T-119-15
Sentencia
T-119/15
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
VIOLACION DIRECTA
DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
La
jurisprudencia constitucional ha
sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa
de la Constitución cuando: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y
aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional,
(b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y, (c) el juez en sus resoluciones
vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución.
COSA JUZGADA-Hace parte de las garantías del debido proceso
La cosa juzgada es un elemento integrante del derecho al
debido proceso judicial que reconoce el respeto que se debe tener por las
decisiones tomadas por los jueces, en ejercicio de sus funciones. Las
sentencias pasan a ser imperativas, susceptibles de cumplirse coercitivamente y
se hacen inmutables, por cuanto no pueden ser variadas, es decir hacen tránsito
a cosa juzgada.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Se configura cuando se presentan identidades
procesales como objeto, causa petendi e identidad de partes
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA-Finalidad
La cosa juzgada pretende: i) satisfacer la necesidad de
certeza de las situaciones jurídicas, que toda sociedad requiere; ii)
estabilidad y certidumbre de los derechos adquiridos, reconocidos o declarados
que permiten la inmutabilidad de los mismos en virtud de las sentencias; iii)
seguridad jurídica, la cual se manifiesta mediante el principio "non bis in idem", siendo imposible, la apertura
de la misma causa una vez concurren identidad de sujeto, objeto y causa y iv)
ponerle punto final a las pretensiones de las partes ya que por regla general
quien pierde siempre considerará injusto el resultado y querrá un fallo
distinto. Así, con la cosa juzgada se pone un límite a la revisión del proceso
y a las relaciones que se han constituido o declarado a partir de la decisión
judicial.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
PENSIONALES-Procedencia
excepcional
i) Procede
como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio
ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; ii) procede la
tutela como mecanismo definitivo: cuando el medio ordinario dispuesto
para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las
especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, iii) cuando la
acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en
condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros. En
tales casos,  el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos
estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos
rigurosos.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia para reconocimiento de la sustitución pensional por cuanto existe cosa
juzgada en materia laboral, al
existir identidad de partes, de pretensiones y hechos
NATURALEZA
JURIDICA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES Y SU CARACTER FUNDAMENTAL-Reiteración
de jurisprudencia
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que
la pensión de sobreviviente, es una prestación social fundada en los principios
de  solidaridad y de universalidad de la seguridad social, que busca
garantizar a los familiares de la persona afiliada fallecida, una estabilidad
económica suficiente para asegurar su subsistencia en condiciones dignas. Máxime,
cuando dicha prestación es la única fuente de ingreso de sus beneficiarios, que
tiene por fin evitar una situación de desamparo. La naturaleza de la pensión de
sobrevivientes está ligada con la protección del derecho fundamental al mínimo
vital y por tanto, adquiere el
carácter de fundamental.
PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 797/03 para
ser beneficiarios
CONCEPTO DE
DEPENDENCIA ECONOMICA ESTABLECIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA
C-111/06 A EFECTOS DE ACCEDER A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Convivencia
como requisito para el reconocimiento de la pensión sustitutiva al cónyuge o
compañero supérstite
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD, MINIMO VITAL Y VIDA DIGNA-Orden a Caprecom reconocer
y pagar en forma definitiva la pensión de sobrevivientes
Referencia:
Expedientes T-4573765 y T-4598352 acumulados.
Acciones de tutela
instauradas por la ciudadana Sixta Zambrano Oviedo contra el Juzgado
Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y, Edna Victoria Hernández
Borrero contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (respectivamente).
Procedencia:
Expediente T-4573765:
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente T-4598352:
Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
Asunto: Derecho
fundamental a obtener el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a la
esposa y a la compañera permanente.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de
dos mil quince (2015)
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de las sentencias proferidas dentro de los siguientes
expedientes de tutela: i) T-4573765 promovida por Sixta Zambrano Oviedo contra
el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bucaramanga, con sentencia de tutela de primera instancia del
16 de julio de 2014, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y de segunda instancia del 4 de septiembre de 2014
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y ii) T-4598352
promovida por Edna Victoria Hernández Borrero contra la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones, en adelante CAPRECOM, con sentencia  de  tutela
de primera instancia del 8 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, y de segunda instancia
proferida el 17 de septiembre de 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Villavicencio.
Los expedientes
fueron remitidos a esta Corporación en cumplimiento de los artículos 86 de la
Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala Once de
Selección de esta Corporación, mediante auto del 10 de noviembre de 2014, resolvió:
i) seleccionar para efectos de su revisión los expedientes T-4573765 y
T-4598352; y ii) acumularlos entre sí, para que sean fallados en una misma
sentencia por presentar unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
Los expedientes
acumulados giran en torno al tema de la sustitución pensional. En ese orden de
ideas, cada expediente presenta especiales particularidades procedimentales y
fácticas, que exigen un estudio separado de sus antecedentes, para una mejor
comprensión.
A. Expediente
T-4573765
El 27 de junio de
2014, la señora Sixta Zambrano Oviedo interpuso acción de tutela[1] a través
de apoderada judicial, contra el Juzgado Único Laboral del Circuito de
Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia, dentro de un  proceso
laboral en contra de Ecopetrol. Para la demandante, la negativa del ente
judicial de concederle la sustitución pensional invocada, desconociendo su
calidad de compañera permanente del occiso Rafael Reyes Ospino, bajo el
argumento de la existencia de cosa juzgada, atenta contra sus derechos
fundamentales.
Solicita por lo
tanto, a través de tutela, que se declaren ineficaces las providencias
proferidas dentro del proceso ordinario laboral promovido por ella, y en su
lugar se conceda la sustitución pensional allí reclamada, ya que a su juicio,
los autos que declararon probada la excepción de cosa juzgada presentada por
Ecopetrol S.A. y que ordenaron el archivo del proceso[2], así como
el que confirmó tales decisiones[3],
incurrieron  en  un defecto sustantivo  por  desconocimiento de la Constitución,
al  no  haber  dado aplicación  a la excepción de inconstitucionalidad respecto
del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, que es una norma que excluye a la
compañera permanente del derecho a la referida sustitución pensional.
Hechos relevantes
1. La accionante
manifestó que el señor Rafael Reyes Ospino, era pensionado de Ecopetrol desde
el 1º de enero de 1968 hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido el 31 de
agosto de 1977[4].
2. El señor Rafael
Reyes Ospino, era casado con María Dolores Sánchez Reyes, pero no hicieron vida
marital, pues ésta lo abandonó. La señora Sixta Zambrano Oviedo (accionante),
por el contrario,  convivió con el causante en unión marital de hecho de forma
ininterrumpida, desde el año 1965 hasta el fallecimiento de éste. Periodo
dentro del cual concibieron cuatro hijos, siendo ella durante este tiempo, económicamente
dependiente de su compañero y madre de crianza también, de los 3 hijos del
matrimonio de señor Reyes Ospino[5].
3. El 3 de abril
de 1978, Ecopetrol, luego del fallecimiento del señor Reyes y  mediante
memorando Nº 05597, sustituyó la pensión del causante entre sus beneficiarios,
distribuyéndola en favor de: i) la accionante, en representación de sus hijos
menores; y ii) de la señora María Dolores Sánchez Reyes (esposa), en forma
vitalicia[6]
y de sus hijos menores. La pensión fue disfrutada por el último beneficiario
hasta el 2 de septiembre de 1995, fecha en la que se extinguió el derecho  y
Ecopetrol retiró definitivamente de la nómina al señor Rafael Reyes Ospino, por
no existir más beneficiarios.
3.1. La señora
Sixta Zambrano, en nombre propio, solicitó a Ecopetrol sustitución pensional,
pero esta le fue negada, por cuanto se le había concedido ya a la esposa del
señor Reyes Ospino, hasta su fallecimiento, que ocurrió el 13 de marzo de 1980.
4. En virtud de lo
anterior, la accionante instauró demanda ordinaria laboral en contra de
Ecopetrol S.A., mediante la cual solicitó el reconocimiento de la sustitución
pensional en calidad de compañera permanente del señor Rafael Reyes Ospino, en
atención al “artículo 141 de la Ley 100 de 1993”[7].
4.1. Dicho proceso
fue resuelto en primera instancia por el Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja mediante sentencia del 4 de julio de 2003[8], que desestimó
las pretensiones de la demandante, por cuanto para la época en que falleció el
pensionado, la Ley 33 de 1973  no le otorgaba a la compañera permanente el
beneficio de la sustitución pensional. Resaltó que la pretensión que ella
reclamaba se causó en el año 1977, - fecha en la que ocurrió el fallecimiento-,
por  lo que era pertinente aplicar la norma vigente para la época. Concluyó que
la pretensión que reclamaba la accionante no tenía  sustento legal y declaró
probada las excepciones de “inexistencia de la obligación, falta de legitimación
en la causa para pedir cobro de lo no debido y pago”, propuestas por
Ecopetrol[9].
4.2. El 22 de
septiembre de 2004, en sentencia de segunda instancia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, confirmó la decisión,
con similares consideraciones[10].
5. La accionante mediante
derecho de petición radicado el 26 de marzo de 2009[11], solicitó
nuevamente a Ecopetrol, la sustitución pensional, la cual le fue negada,
aduciendo que le había sido concedida a la esposa del señor Reyes Ospino y a
los demás beneficiarios[12].
6. Conocido el
pronunciamiento constitucional de la sentencia T-098 de 2010 (M.P. Juan Carlos
Henao), que avalaba la declaración de la excepción de inconstitucionalidad de
normas que discriminaban por parte de los jueces, cuando estas se aplicaban aún
después de la Constitución de 1991, la demandante presentó acción de tutela
pidiendo que se ordenara la declaración de la excepción de inconstitucionalidad
del artículo 1º de la Ley 33 de 1973 y la inaplicación de las sentencias del 4
de julio de 2003 proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja y del 22 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal
Superior de Bucaramanga, que le negaron el derecho a la sustitución pensional.
6.1. La tutela en
mención fue resuelta en sentido negativo por las instancias, bajo la
consideración de que existía otro mecanismo de defensa judicial para obtener
tales reivindicaciones, como era adelantar el proceso ordinario laboral
correspondiente[13].
7. El 16 de julio
de 2012, la accionante instauró por intermedio de su apoderada una nueva
demanda laboral[14]
contra  Ecopetrol, en la que solicitó, con fundamento en el artículo 4º de la
Constitución Política, que se le diera cumplimiento a los artículos 13 y 42 de
la Constitución Política de 1991, en el sentido de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, en cuanto excluye a
la compañera permanente del derecho a la sustitución pensional y en
consecuencia, declarara que la accionante tenía derecho, en calidad de
compañera permanente del señor Rafael Reyes Ospino, a dicha sustitución.
7.1. Ecopetrol
S.A., elevó la excepción previa de cosa juzgada, alegando que en el proceso
anterior la demandante había solicitado también el reconocimiento de la
sustitución pensional en calidad de compañera permanente del causante, "y
como consecuencia de ello, las mesadas dejadas de percibir desde el mes de
septiembre de 1977"[15].
7.2. El 11 de
febrero de 2014, dentro de la audiencia obligatoria de conciliación y decisión
de excepciones previas, el Juzgado Único Laboral del Circuito de
Barrancabermeja, resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada[16],
al encontrar identidad de objeto, de causa petendi y de partes procesales
frente a la demanda laboral de sustitución pensional;  tal y como fue alegado
por el apoderado de Ecopetrol. Al respecto dijo la providencia lo siguiente:
"Revisada
nuevamente la demanda y observándose que no se plantean nuevos cargos, no
tenidos en cuenta en las sentencias antes mencionadas, no existiendo una
variación en la identidad del objeto, identidad de causa petendi e identidad de
partes, incluso existe identidad en el texto normativo en que se fundamenta la
presente demanda, es del caso declarar probada la excepción de cosa juzgada,
toda vez que ya existió una decisión previa, que no le permite a la parte
actora plantear nuevamente un asunto ya decidido, pues no sobra recordar que en
sendos pronunciamientos la Corte Constitucional ha dicho que se prohíbe a los
funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a
entablar el mismo litigio"[17].
