C-030-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-030/06
INTERPRETACION SISTEMATICA-Aplicación
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-No
configuración
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
EXTINCION DE DOMINIO-Marco normativo
ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Concepto
PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Intervención
de la Dirección Nacional de Estupefacientes
ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Debido
proceso
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Sociedades en liquidación
PERSONA JURIDICA-Titular del derecho del
debido proceso/PERSONA JURIDICA-Titular del derecho de defensa/PERSONA
JURIDICA-Titular del derecho de acceso a la administración de justicia
DERECHO DE DEFENSA-Restricciones
DERECHO DE DEFENSA Y MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE EXTINCION DE
DOMINIO-Administración y dirección de sociedad por
la Dirección Nacional de Estupefacientes/ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Naturaleza
autónoma e independiente de la acción penal
En el presente caso es claro que en la hipótesis a que se alude, es
decir, cuando la sociedad misma está comprometida con las actuaciones que
generan la medida cautelar en los términos del segundo inciso del artículo 5º
de la Ley 785 de 2002 el Legislador legítimamente pudo considerar que para
asegurar el cumplimiento de las finalidades de la referida medida cautelar se
hacía necesario apartar a los órganos de administración y dirección de la
sociedad y ordenar que la Dirección Nacional de estupefacientes ejerciera las
facultades de dichos órganos de administración y dirección. Recuérdese que en
el presente caso de lo que se trata es de evitar que la sociedad sea o continué
siendo  utilizada como instrumento de actividades ligadas al narcotráfico o al
enriquecimiento ilícito, así como de asegurar las finalidades de la acción de
extinción de dominio,  y que precisamente dichas medidas preventivas sobre sus
órganos de administración y dirección  están dirigidas en ese sentido. La
solución adoptada por el Legislador no implica la neutralización del derecho de
defensa de la persona jurídica sino su adecuación a las finalidades perseguidas
con la aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996 y actualmente la Ley
793 de 2002 en materia de lucha contra el narcotráfico y extinción de dominio
es claro que se está en presencia de una de aquellas “limitaciones útiles,
necesarias y estrictamente proporcionadas a los beneficios que se busca
alcanzar” a que se ha referido la jurisprudencia en materia de delimitación del
derecho de defensa. A ello cabe agregar finalmente que la Corte ha puesto de
presente -en lo que concierne específicamente con la  acción de extinción de
domino- que dada su naturaleza autónoma e independiente de la acción penal, si
bien no cabe duda que en su trámite debe respetarse el debido proceso, la
plenitud de las garantías propias del proceso penal no resultan automática y
completamente aplicables a su trámite.
MEDIDAS CAUTELARES-Concepto
MEDIDAS CAUTELARES-Sustento
constitucional
SOCIEDADES Y UNIDADES DE EXPLOTACION ECONOMICA Y MEDIDAS CAUTELARES
EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Prohibición a
socio, representante legal o revisor fiscal de ejercer actos de administración
o gestión de acciones, cuotas o partes de interés social
En el
presente caso el hecho de que en el artículo 5º de la Ley 785 de 2002 se señale
que “quienes aparezcan inscritos como miembros de los
órganos sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor
fiscal, no podrán ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión”
en relación con las acciones, cuotas o partes de interés social que hayan sido
objeto de medida cautelar y que “A partir de la medida cautelar, las facultades
de los órganos de administración y dirección de la sociedad o de las unidades
de explotación económica, incluyendo la disposición definitiva de las mismas en
la forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas
concordantes, serán ejercidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes”, no
comporta la imposición  de una sanción, pues de lo que se trata es simplemente
de la adopción de unas medidas preventivas, necesariamente temporales y sin que
impliquen  ninguna determinación definitiva en relación con  los socios
o con la sociedad -según la hipótesis de que se trate-. Menos aún puede
constituir una sanción para los administradores, representante legal y Revisor
Fiscal pues, lo previsto en los apartes acusados no es una pena ni una medida
precautelativa contra ellos sino la consecuencia de la decisión judicial
preventiva adoptada en el marco de un proceso al que se encuentran vinculados,
en las hipótesis aludidas,  los socios o la sociedad y no dichos
administradores.   En ese orden de ideas, tampoco puede entenderse en manera
alguna comprometida su honra, su libertad de profesión u oficio o su derecho a
la igualdad, ni puede entenderse que se desconozca el principio de justicia
puesto que no solo se trata de una medida cautelar sino que esta no va dirigida
contra de ellos.
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES-Administración
de bienes vinculados a proceso de extinción de dominio
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Imprecisión de la expresión “sociedades incautadas”/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD-Defecto en redacción de norma
En relación con la expresión “sociedades incautadas” -a que alude de
manera concreta el actor para significar una supuesta “cosificación” por el
Legislador de la persona jurídica en el texto del artículo 5º de la Ley 785 de
2002-, no puede entenderse en el sentido de estar significando que la persona
jurídica en sí misma “es objeto de incautación”. Sin duda, como lo pone de
presente el interviniente en representación de la Academia de Jurisprudencia,
la expresión “sociedades incautadas” constituye una imprecisión que evidencia
un defecto de redacción de la norma que sin embargo no tiene la relevancia
necesaria para alterar el real sentido del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 ni
menos para generar su inconstitucionalidad.
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Administración de bienes de los socios/MEDIDAS CAUTELARES EN
PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Administración de bienes de la sociedad
En el caso de las acciones cuotas o partes de interés social, la
Dirección Nacional de Estupefacientes ejercerá los derechos sociales
respectivos y quienes aparezcan inscritos como socios, miembros de los órganos
sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor
fiscal, no podrán ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión
en relación con aquellas, a menos que sean autorizados expresamente y por
escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que a su vez requiere
para el efecto como se señaló en la sentencia C-1025 de 2004 “autorización de
la autoridad judicial competente”, ii) Cuando la
sociedad misma sea la vinculada al proceso dentro del cual se dicta la medida
cautelar las facultades de los órganos de
administración y dirección de la sociedad o de las unidades de explotación
económica, incluyendo la disposición definitiva de las mismas en la forma y
términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas concordantes,
serán ejercidas a partir de la medida cautelar por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, quien requiere como se señaló en la sentencia C-1025 de
2004 autorización previa del Fiscal o Juez competente, al tiempo que el
producto del ejercicio de la facultad de disposición “queda afectado a lo que
se resuelva en la sentencia”.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Concepto
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-No
rigidez
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-No
vulneración por existencia de relación temática y teleológica
Encuentra la Corte que la norma parcialmente acusada no contraviene
el principio de unidad de materia a que hacen referencia los artículos 158 y
169 superiores, ya que es evidente la relación temática y teleológica que
existe entre el texto de aquella y la materia desarrollada por la Ley 785 de 2002 “por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de
las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996”. En el presente caso, es claro que el
artículo 5º de la Ley 785 de 2002  regula un asunto directamente relacionado
con el objeto de la misma establecido en el artículo 1°, a saber, “la
administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de
Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de
narcotráfico y conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la
ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el
Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o
deroguen”.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Mención
en la ley de norma derogada
Frente a la afirmación del actor según la cual dicho principio de
unidad de materia se viola porque la norma se refiere a disposiciones derogadas
-situación que solo se configura en relación con la Ley 333 de 1996, pues la
Ley 30 de 1986 se encuentra vigente como lo advierte el señor Procurador-, cabe
aclarar que como se puso de presente en la sentencia C-798 de 2005 la simple
mención de una norma derogada en el título de una Ley y en su contenido, no es
razón suficiente para concluir que incumple con el requisito establecido en el
artículo 169 de la Constitución Política, referente a su correspondencia
precisa con el contenido de la misma.   La mención de normas derogadas en el
texto de una Ley puede obedecer, por ejemplo, a que no han cesado completamente
sus efectos en el tiempo o a que el legislador empleó su mención como un
mecanismo para identificar sujetos o hechos sobre los cuales la nueva ley se va
a aplicar.   Situación que es precisamente la que acaeció en este caso en el
que el Legislador señaló claramente que la materia regulada en la Ley 785 de
2002 lo era “conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30
de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás
normas que las modifiquen o deroguen” (art. 1º, Ley 785 de 2002).
Referencia: expediente D-5834
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 5° (parcial) de la Ley 785 de 2002 “por
la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los
bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996”
Actor: Luis Manuel Ramos Perdomo
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil
seis (2006)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Manuel Ramos Perdomo presentó demanda contra el
artículo 5° de la Ley 785 de 2002 “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con
la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de
1986 y 333 de 1996”.
Mediante auto del veinte (20) de junio
de 2005, el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda en relación con los
cargos propuestos por el supuesto desconocimiento de los artículos 34, 38 y 58
superiores por estar amparados por una sentencia que hizo tránsito a cosa
juzgada.
En el mismo auto, inadmitió la demanda,
en relación con los cargos de inconstitucionalidad por violación del
Preámbulo y de los artículos 4°, 13, 14, 16, 21, 26, 29, 158 y 169 de la
Constitución Política, por considerar que la misma no reunía los presupuestos
exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, pues no se indicaron en
forma clara y precisa las razones por las que el artículo acusado de inconstitucionalidad
contradice el ordenamiento superior, en consecuencia concedió un término de 3
días al accionante para efectos de que éste corrigiera la demanda en ese
sentido, advirtiendo que si no era corregida dentro de ese término sería
rechazada.
Dado que el accionante dentro del término legal,
corrigió la demanda, en cumplimiento de lo dispuesto en providencia del veinte
(20) de junio de 2005, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del ocho (8)
de julio de 2005, admitió la demanda contra el artículo
5° (parcial), en relación con los cargos de
inconstitucionalidad por violación del Preámbulo y de los artículos 4°, 13, 14,
16, 21, 26, 29, 158 y 169, y dispuso correr traslado de la misma al Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en
lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar
la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, y al Presidente
del Congreso de la República, así como también al Ministro del Interior y de
Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para que, de estimarlo oportuno,
conceptúen sobre la constitucionalidad de la norma acusada.
Así mismo ordenó invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia
con el mismo fin.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada
de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.046 del 27
de diciembre de 2002.   Se subraya lo demandado.
LEY 785 DE 2002
(diciembre 27)
por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la
administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y
333 de 1996
El Congreso de la República
DECRETA:
(…)
Artículo 5°. Sociedades y unidades de explotación
económica. La Dirección
Nacional de Estupefacientes ejercerá los derechos sociales que correspondan a
las acciones, cuotas o partes de interés social que hayan sido objeto de medida
cautelar en los procesos a que se refieren las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996
hasta que se produzca la decisión judicial definitiva y mientras tanto quienes
aparezcan inscritos como socios, miembros de los órganos sociales y demás
órganos de administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán
ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión en relación con
aquellas, a menos que sean autorizados expresamente y por escrito por la
Dirección Nacional de Estupefacientes[1].
A partir de la medida cautelar, las facultades de los
órganos de administración y dirección de la sociedad o de las unidades de
explotación económica, incluyendo la disposición definitiva de las mismas en la
forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas
concordantes, serán ejercidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes.[2]
Las medidas cautelares decretadas sobre las acciones,
cuotas o partes de interés social se extienden a los dividendos, utilidades,
intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan. Así mismo,
se extienden a los ingresos y utilidades operacionales de la sociedad. De esta
manera la Dirección Nacional de Estupefacientes administrará tales bienes y
recursos de conformidad con la presente ley y en procura de mantener
productivas las sociedades incautadas.
Parágrafo.
Tratándose de sociedades que al momento de
la medida cautelar se encuentren en liquidación, el proceso liquidatorio
continuará bajo la orientación y vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades, de conformidad con las normas que regulan la materia. En estos
eventos, la Dirección Nacional de Estupefacientes tendrá la calidad de parte
dentro del proceso de liquidación. La Superintendencia de Sociedades designará
el liquidador de acuerdo con el reglamento establecido para tal fin.”
(…)
III.
LA DEMANDA
El demandante señala que las expresiones acusadas
contenidas en el artículo 5° de la Ley 785 de 2002 vulneran el Preámbulo y los
artículos 4°, 13, 14, 16, 21, 26, 29, 158 y 169 de la Constitución Política.
- Afirma que en cuanto la
norma en la cual se contienen las expresiones acusadas atribuye a la Dirección
Nacional de Estupefacientes, una vez se decrete la medida cautelar, la
posibilidad de asumir la defensa material y técnica de los intereses
patrimoniales de la persona jurídica en relación con la cual se adelante un
proceso de extinción de dominio, -toda vez que los socios, los miembros de los
órganos sociales, el revisor fiscal y el representante legal no pueden ejercer
ningún acto de disposición, administración o gestión en relación con la
sociedad-, se produce una neutralización del derecho de defensa por mandato
legal.   Advierte que dicha neutralización se da por cuanto i) la Dirección
Nacional de Estupefacientes no tiene competencia para asumir, ni contratar la
defensa de los intereses patrimoniales pertenecientes a la persona jurídica
involucrada en un proceso de extinción de dominio debido “al carácter
reglado de su gestión, al “principio de legalidad del gasto”, y a
que “ sus funcionarios son servidores públicos y no pueden ejercer el
derecho de postulación, ii) dicha Dirección “se encuentra incursa
en un evidente conflicto de interés” dada la “intervención e interés
directo” de la misma “en el funcionamiento del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, al cual
irían a parar los recursos resultantes de aplicar mediante sentencia judicial
la extinción del derecho de dominio...”.
En este sentido
el actor afirma que la Dirección Nacional de Estupefacientes no se encuentra en
capacidad ni le asiste interés i) de proteger los derechos de los afectados
dentro de un proceso de extinción de dominio, ii) de probar el origen
legítimo del patrimonio de una persona jurídica o el de los bienes cuya
titularidad se discute, y iii) de probar que los bienes de que se trata
no se encuentran incursos en las causales que sustentan la acción de extinción
de dominio.
En ese orden de ideas, concluye que la
concentración de funciones contrapuestas, esto es investigar, administrar y
defender tal y como lo prevé la norma acusada en el caso de la Dirección
Nacional de Estupefacientes: “es contraria a la estructura del Estado Social
de Derecho, pues es claro que en una misma causa no se puede ser juez y parte”.
Aclara que la inconstitucionalidad que aduce respecto del artículo 5°
acusado, se refiere particularmente al problema de la persona jurídica, su
administración, el desarrollo de su actividad (objeto social) y el manejo de su
patrimonio autónomo que genera su existencia, y no a materias como la
administración de acciones, cuotas o partes de interés social que legítimamente
se encuentren afectadas por cuenta de una decisión judicial.
- De igual forma, a
su juicio las disposiciones acusadas vulneran el derecho al debido proceso de
los administradores, revisor fiscal y representante legal, pues en su criterio
del texto del artículo 5° de la ley: “... surge la imposición de una pena,
consistente en hacer cesar en sus funciones a quien ha venido cumpliendo con un
deber legal de manera clara, transparente, juiciosa y legal”, “pena” que en
su criterio se impone sin ningún respeto del derecho de defensa.
En el mismo sentido
afirma el actor que las expresiones acusadas del
artículo 5° en mención, desconocen el derecho fundamental a la honra, en la
medida en que al imponer “una pena”, sobre todas las personas que figuren como
administradores, revisor fiscal, y representante legal de las sociedades objeto
de medida cautelar, les limita la posibilidad de continuar con sus funciones y
actividades al tacharlos de “delincuentes” dando con ello lugar en algunos
casos a que:“…sean investigados como criminales, sometiéndolos al repudio y
maltrato de su buen nombre no solamente por la publicidad que de la inscripción
de la medida cautelar hace la Cámara de Comercio en el respectivo certificado
de existencia y representación legal, sino también por el maltrato que reciben
las referidas personas en la Fiscalía General y en la Dirección Nacional de
Estupefacientes…”.
-En el mismo sentido el actor considera que las expresiones
acusadas vulneran el Preámbulo y los artículos 13, 16 y 26 constitucionales,
puesto que no se puede hablar de igualdad, libre desarrollo de la personalidad,
libre ejercicio de la profesión, convivencia y trabajo, cuando una norma
compromete la posibilidad de trabajar autónomamente conforme a la ley y de
ejercer libremente su profesión, al sancionar a unas personas con “una pena de
interdicción de funciones” por el simple hecho de trabajar para una sociedad
sobre cuyas cuotas se ha iniciado una acción de extinción que en nada los
vincula.
- Afirma además que como
consecuencia de la situación antes descrita: “...la sociedad pierde su
capacidad de contratación por la misma calificación que suele darse de ellas
como parte de redes vinculadas a delitos, que inmediatamente impiden cualquier
acuerdo comercial, menoscaba su capacidad de contratación con el mismo Estado,
la descalifican frente a negocios internacionales, lo que sumado a la
negligencia de la DNE, termina por hacer improductiva la sociedad y su ‘good
will’ y ‘know how’, con las ruinosas consecuencias que esto trae...”.  Así mismo que: “... no existe orden justo cuando una
persona jurídica distinta de aquellas sobre cuyos bienes recaen las acciones
judiciales, se ve afectada en su desarrollo, expresión, personería y
personalidad jurídica, como ocurre con las sociedades comerciales que siendo
por expresa disposición diferentes de quienes ostentan la calidad de socios
accionistas se ven limitadas y embargadas...”.
En ese orden de ideas, afirma que las expresiones acusadas
vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política, puesto que la
medida cautelar allí señalada desconoce los Estatutos Sociales al negar la
posibilidad a los socios, accionistas, partícipes o asociados de ejercer el
comercio y ser sujetos de derechos y obligaciones de manera autónoma e
independiente, además de circunscribir el desarrollo del objeto social de la
persona jurídica pues éste ya no podrá ejecutarse como se plasmó en los
Estatutos de la sociedad a causa de un factor externo a la sociedad misma.
En esos términos, y concretamente en cuanto a la expresión “sociedades incautadas” contenida en el tercer inciso
del artículo 5° de la Ley señala que al tenor de lo previsto en la norma
acusada, es claro que con ello además de desestimar a la persona jurídica, se
establece una interdicción o curatela de la persona jurídica: “…que es eso
una persona y no un bien, razón por la cual no puede ser objeto de
‘incautación’ o de cualquier otra medida que afecte su existencia como sujeto
de derechos y obligaciones, y menos en ausencia del correspondiente
procedimiento judicial o administrativo…”.
Precisa que: “...el artículo 5° demandado consagra en su
texto una pena que vulnera la posibilidad de las sociedades, a las que denomina
‘sociedades incautadas’, para ejercer su objeto social, limita la posibilidad
de ejercer derechos y contraer obligaciones tributarias, ya que cesan en sus
funciones expresamente el Representante Legal y los Revisores Fiscales, y en
este especial tema la Dirección Nacional de Estupefacientes, no asume las
responsabilidades propias de los funcionarios sobre los cuales ha impuesto la
pena de cesación de funciones, pero si asume aquellas relacionadas con la
apropiación de los ingresos y utilidades de las sociedades, sobre los cuales,
tal como reiteradamente se consigna en los medios de comunicación, aparece en
los informes de la Contraloría General de la Nación respecto de la
administración y funcionamiento de la DNE, además del despilfarro de bienes y
en algunos casos venta de los mismos, si le son percibibles y sobre los cuales
toma control la Dirección Nacional de Estupefacientes, para devolver las
sociedades mal llamadas incautadas con deudas fiscales no condonables,
apropiarse de los rendimientos y utilidades, pues no las traslada a los
empresarios o a las mismas sociedades, ante la orden de restitución y entrega
las sociedades en estado de iliquidez...”.
