T-356-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-356/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Vulneración o
amenaza de derechos fundamentales/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-La sola
inconformidad de las partes afectadas con la decisión, no resulta suficiente
para configurar una vía de hecho
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
formales
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000, ALLANAMIENTO DE
CARGOS EN LEY 906 DE 2004 Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Reiteración de
jurisprudencia
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO
PENAL-Evolución en el
sistema jurídico colombiano
SENTENCIA ANTICIPADA Y AUDIENCIA ESPECIAL-Semejanzas y diferencias
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE
LA LEY 906 DE 2004-Aplicación
para hechos acaecidos antes de su vigencia y en los Distritos Judiciales en
donde aún no ha entrado en vigor
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Elemento fundamental del debido proceso/PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD PENAL-No
distinción entre normas sustantivas y procesales
SENTENCIA ANTICIPADA DEL DECRETO 2700 DE 1991
MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Descripción normativa/SENTENCIA ANTICIPADA DEL DECRETO 2700 DE 1991
MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Semejanzas y diferencias entre la
sentencia anticipada y la audiencia especial
Existían dos instituciones procesales que guardaban
ciertas semejanzas y diferencias: la sentencia anticipada y la audiencia
especial. En cuanto a los puntos de contacto se tiene que, a diferencia de la
preclusión de la investigación y la cesación del procedimiento, estas figuras
no constituían una forma de extinción de la acción penal, porque simplemente se
trataba de abreviar la ritualidad procesal para proferir sentencia condenatoria
cuando existía mérito para ello. Mediante estas figuras se prescindía de
algunas actuaciones procesales, por ejemplo, el cierre de investigación, la
calificación formal del proceso y la audiencia pública, siendo procedente para
toda clase de delitos, pudiendo ser aplicadas por cualquier fiscal o juez.
SENTENCIA ANTICIPADA DEL DECRETO 2700 DE
1991 MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Características de la sentencia anticipada y la
audiencia especial
Los institutos procesales presentaban sus
particularidades. Así, la sentencia anticipada se caracterizaba por que (i) el
imputado renunciaba a la tramitación integral del proceso cuando aceptaba los
cargos formulados en su contra y se encontraban demostrados los presupuestos
probatorios para fundamentar sentencia condenatoria; (ii) la titularidad para
solicitar tal beneficio correspondía exclusivamente al acusado; (iii) la
petición se elevaba, en la etapa de instrucción, a partir de la resolución que
resolvía la situación jurídica al procesado, una vez se encontrara
ejecutoriada, hasta antes del cierre de la investigación, sin necesidad de que
esta providencia adquiriera firmeza, obteniendo una rebaja de pena hasta de 1/3
parte; (iv) en la etapa de juzgamiento, la solicitud podía ser elevada hasta
antes de se fijara fecha para la audiencia pública, obteniendo una rebaja de
pena de hasta 1/6 parte; (v) el procesado debía aceptar integralmente los
hechos investigados, es decir, se trataba de una confesión simple de haber
participado en el hecho; (vi) debía existir en el proceso prueba que condujera
a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado; (vii)
durante la etapa de investigación, fiscal y procesado debían suscribir un acta,
equivalente a la resolución de acusación; durante el juicio, el documento debía
ser suscrito entre el juez y el acusado; (viii) contra el acta no procedía
recurso alguno; (ix) el juez debía aprobar el acuerdo, salvo que violase
garantías constitucionales o legales, y proceder a dictar sentencia
condenatoria, la cual era impugnable. A su vez, la audiencia especial se
caracterizaba por lo siguiente (i) no existía duda acerca de la comisión del
hecho punible, no se establecía la atipicidad del mismo, no concurrían causales
de justificación o inculpabilidad, pero se presentaban dudas probatorias acerca
de la intervención en el delito o sobre la calificación de algunos de sus
elementos integrantes; (ii) la petición se elevaba a partir de la ejecutoria de
la resolución que definía la situación jurídica del procesado y hasta antes de
que se profiriera providencia que ordenara el cierre de la investigación; (iii)
en la etapa de juzgamiento era improcedente aquélla, por cuanto las posibles
dudas probatorias habían sido despejadas en la resolución de acusación; (iv) el
imputado debía aceptar su responsabilidad en el comportamiento delictivo; (v)
la audiencia terminaba con la suscripción de un acta contentivo del acuerdo
derivado de la diligencia judicial, equivalente a una resolución de acusación;
y (vi) se preveía la existencia de un control judicial sobre lo acordado tanto
en aspectos sustanciales como procesales.
