, T-163 de 2017 y T-240 de
2018.
[83] Sentencias T-434 de 2018, T-527 de
2019, T-167 de 2019 y T-120 de 2019.
[84] Folio 27 del cuaderno de instancia.
[85] Esta postura fue respaldada por la psiquiatra Liliam Juliao Borge
quien explicó que debido a el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad con predominio impulsivo que presenta el menor y por el malestar
que le producía el medicamento concerta 36 mg, dio abordaje farmacológico de
aripripazol 15 mg., pero que después de esa consulta la madre le comunicó que
había suspendido el medicamento por incomodidades similares a las presentados
con el anterior, sin haber vuelto a cita (folio 62 cuaderno de revisión).
[86] Artículos 75 y 76 del Manual de Convivencia de la Corporación
Educativa Bilingüe de Santa Marta.
[87] Artículo 77 ibídem.
[88] Articulo 78 ibídem.
[89] Término usado en el artículo 90 del manual de convivencia de la
institución.
[90] Esta decisión se cumplió el 28 de enero de 2020.
[91] EL médico Juan David Palacio indicó que en entrevista con el menor,
muestra muy buena actitud, estado de ánimo normal, no hay trastornos formales
del pensamiento. También destacó que en ocasiones se nota distraído por lo que
se le deben repetir las preguntas. Comenta que le gusta mucho ir al colegio,
jugar fútbol y los videojuegos. Puede hacer lecturas y tener buena comprensión
de la lectura, siempre y cuando esté en un espacio solo y sin ruidos. De esta
manera, recomienda comenzar con “Lisdexamfetamina = Samexid Samexid 70 mgs, 1 capsula cada día. Se
comenzará con dosis graduales de 17,5 luego de 23,3 y luego de 35 mgs al día.
Hasta llegar a 70 mgs al día”.
[92] Sentencias T-136 de 2001, T-789 de
2003, T-456 de 2004, T-328 de 2011, T-163 de 2017 y T-240 de
2018.
[93] Esta postura fue replicada en las sentencias T-647 de 2012, T-847 de 2013, T-167 de 2018 y T-434 de
2018.
[94] Folio 11 cuaderno de instancia.
[95] Folio 11 cuaderno de instancia.
[96] Folios 8 cuaderno de instancia.
[97] Folios 112 y 113 cuaderno de instancia.
[98] Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
[99] Literal “b” del artículo 2.3.3.5.2.3.1 del Decreto 1421 de 2017.
[100] El artículo 67 del Código de Procedimiento
Penal expone que: “Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya
comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que conozca
de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin
tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario,
pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.
[101] artículo 2.3.3.5.2.3.5 del Decreto 1421 de 2017.
[102] Parágrafo 1° del artículo 2.3.3.5.2.3.5 del Decreto 1421 de 2017.
[103] Literal “b” del artículo 2.3.3.5.2.3.1 del Decreto 1421 de 2017.