T-339-20
Sentencia
T-339/20
Referencia: Expediente
T-7.577.342
Asunto: Acción de tutela
ejercida por el
del Diario El País S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos
mil veinte (2020).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio
José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política
y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala de
Decisión Constitucional- que, a su turno, revocó el dictado por el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad,
a propósito del recurso de amparo constitucional promovido por el señor Andrés
Ramírez Urbano en contra del Diario El País S.A.
I.       ANTECEDENTES
1.      Hechos relevantes
1.1. El 13 de mayo de 2019, el señor Andrés
Ramírez Urbano sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Cali, por virtud
del cual el vehículo automotor que conducía terminó inmovilizado en un desaguadero.
No se causaron lesiones personales ni afectaciones a propiedad pública o
privada, como producto del accidente, así como tampoco se incurrió en ningún tipo
de infracción a las normas de tránsito. Según advirtió el propio accionante en
el escrito de tutela, el hecho obedeció a “razones técnicas que aún son
materia de estudio por la Gerencia de Ingeniería de la Distribuidora Nissan
Colombia, así como por la inadecuada disposición de los canales de aguas lluvia
en Cali, ya que no cuentan con las barreras de protección necesarias (…)”[1].
1.2. Ese mismo día, el diario El País publicó
en su página web la noticia del siniestro junto con un video realizado por un
ciudadano justo después de su ocurrencia[2]. La nota periodística se transmitió en
los siguientes términos:
“Video:
conductor pierde el control de su carro y cae a canal de aguas en el sur de
Cali
Un hombre que se movilizaba
en una camioneta Nissan Frontier por una vía del sur de Cali habría perdido el
control de su vehículo que terminó en un canal de aguas lluvia del sector. //El
hecho se registró este lunes cerca del medio día sobre la Calle 14 a la altura
de la Carrera 39, en el barrio El Guabal. //Los instantes posteriores al
incidente fueron captados en video por algunos transeúntes. En ellos se puede
observar que el conductor resultó ileso y externamente el vehículo, de placas
HCU 726, no presenta daños importantes. //El hombre salió por sus propios
medios del canal, con la colaboración de agentes de tránsito, y aseguró que no
hubo exceso de velocidad. Las labores para recuperar el vehículo requirieron la
presencia de una grúa especial. //William Bermúdez, líder del Centro de Gestión
de la Secretaría de Movilidad, indicó que este trabajo tomó varias horas” (Negrillas propias del texto
original)
1.3. Advertido sobre dicha publicación, el
actor procedió en la misma fecha a solicitar, vía correo electrónico dirigido a
la Directora Jurídica del mencionado diario, la eliminación inmediata de las
imágenes alusivas al accidente, a partir del hecho de considerar que ese tipo
de sucesos noticiosos “se prestan para burlas y comentarios falaces que
afectan [su] dignidad y buen nombre”, en especial, frente a sus “responsabilidades
de figura pública para [una] institución empresarial prestigiosa”,
lo que podría derivar en una seria afectación de su “medio de subsistencia”[3].
1.4. El 30 de mayo de 2019, en correo
electrónico de respuesta, la Directora Jurídica del Diario El País expresó la
negativa del diario de acceder a su petición por estimar que la publicación
respondía exclusivamente al ejercicio del derecho a la información del medio de
comunicación y que, por lo demás, en ella no se había citado su nombre ni
expuesto su imagen, ni mucho menos realizado imputaciones o afirmaciones deshonrosas,
injuriosas o calumniosas. De ahí que, no fuere procedente retirar ni la noticia
ni las imágenes que la acompañaron al no vislumbrarse afectación alguna de sus
derechos[4].
2. Solicitud de amparo constitucional y
pretensiones[5]
2.1. Con fundamento en lo anteriormente expuesto,
el 11 de junio de 2019, el señor Andrés Ramírez Urbano[6],
obrando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del diario El
País por considerar que dicho medio de comunicación quebrantó sus derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre, a la intimidad y a la propia imagen,
al haber publicado en su página web oficial el video del incidente sin su
consentimiento y negarse a eliminar las imágenes en las que podía ser
reconocido o identificado. En ese orden de ideas, pide al juez de tutela que le
ordene al ente accionado cesar la exposición de su identidad visual en todos
sus sistemas, reparar su honra y buen nombre “en proporciones
similares a la afectación ocasionada, de acuerdo a la propia imagen que en
ejercicio de [su] autonomía [desea] proyectar”, así como
abstenerse de publicar, en futuras ocasiones, la identidad de las personas que
hayan sido víctimas de un accidente y “liderar una campaña con sus
lectores para que se les invite a “ayudar y no filmar”” en este tipo de contextos
en los que las personas se encuentran vulnerables e indefensas[7].
2.2. De igual forma, el actor puso de relieve que,
por efecto de la publicación del video, ha venido siendo objeto de múltiples
burlas y toda clase de comentarios en textos de mensajería instantánea,
publicaciones en redes sociales y hasta en el propio portal del medio informativo
que, a no dudarlo, suponen tanto una transgresión de las prerrogativas iusfundamentales
cuya protección invoca como una grave afectación en su ambiente emocional,
familiar, social y de trabajo, esto último, dada su condición de vocero y
representante legal de una empresa en la que debe “mantener una
imagen de seriedad y confianza”.
2.3. Por tales motivos, señala que el derecho a
la información, para el caso concreto, no podía ejercerse en desmedro de su intimidad,
pues, aunque tuviese cabida la publicación del video, aquél debió editarse de
manera previa con el objetivo de que no fuera posible su identificación como
víctima del siniestro, máxime, cuando ello no resulta ser una exigencia
desproporcionada, al menos desde el punto de vista económico.
3. Oposición a la demanda por parte del
diario El País S.A.[8]
Una vez asumido el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de
Cali mediante auto del 13 de junio de 2019, y ordenado su respectivo traslado
al diario El País, este medio de comunicación, actuando a través de su
representante legal para asuntos judiciales y extrajudiciales y por vía de escrito
del 18 de junio de ese mismo año, solicitó que se declarara la improcedencia
del recurso de amparo constitucional, teniendo en cuenta que no ha incurrido en
vulneración alguna de derechos de raigambre superior.
Para justificar tal aserto, empezó por
indicar que no
es cierto el argumento esgrimido por el actor según el cual la afectación de
sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la honra obedece a
un ejercicio ilegítimo de la libertad a informar por parte del periódico. Ello,
en atención a que su inconformidad más bien reside en los comentarios de
terceras personas que incluyen manifestaciones de burla e improperios que le
resultan molestos, lo cual, en todo caso, no puede dar lugar a que lo publicado
se tenga por falso, erróneo, inexacto o que, incluso, deba ser eliminado de la
página web.
De hecho, también sostuvo que las
publicaciones efectuadas por los medios de comunicación están respaldadas, en
línea de principio, por la presunción de imparcialidad y buena fe, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 20 de la Carta Política y en la jurisprudencia
constitucional. Bajo esta premisa, puntualizó que la nota periodística que se
controvierte contiene información veraz e imparcial contrastada con los estándares
informativos adecuados, notas características que, valga anotar, no fueron
desvirtuadas por el accionante en su escrito de demanda.
Finalmente, respecto de la eliminación del
video, explicó que dicha solicitud no cumplía con los presupuestos para abrir
paso a la rectificación o aclaración de los hechos noticiosos divulgados, en
cuanto recalca que allí no se realizaron imputaciones deshonrosas, calumniosas
o injuriosas.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Primera instancia[9]
En sentencia del 27 de junio de 2019, el
Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que el periódico no vulneró los
derechos fundamentales del señor Ramírez Urbano, por negarse a eliminar de sus
servidores el video objeto de reproche.
En primer lugar, verificó que el video
publicado no afectaba los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra
del actor, ya que no se hacía referencia a ningún dato personal suyo, sino que
simplemente se realizaba una descripción general de las circunstancias que
rodearon el siniestro. En segundo lugar, anotó que, como el accidente se presentó
en una vía pública, el medio de comunicación estaba plenamente legitimado para informar
a la ciudadanía sobre ese hecho, y el mismo no se encontraba cobijado por la
reserva propia de la intimidad. En tercer lugar, explicó que, por las
condiciones que aceptan los usuarios del portal web del periódico EL PAÍS,
estos son responsables de los contenidos que publiquen, y el diario no respondía
por tales comentarios.
En cuarto lugar, advirtió que el requerimiento
del actor restringía el derecho de los demás usuarios a informarse por sí
mismos y a ser informados a través de fuentes veraces e imparciales, y es
contraria a la presunción constitucional a favor el ejercicio de la libertad de
expresión. Finalmente, manifestó que ordenar al diario no publicar el video
sobre el que trata el presente proceso con base en los juicios de valor
presentados por el actor, supondría una restricción ilegítima de las libertades
de expresión e información.
2. Impugnación[10]
En escrito del 8 de julio de 2019, el
señor Ramírez Urbano presentó apelación en contra de la anterior decisión, al
estimar que el a quo no valoró de forma adecuada su afectación a los
derechos a la intimidad y a la propia imagen, ante la negativa del medio de
comunicación de suprimir las imágenes que acompañaban la noticia sobre el
accidente. De ahí que, esta negativa facilitaba un escenario en el que se
quebrantaban sus derechos a la honra y al buen nombre, en tanto que permitía mayor
exposición.
3. Segunda instancia[11]
En sentencia del 12 de agosto de 2019, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala de Decisión
Constitucional- resolvió revocar la decisión de primera instancia y, en su
lugar, amparó el derecho a la imagen propia del accionante. En ese sentido,
ordenó al periódico que editara el video publicado con el fin de distorsionar
el rostro del tutelante, así como que dicha edición se mantuviera respecto de
futuras emisiones, hasta que se contara con autorización del titular para
publicarlo.
Para justificar lo anterior, realizó una
ponderación entre el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial
en cabeza de los medios de comunicación, y “el derecho a la propia imagen,
reconocido por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional,
como expresión de la individualidad e identidad de la persona, en relación con
su libre desarrollo de la personalidad”[12].
Al respecto, coincidió con el juez de
primera instancia en que, ni el video ni la noticia, suponían una afectación a
los derechos a la intimidad, buen nombre y honra, por cuanto no se revelaban
datos personales del autor, ni emitían falsedades, aseveraciones deshonrosas,
calumniosas o injuriosas[13].
Sin perjuicio de lo anterior, estimó que
al publicar el video en cuestión sin autorización de su dueño afectó la
garantía fundamental a la propia imagen, dado que para poder publicar en estos
casos se requiere del expreso consentimiento de su titular. Si bien se
encuentran algunas excepciones a dicha regla en la jurisprudencia
constitucional, como, por ejemplo, las señaladas en la Sentencia T-546 de 2016[14],
las mismas no eran aplicables al asunto objeto de estudio. Particularmente, en
lo que respecta al caso concreto, dicha autorización no es exigible (i) cuando
se divulga un hecho noticioso derivado de una actuación pública, y (ii) cuando
se trata de un evento en el que se hayan expuesto imágenes que hagan referencia
a eventos ocurridos o en los que se demuestre camaradería social, siempre que
no reflejen ninguna cualidad o característica de un sujeto.