SENTENCIA ANTICIPADA Y AUDIENCIA ESPECIAL
DEL DECRETO 2700 DE 1991 MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Renuncia del Estado al ejercicio del poder
de investigación y juzgamiento y al agotamiento de todos los trámites normales
del proceso por parte del imputado
A pesar de la existencia de ciertas diferencias y
matices, en la sentencia anticipada y en la audiencia especial el Estado
renuncia a seguir ejerciendo sus poderes de investigación y juzgamiento y el
imputado a que se agoten todos los trámites normales del proceso; tales
renuncias mutuas, que en el sistema acusatorio americano se conocen como plea
gulty, son factibles cuando la ritualidad subsiguiente se torna innecesaria,
por estar demostrados los presupuestos probatorios para dictar sentencia
condenatoria.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Beneficios por colaboración eficaz
Con todo, en esta codificación no se contempló un
instituto análogo a la denominada audiencia especial, basada en el consenso
entre fiscal y procesado respecto de la responsabilidad de éste. Por el
contrario, se establecieron los denominados beneficios por colaboración eficaz
acordados entre la fiscalía y las personas investigadas, juzgadas o condenadas,
en razón de la colaboración que prestara a las autoridades para “la eficacia de
la administración de justicia”, los cuales obedecían a criterios de política
criminal muy diversos a los que inspiran los mecanismos de terminación
anticipada del proceso.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE
LA LEY 906 DE 2004-Estado
actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación en normas sustantivas y
procesales
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL ACUSATORIO
E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL-Aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal para los delitos
cometidos con posterioridad a la vigencia de dicho código
SISTEMA ACUSATORIO-Parte integrante de acto legislativo
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE
LA LEY 906 DE 2004-Directrices
materia de favorabilidad
La jurisprudencia constitucional de
esta Corporación ha sentado varias directrices que interesan al análisis del
caso que aquí se plantea, en materia de favorabilidad penal, referida a la Ley
906 de 2004, así: (i) El principio de favorabilidad como parte integrante del
cuerpo dogmático de la Constitución, conserva pleno vigor y aplicabilidad
respecto de la Ley 906 de 2004, no obstante las normas de vigencia que ella
consagra, orientadas a reafirmar el principio general de irretroactividad de la
ley penal, el cual no es excluyente sino complementario de la favorabilidad;
(ii) el principio de favorabilidad conserva su vigor en todo el territorio
nacional, no obstante el método progresivo elegido para la implantación gradual
del nuevo sistema; (iii) el principio de favorabilidad rige también situaciones
de coexistencia de regímenes legales distintos, siempre que concurran los
presupuestos materiales del principio de favorabilidad, lo que implica que no
pueda ser aplicado frente a instituciones estructurales y características del
nuevo sistema y como tales sin referente en el anterior; (iv) la aplicación del
principio de favorabilidad reclama un estudio particularizado de cada caso a
fin de determinar el impacto de las normas en conflicto sobre la situación del
procesado.
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Formas de terminación anticipada del
proceso
Una lectura sistemática del nuevo estatuto procesal
penal permite deslindar dos modalidades de terminación anticipada del proceso
perfectamente diferenciadas en su estructura, consecuencias y objetivos
político criminales: (i) Los preacuerdos y negociaciones entre el imputado o
acusado y el fiscal; y (ii) la aceptación unilateral de cargos por parte
del imputado o acusado.
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA
E IMPUTADO O ACUSADO-Alcance
SENTENCIA ANTICIPADA Y ALLANAMIENTO A LOS
CARGOS-Instituciones
análogas con regulaciones punitivas diversas/SENTENCIA ANTICIPADA Y
ALLANAMIENTO A LOS CARGOS-Instituciones semejantes, similitudes predicables
en los términos del Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993 para
invocar el principio de favorabilidad.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
violación al principio de favorabilidad penal
Referencia: expediente T-1531223
Acción de tutela instaurada por Esteban
López Nuñez contra el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Tunja y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil
siete (2007).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto,
quien la preside, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de las sentencias de tutela
dictadas por las Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia.
I. ANTECEDENTES.
El accionante considera que el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, le han violado su derecho al
debido proceso por cuanto se han negado a aplicarle por favorabilidad penal lo
dispuesto en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Expone a su favor los
siguientes hechos:
1.
Asegura que desde que
entró en vigencia la Ley 906 de 2004 ha solicitado la aplicación a su caso de
lo previsto en el artículo 351 de aquélla, “por favorabilidad y según lo
normado en el artículo 29 de la Constitución Nacional”.
2.
Afirma que en el año
2005 se le dio aplicación al artículo 351 de la citada ley “a algunos casos,
por lo tanto todos los que nos acogimos a los beneficios de ley, elevamos la
respectiva petición ante las autoridades de conocimiento y ante su negativa,
agotamos los respectivos recursos. Luego la Honorable Corte Suprema de Justicia
se pronunció negativamente y desistimos del asunto”.
3.
Sostiene que el 10 de
febrero de 2006, la Corte Constitucional, en fallo de tutela 091, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, ordenó dar aplicación “al polémico artículo, basados en
esto todos los que nos acogimos a los beneficios de ley, retomamos la tarea de
solicitar dicho beneficio por favorabilidad e igualdad”. Cita a
continuación algunos casos donde se ha aplicado el principio de favorabilidad.
