C-083-20
Sentencia
C-083/20
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de la Corte Constitucional
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional/SENTENCIA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Obligatoriedad
responde a la protección del principio de seguridad jurídica y a la guarda de
la primacía de la Constitución/COSA JUZGADA FORMAL-Elementos
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Efectos
de la exequibilidad o inexequibilidad no son iguales
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Configuración
Referencia:
Expediente D-13.481
Demanda
de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1955
de 2019 “Por
el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
Magistrada
Sustanciadora:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C.,  veintiséis (26) de febrero de dos mil
veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.    ANTECEDENTES
1.  En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el
ciudadano Ánibal Carvajal Vásquez demandó el inciso segundo del artículo 83 de
la Ley 1955 de 2019 “Por el cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.
Mediante auto
del veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), esta
Corporación procedió a: (i) admitir la demanda en relación al cargo por la presunta vulneración del artículo 72 de la Constitución
Política; (ii) disponer la fijación en lista;
(iii) comunicarla al Presidente de la República, al
Congreso de la República, a los ministerios de Justicia y del Derecho, de
Hacienda y Crédito Público y Cultura, al Departamento Nacional de Planeación y
al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural; (iv) invitar al Archivo General de
la Nación, a la UNESCO Colombia, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, a las
Facultades de Derecho de las universidades de Los Andes, Rosario, Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Externado, Nacional, de Antioquia, del Cauca y
la Fundación Universitaria de San Gil, al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI, al
Director de Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Felipe Arbouin Gómez; y v) correr traslado de la demanda al
señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo
en los términos que le concede la ley.
Por otra parte, la magistrada sustanciadora resolvió inadmitir la
demanda contra el inciso segundo del artículo
83 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”, en lo referente al cargo por la
presunta violación del artículo 158 de la Constitución Política por considerar
que los argumentos formulados por el actor no cumplieron con los requisitos de
claridad y pertinencia. En consecuencia, concedió al demandante el término de
tres (3) días para que procediera a corregir la demanda. Vencido el término
respectivo, no se presentó corrección alguna, y por tanto, este cargo fue
rechazado.
II.NORMA
DEMANDADA
2.
A continuación se transcribe el texto
de las normas demandadas y se subrayan las expresiones que se consideran
contrarias a la Constitución:
LEY 1955 DE 2019
(mayo 25)
Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo
2019
PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA
Por el cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPÍTULO II
MECANISMOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN
SECCIÓN I
PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD
EFECTIVA Y JUSTICIA TRANSPARENTE PARA QUE TODOS VIVAMOS CON LIBERTAD Y EN
DEMOCRACIA
SUBSECCIÓN 4
LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD
“Artículo 83. Inembargabilidad,
Imprescriptibilidad e Inalienabilidad. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 397 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 10. Inembargabilidad,
Imprescriptibilidad e Inalienabilidad. Los bienes de interés cultural de
propiedad de entidades públicas son inembargables, imprescriptibles e
inalienables.
Excepcionalmente podrán enajenarse a
particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas,
previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o de los
respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural,
según el caso, en los siguientes eventos:
1. Cuando el bien de interés cultural se
encuentre en el marco del régimen de propiedad horizontal y la entidad pública
sea propietaria de una o varias unidades de vivienda, comercio o industria, y
la enajenación se requiera para garantizar la integridad y protección del
inmueble.
2. Cuando la entidad pública sea
propietaria del derecho proindiviso o cuota sobre bienes inmuebles, así como
derechos fiduciarios en fideicomisos que tienen como bien(es) fideicomitido(s)
inmuebles enajenación se requiera para garantizar la integridad y protección
del inmueble.
3. Cuando el bien de interés cultural
haya sido objeto de extinción de dominio.
4. Cuando el bien de interés cultural
tenga uso comercial, de servicios o industrial y la entidad pública no pueda
usarlo o mantenerlo, de forma que el bien tenga riesgo de deterioro.
5. Cuando la enajenación se haga a
instituciones de educación superior o a entidades de derecho privado sin ánimo
de lucro que desarrollen de forma principal actividades culturales o de defensa
del patrimonio cultural.
En todos los casos previstos en este
artículo, el respectivo bien mantendrá su condición de bien de interés cultural
y quien lo adquiera estará obligado a cumplir las normas aplicables en el
régimen especial de protección.