Frente al primero de los supuestos,
consideró no se está ante un evento de transcendental importancia que genere un
impacto en la sociedad. En palabras del
Tribunal:
“la Sala debe esgrimir que, un hecho noticioso,
corresponde a un suceso, al cual, un periodista o un medio masivo de comunicación,
le ha aplicado un análisis, para poder adaptarlo a una noticia y, en Colombia,
por mandato expreso de la Constitución, en su artículo 20, esas noticias,
derivadas del derecho a informar, deben conllevar una responsabilidad social,
es decir, para que este caso pueda enmarcarse dentro de esta excepción, debe el
a-quem, preguntarse, si la noticia en sí, está redactada para dar a conocer un
evento que sea de trascendental importancia, y que busque generar impacto en la
sociedad o si solamente divulga unos hechos de manera llana y simple, de la
lectura de la historia, este Despacho se inclina por la segunda lectura. // A
su vez, debemos dilucidar, qué se entiende por actuación pública, lo cual lleva
intrínseca la voluntad de efectuar una acción que, para el caso, se hace con la
conciencia de realizarla, frente al conocimiento externo; no obstante, en esta
situación, no encuentra el Despacho que el actuar del señor Ramírez se
encuentra bajo tal posición, ya que, simplemente, se presentó un accidente, un
presunto hecho fortuito que, en medida alguna, constituye una actividad
parecida.” [15]
Adicionalmente, en relación con el segundo
supuesto anotó:
“Para este entendido, debe
referirse que, un acontecimiento, es un suceso relevante que por su
envergadura, es necesario dar a conocerlo en sociedad, pero en este caso
concreto, tampoco se evidencia que el reportaje, enuncie algo de gran magnitud,
que represente un punto de cuidado para la comunidad, y que le genere
conciencia. Por tanto, tampoco observa la Sala que pueda aplicarse esta
condición, ya que ni representa una situación tan significativa, ni mucho menos
corresponde a un asunto de camaradería social.”[16]
En consecuencia, concluyó que el periódico
no estaba legitimado para utilizar la imagen del ciudadano, sobre todo cuando
este, el mismo día de su publicación en el portal web, manifestó su
inconformidad y solicitó de manera expresa la eliminación del contenido.
Por su parte, atendiendo al ejercicio de
la libertad de expresión y el correspondiente derecho a informar en cabeza del
medio de comunicación, se indicó que el accionado puede determinar libremente
los hechos que considera deben ser de conocimiento público. Sin embargo, no se
hacía indispensable exhibir el rostro de la persona involucrada en la situación
objeto de noticia, sin que mediara previamente su autorización expresa -en los
términos descritos previamente-. Por tal razón, consideró vulnerado el derecho
a la imagen propia del accionante y resolvió proceder al amparo bajo las
condiciones ya descritas.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 30 de septiembre
de 2019 proferido por la Sala de Selección Número Nueve[17].
2. Trámite en la Corte
Constitucional
2.1. Durante el trámite de selección
del asunto objeto de estudio se recibieron escritos de la Asociación Colombiana
de Medios de Información (AMI)[18],
de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)[19]
y de la Procuraduría General de la Nación[20], en los cuales se solicitó a la
Corte seleccionar el expediente por considerar que el fallo del juez de segunda
instancia comprometía seriamente las garantías a la libertad de expresión y de acceso
a la información. En todos los documentos, las entidades coincidieron en pedir a
esta Corporación que interviniera con el fin de pronunciarse sobre la presunta
vulneración de las libertades de expresión y acceso a la información causada
como resultado de lo decidido por el ad-quem.
2.2. Por ejemplo, en el escrito
de la AMI, se puso de presente que con el fallo del Tribunal se desconocieron
los parámetros jurisprudenciales de protección a la libertad de expresión que
han sido desarrollados tanto por esta Corte como por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En particular, aquellos determinados para resolver la tensión
que se presenta en el caso concreto entre el derecho a la información y los
derechos a la imagen propia, a la honra y el buen nombre, los cuales deben
ceder frente al ejercicio de la libertad de expresión tratándose de hechos
noticiosos. Así mismo, se resaltó el papel vital que cumplen los medios de
comunicación en la consolidación y preservación de la democracia, el cual
resultó sacrificado con la interpretación realizada por el juez de segunda
instancia.
Incluso, la AMI precisó que
el Tribunal incurrió en error “al establecer que noticia es solamente el
hecho que “da a conocer un evento que sea de trascendental importancia o busca
generar impacto”, desconociendo que para definir qué es noticia se debe
establecer su categoría de interés, el público objetivo, enfoque y
ubicación del medio, es decir el a quien va dirigida la noticia, entendiéndose
que según el foco del medio (temático, local, nacional, internacional,
judicial, deportivo) un hecho se entiende noticioso y relevante para las
audiencias destinatarias de la noticia. En este caso, el hecho ocurrido en
Cali, para El País como medio regional y noticia local, esta resultó relevante
y de interés para sus audiencias”[21].
2.3. Entre tanto, en el
documento allegado por la FLIP se expuso que con la decisión de segunda
instancia adoptada por el Tribunal se desechaba el precedente reiterado de la
Corte en el que se propugna por la protección de la libertad de expresión y la
amplia libertad que tienen los medios de comunicación para publicar información
veraz e imparcial, dado el rol esencial que cumplen en un sistema democrático.
De ahí que, advirtiera que, en el caso concreto, al haberse optado por la
eliminación del video de la página web del periódico, se quebrantaron las facetas
individual y colectiva de la libertad de expresión.
2.4. Finalmente, la
Procuraduría General de la Nación destacó que la decisión del ad-quem supone
“estar en presencia de una restricción al derecho a la información contraria
a la jurisprudencia constitucional”, por lo que resulta necesaria la intervención
de este Tribunal para abordar la cuestión debatida.
3. Análisis de procedencia
formal de la acción de tutela
En seguida, se
realiza el examen de procedencia del recurso de amparo constitucional.
3.1. Para tal efecto, se observa que se cumplen los
requisitos de legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva.
En cuanto al primer presupuesto, porque el accionante actúa directamente como
persona natural en cabeza del cual radica la titularidad del derecho objeto de
estudio[22].
En cuanto al segundo, cabe destacar que el artículo 86 del Texto Superior establece
que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los
derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de
los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En
este contexto, según lo señalado de manera reiterada por la Corte, en lo que
respecta a esta modalidad de legitimación, es necesario acreditar dos
requisitos, por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los
cuales procede el amparo; y por la otra, que la conducta que genera la
vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente,
con su acción u omisión. Sobre el particular, en la Sentencia T-1001 de 2006[23], se expuso que: “la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante y la
acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente (…)”.
En relación con el caso concreto, el
demandado es el periódico EL PAÍS, un medio de comunicación de carácter privado
con amplia divulgación regional. En relación con los medios de comunicación, esta
Corporación ha entendido que su procedencia como particulares podría estar
justificada en los numerales 7 y/o 9 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[24].
Así las cosas, el numeral 9 abarca la situación a la que se ha referido la
jurisprudencia constitucional, de acuerdo con la cual, una persona que haya
sido incluida en una noticia se encuentra en estado de indefensión frente al
medio masivo de comunicación que difunde, en razón al amplio poder de divulgación
que ostentan los medios y dado que el involucrado carece de control sobre la
decisión y el contenido de la publicación[25].
Por su parte, el numeral 7 resultará aplicable cuando la pretensión del
accionante se encamine a solicitar la rectificación de información que
presuntamente faltó a los deberes de veracidad y/o imparcialidad.
En concordancia con lo expuesto,
respecto a las circunstancias fácticas del asunto sub-examine, al no
requerirse por el tutelante la rectificación de información errónea o inexacta,
la acción de tutela sería procedente frente al Diario El País, en virtud del
numeral 9 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, al considerar que se
presenta un estado de indefensión respecto del señor Andrés Ramírez Urbano, en
los términos descritos en el párrafo anterior.
Ahora bien, en lo tocante a
la vinculación de la conducta que presuntamente generó la afectación de los
derechos fundamentales, la Sala estima que también se encuentra acreditada dado
que fue dicho periódico el que publicó el video que se grabó momentos después
de ocurrido el accidente en el que estuvo involucrado el señor Ramírez Urbano,
sobre el que se informó en la página web del citado medio y, respecto del cual,
se debate en esta oportunidad.
Por consiguiente, se
encuentra satisfecho también el supuesto de legitimación en la causa por
pasiva.
3.2. También se advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez[26],
pues la última conducta que dio lugar a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales en el caso concreto se generó con la respuesta negativa del 30 de
mayo de 2019 ofrecida por el diario EL PAÍS al actor frente a la solicitud de
eliminación del video y de la publicación. En este punto, ha de recordarse que el
recurso de amparo constitucional fue promovido el 11 de junio siguiente, esto
es, tan solo 12 días después de acontecida la referida circunstancia, de lo
cual se infiere indiscutiblemente un término razonable.
3.3. Por último, respecto del requisito de subsidiariedad[27],
es preciso anotar que el
artículo 86 de la Constitución y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991[28] establecen
que la solicitud de amparo solo procede cuando la persona afectada no cuenta con
otro medio de defensa judicial y, excepcionalmente, cuando la vía judicial
existente no resulte idónea o eficaz para la protección del derecho fundamental
amenazado o conculcado, o deba evitarse la posible configuración de un perjuicio
irremediable.
Para analizar el caso objeto
de examen, es necesario precisar que el accionante plantea la vulneración de
sus derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la propia imagen
como consecuencia de la publicación del periódico EL PAÍS del video en que se
documentó el accidente de tránsito en el que se vio involucrado, así como su
negativa de eliminar o editar las imágenes en que hubiese sido posible su
identificación.
Pues bien, tratándose de la
vulneración de los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad debe
empezar por señalarse que existen otros medios de defensa judicial en el ámbito
penal que, en principio, están llamados a resolver este tipo de controversias[29]. En
efecto, como lo ha afirmado esta Corporación, la consagración en el
ordenamiento penal de los delitos de injuria y calumnia[30] “permite
preservar la integridad moral de la víctima”[31]. No
obstante lo anterior, en la jurisprudencia de esta Corporación también se ha precisado
que tal mecanismo no es eficaz para la protección de los derechos fundamentales
al buen nombre y a la honra, pues persigue objetivos distintos a los anudados
para el trámite del recurso de amparo constitucional. La diferencia,
básicamente, radica en el animus injuriandi -característica esencial del
delito de injuria-, el cual supone que quien comete el acto debe tener
conocimiento de que sus afirmaciones tienen el potencial de dañar la honra de la
persona a quien se refiere, mientras que en el escenario de la acción de tutela
ese dolo no se tiene como presupuesto para la eventual protección del derecho
fundamental transgredido[32].
En otras palabras, con el
proceso penal no es posible materializar la protección integral de dichas garantías
constitucionales. Ello, sumado a la particular celeridad que brinda la acción
de tutela, la convierte en el instrumento de defensa judicial idóneo para
evitar o contener la supuesta afectación de tales derechos, a la vez que
precaver la eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable[33].
Por otro lado, en cuanto
tiene que ver con el derecho a la propia imagen, si bien es cierto que un
componente del mismo podría ser también abordado desde el ámbito penal, toda
vez que por medio de la utilización de la imagen de otra persona en videos se
puede terminar incurriendo en las conductas típicas de injuria y calumnia, no
es menos cierto que al tratarse de una garantía robustecida en el seno propio de
la jurisprudencia constitucional, su ámbito de protección, como ya se ha
expuesto, tampoco podría ser agotado de manera integral en el ordenamiento
penal y, por lo mismo, se requiere de la participación del juez de tutela. En
consecuencia, sería también la acción de tutela el instrumento a través del
cual cabría garantizar de manera suficiente el derecho del actor.