Con base en los anteriores hechos solicita
que en el término de 48 horas le sea redosificada la pena.
1. Respuestas de las autoridades públicas accionadas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja remitió
un oficio oponiéndose a la petición de amparo, con base en los siguientes
argumentos.
Explica que mediante auto interlocutorio núm. 065 del
18 de julio de 2006 confirmó la providencia proferida por el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante la cual se había
negado la rebaja de pena al accionante por aplicación del artículo 70 de la Ley
975 de 2005 y aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por
haber sido ya decididas en providencias anteriores, ordenándose estarse a lo
dispuesto en las mismas.
Argumenta que para la decisión que negara la rebaja de
pena del 10% previsto en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y la aplicación
del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, se tuvo en cuenta argumentos diferentes
a los expuestos en primera instancia, “los que solicito sean valorados en la
decisión de la acción de tutela, considerando que en los mismos no se ha
incurrido en vía de hecho que haga viable la procedencia de aquella”.
De igual manera, el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Tunja se opuso a la solicitud de tutela, por
las siguientes razones:
Sostiene que el despacho vigila el cumplimiento de la
pena impuesta al accionante por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de
Belén de Andaquíes, de fecha 4 de marzo de 1994, por los delitos de homicidio
agravado en concurso con hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y
concierto para delinquir, sanción que asciende a 25 años y un mes de prisión,
pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, así como al
pago de perjuicios a favor de los herederos de cada uno de los occisos,
equivalente a 250 gramos oro.
La anterior sentencia fue modificada por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Florencia, en fallo del 27 de mayo de 1994,
providencia en la cual se decidió aumentar la pena a 28 años y 5 meses de
prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años y al pago de
perjuicios por valor de 250 gramos oro, a favor de los herederos del señor
Ramiro Guillén Betancourt.
Posteriormente, la pena fue redosificada por el
Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante
auto de fecha 15 de junio de 2002, disponiendo que debía cumplir una pena de 18
años y 5 meses de prisión.
Comenta que dentro de la causa el accionante registra
períodos de privación de la libertad, al igual que fugas, de la siguiente
manera “22 de octubre de 1993 al 22 de mayo de 1998 (1ª fuga), equivalente a
cuatro (4) años y siete (7) meses. Capturado nuevamente el 7 de abril de 1999
al 17 de abril de 2001 (2ª fuga); equivalente a dos (2) años y diez (10) días”.
Explica que el Despacho avocó conocimiento de la causa, y vigila el
cumplimiento  de la pena, desde el 4 de marzo de 2003.
Asegura haber resuelto múltiples peticiones elevadas
por el accionante en relación con la aplicación del artículo 351 de la Ley 906
de 2004. Sobre el particular explica que mediante auto del 10 de agosto de 2005
se le negó al actor la rebaja solicitada; auto que fue notificado personalmente
al señor Esteban Nuñez López el 16 de agosto de 2005, así como al Ministerio
Público. Dicho auto fue objeto de recurso de apelación por parte del agente de
la Procuraduría. El Tribunal Superior de Tunja, mediante decisión del 24 de
noviembre de 2005, confirmó el fallo apelado.
Luego de hacer este recuento, el Juzgado accionado
sostiene que la acción de tutela no está llamada a prosperar por cuanto su caso
no se ajusta a lo resuelto en sentencia T-091 de 2006, ya que “esta
Corporación tan sólo asimiló la figura de la sentencia anticipada (art. 40 en
la etapa instructiva) con el artículo 351 y 288.3 de la Ley 906, sólo y solo
sí, el procesado aceptaba el pliego de cargos en el transcurso de la audiencia
de imputación. Situación que no se da en el asunto en examen”.
Por último, sostiene que la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera vía en los procesos penales.
2. Decisión de Primera Instancia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia del 20 de septiembre de 2006, negó el amparo solicitado por
las siguientes razones.
Sostiene que la acción de tutela deviene improcedente
frente a las interpretaciones razonables que de la ley realicen los operadores
jurídicos, en tanto el juez constitucional debe respetar el principio de
autonomía funcional.
En relación con la aplicación del artículo 351 de la
Ley 906 de 2004 reitera lo decidido en sentencia de tutela del 13 de septiembre
de 2005 (radicado 22.298), según la cual “cuando un problema jurídico admite
varias y diferentes soluciones, todas válidas, la selección que el juez hace de
una de ellas no puede ser reprochada a través de la acción de tutela, porque
afectaría la independencia y autonomía que a la función judicial le reconocen
los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. Desde luego, ninguna de
esas varias posibilidades hermenéuticas puede calificarse como arbitraria,
subjetiva, abusiva o, en fin, constitutiva de una vía de hecho, sino como
opciones plausibles de solución del problema jurídico”.
