C-880-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-880/08
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda por
inexistencia de cargo de inconstitucionalidad
Referencia: expediente D-7190
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 478 (parcial) de la Ley
906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Demandante: Hernando Remolina Acevedo
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de
dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y el
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Hernando Remolina Acevedo presentó demanda
de inconstitucionalidad en contra del artículo 478 (parcial) de la Ley 906 de
2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante Auto del veintiuno (28) de
febrero de dos mil ocho (2008) el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la
demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al
Procurador General de la Nación para los efectos de su competencia. En la misma
providencia, ordenó comunicarla al Ministerio del Interior y de Justicia, al
Presidente del Colegio de Defensores Públicos de Bogotá, al Director de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los Decanos de las Facultades de
Derecho de las Universidades del Rosario, Javeriana, Andes y Nacional de
Colombia, para que intervinieran en caso de considerarlo conveniente.
Una vez cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.      EL TEXTO DEMANDADO
A continuación
se transcribe el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 y se subraya el segmento
demandado.
“LEY 906 de 2004
por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal
Artículo 478. Decisiones.
Las
decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en
relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la
rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia”.
III.
LA DEMANDA
Considera el demandante que el aparte acusado
vulnera el artículo 31 de la Constitución Nacional, por no garantizar el
principio de la doble instancia, pues permite “que las decisiones que profiera
el juez de de ejecución de penas sean decididas horizontalmente por el Juez
Penal del Circuito y verticalmente respecto del Juez Promiscuo Municipal, ya
que la garantía del derecho de esa impugnación exige una decisión de un
superior jerárquico y en esos casos el Juez Penal del Circuito y el Juez Penal
Municipal o Promiscuo Municipal no son jerárquicos del juez de ejecución de
penas”.
En apoyo de sus argumentos el actor cita
algunas sentencias de la Corte Constitucional y concluye que “la doble
instancia garantiza que la apelación se surta ante un órgano judicial de
superior grado” de modo que el artículo parcialmente demandado, por no permitir
que la apelación se surta ante un superior jerárquico, quebranta el principio
de la doble instancia”.
Finalmente el libelista apunta que la
inexequibilidad de la disposición no genera caos, ya que el artículo 34 del
Código de Procedimiento Penal establece la competencia general de los
Tribunales Superiores de Distrito para conocer del recurso de apelación de las
decisiones del juez de ejecución de penas”.
IV.
INTERVENCIONES
1.      Universidad del Rosario
Carlos Guillermo Castro Cuenca, actuando como
representante de la Universidad para efectos de la intervención, se pronunció
sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada y solicitó a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad de la disposición demandada dentro del
expediente de la referencia.
En orden a sustentar su posición, anota que conforme a
lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la jurisprudencia
constitucional, la obligación del Estado consistente en consagrar dentro de su
legislación recursos que permitan a las personas salvaguardar el principio de
la doble instancia, que se refiere a las sentencias condenatorias y no a otro
tipo de actuaciones como la llevada a cabo por el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de seguridad.
Igualmente, señala que si bien el principio de la
doble instancia está estrechamente ligado a los derechos al debido proceso y a
la defensa, no hace parte del núcleo esencial de ninguno de los dos y, por
consiguiente, para su fijación el legislador cuenta con un margen de actuación
sujeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al derecho a la
igualdad y al debido proceso sustancial. Así, el artículo 31 de la Carta
Política consagra la doble instancia contra sentencias proferidas por
autoridades judiciales, pero faculta al legislador para establecer excepciones.
Finalmente, para el interviniente lo realmente
dispuesto por el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 es que el recurso se
presente ante el juez que profirió la sentencia condenatoria, para que lo
conozca la Sala Penal de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, como
quiera que, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 906 de 2004, ésta conoce de
los recursos de apelación interpuestos contra decisiones del juez de ejecución
de penas.
2.      Universidad Nacional de Colombia
María Cristina Patiño González, actuando en calidad de
docente investigadora de la Universidad, intervino en el proceso de la
referencia para solicitarle a esta Corporación que se declare inhibida conforme
a los argumentos que a continuación se exponen.
