T-427-17
Sentencia T-427/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA
DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
sobre la improcedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Reglas
establecidas en la sentencia SU.627/15
La Sentencia SU-627 de 2015 recordó que la regla de la
improcedencia de tutelas contra tutelas no es absoluta. Así, esta providencia
unificó una segunda fase de la jurisprudencia en materia de tutela contra
sentencia de tutela, en la cual consagró las siguientes reglas: (i) Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de
tutela proferida por la Sala Plena o las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, no procede la acción de tutela y ello no admite excepción
alguna. (ii) Si la acción de tutela se dirige contra una sentencia de
tutela proferida por otros jueces o tribunales, entonces no procede, a menos
que “(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL
CURSO DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Requisitos de
procedencia
En la
Sentencia T-357 de 2014, la Corte reiteró que la acción de tutela no procede
por regla general contra providencias en procesos ejecutivos hipotecarios, a
menos de que concurran “dos
elementos sui generis de estos casos, a saber: (i) la vigencia del proceso
ejecutivo, es decir, que el proceso se encuentre en curso; y (ii) que el
accionante haya ejercido los recursos legales disponibles oportunamente, de
forma tal que la acción de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir
términos u oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las partes”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL
CURSO DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
EN PROCESOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS-Deber de solicitar la terminación del
proceso ejecutivo o la nulidad del mismo/ ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESOS
EJECUTIVOS HIPOTECARIOS-Término para interponerla
La Sentencia SU-813 de 2007 sostuvo que era exigible, a diferencia
del criterio de oportunidad, “un mínimo de diligencia” en el proceso ejecutivo,
el cual se podía constatar cuando se había “solicitado la terminación del
proceso ejecutivo o la nulidad del mismo por haber continuado ilegítimamente”. Según
la Corte, “la solicitud de terminación puede haber sido presentada en
cualquiera de las oportunidades de defensa al alcance del ejecutado o de manera
específica en cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo”. Por esa razón,
en la parte resolutiva de dicha providencia se ordenó a los jueces de tutela
que: “estén
conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos
ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el
precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, (a)
deberán conceder la acción de tutela cuando i) esta haya sido interpuesta de
manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate
o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso
ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo; (b) La
acción de tutela se considerará improcedente cuando se hubiere interpuesto con
posterioridad del registro del auto de aprobación del remate o de adjudicación
del inmueble”.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia para
revivir términos y etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL CURSO
DE PROCESOS EJECUTIVOS-Debe verificarse que proceso ejecutivo esté en
curso y que se hayan ejercido recursos legales
En el
caso de las acciones de tutela contra sentencias adoptadas en procesos
ejecutivos hipotecarios iniciados después del 31 de diciembre de 1999 han sido
previstas dos condiciones especiales según las cuales, (i) el proceso ejecutivo
hipotecario debe encontrarse en curso y (ii) el accionante debe haber ejercido
todos los recursos legales disponibles oportunamente, es decir, en el momento dispuesto
legalmente para ello.
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Reiteración de
jurisprudencia
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Configuración
Esta
Corporación ha reiterado que, en virtud del primer inciso del artículo 243 de
la Constitución, una vez un proceso de tutela es seleccionado para revisión y
luego decidido por la correspondiente Sala de Revisión, la sentencia hace
tránsito a cosa juzgada constitucional. Igualmente, hace tránsito a cosa
juzgada constitucional el proceso de tutela que ha surtido el proceso de
selección para revisión, ha precluido el plazo para insistir en la selección de
tutelas y no ha sido seleccionado por esta Corporación. En consecuencia, la
acción de tutela se encuentra sujeta a los parámetros de cosa juzgada con el
fin de no reabrir las controversias que ya han sido decididas por las
autoridades judiciales competentes y garantizar así la seguridad jurídica de
los fallos judiciales.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Triple identidad conlleva improcedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Improcedencia
por incumplir con requisito de inmediatez y por existir cosa juzgada
constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Improcedencia
por cuanto no se advirtió una situación de fraude
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Improcedencia por cuanto no se ejercieron los recursos
procesales para anular lo actuado
Referencia:
Expedientes T-6.029.799, T-6.034.561 y T-6.037.406 (acumulado).
Acción
de tutela interpuesta por (i) Ovelio Triana Gallo contra el Juzgado Civil
Municipal de Soacha y otros; (ii) Luis Emilio Niño Díaz contra la Corte Suprema
de Justicia (Sala de Casación Civil) y (iii) Flor Elva Cárdenas Velandia contra
el Juzgado 1 de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de
julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE
TUTELA
1.
Los expedientes T-6.034.561,
T-6.029.799 y T-6.037.406 fueron seleccionados y acumulados mediante el Auto
del 16 de marzo de 2017 por la Sala de Selección Número Tres.
2.
En los casos acumulados, los
señores Ovelio Triana Gallo (T-6.034.561), Luis Emilio Niño Díaz (T-6.029.799)
y la señora Flor Elva Cárdenas Velandia (T-6.037.406) interpusieron acción de
tutela contra el Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha y otros, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado 1 de
Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, respectivamente, por considerar
vulnerados sus derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia por causa de la ocurrencia de vías de hecho en las
providencias proferidas por dichas autoridades judiciales. A pesar de que los
accionantes alegan diferentes defectos en las providencias judiciales, todos
ellos versan sobre procesos ejecutivos hipotecarios.
3.
En el primer caso (Ovelio
Triana Gallo T-6.034.561) se pretende la revocatoria de la sentencia del 28
de julio de 2015, proferida por el Juzgado Municipal de Descongestión de Soacha
por no aplicarse el alivio y la reestructuración del crédito consagrados en la
Ley 546 de 1999 y, en consecuencia, se declare la nulidad del proceso desde el
22 de julio de 2010, fecha en la cual se profirió el mandamiento de pago.
4.
En el segundo caso (Luis
Emilio Niño Díaz T-6.029.799) se pretende la revocatoria de la sentencia de
tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
el 21 de septiembre de 2016 por defecto fáctico al considerar que el crédito
que adquirió el accionante con el Banco Colmena no era un crédito hipotecario,
sino un mutuo comercial, razón por la cual no era necesaria, entre otras cosas,
la reestructuración del crédito en los términos de la Ley 546 de 1999.
5.
En el tercer caso (Flor Elva
Cárdenas Velandia T-6.037.406) se pretende la declaración de nulidad de la
providencia del 12 de abril de 2016 del Juzgado de Ejecución que negó la
solicitud de nulidad de lo actuado dentro del proceso hipotecario ejecutivo
frente a la solicitud de los apoderados de la accionante, según la cual el juez
de ejecución no tiene competencia para convertir una obligación pactada en
pesos en UVR y, adicionalmente, por reconocer personería jurídica al apoderado
del demandante ignorando que el poder fue otorgado no por el demandante,
actuando en calidad de persona natural (cesionario del crédito) sino en su
calidad de representante legal de una compañía que no era cesionario del
crédito.
Caso No. 1 T-6.034.561 (Ovelio Triana Gallo contra el Juzgado 1 Civil
Municipal de Soacha y otros).
HECHOS RELEVANTES
6.
El señor
Ovelio Triana Gallo informó que contrajo un crédito el 15 de mayo de 1997 con
el Banco Colpatria por un valor de $18.300.000 (equivalente a UPAC 1.749.9285)
para la compra de una vivienda de interés social con una tasa de interés UPAC
11.00[1], a un plazo de
180 meses y garantizado con una hipoteca abierta en el inmueble con el número
de matrícula inmobiliaria 051-78428 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Soacha[2].
7.
El accionante incurrió en mora
en el pago desde el día 15 de marzo de 2010[3], razón por la cual
el 12 de julio de 2010 se presentó demanda ejecutiva hipotecaria contra el
accionante y Martha Janneth García[4].
8.
La Titularizadora Colombiana
S.A., cesionaria del crédito hipotecario inicialmente otorgado por el Banco
Colpatria[5], inició el 12 de julio de 2010
la acción ejecutiva hipotecaria en el Juzgado 1º Civil Municipal de Soacha,
Cundinamarca pidiendo las siguientes sumas de dinero: (i) UVR 45.791.9988 como
capital insoluto (equivalente a $8.731.691,59 pesos al momento del pago); (ii)
UVR 7.066.1121 como capital causado y no pagado por concepto de cuatro cuotas
mensuales (equivalente a $1.347.377,57 al momento del pago), y (iii) UVR
1.755.5317 por concepto de intereses corrientes de las cuotas vencidas
(equivalente a $334.747,59 al momento del pago)[6].
9.
El 22 de julio de 2010, el
Juzgado 1º Civil Municipal de Soacha libró mandamiento de pago contra el
accionante[7] y decretó el embargo del bien
inmueble hipotecado con folio de matrícula No. 50S-40266944.
10.
El 7 de abril de 2011, el
accionante presentó las excepciones de excesiva onerosidad por circunstancias
de desequilibrio económico en el contrato y circunstancias extraordinarias
imprevistas posteriores a la celebración del contrato de mutuo[8].
11.
El 28 de julio de 2015, el
Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha, a quien se reasignó la
controversia, profirió sentencia declarando no probadas las excepciones
propuestas y ordenando seguir adelante con la ejecución en la forma dispuesta
en el mandamiento de pago[9].
12.
Relató el accionante que el 6
de agosto de 2015 apeló la sentencia del Juzgado Civil Municipal de
Descongestión de Soacha, la cual fue negada porque el proceso era de mínima
cuantía, lo que implicaba que era un proceso de única instancia.
13.
El 8 de septiembre de 2015, el
Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha realizó la liquidación de
costas dentro del proceso, la cual no fue objetada.
14.
La liquidación del crédito
presentada por la apoderada de la parte actora del proceso, fue objetada por la
apoderada judicial del accionante y esta, a su vez, negada por el Juzgado Civil
Municipal de Descongestión en la medida que “no se acompañó con el escrito
un avalúo como fundamento de la misma teniendo en cuenta que no serán
admisibles pruebas diferentes”[10].
15.
La apoderada del accionante
presentó recurso de reposición contra el auto que rechazó de plano la objeción
por error grave a la liquidación del crédito. Sin embargo, el juez resolvió no
revocar y aprobar la liquidación del crédito inicialmente presentada por la
parte actora[11].
16.
Indicó el accionante que su
apoderado presentó el 17 de septiembre de 2015 incidente de nulidad por no
haberse reestructurado el crédito[12], fundamentado en los numerales
3 y 5 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil[13],
recurso que fue rechazado el 1 de octubre de 2015[14].
17.
El 3 de mayo de 2016, el
Juzgado 1º Civil Municipal de Bogotá –retomando el conocimiento del proceso-
fijó el 4 de agosto de 2016 como fecha para llevar a cabo la diligencia del
remate del bien inmueble hipotecado, en la cual se llevó a efecto,
adjudicándose al señor Osman Balamba Bohórquez por la suma $47.200.000[15].
Sin embargo, el accionante adujo que en el Certificado de Libertad y Tradición
del inmueble rematado no aparece el registro del remate[16],
de modo que, a su juicio, aún está en la oportunidad procesal para solicitar el
amparo[17].
18.
El accionante, inconforme con
lo anterior, interpuso acción de tutela contra el Banco Colpatria Multibanca
S.A., Titularizadora Colombiana S.A., el Juzgado Civil Municipal de
Descongestión de Soacha y el Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha, por
considerar que se libró mandamiento de pago sin que se haya efectuado la
reliquidación y reestructuración del crédito en los términos de la Ley 546 de
1999. La acción  fue negada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soacha, quien sostuvo que sí se presentó la reliquidación del crédito y se
señaló la forma en que se aplicaron los abonos correspondientes en virtud de la
Ley 546 de 1999[18]. Esta providencia fue
confirmada por la Sentencia del 14 de junio de 2016 del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia.
19.
El 28 de julio de 2016, la
Corte Constitucional excluyó de revisión el asunto remitido. No obstante, el
accionante volvió a presentar una nueva acción de tutela que se examina en esta
providencia alegando que existe un hecho nuevo relativo a la adjudicación del
inmueble.
20.
El accionante sostuvo que las
tutelas tratan sobre partes diferentes y hechos distintos, insistiendo en que
es procedente la tutela, pues en esta oportunidad se acciona, además, al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha y al Juzgado Primero Civil
Municipal y surgen nuevos hechos, como la adjudicación del inmueble hipotecado.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES
ACCIONADAS
Juzgado 2º Civil del
Circuito de Soacha
1.
El Juzgado 2º Civil del
Circuito de Soacha afirmó que no ha incurrido en vía de hecho, toda vez que “de
la inspección judicial al expediente correspondiente (…) se pudo extraer que se
presentó la reliquidación del crédito, señalándose la forma en que se aplicaron
los abonos correspondientes, en virtud a lo normado en la Ley 546 de 1999”[19].
2.
Resaltó que el accionante ya
había presentado anteriormente una acción de tutela con radicación No. 2016-122
contra el Banco Colpatria Multibanca S.A., Titularizadora Colombiana S.A., el
Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha y el Juzgado 1º Civil
Municipal de Soacha, la cual fue negada en primera instancia por el Juzgado 2º
Civil del Circuito de Soacha y confirmada por la Sentencia del 14 de junio de
2016 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala
Civil-Familia[20].
3.