7.3. Como
consecuencia de lo anterior, la accionante interpuso recurso de apelación, que fue
resuelto con auto del 3 de abril de 2014[18] por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que confirmó la
providencia recurrida. Esa providencia, afirmó lo siguiente:
"En
orden a resolver el problema jurídico, debemos establecer que el problema
jurídico que plantea entonces el recurso de apelación se concreta en
establecer, ¿Si erró la juez de primer grado al dar prosperidad a la excepción
de cosa juzgada establecida en el artículo 332 del C.P.C o si por el contrario...
no hay lugar a declarar dicha excepción?
(...)
Las
alegaciones que edifican la apelación sólo procuran revivir por caminos
estratégicamente diseñados, un proceso legalmente concluido que hizo tránsito a
cosa juzgada bajo las disposiciones que lo signaron (...):
·
La
identidad de las partes: La demandante y Ecopetrol.
·
La
identidad del objeto: La misma pretensión en este caso, como lo fue entonces el
reconocimiento de la sustitución pensional.
·
Identidad
de causa petendi: Porque los supuestos fácticos que se edificó entonces la
demanda son los mismos que allegan para sostener las pretensiones que ahora se
invocan.
Lo
que muta en esta ocasión (...) es el presupuesto normativo en el logro de una
declaración de excepción de constitucionalidad de la ley que no se invocó en el
proceso judicial ya finiquitado, como presupuesto del derecho de pensión de
sobreviviente. (...) En este caso lo que se quiere es que se desconozca ese
presupuesto normativo con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política...
Resulta
entonces antijurídico volver a estudiar el proceso, puesto que el debido
proceso se cumplió al ser resuelto y fallado desfavorablemente para la
demandante, ... para ... redimir un derecho que ya fue resuelto por la
Jurisdicción Ordinaria Laboral."[19]
7.4. Así, tanto el
Juzgado Laboral en mención, como el Tribunal Superior de Bucaramanga, acogieron
la excepción de cosa juzgada propuesta por Ecopetrol, en la medida en que la
señora Sixta Zambrano Oviedo ya había adelantado contra la misma empresa un
proceso laboral previo persiguiendo el reconocimiento de la sustitución
pensional en calidad de compañera permanente del señor Rafael Reyes Ospino;
proceso que culminó, como se dijo, con sentencia del 4 de Julio de 2003,
confirmada en segunda instancia en septiembre de 2004, absolviendo a la empresa
de las pretensiones de la demanda.
7.5. Para la
demandante,  las providencias judiciales relacionadas con el nuevo proceso
laboral,  incurrieron en Defecto Sustantivo al declarar la excepción de
cosa juzgada, dado que  en este caso sólo hay cosa juzgada relativa[20],
ya que los jueces de instancia no hicieron un análisis de los hechos tomando en
consideración la Ley 33 de 1973, pero esta vez  desde el enfoque constitucional
de 1991, que tiene un efecto retrospectivo sobre la legalidad preexistente.
Así, según la demandante, el proceso actual, no tiene los mismos fundamentos
jurídicos del anterior, "por cuanto se enfatiza a que la actual
normatividad constitucional extiende sus efectos a la situación de mi
poderdante"[21].
7.6. A su juicio, las
decisiones judiciales previas no constituyen cosa juzgada definitiva, pues "no
encontraron norma legal vigente aplicable", cuando, a su juicio, "la
actual normatividad constitucional extiende sus efectos a la situación de mi
poderdante, dado que si bien los hechos se iniciaron bajo el imperio de la
Constitución de 1886, también es cierto que la situación jurídica no quedó
consolidada bajo su vigencia, esto es, se debe tener en cuenta que, al entrar a
regir la Carta Política de 1991, la situación de la actora estuvo vigente hasta
el 2 de septiembre de 1995, fecha en la cual Ecopetrol ordenó el retiro
definitivo de la nómina de Rafael Reyes (Hijo de mi poderdante)(...)"[22].
Y como se trata del reconocimiento de prestaciones periódicas, como es el caso
de la pensión de sobreviviente, el derecho no prescribe.
7.7. Concluye la demandante
que la inaplicación del artículo 1º de la Ley 33 de 1973 en este caso es
perentoria, ya que, restringir el derecho a la sustitución pensional a las
cónyuges, con exclusión de las compañeras permanentes, es manifiestamente
contrario al derecho fundamental a la igualdad (art. 13 C.P.) y al
reconocimiento a las distintas formas de familia (art. 42 C.P.).
Así lo
reconocieron las sentencias T-098 de 2010 y T-1028 de 2010 de esta
Corporación, que avalaron la decisión de jueces de declarar la excepción de
inconstitucionalidad de normas que discriminaban y que se aplicaban después de
la Constitución de 1991 en este tema. Afirma que  las providencias
constitucionales del año 2010, posteriores a los fallos de 2003 y 2004 sobre el
asunto en mención, animaron la nueva demanda, con fundamento en el artículo 4º
de la Carta Política.
8. Por todo lo
anterior, la accionante, por intermedio de apoderada, interpuso acción de
tutela[23]
en la que solicita dejar sin efectos las providencias referidas[24]  y que se
declare que no hay cosa juzgada en el proceso laboral que se reseña, dado que
el fundamento normativo que se pide adoptar esta vez, es que se aplique el
artículo 4° de la Constitución y se conceda la excepción de
inconstitucionalidad respecto del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, en cuanto
excluye a la compañera permanente del derecho a la sustitución persional y se
entiende que el derecho a la sustitución pensional que consagra esa norma
incluye a la compañera permanente desde la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991.
Solicita que se
respeten los criterios fijados por las sentencias SU-047 de 1999, T-1009 de
2007, T-932 de 2008, T- 584 de 2009; T-1625 de 2000, T-098 de 2010 y T-1028 de
2010.
9. Bajo estos
supuestos, y a pesar de que el compañero permanente de la actora falleció antes
de la expedición de la nueva Carta, solicita que se ordene a la Sala Laboral
expedir un nuevo pronunciamiento, y que se resuelva a la luz de los dictados de
la Constitución Política, teniendo en cuenta que a su juicio no se configura la
figura de la cosa juzgada alegada por la entidad demandada[25].
La accionante
afirma además, ser una persona de casi 74 años de edad[26], que  vive
de la poca ayuda que sus hijos le pueden ofrecer y  que dada su avanzada edad,
tiene un estado de salud precario.
Actuación
procesal en sede de tutela y respuesta de las entidades demandadas
Conoció
de la acción de tutela en primera instancia, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia[27];
Corporación que mediante auto del 3 de julio de 2014, admitió la acción constitucional
de la referencia  y ordenó dar traslado a las entidades demandadas, para que
ejercieran sus derechos de defensa y contradicción[28].
Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
El
Magistrado ponente de la providencia del 3 de abril de 2014, censurada en sede
de tutela,
solicitó negar el amparo[29],
puesto que esa decisión se fundó en un juicio hermenéutico/jurídico acompañado
del análisis de la prueba producida en juicio, que concluyó con la
configuración de la cosa juzgada, de conformidad con los artículos 97 del
Código de Procedimiento Civil y el 32 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social. En ese orden, se advirtió la existencia de los presupuestos
fácticos y jurídicos que soportan la prosperidad de la excepción declarada en
el auto objeto de censura.
Ecopetrol
A
través de su representante legal, la entidad dio respuesta a la solicitud de
amparo de la referencia[30]
y señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener que se
revoque una decisión judicial que le es desfavorable, teniendo en cuenta que declaró
probada la excepción de cosa juzgada laboral.
Al
respecto, indicó que la pretensión referente al derecho de sustitución
pensional de su compañero permanente había sido controvertida dentro de un proceso
adelantado en el Juzgado Único Laboral de Barrancabermeja, el cual mediante
providencia del 4 de julio de 2003, resolvió desfavorablemente sus
pretensiones, decisión que fue confirmada en septiembre de 2004, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Igualmente,
sobre  "la inconstitucionalidad sobreviniente del artículo 1º de la Ley 33
de 1973 alegada por la actora", indicó que al existir situaciones
jurídicas consolidadas, éstas no pueden revivir sólo porque sentencias
posteriores signifiquen una mejor posición en un proceso nuevo.  Como  la
sustitución pensional operó a partir del 31 de agosto de 1977, se aplicaba la
legislación vigente en ese momento y los derechos los tenían las personas
amparadas por las normas vigentes para la época. Para esa fecha, la accionante
no tenía la titularidad del derecho y en ese sentido se motivaron los fallos de
los procesos adelantados por la accionante[31].
Juzgado
Laboral del Circuito de Barrancabermeja
La
Jueza Única Laboral del Circuito de Barrancabermeja dio respuesta dentro del
proceso de la referencia y solicitó negar la acción de tutela[32]. Después
de realizar un estudio riguroso de las causales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, señaló que la sentencia objeto de
estudio no quebrantó ninguno de los eventos reconocidos por la jurisprudencia
constitucional, por cuanto dicha providencia se basó en una decisión que
responde a una interpretación jurídica razonable de las normas aplicables al
caso.
La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
especialmente cuando el defecto tiene que ver más con la interpretación que el
juez haga de normas concernientes y aplicables al caso, tiene a su juicio, un
carácter excepcional. Así, concluyó que no se evidencia vulneración alguna de
los derechos de la accionante, ni la configuración de una vía de hecho[33].
Decisión
objeto de revisión
Primera
instancia
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del
16 de julio de 2014[34],
resolvió negar el amparo solicitado, al considerar que la pretensión de la
demanda es que se dejen sin efecto por este medio, las providencias del 11 de
febrero de 2014 y del 3 de abril de 2004, emitidas por las autoridades
judiciales correspondientes, sobre la base de la consideración de la
inexistencia de cosa juzgada. No obstante, el fenómeno de la cosa juzgada se
evidencia no sólo del "haz probatorio recaudado, sino de las normas
legales aplicables al tema"[35],
por lo que las providencias referidas en el escrito de tutela fueron proferidas
con base en las normas mínimas de razonabilidad jurídica, lo que descarta
cualquier actuación arbitraria o caprichosa por parte de los accionados.
Así
mismo, señaló que el hecho de que la demandante no coincida con el criterio de
los operadores judiciales, a quienes la ley les asignó la competencia para
fallar el caso concreto, o no la comparta, no invalida la actuación y mucho
menos la hace susceptible de ser modificada por el juez de tutela.
Impugnación
El
12 de agosto de 2014, la apoderada de la actora interpuso recurso de apelación[36]
contra el fallo de primera instancia, sin realizar manifestación expresa de los
motivos de inconformidad.
Segunda
Instancia
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del
4 de septiembre de 2014[37],
confirmó el fallo recurrido al considerar que los motivos expuestos por la
actora no configuran una de las circunstancias a las que alude la
jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, teniendo en cuenta que las providencias censuradas se
sustentan en argumentos razonables que eliminan cualquier viso de
arbitrariedad, sin que se perciba error en la valoración probatoria o en la
aplicación normativa.
B. Expediente
T-4598352
El 25 de julio de 2014, la señora Edna
Victoria Hernández Borrero[38],
por intermedio de apoderada, formuló acción de tutela[39] como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable contra CAPRECOM, al
considerar que esa entidad vulneró sus derechos constitucionales al mínimo
vital y a la seguridad social al negarle la pensión de sobreviviente.
Sustenta la existencia de dicho perjuicio,
en el hecho de que es una persona de 77 años de edad con una enfermedad crónica
(Diabetes) que dependía plenamente del causante y que ahora con la negativa de
la entidad ve comprometido su mínimo vital.
Solicita se ordene
a CAPRECOM el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, como
consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente el señor Pablo
Horacio Domínguez Trujillo[40].
Hechos
relevantes
1. La accionante Edna Victoria
Hernández Borrero, al momento de presentar la acción de tutela tenía 77 años de
edad.
2. Contrajo matrimonio con el señor Pablo Horacio
Domínguez Trujillo[41],
el 29 de junio de 1963[42].