Ahora bien, en línea con el
examen que se realiza, no sobra apuntar que, como se ha expresado por esta
Corte, cuando el sujeto accionado es un medio de comunicación, de encontrarse que
la pretensión está directamente relacionada con la corrección de información falsa,
errónea o inexacta, el tutelante tendrá la carga de solicitar de manera previa la
correspondiente rectificación. Esta garantía se halla contenida de manera
expresa en el artículo 20 de la Carta Política[34],
cuya razón de ser encuentra explicación en la premisa de que los medios de
comunicación pueden difundir información o hechos que no correspondan con la
verdad total o parcialmente, y debe brindárseles la oportunidad para corregir o
rectificar, sin necesidad de acudir en un primer momento al sistema judicial. Esta
prerrogativa surge, entonces, como correlato de la presunción de protección a
favor de los medios de comunicación en ejercicio de la libertad de prensa, los
cuales, a su vez, tienen la carga de suministrar información veraz e imparcial[35].
Con todo, frente al caso que
ahora ocupa la atención de la Sala, dicha condición de procedibilidad no es exigible,
ya que, de acuerdo con la interpretación que ha realizado esta Corporación sobre
el alcance del numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, aquella
solo es aplicable cuando lo que se persigue es “la corrección de
informaciones inexactas o erróneas divulgadas por los medios de comunicación
social”[36].
En consecuencia, sin perjuicio de que el ciudadano haya dirigido en un primer
momento una solicitud al medio para que retirara el video o distorsionara la
imagen, como en el sub judice la pretensión del actor se relaciona con la
exposición de su imagen en el video tomado por un ciudadano y publicado en la
página web del diario demandado como soporte de la noticia, y no con
afirmaciones o información transmitida en el texto de la noticia, claramente no
es exigible la rectificación.
En este orden de ideas, observa la Sala que,
comoquiera que el ámbito penal no es el escenario idóneo para resolver la
controversia bajo examen y que, por lo demás, no es exigible la rectificación,
el recurso de amparo constitucional se instituye en el mecanismo de defensa
judicial pertinente para la adecuada protección de los derechos a la imagen
propia, al buen nombre, a la honra y a la intimidad del señor Ramírez Urbano.
Por tal motivo, pasará a formularse el problema jurídico y su esquema de
resolución.
4. Problema jurídico y
esquema de resolución
4.1. A partir de las circunstancias que dieron lugar al
ejercicio de la acción de tutela, la respuesta de la entidad accionada y las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia, esta Sala deberá determinar
si, en efecto, el periódico El País, en ejercicio de la libertad de expresión y
de información, vulneró los derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad
y a la propia imagen del actor, al publicar en su página web oficial y sin su
autorización, una nota periodística junto con un video sin editar, en el que se
documenta un percance automovilístico acontecido en una vía pública, en el que
estuvo involucrado y en el que aparentemente puede ser reconocido o
identificado.
4.2. Para efectos de resolver el problema
planteado, en primer lugar, habrá de reiterarse la jurisprudencia
constitucional sobre las libertades de expresión y de información, haciendo
énfasis en la protección especial que se deriva del ejercicio de tales
garantías en cabeza de los medios de comunicación (libertad de prensa). En
segundo término, se abordará la protección constitucional a los derechos al
buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la propia imagen cuando entran en
conflicto con las libertades de información y prensa. Finalmente, con base en
las subreglas allí advertidas, pasará a resolver el caso concreto.
5.      Las
libertades de expresión, información y prensa. Reiteración jurisprudencial.
5.1. El derecho a la libertad de expresión está
contenido en el artículo 20 de la Constitución Política[37] y aparece consagrado
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[38], en el
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[39] y en el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[40]. Ciertamente,
puede afirmarse que en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos se han desarrollado amplias garantías por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos[41],
estándares que han sido acogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de
esta Corporación[42].
5.2. De manera general, la libertad de expresión ha sido
reconocida como (i) un derecho de carácter universal, inalienable, indivisible
e interdependiente con otros derechos, (ii) que protege un amplio espectro de
garantías, como lo son la posibilidad de expresar ideas, opiniones y emitir
información, de acceder, buscar y recibir información, y (iii) de difundir
ideas e información por cualquier medio de expresión. Tal garantía resulta
imprescindible para el ejercicio de otros derechos como la libertad de
conciencia, de asociación y de participación en los asuntos públicos, entre
otros, y se concibe como condición fundamental para la democracia[43]. Esto último,
en la medida de que para la consolidación de un sistema democrático se requiere
de la efectiva participación de una ciudadanía informada con autonomía para
tomar sus decisiones y poder ejercer control sobre lo público[44]. De ahí
que las expresiones de esta prerrogativa cuenten con una protección especial y que
sus limitaciones, además, deban ser excepcionales[45], sin
perjuicio de reconocerse que existen ciertos tipos de discursos sobre los
cuales se deriva una protección especial por la transcendencia para la
democracia y los demás derechos[46].
Así mismo, cabe anotar que
esta libertad tiene una doble dimensión: individual y colectiva. Mientras la
individual consiste en el derecho de toda persona a expresar sus ideas y a
informar sobre distintos aspectos, la colectiva, por su parte, supone el
derecho de la sociedad a recibir y buscar cualquier información por distintos
medios, a conocer otras opiniones y pensamientos y a estar bien informada[47].
5.3. Como hasta aquí puede advertirse, la
libertad de información también es un derecho que se deriva de la libertad de
expresión, pero diferenciable en cuanto a que su ámbito protectivo se
circunscribe a la posibilidad de comunicar, transmitir, recibir y buscar
información veraz e imparcial sobre noticias, acontecimientos, ideas y
opiniones a través de cualquier medio de expresión. Desde esa perspectiva, se
instituye en una garantía constitucional que opera en una doble vía: tanto en
cuanto supone la potestad de informar como la de recibir información. Su
ejercicio, por lo demás, impone algunas cargas a su titular,  pues la
información que se transmite debe responder a la veracidad y a la imparcialidad[48], así como
al respeto por los derechos de terceros como son, por ejemplo, la intimidad, la
honra y el buen nombre[49].
5.4. Cuando este libre flujo de información supone
la participación de los medios de comunicación, existe una vinculación
inescindible con la libertad de prensa. Esta, a su vez, trae consigo una serie
de elementos normativos diferenciables en el artículo 20 de la Constitución. Esta
Corporación se ha referido a ella como la posibilidad de fundar medios masivos
de comunicación y el hecho que puedan funcionar sin interferencias indebidas.
Esto último, es un supuesto que les permite cumplir su rol de mantener a la
ciudadanía informada dentro de una sociedad democrática y se ejerzan los
controles sobre los eventuales abusos de los gobernantes[50].
También esta Corte ha
expresado que una de las funciones de los medios de comunicación necesariamente
involucra uno de los discursos especialmente protegidos por la libertad de
expresión, como son las cuestiones que tienen relevancia pública, por lo que
“la sociedad tiene derecho a recibirlas”[51].
En concreto, la relevancia pública ha sido definida como “la necesidad de una
información que se desenvuelva en el marco del interés general del asunto a
tratar. En este sentido, dos aspectos cobran vigencia: la calidad de la persona
y el contenido de la información”[52].
En consonancia con lo
anterior, se debe advertir que el ejercicio de la libertad de información por
parte de los medios de comunicación también exige una responsabilidad social[53]. Esta se
hace necesaria ante el poder social que tienen los medios de comunicación, cuya
difusión masiva de la información puede impactar profundamente en la audiencia,
y originar potenciales conflictos con otros derechos, valores o intereses
constitucionalmente protegidos[54].
De ahí que los periodistas y medios de comunicación, al jugar un rol
determinante en la comunidad, deben actuar de manera responsable siendo
conscientes de los riesgos y tensiones que se derivan respecto de otras
garantías fundamentales por aquello que sea publicado[55].
Con todo, lo cierto es que este
tipo de exigencias para el ejercicio del derecho a la información, no pueden derivar
en ninguna forma de censura[56],
entendiéndose por esta cuando se impone (i) un régimen de autorización previa o
permiso para fundar los medios de comunicación, (ii) un control previo al
contenido de la información a publicar[57]
y (iii) o se hacen más gravosas las circunstancias para que un periodista pueda
acceder a la información[58].
6.
Reglas adoptadas por la jurisprudencia constitucional para resolver las
tensiones entre la libertad de información ejercida por medios de comunicación y
los derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la propia imagen.
6.1. Tal y como quedó establecido
en párrafos atrás,
el ejercicio de la libertad de información por parte de los medios de prensa
supone también la responsabilidad de no afectar los derechos fundamentales de
terceras personas, como lo son, por ejemplo, el buen nombre, la honra, la
intimidad y la propia imagen. Sin embargo, es preciso advertir que, en atención
a la protección especial que tiene la libertad de expresión, “existe una
presunción constitucional a favor de esta, razón por la cual, cuando el ejercicio
de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos, valores o
principios constitucionales, se debe otorgar, en principio, una primacía a la
libertad de expresión”[59].
Sobre el
particular, es de anotar que la jurisprudencia constitucional ha hecho
referencia en distintas oportunidades a las tensiones que pueden presentarse
entre el ejercicio de las libertades de expresión e información y los derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre, a la intimidad y a la imagen. Antes
de pasar a citar algunos fallos en los que se ha expuesto esta problemática,
habrá de efectuarse una aproximación conceptual breve de cada una de dichas
garantías.
6.2. Derechos
a la honra, al buen nombre y a la intimidad. El derecho a la honra se encuentra
consagrado en los artículos 2 y 21 de la Constitución[60]
y se concibe como el “valor intrínseco del individuo frente a sí mismo y ante
la sociedad, el cual debe ser protegido para lograr una correcta apreciación de
este dentro de la colectividad”[61].
Por su parte, el
derecho al buen nombre, se protege en el artículo 15 del Texto Constitucional[62],
y tiene que ver con el concepto que los demás se forman sobre el individuo, el
cual se activa conforme al actuar decoroso, pulcro y ejemplar del titular. Para
que proceda la garantía constitucional es necesario que quien reclama la
protección al buen nombre tenga un actuar público susceptible de ser protegido,
así como que la información fala o errónea se difunda con el ánimo de
distorsionar el concepto público de la persona.
En cuanto al derecho
a la intimidad, también se encuentra contenido en el precitado artículo 15
Superior, el cual tiene como objeto proteger múltiples aspectos y escenarios de
la vida personal y familiar de una persona, como su órbita privada, relaciones
familiares, costumbres, comunicaciones personales, creencias religiosas, y “en
general todo “comportamiento del sujeto que no es conocido por los extraños y
que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación” que éstos
tienen de aquél.”[63]
La restricción de esta garantía constitucional puede darse siempre que se
cuente con autorización o el consentimiento de su titular, o cuando se hubiese
proferido una orden por parte de autoridad competente. En esa medida, para una legítima
divulgación de la información personal se deben cumplir con los siguientes
principios:
“(i) libertad,
en virtud del cual los datos de una persona no pueden ser divulgados ni
registrados, salvo que medie el consentimiento del interesado o exista un fin
constitucionalmente legítimo; (ii) finalidad, el cual supone que la
publicación o divulgación de los datos personales esté sustentada en un fin
constitucionalmente legítimo; (iii) necesidad, esto es si los datos
que se van a revelar guardan relación con un soporte constitucional: (iv) veracidad,
que exige que la publicación de información personal que se ajuste a la
realidad o sea correcta; e (v) integridad, que significa que
no puede evidenciarse parcialidad o fragmentación en los datos que se suministran,
en otras palabras, la información debe ser completa.”[64]
La interpretación
de estos principios varía atendiendo a las circunstancias particulares del
sujeto involucrado, toda vez que cuando se trata de personas y hechos de
importancia pública, predomina la libertad de información en sus dimensiones
individual y colectiva, debido a la importancia que pueden tener esos aspectos
para el debate público en un sistema democrático.
