T-309-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-309/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
De conformidad con
la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo cuando la autoridad
jurisdiccional (i) aplica
una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto
de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico
que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una
interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial
–horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante
DEFECTO SUSTANTIVO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Para la jurisprudencia de esta Corporación el
desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura
un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de
todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-,
en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
El precedente constitucional puede llegar a desconocerse
cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad,(ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la
Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o(iii) se
desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada,
o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado
por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus
sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela. El
desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos de
las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio
de supremacía constitucional, lo que constituye una razón de más que hace
procedente la acción de tutela contra la providencia atacada.
SUSTITUCION PENSIONAL DE LAS MUJERES
QUE DECIDEN CONTRAER NUEVAS NUPCIAS-Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional ha sostenido que la pensión otorgada
a la cónyuge o compañera permanente es de “carácter vitalicio” y en tal virtud,
esta prestación no se puede extinguir porque la viuda contraiga nuevas nupcias
o haga nueva vida marital. De manera reiterada esta Corte ha protegido los
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los
beneficiarios de pensiones de sobrevivientes que han optado, en ejercicio de su
libertad, rehacer su vida marital, con independencia de la fecha en que lo
hicieran. De manera que, no es de recibo para esta Sala de Revisión la
interpretación otorgada por autoridades como la ahora demandada, de las sentencias
de la Corte para suspender el pago de aquellas pensiones de sobrevivientes que
ya habían sido reconocidas con anterioridad a la decisión de contraer nuevas
nupcias o de iniciar nuevamente vida marital.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional, en
relación con la protección del derecho a la sustitución pensional de aquellas
personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron nueva vida marital
A partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991
las disposiciones legales que contemplen cláusulas resolutorias en materia
pensional, que hagan perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el
hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se consideran
abiertamente incompatibles con sus dictados.
Referencia: Expediente T-4.682.444
Acción de Tutela interpuesta por Sofía Carvajal de
Caballero contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Derechos fundamentales invocados:
Libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital,
vida digna, seguridad social y acceso a la administración de justicia.
Temas:
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; defecto sustantivo por desconocimiento de precedente;
derecho a la sustitución pensional de las mujeres que contraen nuevas nupcias.
Problema jurídico:
Determinar si el Tribunal Superior de Bogotá vulneró
los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, mínimo
vital, vida digna, seguridad social y acceso a la administración de justicia de
Sofía Carvajal de Caballero al desconocer el precedente de este Tribunal
Constitucional relacionado con la protección del derecho a la sustitución
pensional de aquellas personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron
nueva vida marital.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintidós
(22) de mayo de dos mil quince (2015).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la decisión
de tutela adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6)
de noviembre de dos mil catorce (2014), que confirmó el fallo proferido por la
Sala Laboral de la misma corporación, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce
(2014), mediante el cual se negó el amparo solicitado en la acción de tutela de
la referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1
SOLICITUD
Sofía Carvajal de Caballero,
a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso
a la justicia.
Sustenta su solicitud en los
siguientes:
1.2
HECHOS Y
ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
1.2.1.
La
accionante señala que mediante resolución 04347 del 26 de julio de 1982 el Instituto
de Seguro Social (ISS) reconoció a su favor pensión de sobrevivientes, derivada
de la muerte de su cónyuge, German Caballero Piedrahita.
1.2.2.
Señala
que en julio de 1985, el ISS suspendió el pago de la pensión de sobrevivientes,
argumentando que su retiro de nómina se daba en razón a que contrajo nuevas
nupcias. La anterior decisión, dice, no se hizo mediante acto administrativo.
1.2.3.
Como consecuencia de lo anterior, el 28 de agosto de 1997 solicitó el
restablecimiento del pago de su pensión, petición que fue negada mediante oficio
VP-GNAP 07912 del 16 de septiembre de ese mismo año.
1.2.4.
En diciembre de 2011, indica que solicitó nuevamente el pago de su
pensión, sin que se hubiera accedido a ello. En tal virtud, el 3 de mayo de
2012 se presentó nueva reclamación ante Colpensiones de conformidad con el
artículo 6 del Código Procesal del Trabajo. Frente a esta última petición, la
entidad, mediante resolución 19949 del 28 de mayo de 2012 decidió negar su
reingreso a la nómina de pensionados.
1.2.5.
Alega que el 13 de febrero de 2013 presentó demanda ordinaria laboral,
la cual fue admitida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, despacho
que en sentencia del 6 de agosto de ese mismo año condenó a  Colpensiones al
pago de la pensión de sobrevivientes desde mayo de 2009.
En esta oportunidad, el juez se apoyó en
la sentencia C-309 de 1996 pero indicó que si bien la corte en dicho fallo
había modulado los efectos para los casos posteriores a 1991, los mismos se
extendieron en la sentencia de unificación 1073 de 2012 a los hechos ocurridos
con anterioridad a la expedición de la Constitución Política.
1.2.6.
Al conocer la decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en
sentencia del 30 de octubre de 2013, revocando el fallo cuestionado. Consideró
que la sentencia C-309 de 1996 “tendría aplicación en caso que las nuevas
nupcias se hubieran celebrado después del 7 de julio de 1991, y que como el
caso de la Sra. Sofía Carvajal de Caballero fue antes de la Constitución
Nacional, es decir en 1985, concluye que sus efectos no le son aplicables.”
Señala que
el Tribunal reconoció que en diversas acciones de tutela se habían protegido
los derechos sin importar la fecha en que se contrajeron las nuevas nupcias, al
ver afectado el mínimo vital de las accionantes. No obstante, para el Tribunal,
en el caso de la señora Carvajal, no se logró demostrar tal afectación.
1.2.7.
Explica que contra esta última decisión no se presentó el recurso de
casación por considerarlo ineficaz, teniendo en cuenta la posición reiterada de
la Corte Suprema de Justicia en casos similares al suyo y, además, por no hacer
más gravosa su situación económica frente a una posible condena en costas.
1.2.8.
Expone que en la actualidad cuenta con 68 años y atraviesa una
situación económica grave que amenaza su mínimo vital y sus condiciones de vida
digna.
Señala que
reside en los Estados Unidos y que su esposo padece de una enfermedad gravísima,
denominada “Demencia de Lewy,” que le impide trabajar desde hace 3 años para
aportar al hogar, situación que le demanda dedicación y cuidado de tiempo
completo. Para demostrar lo anterior, anexa varias declaraciones ante notario
público.
1.2.9.
Indica que agotados los medios ordinarios, es evidente el perjuicio
irremediable que la amenaza y por tanto, acude a la acción constitucional para
defender sus derechos fundamentales.
1.2.10.
Finalmente, manifiesta que la acción es procedente contra la decisión
judicial atacada en la medida que no tuvo en cuenta el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a este tema.
Como
consecuencia de lo anterior solicita que se revoque la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá y en su lugar, se ordene dar cumplimiento a la proferida por
el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá.
1.3
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El 13 de agosto de 2014, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda y
correr traslado al Tribunal accionado.  En el mismo auto, ordenó vincular al
Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá para que hiciera las manifestaciones
que considerara pertinentes.
1.3.1.
Juzgado 18
Laboral del Circuito
El juez laboral, hizo referencia a la
sentencia proferida el 6 de agosto de 2013 mediante la cual condenó a
Colpensiones y accedió a todas las pretensiones de la demanda ordinaria, de
conformidad con la jurisprudencia y las pruebas aportadas al proceso. Por lo
anterior, solicita no tener como sujeto activo de la posible vulneración a dicho
despacho.
1.3.2.
Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Laboral
El magistrado manifiesta que reemplazó a la
ponente en el proceso ordinario el 11 de junio de 2014, por lo que no
realizaría pronunciamiento alguno y se remitiría a las motivaciones expresadas
en la sentencia de segunda instancia atacada, del 30 de octubre de 2013.
1.3.3.
Colpensiones
La Gerente Nacional de Defensa Judicial de la entidad,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela por considerar que ya se
habían agotado las vías adecuadas para reclamar la prestación económica.
Además, señaló que la tutela era improcedente para obtener el reconocimiento de
derechos laborales.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
PRIMERA
INSTANCIA: SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
En sentencia del 27 de agosto de 2014, la
Sala de Casación Laboral, negó la tutela de los derechos fundamentales
invocados.
2.1.1.  Resaltó que en el caso objeto de estudio se desconocía
el principio de inmediatez, en la medida que se superó el término de seis (6)
meses reconocido por esa Sala de Casación como prudente para cuestionar los
hechos que vulneren derechos fundamentales. Señala que la sentencia de segunda
instancia atacada es del 30 de octubre de 2013 y la tutela se presentó el 8 de
agosto de 2014, habiendo transcurrido poco más de nueve (9) meses.
2.1.2.  Además, afirmó que tampoco se cumple el requisito de
subsidiariedad ya que la interesada no hizo uso de los medios de defensa
judicial al no presentar el recurso extraordinario de casación.  Al respecto,
consideró que las razones aludidas por la accionante no resultan de recibo pues
la “actora contaba con otras herramientas para requerir el subsidio de los
gastos procesales como era, por ejemplo, el amparo de pobreza.
2.2.
IMPUGNACIÓN
Dentro del término legal, la apoderada de la
accionante impugnó la decisión de primera instancia.
2.2.1.  En primer lugar, aclaró que la acción de tutela
se presentó el 21 de abril de 2014 y fue inadmitida por no allegar el poder
otorgado por la señora Sofía Carvajal de Caballero. El escrito subsanando la
tutela, se radicó el 30 de abril de 2014, pero la misma fue rechazada por
considerar que no se había corregido en debida forma. Manifiesta que el
desglose de la tutela se solicitó el 2 de julio de 2014 y se radicó nuevamente
el día 8 de agosto de ese año.
De acuerdo con lo anterior, señala que la
Corte Suprema de Justicia se demoró aproximadamente tres (3) meses para la
devolución del expediente por rechazo de la tutela, motivo por el cual,
considera que la tardanza en la presentación del nuevo escrito no debe atribuírsele
a la negligencia de la parte interesada.
2.2.2.  En segundo lugar, señaló que no resulta
aceptable que niegue la protección de los derechos invocados por no hacer uso
del recurso de casación, ya que de conformidad con la sentencia de unificación
1073 de 2012, la Corte señaló que procede la acción constitucional si el citado
recurso resulta ineficaz por la posición adoptada por la Corte Suprema de
Justicia y por no hacer más gravosa la situación de los accionantes.
2.2.3.  En tercer lugar, resaltó que la accionante “generó
una expectativa legítima, la cual era continuar recibiendo la pensión de
sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo, de esta forma se le afecta su
mínimo vital, ya que se ve obligada a disminuir la calidad de vida que llevaba
y ahora agravado por la situación médica en la cual se encuentra su actual
esposo que le impide a ella trabajar por ser una persona de la tercera edad”.
Igualmente, indica que su esposo padece de Alzheimer con demencia severa con
parkinsonismo.
2.3.
SEGUNDA INSTANCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN
PENAL
Mediante sentencia del 6 de noviembre de
2014, la Sala de decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal, confirmó el
fallo de primera instancia.