El Magistrado Mauro Solarte Portilla aclaró su voto
por cuanto “en mi sentir la terminación prematura del proceso en la ley 906
de 2004 puede darse bien bien por la simple manifestación unilateral de los
cargos por parte del imputado, sin ningún tipo de condicionamientos a la
imputación; ora como producto de una verdadera negociación entre este y la
fiscalía. Es decir, a mi juicio se trata de institutos diversos, que deben
tener un desarrollo procesal también diferente. No se necesita del segundo para
el perfeccionamiento del primero”. Asegura que su posición mira a los
sistemas como un conjunto, al entorno normativo, a su génesis y teleología. De
allí que la ley 906 de 2004 no pueda ser comprendida sin tomar en consideración
la ley 890 de 2004, en tanto que componentes del sistema acusatorio.
Concluye afirmando que comparte la posición de la Sala
en el sentido de que el amparo era improcedente por cuanto se trataba de una
cuestión discutible, que no porque no se comparta, significa que la decisión
ameritada “no corresponda a la delicada misión constitucionalmente asignada
a los jueces de apreciar y valorar la prueba recaudada, y asimismo interpretar
y aplicar las disposiciones normativas insertas en el ordenamiento jurídico,
como se indica en el fallo”.
De igual manera, los Magistrados Marina Pulido de
Barón y Julio Enrique Socha Salamanca salvaron sus votos con base en los
siguientes argumentos:
Afirman que si la Sala ha orientado su criterio hacia
la aplicación favorable de normas contenidas en el nuevo estatuto procesal
penal a actuaciones adelantadas bajo la égida de la Ley 600 de 2000, siempre
que se trate de disposiciones de carácter sustancial que regulen de manera más
benigna al procesado institutos análogos, “no encontramos razón plausible
para no proceder a ello cuando la jurisdicción se encuentra frente a figuras de
terminación abreviada del proceso que con diferente nombre, pero con igual
esencia, aparecen consagradas en las dos codificaciones adjetivas penales”.
Afirman que ambas figuras, es decir, la aceptación de
cargos y el sometimiento a sentencia anticipada, ostentar similar naturaleza,
razón por la cual merecen idéntico tratamiento punitivo. Al respecto explican
que la nueva codificación procesal distingue entre los preacuerdos y la
aceptación unilateral de responsabilidad penal, sin que sea viable asimilarlas
porque mientras el allanamiento supone un acto unilateral, los acuerdos deben
irrumpir como fruto de una aproximación entre partes, en este caso Fiscalía e
imputado, a partir del cual se conviene ya en los términos de la acusación, ora
en la cantidad de pena a imponer, todo a condición de que se acepte
responsabilidad.
Así pues, argumentan que se trata de dos modalidades
diversas de terminación abreviada del proceso, como se extrae del artículo 293
de la Ley 906 de 2004. En tal sentido, la aceptación de “los cargos
determinados en la audiencia de formulación de imputación”, a que se
refiere el artículo 351 y que da lugar a una rebaja de hasta la mitad de la
pena, “acuerdo que se consignará en el escrito de acusación” sólo  puede
entenderse referida a los eventos en que, fruto de una aproximación, Fiscalía e
imputado preacuerden que el primero otorgue una rebaja, elimine un cargo o una
agravante o presente la acusación con miras a la disminución de la pena, a
cambio de que el segundo acepte los cargos, consenso que puede intentarse entre
ellos desde cuando se formula la imputación y hasta antes de que se presente la
acusación, términos éstos que son los que se consignan como escrito de
acusación, sin que se vea cómo tal procedimiento resulta extensivo al
allanamiento a la imputación, que no implica ningún previo consenso en cuanto
al monto de la rebaja que corresponde dosificar al juez dentro de ese margen en
que se mueve su discrecionalidad, desde luego no absoluta, sino sustentada en
consideraciones razonables.
Por último, el Magistrado Alfredo Gómez Quintero salvó
su voto por compartir lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia T-
091 de 2006.
3. Impugnación.
En el texto impugnatorio el accionante
simplemente manifiesta que impugna la decisión.
4. Decisión de segunda instancia.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia del 23 de noviembre de 2006, confirmó la decisión del a
quo por cuanto la acción de tutela no puede dar lugar a reabrir asuntos ya
decididos en procesos judiciales, ya que se desconocería el instituto de la
cosa juzgada, además de los principios de la autonomía e independencia
judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 33, 34 y 35 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar y decidir la presente acción
de tutela.
2. Problemas jurídicos.
Corresponde en esta oportunidad a la Sala resolver si
unos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad incurrieron en una
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
por haberle negado a un condenado: (i) la aplicación de principio de
favorabilidad en virtud de la entrada en vigor de la Ley 906 de 2006, dado que
el peticionario se había sometido a sentencia anticipada en 1994, es decir,
bajo la vigencia del decreto 2700 de 1991; y (ii) el reconocimiento de la
rebaja del 10% de la pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Para tales efectos, la Corte (i) reiterará su
jurisprudencia sobre las causales genéricas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) analizará la procedencia de la
aplicación del principio de favorabilidad para los casos de procesados que se
hubiesen sometido al instituto procesal de la rebaja de pena durante la
vigencia del decreto 2700 de 1991; (iii) analizará los efectos temporales de la
sentencia C- 370 de 2006 en relación con la rebaja de pena de que trata el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005; (iv) examinará las condiciones para acceder
al beneficio; y (v) resolverá el caso concreto.
