T-130-16
Sentencia
T-130/16
ACCION DE
TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD Y PROTECCION ESPECIAL FRENTE A LAS ENFERMEDADES
CATASTROFICAS O RUINOSAS-Personas con cáncer y portadoras de
VIH/SIDA
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Reiteración
jurisprudencial
DERECHO A LA
VERDAD-Concepto
DERECHO A LA
VERDAD-Dimensiones
DERECHO A LA
JUSTICIA-Concepto y alcance
DERECHO A LA
REPARACION-Concepto y características
GARANTIA DE
NO REPETICION-Contenido y alcance
INDEMNIZACION
POR VIA ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
PRIORIZACION
PARA LA ENTREGA DE LA REPARACION ADMINISTRATIVA DE VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Causales
La condición que padece el
accionante y su madre conducen a inferir que se encuentran en un estado de
vulnerabilidad que les hace acreedores de esta prerrogativa.
ACCION DE
TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
DESPLAZADA-Orden a la UARIV tener consideración
sobre el núcleo familiar del accionante en la próxima lista de priorizados para
entrega de reparaciones administrativas
Referencia: expediente
T-5.153.557.
Acción de Tutela instaurada por Hernando
Hoyos Gallego contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.
Derechos fundamentales
invocados: dignidad humana y vida en condiciones dignas.
Temas: (i) procedencia de la
acción de tutela para el reclamo de ayudas humanitarias por desplazamiento
forzado; (ii) protección
constitucional especial sobre personas que padecen enfermedades catastróficas o
ruinosas; y (iii) reparación administrativa para víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia.
Problema jurídico: determinar
si la UARIV vulneró los derechos fundamentales del accionante por no priorizar
su núcleo familiar dentro del paquete de ayudas humanitarias a pesar de ser un solicitante
con sida.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo
de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por
los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside–, Alberto Rojas
Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión del fallo
proferido el día primero (01) de julio de dos mil quince (2015) por la Sala
Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, que confirmó en todas sus partes la
sentencia pronunciada el día veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) por
el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia, Quindío, que negó la
protección de los derechos fundamentales invocados.
El expediente T-5.153.557 fue
escogido para revisión por parte de esta Corporación mediante auto del doce (12) de noviembre
de dos mil quince (2015), proferido por la Sala de Selección Número Once,
integrada por el suscrito Magistrado sustanciador y la Magistrada encargada
Myriam Ávila Roldán.
1.
ANTECEDENTES
El señor Hernando Hoyos Gallego
interpuso acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, por considerar que sus derechos fundamentales a la
dignidad humana y la vida en condiciones dignas fueron vulnerados por dicha
entidad como consecuencia de no incluir a su núcleo familiar dentro de la lista
de priorizados para la entrega de la reparación por vía administrativa. El
accionante sustentó su escrito sobre los siguientes:
1.1.
HECHOS.
1.1.1.  El accionante manifiesta que se encuentra inscrito en
el Registro Único de Víctimas como consecuencia del desplazamiento forzado que
sufrió junto a su madre en el municipio de Circasia, Quindío, ocurrido en el
año 2013. Agrega que: (i) pertenece a la comunidad LGTBI; (ii)
padece de sida C3 por tbc pulmonar; (iii) se encuentra a cargo de su madre,
quien es una señora de 66 años de edad que sufre de hipertensión, artrosis,
problemas auditivos, trombosis en su pierna izquierda y es propensa a infartos.
1.1.2.  Señala que ni él ni su madre pueden trabajar y se encuentran
en una precaria condición económica, por ello se ve en la necesidad de ejercer
la prostitución como “chica trans” a pesar que ésta labor no conviene
para su estado de salud. Indica que, por esta razón, a través de la Defensoría del
Pueblo -regional Quindío- solicitó ante la entidad accionada que se le diera
prioridad para el pago de la reparación por vía administrativa.
1.1.3.  Relata que mediante oficio del 15 de abril de 2015, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) negó la solicitud
de priorización, bajo el argumento que no es posible indemnizar a todas las
víctimas en el mismo momento. Por esta razón, interpuesto acción de tutela el
día 05 de mayo de 2015.
1.2.
ARGUMENTOS
JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
El peticionario expone las siguientes
razones para sustentar su solicitud de protección constitucional:
1.2.1.  En primer lugar, asegura que su hogar aplica para ser
priorizado dentro del paquete de reparaciones a las víctimas del conflicto,
toda vez que según los artículos 5º y 7º del Decreto 1377 de 2014, se podrá
acceder de forma excepcional a la indemnización por fuera de la ruta de
reparación cuando la víctima se encuentre en condición de extrema urgencia y
uno de sus integrantes se encuentre en condición de discapacidad. En este mismo
sentido, agrega que su vida se agota con el tiempo que pasa y el dinero de la
reparación es necesario para que él y su madre vivan en condiciones dignas los
últimos días de sus vidas.
1.2.2.  En segundo lugar, declara que como víctima del
conflicto armado se encuentra expuesto a un nivel de vulnerabilidad, debilidad
e indefensión muy alto que, según las sentencias T-302 de 2003 y T-025 de 2004,
se materializa en situaciones como: pérdida de la tierra, de la vivienda, del
empleo, del hogar; así como en otros factores que se concretan en exposición a
enfermedades y mortalidad, inseguridad alimentaria, empobrecimiento y deterioro
de las condiciones de vida.
1.2.3.  En tercer lugar, afirma que las condiciones
particulares que se viven en su hogar hacen que la acción de tutela sea el
mecanismo jurídico adecuado para proteger sus derechos y, además, para lograr
la priorización dentro del paquete de reparaciones. Expresa que por la
Resolución 1956 del 12 de octubre de 2012 se establecieron los casos de extrema
vulnerabilidad que permiten obtener la indemnización sin seguir ruta
reparadora, de los cuales es posible identificar: (i) cuando el hogar
cuente con uno o más integrantes con algún tipo de discapacidad permanente; y (ii)
cuando uno o más de los integrantes padezca alguna enfermedad terminal o
crónica.
1.3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES.
Obran en el expediente las siguientes
pruebas documentales:
1.3.1.  Copia de la cédula de ciudadanía del señor Hernando Hoyos
Gallego (Fl. 4, Cd. 2), de la cual se extrae que cuenta con 44 años de edad.
1.3.2.  Copia de la historia clínica de la señora María del
Carmen Gallego Moreno, madre del accionante, expedida el 21 de enero de 2015
(Fl. 5-9, Cd. 2).
1.3.3.  Copia de la historia clínica del señor Hernando Hoyos
Gallego, expedida el 10 de febrero de 2015, en la cual consta que padece de
“[e]nfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih) sin otra
especificación” (Fls. 10-11).
1.3.4.  Copia de la respuesta emitida por la Unidad para la
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a la petición de priorización presentada
por el accionante a través de la Defensoría del Pueblo –regional Quindío- (Fls.
12-14, Cd. 2).
1.3.5.  Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María
del Carmen Gallego Moreno, de la cual se extrae que cuenta con 66 años de edad
(Fl. 15, Cd. 2).
1.3.6. Documentos relacionados con el trámite de la acción de
tutela.
1.4.
ACTUACIONES
PROCESALES.
Repartida la acción de tutela, correspondió
al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, Quindío, conocer sobre el
asunto. En este sentido, mediante auto proferido el día 06 de mayo de 2015, asumió
el conocimiento del proceso y ordenó correr traslado a las partes para que se
pronunciaran sobre los hechos y pretensiones contenidos en el expediente.
1.4.1.  Respuesta del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social.
1.4.1.1.
Mediante escrito
presentado el día 11 de mayo de 2015, esta entidad presentó sus consideraciones
acerca del asunto de la referencia. Sobre el particular, aseguró que en este
proceso no existe legitimidad en la causa por pasiva frente a ella, toda vez
que en virtud de la Ley 1448 de 2011, la responsabilidad y competencia para dar
respuesta a las solicitudes de esta naturaleza, recae exclusivamente en la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. Por lo tanto,
solicitó ser desvinculada de este proceso.
1.4.2.  Respuesta del Departamento Nacional de
Planeación.
1.4.2.1.
Mediante escrito
presentado el día 25 de marzo de 2015, esta dependencia pública expuso las
siguientes consideraciones acerca de lo expuesto por la peticionaria en la
acción de tutela. Al respecto, indicó que no le asiste responsabilidad alguna
por los hechos narrados, en la medida en que éstos sólo involucra a las
entidades accionadas, es decir, Acción Social y la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
1.4.2.2.
De igual forma, manifestó que aunque el Departamento
Nacional de Planeación haga parte fundamental del SNAIPD (Sistema Nacional de
Atención Integral a Población Desplazada), no es una entidad ejecutora de una
política pública de atención a la población desplazada, sino que se encuentra
encargada de contribuir con apoyo técnico en la definición de: la estrategia de
la política del Gobierno Nacional, presupuestos requeridos y proposición de
modificaciones y ajustes. Por esta razón, solicitó su desvinculación de esta
acción de tutela.
1.4.3.  Respuesta del Ministerio de Justicia y del
Derecho.
1.4.3.1.
Esta entidad
presentó escrito de contestación el día 12 de mayo de 2015, mediante el cual expresó
que ha sido vinculada a esta acción de tutela, sin que de la lectura del
expediente se evidencien razones que permitan establecer que el peticionario
considere que se le han vulnerado sus derechos por parte de esta Cartera. En
este mismo sentido, sostuvo que la función de este Ministerio se desarrolla en
el marco del artículo 247 del Decreto 4800 de 2011, a partir del cual se
desprende que su función se dirige a formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar la política pública sobre mecanismos de Justicia Transicional.
1.4.3.2.
Igualmente, señaló
que carece de competencia para tramitar y decidir sobre peticiones relacionadas
con cobros de indemnizaciones o reconocimientos de pago por vía administrativa,
de manera que este Ministerio debe ser desvinculado de esta acción de tutela.
1.4.4.  Respuesta del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Este Ministerio presentó escrito de
contestación el día 13 de mayo de 2015, a través del cual expresó que carece de
legitimación en la causa por pasiva dentro de este proceso, toda vez que sus
funciones tienen como objetivos primordiales la formulación, coordinación y
adopción de políticas, planes, programas y proyectos del sector agropecuario,
pesquero y de desarrollo rural de la Nación. De esta manera, alegó que Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una
entidad con personaría jurídica y autonomía administrativa y financiera, por lo
cual tiene plenas facultades para dar respuesta por los hechos descritos en
este proceso.
1.4.5.  Respuesta del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República.
Esta dependencia presentó escrito de
contestación el día 13 de mayo de 2015, por el cual afirmó que no tiene
competencia en relación con el trámite que se menciona en la demanda, pues del
relato de los hechos se desprende que la accionante se encuentra presentando un
reclamo que corresponde atender a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, la cual es una entidad adscrita al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que a su vez, luego de
la reforma del Estado llevada a cabo en el año 2011, quedó desvinculado del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
1.4.6.  Respuesta del Ministerio del Interior.
Mediante escrito presentado el día 14 de
mayo de 2015, esta entidad se pronunció sobre los hechos y pretensiones
contendidos en la acción de tutela en referencia, respecto de lo cual adujo que
este Ministerio carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que según
lo establecido por la jurisprudencia constitucional, sus funciones se dirigen a
promover y coordinar los esfuerzos nacionales que conduzcan a las entidades
territoriales a que asuman un mayor compromiso presupuestal y administrativo,
pero no responder por indemnizaciones y reparaciones que hagan las víctimas,
pues para ello la Ley 1448  de 2011 creó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas, como entidades con autonomía
administrativa  y presupuestal, capaces de responder por este tipo de
reclamaciones.
