T-310-09
Sentencia T-
Sentencia T-310/09
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reglas jurisprudenciales sobre la procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defectos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto orgánico
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto procedimental
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES -Requisitos para que se de una vía de hecho por error fáctico
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto sustantivo
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Alcance
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Elementos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo y defecto fáctico en proceso
ejecutivo hipotecario
En efecto, (i) extendió injustificadamente las características
atribuibles a uno solo de los títulos valores a los demás, para concluir que
todos ellos estaban afectados por vicios incompatibles con su existencia como documentos
cambiarios; (ii) desconoció la normatividad comercial y procesal, relacionada
con la naturaleza jurídica de los títulos valores y sus efectos en materia
probatoria, en tanto radicó en cabeza del acreedor la carga de la prueba acerca
de los efectos del negocio subyacente frente al derecho de crédito incorporado
en los pagarés base de la ejecución, convirtiendo el juicio ejecutivo en uno de
carácter declarativo; (iii) negó la legitimidad en la causa del acreedor para
ejercer la acción cambiaria, basada en una interpretación irrazonable de las
reglas sobre el endoso de los títulos valores; (iv) omitió valorar las pruebas
obrantes en el proceso, entre ellas las confesiones de los demandados, que
demostraban que los desembolsos de las sumas objeto del contrato de mutuo,
habían sido realizados; y (v) pretendió motivar la excepción de “falta de
título” en asuntos no probados ni discutidos en el proceso ejecutivo.
Referencia: expediente T-2.021.124
Acción de tutela interpuesta por el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA Colombia contra la Sala Civil, Familia,
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
Magistrado Ponente:
Dr. Luis Ernesto Vargas Silva
Bogotá, D.C., treinta
(30) de abril de dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
en el trámite de revisión de los
fallos proferidos por la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, que resolvieron la acción de tutela impetrada
por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. –
BBVA Colombia, contra la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
En este
acápite, la Sala hará un resumen de los aspectos centrales del proceso judicial
que dio lugar a la sentencia judicial objeto de reproche constitucional, al
igual que de la estructura y contenido de ese fallo y de la acción de tutela de
la referencia, como pasa a exponerse:
Aspectos
centrales del proceso surtido ante la jurisdicción civil
1.1. Mediante
demanda presentada el 13 de noviembre de 1998, el BBVA Colombia, en ese
entonces BBV Banco Ganadero, formuló proceso ejecutivo hipotecario contra Emiro
Barguil Banda, Antonia Banda de Barguil, Neyda Rosa Hernández Banda, Julio
Alberto Manzur Abdala, Rafael Verbel Hernández y la Sociedad Inmobiliaria
Cubillos Ltda. (representada legalmente por Gioconda Cubillos Lacharme), todos
ellos en su calidad de propietarios de los bienes inmuebles que garantizaron
los créditos.  La acción se basó en la falta de pago de seis pagarés, suscritos
por Gioconda Cubillos Lacharme, Ana María Lacharme de Cubillos, Emiro Barguil
Banda y Antonia Banda de Barguil.  Estos títulos valores se identifican del
modo siguiente:
Pagaré
Valor
1001160201
$517.060.000
93867-9
$100.000.000
93725-7
$70.000.000
94199-8
$100.000.000
94281-1
$150.000.000
93512-2
$38.000.000
1.2. Librado
el mandamiento ejecutivo correspondiente, la deudora Gioconda Cubillos Lacharme
presentó escrito en el que propuso varias excepciones de mérito, denominadas “falta
de causa onerosa en los pagarés para el cobro”, “inexistencia de las
obligaciones que contiene los títulos objeto de recaudo”, “pérdida de los
intereses”, “enriquecimiento sin causa”, “incumplimiento del negocio causal”,
“falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción”, “abuso del
derecho”, “falta de legitimación por activa” y “vicios del consentimiento:
error, fuerza y dolo”.
Los demandados
Emiro Barguil Banda, Neyda Rosa Hernández Banda y la Sociedad Inmobiliaria
Cubillos, propusieron las excepciones de novación, compensación, confusión,
nulidad, prescripción, vicio del consentimiento, causa ilícita, dinero no
entregado, pacto posterior y error en cuenta.  En tanto que el curador ad
litem de Neyda Rosa Hernández Banda, planteó la excepción consistente en no
haber suscrito los títulos valores que se aportaron como fundamento de la
obligación.
1.3. Surtida
la primera instancia dentro del proceso ejecutivo, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Montería, en fallo del 22 de febrero de 2005, declaró infundadas
las excepciones propuestas, por lo que decidió, entre otros asuntos, (i) la
venta en pública subasta de los inmuebles hipotecados y embargados, para que
con su producto se pagaran los créditos y las costas que se causaren; (ii) el
avalúo de los citados bienes; y (iii) la liquidación de dichos créditos.
La
sentencia objeto de la acción de tutela
1.4. Impugnada
esta sentencia, asumió el conocimiento del proceso ejecutivo la Sala Civil –
Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.  El
Tribunal decretó la práctica de algunas pruebas y negó otras.  Dentro del
material fáctico recolectado en segunda instancia, se destaca una inspección
judicial con exhibición de documentos, al igual que  un dictamen pericial
practicado a los pagarés base de la ejecución.  Este experticio fue objetado
por error grave por parte de la entidad financiera demandante, lo que motivó la
rendición de un nuevo dictamen, con base en el cual se negó la objeción
propuesta.
Luego de
cumplida la etapa probatoria y habiéndose presentado los planteamientos
expresados por los partes en el proceso, el Tribunal, mediante sentencia del 26
de febrero de 2007, revocó la sentencia de primera instancia y tomó las determinaciones
siguientes: (i) Declarar probadas las excepciones de mérito denominadas
falta de legitimación en la causa por activa, ineficacia del título valor por
inexistencia del mismo, dinero no entregado y falta de título.  Igualmente,
declarar infundada la excepción de objeción por error grave, como ya se indicó;
(ii) ordenar la terminación del proceso ejecutivo y, en consecuencia, el
levantamiento de las medidas cautelares impuestas a los bienes que sirven de
garantía hipotecaria; (iii) condenar al BBVA Colombia a pagarle a los
demandados los perjuicios ocasionados por las citadas medidas cautelares; y (iv)
condenar en costas a la entidad financiera ejecutante.
A pesar del
carácter en extremo confuso del fallo de segunda instancia y sus dificultades
argumentativas, es posible advertir que su estructura se basa en las
consideraciones siguientes:
1.4.1. El
primer aspecto que resuelve la sentencia es el del cumplimiento del presupuesto
relacionado con la legitimidad de las partes para concurrir al proceso, asunto
que advierte acreditado.  Al respecto, indica que “… tanto la parte
demandante como la parte ejecutada se encuentran legitimadas en la causa por
activa y por pasiva, toda vez, que la primera es titular del derecho sustancial
invocado en la demanda y los segundos son los llamados por ley a discutir u
oponerse a las pretensiones, pues así se desprende de los documentos aportados
con la demanda.  (...) se aportaron como recaudo ejecutivo varios
pagarés y escrituras públicas de hipoteca a favor del Banco demandante”.[1]
1.4.2. Luego
de describir el contenido de las excepciones propuestas por los demandados, el
Tribunal asume su estudio.  Para ello, inicia con una recapitulación de algunos
pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales sobre  la naturaleza
jurídica del contrato de mutuo, en tanto negocio causal subyacente a los
títulos valores base de la ejecución. Acto seguido, expone aspectos relativos a
los requisitos sustanciales de los títulos valores, a la luz de la legislación
comercial. Sobre el particular, resalta que, para que un título valor sea
presentado para su cobro, debe cumplir con unos presupuestos legales
ineludibles que exige la tipicidad cambiaria. Destaca como requisitos
sustanciales la necesidad y  originalidad del título valor, en
virtud de los cuales para demandar en acción cambiaria se exige la exhibición
del título físico en original, dado que es éste el que incorpora el derecho
cartular.[2] Adicionalmente, recuerda
que la legitimidad del acreedor cambiario se acredita bajo el cumplimiento de
precisas condiciones, entre ellas la continuidad de los endosos entre el
suscriptor y el tenedor legítimo.
1.4.3.  Con
base en estas consideraciones, el Tribunal asume la resolución de las
excepciones de falta de título y dinero no entregado, “apoyándose en el
material probatorio recaudado”. Así, resalta que los demandados habían
formulado interrogatorio de parte del acreedor, quien no asistió a rendirlo.
Agrega que a partir del acta de audiencia, se comprueba que “si bien se
presentó escrito excusatorio, el petente no demostró siquiera sumariamente su
dicho, por lo que el Juez de instancia continuó con el trámite o desarrollo de
la susodicha diligencia.”[3] Para
el Tribunal, esta situación permite concluir que se produce el efecto procesal
previsto en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la
confesión ficta o presunta.  Para el Tribunal, “esto queda ratificado por la
desidia de la parte demandante B.B.V. BANCO GANADERO S.A. (sic) al no
desvirtuar la presunción legal, con el simple hecho de aportar la
correspondiente excusa dentro de los 3 días siguientes a la diligencia,
situación que no se dio en el presente trámite.”[4]
1.4.4. Elaborada
esta primera conclusión, el Tribunal entró a analizar el dictamen pericial
obrante en el expediente, indicando que se había decretado en primera
instancia, sin que pudiere practicarse, por hechos distintos a la culpa de las
parte, por lo cual resultaba procedente su práctica durante la segunda
instancia.  Así, indica en la sentencia que “aportada como fue la
documentación por la parte actora, la auxiliar de la justicia, debidamente
posesionada y no recusada, requirió a la parte demandante, para la entrega de
algunos documentos faltantes, tales como extractos bancarios de marzo, abril,
mayo y junio de 1992, con los soportes (notas débitos y créditos); extractos
bancarios de abril, mayo y junio de 1993, con los soportes (notas débitos y
créditos).  Soporte de notas débitos que acreditaran los desembolsos, libros
auxiliares de cartera y relación de todas las obligaciones contraídas a los
demandados, desde el año de 1992 a la fecha de su petición, incluido recorrido
histórico, donde se discriminen las amortizaciones a capital e intereses de
cada una de ellas, indicando la fecha, forma de pago y sus respectivos
soportes.  Igualmente solicito la perito, a la parte demandante, anexar los
formularios de control de inversiones de cada uno de los créditos otorgados a
la parte demandada”.[5]  Señalados
estos antecedentes, el Tribunal transcribió el dictamen pericial en su
integridad.
Como se
indicó, ese dictamen fue objetado por error grave, lo que ocasionó que el
Tribunal ordenara otro, que diera respuesta a las objeciones presentadas.  Esta
experticia fue igualmente transcrita en su integridad en la sentencia.  Empero,
debe tenerse en cuenta que el Tribunal consideró no probada la objeción al
primer experticio, decisión con base en la cual incorporó ambos dictámenes
dentro del material probatorio.
1.4.5. Con esos
elementos, el Tribunal declaró probada la excepción de mérito denominada “dinero
no entregado”.  Para ello, tuvo en cuenta como material probatorio la
demanda y las excepciones de mérito propuestas; la confesión ficta o presunta
del representante legal de la entidad demandante en relación con el contenido
fáctico de aquella excepción; la inspección judicial con exhibición de
documentos efectuada en el Banco, y los experticios rendidos por la auxiliar de
la justicia Saray Suárez Puentes y el auxiliar especializado Ernesto Carlos
Montero, y por la perito Yanisse Andrade Galván (para resolver objeciones al
primero).  El Tribunal acogió las conclusiones del dictamen emitido el 17 de
noviembre de 2005, y el que resolvió las objeciones a aquel, presentado el 26
de junio. En el primero de los informes mencionados se concluyó al respecto:
“No existe correspondencia real entre los valores registrados en las
solicitudes de redescuento Nos. 466, 468, 465,464, 467 y los pagarés Nos.
93512-2, 93725-7, 93869-9, 94199-8, 94281-2, debido a que éstos datos se
encuentran enmendados.”[6]
Del dictamen
ordenado para resolver la objeción grave, el Tribunal tuvo en cuenta que la
perito Andrade Galván, a la pregunta de “si de los anexos y documentos
entregados por el Banco Ganadero el día 13 de enero de 2006 es posible
establecer que el valor de los presuntos créditos otorgados fueron desembolsados
o recibidos por parte de los clientes”,  dictaminó:
“Analizando el documento o escrito de fecha 13 de enero de 2006,
encontramos que se relacionan y anexan documentos por parte del banco, pero con
base en esta documentación resultó insuficiente para establecer con claridad
que estos créditos otorgados a los demandados hayan sido desembolsados o
consignados total o parcialmente en las cuentas de los clientes, porque no
fueron aportados todos los documentos solicitados por los peritos en las actas
N° 01 y escritos posteriores para poder establecer el desembolso de estos
créditos” .[7]
Con estribo en
estas consideraciones, en apartado posterior del fallo, el Tribunal manifiesta
que estaba “… fehacientemente demostrado (sic), que lo alegado por la
parte actora, en su escrito sustentatorio en la presente causa, no está ni fue
debidamente “probado”, como son las entregas de las sumas de dinero que se dijo
haber entregado a título de mutuo a los suscriptores, lo que palpable (sic)
la temeridad de la acción conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del
Estatuto Procesal Civil, por lo que habrá lugar a la condena en perjuicios que
la parte pasiva haya sufrido, durante el largo trámite de este proceso, con
ocasión de las medidas cautelares decretadas y materializadas.”[8]
1.4.6. El
siguiente aspecto que asumió la sentencia fue el estudio de la excepción sobre
falta de legitimación en la causa de la entidad financiera. El aspecto central
de este problema jurídico era determinar si, en virtud de los sucesivos endosos
realizados en los pagarés, consecuencia de las operaciones de redescuento
realizadas entre el Banco y el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario – Finagro – representado por el Banco de la República – se había
interrumpido la continuidad de los mismos, lo que para la sala de decisión  afectaría
la titularidad de la condición de acreedor cambiario.
Para este
efecto, en el fundamento 14 de la sentencia cuestionada, se analiza de manera
pormenorizada el soporte fáctico y probatorio a partir del cual el Tribunal
llega a la conclusión de la ausencia de legitimación para obrar en la causa por
parte del BBVA–Banco Ganadero, en razón a la interrupción de la cadena de
endosos, y respecto de los cinco pagarés que contienen endosos y operaciones de
resdescuento, conclusión a la que se llegó a pesar que al inicio de la
sentencia se había expresado que el Banco tenía legitimidad para actuar.  Al
respecto, consideró el Tribunal:
1.4.6.1.
Reseñados los endosos y las operaciones de redescuento efectuadas sobre cada
uno de los pagarés, otorgados como  respaldo de créditos línea FINAGRO (Pagarés
Nos. 93-867-9,  93725-7, 94199-8, 93512-2 y 94281-1), la Sala llegó a una
conclusión común y la repite en relación con cada uno de los documentos: “No
aparece dentro de la documentación que integra este pagaré y que fue aportada
por la parte demandante (BBV Banco Ganadero) que se haya sucrito o registrado
dentro del texto del pagaré o en hoja anexa (allonge) el endoso correspondiente
que debía efectuar el BBVA Banco Ganadero entre estos dos actos cambiarios y
bancarios (endoso y operación de redescuento) que se realizaron entre las
mismas partes”.[9]
1.4.6.2. Respecto
del pagaré No. 1000160201 por  valor de $517.060.000.=, el cual no presenta
operaciones de redescuento ni endosos a favor de terceros, la sentencia
concluyó que “el BBV Banco Ganadero está legitimado por activa (…) para
ejercer los derechos incorporados en el mismo.”[10]
Fundado en las
consideraciones precedentes, el Tribunal expresó las conclusiones siguientes:
“Resalta esta Sala, la existencia de dos operaciones de redescuento
y dos endosos respecto de los pagarés No. 93867-9,  93725-7, 94199-8, 93512-2,
94281-1, lo que nos permite inferir su “circulación” entre las mismas partes o
sea entre el Banco de la República en representación de FINAGRO y el BBVA Banco
Ganadero.
“Pero sin embargo, se vislumbra sin mayor hesitación la falta del
“segundo” endoso del BBVA Banco Ganadero a favor de FINAGRO representado por el
Banco de la República, que nos permita determinar la continuidad de los
¨endosos¨ conforme a los preceptuado por el artículo 661 del C. de Co. quedando
con ello interrumpida la cadena de endosos”
(…)
“En este orden de ideas y teniendo en cuenta el caso sub – júdice,
la situación procesal que genera esta ¨omisión¨ y que surge de la abundante
documentación allegada al plenario, trae como consecuencia jurídica  que la
parte actora BBV Banco Ganadero, no está ¨legitimada¨ para poder ejercer  el
derecho y la acción ejecutiva, que pretende con relación a este título valor”.[11]
1.4.7. A
continuación, el Tribunal se refiere a la excepción de ineficacia del título
valor. Para ello, expone un grupo de argumentos que, aunque se muestran en
buena medida inconexos, permiten a la Corte verificar que están destinados a
demostrar (i) el carácter sustancial y ad probationem del
documento contentivo del título valor, lo que implica que su naturaleza
crediticia – y su existencia misma como obligación cambiaria –, esté
condicionada al cumplimiento de las formalidades legales; (ii) la
dependencia existente entre dicho cumplimiento y la acreditación de las
condiciones de literalidad e incorporación del título valor; (iii) el
incumplimiento de estos requisitos para el caso de los títulos valores base de
la ejecución, haciéndose mención expresa de la situación particular del pagaré
100160201. Ello con base en las consideraciones efectuadas en el primer
dictamen pericial; y, en consecuencia, (iv) la falta de aptitud de los
títulos para ser cobrados por la vía ejecutiva, con lo cual declara probadas
las excepciones de ineficacia del título valor por inexistencia del mismo y de
falta de título, como se observa en la parte resolutiva del fallo atacado.  Igualmente,
la prosperidad de las excepciones propuestas la sustenta en la falta de
acreditación, por parte de BBVA Colombia, del negocio subyacente a los títulos
valores mencionados.