De la unión nacieron 4 hijos.
3. Desde el 23 de febrero de 1977,
CAPRECOM había expedido una resolución, mediante la que reconoció y pagó, la
pensión de vejez a favor de Pablo Horacio Domínguez Trujillo.
4. Por sentencia judicial, proferida por
el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Villavicencio, el 21 de enero de 1997,
se divorció por mutuo acuerdo y liquidó su sociedad conyugal.
5. El 17 de febrero de 1997, el señor
Pablo Horacio Domínguez Chacón solicitó a CAPRECOM por escrito, que tuvieran a
la señora Edna
Victoria Hernández Borrero como beneficiaria de su pensión, por haber regresado
de nuevo al seno familiar conformado por la accionante y sus hijos. Y el 7 de
mayo CAPRECOM respondió esa solicitud favorablemente.
6. Después de la separación, según afirma,
ella y el señor Domínguez decidieron formar nuevamente una comunidad de vida
con ánimo de permanencia, desde el 17 de febrero de 1997 hasta el 9 de enero de
2013, fecha de fallecimiento del señor Domínguez. En ese periodo, según la
accionante, dependió económicamente del causante.
7. La accionante no tuvo dinero para
contratar un abogado para realizar la reclamación administrativa, sin embargo
en dicha reclamación y con los testimonios rendidos que se aportaron a
CAPRECOM, la accionante demostró que el término mínimo de convivencia superó
los cinco años exigidos por ley.
8. La señora Edna Hernández realizó
reclamación administrativa a CAPRECOM el 5 de febrero de 2013[43], con la
finalidad de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
de su compañero permanente. La entidad negó su petición mediante resolución N° 000801
de 2013[44],
con el argumento de que no existió dependencia económica entre la solicitante y
el causante[45],
puesto que ella, aparece como beneficiaria de su hija, ante la EPS y el causante
como cotizante sin beneficiarios. Y que no se acreditó suficientemente la
convivencia marital durante los últimos 5 años.
9. La accionante presentó el recurso de
apelación[46],
mediante el cual alegó:
“Ahora,
respecto de la falta de afiliación como beneficiaria de mi esposo en la
seguridad social, la explicación es muy sencilla. Para nadie es un secreto, que
el servicio de salud en CAPRECOM fue pésimo, estando incluso la entidad al
borde de la liquidación. Sin embargo debo aclarar que estuve vinculada como
beneficiaria hasta cuando se tomó la determinación de que los pensionados se
afiliarían a la EPS SANITAS.
El
valor sobre el cual se pagaba la seguridad en la EPS SANITAS, era muy alto por
el valor de la pensión de mi esposo. Es por eso que él y mis hijos, tomamos la
determinación que nuestra hija SONIA ESMERALDA DOMINGUEZ HERNANDEZ, me afiliara
en su EPS como beneficiaria, y así ha sido hasta el día de hoy”
La entidad accionada confirmó en su
totalidad la decisión inicial.
10. Por todo lo anterior, interpuso acción
de tutela contra CAPRECOM, pues es una persona de especial protección
constitucional (77 años de edad) que padece deterioro en su salud (diabetes
mellitus II hipertensión arterial)[47],
por lo que solicita que se ordene a dicha entidad, el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes y la afiliación a una empresa promotora de salud a
que tiene derecho por el fallecimiento de su compañero permanente.
Actuación
procesal y respuesta de las entidades demandadas
Conoció
de la acción de tutela, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Villavicencio, quien avocó conocimiento mediante auto del 25 de
julio de 2014, admitió
la acción de tutela y ordenó dar traslado a la entidad accionada para que, en
aras de garantizar su derecho de defensa y contradicción, se pronunciara sobre
los hechos y pretensiones[48].
CAPRECOM
El
8 de agosto de 2014, la entidad accionada por intermedio del subdirector de
prestaciones económicas presentó respuesta dentro del trámite de tutela de la
referencia[49]
en la que indicó que el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
fue negada a la accionante, como quiera que no demostró la convivencia durante
los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante.
Por
lo anterior, solicitó se declare improcedente la actuación, por cuanto la
entidad actuó dentro del ámbito de su competencia y dentro de los límites
establecidos para el reconocimiento de las prestaciones económicas de
conformidad con la norma vigente para ese entonces.
Decisión
objeto de revisión
Primera
instancia
El
08 de agosto de 2014[50],
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Villavicencio, resolvió negar por improcedente la acción de tutela, al
considerar que: i) no es arbitrario que la accionada se hubiera negado a
reconocer la pensión de sobreviviente, pues ello fue consecuencia de la
valoración que hizo de todo el acervo probatorio del expediente administrativo;
ii) no hay explicación sobre las razones por las cuales la afiliación en salud
de la accionante, se hizo en condición de beneficiaria de su hija y no de su
compañero permanente que se encuentra afiliado en calidad de cotizante.
Advirtió,
que es en la jurisdicción contenciosa administrativa donde debe dirimirse la
controversia objeto de estudio, ya que se requiere tener absoluta certeza
frente al reconocimiento del derecho que se pretende garantizar.
Impugnación
El
14 de agosto de 2014, la accionante, por intermedio de su apoderada, impugnó[51]
el fallo de tutela. Solicitó se revoque la decisión de primer instancia, se tutelen
sus derechos fundamentales, y se ordene a la accionada el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes.
Indicó,
que para el a quo resultó suficiente el hecho de que exista una
afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud como beneficiaria de la
hija, para acreditar la falta de dependencia económica y la convivencia con el
pensionado. Sin embargo, la misma jurisprudencia mencionada por el accionado,
reitera que la convivencia se configura cuando existe un compromiso de vida
real y vocación de permanencia entre las partes.
Aunado
a lo anterior, explicó que la falta de afiliación como beneficiaria de su
compañero, se debió: i) al precario servicio de salud prestado por CAPRECOM, y
ii) al hecho de que cuando los pensionados se afiliaron a SANITAS EPS, los
valores de los pagos de seguridad social eran muy elevados, razón por la cual
tuvo que afiliarse como beneficiaria de una de sus hijas[52].
Igualmente
afirmó que el juez constitucional no valoró la totalidad de los elementos
probatorios, como las declaraciones juramentadas de la accionante y de los dos testigos
que daban fe de la convivencia entre la señora Edna Hernández y el señor
Horacio Domínguez.  Al respecto, citó las sentencias T-774 de  2008 y T-489
de 2011, las cuales validan la presentación de declaraciones juramentadas
para demostrar la existencia de una unión marital de hecho.
Segunda
Instancia
La
Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, mediante sentencia del 17 de
septiembre de 2014[53],
confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que la tutela no es un
mecanismo sustitutivo ni alternativo del medio ordinario previsto en la ley
para el reconocimiento y pago de derechos pensionales, como lo pretende la
accionante.
Así
también, consideró que CAPRECOM, expidió los correspondientes actos
administrativos, en los que negó el derecho cuyo reconocimiento pretende la
accionante, los cuales contienen el debido sustento fáctico y jurídico,
desvirtuando de esta forma la existencia una vía de hecho en la actuación.
II. PRUEBAS
DECRETADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante auto del
17 de febrero de 2015, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional consideró pertinente solicitarle a la accionante Edna Hernández
de Domínguez aportar los documentos necesarios que den cuenta de su convivencia
con el señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo. Los documentos allegados son los
siguientes:
a.
Certificación
de la Asociación Nacional de Pensionados de Comunicaciones APENCOM, en la que
refiere que el señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo, identificado con C.C.
493768, estaba afiliado desde el 1º de enero de 1979, y registró como beneficiaria
del auxilio de solidaridad a la señora Edna Hernández de Domínguez[54].
Además,
APENCOM indicó que en los archivos no se encuentra el formulario de afiliación,
por lo que el único respaldo que hay de la vinculación es el la tarjeta de
Kardex[55].
b.
Comprobante
de egresos de APENCOM a favor de Edna Victoria Hernández, por un valor de
$719.100 por concepto de auxilio de solidaridad por el fallecimiento de su
esposo Pablo Horacio Domínguez Trujillo[56].
c.
Siete
declaraciones extra juicio rendidas por separado, que contienen relato similar,
al afirmar que: i) conocieron al señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo, ii)
que falleció por muerte natural en Villavicencio, iii) que vivía con Edna
Victoria Hernández Borrero, iv) que ellos se separaron por un tiempo pequeño,
pero desde 1977 vivían con los cuatro hijos en una casa del barrio El Triunfo,
v) que el señor Pablo Horacio Domínguez trabajaba y aportaba económicamente
todo para el hogar y ella se dedicaba a las labores de la casa y vi) cuando
Pablo se enfermó no viajo más y la señora Edna lo cuidó suministrándole todos
los medicamentos y atenciones que él requirió, hasta el día de su muerte en el
2013[57].
Adicional,
las hijas indicaron que de la unión de sus padres nacieron cuatro hijos, que no
existen más hermanos, que su madre siempre ha sido una persona enferma[58]
y nadie diferente a su progenitora ha reclamado el derecho.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional para revisar las sentencias proferidas dentro de las acciones de
tutela radicadas en esta Corporación con los números T-4573765 y T-4598352, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Metodología a adelantar en esta sentencia
2. A pesar de que los dos casos aquí analizados fueron
acumulados entre sí, el contenido de la situación fáctica y problema jurídico
es diferente, por ello, se estudiaran y resolverán por separado.
Asuntos bajo revisión y problema jurídico
Expediente
T-4573765
3. La señora Sixta
Zambrano Oviedo, por intermedio de apoderada, interpuso acción de tutela en
contra del Juzgado
Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bucaramanga, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia, generada por la negativa de los
despachos judiciales mencionados de concederle la pensión de sustitución de su
compañero permanente, en las providencias que dictaron en primera y segunda
instancia respectivamente, dentro del proceso ordinario laboral que se siguió en
contra de Ecopetrol.
La accionante pretende
que se declare no probada la excepción de cosa juzgada, y que se aplique la
excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1° de la Ley 33 de
1973, en virtud de los principios de prevalencia de  la Constitución Política
de 1991.
Lo anterior, por
considerar que los autos que declararon probada la excepción de cosa juzgada y
que ordenaron el archivo del proceso, incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento de la Constitución, al no aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, norma que excluye a
la compañera permanente del derecho a la pensión. Por lo tanto, solicitan que
se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a que
considera tener derecho a la luz de la Constitución de 1991.
4.
La Sala debe entrar a resolver en consecuencia los siguientes problemas
jurídicos:
i)
¿ Al señalar la presencia de cosa juzgada en virtud de la existencia de fallos
anteriores proferidos en el 2004,- con aparente identidad de las partes, del objeto
y de la causa petendi -, cuando según la accionante, no consideraron que al
parecer se había invocado un nuevo argumento en el segundo proceso laboral,
relacionado con la violación directa de la Constitución y la necesidad de
inaplicar la Ley 33 de 1973 en el caso concreto, incurrieron en un defecto
sustantivo las providencias de los despachos judiciales demandados?
ii)
En caso de no existir cosa juzgada, ¿es válido que la accionante a la luz de
los principios normativos de la Constitución de 1991, reclame una sustitución
pensional como compañera permanente de una persona fallecida en 1977, -fecha en
que se causaría el aparente derecho conforme a lo establecido en el  artículo
1° de la Ley 33 de 1973 que regía para la época, con fundamento en el derecho a
la igualdad y en la entrada en vigor de la nueva Carta?
5. A fin de
resolver el asunto, la Sala reiterará los temas en torno a: i) la
jurisprudencia sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) la violación directa de la Constitución, como
causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; iii) el fenómeno de la cosa juzgada; iv) reglas
jurisprudenciales de la procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento de derechos pensionales y v) caso concreto.
Reglas
jurisprudenciales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
6. La procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional[59] y encuentra su fundamento
en el artículo 86 de la Carta, que establece su viabilidad cuando la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales se produce por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, incluidos los jueces de la República.
El
sustento normativo de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, también se encuentra en el numeral 1º del artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos[60] y el literal a. del
numeral 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[61].
