T-114-20
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-114/20
Referencia: Expediente T-6.977.805
Asunto: Tutela instaurada por la señora Nelly Sánchez
Guerrero contra Colpensiones y otro
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá
DC, dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020).
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha
pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el
trámite de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y por la Sala Penal del Tribunal
Superior de la misma ciudad, dentro del trámite de revisión de la acción de
tutela interpuesta por la señora Nelly Sánchez Guerrero contra Colpensiones y
otro.
I.
ANTECEDENTES
1.1. Hechos relevantes
1.1.1. La señora Nelly Sánchez Guerrero de 62 años, estuvo
casada con el señor Jaime Herrera Rueda desde el 8 de diciembre de 1977 hasta
el 15 de febrero de 2012, fecha en que su esposo falleció.
1.1.2. Relata que el señor Jaime Herrera Rueda nació el 15
de mayo de 1953 y que prestó sus servicios de forma interrumpida al municipio
de Rovira desempeñando varios cargos desde el 12 de diciembre de 1973 hasta el
30 de octubre de 1995 y desde el 4 de octubre de 1996 al 28 de febrero de 1998,
este último período a través de órdenes de trabajo con la empresa de servicios
públicos del referido municipio. En relación con estos últimos tiempos indica
que el señor Herrera Rueda inició un proceso ordinario laboral contra el municipio
de Rovira y la empresa de servicios públicos, con el objetivo de que se
declarara la existencia de una relación laboral. La controversia fue decidida
el 12 de octubre del año 2000, en segunda instancia, por el Tribunal Superior
de Ibagué - Sala Laboral, corporación que accedió a las pretensiones de la
demanda. Con fundamento en lo anterior, ordenó a las entidades accionadas pagar
los salarios y prestaciones adeudadas solidariamente[1].
1.1.3. Sostiene que, luego de la muerte de su esposo,
solicitó, en su calidad de cónyuge supérstite y única beneficiaria, el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional al Fondo Territorial de
Pensiones del municipio de Rovira. Esta solicitud fue negada por el ente
territorial a través del Oficio No. ALC-208 del 7 de noviembre de 2012, con
fundamento en que el causante no cumplió los requisitos para pertenecer al
régimen de transición, de manera que no le era aplicable la Ley 33 de 1985. En
este oficio también se señaló que el señor Herrera Rueda no cumplía con los
requisitos de edad y tiempo establecidos en la Ley 100 de 1993[2].
La decisión fue confirmada en la Resolución No. 014 del 24 de enero de 2013.
1.1.4. Contra los anteriores actos administrativos la
accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El
fundamento principal de su pretensión consistía en que no se tuvo en cuenta el
período reconocido por el Tribunal Superior de Ibagué, tiempo que sumado a los
certificados por el municipio de Rovira y a los cotizados en Colpensiones, le
daban la densidad de semanas suficientes para el reconocimiento de la pensión
de jubilación y la correspondiente sustitución a su favor.
El ente territorial se opuso a las pretensiones de la
demanda con el argumento que la accionante no podía hacer valer la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Ibagué, en tanto allí se condenó
solidariamente al municipio al pago de los salarios y prestaciones del señor Herrera
Rueda, pero en ella no se dispuso el pago de pensiones a trabajadores de la
empresa de servicios públicos, ni el pago de mesadas pensionales a su favor.
1.1.5. En sentencia del 16 de diciembre de 2015, el Juzgado
751 Administrativo Oral de Descongestión de Ibagué accedió a las súplicas de la
demanda, por lo que declaró la nulidad de los actos cuestionados y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó al ente territorial reconocer y pagar la sustitución
pensional a favor de la actora, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 33 de
1985. Para llegar a la anterior conclusión, consideró que el causante era
beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, pues a
su entrada en vigencia tenía 15 años de servicio y más de 40 años de edad[3].
Así las cosas, estimó que el régimen aplicable era la Ley 33 de 1985 y que si
se sumaba el tiempo certificado por el municipio de Rovira (18 años, 10 meses y
18 días) a aquel por el cual fue condenado el referido ente territorial y la
empresa de servicios públicos domiciliarios mediante sentencia del 12 de
octubre de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Ibagué (1 año, 4 meses y
24 días), cumplía con los 20 años exigidos en la referida norma[4].
1.1.7. Contra esta decisión el ente territorial presentó recurso
de apelación, en el que alegó que la entidad encargada del reconocimiento de la
pensión era Colpensiones, pues en esta se realizaron los últimos aportes
pensionales del señor Herrera Rueda.
1.1.8. En sentencia del 10 de enero de 2017 el Tribunal
Administrativo del Tolima revocó la decisión del a-quo, porque encontró
que efectivamente las últimas cotizaciones del señor Herrera Rueda habían sido
realizadas a la citada administradora, de manera que era ella la competente
para el reconocimiento y pago de la pretensión deprecada. En todo caso,
advirtió que respecto de esta entidad no se había agotado la vía gubernativa y
tampoco estuvo vinculada al proceso, por lo que no había lugar a emitir condena
alguna.
1.1.9. Una vez conocida esa decisión, la actora solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de la sustitución pensional. En Resolución No.
SUB 76398 del 25 de mayo de 2017 la citada administradora negó el
reconocimiento y pago de la pensión, por cuanto el causante solo tenía
cotizados 180 días de servicios al municipio de Rovira, en el período
comprendido entre el 1 de julio de 1995 al 31 de diciembre del mismo año. En
este sentido, advirtió que no tuvo en cuenta los demás tiempos de servicios que
certificó el referido ente territorial, ya que no se indicó la caja a la cual
se realizaron los aportes correspondientes. Así, afirmó que no cabía el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues en los tres años
anteriores a la muerte, el causante no acreditó 50 semanas de cotizaciones, tal
como lo exige la Ley 797 de 2003[5].
1.1.10. Contra la anterior decisión, la señora Sánchez
Guerrero, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
Fundamentó su inconformidad en que, según lo decidido en la sentencia proferida
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima el 10 de enero
de 2017, la llamada al reconocimiento pensional era Colpensiones, en tanto el
causante se vinculó al ISS con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.
1.1.11. En Resolución SUB 178812 del 29 de agosto de 2017,
Colpensiones confirmó la decisión recurrida. En primer lugar, reiteró que no
había lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por no cumplir
con las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores al fallecimiento. Adicionalmente,
consideró que tampoco había lugar al reconocimiento de esa pensión mediante la aplicación
de la condición más beneficiosa, ya que el causante no cotizó 26 semanas en el
año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de enero). En
segundo lugar, al efectuar el estudio de las semanas cotizadas por el señor
Herrera Rueda, encontró que, sumando aquellas no cotizadas a Colpensiones, solo
se acreditaron 984[6]. Sin embargo,
estimó que el llamado al eventual reconocimiento de la pensión de jubilación post-
mortem era el municipio de Rovira, por cuanto el señor Herrera Rueda
únicamente cotizó a Colpensiones en el período del 1º de julio de 1995 al 31 de
diciembre del mismo año. Con fundamento en lo anterior, dispuso declarar su
incompetencia, así como remitir el respectivo expediente a la citada entidad
territorial.
1.1.12. En Resolución No. SUB 220544 del 10 de octubre de
2017 Colpensiones confirmó la decisión apelada, con fundamento en las mismas
consideraciones.
1.2. Solicitud de amparo constitucional
1.2.1. La
accionante solicita el amparo de sus derechos
a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna, a los
derechos adquiridos, al mínimo vital y el respeto al principio de
favorabilidad, los cuales estima vulnerados por Colpensiones, con su negativa a
reconocer la pensión post mortem del señor Herrera Rueda, así como la sustitución
a su favor el calidad de cónyuge supérstite y única beneficiaria. Con
fundamento en lo anterior, la señora Sánchez Guerrero solicita que se ordene a
Colpensiones reconocer la sustitución pensional a su favor, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993.
