T-517-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-517/11
DERECHO FUNDAMENTAL Y DERECHO COLECTIVO-Diferenciación entre la vulneración/DERECHOS COLECTIVOS-Conexidad con derechos fundamentales hace procedente la tutela
No
obstante que en el texto fundamental se consagran acciones constitucionales
diferentes para la protección de los derechos individuales y colectivos, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de
tutela cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) Que exista conexidad
entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un
derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del sea
consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo; (ii)
El peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) La
vulneración o la amenaza del derecho fundamental no pueden ser hipotéticas sino
que deben aparecer expresamente probadas en el expediente; (iv) Finalmente, la
orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental
afectado, y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su
decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.
Adicionalmente, la Corte ha considerado que es necesario para la procedencia de
la tutela como mecanismo de protección de derechos colectivos en conexidad con
derechos fundamentales, que en el proceso aparezca demostrado que la acción
popular no es idónea, en el caso concreto, para amparar, específicamente, el
derecho fundamental vulnerado o amenazado.
JUEZ CONSTITUCIONAL-Demostración que afectación de derechos colectivos conlleva vulneración
de derechos fundamentales
Le
corresponde al juez constitucional constatar si en el expediente se encuentra
acreditado, de manera cierta y fehaciente, que la afectación del derecho
colectivo también amenaza el derecho individualizado de la persona que
interpone la acción de tutela, cuya protección no resulta efectiva mediante la
presentación de una acción popular, sino que, por el contrario, debe ser
evidente la urgencia en la intervención inmediata del juez de tutela. No
obstante lo anterior, es de precisar que la orden judicial que imparta en razón
de la acción de tutela que resulte procedente, debe estar orientada a obtener,
únicamente, el restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no el
derecho colectivo.
PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION
DE DERECHOS COLECTIVOS CUANDO EXISTE VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Caso en que no se demostró esa afectación
Referencia: expediente T-2.972.247
Accionantes: Marciano Pérez Berrío y Aristides José
Navarro y otros
Demandados: Alcaldía de Montería, Secretaría de
Planeación, Gaseosas de Córdoba, Comcel S.A., Movistar y Tigo
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de  dos mil once (2011).
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela proferido por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería dentro del trámite de la acción
de tutela promovida por Marciano Pérez Berrío y Aristides José Navarro contra la
Alcaldía de Montería – Secretaría de Planeación, Gaseosas de Córdoba S.A.,
Comcel S.A., Movistar y Tigo.
El presente expediente fue escogido por la Sala de
Selección Número Nueve, mediante Auto del 25 de febrero de 2011 y repartido a la
Sala Cuarta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1. Solicitud
Los señores Marciano Pérez Berrío, Aristides José
Navarro y demás personas que coadyuvaron la demanda, interponen acción de
tutela en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
vida, a la salud y a la seguridad personal que, según afirman, han sido
vulnerados por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Montería y por las
empresas Gaseosas de Córdoba S.A., Comcel S.A., Movistar y Tigo, al no construir
los andenes peatonales, bulevar y las vías de acceso a la avenida Circunvalar
en el barrio El Recreo del municipio de Montería y al instalar una antena de
telefonía celular en el sector residencial mencionado.
2. Reseña fáctica
Los accionantes que dicen ser residentes del barrio El
Recreo de Montería describen los hechos que motivan la presente acción de la
siguiente manera:
Respecto de la Compañía Gaseosas de Córdoba S.A.:
2.1. Señalan que en la calle 69 con avenida Circunvalar
de la ciudad de Montería funciona desde hace más de 20 años, la Empresa Gaseosas
de Córdoba S.A. y que, desde esa fecha, la compañía no ha construido de conformidad
con las leyes urbanísticas un andén peatonal en la Carrera 4 entre Calles 69 y
70, motivo por el cual las personas que transitan por el sector se ven
obligadas a caminar por la calle colocando en riesgo su vida.
2.2. Por otra parte, argumentan que la mencionada
Empresa tiene a su disposición un lote ubicado sobre la calle 70 que se
encuentra inutilizado, convirtiéndose en la actualidad en un basurero que
ocasiona contaminación ambiental y problemas de salubridad.
Respecto del municipio de Montería:
2.3. Manifiestan que el municipio de Montería desde
hace varios años no ha construido el bulevar en la carrera 4 con calles 69 y 70
que tiene como finalidad separar la doble calzada de las vías de acceso a la avenida
Circunvalar.
Respecto a las compañías de telefonía móvil:
2.4. Indican que la Curaduría Primera Urbana de
Montería le otorgó licencia de construcción a la Empresa Celcaribe hoy Comcel
S.A., con la facultad para instalar en un lote ubicado en el barrio El Recreo,
específicamente, en la carrera 4 con calle 70, esquina, una torre de telefonía
móvil celular. Posteriormente, fueron agregadas a la torre, las antenas de las
Empresas Movistar y Tigo, lo cual genera una carga de pesos y de energía
electromagnética que perjudica en forma directa  la salud de los habitantes del
sector.
2.5 Por último, sostienen que con la ubicación de la
torre no sólo se encuentran afectados los residentes sino además, todos los
niños que estudian y acuden diariamente a las instituciones escolares Liceo
Gimnasio El Recreo y el Colegio Preescolar y Primaria Jorge Washington, los
cuales, según argumentan, se encuentran a menos de 300 metros de distancia de la torre.
3.
Solicitud de tutela.
Los
demandantes solicitan al juez de tutela conceder el amparo definitivo de sus
derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad personal y, en
consecuencia, se ordene a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de
Montería que efectúe los trabajos de construcción de los andenes o corredores
peatonales, del bulevar de la carrera 4 entre calle 69 y 70 y las vías de
acceso a la avenida Circunvalar; a la Empresa Gaseosas de Córdoba S.A. que
mantenga las zonas verdes del lote de su propiedad y colabore con la pronta construcción
de andenes de acceso peatonal y, por último, solicitan que se ordene a las
empresas de telefonía celular accionadas, el traslado de la torre del Barrio El
Recreo a un lugar donde no se perjudique la salud de las personas.
4. Pruebas allegadas
-
Copia de la Licencia de
Construcción No. 099, con fecha de expedición de 15 de septiembre de 2003, en
virtud de la cual el Curador Urbano Primero de Montería le otorgó a la Empresa
Regional de Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica S.A. Celcaribe S.A.
licencia de construcción de una torre para instalación, conservación,
reconocimiento y expansión de su red de telefonía móvil celular en la Calle 70
No. 3-162 urbanización El Recreo del municipio de Montería (folios 8 y 9).