Comentó que, mediante escrito
del 20 de junio de 2009, el accionante impugnó la decisión de segunda
instancia, la cual fue negada por la Corte Suprema de Justicia por
improcedente.
4.
Informó que, mediante el Auto
del 28 de julio de 2016, la Corte Constitucional excluyó de revisión la tutela
instaurada. Por lo anterior, solicitó que se deniegue el amparo porque la
acción de tutela.
Juzgado 1º Civil
Municipal de Soacha
5.
Informó que el debate que
plantea el accionante radica en la reliquidación del crédito y los alivios
aplicados al mismo, aspectos que ya fueron ampliamente debatidos[21].
Reiteró que se ratifica en la decisión tomada al fallar las excepciones de
fondo elevadas por el accionante[22].
6.
Afirmó que “los argumentos
en que el actor funda la presente acción de tutela fueron objeto de estudio por
vía de tutela en pretérita oportunidad”[23], la cual fue
negada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala
Civil-Familia y confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
7.
Consideró que la actuación de
la accionante es “abiertamente temeraria que va en detrimento de la
administración de justicia sometiendo a un desgaste innecesario e inane a los
despachos y tribunales”[24].
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia
proferida el 21 de noviembre de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia.
8.
El Tribunal declaró
improcedente la acción de tutela, ya que el accionante había presentado
previamente otra acción de tutela solicitando un amparo que reitera la
solicitud de dar por terminado el proceso por la falta de reestructuración del
crédito. Asimismo, consideró que no puede hacer averiguaciones adicionales en
la medida en que ya existió un pronunciamiento anterior, pues así medie un
hecho relativamente nuevo, como lo es el remate del inmueble, las actuaciones
ya fueron estudiadas previamente[25].
Impugnación
9.
El 25 de noviembre de 2016, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia argumentando que en esta
oportunidad hay hechos totalmente diferentes a los de la tutela anterior. Por
un lado, no hay identidad jurídica de las partes procesales, pues en la tutela
nueva se accionó adicionalmente contra el Juzgado 2º Civil del Circuito y el
Juzgado 1º Civil Municipal de Soacha, mientras que en la anterior se limitó a
accionar al Juzgado 1º Civil Municipal de Soacha. Por otro lado, existen
diferencias en los hechos, pues en la acción anterior no se mencionó el remate
del inmueble ni el reclamo del cobro de una tasa de interés mayor a la
autorizada por la autoridad competente ni tampoco se ventiló que la cesión del
crédito entre Colpatria y la Titularizadora Colombia S.A. no se realizó en
debido forma[26].
Segunda
instancia: Sentencia proferida el 19 de enero de
2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
10.
La Corte Suprema de Justicia
confirmó la sentencia impugnada advirtiendo que el accionante incurrió en
temeridad en relación con el amparo solicitado por la falta de reestructuración
de su crédito hipotecario, pues ese fue el argumento central que se ventiló en
la anterior acción de tutela contra la sentencia del 28 de julio de2015 y la
providencia del 17 de septiembre de 2015, a través de las cuales se ordenó
seguir adelante en la ejecución y negarse a declarar la nulidad de lo actuado[27].
11.
La Corte Suprema de Justicia
resalta que “la petición de amparo presentada en esta oportunidad guarda
plena similitud con la formulada con antelación, pues en ambos casos se cuestiona
la negativa del juez de la ejecución a invalidar la actuación por falta del
requisito de reestructuración”[28]. En nada varía la controversia
actual con la anterior por el hecho de que el inmueble se haya rematado[29].
12.
El 24 de enero de 2017, el
accionante presentó una solicitud de aclaración a la decisión de la Corte
Suprema de Justicia para que precisara cuál era la similitud, identidad y
equivalencia de los accionados en las dos tutelas. La Corte Suprema de Justicia
negó la solicitud porque la aclaración no es el escenario procesal para exponer
un motivo de inconformidad con la decisión[30].
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
13.
Mediante los Autos del 5 y 24
de mayo de 2017, se solicitó al Juzgado Civil Municipal de Descongestión de
Soacha que remitiera el proceso ejecutivo radicado No. 257544-003-001-2010-451
y al Juzgado 2º Civil del Circuito de Soacha para que remitiera el expediente
del proceso de tutela con radicación No. 2016-122. Asimismo, se ofició a la
Secretaría General de esta Corporación para que remitiera el Auto de Selección
en el que se tomó la determinación de revisar o excluir de revisión el proceso
del señor Ovelio Triana Gallo contra el Banco Colpatria Multibanca S.A.,
Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha y Titularizadora Colombiana S.A[31].
Respuesta a la
solicitud de pruebas
14.
El Juzgado 2º Civil del
Circuito remitió dos cuadernos del proceso de la acción de tutela No. 122-16
promovida por Ovelio Triana Gallo contra Banco Colpatria Multibanca S.A.,
Titularizadora Colombiana S.A., Juzgado Civil Municipal de Descongestión de
Soacha y Juzgado 1º Civil Municipal de Soacha, los cuales fueron recibidos por
el Despacho del Magistrado Sustanciador el 30 de mayo de 2017.
15.
El Juzgado 1º Civil Municipal
de Soacha, Cundinamarca remitió  nueve cuadernos del proceso ejecutivo
hipotecario No. 257544003001-2010-00451-00 de Titularizadora Colombiana S.A.
contra Ovelio Triana Gallo y Martha Yannet García Llanos, los cuales fueron
recibidos por el Despacho del Magistrado Sustanciador el 30 de mayo de 2017.
16.
La Secretaría de esta
Corporación remitió el Auto de Selección del 17 de noviembre de 2016, mediante
el cual el expediente de tutela T-5.646.150 de Ovelio Triana Gallo contra
Titularizadora Colombiana S.A. y otros, fue excluido de revisión por Auto del
28 de julio de 2016.
Caso No. 2 T-6029799 (Luis Emilio
Niño Díaz contra la Corte Suprema de Justicia)
HECHOS RELEVANTES
1.
El 27 de diciembre de 1996, el
accionante adquirió un crédito con la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena
(“Colmena”), según informó, para la financiación de vivienda por valor de
$12.000.000 de pesos (equivalente a UPAC 1.229.7370), a una tasa de interés
UPAC 17.00% por un plazo de 180 meses para la construcción de su vivienda.
2.
Posteriormente, según obra en
el expediente del proceso ejecutivo hipotecario, contrajo el 30 de mayo de 2001
con la misma entidad otra obligación dineraria a título de mutuo comercial por
la suma de $1.390.675 pesos y el 26 de julio de 2001, también a título de mutuo
comercial, otra obligación por la suma de $3.162.202 pesos [32].
3.
Informó el accionante que
Colmena le dio una clasificación diferente al destino del crédito[33].
4.
El 23 de octubre de 2003,
Colmena inició la acción ejecutiva solicitando: (i) la suma de UVR139.060.5355
($19.055.048) por el pagaré No. 777469 del crédito No. 019917077746-9, (ii) la
suma de UVR 37148.02192 ($5.090.282) por el pagaré 0199171354960, y (iii) la
suma de UVR 9893.984397 ($1.355.743) por el pagaré No. 019917353121[34]
convirtiendo los pagarés a UVR y, según el accionante, sin reestructurar
previamente el crédito.
5.
El 22 de agosto de 2007, el
Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá declaró no probadas las excepciones[35]
y ordenó seguir adelante con la ejecución, toda vez que las obligaciones
contenidas en los pagarés 0199171354960 y 019917353121 no fueron pactadas en
UVR sino en pesos y por ello se liquidarán con base en esa unidad de valor[36].
De igual manera, sostuvo que el pagaré restante fue pactado en UPAC y en esa
medida, por ministerio de la ley 546 de 1999, habría lugar a la conversión en
UVR. Esta providencia fue confirmada por el Juzgado 27 Civil del Circuito de
Bogotá[37].
6.
El accionante formuló incidente
de nulidad porque la entidad financiera no realizó la reestructuración del crédito
en los términos del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, el cual fue rechazado
por el Juzgado 29 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá (hoy
Juzgado 80 Civil Municipal).
7.
El accionante presentó recurso
de apelación por el rechazo del incidente de nulidad, el cual fue inadmitido
por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Bogotá, mediante Auto del 11 de julio de
2016.
8.
El accionante afirmó que se
incurrió en defecto sustantivo por no haber reestructurado el crédito, toda vez
que, a su juicio, “el proceso no podría ser iniciado hasta tanto no se
verificara ese requisito establecido en la Ley 546 de 1999 y en (sic)
jurisprudencia de constitucionalidad C-955 de 2000”[38].
9.
Por su inconformidad frente a
lo anterior, el accionante presentó el 21 de julio de 2016, acción de tutela
contra el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, el Juzgado 27 Civil del
Circuito de Bogotá, el Juzgado 80 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 3
Civil del Circuito Bogotá por la falta de reestructuración del crédito
hipotecario.
10.
El Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Civil, concedió la tutela, argumentando que el artículo 42 de la Ley 546
de 1999 obligó a las entidades financieras a reestructurar y reliquidar los
créditos de vivienda contraídos en UPAC vigentes al 31 de diciembre de 1999,
por lo que su incumplimiento impide acudir a la jurisdicción para ejecutar el
pago oportuno de la obligación, ya que se trata de un título ejecutivo complejo[39].
Por lo anterior, el Tribunal encuentra que el Juzgado 29 Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá (hoy Juzgado 80 Civil Municipal de Bogotá) “se
apartó del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, al rechazar de plano la
nulidad planteada el 14 de julio de 2015, en la que el accionante solicitó
dejar sin valor y efecto, inclusive, el auto que libró mandamiento de pago”[40].
11.
La decisión del Tribunal
Superior de Bogotá fue impugnada por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá
aduciendo que no se consideró que el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 “se
refiere a los deudores del sistema de adquisición de vivienda UPAC, que
hubieran entrado en mora antes del 31 de diciembre de 1999, caso en el cual se
condonarían los intereses de mora, se debía aplicar la reliquidación del
crédito y la reestructuración de los mismos (…) pero, ¿qué sucede con los
deudores que entraron en mora después del 31 de diciembre de 1999 y que sus
créditos fueron debidamente reliquidados?”[41] Adicionalmente,
señaló que esa pregunta era fundamental para el caso, pues muchos procesos
ejecutivos hipotecarios fueron iniciados con posterioridad al 31 de diciembre
de 1999 y después de los 180 días que otorgó la ley a las entidades financieras
para la reliquidación de los créditos hipotecarios, los cuales “se
entenderían otorgados en UVR sin importar el consentimiento del deudor, porque
tal redenominación operaría por ministerio de la ley”[42],
y eso fue exactamente lo que hizo el juzgado.
12.
El 21 de septiembre del 2016,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión
del Tribunal Superior de Bogotá señalando que al verificar la Escritura Pública
No. 06221 del 19 de noviembre de 1996 en la que se hipotecó el bien con
matrícula inmobiliaria No. 50C-1334595, advirtió que los créditos no fueron
destinados a la adquisición de vivienda. La Corte Suprema de Justicia consideró
que el predio se adquirió el 13 de abril de 1993 y solo hasta el 19 de
noviembre de 1996, es decir, tres años y siete meses después, hipotecó el
inmueble para garantizar el mutuo a favor de Colmena[43].
A su juicio, lo anterior demuestra que el crédito original no era para la
adquisición de vivienda.
13.
El 26 de septiembre de 2016, el
accionante presentó una solicitud de aclaración y complementación del fallo de
la Corte Suprema de Justicia para que aclare si Colmena para apropiarse de los
recursos de alivio clasifica el crédito como uno de vivienda, mientras que para
dar cumplimiento del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 desconoce que es un
crédito de esa naturaleza.
14.
El 6 de octubre de 2016, la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil negó la aclaración presentada
por el accionante por considerar que los términos de su providencia son claros.
15.
La presente acción de tutela
dirigida contra la providencia del 21 de septiembre de 2016, proferida por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de
tutela No. 2016-01459 adelantada contra los Juzgados 50 Civil Municipal, 80
Civil Municipal y 27 Civil del Circuito y 3º Civil del Circuito de Bogotá 6 por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que revocò la sentencia
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que había concedido el amparo
al accionante  había dejado sin efecto el auto del 22 de julio de 2015 y las
actuaciones que de éste dependían en el proceso ejecutivo. El accionante
consideró que la Sala de Casación Civil se equivocó en su apreciación de la
escritura pública No. 06221 del 19 de noviembre de 1996 por ignorar que se
trataba de un crédito de vivienda y no comercial.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES
ACCIONADAS
Juzgado 3º Civil del
Circuito de Bogotá
17.
Informó que no le constan los
hechos aludidas en la acción constitucional, pues únicamente se limitó revisar
un recurso de apelación contra la decisión que rechazó la nulidad, por lo cual
se abstiene de dar un pronunciamiento de fondo.
Juzgado 50 Civil
Municipal de Bogotá
18.
Consideró que debe declararse
la improcedencia de la acción de tutela, ya que una sentencia de tutela no
puede ser objeto de controversia constitucional mediante la formulación de una
nueva tutela[44].
Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Civil
19.
Allegó copia de su providencia
en el proceso de tutela de Luis Emilio Niño Díaz contra el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá,
Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado Ochenta Civil
Municipal de Bogotá[45].
Juzgado 80 Civil
Municipal de Bogotá
20.
