T-697-16
Sentencia
T-697/16
AGENCIA OFICIOSA EN CASO DE MENORES DE
EDAD-Procedencia
y no aplicación de rigorismo procesal en cuanto a manifestación de no estar en
condiciones de promover su propia defensa
DEFENSOR DEL PUEBLO-Legitimación
para interponer tutela
En el caso específico de la
Defensoría del Pueblo, el Decreto 2591 de 1991, al reglamentar la acción de
tutela, contempló de manera expresa en su artículo 10 que el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales se encuentran legitimados para ejercer el
amparo constitucional. A partir de esta norma procedimental, la jurisprudencia
de este Tribunal ha reconocido de manera sostenida que los Defensores del
Pueblo, en atención a sus funciones constitucionales y legales, en especial la
guarda y promoción de los derechos fundamentales, están legitimados para
interponer acciones de tutela, de tal forma que, si se percatan de la amenaza o
violación de los derechos fundamentales de una persona, podrán presentar la
acción en nombre del individuo que se lo solicite o que se encuentre en
situación de desamparo o indefensión.
ACCION DE TUTELA EN CASOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS DE MENORES DE EDAD-Reglas de procedencia
La regla de
procedencia de la tutela como mecanismo de protección idóneo resulta ser más
clara y evidente en los casos que involucren a personas en estado de
indefensión, como lo son los menores de edad, más aún cuando los mismos se
encuentran en debilidad por su condición de víctimas de violencia sexual, como
en el caso que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad.
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE-Procedencia
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia
para solicitar IVE por cuanto la acción de tutela es el único mecanismo
judicial, idóneo y eficaz
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-Alcance
y contenido
La jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha determinado que los derechos reproductivos protegen la
facultad de las personas de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y
reproducción, y han sido reconocidos como derechos humanos cuya protección y
garantía parten de la base de admitir la igualdad y la equidad de género.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA IVE-Desarrollo
jurisprudencial
DERECHO FUNDAMENTAL A LA IVE-Excepciones
al tipo penal de aborto establecidas en la sentencia C-355/06
ABORTO-Requisitos
exigidos para acreditar la procedencia de la interrupción del embarazo en cada
uno de los tres casos no constitutivos de delito
DERECHO A LA AUTONOMIA REPRODUCTIVA DE
LAS MUJERES Y DERECHO A LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO-Marco
constitucional reconocido mediante sentencia C-355 de 2006
En lo referente a la autonomía para
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular a la
interrupción voluntaria del embarazo, la Sala quiere advertir que la regla
anterior tiene fuertes matices puesto que, como se explicó en el capítulo
anterior,  dicho derecho fundamental no solo está en cabeza de los mayores de
18 años, sino que también lo pueden ostentar niñas, niños y adolescentes. Así,
dicha sentencia señaló de manera expresa que los menores de edad son titulares
plenos del derecho al libre desarrollo de la personalidad y en esa medida gozan
de plena capacidad para consentir sobre tratamientos e intervenciones en su
cuerpo que afecten su desarrollo sexual y reproductivo. En ese sentido,
ratificó el derecho a la autonomía para decidir de manera libre y voluntaria
sobre la interrupción de un embarazo y aclaró que no se deben imponer
obstáculos o barreras adicionales cuando sus padres o representantes legales no
estuvieran de acuerdo con dicho consentimiento. En ese sentido, la autonomía
reproductiva debe entenderse dentro de la protección reforzada de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes contemplada en el artículo 44 de la Carta.
Así, solo se necesita de la voluntad de la niña para practicarse la
interrupción voluntaria del embarazo, lo que requiere, como lo ha explicado la
jurisprudencia, que la menor de edad reciba información de manera clara,
transparente y atendiendo sus capacidades sobre los riesgos que podrían
presentarse en la salud si accede al derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo, los procedimientos más apropiados para llevarla a cabo y las obligaciones
de acceso y servicio en cabeza del Estado, entre otros elementos.
VIOLENCIA SEXUAL FRENTE AL ABUSO A
MENORES DE EDAD E INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-Jurisprudencia
constitucional
RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD COMO
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES-Deber de
diligencia y protección del Estado que debe remover cualquier obstáculo
administrativo para su reconocimiento ágil y eficaz
La nacionalidad es el mecanismo
jurídico mediante el cual el Estado reconoce la capacidad que tienen los ciudadanos
de ejercer sus derechos. Inicialmente, se concibió como una prerrogativa
reservada al poder del Estado pero, con el acaecimiento de los avances
asociados al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dicha facultad
pública pasó a ser reconocida como un derecho fundamental, especialmente en el
caso de los menores de edad, a partir del cual existe un deber de diligencia y
protección estatal que debe remover cualquier obstáculo administrativo para su
reconocimiento ágil y eficaz.
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA DE
MENORES DE EDAD-Registro civil como instrumento para
garantizar este derecho
Este Tribunal ha señalado de manera
reiterada que el derecho a la personalidad jurídica no solo comprende la
posibilidad que tienen los individuos de ingresar al tráfico jurídico sino que
también incluye todas las características individuales asociadas a su condición
de persona. En tal virtud, especialmente en el caso de los menores de edad, el
registro civil se convierte en el instrumento necesario para concretar dicho
derecho y el Estado debe remover todos los obstáculos, materiales y formales
para garantizar su protección y eficacia. En otras palabras, solo a través del
reconocimiento expreso de la relación filial, se concreta el derecho que tiene
toda persona a ser reconocido por el Estado. Si no se protege dicha relación,
que solo se da en el marco de la familia, la persona queda expuesta a una
situación gravosa que atenta contra sus derechos fundamentales.
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-Protocolos
de atención estatal en casos donde concurran una o varias causales de IVE
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-Término
de cinco días para resolver toda petición de aborto legal
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-No
se vulneró el derecho, por cuanto Defensor de Familia actuó de manera diligente
para asegurar atención integral a menor de edad víctima de violencia sexual
Referencia:
Expediente T-5.713.034
Procedencia: Acción de tutela instaurada
por Gloria Lilia Cuitiva Orjuela, en representación de la menor de edad Remedios
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Secretaría
Departamental de Salud de Arauca y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Asunto:
Protección de menores de edad en situación de vulnerabilidad; atención a
víctimas de violencia sexual; y acceso oportuno y seguro a la interrupción
voluntaria del embarazo.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis  (2016)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge
Iván Palacio Palacio, Aquiles Arrieta Gómez y por la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
del fallo dictado en única instancia el 26 de abril de 2016, por el Tribunal
Superior de Arauca, que amparó los derechos fundamentales de la menor Remedios[1]
a la vida, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la
interrupción voluntaria del embarazo.
El asunto llegó
a la Corte Constitucional por remisión de la Secretaría del Tribunal Superior
de Caldas, en cumplimiento de los artículos 86 de la Constitución Política y 31
y 32 del Decreto 2591 de 1991. En auto del 30 de agosto de 2016, la Sala de
Selección Número Ocho de esta Corporación escogió la presente tutela para su
revisión.
I.
ANTECEDENTES
La señora Gloria
Lilia Cuitiva Orjuela, en su calidad de Defensora del Pueblo de Arauca,
interpuso acción de tutela a nombre de la menor de edad Remedios contra
la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Secretaría Departamental de
Arauca y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad,
a la personalidad, a la autonomía reproductiva y a la interrupción voluntaria
del embarazo de la niña. En particular, la actora sostiene que dicha violación
se produjo por la decisión de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
de no permitir que los funcionarios de la Defensoría acompañaran el proceso de
atención de la niña y, en especial, suministraran información a la misma sobre
el contenido y alcance de las causales legales de la interrupción voluntaria
del embarazo y los derechos derivadas de las mismas.
1. Hechos relevantes
1.
La actora manifestó que el 31 de marzo de 2016, la Defensoría Delegada para los
Asuntos Constitucionales y Legales fue informada, por parte de una funcionaria
del Ministerio de Salud y Protección Social que Remedios, de 14 años de
edad[2],
había sido víctima de violencia sexual y que, como consecuencia de lo anterior,
se encontraba en estado de embarazo. Así mismo, la defensora sostuvo que la niña
no cuenta con un registro civil de nacimiento en Colombia ya que nació en
Venezuela, aunque su padre es colombiano. También informó que, en la
actualidad, la menor de edad se encuentra bajo protección del ICBF.
2.
Según lo relatado por la Defensora, aparentemente los funcionarios del ICBF
pretendieron persuadir a la niña para que continuara con su embarazo y
omitieron suministrar toda la información necesaria para el ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos, en especial el de autonomía reproductiva y
el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
3.
Señala que, tras varias gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo para
ubicar a la niña, el 2 de abril de 2016, el Defensor de Familia  Henry Antonio
Gamboa Peña le informó a la entidad peticionaria que Remedios se
encontraba en un hogar sustituto del ICBF y que había desistido de practicarse
una interrupción voluntaria de su embarazo.
4.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo, convocó al señor Gamboa Peña a una
reunión el 4 de abril del presente año con el fin de articular acciones que
permitieran la garantía de los derechos de la niña. Sin embargo, a la
mencionada reunión solo se presentaron los miembros del equipo psicosocial del
ICBF que atendió el caso para manifestar que por instrucciones del Defensor de
Familia, no podían suministrar información detallada del caso. Éstos, indicaron
que el Instituto tuvo conocimiento del caso desde el primero de marzo del 2016
y que en el primer contacto con Remedios ésta manifestó su deseo de no
acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
5.
No obstante lo anterior, adujeron que el 31 de marzo siguiente, durante una
consulta de seguimiento realizada por una funcionaria del ICBF, la menor de
edad expresó su intención de acceder a un aborto legal. Para ese momento, según
los hechos descritos en la acción de tutela, la menor contaba con 12 semanas de
gestación. Así mismo, el equipo psicosocial relató que el ICBF adelantaba acciones
tendientes a garantizar el derecho a la identidad de la menor de edad ya que,
para ese momento, no se tenía certeza sobre su nacionalidad ni sobre la
identidad de sus padres, toda vez que los mismos residían en Venezuela. Por
último, la Defensoría del Pueblo insistió en su solicitud de entrevistar a Remedios
con el fin de verificar si pudo ejercer o no con autonomía su derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo.
6.
Después de la reunión, la Defensoría del Pueblo adelantó contactos con las
autoridades venezolanas competentes para ubicar la partida de bautismo de la
niña con el fin determinar la nacionalidad de sus padres. Así, el 11 de abril
de 2016, fue informada que la madre de la menor de edad vive en la zona rural
de Venezuela, por lo que no podía trasladarse al municipio de Arauca. Por otra
parte, ante la falta de respuesta del Defensor de Familia  a la petición de
entrevista a Remedios, el 20 de abril siguiente, la entidad peticionaria
se contactó telefónicamente con el mencionado funcionario quien manifestó que
la solicitud de entrevista realizada el 4 de abril no revestía de la formalidad
exigida por lo que pidió que se enviara un oficio con la petición.
7.
De otro lado, la Defensoría solicitó algunos datos de la menor de edad para
garantizar que pudiera acceder a información suficiente y objetiva para ejercer
de manera autónoma su derecho a la interrupción del embarazo. Sin embargo, de
acuerdo con la Defensoría,  el señor Gamboa Mejía manifestó que ya se había
reunido con la menor de edad y que ésta le había expresado su deseo de continuar
con el embarazo por lo que no proporcionó los datos requeridos por la entidad
accionante. Con todo, y después de que la Defensoría del Pueblo presentara una
solicitud escrita, el Defensor de Familia  señaló que de acuerdo con la Ley
1098 de 2006 la competencia exclusiva para los casos de protección de los
menores de edad recae en el ICBF, razón por la cual no autorizó que se llevara
a cabo la entrevista solicitada.
8.
Con fundamento en los anteriores hechos, la Defensoría del Pueblo presentó acción
de tutela a nombre de Remedios con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales a la salud, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la
personalidad, a la interrupción voluntaria del embarazo y a la nacionalidad. En
ese sentido, solicitó que: (i) se le permitiera al equipo de la Defensoría realizar
una entrevista a la niña con el fin de informarle sobre su derecho fundamental
a la interrupción voluntaria del embarazo; (ii) se le ordenara a la
Registraduría expedir el documento de identificación colombiano de Remedios;
y (iii) se le garantizara a la menor de edad, a través de la Secretaría de
Salud del departamento, el acceso a un aborto seguro y oportuno en el caso de
que ésta decidiera interrumpir su embarazo.
2. Actuación
procesal.
El Tribunal
Superior de Arauca conoció de la tutela en única instancia. Así, por medio de
auto del 26 de abril de 2016 ordenó la notificación de la tutela a las
entidades accionadas y les otorgó un día para que presentaran una respuesta a
la tutela y allegaran información adicional que pudiera ser relevante para el
examen del caso concreto. Así las cosas, las entidades demandadas se opusieron
a la acción en los siguientes términos:
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
El
ICBF, a través del Defensor de Familia  Gamboa Mejía, manifestó que los hechos
presentados por la Defensoría de Pueblo son parcialmente ciertos[3]. En primer
lugar, se opuso a la acción de tutela e indicó que, de acuerdo con la ley, los
procesos administrativos de restablecimiento de derechos son objeto de reserva
legal por lo que no es posible compartir información de los mismos con terceros
y otras entidades del Estado. Así mismo, el funcionario indicó que
personalmente remitió a Remedios al Hospital San Vicente de Arauca donde
se le realizaron todas las valoraciones medicas de rigor y se le informó de
manera oportuna sobre su derecho a interrumpir su embarazo de acuerdo con las
causales legales fijadas por la Corte Constitucional.
Para
soportar esta afirmación, la entidad anexó una relación de actuaciones
concretas en relación al caso de la menor de edad. En la misma, se puede
observar que a lo largo del mes de marzo del 2016, el equipo psicosocial de la
entidad realizó diferentes contactos con las autoridades consulares venezolanas
para identificar la ubicación de los padres de la niña y estableció que su
padre tiene la nacionalidad colombiana[4].
Asimismo, la accionada informó del caso a su par del país vecino, el Consejo de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela con el fin de que se
iniciaran todas las acciones de protección necesarias para garantizar los
derechos de Remedios. De igual forma, los informes presentados dan
cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad de la menor de edad en tanto
que se evidencia que ha sido víctima de violencia sexual desde temprana edad y
que la misma se origina en su núcleo familiar[5].
Por
otra parte, del anexo presentado indica que el 30 de marzo del 2016 el equipo
psicosocial de la entidad le proporcionó información a Remedios sobre
las causales legales para la interrupción voluntaria del embarazo. Así, según
los registros de la entidad, “se logra evidenciar que la adolescente expresa
su deseo de manera verbal y voluntaria de iniciar la I.V.E. (sic) (por lo que)
se informa al equipo interdisciplinario esta decisión y se inician los
contactos con las diferentes entidades para el apoyo respectivo”[6].
Así pues, señala que el ICBF se comunicó con la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer y el Ministerio de Salud y Protección Social para solicitar
apoyo legal.
Asimismo,
la entidad en su informe de soporte, manifiesta que el 4 de abril del 2016
sostuvo una reunión con funcionarios de la Defensoría del Pueblo donde se
abordó la situación de Remedios. Sin embargo, en el reporte no se da
cuenta de las conclusiones a las que se llegó en la misma. A su vez, en esa
misma fecha, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de
Venezuela aportó los datos de ubicación de Dayanes Mesa Valdes, madre de la
niña, por lo que se estableció un contacto directo con ella con el fin de
iniciar los trámites de traslado de la menor de edad a Venezuela para que ésta
se encargue del cuidado y protección de su hija. En la misma fecha, la entidad
venezolana aportó la partida de nacimiento de Remedios donde se acredita
que su representante legal es la señora Mesa Valdes.
Por
último, la entidad aportó  una copia de una nueva entrevista realizada por el Defensor
de Familia  a Remedios el 13 de abril de 2016. En ésta, el funcionario
le preguntó nuevamente a la menor de edad si estaba dispuesta a interrumpir su
embarazo, a lo que ella respondió “no, ya mi niño está grande, ya tiene
cinco meses”[7].
Por esta razón, el 18 de abril del año en curso le informó a la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer que no era necesario el apoyo de las
instituciones del nivel Nacional en el presente caso, aunque solicitó asesoría
para atender futuros casos que involucren menores de edad de otras
nacionalidades.
Registraduría
Nacional del Estado Civil
La
Registraduría, aunque en su respuesta[8]
no se opuso de manera formal a las pretensiones de la tutela, informó que de
acuerdo a las normas que regulan la materia en Colombia la menor de edad, al
ser hija de padres colombianos, tiene el derecho a ser inscrita en el Registro
Civil de Nacimiento. Para estos fines, la entidad explicó que es necesario que Remedios
se presente a la oficina de registro con sus dos padres y dos testigos que
constaten las circunstancias del nacimiento o, en el evento en que la menor de
edad se encuentre bajo la protección de ICBF, dicha entidad debe solicitar
directamente la inscripción.
3. Decisión
judicial objeto de revisión.