1.4.7.  Respuesta del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Por escrito de contestación presentado el
día 14 de mayo de 2015, este instituto solicitó su desvinculación del presente
trámite de acción de tutela, en consideración a que carece de legitimidad en la
cusa por pasiva dentro del caso. Sobre el particular, adujo que la competencia
del ICBF dentro del marco de la Ley de Víctimas, se materializa en apoyo y
asistencia alimentaria a la población desplazada, lo cual es una ayuda
humanitaria de transición que en este caso confunden con la reparación e
indemnización propia de la competencia de la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
1.4.8. Respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
El Representante Judicial de este
Ministerio presentó escrito el día 14 de mayo de 2015, por el cual dio
respuesta a la acción de tutela en referencia y señaló que carece de
legitimación en la causa por pasiva dentro de este asunto, toda vez que su
función frente a la población desplazada se materializa en coordinar los
incentivos económicos que se otorgan por el Fomipyme y que se entregan a través
de diversos operadores debidamente constituidos en Cámara de Comercio. De igual
forma, expuso que la acción de tutela se dirige contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entidad que se
encuentra plenamente facultada para responder por los hechos y pretensiones
contendidos en el expediente.
1.4.9. Respuesta del Banco de Comercio Exterior de Colombia -
Bancóldex.
Esta entidad aseguró que carece de legitimación
en la causa por pasiva dentro de esta acción de tutela, ya que no se evidencian
hechos que relacionen directamente sus funciones con las pretensiones del actor,
además, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas tiene plena autonomía para responder por los hechos que
se le endilgan. Asimismo, expuso que las funciones de esta entidad financiera
frente a las víctimas, se enmarca dentro del restablecimiento socioeconómico encausado
dentro de un procedimiento que debe cumplir la persona en situación de
vulnerabilidad, para acceder a la financiación de un proyecto productivo, de
manera que dentro del expediente no se advierte que el peticionario haya
presentado solicitud alguna para la financiación de proyectos.
1.4.10. Respuesta del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER.
El Coordinador del Grupo de Representación
Jurídica de esta entidad presentó escrito de contestación el día 14 de mayo de
2015, mediante el cual solicitó su desvinculación del presente trámite de
acción de tutela por carecer de legitimidad de causa por pasiva dentro de la
misma. Sostuvo que dentro de los hechos no se evidencian afirmaciones del actor
tendientes a establecer una responsabilidad sobre esta entidad, sino que todas
ellas se dirigen contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral de la Víctimas; además, el accionante nunca cita normas o
expone alegaciones referentes a la adjudicación o subsidio de proyectos
productivos.
1.4.11. Respuesta de la Financiera de Desarrollo Rural –
FINDETER.
El día 15 de mayo de 2015, el Represente
Judicial de esta entidad presentó escrito por el cual solicitó su
desvinculación del proceso de la referencia, toda vez que carece de legitimidad
en la causa por pasiva para responder por las pretensiones del mismo, en virtud
de su objeto social destinado a la promoción del desarrollo regional y urbano,
mediante la financiación y asesoría en el diseño, ejecución y administración de
proyectos o programas de inversión, así como en la ejecución de aquellas
actividades que por disposición legal le sean atribuidas por el Gobierno
Nacional. De esta manera, expuso que no es posible vincular a FINDETER cuando
no otorga subsidios de naturaleza alguna, ni atiende problemática de
desplazamiento forzado, ni de violaciones de derechos humanos, ni reparaciones
de víctimas.
1.4.12. Respuesta del Banco Agrario de Colombia.
En la misma línea de lo expuesto por las
entidades señaladas anteriormente, este banco presentó escrito de contestación
el día 15 de mayo de 2015, a través del cual solicitó su desvinculación del presente
trámite de acción de tutela como consecuencia de su falta de legitimación en la
causa por pasiva. Indicó que la obligación del Banco para atender a la
población desplazada surge a partir del momento en que es formalmente informado
que la persona ha adquirido dicha condición y solicita su inclusión dentro de
proyectos que se desarrollan por esta entidad financiera, de manea que, en el
caso concreto, el accionante no hace referencia alguna a este Banco y además
nunca ha radicado petición de ayuda alguna.
1.4.13. Respuesta del Ministerio de Educación.
Mediante escrito presentado el día 19 de
mayo de 2015, este Ministerio solicitó su desvinculación del presente trámite
de acción de tutela, por carecer de legitimidad en la causa por pasiva. Expuso
que su función frente a la población desplazada se dirige a prestar asistencia
técnica a los entes territoriales con el propósito de fortalecer el servicio
educativo, pero no a otorgar indemnizaciones y reparaciones a las víctimas, las
cuales deben ser coordinadas y dirigidas por la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad que debe
responder en este proceso.
1.5.
DECISIONES
JUDICIALES.
1.5.1.  Sentencia de primera instancia – Juzgado Cuarto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia, Quindío.
El día veinte (20) de mayo de dos mil
quince (2015), este despacho judicial profirió sentencia mediante la cual negó
la protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante. Al
respecto, expuso las siguientes razones:
1.5.1.1.
En primer lugar,
sostuvo que el accionante no ha solicitado el suministro de la ayuda
humanitaria, sino la reparación integral como víctima del desplazamiento
forzado, así como la priorización de ésta. Agregó que además no adjuntó el
derecho de petición que la Defensoría del Pueblo remitió a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
1.5.1.2.
En segundo lugar,
señaló que dentro de la respuesta remitida por la UARIV al derecho de petición
presentado por la Defensoría del Pueblo, seccional Quindío, se le hace saber al
accionante que: (i) tiene a su favor un giro de la humanitaria, el cual
podía reclamar desde el 10 de abril de 2015; (ii) él y su progenitora
tiene derecho a recibir un monto indemnizatorio de 17 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, por partes iguales; y (iii) que los núcleos
familiares ya habían sido priorizados y el suyo aún no se encontraba dentro de
este registro, pero que una vez se asigne más disponibilidad presupuestal se le
hará saber si se encuentra dentro de alguna de las condiciones de urgencia
extrema señaladas por la ley.
1.5.1.3.
En tercer lugar,
aseguró que la pretensión principal que persigue el accionante no es viable por
vía de tutela, toda vez que no es ayuda humanitaria de transición el objeto de
la solicitud, sino la priorización en la entrega del monto correspondiente a la
indemnización administrativa, hecho frente al cual debe considerarse que la
UARIV ya le expresó que el presupuesto existente se encuentra comprometido en núcleos
familiares que ya fueron priorizados, de manera que en la próxima asignación
presupuestal del Estado se le hará saber su condición.
1.5.2.  Impugnación.
Inconforme con la decisión adoptada por el a
quo, la parte actora presentó escrito de impugnación el día 28 de mayo de
2015, a través del cual reiteró las descripciones fácticas y los argumentos por
los cuales considera que debe ser priorizado dentro del paquete de ayuda
humanitaria.
1.5.3.  Sentencia de Segunda instancia – Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, Sala Penal.
Mediante sentencia proferida el día primero
(1º) de julio de dos mil quince (2015), este despacho judicial confirmó en
todas sus partes la decisión de primera instancia, en consideración a las
siguientes razones:
1.5.3.1.
En primer lugar, manifestó
que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas comunicó al accionante que tiene derecho a recibir 17 salarios mínimos
legales mensuales vigentes como indemnización administrativa por ser víctima
del desplazamiento forzado junto a su madre.
En ese sentido, explicó que según cifras oficiales,
en Colombia han sido desplazadas más de seis millones de personas durante el
conflicto armado, lo cual es un contexto que permite evidenciar que se
requieren recursos económicos enormes para atender debidamente las necesidades
de ésta población, especialmente en materia de atención inmediata y reparación.
De esta manera, expuso que la escases de presupuesto obliga a que los recursos
deban ser distribuidos de acuerdo a criterios especiales para lograr la mayor
cobertura posible, por ello le asiste la razón a la UARIV cuando respondió al actor
que el acceso a la reparación “se concreta de manera gradual y progresiva”,
medida que cuente con disponibilidad presupuestal.
1.5.3.2.
En segundo lugar,
indicó que según lo expuso la UARIV al accionante, según el artículo 13 de la
Ley 1448 de 2011, se reconoce que hay personas que por sus características
particulares de edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad,
merecen especial atención. Afirmó que por esta razón se ha establecido el Plan
de Atención, Asistencia y Reparación Integral –PAARI- con el fin de identificar
las situaciones de extrema urgencia y vulnerabilidad que permitan priorizar los
casos.
En este orden de ideas, sostuvo que para para
ejecutar dicha priorización es necesario que la UARIV cuente con toda la
información y colaboración suficiente por parte del interesado,  lo cual no se presentó
en el caso concreto del señor Gallego, pues no existe prueba que haya tramitado
en debida forma ante la UARIV el mencionado plan, de manera que no puede
asegurarse que esta entidad pública vulneró sus derechos fundamentales.
2.
CONSIDERACIONES
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional,
con base en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de
la Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma
establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO.
2.2.1. El señor Hernando Hoyos Gallego presentó acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana y a la vida en condiciones dignas, para de esta forma
lograr que su núcleo familiar sea priorizado en las entregas que realiza la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
sobre aquellos que se encuentren registrados como víctimas del desplazamiento
por conflicto armado.
2.2.2. El accionante sostiene que padece de Sida y se encuentra
a cargo de su madre adulta mayor, quien a su vez sufre diversas complicaciones
de salud. Agrega que se encuentran en una precaria condición económica y por
ello se ve en la necesidad de desempeñarse en la prostitución como “chica
trans”, razón que lo llevó a solicitar ante la UARIV la priorización de su
núcleo familiar dentro de la entrega de reparaciones.
2.2.3. Aduce que mediante oficio del 15 de abril de 2015, la
entidad accionada dio respuesta negativa a su solicitud, en consideración a que
no es posible indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo y por ello le es
necesario esperar la próxima disponibilidad presupuestal para poder obtener una
valoración concreta de su condición.
2.2.4.  En este orden de ideas, la Sala Séptima de Revisión deberá
determinar si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana
y a la vida en condiciones dignas del señor Hernando Hoyos Gallego, al negar su
inclusión inmediata dentro de la lista de núcleos familiares priorizados para
la entrega del paquete reparador.
2.2.5. Para definir el asunto, la Sala debe analizar, en primer
término, la procedencia de la acción de tutela
para el reclamo de ayudas humanitarias por desplazamiento forzado; en segundo
lugar, la protección constitucional especial sobre personas que padecen
enfermedades catastróficas o ruinosas; en tercer lugar, los derechos de
las víctimas de graves violaciones de derechos humanos; en cuarto lugar,
la reparación administrativa para
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia; y, finalmente,
se resolverá el caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL RECLAMO DE REPARACIONES POR VÍA ADMINISTRATIVA PARA
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA.
2.3.1.  La acción de tutela ha sido definida como un mecanismo
constitucional expedito y sumario que permite extender la protección judicial
en aquellos eventos en los cuales existe vulneración de los derechos
fundamentales de las personas y se requiriere de una intervención pronta e
inmediata de la autoridad pública. Puede ser ejercida por toda persona en
defensa de sí misma o en representación de un tercero cuando éste no se
encuentre en condiciones físicas, mentales o circunstanciales para la defensa
de sus derechos fundamentales; de igual forma, puede presentarse contra toda
acción u omisión de una autoridad pública o un particular frente al cual se
adviertan hechos que directamente afectan derechos fundamentales.
2.3.2.  No obstante lo anterior, esta herramienta jurídica no
ha sido diseñada como un mecanismo que permita reemplazar aquellas acciones
legales dispuestas por el ordenamiento para cada situación concreta, ni como
una instancia judicial que permita refutar y seguir extendiendo un proceso ante
la inconformidad en las decisiones de los jueces ordinarios. Sus efectos se
despliegan una vez el juez constitucional advierte la existencia de amenaza o
vulneración de derechos fundamentales dentro de un caso que no cuenta con
instrumentos de reclamo o, que a pesar de haberse contemplado los mismos para
la defensa de esos derechos en particular, comporta un grado de relevancia
constitucional que permite admitir su examen de fondo[1].