7. Con la sentencia C-590 de
2005[62],
la Corte Constitucional superó el concepto de vías de hecho, utilizado inicialmente
en el análisis de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
para dar paso a la doctrina de específicos supuestos de procedibilidad.
En la sentencia SU-195 de 2012[63],
ésta Corporación reiteró la doctrina establecida en la sentencia C-590 de
2005[64],
en el sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela al
cumplimiento de ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, agrupados en:
i) requisitos generales de procedencia y ii) causales específicas de
procedibilidad[65].
Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
8.
Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: i) que la cuestión sea de relevancia
constitucional; ii) agotamiento de todos los medios de defensa judicial
–ordinarios y extraordinarios -, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de
un perjuicio iusfundamental irremediable[66]; iii)
observancia del requisito de inmediatez, es decir, que la acción de tutela se
interponga en un tiempo razonable y proporcionado a la ocurrencia del hecho
generador de la vulneración[67];
iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la
providencia que se impugna en sede de amparo[68]; v)
identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido alegados en el
proceso judicial[69],
y vi) que no se trate de una tutela contra tutela[70].
Causales específicas de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
9. Las causales específicas de
procedibilidad persiguen el análisis sustancial del amparo solicitado.  Así lo
advirtió esta Corporación en la sentencia C-590 de 2005, que además
estableció que basta con la configuración de alguna de las causales
específicas, para que proceda el amparo respectivo. Tales causales han sido
decantadas por la jurisprudencia constitucional en forma de defectos, así:
-Defecto orgánico: ocurre
cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en
forma absoluta, de competencia.
- Defecto
procedimental absoluto: surge cuando el juez actuó totalmente al margen del
procedimiento previsto por la ley.
- Defecto fáctico: se presenta
cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio, que permita aplicar
la norma en que se sustenta la decisión o cuando se desconocen pruebas que
tienen influencia directa en el sentido del fallo.
- Defecto material
o sustantivo:
tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales[71],
cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la
decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en el caso o cuando se
otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene.
- El error inducido: acontece cuando la
autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la
condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.
- Decisión sin
motivación: se presenta
cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor
judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos que la soportan.
- Desconocimiento
del precedente[72]: se configura
cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario
judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la
acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental
a la igualdad.
- Violación directa
de la Constitución[73]: que se deriva del
principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política
como un supuesto plenamente vinculante y con fuerza normativa.
La violación
directa de la constitución como causal especifica de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales
10. Dentro de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está la violación directa de la Constitución cuyo fundamento se
encuentra en el artículo 4° que ordena que “en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales” con
el consecuente reconocimiento de la supremacía de la norma superior y de su
valor normativo.
11. La
jurisprudencia constitucional[74]
ha sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución cuando:
(a) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional,
(b) se trata de un
derecho fundamental de aplicación inmediata y,
(c) el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución.
En el segundo
caso, el juez debe tener en cuenta para sus fallos, el artículo 4º de la
Constitución, pues al ser norma de normas, en el evento, en el que encuentre,
deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia,
a las normas legales contradictorias.
12. Se concluye
entonces que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo
superior de los preceptos constitucionales. Por tanto, no les es dable a los
jueces en su labor apartarse de las disposiciones consagradas en la
Constitución, y cuando lo hacen, se configura una causal de procedencia de la
acción de tutela contra la decisión adoptada.
Al respecto, la sentencia
T-1028 de 2010, indicó que esta causal se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Carta Política[75].
En otras palabras, se presentó cuando: i) se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto, o ii) al aplicar la ley al margen de los
postulados constitucionales[76].
Al respecto, la
Corte Constitucional a través de sus pronunciamientos, ha indicado, que la
causal se estructura cuando la autoridad judicial “no utiliza la excepción
de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la carta”[77].
También ha recordado que “la excepción de inconstitucionalidad consiste en
la aplicación, en el caso de contradicción manifiesta con la Constitución
Política, de las normas de inferior jerarquía a propósito de un caso particular
y con efecto inter partes”.
La sentencia C-069 de 1995[78]
resaltó que el principio de supremacía de la Constitución consiste en que “esta
se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de
manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales  está
limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre armonía
entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango,
y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de manera categórica
que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea
manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas, por parte de
las autoridades con plena competencia para ello”[79].
De igual manera la
sentencia
T-067 de 1998
indicó que “el valor normativo de la Constitución Política y la primacía que
le es consustancial, obliga al juez a desechar la aplicación de una ley que
claramente viola sus disposiciones. La figura de la excepción de
inconstitucionalidad, cuando se dan sus presupuestos, compromete al juez de la
causa que debe siempre velar por el efectivo cumplimiento de los mandatos
constitucionales”[80].
Fenómeno
de la cosa juzgada, en el proceso laboral
13.
La cosa juzgada es un elemento integrante del derecho al debido proceso
judicial que reconoce el respeto que se debe tener por las decisiones tomadas
por los jueces, en ejercicio de sus funciones. Las sentencias pasan a ser
imperativas, susceptibles de cumplirse coercitivamente y se hacen inmutables,
por cuanto no pueden ser variadas, es decir hacen tránsito a cosa juzgada.
El
impedir que los asuntos decididos mediante sentencia que agotó todos los
recursos pertinentes, se sometan nuevamente al debate judicial, busca poner fin
a la controversia y al estado de incertidumbre que se generaría si quien obtuvo
providencia contraria a sus intereses, pudiera seguir planteando el mismo
debate hasta lograr un fallo que se ajuste a su propósito[81].
14.
Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: i) identidad
de partes, esto es, que al proceso concurran las mismas partes de la
decisión que constituye cosa juzgada, ósea debe existir identidad jurídica de los
mismos, ii) identidad de objeto, la demanda debe girar sobre la misma
pretensión sobre la cual se decidió y que dio origen a la cosa juzgada y iii) identidad
de causa, que supone que el nuevo proceso se adelanta por la misma causa
que originó el proceso anterior, los motivos que llevaron a la parte a iniciar
el proceso, surgen de los hechos de la demanda. En otras palabras, la razón de
la demanda no varía[82].
15.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-820 de 2011, al
estudiar la constitucionalidad del trámite de las excepciones previas o de
fondo relacionadas con la -prescripción y cosa juzgada- en el proceso laboral,
regulado en el artículo
32 del Código Procesal del Trabajo, tal como fue modificado por el artículo 1°
de la Ley 1149 de 2007, al desarrollar el estudio de constitucionalidad,
consideró que:
“En el caso de la
cosa juzgada, la verificación se contrae a contrastar objetivamente el
contenido de una decisión o actuación anterior que hubiere hecho tránsito a
cosa juzgada, a fin de establecer si las partes, el objeto y la causa presentan
identidad con los mismos elementos del proceso actual, a fin de declarar la
autoridad emanada de la existencia de dicho fenómeno. De modo que resulta
razonable y compatible con el orden justo que promueve la Constitución,
anticipar una decisión que protege a las partes de un nuevo juicio y una nueva
sentencia sobre la misma materia, desplegando sobre la actuación actual las
funciones positivas y negativas que se atribuyen al instituto de la cosa
juzgada como son las de prohibir a los funcionarios judiciales conocer,
tramitar y fallar sobre lo resuelto, y dotar de seguridad a las relaciones
jurídicas y al ordenamiento jurídico. Pugnaría con el interés del Estado en
promover la seguridad jurídica y la estabilidad de los derechos, el permitir que
un proceso avanzara hasta su culminación, no obstante hallarse plenamente
acreditada la estructuración del fenómeno de la prescripción liberatoria, o de
la cosa juzgada.”
Así,
concluyó la Corte Constitucional que la cosa juzgada responde a fines
constitucionales legítimos como son los de procurar la celeridad del proceso,
proveer a una pronta y cumplida justicia y asegurar la seguridad juridica.
También,
en esa oportunidad aclaró que los derechos del demandante (en el proceso
laboral) se encuentran resguardados en la medida que cuentan con la posibilidad
de argumentar y contradecir en la audiencia respecto de las razones de defensa
del demandado, impugnar por los medios ordinarios la decisión que se profiera
sobre las excepciones previas, y estimular el ejercicio de los poderes de
dirección y gobierno atribuidos al juez para la garantía de los derechos
fundamentales, el equilibrio entre las partes del proceso.
16. Por otra
parte, la Corte Constitucional ha reiterado que el debido proceso es un
principio constitucional de acuerdo con el cual toda persona tiene derecho a
unas garantías procesales mínimas, en el marco de las actuaciones judiciales y
administrativas (artículo 29 constitucional).
Lo anterior,
implica “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Al respecto, esta
Corporación al igual que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, consideran que se vulnera el non bis in ídem que parte del supuesto
de respeto frente a otros la cosa juzgada cuando se presenta una triple
identidad (objeto, causa y persona) en las dos imputaciones.
17. Este principio
se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales como en el
artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969[83], también
en el Convenio de Ginebra sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra de 1949,
artículo 86[84].
18. La Corte en sentencia
C-870 de 2002 indicó que la función del principio del non bis in idem,
es la de evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su
disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a
una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona
en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e
indefinido de ansiedad e inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe
a preservar la cosa juzgada sino que impide que las leyes permitan, o que las
autoridades busquen por los medios a su alcance, que una persona sea puesta en
una situación de ser juzgado varias veces por lo mismo. Teniendo como
fundamento la seguridad jurídica y la justicia material.
19. Así, se puede
concluir que la cosa juzgada pretende: i) satisfacer la necesidad de certeza de
las situaciones jurídicas, que toda sociedad requiere; ii) estabilidad y
certidumbre de los derechos adquiridos, reconocidos o declarados que permiten
la inmutabilidad de los mismos en virtud de las sentencias; iii) seguridad
jurídica, la cual se manifiesta mediante el principio "non bis in
idem", siendo imposible, la apertura de la misma causa una vez
concurren identidad de sujeto, objeto y causa y iv) ponerle punto final a las
pretensiones de las partes ya que por regla general quien pierde siempre
considerará injusto el resultado y querrá un fallo distinto. Así, con la cosa
juzgada se pone un límite a la revisión del proceso y a las relaciones que se
han constituido o declarado a partir de la decisión judicial.
Reglas jurisprudenciales de la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos
pensionales. Reiteración de jurisprudencia
20. El principio de subsidiariedad,
contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, implica que por regla
general, no puede utilizarse la acción de tutela para el reconocimiento y pago
de derechos pensionales, al existir mecanismos judiciales ordinarios, con los
que pueden debatirse los asuntos derivados del litigio pensional.
21. Sin embargo y como regla
exceptiva, puede darse la procedencia de la acción de tutela en estos casos, cuando
existen otros medios de defensa judicial, de acuerdo con las siguientes reglas:
i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la
existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario[85];
ii) procede la tutela como mecanismo definitivo: cuando el medio
ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz,
conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[86].
Además, iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren
especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de
familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera
edad, entre otros. En tales casos,  el examen de procedibilidad de la
acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más
amplios, pero no menos rigurosos[87].
22. Además, el juez de tutela debe evaluar
en estos casos:
(i)
El
grado de vulnerabilidad de la persona que solicita el reconocimiento de la
pensión, para determinar que es un sujeto de especial protección
constitucional.
(ii)
Que
la pensión esté ligada a la satisfacción del mínimo vital y otros derechos
fundamentales y, por ello, su definición por vía de tutela puede resultar
trascendental para evitar graves perjuicios a las que podría verse sometida una
persona en situación vulnerable, si tuviese que dirigir sus pretensiones a un
proceso ordinario.
(iii)
La
acreditación de un grado mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del
derecho presuntamente conculcado.
(iv)
Una
certeza sobre el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento del
derecho reclamado[88].
Caso Concreto del
expediente T-4573765
Procedibilidad de
la acción de tutela
23.
Al ser tutela contra sentencias judiciales debe la Sala, en primer lugar,
verificar si se satisfacen las causales genéricas de procedibilidad, y en
consecuencia, si es del caso, abordar la situación en concreto.  Para el
efecto, se requiere averiguar si se cumplen los requisitos jurisprudenciales
como pasa a verse:
(i)
Que
la cuestión que se discuta sea de relevancia constitucional.
