T-645-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-645/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
La procedencia excepcional y restrictiva de la acción
de tutela para debatir providencias judiciales se circunscribe a aquellos casos
en los que logre comprobarse que la actuación del funcionario judicial
fue “manifiestamente contraria al orden jurídico, o al precedente judicial
aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”. Eventos que,
sin duda alguna, constituyen, en realidad, una desfiguración de la actividad
judicial que termina por deslegitimar la autoridad confiada al juez para
administrar justicia y que, por consiguiente, debe ser declarada
constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los
derechos fundamentales de los administrados.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto no hubo vulneración de los derechos fundamentales del actor dentro
de proceso contencioso de reparación directa
La sentencia objeto de cuestionamiento no se
constituye en una actuación arbitraria o abusiva del juez del proceso y, por el
contrario, encuentra que la misma fue proferida de conformidad con la
Constitución y la ley, dentro del marco de la autonomía funcional e
independencia judicial, sustentándose en disposiciones claramente aplicables al
caso concreto, con apoyo del material probatorio aportado al proceso y ajustado
tanto al procedimiento establecido para tramitar la acción contenciosa de
reparación directa como al precedente jurisprudencial fijado por el máximo
órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para este tipo de
casos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
por no configurarse defectos fáctico, procedimental, sustantivo, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente en proceso contencioso de
reparación directa
Referencia:
Expediente T-4.342.981
Demandante:
Saúl Niño Arenas
Demandados:
Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de
Girardot y Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección
C de Descongestión-
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de
dos mil catorce (2014).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 Num. 9º de la Constitución Política y 33 y
subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el
trámite de revisión del fallo proferido por el Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta- que, a su turno, confirmó el
dictado por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta-, a propósito de la acción de tutela formulada por Saúl Niño
Arenas contra el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Girardot
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión-.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
El 11 de septiembre de 2013, el señor Saúl
Niño Arenas, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de
tutela en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la
igualdad ante la ley, presuntamente vulnerados por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Girardot y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca      -Sección Tercera, Subsección C de Descongestión-, al despachar
desfavorablemente, en el marco de un proceso contencioso administrativo    de
reparación directa que promovió contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, las pretensiones de la demanda, encaminadas a que se declarara la
ocurrencia de una falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la
administración.
Los hechos y consideraciones que respaldan
la solicitud de amparo constitucional de que trata el artículo 86 Superior, son
los que seguidamente se exponen:
2.      Hechos Relevantes[1]
2.1. Según se expresa en el escrito demandatorio, el
10 de junio de 2009, siendo aproximadamente las 10:00 p.m., el patrullero de la
Policía Nacional Jhon Alexander Niño Garcés, asignado a la Estación de Policía
del municipio de Cabrera, Cundinamarca, luego de haber terminado el
correspondiente turno de centinela, se encontraba desarmado en el patio trasero
de la tienda que colinda con la referida estación[2], al parecer, hablando por
teléfono celular, cuando fue impactado por un disparo en la cabeza que le causó
la muerte de manera inmediata[3].
2.2. Los patrulleros Oscar Ricardo Buitrago Molina y
Oscar Fernando Gamba Moyano accionaron sus armas de dotación oficial y de uso
privativo en contra de su compañero desde el balcón del segundo piso de las
instalaciones de la estación de policía, sin previo aviso, pues no hicieron uso
de la alarma ni del respectivo santo y seña para identificar la potencial amenaza[4].
2.3. El 17 de noviembre de 2010[5], Saúl Niño Arenas y
Ormilda Garcés Figueroa, en calidad de padres del policía fallecido y en
representación de sus hijos menores Bryan Andrés Gómez Garcés y Edward Esteban
Gómez Garcés, así como Amanda Elizabeth Cárdenas Castellanos, en condición de
compañera permanente de aquél y en representación de su hija menor Stephany
Niño Cárdenas, obrando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la
acción de reparación directa, promovieron proceso contencioso contra
la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, para que se le declarara
administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales y
morales causados por la muerte de su hijo y compañero permanente[6]. Como consecuencia de lo
anterior, solicitaron condenar a la entidad demandada a reparar el daño
producido, tasado en la suma de doscientos setenta millones trescientos setenta
y cinco mil pesos ($270.375.000)[7].
Dentro de los razonamientos jurídicos que sirvieron de
soporte a las mencionadas pretensiones se invocó la configuración de una “falla
en el servicio” bajo dos concretas situaciones en donde predomina la culpa o
negligencia por parte de la Policía Nacional: una primera, vinculada al hecho
de que los agentes que abrieron fuego con sus armas de dotación oficial “se
topaban dentro del establecimiento y dieron muerte a una persona que yacía en
el exterior, sola, desarmada, sin que revistiera amenaza o peligro alguno”.
La segunda, por su parte, tiene que ver con la omisión en la que ellos mismos incurrieron
“frente a la puesta en marcha de los procedimientos, protocolos y planes
operativos de alerta y seguridad exigidos cuando se trata de contrarrestar la
perpetración de ataques u hostigamientos a las unidades policiales”, como sucedió,
por ejemplo, en el caso del método del santo, seña y contraseña, cuya
utilización a prevención fue por entero desatendida para lograr que se
identificara al uniformado Niño Garcés[8].
2.4. El proceso fue tramitado, en primera instancia,
por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Girardot y, en
segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección
Tercera, Subsección C de Descongestión-.
2.4.1. Mediante Sentencia del 10 de agosto de 2012[9], el juzgado de
conocimiento resolvió denegar las súplicas vertidas en la demanda y excluir de
toda responsabilidad a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la
muerte del patrullero Jhon Alexander Niño Garcés, toda vez que, a su juicio, se
había suscitado la ruptura del nexo de causalidad entre la acción       u
omisión de la administración y el daño antijurídico, reflejada en el comportamiento
exclusivo de la propia víctima. A tal conclusión arribó después de analizar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueron probadas en el proceso[10].
De modo que, a pesar de haberse verificado que el
patrullero Niño Garcés feneció el 10 de junio de 2009 como resultado de las
severas lesiones craneoencefálicas y faciales ocasionadas por proyectil de arma
de fuego de dotación oficial accionada por un agente de policía, ese
acontecimiento         se desencadenó “al no haberse escuchado respuesta de
los llamados de alerta que se hicieron al hombre uniformado que ingresaba
trepando un muro de la parte de atrás de la Estación de Policía de Cabrera, sin
saberse que se trataba de otro patrullero al que se le causó la muerte”.
Cuestión que, más allá de la aplicación de un título jurídico de imputación
para determinar la responsabilidad patrimonial del ente estatal, conducía a que
se declarara         la ocurrencia de una causa extraña que daba lugar a su
absolución[11].
Por manera que siendo necesario, entonces, que se reunieran
los elementos determinantes que identifican a la culpa exclusiva de la víctima como
causal eximente de responsabilidad extracontractual del Estado, la autoridad
judicial procedió a su escrutinio, como en seguida se muestra:
“1) una relación causal entre el hecho de
la víctima y el daño
2) el hecho de la víctima debe ser extraño
y no imputable al ofensor, y
3) el hecho de la víctima debe ser ilícito
y culpable
Frente al primero, se puede decir, de
acuerdo con las pruebas aportadas, la víctima, patrullero JHON ALEXANDER
NIÑO GARCÉS, contribuyó a la producción del evento perjudicial, por varias
causas, entre las que se encuentran 1) el haber salido de las instalaciones
policiales sin autorización de su superior, incumpliendo con los deberes del
personal uniformado disponible; 2) por su propia voluntad salió a sabiendas de
las condiciones de orden público de la zona y del riesgo que corría al ingresar
en horas de la noche por un lugar no acostumbrado por el personal de la
Estación; 3) no respondió, ni acató los llamados que hicieron sus compañeros
cuando preguntaron “quién anda ahí” “¡alto!” y “apoyo, apoyo” en varias
oportunidades para ser identificado; 4) el análisis toxicológico realizado a la
víctima dictaminó presencia de “Etanol menor que 15mg% (fl. 166 Cuaderno Anexo
2)”, lo que evidencia el grado de irresponsabilidad del patrullero, ya que se
encontraba en servicio, produciendo de esa forma la víctima una actuación
determinante del daño causado.
Con respecto al segundo requisito, nótese
que era imprevisible e irresistible[12]
para los centinelas de turno, la conducta realizada por el occiso, en tanto que
no era normal que a esas horas de la noche y dadas las condiciones de orden
público de la zona (fls. 87, 163-8 Cuaderno Anexo 1), sumado al aviso de alerta
de una posible incursión subversiva, originada por la información ciudadana a
raíz de ruidos extraños en la parte posterior de la Estación[13],
produciendo un permanente estado de zozobra por la tensión de ser atacados;
además, al indagar sobre la identidad, éste no contestó impidiendo así su
identificación, resulta apenas normal, reaccionar como los centinelas lo
hicieron. Bajo éstas consideraciones no es reprochable la conducta realizada
por los centinelas, quienes actuaron de acuerdo a las circunstancias que los
rodeaban, previniendo un posible ataque subversivo.
En lo que respecta al último de los
enunciados, la actividad del occiso fue ilícita, en tanto que la víctima no
tenía ninguna orden, permiso o autorización para salir de las instalaciones,
contraviniendo las normas de seguridad y disciplina emanadas de su profesión,
sumado al hecho de ingerir alcohol en servicio; por otra parte, en lo referente
a la culpabilidad de la víctima, ésta se vislumbra en la actividad imprudente e
irresponsable del patrullero JHON ALEXANDER NIÑO GARCÉS al tratar de ingresar a
la Estación por un sitio no acostumbrado, más aun sin dar aviso o contestar
para ser identificado”
(Negrillas propias del texto).
Teniendo en cuenta que la muerte del patrullero Niño
Garcés tuvo como causa única su propia culpa, en razón a que los centinelas dispararon
sus armas de fuego suponiendo que se trataba de insurgentes, cuando la víctima
fue la que generó con su conducta el daño por ella sufrido, para el
Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Girardot no queda camino
distinto a exonerar de responsabilidad a la Policía Nacional en la producción
de dicho perjuicio[14].
2.4.2. El anterior fallo fue recurrido por el apoderado
de los demandantes el 27 de agosto de 2012, sobre la base de que, contrario a
lo inferido por el juez de primera instancia, un análisis en conjunto del acervo
probatorio recaudado en el proceso apuntaba, en realidad, a que la muerte de
Jhon Alexander Niño Garcés estuvo influida por una actuación anómala de la
administración consistente en el desbordamiento de las funciones radicadas en
cabeza de los agentes de policía que dispararon injustificadamente en su contra,
a pesar de hallarse “solo, desprovisto de armas, sin implicar un peligro
para los demás uniformados y en un lugar permitido”.
Inclusive, adujo que, aun en el evento en que el
patrullero hubiese estado armado y en esa medida entrañara una verdadera amenaza
para el restante grupo de policías, la reacción fue por completo desproporcionada,
ya que si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y,
por ende, recurrir a las armas para su defensa, esa potestad sólo puede ser
utilizada como último recurso, apenas se agoten los medios a su alcance que presupongan
un menor daño.
De cualquier forma, rechazó los argumentos que alentaron
la tesis acerca de la existencia de una causal que impide la imputación de
responsabilidad en el caso concreto, tomando en consideración que i) la Policía
Nacional calificó en su informe administrativo que la muerte había acontecido en
servicio activo, cuando debió calificarla como ocurrida simplemente en
actividad, habida cuenta de la comisión de actos violatorios de la ley,
reglamentos u órdenes del servicio, al tenor de lo establecido en el artículo
71 del Decreto 1091 de 1995[15];
ii) no se demostró categóricamente que el patrullero Niño Garcés haya
intentado ingresar por un lugar no acostumbrado para el personal de la
estación, pues solo logró certificarse en el sub lite que “el cuerpo del
occiso fue descubierto en el patio trasero de la casa de al lado, sitio en el
que no existía ninguna clase de riesgo, por fuera de lo cual era imposible
acceder o escalar el muro en condiciones normales”; iii) el
patrullero descartó las advertencias prorrumpidas por los uniformados en
atención a que no existía ninguna clase de procedimiento para el reconocimiento
del personal policial, como una alarma o un santo y seña para identificarse; y iv)
las presuntas contravenciones de normas de disciplina y de seguridad en que
éste hubiese podido incurrir por conductas como salir de las instalaciones sin
permiso o ingerir licor durante el servicio, no son propiamente reprensibles en
sede contenciosa administrativa, sino que deben calificarse al amparo del
ordenamiento penal militar.