1.2.2. Manifiesta que su esposo prestó más de 20 años de servicios
al municipio de Rovira y, a pesar de ello, ninguna entidad le reconoce el
derecho que tiene a disfrutar de esa prestación. Alega que dependía
económicamente de él, pues siempre ha sido ama de casa, por lo que la negativa
de Colpensiones hace mas gravosa su situación.
1.3. Contestación de Colpensiones
1.3.1. El Director de Acciones Constitucionales de la
Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones solicitó que se declarara la
improcedencia del amparo, por cuanto la accionante tiene a su alcance la
posibilidad de solicitar a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado que dirima el conflicto de competencias administrativas que se presenta
entre la entidad que representa y el municipio de Rovira para definir a quién
le corresponde el reconocimiento pensional.
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
2.1. Decisión de primera instancia dentro de la acción de
tutela
En sentencia del 7 de junio de 2018, el Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué decidió declarar
improcedente el amparo pretendido. Para justificar su decisión, aseveró que la
accionante puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para
controvertir la legalidad de las decisiones adoptadas por Colpensiones, en las
que se resolvió negar la prestación económica que reclama vía tutela.
2.2. Impugnación
La accionante solicitó que se revocara la decisión del
juez de primera instancia, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en
el escrito de tutela. Agregó que nunca ha obviado los trámites administrativos
ni judiciales para el reconocimiento de la prestación a la que aduce tener
derecho, tanto así que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Alcaldía Municipal de Rovira se determinó que el competente para el
reconocimiento de su pensión era Colpensiones, entidad que se ha negado a
proceder en tal sentido.
2.3. Decisión de segunda instancia dentro de la acción de
tutela
En sentencia del 9 de julio de 2018, la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Ibagué resolvió confirmar la decisión de primera
instancia, al considerar que la señora Sánchez Guerrero debe iniciar las
acciones judiciales correspondientes ante el juez contencioso administrativo,
ya que en sede de tutela no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que se pretenda evitar con la interposición de la acción de tutela.
III.
PRUEBAS RELEVANTES QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
- Copia de la sentencia del 16 de diciembre de 2015
proferida por el Juzgado 751 Administrativo Oral de Descongestión de Ibagué, en
la que se decide ordenar al municipio de Rovira pagar y reconocer una sustitución
pensional a favor de la accionante.
- Copia de la sentencia del 10 de enero de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se revoca la anterior
decisión y, en su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda.
- Copia de la Resolución No.
SUB 76398 del 25 de mayo de 2017 proferida
por Colpensiones, en la que se niega el reconocimiento de una sustitución
pensional a favor de la accionante.
- Copia de las Resoluciones SUB 178812 del 29 de agosto de 2017 y No. SUB 220544 del 10
de octubre del año en cita, igualmente adoptadas por Colpensiones, en las que se resuelven desfavorablemente los
recursos de reposición y apelación interpuestos en contra del acto mencionado
en el párrafo anterior. En ellas además de negarse el reconocimiento de la sustitución
pensional, la administradora de pensiones decide declararse incompetente para
estudiar el reconocimiento de la pensión post-mortem causada por el
señor Herrera Rueda y, en consecuencia, remite el expediente al municipio de
Rovira.
- Certificados de información laboral (formato 1), de
salario base (formato 2) y de salarios mes a mes (formato 3 B), expedidos por
el municipio de Rovira, en relación con los tiempos de servicios prestados por
el señor Herrera Rueda.
- Partida de matrimonio expedida el 17 de mayo de 2018
por el Vicario Parroquial de la Arquidiócesis de Ibagué que certifica el
vínculo religioso entre el señor Jaime Herrera Rueda y la señora Nelly Sánchez
Guerrero el 8 de diciembre de 1977.
- Tres declaraciones extrajudiciales, presentadas por la
accionante y por los señores José Orlando Rodríguez y por Elmer Eidelman
Londoño, dirigidas a demostrar que la señora Sánchez Guerrero vivió con su
esposo hasta el día de su muerte y que dependía económicamente de él.
IV.
REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
4.1.
Competencia
Esta Sala es competente para revisar las decisiones
proferidas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo
previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente
fue seleccionado por medio de Auto del 28 de septiembre de 2018 proferido por
la Sala de Selección No. Nueve.
4.2. Actuaciones surtidas en sede de revisión
4.2.1. En escrito del 7 de noviembre
de 2018, el Director de Acciones Constitucionales Asignado con Funciones de
Jefe de Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones presentó
intervención para solicitar que se declare la improcedencia de la acción. En
primer lugar, señaló que la accionante no es un adulto mayor, ya que de
conformidad con el DANE esa categoría se alcanza cuando la persona tiene más de
79 años de edad. En segundo lugar, informó que el municipio de Rovira propuso
un conflicto de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, con el objeto de que se defina la autoridad competente para
el reconocimiento de la pretensión reclamada, de manera que, al encontrarse
este en curso, no es posible adoptar una decisión de fondo. Junto con su
respuesta aportó un certificado de semanas cotizadas, sin embargo, en él no se
registran semanas en mora por parte de ningún empleador, sino únicamente las 25
semanas cotizadas a Colpensiones, durante el período de tiempo comprendido
entre el 1º de julio de 1995 al 31 de diciembre del mismo año.
4.2.2. En Auto del 7 de diciembre de
2018 el Magistrado Sustanciador solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado copia de la decisión que resolvió el conflicto de
competencias administrativas suscitado entre el municipio de Rovira y Colpensiones.
Mediante oficio del 12 de diciembre
del mismo año, el Consejero Ponente remitió la providencia del día 11 del mismo
mes y año, en la que la Sala de Consulta y Servicio Civil decidió declararse
inhibida para conocer el presunto conflicto de competencias, por cuanto durante
el trámite surtido en esa instancia, Colpensiones asumió competencia para
pronunciarse de fondo sobre el reconocimiento pensional pretendido por la
accionante.
1.2.9.3. En Auto del 17 de enero de
2019, el Magistrado Sustanciador solicitó a Colpensiones que informara el
trámite que se le impartió a la solicitud de reconocimiento pensional de la
señora Nelly Sánchez Guerrero, con ocasión de la declaratoria de competencia de
esa administradora para el reconocimiento de la prestación.
En comunicación del 28 de enero de
2019, la Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones se refirió a
las resoluciones proferidas en el año 2017 en el caso de la señora Sánchez
Guerrero, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el conflicto de competencias y
las actuaciones posteriores a este.
4.2.4. En Auto del 12 de marzo de 2019,
el Magistrado Sustanciador solicitó a Colpensiones que allegara el escrito
remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el cual manifestó su
competencia para decidir el estudio de la solicitud de reconocimiento de pensión
post-mortem a favor de la señora Sánchez Guerrero, adicionalmente, solicitó
informar cuál fue el trámite que se le impartió a dicha solicitud.
En escrito recibido el 29 de marzo del
año 2019, la Directora de Acciones Constitucionales informó que la solicitud
pensional de la accionante se encontraba en trámite de decisión. Asimismo,
aportó el escrito dirigido a la Sala de Consulta y Servicio Civil en el que consta
que, de acuerdo con la última auditoría realizada, se asumió competencia para
decidir sobre el reconocimiento de la sustitución pensional reclamada. En dicho
documento se dejó establecido que el causante no cumplió con los requisitos
para acceder a la pensión de vejez y que, incluso, en caso de cumplirlos, la
competente para decidir sobre su reconocimiento sigue siendo la Administradora
de Pensiones Colpensiones.