Reiteró la contestación que
formuló el 26 de julio de 2016 dentro del trámite de tutela que desembocó en la
sentencia de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte de Suprema
Justicia.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia
proferida el 9 de noviembre de 2016 por la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral.
21.
La Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela, pues consideró que no es
posible que mediante la tutela se estudien aspectos acaecidos dentro de una
acción de la misma naturaleza, pues de admitir algo así “implicaría que se
postergara indefinidamente la decisión de las solicitudes de amparo de los
derechos fundamentales, en razón de las múltiples acciones que podrían
interponer quienes resulten vencidos dentro del trámite constitucional”[46].
Impugnación
22.
El 30 de noviembre de 2016, el
accionante impugnó la decisión de la Corte Suprema de Justicia alegando que el
crédito otorgado por Colmena es de vivienda, pues de lo contrario se estaría
legalizando “un posible peculado por acción, al reclamar la entidad
financiera el monto del alivio que son recursos del estado (sic), para un
crédito de vivienda”[47].
Segunda instancia: Sentencia proferida el 31 de enero de 2017 por
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
23.
La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia argumentando
que la acción de tutela es, por lo general, improcedente frente a fallos de
tutela, pues de lo contrario se abriría un conflicto interminable de acciones
que desvirtuarían la naturaleza propia de la tutela[48].
24.
Además, el accionante podía
acudir a la Corte Constitucional para la selección de la primera tutela o por
medio del Ministerio Público solicitar la insistencia de la selección del caso[49].
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
25.
Esta Sala de Revisión profirió
el Auto del 3 de mayo de 2017 en el cual solicitó oficiar: (i) al Juzgado 50
Civil Municipal de Bogotá y al Juzgado 29 Civil Municipal de Descongestión para
que enviara copia del proceso ejecutivo con título hipotecario con radicación
No. 11001400305020030155100 contra Luis Emilio Niño; (ii) a la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá para que enviara copia del proceso de tutela
promovido por el señor Luis Emilio Niño y (iii) a la Secretaría General de esta
Corte para que informara a este Despacho si la tutela promovida por el señor
Luis Emilio Niño Díaz contra los Juzgados 50 Civil Municipal, 80 Civil
Municipal, 27 Civil del Circuito y 3º Civil del Circuito de Bogotá con el
radicado No. 11001-22-03-000-2016-01459-01 fue revisada o excluida de revisión en
el trámite de selección[50].
26.
En respuesta de los autos
referidos, la Corte recibió los siguientes documentos:
a.
Quince (15) cuadernos del
proceso ejecutivo hipotecario No. 110014003050-2003-01551-00 enviados por el
Juzgado 80 Civil Municipal de Bogotá.
b.
Respuesta del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Civil, en la que informó que el proceso
solicitado se encuentra en la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia.
c.
Respuesta del Juzgado 50 Civil
Municipal de Bogotá informando que el proceso No. 110014003050-2003-01551-00 lo
tiene el Juzgado 80 Civil Municipal de Bogotá.
d.
Respuesta de la Oficial Mayor
de la Corte Constitucional indicando que el expediente de tutela del señor Luis
Emilio Niño Díaz contra el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá y otros fue
excluido de revisión mediante Auto del 17 de noviembre de 2016[51].
27.
El 15 de junio de 2017, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, en atención a la solicitud del Magistrado
Sustanciador, recibió informe sobre la existencia del proceso adelantado contra
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional, y decidió no someter el caso a
su conocimiento, correspondiéndole su  resolución a la Sala de Revisión.
Caso No. 3 T-6037406 (Flor Elva
Cárdenas Velandia contra el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de
Bogotá)
HECHOS RELEVANTES
28.
En septiembre de 1997, la
accionante adquirió un crédito hipotecario de $196.000.000 pesos con el Banco
Central Hipotecario, garantizado con un gravamen al inmueble con matrícula
inmobiliaria No. 50C-1311002[52] y garantizado en el pagaré No.
00007578, suscrito el 1 de septiembre de 1997[53].
29.
Desde el 1 de junio de 2000 la
accionante se encontraba en mora del pago de la obligación contenida en el
pagaré objeto del crédito.
30.
Informó la accionante que en
agosto de 2007 la Central de Inversiones S.A. (cesionario del crédito) promovió
un proceso ejecutivo hipotecario en su contra en el que reclamó el pago de la
obligación del crédito en UVR y no en pesos, como se había pactado inicialmente[54].
31.
El 12 de septiembre de 2007 el
Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago por la
cantidad de UVR 447.491.535 correspondiente al capital de las cuotas causadas y
no pagadas con mora desde el 1 de junio de 2000 hasta el 1 de octubre de 2006
(equivalente a $292.374.692 pesos)[55] y por la suma de UVR
2.516.745.5571 por concepto de capital acelerado (equivalente a $422.382.890,10
pesos)[56].
32.
El 28 de abril de 2010, Central
de Inversiones S.A. cedió el crédito hipotecario al señor Enrique Pardo
Benjumea como persona natural, cesión que fue reconocida por el Juzgado 11
Civil del Circuito de Bogotá el 8 de junio de 2010[57].
33.
El 22 de junio de 2010, el
señor Enrique Pardo Benjumea, en calidad de representante legal de Enrique
Pardo y Cia. Ltda., otorgó poder al señor Gilberto Legarda Villacorte para
representarlo en el proceso ejecutivo contra la accionante[58].
34.
El Juzgado 11 Civil del
Circuito reconoció personería jurídica al señor Legarda[59],
ignorando, según lo resaltó el accionante[60], que el poder
había sido otorgado por el señor Pardo en su calidad de representante legal de
la compañía Enrique Pardo y Cia. Ltda. y no en su calidad de persona natural
(verdadero cesionario del crédito).
35.
El 5 de agosto de 2011, el
Juzgado 5º Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá (a quien le asignaron
el proceso), ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del
mandamiento de pago y decretó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado[61],
sin tener en cuenta, alegó el accionante[62], que el crédito
fue modificado unilateralmente al cambiar la obligación de pesos a UVR.
36.
Sin embargo, indicó la
accionante que en el año 2008 el juzgado la dio por notificada, pese a no haber
tenido conocimiento del proceso, según relató, sino hasta el año 2012 por
llamado del nuevo cesionario. A raíz de lo anterior, otorgó poder a un abogado,
a quien el 1 de marzo de 2012 le reconocieron personería y el juzgado le negó,
mediante Auto del 1 de marzo de 2012, su solicitud para cancelar a órdenes del
juzgado la suma de $330.000.000 con el fin de extinguir la obligación[63].
No obstante, el apoderado judicial de la accionante presentó un recurso
extraordinario de revisión contra el auto que negó la solicitud[64],
recurso que fue declarado infundado por cuanto no es procedente ese tipo
recursos contra autos[65].
37.
El 29 de septiembre de 2014, la
accionante presentó un nuevo incidente de nulidad en el cual alegó que (i) la
forma en que se libró el mandamiento de pago desconoce la literalidad del
título valor; (ii) no existió consentimiento de la ejecutada (accionante) para
dar aplicación a la redenominación de la obligación de pesos a UVR; (iii) se
tramitó el proceso por una vía diferente, y (iv) hay una indebida representación
de la parte ejecutante[66].
38.
El 12 de abril de 2016, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá declaró
infundado el incidente de nulidad, ya que al haber participado la accionante en
el proceso, saneó las nulidades alegadas. Y agregó la advertencia de que “la
indebida representación no puede ser objeto de estudio, ya que quien alega no
está legitimado para proponerla”.[67]
39.
Informó la accionante que su
actuación no podía subsanar o corregir la falta de competencia del juez para
modificar unilateralmente el alcance de la obligación del crédito de vivienda
al convertirla de pesos en UVR. Igualmente, consideró que el Juzgado Primero
Civil del Circuito “no argumenta mínimamente cómo ni por qué la señora
Cárdenas Velandia no está legitimada para pedir la nulidad”[68].
40.
A partir de ese momento, la
accionante interpuso infructuosamente múltiples actuaciones orientadas a
señalar los supuestos yerros arriba descritos, por lo cual el 23 de septiembre
de 2015, la accionante interpuso acción de tutela contra el Juzgado 1 Civil del
Circuito de Descongestión de Bogotá para que declarara la nulidad de lo actuado
dentro del proceso ejecutivo hipotecario a partir del Auto del 15 de julio de
2010 que reconoció personería al señor  Enrique Pardo como cesionario del
crédito.
41.
El 30 de septiembre de 2015, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá denegó el amparo por falta de
inmediatez en la medida que si el inconformismo se predica de los autos del 12
de septiembre de 2007 –que libró mandamiento de pago– y del 5 de agosto de 2011
-que ordenó seguir adelante con la ejeución-, han pasado más de seis meses,
tiempo prudencial para la interposición de la tutela contra providencias
judiciales[69]. En cuanto a las alegaciones
impetradas por la solicitud de nulidad, el Tribunal consideró que no es
procedente, ya que el incidente aún está pendiente de resolución[70]
(este incidente se resolvió el 12 de abril de 2012).
42.
El 6 de noviembre de 2015, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, confirmó la sentencia de
primera instancia porque la accionante “no actuó con la mínima diligencia en
el uso de las herramientas de defensa consagradas por el legislador”, pues
la tutela no es el camino para superar la incuria procesal[71].
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia consideró que, al estar pendiente la
resolución del incidente de nulidad, no le corresponde al juez de tutela
resolver ese asunto[72].
43.
La acción de tutela objeto de
revisión pretende revocar el Auto de 12 de abril de 2016, por considerar que el
juez de ejecución no tenía la competencia para modificar la unidad de valor de
pesos a UVR, lo preceptuado por la Ley 546 de 1999 y por reconocer los actos
del apoderado de la parte demandante pese a no tener la acreditación debida.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ACCIONADA
Juzgado 1º Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá
44.
Informó que la accionante
pretendió por vía de tutela controvertir situaciones procesales que por los
recursos ordinarios no logró y señaló que la accionante ya había promovido una
acción constitucional[73].
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia
proferida el 30 de noviembre de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Civil.
45.
El Tribunal Superior del
Distrito Judicial denegó el amparo de tutela por considerar que las
motivaciones expuestas en el Auto del 12 de abril de 2016, no demuestran
arbitrariedad alguna, sino que, por el contrario, “son fruto de las
consecuencias jurídicas de las normas aplicadas”[74].
Al respecto, también consideró el Tribunal que el análisis del juzgador “se
muestra coherente y destella una valoración objetiva de la hipótesis fáctica
incorporada en la norma invocada como soporte de lo resuelto”[75].
Impugnación
46.
El 5 de diciembre de 2016, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia por considerar equivocada
la apreciación del a quo en el sentido de que los argumentos del juzgado
no fueron arbitrarios. Insistió que el juez de ejecución no podía modificar una
obligación sustancial para pasarla de pesos a UVR, pues carecía de competencia
funcional para ello, la cual no es saneable. En este sentido, sostiene que se
incurrió en defecto sustantivo por dos razones: (i) desconocer que el juez de
ejecución carece de competencia funcional para modificar obligaciones
sustantivas y (ii) por desconocer la Ley 546 de 1999, en particular, la
prohibición de modificaciones unilaterales a los créditos hipotecarios de
vivienda para convertirlos de pesos a UVR sin el consentimiento del deudor[76].
Asimismo, alegó que se incurrió en defecto fáctico por falta de motivación
porque convalidó “con efecto retroactivo” la indebida representación del
apoderado del señor Pardo (cesionario del crédito), quien confirió el poder no
a título personal, sino en su calidad de representante legal[77].
Segunda instancia: Sentencia proferida el 2 de febrero de 2017
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
47.
La Corte Suprema de Justicia
confirmó la sentencia de primera instancia y advirtió que la actuación
reprochada no es el resultado de la aplicación de un criterio subjetivo que
implique desviación evidente del ordenamiento jurídico, pues la accionante al
intervenir en el proceso, saneo cualquier irregularidad, ya que la primera
intervención se limitó a la presentación de una aparente fórmula de arreglo por
concepto de pago total de la obligación.
48.
Adicionalmente, encontró que
la declaración infundada de la solicitud de nulidad está justificada porque la
accionante “ya había intentado la nulidad por indebida notificación, sin
formular las demás irregularidades que evidenció en el trámite de la ejecución;
amén, que los hechos ocurridos, se vislumbran con anterioridad al año 2012,
siendo tardía la queja respecto de ellos”[78].
B.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
49.
Esta Sala de Revisión profirió
el Auto del 5 de mayo de 2017 en el cual solicitó oficiar: (i) al Juzgado 11
Civil del Circuito de Bogotá para que remita copia del proceso ejecutivo
hipotecario No. 2007-00407 contra Flor Elva Cárdenas Velandia y (ii) al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil para que
remitiera copia del proceso de tutela promovido por Flor Elva Cárdenas Velandia
contra el Juzgado 1º de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá[79].
50.
En respuesta al auto referido,
la Corte recibió los siguientes documentos:
a.
Tres (3) copias de cuadernos
remitidos por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá –Sala Civil
del proceso de tutela No. 11001220300020150238900.
b.
Respuesta del Juzgado 11 Civil
del Circuito de Bogotá que señaló que el proceso fue remitido al Juzgado
Primero (1) de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá.
c.
