SU449-16
Sentencia SU449/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO-Configuración
DEFECTO
SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis
en las cuales puede incurrir la autoridad judicial
El defecto sustantivo aparece cuando la
autoridad judicial desconoce las disposiciones de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado. Específicamente, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el
caso, que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la
normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso;
(iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; (v) omite motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente; o
(vi) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada
por alguna de las partes en el proceso.
DEFECTO
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
La
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que también el desconocimiento
sin debida justificación del precedente judicial configura un defecto
sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las
autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud
de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
PRECEDENTE
JUDICIAL Y ANTECEDENTE JUDICIAL-Diferencias
El antecedente se refiere a una
decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no
significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de
fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse,
en virtud de los principios de transparencia e igualdad. Por su parte, el
precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de
(i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.
RESPONSABILIDAD
EN LOS DAÑOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PELIGROSAS-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre título de
imputación
En la actualidad, cuando se discute la
responsabilidad del Estado por daños causados con elementos o actividades
peligrosas, como lo son el uso de armas de fuego de dotación oficial, el uso de
vehículos automotores oficiales, la conducción de aeronaves y la conducción de
energía eléctrica, el Consejo de Estado ha señalado que el régimen aplicable es
el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo
excepcional.
GUARDA
MATERIAL DE LA ACTIVIDAD PELIGROSA-Jurisprudencia
del Consejo de Estado sobre diferencia entre víctima que ejerce la actividad
peligrosa y los terceros afectados con la misma para establecer el título de
imputación
El Consejo de Estado ha considerado que en relación
con el ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de vehículos
automotores, se presume la responsabilidad de la administración y, por lo
tanto, los asuntos de esta naturaleza se resuelven bajo el régimen de
responsabilidad objetiva, para efectos de determinar la
responsabilidad de los daños causados en el desarrollo de actividades
peligrosas, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha indicado que
es menester identificar quién ejerce la guarda material sobre la actividad o la
cosa peligrosa, ya que tal circunstancia establece las directrices del título
de imputación bajo el que debe analizarse el supuesto.
DIFERENCIAS
ENTRE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR-Jurisprudencia
del Consejo de Estado
La jurisprudencia del Consejo de Estado
ha diferenciado la fuerza mayor del caso fortuito, en tanto la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho
demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es
ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso
fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél,
y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido,
no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la
imputabilidad del daño
PRINCIPIO
DE IGUALDAD-Trato diferencial positivo
Cuando
se trata de personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta
darles un trato diferencial y positivo, es no solo válido sino una obligación
del Estado, quien debe ayudar a este tipo de personas a superar las barreras
que encuentran al desenvolverse en la sociedad, mediante la implementación de
un enfoque diferencial que disminuya sus dificultades. De
esta manera, la Corte Constitucional en diversas oportunidades ha analizado y
desarrollado el derecho fundamental a la igualdad establecido en el citado
artículo 13 Constitucional, señalando de manera clara, enfática y reiterada que
el principio de igualdad contempla “de un lado, un mandato de trato igual
frente a todas aquellas situaciones fáctica o jurídicamente equiparables
siempre que no existan razones suficientes para proveer un trato diferente, y
de otro lado, un mandamiento de trato desigual frente a circunstancias
diferenciables”.
REGIMEN
DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL-No procede
cuando la actividad peligrosa es ejercida por la misma víctima y no se acredita
la falla del servicio
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto no se desconoció precedente respecto al título jurídico de
imputación de los daños ocasionados como consecuencia del desarrollo de
actividades peligrosas en accidente aéreo
La Sala considera que no es
posible afirmar que se configuró un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento del precedente, en lo que respecta al título jurídico de
imputación de los daños ocasionados como consecuencia del desarrollo de
actividades peligrosas, puesto que la Subsección A, Sección Tercera del Consejo
de Estado aplicó la línea jurisprudencial al respecto, en virtud de la cual,
cuando la actividad peligrosa es ejercida directamente por la víctima del daño
debe analizarse la responsabilidad estatal bajo la tesis de falla probada del
servicio.
Referencia:
Expediente T- 5.380.986
Acción
de tutela interpuesta por Ana Rosa Cristina Llano Narváez y otros contra la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
Derechos
fundamentales invocados: Debido proceso, igualdad.
Temas:
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
configuración del defecto sustantivo; jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre el título de imputación de responsabilidad estatal en el desarrollo de
actividades peligrosas; jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las
diferencias entre el caso fortuito y la fuerza mayor; y el principio de
igualdad.
Problema jurídico: Determinar si la
autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes, al negar la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente
aéreo en el cual falleció el señor Wilmer Orlando
Cortés Conde, alegando para la ello la causal eximente de responsabilidad de
fuerza mayor, sin tener en cuenta que el evento se produjo en el desarrollo de
una actividad peligrosa.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, María Victoria
Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, Alberto
Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9° de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos proferidos por las Secciones Cuarta y Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el tres (03)
de noviembre de dos mil quince (2015) y el quince (15) de diciembre de dos mil
quince (2015), respectivamente, en el trámite de la acción de tutela incoada
por Ana Rosa Cristina Llano Narváez y otros contra la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política,
33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de esta Corporación, la Sala de
Selección de Tutelas Número Dos (02) de la Corte Constitucional[1]
escogió a través del auto del veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), notificado el once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la acción
de tutela de la referencia para efectos de su revisión.
En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015, por
tratarse de una acción de tutela dirigida contra una providencia judicial
proferida por el Consejo de Estado, el Magistrado Sustanciador rindió el
respectivo informe de la acción de tutela a la Sala Plena de la Corte
Constitucional, quien en sesión del once (11) de mayo de dos mil dieciséis
(2016),
determinó que la presente acción fuera fallada por el Pleno de esta
Corporación.
1.1.
SOLICITUD
A
través de apoderado judicial, los señores Ana Rosa Cristina Llano Narváez,
David Fernando y Ana María Cortés Llano, Arnoldo Cortés Aguilar, Leda
Libia Conde de Cortés, Arnoldo Ernesto Cortés Conde, Leonardo
Alberto Cortés Conde, Daniel Fernando y Leonardo Andrés Cortés Arias,
interpusieron acción de tutela el veintiséis (26) de agosto de dos mil quince
(2015), contra la Sección Tercera, Subsección “A”, del Consejo de Estado,
por considerar vulnerados su derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, al habérseles negado la declaratoria de responsabilidad del Estado
por la muerte del señor Wilmer Orlando Cortés Conde.
En
consecuencia, solicitan que se tutelen los derechos fundamentales invocados y
que: (i) se declare que la Sección Tercera, Subsección “A”, del Consejo
de Estado incurrió en vías de hecho en el fallo del veintiséis (26) de febrero
de dos mil quince (2015) proferido dentro del expediente
50001-23-31-000-2003-20283-01 (34.674), por grave error en la interpretación de
la norma aplicada y violación del principio de igualdad; (ii) se deje
sin efecto el fallo en mención; y (iii) se ordene al accionado que dicte
un nuevo fallo, que se ajuste a los lineamientos expresados por el juez de
tutela.
Sustentan su solicitud en los siguientes:
1.2.
HECHOS
Y ARGUMENTOS DE DERECHO
1.2.1. Manifiesta el
apoderado de los accionantes que el señor Wilmer Orlando Cortés Conde, vinculado
al Ejército Nacional en el grado de Capitán, falleció el treinta (30) de
noviembre de dos mil uno (2001), cuando en cumplimiento de una misión de apoyo
de combate a las fuerzas de despliegue rápido (Brigada Móvil No. 1),
transcurridos ocho minutos desde el despegue, el helicóptero en el que se
movilizaba se accidentó en la zona rural del Municipio de San Juanito, Meta.
1.2.2. Indica que en
consecuencia, la señora Ana Rosa Cristina Llano Narváez, en calidad de esposa
de Wilmer Orlando Cortés Conde, actuando en nombre propio y en representación
de sus hijos menores David Fernando y Ana María Cortés Llano, sus padres Arnoldo
Cortés Aguilar y Leda Libia Conde de Cortés, sus hermanos Arnoldo Ernesto y
Leonardo Alberto Cortés Conde, y sus sobrinos Daniel Fernando y Leonardo Andrés
Cortés Arias, interpusieron acción de reparación directa contra de la Nación-
Ministerio de Defensa el trece (13) de agosto de dos mil tres (2003), con la finalidad
de obtener la declaratoria de responsabilidad del Estado y la condena al pago
de la totalidad de los daños y perjuicios representados en: perjuicio moral,
lucro cesante y alteraciones en las condiciones de existencia.
1.2.3. Sostiene que
mediante Sentencia del quince (15) de junio de dos mil siete (2007), el
Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda por
considerar que el accidente se produjo por fuerza mayor, en tanto fueron las
condiciones meteorológicas las generadoras del fatal hecho. Sobre el
particular, expresó el juez de conocimiento lo siguiente:
“(…)
el caso bajo estudio se abordará desde la teoría del riesgo, habida cuenta de
que las circunstancias fácticas se generaron en cumplimiento de una actividad
peligrosa por tratarse de una aeronave (…) perteneciente al Ejército Nacional
que en ejercicio de una tarea propia de sus funciones, se accidentó en las
estribaciones de la Cordillera Oriental, en jurisdicción del municipio de San
Juanito, Departamento del Meta, perdiendo la vida abnegados servidores
públicos, entre ellos, el capitán WILMER ORLANDO CORTÉS CONDE (…)
Frente a este régimen de responsabilidad, se parte
de la presunción de responsabilidad de la cual puede relevarse al Estado cuando
es generada por una causa extraña.
Conforme al examen juicio e integral de la prueba
arrimada al proceso, las aspiraciones del actor no pueden resultar exitosas por
cuanto como se verá, el accidente se produjo por fuerza mayor, entendido este
instituto como un hecho exterior a las partes, que es imprevisible e
irresistible.
En nuestro caso particular, el accidente de la
aeronave no se produjo por un comportamiento positivo u omisivo de la
administración, sino por un hecho externo de la misma, con las características
de imprevisibilidad e irresistibilidad habida cuenta que el mal tiempo o dicho
de otra manera, las condiciones meteorológicas y súbitas, fueron las
generadoras del fatal hecho; a esta conclusión se llega con fundamento en el
informe del Ejército Nacional sobre el siniestro (…)
Debe tenerse en cuenta además que allí (…) se indica
igualmente que hubo error en la operación de la aeronave por parte de los
pilotos de la misma, situación que adicionada a la primera, fue la génesis de
la catástrofe.
No existe prueba de ninguna naturaleza de la cual
pueda inferirse desperfectos de la máquina o errores por parte de la torre de
control que lo guiaba, como se reitera, la alteración súbita de las condiciones
meteorológicas aunados al error humano, fueron de manera exclusiva el origen
del desastre, esta afirmación encuentra apoyo en las declaraciones de los
rescatistas del mismo Ejército (…), quienes en otra aeronave una vez enterados
del accidente, procedieron a la búsqueda del helicóptero, indicando que el mal
tiempo reinante el mismo día de la catástrofe, los hizo postergar el rescate
para el día siguiente, encontrando totalmente destruido el aparato que se
empleaba para abastecer a miembros del Ejército que se encontraban en tierra”.
1.2.4. Inconformes con
la anterior decisión, interpusieron recurso de apelación con el fin de revocar
la sentencia, indicándose que: (i) en el caso objeto de análisis, no se
presentó un evento constitutivo de fuerza mayor, sino de caso fortuito, ya que
se trató de un hecho que, a pesar de que no se pudo evitar, sí se podía prever;
(ii) la actividad que desempeña un aviador, si bien está ligada a
riesgos previsibles, como lo es el estado del tiempo, existen riesgos que se
pueden evitar, como en el presente caso, restringiendo el tránsito de aeronaves
cuando las condiciones climáticas son adversas; (iii) cuando se trata de
una actividad peligrosa, la falla del servicio se presume y, por tanto, el
régimen de responsabilidad que se aplica es el objetivo, por riesgo excepcional;
(iv) como la entidad demandada creó el riesgo y se benefició de la
actividad peligrosa, es ella quien debe responder por los daños que el
desarrollo de la misma le causó a los demandantes.
1.2.5. Señala que del
recurso de apelación le correspondió conocer a la Sección Tercera, Subsección “A”,
del Consejo de Estado, que mediante Sentencia del veintiséis (26) de febrero de
dos mil quince (2015) confirmó la decisión apelada, considerando que el
accidente aéreo se produjo como consecuencia de un caso de fuerza mayor, y que
por tanto se exoneraba de responsabilidad al Estado. Reseña que el fundamento
de la decisión fue el siguiente:
“Pues,
bien, conforme a lo expuesto, la Sala encuentra acreditado que el accidente
aéreo en el cual perdió la vida el Capitán del Ejército WILMER ORLANDO CORTÉS
CONDE sobrevino como consecuencia de las condiciones meteorológicas “adversas”,
“imprevistas” y “súbitas” imperantes en el momento en el cual la aeronave
sobrevolaba el área general del municipio de San Juanito (Meta), de tal suerte
que, como lo indicó el Tribunal de primera instancia, ello configuró un evento
constitutivo de fuerza mayor que impide imputar el daño a la entidad demandada
(…)
De lo anterior, se concluye, entonces, que las
condiciones en las cuales se produjo el accidente aéreo constituyeron un evento
de fuerza mayor, entendida ésta como “la causa extraña y externa a la esfera
jurídica del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e
imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el
daño”, que rompe el nexo de causalidad entre el daño y el actuar de la
administración.
Ahora, la Sala acoge las conclusiones contenidas en
los informes rendidos dentro de la investigación disciplinaria referenciadas
párrafos atrás, en cuanto a las condiciones meteorológicas adversas, como
determinantes del siniestro, en la medida en que fueron rendidas por personas
calificadas para emitir ese tipo de conceptos, ya que se trata de profesionales
con conocimientos en esas áreas (pilotos de pruebas del equipo M1 17 IV,
miembros de la Compañía de Mantenimiento del Batallón de Helicópteros), de suerte
sus dichos resultan idóneos para acreditar que esa fue la causa del siniestro”.
1.2.6. Asevera que la
decisión adoptada por el Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo
por apartarse de la interpretación y posición jurisprudencial respecto de las
actividades peligrosas, considerando como causal eximente de responsabilidad la
fuerza mayor, cuando la misma no resulta acorde con los hechos acaecidos.
1.2.7. Alega que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que en los casos
relacionados con el ejercicio de una actividad peligrosa, como el caso del
manejo de aeronaves, el régimen de responsabilidad es objetivo, en aplicación
de la teoría del riesgo excepcional. Contrario a lo establecido en la sentencia
que se ataca, en la que se consideró que el título de imputación aplicable al
caso era el de la falla probada del servicio
1.2.8. Pese a lo
anterior, estima que independientemente del título de imputación aplicado, ha
debido declarase la responsabilidad del Estado, puesto que reiterada
jurisprudencia ha establecido que tratándose de la producción de daños
originados en el despliegue de actividades peligrosas, a quien corresponde la
guarda de la actividad queda obligado a responder por los perjuicios
ocasionados por la realización del riesgo creado.
1.2.9. En este sentido,
considera contradictorio que en la decisión del Consejo de Estado se reconozca
que las circunstancias que produjeron la muerte del señor Wilmer Orlando Cortés,
se dieron como consecuencia del cumplimiento de sus funciones, pero a su vez se
considere que dicha actividad no conduce a la imputación de responsabilidad de
la administración.
1.2.10. Cuestiona y
afirma ser insuficiente el eximente de responsabilidad alegada, cual es la
fuerza mayor, pues considera que indudablemente la aviación implica un riesgo
específico de caer a tierra, por lo que quien despliega esa actividad y se
beneficia de ella, debe responder patrimonialmente por cualquier perjuicio
ocasionado.
Adicionalmente, señala que la
responsabilidad del Estado surgió al haber ordenado la ejecución de una
operación aérea en condiciones climáticas adversas.
1.2.11.  Por otro lado,
destaca que los hechos que dieron origen al accidente, contrario a lo afirmado
por el Consejo de Estado, no son constitutivos de fuerza mayor sino que debe
considerarse como un caso fortuito, por cuanto a pesar de ser un hecho que no
se pudo prever si se pudo evitar, pues es deber de las torres de control
informar en todos los casos de los sucesos meteorológicos donde se va a
pilotear.
De esta manera, resalta que el Consejo
de Estado ha considerado que la presencia de un caso fortuito no exonera la
responsabilidad del Estado.
1.2.12. Finalmente,
sostiene que se presentó una vulneración al principio de igualdad puesto que en
el mismo accidente fallecieron también un Sargento y un Cabo, frente a quienes
el Tribunal Administrativo del Meta decretó la responsabilidad del Estado.