Dentro de los títulos jurídicos de
enajenación a particulares y/o entidades públicas se incluye el aporte
fiduciario. En todo caso la enajenación se regirá por el régimen de
contratación que cobije a la respectiva entidad pública enajenante y demás
normas aplicables.
Parágrafo. El Ministerio de Cultura
podrá autorizar la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural del
ámbito nacional entre entidades públicas. Los municipios, los departamentos,
las autoridades de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que
trata la Ley 70 de 1993, serán las encargadas de dar
aplicación a lo previsto en este parágrafo respecto de los bienes de interés
cultural declarados por ellas.
Las autoridades señaladas en este
parágrafo podrán autorizar a las entidades públicas propietarias de bienes de
interés cultural para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de
lucro de reconocida idoneidad, hasta por el término de cinco (5) años
prorrogables con sujeción a lo previsto en el artículo 355 de la Constitución Política, celebrar
convenios interadministrativos y de asociación en la forma prevista en los
artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998 o en las normas que los
modifiquen o sustituyan, y en general, celebrar cualquier tipo de contrato,
incluidos los de concesión y alianzas público-privadas, que impliquen la
entrega de dichos bienes a particulares, siempre que cualquiera de las
modalidades que se utilicen se dirijan a proveer y garantizar lo necesario para
la protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación de los
mismos, sin afectar su inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad”.
III.
LA
DEMANDA
3.  El demandante
afirma que el aparte subrayado del artículo 83 de la Ley 1955 de 2019 desconoce
lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política, con base en los
siguientes argumentos.
Sostiene que con la norma
demandada el legislador realizó una modificación a la Constitución que es
inadmisible, toda vez que la misma Carta Política prohíbe la enajenación de
bienes considerados de patrimonio cultural y, contrario a ello, la ley ahora
consagra la posibilidad de enajenar estos bienes a particulares. Para el actor,
la Constitución establece las obligaciones del Estado de proteger y
salvaguardar aquellos bienes que por su valor histórico, artístico,
arquitectónico, entre otros, expresan la identidad nacional, así como,
“conservarlos y mantenerlos bajo su patrimonio”. En palabras del demandante, “(…)
la Constitución en ninguno de sus apartados (…) establece excepciones en
relación a la prohibición de vender, prescribir y embargar los bienes que hacen
parte del patrimonio cultural del país. (…) el legislador patrio pretende
introducir hipótesis excepcionales en virtud de las cuales es factible que el
Estado enajene a favor de particulares bienes que hacen parte del patrimonio
cultural del país”.[1]
Con base en ello, propone que si se quiere permitir la enajenación de esta
clase de bienes es necesario realizar una reforma constitucional a través de un
acto legislativo y no a través de una ley ordinaria.
El actor solicitó a la Corte
declarar la inconstitucionalidad del segundo inciso del artículo 83 de la Ley
1955 de 2019 por desconocer el mandato dispuesto en el artículo 72 de la
Constitución Política.
IV.
INTERVENCIONES
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL
La señora Laura
Mercedes Torres Parada, Decana de la Facultad y en representación del Programa
de Derecho y la Clínica Jurídica de Interés Público, solicitó a la Corte declarar
inexequible el inciso segundo del artículo 83, así como los numerales de la misma
disposición por considerarlos contrarios al artículo 72 de la Constitución
Política.