Sin duda alguna el presente asunto reviste
de relevancia constitucional ya que nos encontramos con un proceso ordinario laboral
que tiene cosa juzgada desde el 2004. Sin embargo, la accionante es una persona
de la tercera edad – con casi 74 años[89]-, que
discute que cuenta con los requisitos de la pensión de sobreviviente. Así,
considera que el Estado, debe garantizar la protección de sus derechos
fundamentales, especialmente el debido proceso y el acceso a la administración
de justicia.
Para la Sala es claro, que la accionante
busca además de lo anterior, protección al derecho a la igualdad de conformidad
con el artículo 13 Superior, y así lograr la protección a la seguridad social;
derecho dentro del cual se encuentra incluida la pensión de sobrevivientes
según el desarrollo de la jurisprudencia de esta Corporación[90].
También,
no se puede dejar de lado la importancia de la innegable relación que existe
entre la pensión de sobreviviente y el goce de varios derechos fundamentales
como la
vida digna, el mínimo vital, la salud entre otros, en tanto que, con ella se
pretende proteger a quienes han perdido a la persona que le brindaba el
sustento económico de una previsible privación o disminución significativa de
los recursos destinados a las necesidades básicas[91].
(ii)
Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial existentes para dirimir la controversia, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
En el caso de la señora Sixta Zambrano
Oviedo,
se evidencia que agotó la vía ordinaria, pero a falta de un proceso ordinario
laboral, inició dos, en los cuales se agotaron en cada uno de ellos, las dos
instancias judiciales.
Para
la Sala es claro que la accionante agotó todos los medios de defensa y de
contradicción, con los que contaba dentro del trámite en la decisión de las excepciones
previas, tal y como lo hizo ante el mismo funcionario a mediante el recurso de
reposición, y ante el superior jerárquico, por vía apelación, según lo previsto
en los artículos 63[92]
y 65 numeral 3[93]
del Código Procesal del Trabajo.
(iii)
Que
la acción de tutela sea interpuesta en un término razonable a partir del
momento en que se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cumpliendo con el requisito de la inmediatez.
Acerca
de esta exigencia, la segunda instancia del proceso laboral se surtió el 3 de
abril de 2014, y la acción de tutela la interpuso el 27 de junio del mismo año.
Eso significa, que transcurrieron dos meses aproximadamente entre la expedición
de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y la
interposición de la acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala
encuentra evidente que el lapso de tiempo empleado para impetrar la acción de
tutela es razonable.
(iv) Que la parte actora haya advertido
tal vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso
ordinario, siempre que esto hubiere sido posible.
La accionante advirtió en el proceso
ordinario su inconformidad frente a la decisión del juez de declarar probada la
excepción de cosa juzgada, pues consideró que lo que reclama es la aplicación de
la excepción de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 33 de 1973,
teniendo en cuenta los nuevos principios constitucionales que rigen la Carta de
1991,es novedoso y amerita un análisis de fondo del caso.
(v) Que no se trate de
sentencias proferidas en el trámite de una acción de tutela. Exigencia
que se satisface en este caso, pues las providencias atacadas fueron dictadas
al interior del proceso ordinario laboral.
El
cumplimiento de las causales genéricas autoriza a la Sala a
examinar, como lo hará enseguida, si se configura una causal específica, es
decir, un defecto que demuestre que los jueces ordinarios violaron los derechos
fundamentales de la accionante a través de las providencias dictadas en el
proceso ordinario laboral que ahora se cuestiona.
Estudio de fondo
24. En el
presente asunto, la señora Sixta Zambrano Oviedo considera vulnerados sus
derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la justicia en las providencias
judiciales dictadas por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja
y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, en el proceso ordinario laboral que siguió contra Ecopetrol[94],
al considerar que las providencias[95]
ahora atacadas, negaron la pretensión de reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, en la medida que declaran  “probada la excepción de cosa
juzgada”, y ordenó el archivo del proceso. Lo anterior, con
fundamento en la decisión tomada dentro de un proceso ordinario laboral
anterior, en el que las dos instancias[96], consideraron “probada
la excepción de inexistencia de la obligación por falta de legitimación en la
causa para pedir cobro de lo no debido”.
25. La
accionante manifiesta que las decisiones judiciales incurrieron en un defecto sustantivo debido
a que, en el caso concreto, hay cosa juzgada relativa, como quiera, que no se
hizo un análisis de los hechos respecto de la norma y, de conformidad con la Carta
del 1991.
Por lo anterior,
solicita confrontar su caso con el nuevo marco conceptual de la familia y su
protección y para ello pretende que se desconozca la cosa juzgada y se inaplique
el artículo 1° de la Ley 33 de 1973 para poder reclamar la pensión de
sobreviviente a la luz de la Constitución de 1991.
26.
De conformidad con el problema jurídico previamente expuesto, la Sala considera
necesario determinar, si hay cosa juzgada o no en el caso concreto. Para ello,
resulta apropiado recordar brevemente las providencias de los jueces que
declararon la excepción de cosa juzgada  y ordenaron el archivo del proceso, de
la siguiente manera:
26.1. El 11 de febrero
de 2014, dentro de la audiencia obligatoria de conciliación y decisión de
excepciones previas, el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja,
resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada[97], al
encontrar identidad de objeto, de causa petendi y de partes procesales frente a
la demanda laboral de sustitución pensional;  tal y como fue alegado por el
apoderado de Ecopetrol.
26.2. Por lo
anterior, la accionante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto con
auto del 3 de abril de 2014[98]
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
que confirmó la sentencia recurrida. En esa providencia, se confirmó la
decisión anterior y se advirtió que lo pretendido por la demandante es un nuevo
pronunciamiento sobre un derecho que ya fue resuelto por la jurisdicción
ordinaria laboral.
26.3. Las
decisiones anteriores, fueron tomadas con base en la Sentencia del 4 de
julio de 2003 proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja
que resolvió el proceso laboral instaurado por la accionante en contra de
Ecopetrol S.A.[99],
y precisó que:
“para
la época en que falleció el pensionado, la Ley 33 de 1973  no le otorgaba a la
compañera permanente el beneficio de la sustitución pensional. Resaltó que la
pretensión que ella reclamaba se causó en el año 1977, - fecha en la que
ocurrió el fallecimiento-, por  lo que era pertinente aplicar la norma vigente
para la época. Concluyó que la pretensión que reclamaba la accionante no tenía
sustento legal y declaró probada las excepciones de “inexistencia de la
obligación, falta de legitimación en la causa para pedir, cobro de lo no debido
y pago”, propuestas por Ecopetrol”[100].
La decisión fue
confirmada el 22 de septiembre de 2004 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga[101].
27. Así, tanto el
Juzgado Laboral en mención, como el Tribunal Superior de Bucaramanga, acogieron
la excepción de cosa juzgada propuesta por Ecopetrol, en la medida en que la
señora Sixta Zambrano Oviedo ya había adelantado contra la misma empresa un
proceso laboral previo persiguiendo el reconocimiento de la sustitución
pensional en calidad de compañera permanente del señor Rafael Reyes Ospino;
proceso que culminó con sentencia del 4 de julio de 2003 y que fue confirmada
en segunda instancia en septiembre de 2004, absolviendo a la empresa de las pretensiones
de la demanda.
28.
En consecuencia, analizadas las consideraciones de las providencias del Juzgado
Laboral del Circuito de Barrancabermeja y de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, la Sala advierte que éstos no incurrieron en ninguna
conducta vulneradora de los derechos fundamentales de la accionante, al
declarar probada la excepción de cosa juzgada, pues se encontraron acreditados
los presupuestos exigidos para la cosa juzgada en materia laboral, en este
caso, pues hay identidad de partes, de pretensiones y hechos.
Esta
conclusión no resulta irrazonable en la medida en que es el resultado del
seguimiento al proceso laboral oral sobre el que la Corte se pronunció en la sentencia
C-820 de 2011, así:
“en el evento de
una decisión sobre las excepciones previas, que fuere adversa a los intereses
del demandante, aún este cuenta con la posibilidad de controvertir dicha
determinación ante el mismo funcionario a través del recurso de reposición, y
ante el superior jerárquico, por vía apelación…,. De tal manera que el diseño
de la norma establece espacios de discusión jurídica y de controversia
probatoria respecto de todas las razones de defensa del demandado, y
particularmente en relación las excepciones de cosa juzgada y prescripción,
garantizando así el derecho de acceso a la justicia” (resaltado fuera
del texto original).
Frente
a la cosa juzgada determinó que la verificación se reduce a contrastar
objetivamente el contenido de una decisión o actuación anterior que hubiere
hecho tránsito a cosa juzgada, a fin de establecer si las partes, el objeto y
la causa presentan identidad con los mismos elementos del proceso actual, a fin
de declarar la autoridad la existencia de dicho fenómeno.
Advirtió
que “resulta razonable y compatible con el orden justo que promueve la
Constitución, anticipar una decisión que protege a las partes de un nuevo
juicio y una nueva sentencia sobre la misma materia”, y así  prohíbe a
los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y
dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.
29.
Para la Corte existe entonces cosa juzgada constitucional como lo reconocieron
los jueces de instancia, por cuanto:
29.1.
Los procesos adelantados en los años 2003 y 2012 tienen identidad de partes.
29.2.
En los dos procesos se buscó el reconocimiento del derecho a la sustitución
pensional; derecho que de la primera providencia nunca nació a la vida jurídica,
pues los hechos que motivaron la solicitud son de 1977, fecha en la que se
murió su compañero permanente. La norma aplicable en ambos casos era el
artículo 1º de la Ley 33 de 1973, que no le daba derecho a la compañera
permanente. Por esa razón, la pensión fue distribuida a los beneficiarios
determinados en la ley (la esposa y los hijos menores de edad).
29.3.
La accionante, en vigencia ya de la Constitución de 1991 inició ambos procesos.
En el primer proceso laboral, solicitó la aplicación del artículo 141 de la Ley
100 de 1993 (-el cual regula los intereses de mora en el pago de las mesadas
pensionales-) y el reconocimiento pensional correspondiente con base en el
artículo 1º de la Ley 33 de 1973. Esos argumentos fueron debatidos y la decisión
confirmada en el 2004 de manera desfavorable a sus intereses.
29.4.
Posteriormente, en el año 2012, inició otro proceso laboral, con las mismas
partes, pretensiones y hechos. Sin embargo, la accionante considera que este proceso
debe ser resuelto en esta oportunidad con prevalencia del artículo 4º de la
Constitución y la sentencia T- 098 de 2010. Sin embargo, para la Sala es clara
la consolidación de la cosa juzgada,  pues la prevalencia de la Carta de 1991,
no es un hecho nuevo, ni una circunstancia diversa a los elementos ya evaluados
por los jueces de instancia, además, se trata de un elemento que formaba parte
del estudio judicial de la primera sentencia, que pudo haber alegado, por estar
vigente la Carta del 91 al momento en que se prefirió el fallo. No se puede
olvidar que el proceso ordinario laboral es rogado.
29.5.
Por otra parte, la sentencia T-098 de 2010, que invoca la
demandante no tiene un efecto retroactivo ni tampoco interpartes, que genere un
hecho nuevo o una circunstancia aplicable al caso de manera directa. El caso
allí estudiado no genera precedente, pues no hay identidad de hechos, ya que,
si bien es cierto en esa oportunidad la Corte estudió el caso de una señora que
debido a la muerte de su compañero permanente en 1982 reclamó la pensión de
sobreviviente, la cual le fue reconocida al hijo procreado en esa unión, y
quien a la fecha era menor de edad. Lo anterior se produjo porque la entidad
por error, siguió pagando la pensión a la señora como beneficiaria por muchos
años.