Poder otorgado por la
accionante a Aydee Marqueza Marisiglia para que la represente en el proceso de
tutela[80].
51.
Asimismo, esta Corporación
recibió el 18 de mayo de 2017 un escrito de la apoderada de la accionante en el
cual reiteró y profundizó los argumentos que, a su juicio, dan lugar a la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante: el primero de ellos
referido al hecho de que el juez de ejecución no tiene competencia para
modificar el alcance de la obligación pactada originalmente en pesos a UVR. El
segundo de ellos, relativo a la indebida representación otorgada del cesionario
del crédito.
52.
Sostuvo la apoderada de la
accionante que, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, “la parte
interesada debe presentar inmediatamente, es decir en su primera actuación
luego de ocasionada la irregularidad procesal, su intención de oponerse al
defecto. De hacerlo con posterioridad podría entenderse como una maniobra
desleal”[81]. Sin embargo, aclaró que
debido a la distinción entre nulidades saneables y las insaneables, no es
posible permitir la subsanación de las segundas por la voluntad de las partes o
con el aval del juez, lo que resulta fundamental en el caso concreto, pues una
de las nulidades alegadas (falta de competencia por el factor funcional) es
insaneable[82]. Según argumentó, se evidencia
la falta de competencia por el factor funcional, ya que, a pesar de que el
crédito fue adquirido en pesos, el mandamiento de pago se profirió en UVR,
configurando con ello el juez una nueva relación sustancial[83].
Concluyó que no puede justificarse dicha irregularidad con la falta de
diligencia de la accionante por tratarse de una nulidad insaneable[84].
53.
Posteriormente, se profirió el
Auto del 23 de mayo de 2017 en el cual se ofició al Juzgado 1º de Ejecución
Civil del Circuito de Bogotá para que remitiera copia del proceso ejecutivo
hipotecario 11001310301120070040700. Sin embargo, no se recibió respuesta[85].
I.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
54.
Esta Corte es competente para
conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 16 de marzo de
2017, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Tres de esta Corte,
que decidió acumular y someter a revisión las decisiones adoptadas por los
jueces de instancia.
B.
CUESTIONES
PREVIAS –PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
55.
Debido a la diferencia de las
providencias atacadas y a la existencia en algunos casos de créditos UPAC, para
efectos de organización y claridad se llevará a cabo el análisis de
procedibilidad de las acciones de tutela contra las providencias en el
siguiente orden: (i) se recodarán los requisitos generales y especiales para la
procedencia excepcional de la acción de tutela, según lo establecido en la
Sentencia C-590 de 2005; (ii) dado que uno de los casos supone la presentación
de una acción de una tutela en contra de una sentencia de tutela, resulta
necesario reiterar las reglas de procedencia excepcionalísima establecidas en
la Sentencia SU-627 de 2015. Asimismo, (iii) como los casos acumulados fueron procesos
ejecutivos hipotecarios y dos de ellos bajo la modalidad de créditos en UPAC,
resulta pertinente mencionar los requisitos especiales de procedencia de tutela
contra esta clase de procesos ejecutivos hipotecarios, consagrados en las
sentencias T-294 de 2006, SU-813 de 2007 y T-357 de 2014. Seguidamente, (iv) se
estudiarán los requisitos que configuran la cosa juzgada constitucional y
finalmente, (v) se analizarán los casos individuales a la luz de los requisitos
de procedencia que le sean aplicables.
(i) Procedencia de tutela contra providencias judiciales
56.
Esta Corporación ha entendido
que, por regla general, la acción de tutela contra providencias judiciales no
es procedente. Esta regla tiene tres argumentos que la sustentan y que bien
pueden denominarse como (i) el argumento de la naturaleza de la
administración de justicia, (ii) el argumento de la naturaleza de la
cosa juzgada y (iii) el argumento de la naturaleza de la autonomía e
independencia judicial.
57.
El primer argumento consiste en
que la administración de justicia se materializa en la aplicación de la ley y
de los derechos fundamentales, razón por la cual resulta posible asumir que las
providencias judiciales adoptadas por los jueces ordinarios encarnan la
aplicación concreta del derecho y la realización de los fines del Estado, como
la protección de los derechos fundamentales. El segundo argumento sostiene que
la cosa juzgada es el principio procesal que le asigna a las providencias
ejecutoriadas el carácter de inmutable, vinculante y definitivo, de manera que
cuestionar la validez de una sentencia judicial tiene el potencial riesgo de
vulnerar el principio de seguridad jurídica y despojar al derecho de la
eficacia para resolver de manera definitiva los conflictos sociales. El tercer
argumento sustenta que la regla general de improcedencia encuentra su
justificación en la autonomía e independencia judicial, ya que se presume que
la actividad judicial de las autoridades judiciales ordinarias está orientada
por la ley y no por razones de conveniencia u otros factores exógenos al
sistema jurídico[86].
58.
Sin embargo, los anteriores
argumentos que sustentan la regla general de improcedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, no pueden aplicarse cuando se verifiquen
las siguientes cosas: (i) causales genéricas y (ii) existencia de requisitos
especiales de procedibilidad. Para que proceda excepcionalmente se debe cumplir
con los siguientes requisitos genéricos:
a. Relevancia
constitucional. “Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional (…) En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”[87].
b. Agotamiento
de todos los medios de defensa.
“Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (…)”[88].
0
c. Inmediatez. “Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…)”[89].
d. En
materia procesal identificar la relevancia en la decisión. “Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…)”[90]
e. Identificación
de hechos de la vulneración.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…)[91].
f. Improcedencia
de la acción de tutela contra sentencia de tutela tutela. Que no se trate de sentencias de tutela (…)[92].
Frente a este requisito se pronunciará específicamente la Sala en el
parágrafo 61 de esta sentencia, toda vez que uno de los casos es una tutela
contra tutela.
g. Inexistencia
de cosa juzgada constitucional. Que
la parte actora no haya interpuesto previamente otra tutela contra providencias
judiciales dirigida contra la misma autoridad judicial y tenga materialmente
los mismos hechos y pretensiones.
59.
Adicional a los anteriores
requisitos generales, la Sentencia C-590 de 2005 estableció requisitos
especiales para la procedibilidad  de la tutela contra providencias judiciales.
Estas son:
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido. [o cuando por
exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia][93].
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales(…) o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado (negrillas fuera del texto original)
i.  Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando
la decisión se apoya en la interpretación de una disposición normativa en
contra de la Constitución Política o en aquellos casos en los que el juzgador
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, cuando existe una
violación manifiesta de la Constitución[94].
60.
La Sala reitera que, de
constatarse el cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales y
alguna de las causales específicas de procedibilidad, procede la acción de
tutela contra providencias judiciales. Se analizarán estos requisitos en cada
uno de los tres casos en la parte C de esta providencia.
(ii) Procedencia de
tutela contra sentencias de tutela
61.
La línea jurisprudencial de la
acción de tutela contra sentencias de tutela tiene un primer momento de
consolidación en la Sentencia SU-1219 de 2001, en la cual se aclara que la
falibilidad de los jueces de tutela no implica la procedencia de la tutela
contra ese tipo de providencias. Para contrarrestar las equivocaciones, el
fallo puede impugnarse y luego será remitido a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. Así lo dispone el artículo 86 de la Constitución Política:
“El
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión”.
62.
La Sala Plena concluyó en la
Sentencia SU-1219 de 2001 que no procede la acción de tutela contra sentencias
de tutela:
“La
decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión
una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y
material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por
parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión
de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el
establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se
resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de
la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico.
La ratio decidendi en este caso excluye la acción de tutela contra
sentencias de tutela. El afectado e inconforme con un fallo en esa
jurisdicción, puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar su
revisión.11 En el trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela
la Corte Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate
constitucional. Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la
materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o
de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la
cadena de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de
acciones de tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los
peticionarios intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que
consideraran más adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la
indefinición la solicitud de protección de los derechos fundamentales. La
Corte Constitucional, como órgano de cierre de las controversias
constitucionales, pone término al debate constitucional, e impide mantener
abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona,
para garantizar así su protección oportuna y efectiva (artículo 2 C.P.)”[95] (Énfasis añadido).
63.
Posteriormente, la Sentencia
SU-627 de 2015 recordó que la regla de la improcedencia de tutelas contra
tutelas no es absoluta. Así, esta providencia unificó una segunda fase de la
jurisprudencia en materia de tutela contra sentencia de tutela, en la cual
consagró las siguientes reglas:
(i)
Si la acción de tutela se
dirige contra la sentencia de tutela proferida por la Sala Plena o las Salas de
Revisión de la Corte Constitucional, no procede la acción de tutela y ello no
admite excepción alguna.
(ii)
Si la acción de tutela se
dirige contra una sentencia de tutela proferida por otros jueces o tribunales,
entonces no procede, a menos que “(i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación”[96].
(iii) Procedencia de tutela contra sentencias en procesos ejecutivos
hipotecarios
64.
En la Sentencia T-357 de 2014,
la Corte reiteró que la acción de tutela no procede por regla general contra
providencias en procesos ejecutivos hipotecarios, a menos de que concurran “dos
elementos sui generis de estos casos, a saber: (i) la vigencia del proceso
ejecutivo, es decir, que el proceso se encuentre en curso; y (ii) que el
accionante haya ejercido los recursos legales disponibles oportunamente, de
forma tal que la acción de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir
términos u oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las partes”.
65.
Estos requisitos fueron
desarrollados por la Sentencia T-294 de 2006 en los siguientes términos:
“Cuando
se trata de tutelas contra providencias judiciales proferidas en el curso de
procesos ejecutivos, antes de analizar la cuestión de fondo es preciso
verificar la concurrencia de dos elementos en cada caso. De una
parte, la vigencia del proceso ejecutivo, esto es, que el proceso ejecutivo
se encuentre en curso. De otra parte, que el accionante hubiese ejercido
los recursos legales disponibles oportunamente, de forma tal que la acción
de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir términos  u
oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las partes”[97](énfasis
añadido).
66.
La Sentencia SU-813 de 2007
sostuvo que era exigible, a diferencia del criterio de oportunidad, “un mínimo
de diligencia” en el proceso ejecutivo, el cual se podía constatar cuando se
había “solicitado la terminación del proceso ejecutivo o la nulidad del
mismo por haber continuado ilegítimamente”. Según la Corte, “[l]a
solicitud de terminación puede haber sido presentada en cualquiera de las
oportunidades de defensa al alcance del ejecutado o de manera específica en
cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo”. Por esa razón, en la parte
resolutiva de dicha providencia se ordenó a los jueces de tutela que:
“estén
conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos
ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el
precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, (a)
deberán conceder la acción de tutela cuando i) esta haya sido interpuesta de
manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate
o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso
ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo; (b) La
acción de tutela se considerará improcedente cuando se hubiere interpuesto con
posterioridad del registro del auto de aprobación del remate o de adjudicación
del inmueble”.[98]
67.
El ámbito de la aplicación de
esa sentencia de unificación, como bien lo establece su parte resolutiva, es
frente a los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad al 31
de diciembre de 1999. Así las cosas, si el proceso no está comprendido en ese
marco temporal, deberá aplicarse el criterio de oportunidad, el cual va en
concordancia con pronunciamientos posteriores de esta Corporación, según los
cuales la tutela no puede utilizarse para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear en el tiempo debido los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico[99].
68.
Conforme a ello en el caso de
las acciones de tutela contra sentencias adoptadas en procesos ejecutivos
hipotecarios iniciados después del 31 de diciembre de 1999 han sido previstas
dos condiciones especiales según las cuales, (i) el proceso ejecutivo
hipotecario debe encontrarse en curso y (ii) el accionante debe haber ejercido
todos los recursos legales disponibles oportunamente, es decir, en el
momento dispuesto legalmente para ello.
(iv) Cosa juzgada constitucional en materia de tutela. Reiteración de
jurisprudencia.
69.
Esta Corporación ha reiterado
que, en virtud del primer inciso del artículo 243 de la Constitución, una vez
un proceso de tutela es seleccionado para revisión y luego decidido por la
correspondiente Sala de Revisión, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada
constitucional[100]. Igualmente, hace tránsito a
cosa juzgada constitucional el proceso de tutela que ha surtido el proceso de
selección para revisión, ha precluido el plazo para insistir en la selección de
tutelas y no ha sido seleccionado por esta Corporación. En consecuencia, la
acción de tutela se encuentra sujeta a los parámetros de cosa juzgada con el
fin de no reabrir las controversias que ya han sido decididas por las
autoridades judiciales competentes y garantizar así la seguridad jurídica de
los fallos judiciales.
70.
Recientemente, en la Sentencia
T-019 de 2016 se reiteró un estándar que permite identificar cuándo se ha
violado el principio de cosa juzgada de un proceso de tutela que ya fue
decidido por la Corte Constitucional o excluido de su selección para su
revisión. Dicho estándar le permite al juez identificar cuándo existe una
violación a la cosa juzgada, a saber: “(i) que se adelante un nuevo proceso
con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso
exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso
se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los
mismos hechos”[101].
71.
Los elementos (ii), (iii) y
(iv) del estándar anterior son aquellos que determinan cuándo existe cosa juzgada.