2.3.1.  A juicio del ad quem, se desconoció el
principio de inmediatez por haber transcurrido poco más de nueve (9) meses para
acudir al juez constitucional en procura de defender sus derechos
fundamentales, en la medida que la providencia atacada es de fecha 30 de
octubre 2013 y la tutela se presentó el 8 de agosto de 2014.
2.3.2.  De otra parte, consideró que se
desconoció el principio de subsidiariedad al no utilizar el recurso de
casación, el cual, “de haberlo interpuesto dentro del término legal, le
hubiese permitido controvertir sus desacuerdos con el fallo del Tribunal, de
ahí que la interesada no atacó por vía de casación su inconformidad y dejó
vencer el término para interponer el recurso, no puede ahora, utilizar la
acción de tutela como medio alternativo”.
3.       PRUEBAS DOCUMENTALES
Se encuentran en el expediente
las siguientes pruebas documentales relevantes:
3.1.
Discos compactos
que contienen las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el
Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Laboral (folio1, C.1).
3.2.
Fotocopia de la
traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo
de 2014, rendida por el señor Nicolás Anaya Jr., ante el notario público para
el Estado de Texas, E.U (folios
28-33 C. 1).
3.3.
Fotocopia de la
traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo
de 2014, rendida por la señora Victoria Monzón Cochran ante el notario público
para el Estado de Texas, E.U (folios
34-38 C. 1).
3.4.
Fotocopia de la
traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo
de 2014, rendida por el señor Richard L. Cochran, ante el notario público para
el Estado de Texas, E.U (folios
39-43 C. 1).
3.5.
Fotocopia de la
traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo
de 2014, rendida por la señora Mara Pages Simmons, ante el notario público para
el Estado de Texas, E.U (folios
44-48 C. 1).
3.6.
Fotocopia de la
traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo
de 2014, rendida por el señor Max Allen Simmons, ante el notario público para
el Estado de Texas, E.U (folios
49-53 C. 1).
3.7.
Fotocopia de la
Resolución 19949 del 28 de mayo de 2012, mediante la cual el Instituto de Seguro
Social resuelve derecho de petición elevado por la accionante (folios 75 y 76
C.4).
4.       CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
4.1.
COMPETENCIA Y
OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala Número Uno y del reparto verificado en la forma
establecida por el reglamento de la
Corporación.
4.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
Le corresponde a esta Sala de
Revisión determinar si el Tribunal Superior de Bogotá vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad,
al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la justicia, al desconocer
el precedente de este Tribunal Constitucional relacionado con la protección del
derecho a la sustitución pensional de aquellas personas que contrajeron
segundas nupcias o hicieron nueva vida marital.
Para el efecto, reiterará la
jurisprudencia sobre (i) la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) el defecto sustantivo por desconocimiento
de precedente; el defecto por violación directa de la Constitución y, (iii)
el derecho a la sustitución pensional de las mujeres que deciden contraer
nuevas nupcias.
En caso de cumplir los
requisitos señalados por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales, se determinará si en el presente caso
se estructura alguna causal especial de procedibilidad de la acción
constitucional.
4.3.
ANÁLISIS DE LOS
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
4.3.1.  Después de varios años de decantar el
concepto de vía de hecho[1],
la Corte Constitucional consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales
genéricas de procedibilidad de la acción”. Así, en la
Sentencia C-590 de 2005[2],
la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni
acción”, que hacía parte del artículo 185 de la
Ley 906 de 2004 porque restringía el ejercicio de la acción de tutela contra
sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del recurso
extraordinario de casación en materia penal. En esa oportunidad, se dejó claro
que la tutela procede contra todas las providencias judiciales ejecutoriadas
cuando se cumplen con los requisitos generales de la tutela y se prueba alguna
de las causales específicas de procedibilidad de esta acción constitucional
contra sentencias.
4.3.2.  Esta sentencia, sistematizó los requisitos
generales de procedencia de la tutela, de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de
tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
4.3.3.  En cuanto a las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ese mismo fallo los resumió así:
“Para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos
que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión. [3]
d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación directa de la
Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales”
4.3.4.  De manera que la acción de tutela procede
contra decisiones judiciales, como las que ahora se acusan, siempre y cuando
éstas cumplan los requisitos generales de procedencia, vulneren derechos
fundamentales y con ello se demuestre al menos una de las causales especiales
de procedibilidad de la acción constitucional.
4.4.
EL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Para efectos del presente
capítulo, se hará referencia primero al desconocimiento del precedente como
modalidad de defecto sustantivo y luego se procederá a analizar concretamente
el desconocimiento del precedente constitucional como defecto autónomo.
4.4.1.  Desconocimiento del precedente como modalidad de defecto
sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una
providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional “(i) aplica una disposición en el caso que
perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por
ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente
inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa
no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso[4]”.[5]
Por precedente[6] se ha
entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de sentencias que
presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i)
patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.[7]
La anterior noción, se ha adoptado en sentencias como la T-794 de 2011[8],
en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para
identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que
se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso
a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a
una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente.”[9]
Ahora, la Corte ha diferenciado dos clases
de precedentes teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa: el horizontal y el vertical.[10] El primero
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma
jerarquía o el mismo operador judicial. El segundo, se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.
Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo
de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción[11].
En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.[12]
De otra parte, el precedente
además de ser criterio orientador resulta obligatorio para los
funcionarios judiciales, por las razones que se indicaron de manera clara en la
sentencia T-830 de 2012[13]
y que a continuación se transcriben:
“La primera razón de la obligatoriedad del precedente se
relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la
Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e
independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por
la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es
sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes
del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma
de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos
de cierre de cada jurisdicción[14].
La segunda
razón se
desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe[15].
El
precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones
de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica[16], igualdad,
buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En
otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante, pero
se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad[17] en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales[18].
En palabras de la Corte Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el
ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro
razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención
a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que
demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la
comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en
que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”[19].
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la
solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se
presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide
apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta
ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En
ese orden la doctrina ha establecido como precedente:“tratar las decisiones previas como enunciados
autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para
decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren
ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una
razón vinculante”[20]
(énfasis de la Sala).”
De conformidad con las razones
expuestas, para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin
debida justificación, del precedente judicial configura un defecto
sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las
autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud
de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[21].
En efecto, en las sentencias como la T-934
de 2009[22],
T-351 de 2011[23],
T-464 de 2011[24] y T-212 de 2012[25], la Corte consideró que los jueces de la
jurisdicción contencioso administrativa desconocieron el precedente del Consejo
de Estado, y en consecuencia, concedió los amparos solicitados por existencia
de un defecto sustantivo, ya que en dichos casos, existía un precedente
consolidado sobre la tasación de las indemnizaciones por daño moral, que había
sido desconocida sin razones por las autoridades demandadas[26].
No obstante, la anterior regla no es
absoluta ya que no puede ignorarse que el derecho es dinámico y que cada caso
puede presentar elementos que no fueron concebidos con anterioridad en otros
fallos judiciales; en esa medida, siempre que exista una justificación
razonable y proporcional, las autoridades judiciales pueden apartarse de los
precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia. Al
respecto, la Corte Constitucional ha establecido que:
“(…) vale aclarar que la regla de
vinculación del precedente no puede ser adoptada de manera absoluta (…) Por
ello, siempre que se sustenten de manera expresa, amplia y suficiente, las
razones por las cuales va a desconocer o cambiar una posición anterior, el
operador judicial puede apartarse de ella.
(…)  el juez (singular o colegiado) sólo
puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando
demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente
que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo
inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii)
En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual
explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un
juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”[27].
Así las cosas, los jueces tienen como deber
de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso
administrativa o constitucional) cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus
propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual al acceder
a la justicia. Sin embargo, pueden apartarse de dicho precedente, en el caso de
decisiones adoptadas por órganos de cierre sería la misma Corporación y en el
caso del precedente horizontal los mismos jueces, siempre que cumplan la carga
argumentativa antes descrita y construyendo una mejor respuesta al problema
jurídico, so pena de incurrir en la causal de procedibilidad de la tutela por
defecto sustantivo o material, que tiene como consecuencia la vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas
partícipes del proceso respectivo, entre otros.
4.4.2.  Desconocimiento del precedente
constitucional como causal autónoma
Este defecto se predica exclusivamente de
los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia.[28] Se presenta generalmente cuando la Corte
establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un
precepto que más se ajusta a la Carta, y el juez ordinario al resolver un caso
limita sustancialmente dicho alcance o se aparta de la interpretación fijada
por esta Corporación. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado[29]
u otros mandatos de orden superior.
La supremacía del precedente
constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución Política, el cual
asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma
de normas – principio de supremacía constitucional[30]. En efecto,
esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la Constitución, sus
decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como en su ratio
decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia.[31]
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes,
se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de
coherencia  y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se
traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta,
que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y afectan la
seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia
institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[32]
En este sentido, la Corte Constitucional
en la sentencia T-656 de 2011[33]
sostuvo lo siguiente:
“(…) el
deber de acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se
trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la normas de la
Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de
fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y
contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo así,
resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía constitucional”.
De acuerdo con lo expresado por esta
Corte en la sentencia T-351 de 2011[34]
el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en
común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de
la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el
intérprete autorizado de la Carta[35],
y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales
por razones de igualdad.
Respecto de las sentencias de control
abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se
desprende de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional.
Así, cualquier norma que se declare inconstitucional por la Corte por ser contraria
a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por
ninguna autoridad. Igualmente, la ratio decidendi de todas las
sentencias de control abstracto de constitucionalidad –bien declaren o no
inexequible una disposición-, debe ser atendida por todas las autoridades para
que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución.
En cuanto a los fallos proferidos en sede
de control concreto de constitucionalidad, el respeto de su ratio decidendi
es necesario no solo para lograr la concreción de los principios de igualdad en
la aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado
sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- sino para
garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos
desarrollados por su intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y
alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de
tutela deben prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades judiciales,
incluyendo altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones.[36]
En este punto es importante aclarar que
en el caso de las sentencias de unificación de tutela y de control abstracto de
constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, es suficiente una
providencia para que exista un precedente, “debido a que las primeras
unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que
tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las
segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política[37]”.[38]
En este
orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse
cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la
Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii)
se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela[39].
De conformidad con lo expuesto, y con
independencia del tipo de defecto en el que se clasifique –como defecto
autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-, el desconocimiento del
precedente constitucional, además de violar los derechos de las partes a la
igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía
constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la
acción de tutela contra la providencia atacada.
4.5.
EL DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL DE
LAS MUJERES QUE DECIDEN CONTRAER NUEVAS NUPCIAS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
4.5.1.
Esta Corporación ha
precisado la finalidad y la razón de ser de la sustitución pensional, como
mecanismo de protección de los familiares del trabajador pensionado ante el
posible desamparo en que pueden quedar por razón de su muerte, pues al ser
beneficiarios del producto de su actividad laboral, traducida en ese momento en
una mesada pensional, dependen económicamente de la misma para su subsistencia.