Sentencia de
única instancia
Mediante
sentencia del 29 de abril de 2016[9],
el Tribunal Superior de Arauca amparó los derechos de Remedios al
considerar que: (i) en aplicación de las reglas jurisprudenciales desarrolladas
por la Corte Constitucional, es claro que la niña tiene el derecho de solicitar
una interrupción voluntaria del embarazo toda vez que es una menor de edad de
14 años víctima de violencia sexual. En ese sentido, el Estado no puede dilatar
el acceso a este procedimiento, en especial, conforme a la protección reforzada
que gozan los derechos de los niños; y (ii) en la reglamentación de la
nacionalidad, como estado natural del ser humano, concurren no solo las
competencias del Estado para regular su reconocimiento sino también las
obligaciones derivadas de la protección integral de los derechos humanos. Así, la
acción de las entidades demandadas debe estar encaminada a garantizar el
derecho fundamental a la nacionalidad de Remedios.
Con base en lo
anterior, el Tribunal concluyó que los hechos del caso permiten inferir que la
menor de edad expresó de manera autónoma su voluntad de continuar con el
embarazo, por lo que no existen fundamentos que respalden las afirmaciones de
la Defensoría del Pueblo, por lo cual no resulta adecuado que la niña sea
entrevistada una vez más por otra institución del Estado, ya que se estaría
frente a un riesgo evidente de revictimización. No obstante lo anterior,
determinó que el ICBF debía continuar con las gestiones necesarias para
garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados a Remedios
como víctima de violencia sexual. De esta manera, le ordenó a la entidad
que, en el caso de que la niña decidiera por su cuenta interrumpir su embarazo,
proceda a gestionar la práctica de dicho procedimiento de manera oportuna y
segura. De igual modo, señaló que dicha institución era responsable de
proporcionar los servicios médicos que requiriera la menor de edad y, eventualmente,
su hijo así como de informarle sobre los alcances del fallo y el contenido de
sus derechos fundamentales. Por último, le ordenó al Defensor de Familia  encargado
del caso realizar todas las actividades encaminadas a que la Registraduría
realizara la inscripción de Remedios en el registro civil de nacimiento
colombiano.
4. Actuaciones
realizadas en sede de revisión
En razón a la
necesidad de obtener información suficiente para mejor prever,  en virtud de lo
resuelto en el auto del 9 de noviembre de 2016 y en lo contenido en el artículo
170 del Código General del Proceso, la magistrada sustanciadora decretó la
práctica de varias pruebas que buscaban: (i) recopilar información de una serie
de instituciones académicas y científicas, para que desde su experticia
respondieran un cuestionario que aportara nuevos puntos de vista y un mejor
entendimiento de las circunstancias relacionadas con el caso; y (ii) que las
entidades accionadas dieran cuenta de la situación actual de Remedios.
De este modo, se
ofició a las organizaciones Women´s Link Worldwide; al Centro de Derechos
Reproductivos; a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres; a la Casa de la
Mujer; a Profamilia; a la Fundación Oriéntame; a Sisma Mujer; a la Escuela de
Estudios de Género de la Universidad Nacional; al Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes; al Grupo de Género,
Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia; al Centro de
Investigación y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño; y al
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) para que
aportaran sus consideraciones acerca de los estándares que deben contener los
protocolos de acompañamiento psicológico para garantizar la protección de los
derechos reproductivos de las menores de edad que se encuentran bajo custodia
del ICBF, así como para facilitar que estas tomen una decisión autónoma e
informada sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
A su vez, la magistrada
sustanciadora ofició a la Academia Nacional de Medicina; al Departamento de
Psicología de la Universidad de los Andes; a la Facultad de Psicología de la
Universidad Javeriana; al Departamento de Psicología de la Universidad de
Nariño; al Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia; al
Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia; al
Departamento de Psicología de la Universidad del Norte y al Colegio Colombiano
de Psicólogos para que proporcionaran información a la Sala sobre la manera
adecuada de medir el impacto psicológico derivado de una agresión sexual y un
subsecuente embarazo en casos donde la víctima es una niña o adolescente y los
tipos de apoyo que deben recibir para decidir de manera autónoma e informada si
desean interrumpir el mismo.
De la misma
forma, la magistrada sustanciadora ofició al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para que comentara sobre el protocolo de información y atención que
aplica para los casos de menores de edad bajo su custodia que se encuentran en
estado de embarazo y que pueden solicitar la interrupción del mismo dentro de
las causales despenalizadas por la Corte Constitucional. También, se le pidió a
la entidad explicar la ruta de atención que desarrolló en el caso de Remedios
después de que ésta hubiera manifestado su deseo de acceder a un aborto
legal y seguro. Por último, se le solicitó información que diera cuenta del
estado actual de la niña y de, en caso de haber continuado con su embrazo, la
relación completa de los servicios de maternidad que se le han brindado a ella
y a su hijo. Por último, la magistrada sustanciadora emplazó a la Registraduría
Nacional del Estado Civil para que le informara a la Sala el estado del trámite
de expedición del documento de identidad colombiano de la menor de edad.
A continuación
se relaciona el material probatorio acopiado por la Sala. Así, en primer lugar
se resumirán las intervenciones presentadas por las organizaciones y, en
segundo término, aquellas suscritas por las entidades accionadas. Por último,
también se hará referencia a una intervención presentada a la Sala de Revisión
por parte de una organización ciudadana que, aunque no fue incluida en el auto
de pruebas, envió su concepto sobre el caso a la Corte Constitucional.
Organizaciones ciudadanas
Profamilia
Mediante escrito
del 18 de noviembre de 2016[10],
la entidad señaló que, desde una perspectiva amplia, se debe entender que a
través de la efectiva garantía del derecho a la información se puede proteger,
entre otros el derecho a acceder de manera segura y oportuna a una interrupción
voluntaria del embarazo. De esta manera, advirtió que, a partir de lo señalado
por la jurisprudencia de esta Corporación y las reglas fijadas por los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado, está en la
obligación de materializar el acceso a la información por medio de la difusión
de los derechos sexuales y derechos reproductivos de que son titulares todas
las personas.
Por esta razón,
la entidad apuntó que “la materialización del derecho a la información por
parte de las instituciones y/o sus agentes no se agota con la simple ‘mención´
de los derechos sexuales y reproductivos de los que son titulares las personas.
De este modo, la mención de los derechos no es suficiente, pues el derecho a
informar comprende el cumplimiento de ciertos estándares, como la obligación de
entregar información oportuna, completa accesible, fidedigna y oficiosa”[11].
Así es como, refiriéndose al caso concreto, Profamilia advirtió que de los
hechos del caso no es claro si a Remedios se le proporcionó información
suficiente sobre el derecho a acceder a una interrupción voluntaria del
embarazo, en particular durante la entrevista que el Defensor de Familia  encargado
del caso realizó el 13 de abril del 2016.
En ese sentido,
explicó que el mismo ICBF ha reconocido que no basta con informar sobre la
existencia del derecho, por lo que expidió la Circular 068 de 2008 con
el fin de detallar los criterios que deben aplicarse por parte de los
funcionarios de la entidad en los casos donde las niñas bajo su custodia
decidan interrumpir su embarazo. En la misma, se destaca que en el evento en
que una menor de edad se encuentre en alguna de las causales despenalizadas por
la Corte Constitucional ésta puede proceder a practicarse un aborto legal con
su consentimiento previo, informado, amplio y cualificado. Por esta razón,
dicha Circular resaltó que la atención integral para la interrupción voluntaria
del embarazo debe brindarse en el marco de servicios integrales de salud sexual
y reproductiva por lo que la información que la institución debe proporcionar
en estos casos debe incluir: (i) una explicación detallada de los
procedimientos de interrupción del embarazo, que incluye las acciones
desarrolladas con anterioridad y posterioridad al mismo; (ii) los probables
efectos secundarios derivados de la práctica del aborto; (iii) la duración del
mismo; (iv) los protocolos de manejo del dolor; (v) el seguimiento médico al
que debe someterse; (vi) el momento en que puede retornar a su actividad normal
de vida, incluyendo las relaciones sexuales; y (viii) acceso oportuno a
métodos de anticoncepción[12].
Sin embargo,
Profamilia consideró en su escrito que, no obstante los criterios de
información establecidos en dicha Circular, los mismos no son suficientes ya
que “se limitan a factores de tipo médico, que son de gran relevancia para
el consentimiento informado del procedimiento, pero son limitados frente a la
información y opciones que deben proporcionarse de forma previa”[13].
Por ello, sostuvo que los protocolos del ICBF en la materia deben incorporar
información sobre: (i) la existencia del derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo; (ii) la opciones, además del aborto legal, que existen ante un
embarazo no deseado; (iii) el alcance de cada una de las causales
despenalizadas por la Corte Constitucional; (iv) la forma en la que se puede
acceder de manera oportuna a la interrupción; (v) la inclusión de los
procedimientos dentro del Plan Obligatorio de Salud; y (vi) que en los casos de
los menores de edad, precisar que estos pueden tomar la decisión sin interferencia
de sus padres o representantes legales. En ese sentido, para la entidad
interviniente, “obviar estos últimos aspectos, incide para que la persona
que recibe información no pueda establecer de forma clara los conductos para
materializar el derecho, ni tenga las herramientas para tomar una decisión
autónoma y libre”[14].
Ahora bien, con
respecto a este último punto Profamilia advirtió que la Circular del ICBF
incurre en una abierta contradicción con respecto a las reglas fijadas por la
Corte Constitucional. Esto, debido que en dicho documento se establece que
en los casos de niñas menores de 14 años se debe contar con la autorización
expresa de su representante legal o la autoridad competente antes de proceder a
realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Para la entidad, “esta
instrucción contradice el estándar de consentimiento informado personal para
casos de interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes, y puede
llegar a causa (sic) efectos negativos para la garantía de los derechos
reproductivos de esta población”[15].
Asimismo, la
entidad interviniente, señaló que para la atención de estos casos es necesario
aplicar lo desarrollado por el Protocolo de Atención de la Menor de 15 años
Embarazada del Ministerio de Salud y Protección Social que indica que la
consejería para niñas en estado de embarazo debe incluir los siguientes
aspectos: (i) debe brindarse información sobre todas las opciones frente a un
embarazo no deseado, estas son, interrumpir el mismo, llevarlo a término y
asumir la maternidad o entregar al recién nacido en adopción; (ii) quien es
responsable de proveer la información debe asumir una actitud neutral, clara y
laica; (iii) no se podrá imponer ningún obstáculo para que las menores de edad
accedan a una interrupción voluntaria del embarazo; (iv) en los casos de niñas
menores de 14 años la causal a aplicar, de manera preferencial, es la de
violencia sexual y no se podrá exigir una denuncia penal para acreditar dicha
condición, aplicando en todo el proceso el Protocolo de Atención a Víctimas
de Violencia Sexual.
Por último,
frente a los estándares que se deben implementar para determinar de una manera
adecuada el momento en que un menor de edad tiene plena capacidad para tomar
decisiones autónomas e informadas sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, Profamilia manifestó que se debe entender la sexualidad como una
dimensión donde se articulan “la corporabilidad, la biología, la función
reproductiva, la capacidad socio-afectica, las relaciones éticas, que forman
una unidad dinámica durante toda la vida de los hombres y las mujeres”[16].
Por esa razón, señaló que es necesario impulsar su desarrollo desde edades
tempranas que faciliten las herramientas que conduzcan a una vivencia plena y
saludable de la misma.
Igualmente,
resaltó que el “abordaje de la sexualidad debe realizarse de acuerdo a la
capacidad evolutiva de los menores de edad, entendiendo que la edad no es un
criterio objetivo, y que el análisis de la capacidad de decisión en materia de
sexualidad y reproducción debe realizarse teniendo en cuenta el contexto
cultural del niño (sic), niñas y adolescentes”[17]. A su
vez, enfatizó en que “la información que se le debe proporcionar a los
menores de edad sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos debe
enfocarse en el reconocimiento de sus cuerpos y en generar herramientas que
permitan prevenir e identificar situaciones de abuso y violencia”[18].
Así, la entidad concluyó que “en el caso concreto de la interrupción
voluntaria del embarazo, las niñas y adolescentes deben tener la posibilidad de
decidir sobre dicho procedimiento o cualquier opción ante un embarazo no
deseado, de forma autónoma y sin interferencia del criterio de sus padres o
representantes legales (lo que obliga a) que el proceso de consentimiento
informado de las menores de edad debe realizarse con el apoyo de profesionales
interdisciplinarios que asistan de forma objetiva, más no interfieran en su
proceso de decisión”[19].
Finalmente,
indicó que la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos incorporó la acción de intersectorialidad como
fundamento de la coordinación interinstitucional para el logro de la garantía
de estos derechos. Por consiguiente, el ICBF como agente responsable del
restablecimiento de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad
puede, bajo el principio de colaboración armónica, apoyarse en otras
instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de
ofrecer una atención integral. Incluso, para apoyar este argumento, la
institución interviniente explicó que suscribió el Convenio 1270 de 2016 con
el ICBF para fortalecer el trabajo de protección de los derechos sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su
cuidado.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
La organización[20],
después de  una recopilación de jurisprudencia en la materia, señaló que “la
capacidad de las niñas y adolescentes tiene variables en los temas que afectan
su salud, asuntos económicos y aspectos legales. Por tanto, en cada caso
concreto deben existir directrices para que no se vulneren sus derechos
fundamentales”[21].
En ese sentido, frente a las decisiones asociadas a la atención en salud, la
organización precisó que la jurisprudencia ha diferenciado entre dos
escenarios, a saber: (i) cuando se trata de tratamientos urgentes o
intervenciones para preservar la vida; o (ii) cuando es un asunto relacionado
al acceso a servicios de derechos sexuales y reproductivos.
Con respecto al
primer escenario, la intervención advirtió que este Tribunal ha aclarado que en
lo referente a tratamientos urgentes y necesarios dirigidos a preservar la vida
de la menor de edad prima la decisión de sus padres o tutores legales. Sin
embargo, precisó que dicha autoridad paternal no implica usurpar la autonomía
del menor de edad, sino permitir la preservación de su vida, toda vez que esto
es un deber y derecho de los padres y una obligación del Estado.
Ahora bien, en
lo que respecta a la capacidad legal de las niñas y adolescentes frente a sus
derechos sexuales y reproductivos, y en particular frente a la interrupción
voluntaria del embarazo, la Mesa recordó que la Corte Constitucional estableció
desde la sentencia C-355 de 2006 que dicho derecho no solo está en cabeza de
mujeres mayores de 18 años, sino de niñas y adolescentes. Por esa razón, las
niñas gozan de plena capacidad para consentir sobre tratamientos en
intervenciones en su cuerpo. En este aspecto, manifestó que el consentimiento
en menores de edad busca que éstas tomen decisiones autónomas, conforme al
principio del interés superior de los niños recogido en la Carta.
A su vez,
destacaron que después de la sentencia C-754 de 2015 de la Corte
Constitucional, la atención a víctima de violencia sexual implica la aplicación
obligatoria del Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctima
de Violencia Sexual, norma que comprende, entre otras cosas, el derecho a recibir
información completa, objetiva y veraz para acceder de manera voluntaria a un
aborto legal. Bajo esta premisa, la intervención resume el marco normativo
alrededor del sistema de protección de los niños, niñas  adolescentes en el
país, haciendo especial énfasis en las características del proceso de
restablecimiento de derechos.
Así, la Mesa
resaltó que la política de atención vigente del ICBF para los casos donde están
en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad se
encuentra recopilada en la Circular 068 de 2008. Para la entidad interviniente
este documento contiene varias imprecisiones que constituyen obstáculos para
una atención oportuna en la materia, a saber: (i) desconoce que la interrupción
voluntaria del embarazo es un derecho fundamental lo que va en contravía de lo
desarrollado por la Corte Constitucional, especialmente en las sentencias T-585
de 2010 y T-841 de 2011; (ii) en los casos donde la víctima de violencia sexual
es una menor de 14 años el documento no precisa que no se requiere de denuncia
penal por violación toda vez que en estas circunstancias se presume la comisión
de dicha conducta;  y (iii) la circular exige un consentimiento sustituto para
niñas menores de 14 años, lo que desconoce la regla jurisprudencial sobre el
particular que reconoce la autonomía que éstas tienen para decidir sobre el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Con base en lo
anterior, La Mesa señaló que en el caso concreto se presentaron varias
inconsistencias que desconocen lo límites de acción de los defensores de
familia en los procesos de restablecimiento de derechos frente a la autonomía
de las niños y niños. Así, menciona que a pesar de haber indagado si Remedios
había sido informada sobre su derecho a interrumpir su embarazo, el
defensor no se aseguró de explicarle a la menor de edad de manera clara,
transparente e informada sobre el contenido de este derecho, los requisitos
para su exigibilidad o las rutas de atención para garantizar su eficacia. En
ese sentido, la negativa de la entidad accionada de permitir que los
funcionarios de la Defensoría del Pueblo pudieran entrevistar a la menor de
edad se debió al hecho de que el Defensor de Familia  competente confundió la
ruta de atención en salud con la ruta de atención en justicia, los cuales son
independientes unos del otro. De esta manera, por preservar la reserva propia
del proceso penal derivado del abuso sexual se impidió que Remedios
tuviera acceso a una atención oportuna en salud. Por esta razón, la entidad
interviniente solicita, entre otras cosas, que se condene al ICBF a pagar una
reparación integral por los perjuicios causados a la niña en razón de la
negativa de la interrupción voluntaria del embarazo. De la misma forma,
solicita que el ICBF modifique sus directivas internas para que el sistema de
protección respete la autonomía reproductiva de los menores de edad.
