T-569-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-569/07
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Finalidad
DERECHO DE PETICION-Solicitud de sustitución pensional/DERECHO
DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Término para resolver sustitución
pensional
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por cuanto no se ha vencido
el plazo para resolver la petición sobre reconocimiento de sustitución
pensional
Referencia: expediente T-1601203
Peticionario: Fabián Alberto Gómez Cruz
Accionada: Caja Nacional de Previsión
Social (Cajanal)
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C., veintiséis de julio (26) de
dos mil siete (2007)
La Sala Quinta de Revisión de tutelas  de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra
Porto, Nilson Pinilla Pinilla y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la providencia
proferida en única instancia por el Juzgado Cuarto del Circuito Judicial
Administrativo de Bucaramanga el veintisiete (27) febrero de 2007.
I. ANTECEDENTES
A. SOLICITUD
Fabián Alberto Gómez Cruz, promovió acción
de tutela contra la Caja Nacional de Previsión, con el fin de solicitar la
protección de su derecho fundamental de petición, con fundamento en los
siguientes
B. HECHOS
1.
Narra el accionante que
su señor padre el señor Cesar Augusto Gómez Alba era pensionado de la Caja
Nacional de la Previsión Social.
2.
Indica que al fallecer
su padre el 5 de noviembre de 2006, interpuso derecho de petición ante el
consorcio FOPEP (Fondo de Pensiones del Sector Público), con el objeto de
solicitar la pensión de sobreviviente.
3.
Afirma que la  petición
fue enviada por correo certificado  el día 29 de diciembre de 2006 y remitida a
la Caja Nacional de la Previsión Social el día  11 de enero de 2007.
4.
Aduce que a la fecha
en que  presentó  la acción de tutela, es decir el día 14 de febrero de 2007,
han transcurrido 15 días hábiles sin obtener respuesta de la demandada.
C. Pretensiones del accionante
Con fundamento en los anteriores hechos
Fabián Alberto Gómez Cruz, solicita la protección del derecho fundamental de
petición y en consecuencia, se ordene  a la Caja Nacional de la Previsión
Social responder la solicitud.
D.
Actuaciones procesales
Mediante auto
del catorce (14) de febrero de 2007, el Juzgado Cuarto del Circuito Judicial
Administrativo de Bucaramanga admitió la demanda interpuesta y dio traslado a
la entidad demandada, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
ejerciera su derecho de defensa y contradicción.
E. Traslado y contestación de la demanda.
La Caja Nacional de la Previsión Social
pese haber sido notificada 15 de febrero de 2007, guardó silencio sobre los
hechos de la demanda.
II.
PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas que reposan
en el expediente:
1.
Copia del derecho
de petición que presentó  Fabián Alberto Gómez Cruz ante FOPEP (Fondo de
Pensiones del Sector Público) el 29 de diciembre de 2006.
2.
Copia del recibo
del correo certificado, en el que se constata fecha de envío y el destinatario.
3.
Copia del oficio
No. AN-FON-043-06, remitido el 11 de enero de 2007 por FOPEP ( Fondo de
Pensiones del Sector Público) a la Caja Nacional de Previsión Social.
III.
DECISIÓN
JUDICIAL
Única  Instancia
El Juzgado Cuarto del Circuito Judicial
Administrativo de Bucaramanga, mediante providencia del veintisiete  (27) de
febrero de 2007, negó el amparo del derecho fundamental de petición, al
considerar que no han trascurrido 2 meses desde la radicación de la petición y
la presentación de la demanda.
Indica el juez de instancia, que del
contenido de la solicitud de amparo y de la copia del derecho de petición, se
hace evidente que fue recibida por la Caja Nacional de Previsión Social el 11
de enero de 2007, lo que permite concluir que FOPEP remitió la documentación
dentro de los 15 días siguientes a la radicación de la petición y con copia de
la misma al  accionante.
Por ultimo agrega lo siguiente: “De
acuerdo a la interpretación dada por la Corte Constitucional[1] a las
normas que regulan los términos para resolver derechos de petición en materia
de sustitución pensional es de dos meses. Haciendo una simple constatación
matemática se tiene que aun no ha fenecido este lapso concedido a la Caja
Nacional de Previsión Social para que expida el correspondiente acto
administrativo, puesto que a la fecha han trascurrido un (1) y dieciséis (16)
días, tornándose evidente que el derecho fundamental de petición contemplado en
el artículo 23 de la Constitución Nacional no ha sido amenazado, y mucho menos
vulnerado.”