Considera que la demanda de la referencia no reúne los
requisitos de claridad, pertinencia, suficiencia y especificidad para ser
admitida, toda vez que el ciudadano no explica de manera suficiente las razones
por las cuales el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 contraviene lo dispuesto
en el artículo 31 de la Constitución, máxime si se tiene en cuenta que ese
artículo faculta al legislador para que fije, racional y proporcionalmente,
excepciones al principio de la doble instancia.
En todo caso, anota la interviniente que si la Corte
llega a considerar que la demanda plantea un verdadero cargo de
inconstitucionalidad, el mismo no estaría llamado a prosperar, por cuanto el
artículo acusado persigue la racionalización de la actividad judicial al evitar
que los Tribunales Superiores se congestionen con múltiples solicitudes de
sustitución de la pena privativa de la libertad.
3.      Ministerio del Interior y de Justicia.
Fernando Gómez Mejía, actuando como apoderado del
Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en el proceso de la referencia
para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del artículo 478 de la Ley
906 de 2004 solicitando a la Corte Constitucional declararse inhibida o, en su
defecto, declarar la exequibilidad de la norma.
Manifiesta el representante del Ministerio que la
demanda no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, pues
no confronta el contenido de la disposición acusada con la norma constitucional
objeto de vulneración (artículo 31), ni existe especificidad y suficiencia en
el cargo planteado.
Aún así, alega que, si en virtud del principio pro
actione, la Corte decide admitir y estudiar la demanda, debe
declararse la constitucionalidad de la norma acusada, ya que aunque el artículo
34.6 de la Ley 906 de 2004 consagra que la Sala Penal del Tribunal Superior
conocerá del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de
ejecución de penas, esa norma es de tipo general frente al artículo 478 de la
misma ley que contiene una circunstancia de concreción y exactitud, cual es que
el recurso de apelación presentado contra las decisiones que adopten los jueces
de ejecución de penas, respecto de la sustitución de la pena privativa de la
libertad, será conocido por el juez que dictó la sentencia de primera o única
instancia.
Así las cosas, la norma demandada resulta
constitucional, dado que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 57 de 1887, la
disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter
general y, aún sin esto, el artículo acusado se refiere a decisiones sobre
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y no a las
sentencias judiciales de las que habla el artículo 31 de la Carta Política.
4. Academia Colombiana de Jurisprudencia
El académico Alberto Pulido Pineda, en representación
de la Academia, emitió concepto y considera que al demandante le asiste la
razón, pues, en su criterio, el recurso de apelación lo debe resolver el
superior jerárquico de quien dictó la decisión en primera instancia, cosa que
no ocurre en la situación puesta de manifiesto en la demanda, ya que el juez
penal municipal no tiene la misma jerarquía del juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad.
V.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Habiéndose aceptado los impedimentos que en su
oportunidad manifestaron tanto el Procurador General de la Nación como el
Viceprocurador, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, Carmenza
Isaza Delgado, rindió el concepto correspondiente al Ministerio Público y en él
solicita a la Corporación declarar exequible la expresión demandada.
Inicialmente la vista fiscal presenta algunas
consideraciones generales sobre el recurso de apelación y concluye que aún
cuando responde al principio fundamental de doble instancia, “tiene carácter
obligatorio sólo para el caso de las sentencias penales condenatorias o de
fallos de tutela”, luego la eliminación del recurso de apelación no afecta,
necesariamente, la doble instancia, “ni el debido proceso en general, menos aún
en los autos que se profieran por decisiones judiciales en cualquier etapa del
proceso penal”.
A continuación, en el concepto del Ministerio Público
se hace referencia a la potestad de configuración legislativa, de la cual goza
el legislador, siempre que no ignore o contraríe las garantías básicas
previstas en la Constitución. En el caso del procedimiento penal la facultad de
configuración “es aún mayor cuando se trata de autos judiciales, como ocurre en
el caso que nos ocupa, por cuanto la Constitución no establece regulación alguna
sobre esta materia”.