Estos elementos fueron desarrollados inicialmente en la Sentencia C-774 de 2001[102]
en los siguientes términos:
“Identidad
de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material
o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o
varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y
la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos
o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,
caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa
juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión
que constituye cosa juzgada”.
Esta Sala considera
necesario precisar que el análisis de la existencia de cosa juzgada
constitucional, debe efectuarse verificando que materialmente no exista
identidad subjetiva, fáctica o de pretensiones entre las tutelas comparadas. En
efecto, algunas alteraciones parciales a la identidad no necesariamente
excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario, accionar a una persona más o
una menos puede significar, en todo caso, una identidad de sujetos. De igual
modo, una variación de los hechos o un nuevo elemento que no tiene incidencia
en las pretensiones ni en la decisión, tampoco puede ser razón per se
para afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar un hecho nuevo
que no tenga incidencia en la decisión no puede justificar reabrir una
controversia que ha cumplido el correspondiente trámite. Finalmente tener un
mismo objetivo y pretensión no significa que deba existir una redacción
idéntica de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez
pueda verificar que materialmente existe una pretensión equivalente[103].
C.
VERIFICACIÓN
DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES DE PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES O COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. CASO CONCRETO.
Caso No. 1 T-6034561 (Ovelio Triana Gallo contra el
Juzgado 1 Civil Municipal de Soacha y otros).
72.
Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución
Política  y los artículos 1 y 10 del Decreto 2591 de 1991 establecen que
cualquier persona estará legitimada para interponer, por sí mima o por quien
actúa por ella, la acción de tutela. El señor Ovelio Triana actuando en nombre
propio se encuentra legitimado por activa para interponer la acción de tutela.
73.
Legitimación por pasiva. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela procede contra la acción u omisión de autoridades
públicas. En este caso, ella se interpuso para cuestionar las actuaciones del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, el Juzgado Primero Civil
Municipal de Soacha y el Juzgado Civil Municipal de Descongestión, de manera
que se cumple este requisito.
74.
Inmediatez. Este requisito exige la interposición de la
solicitud  en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[104].
75.
La Sala encuentra que pese a
que acción de la tutela está dirigida contra la providencia emitida por el
Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha el 28 de julio de 2015
que declaró no probadas las excepciones propuestas por el accionante, su
verdadera pretensión, como se afirma en ella, es que “se declare la nulidad
del proceso desde el 22 de julio de 2010, fecha de emisión del
mandamiento de pago”.
76.
Para verificar el requisito de
inmediatez, es necesario precisar que el accionante ya había interpuesto una
acción de tutela previa el 3 de mayo de 2016, la cual fue negada y excluida de
revisión por esta Corporación mediante el Auto 28 de julio de 2016. Luego, interpuso
la acción de tutela objeto de revisión el 3 de noviembre de 2016, la cual ataca
la sentencia del 28 de julio de 2015 cuya apelación fue negada por el Juzgado
Civil Municipal de Descongestión de Soacha el 18 de agosto de 2015.
77.
La Sala considera que, de
tomarse como fecha de la vulneración la providencia del 28 de julio de 2015, ha
transcurrido un tiempo excesivo entre la providencia que se pretende revocar
con la acción (28 de julio de 2015) y la fecha de presentación de la segunda
acción de tutela (3 de noviembre de 2016)[105]. Y si se toma
como fecha de vulneración la providencia del 22 de julio de 2010, momento desde
el cual el accionante pide la nulidad del proceso, ha pasado un período de
tiempo aún mayor que demuestra la carencia de la inmediatez de la tutela.
78.
Adicionalmente, esta Corte ha
sostenido que el requisito de inmediatez es más estricto en materia de acciones
de tutela contra providencias judiciales en razón de que lo cuestionado es una
decisión judicial que ha puesto fin a un conflicto jurídico, presumiblemente de
conformidad con la ley y la Constitución[106]. Debido a la
exigencia reforzada en el análisis de inmediatez cuando se trata de una acción
de tutela contra providencias judiciales y al hecho de que el accionante
interpuso la acción, por lo menos, un año después de la fecha de la
vulneración, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela por ausencia
de inmediatez. Sin embargo, considera relevante en este caso precisar si,
además, existió cosa juzgada constitucionalidad.
Existencia de cosa juzgada constitucional.
79.
La Sala encuentra que el señor
Ovelio Triana ha interpuesto dos tutelas que prima facie podrían tener
relación material entre sí, ya que ambas están relacionadas con la supuesta
falta de reestructuración del crédito hipotecario del accionante y los defectos
de la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución del crédito.
80.
Esta Corte ha considerado
necesario analizar cuando se presenten dos tutelas que prima facie converjan
objetiva y subjetivamente. Conforme a ello debe establecerse si (i) hay
identidad de partes; (ii) hechos y (iii) pretensiones con el fin de establecer
si se presenta el fenómeno de temeridad en la actuación del accionante.
Identidad de sujetos procesales
81.
No hay identidad de partes en
sentido estricto, como se puede observar en el cuadro a continuación:
Tutela No. 1
(admitida el 3 de mayo de 2016)
Tutela No. 2
(interpuesta el 3 de noviembre de 2016)
Partes accionadas
Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha.
Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha. Banco Colpatria
Multibanca S.A.
Titularizadora Colombiana S.A.
Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha.
Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha.
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha.
82.
Como se puede observar, no hay
una identidad de partes en sentido estricto, ya que en la primera se
accionó, además de las autoridades judiciales, al Banco Colpatria. En la
segunda, en cambio, se accionó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha
que falló la primera tutela en primera instancia. A pesar de esas diferencias,
ello no implica que no exista una identidad de los sujetos procesales. Esta
Sala encuentra que no es posible sostener que no hay identidad de partes porque
el accionante en la segunda tutela decidió no accionar a una de las partes en
contra de la cual sí había promovido la solicitud de amparo. En efecto, la parte no accionada en la segunda
tutela no                  es la autoridad judicial que profirió la providencia
atacada, sino la entidad financiera que otorgó en el año 1997 el crédito
hipotecario. La accionante en la tutela sub examine no está solicitando
amparo frente a una actuación de un particular, sino frente a unos supuestos
defectos de una providencia judicial. Por consiguiente, sí existe identidad de
sujetos.
83.
Asimismo, la inclusión en la
segunda tutela del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha que fue la
autoridad que decidió en primera instancia la primera tutela, tampoco es un
argumento para sostener que no existe identidad procesal, en la medida que lo
impugnado no es la providencia de este juzgado, sino la supuesta no
reestructuración del crédito.
Identidad de hechos
84.
A juicio de este Tribunal, los
hechos en la dos acciones de tutela tienen una orientación idéntica en tanto
buscan explicar las condiciones del mismo crédito hipotecario, las actuaciones
del mismo proceso ejecutivo hipotecario y la reclamación de no reliquidación
del crédito. Aunque la formulación de los hechos puede variar, como por
ejemplo, que en la segunda tutela se haya mencionado la adjudicación del
inmueble, o el cobro de tasas de interés más alta, existe identidad material
del objeto y finalidad de la tutela que no es otra que atacar la no
reestructuración del crédito, lo cual es suficiente para verificar la identidad[107].
Por ello, la Sala concluye que existe identidad de hechos en las dos tutelas.
Identidad de pretensiones
85.
En la primera tutela el amparo
solicitado se resume en que se declare la nulidad “de todo lo actuado en el
proceso (…), desde cuando se profiere auto de mandamiento de pago (…) y ordenar
la terminación de este proceso”[108].
86.
En la segunda tutela el amparo
solicitado se resume en que se “ordene revocar la sentencia del 28 de julio
de 2015 emitida por el Juzgado Civil Municipal de Descongestión de Soacha y en
su lugar se declare la nulidad del proceso desde el 22 de julio de 2010, fecha
de emisión del mandamiento de pago por no aplicarse el alivio y reestructurar
el crédito”.
87.
De acuerdo con lo anterior, es
evidente que ambos amparos están dirigidos a la declaración de nulidad del
proceso ejecutivo hipotecario desde el mandamiento de pago, por lo cual existe
identidad de pretensiones.
88.
A pesar de que el accionante
considera que las dos tutelas son diferentes, en cuanto existe disparidad en
los hechos pretendidos, pues afirma que en la primera no se mencionaron los
asuntos relacionados con el cobro de la tasa de interés ni con la forma como se
cedió el crédito entre Colpatria y Titularizadora Colombia S.A., la Sala
constata que estos elementos no son suficientes para desvirtuar el verdadero
objeto y finalidad de la tutela que no es otro que rebatir nuevamente la
providencia que continuó con la ejecución, solicitando la nulidad del proceso
por la alegada no reestructuración del crédito.
89.
Observa la Sala que tanto el
Tribunal como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
advirtieron que, en este caso, el tutelante incurrió en temeridad en relación
con la queja sobre la falta de restructuración del crédito, pues en una
oportunidad anterior, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, “el quejoso
cuestionaba que la autoridad judicial tutelada continuara con la ejecución,
cuando el crédito no había sido sometido al trámite previsto por el legislador
en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999”, lo cual le lleva a concluir que “la
petición de amparo presentada en esta oportunidad guarda plena similitud con la
formulada con antelación, pues en ambos casos se cuestiona la negativa del juez
de la ejecución invalidar por falta del requisito de reestructuración”[109].
90.
Por lo expuesto anteriormente,
la Sala considera que la tutela revisada ya tiene cosa juzgada, pues reúne
identidad de sujetos procesales, hechos y pretensiones y, sobre todo, comparte
la finalidad y el objeto con la sentencia de tutela excluida de revisión por
esta Corporación[110].
91.
Asimismo, considera esta Sala
que ha operado la cosa juzgada constitucional respecto del amparo solicitado
por el accionante, según la siguientes reglas desarrolladas inicialmente en la
SU-1219 de 2001 y reiteradas sucesivamente por esta Corte:
“[C]uando el juez de tutela resuelve un asunto en concreto y
posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión judicial sobre
el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante[46]. Si la Corte en
ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso
para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria
del fallo de la propia Corte y, cuando no lo selecciona, la misma opera a
partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de
ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material,
por lo que no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el
mismo asunto[47], pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda
esta herramienta de cierre del sistema jurídico” (énfasis añadido)[111].
92.
Cabe señalar que en este caso,
se está ante una cosa juzgada constitucional, pues al no haber seleccionado
esta Corporación la primera tutela, ésta hace tránsito a cosa juzgada desde la
ejecutoria del Auto de selección del 28 de julio de 2016. Es decir, que no se
puede revivir el debate que se surtió en esa primera tutela y que tuvo como
resultado definitivo la negación del amparo solicitado. Máxime si en este caso,
el inmueble fue adjudicado, como lo relata el accionante, a un tercero, quien
ha actuado siguiendo el principio de seguridad jurídica.
93.
Por lo expuesto, la Sala
concluye que la acción de tutela tiene cosa juzgada constitucional, sin
embargo, ello no implica necesariamente que su conducta fue temeraria, pues,
como lo ha sostenido la Corte, se pueden presentar situaciones “en las que
hay cosa juzgada, pero no temeridad, lo cual puede ocurrir, por ejemplo,
cuando, de buena fe y, usualmente, con expresa manifestación de estar acudiendo
al amparo por segunda vez, se interpone una segunda tutela debido a la
convicción fundada de que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada”[112]. En este caso, el accionante
no estaba obrando de mala fe, pues en su entender no existía identidad procesal
ni fáctica con la tutela anterior, a pesar de que el objeto y la finalidad sí
convergieran. En razón a lo anterior, la Sala no considera que se configura la
temeridad y, por ello, no impondrá la sanción pecuniaria, según lo dispuesto en
el parágrafo tercero del art. 25 del Decreto 2591 de 1991[113].
94.
En suma, la acción de tutela no
es procedente no solo por la falta de inmediatez, sino también por configurarse
la existencia de una cosa juzgada constitucional, en tanto que presentó en una
oportunidad anterior una tutela que sustancialmente pretendía lo mismo que la
revisada en esta providencia.
Caso No. 2 T-6029799 (Luis Emilio Niño Díaz contra
la Corte Suprema de Justicia)
95.
Legitimación por activa. El señor Luis Emilio Niño, actuando en
nombre propio, se encuentra legitimado por activa para interponer la acción de
tutela.
96.
Legitimación por pasiva. La acción de tutela se dirige contra la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que es una autoridad pública, y en
consecuencia, existe legitimación por pasiva.
97.
Inmediatez. El 21 de septiembre de 2016, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profiere el fallo que se ataca
en esta acción de tutela. La acción de tutela fue interpuesta por el señor Niño
el 27 de octubre de 2016, es decir, casi un mes después de la
providencia judicial –sentencia de tutela- en contra de la que dirige su
solicitud. Por lo anterior, la Sala considera que se cumple el requisito de
inmediatez.
Ausencia de requisito general de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. Existencia de acción de tutela contra sentencia de
tutela. No se demuestra de manera clara y suficiente una situación de fraude en
la sentencia de tutela
98.