3. Causales genéricas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Evolución jurisprudencial.
Reiteración.
Procede esta Sala de Revisión a
estudiar las líneas jurisprudenciales que ha desarrollado esta Corporación[1] en torno a lo que en
los primeros años se denominó vías de hecho y que posteriormente se calificó
como causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-543 de
1992, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991,
los cuales regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales. La Sala Plena de la misma adoptó dicha decisión tras considerar que
las disposiciones referidas contravenían la Carta Fundamental en tanto eran
contrarias al principio de autonomía funcional de los jueces, afectaban la
estructura descentralizada y autónoma de las diferentes jurisdicciones,
lesionaban en forma grave la cosa juzgada y la seguridad jurídica y el interés
general.
No obstante, la doctrina acogida por esta misma Corte
ha determinado que la acción de tutela resulta procedente cuando se pretenda
proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas que se
hayan visto amenazados o vulnerados mediante defectos que hagan procedente la
acción de tutela por parte de las autoridades públicas y, en particular, de las
autoridades judiciales.
En sentencia T-231 de 1994 se
establecieron cuáles eran los defectos que hacían posible la procedencia
excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales por
configurar vías de hecho. Dicho fallo estableció que estos defectos eran: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que tiene lugar
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente
para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y,
(iv) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
En sentencia T-327 de 1994, la
Corte precisó los requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto a
fin de determinar la procedencia de la tutela contra una actuación judicial.
Estos deben ser, de conformidad con la jurisprudencia: (i) que la conducta del
juez carezca de fundamento legal; (ii) que la actuación obedezca a la voluntad
subjetiva de la autoridad judicial; (iii) que conlleve la vulneración grave de
los derechos fundamentales; y, (iv) que no exista otro mecanismo de defensa
judicial, o que de existir, la tutela sea interpuesta como mecanismo
transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable; o que, de la valoración
hecha por el juez constitucional surja que el otro mecanismo de defensa no es
eficaz para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado[2].
Posteriormente, en sentencia
T-462 de 2003 se elaboró una clara clasificación de las causales de
procedibilidad de la acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó
que este mecanismo constitucional resulta procedente únicamente en aquellos
casos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean
afectados los derechos fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los
siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v)
violación directa de la Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente.
De conformidad con lo anterior, la acción de tutela es
el mecanismo idóneo para restablecer los derechos fundamentales conculcados
mediante una decisión judicial, en principio, cuando se cumplan los siguientes
requisitos generales[3]:
a. Que la cuestión que se discute tenga relevancia
constitucional, pues el juez constitucional no puede analizar hechos que no
tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones.
b. Que no exista otro medio de defensa eficaz e
inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[4].
De allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales
ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.
c. La verificación de una relación de inmediatez entre
la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales,
bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En este último caso,
se ha determinado que no es procedente la acción de tutela contra sentencias
judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan significativo que sería
desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía
de la acción de tutela.
d. Cuando se presente una irregularidad procesal, ésta
debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que afecta los
derechos fundamentales del actor.
e. El actor debe identificar los hechos que generaron
la vulneración de sus derechos fundamentales, y éstos debió alegarlos en el
proceso judicial, si hubiese sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela, porque la
protección de los derechos fundamentales no puede prolongarse de manera
indefinida.
Así mismo, se han estructurado los requisitos
especiales de procedibilidad[5] de la acción de
tutela contra providencias judiciales, los cuales se relacionan con el control
excepcional por vía de tutela de la actividad judicial, y están asociados con
las actuaciones judiciales que conllevan una infracción de los derechos
fundamentales. En efecto, en la sentencia C-590 de 2005 se redefinió la teoría
de los defectos, así:
a. Cuando el funcionario judicial que profirió la
sentencia impugnada carece de competencia, defecto orgánico.
b. Defecto procedimental, se presenta cuando la
violación de la Constitución y la afectación de los derechos fundamentales es
consecuencia del desconocimiento de normas de procedimiento.
c. Cuando la vulneración de los derechos fundamentales
se presenta con ocasión de problemas relacionados con el soporte probatorio de
los procesos, como por ejemplo cuando se omiten la práctica o el decreto de las
pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas por juicio
contraevidente o porque la prueba es nula de pleno derecho (defecto fáctico).
d. Cuando la violación de los derechos fundamentales
por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de
que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración
de justicia, lo que corresponde a la denominada vía de hecho por consecuencia[6].
e. Cuando la providencia judicial presenta graves e
injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión misma y que se
contrae a la insuficiente sustentación o justificación del fallo.
f. Defecto material o sustantivo se origina cuando se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
g. Desconocimiento del precedente, esta causal se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. Debe tenerse en cuenta que el precedente
judicial está conformado por una serie de pronunciamientos que definen el
alcance de los derechos fundamentales mediante interpretaciones pro homine, esto
es, aplicando la interpretación que resulte mas favorable a la protección de
los derechos fundamentales.
