T-228-17
Sentencia T-228/17
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse
a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho
superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se reconoció pensión de
invalidez
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de la
pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
Esta Corporación ha señalado reiteradamente que las personas que padezcan de
enfermedades degenerativas, que
hayan conservado una capacidad laboral residual después de ser diagnosticadas y
que hayan seguido trabajando, tienen derecho a que el fondo de pensiones les
reconozca los aportes que realizaron con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez, y hasta el momento en que perdieron su fuerza
de trabajo de manera permanente y definitiva. Es decir, hasta el día en que no
pudieron seguir cumpliendo sus funciones en razón de su incapacidad y, en
consecuencia, enfrentaron la imposibilidad de proveerse un sustento económico a
partir de su participación en el mercado laboral, así como de continuar
efectuando las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Vulneración por Fondo de
Pensiones al negar reconocimiento de pensión de invalidez por no cumplir el
requisito de cotización en los tres años anteriores a la fecha en que se
estructuró estado de invalidez
DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y AL MINIMO VITAL- Orden a Fondo de Pensiones determinar si el accionante
tiene derecho a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta las semanas
cotizadas con posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez
hasta la fecha en que dejó de laborar y de hacer cotizaciones al SGSSP
Referencia:
Expedientes T-5886689 y T-5896338 (acumulados)
Expediente
T-5886689: Acción de tutela promovida por María Estrella Sandoval Silva, a
través de apoderado judicial, contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(en adelante Colpensiones), con vinculación oficiosa de la Nueva E.P.S.
Expediente
T-5896338: Acción de tutela promovida por Wilson Antonio Suárez Bustamante, a
través de apoderado judicial, contra la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección).
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los magistrados María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares Cantillo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y
previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios,
ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las siguientes decisiones judiciales:
1. Expediente T-5886689. En primera instancia, por el Juzgado Dieciséis
Civil del Circuito de Bogotá el diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis
(2016), y en segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016),
en el proceso de tutela promovido por María Estrella Sandoval Silva, a través
de apoderado judicial, contra Colpensiones.
2. Expediente T-5896338. En primera instancia, por el Juzgado Décimo
Tercero Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías el
veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016), y en segunda instancia,
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín el dos
(2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), en el proceso de tutela promovido
por Wilson Antonio Suárez Bustamante, a través de apoderado judicial, contra
Protección.
Los procesos de la referencia fueron
seleccionados y acumulados para revisión por la Sala de Selección de Tulelas
Número Doce de la Corte Constitucional, mediante auto proferido el catorce (14)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
I. ANTECEDENTES
Los expedientes seleccionados y acumulados para ser resueltos en la
presente sentencia, plantean un aspecto en común: la eventual afectación de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de los
accionantes derivada de la falta de reconocimiento de la pensión de invalidez
por el incumplimiento del requisito de cotización establecido en el artículo 1°
de la Ley 860 de 2003[1].
A continuación se hace referencia a los antecedentes de cada expediente.
1.
Expediente T-5886689. Acción de tutela de María Estrella Sandoval Silva contra
Colpensiones
La accionante
presentó acción de tutela contra Colpensiones por considerar que esta entidad
desconoció sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a
la igualdad y al debido proceso administrativo al negarle el reconocimiento de
la pensión de invalidez por no cumplir el requisito de cotización establecido
en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 (50 semanas dentro de los tres años anteriores
a la fecha de estructuración de la invalidez), sin tener en cuenta que en
aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cumple los requisitos
establecidos en el literal a. del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su
versión original[2]
y, además, realizó cotizaciones con posterioridad a la fecha de estructuración[3].
1.1. La
accionante soporta su solicitud de tutela en los siguientes hechos
1.1.1.  María
Estrella Sandoval Silva fue diagnosticada con diabetes mellitus,
hipertensión esencial, insuficiencia renal crónica y tumor maligno del
endometrio. Debido a su cuadro clínico es una persona con dependencia de
insulina y diálisis renales[4].
1.1.2.  Con
fundamento en su diagnóstico, el Grupo Médico Laboral de Colpensiones, mediante
dictamen del catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013), calificó a María
Estrella Sandoval Silva con una pérdida de capacidad laboral del 75.47% derivada
de una enfermedad de origen común, con fecha de estructuración del cinco (5) de
junio de dos mil cinco (2005), día en el que inició el tratamiento médico de diálisis[5].
1.1.3. La
accionante, a través de Colpensiones, cotizó interrumpidamente al Sistema
General de Pensiones entre el veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos
noventa y tres (1993) y el treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015)
un total de 571.14 semanas[6],
de las cuales 201.44 fueron cotizadas con posterioridad a la fecha de la
estructuración de su invalidez, como trabajadora independiente[7].
1.1.4. El
veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015) la accionante presentó ante
Colpensiones la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Por
medio de la Resolución GNR 394591 del siete (7) de diciembre de dos mil quince
(2015)[8],
la entidad accionada decidió negar el beneficio pensional argumentando que la
señora Sandoval Silva no cumplía el requisito de cotización establecido en el
artículo 1° de la Ley 860 de 2003[9].
Sin
embargo, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, estudió la solicitud
pensional de acuerdo con lo establecido en el literal b. del artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 en su versión original, concluyendo que la accionante tampoco
cumplía el requisito de cotización de 26 semanas en el año anterior al momento
en el que se produjo el estado de invalidez.
1.1.5. El
cinco (05) de agosto de dos mil dieciséis (2016) María Estrella Sandoval Silva
presentó acción de tutela contra Colpensiones por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la
igualdad y al debido proceso administrativo al negarle el reconocimiento de la
pensión de invalidez por no cumplir el requisito de cotización establecido en
el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 (50 semanas dentro de los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez), a
pesar que a su juicio cumple los requisitos establecidos en el literal a. del
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, esto es, que al momento
de producirse el estado de invalidez el afiliado se encontrara activo en el
sistema y hubiere cotizado al menos 26 semanas.
1.2. Actuaciones y decisión del juez de tutela de primera instancia
1.2.1. El ocho (08) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela presentada
por María Estrella Sandoval Silva contra Colpensiones, y decidió vincular a la
Nueva E.P.S. En su escrito de contestación, Colpensiones solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción por el desconocimiento del carácter
subsidiario de ésta. La entidad vinculada guardó silencio.
1.2.2. Mediante sentencia del diecinueve (19) de agosto del dos mil
dieciséis (2016) el referido juzgado decidió declarar improcedente el amparo de
los derechos fundamentales invocados. Señaló que la solicitud pensional presentada
por la señora Sandoval Silva fue resuelta de fondo por la entidad accionada y debidamente
notificada, sin que la accionante hubiera interpuesto los recursos legales para
controvertir la decisión. Consideró que no puede acudirse a la acción de tutela
cuando “dentro del trámite correspondiente no se han agotado todos los
medios procesales previstos, o no se ha obtenido a través de estos, decisión
favorable a los intereses del peticionario”. En ese sentido, concluyó que “la
accionante cuenta con el mecanismo de defensa judicial ordinario, ante la
jurisdicción laboral encargada de examinar detalladamente si la accionante
cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez contemplada en
el artículo 39 de la Ley 100 de 1993”[10].
Precisó que la acción de tutela tampoco procedía de manera transitoria toda vez
que no se probó en el expediente la existencia de un perjuicio irremediable.
1.3. Impugnación
La accionante, a través de su apoderado judicial, presentó escrito de
impugnación el dos (2) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Consideró que
el juez de primera instancia desconoció que padece una enfermedad de carácter
degenerativo y progresivo lo cual implica que, según el precedente
constitucional, la fecha de estructuración de la invalidez debe ser aquella en
la que existe una pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral que
le impide al afiliado seguir cotizando al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones. Por lo anterior, solicitó que se revocara la decisión impugnada y,
en consecuencia, que se reconociera a su favor la pensión de invalidez.
1.4. Decisión del juez de tutela de segunda instancia
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016), decidió
confirmar el fallo impugnado. Señaló que Colpensiones negó el reconocimiento
pensional con “fundamentos objetivos” que no pueden desvirtuarse en el
trámite de la acción de tutela, debido a su carácter excepcional y subsidiario,
por lo que le corresponde al juez especializado emitir la decisión
correspondiente. Además, sostuvo que entre la fecha en la que se negó el
reconocimiento pensional y la fecha en la que se presentó la acción de tutela
transcurrieron más de 9 meses, circunstancia que desvirtuaría la afectación al
mínimo vital de la accionante.
1.5. Pruebas aportadas por la accionante y valoradas por los jueces de
instancia
Se aportaron como pruebas al trámite de tutela los siguientes documentos:
(i) copia del poder conferido por el accionante a su apoderado con nota
de presentación personal[11],
(ii) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante[12],
(iii) copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones de María Estrella
Sandoval Silva[13],
(iv) copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido el catorce (14)
de mayo de dos mil trece (2013) por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones[14]
y (v) copia de la resolución No. GNR 394591 del siete (7) de diciembre de dos
mil quince (2015), mediante la cual Colpensiones negó el reconocimiento de la
pensión de invalidez[15].
2.
Expediente T-5896338. Acción de tutela de Wilson Antonio Suárez Bustamante
contra Protección S.A.
El accionante
presentó acción de tutela contra Protección S.A. por considerar que esta
entidad desconoció sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la igualdad y al debido proceso administrativo al negarle el
reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplir el requisito de
cotización establecido en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 (50 semanas), a
pesar de que realizó cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración de su
invalidez.
2.1. El
accionante soporta su solicitud de tutela en los siguientes hechos
2.1.1.
Wilson Antonio Suárez Bustamante, a través de Protección S.A., cotizó un total
de 182.71 semanas interrumpidamente al Sistema General de Pensiones entre el
tres (3) de abril de dos mil seis (2006) y el doce (12) de junio de dos mil
catorce (2014)[16].
2.1.2.
El veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010) el accionante sufrió un
accidente de tránsito que le ocasionó “fractura de tibia y peroné en su
pierna derecha, traumatismo cerebral, equimosis en su brazo izquierdo y pérdida
del lóbulo de su oreja derecha”. Debido al trauma cerebral, requirió de la
práctica de una neurocirugía para atender las lesiones intracraneales. Sin
embargo, el traumatismo generó “alteraciones de la memoria, del lenguaje y
del comportamiento y deterioro cognitivo leve de múltiples dominios”[17].
2.1.3.
Por solicitud de Protección S.A.[18],
la Comisión Médico Laboral de Suramericana, mediante dictamen No. 15532354 del
diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016), calificó a Wilson Antonio
Suárez Bustamante con una pérdida de capacidad laboral del 70.29% derivada de
un accidente común, con fecha de estructuración del veinte (20) de septiembre
de dos mil diez (2010) –día del accidente de tránsito-[19].