2.4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
-Sección Tercera, Subsección C de Descongestión-, al asumir el estudio de la apelación[16],
en Sentencia del 27 de junio de 2013, decidió confirmar el pronunciamiento del a-quo
ante la ausencia de irregularidades constitutivas de tipologías de falla en el
servicio, luego de que una aproximación a la normatividad sobre la responsabilidad
del Estado por daños a miembros de la Fuerza Pública en contraste con el repaso
de las pruebas recaudadas en el proceso le permitieran colegir que los miembros
de la Policía Nacional accionaron sus armas de dotación oficial contra el
patrullero Jhon Alexander Niño Garcés en momentos en que éste trataba de
ingresar subrepticiamente a las instalaciones de la Estación de Policía, “creyendo
que se encontraban en inminente riesgo, dada la situación de orden público que
se vive en dicho municipio, por sus constantes ataques subversivos, y en
cumplimiento de la orden de “disparar a lo que se creyera era peligro
inminente, en aras de defender la integridad física tanto del personal como de
las mismas instalaciones” dentro del plan de defensa determinado por la
institución”. Escenario particular que dejaba en claro que “el extinto
patrullero conocía de la situación de orden público de la localidad de Cabrera,
de la constante amenaza en la que se encontraba la Estación de Policía ante los
frecuentes ataques guerrilleros y de las instrucciones emitidas para la defensa
del personal y de las instalaciones, y que por tales circunstancias era
sumamente arriesgado no solamente evadirse de su sitio de trabajo sino también
tratar de ingresar al mismo en horas de la noche y a través de un predio
vecino”[17].
Con
todo, puntualizó que si en gracia de discusión se admitiera que efectivamente sobrevino
una irregularidad generadora de un daño atribuible a la Policía Nacional, “la
misma no sería definida como la causa adecuada, como quiera que las condiciones
de orden público en el Municipio de Cabrera (Cundinamarca), las actuaciones del
señor P.T. Jhon Alexander Niño Garcés y el desconocimiento de éstas últimas por
parte de sus compañeros de la Estación de Policía de esa localidad permiten
afirmar que el deceso de aquél fue un hecho imprevisible e irresistible para la
Entidad demandada”.
3.      Fundamentos
de la demanda
Contra
la decisión del Tribunal el señor Saúl Niño Arenas entabló la presente acción
de tutela, por considerar que aquella era constitutiva de una vía de hecho
judicial, no ya solamente por haber incurrido en los defectos procedimental, fáctico
y sustantivo, sino también por adolecer de la falta       de una motivación
adecuada y pertinente, desconociéndose, dicho sea de paso, el precedente
jurisprudencial fijado en la materia.
3.1. Vía de hecho procedimental: Según sostiene el actor, la sentencia,
proferida en segunda instancia, incurrió en un defecto de este tipo, porque
estuvo motivada “en las indagatorias realizadas a los sindicados dentro del
proceso penal que se adelanta en el Juzgado 146 Penal Militar, diligencias que,
valga anotar, no pueden asimilarse a una prueba testimonial, ya que son
rendidas sin la formalidad del juramento”. De ahí que su inconformidad
resida en que las pruebas trasladadas de la causa penal militar no fueron
debidamente controvertidas por el juez contencioso administrativo ni
confrontadas por los sujetos procesales, siendo, por consiguiente, nulas de
pleno derecho.
3.2. Vía de hecho por defecto fáctico: En punto de la declaración de culpa de la
víctima como causal exonerativa de responsabilidad estatal, anota que la misma
comprende un defecto de carácter fáctico, puesto que los elementos materiales de
juicio en los que se apoyó el operador jurídico carecen de sustento probatorio.
En tal sentido, pone de manifiesto que “en el respectivo fallo se afirma que
los policías dispararon sus armas prevenidos por los constantes, frecuentes,
inminentes o posibles (múltiples sinónimos) ataques, atentados o incursiones
guerrilleras” que, en definitiva, nunca se demostraron, asignándole
especial valor a las recién mencionadas indagatorias rendidas por los sujetos
involucrados y contrariando a todas luces “la prueba sobreviniente
indicativa de que en los últimos diez (10) años no reposan antecedentes
relacionados con ataques a las instalaciones policiales de la estación ubicada
en Cabrera, Cundinamarca”.
Señala, igualmente, que dentro de los
fundamentos de la providencia se dio por sentado que la víctima “se
encontraba ingresando, trepando o saltando subrepticiamente”, y que “había
ingerido una gran cantidad de alcohol       el día de los lamentables
acontecimientos”, con absoluta prescindencia del análisis, por un lado, de la
experticia del perito de la Fiscalía General de la Nación que en la diligencia
de fijación topográfica determinó, conforme a su experiencia técnica y
profesional, “que era imposible que una persona, en condiciones normales,
accediera o escalara el muro de la Estación de Policía desde la parte externa
del mismo”; y por otro, del informe de laboratorio     de toxicología
forense que arrojó un nivel de alcoholemia menor a 15mg de etanol, “el cual
ha de interpretarse como estado de embriaguez negativo, con arreglo a lo
previsto en el artículo 2º de la Resolución 414 de 2002, por obra de la cual se
fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de
embriaguez y alcoholemia”.
Pero además, concluye en líneas generales que
“hubo un error en la apreciación probatoria, ya que no se ordenaron las
pruebas solicitadas, las operadoras judiciales no tomaron en cuenta las pruebas
sobrevinientes allegadas al proceso y las que la entidad demandada debió
arrimar para justificar el eximente de responsabilidad, las cuales desvirtúan
las motivaciones ínsitas en ambas Sentencias, pues en el croquis del
levantamiento de la Policía Judicial y Medicina Legal se indica que el cuerpo
de Jhon Alexander Niño Garcés fue encontrado a unos metros del muro, en
contravía de lo que supuestamente expresaron los sindicados en las indagatorias
sobre que el fallecido estaba trepando”, aseveración esta última que resulta
desafortunada al dar por cierto un hecho desconocido que se funda, a su vez, en
una prueba que es ilegal por no haberse debatido al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa.
3.3. Vía de hecho por defecto sustantivo: Para el actor, la sentencia del Tribunal
incurrió en este defecto al zanjar el litigio con base en las declaraciones aportadas
por los acusados dentro del procedimiento adelantado por el Juzgado 146 Penal
Militar, a sabiendas de que no consultan los requerimientos propios que
caracterizan a las pruebas testimoniales.
3.4. Vía de hecho por haberse proferido una
decisión sin motivación: A
través de la invocación del citado defecto, afirma que en las sentencias         de
primera y segunda instancia que resolvieron la demanda de reparación directa “no
se argumentaron ni nombraron siquiera los temas jurídicos propuestos en la
demanda, apelación, alegatos de conclusión, entre otros, muerte causada con
arma de dotación oficial, uso excesivo de las armas de fuego de dotación,
riesgo propio del servicio, inaplicación e inobservancia de los reglamentos de
la Policía Nacional (reglamento de supervisión y control de servicios para la
Policía Nacional en sus Arts. 67, 68, 69 y 70 de la Resolución No. 03514 de
2009, el Art. 35 de la Resolución No. 9857 de 1992 de la Policía Nacional,
relativos al plan de defensa, santo y seña, entre otras), riesgo actividad peligrosa,
ni hubo valoración estudiosa de las pruebas y evidencias sobrevinientes, pues
los elementos en los cuales se sustentan los argumentos de la demanda no pueden
enervarse ni evadirse por parte de las operarias judiciales”. Dicho en
otras palabras, los fallos cuestionados descartaron sin argumentos las hipótesis
medulares que reforzaban la petitoria de condena por responsabilidad.
3.5. Vía de hecho por desconocimiento del
precedente: En criterio
del demandante, la estructuración de esta causal se explica en el mérito que la
sentencia de segunda instancia otorgó “a las diligencias disciplinarias acometidas
en la oficina de control disciplinario del Departamento de Policía de
Cundinamarca No. DECUN-2009-2013 contra los patrulleros sindicados de la muerte
de Jhon Alexander Niño Garcés (en donde se ordenó la terminación del proceso y
el archivo de las actuaciones)” que, sin regirse por normas, principios u
objetivos similares a los establecidos en materia administrativa, influyeron palmariamente
en el posterior veredicto de liberación de responsabilidad a partir de la
antijuridicidad del daño provocado.
De cuanto hasta ahora ha sido expuesto, el
tutelante presupone que los alegados yerros cometidos por el Tribunal fueron
determinantes en la decisión adoptada en el marco del proceso contencioso
administrativo de reparación directa, pues de haber respetado las normas
procedimentales básicas, de haber analizado correctamente los hechos ocurridos
y alegados, de haber examinado a cabalidad las pruebas arrimadas a la causa y
de haber justificado los planteamientos consignados utilizando como referencia el
precedente judicial respectivo, su decisión no habría sido la de consentir un fenómeno
jurídico que, en la práctica, torna ilusoria la posibilidad de adjudicar cualesquier
gravamen a la Policía Nacional en su condición de agente causante de la
infracción que originó la controversia. Esto último, a su juicio, se traduce en
el quebrantamiento de sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la
igualdad ante la ley, dado que se pretermitieron las reglas del proceso y se
excluyeron del análisis los elementos que perfilan la responsabilidad de la
administración por falla derivada de la defectuosa prestación del servicio.
4.      Pretensiones de la demanda
En orden a que se amparen las prerrogativas iusfundamentales
que estima le han sido conculcadas, el actor insta al juez de tutela para que
deje sin efectos la Sentencia del 27 de junio de 2013, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión-, dentro del proceso contencioso administrativo
de reparación directa que impulsó contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, así como para que se le ordene a dicha autoridad
judicial dictar una nueva providencia que “esté debidamente motivada en una
correcta valoración de las pruebas existentes y de aquellas sobrevinientes
expedidas por la propia Policía Judicial y el Departamento de Policía de
Cundinamarca”.
5.      Oposición a la demanda de tutela
El
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta-, por
medio de Auto del 19 de septiembre de 2013, admitió la acción de tutela y ordenó
correr traslado de la misma a los Magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca integrantes de la Subsección demandada y al Juez Tercero
Administrativo de Descongestión de Girardot, al igual que al Ministerio de
Defensa y a la Dirección de la Policía Nacional en calidad de terceros con
interés legítimo en las resultas del proceso, para que se pronunciaran acerca
de los supuestos fácticos y de la problemática planteada en ella.
5.1.   Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión-
5.1.1. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión-, intervino en el trámite de la presente demanda por intermedio de
la magistrada que actuó como ponente en            la sentencia contra la cual
se deprecó la protección constitucional. Dicha servidora, en memorial dirigido
al juez de primera instancia, propuso la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela.
5.1.2.
Sostuvo al respecto, que el Tribunal no incurrió en una vía de hecho, en tanto
el proceso contencioso administrativo de reparación directa fue gestionado con
estricta sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que no es dable que se le
endilgue ningún tipo de tacha o anomalía ni mucho menos que se predique su
enlace con una causal específica que haga factible la procedencia excepcional del
mecanismo de amparo[18].
5.1.3. En
todo caso, de llegar a emitirse un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sugirió
que en aquel debían denegarse las pretensiones delineadas por el señor Saúl
Niño Arenas, por cuanto no se evidenciaba vulneración alguna de sus derechos
fundamentales, ya que la sentencia de segunda instancia, que finiquitó el
trámite objeto de censura, apreció en su integridad las piezas probatorias aportadas
al expediente, dotándolas de valor para así encarar la verdad sustancial de lo
sucedido. Dicho material, que incluye pruebas trasladadas, expuso, “permaneció
en el sumario durante el transcurso del proceso sin que su eficacia o validez haya
sido rebatida por las partes”.