Lo anterior no es obstáculo para que en virtud de los
principios de autonomía e independencia de la labor judicial, los jueces de
tutela puedan apartarse del precedente constitucional, pero en tal evento
tendrán la carga argumentativa, es decir, deberán señalar las razones de su
decisión de manera clara y precisa para resolver el problema planteado.
En relación a la aplicación del precedente, esta Sala
de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta
utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión
debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de
hecho para su aplicación.”
Por último, cabe destacar que sólo el
desconocimiento de los precedentes sentados por la Sala Plena de esta
Corporación puede dar lugar a una nulidad de un fallo de tutela adoptado por una
Sala de revisión por la causal de cambio de jurisprudencia, tal como ha
manifestado de manera reiterada esta Corte, de allí que, si bien la Sala Plena
puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de sus
fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un precedente
constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión[7].
h. Cuando la decisión del juez se fundamenta en la
interpretación de una disposición en contra de la Constitución o cuando el juez
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución siempre que se presente solicitud expresa de su
declaración, por alguna de las partes en el proceso[8].
La aplicación de esta doctrina Constitucional, tiene
un carácter eminentemente excepcional, por virtud del principio de
independencia de la administración de justicia y del carácter residual de la
acción de tutela. Por esta razón, las causales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales deben estar presentes en forma
evidente y ser capaces de desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento
judicial objeto de cuestionamiento[9].
Además de lo anterior, para que la solicitud de amparo
sea procedente en estos casos, debe darse cumplimiento al mandato según el cual
ésta sólo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial,
o para efectos de evitar un perjuicio irremediable. En las sentencias T-639 de
2003 y T-996 de 2003, esta Corporación resumió los requisitos de tipo formal
para la procedencia de la acción de tutela, así:
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los
mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la
decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se pretende
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta
la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
“b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias
especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya
visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de
defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se
atempera para permitir la procedencia de la acción.
“c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela
contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un
perjuicio irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es necesaria la adopción
de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional.”
4. Examen sobre la procedencia de la aplicación del
principio de favorabilidad para los casos de procesados que se hubiesen
sometido al instituto de la sentencia anticipada durante la vigencia del
decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993.
En anteriores ocasiones[10],
la Corte ha estimado que procede aplicar el principio de favorabilidad penal a
los casos de procesados que, bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000, se
hubieran sometido a la figura de la terminación anticipada del proceso por sentencia
anticipada, como quiera que ésta es equiparable a la aceptación de cargos
durante la audiencia de formulación de la imputación. En palabras de esta
Corporación “El anterior parangón entre el instituto de la sentencia
anticipada de la Ley 600 de 2000 y la aceptación unilateral, o allanamiento a
los cargos que se contempla en la Ley 906 de 2004, permite concluir que en
efecto se trata de instituciones análogas, con regulaciones punitivas diversas[11].”
En el presente caso, por el contrario, se trata de analizar la aplicación del
principio constitucional de favorabilidad para casos de personas que se
sometieron al instituto procesal de la sentencia anticipada bajo la vigencia
del Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993. Para tales efectos,
resulta pertinente comenzar por transcribir las citadas disposiciones legales:
Decreto 2700 de 2001.
“Artículo 37. Terminación
anticipada del proceso. A iniciativa del fiscal o del sindicado, el juez
podrá disponer en cualquier momento, desde que se haya proferido resolución de
apertura de la investigación y antes de que se fije fecha para audiencia
pública, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia especial en la
que deberá intervenir el Ministerio Público. En ésta, el fiscal presentará los
cargos que de acuerdo con la investigación surjan contra el sindicado y éste
tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. Si el
fiscal y el sindicado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del
hecho punible y la pena imponible así lo declararán ante el juez, debiéndolo
consignar por escrito dentro de la audiencia. El juez deberá explicarle al
sindicado los alcances y consecuencias del acuerdo y las limitaciones que
representa a la posibilidad de controvertir su responsabilidad. El sindicado
puede condicionar el acuerdo a que se le otorgue la condena de ejecución
condicional, cuando ello sea procedente de acuerdo con las disposiciones del
Código Penal. El juez dispondrá en desarrollo de la audiencia inmediatamente
sobre la libertad del sindicado y tendrá cinco días hábiles para dictar
sentencia.
Si el juez considera
que la calificación jurídica del delito y la pena imponible, de conformidad a
lo acordado por las partes, son correctas y obra prueba suficiente, dispondrá
en la sentencia la aplicación de la pena indicada y la indemnización de
perjuicios. El acuerdo entre el sindicado y el fiscal es inoponible a la parte
civil. La sentencia aprobatoria del acuerdo sólo podrá ser recurrida por el
ministerio público. El auto que lo niega es apelable en el efecto diferido por
el sindicado, el fiscal o el ministerio público.