En la historia clínica del actor aportada al trámite de calificación, aparecen
las siguientes anotaciones: “21/11/2014. Pérdida progresiva de la visión por
ambos ojos, cansancio visual, disminución en la percepción de otros sentidos
como el gusto y los oídos. 26/05/2015. Cinco años del accidente de tránsito.
Secuelas neurológicas de amnesia retrograda, apraxia, cefalea crónica. Manejo
con sertralina y ácido valproico.”[20]
2.1.4.
El veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016) el accionante presentó
ante Protección S.A. la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez. Por medio de la comunicación No. CC 15532354 DS INV del diecisiete
(17) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la entidad accionada decidió negar
el beneficio pensional argumentando que el señor Suárez Bustamante no cumplía
el requisito de cotización establecido en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003[21],
ya que en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez
había cotizado solo 45.19 semanas[22],
reconociendo únicamente la devolución del cien por ciento de los aportes
realizados.
2.1.5.
El ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016) Wilson Antonio Suárez
Bustamante presentó acción de tutela contra Protección S.A., por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la igualdad y al debido proceso administrativo, al negarle el
reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplir el requisito de cotización
establecido en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 (50 semanas dentro de los
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez), pese a que realizó cotizaciones posteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez como trabajador dependiente. En su escrito de
tutela indicó que sus dos menores hijas dependen económicamente de él[23].
2.2.
Decisión del juez de tutela de primera instancia
El
Juzgado Décimo Tercero Penal Municipal de Medellín con Función de Control de
Garantías, mediante sentencia del veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis
(2016), declaró la improcedencia de la acción de tutela. Si bien
reconoció que el accionante se encuentra en una “situación de vulnerabilidad
ante su disminución de la capacidad laboral”, consideró que no probó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que ameritara una protección transitoria de sus
garantías fundamentales presuntamente vulneradas. En ese sentido, sostuvo que
la acción de tutela no se puede utilizar para sustituir la competencia que
tiene el juez ordinario para resolver las controversias de este tipo. Agregó
que tampoco se cumplía el requisito de inmediatez, dado que entre la fecha en
la que el accionante se notificó de la negación del reconocimiento pensional y
el momento en el que presentó la acción de tutela transcurrieron 5 meses,
situación que desvirtuaría la afectación de su mínimo vital.
2.3.
Impugnación
El accionante, a través de su apoderado judicial, presentó escrito de
impugnación el veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016).
Consideró que el juez de primera instancia desconoció que esta Corporación en
diferentes pronunciamientos[24]
ha indicado que los fondos de pensiones “deben tener en cuenta las
semanas de cotización que se realicen con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez”. Además, insistió en que es padre de dos
menores de edad que dependen económicamente de él y que actualmente sus
patologías le impiden desarrollar una actividad económica[25].
2.4.
Decisión del juez de tutela de segunda instancia
El
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, mediante
sentencia del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), confirmó la
sentencia impugnada con argumentos análogos. Consideró que el accionante pudo
presentar el “recurso de consideración” ante la entidad accionada pero
no lo hizo, situación que torna improcedente la acción de tutela por la falta
de agotamiento de todos los mecanismos legales. De acuerdo con lo anterior,
concluyó que la controversia planteada debía resolverse ante la jurisdicción
ordinaria laboral y la falta de prueba de un perjuicio irremediable impedía
conceder de manera transitoria el amparo[26].
3.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
3.1. Mediante oficio del diez (10) de enero de dos mil diecisiete
(2017), suscrito por la Oficial Mayor de la Secretaría de la Corte
Constitucional, fue remitido al despacho de la magistrada ponente escrito de
intervención firmado por el Gerente Nacional de Doctrina de la Vicepresidencia
Jurídica de Colpensiones en el que solicitó que se declarara la carencia actual
de objeto por hecho superado en el expediente (T-5886689).
Señaló que mediante la resolución No. GNR 36542 del primero (1°) de febrero de
dos mil diecisiete (2017), el fondo de pensiones reconoció y ordenó el pago de
la pensión de invalidez por enfermedad progresiva, degenerativa y congénita a
favor de María Estrella Sandoval Silva cuyo valor mensual asciende a la suma de
setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($737.717)[27]. Lo anterior, con
fundamento en el concepto jurídico BZ 2014 10721634 del veintiséis (26) de
diciembre de dos mil catorce (2014) de la Gerencia Nacional de Doctrina de Colpensiones[28].
3.2. Mediante oficio del veintiocho (28) de enero de dos mil diecisiete
(2017), suscrito por la Oficial Mayor de la Secretaría de la Corte
Constitucional, fue remitido al despacho de la magistrada ponente escrito del
apoderado de Wilson Antonio Suárez Bustamante (T-5896338) en el que  señala que
“[el accionante], después de haber sufrido el accidente de tránsito
que le produjo una merma de la capacidad laboral del 70.29%, tuvo la
posibilidad de ejercer una actividad laboral de manera residual a partir del
mes de Julio del año 2013 a favor del Señor Juan Camilo Osorio, en el Municipio
de Andes Antioquia, actividad laboral que consiste en empacar plátanos, y como
contraprestación percibe el pago de su Seguridad Social, de allí que ha logrado
efectuar aportes en pensión ante el fondo de pensiones Protección S.A. desde el
mes de Julio del año 2013.”[29]
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de
Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del
trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación de los casos y planteamiento del problema jurídico
2.1.
Los accionantes, a través de apoderado judicial, presentaron
acción de tutela contra Colpensiones y Protección S.A. porque
consideran que estas entidades vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso
administrativo al negarles el reconocimiento de la pensión de invalidez por no
cumplir con el requisito de cotización establecido en el artículo 1° de
la Ley 860 de 2003 (50 semanas), a pesar de que realizaron cotizaciones
posteriores a la fecha en la que, según los dictámenes de pérdida de capacidad
laboral, se estructuró de manera permanente y definitiva su estado de
invalidez.
2.2.
Cuestión previa. Carencia actual de objeto por hecho superado en el
expediente T-5886689. Acción de tutela de María Estrella Sandoval Silva contra
Colpensiones. Esta Corporación ha sostenido
reiteradamente que el hecho superado se configura cuando la situación fáctica
que motiva la presentación de la acción de tutela deja de existir o se
modifica, en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que podía
generar la amenaza de las garantías fundamentales, por lo que al desaparecer el
objeto jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela,
la protección de amparo perdería eficacia[30].
En cualquier caso, si la Corte Constitucional selecciona
para revisión un expediente de tutela en el que se configura la carencia actual
de objeto por hecho superado, resulta pertinente identificar el momento
procesal en el que se supera la amenaza o vulneración del derecho fundamental
alegado, esto, con el propósito de definir cuál debe ser su pronunciamiento. Existen
dos posibilidades: que se presente (i) antes del inicio del trámite de tutela o
en el transcurso del mismo y así lo hayan declarado los jueces de instancia o
(ii) antes de proferirse sentencia en el trámite de revisión. En el primer
supuesto, la Corte debe confirmar las decisiones sin perjuicio de que “en ejercicio de su competencia
y con el propósito de cumplir con los fines primordiales de la jurisprudencia [constitucional], realice
un examen y una declaración adicional relacionada con la materia […].”[31] En
el segundo supuesto, si se advierte que, de acuerdo al precedente
constitucional aplicable al caso, los jueces de instancia debían conceder el
amparo de los derechos fundamentales pero no lo hicieron, la decisión de la
respectiva Sala de Revisión “consistirá en revocar los fallos objeto de
examen y conceder la tutela, sin importar que no se proceda a impartir orden
alguna.”[32]
Pues bien, la Sala advierte
que el Gerente Nacional de Doctrina de Colpensiones presentó en la Secretaría
General de esta Corporación memorial de intervención solicitando que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado en el
expediente (T-5886689). Señaló que mediante la resolución
No. GNR 36542 del primero (1°) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el
fondo de pensiones reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez por
enfermedad progresiva, degenerativa y congénita a favor de María Estrella
Sandoval Silva, cuyo valor mensual asciende a la suma de setecientos treinta y
siete mil setecientos diecisiete pesos ($737.717)[33].  Por lo
anterior y debido a que el reconocimiento pensional era la única pretensión del
escrito de tutela, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado en el expediente T-5886689. No obstante, entendiendo que el supuesto
de hecho que motivó la presentación de la acción de tutela se superó en sede de
revisión y los jueces de instancia negaron el amparo pretendido, la Sala
determinará sí en
el trámite de tutela se debió conceder la protección de los derechos
fundamentales invocados por María Estrella Sandoval Silva de acuerdo al
precedente constitucional aplicable al caso concreto.
2.3. Por su parte, la Sala
advierte que en el expediente T-5896338 las circunstancias que motivaron la
presentación de la acción de tutela no han variado, por lo que si la acción de
tutela resulta procedente, la Sala revisará las actuaciones de los jueces de
instancia y determinará si Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales invocados
por Wilson Antonio Suárez Bustamante.
2.4.
Entonces, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿un
fondo administrador de pensiones desconoce los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de una persona al negarle el reconocimiento
de la pensión de invalidez por no cotizar las semanas exigidas en el artículo
1° de la Ley 860 de 2003 en los tres años anteriores a la fecha en la que,
según el dictamen de pérdida de capacidad laboral, se estructuró de manera
permanente y definitiva su estado de invalidez, a pesar de que con
posterioridad a la misma realizó aportes al sistema pensional?
2.5. Después de verificar la procedencia de las acciones de tutela objeto
de revisión, la Sala (i) identificará las subreglas que ha establecido
esta Corporación en relación con la pérdida permanente y definitiva de la
capacidad laboral como presupuesto para acceder la pensión de invalidez. Posteriormente,
(ii) analizará cada caso acumulado y (iii) fijará el remedio constitucional
apropiado para garantizar la protección de los derechos fundamentales
comprometidos.
3.  Las acciones de tutela presentadas por María Estrella Sandoval Silva y
Wilson Antonio Suárez Bustamante contra Colpensiones y Protección S.A.,
respectivamente, son procedentes.
3.1.   Con el fin de establecer la procedencia de las
acciones de tutela que dieron origen a las decisiones de instancia que hoy se
revisan, la Sala examinará (i) la legitimación de los apoderados judiciales de
María Estrella Sandoval Silva y Wilson Antonio Suárez Bustamante para actuar en
el trámite de tutela y (ii) el cumplimiento de los
presupuestos de subsidiariedad e inmediatez en cada caso.
3.2.   Legitimación por activa. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
toda persona tiene derecho a la acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, o de un particular, en los casos señalados por la ley. En
desarrollo del citado mandato constitucional y con el propósito de regular la
legitimidad y el interés para ejercer la acción de tutela, el artículo 10° del
Decreto 2591 de 1991 estableció que cualquier persona vulnerada o amenazada en
uno de sus derechos fundamentales puede ejercer, por sí misma o a través de
representante, la referida acción constitucional presumiéndose la autenticidad
de los poderes[34].