-Por otra parte,
afirma que la norma demandada vulnera el artículo 158 superior, pues en su
texto hace remisiones y derogaciones a materias de naturaleza comercial
relativas al régimen legal de las sociedades en Colombia, así como a las normas
penales y de procedimiento civil y penal, que no tienen relación directa con el
origen, contenido y desarrollo de la norma constitucional que constituye el
fundamento jurídico de la acción de extinción del derecho de dominio, de suerte
que tales remisiones no son sino la consecuencia de incluir de manera vaga e
incompleta una norma de carácter comercial dentro de una norma de carácter
penal.
Al respecto,
señala que la violación aludida se evidencia por cuanto: “...se hace
extensiva una medida cautelar sobre bienes, cuotas o acciones, no solo a ellos,
sino a otras personas jurídicas (sic), que jamás han sido consideradas bienes,
lo que representa un grave error jurídico elevado a categoría legal, y es claro
una sociedad no es un bien, luego los bienes de propiedad de estas, al igual
que sus ingresos, utilidades y/o dividendos no pueden ser objeto de medidas de
embargo y secuestro, salvo que las sociedades como tales fueran sujetos
procesales, sin que quede evidenciada la violación de las normas legales
comerciales y por consiguiente la unidad temática se rompa...”.
En consecuencia,
considera que los apartes acusados del artículo 5° de la Ley 785 de 2002
quebrantan el artículo 169 superior, toda vez que de conformidad con dicho
mandato constitucional las Leyes deben tener un título que se ajuste a su
contenido, situación que en su criterio no ocurre en el presente caso.
En el igual sentido, afirma
que con los mismos apartes se regula la aplicación de medidas cautelares que
tienen como fuente lo previsto en dos normas derogadas, esto es, la Ley 30 de
1986 y la Ley 333 de 1996.
IV.    INTERVENCIONES
4.1.   Ministerio
del Interior y de Justicia
El Ministerio referido a través de
apoderado judicial, interviene en el presente proceso y solicita a la Corte que
se declare inhibida para fallar de fondo en relación con la norma acusada dada
la ineptitud sustantiva de la demanda o en su defecto que declare la
constitucionalidad de la misma, con base en las razones que a continuación se
sintetizan.
Hace énfasis en que: “...el demandante fundamenta sus
cargos en la opinión que tiene sobre la aplicación que se le viene dando o se
le pueda dar a la norma acusada, ante lo cual (...) no es posible declarar la
inconstitucionalidad de esta norma por la razones aludidas por el demandante,
pues estas no se predican del texto demandado sino de la interpretación
subjetiva que hace de la disposición y por supuestos hipotéticos, por tanto,
los cargos no deben ser tenidos en cuenta, puesto que resultan improcedentes,
desde el punto de vista del control de constitucionalidad…”.
Afirma en ese orden de ideas,
que los cargos expuestos por el actor son superficiales y no concretan en qué
consiste la violación a la Carta Política, situación que origina una ineptitud
sustantiva de la demanda que inevitablemente lleva a un fallo inhibitorio, pues
considera que la acusación planteada en la demanda obedece no a una
verificación objetiva con fundamento en el contenido material de la disposición
acusada, sino a la errada interpretación de unos supuestos hipotéticos que
observa el actor en la aplicación práctica de dicha norma.
Empero, para el caso en que
la Corte considere que existe demanda en forma el interviniente recuerda que: “...El
Constituyente de 1991 consagró de manera directa en el artículo 34
constitucional una institución jurídica que permite el ejercicio de la acción
de extinción de dominio, más allá de situaciones relacionadas con la comisión
de delitos, con lo que ésta se constituye en la verdadera novedad, en esa
materia, de la Carta Política de 1991, al extender el espacio de procedencia de
la acción a una cobertura más amplia, pues procede cuando el dominio se ha
adquirido por actos de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público
o con grave deterioro de la moral social, independiente de la adecuación o no
de tales hechos a un tipo penal.  En el Estado Social de Derecho que nos rige,
por tanto, los derechos solo se pueden adquirir a través de mecanismos
compatibles con el ordenamiento jurídico y sólo a éstos se brinda la protección
del Estado...”.
Señala que en desarrollo de
tal mandato constitucional el artículo 4° de la Ley 793 de 2002, señala que la
extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de
contenido patrimonial que procede contra cualquier derecho real, principal o
accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder o los haya
adquirido y sobre los bienes comprometidos, la misma norma incluso prevé que la
acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se
haya iniciado simultáneamente o de la que se haya desprendido o en la que
tuviere origen.
De otra parte, precisa que
las Leyes 785 y 793 de 2002 son complementarias en la medida en que dentro del
proceso de extinción de dominio es procedente la declaratoria de medidas
cautelares, cuyo objeto es asegurar unos bienes, sacarlos del comercio para
evitar que personas relacionadas con los mismos, generalmente pertenecientes a
organizaciones criminales puedan ocultarlos o eludir la acción de la justicia,
mientras el juez decide en sentencia definitiva la licitud de su origen,
destinación o producto, entre otros.
Afirma que: “...el
artículo acusado consagra la forma como se deberán administrar las acciones,
cuotas o partes de interés social, dentro de las sociedad y unidades de
explotación económica, afectadas con medidas cautelares, como consecuencia de
encontrarse los bienes en algunas de las causales de extinción de dominio
contempladas en el artículo 2° de la Ley 793 de 2002.   (...)  Por ello, en el
inciso segundo del artículo 12 de la Ley 793 de 2002 (sic) establece que en
desarrollo de la fase inicial, el fiscal podrá decretar medidas cautelares o
solicitar al juez competente la adopción de ellas que comprenderán la
suspensión del poder dispositivo y el embargo y secuestro de los bienes, (sic)
disponiendo que en todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el
secuestre o depositario de los bienes embargados o intervenidos.  También
consagra el señalado precepto que los bienes sobre los que se adopten medidas
cautelares quedarán de inmediato a disposición de la citada Dirección,
estableciendo así mismo medidas para que dichos bienes mantengan su productividad
y valor a efectos de que en caso de declararse extinguido el dominio los
rendimientos pasarán a poder del Estado o se entregarán a su dueño, en el
evento de que la decisión sea contraria...”.
Sobre el particular cita un
aparte de la exposición de motivos del Proyecto de Ley “Por la cual se dictan
disposiciones relacionadas con la administración de bienes incautados en
aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996”,[3] que
justificó la necesidad de establecer una norma como la acusada.
Aclara que las medidas cautelares tiene carácter temporal,
esto quiere decir que se mantienen hasta el momento en el cual se profiera por
parte del funcionario judicial competente el fallo respectivo, extinguiendo el
dominio de los bienes, caso en el cual queda definitivamente en cabeza del
Estado, u ordenando su devolución, decisiones que además se toman con
fundamento en las pruebas que han sido recaudadas, y con observancia de las
garantías que constituyen el debido proceso.
En esos
términos, considera que: “... contrario a lo afirmado por el actor, las
acciones realizadas por los funcionarios judiciales cuando se adoptan las
medidas cautelares y la Dirección Nacional de Estupefacientes entra a ejercer
las facultades de administración previstas en el artículo 5° de la Ley 785 de
2002, desarrollan el mandato establecido en el inciso segundo del artículo 2°
constitucional, que señala como deberes de las autoridades de la República
proteger a todas las personas residentes en Colombia y asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares...”.
Como fundamento
de sus aseveraciones cita un aparte de la sentencia C-740 de 2003.
De igual manera, explica que no le asiste razón al
demandante cuando afirma que en el caso de la administración de las acciones,
cuotas o partes de interés social, dentro de sociedades y unidades de
explotación económica, afectadas con medidas cautelares como consecuencia de
encontrarse en algunas de las causales de extinción de dominio, se deben
aplicar las normas del Código de Comercio, puesto que de conformidad con lo establecido
en el ordinal 1° del artículo 10 del Código Civil –derogado por la Ley 57 de
1887 (art. 45), subrogado por la Ley 57 de 1887 (art.5°)-, la disposición
relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general, siendo
ésta la razón por la que las Leyes 793 y 785 de 2002 por ser de tipo especial
prevalecen sobre la norma general que en este caso concreto es el Código de
Comercio.
En esos términos, señala que las medidas cautelares de
embargo y secuestro sobre las cuotas o partes de interés social, previstas en
la norma demandada, traen como consecuencia la salida de esos bienes del
comercio, por lo que los socios no pueden disponer de ellos por mandamiento
legal, es esa la razón por la cual el Legislador en ejercicio de la potestad de
configuración legislativa está autorizado por el Constituyente para asignar
dichas funciones de administración de los bienes sometidos a medidas cautelares
a la Dirección Nacional de Estupefacientes, aún antes de que quede en firme la
sentencia de extinción de dominio, sin que por ello se desconozca algún mandato
superior.
Considera, además, que la norma acusada no vulnera el
artículo 13 superior, toda vez que el Legislador en ejercicio de sus
competencias constitucionales puede establecer tratos diferentes ante hipótesis
distintas, de forma tal que no es posible otorgar igual tratamiento a una
sociedad o unidad de explotación económica en la que las acciones, cuotas o
partes de interés social han sido adquiridas mediante la realización de
actividades ajustadas a la Ley, que aquella que las ha obtenido acudiendo a
acciones ilícitas, situación que permite que en el caso de las últimas proceda
la acción de extinción de dominio.
Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-179 de
1995.
Estima que: “... la disposición acusada es un valioso
instrumento de política criminal dirigido a prevenir, controlar y reprimir las
actividades delictivas de las organizaciones criminales dedicadas a cometer las
conductas delictivas que mayor alarma social ocasionan como son el
narcotráfico, el secuestro, el enriquecimiento ilícito y las demás señaladas en
el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 793 de 2002...”.
En ese entendido, a su juicio no es cierto que las medidas
previstas en la norma demandada constituyan una forma de confiscación o una
sanción, toda vez que aquellas se refieren a la administración que se les debe
dar a los bienes y derechos de las sociedades cuando son objeto de medidas
cautelares, y obedece a la manera como el Estado debe actuar para garantizar una
recta y eficaz administración de justicia, adicionalmente: “... como su
nombre lo indica las medidas cautelares dependen de un proceso judicial dentro
del cual está siendo discutido un posible derecho en el que se ofrecen todas
las garantías a los interesados, entre ellos a terceros de buena fe exentos de
culpa”.
Igualmente, aduce que la norma acusada no vulnera el
derecho de propiedad puesto que si bien la Constitución Política protege la
propiedad que se ha adquirido de acuerdo a las leyes civiles, en ningún caso
extiende esa protección a la propiedad ni a los derechos reales que son
producto de actividades ilícitas.   Como fundamento de sus aseveraciones cita
un aparte de la sentencia C-1025 de 2004.
Explica que contrario a lo
señalado por el demandante, las medidas cautelares no llevan a la desestimación
de la personalidad y la personería jurídica de la sociedad, y mucho menos le
impiden actuar, pues del texto de la norma acusada, es claro que la
autorización de medidas cautelares en relación con las acciones, cuotas o
partes de interés social de las que es titular una persona determinada no se
extiende a los bienes y derechos de otros socios de la sociedad, respecto de
quienes no se haya iniciado proceso de extinción de dominio.  En ese entendido,
no se vulnera el derecho de asociación, dado que: “...el precepto acusado no
impone el deber de asociación ni el de retirarse de una sociedad, ya que las
medidas cautelares quedan circunscritas a un socio determinado y a los derechos
patrimoniales con respeto a sus acciones, cuotas o partes de interés social,
sin que esto tenga como consecuencia obligada que pierda su calidad de socio
contra su voluntad...”. Al respecto cita apartes de la sentencia C-1025 de
2004.
Destaca que la Corte señaló
en la sentencia referida que la Dirección Nacional de Estupefacientes debe
obrar con sujeción a la autoridad judicial, razón por la cual debe contar con
autorización de aquella para poder efectuar actos de disposición,
administración o gestión, de tal manera que la autoridad que las decretó no
pierda el control sobre esas medidas cautelares.  Así mismo, que lo previsto en
el inciso 2° del artículo 5° de la Ley 785 de 2002 solo: “...procederá en el
evento en que la medida cautelar recaiga sobre la sociedad y que la inclusión
de la disposición definitiva sobre las acciones, cuotas o partes de interés
social o sobre unidades de explotación económica podrá ejercerse por la
Dirección Nacional de Estupefacientes, sin desconocer que la dirección del
proceso le corresponde a la autoridad judicial, razón esta por la cual en este
caso se requiere por parte de aquella autoridad administrativa autorización
previa del fiscal o juez competente, y en todo caso, el producto de tales actos
de disposición quedará afecto a lo que se resuelva en la sentencia con la cual
culmine el proceso...”.
Precisa que la Ley 30 de 1986
no ha sido derogada como equivocadamente lo aduce el actor, y además la Ley 793
de 2002 que derogó la Ley 333 de 1996, reguló todo lo relacionado con la acción
de extinción de dominio, con mayor eficacia y agilidad, quedando desvirtuadas
las acusaciones respecto de que la norma acusada desconoció los artículos 4°,
158 y 159 constitucionales.
Por otra parte, advierte que
la Corte Constitucional en sentencia C-666 de 2005 constató la existencia de
cosa juzgada respecto del artículo 5° de la Ley 785 de 2002, por lo que decidió
estarse a lo resuelto en la sentencia C-1025 de 2004 que declaró la
exequibilidad condicionada respecto de los cargos formulados contra la norma
referida, y en ese orden de ideas considera que en el caso subexámine, por
tratarse básicamente de los mismos cargos que fueron objeto de los
pronunciamientos antes reseñados, debe operar también el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional.
4.2.   Academia Colombiana de Jurisprudencia
La Secretaría General de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por esta Corporación, hizo
llegar el concepto que preparó el académico Ulises Canosa Suárez, en el cual se
solicita declarar la constitucionalidad condicionada de la norma acusada.
El interviniente precisa que en relación con el artículo 5°
de la Ley 785 de 2002, la Corte Constitucional se ha pronunciado en tres
oportunidades a saber, en las sentencias C-724 de 2004, C-1025 de 2004 y C-666
de 2005.   Sobre el particular cita los apartes pertinentes de cada uno de los
aludidos fallos.
Señala que en la sentencia
C-724 de 2004, la Corte estudió una demanda por vicios de trámite legislativo,
por lo que la decisión que allí se adoptó no enervaría la posibilidad de que
fuera cuestionada nuevamente la constitucionalidad del artículo 5° de la Ley
785 de 2002 siempre que los cargos versen sobre asuntos de fondo.    Advierte
que por el contrario en la sentencia C-1025 de 2004 la Corte hizo un análisis
de fondo en relación con la norma referida -pues en aquella oportunidad examinó
cargos por la supuesta vulneración de los derechos de asociación, propiedad y
reconocimiento de la personalidad jurídica previstos en la Constitución
Política, así como los artículos 1°, 2°, 3° 16, 21 y 24 de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos- y que en la sentencia C-666 de 2005 se
estuvo a lo resuelto en la referida sentencia.
Precisa que si bien la Corte ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse en relación con el artículo 5° de la Ley 785 de 2002, en la
demanda objeto de estudio, existen algunos fundamentos jurídicos nuevos que
constituyen cargos de fondo distintos a los que ya fueron materia de decisión
judicial en las referidas sentencias C-1025 de 2004 y C-666 de 2005.   No
obstante, indica que: “...el argumento del actor sobre derogación de normas
fue analizado por la Corte Constitucional cuando se pronunció por medio de la sentencia
C-724/04 respecto de la demanda por vicios en el trámite legislativo en la Ley
785 de 2002...”.
Así mismo, manifiesta que en relación con el cargo
formulado por el actor según el cual la norma acusada establece por la vía de
administración de bienes incautados una forma de confiscación, la Corte en la
sentencia C-1025 de 2004 se ocupó de analizar tal aspecto.    Al respecto cita
el aparte pertinente de la aludida providencia.
En ese orden de ideas, estima que la acusación a que se ha
hecho referencia, no tiene sentido dado que la Ley 793 de 2002 es el estatuto
al que obligatoriamente debe acudirse para interpretar la Ley 785 de 2002, y
por consiguiente al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 793
ibídem, es claro que la medida relativa a la administración de los bienes
incautados no es de tipo confiscatorio, sino es una simple medida cautelar en
virtud de la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes ejerce como
secuestre o depositario, condición que por demás no es carente de regulación
pues la Ley 793 ibídem en su artículo 7° dispuso considerar que en caso de
vacíos normativos se aplicaría el Código de Procedimiento Penal o el Código de
Procedimiento Civil respectivamente, de forma tal que: “...los límites y
facultades como secuestre, que explícitamente no estén reglados en el estatuto
de extinción de dominio, deben ser los contenidos en los códigos de
procedimiento...”.
De otra parte, recuerda que
respecto de los principios de unidad de materia y unidad temática la
Constitución Política otorga a las diferentes autoridades del Estado ciertas
atribuciones que deben ser ejercidas siempre de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la misma norma superior, en ese sentido, el legislador tiene
dentro de sus cometidos la facultad de dictar leyes.    Sobre el particular
cita un aparte de la sentencia C-434 de 1996.
Advierte que: “...no es legalmente aceptable que
regulando ‘medidas cautelares decretadas sobre las acciones, cuotas o partes de
interés social’, que efectivamente deben extenderse a todos los ‘beneficios que
al derecho embargado correspondan’, al final de la disposición, cuando se dice
que ‘de conformidad con la presente ley y en procura de mantener productivas
las sociedades’, se llegue al extremo de calificar a las sociedades como
incautadas...”.
Precisa además que: “... Conforme a la exposición de
motivos citada en la sentencia C-724 de 2004, el estatuto normativo de la Ley
785 de 2002 fue expedido para reglar y facilitar la administración de bienes
por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de modo que hacer
referencia a ‘sociedades incautadas’ implica incluir cánones específicos que no
encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, toda
vez que la temática tiene que estar referida a medidas cautelares sobre
‘acciones, cuotas o partes de interés social’ y no sobre medidas de incautación
sobre la persona jurídica propiamente dicha, que son entes independientes,
autónomos y diferentes a los socios...”.
Igualmente, aclara que el
régimen de afectación en actuaciones penales sobre una persona jurídica no
corresponde a la Ley que reglamenta la administración de “acciones, cuotas o
partes de interés social”, sino al Código de Procedimiento Penal que
expresamente regula los actos que se deben aportar en contra de una persona
jurídica, tal y como lo dispone el artículo 65 de la Ley 600 de 2000 y el
artículo 91 de la Ley 906 de 2004.     Al respecto cita la sentencia C-558 de
2004.