4.2.5. El 13 de mayo de año en curso,
la Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones, allegó copia de la
Resolución SUB 96698 del 24 de abril de 2019, mediante la cual negó el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la señora Nelly
Sánchez Guerrero. En esta resolución, en primer lugar, se hizo un recuento de
los tiempos laborados por el causante, que concluyó con un total de 933
semanas, dentro de las cuales no se tuvo en cuenta el tiempo laborado para el municipio
de Rovira en el año 1994, ya que "en el formato CLEBP no está en la casilla de aportes", así como tampoco las semanas
correspondientes al tiempo reconocido por el Tribunal Superior de Ibagué. Dicho
lo anterior y sin pronunciarse sobre el reconocimiento de la pensión post-mortem,
procedió a definir si se cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 797
de 2003 para causar la pensión de sobrevivientes. Al respecto, concluyó que el
causante no logró acreditar 50 semanas de cotizaciones en los 3 años anteriores
a su fallecimiento; así también se determinó que no había lugar a la aplicación
por favorabilidad del requisito de 26 semanas en cualquier tiempo establecido
en la Ley 100 de 1993 original, ya que su deceso se produjo con posterioridad
al período comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006,
esto es, los tres años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 797 de
2003.
4.2.6. En Auto del 19 de julio de 2019
se vinculó a la Alcaldía Municipal de Rovira y se le solicitó la siguiente
información (i) en cuál fondo o administradora se hicieron los aportes a
pensiones correspondientes al período trabajado por el señor Jaime Herrera
Rueda para ese municipio, entre el 1º de enero de 1994 y el 30 de diciembre del
mismo año y (ii) en cuál fondo o administradora se hicieron los aportes
correspondientes al período trabajado por el citado señor, entre el 4 de
octubre de 1996 y el 28 de febrero de 1998, lo anterior en cumplimiento de la
orden emitida por el Tribunal Superior de Ibagué - Sala Laboral en la sentencia
del 12 de octubre de 2000.
En escrito del 29 de julio de 2019, el
Alcalde Municipal de Rovira informó que el señor Jaime Herrera Rueda fue
afiliado a Colpensiones, por lo que a esta le corresponde el reconocimiento de
la pensión reclamada. Aunado a lo anterior, adujo que, en caso de que se
debieran realizar cotizaciones adicionales, le corresponde pagarlas a esa
administradora, por cuanto nunca realizó los trámites para el cobro de esas
semanas. También aportó el certificado en el que consta que los aportes a
pensiones entre el 1º de enero y el 30 de diciembre de 1994 se efectuaron en la
Caja de Previsión Municipal.
Por último, adujo que no se encontró soporte de pago de los
tiempos reconocidos por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, por
cuanto la nueva administración local inició en 2016 y no tienen fácil acceso a
los archivos de esos años. En todo caso, reiteró que no existe prueba de que
Colpensiones hubiese efectuado el cobro correspondiente a esas semanas. Junto
con su respuesta allegó un oficio de la empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Rovira en la que se informa que cuando el señor laboró para
esa empresa, esta estaba constituida como oficina de servicios públicos, es
decir, como una dependencia de la Alcaldía, razón por la cual los pagos de
salarios y descuentos en salud y pensión de ese tiempo deben aparecer en los
archivos de la Tesorería Municipal.
4.2.7. En Auto de esa misma fecha se ofició a Colpensiones
para que remitiera el reporte de semanas cotizadas por el señor Jaime Herrera
Rueda. Adicionalmente, para que informara qué actuaciones ha realizado respecto
del cobro por las semanas correspondientes al período reconocido por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Ibagué. Vencido el plazo otorgado por esta
Corporación, no se recibió respuesta.
4.2.8. Por último, en el mismo Auto del 19 de julio de 2019
se ofició a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para que remitiera
copia de la sentencia del 12 de octubre de 2002. Una vez vencido el plazo
otorgado por esta Corporación no se recibió respuesta.
4.2.9. En Auto del 30 de julio de 2019 se requirió
nuevamente a Colpensiones para dar cumplimiento a lo ordenado en Auto del día
19 del mismo mes y año.
4.2.9.1. En escrito del 8 de agosto de 2019, la Directora
de Acciones Constitucionales de Colpensiones informó que, respecto de los
tiempos reclamados por la accionante, correspondientes al período del 4 de
octubre de 1996 al 28 de febrero de 1998, esto es 72 semanas, no fueron
incluidos en la historia laboral, ya que no corresponden a períodos en mora,
pues el empleador no registró afiliación para ese tiempo. En ese orden de ideas,
advierte que el municipio o la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Rovira debe iniciar el trámite para la elaboración del correspondiente cálculo
actuarial. Sin embargo, hasta la fecha dicha gestión no se ha adelantado.
Prosiguió señalando que, de conformidad con el artículo 33
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003[7]
y el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995 modificado por el artículo 17 del
Decreto 3798 de 2003[8], al empleador
le corresponde trasladar, con base en el cálculo actuarial, la suma
correspondiente al trabajador que no fue afiliado por omisión. De suerte que,
una vez el municipio de Rovira transfiera el valor actualizado a satisfacción
de Colpensiones, estos tiempos serán tenidos en cuenta como tiempo de
cotización para el eventual reconocimiento de la pensión de vejez.
4.2.9.2. En escrito del 15 de agosto de 2019, la Directora
de Acciones Constitucionales de Colpensiones aportó el reporte detallado de
semanas cotizadas por el señor Jaime Herrera Rueda. Asimismo, informó que el
causante reporta 25.71 semanas al ISS por el período comprendido entre el 1 de
julio de 1995 al 31 de diciembre del mismo año, tiempo que corresponde a su
vinculación laboral con el municipio de Rovira. Adicionalmente, en su historia
laboral obran 958.73 semanas por el tiempo público no cotizado a Colpensiones
que corresponden a los tiempos prestados al precitado ente territorial entre el
12 de diciembre de 1973 y el 30 de junio de 1995. Así las cosas, se tiene que el
causante contaba con un total de 984,44 semanas.
Respecto de los tiempos reclamados por la accionante,
correspondientes al período reconocido por el Tribunal Superior de Ibagué, informó
que no fueron incluidos en la historia laboral, ya que no corresponden a
períodos en mora, toda vez que el empleador no registró afiliación para ese
tiempo.
4.2.10. En Auto de la misma fecha se requirió nuevamente a
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para dar cumplimiento a lo
ordenado en Auto del día 19 del mismo mes y año.
El 31 de julio de 2019 el secretario del referido despacho
judicial aportó la sentencia del 12 de octubre de 2002. En ella se resolvió que
las órdenes de trabajo con las cuales se había contratado al señor Jaime
Herrera Rueda eran aparentes, pues se demostró que en la relación con el
empleador concurrieron los elementos esenciales de la relación laboral, por lo
que hay lugar a "prestaciones legales". En el mismo fallo se
dispuso que las condenas a las que había lugar - salarios, primas de navidad,
cesantías, vacaciones, intereses de cesantías e indemnización por despido-
debían ser pagadas de manera solidaria entre el municipio y la empresa de
servicios públicos.
4.2.11. El 5 de agosto de 2019, el Alcalde Municipal de
Rovira allegó un nuevo oficio en el que informó que no se encontró prueba que
demostrara la realización de los aportes a seguridad social por los períodos
comprendidos entre el 4 de octubre de 1996 y el 28 de febrero de 1998. Al
respecto, señaló que nadie está obligado a lo imposible y que esto tuvo
ocurrencia hace más de 23 años, razón por la cual no se encontraron los
soportes requeridos por el despacho.
Adicionalmente, señaló que la única documentación existente
sobre el caso es un contrato de transacción celebrado entre la empresa de
servicios públicos y el causante, mediante el cual se acordó el desembolso de
$15.000.000 en 3 cuotas durante el año 2001, ello como forma de pago de las
obligaciones contenidas en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Ibagué - Sala Laboral.