En el expediente T-5886689, la acción de tutela
fue presentada por el abogado Álvaro José Escobar Lozada, quien manifestó explícitamente
que actuaba en nombre y representación legal de María Estrella Sandoval Silva, aportando
al expediente el respectivo poder[35].
De otra parte, en el expediente T-5896338, la acción de tutela fue presentada por el abogado Jhon
Fredy Nanclares Rodríguez, quien indicó que actuaba como apoderado judicial de
Wilson Antonio Suárez Bustamante a través de poder especial[36]. Lo
anterior resulta suficiente para concluir que los apoderados están legitimados
para actuar y buscar la protección inmediata de los
derechos e intereses fundamentales de los accionantes.
3.3. Legitimación por pasiva. De
conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[37], “[l]a acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2° de esta ley”. En este orden de ideas, Colpensiones está legitimada
como parte pasiva en el proceso de tutela, al atribuírsele en su condición de
entidad pública la administración estatal del régimen de prima media con
prestación definida[38].
Asimismo, Protección S.A. es una administradora de fondos de pensiones y
cesantías del régimen de ahorro individual sometida al control y vigilancia por
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y que conforme al artículo
48 Superior[39],
es una entidad que presta el servicio público de seguridad social en pensiones
por lo que en el presente asunto está legitimada por pasiva en el presente
asunto (art. 86 C.P.) [40].
3.4. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución
Política consagra que la acción de tutela, debido a su carácter residual y
subsidiario, “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial […]”. No obstante, esta Corporación ha señalado que no puede
declararse la improcedencia de la acción de tutela por la sola existencia de otro
medio ordinario de defensa judicial, en razón a que el juez constitucional debe
efectuar un análisis de idoneidad y eficacia del mecanismo
dispuesto por el ordenamiento jurídico que permita concluir si éste se ocupa de
la esfera o faceta constitucional involucrada en el problema[41].
Adicionalmente, debe ser más flexible en el análisis de
procedencia cuando la persona que pretende por vía de tutela la protección de
un derecho fundamental es un sujeto de especial protección constitucional.
3.5. En relación con esta última calidad, la sentencia T-486 de 2010[42] indicó que la categoría de sujeto de especial protección
constitucional se constituye por “aquellas personas que debido
a su condición física, psicológica o social particular, merecen una acción
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva”. En
ese sentido, podría entenderse que entre los grupos de especial protección constitucional
se encuentran: “los niños, los adolescentes, los adultos mayores, [las personas en situación de
discapacidad] físic[a], síquic[a] y sensoria, las mujeres cabeza de
familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran
en extrema pobreza”[43].
Por lo anterior, resultaría desproporcionado someter a este tipo de personas
que presentan una condición de vulnerabilidad al “agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de
carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen
como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva
sus derechos fundamentales.”[44]
A propósito, la
sentencia T-533 de 2010[45] señaló que en los eventos en los que
la reclamación pensional se concreta en una pensión de invalidez, la Corte
Constitucional ha considerado que se trata de un derecho fundamental que puede
ser protegido por vía de tutela debido a dos razones fundamentales. Primero,
porque la persona se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta debido a su estado invalidante. Y segundo, porque en muchos de estos
casos, la mesada pensional constituiría “el único sustento económico con el
que contaría la persona y su grupo familiar dependiente para sobrellevar su
existencia en condiciones más dignas y justas”[46].
3.6. Por su parte, la sentencia T-074 de 2015[47] indicó que “exigir
idénticas cargas procesales [tanto a las] personas
que soportan diferencias materiales relevantes [como a las que] no se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar
discriminatorio y comportar una infracción constitucional al acceso a la
administración de justicia en igualdad de condiciones.” Además, con fundamento en lo anterior, el juez de tutela puede ordenar
de manera definitiva el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas
de una pensión, cuando a partir de las pruebas aportadas al expediente se pueda
concluir que (i) la acción ordinaria no otorgue una protección íntegra y
oportuna de las garantías constitucionales[48],
(ii) la vulneración recaiga sobre un sujeto de especial protección
constitucional que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta que
le impiden acudir a la justicia en condiciones de igualdad y procurarse los
mínimos existenciales de vida y (iii) del material probatorio aportado al
expediente de tutela se pueda inferir el cumplimiento de los requisitos
normativos para acceder a lo pretendido[49].
Resulta necesario advertir que para conceder de manera definitiva el amparo por
vía de tutela, se requiere el cumplimiento de todos los presupuestos ya
enunciados.
3.7. Con
fundamento en lo dicho, la Sala considera que las acciones de tutela presentadas
por María Estrella Sandoval Silva y Wilson Antonio Suárez Bustamante contra
Colpensiones y Protección S.A., respectivamente, son procedentes como mecanismo
de protección principal y definitiva. Conforme se desprende del expediente T-5886689,
la señora Sandoval Silva es una persona que debido a su diagnóstico médico (diabetes
mellitus, hipertensión esencial, insuficiencia renal crónica y tumor
maligno del endometrio) depende de la insulina y de las diálisis renales[50],
por lo que fue calificada con una pérdida de capacidad laboral equivalente al
75.47%[51].
Por su parte, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente T-5896338, se
tiene que el señor Suárez Bustamante sufrió un accidente de tránsito que le
ocasionó “alteraciones de la memoria, del lenguaje y del comportamiento y
deterioro cognitivo leve de múltiples dominios”[52]
y, en consecuencia, una pérdida de capacidad laboral del 70.29%[53].
3.8. Dadas
las condiciones de debilidad manifiesta de los accionantes y su calidad de
sujetos de especial protección constitucional derivada de sus limitaciones
físicas, la acción ordinaria laboral es ineficaz en la medida que no se
garantizaría de manera inmediata y oportuna la protección de sus derechos
fundamentales comprometidos, sino que se centraría en determinar si estos reúnen
o no los requisitos legales para acceder a lo pretendido. Resulta inaceptable y
desproporcionado que quien por su amplio porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y su delicado estado de salud -condiciones suficientes para afirmar que
se trata de un sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en
una condición de debilidad manifiesta- deba acudir a un proceso ordinario en procura
de obtener el reconocimiento de su pensión de invalidez.
Por lo tanto,
la Sala concluye que los accionantes reúnen unas características similares que,
de acuerdo con precedente constitucional, hacen de la acción de tutela el
mecanismo idóneo para buscar la protección de sus derechos fundamentales en
forma preferente, inmediata y definitiva. Son personas que presentan
diagnósticos médicos delicados (en el caso de María Estrella Silva Sandoval se
trata de una enfermedad degenerativa) que no cuentan con ingresos económicos
suficientes para para cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo
familiar (en el caso de Wilson Antonio Suárez Bustamante compuesto por sus dos
menores hijos).
3.9. Ahora,
los jueces de instancia, en ambos expedientes, además de sustentar el
incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad en la falta de presentación de
las acciones judiciales ordinarias, también lo hicieron respecto a la falta de
interposición de los recursos legales contra los actos administrativos que negaron
el reconocimiento pensional. En el expediente T-5886689, el Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, actuando como juez de primera
instancia, señaló que “dentro del trámite correspondiente no se han agotado
todos los medios procesales previstos, o no se ha obtenido a través de estos,
decisión favorable a los intereses del peticionario”.
Por su parte,
en el expediente T-5896338, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Conocimiento de Medellín, actuando como juez de segunda instancia, consideró
que el accionante pudo presentar el “recurso de consideración” ante la
entidad accionada pero no lo hizo, situación que a su juicio tornaba
improcedente la acción de tutela por la falta de agotamiento de todos los
mecanismos legales. Al respecto, es necesario precisar que, según el artículo
9° del Decreto 2591 de 1991[54],
no es requisito sine qua non la interposición del recurso de reposición
u otro recurso administrativo contra la decisión que negó lo pretendido para
presentar la acción de tutela. Entonces, la Sala considera que las decisiones
judiciales que hoy se revisan no se ajustan a las disposiciones contenidas en
el artículo referenciado, ya que desconocieron la posibilidad que tienen las
personas de acudir directamente al juez constitucional en todo momento sin que
sea necesario interponer previamente algún tipo de recurso.
3.10. En lo
relativo a la inmediatez, la Sala advierte que en el caso de María
Estrella Sandoval Silva la respuesta negativa de Colpensiones de reconocer la
pensión de invalidez tiene fecha del siete (7) de febrero de dos mil quince (2015)
y la acción de tutela se presentó el cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis
(2016)[55],
es decir, ocho meses después. Sin embargo, la Sala considera que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
de la accionante (sujeto de especial protección constitucional por su
disminución física) permanecía al momento en el que se presentó la
acción de tutela por lo que “su situación desfavorable como consecuencia de
la afectación de sus derechos es continua y actual.”[56] Estas circunstancias permiten concluir
que el requisito de inmediatez en el expediente T-5886689 se encuentra
satisfecho.
En cuanto al
cumplimiento del presupuesto de inmediatez en el expediente T-5896338, la Sala
observa que la respuesta negativa de Protección S.A. de reconocer la pensión de
invalidez tiene fecha del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
y la acción de tutela se presentó el ocho (08) de junio de dos mil dieciséis
(2016),[57]
es decir, dos meses y veintiún días después; término que a juicio de la Sala es
razonable.
3.11.
Superado el examen de procedibilidad, la Sala (i) identificará
las subreglas que ha establecido esta Corporación en relación con la
pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral como presupuesto para
acceder la pensión de invalidez. Posteriormente, (ii) analizará cada caso
acumulado y (iii) fijará el remedio constitucional apropiado para garantizar la
protección de los derechos fundamentales comprometidos.
4. Pérdida
permanente y definitiva de la capacidad laboral como presupuesto para acceder a
la pensión de invalidez - reiteración de jurisprudencia
4.1. El artículo 48 de
la Constitución Política señala que la seguridad social es un servicio público
de carácter obligatorio y un derecho fundamental irrenunciable, el cual debe
prestarse en los términos que establezca la ley. En desarrollo de esta norma
constitucional, el legislador expidió la Ley 100 de 1993[58], estableciendo el Sistema de Seguridad Social
Integral, dentro del cual se encuentra el Sistema General de Pensiones que
tiene por objeto garantizar a la población una protección frente a las
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
4.2. En relación con la pensión de invalidez, el
artículo 1° de la Ley 860 de 2003[59],
que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[60], dispone que
tendrá derecho a la pensión de invalidez la persona adulta que declarada
inválida por enfermedad o por accidente haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez, o el joven menor de veintiséis (26) años[61] que haya cotizado
veintiséis (26) semanas durante el año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez, o a su declaratoria.