Centro de
Derechos Reproductivos
El CDR[22],
resaltó que la denegación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
legal y segura puede acarrear violaciones de múltiples derechos humanos
fundamentales. En ese sentido, recordó que el Comité de los Derechos del Niño
ha sentado estándares importantes en materia del derecho de las niñas, niños y
adolescentes de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Así,
manifestó que “las y los adolescentes deben tener acceso a una serie
ininterrumpida de servicios de salud que comprenden toda una amplia gama de
métodos de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva, incluyendo
servicios de salud materna; información y atención en relación a los métodos
anticonceptivos de corto y largo plazo; servicios de aborto seguros y servicios
posteriores al aborto”[23].
Con todo, el
Centro explicó que estas recomendaciones internacionales, junto a las
realizadas por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
encaminadas a fomentar la educación sexual de los jóvenes, constituyen un punto
de partida adecuado para la elaboración de protocolos públicos para proveer
información veraz, completa y objetiva a menores de edad sobre sus derechos
sexuales y reproductivos. Así, la intervención manifestó que los niños, niñas y
adolescentes tienen el derecho de ser escuchados y su autonomía debe formar el
núcleo de la toma de decisiones en torno a su  salud sexual y reproductiva. Por
esa razón, resaltó que en el caso de Remedios, ésta tenía el derecho
constitucional a acceder a un aborto legal, lo que incluye la obligación del
Estado de proporcionarle información completa para el ejercicio del respectivo
derecho.
Casa de la Mujer
La Casa de la
Mujer[24]
advirtió que “la autonomía de las mujeres, sin importar su edad, sobre sus
propios cuerpos debe ir enmarcada en contar con la información clara, exacta y
suficiente que le permita tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud
reproductiva”[25].
Bajo esta premisa, indicó que la educación sexual debe estar encaminada al
conocimiento del cuerpo, a la experiencia satisfactoria de la sexualidad sin
riesgos para la salud o el proyecto de vida de la persona. Para eso, señala que
es necesario: (i) contar con información disponible, suficiente y oportuna
sobre la sexualidad y reproducción; (ii) desarrollar programas educativos y
servicios de salud sexual y reproductiva; y (iii) concebir un marco normativo
que favorezca el reconocimiento de estos derechos. Además, la organización
explicó que la edad no puede constituirse en un límite para el ejercicio de la
sexualidad y el acceso a la información acerca del ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
Por otra parte,
la entidad explicó que el Ministerio de Salud ha desarrollado varios protocolos
que cuentan con lineamientos sobre el embarazo no deseado en adolescentes y el
acceso a información completa, veraz y objetiva, a saber: (i) guía técnica
sobre el aborto legal publicado en el 2012 bajo el auspicio de la Organización
Mundial de Salud; (ii) protocolo de atención de la menor de 15 años en embarazo
publicado en el 2014; (iii) guía para la prevención del aborto inseguro del año
2014; y (iv) lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la
prevención del embarazo de niñas y adolescentes recogido en el documento CONPES
147 del año 2015. Así, la organización destacó que todos estos documentos
tienen como elemento en común la importancia que le endilgan al acceso a
información de calidad por parte de profesionales de salud como garantía para
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
En particular,
la intervención explicó que los profesionales responsables de suministrar dicha
información deben asumir una actitud neutral y laica respecto a los “perjuicios
socialmente construidos en relación a los jóvenes, desde los cuales existe la
creencia que, debido a su edad, no cuentan con los elementos, experiencia y
madurez necesaria para tomar decisiones tales como la interrupción voluntaria
del embarazo o el manejo autónomo de su sexualidad”[26]. Por esta
razón, el memorial  explicó que frente a los derechos sexuales y reproductivos
se debe reconocer la capacidad evolutiva para determinar la capacidad que tiene
el individuo para asumir la responsabilidad de sus propios actos y decisiones.
Así, según dicho concepto, “a medida que una persona joven adquiere
competencia y madurez disminuye la necesidad de orientación por parte de
personas adultas y aumenta su capacidad de asumir responsabilidad por sus
propios actos”[27].
De esta manera, no es posible crear una regla universal para determinar el
momento exacto donde un menor de edad tenga plena capacidad para tomar
decisiones autónomas e informadas sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, sin perjuicio de reconocer la libertad de éstos para decidir sobre
su proyecto de vida.
Organizaciones
médicas
Fundación
Oriéntame
En su memorial[28],
la entidad explicó que en materia de atención a niñas y adolescentes presta sus
servicios de interrupción voluntaria del embarazo bajo el cumplimiento de un
instructivo que privilegia, en todas las etapas de la atención, la plena
autonomía de las menores de edad para decidir sobre la práctica del
procedimiento y su derecho a acceder a información transparente oportuna,
objetiva, veraz y completa.
Academia
Nacional de Medicina
La Academia, en
el escrito dirigido a la Sala de Revisión[29],
señaló en primer lugar que a toda mujer que decide interrumpir su embarazo se
le debe ofrecer orientación y asesoría pero que las mismas “no se deben constituir
en un prerrequisito que obstaculice el acceso a (estos) servicios o dilate la
atención”[30].
Por esta razón, los médicos y prestadores de salud deben estar preparados para
ofrecer apoyo psicológico y se deben realizar estrictos controles de
seguimiento que pueda permitir evaluaciones oportunas sobre la salud física y/o
mental de las mujeres.  Así, la entidad
concluyó que “la orientación debe consistir en un acompañamiento emocional
que cree un ambiente propicio para que la mujer hable sobre cómo se siente,
cómo llego a la situación actual”[31].
Centros de
investigación
Escuela de
Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia
La entidad, en
el escrito presentado ante esta Corporación[32],
señaló que los menores de edad son ciudadanos con plenos derechos por lo que ni
la mayoría de edad legal o las reglas generales sobre el consentimiento, son
criterios para hacer una distinción frente al ejercicio de sus derechos. Así,
afirmó que “es desproporcionado proteger a una niña menor de 13 años, de
conocer información sobre la IVE que pueden considerarse inadecuadas para su
edad, cuando nos encontramos frente a un evento reproductivo impuesto, y
además, en este caso, producto de violencia sexual”[33].
Centro de
Investigación y Estudios Socio-Jurídicos de la Universidad de Nariño
En el memorial
presentado ante la Corte[34],
la entidad resaltó que Colombia ha establecido, en su jurisprudencia y marco
normativo, que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos tiene
raigambre constitucional por lo que el acceso a una información plena que
garantice la toma de decisiones de manera autónoma ha sido reconocido por el
Estado en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Así, indicó que “educar
para la sexualidad es precisamente brindar herramientas conceptuales,
actitudinales, comunicativas y valorativas que permitan a los adolescentes tomar
decisiones con relación a su sexualidad que se (sic) correspondan con lo que
quieren, atendiendo a sus condiciones fisiológicas, psicológicas y sociales”[35].
Bajo esta
premisa, el Centro propone varios estándares que se deben implementar para
determinar de manera adecuada el momento en que un menor de edad tiene plena
capacidad para tomar decisiones autónomas e informadas sobre el ejercicio de
sus derechos sexuales y reproductivos, a saber: (i) el establecimiento de una
edad mínima de consentimiento sexual que implique que “cuando se trate de
menores de 14 años la IVE no  (sea) una opción, sino una obligación (ya que) un
menor en estas condiciones no tiene la suficiente capacidad de decisión, porque
no puede percibir con claridad las consecuencias presentes y futuras que esta
decisión le implica para su vida”[36];
(ii) la atención prioritaria con personal experto en psicología y medicina;
(iii) la adopción de protocolos relacionados con asuntos de violencia sexual; y
(iv) adoptar criterios de equidad de género y diversidad sexual a la vez que
promover cartillas de información en relación a la sentencia C-355 de 2006.
Departamentos de
Psicología
Departamento de
Psicología de la Universidad de Nariño
En su escrito[37],
el departamento recordó que mediante la Resolución 459 de 2012 el Ministerio de
Salud y Protección Social adoptó el Modelo de Atención Integral para Víctimas
de Violencia Sexual el cual determina las rutas de atención para estos casos,
el cual incluye un acápite sobre el acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo. Así, en su concepto, la entidad se limita a remitirse a dicha norma
en lo que respecta a los protocolos de atención apropiados.
Departamento de
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia
La entidad[38]
presentó dos conceptos elaborados por diferentes profesores del departamento.
En el primero, resaltó que la atención de menores de edad víctima de violencia
sexual se debe realizar desde dos principios centrales, a saber: (i) la
neutralidad, que implica privarse de realizar juicio de valor; (ii) la
confidencialidad, que obliga a guardar reserva de la información hasta donde la
ley lo permita, la seguridad de la víctima lo requiera y sin que se altere la
confianza necesaria en la intervención. Por otro lado, el escrito señaló que el
abordaje de estos casos debe extenderse al entorno familiar y afectivo de la
menor de edad con el “fin de evitar la revictimización y que por esa vía la
agresión sexual y el embarazo se constituyan en agentes traumatizantes en el
menor; o que siéndolo, la revictimización incremente sus efectos”[39].
Por último, advirtió que la decisión de continuar con el embarazo en casos de
violencia sexual requiere de un apoyo familiar e institucional claro que
mitigue los efectos negativos que pueda acarrear una decisión de esta
naturaleza. Esto, debido a que la capacidad de discernimiento de las menores de
edad aún está en desarrollo.
En el segundo
concepto, el departamento describió de manera cuidadosa los diferentes impactos
relacionados con una agresión sexual. Así, señaló que a “nivel emocional se
ha tenido en cuenta el estrés postraumático (entendido como) un conjunto de
reacciones por parte de la víctima de reexperimentación del suceso”[40].
Con respecto al impacto fisiológico, dijo que en estos casos “se reportan
trastornos del sueño, de la alimentación y memoria, insomnios, pesadillas e
hipervigilancia, que pueden durar mucho tiempo e incluso consolidarse a largo
plazo”[41].
Desde el punto de vista cognitivo, el escrito explicó que “los hechos
violentos provocados por otros, de carácter intencional, como lo son las
agresiones sexuales, pueden provocar un cambio en la víctima respecto de la
forma de verse y sentirse sobre sí misma, sobre los demás y sobre el mundo”[42].
De esta manera,
señaló que los protocolos de atención aplicados a nivel judicial y en salud
deben tener en cuenta que las mujeres menores de edad “no gozan de un
desarrollo pleno de las facultades intelectivas y de razonamiento a largo
plazo, necesarias para anticipar las consecuencias de sus acciones a futuro, a
lo que se puede sumar la probable afectación emocional de la agresión sexual”[43].
Así, presentó varias recomendaciones que se pueden implementar en las rutas de
atención, entre otras: (i) proveer información clara sobre como denunciar los
hechos ante el sistema penal; (ii) manejar el temor de las víctimas para
generar espacios de confianza con las autoridades; (iii) preparación del
personal de Policía para la atención oportuna y digna de estos casos; y (iv) abstenerse
de imponer una agenda individual frente a la interrupción voluntaria del
embarazo lo que implica ceñirse de manera estricta a las reglas
jurisprudenciales existentes sobre la materia.
Departamento de
Psicología de la Universidad del Norte
En su escrito[44],
la universidad presentó consideraciones sobre algunas buenas prácticas en la
atención de casos de violencia sexual que involucren a menores de edad.  De
esta manera, resaltó que es importante que los psicólogos que atiendan estos
casos tengan conocimiento del entorno familiar de la víctima, así como
cualquier otro antecedente relevante para determinar como el hecho abusivo ha
sido afrontado por los adultos responsables del cuidado de la niña. Además,
señaló que quien atienda estos casos debe contar con experiencia en psicología
jurídica o forense en la medida en que debe tener la capacidad de apartarse de
cualquier sesgo o prejuicio frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por otra parte, cualquier protocolo en la materia para la Universidad debe “valorar
la capacidad del menor de edad de dar testimonio fiable de lo que ha
experimentado teniendo en cuenta su momento evolutivo puesto que dependiendo de
la edad y el funcionamiento cognitivo varia la capacidad de dar un relato
coherente, de hablarle a un adulto y de mantener focalizada la tención en el
tema al cual está haciendo referencia la menor”[45].
Por otra parte, en
la intervención describió varias recomendaciones de apoyo para que la menor de
edad pueda de manera autónoma e informada tomar una decisión libre sobre la
continuación o no de su embrazo, entre otras: (i) evaluar su capacidad
cognitiva; (ii) identificar el conocimiento que tiene la niña de los posibles
riesgos físicos a los que puede verse expuesta frente a la continuación del
embarazo o su interrupción; y (iii) una vez que la menor de edad tome la
decisión, realizar una intervención en su núcleo familiar para garantizar el
cumplimiento de sus derechos reproductivos.
Colegio
Colombiano de Psicología
El Colegio de
Psicólogos[46],
en primer lugar se refirió al Modelo de Atención Integral en Salud para
Víctimas de Violencia Sexual expedido por el Ministerio de Salud. Así, advirtió
que este documento propone recomendaciones para la atención psicosocial de
niños, niñas y adolescentes, así como una ruta de atención en los casos de
abuso sexual donde se determina con claridad que se debe proporcionar apoyo
emocional y jurídico al menor de edad, que incluye el inicio de tratamientos
profilácticos y el respectivo reporte del hecho al sistema judicial. En lo que
respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, el mismo documento describe
el proceso de atención, que incluye “la recepción, información inicial,
consulta médica, orientación por profesional de la salud mental, manejo en caso
de que no haya denuncia, remisión institucional, recuperación, control
postprocedimiento y reporte de casos”[47].
A su vez, la
entidad resaltó que la asistencia a las víctimas de estos delitos debe partir
de una perspectiva de género y ofrecerse en dos niveles, uno asistencial-terapéutico
y otro de orientación-información. En el primero, “el propósito es que el
niño, niña y adolescente logre elaborar la experiencia traumática enfocándose
menos en la situación de trauma y más en las potencialidades de desarrollo
futuro, reduciendo los síntomas asociados al estrés postraumático que se
presentan en la mayoría de estos casos y desarrollando autorregulación emocional
y (sic) potenciando todas las áreas del desarrollo que se ven afectadas cuando
un niño, niño o adolescente es expuesto a una experiencia de tipo traumático
como es la violencia sexual”[48].
Por otro lado, el segundo nivel, “implica orientación y acompañamiento a la
víctima respecto a sus derechos y a los procedimientos legales. Esto permite
que el niño, niña o adolescente se sienta protegido por el sistema y con una
perspectiva de resolución a su situación”[49].
Con respecto a
la segunda pregunta realizada por la Sala, sobre el abordaje del impacto
psicológico derivado de una agresión sexual y un subsecuente embarazo cuando la
víctima es una menor de edad, el Colegio advirtió que “al menos un 80% de
las víctimas pueden sufrir consecuencias psicológicas negativas relacionadas
con la presencia de síntomas de ansiedad, depresión, problemas escolares,
alteraciones comportamentales y en la esfera de la sexualidad; a largo plazo
hasta un 30% de las víctimas experimentarán secuelas psicológicas por la
violencia sexual”[50].
Así, con respecto al grado de judicialización de estos delitos el Colegio
manifestó que la literatura sobre el tema encontró que ésta “se ha
restringido al ejercicio de la persecución penal y no al ejercicio de la
reparación de los daños causados por el evento”[51].
A su vez, frente
a la medición del impacto psicológico de la violencia sexual en menores de
edad, la entidad indicó que cualquier intervención debe tener en cuenta la
magnitud del evento, el tiempo de ocurrencia del mismo y el ciclo de desarrollo
en el que se encuentra la víctima. De la misma forma, señaló que “a la
fecha, no ha evidencia concluyente que demuestre que hay mayores afectaciones en
las mujeres que abortan, que las que deciden (sic) por métodos alternativos
cuando el embarazo es no deseado”[52].
Finalmente, la intervención concluyó que cualquier apoyo que se ofrezca en
este tipo de casos debe estar encaminado a que la niña o adolescente tome una
decisión libre e informada, “alejada de prejuicios éticos y morales en favor
o en contra del aborto”[53].
Departamento de
Psicología de la Universidad de Antioquia
El Departamento[54]
señaló que “una experiencia sexual violenta irrumpe de manera traumática
sobre lo cotidiano en tanto aparece como un evento inesperado”[55].
Ahora bien, frente a los hechos del caso, observó que en “la actualidad
existe un protocolo de atención claramente identificable (…) se trata de Modelo
(sic) de atención a víctima de violencia sexual de MinSalud (…) el cual
establece una guía de atención integral para casos de violencia sexual y
precisa las condiciones a considerar cuando se desea interrumpir el embarazo”.
Por otra parte, concluyó que el abordaje psicológico en casos de violencia
sexual debe estar orientado a comprender cómo se impacta en lo anímico a la
víctima y que, en particular, el “embarazo posterior a un hecho violento
debe ser seguido con especial atención (…) es así que un trabajo terapéutico
permitiría (…) facilitar las condiciones para tomar una posición autónoma y
consciente frente a la IVE (involucrando) al círculo familiar o redes de apoyo”[56].