Manifiesta que para
saber si la norma demandada cumple con los mandatos constitucionales, es
necesario revisar si persigue los mismos objetivos y fines de la norma
superior. Para el efecto, la interviniente explica que la norma demandada
modificó el artículo 10 de la Ley 397 de 1997, el cual establecía que los
bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación son inalienables,
imprescriptibles e inembargables y en su parágrafo 1º establecía la posibilidad
de enajenar o dar en comodato estos bienes entre entidades públicas. Así mismo
consagraba el comodato como figura para entregarlos a entidades privadas
sujetas a dicho negocio jurídico. Precisa que la Corte Constitucional en la
sentencia C-082 de 2014 indicó los motivos que tuvo en cuenta el constituyente
de 1991 para redactar el artículo 72 de la Constitución Política. Uno de ellos
es que “los bienes que conforman al patrimonio cultural de Colombia solo
pueden y deben estar en la titularidad del Estado”. Con base en esto, la
interviniente advierte que la norma demandada es contraria al mandato
constitucional. En palabras de la interviniente:
“Surge una pregunta al interior de la academia ¿Qué objeto tendría
que el Estado colombiano en cumplimiento del artículo 72 superior, procurara
por los medios pertinentes, traer a su patrimonio cultural los bienes que están
en manos ajenas para luego enajenarlos de nuevo como pretende la Ley 1955 en su
numeral tercero del artículo 83? De lo anterior emergen contrariedades,
trasgresiones y posturas opuestas a los fines que la estructura jurídica
constitucional antes citada ha promovido, desde el núcleo esencial propio de
los derechos fundamentales. || De igual forma, los demás numerales de la
precitada ley tienen igual consideración, ya que van en total contravía a la
Constitución; pues quedó dicho que el querer de la norma es la conservación de
los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, y la ley de
marras busca que dicho patrimonio desaparezca. || Así las cosas, consideramos
que el artículo 83 en todos sus numerales de la Ley 1955 de 2019, es
notablemente contraria al mandato superior contemplado expresamente en el
artículo 72”.
Finalmente solicita la
inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1955 de 2019.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Corte
Constitucional declararse inhibida para fallar por ineptitud de la demanda.
Advirtió
que la lectura que hizo el demandante del artículo 72 de la Constitución es
incorrecta e inexacta. Según el Ministerio Público la demanda no cumple con el
requisito de especificidad porque no aporta fundamentos a lo que denomina como
una “sustitución a la Constitución”. Además el actor pareciera invocar la
teoría del juicio de sustitución a una ley ordinaria, cuando esto no es
procedente.
La
demanda no cumple con el requisito de pertinencia por cuanto “no se explica
la forma en el que el enunciado normativo acusado desconoce la Constitución. En
efecto, el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 1955 de 2019 hace referencia a
los bienes de interés cultural, concepto que no aparece desarrollado en el
artículo 72 de la Constitución Política. Así, el desacuerdo del demandante se
estructura a partir de la comparación de disposiciones de orden legal, sin que
se presente el concepto de violación de la Constitución”.[2]
Finalmente
el Procurador general afirmó que no se cumple tampoco con el requisito de
suficiencia, pues el demandante confunde los conceptos dispuestos en el
artículo 72 con los conceptos de la ley ordinaria relacionada con la protección
de bienes culturales. En palabras del Procurador:
“(…) es
necesario precisar que no todos los bienes culturales gozan de las
características de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, dado
que únicamente puede atribuírsele tales rasgos a los bienes culturales que
conforman la identidad nacional (…) [el artículo 63 CP] le concede al
legislador la libertad de configuración normativa para establecer cuales
bienes, diferentes a los ya mencionados, serán sometidos al régimen especial de
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, limitaciones que
fueron desarrolladas por la Ley 397 de 1997 que, además define algunos
conceptos relevantes como lo son el patrimonio cultural, el patrimonio
arqueológico y los bienes culturales que conforman la identidad nacional, al
tiempo que fija las condiciones para la declaratoria de un bien como de interés
cultural. Esa misma Ley 397 introduce una nueva categoría de bienes, los
denominados ´bienes de interés cultural´, calidad que debe ser declarada
mediante el procedimiento administrativo establecido en esa ley y que puede
recaer sobre bienes públicos y privados”[3]
Conforme
a lo anterior, el Ministerio Público afirmó que los bienes de interés cultural
regulados en la norma demandada son una categoría distinta a los “bienes
culturales que conforman la identidad nacional, tanto en su origen (los
primeros son de origen legal, mientras que los segundos son de origen
constitucional), como por su reconocimiento (los bienes de interés cultural
deben ser declarados como tales mediante procedimiento administrativo, mientras
que los bienes culturales que conforman la identidad nacional no requieren
declaratoria para gozar de los atributos de inmebargabilidad,
imprescriptibilidad e inalienabilidad). De allí que dichos conceptos no puedan
ser asimilables o tratados de la misma forma”.[4]
De
tal modo, el actor parte de una premisa errada al considerar que los bienes de
interés cultural son una categoría general, cuando en realidad la calidad de
inalienabilidad solo se desprende de los bienes de patrimonio arqueológico
nacional y sobre los bienes culturales que conforman la identidad nacional. Por
lo anterior, el Ministerio Público considera que el inciso del artículo 83 no
desconoce la Constitución, pues hace referencia a una categoría de bienes
diferente.