5.1.4.
Finalmente resaltó, en armonía con las declaraciones de conformidad con las
cuales no se practicaron las pruebas solicitadas y sobrevinientes, que ésta no
era la coyuntura procesal pertinente para ese tipo de interpelaciones, dado que
ello incumbía ventilarse dentro de los términos y oportunidades previstos en el
Código de Procedimiento Civil.
5.2.   Ministerio de
Defensa – Secretaría General de la Policía Nacional
5.2.1. Al dar respuesta
oportuna al requerimiento judicial, el Secretario General del Ministerio de
Defensa-Policía Nacional enfatizó en la improcedencia del mecanismo tuitivo de
los derechos fundamentales en el caso concreto por fuerza de i) la
inexistencia de transgresión del debido proceso, ii) la congruencia de
las providencias judiciales atacadas y             iii) la inobservancia
del principio de inmediatez.
5.2.2. Así, en primer
lugar, manifestó que en la calidad que le asiste de parte demandada en el
proceso contencioso de reparación directa “no tuvo injerencia en las
determinaciones de las autoridades jurisdiccionales que participaron de la
causa, lo que hace imposible que se le fije la responsabilidad por violar el
debido proceso”.
5.2.3. En segundo término,
precisó que el patrullero fallecido “no guardó las medidas de seguridad en
las instalaciones policiales y el cumplimiento de    las órdenes de sus
superiores, situaciones con las cuales se demostró en        el proceso que la
ocurrencia de la muerte se produjo por culpa exclusiva      de la víctima, ya
que el daño surge como consecuencia de su libre, espontáneo y autónomo actuar;
siendo jurídicamente adecuado que la Policía Nacional quedara eximida de la
responsabilidad que se pretendía endilgar, teniendo en cuenta que se rompió el
nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la institución”. Siendo
ello así, la discusión que se propone carece por completo de relevancia
constitucional, pues tal caracterización no se adquiere con la sola afirmación
del accionante sobre el desconocimiento de sus derechos, desprovista, por lo
demás, de una justificación objetiva y razonable.
Ejemplo ilustrativo de lo
anterior es la supuesta estructuración de un defecto fáctico, cuando quienes
fungieron como jueces realizaron una valoración cuidadosa y sistemática de las
pruebas que fueron debidamente aportadas al proceso, “sin evidencia alguna
de que se hubiese invocado alguna causal de nulidad o ejercitado un mecanismo
ordinario o extraordinario de defensa para su contradicción”.
5.2.4. En tercer y último
lugar, advirtió que además de haberse desconocido la naturaleza excepcionalísima
de la acción de tutela cuando se trata de refutar sentencias judiciales, se
pasó por alto el criterio de inmediatez que la propia jurisprudencia
constitucional ha elaborado como pauta para determinar          la
procedibilidad de la misma, en razón, principalmente, a que aquella fue
interpuesta luego de más de 3 meses después de dictada la sentencia de segunda
instancia en el proceso contencioso administrativo de reparación directa.
6.      Pruebas que obran en el expediente
Las pruebas relevantes aportadas al trámite
de tutela, todas de origen documental, conformadas por las principales piezas
del proceso contencioso administrativo de reparación directa, promovido por el
señor Saúl Niño Arenas contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional,
son las que a continuación se relacionan:
-
Copia simples de las principales actuaciones surtidas en el marco del proceso
contencioso administrativo de reparación directa, tales como la solicitud de
conciliación prejudicial, la demanda, el recurso de apelación, los alegatos de
conclusión e informes periciales rendidos por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Folios
40 a 158 del Cuaderno Principal del Expediente).
- Copia
simple de la Sentencia del 10 de agosto de 2012, proferida, en primera instancia,
por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Girardot,
mediante la cual decidió negar las pretensiones de la demanda y excluir de toda
responsabilidad a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte
del patrullero Jhon Alexander Niño Garcés al configurarse la causal eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima (Folios 26 a 36 del Cuaderno
Principal del Expediente).
-
Copia simple de la Sentencia del 27 de junio de 2013, dictada, en segunda instancia,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca      -Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión-, a través de la cual resolvió confirmar el
pronunciamiento del a quo (Folios 13 a 24 del Cuaderno Principal del Expediente).
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE
REVISAN
1.      Primera Instancia
1.1. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, en providencia dictada el 16 de diciembre de 2013,
decidió denegar la protección iusfundamental impetrada por el actor bajo
las siguientes consideraciones:
1.2. En un principio verificó el cumplimiento de los
presupuestos generales de procedibilidad del recurso de amparo contra
providencias judiciales, razón por la cual procedió a estudiar una a una las
causales específicas esbozadas en la demanda.
1.2.1. Frente a la presunta vía de hecho por defecto
fáctico al valorarse pruebas indebidamente recaudadas en un proceso disímil del
de reparación directa, precisó que las autoridades judiciales demandadas no
habían incurrido en este tipo de defecto, puesto que el mismo artículo 185 del
Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 168
del Decreto 01 de 1984 a los procesos que se siguen en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, establece que las pruebas practicadas válidamente
en un proceso pueden trasladarse a otro en copia auténtica, con la condición de
que “en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte
contra quien se aduce o con audiencia de ella”. Premisa que si bien, prima
facie, llevaría a reconocer que el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Girardot pretermitió ese requisito al citar las diferentes
declaraciones sin la audiencia de la parte demandante, deja de lado el criterio
acogido por la propia Sección Tercera de la Corporación que ha sostenido al
respecto que “las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser
valoradas dentro del proceso contencioso administrativo (…) si las dos partes
solicitan su traslado, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad
procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo
probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses,
invoque las formalidades legales para su inadmisión”. De ahí que aunque en
el proceso contencioso administrativo objeto de censura no se haya pedido
expresamente el traslado de las declaraciones rendidas en el proceso penal
militar, lo cierto es que en múltiples oportunidades la parte demandante se
vale de esas pruebas para reclamar la responsabilidad administrativa de la
Policía Nacional bajo el título de falla en el servicio. Basta mencionar que “junto
con la demanda de reparación directa se allegó la declaración del subintendente
John Fredy Luis Sierra, prueba que la parte demandante solicitó que fuera
valorada y que hace parte del proceso penal que se inició por la muerte del
patrullero Niño Garcés”, para que emerja con claridad “una actitud del
actor contraria a la lealtad procesal, pues en la demanda solicitó que se
tuvieran como pruebas las declaraciones rendidas en el proceso penal militar(por
los policías Omar Gonzalo Galindo Mora, Jhon Fredy Luis Sierra y Marco Tulio
Acosta Méndez), pero en vista de que la valoración efectuada por las
autoridades judiciales resultó desfavorable a sus intereses, acude a esta
acción para descalificarlas y tacharlas como pruebas nulas de pleno derecho”.
Aun así, resulta de capital importancia advertir que la
mayoría de las declaraciones “no se recibieron en diligencias de
indagatoria, sino que fueron rendidas bajo la gravedad del juramento en
diligencias de testimonio llevadas a cabo con las formalidades propias
previstas en el Código Penal Militar y en la Ley 906 de 2004”, por lo que
no es aplicable el precedente según el cual las indagatorias que obran en los
procesos penales no pueden valorarse como prueba testimonial en el proceso
contencioso administrativo. Es más, pese a que “en las sentencias censuradas
se citan las declaraciones de los patrulleros Óscar Ricardo Buitrago Molina y
Oscar Fernando Gamba Moyano, recibidas en diligencia de indagatoria en el
proceso penal militar, es claro que esas no fueron las únicas pruebas ni las
determinantes para demostrar la causal eximente de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima”.
Entre tanto, la inconformidad del demandante en
relación con la llamada prueba sobreviniente, en la que consta que en los
últimos 10 años no se produjeron ataques contra la estación de policía del
municipio de Cabrera, “no es de recibo, en la medida en que no es un cargo
susceptible de endilgarse a los jueces del proceso de reparación porque se
trata de una certificación expedida con posterioridad a la ejecutoria de las
sentencias atacadas que no pudo ser valorada”.
1.2.2. De otra parte, es de mencionar que el actor
aduce que las sentencias se dictaron sin probarse los “constantes,
frecuentes e inminentes o posibles ataques, atentados o incursiones
guerrilleras en el municipio de Cabrera”, sin reparar específicamente en “los
memorandos Nos. 138, 139 y 140, suscritos por el Comandante de seguridad
ciudadana del Departamento de Policía de Cundinamarca, en los que se advertía
una alta planificación terrorista de la FARC y de eventuales ataques de ese
grupo armado al margen de la ley, principalmente dirigidos contra el sector
político, población civil, fuerza pública e infraestructura estratégica”, circunstancias
que estaban debidamente fundamentadas en el proceso de reparación directa y que
orientaron en su momento la interpretación de los jueces respecto a la
evaluación del material probatorio, especialmente, frente a una posible
incursión subversiva.
1.2.3. Así mismo, por lo que hace a la omisión y valoración
arbitraria del material probatorio relacionado con los peritazgos topográfico y
toxicológico, “tanto el Juzgado como el Tribunal dictaron sus sentencias con
base en la valoración de los elementos probatorios aportados al proceso,
decidiendo negar las pretensiones por encontrar acreditada la causal eximente
de responsabilidad conocida como culpa exclusiva de la víctima, sin que ello
hubiera obedecido a la existencia de una única prueba y determinante”. Desde
luego, en cada una de las providencias se observa una relación detallada de los
hechos probados y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que llevaron al
convencimiento sobre la ausencia de responsabilidad administrativa de la
entidad demandada. Tesis aceptada de manera razonable al inferirse que “el
patrullero Niño Garcés contribuyó a la producción del evento dañino porque
salió de la estación de policía sin permiso, intentó ingresar en la noche por
un lugar diferente al acostumbrado y no respondió a los llamados de alerta que
le hicieron los compañeros”. Por fuerza que el hecho de que la prueba de
toxicología registre uno u otro nivel de alcoholemia, en nada afecta la
solución del asunto, pues no fue ni la única prueba ni la determinante.
Empero, si se llegara a admitir, verbigracia, que los
jueces omitieron valorar el dictamen del perito topógrafo, “tal prueba no
tiene el alcance que el demandante pretende darle, pues aunque inicialmente
estima que es imposible para una persona en condiciones normales acceder o
escalar        el muro, seguidamente acepta que la continuidad del mismo es en
escalas con distancias horizontales diferentes y una altura de 1.45 metros en
cada escalón y que en la parte media si es posible acceder a ambos predios, es
decir de la estación a la tienda y viceversa”.
1.2.4. Por lo demás, huelga concluir “que las
autoridades judiciales no incurrieron en vía de hecho por falta de motivación
de las sentencias cuestionadas”, pues, por el contrario, “los jueces,
una vez verificaron que la muerte del patrullero Niño Garcés se produjo como
consecuencia del uso de armas de dotación oficial por parte de miembros de la
Policía Nacional en servicio activo, plantearon que el caso debía resolverse
bajo el título de imputación de falla del servicio (…) lo que sucede es que la
Policía Nacional logró demostrar la existencia de la causal eximente de
responsabilidad conocida como culpa exclusiva de la víctima”, lo que condujo
a que se denegaran las pretensiones deprecadas por los actores en el proceso
ordinario.
1.3. De acuerdo con lo visto, la mera inconformidad de
alguno de los sujetos procesales frente al sentido de una decisión judicial
ordinaria no implica, per se, que pueda representar una afectación de
sus derechos fundamentales.
2.      Impugnación
2.1. La decisión del a-quo fue
recurrida oportunamente por el apoderado del actor al insistir en que las
autoridades judiciales hicieron nugatoria la posibilidad a la parte demandante
de controvertir los elementos materiales probatorios trasladados del proceso
penal militar -nulos, en su parecer,         de pleno derecho-, al tiempo que
se resistieron a asumir el conocimiento de la prueba sobreviniente
-certificación de la Comandancia de la Policía Nacional que certifica que en el
municipio de Cabrera no existen antecedentes de ataques subversivos desde hace
más de 10 años- por haberse allegado al proceso por fuera del término legal.