Partes del
proceso
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
El ICBF[57]
explicó que el protocolo de información y atención que aplica para los casos de
menores de edad bajo su custodia que se encuentran bajo algunas de las causales
permitidas para la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra contenido
en el Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el
Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con sus Derechos
Inobservados, Amenazados o Vulnerados -aprobado mediante la Resolución 1526
del 23 de febrero de 2016-. En dicho documento, según la entidad, se describe
con precisión el alcance de las competencias de cada funcionario y se
determinan de manera clara las rutas de atención que se deben aplicar para los
casos donde concurran las causales de aborto legal. Así, señaló que los
defensores de familia cuentan con el apoyo técnico de un equipo
interdisciplinario que proporciona el apoyo psicológico necesario para
determinar con prontitud las acciones de restablecimiento de derechos. En lo
referente a la interrupción voluntaria del embrazo, la entidad accionada señala
que dicho lineamiento contiene un anexo particular sobre el tema “donde se
indican las actuaciones que debe adelantar la autoridad administrativa en el
marco de la sentencia C-355 de 2006”[58].
Por otra parte,
en lo referente a las acciones desarrolladas después de que Remedios manifestara
de forma expresa su deseo de interrumpir su embarazo el 31 de marzo de 2016, reiteró
lo ya expresado por el Defensor de Familia  en su respuesta a la acción de
tutela. Incluso, señaló que la menor de edad expresó en una valoración
psicológica el 30 de marzo de 2016 su deseo de no continuar con el embarazo[59]
pero que el 13 de abril del año en curso, durante una entrevista con el Defensor
de Familia, señaló su intención de continuar con el mismo. Por último, advirtió
que el 23 de mayo de 2016 se ordenó la entrega de la adolescente al Consejo de
Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela con el objetivo de reintegrar
a la niña a su familia de origen en cabeza de su madre.
Sobre el estado
actual de Remedios relató que el “10 de noviembre de 2016, se present
(sic) a en las instalaciones del CAIVAS-ICBF, el señor Jorge Hernández,
progenitor de la adolescente (…) a informar que su hija y su nieta se
encuentran viviendo en Colombia, en la ciudad de Arauca, y en su residencia (…)
hace aproximadamente un mes, debido a la difícil situación para conseguir
implementos de aseo y alimentos en Venezuela”[60]. Así, el
ICBF  explicó que el Defensor de Familia  y el equipo psicosocial que atendió
en un primer momento el caso realizó una nueva valoración y el 15 de noviembre
de 2016 ordenó que Remedios fuera ubicada junto a su hija -que para ese
momento tenía 4 meses de nacida- en un hogar sustituto de la entidad, como
medida para el restablecimiento de sus derechos al constatar que vivía con su
presunto agresor. También, indicó que la Registraduría ya expidió el documento
de identidad de la niña y que se iniciaron los trámites para que su hija obtuviera
la nacionalidad colombiana. Por último, manifestó que se solicitó la afiliación
de la niña en la EPS Comparta para garantizar que tuviera acceso a todos los
servicios de salud requeridos.
Registraduría
Nacional del Estado Civil
La Registraduría[61]
explicó que, en atención al fallo del Tribunal Superior de Arauca el 20 de mayo
de 2016, realizó la inscripción de Remedios en el registro civil de
nacimiento. Para soportar dicha afirmación, la entidad adjuntó una copia del mencionado
registro[62]
donde aparece que la niña fue inscrita con los apellidos de su padre y de su
madre.
Defensoría del
Pueblo
La Defensoría
Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales solicitó a la Corte amparara
los derechos de Remedios[63]
al considerar que, aunque se puede asumir que en el caso concreto de la
niña se presentó la carencia actual de objeto, “es necesario un
pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional, debido a que se
evidencia el desconocimiento y la dificultad de las autoridades para
identificar si se está en presencia de un caso de trata de personas y, en
consecuencia, activar las rutas de atención necesarias”[64]. En ese
sentido, la institución presentó su percepción acerca del fenómeno de trata de
niños, niñas y adolescentes con fines de explotación y las obligaciones en
cabeza del Estado para atacar y prevenir esta actividad. A su vez, resumió
algunas reglas jurisprudenciales acerca del derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo y el principio de supremacía de los derechos de los
menores de edad.
Así, concluyó
que “es necesario que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de
fondo con el fin de llamar la atención sobre los hechos que originaron la
tutela y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro”[65].
Esto, debido a que el caso objeto de análisis muestra una omisión de las
autoridades involucradas de identificar el contexto en el que ocurrieron los
hechos y que, para la entidad, se inscribe posiblemente en el delito de trata
de personas. Además, para la Defensoría “no es claro si Remedios pudo
ejercer de forma plena su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del
embarazo por lo que se requiere establecer que hechos hicieron cambiar la
opinión de la niña o si su voluntad fue coaccionada”[66].
Intervenciones
de terceros
Fundación Mujer
y Futuro
La Fundación
Mujer y Futuro[67],
presentó una relación de los hechos del caso y transcribió precedentes
jurisprudenciales y contenidos normativos en relación con el derecho a la
información en el contexto de la interrupción voluntaria del embarazo.  Así, solicitó
que se ordene al ICBF permitir que Remedios sea entrevistada por los
funcionarios de la Defensoría del Pueblo y que la institución capacite a sus
funcionarios sobre el alcance de las causales de aborto despenalizadas por esta
Corporación.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, a través de esta Sala de
Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia,
con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Asunto
bajo revisión y planteamiento de los problemas jurídicos
2. El presente caso involucra a una menor de edad que,
como consecuencia de un acto de violencia sexual, quedó embarazada y bajo la
protección del ICBF solicitó inicialmente la interrupción voluntaria del
embarazo. Así las cosas, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento del caso y
solicitó al Defensor de Familia  competente autorizar que la niña fuera
entrevistada por funcionarios de la entidad, petición que fue rechazada por
considerar que no existía ninguna competencia legal y constitucional que
permitiera realizarla. Durante el proceso de restablecimiento de derechos, la
menor de edad manifestó que deseaba continuar con su embrazo y se iniciaron los
trámites necesarios para restablecer sus vínculos familiares con su madre,
quien para el momento de los hechos residía en Venezuela. Ante esto, la entidad
accionante presentó una tutela, actuando en representación de la menor de edad,
con el fin de que ésta pudiera asegurar que la niña recibiera toda la
información necesaria para ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo de manera autónoma.
3.
El juez de única instancia no aceptó la petición de la Defensoría del Pueblo
con respecto a la solicitud de entrevista a Remedios, al considerar que
no era necesario someter a la niña a una nueva, pues se corría el riesgo de
someterla a un proceso de revictimización. Sin embargo, ya que encontró que era
necesario proteger los derechos fundamentales de la menor de edad como quiera
que estaba en una evidente situación de vulnerabilidad, amparó sus derechos y ordenó
que se le brindara un apoyo psicosocial integral para que, en caso de que
deseara interrumpir su embarazo, recibiera una respuesta oportuna que
garantizara el ejercicio de dicho derecho. Asimismo, y en tanto que la niña no
contaba con un documento de identidad colombiano, ordenó a la Registraduría
Nacional del Estado Civil realizar todas las gestiones necesarias para la
expedición del mismo.
4. De acuerdo con los antecedentes
resumidos anteriormente, esta Sala de Revisión, debe resolver en primer lugar
el siguiente problema jurídico relacionado con la procedencia de la acción de
tutela:
(i) ¿La acción de
tutela presentada por la defensora del pueblo regional de Arauca, en representación
de la menor de edad Remedios, observa las reglas generales de
procedencia de la tutela?
Si la Sala concluye que
la acción de tutela en el presente caso es procedente entrará a resolver de
fondo el problema jurídico planteado por la actora. Así, la cuestión objeto de
análisis exige averiguar si:
(ii) ¿La denegación del Defensor
de Familia  que conoció el caso de Remedios a la solicitud de entrevista
de la Defensoría del Pueblo, por considerar que la misma no tiene competencia
legal alguna en el asunto, vulneró los derechos reproductivos de la niña, en
particular sus derechos a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
autonomía reproductiva?
Ahora bien, algunas
entidades intervinientes pusieron de presente que el protocolo de atención del
ICBF para los casos de interrupción voluntaria del embrazo contiene una regla
que impone la obligación de contar con el consentimiento de un adulto o tutor
en casos que implique a niñas menores de 14 años. Sin embargo, el presente caso
se refiere a una persona mayor de 14 años y a la solicitud que realizó la
Defensoría del Pueblo para entrevistarla, circunstancias fácticas que no le permiten a la Sala evaluar
la aplicación de dicho precepto. En ese sentido, no es plausible comprobar que
exista una situación de desatención derivada de dicha Circular que deba ser
atendida por el juez constitucional en esta oportunidad, sin perjuicio de que,
de llegar a existir, se pueda acudir a esta jurisdicción para su posible
resolución.
Aclarado
lo anterior, y para responder el problema jurídico presentado, la Sala
reiterará los elementos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Así,
en primer lugar señalará cuales son las reglas de la agencia oficiosa como
quiera que la peticionaria alega actuar en representación de los intereses de
la menor de edad Remedios. En segundo lugar, se analizará la aplicación de estas
reglas de procedencia cuando se está frente a una controversia asociada a los
derechos fundamentales de un menor de edad.
Reglas generales de la agencia oficiosa y la procedencia de la
acción de tutela en casos donde se solicita la protección de los derechos
fundamentales de un menor de edad -Reiteración de jurisprudencia[68]-
5. Toda vez que la peticionaria actúa como agente
oficiosa, es necesario verificar si en el presente caso se cumplen con condiciones
delimitadas por la jurisprudencia para aceptar este tipo de intervenciones. La
Corte ha señalado[69] que los elementos de la agencia en
materia de tutela son dos, a saber: (i) que el agente oficioso manifieste
explícitamente que actuó como tal; y (ii) que el titular de los derechos
invocados no se encuentre en condiciones para instaurar la acción de tutela a
nombre propio[70]. De allí que, en diversos casos, se
hayan considerado improcedentes las acciones de tutela interpuestas a nombre de
terceros en aquellos eventos en que no está probada la imposibilidad del
titular del derecho fundamental afectado para promover su propia defensa.
Por lo demás, en el caso específico
de la Defensoría del Pueblo, el Decreto 2591 de 1991, al reglamentar la acción
de tutela, contempló de manera expresa en su artículo 10[71] que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales
se encuentran legitimados para ejercer el amparo constitucional. A partir de
esta norma procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido de
manera sostenida[72] que los
Defensores del Pueblo, en atención a sus funciones constitucionales y legales,
en especial la guarda y promoción de los derechos fundamentales, están
legitimados para interponer acciones de tutela, de tal forma que, si se
percatan de la amenaza o violación de los derechos fundamentales de una
persona, podrán presentar la acción en nombre del individuo que se lo solicite
o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión.
De esta forma, el precedente vigente ha señalado que
el Defensor del Pueblo es competente para presentar una acción de tutela
en representación de terceros, cuando se presentan las siguientes
condiciones: (i) cuando actúen en representación de una persona que lo
haya solicitado y (ii) cuando la persona se encuentre desamparada o indefensa.
Así, en la primera de las anteriores situaciones, es necesario que
medie la voluntad del afectado para garantizar, correlativamente, el derecho de
acceso a la administración de justicia del representado, en virtud del cual
podría desistir de su causa cuando así lo estime conveniente.
Lo
anterior de manera general, pues cuando la víctima de amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales sea un menor de edad o un incapaz, las autoridades
referidas podrán iniciar el trámite de la acción de tutela sin su autorización[73].
En lo que respecta a esta hipótesis, debe tenerse claro que se configura cuando
la persona se encuentra inerme o desamparada; es  decir, sin medios
físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para
resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración a su derecho
fundamental[74].
6.
Ahora bien, en lo que respecta a la procedencia de las tutelas que involucran
los derechos de los menores de edad, es preciso recordar que el artículo 86 de
la Constitución Política establece que esta acción constitucional procede como mecanismo para
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales
de las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública. Sin embargo, la misma norma
constitucional establece un claro límite a la procedencia de la acción, al
señalar que ésta solo será admisible cuando: (i) el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo en los casos donde la tutela sea
utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; o
cuando (ii) el medio judicial no sea adecuado o idóneo.
A pesar de lo anterior, este
Tribunal, en repetidas ocasiones[75], ha
señalado que los jueces de tutela tienen una obligación general frente a la
procedencia de esta acción.  Así, éstos deben tener en cuenta que se trata
de un mecanismo sumario y preferente creado para la protección de los derechos
fundamentales, que se identifica por tener carácter residual o supletorio. De
esta manera, en primer término, se deben preservar las competencias atribuidas
por el Legislador a las diferentes autoridades judiciales a partir de los
procedimientos ordinarios contemplados por la Ley. Por esta razón, el amparo
constitucional es un medio alternativo y complementario de las diferentes
acciones judiciales, si éstas últimas resultan ineficaces para salvaguardar un
derecho fundamental o se está frente a un perjuicio irremediable. Por eso, el
análisis de procedencia también implica que el juez deba determinar la gravedad
del perjuicio, lo que lo obliga a precisar si es inminente, grave o que
requiere de medidas urgentes e impostergables[76].
Entonces, frente a esta obligación
general el juez debe: (i) establecer si se está frente a una controversia
asociada a un derecho fundamental protegido constitucionalmente o si existe un
riesgo de que se vaya a actuar en detrimento del mismo; (ii) verificar que
dicho riesgo sea inminente y grave, por lo que debe atenderse de manera inmediata;
y (iii) comprobar que no existe otro remedio judicial o que el ordinario no es
un medio adecuado e idóneo de defensa para el caso concreto, o que si lo es, la
tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Es importante anotar que la acción de tutela fue concebida por
el Constituyente como un mecanismo de protección de derechos fundamentales,
cuando las demás herramientas que ofrece el sistema no han sido eficaces. Así,
todos los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer efectivos sus derechos, y
garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales. No obstante, la Corte
Constitucional, en virtud de la cláusula de igualdad, en repetidas ocasiones ha
dejado en claro que en el país hay grupos de personas que deben recibir un
mayor nivel de protección por parte del Estado.
Se trata de los sujetos de especial
protección, es decir aquellas personas que por sus condiciones se encuentran en
estado de debilidad manifiesta. Así, la Corte ha entendido que esta es una
figura para reducir los efectos de la desigualdad material, de conformidad con
el artículo 13 de la Constitución. Consecuentemente, esta Corporación ha
considerado a los menores de edad como acreedores de esa protección adicional.
Este Tribunal, en numerosas oportunidades[77]  ha señalado que la
protección de niños, niñas y adolescentes responde a un deber prioritario
impuesto por el artículo 44 de la Carta Política[78]. Así, esta norma
constitucional establece que “los derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás”, lo que
implica que el Estado tiene la responsabilidad de velar por el interés superior
de los menores de edad. Esto tiene concordancia con las obligaciones derivadas
de los tratados internacionales ratificados por Colombia para la protección de
los niños, como la Convención de los Derechos del Niño de 1989. De esta manera,
se pretende garantizar el desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes,
y así ofrecerles condiciones de salubridad, dignidad y libertad para que se
desarrollen armónica e integralmente. Por esta
razón, la regla de procedencia de la tutela como mecanismo de protección idóneo
resulta ser más clara y evidente en los casos que involucren a personas en
estado de indefensión, como lo son los menores de edad, más aún cuando los
mismos se encuentran en debilidad por su condición de víctimas de violencia
sexual, como en el caso que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad.
Análisis
de procedencia en el caso concreto
7. En el caso que se
revisa, la Sala considera que la agencia oficiosa de la Defensoría del Pueblo
se encuentra plenamente acreditada y cumple así con las reglas sobre
legitimidad que la Corte ha desarrollado. En efecto, es claro que Remedios se
encuentra en una situación de vulnerabilidad puesto que es una menor de edad
que se encuentra bajo la protección del ICBF y es víctima de violencia sexual.
En consecuencia, es evidente que la niña no podría de manera individual
proceder a presentar una acción de tutela ante cualquier amenaza a sus derechos
fundamentales.
Sumado a lo anterior,
cuando se trata de personas en estado de indefensión o vulnerabilidad la Corte
ha determinado que el examen de estos supuestos no debe ser tan riguroso, y que
su condición amerita un tratamiento diferencial positivo[79]. En este
sentido, una de las maneras en las que un ciudadano se puede encontrar en un
estado de indefensión ocurre cuando son sujetos de especial protección
constitucional, situación que se configura cuando los accionantes son: (i) niños
y niñas; (ii) madres cabeza de familia; (iii) las personas en situación de
discapacidad; (iv) la población desplazada; o (v) los adultos mayores y todas
aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una
posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo
por el cual se considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene
una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida
cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento
preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de
derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones
afirmativas a favor de los grupos mencionados[80].
Bajo estas
circunstancias, el análisis de procedibilidad debe ser más flexible, pero no
menos riguroso, en tanto que, como se advirtió también en las consideraciones,
las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad manifiesta
encuentran en la tutela un mecanismo idóneo y efectivo para proteger sus
derechos fundamentales.
Aunado
a lo anterior, esta Corporación ha entendido que en lo que respecta a la
protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, y en
particular el acceso a un aborto legal, seguro y oportuno, la tutela es el
medio idóneo y eficaz para procurar su protección. Así, por ejemplo, de manera
reciente la Corte Constitucional, en la sentencia T-301 de 2016[81]
la Corte analizó la procedencia del amparo constitucional en los casos donde se
solicita una interrupción voluntaria del embarazo o donde existe una afectación
eventual de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En dicha
oportunidad, la Corporación concluyó que a pesar de que puedan existir otros
medios judiciales o administrativos, la urgencia de protección asociada a estos
casos, hace que la tutela se convierta en el medio idóneo para procurar
cualquier eventual vulneración material.