2.3.3.  En este orden de ideas, en los asuntos de relevancia
constitucional para los cuales el legislador ha previsto mecanismos ordinarios
de reclamación y defensa jurídica, la jurisprudencia de esta Corporación ha
dispuesto la necesidad de agotar previamente los mismos, para de esta forma
evitar desnaturalizar la función de juez ordinario y de la propia acción de
tutela. En este sentido, para eventos que involucran reclamaciones de tipo administrativo,
será necesario agotar las acciones que para dichos efectos ha dispuesto la ley,
como el derecho de petición, la acción de nulidad, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y demás que se enmarcan dentro de la Ley 1437 de
2011.
2.3.4.  Ahora bien, en el caso concreto de comunidades
desplazadas por la violencia, que interponen acciones de tutela dirigidas a
obtener la protección de sus derechos fundamentales, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el examen del requisito de subsidiariedad deberá
ser flexible y acomodarse a las condiciones de necesidad que ellos afrontan. De
esta manera, si bien es cierto que pueden existir mecanismos de reclamación por
vía administrativa que les permitan obtener la protección de sus derechos, no
es menos cierto que el estado de necesidad e indefensión en el cual se
encuentran hace que la acción de tutela pueda convertirse en el instrumento adecuado
para satisfacción oportuna de sus necesidades.
2.3.5.  Lo descrito ha sido desarrollado por la jurisprudencia
constitucional, la cual ha sostenido que las víctimas del desplazamiento
forzado en Colombia son sujetos de especial protección por encontrarse en
situación de vulnerabilidad manifiesta, de manera que los recursos ordinarios “se tornan ineficaces para definir su situación, por
cuanto la espera puede agravar su condición material, de allí la procedencia de
la acción de tutela” [2]. No
obstante, esta consideración se da sin perjuicio que en ciertos eventos ellos
deban “acudir ante la mencionada jurisdicción, ante la inexistencia de
elementos que justifiquen la procedencia de la acción de tutela”[3].
2.3.6.  Por otra parte, en consideración al grado de
importancia de los derechos que se pretenden proteger a través de la acción de
tutela, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que la misma debe
presentarse dentro de un término razonable que permita advertir la urgencia
manifiesta que tiene el actor en su reclamación. De esta forma, no puede
utilizarse este recuso para revivir términos y discusiones en asuntos para los
cuales el transcurrir del tiempo no ha consolidado perjuicios de carácter
irremediable en los derechos fundamentales del reclamante[4].
2.3.7.  A pesar de lo anterior, esta Corte ha sostenido que la
razonabilidad del plazo de interposición debe ser analizado por el juez
constitucional en cada caso concreto, pues existen situaciones donde el hecho
que genera la afectación continúa desplegando efectos hacía futuro y sigue
manteniendo un estado de afectación o vulneración sobre los derechos fundamentales
del peticionario. En este sentido, “el objeto
esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección
de los derechos fundamentales, pues, ciertamente, el sentido de este amparo
judicial es que el juez constitucional, una vez analizado el caso particular,
pueda proferir un fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados al
afectado, siempre y cuando exista motivo para ello”[5].
2.3.8.  Así las cosas, para el caso particular de las
comunidades que son víctimas del desplazamiento por la violencia armada en el
país, es necesario explicar que la condición de indefensión y vulnerabilidad en
la cual se encuentran permite hacer menos rigurosa la valoración del término
razonable, pues se entiende que mientras la condición de desplazamiento siga
vigente, el contexto de desprotección y amenaza se mantiene desplegando efectos
negativos sobre sus vidas y por ende obstruyendo el avance hacia un estado de
verdaderas condiciones de dignidad humana. Sobre el particular, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que puede admitirse el estudio de
fondo de una solicitud que ha dejado transcurrir un tiempo considerable,
cuando: (i) se advierte que la afectación es vigente y actual; y (ii)
se observa que la exigencia de agotar los recursos ordinarios constituye una
carga desproporcionada frente a las condiciones de indefensión y vulnerabilidad
en las cuales se encuentra el actor[6].
2.4.
PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL ESPECIAL SOBRE PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS O
RUINOSAS.
2.4.1.  La Constitución Política impone al Estado colombiano
la obligación de garantizar a todos las personas que habitan en los márgenes
del territorio nacional el goce de sus derechos fundamentales y la mayor satisfacción
de sus necesidades elementales[7].
Para materializar esta garantía, la administración pública requiere el desarrollo
de planes y estrategias coordinadas en diversos sectores, que permitan un
crecimiento poblacional sobre las mejores condiciones de vida posibles.
2.4.2.  La disponibilidad presupuestal es una pieza importante
dentro de este modelo garantista, pues sin los recursos económicos suficientes la
administración pública ve limitada su capacidad de cobertura y protección.
Circunstancias como estas son las que imponen al Estado la necesidad de priorizar
la destinación de los recursos sobre los sectores que requieren mayor atención,
con el costo social y económico que representa el descuido de los otros.
2.4.3.  En este orden de ideas, cabe resaltar que dentro del
marco de Estado Social de Derecho se concibe el valor de la solidaridad como
uno de los pilares que ayudan al desarrollo de la vida ciudadana en democracia.
Por esta razón, las personas que afrontan situaciones de dificultad, que las
ubican en un plano de vulnerabilidad, son considerados en este modelo de Estado
como sujetos de especial protección constitucional que requieren de atención
oportuna y prioritaria.
2.4.4.  De lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
identificado ciertas personas que notoriamente ostentan dicha condición, como
lo son: las madres y padres cabeza de familia, los menores de edad, los adultos
mayores, las mujeres embarazadas, las personas en condición de discapacidad y
aquellos con invalidez. En este mismo sentido, quienes padecen enfermedades
mortales y catastróficas también entran dentro de este grupo prioritario, como
lo son quienes sufren de VIH o SIDA[8].
2.4.5.  En relación con los últimos en mención, cabe destacar
que padecen una enfermedad de la cual se identifican los siguientes elementos
básicos: (i) el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ataca las
defensas del organismo y las debilita contra la enfermedad, con lo cual lo hace
vulnerable a otras afecciones; y (ii) el SIDA o síndrome de
inmunodeficiencia humana adquirida es la etapa más avanzada del proceso que
comienza con el VIH[9];
(iii) puede ser transmitido por relación sexual sin protección, por contacto
con sangre infectada y de madre en estado de gestación a su hijo.
2.4.6.  En relación con lo anterior, cabe mencionar la
definición que trae la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de
Norteamérica, que en términos generales, sostiene que se trata de un virus que mata
o daña las células del sistema inmune del cuerpo, cuya etapa más avanzada es el
SIDA. Además, señala que no existe cura para esta enfermedad, sino una serie de
medicinas que ayudan a combatir el virus, el cáncer y las otras infecciones que
atacan el cuerpo[10].
2.4.7.  Lo delicado y sensible de esta enfermedad genera altos
costos de tratamiento dentro de los sistemas de salud, razón por la cual, para
el caso colombiano[11],
el Consejo Nacional de Seguridad en Salud expidió el Acuerdo 245 de 2003, por
el que estableció la política de atención para patologías de alto costo como el
VIH/SIDA y la insuficiencia renal crónica. Entre los propósitos de este
documento, se encuentra evitar la interrupción o suspensión de estos
tratamientos en caso de falta de disponibilidad presupuestal, a través de la
redistribución de pacientes en los diferentes regímenes sociales que ofrece el
Estado[12].
2.4.8.  De igual forma, dicho acuerdo establece la necesidad
de construir programas de atención que permitan a estos pacientes obtener el
grado más elevado de impacto positivo en los tratamientos que reciben, claro
está, dentro del marco de administración eficiente de los recursos que se
destinan para este propósito. Así también, señala que el Ministerio de la
Protección Social tiene la competencia para evaluar el aseguramiento de
aquellos pacientes que queden desafiliados del Sistema General de Seguridad
Social, para de esta forma evitar la interrupción en la atención médica.
2.4.9.  Así las cosas, el VIH/SIDA constituye una enfermedad
que afecta gravemente la salud humana y representa altos costos de tratamiento
y atención para el servicio público de salud. Esta circunstancia produce que su
problemática deba abordarse desde consideraciones especiales que permitan
adoptar medidas para que estos pacientes puedan gozar del mayor grado de
satisfacción posible y no vean suspendido su tratamiento ante situaciones
drásticas que amenacen con la continuidad del mismo.
2.4.10.  Mediante sentencia SU-256 de 1996[13], la Sala Plena
de esta Corporación concedió la protección invocada en una acción de tutela
interpuesta por un ciudadano representado por la Liga Colombiana de la Lucha
contra el Sida. En esta oportunidad, el actor reclamaba el pago de prestaciones
sociales dejadas de percibir como consecuencia del despido de su lugar de
trabajo, por haber sido encontrado como persona infectada con SIDA. En esta
sentencia, la Corte expuso las siguientes consideraciones:
2.4.10.1.
En primer lugar, sostuvo que frente a los enfermos de VIH/SIDA existe
un deber de solidaridad ciudadana, que se entiende como el merecimiento de un
trato no discriminatorio y de no competencia por sobrevivir, materializado en
el artículo 95 de la Constitución Política. Señaló que toda persona, por el
simple hecho de ser humano, tiene derecho a  recibir socorro ante un estado de
necesidad, a través de acciones humanitarias con medidas de ayuda[14].
2.4.10.2.
En segundo lugar, expuso que los enfermos de VIH/SIDA vienen
siendo objeto de discriminación social y laboral, circunstancia frente a la
cual el Estado debe reaccionar y tomar medidas, en consideración a dos razones:
(i) porque la dignidad humana implica que ningún sujeto de derechos sea
discriminado, pues constituye un trato injusto que contraría al Estado de
Derecho; y (ii) el derecho a la igualdad impide al Estado el deber de
proteger a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.
2.4.10.3.
En tercer lugar, aseguró que el grado de civilización de una
sociedad tiene como uno de sus factores de medición la manera como ayuda y
socorre a los débiles, los enfermos y demás personas que se encuentran en
estado de necesidad. En este sentido, recordó que el enfermo de VIH/SIDA es un
ser humano titular de los derechos consagrados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, así como de todos los demás instrumentos internacionales
en la materia.
2.4.11. En el marco
internacional de los derechos humanos, cabe resaltar la Declaración de
compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, suscrita por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su vigésimo sexto período extraordinario de sesiones. En
este documento, se establece la necesidad de hacer frente a dicha epidemia, que
“por sus dimensiones y consecuencias devastadoras, constituye una emergencia
mundial y uno de los desafíos más graves para la vida y la dignidad del ser
humano”[15].
De la misma
forma, esta Declaración informa que para finales del año 2000, existían 36,1
millones de personas infectadas con el virus en todo el mundo, de las cuales el
90% de ellas se encontraban en países en vía de desarrollo. En este sentido,
asegura que la propagación de esta enfermedad constituirá un grave obstáculo
para la consecución de los objetivos mundiales de desarrollo que fueron
aprobados en la Cumbre del Milenio[16].
-
Así también,
expresa que los Estados deberán desarrollar programas de prevención de
actividades que pongan en riesgo de contagio por el VIH/SIDA, como el comportamiento
sexual de alto riesgo y sin protección y el uso de drogas inyectables.
Igualmente, deben establecer estrategias “que individualicen y
comiencen a enfrentar los factores que hacen particularmente vulnerable a la
infección por el VIH, entre ellos el subdesarrollo, la falta de seguridad
económica, la pobreza, (…)”[17].
2.4.12. Así las cosas, la
gravedad que representa el virus de inmunodeficiencia humana VIH/SIDA y el
impacto que genera sobre las emociones del individuo a raíz de la frustración
que surge por el conocimiento de su incurabilidad, hace que esta afección sea
considerada como una enfermedad catastrófica, que hace susceptibles a quienes
la padecen de recibir una atención y protección especial por parte del Estado.
2.5.
LOS
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.
Reiteración jurisprudencial.
Las personas que hayan sufrido
un perjuicio como consecuencia de la violación de sus Derechos Humanos, tienen
derecho al reconocimiento de su condición de víctimas[18], a partir
del cual se derivan las siguientes garantías:
2.5.1.
El
derecho a la verdad.
2.5.1.1.       Concepto
y alcance.