VI.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
Competencia
1.  La Corte
Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del
numeral 4º del artículo 241 de la Carta Política.
Problemas jurídicos y metodología de la
decisión
2.  De acuerdo con
los antecedentes, el actor considera que el legislador al proferir una norma
que permite excepcionalmente enajenar a particulares bienes de interés cultural,
desconoció el
contenido del artículo 72 de la Constitución el cual consagra expresamente que
el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional son inalienables.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL en su
intervención solicitó la inconstitucionalidad del inciso demandado y compartió
los argumentos del demandante. La Procuraduría, por su parte, solicitó a la
Corte declararse inhibida por falta de aptitud de la demanda.
3.  Durante el
trámite de la demanda, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la
sentencia C-082 de 2020[5]
dentro de la cual se resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la
misma disposición que se estudia en esta providencia. De manera que se hace
necesario previamente analizar si existe cosa juzgada constitucional.
La cosa juzgada constitucional.
Reiteración jurisprudencial[6]
4.  Los fallos
dictados por la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad hacen
tránsito a cosa juzgada.[7]
Este concepto permite asegurar la supremacía de la Constitución Política y
garantizar los principios de seguridad jurídica, igualdad y confianza legítima.[8]
La jurisprudencia ha establecido que la cosa juzgada puede presentarse de
distintas formas,[9]
una de ellas es la denominada cosa juzgada formal. Para que se presente este
tipo de cosa juzgada debe cumplirse con las siguientes condiciones: “(i) se demanda
la misma disposición normativa previamente cuestionada, (ii) por cargos
idénticos a los que fueron presentados en la primera oportunidad, (iii) sin que
haya variado el patrón normativo de control, es decir, las normas
constitucionales relevantes”.[10]
5.  Los efectos que
se generan al presentarse una cosa juzgada dependen de la decisión emitida por
la Sala Plena: “Si se trata de la declaratoria de exequibilidad de una
norma, en principio la Corte deberá estarse a lo resuelto en aquella
providencia para garantizar la seguridad jurídica de sus decisiones. No
obstante, deberá analizarse si la declaratoria de exequibilidad es absoluta o
relativa, teniendo en cuenta los cargos y los objetos examinados por esta
Corporación, pues existe la posibilidad de un examen adicional basados en un
cambio constitucional o una modificación del contexto jurídico. Si la norma es
declarada inexequible, la cosa juzgada será absoluta, toda vez que su
declaratoria retira del ordenamiento jurídico la norma estudiada
independientemente de los cargos invocados”.[11]
6.  Con base en
estas consideraciones, la Sala Plena analizará el objeto examinado en la
Sentencia C-082 de 2020,[12] así como los cargos invocados, para
establecer si se configura cosa juzgada constitucional.
El cargo que formula el actor contra el
artículo 83 de la Ley 1955 de 2019 fue analizado en la sentencia C-082 de 2020,
y por tanto se configura cosa juzgada constitucional.
7.  La Sala Plena
encuentra que existe cosa juzgada, dado que en la sentencia C-082 de 2020[13]
resolvió “declarar exequible por el cargo analizado, la expresión  ´excepcionalmente
podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de
entidades públicas´, contenida en el artículo 83 de la Ley 1955 de 2019, en el
entendido de que no comprende el patrimonio arqueológico y los bienes
culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad
nacional”.
8.  En aquella
oportunidad el ciudadano demandante argumentó que la frase “excepcionalmente
podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de
entidades públicas”, prevista por el artículo 83 de la Ley 1955 de 2019,
vulneraba el atributo de inalienabilidad contemplado en el  artículo 72 de la
Constitución Política. La Sala Plena formuló el siguiente problema jurídico: “¿La
expresión normativa “excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes
de interés cultural de propiedad de entidades públicas”, prevista por el
artículo 83 de la Ley 1955 de 2019, vulnera el artículo 72 de la Constitución Política,
según el cual “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional (…) son inalienables”?”