En la sentencia T-190 de 1993[40]
definió el contenido y los alcances de ese derecho prestacional, de la
siguiente manera:
“La sustitución pensional, de otra parte,
es un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los
beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no
significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para
reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. Los beneficiarios de
la sustitución de las pensiones de jubilación, invalidez y de vejez, una vez
haya fallecido el trabajador pensionado o con derecho a la pensión, son el
cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, los hijos menores o inválidos y
los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado (Ley
12 de 1975, art. 1º y Ley 113 de 1985, art. 1º, parágrafo 1º). La sustitución
pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador
y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho
de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia
retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia
del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para
mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del
status laboral del trabajador fallecido.”.
4.5.2.
De igual forma, la
Corte Constitucional ha sostenido que la pensión otorgada a la cónyuge o
compañera permanente es de “carácter vitalicio” y en tal virtud, esta
prestación no se puede extinguir porque la viuda contraiga nuevas nupcias o
haga nueva vida marital.
En efecto, tanto en sede de control abstracto como de
control concreto, esta Corporación se ha pronunciado sobre la afectación de
derechos fundamentales tales como el libre desarrollo de la personalidad o a la
igualdad, en aquellos casos en los que se sustrae al viudo o viuda del disfrute
de su derecho a la pensión de sobrevivientes por el hecho de contraer nuevas
nupcias o empezar una nueva vida marital, aún con posterioridad a la
Constitución Política de 1991.
4.5.3.
En una primera
ocasión, este Tribunal estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada
contra el artículo 2 (parcial) de la Ley 33 de 1973.[41] No obstante
demandarse una sola norma, consideró necesario conformar “unidad normativa
con la frase “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital”, que
contiene el artículo 2 de la Ley 126 de 1985, disposición ésta que continúa
vigente en estos términos en virtud de lo ordenado en el artículo 279,
parágrafo 3, de la Ley 100 de 1993. La norma a la que se extendería, de
producirse, el fallo de inexequibilidad, se refiere al derecho a la pensión
vitalicia en favor del cónyuge supérstite, compañera o compañero permanente, de
los funcionarios o empleados que murieron como consecuencia del asalto al
Palacio de Justicia el día 6 de noviembre de 1985, sin haber cumplido el tiempo
requerido para adquirir el derecho a la pensión de jubilación. De igual manera,
la unidad normativa debería extenderse a la siguiente frase del artículo 2 de
la Ley 12 de 1975. "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida
marital".”
Frente al asunto sometido a su conocimiento, concluyó en
sentencia C-309 de 1996[42]
lo siguiente:
“No se
requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria,
viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales derechos a los del
hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como
consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad (C.P. arts. 16, 42 y 43). No
puede plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo
vínculo y el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la
consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la
antigua concepción de aquélla como sujeto débil librada enteramente a la
protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción
individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de
la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia
arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que
vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación como
quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones
personalísimas.”
En consecuencia, declaró inexequibles las expresiones
"o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital"
contenidas en el artículo 2 de la Ley 33 de 1973; "o cuando contraiga
nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 12 de
1975; y "por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital"
del artículo 2 de la Ley 126 de 1985.
Adicionalmente, la Corte moduló los efectos temporales
de la decisión haciendo referencia únicamente a la protección de los derechos
fundamentales de aquellas mujeres que contrajeron nuevas nupcias con
posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta Política.  Sin
embargo, ello no puede interpretarse como una desprotección por parte del Alto
Tribunal a aquellas mujeres que hubieren contraído nuevas nupcias con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
4.5.4.
Posteriormente, en
la sentencia C-182 de 1997[43]
se examinaron los artículos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990[44],
174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990[45],
131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990[46]
y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990[47],
todos relacionados con el régimen pensional de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, que establecían como condición resolutoria de la pensión el
hecho de que el viudo o la viuda contrajera nuevas nupcias o hiciera vida
marital.
En el citado fallo, la Corte concluyó lo siguiente:
“Así entonces, la condición resolutoria
aludida, contenida en los preceptos acusados resulta contraria al ordenamiento
constitucional, pues coloca sin razón válida en una situación de desventaja y
desfavorable a los destinatarios del régimen excepcional consagrado en los
decretos mencionados, frente a aquellos cobijados por la Ley 100 de 1993, para
quienes no se extingue por dicha circunstancia la pensión de sobrevivientes.
(…) la expresión acusada no se ajusta al
ordenamiento constitucional por cuanto vulnera los mencionados derechos
fundamentales, consagrando un tratamiento discriminatorio e inequitativo con
respecto a las personas que durante su vigencia - desde 1990 hasta la fecha -
perdieron el derecho a la pensión sustitutiva o de sobrevivientes, y
desconociendo la libre opción al desarrollo que todas las personas tienen de
conformar un vínculo natural o jurídico.”
4.5.5.
Esta posición, fue
reiterada más adelante en las sentencias C-653 de 1997[48] que analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 (parcial) del Decreto 1305 de
1975[49]
y C-1050 de 2002[50],
que estudió la constitucionalidad de la expresión “o cuando contraiga nuevas
nupcias o haga vida marital”, contenida en el parágrafo primero del artículo 49
del Decreto 2701 de 1988[51].
4.5.6.
Posteriormente, en
la sentencia C-464 de 2004[52]
esta Corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071
de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971 y 156 del Decreto 612 de 1977.  En esa
ocasión, consideró que, “dado que las disposiciones ahora acusadas contienen
la misma condición resolutoria que fue encontrada inexequible en varios
pronunciamientos anteriores, las expresiones parcialmente acusadas
correspondientes deben igualmente ser retiradas del ordenamiento por
inconstitucionales”.
4.5.7.
En la sentencia C-1126
de 2004[53]
la Corporación analizó una norma anterior a la Constitución de 1991, que
impedía el acceso a la pensión de sobrevivientes de las compañeras
permanentes.  En esta oportunidad, tuvo en cuenta el precedente fijado en la
sentencia C-309 de 1996 y extendió los alcances de esa decisión bajo los
siguientes argumentos:
“Al respecto cabe precisar que unos son los
efectos de la sentencia respecto de los titulares del derecho a solicitar la
sustitución pensional, los cuales empiezan a surtirse de manera retroactiva
desde el 7 de Julio de 1991, y otros son los efectos patrimoniales de esta
sentencia, los cuales empiezan a correr desde la notificación de la misma,
decisión que se adopta atendiendo al eventual impacto de la sentencia y
siguiendo los precedentes anteriormente citados.
“La retroactividad de los efectos de la
sentencia obedece, además, a que fue a partir del 7 de Julio de 1991 que la
Constitución reconoció de manera expresa la igualdad de derechos de las
compañeras y compañeros permanentes, por lo cual desde esa fecha nació el deber
de no discriminar en su contra.
“La fijación de los efectos patrimoniales
de la sentencia a partir de la notificación de la misma obedece, además, a que
las mesadas prescriben en tres años, según la legislación vigente (Ley 776 de
2002, art. 18) y a que sería desproporcionado que los efectos patrimoniales de
la sustitución, en cada caso, sólo empezaran a surtirse después de que en cada
evento particular quedara ejecutoriado el acto correspondiente, puesto que ello
representaría trasladar al eventual beneficiario la carga de la demora en la
expedición de dicho acto, además de haber soportado la discriminación de la
cual fue objeto mientras estuvo en vigor la norma acusada. Por lo tanto, cuando
se verifique la sustitución pensional, las mesadas que se pudieren haber
causado desde la notificación de esta sentencia, habrán de ser expresamente
reconocidas y pagadas al beneficiario.
“En consecuencia, los compañeros y
compañeras permanentes de empleados públicos y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y
comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional pensionados o con derecho a pensión, que con posterioridad al 7 de
julio de 1991 y el 23 de diciembre de 1993, hayan tenido derecho a solicitar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y no lo hubieren obtenido
porque el artículo 34 del Decreto 611 de 1977 o el artículo 49 del Decreto 2701
de 1988 los excluía, podrán, en virtud de esta providencia, y a fin de que se
vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, solicitar que les
sea reconocida dicha pensión, en caso de reunir las demás condiciones de ley”.
4.5.8.
Posteriormente, en
la sentencia C-101 de 2005[54]
al analizar el artículo 1134 del Código Civil que imponía la condición a la
mujer de permanecer soltera o viuda so pena de perder la asignación
testamentaria, la Corte resaltó su posición respecto de normas que amenazan
perder derechos consolidados con condiciones que afectan el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, el cual se encuentra amparado no sólo por
nuestra Carta Política sino por instrumentos de orden internacional como la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Al respecto señaló:
“4.3. La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de
varias normas legales que sancionaban a la mujer o a los hijos con la pérdida
de un derecho pensional, por el hecho de contraer matrimonio o hacer vida
conyugal, bajo el argumento de que una medida legislativa no puede desconocer
el derecho al libre desarrollo de la personalidad que implica la libre y
legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación
marital, so pena de perder un derecho legal ya consolidado, pues ello se
convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y
autodeterminación del sujeto que viola el derecho fundamental aludido[55].
Es claro para la Corte que el principio de la autonomía aplicado a
los actos jurídicos patrimoniales, encuentra como límite necesario la
Constitución Política y los Tratados Internacionales sobre los derechos humanos
a ella incorporados por ministerio del artículo 93 de la Carta. Así, por
ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo
16, establece que “[L]os hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil,
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
establece en el artículo 17 que “[S]e reconoce el derecho del hombre y la mujer
a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las
condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta
Convención”.
4.4.  De las consideraciones expuestas en esta sentencia,
encuentra la Corte que la igualdad entre sexos, el derecho a conformar una
familia y a optar por un determinado estado civil, son intereses jurídicos que
no se pueden sacrificar en aras de garantizar la autonomía del testador a
imponer condiciones testamentarias, pues ese derecho se encuentra sujeto a
límites, uno de ellos y de gran significación, el derecho a autodeterminarse en
la vida según sus propias convicciones.
4.5.9.
En la sentencia C-121
de 2010[56]
se estudió una demanda contra varios artículos del Decreto Ley 613 de 1977, “por el cual se
reorganiza la carrera de Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”.
Luego de analizar las diversas providencias sobre la inconstitucionalidad de
normas que fijaban una condición resolutoria a la viuda para continuar
disfrutando de la pensión de sobrevivientes, esta Corporación sostuvo:
“24. Las sentencias anteriores permiten
asegurar que, a través de las providencias de tutela, la Corte ha generado una
línea jurisprudencial que afirma que el derecho de las personas al
restablecimiento de los derechos pensionales que les han sido extinguidos por
causa de haber contraído nuevas nupcias se aplica también a los casos en los
que esas personas se casaron nuevamente antes de 1991. Con ello, la Corte
completa los contenidos normativos de las subreglas dispuestas en la sentencia
C-309 de 1996 – y en las demás sentencias que la reiteraron -, para referirse a
las personas que habían perdido su derecho a la pensión de sobreviviente porque
habían contraído nuevas nupcias antes de 1991.