El sindicado que se
acoja a la terminación anticipada del proceso, durante la etapa de la
investigación, recibirá un beneficio de rebaja de pena de una sexta parte. Este
beneficio es adicional y se acumulará al que se reciba por confesión.
Cuando no se llegue a
un acuerdo, o éste no sea aprobado por el juez, el fiscal que dirigía la
investigación y el juez que participó en la audiencia deberán ser reemplazados
por otros que tengan la misma competencia. En este caso, cualquier declaración
hecha por el sindicado se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en
su contra.
En tanto que el artículo 37 de la Ley 81 de 1993
disponía lo siguiente:
“SENTENCIA ANTICIPADA. Ejecutoriada
la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre
la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia
anticipada.
Hecha la solicitud, el fiscal, si lo
considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de
un plazo máximo de ocho (8) días.
Los cargos formulados por el Fiscal y su
aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por
quienes hayan intervenido.
Las diligencias se remitirán al Juez
competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia
conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido
violación de garantías fundamentales.
El Juez dosificará la pena que corresponda
y sobre el monto que determine hará una disminución de 1/3 parte de ella por
razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad.
También se podrá dictar sentencia
anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se
fije fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la
responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este
caso la rebaja será de una sexta (1/6) parte de la pena.
Artículo 4o. El código de Procedimiento
Penal tendrá un artículo con el número 37A, del siguiente tenor:
Artículo 37A. AUDIENCIA ESPECIAL. A
partir de la ejecutoria de la resolución que defina la situación jurídica del
procesado y hasta antes de que se cierre la investigación, el fiscal, de oficio
o a iniciativa del procesado, directamente o por conducto de su apoderado,
podrá disponer por una sola vez la celebración de una audiencia especial en la
que el fiscal presentará los cargos contra el procesado. La audiencia versará
sobre la adecuación típica, el grado de participación, la forma de culpabilidad,
las circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional,
la preclusión por otros comportamientos sancionados con pena menor, siempre y
cuando exista duda probatoria sobre su existencia.
Terminada la audiencia se suscribirá un
acta que contenga el acuerdo a que se haya llegado sobre los aspectos a que
hace referencia el inciso anterior. El proceso se remitirá al Juez del
conocimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración
de la audiencia.
Recibido el expediente por el Juez, dictará
sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de conformidad con lo
acordado si encuentra el acuerdo ajustado a la Ley y siempre que no se hayan
violado derechos fundamentales del procesado.
El Juez podrá formular observaciones acerca
de la legalidad del acuerdo, si lo considera necesario, mediante auto que no
admite ningún recurso en el que ordenará devolver el expediente al fiscal y
citará a una audiencia que se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes
a la recepción de las observaciones. En la audiencia el fiscal y el sindicado
discutirán las observaciones con el Juez y manifestarán si las aceptan, lo que
consignarán en un acta. En caso de aceptar las observaciones el Juez dictará
sentencia en el término de cinco (5) días.
Vencido el término establecido en el inciso
tercero de este artículo o finalizada la audiencia a que hace referencia el
párrafo anterior, el Juez, en caso de no aceptar el acuerdo lo improbará
mediante auto susceptible del recurso de apelación.
Al sindicado que se acoja a la audiencia
especial se le reconocerá un beneficio de rebaja de pena de una sexta a una
tercera parte.
Parágrafo 1. SUSPENSIÓN DE LA ACTUACIÓN
PROCESAL. Desde el momento en que se solicite la audiencia hasta cuando quede
en firme la providencia que decida sobre el acuerdo, se suspenderá la actuación
procesal, por un término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles. Sin
embargo, podrán practicarse diligencias urgentes de instrucción orientadas a
evitar la desaparición, alteración de las pruebas o vestigios del hecho. No se
suspenderá en lo referente a la libertad o detención del procesado o en
relación a la vinculación de otras personas que se haya ordenado antes de dicha
solicitud.
Así mismo se suspenderán los términos para
efectos de la libertad provisional y el término de prescripción de la acción
penal.
Parágrafo 2. El trámite previsto en este
artículo se hará en cuaderno separado, que solo hará parte del expediente si se
concreta el acuerdo. En caso contrario se archivará.
El fiscal no estará obligado a concurrir a
la audiencia cuando advierta que existe prueba suficiente en relación con los
aspectos sobre los cuales puede versar el acuerdo.
Artículo 5o. El Código de Procedimiento
Penal tendrá un artículo con el número 37B del siguiente tenor:
Artículo 37B. DISPOSICIONES COMUNES.
En los casos de los artículos 37 y 37A de éste Código se aplicarán las
siguientes disposiciones:
1. ACUMULACION DE BENEFICIOS. El beneficio
de rebaja de pena previsto en los artículos 37 y 37A es adicional y se
acumulará a todos los demás a que tenga derecho el procesado, pero en ningún
caso se acumularán entre sí.