La Corte Constitucional en la Sentencia
C – 282 de 2002[19],
reiterada en múltiples ocasiones[20],
ha señalado que las víctimas tienen derecho a la verdad, la cual es definida
como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia
entre la verdad procesal y la verdad real”. Esta Corporación ha señalado
una serie de consecuencias particulares del derecho a la verdad de las víctimas
de graves violaciones a los Derechos Humanos:
(i)
La
Sentencia C – 370 de 2006 señaló que las víctimas tienen derecho a conocer lo
sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a que los hechos se
investiguen seriamente y se sancionen por el Estado y a que se prevenga la
impunidad[21].
En este sentido, para garantizar el derecho a la
verdad se exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de
los cuales fueron cometidos los delitos”[22].
(ii)
La Sentencia C – 454 de 2006 destacó que el derecho a
la verdad incluía: (i)
el derecho inalienable a la verdad, (ii) el deber de recordar y (iii)
el derecho de las víctimas a saber.
(iii)
La Sentencia C – 1033 de 2006[23] destacó que el derecho a la verdad exige
que se utilicen mecanismos para “buscar una coincidencia entre la verdad
procesal y la verdad real”.
(iv)
La Sentencia T – 576 de 2008[24] reconoció
que el derecho a la verdad es la garantía de conocer de manera exhaustiva y completa  los hechos
ocurridos, determinar las circunstancias específicas y los responsables de las
mismas, incluidas las condiciones bajo las cuales tuvieron lugar las
vulneraciones y los motivos que incidieron en producirlas.
(v)
La Sentencia C – 936 de 2010[25] señaló que
el  derecho  de acceder a la verdad, implica que las personas tienen
derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso.
(vi)
La
Sentencia C – 579 de 2013[26] destacó la obligación del
Estado Colombiano de revelar todos los hechos constitutivos de graves
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
2.5.1.2.
Consecuencias
y reglas para su interpretación.
El derecho a la verdad tiene
una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria
colectiva”[27],
y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el
ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte[28]. En este
sentido, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en
cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la
justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a
conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que
corrió la víctima[29].
Este derecho resulta
particularmente importante frente a graves violaciones de los Derechos Humanos[30] y comporta a su vez: (i) el derecho inalienable a la
verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii) el derecho de las víctimas:
“El
primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración
de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la
historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben
adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado.
Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las
víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia,
tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento
o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.”[31]
Las Sentencias C-715 de 2012[32], C-099 de 2013[33] y C-579 de 2013[34]
han señalado
los siguientes criterios para el análisis del derecho a la verdad:
(i) El derecho a la verdad, se
encuentra consagrado en los numerales 1
a 4 de los Principios para la protección y promoción de los Derechos Humanos
mediante la lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en el
principio de dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y
en el derecho al buen nombre y a la imagen.
(ii) Así,
las víctimas
y los perjudicados por graves violaciones de Derechos Humanos tienen el derecho
inalienable a saber la verdad de lo ocurrido.
(iii) Este
derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la
sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una
colectiva.
(iv) La
dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus
familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las
consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja por tanto, el derecho a conocer la
autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que
marca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a
conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a los
Derechos Humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
(v) La
dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la
sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la
posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública
de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con
una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre
graves violaciones de Derechos Humanos.
(vi) El
derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser
garantizado en todo tiempo;
(vii) Con
la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad
procesal y la verdad real.
(viii) Este
derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a
la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra
vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es
posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través de
investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas
por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la
correspondiente sanción.
(ix) De
otra parte, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la
reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus
familiares, constituye un medio de reparación.
(x) Los
familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de
sus seres queridos y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En
este sentido, el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o
secuestradas se encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la
víctima a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser
satisfecho, incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos
responsables (por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)[35].
(xi)
Finalmente, en cuanto al derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la
importancia y la obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales
con el fin de esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los
hechos, sino también la importancia de mecanismos alternativos de
reconstrucción de la verdad histórica, como comisiones de la verdad de carácter
administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los
Derechos Humanos, deben servir a los fines constitucionales antes mencionados”.
2.5.2.
Derecho
a la justicia.
2.5.2.1.
Concepto
y alcance.
El
derecho a la justicia, implica en igual sentido el acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial efectiva, pues éste consiste en el derecho a
que se haga justicia en el caso concreto y a que no haya impunidad[36]. En ese
orden, implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus
derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para
conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación.[37]
2.5.2.2.
Consecuencias
y reglas para su interpretación.
Este derecho
incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se
derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así[38]:
(i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los
autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a
un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los
juicios las reglas del debido proceso.
En este sentido la Sentencia
C-871 de
2003[39] señaló que las víctimas tienen derecho no
sólo a que se las repare económicamente sino también a conocer la verdad y a
que se haga justicia. Compete al Estado el deber correlativo de investigar con
seriedad y eficiencia los hechos punibles, obligación que para la
jurisprudencia es más intensa cuanto más daño social ha ocasionado el
comportamiento delictivo. Este deber investigativo tampoco es absoluto, pues so
pretexto de su ejercicio no puede afectarse la seguridad jurídica y los
derechos del procesado, los cuales tienen también consagración constitucional[40].
Por su parte, la Sentencia C-454 de 2006[41] estableció que este derecho involucra un
verdadero derecho constitucional al acceso a un proceso penal[42] dentro del
cual se pueda participar[43],
por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa en "que los
familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán
informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así
como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a
presentar otras pruebas"[44].
En relación concreta con el derecho al acceso a la justicia, el
documento “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de
las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional
Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones” aprobado mediante
la Resolución 60/147 por la Asamblea General de la Naciones Unidas, señala que
la víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de
Derechos Humanos o de una violación grave del Derecho Internacional Humanitario
tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, para lo cual los Estados
deberán:
“a ) Dar a conocer, por conducto de
mecanismos públicos y privados, información sobre todos los recursos
disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de
Derechos Humanos y las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario;
b ) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y
sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según
proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus
familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial,
administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas; c
) Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la
justicia; d ) Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y
consulares apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a
interponer recursos por violaciones manifiestas de las normas internacionales
de Derechos Humanos o por violaciones graves del Derecho Internacional
Humanitario”.
La Corte Constitucional ha
establecido las siguientes reglas para salvaguardar el derecho a la justicia: (i)
prevenir las graves violaciones de DD.HH., (ii) luchar contra la
impunidad, (iii) establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto
y eficaz a la justicia, (iv) investigar, procesar y sancionar
judicialmente a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos, (v)
respetar el debido proceso, (vi) establecer plazos razonables para los
procesos judiciales, (vii) iniciar ex officio las investigaciones en
casos de graves violaciones contra los DD.HH., (viii) velar porque los
mecanismos judiciales internos no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de
la verdad, (ix) establecer limitantes frente a figuras como el non
bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, (x)
determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal
o de disminución de las penas en procesos de transición, (xi) la
legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de
los DD.HH. y del D.I.H. para hacerse parte civil dentro de los procesos
penales, (xii) La participación de las víctimas dentro del proceso penal, (xiii) la garantía del derecho a la
justicia garantiza así mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las
víctimas[45].
2.5.3.  Derecho a la reparación.
2.5.3.1.      Concepto y características.
El derecho de reparación,
conforme al Derecho Internacional contemporáneo también presenta una dimensión
individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los
daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende  la adopción de medidas
individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii)
indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y (v)
garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de
satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a
restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o
comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.[46]
La obligación de reparar
también es un deber específico que se deriva de la obligación general de
garantía, pues una vez se ha cometido una violación a los Derechos Humanos, la
única forma de garantizar de nuevo su goce es a través de su reparación
integral, si es posible, y de su debida indemnización[47]. La Corte
IDH, en desarrollo del artículo 63.1 de la Convención Americana, ha establecido
que es un principio del Derecho Internacional que toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente.[48]
Así mismo, ha afirmado que como parte del deber de garantizar los Derechos
Humanos reconocidos en la Convención, el Estado tiene el deber jurídico de
prevenir, investigar con el fin de identificar a los responsables, de imponer
sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.[49]
En el mismo sentido, lo ha
establecido el Sistema Universal de los Derechos Humanos, en el cual a través
del Comité de Derechos Humanos, ha reconocido que el párrafo 3 del artículo 2
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, requiere que los Estados Partes otorguen
una reparación a las personas cuyos derechos del Pacto han sido violados. Ante
lo cual estableció que “Si no se otorga una reparación a los individuos
cuyos derechos del Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un
recurso efectivo, que es fundamental para la eficacia del párrafo 3 del
artículo 2, no se cumple. Además de la reparación explícita exigida por el
párrafo 5 del artículo 9 y el párrafo 6 del artículo 14 el Comité considera que
el Pacto entraña por lo general una indemnización adecuada”. El Comité
señaló que, cuando procede, la reparación puede entrañar la restitución, la
rehabilitación y medidas de satisfacción, como apologías públicas, memoriales
públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes y las prácticas
pertinentes, así como el sometimiento a la justicia de los autores de
violaciones de Derechos Humanos[50].
También, el Relator Especial
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que una reparación adecuada,
efectiva y rápida, tiene por finalidad promover la justicia, remediando las
violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o las
violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario: “La reparación ha de ser
proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.  Conforme a su
derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho
internacional humanitario)”[51].
La Corte Constitucional, señaló
en la Sentencia C-370 de 2006[52]
que, dentro de este contexto, la reparación: i) incluye todas las
acciones necesarias y conducentes a hacer desaparecer, en la medida en que ello
sea posible, los efectos del delito; ii) al igual que el concepto de
víctima, tiene una dimensión tanto individual como colectiva; iii) no se
agota en su perspectiva puramente económica, sino que tiene diversas
manifestaciones tanto materiales como simbólicas; iv) es una
responsabilidad que atañe principalmente a los perpetradores de los delitos que
dan lugar a ella, pero también al Estado, particularmente en lo relacionado con
algunos de sus componentes[53].
La integralidad de la
reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la
víctima al estado en que se encontraba antes de la violación[54].
2.5.3.2.      Características y elementos de
la reparación.
Los parámetros fijados por el Derecho Internacional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, señalan que la reparación debe ser
justa, suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las
violaciones y a la entidad del daño sufrido[55].
La jurisprudencia de la Corte
ha fijado las siguientes reglas para la interpretación del derecho a la
reparación: (i) su reconocimiento expreso frente a
víctimas de violaciones de DD.HH., (ii) se encuentra regulado por el
Derecho Internacional, (iii) debe ser integral, (iv) incluye la
restitución plena (restitutio in integrum), es decir, el
restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la
violación, (v) de no ser posible tal restablecimiento pleno es
procedente la compensación, (vi) incluye además medidas tales como la
rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición, (vii)
tiene una dimensión individual y colectiva, (viii) la individual incluye
medidas como la restitución, la indemnización y la readaptación o
rehabilitación; (ix) la colectiva se obtiene a través de medidas de
satisfacción y carácter simbólico o que se proyecten a la comunidad, (x)
también incluye el reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de
tal actuación, (xi) desborda el campo de la reparación económica, e
incluye también la verdad y la justicia, (xii) debe diferenciarse de la
asistencia y de servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte
del Estado y (xiii) las políticas públicas para hacerlo efectivo deber
ser articuladas y complementarias[56].
Las medidas de reparación, según la
jurisprudencia constitucional deben regirse por dos principios; el de
integralidad y el de proporcionalidad[57]:
(i)
El
principio de integralidad, supone que las víctimas sean sujetos de reparaciones
de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de afectación que
hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones no son
excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de
reparación distintos e insustituibles[58].
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos[59], indicó
que  todas las medidas de reparación que se analizan de manera individual
poseen, una dimensión de integralidad, la cual se compone de una integralidad
interna, que supone que los criterios y la ejecución de las medidas tienen
coherencia con el sentido y naturaleza de esta, y una externa, entre las
diferentes medidas, dado que el significado que adquieren es interdependiente
de su relación.