(…)
Por consiguiente, en esta providencia se
reiterará la línea jurisprudencial creada a partir de la Sentencia C-309 de
1996. Pero, para armonizarla con la jurisprudencia de tutela que se ha venido
forjando a partir de la sentencia T-702 de 2005, se eliminará cualquier
referencia al momento en que se hayan celebrado las segundas nupcias. Además,
se precisará que las personas beneficiadas con el fallo de constitucionalidad
podrán reclamar el restablecimiento de las aludidas mesadas, que se causarán a partir de la
notificación de esta sentencia.”
4.5.10. De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que
la mayoría de las sentencias dictadas en sede de constitucionalidad, la
Corporación contempló los casos de aquellas personas que habían contraído
nuevas nupcias con posterioridad a la Constitución de 1991, sin hacer
referencia a la situación de las viudas y viudos que lo habían hecho antes de
1991 y que, como consecuencia de ello, habían perdido la pensión reconocida a
su primer cónyuge. No obstante, es a partir de la sentencia C-121 de 2010, que
la Corte Constitucional, elimina la referencia al momento en que se celebran
las segundas nupcias, para hacerla coherente con las providencias dictadas en
sede de control concreto que se relacionan a continuación.
4.5.11.
Ya en sede de
tutela, este Tribunal estudió casos que regulan hipótesis de personas que
contrajeron nupcias con anterioridad a 1991, los cuales se resolvieron con base
en las reglas fijadas en la sentencia C-309 de 1996.
4.5.12.
En efecto, en la
sentencia T-702 de 2005[57]
la Corte estudió la acción presentada a favor de una viuda que decidió
contraer nuevas nupcias y a quien, como consecuencia, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Armadas le extinguió el derecho prestacional mediante Resolución del
mes de abril de 1979.  Posteriormente, en el año 2004, la accionada solicitó
ante la Caja el reconocimiento y pago de la “pensión de beneficiarios”,
recibiendo respuesta negativa por parte de la entidad.  En ese caso, la Corporación
concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por considerar que,
al haberse declarado inexequible la norma que justificaba la negativa, sobre la
Resolución que extinguió la prestación sobrevino el fenómeno del decaimiento
del acto administrativo.  Al respecto, se explicó lo siguiente:
“Así pues, la mentada causal que extinguía
el derecho a la sustitución pensional por el hecho de contraer nuevas nupcias
contenida en los artículos 140 del decreto 2337 de 1971 y 156 del decreto 612
de 1977, presupuesto de derecho en que se fundaba la Resolución No 402 de 1979
y que era indispensable para su existencia desapareció del ordenamiento
jurídico a causa de ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, pues
fue considerada violatoria de los derechos fundamentales a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad, lo que conlleva a que el acto en mención pierda
fuerza ejecutoria al haber operado la figura del decaimiento del acto
administrativo.
(...)
Por ende, la señora Nury Uribe de Salcedo
adquirió un derecho que después perdió por una causal que en la actualidad es
manifiestamente contraría a la Constitución Política, pues a pesar de haber
sido retirada del ordenamiento jurídico, en el caso bajo estudio sigue
produciendo efectos con la negativa del ente accionado de restituir la pensión.
La Sala infiere de lo expuesto, que la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares al negarse a dejar sin efectos la Resolución
No 402 del 25 de abril de 1979 por medio de la cual se extinguió la cuota parte
correspondiente a la señora Nury Uribe de Salcedo, a sabiendas de que dicho
acto administrativo fue adoptado con base en una condición resolutoria que con
posterioridad fue declarada inexequible por la Corte en sentencia C-464 de
2004, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, fallo que venía produciendo efectos
jurídicos desde el 11 de mayo de 2004, está violando el derecho a la igualdad,
a la seguridad social y al debido proceso administrativo, que implica que “las
actuaciones de las autoridades se ajusten no sólo al ordenamiento jurídico
legal, sino a las previsiones constitucionales. (…)”
4.5.13.
En un caso similar,
en el que la actora contrajo segundas nupcias en el año de 1986, la Corte,
mediante sentencia T-679 de 2006[58]
reiteró los criterios establecidos en la T-702 de 2005 y advirtió lo siguiente:
“Así las cosas, la administración no puede
mantener los efectos jurídicos de un acto administrativo mediante el cual se
extingue la pensión de sobrevivientes a la mujer beneficiaria de la misma por
el simple hecho de haber contraído segundas nupcias o haber hecho vida marital,
especialmente si se tiene en cuenta que dicho acto ha sido adoptado con base en
unas disposiciones legales declaradas inexequibles por el Tribunal
Constitucional, pues de ser así se estaría vulnerando el derecho fundamental al
debido proceso administrativo. Ello quiere decir, que si la autoridad pública
mantiene su posición en el sentido de darle plena fuerza ejecutoria a un acto
administrativo, cuyos fundamentos de hecho y derecho han desaparecido ante la
declaratoria de inexequibilidad de la disposición legal que le servía de
sustento y que en consecuencia ha perdido fuerza ejecutoria, se incurrirá en
vulneración a los derechos fundamentales de la beneficiaria de dicha prestación
económica”.
4.5.14.
Posteriormente, en
la sentencia T-592 de 2008[59]
la Corte estudió el caso de una ciudadana a la que se le había extinguido la
pensión de sobrevivientes en mayo de 1964 por parte de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.  En esa oportunidad, la Sala de Revisión analizó ampliamente
el contenido y el alcance de las sentencias C-464 de 2004 y T-702 de 2005 y
concedió el amparo de los derechos invocados, concluyendo que “desde el
siete de julio de 1991, día en que entró a regir el nuevo orden constitucional,
la señora Obdulia Acevedo de Vélez podía haber disfrutado del derecho a la
pensión de sobreviviente, de haberlo reclamado, pues, a la luz de los dictados
de la Carta Política, ningún derecho puede extinguirse como consecuencia del
ejercicio legítimo de la libertad de los asociados de contraer nupcias o hacer
vida marital. // Empero, ello no torna improcedente la solicitud de amparo
constitucional que se revisa, comoquiera que el derecho de la señora Acevedo de
Vélez a reclamar el restablecimiento de la pensión vitalicia que le fuera
reconocida en noviembre de 1956, en razón del fallecimiento del señor Álvaro
Baena Londoño, se extingue con su muerte. Al punto que la beneficiaria podía
reclamar en cualquier tiempo, o dejar de hacerlo.”
4.5.15.
Finalmente, en
sentencia T-693 de 2009[60]
se estudió la petición de una viuda de un mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, a quién la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares ordenó la extinción del derecho a su pensión de sobreviviente
por haber contraído nuevas nupcias en enero de 1981. Luego de hacer un recuento
sobre la posición de la Corte Constitucional sobre el tema, concluyó que las “providencias judiciales censuradas
incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional que protege el derecho a la sustitución pensional de las mujeres
que deciden contraer nuevas nupcias, aún cuando esto haya ocurrido con
anterioridad a la Constitución de 1991”.
4.5.16.
De conformidad con
lo expuesto, es clara para esta Sala de Revisión la posición de esta Corporación
frente a la protección de los derechos de aquellas personas que han perdido el
derecho prestacional por haber contraído segundas nupcias o haber hecho nueva
vida marital, aún con anterioridad a la Constitución de 1991. Como se pudo
observar, de manera reiterada esta Corte ha protegido los derechos a la
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los beneficiarios de
pensiones de sobrevivientes que han optado, en ejercicio de su libertad,
rehacer su vida marital, con independencia de la fecha en que lo hicieran. De
manera que, no es de recibo para esta Sala de Revisión la interpretación
otorgada por autoridades como la ahora demandada, de las sentencias de la Corte
para suspender el pago de aquellas pensiones de sobrevivientes que ya habían
sido reconocidas con anterioridad a la decisión de contraer nuevas nupcias o de
iniciar nuevamente vida marital.
4.6.
EXAMEN DEL CASO
CONCRETO
4.6.1.
En el presente
caso, la Sala procede a analizar si se cumplen los requisitos generales antes
enunciados:
4.6.1.1.
El asunto en estudio tiene una evidente
relevancia constitucional, toda vez que comporta,
entre otros, la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso
(Art. 29 C.P.), relacionado íntimamente con el principio de prevalencia del
derecho sustancial en las actividades judiciales, aspecto de relevancia
constitucional por el respeto y la correcta aplicación de los preceptos
superiores que así lo consagran y, consecuentemente, por la trascendencia de la
tarea del juez en el Estado Social de Derecho.[61]
Además, se trata del análisis de la presunta vulneración de la libertad
personal de contraer segundas nupcias.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que la accionante discute
presuntas irregularidades relacionadas con el desconocimiento del precedente en
que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá acusado, al no tener en cuenta pronunciamientos
favorables de esta Corporación, en los que se ha protegido el derecho a la
pensión de sobrevivientes a aquellas personas que lo han perdido por contraer
segundas nupcias o hacer nueva vida marital. De seguirse, tendría un efecto
decisivo en la sentencia, toda vez que accedería a la prestación requerida.
4.6.1.2.La simple lectura de los antecedentes de esta
sentencia muestra que la solicitud de tutela identifica plenamente tanto los
hechos que generaron la supuesta vulneración, como los derechos fundamentales
que se consideran violados: los derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la justicia. De esta forma,
también se cumple este requisito de procedencia de la acción de tutela.
4.6.1.3.Es evidente que el presente asunto no pretende
discutir una sentencia de tutela.
4.6.1.4.Respecto del requisito de inmediatez, se
observa que el mismo sí se cumplió. La sentencia de segunda instancia atacada es del 30 de octubre de 2013 y
la acción de tutela se presentó el 8 de agosto de 2014, habiendo transcurrido nueve meses, término a todas luces razonable, teniendo en
cuenta lo explicado por la accionante en su escrito de impugnación relacionado
con el tiempo que tardó la Corte Suprema de Justicia en devolver los anexos de
una primera demanda, rechazada.
4.6.1.5.
Finalmente, frente al requisito de inexistencia
de otro mecanismo de defensa judicial, la
Sala debe hacer las siguientes precisiones:
Como se expuso en los antecedentes
de esta providencia, la pretensión en sede de tutela va encaminada a que se
revoque la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, el día 30 de
octubre de 2013, mediante la cual se negó el derecho de la accionante a obtener
nuevamente el disfrute de la pensión de sobrevivientes, desconociendo el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional.
En este caso, de conformidad con lo
afirmado por las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, la
actora cuenta con otro instrumento que permita solicitar la defensa de sus
derechos en la jurisdicción ordinaria, como es el recurso de Casación. Al
respecto, se recuerda que los artículos 86 y 87 del Código de Procedimiento
Laboral[62]
consagran unos requisitos para que proceda este recurso extraordinario. No
obstante, no existe prueba en el expediente que permita establecer si efectivamente
las pretensiones de la accionante superan los 120 salarios mínimos legales
mensuales.
