T-278-16
Sentencia T-278/16
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE ACREENCIAS PENSIONALES-Improcedencia general
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Procedibilidad cuando uno de los
beneficiarios es considerado como sujeto de especial protección
Esta Corte ha estimado que, con miras a garantizar la
prevalencia de los derechos fundamentales, se debe considerar que cuando las
herramientas ordinarios no resultan idóneos y/o eficaces y se trate de un
sujeto de especial protección o de una persona que se encuentra en estado de
debilidad manifiesta, verbigracia, las
personas en situación de discapacidad, la tutela procede como mecanismo para
salvaguardar sus derechos en aras de evitar un perjuicio irremediable, el cual
debe ser analizado bajo un criterio amplio, por tratarse de un problema legal
que trasciende a uno de relevancia constitucional, caso en el cual simplemente
se debe verificar que el interesado tenga la titularidad del derecho pensional
exigido mediante las pruebas aportadas y que éste, a su vez, haya desplegado la
actividad administrativa o judicial tendiente a la obtención del derecho
invocado, sin que se haya logrado el objetivo, el cual ahora es solicitado en
sede de tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
REGIMEN GENERAL Y REGIMENES ESPECIALES DE POLICIA NACIONAL,
FUERZAS MILITARES Y MINDEFENSA EN PENSION DE SOBREVIVIENTES-Normatividad
APLICACION DEL REGIMEN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION DE
SOBREVIVIENTES A QUIENES PERTENECEN AL REGIMEN ESPECIAL DE LAS FUERZAS
MILITARES-Se aplica ley 100/93 cuando es más favorable para el
beneficiario
PENSION DE SOBREVIVIENTES-La normativa reguladora del
derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del
fallecimiento del causante
En
materia de pensión de sobrevivientes, la normativa que rige el asunto es la
vigente al momento de la ocurrencia del fallecimiento del afiliado y, por ende,
a sus requisitos es que deben ceñirse los beneficiarios del causante.
EQUIDAD EN MATERIA LABORAL-Criterio de interpretación
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Aplicación del principio de
equidad en los eventos en los que por una cantidad ínfima de semanas de
cotización no se logra acreditar la totalidad de aportes exigidos para acceder
a la pensión de sobrevivientes
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Naturaleza, finalidad y
principios constitucionales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por
defecto sustantivo por cuanto se sustentó decisión en una disposición
inaplicable al caso, habida cuenta que al momento del fallecimiento del
causante la Ley 100 de 1993, era la aplicable
La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo,
pues debió examinar la situación pensional de los demandantes bajo los
requisitos consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su sentido
original, en virtud de la aplicación inmediata de la ley laboral y del
principio de condición más beneficiosa, pues el no aplicar en este caso la normativa
que regía al momento del fallecimiento, la cual, a su vez, resultaba ser la más
favorable transgredió los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital
de ambos accionantes y el derecho a la educación del actor.
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden a Fondo de Pensiones reconocer pensión de sobrevivientes a
cónyuge supérstite
Referencia: expedientes T-4.905.566, T-4.934.509,
T-4.949.497 y T-4.953.552 (Acumulados)
Demandantes: Beatriz Elena Monsalve
Posada y German David Vargas Monsalve; Blanca Carmenza Sastoque Gómez; Lucila
Cardona Gómez en representación de Blanca Rosa Cardona Gómez; Marisol Castro
Gutiérrez en representación de Héctor William Castro Gutiérrez
Demandados: Tribunal Administrativo
de Antioquia; Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.; Secretaría de
Hacienda del municipio de Manizales y; Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., veintisiete
(27) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz
Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del
expediente T-4.905.566; por el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá D.C., dentro del expediente T-4.934.509; por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Manizales, dentro del expediente T-4.949.497 y
por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C.,
dentro del expediente T-4.953.552.
Estos expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de
Selección número Seis (6), por medio de Auto de 11 de junio de 2015, y por
presentar unidad en la materia, se acumularon para ser decididos en una misma
sentencia.
I.
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.905.566
1. La
solicitud
Los demandantes,
Beatriz Elena Monsalve Posada y German David Vargas Monsalve, impetraron acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el propósito de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, a la vida digna, al debido proceso y al mínimo vital, los cuales
consideran transgredidos con ocasión de la vía de hecho que estiman se
configuró en la providencia emitida por la autoridad judicial accionada el 27
de febrero de 2014, que les negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes del señor German David Vargas Hidalgo.
2. Hechos
Los actores los
describen en la demanda, así:
2.1. Beatriz Elena Monsalve Posada contrajo matrimonio con el señor
German David Vargas Hidalgo el 15 de agosto de 1992.
2.2. Fruto de dicha unión procrearon a German David Vargas Monsalve,
quien cuenta con 22 años de edad y cursa el programa de tecnólogo en Análisis y
Desarrollo de Sistemas de Información en el SENA, Regional Antioquia, con una
intensidad horaria equivalente a doce horas diarias, de lunes a viernes.
2.3. Sostienen que el señor Vargas Hidalgo ingresó a laborar a la
Policía Nacional el 12 de febrero de 1990 y falleció en servicio activo el 19
de octubre de 1996, habiendo cotizado al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones un total de 6 años, 9 meses y 10 días, es decir, 353 semanas.
2.4. Con ocasión del deceso del afiliado, solicitaron al Director
General de la Policía Nacional, el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite e hijo menor de edad,
respectivamente. Dicha petición no fue resuelta.
2.5. En vista de la omisión de la entidad en contestar, el 12 de mayo de
2011, la demandante promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Caja General de la Policía Nacional -CAGEN-, con el propósito
de que se declarara el silencio administrativo negativo ficto o presunto y, en
consecuencia, se decretara la nulidad del acto ficto administrativo y el
restablecimiento del derecho, en relación con la petición presentada ante la
Dirección General de la Policía Nacional, radicada el 5 de mayo de 2010, la
cual no fue respondida.
A título de
restablecimiento del derecho solicitó se condenara a la entidad a reconocer y
pagar la pensión de sobrevivientes a la accionante, en calidad de cónyuge
supérstite, a partir del 19 de octubre de 1996.
2.6. El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín, autoridad judicial
que mediante sentencia de 22 de octubre de 2012 y, con fundamento en lo
consagrado en el artículo 46 de Ley 100 de 1993, en su forma original, resolvió
conceder las pretensiones invocadas, declarando la nulidad del acto ficto y
condenando a CAGEN a pagar a Beatriz Elena Monsalve Posada, en calidad de
cónyuge supérstite, la respectiva pensión de sobrevivientes a partir del 5 de
mayo de 2007.
2.7. Frente a la anterior decisión, ambas partes del proceso instauraron
recurso de apelación. Por un lado, la demandante solicitó se revocara el
ordinal cuarto de la sentencia, pues estima ilegal la circunstancia de descontar
de la liquidación la suma que por concepto de indemnización se le reconoció y;
por otro, la entidad demandada expresó que dentro del plenario no existen
pruebas suficientes que acrediten la dependencia económica en los términos que
exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
2.8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 27
de febrero de 2014, revocó la decisión emitida por el a quo y, en su
lugar, denegó las pretensiones de la demanda. Ello con fundamento en que la
accionante no logró demostrar, en los términos previstos en el artículo 177 del
Código de Procedimiento Civil, la vida marital y la convivencia efectiva por lo
menos durante cinco años con el causante, tal como lo exige el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
2.9. Expresan los demandantes que como fundamento adicional de la tutela
promovida contra dicha providencia que su condición económica es precaria, por
cuanto ambos dependían del causante y los ingresos para el sostenimiento del
hogar se derivan exclusivamente de la actividad que la actora ejerce como
empleada del servicio doméstico, razón por la cual German David no ha podido
cursar una carrera profesional.
3. Fundamentos de la acción y pretensiones
Los peticionarios instauraron la presente acción de tutela en
procura de cuestionar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, el 27 de febrero de 2014, la cual, a su juicio, constituye una
vía de hecho judicial.
3.1. Vía de hecho
Consideran los demandantes que la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, el 27 de febrero de 2014,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
Beatriz Elena Monsalve Posada contra la Caja de General de la Policía Nacional
-CAGEN-, constituye una vía de hecho por las razones que a continuación se
esgrimen:
Ante todo afirman que se incurrió en un defecto material o
sustantivo por indebida aplicación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues
se debía aplicar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su forma original,
por ser la norma vigente a la fecha del fallecimiento del causante, la cual
exige, para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes, en caso de
cónyuge o compañero permanente supérstite, acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte, y que convivió con el fallecido no
menos de dos años continuos con anterioridad al deceso, salvo que hayan
procreado uno o más hijos.
Igualmente le atribuyen un defecto fáctico, habida cuenta que no se
valoraron los elementos materiales probatorios presentados que, a su juicio, sí
acreditan la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
pretendida, tales como, el acto administrativo expedido por la Policía Nacional
que reconoció a los demandantes como únicos beneficiarios de la indemnización y
cesantías del causante; el registro civil de matrimonio; el registro civil de
nacimiento de German David Vargas Monsalve, quien al momento de presentación de
la demanda era menor de edad; las declaraciones extrajuicio de tres testigos
que dan cuenta de la convivencia ininterrumpida de la señora Monsalve Posada
con el causante durante cuatro años, dos meses y cuatro días y; el escrito de
apelación presentado por CAGEN contra la sentencia emitida por el a quo,
en el que se admite que la convivencia entre la pareja abarcó el lapso
comprendido entre el 18 de agosto de 1992 y el 19 de octubre de 1996.
Adicionalmente, aseguran que se incurrió en una decisión sin motivación,
al ser el fundamento jurídico incongruente con el hecho fáctico.
También, aducen que la providencia desconoció el precedente
jurisprudencial relativo a la pertinencia de las declaraciones extrajuicio
tendientes a demostrar los requisitos legales para acceder a la pensión de
sobrevivientes.
Por último, estiman que se incurrió en una violación directa de la
Constitución, ya que la autoridad judicial desconoció los siguientes derechos
fundamentales: i) a la igualdad, pues en otros casos se ha reconocido la
pensión de sobrevivientes; ii) a la seguridad social, toda vez que la
decisión acusada impide que la demandante y su hijo perciban una prestación
social; iii) al debido proceso, por cuanto el Tribunal decidió con
normas inaplicables y; iv) al mínimo vital y a la vida digna, ya que
carecen de recursos económicos para su sostenimiento.
3.2. Fundamentos de la acción
Una vez expuestos los hechos de la acción sub examine y la
presentación de las razones por las cuales los actores consideran que la providencia
aludida incurrió en una vía de hecho, los demandantes realizaron algunas
precisiones tendientes a justificar la procedencia de la presente tutela, a
saber: i) indicaron que carecen de otro mecanismo de defensa judicial,
toda vez que los recursos ordinarios existentes fueron agotados y; ii)
manifestaron que dependían económicamente del causante, por tanto, el único
ingreso con que cuentan actualmente para su subsistencia se deriva de la
asignación que la actora percibe por realizar oficios varios, la cual resulta
insuficiente para satisfacer su mínimo vital.
Posteriormente, se refirieron a las causales de procedibilidad de la
acción de tutela contra una decisión judicial por existencia de defectos que
configuran una vía de hecho, afirmando que en el sub lite se cumplen
tanto los requisitos generales como los específicos señalados por la
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado para el efecto.
3.3. Pretensiones
Los demandantes solicitan que por medio de la acción de tutela les
sean protegidas sus garantías fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, a la vida digna, al debido proceso y al mínimo vital, para lo cual
piden que se revoque la providencia proferida por Tribunal Administrativo de
Antioquia el 27 de febrero de 2014, dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Beatriz Elena Monsalve Posada contra
la Caja General de la Policía Nacional -CAGEN- y, en consecuencia, se ordene i)
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a Beatriz Elena Monsalve
Posada, en calidad de cónyuge supérstite de German David Vargas Hidalgo, desde
el 5 de mayo de 2007 y ii) el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a German David Vargas Monsalve, en calidad de hijo del causante,
a partir del 19 de octubre de 1996, fecha del fallecimiento, ya que para el
momento en que se solicitó la prestación y se promovió el proceso ordinario,
aquél era menor de edad.
4. Pruebas
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Beatriz Elena
Monsalve Posada, en la cual consta que nació el 25 de enero de 1970 (folio 16
del cuaderno 2).
- Copia de la cédula de ciudadanía de German David Vargas Monsalve,
documento que permite acreditar que nació el 6 de julio de 1993 (folio 17 del
cuaderno 1).
- Copia de la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín el 22
de octubre de 2012, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la accionante contra la Caja General de la Policía
Nacional -CAGEN-, mediante la cual se condenó a la demandada a pagar a la
actora, en calidad de cónyuge del agente fallecido Germán Vargas Hidalgo, una
pensión de sobrevivientes en los términos establecidos en los artículos 46 a 48
de la Ley 100 de 1993 (folios 18 a 23 del cuaderno 1).
- Copia de la sentencia proferida, en segunda instancia, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, el 27 de febrero de 2014, dentro
de la acción promovida por la accionante contra la Caja General de la Policía
Nacional -CAGEN-, mediante la cual se revocó lo decidido por el a quo y,
por ende, se negaron las pretensiones de la tutela (folios 24 a 32 del cuaderno
1).
- Copia del recurso de apelación interpuesto por el apoderado
judicial del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, contra la sentencia de
primera instancia, el cual se fundamentó en la inexistencia de elementos que
acreditaran la convivencia entre la actora y el causante durante mínimo cinco
años continuos antes del fallecimiento del agente (folios 33 a 38 del cuaderno
1).
- Copia del acta de la audiencia de conciliación celebrada entre Beatriz
Monsalve Posada y CAGEN, el 23 de enero de 2013, ante el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín (folios 38 a 41 del
cuaderno 1).
- Copia del registro civil de nacimiento de German David Vargas
Monsalve, en el que se evidencia que sus padres eran German Vargas Hidalgo y
Beatriz Elena Monsalve Posada (folio 42 del cuaderno 1).
- Copia del certificado expedido por el Coordinador de Formación
Profesional del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada del SENA, Regional
Antioquia, de fecha 31 de julio de 2014, el cual acredita que German David
Vargas Monsalve cursa el programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de
sistemas de información, con fecha de iniciación 22 de octubre de 2013 y de
finalización, 22 de octubre de 2015, con una intensidad de doce horas diarias
de lunes a viernes (folio 43 del cuaderno 1).
-Copia de la declaración juramentada No. 4590, rendida el 18 de
noviembre de 2011, ante la Notaria Trece del Círculo de Medellín. En ella, las
señoras Gloria Patricia Ortiz Álvarez, María Emilse Correa Muñoz y Maryory
Patricia Betancur Pérez dieron cuenta de lo siguiente: i) la accionante
estuvo casada durante cuatro años y dos meses y convivió bajo el mismo techo de
forma permanente y singular, compartiendo lecho y mesa con el señor German
Vargas Hidalgo, agente activo de la Policía Nacional quien murió el 19 de
octubre de 1996 y a quien acompañó hasta su fallecimiento; ii) que
procrearon un hijo, actualmente mayor de edad; iii) que el causante no
tuvo hijos extramatrimoniales, reconocidos o por reconocer, ni adoptivos y; iv)
que Beatriz Elena Monsalve Posada dependía económicamente de su esposo (folio
44 del cuaderno 1).
5. Respuestas
de las entidades accionadas
Mediante Auto de 25 de agosto de 2014, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, avocó el conocimiento de la
acción tuitiva instaurada y corrió traslado a la autoridad judicial demandada.
En la misma providencia, dispuso notificar al Director General de la
Policía Nacional para que interviniera en el trámite de la presente tutela, en
calidad de tercero.
5.1. Tribunal
Administrativo de Antioquia
Guardó silencio
frente a los hechos materia de la presente acción.
5.2.
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Secretaría General
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el Secretario General de la Policía
Nacional manifestó que la misión y función de la entidad que representa es
ajena a la toma de decisiones judiciales.
Seguidamente, y
en aras de exponer su posición frente al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes pretendida, recordó los argumentos en que sustentó el recurso de
apelación que instauró contra la sentencia de primera instancia emitida dentro
del proceso ordinario.
A juicio de la
entidad, en el caso sub examine no es procedente acceder a la pensión de
sobrevivientes consagrada en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993,
toda vez que tal normativa es inaplicable al personal de la Fuerza Pública,
pues la misma excluye de su ámbito de cobertura a dicho grupo poblacional por
ser acreedor de un régimen especial de seguridad social.
Así las cosas,
de conformidad con la legislación vigente al momento del fallecimiento del
señor Vargas Hidalgo, la norma aplicable en el caso de marras debió ser el
Decreto 1213 de 1990, la cual, para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, en caso de muerte en servicio, exige haber prestado los
servicios por un término de doce años o más a la institución, requisito que en el
caso del causante no se cumplió, por cuanto solo laboró durante un periodo de
seis años, nueve meses y diez días.