2.2. Así las cosas, solicita la revocatoria
de la Sentencia proferida por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
-Sección Tercera, Subsección C de Descongestión-, para que, en su lugar, se
conceda la protección tutelar invocada, de suerte que sean protegidos los
derechos constitucionales fundamentales de su prohijado.
3.      Segunda Instancia
De la causa conoció el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, que, en Sentencia del 27
de marzo de 2014, confirmó el fallo judicial adoptado en primera instancia,
tras acoger en su integridad los argumentos allí expuestos relacionados con la
inexistencia de las irregularidades planteadas por el actor en la demanda de
tutela.
IV.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 15 de mayo de 2014,
proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de esta Corporación.
2.      Delimitación del problema jurídico
y esquema de resolución
2.1. Como se habrá advertido en la reseña fáctica
descrita en precedencia,      la problemática de índole jurídica por resolver,
en sede de revisión, se contrae a la necesidad de establecer, si por obra de la
sentencia de segunda instancia, dictada dentro del proceso contencioso de
reparación directa, promovido por Saúl Niño Garcés -y otros- contra la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, se violó el derecho fundamental
del primero al debido proceso, por
el hecho de haberse denegado en ella las súplicas de la demanda con sustento en
la configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de
la víctima.
2.2. Tal panorama conduce a la Sala,
indefectiblemente, a examinar si, en efecto, el fallo cuestionado (i)
respetó las normas procedimentales básicas aplicables al caso concreto, (ii)
si analizó correctamente los hechos realmente ocurridos y alegados, y (iii)
si examinó adecuadamente las pruebas allegadas al proceso.
2.3. Con ese objetivo entonces, se iniciará
por (i) reiterar la doctrina de la Corte Constitucional en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para luego
verificar (ii) si en el caso bajo examen, se cumplen con los requisitos
generales y específicos de procedibilidad de la misma.
3.      De la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.1. Bien es sabido que la posibilidad de
controvertir las decisiones judiciales mediante el ejercicio de la acción de
tutela ha sido objeto de un cuidadoso y esmerado proceso de construcción jurisprudencial
por parte de esta Corporación, tanto por vía del control concreto, como a
través del control abstracto de constitucionalidad[19]. Es en tales escenarios, precisamente,
donde ha llegado a erigirse la acción de tutela contra providencias judiciales
como un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la primacía, prevalencia y
efectividad de los derechos constitucionales fundamentales, cuya realización es
uno de los pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho[20].
3.2. Sin embargo, esa última premisa no es del todo
absoluta. La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de dejar en
claro que                 la impugnación de sentencias judiciales por vía del
mecanismo de la tutela es de
alcance excepcionalísimo y restrictivo, en la medida en que se encuentran de por
medio los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la
cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de
independencia y autonomía de los jueces, y el sometimiento general de los
conflictos a las competencias ordinarias de éstos[21].
Lo anterior explica que el artículo 86 Superior le
atribuya a la acción de tutela un carácter residual y subsidiario, lo que
revela que solo es procedente supletivamente, esto es, cuando no existan otros
medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Esa particular nota distintiva, ha dicho la Corte,
permite entender, además, que el recurso de amparo no puede ser utilizado como
un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos
por la ley para la defensa de los derechos, pues con aquel no se busca
reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los
mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se
adopten[22].
3.3. De esa manera, la procedencia excepcional y
restrictiva de la acción de tutela para debatir providencias judiciales se
circunscribe a aquellos casos en los que logre comprobarse que la actuación del
funcionario judicial fue “manifiestamente contraria al orden jurídico, o al
precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en
especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia”[23].
Eventos que, sin duda alguna, constituyen, en realidad, una desfiguración de la
actividad judicial que termina por deslegitimar la autoridad confiada al juez
para administrar justicia y que, por consiguiente, debe ser declarada
constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los
derechos fundamentales de los administrados[24].
3.4. De ahí que esta Corte se diera a la tarea de
elaborar una serie de parámetros a partir de los cuales el operador jurídico
pudiera identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela
resultara procedente para controvertir los posibles defectos de que puedan
adolecer las decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar
a la protección excepcional de los derechos fundamentales por vía del recurso
de amparo constitucional[25].
Así, partiendo de la necesidad de armonizar intereses
constitucionales tales como la autonomía de la actividad jurisdiccional del
Estado y la seguridad jurídica, junto con la efectiva protección de los
derechos fundamentales, logró consolidarse una doctrina en torno a los eventos
y condiciones conforme a los cuales es procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales[26].
3.5. Por eso, como resultado de un ejercicio de
sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte
distinguió entre dos tipos de requisitos, siendo unos generales,
referidos a la procedibilidad de la acción   de tutela y los otros específicos,
atinentes a la tipificación de las situaciones que conducen al desconocimiento
de derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso.
En cuanto a los primeros, también denominados requisitos
formales, debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento habilita
al juez de tutela para entrar a evaluar, en el caso concreto, si se ha
presentado alguna causa específica de procedibilidad del amparo constitucional
contra una decisión judicial. En otras palabras, son condiciones sin las cuales
no sería posible abordar el estudio del fallo objeto de censura[27]. Ellas son:
“a. Que la controversia planteada sea
constitucionalmente relevante. Ello significa que el asunto a debatir en
sede de tutela debe trascender el ámbito de la mera legalidad, pues el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en temas que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En cumplimiento del tal
presupuesto, el juez de tutela tiene la carga de explicar por qué el asunto
sometido a su conocimiento es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de alguna de las partes.
b. Que previamente se hayan agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  Atendiendo al carácter subsidiario y
residual que identifica la acción de tutela, es deber del actor agotar
previamente todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos.  De no entenderse así, esto es, “de asumirse
la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última”. Solo en caso que se demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable, es posible darle trámite a la tutela, aun a pesar de la
existencia de otros medios de defensa judicial. En estos casos, además de tener
que concurrir los elementos de la irremediabilidad fijados por la
jurisprudencia,  la medida de protección que se adopte tiene un carácter a
penas transitorio, en espera a que la autoridad competente profiera la decisión
definitiva.
c. Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez. Esto
es, que la tutela sea interpuesta en un término razonable y proporcional al de
la ocurrencia del hecho que originó la vulneración.  Considerando que la tutela
persigue la protección inmediata de los derechos fundamentales, es
absolutamente necesario, para que se logre ese objetivo específico,  que la
misma se promueva dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de
los derechos, esto es, en forma consecutiva o próxima al suceso ilegítimo. De
no ser así, de aceptar que el amparo constitucional pueda promoverse meses o
aún años después de proferida la decisión cuestionada, se desvirtuaría el alcance
reconocido por el Constituyente del 91
a la acción de tutela, y se sacrificarían también los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos. En todo caso, frente al
cumplimiento de este requisito, la jurisprudencia constitucional[28]
ha estimado que, al
momento de determinar si se presenta el fenómeno de la inmediatez en materia de
acción de tutela contra providencias judiciales, es necesario examinar los
siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique
la inactividad del peticionario; (ii) si se está en presencia de un sujeto de
especial protección o de persona que se encontraba en una situación de especial
indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.
d. Que tratándose de una irregularidad
procesal, la misma debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Cuando se trata de una irregularidad
procesal, es necesario que el vicio alegado incida de tal forma en la decisión
final, que de no haberse presentado o de haberse corregido a tiempo, habría
variado sustancialmente el alcance de tal decisión. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.  Por oposición a la informalidad que
caracteriza la tutela, cuando está se invoca contra providencias judiciales, es
necesario que quien reclama la protección señale los derechos afectados e
identifique con cierto nivel de detalle en que consiste la violación alegada,
debiendo haber planteado el punto previamente en el respectivo proceso. Esta
exigencia es razonable, pues, sin buscar imprimirle a la tutela formalidades
que la desnaturalicen, sí se requiere que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que la tutela no se dirija contra
sentencias de tutela. No es posible demandar por tutela una sentencia de tutela, por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales, no pueden
prolongarse indefinidamente. Máxime cuando todas las sentencias proferidas en
sede de tutela son remitidas a la Corte y sometidas a un riguroso proceso de
selección, en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión,
por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
3.6. Superada la observancia de los
presupuestos antedichos, el juez debe comprobar que se configura por lo menos
uno de los requisitos                      de procedibilidad especiales, o
defectos materiales, identificados en la jurisprudencia constitucional y decantados
en la misma como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales. En una
sentencia relativamente reciente, esta Corporación, al abordar el estudio de un
asunto similar, tuvo la oportunidad de citarlos y complementarlos de la manera
que a continuación se cita[29]:
“a. En un defecto orgánico. El
cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras
palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión
cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico
jurídicamente incompetente.
b. En un Defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado
completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se
aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que
era aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que
al ignorar
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando
una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos
fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para
configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los
siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto, que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la
deficiencia no resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado
que se configura un defecto procedimental, en los siguientes casos: (i)  cuando
se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde
arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si
la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se
deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un
efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de
conocer el acto por otros medios,  no procederá la tutela; (ii) cuando
existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en
el cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial
pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente
había sido ordenada; y (iii) cuando  resulta evidente que una decisión
condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara
deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias
del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez
de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no
obstante las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, La Corte ha explicado
que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la
falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción
positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al
proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son
totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un
defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e
ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de
intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un
defecto fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:
-
La intervención del
juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía
judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se
lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
-
Las diferencias de
valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los
criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio
de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas
por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la
obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
-
Para que la acción
de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[30].
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial
adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley
le reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables
al caso concreto. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que
cuando una decisión judicial se soporta en una norma jurídica  manifiestamente
equivocada, que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica,
aquella pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad,  que debe dejarse
sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y
apropiado. Al respecto, ha explicado la Corte que tal situación de
arbitrariedad se presenta cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha sido derogada
o declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta inconstitucional
frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y siendo
constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de definición
judicial.
f. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez
o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo
conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En
estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en
cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la
administración de justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo
irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los
derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
h. En desconocimiento del precedente judicial.
Se presenta en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial, a través de
sus pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le resulta
aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica
que justifique tal cambio de jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se
presenta igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley,
fijado por la Corte Constitucional con efectos erga omnes.
i. En violación directa de la
Constitución. La
misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la
decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados amparados por la Carta Política”.
3.7. Corolario
imperativo de las consideraciones hasta aquí expuestas, es que la acción de
tutela, como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede
excepcionalmente para controvertir el sentido y alcance de las decisiones
judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad, (ii) se observe que la decisión cuestionada haya
incurrido en uno o varios de los defectos o vicios específicos y, finalmente, (iii)
se determine que el defecto sea de tal magnitud que implique una amenaza o vulneración
de derechos fundamentales[31].
3.8. Habiéndose dicho esto, pasa la Sala
a verificar si los hechos que se alegan en la presente causa, se enmarcan en el
test de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y
hacen factible, por consiguiente, la adopción de medidas de protección de los
derechos fundamentales invocados.
4.      Resolución del Caso Concreto
4.1. Cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad
4.1.1. En la línea de las consideraciones
plasmadas, encuentra la Corte que en el presente asunto, pueden tenerse como
cumplidos los requisitos generales de procedencia establecidos por la
jurisprudencia constitucional.