8. Por esa razón, la
Sala entrará a resolver de fondo la controversia constitucional planteada por la
peticionaria en consideración con las pruebas practicadas por el juez de tutela
y las pruebas decretadas en sede de revisión. Para resolver estos problemas
jurídicos, la Sala: (i) presentará las reglas sobre el alcance y contenido de
los derechos reproductivos; (ii) resumirá la jurisprudencia alrededor del
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; (iii) explicará cuáles son
las obligaciones positivas desarrolladas por la jurisprudencia, en cabeza de la
administración pública, con respecto al derecho a la información en derechos
sexuales y reproductivos; (iv) presentará las reglas que la Corte ha fijado
alrededor del reconocimiento de la nacionalidad; (v) describirá la ruta de
atención que existe en la actualidad para la protección de los derechos
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y (vi)
analizará el caso concreto.
Alcance y contenido de los
derechos reproductivos. Reiteración de jurisprudencia.
9. La Corte Constitucional, de manera reiterada y sostenida, ha
desarrollado una robusta línea jurisprudencial que reconoce los derechos reproductivos.
Así, de manera general[82], esta
Corporación ha definido que estos derechos admiten y protegen la facultad de
las personas de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción,
e implican la obligación del Estado de brindar la información y los recursos
necesarios para hacer efectiva tal determinación[83].
Ahora bien, los derechos reproductivos tienen
fundamento en los artículos 16 y 42 de la Constitución, que establecen la
garantía del libre desarrollo de la personalidad y el derecho de la pareja a “decidir
libre y responsablemente el número de sus hijos”. A su vez, han sido
reconocidos en el artículo 16 de la CEDAW, al determinar el derecho de la mujer y el hombre a decidir
libremente sobre el número de sus hijos e hijas, el intervalo entre los
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los
medios que les permitan ejercer estos derechos. De
la misma forma, los derechos reproductivos se derivan de las protecciones
contempladas en el derecho a la dignidad, los artículos 10 y 12 de la CEDAW, el
artículo 12 del PIDESC y los derechos a estar libre de tratos crueles,
inhumanos y degradantes y a la integridad personal contemplados en la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y
la Convención Americana sobre Derechos Humano[84].
De otra parte, la jurisprudencia de
esta Corporación ha determinado que los derechos reproductivos reconocen y protegen por un lado, la autodeterminación
reproductiva libre de todo tipo de interferencias, como la violencia física y
psicológica, la coacción y la discriminación; y por otro, el acceso a servicios de salud
reproductiva[85].
En este sentido, garantizan la facultad de las personas de decidir libremente
sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué frecuencia.
En este orden de ideas,
los derechos reproductivos, y por lo tanto el ejercicio de la autonomía
reproductiva, no sólo comprenden el derecho fundamental a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE), en los casos determinados en la sentencia C-355 de 2006[86]; es decir, cuando la vida o la salud de la mujer
se encuentre en riesgo, en casos de malformaciones incompatibles con la vida
extrauterina, y en casos de violencia sexual, previa denuncia; sino también
incluyen la garantía al acceso a la educación e información sobre toda la gama
de métodos anticonceptivos, el acceso a los mismos, la posibilidad de elegir
aquél de su preferencia, la no interferencia en decisiones reproductivas y los
cuidados obstétricos, entre otros.
Ahora
bien, es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en la materia también ha entendido la protección  de los derechos reproductivos
a través de una interpretación sistemática del artículo 13 de la Carta Política,
que consagra el derecho a la igualdad y no discriminación como uno de los
principios rectores dentro del Estado Social de Derecho, así como una garantía
para la protección de grupos tradicionalmente discriminados y marginados[87].
En desarrollo de lo anterior se ha entendido que las mujeres hacen parte de uno
de estos grupos por lo que este Tribunal, en numerosas oportunidades[88]
ha protegido los derechos reproductivos de las mujeres como forma de garantizar
el cumplimiento de la cláusula general de igualdad contenida en la referida
norma constitucional.
10. Con todo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los derechos reproductivos
protegen la facultad de las personas de tomar decisiones libres sobre su
sexualidad y reproducción, y han sido reconocidos como derechos humanos cuya
protección y garantía parten de la base de admitir la igualdad y la equidad de
género. Ahora, la Sala pasará a examinar el desarrollo jurisprudencial relativo
a la interrupción voluntaria del embarazo ya que éste es uno de los derechos
reproductivos que, a juicio de la accionante, podrían ser vulnerados en el
presente caso.
El derecho a la interrupción del embarazo en la jurisprudencia
constitucional.  Reiteración de jurisprudencia.
11. El
primer paso para la consolidación del derecho a la autonomía reproductiva que
dio la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, fue el
reconocimiento de excepciones al tipo penal que sancionaba la realización de la
interrupción del embarazo. De esta forma, en la sentencia C-355 de 2006[89], se analizaron demandas ciudadanas
contra varias normas del Código Penal que disponían la sanción con pena de
prisión para la mujer que se practicara un aborto en cualquier circunstancia. Así,
en la mencionada sentencia, la Corte determinó que una prohibición total del
aborto resultaba inconstitucional, esto teniendo en cuenta que una regulación
penal que sancione el aborto en todos los supuestos significa la anulación de
los derechos fundamentales de la mujer, lo que supone el desconocimiento de su
dignidad y su reducción a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente
de derechos o de intereses constitucionalmente relevantes que ameriten
protección.
De esta forma, la misma sentencia recordó que una de las
características de los ordenamientos constitucionales con un alto
contenido axiológico, como la Constitución colombiana de 1991, es la
coexistencia de distintos valores, principios y derechos constitucionales,
ninguno de los cuales ostenta un carácter absoluto ni preeminencia
incondicional frente a los restantes, pues este es sin duda uno de los
fundamentos del principio de proporcionalidad como instrumento para resolver
las colisiones entre normas con estructura de principios, lo que obligaba a un
ejercicio de ponderación que equilibrara el deber del Estado de proteger la
vida del que está por nacer, como bien
constitucionalmente protegido, con los derechos de la mujer a la vida, la
dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la salud, ignorados en la
norma estudiada. Así, la Corte concluyó que el Estado no puede obligar a un
particular, en este caso a la mujer embarazada, a asumir sacrificios heroicos
y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del
interés general. Una obligación de esta magnitud es inexigible.
Por estas razones, la Corte Constitucional procedió a despenalizar
la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias. La primera
de las situaciones excluidas se refiere a la continuación del embarazo cuando constituye
peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer, certificada por un
médico. Respecto de esta cuestión, la Corte explicó que la realización de
los derechos a la vida y a salud de la mujer opera como límite para el Legislador
en la configuración de las medidas normativas de protección de la vida del que
está por nacer  como bien
constitucional protegido.
La
segunda de las situaciones excluidas del tipo penal se da cuando existe una grave malformación del
feto que haga inviable su vida, situación que, igualmente, debe ser certificada
por un médico. La Corte destacó que el impacto que la regulación penal vigente, hasta el
momento imponía a la mujer en estas circunstancias significaba someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes
que afectaban de manera notoria su intangibilidad moral, esto es, su derecho a
la dignidad humana.
La tercera hipótesis de no punibilidad establecida por la Corte se
circunscribió al caso del embarazo
resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas, o de incesto, imponiendo como requisito para su
aplicación la denuncia del delito por parte de la mujer que solicita el aborto.
Al respecto, la Corte dijo que un aborto producto de estas circunstancias no
puede ser reprochado penalmente por cuanto se afecta de manera grave e intensa
la libertad de la mujer y su autonomía reproductiva.
Por lo demás, la Corte en la citada sentencia de
constitucionalidad fijó reglas adicionales aplicables al derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo, a saber: (i) la mujer embarazada, menor
de catorce años, que se encuentre en cualquiera de las situaciones
especificadas son capaces para expresar su consentimiento para la realización
del aborto legal; (ii) las causales tienen un carácter autónomo por lo que no
resulta admisible, por ejemplo, exigir para el caso de la violación o el
incesto, que además la vida o la salud de la mujer se encuentre en peligro o
que se trate de un feto inviable; (iii) el Legislador podrá reglamentar el tema
siempre y cuando no impida que la interrupción del embarazo se realice o
imponga cargas desproporcionadas sobre los derechos de la mujer, como por
ejemplo, exigir en el caso de violación evidencia forense o requerir que la
misma sea confirmada por el juez penal, puesto que el reconocimiento del aborto
legal no requiere de ninguna consagración normativa adicional; (iv) la objeción
de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o
el Estado por lo que solo es posible reconocerlo a personas naturales. De esta
manera, cuando un médico alegue dicha objeción el prestador de salud debe
remitir inmediatamente a la mujer a otro profesional que si pueda llevar a cabo
el procedimiento de interrupción; (v) la decisión de la Corte no impone una
obligación para que las mujeres deban adoptar la decisión de abortar. Por el
contrario, en el evento de que una mujer se encuentre en alguna de las causales
exceptuadas, ésta puede decidir de manera autónoma y libre si decide continuar
con su embarazo o no y tal decisión debe ser respaldada plenamente por el
Estado; y (vi) la interrupción del embarazo es un derecho
fundamental de las mujeres.
12. Por otra parte, las Salas de Revisión de Tutela de este
Tribunal han protegido el derecho a la interrupción del embrazo en diversas
oportunidades y han desarrollado varios precedentes al respecto. Así, por
ejemplo en la sentencia T-209 de 2008[90] la Corte
analizó la acción de tutela interpuesta por la madre de una niña de 13 años que
quedó en embarazo después de ser víctima de violencia sexual. Después de
presentar la respectiva denuncia y solicitar la interrupción voluntaria del
embarazo, varias instituciones prestadoras de salud presentaron objeción de
conciencia de manera general y sistemática. Así, para resolver el caso, la
Corte precisó las reglas con respecto a: (i) la objeción de conciencia en
materia de aborto y las obligaciones especiales de quien la invoca; y (ii) la
responsabilidad de las entidades prestadoras del servicio de tener en su
catálogo de prestadores, instituciones y personas que puedan realizar el aborto
requerido en las condiciones de la sentencia C-355 de 2006.
En cuanto al primero de los temas, el Tribunal dijo en dicha
oportunidad que la objeción de conciencia no es un mecanismo que proteja a las
instituciones, sino exclusivamente a las personas naturales. En ese sentido,
los individuos no pueden justificar su separación de la ley por cualquier razón,
sino que deben expresar una motivación que en efecto comprometa de manera
sustancial sus valores. Al respecto señaló que si bien los profesionales de
la salud tienen derecho a presentar objeción de conciencia, no pueden abusar
del mismo utilizándola como una barrera para impedir, de manera colectiva o
institucional, la realización del procedimiento; así como tampoco pueden
abstenerse de remitir de manera inmediata a la madre gestante a otro médico que
esté en disposición de llevarlo a cabo, pues de no hacerlo violarían los
derechos de la solicitante.
Con respecto a las obligaciones de las entidades prestadoras, la
Corporación dejó en claro que tanto las empresas promotoras de salud como las
entidades de la red pública de prestadores de servicios de salud, deben
garantizar a sus afiliadas un número adecuado de proveedores habilitados o
disponibles para la realización de las interrupciones voluntarias del embarazo
solicitadas en las condiciones de la sentencia C-355 de 2006. De esta forma,
las EPS deben tener de antemano y definida la lista correspondiente sobre
cuales son los profesionales de la salud que prestar el servicio y en que IPS
se encuentran, a fin de que el transcurso del tiempo no haga ineficaces los
derechos fundamentales de las mujeres. También en dicha providencia se destacó
que le corresponde al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de
Salud la imposición de sanciones en caso de fallas en la atención de las
solicitantes del aborto por el incumplimiento de los lineamientos
jurisprudenciales para la realización del procedimiento.
13. De forma posterior, la sentencia T-946 de 2008[91] conoció el caso de una mujer de
18 años en situación de discapacidad que había sido víctima de una violación.
Frente a estos hechos, sus padres solicitaron la interrupción voluntaria del
embarazo pero la EPS accionada se negó a realizar el procedimiento porque
alegaba que no se cumplían con las condiciones determinadas en la sentencia
C-355 de 2006. Al constatar que la mujer fue sometida a demoras injustificadas
por parte de las entidades de salud, como de los jueces de tutela que
desestimaron sin razón alguna la denuncia penal presentada,  el Tribunal señaló
que la negativa o la dilación injustificada en la autorización del
procedimiento de IVE vulnera los derechos a la integridad, a la libertad, a la
dignidad, entre otros, de las mujeres que no son remitidas de forma oportuna y
adecuada a un centro de servicios médicos en donde los profesionales de la
salud les aseguren la interrupción del embarazo.
La plena autonomía con relación a la autonomía reproductiva y la
interrupción voluntaria del embarazo
14. En la sentencia T-388 de 2009[92], la Corte conoció el caso de una
mujer embarazada de entre 16 y 19 semanas de gestación,
a la que se le realizó una ecografía avanzada en la que se halló una
malformación ósea en el feto. Con motivo de los hallazgos, una junta médica
conceptuó que resultaba conducente interrumpir el embarazo por el diagnóstico
clínico, recomendación médica que fue atendida por la EPS, que remitió a
la mujer a una IPS en su ciudad de residencia. Sin embargo, el médico que la
atendió en la IPS se negó a practicar la interrupción voluntaria del embarazo y
exigió una sentencia judicial que lo ordenara.
Ahora bien, en lo referente a la
autonomía para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y en
particular a la interrupción voluntaria del embarazo, la Sala quiere advertir
que la regla anterior tiene fuertes matices puesto que, como se explicó en el
capítulo anterior,  dicho derecho fundamental no solo está en cabeza de los
mayores de 18 años, sino que también lo pueden ostentar niñas, niños y adolescentes.
Así, dicha sentencia señaló de manera expresa que los menores de edad
son titulares plenos del derecho al libre desarrollo de la personalidad y en
esa medida gozan de plena capacidad para consentir sobre tratamientos e intervenciones
en su cuerpo que afecten su desarrollo sexual y reproductivo. En ese
sentido, ratificó el derecho a la autonomía para decidir de manera libre y
voluntaria sobre la interrupción de un embarazo y aclaró que no se deben
imponer obstáculos o barreras adicionales cuando sus padres o representantes
legales no estuvieran de acuerdo con dicho consentimiento.
En ese sentido, la autonomía
reproductiva debe entenderse dentro de la protección reforzada de los derechos
de los niños, niñas y adolecentes contemplada en el artículo 44 de la Carta[93]. Así, solo se necesita de la voluntad
de la niña para practicarse la interrupción voluntaria del embarazo, lo que
requiere, como lo ha explicado la jurisprudencia[94], que la menor de edad reciba información de
manera clara, transparente y atendiendo sus capacidades sobre los riesgos que
podrían presentarse en la salud si accede al derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo, los procedimientos más apropiados para llevarla a cabo
y las obligaciones de acceso y servicio en cabeza del Estado, entre otros
elementos. Así, en aquella sentencia se desarrollaron las siguientes reglas
constitucionales que han sido reiteradas por la jurisprudencia:
(i) las mujeres que se
encuentren bajo las hipótesis contenidas en la sentencia C-355 de 2006 gozan
del derecho a decidir libres de presión, coacción, apremio, manipulación y, en
general, cualquier suerte de intervenciones inadmisibles respecto de la
interrupción voluntaria del embarazo o de la continuación del mismo;
(ii) para este fin, las
mujeres deben contar con la información suficiente, amplia y adecuada que les
permita ejercer a cabalidad y en libertad sus derechos reproductivos, lo que
incluye el derecho a estar plenamente enteradas respecto de lo dispuesto en la
sentencia C-355 de 2006. Por esa razón, le ordenó al Ministerio de Salud
desarrollar campañas de información masivas acerca de estos derechos, sus
contenidos y las obligaciones derivadas de su exigibilidad;
(iii) los servicios de
interrupción legal del embarazo, en las tres causales despenalizadas, deben
estar disponibles en todo el territorio nacional con una garantía de acceso en
todos los niveles de complejidad del sistema de salud;
(iv) los profesionales de la
salud y, en general, el personal de salud que atienda la solicitud relativa a
la interrupción voluntaria de su embarazo están obligados a ofrecer plena
garantía de confidencialidad y, en consecuencia, a respetar el derecho de las
mujeres a la intimidad y a la dignidad. Así, guardar el secreto profesional es una
obligación de primer orden para los prestadores de servicios de salud en
relación con este tópico;
(v) ni las mujeres que optan
por interrumpir voluntariamente su embarazo bajo las hipótesis previstas en la
sentencia C-355 de 2006, ni quienes atienden su solicitud, pueden ser víctimas
de discriminación o de prácticas que limiten de alguna forma o impidan su
acceso al lugar de trabajo o a centros educativos o su afiliación al sistema
general de salud o riesgos profesionales; y
(vi) ninguna entidad
prestadora de salud, sea pública o privada, confesional o laica, puede negarse
a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra bajo los
supuestos despenalizados, cualquiera que sea el tipo de afiliación a la
seguridad social que tenga la mujer y con independencia de su condición social,
económica, edad, capacidad de pago, orientación sexual o etnia.