4.3. El artículo 3° del
Decreto 1507 de 2014[62]
define la fecha de estructuración de la invalidez como la que “[…] una
persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de
cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y se
determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos”, especificando
que “[p]ara cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con
la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser
anterior o corresponder a la fecha de calificación”.
Atendiendo a una concepción social de la
discapacidad como “el resultado de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras que se les imponen y que evitan su participación
plena y efectiva en condiciones de igualdad”[63], y teniendo
presente que nuestro Sistema General de Pensiones cubre el riesgo de invalidez
superior al 50%, la Corte Constitucional ha fijado una serie de subreglas relacionadas
con la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral cuando es
producida por una enfermedad crónica, degenerativa o congénita o por un accidente
de manera paulatina y progresiva.
4.4. Esta Corporación ha señalado reiteradamente
que las personas que padezcan de enfermedades degenerativas,
que hayan conservado una capacidad laboral residual después de ser
diagnosticadas y que hayan seguido trabajando, tienen derecho a que el fondo de
pensiones les reconozca los aportes que realizaron con posterioridad a la fecha
de estructuración de la invalidez, y hasta el momento en que perdieron su
fuerza de trabajo de manera permanente y definitiva[64]. Es decir, hasta
el día en que no pudieron seguir cumpliendo sus funciones en razón de su
incapacidad y, en consecuencia, enfrentaron la imposibilidad de proveerse un
sustento económico a partir de su participación en el mercado laboral, así como
de continuar efectuando las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social.
Por tratarse de afecciones degenerativas, los
efectos de éstas se manifiestan de manera paulatina en el tiempo, lo que hace
que la fuerza de trabajo de las personas que las padecen vaya menguándose
cíclica y progresivamente. Por ello, a pesar del deterioro que causa la
enfermedad en su estado de salud, tienen momentos de capacidad productiva
después de que han sido diagnosticados, lo que les permite seguir trabajando y
cotizar hasta el momento en que su condición médica se agrava a tal punto que
no pueden continuar con sus labores. En tal sentido, la fecha en la cual
pierden la capacidad para trabajar puede ser diferente a aquella en la que fue
estructurada su invalidez, toda vez que en ese último momento no hubo una
pérdida permanente y definitiva de su capacidad y, prueba de ello, es
que con posterioridad siguieron vinculados al mercado de trabajo y efectuando
aportes al tener una capacidad laboral residual que así se los permitía.
4.5. Por lo tanto, en sede de revisión esta
Corporación ha sostenido que es inconstitucional resolver la situación pensional
de una persona que padece de una enfermedad degenerativa, crónica o congénita
con base en el dictamen de pérdida de la capacidad laboral si no se hace,
simultáneamente, un análisis sobre todas sus circunstancias personales,
laborales y de salud con el ánimo de establecer en qué momento no pudo
continuar trabajando[65].
4.6. Para resolver este tipo de controversias, a
la hora de verificar el número de semanas cotizadas al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones en los términos del artículo 1º de la Ley 860 de
2003[66],
diferentes Salas de Revisión han tomado como fecha de estructuración aquel
momento que, de conformidad con el acervo probatorio, corresponde a la pérdida
definitiva y permanente de la capacidad laboral del interesado, encontrando así
que esta puede corresponder a una fecha posterior a la consignada en el dictamen[67].
De no tenerse en cuenta las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración,
se violaría el principio de prevalencia de la realidad en materia laboral y de
seguridad social (art. 53, CP), así como la buena fe de aquellos afiliados que
padecen de una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, y que han seguido
trabajando y cotizando con la expectativa de quedar protegidos ante un mayor
riesgo de invalidez o muerte.
4.7. En la sentencia T-699A de 2007[68],
la Sala Cuarta de Revisión conoció del caso de una persona portadora de
VIH/SIDA, a quien le dictaminaron una pérdida de la capacidad laboral del
cincuenta y tres punto veinticinco por ciento (53.25%), fijándole como fecha de
estructuración de su invalidez el veinticuatro (24) de julio de dos mil tres
(2003). La Corte señaló que la pérdida definitiva y permanente de su capacidad
laboral se dio en un momento posterior debido a que el actor continuó laborando
y haciendo aportes al sistema. Consideró que “[…] es posible que, en
razón del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad, pueden darse
casos, como el presente, en los que, no obstante que de manera retroactiva se
fije una determinada fecha de estructuración de la invalidez, la persona haya
conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado con su
vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema de
seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de
calificación de la invalidez”. En consecuencia, ordenó al fondo de
pensiones accionado que reconociera la pensión de invalidez a favor del
ciudadano.
4.8. En la sentencia
T-561 de 2010[69],
la Sala Sexta de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta por una
persona que sufría una enfermedad mental de muy larga evolución, quien se
afilió al Sistema General de Pensiones desde julio de mil novecientos ochenta y
tres (1983) y cotizó de manera ininterrumpida por más de veintiún (21) años. Su
enfermedad fue calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del
cincuenta y uno punto diez por ciento (51.10%), pero al momento de practicarse
el dictamen correspondiente, se estableció que la fecha de estructuración fue
el diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos ochenta y tres (1983). Razón
por la cual, la entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de
invalidez por no haber cotizado veinticinco (25) semanas en el año anterior a su
estructuración del estado invalidante, de conformidad con la norma aplicable en
el caso específico (Decreto 3041 de 1966)[70].
La Corte consideró que la fecha de estructuración de la invalidez se había
establecido teniendo en cuenta que en ese tiempo la tutelante había sufrido un
episodio clínicamente difícil. Sin embargo, debido a que la actora continuó
aportando por más de veintiún (21) años, se consideró que no podía asumirse que
esa hubiera sido la fecha en la que perdió definitivamente su capacidad
laboral. La Sala tuvo en cuenta entonces las cotizaciones realizadas con
posterioridad y, en consecuencia, ordenó el reconocimiento y el pago de la
pensión.
4.9. Por su parte, en la sentencia T-962 de 2011[71],
la Sala Cuarta de Revisión se ocupó del caso de una persona que había perdido
el sesenta y dos punto ochenta por ciento (62.80%) de su capacidad laboral por
haber padecido poliomielitis cuando era niño, pero que, pese a las dificultades
de movilidad que le ocasionó dicha enfermedad, logró cotizar mil quinientas
cuarenta semanas (1540) hasta el momento en que no pudo desarrollar normalmente
sus funciones como consecuencia de su invalidez. Cuando solicitó su pensión de
invalidez, el fondo al que estaba afiliado se negó a su reconocimiento y pago
por considerar que no había cotizado semana alguna antes de la fecha de
estructuración, la cual había sido fijada cuando tenía siete (7) años de edad.
La Corte determinó que, por padecer de una enfermedad degenerativa y haber
realizado cotizaciones después de que aparecieron los primeros síntomas, la
fecha de estructuración debía ser modificada. Razón por la cual, la fijó para
el último día que trabajó, ordenando seguidamente el reconocimiento y el pago
de la pensión de invalidez.
4.10. En la sentencia T-886 de 2013[72],
la Sala Tercera de Revisión examinó el caso de tres (3) personas a quienes les
negaron el reconocimiento y el pago de su pensión de invalidez por no haber
acreditado cincuenta (50) semanas durante los tres (3) años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez, a pesar de que habían realizado
aportes luego de ese momento. La Corte sostuvo que “[…] para definir la fecha de la estructuración de la
invalidez, es necesario determinar con especial cuidado la incapacidad
permanente y definitiva del sujeto evaluado, en especial cuando se parte del
diagnóstico de enfermedades catalogadas como degenerativas, congénitas o
crónicas”. En los casos estudiados,
encontró que las fechas de estructuración dictaminadas no correspondían al
momento en que los accionantes perdieron definitivamente su capacidad laboral,
entre otras cosas, porque habían podido continuar desarrollando sus actividades
laborales luego de ese momento. En consecuencia, en uno de los casos
acumulados, ordenó al fondo de pensiones que determinara si el ciudadano tenía derecho a la pensión de invalidez, para
lo cual debía “tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la
fecha de la estructuración de la invalidez hasta la fecha en que efectivamente
dejó de laborar y de hacer cotizaciones al sistema general de seguridad social
en pensiones” y de concluir que en caso de que cumpliera el requisito de
las semanas cotizadas al sistema, iniciara el trámite de reconocimiento[73].
4.11. En la sentencia T-043 de 2014[74],
la Sala Novena de Revisión estudió el caso de una señora que, como consecuencia
de un trauma cerebral, tuvo una pérdida de capacidad laboral del setenta y ocho
punto setenta y cinco por ciento (78.75%), fue declarada en interdicción
judicial por incapacidad mental absoluta y no logró acceder a la pensión de
invalidez porque, a juicio del fondo de pensiones al que estaba afiliada no
había cotizado cincuenta (50) semanas durante los tres (3) años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez. Esta Corporación consideró que “existen
eventos en que el dictamen emitido por la junta de calificación se aparta de la
realidad, razón por la que el juez de tutela, con fundamento en los elementos
probatorios del asunto, debe evaluar si es determinable la fecha material o
real de configuración de la invalidez, para consecuentemente realizar el
cálculo de las semanas cotizadas con base en esa data”. Señaló que esto
ocurre cuando los diferentes comités médicos establecen como momento de
estructuración aquel en que aparece el primer síntoma de la enfermedad (o el
que se señala en la historia clínica como el instante en que se diagnosticó la
patología), sin tener en cuenta que el afiliado contaba con una capacidad
laboral residual que le permitía seguir trabajando. Después de verificar que la
accionante cotizó 50 semanas posteriores a la fecha de estructuración
establecida en el dictamen de pérdida de capacidad laboral, ordenó el
reconocimiento pensional.
4.12. En la sentencia T-294 de 2015[75],
la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de un ciudadano que fue calificado
por Colpensiones con una pérdida de capacidad laboral del 69.76% con fecha de
estructuración del veintinueve (29) de julio de mil novecientos cincuenta y
siete (1957), día de su nacimiento. A juicio del accionante, el dictamen no
tuvo en cuenta que sufrió un trauma cráneo encefálico en el 2011 que dio origen
a las dificultades para caminar. En respuesta a la solicitud pensional, el
fondo de pensiones accionado decidió negar el reconocimiento de la pensión de
invalidez. Esta Corporación señaló que en el caso concreto, se podía “determinar claramente, que luego de que el accionante
tuviese el referido accidente cráneo encefálico el día 24 de junio de 2001, su
condición de salud se fue deteriorando, al punto que debió ser objeto de
seguidas incapacidades médicas.” Por
lo tanto concluyó que es a partir del momento en el que el afiliado es remitido
o solicita una calificación de su pérdida de capacidad laboral, en que se puede
presumir que ha perdido de manera permanente y definitiva su fuerza de trabajo.