4.1.2. En efecto, vale destacar que la
cuestión que se debate es, a primera vista, (i) de indiscutible relevancia
constitucional, puesto que se persigue la efectiva protección del derecho fundamental
al debido proceso, frente a una presunta
actuación arbitraria del juez contencioso que ha adquirido firmeza; (ii) Así mismo, es claro que dentro del
proceso contencioso de reparación directa, el actor agotó todos los medios
ordinarios de defensa que tenía a su disposición para procurar la salvaguarda de
las prerrogativas iusfundamentales que estima vulneradas, pues contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo
de Descongestión de Girardot, promovió recurso de apelación, tramitado y
resuelto mediante sentencia por   el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección
Tercera, Subsección    C de Descongestión-, siendo esta última providencia la
que se reprocha en sede de tutela. En este punto específico, interesa aclarar que,
aun cuando por expreso mandato del artículo 248 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos procede el Recurso
Extraordinario de Revisión, el mismo no es susceptible de ser invocado en el caso
de autos, ya que los hechos alegados en la acción de amparo presentada no se
enmarcan en ninguna de las causales de procedibilidad del citado recurso,
previstas en el artículo 250 ejusdem; (iii) adicionalmente, se
tiene que la acción de tutela fue promovida en un término razonable y
proporcional al de la ocurrencia del hecho que presuntamente originó la
vulneración, pues ésta se interpuso con cerca de 3 meses de diferencia luego de
haberse dictado       la sentencia en segunda instancia -la tutela se presentó
el 11 de septiembre de 2013 y la providencia de segunda instancia se profirió
el 27 de junio de ese mismo año-; (iv) de igual forma, estima la Sala que
en el presente caso el actor logra identificar con claridad los hechos que, en
su concepto, generaron la vulneración alegada y los derechos presuntamente
violados, así como             la incidencia de los defectos en la decisión que
se cuestiona; (v) finalmente, la polémica que se plantea no gira en
torno a una sentencia de tutela.
4.2. La sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección C de Descongestión-
no se enmarca en ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
4.2.1. En el asunto bajo estudio, el actor
sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión-, al resolver el recurso de apelación promovido
contra el fallo de primera instancia, dentro del curso de la acción de reparación
directa, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a            la administración de
justicia, a la defensa y a la igualdad ante la ley, por cuenta de haber denegado
las pretensiones de la demanda encaminadas a que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
por los daños y perjuicios tanto morales como materiales sufridos por los
demandantes a causa de la muerte del patrullero Jhon Alexander Niño Garcés,
ocasionada por miembros de la Policía Nacional el 10 de junio de 2009. Esto
último, al encontrarse acreditada una causa extraña correspondiente a la causal
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
Afirma que tal situación se configuró, gracias a que
el Tribunal no contaba con pruebas
propiamente dichas para sustentar la decisión, así como tampoco aplicó las
normas sustantivas y procesales pertinentes al caso, por fuera de lo cual efectuó
una desacertada valoración, sin motivación, de los elementos de prueba que se
aportaron al proceso, con desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado
en la materia. En este sentido, aduce el
actor que la autoridad acusada incurrió en los defectos fáctico, procedimental,
sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.
4.2.2 Pues bien, evaluadas las
circunstancias fácticas que dieron lugar al proceso de reparación directa, las
pruebas acopiadas al mismo y el contenido de la sentencia de segunda instancia,
no encuentra la Corte que en ella, el Tribunal haya vulnerado los derechos del
actor al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa y a la igualdad ante la ley, y tampoco
que hubiere incurrido en alguno de los defectos específicos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales que aquél le endilga.
4.2.3. En criterio de esta Sala, la sentencia
objeto de cuestionamiento no se constituye en una actuación arbitraria o
abusiva del juez del proceso y, por el contrario, encuentra que la misma fue
proferida de conformidad con la Constitución y la ley, dentro del marco de la
autonomía funcional e independencia judicial, sustentándose en disposiciones
claramente aplicables al caso concreto, con apoyo del material probatorio
aportado al proceso y ajustado tanto al procedimiento establecido para tramitar
la acción contenciosa de reparación directa como al precedente jurisprudencial
fijado por el máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
para este tipo de casos.
Sea esta la oportunidad para resaltar que la
jurisprudencia constitucional ha sido especialmente enfática en sostener, que
cuando una providencia judicial se fundamenta en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al
caso y en la valoración adecuada de las pruebas allegadas, no es plausible alegar
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues ello implicaría
una intromisión arbitraria del juez constitucional, que afecta de manera grave
los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y
procesal- y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.
4.2.4. Así las cosas, conviene recordar simplemente el
trámite impartido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión- a la acción de reparación directa entablada contra la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional para confirmar este aserto.
4.2.4.1. Con fecha 10 de junio de 2009,
siendo las 10:00 p.m., en la Estación de Policía de Cabrera, Cundinamarca, los
patrulleros Oscar Ricardo Buitrago Molina y Oscar Fernando Gamba Moyano
dispararon sus armas de dotación oficial y de uso privativo contra la humanidad
del también patrullero Jhon Alexander Niño Garcés, el cual se encontraba en la
parte trasera del patio del predio que colinda con la referida Estación,
produciéndole la muerte de manera inmediata.
4.2.4.2. El 17 de Noviembre de 2010, el
actor, en su calidad de padre del fallecido, junto con otros familiares,
presentaron acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional para que se le declarara administrativa y
patrimonialmente responsable de los perjuicios morales y materiales -presentes
y futuros- causados por la muerte del mencionado patrullero de la Policía
Nacional, solicitando condenar a la administración a reparar el daño
ocasionado, tasado en la suma de doscientos setenta millones trescientos
setenta y cinco mil pesos ($270.375.000). Afirmó en la demanda que el daño fue
resultado de una falla en la prestación del servicio por negligencia o culpa en
el obrar de los agentes de policía que accionaron sus armas de dotación contra
su compañero sin que el mismo hubiera representado un peligro o amenaza para
ellos o para la propia Estación de Policía, pues se hallaba solo, desarmado y
en un lugar en el que no existen restricciones de paso.
Para demostrar la falla en el servicio por
defectuoso funcionamiento de la administración, fueron aportadas pruebas
documentales tales como: (i) copia del informe administrativo por muerte
expedido por la Policía Nacional,            (ii) registros civiles de
nacimiento del occiso y de los familiares, (iii) registro civil de
defunción del occiso, (iv) copia de la diligencia de inspección
judicial, (v) copia del bosquejo topográfico, (vi) constancia de
la solicitud de conciliación prejudicial, (vii) copia del auto de
apertura de investigación por parte del Juzgado 146 Penal Militar, (viii)
copia de oficio de la oficina de control disciplinario de la Policía Nacional,
(ix) copia del informe del investigador de la Fiscalía General de la Nación
y (x) copia de declaración rendida por el Subintendente Jhon Fredy Luis
Sierra dentro del proceso penal militar correspondiente.
4.2.4.3. El Juzgado Tercero Administrativo
de Descongestión del Circuito de Girardot, que conoció en primera instancia el
referido proceso, en sentencia del 10 de agosto de 2012, decidió denegar las
pretensiones de la demanda por haber encontrado que en el caso se configuraban
los elementos determinantes que caracterizaban la culpa de la víctima como eximente
de responsabilidad estatal. Así, después de haber repasado las nociones básicas
de la responsabilidad patrimonial del Estado y de poner en consideración los
hechos fácticos y jurídicos probados en el proceso de conformidad con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte del patrullero
Niño Garcés -extractadas principalmente de las declaraciones rendidas ante el
Juzgado 146 de Instrucción Penal Militar-, la autoridad judicial arribó a la
conclusión según la cual debía declararse dicha causal exonerativa porque el
resultado dañoso había tenido como única causa su actuar imprudente que implicó
la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeto.
Del material probatorio aportado al proceso
contencioso de reparación directa se encontraron probados los siguientes hechos:
(i) el fallecimiento del patrullero Jhon Alexander Niño Garcés producto
de severas lesiones craneoencefálicas y faciales producidas por proyectil de
arma de fuego de carga sencilla y de alta velocidad[32]; (ii) circunstancias
de tiempo, modo y lugar analizadas a partir Informe Administrativo por Muerte
No. 005, del 1º de julio de 2009 suscrito por el Comandante de Policía de
Cundinamarca que calificó el fallecimiento del patrullero como ocurrida en
actos del servicio, las consignas del libro de la Estación de Policía de
Cabrera que sugerían extremar las medidas de seguridad y tener el armamento y
municiones a la mano, así como varias declaraciones rendidas dentro del proceso
adelantado por el Juzgado 146 de Instrucción Penal Militar, entre las que cabe destacar
la del Teniente Omar Gonzalo Galindo Mora, el Subintendente Jhon Fredy Luis
Sierra, el Agente Marco Tulio Acosta Méndez, el patrullero Oscar Buitrago
Molina, el Subintendente Oscar Fernando Gamba Moyano, la propietaria del local
comercial que colinda con la Estación Rosalba Postor Ardila y de quien habitaba
el segundo piso del local comercial Yurani Prieto González (en todas ellas puede
extractarse, como común denominador, que el patrullero Niño Garcés había
terminado su turno de centinela pero que debía mantenerse en las instalaciones
de la estación de policía, razón por la cual para salir de la estación debió pedir
permiso al Comandante y hacerlo con armamento para evitar un plan pistola, por
fuera de lo cual no atendió los llamados de los uniformados que custodiaban la
estación cuando se encontraba ingresando por la parte de atrás, lo cual estaba expresamente
prohibido); (iii) certificado expedido por el Juzgado 146 de
Instrucción Penal Militar del proceso adelantado en contra de los agentes que
dispararon en contra del patrullero Niño Garcés por el delito de homicidio; (iv)
fallo emitido por la Inspección Delegada Regional 1 de la Policía Nacional que
confirmó la decisión del fallador de primera instancia de resolver la terminación
del proceso y archivar con carácter definitivo la investigación disciplinaria
adelantada por los sucesos ocurridos el 10 de junio de 2009.
4.2.4.4. La decisión fue apelada por el
actor, sosteniendo que, en su caso, no solo se daban los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado por falla del servicio, sino,
también, los presupuestos para la procedencia de la reparación directa, en la
medida en que (i) la Policía Nacional no había calificado la muerte como
ocurrida simplemente en actividad por haberse producido a partir de una
infracción al reglamento y órdenes del servicio,    (ii) no se demostró que
el occiso había intentado ingresar por la parte de atrás de la Estación, pues
era imposible hacerlo en condiciones normales,             (iii) no hubo
santo, seña y contraseña para intentar identificar al uniformado y llamar su
atención, y (iv) las supuestas contravenciones a las normas de
disciplina y de seguridad por parte del patrullero no eran objeto de estudio en
el proceso contencioso administrativo de reparación directa, sino que debían ser
puestas en conocimiento de la justicia penal militar.
4.2.4.5. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección C de Descongestión-, a través de la
sentencia cuestionada, proferida el 27 de junio de 2013, resolvió confirmar el
pronunciamiento del   a-quo. En idéntico parecer a lo decidido por el juez de
primera instancia, la mencionada colegiatura, luego de repasar el concepto de responsabilidad del
Estado por daños a miembros de la Fuerza Pública y las pruebas allegadas al
proceso -entre las que se cuentan los mencionados testimonios recaudados dentro
del proceso penal adelantado por el Juzgado 146 de Instrucción Penal Militar- coligió
que los agentes de policía accionaron sus armas contra Jhon Alexander Niño
Garcés en momentos en que éste trataba de ingresar subrepticiamente a las
instalaciones de la Estación de Policía sin dar respuesta a los llamados de
alerta, desconociendo, por tanto, que se trataba de un patrullero de la misma
dependencia que había salido sin autorización y bajo la convicción de que se
encontraban frente a un inminente ataque subversivo.
4.2.5. De conformidad con lo hasta ahora
apuntado, considera la Sala que, de manera general, no se advierte en la
decisión objeto de cuestionamiento una violación de los derechos fundamentales
alegados por el demandante, pues claro está que el Tribunal accionado llegó al
convencimiento de que la causa desencadenante de la muerte del patrullero Niño
Garcés obedeció, en puridad, a su imprudencia y desacato a las órdenes de
seguridad de sus superiores, adecuándose la conducta a la figura de la culpa
exclusiva y determinante de la víctima, lo cual impide que se radique responsabilidad
alguna en cabeza de    la administración pública[33]. Empero, no se puede
perder de vista que los cuestionamientos en el presente asunto recaen,
concretamente, sobre el tema del traslado de pruebas que se surtió del proceso
penal militar al contencioso de reparación directa, la valoración que la
autoridad judicial hizo del material probatorio arrimado al proceso y la motivación
de la decisión a la que llegó ulteriormente con asidero en el precedente
jurisprudencial aplicable.