Junto con su escrito aportó: (i) el referido contrato de
transacción; (ii) los soportes de los pagos realizados al señor Herrera Rueda
en virtud del acuerdo transaccional; (iii) copia de un oficio de la Empresa de
Servicios Públicos de Rovira del 3 de agosto de 2019, en la que se informa que
no se encontraron las planillas de pago correspondientes a las órdenes de
servicios de enero y febrero de 1998; (iv) copia de las ordenes de prestación
de servicios y de las respetivas planillas de pago de octubre a diciembre de 1996
y de enero a noviembre de 1997 y (v) copia del Decreto No. 016 del 26 de
febrero de 1998 proferido por el Alcalde del municipio de Rovira, en el cual se
ordena la disolución y liquidación y se suprime la estructura de la empresa de
servicios públicos del referido municipio y se transforma en una empresa
industrial y comercial del orden municipal.
4.3. Problema jurídico y esquema de resolución
A partir de las circunstancias que dieron lugar al ejercicio
de la acción de tutela, de las decisiones adoptadas en las respectivas
instancias judiciales y de las pruebas recaudadas, esta Corporación debe
determinar si se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela.
En caso afirmativo, la Sala deberá establecer si se desconocen los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Sánchez
Guerrero, como consecuencia de la negativa de
las autoridades accionadas de reconocer y liquidar la pensión de jubilación
causada por su esposo y la respectiva sustitución en su nombre[9].
Con el fin de dar respuesta al interrogante planteado, la
Sala (i) estudiará los requisitos para que proceda la acción de tutela en el sub-judice;
a continuación (ii) expondrá brevemente la jurisprudencia reiterada de este
Tribunal sobre la obligación que tiene el
empleador de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones; y finalmente, (iii) se pronunciará sobre el caso
concreto.
4.4.
De la procedencia de la acción de tutela
4.4.1. En
cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución
Política reconoce el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de
tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto se
desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra
que: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
En el
caso bajo examen, la señora Nelly Sánchez Guerrero está legitimada en la causa por activa, porque se trata de
una persona natural que presentó la acción de tutela a nombre propio y quien
afirma estar siendo afectada en sus derechos fundamentales, como consecuencia
de la negativa de Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de jubilación que
causó su fallecido esposo, y la respectiva sustitución pensional a su nombre.
4.3.2.
Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto
Superior establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e
inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y
en la ley[10]. En este
contexto, según lo señalado de manera reiterada por la Corte, en lo que respecta a esta modalidad de
legitimación, es necesario acreditar dos requisitos, por una parte, que se
trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y por la
otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda
vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión[11].
En el asunto sub-judice, no cabe duda de que Colpensiones
es una autoridad pública, en tanto es
una empresa
industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio del Trabajo,
encargada de la prestación del servicio público de la seguridad social,
concretamente en el manejo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
como parte del Sistema General de Pensiones. A ello se agrega que la decisión de negar el
reconocimiento de la sustitución pensional, es la causa que se invoca como
generadora de la violación de los derechos expuestos en la demanda, prestación
cuya satisfacción cabe dentro de las funciones de Colpensiones como
administradora del Régimen de Prima Media.
Durante el trámite de revisión se decidió vincular al proceso
a la Alcaldía Municipal de Rovira. Del examen de las pruebas obrantes en el
expediente, se pudo concluir que la negativa de Colpensiones para asumir el
reconocimiento pensional, tenía como fundamento la no contabilización de unos
tiempos de servicio que habían sido reconocidos por el Tribunal Superior de
Ibagué en un proceso laboral contra ese ente territorial y contra la empresa de
servicios públicos del mismo municipio. En la sentencia que resolvió este
conflicto se declaró la existencia de una relación laboral entre el 4 de
octubre de 1996 y el 28 de febrero de 1998 y se condenó a las entidades
demandadas al pago solidario de salarios, primas de navidad, cesantías, intereses
a cesantías, vacaciones e indemnización por despido.
Así las cosas, la tutela es procedente contra el citado ente
territorial, por ser una autoridad pública, que de conformidad con el
referido fallo, estaba obligada solidariamente al pago de los salarios
correspondientes al tiempo trabajado por el señor Herrera Rueda.
4.4.3.
Como requisito de procedibilidad, la acción de tutela también exige que su
interposición se lleve a cabo dentro de un plazo razonable, contabilizado a
partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de
ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con
miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de
violación o amenaza. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia
de la Corte como el principio de inmediatez.
En
relación con el caso objeto de estudio, la Corte observa que se cumple con el
citado requisito, en tanto la última negativa por parte de Colpensiones fue el
10 de octubre de 2017 y la acción de tutela se presentó el 22 de mayo de 2018, es
decir, transcurrieron menos de ocho meses entre la fecha en que se presentó la
vulneración alegada y el momento en que la demandante acudió a la acción. Dicho
término resulta razonable en la medida en que la accionante ha actuado de forma
diligente con miras a obtener el reconocimiento pensional pretendido, pues
acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa y agotó la vía gubernativa.
4.4.4.
Como exigencia general de procedencia de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de 1991, se destaca el carácter
subsidiario del cual está revestida, en
virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo de los
derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en
un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para
asegurar su protección”[12].
Precisamente,
en atención a su naturaleza eminentemente
subsidiaria, esta Corporación ha establecido que el amparo constitucional no
está llamado a prosperar, cuando a través de él se pretenden sustituir los
medios ordinarios de defensa judicial[13].
Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “no es propio de la acción de tutela
el [de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos
ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la
fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta Política, no
es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria
en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales”[14].
Con
sujeción a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la
acción de tutela es procedente en tres ocasiones específicas, a saber: (i)
cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para exigir la
protección de los derechos fundamentales que han sido amenazados o vulnerados;
(ii) cuando a pesar de la existencia formal de un mecanismo alternativo, el
mismo no es lo suficientemente idóneo o eficaz para otorgar un amparo integral;
o (iii) cuando, a partir de las circunstancias particulares del caso, pese a su
aptitud material, el mismo no resulta lo suficientemente expedito para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual procede el
otorgamiento de un amparo transitorio, mientras el juez natural de la causa
dirime la controversia[15].
4.4.4.1. La Corte excepcionalmente ha
admitido la procedencia del amparo constitucional para obtener el
reconocimiento de derechos pensionales, en aquellos casos en los que se
verifica que (i) su falta de otorgamiento ha generado un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales del accionante, en particular de su
derecho al mínimo vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad administrativa
o judicial por el interesado tendiente a obtener la salvaguarda de sus
derechos; y (iii) aparecen acreditadas las razones por las cuales el medio
ordinario de defensa judicial es ineficaz para lograr la protección de los
derechos presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de un
perjuicio irremediable[16].
A los requisitos previamente expuestos, y con miras a determinar
la prosperidad del amparo, este Tribunal ha adicionado (iv) la necesidad de
acreditar en el trámite de la acción de tutela –por lo menos sumariamente– que
se cumplen con los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada.
Sobre este punto, se ha dicho que:
“El
excepcional reconocimiento del derecho pensional por vía de tutela se encuentra
sometido, adicionalmente, a una última condición de tipo probatorio,
consistente en que en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho,
a pesar de la cual la entidad encargada de responder no ha hecho el mencionado
reconocimiento o simplemente no ha ofrecido respuesta alguna a la solicitud
(…)”[17].
4.4.4.2.