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 33
al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la sentencia
proferida en única instancia por el Juzgado Cuarto  del Circuito Judicial
Administrativo de Bucaramanga (Santander) el 27 de febrero de 2007.
2. Problema Jurídico
La Sala se ocupará de analizar
si la Caja Nacional de la Previsión Social vulneró el  derecho fundamental de
petición al no haber resuelto la petición dentro de los 15 días siguientes a su
radicación.
Esta Sala de Revisión advierte que, por tratarse en este
caso de una sentencia de reiteración, procederá a justificar su decisión
brevemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2591
de 1991.[2]
3. El derecho de petición en materia de
pensiones. Deber de la entidad de informar, en el término de 15 días, sobre el
trámite dado a los escritos relativos a sustitución pensional y de dar
respuesta de fondo en el término de dos meses. Reiteración de jurisprudencia
La constitución política  en su artículo 23 consagra
el derecho de petición en los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”
En esos términos la Corte Constitucional en reiteradas
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición y sobre su
protección a través de la acción de tutela cuando el mismo ha sido vulnerado.
Así mismo, ha definido las reglas básicas que orientan tal derecho, y al
respecto señaló:
“a) El
derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se
reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos
requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta
escrita.
e) Este derecho, por regla general, se
aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo
determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el
derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando
realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se
dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la
respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver
las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser
posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no
libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es
aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias (...)”[3].
Ahora bien, para concretar el alcance del derecho de
petición en materia de pensiones, la Corte ha realizado una interpretación
sistemática de las normas que regulan ese derecho en materia de seguridad
social en pensiones (Decreto 656 de 1994 y artículo 4 de la Ley 700 de 2001) y
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo[4]. En ese orden ha
señalado que para hacer efectivo ese derecho fundamental las entidades públicas
o privadas que administran el Sistema General de Pensiones tienen un término
máximo de seis meses para tramitar y comenzar a pagar las pensiones. Términos
que están distribuidos así: 15 días para atender preliminarmente la petición
y hacer las indicaciones pertinentes, cuatro meses para resolver la solicitud
de petición en concreto y seis meses para comenzar a pagar efectivamente la
pensión[5].
Sobre este punto la Corte Constitucional en la
Sentencia SU- 975 de 2003[6]
sostuvo lo siguiente:
“...los plazos con que cuenta la autoridad
pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por
servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce
a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los siguientes:
(i) 15 días
hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de
reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya
solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la
pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición
de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días,
situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita
para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le
es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la
decisión dentro del trámite administrativo.
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta
de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del
artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a
Cajanal;
(iii) 6 meses para adoptar todas las
medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas
pensiónales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001”.
En lo que se refiere  a las pensiones de
sobrevivientes - que es el caso objeto de estudio- el término máximo que opera
para resolver sobre el reconocimiento del derecho a la pensión es de dos meses
contados a partir de la radicación de la solicitud, pues así lo dispone la Ley
717 de 2001 que se ocupó específicamente sobre las pensiones de sobrevivientes[7].
Pero, no obstante, de acuerdo con la jurisprudencia
descrita, una cosa es resolver de fondo una petición en la cual se solicita una
sustitución pensional o pensión de sobreviviente, para lo cual la entidad tiene
dos meses, y otra muy distinta es la obligación que tiene ésta para, dentro de
los 15 días siguientes a la radicación del escrito respectivo, atender en forma
preliminar la petición y hacer las indicaciones pertinentes al interesado[8].
Cualquier desconocimiento injustificado de los plazos
descritos, en alguna de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del
derecho fundamental de petición, y si el término incumplido es el de dos meses,
se amenaza también el derecho a la seguridad social[9].
En efecto, la finalidad de la sustitución pensional es
proteger a la familia por cuanto con ella se pretende garantizar a los
beneficiarios del causante el acceso a los recursos necesarios para su
subsistencia en condiciones dignas y con un nivel de vida similar al que llevaban
antes del fallecimiento del pensionado[10].
Lo anterior
resulta ser más relevante cuando el interesado en la sustitución pensional es
una persona inválida o discapacitada en cuanto la desprotección es mayor y
requiere con urgencia los recursos económicos para su subsistencia y el
mantenimiento de sus condiciones de vida[11].