En consecuencia, ordenó el reconocimiento pensional atendiendo que la fecha de
estructuración sería aquella en la que fue elaborado el dictamen de
calificación.
4.13. Por último, en la sentencia SU-588 de
2016[76]
esta Corporación estudió el caso de un ciudadano sordomudo al que Colpensiones
le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplir el
requisito de cotización en los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de su discapacidad (día de su nacimiento). Si bien en esa
oportunidad se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, la
Sala Plena estableció una serie de subreglas aplicables para los casos en los que
las personas que pretenden el reconocimiento de la pensión de invalidez padecen
de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa. Estas subreglas están relacionadas
con el contenido de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral[77] y la
obligación que tienen las administradores de fondos de pensiones
(independientemente del régimen pensional) en este tipo de casos de verificar “(i)
que la solicitud pensional fue presentada por una persona que padece una
enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, (ii) que con posterioridad a la
fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral,
la persona cuenta con un número importante de semanas cotizadas; y, (iii) que
los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad
laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u
oficio y  que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el
fin de la persona no es defraudar al Sistema.”[78]
Agregó que de acreditarse lo anterior, la
administradora de fondos de pensiones debe elegir el momento en el que aplicará
el supuesto establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, los
requisitos para acceder al a la pensión de invalidez, que podrá corresponder a
la fecha en la que “(i) se realizó la última cotización; (ii) la de la
solicitud pensional; o (iii) la de la calificación”[79]. Esta
decisión debe fundamentarse en criterios razonables y en un análisis de cada
caso, esto, con el propósito de garantizar los derechos del afiliado. A partir del
momento que se escoja, debe realizar “el conteo hacia atrás de las 50
semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores, para determinar si la
persona tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez.”[80]
Concluyó que un fondo administrador de
pensiones vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital y a la vida digna de una persona a la que, padeciendo una enfermedad
congénita, crónica y/o degenerativa, le niega el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez por no cumplir el requisito de cotización, “omitiendo
las semanas aportadas con posterioridad a dicho momento en ejercicio de una
efectiva y probada, explotación de una capacidad laboral residual.”[81]
4.14. Sumado a lo anterior, las diferentes
Salas de Revisión han señalado que no resulta consecuente
que el sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión[82].
4.15. En suma, cuando se trata de usuarios que padecen enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas, las administradoras de fondos pensionales
(independientemente del régimen) deben verificar que (i) con posterioridad a la
fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral,
la persona cuente con un número importante de semanas cotizadas y que (ii) los
aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad
laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u
oficio y que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de
la persona no es defraudar al sistema. Cumplidos estos dos presupuestos, debe elegir el momento en el que se estructuró de manera definitiva
y permanente el estado de invalidez que podrá corresponder a la
fecha en la que se realizó la última cotización, la solicitud pensional o la
calificación de la invalidez y, a partir de ella, realizar el conteo hacía
atrás de las 50 semanas exigidas legalmente.
A continuación, la Sala analizará cada caso acumulado y fijará, de
acuerdo con las consideraciones hechas en este capítulo, los remedios
constitucionales apropiados para garantizar la protección de los derechos
fundamentales comprometidos.
5. El Juzgado Dieciséis Civil
del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá debieron conceder el amparo de los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital de María Estrella Sandoval Silva.
Caso concreto expediente T-5886689, hecho superado
5.1. Como se advirtió en el capítulo
correspondiente a la presentación de los casos y planteamiento del problema
jurídico, en el expediente T-5886689 se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, ya que el Gerente Nacional de Doctrina de Colpensiones, por
medio de la Secretaría General de la Corporación, remitió al despacho de la
magistrada ponente copia de la resolución por medio de la cual la entidad
accionada reconoció a favor de María Estrella Sandoval Silva la pensión de
invalidez por “enfermedad progresiva, degenerativa y congénita”[83]. No obstante,
entendiendo que el supuesto de hecho que motivó la presentación de la acción de
tutela se superó en el trámite de revisión, la Sala revisará, de acuerdo con
las consideraciones hechas en los capítulos de procedencia y de reiteración
jurisprudencial, los pronunciamientos de los jueces de instancia para
determinar si debieron conceder la protección de los derechos fundamentales
invocados por María Estrella Sandoval Silva.
5.2. El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá decidió
negar la protección de los derechos invocados por que a su juicio “la accionante cuenta con el mecanismo de defensa judicial ordinario,
ante la jurisdicción laboral encargada de examinar detalladamente si la
accionante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez
contemplada en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.”
Como se precisó en el capítulo de procedencia,
en los casos en los que la
reclamación pensional se concreta en una pensión de invalidez, la Corte
Constitucional ha considerado que el juicio de subsidiariedad se flexibiliza
cuando el accionante se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta debido a su estado invalidante y porque en muchos de estos
casos, la mesada pensional constituye “el único sustento económico con el
que contaría la persona y su grupo familiar dependiente para sobrellevar su
existencia en condiciones más dignas y justas”[84].
En los casos en los que, (i) la acción ordinaria no otorgue una
protección íntegra, material y oportuna de las garantías constitucionales
comprometidas[85],
(ii) la vulneración recaiga sobre un sujeto de especial protección
constitucional que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta que
le impiden acudir a la justicia en condiciones de igualdad y procurarse los
mínimos existenciales de vida y (iii) del material probatorio aportado al
expediente de tutela se pueda inferir el cumplimiento de los requisitos
normativos para acceder a lo pretendido, el amparo por vía de tutela se
concederá de manera definitiva[86].
5.3. Por su parte, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá confirmó la decisión bajo el argumento que entre la fecha en
la que se negó el reconocimiento pensional y la fecha en la que se presentó la
acción de tutela transcurrieron más de 9 meses, por lo que no se cumpliría el
requisito de inmediatez. Al respecto, de acuerdo a lo expuesto en párrafos
anteriores, las diferentes Salas de Revisión han concluido que no resulta
relevante considerar que el amparo constitucional se haya presentado
tiempo después al momento en el que inició la vulneración de los derechos
fundamentales cuando esta es continua y actual y, además, recae sobre un sujeto
de especial protección constitucional como las personas en situación de
discapacidad física[87], como ocurría en el caso
de María Estrella Sandoval Silva.
5.4. Por lo
demás, la Sala concluye que los jueces de instancia no solo debieron estudiar
de fondo la acción de tutela sino que además, según lo expuesto en el capítulo
cuarto de esta sentencia relacionado con la pérdida permanente y definitiva de
la capacidad laboral como presupuesto para acceder a la pensión de invalidez,
debieron otorgar de manera definitiva la protección de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de María Estrella
Sandoval Silva, quien padece de enfermedades degenerativas como la diabetes
mellitus, hipertensión esencial, insuficiencia renal crónica y tumor
maligno del endometrio que la hacen dependiente de la insulina y las diálisis
renales[88].
Como se
indicó en el acápite de antecedentes, la señora Sandoval Silva fue calificada con
una pérdida de capacidad laboral del 75.47% derivada de una enfermedad de
origen común, con fecha de estructuración del cinco (5) de junio de dos mil
cinco (2005), día en el que inició el tratamiento médico de diálisis[89]
y no el momento en el que perdió de manera permanente y definitiva su capacidad
laboral. Con posterioridad a la fecha de estructuración establecida en el
dictamen, la señora Sandoval Silva cotizó hasta el (31) de julio de dos mil
quince (2015) 201.44 semanas más, completando un total de 571.14 semanas[90].
En este caso era tan evidente el desconocimiento del precedente constitucional
relacionado con el deber que tienen los fondos de pensión de
contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez, cuando se trata de usuarios que padecen
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, que la misma entidad
accionada, antes de finalizar el trámite de revisión, decidió reconocer a favor
de la accionante la pensión de invalidez por “enfermedad
progresiva, degenerativa y congénita” teniendo como
momento para realizar el conteo de las 50 semanas (presupuesto contenido en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993) el día en el que emitió el dictamen de
pérdida de capacidad laboral[91].
5.5. Según lo expuesto, la Sala Primera de Revisión revocará la
sentencia del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016), proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que confirmó
la sentencia del diecinueve (19) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de
Bogotá que negó la acción de tutela presentada por María Estrella Sandoval
Silva, a través de apoderado judicial, contra Colpensiones por no cumplir el
requisito de subsidiariedad. En su lugar, concederá la protección de sus
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. También
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
6.
Protección S.A. desconoció los derechos fundamentales a la seguridad social y
al mínimo vital de Wilson Antonio Suárez Bustamante al negarle el
reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplir el requisito de
cotización en los tres años anteriores a la fecha en la que según el dictamen
de pérdida de capacidad laboral se estructuró su estado de invalidez, a pesar
que con posterioridad a la misma realizó aportes al sistema pensional. Caso
concreto expediente T-5896338
6.1.
Wilson Antonio Suárez Bustamante, a través de Protección S.A., cotizó al
Sistema General de Pensiones entre el tres (3) de abril de dos mil seis (2006)
y el doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), un total de 182.71 semanas[92].
El veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010), el accionante sufrió en un
accidente de tránsito un trauma cerebral que le ocasionó “alteraciones de la
memoria, del lenguaje y del comportamiento y deterioro cognitivo leve de
múltiples dominios”[93].
Por solicitud de Protección S.A.[94],
la Comisión Médico Laboral de Suramericana, mediante dictamen No. 15532354 del
diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016), calificó al señor Suárez
Bustamante con una pérdida de capacidad laboral del 70.29% derivado de un
accidente común, estableciendo como fecha de estructuración el (20) de septiembre
de dos mil diez (2010)[95].
La entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión de invalidez argumentando
que el afiliado no cumplía el requisito de cotización establecido en el
artículo 1° de la Ley 860 de 2003[96],
ya que en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez
había cotizado solo 45.19 semanas[97].
6.2. En el
caso objeto de revisión, la fecha de estructuración que fijó el dictamen de
pérdida de capacidad laboral fue el veinte (20) de septiembre de dos mil diez
(2010), día en el que ocurrió el accidente de tránsito. Sin embargo, este
asegura que a pesar que sus capacidades cognitivas empezaron a disminuir desde
que sufrió en el siniestro, esto no le impidió desarrollar actividades
laborales. El apoderado judicial del accionante remitió en sede de revisión un
escrito en el que especifica que “Wilson Antonio Suárez
Bustamante, después de haber sufrido el accidente de tránsito que le produjo
una merma de la capacidad laboral del 70.29%, tuvo la posibilidad de ejercer
una actividad laboral de manera residual a partir del mes de Julio del año 2013
a favor del Señor Juan Camilo Osorio, en el Municipio de Andes Antioquia,
actividad laboral que consiste en empacar plátanos, y como contraprestación
percibe el pago de su Seguridad Social, de allí que ha logrado efectuar aportes
en pensión ante el fondo de pensiones Protección S.A. desde el mes de Julio del
año 2013.”[98]
Lo anterior le permite a la Sala concluir que los aportes a pensiones del
señor Suárez Bustamante se realizaron en
ejercicio de una “efectiva y probada capacidad laboral residual” que le
permitía desempeñar la labor de empacar plátanos, descartándose así la intensión
de defraudar el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
6.3.