1.3.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante
Auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil quince (2015), la Sección Cuarta
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de
la misma a la autoridad judicial accionada para que rindiera informe sobre los
hechos objeto de la acción.
De
igual forma, como terceros interesados en la resultas del proceso, ordenó la
vinculación al trámite de la tutela a la Nación- Ministerio de Defensa y al
Tribunal Administrativo del Meta.
Finalmente,
requirió al apoderado judicial de los accionantes para que aportara el poder
especial que lo faculta para interponer la acción de tutela en nombre y en
representación de los poderdantes Ana María Cortés Llano y Leonardo Andrés
Cortés Arias.
1.3.1.
El
Consejero de Estado, Carlos Alberto Zambrano Barrera,
en su condición de ponente de la Sentencia del veintiséis (26) de febrero de
dos mil quince (2015), rindió informe sobre los hechos expuestos por los
accionantes y consideró que no se evidencia vulneración a derecho
constitucional alguno que deba ser amparado vía acción de tutela:
1.3.1.1.
Adujo
que del contenido de la sentencia cuestionada, resulta diáfano afirmar que la
Sección Tercera aplicó el precedente judicial para estos casos, pues el fallo
no desconoció que el título de imputación que la jurisprudencia ha aplicado
para eventos en los que se crean riesgos en ejercicio de una actividad
peligrosa, es objetivo.
1.3.1.2.
Explicó
que la cuestión es que, como en el asunto bajo análisis la víctima del daño era
el copiloto de la aeronave siniestrada, la decisión cuestionada precisó, con
fundamento en sentencias de esta Sección del veintinueve (29) de enero de dos
mil nueve (2009) -expediente 16.689- y del veintitrés (23) de junio de dos mil
diez (2010) -expediente 17.632-, que cuando el daño sufrido deviene como
consecuencia de una actividad peligrosa ejercida directamente por la propia
víctima, no resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva, sino el
de falla probada del servicio, de manera que se distingue entre quienes ejercen
la actividad y los terceros ajenos a ésta.
En
este sentido, la sentencia señaló que, en el primer caso, cuando quien ejerce
una actividad peligrosa sufre un daño, la decisión sobre el derecho a ser
indemnizado debe adoptarse con fundamento en la tesis de la falla probada del
servicio y no en la del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo
excepcional.
1.3.1.3.
Precisó
que del testimonio rendido por uno de los sobrevivientes del accidente, se
extrae que: (i) el helicóptero accidentado sobrevolaba sin ningún
problema en el páramo de Chingaza, de donde salió y efectuó sin contratiempos
dos sobrevuelos previos a San Juanito; (ii) al regresar del segundo
vuelo, no se presentó problema alguno y las condiciones de visibilidad eran
óptimas, ya que se podían divisar los cerros sobre los cuales sobrevolaba; (iii)
luego de sobrepasar los cerros, “todo se comenzó a ver blanco”, “totalmente
tapado”, y luego se produjo el accidente.
1.3.1.4.
Aseveró
que con base en lo anterior, la Sala infirió que la aeronave sobrevolaba en
buenas condiciones de aeronavegabilidad (hecho que lo evidenció también un
informe rendido por la comisión investigadora que conoció del accidente),
cuando intempestivamente, sobrevino un evento inesperado de nubosidad que
impidió la visibilidad, de modo que ese cambio meteorológico se produjo en
condiciones súbitas e inesperadas para la demandada y, por lo mismo, no le fue
posible evitarlo.
1.3.1.5.
Por
lo expuesto, en el fallo se concluyó que las condiciones en las cuales se
produjo el accidente aéreo constituyeron un evento de fuerza mayor, entendida
ésta como “la causa extraña y externa a la esfera jurídica del demandado; se
trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y
exterior a la actividad o al servicio que causó el daño”, la cual rompió el
nexo de causalidad entre el daño y el actuar que se predica de la
administración.
1.3.1.6.
Advirtió
que al margen de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta
dentro del proceso de reparación directa interpuesto por otras víctimas del
accidente, lo cierto es que el fallo acá cuestionado encontró fundamento en las
pruebas válidamente practicadas y aportadas al proceso, las cuales, luego de
ser objeto de la correspondiente valoración, llevaron a la Sala de Decisión a
la convicción de que el daño por el cual se reclamó la indemnización, devino
como consecuencia directa de un evento constitutivo de fuerza mayor, lo cual
impidió la imputación del daño a la demandada.
1.3.2.
El
apoderado judicial de los accionantes, allegó escrito
en virtud del cual indicó que en lo que respecta a los menores Ana María Cortés
Llano y Leonardo Cortés Conde, fueron los señores Ana Rosa Cristina Llano y
Leonardo Alberto Cortés Conde, quienes en calidad de padres, le otorgaron poder
en representación de sus hijos menores, por lo que en su concepto está
facultado para interponer la acción de tutela en su nombre[2].
1.3.3.
La
Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio
de Defensa, mediante oficio OFI15-76383 del veintitrés (23) de septiembre
de dos mil quince (2015), se pronunció sobre los hechos expuestos en la acción
de tutela de la referencia en los siguientes términos:
1.3.3.1.
Manifestó
que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, estudió e hizo un juicio de valoración a cada una de las pruebas aportadas
dentro del proceso, en virtud de las cuales no era procedente la declaratoria
de responsabilidad del Estado, pues no se acreditó la existencia de una falla
del servicio.
1.3.3.2.
Indicó
que en efecto se encontró demostrado que le correspondía a la parte demandante
acreditar a través de pruebas idóneas la causa del accidente y las condiciones
en las cuales se produjo, sin embargo, para el momento del accidente el militar
fallecido se encontraba en misión de servicio y en cumplimiento de las
funciones propias de su cargo, es decir, el daño ocurrió como consecuencia de
los riesgos propios que asumió dentro de la actividad militar que desarrollaba,
motivo por el cual, el caso se abordó desde la teoría del riesgo, toda vez que
las circunstancias fácticas se generaron en cumplimiento de una actividad
peligrosa por tratarse de una aeronave.
1.3.3.3.
Sostuvo
que en el caso sub examine, el accidente de la aeronave no se produjo
por un comportamiento omisivo de la administración sino por un hecho externo de
la misma con las características de imprevisibilidad e irresistibilidad, habida
cuenta que fueron condiciones meteorológicas las generadoras del fatal hecho.
1.3.3.4.
Arguyó
que dentro del acervo probatorio y la investigación disciplinaria adelantada,
se evidenció que la destrucción total de la aeronave fue producida como consecuencia
de las circunstancias meteorológicas que predominaban en el área, ya que no
eran las más adecuadas para dar cumplimiento a la misión, de otra parte, se
pudo establecer que la nave fue encontrada al día siguiente totalmente
destruida y la tripulación había perecido en su totalidad como consecuencia del
funesto accidente.
1.3.3.5.
Concluyó
que el accidente aéreo en el cual perdió la vida el Capitán del Ejército Wilmer
Orlando Cortés Conde, sobrevino como consecuencia de las condiciones
meteorológicas adversas e imprevistas en el momento en el cual la aeronave
sobrevolaba, de manera que, como lo indicó el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, se configuró un evento constitutivo de fuerza mayor que impide
imputar el daño a la entidad demandada.
1.3.3.6.
Conforme
a lo anterior, solicita que se nieguen las pretensiones de la tutela.
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En el
trámite de la acción de tutela se aportaron las siguientes pruebas, en medio
magnético:
1.4.1.
Sentencia
del veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015) proferida por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro del expediente
50001-23-31-000-2003-20283-01 (34.674), C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
1.4.2.
Sentencia
del veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014) del Tribunal
Administrativo del Meta.
1.4.3.
Sentencia
del veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014) del Tribunal
Administrativo del Meta.
1.4.4.
Poderes
para actuar.
1.4.5.
Registros
civiles de nacimiento de Ana María Cortés Llano y Leonardo Andrés Cortés Arias.
2.     DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN
DE PRIMERA INSTANCIA - SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO.
Mediante
Sentencia del tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015), la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
resolvió negar el amparo constitucional deprecado, al considerar que no
se genera la responsabilidad del Estado respecto del personal que hace parte de
las fuerzas armadas y que presta sus servicios de manera voluntaria (como era
el caso del señor Wilmer Orlando Cortés Conde, quien ostentaba el grado de Capitán),
pues es la persona que decide vincularse de manera libre y voluntaria al
ejercicio de la profesión quien asume el riesgo inherente a la actividad
militar.
Precisó
que en este sentido no existe por parte de la Sección Tercera desconocimiento
del precedente judicial, pues el fallo no excluyó la existencia de la
responsabilidad objetiva por parte del Estado cuando se crean riesgos en el
ejercicio de una actividad peligrosa, y el asunto debatido giró en torno de un
Capitán del Ejército Nacional que prestó sus servicios de manera voluntaria,
quien desempañaba el rol de copiloto de la aeronave que sufrió el accidente.
Igualmente,
sostuvo que la labor de manejo de una aeronave conlleva a asumir un riesgo
inherente al desempeño de esta actividad, riesgo que el Capitán Wilmer Orlando
Cortés Conde asumió de manera voluntaria, y una vez se concretó el mismo, no
existió para el Estado la configuración de la responsabilidad objetiva.
En
efecto, cuando el daño sufrido se ocasiona como consecuencia de una actividad
peligrosa ejercida directamente por la víctima, no resulta aplicable el régimen
de responsabilidad objetiva, sino el de falla probada en el servicio.
No
obstante lo anterior, en el presente caso se configuró un hecho constitutivo de
fuerza mayor como eximente de responsabilidad del Estado, y si bien, los
accionantes alegan que pudo evitarse que la aeronave sobrevolara en condiciones
climatológicas adversas y que existía un deber de advertencia por parte de la
torre de control, contrario a ello, la prueba del testimonio rendido por uno de
los sobrevivientes llevó a concluir que “intempestivamente sobrevino un
evento inesperado de nubosidad que impidió la visibilidad de modo que ese
cambio meteorológico se produjo en condiciones súbitas e inesperadas, y por lo
mismo no fue posible evitarlo”.
Coligió
que no hay evidencia de que las decisiones judiciales objeto de tutela
comprometan los contenidos constitucionalmente protegidos del derecho al debido
proceso que ameriten la intervención del juez constitucional, en la medida en
que no se trata de providencias absolutamente caprichosas, arbitrarias o
carentes de justificación o motivación jurídica o que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, más aún si se tiene
en cuenta que los accionantes tuvieron a su disposición y utilizaron los medios
de defensa establecidos por el legislador para controvertir las decisiones
atacadas ahora por vía de tutela.
2.2.
IMPUGNACIÓN
El
apoderado judicial de los accionantes impugnó el fallo de primera instancia al
considerar que: (i) se demostró que en al caso bajo análisis era
aplicable el régimen de responsabilidad objetiva y la inexistencia de fuerza
mayor como causal de eximente de responsabilidad, por lo que debió declararse
la responsabilidad del Estado; y (ii) el fallo acusado omitió
pronunciarse sobre la vulneración del principio de igualdad.
2.2.1.
En
primer lugar, sostuvo que el Consejo de Estado, en los casos relacionados con
el ejercicio de una actividad peligrosa como en el caso del manejo de
aeronaves, ha aplicado de manera uniforme el régimen de responsabilidad
objetiva señalando que el factor de imputación siempre es el riesgo grave y
anormal que el Estado expone a los administrados.
Así
bien, en los eventos en que se ocasionan daños por el ejercicio de una
actividad peligrosa, la controversia debe resolverse bajo el régimen de
responsabilidad objetiva del riesgo excepcional, en la que la parte demandante
habrá de demostrar tanto la existencia del daño como la existencia de un nexo
causal entre éste y el accionar de la administración, con miras a configurar la
responsabilidad administrativa del Estado.
Adicionalmente,
indicó que de forma contraria a lo señalado en la sentencia impugnada, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el riesgo inherente al
desarrollo de una actividad peligrosa se aplica para todos los ocupantes de un
vehículo o de una aeronave, indistintamente de si son pasajeros o tripulantes
del mismo, ya que cuando se materializa el riesgo de que la aeronave caiga a
tierra, se compromete directa e indiscriminadamente la vida de todos los que en
ella se encuentran.
Ahora
bien, resaltó que independientemente del título de imputación que se hubiese
aplicado, por los supuestos propios del caso bajo análisis, todo conducía a la
declaratoria de responsabilidad del Estado, debido a que la jurisprudencia ha
señalado que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue
de actividades peligrosas, es aquel a quien le corresponde jurídicamente la
guarda de la actividad, quien quedará obligado a responder por los perjuicios
que se ocasionen por la realización del riesgo creado.
De la
misma manera, consideró que es contradictoria la calificación de los hechos que
han dado lugar a este proceso como un escenario generador de fuerza mayor, pues
la construcción de esta postura es insuficiente para considerar que la caída de
un helicóptero es un hecho externo a la actividad desarrollada y al servicio
prestado. Indudablemente la aviación supone el riesgo específico de caer a
tierra, por tanto, quien despliega esta actividad y se beneficia de ella está
llamado a responder patrimonialmente por cualquier perjuicio sufrido con
ocasión de ella.
La
responsabilidad del Estado surge por cuanto los hechos dañosos ocurrieron en
ejercicio de un servicio público que expuso a un riesgo excesivo a la víctima,
al haber ordenado la ejecución de la operación aérea en condiciones climáticas
adversas. Esto representa un comportamiento positivo de la administración que
no es externo a la misma, habida cuenta que las condiciones meteorológicas
generadoras del fatal hecho, debieron hacer que no se permitiera el vuelo que
lo desencadenó.
En el
escrito de tutela se demostraron los motivos por los que de los hechos del caso
no se puede aducir la existencia de una fuerza mayor, sino que por el contrario
se reúnen los elementos propios de un caso fortuito, el cual se refiere a un
evento que a pesar de que no se pudo prever, se pudo evitar, es decir que el
caso fortuito se refiere a lo imprevisible, a diferencia de la fuerza mayor que
se refiere a lo inevitable.
De
esta manera es evidente que la actividad que desempeña un aviador está
acompañada de una serie de riesgos imprevisibles, como lo era el mal tiempo,
pero igualmente se podía evitar que la aeronave volara en esas circunstancias,
por cuanto es deber de la torre de control informar en todos los casos de los
sucesos meteorológicos de la región donde se va a pilotear.
En
relación con la responsabilidad por presencia de un caso fortuito, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que éste no exonera de
responsabilidad al Estado[3].
Así
las cosas, es claro que la administración está llamada a responder por los
daños que ocasione a sus asociados en el supuesto del caso fortuito, y que esta
figura debió ser utilizada por el Consejo de Estado en el caso concreto,
atendiendo a que el mal tiempo en la aviación es un riesgo previsible.
Frente
a este punto, concluyó que existió un defecto sustantivo por grave error en la
interpretación de la norma aplicada en la sentencia acusada, pues conforme al
precedente judicial, la entidad que ejerce la actividad peligrosa debe
responder por el daño siempre que el hecho le ha sido imputado, “aun cuando
por circunstancias internas el peligro latente que envuelve la actividad se
haya desencadenado sin su culpa, es decir, responde aún en los supuestos de
caso fortuito”.
2.2.2.
En
segundo lugar, manifestó que el fallo que se impugna omitió pronunciarse sobre
la vulneración del principio de igualdad alegada, pese a la advertencia que se
hizo de esta solicitud en la parte inicial del escrito.
A
pesar de haberse identificado como problema jurídico la vulneración al
principio de igualdad, el fallador de instancia sólo se pronunció en los
siguientes términos: “En consecuencia, conforme con lo discurrido no hay
evidencia de que las decisiones judiciales objeto de tutela comprometan los
contenidos constitucionalmente protegidos del derecho al debido proceso que
ameriten la intervención del juez constitucional”.
En su
concepto, y teniendo en cuenta que el señor Wilmer Orlando Cortés Conde falleció
en el mismo accidente en el que también murieron el Sargento Segundo Silvio
Saúl Fuentes y el Cabo Primero Ferney Mora Gómez, las decisiones sobre la
declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado debieron ser
concordantes.
En
este sentido solicitó que en aplicación del principio de igualdad de trato
jurídico, se ordene revocar la decisión objeto de impugnación y por ende, se
revoque la decisión adoptada en la sentencia del veintiséis (26) de febrero de
dos mil quince (2015) por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado.
2.3.
DECISIÓN
DE SEGUNDA INSTANCIA- SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Mediante
Sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015), la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
resolvió confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que:
2.3.1.