Por último,
sostiene que la nulidad del acto administrativo acusado es improcedente, ya que
este fue objeto de estudio de legalidad por parte del Tribunal Administrativo
de Antioquia.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.905.566
1. Decisión de primera instancia
Mediante sentencia de 10 de diciembre de 2014, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, denegó el amparo de los
derechos fundamentales invocados, al considerar que la decisión judicial que se
cuestiona se fundamentó en un razonado análisis de los supuestos fácticos y
jurídicos examinados.
Ello es así, por cuanto, a juicio del a quo, la decisión del
Tribunal acusado es concordante con los lineamientos legales aplicables al
caso, circunstancia que explicó en forma suficiente, con fundamento en
reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Por otra parte, sostuvo que la simple disconformidad de las partes
con la valoración probatoria realizada por el juez natural del proceso no
implica per se la configuración de una vía de hecho.
2. Impugnación
Los accionantes,
en desacuerdo con la decisión del juez de primera instancia, presentaron
escrito de impugnación, justificado en el desconocimiento del principio de legalidad, ratificado por el Consejo de Estado en
sentencia de unificación de 25 de abril de 2013, según el cual, la ley que se
debe aplicar a los beneficiarios para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes se circunscribe a la vigente al momento del fallecimiento del
causante y no a una posterior.
Por otra parte,
insistieron en la configuración de un defecto fáctico fundado en la no
valoración de algunas de las pruebas allegadas al expediente, enunciadas en el
recuento fáctico anteriormente elaborado.
3. Decisión
de segunda instancia
Mediante
sentencia proferida el 26 de febrero de 2015, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, desestimó las razones de la
impugnación y declaró improcedente la tutela respecto del señor Germán David
Vargas Monsalve y la negó en relación con la señora Beatriz Elena Monsalve
Posada.
Lo
primero, en razón a que German David Vargas Monsalve cuenta con mecanismos
ordinarios de defensa judicial, toda vez que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho fue promovida exclusivamente por Beatriz Elena
Monsalve Posada.
Respecto
de la negativa de amparo frente a las garantías fundamentales de la actora,
indicó que la autoridad judicial accionada aplicó las normas jurídicas que
correspondían y valoró debidamente las pruebas allegadas al proceso, de las
cuales concluyó que no se encontraban acreditados la totalidad de los
requisitos exigidos por la ley.
Asimismo,
afirmó que no se advierte un error en el juicio apreciativo, pues la demandante
omitió presentar medios de convicción que dieran cuenta de la convivencia con
el causante durante un término mínimo de cinco años.
Para
culminar, manifestó que la finalidad de la tutela bajo revisión es reabrir el
debate surtido en las instancias del proceso y definido por el juez natural.
III. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.934.509
1. La
solicitud
La demandante,
Blanca Carmenza Sastoque Gómez, impetró acción de tutela contra el Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., con el fin de que le fueran amparados sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital,
presuntamente transgredidos por dicha entidad al negarle el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite del
señor Juan de Jesús Orjuela Ruiz, por no acreditarse el cumplimiento del
requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años inmediatamente
anteriores al fallecimiento del causante.
2. Hechos
En la demanda se
afirma que:
2.1. La señora Blanca Carmenza Sastoque Gómez, de 39 años de edad,
contrajo matrimonio con el señor Juan de Jesús Orjuela Ruiz. Durante dicha
unión procrearon a Heidy Juliana Orjuela Sastoque, de 18 años de edad; Aracelly
Orjuela Sastoque, de 16 años de edad y; Juan Diego Orjuela Sastoque, de 15 años
de edad.
2.2. Debido al fallecimiento de su cónyuge, acaecido el 5 de junio de 2014,
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante el Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la cual le fue negada, bajo el
argumento de la insuficiencia de cotizaciones, pues no se acreditaron 50
semanas cotizadas durante los tres años inmediatamente anteriores a la
defunción.
2.3. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
reposición, manifestando que su esposo contaba con más de diez años de
cotización y un total de 49.3 semanas dentro de los tres años inmediatamente
anteriores al fallecimiento, razón por la cual y, en virtud del principio de
favorabilidad, es procedente el reconocimiento pensional pues se acreditan más
de 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior al deceso.
2.4. En cuanto a las condiciones específicas de su hogar, expresa que: i)
es madre cabeza de familia; ii) tanto ella como sus hijos dependían
económicamente del de cujus; iii) el único ingreso con que cuenta
para el sostenimiento de su hogar es el que obtiene de la labor que desempeña,
ocasionalmente, como empleada de oficios varios y; iv) es deudora de un
crédito adquirido para la compra de su vivienda.
3. Pretensiones
La demandante
impetra la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
vida digna y al mínimo vital, presuntamente transgredidos por la entidad
accionada al negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en
calidad de cónyuge supérstite del señor Juan de Jesús Orjuela Ruiz, bajo el
argumento de que durante los tres años anteriores al fallecimiento del
afiliado, éste tan solo acreditaba un total de 49.43 semanas cotizadas.
4. Pruebas
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
- Copia del comprobante de documento en trámite de la tarjeta de
identidad del menor Juan Diego Orjuela Sastoque, en el cual consta que nació el
28 de mayo de 2000 (folio 13 del cuaderno 2).
-Copia de la tarjeta de identidad de Heidy Juliana Orjuela Sastoque,
según  la cual nació el 10 de enero de 1998 (folio 14 del cuaderno 2).
-Copia de la tarjeta de identidad de Aracelly Orjuela Sastoque, en
la cual consta que nació el 6 de marzo de 1999 (folio 15 del cuaderno 2).
-Copia de la cédula de ciudadanía de Blanca Carmenza Sastoque Gómez,
la cual indica que nació el 5 de mayo de 1976 (folio 16 del cuaderno 2).
-Copia de la cédula de ciudadanía de Juan de Jesús Orjuela Ruiz, en
la que consta que nació el 10 de noviembre de 1972 (folio 17 del cuaderno 2).
-Copia de la negativa de reconocimiento pensional, emitida por el
Director Jurídico de Asesoría Previsional de Porvenir S.A., el 4 de noviembre
de 2014, en la cual se manifiesta que el causante no reportó la totalidad de
cotizaciones exigidas dentro del Sistema General de Pensiones, es decir, 50
semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento
(folios 19 a 21 del cuaderno 2).
-Copia de la reclamación por sobrevivencia diligenciada por la
accionante el 14 de julio de 2014 ante Porvenir S.A. (folios 23 a 31 del
cuaderno 2).
-Copia de la solicitud de reconsideración de semanas cotizadas,
dirigida por la actora el 6 de octubre de 2014 a Porvenir S.A.. A ella se
adjuntó la relación de aportes, emitida por el fondo demandado, con fecha de
generación de informe 24 de noviembre de 2014 (folios 32 a 36 del cuaderno 2).
-Copia del registro civil de defunción del señor Juan de Jesús
Orjuela Ruiz, en el que consta que falleció el 5 de junio de 2014 (folio 38 del
cuaderno 2).
5. Respuesta
de las entidades accionadas
5.1. Sociedad
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
La representante
legal judicial de la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. se opuso a la prosperidad de la tutela, al considerarla
improcedente, toda vez que la actora no reúne los requisitos legales exigidos
para ser acreedora de la pensión de sobrevivientes.
Ello por cuanto
la administradora pudo establecer que el afiliado no contaba con 50 semanas
cotizadas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha
del deceso, pues durante el lapso comprendido entre el 5 de junio de 2011 y el
5 de junio de 2014 acreditó un total de 49.43 semanas cotizadas.
Informó que la
administradora contestó la solicitud de reconocimiento pensional mediante
comunicaciones fechadas 29 de septiembre de 2014 y 4 de noviembre de la misma
anualidad.
Por otra parte,
afirmó que la actora cuenta con un mecanismo judicial idóneo a través del
procedimiento laboral ordinario para obtener el reconocimiento de sus
pretensiones.
Para culminar,
sostuvo que la presente tutela tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio, toda vez que no se aportaron pruebas que acrediten la
configuración de un perjuicio irremediable.
IV.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.934.509
1. Decisión
de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 22 de
enero de 2015, el Juzgado Setenta y Cinco Penal con Función de Control de
Garantías de Bogotá D.C. negó el amparo pretendido, al considerar improcedente
la acción constitucional, por cuanto la demandante no demostró la ocurrencia de
un perjuicio irremediable ni logró acreditar las razones que le impidan acudir
ante la jurisdicción ordinaria laboral.
2. Impugnación
A través de escrito presentado dentro de
la oportunidad procesal correspondiente, la accionante solicitó revocar el
fallo emitido por el a quo y, en consecuencia, reiteró su pretensión.
Fundó su disentimiento con la decisión
impugnada en que, contrario a lo afirmado por el fallador de primera instancia,
sí logró demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que su
familia atraviesa una difícil situación económica, en razón a que: i) el
causante era el encargado del sostenimiento del hogar; ii) no cuenta con
un empleo fijo; iii) adeuda el crédito que adquirió para la compra de su
vivienda y; iv) se ve obligada a incurrir en préstamos a pequeña escala
para satisfacer las necesidades básicas de su familia.
Por otra parte, sostiene que exigirle
agotar el medio de defensa judicial ordinario resulta desproporcionado, dada la
tardanza que este implica.
Finalmente, manifestó que la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la pensión de sobrevivientes en
casos en los que solamente se acreditaron veintiséis semanas de cotización
durante el último año inmediatamente anterior al deceso.
3. Decisión de segunda instancia
El Juzgado Treinta y Tres Penal del
Circuito con función de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia de 26
de febrero de 2015, confirmó el fallo proferido por el a quo, con los
mismos argumentos que este expuso.
Seguidamente, se pronunció respecto de
la solicitud de reconocimiento pensional, en aplicación del principio de
favorabilidad, solo con la finalidad de ilustrar a la accionante.
Frente a ello, señaló que del reporte de
semanas de cotización, los aportes relacionados no fueron continuos y algunos
de ellos no se hicieron por el total de los días de cada mes. Asimismo, sostuvo
que la última cotización se efectuó en el mes de abril de 2014 y el
fallecimiento del cotizante acaeció en junio de 2014, situación que no se
ajusta a los parámetros jurisprudenciales de favorabilidad para acceder a la
prestación.
Por último, expresó que la discusión
para el reconocimiento debe surtirse en el escenario judicial pertinente para
ello.
V. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.949.497
1. La
solicitud
La demandante,
Lucila Cardona Gómez, actuando en representación de su hermana, Blanca Rosa
Cardona Gómez, impetró acción de tutela contra la Secretaría de Hacienda
Municipal de Manizales, con el fin de que le fueran amparados sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital,
presuntamente transgredidos por la entidad accionada al negarle el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de
su padre y, posteriormente con el de su madre, en calidad de hijo
discapacitado.
2. Hechos
De conformidad
con los hechos narrados por la peticionaria, se tiene:
2.1. Blanca Rosa Cardona Gómez, de 64 años de edad e hija de Graciliano
Cardona Castaño y Lucila Cardona Gómez, padece una discapacidad congénita.
2.2. Mediante Resolución No. 003 de 27 de noviembre de 1980, el municipio
de Manizales reconoció pensión de invalidez a favor del señor Cardona Castaño.
2.3. El pensionado falleció el 28 de julio de 2010, razón por la cual,
mediante Resolución de 24 de septiembre de 2010, el municipio de Manizales
reconoció la sustitución pensional a favor de Lucila Cardona Gómez, en calidad
de cónyuge supérstite.
2.4. Tras la muerte de la señora Cardona Gómez, mediante sentencia
proferida el 1º de diciembre de 2014, el Juzgado Quinto de Familia del Circuito
de Manizales decretó la interdicción de Blanca Rosa Cardona Gómez y designó a
Lucila Cardona Gómez como su curadora principal legítima.
2.5. Mediante dictamen emitido el 27 de noviembre de 2013 por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, se valoró la pérdida de la
capacidad laboral de Blanca Rosa Cardona Gómez en 82.73%, enfermedad de origen común y fecha de estructuración 12 de junio de 2012.
2.6. La peticionaria solicitó, ante la entidad accionada, el
reconocimiento de la sustitución pensional en favor de su hermana en condición
de discapacidad, pedimento que fue negado mediante resolución de 12 de
noviembre de 2014, bajo el argumento de que la fecha de estructuración de la
invalidez era posterior al fallecimiento del causante.
2.7. Inconforme con lo anterior, presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos de manera contraria a sus
intereses.
2.8. Manifiesta la peticionaria que dado su bajo índice de escolaridad y
la falta de asesoría jurídica, pues carece de recursos económicos para
contratar los servicios de un abogado, no se percató del error en que incurrió
la entidad evaluadora respecto de la fecha de estructuración ni conocía las
consecuencias que el mismo traería sobre el reconocimiento pensional.
2.9. Aduce que dicho error se debió a que para determinar la fecha de
estructuración la junta calificadora tuvo en cuenta la calendada en una
valoración realizada por medicina interna, desconociendo la historia clínica de
su representada y el dictamen médico ordenado dentro del proceso de
interdicción en el que consta que el padecimiento de su representada se remonta
a su infancia.
2.10. Por último, sostiene que carece de recursos económicos suficientes
para garantizar el mínimo vital a su hermana, razón por la que su subsistencia
depende de la caridad de sus vecinos.
3. Pretensiones
La demandante
solicita el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la
vida digna y al mínimo vital de su hermana Blanca Rosa Cardona Gómez,
presuntamente transgredidos por la entidad accionada al negar el reconocimiento
y pago de la sustitución pensional causada con el fallecimiento de su padre
Graciliano Cardona Castaño y, en consecuencia, le sea ordenado a la Secretaría
de Hacienda del municipio de Manizales reconocer y pagar dicha prestación, en
calidad de hija en condición de discapacidad del causante.
4. Pruebas
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
- Copia de la cédula de ciudadanía de Lucila Cardona Gómez (folio 18
del cuaderno 2).
- Copia de la cédula de ciudadanía de Blanca Rosa Cardona Gómez, en
la que consta que nació el 15 de diciembre de 1951 (folio 19 del cuaderno 2).
-Copia del registro civil de nacimiento en el que se evidencia que
la señora Blanca Rosa Cardona Gómez es hija de Graciliano Cardona Castaño y
Elisa Gómez Duque (folio 20 del cuaderno 2).
- Copia de la historia clínica de la señora Blanca Rosa Cardona
Gómez. De la revisión de las consultas médicas realizadas los días 12 de enero
de 2010[1], 21 de octubre de 2010[2], 17 de mayo de 2012[3], 18 y 21 de noviembre de 2012[4] se desprende que la representada padecía retardo mental moderado,
síndrome convulsivo y trastornos neurológicos desde su infancia (folios 21 a 47
del cuaderno 2).
-Copia del dictamen de la pérdida de capacidad laboral, emitido el
26 de noviembre de 2013, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Caldas (folio 65 del cuaderno 2).
-Copia de la Resolución No. 153 de 12 de noviembre de 2014,
proferida por la Secretaría de Hacienda Municipal de Manizales, por medio de la
cual se negó el reconocimiento pensional a Blanca Rosa Cardona Gómez, bajo el
argumento de que el fallecimiento del causante fue anterior a la fecha de
estructuración de la invalidez de la accionante (folios 66 y 67 del cuaderno
2).
-Copia del recurso de reposición y, en subsidio, de apelación,
presentado por la curadora de la accionante el 24 de noviembre de 2014, ante la
Alcaldía de Manizales, Oficina de Atención al Usuario y Correspondencia (folio
68 del cuaderno 2).
-Copia de la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2014, por el
Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Manizales, mediante la cual se
decretó la interdicción de Blanca Rosa Cardona Gómez y se nombró como curadora
principal y legítima a Lucila Cardona Gómez. En dicha sentencia se evidencia
que el juez de conocimiento ordenó la realización de dictamen de psiquiatría,
respecto del cual el perito informó: “Tuvo desarrollo psicomotor deficiente
por problemas de meningitis y se crio como niña especial por su retardo mental
severo. Posteriormente, le hallaron cáncer de ovarios, recibió tratamiento pero
hizo metástasis al cerebro, fue irradiada, dejando como secuela gran déficit
neuropsiquiátrico; hay que asistirla para todas sus necesidades básicas”
(folios 69 a 77 del cuaderno 2).
5. Respuesta
de las entidades accionadas
5.1.
Secretaría de Hacienda del municipio de Manizales
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el Secretario de Hacienda del Municipio
de Manizales reiteró que el causante de la pensión falleció el 28 de julio de
2010, en tanto que la pérdida de la capacidad laboral fue estructurada el 12 de
junio de 2012 y presentada a la Administración Municipal el 5 de noviembre de
2014.