4.2.5.1. Para comenzar, uno de los razonamientos
de disidencia que presentó el actor para justificar la violación de su derecho
al debido proceso, se refiere a un indebido traslado de las pruebas decretadas
en el proceso penal militar que, además, no fueron debidamente confrontadas por los sujetos procesales en el trámite
del contencioso de reparación directa -defecto procedimental-;
igualmente, la decisión judicial tuvo como soporte tales elementos materiales que
no podían tenerse como pruebas trasladadas, en tanto no se cumplió con lo
previsto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil; por último, a
aquella norma se le dio una aplicación indebida, como quiera que no podían
admitirse como pruebas trasladadas las evidencias acopiadas en el proceso penal
militar -defecto sustantivo-.
4.2.5.1.2. En virtud de lo anterior, es de
interés para esta Sala de Revisión efectuar una breve reseña de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en
su condición de máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en cuanto hace relación al mérito de las pruebas trasladadas.
Con tal propósito, sin embargo, es necesario mencionar
de manera preliminar que el
artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de              lo Contencioso
Administrativo dispone que durante la actuación administrativa y hasta antes de
que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar
pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. El
interesado también contará con la oportunidad de controvertir las pruebas
aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una
decisión de fondo. La misma norma prevé que serán admisibles todos los medios de
prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.
A su turno, en plena concordancia con la
citada disposición legal, el artículo 306 del mismo ordenamiento prevé que en
los aspectos no contemplados en el código habrán de seguirse las normas
dispuestas en el ordenamiento procesal civil en cuanto sean compatibles con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
contencioso administrativa. De ese modo, se acude a las normas del Estatuto
Procesal Civil en cuya virtud se establece que las pruebas trasladadas son
apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con
audiencia de ella. El artículo 174 del Código General del proceso es del
siguiente tenor:
“Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más
formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso
contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están
destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales
y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante
quien se aduzcan”.
Sobre el particular, el Consejo de Estado,
en múltiples ocasiones, ha indicado que para el traslado de pruebas se deben
tener en cuenta las reglas que gobiernan la materia, en el sentido de que aquéllas
que no cumplan con los requisitos previstos en el ordenamiento procesal civil o
que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por
la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia
de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso[34].
También ha puesto de presente que, en los
eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro
proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser
tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan
sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no
hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en
tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes
solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, ante la
circunstancia de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las
formalidades legales para su inadmisión[35].
Conforme con ello, de no cumplirse alguno
de los mencionados requisitos,     la posibilidad de apreciar tales pruebas
dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades
que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas.
A título ilustrativo, basta tomar en consideración la Sentencia del 04 de
febrero de 2010, en donde el Consejo de Estado -Sección Tercera-, (Expediente
18320)[36],
indicó lo siguiente sobre el traslado de pruebas y su mérito probatorio[37]:
“… el artículo 229 del mismo código
dispone:
“Sólo podrán ratificarse en un proceso
las declaraciones de testigos:
1.
Cuando se
hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien
se aduzcan en el posterior.
2.
Cuando se hayan
recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los
artículos 298 y 299.
Se prescindirá de la ratificación cuando
las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se
dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera
necesaria.
Para la ratificación se repetirá el
interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el
mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (Se subraya).
Conforme a lo anterior, se tiene que los
testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se
pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando
son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con
audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este
último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el
procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas
condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.
En relación con la indagatoria de un agente
estatal, practicada
dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no
puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en
ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si
bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica
con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso
administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde
bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración
del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse
la práctica de su testimonio.
En cuanto a los documentos, públicos o
privados autenticados,
podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son
trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo
289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el
documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte
contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días
siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en
la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento
impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento
privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.
Sobre los informes técnicos y peritaciones
de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil
establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de
tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera
que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este
trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se
pretenden hacer valer.
Finalmente, las inspecciones judiciales y
los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que
fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la
parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de
contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad
a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los
artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no
podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe
respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse
nuevamente en el nuevo proceso”[38]
A partir de lo expuesto en precedencia, se consideró en
el caso que en dicha oportunidad era objeto de estudio que, aun cuando no se
agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exigía y no se
surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de
la contraparte contra la cual se adujeron, la misma no configuraba vicio de
nulidad alguno a la luz del artículo 140 del C. de P. C., razón por la cual
resultaba procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho
artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad
procesal “se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por
medio de los recursos que este Código establece”.
Ello, a juicio de la mencionada Sección, se encontraba
reforzado por el hecho de que durante la etapa probatoria ninguna de las partes
se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el
apoderado de la entidad demandada no hizo señalamiento alguno en relación con
dicho asunto[39].
4.2.5.1.3. Así pues, aplicando los anteriores
criterios al caso que ocupa la atención de la Sala de Revisión, se tiene que
las diligencias contentivas del proceso penal adelantado por el Juzgado 146 de
Instrucción Penal Militar, podían ser valoradas plenamente en el proceso
contencioso administrativo de reparación directa, pues, a pesar de que no se
evidencia en el material aportado al plenario el cumplimiento del trámite
establecido en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que
una vez allegada la respectiva documentación, se expida auto que ordene tenerlo
como prueba para, entre otras cosas, asegurar que la parte contra la cual se aduce pueda tacharla de
falsa dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo cierto es que,
conforme lo ha dejado en claro el mismo Consejo de Estado, ello no configura un
vicio insubsanable constitutivo de nulidad procesal, máxime, cuando en el
proceso originario las pruebas -diligencias testimoniales que fueron rendidas
bajo la gravedad del juramento-[40]
fueron practicadas con pleno conocimiento de la entidad pública contra la cual se
invocaron[41]
y el quejoso, a no ser porque aspiró a valerse de varias de ellas en su demanda
para justificar las pretensiones allí esgrimidas, nunca se pronunció al
respecto en el trámite del correspondiente litigio de reparación directa, ni en
el recurso de apelación ni en los respectivos alegatos de conclusión,
permaneciendo ese material a su disposición durante todo el transcurrir del
juicio sin ser objeto de reparo alguno[42].
Nótese aquí, cómo el cabal entendimiento de la
precedente acotación resulta particularmente relevante de cara a la presente
acción de tutela, toda vez que, tal y como quedó consignado en las
consideraciones generales de esta providencia, el recurso de amparo no puede
ser utilizado como una instancia judicial alternativa, paralela o
complementaria de las establecidas por la ley para la defensa de los derechos,
pues con aquel no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales
y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en dichos procesos para
controvertir las decisiones que allí se adopten. Por eso, situada en esa
perspectiva, la Sala estima pertinente desestimar los cargos planteados por el
actor en relación con la presunta existencia de un defecto procedimental y uno
sustantivo en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tratándose del tema del traslado de pruebas.
Siguiendo, entonces, la línea de argumentación
trazada, restaría por analizar, en todo caso, los cargos correspondientes al
presunto defecto fáctico, la decisión sin motivación y el desconocimiento del
precedente.
4.2.5.2. Otro de los cuestionamientos del actor contra
la referida providencia estaba especialmente dirigido a poner de manifiesto que
los elementos materiales probatorios en los que se apoyó la autoridad judicial
para declarar la culpa exclusiva de la víctima como causal que impide la
imputación de responsabilidad estatal, carecen de asidero jurídico. Así, en un
primer término, señaló que en el respectivo fallo se dio por sentado, siendo un
hecho no probado, que los policías dispararon sus armas de dotación oficial
advertidos por los “constantes, frecuentes, inminentes o posibles ataques,
atentados o incursiones guerrilleras”, sin que se hayan demostrado a lo
largo del proceso.
En este sentido, la Sala estima, en plena sintonía con
los criterios esbozados por los jueces de tutela, tanto en primera como en
segunda instancia, que en el expediente de reparación directa obra prueba de los
memorandos 138, 139 y 140, todos suscritos por el Comandante de Seguridad
Ciudadana del Departamento de Policía de Cundinamarca, en los que se da cuenta
de una “alta planificación terrorista de las FARC” y de eventuales
ataques de ese grupo armado al margen de la ley. De modo que es apenas lógico
que tales documentos fueran objeto de análisis por parte del operador jurídico
para efectos de precisar, conforme a los criterios de la sana crítica, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos acaecidos el 10 de junio
de 2009, sin que quepa señalarse la ocurrencia de una calificación abiertamente
desacertada o contraevidente del juicio valorativo realizado a la prueba.
4.2.5.2.1. Por otro lado, el actor también sostiene que
no se tuvo en cuenta una “prueba sobreviniente” que resultaba indicativa
de que en los últimos 10 años no reposaban antecedentes relacionados con
ataques a las instalaciones policiales del municipio de Cabrera. Resulta que
ese documento, expedido por la Comandancia del Departamento de Policía de
Cundinamarca, el 21 de julio de 2013, esto es, después de la fecha de
expedición de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección
Tercera, Subsección C de Descongestión-, por su carácter posterior no pudo ser
objeto de validación en el correspondiente proceso contencioso administrativo
de reparación directa, razón por la cual no cabría que se le endilgase omisión
alguna al operador jurídico. De cualquier forma, es de mérito puntualizar que
la respuesta otorgada por el Departamento de Policía de Cundinamarca no supone
necesariamente que en la jurisdicción del municipio de Cabrera no se haya
establecido un reglamento de servicios de guarnición dispuesto para regular las
formas de supervisión y control a los servicios y actividades externas e
internas que se prestaban en la instalación policial, el cual, aparentemente,
desconoció el patrullero Niño Garcés no solamente al salir de la estación a
altas horas de la noche sin el permiso de su superior jerárquico, sino también
por intentar ingresar por la parte de atrás de manera subrepticia, aun cuando
ello no estuviere permitido.
4.2.5.2.2. Ahora bien, frente a los reproches efectuados
contra la providencia contenciosa por haberse descifrado en ella equívocamente,
tanto el peritazgo topográfico del Fiscalía General de la Nación en el que se
indica que era imposible escalar el muro, como el dictamen toxicológico que
arrojó un nivel de alcoholemia que, según las previsiones normativas, debía
darse como negativo, esta Sala nuevamente comparte los argumentos planteados
por los jueces de tutela en sede de las correspondientes instancias, en el
sentido de apreciar, por una parte, que el peritazgo topográfico no fue
considerado en su integridad, como quiera que allí, además de haberse aceptado que
era difícil escalar dicho muro, también se explicó que la continuidad del mismo
podía apreciarse en escalas “con distancias horizontales diferentes y una
altura de 1.45 metros en cada escalón, en la parte media de este muro, por lo
que si era posible acceder a ambos predios del patio, es decir de la estación a
la tienda y viceversa”[43];
y por otra, que el hecho de que la prueba de toxicología registrara un nivel de
alcohol en la sangre menor a 15mg, indicativo de un grado cero de alcohol, no
fue el único elemento probatorio ni el determinante al momento de proferirse el
fallo censurado, ya que una valoración integral de los documentos obrantes en
el expediente contencioso permitió concluir que el daño fue producto del actuar
culposo de la propia víctima, en tanto como ya se ha tenido la oportunidad de
subrayar, ésta fue la que salió de la estación de policía sin permiso, intentó
ingresar en la noche por un lugar distinto al que usualmente se utiliza y no
respondió a los llamados de alerta que realizaron los patrulleros que estaban
haciendo las veces de centinelas, antes a usar sus armas de dotación oficial.
4.2.5.3. Por último, cabe señalar que el actor expuso
que se había tomado la decisión respectiva sin una adecuada motivación en tanto
que la sentencia del Tribunal, sin justificarlo específicamente, había omitido
el estudio de temas tales como “muerte causada con arma de dotación oficial, uso excesivo de las armas
de fuego de dotación, riesgo propio del servicio, inaplicación e inobservancia
de los reglamentos de la Policía Nacional (reglamento de supervisión y control
de servicios para la Policía Nacional en sus Arts. 67, 68, 69 y 70 de la
Resolución No. 03514 de 2009, el Art. 35 de la Resolución No. 9857 de 1992 de
la Policía Nacional, relativos al plan de defensa, santo y seña, entre otras),
riesgo actividad peligrosa”.