El
señor Cortés Conde era el copiloto del helicóptero accidentado, por lo que no
hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetiva, sino que se debe
analizar a la luz de la falla del servicio, situación que fue debidamente
explicada y sustentada en la decisión que se pide dejar sin efecto[4].
En
este sentido, la negativa de las pretensiones no devino del título de
imputación sino de la existencia de un eximente de responsabilidad, cual es la
fuerza mayor, por lo que basta con afirmar que no resultaría plausible abordar
cuál título de imputación debió aplicarse para resolver la acción de reparación
directa ejercida por los tutelantes, pues fue una labor que ya adelantó el juez
natural del proceso ordinario, en debida forma y con el respectivo sustento
jurisprudencial, además, pues cualquiera se la conclusión a la que se arribe,
no tendría la entidad suficiente para afectar la decisión adoptada en la
sentencia cuestionada.
Por
otro lado, no hay lugar a declarar próspero el argumento según el cual la
calificación de que el accidente en el que perdió la vida el señor Cortés
Conde, derivó de una circunstancia de fuerza mayor “resulta insuficiente”,
pues del análisis de la providencia enjuiciada se encuentra que esa conclusión
es el resultado de la valoración de las pruebas realizada por el juez de lo
contencioso administrativo.
Tras
citar las argumentaciones expuestas en el fallo acusado, concluyó que la
decisión adoptada en relación con la declaratoria de la existencia de fuerza
mayor, tuvo como respaldo el material probatorio obrante en el plenario y no se
advierte que las conclusiones a las que se arribaron resulten una determinación
arbitraria o caprichosa por parte del juez natural del proceso ordinario.
2.3.2.
Sostuvo
que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que haya lugar a
la protección del derecho a la igualdad, se requiere que  en aquellos casos en los
que existan decisiones dictadas que guarden identidad fáctica y jurídica pero
con resueltas disímiles, las sentencias sean proferidas por la misma
Corporación Judicial e incluso la Sala debe estar igualmente conformada
respecto de sus integrantes, en todos los eventos, situación que no se cumple
en este asunto, pues resulta más que evidente que el fallo cuestionado fue
proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, mientras
que el presente reparo se funda en providencias dictadas por el Tribunal
Administrativo del Meta.
3.     ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN
3.1.
El
Despacho del Magistrado Sustanciador, mediante auto del diecisiete (17) de
junio de dos mil dieciséis (2016), resolvió:
“PRIMERO. ORDENAR que por Secretaría General
de la Corte Constitucional se ponga en conocimiento de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado (Carrera 7ª Nº. 75-66, piso 2 y 3. Bogotá D.C.), y
de la Procuraduría General de la Nación (Carrera 5 Nº. 11-96. Bogotá D.C.), la
solicitud de tutela de la referencia y los fallos de instancia, para que en el
término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la
comunicación, expresen lo que estimen conveniente.
SEGUNDO. ORDENAR
que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Tribunal
Administrativo del Meta, para que, en el término de tres (03) días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente auto, remita a esta
Corporación copia del expediente contentivo de la acción de reparación directa
radicada bajo el No. 2003-20283-01 (34.674) promovido por la señora Ana Rosa
Cristina Llano Narváez y otros.”
3.2.
Mediante
oficio del once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016), la Secretaría
General de esta Corporación informó que, el auto del diecisiete (17) de junio
de dos mil dieciséis (2016), “fue comunicado mediante oficios de pruebas
OPTB-676/16 al OPTB-678/16, el 21 de junio de 2016 y durante dicho término NO
se recibió comunicación alguna”.
3.3.
Por
lo anterior, este Despacho mediante auto del veintiséis (26) de julio de dos
mil dieciséis (2016), reiteró la solicitud de pruebas efectuada.
3.4.
Mediante
oficio del tres (03) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la Secretaría
General de esta Corporación envió al Despacho el expediente contentivo del
proceso de reparación directa promovido por la señora Ana Rosa Cristina Llano
Narváez y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
3.5.
Mediante
auto del cuatro (04) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, se ordenó que, por
Secretaría General se pusiera a disposición de las partes, por el término de un
(1) día hábil, expediente contentivo del proceso de reparación directa
promovido por Ana Cristina Llano Narváez y otros contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional
4.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
4.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La
Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991.
4.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En
el asunto de la referencia, corresponde a la Sala Plena de esta Corporación
determinar si la Sección Tercera del Consejo de Estado ha vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los
accionantes, al proferir la Sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil
quince (2015), mediante la cual confirmó la decisión de exonerar de
responsabilidad patrimonial al Estado, por cuanto el accidente aéreo en el que
perdió la vida su familiar, se produjo como consecuencia de un caso de fuerza
mayor.
Con el fin de solucionar el problema jurídico, esta
Sala estudiará: primero, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; segundo, los requisitos generales y específicos
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; tercero,
el defecto sustantivo; cuarto, la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre el título de imputación de los daños ocasionados como consecuencia
del desarrollo de actividades peligrosas, en particular cuando la víctima es
quien ejerce la guarda material de la actividad peligrosa; quinto, la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las diferencias entre caso fortuito
y fuerza mayor; sexto, el principio de igualdad; y séptimo, el
caso concreto.
4.2.1.
PROCEDENCIA
DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones,
por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad,
y las reglas establecidas para el examen de procedibilidad en un caso
concreto.
La
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos
a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias
judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran
valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración de
justicia y la seguridad jurídica.
No
obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias
pueden desconocer derechos fundamentales, por lo cual admitió como única
excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese
incurrido en lo que denominó una vía de hecho.
A
partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre
el tema, y determinó progresivamente los defectos que configuraban una vía de
hecho. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si
este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la
norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el
ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o
en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”[5].
En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos
constitutivos de vías de hecho.
En
virtud de esta línea jurisprudencial, se ha subrayado que todo el ordenamiento
jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a lo
dispuesto en el artículo 4 de la Carta Fundamental. Además, se ha indicado que
uno de los efectos del principio de Estado Social de Derecho en el orden
normativo está referido a que los jueces, en sus providencias, definitivamente
están obligados a respetar los derechos fundamentales.
Por
un amplio periodo de tiempo, la Corte Constitucional decantó de la anterior
manera el concepto de vía de hecho. Posteriormente, un análisis de la evolución
de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacían
viable  la acción de tutela contra providencias judiciales llevó a
concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción
de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos
defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria
y caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales
genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.
Con
el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros
uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005[6] y SU-913 de
2009[7],
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no “(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[8].
De
esta forma, la Corte ha distinguido, en primer lugar, unos requisitos de
orden procesal de carácter general[9]
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos
de procedencia- y, en segundo lugar, unos de carácter específico[10],
centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas
consideradas que desconocen derechos fundamentales -causales de
procedibilidad.
4.2.2.
Requisitos
generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
De
esta manera, la Corte en la Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, hizo alusión
a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Sobre los requisitos generales
de procedencia estableció:
“Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[11].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[12].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[13].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[14].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[15].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[16].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[17]
De otro lado,
las causales específicas o defectos que hacen procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales son los siguientes:
“Defecto
procedimental absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que en el caso
anterior, la concurrencia del defecto fáctico tiene naturaleza cualificada,
pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la
plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la
arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho
fundamental al debido proceso.[18]
Defecto
fáctico,
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  Al respecto, debe
recalcarse que este es uno de los supuestos más exigentes para su comprobación
como causal de procedencia de la acción de tutela contra sentencias. Ello
debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es uno de los campos en
que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la autonomía e independencia
judicial. El ejercicio epistemológico que precede al fallo es una tarea que
involucra, no solo la consideración acerca de las consecuencias jurídicas que,
en materia probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo, sino también
la valoración que de los hechos del caso realice el funcionario judicial, a
partir de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área del derecho
correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de sana crítica.
Defecto
material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con
base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al
caso concreto.
Esta misma falencia concurre cuando se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. Así, el defecto material o
sustantivo apela a la necesidad de que la sentencia judicial tenga un soporte
racional argumentativo mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas
constitucionales y legales que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia
entre la motivación, que da cuenta del reconocimiento de esos preceptos de
derecho positivo y su contraste con el material probatorio legal y debidamente
recaudado durante el trámite, y la decisión que adopta el juez del
conocimiento.[19]
Error
inducido,
tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia”  que se
presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.[20]
Sentencia
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.  Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en
cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la
sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que
sustenten lo decidido.  Es evidente que una exigencia de racionalidad
mínima de toda actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen
inferir la decisión correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no
puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso.
Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.”[21]
“Violación
directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe
insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares.  Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados” (énfasis de la
Corte).
El
estudio jurisprudencial permite advertir que el asunto de la procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales “se
muestra complejo, puesto que la adecuada protección de los principios y valores
constitucionales implica un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la
mencionada acción -presupuesto del Estado Social y Democrático de Derecho-, y
la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio de cosa
juzgada y la seguridad jurídica”.[22]
En
resumen, como ha sido señalado por la jurisprudencia, la acción de
tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a
enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves
falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión
incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra
decisión judicial es concebida como un juicio de validez y no como un juicio de
corrección[23]del
fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación normativa, que dieron origen a la controversia.
Siempre
que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales
específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente
conceder la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de
derechos fundamentales.
En el
caso bajo estudio, los accionantes aseguran que la Sección Tercera, Subsección
A, del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial, al considerar que el título de
imputación del daño ocasionado por el accidente aéreo en el que perdió la vida
el Capitán del Ejército Wilmer Orlando Cortés Conde era la falla del servicio
mas no el riesgo excepcional.
Igualmente,
afirman que la autoridad judicial accionada consideró erróneamente que se
presentó una causal eximente de responsabilidad del Estado, cual es la fuerza
mayor, cuando en realidad se constituyó un caso fortuito, el cual no tiene la
idoneidad de excluir la responsabilidad alegada.
Por
esta razón, a continuación la Sala analizará con más detalle cuándo se
presentan los defectos enunciados.
4.2.3.
Defecto material o sustantivo en la jurisprudencia
constitucional
Nuestro
ordenamiento jurídico, específicamente la Carta Política, contempla un complejo
y extensivo reparto de competencias designadas a los diferentes órganos de la
rama judicial del poder público, reconociendo un amplio margen de interpretación
y aplicación del derecho a su cargo.
Sin
embargo, esta Corporación ha sido reiterativa en señalar que la autonomía de la
que gozan las autoridades judiciales, no es absoluta, puesto que las mismas
deben someterse al imperio del Estado de Derecho[24].
El
defecto sustantivo aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad
judicial desconoce las disposiciones de rango legal o infralegal aplicables en
un caso determinado. Específicamente, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo
cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el
caso, que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la
normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii)
a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o
vertical- sin justificación suficiente; (v) omite motivar su decisión o
la motiva de manera insuficiente; o (vi) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las
partes en el proceso[25].
Frente
a la configuración de este defecto se reitera que, si bien es
cierto, los jueces dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
4.2.3.1.
Con
fundamento en lo anterior, el defecto sustantivo también se presenta cuando se
interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas, y
por tanto, la exégesis dada por el juez resulta a todas luces improcedente.
De
esta manera, la Sentencia SU-962 de 1999[26] manifestó
que las decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación “carece(n)
de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación
ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable.”
Por
su parte, la Sentencia T-567 de 1998[27]
precisó que “cuando la labor interpretativa realizada por el juez se
encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser
cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo
tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la
interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y
excepcional de la tutela, ésta será improcedente.”
Esta
posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia T-295 de 2005[28]
al señalar:
“La
Corte Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas
jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto
sustantivo. Así, en la sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett) se expresó al respecto: “En otras palabras, una providencia judicial
adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva.”
4.2.3.2.
Respecto
al defecto sustantivo que se presenta como consecuencia de una errada
interpretación, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
indicar que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de constituir una
vía de hecho, sino que ésta debe ser abiertamente arbitraria.
En
consecuencia, ha dicho la Corte que el juez de tutela, en principio, no está
llamado a definir la forma correcta de interpretación del derecho; sin embargo,
en aquellos eventos en los que la interpretación dada por el juez ordinario
carezca de razonabilidad y cuando se cumplen los requisitos anteriormente
mencionados, se hace procedente la intervención del juez constitucional. En
este sentido, en Sentencia T-1222 de 2005[29] la Corte
consideró:
“Como
lo ha señalado reiteradamente la Corte, no es el juez constitucional el
funcionario encargado de definir la correcta interpretación del derecho
legislado. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que es la Corte
Suprema de Justicia la intérprete autorizada del derecho civil y comercial.
Teniendo
en cuenta lo anterior, se procederá a estudiar si se produce alguna clase de
defecto cuando en un proceso ejecutivo de ejecución de providencia judicial, el
juez de apelación revoca el mandamiento de pago, al considerar que le entidad
demandada en el proceso ordinario carecía de capacidad para ser parte en él.
En
este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los jueces civiles son
intérpretes autorizados de las normas que integran esta rama del derecho y el
juez constitucional no puede oponerles su propia interpretación salvo que se
trate de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación de los
derechos fundamentales de las partes. En este caso el juez constitucional tiene
la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del
derecho constitucional de los derechos fundamentales como condición previa para
poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada.
En
suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por
presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado -vía de hecho
sustancial por interpretación arbitraria- el juez constitucional debe limitarse
exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por
parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o
que no viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de
tutela, en principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada
o razonable del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a
garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales
y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal.”
Se
colige entonces, que pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas
jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de
aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las
disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se
constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la
decisión adoptada.
4.2.3.3.
Ahora
bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que también el
desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un
defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de
todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-,
en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[30].
A
propósito de esta modalidad en la cual se configura un defecto sustantivo, la
Sala considera necesario examinar la diferencia entre los conceptos de
antecedente y precedente.
El
antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar
las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e
igualdad.
Esta
noción fue esbozada en la sentencia T-292 de 2006[31],
en la que la Corte, ante la pregunta de “¿debe entenderse por precedente
cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al
caso en estudio?”, indicó:
“La respuesta a esta inquietud es negativa por
varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una sentencia es pertinente
para la definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es
diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique
adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio
establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de constitucionalidad
como en las de tutela, qué es aquello que controla la sentencia, o sea cual es
el contenido específico de la ratio. En otras palabras, si aplica tal ratio
decidendi para la resolución del problema jurídico en estudio o no”.
Por
su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
Esta
noción ha sido adoptada en sentencias como la T-794 de 2011[32],
en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para
identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se
evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a
resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a
una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente”.
Esta
Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el
vertical, de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El
primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de
unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel
constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que
deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de
Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser
revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de
establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.
En
este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación.
La
primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo
230 Superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los
jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese
orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero
deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la
jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del
derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de
normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de
cierre de cada jurisdicción.
La
segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y
buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que
rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el
respeto a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales. En palabras de la Corte Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el
ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro
razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención
a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que
demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la
comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en
que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”[33].
La
tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más adecuada
que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa
medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener
unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la
solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina
ha establecido como precedente: “tratar las decisiones previas como
enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para
decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren
ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón
vinculante”[34].
Así pues, por las razones expuestas, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el desconocimiento sin
debida justificación del precedente judicial configura un defecto sustantivo,
en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades
judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe[35].
No
obstante, esta regla no es absoluta, pues no puede ignorarse que el Derecho es
dinámico y cada caso puede presentar elementos que no fueron concebidos con
anterioridad en otros fallos judiciales; por ende, las autoridades judiciales
pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a
su independencia, pero con una justificación razonable y proporcional. La Corte
Constitucional ha establecido al respecto que:
“(…)
vale aclarar que la regla de vinculación del precedente no puede ser adoptada
de manera absoluta (…) Por ello, siempre que se sustenten de manera expresa,
amplia y suficiente, las razones por las cuales va a desconocer o cambiar una
posición anterior, el operador judicial puede apartarse de ella.
(…)
el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión
contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes
requisitos:
(i)
Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede
omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia).(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía
(principio de razón suficiente)”[36].
Por
ejemplo, la Corte Constitucional ha considerado que jueces de la jurisdicción
contencioso administrativa han desconocido el precedente del Consejo de Estado,
y en consecuencia, ha concedido la tutela contra las providencias atacadas por
existencia de un defecto sustantivo, en sentencias como la T-934 de 2009[37],
T-351
de 2011[38],
T-464 de 2011[39]
y T-212 de 2012[40].
En estos casos, la Corporación observó que existía un precedente consolidado
sobre la tasación de las indemnizaciones por daño moral, que había sido
desconocida sin razones por las autoridades demandadas[41].