Igualmente, dicha sentencia señaló cuales son las prácticas que
constituyen obstáculos inadmisibles frente a la exigibilidad del derecho
fundamental a interrumpir el embarazo de forma voluntaria, a saber: (i) realizar
juntas médicas, de revisión o de aprobación por auditores que ocasionan tiempos
de espera injustificados para la práctica del aborto inducido; (ii) impedir
a las niñas menores de 14 años en estado de gravidez exteriorizar libremente su
consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo, cuando
sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con dicha
interrupción; (iii) imponer requisitos adicionales, para la
práctica del aborto legal, como dictámenes de medicina forense, órdenes
judiciales, exámenes de salud que no son practicados de manera oportuna o
autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y
pluralidad de galenos; (iv) alegar objeción de conciencia colectiva que
desencadena, a su turno, objeciones de conciencia, institucionales que no son
admisibles; (v) descalificar conceptos médicos expedidos por psicólogos a
quienes la Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales de la
salud; (vi) ser reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas de referencia
y contrarreferencia imprescindibles para atender eventos en los que el servicio
médico -en este caso la práctica del aborto inducido- no está disponible en el
centro hospitalario al que acude la paciente; y (vii) no disponer dentro de
algunas redes públicas de prestadores del servicio de salud en los niveles
departamental, distrital y municipal del servicio de interrupción voluntaria
del embarazo.
15. De igual modo, en la sentencia T-585 de 2010[95], este Tribunal conoció el caso de una
mujer de 21 años que solicitó la interrupción legal de su embarazo al
considerar que existía un riesgo para su vida. En esta sentencia, la Corte
realizó varias aclaraciones alrededor de los protocolos de diagnóstico como
obligación de los prestadores del sistema de salud. Así, estimó que del derecho
de acceso a los servicios de la IVE surge la correlativa obligación de
garantizarlo. Esto, al mismo tiempo incluye el deber de las EPS e IPS de contar
con protocolos de diagnóstico rápido precisamente con el fin de
determinar si se cumple con las causales que, según la sentencia C-355 de 2006,
requieren de certificación médica. Así mismo, señaló que dichos protocolos
deben ser integrales, es decir, incluir una valoración del estado de salud
mental de la mujer toda vez que el peligro para la misma también es fundamento
para una solicitud de IVE.
16. Por su parte, en sentencia T-841 de 2011[96], la Corte conoció el caso de una menor
de edad de 12 años que solicitó la práctica de un aborto, con 19 semanas de
gestación al momento de la interposición de la acción de tutela, bajo la causal
de riesgo para la salud mental. A pesar de que la niña había presentado un certificado
médico que acreditaba dicho riesgo, la EPS accionada lo rechazó al argumentar
que fue expedido por un profesional de la salud que no estaba adscrito a su red
de servicios. Así, señaló que estudiaría el caso dentro de los quince días que
la ley concede para contestar cualquier derecho de petición.
Al resolver el amparo constitucional, la Corte concluyó que la
actuación de la EPS impuso una barrera material para el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo, puesto que exigió de forma tardía
información médica adicional y la convalidación de los conceptos ante médicos
adscritos a la EPS. Aunque estas exigencias podrían resultar válidas, la demora
en tramitarlas afectó el derecho de acceso a un aborto seguro y oportuno. Por
esta razón, además de las órdenes particulares del caso que incluyeron una
condena en abstracto contra la entidad de salud, la Corte advirtió que todas
las solicitudes de interrupción del embarazo deben realizarse dentro de los
cinco días siguientes a la solicitud formal. Por esta razón, de ser necesario
refrendar o refutar los certificados médicos aportados por las solicitantes,
dicho trámite debe realizarse dentro del plazo estipulado. De esta forma, de
superarse el término, se debe proceder a la práctica de la Interrupción
Voluntaria sin dilación alguna.
17. A su vez, en la sentencia T-959 de 2011[97], la Corte analizó el caso de una mujer que
solicitó la realización del aborto ante hallazgos ecográficos que señalaban que
el feto sufría graves malformaciones. Bajo estas circunstancias, la mujer
solicitó el aborto con fundamento en las causales concurrentes de malformación
y riesgo para su salud. En dicha providencia, la Corte reiteró tanto el
carácter autónomo de cada una de las causales, como la precisión de que la
existencia de una de ellas no excluía la presencia de otra.
Por otra parte, en la sentencia T-532 de 2014[98], el Tribunal examinó el caso de
una mujer de 31 años que solicitó la interrupción de su embarazo bajo la causal
de riesgo para la salud mental. La petición fue realizada cuando la mujer
contaba con 17 semanas de gestación, pero ésta solo obtuvo la autorización de
la EPS para realizarse la interrupción de embarazo en la semana 22 del mismo.
En dicha oportunidad, la Corte reiteró que cualquier demora injustificada para
acceder de manera oportuna a un aborto seguro constituye una barrera que
vulnera dicho derecho fundamental.
Recientemente, la Corte en la sentencia T-301 de 2016[99] estudió el caso de una mujer
que solicitó la interrupción del embarazo con base en la casual de malformación.
Sin embargo, la EPS accionada formuló barreras para que se procediera a
realizar dicha intervención, particularmente respecto del acceso a un
diagnóstico oportuno, toda vez que la mujer se encontraba en estado de
gestación avanzado, por lo que los riesgos de la interrupción aumentaban con el
transcurso del tiempo. Así, la Corte reiteró su precedente sobre los términos
de resolución de las peticiones relacionadas con el aborto legal y, al condenar
en abstracto a las EPS accionadas, recordó que se trata de un derecho
fundamental que merece la protección del Estado.
Jurisprudencia vigente en materia de interrupción voluntaria del
embarazo
18. En conclusión, de la reseña anterior se desprenden las
siguientes reglas: (i) la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho
fundamental que puede ser protegido por el juez constitucional en caso de que se
acredite una o varias de las causales despenalizadas por la Corte
Constitucional; (ii) el Estado está en la obligación de ofrecer los servicios
de interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio, siguiendo los
protocolos de referencia y contrareferencia del sistema general de salud; (iii)
toda solicitud de interrupción debe ser revisada, refrendada, atenida y
practicada dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la petición;
(iv) la objeción de conciencia, como derecho fundamental, puede ser ejercida de
manera individual. No es admisible que las personas jurídicas acudan a ella
para imponer una barrera de acceso para el ejercicio del derecho fundamental a
la interrupción del embarazo como tampoco ejercerla de manera reiterada y global
con el fin de imposibilitar la práctica de un aborto seguro y legal; y (v) la
mujer tiene el derecho a acceder a información objetiva, completa y veraz para tomar
la decisión de interrumpir su embarazo o continuar con el mismo de manera libre
y autónoma.
En cuanto a este último punto, la Sala considera oportuno realizar
algunas consideraciones puntuales acerca de las obligaciones que el derecho a
la información genera en cabeza de la administración pública, toda vez que una
de las pretensiones de la entidad accionante se fundamenta en el hecho de que Remedios
no fue informada de manera completa sobre el alcance y contenido del
derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo.
Obligaciones positivas
desarrolladas por la jurisprudencia, en cabeza de la administración pública,
con respecto al derecho a la información en derechos reproductivos. Reiteración
de jurisprudencia.
19. Como se puede advertir del resumen anterior, el derecho a la
información hace parte de los derechos reproductivos y a su vez es
indispensable para la garantía de cada uno de ellos. Por lo anterior, solo la
información completa, veraz y objetiva le permitirá a una mujer tomar una
decisión informada y libre sobre su autonomía reproductiva. Por eso, la sentencia
T-627 de 2012[100] analizó
el tema y estableció varias reglas sobra la materia. Ese caso, resolvió una
acción de tutela presentada por un grupo de 1280 mujeres que consideraban
vulnerado su derecho a la información, toda vez que desde el año 2009 de forma
pública, reiterada y sistemática, la Procuraduría General de la Nación había
emitido una serie de pronunciamientos con información inexacta relacionada con
los derechos reproductivos. En particular, consideraron que la entidad: (i)
tergiversó la orden de la Corte Constitucional, dictada en al sentencia T-388
de 2009, de implementar campañas masivas de derechos sexuales y reproductivos
al señalar que se trataba de “campañas para la promoción del aborto”;
(ii) señaló que la anticoncepción oral de emergencia es abortiva,
contradiciendo lo señalado por entidades técnicas como la Organización Mundial
de la Salud; (iii) omitió cumplir con el mandato constitucional de contribuir a
la remoción de obstáculos para el acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo; (iv) indicó de manera pública que la objeción de conciencia en
materia de aborto legal puede ser ejercida colectivamente o por personas jurídicas,
contrariando lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional; (v)
desinformó sobre el desarrollo jurisprudencial alrededor de la protección de la
vida del que está por nacer al señalar que éste tiene un carácter absoluto; y (vi)
obstaculizó la inclusión de medicamentos seguros en el Plan Obligatorio de
Salud para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
En la sentencia, la Corte determinó que la comunicación de los
funcionarios públicos con los ciudadanos partía de un poder-deber de los
primeros frente a los segundos. Este poder-deber, recordó la mencionada
sentencia citando varios precedentes jurisprudenciales[101], se define como el deber que tienen las
autoridades públicas de facilitar el proceso para que las personas puedan
mantenerse informadas con respecto a los actos que adelanta el Estado pero que,
de manera simultánea, se constituye en una facultad con la que cuentan los
servidores públicos para acercarse a la ciudadanía y compartir el desarrollo de
su gestión. Así, la providencia destacó que dicho poder-deber está sometido a
varios límites, dentro de los cuales están: (i) la veracidad e imparcialidad cuando
transmitan información; (ii) la mínima justificación fáctica y la razonabilidad
de sus opiniones y, en todo caso; (iii) el respeto de los derechos
fundamentales, especialmente de los sujetos de especial protección
constitucional.
Ahora bien, al resolver el caso concreto, la Corte estableció que
los anteriores límites son aplicables a todos los funcionarios públicos, en
tanto que cualquier desconocimiento de los mismos conllevaría a la violación de
los derechos ciudadanos, en particular de los derechos sexuales y reproductivos;
toda vez que, por sus características, para su materialización se necesita
acceder a información oportuna, completa y de calidad. De la misma forma, y
aplicando los parámetros desarrollados por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos[102], el
Tribunal recordó que el derecho a la información en materia reproductiva, es
uno de esos derechos en los que el Estado está sometido a la obligación de
transparencia activa, es decir, de producir y proveer la mayor cantidad de
información necesaria para el ejercicio de los derechos reproductivos, dadas
las limitaciones que enfrentan las mujeres para acceder a información completa,
confiable, oportuna y accesible en este tema.
20. Así, la Corte constató que se vulneró el derecho a la
información en materia de derechos reproductivos y reiteró que el derecho a la
información comprende: (i) el derecho a acceder a la información en poder del
Estado; (ii) el derecho a informar o comunicar, emitir, difundir y transmitir
información; (iii) el derecho a recibir información que cumpla ciertos estándares
de calidad: veracidad e imparcialidad y que quien la dé la separe claramente de
sus opiniones; y (iv) el derecho a buscar o investigar información.
Ahora bien, la Sala pasará a explicar las reglas constitucionales
acerca del reconocimiento de la nacionalidad, como quiera que para el presente
caso es un tema relevante pues aparentemente Remedios no pudo acceder,
en un principio, a una atención oportuna porque se presumió que se trataba de
una ciudadana venezolana.
El
reconocimiento de la nacionalidad como garantía constitucional para los menores
de edad. Reiteración de jurisprudencia[103].
21. Desde sus inicios, este Tribunal
ha establecido el alcance del derecho a la personalidad jurídica como parte
sustancial de la idea de persona en los Estados Constitucionales modernos[104]. Por ejemplo, la sentencia C-486 de 1993[105] explicó cómo, con la entrada en vigor
de la Constitución de 1991, la personalidad jurídica pasó a indicar, en el caso
de los ciudadanos, su idoneidad para ser titulares de todas las posiciones
jurídicas relacionadas con sus intereses y actividades. Por esta razón, dicho
derecho es una manifestación del principio de igualdad ya que está encaminado a
que todo miembro de la sociedad -sin importar su raza, sexo, edad y condición-
sea sujeto dotado de capacidad jurídica.
Bajo la misma lógica, en la sentencia C-109 de 1995[106], la Corte examinó la
constitucionalidad de algunas normas sobre filiación civil y señaló con
claridad el alcance y contenido el derecho fundamental a la personalidad
jurídica, reconocido por el artículo 14 de la Constitución. En aquella oportunidad,
la Sala Plena precisó que dicho derecho no se reduce únicamente a la capacidad
de la persona humana para ingresar al tráfico jurídico y ser titular de
derechos y obligaciones. Además, agregó que la personalidad jurídica comprende
la posibilidad que todo ser humano tiene de ostentar determinados atributos que
constituyen su esencia, por lo que este derecho fundamental comprende también
las características propias de la persona.
Frente a los atributos antes
mencionados, el Tribunal ha señalado que uno de los más importantes es el
estado civil en la medida en que a través del mismo se logra identificar y
diferenciar a la persona del resto de ciudadanos. La sentencia T-488 de 1999[107], por ejemplo, indicó con claridad que
cuando se carece de certeza sobre el estado civil no es posible que la persona
se logre ubicar en su núcleo familiar y social, por lo que el juez de tutela
puede ordenar medidas tendientes a reponer la personalidad jurídica, con el fin
de garantizar el derecho a la identidad y las garantías que se derivan del
mismo.
22. Por otro lado, en el caso de los
menores de edad, el Tribunal ha señalado de manera tajante que la protección
constitucional especial a sus derechos, reconocida en el artículo 44 de la
Carta, da lugar a que el reconocimiento de la personalidad jurídica, y de los
atributos ya descritos que lo acompañan, priman ante las formalidades de
cualquier proceso jurídico o administrativo, por lo que cualquier yerro que se
cometa en los mismos debe estar supeditado al principio de supremacía
constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo,
la sentencia T-963 de 2001[108] examinó
el caso de una tutela interpuesta por un ciudadano residente de un municipio de
reciente creación que, por esa condición, carecía de una oficina notarial para
realizar las inscripciones en el registro civil de los niños que nacían en
dicha localidad. La Corte, al amparar los derechos invocados, reconoció
expresamente que el Estado debe proporcionar los elementos necesarios para
garantizar el derecho a la personalidad jurídica de los menores de edad recién
nacidos. Esto implica, entre otras medidas, la oportuna inscripción en el
registro civil de nacimiento como forma de reconocer la titularidad de los
derechos y servicios a los que se tiene derecho por el simple hecho de
existir.
Igualmente, en la sentencia T-1008 de 2002[109] la
Corte conoció un caso que involucraba una irregularidad dentro de un proceso de
investigación de paternidad que afectaba las anotaciones que se habían
realizado en el registro civil del hijo de la accionante. En dicha providencia,
el Tribunal amparó los derechos a la personalidad jurídica del menor de edad,
al considerar que, dentro de la concepción finalista del derecho procesal, es
dable afirmar que las normas que regulan todo lo relativo al registro civil
deben estar condicionadas por el deber del Estado de proteger a los niños
contra toda forma de abandono y la prevalencia de los derechos de los menores
de edad sobre los de los demás. Así, las disposiciones que regulan el estado
civil deben estar encaminadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes al
crear condiciones que generen una real y efectiva solidaridad en defensa de sus
intereses y prerrogativas.
En otra oportunidad, en la sentencia T-329A de 2012[110], la
Sala de Revisión, conoció
el caso de una persona que, al ser detenida por las autoridades por el delito
de hurto, no pudo ser debidamente identificada, pues no contaba con un
documento de identidad porque sus padres nunca lo inscribieron en el registro
civil de nacimiento. La Corte, al ordenar que se le expidiera al peticionario
la correspondiente cédula de ciudadanía, recordó que la omisión de realizar el
registro por parte de quienes tienen a su cargo la obligación de solicitarlo o
efectuarlo, implica la vulneración de los derechos fundamentales del menor de
edad a tener un nombre y la personalidad jurídica. Por último, el Tribunal
conoció, en la sentencia T-212
de 2013[111], de un
caso de un niño de padres colombianos que nació en Venezuela y cuya inscripción
en el registro civil colombiano no fue admitida debido a que sus documentos
equivalentes venezolanos no se encontraban apostillados. El Tribunal concluyó
que el derecho a la personalidad jurídica del niño fue vulnerado e indicó que
es obligación del Estado remover aquellos obstáculos que impidan el ejercicio
de los derechos fundamentales de los menores de edad, particularmente si estas
barreras constituyen meros formalismos, que nada aportan al ejercicio eficaz de
los mismos y, por el contrario, los exponen a condiciones manifiestas de
vulnerabilidad.
23. En síntesis, este Tribunal ha
señalado de manera reiterada que el derecho a la personalidad jurídica no solo
comprende la posibilidad que tienen los individuos de ingresar al tráfico
jurídico sino que también incluye todas las características individuales
asociadas a su condición de persona. En tal virtud, especialmente en el caso de
los menores de edad, el registro civil se convierte en el instrumento necesario
para concretar dicho derecho y el Estado debe remover todos los obstáculos,
materiales y formales para garantizar su protección y eficacia. En otras
palabras, solo a través del reconocimiento expreso de la relación filial, se
concreta el derecho que tiene toda persona a ser reconocido por el Estado. Si
no se protege dicha relación, que solo se da en el marco de la familia, la
persona queda expuesta a una situación gravosa que atenta contra sus derechos
fundamentales.