Por ejemplo, en la Sentencia SU-274 de 2019[65], se denegó
el amparo de los derechos al buen nombre y a la honra que habían sido invocados
por el accionante. El caso se originó porque un periodista y un medio de
comunicación publicaron que el proceso penal que cursaba en contra del actor
podría resultar en una sentencia condenatoria[66].
No obstante, la Corte Suprema de Justicia luego precisó que no había proyecto
de sentencia en ese caso. Al respecto, se señaló que no se había dado una
vulneración de los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad, debido
a que lo relatado en la noticia cumplía con las cargas de imparcialidad y
veracidad, además de que el interesado tenía un cargo de elección popular y sus
actividades eran, por ende, de interés general[67].
Adicionalmente, para analizar si unos trinos
publicados por otros periodistas sobre esta circunstancia resultaban igualmente
vulneratorios, se recordó que, cuando quiera que haya tensión entre la libertad
de expresión y los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad, es
necesario acudir a algunas pautas que permitan realizar la respectiva ponderación
en el caso concreto, a saber:
a)
Quien comunica. Si se trata de un periodista o medio de
comunicación, se exigen las cargas de veracidad e imparcialidad al estar frente
al ejercicio de la libertad de información.
b)
De qué o quién
comunica. En este punto se
deberá determinar si se está en presencia de un discurso especialmente
protegido y la calidad que tiene la persona respecto de quien de emite la
información, así como establecer si la información tiene una intención dañina.
c)
A quién se comunica. Identificar el receptor del mensaje, así
como a cantidad de personas que el mensaje tiene la potencialidad de alcanzar.
d)
Cómo se comunica. Cabe anotar que se protegen todas las
formas de expresión sean verbales, escritas o imágenes y objetos artísticos que
tengan implicaciones expresivas. Al respecto, deberá evaluarse la
comunicabilidad del mensaje[68].
e)
Por qué medio se
comunica. Es preciso
anotar que cada medio tiene sus complejidades constitucionalmente relevantes y
que impactan en el alcance de la libertad expresión.
Luego de agotar el análisis de estos escenarios en la
cuestión sub lite, se concluyó que tales trinos -en su mayoría- suponían
la expresión de opiniones, por lo que se trataba de un discurso especialmente
protegido. De ahí que tales manifestaciones tampoco supusieran una afectación
al buen nombre y a la honra.
6.3. Derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen
hace referencia a la potestad que tiene cada persona para determinar el manejo
de su representación externa, así como su utilización[69]. Esta garantía tiene origen jurisprudencial, a partir
de una lectura sistémica e integral de la Constitución junto con su artículo 94[70], y se
concibe como un derecho fundamental, de carácter personalísimo y autónomo[71],
relacionado con la personalidad jurídica y el libre desarrollo a la
personalidad[72],
así como una garantía concurrente con los derechos a la intimidad, al buen
nombre y a la honra[73].
Su protección en el escenario jurídico
puede identificarse a partir de tres facetas[74]:
(i) la autonomía para definir desde lo estético su propia imagen (dimensión de
autodefinición del ser en su aspecto físico); (ii) la identificación de su
imagen en la sociedad, la cual le permite identificarse plenamente frente a los
demás, y (iii) la utilización de esa imagen en cuanto a cómo y qué parte puede
ser difundida de manera libre o restringida y de forma gratuita u onerosa
(dimensión positiva), y en la posibilidad prohibir su obtención, utilización y
reproducción (dimensión negativa)[75].
De conformidad con la Ley 23 de 1982[76], “[l]a
publicación del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos,
didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés
público o que se hubieren desarrollado en público”[77].
Por fuera de tales circunstancias o escenarios, la persona tiene la posibilidad
de determinar si su imagen puede ser exhibida o expuesta, por lo que se
requiere de su autorización expresa de manera previa a su utilización. Incluso,
habiéndose otorgado el consentimiento, el titular del derecho podrá revocarlo
–sin perjuicio de la correspondiente indemnización de perjuicios–[78].
Ahora bien, frente al alcance de la
imagen sujeta a la protección de este derecho existe una amplia discusión. Para
ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el amparo es procedente respecto
de las expresiones en las que se transmite con claridad el aspecto físico y los
rasgos del rostro que llevan a la identificación de una persona. Pero, no
ocurre lo mismo, cuando se presentan escenarios en los que aparecen siluetas o
simples caracterizaciones, en las que al no ser posible la determinación del
sujeto, difícilmente puede extenderse la protección que otorga el derecho en
mención[79].
Para identificar el tipo de escenario, es necesario que el juez analice el
contexto y el alcance dado a la imagen, desde criterios objetivos que permitan
advertir si se encuentra ante una u otra hipótesis. De ahí que, el juez deberá
examinar el fundamento fáctico del sub-lite.
De manera general, el derecho a la imagen
propia puede resultar vulnerado cuando (i) se transmite un mensaje que no
corresponde con la realidad, es decir, un falseamiento; cuando (ii) se presenta
una apropiación, explotación, exposición, reproducción y/o comercialización de
la imagen no autorizada por su titular; o (iii) cuando un tercero interviene en
la consolidación de la imagen de una persona, sin contar con su consentimiento.
Por lo demás, es preciso anotar que, el derecho a la imagen propia no tiene un
carácter absoluto y, por lo tanto, está sujeto a ciertas limitaciones cuando
entra en conflicto con otro tipo de libertades, especialmente aquellas
vinculadas con la sociabilidad humana[80],
por ejemplo, cuando están involucrados los derechos de los menores de edad.
Sobre la problemática que ofrece el caso
objeto de estudio, la Sala llama la atención -desde una perspectiva
constitucional- frente a los siniestros viales y a las imágenes de personas
involucradas en este tipo de circunstancias y que tienen la potencialidad de
afectar garantías iusfundamentales. En este contexto, el derecho a la
imagen aparece en conflicto con las libertades de información y expresión, así
como respecto de la libertad de prensa, cuando la publicación se realiza por un
medio de comunicación.
Así las cosas, cuando el accidente de
tránsito ocurre en una vía pública, en concordancia con el artículo 36 de la
Ley 82 de 1982, las imágenes que se capten relacionadas con el siniestro tienen
la posibilidad de ser expuestas, aun cuando, en algunas ocasiones se pudieran
identificar de manera clara rasgos de un individuo. En todo caso, es preciso
advertir que, esta regla deberá ponderarse con detenimiento para cada caso
concreto, dependiendo del tipo de sujetos que se encuentren involucrados en la
cuestión. Particularmente, en tratándose de menores de edad, la imagen adquiere
una relevancia mayor. Cabe mencionar también que esta posibilidad tiene sentido
cuando, en el marco de un ejercicio comunicativo válido, alguien capta la
imagen de una calle o plaza en la que aparezcan ciertas personas y que las
mismas sean identificables, lo cual pareciera una carga razonable de la vida en
comunidad; como sucede cuando quien participa en una marcha o protesta es
fotografiado o filmado por una cámara. Otra cosa muy diferente sería imponer
una regla general según la cual quien sale a un espacio público puede ser
libremente retratado.
En otras palabras, cuando se trata de la
difusión de contenidos amparados por la libertad de expresión, la aproximación
no puede ser si se está en un caso en el que cabe emplear la imagen, sino que,
ante la presunción de validez del ejercicio comunicativo para la divulgación de
una noticia, habría que examinar si hay algún factor que permita excluir el uso
de esa imagen, como sería, por ejemplo, que aparezcan menores de edad. Por ello
siempre es necesario examinar el sujeto involucrado en la controversia.
Paralelo a lo expuesto hasta este punto, cabe
mencionar que un siniestro también puede ser considerado en sí mismo como un
hecho noticioso y de interés para la sociedad, en la medida en que brinda
información relevante como lo son las circunstancias en que ocurre, el tipo de
automotor involucrado, la vía en la que se presenta, entre otras circunstancias
contextuales. En este orden
de ideas, la jurisprudencia constitucional ha considerado que no se configura
una afectación del derecho fundamental al buen nombre cuando se expone la
imagen para divulgar hechos noticiosos[81].
Esta regla adquiere especial relevancia en el ejercicio de las libertades de
expresión e información por un medio de comunicación, respecto de los cuales se
presume que las noticias que publican tienen un carácter noticioso y de
transcendencia social[82].
Frente a este punto, cabe
también anotar que, al estar en presencia del ejercicio de la libertad de
prensa, respecto de la cual la publicación de la imagen podría tener una amplia
circulación, en cada caso el juez constitucional deberá también tomar en
consideración la diferencia existente entre, por ejemplo, la difusión de un
hecho noticioso a través de un medio impreso, y la difusión de una noticia y su
permanencia en medios electrónicos accesibles a través de la Web[83].
En este tipo de escenarios, cuando de manera concurrente se presenta la
afectación de otros derechos fundamentales como la intimidad, es posible que el
juez analice el carácter accesorio de la imagen utilizada y el grado de
exposición realizado en la noticia (un diario impreso de un día vs un link de
acceso permanente en el tiempo), sin que ello suponga un acto de censura o una
restricción desproporcionada del ejercicio de las libertades de expresión e
información[84].
Recogiendo lo explicado hasta este punto,
entonces, es preciso advertir que ante una tensión como la descrita entre el
derecho a la propia imagen y las libertades de expresión e información, el juez
constitucional deberá realizar una ponderación entre estos dos tipos de
garantías fundamentales. Para tal efecto, en relación a las libertades
mencionadas deberá atender a la especial protección de que gozan como
fundamentos para la configuración y consolidación del sistema democrático, y a
las restricciones excepcionales que pueden tener lugar en este ámbito. Teniendo
en cuenta lo anterior, habrá de examinar si el ejercicio del derecho a la
propia imagen podría suponer una limitación al libre tránsito de información.
Para tal efecto, se analizará si (i) la utilización de la imagen se encuentra
en alguno de los escenarios de libre publicación dispuestos en el artículo 36
de la Ley 23 de 1982 y que han sido desarrollados por la jurisprudencia
constitucional, o si se requiere de autorización expresa y previa de su
titular; (ii) si se encuentra ante un falseamiento, una utilización o
consolidación de la imagen no autorizadas o consentidas; y (iii) si la imagen tiene
un carácter simplemente accesorio en el ejercicio de las libertades de
expresión e información.
En lo relativo al asunto que ocupa a la
Sala en esta oportunidad, cuando se trate de información brindada respecto de
accidentes de tránsito ocurridos en espacio público, la imagen puede ser
utilizada sin requerir autorización de su titular, por más de que en los videos
o fotografías se puedan observar rasgos característicos de una persona, pues el
centro de lo que se publica corresponde a una noticia, que busca informar a la
comunidad sobre un suceso, para efectos de advertir sobre lo ocurrido o llamar
la atención sobre un determinado suceso, más allá de que sea posible
identificar al sujeto comprometido con el accidente. Lo anterior, adquiere
mayor trascendencia cuando la difusión de la información se realiza a través de
un medio de comunicación, porque ejercen un discurso especialmente protegido.
Una restricción en este escenario a la libertad de información de un medio de
comunicación, como lo sería eliminar el video o distorsionar la imagen para
garantizar una prevalencia del derecho a la imagen de una persona involucrada
en circunstancias fácticas como las descritas, se traduciría en una vulneración
ilegítima a las garantías constitucionales derivadas de la libertad de
expresión, en los términos en que ya fue descrito.
7. Caso concreto
7.1.