La
Corte aplicó el principio de confianza legítima y consideró que por “un acto
propio de la aseguradora, en cuestión que pudo crear en la actora la
expectativa legitima y de buena fe, de que la pensión que se siguió pagando a
su favor, le reconocía a ella la condición de justa acreedora del derecho a la
sustitución pensional de su compañero fallecido”. Con lo anterior, queda
claro que este proceso, no es generador de expectativas nuevas en favor de la accionante
para que se modifique la situación o se desvirtué la cosa juzgada material. Por
consiguiente, no es un precedente que permita revivir procesos luego de ser
fallados previamente.
30.
En consecuencia aunque la Corte  ha protegido reiteradamente  los derechos de
los compañeros permanentes o de la sustitución pensional, en términos de
igualdad conforme a la Carta de 1991 y reconoce la situación de debilidad de la
peticionaria, lo cierto es que la dificultad de este caso recae en la
existencia de un pronunciamiento judicial previo que genera cosa juzgada
material.
31.
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, la Sala de Revisión debe confirmar el fallo de tutela
proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,  que confirmó el
fallo de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente
el amparo solicitado por  Sixta Zambrano Oviedo (T-4573765) contra el
Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Asunto bajo revisión y problema jurídico Expediente
T-4598352
32. Edna Victoria Hernández Borrero de 77
años de edad, promovió a través de apoderada judicial, acción de tutela contra CAPRECOM,
al considerar que esa entidad vulneró sus derechos constitucionales al mínimo
vital y a la seguridad social al negarle la pensión de sobreviviente de su ex
esposo
Pablo Horacio Domínguez Trujillo, con quien se divorció judicialmente desde 1977.
La accionante solicitó ante CAPRECOM el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de su compañero permanente,
bajo el argumento de que había convivido con él, desde 1977 hasta el 9 de enero
fecha de su fallecimiento. Sin embargo, la entidad se negó a lo solicitado al
considerar que no demostró la dependencia económica con el causante. Es por eso
que ahora, con esta acción de tutela pretende el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente.
Conforme a los hechos expuestos y al
material probatorio obrante en el expediente y el recaudado en sede de
revisión, considera la Sala que el estudio del caso debe resolver si la
demandante es titular del derecho a la pensión de sobreviviente, pese a contar
con una sentencia de divorcio y estar afiliada como beneficiaria de una de sus
hijas.
Así las cosas, la Sala formula el
siguiente problema jurídico tendiente a establecer si: ¿CAPRECOM viola el
derecho al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante al negarle la
pensión de sobreviviente, sobre la base de no aparecer como beneficiaria del
cotizante en la EPS y no acreditar una convivencia de 5 años, cuando esa
exigencia de la EPS no es taxativa en la ley y soporta su convivencia con otros
medios probatorios?
Para dar respuesta
a las preguntas, la Sala de Revisión abordará el estudio de: i) la naturaleza
jurídica de la pensión de sobreviviente, ii) el requisito de la dependencia
económica para ser beneficiario de la pensión de sobreviviente y iii) la
convivencia en los últimos cinco años, antes de la muerte del causante.
La naturaleza
jurídica de la pensión de sobrevivientes.
33. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la pensión de
sobreviviente, es una prestación social fundada en los principios de
solidaridad y de universalidad de la seguridad social, que busca garantizar a
los familiares de la persona afiliada fallecida, una estabilidad económica
suficiente para asegurar su subsistencia en condiciones dignas. Máxime, cuando
dicha prestación es la única fuente de ingreso de sus beneficiarios, que tiene
por fin evitar una situación de desamparo. La naturaleza de la pensión de
sobrevivientes está ligada con la protección del derecho fundamental al mínimo
vital[102]
y por tanto, adquiere el carácter de fundamental.
En ese sentido,
esta Corporación a través de la sentencia C-617 de 2001 dijo que
esta prestación "busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona,
quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las
cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”[103] y, con
ello, pretende mantener el statu quo de los familiares del trabajador, a
fin de “garantizar a sus beneficiarios el acceso a los recursos necesarios
para continuar viviendo en condiciones dignas, tal como la hacían durante la
vida del causante.”[104]
Así pues, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho al reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes adquiere carácter fundamental cuando:
(i)
Está
dirigida a garantizar el mínimo vital de las personas que se encontraban al
cuidado del causante[105];
(ii)
se
trata de proteger los derechos de sujetos de especial protección del Estado,
como es el caso de menores de 18 años, personas de tercera edad, desplazados o
madres cabeza de familia, que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta[106];
o
(iii)
cuando
existe íntima relación entre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
y otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida.[107]
Se tiene entonces
que: (i) el derecho a la pensión de sobrevivientes integra el derecho a la
seguridad social, (ii) tiene un contenido patrimonial, (iii) para su
reconocimiento se deben cumplir los requisitos y condiciones señalados por la
ley (iv) existe un nexo entre el derecho a la pensión de sobrevivientes y la
eficacia de derechos fundamentales, razón por la que la jurisprudencia ha
considerado que el reconocimiento de esa prestación económica adquiere el rango
de fundamental cuando ésta constituye la única fuente de ingreso o la principal
de la familia del causante.
Quienes pueden ser
beneficiarios y qué requisitos deben cumplir para ser favorecidos de la pensión
de sobreviviente. Reiteración de jurisprudencia
34. Los beneficiaros de la pensión de sobrevivientes son
los previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que identificó como favorecidos de esa
prestación, en forma excluyente i) al cónyuge o al compañero o compañera
permanente supérstite y a los hijos menores de 18 años y mayores de 18, hasta
los 25 años, que estuvieran estudiando y dependieran del causante al momento de
su muerte; ii) a los padres del causante y iii) a sus hermanos inválidos, si
dependían de él.
También previó la posibilidad de que el causante hubiera
hecho vida en común con varias personas que pudieran considerarse beneficiarias
del respectivo derecho pensional. Del artículo 13 antes referido, se pueden
identificar tres eventos que determinan el titular de la prestación:
(i)
Cuando respecto del pensionado existe un compañero o compañera
permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue disuelta. En este caso,
la pensión de sobrevivientes se divide entre el cónyuge y el compañero o
compañera en proporción al tiempo en que convivieron con el causante[108].
(ii)
Cuando el causante de la prestación -afiliado o pensionado- convivió
simultáneamente con su cónyuge y con su compañero o compañera permanente
durante los cinco años anteriores a su muerte. Según la Ley 797 de 2003, en tal
hipótesis, la pensión debía reconocérsele a la esposa o al esposo del causante[109].
(iii)
Cuando el causante tenía un compañero o compañera permanente al momento
de su muerte, y una unión conyugal vigente con separación de hecho del cónyuge.
De acuerdo con lo anterior, tal situación permite que la compañera o el
compañero permanente reclamen una cuota parte de la prestación correspondiente,
en forma vitalicia, en un porcentaje proporcional al tiempo que convivieron con
el causante, siempre que haya sido superior a los últimos cinco años antes de
su fallecimiento. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge supérstite
del afiliado o pensionado.[110]
Acreditación de la dependencia económica como requisito
fundamental para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
35. La dependencia económica es uno de los
requisitos necesarios para alcanzar el derecho a la pensión de sobreviviente.
Sin embargo, su significado ha tenido diferentes matices en la interpretación
de que si debe ser total y absoluta, según lo consagrado en los artículos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993.
Al respecto, el Consejo de
Estado[111],
al declarar la nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994, mediante el
cual se pretendía reglamentar la definición del concepto de dependencia
económica[112], reiteró la
jurisprudencia que sobre protección a los derechos fundamentales a la vida, a
la dignidad humana y al mínimo vital había fijado la Corte Constitucional.
A partir de ello, sostuvo que el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, no exige que el beneficiario no tenga ingreso. Al
contrario, precisó que el recto entendimiento de la dependencia económica allí prevista
no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos o de
ingresos, al punto de la indigencia. Advirtió que para efectos de la
pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados
constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la
protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección
integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida
acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros.
De igual manera la sentencia C-111 de
2006[113],
indicó que para acreditar la dependencia económica, no es necesario demostrar
la carencia total y absoluta de recursos, sino que, por el contrario, basta la
comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les
permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir
de manera digna.
En
esa oportunidad, la Corte declaró inexequible la expresión “de forma total y
absoluta”. Advirtió que la dependencia económica se presenta cuando una
persona demuestra: i) haber dependido de forma completa o parcial del causante;
o ii) que a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, cae en una
dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas.
En la sentencia T-662 de 2010, al
considerar una caso de dependencia económica de un hijo (en condición de
discapacidad) hacia el padre, la Sala concluyó que este requisito supone un
criterio de necesidad que supedita al beneficiario de la pensión de
sobrevivientes al auxilio que recibía por parte del causante, de manera que el
mismo se convierte en imprescindible para asegurar su subsistencia.
De igual forma en la Sentencia T-326 de
2013 se estudió un caso en el que se le concedió la pensión de
sobreviviente a un padre en situación de discapacidad, a quien le fue negada la
prestación, bajo el argumento de que no dependía económicamente del hijo, pues
él contaba con su propia pensión. En esa oportunidad la Sala aclaró que las dos
pensiones son compatibles y advirtió que la pensión de sobreviviente “cubre la vulnerabilidad
económica en que quedan las personas más cercanas al causante y su fin responde
a atender a las personas que sufren el desamparo al fallecer quien era su
sostén económico”.
Incluso,
no hay exclusión entre sí, pues el hecho que una persona devengue la pensión de
invalidez no le impide que reciba la de sobrevivientes, comoquiera que en ésta
no se exige al interesado una dependencia absoluta con relación al pensionado o
cotizante fallecido. Por ello, si el interesado demuestra que a pesar de que
recibe la prestación de invalidez necesitaba de la ayuda económica del hijo
para satisfacer sus necesidades básicas, también será titular de la pensión de
sobrevivencia, toda vez que la pensión de sobrevivencia se sustenta en lo
aportado por el causante. De otro lado la invalidez descansa en las
cotizaciones del afiliado y en los recursos del sistema derivado del principio
de solidaridad.
El requisito de la convivencia
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente
36.
El concepto de convivencia se encuentra consagrado en el
literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003[114],
allí el legislador estableció los requisitos para que el cónyuge o la compañera
o compañero permanente del pensionado pueda beneficiarse de la pensión de
sobrevivientes.
La norma referida hace depender la titularidad del derecho a la pensión
de sobrevivientes del hecho de que la cónyuge supérstite acredite haber estado “haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.
Frente
al requerimiento de “acreditar que estuvo haciendo vida marital”, esta
Corporación ha sostenido[115]
que la finalidad es beneficiar a quienes realmente compartían vida con el
causante, pues la pensión de sobrevivientes, como antes se ha mencionado, busca
proteger a quien ha convivido permanente, responsable y efectivamente con el
pensionado, asistiéndole en sus últimos días[116].
Sin embargo, en la sentencia T-787 de 2002[117], la
Corte estudió un caso de una tutela interpuesta en contra del Instituto de
Seguros Sociales, por haber proferido una resolución que negaba el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge de uno de sus
afiliados, por considerar que ésta no acreditó haber convivido con el causante
hasta el momento de su muerte, pues los meses inmediatamente anteriores al
fallecimiento del pensionado, los cónyuges no habitaron bajo el mismo techo.
En esa oportunidad, la Corte resolvió tutelar transitoriamente los
derechos de la accionante y ordenó al Instituto de Seguros Sociales que
reconociera la pensión de sobrevivientes, pues interpretó que en ese caso no
hubo interrupción de la convivencia entre los cónyuges a pesar de que no
hubieran habitado bajo el mismo techo hasta la muerte del pensionado, ya que
dentro del proceso se acreditó que la cónyuge supérstite dependía
económicamente del pensionado.
Posteriormente,
la sentencia T-197 de 2010 determinó que la cónyuge supérstite tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes aunque no haya
habitado bajo el mismo techo del causante hasta su muerte, siempre y cuando
exista una causa justificada para la separación aparente de cuerpos. Por lo
tanto, si una persona se encuentra en esas circunstancias y se le niega la
pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que no vivió bajo el mismo techo
del causante hasta su muerte, se le viola su derecho fundamental al mínimo
vital si de la pensión dependía la posibilidad real de proveerse las
condiciones para llevar una existencia digna.