5.2. Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Caldas
El representante
legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas expresó que
la entidad fijó la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral
de la accionante con base en la documentación e historia clínica aportada para
el efecto, específicamente, en una valoración realizada por medicina interna
que describe el estado actual generador de la discapacidad.
Finalmente,
arguyó que la actora omitió instaurar los recursos de reposición y apelación
procedentes contra el dictamen, para lo cual contaba con un término de diez
días a partir de la notificación del mismo.
VI. DECISIÓN
JUDICIAL QUE SE REVISA DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.949.497
1. Decisión
de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 23 de
enero de 2015, el Juzgado Once Civil Municipal de Manizales negó el amparo
pretendido, al considerar improcedente la acción constitucional, por incumplir
con el requisito de subsidiariedad.
Para fundamentar su decisión, sostuvo
que la actora cuenta con los medios de defensa judicial ordinarios para
determinar si le asiste el derecho al reconocimiento pensional.
2. Impugnación
Mediante escrito presentado dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la peticionaria solicitó revocar el fallo
emitido por el a quo y, en consecuencia, reiteró su pretensión
encaminada al amparo de las garantías fundamentales a la seguridad social, a la
vida digna y al mínimo vital de su representada.
Para ello, realizó las siguientes
precisiones: i) los mecanismos de defensa judicial ordinarios resultan
ineficaces, dada su prolongada duración; ii) carece de recursos
económicos para satisfacer sus necesidades básicas, toda vez que la
circunstancia de cuidar a su hermana de manera permanente le impide laborar,
pues recuerda que aquella requiere oxígeno durante las 24 horas, alimentación a
través de sonda y silla de ruedas; iii) su situación económica es tan
precaria que el mínimo vital de su representada, a partir del fallecimiento de
sus padres, se deriva de la caridad de sus vecinos y; iv) de los
reportes médicos allegados al proceso es viable inferir que su invalidez data
desde la infancia.
En aras de reforzar la última precisión,
adjuntó copia de una certificación emitida por el Gerente del Centro de
Atención Ambulatoria San Rafael del Seguro Social, el 6 de julio de 2001, en la
que consta que Blanca Rosa se encuentra en tratamiento desde septiembre de
1998, con diagnóstico de retardo mental, artritis reumatoidea y enfermedad
ácido péptica.
3. Decisión de segunda instancia
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Manizales, mediante sentencia de 27 de febrero de 2015, confirmó el fallo
proferido por el a quo en cuanto a la negativa de amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital y tuteló
el derecho fundamental de petición, para lo cual, ordenó a la entidad demandada
resolver los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, presentados
por la peticionaria.
VII. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.953.552
1. La
solicitud
La demandante,
Marysol Castro Gutiérrez, actuando en representación de su hermano, Héctor
William Castro Gutiérrez, impetró acción de tutela contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el fin de que le fueran amparados
sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital, presuntamente transgredidos por la entidad accionada al negar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor, causada con el
fallecimiento de su padre, en calidad de hijo discapacitado.
2. Hechos
2.1. Manifiesta que su representado,
Héctor William Castro Gutiérrez, de 47 años de edad, hijo del señor Héctor
Abdón Castro León y de la señora Hilda Inés Gutiérrez Castañeda, padece de
epilepsia primaria generalizada asociada con retardo mental moderado desde los
ocho años de edad, circunstancia que le impide valerse por sí solo.
2.2. Indica que el señor Héctor Abdón
Castro León falleció el 15 de septiembre de 2007, habiendo efectuado aportes al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones por más de trece años.
2.3. Con ocasión del deceso de su
progenitor, solicitó, ante Colpensiones, el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes a favor de su representado, en calidad de hijo en condición
de discapacidad. Dicho pedimento fue desatendido, toda vez que no se allegó
sentencia de interdicción.
2.4. El 13 de octubre de 2010, presentó,
ante el Instituto de Seguro Social, escrito informando que Héctor William
Castro Gutiérrez acredita los requisitos para ser beneficiario de la pensión de
sobrevivientes causada con el fallecimiento de Héctor Abdón Castro León.
Adicionalmente, manifestó que promovió proceso de interdicción, el cual, para
dicho momento, se encontraba en trámite. Frente a ello, el ISS guardó silencio.
2.6. El 19 de agosto de 2011, la
Coordinadora de la Unidad de Atención Especializada de la Defensoría del Pueblo
presentó, ante el ISS, un escrito de Gestión Directa solicitando tener en
cuenta a Héctor William Castro Gutiérrez como beneficiario de la pensión de
sobrevivientes de marras. Asimismo, informó acerca del trámite de declaratoria
de interdicción que se adelantaba. Frente a dicho escrito la entidad guardó
silencio.
2.7. Mediante sentencia emitida, el 23
de abril de 2012, por el Juzgado Veinte de Familia de Bogotá D.C., se declaró
la interdicción del señor Castro Gutiérrez, designándose como curadora definitiva
a la peticionaria, quien tomó posesión del cargo el 21 de agosto de 2012.
2.9. El 27 de abril de 2012, la Comisión
Médico Laboral de la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del Instituto
de Seguro Social calificó la pérdida de su capacidad laboral en 56.60%,
enfermedad de origen común y fecha de estructuración 7 de octubre de 1968.
2.10. Por consiguiente, el 31 de mayo de
2012, presentó nueva solicitud de reconocimiento pensional, respecto de la cual
la entidad guardó silencio.
2.11. Mediante Resolución No. GNR 353254
de 12 de diciembre de 2013, emitida por el Gerente Nacional de Reconocimiento
de Colpensiones, se negó el reconocimiento de la prestación pretendida, bajo el
argumento de que mediante Resolución No. 2884 de 1º de enero de 2012, el ISS
reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Aguirre Roncancio, en
calidad de compañera permanente supérstite, en cumplimiento de lo ordenado en
sentencia judicial proferida dentro de un proceso ordinario laboral en el que
el accionante no se hizo parte como beneficiario.
2.12. Frente a lo anterior, la actora
manifiesta que los argumentos esgrimidos por Colpensiones no son de recibo,
toda vez que: i) no existe norma alguna que señale que la circunstancia
de no ser parte dentro de un proceso para el reconocimiento de un derecho,
implica que el beneficiario pierde su oportunidad de reclamarlo, máxime cuando
este se hace exigible a partir de la sentencia de interdicción; ii) en
reiteradas ocasiones informó al ISS acerca de la condición de beneficiario de
su representado y del trámite del proceso de interdicción que se estaba
surtiendo, situación que, a toda luces, debió ser tenida en cuenta por el ISS
al momento de asumir su defensa dentro del proceso ordinario promovido por
Blanca Aguirre Roncancio y iii) si bien el ISS incurrió en error por
falta de organización operativa y administrativa, lo cual generó una defensa
inadecuada en el proceso ordinario, ello no constituye un fíat para afectar las
garantías de su representado.
2.13. Así las cosas, y dada su
inconformidad, presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, el
cual fue resuelto de manera desfavorable a sus intereses, mediante Resolución
No. GNR 274895 de 1º de agosto de 2014, proferida por el Gerente Nacional de
Reconocimiento de Colpensiones, bajo el argumento de que existe una sentencia
judicial en firme mediante la cual se reconoció la prestación pensional a la
compañera permanente supérstite del causante, dentro de un proceso ordinario
laboral en el cual el peticionario no se hizo parte como beneficiario. Por
ende, consideró que no era viable, por vía administrativa, modificar la
decisión, hasta tanto la justicia ordinaria defina o modifique el
reconocimiento pensional solicitado.
2.14. Inconforme con lo anterior,
presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Vicepresidenta de
Beneficios y Prestaciones de Colpensiones mediante Resolución No. VPB 5476 de
28 de enero de 2015, confirmando lo decidido, bajo idénticos argumentos.
2.15. Afirma que, pese a su calidad de
curadora, solamente tuvo conocimiento del proceso ordinario que adelantó la
compañera permanente del causante una vez le fue reconocida la prestación por
parte del Seguro Social a ésta.
2.16. Sostiene que su condición
económica es precaria, pues sus ingresos los deriva exclusivamente de la labor
que ejerce como empleada doméstica; que la protección en salud de su hermano se
encuentra a cargo del Sisben y iii) que  carece de recursos para contratar los
servicios de un abogado para promover proceso ordinario.
3. Pretensiones
La demandante
solicita el amparo de los derechos fundamentales de su hermano interdicto,
Héctor William Castro Gutiérrez a la salud, a la seguridad social, a la vida
digna, al debido proceso y al mínimo vital y, en consecuencia, se ordene a la
entidad accionada que reconozca y pague a favor de éste la pensión de
sobrevivientes causada con el fallecimiento del señor Héctor Abdón Castro León,
en calidad de hijo discapacitado, con fecha retroactiva a la solicitud inicial
realizada desde el 5 de septiembre de 2012.
4. Pruebas
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
-Copia de solicitud de reconocimiento pensional, fechada 13 de
octubre de 2010, dirigida por la peticionaria al Instituto de Seguro Social. En
ella consta que se informó a la entidad accionada acerca de las condiciones de
salud de su representado y del trámite del proceso de interdicción que se
estaba surtiendo (folio 13 del cuaderno 1).
-Copia de la gestión directa No. DP-M.D.M. 500-2011, de fecha 19 de
agosto de 2011, diligenciada por la Coordinadora de la Unidad Atención
Especializada de la Defensoría del Pueblo, en la que comunicaba al ISS la
situación del accionante que lo hacía acreedor del beneficio pensional en
mención (folios 14 y 15 del cuaderno 1).
-Copia de la petición presentada por la apoderada del accionante
ante el ISS, el 7 de septiembre de 2012, en la que solicita el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, reconocimiento del retroactivo e intereses
moratorios causados (folios 17 a 21 del cuaderno 1).
- Copia de la Resolución No. GNR 353254 de 12 de diciembre de 2013,
proferida por Colpensiones, mediante la cual se negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes al accionante (folios 22 y 23 del cuaderno 1).
- Copia de la Resolución No. GNR 274895 de 1º de agosto de 2014,
mediante la cual Colpensiones resolvió el recurso de reposición presentado por
la actora contra la Resolución No. 353254 de 12 de diciembre de 2013 (folios 24
a 26 del cuaderno 1).
- Copia de la Resolución No. VPB 5476 de 28 de enero de 2015,
proferida por Colpensiones, mediante la cual resolvió el recurso de apelación
presentado por la demandante contra la Resolución No. 353254 de 12 de diciembre
de 2013 (folios 27 a 29 del cuaderno 1).
-Copia del registro civil de nacimiento de Héctor William Castro
Gutiérrez, en el que consta que nació el 7 de octubre de 1968 y que es hijo de
Héctor Abdón Castro León. En el reposa una anotación de fecha 14 de mayo de
2012, según la cual mediante sentencia judicial de 23 de abril de 2012,
proferida por el Juzgado Veinte de Familia de Bogotá D.C. se declaró en
interdicción por discapacidad mental absoluta y se designó como curador a
Marysol Castrol Gutiérrez (folios 30 y 31 del cuaderno 1).
- Copia del registro civil de defunción del señor Héctor Abdón
Castro León, en el que consta que falleció el 15 de enero de 2007 (folio 32 del
cuaderno 1).
- Copia del dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral, de fecha
27 de abril de 2012, proferido por la Comisión Médico Laboral de la Gerencia
Nacional de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social, en la que se
calificó su pérdida de capacidad laboral en 56.60%, fecha de estructuración 7
de octubre de 1968, origen enfermedad común (folios 33 y 34 del cuaderno 1).
- Copia de la sentencia dictada por el Juzgado Veinte de Familia de
Bogotá D.C., de 23 de abril de 2012, mediante la cual se declaró en
interdicción por discapacidad mental absoluta al señor Héctor William Castro
Gutiérrez y se designó como su curadora a su hermana Marysol Castro Gutiérrez
(folios 35 a 41 del cuaderno 1).
- Copia de la sentencia dictada por el Juzgado Quince Laboral del
Circuito de Bogotá D.C., el 25 de junio de 2010, dentro del proceso ordinario
laboral de primera instancia promovido por Blanca Yanneth Aguirre Roncancio
contra el ISS, en dicha providencia se condenó a la entidad accionada a
reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la demandante a partir del 15
de enero de 2007, fecha del fallecimiento del afiliado causante Héctor Abdón
Castro León (folios 45 a 54 del cuaderno 1).
-Copia de la cédula de ciudadanía del señor Héctor William Castro
Gutiérrez, en la cual consta que nació el 7 de octubre de 1968 (folio 55 del
cuaderno 1).
5. Respuesta
de la entidad accionada
5.1.
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-
Guardó silencio
frente a los hechos materia de la presente acción tuitiva.
VIII. DECISIÓN
JUDICIAL QUE SE REVISA DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.953.552
1. Decisión de única instancia
Mediante Auto de 6 de abril de 2015, el Juzgado Cuarenta y Uno del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. decidió negar la medida
provisional invocada por la accionante, consistente en la suspensión del pago
de la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora Blanca Yannet Aguirre
Roncancio, compañera permanente supérstite del causante.
Mediante sentencia proferida el 20 de abril de 2015, el Juzgado
Cuarenta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C., decidió
declarar improcedente la tutela argumentando que existe una decisión judicial
en firme que reconoció el derecho pensional, en el que el accionante no se hizo
parte.
Igualmente señaló que el actor cuenta con un mecanismo judicial
idóneo ante la jurisdicción ordinaria a través del cual se puede verificar si
le asiste el derecho y por ende, modificar la resolución que otorgo el derecho
correspondiente y por ende, modificar la resolución que otorgó el derecho a
Blanca Aguirre.
IX. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE
Mediante
auto de 4 de septiembre de 2015, el magistrado sustanciador consideró necesario
recaudar algunas pruebas, con el fin de verificar los supuestos de hecho que
originaron la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO.- ORDENAR que por conducto de la Secretaría General de esta Corporación se ponga en conocimiento
de la señora Blanca Janeth Aguirre Roncancio, domiciliada en la Calle 48 B Sur
Número 5F – 30, interior 18, apartamento 203, Bogotá D.C., el contenido de la
demanda de tutela que obra en el expediente T-4.953.552, para que, dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie
respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean, que sean de
su competencia o, en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral
8º del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso).
SEGUNDO. ORDENAR que por conducto
de la Secretaría General de esta Corporación se ponga en conocimiento del
Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá D.C., ubicado en la Carrera 7 No.
14 – 36, Piso 21, Edificio Nemqueteva, Bogotá D.C., que obra en el expediente
T-4.953.552, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del presente auto, dicha entidad se pronuncie respecto de los hechos y las
pretensiones que en ella se plantean, que sean de su competencia, específicamente,
respecto de la vinculación al señor Héctor William Castro Gutiérrez dentro del
proceso laboral No. 586-09, en el que fungió como demandante la señora Blanca
Yanneth Aguirre Roncancio y como demandado el Instituto de Seguros Sociales.
Adicionalmente, se solicita remitir copia del expediente en el que
reposa dicho proceso.
TERCERO. Por Secretaría General OFÍCÍESE
a la señora Marysol Castro Gutiérrez, domiciliada en la Calle 34 Bis Sur
No. 12 – 71, interior 3, apartamento 501, Bogotá D.C., para que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente auto,
allegue a este despacho copia auténtica del registro civil de nacimiento del
señor Héctor William Castro Gutiérrez.
CUARTO. Por Secretaría General OFÍCIESE
a la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., ubicada en la Carrera
13 No. 27 - 20, Bogotá D.C., para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del presente auto, expida y remita a este
despacho copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Héctor
William Castro Gutiérrez.
QUINTO. SUSPENDER los
términos del presente proceso, de manera que sólo vuelvan a correr, conforme al
cómputo que corresponda a la fecha de la recepción y evaluación de las pruebas
solicitadas en el presente Auto.
SEXTO. ORDENAR a la Secretaría
General de esta Corporación que  durante un término no mayor de tres (3)
días, ponga a disposición de las partes dentro del expediente T-4.953.552 las
pruebas que, en atención a lo ordenado en este auto, alleguen los vinculados y
la oficiada, con miras a que se pronuncien sobre las mismas. Durante dicho
término el expediente quedará a disposición de los interesados en la Secretaría
General”.
En atención de lo anterior y mediante escritos allegados a esta
Corporación, Marysol Castro Gutiérrez y el Notario Dieciocho (E) del Círculo de
Bogotá remitieron el registro civil de nacimiento de Héctor William Castro
Gutiérrez.
A su turno, el Juez Quince Laboral del Circuito de Bogotá manifestó
que efectivamente, ese despacho conoció del proceso ordinario laboral que
promovió Blanca Yannet Aguirre Roncancio en contra del Instituto de Seguros
Sociales, demanda mediante la cual se solicitaba el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes a favor de la demandante causada con el fallecimiento
de Héctor Abdon Castro, al ostentar la calidad de compañera permanente.