(ii)
Por su
parte, sobre el principio de proporcionalidad, se aduce que la reparación a las
víctimas debe estar en consonancia con la altura del impacto de las violaciones
de los Derechos Humanos. Una reparación, debe tener en cuenta el
restablecimiento de los derechos de las víctimas, la mejora de sus condiciones
de vida, asimismo, la investigación y juzgamiento de los autores de las
conductas punibles, de lo contrario dicha medida perdería su eficacia y
sentido.
El derecho a la reparación integral
comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i)
restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
políticas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas[60].
En este aspecto, mientras la indemnización
consiste en compensar los perjuicios causados por el delito, la rehabilitación
emana de realizar acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que
sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. La
rehabilitación se refiere a las acciones que buscan restablecer la salud de las
víctimas, incluyendo tanto los aspectos puramente somáticos, como los
relacionados con su bienestar emocional o su salud mental, aspectos igualmente
necesarios para vivir y desarrollar una existencia digna[61].
2.5.4.
Garantía de no repetición.
La garantía de no repetición está compuesta por todas las acciones
dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se
afectaron los derechos de las víctimas, las que deben ser adecuadas  a la
naturaleza y magnitud de la ofensa[62].
La garantía de no repetición está directamente relacionada con la obligación
del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH[63], que comprende la adopción de medidas
de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la
salvaguarda de los derechos[64].
En particular, se han identificado los
siguientes contenidos de esta obligación: (i) reconocer a nivel interno los derechos y
ofrecer garantías de igualdad[65];
(ii) diseñar
y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) implementar
programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de
violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción[66]; (iv)
introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz
ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las
instituciones con funciones en la materia[67]; (v) destinar recursos
suficientes para apoyar la labor de prevención[68]; (vi) adoptar medidas para erradicar
los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de
instrumentos para facilitar la identificación y notificación de los factores y
eventos de riesgo de violación[69];
(vii) tomar medidas de prevención específica en casos en los que se
detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean
vulnerados[70].
En el mismo sentido, la
Resolución 60/140 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
referente a los “Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos
Humanos y de violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones”, dispone sobre las garantías de
no repetición lo siguiente:
“a) El ejercicio de un control
efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
b) La garantía de que todos los
procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;
c) El fortalecimiento de la
independencia del poder judicial;
d) La protección de los
profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y
otros sectores conexos, así como de los defensores de los Derechos Humanos;
e ) La educación, de modo
prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y la capacitación en
esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como
de las fuerzas armadas y de seguridad;
f ) La promoción de la
observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular
las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal
de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de
información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las
fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;
g) La promoción de mecanismos
destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales;
h) La revisión y reforma de las
leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de Derechos Humanos y a las violaciones graves del Derecho
Humanitario o las permitan.
i) Acceso a información
pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación”.
2.6.
LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA PARA VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN COLOMBIA.
2.6.1.  Émile
Durkheim sostenía que los Estados deben propender por la cohesión social a
través del fortalecimiento de los lazos entre la sociedad y el individuo[71]. De
esta idea se desprende la necesidad de consolidar conexiones
interinstitucionales que permitan establecer contactos con las personas y
desarrollar una relación de sentido común y pertenencia, que se dirija a
identificar el contexto más adecuado para la satisfacción de las necesidades
básicas y el ejercicio de derechos.
2.6.2.  La
desprotección del individuo y su exclusión social le sitúan en un contexto
apartado de desamparo, que afecta ostensiblemente su dignidad y obstaculiza el
ejercicio de sus derechos fundamentales. Al respecto, cabe mencionar la doctrina
de Giorgio Agamben, quien expone la idea del homo sacer y nuda vida como
una forma que permite definir al ser humano que ha sido excluido y se encuentra
desnudo de derechos, en un estado que le hace vulnerable y manipulable[72].
2.6.3.  Así las cosas,
en el modelo de Estado social de derecho, como lo es el colombiano, se busca hacer
extensiva la integración social y la protección a todos los habitantes del
territorio nacional, con el propósito de evitar la exclusión y la afectación a
la dignidad de los individuos, a través de la presencia institucional en todo
el país. Para estos efectos, siempre será necesario contar con el presupuesto
adecuado y la ejecución de políticas públicas coherentes con la realidad
nacional.
2.6.4.  No obstante
lo anterior, a pesar del reconocimiento jurídico de derechos y de políticas
garantistas, no siempre el Estado cuenta con los medios para materializar sus
propósitos constitucionales. En estas circunstancias, las sociedades cuentan
con vacíos institucionales que degeneran en conflictos, frente a los cuales las
personas se encuentran desnudas de sus derechos y vulnerables dentro de un
contexto que les obliga a tomar medidas extremas para su supervivencia.
2.6.5.  A partir de
lo descrito, cabe resaltar que una de las consecuencias más significativas del
abandono estatal se ve representada en el desplazamiento forzado de sectores poblacionales
marginados, quienes deben retirarse de sus áreas de convivencia y desarrollo a
raíz de diversos factores como: violencia, conflictos civiles y políticos,
conflicto armado, contaminación ambiental, proyectos industriales, proyectos de
urbanización y otros, que afectan gravemente su dignidad humana.
2.6.6.  En Colombia,
la violencia y el conflicto armando se convierten en la causa principal de
desplazamiento forzado en el país, con una realidad que demuestra un estado de
vulneración sistemática de derechos humanos y un contexto de desprotección que
ha aumentado los índices de pobreza, sobrepoblación urbana, violencia, escasez
y otras consecuencias que coartan drásticamente el ejercicio de derechos
fundamentales reconocidos constitucionalmente.
2.6.7.  En virtud de
lo descrito, mediante sentencia T-025 de 2004[73], la
Sala Tercera de Revisión de esta Corporación estableció el estado de cosas
inconstitucional respecto a la situación de desplazamiento forzado en Colombia.
Sobre el particular, expuso las siguientes consideraciones que han servido de
sustento para el análisis de casos que involucren a víctimas de esta
naturaleza:
2.6.7.1.
En primer lugar, sostuvo que en razón a la multiplicidad de
derechos fundamentales afectados por el desplazamiento, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que estas personas tienen derecho a recibir de forma
urgente un trato preferente. Este derecho consiste en recibir atención y asistencia
oportuna por parte del Estado, para con ello evitar que la situación de
vulnerabilidad se perpetúe y haga más gravosa la condición de indefensión.
2.6.7.2.
En segundo lugar, señaló que la población desplazada ha sufrido
una vulneración de sus derechos fundamentales que se ha prolongado en el
tiempo, sin que las autoridades públicas competentes hayan tomado los
correctivos necesarios para hacer frente a la crisis y sin que se hayan
materializado órdenes impartidas por esta Corporación en ese sentido. Así
también, indicó que ciertas autoridades han agravado la situación de estas
personas al exigirles la interposición de acciones de tutela como requisito
para ejercer su función.
2.6.7.3.
En tercer lugar, resaltó que uno de los factores persistentes en
esta problemática ha sido la escasez de recursos económicos, el cual se ha
convertido en la causa principal de fallas en la implementación de políticas de
atención y asistencia a la población desplazada. Agregó que esta situación ha
llevado a que las entidades competentes no hayan podido cumplir con las
obligaciones públicas para estos efectos y, por ello, el nivel de cobertura es
insuficiente frente a la necesidad de la población desplazada.
2.6.7.4.
En cuarto lugar, aseguró que desde el punto de vista
constitucional existe la obligación de destinar recursos para que los derechos
fundamentales de los desplazados tengan plena realización. En este sentido,
afirmó que el Estado debe garantizar una protección adecuada a las víctimas del
desplazamiento forzado, pues las condiciones de vida indigna que se encuentran
afrontando hace que este amparo no pueda ser aplazado.
2.6.7.5.
En quinto lugar, resaltó que las distintas entidades
territoriales y estatales deben coordinar esfuerzos dirigidos a hacer frente a
esta realidad, de manera que puedan cumplir con sus obligaciones
constitucionales y legales mediante la adopción oportuna de programas que
permitan realizar los correctivos para asegurar una suficiente apropiación
presupuestal. Estimó que para ello es necesario que exista una colaboración
armónica entre las ramas del poder público.
2.6.7.6.
En sexto lugar, manifestó que a raíz de la insuficiente disponibilidad
presupuestal y las fallas institucionales que no han sido corregidas, el avance
progresivo en la protección de los derechos fundamentes de la población
desplazada se ha retrasado y en este sentido sufrido un deterioro con el paso
del tiempo. Por esta razón, señaló que las autoridades competentes deben tomar
las medidas necesarias para que estos derechos no se estanquen y permitan
satisfacer a dicha población.
2.6.8.  Así las
cosas, la realidad nacional en materia de desplazamiento forzado ha impuesto al
Estado la necesidad de establecer planes y estrategias de amortización de
impactos sociales, con el fin de hacer frente a una crisis que requiere de la
coordinación de varios sectores institucionales que ayude a reestablecer los
derechos fundamentales de las comunidades que han vivido este flagelo. Sin
embargo, estos proyectos requieren de una disponibilidad presupuestal que
permita materializarlos.
2.6.9.  Para efectos
de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1448 de 2011, a través de
la cual busca establecer medidas de asistencia y reparación integral a las víctimas
del desplazamiento forzado en Colombia, en el marco del conflicto armado. En
este sentido, la ley amplía las facultades del Estado con el propósito de
articular de forma coherente las funciones de las diversas instituciones
públicas para la consecución de programas de asistencia, atención y reparación
de las víctimas.
2.6.10. De igual
forma, se realiza un cambio sustancial en relación con la política de atención
a las víctimas, pues la articulación interinstitucional busca asistir a todos
los afectados de forma igualitaria y en consideración a la gravedad de los
daños que han sufrido. Por esta razón, se crea la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, cuyas
funciones se orientan a coordinar actuaciones entre las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, para la
implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación a
las Víctimas.
2.6.11. Así también,
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –UARIV- recoge las funciones y competencias establecidas en las leyes:
387 de 1997, 4718 de 1997, 975 de 2005, 1290 de 2008 y demás normas que buscan
coordinar esfuerzos para satisfacer los derechos a la verdad, justicia y
reparación de los afectados. En consecuencia, esta entidad asumió las
competencias que se encontraban en cabeza de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, así como algunas propias de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación[74].
2.6.12. El programa
reparador que administra la UARIV se desarrolla mediante filtros dirigidos a
identificar los individuos realmente afectados por el desplazamiento forzado. La
piedra angular de este proceso se encuentra constituida por el Registro Único
de Víctimas –RUV-, el cual permite “identificar, persona a persona, el tipo de afectación
a la que fue sometida, así como sus características generales y específicas,
con el fin de facilitar la determinación de las medidas de asistencia, atención
y reparación que se adecuen al daño sufrido y las necesidades de cada víctima”[75].
2.6.13. Dentro de
dicho registro se incluye toda la información disponible sobre población
desplazada en Colombia. Los aspirantes deben llenar el Formato Único de
Declaración –FUD-, en el cual deben consignar la información relacionada con
los hechos victimizantes, la condición de su hogar y la relación en la
afectación que hayan podido sufrir miembros del grupo familiar, así como otro
tipo de datos básicos que ayudan a determinar la condición del solicitante.
2.6.14. La
información relacionada en la declaración es valorada a través de criterios de
buena fe, credibilidad del testimonio coherente de la víctima, prueba de
contexto y diversidad étnica y cultural; así como los principios pro homine,
in dubio pro víctima. Este marco de análisis ha conducido al incremento
de personas desplazadas reconocidas como víctimas y ha ayudado a establecer
marcos de diferenciación que permitan identificar aquellos individuos o núcleos
familiares que se encuentran situaciones de extrema urgencia.
2.6.15. De esa
manera, la imposibilidad de dar cobertura integral a todas las víctimas en un
mismo momento llevó a que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 1377 de
2014, a través del cual reglamentó la entrega de ayudas humanitarias y
reparaciones administrativas para víctimas consagradas en la Ley 1448 de 2011. Este
nuevo marco ha permitido que las medidas de asistencia sean entregadas de
manera armónica y organizada y, además, bajo criterios de priorización.