De igual manera, aduce que
las medidas contra personas jurídicas son de competencia de los organismos de
vigilancia y control como las Superintendencias, o bien lo son dentro de un
proceso de naturaleza penal, solo en tales instancias podrá hacerse referencia
a “sociedades incautadas”, puesto que el estatuto de administración previsto en
la Ley 785 de 2002 está referido a medidas cautelares de “acciones, cuotas o
partes de interés social”, y no a medidas de incautación que afecten a las
personas jurídicas.
Hace énfasis en que: “...Las
facultades de administración que la Ley 785 le otorga a la Dirección Nacional
de Estupefacientes tienen que entenderse limitadas a las medidas cautelares
practicadas según las prescripciones normativas de la Ley 793 y ellas están
referidas a la administración de ‘acciones, cuotas o partes de interés social’
y a las facultades y derechos que surjan de estas cautelas, derechos que deben
depender del porcentaje de ‘acciones, cuotas o partes de interés social’
afectados con la medida cautelar, que es el único que debe administrar la
Dirección Nacional de Estupefacientes no sobre la sociedad misma...”.
En ese orden de ideas, a
manera de ejemplo explica que: “... en el embargo del 20% o el 40% de las
‘acciones, cuotas o partes de interés social’, no podría afirmarse que la
sociedad ha sido incautada, ni que la Dirección Nacional de Estupefacientes
adquiera el control absoluto de la sociedad.   Los derechos de administración
que deben derivarse para la Dirección Nacional de Estupefacientes deben ser los
correspondientes al porcentaje afectado con la medida, siempre con el propósito
de procurar el mantenimiento productivo de las sociedades, según el artículo 5°
de la Ley 785 y para ello es imprescindible que el Gobierno de la persona
jurídica se someta a la reglamentación jurídica que los estatutos normativos
especializados claramente establecen...”.
Manifiesta además que con el
aparte del artículo 5° de la Ley 785 de 2002, que establece que: “…a partir
de la medida cautelar, las facultades de los órganos de administración y
dirección de la sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo
la disposición definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en
el Código de Comercio y demás normas concordantes, serán ejercidas por la
Dirección Nacional de Estupefacientes…”, eventualmente se podría dar lugar
a entender que en virtud de la medida cautelar la Dirección Nacional de
Estupefacientes entra a administrar no solo un porcentaje de las acciones,
cuotas o partes de interés social, sino que sus facultades incluso se extienden
a controlar los órganos de dirección y administración de la sociedad,
posibilidad que en sí misma es inaceptable, y razón por la cual el Procurador
General de la Nación solicitó a la Corte en una oportunidad anterior el
condicionamiento de dicha norma.
Como fundamento de sus
aseveraciones cita el aparte respectivo del concepto del Procurador General de
la Nación.
Finalmente, afirma que en
desarrollo de los principios de unidad temática y de materia el Legislador no
está autorizado para extralimitarse en el ejercicio de su facultad legislativa,
y en ese sentido la norma acusada tal y como quedó establecida puede generar un
entendimiento que no se ajusta al título que delimita la materia objeto de
regulación, de forma tal que: “... es conveniente restringir las
consecuencias de las medidas cautelares sobre acciones, cuotas o partes de
interés social a lo que legal y razonablemente corresponde sin afectar derechos
de la sociedad misma o de terceros titulares de otras acciones, cuotas o partes
de interés social...”.
Concluye entonces que la
norma acusada debe ser declarada exequible pero con el condicionamiento que en
su momento sugirió el Procurador General de la Nación.
4.3.  Colegio de Abogados Penalistas del Valle
El ciudadano Carlos Alberto Calderón Cuellar actuando en
calidad de Presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, intervino
en el proceso de la referencia con el fin de solicitar a la Corte que declare
la inexequibilidad de la norma acusada, a partir de las razones que a
continuación se resumen.
Explica el interviniente que la norma acusada vulnera el
derecho al debido proceso, en la medida en que establece que los
administradores, esto es, Gerente, Subgerentes, miembros de Juntas Directivas
cesan totalmente en sus funciones a partir de la imposición de la medida
cautelar decretada dentro del proceso de extinción del derecho de dominio,
siendo por tanto ejercida la representación legal y la administración de la
sociedad a partir de ese momento por la Dirección Nacional de Estupefacientes,
lo que permite que dicha entidad sea la encargada, entre otras, de nombrar
mandatarios judiciales, función que es propia de los representantes legales por
expreso mandato legal como lo establece el Código de Comercio y usualmente lo
prevén los Estatutos Sociales de las sociedades en Colombia.
En ese entendido, señala que: “…los apoderados nombrados
para la defensa de los intereses de todas las sociedades comerciales
involucradas en procesos de extinción del derecho de dominio, deben ser
justamente aquellos designados por la Dirección Nacional de Estupefacientes,
con lo que debemos entender que la función de esa entidad debe ser la procura
de la defensa de los derechos societarios, y como representantes legales que lo
son, sobraría interpretar que por consiguiente lo serán los socios…”.
Finalmente, advierte que: “…si la función de nombrar
mandatario judicial es asumida por la Dirección Nacional de Estupefacientes,
pero para ejercer actos de administración como lo sería este, requiere
autorización del Juez o Fiscal, es clara la confusión respecto de las calidades
de investigador, acusador, administrador y defensor, lo que tornaría, al menos
frente a este tipo de procesos, al Estado no en un Estado Social de Derecho,
sino en un Estado Totalitario, ajeno a la concepción moderna de Derecho,
justicia y equidad…”.
4.4.  Ciudadano Omar
Toro González
El ciudadano Omar Toro
González, intervino en el presente proceso, con el fin de solicitar a la Corte
que declare la inexequibilidad de la norma acusada, con fundamento en los
argumentos que a continuación se resumen.
Señala que la norma acusada vulnera los artículos 13 y 29
superiores, en la medida en que desplaza y aleja de cualquier intervención a
los Socios, Administradores, Representantes Legales y Revisor Fiscal, que
venían actuando antes de la intervención judicial, pues permite que la
Dirección Nacional de Estupefacientes entre a ser parte dentro del trámite de
afectación nombrando a los apoderados jurídicos de las sociedades comerciales
afectadas con un trámite de extinción de dominio, además de hacer las veces de
administrador del mismo, adquiriendo un mayor número de derechos que los mismos
implicados directamente con el trámite aludido.
En ese entendido, considera que se anulan las oportunidades
procesales para los miembros de las sociedades comerciales después de la
intervención por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, pues: “…lógicamente
que perturba y deja sin efectos a sus participantes o administradores,
dejándolas sin oportunidad de reacción alguna que les permita salvaguardar sus
derechos que en todo sentido se vislumbran vulnerados…”, de suerte que, las
atribuciones dadas a la Dirección Nacional de Estupefacientes constituyen un
enorme peligro para la sociedad que entra a representar, pues ésta queda a
merced de un ente que no tiene la suficiente capacidad y preparación de manejar
totalmente un negocio, que por lo general ha sido operado por sus propios
socios y administradores durante cierto lapso de tiempo arrojando los mejores
resultados para su gestión.
4.5.  Ciudadano
Jaime Adolfo Pardo Forero
El ciudadano Jaime Adolfo
Pardo Forero, intervino en el proceso de la referencia, y solicita a la Corte
que declare la inexequibilidad de la norma acusada o en su defecto la
constitucionalidad condicionada, con fundamento en los argumentos que a
continuación se resumen.
Considera que la norma acusada -con la premisa básica de la
naturaleza real y autónoma de origen constitucional de la acción de extinción
de dominio- impone sanciones a personas naturales.  Así mismo que desnaturaliza
la existencia y atributos de las sociedades al imponer penas sin juicios
previos y al negar la posibilidad de ejercer autónomamente la defensa de
intereses de las sociedades, prueba de ello es que la disposición demandada: “…al
referirse a las sociedades lo hace como ‘Sociedades Incautadas’, como lo hace
en la parte final del inciso 3º con lo que esta equiparando a la sociedad a un
bien, entendiendo la incautación como la ‘Toma de posesión forzosa que la
autoridad judicial o de otra especie hace de los bienes poseídos
ilegítimamente…”.
Advierte que una sociedad no es un bien y la Constitución
Política, así como la legislación civil y comercial han sido amplias al
desarrollar los atributos y características de las sociedades al dotarlas de
personería jurídica distinta de los socios, determinando el alcance del
desarrollo de su objeto social, diferenciándolas de los socios, estableciendo
sus funciones y responsabilidades de administradores, así como sanciones por
las violaciones de normas legales sobre responsabilidad y alcance del objeto
social tanto a los socios como a los administradores y al revisor fiscal.
En ese orden de ideas, precisa que: “…desconocer esos
atributos y darles un tratamiento de bienes es el desconocimiento total
respecto del Derecho Civil y Comercial, así como el soporte legal para la
violación sistemática de los derechos de las sociedades, y de las personas
naturales que ejercen su administración y revisoría fiscal, frente a estos
últimos no permitiéndoles ejercer profesión u oficio, creando respecto de ellos
una pena equiparable a la interdicción para ejercer profesión u oficio,
negándoles la posibilidad de trabajar libremente, imponiéndoles un rótulo que
afecta necesariamente su honra y su derecho al buen nombre…”.
Por otra parte, explica que la norma demandada desconoce lo
manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1025 de 2004, en
donde se señaló que la Dirección Nacional de Estupefacientes debe reintegrar a
las sociedades administradas los dividendos, ingresos, utilidades y activos
sociales, no obstante, la medida cautelar que establece la norma acusada,
solamente se refiere al evento de la sentencia extintiva, y por tanto no
estableció que los dividendos y utilidades sean reinvertidos y reintegrados en
eventos de no extinción del dominio, de forma tal que en la realidad esas sumas
quedan a disposición del depositario, esto es, la Dirección Nacional de
Estupefacientes, en lo relativo a su administración y el lucro derivado de
ellos, sin posibilidad siquiera para quienes ostentan la calidad de socios de
pedir un informe de gestión o una rendición de cuentas.
Así mismo, a su juicio la norma acusada vulnera el debido
proceso en la medida en que prevé un proceso sin contradictor, porque no existe
la posibilidad de un defensor de los intereses societarios pues a quien
representa la sociedad le es imposible nombrar apoderados, función que por
demás corresponde por Ley al representante legal, pero que por disposición de
la norma demandada recae sobre el ente investigador a través de la Dirección
Nacional de Estupefacientes en cumplimiento de la sentencia C-1025 de 2004 que
así lo determinó en su parte resolutiva.
Aclara además que: “…los bienes de sociedades si estas
son personas no podrían verse vinculados per se al proceso, salvo que la
sociedad sea vinculada por el ejercicio y desarrollo de su objeto social, no
siendo esta causal invocada en estos procesos, más aún cuando socios
minoritarios podrían ver dilapidadas sus inversiones por quienes ejercen la
nueva administración sin que la ley les limite su oficio, ya que, incluso,
luego de hacer inviable la sociedad, tienen la facultad para vender sus bienes,
lo que en Derecho Civil, no ocurre hasta que se ha dictado sentencia…”, especialmente
si se considera que existen procesos civiles, comerciales y penales dentro de
los cuales se ha determinado la posibilidad de levantar el velo corporativo
como consecuencia de una sentencia, no de una presunción como ocurre con la
norma acusada.
Finalmente, advierte que la Corte en la sentencia C-1025 de
2004 señaló que la imposición de medidas cautelares no representa la pérdida
para su titular de un bien, pero dejó de lado que el proceso de extinción de
dominio puede durar más de cinco años: “… y que se basa en una presunción
legal que a partir de la medida ni los socios ni los administradores perciben
recursos para su congrua subsistencia, que la legislación no previó la
devolución de bienes con sus frutos y la forma de determinación de los mismos,
que no es viable por negación expresa de la DNE que se rinda informes respecto
de la gestión de los nuevos administradores, que esta previsto que los bienes
pueden ser vendidos arbitrariamente (…) porque antes de la medida eran viables
y lucrativos, y después de la medida la mera calificación de quien los
administra basta para venderlos, al precio y condiciones que ellos determinen,
a sabiendas de que fueron ellos mismos quienes lo tornaron insolvente o
improductivo, luego es el monumento a la arbitrariedad, el antiderecho y el
abuso del poder…”.
4.6.  Ciudadano
Alvaro Eduardo Rojas Latorre
El ciudadano Alvaro Eduardo
Rojas Latorre, intervino en el presente proceso, con el fin de solicitar a esta
Corporación que declare la inexequibilidad de la norma acusada, con fundamento
en los argumentos que a continuación se resumen.
Estima que la norma acusada vulnera la Constitución
Política, puesto que todo lo que establece constituye para el administrador un
castigo “con el despojo material, el impedimento, la degradación y perturbación
laboral”, además para la empresa significa “unos desórdenes económicos y
sociales completamente injustos”, prueba de ellos es que: “…los socios y
administradores, independientemente de no habérseles comprobado tener vínculo o
participación responsable en los hechos que se investigan y que originan la
medida cautelar, son agredidos por el Ministerio de la ley al marginarlos de
sus trabajos y al desconocerles sus derechos.  Son sancionados sin haber sido vencidos
en juicio, todo ello según dice la norma ‘en procura de mantener productivas
las sociedades incautadas…”.
En esos términos, afirma que la norma acusada no otorga
oportunidad alguna para defenderse antes de ser sancionado, so pretexto de
precaver evasiones, de suerte que establece una presunción que es injusta y
dañina que refleja: “…la incapacidad operativa del Estado para investigar,
sentenciar y perseguir a los infractores y delincuentes la que hace que recurra
al expediente de las presunciones para evadir su responsabilidad y cometer,
como se ha visto en muchas oportunidades, injusticias irreparables…”.
Hace énfasis en que la norma acusada permite que sin que
exista una sentencia que establezca los responsables de los hechos
investigados, cualquier apreciación en contra se estima como una “sospecha”,
como una posibilidad o tal vez, como una circunstancia que no es suficiente
para sancionar al socio o al administrador porque ello resulta grave en la
medida en que se impone una pena con fundamento en una presunción, además: “…aparte
de la sanción laboral que implica para los administradores el cese de todas sus
funciones, pues se presume de ellos alguna responsabilidad y un grado de
peligrosidad social, lleva consecuentemente al razonamiento lógico que este
administrador no está en la capacidad moral de trabajar en otra empresa, pues
se presume que su capacidad moral está seriamente afectada representa un riesgo
social…”.
Por otra parte, indica que las confiscaciones o despojos
que establece la norma acusada atentan en forma directa contra los principios
de asociación, de libre derecho a la escogencia de profesión u oficio, así como
contra los principios de justicia, igualdad y paz.   Adicionalmente afirma que:
“…desde el punto de vista político y económico la existencia de normas como
la impugnada, genera inseguridad jurídica para inversionistas, administradores
y empresarios.  Hoy por hoy cualquier empresario queda expuesto a la
intempestiva aplicación de esa norma, que amen de resultar eventualmente y al
cabo de los años, injustificada, puede tener origen en mecanismos de
fundamentos precarios como los informes de personajes anónimos, coincidencias
probatorias, como un simple número telefónico en la libreta de un detenido,
etc…”.
Advierte que la interdicción que sufre la empresa a causa
de lo previsto en la norma demandada, es muy grave al permitir a la Dirección
Nacional de Estupefacientes que ejerza no solo todos los derechos sobre las
acciones y cuotas de la empresa incautada, sino que también ejerza funciones
administrativas y de dirección de la empresa como si fuese la Asamblea General
de Socios, la Junta Directiva o el propio Gerente, además puede disponer
libremente de los ingresos y utilidades operacionales, dividendos, utilidades,
intereses y demás beneficios que correspondan.
Concluye entonces que: “…la existencia de la norma
acusada tiene efectos económicos negativos tanto para la empresa en cuestión,
como para todo el sector productor del país.  Más aún cuando en la misma norma
se reglamenta todo cuanto tiene que ver con las utilidades, los ingresos y
beneficios, pero guarda peligroso silencio sobre futuras pérdidas, quiebras o
liquidaciones causadas por la acción y, peor aún se reserva maquiavélicamente
las responsabilidades por malos manejos, pérdidas y liquidaciones.   El
legislador deja en manos de las normas comerciales estos asuntos, que de suyo
corresponden a normas especiales que el Estado no quiere enfrentar con grave
perjuicio para los intereses de los particulares y los activos empresariales
que operan en la Nación…”.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la
Nación allegó el concepto número 3910, recibido el primero (1°) de septiembre
de 2005, en el cual solicita a la Corte declarar exequible el artículo 5° de la
Ley 785 de 2002, con fundamento en las razones que se sintetizan a
continuación.
La Vista Fiscal advierte que la Ley 785 de 2002 se
encuentra vigente como una norma de administración de bienes incautados
cautelarmente en procesos de extinción de dominio y penales por tráfico de
estupefacientes y conexos, independientemente de que en el título de la Ley y
en el artículo 5º se haga alusión como fundamento temático a las Leyes 30 de 1986
y 333 de 1996 y éstas hayan sido derogadas. En ese sentido, señala que la Corte
en las sentencias C-724 y C-1025 de 2004 se pronunció respecto de la vigencia
de la Ley 785 de 2002.
Así mismo, recuerda que: “…La extinción del dominio como
las acciones penales contra el narcotráfico son herramientas de grado
constitucional que buscan enfrentar flagelos de tal gravedad que comprometen el
futuro de la sociedad y la existencia del Estado.  (…)  La extinción del
dominio recae sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en
perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social.   La
acción correspondiente tiene por finalidad la pérdida del derecho de propiedad
a favor del Estado, debido a que se considera que tal derecho nunca nació al
mundo jurídico, es decir, se tiene por inexistente para quien pretende
ostentarlo de manera ilícita…”.
Por otra parte, destaca que tanto en el enriquecimiento
ilícito como en el narcotráfico se involucran bienes, -bien sea para
desarrollar la empresa delincuencial o para lavar activos-, y que las personas
jurídicas no escapan a esos usos, de forma tal que ante la gravedad de tales
comportamientos por su capacidad de invadir las sociedades mercantiles en
determinados casos, resulta conforme al orden superior que las medidas
cautelares decretadas sobre acciones, cuotas o partes de interés social de las
personas jurídicas comerciales se hagan extensivas a su control,
independientemente de los derechos de los terceros de buena fe que se vean
comprometidos.
En ese entendido, precisa que: “…El legislador hace una
presunción en relación con esos comportamientos que invaden las personas
jurídicas comerciales basado en la experiencia, y por tanto, en lugar de
esperar a que se sigan utilizando las sociedades para después tener que dictar
medidas cautelares sobre éstas, resuelve el asunto de su administración en
función de mantenerlas productivas y generando empleo, en la misma ley de
administración de bienes incautados en procesos de extinción de dominio o
penales por narcotráfico…”.   Como fundamento de sus aseveraciones cita la
sentencia C-724 de 2004.
Advierte que de conformidad con lo previsto en los
artículos 95-7 y 230 de la Constitución Política, toda persona y ciudadano
tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de
justicia lo cual incluye asumir las consecuencias de las medidas cautelares que
se les aplican en los diferentes procesos.