Sin perjuicio de lo anterior, en el
presente evento la Sala advierte que si bien la señora Carvajal de Caballero no
acudió al recurso de casación, el cual según las decisiones de instancia era
procedente, el mismo no era eficaz para lograr la protección de los derechos
invocados en tutela.  Lo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:
En primer lugar, las condiciones familiares, económicas y
personales de la accionante, quien al acudir al recurso señalado por las
instancias judiciales y esperar una
decisión que finalice acogiendo las pretensiones, podría superar la expectativa
probable de vida de la petente.
En efecto, tal como se indicó en los
antecedentes, la accionante Sofía Carvajal de Caballero tiene 68 años de edad,
no manifiesta tener hijos, no obstante estar casada, depende económicamente de su
esposo quien en la actualidad no puede trabajar ni aportar al hogar por padecer
de Parkinson y Alzheimer, enfermedades que generaron demencia de Lewy. Además,
según las declaraciones de amigos de la pareja en Estados Unidos aportadas al
expediente[63],
perdieron su casa y tuvieron que reubicarse con un familiar para poder tener un
techo donde vivir. De manera que su
mínimo vital se ha visto afectado.
En segundo lugar, este recurso no resulta eficaz para el
accionante toda vez que de conformidad con la jurisprudencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no existe la posibilidad de acceder
a la pensión de sobrevivientes si contrajo nuevas nupcias o hizo vida marital
con anterioridad a la Constitución de 1991. Esta posición se advierte de las
sentencias número 21766 de julio 27 de 2004, M.P. Elsy Cuello Calderón; 44782
de agosto 22 de 2012, M.P. Elsy Cuello Calderón y 46476 de mayo 22 de 2013, M.P
Rigoberto Echeverri Bueno, en esta última se consideró:
“No obstante, tampoco incurrió el Tribunal
en dicha violación de la ley si se tiene en cuenta que esta Corporación ya
abordó el tema señalado en la sentencia del 22 de agosto de 2012, radicación
44782, en la que adoctrinó lo siguiente:
“(…).
“En esas condiciones, el Tribunal no podía
aplicar el citado artículo 46 ibídem, ni el 12 de la Ley 797 de 2003, pues, se
reitera, claramente indicó que la disposición vigente al momento del
fallecimiento era el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, por virtud del cual “a
las pensiones de viuedad y orfandad les será aplicable la disposición del
artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del
fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin
acrecer las cuotas de los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias,
reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano
cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. Pero la viuda que
contraiga matrimonio recibirá en sustitución de las pensiones eventuales, una
suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida” y era
esta la convocada a regir el asunto.
“Esa normativa, que se mantuvo con el
artículo 2º de la Ley 33 de 1973, y que a la luz de la actual Constitución
Política resulta en verdad discriminatoria, no tenía ese carácter cuando la
cónyuge sobreviviente contrajo nuevas nupcias, en tanto la Carta Política de
1886 confería un especial contenido a la unión matrimonial.
“Tal regulación supralegal en vigor por más
de un siglo, aparejó unas evidentes consecuencias en el ordenamiento jurídico,
que no pueden ser reprochadas hoy bajo un espectro social evidentemente
disímil, como se aspira, bajo las garantías y la concepción de un Estado laico,
y fue justamente ese aspecto el que abordó el juzgador cuando resolvió el
debate, pues los artículos constitucionales que se enlistaron en el cargo
vinieron a existir después de estructurado el derecho pensional, se repite,
bajo un régimen constitucional diferente, que para ese momento era legitimo y
no puede ser desconocido.”
En este entendido, consideró la Corte
Suprema que sólo bajo esos parámetros la Corte Constitucional entendió
afectadas las dispociones de la Carta Política, razón por la cual decidió
sustraer del ordenamiento jurídico las normas acusadas y dejó los efectos con
aplicación retroactiva hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1991, ya
que no podía desligar que antes de su expedición tenían un contenido
justificado.
Esta posición, es justificada citando otro
caso en el que se analiza una situación similar:
“Inclusive, en un caso de similares
contornos, esta Sala de la Corte, en sentencia 22955 de 18 de junio de 2004
estimó:
“Por otra parte, como surge de la sinopsis
del fallo impugnado, la conclusión del Tribunal se soportó, en esencia, en su
argumento según el cual lo planteado por la actora es improcedente porque busca
que se le reconozca el derecho pensional que perdió a la luz de lo dispuesto en
la Ley 90 de 1946, con base en normas promulgadas con posterioridad al 9 de octubre
de 1975, pues entendió ese fallador que “nos es imposible hoy, como le fue al
juzgado de primera instancia, aplicar las normas posteriores pese a la
potencial favorabilidad para la actora…” (folio 11).
“El anterior argumento no es cuestionado
por la censura, de suerte que debe permanecer indemne como estribo del fallo
impugnado, porque como lo ha explicado en muchas ocasiones esta Sala de la
Corte, es deber inexcusable del recurrente en casación desquiciar todos los
argumentos que hayan servido de apoyo al sentenciador para adoptar la decisión
cuya anulación pretende, pues su propósito se verá frustrado si se limita a
cuestionar razonamientos distintos o a combatir sólo una parte de la
argumentación plasmada en la providencia acusada, puesto que así tenga razón en
la crítica que formula, al dejar libres de cuestionamiento los verdaderos
pilares del fallo, seguirán ellos sirviendo de cimiento a la decisión
censurada.
“Y es que en realidad lo que la recurrente
plantea en su escrito es un juicio sobre la constitucionalidad de las leyes 33
de 1973 y 12 de 1975 y del Decreto 1160 de 1989, a la luz de las normas de la
Constitución Nacional de 1886 que considera quebrantadas, cuestionamiento que,
desde luego, no es propio del recurso extraordinario de casación, porque no le
corresponde a la Corte decidir la constitucionalidad de los citados preceptos.
“Aparte de lo anterior, cumple precisar que
la impugnante igualmente alude a la sentencia de la Corte Constitucional C-309
de 1996, la cual considera que fue erróneamente apreciada por el Tribunal;
cuestión que así presentada, no puede ser elucidada por la modalidad de
violación de la ley escogida, porque, en cuanto involucra un criterio
jurisprudencial, como lo destaca el replicante, debió ser planteado por el
motivo de interpretación errónea de la ley sustancial.
“Con todo, contrariamente a lo que sostiene
la censura, el juez de la alzada no hizo mención a la citada sentencia, de modo
que no pudo haberla apreciado con error, aún cuando no sobra advertir que en
esa providencia no se hizo una confrontación de las normas acusadas por la
recurrente con la Constitución de 1886 y si bien se declaró la inexequibilidad
de parte de esas disposiciones, en lo que interesa al asunto debatido se
precisó el derecho a recuperar la pensión extinguida por haber contraído nuevas
nupcias, pero sólo respecto de las viudas que hubieren perdido el derecho a
partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, circunstancia que no
se presenta respecto de la demandante”.[64]
Como pudo evidenciarse, la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en sostener que no se puede
acceder nuevamente al disfrute de la pensión de sobrevivientes cuando ésta ha
sido suspendida, en aplicación de normas vigentes antes de la Constitución de
1991, como consecuencia de haber contraído nuevas nupcias o rehacer la beneficiaria
su vida marital.
En ese orden de ideas, debe aplicarse la jurisprudencia
de esta Corporación que ha sostenido que esta acción es procedente si aún
existiendo un medio de defensa, éste no es “eficaz, idóneo o expedito para lograr la
protección, o ésta sería tardía, más aún encontrándose la persona en una
circunstancia de debilidad manifiesta, o en insubsanable apremio en su mínimo
vital, la tutela puede tener procedencia[65]”.[66]
Lo anterior, teniendo en cuenta que ya existe una interpretación judicial
reiterada sobre el asunto que ahora le corresponde analizar a la sala y que
podría comprometer la realización de los derechos fundamentales de la actora.
Bajo este entendido, para la Sala
de Revisión, el requisito consistente en el agotamiento por la demandante de
todos los medios de defensa judicial que dispone el ordenamiento jurídico para
la defensa de los derechos de las partes, se cumple.
4.6.1.6.
A partir de estas consideraciones,
teniendo en cuenta que la acción de tutela de la referencia es procedente,
pasa la Sala a analizar el caso concreto para determinar si existe el
defecto alegado.
4.7.
EXAMEN
DEL CARGO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN EL CASO CONCRETO
Tal como se indicó en el acápite
pertinente,
a efectos de resolver el problema jurídico, le corresponde a esta Sala
establecer, si el Tribunal Superior accionado desconoció el precedente de esta
Corporación en relación con el derecho de las viudas a recibir la pensión de sobrevivientes
a pesar de haber contraído nuevas nupcias con anterioridad a la Constitución de
1991, lo anterior por cuanto esa fue la causal invocada por el Instituto de
Seguro Social para retirar de la nómina de pensión de sobrevivientes a la
señora Sofía Carvajal de Caballero.
4.7.1.
Con
relación a este punto, la Sala considera pertinente recordar brevemente lo que
ha sostenido en situaciones como la ahora analizada.
Tal como se expuso líneas arriba, el
defecto sustantivo como una circunstancia que determina la carencia de validez
constitucional de las providencias judiciales, aparece, entre otras
situaciones, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce el precedente
judicial sin justificación suficiente. Igualmente, se presenta como causal
autónoma cuando se desconocen los pronunciamientos de la
Corte Constitucional.
4.7.2.
En sentir de esta
Sala de Revisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en el
defecto autónomo de desconocimiento de precedente por decidir no
condenar al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, al pago de la
pensión de sobrevivientes solicitada por la señora Sofía Carvajal de Caballero,
la cual ya había sido reconocida y fue suspendida por el hecho de haber
contraído nuevas nupcias, desconociendo el precedente de esta Corte al respecto.
Señaló la
Sala Laboral del Tribunal de Bogotá que no era posible acceder a la prestación
solicitada ya que, por un lado, la Corte Constitucional en la sentencia C-309
de 1996 fue clara al señalar que se reconocería el derecho a aquellas viudas
que restablecieran su vida con posterioridad a julio de 1991 y por otro, aunque
en sede de tutela se ha concedido el amparo de los derechos, se ha hecho cuando
se demuestra la afectación del mínimo vital.
Bajo ese entendido, consideró que en el
caso puesto a su consideración la demandante había adquirido y perdido el
derecho antes de 1991, bajo la vigencia del Decreto 3041 de 1966 y no logró
demostrar que su situación económica fuera precaria y se estuviera afectando su
mínimo vital. No obstante reconocer el estado de salud de su actual compañero
de vida. En consecuencia, revocó la decisión del juez 18 Laboral del Circuito y
absolvió a Colpensiones.
4.7.3.
Como quedó
señalado en la parte considerativa de esta providencia, esta Corte ha sido
reiterativa en señalar que existe afectación de los derechos fundamentales al
libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad cuando se sustrae a la
viuda del disfrute de su derecho a la pensión de sobrevivientes por haber
contraído nuevas nupcias o empezar vida marital. Así, en la sentencia C-309 de
1996, la Corporación manifestó:
“No se requieren de muchas elucubraciones
para concluir que la condición resolutoria viola la Constitución Política. La
mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a
perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su
libertad”
(…)
“La norma legal que asocie a la libre y
legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación
marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se
convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y
autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su
personalidad, sin ninguna justificación como quiera que nada tiene que ver el
interés general con tales decisiones personalísimas”.