El accionante estuvo involucrado en
un accidente de tránsito en el que perdió el control de su vehículo automotor y
terminó en un canal de aguas lluvias. Del siniestro no se generó daño alguno, así
como tampoco se incurrió en ningún tipo de infracción. El diario EL PAÍS
publicó una noticia sobre este acontecimiento, acompañada de un video en el que
se documentó lo sucedido. El mismo día, el tutelante solicitó al medio de
comunicación retirar las imágenes, dado que su exposición en el portal web daba
lugar a burlas y comentarios falaces, lo que afectaba su buen nombre y
dignidad, sobre todo bajo la consideración que es “figura pública para una
institución empresarial prestigiosa”. El medio ofreció respuesta negativa a
su requerimiento, bajo el argumento de que no se había mencionado su nombre, ni
expuesto su imagen y se habían respetado sus derechos constitucionales.
Dado
este contexto, el actor formuló acción de tutela por considerar que el
mencionado medio de comunicación había vulnerado sus derechos a la honra, al buen nombre, a
la intimidad y a la propia imagen, en razón a la publicación del video y su
negativa de eliminarlo o editarlo para que no se le pudiera reconocer en las
imágenes.
En
la contestación a la demanda, el periódico EL PAÍS adujo que la noticia objeto
de controversia cumplía con las cargas de veracidad e imparcialidad, y que
dichas características no fueron desvirtuadas por el actor. Igualmente, que el
medio no debe eliminar contenidos informativos por el hecho que a una persona
le resulten molestos los comentarios que se realizan con ocasión de la misma.
En
primera instancia, se decidió declarar improcedente el amparo al estimar que no
se presentaba vulneración de ningún derecho fundamental. En concreto, se anotó
que (i) por los términos en que estaba escrita la noticia, no había afectación
a los derechos al buen nombre y honra; (ii) el hecho informado no estaba
cobijado por la reserva propia de la intimidad por cuanto el siniestro ocurrió
en espacio público; (iii) el diario no está llamado a responder por las
opiniones que se generan como consecuencia de las noticias; (iv) el
requerimiento del actor restringía a la dimensión colectiva de la libertad de
expresión; y (v) no es admisible bajo los estándares constitucionales de
protección a las libertades de expresión e información, ordenar al medio
accionado no publicar el video en cuestión.
La
anterior decisión fue revocada en segunda instancia y, en su lugar, se amparó
el derecho a la imagen propia del accionante y se ordenó al periódico
distorsionar el rostro del actor en el video. Para tal efecto, el Tribunal
ponderó la libertad de información y los derechos al buen nombre, a la honra, a
la intimidad y a la propia imagen. Específicamente, se expuso que como en la
noticia no se revelan datos personales del titular, ni se hacen afirmaciones
injuriosas o deshonrosas, no se configura una afectación de los derechos al
buen nombre, a la honra u a la intimidad. Por su parte, frente al video
advirtió que se había presentado una vulneración del derecho a la imagen propia
del actor, ya que (i) en la mayoría de los casos se requiere de autorización
expresa del titular y en este evento no se obtuvo, sino que, por el contrario, el
actor manifestó su inconformidad con la utilización de imágenes sobre el
accidente, y (ii) las circunstancias fácticas no se enmarcan en los supuestos
que permiten la exposición de la imagen de una persona sin su consentimiento, como
lo son la divulgación de un hecho noticioso, o la exposición de imágenes que se
refieran a eventos ocurridos.
A
su vez, el ad-quem mencionó que, en defensa a las libertades de
expresión e información, el medio de comunicación podía determinar los hechos
que considera de conocimiento público. No obstante, en esta oportunidad, no
resultaba necesario utilizar la imagen de la persona involucrada en la noticia.
7.2.
Habiéndose agotado ya el examen de procedencia, en esta oportunidad la Sala
debe examinar si el periódico EL PAÍS afectó los derechos al buen nombre, a la
honra, a la intimidad y a la propia imagen del accionante cuando, en ejercicio
de la libertad de información, publicó sin autorización el video en cuestión,
sin haber editado su contenido para evitar que se identificara al actor en el
mismo, así como cuando se negó a retirarlo de la web por solicitud del señor
Ramírez Urbano. Lo anterior, atendiendo a que en ningún momento se controvierte
ni la veracidad ni la imparcialidad de la noticia que acompaña dichas imágenes.
7.3.
En el caso objeto de análisis, es
necesario tomar en consideración que el sujeto accionado es un periódico de
amplia circulación, que además de utilizar el medio impreso, difunde
información a través de su portal web. Por consiguiente, dada su naturaleza de
medio masivo de comunicación, su discurso está especialmente protegido por
estándares constitucionales e internacionales, por cuanto tales entidades
cumplen un rol esencial para el buen funcionamiento y consolidación del sistema
democrático, así como para la materialización de la dimensión colectiva de la
libertad de expresión, pues brindan a la sociedad la información de relevancia
pública que tienen derecho a recibir y buscar.
En
este orden de ideas, cabe anotar que los medios de comunicación y los
periodistas tienen la libertad para definir los contenidos sobre los que van a
informar y opinar, los cuales suelen abordar asuntos de interés general[85].
En todo caso, el ejercicio de la libertad de información también se encuentra sujeto
a una responsabilidad social y, por ende, a algunas cargas, como es que aquello
que sea publicado sea veraz e imparcial, y que no vulnere derechos de terceros.
En
el caso objeto de examen, el diario EL PAÍS realizó un reportaje sobre un
accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Cali, el cual acompañó con un
video filmado por un ciudadano en el que se documentó el acontecimiento. En
este escenario, el ejercicio del derecho a la información por parte del medio
se da tanto con la parte escrita de la noticia, como con la publicación del
video. Como se anunciaba, es el medio de comunicación el llamado a determinar
el tipo de contenidos y la forma de mostrarlos. Crear un régimen de
autorización previa para tal efecto, constituiría censura en los términos
expuestos en la Sentencia T-592 de 2012[86].
7.4.
Ahora bien, como ya se advertía, el
alegato del demandante no se relaciona de ningún modo con el cumplimiento de
las obligaciones de veracidad e imparcialidad de la noticia, sino que más bien
tiene que ver con la forma en que se decidió publicar la misma; esto es,
acompañada de un video en el cual la imagen del actor –según afirma en la
demanda– es claramente reconocible o identificable, en la medida en que generó
burlas e improperios por parte de terceras personas. En esta medida, aparece
una tensión entre el ejercicio de las libertades de expresión, información y
prensa con el derecho a la imagen del accionante. Para lo anterior, la Sala no
tendrá que pronunciarse respecto al contenido material de la nota de prensa,
sino que deberá examinar si el hecho de haberse incluido un video que muestra
lo ocurrido como resultado del accidente de tránsito en espacio público y en el
que se aparecen rasgos del accionante, a partir de los cuales terceras personas
pudieron identificarlo[87],
supone una afectación del mencionado derecho fundamental a la imagen en su
faceta de utilización.
Cuando
se presenta un accidente de tránsito en espacio público, es legítimo que se informe
sobre el mismo, incluso, si así se considera necesario, a través de la
exposición de imágenes. Esta manifestación supone el ejercicio de la libertad
de expresión en su dimensión individual, así como de la libertad de
información. En este supuesto también están incluidos los medios de
comunicación, en cuyo evento también concurre la libertad de prensa. Esta
posibilidad no puede ser limitada por el hecho de que en las imágenes
utilizadas sea identificable o claramente reconocible una persona involucrada
en el siniestro. En esa eventualidad, ello desborda el ámbito de privacidad las personas. En este tipo de escenarios,
en los que acontece un siniestro vial, los medios de comunicación están
divulgando un hecho noticioso que, en ese contexto, no suponen daño o
afectación alguna del derecho fundamental a la imagen.
Al contrastar este fundamento jurídico con las
circunstancias del caso concreto, y a diferencia de lo expuesto por el Tribunal
en la sentencia de segunda instancia, se advierte que el siniestro ocurrido al
señor Ramírez Urbano, al haberse dado en vía pública era susceptible de ser
informado a la ciudadanía (por vía escrita y con la utilización de un video de
lo acontecido), ya que se trata de dar cuenta de un hecho noticioso, dentro del
cual la imagen del afectado, captada en el lugar de los acontecimientos, es
apenas circunstancial. Esta característica alusiva a que el acontecimiento se
presentó en una vía pública, tiene especial relevancia por cuanto es una calle
principal en la que transitan una gran cantidad de personas, lo cual supone que
el siniestro es un asunto de trascendencia local en la medida en que puede
potencialmente impactar a un número plural de personas. Lo anterior se
fundamenta precisamente en que, lo que se muestra en el medio digital en
comento es un acontecimiento propio de la vida en sociedad –resultado de la
sociabilidad humana–, por lo que un video o una fotografía que simplemente
resalta acontecimientos ocurridos en vía pública o en eventos masivos, no
constituyen un desconocimiento del derecho a la imagen en sí misma considerada.
Tal como lo mencionó el juez de primera instancia, el accidente ocurrió de
manera intempestiva en una calle del municipio, y al tratarse de un siniestro,
se puede considerar un asunto de cierta relevancia social que no estaba
cobijado por la reserva derivada del derecho a la intimidad.
Entonces, el hecho que en el video publicado se
pudiera ver al conductor cuando salía del vehículo luego de caer al canal de
aguas lluvias, no significa una transgresión a su derecho fundamental a la
imagen, sino que, por el contrario, el medio estaba facultado para utilizar la
filmación realizada por un ciudadano al momento de la ocurrencia de los hechos.
En particular, dado que es posible concluir que, con el video, no pretendía
exponer una cualidad específica del actor, sino tan solo dejar en evidencia un
siniestro de tránsito peculiar ocurrido en vía pública que llama la atención
por el estado en el que terminó el vehículo automotor (sin daño alguno). En
otras palabras, la Sala observa que el
video en cuestión fue obtenido por el medio a partir de la filmación realizada
por una persona que se encontraba presente en el lugar de los hechos, y que tal
filmación no tenía como objetivo reflejar una característica especial del
implicado, sino solo documentar lo ocurrido en un lugar público; tanto así, que
en la noticia no aparece relacionado ningún dato personal del accionante[88].
Así pues, el hecho que algunas personas hubiesen
podido presuntamente identificar al actor en el video, a partir de sus rasgos
que aparecen por unos momentos cuando sale del automotor, no implica una
afectación a su derecho a la imagen, pues su papel no hace parte del fin último
de la filmación. En otras palabras, se reitera que no se trata de un video que
comprometa la identidad del conductor, sino de una expresión propia de un hecho
noticioso sobre una situación que surge como consecuencia de los riesgos que se
asumen por la vida en sociedad. En esa medida, la posibilidad de informar nace precisamente
del hecho ocurrido en un lugar público, donde era susceptible que hubiese sido
advertido por cualquier tercero y que, eventualmente, también habría podido ser
transmitido por otros en redes sociales. Así las cosas, el medio solo cumple un
rol de difusión de la noticia y esa circunstancia es la que legítima su
exposición.
Por consiguiente, el que el diario EL PAÍS utilizara
un video para acompañar el relato noticioso sobre un accidente de tránsito
ocurrido en una vía de la ciudad de Cali, y que en el mismo apareciera la
imagen del accionante de manera que fuera posible su identificación por parte
de terceras personas, no se traduce en una afectación al derecho fundamental a
la imagen del señor Ramírez Urbano. Por el contrario, al tratarse de una
manifestación propia de las libertades de expresión, información y prensa, la
eliminación del video o imponer la obligación de distorsionar lo captado, se
traduciría en una limitación contraria a la Constitución y a las exigencias
internacionales de protección a la libertad de expresión. De ahí que el medio
de comunicación no tenía el deber de retirar el video o distorsionar la imagen
después de la solicitud presentada por el señor Ramírez Urbano.