Señala la vista fiscal que el legislador reguló la competencia de los
jueces de ejecución de penas y de las autoridades judiciales competentes para
la revisión de sus decisiones y, tras una presentación sistemática de esa
regulación, el Ministerio Público destaca que la disposición cuestionada hace
parte del libro cuarto, sobre “ejecución de las sentencias” y, en particular,
del título I relativo a la “ejecución de penas y medidas de seguridad” e indica
que, según el Código, es aplicable a la solicitud, decisión y revocatoria de la
libertad condicional, así como a la procedencia, la ejecución de la pena por no
reparación de los daños y la extinción de la condena y la devolución de la
caución, “con respecto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena”,
lo cual significa que “de las demás determinaciones de los jueces de
ejecución de penas conocerán los tribunales superiores”.
Se refiere luego el concepto del Ministerio Público a
la regulación de las medidas mencionadas en el párrafo anterior, para destacar
que se trata de una regulación cuidadosa y que, por ello “disminuye el grado de
discrecionalidad del juez de ejecución de penas y representa una garantía para
el condenado, de tal manera que la revisión de la decisión no requiere de la
vista de un juez de mayor jerarquía por cuanto se tratará nuevamente de
constatar el cumplimiento de los requisitos y evaluar la racionalidad y
proporcionalidad de la decisión tomada por el juez de ejecución de penas”.
A juicio del Ministerio Público, el legislador estimó
conveniente que “el juez de conocimiento se constituyera en vigilante del cumplimiento y ejecución
de la sentencia, y por ello, le otorgó competencia para conocer de la apelación
de las decisiones de los jueces de ejecución de penas, con lo cual no vulnera
el principio de la doble instancia, que como se señaló, únicamente es
obligatorio y debe estar a cargo de un juez funcionalmente superior, cuando se
trata de sentencias condenatorias, como lo indica el artículo 29 constitucional
y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
A continuación puntualiza la vista fiscal que el
precepto demandado respeta el artículo 25 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y recuerda que “la función de todos los administradores de
justicia es precisamente actuar como tutores de los derechos y las garantías de
los ciudadanos y en particular de las personas que se encuentran privadas de la
libertad, de tal manera que no observa el Ministerio Público en este caso, en
el que se prevé la intervención de dos jueces, que se afecten las garantías de
quien ha sido condenado”.
A lo anterior se añade que “la decisión del juez de
ejecución de penas contenida en el auto en gran medida se fundamenta en la
verificación del cumplimiento de requisitos legales para la obtención de un
beneficio legal, decisión con respecto a la cual, el legislador puede
establecer o no una segunda instancia clásica, como lo hace en los artículos 33
y 34, es decir, por un superior funcional, u otros mecanismos de revisión, como
el que establece la norma demandada en cabeza del juez que conoció en primera o
en única instancia, el cual si bien es sui generis con respecto a la
definición tradicional del recurso de apelación, no por ello es
inconstitucional, debido a la libertad del legislador en esta materia”.
En cuanto a la acusación consistente en que se vulnera
la Carta cuando se le otorga competencia a los jueces penales del circuito y a
los jueces penales municipales o promiscuos para conocer de la apelación de los
autos proferidos por el juez de ejecución de penas que no son superiores
jerárquicos de éste, la vista fiscal reitera que el legislador está asistido
por su potestad de configuración “para establecer las formas de los juicios”.
Además, indica el Ministerio Público que tampoco
“resulta de recibo el argumento de la falta de independencia e imparcialidad
del juez que conoció en primera instancia, únicamente fundada en ese contacto
previo con el proceso que dio lugar a la sanción penal, puesto que, el superior
funcional también pudo haber conocido el caso en segunda instancia, sin que
eso afecte su objetividad, puesto que se trata de decisiones nuevas y diversas,
en circunstancias y con requisitos legales diferentes, en las que de ninguna
manera se controvierte o retoma la decisión del juez del conocimiento, la cual
pudo ser recurrida en la correspondiente oportunidad procesal”.