Las
consideraciones expresadas por el Tribunal a este respecto fueron las
siguientes, que se transcriben in extenso, por su importancia para
determinar si contiene o no un defecto pasible de tutela (como lo encontró la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia) y, por ende, necesarias
para la resolución del amparo constitucional impetrado:
“16. De otro lado, no puede ésta Sala, pasar por alto, sin
adentrarse al estudio minucioso y detallado de la situación jurídica y
probatoria del pagaré N° 100160201, de marzo 31 de 1997, por valor de
$517.060.000, crédito de comercio, y que, fuera aportada por el demandante BBV
BANCO GANADERO, el cual, si bien no se tuvo en cuenta al momento de resolver la
solicitud de ilegalidad, formulada por el apoderado de los demandados, por
considerar ésta Sala, que no era la etapa procesal oportuna, ello no es óbice,
para un pronunciamiento de fondo, en la sentencia, conforme lo ha sostenido
reiteradamente la jurisprudencia de la H. C. S. de J. y Consejo de Estado, pues
en tal etapa procesal, se puede reexaminar nuevamente (sic) el título valor.
(…)
Así las cosas, efectivamente, la Sala advierte en ésta oportunidad (sic) que este documento objeto de recaudo “NO ES UN TÍTULO
VALOR”, en relación a que no fue creado y aportado conforme a las reglas que
gobiernan las normas de los títulos valores, expuestas antecedentemente, o en
su defecto está afectado de ineficacia liminar por inexistente, conforme lo
disponte el artículo 620 del C. de Co. y 897 ibid, al no haberse aportado en
original en su integridad. (sic) De contera, tampoco será título
ejecutivo y la acción adelantada con él, se torna irregular, por cuanto que  no
le está vedado al fallador, para revisar la segunda instancia, retroactivamente
los títulos valores y el proceso.
Este documento al que nos venimos refiriendo, además de las
falencias probatorias de que adolece, demostrados (sic)
fehacientemente, con los dictámenes periciales que militan en el expediente
como título valor, su efectividad procesal queda truncada, en atención a que la
parte demandante BBVA BANCO GANADERO S.A. ¨no probó el negocio subyacente¨ o
fundamental de la entrega de los dineros a título de mutuo del cual dependía
éste. Esta afirmación jurídica, quedó plenamente demostrado, (sic) como
ya se anotó, con la prueba pericial complementaria de la practicada en este
proceso, reafirmadas con el otro dictamen pericial practicado para despejar los
interrogantes formulados en el escrito de OBJECIÓN POR ERROR GRAVE, del primer
dictamen, la que acoge en su integridad la Sala, si se tiene en cuenta, que las
objeciones no prosperan, y no pueden prosperar por cuanto que ambos dictámenes
hacen claridad sobre los puntos pedidos, y se complementan y clarifican todo y
cada uno de los puntos referentes a la objeción.
(…)
En esta forma le queda claro a la Sala, la inexistencia y /o
ineficacia del documento a que nos venimos refiriendo, en atención a que éste
no nació a la vida jurídica, pues como ya se dijo, carece de toda clase de
soportes contables y comprobantes de la entrega del dinero. Este hecho jurídico
quedó plenamente probado, con las pruebas periciales  complementarias de la
inspección judicial con exhibición de documentos practicada dentro de este
proceso en segunda instancia, reafirmada luego, como ya se anotó con la practicada
en el trámite de las objeciones por error grave, las que son ratificadas por la
Sala, en atención a que las objeciones formuladas no prosperan, pues no hay
elementos de juicio como para decir, que el primer peritazgo, adolece de ese
error grave, que se le atribuye, pues por el contrario es ratificado y
clarificado con el segundo dictamen pericial, (…)
Siguiendo con el análisis a que nos venimos refiriendo, podemos
decir, que también queda claro para esta Sala, la inexistencia y/o ineficacia
de este documento, en atención a que no nació a la vida jurídica, pues como se
ha dicho y se reitera nuevamente, carece de toda clase de soportes contables y
de la entrega del dinero. Pues al hacer el estudio de su texto y composición,
la corporación establece, que está integrado o compuesto por una amalgama y
variedad de documentos que no corresponden a un consecutivo común que
identifique, que se trata de un mismo título valor, y lo más grave aún, la hoja
en que se imponen las firmas o rúbricas de los suscriptores, se encuentran en
una copia simple. Además, esta copia simple por su parte, no fue dotada con las
autenticaciones que hubieren podido hacerse y que ha reconocido la
jurisprudencia nacional. De otra parte, el BBVA Banco Ganadero, tampoco acudió
a los remedios legales antes de presentarlo para su cobro, que consagra el
artículo 802 del C. de Co. y el artículo 449 del C. de P.C. que contempla las
acciones de reposición, cancelación o reivindicación de títulos valores.
(…)
Por otra parte, llama poderosamente la atención de esta Sala, las
afirmaciones manifestadas por el apoderado judicial del BBVA – BANCO GANADERO,
quien afirmó en este debate lo siguiente:
“Se observa que la conducta del apoderado de la parte demandada,
doctor Juan Fernández Núñez no encuentra justificación, pues con desbordada
negligencia, esperó que cursara todo el proceso, para finalmente pretender
cambiar el rumbo del mismo, buscando afanosamente el rescate de oportunidades
defensivas dilapidadas, ya que los fundamentos de la petición de ilegalidad o
nulidad del mandamiento de pago son infundados y extemporáneos habida
consideración que constituyen hechos que debieron debatirse dentro de las
oportunidades que el ordenamiento procesal civil – Reposición del Mandamiento
de Pago – otorgó para el ejercicio de su derecho de defensa, como lo es dentro
del término del traslado a cada demandado para proponer excepciones, lo cual no
se hizo, guardando absoluto silencio, a pesar de haberles intimado el
mandamiento de pago a cada uno de los aquí demandados y ninguno de ellos
interpuso Recurso de Reposición.”
En este orden de ideas fuerza decir que este documento no fue
aportado por el BBVA – BANCO GANADERO, con las formalidades requeridas en la
ley para su validez, ya que se torna ineficaz por inexistente.
(…)
18.  En esta forma hechas las valoraciones de los títulos objetos
del recaudo, la Sala, no puede desechar los argumentos del apelante, quien en
su escrito sustentatorio, cita doctrina, jurisprudencias de la Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, tal como ha
quedado plasmado en estas consideraciones y en precedente judicial de esta
misma Corporación, Sala de Decisión Civil – Familia – Laboral, le correspondía
a la parte demandante BBVA – Banco Ganadero, probar la existencia del negocio
subyacente.  En la forma propuesta en las excepciones de mérito o de fondo, es
imposible pedir o exigir a los demandados que prueben la no existencia del
negocio jurídico que, para el caso sub-lite, sería que prueben lo
“inexistente”, imponiéndose la carga de probar lo imposible.
19. Así las cosas, en el caso que ahora ocupa la atención de la
Sala, la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba que le incumbía,
como era demostrar lo alegado en los hechos primero y segundo del libelo
demandatorio, donde se afirma el recibo en calidad de mutuo de las sumas de
dinero incorporadas en los títulos valores, afirmaciones que se concretan de la
siguiente manera:
“De los seis pagarés en mención se desprende que los señores
GIOCONDA ANA MARÍA CUBILLOS LACHARME DE BARGUIL, ANA MARÍA LACHARME DE
CUBILLOS, EMIRO BARGUIL BANDA Y ANTONIA BANDA DE BARGUIL recibieron del BBV
Banco Ganadero S.A., en calidad de mutuo, las referidas sumas, que se obligaron
a pagar en fechas que están más que vencidas.”
Igualmente podemos afirmar, que tampoco fue diligente el BBVA –
BANCO GANADERO, en el desarrollo de las pruebas periciales, a tal extremo que
se pudo palpar, una reticencia permanente de no permitir el acceso a la
documentación solicitado por el Tribunal, y el perito o peritos designados,
constatándose en ésta forma la entrega de los dineros, la interrupción de la
cadena endoso y la inexistencia de las formalidades sustanciales de los títulos
valores, así como la enmendadura de los soportes de cada uno de ellos, como
quedó demostrado fehacientemente, con la prueba pericial.
Las anteriores pautas, nos llevan a concluir en el presente caso,
que ha quedado al descubierto que la parte ejecutante BBVA – BANCO GANADERO, no
acreditó las sumas de dinero que dice haber entregado a título de mutuo y tampoco
fue diligente en la suscripción y materialización de los “actos cambiarios”
(endosos) que debió haber cumplido para poder legitimarse en legal forma tal
como se dijo, para la prosperidad de sus pretensiones.
Pues bien, queda entonces claro que la “relación contractual”
analizada se trunca por las deficiencias de que adolecen los títulos en sus
textos, anexos (operación de redescuento con enmendaduras) y sobre todo, no se
verificó que la “cadena de endoso” fuera ininterrumpida, afectando no sólo la
circulación válida de los títulos valores, sino también para “legitimarse”
conforme lo ordena perentoriamente el artículo 661 del Código de Comercio, para
poder acceder al amparo judicial deprecado.
En el caso concreto, está probado para esta Sala, la “inexistencia”,
no sólo de los negocios causales, sino la de los títulos valores, por la
ineficacia ante la inexistencia del cumplimiento de las formalidades
sustanciales que quedaron analizados, sino también la “ausencia” de los
elementos esenciales aquí analizados específicamente y con pleno respaldo
probatorio.
Puestas en este punto las cosas, y aplicando a la especie en estudio
las premisas expuestas, la Sala concluye sin lugar a equivocarnos, que el BBVA
– BANCO GANADERO, no está legitimado por activa por una parte y en relación a
los pagarés cuyo endoso no demostró fuera ininterrumpida. De otra parte, que el
negocio jurídico subyacente está “viciado” en su estructura medular, al punto
que los documentos que le sirvieron de soporte, son ineficaces por inexistentes,
quedando al descubierto la prosperidad de las excepciones de falta de
legitimación en la causa del BBVA – BANCO GANADERO, así como la falta de
entrega de los dineros invocados en el contexto de la defensa presentada.”
La acción de tutela
1.5. Mediante apoderado judicial, el BBVA Colombia interpuso el 29
de mayo de 2008, acción de tutela contra la Sala Civil–Familia–Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, al considerar que lo
decidido en la sentencia descrita violó sus derechos constitucionales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
En primer término, el demandante indica que la acción de tutela
procede, pues no es posible presentar recursos contra la decisión atacada,
salvo el de revisión. Sin embargo, “sus causales no subsumen la situación
fáctica y jurídica que aquí se describe y, por consiguiente, no constituye el
medio adecuado para conjurar el quebranto de los derechos constitucionales cuya
violación se denuncia.”.
Luego, expone los aspectos centrales del proceso ejecutivo
hipotecario y de la sentencia impugnada.  A partir de ese estudio, advierte que
dicha decisión comporta “vía de hecho”, puesto que lo decidido por el
Tribunal no guarda correspondencia alguna con las pruebas recaudadas durante el
proceso ejecutivo.
Respecto a la conclusión del Tribunal que consideró probada la
excepción de ineficacia de los títulos valores por inexistencia, fundada en que
no se aportaron en original, el accionante expone que se incurrió en un error
ostensible en la apreciación de los títulos ejecutivos. Ello en la medida en
que no existe ningún soporte para que esa conclusión se predique de los pagarés
93867-9, 93725-7, 94199-8, 93512-2 y 94281-1, pues todos ellos fueron
presentados en original y reposan en el expediente.  Así, se muestra errada la
consideración del Tribunal, al extender la ineficacia a todos los títulos base
de la ejecución, conforme lo expresa en el apartado conclusivo de la sentencia.
El accionante considera que la aceptación por el Tribunal de la
excepción denominada “dinero no entregado” carece de todo sustento,
porque: (i) los demandantes confesaron el desembolso de las sumas
otorgadas en mutuo, como se desprende de los escritos de contestación al libelo
ejecutivo; y (ii) el dictamen pericial había constatado el desembolso y
los abonos al pago de la obligación, en relación con los pagarés 93867-9,
93725-7, 94199-8, 93512-2 y 94281-1.  En consecuencia, no había lugar a
decretar, como lo hizo el Tribunal, que las sumas no fueron entregadas, cuando
el material probatorio demostraba fehacientemente lo contrario.
El BBVA Colombia estima que la sentencia incurrió en violación de
las normas de “disciplina probatoria”, relacionadas con la carga de la
prueba en los procesos ejecutivos y las consecuencias jurídicas de la
incorporación del derecho crediticio en los títulos valores.  A partir de
distintas normas y de derecho civil, el accionante sostiene que la suscripción
de los pagarés por parte de los ejecutados, demuestra de manera autónoma la
existencia de las obligaciones que le dieron origen y del contrato de mutuo.
Por ende, “… si los demandados pretendían desconocer los contratos de mutuo
subyacentes a los pagarés, debían demostrar que los mutuos no se habrían
perfeccionado.  La presunción obraba a favor de BBVA y no de los demandados,
como mal lo entendió el Tribunal. || Ellos, los demandados, eran quienes debían
desvirtuar por completo la presunción de existencia de los derechos reclamados.
Cosa que no hicieron, como ya se vio, pues que en el proceso obra prueba de los
desembolsos y dictamen pericial que la ratifica.”
Finalmente, la entidad financiera sostiene que la prosperidad de la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa adolece de similares
vicios a los expuestos.  En efecto, el argumento de la ruptura de la cadena de
endosos, para el caso de los pagarés objeto de operaciones de redescuento, no
resultaba apto para negar la condición del BBVA Colombia de tenedor legítimo de
los títulos valores y, por ende, legitimado para iniciar la acción ejecutiva.
Indica que ello es así, “porque el hecho de que BBVA haya recibido dos notas
de endoso no significa que se haya interrumpido la cadena de endosos, toda vez
que la única razón de interrupción es la falta de endoso por parte de su
legítimo tenedor, conforme al artículo 661, en concordancia con el artículo 651
del Código de Comercio.  En otras palabras, la existencia de una segunda nota
de endoso, no anula la primera, y mucho menos elimina la calidad de legítimo
tenedor de BBVA. || Por tratarse de títulos a la orden, BBVA demostró ser
beneficiaria de los endosos y la física tenedora de los títulos, hecho último
que probó cuando aportó los originales de los documentos base de recaudo, lo
que la constituye en legítimo tenedor de los mismos. || Concluye el
Tribunal que habiéndose interrumpido la cadena de endosos (…) BBVA no
pudo convertirse en legítimo tenedor (…). Sin embargo, si el Tribunal reconoció
que se rompió la cadena de endosos, también reconoció, o debió reconocer, que
el último tenedor de los títulos, antes de la supuesta interrupción, fue BBVA.
Y si la última persona que recibió los títulos de acuerdo con su ley de su
circulación es BBVA, quien además de manera irrefutable ostentaba la tenencia
de los mismos, por fuerza habrá de concluirse que BBVA entonces sí era el
legítimo tenedor de los mismos y contaba con legitimación por activa para
promover el proceso judicial de recaudo contra las deudores demandados.”
2.
Respuesta del Tribunal accionado
El magistrado
Gustavo Manuel Jiménez Peralta, quien actuó como ponente en la Sala de Decisión
que profirió el fallo cuestionado, presentó un escrito para destacar los
siguientes aspectos:
2.1. La
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Montería, que declaró no probadas las excepciones dentro del
proceso ejecutivo hipotecario del, en ese entonces BBV- Banco Ganadero contra
Emiro Barguil Banda y otros, se produjo sobre un acervo probatorio “absolutamente
precario”. En segunda instancia, con fundamento en lo preceptuado en el artículo
361 numerales 2° y 4° del Código de Procedimiento Civil de P.C. se decretó y
practicó una inspección judicial con exhibición de documentos e intervención de
peritos, profiriéndose la decisión atacada con ese nuevo sustento.