En esos términos, considera que la medida cautelar que se
hace extensiva al control de la sociedad cuando se embargan derechos de los
socios en procesos por extinción de dominio o narcotráfico, obedece a una
presunción del Legislador, en cuanto aquélla puede estar involucrada en tales
comportamientos delictivos, con el fin de atender su administración según su
objeto social, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa: “… de
todos modos éstos últimos deben soportar la carga limitativa de sus derechos
económicos mientras que la justicia cumple sus cometidos, dada la gravedad de
los comportamientos que ésta busca contrarrestar (narcotráfico, enriquecimiento
ilícito).   En estos eventos, los terceros que actúan de buena fe exenta de
culpa, en relación con las medidas cautelares impuestas a las sociedades,
pueden reclamar los perjuicios que se les llegaren a causar por error judicial
o por indebida administración de sus bienes por parte del Estado…”.
Señala que no se vulnera el derecho de la persona jurídica
o de sus socios, Representante Legal y Revisor Fiscal, al impedirles cualquier
actuación en defensa de sus intereses como terceros en los procesos en que se
ordena la medida cautelar extensiva de incautación de las sociedades, ni se
quebranta el debido proceso de los socios, órganos de dirección y
administración, representantes legales y revisores fiscales al cesar en el
ejercicio de funciones en relación con la sociedad objeto de medida cautelar,
pues lo previsto en la norma acusada no es una pena ni medida precautelativa
contra ellos sino la consecuencia de la decisión judicial preventiva, así como
tampoco se compromete su libertad de profesión u oficio puesto que la medida
cautelar no va en contra de ellos, por lo que sus condiciones, actividades y
profesiones en sí mismas no tienen ningún tipo de limitación, simplemente es la
consecuencia inevitable del control judicial societario.
Aclara que: “…la personalidad jurídica de las sociedades
y unidades de explotación económica no se compromete en cuanto que precisamente
la medida cautelar se dicta con el fin de que tales entes económicos mantengan
activo su objeto social, al entregarles su administración a la Dirección
Nacional de Estupefacientes para que las conserve productivas…”.
Precisa que la extensión de la medida cautelar establecida
en la norma demandada que recae sobre acciones, cuotas o partes de interés, a
la administración de las personas jurídicas comerciales pareciera estar
diseñada para ser aplicada automáticamente, bajo la presunción de que en todos
los eventos de extinción del dominio o penales por narcotráfico el ente jurídico
está involucrado o con prácticas de enriquecimiento ilícito o de narcotráfico y
conexos, de forma tal que podría pensarse que no se dejó la posibilidad para
que en cada caso concreto el funcionario judicial pudiera valorar la situación
y percibir aquellos eventos en los cuales el derecho de propiedad accionario
objeto de medida cautelar no llega a comprometer la persona jurídica mercantil
en su existencia o en el desarrollo de su objeto social.
En ese sentido, explica que: “…Para determinar cuándo la
persona jurídica está vinculada al enriquecimiento ilícito o al narcotráfico y
conexos, el funcionario judicial mediante investigación puede efectuar
correlaciones con los tipos penales sobre narcotráfico, con la participación
del socio subjudice en los órganos de dirección o administración, su
vinculación con el desarrollo del objeto social contractual o laboralmente, por
su participación en el control de la persona jurídica, o porque las pruebas
indiquen que se está empleando el ente para los fines delictivos de los socios
vinculados judicialmente…”.
Finalmente, manifiesta que frente al tema previsto en la
norma acusada quedaría por determinar la existencia de una posible presunción
del legislador de comportamiento de las personas jurídicas mercantiles, que
podría resultar per se desproporcionado y comprometer el derecho a la
libertad en el campo de la economía, sin embargo advierte que la Corte
Constitucional en la sentencia C-1025 de 2004 se pronuncio al respecto para
señalar que “3.2.4. Por lo que hace al segundo inciso del artículo 5° de la Ley 785 de 2002 en
cuanto en él se dispone que “a partir de la medida cautelar”  la Dirección
Nacional de Estupefacientes ejercerá “las facultades de los órganos de
administración y dirección de la sociedad o de
las unidades de explotación económica, incluyendo la disposición definitiva de
las mismas en la forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás
normas concordantes,” encuentra la Corte que la norma tendrá operancia si la
medida cautelar recae sobre la sociedad y que la
inclusión de la disposición definitiva sobre las acciones, cuotas o partes de
interés social o sobre unidades de explotación económica, podrá ejercerse por
la Dirección Nacional de Estupefacientes, sin desconocer que la dirección del proceso le corresponde a la autoridad judicial, razón esta
por la cual en este caso se requiere por parte de aquella autoridad
administrativa autorización previa del fiscal o juez competente y, en todo
caso, el producto de tales actos de disposición
quedará afecto a lo que se resuelva en la sentencia con la cual culmine el
proceso…”.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
6.1.   Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma
demandada hace parte de una Ley de la República.
6.2.   La materia sujeta a examen
Para el actor las expresiones “miembros de los órganos
sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor
fiscal, no podrán ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión
en relación con aquellas, a menos que sean autorizados expresamente y por
escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes” contenidas en el
primer inciso del artículo 5° de la ley  785 de 2002, el segundo inciso del
mismo artículo[4]
y la expresión “sociedades incautadas”, contenida en el tercer inciso
del referido artículo 5° de la Ley 785 de 2002 vulneran i) el artículo
29 superior por cuanto con ellas se produce en su criterio una neutralización
del derecho de defensa de la persona jurídica en relación con la cual se
adelante un proceso de extinción de dominio pues de las mismas se desprende -en
su criterio igualmente- que será a la Dirección Nacional de Estupefacientes a
quien corresponderá asegurar la “defensa técnica” de los derechos de la misma
en el referido proceso sin que dicha Dirección tenga competencia para el
efecto, al tiempo que se plantea un evidente conflicto de intereses al
convertirse la referida Dirección en acusador y defensor dentro del mismo
proceso; ii) igualmente se viola dicho artículo 29 así como el Preámbulo
y los artículos 4º, 13, 21 y 26 por cuanto con los apartes acusados se impone
sin ningún debido proceso y en detrimento de los derechos que en los referidos
artículos se establece una “sanción” consistente en la interdicción de
funciones a los administradores, Representante Legal y Revisor Fiscal de las
sociedades en relación con las cuales se aplique el artículo 5° de la Ley 785
de 2002; iii) los artículos 14 y 16 de la Constitución Política por
cuanto con las expresiones acusadas respecto de las sociedades se desconocen
los atributos propios de la personalidad jurídica y la capacidad de las
referidas sociedades de actuar libremente de acuerdo con sus Estatutos y se les
da el tratamiento de bienes y no de personas particularmente al referirse la
norma a “las sociedades incautadas”; iv) los artículos 158 y 169
superiores por cuanto se desconoce el principio de unidad de materia al
regularse materias de naturaleza comercial en una norma penal, al tiempo que la
referencia a las sociedades –que advierte no son bienes- en los apartes
acusados hace que el contenido de la norma no corresponda al título de la Ley
que además alude a normas derogadas.
Los ciudadanos Omar Toro González, Jaime Adolfo Pardo
Forero, Alvaro Eduardo Rojas Latorre y el interviniente en representación del
Colegio de Abogados Penalistas del Valle coadyuvan la demanda.   Hacen énfasis
en la violación de los derechos de la persona jurídica que en su criterio queda
imposibilitada para defenderse y sometida a la administración de inexpertos,
así como en el desconocimiento de los derechos de los Administradores,
Representante Legal y Revisor Fiscal a quienes se impondría una pena que atenta
contra su prestigio y el derecho a ejercer sus profesiones y sin que tampoco
tengan posibilidad de defenderse.
El interviniente en representación del Ministerio del
Interior y de Justicia solicita a la Corte  que se inhiba para emitir
pronunciamiento de fondo frente a la acusación formulada y en su defecto
declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas. Hace énfasis en que la
normatividad aplicable en materia de extinción de dominio no es la legislación
comercial sino las normas especiales previstas para el efecto a saber en las
Leyes 793 y 785 de 2002.
Precisa que la Ley 30 de 1986 no ha sido derogada y además la Ley 793 de 2002 que derogó la Ley 333 de 1996, reguló
todo lo relacionado con la acción de extinción de dominio.   Explica que las medidas a que alude el artículo 5º de la
Ley 785 de 2002 son de carácter temporal.   Precisa que la autorización
de medidas cautelares en relación con las acciones, cuotas o partes de interés
social de las que es titular una persona determinada no se extiende a los
bienes y derechos de otros socios de la sociedad, respecto de quienes no se
haya iniciado proceso de extinción de dominio, y que lo previsto en el inciso
2° del referido artículo solo procederá en el evento en que la medida cautelar
involucre la sociedad.
El interviniente en representación de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia solicita a la Corte declarar la exequibilidad
condicionada de las expresiones acusadas en el sentido de precisar que la
sociedad no es objeto de incautación pues en caso de mantenerse ese equívoco se
estaría violando el principio de unidad de materia pues la norma en que ellas
se contienen no guardaría relación con el título de la Ley que alude a la
administración de bienes y no de personas jurídicas.
El señor Procurador General de la Nación por su parte
solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas.
Advierte que la Corte en las sentencias C-724 y C-1025 de 2004 ya se pronunció
sobre la vigencia de la Ley 785 de 2002.  Así mismo que en manera alguna se
vulneran los derechos de los Administradores Representantes Legales y Revisor
Fiscal pues la medida cautelar no es contra ellos y es una simple consecuencia
de la naturaleza misma de dichas decisiones.  Destaca igualmente que con las
mismas lo que se busca es mantener activo el objeto social de las sociedades en
relación con las cuales se adoptan este tipo de medidas por lo que mal puede
verse afectada la personalidad jurídica.  Advierte que los eventuales efectos
que se deriven de la misma para los demás socios y los terceros de buena fe se
enmarca dentro del deber de colaboración con la justicia al tiempo que es a la
autoridad judicial a la que corresponde determinar en que casos es que puede
entenderse comprometida la sociedad y no sólo determinados socios con las
conductas que  sirven de fundamento a la acción de extinción de dominio.
Recuerda que la Corte en la Sentencia C-1025 de 2004 precisó que lo previsto en
el segundo inciso del artículo 5° de la Ley 785 de 2005 solo resulta aplicable
en caso de que la sociedad sea la que está comprometida con las actuaciones que
motivan la acción de extinción de dominio y consecuentemente la medida
cautelar.
Corresponde entonces a la Corte establecer si los apartes
acusados del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 vulneran o no i) el
artículo 29 superior por cuanto los mismos establecerían una neutralización del
derecho de defensa de la persona jurídica en relación con la cual se adelante
un proceso de extinción de dominio, ii) dicho artículo 29 así como el
Preámbulo y los artículos 4º, 13, 21 y 26 por cuanto con los apartes acusados
se impondría -sin ningún debido proceso y en detrimento de los derechos que en
los referidos artículos se establecen- una “sanción” a los administradores,
representante legal y Revisor Fiscal de las sociedades en relación con las
cuales se apliquen las disposiciones acusadas
contenidas en el primero y segundo inciso del
artículo 5º de la Ley 785 de 2002, iii) los artículos 14 y 16 por cuanto
con las expresiones acusadas se desconocerían respecto de las sociedades los
atributos propios de la personalidad jurídica y la capacidad de las referidas
sociedades de actuar libremente de acuerdo con sus Estatutos y se les daría el
tratamiento de bien particularmente al referirse la norma a “las sociedades
incautadas” y iv) los artículos 158 y 169 superiores por cuanto se
habría desconocido el principio de unidad de materia al regularse materias de
naturaleza comercial en una norma penal, al tiempo que la referencia a las
sociedades en los apartes acusados haría que el contenido de la norma no
corresponda al título de la Ley que además aludiría a normas derogadas.
6.3.    Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas
precisiones que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados
en la demanda relativas a i) la vigencia de la Ley 785 de 2002 y su
interpretación sistemática con la Ley 793 de 2002, ii) la ausencia de cosa
jugada en relación con los cargos planteados en el presente proceso que fueron
objeto del auto admisorio, iii) la solicitud de inhibición, y iv) el marco
normativo, contenido y alcance del artículo donde se contienen las expresiones
demandadas.
6.3.1.   La vigencia de la Ley 785 de 2002 y su
interpretación sistemática con la Ley 793 de 2002
Cabe en primer
lugar advertir -como se puso de presente por la Corte en la sentencia C-724 de
2004 y posteriormente en la sentencia C-798 de 2005- que si bien la Ley 785 de
2002, de la cual hacen parte los preceptos legales demandados, complementa las
disposiciones contenidas en las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996,[5] en materia de manejo de
bienes incautados, así como lo referente a la administración de las sociedades
propietarias de los mismos, y que esta última fue derogada expresamente por la
Ley 793 de 2002, no por ello se puede considerar que también se dejó sin
efectos la Ley 785 de 2002. En consecuencia, la Ley 785 de 2002 se encuentra
vigente y debe interpretarse sistemáticamente con la nueva ley de extinción de
dominio es decir la Ley 793 de 2002.[6]
6.3.2.   La ausencia de cosa juzgada en relación con los
cargos formulados en el presente proceso y que fueron objeto de la decisión
adoptada mediante el auto admisorio
La Corte considera necesario precisar que en relación con
el artículo 5° de la Ley 785 de 2002 la Corporación ha proferido las sentencias
C-724 y C-1025 de 2004, C-666 y C-798 de 2005.
Empero con excepción de los cargos respecto de
los cuales en el auto admisorio se rechazó la demanda, -a saber los cargos por
la supuesta vulneración de los artículos 34, 38 y 58
superiores[7]
que fueron analizados en la sentencia C-1025 de 2004[8] donde se declaró
exequible el artículo 5° de la Ley 785 de 2002, en forma condicionada[9]-, no cabe entender
configurado el fenómeno de la cosa juzgada en relación con los elementos de la
acusación formulada por el actor en contra de los apartes reseñados del artículo
5º de la Ley 785 de 2002 tal como fue admitida en el auto del 8 de julio de
2005.
En efecto en relación con la sentencia C-724 de 2004[10] cabe precisar que los
cargos analizados en ese proceso -formulados en contra de algunos apartes del
artículo 5º de la Ley 785 de 2002 que fueron declarados exequibles[11]-, lo fueron por la
supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución así como de
las disposiciones pertinentes de la Ley 5ª de 1992 en relación con el respeto o
no de los principios de publicidad, identidad y consecutividad en el trámite de
la referida ley.
En relación con
la sentencia C-666 de 2005[12]
donde la Corte decidió: i) “Declararse inhibida para pronunciarse sobre la
demanda instaurada contra la Ley 785 de 2002 por no haberse tramitado como ley
estatutaria”; ii) “Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la
demanda instaurada contra la Ley 785 de 2002”; y iii) “Estarse a lo resuelto en
la Sentencia C-1025 de 2004 respecto de los cargos formulados contra el
artículo 5º de la Ley 785 de 2002”, el análisis que hizo la Corte en relación
con el citado artículo 5° se refirió a aspectos diferentes a los que formula el
actor en el presente proceso. Si bien en esa ocasión se invocó como vulnerado
el artículo 14 superior la decisión aludió esencialmente a la violación del
derecho de asociación que ya había sido examinada por la Corte en la Sentencia
C-1025 de 2004.[13]
Y finalmente en
relación con la sentencia C-798 de 2005[14]
en que la Corte resolvió i) “INHIBIRSE de pronunciarse sobre la
constitucionalidad de la Ley 785 de 2002 por la cual “se dictan disposiciones
relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de
las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996” y ii) “Estarse a lo resuelto en la
sentencia C-1025 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) respecto de la
declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo 5º de la Ley 785 de
2002”, cabe precisar que la Corte en relación con los cargos formulados en
contra del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 por la supuesta vulneración de los
artículos 14, 158 y 169 superiores decidió inhibirse por ineptitud sustancial
de la demanda[15],
y en relación con los cargos por violación de los artículos 34, 38 y 58 decidió
estarse a lo resuelto en la sentencia C-1025 de 2004.
No se configura pues respecto de la acusación formulada en el
presente proceso -sobre los elementos que fueron objeto del auto admisorio- el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional por lo que debe la Corte proceder al
examen respectivo.
6.3.3.   La solicitud de inhibición
Para el interviniente en
representación del Ministerio del Interior y de Justicia los cargos expuestos
por el actor son superficiales y no concretan en qué consiste la violación a la
Carta Política.   Afirma que la acusación por él planteada obedece a la errada
interpretación de unos supuestos hipotéticos que observa el actor en la
aplicación práctica del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 y en ese orden de
ideas solicita a la Corte inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo por
ineptitud sustantiva de la demanda.
Al respecto, cabe recordar que la Corte
ha explicado de manera reiterada que dado que el juicio de constitucionalidad
se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición
objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución Política[16],
al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera
específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una
verdadera controversia constitucional[17].
Ahora bien, en el presente caso la Corte constata que
contrariamente a lo afirmado por el interviniente en representación del
Ministerio del Interior y de Justicia no puede afirmarse que el demandante haya
incumplido la carga que le corresponde asumir para permitir el juicio de
constitucionalidad, pues de la demanda se desprende claramente cuáles son las
expresiones  que se acusan, cuales normas superiores se violan y cuales las
razones por las que se consideran vulneradas. Recuérdese que una cosa es  la
fundamentación necesaria de la demanda y otra la prosperidad de las
pretensiones.
Si bien, como más adelante se explica, es evidente  que no
asiste razón al actor, ello no significa que  éste no plantee una acusación que
deba ser estudiada independientemente de su eficacia.
Téngase en cuenta que si bien  los requisitos
establecidos en el artículo  2° del Decreto  2067 de 1991 deben cumplirse,   el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no
puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio
el derecho reconocido a todo ciudadano para acudir ante la Jurisdicción
Constitucional y obtener una sentencia[18].
Tales fueron las
razones que se tuvieron en cuenta para admitir,  luego de su corrección, la
demanda planteada  y son las que llevan a la Corte a pronunciarse de fondo
sobre la misma, de modo que esta Corporación se
abstendrá de atender la solicitud formulada por el interviniente en
representación del Ministerio del Interior y de Justicia y procederá a analizar
la acusación formulada por el demandante.
6.3.4.  El
marco normativo, contenido y alcance del artículo en que se contienen las
expresiones demandadas
Cabe recordar
que de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución se prohíben las penas de
destierro, prisión perpetua y confiscación.   No obstante, por sentencia
judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos
mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave
deterioro de la moral social.
En desarrollo de
dicho texto superior el Legislador expidió la Ley 333 de 1996 “por la cual
se establecen las normas  de extinción de dominio  sobre los bienes adquiridos
en forma ilícita”.    Posteriormente en el marco del estado de conmoción
interior declarado por el Decreto 1837 de 2002 fue proferido el Decreto
Legislativo 1975 del 3 de septiembre de 2002 “por medio del cual se suspende
la Ley 333 de 1996 y se regula la acción y el trámite  de la extinción de
dominio”.
Actualmente la materia es
regulada por la Ley 793 de 2002 “por
la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan
la extinción de dominio”, proferida simultáneamente -el 27 de diciembre de 2002- con
la Ley 785 de 2002 “por la cual
se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes
incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996” -Ley de la que hace parte
el artículo en que se contienen las expresiones acusadas-.