Finalmente, el Ministerio Público hace énfasis en que
el precepto cuestionado establece “una norma especial y posterior que excluye
la aplicación de la regla general de competencia de los Tribunales Superiores
del Distrito contenida en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004,
sin que ello vulnere el debido proceso o los principios de racionalidad y
proporcionalidad, en atención a la naturaleza y al tipo de providencia”.
VI.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir sobre la demanda de la referencia.
2. Planteamiento del asunto
Como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta
providencia, el demandante considera que el artículo 478 del Código de
Procedimiento Penal, en la parte demandada, quebranta el artículo 31 de la
Constitución, puesto que le otorga competencia para decidir la apelación de las
decisiones proferidas por el juez de ejecución de penas a jueces que no son
superiores jerárquicos del que adopta la decisión apelada, lo cual, en su
criterio, es contrario al principio de la doble instancia que en estos casos
“exige una decisión de un superior jerárquico”.
Las apreciaciones del actor son compartidas por el
representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en cuya intervención
se lee que “por disponerlo así la Constitución y la ley, el recurso de
apelación lo debe resolver siempre un superior jerárquico de quien dictó el de
primera instancia, y como vemos en el caso del juez penal municipal que no
tiene la misma calidad jerárquica del juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad, sería el encargado de resolver ese recurso”.
En contra de la pretensión del actor se manifestaron
los representantes de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional
de Colombia, así como la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales,
quienes, en líneas generales, estiman que, tratándose de providencias distintas
de la sentencia condenatoria, y en particular de los autos, el principio de la
doble instancia no tiene los alcances señalados en la demanda, motivo por el
cual la potestad de configuración le permitía al legislador establecer un
recurso de apelación destinado a ser resuelto por jueces que dentro de la
estructura de la rama judicial no ocupan una posición jerárquica superior a la
de aquellos que adoptan la providencia recurrida.
Pese a que, según lo anteriormente reseñado, las
intervenciones presentadas dentro del proceso implican una toma de posición a
favor o en contra de la tesis planteada en la demanda, algunos intervinientes
han considerado que, en realidad, no se ha formulado un cargo de
inconstitucionalidad dotado de idoneidad para dar lugar a adelantar el juicio
de constitucionalidad. Siendo así,  inicialmente la Corte se detendrá en el
análisis de las solicitudes de inhibición y sólo si llega a concluir que existe
una acusación idónea procederá a adelantar el estudio correspondiente, pues de
no ser así, tendrá que abstenerse de analizar el asunto planteado en la
demanda.
3. Cuestión previa: las solicitudes de inhibición
En la intervención presentada a nombre de la
Universidad Nacional se afirma que el demandante “no explica de manera
suficiente las razones por las cuales se habría vulnerado el artículo 31
superior” y el Ministerio del Interior y de Justicia, por su parte, estima que
“el actor no dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 2067
de 1991, especialmente los consagrados en su artículo 2º, pues no existe
confrontación entre el contenido de la disposición acusada y la norma
constitucional objeto de vulneración, siendo por ende el argumento con el cual
se sustenta el cargo puramente superficial”.
Apoyan los intervinientes la solicitud de inhibición
en los requisitos de especificidad y pertinencia que, según reiterada
jurisprudencia de la Corte, deben ser cumplidos por quien pretenda demostrar la
inconstitucionalidad y obtener la inexequibilidad de los textos demandados. En
virtud de la especificidad se exige que, al formular el cargo, el actor
concrete los motivos de la acusación sin incurrir en apreciaciones
indeterminadas o indirectas, mientras que, para satisfacer el requisito de
pertinencia se le exige al demandante plantear reproches de índole
constitucional, de tal modo que resulte posible avizorar un enfrentamiento
entre los contenidos de la Constitución y los correspondientes a la disposición
demandada, lo cual no es factible cuando, por ejemplo, los argumentos se
formulan a partir de consideraciones puramente legales[1].