-
Copia del Contrato de Arrendamiento
suscrito por el representante legal de la Empresa Regional de Comunicaciones
Celulares de la Costa Atlántica S.A. Celcaribe S.A. del predio ubicado en el barrio
El Recreo, a través del cual se le permitió al arrendatario la ubicación en la
Calle 70 No. 3-162 de los equipos para la transmisión de la comunicación
celular (Folios 89-94).
-
Copia del Contrato de Concesión de
Espacio Bilateral celebrado entre Colombia Móvil S.A. E.S.P. y Comunicación
Celular S.A.- Comcel S.A., a través del cual Comcel S.A. autorizó el acceso y
concesión de espacios para el alojamiento de equipos de Colombia Móvil en la
estación base denominada Montería II (La Castellana) ubicado en la Calle 70 No.
3-162 barrio El Recreo, inmueble del cual, a su vez, Comcel es arrendatario.
Por otra parte, en el mismo contrato se advirtió que Colombia Móvil S.A. autorizó
el acceso y concesión de espacio para el alojamiento de equipos de Comcel S.A.
en la estación base denominada Metrocentro ubicada en la Ciudadela Comercial
Metrocentro en Barranquilla. Además, se especificó que los espacios objeto del
contrato son destinados para la instalación de equipos de telecomunicaciones exclusivamente
(folios 154 a 161).
-
Copia de la Certificación emitida
por el Ministerio de Comunicaciones, en la cual consta que el mencionado
Ministerio suscribió tres contratos de concesión para la prestación de los
servicios de comunicación personal PCS correspondientes a los números 007, 008
y 009 con la sociedad Colombia Móvil  S.A., cuyos objetos son la concesión para
la operación, explotación, organización y gestión de los servicios de
comunicación personal y el establecimiento de la red asociada a la prestación
de éstos servicios en las áreas Oriental, Occidental y Costa Atlántica
respectivamente (folio 231).
-
Copia del Decreto 195 de 31 de
enero de 2005 publicado en el Diario Oficial 45.808 “Por el cual se adoptan
límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan
otras disposiciones”, la mencionada norma contempla las recomendaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre el cumplimiento de los límites
de exposición de las personas a los campos electromagnéticos (folios 45-52).
-
Copia de la Resolución No. 0120 de
la Secretaría de Planeación Municipal de la Alcaldía de Montería “por medio
de la cual se expide certificación de uso del suelo para la ubicación de una
antena de telefonía celular de la Empresa Comcel S.A.”. En dicha Resolución
se indica que “a la fecha de expedición de la Resolución no se tuvo registro
en la Secretaría de Planeación Municipal de algún tipo de inconformidad ni
rechazo por parte de la comunidad residente en los sectores en donde se
solicita la ubicación de los proyectos de Estaciones de Telefonía Celular.
Resolvió conceder la autorización de uso del suelo para la ubicación de antenas
de telefonía celular a la Empresa Comcel S.A. en distintos barrios del
Municipio entre ellos el Barrio ‘El Recreo’” (folios 147-149).
-
Copia de la Resolución No. 1645 de
2005 expedida por el Ministerio de Comunicaciones “por la cual se reglamenta
el Decreto 195 de 2005”, en la que se definieron las fuentes inherentes
conformes como aquellas que no superan los límites máximos de exposición, pues
cuentan con una frecuencia inferior a 300 MHz. En la mencionada Resolución se
estableció que los emisores que se emplean en los servicios de telefonía móvil
celular, de comunicación personal PCS, en el sistema de acceso
trocalizado-Trunking, sistemas de radiomensajes-Beeper, sistema de
radiocomunicación convencional voz y/o datos HF, VHF, UHF y en lo proveedores
de segmento espacial, cumplen con los límites de exposición pertinentes y, por
lo tanto, no son necesarias precauciones particulares en el suministro de estos
servicios (folios 170-177).
-
Circular No. 270 de 2007 expedida
por el Ministerio de Comunicaciones, a través de la cual se aclaran las
inquietudes que surjen en relación con la instalación de estaciones
radioeléctricas de telecomunicaciones. Al respeto sostuvo: “En primera
instancia la Organización Mundial de la Salud OMS, debido a la multiplicidad de
estudios publicados sobre los efectos de la radiación, reconoció bajo el
principio de precaución los límites de radiación establecidos por la Comisión
Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante-ICNIRP. En ese
sentido, la OMS, según lo confirma en su nota descriptiva No. 304 de mayo 2006, ha indicado que teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los resultados de
diferentes investigaciones, no hay ninguna prueba científica convincente de que
las débiles señales de RF (gama de frecuencia del espectro radioeléctrico)
procedentes de las estaciones base y tecnológicas inalámbrica, tengan efectos
adversos en la salud. Así mismo, que algunos de los resultados confirman que
las antenas de telefonía móvil están entre 500 y 4000 veces por debajo de los
valores límites establecidos internacionalmente.
(…)
La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT
señaló que en los denominados servicios inherentemente conformes, tales como la
Telefonía Móvil Celular TMC y los Servicios de Comunicaciones Personales PCS,
sus campos electromagnéticos emitidos cumplen con los límites de exposición
pertinentes y, no son necesarias precauciones particulares en su instalación.
En consecuencia, las emisiones producidas por los teléfonos móviles y sus
estaciones base, así como las antenas de telefonía móvil, son de muy baja
potencia y no producen riesgos para la salud.
En consonancia con las recomendaciones
internacionales, el Gobierno Nacional, bajo el principio de precaución, a
través del Decreto No. 195 de 2005 “por el cual se adoptan límites de
exposición de las personas a los campos electromagnéticos, se adecuan
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan
otras disposiciones”, adoptó los límites de exposición de las personas a campos
electromagnéticos indicados por la ICNIRP y la UIT, norma que fue elaborada
conjuntamente por los Ministerios de la Protección Social, de Comunicación, y
del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
(…)
Así las cosas,  el artículo 3° de la Resolución No. 1645
de 2005 estableció que: la telefonía móvil celular TMC, los servicios de
comunicación personales PCS, sistema de acceso troncalizado – Trunking, sistema
de radiomensajes – Beeper, sistema de radiocomunicaciones convencional voz y/o
datos-HF, sistema de radiocomunicación convencional voz y/o datos-VHF, sistema de
radiocomunicación convencional voz y/o datos-VHF, sistema de radiocomunicación
convencional voz y/o daros UHF y proveedor de segmento espacial fueron
tipificados como fuentes inherentemente conformes debido a sus niveles bajos de
radiación sin embargo, esto no impide que el Ministerio revise, periódicamente,
que los niveles de éste servicio no superen los limites en razón a los cambios
de tecnología u otros factores.