Cabe recordar así mismo que la Ley 30 de 1986 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se
dictan otras disposiciones”, mantiene su vigencia
con las modificaciones y adecuaciones introducidas por la legislación penal
posterior.
Ahora bien, la Corte
considera pertinente señalar que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 793 de
2002 la extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado,
sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.
Esta acción es autónoma en los términos a que alude dicha Ley cuyo artículo 4°
precisa que la acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional,
de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier
derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en
su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Así mismo, que
esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal
que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que
tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa.
El artículo 2°
de la Ley establece las causales por las cuales se
declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial[19], en tanto
que el artículo 3º señala los bienes que pueden ser objeto de dicha extinción[20].
Cabe recordar que de acuerdo con el parágrafo
del artículo 5º de la Ley 793 de 2002 la Dirección Nacional de Estupefacientes,
podrá intervenir como parte dentro del proceso de extinción de dominio, que de
oficio inicie la Fiscalía General de la Nación, cuando le asista interés
jurídico para actuar.  Estará facultada para aportar y solicitar la práctica de
pruebas dirigidas a demostrar la procedencia ilícita de los bienes, solicitar
medidas cautelares sobre los mismos, impugnar la resolución de improcedencia de
la acción, y la providencia que no reconozca el abandono de los bienes a favor
del Estado, cuando se cumplan los requisitos del artículo 10 de la presente
ley.  Así mismo que en relación con dicho parágrafo la Corte precisó -al
declarar la exequibilidad condicionada del referido parágrafo en la sentencia
C-740 de 2003- que la intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes
solo tendrá lugar en los procesos en que demuestre su interés y en relación con
bienes cuyo origen  se vincule a actividades de narcotráfico y conexos.
Para efectos del
presente proceso resulta pertinente recordar que de acuerdo con el artículo 8º
de la Ley 793 de 2003 en el ejercicio y trámite de la acción de extinción de
dominio se garantizará el debido proceso[21], de
la misma manera que según el artículo 9º de la misma Ley, durante el
procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de los afectados, y en
particular los siguientes: i) Probar el origen legítimo de su patrimonio, y de
bienes cuya titularidad se discute; ii) Probar que los bienes de que se trata
no se encuentran en las causales que sustentan la acción de extinción de
dominio; iii) Probar que, respecto de su patrimonio,
o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se ha
producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada
dentro de un proceso de extinción de dominio, por identidad respecto a los
sujetos, al objeto y a la causa del proceso.
Así mismo,
resulta necesario recordar que de acuerdo con los artículos 12 y 13 de la misma
Ley 793 de 2002[22]
en el marco del procedimiento establecido para el ejercicio de la acción de
extinción de dominio es posible dictar medidas cautelares y que la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre
o depositario de los bienes embargados o intervenidos, de la misma manera que
los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a
disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen organizado.
Ahora bien, cabe
precisar que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 785 de 2002 “por la
cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes
incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996” -Ley de la
que hace parte el artículo en que se contienen las expresiones acusadas-, la
administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de
Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de
narcotráfico y conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la
ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el
Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o
deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma individual o concurrente los
siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional y
depósito provisional.
Dicho artículo 1° precisa igualmente que la decisión de incautación del bien tendrá
aplicación inmediata y la tenencia del mismo pasará a la Dirección Nacional de
Estupefacientes para su administración en los términos de la misma Ley 785 de
2002.
Por su parte el
artículo 5° -sobre “Sociedades y unidades de explotación económica”- de
la referida Ley señala en su primer inciso -parcialmente acusado en este
proceso- que “La Dirección Nacional de Estupefacientes ejercerá los derechos
sociales que correspondan a las acciones, cuotas o partes de interés social que
hayan sido objeto de medida cautelar en los procesos a que se refieren las
Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996 hasta que se produzca la decisión judicial
definitiva y mientras tanto quienes aparezcan inscritos como socios, miembros
de los órganos sociales y demás órganos de administración, representante legal
o revisor fiscal, no podrán ejercer ningún acto de disposición, administración
o gestión en relación con aquellas, a menos que sean autorizados expresamente y
por escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes.[23]
(se subraya lo acusado).
Por su parte el segundo inciso -igualmente acusado- señala
que “A partir de la medida cautelar, las facultades de los órganos de
administración y dirección de la sociedad o de las unidades de explotación
económica, incluyendo la disposición definitiva de las mismas en la forma y
términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas concordantes,
serán ejercidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes.[24]
(se subraya lo acusado).
El tercer inciso señala que “Las medidas cautelares
decretadas sobre las acciones, cuotas o partes de interés social se extienden a
los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho
embargado correspondan. Así mismo, se extienden a los ingresos y utilidades
operacionales de la sociedad. De esta manera la Dirección Nacional de
Estupefacientes administrará tales bienes y recursos de conformidad con la
presente ley y en procura de mantener productivas las sociedades incautadas.
(se subraya lo acusado).
Finalmente el
parágrafo de dicho artículo establece que “Tratándose de
sociedades que al momento de la medida cautelar se encuentren en liquidación,
el proceso liquidatorio continuará bajo la orientación y vigilancia de la
Superintendencia de Sociedades, de conformidad con las normas que regulan la
materia. En estos eventos, la Dirección Nacional de Estupefacientes tendrá la
calidad de parte dentro del proceso de liquidación. La Superintendencia de
Sociedades designará el liquidador de acuerdo con el reglamento establecido
para tal fin.”
De una lectura
sistemática de dicho artículo se desprende que éste regula          -aparte del
caso a que alude el parágrafo del mismo, esto es, cuando una sociedad al
momento de la medida cautelar se encuentre en liquidación[25]-,
dos hipótesis diferentes según se trate:
i)
de la aplicación de una medida cautelar en relación con acciones, cuotas o
partes de interés social “en el marco de procesos a que se refieren las Leyes
30 de 1986 y 333 de 1996” -y las demás normas que las modifiquen o deroguen
como ya se explicó- hasta cuando se produzca la decisión judicial definitiva,
caso en el cual se establece que mientras tanto la Dirección Nacional de
Estupefacientes ejercerá los derechos sociales respectivos y quienes aparezcan
inscritos como socios, miembros de los órganos sociales y demás órganos de
administración, Representante Legal o Revisor Fiscal, no podrán ejercer ningún
acto de disposición, administración o gestión en relación con aquellas, a menos
que sean autorizados expresamente y por escrito por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, que a su vez requiere para el efecto como se señaló en la
sentencia C-1025 de 2004 “autorización de la autoridad judicial competente”.
Hipótesis en la
cual debe tenerse en cuenta que según el tercer inciso de la misma norma “Las medidas cautelares decretadas sobre las acciones,
cuotas o partes de interés social se extienden a los dividendos, utilidades,
intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan”.
ii) de la aplicación de una medida cautelar “en el marco de procesos a
que se refieren las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996” -y las demás normas que las
modifiquen o deroguen como ya se explicó- hasta cuando se produzca la decisión
judicial definitiva, pero en la hipótesis a que alude el segundo inciso del
artículo 5º de la Ley 785 de 2002, que solo tendrá operancia, -como lo puso de
presente la Corte en la Sentencia C-1025 de 2004[26]-, en caso de que la sociedad misma sea la que está vinculada
al proceso en que se dicta la medida cautelar-.
En esta hipótesis “A partir de la
medida cautelar, las facultades de los órganos de administración y dirección de
la sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo la
disposición definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el
Código de Comercio y demás normas concordantes, serán ejercidas por la
Dirección Nacional de Estupefacientes”, que a su vez requiere para el efecto como se señaló
en la sentencia C-1025 de 2004 autorización previa del Fiscal o Juez
competente, al tiempo que el producto de esa disposición definida “queda
afectada a lo que se resuelva en la sentencia”.
En este caso,
además, debe tenerse en cuenta que según el tercer inciso de la misma norma “Las medidas cautelares así mismo se extienden a los
ingresos y utilidades operacionales de la sociedad”.
Cabe precisar que en cualquiera de las dos hipótesis a que
se ha hecho referencia -es decir bien se trate de una medida cautelar en
relación con acciones, cuotas o partes de interés social,
o bien en caso de que la sociedad misma sea la que
está vinculada al proceso en el cual se dicta la medida cautelar sobre sus
bienes- la Dirección Nacional de Estupefacientes administrará los bienes y
recursos objeto de medida cautelar “de conformidad con la Ley 785 de 2002 y
en procura de mantener productivas las sociedades incautadas”.
En relación con esta última expresión “sociedades
incautadas” cabe precisar desde ahora que la misma no puede entenderse en el
sentido de estar significando que la persona jurídica en sí misma “es objeto de
incautación”.
Sin duda, como pone de presente el interviniente en
representación de la Academia de Jurisprudencia, la expresión “sociedades
incautadas” constituye una imprecisión que evidencia un defecto de redacción de
la norma que sin embargo no tiene la relevancia, para alterar el real sentido
del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 ni menos para producir la
inconstitucionalidad del mismo -como se explicará mas adelante al hacer el
análisis de los cargos-.
Son los bienes de los socios, en la primera hipótesis
a que se ha hecho referencia, o los bienes de la sociedad en la segunda
hipótesis aludida, los que son objeto de incautación.  Cosa diferente es que el
artículo 5º de la Ley 785 establezca determinadas medidas preventivas en
relación con la actuación y facultades de los órganos de administración y
dirección de la sociedad  respecto de cada uno de dichos bienes según la
hipótesis de que se trate.
Así i) en la primera hipótesis -es decir en el
caso de las acciones cuotas o partes de interés social- la Dirección Nacional
de Estupefacientes ejercerá los derechos sociales respectivos y quienes
aparezcan inscritos como socios, miembros de los órganos sociales y demás órganos
de administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán ejercer acto
alguno de disposición, administración o gestión en relación con aquellas, a
menos que sean autorizados expresamente y por escrito por la Dirección Nacional
de Estupefacientes, que a su vez requiere para el efecto como se señaló en la
sentencia C-1025 de 2004 “autorización de la autoridad judicial competente”.
ii)
en la segunda hipótesis -es decir en el caso que sea
la sociedad misma la que está vinculada al proceso en que se dicta la medida
cautelar- las facultades de los órganos de
administración y dirección de la sociedad o de las unidades de explotación
económica, incluyendo la disposición definitiva de las mismas en la forma y
términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas concordantes,
serán ejercidas a partir de la medida cautelar por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, que a su vez requiere para el efecto como se señaló en
la sentencia C-1025 de 2004 autorización previa del Fiscal o Juez competente,
al tiempo que el producto de la disposición aludida “queda afectado a lo que
se resuelva en la sentencia”.
En cuanto a esta segunda hipótesis, para efectos del
análisis que cabe realizar en el presente proceso, es pertinente precisar que
dentro de las “facultades de los órganos de administración y dirección de la
sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo la disposición
definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el Código de
Comercio y demás normas concordantes”, que serán ejercidas a partir de la
medida cautelar por la Dirección Nacional de Estupefacientes, han de entenderse
incluidas necesariamente las facultades de representación legal de la sociedad
atribuidas al Representante Legal, así como todas las demás que señalan los
artículos 193 del Código de Comercio y 23 de la Ley 222 de 1995. Así mismo,
cabe destacar la responsabilidad que en los artículos 24 y 25 de la misma Ley
se señala para los administradores por sus actuaciones.
Todo lo anterior sin perjuicio del control de legalidad con
los efectos correspondientes, conforme  a la ley a que esté sometida la
Dirección Nacional de Estupefacientes en su condición de autoridad pública.
Con base en los anteriores presupuestos procede la Corte a
examinar los cargos formulados por el actor en su demanda.
7.      Análisis de los cargos
7.1.  El
análisis del cargo por la presunta vulneración del derecho de defensa de la
sociedad
Para el actor en cuanto debe
concluirse que la norma en que se contienen las expresiones acusadas atribuye a
la Dirección Nacional de Estupefacientes, una vez se decrete la medida
cautelar, la responsabilidad de asumir la defensa material y técnica de los
intereses patrimoniales de la persona jurídica en relación con la cual se
adelante un proceso de extinción de dominio, -toda vez que a partir de la
medida cautelar las facultades de los órganos de administración y dirección de
la sociedad quedan en manos de dicha Dirección y los socios, los miembros de
los órganos sociales, el Revisor Fiscal y el representante legal no pueden
ejercer acto alguno de disposición, administración o gestión en relación con la
sociedad-, se produce una neutralización del derecho de defensa por mandato
legal.   Concretamente afirma que dicha neutralización se da por cuanto i) la
Dirección Nacional de Estupefacientes no tiene competencia para asumir, ni
contratar la defensa de los intereses patrimoniales pertenecientes a la persona
jurídica involucrada en un proceso de extinción de dominio debido “al
carácter reglado de su gestión, al “principio de legalidad del gasto”, y
a que “ sus funcionarios son servidores públicos y no pueden ejercer el
derecho de postulación”; ii) dicha Dirección “se encuentra
incursa en un evidente conflicto de interés” dada la “intervención e
interés directo” de la misma “en el funcionamiento del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, al cual
irían a parar los recursos resultantes de aplicar mediante sentencia judicial
la extinción del derecho de dominio...”.
En este sentido
el actor afirma que  la Dirección Nacional de Estupefacientes no se encuentra
en capacidad ni le asiste interés a) de proteger los derechos de los
afectados dentro de un proceso de extinción de dominio, b) de probar el
origen legítimo del patrimonio de una persona jurídica o el de los bienes cuya
titularidad se discute, y c) de probar que los bienes de que se trata no
se encuentran incursos en las causales que sustentan la acción de extinción de
dominio, y que la concentración de funciones contrapuestas, establecida en la
norma para la Dirección Nacional de Estupefacientes, “es contraria a la
estructura del Estado Social de Derecho, pues es claro que en una misma causa
no se puede ser juez y parte”.
Ahora bien, más
allá del debate doctrinario acerca del origen de la fundamentación de la
personalidad jurídica que el ordenamiento estatal puede reconocer o atribuir a
grupos de personas naturales o a intereses que trascienden el ámbito  o núcleo
individual y que buscan la efectiva protección jurídica de los derechos de
asociación y de destinación de bienes y rentas para fines de interés social, y
frente a la acusación que el actor hace,  la Corte constata que como se
desprende del análisis efectuado en los apartes preliminares de esta sentencia
es claro que el actor en este punto ataca específicamente las previsiones
contenidas en el segundo inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2002,
hipótesis ésta en la cual es la sociedad la que está vinculada al proceso en
que se dicta la medida cautelar, situación en la cual, según esa disposición a
partir de dicha medida las facultades de los órganos de administración y
dirección de la sociedad en la forma y términos establecidos en el Código de
Comercio y demás normas concordantes –dentro de las cuales deben entenderse
incluidas las facultades del representante legal para asegurar la defensa
judicial de la sociedad-, serán ejercidas por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, que a su vez requiere para el efecto como se señaló en la sentencia
C-1025 de 2004 autorización previa del Fiscal o Juez competente.
Así mismo que la que el actor
denomina neutralización legal del derecho de defensa resulta derivada de dos
situaciones que en su criterio se dan en este caso, a saber, i) que la Dirección
Nacional de Estupefacientes -a pesar de lo dispuesto en el artículo 5º de la
Ley 785 de 2002- no tiene dentro de sus funciones -y por tanto no puede
destinar recursos para el efecto-, la defensa judicial de las sociedades en
relación con las cuales se decreten medidas cautelares, y ii) que en todo caso
lo previsto en dicho artículo 5º plantea un conflicto de interés para esa
Dirección que impide asegurar en debida forma la defensa de los intereses de la
sociedad en esas circunstancias.
Ahora bien, frente  a la
acusación que el actor hace cabe recordar que la Corte ha reconocido que las personas
jurídicas expresan autónomamente su voluntad y obran como cualquier otro sujeto
de derecho, a través de la organización de sus propios órganos de dirección,
administración y representación por lo que las personas jurídicas actúan como
sujetos autónomos y racionales, con aptitud para ejercer derechos
y contraer obligaciones[27].
Así mismo cabe recordar que
como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación, las personas jurídicas son
titulares de derechos fundamentales[28]
dentro de los que se cuenta el debido proceso y como elemento del mismo el
derecho de defensa que en su caso no resulta hipotético pues el ordenamiento
jurídico no solo prevé la posibilidad de que una persona jurídica y no sólo sus
gestores pueda verse involucrada en conductas ilícitas[29] (art. 91,
Ley 906 2004) sino que en general la Corte ha hecho énfasis en que dentro de
los derechos fundamentales que sin duda son predicables de las personas
jurídicas se encuentra el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.
Al respecto ha señalado:
“Es
incuestionable que dada su propia naturaleza, una persona jurídica no puede
solicitar, por ejemplo, la protección del derecho a la seguridad social[30]. Pero
también es indiscutible, que por la función que cumplen estas, muchas veces se
ven en la necesidad de acudir al aparato judicial para resolver las
controversias generadas en el ejercicio de sus actividades. En estos casos, mal
podría afirmarse que el acceso a la administración de justicia o el debido
proceso, son garantías constitucionales fundamentales de las cuales no son
titulares y que los mecanismos diseñados para su protección resultan
inoperantes en esos precisos eventos.
Por tal razón, en la sentencia T – 924 de 2002  la Corte señaló que
‘El debido proceso y el acceso a la justicia se
atribuyen a las personas, naturales y jurídicas, porque son derechos que se
basan en la capacidad de obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su
personalidad. Prueba de ello es que el debido proceso se aplica a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas, y que el artículo 229 constitucional
garantiza a toda persona el acceso a la justicia.’
A renglón seguido, esta
Corporación indicó también, que ‘Pretender excluir a las personas jurídicas
de la acción de tutela para restablecer su derecho a un juicio justo, conforme
a las leyes preexistentes, ante un tribunal competente y con la plenitud de las
formas previstas, sería tanto como establecer presupuestos diferentes en el
desenvolvimiento de la capacidad de obrar de las personas naturales, según su
actuación individual u colectiva, desconociendo la protección que la Carta
Política otorga al substrato humano que comportan todas las actuaciones que
proyectan al hombre como ser social.”[31]
Desde esta perspectiva y
siendo claro que el debido proceso -y dentro de él el derecho de defensa- se
debe asegurar en relación con las personas jurídicas, ha de examinar la Corte
si en el presente caso con las previsiones contenidas en el artículo 5º de la
Ley 785 de 2005 relativas a la asunción por la Dirección Nacional de
Estupefacientes de las facultades de los órganos de administración y dirección
de la sociedad, se presenta una restricción de dicho derecho que efectivamente
genere su neutralización como lo afirma el actor o si por el contrario de lo
que se trata es de una regulación de dicho derecho hecha por el Legislador en
función de las finalidades perseguidas con la aplicación de las Leyes 30 de
1986 “por la cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se
dictan otras disposiciones” y 333 de 1996 -derogada por la  Ley 793 de 2002
“por la cual  se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen  las reglas que
gobiernan la extinción de dominio”-.