Además, resulta relevante advertir que en la historia clínica del actor
aportada al trámite de calificación de la invalidez, aparecen las siguientes
anotaciones: “21/11/2014. Pérdida progresiva de la visión por ambos
ojos, cansancio visual, disminución en la percepción de otros sentidos como el
gusto y los oídos. 26/05/2015. Cinco años de accidente de tránsito. Secuelas
neurológicas de amnesia retrograda, apraxia, cefalea crónica. Manejo con
sertralina y ácido valproico.”[99]
(Se destaca)
6.4.
De acuerdo con las anotaciones médicas del 2014 y 2015 hechas a la historia
clínica del señor Wilson Antonio Suárez Bustamante y la declaración hecha por
su apoderado, la Sala concluye que sus capacidades cognitivas y físicas
empezaron a disminuir paulatina y progresivamente desde el día en el que sufrió
el accidente de tránsito sin que esto implique que desde ese momento perdió de
manera permanente y definitiva su capacidad laboral. A propósito, la sentencia
T-671 de 2011[100]
señaló que “[…] existen casos en los que la fecha en que se pierde la
aptitud para trabajar, es diferente a la fecha en que comenzó la enfermedad u
ocurrió el accidente que causó ésta mengua. Lo anterior se presenta,
generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, que al ser estos
padecimientos de larga duración, su fin o curación no puede preverse
claramente, degenerativas o congénitas por manifestarse éstas desde el
nacimiento, en donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina.”
6.5.
Por lo demás, la Sala concluye que Protección S.A. debe elegir el día en el que
Wilson Antonio Suárez Bustamante realizó su último aporte al Sistema General de
Pensiones como el momento en el que debe realizar el conteo hacia atrás de las 50 semanas cotizadas
dentro de los 3 años anteriores. Lo anterior, teniendo en cuenta que en
el expediente se probó que sus capacidades cognitivas empezaron a disminuir
progresivamente y, que en virtud de la capacidad residual que conservaba, desarrolló
una actividad laboral con posterioridad a la fecha en la que, según el dictamen,
se estructuró su invalidez. Esto obliga a Protección S.A. contar, a partir de
la fecha en la que el accionante realizó su último aporte al sistema, las 50
semanas exigidas legalmente.
6.6. Sumado a lo anterior, en el expediente quedó demostrado, a
través de la copia de los registros civiles de nacimiento aportados, que el
señor Suárez Bustamante tiene dos hijas de 10 y 12 años. Aseguró en su escrito
de tutela que las menores recibían de su parte un aporte económico pero que en
la actualidad, al no poder desarrollar ninguna actividad laboral debido a sus disminuciones
cognitivas y a la ausencia de una mesada pensional, no ha podido ayudarlas. A
juicio de la Sala, esta situación refuerza la protección otorgada a favor del
actor toda vez que el reconocimiento de una mesada pensional a su favor
garantizaría, en cierta medida, el cumplimiento de sus obligaciones como padre.
6.7.
Entonces, la Sala revocará la sentencia del dos (2) de
agosto de dos mil dieciséis (2016), proferida por Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Conocimiento de Medellín que confirmó la sentencia del veintiuno
(21) de junio de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado Décimo
Tercero Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías que
negó la acción de tutela presentada por Wilson Antonio Suárez Bustamante, a
través de apoderado judicial, contra Protección S.A. por no cumplir los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez. En su lugar, concederá la protección
de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. En
consecuencia, ordenará a Protección S.A. que, en el término de cinco (5)
hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, determine si
Wilson Antonio Suárez Bustamante tiene derecho a la pensión de invalidez, para
lo cual ha de tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la
fecha de la estructuración de la invalidez hasta la fecha en que efectivamente
dejó de laborar y de hacer cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones. Y de encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al
sistema, inicie el trámite correspondiente para cancelar tal pensión,
procedimiento que no podrá exceder de un (1) mes calendario.
7. Conclusión
Cuando se trata de usuarios que padecen enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas, las administradoras de fondos pensionales
(independientemente del régimen) deben verificar que (i) con posterioridad a la
fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral,
la persona cuente con un número importante de semanas cotizadas y que (ii) los
aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad
laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u
oficio y  que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de
la persona no es defraudar al sistema. Cumplidos estos dos presupuestos, debe elegir el momento en el que aplicará el supuesto
establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, los requisitos
para acceder al a la pensión de invalidez que podrá corresponder a la fecha en
la que se realizó la última cotización, la solicitud pensional o la
calificación de la invalidez y, a partir de ella, realizar el conteo hacía atrás
de las 50 semanas exigidas legalmente.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR en el expediente T-5886689, la sentencia del seis (6) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá que confirmó la
sentencia del diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016),
proferida por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá que negó la
acción de tutela presentada por María Estrella Sandoval Silva, a través de
apoderado judicial, contra Colpensiones por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.  En su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
Segundo.-
DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en el proceso de
tutela iniciado por María Estrella Sandoval Silva, a través de apoderado
judicial, contra Colpensiones.
Tercero.-
REVOCAR en el expediente T-5896338, la sentencia del
dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), proferida por Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín que confirmó la sentencia del
veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado
Décimo Tercero Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías
que negó la acción de tutela presentada por Wilson Antonio Suárez Bustamante, a
través de apoderado judicial, contra Protección S.A. por no cumplir los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez. En su lugar, CONCEDER la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital del accionante.
Cuarto.-
ORDENAR a Protección S.A. que, en el término de cinco (5) días hábiles
contados a partir de la notificación de esta providencia, determine si Wilson
Antonio Suárez Bustamante tiene derecho a la pensión de invalidez, para lo cual
ha de tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez hasta la fecha en que efectivamente dejó de
laborar y de hacer cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. De encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al
sistema, debe iniciar el trámite correspondiente para cancelar tal pensión,
procedimiento que no podrá exceder de un (1) mes calendario.
Quinto.- Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ROCIO
LOAIZA MILIAN
Secretaria
General (e)
[1]
Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[2] Folio
25. Siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se alude al primer
cuaderno del expediente de tutela, salvo que se diga otra cosa.
[3] Folio 30.
[4] El
dictamen de pérdida de capacidad laboral del catorce (14) de mayo de dos mil
trece (2013), emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones, señala que
el diagnóstico médico de la señora María Estrella Sandoval Silva es el
siguiente: “dependencia de diálisis renal, diabetes mellitus
insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas, hipertensión
esencial (primaria), amputación traumática de un dedo del pie y tumor maligno
del endometrio”. Visible en el folio 16.
[5]
Dictamen de pérdida de capacidad laboral visible desde el folio 14 al 17.
[6] El
reporte de semanas cotizadas en pensiones de la señora María Estrella Sandoval
Silva, actualizado el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015), está
visible en los folios 6 y 7.
[7] En
su escrito de tutela, la accionante manifestó que, aun cuando su estado de
salud empeoraba cada día, la falta de recursos económicos en su núcleo familiar
la obligaban a trabajar de “manera informal”. Folio 24.
[8] La
resolución GNR 394591 del siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015),
expedida por Colpensiones, se encuentra visible en los folios 19 y 20.
[9] El
artículo 1° de la Ley 860 de 2003 establece: “Artículo  1°. El artículo 39
de la Ley 100 quedará así: Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de
invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y
acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos t res (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores al hecho causante de la misma. Parágrafo  1º. Los menores de veinte
(20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26)
semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria”.
[10] Folio 56.
[11] Folio
1.
[12]
Folio 5.
[13]
Folio 6 al 13.
[14]
Folio 14 al 18.
[15]
Folio 19 y 20
[16]
El reporte de semanas cotizadas en pensiones del señor Wilson Antonio Suárez
Bustamante, actualizado el tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014), está
visible en el folio 21.
[17]
En los folios 24 y 25 está el resumen de la historia clínica del señor Suárez
Bustamante. Siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se
alude al único cuaderno del expediente de tutela, salvo que se diga otra cosa.
[18]
En el folio 22 se encuentra visible la notificación del dictamen sobre el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral que realizó Suramericana de Seguros
al señor Suárez Bustamante. En el documento se indica: “en cumplimiento de
lo señalado por el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, el fondo de pensiones y cesantías
administrado por Protección S.A., con el fin de establecer el porcentaje de su
pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración y origen de su
invalidez, remitió su caso a la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.
con quien tiene contratado el seguro previsional.”
[19]
Dictamen de pérdida de capacidad laboral visible desde el folio 22 al 30.
[20] Folio 25.
[21]
El artículo 1° de la Ley 860 de 2003 establece: “Artículo  1°. El artículo
39 de la Ley 100 quedará así: Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión
de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y
acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración 2. Invalidez causada por
accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, Parágrafo
1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al
hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
[22]
La comunicación No. CC 15532354 DS INV del diecisiete (17) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), emitida por Protección S.A., está visible en el folio 18.
[23]
En el folio 32 del único cuaderno que conforma el expediente, se encuentra el
registro civil de nacimiento de la menor Ana Sofía Suárez Díaz en el que se registra a Wilson Antonio Suárez Bustamante como el padre y se establece que la fecha de nacimiento corresponde al
veinticuatro (24) de enero de dos mil siete (2007).  Asimismo, en el folio 33
se encuentra el registro civil de nacimiento de la menor María Celeste
Suárez Sierra en el que se registra a Wilson Antonio
Suárez Bustamante como el padre y se establece que la fecha de
nacimiento corresponde al treinta (30) de marzo de dos mil cinco (2005).
[24]
En su escrito de impugnación, el accionante citó las sentencias T-268 de 2011
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-072 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) y T-479 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[25] El escrito de impugnación se encuentra visible desde el folio 103 al
106.
[26] La sentencia se encuentra visible desde el folio 110 al 114.