En virtud del principio de subsidiariedad, una vez se valora la situación del
accionante y se llega a la conclusión de que la acción de tutela es procedente,
ésta podrá otorgarse de forma definitiva o como mecanismo transitorio. Bajo
este criterio, la Corte ha indicado que el amparo se concederá como mecanismo
principal de protección en casos vinculados
con el reconocimiento y pago de derechos pensionales, cuando se acrediten los
requisitos mencionados en el acápite 3.4.1. de esta providencia, siempre que el
medio de defensa judicial existente no resulte idóneo ni eficaz para resolver
el litigio planteado, entre otras razones, porque no brinda una protección
integral e inmediata frente al derecho reclamado[18]. Para
tal efecto, es indispensable tener en cuenta las circunstancias del caso y la
condición de sujeto de especial protección que pueda tener la persona que acude
al amparo constitucional.
Ahora
bien, en aquellos casos en que el otro medio de defensa sea idóneo y eficaz,
pero carezca de la celeridad necesaria para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio[19]. Por esta
razón, como se expuso en la Sentencia T-148 de 2012[20], en la
medida en que el ordenamiento jurídico pretende evitar la ocurrencia de dicho
perjuicio, se “admite romper con el carácter subsidiario y residual de la
acción de tutela, [lo que] permite que ésta sea utilizada como mecanismo
transitorio de protección”[21].
Sobre
este punto, cabe mencionar que, como ha indicado la Corte, el concepto de “perjuicio
irremediable”, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que
tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su
estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia
que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad
de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales”[22].
Las
exigencias anteriores deben ser acreditadas de manera sumaria[23] o al menos
el actor debe mencionar los hechos que le permitan al juez deducir la
existencia de un perjuicio irremediable, “en consideración a la jerarquía de
los derechos cuyo amparo se solicita mediante la acción de tutela y a la
naturaleza informal de este mecanismo de defensa judicial[24]”.
4.4.4.3.
En el asunto sub-judice, la Sala estima que se cumplen los requisitos
que permiten reclamar un derecho pensional por vía de la acción de tutela de
manera definitiva, de acuerdo con lo mencionado en el acápite 3.4.1. de esta
providencia.
En primer
lugar, en lo que atañe a la afectación de los derechos fundamentales de la señora
Sánchez Guerrero, en especial del derecho al mínimo vital, según las declaraciones
extra juicio aportadas, la accionante dependía económicamente de su esposo.
Además, según consulta realizada en la página web del ADRES, está
afiliada al régimen subsidiado de salud, lo que permite inferir la carencia de
una fuente de ingresos[25]. Cabe
advertir que el paso de seis años desde la muerte del señor Herrera Rueda hasta
la interposición de la acción de tutela, no desvirtúa la procedencia de la
acción de tutela en términos de subsidiariedad, pues resulta evidente que ante
la inexistencia de ingresos propios, su subsistencia se deriva de la
dependencia de terceros[26].
En
segundo lugar, en cuanto a la necesidad de que
el interesado haya desplegado cierta actividad administrativa o judicial en
defensa de sus derechos, se observa que la
accionante ha presentado varias peticiones con ese propósito, primero, al municipio
de Rovira y luego a Colpensiones. Adicionalmente, adelantó un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el referido ente territorial, que
culminó en el año 2017.
En
tercer lugar, se encuentra acreditada la falta de idoneidad y eficacia de los
medios ordinarios de defensa judicial. En efecto, el artículo 138 del Código
Contencioso Administrativo[27] establece el
medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
administrativos que expida una autoridad. Sin embargo, la Sala considera que en
este caso hay lugar a que intervenga el juez de tutela, en tanto la accionante
no ha encontrado respuesta su problemática en la vía judicial existente. En
efecto, en el año 2013 acudió al juez contencioso administrativo para que el municipio
de Rovira le reconociera la sustitución de la pensión que causó su esposo, pero
en segunda instancia le fueron negadas sus pretensiones, con fundamento en que
Colpensiones era quien debía proceder en tal sentido. Una vez la señora Sánchez
Guerrero acude a la citada administradora, también le es negado el
reconocimiento pretendido, primero, por un supuesto conflicto de competencias
y, segundo, porque al fallecido señor Herrera Rueda no le reconocen unas
semanas de cotización que, aparentemente, debió efectuar el municipio de Rovira
en cumplimiento de una orden judicial del año 2000, lo que devuelve el asunto
nuevamente a una demanda contra el ente territorial. Por otra parte, aunque
podría considerarse que la accionante puede demandar a Colpensiones en un
proceso ordinario laboral[28] para debatir
el derecho al reconocimiento de la pensión de su fallecido cónyuge y, en
consecuencia, la sustitución en su cabeza, lo cierto es que este no sería
eficaz en atención a su situación particular como ya fue explicado y, además,
exigir su agotamiento sería desproporcionado, en la medida en que ya se
adelantó una actividad administrativa y judicial orientada a tal fin. Así las
cosas, en la medida que las dos autoridades involucradas están vinculadas a la
acción de tutela, puede darse una solución que privilegie el derecho de la
accionante a obtener una sustitución pensional sin que dicho reconocimiento
continúe extendiéndose en el tiempo.
Finalmente,
en lo atinente a la acreditación de los requisitos legales para acceder a la
prestación reclamada, la Corte evidencia que el señor Herrera Rueda cumplió 55
años en 2008 y si se suman los tiempos reconocidos por el Tribunal Superior de
Ibagué y el contabilizado por Colpensiones, acredita más de 20 años de
servicios. Aunado a lo anterior, no se ha discutido en la vía judicial ni en la
administrativa que la actora es la única beneficiaria de una eventual
sustitución pensional, como cónyuge del causante.
Satisfechos
los requisitos de procedencia de la acción de tutela, se continuará con la
presentación de los temas de fondo que fueron planteados en el acápite 4.3. de
esta providencia.
4.5.
Del deber de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por parte
del empleador
4.5.1.
El objeto del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones es amparar los
riesgos de vejez, enfermedad y muerte del afiliado, a través de la constitución
de una relación tripartita, en la que el trabajador deberá durante su vida
laboral aportar al sistema; el empleador deberá cotizar en forma oportuna sus
aportes y los de sus trabajadores; y las administradoras de pensiones deberán
hacer los recaudos y reconocer oportunamente las prestaciones que consagra el
sistema, en los términos previstos en la ley.
Sobre
esta relación tripartita, la Corte ha dicho que:
“En materia de pensiones existe una relación tripartita[29]
que se explica de la siguiente forma: de un lado, se ubica el trabajador, quien
para acceder a la prestación económica de vejez, debe cumplir con la edad
requerida y haber hecho las cotizaciones de ley; del segundo lado se encuentra
el empleador, el cual debe efectuar mensualmente los aportes que estén a su
cargo, debe descontar del salario del trabajador los aportes que se encuentran
a cargo de éste y debe trasladar los recursos obtenidos de la totalidad de los
aportes a la entidad encargada de reconocer la pensión; y del último lado, se
sitúa la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) elegida por el trabajador,
la cual tiene por obligaciones recibir los aportes hechos por el empleador o
por el trabajador si es independiente, cobrar los pagos no realizados en tiempo
por el empleador y reconocer las pensiones cuando éstas efectivamente se
causen.”[30]
4.5.2.
Ahora bien, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º
de la Ley 797 de 2003, establece la obligatoriedad de efectuar las cotizaciones
a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y
empleadores, la cual sólo cesa en el momento en que el primero reúna los
requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando se pensione por
invalidez o anticipadamente.
Como
consecuencia de esta disposición, el artículo 22 del mismo estatuto legal, le
impone al empleador el deber de trasladar su aporte y el que le corresponde al
trabajador a la administradora de pensiones elegida por éste último.
Precisamente, la norma en cita establece que:
“El empleador será responsable del pago de
su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto,
descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las
cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya
autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad
elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro
de los plazos que para el efecto determine el gobierno.