Al respecto debe tenerse en cuenta que no solamente en la
hipótesis a que alude el actor los socios vinculados necesariamente con la
suerte de la persona jurídica que han constituido mantienen plenamente la
posibilidad de defender sus derechos sociales y de coadyuvar en la defensa de
los derechos de la sociedad, sino que la sociedad misma tendrá en cabeza de la
Dirección Nacional de Estupefacientes -actuando como responsable de la
administración y dirección de la sociedad en los términos del segundo inciso
del artículo 5º de la Ley 785 de 2002- y de los apoderados que en ese contexto
se designen la posibilidad de ejercer la defensa de la sociedad.
Así, no es cierto -contrario a lo que afirma el actor- que
el derecho de defensa de la sociedad se neutralice ante la imposibilidad para
dicha Dirección de actuar en este caso y concretamente de nombrar los
apoderados para la defensa de la sociedad por no estar previsto dentro de sus
funciones ni dentro del presupuesto de la entidad lo necesario para el efecto.
En la medida en que dicha
Dirección asume las facultades de los órganos de administración y dirección de
la sociedad en los términos del Código de Comercio es claro que el fundamento
de su actuación en este caso serán las facultades otorgadas por la ley el
referido artículo 5º de la Ley 785 de 2002 examinado en concordancia con las
normas del Código de Comercio que señalan las facultades de dichos órganos de
administración y dirección de la sociedad y concretamente las funciones del
representante legal de la misma.
Ahora bien, en cuanto es claro que a la Dirección Nacional
de Estupefacientes le corresponde asumir las competencias
legales y estatutarias de los administradores y particularmente del
representante legal, obsérvese como es el artículo 196 del Código de Comercio
el que, como principio rector, le reconoce al representante legal de las
sociedad plenas facultades para ejecutar o celebrar todo acto o contrato
comprendido dentro del objeto social de la empresa o que se relacione
directamente con la existencia y el funcionamiento del ente. Igualmente, en
concordancia con lo anterior, el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 le exige a
los administradores o representantes legales obrar de buena fe, con lealtad y
con la diligencia de un buen hombre de negocios, debiendo, a su vez, “Velar
por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”.  Sin
olvidar las consecuencias que eventualmente se deriven de una mala gestión
conforme a los artículos 24 y 25 de la Ley 222 de 1995 (art. 12 del Código de
Comercio).  A ello debe sumarse que según el propio artículo 5º de la Ley 785
de 2002 la Dirección Nacional de Estupefacientes debe ejercer las facultades
que en él se le confieren en procura de mantener productivas las sociedades[32].
En ese orden de ideas, es claro que
actuando como administrador de la sociedad la Dirección de Nacional de
Estupefacientes tiene unas obligaciones para con la sociedad que administra que
hacen que en tanto los intereses o los bienes de la sociedad puedan ser
defendidos en el marco de la ley deberá asegurar plena y cabalmente su defensa
como si se tratara de los propios administradores.   Recuérdese que en el
presente caso se está ante una medida cautelar, necesariamente temporal y que
el proceso en el que ella se dicta bien puede terminar con una decisión a favor
de la sociedad de que se trate lo que significa que los bienes que hayan sido
objeto de la medida aludida deberán en esa circunstancia reintegrarse.   Así
mismo que la obligación que se establece en el artículo 5º de la Ley 785 de
2005 de mantener productivas dichas sociedades comporta para la Dirección
Nacional de Estupefacientes claras responsabilidades, ya sea que la decisión
sea favorable o desfavorable a dicha sociedad.
No son pues
ciertas las afirmaciones del actor en cuanto a que con las previsiones del
artículo 5º de la Ley 785 de 2002 se neutralice el derecho de defensa de la
sociedad bien porque éste no pueda en manera alguna ejercerse al no tener
supuestamente la Dirección Nacional de Estupefacientes facultad para asegurar
dicha defensa, bien por que esta estaría imposibilitada materialmente para
hacerlo por presentarse un conflicto de interés entre las funciones asignadas
por el artículo 5º de la Ley 785 de 2002 y las que de manera general le asignan
las normas que rigen su funcionamiento y su participación en el ejercicio de la
acción de extinción de dominio, pues es claro que como ya se señaló dicha
Dirección actuando como administrador en los términos del artículo 5º de la Ley
785 de 2002 tiene unas claras responsabilidades que la obligan en el marco de
la ley a actuar en defensa de los intereses de la sociedad y de sus bienes como
si se tratara de los propios administradores de la sociedad.
Así mismo, considera la Corte pertinente recordar que en materia de
regulación por el Legislador del derecho de defensa la Corporación ha puesto de
presente que éste admite restricciones destinadas al logro de una finalidad
legítima de la misma entidad que el derecho que se restringe, siempre que no
afecte su contenido esencial y que se trate de limitaciones útiles, necesarias
y estrictamente proporcionadas a los beneficios que se busca alcanzar.
Al respecto ha explicado la Corte lo
siguiente:
“El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se
compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que
la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria. Como acaba de ser
explicado, algunas de las reglas constitucionales que configuran este derecho
son de aplicación inmediata y anulan cualquier norma que las limite o
restrinja. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad del delito y de la pena
no admite restricción ninguna, como tampoco el principio de la no reformatio in
pejus, o el principio de favorabilidad (C.P. art. 29).
No obstante, otros de los elementos integrantes del debido proceso
tienen la estructura lógica de estándares o reglas que deben ser aplicadas
prima facie, y admiten ponderaciones o limitaciones útiles, necesarias y proporcionadas
para asegurar la vigencia de otro derecho fundamental o de un interés
constitucional de igual entidad. En particular, el derecho de defensa es uno de
aquellos derechos que plantea parámetros de actuación que deben ser regulados
por el legislador garantizando su máxima aplicación, pero cuidándose de afectar
otros derechos o bienes constitucionalmente valiosos que se encuentran en juego
en el juicio penal o administrativo. En otras palabras, el derecho de defensa
admite restricciones destinadas al logro de una finalidad legitima de la misma
entidad que el derecho que se restringe, siempre que no afecte su contenido
esencial y que se trate de limitaciones útiles, necesarias y estrictamente
proporcionadas a los beneficios que se busca alcanzar.
Frente a la tensión entre el derecho de defensa y el derecho a la
justicia - a reconocer la verdad de los hechos reprochables, proteger a las
víctimas y sancionar a los responsables -, no existe ninguna razón
constitucional para sostener que el primero tenga primacía sobre el segundo o
viceversa. En efecto, si los derechos de las víctimas tuvieren preeminencia
absoluta sobre cualesquiera otros, podría desprotegerse al inculpado hasta el
punto de desconocer la presunción de inocencia, y privar de libertad al sujeto
mientras no se demuestre su inocencia. Sin embargo, si los derechos del
procesado - como el derecho de defensa - tuvieren primacía absoluta, no podría
establecerse un término definitivo para acometer la defensa, ni restringirse la
oportunidad para practicar o controvertir las pruebas, ni negarse la práctica
de pruebas inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el procesado,
etc. Predicar la supremacía irresistible del derecho de defensa equivaldría, en
suma, a someter al proceso a las decisiones del procesado.
En síntesis,
como la concepción “absolutista” de los derechos en conflicto puede conducir a
resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir
que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo
cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que
aseguren su coexistencia armónica”.[33]
En el presente caso es claro que en la
hipótesis a que se alude, es decir, cuando la sociedad misma está comprometida
con las actuaciones que generan la medida cautelar en los términos del segundo
inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 el Legislador legítimamente pudo
considerar que para asegurar el cumplimiento de las finalidades de la referida
medida cautelar se hacía necesario apartar a los órganos de administración y dirección
de la sociedad y ordenar que la Dirección Nacional de estupefacientes ejerciera
las facultades de dichos órganos de administración y dirección.
Recuérdese que en el presente caso de lo
que se trata es de evitar que la sociedad sea o continué siendo  utilizada como
instrumento de actividades ligadas al narcotráfico o al enriquecimiento
ilícito, así como de asegurar las finalidades de la acción de extinción de
dominio,  y que precisamente dichas medidas preventivas sobre sus órganos de
administración y dirección  están dirigidas en ese sentido.
Ahora bien, si,
como se ha visto, la solución adoptada por el Legislador no implica -contrario
a lo afirmado por el actor- la neutralización del derecho de defensa de la
persona jurídica sino su adecuación a las finalidades perseguidas con la
aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996 y actualmente la Ley 793 de
2002 en materia de lucha contra el narcotráfico y extinción de dominio es claro
que se está en presencia de una de aquellas “limitaciones útiles, necesarias
y estrictamente proporcionadas a los beneficios que se busca alcanzar” a
que se ha referido la jurisprudencia en materia de delimitación del derecho de
defensa.
A ello cabe agregar finalmente que la
Corte ha puesto de presente -en lo que concierne específicamente con la  acción
de extinción de domino- que dada su naturaleza autónoma e independiente de la
acción penal, si bien no cabe duda que en su trámite debe respetarse el debido
proceso, la plenitud de las garantías propias del proceso penal no resultan
automática y completamente aplicables a su trámite.[34]
En ese orden de ideas,
concluye la Corte que el cargo formulado frente a la supuesta vulneración del
derecho de defensa de la sociedad en relación con la cual se dé aplicación a lo
previsto en el segundo inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 no está
llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
7.2.   El
análisis de los cargos por la supuesta vulneración del Preámbulo, del artículo
4° y de los derechos a la igualdad (art. 13 C.P.), a la honra (art. 21 C.P.), a
la libre ejercicio de profesión u oficio (art. 26 C.P) y al debido proceso
(art. 29 C.P.) respecto de los órganos de
administración, representante legal o revisor fiscal de las sociedades a
los que se les apliquen las disposiciones acusadas contenidas en el primer y
segundo inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2002
Para el actor
las disposiciones acusadas contenidas en el primero y segundo inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 vulneran el Preámbulo y
los artículos 4°, 13, 26 y 29 superiores por cuanto al señalarse que “quienes
aparezcan inscritos como miembros de los órganos sociales y demás órganos de
administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán ejercer ningún
acto de disposición, administración o gestión” en relación con las
acciones, cuotas o partes de interés social que hayan sido objeto de medida
cautelar, “a menos que sean autorizados expresamente y por escrito por la
Dirección Nacional de Estupefacientes” y que “A partir de la medida
cautelar, las facultades de los órganos de administración y dirección de la
sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo la disposición
definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el Código de
Comercio y demás normas concordantes, serán ejercidas por la Dirección Nacional
de Estupefacientes” se impondría -sin ningún debido proceso y en detrimento
de un orden justo y de los derechos a la igualdad, al buen nombre, al libre
ejercicio de una profesión y oficio y al debido proceso - una “sanción”
consistente en la “interdicción de funciones” a los administradores,
representante legal y revisor fiscal de las sociedades en relación con las
cuales dichos textos se apliquen.
Al respecto la
Corte constata que el actor en la formulación de la acusación que hace en este
punto de la demanda -en el que incluye como se ha visto la violación de
numerosos derechos bajo el supuesto de la imposición de una “sanción”-
desconoce claramente el alcance que tienen las medidas cautelares en el
ordenamiento jurídico.
Esta Corporación
ha señalado en efecto que las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con
los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el
proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo
proceso.   De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude
a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar
que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada.   Por ello, esta
Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el
cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios
si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo
la destrucción o afectación del derecho controvertido.[35]
En ese orden de
ideas, la Corte ha señalado que las medidas cautelares tienen amplio sustento
constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la
administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las
personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad
procesal (C.P. arts. 13, 228 y 229).
Al respecto ha señalado la Corporación lo siguiente:
“4- La Constitución pretende asegurar una administración de justicia
diligente y eficaz (CP art. 228). Y no podía ser de otra forma pues el Estado
de derecho supone una pronta y cumplida justicia. Esto significa no sólo que
los jueces deben adoptar sus decisiones en los términos establecidos por la
ley, sino que, además, sus decisiones deben ser ejecutadas y cumplidas, ya que
poco sentido tendría que los jueces resolvieran las controversias, pero sus
decisiones resultaran inocuas en la práctica, al no poder ser materialmente
ejecutadas. Ahora bien, el inevitable tiempo   que dura un proceso puede a
veces provocar daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho
pretendido por un demandante. Es entonces necesario que el ordenamiento
establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho
controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana. Y tales son
precisamente las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los
cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el
proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso.
De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las
autoridades judiciales  a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la
decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello esta Corporación
señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento
de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no
estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción
o afectación del derecho controvertido[36]
De otro lado, la Carta busca asegurar un acceso efectivo e igual a
todas las personas a la justicia (CP art. 229), y es obvio que ese acceso no
debe ser puramente formal. Las personas tienen entonces derecho a que el
ordenamiento establezca mecanismos para asegurar la efectividad de las
decisiones judiciales que les son favorables. La tutela cautelar constituye
entonces una parte integrante del contenido constitucionalmente protegido del
derecho a acceder a la justicia[37],
no sólo porque garantiza la efectividad de las sentencias, sino además porque
contribuye a un mayor equilibrio procesal, en la medida en que  asegura que
quien acuda a la justicia mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de
cosas semejante al que existía cuando recurrió a los jueces.”[38]
La Corte ha
puesto de presente que las medidas cautelares no implican la determinación de
responsabilidad alguna al tener un fin preventivo y no sancionatorio, por lo
que su imposición no requiere de una sentencia condenatoria ni de un juicio
previo. Tampoco, per se, generan inhabilidades para los Administradores
o Representantes Legales  que resulten desplazados mientras se adelantan los
respectivos procesos  de extinción de dominio. Al respecto, por ejemplo, en
materia de medidas preventivas y cautelares en el proceso penal la Corte en la
sentencia C-775 de 2003 señaló lo siguiente:
“6.1.  En
reiterada jurisprudencia esta Corporación[39]
ha afirmado que la adopción de medidas preventivas y cautelares en el proceso penal
no desconoce la presunción de inocencia, puesto que no implican la
determinación de responsabilidad alguna al tener un fin preventivo y no
sancionatorio, por ello su imposición no requiere de una sentencia condenatoria
ni de un juicio previo. Ha dicho la Corte en cuanto a las medidas de
aseguramiento que:
“...La presunción de inocencia, en la cual descansa buena parte de
las garantías mínimas que un Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados,
no riñe, sin embargo, con la previsión de normas constitucionales y legales que
hagan posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección
de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces
de aquellas personas en relación con las cuales, según las normas legales
preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso
penal, según elementos probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación
de las autoridades competentes…
“…La detención preventiva, que implica la privación de
la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el
cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1, de la
Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia,
dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la
adopción de tal medida no comporta definición alguna acerca de la
responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o
absolución…
“…La persona
detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a
disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones,
previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad
mientras se adelante el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia
de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado
a concluir si existe responsabilidad penal…”[40].
En otra
oportunidad manifestó:
“El
propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter
preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia
condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de
la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al
proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La
detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su
actividad delictual o las labores  que emprenda para ocultar, destruir,
deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la
instrucción....”[41]
En el presente caso el hecho de que en el
artículo 5º de la Ley 785 de 2002 se señale que “quienes
aparezcan inscritos como miembros de los órganos sociales y demás órganos de
administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán ejercer ningún
acto de disposición, administración o gestión” en relación con las
acciones, cuotas o partes de interés social que hayan sido objeto de medida
cautelar, “a menos que sean autorizados expresamente y por escrito por la
Dirección Nacional de Estupefacientes” y que “A partir de la medida
cautelar, las facultades de los órganos de administración y dirección de la
sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo la disposición
definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el Código de
Comercio y demás normas concordantes, serán ejercidas por la Dirección Nacional
de Estupefacientes”, no comporta la imposición  de una sanción
-contrario a lo afirmado por el actor-, pues de lo que se trata como ya se
expresó es simplemente  de la adopción de unas medidas preventivas,
necesariamente temporales y sin que impliquen  ninguna determinación
definitiva en relación con  los socios o con la sociedad -según la hipótesis de
que se trate-.
Recuérdese al respecto que el supuesto
normativo en análisis no es el único de separación de los Representantes
Legales y Administradores de la persona jurídica, ni se circunscribe al
supuesto de las sociedades. En efecto en diversos ámbitos del ordenamiento
jurídico se prevén eventos de intervención del Estado que generan la exclusión
transitoria de los Administradores y Representantes Legales, como sucede tratándose,
entre otros, de las entidades financieras, o de entidades educativas y de las
instituciones hospitalarias y de asistencia.
Menos aún puede constituir una sanción
para los administradores, representante legal y Revisor Fiscal pues como lo
pone de presente el señor Procurador, lo previsto en los apartes acusados no es
una pena ni una medida precautelativa contra ellos sino la consecuencia de la
decisión judicial preventiva adoptada en el marco de un proceso al que se
encuentran vinculados, en las hipótesis aludidas,  los socios o la sociedad y
no dichos administradores.   En ese orden de ideas, tampoco puede entenderse en
manera alguna comprometida su honra, su libertad de profesión u oficio o su
derecho a la igualdad, ni puede entenderse que se desconozca el principio de
justicia puesto que no solo se trata de una medida cautelar sino que esta no va
dirigida contra de ellos.
Entonces, ha de
concluirse que los cargos por la supuesta vulneración del Preámbulo, del
artículo 4° superior y de los derechos a la igualdad (art. 13 C.P.), a
la honra (art. 21 C.P.), a la libre escogencia de profesión u oficio (art. 26
C.P)  y al debido proceso (art. 29 C.P.) de los órganos
de administración, representante legal o Revisor Fiscal de las
sociedades por la aplicación de las disposiciones acusadas contenidas en el
primero y segundo inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2005 no están
llamados a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
7.3.   El
análisis de los cargos formulados por la supuesta vulneración de los artículos
14 y 16 y concretamente en contra de la expresión “sociedades incautadas”
Para el actor con las expresiones acusadas del artículo 5º de la Ley 785
de 2002 se violarían los artículos 14 y 16 superiores por cuanto respecto de
las sociedades a que en ellas se alude se desconocerían los atributos propios
de la personalidad jurídica y la capacidad de las referidas sociedades para
actuar libremente de acuerdo con sus estatutos, al tiempo que se les daría el
tratamiento de bienes y no de personas, particularmente al referirse la norma a
“las sociedades incautadas”.
Al respecto la
Corte debe reiterar en primer término las consideraciones hechas en la
sentencia C-740 de 2003 al analizar el alcance de las facultades de administración
que se le confieren a la Dirección Nacional de Estupefacientes sobre los bienes
vinculados a un proceso de extinción de dominio, frente a un cargo por la
supuesta vulneración de los derechos del afectado a administrar sus bienes
hasta la terminación del proceso, que resultan pertinentes para resolver el
cargo que en similar sentido plantea el actor en el presente proceso pero esta
vez referido a los derechos de las sociedades y en relación con las medidas
cautelares a que se refiere el artículo 5º de la Ley 785 de 2002.
Expresó en efecto la Corte lo siguiente en
esa sentencia:
“El actor
plantea que las facultades de administración que se le confieren a la Dirección
Nacional de Estupefacientes sobre los bienes vinculados a un proceso de
extinción de dominio vulneran múltiples normas superiores por cuanto desconocen
el derecho del afectado a administrar sus bienes hasta la terminación del
proceso.