Según el titular de dicho despacho, cumplidos los trámites
procesales pertinentes, el 25 de junio de 2010, al considerar que se cumplían
los requisitos legales para acceder a lo pretendido por la demandante, profirió
sentencia condenatoria, providencia que fue apelada por la demandada. Remitido
el expediente al superior, mediante providencia calendada el 29 de julio de
2011, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral,
confirmó su decisión.
Respecto a la no vinculación del señor Héctor William Castro
Gutiérrez al proceso ordinario, indica que una vez revisado el expediente
contentivo del proceso ordinario laboral No. 2009-586, se evidencia que ninguna
de las partes intervinientes en el proceso advirtieron a ese despacho de la
existencia de otra persona con igual o mejor derecho sobre la prestación
solicitada, específicamente, sobre la existencia de Héctor como hijo
discapacitado del causante.
Finalmente, señala que aun cuando Héctor no fue vinculado al proceso
ordinario 2009-586, ello no es impedimento para que acuda a la jurisdicción
ordinaria laboral para reclamar su derecho, pues frente a él no existe cosa juzgada.
X. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es
competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral
9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción de tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus garantías fundamentales.
En esta oportunidad, Beatriz Elena Monsalve Posada, German David
Vargas Monsalve y Blanca Carmenza Sastoque Gómez actuaron en defensa de sus
derechos; Marysol Castro Gutiérrez, actuó en defensa de las garantías de su
hermano interdicto Héctor William Castro Gutiérrez y Lucila Cardona Gómez actúa
en representación de los derechos su hermana interdicta Blanca Rosa Cardona
Gómez, razón por la cual se encuentran legitimados para promover esta causa.
2.2. Legitimación pasiva
El Tribunal Administrativo de Antioquia, el Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A., la Secretaría de Hacienda
del municipio de Manizales y la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones -, de conformidad con los artículos 5º y 42 del Decreto 2591 de
1991, se encuentran legitimados por pasiva, dentro de la presente acción de
tutela, debido a que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales cuyo amparo se solicita.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si
en los casos materia de estudio es procedente, mediante acción de tutela,
dirimir controversias relativas al reconocimiento de acreencias pensionales.
Antes de abordar el caso concreto se realizará un análisis
jurisprudencial de temas como: (i) La procedencia del mecanismo
constitucional para dirimir asuntos de carácter pensional. Reiteración
jurisprudencial; (ii) procedencia excepcional de la acción de tutela
para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o de la
sustitución pensional a favor de sujetos de especial protección constitucional,
específicamente, de personas en condición de discapacidad; iii)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia; iv) normas del régimen general en
seguridad social sobre la pensión de sobrevivientes y su equivalente en los
regímenes especiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; v)
aplicación del régimen general de seguridad social a quienes pertenecen al
régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; vi)
la normativa reguladora del derecho a la pensión de sobrevivientes es la
vigente al momento del fallecimiento del causante; vii) la equidad como
criterio de interpretación en materia laboral; viii) aplicación del
principio de equidad en los eventos en los que por una cantidad ínfima de
semanas de cotización no se logra acreditar la totalidad de aportes exigidos
para acceder a la pensión de sobrevivientes; ix) naturaleza jurídica,
finalidad y principios constitucioales de la pensión de sobrevivientes o
sustitución pensional. Reiteración jurisprudencial.
4. Procedencia del mecanismo tutelar para garantizar el
reconocimiento de acreencias pensionales. Reiteración jurisprudencial.
En abundante jurisprudencia de este tribunal se ha señalado que,
por regla general, la acción tuitiva es improcedente para impetrar el
reconocimiento de derechos pensionales, dado que es posible controvertir la
existencia y el contenido de estos a través de la justicia laboral ordinaria o
contencioso administrativa, según corresponda.
No obstante, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha
advertido que la tutela es procedente, de manera excepcional, cuando se ejerce
como mecanismo transitorio con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable o cuando el medio judicial preferente no resulte eficaz para
obtener el amparo del derecho frente a la exigencia de una protección inmediata
en el caso concreto.
Así las cosas, es deber del juez analizar los presupuestos
fácticos de cada asunto en particular, en aras de determinar si el instrumento
de defensa judicial ordinario resulta eficaz para el amparo de las garantías
fundamentales del accionante, puesto que ante la inminente ocurrencia de un
perjuicio irremediable, el conflicto planteado trasciende del nivel meramente
legal al constitucional, teniendo la acción de tutela la facultad de tornarse
en el mecanismo principal de trámite del asunto, desplazando a la respectiva
instancia ordinaria.
Justamente en este punto juega un papel de enorme importancia los
presupuestos sentados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-063 de 2013[5], para
determinar i) si los mecanismos ordinarios son
eficaces para la protección de los derechos fundamentales involucrados en
conflictos en que se pretenda el reconocimiento de acreencias pensionales y ii) si permiten evaluar la gravedad,
inminencia e irreparabilidad del daño que podría generarse si no se protegen
por vía tutelar. Dichos presupuestos son:
“(i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser
considerado sujeto de especial de protección;
(ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución,
genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en
particular, del derecho al mínimo vital;
(iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y
judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos; y
(iv) que se acrediten siquiera sumariamente, las razones por las
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. De este modo,
deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a
fin de declarar la procedencia del amparo”.
En ese orden de ideas, la herramienta constitucional procede, de
manera excepcional, para amparar las garantías derivadas del reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales, en los siguientes casos: i) cuando no existe otro medio de defensa
judicial o, en caso de existir, el mismo no resulta idóneo ni eficaz para
garantizar la protección de los derechos fundamentales del peticionario, evento
en el que la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa,
ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por
otra vía y ii)cuando esta
se promueve como mecanismo transitorio, siempre que el demandante demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección
tendrá efectos temporales, solo hasta el momento en que la autoridad judicial
competente decida, de manera definitiva, el conflicto planteado.
Dicho perjuicio, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, debe cumplir las siguientes condiciones: ser inminente, es
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave,
esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona sea de gran intensidad; ser urgente, es decir, que exija la adopción de
medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es
decir, acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y
necesario para la protección de los derechos fundamentales.
5. Procedencia excepcional de la
acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
o de la sustitución pensional a favor de sujetos de especial protección
constitucional, específicamente, de personas en situación de discapacidad
En relación con
las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta[6],
tal y como sucede con los hijos en condición de discapacidad[7] que dependen
de la pensión sustitutiva porque carecen de los medios económicos  para
garantizar su propia subsistencia, el juez constitucional debe evaluar su
condición particular para determinar la idoneidad y la eficacia de los
mecanismos ordinarios para reclamar el reconocimiento de la prestación
pensional, y así establecer si la controversia planteada transciende el nivel
meramente legal para convertirse en un problema de relevancia constitucional[8].
Toda vez que se
trata de personas en estado de debilidad manifiesta, el perjuicio irremediable
debe ser analizado y comprendido de manera amplia[9], por lo que
los requisitos de procedibilidad de la tutela se hacen más flexibles dada la
relevancia constitucional, razón por la cual esta Corporación ha manifestado
que el estudio de la procedibilidad de la tutela para estos casos se hace bajo
una óptica “si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones
de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”[10], no queriendo
decir que la mera apreciación de un sujeto en estado de debilidad manifiesta,
contrae la acreditación de un perjuicio irremediable.
El
reconocimiento excepcional del derecho a pensión de sobrevivientes o a la
sustitución pensional por vía de tutela se encuentra sometido, adicionalmente,
a una última condición en materia probatoria, que consiste en acreditar la procedencia
material o procedencia del derecho pensional y que el accionante haya
agotado algún trámite administrativo o judicial, tendiente a obtener el
reconocimiento de tal prestación sin que se haya logrado. Es así como la Corte
señaló que “la acción de tutela procede cuando se encuentra debidamente
probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y, sin
embargo, la entidad encargada, luego de la solicitud respectiva, no ha actuado
en consecuencia”[11].
Corolario de lo
anterior, es que la acción tuitiva, por regla general, no es procedente para
obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente o la sustitución
pensional, debido a su carácter subsidiario. Sin embargo, esta Corte ha
estimado que, con miras a garantizar la prevalencia de los derechos
fundamentales, se debe considerar que cuando las herramientas ordinarios no
resultan idóneos y/o eficaces y se trate de un sujeto de especial protección o
de una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, verbigracia,
las personas en situación de discapacidad, la tutela procede como mecanismo
para salvaguardar sus derechos en aras de evitar un perjuicio irremediable, el
cual debe ser analizado bajo un criterio amplio, por tratarse de un problema
legal que trasciende a uno de relevancia constitucional, caso en el cual
simplemente se debe verificar que el interesado tenga la titularidad del
derecho pensional exigido mediante las pruebas aportadas y que éste, a su vez,
haya desplegado la actividad administrativa o judicial tendiente a la obtención
del derecho invocado, sin que se haya logrado el objetivo, el cual ahora es
solicitado en sede de tutela.
6. Procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Como es sabido, en abundante jurisprudencia de este
tribunal se ha señalado y reconocido que, por regla general, la acción de
tutela es improcedente contra providencias judiciales, por cuanto (i) se
trata de decisiones que configuran ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales, proferidas por funcionarios
profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii)
por el valor de cosa juzgada de las sentencias que resuelven las controversias
planteadas entre ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y; (iii)
por la autonomía e independencia de la jurisdicción en la estructura del poder
público propia de un régimen democrático.
No obstante, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha
advertido desde la sentencia C-543 de 1992[12],
que el ejercicio del mecanismo tutelar es posible contra providencias
judiciales de manera excepcional y restrictiva, cuando el pronunciamiento del
funcionario judicial configura una vía de hecho, producto de la arbitrariedad y
de la incorrecta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.
Asimismo, la Corte, en Sentencia T-217 de 2010[13], indicó que solo procede la acción de tutela contra providencias
judiciales “en aquellos eventos en que se establezca
una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden jurídico y
violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. En estos casos, el control
en sede de amparo constitucional se justifica, toda vez que los
pronunciamientos judiciales que no se ajustan a las reglas preestablecidas, y
que afectan de forma indebida los derechos fundamentales, constituyen en
realidad una desfiguración de la actividad judicial, que termina por
deslegitimar la autoridad confiada al juez para administrar justicia, y que
debe ser declarada constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial
y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”.
Por otro lado, este Tribunal Constitucional determinó, en la
sentencia C-590 de 2005[14]
y en múltiples pronunciamientos posteriores, que para que una providencia
proferida por un juez de la república sea materia de revisión a través del
ejercicio de la acción tuitiva, es necesario que le anteceda el cumplimiento de
unas condiciones generales, las cuales, una vez constatadas, es labor del juez
de tutela establecer si en el caso concreto configuran alguna de las causales
especiales de procedibilidad o defectos materiales.
En lo que atañe a los requisitos generales, también denominados
formales, la Corte ha señalado que son aquellos presupuestos que deben ser
obligatoriamente cumplidos, so pena de que el juez constitucional no valore de
fondo el asunto materia de revisión. Dichas condiciones son las siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[15].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[16].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[17].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[18]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[19]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[20]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[21]
(Negrilla fuera del texto original).
Respecto a los requisitos especiales, también conocidos como
materiales, la jurisprudencia constitucional ha señalado que son los vicios o
defectos contenidos en el fallo judicial y que constituyen el fundamento de la
vulneración de las garantías fundamentales.
“a. Defecto orgánico. El cual se configura cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto
se estructura en los eventos en que la decisión cuestionada vía tutela, ha sido
proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente.
b. Defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen
del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta abiertamente y
sin justificación válida, de la normatividad procesal que era aplicable al caso
concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al ignorar completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez
termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera
derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que
para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a
los siguientes requisitos: (i) debe ser un error trascendente y manifiesto, que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una influencia
directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia no
resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto
procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una
decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la
oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de
notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un
error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo
cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por
otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación
injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de
las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial pretermite la
recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido
ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en
materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la
defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. Defecto fáctico. Este
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces,
siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a
deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de
la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso,
radica en que, no obstante las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, la Corte ha explicado que las deficiencias
probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia
probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada
interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas
que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso
concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación
errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el
juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha
fijado los siguientes criterios de aplicación:
-
La intervención del juez de tutela, frente al
manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del
juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo
del material probatorio.
-
Las diferencias de valoración que puedan
surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse
como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana
critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no
sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de
la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las
pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
-
Para que la acción de tutela pueda proceder
por error fáctico, ‘[e]l error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto’[22].
d. Defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez,
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al
sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto.
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una decisión
judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada, que la
excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a ser
una simple manifestación de arbitrariedad, que debe dejarse sin efectos, para
lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al respecto,
ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta cuando se
aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha
sido derogada o declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta
inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y
siendo constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de
definición judicial.
e. Error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido
víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la
adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos,
la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización
participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia
-autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al
funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de
alguna de las partes o de terceros.
f. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
g. En desconocimiento del
precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio de
jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta
igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley, fijado por
la Corte Constitucional con efectos erga omnes.
h. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad
interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados amparados por la Carta”.
Colofón de lo adverado, es que la acción de tutela, como mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, procede excepcionalmente para controvertir el sentido y alcance
de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad, (ii) la decisión debatida por esta vía haya
incurrido en uno o varios defectos o vicios específicos, y (iii) se
determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza
o la afectación de derechos fundamentales[23].
7. Normas del régimen general en Seguridad Social sobre la pensión
de sobrevivientes y su equivalente en los regímenes especiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
En consonancia con el artículo
48 Superior, la seguridad social es tanto un derecho de carácter irrenunciable
que debe garantizarse a todos los habitantes del territorio colombiano, como un
servicio público obligatorio, bajo el control del Estado, que debe ser prestado
con sujeción a los principios de solidaridad, eficacia y universalidad.
Atendiendo lo dispuesto por el
citado artículo, la jurisprudencia de esta Corte ha determinado que el derecho
fundamental a la seguridad social se encuentra definido como aquel “conjunto de medidas
institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus
familias, las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que
puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos
suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano” [24].
En aras de la materialización
de ese conjunto de medidas por parte del Estado, la disposición constitucional
citada, le atribuye al legislador la facultad para desarrollar el derecho a la
seguridad social. En ejercicio de esa competencia, el Congreso expidió la Ley
100 de 1993 “por
medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social”, con
el objetivo de otorgar amparo frente a aquellas contingencias a las que puedan
verse expuestas las personas y que afecten su salud o su situación económica.
En ese orden, el sistema fue estructurado con los siguientes componentes: i)
el Sistema General en Pensiones, ii) el Sistema General en Salud iii)
el Sistema General de Riesgos Profesionales y iv) Servicios Sociales
Complementarios.
En lo que atañe al Sistema
General en Pensiones, específicamente, en lo relativo a la pensión de sobrevivientes,
la citada ley establecía originalmente, en su artículo 46, que “tendrán derecho a la
mencionada prestación (i) los miembros del grupo familiar del pensionado por
vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca y (ii) los miembros del grupo
familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiera cumplido alguno de
los siguientes requisitos: a) que el afiliado se encuentre cotizando al sistema
y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la
muerte, b) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca la muerte”.
Dicha
normativa fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual
aumentó tanto el período de cotización, como el número de semanas que deben ser
aportadas, pasándose a exigir que el causante haya cotizado al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, por lo menos, cincuenta semanas dentro de los
tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
Este es
el régimen que se le debe aplicar a la generalidad de la población para acceder
a las prestaciones que allí se contemplan, como por ejemplo, la pensión de
sobrevivientes.
No obstante, debido a la
existencia de grupos específicos que cuentan con unas características
particulares, la Constitución permitió la creación de regímenes especiales en
materia de seguridad social para atender las condiciones exclusivas de los
mismos. Bajo ese orden, la jurisprudencia de esta Corte ha aceptado la
implementación de regímenes prestacionales especiales los cuales buscan
responder a las exigencias y derechos adquiridos de ciertos sectores que por
sus características y condiciones específicas  deben ser tratados
justificadamente de manera distinta al resto de la población beneficiaria del
Sistema General de Seguridad Social.
En efecto, la Constitución
consagró en su artículo 217 la autorización al legislador para determinar el
régimen especial prestacional de las Fuerzas Militares, en concordancia con el
artículo 150 superior, numeral 19, inciso ‘E’, el cual establece que le
corresponde al Congreso fijar el régimen salarial y prestacional de la Fuerza
Pública.