9.  La Corte recordó
la intención
de la Asamblea Nacional Constituyente en relación con la protección del
patrimonio cultural de la Nación y definió el alcance del artículo 72 de la
Constitución Política conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia
constitucional. Con base en estos contenidos la Sala Plena advirtió que la
disposición demandada era exequible pero que la excepción de enajenación a
particulares no era aplicable los bienes arqueológicos y los bienes culturales decisivos para
la configuración y conservación de la identidad nacional:
“Como se acreditó en el
expediente, la excepción a la inalienabilidad de los bienes de interés cultural
prevista por la expresión demandada tiene por finalidad garantizar su integridad y protección, particularmente en aquellos casos en
que resulta imposible para el Estado hacerlo bajo su propiedad, por las cargas
y los costos que esto implica. (…) En consecuencia, la finalidad global de la excepción normativa sub
examine consiste en “desarrollar condiciones necesarias de orden
normativo que no limiten la ejecución e incorporación de acciones dirigidas a
la conservación, protección, salvaguardia, divulgación y sostenibilidad” de los bienes de interés cultural y su
finalidad concreta es permitir que, de manera excepcional, se puedan enajenar
dichos bienes a particulares, en aquellos supuestos en que sea necesario para
garantizar su conservación, protección e integridad. (…) la Corte concluye que la excepción
normativa demandada se justifica, en términos generales, en la imperiosa
necesidad de garantizar la protección y la integridad de los bienes de interés
cultural, dadas las condiciones antes referidas.
Al margen de su justificación,
corresponde a la Corte examinar si dicha excepción normativa es acorde con el
artículo 72 de la Constitución Política (…) La Corte considera que la excepción prevista por el
enunciado normativo demandado podría interpretarse como una autorización para
que las entidades públicas enajenen, entre otros, patrimonio arqueológico o
bienes que conforman la identidad nacional, lo cual sería incompatible con el
artículo 72 de la Constitución Política, en virtud del cual tales bienes son “inalienables,
inembargables e imprescriptibles”.
Dado lo anterior, la Corte
declarará exequible la expresión “excepcionalmente podrán enajenarse a particulares
bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas”, contenida
en el artículo 83 de la Ley 1955 de 2019, en el entendido de que no comprende
el patrimonio arqueológico y los bienes culturales decisivos para la
configuración y conservación de la identidad nacional. Conforme lo señalado
párrafos atrás, esta interpretación de la expresión demandada es la única
compatible con el artículo 72 de la Constitución Política y con la
jurisprudencia constitucional. Lo primero, habida cuenta de que la Asamblea Nacional
Constituyente consideró necesario incluir el mandato de especial protección
para el patrimonio cultural de la Nación, disponer que el patrimonio
arqueológico y “los bienes culturales reconocidos como decisivos para la
configuración y conservación de la identidad nacional”[14]
son inalienables y prever que el Legislador deberá disponer los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares. Lo segundo, por
cuanto la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el patrimonio
arqueológico y los bienes que conforman la identidad nacional no pueden ser
vendidos a particulares, habida cuenta de que el atributo de inalienabilidad
implica impedir que tales bienes pasen a manos de particulares.”
10.
Por
lo anteriormente descrito, no existe duda alguna de que la Sala Plena en la
sentencia C-082 de 2020[15]
estudió la misma norma atacada en esta oportunidad y analizó el mismo cargo
formulado, lo que configura cosa juzgada constitucional. En consecuencia la
parte resolutiva de esta providencia dispondrá estarse a lo resuelto en la
sentencia C-082 de 2020.
Síntesis de la
decisión
11.  El demandante
solicitó la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1955
de 2019 por desconocer lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución
Política. Según el actor, el legislador desconoció la inalienabilidad de los
bienes culturales que conforman la identidad nacional al permitir que
excepcionalmente los bienes de interés cultural en propiedad de
entidades públicas puedan ser enajenados a particulares. La Sala Plena encontró
que se había configurado cosa juzgada constitucional, toda vez que en la
sentencia C-082 de 2020 se declaró exequible la disposición atacada “en el entendido
de que no comprende el patrimonio arqueológico y los bienes culturales
decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional”.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Único. ESTARSE A LO
RESUELTO
en la Sentencia C-082 de 2020 que declaró la exequible por el cargo analizado, la expresión “excepcionalmente
podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de
entidades públicas”, contenida en el artículo 83 de la Ley 1955 de 2019, en
el entendido de que no comprende el patrimonio arqueológico y los bienes
culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad
nacional.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el
expediente.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Presidente
Con aclaración de voto
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad, folio 3.