(…)
En este sentido, dichos servicios no deben presentar
declaraciones de conformidad con emisión radioeléctrica, además no tienen
restricción alguna para instalar sus estaciones base cerca o dentro de
lugares de acceso público tales como centros educativos, centros geriátricos,
centros de servicios médicos y zonas residenciales, y no tiene obligación de
tomar mediciones de radiación por estar instalados cerca o dentro de dichos
sitios, conforme la normatividad nacional y las recomendaciones
internacionales.
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimento de los
requisitos únicos para la instalación de estaciones radioeléctricas en
telecomunicaciones que deben acreditar ante las autoridades nacionales y/o
territoriales competentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 16
del Decreto No. 195 de 2005, teniendo presente que asuntos tales como la
expedición de permisos y/o licencias para la instalación de estaciones
radioeléctricas, la definición de si es o no necesaria la realización de las
obras de construcción, ampliación o demolición requeridas para la
implementación de las mismas, la determinación de la ubicación de dichas
estaciones en determinados sitios de una ciudad o municipios, así como el
cumplimento de reglamentos y trámites de carácter aeronáuticos, no son del
resorte ni competencia del Ministerio de Comunicaciones” (subrayado por fuera del texto) (folios 178-180).
-
Copia del Decreto No. 0558, en
virtud del cual se establece el ámbito espacial y funcional y se indica que “La
Unidad de Planeamiento UDP No. 130 denominada EL RECREO, se ubica en la Pieza
Urbana CIUDAD NORTE, a la cual el Plan de Ordenamiento territorial le asigna
como función dentro del modelo recualificar el tejido residencial, mejorando
sus condiciones de habitabilidad y buscando el equilibrio del desarrollo urbano
a partir del fortalecimiento como modo alterno de actividad económica y de
servicio, de manera que contribuye a reducir la presión sobre el Centro
Urbano.  En este marco de referencia la Unidad de Planeamiento UDP 130 se
caracteriza por ser una zona residencial consolidada, en donde la actividad principal
(residencial neta) está fortalecida por la presencia de otras actividades
complementarias y de la centralidad de primer nivel “Ley Norte”. Además cuenta
con amplias áreas sin desarrollar, las cuales quedarán supeditadas a los
parámetros y los lineamientos urbanísticos de los sectores aledaños” (folios
14 -15).
-
Copia del estudio realizado por el
Medical College of Wisconsin sobre los campos electromagnéticos y salud humana.
En el mencionado informe se estableció respecto a los riesgos en la salud
humana por la exposición de los campos electromagnéticos y a las antenas de
estaciones base trasmisora de telefonía celular SCP que “[l]a comunidad
científica, tanto de Estados Unidos como internacional, está de acuerdo en que
la potencia generada por estas antenas de estaciones base es, por mucho,
demasiado baja para producir riesgos en la salud, mientras que la población se
mantenga alejada del contacto directo con estas antenas. Los teléfonos
celulares y PCS y sus antenas de estaciones base son radios, y producen
radiación de radiofrecuencias (RF); esta radiación de radiofrecuencia son “no
ionizante” y sus efectos biológicos son esencialmente diferentes de los de la
radiación “ionizante” producida por máquinas de rayos X. En cuanto a los
estudios epidemiológicos, indicó, que “en general sobre radiofrecuencias y
cáncer no han encontrado correlaciones entre exposición y cáncer; la ausencia
de asociaciones con la tasa global de cáncer, o con cualquier tipo específico
de cáncer, sugiere que no es probable que las radiofrecuencias tengan
influencia causal fuerte sobre el cáncer” (folios 124-146).
-
Nota Descriptiva No. 304 emitida
por la Organización Mundial de la Salud OMS en mayo de 2006, a través de la cual indicó que respecto a los efectos a largo plazo que podrían tener en la
salud la exposición a las señales de RF, el único efecto de los campos de RF,
según los estudios, es el aumento de la temperatura corporal (>1°C) por la exposición a una intensidad de campo muy elevada que sólo se produce en determinadas
instalaciones industriales como los calentadores de RF. Los niveles de
exposición a RF de las estaciones de base y las redes inalámbricas son tan
bajos que los aumentos de temperatura son insignificantes y no afectan a la
salud de las personas (folios 205-206).
-
Concepto proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través del cual se
establece que “las antenas de transmisión de telefonía móvil emiten sus
señales de forma horizontal, mediante un haz sensiblemente plano, que cubre un
ángulo también horizontal entre 60 y 120 grados. La potencia de las emisiones,
que en el caso de la telefonía móvil está ente 10 y 50 vatios, disminuye
rápidamente con la distancia. La potencia de las emisoras de radio FM es de
unos 300000 vatios, y la de las emisoras de televisión es del orden de los 5
millones de vatios. Dado que la señal es dirigida básicamente hacia el frente,
la intensidad de la señal en direcciones diferentes a esta última resultan ser
casi nulas, lo que hace segura su instalación en edificios altos dentro de las
ciudades. Además, el hecho de que la intensidad disminuya tan rápidamente hace
que el acuerdo con la reglamentación de la Unión Europea, el límite máximo de
este parámetro es alcanzado a sólo 3.5m de la fuente, en la dirección
horizontal, por lo tanto, ninguna persona situada a más de 3.5 m de distancia de la antena en la dirección de emisión estará en contacto con una emisión con una
intensidad superior a los límites establecidos como seguros. En general, los
niveles de exposición a las emisiones radioeléctricas en las zonas habitadas
cercanas a las antenas de las estaciones base son mucho menores que los límites
establecidos. No resulta aconsejable alejar las antenas de las áreas urbanas,
aún en el caso de que esto fuera técnicamente posible, ya que obligaría a las
estaciones base a emitir a una mayor potencia para alcanzar los teléfonos, así
como a los teléfonos para alcanzar la estación base, lo cual en últimas
aumentaría el nivel de exposición a las señales radioeléctricas”. Por las
razones antes expuestas en el concepto no se determinó que las instalaciones de
antenas de telefonía móvil incremente los riesgos de enfermedades dentro de la
población (folio 233).