2.6.16. En ese
sentido, frente a la priorización de núcleos familiares, los artículos 6º y 7º
del Decreto 1377 de 2014 establecen lo siguiente:
Artículo 6. Criterios de priorización para
los procesos de retorno y reubicación. Para el acceso a los procesos de retorno
o reubicación se priorizarán los núcleos familiares que se encuentren en mayor
situación de vulnerabilidad, a aquellos que hayan iniciado su proceso de
retorno o de reubicación por sus propios medios sin acompañamiento inicial del
Estado. las víctimas reconocidas en sentencias proferidas por las salas de
justicia y paz y los núcleos familiares que hayan recibido restitución de
tierras, titulación, adjudicación y formalización de predios.
Artículo 7. Indemnización individual
administrativa para las víctimas de desplazamiento forzado. La indemnización
administrativa a las víctimas de desplazamiento forzado se entregará
prioritariamente a los núcleos familiares que cumplan alguno de los siguientes
criterios:
1. Que hayan suplido sus carencias en
materia de subsistencia mínima y se encuentre en proceso de retorno o
reubicación en el lugar de su elección. Para tal fin, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas formulará, con participación activa
de las personas que conformen el núcleo familiar víctima un Plan de Atención,
Asistencia y Reparación IntegralPAARI-.
2. Que no hayan suplido sus carencias en
materia de subsistencia mínima debido a que se encuentran en situación de
extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta debido a la condición de
discapacidad, edad o composición del hogar.
3. Que solicitaron a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas acompañamiento para el retorno o
la reubicación y éste no pudo realizarse por condiciones de seguridad, siempre
y cuando hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima.
Parágrafo. La Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas ejercerá la coordinación interinstitucional
para verificar las condiciones de seguridad de la zona de retorno o reubicación
en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, y para
promover el acceso gradual de las víctimas retornadas o reubicadas a los
derechos a los que' hace referencia el artículo 75 del Decreto 4800 de 2011”.
2.6.17. No obstante
lo anterior, antes de la expedición del Decreto 1377 de 2014, la Ley 1448 de
2011 había dado lugar que se profirieran las resoluciones 223 y 1006 de 2013,
en las cuales se contemplaban criterios de priorización para núcleos familiares
que se encontraran en situación de extrema urgencia. En este marco se
identificaron doce circunstancias que sirven como criterios de priorización
para entrega de paquetes reparadores, sobre los cuales, la Resolución 0223 del
8 de abril de 2013 establece lo siguiente:
“1. Víctimas que hayan sido remitidas
por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial para
el acceso preferente a programas de reparación, de conformidad con el artículo
23 de la Ley 1592 de 2012, que modificó la Ley 975 de 2005; o víctimas que
hayan sido remitidas por los Jueces de Restitución de Tierras con la
instrucción de acceso preferente a programas de reparación y demás fallos
judiciales que ordenen la priorización.
2. Víctimas que habían solicitado
indemnización en el marco del Decreto 1290 de 2008, de conformidad con el
parágrafo 1º del artículo 155 del Decreto 1800 de 2011. De igual forma se
priorizarán los pagos de indemnización administrativa en el marco de
solicitudes presentadas por la Ley 418 de 1997.
3. Víctimas del conflicto armado que
sean diagnosticadas con enfermedad terminal como por ejemplo cáncer, VIH/Sida,
enfermedades pulmonares o cardiacas avanzadas. Este diagnóstico debe ser médico
y será acreditado con un resumen de la historia clínica, o un certificado
expedido por un médico adscrito a la entidad promotora de salud a la que
pertenezca la víctima.
4. Víctimas del conflicto armado
interno con discapacidad física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, la
cual se acreditará a través de por lo menos uno de los siguientes medios: (a)
que la condición de discapacidad se encuentre en el Registro Único de Víctimas;
(b) que la condición se encuentre en una declaración jurada ante notario; (c)
que la condición conste en una calificación de la pérdida de la capacidad
laboral expedida por la Junta de Calificación de Invalidez; (d) que la
condición conste en una certificación médica expedida por la entidad promotora de
salud respectiva; (e) que la condición conste en la historia clínica. En todos
los casos se observará el principio de buena fe y se preferirán los documentos
que más fácilmente pueda allegar la persona a efectos de acreditar su
condición.
Si la persona fue víctima de lesiones
que le causaron incapacidad, fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos
o degradantes o fue víctima por accidente con mina antipersonal (MAP), Munición
sin Explotar (MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI), y fue incluida
en el Registro Único por estos hechos, dicho reconocimiento será prueba
suficiente de la discapacidad.
5. Víctimas del conflicto armado
interno cuya jefatura del hogar es asumida de manera exclusiva por una mujer
madre de familia que tenga a cargo dos o más niños, niñas o adolescentes y cuyo
puntaje en el Sisben no supere los 63 puntos (la revisión del puntaje se
realizará al momento de la entrega de la indemnización).
6. Víctimas del conflicto armado
interno cuya jefatura de hogar es asumida exclusivamente por una mujer madre de
familia que tenga a cargo una o más personas con discapacidad y/o enfermedad en
los términos del numeral 3 y 4 del presente artículo.
7. Víctimas de violencia sexual.
8. Víctimas del conflicto armado
interno mayores de 60 años y cuyo puntaje en el Sisben no supere los 63 puntos.
9. Niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento y utilización ilícita.
10. Víctimas que hagan parte de un
sujeto de reparación colectiva que se encuentre adelantando la ruta del
Programa de Reparación Colectiva.
11. Sujetos de reparación colectiva
étnicos que cuenten con un plan integral de reparación colectiva que contemple
la medida de indemnización, formulado con el acompañamiento de la Unidad para
las Víctimas.
12. Víctimas del conflicto armado
interno que pertenezcan o tengan una orientación o identidad sexual diversa, o
LGTBI (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenerista o intersexual)”.
2.6.18.
En ese mismo sentido, el artículo 4º de la Resolución 1006 de 2013
consagra la posibilidad de acceder a una ruta preferente de reparación por vía
administrativa para víctimas del desplazamiento forzado. Sobre el particular,
establece que la indemnización se entregará en dinero y corresponderá a un
monto independiente y adicional a aquellos que se entregan para personas en
situación de pobreza, sobre el cual se tendrán en cuenta los siguientes
términos de priorización:
“1. Los hogares víctimas de
desplazamiento forzado a que se refiere la sentencia de unificación SU-254 de
2013 de la Corte Constitucional, acompañándolos complementariamente en su
proceso de retorno o reubicación bajo la verificación previa de los principios
de seguridad, voluntariedad y dignidad.
2. Los hogares víctimas de
desplazamiento forzado que hacen parte del programa familias en su tierra -
FEST.
3. Los hogares víctimas de
desplazamiento forzado que hacen parte del Programa de Subsidios de Vivienda
Familiar en Especial para Población Vulnerable, de acuerdo con el criterio de
priorización previsto en el artículo 12 literal b) de la Ley 1537 de 2012.
4. Los hogares víctimas de
desplazamiento forzado que hacen parte de programas de acompañamiento de las
entidades territoriales para su retorno o reubicación, previa verificación de
los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad. (…)”.
2.6.19. De lo expuesto, se observa que en Colombia la
situación de desplazamiento forzado por la violencia armada ha representado un
gran reto social y económico para el Estado, el cual se ha visto en la
necesidad de crear un programa especial dirigido a la atención y asistencia de
estas personas. Sin embargo, las ayudas e indemnizaciones que comporta el
programa requieren de una ejecución presupuestal demasiado amplia, que no
permite hacer entrega de las mismas en un solo acto y, por esta razón, existe
la necesidad de valorar criterios de priorización para identificar a los
núcleos que más lo requieren.
3.
CASO CONCRETO
3.1.
BREVE RESUMEN DE
LOS HECHOS.
3.1.1. El accionante manifiesta que vive con su madre de 66
años de edad y son víctimas del desplazamiento forzado a raíz de hechos
ocurridos en el año 2013 en el Municipio de Circasia, Quindío. En este sentido,
agrega que se encuentran inscritos en el RUV y padecen una situación difícil que
le ha llevado a ejercer la prostitución como “chica trans” para poder
tener ingresos que les permitan cubrir sus necesidades.
3.1.2. Expone que padece de SIDA 3 tbc pulmonar y que su
madre no puede trabajar debido que sufre de diversas afecciones como:
hipertensión, artrosis, problemas de visión y de oído, trombosis en su pierna
izquierda y además ha tenido tres pre infartos. Asimismo, señala que su madre
no cuenta ni con recursos ni con ingresos que le permitan llevar una vida más
digna.
3.1.3. Indica que a raíz de lo anterior, solicitó ante la
entidad accionada la priorización de su núcleo familiar dentro de la entrega de
reparaciones a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Sin
embargo, la UARIV dio respuesta a esta petición y expresó que ya le había sido
reconocida una ayuda humanitaria que podía ser cobrada a partir del 10 de abril
de 2015, pero, para la priorización en la entrega de la indemnización
administrativa, de 17 SMLVM, debía esperar hasta la próxima disponibilidad
presupuestal.
3.1.4.  Mediante sentencia de primera instancia, el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia, Quindío,
negó la protección de los derechos invocados al estimar que: (i) con la
acción de tutela se pretende el pago de la reparación integral y no suministro
de la ayuda humanitaria; (ii) al accionante y a su madre les fue
autorizado un giro a su favor de 17 SMLMV para cada uno; y (iii) para el
presupuesto disponible ya se encuentran priorizados los núcleos familiares y
toca esperar hasta la próxima entrega.
3.1.4.1.
De igual forma, la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, al
confirmar la sentencia de primera instancia, consideró que no existió
vulneración a los derechos fundamentales pues al accionante y a su madre les
fue autorizada la entrega de 17 SMLMV como indemnización administrativa por ser
víctimas del desplazamiento forzado. Además, expuso que el accionante no ha
acudido al Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral –PAARI- con el
fin de ser priorizado.
3.2.
ESTUDIO DE LOS
PRESUPUESTO FORMALES DEL CASO – PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
3.2.1.  En el caso que se expone a continuación es posible
advertir que la acción de tutela se torna procedente de forma excepcional y en
consecuencia es susceptible de ser analizada de fondo por parte de esta
Corporación. Del estudio de los hechos y de las pruebas allegadas al expediente
se logra advertir que el accionante y su madre son sujetos de especial
protección constitucional, en virtud del grado de indefensión y vulnerabilidad
que padecen como consecuencia del desplazamiento forzado.
3.2.2.  En ese mismo sentido, es necesario resaltar que el
señor Hernando Hoyos Gallego también adquiere la protección especial
constitucional en atención al SIDA 3 por tbc pulmonar que padece. Como se
expuso en la parte considerativa de esta providencia, dicha afección constituye
una enfermedad grave de carácter terminal, para la cual no existe cura o
tratamiento sanatorio que permita al ser humano superar de forma definitiva
este virus.
3.2.3.  De igual forma, la madre del señor Hoyos Gallego es
una persona susceptible de ser amparada con protección especial por parte del
Estado, pues cuenta con 66 años de edad y padece de diversas afecciones físicas
que representan un riesgo para su salud en caso de no contar con las
condiciones necesarias para poder llevar un vida digna. Además, su estado de
salud no le permite trabajar y depende de los ingresos que reúne su hijo en
ejercicio de la prostitución como “chica trans”.
3.2.4.  Por otra parte, cabe mencionar que en relación con el
requisito de legitimidad por activa y de legitimidad por pasiva que debe reunir
toda acción de tutela, en el caso sub judice se advierte claramente que
el accionante y su madre son las personas directamente afectadas con los hechos
descritos en el expediente; así como también, por su parte, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es
la entidad competente para responder la pretensión del caso.
3.2.5.  En este orden de ideas, como quedó expuesto en el
acápite de las consideraciones, la jurisprudencia constitucional ha admitido la
procedencia excepcional de acciones de tutela entabladas por individuos que se
encuentran reconocidos como víctimas del desplazamiento forzado, pues las
condiciones de vulnerabilidad e indefensión en las cuales se encuentran hacen
que exigir el agotamiento previo de la vía ordinaria se vuelva una imposición
gravosa para su situación.