24. Ahora bien, lo anterior es
concomitante con el reconocimiento del derecho a la nacionalidad que, en su
concepción elemental, está regulado en varios instrumentos internacionales.
Entre éstos, cabe destacar el artículo 15.1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y el artículo 20 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Colombia, el ya mencionado
artículo 44 de la Carta Política le reconoció explícitamente el carácter de
fundamental cuando se trata de menores de edad. Igualmente, el artículo 96 de
la Constitución estableció las
condiciones generales para su reconocimiento que, entre otras cosas, reconoce
esta prerrogativa.
25. Con todo, la jurisprudencia
interamericana, reiterada en múltiples oportunidades por la Corte
Constitucional, ofrece una definición clara y precisa del concepto de
nacionalidad. Así, por ejemplo, en el Caso
de las Niñas Yean y Bosico c. República Dominicana[112] la
Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso de la demanda
interpuesta contra dicho país cuando su autoridad de registro civil negó la
inscripción de dos niñas de padres haitianos que nacieron en territorio
dominicano. En dicha oportunidad, la Corte consideró que la mencionada acción
estatal vulneró el derecho a la nacionalidad de las niñas, en tanto que la
entendió como un estado natural del ser humano que resulta ser el fundamento de
la capacidad política y civil de la persona. De allí que, aunque
tradicionalmente se ha aceptado que la regulación de dicho derecho es una
competencia que ofrece amplias facultades a los Estados, dicha discrecionalidad
está limitada por el deber de protección integral de los derechos humanos. En
efecto, a pesar de que la nacionalidad se concibe desde una perspectiva clásica
como un atributo que el Estado le otorga a sus ciudadanos, dicho derecho ha
evolucionado hasta el punto que ahora reviste el carácter de humano.
Estos avances han sido incorporados
de manera reiterada por la Corte Constitucional como parte de su función de
juez constitucional. Así, por ejemplo, la sentencia
C-893 de 2009[113], reiteró
integralmente la definición de nacionalidad desarrollada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al examinar la constitucionalidad de normas
referentes a la adquisición de la nacionalidad en Colombia. De manera reciente,
la sentencia C-622 de 2013[114] recordó, al evaluar la exequibilidad
de la Convención sobre el Estatuto de Apátridas y la Convención para Reducir
Casos de Apátridas, que la nacionalidad se debe entender como el vínculo legal
que une al Estado con un individuo y que significa su existencia jurídica y el
disfrute de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, así
como la delimitación de las responsabilidades políticas, sociales y económicas,
tanto del Estado, como de la persona. De la misma manera, la sentencia C-451 de 2015[115] destacó
que la nacionalidad se erige como un verdadero derecho fundamental en tres dimensiones: (i) el derecho a
adquirir la nacionalidad; (ii) el derecho a no ser privado de ella; y (iii) el
derecho a cambiarla. Por esta razón, el hecho de ser reconocido como nacional
permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y
responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política.
En el caso colombiano, la forma de
adquisición de la nacionalidad está definida por el ya citado artículo 96 de la
Constitución. En el mismo, se establece que la condición de nacional colombiano
se adquiere, o por nacimiento o por adopción. En cuanto a la primera vía, la
norma señala que la nacionalidad se consigue: (i) cuando el padre o la madre
hayan sido naturales o nacionales colombianos; (ii) que siendo hijos de
extranjeros, algunos de los padres esté domiciliado en Colombia al momento del
nacimiento; (iii) cuando el
niño haya nacido en tierra extranjera, pero de padre o madre colombianos, la
nacionalidad se obtiene con el solo registro en una oficina consular del país.
26. En conclusión, la nacionalidad es
el mecanismo jurídico mediante el cual el Estado reconoce la capacidad que
tienen los ciudadanos de ejercer sus derechos. Inicialmente, se concibió como
una prerrogativa reservada al poder del Estado pero, con el acaecimiento de los
avances asociados al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dicha
facultad pública pasó a ser reconocida como un derecho fundamental,
especialmente en el caso de los menores de edad, a partir del cual existe un
deber de diligencia y protección estatal que debe remover cualquier obstáculo
administrativo para su reconocimiento ágil y eficaz.
Con todo, como última consideración
antes de entrar a analizar el caso concreto, la Sala entiende que es
fundamental analizar las competencias que tienen los defensores de familia para
velar por la protección de los derechos fundamentales de los niños en situación
de vulnerabilidad, así como los elementos de la ruta de atención existente para
casos donde los menores de edad bajo su custodia se encuentran dentro de
algunas de las tres causales de despenalización del aborto.
Los protocolos de atención estatal en
casos donde concurran una o varias de las causales de interrupción voluntaria
del embarazo[116].
27. Como ya lo destacaron varios de
los intervinientes, la Circular 068 de 2008 –dirigida a los directores
regionales y seccionales del ICBF, los coordinadores de centros zonales,
defensores de familia, coordinadores de equipos jurídicos y de grupos de
atención psicosocial- recoge algunas de las principales reglas
jurisprudenciales que para la época habían sido desarrolladas por la Corte
Constitucional para interpretar el derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo. Así, en la primera parte de dicho documento, se presenta un resumen
detallado de la sentencia C-355 de 2006 y de las causales que ésta
providencia despenalizó. De la misma forma, se aclara que en el evento de que
una menor de edad se encuentre dentro de alguna de las causales de excepción,
ésta puede decidir continuar con su embarazo y tal determinación también merece
el mismo respaldo constitucional e institucional. En ese sentido, señalan que
en los casos en que la persona decida solicitar un aborto debe existir un
consentimiento pleno e informado como garantía de respeto al derecho a la
autonomía.
A su vez, la segunda parte de la
mencionada circular explica que la atención para la interrupción voluntaria del
embarazo debe brindarse en el marco de los servicios integrales de salud sexual
y reproductiva que incluyen las acciones de promoción de la salud y prevención
del embarazo no deseado, la atención anterior y posterior al aborto, consejería
de planificación familiar, el acceso a métodos efectivos de anticoncepción,
prevención de infecciones de transmisión sexual y todas las demás
intervenciones orientadas a procurar la protección de la salud reproductiva.
Así, señala que las entidades de salud deben prestar dicha atención integral en
los casos y condiciones desarrolladas por la Corte Constitucional con la
implementación de la ruta de atención tendiente a remover obstáculos y barreras
para al acceso y con la garantía del acceso a educación e información. En ese
sentido, el instructivo también señala que la atención debe realizarse dentro
de los cinco días siguientes a la solicitud de interrupción y advierte que
cualquier acción y omisión encaminada a demorar, dificultar o impedir el
ejercicio de este derecho conlleva la aplicación de sanciones disciplinarias y
administrativas.
En este punto, la circular recalca
que el apoyo y orientación que se brinde desde el área de atención de
psicología resulta ser de suma importancia a fin de orientar e ilustrar a la
menor de edad. Por esta razón, detalla que la información que se debe
suministrar a la niña sobre el procedimiento de interrupción voluntaria del
embarazo deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: (i) los detalles del
procedimiento, lo que incluye una explicación de los pasos previos y
posteriores del mismo; (ii) los riesgos asociados al mismo, como dolores,
cólicos o sangrado; (iii) la duración de la intervención; (iv) los protocolos
para el manejo del dolor; (v) el tiempo de recuperación y los cuidados de
seguimiento.
Por su parte, el tercer acápite del
documento se refiere a las reglas sobre el consentimiento informado. En el
mismo, se hace una distinción entre las niñas menores de 14 años y aquellas
niñas y adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que tomen la decisión
de interrumpir su embarazo. Frente al primer grupo, la circular señala que el consentimiento
informado de la niña debe acompañarse de la autorización de su representante
legal, su representante legal o la autoridad competente mientras que para
el segundo solo se requiere su autorización después de habérsele garantizado su
acceso a toda la información que le permita tomar una decisión de manera cualificada,
informada y suficiente.
Por último, el documento se refiere a
las competencias que tiene el ICBF respecto de la exigibilidad del derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo. En este punto, la entidad resalta que la
principal responsabilidad de sus funcionarios se concentra en garantizar una
protección integral, brindar información y apoyo terapéutico a las niñas y
adolescentes gestantes a través del proceso administrativo de restablecimiento
de derechos y brindar apoyo e información a sus familias. Todo, advierte el
instructivo, con el propósito de garantizar a la menor de edad sus derechos
fundamentales a la vida, salud e integridad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la autonomía, a la igualdad y a la dignidad. En ese orden de
ideas, la circular realiza un llamado especial para que se preste atención
preventiva y especial cuando concurra alguna de las causales despenalizadas por
la Corte Constitucional en el 2006, garantizando, entre otras cosas, el
apoyo psicoterapéutico y social previo y posterior al procedimiento médico. Bajo
esta premisa, se enfatiza que existe un deber de neutralidad que implica la
prohibición para que los servidores públicos del ICBF por iniciativa propia o
por solicitud de autoridades judiciales o médicas, intervengan en la decisión libre
que las menores de edad tiene sobre la continuidad interrupción de su embarazo.
Finalmente,
el documento describe las principales funciones que se deben ejercer en estos
casos, así: (i) debe brindar información oportuna y veraz sobre la interrupción
voluntaria del embarazo; (ii) señalar a la entidad de salud que corresponda que
en un plazo no mayor de cinco días debe dar respuesta a la solicitud de aborto
legal; (iii) brindar acompañamiento psicosocial y apoyo emocional a la niña o
adolescente después de que ésta se hubiera practicado el aborto; (iv)
informar a la menor de edad víctima sobre los requisitos que para cada causal
estableció este Tribunal y advertirle que no pueden exigir condiciones
adicionales más allá de las descritas en la sentencia C-355 de 2006; (v) prevenir
y evitar en todo momento la revictimización de las menores de edad que
solicitan un aborto, en particular aquellas que han sido víctima de violencia
sexual; (vi) adelantar de manera directa las acciones de carácter judicial,
disciplinario o administrativo a que hubiere lugar en caso de que una entidad
de salud niegue sin justificación la atención integral frente a la interrupción
voluntaria del embarazo; (vii) tener en cuenta que no es competencia del Defensor
de Familia  determinar la legalidad de la certificación médica o la denuncia
requeridas para acreditar las causales despenalizadas; y (viii) solicitar a la
institución de salud respectiva la valoración inmediata de la menor de edad
para que se evalué su condición física y mental y se le informe sobre la
práctica de los procedimientos de interrupción de forma completa para que ésta
pueda realizar una elección consciente y fundada.
28.
Por otra parte, teniendo en cuenta la respuesta del ICBF durante el proceso de
revisión, la Sala examinó el Anexo 3 del Lineamiento Técnico Administrativo
de Ruta de Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes con sus Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados. Este
documento, aprobado mediante la Resolución 1525 del 23 de febrero de 2016, presenta
de manera general las obligaciones que la entidad tiene con respecto a la
garantía del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo.
Entre esas, el documento destaca las siguientes: (i) orientar de manera inmediata
a niñas y adolescentes con embarazos no deseados cuando concurran algunas de
las causales de aborto legal, lo que implica brindar información oportuna,
veraz y eficaz sobre la interrupción del embarazo y verificar que en un plazo
no mayor de cinco días se le de respuesta a la solicitud observando las reglas
de referencia y contrareferencia del sistema de salud; (ii) si la menor de edad
decide de manera libre continuar con su embarazo garantizar que recibirá todos
los servicios asociados al derecho a la maternidad segura; (iii) ordenar el
acompañamiento psicosocial y emocional así como una valoración médica inmediata
para evaluar los riegos físicos y mentales asociados al embarazo no deseado.
Con
todo, el documento enumera los derechos de las niñas o adolescentes que deciden
interrumpir su embarazo en algunas de las causales consagradas por la Corte. De
esta manera, reitera que, entre otros, las menores de edad tienen derecho a:
(i) tomar una decisión de manera autónoma; (ii) que todos lo funcionarios
involucrados guarden la debida confidencialidad; (iii) recibir, en casos de
violencia sexual, la atención prioritaria prescrita en los protocolos desarrollados
por el Estado para tal fin; y (iv) que el Defensor de Familia r presente las
quejas a que haya lugar en caso de una actuación dilatada por parte de las
entidades responsables de brindar una atención integral y oportuna.
29.
Con base en los elementos jurisprudenciales y legales desarrollados en las
consideraciones anteriores, la Sala entra ahora al análisis del caso concreto.
En el mismo, es oportuno recordar que se debate un aspecto. ÉSTE,  se refiere a
averiguar si fue válida la actuación del Defensor de Familia  de negarse a
autorizar la solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo que buscaba una
autorización para sostener una entrevista con Remedios. Para responder
estos problemas, la Sala de Revisión examinará las actuaciones puntuales en el
proceso para determinar si se violaron los derechos fundamentales de la menor
de edad.
Análisis
del caso concreto
30.
En primer lugar, corresponde determinar si la actuación del Defensor de Familia,
que negó la solicitud de entrevista elevada por la Defensoría del Pueblo
constituyó un acto que obstruyó la eficacia del derecho fundamental de Remedios
la interrupción voluntaria del embarazo de manera libre, informada y autónoma. Para
esto, es necesario examinar de manera cuidadosa las funciones regladas que
tiene el Defensor de Familia  y la obligación de confidencialidad que debe
imperar en estos casos.
Como
se dijo en el acápite de consideraciones, los defensores de familia ejercen un
rol central dentro del sistema de protección de niños en el país. El artículo
81 del Código de Infancia y Adolescencia señala de manera expresa, los deberes
de los defensores de familia en los procesos de restablecimiento de derechos,
entre los que se deben destacar los siguientes: (i) dirigir el proceso, lo que
implica velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralización del mismo y procurar la mayor economía procesal; y (ii)
guardar plena reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los
procesos.
Adicional
a esto, el artículo 82 del mencionado Estatuto describe con precisión la
multiplicidad de funciones que tienen los defensores de familia en relación con
la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En especial, y para
lo ateniente a la resolución del presente caso, la Sala quiere destacar las
siguientes: (i) adelantar de oficio todas las actuaciones necesarias para
prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y
adolescentes; (ii) adoptar las medidas de restablecimiento necesarias para
detener la violación o amenaza de los derechos de los menores de edad; (iii) promover
los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos
de los niños, las niñas o los adolescentes e intervenir en los procesos en que
se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio
Público; (iv) representar a los menores de edad en las actuaciones
judiciales o administrativas cuando carezcan de representante o éste se halle
ausente o incapacitado; (v) formular la denuncia penal respectiva cuando
advierta que el niño, niña o adolescente fue víctima de un delito; (vi)
asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la
adolescencia y la familia; y (vii) solicitar la inscripción en el registro
civil de nacimiento del niño, que se encuentra cobijado por un proceso de
restablecimiento de derechos.
Ahora
bien, las funciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo, contempladas
en el artículo 282 de la Carta, se desarrollan bajo un eje primordial para el Estado
Social del Derecho como lo es la promoción, ejercicio, y divulgación de los
Derechos Humanos. Para esto, la entidad, entre otras funciones, orienta e
instruye a los habitantes del territorio nacional en el ejercicio y defensa de
sus derechos. Sin desconocer la relevancia de esta responsabilidad, lo cierto
es que la Sala comparte el criterio aplicado por el juez de tutela que
consideró que someter a la menor de edad a una nueva entrevista con servidores
públicos cuando ya se había reunido tres veces con los funcionarios del ICBF,
podría resultar excesivo e incluso lograr un objetivo contraproducente para Remedios
pues se la ponía en un riesgo evidente de revictimización, no porque los
funcionarios del Ministerio Público tuvieran ese objetivo o no estuvieran
capacitados para atender el caso, sino porque no obraba prueba que demostrara
la necesidad de intervención por parte de la entidad accionante.
En
efecto, las pruebas recaudadas en el proceso mostraron que el Defensor de
Familia  actuó de manera oportuna y diligente en la recepción inicial del caso.
En primer lugar, remitió a Remedios a una valoración médica en el
Hospital de Arauca y organizó sendas reuniones de seguimiento con el equipo
psicosocial entrenado y preparado para atender este tipo de casos.  Si bien la
Corte no duda de la buena voluntad de la entidad accionada al querer asegurarse
de que la niña pudiera ejercer sus derechos reproductivos, en este caso
particular no existe ni si quiera un indicio que permita concluir que el Defensor
de Familia  obstruyera u omitiera algunas de sus funciones legales con respecto
a la protección de la menor de edad. Esto, además se corrobora con la
disposición continua que dicho servidor mostró para trabajar de manera armónica
con el Ministerio Público y que se concretó con las reuniones que sostuvo con
los funcionarios de la defensoría. Además, como se describió anteriormente, no
se puede dejar de lado la obligación de reserva que tiene este
funcionario respecto de todas las actuaciones derivadas de los procesos de
restablecimiento de derechos.
Esta
Sala entiende que dicha obligación persigue una finalidad constitucional, como
lo es la protección de la intimidad de un sujeto de especial protección
constitucional. Esto no quiere decir, por supuesto, que la defensoría debe
actuar de manera pasiva frente a cualquier omisión probada y deliberada. Sin
embargo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales la entidad debe
observar acciones que no aumente el riesgo de revictimización o pongan en
peligro la garantía de reserva antes descrita. En ese sentido, la Sala
confirmará el fallo del Tribunal de Arauca pues encuentra que el análisis
realizado por esta entidad judicial fue razonable y ajustado a las obligaciones
constitucionales y legales tanto del ICBF como de la Defensoría de Familia. Por
lo demás, siguiendo el principio de colaboración armónica entre las instituciones
del Estado, esta Corporación considera que, dependiendo de cada caso concreto,
el Ministerio Público puede acompañar este tipo de procesos asesorando de
manera externa a los funcionarios del sistema de protección de menores de edad
así como servir de puente con otras instituciones que pueden brindar un apoyo
técnico particular dependiente de la complejidad de cada situación.