Para
contestar este cargo hay que indicar que las atribuciones de administración que
se le confieren a esa entidad son compatibles con la facultad de ordenar
medidas cautelares y con la índole de éstas en cuanto mecanismos orientados a
asegurar la posterior realización de los fines del proceso de extinción de
dominio.  Si la Fiscalía General, con base en la investigación realizada,
consigue pruebas que le permiten inferir razonablemente que determinados bienes
pueden ser objeto de extinción de dominio, debe abrir investigación y puede
practicar medidas cautelares sobre tales bienes o solicitarle al juez que las
ordene, pues de ésta manera se evita que se oculten o sometan a transacciones
orientadas a eludir la acción de la justicia.  Decretadas tales medidas, la
Dirección Nacional de Estupefacientes se desempeña como secuestre o depositario
de tales bienes y sobre éstos debe cumplir actos de administración.
En este
marco, lo que hacen los citados apartes del artículo 12 de la Ley 793 es
determinar las facultades que le asisten a esa entidad como administradora de
los bienes afectados al proceso de extinción de dominio y orientarlas al
mantenimiento de la capacidad productiva y del valor de esos bienes.
Adviértase que el ejercicio de esas facultades beneficia no sólo al Estado, en
caso de prosperar la extinción, sino también a los afectados, en caso de no haber
lugar a ella, pues en uno y otro eventos se evitan pérdidas derivadas de la
falta de explotación económica de los bienes.
Ahora bien.
Es cierto que al afectado se lo priva de la administración de sus bienes y que
ésta decisión se toma antes del fallo que declare la procedencia o
improcedencia de la acción.  No obstante, esa privación, que constituye un
límite al ejercicio de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, es
legítima dado que no obedece al capricho de un funcionario estatal sino a la
concurrencia de elementos probatorios de los que infiere, de manera razonable,
que unos bienes tienen una procedencia ilícita.”[42]
En armonía con
lo allí expuesto frente al cargo ahora planteado cabe apreciar que si bien es
cierto que -como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia- los
mandatos contenidos en el artículo 5º de la Ley 785 de 2002 comportan una
limitación de las facultades de los órganos sociales y demás órganos de administración
y dirección de la sociedad, y consecuentemente del derecho reconocido a las
personas jurídicas para expresar autónomamente su voluntad y obrar como
cualquier otro sujeto de derecho, a través de sus propios órganos de dirección,
administración y representación, dicha limitación es legítima dado que no
obedece al capricho de un funcionario estatal sino a la concurrencia de
elementos probatorios de los que infiere, de manera razonada, que unos bienes
propiedad de los socios o de la sociedad tienen una procedencia ilícita, o que
la persona jurídica misma se encuentra comprometida  o sirve de instrumento de
conductas como las que se pretende atacar con la Ley 30 de 1986 y que el Estado
está obligado a reprimir.   A lo que debe agregarse que  el ejercicio de
las referidas facultades por la Dirección Nacional de Estupefacientes beneficia
no sólo al Estado, en caso de prosperar la acción que este ejerce, sino también
a los afectados, en caso de que no haya lugar a la condena en el proceso penal
o la extinción de dominio en el proceso iniciado para tal efecto, pues en uno y
otro evento se evitan pérdidas derivadas de la falta de explotación económica
de los bienes objeto de las medidas cautelares.
Ahora bien, cabe precisar en relación con la expresión “sociedades
incautadas” -a que alude de manera concreta el actor para significar una
supuesta “cosificación” por el Legislador de la persona jurídica en el texto
del artículo 5º de la Ley 785 de 2002-, que la misma no puede entenderse en el
sentido de estar significando que la persona jurídica en sí misma “es objeto de
incautación”.
Como se señaló en los apartes preliminares de esta
sentencia, son los bienes de los socios en la hipótesis
a que alude el primer inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2002, o los
bienes de la sociedad en la hipótesis a que alude el segundo inciso del mismo
artículo, los que son objeto de dicha  “incautación”[43].
Cosa diferente, es que el artículo 5° de la Ley 785 de
2002 establezca determinadas medidas preventivas en relación con la actuación y
facultades de los órganos de administración y dirección de la sociedad respecto
de los bienes de unos y otra según la hipótesis de que se trate.
Así, i) en la primera hipótesis -es decir en el
caso de las acciones cuotas o partes de interés social- la Dirección Nacional
de Estupefacientes ejercerá los derechos sociales respectivos y quienes
aparezcan inscritos como socios, miembros de los órganos sociales y demás
órganos de administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán
ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión en relación con
aquellas, a menos que sean autorizados expresamente y por escrito por la
Dirección Nacional de Estupefacientes, que a su vez requiere para el efecto
como se señaló en la sentencia C-1025 de 2004 “autorización de la autoridad
judicial competente”, ii) en la segunda hipótesis -es decir cuando la sociedad misma sea la vinculada al proceso dentro del
cual se dicta la medida cautelar- las
facultades de los órganos de administración y dirección de la sociedad o de las
unidades de explotación económica, incluyendo la disposición definitiva de las
mismas en la forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás
normas concordantes, serán ejercidas a partir de la medida cautelar por la
Dirección Nacional de Estupefacientes, quien requiere como se señaló en
la sentencia C-1025 de 2004 autorización previa del Fiscal o Juez competente,
al tiempo que el producto del ejercicio de la facultad de disposición “queda
afectado a lo que se resuelva en la sentencia”.
Sin duda, como lo pone de
presente el interviniente en representación de la Academia de Jurisprudencia,
la expresión “sociedades incautadas” constituye una imprecisión que evidencia
un defecto de redacción de la norma que sin embargo no tiene la relevancia
necesaria para alterar el real sentido del artículo 5º de la Ley 785 de 2002 ni
menos para generar su inconstitucionalidad.
En ese orden de ideas, frente a los cargos por la supuesta
vulneración de los artículos 14 y 16 y concretamente en relación con la
expresión sociedades incautadas, ha de concluirse que no asiste razón al actor
por lo que la acusación formulada en ese sentido no está llamada a prosperar y
así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
7.4.   El
análisis del cargo por la violación del principio de unidad de materia (arts.
158 y 169 C.P.)
Para el actor
con las expresiones acusadas se violan los artículos
158 y 169 de la Constitución por cuanto se desconoce el principio de unidad de
materia al regularse materias de naturaleza comercial en una norma penal, al
tiempo que la referencia a las sociedades -que advierte no son bienes- en los
apartes acusados hace que el contenido de la norma no corresponda al título de
la Ley 785 de 2002 ““por la cual se dictan disposiciones relacionadas
con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de
1986 y 333 de 1996” que además alude a normas
derogadas.
Ahora bien, en
relación con el principio de unidad de materia, la jurisprudencia reiterada de
esta Corporación ha señalado que el fundamento de su exigencia en los artículos
158 y 169 superiores es el de un control de tecnificación del proceso
legislativo, dirigido a evitar las incongruencias normativas que en forma
subrepticia, inadvertida, inconsulta e incluso anónima aparecen en los
proyectos de ley y que, por razón de esa imprevisión e incoherencia temática,
no guardan ninguna relación con la materia desarrollada en el respectivo
proyecto[44].
El propósito
buscado es entonces garantizar que el debate democrático se desenvuelva con
transparencia y legitimidad, asegurando que la deliberación y aprobación de las
leyes se concentre en materias previamente definidas, conocidas y discutidas
dentro de cada una de las Comisiones y Plenarias de las Cámaras Legislativas,
impidiendo que se introduzcan en los proyectos o leyes asuntos totalmente
contrarios o extraños a los allí tratados o a su finalidad.
A partir del
alcance del principio de unidad de materia así fijado, la Corte también ha
precisado que, aún cuando el referido principio tiene un propósito definido,
esto es, impedir las incongruencias normativas en la ley, el mismo no puede
postularse y ponerse en práctica con un criterio rígido de interpretación
restrictiva, de manera que sobrepase su verdadera finalidad o distraiga su
objetivo, y termine por obstaculizar el trabajo legislativo haciéndolo del todo
nugatorio.[45]
En ese
sentido, ha advertido la jurisprudencia constitucional que la expresión “materia”
debe entenderse desde una perspectiva “amplia, global, que permita comprender
diversos temas cuyo límite, es la coherencia que la lógica y la técnica
jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley”.[46]  Con base en tal
apreciación, ha concluido igualmente que “solamente aquellos apartes, segmentos
o proposiciones de una Ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente,
no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica,
temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse
como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse
inexequibles si integran el cuerpo de la ley”.[47]
Al respecto,
dijo esta Corporación en la Sentencia C-233 de 2003[48] lo siguiente:
“Sobre este punto cabe recordar que, como acertadamente lo señala la
representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia,  en reiterada
jurisprudencia se ha sostenido que el principio de unidad de materia, no es un
concepto rígido que pueda restringir  de manera excesiva la tarea del
legislador, sino que debe entenderse dentro de un objetivo razonable de
garantizar que el debate democrático  se realice de manera transparente, al
mismo tiempo que tiende a facilitar la aplicación de las normas por parte de
sus destinatarios, sin que puedan aparecer de manera sorpresiva e inconsulta,
temas que no guardan ningún tipo de relación con las disposiciones objeto de
regulación por el Congreso.
Sobre el
particular ha señalado esta Corporación  la importancia de determinar el núcleo
temático de la ley objeto de análisis y la conexidad  de éste con las
disposiciones atacadas[49],
para establecer si existe una relación causal, teleológica, temática o
sistémica con la materia dominante de la misma.”[50]
En ese orden de ideas, ha de concluirse que un determinado contenido
normativo contraría dicho principio, solamente en los casos en que al revisarse
dentro del contexto general del proyecto o de la ley en referencia, se constate
que el mismo constituye una especie de cuerpo extraño o de elemento totalmente
ajeno “que invade sin explicación su contenido, es decir, el asunto específico
de la regulación”.[51]
A partir de
estos presupuestos y en contrario de lo afirmado por el actor, encuentra la
Corte que la norma parcialmente acusada no contraviene el principio de unidad
de materia a que hacen referencia los artículos 158 y 169 superiores, ya que es
evidente la relación temática y teleológica que existe entre el texto de
aquella y la materia desarrollada por la Ley 785 de
2002 “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la
administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y
333 de 1996”.
En el presente
caso, es claro que el artículo 5º de la Ley 785 de 2002 - donde se
contienen las expresiones acusadas- regula un asunto directamente relacionado
con el objeto de la misma establecido en el artículo 1°, a saber, “la
administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de
Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de
narcotráfico y conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la
ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el
Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o
deroguen”.
En efecto, dicho
artículo se ocupa de regular las condiciones en las que la Dirección Nacional
de Estupefacientes ejercerá los derechos sociales que correspondan a las
acciones, cuotas o partes de interés social que hayan sido objeto de medida
cautelar en los procesos a que se refieren las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996
hasta que se produzca la decisión judicial definitiva, así como las condiciones
en las cuales en el caso en que la sociedad misma se encuentre vinculada al
proceso en el que se dicta la medida cautelar ésta Dirección ejercerá las facultades de los órganos de administración y dirección
de la sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo la
disposición definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el
Código de Comercio y demás normas concordantes en función de las finalidades
señaladas para dicha administración a saber el mantenimiento en el marco de la
ley de la productividad de dichas sociedades.
Cabe señalar de
otra parte, en relación con la petición de constitucionalidad condicionada que
en este punto hace el interviniente en representación de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia, que como se desprende claramente  de las consideraciones
preliminares de esta sentencia -en el aparte en que se hizo el análisis del
contenido y alcance del artículo 5º de la Ley 785 de 2002- no cabe entender que
se viole el principio de la unidad de materia por el hecho de que la norma
utilice la expresión “sociedades incautadas” al referirse a las facultades de
administración que se atribuyen a la Dirección Nacional de Estupefacientes pues
como ya se ha explicado obviamente la sociedad no es la que se incauta sino
que  son sus bienes los que pueden llegar a ser objeto de dicha “incautación”.
Así mismo, cabe reiterar que la atribución de facultades de administración a
dicha Dirección y la consecuente limitación en la actuación de los órganos
propios de la sociedad no implica la “cosificación” de la persona jurídica sino
la adopción de unas medidas preventivas directamente relacionadas con el objeto
y  finalidades de la Ley 785 de 2002.
Ahora bien,
frente a la afirmación del actor según la cual dicho principio de unidad de
materia se viola porque la norma se refiere a disposiciones derogadas
-situación que solo se configura en relación con la Ley 333 de 1996, pues la
Ley 30 de 1986 se encuentra vigente como lo advierte el señor Procurador-, cabe
aclarar que como se puso de presente en la sentencia C-798 de 2005[52] la simple mención de
una norma derogada en el título de una Ley y en su contenido, no es razón
suficiente para concluir que incumple con el requisito establecido en el
artículo 169 de la Constitución Política, referente a su correspondencia
precisa con el contenido de la misma.   La mención de normas derogadas en el
texto de una Ley puede obedecer, por ejemplo, a que no han cesado completamente
sus efectos en el tiempo o a que el legislador empleó su mención como un
mecanismo para identificar sujetos o hechos sobre los cuales la nueva ley se va
a aplicar.   Situación que es precisamente la que acaeció en este caso en el
que el Legislador señaló claramente que la materia regulada en la Ley 785 de
2002 lo era “conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30
de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con
las demás normas que las modifiquen o deroguen” (art. 1º, Ley 785
de 2002).
Así las cosas,
encuentra la Corte que no asiste razón al actor en cuanto a la supuesta
vulneración en este caso de los artículos 158 y 169 superiores, por lo que el
cargo planteado en este sentido no está llamado a prosperar y así se señalará
en la parte resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E:
Declarar EXEQUIBLES por los cargos analizados las
expresiones acusadas contenidas en el artículo 5° de la Ley 785 de 2002.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Dicho inciso fue declarado exequible en la sentencia C-1025 de 2004 en el
entendido que “esta Dirección requiere autorización de la autoridad judicial
competente”.
[2]
Dicho inciso fue declarado condicionalmente exequible en la sentencia C-1025 de
2004 en el entendido que “en este caso la Dirección requiere autorización
previa del Fiscal o Juez competente y el producto de la misma queda afectado a
lo que se resuelva en la sentencia”.
[3]
La Exposición de Motivos al Proyecto de Ley 222 de 2002 –Cámara-, fue publicada
en la Gaceta del Congreso No. 57 de 2002.
[4]
El segundo inciso  -igualmente acusado- señala que
“A partir de la medida cautelar, las facultades de los órganos de
administración y dirección de la sociedad o de las unidades de explotación
económica, incluyendo la disposición definitiva de las mismas en la forma y
términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas concordantes,
serán ejercidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes. (Dicho
inciso fue declarado exequible en la sentencia C-1025 de 2004 en el entendido
que “en este caso la Dirección requiere autorización previa del Fiscal o Juez
competente y el producto de la misma queda afectado a lo que se resuelva en la
sentencia”).
[5]
La Ley 785 de 2002 art. 15 VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige a
partir de su promulgación, modifica lo pertinente el artículo 47 de la Ley 30
de 1986 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 25 de la Ley 333 de 1996 y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
[6]
Ver sentencia C-724/04 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[7] En dicha sentencia, la Corte resumió los cargos presentados
por la demandante de la siguiente manera:
“La demandante considera que la norma acusada, vulnera
el derecho de propiedad, el derecho de asociación, la igualdad y el
reconocimiento a la personalidad jurídica, en concordancia con los artículos 1,
2, 3, 16, 21, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las
siguientes razones :
Al haber establecido el legislador que la Dirección
Nacional de Estupefacientes administra los recursos de las sociedades y
unidades de explotación económica que sean objeto de medida cautelar dentro de
los procesos por narcotráfico y extinción de dominio, vulneró el derecho de
propiedad porque impone una medida confiscatoria de tales bienes y recursos y
el derecho de asociación, por cuanto los actos de disposición podrán ser
ejercidos por el Estado a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes,
desplazando a los legítimos propietarios de las acciones, cuotas o partes de
interés social en la sociedad, lo que significa que el Estado se convierte en
propietario  antes de que el juez le asigne el derecho de dominio previa
extinción del mismo por medio de la sentencia”.
El problema jurídico estudiado por la Corte en la
sentencia C-1025 de 2004 fue formulado de la siguiente manera:
“El asunto se circunscribe a examinar si, al
establecer el legislador que la Dirección Nacional de Estupefacientes,
administre los bienes y recursos de las sociedades y unidades de explotación
económica que sean objeto de medida cautelar dentro de los procesos por
narcotráfico y extinción de dominio, se vulnera el derecho de propiedad por
cuanto impone una medida confiscatoria; y si se viola el derecho de asociación,
al no permitir al resto de los socios, libres de la medida cautelar seguir en
la administración de tales bienes y recursos”.
[8]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[9] En la sentencia C-1025 de 2004 (MP: Alfredo Beltrán
Sierra) se resolvió lo siguiente:
“Declárase exequible por los cargos estudiados el
artículo 5 de la ley 785 de 2002, en forma condicionada, así:
“En cuanto al inciso primero, cuyo texto es el
siguiente: “La Dirección Nacional de
Estupefacientes ejercerá los derechos sociales que correspondan a las acciones,
cuotas o partes de interés social que hayan sido objeto de medida cautelar en
los procesos a que se refieren las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996 hasta que se
produzca la decisión judicial definitiva y mientras tanto quienes aparezcan
inscritos como socios, miembros de los órganos sociales y demás órganos de
administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán ejercer ningún
acto de disposición, administración o gestión en relación con aquellas, a menos
que sean autorizados expresamente y por escrito por la Dirección Nacional de
Estupefacientes,” bajo el entendido que
esta Dirección  requiere autorización de la autoridad judicial competente.
“El inciso segundo del artículo 5° de la Ley 785 de
2002, cuyo texto es el siguiente: “A partir de la medida cautelar, las
facultades de los órganos de administración y dirección de la sociedad o de las
unidades de explotación económica, incluyendo la disposición definitiva de las
mismas en la forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás
normas concordantes, serán ejercidas por la Dirección Nacional de
Estupefacientes”, bajo el entendido que en este caso la Dirección requiere
autorización previa del fiscal o juez competente y el producto de la misma
queda afecto a lo que se resuelva en la sentencia”.
[10]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[11]
La parte resolutiva de dicha sentencia fue del
siguiente tenor: “Primero.  Declarar EXEQUIBLES las expresiones “partes”,
“miembros de los órganos sociales y demás órganos de administración,
representante legal o revisor fiscal” y “a menos que sean autorizados
expresamente y por escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes”,
del primer inciso del artículo 5º de la Ley 785 de 2002, por los cargos
analizados en esta sentencia.
Segundo.
Declarar EXEQUIBLES los incisos segundo, tercero y el parágrafo del artículo 5º
de la Ley 785 de 2002, por los cargos analizados en esta sentencia.”