Quien intervino en representación de la Universidad
Nacional considera que las razones expuestas en la demanda no son suficientes,
porque la Carta Política faculta al legislador para “exceptuar el principio de
doble instancia, a condición de que dicha determinación sea razonable y
justificada” y, quien intervino en nombre del Ministerio del Interior y de
Justicia puntualiza que el demandante no presenta “una confrontación expresa
del texto acusado con la norma constitucional” y que, por lo tanto, “sólo
efectúa una aparente formulación de cargos”, pues “los elementos de juicio en
que se fundamentan los argumentos no guardan relación alguna, ya que el
artículo 31 de la Carta Política señala que toda sentencia judicial
podrá ser apelada o consultada y el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, hace
referencia a las decisiones adoptadas por el juez de ejecución de penas
y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad y de la rehabilitación”.
Ciertamente una revisión del contenido del precepto
demandado permite sostener que las decisiones respecto de las cuales se prevé
la posibilidad de apelar ante el juez que profirió la condena en primera
instancia no son sentencias condenatorias, dado que se trata de autos dictados
por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la
rehabilitación, lo cual hace dudar de la relevancia constitucional de los
planteamientos del actor que podrían ser de raigambre estrictamente legal y no
involucrar, por consiguiente, razones de índole constitucional.
De conformidad con los elementos obrantes en la
presente causa, lo primero que al respecto cabe afirmar es que el alcance del
precepto cuestionado no parece del todo evidente, ya que en la intervención
presentada a nombre de la Universidad del Rosario se propone una interpretación
del artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con la cual
el precepto demandado establece un recurso de apelación que se presenta ante el
juez que profirió la sentencia condenatoria para ser resuelto por las Salas
Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que, según el
artículo 34-6 del mismo Código, conocen “del recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del juez de ejecución de penas”, en tanto que las
intervenciones de la Universidad Nacional de Colombia, del Ministerio del
Interior y de Justicia, así como la vista fiscal, parten de una interpretación
distinta y, de acuerdo con ese entendimiento, el artículo 478 de la Ley 906 de
2004 prevé un recurso que se interpone ante el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad para ser decidido por el juez que profirió la condena en
primera o única instancia.
El ciudadano demandante estima que esta segunda
interpretación es la adecuada, pero la considera reñida con la Constitución,
pues, a su juicio, permite el desconocimiento del principio de doble instancia,
ya que, según la demanda, los recursos deben ser resueltos por el superior
jerárquico y el juez que profiere la condena en primera instancia no ocupa en
la jerarquía judicial una posición superior a la correspondiente al juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad.
Dado que del contenido del artículo 31 de la
Constitución no se deriva ni siquiera la exigencia de que en relación con las
decisiones diferentes a la sentencia sea obligatorio prever la segunda
instancia y que, de acuerdo con el artículo 29 superior, en materia penal
tampoco cabe asegurar que el legislador deba establecer la posibilidad de
impugnar autos o providencias distintos de la sentencia condenatoria, la
interpretación vertida en la demanda no involucra un problema constitucional,
sino que más bien obedece a una disputa relativa al alcance del artículo 478
del Código de Procedimiento Penal, controversia que es perfectamente
solucionable en el plano de la legalidad.
En efecto, aún cuando el demandante considera acertada
la interpretación según la cual el juez que profiere la condena en primera
instancia es el llamado a resolver el recurso de apelación presentado en contra
de las decisiones adoptadas por el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad en relación con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de
la libertad y la rehabilitación, estima que la eventual declaración de
inexequibilidad del artículo acusado sería el mecanismo adecuado para lograr que
el recurso de apelación sea conocido por un superior jerárquico, tal como se
desprende de la interpretación alternativa que, gracias a la inexequibilidad,
prevalecería.
Así lo consignó el actor en la parte final de su
libelo, al indicar que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 48
del Código de Procedimiento Penal no generaría “un caos judicial”, porque el
artículo 34 del Código de Procedimiento Penal les otorga competencia a los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial para conocer del recurso de
apelación interpuesto “contra la decisión del juez de ejecución de penas”.