En tal virtud, el presidente de la República en desarrollo de las facultades
extraordinarias conferidas por el legislador, expidió los decretos a través de
los cuales se regula el régimen prestacional y salarial de las Fuerzas
Militares. De esta manera, el régimen al que están sujetos los miembros de este
grupo se encuentra regulado en el Decreto 1211 de 1990[25], el
cual ha sido modificado en cuanto al tema prestacional por los Decretos
1790 [26] y 1793
de 2000[27], Ley
987 de 2005[28] y
el Decreto 4433 de 2004[29]. En
efecto, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluye expresamente a la Fuerzas
Pública de la aplicación del régimen general de seguridad social.
Asimismo, se expidió el Decreto 1213 de 1993, normativa que prevé
un régimen prestacional en materia de pensión de sobrevivientes similar al
establecido para el personal de las fuerzas militares en el Decreto 1211 de
1990, pero dirigido al personal de agentes de la Policía Nacional.
En cuanto al régimen especial de las Fuerzas Militares, cabe
resaltar que en el Título V, Capítulo V del Decreto 1211 de 1990 se determinan
las prestaciones sociales por causa de muerte a las que tienen derecho los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y sus beneficiarios. El artículo
189  de este decreto, indica que “a partir de la
vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las
Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la
acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado
inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su
grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto,
tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o
más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la
cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12)
años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto,
con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les
pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las
partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto” [30].
Respecto del régimen prestacional en materia de pensión de
sobrevivientes, cabe destacar que en el Título V, Capítulo IV del Decreto 1213
de 1990 se determinan las prestaciones por causa de muerte a las que tienen
derecho los agentes de la Policía Nacional y sus beneficiarios.
“CAPÍTULO IV
POR MUERTE EN ACTIVIDAD
ARTÍCULO 121. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD.
Durante la vigencia del presente Decreto, a la muerte de un Agente de la
Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en
este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que por el Tesoro Público se les pague una compensación
equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base
las partidas señaladas en el artículo 100 del presente Estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio
del causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido quince ( 15) o
más años de servicio, a que por el Tesoro Público, se les pague una pensión
mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de
retiro, de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante.
ARTÍCULO 122. MUERTE EN ACTOS DEL SERVICIO.
Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de una Agente de la
Policía Nacional en servicio activo, ocurrida en actos del servicio o por
causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden establecido en el
presente Decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague, por una
sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes
correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100
de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo
servido por el causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más
años de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual
la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro,
según el tiempo de servicio del causante.
ARTÍCULO 123. MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL
SERVICIO. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Agente
de la Policía Nacional en servicio activo, en actos meritorios del servicio, en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será
ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo cualquiera que sea el
tiempo de servicio, además sus beneficiarios en el orden establecido en este
Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola
vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes
correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo
servido por el causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido doce ( 12) o más
años de servicio, a que el Tesoro Público le pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado conferido póstumamente.
d. Si el Agente no hubiere cumplido doce (12)
años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente
Estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro
Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
PARÁGRAFO. Se entiende por actos meritorios del
servicio para todo efecto, aquellos en que el Agente, se enfrente a grave e
inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas.
ARTÍCULO 124. INFORME ADMINISTRATIVO. En los
casos de muerte previstos en los artículos 121, 122 y 123 de este Decreto, las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales se sucedieron los hechos
serán calificadas por: los Directores de dependencias de la Dirección General
de la Policía o de las Escuelas de Formación, Comandantes de Departamento y
Jefes de Organismos Especiales, de acuerdo con el procedimiento que establezca
la Dirección General, la cual queda facultada para modificar la calificación de
las circunstancias en que ocurrieron los hechos, cuando éstas sean contrarias a
las pruebas allegadas.
ARTÍCULO 125. MUERTE CON DOCE AÑOS DE SERVICIO.
Cuando el Agente falleciere en actos del servicio o por causas inherentes al
mismo, con doce (12) años o más de servicio pero con menos de quince (15), la
pensión a que tienen derecho sus beneficiarios se liquidará como si el Agente
hubiere cumplido quince (15) años de servicio.
ARTÍCULO 126. SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES A
FAMILIARES DEL FALLECIDO. El cónyuge e hijos, hasta la edad de veintiún (21)
años, de los Agentes de la Policía Nacional que fallezcan en actividad, tendrán
derecho a que el Gobierno les suministre dentro del país, asistencia médica,
quirúrgica y odontológica, servicios hospitalarios y farmacéuticos, mientras
disfruten de pensión decretada con base en los servicios del Agente fallecido.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá
tarifas para la prestación de los servicios asistenciales a los beneficiarios
de los Agentes de la Policía Nacional fallecidos en servicio activo.
ARTÍCULO 127. SUSTITUCIÓN PENSIONAL. El cónyuge
supérstite de un Agente de la Policía Nacional, sus hijos menores o inválidos
absolutos, que hayan tenido el derecho consagrado o disfrutado de la
sustitución pensional prevista en el Decreto 981 de 1946 continuarán
percibiendo la pensión del causante de acuerdo con lo previsto en la Ley 21 de
1979.
ARTÍCULO 128. TRES (3) MESES DE ALTA POR
FALLECIMIENTO. A la muerte de un Agente de la Policía Nacional, en servicio
activo, sus beneficiarios en el orden y proporción establecido en el presente
Estatuto, continuarán percibiendo durante tres (3) meses de la entidad que le
venía pagando los haberes de actividad.
ARTÍCULO 129. GASTOS DE INHUMACIÓN. Los gastos de
inhumación de los Agentes de la Policía Nacional que fallezcan en servicio
activo o en goce de asignación de retiro o pensión, serán cubiertos por el
Tesoro Público a quien los haya hecho, mediante la presentación de la copia del
registro civil de defunción y de los comprobantes de los gastos realizados, sin
que su cuantía sea inferior a cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual
ni superior a diez (10) veces este mismo salario.
PARÁGRAFO. Cuando el Agente de la Policía
Nacional, falleciere en el exterior en servicio activo, el Tesoro Público
cubrirá los gastos de inhumación en dólares, en cuantía que determine el
Ministerio de Defensa. Si a juicio de éste hubiere lugar a transporte para la
inhumación en el país, el Tesoro Público pagará los gastos respectivos.
Así mismo la Policía Nacional pagará los pasajes
de regreso del cónyuge e hijos del Agente fallecido, como también la prima de
instalación de que trata el artículo 38 del presente Estatuto.
CAPÍTULO V
POR MUERTE EN RETIRO
ARTÍCULO 130. MUERTE EN GOCE DE ASIGNACIÓN DE RETIRO O PENSIÓN. A la
muerte de un Agente de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o
pensión, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el presente
Estatuto, tendrán derecho a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público
o por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional equivalente en todo
caso a la totalidad de la prestación que venía gozando el causante.
Así mismo, el cónyuge y los hijos hasta la edad de veintiún (21)
años tendrán derecho a que el Gobierno les suministre asistencia médica,
quirúrgica, odontológica, servicios hospitalarios y farmacéuticos mientras
disfruten de la pensión decretada con base en los servicios del Agente
fallecido.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno establecerá tarifas
para la prestación de los servicios asistenciales a los beneficiarios de los
Agentes de la Policía Nacional, fallecidos en goce de asignación de retiro o
pensión.
PARÁGRAFO 2o. Si el Agente muriere sin haber
cobrado sus prestaciones sociales por retiro, éstas se cancelarán en el orden
de beneficiarios establecido en este Estatuto.
ARTÍCULO 131. EXTINCIÓN DE PENSIONES. A partir de
la vigencia del presente Decreto, las pensiones que se otorguen por
fallecimiento de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo o en goce
de asignación de retiro o pensión policial, se extinguirán para el cónyuge si
contrae nuevas nupcias o hace vida marital y para los hijos por muerte,
matrimonio, independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún
(21) años, salvo los hijos inválidos absolutos cuando hayan dependido
económicamente del Agente. La extinción se irá decretando a partir de la fecha
del hecho que la motive y por la cuota parte correspondiente.
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos
y la de éstos entre sí, y a la del cónyuge. En los demás casos no habrá derecho
a acrecimiento.
ARTÍCULO 132. ORDEN DE BENEFICIARIOS. Las
prestaciones sociales por causa de muerte de un Agente de la Policía Nacional
en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión, se pagarán
según el siguiente orden preferencial:
a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra
mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las
proporciones de ley.
b. Si no hubiere cónyuge sobreviviente la
prestación se dividirá por partes iguales entre los hijos.
c. Si no hubiere hijos, la prestación se dividirá
así:
- Cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge.
- Cincuenta por ciento (50%) para los padres en
partes iguales.
d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos,
las prestaciones se dividirán entre los padres, así:
- Si el causante es hijo legítimo llevan toda la
prestación los padres.
- Si el causante es hijo adoptivo la totalidad de
la prestación corresponde a
los padres adoptantes en igual proporción.
- Si el causante es hijo extramatrimonial la
prestación se dividirá en partes iguales entre los padres.
- Si el causante es hijo extramatrimonial con
adopción, la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptivos en
igual proporción.
- Si no concurriere ninguna de las personas
indicadas en este artículo, llamadas en el orden preferencial establecido, la
prestación se paga, previa comprobación de que el extinto era su único sostén,
a sus hermanos menores de dieciocho (18) años.
- Los hermanos carnales recibirán doble porción
de los que sean simplemente maternos o paternos.
- A falta de descendientes, ascendientes, hijos
adoptivos, padres adoptivos, hermanos y cónyuge, la prestación corresponderá a
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (…)”.
8. Aplicación del régimen general de seguridad social a quienes
pertenecen al régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional
En
sede de control constitucional, este Tribunal sostuvo que la implementación de
regímenes especiales de seguridad social no vulnera el derecho a la igualdad, y
que sus beneficiaros deben acogerse a ellos en su totalidad, ya que existen
otras disposiciones dentro de los mismos que permiten compensar la diferencia
de tratamiento en términos prestacionales[31].
Sin embargo, la Corte también
ha resaltado que cabe la posibilidad de entrar a analizar si las normas
de una prestación específica en el régimen especial pueden vulnerar el derecho
a la igualdad, lo cual procede cuando la diferenciación que dispone la ley se
puede considerar como arbitraria y es clara la desmejora que sin justificación
aparente se le brinda a los beneficiarios del régimen especial. Para que este
examen sea posible la jurisprudencia constitucional ha establecido ciertos
requisitos:
“Así las cosas, es posible concluir
que existe una discriminación (i) si la prestación es separable y (ii) la ley
prevé un beneficio inferior para el régimen especial, sin que (iii) aparezca
otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la desigualdad
frente al sistema general  de seguridad social.
Sin embargo, en virtud de la
especialidad de cada régimen de seguridad social, en principio éste es
aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la Corte considera que estos
requisitos deben cumplirse de manera manifiesta para que puede concluirse que
existe una violación a la igualdad. Por consiguiente, (i) la autonomía y
separabilidad de la prestación deben ser muy claras, (ii) la inferioridad del
régimen especial debe ser indudable y (iii) la carencia de compensación debe
ser evidente”[32].
De lo anterior es viable
colegir que, existe la posibilidad de aplicar el régimen general a los miembros
de estos grupos especiales, cuando se verifique la ocurrencia de los anteriores
supuestos, ya que la finalidad del Texto Superior en cuanto a este tema, es la
especial protección del mínimo vital y de las personas de la tercera edad. Con
la creación de los regímenes especiales pretende brindar una protección
específica debido a las condiciones de la labor que desempeñan quienes están
sujetos a los mismos, la cual no puede ser menos beneficiosa que las que se
aplican al resto de la población, lo cual significa que  el régimen no puede
resultar discriminatorio.
Al respecto, la Corte ha
sostenido:
“Solo si la prestación social de la
cual se predica la posible discriminación es lo suficientemente autónoma como
para advertir que ella, en sí misma, constituye una verdadera discriminación
respecto del régimen general, podría el juez constitucional –lo ha dicho la
Corte- retirarla del ordenamiento jurídico. La Corporación ha profundizado en
este aspecto al sostener que si la prestación es separable del régimen al cual
se adscribe, bien puede estudiársela independientemente del mismo y,
eventualmente, de comprobarse que la desventaja que ella implica no tiene
compensación alguna en el sistema, reconocerla como contraria al principio de
igualdad”[33].
En efecto, así lo ha entendido
el Consejo de Estado, Corporación para la cual, en virtud del principio de
favorabilidad, si el causante cumple con los requisitos de la pensión de
sobrevivientes contemplada en el régimen general y no las estipuladas en el
régimen especial, es imperativo concluir que en desarrollo del derecho
fundamental a la igualdad, los beneficiarios tienen derecho a que la misma les
sea reconocida[34].
Ello por cuanto para el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la aplicación
del régimen especial solo debe presentarse cuando sus normas resulten más
favorables que lo establecido en el régimen general, pues de no ser así, el
régimen especial, en lugar de brindar la protección específica de acuerdo al
grupo de personas al que va destinado, se convierte en un obstáculo para
acceder a derechos mínimos consagrados para la generalidad de la población[35].
Así las cosas, cabe colegir
que, si bien la existencia de regímenes especiales en materia de seguridad
social no vulnera el derecho fundamental a la igualdad, pueden presentarse
casos específicos en que las disposiciones de los mismos resulten menos
favorables que el régimen general, y las demás prestaciones contempladas no
tienen la potencialidad de compensar tal afectación, razón por la cual, en
aplicación del principio de favorabilidad, se debe recurrir a la aplicación del
régimen general, establecido en la Ley 100 de 1993.
9. La normativa reguladora
del derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del
fallecimiento del causante
Como es bien sabido, la
pensión de sobrevivientes, prestación originada con la muerte de un afiliado,
tiene como finalidad amparar los riesgos de orfandad y viudedad, razón por la
cual sus titulares son la cónyuge o compañera permanente y demás causahabientes
que contempla la ley, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de los
requisitos establecidos para el efecto.
Así las cosas, se torna
indudable que la fuente de la prestación bajo examen es precisamente la
circunstancia del óbito de quien se encuentra próximo al reconocimiento
pensional.
Con base en ello, la
jurisprudencia, tanto constitucional[36] como de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia[37], en razón de la aplicación inmediata de la
ley y del efecto retrospectivo que caracteriza a las disposiciones laborales,
ha establecido que en materia de pensión de sobrevivientes, la normativa que
rige el asunto es la vigente al momento de la ocurrencia del fallecimiento del
afiliado y, por ende, a sus requisitos es que deben ceñirse los beneficiarios
del causante.
No obstante lo
anterior, las Corporaciones judiciales en mención han admitido algunas
excepciones a dicha regla general en aras de garantizar los derechos de los
causahabientes, tales como, i) cuando la situación amerita la aplicación
del principio de la condición más beneficiosa[38] y ii) cuando la norma vigente al momento del deceso del
causante resulta inconstitucional, ya que ninguna disposición puede juzgarse
aplicable mientras sea manifiestamente contraria al Texto Superior[39].
10. La
equidad como criterio de interpretación en materia laboral
Tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, resulta
indiscutible que la equidad cumple una función de magna importancia en relación
con la administración de justicia y, específicamente, con las decisiones que
las autoridades judiciales deben tomar en materia laboral.
De conformidad con lo sentado en reiterados pronunciamientos de esta
Corporación[40],
el principio en comento tiene como finalidad ajustar el derecho a las
particularidades de cada caso, racionalizando la
igualdad que la ley presupone y ponderando aquellos elementos que el legislador
no consideró como relevantes y que pueden desencadenar en injusticias.
Al respecto, se torna pertinente traer a colación lo dicho por la
Corte en sede de control constitucional:
“(…) En primer lugar, la equidad le permite al operador
jurídico evaluar la razonabilidad de las categorías generales de hechos
formuladas por el legislador, a partir de las situaciones particulares y
concretas de cada caso. En este sentido, la equidad se introduce como un
elemento que hace posible cuestionar e ir más allá de la igualdad de hecho que
el legislador presupone. La equidad permite al operador jurídico reconocer un
conjunto más amplio de circunstancias en un caso determinado. Dentro de dichas
circunstancias, el operador escoge no sólo aquellos hechos establecidos
explícitamente en la ley como premisas, sino que, además, puede incorporar
algunos que, en ciertos casos “límites”, resulten pertinentes y ponderables, y
permitan racionalizar la igualdad que la ley presupone.
En segundo lugar, la equidad actúa como un elemento de ponderación,
que hace posible que el operador jurídico atribuya y distribuya las cargas
impuestas por la norma general, proporcionalmente, de acuerdo con aquellos
elementos relevantes, que la ley no considera explícitamente. La consecuencia
necesaria de que esta ley no llegue a considerar la complejidad de la realidad
social, es que tampoco puede graduar conforme a ésta los efectos jurídicos que
atribuye a quienes se encuentren dentro de una determinada premisa fáctica
contemplada por la ley. Por ello, la equidad –al  hacer parte de ese
momento de aplicación de la ley al caso concreto– permite una graduación
atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes.  En
este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones
legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes”[41].