3.2.6.  De esa misma manera, cabe resaltar que mientras estas
personas no hayan superado el estado de desprotección y vulnerabilidad, se
entiende que la afectación a sus derechos fundamentales continúa desplegando
efectos hacía el futuro y por ello no puede desarrollarse un examen de
procedencia sobre términos de inmediatez bajo los mismos parámetros que
enmarcan el análisis de aquellos casos de personas que no se encuentran en un
entorno similar al descrito.
3.2.7.  Así las cosas, para esta Sala, en el caso sub
examine se aprecian una serie de elementos fácticos que hacen gravosa la
exigencia del ejercicio previo de los mecanismos de reclamación ordinaria
dispuestos por el ordenamiento, por lo cual se hace necesario tener
consideraciones especiales acordes con el grado de vulnerabilidad que sufre el
accionante y su madre. Por esta razón, la acción de tutela es procedente en
esta ocasión y es susceptible de ser analizada de fondo por parte de esta
Corporación.
3.3.
ESTUDIO DE LOS
PRESUPUESTOS MATERIALES DEL CASO – EXAMEN DE FONDO DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
3.3.1.  En el caso que se plantea en esta ocasión, la Sala
encuentra que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor
Hernando Hoyos Gallego y de su madre, toda vez que ha procedido a realizar los
trámites necesarios para prestar la atención que ha requerido el núcleo
familiar de la parte actora, conforme a los lineamientos que enmarcan la
reparación de víctimas del desplazamiento forzado.
3.3.2.  Sin embargo, del expediente se desprende que el núcleo
familiar del actor cumple con las causales de priorización de víctimas por
desplazamiento forzado interno. Esta circunstancia conduce a determinar que al
señor Hernando Hoyos Gallego y a su madre les asiste el derecho a ser
considerados como núcleo familiar susceptible de ser priorizado para la entrega
de la indemnización administrativa que ya les fue reconocida. Sobre el
particular, esta Sala expone lo siguiente:
3.3.3.  En primer lugar, la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no ha omitido dar el
tratamiento especial de víctima por desplazamiento forzado que le asiste al
núcleo familiar del accionante. Del expediente se desprende que la entidad
accionada ha realizado los trámites y gestiones que han ayudado a que el señor
Hernando Hoyos Gallego y su madre sean reconocidos con dicha condición y se
encuentren inscritos en el RUV.
El trámite anterior y el producto que dio
como consecuencia del mismo condujo a que se reconociera a favor de este núcleo
familiar una ayuda humanitaria que debía ser reclamada a partir del 10 de abril
del año 2015 (Fl. 12, Cd. 2). En este mismo sentido, la UARIV requirió de forma
inmediata al accionante para que reclamara dicha entrega y le recordó que la
distribución de los recursos dependían del jefe de hogar.
3.3.4.  En segundo lugar, la entidad accionada explicó
claramente al señor Hernando Hoyos Gallego que de conformidad con la fecha en
que ocurrió el desplazamiento y su inscripción en el RUV, se había reconocido a
favor de su núcleo familiar la suma de 17 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por concepto de reparación administrativa. En este mismo sentido,
señaló que a través del Decreto 1377 de 2014, el Gobierno Nacional reglamentó
por primera vez el acceso a dicha reparación.
En este orden de ideas, la UARIV sostuvo
que de acuerdo al artículo 7º del Decreto 1377 de 2014, se puede acceder
excepcionalmente a la indemnización por fuera de la ruta reparadora siempre y
cuando el núcleo familiar: (i) se encuentre en extrema urgencia porque
uno de sus integrantes está en condición de discapacidad, por su edad o
composición de hogar; o (ii) no pudo realizar el retorno por condiciones
de seguridad y tampoco cuenta con recursos para la subsistencia mínima.
De esa manera, la accionada expresó al
señor Hernando Hoyos Gallego que la disponibilidad presupuestal para la
ejecución del monto reparador ya había sido focalizada en personas que se
encontraban en algunas de las causales de priorización señaladas en la ley. Sin
embargo, le hicieron saber que una vez el Estado apropie más presupuesto para
la reparación integral de víctimas, se le hará el estudio respectivo y se le
informará sobre su condición.
3.3.5.  En tercer lugar, la Sala observa que el núcleo
familiar del señor Hernando Hoyos Gallego se encuentra dentro de las causales
de priorización para entrega de la reparación administrativa de víctimas del
desplazamiento forzado. Sobre el particular, cabe mencionar que un análisis
sistemático de la condición que padece el señor Hoyos y su madre conducen a
inferir que se encuentran en un estado de vulnerabilidad que les hace
acreedores de esta prerrogativa.
En relación con lo anterior, cabe mencionar
que según lo establecido en la Resolución 0223 del 08 de abril de 2013, uno de
los parámetros de priorización para entrega de reparaciones administrativas de
víctimas que se encuentran en el marco de la Ley 1448 de 2011, se enfoca en
determinar si existen personas que hayan sido diagnosticadas con enfermedades
terminales como VIH/SIDA o cáncer, pulmonares o cardíacas avanzadas. Al
respecto, dicha resolución establece:
“3. Víctimas del conflicto
armado que sean diagnosticadas con enfermedad terminal como por ejemplo cáncer,
VIH/Sida, enfermedades pulmonares o cardiacas avanzadas. Este diagnóstico debe
ser médico y será acreditado con un resumen de la historia clínica, o un
certificado expedido por un médico adscrito a la entidad promotora de salud a
la que pertenezca la víctima”.
Así las cosas, al cotejar dicha información
con los elementos fácticos que expone el caso sub judice, la Sala
encuentra que el señor Hernando Hoyos Gallego aporta prueba médica certificada
por la I.P.S. Convenio CF SUB Clínica Saludcoop de Armenia, Quindío, a través
de la cual se observa que padece de enfermedad “por virus de
inmunodeficiencia humana (vih) sin otra especificación” en el grado “sida
c3 por tbc pulmonar” (Fls. 10-11, Cd. 2).
De igual forma, cabe precisar que en
relación con la madre del accionante, la señora María del Carmen Gallego
Moreno, esta Sala encuentra que se trata de una persona que supera los 60 años
de edad (Fl. 15 Cd. 2) y padece de diversas afecciones físicas certificadas por
el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios del Quindío, la mayor
parte de ellas cardíacas (Fls. 5-9, Cd. 2); además, esta Sala pudo corroborar
que cuenta con un puntaje en el SISBEN de 20,10.
Lo anterior conduce a determinar que la
señora María del Carmen Gallego también cumple con una de las causales de
priorización consagradas en la Resolución 0223 de 2013, concretamente la
establecida en el numeral octavo, el cual señala: “8. Víctimas del conflicto armado
interno mayores de 60 años y cuyo puntaje en el Sisben no supere los 63 puntos”. De esta forma,
el accionante y su madre reúnen dos causales expresas que les permiten acceder
a la indemnización administrativa por fuera de la ruta reparadora.
3.3.6.  En cuarto lugar, la Sala observa que
a partir de la respuesta manifestada por la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a la solicitud de priorización
presentada por la parte actora, la ejecución presupuestal dispuesta para el
momento de los hechos ya cuenta con lista de priorizados, de manera que asiste
la necesidad de esperar que el Gobierno Nacional destine nuevos recursos para
las víctimas de la Ley 1448 de 2011.
De esa manera, se advierte
que la cobertura y entrega de paquetes de ayudas humanitarias y reparaciones administrativas
para víctimas de la Ley 1448 de 2011 debe contar con elementos que permitan
materializar estos reconocimientos. Por esta razón, la Sala encuentra que para
el momento de la reclamación instaurada por el accionante, la UARIV ya había
adelantado el estudio de priorización sobre núcleos familiares que se
encontraban en situación de extrema urgencia y contaba con la lista de los
mismos.
Igualmente, es necesario
aclarar que esta Corporación no es competente para determinar con exactitud
cuáles son los núcleos familiares que en la próxima vigencia presupuestal deban
ser priorizados, así como tampoco cuenta con la información que ayude a
identificar este reducto de personas. Por esta razón, la Sala es consciente que
pueden existir múltiples grupos que se encuentren en situaciones similares y
frente a los cuales la UARIV debe desplegar consideraciones que escapan de esta
Corte.
No obstante lo anterior, la
condiciones en las cuales se encuentran el accionante y su madre conllevan a
esta Sala a determinar que una vez el Gobierno Nacional haya puesto a
disposición el nuevo presupuesto para la entrega de los próximos paquetes de
reparación administrativa, al núcleo familiar del señor Hernando Hoyos Gallego
le asiste el derecho a ser tenido en cuenta dentro de la lista de priorizados en
este proceso, toda vez que cumplen con las causales establecidas en la
Resolución 0223 de 2013 para estos efectos.
De lo descrito, cabe
destacar que el virus terminal que padece el señor Hoyos Gallego y el agravante
que representa su condición de desplazamiento hacen que el Estado deba extender
una protección constitucional que le permita llevar una vida en condiciones
dignas. Esto implica que las instituciones encargadas de prestar servicios que
satisfacen necesidades básicas deban tener especial consideración sobre individuos
que se encuentran en su condición.
Adicionalmente, se
advierte que de los conceptos expuestos en el acápite de las consideraciones de
este pronunciamiento, el accionante se encuentra en la etapa de SIDA, que
constituye la fase terminal del virus VIH y representa un grado de
vulnerabilidad mayor para la persona que lo sufre. Por ello, dilatar el proceso
de entrega de la indemnización administrativa que ya ha sido reconocida al
núcleo familiar del actor, constituye una potencial amenaza que pueda frustrar
el goce y disfrute de la reparación a que tiene derecho.
3.3.7.  En virtud de lo anterior, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional procederá a revocar la sentencia del primero (01) de julio de dos
mil quince (2015), proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia,
Quindío, que confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada el día
veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Armenia, Quindío, que negó la protección de los derechos
fundamentales invocados.
3.3.8.  En su lugar, se concederá la protección de los
derechos fundamentales a la dignidad humana y la vida en condiciones dignas,
invocados por el señor Hernando Hoyos Gallego a favor de su núcleo familiar. En
este sentido, se ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas tener especial consideración sobre el
núcleo familiar del accionante en la próxima lista de priorizados para entrega
de reparaciones administrativas destinadas a víctimas dispuestas en la Ley 1448
de 2011.
4.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del primero (01) de julio de dos mil quince
(2015), proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia,
Quindío, que confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada el día
veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Armenia, Quindío, que negó la protección de los derechos
fundamentales invocados. En su lugar, CONCEDER a la dignidad humana y la
vida en condiciones dignas, invocados por el señor Hernando Hoyos Gallego a
favor de su núcleo familiar.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- que, una vez el Gobierno Nacional
ponga a disposición el presupuesto para la entrega de la próximas indemnizaciones
administrativas, tenga especial consideración sobre el núcleo familiar del
accionante en la próxima lista de priorizados para entrega de reparaciones
administrativas destinadas a víctimas dispuestas en la Ley 1448 de 2011.
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
–UARIV- ofrecer la información que permita al núcleo familiar del accionante
tener conocimiento de la fecha aproximada en que recibirá el valor
correspondiente a la indemnización administrativa que ha sido reconocida.
CUARTO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- informar al juez de primera
instancia sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia.
QUINTO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional,
líbrese la comunicación de que trata el  artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991 dispone que: “la
acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante”. Por su parte, el artículo 8° señala que “aun cuando el afectado disponga de otro medio de
defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
[2] Sentencia T-1005 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En
este mismo sentido: SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-565 de
2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-853 de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-610 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo; entre otras.
[3] Ibíd.
[4] Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.: “Teniendo en cuenta
este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo
está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de
terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es
susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en
la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera
razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna
forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la
acción”.