[2]
Concepto del Ministerio Público. Expediente de inconstitucionalidad, folio 55
(reverso).
[3]
Concepto del Ministerio Público. Expediente de inconstitucionalidad, folio 56.
[4]
Concepto del Ministerio Público. Expediente de inconstitucionalidad, folio 56
(reverso).
[5]
Corte Constitucional, sentencia C-082 de 2020 (MM.PP Carlos Bernal Pulido y
Cristina Pardo Schlesinger; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas
Ríos).
[6] Corte
Constitucional, Sentencia C-071 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[7]
Constitución Política, artículo 243; Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, artículos 46 y 48; Decreto 2067 de 1991, articulo 22.
[8] “En
primer lugar la decisión queda en firme, es decir, que no puede ser revocada ni
por la Corte ni por ninguna otra autoridad. En segundo lugar, se convierte en
una decisión obligatoria para todos los habitantes del territorio. Como lo ha
reconocido la jurisprudencia, la figura de la cosa juzgada constitucional
promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la confianza y la
certeza de las personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales”.
Ver entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-153 de 2002 (M.P. Clara
Inés Vargas. SV Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis), C-720 de
2007 (MP Catalina Botero Marino; AV Catalina Botero Marino), C-191 de 2017 (MP
Aquiles Arrieta Gómez (e)), C-126 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV
Alejandro Linares; SV Carlos Bernal Pulido; AV Antonio José Lizarazo Ocampo) y
C-416 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas; AV Diana Fajardo Rivera).
[9] “(…) la Cosa Juzgada puede ser: (i) formal, cuando
recae sobre las disposiciones o enunciados normativos que ha sido
objeto de pronunciamiento anterior de la Corte;  (ii) material, cuando a pesar
de que no se está ante un texto normativo formalmente idéntico, su contenido
normativo es decir, la norma en sí misma, es sustancialmente igual a
aquel que se examina en una nueva ocasión; (iii) absoluta, que se da por regla
general, y sucede en aquellos casos en que el Tribunal Constitucional implícita
o expresamente manifiesta que el examen realizado a la norma acusada, la
confronta con todo el texto constitucional, con independencia de los cargos
estudiados explícitamente, lo que impediría la admisión de otra demanda; y (iv)
relativa, cuando este Tribunal limita los efectos de la cosa juzgada a los
cargos estudiados en el caso concreto a fin de autorizar que en el futuro
vuelvan a plantearse argumentos de inconstitucionalidad sobre la misma
disposición que tuvo pronunciamiento anterior”. Corte Constitucional, sentencia C-495 de 2016 (MP
María Victoria Calle Correa). Ver también, C-416 de 2019 MP José Fernando Reyes
Cuartas; AV Diana Fajardo Rivera) y  sentencia C-071 de 2020 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).
[10] Corte
Constitucional, sentencias C-071 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger), C-416
de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas; AV Diana
Fajardo Rivera),
C-191 de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez (e)), C-178 de 2014
(MP María Victoria Calle Correa). Ver entre otras sentencias, C-805 de 2008 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), C-457 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), C-1148 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-627 de 2003 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), C-1038 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), C-1216 de
2001 (MP Jaime Araujo Rentería), C-1046 de 2001 (MP Eduardo Montealegre
Lynett), C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-489 de 2000 (MP Carlos
Gaviria Díaz) y C-427 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[11]
Corte Constitucional, sentencia C-071 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[12]
Corte Constitucional, sentencia C-082 de 2020 (MM.PP Carlos Bernal Pulido y
Cristina Pardo Schlesinger; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas
Ríos).
[13]
Corte Constitucional, sentencia C-082 de 2020 (MM.PP Carlos Bernal Pulido y
Cristina Pardo Schlesinger; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas
Ríos).
[14]
Asamblea Nacional Constituyente. Gacetas No. 109 y 139.
[15]
Corte Constitucional, sentencia C-082 de 2020 (MM.PP Carlos Bernal Pulido y
Cristina Pardo Schlesinger; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas
Ríos).