Ahora bien, cabe resaltar que la equidad actúa, principalmente, en
aquellos espacios dejados por el legislador, en aras de evitar la configuración
de injusticias, bien sea porque no se regló una hipótesis específica dentro de
una norma, o porque una situación en general no ha sido regulada.
Bajo esa óptica, en Sentencia SU-837 de
2002[42], esta Corte sostuvo que
“el lugar de la
equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la de
evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un
caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador,
dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales
y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un
caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto.
Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es
decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad
exige decidir cómo hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la
equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la
equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una
injusticia”.
Por último, cabe destacar que este Tribunal Constitucional ha
señalado una serie de elementos orientadores de la aplicación de la equidad
como criterio de interpretación, a saber: “(…) El primero es la importancia
de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual
se encuentran las partes –sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico
una connotación especial– es de suma relevancia para determinar la solución
equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la
asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto.
Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el
desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la
apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes
en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las
consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las
particularidades de una situación. De lo anterior también se concluye que
decidir en equidad no es, de ninguna manera, decidir arbitrariamente. Al
contrario, la equidad busca evitar la arbitrariedad y la injusticia, aún la
injusticia que pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación
particular cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y
rigurosamente deducida de la norma legal”[43].
11. Aplicación del principio de equidad en los eventos en los que por
una cantidad ínfima de semanas de cotización no se logra acreditar la totalidad
de aportes exigidos para acceder a la pensión de sobrevivientes
Realizadas las anteriores precisiones en torno al principio de
equidad, a continuación se ahondará en una de las manifestaciones del mismo en
materia laboral, dada su pertinencia para la solución de uno de los casos
materia de revisión en la presente providencia.
Tal situación se refiere, concretamente, a los eventos en los que
las autoridades judiciales deciden reconocer la pensión de sobrevivientes pese
a que por una fracción de semanas de cotización que supera el 0.5, no se logra
acreditar la totalidad de aportes exigidos por la ley para el efecto.
Dicho actuar se ha evidenciado, especialmente, en la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
la cual, con fundamento en razones de justicia y equidad, aproxima la cifra al
entero siguiente, para evitar dejar a los beneficiarios de la prestación en el
desamparo, por faltar una cantidad ínfima para cumplir el requisito legal de
número mínimo de cotizaciones[44].
Para ilustrar la posición del máximo órgano de la jurisdicción
ordinaria frente a la materia en comento, resulta pertinente traer a colación
algunos apartes de la sentencia de 8 de abril de 2008, radicado No. 28547:
“Bien se ha señalado por la
doctrina que la equidad no es nada distinto de la justicia en el caso concreto
y, si bien, el Sistema de Seguridad Social no se erige en un mecanismo de
beneficencia ni de asistencia social, el resultado denegatorio de una pensión
de sobrevivientes, perteneciente al mismo, por un faltante de 0.29 centésimas
de una cifra, ciertamente que habilitaban al juzgador para ponderar
adecuadamente la tensión resultante de la literalidad normativa con la equidad
como criterio auxiliar, dentro del marco de la calidad de Estado Social de
Derecho insuflado a Colombia por la Carta de 1991.
“Y esa ponderación se torna imperativa porque, a diferencia de lo
expuesto por la censura sobre la presunta actitud del conglomerado social
respecto de las previas reglas fijadas para dispensar las prestaciones propias
del Sistema de Seguridad Social Integral, una solución denegatoria, en el caso
de la pensión de sobrevivientes, con compañera permanente e hijo involucrados,
bajo el adusto y lapidario argumento de la aplicación ad litteram de la
preceptiva en cuestión, lo que genera es un sentimiento de reprobación social
ante el despropósito al que se llega, ya que es ostensible la vastísima
desproporción entre los perjuicios trascendentes generados para quienes son
excluidos de los beneficios del sistema por el írrito guarismo, con los
presuntos que recibe el sistema al dispensar la prestación bajo las
especialísimas circunstancias del sub lite.
“Y, la solución dada a la ponderación de las tensiones indicadas,
estima la Sala, evita una manifiesta inequidad jurídica que, ciertamente, el
legislador habría impedido, de haberlo podido prever, mas, ante el carácter
falible del ser humano que le restringe la posibilidad de avizorar la totalidad
de la casuística futura, corresponde entonces al dispensador de justicia, en
cada caso concreto, hacer actuar el derecho de una manera cuidadosa y
prudentemente balanceada, ya que, como se ha dicho, no hay peor injusticia que
la cometida so pretexto de administrar justicia”.
12.
Naturaleza jurídica, finalidad y principios constitucionales de la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional. Reiteración jurisprudencial
La sustitución
pensional o pensión de sobrevivientes[45]
constituye una de las expresiones del derecho a la seguridad social consagrado
en el artículo 48 Superior[46],
la cual se define como una prestación económica cuya finalidad es evitar que
los allegados al trabajador pensionado queden inmersos en el desamparo por el
hecho de su deceso, esto es, que los beneficiarios obtengan recursos
económicos, producto de la actividad laboral del causante, para tener una vida
digna y justa manifestada en la obtención de la mesada pensional que tenía el
causante[47],
cuyos requisitos se encuentran señalados en la Ley 100 de 1993.
La prestación
referida está regulada en los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993,
modificados mediante la Ley 797 de 2003. Dicha normativa contempla el derecho
pensional tanto para el régimen solidario de prima media como para el régimen
de ahorro individual con solidaridad.
Ahora bien, en
consonancia con el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, tienen derecho a la
pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o
invalidez por riesgo común que fallezca y,
2.
Los miembros del grupo familiar del
afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al
fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: (…), las cuales fueron declaradas inexequibles[48] por
trasgredir el principio de progresividad y no regresividad ya que se hacía más
difícil la obtención de la prestación la cual, según el legislador al establecer
que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, solo exigía realizar aportes durante
mínimo 26 semanas al año inmediatamente anterior al fallecimiento del
afiliado.
De igual manera,
la Ley 100 de 1993 en sus artículos 47 y 74, modificados mediante la Ley 797 de
2003, determinó quiénes son los beneficiarios de la prestación en comento:
a) En forma vitalicia, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de
edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge
o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
(…)
c) Los hijos menores de 18 años;
los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar
por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento
de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante,
esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones
de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero
o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de este.
e) A falta de cónyuge, compañero
o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los
hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste”.
Al respecto,
cabe resaltar que el orden de prelación señalado en los artículos 47 y 74 de la
Ley 100 de 1993, para determinar quién es beneficiario de la pensión de
sobrevivientes o sustitutiva, obedece a la potestad de configuración del
legislador que para el caso de los hijos en condición de discapacidad mayores
de 18 años que dependían económicamente del causante, fue considerado
justificado “teniendo en cuenta la carencia de recursos adicionales y la
imposibilidad de obtenerlos en razón de la minusvalía física mientras subsistan
las condiciones de invalidez”[49].
Por otra parte,
cabe resaltar que la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes han sido
materia de diversos pronunciamientos por parte de esta Corporación, en los que
se reiteró que “la sustitución pensional responde a la necesidad de
mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y
económica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que
al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente
desprotección y posiblemente a la miseria. Por ello, la ley prevé que, en
aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y
que más dependían del causante y que, además, en muchos casos compartían con él
su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades mínimas”[50].
Así, de conformidad con el marco legal y jurisprudencial, dicha figura busca la
protección de los familiares que podrían verse afectados con el fallecimiento
del pensionado, quien proveía de condiciones de subsistencia a la familia, para
lo cual la pensión como prestación económica contribuiría a enfrentar las
condiciones de contingencia derivadas de su deceso.
En ese orden de
ideas, es viable colegir que de la sustitución pensional o pensión de
sobrevivientes se derivan, en muchos casos, derechos como el mínimo vital y la
vida digna, por lo que el reconocimiento y pago de la prestación económica
adquiere el carácter fundamental, volviéndose esencial para los cometidos del
Estado Social de Derecho, situación que fue sustentada mediante Sentencia T-
692 de 2006[51],
en la que se sostuvo:
“…la relación expuesta entre protección de derechos fundamentales y
necesidad de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes resulta
acreditada cuando (i) la prestación económica que percibía el trabajador o
pensionado fallecido constituye el sustento económico de su grupo familiar
dependiente y  (ii) los beneficiarios de la pensión carecen, después de la
muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para garantizarse su
subsistencia, por lo cual quedan expuestos a un perjuicio irremediable derivado
de la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital.”
Por último, es
pertinente indicar que esta Corte ha desarrollado una serie de principios que
definen el contenido constitucional de la pensión de sobrevivientes o
sustitutiva como prestación para la asistencia de los familiares del causante,
los cuales fueron descritos en la Sentencia C-1035 de 2008[52], a saber:
(i)
Principio de estabilidad económica y
social para los allegados del causante, cuyo objeto
es que a través de la sustitución pensional se mantengan, al menos en el mismo
grado de seguridad social y económica, a los beneficiarios afectados con la
muerte del pensionado, que de no ser así conduciría a una desprotección y a una
posible miseria, de allí la necesidad de establecer los grados de prelación
para efectos de determinar las personas más cercanas al causante y que más
dependían del mismo.
(ii)
Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados, el cual
busca impedir que con ocasión de la muerte de uno de los miembros de la pareja,
el otro se vea en la obligación de soportar las cargas materiales y
espirituales que conlleva el deceso.
(iii) Principio material para la definición del beneficiario, que consiste en determinar, bajo el criterio material acogido por
el legislador,  quien es el beneficiario de la sustitución pensional, el cual
se obtiene de verificar quien tuvo mayor convivencia efectiva al momento de la
muerte del pensionado.
12.
Análisis de los casos concretos
Con base en
las reseñas fácticas expuestas, las pruebas que obran dentro de los expedientes
y los referentes legales y jurisprudenciales citados, la Sala de Revisión
abordará el estudio de los casos acumulados, así:
12.1. Expediente T-4.905.566
Como quedó
expuesto, Beatriz Elena Monsalve Posada y German David Vargas Monsalve
solicitan la protección de sus derechos constitucionales a la igualdad, a la
seguridad social, a la vida digna, al debido proceso y al mínimo vital, los
cuales consideran vulnerados con ocasión de la providencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el 27 de febrero de 2014, dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que  la actora promovió contra
la Caja General de la Policía Nacional -CAGEN-.
En efecto, la señora Monsalve Posada instauró dicha acción,
encaminada a que i) se declarara el silencio administrativo negativo y,
en consecuencia, se decretara la nulidad del acto ficto administrativo en
relación con la solicitud de reconocimiento pensional que presentó ante la
Dirección General de la Policía Nacional, radicada el 5 de mayo de 2010, frente
a la cual la accionada guardó silencio y, ii) a que se condenara a la
entidad al reconocimiento y pago, a su favor, de la pensión de sobrevivientes
causada con el fallecimiento de su cónyuge, German David Vargas Hidalgo,
acaecido el 19 de octubre de 1996.
Si bien, el fallador de primera instancia, Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín, en aplicación del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su forma original, resolvió conceder las
pretensiones invocadas por la demandante, dicha decisión fue revocada por el
Tribunal de Administrativo de Antioquia.
A juicio del ad
quem y contrario a lo considerado por el a quo, la accionante no
logró demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma que
resulta aplicable para el reconocimiento de la pensión pretendida, la cual,
según su criterio, corresponde al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Ello por cuanto no acreditó, en los
términos previstos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la
vida marital ni la convivencia efectiva con el causante por lo menos durante
los cinco años anteriores a su fallecimiento.
Para la actora, la anterior decisión, proferida por la autoridad
judicial demandada, constituye una vía de hecho por: i) defecto fáctico,
debido a que se omitió la valoración de algunas pruebas tendientes a demostrar
la convivencia efectiva entre el causante y la accionante; ii) defecto
sustantivo, por indebida aplicación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ya
que considera se debía aplicar el artículo 47 de la Ley de la 100 de 1993,
normativa vigente a la fecha de fallecimiento del causante; iii) decisión
sin motivación, toda vez que el fundamento jurídico para denegar el
reconocimiento y pago de la pensión es “incongruente al hecho fáctico como
se da cuenta en la demanda, por lo que su motivación no reposa en la
legitimidad de su órbita funcional”; iv) desconocimiento del
precedente judicial, relacionado con la pertinencia de las declaraciones
extrajuicio en la demostración de los requisitos legales para acceder a la
pensión de sobrevivientes y; v) violación directa de la Constitución,
porque la decisión acusada desconoció los derechos fundamentales a la igualdad,
ya que en otros casos similares sí se ha reconocido la pensión de
sobrevivientes; al debido proceso, por cuanto el Tribunal decidió con normas
inaplicables; a la seguridad social, toda vez que su fallo impidió que la
demandante y su hijo percibieran una prestación social; al mínimo vital y a la
vida digna, no obstante que carecen de recursos económicos para su
autosostenimiento.
Debido a ello, Beatriz Elena Monsalve Posada y German David Vargas
Monsalve instauraron acción de tutela, encaminada a que se revocara la
providencia emitida, en segunda instancia, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y, en consecuencia, se ordenara a la entidad
accionada, reconocer y pagar, a su favor, la pensión de sobrevivientes causada
con el fallecimiento del señor German David Vargas Hidalgo, en calidad de
cónyuge supérstite e hijo del causante, respectivamente.
Los jueces constitucionales de instancia negaron el amparo invocado,
al considerar que la decisión judicial que se cuestiona se fundamentó en un
razonado análisis de los supuestos fácticos y jurídicos que correspondía al
igual que consideraron que sí se valoraron debidamente las pruebas allegadas al
proceso.
Así las cosas, esta Sala de Revisión considera que la cuestión que
merece análisis constitucional en este caso es la relativa a la supuesta vía de
hecho en que, a juicio de los accionantes, incurrió la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Medellín.
Para ello, se examinará si la acción sub examine reúne
los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y, en caso afirmativo, se determinará si, en efecto, se presentan en
ellas los defectos que arguyen los accionantes.
12.1.1. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
12.1.1.1. La cuestión que se discute es de evidente relevancia
constitucional
Para esta Sala de Revisión, la cuestión que los demandantes
discuten es de evidente relevancia constitucional, ya que la controversia versa
sobre la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, a la vida digna, al debido proceso y al mínimo vital, los cuales
estiman lesionados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad
judicial que, según manifiestan, desconoció la regla general, según la cual, el
derecho a la pensión de sobrevivientes lo gobiernan las normas vigentes al
momento de la muerte del afiliado a la seguridad social.
12.1.1.2. Presupuesto de
inmediatez
La tutela sub examine fue promovida dentro de un término
que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado razonable, pues se presentó
el 20 de agosto de 2014, es decir, dentro de los seis meses siguientes al
proferimiento de la sentencia enjuiciada, de fecha 27 de febrero de 2014.
Aunado a ello, cabe recalcar que en el presente asunto la
vulneración de las garantías fundamentales de los accionantes permanece, ya que
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
continúa y es actual.
12.1.1.3. Presupuesto de subsidiariedad
A juicio de esta Sala, la demandante no ha asumido una actitud
negligente ni pasiva en la solicitud del reconocimiento de la prestación
económica, habida cuenta que agotó el medio ordinario de defensa judicial con
que contaba, es decir, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En cuanto a German David Vargas Monsalve, a diferencia de lo considerado
por el juez de segunda instancia dentro de la acción de tutela,  esta Sala
considera que si bien tiene a su alcance un mecanismo de defensa, el mismo
carece de idoneidad, pues someterlo a los rigores de un proceso judicial puede
resultar desproporcionado y altamente lesivo de su derecho fundamental a la
educación, en razón de que actualmente cuenta con 22 años de edad y,
probablemente, al emitirse una decisión definitiva dentro del proceso ordinario
habría alcanzado los 25 años o estaría próximo a dicha circunstancia, lo cual
podría generarle un perjuicio irreversible frente a sus estudios
universitarios.
Sumado a lo anterior, cabe recordar que en el escrito de tutela se
manifestó que la razón por la que este actor cursa una tecnología es precisamente
debido a la insuficiencia de recursos económicos para sufragar una carrera
profesional.
12.1.1.4. No se trata de una sentencia de tutela
La providencia atacada fue emitida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la actora.
12.1.1.5. La irregularidad procesal que se alega tiene un efecto
directo sobre la decisión de fondo que se impugna
Las irregularidades procesales alegadas por los demandantes, de
encontrarse probadas, podrían cambiar el sentido de la decisión acusada, pues
muy probablemente hubiese prosperado las pretensiones planteadas en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la demandante.
12.1.2. La configuración del defecto sustantivo
alegado
Los
accionantes plantean que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, el 27 de octubre de 2014, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por Beatriz Elena Monsalve Posada,
incurrió en un defecto sustantivo por haber aplicado, para decidir acerca del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida, el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, bajo la modificación realizada por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003.