Estos ejemplos muestran que es más sencillo constatar la presencia de un
defecto sustantivo cuando existe un precedente consolidado; sin embargo, esto
no significa que la inobservancia de un precedente individual sin la debida
justificación no dé lugar eventualmente a la procedencia de la acción de
tutela.
En
resumen, los jueces tienen un deber de obligatorio cumplimiento y es el de: (i)
acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de
las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional)
cuando éstas constituyen precedentes, y/o (ii) sus propias decisiones en
casos idénticos, por el respeto del trato igual al acceder a la justicia. Sin
embargo, esta regla no es absoluta, ya que los jueces pueden apartarse de dicho
precedente, pero cumpliendo la carga argumentativa antes descrita y
construyendo una mejor respuesta al problema jurídico. En este orden de ideas,
por ejemplo, cuando un juez de inferior jerarquía se aparta de un precedente
establecido en su jurisdicción por el órgano de cierre o de su propio
precedente, sin exponer un razonamiento proporcional y razonable para el
efecto, incurre en la causal de procedibilidad de la tutela por defecto
sustantivo o material, que tiene como consecuencia, una vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas
partícipes del proceso respectivo, entre otros.
4.2.3.4.
Defecto
sustantivo en la modalidad de insuficiencia en la motivación de la decisión.
En la Sentencia T-233 de 2007[42], se estableció que la
ausencia de motivación se estructura solo cuando la argumentación realizada por
el juez, en la parte resolutiva del fallo, resulta defectuosa, abiertamente
insuficiente o inexistente. La anterior decisión fue tomada con base en el
principio de autonomía judicial, el cual impide que el juez de tutela interceda
frente a controversias de interpretación. Por lo tanto, la competencia del juez
de tutela, solo podrá activarse en casos específicos en donde se evidencie que
la falta de argumentación decisoria, convierta la providencia en un mero acto
de voluntad del juez.
Como conclusión,
debe tenerse en cuenta que la falta de motivación, como causal de procedencia
de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, tiene como
finalidad proteger los derechos de los ciudadanos de obtener respuestas
razonadas de la administración de justicia, permitiendo de esta manera, ejercer
efectivamente el derecho de contradicción.
Por lo tanto, el juez de tutela debe tener en cuenta, que
la falta de motivación de una decisión judicial, supone una clara vulneración
al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los
funcionarios judiciales, el cual tiene que presentar las razones fácticas y
jurídicas que sustentan el fallo, acción que se genera en virtud de un
principio base de la función judicial.
Asimismo, la
Sentencia T-261 de 2013[43]
resaltó la importancia que tiene la argumentación y motivación de los fallos
judiciales dentro de los fines del Estado de Derecho, por cuanto la
inexistencia de motivación en las decisiones de los jueces se transformó en una
causal autónoma para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, luego de haber sido valorada como una hipótesis de defecto material
o sustantivo.
De igual manera, en
la misma decisión, se reiteró la posición adoptada por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-590 de 2005[44]
en la cual se señaló que las decisiones que no cuenten con la debida motivación
constituyen un vicio que permite que la acción de tutela proceda en contra de
sentencias, y que adicionalmente está relacionado con la legitimidad del actuar
de los jueces ya que tienen que dar cuenta de los hechos y de los fundamentos
de derecho que sustentan sus decisiones.
En este pronunciamiento se determinó
que la jurisprudencia había indicado los supuestos que permiten establecer que
se presenta un defecto de esta naturaleza, y señaló dos casos específicos: (a)
si se evidencia que existe una contradicción manifiesta entre la decisión y los
fundamentos empleados para proferir la misma, y (b) que el juez haya
utilizado normas inconstitucionales o inexistentes. Así mismo contempló dos
casos adicionales que pueden ser calificados como defectos sustantivos: (i)
desconocer sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa
y constitucional con efectos erga omnes y (ii) efectuar una
interpretación judicial irrazonable.
También se sostuvo que el defecto
sustantivo se ocasiona en aquellos eventos donde la decisión no sigue al
régimen jurídico que rige al caso y se dejó en claro que la necesidad de
motivación no implica que se cuestione la pertinencia o validez de los
argumentos que expone el juez ordinario.
El amplio margen de discrecionalidad que la Carta Política
les reconoce a las autoridades judiciales tiene como límite el principio de
legalidad, cuyo acatamiento protege la seguridad jurídica al impedir que las
decisiones de los administradores de justicia sean absolutamente
discrecionales. De ahí que, frente a providencias fundadas en un ejercicio
interpretativo absolutamente irrazonable, la acción de tutela se erija como el
remedio constitucional idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados.
Posteriormente, mediante Sentencia T-267 de 2013[45] se reiteró que el defecto
sustantivo se
genera cuando (i) la providencia judicial presenta problemas por una
sustentación insuficiente o cuando la justificación de lo actuado afecte
derechos fundamentales; o, (ii) si se desconoce el precedente judicial
sin que se presente una argumentación razonable mínima de donde se pueda
inferir una decisión diferente si se hubiese seguido la jurisprudencia, entre
otros.
En
la misma providencia, al referirse a la necesidad de argumentar las decisiones
de manera suficiente, la Corte recordó lo expresado en la Sentencia T-1130
de 2003[46]
ya que en esta decisión se consagraron una serie de requisitos mínimos de
naturaleza hermenéutica que a pesar de limitar la autonomía del juez,
garantizaban el carácter público, objetivo y justo de un fallo judicial, por
cuanto se exigía que la decisión tenía que ser “razonable” ya que
debía argumentar de manera suficiente la conclusión a la que había llegado y
que la misma estuviera en concordancia con la norma que se le había aplicado al
caso específico. De lo contrario, se efectuaría un ejercicio hermenéutico
erróneo en donde se incluyen solo “las simples inclinaciones o prejuicios de quien debe resolver el
asunto”[47].
De esta manera, se
entendió que la acción de tutela procede frente a decisiones judiciales en los
casos donde se presente una argumentación insuficiente, defectuosa o
inexistente que hace que la misma sea considerada como arbitraria.[48]
4.2.4.
JURISPRUDENCIA
DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN
LOS DAÑOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PELIGROSAS
En
la actualidad, cuando se discute la responsabilidad del Estado por daños
causados con elementos o actividades peligrosas, como lo son el uso de armas de
fuego de dotación oficial, el uso de vehículos automotores oficiales, la
conducción de aeronaves y la conducción de energía eléctrica, el Consejo de
Estado ha señalado que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva
en aplicación de la teoría del riesgo excepcional[49].
En
efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con
ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos
de la misma naturaleza, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a
la sociedad con la utilización de tales elementos peligrosos.[50]
En
virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de
probar: (i) la existencia del daño antijurídico y (ii) el nexo
causal entre éste y la acción u omisión de la entidad pública demandada, para
que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la
licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante.
A
su vez, la Administración para exonerarse de responsabilidad deberá acreditar
que éste último elemento, el nexo causal, no existe o que es apenas aparente,
mediante la comprobación de una causa extraña, como: (i) el hecho
exclusivo de la víctima, (ii) la fuerza mayor, o (iii) el hecho
exclusivo y determinante de un tercero, advirtiéndose que en estos eventos el caso fortuito no constituye causal de
exoneración[51].
4.2.4.1.
Consideraciones
sobre la guarda material de la actividad peligrosa
Ahora
bien, aunque tal como se dijo, el Consejo de Estado ha
considerado que en relación con el ejercicio de actividades peligrosas como la
conducción de vehículos automotores, se presume la responsabilidad de la
administración y, por lo tanto, los asuntos de esta naturaleza se resuelven
bajo el régimen de responsabilidad objetiva, para efectos de
determinar la responsabilidad de los daños causados en el desarrollo de
actividades peligrosas, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha
indicado que es menester identificar quién ejerce la guarda material sobre la
actividad o la cosa peligrosa, ya que tal circunstancia establece las
directrices del título de imputación bajo el que debe analizarse el supuesto.
Al respecto, en la Sentencia del 13 de febrero de
1997, Exp 9912, C.P Ricardo Hoyos Duque, la Sección
Tercera del Consejo de Estado indicó:
“Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc, no
podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del
Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del
arma, de la conducción del automotor, etc, en tanto es él mismo, precisamente,
quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de
la actividad peligrosa que se le recomienda.
De tal manera, el servidor público de la fuerza
pública que manipula un arma y se lesiona, no podrá acudir a este régimen de
responsabilidad para obtener la indemnización de los perjuicios que se le
hubieren causado; por el contrario, si el afectado es un tercero, quedará
relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerara
si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el
hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza
mayor”
En
este sentido, la jurisprudencia de esa Corporación ha diferenciado el título de
imputación cuando la víctima es quien ejerce la actividad peligrosa o cuando el
afectado es un tercero, señalando que para el primero de los casos, esto es,
cuando
el daño sufrido deviene como consecuencia de una actividad peligrosa que es
ejercida directamente por la propia víctima, no resulta aplicable el
régimen objetivo de responsabilidad, sino el de falla probada del servicio.
Frente a lo
anterior, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en Sentencia de 8
de noviembre de 2007. Exp 15967. C.P. Ruth Stella Correa Palacio,
sostuvo que “la calificación de una actividad como “peligrosa” tiene
incidencia para establecer el criterio de imputación aplicable en relación con
los daños que se deriven de la misma, distinguiendo entre quienes ejercen la
actividad y los terceros ajenos a ésta. En el primer caso, cuando quien ejerce
una actividad peligrosa sufre un daño originado en ésta, la decisión sobre el
derecho a ser indemnizado debe gobernarse en desarrollo de la tesis de la falla
del servicio prestado.”
Así
las cosas, se tiene que los daños que sufre quien ejerce una
actividad peligrosa, cuando tales daños son la materialización de los riesgos
propios de esa actividad, la decisión sobre el derecho a la indemnización debe
ser adoptada bajo el régimen de la falla del servicio y no del régimen de
responsabilidad objetivo, por riesgo excepcional. Es decir, el
régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional no puede ser
aplicado al funcionario que resulte lesionado o muerto con la conducción del
vehículo que le ha sido asignado para el cumplimiento de sus funciones, cuando
la actividad es ejercida por la misma víctima y no se acredita la falla del
servicio.[52]
Así
se estableció en la Sentencia del 26 de enero de 2011, Exp. R-6706,
C.P. Gladys Agudelo Ordóñez, Sección Tercera del Consejo de Estado:
“Ha sido
reiterada la tesis de la Sala en el sentido de que en aquellos eventos en los
que el daño es producido por el ejercicio de actividades peligrosas, el régimen
aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación está derivado
de la realización directa de una actividad que entraña peligro, de tal manera
que en esos casos basta que el actor acredite, primero, la existencia del daño,
y segundo, que el mismo se ha generado como consecuencia de dicha actividad. En
relación con lo anterior, resulta necesario señalar que la responsabilidad se
estructura bajo el hecho cierto de que la actividad peligrosa hubiere sido
ejercida por cuenta de la entidad demandada[53].
No obstante
ello, cuando el daño sufrido deviene como consecuencia de una actividad
peligrosa, la cual es ejercida directamente por la propia víctima, no resulta
aplicable dicho régimen, sino el de falla probada del servicio.
En efecto la Sala ha tenido la oportunidad de precisar que la calificación de
una actividad como “peligrosa” tiene incidencia para establecer el criterio de
imputación aplicable en relación con los daños que se deriven de la misma, distinguiendo
entre quienes ejercen la actividad y los terceros ajenos a ésta. En el
primer caso, cuando quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño, la
decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse con fundamento en la
tesis de la falla probada del servicio y no del régimen de responsabilidad
objetiva por riesgo excepcional, pues éste último sería aplicable al segundo de
los casos mencionados, como también le sería aplicable por supuesto el de falla
del servicio[54].”
(Negrillas
fuera de texto)
Específicamente
en relación con daños originados como consecuencia de accidentes aéreos, el
Consejo de Estado ha seguido uniformemente esta línea jurisprudencial. Así, la Sentencia del 14 de junio
de 2010. Exp 12.198. C.P. Germán Rodríguez Villamizar de la Sección Tercera del
Consejo de Estado,
al estudiar una demanda de reparación directa, presentada por la muerte de un
Subteniente de la Fuerza aérea colombiana, quien falleció como consecuencia de
un accidente producido dentro de una práctica de instrucción de aeronavegación,
indicó:
“Para el efecto,
en primer lugar es pertinente advertir que, el título jurídico bajo el cual
debe ser analizada y decidida la imputación de responsabilidad elevada en
contra de la entidad demandada, es el de falla del servicio y no el de
responsabilidad de carácter objetivo, derivada de la actividad peligrosa en que
tuvo lugar la muerte del Subteniente Higuera Romo (conducción de una aeronave),
por cuanto, si bien dicha actividad, de suyo implicaba para la víctima la
exposición a un riesgo, es lo cierto que, la víctima tenía la condición de
miembro de la Fuerza Aérea, con grado de Subteniente, quien, al momento de
ingresar a las filas de dicha institución conocía, y así lo aceptó y asumió de
antemano, el riesgo que representaba el formar parte de ella y, en particular,
el derivado de la conducción de aeronaves, como es precisamente el caso de los
helicópteros, por ser esa una actividad propia y específica de la formación y
actuación de los integrantes de dicha fuerza armada del Estado; es decir, desde
aquél momento Roland Vladimir Higuera Romero tomo para sí el denominado riesgo
del aire, inherente a la actividad profesional por él libremente escogida.
(…)
En ese contexto, se tiene que, si bien la muerte de
Roland Vladimir Higuera Romero se produjo en momentos en que éste desarrollaba
una actividad que, por su naturaleza es peligrosa, es igualmente cierto que, el
hecho tuvo ocurrencia en condiciones normales para la ejecución de dicha
actividad, pues, no medió para su ocurrencia falla o falta alguna del servicio
imputable a la administración, ni tampoco se trató de un riesgo excepcional al
que aquél fuera sometido o expuesto, sino de una actividad que debía cumplir en
razón de la naturaleza y tipo de funciones propias del grado, instrucción y
entrenamiento que tenía.
Es cierto que la conducción de aeronaves de suyo
lleva implícito un considerable margen de peligro para la integridad y vida de
las personas que deben desempeñar tal función, pero, todas esas contingencias y
márgenes de riesgo son bien conocidos y también aceptados por todas aquellas
personas al momento que deciden incorporarse voluntariamente a las filas de la
Fuerza Aérea del Estado.  En otros términos, lo ocurrido simplemente
hizo parte del riesgo propio y normal del cargo y actividad desempeñados por la
víctima en su condición de Subteniente, con la debida preparación y
entrenamiento para acometer el tipo de prácticas de vuelo que el día de los
hechos ejecutaba, bajo la facultada y permanente asesoría y dirección de un
instructor igualmente calificado para tal labor.”
En igual
sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la Sentencia del 26 de
enero de 2011, Exp 18431, C.P. Gladys Agudelo Ordoñez, al estudiar la demandada
interpuesta por la muerte de un Capitán y un Teniente de la Policía Nacional,
quienes perdieron la vida al precipitarse a tierra el helicóptero en el cual
cumplían una operación de entrenamiento, sostuvo:
“En
el presente asunto, es claro que quien estaba al mando de la aeronave
siniestrada era el Capitán de la Policía Nacional Fray José Gamboa Taborda y no
el Teniente del Ejército Nacional William Ariel Riascos Bohórquez, de tal
suerte que  la decisión sobre el derecho a ser indemnizado respecto del primero
de ellos deberá gobernarse con fundamento en un régimen de falla probada del
servicio, mientras que respecto del segundo deberá regirse con fundamento en un
régimen objetivo por actividad peligrosa.”
En
esa oportunidad, el Consejo de Estado estableció en relación con la
responsabilidad de la entidad demandada por la muerte del Capitán, quien se
encontraba al mando de la aeronave siniestrada que: “la
misión que cumplía (..) era rutinaria, pues se trataba de una operación de
entrenamiento con los riesgos normales que entraña una actividad de esa
naturaleza, sin que ello implicara el sometimiento a un riesgo anormal o de
mayor entidad que aquel al cual hubiesen sido expuestos sus demás compañeros
que se encontraban en las mismas condiciones del oficial fallecido.
Todo lo dicho apunta a que la muerte del citado
Capitán no devino por una falla en la prestación del servicio imputable a la
demandada; tampoco se evidenció que el oficial fallecido hubiese sido sometido
a un riesgo anormal, pues su muerte se concretó cuando cumplía funciones
propias, normales e inherentes relacionadas con su profesión, de tal suerte que
la Sala negará las pretensiones de la demanda en relación con la muerte del
oficial aludido.”