Lo anterior, sin perjuicio de los deberes razonables
que se imponen a todo sujeto en el ejercicio de sus derechos, como lo sería
para un medio de comunicación atender a las solicitudes razonables que
presenten las personas en relación con las noticias o imágenes publicadas, o
eventualmente actualizar o rectificar un contenido publicado como noticia en la
Web. Sobre todo, de cara a la permanencia que supone la publicación en medios
electrónicos disponibles en la Internet, en los cuales se genera una exposición
constante de los videos, fotografías o información que podrían generar
afectaciones a otras garantías constitucionales, como lo sería el habeas data.
7.5. A este análisis cabría agregar una consideración relativa a si el video
tenía un carácter accesorio y, por ende, no era necesario que el diario El País
lo utilizara para informar, tal como fue argumentado por el juez de segunda
instancia.
Al respecto, se anota que en la sentencia T-007 de
2020[89],
la Corte explicó que la función de los medios de comunicación puede, en
ocasiones, apoyarse o complementarse con imágenes que faciliten la labor de
informar a la ciudadanía, pero que, en ciertos casos, las mismas no resultan
necesarias y se traducen en una injerencia ilegítima de otros derechos
fundamentales de una persona. Así sucedió en los hechos conocidos por esta
Corporación en la precitada providencia, cuando se consideró que la publicación
de una fotografía del féretro donde se podía identificar al difunto (sin que
ello se hubiese autorizado por sus familiares cercanos), constituía una vulneración de los derechos a la intimidad y a la
imagen del difunto y su familia, toda vez que la muerte de una persona no
convierte su imagen en un bien de dominio público, sino que el manejo y utilización
de esta se mantienen en cabeza de su familia, siempre que no se encuentre en
las excepciones dispuestas por la jurisprudencia para tal efecto. Sobre todo,
se expresó que la publicación de esta imagen con la noticia no era necesaria,
ya que la misma tenía un “carácter accesorio”. En otras palabras, el medio
habría podido informar sobre las circunstancias que rodearon la muerte del
padre de la actora, manteniendo la reserva de los datos sensibles y sin
requerir de una fotografía. También en cuanto a la intimidad, el medio de
comunicación invadió un espacio que quería ser mantenido en privado.
En este sentido, ante una problemática relativa a la
exposición de un video o fotografía como parte de una noticia en el que
aparezcan características que permitan eventualmente que terceros puedan identificar
a una persona, se presenta una carga especial para el operador jurídico, por
cuanto debe tener en cuenta que tal manifestación involucra el ejercicio de las
libertades de expresión, información y prensa, las cuales, al estar en cabeza
de un medio de comunicación, se centran en un discurso especialmente protegido.
Ello sumado a la garantía de no censura previa que se deriva de las libertades
de prensa, expresión e información. Sobre el particular, la Sala considera que,
en este marco, el juez se encuentra limitado para realizar ese tipo de examen
sobre la supuesta accesoriedad de imágenes, sobre todo cuando el asunto está
amparado por alguna excepción como la aplicable en este evento al tratarse de
un hecho ocurrido en un espacio público y de carácter noticioso, que, como se
verá más adelante, tampoco genera una afectación de otros derechos
fundamentales como el buen nombre, la honra y la intimidad.
Así las cosas, el presente asunto dista mucho de las circunstancias
fácticas de la sentencia T-007 de 2020. Por el contrario, en el asunto objeto
de controversia en esta oportunidad, se trata de un video que fue tomado en
espacio público por una persona que presenció el accidente, con la finalidad de
documentar la ocurrencia de un hecho de relevancia para la sociedad –tal como
ya fue expuesto–. De ahí que, en escenarios como el presente, no correspondería
al juez constitucional valorar las decisiones del medio sobre la forma de
mostrar los contenidos de sus noticias, so pena de restringir sus libertades de
expresión, información y prensa, en la
medida en que lo ocurrido se enmarca en uno de los escenarios en que la
utilización de la imagen de una persona no requiere de su autorización expresa.
En este sentido, la circunstancia de que el medio de comunicación haya incluido
el video sin editar para mostrar lo que estaba siendo relatado en la noticia, y
que en aquel apareciera la imagen del accionante, no supone una afectación a su
derecho fundamental a la imagen propia, ya que no se pretendía identificar al
sujeto involucrado, sino que su imagen es incidental e irrelevante. En todo
caso, en gracia de discusión, para la Sala es necesario mencionar que, en el
caso concreto, parecería que el video cumple una función informativa especial
en la medida en que permite mostrar la peculiaridad del siniestro en el que el
vehículo cae al canal de aguas lluvias y no sufre ningún daño, circunstancia
que difícilmente podría tener el mismo impacto en la sociedad si la descripción
se limitara a las palabras de la noticia escrita.
Una
interpretación distinta comportaría una afectación de los derechos a la libertad
de expresión e información. Incluso, considerar siquiera la pretensión del actor
de exigir a los medios masivos de comunicación que revisen previamente el
contenido de sus noticias para efectos de distorsionar la imagen de las
personas involucradas en hechos noticiosos, podría llegar a considerarse como
un acto de censura en los estrictos y precisos términos de la jurisprudencia
constitucional. Precisamente, la distorsión tiene fundamento en la necesidad de
evitar una exposición que pueda ser lesiva de un derecho, que pueda atentar
contra el desarrollo de un sujeto de especial protección o que pueda estar
enmarcada en la preservación de la intimidad (visto el escenario de captación
de la imagen), sin que ella se extienda a hipótesis en las que la ley habilita su
uso, por estar de medio la ocurrencia de un hecho noticioso, en espacio público,
sin desconocer las cargas de transmisión de la información y en donde lo que se
refleja es meramente accidental de la calidad o condición del sujeto.
7.6. Por
lo demás, en plena correspondencia con lo que ha sido planteado hasta el
momento, la Sala tampoco accederá a las otras pretensiones del actor
relacionadas con ordenar al medio de comunicación a que se abstenga de publicar
videos en los que se pueda identificar quien haya sido víctima de un accidente,
así como liderar una campaña para que sus lectores no filmen estos momentos. Lo
anterior, por cuanto ello supone una restricción a la libertad de expresión
tanto de los medios de comunicación como de las personas para informar sobre un
acontecimiento que tiene relevancia pública.
7.7. Como se puede apreciar, la argumentación ofrecida hasta este punto resulta diametralmente
opuesta a lo referido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
-Sala de Decisión Constitucional- en el fallo de segunda instancia, el cual efectuó
una interpretación de la libertad de expresión y del derecho fundamental a la
propia imagen que dista de los estándares de protección planteados en la
jurisprudencia constitucional. En particular, se advierte que el ad-quem
otorgó un carácter prevalente al derecho a la propia imagen, sacrificando así
la protección especial a las libertades de expresión, información y prensa que
ha sido ampliamente reiterada por la Corte siguiendo los parámetros que en este
sentido han sido también instituidos por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Así también, se desconoció la posibilidad de los medios de determinar
libremente el contenido de las noticias y la forma de presentarlas.
De igual forma, en lo relativo al estudio realizado
por esta colegiatura frente al caso concreto, cabe señalar que no se advirtió
sobre la relevancia pública que tienen los accidentes de tránsito para la
ciudadanía, y mucho menos el hecho de que el acontecimiento hubiese ocurrido en
una vía de amplia circulación en la ciudad de Cali, el cual necesariamente pudo
haber sido presenciado por diferentes personas que pudieron filmar o documentar
lo sucedido, y difundirlo por las redes sociales o cualquier otro medio
electrónico.
Frente a la orden proferida en dicho fallo, cabe
mencionar que la misma supone (i) una limitación a la libertad de información
en su doble vía cuando se obliga a distorsionar el rostro del actor, aun
estando amparado para utilizar esa imagen por haberse documentado un hecho de
relevancia ocurrido en una vía pública, y (ii) la creación de un control previo
del contenido de futuras notas de prensa, lo cual, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, se traduce en un acto de censura que no es
admisible en el marco de los estándares constitucionales e internaciones de
protección a las libertades bajo estudio, más aún cuando muchas divulgaciones
noticiosas hoy en día se hacen en vivo en directo, por la trascendencia de la
información que se transmite.
Por tal razón, se procederá a revocar la decisión de
segunda instancia en los términos en que se precisará posteriormente, luego de
analizar las otras pretensiones del actor.
7.8. Ahora pasa la Sala a examinar la pretensión del actor relativa a que el
video, como manifestación del ejercicio de la libertad información por parte de
un medio de comunicación, implicó la afectación a sus derechos a la honra, al
buen nombre y a la intimidad.
Para tal efecto, en concordancia con lo planteado en
la sentencia SU-274 de 2019 para este tipo de tensiones entre la libertad de
información y los mencionados derechos, es preciso indicar que la noticia fue
presentada por un medio de comunicación masivo como lo es el diario EL PAÍS, en
relación con un siniestro ocurrido en el sur de la ciudad de Cali el cual fue
descrito de manera general, sin publicar datos de la persona que había estado
involucrada en el acontecimiento (como fue mencionado por el juez de primera
instancia). Como la noticia fue publicada en el portal web del medio de
comunicación, no cabe duda de la amplia difusión que tiene dado el alcance de la
Internet. Tal como se anunció, el accionante en ningún momento cuestiona la
veracidad e imparcialidad de la información, por lo que en la nota de prensa no
se incluyen ninguna mención sobre el actor, ni se hacen afirmaciones deshonrosas
o injuriosas que den lugar a la afectación de los derechos al buen nombre, a la
honra y a la intimidad del actor.
La discusión que en este punto plantea el actor tiene
que ver con las consecuencias negativas que supuestamente se han generado por
la publicación de la noticia, específicamente, en relación con mensajes que
afirma ha recibido con burlas y afirmaciones falaces. De conformidad con el
demandante, son estas comunicaciones que supuestamente le han enviado por
mensajería instantánea, redes sociales y las publicadas en el portal web de la
noticia, las que han resultado en una afectación a su buen nombre, honra e
intimidad. Al respecto, la Corte observa que en el expediente no aparecen
soportes sobre tales mensajes, incluso, a la fecha de esta sentencia, no hay
comentarios de ningún usuario en la página correspondiente a la noticia objeto
de análisis.
Más allá de esto, se debe anotar que a los medios de
comunicación no se les puede endilgar ningún tipo de responsabilidad por las
reacciones u opiniones que se generen como resultado de las noticias que
publiquen, siempre que cumplan con las cargas de veracidad e imparcialidad.
Ello supondría, así mismo, una restricción a la libertad de opinión de las
personas, y a la finalidad misma que tiene la libertad de expresión en la
consolidación del sistema democrático. Lo anterior, sumado al hecho que los
límites a la libertad de expresión no dependen del grado de tolerancia del
presunto agraviado, sino que, en la actualidad, se limitan a los discursos
expresamente prohibidos (como, por ejemplo, la pornografía infantil, los
discursos de odio, la discriminación y la incitación al genocidio), y a la
imputación de delitos sin sentencia ejecutoriada (Sentencia SU-420 de 2019[90]). En tal
virtud, tampoco es factible acceder a la pretensión del actor relacionada con
la transgresión de sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad.
7.9. En lo relativo a la decisión que adoptará esta Sala, se debe señalar
que, si bien en esta providencia se reiteran muchos de los argumentos
presentados por el juez de primera instancia, esta autoridad optó por declarar la
improcedencia del mecanismo de amparo. Por ello, al haber realizado un estudio
de fondo sobre el asunto, la Sala también procederá a revocar dicha decisión.