El empleador responderá por la totalidad
del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al
trabajador.”
4.5.3.
A partir de lo anterior, es claro que cuando los distintos actores cumplen
adecuadamente sus deberes dentro del Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
el resultado será que el trabajador, una vez acredite el número mínimo de
semanas, la edad requerida o el capital necesario, podrá acceder a la pensión
de vejez, siempre que previamente no se concreten los riesgos de invalidez o
muerte. Por el contrario, cuando el empleador incumple sus deberes, la
estructura tripartida se ve afectada y posiblemente el afiliado encuentre
trabas al momento de acceder al reconocimiento de sus derechos. Esta
circunstancia se puede presentar, cuando este último (i) no afilia a sus
empleados, (ii) no reporta la novedad de ingreso de los trabajadores ya
afiliados o (iii) no realiza las cotizaciones oportunas al sistema.
En este
último caso, si bien las Administradoras de Pensiones tienen instrumentos
jurídicos para cobrar las sumas de dinero dejadas de cotizar y, por ende, la
negligencia del empleador no podría recaer en una consecuencia negativa para el
trabajador al momento en que se contabilicen las semanas cotizadas[31];
no ocurre lo mismo cuando se omite afiliar a sus empleados o cuando no se
reporta la novedad de ingreso de un trabajador afiliado, pues en estos casos la
Administradora de Pensiones no tiene conocimiento del incumplimiento del deber
de pagar los aportes (Ley 100 de 1993, art. 22), ya que en sus bases de datos
no existe relación alguna del tiempo laborado con dichos empleadores.
En los
dos casos previamente mencionados, la omisión del empleador puede llegar a
afectar el mínimo vital y el derecho a la seguridad social del afiliado, si al
momento del reconocimiento de su pensión de vejez no le son contabilizadas las
semanas con él laboradas o si, por motivo de ello, el trámite pensional se
dilata y se complejiza al punto de que el trabajador debe acudir a otras
herramientas previstas en el ordenamiento jurídico, para lograr que dichas
semanas le sean tenidas en cuenta[32].
4.5.4.
Ahora bien, el ordenamiento jurídico dispone una solución para los casos en que
el empleador omite afiliar a sus trabajadores u omite reportar la novedad de
ingreso de los empleados ya afiliados. Al respecto, el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 dispone que:
“Parágrafo 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, se tendrá en cuenta: (…)
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con
aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
(…)
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el
cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso,
trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del
trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual
estará representado por un bono o título pensional.
Los fondos encargados reconocerán la pensión en
un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por
el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.
Los Fondos no podrán aducir que
las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.”
(Subrayado propio)
Para el cabal entendimiento del aparte subrayado, es
preciso señalar que la afiliación de un trabajador al Sistema General de
Pensiones se da por una única vez[33], por lo que
siempre que el empleado-afiliado inicia una nueva relación laboral, el
empleador deberá reportar la novedad al sistema para que, a partir de dicho
momento, se efectúen las correspondientes cotizaciones.
Por esta razón, cuando la norma se refiere a trabajadores
no afiliados, también debe entenderse que involucra a los trabajadores ya
afiliados frente a los cuales no se reporta la novedad de ingreso, pues una
interpretación en otro sentido dejaría a estos últimos en situación de
desprotección. Esta posición ha sido avalada por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y por Colpensiones. Precisamente, en Concepto 51588 de
2012, esta última entidad señaló que la omisión del deber de afiliar es asimilable
a la omisión por parte del empleador de reportar la novedad de ingreso del
trabajador. Sobre este punto, expresamente se concluyó que:
“En este orden de ideas, para todo efecto, debe tenerse en
cuenta que la afiliación al sistema no se ‘reactiva’ con las diferentes
novedades reportadas al sistema en la vida laboral del afiliado, pues la
afiliación al sistema es una sola y de carácter vitalicio, de ésta manera, si
un empleador no reporta la novedad de ingreso se asimila a la omisión de
afiliación con base en tres supuestos:
Dado que el responsable del reporte de novedad de ingreso
laboral es el empleador, ante la omisión o incumplimiento de esta obligación,
el empleado quedaría desprotegido de manera absoluta de las prestaciones del
sistema general de seguridad social y,
Ante la omisión de reporte de novedad de ingreso laboral
por parte del empleador, COLPENSIONES no tendría posibilidad de generar la
cuenta de cobro respectiva por cuanto no tiene oportunidad de conocimiento de
esta obligación, y en este orden de ideas, se encontraría en imposibilidad de
cumplir con sus funciones de fiscalización y cobro.
Las consecuencias de la omisión de afiliación son
responsabilidad exclusiva del empleador”[34].
Así las
cosas, el empleador que no afilie o no reporte la novedad de ingreso de uno de
sus trabajadores, deberá trasladar, con base en el cálculo actuarial, la suma
correspondiente al tiempo en que, teniendo la obligación, no efectuó las
cotizaciones al sistema, ello a satisfacción de la administradora de pensiones.
Ello de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995,
modificado por el artículo 28 del Decreto 3798 de 2003 y ahora compilado en el
Decreto 1833 de 2016[35].
4.5.5. Bajo las anteriores consideraciones, se procederá al
examen del caso en concreto, en el que se solicita que sea reconocida una
sustitución pensional a la accionante, contabilizando para el efecto el tiempo
laboral que le fue reconocido a su fallecido esposo en una sentencia del
Tribunal Superior de Ibagué del año 2000, a cargo de la Alcaldía Municipal de
Rovira y la empresa de servicios públicos solidariamente, luego de declarar la
existencia de una relación laboral con las demandadas por el período
comprendido entre el 4 de octubre de 1996 y el 28 de febrero de 1998, tiempo
durante el cual no fue afiliado al sistema de seguridad social en pensiones.
4.6. Caso concreto
4.6.1. En el caso sub judice se estudia la acción de
tutela instaurada por la señora Nelly Sánchez Guerrero contra Colpensiones, a
quien esta última le negó el reconocimiento y pago de una sustitución de una
pensión de vejez que, a su juicio, fue causada por su fallecido esposo, con
fundamento en que no cumplió con el número de semanas exigidas para acceder a
dicha prestación. Manifiesta la accionante que Colpensiones debió contabilizar
las semanas que le fueron reconocidas por una sentencia del Tribunal Superior
de Ibagué del año 2000, a cargo del municipio de Rovira, quien, a pesar de
estar presuntamente obligado, no afilió al causante ni efectuó las cotizaciones
correspondientes.
Cabe señalar que, conforme a la última actualización de la
historia laboral del causante que fue aportada por Colpensiones el 16 de agosto
de 2019, el señor Herrera Rueda, sumando las semanas cotizadas y los tiempos
públicos no cotizados a Colpensiones, acredita 984 semanas[36],
hecho que permite establecer que actualmente los únicos tiempos que se
encuentran en discusión son aquellos reconocidos judicialmente.
4.6.2. Esta Sala de Revisión debe determinar si existe una
vulneración de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Nelly
Sánchez Guerrero, como consecuencia de la omisión de la Alcaldía Municipal de
Rovira de haber afiliado y efectuado la cotización de aportes del señor Jaime
Herrera Rueda por el período comprendido entre el 4 de octubre de 1996 y el 28 de febrero de 1998,
cotizaciones cuya ausencia han impedido que Colpensiones proceda al
reconocimiento de una sustitución pensional.
Como se
expuso en el aparte considerativo de esta providencia, para el adecuado
funcionamiento del citado Sistema, el empleador es responsable de su aporte y
del aporte de los trabajadores a su servicio, por lo que deberá descontar del
salario de cada afiliado el monto de las cotizaciones obligatorias y trasladar
dichas cifras a la entidad elegida por el empleado. Lo anterior, con el objeto
de que llegado el momento en que el trabajador solicite su pensión de vejez,
las semanas trabajadas con dicho empleador sean contabilizadas dentro de las
exigidas para acceder a tal derecho.