Como
quedó expuesto en las consideraciones de esta providencia, es incontrovertible
que, por regla general, la normativa reguladora del
derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del
fallecimiento del causante.
En tal virtud, para el caso sub examine, dado que German
David Vargas Hidalgo falleció encontrándose en servicio activo a la Policía
Nacional, el 19 de octubre de 1996, pertenecía a un régimen pensional especial,
el cual, para el momento de su deceso se encontraba regulado por el Decreto
1213 de 1990.
Dicha normativa, en su artículo 122, exige para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en tratándose de muertes de
agente en actos de servicio, haber cumplido doce años o más de servicio.
Así las cosas y, toda vez que el causante prestó sus servicios a
la Policía Nacional durante seis años, nueve meses y diez días, los accionantes
no tendrían derecho al reconocimiento de la prestación económica pretendida
según los lineamientos consagrados en el mentado decreto.
No obstante lo anterior, el artículo 46
de la Ley 100 de 1993, en su contenido original, también vigente al
fallecimiento del difunto, establecía que
tenían derecho a la pensión de sobrevivientes  “Los miembros del grupo familiar del afiliado que
fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes
requisitos: a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y
hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte,
y b)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca la muerte”.
Por tanto, en virtud de
lo señalado en las consideraciones precedentes, específicamente, del principio
de favorabilidad en materia laboral, en el caso sub examine se debe
recurrir a la aplicación del régimen general de pensiones establecido en la Ley
100 de 1993, en su sentido original, toda vez que, indudablemente, el actor
acreditó el cumplimiento del requisito de las veintiséis semanas de cotización
durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento.
Ahora bien, existiendo
claridad respecto de la normativa aplicable en este caso, procede esta Sala de
Revisión a determinar si a los actores les asiste el derecho a la prestación
económica en mención.
En cuanto a la señora
Beatriz Elena Monsalve Posada, cónyuge supérstite del extinto agente de la
Policía Nacional, le compete acreditar
haber estado haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haber
convivido con él no menos de dos (2) años continuos con anterioridad al deceso,
salvo que hayan procreado uno o más hijos.
Teniendo en cuenta las pruebas que reposan dentro del
expediente y lo dicho por ambas partes dentro de la acción de tutela, la
demandante convivió con su cónyuge durante el lapso comprendido entre el 15 de
agosto de 1992 hasta el fallecimiento de éste, es decir, cuatro años y dos
meses. Aunado a ello, procrearon un hijo, German David Vargas Monsalve, lo que,
según la norma aplicable, exime de la carga de acreditar un determinado lapso
de convivencia.
En ese orden de ideas, la actora sí acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma que, para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor, en calidad de
cónyuge supérstite del señor Vargas Hidalgo, gobierna el asunto.
En lo que atañe a German David
Vargas Monsalve, hijo del fallecido y, en aplicación de lo dispuesto en el
literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su forma original,
cabe resaltar que dada sus condiciones, a saber: i) hijo del afiliado; ii)
cuenta con 22 años de edad; iii) dependía económicamente del causante al
momento de la muerte y; iv) se encuentra estudiando; le asiste el
derecho pensional, hasta el cumplimiento de los veinticinco años de edad,
siempre y cuando acredite su condición de estudiante en los términos previstos
por la norma aplicable.
Así las cosas, resulta claro
que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues
debió examinar la situación pensional de los demandantes bajo los requisitos
consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su sentido original, en
virtud de la aplicación inmediata de la ley laboral y del principio de
condición más beneficiosa, pues el no aplicar en este caso la normativa que
regía al momento del fallecimiento, la cual, a su vez, resultaba ser la más
favorable[53] transgredió los derechos fundamentales a la
seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de ambos accionantes y el
derecho a la educación del actor.
En consecuencia, la decisión
emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de octubre de 2014
adolece de defecto material o sustantivo, por cuanto se sustentó en una
disposición claramente inaplicable al caso concreto, habida cuenta que al
momento del fallecimiento del causante la Ley 100 de 1993, en su sentido
original, era la llamada a gobernar la situación litigiosa.
Como corolario de lo
anteriormente expuesto, fluye inevitable la consideración según la cual se debe
acceder al amparo deprecado, en consecuencia, se revocará el fallo de tutela
proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, el 26 de febrero de 2015 que, a su vez, confirmó el emitido por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 10 de diciembre de 2014.
Así las cosas, se dispondrá
dejar sin efecto la sentencia del Tribunal y que este profiera la sustitutiva
en el término máximo de treinta días de acuerdo con los criterios sentados en
la parte motiva del presente proveído.
12.2. Expediente T-4.934.509
Se trata de
establecer si el mecanismo tutelar es procedente para dirimir la controversia
suscitada con ocasión de la negativa del Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes presentada por Blanca Carmenza Sastoque Gómez, en condición de
cónyuge supérstite del señor Juan de Jesús Orjuela Ruiz. La decisión de la
entidad accionada se fundamentó en la insuficiencia de cotizaciones, toda vez
que el causante, durante los tres años inmediatamente anteriores al momento de
la defunción, contaba con un total de 49.43 semanas cotizadas.
Inicialmente, esta Sala de Revisión debe entrar a analizar si la
presente acción cumple con los requisitos de procedibilidad a efectos de
determinar si es viable el estudio de fondo del problema jurídico planteado.
En relación con el presupuesto de subsidiariedad,
cabe destacar que, de las pruebas allegadas al proceso, se tiene i) que
la actora tramitó la reclamación por sobrevivencia ante Porvenir S.A. el 14 de
julio de 2014, es decir, aproximadamente un mes y medio después de ocurrido el
deceso y ii)  que ante la negativa de la entidad accionada, presentó
solicitud de reconsideración pensional el 6 de octubre de 2014, la cual fue
resuelta de manera desfavorable a sus intereses el 4 de noviembre de 2014.
Si bien la señora Sastoque Gómez cuenta con
mecanismos de defensa ante la jurisdicción ordinaria, esta Sala considera que
exigirle su agotamiento resultaría desproporcionado, pues i) es madre
cabeza de familia de tres hijos procreados con el causante, de los cuales dos
son menores de edad; ii) tanto su núcleo familiar como ella dependían
económicamente de su cónyuge y; iii) actualmente, el único ingreso que
percibe es el derivado de la labor que realiza como empleada del servicio
doméstico.
Respecto del principio de inmediatez, se tiene que
la actora promovió la tutela el 6 de enero de 2015, es decir, dos meses después
de que la entidad accionada confirmara la negativa del reconocimiento
pensional. Ello permite concluir que la petición de amparo fue interpuesta en
un plazo razonable, lo cual permite presumir que la afectación del derecho
fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable.
Aunado a ello, cabe recalcar que por tratarse del
pago de prestaciones periódicas, la vulneración de las garantías fundamentales
en comento es permanente en el tiempo.
Así las cosas,
una vez confirmada la procedencia de la acción, esta Sala se pronunciará
respecto de la pretensión principal de la demandante, cual es el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes.
Una vez
acometida dicha tarea, esta Corporación no puede menos que desestimar el
argumento mediante el cual el Fondo accionado sustentó su  negativa a reconocer
la prestación controvertida, pues, por el contrario, considera que la
circunstancia de que el causante hubiese cotizado 49.43 semanas durante los
tres años inmediatamente anteriores al deceso en aplicación de valores y
principios constitucionales debe valorarse en forma positiva, en aras del
reconocimiento del derecho en cuestión.
Para sustentar
lo anterior, resulta imperioso recordar que, bajo la óptica del principio de
equidad, el cual, tal como se indicó en la parte considerativa de esta
sentencia, tiene como finalidad, entre otras, evitar la configuración de una
injusticia -bien sea i) porque no se regló una hipótesis específica
dentro de una norma, ii) porque una situación en general no ha sido
regulada o iii) como resultado de la aplicación
de la ley a un caso concreto-, es viable considerar que las 49.43
semanas de cotización efectuadas por el causante se aproximen a 50 para que sus
beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivencia, cumpliéndose así el
requisito que exige el numeral 2° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003,
normativa aplicable a esta controversia por ser la vigente al momento del
deceso.
Así las cosas,
esta Sala estima que la no acreditación, con exactitud, de las 50 semanas en
mención, no puede dar pábulo para someter a la actora y a su núcleo familiar al
desamparo.
Colofón de lo adverado es que se
revocará el fallo proferido por el ad quem declarando
improcedente la acción de tutela instaurada por la
señora Blanca Carmenza Sastoque Gómez contra el Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A..
En su lugar, se concederá el amparo
solicitado, razón por la cual se ordenará a la entidad accionada que reconozca
a la accionante, en condición de cónyuge supérstite, la pensión de
sobrevivientes causada con el fallecimiento del señor Juan
de Jesús Orjuela Ruiz.
12.3.
Expediente T- 4.949.497
Se contrae a la situación de la señora Lucila Cardona Gómez, de sesenta y cuatro años de edad, quien actuando
en representación de su hermana, Blanca Rosa Cardona Gómez, impetró acción de
tutela contra la Secretaría de Hacienda Municipal de Manizales, por estimar que
dicha entidad soslayó sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
vida digna y al mínimo vital, al negarle el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, en calidad de hijo discapacitado, causada con el fallecimiento
de su padre, bajo el argumento de que la fecha de estructuración de la
invalidez -12 de junio de 2012- era posterior al deceso del causante -28 de
junio de 2010-.
Los jueces de instancia decidieron denegar el amparo de
los derechos reclamados por considerar improcedente el mecanismo
constitucional, toda vez que al estar encaminada la pretensión al pago de una acreencia
pensional, estiman que la demandante cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial idóneo.
12.3.1. Procedencia de la acción de tutela
Esta Sala de Revisión observa, en primer lugar, que la presente
acción tuitiva cumple con el presupuesto de subsidiariedad, pues si bien existen otros medios de defensa, los mismos no resultan
idóneos, ya que las condiciones particulares del caso ameritan la intervención
excepcional del juez de tutela en aras de resolver el reclamo invocado, toda
vez que someter a la accionante al agotamiento del proceso ordinario resultaría
desproporcionado, ya que, por un lado, su condición física y mental la hacen
merecedora de especial protección constitucional, habida cuenta que fue
calificada con un alto porcentaje de pérdida de capacidad laboral -82.73%- y,
por otro, carece de recursos económicos para satisfacer su mínimo vital.
Ahora bien, por lo que concierne al requisito de inmediatez, esta
Sala estima que se cumple, toda vez que transcurrieron dos meses entre la
última actuación administrativa, es decir, la resolución de 12 de noviembre de
2014[54]
mediante la cual la entidad accionada denegó el reconocimiento pensional y la
presentación del mecanismo de amparo iusfundamental, en este caso, el 13
de enero de 2015.
Bajo ese
contexto, verificada la condición de sujeto de especial protección
constitucional de la señora Lucila Cardona Gómez, habida cuenta de la situación
de discapacidad en la que se encuentra y de su precaria condición económica,
ante la ineficacia  de otros mecanismos ordinarios que garanticen
efectivamente la defensa de los derechos invocados, la acción de tutela resulta
ser la vía adecuada para solicitar el amparo de las garantías constitucionales
fundamentales.
12.3.2.
Presunta vulneración de las garantías fundamentales de la señora Lucila Cardona
Gómez
Conforme al
legajo probatorio y a lo manifestado por las partes, la Sala Cuarta de Revisión
deberá determinar si la Secretaría de Hacienda de Manizales vulneró los
derechos fundamentales de la accionante al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional causada con el fallecimiento de su
padre, en calidad de hija en situación de discapacidad, bajo el fundamento de
que la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral es posterior
al fallecimiento del causante.
Tal como se
expuso en la parte considerativa de esta sentencia, las personas que se encuentran
bajo dicha condición son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes siempre
y cuando dependan económicamente del causante al momento del fallecimiento y
mientras subsistan las condiciones de invalidez.
En el caso
materia de discusión, si bien se encuentra probado que la señora Lucila Cardona
Gómez es hija del pensionado y que dependía económicamente de él, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta de Calificación Regional de
Caldas, la pérdida de capacidad laboral se estructuró en fecha posterior al
fallecimiento, circunstancia que sirvió de fundamento a la entidad accionada
para denegar la pretensión solicitada.
No obstante, esta Sala de Revisión estima que lo anterior no
constituye fíat para denegar la prestación solicitada, pues en el expediente
reposan pruebas de carácter científico que permiten colegir que las patologías
materia de calificación se configuraron en fecha anterior al deceso.
Dicha afirmación encuentra su asidero en la sentencia proferida el
1º de diciembre de 2014 por el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de
Manizales[55],
dentro del proceso en el que se declaró la interdicción de la actora, en la que
se evidencia que dicha autoridad judicial ordenó la realización de un dictamen
por parte de psiquiatría, cuyo resultado arrojó: “Tuvo desarrollo psicomotor
deficiente por problemas de meningitis y se crio como niña especial por su
retardo mental severo. Posteriormente, le hallaron cáncer de ovarios,
recibió tratamiento pero hizo metástasis al cerebro, fue irradiada, dejando
como secuela gran déficit neuropsiquiátrico; hay que asistirla para todas sus
necesidades básicas”.
Por consiguiente, esta Sala de Revisión no puede menos que valorar
positivamente lo sostenido por la curadora de la accionante, quien sostuvo que
la entidad calificadora incurrió en error al fijar la fecha de estructuración
al año 2012, siendo que el retardo mental data a la infancia.
A juicio de la
peticionaria, dicho error se debió a que para determinar la fecha de
estructuración, la mentada junta calificadora tuvo en cuenta la calendada en
una valoración realizada por medicina interna, desconociendo la historia
clínica de su representada y el dictamen médico ordenado dentro del proceso de
interdicción en el que consta que el padecimiento de su representada se remonta
a su infancia.
Esta Sala
corrobora lo expresado por la curadora, ya que, mediante escrito de contestación
de tutela, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas sostuvo
que, con miras a determinar el momento de estructuración, se fundamentó en la
fecha de una valoración por medicina interna en que se describe el estado
generador de la pérdida de capacidad laboral y que desconocía el peritaje
ordenado dentro del proceso de interdicción judicial, lo cual es apenas
plausible, toda vez que este fue proferido con posterioridad al dictamen.
Corolario de la anterior es que no existe
certeza acerca de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral
de la accionante, pues el peritaje de psiquiatría ordenado dentro del proceso
de interdicción, al indicar que “Tuvo desarrollo
psicomotor deficiente por problemas de meningitis y se crio como niña especial
por su retardo mental severo”, genera duda
acerca de si la discapacidad realmente se configuró el 12 de junio de 2012, tal
como lo dictaminó, el 27 de noviembre de 2013, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Caldas o, por el contrario, data de la infancia,
controversia imposible de definir por esta Corporación, pues, a todas luces,
escapa de su órbita funcional.
En ese orden de ideas y en aras de tutelar las
garantías fundamentales invocadas, se ordenará al organismo del Sistema de Seguridad
Social Integral encargado, el cual, para el caso sub examine, es
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, proferir un nuevo
dictamen de valoración de la pérdida de capacidad laboral de Blanca Rosa
Cardona Gómez.
Dicho dictamen deberá ser consecuencia de un
análisis integral que dé cumplimiento a las exigencias previstas para el
efecto. En particular, deberá discriminar de manera clara y razonada cada uno
de los factores de discapacidad, con su respectivo porcentaje, y explicar detalladamente
las razones para calificar el origen de los mismos. Cabe hacer énfasis en que
en la evaluación se deberá tener en cuenta que, con apoyo en la peritación
psiquiátrica emitida dentro del proceso de declaratoria de interdicción, la
accionante cuestiona los elementos de la calificación emitida en 2012. En
particular, la nueva valoración deberá tener en cuenta que el experticio que
sirvió de base para la declaratoria de interdicción concluyó que la
discapacidad del accionante se estructuró en la infancia.
La razón que lleva a la Sala a tutelar el derecho fundamental que
se viene invocando de esta manera es que existe duda acerca de si en el
dictamen proferido por la mencionada Junta Regional de Calificación de
Invalidez se ha realizado una valoración integral de conformidad con las
exigencias que para el efecto aplican, como es el caso de la exposición clara y
suficientemente razonada de los distintos fundamentos de cada uno de sus
componentes.
Por consiguiente, lo que corresponde es disponer una nueva
calificación en la que se proceda en los términos que se han dejado sentados,
entre otros, justificando  de manera precisa la fecha que se toma para la
estructuración de la discapacidad, de manera que con base en lo que este arroje
se pueda determinar con claridad si a la actora le asiste el derecho pensional
pretendido.