2.2. Reitera y
transcribe los principales argumentos que llevaron al Tribunal a dictar el
fallo que se cuestiona en sede de tutela, la cual, sostiene, fue el producto
del análisis de todos y cada uno de los presupuestos procesales y materiales de
los actos jurídicos puestos en conocimiento de esa Corporación, por lo que la
tutela no debe prosperar. Agrega que la protección solicitada es infundada, por
cuanto “la decisión judicial se ciñó a lo pedido, excepcionado y
probado dentro del proceso”, en consecuencia no constituye una vía de hecho
“por cuanto está cimentada en la interpretación de los supuestos fácticos,
de las cláusulas contractuales y de las normas legales, que a pesar de no ser
la única admisible, sí resulta razonable y carente de capricho y
arbitrariedad”.
2.3. Destaca
que la Sala hizo un análisis de la carga de la prueba, con base en el cual
concluyó que la misma se radicó en cabeza del ejecutante BBV Banco Ganadero
S.A. en razón a la negación indefinida que hizo la parte demandante sobre la
falta de entrega del dinero.
3. Decisiones
judiciales objeto de revisión
3.1. Primera
instancia
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 12 de
junio de 2008, resolvió conceder la tutela al BBVA Colombia, y en consecuencia
ordenó al Tribunal demandado “que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este fallo adopte las medidas pertinentes
y eficaces para dejar sin efecto la sentencia impugnada, y en su lugar, proceda
a pronunciarla nuevamente, de conformidad con las directrices expuestas por la
Corte”.
Consideró la
Sala de Casación Civil que “la providencia de segundo grado muestra cómo el
juzgador incurrió en las vías de hecho que se le endilgan, en la medida en que
cometió graves y protuberantes errores en la apreciación de las pruebas y en la
aplicación de las disposiciones normativas correspondientes”. El primero de
estos yerros se evidencia en que el Tribunal predicó la inexistencia del título
valor en relación con todos los pagarés presentados como título ejecutivo,
cuando tal irregularidad solo fue establecida en relación con el pagaré No.
100160201 otorgado el 31 de marzo de 1997.  Por ende, resultaba acreditada, de
forma “palmaria y manifiesta” la existencia de una “vía de hecho”,
puesto que el Tribunal extendió el defecto a los todos los títulos valores,
para así declarar probada la excepción de inexistencia por falta de título.
En relación con
los demás pagarés, estimó la Sala de Casación Civil que la consideración del
Tribunal relativa a que se había interrumpido la cadena de endosos que impone la
Ley cambiaria, para declarar probada la excepción de falta de legitimación en
la causa “entraña un error ostensible, como quiera que el pagaré No. 93512-2
sólo aparece endosado una vez por el Banco Ganadero (actual BBVA Colombia) a
favor del Banco de la República, habiendo sido, a su turno, trasferido por este
último a favor del primero, por ende la entidad financiera ejecutante sí
ostentaba la condición de tenedor legítimo. || Igualmente, en relación con los
restantes cuatro pagarés es de notar que si bien es cierto que en el proceso
aparecen dos notas de endoso por parte del Banco de la República, a favor del
Banco Ganadero (actual BBVA Colombia), también lo es que (…) la segunda
nota de endoso resulta irrelevante para establecer el tenedor legítimo de los
instrumentos, como quiera que, en todo caso, lo seguiría siendo la institución
financiera acreedora. || Dicho con otras palabras, si los títulos
valores fueron endosados por el Banco Ganadero (actual BBVA Colombia) al Banco
de la República y éste, a su vez, los transfirió a favor de aquél,
convirtiéndolo en legítimo tenedor, poca importancia tendría el hecho de que el
Banco de la República apareciera posteriormente transfiriendo el título valor.
En adición a lo indicado, ha de decir la Corte que la existencia de varios
endosos pudo obedecer a la mecánica propia de las operaciones de redescuento,
sin que, en todo caso, se haya visto afectada la condición final de tenedor
legítimo de los títulos valores en cabeza del Banco Ganadero (actual BBVA
Colombia).”
Respecto de la acogida
excepción referida a la relación causal o fundamental estimó la Sala Civil que
el Tribunal “partió de una premisa absolutamente errónea” consistente en
que el ejecutante estaba en la obligación de demostrar la existencia de dicha
relación originaria o de base. Al respecto señaló:
“(…) tratándose de instrumentos negociables allegados como títulos
de recaudo, resulta evidente que la presentación de dichos documentos, con
observancia de los requisitos generales y particulares, acreditaba - per se -
la existencia de un derecho de contenido crediticio a favor del tenedor
legítimo de los mismo, sin que fuera pertinente una exigencia adicional como la
que hizo el Tribunal.
No significa lo anterior que en el proceso no puedan ser debatidas
las circunstancias atinentes a la relación originaria o de base, pues así lo
autoriza el artículo 784, numeral 12, del Código de Comercio, pero lo que sí es
inadmisible es que el juzgador traslade la carga probatoria a la parte actora,
como si el título valor no fuera autosuficiente, cuando ella le corresponde por
completo al demandado.
3.1.1 Concluyó
el juez constitucional de primer grado afirmando que, dado que los pagarés
números 93512-2, 93725-7, 93867-9, 94199-8 y 94281-1, son originales y que el
BBVA Colombia es su tenedor legítimo, el Tribunal debe “volver a efectuar un
análisis de fondo de todas las excepciones de mérito planteadas alrededor del
negocio jurídico subyacente, bajo la óptica consistente en que la carga
demostrativa acerca de tales defensas recae sobre los demandados, en orden a
determinar si ellas tienen o no la virtualidad de enervar la acción cambiaria
impetrada con base en los títulos valores”.
3.1.2. Por último,
debe acotarse que como consecuencia de la sentencia proferida por la Sala de
Casación Civil, el Tribunal accionado, a través de fallo del 1º de julio de
2008, profirió sentencia de remplazo, en la que, entre otros asuntos, (i) declaró
“fundadas o probadas parcialmente las excepciones de mérito o de fondo, denominadas
“INEFICACIA DEL TÍTULO VALOR”, respecto del Pagaré No. 100160201, otorgado el
31 de marzo de 1997 y la excepción de mérito o de fondo denominada “RELACIÓN
CAUSAL O FUNDAMENTAL O DINERO NO ENTREGADO”, en lo que tiene que ver con los
Pagarés Nos. 93512-2, creado el 20 de marzo de 1992 y el 93725-7, emitido el 7
de abril de 1993.”; y (ii) “seguir adelante la ejecución con respecto a los
Pagarés Nos. 93867-9 de abril 28 de 1994, 94199-8 del 6 de octubre de 1995 y el
94281-1 del 23 de mayo de 1996, por los saldos adeudados, más los intereses,
desde que se hizo exigible la obligación, hasta que se efectúe el pago total.”[12]
3.2.
Impugnación
Los demandados
en el proceso ejecutivo hipotecario, a través de su apoderado, impugnaron la decisión, alegando que la
Sala de Casación Civil cimentó su decisión en las afirmaciones del actor en
tutela, sin analizar el interrogatorio de parte del representante legal del
BBVA (confesión ficta), las enmendaduras encontradas en las operaciones de
redescuento, la falta de entrega de los dineros acreditada mediante dictamen
pericial, el silencio de la entidad ejecutante frente a esta constatación
técnica, así como la ausencia de poder o mandato del Banco de la República para
endosar los pagarés a nombre de Finagro –endoso en retorno–, y de pronunciarse
respecto de los endosos en propiedad y sin responsabilidad que hace Finagro al
BBVA.
Agregaron que el
fundamento de la providencia cuestionada en relación con los pagarés que
presentaban operaciones de redescuento fue la constatación de enmendaduras en
estas operaciones, circunstancia que riñó con la verdad y la presunción de
tales valores; y no la inexistencia de los títulos, como sí se predicó en
relación con el pagaré 100160201.
El magistrado
que actuó como ponente del fallo del Tribunal cuestionado, también impugnó la
sentencia de la Sala de Casación Civil al estimar que no se ajusta a las
pruebas recaudadas. Admitió la inconsistencia relativa al pagaré 93512-2,
respecto del cual, sostuvo que efectivamente solo existe una nota de endoso.
Empero, respecto del mismo reafirmó la existencia de vicios que le restaban
mérito ejecutivo, puesto que el dictamen pericial no verificó el desembolso,
operó la confesión ficta o presunta, derivada del interrogatorio de parte
formulado al representante legal de la entidad ejecutante, y presenta
enmendaduras en las operaciones de redescuento.
Se apartó del
criterio de la Sala Civil de la Corte Suprema, respecto de la irrelevancia de
la interrupción en la cadena de endosos, y afirmó que el problema jurídico
revestía mayor complejidad por cuanto involucraba el contrato de mutuo, la
operación de redescuento, hipoteca, depósito, y las relaciones jurídicas entre
el cliente y el Banco comercial y entre este y Finagro. Destacó así, la
trascendencia de la falta de endoso en el contrato de redescuento, situación
constatada por los peritos contables.
El apoderado del
BBVA intervino para solicitar la confirmación de la sentencia de tutela de
primer grado. El eje central de su intervención radicó en la existencia de una
segunda decisión de la Sala Civil–Familia-Laboral del Tribunal Superior de Montería
(julio 1° de 2008) proferida para cumplir el fallo de tutela proferido por la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
3.3. Segunda
instancia
Mediante
sentencia del 25 de julio de 2008, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negó la tutela invocada por el BBVA Colombia.
Para sustentar
su decisión, previa reseña de los alegatos de las partes, y del magistrado
apelante, la Sala de Casación Laboral estimó, en primer lugar, que las
afirmaciones del demandante, diciendo que el Tribunal habría extendido
indebidamente la consideración sobre la inexistencia del título valor No. 100160201
a todos los demás, para dar por acreditada la excepción de “ineficacia por
inexistencia”, “no corresponde a la estructura lógica de la sentencia
controvertida. A este respecto, señala los argumentos siguientes:
“En primer lugar, al cotejar lo afirmado por la entidad accionante,
con la lectura de la sentencia del Tribunal, respecto de la aserción de éste de
declarar probada la inexistencia de todos los títulos valores, al descubrir que
el pagaré N° 100160201 se encontraba en copia simple, emerge que en ningún
momento el organismo judicial hizo aquella aseveración, por el contrario, con
fundamento en el dictamen pericial rendido en el proceso, sostuvo que el pagaré
en mención no cumplió con los requisitos para predicarse como título valor, por
no haberse aportado en su integridad, y que, pese a ello el Banco ni siquiera
probó en el proceso la existencia del negocio que dio origen a su suscripción,
deducción que no se muestra arbitraria ni caprichosa porque, además, se fundó
en el experticio rendido por los peritos, en virtud del cual el Banco no aportó
soportes contables ni comprobantes de la entrega de ese dinero.
(…)
La Sala Civil–Familia–Laboral del Tribunal de Sincelejo, (sic) reiteró dicha posición al establecer que los documentos
aportados como título no correspondían a un consecutivo común, y que la hoja en
la que se encontraban las firmas de los suscriptores se allegó en copia simple,
sin autenticación, y en ese sentido concluyó que el título comentado era
inexistente.
(…)
En efecto, para declarar la inexistencia del título respecto del
resto de los pagarés, el Tribunal lo que hizo fue estudiar los dictámenes
periciales, así como las demás pruebas obrantes en el expediente, y concluyó
que, además de la ausencia de la hoja original de rúbricas en el título N°
100160201, los demás pagarés presentaban enmendaduras en las operaciones de
redescuento, la cadena de endosos se había interrumpido, lo que sumado a la
reticencia del Banco de aportar los documentos que acreditaron la entrega del
dinero, lo llevó a dicha determinación, independientemente de la denominación
que se le hubiera dado a la excepción.”.
La Sala de Casación Laboral sostiene en relación con los demás
pagarés, que el Tribunal estudió los dictámenes periciales y las demás pruebas
obrantes en el expediente, y concluyó que presentaban enmendaduras en las
operaciones de redescuento, la cadena de endosos se había interrumpido, lo que
sumado a la reticencia del Banco de aportar los documentos que  acreditaran la
entrega del dinero, condujo a declarar la inexistencia de los negocios causales
y de los títulos valores, derivada del incumplimiento de requisitos y
formalidades sustanciales.
En relación con el desconocimiento, por parte del Tribunal, de la
presunción de legalidad de los títulos valores y el traslado de la carga de la
prueba al ente ejecutante, la Sala de Casación Laboral estimó que la posición
asumida por el organismo judicial accionado fue producto de su facultad de
interpretación y aplicación legal, cumpliendo los mínimos criterios de
razonabilidad jurídica.  Ello en la medida que en que el Tribunal, para
declarar probada la excepción de “dinero no entregado”, se fundamentó en
la existencia de una negación indefinida por parte de los demandados sobre la
inexistencia del negocio causal, la declaración de confeso del representante
legal del en ese entonces BBV Banco Ganadero, los dictámenes periciales que
acreditaron la falta de prueba del desembolso, y en jurisprudencia y doctrina
nacional.
Frente a la controversia jurídica relacionada con la interrupción de
la cadena de endosos, declarada por el Tribunal para predicar la ausencia de legitimidad
en la entidad ejecutante, sostiene la Sala Laboral de la Corte Suprema que se
trata de un tema que entraña un debate en relación con la aplicación normativa
que regula el endoso, divergencia que no reviste la entidad suficiente para
erigirse en vulneración del debido proceso. Además, tampoco tenía el alcance de
dejar sin sustento la decisión del Tribunal, puesto que la excepción de “falta
de título” no fue desvirtuada por el juez constitucional de primera
instancia.
Por último, destaca que la entidad bancaria contó en todo momento
con las garantías legales y constitucionales, dentro del proceso ejecutivo
hipotecario, y la sentencia se edificó sobre un criterio razonable.
4. Actuación
ante la Corte Constitucional
La Sala Once de
Selección de la Corte Constitucional, mediante auto del 5 de noviembre de 2008,
seleccionó para revisión los fallos de tutela citados anteriormente y ordenó su
reparto a esta Sala de Revisión, remitiéndose el expediente respectivo el 21 de
noviembre del mismo año.
Debido a la
necesidad de contar con mayores elementos de juicio para resolver el presente
asunto, la Sala Tercera de Revisión, por medio de providencia adiada el 19 de
febrero de 2009, solicitó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería el
envío del expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario.  De igual
modo, con base en la facultad prevista en el artículo 57 del Acuerdo 05/92 (Reglamento
de la Corte Constitucional), fueron suspendidos los términos para fallo.  Esta
suspensión fue levantada por la Sala, mediante auto del 29 de abril de 2009, antes
de proferir la presente sentencia.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Problema
jurídico y metodología de la decisión
1. El BBVA
Colombia formuló acción de tutela contra la Sala Civil–Familia–Laboral del
Tribunal Superior de Montería, al considerar que la decisión del 26 de febrero
de 2007 violó sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.  A su juicio, la comprobación de las excepciones
estaba basada en (i) una extensión injustificada de las falencias
advertidas en un solo título valor a los demás documentos base de la ejecución;
(ii) la errónea valoración de las pruebas y la inversión injustificada de
la carga de las mismas, respecto del contrato de mutuo subyacente a los títulos
valores; (iii) el desconocimiento de las reglas sustantivas sobre el endoso
de títulos valores y la titularidad de la acción ejecutiva por parte del
legítimo tenedor de los mismos.
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió en sentencia de tutela amparar
los derechos invocados y, por ende, dejar sin efecto la sentencia atacada.
Consideró que el Tribunal había incurrido en errores evidentes en la valoración
de las pruebas obrantes en el proceso ejecutivo y, a su vez, había desconocido
las normas del derecho comercial que regulan el carácter autónomo del derecho
de crédito incorporado a los títulos valores y su ley de circulación.  Lo
primero, puesto que había extendido indebidamente las particularidades
documentales de un pagaré al resto y había fundado la decisión en un argumento
extraño al régimen de cobro de los títulos valores, como es la exigencia al
ejecutante de acreditar el perfeccionamiento del contrato subyacente.  Lo
segundo, porque sustentó el fallo en discusiones fácticas sobre la prueba del
desembolso de la suma de dinero objeto de contrato de mutuo, que contradicen la
literalidad y autonomía de las obligaciones derivadas del título valor, y que
desconoció el Tribunal que, al margen de la discusión sobre los sucesivos
endosos derivados de las operaciones de redescuento, estaba probado que el BBVA
era acreedor cambiario y legítimo tenedor de los títulos base de la ejecución.
Estos razonamientos
fueron desestimados por la Sala de Casación Laboral, quien consideró que (i)
no era posible colegir del fallo que las falencias del pagaré 100160201
hubieran sido extendidas a los demás títulos ejecutivos, al ver una
argumentación independiente respecto de las falencias, en cuanto sus requisitos
sustanciales, de cada uno de los títulos que fundaron el cobro judicial; (ii)
la ausencia de mérito ejecutivo de los pagarés, derivada de la falta de
acreditación del desembolso de las sumas entregadas en mutuo comercial, fue una
conclusión precedida de la adecuada valoración probatoria de los distintos
elementos de juicio que obran en el proceso civil.