A
su vez, la Sentencia del 13 de junio de 2013, Exp 25712, C.P. Enrique
Gil Botero, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló:“(E)l régimen de
responsabilidad objetivo por riesgo excepcional resulta aplicable al
funcionario de las fuerzas militares que resulte lesionado o muerto en una
actividad aérea, cuando ésta le ha sido asignada para el cumplimiento de sus
funciones y el pilotaje no sea ejercido por la misma víctima, o lo que es lo
mismo, cuando no tenga la guarda material de la actividad.”(Subrayado fuera
de texto)
Teniendo
en cuenta lo anterior, en esa ocasión el Consejo de Estado determinó que como
la víctima del daño no era quien tenía la guarda material de la aeronave, es
decir, no era quien piloteaba la misma sino un pasajero en desarrollo de una
acción propia constitutiva de una actividad peligrosa, y al no haberse probado
un excluyente de responsabilidad, era imperativo concluir la responsabilidad
del Estado bajo el régimen objetivo por riesgo excepcional.
Ahora
bien, sin perjuicio de lo anterior, es pertinente anotar que, en eventos como
los enunciados, en donde los miembros de los cuerpos armados del Estado están
sometidos a riesgos que son propios del servicio, para cubrir hasta donde sea
posible esa situación de riesgo que deben afrontar, el legislador ha
preestablecido unas reglas de indemnización, con apoyo en las cuales, cuando
por actos del servicio y dentro de los márgenes propios de riesgo de éste los
agentes del Estado sufren daño en su vida o integridad personal o moral, deben
ser restablecidos prestacionalmente.
De
esta manera, cuando se concreta el riesgo que voluntariamente asumieron se
constituye lo que se ha llamado por la doctrina francesa, indemnización à
forfait[55],
la cual está consagrada dentro de un régimen prestacional de naturaleza
especial, que, como se anotó, reconoce las circunstancias de particular riesgo
que caracteriza a las actividades que deben desarrollar los servidores públicos
de la fuerza pública, quienes, en consecuencia, se hallan amparados por una
normatividad que, en materia prestacional y de protección de riesgos,
habitualmente consagra garantías, derechos y prestaciones que superan las
previstas en las normas que, en este ámbito, resultan aplicables al común de
los servidores del Estado.
4.2.5. JURISPRUDENCIA
DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
El artículo 64
del Código Civil Colombiano establece que “se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc.”.
La anterior
definición ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia civil, y es
entendida bajo el concepto de la teoría unitaria de la causa extraña, en la
cual se acepta la identidad entre ambas nociones, caso fortuito y fuerza mayor.
En la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a diferencia de lo anterior, la
aplicación y el tratamiento de ambas figuras no ha sido monista sino dual,
esto es, bajo la consideración dividida e independiente de cada una de esas
figuras jurídicas hasta el punto de considerar que de éstas sólo la fuerza
mayor es causal
eximente de la responsabilidad del Estado.
Así, la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la Sentencia del 29 de enero de 1993, Exp
7365, C.P. Juan
de Dios Montes Hernández, señaló:
“Si bien la ley ha identificado los fenómenos de fuerza mayor y de caso
fortuito, la jurisprudencia nacional ha buscado distinguirlos: en cuanto a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo concierne, dos concepciones se
han presentado: la de considerar que el caso fortuito como el suceso interno,
que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa daño,
mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad y
la que estima que hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida”.
Por su parte, en la Sentencia proferida el 16 de marzo de 2000, Exp.
11.670, C.P. Alier Eduardo Hernandez Enriquez, se dijo:
“Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que doctrina y
jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que,
adquiere su mayor interés, dentro del marco de la responsabilidad por riesgo
excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al
hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible,
que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso
fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél,
y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido,
no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la
imputabilidad del daño”
En lo que
respecta a la comprobación de la fuerza mayor, la Sala en Sentencia de 15 de
junio de 2000, Exp 12423, C.P. María Elena Giraldo Gómez, evocando a lo
establecido en la doctrina; dijo:
“la fuerza mayor sólo se demuestra: ‘...mediante la
prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña).
(…) } lo que debe ser
imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias
() En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno
no solo debe ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe la
previsibilidad o imprevisibilidad de su causa.
() además de imprevisible e irresistible debe ser exterior al
agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito; no provenir de su
culpa () cuya causa no le es imputable al demandado, y en cuyo daño no ha
existido culpa adicional por parte de este”(páginas 334, 335 y 337([56])”
A su vez, en la Sentencia del 26 de febrero de 2004, Exp 13833, C.P.
German Rodríguez Villamizar, la Sección tercera del Consejo de Estado precisó
frente a los sucesos constitutivos de fuerza mayor:
“Para efectos de la distinción, y
de acuerdo con la doctrina[57]
se entiende que la fuerza mayor debe ser:
1) Exterior: esto es que “está
dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada,
ni aun indirectamente por la actividad del ofensor”.
2) Irresistible: esto es que
ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar
sino del modo que lo ha hecho”
3) imprevisible: cuando el
suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta
prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo[58].
A su vez, el caso fortuito debe ser
interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino porque proviene
de la propia estructura de la actividad riesgosa,
puede ser desconocido y permanecer oculto, En tales condiciones, según la
doctrina se confunde
con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de exención de
responsabilidad.[59]”
En hilo de lo dicho, puede
concluirse que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado la
fuerza mayor del caso fortuito, en tanto la fuerza mayor es una causa extraña y
externa al hecho demandado, es un hecho irresistible e imprevisible que es
ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso
fortuito, por el contrario
Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa
al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible,
que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso
fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél,
y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido,
no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la
imputabilidad del daño
4.2.6.
EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
El artículo 13
de la Constitución Política señala que en Colombia todas las personas son
iguales ante la ley y por lo tanto deben recibir el mismo trato y las mismas
garantías sin ningún tipo de discriminación por cuestiones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Igualmente, esta
norma Superior consagra el deber constitucional de proteger a aquellas personas
que se encuentran en estado de debilidad manifiesta o hacen parte de un grupo
discriminado, por lo que se impone la obligación en cabeza de las
autoridades de adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr una
igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades a dicho grupo
de personas.
Para precisar el alcance de esta norma, la Corte Constitucional
desde sus inicios ha establecido[60] que a fin de hacer que este derecho
fundamental devenga efectivo para todas las personas, el Estado debe acudir,
incluso, al trato diferencial positivo. Así, la Sentencia T-330 de 1993[61] precisó:
“Con el trato diferencial
positivo se aplica la filosofía esencial del Estado Social de Derecho, que se
traduce en el deber del Estado de proteger a las personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta, para hacer que la igualdad sea real y efectiva. El principio de
igualdad y la posibilidad de realizar el Estado una diferenciación positiva
tienen como fundamento el Preámbulo de la Constitución, cuando éste se refiere
al propósito de asegurar la igualdad dentro de un marco social justo.”
En este orden de
ideas, cuando se trata de personas que se encuentran en condiciones de
debilidad manifiesta[62]
darles un trato diferencial y positivo[63], es no solo válido sino
una obligación del Estado, quien debe ayudar a este tipo de personas a superar
las barreras que encuentran al desenvolverse en la sociedad, mediante la
implementación de un enfoque diferencial que disminuya sus dificultades.[64]
De
esta manera, la Corte Constitucional en diversas oportunidades ha analizado y
desarrollado el derecho fundamental a la igualdad establecido en el citado
artículo 13 Constitucional, señalando de manera clara, enfática y reiterada que
el principio de igualdad contempla “de un lado, un mandato de trato
igual frente a todas aquellas situaciones fáctica o jurídicamente equiparables
siempre que no existan razones suficientes para proveer un trato diferente, y
de otro lado, un mandamiento de trato desigual frente a circunstancias
diferenciables”[65].
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la
igualdad se vulnera cuando sin motivos constitucionalmente legítimos se
otorga un trato preferencial o se consagran discriminaciones a personas que
están en situaciones fácticas y jurídicas semejantes, y por lo tanto, se
encuentran en igualdad de condiciones. En este sentido, la Sentencia T-047 de
2002[66]
precisó:
“Armoniza
este enunciado con el alcance del principio a la igualdad contenido en el
artículo 13 superior que determina que dos o más situaciones fácticas
comparables sean objeto de un mismo trato jurídico.  Esto no impide que exista
un trato diferente entre situaciones fácticas similares, pues la
discriminación se constituye a partir de la diferenciación que no presenta una
justificación objetiva y razonable.  Al respecto la Corte ha
manifestado que para que el juez de tutela pueda determinar sobre la violación
de la igualdad debe verificar no sólo las razones objetivas en que se sustenta
el trato diferente sino también la proporcionalidad existente entre finalidad
perseguida y los medios empleados para dicho trato”.(Negrilla
y subrayado fuera de texto)
Así, en relación
con la vulneración al derecho a la igualdad en esta dimensión, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que la misma implica la
comprobación de situaciones fácticas y de hecho idénticas o similares entre dos
circunstancias que ameritan un trato igual.
5.
CASO CONCRETO
5.1.
OBSERVACIONES
GENERALES.
A
través de apoderado judicial, los demandantes formularon acción de tutela
contra la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar que la decisión
proferida dentro del proceso de reparación directa, el veintiséis (26) de
febrero de dos mil quince (2015), vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, al aplicar en el caso concreto el título de imputación
de falla del servicio, sin tener en cuenta que el daño se originó como
consecuencia de una actividad peligrosa, y al establecer que se presentó un
evento de fuerza mayor, que eximió responsabilidad al Estado en dicho daño,
criterio que no fue utilizado para efectos de resarcir los perjuicios
ocasionados a las demás víctimas del accidente aéreo que originó el daño
reclamado.
Por
su parte, la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado explicó que
dicha decisión fue proferida sin apartarse ni desconocer el precedente de esa
Corporación, puesto que si bien, se reconoció que el título de imputación que
la jurisprudencia ha aplicado para eventos en los que se crean riesgos en
ejercicio de una actividad peligrosa, es el objetivo, en el caso estudiado, la
victima del daño era el copiloto de la aeronave siniestrada, motivo por el
cual, con fundamento en las sentencias de ese Alto Tribunal, al ser la
actividad peligrosa ejercida directamente por la propia víctima, el régimen
aplicado es el de falla probada del servicio.
Frente
al cuestionamiento de los accionantes, referente a la causal eximente de
responsabilidad, arguyó que de las pruebas obrantes en el proceso,
específicamente del testimonio rendido por un sobreviviente del accidente, se
coligió que el helicóptero sobrevolaba sin ningún problema y sin contratiempos,
presentándose intempestivamente un evento inesperado de nubosidad que impidió
la visibilidad, razón por la cual puede hablarse de la configuración de un
evento de fuerza mayor, que rompió el nexo causal entre el daño y el actuar de
la administración.
En
ambas instancias de tutela, la Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
respectivamente, negaron el amparo deprecado, argumentando que en la sentencia
cuestionada no se desatendió el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
en relación con el título de imputación.
Adicionalmente,
resaltaron que la sección accionada, con fundamento en el estudio del material
probatorio determinó la existencia de una fuerza mayor, lo que no puede
considerarse como una decisión arbitraria o caprichosa.
Por
su parte, la segunda instancia constitucional agregó que no puede hablarse de
una vulneración del derecho a la igualdad, puesto que fue el Tribunal
Administrativo del Meta quien reconoció la indemnización a favor de los demás
ocupantes del helicóptero accidentado, sin que la autoridad judicial accionada
en este caso haya emitido pronunciamiento alguno sobre el particular, motivo
por el cual, al no ser decisiones adoptadas por la misma corporación no se
transgredió el derecho invocado.
De
acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional
determinar si la providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales de los accionantes.
Para
atender el problema jurídico expuesto, en primer lugar debe la Sala entrar a
examinar si en este caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales señalados en la parte motiva
de esta providencia.
5.2.
ANÁLISIS
DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
DECISIONES JUDICIALES EN EL PRESENTE CASO.
5.2.1. El
asunto debatido reviste relevancia constitucional.
El
problema jurídico puesto a consideración por los demandantes es de relevancia
constitucional, ya que se refiere a sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados por la providencia
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En efecto, el caso versa sobre un posible
desconocimiento del precedente judicial horizontal por una Subsección del
Consejo de Estado, el cual presuntamente conlleva a la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
5.2.2. La
tutela no se dirige contra una sentencia de tutela
La
presente acción de tutela se dirige contra una providencia proferida por la
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado y no contra un fallo de
tutela.
5.2.3.
El
tutelante agotó todos los medios de defensa judicial a
su alcance.
La
jurisprudencia constitucional, en relación con el requisito de subsidiaridad,
ha condicionado la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales a una de las siguientes hipótesis:
“a)
Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa
previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se
pretende controvertir mediante tutela.  Con ello se busca prevenir la
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario[67],
que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa
diseñados por el Legislador[68],
y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus
asuntos[69],
pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de
recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[70].
b)
Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas
extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la
posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la
procedencia de la acción[71].
c)
Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias
judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional.”[72]
En este contexto,
observa la Sala que la decisión atacada en sede de tutela negó,
dentro de un proceso de reparación directa, la responsabilidad del Estado en
los daños sufridos por los demandantes, como consecuencia del accidente aéreo
en el que falleció el Capitán del Ejército Wilmer Orlando Cortés.
De
esta manera, se tiene que contra la decisión de segunda instancia proferida por
el Consejo de Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 248 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[73],
procede el recurso extraordinario de revisión.
De
conformidad con el artículo 250 Ibídem, son causales de revisión:
“1. Haberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2.     Haberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados.
3.     Haberse dictado la sentencia con
base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4.     Haberse dictado sentencia penal
que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5.     Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6.     Aparecer, después de dictada la
sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7.     No tener la persona en cuyo favor
se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8.     Ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
Para
la Sala, ninguno de los supuestos de hecho enunciados que hacen procedente el
recurso de revisión se presentan en el sub examine, puesto que lo
alegado por los accionantes es la indebida aplicación del título de imputación
de responsabilidad estatal y la errónea concepción de la configuración de una
causal eximente de responsabilidad. De esta forma, como bien se observa, lo
cuestionado en sede de tutela no se enmarca dentro de ninguna de las causales
del recurso de revisión.
Así
las cosas, la Sala encuentra que los accionantes no tienen otros mecanismos
diferentes a la acción de tutela para hacer valer las referidas circunstancias,
por lo que se colige se encuentra satisfecho el requisito del agotamiento de
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
5.2.4.
Existió inmediatez
entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela.
Por otra parte,
en relación con el presupuesto de inmediatez consistente en que la acción de
tutela debe presentarse en un término prudente que permita inferir la urgencia
de protección de los derechos fundamentales invocados, advierte la Sala que la
acción de tutela fue ejercida en un plazo razonable, toda vez que fue
presentada el veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015), y la decisión
cuestionada data del veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), es
decir, fue interpuesta 6 meses después de proferida la providencia que
consideran vulneratoria de sus derechos fundamentales.
5.2.5.
El
tutelante identificó de manera razonable los hechos que, en su concepto,
generaron la vulneración de sus derechos fundamentales.
Se
observa que en el presente caso, los interesados identificaron de manera
razonable los hechos que, en su concepto, generaron la vulneración de sus
derechos fundamentales, señalaron las causas del agravio y expresaron en su
escrito de tutela el carácter fundamental de los derechos conculcados.
En
conclusión, encontramos que el caso que aquí se estudia, cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por tal motivo pasará la Sala a revisar si se presentan las
causales especiales de procedibilidad alegadas por los accionantes.
5.3.
EXAMEN
DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
5.3.1.
En
el presente caso, los accionantes alegaron como causal de procedibilidad de la
acción de tutela la configuración de un “defecto sustantivo por grave error
en la interpretación de la norma aplicada”, que sustentaron en los
siguientes términos:
5.3.1.1.
Inicialmente,
estimaron que se presentó un desconocimiento de la interpretación y de la
posición jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con el daño
ocasionado en desarrollo de actividades peligrosas.
Al
respecto, hicieron alusión a la jurisprudencia en virtud de la cual el Consejo
de Estado determina que en los casos relacionados con el ejercicio de una
actividad peligrosa, como el caso del manejo de aeronaves, “el régimen
aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo
grave y anormal que el Estado expone a los administrados”[74].
En
este sentido, recordaron que el Alto Tribunal ha establecido que: “Cuando se
debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de la actividad
peligrosa de conducción de vehículos automotores de propiedad del Estado o al
servicio de éste, ha entendido la Sala que el régimen aplicable es el de
responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo excepcional”[75].
Continuaron
advirtiendo que, el Consejo de Estado en algunas decisiones ha sostenido que el
riesgo inherente al desarrollo de una actividad peligrosa se aplica para todos
los ocupantes de un vehículo o de una aeronave, sin tener en consideración si
son pasajeros o tripulantes del mismo, ya que cuando se materializa el riesgo,
se compromete directa e indiscriminadamente la vida de todos los que allí se
encuentran.