7.10. En definitiva, por las razones expresadas en esta providencia, la Sala
procederá a revocar la sentencia del 12 de agosto de 2019 proferida en segunda
instancia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala de Decisión Constitucional-, en la que se amparó el derecho a la
imagen del accionante, la cual, a su vez, revocó la providencia del 27 de junio
de 2019 proferida en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, en la que se declaró la improcedencia del recurso de
amparo para, en su lugar, proceder a denegar la acción de tutela presentada por
el señor Andrés Ramírez Urbano.
7.11. Igualmente, se considera necesario instar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para que, en caso análogos al
aquí examinado, aplique la jurisprudencia constitucional relativa a la
protección de las libertades de expresión, información y prensa, de conformidad
con lo que fue expuesto en esta providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- Por las razones expuestas en este fallo,
REVOCAR la sentencia del
12 de agosto de 2019 proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali -Sala de Decisión Constitucional- que, a su turno, revocó el fallo del 27
de junio de 2019 proferida en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali para, en su lugar, DENEGAR la acción de
tutela presentada por el señor Andrés Ramírez Urbano en contra del diario EL
PAÍS S.A.
SEGUNDO.- INSTAR a la Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali           -Sala de
Decisión Constitucional- para que, en casos análogos al aquí
examinado, aplique la jurisprudencia constitucional relativa a la protección de
las libertades de expresión, información y prensa, de conformidad con lo que
fue expuesto en esta providencia.
TERCERO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 1, cuaderno 2. Acción de tutela.
[2] La noticia puede ser encontrada en el
siguiente link: https://www.elpais.com.co/cali/video-conductor-pierde-el-control-de-su-carro-y-cae-a-canal-de-aguas-en-el-sur-de-cali.html.
[3] Folio 4, cuaderno 2.
[4] Folio 4, cuaderno 2.
[5] Folio 1 a 5, cuaderno 2.
[6] Copia simple de su Cédula de Ciudadanía en folio 5, cuaderno 2.
[7]
El tutelante refiere específicamente que le “interesa en especial que sea
posible que se dicten medidas que garanticen la no repetición de este tipo de
sucesos frente a otros ciudadanos, lo cual sería una valiosa medida preventiva
de garantía de derechos de raigambre constitucional”. Folio 3, cuaderno 2.
[8] Folios 10 a 27, cuaderno 2.
[9]
Folios 28 a 34, cuaderno 2.
[10] Folios 37 y 38, cuaderno 2.
[11] Folios 46 a 54, cuaderno 2.
[12] Folio 50, cuaderno 2.
[13] En particular, el juez anotó: “Al ingresar al quid del
asunto, se observa que, el video publicado por el periódico El País, en manera
alguna, revela datos personales del autor, ni emite falsedades, ni hace
aseveraciones deshonrosas o calumniosas frente a la persona. Es evidente que,
este diario, relata la historia de una persona que sufre un percance
automovilístico, de forma tal, que no la individualiza, es decir, la intención
no se dirige a que el espectador reconozca al individuo del video, sino que, se
informe sobre el acontecimiento sucedido en el sur de Cali”. Folio 50,
cuaderno 2.
[14] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Concretamente, se alude al
siguiente texto de dicha providencia: “De
otra parte, atendiendo al planteamiento de la acción donde el demandante
manifiesta que se usó su imagen en la carátula del libro, la Sala Sexta de
Revisión reiterando la jurisprudencia sobre el derecho a la
propia imagen, trae a colación los parámetros que debe atender el juez de
tutela para determinar si la utilización de una foto vulnera dicha garantía,
así: (i) para utilizar, difundir, exponer o publicar imágenes de una persona,
por regla general, se requiere de su expreso consentimiento;
excepto tratándose de: (ii) la divulgación de hechos noticiosos derivados
de la actuación pública de una persona; (iii) la exhibición de fotografías,
como expresión artística, en la que no se revela la identidad de los
transeúntes y mucho menos las cualidades o características personales de
quienes aparecen; (iv) la exposición de imágenes o fotografías que simplemente
resaltan acontecimientos ocurridos o que exhiben momentos de camaradería
social, sin que se pretenda reflejar una característica o cualidad especial de
una persona; o (vi) de una figura pública haciendo referencia a su historia
laboral, trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus funciones
y en el contexto del rol que cumple dentro de la sociedad, lo cual excluye las
imágenes captadas en el ámbito privado de ese personaje reconocido.”
[15] Folio 51, cuaderno 2.
[16] Folio 52, cuaderno 2.
[17] La Sala de Selección estuvo integrada por la magistrada Diana
Fajardo Rivera y el magistrado Alejandro Linares Cantillo.
[18] Folios 1 a 3, cuaderno principal.
[19] Folios 5 a 7, cuaderno principal.
[20] Folio 4, cuaderno principal.
[21] Folio 3, cuaderno principal.
[22] El artículo 86 de la Constitución Política dispone que: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales (…)” Igualmente, en el Decreto 2591
de 1991, se contempla que: “Artículo 10. Legitimidad e interés. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
(…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[23] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[24] Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991: “ARTICULO 42. PROCEDENCIA. La
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos: // (…) 7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma. // (…) 9. Cuando la
solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se
encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular
contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que
solicite la tutela.”
[25] En las siguientes sentencias la Corte Constitucional ha señalado el
estado de indefensión en que se encuentra una persona ante la prensa como
fundamento para considerar acreditado el requisito de legitimación por pasiva
en la procedencia de la tutela: T-611 de 1992, T-043 de 2011 y T-200 de 2018.
En particular, en la Sentencia T-200 de 2018 se describió el escenario en los
siguientes términos: “la actividad informativa que
desempeñan este tipo de organizaciones, además de tener un gran alcance, en
tanto llevan su mensaje a diversos sectores de la sociedad, también tiene el
poder de impacto social, comoquiera que puede influir o generar determinada
opinión en el conglomerado”.
[26] La acción de tutela también exige que su interposición se lleve a
cabo dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que
se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el
amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Este
requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el
principio de inmediatez. Véanse, entre otras, las sentencias T-246 de 2015,
T-091 de 2018 y SU-184 de 2019.
[27] El artículo 86 de la Constitución y el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la solicitud de amparo solo
procede cuando la persona afectada no cuente con otro medio de defensa judicial
y, excepcionalmente, cuando la vía judicial existente no resulte idónea o
eficaz para la protección del derecho fundamental amenazado o conculcado, o
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
[28] La norma en cita dispone que: “Artículo 6o.
Causales de Improcedencia de la Tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. 2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de
hábeas corpus. 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de
la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la
tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan
intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 4. Cuando sea evidente que la
violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la
acción u omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se trate de actos de
carácter general, impersonal y abstracto.”
[29] Sentencia T-117 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[30] Código Penal, Ley 599 de 2000, Artículo
220: “INJURIA. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” Y, Artículo 221: “CALUMNIA.  El que impute falsamente a otro una conducta
típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y
multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.”
[31] Sentencia T-117 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[32] Véanse las sentencias T-117 de 2018 y T-263 de 1998.
[33] Sentencia T-407 A de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[34] “ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. // Estos son libres y
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.”
[35] Véanse, entre otras, las sentencias T-439 de 2009, T-117 de 2018,
SU-274 de 2019 y SU-420 de 2019. En la jurisprudencia constitucional, si bien
el derecho a la rectificación tradicionalmente ha sido exigible respecto de
acciones de tutela promovidas en contra de medios de comunicación y
periodistas, teniendo en cuenta la existencia de otros canales que permiten una
amplia divulgación de información como los recursos que presenta Internet, tal
requisito de procedibilidad puede resultar extensible a otro tipo de
escenarios.
[36] Sentencia 439 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En
este mismo sentido se ha enfocado el estudio del requisito de subsidiariedad en
otros fallos, en el sentido que la solicitud previa de rectificación no es
exigible para la procedencia de la acción de tutela cuando no se está en
presencia de hechos falsos o tergiversados. Véase, por ejemplo, a quien que le
publicaron un video –sin cumplir con sus exigencias– al que había accedido bajo
la condición que se editaran su rostro y voz, de manera que no pudiera ser
reconocida. La Corte consideró que la solicitud de rectificación no era
necesaria en esta oportunidad, en tanto que lo que se controvertía, aun cuando
suponía el ejercicio de la libertad de información, eran supuestos de hecho
veraces y la presunta afectación a los derechos había tenido lugar por la forma
en la que fue presentada la información.
[37] “ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. // Estos son libres y
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.”
[38] “Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
[39] “Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones. // 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección.// 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este
atrículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: // a) Asegurar el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás; // b) La protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
[40] “Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. //
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección. // 2. El ejercicio del derecho
previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: // a) el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o// b) la protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas. // 3. No se puede restringir
el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden
ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. // 5. Estará prohibida por la ley
toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial
o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
[41] Es una institución judicial autónoma regional para la protección de
los derechos humanos y para garantizar la aplicación de la Convención Americana
de Derechos Humanos. De conformidad con el artículo 68.1 de la dicha
Convención, las decisiones adoptadas por la Corte IDH son de obligatorio
cumplimiento para las partes del proceso adelantado. Sin perjuicio de lo
anterior, esta Corporación ha señalado que la jurisprudencia de la Corte IDH es
un criterio de interpretación relevante en el control de constitucionalidad.
Véanse las sentencias C-010 de 2000, T-653 de 2012 y C-327 de 2016.
[42] Dentro de algunas sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre los estándares de protección de la libertad de expresión
pueden destacarse los casos Kimel Vs. Argentina, Claude Reyes Vs. Chile,
Tristán Donoso Vs. Panamá, Palamara Iribarne Vs. Chile, López Álvarez Vs.
Honduras y Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Adicionalmente, de las sentencias de la
Corte Constitucional en las que se han observado los estándares interamericanos
de protección de la libertad de expresión se resaltan, entre otras, la T-391 de
2007, T-1037 de 2008, T-015 de 2015, T-546 de 2016, T-117 de 2018, T-145 de
2019 y SU-274 de 2019.
[43] Incluso la Corte IDH en diferentes oportunidades ha reiterado que “el objetivo mismo del art. 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos
pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre
circulación de información, ideas y expresiones de toda índole.” Cita
tomada de la Sentencia T-145 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), en la
que se citan como fuentes las siguientes: “Corte IDH,
Opinión Consultiva OC-5/85. La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13
y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 13 de noviembre de 1985,
serie A núm. 5, párr. 70; Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, serie C
núm. 151, párr. 85; Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004,
serie C núm. 107, párr. 116; Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C núm.
111, párr. 86.”
[44] SU-279 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[45] De conformidad con la jurisprudencia constitucional, para ser
admisibles las limitaciones a las libertades de expresión, información y prensa
las mismas deben superar un test tripartito el cual exige: (i) que la medida o
restricción se origine en una ley de manera clara y precisa; (ii) que persigan
un logro o finalidad imperiosa y (iii) que sean idóneas, adecuadas, necesarias
y proporcionales.
[46] Dentro de los discursos especialmente protegidos aparecen: (i) el
político y los asuntos de interés público, (ii) el de los funcionarios públicos
en ejercicio de sus funciones y de los candidatos a ocupar cargos en públicos y
(iii) los que expresan elementos esenciales de identidad o dignidad de las
personas.
[47] SU-274 de 2019, T-244 de 2018 y T-022 de 2017.
[48] De acuerdo con la Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando
Reyes Cuartas, la veracidad e imparcialidad suponen que “las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables
y en lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los
cuales un mismo hecho puede ser contemplado”.
[49] Sentencia C-102 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[50] Sentencia C-102 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[51] Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Cfr.