2. De acuerdo
con la anterior exposición, corresponde a la Corte determinar si la sentencia
de segunda instancia proferida por la Sala Civil–Familia–Laboral del Tribunal
Superior de Montería contiene los defectos que, por su gravedad y entidad
jurídica, la hacen contraria a los derechos fundamentales, en especial el
debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Para resolver
ese asunto, la Sala adoptará la siguiente metodología: en primer lugar,
recapitulará el precedente jurisprudencial sobre los requisitos y causales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.  Luego,
estudiará el caso concreto, con miras a determinar si esas condiciones
concurren para el caso de la citada decisión judicial.  Por último, presentará
un apartado conclusivo, destinado a recapitular las consideraciones principales
del fallo, a fin de expresar la razón de esa decisión.
Reglas
jurisprudenciales sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales
3. El artículo
86 de la Constitución Política establece la acción de tutela como mecanismo
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales,
cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.  Esta disposición de la Carta permite inferir válidamente
que el amparo constitucional procede en contra de las decisiones judiciales, en
tanto actuaciones adelantadas por servidores públicos que ejercen la facultad
jurisdiccional.  Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias es un asunto que se muestra complejo, puesto que la adecuada
protección de los principios y valores constitucionales implica un ejercicio de
ponderación entre la eficacia de la mencionada acción –presupuesto del Estado
Social y Democrático de Derecho–, y la vigencia de la autonomía e independencia
judicial, el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica.
Los procesos
judiciales ordinarios son escenarios en los que, habida consideración del
principio de supremacía constitucional (Art. 4 C.P.), debe primar el
reconocimiento, protección y garantía de los derechos fundamentales. Las normas
de la Carta Política y, en especial, aquellas que prevén tales derechos,
constituyen parámetros ineludibles para la decisión judicial.  En consecuencia,
la actuación judicial devendrá legítima cuando (i) el procedimiento
surtido para adoptar una decisión ha protegido las garantías propias del debido
proceso, de la que son titulares las partes que han sometido la controversia al
conocimiento de la jurisdicción; y (ii) la decisión judicial es
compatible con el plexo de valores, principios y derechos previstos por la
Constitución.  Ello en la medida que tales preceptos tienen valor normativo y
superioridad jerárquica dentro del grupo de fuentes de derecho que debe tener
en cuenta el funcionario judicial – individual o colegiado – al momento de
adoptar sentencia.   Por ende, en los casos en que se acredite con suficiencia
que la decisión judicial incumple estos requisitos axiales, la necesidad de
preservar la eficacia de los preceptos constitucionales obliga a contar con un instrumento
que permita restituir la vigencia de las normas constitucionales en el caso
concreto.
Bajo esta
perspectiva, concurren las herramientas teóricas y hermenéuticas que resuelven
la tensión expuesta anteriormente.  La acción de tutela contra sentencias
judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a resolver aquellas
situaciones en que lo decidido por el juez incurre en graves falencias, de
relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la
Carta Política.  En tal sentido, la acción de tutela contra sentencias es un
juicio de validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las
normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a
detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcance de
los derechos fundamentales.
Los funcionarios
judiciales, en su calidad de servidores públicos, deben ejercer sus
competencias dentro del preciso marco fijado por la Constitución y la ley. Ello
implica que sus actuaciones, cuando desconocen esos límites, se tornan arbitrarias
y, en consecuencia, el sistema jurídico debe ofrecer alternativas para eliminar
esa arbitrariedad y restituir los derechos reconocidos por la Carta.  En estos
casos, resulta inadmisible sostener que la vigencia de la autonomía judicial o
la seguridad jurídica otorgan inmunidad a las decisiones de los jueces.  Esto
debido a que una afirmación de esa naturaleza significaría que tales valores
tiene un estatus superior a la de los preceptos de la Constitución, lo que es
del todo incoherente con el principio de supremacía consagrado en el artículo
4º C.P.
Sin embargo,
debe insistirse en que los instrumentos por excelencia para hacer frente a las
sentencias incompatibles con la Carta son, precisamente, los recursos
judiciales –ordinarios y extraordinarios–, que permiten someter al conocimiento
del mismo juez que profirió la decisión o al de su superior jerárquico, las
afectaciones de garantías constitucionales.  Esto en el entendido que el proceso
judicial es un escenario estrictamente reglado, cuya función principal es la  garantía
de los derechos, por lo que está revestido de instancias que permiten la
autorrestricción de la actividad jurisdiccional en los casos que las decisiones
contradigan esa función esencial de la administración de justicia.  Empero,
pueden subsistir casos en que agotados esos mecanismos internos de control a la
arbitrariedad judicial, esta perviva.  En aquellos eventos, conforme al
principio de subsidiariedad que se explicará con mayor detalle en apartado
subsiguiente, la acción de tutela será el mecanismo idóneo para garantizar la
eficacia normativa de la Constitución al interior del proceso judicial.
4. Es con base
en estas premisas que la jurisprudencia constitucional ha establecido las reglas
sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Esta doctrina
ha redefinido la concepción tradicional de la “vía de hecho” judicial,
para establecer un grupo sistematizado de condiciones estrictas, de naturaleza
sustancial y procedimental, las cuales deben acreditarse en cada caso concreto,
como presupuestos ineludible para la protección de los derechos fundamentales
afectados por la sentencia.  El precedente vigente sobre la materia fue
expuesto de manera unánime por la Sala Plena de la Corte en la sentencia
C-590/05 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la cual declaró inexequible la expresión
“ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906/04, relacionado
con la sentencia de casación penal.  En consecuencia, la presente decisión
adoptará la metodología y las reglas fijadas por la Corte en esa oportunidad, a
fin de resolver el caso propuesto.
5. La
jurisprudencia distingue entre requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias.  Los primeros están
relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan
hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de
la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la
distribución jerárquica de competencias al interior de la rama jurisdiccional.
Los segundos, se refieren a la descripción de los defectos en que puede
incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
6.  Los
requisitos generales de la acción de tutela contra sentencias, según lo expuso
la sentencia C-590/05, son los siguientes:
6.1. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la
Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones.[13] En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.
6.2. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[14].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
6.3. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[15].  De lo contrario, esto
es, permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, comportaría sacrificar los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
6.4. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.[16]
No obstante, si la irregularidad comporta grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio correspondiente.[17]
6.5. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[18]
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
6.6. Que no se
trate de sentencias de tutela.[19]  Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la
Sala respectiva, se tornan definitivas.
7. Como se
indicó, los requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el
fallo atacado que, en virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea
incompatible con los preceptos constitucionales. Estos defectos son los
siguientes, haciéndose énfasis en las implicaciones de los defectos sustantivos
y fácticos, puesto que resultan especialmente relevantes para la resolución del
problema jurídico propio de esta decisión:
7.1. Defecto orgánico, el cual se origina cuando el juez que adoptó
la decisión carecía absolutamente de competencia para hacerlo. Como se observa,
la estructuración de la causal tiene carácter calificado, pues no basta con que
la competencia del funcionario judicial sea un asunto sometido a debate, sino
que debe estarse en un escenario en el que, a la luz de las normas jurídicas
aplicables, resulte manifiestamente irrazonable considerar que el juez estaba
investido de la potestad de administrar justicia en el evento objeto de
análisis.  A este respecto, la Corte ha enfatizado que “… sólo en aquellos
casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente
contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del
funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente
antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto
habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente
otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez constitucional
afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial cuestionada no entra
dentro de la órbita de competencia del funcionario que la profirió y, por lo
tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.”[20]
7.2. Defecto procedimental absoluto, falencia que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que
en el caso anterior, la concurrencia del defecto fáctico tiene naturaleza
cualificada, pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya
surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran
aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al
capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia,
desconoce el derecho fundamental al debido proceso.  Sobre el particular, la
Corte ha insistido en que el defecto procedimental se acredita cuando “…el
juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con
fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. El
defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el
juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o
cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo, omite la
notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando
pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales.”[21] .
En relación con esta materia, debe insistirse en que la
irregularidad procesal debe ser de tal magnitud que sus consecuencias resulten
materialmente lesivas a los derechos fundamentales, en especial el debido
proceso.  Así, si a pesar de existir una irregularidad, carece de los efectos
estudiados, en tanto no interfiere en el contenido y alcance de ese derecho, no
podrá predicarse la estructuración del defecto fáctico.  Por ejemplo, la
ausencia de una notificación configurará defecto sustantivo solo en el caso que
impida materialmente al afectado el conocimiento de la decisión y, en
consecuencia, enerve la posibilidad de ejercer los recursos correspondientes.
Cuando, a pesar del error los sujetos procesales tuvieron oportunidad de
conocer la decisión por otros medios reconocidos por el ordenamiento, no se
estructura la causal en comento.
7.3. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  Al respecto,
debe recalcarse que esto es uno de los supuestos más exigentes para su
comprobación como causal de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias.  Ello debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es
uno de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial.  El ejercicio epistemológico que precede al
fallo es un tarea que involucra, no solo la consideración acerca de las
consecuencias jurídicas que, en materia probatoria, impone el ordenamiento
jurídico positivo, sino también la valoración que de los hechos del caso
realice el funcionario judicial, a partir de su propia experiencia y de su
conocimiento sobre el área del derecho correspondiente, tópicos que suelen
reunirse bajo el concepto de sana crítica.
En consecuencia,
la labor del juez de tutela en relación con el defecto fáctico está estrictamente
limitada a aquellos eventos en que la actividad probatoria realizada por el
funcionario judicial, incurre en errores de tal magnitud que, por su evidencia,
ocasionan que la decisión judicial se torne arbitraria e irrazonable.  Esto
supone que la acción de tutela carece de alcance para realizar un juicio de
corrección sobre la valoración probatoria; en cambio, como lo expone la
doctrina nacional, es un juicio de evidencia, en el que el juez ordinario
incurrió en un error indiscutible en el decreto o apreciación de la prueba.[22]
A su vez, este vicio debe tener una relación intrínseca con el sentido de la
decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la
sentencia hubiera adoptado un sentido distinto.  Es decir, el yerro debe ser
relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso,
sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión
judicial.
Estas
consideraciones han sido corroboradas por distintas decisiones de la Corte.  De
acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[23],
este defecto se produce cuando el juez toma una decisión, sin que se halle
plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina[24],
como consecuencia de una omisión en el decreto[25] o valoración
de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición
de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios
probatorios.
Para la Corte,
el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva,[26]
que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o
en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello,
así como en una dimensión negativa[27], es decir, por la omisión
en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas
de carácter esencial.
En cuanto a los fundamentos y al marco de intervención que compete
al juez de tutela, en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico,
la Corte ha sentado los siguientes criterios, que encuentran plena armonía con
las consideraciones antes expuestas:
7.3.1. El
fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades
discrecionales que tiene el juez de conocimiento para el análisis del material
probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana
crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.[28]
7.3.2. No
obstante, como ya se ha indicado, la intervención del juez de tutela en
relación con el manejo dado por el juez de conocimiento debe ser de carácter
extremadamente reducido. En primer término, porque el respeto por el principio
de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez de
tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio.[29]
En segundo lugar, ha destacado que las diferencias de valoración en la
apreciación de una prueba, no constituyen errores fácticos. Frente a
interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe
determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no solo es autónomo, sino que
sus actuaciones se presumen de buena fe[30]. En
consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión
judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez
natural[31].
7.3.2. Por
último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[32]
7.4. Defecto
material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o que claramente inaplicables al caso
concreto. Esta misma falencia concurre cuando se presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Así, el defecto
material o sustantivo apela a la necesidad que la sentencia judicial tenga un
soporte racional argumentativo mínimo, esto es, que (i) se soporte en
las normas constitucionales y legales que resulten aplicables; (ii)
acredite consonancia entre la motivación, que da cuenta del reconocimiento de
esos preceptos de derecho positivo y su contraste con el material probatorio
legal y debidamente recaudado durante el trámite, y la decisión que adopta el
juez del conocimiento.
A este respecto,
la jurisprudencia constitucional ha previsto que el defecto material o
sustantivo “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico,
(ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador”.[33]
Sobre el mismo particular, se ha considerado que la indebida
aplicación de las normas también hace parte de esta tipología de defecto,[34]
cuando pese al amplio margen interpretativo que la Constitución reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem)
o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada).  Para sustentar esta conclusión, la
jurisprudencia insiste en que “…el procedimiento de tutela no puede
utilizarse para obtener que un juez diferente al que conoce del proceso
ordinario intervenga inopinadamente para modificar el rumbo del mismo con base
en una interpretación diversa, la suya, pretendiendo que, por haber entendido las
normas pertinentes de una determinada manera, incurrió el primero en una vía de
hecho. || La vía de hecho —excepcional, como se ha dicho— no puede
configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la
normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere
el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes,
independientemente de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida
por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de derecho distinta,
en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el
contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser
escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a
través de los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través
de la acción de tutela.|| Diferente es el caso de la ostensible
aplicación indebida de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los
hechos quepan en ella, aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de
hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente
el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos
constitucionales fundamentales”[35]
Con base en los
anteriores argumentos, se concluye que la sentencia judicial incurre en defecto
fáctico cuando su motivación contradice, de manera abierta y ostensible, el régimen
jurídico que debe aplicar.  La actividad del juez de tutela, en este orden de
ideas, está limitada a verificar esa ruptura con el ordenamiento constitucional
o legal.  Así, la acción de tutela no puede constituirse en un escenario para
la evaluación acerca del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad
entre estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede
jurisdiccional.
7.5. Error
inducido, tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia”  que
se presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.  A este respecto, la Corte ha establecido que “Es posible
distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos
propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas
providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales.  Se
trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a
pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado,
actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha
realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.
En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del
debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no
lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros
órganos estatales.”[36]
Así, la jurisprudencia
ha identificado los dos presupuestos que deben cumplirse para que exista el
error inducido.  En primer lugar, debe demostrarse en el caso concreto que la
decisión judicial se ha basado en la apreciación de hechos o situaciones
jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos
constitucionales. En segundo término, debe demostrarse que esa violación
significa un perjuicio iusfundamental para las partes que intervienen en
el proceso judicial.[37]
7.6. Sentencia
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.  Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuento
no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la
sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que
sustenten lo decidido.  Es evidente que una exigencia de racionalidad mínima de
toda actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen inferir la
decisión correspondiente.  Cuando este ineludible presupuesto no puede
verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso.
7.7. Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[38]
7.8.  Violación
directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse
en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo
a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
Caso concreto
Comprobación
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales
8. Conforme a la
metodología propuesta por el precedente constitucional relativo a la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, corresponde a la
Corte estudiar, en primer lugar, si en el asunto de la referencia se cumplen
con los requisitos generales estudiados en el fundamento jurídico 6 de esta
decisión.
8.1 A ese
respecto se tiene, en primer lugar, que el problema jurídico puesto a
consideración por el BBVA Colombia tiene relevancia constitucional, pues
advierte que los presuntos errores en los que incurrió la Sala
Civil–Familia–Laboral del Tribunal Superior de Montería, centrados en la
indebida valoración probatoria y el desconocimiento de normas sustantivas
aplicables al caso, son de una entidad tal, que afectan el derecho al debido
proceso del demandante en el proceso ejecutivo.
8.2. En segundo
lugar, la Sala advierte que la sentencia atacada resolvió en segunda instancia
el proceso ejecutivo adelantado por BBVA Colombia, razón por la cual no es
posible presentar nuevos recursos ordinarios contra esa decisión.
Adicionalmente, aunque la decisión cuestionada es susceptible del recurso
extraordinario de revisión, contemplado por el artículo 379 del Código de
Procedimiento Civil, este instrumento no se muestra idóneo para resolver la
controversia jurídico–constitucional materia de la presente decisión.  En
efecto, las causales para la revisión de las sentencias ejecutoriadas, previstas
en el artículo 380 ejusdem[39] no permiten
que esas decisiones sean atacadas por la violación de normas constitucionales,
fundada en defectos fácticos o sustantivos como los argumentados en el presente
caso.  Por ende, habida consideración del carácter taxativo y estricto de esas
causales de revisión, el mecanismo se muestra del todo insuficiente para dar
respuesta a los asuntos planteados por la institución financiera accionante.
8.3. El
requisito de inmediatez también se encuentra acreditado en el caso.  Obsérvese
que entre la fecha en que se adoptó la sentencia de segunda instancia en el
proceso ejecutivo hipotecario y el momento en que se interpuso la acción de
tutela, existe un lapso cercano a los seis meses.  Dicho plazo se muestra
razonable, merced a que el citado proceso cursó fuera de la sede en que debería
instaurarse la acción, y que se encuentra de por medio el término de vacancia
judicial.
8.4. Los
defectos planteados por el BBVA Colombia son relevantes para la decisión del
caso.  A este respecto, la entidad actora sostiene que de no haber ocurrido las
falencias fácticas y sustantivas antes anotadas, se hubiera reconocido la
legitimidad de la misma como acreedor hipotecario, lo que implicaba continuar
adelante con la ejecución de las sumas adeudadas.  Además, las consideraciones
acerca de los citados defectos constitutivos de violación de derechos
fundamentales no pudieron alegarse al interior del proceso ejecutivo, puesto
que esas censuras se dirigen, precisamente, a razonamientos contenidos en la
sentencia de segunda instancia, la cual puso fin a dicho trámite.  Por lo
tanto, la Corte encuentra acreditados los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias, por lo que asumirá el análisis sobre
la comprobación, en la sentencia recurrida de las causales específicas
expuestas en el fundamento jurídico 7 de esta decisión.