Al
examinar el material probatorio que se recaudó en sede de revisión, se observa
que la Alcaldía Municipal de Rovira incumplió su deber de reportar la novedad
de ingreso y de efectuar las cotizaciones que se derivan de la orden judicial
dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, en la que se le
condenó solidariamente, junto con la Empresa de Servicios Públicos, al pago de salarios
y prestaciones, por el tiempo durante el cual el señor Jaime Herrera Rueda
trabajó como recaudador de impuestos. En efecto, al requerírsele información
sobre a cuál fondo se realizaron los aportes por el período reconocido por el
Tribunal, el municipio no aportó prueba alguna que diera cuenta del pago de
estos a alguna administradora de pensiones.
En este
caso la omisión se relaciona con las consecuencias que se derivan de la orden
de pago de salarios a favor del señor Herrera Rueda, ya que con la declaratoria
de existencia de un contrato laboral y con la condena del pago de salarios,
surge como consecuencia el pago de los aportes pensionales. Lo anterior, como
se dijo en el aparte considerativo de esta providencia, se deriva de la
obligación de efectuar cotizaciones durante la vigencia de una relación
laboral.
Ahora
bien, al analizar la última historia laboral aportada por Colpensiones, se
observa que el causante contaba con 984 semanas, por lo que es innegable que la
falta de cotización por parte del municipio de Rovira del tiempo reconocido
judicialmente -72 semanas-, es el hecho que impidió el pago del derecho
pensional reclamado por la accionante, esto teniendo en cuenta que en la Ley 33
de 1985 se exigen 20 años de servicios para acceder a la pensión de vejez.
Lo
anterior genera que la omisión de la Alcaldía Municipal de Rovira desconozca
los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Nelly Sánchez
Guerrero, en tanto que, por su conducta, esta última está viendo restringido su
derecho de disfrutar de una sustitución pensional de un derecho que causó su
esposo con su trabajo por más de 20 años.
4.6.3.
Ante esta situación, y de conformidad con lo expuesto en el literal d) del
parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la Sala ordenará a la
Alcaldía Municipal de Rovira que una vez Colpensiones envíe el cálculo
actuarial correspondiente, en el término de dos (2) meses, haga efectivo el
desembolso de lo debido. Ahora bien, comoquiera que la Alcaldía Municipal de
Rovira fue condenada solidariamente con la Empresa de Servicios Públicos del
mismo municipio[37], atendiendo
al régimen que rige esta figura, la primera podrá subrogarse en la acción del
acreedor, en caso de que así corresponda[38].
4.6.4. Antes
de abordar la forma en cómo se deberá efectuar el reconocimiento pensional por
parte de Colpensiones, la Sala debe advertir que esta última entidad tuvo
conocimiento de la sentencia judicial de la que se derivaba la obligación de
afiliación y pago de aportes por parte del Municipio de Rovira y de la Empresa
de Servicios Públicos del mismo ente territorial[39]
y, a pesar de ello, no intentó efectuar ningún cobro. Este actuar omisivo, a
juicio de esta Sala, prolongó injustificadamente en el tiempo de resolución del
reclamo pensional adelantado por la actora y, en consecuencia, desconoció su
derecho al mínimo vital y a la seguridad social. Lo anterior, aunado a que solo
decidió asumir su competencia para efectuar el estudio de la sustitución
pensional reclamada por la señora Sánchez Guerrero, después de iniciado un
conflicto administrativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
Dicho
esto, para el reconocimiento pensional que deba efectuar Colpensiones
inicialmente es preciso recordar que dada la pertenencia del señor Jaime
Herrera Rueda al régimen de transición[40], la
normativa aplicable es la Ley 33 de 1985. Así las cosas, Colpensiones deberá tener
en cuenta que para el momento de su muerte, el señor Herrera Rueda tenía 58
años de edad, por lo que cumple con el requisito de edad para pensionarse en el
régimen previsto en la citada normativa[41].
Adicionalmente,
en cuanto al tiempo que debe ser computado para efectos de acceder a la pensión
de jubilación, se observa que en el caso del señor Herrera Rueda ya existen 984
semanas reconocidas por Colpensiones, que corresponden al tiempo laborado por
el citado señor en la Alcaldía Municipal de Rovira, es decir, que con las aproximadamente
72 semanas por las que se deberá hacer el cálculo actuarial, se completan los
20 años de servicios que exige la Ley 33 de 1985. Además, Colpensiones deberá
tener en cuenta que la accionante es la única beneficiaria de la sustitución
pensional, ya que ese requisito no ha sido objeto de controversia por ninguna
de las partes, ni en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, ni en sede administrativa ante Colpensiones.
4.6.5. Después de sentar los parámetros bajo los cuales
deberá ser reconocida la sustitución pensional en favor de la señora Nelly
Sánchez Guerrero, la Sala Tercera de Revisión
revocará la sentencia del 9 de julio de 2018
proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué, que a
su vez ratificó la sentencia del 7 de junio del mismo año proferida por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad
que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, amparará
los derechos de la citada señora al mínimo vital y a la seguridad social.
Como
resultado de lo anterior, se ordenará a Colpensiones que, en el término de ocho
(8) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, elabore y
envíe el cálculo actuarial al municipio de Rovira y que, en las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a que transcurran los dos (2) meses dispuestos como
término para que el citado ente territorial efectúe el pago de lo debido, proceda
al reconocimiento y pago de la sustitución pensional de la señora Nelly Sánchez
Guerrero, en lo no prescrito.
Con el
fin de dar cumplimiento a la orden de reconocimiento y pago de la pensión y en
aras de restablecer los derechos objeto de protección, se dejará sin efectos el
acto administrativo proferido por Colpensiones que negó el reconocimiento
pensional pretendido. Por último, dado que no se conoce si contra la última
negativa de esta autoridad -la cual se profirió estando en curso el trámite de
revisión en esta Corporación- la accionante presentó recurso de reposición y
apelación, en caso de que ello haya sucedido, los actos administrativos que los
decidan perderán su fuerza ejecutoria a partir
de la notificación de la presente sentencia, pues habrán desaparecido sus
fundamentos de hecho y de derecho[42].
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo proferido el 9 de julio de 2018
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué, que a su vez
ratificó la sentencia del 7 de junio del mismo año proferida por el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad que
declaró la improcedencia del amparo y, en su lugar, AMPARAR los derechos
al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Nelly Sánchez Guerrero.
Segundo.- DEJAR sin efectos
la Resolución SUB 96698 del 24 de abril de 2019, proferida por Colpensiones,
así como aquellas resoluciones que resuelvan los recursos contra esta, en caso
de haber sido presentados durante el trámite de revisión.
Tercero.-
ORDENAR a Colpensiones que, por conducto
de su representante legal o de quien haga sus veces, en un término máximo de
ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda la
elaboración y envío al municipio de Rovira del cálculo actuarial por el tiempo
reconocido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué al señor Jaime
Herrera Rueda, esto es, del 4 de octubre de 1996 al 28 de febrero de 1998.
Cuarto.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Rovira que, en un
término de dos (2) meses siguientes a que Colpensiones cumpla la orden
dispuesta en el numeral tercero, proceda a trasladar las sumas debidas a la
citada administradora.
Quinto.- ORDENAR a Colpensiones que, por conducto de su
representante legal o de quien haga sus veces, en las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a que transcurra el término de dos (2) meses dispuestos para
el cumplimiento de la orden contenida en el numeral cuarto de esta providencia,
reconozca y pague la sustitución pensional de la señora Nelly Sánchez Guerrero,
en lo no prescrito.