4. Caso Concreto
En el caso objeto de revisión la Sala
observa que el accionante envió por medio de correo certificado la petición de
solicitud de sustitución pensional a FOPEP  (Fondo de Pensiones del Sector
Público) el día 29 de diciembre de 2006, la cual fue remitida a la Caja
Nacional de Previsión el día 11 de enero de 2007. Afirma que a la fecha de la
presentación de la demanda no había recibido  respuesta a su petición.
En efecto y de acuerdo al material
probatorio que obra en el expediente, la Sala encuentra que  FOPEP (Fondo de
Pensiones del Sector Público) envió al señor Fabián Alberto Gómez Ruiz, copia
de la remisión que hizo a la Caja Nacional de Previsión del derecho de petición
el día 11 de enero de 2007, en la cual costa la siguiente anotación:
“Para los fines pertinentes y por ser
competencia de esa entidad nos permitimos remitir la documentación enviada por
los siguientes pensionados:”
“Fabián Alberto Gómez Cruz, identificado
con cédula de ciudadanía No. 91.528.464 radicado 70141, quien solicita
reconocimiento de pensión por sustitución como condición de hijo.”
Lo anterior  indica, que dentro del término
de 15 días se informó al accionante en forma preliminar, el trámite que se
adelantaría para resolver la solicitud  de conformidad  a lo establecido por la
jurisprudencia.
Ciertamente, una vez radicada la
documentación necesaria, la entidad tenía 2 meses de plazo para pronunciarse de
fondo sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Al respecto la ley 717 de 2001 en su
artículo 1° dice lo siguiente: “El reconocimiento
del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión
Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de
radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación
que acredite su derecho.”
Así, en esas condiciones la Caja Nacional
de Previsión Social tenía a partir del 11 de enero de 2007 dos meses para
resolver de fondo, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente del
accionante como hijo del señor Cesar Augusto Gómez Alba, luego este plazo no se
había cumplido para la fecha en que Fabián Alberto Gómez Cruz  interpuso la
acción de tutela el 14 de febrero de 2007.
Por tanto, si se tiene que la petición se
radicó en la Caja Nacional de Previsión Social el 11 de enero de 2007 y se
interpuso la acción de tutela el 14 de febrero del mismo año, solo habían
trascurrido un mes y tres días, lo cual indica que no hubo vulneración al
derecho de petición del accionante.
En estas condiciones la Sala Quinta
de Revisión confirmará la sentencia de única instancia por ajustarse en todo a
derecho.
V.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de única
instancia del Juzgado Cuarto del Circuito Judicial Administrativo de
Bucaramanga (Santander), del veintisiete (27) de febrero de 2007,  por las
razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO. LÍBRESE
por
Secretaría la comunicación  que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T- 638 de 2004 se dijo lo siguiente: “ En lo que se
refiere a las pensiones de sobrevivientes –que es el caso objeto de estudio- el
término máximo que opera para resolver sobre el reconocimiento del derecho a la
pensión es de dos meses contados a partir de la radicación de la solicitud,
pues así lo dispone la Ley 717 de 2001 que se ocupó específicamente sobre las
pensiones de sobrevivientes” (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[2] El Decreto 2591 de 1991, artículo 35 dice así: “Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que
revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o
aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser
motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas.”
[3]  Corte Constitucional. Sentencia T-377 del 3 de abril de
2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[4]  Corte Constitucional. Sentencia T-170 del 24 de febrero
de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y T-01 del 16 de enero de 2003 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[5]. Corte Constitucional. Sentencias
T-325 y 326 del 24 de abril de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[6] . Corte Constitucional. Sentencia SU-975 del 23 de octubre
de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[7] Sobre este punto pueden consultarse las sentencias T-304 del 10
de abril de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-273 del 23 de marzo de
2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[8] Sentencias T-1170 del 4 de diciembre de 2003 (M.P. Alfredo
Beltrán Sierra) y T-182 del 3 de marzo de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[9] . Corte Constitucional. Sentencia SU-975 de 2003, ya
citada.
[10]. Corte Constitucional. Sentencias
C-002 del 20 de enero de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-1176 del 8 de
noviembre de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-813 del 3 de octubre de
2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Sobre el carácter fundamental del derecho a
la pensión de sobrevivientes se puede consultar la Sentencia T-304 del 10 de
abril de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)..
[11]  Corte Constitucional. Sentencia T-401 del 22 de abril de
2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).