Aunque en un principio, los
pronunciamientos proferidos en control abstracto hacían referencia a la
protección de aquellas personas que rehicieron su vida sentimental con
posterioridad a la Constitución de 1991, esta Corporación hizo extensivo sus
efectos a aquellas que lo hicieron con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Carta Política.
En este punto, es conveniente recordarle
a la Sala Laboral del Tribunal superior de Bogotá, que, contrario a lo
interpretado por ella, el amparo de los derechos invocados no se han dado
únicamente cuando se demuestra una afectación del mínimo vital, sino que los
argumentos expuestos en las diferentes providencias, entre ellas, las
sentencias C-1126 de 2004, T-702 de 2005, T-693 de 2009 y C-121 de 2010,
tuvieron como sustento el hecho de que a la luz de la Carta Política de 1991,
ningún derecho, incluida esta prestación que además tiene el carácter de
vitalicia, puede perderse por ejercer de manera legítima el libre desarrollo de
la personalidad y contraer nuevas nupcias o hacer nuevamente vida marital.
De manera que, viéndose afectados los
derechos a la igualdad, el libre desarrollo a la personalidad y, en este caso,
el mínimo vital de la accionante, es perfectamente aplicable al asunto sometido
a consideración el precedente fijado por esta Corte Constitucional al caso de
la señora Carvajal de Caballero.
4.7.4.
Ahora bien, en el
presente caso el Instituto de Seguro Social en la Resolución 19949 del 28 de
mayo de 2012 dio respuesta a la petición de la accionante manifestando:
“Que de conformidad con lo señalado por
el Decreto 3041 de 1996 norma aplicable al momento de contraer segundas nupcias
la señora MARÍA SOFIA CARVAJAL DE CABALLERO, es claro que la normatividad
vigente para ese momento contemplaba el retiro unilateral por parte del ISS de
las pensiones de sobrevivientes para aquellos beneficiarios de sobrevivencia
que contrajeran nuevas nupcias, por lo tanto al encontrarse la señora MARIA
SOFIA CARVAJAL DE CABALLERO, inmersa dentro de la situación señalada por la
normatividad era obvio que el ISS retirará la prestación reconocida.
Que por lo anterior es claro informar que
en el caso de la beneficiara MARIA SOFIA CARVAJAL DE CABALLERO, perdió el
derecho a la pensión reconocida en aplicación del Decreto 3041 de 1996”.
De lo antes transcrito, se puede entender
que el Instituto invoca el Decreto 3041 de 1966, vigente para la fecha en que
la accionante contrajo nuevamente matrimonio (junio de 1985), para justificar
el retiro unilateral de la nómina de pensionados a aquellas beneficiarias que
contrajeran nuevas nupcias[67].
Al realizar una cuidadosa lectura del
citado decreto -especialmente del capítulo tercero que regula las prestaciones
en caso de muerte[68]-,
la Corte no advierte dicha facultad, razón por la que, en principio, el
Instituto de Seguro Social estaría actuando de manera arbitraria al justificar
su proceder en un decreto que no lo autoriza para retirar unilateralmente a la
señora Sofía Carvajal de Caballero de la nómina de pensionados como beneficiara
de la pensión de sobrevivientes de su difunto esposo, Germán Caballero
Piedrahita.
En tal virtud, su actuación no se
encontraría respaldada por norma jurídica alguna y por tanto, la accionante
Sofía Carvajal de Caballero tendría derecho a ser incluida nuevamente en nómina
y recibir el pago de su pensión de sobrevivientes.
4.7.5.
No obstante y en
gracia de discusión, ha entendido esta Sala que el Seguro Social, cuando se
refiere a “que la normatividad vigente para ese momento contemplaba el
retiro unilateral por parte del ISS de las pensiones de sobrevivientes” a
efectos de negar el reingreso a nómina de pensión de sobrevivientes de la
accionante, acogió lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1973[69],
norma vigente para esa misma época en que se retiró de la nómina a la señora
Carvajal (en 1985), que dispone:
“Artículo
2º.- El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo anterior, se
pierde cuando por culpa de la viuda, los cónyuges no viven unidos en la época
del fallecimiento del marido, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga
vida marital.”
En este orden de ideas, la Sala encuentra
que esta causal fue retirada del ordenamiento jurídico a raíz de la decisión
tomada en sentencia C-309 de 1996, previamente citada, al declarar inexequibles
las siguientes expresiones: “o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o
haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 33 de 1973;(…)”, por
considerar:
“No duda la Corte que al entrar en
vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a
la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas
nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con
sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de
inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo
familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por
la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más
cuando en 1993 se expide la ley 100, que elimina la susodicha condición, pero
deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del
nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se
ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite
identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro
de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de
justificación objetiva y razonable.
La causa de que al momento de promulgarse
la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la ley 100 de
1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad
de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto,
deberá declararse inexequible.”
Por lo tanto, el presupuesto de derecho
que sustenta la decisión adoptada en la Resolución 19949 de 2012 desapareció
del ordenamiento jurídico por ser considerada violatoria de los derechos
fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
4.7.6.
En este
entendido, el citado acto administrativo carece de fuerza ejecutoria al haber
operado la figura del decaimiento del acto administrativo,[70] de conformidad
con el artículo 91 del Código Contencioso Administrativo que consagra:
“Pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en
firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos
provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos
de hecho o de derecho. (…)”
4.7.7.
De acuerdo con lo
anterior, es claro para esta Sala de Revisión que en el presente caso, la
accionante Sofía Carvajal de Caballero adquirió su derecho pensional de
conformidad con el Decreto 3041 de 1966, normatividad vigente para esa época,
en el año de 1982. Posteriormente, y como consecuencia de la aplicación de una disposición
anterior como el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, que contemplaba una condición
resolutoria del derecho pensional, la cual era contraer nuevas nupcias, pierde
su derecho en el año de 1985.
En la actualidad, la citada causal fue
declarada inexequible por esta Corporación, razón por la que es claro que la
actora tiene derecho a la pensión de sobrevivientes.
En
este contexto, no es aceptable el argumento expuesto por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al desconocer el precedente de
esta Corte, según el cual, se garantiza del disfrute del derecho de la pensión
de sobrevivientes aún, si se contrajeron nuevas nupcias con anterioridad a la
Constitución de 1991, afectando los derechos fundamentales antes señalados.
Por tanto, para esta Sala el Tribunal
Superior de Bogotá incurrió en el defecto autónomo de desconocimiento de
precedente que configura una causal de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales por pasar por alto el precedente constitucional,
conculcando de esta manera los derechos fundamentales del accionante.
4.8.
CONCLUSIONES
De conformidad con lo expuesto en los acápites
anteriores, a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 las
disposiciones legales que contemplen cláusulas resolutorias en materia
pensional, que hagan perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el
hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se consideran
abiertamente incompatibles con sus dictados.
Bajo ese entendido, la providencia judicial proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, por medio de la cual se absolvió
al Instituto de Seguros Sociales del restablecimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
de la accionante por haber contraído nuevas nupcias en 1985, desconoció el
precedente que sobre el particular ha fijado esta Corte.
Con base en lo
expuesto, esta Sala de Revisión revocará la decisión de tutela adoptada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el 6 de noviembre de 2014, que confirmó el fallo proferido por la
Sala de Casación Laboral de la
misma corporación, el 27 de agosto de 2014, mediante el cual se negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados en
la acción de tutela de la referencia. En
su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales de la señora Sofía
Carvajal de Caballero.
En consecuencia, se dejará sin efectos la
decisión adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de octubre
de 2013 y se dejará en firme la proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del
Circuito de Bogotá el 6 de agosto de 2013 dentro del proceso ordinario laboral
iniciado por Sofía Carvajal de Caballero, por las consideraciones expuestas en
esta providencia.
Adicionalmente, esta Sala ordena a
Colpensiones que deberá dar cumplimiento a la decisión del Juzgado Dieciocho
Laboral de Bogotá dentro del término improrrogable de quince (15) días,
contados a partir de la notificación de la presente providencia.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la decisión de tutela adoptada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el 6 de noviembre de 2014, que confirmó el fallo proferido por la
Sala de Casación Laboral de la
misma corporación, el 27 de agosto de 2014 mediante el cual se negó el amparo
de los derechos fundamentales invocados dentro de la acción de tutela de la
referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital, a la
seguridad social y a la vida digna de la señora Sofía Carvajal de Caballero
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de octubre
de 2013 que revocó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral
iniciado por Sofía Carvajal de Caballero, el 6 de agosto de 2013. En
consecuencia, se ORDENARÁ a Colpensiones dar cumplimiento a la decisión
del Juzgado Dieciocho Laboral de Bogotá dentro del término improrrogable de quince
(15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, por
las razones expuestas en esta sentencia.
TERCERO.- Por
Secretaría General LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36
del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-309/15.
PRECEDENTE
JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que justifiquen su
decisión (Aclaración de voto)
Un juez o tribunal puede apartarse de una decisión adoptada
por una Alta Corte para un caso de similar contenido fáctico, siempre y cuando
cumpla, en primer lugar, con el principio de transparencia que lo obliga a
reconocer dentro de su argumentación que existe un precedente del cual busca
apartarse en su decisión, y en segundo lugar, con el principio de razón
suficiente que implica que ese juez debe tener una carga argumentativa mayor
que justifique las razones por las cuales desconocerá la decisión en principio
aplicable.
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES (Aclaración de voto)
La Corte ha reconocido que tratándose
de precedentes constitucionales, su aplicación se torna ineludible para todos
los funcionarios públicos, relacionando esa fuerza vinculante al máximo nivel
jerárquico que tienen las normas de la Carta Política de las cuales dichas
decisiones determinan su contenido y alcance. Lo anterior, con fundamento en el
principio de supremacía constitucional. En conclusión, siendo uniforme la
jurisprudencia de la Corte Constitucional al establecer que los jueces
–individuales o colectivos-, no se pueden apartar de los precedentes sentados
por esta Corporación, considero que la Sentencia sobre la cual aclaro mi voto
en esta oportunidad, genera una confusión al reconocer la obligatoriedad de
“(…) las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de
las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional)”,
al mismo tiempo que reconoce la posibilidad de los jueces de apartarse de ellos
si se cumple la carga argumentativa que respete los principios de transparencia
y razón suficiente.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Genera precedente constitucional la
jurisprudencia unificada de la Corte en sede de revisión (Aclaración de voto)
En mi opinión, aquello que genera precedente constitucional es la
jurisprudencia unificada de la Corte en sede de revisión. Así, una sentencia de
tutela puede llegar a constituirse como precedente, si es la única sentencia
que ha dado respuesta a un problema jurídico determinado. Igualmente, una serie
de sentencias de tutela que reiteran una misma posición (sin caer
necesariamente en el concepto de doctrina probable, aunque puede ser un
criterio útil), constituyen el precedente constitucional sobre ese tema.