Sexto.-
Por Secretaría General, LÍBRESE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Concretamente, la condena consistió en: “[P]agar a Jaime Herrera Rueda las
siguientes sumas: $ 653.515.42 por salarios, $ 370.141.61 por primas de
navidad, $ 442.148.28 por cesantía, $ 163.978.85 por vacaciones, $ 52.393 por
intereses de cesantía, $ 1.307.030.84 por indemnización por despido, la suma
diaria de $ 10.891.92 a partir de junio 1º de 1998 y hasta cuando se cancele el
valor de las condenas como indemnización moratoria y a suministrarle tres
dotaciones completas de mediana calidad”.
[2]
Cabe señalar que en este estudio no se tuvo en cuenta el tiempo como empleado
público que reconoció el Tribunal Superior de Ibagué en sentencia del 12 de
octubre de 2000.
[3]
Ley 100 de 1993. “Artículo 36.
Régimen de transición. (…) La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a
estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.”
[4]
De conformidad con el artículo 1º de dicha ley, para tener derecho a la pensión
se requiere que “El empleado oficial que sirva o
haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de
cincuenta y cinco (55)”
[5]
Ley 797 de 2003. "Artículo
12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 46.
Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes: // 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado
por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, // 2. Los miembros del
grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste
hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento (...)"
[6]
Los tiempos adicionales que reconoció Colpensiones se relacionan a
continuación:
DESDE
HASTA
A CARGO DE
1973/12/12
1976/12/30
municipio de Rovira
1979/01/16
1979/01/17
municipio de Rovira
1980/02/01
1983/01/15
municipio de Rovira
1983/05/15
1986/12/30
municipio de Rovira
1988/07/01
1993/12/30
municipio de Rovira
1994/01/01
1994/12/30
municipio de Rovira
1995/01/01
1995/05/30
municipio de Rovira
[7]
Ley 100 de 1993. "Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho
a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
(...) // Parágrafo 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se
refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: (...) d) El tiempo de
servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión
no hubieren afiliado al trabajador. (...) // En los casos previstos en los
literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el
empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo
actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción
de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título
pensional. (...)"
[8]
Decreto 1748 de 1995. "Artículo 57. Traslados. (...)
En el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus
trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la
obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo
para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones y la fecha de afiliación tardía, sólo será
procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional
correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de
1994."
[9]
Cabe aclarar que la accionante reclama la sustitución pensional de
la pensión de jubilación que causó su fallecido esposo, en virtud de lo
dispuesto en el  numeral primero artículo 46 de la Ley 100 de 1993. “Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.  Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: //1. Los
miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y (…)”
[10]
El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 consagra las hipótesis de procedencia
de la acción de tutela contra particulares.
[11]
Sobre el particular, en la Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería, se expuso que: “la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración
de los derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el
particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”.
[12] Sentencia T-723 de 2010,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Sobre la subsidiariedad de la acción de tutela
también se pueden consultar las siguientes Sentencias: T-1062 de 2001, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; T-063 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-230
de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[13] Sentencias T-203 de
1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-483 de 1993, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[14] Sentencia C-543 de 1992,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sentencias T-436 de
2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-785 de 2009, M.P. María Victoria
Calle Correa; T-799 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-130 de 2010,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[16] Sentencias T-055 de
2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-851 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
T-1046 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-597 de 2009, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez, T-427 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-071 de 2019, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[17] Sentencia T-836 de 2006,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[18] Sentencias T-1291 de
2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-668 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[19] Sentencia T-225 de 1993,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[20]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[21]
Al respecto, el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 dispone: “Aun cuando el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela
procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en
la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la
autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha
acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.
Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.”
[22] Subrayado por fuera del texto original. Esta definición se
plantea en la Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y ha sido
reiterada, en otras, en las siguientes providencias: T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; T-227 de 2010, M.P. Mauricio
González Cuervo y T-148 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[23] Sentencia T-290 de 2005,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24] Sentencia T-806 de 2011,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[25]https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=G0jupUUXhDY8eIB45ztINA==
[26]
Por ejemplo, en la Sentencia T-429 de 2018, M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte, al avalar el cumplimiento del requisito
de subsidiariedad de una mujer de 90 años que reclamaba la pensión de
sobrevivientes, como consecuencia del fallecimiento de su esposo 20 años atrás,
expuso que: “En consecuencia, que la
accionante haya podido someramente subsistir hasta la fecha, en un estado de
dependencia de “la
voluntad” o “caridad”
de terceros, a sus 90 años, no es argumento para desechar de plano la posibilidad
de acceder a su derecho pensional por medio de la acción de tutela, máxime
cuando existen indicios suficientes que indican que a ésta le asiste el derecho
a recibir la pensión de sobrevivientes que reclama.”
[27] Ley 1437 de
2011. “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…)”.
[28]
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. “Artículo 2o.
Competencia general.  La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades
laboral y de seguridad social conoce de: (…) 4. Las controversias relativas a
la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los
relacionados con contratos.”
[29] Sentencias
C-177 de 1998, T-1106 de 2003, T-238 de 2008 y T-075 de 2009.
[30]
Sentencia T-482 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31]
Sobre este punto, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 establece que: “Artículo
24. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del
incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.” En desarrollo de lo expuesto, el Decreto 2633 de 1994 habilita
el cobro coactivo de dichas sumas.
[32]
Sobre el desconocimiento que por esta circunstancia se genera en el derecho a
la seguridad social, en la Sentencia T-471 de 2013, esta Corporación dispuso
que: “La mora o la omisión
por parte del empleador en la transferencia de los aportes pensionales, puede
llegar a afectar el derecho fundamental a la seguridad social del trabajador,
pues del pago oportuno que se haga puede depender directamente el
reconocimiento de la pensión, en caso de que el trabajador reúna los demás
requisitos legales.” Subrayado
por fuera del texto original.
[33]
Decreto 692 de 1994. “Artículo 13. Permanencia de la
afiliación. La afiliación al sistema general de pensiones es
permanente e independiente del régimen que seleccione el afiliado. Dicha
afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios
períodos, pero podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga
más de seis meses de no pago de cotizaciones.”
[34]
Colpensiones fundamenta su concepto en la Sentencia de la
Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de
2010 (36234).
[35]
Decreto 1833 de 2016. “Artículo 2.2.16.7.18.
Traslados. (…)En el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera
afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del
sistema general de pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere
cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a
hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de
entrada en vigencia del sistema general de pensiones y la fecha de afiliación
tardía, solo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el
título pensional correspondiente, calculado conforme a lo que señala el
Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto.”
[36]
Las 984 semanas cotizadas corresponden a aquellas certificadas por Colpensiones
en el informe que aportó el 16 de agosto de 2019 (folios 226 a 229 del cuaderno
revisión).
[37]
Código Civil. “Artículo 1571. <Solidaridad pasiva>. El
acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o
contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el
beneficio de división.”.
[38]
Código Civil. “Articulo 1579. <Subrogación de deudor
solidario>. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la
ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en
la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada
respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este
codeudor en la deuda.”.
[39]
En efecto, el escrito que envió Colpensiones a esta Corporación el 16 de agosto
de 2019, se acompañó de la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Tolima el 12 de octubre del 2000.
[40]
En efecto, al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el señor
Herrera Rueda tenía 40 años de edad y para el momento de expedición del Acto
Legislativo No. 01 de 2005, tenía más de 750 semanas cotizadas.
[41]
Ley 33 de 1985. “Artículo 1º.- El empleado
oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y
llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.”
[42]
El artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: “Pérdida de ejecutoriedad
del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y,
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (…). 2. Cuando
desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. (…)”.