Estudio sobre
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias
9. La acción de
tutela promovida por el BBVA Colombia contra la sentencia proferida el 26 de
noviembre de 2007 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería se estructura en tres presuntos defectos, que en
criterio de la entidad financiera accionante hacen al citado fallo incompatible
con los derechos fundamentales al debido proceso.  Estas cuestiones, de manera
simplificada, versan sobre los aspectos siguientes:
9.1.
El Tribunal incurrió en un error ostensible, al extender injustificadamente las
falencias comprobadas en relación con uno solo de los títulos ejecutivos
(pagaré 100160201), para después declarar probada la excepción de inexistencia
de título y del negocio subyacente, en relación con todos los pagarés.
9.2. La sentencia atacada también incurrió en yerro contrario a los
derechos fundamentales, cuando declaró probada la excepción de “falta de
entrega de los dineros”.  Ello debido a que desconoció las normas del
derecho comercial que regulan los principios de autonomía, literalidad e
incorporación de los títulos valores. Estas disposiciones, en criterio del BBVA
Colombia, tienen efectos concretos de “disciplina probatoria” en cuanto
a la oponibilidad de las excepciones derivadas del negocio causal, en el
sentido que imponían a los demandados la carga de la prueba a ese respecto. En
consecuencia, para el caso objeto de estudio (i) resultaba desacertado
desconocer esos principios, con base en un estudio, de carácter declarativo,
sobre el alcance del contrato de mutuo subyacente a los pagarés base de
ejecución; y, (ii) incluso si se aceptara ese análisis, existían en el
proceso pruebas fehacientes sobre el cumplimiento de ese negocio subyacente,
entre ellas declaraciones efectuados por los mismos demandados.
9.3. Por último, se imputa al Tribunal accionado que desconoció las
normas que determinan la ley de circulación de los títulos valores, a partir de
las cuales se concluía que el BBVA Colombia era el legítimo tenedor de los
pagarés base de la ejecución.  En tal sentido, los argumentos planteados en la
sentencia atacada, que desvirtúan la condición de acreedor cambiario de esa
institución financiera, fundados en la falta de continuidad de la cadena de
endosos, resultaban contrarios a lo preceptuado en dicha normatividad
mercantil.
Defecto sustantivo por la falta de congruencia entre las
consideraciones del fallo y la decisión adoptada
10.  En relación
con la primera de las censuras propuestas, la Sala advierte que se funda en
consideraciones de la sentencia atacada que tienen sentido múltiple y confuso,
lo cual lleva a cuestionar la armonía entre las motivaciones del fallo y las
declaraciones efectuadas en la parte resolutiva del mismo.  A este respecto, se
observa que en los fundamentos del fallo atacado, se efectuó un estudio extenso
acerca de las condiciones particulares del pagaré 100160201, el cual concluyó
que el título valor carecía de requisitos de índole sustancial (en especial
aquel relativo a exigir que el documento fuera presentado para el cobro
judicial en original) situación que lo tornaba inexistente para fines
cambiarios.  Esta circunstancia resultaba reforzada por la ausencia de soportes
sobre el cumplimiento del negocio subyacente a la expedición de los títulos
valores, aspecto que tendrá un análisis separado en esta decisión. Para
sustentar este aserto, la sentencia indicó lo siguiente:
“16. De otro lado, no puede ésta Sala, pasar por alto, sin
adentrarse al estudio minucioso y detallado de la situación jurídica y
probatoria del pagaré N° 100160201, de marzo 31 de 1997, por valor de
$517.060.000, crédito de comercio, y que, fuera aportada por el demandante BBV
BANCO GANADERO, el cual, si bien no se tuvo en cuenta al momento de resolver la
solicitud de ilegalidad, formulada por el apoderado de los demandados, por
considerar ésta Sala, que no era la etapa procesal oportuna, ello no es óbice,
para un pronunciamiento de fondo, en la sentencia, conforme lo ha sostenido
reiteradamente la jurisprudencia de la H. C. S. de J. y Consejo de Estado, pues
en tal etapa procesal, se puede reexaminar nuevamente (sic) el título valor.” (Folio 102 del cuaderno 1).
(…)
Así las cosas, efectivamente, la Sala advierte en ésta oportunidad (sic) que este documento objeto de recaudo “NO ES UN TÍTULO
VALOR”, en relación a que no fue creado y aportado conforme a las reglas que
gobiernan las normas de los títulos valores, expuestas antecedentemente, o en
su defecto está afectado de ineficacia liminar por inexistente, conforme lo
disponte el artículo 620 del C. de Co. y 897 ibid, al no haberse aportado en
original en su integridad. (sic) De contera, tampoco será título
ejecutivo y la acción adelantada con él, se torna irregular, por cuanto que  no
le está vedado al fallador, para revisar la segunda instancia, retroactivamente
los títulos valores y el proceso.” (Folios 105 a 106 del cuaderno 1).
(…)
Este documento al que nos venimos refiriendo, además de las
falencias probatorias de que adolece, demostrados (sic)
fehacientemente, con los dictámenes periciales que militan en el expediente
como título valor, su efectividad procesal queda truncada, en atención a que la
parte demandante BBVA BANCO GANADERO S.A. ¨no probó el negocio subyacente¨ o
fundamental de la entrega de los dineros a título de mutuo del cual dependía
éste. Esta afirmación jurídica, quedó plenamente demostrado, (sic) como
ya se anotó, con la prueba pericial complementaria de la practicada en este
proceso, reafirmadas con el otro dictamen pericial practicado para despejar los
interrogantes formulados en el escrito de OBJECIÓN POR ERROR GRAVE, del primer
dictamen, la que acoge en su integridad la Sala, si se tiene en cuenta, que las
objeciones no prosperan, y no pueden prosperar por cuanto que ambos dictámenes
hacen claridad sobre los puntos pedidos, y se complementan y clarifican todo y
cada uno de los puntos referentes a la objeción.” (Folio 106 ídem).
(…)
“En esta forma le queda claro a la Sala, la inexistencia y /o
ineficacia del documento a que nos venimos refiriendo, en atención a que éste
no nació a la vida jurídica, pues como ya se dijo, carece de toda clase de
soportes contables y comprobantes de la entrega del dinero.” (Folio 107 ídem).
(…)
“Siguiendo con el análisis a que nos
venimos refiriendo, podemos decir, que también queda claro para esta Sala, la
inexistencia y/o ineficacia de este documento, en atención a que no nació a la
vida jurídica, pues como se ha dicho y se reitera nuevamente, carece de toda
clase de soportes contables y de la entrega del dinero. Pues al hacer el
estudio de su texto y composición, la corporación establece, que está integrado
o compuesto por una amalgama y variedad de documentos que no corresponden a un
consecutivo común que identifique, que se trata de un mismo título valor, y lo
más grave aún, la hoja en que se imponen las firmas o rúbricas de los
suscriptores, se encuentran en una copia simple. Además, esta copia simple por
su parte, no fue dotada con las autenticaciones que hubieren podido hacerse y
que ha reconocido la jurisprudencia nacional. De otra parte, el BBVA Banco
Ganadero, tampoco acudió a los remedios legales antes de presentarlo para su
cobro, que consagra el artículo 802 del C. de Co. y el artículo 449 del C. de
P.C. que contempla las acciones de reposición, cancelación o reivindicación de
títulos valores.” (Folios 108 a 109 del cuaderno
1).
“En este orden de ideas, fuerza decir que este documento, no fue
aportado por el BBVA – BANCO GANADERO, con las formalidades requeridas en la
ley para su validez, ya que se torna ineficaz.” (Folio
111 del cuaderno 1).
11. Aunque estos
argumentos se dirigían unívocamente a demostrar que las censuras por
inexistencia se derivaban de la obligación cambiaria contenida en el pagaré 100160201,
los razonamientos del fallo adoptaron una dirección distinta, según la cual esa
misma característica era predicable de los demás títulos valores.  Ello sin que
se estableciera una razón que sustentara esa extensión.  Sobre el particular,
resulta ilustrativa la transcripción de los siguientes apartados de la decisión
del Tribunal:
“En el caso concreto, está probado
para esta Sala, la “inexistencia”, no sólo de los negocios causales, sino la de
los títulos valores, por la ineficacia ante la inexistencia del cumplimiento de
las formalidades sustanciales que quedaron analizados, sino también la
“ausencia” de los elementos esenciales aquí analizados específicamente y con
pleno respaldo probatorio.
Puestas en este punto las cosas, y aplicando a la especie en estudio
las premisas expuestas, la Sala concluye sin lugar a equivocarnos, que el BBVA
– BANCO GANADERO, no está legitimado por activa por una parte y en relación a
los pagarés cuyo endoso no demostró fuera ininterrumpida. De otra parte, que el
negocio jurídico subyacente está “viciado” en su estructura medular, al punto,
al punto que los documentos que le sirvieron de soporte, son ineficaces por
inexistentes, quedando al descubierto la prosperidad de las excepciones de
falta de legitimación en la causa del BBVA – BANCO GANADERO, así como la falta
de entrega de los dineros invocados en el contexto de la defensa presentada.” (Folios 112 a 113 del cuaderno 1).
Por ende, con
base en las consideraciones anotadas, la parte resolutiva de la sentencia decidió
declarar probada, de forma genérica, la excepción de “falta de
legitimación en la causa por activa – ineficacia del título valor por
inexistencia del mismo”, por lo que la misma se extendía a todos los
pagarés base de la ejecución.
12. Con base en
lo expuesto, la Sala concuerda con la argumentación expuesta por la Sala de Casación
Civil, cuando concluyó que la sentencia atacada incurre en error manifiesto al
extender las falencias probadas respecto de uno solo de los títulos valores a
los demás.  En efecto, la argumentación del Tribunal tiende a demostrar el
incumplimiento de requisitos sustanciales en lo que respecta al pagaré
100160201; sin embargo, de manera injustificada termina adscribiendo la
inexistencia del título a los demás documentos base de la ejecución.  Esto en
plena contradicción con otras consideraciones de índole probatoria, realizadas
en el mismo fallo, que aceptaron como ciertas las observaciones efectuadas en
los dictámenes periciales, los cuales fueron unívocos en afirmar la
incorporación al proceso –en documento original–, de los demás pagarés.[40]
Y es con base en esta errónea motivación que el Tribunal decide, en la parte resolutiva
de la sentencia recurrida, declarar probada la excepción de inexistencia del
título, sin restringirla al pagaré 100160201.
En ese sentido,
se está ante un defecto sustantivo en la sentencia atacada, consistente en la
contradicción entre la parte motiva (que circunscribió los citados defectos al
pagaré 100160201) y la parte resolutiva (que declaró probada la excepción de
inexistencia del título para todos los pagarés).  Esta circunstancia impone
concluir que la decisión analizada vulneró el derecho al debido proceso, en
tanto desconoce criterios de racionalidad mínima, entre ellos la necesidad de que
exista consonancia entre las consideraciones que fundamentan la decisión
judicial y lo efectivamente resuelto por el juez, lo cual se traduce, además,
en el desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia,
pues la impartida en esas condiciones riñe con el “deber ser”.
13.  Empero,
debe la Sala pronunciarse acerca de la objeción que a este respecto propone la
Sala de Casación Laboral, en el fallo de tutela de segunda instancia.  En
criterio de esa Corporación, la contradicción expresada no podía colegirse del
fallo atacado, puesto que a partir del análisis conjunto de los argumentos
expresados por el Tribunal, era viable concluir que ese juez colegiado hizo un
análisis separado de los demás pagarés, de los cuales derivó su inexistencia
a partir de las enmendaduras presentadas en las operaciones de
redescuento.  En ese sentido, no concurría para el caso falta de congruencia
entre las motivaciones y la parte resolutiva del fallo.  En cambio, una
conclusión de esa naturaleza estaba basada en una cita descontextualizada de
los argumentos que tuvo en cuenta el Tribunal para adoptar la decisión antes
comentada.
Para la Sala, el
argumento planteado por el juez de tutela de segunda instancia tiene su origen en
las evidentes falencias de la argumentación expresada en la sentencia cuestionada,
las cuales dificultan en grado sumo la posibilidad de identificar los
argumentos que dieron lugar a la decisión finalmente adoptada por el Tribunal.
En efecto, de la lectura de la misma es viable concluir que los
cuestionamientos basados en la interrupción de la cadena de endosos y las
enmendaduras de los mismos, están dirigidos a probar la excepción de falta de
legitimación por activa del BBVA Colombia.  A ese respecto, la sentencia indica
que los errores y enmendaduras en los endosos derivados de las operaciones de
redescuento “…, nos llevan a concluir en el presente caso, que ha quedado al
descubierto que la parte ejecutante BBVA–BANCO GANADERO, no acreditó las sumas
de dinero que dice haber entregado a título de mutuo y tampoco fue diligente en
la suscripción y materialización de los “actos cambiarios” (endosos) que debió
haber cumplido para poder legitimarse en legal forma tal como se dijo, para la
prosperidad de sus pretensiones. || Pues bien, queda entonces claro que
la “relación contractual” analizada se trunca por las deficiencias de que
adolecen los títulos en sus textos, anexos (operación de redescuento con
enmendaduras) y sobre todo, no se verificó que la “cadena de endoso” fuera
ininterrumpida, afectando no sólo la circulación válida de los títulos valores,
sino también para “legitimarse” conforme lo ordena perentoriamente el artículo
661 del Código de Comercio, para poder acceder al amparo judicial deprecado.”[41]
Hasta aquí puede
considerarse que la argumentación estaba dirigida a demostrar los elementos
fácticos que sustentan la falta de legitimación en la causa del BBVA Colombia.
No obstante, a renglón seguido y sin ninguna fórmula que permitiera vincular
los argumentos, el Tribunal hace referencia a aspectos distintos, pero ahora relacionados
con la inexistencia de los títulos valores.  Así, indica que “[e]n
el caso concreto, está probado para esta Sala, la “inexistencia”, no sólo de
los negocios causales, sino la de los títulos valores, por la ineficacia ante
la inexistencia del cumplimiento de las formalidades sustanciales que quedaron
analizados, sino también la “ausencia” de los elementos esenciales aquí
analizados específicamente y con pleno respaldo probatorio.”[42]
No obstante, concluye la motivación volviendo a aspectos propios de la
legitimación en la causa por activa, al señalar que “Puestas en este punto
las cosas, y aplicando a la especie en estudio las premisas expuestas, la Sala
concluye sin lugar a equivocarnos, que el BBVA – BANCO GANADERO, no está
legitimado por activa por una parte y en relación a los pagarés cuyo endoso no
demostró fuera ininterrumpida.”[43]
Con base en lo
expuesto, la Corte considera que el razonamiento expresado por el Tribunal
resulta anfibológico, situación que explica que distintos intérpretes del fallo
adopten posiciones opuestas en relación con lo que consideran que es su cabal
entendimiento.  Es precisamente esa grave dificultad de la decisión judicial la
que estructura el defecto sustantivo, en los términos expresados anteriormente.
Por último, es importante anotar que, incluso si aceptara la interpretación
expresada por la Sala de Casación Laboral, tal alternativa deja sin solucionar
la evidente contradicción entre las consideraciones del fallo y la parte
resolutiva del mismo, la cual es unívoca en sostener que la excepción de
inexistencia del título se predica de todos los documentos base de la
ejecución.  Por ende, subsisten las razones que dan lugar a concluir que la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Montería incurre en defecto
sustantivo, derivado de la incongruencia entre las motivaciones del fallo y la
decisión adoptada, circunstancia arquetípica de violación del derecho
fundamental al debido proceso.
Defecto sustantivo
y fáctico, derivado de la oponibilidad del negocio subyacente como causal para
negar la legitimación en la causa por activa
14.  El segundo aspecto
objeto de censura, se refiere al presunto defecto fáctico y sustantivo en que
incurre la sentencia al negar la condición de acreedor cambiario del BBVA
Colombia, a partir de análisis fundados en el contenido y alcance del negocio
causal.  Para resolver este aspecto, a juicio de la Sala, resulta esencial
enmarcar el problema jurídico propuesto dentro del marco legal y procedimental
que le resulta aplicable, en especial lo que respecta a los principios
generales que el ordenamiento mercantil le confiere a los títulos valores y la
incidencia de estos en la carga probatoria exigida al interior de los procesos
de ejecución.  Ello con el fin de determinar si, como lo sostiene el
accionante, la actuación adelantada por el Tribunal demandado desconoció las
normas legales aplicables al caso y los efectos de “disciplina probatoria” que
estas imponen. A este respecto, debe aclararse que en razón del carácter
restringido y excepcional de la acción de tutela contra sentencias, no
corresponde al juez constitucional reabrir el debate probatorio o de
interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el caso.  En
cambio, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del fallo,
que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.  Bajo esta premisa,
el estudio de la Sala se limita a aquellos aspectos sustantivos generales, imprescindibles
para evidenciar si la sentencia cuestionada incurre en tales yerros evidentes.