-
Copias del informe “Efectos de
las Radiaciones no ionizantes (RNI) en la Salud Humana, y su implicaciones en
el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones” publicado en la
página web del OSIPTEL (promotor de la expansión de los servicios de
telecomunicaciones, especialmente en el diseño de políticas que ayuden a dar
soluciones), en el cual se determinó que “del análisis internacional
realizado, los diversos organismos relacionados en el tema, se concluye que no
hay un estudio que determine la existencia de una relación entre las estaciones
base de telefonía móvil y efectos adversos en la salud humana” (folios 287-
317).
-
Informe de la Veeduría Ambiental
Regional al Macizo de Iguaque, en el cual se hace alusión al principio de precaución
y se indica que el mismo es un derecho ambiental que ha sido establecido
normativamente y está consagrado en múltiples declaraciones y acuerdos
internacionales. Se postula que la acción precautoria debe ser preventiva y
anticipadora y se manifiesta que la esencia del principio radica en que se
deben realizar acciones para prevenir y adoptar medidas para manejar riesgos
potenciales y/o impactos ambientales, aun cuando la evidencia científica sea
incierta. De ello distinguen tres elementos centrales del principio: amenaza de
daño, incertidumbre científica, y acción precautoria. El anterior informe fue
extraído de la página web www.iniciativaambiental.net (folios 287-317).
-
Certificación de la oficina de
Tránsito de Montería, en la cual se señala que en el sector mencionado por los
accionados no se registra un índice significativo de accidentalidad, pues no se
observa que haya ocurrido un gran número de casos lesivos (folios 53-54).
5.  Oposición de la Demanda
5.1. Alcaldía de Montería- Secretaría de Planeación
El ente territorial accionado, en su escrito de
contestación, manifestó en relación con la solicitud de construcción de los andenes
en un sector del barrio El Recreo de la ciudad de Montería, que nunca se ha
tramitado la solicitud y que la situación develada por los demandantes está
siendo estudiada y de ser necesario se adelantarán las acciones pertinentes
previo el cumplimiento de los trámites que exige la ley y que, en este caso, no
se ha agotado la etapa administrativa correspondiente.
En relación con el lote que se encuentra en la parte
posterior de la Empresa Gaseosas de Córdoba S.A., advirtió, después de realizar
una inspección ocular, que no existe reporte de la presencia de indigentes o
atracadores en el sector. De ahí que la situación de inseguridad expuesta por
los accionantes no ha sido de conocimiento de la Secretaría de Planeación.
Admitió que en el predio localizado en la Carrera 4ª
con Calle 20 se encuentra ubicada una antena de telecomunicación celular, la
cual cuenta con licencia de construcción otorgada a la Empresa Celcaribe S.A..
En razón a la naturaleza de las pretensiones de los
accionantes, la acción de tutela no resulta ser el mecanismo judicial idóneo,
toda vez que existen otros tipos de acciones y de procedimientos a través de
los cuales las comunidades pueden elevar sus peticiones. Por otro lado, las
obras de infraestructura que adelanta la Administración Municipal deben cumplir
con un proceso previo de programación e inclusión dentro del presupuesto
municipal de gastos, razón por la cual no es posible que en un término de 48
horas se ejecuten obras que no se encuentren programadas y que, además, no
cuentan con una asignación presupuestal.
5.2. Colombia Móvil S.A. E.S.P. -Tigo
El representante legal de la Compañía Colombia Móvil
señaló que el mecanismo de amparo no es el medio idóneo para que los
accionantes soliciten el traslado de la torres de telefonía celular de Comcel
S.A. ubicada en el barrio El Recreo, pues para ello existen otros mecanismos de
defensa.
En este caso, la acción de tutela tampoco procede como
mecanismo transitorio, pues de conformidad con lo estudios realizados por la
Organización Mundial de la Salud, no existe un perjuicio irremediable para los
tutelantes, pues está demostrado científicamente que los efectos producidos por
esta clase de radiación no incide en la salud de las personas. Además Comcel
S.A. fue autorizada por las autoridades competentes para instalar dicha torre
de telefonía celular en el barrio El Recreo.
Ahora bien, en relación con la afectación de la salud
de los estudiantes de las instituciones educativas localizadas cerca de la
torre, no es cierto que la cercanía de las antenas con los colegios genere tal
perjuicio. Precisamente según la Circular No. 270 de 6 de marzo de 2007 del Ministerio
de Comunicaciones no existen restricciones para la instalación de equipos de
frecuencia en telefonía móvil celular cerca o dentro de los lugares de acceso
al público, tales como centros educativos.
Colombia Móvil ejerce una actividad lícita y permitida
por el Estado, pues es un servicio público que cumple una función de carácter
social y se realiza con el debido cumplimiento de los requisitos establecidos
por la regulación vigente en materia de instalación de estaciones de
telecomunicaciones.
Los trámites de otorgamiento de permisos requeridos
para la instalación de estaciones de telecomunicaciones son notificados a los
vecinos colindantes y se da la publicidad al proyecto haciendo posible que los
particulares se hagan parte y hagan valer sus derechos, por lo tanto los
accionantes debieron en esa oportunidad procesal oponerse a la instalación de
la estación de telecomunicaciones de Comcel S.A..
Con fundamento en lo antes expuesto, la acción de
tutela no es procedente para solicitar la defensa de los derechos esbozados por
los tutelantes ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial y
ante la ausencia de quebrantamiento de algún derecho fundamental.
5.3. Gaseosas de Córdoba S.A.
Mediante apoderada dicha Compañía se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la presente demanda con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Gaseosas de Córdoba es una empresa que funciona hace
más de 40 años en la Calle 69 con Carrera 4 y hasta el momento ninguna
autoridad la ha obligado a construir el andén peatonal.
La ley de urbanismo no contempla como obligaciones de
las empresas privadas la construcción de los andenes peatonales, pues este es
un deber del Estado, en este caso del municipio de Montería.
Al construir la planta, a la empresa le fueron
otorgados los correspondientes permisos de Planeación Municipal y en ningún momento
dicha construcción ocasionó perjuicios a la comunidad.
No es cierto que en razón de las instalaciones de la
compañía, se esté obstruyendo la salida de la Calle 70 a la avenida Circunvalar, pues es una obligación del municipio la prolongación de dicha vía.