Finalmente, las providencias con expresos efectos inter comunis, se
constituyen como precedente para todos aquellos casos que cumplan con el contexto
fáctico por ellas requerido para ser aplicables
Referencia: Expediente T-4.682.444
Acción de Tutela instaurada por Sofía
Carvajal de Caballero contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el acostumbrado respeto por las providencias emitidas por esta Corporación, el suscrito Magistrado aclara su voto en
relación con los argumentos que llevaron a la Sala Séptima de Revisión de
Tutela a tomar la decisión contenida en la Sentencia T-309 de 2015. Mi
discrepancia respecto de la posición mayoritaria no tiene fundamento en el
sentido de la parte resolutiva adoptada, sino en particular, con dos
afirmaciones que realiza la providencia al analizar el precedente jurisprudencial.
A continuación, daré paso a analizar cada uno de los puntos que no comparto o
considero debían ser expuestos con mayor claridad en la Sentencia para evitar
confusión:
1.
La posibilidad
de los jueces de apartarse del precedente
De acuerdo con la Sentencia T-309 de 2015: “(…) los
jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las
decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las
jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional)
cuando éstas constituyan precedente, y/o sus propias decisiones en casos
idénticos, por el respeto del trato igual al acceder la justicia. Sin embargo,
pueden apartarse de dicho precedente, siempre que cumplan la carga
argumentativa antes descrita[[71]]
y construyendo una mejor respuesta al problema jurídico (…)”.[72] (Negrilla fuera del
texto original).
Ese argumento obedece al criterio de vinculatoriedad
relativa del precedente que ha sido expuesto por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional[73],
a la luz del cual, un juez o tribunal puede apartarse de una decisión adoptada
por una Alta Corte para un caso de similar contenido fáctico, siempre y cuando
cumpla, en primer lugar, con el principio de transparencia que lo obliga a
reconocer dentro de su argumentación que existe un precedente del cual busca
apartarse en su decisión, y en segundo lugar, con el principio de razón
suficiente que implica que ese juez debe tener una carga argumentativa mayor
que justifique las razones por las cuales desconocerá la decisión en principio
aplicable.
Considero que la forma escogida por la Sentencia para
desarrollar la mencionada regla jurisprudencial genera confusión, pues
pareciera plantear que los jueces o tribunales pueden apartarse incluso de los
precedentes desarrollados por la Corte Constitucional, lo cual resulta
contradictorio con la jurisprudencia de esta Corporación que incluso es
recogida por la Sentencia T-309 de 2015 al referirse al “Desconocimiento del
precedente constitucional como causal autónoma”[74] de la tutela contra
providencias judiciales.
Así, la Corte ha reconocido que tratándose de
precedentes constitucionales, su aplicación se torna ineludible para todos los
funcionarios públicos, relacionando esa fuerza vinculante al máximo nivel
jerárquico que tienen las normas de la Carta Política de las cuales dichas
decisiones determinan su contenido y alcance. Lo anterior, con fundamento en el
principio de supremacía constitucional.[75]
En conclusión, siendo uniforme la jurisprudencia de la
Corte Constitucional al establecer que los jueces –individuales o colectivos-,
no se pueden apartar de los precedentes sentados por esta Corporación,
considero que la Sentencia sobre la cual aclaro mi voto en esta oportunidad,
genera una confusión al reconocer la obligatoriedad de “(…) las decisiones
proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones
(ordinaria, contencioso administrativa o constitucional)”, al mismo tiempo
que reconoce la posibilidad de los jueces de apartarse de ellos si se cumple la
carga argumentativa que respete los principios de transparencia y razón
suficiente.
La confusión en que incurre la Sentencia, se deriva de
la homologación que pareciere hacer de las decisiones de las Altas Cortes en
sede ordinaria, contencioso administrativa o constitucional, desconociendo con
ello la jurisprudencia de esta Corporación que desde sus inicios ha marcado la
diferencia existente entre ellas. Al respecto, la Sentencia T-260 de 1995
sostuvo:
“Las pautas doctrinales trazadas por
esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la
Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la
normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran
o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser
la penal, la civil o la contenciosa administrativa- sino que violan la
Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha
sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina
constitucional que le corresponde fijar” (Negrilla fuera del texto
original)
Por otra parte, precisamente frente a esa distinción
entre las decisiones adoptadas por los diferentes Tribunales de cierre, y la
vinculatoriedad relativa de ellas con excepción de las proferidas por esta
Corporación, considero que la Corte debe revisitar la postura hasta el momento
asumida, en especial reconociendo el carácter autónomo que como fuente de
derecho ha venido adquiriendo la jurisprudencia.
Sobre este tema se pronunció el Tribunal
Constitucional colombiano en la Sentencia C-335 de 2008, en la que se llegó a
la conclusión que “La contradicción de la jurisprudencia sentada por las
Altas Cortes, per se, como fuente autónoma del derecho, no da lugar a
la comisión del delito de prevaricato por acción, salvo que se trate de la
jurisprudencia proferida en los fallos de control de constitucionalidad de las
leyes o que el desconocimiento de la jurisprudencia conlleve la infracción
directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de
carácter general”, realizando las siguientes consideraciones:
“De allí que, reconocerle fuerza vinculante
a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano,
lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y
económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de
mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los
ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Así
mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las
Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico
entre los particulares.
(…)
En suma, debido a las profundas
transformaciones que en los últimos años ha conocido el sistema de fuentes
colombiano se ha abandonado una concepción decimonónica de la jurisprudencia,
fundada en postulados tales como (i) el juez es un mero aplicador de normas
legales; (ii) los pronunciamientos judiciales de las Altas Cortes sólo tienen
un carácter indicativo o ilustrativo acerca de la forma como debe entenderse la
ley; y (iii) los jueces gozan de total libertad para apartarse de sus fallos
anteriores (precedente horizontal) como aquel de sus superiores jerárquicos
(precedente vertical).
De igual manera, la creación de un
sistema de precedentes constitucionales, incluso en un sistema jurídico de
origen romanista, legislado y tradición continental europea como el colombiano,
no sólo apunta a acordarle una mayor coherencia interna al mismo, garantiza de
mejor manera el principio de igualdad entre los ciudadanos y brinda elementos
de seguridad jurídica indispensables para las transacciones económicas, sino
que además asegura la vigencia de los derechos fundamentales, y por ende el
carácter normativo de la Constitución,  en la medida en que, dada el
carácter abierto que ofrecen las disposiciones constitucionales contentivas de
aquéllos, se precisa de la existencia de un entramado de precedentes que
precisen el sentido y alcance de aquéllas”.
Al tratar el tema del precedente, dos principios
confluyen: el de autonomía judicial a la luz del cual los jueces, incluso de
inferior jerarquía, puedan separarse de una decisión propia (precedente
horizontal) o adoptada por un superior (precedente vertical), siempre y cuando
realicen una argumentación contundente para demostrar que su posición resuelve
mejor el problema jurídico planteado en el caso que deben fallar. El otro
principio es el de seguridad jurídica, a la luz del cual una postura adoptada
por el máximo órgano de una jurisdicción, debe ser respeta y acatada por los
demás jueces y tribunales con el fin de proteger la expectativa que se le crea
a una persona de que su caso, al coincidir fácticamente con uno fallado de
cierta manera, sería decidido de la misma forma, garantizando así la igualdad
de trato ante los jueces.
La fórmula encontrada por la jurisprudencia
constitucional para salvaguardar esos dos principios, radica en reconocer la
obligatoriedad del precedente de las Altas Cortes, permitiendo al mismo tiempo
que un juez –individual o colectivo- pueda apartarse de él cumpliendo con una
carga argumentativa que respete los antes descritos principios de transparencia
y razón suficiente, buscando evitar la petrificación del ordenamiento.
En mi opinión, la autonomía reconocida por esta Corte
a la jurisprudencia constitucional y que deriva en la necesidad de que todos
los funcionarios públicos acaten un precedente derivado de ella, es un fenómeno
que también se identifica en las providencias de las Altas Cortes de otras
jurisdicciones. Si bien esa realidad no puede llevar a la conclusión de que el
modelo relativo del precedente que ha imperado en nuestro ordenamiento debe ser
reemplazado por uno estricto, si implica la necesidad de revisitar los
requisitos que debe cumplir la carga argumentativa expuesta por los jueces que
buscan desconocerlo, la cual debe ser más exigente, teniendo siempre presente
los principios de seguridad jurídica e igualdad.
En ese orden de ideas, considero que la Corte debe
generar el debate que le permita replantear el concepto del precedente
jurisprudencial como fuente autónoma de derecho y en ese sentido vinculante,
cuando se trata de providencias dictadas por las Altas Cortes (actuando como
órganos de cierre de su jurisdicción) haciendo más exigente la carga
argumentativa que deberá desarrollar un juez que pretenda apartarse de ellos.
2.
La
caracterización como precedente de una Sentencia adoptada por una Sala de
Revisión de tutela
En sus consideraciones, la Sentencia T-309 de 2015
concluye que se desconoce el precedente constitucional cuando: “se desconoce
el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad
o de revisión de tutela”.[76]
(Negrilla fuera del texto).
No es discutible que, por sus efectos erga omnes
las sentencias de constitucionalidad generan precedente constitucional, del
mismo modo lo hacen las sentencias de unificación adoptadas por la Sala Plena
de la Corte; pero lo que considero que no es acertado, es afirmar que las
sentencias de tutela adoptadas por las salas de revisión generen precedente per
se, pues se trata de decisiones con efectos inter partes, que
incluso pueden tener criterios y principios decisorios disímiles entre una Sala
de Revisión y otra, haciendo necesarios los mencionados pronunciamientos que la
unifiquen.
En mi opinión, aquello que genera precedente
constitucional es la jurisprudencia unificada de la Corte en sede de revisión.
Así, una sentencia de tutela puede llegar a constituirse como precedente, si es
la única sentencia que ha dado respuesta a un problema jurídico determinado.
Igualmente, una serie de sentencias de tutela que reiteran una misma posición
(sin caer necesariamente en el concepto de doctrina probable, aunque
puede ser un criterio útil), constituyen el precedente constitucional sobre ese
tema. Finalmente, las providencias con expresos efectos inter comunis,
se constituyen como precedente para todos aquellos casos que cumplan con el
contexto fáctico por ellas requerido para ser aplicables.
Por lo anterior, no comparto las afirmaciones que
sobre el precedente y los efectos que tienen las sentencias adoptadas en sede
de revisión, desarrolla el Proyecto de Sentencia.
Fecha ut supra
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Aunque la sentencia C-543 de 1992[1]
declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que
disponían la procedencia de la tutela contra sentencias ejecutoriadas, expresó
que, de forma excepcional, esta acción constitucional procedía contra
decisiones judiciales que, aunque en apariencia están revestidas de la forma
jurídica de una sentencia, en realidad implican una vía de hecho. El concepto
de vía de hecho fue desarrollado a partir de las sentencias T-079 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y T-158 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Sobre la caracterización de este
defecto, ver entre otras las sentencias T-1068 de 2006 y T-266 del 3 de abril
de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[4] Ver Sentencia T-087 de 2007 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M.P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet,
T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448
de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo.