En este contexto, interesa resaltar que el Tribunal examinó los supuestos
fácticos probados en el expediente y determinó que, aunque a primera vista el
régimen de imputación que debía emplearse para fallar el presente asunto y concretar
si era posible desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado era el de
falla del servicio por la presunta extralimitación de funciones de los agentes
de policía que dispararon contra el patrullero Niño Garcés, lo cierto era que,
teniendo en cuenta que la parte demandada había alegado la ocurrencia de una
causa extraña que rompía el nexo causal necesario para imputarle la
responsabilidad por el daño, debía traerse a colación la institución jurídica de
la culpa exclusiva de la víctima para efectos de verificar si en el caso
residían los tres elementos que la configuraban como causal eximente de
responsabilidad estatal. Cotejo que, al ser practicado y contrastado con los
elementos de prueba obrantes en el proceso -circunstancias que rodearon la
producción    del daño reclamado, su mayor o menor previsibilidad y los medios
de que disponían las autoridades para contrarrestarlo-, dejó entrever al
operador jurídico que el hecho de la víctima tenía plenos efectos liberadores
de la responsabilidad que se le endilgaba a la Policía Nacional, porque la conducta
desplegada era tanto causa del daño como la raíz determinante del mismo.
4.2.5.4. Por último, el estudio de la supuesta
violación por el presunto desconocimiento del precedente judicial no habrá de
ser llevado a cabo por parte de esta Sala, como quiera que no se estructuró el
cargo en debida forma. Ciertamente, la imputación que hizo el actor, en el
sentido de que el Tribunal demandado había desconocido la línea de
jurisprudencia en la materia aplicable al caso, le imponía la carga de
establecer con certeza y claridad qué providencias conformaban dicha línea y de igual manera de qué forma el
pronunciamiento censurado devenía en contravía de la doctrina así consolidada
por la máxima autoridad jurisdiccional de lo contencioso administrativo. Tal
análisis se echa de menos, y por el contrario, lo que se advierte es la adopción de una decisión ajustada a las
especificidades propias ofrecidas por el asunto controvertido.
4.2.6. Así las cosas, para esta Sala de Revisión, la
ponderación de las pruebas y de los hechos alegados que realizó el operador
jurídico fue el resultado de una interpretación razonable de las normas
aplicables al mismo, entendiendo, por supuesto, que su decisión de negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa, tuvo como principal
fundamento la acreditación de la causal eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima, al apreciarse que el proceder del patrullero Jhon
Alexander Niño Garcés tuvo directa e indiscutible incidencia en la producción
del daño, lo que sugería, desde luego, el fracaso de la reclamación presentada.
4.2.7. Dicho en otros términos, de las circunstancias
fácticas que dieron paso al proceso de reparación directa sometido a estudio, y
de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal accionado para justificar
su decisión, no se deduce, en modo alguno, que dicha autoridad haya incurrido
en un flagrante error judicial, violatorio de derechos fundamentales, que
justifique la procedencia de la tutela formulada. Es más, la decisión
cuestionada en esta sede, encuentra claro sustento en el principio de libre
valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o
arbitraria, es en realidad, como ya se dijo, el resultado de una interpretación
razonable del material probatorio aportado, a su vez enfrentado con las
preceptivas legales que delimitan el marco del proceso contencioso de reparación
directa y que resultaban aplicables al caso concreto.
4.2.8. Por lo demás, la Corte advierte que
el planteamiento de la demanda de tutela, sobre la estructuración de los
defectos fáctico, procedimental, sustantivo, de motivación sin decisión y
desconocimiento del precedente de la providencia acusada, se funda, en
realidad, en una evidente discrepancia sobre la forma de los argumentos
jurídicos y la metodología de estimación de las pruebas evaluadas que fueron
trasladadas del proceso penal al contencioso de reparación directa, lo cual,
según la jurisprudencia constitucional, no puede considerarse ni calificarse
como errores o defectos susceptibles de corrección judicial vía tutela. De
hecho, frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural
quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto, estando el juez de tutela en la obligación de asumir, en principio y
salvo hechos que tajantemente demuestren lo contrario, que la valoración de las
pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
4.2.9. Sobre esa base, al margen de que la
determinación adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección
Tercera, Subsección C de Descongestión- no satisfaga las expectativas del
demandante, no es posible afirmar que la autoridad judicial demandada vulneró flagrantemente su derecho fundamental al debido proceso, por el hecho de haberse negado las pretensiones de la
demanda de reparación directa. Como ya se explicó, tal decisión, lejos de
apartarse de las normas procedimentales que le sirven de soporte, se adoptó
conforme a una valoración razonable de los elementos      de juicio aportados
al caso.
4.2.10. En virtud de lo consignado
en precedencia, la Corte procederá a confirmar el fallo de tutela de
segunda instancia proferido por el Consejo
de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta- que, a su
turno, confirmó el dictado por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta-, que negó la acción de tutela promovida por el
señor Saúl Niño Arenas contra la Sentencia de segunda instancia dictada         por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión-, dentro de la acción de reparación directa que promovió contra
la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta
providencia, la Sentencia de
segunda instancia, proferida por el Consejo
de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta- que, a su
turno, confirmó la dictada por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta-, que negó la acción de tutela promovida por el
señor Saúl Niño Arenas contra la providencia de segunda instancia dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión-, dentro de la acción de reparación directa que promovió
contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
SEGUNDO.- Líbrese la comunicación de que trata el artículo 36
del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado Ponente
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
La relación de hechos que a continuación se despliega incluye algunos aspectos
objeto de reseña en el proceso contencioso administrativo de reparación directa
entablado por el actor a efectos de lograr que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
por los daños y perjuicios tanto morales como materiales sufridos a causa de la
muerte del patrullero Jhon Alexander Niño Garcés, ocasionada por miembros de la
Policía Nacional. Ver folios 1 a 36 del Cuaderno Principal del Expediente.
[2]
Al igual que en la demanda de reparación directa, el actor, en la acción de
tutela describe que el sitio donde fue hallado el cadáver del patrullero “se
trata de un patio que pertenece a la casa que se encuentra al lado de la
estación de Policía, la cual opera como tienda-restaurante y funciona a la vez
como agencia de transportes, siendo frecuentado por obvias razones, por sus
comensales, moradores, visitantes y animales, no existiendo restricción alguna
para su paso o permanencia allí”. Ver folios 1, 55 y 56 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[3]
De acuerdo con la diligencia de levantamiento del cadáver, el patrullero se
encontró con un disparo en la cabeza, producido por proyectil de arma de fuego
de carga sencilla y alta velocidad. Ver folios 1 y 85 a 93 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[4] Según
pone de presente el accionante en la demanda, se trató de “un homicidio en
persona indefensa, de una muerte causada con arma de dotación oficial que se
produjo por la inaplicación e inobservancia de los reglamentos de la Policía
Nacional, por lo que la responsabilidad recaía en la administración por culpa o
negligencia de los agentes del Estado”.
[5]
El término de caducidad de la acción de reparación directa en el presente
proceso debía contabilizarse desde el 11 de junio de 2009 y hasta el 11 de
junio de 2011. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el mismo se suspendió
entre el 29 de julio de 2010, fecha en que se radicó la solicitud de
conciliación prejudicial ante el Ministerio Público, y el 21 de octubre de ese
año, momento en que se expidió constancia de ausencia de ánimo conciliatorio
entre las partes, por lo que el término restante transcurrió entre el 22 de
octubre de 2010 y el 3 de septiembre de 2011. Ver folio 17 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[6] También demandaron como personas
interesadas en la reparación del daño María del Carmen Arenas Sánchez, Ciro
Antonio Garcés Camacho y María Doris Ana Figueroa de Garcés Camacho, en su
condición de abuelos de la víctima.
[7]
El apoderado efectuó una estimación de la cuantía con base en el Decreto 5053 de
2009, que estableció el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2010
en la suma de quinientos quince mil pesos ($515.000). Adicionalmente, a manera
de condena subsidiaria, pidió que los daños resultantes de la pérdida de la
ayuda económica por parte de las personas que dependían del patrullero Jhon
Alexander Niño Garcés se reajustaran desde el mismo día de su muerte, por fuera
de lo cual instó al juez administrativo para que reconociera el lucro cesante y
los intereses de capital representativo de la indemnización. Ver folios 54 y 55
del Cuaderno Principal del Expediente.
[8]
Las presuntas violaciones de los contenidos obligacionales en cabeza de la
entidad demandada se sustentan en el contenido de las Resoluciones No. 9857 de
1992 “Por la cual se expide el Reglamento de Servicios de Guarnición para la
Policía Nacional” y 03514 de 2009 “Por la cual se expide el Reglamento
de Supervisión y Control de servicios para la Policía Nacional”, en donde
se definen y aclaran métodos de prevención e identificación del personal como
es el caso del santo, seña y contraseña, así como el uso de alarmas para
enfrentar hechos de carácter bélico, humano o de origen natural. Es más, en la
demanda de reparación directa se expone que es claro que la responsabilidad le
asiste a la administración pública, pues además de estar comprobado el daño
(muerte del patrullero), se identifica fácilmente que el hecho generador de la
falla del servicio reside en “la acción impropia e irresponsable de los
patrulleros que accionaron sus armas de dotación contra Niño Garcés sin que
éste generara ningún tipo de peligro, siendo la acción imprudente, innecesaria
y desproporcionada”, así como también la plena existencia de una relación
de causalidad entre esa falla y el daño, habida cuenta del desconocimiento de
los métodos y protocolos de seguridad que la Policía Nacional debía manejar para
hacerle frente a ese tipo de situaciones. Ver folios 56 a 61 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[9]
El 7 de abril de 2011 se admitió la demanda y se ordenó la notificación a la
Policía Nacional, ente que de inmediato se opuso a las pretensiones bajo el
argumento según el cual el daño había sido resultado de la conducta imprudente
del uniformado Niño Garcés, materializándose así la llamada figura de la culpa
exclusiva de la víctima. El 19 de enero de 2012 se dio por contestada la
demanda, se abrió el proceso a pruebas y se ofició a la entidad demandada para
que allegara los documentos solicitados por la parte actora en el escrito
demandatorio. En Auto del 14 de junio de 2012 se corrió traslado para alegatos
de conclusión, los cuales fueron allegados de manera extemporánea por las
partes. Adicionalmente, el agente del Ministerio Público no emitió concepto de
fondo sobre el particular.
[10] En
relación con las mencionadas circunstancias, fueron relacionadas las siguientes
pruebas: (i) Informe Administrativo por Muerte No. 005/2009 del 1º de
julio de 2009, suscrito por el Comandante de Policía de Cundinamarca, que
calificó el fallecimiento del patrullero como ocurrida en actos del servicio; (ii)
Consignas del libro de anotaciones de la Estación de Policía de Cabrera, en
las que se ordenaba extremar al máximo las medidas de seguridad, tener el
armamento y las municiones a la mano, estar atentos al plan pistola y no
ingerir bebidas embriagantes (Se deja constancia de la novedad relacionada con
la activación del plan de defensa en la parte trasera de la Estación por ruidos
y de la muerte del patrullero Niño Garcés);                   (iii) Declaraciones
dentro del proceso adelantado por el Juzgado 146 de Instrucción Penal Militar
sobre el homicidio del patrullero Niño Garcés, rendidas por el Teniente Omar
Gonzalo Galindo Mora, Comandante de la Estación de Policía de Cabrera, el
Subintendente Jhon Fredy Luis Sierra, los agentes de Policía Marco Tulio Acosta
Méndez y Óscar Buitrago Molina, la propietaria del local comercial que colinda
con la Estación de Policía de Cabrera Rosalba Postor Ardila, la persona que
habitaba en ese momento el segundo piso de ese local comercial Yurani Prieto
González, el Subintendente Óscar Fernando Gamba Moyano y la compañera
permanente del patrullero fallecido Amanda Elizabeth Cárdenas Castellano; (iv)
Análisis Toxicológico realizado a Jhon Alexander Niño Garcés, el 10 de
noviembre de 2009, practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses que arrojó un nivel de alcoholemia menor a 15 mg de etanol;                (v)
Extractos de hojas de vida de los patrulleros Óscar Fernando Gamba Moyano y
Óscar Ricardo Buitrago Molina, (vi) Certificado expedido por el Juzgado
146 de Instrucción Penal Militar sobre el proceso adelantado a causa de los
hechos ocurridos en el Municipio de Cabrera el 10 de junio de 2009; (vii) Fallo
emitido por la Inspección Delegada Regional 1 de la Policía Nacional, que
confirmó la decisión del fallador de primera instancia, en cuanto resolvió la
terminación del proceso y dispuso el archivo definitivo de la investigación
disciplinaria adelantada contra los patrulleros Óscar Gamba Moyano y Óscar
Fernando Buitrago Molina;  (viii) Resolución No. 02029 del 28 de
diciembre de 2011 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, por
medio de la cual reconoció y ordenó pagar pensión de sobreviviente y
compensación por muerte en cuantía de $15.123.310 a la compañera permanente del
patrullero fallecido y (ix) pruebas varias provenientes del proceso
disciplinario y de la investigación penal militar en las que se da cuenta de
que las armas involucradas son de dotación oficial y de uso privativo de la
Policía Nacional, así como el hecho de que los patrulleros involucrados eran
miembros activos para la fecha de los acontecimientos y se encontraban
prestando servicios en las instalaciones de la Estación de Policía de Cabrera
de Cundinamarca. Ver folios 29 a 34 del Cuaderno Principal del Expediente.