Al revisar la providencia de
tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se
encuentra que dicho Tribunal concluyó que el crédito objeto de la garantía
hipotecaria no era un crédito hipotecario de vivienda, sino un mutuo comercial[114],
razón por la cual, a su entender, no le son aplicables las disposiciones de la
Ley 546 de 1999. Particularmente, la Sala de Casación Civil sostuvo lo anterior
luego de constatar que el accionante “adquirió el predio mediante la
Escritura Pública No. 975 del 13 de abril de 1993 de la Notaría Trece de Bogotá,
por compra que le hiciera a Jaime Gutiérrez Castillo, y sólo el 19 de noviembre
de 1996, esto es, 3 años después, hipotecó el inmueble para garantizar el mutuo
a favor del Banco Colmena”[115]. Este período de tiempo de
tres (3) años, lo hizo concluir que no se trataba de un crédito hipotecario,
pues de haberlo sido, la hipoteca se hubiera constituido al momento de obtener
el crédito.
99.
La Sala no advierte que exista
una situación de fraude clara y suficiente que amerite la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra una providencia de esa misma
naturaleza. En la Sentencia T-218 de 2012, esta Corte sostuvo que “la cosa
juzgada fraudulenta se predica cuando el dolo se ha materializado en la
sentencia judicial”. Pero, no existe una demostración clara y suficiente
que pueda llevar a esta Sala a sostener que se ha materializado el dolo en la
providencia impugnada por calificar un crédito como mutuo comercial con base en
una valoración de las pruebas que obraban en el expediente de tutela. Así las
cosas, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela contra la sentencia
de tutela adoptada por la Corte Suprema de Justicia.
Caso No. 3 T-6037406 (Flor Elva
Cárdenas Velandia contra el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de
Bogotá)
100.
Legitimación por activa. La acción de tutela se interpuso por el apoderado
Yefferson Mauricio Dueñas, apoderado de la señora Flor Elva Cárdenas, quien
está legitimada por activa para interponer la acción de tutela.
101.
Legitimación por pasiva. La acción de tutela se dirige contra el Juzgado
Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, autoridad pública y, por
tanto, con legitimación por pasiva.
102.
Inmediatez. El 12 de abril de 2016 se profirió la providencia
que negó la solicitud de nulidad de lo actuado dentro del proceso ejecutivo
hipotecario. Sin embargo, el recurso de queja contra la providencia fue
resuelto el 21 de agosto de 2016. La tutela se presentó el 18 de noviembre de
2016, es decir, que se presentó dentro de un término razonable después de la
resolución del recurso de queja.
103.
Subsidiariedad. En materia de tutela contra providencias
judiciales, el requisito de subsidiariedad debe tener en cuenta tres
situaciones que, de comprobarse, llevan a su improcedencia, estas son: “(i) el
asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”[116].
Cuando se trata de procesos ejecutivos hipotecarios, tal como se explicó en el
parágrafo 63 de esta providencia, uno de los requisitos especiales consiste en
el ejercicio oportuno de los recursos procesales disponibles, de manera que la
tutela no se convierta en un mecanismo para revivir términos u oportunidades
procesales.
104.
En la Sentencia T-294 de 2006[117],
la Corte aclaró que “cuando se trata de tutelas contra providencias
judiciales proferidas en el curso de procesos ejecutivos, antes de analizar la
cuestión de fondo es preciso verificar la concurrencia de dos elementos en cada
caso. De una parte, la vigencia del proceso ejecutivo, esto es, que el proceso
ejecutivo se encuentre en curso. De otra parte, que el accionante hubiese
ejercido los recursos legales disponibles oportunamente, de forma tal que la
acción de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir términos  u
oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las partes”.
105.
Teniendo en cuenta que este
proceso fue iniciado en el año 2007, es decir, después del 31 de diciembre de 1999,
no es aplicable el precedente de la Sentencia SU-813 de 2007 para el análisis
de procedibilidad de la tutela[118], el cual se restringe a los
procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999. De manera que este
proceso debe seguir la regla general de tutela contra los procesos ejecutivos y
otras providencias judiciales fijada en la sentencia T-294 de 2006 y otras
posteriores[119], en las cuales se establece
que no es suficiente una mínima diligencia, sino que se exige una actuación
diligente materializada en la interposición oportuna de los recursos
legales disponibles con el fin de que la tutela no se convierta en un mecanismo
para revivir términos u oportunidades procesales.
106.
De acuerdo con lo anterior, la
Sala procederá a verificar: (i) si el proceso ejecutivo hipotecario con
radicado No. 11-2007-407 se encuentra vigente y (ii) si el accionante ejerció
todos los recursos legales disponibles oportunamente con el fin de
evitar que la acción de tutela se convierta en un pretexto para revivir
inactividades o negligencias procesales de las partes.
El proceso ejecutivo hipotecario se encuentra vigente
107.
De acuerdo con la información
extraída de la consulta de procesos de la Rama Judicial-Consejo Superior de la
Judicatura, se puede verificar que el proceso ejecutivo hipotecario
11001-3103-011-2007-00-407-00 del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Bogotá se encuentra vigente a la fecha. En efecto,
la última actuación registrada y surtida en el proceso es el Auto del 20 de
abril de 2017 en el que se decreta el embargo del inmueble hipotecado.
El accionante no ejerció oportunamente los recursos legales disponibles
108.
En la tutela promovida por el
apoderado de la accionante, se argumenta que la decisión adoptada el 12 de
abril de 2016, que negó la nulidad de lo actuado dentro del proceso ejecutivo,
debe ser anulada por dos razones. En primer lugar, porque el juez de ejecución
se extralimitó de su competencia al modificar el alcance sustancial de la
obligación por cambiar la unidad de valor de la obligación de pesos en UVR. En
segundo lugar, porque el juez reconoció equivocadamente la personería jurídica
al apoderado del cesionario del crédito, ignorando que el poder fue otorgado
por el señor Pardo actuando en calidad de representante legal de la sociedad
Enrique Pardo y Cía. Ltda. y no como persona natural, pues era él y no la
sociedad la cesionaria del crédito.
109.
Antes de analizar estas
razones, es imprescindible determinar si el accionante interpuso de manera oportuna
los recursos legales disponibles para pretender la declaración de los defectos
fácticos y sustantivos que alega y si tenía legitimidad para solicitar la
nulidad por indebida representación.
110.
Según las actuaciones dentro
del proceso ejecutivo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Descongestión
ordenó el 5 de agosto de 2011 seguir adelante con la ejecución en contra de la
accionante, pues “dentro del término legal no contestó la demanda ni propuso
medio exceptivo”[120]. Es evidente que la
oportunidad para alegar que la obligación no estaba pactada en UVR sino en
pesos, era durante el trámite de las excepciones en el proceso, lo cual no se
hizo porque la accionante alega que no fue notificada debidamente, a pesar de
que el juzgado de origen haya proferido el Auto del 10 de julio de 2008,
mediante el cual dio por surtida en legal forma la notificación por aviso de la
demanda.
111.
En este caso, si la
notificación se hizo o no en debida forma resulta irrelevante, toda vez
que la accionante, en caso de existir un vicio de nulidad por falta de
notificación, subsanó esa situación al actuar en el proceso y no alegar en sus
primeras actuaciones la indebida notificación[121].
112.
La pregunta fundamental es si
el accionante alegó la nulidad por falta de competencia funcional una vez actúo
en el proceso o, mejor, si oportunamente presentó los recursos disponibles para
exceptuar el cobro de una obligación dineraria fijada inicialmente en pesos,
pero convertida en UVR. Incluso, debe examinarse si la accionante por dejar
pasar la oportunidad procesal para presentar la excepción frente al cobro de la
obligación dineraria, está convirtiendo un asunto sustancial, como lo es la
unidad de valor de la obligación dineraria, en un asunto procesal, como lo es
el relativo a la falta de competencia funcional del juez de ejecución de
admitir la conversión de pesos a UVR.
113.
La Sala encuentra que el 21 de
febrero de 2012 el juzgado recibió el primer memorial de la accionante en el
cual confiere poder al abogado Manuel Antonio Merchán Ávila para que la
represente en el proceso de la referencia. En dicho memorial acompaña,
adicionalmente, una solicitud de autorización de pago al acreedor. El 1 de
marzo de 2012 el juzgado de origen reconoció personería jurídica al apoderado
judicial de la accionante y negó la solicitud de autorización de pago por el
monto de $330.000.000, soportando su decisión en que el escrito aportado por el
apoderado como fundamento para la valoración del contrato de cesión era un
documento que no da cuenta del verdadero valor del contrato de cesión, sino de
la oferta que por éste se hizo.
114.
Adicionalmente, otra actuación
previa a la solicitud de nulidad por violación al criterio de competencia
funcional fue una solicitud de nulidad por indebida notificación, la cual
tampoco prosperó, pues la accionante la subsanó al actuar en el proceso sin
proponerla.
115.
Se advierte que el apoderado
judicial de la accionante, en lugar de proponer el incidente de nulidad por
falta de competencia oportunamente, esto es, en la primera actuación del
proceso, presentó una pretensión para que el juzgado lo autorizara a pagar la
suma de $330.000.000, valor que se encuentra reflejado en la oferta de compra
de los derechos del crédito hipotecario para extinguir la obligación dineraria[122].
En otras palabras, el accionante no presentó inicialmente excepciones,
nulidades o inconformidades sobre la conversión del crédito de pesos a UVR.
116.
Más aún, posteriormente el 9 de
marzo de 2012, el apoderado judicial de la accionante presentó un recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra el Auto del 1 de marzo de 2012, en
el cual omitió cualquier objeción asociada con la supuesta indebida
notificación o con la conversión de la obligación sustantiva de pesos a UVR.
117.
Tiempo después, y con la
representación de un apoderado judicial distinto, se interpuso el recurso
extraordinario de revisión para que se declarara nulo todo lo actuado desde el
auto que libra mandamiento ejecutivo[123]. Sin embargo, en
dicha oportunidad la apoderada omitió cualquier objeción frente a la conversión
de pesos a UVR y se limitó a expresar que el cedente no tenía la facultad para
ceder el crédito hipotecario y que no existieron las exigencias de notificación
del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, sin dar razones ni aportar
pruebas que acrediten la indebida notificación.
118.
Cabe precisar que esta Sala no
comparte las apreciaciones de los apoderados de la accionante[124],
según las cuales el juez de ejecución constituyó una nueva relación jurídica al
admitir la ejecución en UVR. Por un lado, el juez se fundamentó en el artículo
39 de la Ley 546 de 1999 conforme al cual: “los pagarés mediante los cuales
se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando
estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en
UVR, por ministerio de la presente ley”. La conversión de pesos a UVR tuvo
fundamento en este artículo, según lo sustentó el juez de ejecución, razón por
la cual más que una nulidad por falta de competencia funcional, se presenta una
interpretación y aplicación por parte del juez de una ley. Por otro lado, la no
presentación oportuna de los recursos judiciales a su disposición como las
excepciones relacionadas con la modificación de la unidad de valor de la
obligación dineraria de pesos a UPAC o un eventual error de derecho denota la
falta de uno de los requisitos para la procedencia de la tutela: la
interposición oportuna de los recursos judiciales disponibles.
119.
Adicionalmente, esta Corte ha
sostenido que el desbordamiento de la competencia funcional es un defecto
orgánico, el cual se configura cuando “la autoridad que dictó la providencia
carecía, en forma absoluta, de competencia para conocer de un asunto”[125],
situación que no corresponde al caso, pues el juez de ejecución sí tenía
competencia para adelantar el cobro coactivo de una obligación clara, cierta y
exigible. La competencia funcional, como lo ha sostenido esta Corporación, “comprende
la llamada competencia vertical en contraposición a la horizontal que se
presenta en el factor territorial, y comprende tanto la competencia por grado
como según la etapa procesal en que se desenvuelva”, pero no, como lo
afirman los apoderados de la accionante[126], por modificar la
unidad de valor de una obligación se está incurriendo necesariamente en el
vicio de falta de competencia funcional. De lo contrario, se llegaría a la
paradójica conclusión de que toda modificación de la unidad de valor de la
obligación comportaría una nulidad por el desbordamiento de competencia
funcional.
120.
En efecto, la Sala considera
que la accionante, a través de sus apoderados judiciales en el proceso
ejecutivo hipotecario, no propuso oportunamente los recursos legales a su
disposición para objetar la conversión de pesos a UVR del crédito hipotecario
ni tampoco controvirtieron la posición de que la modificación de pesos a UVR
procedía de la Ley 546 de 1999. La tutela, como lo ha sostenido esta
Corporación, “no está contemplada para subsanar las eventuales negligencias
de las partes dentro del proceso. De lo contrario se estaría atentando con el
derecho de defensa de la contraparte en el proceso quien no pudo conocer dentro
del escenario natural los argumentos de su contrario y en esa medida no los
controvirtió”[127].
121.
En relación con la equivocación
de la autoridad judicial de reconocerle personería jurídica al apoderado
judicial ignorando que no fue Enrique Pardo Benjumea, cesionario del crédito,
quien otorgó el poder, sino la sociedad Enrique Pardo y Cía. Ltda. por medio de
su representante legal, también el señor Enrique Pardo Benjumeda, basta decir
que el accionante no podía alegar la nulidad por indebida representación, toda
vez que no tenía interés para proponerla, según lo disponía el artículo 143 del
Código de Procedimiento Civil[128].
122.