5.4. Comcel S.A.
Mediante apoderada se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, pues consideró que no se cumplen los presupuestos necesarios para
el ejercicio de la acción.
En el presente caso, a su juicio, se desborda la
naturaleza y alcance de la acción de tutela pues no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable.
Para la prestación del servicio de telefonía móvil
celular, Comcel S.A., requiere necesariamente la implementación de una
determinada infraestructura que incluye la instalación de estaciones base, las
cuales resultan indispensables para la prestación del servicio público de
telefonía celular.
Las estaciones base de antenas son fundamentales para
proveer eficientemente la comunicación celular la cual es parte del objeto
social de la empresa y la razón de ser del contrato de concesión referido. Por
ese motivo, la estación, objeto de esta tutela, es de vital importancia para el
desempeño y desarrollo de la red de telefonía móvil celular de Comcel S.A. en
el territorio colombiano.
Las acciones adelantadas por Comcel S.A. para la
instalación de la estación base de telefonía celular mencionada, fueron ejecutadas
en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y de los requisitos establecidos
por la Secretaría de Planeación Municipal, la Curaduría Urbana Primera de
Montería y la Aeronáutica Civil.
Con anterioridad a la construcción de la antena, la
Alcaldía de Montería a través de la Secretaría de Planeación expidió la
Resolución No. 012 a través de la cual certificó el uso de suelo para la
ubicación de la misma. En dicha resolución se indicó que por tratarse de un
servicio público inherente a la finalidad social del Estado y por ser la
estación base una fuente inherente conforme, es decir, al no producirse límites
de exposición, no son necesarias de precauciones particulares.
En este caso no existió ningún tipo de rechazo por
parte de la comunidad residente en los sectores donde se solicitó la ubicación
de proyectos de estaciones de telefonía móvil y por ello se consideró
procedente conceder el uso del suelo en la Calle 70 No. 3-162 Barrio El Recreo.
Así mismo, el Curador Urbano Primero de Montería al constatar que se cumplieron
con todos los requisitos, otorgó la licencia de construcción de la estación
base. Por su parte, la Aeronáutica Civil autorizó la altura de la antena base
según concepto favorable.
Las antenas base no requieren de ninguna precaución
adicional pues las mismas no afectan la salud y, por lo tanto, carecen de
sustento las pretensiones de los accionantes, pues no generan ninguna
consecuencia frente a los derechos que se invocan como vulnerados en la tutela.
En relación con la solicitud de traslado o eliminación
de la antena de Colombia Móvil S.A. E.S.P – Tigo, bajo el argumento de que esta
empresa no tiene licencia de construcción, advirtió que dicha pretensión desconoce
que las compañías de telefonía móvil celular suscribieron un contrato de concesión
en virtud del cual se permitió la instalación de antenas de otro operador en la
torre que hace parte de la estación base, ello con el fin de ofrecer
cubrimiento en una zona específica donde efectivamente existe una estación ya
instalada. Además, conforme a los acuerdos previos suscritos entre estos
operadores no es necesario que se solicite una licencia de construcción, pues
no se genera una construcción sino, por el contrario, se trata de una simple
instalación de antena.
5.5. Telefónicas Móviles Colombia S.A. - Movistar
El representante legal de la Empresa Telefónica Móviles
Colombia S.A se opuso a las pretensiones y argumentos de la demanda con
fundamento en que no se acreditó la supuesta afectación de la salud de las
personas.
No está acreditado que, efectivamente, las estaciones
de telefonía celular afecten y perjudiquen la salud y la vida de los seres
humanos, pues las investigaciones que se han realizado al respecto no han
demostrado ninguna incidencia dañina de los campos electromagnéticos en la
salud de las personas.
No es cierto que las antenas de Telefónica Móviles
Colombia S.A, estén ubicadas en la estación de telefonía celular mencionada.
Respecto a la ubicación de las torres base, los
municipios deben permitir la construcción de redes destinadas a las actividades
de empresas de servicios públicos. En todo caso, las empresas serán las
responsables por los daños y perjuicios que causen en razón a la deficiente
construcción y operación de sus redes.
Precisamente uno de los objetivos de Telefónica
Móviles Colombia S.A. es elevar el nivel de desarrollo en materia de
comunicaciones en el país y garantizar que en las obras que se realizan se conserve
la tranquilidad y seguridad ciudadana con el debido cumplimiento de las
especificaciones técnicas de las instalaciones de las torres.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.  Decisión de primera
instancia
El
Juzgado Primero Penal Municipal de Montería, mediante providencia proferida 20
de septiembre de 2010, accedió a las pretensiones de la presente acción de
tutela al considerar que:
-En
relación con la telefonía celular las Empresas Comcel S.A., Movistar y Tigo al
instalar en el Barrio El Recreo las antenas de telefonía celular están
atentando contra la salud y la vida de los accionantes y la comunidad en
general.
-De
conformidad con las pruebas aportadas se constató que la Empresa Movistar no
allegó la licencia de construcción para instalar la antena que se ubica cerca
de los planteles educativos.
-Ahora
bien, en cuanto a la construcción de andenes o corredores peatonales, la acción
de tutela no es procedente, pues son las entidades correspondientes las que
deben tramitar y ordenarle a la Empresa Gaseosas de Córdoba S.A. que los
construyan.
-Con
fundamento en lo anterior, el juez de primera instancia decidió tutelar los
derechos fundamentales a la vida, integridad personal, salud y seguridad y, así
mismo, ordenó a las empresas de telefonía celular accionadas hacer todos los
trámites pertinentes para que en el término de tres meses sean retiradas o
trasladadas sus antenas a un lugar donde no perjudiquen la vida de los seres
humanos.
2.
Impugnación
2.1.
Comcel S.A.
La
Empresa Comcel S.A. impugnó el fallo del juez de primera instancia al considerar
que desconoce los intereses de carácter general y, en su lugar, solicitó que se
denieguen las pretensiones de la demanda bajo las siguientes consideraciones:
-La
estación base de telefonía móvil permite garantizar la adecuada y eficiente
prestación del servicio público de telefonía móvil en pro del interés general.
Por expresa disposición legal y reglamentaria las redes de telecomunicaciones
del Estado y su ubicación constituye un motivo de utilidad pública de
conformidad con los principios de un Estado de Derecho, en el cual el interés
general prevalece sobre el interés particular.