SU-1723 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[52] Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Cfr.
SU-1723 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[53] En la Sentencia C-102 de 2017 se señaló: “la difusión masiva que alcanzan las informaciones transmitidas a
través de los medios de comunicación, su poder de penetración, el impacto
profundo que pueden tener sobre la audiencia y, en general, el poder social del
que en la práctica son titulares, lleva implícitos ciertos riesgos y puede
eventualmente entrar en conflicto con otros derechos, valores o intereses
constitucionalmente protegidos. Por tal razón, no solo se les impone la carga
de hacer uso de la libertad de información, de manera veraz e imparcial, sino
también asumir un mandato de “responsabilidad social” (CP art.
20) por el papel que cumplen. Dicha responsabilidad se hace extensiva a los
periodistas, comunicadores y particulares que se expresan a través de los
medios, en atención a los riesgos que éstos plantean y a la tensión que
generalmente existe frente a los derechos de terceros.”
[54] Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[55] Sentencia T-007 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[56] La censura ha sido definida por esta Corporación como “actividad desplegada por diversas autoridades para impedir u obstaculizar
gravemente la emisión de un mensaje o la publicación de un determinado
contenido. Es una medida de control preventivo,
quedando la publicación o la emisión sujeta a una autorización previa
procedente de la autoridad. En estos casos las autoridades se arrogan la
atribución de revisar anticipadamente los escritos o los contenidos de la
información, obligando a los particulares a remitir previamente los documentos
a fin de obtener el correspondiente permiso.”
Sentencia T-592 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[57] Esto incluye juntas o consejos de revisión previa, reglas de
autorización para divulgar asuntos que han sido caracterizadas como sensibles
por un régimen, la prohibición para referirse a ciertos contenidos o la
exclusión de un medio de comunicación del mercado por información que ha
publicado en otras oportunidades.
[58] Se puede destacar algunas circunstancias como, por ejemplo, que un
periodista solo pueda acceder a ciertos espacios si está supervisado por una
autoridad, o el categorizar como reservada información que no cumple con las
exigencias legales para tal efecto.
[59] Sentencia T-155 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. En la misma
sentencia se precisa que dicha presunción “no implica que la libertad de
expresión sea un derecho absoluto que no admita limitaciones, pues “dicha
primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio
constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las
circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con
cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de
esta libertad”. Por lo tanto, en estos eventos lo que procede es
realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos, valores o principios
en conflicto, pero teniendo presente la presunción de prevalencia ya
mencionada.” De igual forma, en la Sentencia T-391 de
2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se indicó: “En
los casos frecuentes en que puede entrar en colisión con otros derechos o
valores constitucionales, la libertad de información ha de ser objeto de un
ejercicio de ponderación que derive en la maximización
concreta y armónica de todos los derechos e intereses enfrentados, pero
sobre la base inicial de la primacía de la libertad de información dentro de
una sociedad democrática.”
[60] “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares. // (…) Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley
señalará la forma de su protección.”
[61] Sentencia T-546 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Véanse
también las sentencias T-439 de 2009, T-050 de 2016, T-117 de 2018, T-277 de
2018, T-292 de 2018 y T-007 de 2020.
[62] “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. (…)”
[63] Sentencia SU-089 de 1995. Cfr. Sentencia T-155 de 2019.
[64] Sentencia T-546 de 2016, M.P. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Véanse también las sentencias T-634 de 2013, T-050 de 2016, T-117 de 2018,
T-277 de 2018 y T-407A de 2018.
[65] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[66] El actor había ejercido varios cargos
públicos a lo largo de su vida como gobernador y congresista.
[67] De igual forma, en esta oportunidad se declaró la afectación
del derecho al debido proceso por la filtración de la ponencia de sentencia por
parte de algún funcionario de la Corte Suprema. Sobre este particular no se
emitieron órdenes al considerar que se estaba frente a la figura de la carencia
actual de objeto por daño consumado.
[68] La comunicabilidad del mensaje supone “la
capacidad que tiene el mensaje para comunicar de manera sencilla y ágil lo que
se desea expresar. Por tanto, es necesario considerar si el mensaje está consignado
en un lenguaje convencional, oral o escrito, y por tanto fácilmente comunicable
a cualquier receptor, o si por el contrario se emplea un lenguaje no
convencional, como signos o conductas con contenido expresivo o implicaciones
expresivas, que no tienen la virtualidad de comunicar de manera sencilla el
mensaje a todo tipo de público” Sentencia T-155 de
2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. Cfr. SU-274 de 2019.
[69] Sentencia T-439 de 2009, T-628 de 2017 y T-007 de 2020.
[70] “Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ellos.”
[71] A partir de la Sentencia T-405 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), la Corte se ha referido al carácter autómomo del derecho a la imagen,
el cual “puede ser lesionado en forma independiente o concurrente con los
derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre de su titular”.
[72] La relación del derecho a la imagen con el libre desarrollo de la
personalidad y la personalidad jurídica fue explicado de la siguiente manera en
la Sentencia T-379 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez): “En este orden de ideas, esta Corporación ha reconocido que el
derecho a la imagen emana, entre otros, del contenido de dos derechos
constitucionales fundamentales: (i) el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y (ii) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
// En cuanto al primero, en la medida en que consagra “la cláusula general de
libertad”, la cual permite a toda persona autodeterminarse como sujeto y
alcanzar la búsqueda de una identidad propia. Así las cosas, el libre
desarrollo de la personalidad habilita la formación autónoma de una imagen
física, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico. La expresión autónoma de dicha libertad apunta a construir una
imagen social que refleje una forma de vida y que sustente el camino que se ha
decidido recorrer por un sujeto, como ocurre, por ejemplo, cuando se elige
ejercer una determinada profesión u oficio, o se exponen ciertas convicciones
políticas o se manifiesta pacíficamente en la colectividad. // En cuanto
al segundo, al admitirse que el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica, abarca la protección de los atributos de la persona, entre ellos, la
identidad manifestada en la imagen de un sujeto único y diferenciable frente al
resto de personas.”
[73] Sentencia T-546 de 2016, M.P. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Véanse también las sentencias T-439 de 2009, T-050 de 2016, T-117 de 2018.
Sobre este derecho, en la Sentencia T-634 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa) se dispuso: “Una consideración elemental de
respeto a la persona y a su dignidad impiden que las características externas
que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que cualquiera
otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre
disposición y manipulación de terceros”
[74] Sentencia T-379 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[75] Sobre la triple faceta del derecho, puede consitarse la Sentencia
T-379 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Respecto de la última
mencionada, es preciso advertir que, además del núcleo fundamental del derecho,
también se deriva una naturaleza patrimonial que tiene que ver con la
posibilidad de obtener lucro y resarcimiento económico por el uso de la imagen
sin autorización del titular. Este aspecto escapa a la competencia del juez
constitucional. Véanse las sentencias: T-090 de 1996, T-094 de 2000 y T-628 de
2017.
[76] Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de
autor”.
[77] Ley 23 de 1982: “ARTÍCULO 36.- La
publicación del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos,
didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés
público o que se hubieren desarrollado en público.”
[78] Ley 23 de 1982: “ARTÍCULO 87.- Toda persona tiene derecho a impedir, con las limitaciones
que se establecen en el artículo 36 de la presente Ley, que su busto o retrato
se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento expreso, o habiendo
fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo 83 de esta Ley. La
persona que haya dado su consentimiento podrá revocarlo con la correspondiente
indemnización de perjuicios.”
[79] Sentencias T-628 de 2017 y T-007 de 2020.
[80] Sentencia T-007 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[81] En la Sentencia T-546 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
esta Corporación expresó que en los siguientes supuestos no se requiere del
consentimiento expreso del titular del derecho para exponer su imagen: “i) la divulgación de hechos noticiosos derivados de la actuación
pública de una persona; (ii) la exhibición de fotografías, como expresión
artística, en la que no se revela la identidad de los transeúntes y mucho menos
las cualidades o características personales de quienes aparecen; (iii) la
exposición de imágenes o fotografías que simplemente resaltan acontecimientos
ocurridos o que exhiben momentos de camaradería social, sin que se pretenda
reflejar una característica o cualidad especial de una persona; o (iv)
de una figura pública haciendo referencia a su historia
laboral, trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus
funciones y en el contexto del rol que cumple dentro de la sociedad, lo cual
excluye las imágenes captadas en el ámbito privado de ese personaje reconocido.”
[82] Sentencia T-298 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[83] En relación con las noticias publicadas en la Web, es preciso
advertir que podría también resultar involucrado el derecho al habeas data.
De manera general, el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 dispone que las bases
de datos y archivos de información periodística y contenidos editoriales se
excluye del ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012, “[p]or la cual se
dictan disposiciiones generales para la protección de datos personales”,
debido a que las mismas no pueden verse sometidas a iguales restricciones que
la información general ante el riesgo de traducirse en una limitación
desproporcionada a la libertad de prensa (C-748 de 2011). Sin perjuicio de lo
anterior, la Corte ha explicado que en tratándose de datos personales
utilizados en el ejercicio de la labor periodística, estos son susceptibles de
protección de conformidad con sus elementos centrales consagrados en la
Constitución como lo son la posibilidad de conocer, rectificar y actualizar las
informaciones que sobre una persona reposen en bancos de datos públicos y privados
(T-277 de 2015). En otras palabras, la tenencia de una base de datos que
permite su consulta está sujeta a las cargas de rectificación y actualización,
además de la posibilidad del titular de los datos personales de conocer sobre
su uso.
[84] Por ejemplo, en la sentencia T-007 de 2020 (M.P. José
Fernando Reyes Cuartas), se conoció de un recurso de amparo presentado por la
familia de un hombre fallecido, en la medida que un medio de comunicación
regional había publicado en medio impreso una fotografía del féretro donde se
podía identificar al difundo, sin que ello hubiese sido autorizado por sus
familiares cercanos. En esta oportunidad, la Corte advirtió sobre la
vulneración de los derechos a la intimidad y a la imagen del difunto y su
familia, toda vez que la muerte de una persona no convierte su imagen en un
bien de dominio público, sino que el manejo y utilización de esta se mantienen
en cabeza de su familia, siempre que no se encuentre en las excepciones
dispuestas por la jurisprudencia para tal efecto. Sobre todo, se expresó que la
publicación de esta imagen con la noticia no era necesaria, ya que la misma
tenía un “carácter accesorio”. En otras palabras, el medio habría podido
informar sobre las circunstancias que rodearon la muerte del padre de la actora,
manteniendo la reserva de los datos sensibles y sin requerir de una fotografía.
También en cuanto a la intimidad, el medio de comunicación invadió un espacio
que quería ser mantenido en privado.
[85] Tal como lo ha advertido esta Corporación, la relevancia
pública de un asunto se puede determinar por la calidad de la persona y el
contenido de la información.
[86] Los cuales fueron reiterados en la Sentencia C-102 de 2018, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[87] Tanto en la demanda de tutela como en la petición elevada al medio
de comunicación de manera previa, el accionante se refiere a que, con ocasión
de la noticia, ha recibido comentarios de otras personas con burlas,
improperios y calumnias.
[88] En este punto, es preciso anotar que en la noticia solo aparece la
placa del vehículo. No obstante, tal información, de conformidad con la Ley 769
de 2002, es un “[d]ocumento público con
validez en todo el territorio nacional, el cual identifica externa y
privativamente un vehículo.” (art. 2). En esa
medida, no ostenta el carácter de dato personal que sea protegido por la Ley
1581 de 2012, ya que de ninguna manera se asocia con la persona natural, sino a
la identificación externa del vehículo.
[89] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[90] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.