El accionante confunde su
interés general en el proceso en tanto parte del mismo con el interés y la
afectación exigida como presupuesto para solicitar la nulidad por indebida
representación. Esta Corporación ha sostenido:
“Es
claro que la exigencia legal de que la nulidad por indebida representación se
invoque por afectado, alude a la afectación que se desprenda de los hechos
constitutivos de la causal de nulidad y no al interés general que las personas
puedan tener en el resultado del proceso o de una actuación específica
dentro del mismo.  Así, por ejemplo, la nulidad por falta de notificación, sólo
puede alegarla la persona que debía haber sido notificada, y es de esa
condición de donde se deriva la afectación que la habilita para solicitar la
nulidad. Lo propio ocurre en el caso de indebida representación, puesto que
es quien no estuvo representado en la actuación o quien lo estuvo
indebidamente, quien tiene un interés para solicitar la nulidad” (énfasis
añadido)[129].
123.
Así pues, quien tiene interés
para proponer la nulidad por indebida representación no es la otra parte del
proceso, sino aquel que ha sido indebidamente representado, situación que no
ocurre en este caso, pues el señor Pardo Benjumea, quien tiene interés legítimo
sobre esta causal, no solicitó la nulidad[130].
124.
Así las cosas, la vulneración
de los derechos fundamentales que invoca la accionante derivada de (i) la
modificación de la obligación dineraria de pesos a UVR y (ii) la indebida
representación del cesionario del crédito, no serán revisadas a fondo. En el
primer caso, porque la accionante no interpuso oportunamente los recursos
procesales a su alcance para controvertir la modificación a UVR del crédito y
porque por mandato de la ley se establece la conversión. Y en el segundo caso,
porque la accionante carece de interés para solicitar la nulidad de lo actuado
por indebida representación, ya que dicha nulidad solo puede proponerla quien
efectivamente haya sido representado indebidamente.
125.
Esta Sala refuerza la
justificación anterior, especialmente lo relativo a la no interposición
oportuna de los medios judiciales disponibles, recordando que esta Corporación
afirmó que:
“La
jurisprudencia de la Corte también ha sido enfática en sostener que la
controversia en sede de tutela de las providencias judiciales no puede
convertirse en un recurso o en una instancia adicional.  El principio de
autonomía judicial contenido en los artículos 228, 230 y 246 Superiores, impide
que el juez constitucional adelante un control de legalidad sobre el
procedimiento judicial, por lo que su competencia se encuentra limitada
exclusivamente a los conflictos de rango constitucional que surjan de la
actividad judicial.
“Así
mismo, la procedencia de este amparo se encuentra supeditada a que el
accionante haya acudido previamente a los mecanismo procesales previstos en el
ordenamiento jurídico para subsanar las irregularidades en las que pueda haber
incurrido el juez. Como mecanismo residual y subsidiario, la acción de
tutela no puede remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la
satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las
partes en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos previstos
legalmente para ello. En efecto, al respecto esta Corporación ha dicho que:
“(...)
si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a
la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo.
En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial
ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o
lesión constitucional". (Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz”[131]) (énfasis añadido).
126.
La acción de tutela no puede
convertirse en un medio que subsane y corrija las negligencias o actuaciones
procesales inoportunas de las partes en el curso de un proceso judicial, pues
con ello no solo se estaría vulnerando el derecho de defensa de la otra parte
del proceso, quien sí ha asumido los deberes y cargas procesales exigidos (art.
228 C.P.), sino también se estaría contrariando la autonomía judicial por
revivir cuestiones procesales que pudieron ser ventiladas oportunamente ante
los jueces a quienes le compete la dirección del proceso.
127.
Especial mención debe hacerse a
que la accionante ya había presentado previamente una acción de tutela en la
que ventiló no solo la falta de legitimación en la causa de la otra parte, por
cuanto el poder no había sido otorgado en debida forma, sino también la
conversión de la obligación en UVR[132] y cuya finalidad era ordenar
la nulidad de lo actuado a partir del auto del 15 de julio de 2010. Esta tutela
fue negada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por considerar
que desde la fecha que se libró el mandamiento de pago (12 de septiembre de
2007) hasta la fecha de interposición de la primera tutela (24 de septiembre de
2015), han pasado más de seis meses, por lo cual no existe el requisito de
inmediatez de la acción[133]. Esta decisión fue confirmada
por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 6 de noviembre de 2015.
128.
Según lo expuesto, la Sala
considera que la tutela no es el escenario natural de discusión sobre la
reliquidación o conversión de las unidades de valor de los créditos
hipotecarios, máxime si el accionante demuestra negligencia y descuido en
cuanto no interpuso oportunamente los medios de defensa que cuenta para
controvertir los supuestos yerros de la providencia atacada. En efecto, (i) si
bien está vigente el proceso ejecutivo hipotecario, (ii) el accionante no
formuló oportunamente los recursos legales a su disposición para controvertir
las decisiones judiciales, pues en lugar promover la nulidad de lo actuado por
indebida notificación para luego proponer las excepciones asociadas a la
conversión de pesos a UVR, solicitó la autorización del pago para extinguir la
obligación contenida en el crédito hipotecario. Así las cosas, la Sala
declarara la improcedencia de la tutela.
D.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
129.
En el proceso T-6034561
(Ovelio Triana) el accionante interpuso acción de tutela para revocar la
sentencia del 28 de julio de 2015, emitida por el Juzgado Municipal de
Descongestión de Soacha por no aplicarse el alivio y la reestructuración del
crédito, a pesar de que el accionante ya había interpuesto una acción de tutela
previamente en la que ventiló asuntos cuya finalidad era materialmente
equivalente a la solicitada en la nueva oportunidad: indicar que no hubo
reliquidación del crédito hipotecario. Por lo anterior, solicitó en su escrito
de amparo la declaración de nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo
hipotecario en el que ya se había aprobado el remate del inmueble a favor de un
tercero.
130.
La Sala sostuvo que no se
cumplía el requisito de inmediatez, toda vez que había transcurrido un
tiempo excesivo entre la providencia más cercana en el tiempo que se pretende
revocar con la acción (28 de julio de 2015) y la fecha de presentación de la
segunda acción de tutela (3 de noviembre de 2016)[134].
Igualmente, afirmó que existía cosa juzgada constitucional, ya que el
accionante había interpuesto una tutela previamente que había sido negada y
excluida de la selección por esta Corporación con la cual se comprobaba una
identidad de sujeto, hechos y pretensiones. Sin embargo, no existía temeridad
por cuanto se consideró que el accionante actúa bajo el criterio de que no
existía la identidad mencionada entre los hechos, sujetos y pretensiones.
131.
En el proceso T-6029799 (Luis
Emilio Díaz) el accionante interpuso tutela para revocar la sentencia de
tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
el 21 de septiembre de 2016 por considerar que el crédito que adquirió la
accionante con el Banco Colmena no era un crédito hipotecario de vivienda, sino
un mutuo comercial, razón por la cual no era necesaria la reestructuración del
crédito en los términos de la Ley 546 de 1999.
132.
La Sala no advirtió una
situación de fraude que ameritara la procedencia de la acción de tutela contra
una sentencia de tutela, por lo cual consideró improcedente el amparo.
133.
En el proceso T-6037406
(Flor Elva Cárdenas) la accionante interpuso acción de tutela para que
se declarara la nulidad de la providencia del 12 de abril de 2016 del Juzgado
de Ejecución que negó la solicitud de nulidad de lo actuado dentro del proceso
hipotecario ejecutivo. La Sala sostuvo que el accionante no cumplió con los
requisitos para la procedencia especial de tutela contra providencias en
procesos ejecutivos hipotecarios, pues no desplegó oportunamente los
recursos procesales a su alcance para anular lo actuado, de suerte que la
tutela no es el escenario para enervar omisiones procesales que se presentaron
en el proceso.
134.
Asimismo, constató la Sala que
uno de los defectos alegados por la accionante, a saber, la nulidad por
indebida representación, solo puede ser promovida por quien fue indebidamente
representado en un proceso judicial y no por la otra parte del proceso y,
además, ya se había formulado previamente una acción de tutela para impugnar
este asunto, la cual fue negada por falta de interés en la nulidad.
135.
Para sustentar lo anterior, la
Sala utilizó las siguientes sub-reglas:
(a)
No procede la
acción de tutela contra providencias judiciales cuando ha transcurrido un
tiempo más allá de lo razonable entre la providencia que se pretende impugnar y
la fecha de presentación de la acción de tutela.
(b)
No procede la
acción de tutela contra una sentencia de tutela cuando no se demuestra de
manera clara y suficiente la ocurrencia de un fraude o dolo que quede plasmado
en la providencia.
(c)
No procede la
acción de tutela contra providencias en procesos ejecutivos hipotecarios
iniciados después del 31 de diciembre de 1999 si el accionante no desplegó y
presentó oportunamente los recursos procesales disponibles para advertir
un defecto.
136.
En consecuencia, no es
posible que la Corte conceda la protección, sino que antes bien declara
improcedentes las tutelas.
II.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional
de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- En el expediente T-6034561, REVOCAR la
sentencia del 19 de enero de 2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la providencia del 21 de noviembre
de 2016 proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Cundinamarca que negó el amparo de los derechos invocados por Ovelio Triana
Gallo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por las
razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- En el expediente T-6037406, REVOCAR la
sentencia del 2 de febrero de 2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la sentencia proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de noviembre de 2016 que negó el
amparo de los derechos invocados por la señora Flor Elva Cárdenas Velandia y,
en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero.- En el expediente T-6029799, REVOCAR la
sentencia del 31 de enero de 2017 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la providencia de tutela proferida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 9 de
noviembre de 2016 que negó el amparo de los derechos invocados por el señor
Luis Emilio Niño Díaz y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela por las razones expuestas en esta providencia.
Cuarto.- ORDENAR por vía de la Secretaría de esta
Corporación que haga efectiva la devolución del expediente del proceso
ejecutivo hipotecario No. 110014003050-2003-01551-00 al Juzgado Ochenta Civil
Municipal.
Quinto.- ORDENAR por vía de la Secretaría de esta Corporación que
haga efectiva la devolución del expediente del proceso de tutela 201600122 al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha.
Sexto.- ORDENAR por vía de la Secretaría de esta Corporación que
haga efectiva la devolución del expediente del proceso ejecutivo hipotecario
257544003001-2010-00451-00 al Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito de
Soacha.
Séptimo.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través de los juzgados de instancia, previstas
en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Octavo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. o
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
[1] Folio 5 del cuaderno primero.
[2] Folio 2 del cuaderno primero.
[3] Folio 73 del cuaderno principal del proceso ejecutivo
de Titularizadora Colombiana S.A. contra Ovelio Triana Gallo y Martha Janneth
García.
[4] Ibíd y folio 76 del cuaderno primero del proceso
ejecutivo de Titularizadora Colombiana S.A. contra Ovelio Triana Gallo y Martha
Janneth García.
[5] Folio 6 del cuaderno primero.
[6] Folio 7 del cuaderno primero.
[7] Folio 77 del cuaderno primero del proceso ejecutivo
de Titularizadora Colombiana S.A. contra Ovelio Triana Gallo y Martha Janneth
García.
[8] Folio 137 del cuaderno principal del proceso
ejecutivo de Titularizadora Colombiana S.A. contra Ovelio Triana Gallo y Martha
Janneth García. Este memorial se volvió a presentar el 9 de mayo de 2011.
[9] Folio 7 del cuaderno primero y folio 8 del cuaderno
segundo.
[10] Folio 403 del cuaderno primero del proceso ejecutivo
de Titularizadora Colombiana S.A. contra Ovelio Triana Gallo y Martha Janneth
García.
[11] Folio 412 y 413 del cuaderno primero del proceso
ejecutivo de Titularizadora Colombiana S.A. contra Ovelio Triana Gallo y Martha
Janneth García.
[12] Folio 40 del cuaderno primero.
[13] Numeral 3 y 5 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil: “El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos: 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior,
revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva
instancia” y “5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se
reanuda antes de la oportunidad debida”.
[14] Folio 7 del cuaderno primero.
[15] Flio7 del cuaderno primero.
[16] Folio 8 del cuaderno primero.
[17] Ibíd.
[18] Folio 59 del cuaderno primero del proceso de tutela
201600122.
[19] Folio 24ª del cuaderno primero.
[20] Folio 23 del cuaderno primero.
[21] Folio 27 del cuaderno primero.
[22] Folio 27 del cuaderno primero.
[23] Folio 28 del cuaderno primero.
[24] Folio 28 del cuaderno primero.
[25] Cf. Folio 41 del cuaderno primero.
[26] Folio 43 del cuaderno primero.
[27] Folio 10 del cuaderno segundo.
[28] Folio 10ª del cuaderno segundo.
[29] Folio 11 del cuaderno segundo.
[30] Folio 39 del cuaderno segundo.
[31] Las pruebas decretadas se hicieron de conformidad con
el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte
Constitucional) que afirma lo siguiente: “Con miras a la protección inmediata y
efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de
revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador,
si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado,
se pondrán a disposición de las partes o terceros con interés por un término no
mayor a tres (3) días para que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el
cual el expediente quedará en la Secretaría General…”.
[32] Folios 4 al 17 del cuaderno primero del proceso
ejecutivo hipotecario.