-Las
torres para estaciones de base y repetidores para Telefonía Celular de Comcel
S.A., son elementos de la red de telefonía móvil celular de este operador y
forma parte de la red de telecomunicaciones del Estado, siendo indispensable
para la prestación continua y eficiente del servicio público de
telecomunicaciones.
-Por
expresa disposición del Decreto Ley No. 1900 de 1990 la instalación y expansión
de la red de telecomunicaciones del Estado, de la cual forma parte la antena
celular objeto de la acción de tutela, constituye motivo de utilidad pública e
interés social[1].
-La
orden de trasladar la antena del lugar imposibilita la continuidad de la
prestación del servicio, toda vez que las zonas cubiertas quedan afectadas
porque no existe otra antena que asuma su cobertura.
-En
la zona urbana altamente transitada es necesario instalar estaciones base con
distancias inferiores a 50 metros con el fin de prestar un servicio con los
parámetros de calidad exigidos por el Ministerio de Comunicaciones y en zonas
de alto tráfico se instalan soluciones que cubren únicamente de 20 a 25 metros.
-La
pretensión de traslado o eliminación de la antena de Colombia Móvil S.A. ESP -
Tigo por no contar con licencia de construcción, no es procedente, pues
desconoce que entre las empresas se suscribió un contrato de intercambio de
sitios, es decir, existe un acuerdo privado entre los operadores para permitir
la instalación de antenas de otro operador en la torre que hacen parte de la
estación base con el fin de ofrecer cubrimiento en una zona específica.
-No
es necesario solicitar otra licencia al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial toda vez que este tipo de instalaciones no requiere de
permiso ambiental. En efecto, las torres para estaciones de base y repetidores
de red para telefonía celular, no causan ninguna consecuencia negativa al
entorno ni al ambiente.
-Las
acciones adelantadas por Comcel S.A. para la instalación de la estación base de
telefonía móvil celular en el predio ubicado en el Barrio El Recreo, fueron
llevadas a cabo con el estricto cumplimiento de la normatividad vigente y de
los requisitos establecidos por la Secretaría de Planeación Municipal, la
Curaduría Urbana Primera de Montería y la Aeronáutica Civil.
-Las
antenas base no requieren de ninguna precaución adicional, pues las mismas no
generan ningún perjuicio a la salud de las personas y, por lo tanto, carece de
sustento la pretensión de los tutelantes en el sentido de que Comcel S.A.
adopte medidas preventivas.
-Las
estaciones base o antenas de telefonía móvil celular, según el Gobierno Nacional
y entidades internacionales autorizadas como la Organización Mundial de la
Salud, han indicado que no existe evidencia sobre efectos nocivos en la salud
humana y que, la telefonía móvil celular está dentro de los parámetros
adoptados internacionalmente por los organismos competentes para que no tenga
efectos sobre la salud, lo que quiere decir que las antenas no causan riesgo y
en caso de los tutelantes es sui generis porque la antena no hace interferencia
alguna ni causa ningún tipo de perjuicio a la salud, a la vida e integridad de
los accionantes.
2.2.
Colombia Móvil S.A. E.S.P. - Tigo
El
representante legal de Colombia Móvil S.A. E.S.P. decidió impugnar el fallo de
primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:
-
No se encuentra probado en el expediente la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los tutelantes, pues no existe vínculo de
causalidad entre aquella y la actividad desarrollada por las sociedades
accionadas. El a-quo simplemente se basó en normas internacionales sin revisar
el caso concreto.
-La
instalación de las estaciones de telecomunicaciones es requerida para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones por parte del Estado, las
cuales se encuentran a lo largo de todo el territorio nacional sin ninguna
restricción en su ubicación en zonas urbanas y en sitios como colegios,
hospitales, centros de servicios médicos, centros geriátricos y zonas residenciales.
- La instalación de la antena de Colombia Móvil S.A.
E.S.P. sobre la torre de Comcel S.A., no implicó la realización de obras
civiles de construcción y, por lo tanto, no necesitó permisos de construcción
ni autorización de las autoridades locales, como sí los requieren las de funcionamiento,
operación y explotación de los servicios de comunicación personal PCS.
-El fallo proferido por el juez de primera instancia
vulnera de manera arbitraria e injustificada, la normatividad vigente que
regula la prestación del servicio de comunicaciones en la nación, la cual no
contempla ningún tipo de restricciones y declara a las torres de
telecomunicaciones con elementos seguros porque no generan ningún efecto
perjudicial en la salud de las personas.
-De acuerdo con la normatividad vigente los servicios
prestados por Comcel S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P. son considerados fuente
inherentemente conforme por cumplir con los límites mínimos de exposición a
pocos centímetros de la fuente radiante y no requerir de precauciones
particulares, por lo tanto los servicios son seguros y no tienen restricción en
la ubicación de sus equipos porque no generan riesgos para la salud humana.
-Las estaciones de telecomunicaciones para que puedan
funcionar deben estar interconectadas unas con otras y deben ubicarse en todos
los barrios y sectores del país. Por lo anterior, el fallo impugnado impide la posibilidad
de prestar el servicio de comunicaciones móviles por parte de Movistar, Comcel S.A.
y Tigo en el barrio El Recreo de Montería.
Por todo lo anteriormente expuesto, la acción de
tutela no es el mecanismo idóneo para acceder a las solicitudes elevadas por
los accionantes.
3. Decisión de segunda instancia
El
Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, mediante providencia proferida
el 8 de noviembre de 2010, decidió confirmar el fallo impugnado con fundamento
en las siguientes consideraciones:
-Si bien la Empresa Comcel S.A. cuenta con los
permisos necesarios tanto a nivel central como local para instalar y poner en
funcionamiento la antena base a que se hace referencia, ello no es suficiente
para restarle importancia a los posibles efectos a la salud que pueden ser
producidos por las ondas electromagnéticas y debe existir una distancia
prudente entre las torres de la telefonía y las instituciones educativas,
hospitalarias, hogares geriátricos y centros similares.
-Por los anteriores aspectos debe aplicarse el
principio de precaución, en razón a los potenciales daños al ambiente y por
ende a la salud de las personas.
-Respecto de la pretensión de los demandantes dirigida
a que se construyan obras públicas, se considera que la acción de tutela es
procedente, en el presente caso, para que las autoridades municipales adopten
las medidas necesarias para que aquellas se ejecuten, toda vez que de
conformidad con la inspección judicial realizada en el lugar de ubicación de la
bodega de Postobón, se constató que en los alrededores se encuentran
edificaciones que carecen de andenes, lo cual constituye un peligro para la
comunidad que se ve obligada a transitar por las vías vehiculares.