Sobre
este punto, trajeron a colación una sentencia proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado[76],
en la cual se señaló que la Administración debe responder siempre que produzca
un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de
elementos de la misma naturaleza. En concreto, se resaltó de la sentencia en
cita lo siguiente: “El mencionado título de imputación puede ser empleado
tanto en favor de terceros, como para los conductores de tales vehículos y para
los servidores públicos que los acompañan para el cumplimiento de funciones
propias del servicio. En virtud de ese título de imputación objetivo, el
demandante tiene el deber de probar la existencia del daño antijurídico y el
nexo causal entre éste y la acción u omisión de la entidad pública demandada,
para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar
la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante”.
Pese
a lo anterior, destacaron que independientemente del título de imputación
aplicado, debía haberse declarado la responsabilidad del Estado, puesto que a
quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad peligrosa “quedará
obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del
riesgo creado”[77].
5.3.1.2.
Arguyeron
que en el presente asunto la responsabilidad de la Administración surgió por
cuanto los hechos dañosos ocurrieron en ejercicio de un servicio público, que
expuso a un riesgo excesivo a la víctima, en su concepto, “al haber ordenado
la ejecución de la operación aérea en condiciones climáticas adversas”, lo
cual consideran representa un comportamiento positivo de la administración, que
no es externo a la misma, puesto que las condiciones meteorológicas debieron
hacer que no se permitiera el vuelo que originó el daño.
Sobre
el particular, aseguraron que no se configuró un evento de fuerza mayor sino un
caso fortuito, puesto que éste último se refiere a una circunstancia que a
pesar de que no se pudo prever, sí se pudo evitar, impidiendo que la aeronave
volara bajo la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas.
De
esta manera, consideraron como contradictoria la calificación de los hechos
como un evento de fuerza mayor, puesto que en su concepto “esta postura es
insuficiente para considerar que la caída de un helicóptero es un hecho externo
a la actividad desarrollada y al servicio prestado”. Así, estimaron que la
actividad desempeñada por los pilotos de aeronaves está acompañada de una serie
de riesgos como lo es el mal tiempo, por lo que debe considerarse dicha
situación como un riesgo intrínseco de la actividad, que conduce a la
responsabilidad patrimonial del Estado.
En
relación con el caso fortuito, indicaron que el Consejo de Estado ha
considerado que el mismo no exonera de responsabilidad al Estado. Así,
refirieron un pronunciamiento del Alto Tribunal Contencioso, en el que se
determinó:
“Ahora bien, el Departamento demandado aduce como
eximente de responsabilidad que aunque se le realizaron todos los
mantenimientos técnicos requeridos, el vehículo sufrió un desperfecto que
produjo que el conductor perdiera control del vehículo saliendo aparatosamente
hacia el abismo.
En relación con el tema se debe tener en cuenta que
por ser éste un hecho generado en el marco de la actividad de conducción del
vehículo, ha de entenderse que se trata de un caso fortuito al que la
jurisprudencia reiterada de la Sala ha señalado no tiene la virtud de ser
eximente de responsabilidad en o que tiene que ver con el ejercicio de
actividades peligrosas (El caso fortuito, por el contrario, proviene de la
estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer
oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa
extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño).
Ha de decirse con claridad que ese daño le es
imputable a la entidad demandada porque el ejercicio de la actividad peligrosa,
con ocasión de la cual se produjo el accidente lo fue un vehículo de propiedad
del demandado, conducido por uno de sus servidores, diferente del occiso y en
cumplimiento de una misión oficial.”[78]
De
esta manera, reiteraron que el mal tiempo en la aviación es un riesgo
previsible, que se podía evitar, impidiendo que la aeronave volara en esas circunstancias,
y que al ser un suceso interno propio de la actividad aeronáutica, la
Administración debe responder patrimonialmente.
5.3.2.
En
virtud de lo expuesto por los accionantes, la Sala debe señalar en este punto,
que la causal específica de “defecto sustantivo por grave errar en la
interpretación de la norma aplicada” invocada por los actores, debe ser
interpretada, de conformidad con las consideraciones realizadas en la parte
motiva de esta providencia, como un cargo de defecto sustantivo por: (i)
desconocimiento del precedente jurisprudencial, y (ii) insuficiencia en
la motivación y errada interpretación.
En
efecto, los peticionarios alegan por una parte, que presuntamente la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de su
fallo, desconoció el precedente horizontal establecido por la Sección Tercera
del Alto Tribunal, en relación con el título de imputación aplicado para
determinar la responsabilidad estatal, y por otra parte, no motivaron
suficientemente el por qué se había configurado un evento de fuerza mayor,
cuando en su parecer, lo correcto era considerar la existencia de caso
fortuito, en el entendido que el mal tiempo meteorológico es un riesgo
intrínseco de la aviación, el cual además es previsible y, en consecuencia,
puede ser evitado.
Para
resolver si efectivamente se presentó el defecto señalado, lo primero que debe
advertir la Sala Plena es que la discusión sobre el título de imputación de
responsabilidad estatal, tratándose del desarrollo de actividades peligrosas,
así como el establecimiento de las diferencias entre las causales de exclusión
de responsabilidad – caso fortuito y fuerza mayor- son temas de naturaleza
netamente administrativa que le corresponde fijar, como última instancia y
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Consejo de Estado, y sobre
los cuales la Corte Constitucional no se ha pronunciado directamente, motivo
por el cual, la labor del juez constitucional se limitará a determinar si la
autoridad judicial accionada desplegó una actuación vulneratoria de los
derechos fundamentales deprecados.
Retomando,
se tiene que los accionantes invocan el desconocimiento del precedente
sustentándose en varias sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que se refieren: en primer lugar, al título de imputación aplicado para
efectos de determinar la responsabilidad del Estado en los daños originados
como consecuencia de una actividad peligrosa, y en segundo lugar, a la
configuración de eventos constitutivos de casos fortuitos.
5.3.2.1.
Para
establecer si estos pronunciamientos constituyen precedente horizontal, es importante
recordar: (i) qué debe
entenderse como “precedente” y (ii) cuándo una decisión es relevante
para resolver un caso posterior.
Como
se señaló en la parte considerativa, precedente es
aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla
para resolver la controversia[79]. El
precedente, entonces, puede consolidarse en una línea jurisprudencial cuando de
forma reiterada se emplea la misma ratio decidendi para resolver
problemas jurídicos similares.
Una
vez identificada una sentencia o grupo de sentencias que constituyen
precedente, se debe establecer si son relevantes o no para resolver el nuevo
caso objeto de examen. Para ello deben analizarse los siguientes elementos:
“a)
En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente, b) La ratio debió
haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante, c) Los hechos del caso o las normas juzgadas
en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho
semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable
que cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no
concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar
vinculante el precedente”[80].
Estos
tres elementos hacen que una sentencia o grupo de sentencias anteriores se
constituyan en un precedente aplicable a un caso concreto, y, en esa medida,
que sean vinculantes en virtud de los principios de igualdad y debido proceso,
entre otros. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como
aquella sentencia o grupo de sentencias anteriores y pertinentes cuya
ratio representa una regla (prohibición, orden o autorización) determinante
para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión
de constitucionalidad semejantes[81].
5.3.3.
Una
vez establecido lo anterior, procede esta Sala de Revisión a
verificar si en el caso concreto existía un precedente que obligara a la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y si dicha Subsección
se apartó del mismo e inobservó las reglas jurisprudenciales establecidas para
tal fin.
5.3.3.1.
Como
se referenció en precedencia, los actores citan varias sentencias de la Sección
Tercera del Consejo de Estado para señalar que no se dio aplicación al
precedente judicial en relación con: (i) el título de imputación en la
responsabilidad del Estado, y (ii) la calificación de la causal eximente
de responsabilidad.
5.3.3.1.1.
El
título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado en los
daños ocasionados como consecuencia del desarrollo de actividades peligrosas
Frente
a este punto, afirman los peticionarios que la decisión proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado desconoce la jurisprudencia de dicho
Tribunal en cuanto al título de imputación aplicado, puesto que tratándose de
actividades peligrosas, debe estudiarse la responsabilidad estatal bajo un
régimen objetivo por riesgo excepcional, y la Subsección A, Sección Tercera del
Consejo de Estado, consideró que el régimen aplicable era el de falla del
servicio.
Para
sustentar la anterior afirmación, citaron las sentencias de la Sección
Tercera del 13 de abril de 2011, Exp 18787[82] y del 8
de junio de 2011, Exp 20328[83],
en las que el Consejo de Estado determinó que “en los eventos en que el daño
es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial,
vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen
aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo
grave y anormal que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que
basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño
resulte imputable a ella”.
Observa
la Sala que en efecto, en dichas sentencias el Consejo de Estado estableció la
responsabilidad de la Administración bajo el régimen objetivo por riesgo
excepcional. No obstante, los casos analizados en las providencias citadas
difieren del ahora estudiado, puesto que en ambos, las víctimas del daño
reclamado eran pasajeros de vehículos del Estado, mas no sus conductores.
Y
es que es precisamente ese el criterio diferenciador, entre los ocupantes y
quienes ejercen directamente la actividad, el utilizado por la autoridad
judicial accionada, para efectos de establecer que no hay lugar a aplicar el
régimen de responsabilidad objetiva sino el de falla del servicio, puesto que,
en este caso, la víctima del daño era el copiloto del helicóptero, y bajo esta
condición, se encontraba junto con el piloto a cargo de la realización de la
actividad peligrosa.
Por
otra parte, los peticionarios hacen referencia a la Sentencia del 3 de mayo
de 2007, Exp 25020[84],
en la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre el régimen objetivo,
señaló “El
mencionado título de imputación puede ser empleado tanto en favor de terceros, como
para los conductores de tales vehículos y para los servidores públicos que
los acompañan para el cumplimiento de funciones propias del servicio. En virtud
de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la
existencia del daño antijurídico y el nexo causal entre éste y la acción u
omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la
responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la
conducta del agente, la cual resulta irrelevante.”(Subrayado fuera
del texto)
Con
fundamento en lo anterior, podría concluirse prima facie que, tal como
se advirtió en la acción de tutela, el Consejo de Estado ha aplicado el régimen
objetivo para estudiar la responsabilidad del Estado, aun tratándose de los
conductores de vehículos estatales, es decir, aun cuando la víctima ejerce
directamente la actividad peligrosa.
Sin
embargo, encuentra la Sala que en la providencia en cita, pese a la anterior
afirmación, el Consejo de Estado analizó el caso de un Patrullero de la Policía
que se desplazaba como parrillero en una motocicleta de propiedad de esa
Institución, sufriendo un accidente que originó su muerte. En este orden, es
claro que el afectado no ejercía la conducción de la motocicleta y, por tanto,
esta decisión tampoco sirve de precedente aplicable al sub examine, toda
vez que no tiene elementos fácticos similares, persistiendo el trato diferente
entre la víctima que ejerce la actividad peligrosa y los terceros afectados con
la misma.
Ahora
bien, contrario a lo afirmado por los accionantes, observa la Sala Plena que el
Consejo de Estado ha adoptado uniformemente el criterio en virtud del cual, si
bien se reconoce que en el ejercicio de actividades peligrosas el régimen
aplicable es objetivo, no hay lugar al mismo cuando la actividad peligrosa es
ejercida directamente por la propia víctima, caso en el cual la responsabilidad
debe ser analizada con fundamento en la tesis de la falla probada del servicio.
Esta
posición ha venido siendo reiterada de manera unánime por la Sección Tercera
del Consejo de Estado[85].
Así, ha sostenido que “la calificación de una actividad como “peligrosa”
tiene incidencia para establecer el criterio de imputación aplicable en
relación con los daños que se deriven de la misma, distinguiendo entre quienes
ejercen la actividad y los terceros ajenos a ésta. En el primer caso, cuando
quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño originado en ésta, la
decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse en desarrollo de la
tesis de la falla del servicio prestado”[86].
En
palabras del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo:
“Quien
maneja un arma, conduce un vehículo, etc, no podrá invocar después el
ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización
por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del
automotor, etc, en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar
de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se
le recomienda.
“De
tal manera, el servidor público de la fuerza pública que manipula un arma y se
lesiona, no podrá acudir a este régimen de responsabilidad para obtener la indemnización
de los perjuicios que se le hubieren causado; por el contrario, si el afectado
es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la
administración sólo se exonerara si acredita que el hecho se produjo por culpa
exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio,
exclusivo y diferente, o por fuerza mayor”[87]. (Subrayado fuera
de texto)
Es
decir, el régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional no puede
ser aplicado al funcionario que resulte lesionado o muerto con la conducción
del vehículo que le ha sido asignado para el cumplimiento de sus funciones, es
decir, no procede cuando la actividad es ejercida por la misma víctima y no se
acredita la falla del servicio[88].
De
la lectura anterior, se desprende que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sido clara en establecer que cuando el daño sufrido deviene como consecuencia de
una actividad peligrosa, la cual es ejercida directamente por la propia
víctima, no resulta aplicable el régimen objetivo por riesgo excepcional, sino
el de falla probada del servicio.
Conclusión: Con fundamento
en lo hasta aquí expuesto, considera la Sala que la decisión cuestionada en
sede de tutela no desconoce en absoluto lo establecido en las sentencias precitadas.
Lo
anterior, por cuanto expresamente consideró el fallador que “(…) debe
advertirse que el hecho de que la víctima fuera parte de la tripulación como
copiloto de la aeronave, al momento en el que se produjo el siniestro, lleva a
recordar que esta Corporación ha señalado que, cuando el daño sufrido deviene
como consecuencia de una actividad peligrosa ejercida directamente por la
propia víctima, no resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva,
sino el de falla probada del servicio.
(…) Al respecto, es un hecho que quien hace parte de
la tripulación como copiloto de una aeronave está, evidentemente, a cargo de la
actividad peligrosa, pues las funciones que desempeñan en ejercicio de esa
calidad están estrictamente relacionadas con el manejo de la aeronave, al punto
que “quien pretenda actuar como piloto al mando (comandante) o como copiloto de
una aeronave que pertenezca a algunas de las categorías señaladas a
continuación (entre estas helicópteros) deberá ser titular de una licencia de
piloto expedida de conformidad con las disposiciones de este capítulo[89]”.
En
este orden, tal como se desprende de la anterior cita, la Sección Tercera del Consejo
de Estado en el fallo acusado, no sólo no se apartó del precedente
jurisprudencial señalado sino que reiteró las pautas jurisprudenciales
señaladas por ese Alto Tribunal, cuando la víctima del daño es quien desarrolla
o ejecuta directamente la actividad peligrosa.
En
efecto, tras determinar que la víctima del daño ejercía como copiloto del
helicóptero siniestrado y, por lo tanto, junto con el piloto, estaba a cargo de
la actividad peligrosa, coligió que debía analizarse el caso bajo el régimen de
falla probada del servicio, reproduciendo además lo establecido en las
Sentencias del 14 de junio de 2001, Exp12.198, C.P.
German Rodríguez Villamizar y del 26 de enero de 2011, Exp 18.431, C.P. Gladys
Agudelo Ordoñez, mencionadas en la parte motiva de esta providencia, en las
cuales se analizó la responsabilidad estatal en accidentes aéreos en los cuales
las víctimas eran quienes estaban a cargo del pilotaje de las aeronaves.
Por
lo anterior, en este punto, colige la Sala Plena de esta Corporación que no se
presenta una vulneración al debido proceso de los accionantes en la modalidad
de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
5.3.3.1.2.
Calificación
de la causal eximente de responsabilidad del Estado
Los
peticionarios cuestionan la calificación otorgada a la causal eximente de
responsabilidad, pues en su concepto las fallas meteorológicas que produjeron
el accidente no pueden entenderse como un evento de fuerza mayor sino como un
caso fortuito.
Sobre
el particular, argumentan que el caso fortuito a pesar de ser imprevisible sí
pudo haberse evitado, contrario a la fuerza mayor. Además, destacan que es un
hecho que puede ocurrir debido al desarrollo de la actividad peligrosa, es
decir que es un riesgo intrínseco propio de la aviación.
Agregan
que tratándose de circunstancias consideradas como caso fortuito, el Consejo de
Estado ha señalado que el mismo no exonera de responsabilidad al Estado en lo
que tiene que ver con el ejercicio de actividades peligrosas.
Por
su parte, la sentencia atacada concluyó “la fuerza mayor – que se acreditó
en este asunto- constituye una causa extraña que impide imputar el daño a la
administración”.