[27] Folio 25 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[28]
El concepto jurídico BZ 2014 10721634 del veintiséis (26) de diciembre de dos
mil catorce (2014) de la Gerencia Nacional de Doctrina de Colpensiones
establece: “[…] b). Reconocimiento de pensiones de invalidez generadas por
enfermedades progresivas, degenerativas o congénitas. Una vez establecido que
las personas que padecen una enfermedad progresiva, degenerativa o congénita
gozan de una protección constitucional reforzada y que por tal razón, tienen
derecho a acceder a la pensión de invalidez prevista en la Ley 860 de 2003, a
partir de la fecha en la cual acreditaron los recursos previstos en la misma,
contados hasta la fecha del dictamen de pérdida de la capacidad laboral y no
hasta la fecha de estructuración  de la invalidez, para dar aplicación al
precedente judicial de la Corte Constitucional deberán tenerse en cuenta las
siguientes reglas al momento de resolverse las solicitudes de reconocimiento de
pensiones de invalidez de este grupo poblacional protegido: 1. El parámetro de
referencia para validación de requisitos legales y contabilización de semanas,
no será la fecha de estructuración de la invalidez fijada con base en el Manual
de Calificación de Invalidez (Decretos 917 de 1999 y 1507 de 2014) sino la
correspondiente a la fecha en la que se emite el dictamen de calificación que
declara la pérdida de capacidad laboral en forma permanente y definitiva. 2. La
fecha a partir de la cual procede el pago de retroactivo pensional, si para
ello hay lugar, deberá atender los siguientes criterios conforme al dictamen
que establece la pérdida de capacidad laboral (PCL) definitiva: - La fecha de
estructuración determinada en el dictamen no tendrá aplicación para efectos de examinar
la procedencia del retroactivo pensional. […] Si existen cotizaciones
posteriores a la fecha en que se expide el dictamen de calificación, el
retroactivo será calculado a partir del día siguiente en que se realizó el
último aporte […]”. Folio 24 del cuaderno de revisión de la Corte
Constitucional.
[29] Folio 17 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[30] En relación al fenómeno
de la carencia actual de objeto por hecho superado, puede observarse, entre muchas
otras, la sentencia SU-225 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), mediante la
cual la Sala Plena reiteró la posición de que cuando el hecho que motiva la
presentación de la acción de tutela desaparece o modifica, haciendo inocua la
intervención del juez constitucional, debe declararse la carencia actual de
objeto. En ese caso se presentó una acción de tutela contra un laudo arbitral
que en el transcurso del trámite de revisión fue anulado por el Consejo de
Estado, por lo que cualquier decisión de la Corte en defensa de los derechos
fundamentales habría caído en el vacío. Sin embargo, cabe
precisar que la carencia actual de objeto no se configura necesariamente por el
hecho superado o la carencia actual de objeto, sino también por cualquier otra
circunstancia que haga inocua la intervención del juez constitucional, como por
ejemplo, en la pérdida del interés del accionante en la protección de sus
derechos. En la referida sentencia de unificación se explicó  “[…] que es posible que la carencia
actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un
hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente,
la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no
surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío. A manera de ejemplo, ello sucedería en
el caso en que, por una modificación en los hechos que originaron la acción de
tutela, el tutelante perdiera el interés en la satisfacción de la pretensión
solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”. Al respecto, ver también las
sentencias T-308 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-448 de 2004 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-803 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-170 de
2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-533 de 2009 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-083 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-905 de
2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[31]
Al respecto, la sentencia T-722 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) precisó: “Resulta
pertinente, desde el punto de vista procesal, establecer una diferencia
importante en cuanto a la declaración procedente en el proceso de revisión ante
esta Corte cuando el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se
supera o cesa i.)  antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia
-como sucede en el presente caso- o en el transcurso del mismo y ii.) estando
en curso el trámite de revisión ante esta Corporación. i.) Así, pues, cuando el
fundamento fáctico del amparo se supera antes de iniciado el proceso ante los
jueces de tutela de instancia o en el transcurso de este y así lo declaran en
las respectivas providencias, la Sala de Revisión no puede exigir de ellos
proceder distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de su competencia y con el
propósito de cumplir con los fines primordiales de la jurisprudencia de esta
Corte, realice un examen y una declaración adicional relacionada con la
materia, tal como se hará en el caso sub-examine.” Esta posición ha sido
reiterada en las sentencias T-722 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-856 de
2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), SU-540 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-088 de 2008 y T-267
de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-678 de 2009 y T-139 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa), entre otras.
[32]
Al respecto, la sentencia T-722 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) señaló: “Por
su parte, cuando la sustracción de materia tiene lugar justo cuando la Sala de
Revisión se dispone a tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
ante los jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los derechos
fundamentales invocados y así no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala
respectiva de esta Corporación, de conformidad con la jurisprudencia reciente,
consistirá en revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin
importar que no se proceda a impartir orden alguna.” Esta posición ha sido
reiterada en las sentencias T-722 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-856 de
2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), SU-540 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-088 de 2008 y T-267
de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-678 de 2009 y T-139 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa), entre otras. De otra parte, la carencia actual de
objeto por daño consumado se presenta cuando “no se reparó la vulneración
del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha
ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela.”
(ver sentencia T-905 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En estos casos,
ya no es posible cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, por
lo que cualquier orden judicial resultaría inocua o caería en el vacío. Frente
al daño consumado “resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de
instancia como en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los
derechos invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos” (ver
sentencia T-060 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), para garantizar
la justicia material y proteger la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales que se desconocieron.  Por lo tanto, cuando se configura un daño
consumado, el juez constitucional no solo tiene la facultad sino el deber de
pronunciarse de fondo, y exponer las razones por las cuales se produjo un
perjuicio en cabeza del accionante, además de realizar las advertencias
respectivas para indicar la garantía de no repetición.
[33] Folio 25 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[34]
El artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 indica: “Legitimidad e interés. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[35] Folio 1.
[36] Folio 16.
[37]
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de
la Constitución Política.
[38]
El artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 indica: De la Institucionalidad de la
Seguridad Social y la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida.  […]Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del
Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social,
denominada Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto
consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación
definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos
de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca
la ley que los desarrolle. Colpensiones será una Administradora del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, de carácter público del orden nacional,
para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho
propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del
Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se
refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones. […]”
[39]
El artículo 48 de la Constitución Política establece: “La Seguridad Social
es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente
la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los
servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser
prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.”
[40]
La sentencia T-079 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) señaló que “[l]as
administradoras de fondos privados de pensiones, en tanto prestadoras del
servicio público de seguridad social, deben responder las solicitudes que les
formulen sus afiliados en relación con el reconocimiento de las prestaciones
que amparan las contingencias aseguradas por el sistema a la luz de los
referidos parámetros. Lo contrario supone, en los términos expuestos, la
infracción de los derechos fundamentales a la seguridad, al hábeas data,
derecho de petición y debido proceso administrativo.”
[41] Al
respecto la Sentencia T-222 del 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) señaló:
“No puede predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un análisis
concreto. Ello implica que el juez constitucional despliegue una carga
argumentativa a fin de determinar la procedencia de la tutela. No es dable en
un Estado Social de Derecho que un juez constitucional niegue por improcedente
un amparo constitucional sin si quiera analizar, paso a paso, el requisito de
subsidiariedad.” Véase también la Sentencia T-211 del 2009 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[42]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En esa oportunidad, esta Corporación estudió la
acción de tutela presentada por un ciudadano de sesenta y seis (66) años que
solicitó el reconocimiento y pago de pensión de vejez conforme al régimen de
transición al Instituto del Seguro Social, el cual decidió negar el
reconocimiento de la pensión aludida, argumentando que al accionante le
faltaban dos años para poder acceder al beneficio pensional. La Sala Tercera de
Revisión concluyó que la acción constitucional era improcedente en razón a la
ausencia de pruebas que de manera sumaria afirmen que el accionante cumplió con
el requisito del tiempo de servicio exigido.
[43]
Al respecto ver, las sentencias T-719 de 2003 y T-789 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-700 de 2006
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1088 de 2007 y T-953 de 2008 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-707 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-708 de
2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), entre otras.
[44]
Ver sentencia T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería). En esa oportunidad,
esta Corporación estudió la acción de tutela presentada por una persona incapaz
por invalidez absoluta, a la que el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, decidieron negarle el reconocimiento
de pensión sustitutiva de sobreviviente por no haber acreditado su hermana la
calidad de curadora. La Sala Primera de Revisión concluyó que las entidades
accionadas habían vulnerado los derechos fundamentales a la vida y al mínimo
vital de la accionante al negar el reconocimiento pensional. Al respecto,
concluyó que la peticionaria se encontraba en riesgo de sufrir un perjuicio
irremediable con motivo de los hechos que dieron lugar a la interposición de la
acción constitucional, puesto que del reconocimiento de la sustitución
pensional a la cual alegaba tener derecho depende la satisfacción de su mínimo
vital; tratándose de una persona  discapacitada, los organismos judiciales y
demás autoridades están en la obligación constitucional de proteger sus
derechos, y en particular su derecho fundamental al mínimo vital, con especial
celo y diligencia, sin oponer requisitos de tipo formal como obstáculo para
cumplir con tal deber, por consiguiente ordenó el reconocimiento pensional de
manera transitoria.
[45]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esa oportunidad, se estudió el caso de una
persona calificada con un 58.54% de pérdida de capacidad laboral con fecha de
estructuración del ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005), a quien, el
Instituto de Seguros Sociales le negó el reconocimiento de la pensión de
invalidez argumentando que no había cumplido el requisito de fidelidad al
sistema. La Corte consideró que la acción de tutela era procedente porque con
ella se pretendía proteger el derecho al mínimo vital de una persona que se
encontraba en circunstancias de debilidad manifiesta.
[46]
Esta posición ha sido reiterada en las sentencias T-016 de 2011 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-479 de 2014 y T-604 de 2014 (M.P. María Victoria
Calle Correa), entre otras.
[47]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa oportunidad, esta Corporación
estudió la acción de tutela presentada por una persona víctima de una mina
antipersonal que le había generado una pérdida de capacidad laboral del 79.95%.
Colpensiones decidió negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez para
víctima del conflicto armado, argumentando que no cumplía con los requisitos exigidos
para acceder a la pensión de vejez anticipada, concretamente no contar con
1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y 55 años de edad. La Sala Cuarta
de Revisión concluyó que la entidad accionada había vulnerado los derechos
fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la vida digna, la
igualdad y debido proceso del accionante al abstenerse de estudiar de fondo las
circunstancias particulares del actor y al aplicar un régimen legal menos
beneficioso como lo es el dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, toda vez que, una entidad encargada de administrar y reconocer
prestaciones pensionales y ayudas estatales a sujetos en condiciones de
vulnerabilidad debe procurar aplicar el régimen más favorable, teniendo en cuenta
las circunstancias de hecho relevantes. Bajo este entendido y atendiendo a que
el peticionario cumple con los cuatro (4) requisitos establecidos en el
artículo 46 de la Ley 418 de 1997  para que pueda acceder a la pensión especial
de invalidez para víctimas de la violencia, ordenó el reconocimiento pensional.