15. El artículo
619 del Código de Comercio define los títulos valores como los “documentos
necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en
ellos se incorpora”.  A partir de esa definición legal, la doctrina
mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de los títulos
valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía.
La incorporación
significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un
derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del
título y conforme a la ley de circulación que se predique del título en razón
de su naturaleza (al portador, nominativo o a la orden).  En otras palabras, la
incorporación es una manifestación de la convención legal, de acuerdo con la
cual existe un vínculo inescindible entre el crédito y el documento
constitutivo de título valor.  Esto implica que la transferencia, circulación y
exigibilidad de ese derecho de crédito exija, en todos los casos, la tenencia
material del documento que constituye título cambiario.  Es por esto que la
doctrina especializada sostiene que el derecho de crédito incorporado al título
valor tiene naturaleza cartular, pues no puede desprenderse del
documento correspondiente.
La literalidad,
en cambio, está relacionada con la condición que tiene el título valor para enmarcar
el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado.  Por ende,
serán esas condiciones literales las que definan el contenido crediticio del
título valor, sin que resulten oponibles aquellas declaraciones extracartulares,
que no consten en el cuerpo del mismo.  Esta característica responde a la
índole negociable que el ordenamiento jurídico mercantil confiere a los títulos
valores.  Así, lo que pretende la normatividad es que esos títulos, en sí
mismos considerados, expresen a plenitud el derecho de crédito en ellos
incorporados, de forma tal que en condiciones de seguridad y certeza jurídica,
sirvan de instrumentos para transferir tales obligaciones, con absoluta
prescindencia de otros documentos o convenciones distintos al título mismo.   En
consonancia con esta afirmación, el artículo 626 del Código de Comercio
sostiene que el “suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor
literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia”.
Ello implica que el contenido de la obligación crediticia corresponde a la
delimitación que de la misma haya previsto el título valor que la incorpora.
Esto implica que
las características y condiciones del negocio subyacente no afectan el
contenido del derecho de crédito incorporado al título valor.  Ello, por
supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de que entre el titular del mismo y
el deudor –y solamente entre esas partes, lo que excluye a los demás tenedores
de  buena fe– puedan alegarse las excepciones personales o derivadas del
negocio causal.  Empero, esto no conlleva que las consideraciones propias de
ese tipo de contratos o convenciones incidan en la literalidad del crédito que
contiene el título valor.  A este respecto, la jurisprudencia de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, intérprete judicial autorizado
de las normas legales del derecho mercantil, enseña que “[l]a
literalidad, en particular, determina la dimensión de los derechos y las
obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al tenedor atenerse a
los términos del documento, sin que, por regla general, puedan oponérsele
excepciones distintas a las que de él surjan.  Es de ver, con todo, que por
cuanto la consagración de la literalidad es una garantía para quien desconoce
los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los
convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su
circulación, es obvio que ella está consagrada exclusivamente en beneficio de
los terceros tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar
el fraude en las relaciones cambiarias.”[44]
La legitimación
es una característica propia del título valor, según la cual el tenedor del
mismo se encuentra jurídicamente habilitado para exigir, judicial o
extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación crediticia contenida en el
documento, conforme a las condiciones de literalidad e incorporación antes
descritas.  Por lo tanto, cuando el tenedor exhibe el título valor al deudor
cambiario y, además, ha cumplido con la ley de circulación predicable del
mismo, queda revestido de todas las facultades destinadas al cobro del derecho
de crédito correspondiente.
En consonancia
con lo expuesto, la Sala de Casación Civil ha establecido que “… el poseedor
del título, amparado por la apariencia de titularidad que le proporciona la
circunstancia de ser su tenedor en debida forma, está facultado, frente a la
persona que se obligó a través de la suscripción, para exigirle el cumplimiento
de lo debido.”[45] Apoyada
en doctrina especializada sobre el tópico, la misma corporación consideró que “la
legitimación es la situación en que, con un grado mayor o menor de fuerza el
derecho objetivo atribuye a una persona, con cierta verosimilitud, el trato de
acreedor y ello no sólo a efectos de prueba, sino de efectiva realización del
derecho.  La legitimación consiste, pues, en la posibilidad de que se ejercite
el derecho por el tenedor, aun cuando no sea en realidad el titular jurídico
del derecho conforme a las normas del derecho común; equivale, por
consiguiente, a un abandono de cualquier investigación que pudiera realizarse
sobre la pertenencia del derecho.”[46]
Por último, el
principio de autonomía versa sobre el ejercicio independiente del derecho
incorporado en el título valor, por parte de su tenedor legítimo.  Ello implica
(i) la posibilidad de transmitir el título a través del mecanismo de
endoso; y (ii) el carácter autónomo del derecho que recibe el endosatario
por parte de ese tenedor. Sobre la materia, la jurisprudencia de la Sala de Casación
Civil prevé que “…[e]n definitiva, las dos notas características y
esenciales de los títulos en sus distintas formas son: el título sirve para
transferir el crédito incorporado, es decir para hacer adquirir el derecho del ‘tradens’
al ‘accipiens’ con eficacia respecto a los terceros y particularmente
respecto al deudor.  En los títulos se sustituye la notificación propia de la
cesión ordinaria por la tradición del documento – sola o acompañada del endoso
o de la inscripción –, y el título tiene la particular de hacer adquirir al accipiens
de buena fe el derecho incorporado, aunque no perteneciese al cedente.  Este
segundo carácter se suele expresar con la fórmula de atribución “al
poseedor de un derecho autónomo frente al emitente”. En el conflicto de
intereses entre el deudor o emitente y el adquirente de buena fe, la ley
favorece a este último con base en el principio de derecho: ‘quien emite un
título forma un aparato que genera la apariencia de su obligación; las
exigencia de la circulación determinan que el riesgo de esta conducta pese
sobre sus hombros.”[47]
A su vez, estas
consideraciones resultan armónicas con lo preceptuado por el artículo 627 del
Código de Comercio, el cual dispone que “Todo suscriptor de un título valor
se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de
alguno o algunos de los signatarios, no afectarán las obligaciones de los
demás”.
16. Los
principios anotados tienen incidencia directa en las particularidades propias
de los procesos judiciales de ejecución.  En efecto, estos procedimientos
parten de la exhibición ante la jurisdicción civil de un título ejecutivo,
esto es, la obligación clara, expresa y exigible, contenida en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y que constituyan plena prueba contra él
(Art. 488 C. de P.C.). Por ende, los títulos valores, revestidos de las
condiciones de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía,
constituyen títulos ejecutivos por antonomasia, en tanto contienen obligaciones
cartulares, que en sí mismas consideradas conforman prueba suficiente
de la existencia del derecho de crédito y, en consecuencia, de la
exigibilidad judicial del mismo.
Bajo está lógica
el artículo 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad de la acción
cambiaria a favor del tenedor legítimo del título valor, para que pueda reclamar
el pago del importe del título, los intereses moratorios desde el día del
vencimiento, los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia de una
plaza a otra, si a ello hubiera lugar.  A su vez, habida consideración de las características
particulares de los títulos valores, la normatividad mercantil establece un
listado taxativo de excepciones que pueda oponer el demandado al ejercicio de
la acción cambiaria, contenido en el artículo 784 ejusdem.[48]
Para el asunto
de la referencia, es importante recabar en la causal de oposición a la acción
cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o
transferencia del título.  Este mecanismo de defensa del deudor cambiario se
aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad,
incorporación y autonomía del título valor, basada en la existencia de
convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales
enervan la posibilidad de exigir la obligación, en los términos del artículo
782 del Código de Comercio.
Es evidente que
la prosperidad de la excepción fundada en el negocio causal o subyacente tiene
efectos directos en la distribución de la carga probatoria en el proceso
ejecutivo: si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio
subyacente, le corresponderá probar (i) las características particulares
del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado
de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo
y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor.
Como se indicó en el fundamento jurídico 15 de esta decisión, los principios de
los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la
certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad
que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple
entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación.  En
consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación
cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve
afectada por las particularidades del negocio subyacente.  Así, toda la carga
de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la
excepción.
17. Para el caso
propuesto, el Tribunal accionado consideró probada la excepción de “dinero
no entregado” a partir de tres argumentos definidos: (i) las
consideraciones expuestas en los dictámenes periciales practicados en el
proceso y solicitados por las partes, que a juicio del juez colegiado
demostraron la ausencia de desembolso del crédito;  (ii) los efectos de
la confesión ficta o presunta del BBVA Colombia, derivada de su inasistencia al
interrogatorio de parte pedido por los demandados; y (iii) la
imposibilidad de que los demandados probaran la falta de desembolso de las
sumas entregadas en mutuo, al considerarla como una negación indefinida.
En cuanto a lo
primero, la Sala observa que la conclusión expuesta por el Tribunal se origina
en una valoración probatoria contraevidente.  Ello debido a que los dictámenes
periciales que sirvieron de base para declarar probada la excepción, tienen
menciones expresas acerca de la acreditación de los desembolsos.  Además,
concurren en el proceso ejecutivo otros medios de prueba que demuestran que
tales desembolsos fueron efectivamente llevados a cabo.  Esto al margen de la
aportación de títulos valores aceptados por los demandados por su firma.
La contradicción
entre las conclusiones del Tribunal y lo declarado en los dictámenes
periciales, se demuestra a partir de la lectura de las experticias, transcritas
en su integridad en el fallo atacado. Así, se destacan de los dictámenes los
siguientes apartados, todos ellos incorporados como parte de la decisión del
Tribunal:
17.1 Para el
caso del pagaré 93867-9, el primer dictamen indica que “el desembolso fue
realizado el 28 de abril de 1994, según extracto bancario por valor de
$98.970.000, menos $1.030.000, correspondiente a Asistencia Técnica.”[49]
Respecto al pagaré 94199-8, el mismo experticio indica que “el
desembolso fue realizado el 6 de octubre de 1995, según extracto bancario por
valor de $99.280.000., menos $720.000, correspondiente a Asistencia Técnica.”[50]
Similares conclusiones son expresadas en relación con el pagaré 94281-1,
pues el dictamen sostiene que “el desembolso fue realizado el 23 de mayo
de 1996, según extracto bancario por valor de $150.000.000”. [51]
(Subrayas de la Corte).
En relación con
los pagarés 1001160201, 93725-7 y 93512-2 no se hacen comprobaciones en el
dictamen pericial acerca de su desembolso.  Por ende, el experticio concluye
que “no se verificó el desembolso de los Pagarés Nos. 93512-2 y 93725-7 por
ausencia de los extractos correspondientes a marzo de 1992 y abril de 1993, en
donde se debió cargar la correspondiente Nota Crédito y del pagaré No.
100160201, por cuanto existen los extractos, más no existen las Notas Créditos
y/o débitos, en donde se abona el dinero a la cuenta corriente del cliente.” Empero,
en el mismo dictamen se realizan algunas observaciones, que permiten presumir
el desembolso, a pesar de la ausencia de las citadas notas crédito y débito en
los extractos bancarios.  Así, para el caso particular del pagaré 100160201, el
dictamen indica que “nos presentan (sic) algunos soportes como notas
débito y créditos (sic) que no aparecen contabilizadas en el extracto
correspondiente.”[52] Por
ende, aunque las operaciones no constan en los extractos, el dictamen pericial
pudo evidenciar que existían notas débito y crédito derivadas del pagaré, las
cuales no pueden fluir de un fenómeno distinto que del desembolso de las sumas
dadas en mutuo. A su vez, respecto al pagaré 93725-7, se indica en el
dictamen que “el pagaré tiene los siguientes soportes: Declaración y pago
del Impuesto de Timbre por valor de $350.000,(…) Relación de pagos
recibidos del Banco Ganadero, de fecha abril 23/98, en original. Folio No. 37,
Relación de pagos recibidos del Banco Ganadero de fecha Noviembre 11/98, en
original, folio No. 20.”[53] Respecto
al pagaré 93512-2 se hace una consideración similar en el dictamen, el cual
señala que “el pagaré tiene los siguientes soportes: Declaración y pago del
Impuesto de Timbre por valor de $190.000., (…) Relación de pagos
recibidos  del Banco Ganadero, de fecha 22 de abril/98, folio No. 35, en
original.”[54]
Cada una de
estas afirmaciones permite inferir, con facilidad, que el desembolso fue
realizado. Ello en tanto atentaría contra el más elemental sentido común y, por
ende, con las reglas de la sana crítica, que el deudor pague los estipendios
pactados en el pagaré sin que se haya desembolsado la suma objeto del contrato
de mutuo.
17.2.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que existen otros elementos
probatorios en el proceso ejecutivo que permiten demostrar el desembolso de las
sumas que motivaron la suscripción de los distintos pagarés, entre ellos la
confesión de los demandados a ese respecto.  Sobre el particular, resultan
ilustrativas las consideraciones efectuadas por la propia apoderada de los
demandados Emiro Barguil Banda, Neyda Rosa Hernández Banda y la Sociedad
Inmobiliaria Cubillos Ltda., quienes, por medio de ella, alegaron la novación
de la obligación, en razón de “la nueva obligación [que] surgió para la
CAJA AGRARIA, extinguiendo la que existía, hasta la fecha que se novó”[55]
Así mismo, los demandados defienden la existencia de la excepción de vicio
del consentimiento, en razón a que “del análisis del presente proceso se
deduce esta excepción pues el pagaré es suscrito como un aparente alivio para
obtener la continuidad como deudor NO MOROSO, se suscribe un mutuo en el cual
JAMÁS se da la ENTREGA, sino que en una forma ingenua se acepta el
acrecimiento de la obligación primigenia, cuando la literalidad se ha prohibido
los intereses sobre intereses (sic)”[56]
De igual manera, fueron planteadas las excepciones de causa ilícita y
dinero no entregado.  La primera, fundada en que “es una excepción propia de
los créditos FINAGRO. – porque la ley los ha instituido para AYUDAR AL
DESARROLLO DEL AGRO COLOMBIANO, pero el intermediario financiero en una abierta
y descarada violación a la ley los desvía, y los convierte en RECAUDO DE
CARTERA, lo que genera una improductividad agrícola acumulativa no obstante
estar el país generando CAPITAL DE TRABAJO, aquí el banco ganadero, viola la
ley y hace del crédito FINAGRO, un recaudo siendo entonces ilícito lo que lleva
a la ejecución cartular del contrato.” (Mayúsculas originales).[57]
El segundo, que para los demandados se complementaba con la anterior,
puesto que “al AUTOABONARSE el BANCO GANADERO, el dinero destinado a la
producción agrícola, se da con toda claridad esta excepción de ley.”[58]
La lectura de
estos argumentos exceptivos demuestra que los mismos demandados parten de la
base del desembolso efectivo del dinero objeto del contrato de mutuo y, a
partir de esa comprobación, cuestionan diversos aspectos, entre ellos la
existencia de otras obligaciones y la destinación de dichas sumas a finalidades
distintas del fomento de la producción agraria.  Estas consideraciones debieron
ser tenidas en cuenta por el Tribunal, en tanto contrastaban con las
conclusiones acerca de la falta de desembolso, pero en forma inexplicable, no
fueron hechas por el juez ad quem.  Esta acción fue omitida, lo que
involucra un error grave en materia de valoración probatoria.
18.  El segundo
aspecto en el que se fundó el Tribunal para considerar probada la excepción de “dinero
no entregado” fue, los efectos de la confesión ficta o presunta de que
trata el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil.  Para el juez
colegiado, del hecho que el representante del BBVA Colombia no hubiera asistido
a la diligencia de interrogatorio de parte, se concluye que debe tenerse por
cierta la falta de desembolso de las sumas objeto del contrato de mutuo.
Acerca de esta
argumentación del Tribunal, precisa la ley en la norma aludida, que la no
comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder o las
respuestas evasivas, hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de
confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles,
contenidas en el interrogatorio escrito.  Acerca de los efectos de esta
presunción, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se circunscriben a
aquellas denominadas legales o juris tantum, esto es, que admiten
prueba en contrario. Por lo tanto, las consecuencias de la confesión ficta
deberán evaluarse a la luz de la totalidad de medios de prueba que concurran en
el proceso respectivo, de manera que se incurrirá en una decisión judicial
arbitraria y contraria al derecho fundamental al debido proceso, cuando se
reconozcan las consecuencias de ese fenómeno procesal sin valorar otras
comprobaciones fácticas dentro del proceso, aptas para desvirtuar la presunción.
Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, al analizar la
constitucionalidad del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, estimó
lo siguiente:
“Una de esas consecuencias, consagrada en la ley procesal civil, es
la presunción de que quien no asista injustificadamente a contestar un
interrogatorio de parte, o asistiendo se muestre renuente, confiesa los hechos
sobre los cuales iba a ser interrogado, en el caso de preguntas asertivas
admisibles, (si el interrogatorio incluye preguntas que impliquen
responsabilidad penal, el juez deberá formularlas sin juramento y previniendo
al interrogado en el sentido de que no está obligado a responderlas, art. 207
C.P.C); otra, es la calificación por parte del juez, como indicios graves en
contra de quien incurra en esas conductas, si se trata de hechos no
susceptibles de confesión; tales consecuencias en nada afectan el núcleo
esencial del derecho a la defensa de los individuos, pues ellas no implican que
se les impida a dichos sujetos o a las partes interesadas, durante el resto del
proceso, desvirtuar los hechos presuntamente confesados o los indicios en su
contra, aportando las pruebas pertinentes, o que si existen en el mismo pruebas
o indicios que conduzcan al juez a la convicción en sentido contrario, éste los
desconozca, situación que si vulneraría el aludido derecho fundamental cuya
protección consagra el artículo 29 de la Constitución Política.”[59]
(Subrayas fuera de texto).
Para el asunto
de la referencia, es evidente que el Tribunal incurrió en afectación del
derecho al debido proceso, identificada por la Corte en el aparte
jurisprudencial transcrito. En efecto, como se demostró en los fundamentos
jurídicos precedentes, los dictámenes periciales y las afirmaciones realizadas
por los demandados al momento de cuestionar el mandamiento ejecutivo,
configuraban prueba suficiente sobre los desembolsos de los créditos efectuados
por el BBVA Colombia.  Así, resultaba contrario a las garantías
constitucionales que informan los procesos judiciales que el Tribunal hiciera
caso omiso de ese material probatorio y diera por acreditados los efectos de la
confesión ficta.  Esta errónea valoración probatoria permite concluir a la
Corte que, sobre esta materia, la sentencia atacada incurrió en defecto fáctico
por error manifiesto en la apreciación de las pruebas practicadas en el trámite
ejecutivo.
Esta conclusión
fluye al margen de la prueba nula de pleno derecho que surge de haber violado
el Tribunal el artículo 210 precitado, cuando sin cuestionario escrito
previamente valorado para calificar las preguntas admisibles o inadmisibles,
sorprendió a las partes con la ilegal ponderación ya reseñada.
19. Queda por
analizar en ese apartado la argumentación expuesta por el Tribunal, en el
sentido de considerar que los demandados estaban eximidos de probar la falta de
desembolso de las sumas objeto del contrato de mutuo, puesto que se trataba de
una negación indefinida.  Sobre de este asunto, la Corte advierte que la
interpretación planteada se muestra en extremo problemática, contrastada con (i)
los efectos que, en materia de carga de la prueba, se derivan de los
principios de literalidad, incorporación y autonomía de los títulos valores; y (ii)
las particularidades del recaudo probatorio en el proceso ejecutivo fallado
en segunda instancia por el Tribunal accionado.
19.1. En cuanto
a lo primero, la Sala recuerda que, conforme a los razonamientos expuestos en
el fundamento jurídico 16 de este fallo, si el deudor decide presentar
excepciones en contra del mandamiento ejecutivo, fundadas en asuntos derivados
del negocio subyacente, tiene la carga de probar cómo esos asuntos inciden en
la exigibilidad del crédito incorporado al título valor.  Ello por una razón
simple: la obligación crediticia está contenida en el título valor de forma
autónoma y literal, por lo que, prima facie, faculta al acreedor
cambiario para exigir su pago al deudor.  Considerar lo contrario, esto es, que
la simple declaración del deudor sobre el no pago del importe lo exime de
probar la incidencia del negocio subyacente en la exigibilidad de las
obligaciones del título valor, trasladándose dicha carga al acreedor,
desconocería la naturaleza jurídica esencial de la acción cambiaria.  En
efecto, esta acción parte de reconocer la existencia de un documento que
incorpora autónomamente un derecho de crédito –título valor– que resulta
exigible por parte de su tenedor legítimo en contra del obligado cambiario.
Por ende, la exhibición del título, aunada al cumplimiento de la ley de
circulación, son suficientes para lograr la exigibilidad de la obligación cartular.
Si se llegare a concluir que es al acreedor al que le corresponde probar el
perfeccionamiento del negocio subyacente, ya no podría predicarse la existencia
de un proceso de ejecución, sino de uno de carácter declarativo.  Profundo
desquiciamiento de la naturaleza jurídica de los procesos y de la noción de lo
que es una negación indefinida, como adelante explicará la Corte.
A pesar de estas
consideraciones, sustentadas en claros mandatos de la legislación mercantil y
procesal civil, el Tribunal demandado decidió adoptar una vía distinta,
consistente en (i) desconocer el carácter literal y autónomo de las
obligaciones contenidas en los pagarés base de la ejecución; y, con base en
ello (ii) crear una requisito procesal no previsto en la normatividad
aplicable, consistente en que el acreedor cambiario tiene la carga de la
prueba, dentro del proceso ejecutivo, de demostrar el negocio subyacente a la
obligación cambiaria. Esta alternativa contradice, sin duda alguna, las reglas
jurídicas que regulan la acción cambiaria. Por lo tanto, involucra un defecto
sustantivo de la sentencia recurrida, que la hace incompatible con el derecho
fundamental al debido proceso y al derecho de acceso a la administración de
justicia.
19.2. En cuanto
al segundo aspecto, debe resaltarse que, como lo ha definido la doctrina, las
negaciones indefinidas corresponden a aquellas de carácter sustancial o
absoluto, esto es, que se basan en la nada y que no implican, por lo tanto,
ninguna afirmación opuesta, indirecta o implícitamente (p.e. nunca he tenido
una propiedad inmueble). Igualmente, constituyen negaciones indefinidas (i)
las de carácter formal, ilimitadas en el tiempo o en el espacio, que
contienen una afirmación igualmente ilimitada en estos aspectos (p.e. en mi
familia nunca ha existido un discapacitado); y (ii) las formales
que, a pesar de estar limitadas en tiempo y espacio, contienen implícita una
afirmación indefinida no susceptible de probarse (p.e. durante mi vida no he
cometido delitos).[60]
Para el evento
propuesto, pudiera considerarse en gracia de discusión que la afirmación acerca
de no haber recibido el desembolso del crédito está incluida en las hipótesis
de negación indefinida, pero militan al menos tres razones principales que imponen
desestimar esa conclusión: En primer lugar, tratándose de títulos valores, los
principios de incorporación, literalidad y autonomía demuestran prima facie la
existencia y validez del derecho de crédito representado en el título, por lo
que la negación acerca del desembolso contradeciría dichas características.  En
segundo término, para el caso estudiado no existe tal negación, sino que, antes
bien, los demandados reconocieron el desembolso y a partir de esa comprobación
edificaron las distintas excepciones en contra del mandamiento ejecutivo.  Por
último, la supuesta negación de los demandados sí era susceptible de probarse,
tal y como lo expuso al Tribunal al analizar el contenido de los dictámenes
periciales para concluir –de manera errónea, como ya se demostró– que los desembolsos
no habían sido llevados a cabo.  Teóricamente una negación indefinida excluye
cualquier factor de eventual determinación; referirse a los títulos valores, ya
es un circunstancia específica que repele lo dicho por el Tribunal.
20.  Con base en
las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la decisión del Tribunal,
consistente en declarar probada la excepción de “dinero no entregado” constituye
grave defecto fáctico y sustantivo.  El yerro fáctico se deriva de la falta de
valoración de los dictámenes periciales y de las afirmaciones realizadas por
los demandados, al presentar excepciones de mérito contra el mandamiento
ejecutivo, que permitían concluir que los desembolsos sí se habían efectuado.
El error de naturaleza sustantiva consistió en exigir al acreedor la prueba
acerca del perfeccionamiento del negocio subyacente como requisito para obtener
su exigibilidad judicial, puesto que un razonamiento de esas características
desconoce tanto la naturaleza jurídica de los títulos valores, comprendidos
como instrumentos literales y autónomos que incorporan un derecho de crédito,
como las reglas procedimentales sobre carga de la prueba en los procesos
ejecutivos.  En consecuencia, estas graves falencias del fallo atacado lo hacen
incompatible con el derecho al debido proceso.
Defecto
sustantivo derivado de la oponibilidad de las operaciones de redescuento como
factor para negar la legitimación en la causa por activa
21. Como se
describió en el fundamento jurídico 9.3., el tercer defecto del fallo atacado
que alega el BBVA Colombia, versa sobre las presuntas deficiencias del fallo,
en tanto concluye que los pagarés base de la ejecución no cumplen con el
requisito de la continuidad de la cadena de endosos, exigido por el artículo
661 del Código de Comercio para la legitimación del tenedor del título valor.
El argumento defendido por el Tribunal consiste en considerar que entre el BBVA
Colombia y Finagro, representado por el Banco de la República, existieron varias
operaciones de redescuento, materializadas a través de endosos en propiedad de
los pagarés base de la ejecución.  Empero, no se acreditó uno de los endosos de
la entidad financiera a Finagro, como paso previo al endoso de Finagro al BBVA
Colombia, para que este pudiera exigir judicialmente la obligación.  Por ende,
se había interrumpido la cadena de endosos y, en consecuencia, el Banco citado
carecía de legitimación en la causa por activa para iniciar el juicio
ejecutivo.  De otro lado, sostiene que varias de esas operaciones de
redescuento presentan enmendaduras, como se comprobó a través de los dictámenes
periciales, lo que refuerza la tesis de la falta de legitimación antes citada.
22. El primer
aspecto que debe dilucidarse es la naturaleza jurídica de las operaciones de
redescuento.  Sobre el particular, se tiene el artículo 227 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, que instituye al Fondo para el Financiamiento
del Sector Agropecuario –Finagro-, como un organismo cuyo objetivo es “la
financiación de las actividades de producción en sus distintas fases y
comercialización del sector agropecuario, a través de redescuento de las
operaciones que hagan las entidades pertenecientes al sistema nacional de
crédito agropecuario u otras instituciones bancarias, financieras, fiduciarias
y cooperativas, debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, o
mediante la celebración de convenios con tales instituciones, en los cuales se
podrá pactar que el riesgo sea compartido entre Finagro y la entidad que accede
al redescuento.”
Los contratos de
descuento y de redescuento, como lo ha dilucidado la doctrina,[61]
son operaciones propias de los establecimientos financieros, que en búsqueda de
la liquidez necesaria para su giro comercial, endosan en propiedad títulos
valores a otras entidades – autorizadas legalmente para ello, como es el caso
del Banco de la República[62] o Finagro –, a fin de
recibir en contraprestación el pago al contado del importe de los mismos.  Así,
como lo explica la misma doctrina, “se concibe, entonces, que el banco
comercial descuente títulos en el Banco Central, eso es, obtenga una suma de
dinero con base en la transferencia, en determinadas condiciones, de títulos
otorgados a su favor (pagarés) o endosados por sus clientes (letras de cambio),
como consecuencia, en este caso, de un contrato de descuento celebrado con
éstos.  En el primer caso debería decirse técnicamente que el banco comercial
lleva a cabo una operación de descuento con el Banco Central y, en el segundo, una
de redescuento, si bien en la práctica y para distinguirlo del contrato activo
que celebran los bancos con sus clientes, la doctrina utiliza la expresión
última para cubrir ambas hipótesis”[63]
Como se observa,
las operaciones de redescuento –que engloban tanto el contrato de descuento
como el de redescuento–, consisten en convenciones entre la entidad financiera
privada y la entidad autorizada para efectuar esas operaciones, con el ánimo de
obtener liquidez a favor de aquella.  El endoso de los títulos valores, en ese
sentido, opera como una garantía respecto del pago de las sumas correspondientes.
23.  En el caso
objeto de análisis, la Corte concuerda con los argumentos expresados por la
Sala de Casación Civil, en el sentido de que las controversias acerca de las
operaciones de redescuento entre Finagro y el BBVA Colombia, resultan
impertinentes para declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa.  Esto debido a que, conforme a la ley de circulación de los
títulos valores a la orden, dicha institución financiera era el tenedor
legítimo de los pagarés base de la ejecución, por lo que estaba habilitada para
exigir su pago por la vía judicial.   Por lo tanto, la decisión del Tribunal,
que llega al extremo de negar la existencia misma del título valor, se fundó en
el abierto desconocimiento de las normas comerciales que regulan el endoso,
como pasa a explicarse.
23.1. Según se
advierte de las definiciones antes expuestas, el redescuento constituye una
operación financiera atípica, que involucra a los establecimientos de crédito y
a las instituciones autorizadas legalmente para redescontar, cuyo único objetivo
es facilitar la consecución de recursos de liquidez.  En este escenario, los
títulos valores endosados constituyen apenas una garantía para el retorno de
dichos recursos a quien los facilitó.  Por ello, no resulta jurídicamente
viable sostener que aspectos propios de las operaciones de redescuento, afectan
la literalidad y autonomía de las obligaciones cartulares.  La presente
decisión ha insistido en varios de sus apartes que los convenios extracartulares
(como sucede en este caso con los contratos de descuento y redescuento), no
afectan la autonomía del derecho de crédito incorporado al título valor.  En
consecuencia, la afirmación del Tribunal, según la cual las operaciones de
redescuento afectan la existencia misma del título, incorpora un defecto sustantivo,
en tanto desconoce, de manera grave, las normas mercantiles que determinan los
requisitos para la existencia del título valor, disposiciones estudiadas in
extenso en apartados anteriores de este fallo.
23.2. De otro
lado, si al margen de lo anterior se asume el análisis de la tesis del
Tribunal, relativa a la interrupción de la cadena de endosos como causal para
la falta de legitimación en la causa por activa, se concluye que igualmente
contradice las normas mercantiles que regulan el tema del endoso.  En efecto, al
tenor del artículo 647 del Código de Comercio, se considera tenedor legítimo
del título valor aquel que lo posea conforme a su ley de circulación.  Esto
implica que para que proceda la acción cambiaria, el ejecutante deberá demostrar
la tenencia material del título valor y que ha obtenido la misma a través de
los instrumentos que el ordenamiento comercial reconoce para la transferencia
de los mismos.
Para el caso
particular de los títulos a la orden, ese instrumento es el endoso.  Es por
ello que el artículo 661 ejusdem obliga a que, para que el tenedor sea
legítimo, la cadena de endosos deberá ser ininterrumpida. La interpretación
razonable de este precepto legal implica que el tenedor del título valor
devendrá legítimo cuando demuestre que obtuvo el documento de forma lícita y,
por ello ha adquirido, conforme al ordenamiento jurídico, la calidad de
acreedor cambiario.  Por ende, la exigencia de la continuidad de la cadena de
endosos busca impedir que aquellos sujetos que obtienen el título por
mecanismos fraudulentos o irregulares, queden inhabilitados para exigir,
judicialmente o extrajudicialmente, el pago de su importe.
Con base en esta
lógica, el artículo 667 del Código de Comercio instituye la figura del endoso
en retorno, conforme a la cual “el tenedor de un título valor podrá
tachar los endosos posteriores a aquel en que él sea endosatario, o endosar el
título sin tachar dichos endosos.”  Esta circunstancia no afecta, como es obvio,
la continuidad de la cadena de endosos, pues parte de reconocer que el tenedor
fue endosatario en un punto de la cadena de endosos y el título actualmente se
encuentra en su poder, por lo que su condición de acreedor cambiario está
firmemente sustentada en la ley de circulación del título.  Esta doble
condición de endosatario anterior y tenedor material actual, es lo que
permite que la normatividad mercantil le permita tachar los endosos
posteriores.  Esa circunstancia, como es obvio, no afecta la continuidad de la
cadena de endosos, sino que simplemente reafirma el vínculo entre ese requisito
y la necesidad de evitar que el importe sea exigido por un tercero que
ha adquirido el título valor de forma irregular o fraudulenta.  En el evento
del endoso en retorno es evidente que tal violación de la ley mercantil
no se comprueba, pues se parte de la base que una de las instancias de la
circulación del título valor, el tenedor fue investido de la condición de
endosatario del mismo.
Para el asunto
objeto de análisis, se tiene que la supuesta interrupción de la cadena de
endosos está basada, a juicio del Tribunal accionado, en que existían dos
endosos por parte de Finagro – Banco de la República a favor del BBVA Colombia,
pero uno solo de este con destino a aquel.  La Corte comparte plenamente los
argumentos de la Sala de Casación Civil, en el sentido que esta circunstancia
no tenía ninguna relevancia para determinar la ley de circulación del título,
puesto que (i) respecto del pagaré 93512-2, este fue endosado solo una
vez, lo que deja sin sustento la falta de legitimidad para el cobro ejecutivo
por parte del BBVA Colombia; y (ii) en relación con los demás pagarés,
resultaba evidente que la segunda nota de endoso de Finagro – Banco de la
República a la institución financiera resultaba no tenía efecto alguno en
términos de la ley de circulación de los títulos, pues estaba comprobado que
efectivamente los títulos había sido endosados en propiedad al BBVA Colombia,
lo que lo convertía en el tenedor legítimo de los mismos.