Para
arribar a la anterior conclusión, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado consideró, con fundamento en las pruebas obrantes en el
expediente, que lo que se presentó fue un evento de fuerza mayor atribuible a “las
condiciones meteorológicas adversas, imprevistas y súbitas, imperantes en el
momento en el cual la aeronave sobrevolaba el área general del municipio de San
Juanito (Meta), de tal suerte que, como lo indicó el Tribunal de primera
instancia, ello configuró un evento constitutivo de fuerza mayor que impide
imputar el daño a la entidad demandada.
(…) de lo anterior, se concluye, entonces, que las
condiciones en las cuales se produjo el accidente aéreo constituyeron un evento
de fuerza mayor, entendida ésta como “la causa extraña y externa a la esfera
jurídica del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e
imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al o al servicio que
causó el daño”, que rompe el nexo de causalidad entre el daño y el actuar de la
administración”.
En
hilo de lo dicho, se tiene que lo debatido en este punto está en la
calificación otorgada a la causal eximente de responsabilidad estatal, puesto
que para los peticionarios se trata de un caso fortuito y para la autoridad
accionada de un evento de fuerza mayor.
En
lo que respecta a lo decidido por el Consejo de Estado, los accionantes, bajo
el título general de “defecto sustantivo por grave error en la
interpretación de la norma aplicada”, fundamentan su reproche argumentando
que “es contradictoria la calificación de los hechos que han dado lugar a
este proceso como un escenario generador de fuerza mayor, pues la
construcción de esta postura es insuficiente para considerar que la caída
de un helicóptero es un hecho externo a la actividad desarrollada y el servicio
prestado”. (Negrillas fuera del texto)
5.3.3.1.2.1.
Teniendo
en cuenta lo anterior, considera la Sala que lo argumentado puede encausarse en
la casual específica de defecto sustantivo por insuficiente motivación, entendida
como el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
La
obligación de sustentar y motivar de las decisiones judiciales, resulta vital
en el ejercicio de la función jurisdiccional, en la medida en que garantiza
que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto
jurídico.
En
este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como
un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado
que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a
garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control
sobre la razonabilidad de la providencia.
Ahora,
en relación a la valoración de esta causal por parte del juez de tutela, en la
sentencia T-233 de 2007[90],
esta Corporación precisó lo siguiente:
“(…) la
motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde
analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo
que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no
encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del
principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de
interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la
argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte
reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los
casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”. (Subrayado fuera de texto).
En
este sentido, considera la Sala importante insistir en que los funcionarios
judiciales, como en este caso, la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuenta
con autonomía y discrecionalidad para determinar en cada caso en concreto, con
base en los elementos puestos a su disposición, si operó o no una causal
eximente de responsabilidad del Estado, sin que pueda predicarse de esta
decisión que haya sido caprichosa o arbitraria.
De
esta manera, observa la Sala que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado señaló sobre el particular que:
“(…) de la declaración transcrita párrafos atrás,
rendida por una de los sobrevivientes del siniestro y cuyo testimonio le ofrece
a la Sala Plena credibilidad, por haber sido testigo directo y presencial del
accidente y que, por lo mismo, percibió los hechos en el momento en que éstos
se produjeron, queda claro que: i) el helicóptero accidentado sobrevolaba, sin
ningún problema, el páramo de Chingaza, de donde salió y efectuó, sin
contratiempos, dos sobrevuelos previos a San Juanito, ii) al regresar del
segundo vuelo, no se presentó problema alguno y las condiciones de visibilidad
eran óptimas, ya que se podían divisar los cerros sobre los cuales se
sobrevolaba y iii) luego de sobrepasar los cerros “todo se comenzó a ver
blanco”, “totalmente tapado”, “se veía blanco” y luego se produjo el accidente.
De lo dicho es posible inferir que la aeronave
sobrevolaba en buenas condiciones de aeronavegabilidad – lo cual, incluso, lo
evidenció el informe rendido a la comisión investigadora (página 10), donde se
precisó que en la última grabación la tripulación no reportó falla alguna –
cuando intempestivamente, sobrevino un evento inesperado de nubosidad que
impidió la visibilidad – para ese momento, la grabadora de voces reportó que la
visibilidad era limitada para los miembros de la tripulación, según testimonio
de uno de los rescatistas (página 9)-, pues, de un momento a otro, todo se
tornó “blanco”, totalmente tapado así, ese cambio meteorológico se produjo en
condiciones súbitas e inesperadas para la demandada y, por lo mismo, no le fue
posible evitarlo.
(…)
Ahora, la Sala acoge las conclusiones contenidas en
los informes rendidos dentro de la investigación disciplinaria referenciadas
párrafos atrás, en cuanto a las condiciones meteorológicas adversas, como
determinantes del siniestro, en la medida en que fueron rendidas por personas
calificadas para emitir este tipo de conceptos, ya que se trata de
profesionales con conocimientos en esas áreas (pilotos de pruebas del equipo MI
17 IV, miembros de la Compañía de Mantenimiento del Batallón de Helicópteros),
de suerte sus dichos resultan idóneos para acreditar que esa fue la causa del
siniestro”.
5.3.3.1.2.2.   Por otro
lado, observa la Sala que tampoco puede predicarse por parte de la Subsección
A, Sección Tercera del Consejo de Estado, una indebida interpretación respecto
a las características o elementos establecidos por la jurisprudencia respecto a
los eventos considerados como fuerza mayor, puesto que, tal como se explicó en
la parte considerativa, para que pueda hablarse de fuerza mayor, el suceso debe
ser externo, irresistible e imprevisible, circunstancias estas que, como se
expuso, fueron tenidas en cuenta por la autoridad judicial accionada.
En
este sentido, es claro que los fenómenos de la naturaleza como los son las
condiciones meteorológicas, son hechos externos que no pueden ser
controlados por la entidad demandada, contrario a lo esgrimido por los
accionantes, quienes consideran que estos sucesos hacen parte intrínseca de la
actividad de aviación.
Ahora,
frente al argumento según el cual “el mal tiempo en la aviación es un riesgo
previsible” que igualmente pudo haberse evitado, impidiendo que la aeronave
volara en esas circunstancias, considera prudente la Sala recordar que la
jurisprudencia contenciosa administrativa ha sido enfática en señalar que “lo
que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal sino sus
consecuencias”[91].
Así
las cosas, no encuentra la Sala reparo frente a lo considerado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, quien con fundamento en las pruebas recaudadas y
valoradas, pudo determinar que se habían realizado sobrevuelos sin
contratiempos, e intempestivamente las condiciones climáticas y por ende de
aeronavegabilidad variaron.
De
esta manera, si bien en gracia de discusión podría decirse que eventualmente
pudo haberse previsto que las condiciones meteorológicas podría variar, era
absolutamente imprevisible y a su vez irresistible, conocer en
qué magnitud se iba a presentar esa variación y además qué consecuencias podían
generarse sobre el helicóptero siniestrado.
Conclusión: de conformidad
con lo expuesto, puede colegir la Sala que la decisión adoptada tuvo respaldo
en las pruebas obrantes dentro del proceso y en el estudio y ponderación de las
mismas, sin que se observe que es caprichosa y arbitraria, por lo cual no puede
endilgarse de la misma una indebida motivación.
De
igual forma, tampoco puede hablarse de una indebida interpretación por parte de
la autoridad judicial accionada sobre las características de los eventos de
fuerza mayor, ya que con fundamento en el acervo probatorio, encausó las
circunstancias que rodearon el caso estudiado en los elementos característicos
de la fuerza mayor.
5.3.3.1.3.
Vulneración
del derecho a la igualdad
Finalmente,
para sustentar este cargo, los actores alegan que en el accidente aéreo que
ocasionó la muerte del Capitán Wilmer Orlando Cortés, también fallecieron otros
integrantes del Ejército Nacional, a cuyas familias les fue reconocida una
indemnización por los perjuicios ocasionados, en las respectivas sentencias de
reparación directa proferidas por el Tribunal Administrativo del Meta[92].
Relatan
los peticionarios que, en ambas decisiones del Tribunal Administrativo del
Meta, se encontró probada una falla del servicio derivada de que “el piloto
de la aeronave violó las normas del vuelo, pues operó la aeronave con malas
condiciones en el estado meteorológico” y “fue la falla en la operación
de la aeronave y el incumplimiento de las reglas de vuelo lo que ocasionaron el
accidente”.
En
atención a lo anterior, considera la Sala que no puede hablarse de un
desconocimiento del derecho a la igualdad, puesto que las otras decisiones
referenciadas por los accionantes, si bien tienen su origen en el mismo
accidente aéreo, las circunstancias analizadas por el Tribunal Administrativo
del Meta varían de las ahora analizadas, toda vez que en aquellos casos las
víctimas eran pasajeros de la aeronave, es decir, no asumieron voluntariamente
el desarrollo de la actividad peligrosa, sino por el contrario, eran terceros
que no debían asumir el riesgo generado.
Adicionalmente,
se observa que en dichas decisiones el Tribunal Administrativo del Meta,
contrario a lo pretendido por los demandantes, estudió la responsabilidad del
Estado bajo el régimen de falla del servicio, habiendo encontrado además
probada la ocurrencia de una falla del servicio atribuible al piloto de la
aeronave.
Por
lo tanto, frente a los casos señalados por los peticionarios, puede concluir la
Sala que al no tratarse de personas que se encuentran en situaciones fácticas y
jurídicas semejantes y por tanto en igualdad de condiciones con la víctima cuya
solicitud se estudia, no habrá lugar a realizarse un test de igualdad, pues se
insiste, las circunstancia en uno y otro caso no ameritan un tratamiento igual.
En
lo que respecta a la vulneración del precedente debe recordarse que esta
Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el
vertical, de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa,
por lo que el precedente horizontal hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial
Teniendo
en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que no le asiste razón a los
demandantes en relación con este cargo, puesto que la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia cuestionada, no decidió sobre las
pretensiones de las otras víctimas, a quienes, como se dijo, les fue resuelta
su solicitud por el Tribunal Administrativo del Meta, autoridad contra quien
además no se dirige la presente acción de tutela.
Así
las cosas, no puede hablarse de vulneración al derecho a la igualdad,
específicamente por desconocimiento del precedente horizontal cuando las
decisiones señaladas por los tutelantes como referente para alegar la
transgresión de su derecho, no fueron proferidas por la misma Corporación
Judicial.
Conclusión:
la
Sentencia
del veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), proferida por la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, no desconoció
el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución
Política, puesto que no adoptó ninguna decisión contraria al resolver algún
caso con identidad fáctica y de sujetos.
5.3.4.
CONCLUSIONES
5.3.4.1.
La
Sala considera que no es posible afirmar que se configuró un defecto sustantivo
en la modalidad de desconocimiento del precedente, en lo que respecta al título
jurídico de imputación de los daños ocasionados como consecuencia del
desarrollo de actividades peligrosas, puesto que la Subsección A, Sección
Tercera del Consejo de Estado aplicó la línea jurisprudencial al respecto, en
virtud de la cual, cuando la actividad peligrosa es ejercida directamente por
la víctima del daño debe analizarse la responsabilidad estatal bajo la tesis de
falla probada del servicio.
5.3.4.2.
Tampoco
incurrió en una vulneración del debido proceso como consecuencia de una
defectuosa motivación, puesto que se observa que la Sección tercera del Consejo
de Estado valoró juiciosamente los elementos puestos a su disposición, con
fundamento en los cuales determinó que el accidente aéreo que originó el daño
reclamado se produjo como consecuencia de la configuración de un evento de
fuerza mayor.
5.3.4.3.
No
se vulneró el principio de igualdad, puesto que las sentencias referidas por
los accionantes para fundamentar dicha transgresión, no comparte los mismos
elementos que la estudiada por el Consejo de Estado, quien además tampoco
conoció de los casos mencionados, por lo que al no haber sido decisiones
proferidas por la misma autoridad judicial no puede hablarse de desconocimiento
del precedente horizontal.
En
consecuencia, y teniendo en cuenta las razones expuestas, la Sala procederá a confirmar
el fallo de segunda instancia que negó acción de tutela.
6.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO:
LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el presente
proceso.
SEGUNDO:
CONFIRMAR,
por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida el quince
(15) de diciembre de dos mil quince (2015), proferida por por
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
TERCERO.
LÍBRESE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con aclaración de voto
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
A LA SENTENCIA SU449/16
FUERZA MAYOR COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD-Caso en que se
debió analizar con mayor profundidad la causal eximente de responsabilidad
(Aclaración de voto)
Se debió hacer un estudio más
profundo y detallado de las pruebas de tal forma que se solicitara el informe a
un profesional ajeno a las partes del litigio, que imprimiera de la mayor
imparcialidad el material probatorio, permitiera determinar de forma objetiva
las causas y condiciones que se presentaron en el momento del accidente, y
conllevara a establecer si las condiciones meteorológicas podían ser
calificadas como un evento de fuerza mayor. No obstante, la ponencia no aborda
de ninguna manera esta problemática probatoria sino que se centra de manera
exclusiva en el análisis del título de imputación de responsabilidad del
Estado.
Referencia:
Expediente T-5380986
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las
consideraciones que me llevaron a aclarar el voto en la Sentencia SU-449 de
2016.
1. En esta oportunidad la Corte conoció
la acción de tutela promovida por los familiares de Wilmer Orlando Cortés Conde
en contra de la Sección Tercera, subsección "A" del Consejo de
Estado.
El 13 de agosto de 2003 los accionantes
interpusieron una demanda de reparación directa en contra del Ministerio de
Defensa por la muerte de Wilmer Orlando Cortés Conde, quien falleció el 30 de
noviembre de 2001 en el desarrollo de sus funciones como Capitán del Ejército,
cuando en cumplimiento de una misión de apoyo de combate a las fuerzas de
despliegue rápido, el helicóptero en el que se movilizaba se accidentó en la
zona rural del Municipio de San Juanito, Meta.
Mediante sentencia del 15 de junio de
2007 el Tribunal Administrativo del Meta concluyó que el siniestro no
representaba responsabilidad para el Estado y, por tanto, negó las pretensiones
de la demanda. Ello, al considerar que el accidente fue causado por fuerza mayor,
en tanto fueron las condiciones meteorológicas las que generaron el
fallecimiento. Posteriormente, en sentencia del 26 de febrero de 2015, la
Sección Tercera, Subsección "A" del Consejo de Estado, confirmó la
decisión apelada por las mismas razones.
En vista de lo
anterior, los accionantes promovieron acción de tutela al considerar que la
providencia proferida por el Consejo de Estado incurrió en: (i) un defecto
sustantivo, por grave error en la interpretación de la norma aplicada. Ajuicio
de los accionantes, la aviación implica un riesgo específico de caer a tierra,
por lo que quien despliega esa actividad y se beneficia de ella debe responder
patrimonialmente por cualquier perjuicio ocasionado; además, la responsabilidad
del Estado surge también por ordenar la ejecución de una operación aérea en
condiciones climáticas adversas; y (ii) violación directa de la Constitución al
desconocer el principio de igualdad, toda vez que en el mismo accidente
fallecieron un Sargento y un Cabo, respecto de quienes el Tribunal
Administrativo del Meta decretó la responsabilidad del Estado.
Las secciones Cuarta y Quinta del Consejo
de Estado, en primera y segunda instancia, negaron las pretensiones de los
accionantes, bajo el argumento de que no se genera responsabilidad del Estado
respecto del personal que hace parte de las fuerzas armadas y que presta su
servicio de manera voluntaria, como ocurrió en el caso del señor Cortés Conde,
quien ostentaba el grado de Capitán. Los jueces explicaron que cuando el daño
sufrido se ocasiona como consecuencia de una actividad peligrosa ejercida
directamente por la víctima, no resulta aplicable el régimen de responsabilidad
objetiva, sino el de la falla probada del servicio; no obstante, en esta
oportunidad se configuró un hecho constitutivo de fuerza mayor como eximente de
responsabilidad, esto es, un cambio meteorológico adverso.
Para resolver el
asunto, el Pleno de esta Corporación hizo referencia a los requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
específicamente sobre el defecto sustantivo, así como a la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre el título de imputación de responsabilidad en los daños
ocasionados como consecuencia del desarrollo de actividades peligrosas.
Explicó que el Consejo de Estado ha
adoptado una posición uniforme sobre el asunto y ha concluido que cuando se
discute la responsabilidad del Estado por daños causados por actividades
peligrosas -como sucede con el manejo de una aeronave-, el régimen aplicable es
el de la responsabilidad objetiva; es decir, se presume la responsabilidad del
Estado, que debe asumir los riesgos a los cuales expone a la sociedad con esa
actividad. Sin embargo, cuando la actividad peligrosa es ejercida directamente
por la propia víctima, no resulta aplicable el régimen objetivo de
responsabilidad, sino el de la falla del servicio o responsabilidad subjetiva.