[48] Al
respecto, ver la sentencia T-354 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[49]
En ese sentido, la sentencia T-396 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
indicó: “[L]a acción de tutela procederá como mecanismo principal y
definitivo en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de
controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el caso concreto.” Esta
posición ha sido reiterada por las sentencias T-820 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-354 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-140 de
2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-491 de 2013 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-327 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-471 de
2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[50]
El dictamen de pérdida de capacidad laboral del catorce (14) de mayo de dos mil
trece (2013), emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones, señala que
el diagnóstico médico de la señora María Estrella Sandoval Silva es el
siguiente: “dependencia de diálisis renal, diabetes mellitus
insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas, hipertensión
esencial (primaria), amputación traumática de un dedo del pie y tumor maligno
del endometrio”. Visible en el folio 16.
[51]
Dictamen de pérdida de capacidad laboral visible desde el folio 14 al 17.
[52]
En los folios 24 y 25 está el resumen de la historia clínica del señor Suárez
Bustamante. Siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se
alude al único cuaderno del expediente de tutela, salvo que se diga otra cosa.
[53]
Dictamen de pérdida de capacidad laboral visible desde el folio 22 al 30.
[54] El
artículo 9° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
establece: “Agotamiento opcional de la vía gubernativa. No será necesario
interponer previamente la reposición y otro recurso administrativo para
presentar la solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos
administrativos, sin perjuicio de que ejerza directamente en cualquier momento
la acción de tutela. El ejercicio de la acción de tutela no exime de la
obligación de agotar la vía gubernativa para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.”
[55] Folio 24.
[56]
La sentencia T-1028 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) citó
varias providencias de esta Corporación en las que se concluía que no resultaba
relevante considerar que el amparo constitucional se había presentado mucho
tiempo después al momento en el que inició la vulneración de los derechos
fundamentales cuando esta vulneración permanecía en el tiempo y recaía sobre un
sujeto de especial protección constitucional como las personas en situación de
discapacidad física. Al respecto, se pueden ver las sentencias T-526 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), T654 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-692 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-593 de 2007 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-783 de 2009
(M.P. María Victoria Calle Correa), entre otras. Concretamente, la sentencia
T-593 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) señaló: “sin reparar en la dilación
en su interposición, por cuanto se trata de amparar derechos fundamentales de
sujetos de especial protección como son la accionante, en calidad de madre
cabeza de familia, y sus hijos, en condición de menores de edad, de suerte que
adjudicar la carga de acudir al juez ordinario resulta abiertamente
desproporcionado y desconocedor de los principios inherentes al Estado Social
de Derecho”. Por su parte, la sentencia T-783 de 2009 (M.P. María Victoria
Calle Correa) indicó que el fallo de instancia, que declaró la improcedencia de
la tutela por falta de inmediatez, partía “de la consideración de los
requisitos de procedencia de la acción, pero los enmarca en un transfondo que
desconoce que el beneficiario del amparo es un sujeto de especial protección,
que en todo caso, no debe cargar con las consecuencias de un probable
incumplimiento de algún requisito de forma de la acción, que dadas las
circunstancias se presenta como el único medio idóneo para garantizar sus
derechos fundamentales”.
[57] Folio 73.
[58] Por medio de la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
[59] Por medio de la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
[60] Por medio de la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
[61] Ver sentencia C-020 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa.
Unánime).
[62]
Por el cual se expide el Manual Único para la calificación de la Pérdida de la
Capacidad Laboral y Ocupacional.
[63] Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, preámbulo.
[64] Véanse
las sentencias T-699A de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-561 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-962 de 2011 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez), T-294 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-043 de 2014 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales serán explicadas en detalle en este
acápite.
[65] Véanse las Sentencias T-699A de 2007 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-561 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-962 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-886 de 2013
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-428 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa) y T-043 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales serán
explicadas en detalle en este acápite.
[66] Por medio de la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
[67] Ibídem.
[68] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[69] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[70] Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social
obligatorio de invalidez, vejez y muerte.
[71] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[72] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[73] Al
respecto, ver también las sentencias T-885 de 2011 y T-604 de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa), T-752 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-040 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-013 de 2015 y T-011 de 2016
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
[74] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[75] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[76] M.P. Alejandro Linares Cantillo. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva.
[77]
Al respecto, la sentencia SU-588 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo. A.V.
Luis Ernesto Vargas Silva) establece: “En ese sentido, (i) el dictamen de
pérdida de capacidad laboral deberá contener el porcentaje de disminución, el
origen de la patología y la fecha de estructuración; (ii) el concepto deberá
ser producto de una valoración integral y completa, la cual se deberá
fundamentar en la historia clínica, en las condiciones biológicas, psicológicas
y sociales de la persona, así como en las características propias de la
patología. Para esto, podrá consultar los documentos que considere necesarios y
apoyarse de las ayudas científicas y tecnológicas que requiera; (iii) si bien
el dictamen no es un acto administrativo, éste deberá estar debidamente
motivado. Para esto, la autoridad médico laboral deberá esgrimir todas las
razones de hecho y de derecho que la llevaron a proferir dicho concepto; (iv)
tratándose de enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas, la autoridad
médico laboral deberá observar con especial cuidado la fecha de estructuración
de la invalidez, en atención a que éste debe corresponder con el momento en el
que la persona, de manera cierta, no pudo seguir desempeñando un oficio y, (v)
se deberá garantizar el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los
interesados dentro del proceso de calificación.”
[78] Ver fundamento 44.2. de la sentencia SU-588 de 2016 (M.P. Alejandro
Linares Cantillo. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva).
[79] Ibídem.
[80] Ibídem.
[81]
Ver fundamento 45 de la sentencia SU-588 de 2016 (M.P. Alejandro Linares
Cantillo. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva).
[82]
Al respecto, ver las sentencias T-699ª de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
T-710 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-509 de 2010 (M.P. Mauricio
González Cuervo), T-671 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-799 de
2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-043 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-143 de 2013 y T-604 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-194
de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[83] Folio 24 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[84]
Esta posición ha sido reiterada en las sentencias T-016 de 2011 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-479 de 2014 y T-604 de 2014 (M.P. María Victoria
Calle Correa), entre otras.
[85] Al
respecto, ver la sentencia T-354 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[86]
En ese sentido, la sentencia T-396 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
indicó: “[L]a acción de tutela procederá como mecanismo principal y
definitivo en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de
controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el caso concreto.” Esta
posición ha sido reiterada por las sentencias T-820 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-354 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-140 de
2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-491 de 2013 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-327 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-471 de
2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[87]
La sentencia T-1028 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) citó
varias providencias de esta Corporación en las que se concluía que no resultaba
relevante considerar que el amparo constitucional se había presentado mucho
tiempo después al momento en el que inició la vulneración de los derechos
fundamentales cuando esta vulneración permanecía en el tiempo y recaía sobre un
sujeto de especial protección constitucional como las personas en situación de
discapacidad física. Al respecto, se pueden ver las sentencias T-526 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), T654 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-692 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-593 de 2007 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-783 de 2009
(M.P. María Victoria Calle Correa), entre otras. Concretamente, la sentencia
T-593 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) señaló: “sin reparar en la dilación
en su interposición, por cuanto se trata de amparar derechos fundamentales de
sujetos de especial protección como son la accionante, en calidad de madre
cabeza de familia, y sus hijos, en condición de menores de edad, de suerte que adjudicar
la carga de acudir al juez ordinario resulta abiertamente desproporcionado y
desconocedor de los principios inherentes al Estado Social de Derecho”. Por
su parte, la sentencia T-783 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa) indicó
que el fallo de instancia, que declaró la improcedencia de la tutela por falta
de inmediatez, partía “de la consideración de los requisitos de procedencia
de la acción, pero los enmarca en un trasfondo que desconoce que el
beneficiario del amparo es un sujeto de especial protección, que en todo caso,
no debe cargar con las consecuencias de un probable incumplimiento de algún
requisito de forma de la acción, que dadas las circunstancias se presenta como
el único medio idóneo para garantizar sus derechos fundamentales”.
[88]
El dictamen de pérdida de capacidad laboral del catorce (14) de mayo de dos mil
trece (2013), emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones, señala que
el diagnóstico médico de la señora María Estrella Sandoval Silva es el
siguiente: “dependencia de diálisis renal, diabetes mellitus
insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas, hipertensión
esencial (primaria), amputación traumática de un dedo del pie y tumor maligno
del endometrio”. Visible en el folio 16.
[89]
Dictamen de pérdida de capacidad laboral visible desde el folio 14 al 17.
[90]
El reporte de semanas cotizadas en pensiones de la señora María Estrella
Sandoval Silva, actualizado el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015),
está visible en los folios 6 y 7.
[91] Folio 24 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[92]
El reporte de semanas cotizadas en pensiones del señor Wilson Antonio Suárez
Bustamante, actualizado el tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014), está
visible en el folio 21.
[93]
En los folios 24 y 25 está el resumen de la historia clínica del señor Suárez
Bustamante. Siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se
alude al único cuaderno del expediente de tutela, salvo que se diga otra cosa.
[94]
En el folio 22 se encuentra visible la notificación del dictamen sobre el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral que realizó Suramericana de Seguros
al señor Suárez Bustamante. En el documento se indica: “en cumplimiento de
lo señalado por el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, el fondo de pensiones y cesantías
administrado por Protección S.A., con el fin de establecer el porcentaje de su
pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración y origen de su invalidez,
remitió su caso a la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. con quien
tiene contratado el seguro previsional.”
[95]
Dictamen de pérdida de capacidad laboral visible desde el folio 22 al 30.
[96]
El artículo 1° de la Ley 860 de 2003 establece: “Artículo  1°. El artículo
39 de la Ley 100 quedará así: Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión
de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y
acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos t res (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización
para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez. 2. Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su
fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Parágrafo  1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar
que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
[97]
La comunicación No. CC 15532354 DS INV del diecisiete (17) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), emitida por Protección S.A., está visible en el folio 18.
[98] Folio 17 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[99] Folio 25.
[100] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto. En esa oportunidad, la Sala Octava de Revisión
estudió el caso de un ciudadano que, actuando en calidad de agente oficioso de
su madre, presentó acción de tutela contra el ISS por considerar que esta
entidad vulneró su derecho fundamental a la seguridad social al establecer como
fecha de estructuración de invalidez el 13 de marzo de 1981, y no el día 27 de
febrero de 2009 momento en el cual perdió de forma permanente y definitiva su
capacidad laboral. La Corte consideró que la fecha de estructuración que fijó
el dictamen no correspondía al momento en el que la agenciada había perdido de
manera permanente y definitiva su capacidad laboral por lo que la Sala tomó
como fecha de estructuración el día en el que se practicó el dictamen. En
consecuencia, ordenó al ISS que expidiera un nuevo dictamen en el que se
corrigiera la fecha de estructuración.