[11]
Sobre el punto, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Girardot
señaló: “En efecto, se ha considerado que la utilización de armas de
dotación por la Fuerza Pública y otros organismos del Estado resulta necesaria
para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no obstante el ejercicio de
esta actividad peligrosa constituye un título de imputación idóneo para deducir
la responsabilidad al Estado, cuando se causa un daño antijurídico a alguna
persona. Sin embargo, no debe perderse de vista que los miembros de la Fuerza
Pública no solo reciben suficiente instrucción y preparación en el ejercicio de
esta actividad, al punto de estar obligados a observar las indicaciones sobre
el manejo mecánico y las medidas de seguridad, sino que también son capacitados
para actuar en operativos oficiales, al punto que ese nivel de instrucción les
debe permitir solventar situaciones como la ocurrida en el presente caso, de
manera que cuando se advierte que éstos actuaron de manera irregular en el
cumplimiento de sus funciones y durante un servicio oficial obviando los
procedimientos para los cuales han sido preparados, se configura una falla del
servicio que debe declararse, salvo que logre probar una causa extraña,
circunstancia que como se verá ocurrió en el proceso”. Ver folio 34 del
Cuaderno Principal del Expediente.
[12]
Sentencias del 29 de agosto de 2007 (Exp. 16.052) y del 23 de abril de 2008
(Exp. 16525).
[13]
Entrevista realizada a YURANI PRIETO el día 11 de junio de 2009 por
investigador judicial. (fls. 24 y 25 Cuaderno Anexo 2).
[14]
En la providencia judicial se hace claridad acerca de que si bien el proceso
disciplinario adelantado por la entidad demandada culminó con decisiones
favorables a los investigados, lo cierto era que este aspecto nada tuvo que ver
con las pautas, guías y orientaciones acogidas a la hora de evaluar la
responsabilidad del Estado, citando al efecto un aparte de la Sentencia del 18
de febrero de 1999, Exp. 10517, según el cual “ (…) dado que en materia
penal y administrativa rigen normas, principios y objetivos diferentes, los
fallos proferidos por el juez penal no determinan las decisiones del juez
administrativo, el cual juzga no la responsabilidad del sujeto involucrado en
el hecho sino la institucional de la persona jurídica demandada a partir de la
antijuridicidad del daño producido (…)”. Ver folio 36 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[15] Dispone el parágrafo del artículo en
referencia que “cuando la
muerte sobrevenga en la comisión de actos violatorios de la ley, los
reglamentos u órdenes del servicio o como consecuencia de suicidio, ésta se
calificará para todos los efectos como ocurrida simplemente en actividad”.
[16]
El 30 de abril de 2013 se admitió el recurso de apelación y se dispuso la
notificación al Agente del Ministerio Público y por estado a las partes.
Posteriormente, el 3 de mayo de ese año, tanto la parte demandante como la
demandada presentaron alegatos de conclusión en los que reiteraron las posturas
esbozadas a lo largo del proceso. Finalmente, el 12 de junio de 2013, el Agente
del Ministerio Público rindió concepto destacando que “no toda muerte con
arma oficial debe ser responsabilidad estatal, bien dice el accionante que el
patrullero se encontraba en servicio activo, para este despacho, esa
aseveración, se vuelve en contra de los demandantes por las circunstancias de
tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos y se torna irrelevante, ya que
en efecto, el patrullero sí se encontraba en servicio, pero salió de las
instalaciones de la estación sin la previa autorización de su superior, lo que
afectó en el desenlace del hecho, ya que si el subintendente encargado de la
estación hubiera sabido que el patrullero no se encontraba dentro de las
instalaciones, sino que se hallaba en la casa contigua, probablemente otro
hubiese sido el resultado … el hecho de que el patrullero hubiera intentado
ingresar por un lugar prohibido…, se logró probar a través de los testimonios
de los demás integrantes de la estación que se encontraban el día de los
hechos, quienes afirmaron que al escuchar ruidos por la parte trasera de la
estación y preguntar quién andaba ahí y no recibir respuesta abrieron fuego
pensando que se trataba de un ataque insurgente, deducción lógica al ser el
Municipio de Cabrera considerado como zona roja… analizados los hechos
concurrió una de las causales eximentes de responsabilidad administrativa la
cual es la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el hoy occiso actuó de
manera irregular al intentar ingresar a la estación de policía por un lugar
prohibido, que además era oscuro y no permitía la visibilidad de sus demás
compañeros de estación, lo que conllevó al fatal hecho. Evidenciándose que con
la conducta del patrullero, éste participó de manera eficaz en la producción
del daño y posterior desenlace del resultado”. Ver folio 16 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[17]
En la parte resolutiva de la providencia resolvió declararse la falta de
legitimación en la causa por activa   de la señora Amanda Elizabeth Cárdenas
Castellanos, quien actuaba en calidad de compañera permanente de Jhon Alexander
Niño Garcés, como quiera que si bien “en la Resolución No. 02029 del 28 de
diciembre de 2011, el Ministerio de Defensa Nacional la reconoció como
compañera permanente porque el Juzgado 19   de Familia de Bogotá declaró la
existencia de una unión marital de hecho y ordenó el pago de la pensión de
sobreviviente a su favor, ésta no allegó fotocopia autenticada del supuesto
fallo emitido ni arrimó otra prueba tendente a establecer la afectación y el
dolor que hubiera padecido como consecuencia del deceso de aquél, razón por la
cual la Subsección deberá declarar su falta de legitimación en la causa por
activa”.    Ver folio 18 del Cuaderno Principal del Expediente.
[18]
Al efecto, la interviniente asevera que la Corte Constitucional, en las
Sentencias C-543 de 1992, T-231 de 1994, T-327 de 1994, T-462 de 2003 y C-590
de 2005 “definió la circunstancias, defectos, pautas, causales y requisitos
generales y especiales para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales”. Ver folios 174 y 175 del Cuaderno Principal del Expediente.
[19] Sobre
el tema se pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes, que
son particularmente relevantes: C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994,
T-327 de 1994, SU-014 de 2001, T-705 de 2002, T-949 de 2003, T-774 de 2004,
C-590 de 2005, T-363 de 2006, T-565 de 2006, T-661 de 2007, T-213 de 2008,
T-249 de 2008, T-027 de 2008, T-066 de 2009, T-162 de 2009, T-267 de 2009,
T-425 de 2009, T-167 de 2010, T-214 de 2010, T-217 de 2010, T-285 de 2010,
T-351 de 2011, T-269 de 2012, T-152 de 2013,      T-399 de 2014 y T-490 de
2014.
[20]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de 2005 y T-285 de
2010.
[21] Sentencia T-233 de 2007.
[22] Al respecto, consultar, entre otras, la
Sentencia SU-037 de 2009.
[23] Sentencia
T-1066 de 2007. Consultar, además, las Sentencias T-233 de 2007, T-012 de 2008 y T-1275      de 2008.
[24]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-217 de 2010.
[25]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-462 de 2003.
[26]
Al respecto, consultar, entre otras, la
Sentencia T-1275 de 2008.
[27]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-012 de 2008 y T-789 de
2008.
[28] Al respecto se pueden consultar, entre
otras, las Sentencias SU-961 de 1999 y T-322 de 2008.
[29]
Sentencia T-217 de 2010.
[30] Sentencia T-590 de 2009.
[31] Por ejemplo, en la Sentencia T-152 de 2013
se caracterizó la labor del juez constitucional a la hora de abordar el estudio
de una acción de tutela contra una sentencia judicial, en los siguientes
términos:              “la intervención del juez constitucional en asuntos
decididos por otros jueces, en sus respectivas jurisdicciones, se puede
adelantar únicamente con el fin de proteger los derechos fundamentales
vulnerados, pues no puede suplantarse o desplazarse al juez ordinario en el
estudio de un caso que, por su naturaleza jurídica, le compete. Su misión,
entonces, es la de vigilar si la providencia conlleva la vulneración de los
derechos constitucionales del tutelante, en especial, el derecho al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia. De allí se infiere que la
tutela no es un mecanismo que permita al juez constitucional anular decisiones
que no comparte o remplazar al juez ordinario en su tarea de interpretar las
normas conforme al material probatorio del caso, sino que le permite determinar
si la actividad judicial estuvo conforme o no al ordenamiento constitucional”.
[32] Acreditado por el Registro Civil de Defunción y el Informe Pericial
de Necropsia.
[33] La
culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del
Estado, ha sido entendida por el Consejo de Estado como “la violación por
parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado que
se concreta en la demostración de la simple causalidad material según la cual
la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del
resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo
de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar
sujeta”. Sentencia de 25
de julio de 2002, expediente 13744. La Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado tuvo en cuenta esta argumentación en la sentencia de 30 de
marzo de 2011, expediente 19565.
[34]
Consultar, entre otras, la Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.
[35]
Consultar, entre otras, la Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.
[36] Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
[37] Cabe anotar que el contenido de la
jurisprudencia en cita alude a las normas del Código de Procedimiento Civil
sobre la materia y no a las disposiciones actuales que integran el Código
General del Proceso. Sobre la temática en cuestión pueden consultarse, entre
otras, las Sentencias de 4 de febrero de 2010, expediente 18109; Sentencia de
18 de marzo de 2010, expediente 32.651; Sentencia de 9 de junio de 2010,
expediente 18.078; Sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 21.894;
Sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente 19.642 y Sentencia de 29 de
septiembre de 2011, expediente 23.182.
[38] Sentencia
del 13 de abril de 2000 (Expediente 11.898).
[39] En el mismo sentido, consultar la
Sentencia
de junio 5 de 2008, expediente 16.589.
[40]
Llevadas a cabo con las formalidades propias previstas en el Código Penal
Militar y en la Ley 906 de 2004.
[41] El Consejo de Estado ha determinado que
respecto de los testimonios rendidos ante la jurisdicción penal militar, tales
pruebas pueden ser valoradas, pues se practican con audiencia de la parte
contra quien se aducen. Sobre este punto, ha expresado que “si bien los testimonios rendidos en la citada
investigación penal no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo
185 (sic) del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso
administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente
consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad
con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos
testimonios pueden y deben ser válidamente valorados, por cuanto fueron
practicados por la propia entidad en contra de quien se pretenden hacer valer,
es decir, con su previo y pleno conocimiento ....’ ”. Sentencia de 4 de diciembre de 2002, expediente 13623.
Consultar, así mismo, Sentencias de 19 de septiembre de 2002, expediente 13399;
de 20 de mayo de 2004, expediente 15650; y de 13 de noviembre de 2008,
expediente 16741, todas de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
[42] Sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente 14174, Sección Tercera.
[43]
Informe presentado por el perito topográfico. Folios 60 a 62 del Cuaderno No. 1
del expediente de reparación directa.