Expuso que por regla general existe
responsabilidad del Estado bajo la teoría de la responsabilidad objetiva si la
persona que murió o sufrió el daño no era quien tenía a su cargo o realizaba la
actividad, por ejemplo, en los casos del Ejército, cuando quien muere es un
soldado u otra persona que iba como pasajero de la aeronave. Por el contrario,
existe falla del servicio si la persona que murió o sufrió el daño era quien
estaba a cargo de la actividad. Verbi gratia, si bien un capitán del Ejército
está en cumplimiento de una misión asignada, es él quien al momento de ingresar
a la Institución acepta y asume el riesgo que representa formar parte de ella.
Su muerte se produce al momento de cumplir funciones propias, normales e
inherentes, relacionadas con la profesión.
La Sala Plena concluyó que en el presente
caso se estaba ante un Capitán del Ejército, quien era la persona que conducía
la aeronave accidentada, por lo que el asunto debía estudiarse bajo la teoría
de la falla del servicio. En esa medida, concluyó que no se configuró defecto
sustantivo en lo concerniente al título de imputación, por cuanto se aplicó
correctamente el precedente jurisprudencial sobre la materia. Tampoco se
vulneró el derecho a la igualdad, porque si bien en el mismo accidente
fallecieron un Sargento y un Cabo, frente a quienes el Tribunal Administrativo
del Meta sí decretó la responsabilidad del Estado, lo hizo bajo la teoría de la
responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta que eran pasajeros de la aeronave
y no quienes tenían a cargo la actividad peligrosa.
2. Si bien comparto la decisión adoptada
por la mayoría, considero importante hacer unas precisiones respecto al
material probatorio que acreditó la presencia de la fuerza mayor como causa
extraña que exoneró de responsabilidad al Estado. En otras palabras considero
necesario resaltar que en esta oportunidad, se debió analizar con mayor
profundidad la causal eximente de responsabilidad.
Esta Corporación
ha establecido el defecto fáctico como uno de los requisitos procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales y lo ha definido como aquel
que "surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[93].
También ha sido
considerado como la "omisión en el decreto y la práctica de las
pruebas; la omisión en el examen del acervo probatorio y el desconocimiento de
las reglas de la sana crítica"[94] En la misma
línea, este Tribunal ha sostenido sobre el principio de la sana crítica que "el
fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias
en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales
con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio,
este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir,
con base en criterios objetivos y racionales "[95].
Tanto el Tribunal
Administrativo del Meta como el Consejo de Estado sustentaron la existencia de
la fuerza mayor en declaraciones de rescatistas del Ejército y en informes
rendidos por profesionales miembros de la Compañía de Mantenimiento del
Batallón de Helicópteros, quienes conceptuaron sobre las condiciones
meteorológicas que se presentaron al momento del accidente, según fue
referenciado en la ponencia:
"Pues, bien,
conforme a lo expuesto, la Sala encuentra acreditado que el accidente aéreo en
el cual perdió la vida el Capitán del Ejército WILMER ORLANDO CORTES CONDE
sobrevino  como  consecuencia  de  las  condiciones meteorológicas “adversas",
"imprevistas" y "súbitas" imperantes en el momento en el
cual la aeronave sobrevolaba el área general del municipio de San Juanita
(Meta), de tal suerte que, como lo indicó el Tribunal de primera instancia,
ello configuró un evento constitutivo de fuerza mayor que impide imputar el
daño a la entidad demandada (...)
De lo anterior,
se concluye, entonces, que las condiciones en las cuales se produjo el
accidente aéreo constituyeron un evento de fuerza mayor, entendida ésta como
"la causa extraña y externa a la esfera jurídica del demandado; se trata
de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la
actividad o al servicio que causó el daño ", que rompe el nexo de
causalidad entre el daño y el actuar de la administración.
Ahora, la Sala
acoge las conclusiones contenidas en los informes rendidos dentro de la
investigación disciplinaria referenciadas párrafos atrás, en cuanto a las
condiciones meteorológicas adversas, como determinantes del siniestro, en la
medida en que fueron rendidas por personas calificadas para emitir ese tipo de
conceptos, ya que se trata de profesionales con conocimientos en esas áreas
(pilotos de pruebas del equipo MI 17
IV, miembros de la Compañía de Mantenimiento del Batallón de Helicópteros), de
suerte sus dichos resultan idóneos para acreditar que esa fue la causa del
siniestro'".
Lo anterior, puede representar un
desconocimiento de las reglas de la sana crítica en el análisis del material
probatorio y hasta la ocurrencia de un defecto fáctico en las providencias señaladas
por indebida valoración probatoria.
En su lugar, se debió hacer un estudio
más profundo y detallado de las pruebas de tal forma que se solicitara el
informe a un profesional ajeno a las partes del litigio, que imprimiera de la
mayor imparcialidad el material probatorio, permitiera determinar de forma
objetiva las causas y condiciones que se presentaron en el momento del
accidente, y conllevara a establecer si las condiciones meteorológicas podían
ser calificadas como un evento de fuerza mayor. No obstante, la ponencia no
aborda de ninguna manera esta problemática probatoria sino que se centra de
manera exclusiva en el análisis del título de imputación de responsabilidad del
Estado.
Por las razones expuestas, considero que
la Sala Plena debió hacer un estudio más detallado de las pruebas en las que se
basaron las autoridades judiciales accionadas para proferir las providencias
atacadas.
Fecha ut supra,
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistraso
[1] Integrada por los Magistrados
Luis Ernesto Vargas Silva y Gloria Stella Ortíz Delgado.
[2] Para probar la anterior relación
se adjuntaron los registros civiles de nacimiento de los dos menores.
[3] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P. Hernán
Andrade Rincón. Bogotá D.C., ocho (08) de junio de dos mil once (2011).
Radicación No. 19001-23-31-000-1998-05110-01 (20328).
[4] “Así, verificada la existencia
del daño, esto es, la muerte por la cual se pidió la declaratoria de
responsabilidad del Estado, la Sala abordará el análisis de la imputación, con
miras a establecer si aquella es atribuible a la demanda, por la concreción de
un riesgo excepcional, como se sostuvo en la demanda, o si no es atribuible,
por configurarse la causal eximente de responsabilidad, denominada “fuerza
mayor”, como lo consideró el Tribunal de primera instancia.
(…) no puede pasar inadvertido
para la Sala el hecho de que en la sentencia, el Tribunal analizó la
responsabilidad del Estado, en aplicación de un régimen objetivo, por riesgo
excepcional; al respecto debe advertirse que el hecho de que la víctima fuera
parte de la tripulación como copiloto de la aeronave, al momento en el que se
produjo el siniestro, lleva a recordar que esta Corporación ha señalado que,
cuando el daño sufrido deviene como consecuencia de una actividad peligrosa
ejercida directamente por la propia víctima, no resulta aplicable el régimen de
responsabilidad objetiva, sino el de falla probada del servicio.
En otras palabras, se distingue
entre quienes ejercen la actividad y los terceros ajenos a ésta. En el primer
caso, cuando quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño, la decisión
sobre el derecho a ser indemnizado debe adoptarse con fundamento en la tesis de
la falla probada del servicio y no en la del régimen de responsabilidad
objetiva por riesgo excepcional.
Al respecto, es un hecho que
quien hacer parte de la tripulación como copiloto de una aeronave está,
evidentemente, a cargo de la actividad peligrosa, pues las funciones que se
desempeñan en ejercicio de esa calidad están estrictamente relacionadas con el
manejo de la aeronave, al punto que “Quien pretenda actuar como piloto al mando
(comandante) o como copiloto de una aeronave que pertenezca a algunas de las
categorías señaladas a continuación (entre éstas helicópteros) deberá ser
titular de una licencia de piloto expedida de conformidad con las disposiciones
de este capítulo”.
Así las cosas, se impone la
confirmación de la sentencia, en la medida en que, en cualquiera de los títulos
de imputación, bien por falla probada del servicio o por riesgo excepcional, la
fuera mayor –que se acreditó en este asunto- constituye una causa extraña que
impide imputar el daño a la administración”.
[5] Corte Constitucional, sentencia
T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] Sentencia del 8 de junio de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[7] Sentencia del 11 de diciembre de
2.009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[8]Sentencia T-774 de 2004, MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios
generales de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental
encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de
tutela dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y
suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta
Corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos
casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un
debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse
ajustada a la Constitución.”
[10] Sentencia T-1240 de 2008: los criterios
específicos o defectos aluden a los errores o yerros que
contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad
suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del reclamante.
“[11]
Sentencia 173/93.”
“[12]
Sentencia T-504/00.”
[13] Ver entre otras la reciente
Sentencia T-315/05.
[14] Sentencias T-008/98 y
SU-159/2000.
[15] Sentencia T-658-98.
[16] Sentencias T-088-99 y
SU-1219-01.
[17] Corte Constitucional, sentencia
C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[18] Cfr. Sentencia de la Corte
Constitucional T-324
de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “… sólo en aquellos casos en los
cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a
derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario
que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el
juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que
se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las
condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para
proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de
competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía
de hecho por defecto orgánico.”
[19] Cfr. Sentencia de la Corte
Constitucional SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “… opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada
y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
[20] Cfr. Sentencia de la Corte
Constitucional SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez: “Es
posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por
defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de
aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos
constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[21] Sentencia de la Corte
Constitucional T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] Sentencia de la Corte
Constitucional T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] Sentencia de la Corte
Constitucional T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Ver entre otras Sentencias
T-033, T-328 y T-709 de 2010.
[25] Sentencia de la Corte
Constitucional T-087
de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez,
T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo
Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de
2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, y SU-448 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo.
[26] M.P. Fabio Morón Díaz.
[27] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[29] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[30] Ver entre otras, sentencias
T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[33] Cfr. Sentencia T-049 de 2007
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[34] Ibídem
[35] Ver entre otras, sentencias
T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] Cfr. Sentencia T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[38] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39]M.P.Jorge Iván Palacio Palacio.
[40] M.P. María Victoria Calle
Correa.
[41] Lo mismo puede verse en
sentencias T-156 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[42] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[45] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[46] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[47] Sentencia de la Corte
Constitucional T-607 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[48] Sentencia de la Corte
Constitucional T-267 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[49] Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencias del 24 de agosto de 1992, Exp: 6754; del 15 de abril de
1994, Exp: 8536; del 16 de junio de 1997, Exp: 10.024; del 30 de junio de 1998,
Exp: 10.981.
[50] Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencias del 11 mayo de 2006, Exp. acumulados 14694 y 15640, C.P.
Ramiro Saavedra Becerra; 14 de julio de 2005, Exp. 14974, C.P. Ruth Stella
Correa; 4 de diciembre de 2006, Exp. 15723; de la misma fecha Exp. 18479, ambas
C.P. Mauricio Fajardo; entre otras.
[51] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Bogotá D.C., 30 de junio de 1994.
Radicación No. 9269.
[52] Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del
23 de Junio de 2010. Expediente No. 17632. Consejera ponente: Ruth Stella
Correa Palacio.
[53] Sección
Tercera, Sentencia de 15 de junio de 2000, expediente: 11.688
[54] Sección Tercera,
Sentencia de 29 de enero de 2009, expediente 16.689; Sentencia de 23 de junio
de 2010, expediente 17.632.
[55] Ver entre otras las siguientes
sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: del 20 de abril de
1995, Exp 8878; del 15 de febrero de 1996, Exp 10.033; del 31 de agosto de
1999, Exp 11.987.
[56] TAMAYO JARAMILLO Javier. “De la
Responsabilidad Civil” Editorial TEMIS 1986.
[57] PEIRANO
FACIO. Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981.
Págs. 451 a 459.
[58] . Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación Civil.  Sentencia de 13 de noviembre de 1962.
[59] . Ob. Cita pág 457.
[60] T-554
de 1992, M.
P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-040 de 1993,
M. P. Ciro Angarita Barón; T-273 de 1993, M. P. Carlos Gaviria Díaz;
entre otras.
[61] M. P. Alejandro Martínez
Caballero
[62] Tal es el caso de las personas
en condición de desplazamiento, aquellas que tienen algún tipo de discapacidad,
las mujeres en estado de embarazo, los adultos mayores, las minorías étnicas y
raciales, entre otros.
[63] Entre muchos otros ejemplos,
encontramos la ley de cuotas o la asignación de cupos especiales para
aspirantes a ingresar a universidades públicas, provenientes de comunidades
indígenas.
[64] Sentencia T-141 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva
[65] Sentencia C- 445 de 2011.
[66] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[67]Cfr. Sentencia T-001/99 MP. José
Gregorio Hernández Galindo
[68]Cfr. Sentencia SU-622/01 MP. Jaime Araújo
Rentería.
[69] Sentencia T-116/03 MP. Clara
Inés Vargas Hernández
[70]Cfr. Sentencias C-543/92,
T-329/96, T-567/98, T-511/01, SU-622/01, T-108/03
[71]Cfr. Sentencia T-440 de 2003
MP. Manuel José Cepeda.  La
Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma,
por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial
había desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar
la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados
confiados a una corporación bancaria.  Sobre la procedencia de la tutela la
Corte señaló: “(...) En
segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual
existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social.
Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, difícilmente
podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales que no les
habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el
transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.”  En sentido similar pueden
consultarse las Sentencias T-329 de 1996 MP. José Gregorio Hernández Galindo,
T-567 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-654 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz y T-289 de 2003 MP. Manuel José Cepeda.
[72] Sentencia T-598 del 23 de julio
de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[73]Artículo 248: “El recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”.
[74] Consejo de Estado. Sección
tercera. Sentencia del 13 de abril de 2011. Exp 18787. C.P. Olga Medina Valle
de la Hoz
[75] Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Exp 20328. C.P. Hernán Andrade
Rincón.
[76] Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sentencia del 3 de mayo de 2007. Exp 25020. C.P. Ramiro Saavedara
Becerra.
[77] Consejo de Estado. Sección
tercera. Sentencia del 17 de marzo de 2010. Exp 18567. C.P. Mauricio Fajardo
Gómez.
[78] Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Exp 20328. C.P. Hernán Andrade
Rincón.
[79] La sentencia T-292 de 2006
afirma que la ratio decidendi es la “formulación del principio, regla
o razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión
judicial”.
[80] Cfr. Sentencia T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además sentencia T-110 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[81] Ver Quinche Ramírez, Manuel
Fernando. “Vías de hecho. Acción de tutela contra providencias judiciales”.
Séptima Edición. Ed. Ibáñez (2012).
[82] C.P. Olga Medina Valle de de la Hoz.
[83] C.P. Hernán Andrade Rincón.
[84] C.P. Ramiro Saavedra Becerra
[85] Ver entre otras, sentencias de
la Sección Tercera del Consejo de Estado del
13 de febrero de 1997. Exp: 9.912. C.P. Ricardo Hoyos Duque; del 14 de junio de
2001. Exp 12198. C.P. German
Rodríguez Villamizar;
del 8 de
noviembre de 2007. Exp 15967.
C. P Ruth Stella Correa Palacio: del
29 de enero de 2009. Exp 16689. C.P. Myriam Guerrero de Escobar; del 23 de
junio de 2010. Exp 17632. C.P. Ruth Stella Correa Palacio; del 26 de enero de
2011. Exp 18431. C.P. Gladys Agudelo Ordoñez; del 13 de junio de 2013. Exp
25712. C.P. Enrique Gil Botero; del 26 de febrero de 2015. Exp 30825. C.P. Hernán
Andrade Rincón.
[86] Sentencia de 8 de noviembre de
2007, Expediente 15967. C. P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en la
Sentencia del 29 de enero de 2009. Exp 16689. C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
[87] Sentencia del 13 de febrero de
1997. Exp: 9.912, reiterada, entre otras, en sentencia de 7 de septiembre de
2000, Exp: 13.184.
[88]
Sentencia del 23 de junio
de 2010. Exp 17632. C.P. Ruth Stella Correa Palacio
[89] Cita del Consejo de Estado:
Según “REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA”, publicados en la página Web de la
Aeronáutica Civil, Unidad Administrativa Especial (http:// www.aerocivil.gov.co/).
[90] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[91] Sección Tercera del Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de junio de 2000, Exp 12423, C.P. María Elena Giraldo
[92] Sentencias del 25 de febrero del
2014 y del 26 de agosto de 2014,
referidas por los accionantes.
[93]
Sentencia C-590 de 2005
[94] Sentencia T-267 de 2013.
[95] Sentencia T-419 de 2011.