Recientemente, la sentencia T-875 de 2014 precisó que el concepto de convivencia no supone,
necesariamente, habitación bajo el mismo techo. Advirtió que la exigencia
de la Ley 797 de 2003, más allá de la cohabitación, supone la existencia de
lazos propios de la vida en pareja, como el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo
económico y el acompañamiento espiritual. Resaltó la jurisprudencia de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia[118] que la ausencia de
cohabitación no descarta la convivencia, cuando se fundamenta en causas
justificadas, relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de salud, obligaciones
u oportunidades laborales, imperativos legales u económicos, entre otros.
La multiplicidad de factores que pueden incidir en la
acreditación del requisito de convivencia, demanda una exigente labor de valoración
probatoria. De ahí que el Legislador haya previsto que las controversias entre
el cónyuge y el compañero o compañera permanente supérstites por el derecho a
la sustitución pensional deban ser resueltas por la jurisdicción
correspondiente. La Ley 1204 de 2008 señala que, mientras se define en sede
judicial quién es el beneficiario de la sustitución y en qué proporción, la
prestación quedará en suspenso[119].
Caso
concreto del expediente T-4598352
Procedencia de la acción de tutela
37. Para el caso en estudio es evidente que la tutelante
dispone de un medio de defensa judicial ante la justicia laboral ordinaria para
la protección de sus derechos. Por ello, es preciso verificar si está
acreditada la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, ya que de eso
depende la procedencia de la tutela en el caso concreto.
En
este sentido, la Sala advierte que con la acción de tutela, la peticionaria
busca evitar un perjuicio inminente, toda vez que se trata de una mujer de setenta
y siete años (77)[120]
de edad, enferma de diabetes, sin una fuente de ingresos propios, lo cual
conduce a concluir que su situación económica es crítica, ya que por falta de
recursos no puede tener una vida en condiciones dignas, ni atender sus
necesidades básicas.
Además,
tratándose de un adulto mayor, goza de especial protección por parte del Estado
y aunque cuenta con otros medios judiciales para reclamar su derecho a la pensión
de sobreviviente, es conocida la duración de este tipo de procesos. Dada su
avanzada edad y su expectativa de vida, además de su enfermedad, es probable
que cuando se resuelva su derecho, tal decisión ya no resulte eficaz. Por esta
razón se concluye que la tutela es entonces el mecanismo conducente para proteger
los derechos fundamentales invocados por la demandante.
38. En el caso objeto de estudio, la Sala
encuentra que la señora Edna Victoria Hernández contrajo matrimonio con el
señor Pablo Horacio Domínguez en junio de 1963, y procrearon 4 hijos.
Posteriormente y por sentencia judicial, se divorció por mutuo acuerdo en 1977.
39. Sin embargo, según afirma la
accionante “días después de la separación” decidieron formar nuevamente
una comunidad de vida, la cual no fue necesariamente permanente, según los
hechos,  pero si fue constante desde 1977 a 2013 (fecha de la muerte del
causante); esto fue aproximadamente por veintiséis (26) años de convivencia y
ayuda mutua dado que la señora dependió siempre del causante, según afirma. Tal
situación no fue controvertida en esta oportunidad por la entidad accionada y
es corroborada por los testimonios de terceros y de los hijos de la pareja y
los documentos de fallecimiento del difunto que certifica que ella lo acompañó
al momento de su muerte.
40.  En esta oportunidad, tanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia
ya han reconocido que “el concepto de convivencia no supone, necesariamente,
habitación bajo el mismo techo”, con lo cual queda superado el tema de la
convivencia permanente.
Al respecto, la accionante, por intermedio
de la apoderada, allegó tanto al expediente administrativo, como en sede de
revisión, varias declaraciones extrajuicio de dos de sus hijas, amigos y vecinos
en las que, al leerlas y confrontarlas, afirman el periodo de separación y
ratifican la convivencia desde 1977 a la fecha de la muerte del causante.
Además, también obra en el expediente una
comunicación del 17 de febrero de 1997, del señor Pablo Horacio Domínguez
Trujillo, a CAPRECOM, en la que solicitó que “la señora Edna Victoria
Hernández Borrero, continúe recibiendo los servicios médicos y asistenciales y
a la vez sea la única persona que en caso de fallecimiento le sea otorgada la
pensión  a la que tengo derecho”[121].
Igualmente, la demandante aportó como
prueba, la respuesta del 7 de mayo de 1997, dada por CAPRECOM efectivamente a
Pablo Horacio Domínguez Trujillo en la que la entidad “designa como
beneficiaria de la sustitución pensional a Edna Victoria Hernández Borrero, con
C.C. 21214732 de Villavicencio en calidad de cónyuge supérstite”[122],
por lo que puede evidenciarse que si existió una voluntad de convivencia mutua
como lo afirma la demandante desde la fecha.
41. Por otra parte, CAPRECOM negó el
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, bajo el argumento de
que no existió  dependencia económica entre la solicitante y el causante,
puesto que ella aparece como beneficiaria de su hija ante la EPS y el causante
como cotizante sin beneficiario. Para la Sala, si bien ese hecho podría ser un
indicio de carencia de dependencia económica por parte de la peticionaria, la
prueba que se invoca en el proceso administrativo no desvirtúa suficientemente
ese hecho ya que la dependencia económica no es equiparable a la calidad de
beneficiario o no de una EPS en particular. De hecho, la Sala advierte
que en la legislación vigente no hay ninguna norma que contemple como requisito
determinante o fundamental para acceder a la pensión de sobreviviente, que el
solicitante esté afiliado como beneficiario a la EPS del causante. En este
sentido,  es pertinente reiterar la jurisprudencia de esta Corporación que
señala que, basta comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial
que le permita al beneficiario subsistir de manera digna, para dar fundamento a
la pensión de sobreviviente.
Esta
exigencia de la afiliación a la EPS no es legal y por tanto puede ser
desvirtuada con otras pruebas; así:
Destaca
la Sala la solicitud presentada por Pablo Horacio Domínguez Trujillo a la
entidad accionada, en la que expresamente pidió que la señora Edna Victoria
Hernández Borrero,
continuara recibiendo los servicios médicos y fuera reconocida como cónyuge
supérstite.
Sumado
a ello, tampoco se encuentra irrazonable la afirmación de la accionante, que además
no fue controvertida por la demandada, en el sentido de indicar que la falta de
afiliación como beneficiaria del compañero permanente en la seguridad social,
se debe única y exclusivamente a que “el servicio de salud de CAPRECOM fue
pésimo, estando incluso como beneficiaria hasta cuando se tomó la determinación
de que los pensionados se afiliaran a la EPS SANITAS”. Aclaró que “el
valor sobre el cual se pagaba la seguridad social en la EPS SANITAS, era muy
alto por el valor de la pensión del esposo”. Esta parecería ser una razón
que justifique la no afiliación a la EPS de su compañero, la cual no fue
desvirtuada[123].
Así, con base en las diversas pruebas aportadas,
la Sala de Revisión estima que existen elementos probatorios suficientes para
considerar que la actora convivió con el causante por lo menos en los últimos 5
años de su vida y hasta el momento de su muerte. Previamente habían vivido periodos
de interrupción, que ello no desvirtúa por sí misma la convivencia como lo
reconoce la jurisprudencia, y por tanto, se cumple entonces con los requisitos
para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por ella reclamada.
En consecuencia: i) los testimonios de los
vecinos, hijos y amigos[124];
ii) el hecho cierto que nadie reclamó ese reconocimiento o un mejor derecho[125];
iii) el dicho de la accionante que no fue controvertido; iv) el reconocimiento
expreso del actor como beneficiaria[126]
etc, constituyen un fundamento suficiente para el reconocimiento de su
pensión.
42. Así mismo, debe tenerse en cuenta que
ningún otro beneficiario solicitó el reconocimiento de la prestación económica reclamada
dentro del proceso administrativo y que en los documentos que obran en el
expediente tampoco se evidencia la existencia de otros familiares con igual o
mejor derecho.
Por las razones expuestas, la Sala de
Revisión reconocerá el derecho a la pensión de sobrevivientes de la señora Edna
Victoria Hernández, en la medida en que encontró suficientes evidencias para
concluir que la accionante mantuvo vida en pareja, en periodos continuos o
discontinuos con el señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo y acreditó que hizo
vida marital con el causante hasta su muerte y que dependía económicamente del
mismo.
43. Ahora bien, debe establecerse si el
amparo se reconocerá en forma definitiva o como mecanismo transitorio, teniendo
en cuenta las particularidades del caso en estudio. Al respecto, y como se
indicó en las consideraciones de este fallo, la jurisprudencia ha determinado
unas reglas que se deben cumplir para reconocer la pensión de sobrevivientes en
forma definitiva, porque el medio ordinario para la protección del derecho es ineficaz
(ver el acápite de la Naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes).
En el presente caso, la Sala aplicará el
precedente jurisprudencial y reconocerá en forma definitiva el derecho a la
pensión de sobrevivientes de la señora Edna Victoria Hernández Borrero, porque:
i) está acreditado que la actora es un sujeto de especial protección
constitucional por su avanzada edad[127];
ii) su derecho al mínimo vital está siendo gravemente afectado porque no cuenta
con una fuente de ingresos propia, debido a que dependía económicamente de su
compañero permanente; iii) existe certeza de su derecho a la  pensión de
sobrevivientes, porque se encontró que CAPRECOM negó el reconocimiento del
derecho con argumentos relacionados con la no acreditación suficiente de la
dependencia económica, que la Sala sí encuentra acreditada en el proceso.
44. Por todo lo anterior, esta Sala revocará
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio el 17 de
septiembre de 2014, que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la referida ciudad el 8 del mismo
año, en el cual se negó el amparo solicitado por el peticionario.
En su
lugar, se tutelarán los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital de la señora Edna Victoria Hernández Borrero, y se ordenará a
CAPRECOM, que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, reconozca y pague en forma definitiva
la pensión del señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo a favor de la peticionaria,
como pensión de sobreviviente.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR
el
fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia,  que
confirmó el de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que declaró improcedente
el amparo de tutela solicitado por Sixta Zambrano Oviedo (T-4573765)
contra el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Segundo.-
REVOCAR
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio el 17 de
septiembre de 2014, que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la referida ciudad el 8 de agosto
del mismo año, en el cual se negó el amparo solicitado por Edna
Victoria Hernández Borrero (expediente T-4598352). En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la
accionante.
Tercero.- ORDENAR a CAPRECOM que
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la
presente providencia, reconozca y pague en forma definitiva la pensión del
señor Pablo Horacio Domínguez Trujillo a favor de la peticionaria, como pensión
de sobreviviente.
Cuarto.- Por Secretaría General de esta
corporación, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Cfr. expediente T-4573765,  folios
del 1° al 22 cd 2. Acción de tutela.
[2] Las
providencias que pretende revocar, son los siguiente: i) auto
del 11 de febrero de 2014 proferido por el Juzgado Único Laboral del
Circuito de Barrancabermeja que resolvió declarar probada  la excepción de cosa
juzgada propuesta por la parte demandada (Ecopetrol) y (ii) auto del 12 de junio de 2014 proferido por el Juzgado Único
Laboral del Circuito de Barrancabermeja que dio cumplimiento al archivo del
expediente laboral de Sixta Zambrano Oviedo contra Ecopetrol.
[3] Auto del 3 de abril del mismo año, proferido en segunda
instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga que confirmó la existencia de cosa juzgada.
[4]
Folio 2, cuaderno 2. Acción de Tutela.
[5]
Folio 2, cuaderno 2. Acción de Tutela.
[6]La señora
Sánchez disfrutó de dicha sustitución hasta su fallecimiento el día 13 de marzo
de 1980.  (Folio 35
Cuaderno 1 del proceso ordinario laboral.
[7] Folio 34 del cuaderno 1 del proceso ordinario laboral “Artículo.