Con fundamento en las consideraciones expuestas el
juez de segunda instancia decidió  tutelar los derechos invocados como
vulnerados.
III.    CONSIDERACIONES
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de que aquí se
trata, con fundamento en los artículos 68 y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde
a la Sala definir si, en el presente caso, procede la acción de tutela para
que, a través de ella, se ordene la reubicación de una antena base de telefonía
celular y la construcción de andenes peatonales, bulevar y vías de acceso a la avenida
Circunvalar en el barrio El Recreo, con fundamento en la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad de los
señores Marciano Pérez Berrío, Aristides José Navarro y algunos otros residentes
del sector.
Así
las cosas, concierne a la Sala definir si la acción constitucional procede para
que se protejan los derechos fundamentales invocados por los accionantes, así
como también los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano y del espacio
público que consideran vulnerados
3.
Reiteración jurisprudencial. Diferenciación entre la vulneración de un derecho
fundamental y un derecho colectivo. Procedencia de la acción de tutela para
aquellos eventos en que la afectación de un interés colectivo conlleve también
a la vulneración o amenaza de un derecho fundamental
De
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, existen dos mecanismos
diferentes para que, a través de ellos, se pretenda obtener por un lado, la
protección de los derechos fundamentales y, por el otro, la de los derechos
colectivos. Así, en sus artículos 86 y 88 se consagró para el primer caso la
acción de tutela y, para el segundo, las acciones populares y las de grupo.
Por
regla general, la acción de tutela no procede para la protección de los
derechos colectivos, pues la misma ha sido concebida como mecanismo idóneo para
la protección de los derechos netamente fundamentales, mientras que el
ordenamiento jurídico contempló a las acciones populares como el instrumento
judicial especial de protección para amparar derechos o intereses de carácter
colectivos.
En
efecto, la Carta Política prevé, en su artículo 88 que los derechos colectivos
son amparados a través de las acciones populares, la cuales están reguladas en la
Ley 472 de 1998. No obstante, es de indicar que la jurisprudencia
constitucional ha establecido que en algunos casos los juzgadores podrán
admitir la acción de tutela cuando se constate que existe conexidad entre la
vulneración de derechos colectivo y la afectación de derechos fundamentales, es
decir, que de la violación de los intereses colectivos se derive la amenaza de
prerrogativas individuales.
Frente
al particular, la Corte ha señalado unas reglas de ponderación como criterio
auxiliar que el juez deberá tener en cuenta para, eventualmente, conceder el
amparo de derechos colectivos a través de la acción de tutela. Al respecto, ha
establecido que “la protección de un derecho fundamental cuya causa de
afectación es generalizada o común para muchas personas afectadas, que pueda
reconocerse como un derecho colectivo, sólo es posible cuando se demuestra la
afectación individual o subjetiva del derecho. Dicho de otro modo, la existencia
de un derecho colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular no
excluye la procedencia de la acción de tutela cuando se prueba, de manera
concreta y cierta, la afectación de un derecho subjetivo, puesto que “en el
proceso de tutela debe probarse la existencia de un daño o amenaza concreta de
derechos fundamentales, la acción y omisión de una autoridad pública o de un
particular, que afecta tanto los derechos colectivos como los fundamentales de
un apersona o grupo de personas, y un nexo causal o vínculo, cierta e
indudablemente establecido, entre uno y otro elemento, pues de lo contrario no
precede la acción de tutela”[2]”[3].
Por
consiguiente, es de aclarar que no obstante que en el texto fundamental se
consagran acciones constitucionales diferentes para la protección de los
derechos individuales y colectivos, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando se cumplan los
siguientes requisitos[4]:
(I)
Que exista conexidad entre la
vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho
fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del sea consecuencia
inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo.
(II)
El peticionario debe ser la
persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción
de tutela es de naturaleza subjetiva.
(III)
La vulneración o la amenaza del
derecho fundamental no pueden ser hipotéticas sino que deben aparecer
expresamente probadas en el expediente.
(IV)
Finalmente, la orden judicial
debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y no del
derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.
Adicionalmente,
la Corte ha considerado que es necesario para la procedencia de la tutela como
mecanismo de protección de derechos colectivos en conexidad con derechos
fundamentales, que en el proceso aparezca demostrado que la acción popular no
es idónea, en el caso concreto, para amparar, específicamente, el derecho
fundamental vulnerado o amenazado. Al respecto, esta Corporación ha señalado:
||“Esta
breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento
idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos
colectivos (...). En tales circunstancias, la entrada en vigor de una
regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los
cuatro requisitos señalados (…), para que la tutela proceda en caso de
afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el
carácter subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente
aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar
específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho
colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en
relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos puede suceder
que la acción popular resulta adecuada para enfrentar la afectación del derecho
colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para amparar el derecho
fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés colectivo. En tal
evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto la acción popular
no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero si no existen
razones para suponer que la acción popular sea inadecuada, entonces la tutela
no es procedente, salvo que el actor recurra a ella "como mecanismo
transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en
curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho
fundamental.”[5].
Así
las cosas, de conformidad con lo indicado por la jurisprudencia y con el fin de
establecer la procedencia de la acción de tutela, le corresponde al juez
constitucional constatar si en el expediente se encuentra acreditado, de manera
cierta y fehaciente, que la afectación del derecho colectivo también amenaza el
derecho individualizado de la persona que interpone la acción de tutela, cuya
protección no resulta efectiva mediante la presentación de una acción popular,
sino que, por el contrario, debe ser evidente la urgencia en la intervención
inmediata del juez de tutela[6].
No
obstante lo anterior, es de precisar que la orden judicial que imparta en razón
de la acción de tutela que resulte procedente, debe estar orientada a obtener,
únicamente, el restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no el
derecho colectivo. En efecto, se ha indicado que “no debe pretenderse el
restablecimiento del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con
su decisión resulte protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza”[7].
En
virtud de lo expuesto, la Sala entra a analizar si se encuentran comprobadas
las condiciones señaladas por la jurisprudencia para amparar, por vía de
tutela, los derechos invocados.
4.