[5] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[6] Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni
en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede
ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii)
precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente-
ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace
referencia a “la ratio decidenci por hipótesis común  a –y repetida en- una
serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de
tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y
cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales
se trata decidir (…)”. Esta acepción es el precedente entendido en el
sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia
similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que
debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y elemento muy
similares al caso que se pretende resolver.
[7] El
precedente, se diferencia del antecedente en que este último se refiere a una
decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no
significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de
fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse,
en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (Sentencia T-830 de
2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[8] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[9] Cfr. sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge
Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317 de
2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
T-209 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11] Ver entre otras, T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
T-766 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
[12] Ver, entre otras, las sentencias T-211 de
2008 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-082 de 2011 M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[13] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[14] En palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte
Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de
1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del
sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una
verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez
de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de
inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[15]En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias
SU-049 de 1999 M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de
2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-820 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo.
[16] Sobre este principio, es posible
afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente, en el deber de
un juez de fallar casos que presenten elementos fácticos y puntos en derecho
similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos que acuden a la
justicia, en virtud del respeto del principio de igualdad y la coherencia y
estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el caso en que
lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior aplicable al caso
que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura y descalificar
las otras consideraciones que han sido base de anteriores decisiones.
[17] La sentencia C-104 de 1993 con ponencia
del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida
jurisprudencial en relación con el derecho a la igualdad y las decisiones
judiciales en los siguientes términos: “El artículo 229 de la Carta debe ser
considerado con el artículo 13 idem, de tal manera que el derecho a “acceder”
igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de
ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que
tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales en situaciones
similares”.
[18] Ver sentencia T-683 de 2006 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. “La actividad judicial
supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, aspecto que
implica que el funcionario determine en cada proceso la norma que se aplicará
al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener comprensiones
diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella,
por esta razón, efectos distintos”.
[19] Cfr. Sentencia T-049 de 2007 M.P. Clara
Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[20] Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private
Law, 1, Oxford University Press, pp. 1-29 (2000). Citado
por Bernal Pulido, Carlos. “El precedente en Colombia”. Revista de derecho del
Estado. Universidad Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008).  Ver en el
mismo sentido, “American Law In a Global Context. The
Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de
una norma o situación concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema
jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión,
y la solución que se declara para el caso. Para identificar un caso como precedente:
stare decisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio decidendi (la
razón de ser de la decisión), obiter dicta (argumentos por decir que no son la
razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción
libre).“American Law In a Global Context. The
Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
[21] Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-464 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011 M.P.
Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[22] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[23] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[25] M.P. María Victoria Calle Correa.
[26] Lo mismo puede verse en sentencias T-156
de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[27] Cfr. Sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] Ver sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-230 de 2011
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[29] Ver sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[30] Ver sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[31] Sentencia SU-168 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[32] Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso el ICFES interpuso acción de tutela en contra del
Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del
Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron los
derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación
directa en las cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de
perjuicios morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias
controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de
desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y
tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de
la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas carecen de una
motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el
control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de
trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede
llegar a un grave detrimento del erario público. La Corte concede el amparo
invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo referente a
la tasación de perjuicios morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial
dictar sentencia de reemplazo.
[35] Ver además sentencias T-468 de 2003 M.P.
Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[36] En palabras de la Corte: “En síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la
ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad
y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación
de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla
de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no
justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera
tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente
diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la
administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su
interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra
del derecho de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca
de la interpretación de las normas.” Cfr.
Sentencia T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia
T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[37] De la misma forma las sentencias de
unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente
según el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte
Constitucional en sentencia C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[39] Ver sentencia
T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[40] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[41] “Artículo 2. El derecho consagrado en favor de las viudas en
el artículo anterior, se pierde cuando por culpa de la viuda, los cónyuges no
viven unidos en la época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda
contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.”
[42] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[43] M.P Hernando Herrera Vergara
[44] Por el cual se reformó el Estatuto del Personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares.
[45] Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional.
[46] Por el cual se reformó el Estatuto del Personal de Agentes de la
Policía Nacional.
[47] Por el cual se reforma el Estatuto  y el Régimen Prestacional del
Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
[48]
M.P José Gregorio Hernández Galindo
[49] Por el cual se dictaron algunas disposiciones sobre prestaciones
sociales del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional, Agentes, Soldados, Grumetes y personal civil del
Ministerio de Defensa y servidores de las entidades adscritas o vinculadas a
éste.
[50] M.P Antonio Barrera Carbonell
[51] Por el cual se reformó el Régimen Prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas,
establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado,
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.
[52] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] M.P. Manuel José Cepeda.
[54] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[55] Cfr. C-306/96, C-879/99, C-1050/00,
C-1440/00
[56] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[57] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[58] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[59] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[60] M.P. Jorge Iván Palacio.
[61] Artículo 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[62] “ARTÍCULO 86. SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO.
<Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. El nuevo
texto es el siguiente:> A partir de la vigencia de la presente ley y sin
perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán
susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento
veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.
ARTICULO
87. CAUSALES O MOTIVOS DEL RECURSO. <Artículo subrogado por el artículo 60
del  Decreto 528 de 1964. El nuevo texto es el siguiente:> En materia
laboral el recurso de casación procede por los siguientes motivos:
1.
Ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por infracción directa,
aplicación indebida o interpretación errónea.
<Inciso
modificado por el artículo 7o. de la Ley 16 de 1969. El nuevo texto es el
siguiente:> El error de hecho será motivo de casación laboral solamente
cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento
auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular <inspección
judicial>; pero es necesario que se alegue por el recurrente sobre este
punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que éste aparezca
de manifiesto en los autos.
2.
Contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación de la
parte que apeló de la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se
surtió la consulta.
3.
<Numeral derogado por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968>”
[63] Ver folios 28 a 53 del cuaderno principal.
[64] Sentencia 46476 de mayo 22 de 2013, M.P Rigoberto Echeverri Bueno.
[65] Cfr. T-304 de abril 3 de 2008,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[66] Sentencia T-439 de 2012.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[67] Ver Resolución 19949 de mayo 28 de 2012,
visible a folios 75 y 76 del cuaderno 4.
[68] ARTICULO 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional,
habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:
a.
Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las
condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el
artículo 5o para el derecho a pensión de invalidez;
b.
Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o
de vejez según el presente reglamento.
ARTICULO
21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por
ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento
(20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o
de lo que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los
aumentos dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate
de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el
treinta por ciento (30%) para cada uno.
ARTICULO
22. Cada uno de los hijos, legítimos o naturales reconocidos conforme a la ley,
del asegurado o pensionado fallecido, que sean menores de 16 años o de
cualquier edad si son inválidos, que dependan económicamente del causante;
tendrán iguales derechos a la pensión de orfandad.
El
instituto extenderá su goce hasta que el beneficiario cumpla los 18 años de
edad cuando compruebe estar asistiendo regular y satisfactoriamente a un establecimiento
educativo o de formación profesional reconocido oficialmente, y demuestre que
carece de otros medios de subsistencia.
ARTICULO
23. Si las pensiones de sobrevivientes atribuidas a los beneficiarios de un
mismo causante han sido reducidas proporcionalmente por aplicación de lo
dispuesto en la primera parte del artículo 61 de la ley 90 de 1946, y luego se
redujere posteriormente al grupo de beneficiarios por muerte o extinción del
derecho de cualquiera de sus integrantes, proporcionalmente las pensiones de
los beneficiarios restantes sin que tales pensiones reajustadas puedan
sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el artículo 21 de este
reglamento.
ARTICULO
24. Si al momento del fallecimiento, el asegurado no tuviera el número de
semanas de cotización o la densidad de cotizaciones requeridas para dejar
derecho a pensiones de sobrevivientes, se otorgará a sus herederos, una
indemnización igual a una vez el valor de la mensualidad de la pensión de
invalidez que le habría correspondido en esa fecha al causante, por cada
veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas, sin que el mínimo pueda ser
inferior a doce (12) mensualidades.
Esta
indemnización se distribuirá entre los deudos en la misma proporción en que
habría correspondido hacerlo con las pensiones de sobrevivientes.
PARAGRAFO.
Esta indemnización solamente se aplicará a los trabajadores que ingresen al
instituto por primera vez con posterioridad a los primeros tres (3) años de
iniciación del seguro de invalidez, vejez y muerte.
ARTICULO
25. Las pensiones de viudez y las de orfandad no podrán ser inferiores a los
valores que resulten de aplicar los porcentajes señalados en el artículo 21, al
monto mínimo vigente para la pensión de invalidez, según el artículo 19, salvo
en el caso de reducción proporcional contemplado en el artículo 61 de la ley 90
de 1946.
Cuando
se trate de pensiones a los ascendientes, conforme al artículo 61 de la citada
ley, el mínimo de que trata el inciso anterior se aplicará únicamente en los
casos en que se hubiere otorgado la pensión a los ascendientes sin existir
desde el comienzo viuda o hijos con derecho.
ARTICULO
26. En caso de muerte de origen no profesional del asegurado que tuviere
acreditadas no menos de cinco (5) semanas de cotización, el instituto pagará a
quien compruebe haber sufragado los gastos de entierro un auxilio funerario
igual al monto de una mensualidad del salario de base que habría servido para
determinar la pensión de invalidez, y de no inferior a cuatrocientos pesos
($400.00).
El instituto
pagará un auxilio funerario al fallecimiento de un pensionado de invalidez o de
vejez, según el presente reglamento. En este caso el auxilio será igual a una
vez el monto mensual de la pensión de que disfrutaba el pensionado fallecido,
sin que en ningún caso el auxilio pueda ser inferior a cuatrocientos pesos
($400.00).
[69] Ley que se aplicaba a trabajadores
particulares pensionados o con derecho a pensión y a empleados o trabajadores
del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho.
[70] “La existencia del acto administrativo está ligada al momento
en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión.
El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento
en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la
prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual
manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la
cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición,
condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea
de carácter general o individual.
( … )
Los
actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan
sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso
administrativa.
De
esta manera, cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se
funda un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del
mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos son
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción
en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada
establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que
bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la
desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la
vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de
nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda,
decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el
futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el
objeto del mismo.” Sentencia C-069 de 1995. MP.
Hernando Herrera Vergara.
[71] Haciendo referencia a las Sentencias T-794 de 2011 y T-082 de
2011, la Sentencia T-309 de 2015 sostiene que: “La jurisprudencia ha
precisado que el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla
de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los
siguientes requisitos: || (i) Debe hacer referencia al precedente que abandona,
lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como
si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar,
debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera
suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario
apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o
superior jerarquía (principio de razón suficiente)”.
[72] Sentencia T-309 de 2015, pág. 16.
[73] Ver Sentencia T-1029 de 2012.
[74] Sentencia T-309 de 2015, págs. 16 – 19.
[75] Ver Sentencias T-369 de 2015, SU-230 de
2015, T-783 de 2014 y T-656 de 2011, entre otras.
[76] Sentencia T-309 de 2015, pág. 19.