[33] El literal C del artículo 1 de la Resolución Externa
19 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República establece lo siguiente:
Art. 1. En sus operaciones de crédito las corporaciones de ahorro y vivienda
podrán estipular libremente con el beneficiario los plazos de sus préstamos,
salvo los siguientes casos: c. El plazo de los préstamos otorgados a quienes
construyan o adquieran edificaciones distintas de vivienda, conforme al literal
g. del artículo 2.1.2.3.8. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no
podrá exceder de 10 años.”
[34] Ver demanda ejecutivo que obra en el folio 37 del
cuaderno 1 del expediente del proceso ejecutivo hipotecario.
[35] Las excepciones de mérito propuestas fueron (i) pago
o pago parcial; (ii) inconstitucionalidad de la obligación incoada y (iii)
cobro de lo no debido (ver folio 79 y 80 del cuaderno 1 del expediente del
proceso ejecutivo).
[36] Folio 285 del cuaderno 1 del expediente del proceso
ejecutivo.
[37] Folio 14 del cuaderno principal.
[38] Folio 16 del cuaderno principal.
[39] Folio 24 del cuaderno principal.
[40] Folio 25 del cuaderno principal.
[41] Folio 29 del cuaderno principal.
[42] Folio 29 del cuaderno principal.
[43] Folio 38 del cuaderno principal.
[44] Folio 27 y 28 del cuaderno principal.
[45] Folio 29 del cuaderno principal.
[46] Folio 58 del cuaderno segundo.
[47] Folio 73 del cuaderno segundo.
[48] Folios 5 y 6 del cuaderno tercero.
[49] Folio 11 del cuaderno tercero.
[50] Las pruebas decretadas se hicieron de conformidad con
el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte
Constitucional) que afirma lo siguiente: “Con miras a la protección inmediata y
efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de
revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador,
si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado,
se pondrán a disposición de las partes o terceros con interés por un término no
mayor a tres (3) días para que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el
cual el expediente quedará en la Secretaría General…”.
[51] Folio 29 del cuaderno cuatro.
[52] Folio 5 y 140 del cuaderno principal.
[53] Folio 28 del cuaderno principal.
[54] Folio 17 y 140 del cuaderno principal.
[55] Folio 140 del cuaderno principal.
[56] Folio 44ª del cuaderno tercero.
[57] Folio 29 del cuaderno principal.
[58] Folio 31 del cuaderno principal.
[59] Folio 32 del cuaderno principal.
[60] Folio 140 del cuaderno principal.
[61] Folio 35 del cuaderno principal.
[62] Folio 141 del cuaderno principal.
[63] Folio 271 del cuaderno principal.
[64] Folio 43 del cuaderno principal.
[65] Folio 63 del cuaderno principal.
[66] Folio 72 del cuaderno principal.
[67] Folios 74 y 75 del cuaderno principal.
[68] Folio 142 del cuaderno principal.
[69] Folio 127 del cuaderno principal.
[70] Folio 127 del cuaderno principal.
[71] Folio 146 del cuaderno principal.
[72] Folio 136 del cuaderno principal.
[73] Folio 164ª del cuaderno principal.
[74] Folio 178 del cuaderno primero.
[75] Folio 181 del cuaderno primero.
[76] Folio 194 del cuaderno primero.
[77] Folio 195 del cuaderno primero.
[78] Folio 48 y 48ª del cuaderno tercero.
[79] Las pruebas decretadas se hicieron de conformidad con
el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte
Constitucional) que afirma lo siguiente: “Con miras a la protección inmediata y
efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de
revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador,
si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado,
se pondrán a disposición de las partes o terceros con interés por un término no
mayor a tres (3) días para que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el
cual el expediente quedará en la Secretaría General…”.
[80] Folio 16 del cuaderno cuarto.
[81] Folio 34 del cuaderno cuarto.
[82] Cf. Folio 35 y 36 del cuaderno cuarto.
[83] Folio 38 del cuaderno cuarto.
[84] Folio 38 del cuaderno cuarto.
[85] Folio 142 del cuaderno cuarto.
[86] Cf. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
[87] Cf. Sentencia C-590 de 2005.
[88] Ibíd.
[89] Ibíd.
[90] Ibíd.
[91] Ibíd.
[92] Corte Constitucional. Cf. Sentencia C-590 de 2005 y
reiterada, entre otras por esta Sala de Revisión, en la Sentencia T-060 de
2016.
[93] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2012.
[94] Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005
haciendo referencia a las Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de
2000 y T-1031 de 2001.
[95] Esta regla de no procedibilidad de la tutela contra
sentencias de tutela se reitera en las Sentencias T-021, T-174, T-192, T-217,
T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-528 de
2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de
2011; T-208 de 2013; SU-627 de 2015 (aunque en este último caso con algunos
ajustes que se explican en esta providencia).
[96] Cf. Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.
[97] Corte Constitucional. Sentencia T-357 de 2014.
[98] Corte Constitucional. Sentencia SU-813 de 2007.
[99] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-396 de 2014,
SU-037 de 2009 y T-753 de 2006.
[100] Ver Sentencia T-661 de 2013, reiterada en la
Sentencia T-001 de 2016.
[101] Corte Constitucional. Sentencia T-019 de 2016.
[102] Los elementos de la cosa juzgada desarrollados en
esta tutela se hacen a partir de un análisis de la “cosa juzgada” en materia
procesal general. Cabe anotar que estos fueron reiterados, entre otros, por las
Sentencias C-622 de 2007 y T-218 de 2012.
[103] Es necesario distinguir entre identidad formal e
identidad material, entendiendo por lo primero una identidad e isomorfismo
entre la acción de tutela anterior y la que actualmente se está revisando, lo
cual implica que exista el mismo relato de hechos, las mismas pretensiones, los
mismos fundamentos jurídicos y así sucesivamente. En cambio, la identidad
material o sustancial reconoce que las acciones pueden tener expresiones
distintas y redacciones diferentes, sin embargo, tienen la misma causa petendi,
las mismas partes y el mismo objeto, lo cual significa, por ejemplo, que si en
la acción de tutela anterior se acciona a X, Y y Z y en una nueva tutela se
acciona solo a X y Z, el juez debe analizar si, a pesar de no existir una
identidad formal, existe una identidad material.
[104] En la Sentencia T-060 de 2016, se explicó con detalle
el requisito de inmediatez en tutelas contra providencias judiciales en los
siguientes términos: “Teniendo en cuenta que la causa de la posible vulneración
del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia se origina en una sentencia judicial, la Sala Tercera de Revisión
considera que, para el caso en concreto, el término oportuno y razonable para
iniciar la demanda se determina con fundamento en los siguientes criterios
decantados por la jurisprudencia (…) (i) [d]eterminación de si existe un motivo
válido para la inactividad del accionante; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción
y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición. En el evento en el que el lapso se
extremadamente largo, se deberá verificar si: (i) Se demuestra que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual. (ii) Que la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”.
[105] Esto es así, incluso, teniendo en cuenta que en la
práctica se ha utilizado el término de seis (6) meses. Ver Sentencia T-288 de
2011.
[106] Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
[107] Estos criterios fueron utilizados por la Sentencia
T-001 de 2016.
[108] Folio 7 del cuaderno primero de la acción de tutela
de Ovelio Triana Gallo contra Juzgado Primero Civil y otros.
[109] Folio 10 cuaderno segundo.
[110] En la Sentencia T-537 de 2015 se explicó la
diferencia entre la cosa juzgada y la temeridad y cuándo se impone la sanción
por el segundo evento: “De este modo, se concluye que las instituciones de la
cosa juzgada y la temeridad pretenden evitar la presentación sucesiva y
simultánea de las acciones de tutela. Aun cuando son conceptos diferentes,
existen hipótesis en las que confluyen. Así, por ejemplo, únicamente se
presenta la temeridad, cuando se incurre en la presentación simultánea de dos o
más solicitudes que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin
motivo que lo justifique y sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.
Por el contrario, existe cosa juzgada y temeridad, cuando se interpone una
acción de amparo sobre una causa decidida previamente en otro proceso de igual
naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud. En este
último caso, sólo habrá lugar a la imposición de una sanción, como se explicó,
cuando se acredite que el actuar de quien incurrió en dicha conducta es
contrario a los postulados de la buena fe”.
[111] Corte Constitucional. Sentencia T-710 de 2014.
[112] Corte Constitucional. Sentencia T-560 de 2009.
[113] Parágrafo
3 del Art. 25 “Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste
condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que
incurrió en temeridad”.
[114] Cf. Folio 40 del cuaderno primero, entre otros.
[115] Folio 38 del cuaderno primero.
[116] Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014.
[117] En esta sentencia, la Corte analizó el caso de un
accionante tenía un crédito hipotecario con una entidad financiera que ejecutó
el pagaré que lo garantizaba por incumplimiento de la obligación dineraria. El
accionante alegó en esa oportunidad que no se reliquidó el crédito en la forma
establecida por la ley, por lo cual solicitó que se ordenará la reliquidación
conforme la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia desarrollada sobre la materia.
La Corte confirmó la denegación del amparo, en razón de que las accionantes
“están acudiendo a la acción de tutela para subsanar la inactividad de la
apoderada”.
[118] El punto décimo séptimo de la SU-813 de 2007 se
ordenó lo siguiente: “Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela
relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de
viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán
seguir, entre otros,  el precedente sentado en la presente sentencia de
unificación. Por lo tanto,  (a) deberán conceder la acción de tutela cuando i)
esta haya sido  interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado
el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el
demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima
dentro del mismo; (b) La acción de tutela se considerará improcedente cuando se
hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobación del
remate o de adjudicación del inmueble”.
[119] Sentencia T-396 de 2014 y SU-037 de 2009.
[120] Folio 46 del cuaderno primero.
[121] Esto ha sido analizado en la Corte Suprema de
Justicia en la Sentencia del 14 de marzo de 2017 con radicado No.
2005-00190-02, en la que se reiteró la jurisprudencia de la Sala de Casación
Civil del 1 de marzo de 2012 con radicado No. 2004-00191-01, y se dijo lo
siguiente: “Particularmente, en lo que respecta al saneamiento de un vicio
procesal susceptible de disposición, ello ocurre, entre otras hipótesis, cuando
la ‘persona indebidamente representada, citada o emplazada actúa en el proceso
sin alegar la nulidad correspondiente’ (artículo 144, numeral 3º del Código de
Procedimiento Civil), en cuyo caso ningún hecho que la configure puede ser
alegado con posterioridad. Distinto es que propuesta la invalidación total o
parcial del proceso, no se aduzcan todos los motivos existentes en ese momento
para el efecto, o se dejen al margen algunos de los hechos que las estructuran,
porque en esos eventos el saneamiento de que se viene hablando únicamente debe
predicarse de las causales y hechos que se reservaron, mas no de las que se
invocaron, como tampoco respecto de sus fundamentos, pues sería abiertamente
desleal esgrimir después unas y otros en caso de necesidad, según las
circunstancias. Como lo reiteró la Corte, ‘so pena de entenderlas saneadas’, lo
dicho ‘impone a la parte agraviada con el vicio procesal la obligación de
invocar, en la primera oportunidad que se le brinde, no sólo todas las causales
anulatorias que a su juicio se han estructurado, sino también todos y cada uno
de los hechos, motivos o razones que las configuran’ (CSJ, SC del 1º de marzo
de 2012, Rad. n.° 2004-00191-01; subrayas y negrillas fuera del texto).
[122] Folio 41 y ss. del cuaderno primero.
[123] Folio 43 del cuaderno primero.
[124] Folio 38 y siguientes del cuaderno cuarto.
[125] Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2007.
[126] Folio 36 y 37 del cuaderno cuarto.
[127] Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2003.
[128] Antes de que este artículo se modificara por la Ley
1564 de 2012, decía lo siguiente: “Requisitos para alegar la nulidad. No podrá
alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la
alegó como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo.
La parte que alegue una
nulidad deberá expresar su interés para proponerla, la causal invocada y los
hechos en que se fundamenta, y no podrá promover nuevo incidente de nulidad
sino por hechos de ocurrencia posterior.
La nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo
podrá alegarse por la persona afectada.
El juez rechazará de plano la
solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en
este capítulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u
ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga
después de saneada.
No podrá alegar la causal de
falta de competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido
citado legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones
previas.
Tampoco podrá alegar las
nulidades previstas en los numerales 5º a 9º del artículo 140, quien haya
actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla.
Cuando se declare la nulidad
por falta de competencia, se procederá como dispone el penúltimo inciso del
artículo siguiente.”
[129] Corte Constitucional. Sentencia T-167 de 2010.
[130] La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
ha sostenido lo siguiente: “a la luz de lo dispuesto en los arts. 142 inc. 3° y
143 del Código de Procedimiento Civil “la persona indebidamente
representada, notificada o emplazada” es “la única a quien la ley le reconoce
interés, serio y actual, para proponer la nulidad” (G. J. CC, 158) sea en
sede de instancia o en casación (G. J. CXXXVI, 22) (énfasis añadido)” (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 19 de mayo de 1999).
[131] Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2006,
citando a la Sentencia SU-111 de 1997.
[132] Folio 72 del cuaderno cuatro.
[133] Folio 100 del cuaderno cuatro.
[134] Esto es así, incluso, teniendo en cuenta que en la
práctica se ha utilizado el término de seis (6) meses. Ver Sentencia T-288 de
2011.