141. -Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en
el pago de las mesadas pensiónales de que trata esta ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente
en el momento en que se efectúe el pago”.
[8] Folios 33 a 42 cd. 1 del proceso ordinario laboral.
[9]
Folios 40 y 41 cd. 1 del proceso ordinario laboral.
[10]
Folios 43 a 57 cd. 1 del proceso ordinario laboral.
[11]
Folio 27 cd. 1 del proceso ordinario laboral.
[12]
Folios 31 a 32 cd. 1 del proceso ordinario laboral.
[13]
Folio 7, cuaderno 2. Acción de tutela. (No aportó esa acción de tutela).
[14]Folios 2 al 24 y 59 cd. 1. del proceso ordinario laboral. No es claro
que en esta demanda haya invocado como fundamento el artículo 4° de la
Constitución.
[15]
Folio 7, Cd 2. Acción de Tutela.
[16]
Folio 125 cd.1. del proceso ordinario laboral.
[17]
Folio 8, Cd. 2. Acción de Tutela.
[18]
Folio 161 cd. 1. del proceso ordinario laboral.
[19]
Folio 9, Cuaderno 2. Acción de Tutela,
[20]
Folio 11, Cuaderno 2. Acción de Tutela.
[21]
Folio 15, cd 2. Acción de tutela.
[22]
Folio 5, cd 2. Acción de Tutela.
[23]
Folios 2 a 22 cd. 2. Acción de tutela.
[24] Las correspondientes al segundo proceso ordinario laboral, que son
los autos.: i) del 11 de febrero de 2014 proferida por
el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja que resolvió declarar
probada  la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada
(Ecopetrol) y (ii) el  auto del 12 de junio de 2014
proferido por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja que dio
cumplimiento al archivo del expediente laboral de Sixta Zambrano Oviedo contra
Ecopetrol. Y el Auto del 3 de abril del mismo año, proferido en segunda
instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga que confirmó la existencia de cosa juzgada.
[25]
Folio 1  cd. 2. Acción de tutela.
[26]
Folio 6 cd. 2. Acción de tutela.
[27]
Folio 50 cd. 3. Proceso ordinario.
[28]
Folios 3 y 4 cd. 3. Proceso ordinario
[29]
Folios 19 a 22 cd. 3. Proceso ordinario
[30]
Folios 23 y 24 cd. 3. Proceso ordinario
[31]
Folio 24, cd 3.  Contestación a la Tutela.
[32]
Folios 60 a 65 cd. 3. Contestación a la Tutela.
[33]
Folio 65, cd.3. Contestación a la tutela.
[34]
Folios 50 al 58 cd.3. Contestación a la Tutela.
[35]
Folio 56, cd 3. Contestación a la Tutela.
[36]
Folio 77 cd. 3. Proceso ordinario.
[37]
Folios 3 al 12 cd. 4. Acción de tutela.
[38]
Identificada con C.C. 21.214.732 de Villavicencio.
[39]
Cfr. folios 2 al 21 cd. 1.
[40]
Cfr. folio 11 cd.1.
[41]
C. C.493768 de Villavicencio.
[42]
Cfr. folio 29 cd. 1.
[43]
Cfr. folios 30 al 32 cd.1.
[44]
Cfr. folio 48 cd. 1.
[45]
CAPRECOM cita los artículos 34 y 35 del Decreto 806 de 1998,
que indica la composición del grupo familiar y ordena que los afiliados deben
inscribir ante la entidad promotora de salud, a cada uno de los miembros que
conforman el grupo familiar. Folio 49 cd.1.
[46]
El 16 de junio de 2013, cfr. folio 53 cd. 1.
[47]
Aportó copia de la historia clínica folios 68 a 104 cd. 1.
[48]
Cfr. folio 105 cd.1.
[49]
Cfr. folio 123 cd 1.
[50]
Cfr. folio 114 cd 1.
[51]
Cfr.  folio 137 cd 1.
[52]
Cfr. folio 139 cd. 1.
[53]
Cfr. folios 4 al 9 cd. 1.
[54] Cfr. folio 23 cd. Corte.
[55]
Cfr. folio 24 cd. Corte
[56] Cfr. folio 24 cd. Corte
[57] Las declaraciones fueron rendidas así: i) cuatro en la Notaria
Primera de Villavicencio: Edna Victoria Hernández Borrero (accionante), Blanca
Cecilia Blanca Bello (vecina), Jaime Gerardo Santacruz Haemmerle (amigo) y
Adriana del Pilar Martínez León (vecina) y ii) tres en la Notaria Cuarta de
Villavicencio: Francy Aidee García Parrado (amiga) y Sonia Esmeralda y Clarena
Domínguez Hernández (hijas).
[58]
Cfr. folios 28 y 29 cd. Corte.
[59] T-006 de 1992
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-223 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-413 de
1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-474 de 1992 Eduardo Cifuentes Muñoz, entre
otras.
[60]Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[61] “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en
ejercicio de sus funciones oficiales.”
[62] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible
una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio
de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[63] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[64] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[65]
Cfr. T-956 de 2014 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[66] Sentencia T-504 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[67] Sentencia T-315 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[68] Sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de
2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[69] Sentencia T-658 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[70]
Cfr. T-956 ya citada.
[71] Sentencia T-522/01 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[72] Sentencias T-462/03;
SU-1184/01; T-1031/01 todas con ponencia del Dr. Eduardo Montealegre Lynnett;
T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[73]
Cfr C-069 de 1995, T-067 de 1998, C-590 de 2005, T-555, T-693
y T-747 de 2009, T-1028 de 2010, entre muchas otras.
[74]
Cfr. sentencias T-555 y T-747 de 2009; T-809 de 2010; T-071 de 2012 y T- 102 de
2014, entre muchas otras.
[75]
Cfr. sentencia T-555 de 2009 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[76]
Cfr. sentencia T-747 de 2009.
[77]
Cfr. T-658 de 2005.
[78] Sentencia
C-069 de 1995 M. P. Hernando Herrera Vergara.
[79]
Reiterado en la T-1028 de 2010.
[80] Sentencia
T-067 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[81]
Cfr. López Blanco Hernán Fabio, 2007 novena edición Pág 633.
[82]
Cfr. López Blanco Hernán Fabio, 2007 novena edición
Pág 644.
[83] “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito
por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de
acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.
[84]
“El prisionero de guerra no podrá ser
castigado más que una sola vez a causa del mismo acto o por la misma acusación”.
[85] Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T–859 de
2004 M.P. Clara Inés Vargas.
[86] Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio., T–436 de
2005 M.P. Clara Inés Vargas, y T–108 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre
otras.
[87] Sentencias T–328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, y T-789 del 11 de septiembre
de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[88]
Al respecto ver sentencia T-471 de 2014, M. P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez (Consideración 4.4.2.)
[89] Según el escrito de tutela nació el 6 de abril de 1941. Folio 6 cd.
2.
[90] Ver
sentencias T-396 y 693 de 2009, C-336 de 2008, T-326 de 2007 y T- 956 de 2014,
entre muchas otras.
[91] Al respecto ver las sentencias T-396 de 2009, T-043 de 2005, T-971 de 2005, T-1065 de 2005, T-129 de 2007 y T-593
de 2007, entre otras.
[92] Artículo
63. Procedencia del recurso de reposición. El recurso de
reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de
los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados, y se
decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiere en audiencia,
deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un
receso de media hora.
[93] “Articulo 65. Procedencia del recurso de apelación. Artículo
modificado por el artículo 29
de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: Son apelables los
siguientes autos proferidos en primera instancia: (…) 3. El que decida sobre
excepciones previas”.
[94] Los fallos corresponden  al segundo proceso laboral que ella a
través de su apoderada inició contra Ecopetrol.
[95] Auto del
7 de noviembre de 2013, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja; fallo de audiencia obligatoria de conciliación, del 11 de
febrero de 2014 realizada por el Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja y la providencia del 3 de abril de 2014,
suscrita por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
[96] Sentencia del 22 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que confirmó la del 4 de julio de
2003.
[97]
Cfr. folio 125 cd.1.
[98]
Cfr. folio 161 cd. 1.
[99] La accionante
solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente
del señor Rafael Reyes Ospino, en atención al “artículo 141 de la Ley 100 de
1993”.
[100]
Cfr. folios 40 y 41 cd. 1.
[101]
Cfr. folios 43 a 57 cd. 1.
[102] Sentencia T-006 de 2010 MP. Jorge Pretelt Chaljub.
[103] Sentencia C-617 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis.
[104] Sentencia T-606 de 2005 MP. Marco Gerardo Monroy cabra.
[105]
Sentencias T-1229 de 2003, T-701 de 2006, T-996 de 2005 y T-093 de 2013 entre
otras.
[106]
Sentencias T-701 de 2006, T-1221 de 2004, T-111 de 1994, T-076 de 2003 y T-093
de 2013
[107]
Sentencias T-235 de 2002, T-789 de 2003, T-482 de 2001, T-1752 de 2000 y T-093 de
2013
[108] “Si respecto de un pensionado hubiese un compañero
o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal
no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.
[109] “En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”. La sentencia C-1035 de 2008 condicionó tal
disposición a que se entendiera que, en caso de convivencia simultánea, la
pensión se dividiría entre el cónyuge y el compañero permanente, de forma
proporcional al tiempo en que cada uno convivió con el causante.
[110] “Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte
de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
[111]
Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo, rad:
11001-03-25-000-1998-0157-00 del 11 de abril de 2002.
[112] Disponía
la norma en cita: “Para efecto de la pensión de sobrevivientes se entiende
que una persona es dependiente económicamente cuando no tenga ingresos, o estos
sean inferiores a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente, y venía
derivando del causante su subsistencia.”
[113]
En esa
oportunidad la Sala Plena estudió la demanda instaurada contra el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13, literal d), parcial, de
la Ley 797 de 2003
[114] “Artículo
47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:.. a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;”
[115] Cfr. T-566
de octubre 7 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-080 de febrero 17 de
1999, M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-425 de mayo 6 de 2004, M. P. Álvaro
Tafur Galvis; T-921 de noviembre 17 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[116] C-1094
de noviembre 19 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[117]
MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[118]
Cfr. sentencia 34415 del 1º de diciembre de 2009.
[119] Ley 1204 de 2008, artículo 6°. “En caso de
controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho a acceder a la
pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera: Si la controversia
radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa sobre los hijos,
se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión, dividido
por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante,
quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción
correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea
cónyuge o compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de
convivencia ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan.
Si no existieren hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la
jurisdicción correspondiente dirima el conflicto. (…)”.
[120]
Nació el 8 de diciembre de 1937 (folio 23).
[121]
Cfr. folio 33 cd. 1.
[122]
Cfr. folio 33 cd. 1.
[123]
Cfr. folio 138 y 139 cd. 1.
[124] La
accionante aportó como prueba siete declaraciones extra juicio rendidas por separado,
que contienen relato similar, al afirmar que: i) conocieron al señor Pablo
Horacio Domínguez Trujillo, ii) que falleció por muerte natural en
Villavicencio, iii) que vivía con Edna Victoria Hernández Borrero, iv) que
ellos se separaron por un tiempo pequeño, pero desde 1977 vivían con los cuatro
hijos en una casa del barrio El Triunfo, v) que el señor Pablo Horacio
Domínguez trabajaba y aportaba económicamente todo para el hogar y ella se
dedicaba a las labores de la casa y vi) cuando Pablo se enfermó no viajo más y
la señora Edna lo cuidó suministrándole todos los medicamentos y atenciones que
él requirió, hasta el día de su muerte en el 2013
[125]
Fue manifestados por las dos hijas en las declaraciones que
cada una de ella rindió por separado. Además CAPRECOM nunca se refirió al
respecto.
[126]
Cfr. folio 11 numeral 5º de esta sentencia.
[127]
En el expediente obra copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Inocencia
Romero Arévalo, documento en el que consta que la tutelante nació el 8 de
diciembre de 1937 (folio 23), luego contaba con 77 años de edad al momento de
interponer la acción de tutela.