31.
Ahora bien, aunque la Sala reconoce la gestión realizada por el Defensor de
Familia  encuentra que existieron problemas que, aunque no constituyeron una
barrera para el ejercicio de los derechos reproductivos de Remedios,
tienen el potencial de convertirse en obstáculos que puedan dilatar en futuros
casos la protección a la autonomía reproductiva de las niñas y adolescentes así
como de su derecho fundamental a interrumpir su embarazo.
En
particular, la Corte encuentra que no se cumplieron los mandatos
jurisprudenciales, que incluso están recogidos en las directrices del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, con respecto al término de cinco días para
resolver toda petición de aborto legal. Así, es importante recordar que según
los hechos probados del caso, Remedios solicitó expresamente ante una
psicóloga del ICBF que se le practicara una interrupción de su embarazo por lo
que sin demora se debió proceder a remitir a la niña a un centro médico para
que atendiera, refrendara o revisara dicha solicitud dentro del plazo señalado.
Sin embargo, sin mayor explicación por parte de la entidad accionada, se tiene
que diez días después -es decir después del término delineado por la
jurisprudencia- se sometió a la menor de edad a  una nueva entrevista donde
indicó que deseaba continuar con su embarazo.
Si
bien no existe prueba alguna que demuestre que la niña fue sometida a presiones
indebidas o se le ocultó información para que tomara una decisión libre e
informada, mal haría esta Sala en pasar por alto este hecho ya que este tipo de
omisiones tienen la vocación de exponer a las niñas a una situación donde se
pone en riesgo su autonomía. Aunque es comprensible que los funcionarios atendían
una situación atípica toda vez que no era claro si la menor de edad tenía la
nacionalidad colombiana y por lo tanto si podía ejercer o no su derecho a un
aborto legal en este país, lo cierto es que, aplicando las reglas de filiación
y nacionalidad explicadas en la parte considerativa de esta sentencia, no era
necesario esperar a que se realizara la respectiva inscripción en el registro
civil de nacimiento ya que se pudo confirmar de manera fehaciente que los
progenitores de la niña son colombianos y por lo tanto, en aplicación del
artículo 96 Superior, ésta también lo es. En todo caso, no sería razonable
concluir que esta circunstancia atípica se tradujo en una violación de los
derechos fundamentales de la menor de edad, en especial sus derechos a la
autonomía reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo por las
consideraciones antes realizadas.
Sin
embargo, y en razón de las acciones que ya se  encuentren en curso con relación
a los protocolos de atención, la Sala le ordenará al ICBF que publique de
manera periódica los resultados de los convenios administrativos que ha
suscrito con entidades técnicas para mejorar los servicios de protección para
menores de edad víctimas de violencia sexual que están en estado de embarazo. Esto,
como una medida de apoyo para los funcionarios de la entidad que atienden este
tipo de casos. Con el objetivo de que estén actualizados y conozcan su
contenido y así puedan actuar adecuadamente y no pongan en riesgo los derechos
de las niñas y adolescentes.
Por
las consideraciones anteriormente realizadas, la Sala procederá a confirmar la
decisión del juez de instancia con el objetivo de ratificar las órdenes que dio
para el caso particular de Remedios, en especial aquellas dirigidas a
garantizar la atención en salud para ella y su hijo recién nacido.
Conclusión
32.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que en el caso
particular de Remedios no se vulneraron sus derechos reproductivos ya
que el Defensor de Familia actuó de manera diligente en asegurar una atención
integral para la menor de edad en relación con su autonomía reproductiva y su
derecho a interrumpir voluntariamente su embrazo. Así, la Corte comparte el
criterio aplicado por el Tribunal de Arauca, en relación con el carácter
fundamental de estos derechos y las obligaciones que existen en cabeza del
Estado para su exigibilidad, para resolver la tutela en relación con las
pretensiones de la Defensoría del Pueblo no sin antes llamar la atención frente
a algunas circunstancias que, aunque no se constituyeron en violaciones a los
derechos a la autonomía reproductiva y a la interrupción voluntaria de la niña,
si desconocieron los precedentes vigentes sobre la materia, en especial en lo
que se refiere a los términos para acceder al servicio de aborto legal por
parte de todas las mujeres.  Por otra parte, y como medida de apoyo, se le
ordenará al ICBF publicar los resultados de las recomendaciones que surjan de
los convenios que tiene con entidades técnicas para la mejora de los protocolos
de atención de casos como el de Remedios, con el objetivo de que
los funcionarios de la entidad conozcan sus contenidos y puedan actuar acorde
con los mismos.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandado de la Constitución.
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la decisión proferida por el Tribunal Superior de
Arauca que, en sentencia de única instancia del 26 de abril de 2016, decidió
amparar los derechos fundamentales de la menor de edad Remedios a la
vida, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la
interrupción voluntaria del embarazo.
Segundo.-
ORDENAR al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que de manera periódica publique
para los funcionarios de la entidad los resultados de las recomendaciones que
surjan de los convenios administrativos que tienen con entidades técnicas y
cuyo objeto sea el mejoramiento de la atención de niñas y adolescentes víctimas
de violencia sexual, en particular aquellas que como producto de dicha
circunstancia se encuentren en estado de embarazo y soliciten la interrupción
voluntaria del embarazo dentro de las tres causales despenalizadas por la Corte
Constitucional.
Tercero.- Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Magistrado (E)
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La Sala considera necesario, como medida de protección, mantener
en reserva la identidad de la menor de edad involucrada en los hechos de la
presente tutela.
[2] Copia del registro civil de nacimiento de Remedios (folio
25; cuaderno de revisión).
[3] Memorial de respuesta de ICBF (folios 36 a 53; cuaderno de única
instancia).
[4] Relación de actuaciones realizadas por el ICBF (folio 47;
cuaderno de única instancia).
[5] Ibídem (folio 50; cuaderno de única instancia).
[6] Ibídem (folio 50; cuaderno de única instancia).
[7] Entrevista realizada por el Defensor de Familia  Henry Antonio
Gambo Peña a Remedios (folio 43; cuaderno de única instancia).
[8] Memorial de respuesta de la Registraduría Nacional del Estado
Civil (folio 60 a 61; cuaderno de primera instancia).
[9] Sentencia de única instancia del Tribunal Superior de Arauca
(folios 63 a 74; cuaderno de única instancia).
[10] Memorial presentado por Profamilia (folios 32 a 42; cuaderno de
revisión).
[11] Ibídem (folio 34; cuaderno de revisión).
[12] Ibídem (folio 35; cuaderno de revisión).
[13] Ibídem (folio 35; cuaderno de revisión).
[14] Ibídem (folio 35; cuaderno de revisión).
[15] Ibídem (folio 37; cuaderno de revisión).
[16] Ibídem (folio 38; cuaderno de revisión).
[17] Ibídem; (folio 38; cuaderno de revisión).
[18] Ibídem (folio 39; cuaderno de revisión).
[19] Ibídem (folio 39; cuaderno de revisión).
[20] Memorial presentado por La Mesa por la Vida y la Salud de las
Mujeres (folios 80 a 105; cuaderno de revisión).
[21] Ibídem; folio 80.
[22] Memorial presentado por el Centro de Derechos Reproductivos
(folios 108 a 117; cuaderno de revisión).
[23] Ibídem; folio 112.
[24] Memorial presentado por la Casa de la Mujer (folios 118 a 12;
cuaderno de revisión).
[25] Ibídem; folio 119.
[26] Ibídem; folio 124.
[27] Ibídem; folio 125.
[28] Memorial presentado por la Fundación Oriéntame (folios 128 a 132;
cuaderno de revisión).
[29] Memorial presentado por la Academia Nacional de Medicina (folio
154 a 156; cuaderno de revisión).
[30] Ibídem; folio 154.
[31] Ibídem; folio 155.
[32] Memorial presentado por la Escuela de Estudios de Género de la
Universidad Nacional (folios 133 a 137; cuaderno de revisión).
[33] Ibídem; folio 134.
[34] Memorial presentado por el Centro de Investigaciones y Estudios
Socio-Jurídicos de la Universidad de Nariño (folios 146 a 153; cuaderno de
revisión):
[35] Ibídem; folio 148.
[36] Ibídem; folio 156.
[37] Memorial presentado por el Departamento de Psicología de la
Universidad de Nariño (folios 160 a 163; cuaderno de revisión).
[38] Memorial presentado por el Departamento de Psicología de
la Universidad Nacional de Colombia (folios 164 a 175; cuaderno de revisión). +
[39] Ibídem; folios 165 y 166.
[40] Ibídem; folio 168.
[41] Ibídem; folio 168.
[42] Ibídem; folio 168.
[43] Ibídem; folio 172.
[44] Memorial presentado por el Departamento de Psicología de
la Universidad del Norte (folios 176 a 181; cuaderno de revisión).
[45] Ibídem; folio 178.
[46] Ibídem; folio 184.
[47] Ibídem; folio 185.
[48] Ibídem; folio185.
[49] Ibídem; folio 185.
[50] Ibídem; folio 187.
[51] Ibídem; folio 187.
[52] Ibídem; folio 191
[53] Ibídem; folio 192.
[54] Memorial presentado por el Departamento de Psicología de
la Universidad de Antioquia (folios 207 a 212; cuaderno de revisión).
[55] Ibídem; folio 208.
[56] Ibídem; folio 210.
[57] Memorial presentado por el ICBF (folios 26 a 29; cuaderno de
revisión).
[58] Ibídem; (folio 27.
[59] Ibídem (folio 27; cuaderno de revisión).
[60] Ibídem (folio 29; cuaderno de revisión).
[61] Memorial presentado por la Registraduría Nacional del Estado
Civil (folios 22 a 25; cuaderno de revisión).
[62] Copia simple del registro civil de nacimiento de Remedios (folio
25; cuaderno de revisión).
[63] Memorial presentado por la Defensoría del Pueblo (folios
196 a 202; cuaderno de revisión).
[64] Ibídem; folio 197.
[65] Ibídem; folio 202,
[66] Ibídem; folio 202.
[67] Memorial presentado por la Fundación Mujer y Futuro (folio 44;
cuaderno de revisión).
[68] Con el objetivo de respetar el
precedente constitucional, promover una mayor eficiencia en la administración
de justicia y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ya ha decantado un
estándar para resumir de manera detallada las reglas jurisprudenciales sobre la
agencia oficiosa y la acción de tutela en casos relacionados con los derechos
fundamentos de los niños, niñas y adolescentes se tomará como modelo de
reiteración el fijado por la magistrada sustanciadora en la sentencia T-325 de
2016.
[69] Ver, entre otras, sentencias T-004 de
2013. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo; T-397 de 2014. Magistrado
Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio; T-541A de 2014. Magistrada Ponente: Gloria
Stella Ortiz Delgado; y T-742 de 2014. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[70] Ver, entre otras, sentencias T-790 de
2012. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada; T-054 de 2014. Magistrado
Ponente: Alberto Rojas Ríos; y T-293 de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[71] Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. “Legitimidad
e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[72] Ver, entre otras, sentencias T-039 de 2013. Magistrado Ponente:
Jorge Iván Palacio Palacio; T-682 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez; y T-067 de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[73] Ver, entre otras, sentencias T-659 de 2004. Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil; T-693 de 2004. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy
Cabra; y T-623 de 2005. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
[74] Ver, entre otras, sentencias T-713 de 2011. Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva; T-926 de 2011. Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva; y T-119 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
[75] Ver, entre otras, sentencias T-588 de
2007. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-678 de 2010. Magistrado
Ponente: Nilson Pinilla Pinilla; y T-214 de 2014. Magistrada Ponente: María
Victoria Calle Correa.
[76] Frente
a este particular, la jurisprudencia de la Corte ha determinado que: “es obligación del
juez que estudia la procedencia de la acción de tutela tener en cuenta que ésta
es (un) mecanismo sumario y preferente creado para la protección de los
derechos fundamentales, que se caracteriza por tener un carácter residual o
supletorio, obedeciendo a la necesidad de preservar las competencias atribuidas
por el legislador a las diferentes autoridades judiciales a partir de los
procedimientos ordinarios o especiales, en los que también se protegen derechos
de naturaleza constitucional. Por lo anterior, el recurso de amparo no puede
convertirse en un mecanismo alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario
de los diversos procedimientos judiciales, salvo que dichas vías sean
ineficaces, inexistentes o se configure un perjuicio irremediable. En relación
con este último, esta Colegiatura ha determinado que se configura cuando existe
el riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el orden
jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese
sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas
urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la
inmediatez de la medida de protección” (Corte
Constitucional. Sentencia T-788 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[77] Ver, entre otras, sentencia T-348 de 2013.
Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas; T-573 de 2013. Magistrado Ponente:
Alberto Rojas Ríos; T-863 de 2013. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; y T-163
de 2014. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[78]  Constitución
Política. Artículo 44. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
[79] Frente al tema, la Corte ha señalado
que “algunos grupos con características particulares, (…) pueden llegar a
sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la generalidad de la sociedad no
constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues por encontrarse
en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener repercusiones
de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y
que amplia (sic) a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles
de protección por vía de tutela Corte Constitucional. Sentencia T-1316 de
01. Magistrado Ponente: Rodrigo Uprimny Yepes.
[80] Ver, sentencia T-737de
2013. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
[81] Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2016. Magistrado
Ponente: Alejandro Linares Cantillo.
[82] Ver, entre otras, sentencia T-636 de 2007. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto; T-732 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Sierra
Porto; T-732 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto; y
T-226 de 2010. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo;
[83] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-274 de 2015. Magistrado
Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
[84] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación
in vitro”) vs. Costa Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012. En esta
decisión la Corte determinó que los artículos 11 y 17 de la CADH protegen el
derecho a la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud
reproductiva, lo que también involucra el derecho de acceder a la tecnología
médica necesaria para ejercer ese derecho.
[85] Ver, entre otras, sentencia T-272 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge
Iván Palacio Palacio; C-131 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo; T-815 de 2013. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos: T-627 de 2012.
Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto; T-732 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
[86] Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería.
[87] Ver, entre otras, sentencias T-388 de 2010. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto; y C-182 de 2016. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[88] Ver, entre otras, sentencias T-732 de 2009. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto; y C-085 de 2016. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[89] Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Magistrados
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería.
[90] Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargs Hernández.
[91] Corte Constitucional. Sentencia T-946 de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[92] Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. Magistrado
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
[93] Constitución Política. Artículo 44. Son derechos fundamentales de
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación
y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
[94] Ver, entre otras, sentencias T-585 de 2010. Magistrado Ponente:
Humberto Antonio Sierra Porto; T-841 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto
Antonio Sierra Porto; y T-627 de 2012. Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto.
[95] Corte Constitucional. Sentencia T-585 de 2010. Magistrado
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
[96] Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. Magistrado
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
[97] Corte Constitucional. Sentencia T-959 de 2011. Magistrado
Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[98] Corte Constitucional. Sentencia T-532 de 2014. Magistrado
Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[99] Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2016. Magistrado
Ponente: Alejandro Linares Cantillo.
[100] Corte Constitucional. Sentencia T-627 de 2012. Magistrado
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
[101] Ver, entre otras, sentencias 1191 de 2004; Magistrado Ponente:
Marco Gerardo Monroy Cabra; y T-263 de 2010. Magistrado Ponente: Juan Carlos
Henao Pérez;
[102] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Perozo y
otros vs. Venezuela. Sentencia del 28 de enero de 2009.
[103] Con el
objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre la filiación y la nacionalidad en casos
relacionados con los derechos fundamentos de los niños, niñas y adolecentes se
tomará como modelo de reiteración el fijado por la magistrada sustanciadora en
la sentencia SU-696 de 2016.
[104] Corte Constitucional. Sentencia T-485 de 1992. Magistrado
Ponente: Fabio Morón Díaz.
[105] Corte Constitucional. Sentencia C-486 de 1993. Magistrado
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[106] Corte Constitucional. Sentencia C-109 de 1995. Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[107] Corte Constitucional. Sentencia T-488 de 1999. Magistrado
Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.
[108] Corte Constitucional. Sentencia T-963 de 2001. Magistrado
Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.
[109] Corte Constitucional. Sentencia T-1008 de 2002. Magistrado
Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
[110] Corte Constitucional. Sentencia T-329A de 2012. Magistrado
Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[111] Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2013. Magistrado
Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
[112]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Niñas Yean y Bosico c. República Dominicana. Sentencia del 8
de septiembre de 2006.
[113] Corte Constitucional. Sentencia C-893 de 2009. Magistrado
Ponente: Mauricio González Cuervo.
[114] Corte Constitucional. Sentencia C-622 de 2013. Magistrado
Ponente: Mauricio González Cuervo.
[115] Corte Constitucional. Sentencia C-451 de 2015. Magistrado
Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
[116] Con el
objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre las obligaciones derivadas de los procesos de
restablecimiento de derechos en cabeza del Estado se tomará como modelo parcial
de reiteración el fijado por la magistrada sustanciadora en la sentencia T-325
de 2016.