[12] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] La Corte resumió el problema jurídico de la siguiente
manera “El actor solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad del
artículo 5º de la Ley 785 de 2002 por violación de los artículos 14 y 38 de la
Carta. En su criterio, esa norma viola el derecho a la personalidad jurídica
pues confunde la persona jurídica con los socios de ésta, que son personas
diferentes y, además, al incautar bienes de socios se autoconfiere el poder de
ejercer las facultades de los órganos de administración y dirección de la
sociedad.  Por otra parte, la disposición acusada no les permite a los socios
ejercer su derecho de elegir y ser elegidos a los órganos de administración,
sino que en su lugar lo hace el Estado en forma unilateral y absoluta”.
[14]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] Al respecto
se señaló en dicha  sentencia lo siguiente: “El último argumento presentado
por el accionante se refiere a la vulneración del derecho a la personalidad
jurídica (Art. 14 de la Constitución) por parte del artículo 5 de la ley
acusada. El demandante sostiene que en virtud del artículo 14 de la
Constitución las sociedades adquieren y se les reconoce personalidad jurídica,
y que el inciso 1 del artículo 5 de la Ley 785, al conferirle a la Dirección
Nacional de Estupefacientes la facultad de ejercer los derechos sociales que
correspondan a las acciones, cuotas o partes de interés social de sociedades,
está “atentando contra la personalidad de tales sociedades” y señala
adicionalmente que este derecho “no puede ser afectado arbitrariamente por un
órgano administrativo no autorizado por la ley” .
Este argumento no cumple con el requisito de
especificidad porque no expone la manera como la norma demandada vulnera la
Constitución. El demandante no explica en su argumentación por qué el ejercicio
por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes de los derechos sociales,
que correspondan a las acciones, cuotas o partes de interés social, que hayan
sido incautadas dentro de los procesos penales o del trámite de la acción de
extinción de dominio de las que hace referencia la Ley 785, vulnera el derecho
a la personalidad jurídica de tales sociedades.
De otro lado, el accionante tampoco cumple con el
requisito de exponer cuál es el contenido del derecho a la personalidad
jurídica que es violado por la norma acusada.
La Corte Constitucional
coincide entonces con la solicitud presentada por el Procurador General de la
Nación de declararse inhibida de conocer este argumento por no haber cumplido
con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991”.
[16] Defectos a los cuales se ha referido la
jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001 M.P.
Jaime Córdoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, C-519 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001
M.P. Fabio Morón Díaz,   C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P. Alvaro Tafur
Galvis, C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,   entre varios
pronunciamientos.
[17] Ver por ejemplo, el Auto de Sala Plena 244 de 2001
[18] Ver entre otras las Sentencias C-1052/01 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, C-362/01, C-510/04  y C-475 /05 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[19]
Artículo 2°. Causales. Se
declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere
cualquiera de los siguientes casos:
1.
Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin
que se explique el origen lícito del mismo.
2.
El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una
actividad ilícita.
3.
Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para
la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al
objeto del delito.
4.
Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de
otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas,
o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o sean producto, efecto,
instrumento u objeto del ilícito.
5.
Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un
proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destinación
ilícita no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese
tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa.
6.
Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, pero
que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita
procedencia.
Se
exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, exclusivamente, los casos de
títulos que se negocian en centrales de depósito de valores, debidamente
acreditadas ante la autoridad competente, siempre y cuando los intermediarios
que actúen en ellas, cumplan con las obligaciones de informar operaciones
sospechosas en materia de lavado de activos, de conformidad con las normas
vigentes.
7.
Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del
bien perseguido en el proceso.
Parágrafo
1°. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos
de su oposición.
Parágrafo
2°. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:
1.
El delito de enriquecimiento ilícito.
2.
Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público, y que correspondan a
los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de
contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de
efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades
monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres
destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que
recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información
privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.
3.
Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta
norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social,
las que atenten contra la salud pública, el orden económico y social, los
recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública, administración
pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, secuestro extorsivo,
extorsión y proxenetismo. (parágrafo declarado exequible en la sentencia C- 740
de 2003 en el entendido que  esta disposición gobierna  todas las causales
previstas  en el artículo 2 de la ley).
[20]
Artículo 3°. De los bienes.
Para los efectos de la presente ley se entenderá por bienes sujetos a extinción
del dominio, todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, o aquellos sobre los cuales pueda recaer
derecho de propiedad. Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y
rendimientos de los mismos.
Cuando
no resultare posible ubicar, o extinguir el dominio de los bienes determinados
sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia,
podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre bienes o valores
equivalentes del mismo titular. Lo dispuesto en el presente artículo no podría
interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe exentos de
culpa.
[21] Artículo 8°. Del debido
proceso. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se
garantizará el debido proceso que le es propio, permitiendo al afectado
presentar pruebas e intervenir en su práctica, oponerse a las pretensiones que
se estén haciendo valer en contra de los bienes, y ejercer el derecho de
contradicción que la Constitución Política consagra. (El aparte tachado fue
declarado inexequible en la Sentencia C- 740 de 2003).
[22]
Artículo 12. Fase inicial. El
fiscal competente para conocer de la acción de extinción de dominio, iniciará
la investigación, de oficio o por información que le haya sido suministrada de
conformidad con el artículo 5° de la presente ley, con el fin de identificar
los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción, de acuerdo con las
causales establecidas en el artículo 2°.
En
el desarrollo de esta fase, el fiscal podrá decretar medidas cautelares, o
solicitar al Juez competente, la adopción de las mismas, según corresponda, que
comprenderán la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de
los bienes, de dinero en depósito en el sistema financiero, de títulos valores,
y de los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos
cuando fuere imposible su aprehensión física. En todo caso la Dirección
Nacional de Estupefacientes será el secuestre o depositario de los bienes
embargados o intervenidos.
Los
bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a
disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen organizado,
el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración,
en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia
Bancaria; o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan
la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado.
Mientras los recursos monetarios o títulos financieras que valores se
encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que
reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere
rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los
rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare
extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el
evento contrario.
Los
bienes fungibles, de género, y/o muebles que amenacen deterioro, y los demás
que en adición a los anteriores determine el Consejo Nacional de Estupefacientes,
podrán ser enajenados al mejor postor, o en condiciones de mercado, cuando
fuere el caso, entidad que podrá administrar el producto líquido, de acuerdo
con las normas vigentes. De igual forma, los bienes inmuebles se administrarán
de conformidad con las normas vigentes. Los rendimientos obtenidos pasarán al
Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales
recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.
En
todos los casos, la fiduciaria se pagara, con cargo a los bienes administrados
o a sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administración
en que incurra. Cualquier faltante que se presentare para cubrirlos, será
exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración
en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se
liquiden o se subasten. Esta fiducia no estará sujeta en su constitución o
desarrollo a las reglas de la contratación administrativa, sino a la ley
comercial o financiera ordinaria.
Parágrafo.
El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen
Organizado es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la
Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas
por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Los
bienes y recursos objeto de extinción de dominio ingresarán al Fondo para la
Rehabilitación, Inversión, Social y lucha contra el Crimen Organizado y serán
asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para fines de inversión
social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada.
Artículo
13. Del procedimiento. El trámite de la acción de extinción de dominio
se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:
1.
El fiscal que inicie el trámite, dictará resolución de sustanciación en la que
propondrá los hechos en que se funda la identificación de los bienes que se
persiguen y las pruebas directas o indiciarias conducentes. Contra esta
resolución no procederá recurso alguno. Si aun no se ha hecho en la fase
inicial, el fiscal decretará las medidas cautelares, o podrá solicitar al juez
competente, la adopción de las mismas, según corresponda, las cuales se
ordenarán y ejecutarán antes de notificada la resolución de inicio a los afectados,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
[23]
Dicho inciso fue declarado exequible en la sentencia C-1025 de 2004 en el
entendido que “esta Dirección requiere autorización de la autoridad judicial
competente”.
[24]
Dicho inciso fue declarado exequible en la sentencia C-1025 de 2004 en el
entendido que “en este caso la Dirección requiere autorización previa del
Fiscal o Juez competente y el producto de la misma queda afectado alo que se
resuelva en la sentencia”.
[25]
hipótesis en la cual se establece que el proceso liquidatorio continuará bajo
la orientación y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades de conformidad
con las normas que regulan la materia y que en estos eventos, la Dirección
Nacional de Estupefacientes tendrá la calidad de parte dentro del proceso de
liquidación. La Superintendencia de Sociedades designará el liquidador de
acuerdo con el reglamento establecido para tal fin.
[26]
Dijo concretamente la Corte en esa sentencia lo siguiente: “3.2.4. Por lo que hace al
segundo inciso del artículo 5 de la ley 785 de 2002 en cuanto en el se dispone
que “a partir de la medida cautelar”  la Dirección Nacional de Estupefacientes
ejercerá “las facultades de los órganos de administración y dirección de la
sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo la disposición
definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el código de
comercio y demás normas concordantes,”  encuentra la Corte que la norma tendrá
operancia si la medida cautelar recae sobre la sociedad y que la inclusión de
la disposición definitiva sobre las acciones, cuotas o partes de interés social
o sobre unidades de explotación económica, podrá ejercerse por la Dirección
Nacional de Estupefacientes, sin desconocer que la dirección del proceso le
corresponde a la autoridad judicial, razón esta por la cual en este caso se
requiere por parte de aquella autoridad administrativa autorización previa del
fiscal o juez competente y, en todo caso, el producto de tales actos de
disposición quedará afecto a lo que se resuelva en la sentencia con la cual
culmine el proceso”
[27] Sobre este punto, la Corte  ha señalado:
"La persona jurídica es apta para la titularidad
de derechos y deberes por su racionalidad y por su autonomía. La aptitud es la
adecuada disposición para dar o recibir, para hacer o soportar algo, y la
persona jurídica puede (tiene la dimensión jurídica de la facultad) y también
debe (soporta el deber frente a sus miembros y frente a otras personas
jurídicas o naturales); por tanto tiene adecuada disposición para que se le
otorguen o reconozcan derechos y deberes.”. .".Este tipo de entidad al ser
racional y autónoma es por sí (per se), no por otro, es decir, es  persona
(personare), De alguna manera es substancial; y todo lo substancial  es un
supuesto, y el  supuesto  es  sujeto, y si éste es racional y autónomo, sin
duda alguna tiene que ser sujeto de derechos y deberes. Luego la persona
jurídica es una entidad que se expresa jurídicamente como sujeto de derechos y
deberes...". (Sentencia T-396 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[28] Pueden consultarse al
respecto las sentencias: SU-1193 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SU-182 de
1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández; T-201 de 1993. M.P.
Hernando Herrera Vergara; T-300 de 2000. M.P José Gregorio Hernández Galindo;
T-238 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-200 de 2004 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, T-575 de 2002 y T1212 de 2004  M.P. Rodrigo Escobar Gil. En dicha jurisprudencia
se ha reconocido que las personas jurídicas son titulares de los derechos al
debido proceso, a la igualdad, a la inviolabilidad de domicilio y de
correspondencia, a la libertad de asociación, a la inviolabilidad de los
documentos y papeles privados, al acceso a la administración de justicia, el
derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre
otros.
[29] Ver al respecto entre otras las sentencias C- 558/04
M.P: Clara Inés Vargas Hernández y C-320 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
en la que se señaló:   “De la misma manera que el legislador en diversos
órdenes parte de la premisa según la cual las personas jurídicas
voluntariamente se apartan de la ley y se exponen en consecuencia a tener que
soportar en razón de sus actos u omisiones ilícitas las respectivas
imputaciones que son el presupuesto de posteriores sanciones, puede el mismo
órgano soberano en los supuestos que establezca y a propósito de conductas
susceptibles de llevarse a cabo por ellas, disponer que tales entes, al coordinar
medios ilícitos con el fin de perseguir sus intereses, autorizan al juez
competente a dar por configurado el presupuesto para aplicar en su caso la
sanción penal prevista en la ley.
(...)
La determinación de situaciones en las que la
imputación penal se proyecte sobre la persona jurídica, no encuentra en la
Constitución Política barrera infranqueable; máxime si de lo que se trata es de
avanzar en términos de justicia y de mejorar los instrumentos de defensa
colectiva. Es un asunto, por tanto, que se libra dentro del marco de la Carta a
la libertad de configuración normativa del legislador y, concretamente, a su
política sancionatoria, la cual puede estimar necesario por lo menos en ciertos
supuestos trascender el ámbito sancionatorio donde reina exclusivamente la
persona natural - muchas veces ejecutora ciega de designios corporativos
provenientes de sus centros hegemónicos -, para ocuparse directamente de los
focos del poder que se refugian en la autonomía reconocida por la ley y en los
medios que ésta pone a su disposición para atentar de manera grave contra los
más altos valores y bienes sociales.
De conformidad con lo
expuesto, la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica en
relación con los delitos a que se ha hecho mención, no viola la Constitución
Política”.
[30]
Este punto fue analizado por la Corte en la sentencia C-739 de 2002.
[31]
Sentencia T-200 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[32]
Al respecto cabe recordar que en la  exposición de motivos del proyecto de ley que culminó
con la expedición de la Ley 785 de 2002  se adujo que los precarios resultados
obtenidos con la aplicación del régimen jurídico de administración de los bienes incautados por los delitos de
narcotráfico y conexos o afectos a las acciones de extinción del dominio, para
hacer que éstos continúen siendo productivos y generadores de empleo y que no
se constituyan en una carga más para el erario público, tienen parte de
explicación en ciertas disfuncionalidades de orden jurídico en el régimen
vigente, “aparte de las carencias en materia de gestión por parte del órgano
encargado de la administración de dichos bienes”. Se presentan correctivos
en relación con la administración provisional de los bienes objetos de una
medida cautelar  para que “el resultado sea eficiente para la economía”.  En
tal sentido se plantean varios mecanismos de administración para conservar y
mantener la productividad de tales bienes.  Así entonces, se pretendía, por
tanto, hacer más eficiente la labor desarrollada por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, en cuanto al manejo de bienes incautados provenientes del
delito de narcotráfico.  A su vez, en relación con la administración de
sociedades vinculadas con este ilícito, se explicaba lo siguiente:
“Sociedades y unidades
de explotación económica
De acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° de la Resolución 002 de 1997, proferida por el Consejo Nacional
de Estupefacientes, para la administración de sociedades y unidades de
explotación económica que sean productivas y generadoras de empleo, la
Dirección Nacional de Estupefacientes debe disponer que se continúe con su
explotación económica bajo su supervisión permanente hasta el momento en que se
perfeccione, si es del caso, el correspondiente contrato de fiducia en
administración.
Para el ejercicio de lo dispuesto
en este artículo, la Dirección tiene las prerrogativas, atribuciones y deberes
propios de su función de velar por la correcta disposición de los bienes
ocupados o decomisados puestos bajo su cuidado, de conformidad con las leyes
vigentes.
En todo caso, conforme al artículo
2° del Decreto 3100 de l997, las sociedades comprometidas en un proceso de
extinción de dominio, respecto de bienes como los descritos en el artículo 3°
de la Ley 333 de 1996, quedan sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades por acto administrativo particular del Superintendente, para lo
cual, la Dirección Nacional de Estupefacientes debe comunicarle dentro de los
tres días hábiles siguientes, el ejercicio de la respectiva acción.”
[33]
Ver Sentencia C-475 /97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido ver,
entre otras, las sentencias C-916/02 M.P. Manuel  José Cepeda Espinosa y C-
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[34]
Ver La Sentencia C-740/03  M.P. Jaime Córdoba
Triviño S.V. de los Magistrados Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra.
En dicha sentencia se señaló  en efecto lo siguiente:
“En
primer lugar, la Corte debe reiterar que la extinción de dominio es una acción
constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente
regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del
derecho de propiedad.  De acuerdo con esto, no se trata, en manera alguna, de
una institución que haga parte del ejercicio del poder punitivo del Estado y
por ello no le son trasladables las garantías constitucionales referidas al
delito, al proceso penal y a la pena.  Por lo tanto, en el ámbito de la acción
de extinción de dominio no puede hablarse de la presunción de inocencia y, en
consecuencia, de la prohibición de inversión de la carga de la prueba pues
estas garantías resultan contrarias a la índole constitucional de la acción.
(...)
“59.  Según el
demandante, el artículo 8º vulnera el artículo 29 de la Corte porque excluye
del debido proceso aplicable a la extinción de dominio principios como la
legalidad del delito y de la pena, el in dubio pro reo, el non bis in ídem, la presunción de inocencia, la
favorabilidad, la doble instancia, el juicio oral y público y la no
retroactividad.
60.
Sobre este particular, la Corte remite a las consideraciones expuestas al
momento de determinar la naturaleza constitucional de la extinción de dominio,
consideraciones con base en las cuales concluyó que no se trata de una pena a
imponer con ocasión de una declaratoria de responsabilidad penal sino de acción
constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada
por el constituyente, relacionada con el régimen constitucional del derecho de
propiedad y en virtud de la cual se extingue el dominio sobre los bienes
adquiridos de manera ilícita.
De
acuerdo con esto, el cargo formulado por el actor contra el artículo 8º carece
de fundamento, pues por tratarse de una acción constitucional pública
directamente configurada por el constituyente, el legislador no estaba obligado
a hacer extensivas a ella las garantías procesales consagradas para el
ejercicio del poder punitivo del Estado.
No
obstante lo expuesto, la expresión  “que le es propio”, que hace parte
del artículo 8º, constituye una restricción ilegítima del derecho fundamental
al debido proceso, pues en todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y aún las que se surten entre particulares, deben aplicarse los contenidos
constitucionales del derecho fundamental al debido proceso y no sólo aquellos
que en cada actuación se estimen como propios.  Es decir, en ningún ámbito el
constituyente le delega al legislador la configuración de todo el contenido del
debido proceso.”
[35]
Ver la Sentencia C-379/04 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[36]
Ver sentencias C-054 de 1997, MP Antonio Barrera Carbonell , C-255 de 1998, MP
Carmenza Isaza y sentencia C-925 de 1999, MP Vladimiro Naranjo Mesa
[37]
En derecho comparado, la jurisprudencia constitucional ha llegado a
conclusiones similares. Por ejemplo el tribunal constitucional español ha
concluido que la tutela cautelar es elemento integrante del derecho a una
tutela judicial efectiva. Ver, entre otras, las sentencias STC 14/1992 y STC
148/1993.
[38]
Sentencia C-490/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[39]
En ese sentido se pueden confrontar las sentencias C-774 de 2001, C-634 de
2000, C-925 de 1999, C-549 de 1997, C-412 de 1993, C-689 de 1996, entre otras.
[40]
Sentencia C-689 de 1996.
[41]
Sentencia C-395 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[42]
Sentencia C-740 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[43]
“Incautación” según el Diccionario de la Real Academia Española -Vigésima
primera edición  p.1151-significa : “acción y efecto de incautarse”  Mientras
que “incautarse” significa “Tomar posesión un Tribunal u otra autoridad
competente de dinero  o bienes de otra clase”.
[44] Ver en este sentido, entre otras, las sentencias
C-796/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-795 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes,
C-786/04 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[45] Ver sentencia C- 796 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[46]
Sentencia C-523 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[47]
Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[48]
M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[49]
Sentencia C-501 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[50]
Sentencia C-233 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[51]
Sentencia C-178 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[52]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.