La eventual inexequibilidad del artículo demandado no
tendría, entonces, la finalidad primordial de hacer prevalecer los dictados
constitucionales o de depurar el ordenamiento de disposiciones legales
susceptibles de albergar contenidos reñidos con la Carta, sino que únicamente
cumpliría el propósito de resolver una disputa legal mediante el desplazamiento
de una de las posibles lecturas de la disposición censurada, seguido de la
aplicación del sentido que se estima apropiado.
Resolver si el artículo 478 del Código de
Procedimiento Penal admite o no una interpretación conforme a la cual es el
Tribunal Superior del Distrito Judicial el encargado de conocer el recurso de
apelación interpuesto en contra de la decisiones del juez de ejecución de penas
y medidas de seguridad referentes a los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad es, en esencia, un asunto que sólo involucra
argumentos legales y que, por lo mismo, es susceptible de solución en el plano
de la legalidad.
Repárese en que el fondo de la discusión sobre las dos
posibilidades hermenéuticas que han sido mencionadas se enfrenta la posición de
quienes consideran que debe ser aplicado el artículo 34 del Código de
Procedimiento Penal, en cuyo caso el superior jerárquico resolvería el recurso
de apelación y la mantenida por aquellos que no estiman necesario dar
aplicación al artículo 34, caso en el cual no resolvería el recurso el superior
jerárquico, sino el juez que profirió la condena en primera instancia.
Esa discusión no plantea un conflicto constitucional
y, si acaso, daría lugar a una incompatibilidad entre los artículos 34-6 y 478
del Código de Procedimiento Penal o a considerar, por ejemplo, que el primero
es la regla general y que el segundo constituye una excepción, así como a
evaluar si procede dar aplicación al principio de especialidad y al criterio
del precepto posterior, nada de lo cual requiere la confrontación del precepto
cuestionado con la Constitución, pues, como se ve, decidir si se configura o no
una incompatibilidad entre dos disposiciones del Código de Procedimiento Penal,
si ésta es real o aparente o cuáles principios cabe aplicar, son asuntos
meramente legales, susceptibles de solución en el ámbito de la legalidad y
mediante la utilización de criterios interpretativos de la ley procesal penal.
No le corresponde, entonces, a la Corte decidir una
controversia legal ni, por supuesto, tomar partido por alguna de las tesis
enfrentadas, pues como lo ha señalado la Corte, “el juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la Constitución Política” y por ello requiere que la acusación se
funde en el contenido de un precepto superior que se enfrente a la disposición
demandada[2].
Así las cosas, razón les asiste a los intervinientes
cuando afirman que los planteamientos del actor no son específicos ni
pertinentes y ahora cabe agregar que tampoco son suficientes, pues la demanda
carece de los elementos de juicio, argumentativos y probatorios, necesarios
para iniciar el juicio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche[3], todo lo cual equivale a
la ausencia de cargo.
Por las razones precedentes es claro que la Corte no
puede entrar a realizar el juicio de constitucionalidad solicitado en el libelo
demandatorio y que se impone la declaración de inhibición por ineptitud
sustancial de la demanda derivada de la inexistencia de cargo[4],
tal como se consignará en la parte resolutiva de esta providencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse INHIBIDA para resolver sobre la
demanda presentada en contra de la expresión “Las decisiones que adopte el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son
apelables ante el juez que profirió la condena en primera”, contenida
en el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”, por ineptitud sustancial de la demanda derivada de la
inexistencia de cargo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
Ausente en comisión
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001. M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[2] Ibídem.
[3] Ibídem.
[4] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1997, M. P.
Alejandro Martínez Caballero e igualmente Sentencia C-236 de 1997, M. P.
Antonio Barrera Carbonell, Sentencia C-044 de 1998, M. P. Eduardo Cimientes
Muñoz y Sentencia C-403 de 1998. M. P. Fabio Morón Díaz.