Finalmente, con miras a que el amparo impetrado sea materialmente
atendido y, de encontrarse, con base en el dictamen que se emitirá, que
efectivamente la fecha de estructuración de la discapacidad de la actora es
anterior al fallecimiento del causante, esta Sala ordenará a la Secretaría de
Hacienda del municipio de Manizales, reconocer a favor de la señora Blanca Rosa
Cardona Gómez, en calidad de hija en condición de discapacidad, la sustitución
pensional causada con el fallecimiento del señor Graciliano Cardona Castaño.
Dicho reconocimiento se efectuará partir del momento de presentación de la
tutela, es decir, del 13 de enero de 2015.
12.4. Expediente
T-4.953.552
Se trata de
establecer si la acción de tutela es procedente para dirimir la controversia
suscitada con ocasión de la negativa de la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones- respecto de la solicitud de reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a favor de Héctor William Castro Gutiérrez, en calidad
de hijo en situación de discapacidad del causante.
La decisión de
la entidad demandada se fundamentó en que la prestación pretendida por el actor
fue reconocida en favor de la compañera permanente supérstite dentro de un
proceso ordinario laboral en el que el accionante no se hizo parte.
La peticionaria
sostiene que en reiteradas ocasiones informó al Instituto de Seguros Sociales
acerca del trámite de declaratoria de interdicción que se adelantaba ante el
Juzgado Veinte de Familia de Bogotá D.C. y que, pese a ello, tan solo tuvo
conocimiento del proceso ordinario que promovió la compañera permanente de su
padre una vez le fue reconocida la prestación.
Para iniciar,
esta Sala de Revisión debe analizar el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción sub examine, en aras de determinar si es
viable estudiar de fondo la controversia suscitada.
En cuanto al
presupuesto de inmediatez, es de resaltar que la última actuación surtida
dentro del expediente, a saber, la resolución por medio de la cual la
Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones resolvió el recurso
de apelación presentado por la peticionaria contra la resolución que negó el
reconocimiento pensional, data del 28 de enero de 2015, y que la tutela fue
promovida el 6 de abril de 2015. Por consiguiente, es admisible concluir que la
petición de amparo fue promovida dentro de un plazo razonable, circunstancia
que permite acreditar que la transgresión de los derechos invocados es
inminente.
Sumado a ello,
cabe precisar que por tratarse del pago pensional, la vulneración de los
derechos invocados es permanente en el tiempo.
Respecto del
requisito de subsidiariedad, se tiene que si bien existen mecanismos de defensa
ante la jurisdicción ordinaria, esta Sala estima que exigir su agotamiento
resultaría desproporcionado, toda vez que la discapacidad que padece el actor,
sumada a su precaria condición económica, lo torna en un sujeto merecedor de
una especial protección constitucional.
Ahora bien, una
vez verificada la procedencia de la acción, esta Sala se pronunciará sobre la
pretensión principal.
Una vez
examinado el asunto esta Corporación considera que el argumento en que la
entidad accionada sustentó la negativa pensional no es de recibo, pues es
incuestionable que el accionante acredita el cumplimiento de los requisitos
legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de
hijo en situación de discapacidad. Lo anterior debido a que la pérdida de su
capacidad laboral fue calificada en 56.60%, con fecha de estructuración 7 de
octubre de 1968 y el fallecimiento del causante acaeció el 15 de enero de 2007.
Aunado a ello, mediante sentencia emitida el 23 de abril de 2012, el Juzgado
Veinte de Familia de Bogotá D.C. declaró su interdicción.
En consecuencia,
se ordenará a Colpensiones que, una vez ponga en conocimiento de la señora
Blanca Carmenza Sastoque Gómez, la situación del accionante quien también
acreditó su calidad de beneficiario de la prestación en disputa, emita una
nueva resolución en la que distribuya por partes iguales la pensión de
sobrevivientes causada con el fallecimiento de Héctor Abdón Castro León.
VIII.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.
LEVANTAR la suspensión de términos decretada por
medio de Auto de 4 de septiembre de 2015, proferido por esta Sala de Revisión
para decidir el asunto de la referencia.
SEGUNDO.
REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, que,
a su vez, confirmó la dictada, el diez (10) de diciembre de dos mil catorce
(2014) por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, en el trámite del proceso de tutela T-4.905.566. En su lugar,
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la señora Beatriz Elena
Monsalve Posada y German David Vargas Monsalve a la igualdad, a la seguridad
social, a la vida digna, al debido proceso y al mínimo vital, por las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO.
DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el 27 de febrero de 2014, dentro de
acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Beatriz Elena
Monsalve Posada contra la Caja General de la Policía Nacional -CAGEN-.
CUARTO.
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia
que, previa notificación a la Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES- y dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación
del presente proveído, rehaga la providencia cuestionada, teniendo en
consideración que a los accionantes, Beatriz Elena Monsalve Posada y German
David Vargas Monsalve, les asiste el derecho de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes causada con el fallecimiento del señor German David Vargas
Hidalgo, en calidad de cónyuge supérstite e hijo incapacitado para trabajar por
razón de sus estudios, respectivamente. En dicha labor debe ceñirse a la
aplicación de los lineamientos señalados para el efecto por la Ley 100 de 1993,
en su texto original y a las consideraciones señaladas en esta providencia.
QUINTO.
REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26)
de febrero de dos mil quince (2015) por el Juzgado Treinta y Tres Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. que, a su vez, confirmó la
dictada el veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) por el Juzgado
Setenta y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite del proceso de tutela T-4.934.509. En su lugar,
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la señora Blanca
Carmenza Sastoque Gómez a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo
vital, por las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO. ORDENAR al representante
legal del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, reconozca a Blanca Carmenza Sastoque Gómez la pensión de sobrevivientes como
beneficiaria del señor Juan de Jesús Orjuela Ruiz .
SÉPTIMO: Una vez cumplida
la orden anterior, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. deberá
empezar a pagar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, la
respectiva pensión de conformidad con el monto correspondiente  a partir
de la muerte del causante, en los términos de la ley aplicable.
OCTAVO.
REVOCAR la sentencia proferida el veintisiete (27)
de febrero de dos mil quince (2015) por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Manizales que, a su vez, confirmó la dictada el
veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015) por el Juzgado Once Civil
Municipal de Manizales en el trámite del proceso de tutela T-4.949.497. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la señora
Blanca Rosa Cardona Gómez a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital, por las razones expuestas en esta providencia.
NOVENO. ORDENAR a la Junta
Regional de Calificación de Caldas que, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha en que la señora Blanca Rosa
Cardona Gómez, con base en la presente sentencia, solicite un nuevo dictamen,
valore y califique su situación de discapacidad en los términos señalados en
las consideraciones de la presente sentencia, para efectos de determinar si le
asiste o no el derecho a la sustitución pensional, en calidad de hija en
condición de discapacidad, del señor Graciliano
Cardona Castaño.
DÉCIMO. ORDENAR
a la Secretaría de Hacienda del municipio de Manizales que, de encontrarse probado,
con base en el dictamen que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Caldas emita, que la fecha de estructuración de la invalidez de Blanca Rosa
Cardona Gómez es anterior al fallecimiento del causante, reconozca a su favor
la sustitución pensional pretendida a partir del 13 de enero de
2015.
DÉCIMO PRIMERO. REVOCAR la
sentencia proferida el veinte (20) de abril de dos mil quince (2015) por el
Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá D.C. en el trámite del proceso de tutela T-4.953.552. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales del señor Héctor William Castro
Gutiérrez a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital, por las
razones expuestas en esta providencia.
DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR al
representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
que, dentro del mes siguiente a la notificación de la presente sentencia, y una
vez puesto en conocimiento de la señora Blanca Aguirre Roncancio la calidad de
beneficiario del accionante, reconozca a Héctor William Castro Gutiérrez la
pensión de sobrevivientes, en calidad de hijo en situación de discapacidad, del
señor Héctor Abdón Castro León, de modo que ambos interesados reciban la
prestación por partes iguales.
DÉCIMO
TERCERO. Por Secretaría, líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]Folio 21 del cuaderno 2.
[2] Folio 30 ibídem.
[3] Folio 30.
[4] Folios 52 y 61 ibídem,
respectivamente.
[5] M.P. Luis  Guillermo Guerrero Pérez.
[6] El
artículo 13 de la Constitución Política señala: “(…) El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
[7] La
Corte en sentencia T-326 de 2007, (MP. Rodrigo Escobar Gil), en la cual se
estudió el caso del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de
una mujer en situación de discapacidad, señaló que “el derecho a la pensión
de sobrevivientes adquiere el carácter de fundamental cuando de éste [sic]
depende la materialización de los mandatos constitucionales que propenden por
el establecimiento de medidas de especial protección a favor de las personas
que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, tales como los
niños, las personas de la tercera edad y los discapacitados o inválidos”.
[8] En
sentencia T-577 de 2010, (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) se analizó la calidad
de sujeto de especial protección que tenía el accionante, quien era una persona
en situación de discapacidad a la que se le había negado la sustitución
pensional por no demostrar su dependencia económica sobre el causante al
momento de su muerte, ya que según el accionado, devengaba ingresos
ocasionales.
[9] Ver
sentencia T-860 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), en la que se hizo
estudió sobre los sujetos de especial protección o los que se encuentren en
situación de debilidad manifiesta, resaltando que frente a ellos el legislador
“se volcó en favorecer a aquellas
personas con algún tipo de limitaciones funcionales y determinó un concepto
amplio del término limitación cobijando a todos aquellos que por circunstancias
síquicas, psicológicas, intelectuales, físicas y sensoriales se han visto
afectados en su derecho a la igualdad en el entorno social que los rodea”.
[10] Sentencias T-789 de 2003 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), reiterada en la sentencia T-326 de 2007 (MP Rodrigo Escobar
Gil).
[11]
Sentencia T-651 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En este caso la Sala de
turno concluyó que en efecto, la solicitante de la prestación pensional, había
cumplido con el requisito de haber adelantado las
actuaciones necesarias para solicitar la prestación pensional antes de acudir a
la acción.
[12] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[13] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[14] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[15]
Sentencia T-173 de 4 de mayo de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[16]
Sentencia T-504 de 8 de mayo de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[17] Ver,
entre otras, la Sentencia T-315 de 1° de abril de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[18]
Sentencia T-008 de 22 de enero de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[19]
Sentencia T-658 de 11 de noviembre de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[20] Sentencias
T-088 de 17 de febrero de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y SU-1219
de 21 de noviembre de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] Ver
Sentencia C-590 de 27 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[22] Ibídem.
[23] Sentencia T-018 de 20
de enero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Sentencia T-1040 de 23
de octubre de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[25] “Por el cual se reforma el
estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.
[26] “Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de
carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
[27] “Por el cual se reforma el
estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.
[28] “Por el cual se reforma el
estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.
[29] “Por el cual se reforma el
estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.
[30] “Artículo 158 del Decreto 1211
de 1990: “LIQUIDACIÓN PRESTACIONES. Al
personal de Oficiales y Suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo
la vigencia de este estatuto, se le liquidarán las prestaciones sociales
unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas así: Sueldo básico, prima
de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto, prima de
antigüedad, prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este
estatuto, duodécima parte de la prima de Navidad, prima de vuelo en las
condiciones establecidas en este Decreto, gastos de representación para Oficiales
Generales o de Insignia, subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de
retiro y pensiones, se liquidar conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de
este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete
por ciento (47%) del respectivo sueldo básico”.
[31] Sentencia C-956 de 6 de
septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[32] Sentencia T-167 de 11 de marzo de
2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[33] Sentencia C-835 de 8 de agosto
de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[34] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2008, número de radicación
76007-23-31-000-2003-04045-01(1371-07) “Así pues, se harán efectivas las
consideraciones anteriormente consignadas al caso que ocupa la atención de la
Sala, dejando de lado por razones de equidad las disposiciones del Decreto 1213
de 1990, pues sin duda alguna, si el causante cumplía los requisitos para ser
acreedor a la pensión de sobrevivientes contemplada en el régimen general y no
las previstas en el régimen especial, resulta forzoso concluir que, en aras al
principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad, sus
beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley
100 de 1993, desde luego, si reunían las condiciones para ello”.
[35] Ibídem.
[36] Verbigracia, Sentencias SU-719 de
16 de septiembre de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa y; SU-158 de 21 de
marzo de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[37] Al respecto, ver: i) Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 26 de noviembre de 2014,
M.P. Gustavo Hernando López Algarra, radicación No. 43184 y; ii) Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de 17 de julio de
2009, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, radicación No. 44999.
[38] En Sentencia T-713 de 19 de noviembre de
2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional manifestó
que en materia de pensión de sobrevivientes, la condición más beneficiosa puede
invocarse para dejar de aplicar la normativa vigente al momento de la muerte
del causante a favor de un régimen jurídico anterior,  que no necesariamente
debe ser el sucesivo, siempre y cuando se acredite que el afiliado cumplió los
requisitos exigibles por este.
[39] Puede consultarse la Sentencia SU-158 de
21 de marzo de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[40] Verbigracia, Sentencia T-435 de 3
de julio de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[41] Corte
Constitucional, Sentencia C-1547 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger,
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1 del Código de
Procedimiento Civil.
[42] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[43] Sentencia SU-837/02 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), reiterada en la sentencia T-893/08 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[44] Tal situación se evidenció,
por ejemplo, en Sentencia de 24 de agosto de 2010, Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, M.P. Eduardo López Villegas, Radicado Número
39196. En dicha providencia se reconoció la pensión de sobrevivientes bajo la
aplicación del literal b del numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de
1993, en su versión original, aun cuando se acreditó un total de 25.71 semanas
de cotización efectuadas por el causante. La Corte optó por aproximar la cifra
a 26 semanas, con miras a que los beneficiarios pudieran acceder a la prestación.
[45]
Valga aclarar que las expresiones
pensión sustitutiva y pensión de sobreviviente han sido utilizadas de manera
indistinta. Sin embargo, es necesario precisar que técnicamente corresponde a
nociones diferentes. En sentencia C- 617 de 2001, se indicó que la sustitución
pensional o pensión sustitutiva hace referencia a la situación que se presenta
ante la muerte del pensionado, por vejez o por invalidez, hipótesis en la cual
tiene lugar la subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago de la
prestación económica que venía recibiendo su titular y no la generación de una
prestación nueva o diferente. La pensión de sobrevivientes, por su parte,
ocurre ante el fallecimiento del afiliado, se paga a sus familiares y es una
nueva prestación de la que no gozaba el causante, que se genera -previo el
cumplimiento de los requisitos señalados en la ley- en razón de su muerte. De
igual manera, cabe resaltar que ambas figuras tienen como finalidad la
protección del núcleo familiar, el cual se ve desprotegido al fallecer la
persona que proveía de lo necesario a  la familia para su sustento.
[46] El
artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, señala que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a
la seguridad social, incluso al seguro social.
[47]
Frente al tema se pueden destacar las sentencias T-173 de 1994 (MP. Alejando Martínez Caballero), T-789 de
2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-1229 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar
Gil).
[48] En
sentencia C-556 de 2009, (MP. Nilson Pinilla Pinilla), la Corte señaló que “la
exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de
1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la
modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de
sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe
estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que por el contrario,
encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del
afiliado se está haciendo a sus beneficiarios”.
[49] Sentencia C-451 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández). En este caso la Corte estudió la constitucionalidad del
numeral 3 (parcial) de la Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”, por lo que fue declarada EXEQUIBLE la expresión “y hasta los 25
años”  del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
[50] Sentencias
C-111 de 2006 (M.P Rodrigo Escobar Gil) y sentencia C-002 de 1999, (M.P Antonio
Barrera Carbonell).
[51] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[52] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[53] Cabe recordar que la autoridad judicial
accionada, en aras de determinar la procedencia del reconocimiento pensional,
aplicó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, bajo la modificación que
implementó el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la cual exige, para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en tratándose de cónyuge o
compañera supérstite, la acreditación de haber estado haciendo vida marital con
el causante hasta su muerte y haber convivido con el fallecido no menos de
cinco años continuos con anterioridad a su muerte, circunstancia que, en el
caso de la actora, no se cumple, pues convivió con su esposo durante el lapso
comprendido entre  el 15 de agosto de 1992 y el 19 de octubre de 1996, es
decir, cuatro años y dos meses.
[54] Al respecto, cabe precisar que si bien en
el expediente reposa el recurso de reposición presentado por la accionante, el
24 de noviembre de 2014, contra la Resolución No. 153 de 12 de noviembre de
2014, no obra prueba física del acto administrativo que lo resuelva ni tampoco
se hace alusión respecto de ello. Por consiguiente, en aras de determinar el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la tutela sub examine,
esta Sala tendrá como última actuación administrativa la resolución en comento.
[55] Dicha providencia reposa en los folios 69
a 77 del cuaderno 1 del expediente.