[5]
Sentencia T-463 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[6] Sentencia T-677 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.: “Por último, la inmediatez de la acción, se hará en
este caso, por el tiempo transcurrido desde la acción y la supuesta vulneración
del derecho, ya que la ocurrencia de los hechos fue  en el año 2005, la
solicitud de inclusión en el RUPD –Registro Único de Población Desplazada- en
el año 2010 y la acción de tutela el día 28 de marzo de 2011, siendo espacios
de tiempo extensos, que por regla general no permitirían estructurar la
inmediatez. Empero, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que resulta admisible que
transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que genera la vulneración
y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias claramente
identificables: la primera de ellas, cuando se demuestra que la vulneración es
permanente en el tiempo y, en
segundo lugar, cuando se pueda establecer que (…) la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.
[7] Constitución Política de 1991, artículo 2º.: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
[8] Resolución 5261 del 5 de agosto de 1994, Ministerio de Salud,
artículo 17: “TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES RUINOSAS O CATASTROFICAS. Para
efectos del presente manual se definen como aquellos tratamientos utilizados en
el manejo de enfermedades ruinosas o catastróficas que se caracterizan por un
bajo costo- efectividad en la modificación del pronóstico y representan un alto
costo. Se incluyen los siguientes: a. Tratamiento con radioterapia y
quimioterapia para el cáncer; b. Diálisis para insuficiencia renal crónica,
transplante renal, de corazón, de medula ósea y de córnea; c. Tratamiento
para el SIDA y sus complicaciones; d. Tratamiento quirúrgico para
enfermedades del corazón y del sistema  nervioso central; e. Tratamiento
quirúrgico para enfermedades de origen genético o congénitas” (Subrayado
fuera del texto original); f. Tratamiento Médico quirúrgico para el trauma
mayor; g. Terapia en unidad de cuidados intensivos; h. Reemplazos articulares.
[9] Sentencia T-848 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Concepto
remitido por el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional: “El virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) fue descubierto por el equipo de Luc Montaigner
en Francia en 1983.
El VIH o virus de la inmunodefinciencia humana es un microorganismo
que ataca al sistema de defensas del organismo. Al debilitarlas contra la
enfermedad, el VIH hace que el organismo sea vulnerable a una serie de
infecciones y canceres. Puede trasmitirse de una persona a otra a través de
tres vías: relaciones sexuales sin condón con una persona infectada, exposición
a sangre infectada y de la madre viviendo con el virus al hijo(a).
El SIDA como síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida se
considera la etapa más avanzada del proceso que empieza con la infección por
VIH. El paciente puede ser asintomático por 10 o 15 años, dependiendo de estado
nutricional y el apoyo psicosocial.
Los anticuerpos detectables
contra el VIH aparecen unas semanas después de la exposición inicial al virus.
Estos pueden detectarse por medio de una prueba diagnóstica de laboratorio, la
más usada es la prueba Elisa para VIH, que detecta los anticuerpos producidos
por el organismo como respuesta a la infección, después de un periodo promedio
de 12 semanas denominado “ventana inmunológica”. Como las pruebas del VIH
pueden no detectar los anticuerpos en caso de infecciones muy recientes (dentro
de la ventana inmunológica), se recomienda que tras una prueba inicial negativa
se efectúe otra prueba de anticuerpos 3 meses después. Las pruebas actuales, de
cuarta generación, permiten detectar sustancias del virus al tiempo que
anticuerpos generados contra el virus y reducen el tiempo de ventana
inmunológica, no obstante, resulta absolutamente confiable una prueba realizada
luego de tres meses de la última posible exposición al virus. Si el resultado
de la primera prueba Elisa es positiva, se realiza una segunda para cotejar que
no haya errores de laboratorio y si la segunda Elisa es positiva, es necesario
realizar una prueba confirmatoria llamada Western Blot”.
[10] Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. El texto
original se expone de las siguiente forma: “HIV stands for human
immunodeficiency virus. It
kills or damages the body's immune system cells. AIDS stands for acquired
immunodeficiency syndrome. It is the most advanced stage of infection with HIV.
HIV most often spreads
through unprotected sex with an infected person. It may also spread by sharing
drug needles or through contact with the blood of an infected person. Women can
give it to their babies during pregnancy or childbirth.
The first signs of HIV
infection may be swollen glands and flu-like symptoms. These may come and go a
month or two after infection. Severe symptoms may not appear until months or
years later (…)There is no cure, but there are
many medicines to fight both HIV infection and the infections and
cancers that come with it. People can live with the disease for many years”. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/hivaids.html
[11] Ministerio de Salud y Protección Social, Programa de apoyo a la
Reforma a la Salud – Pars, “Guía para el manejo de VIH/sida basada en la evidencia
Colombia”. Introducción. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GUIA%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20VIH%20SIDA.pdf
[12] Ibíd.: Artículo 1º.
[13] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[14] De
igual forma, mediante sentencia SU-645 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz,
al conceder una acción de tutela entablada por una pareja de ciudadanos contra
una entidad médica que no realizó los controles necesarios para evitar que una
niña fuera infectada con el virus del SIDA a través de una transfusión de
sangre practicada dentro de sus instalaciones, la Sala Plena de esta
Corporación sostuvo que el principio de solidaridad es uno de los elementos
fundantes del Estado colombiano, y además, ha dejado de ser un imperativo ético
para convertirse en norma activa y vinculante sobre todas las personas e
instituciones. Agregó que este deber adquiere especial importancia en aquellos
eventos que involucran individuos que se encuentran en estado de debilidad
manifiesta, como los que padecen enfermedades terminales.
[15] Ibíd.: Pár. 2.
[16] Los Objetivos de desarrollo del
Milenio son los siguientes: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria
universal; 3. Promover la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de la mujer; 4. Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años; 5. Mejorar la salud materna;
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y
otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente; y 8. Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo. (Subrayado
fuera del texto).
[17] Ibíd.: Pár. 62.
[18] Sentencias de la Corte Constitucional T-265 de 2010,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-141 de 2011,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-253A de 2012,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[19] Sentencia de la Corte Constitucional C-282 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia de la Corte Constitucional C-004 de 2003.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[21] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime
Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo
Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández.
[22] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime
Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo
Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández.
[23] Sentencia de la Corte Constitucional, C-1033 de
2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[24] Sentencia de la Corte Constitucional, T-576 de
2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional, C-936 de
2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] Principio 2 del Conjunto de Principios para la
protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la
impunidad.
[28] Sentencias de la Corte Constitucional C-293 de
1995, MP, Carlos Gaviria Díaz; C-228 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; y C-936 de 2010.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Sentencia de la Corte Constitucional, C-872 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[30] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez
(fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento
43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana
aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le
nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia. Sentencias de la
Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[31] Sentencias de la Corte Constitucional T- 443 de
1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y  C- 293 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[32] Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de 2012.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de 2013.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[34] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[35] La Corte Interamericana de Derechos Humanos y
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han estimado que las personas que
ignoran el paradero de familiares desaparecidos se encuentran en una situación
tal de angustia y ansiedad que encuentran violado su derecho a la integridad
psíquica y moral y, por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano o
degradante. Al respecto se puede consultar, entre otras, la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Blake Vs. Guatemala,
(Sentencia de enero 24 de 1998); Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala,
(Sentencia de Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala,
(Sentencia de noviembre 8 de 2000).
[36] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006,
M.P: Álvaro Tafur Galvis y C-454 de 2006.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[37] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006.
M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[38]
Sentencias de la Corte Constitucional C-454 de 2006.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-936 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-260 de 2011,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.C-1149 de 2001.
[39] Sentencia de la Corte Constitucional, C-871 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[40] Sentencia de la Corte Constitucional C-871 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[41] Sentencia de la Corte Constitucional, C-454 de
2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[42] Sentencia de la Corte Constitucional C- 412 de
1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[43] Sentencia de la Corte Constitucional C- 275 de
1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
[44] Principios relativos a una eficaz prevención e
investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias,
aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante
resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea
General. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la
sentencia de la Corte Constitucional, C-293 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[45] Sentencias de la Corte
Constitucional C-715 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-099 de 2013.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[46] Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. En este mismo sentido, ver Sentencia de la Corte Constitucional
C-454 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[47] Ver Pelayo Moller, Carlos María y Ferrer
Mac-Gregor, Eduardo. “La obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos
humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana”. Centro de
Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, Año 10, No. 2, 2012,
pp. 141-192. ISSN 0718-0195.
[48]Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr.
25, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones
y Costas, párr. 239, Caso Mohamed contra Argentina (2012), párr. 140.
[49] Corte IDH. Caso González y Otras (Campo
Algodonero), párr. 236.
[50] Observación General No. 31, Comentarios
generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la
obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, U.N. Doc.
HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004).
[51] Refiriéndose a la reparación de los daños
sufridos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de Derechos Humanos o las violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario en la resolución 2005/35 de los  “Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de  violaciones de las normas
internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones”.
[52] Sentencias de la Corte Constitucional, C-370 de 2006, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime
Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo
Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández.
[53] Sentencia de la Corte Constitucional C-1199 de 2008.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional SU-254 de 2013.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56]
Sentencias de la Corte Constitucional C-715 de 2012.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Y C-099 de 2013.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[57] Ver ONU. Relator Especial sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición y  Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 de 2005, “Principios y
directrices básicos, sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones
graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones”.
[58] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006,
M.P: Jaime Córdoba Triviño.
[59] Instituto Interamericano de Derechos Humanos:
Diálogos sobre la reparación, Experiencias en el sistema interamericano de
derechos humanos, Tomo 2, 2008.
[60] Cfr. ONU, Comisión
de Derechos Humanos. Conjunto de principios
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/rev.1, Art. 33. Ver también
ONU. Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad.  (8 de
febrero de 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1.
[61] Ibíd.
[62] Sentencia de la Corte Constitucional C-979 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[63] Ver la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer el art. 4.f.
[64] Ver Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras,
sentencia del 29 de julio de 1988. Párr. 175. De forma similar, el art. 4.f
de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dispone
que los estados deben “[e]laborar, con carácter general, enfoques de tipo
preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y
cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de
violencia”. Sobre la obligación de adoptar medidas de prevención en
distintos ámbitos de los Derechos Humanos, consultar: arts. 7.d y 8 de la
Convención de Belem do Pará; Asamblea
General de las Naciones Unidas, A/RES/52/86
“Medidas de prevención del
delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer”,
2 de febrero de 1998; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informe “Acceso a la justicia para
las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007;
[65] Organización de las Naciones Unidas ONU, “La
violencia contra la mujer en la familia”: Informe de la Sra. Radhika
Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado
de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN
Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita tomada en Corte IDH,
caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de
noviembre de 2009.
[66] Por ejemplo, en el Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos el art. 3.a de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW,
dispone que los Estados deben adoptar medidas para “a) Modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres”.
[67] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo
Algodonero) vs. México sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[68] Por ejemplo, el artículo 4.h de la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resalta la importancia de
destinar suficientes recursos para prevenir y eliminar la violencia contra la
mujer.
[69] Ver ONU. Comité de los Derechos del Niño,
Convención de los Derechos del Niño, Observación General 13 relativa al
“Derecho del niño de no ser objeto de ninguna forma de violencia” (18 de abril
de 2011).
[70] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo
Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[71] AHUMADA B. Consuelo, MORENO D. Álvaro y SÁNCHEZ S. Javier, El
desplazamiento forzado de colombianos hacia Ecuador en el contexto del Plan
Colombia, Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá, 2004. P. 125. Cf.: “Otra
referencia pertinente para el estudio de caso es la visión de Durkheim, cuando
se refiere al grado de cohesión social que, según él, depende de la solidez de
los lazos establecidos entre la sociedad y los individuos. Aquí es donde se
supone que el Estado tiene que cumplir con su papel generador y fortificador de
estos “lazos, lo que quiere decir que, en buena parte, de él depende la cohesión
de la sociedad”.
[72] FORSTER Ricardo, Notas sobre la barbarie y la esperanza, Bueno
Aires: Biblos, 2006. Pg. 93 y ss.
[73] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[74] Cf.: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Informe
nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012, Bogotá, junio
2013. P. 5. Disponible en: http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf
[75] Ibíd.