24. A estas
consideraciones resulta pertinente agregar que constituiría un exabrupto
considerar que el BBVA Colombia no tiene legitimidad para iniciar la acción
cambiaria, pues está comprobado que, en todos los pagarés, esa institución
financiera tiene la calidad de titular de la obligación cambiaria, como
se infiere del tenor literal de los documentos base de la ejecución. En
consecuencia, no tiene ningún sustento jurídico considerar que a partir de unas
operaciones de redescuento que (i) son contratos que no afectan la
autonomía y literalidad del título y que, en todo caso (ii) efectivamente
previeron el endoso de los pagarés de Finagro – Banco de la República al BBVA
Colombia, se niegue la condición de tenedor legítimo de la que está investida
dicha institución financiera. Así las cosas, en este apartado está demostrado
que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, al desconocer las
normas comercial que regulan la transferencia, a través del endoso, de los
títulos valores a la orden.
Los argumentos
expuestos, a su vez, restan sustento a los razonamientos de la Sala de Casación
Laboral, en cuanto a que la actividad adelantada por el Tribunal en este punto,
se mostraba razonable en tanto legítima actividad interpretativa del juez de
conocimiento, pues se estaba ante una controversia jurídica compleja “con
relación a la aplicación normativa que regula el endoso, diferencia que no
tiene la entidad suficiente para vulnerar algún derecho.”  Esta presunta
complejidad es apenas aparente, puesto que fue artificialmente creada por la
sentencia accionada, la cual, con base en una argumentación confusa y
ambivalente, pretendió incluir nuevas condiciones a la ley de circulación de
los títulos valores, a partir del desconocimiento, tanto del carácter de
titular de la obligación cambiaria que ab initio tenía el BBVA Colombia,
como de las reglas sobre el endoso, que demostraban la legitimidad del tenedor
ejecutante en la acción cambiaria.
Falta de
motivación en relación con el reconocimiento de la excepción de “falta de
título”
25.  Los
fundamentos jurídicos anteriores demuestran que los razonamientos utilizados
por la Sala Civil–Familia–Laboral del Tribunal Superior de Montería, para
declarar probadas las excepciones de mérito dentro del proceso ejecutivo
adelantada por BBVA Colombia, incurren en varios defectos, de índole sustantiva
y fáctica, que hacen a la sentencia atacada incompatible con el derecho al
debido proceso.  No obstante, la Corte considera necesario pronunciarse acerca
de otro argumento planteado por la Sala de Casación Laboral para revocar el
fallo de tutela de primera instancia.  El Alto Tribunal, acogiendo las
consideraciones expresadas por el magistrado que impugnó la sentencia aludida,
concluyó que al margen de la discusión sobre los anteriores tópicos, la
decisión cuestionada no carecía de sustento, pues existía un tópico no
discutido por el accionante, ni por la Sala de Casación Civil, relativo a la
prosperidad de la excepción de “falta de título”. De forma expresa, la
Sala de Casación Laboral estimó que “Pese a los varios reparos que pudieran
hacerse al fallo del Tribunal, como se expuso, no tenían la entidad suficiente
para desvertebrarlo, dado que, tal cual lo señaló el Magistrado impugnante,
quedaba incólume, por cuanto la excepción de “falta de título” no fue
desvirtuada.”
26. Luego de
estudiar detalladamente el contenido del fallo atacado, esta Sala encuentra que
el único apartado que hace referencia a esa excepción de “falta de título” es
el siguiente:
“Puestas en este punto las cosas, y aplicando a la especie en
estudio las premisas expuestas, la Sala concluye sin lugar a equivocarnos, que
el BBVA – BANCO GANADERO, no está legitimado por activa por una parte y en
relación a los pagarés cuyo endoso no demostró fuera ininterrumpida. De otra
parte, que el negocio jurídico subyacente está “viciado” en su estructura
medular, al punto que los documentos que le sirvieron de soporte, son
ineficaces por inexistentes, quedando al descubierto la prosperidad de las
excepciones de falta de legitimación en la causa del BBVA – BANCO GANADERO, así
como la falta de entrega de los dineros invocados en el contexto de la defensa
presentada.
Con estribo en lo anterior, destaca la Sala, la acumulación
subjetiva y objetiva de pretensiones en este asunto, por parte del ejecutante
BBVA – BANCO GANADERO.  Con relación a las pretensiones se ha probado que las
hipotecas, no amparaban la totalidad de las obligaciones al cobro, configurándose
además para esta Sala, la falta de un título suficiente en este caso, por tanto
la declaratoria de la prosperidad de las excepciones enunciadas es legal
procedente.  Estas excepciones a más de que fueron formuladas y probadas,
podemos agregar que si el demandado excepciona y practicadas las pruebas
pertinentes (lo se hizo (sic) en segunda
instancia), se establece la existencia de un hecho exceptivo perentorio
distinto del propuesto, el juez debe declararlo probado, pues de lo contrario
faltaría a su deber si no lo hace, pues tal rigor no lo quiere ni lo puede
patrocinar el Estatuto Procesal Civil, ya que la conducta asumida por el
demandado, le abre las puertas al juez, de dar (sic) aplicación al
artículo 306 del C. de Procedimiento Civil.”[64]
En este acápite
hace dos afirmaciones que no fueron probadas en el proceso.  En primer lugar,
no existe ninguna consideración en el fallo relacionada con la presunta
acreditación de la insuficiencia de la cobertura de las hipotecas.  Es más, en
ningún apartado de la decisión se presenta argumentación alguna acerca del
título suficiente o sobre el carácter complejo del título ejecutivo
hipotecario.  En segundo término, tampoco es cierto que tal excepción fuera
formulada por los demandados; de modo tal que si el Tribunal optaba por hacer
uso de la facultad prevista en el artículo 306 del Código de Procedimiento
Civil, los hechos exceptivos debían estar plenamente probados en el proceso
ejecutivo, lo que, como se anotó, no ocurrió en parte alguna del trámite
procesal.
27.  La Sala
considera que las conclusiones transcritas, lejos de servir de base para
sustentar la decisión adoptada, son muestra de un ejercicio arbitrario de la
función jurisdiccional. Obsérvese que el Tribunal pretende derivar de la
discusión acerca de la continuidad de la cadena endosos (usa la expresión “con
estribo en lo anterior”), aspectos que no tienen ninguna conexión con esa
materia, como es el de la acumulación de pretensiones y la cobertura de las
hipotecas.  Se trata, entonces, de una afirmación descontextualizada del fallo,
que se inserta subrepticiamente en el mismo y que carece de todo respaldo
argumentativo y probatorio.  Esta clase de expresiones, así considerada, no
puede servir en modo alguno para motivar una decisión.  Incluso, adoptar una
decisión en el sentido que la sentencia es compatible con el derecho al debido
proceso, con base en consideraciones de ese tipo, significaría sostener que es
constitucionalmente admisible la existencia de decisiones judiciales sin
motivación, lo cual es inaceptable desde la perspectiva que propugna porque los
fallos de los jueces sean instancias subordinadas al Derecho y con el contenido
argumentativo suficiente para que puedan considerarse como expresiones válidas
del poder de administrar justicia.
Por ende, el
razonamiento expresado por la Sala de Casación Laboral carece de la entidad
suficiente para defender la compatibilidad entre la sentencia atacada y los
derechos fundamentales invocados por la entidad financiera demandante.
Conclusión y
decisión a adoptar
28.  La sentencia del 26 de noviembre de 2007, proferida por la Sala
Civil–Familia–Laboral del Tribunal Superior de Montería, que decidió en segunda
instancia el proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el BBVA Colombia en
contra de Emiro Barguil Banda y otros, incurrió en graves falencias, constitutivas
de defecto fáctico y sustantivo.  En efecto, (i) extendió
injustificadamente las características atribuibles a uno solo de los títulos
valores a los demás, para concluir que todos ellos estaban afectados por vicios
incompatibles con su existencia como documentos cambiarios; (ii)
desconoció la normatividad comercial y procesal, relacionada con la naturaleza
jurídica de los títulos valores y sus efectos en materia probatoria, en tanto
radicó en cabeza del acreedor la carga de la prueba acerca de los efectos del
negocio subyacente frente al derecho de crédito incorporado en los pagarés base
de la ejecución, convirtiendo el juicio ejecutivo en uno de carácter
declarativo; (iii) negó la legitimidad en la causa del acreedor para
ejercer la acción cambiaria, basada en una interpretación irrazonable de las
reglas sobre el endoso de los títulos valores; (iv) omitió valorar las
pruebas obrantes en el proceso, entre ellas las confesiones de los demandados,
que demostraban que los desembolsos de las sumas objeto del contrato de mutuo, habían
sido realizados; y (v) pretendió motivar la excepción de “falta de
título” en asuntos no probados ni discutidos en el proceso ejecutivo.
En consecuencia, la Sala comprueba que el citado fallo viola el
derecho fundamental al debido proceso del BBVA Colombia.  Por lo tanto,
revocará el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia y, en ese sentido confirmará, por las razones expresadas en esta
decisión, la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Civil, que
dejó sin efectos el fallo del Tribunal Superior de Montería.
Finalmente, debe acotarse que aunque la presente sentencia acogió en
su integridad los argumentos planteados por la Sala de Casación Civil, del
mismo modo expresó nuevos argumentos jurídico–constitucionales, que demostraron
la existencia de otros defectos del fallo atacado, distintos a los evidenciados
por el juez de tutela de primera instancia. Entre ellos, se evidencia (i)  la
existencia de defecto fáctico y sustantivo, respecto de la valoración de los
títulos valores, la imposición equivocada de la carga de la prueba en cuanto al
negocio subyacente y los experticios que dan cuenta del efectivo desembolso de
las sumas dadas en mutuo; (ii) el defecto sustantivo en que incurrió el
Tribunal al aplicar erróneamente las normas que regulan los endosos y las
operaciones de redescuento, para a partir de las mismas desconocer la
literalidad y autonomía de los títulos valores base de la ejecución; y (iii)
la ausencia de sustento fáctico y probatorio de la excepción de “falta
de título”.  Por ende, también deberá dejarse sin efecto la sentencia de
remplazo proferida el 1º de julio de 2008 por el Tribunal Superior de Montería,
pues la misma no incorpora dichos asuntos nuevos.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR
la sentencia proferida el 25 de julio de 2008 por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONFIRMAR,
por las razones expresadas en esta decisión, el fallo del 12 de junio de
2008, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
el cual concedió la tutela de los derechos fundamentales invocados por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA Colombia.
SEGUNDO:
DEJAR SIN EFECTO las decisiones adoptadas el 26 de
noviembre de 2007 y el 1º de julio de 2008, por parte de la Sala Civil–Familia
–Laboral del Tribunal Superior de Montería, dentro del proceso ejecutivo
hipotecario impetrado por el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Colombia S.A. – BBVA Colombia, contra  Emiro Barguil Banda, Antonia Banda de Barguil, Neyda Rosa Hernández
Banda, Julio Alberto Manzur Abdala, Rafael Verbel Hernández y la Sociedad
Inmobiliaria Cubillos Ltda.
TERCERO:
ORDENAR a la Sala Civil–Familia–Laboral del
Tribunal Superior de Montería que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia,
que resuelva la apelación presentada contra la decisión de primera instancia,
adoptada dentro del proceso ejecutivo hipotecario citado en el numeral
anterior.  Esta sentencia deberá proferirse de conformidad con los argumentos y
directrices señalados por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional.
CUARTO: Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
Presidente
de la Sala
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Folio 53 del cuaderno 1.
[2] Cfr. Folio 65 del cuaderno 1.
[3] Cfr. Folio 73 del cuaderno 1.
[4] Cfr. Folio 74 ibídem.
[5] Cfr. Folio 75 ibídem.
[6] Cfr. Folio 80 del cuaderno 1.
[7] Cfr. Folio 90 ibídem.
[8] Cfr. Folio 115 ibídem.
[9] Cfr. Folios 51 y 52 del cuaderno 1.
[10] Cfr. Folio 51 ibídem.
[11] Cfr. Folio 53 del cuaderno 1.
[12] Cfr. Folios 45 a 46 del cuaderno 2.
[13] Sentencia 173/93.
[cita de la sentencia C-590/05].
[14] Sentencia
T-504/00. [cita de la sentencia C-590/05].
[15] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05. [cita de la
sentencia C-590/05].
[16] Sentencias T-008/98
y SU-159/2000. [cita de la sentencia C-590/05].
[17] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-591/05 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández).
[18] Sentencia T-658-98. [cita de la sentencia C-590/05].
[19] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01. [cita de la sentencia C-590/05].
[20] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[21] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-993/03 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández).
[22] BOTERO, Catalina. (2007).  La acción de tutela contra
providencias judiciales”.  En: Teoría Constitucional y Políticas Públicas.
Bases críticas para una discusión.  Manuel José Cepeda. Eduardo Montealegre
(Directores del proyecto). Universidad Externado de Colombia, p. 240.
[23] Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-442 de 1994. (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-567 de
1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-025 de 2001, T-109
de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-639  de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[24] Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el
defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de
los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[25] Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa
injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las partes, se
torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de
contradicción.
[26] Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-538 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y
T-061 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[27] Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU –
159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 1997 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
[28] Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[29] En la sentencia T-055 de 1997[29],
la Corte  determinó que, en tratándose del análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[30] “En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba,
el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena
fe” Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la
T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[31] Sobre el particular, ha señalado la Corte:“(…) al paso que el juez
ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional
debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no
obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor
jerarquía rodeada de plenas garantías” (Sentencia T-008 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz). Reiterada en la sentencia T-636 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[32] Ibid.
[33]
Cfr. Corte Constitucional,
sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[34]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-937/06 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[35]
En este sentido, sentencias T-765 de 1998 y T-001 de 1999, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[36]
Cfr. Corte Constitucional,
sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[37]
Sobre estas condiciones, Cfr. Corte Constitucional,
sentencia T-705/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[38] Sobre una exposición acerca del valor jurídico del
precedente constitucional y su conformación como causal de tutela contra
sentencias, en los casos en que es desconocido por el juez ordinario, Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[39]
El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil establece
como causales del recurso de revisión las siguientes:
1. Haberse
encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado
la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse
declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
3. Haberse
basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por
falso testimonio en razón de ellas.
4. Haberse
dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba.
5. Haberse
dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
6. Haber
existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en
que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal,
siempre que haya causado perjuicios al recurrente.
7. Estar
el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 del C. de P.C.,
siempre que no haya saneado la nulidad.
8. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era
susceptible de recurso.
9. Ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada, entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera
podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado
curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin
embargo no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[40]
Cfr. Folios 76 a 81 del
cuaderno 1.
[41]
Folio 112 del cuaderno 1.
[42]
Ídem.
[43]
Folio 113 del cuaderno 1.
[44]
Cfr. Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de abril de 1993.
[45]
Cfr. Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil.  Sentencia del 23 de octubre de 1979. M.P. Germán
Giraldo Zuluaga.
[46]
Ibídem. La cita corresponde a
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín (1976). Derecho Mercantil. Porrúa, p. 256.
[47]
Cfr. Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil.  Sentencia del 5 de noviembre de 1956.  Gaceta Judicial
t. LXXXIV, pp. 318 y 319.  Reiterada en la Sentencia del 18 de febrero de 1972
M.P. José María Esguerra Samper.
[48]
Código de Comercio. Artículo 784: Contra la acción cambiaria
sólo podrán oponerse las siguientes excepciones:
1. Las que
se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título;
2. La
incapacidad del demandado al suscribir el título;
3. Las de
falta de representación o de poder bastante de quien haya suscrito el título a
nombre del demandado;
4. Las
fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la
ley no supla expresamente;
5. La
alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los
signatarios posteriores a la alteración;
6. Las
relativas a la no negociabilidad del título;
7. Las que
se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el
título;
8. Las que
se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o en el depósito
del mismo importe hecho en los términos de este título;
9. Las que
se funden en la cancelación judicial del título o en orden judicial de
suspender su pago, proferida como se prevé en este título;
10. Las de
prescripción o caducidad, y las que se basen en la falta de requisitos
necesarios para el ejercicio de la acción;
11. Las
que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención
de hacerlo negociable, contra quien no sea tenedor de buena fe;
12. Las
derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del
título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o
contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de
culpa, y
13. Las
demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor.
[49] Folio
77 del cuaderno 1.
[50] Folio
78 del cuaderno 1.
[51] Ibídem.
[52] Folio
79 del cuaderno 1.
[53] Folios 76
a 77 del cuaderno 1.
[54] Folio
76 del cuaderno 1.
[55] Folio
248 del cuaderno 2 (principal) del proceso ejecutivo.
[56] Folio
249 ibídem.
[57] Ibídem.
[58] Ibídem.
[59] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-622/98 (M.P.
Fabio Morón Díaz).
[60]
Acerca de esta clasificación y los ejemplos expuestos, Cfr.
DEVIS ECHANDÍA, Hernando. (1976) Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo
I.  Víctor P. de Zabalía, editor.  Buenos Aires, pp. 210-212.
[61]
A este respecto, Cfr. RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. (2002) Contratos
bancarios. Su significación en América Latina.  Legis. Bogotá, p. 465.
[62]
El régimen legal de las operaciones de descuento y redescuento
a cargo del Banco de la República, se encuentran en la Resolución 6º de 2001,
de la Junta Directiva de esa entidad.
[63] Cfr.
RODRÍGUEZ AZUERO, Ob. Cit. p. 466.
[64] Folio
113 del cuaderno 1.