Caso concreto
Bajo
los presupuestos anteriormente planteados, la Corte estudiará la procedencia de
la acción de tutela, para lo cual es necesario examinar si la afectación de los
derechos colectivos de gozar de un ambiente sano y del espacio público implica
la afectación de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por los
accionantes.
En
el presente caso, los actores consideran que la torre base de telefonía móvil
celular ubicada en el barrio El Recreo en la ciudad de Montería y la ausencia
de los andenes peatonales, bulevar y vías de acceso a la avenida Circunvalar
vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad de
los residentes del sector.
Al
respecto, debe la Sala determinar, en sede de revisión, en primer lugar si en
realidad existe un nexo causal entre las radiaciones generadas por la
instalación de la torre de la telefonía celular en el barrio El Recreo con las
supuestas complicaciones en el estado de salud de las personas que residen en
el sector y, a continuación, deberá establecer si por la ausencia de andenes,
bulevar y vías, se afectan, directamente, los derechos a la vida y a la
seguridad de los tutelantes.
A
juicio de la Sala, de conformidad con los elementos de convicción allegados al
expediente y, en particular, de los informes y recomendaciones a que se hizo
alusión en el acápite de pruebas, no puede concluirse que la antena base de
telefonía celular instalada por Comcel S.A. en el barrio El Recreo de Montería,
sea la causa, tal y como lo afirman los accionantes, del padecimiento de cáncer
de algunos residentes del sector y de la muerte de otros por la misma
enfermedad.
En
efecto, las evidencias con las que cuenta la Sala al momento de resaltar lo que
indican es que las ondas electromagnéticas emitidas por la torre de telefonía
celular no generan ninguna afectación en el estado de salud de las personas.
De
conformidad con el Decreto No. 195 de 2005 “por el cual se adoptan límites
de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan
otras disposiciones”, las radiaciones emitidas por las torres base de
telefonía móvil celular son de muy baja potencia y no producen riesgos en la
salud de los seres humanos. En dicha normatividad se consideró que las
estaciones de telefonía móvil como fuentes inherentes conforme, en razón a que
no superan los límites de cambio de tecnología, están excluidas de las
restricciones y limitaciones de exposición que en dicha reglamentación se
contempló para otro tipo de radiaciones.
Así
las cosas, no aparece establecido, al menos en este proceso, que las torres
base generan afectaciones en el estado de salud de las personas lo cual impide
establecer un nexo causal entre la instalación y funcionamiento de la antena en
el barrio El Recreo y las aparentes complicaciones de salud de algunos
residentes, máxime cuando ni siquiera se allegó alguna prueba de los supuestos
padecimientos.
Al
respecto es de precisar que al no existir un concepto científico en virtud del
cual se pueda determinar la incidencia de la radiación emitida por la torre en
la afectación de la salud de los residentes, en principio, no es posible atribuírsele
a la instalación de la antena de telefonía móvil celular las implicaciones
aludidas por los accionantes, de cuya salud probablemente afectada nada se
acredita.
Ahora
bien, respecto a la vulneración de los derechos fundamentales en razón de la
ausencia de andenes peatonales, bulevar y de vías de acceso a la avenida Circunvalar,
se advierte que no se encontró probado que, en efecto, la vida de los
transeúntes del sector se encuentre expuesta, además de no constatarse que allí
se registrara un número significativo de accidentes, ni que la zona sea
altamente transitada. Tampoco se evidenció que los accionantes al transitar sobre
la vía, en razón de la ausencia de andenes o del bulevar, se hayan visto
lesionados o amenazados por el paso vehicular.
Por
último, considera la Sala que tampoco se evidencia la vulneración de un derecho
fundamental por parte de la Empresa de Gaseosa Córdoba S.A. al no construir en
el lote de su propiedad, toda vez que no se demostró la presencia de indigentes
o ladrones en el lugar que genere inseguridad para los residentes.
De
lo anterior se concluye que, en el presente caso, no se cumplen los
presupuestos jurisprudenciales establecidos para que proceda la acción de
tutela como mecanismo de protección, toda vez que no está probado en el
expediente la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes ni el nexo causal entre la vulneración de un derecho colectivo y la
amenaza sobre derechos fundamentales de ellos.
No
puede la Sala dejar de observar que si bien los supuestos fácticos aducidos por
los demandantes como constitutivos de violación de derechos fundamentales,
carecen, en principio, como se ha manifestado, de esa connotación, no por ello
puede descartarse que estamos en presencia de una eventual violación de
derechos colectivos cuya protección también reviste entidad constitucional, lo
cual ameritaría su protección pero a través del mecanismo que ha sido
expresamente previsto para ello, como lo es la acción popular de que trata, en
particular, la Ley 472 de 1993, instituto jurídico cuya idoneidad y eficacia no
ha sido descartada y, por ende, se muestra como apto para que a través de su
ejercicio los demandantes intenten materializar los objetivos que persiguen.
Así,
la Sala Cuarta de Revisión encuentra méritos para revocar la sentencia
pronunciada el 8 de noviembre de 2010 por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Montería, que confirmó la dictada el 20 de septiembre del mismo año por el
Juzgado Primero Penal Municipal de la misma ciudad, dentro de la acción de
tutela instaurada por Marciano Pérez Berrío, Aristides José Navarro y otros
residentes del barrio El Recreo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 8 de noviembre de 2010 por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Montería, que confirmó el dictado el 20 de septiembre del
mismo año por el Juzgado Primero Penal Municipal de la misma ciudad y, en su
lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por los señores
Marciano Pérez Berrío, Aristides José Navarro y otros residentes del barrio El
Recreo de Montería, por cuanto les asiste la posibilidad de acudir a otro medio
de defensa judicial.
SEGUNDO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Artículo 22
Decreto Ley 1900 de 1990: “El establecimiento, la instalación, la expansión, la
modificación, la ampliación, la renovación y la utilización de la red de
telecomunicaciones del Estado, o de cualquiera de sus elementos, constituyen
motivos de utilidad pública e interés social”:
[2] Sentencia T-1205
de 2001.
[3] Sentencia T-659
de 2007.
[4] Ver
entre otras, T-1451 de 200, SU-116 de 2001, T-288 de 2007 y T-659 de 2007.
[5] En
el mismo sentido pueden consultarse entre otras las sentencias SU- 257 de 1997,
T- 576 de 2005, SU-1116 de 2001.
[6] Ver entre otras
Sentencia T-659 de 2007.
[7] Ver Sentencia
SU- 1116 del 24 de octubre de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.