2. EQUIVALENCIA A LA RESOLUCION DE
ACUSACION: El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado en el
caso en el caso del artículo 37 o el acta que contiene el acuerdo a que se
refiere el artículo 37A,  son equivalentes a la resolución de acusación.
3. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL: Cuando se
trata de varios procesados o delitos, pueden realizarse aceptaciones o acuerdo
parciales, caso en el cual se romperá la unidad procesal.
4. INTERES PARA RECURRIR: La sentencia es
apelable por el Fiscal, el Ministerio Público, por el procesado y por su
defensor, aunque por estos dos últimos sólo respecto de la dosificación de la
pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, la condena para el
pago de perjuicios, y la extinción del dominio sobre bienes.
La sentencia no será opinable a la parte
civil, sin embargo, si tal sujeto procesal quiere acogerse a la condena que se
haya hecho en perjuicios, está legitimado para apelar en relación con su
pretensión. Podrá, igualmente, impugnar los acuerdos que decreten alguna
preclusión.
5. EXCLUSION DEL TERCERO CIVILMENTE
RESPONSABLE: Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos
contemplados en los artículos 37 o 37 A de este Código, en dicha providencia no
se resolverá lo referente a la responsabilidad civil del tercero.
6. AUDIENCIA ESPECIAL Y SENTENCIA
ANTICIPADA ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES Y PROMISCUOS MUNICIPALES.
Mientras se implantan las Unidades Locales de Fiscalía, en los procesos de
competencia de Jueces Penales Municipales y Promiscuos Municipales, si el
procesado solicita audiencia especial o sentencia anticipada, el Juez
inmediatamente requerirá del Jefe de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el
Circuito correspondiente, la designación de un Fiscal de su dependencia para
que ejerza las funciones atribuidas a estos efectos.
Ahora bien, para resolver los problemas jurídicos
planteados, la Sala (i) analizará la figura de la sentencia anticipada en los
términos del decreto 2700 de 1991 y de su modificación llevada a cabo por la
Ley 81 de 1993 (ii) reiterará la jurisprudencia constitucional respecto a la aplicación
del principio de favorabilidad en  la Ley 906 de 2004; (iii) reiterará su
jurisprudencia en relación con la terminación anticipada del proceso en el
nuevo sistema penal; (iv) comparará los supuestos de sentencia anticipada en el
Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993, con el allanamiento de
cargos de la Ley 906 de 2004; y (v) extraerá las conclusiones pertinentes al
caso.
4.1. La figura de la sentencia anticipada en el
decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993.
Los mecanismos de terminación anticipada del proceso
no han sido extraños al régimen jurídico colombiano. Aún antes de que se creara
la Fiscalía General de la Nación, organismo que nació vinculado a la aspiración
de instituir un régimen de investigación y acusación de tendencia acusatoria,
se encuentran estatutos que contemplan procedimientos abreviados para aquellos
eventos en que se produjera la confesión simple del procesado o la flagrancia,
sin exigencia de consenso alguno. (Decreto 050 de 1987, Arts. 474 a 485).
A partir de la creación de la Fiscalía General de la
Nación, portadora de un incipiente concepto de partes en el proceso, se
introducen mecanismos de política criminal que trascienden la simple
institución de los procedimientos abreviados por confesión simple o flagrancia.
El Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993, estableció
mecanismos de allanamiento y consensuados, orientados a la terminación
anticipada del proceso.
Así las cosas, existían dos instituciones procesales
que guardaban ciertas semejanzas y diferencias: la sentencia anticipada y la
audiencia especial.  En cuanto a los puntos de contacto se tiene que, a
diferencia de la preclusión de la investigación y la cesación del
procedimiento, estas figuras no constituían una forma de extinción de la acción
penal, porque simplemente se trataba de abreviar la ritualidad procesal para
proferir sentencia condenatoria cuando existía mérito para ello. Mediante estas
figuras se prescindía de algunas actuaciones procesales, por ejemplo, el cierre
de investigación, la calificación formal del proceso y la audiencia pública,
siendo procedente para toda clase de delitos, pudiendo ser aplicadas por
cualquier fiscal o juez.
No obstante lo anterior, los mencionados institutos
procesales presentaban sus particularidades. Así, la sentencia anticipada[12]
se caracterizaba por que (i) el imputado renunciaba a la tramitación integral
del proceso cuando aceptaba los cargos formulados en su contra y se encontraban
demostrados los presupuestos probatorios para fundamentar sentencia
condenatoria; (ii) la titularidad para solicitar tal beneficio correspondía
exclusivamente al acusado; (iii) la petición se elevaba, en la etapa de
instrucción, a partir de la resolución que resolvía la situación jurídica al
procesado, una vez se encontrara ejecutoriada, hasta antes del cierre de la
investigación, sin necesidad de que esta providencia adquiriera firmeza,
obteniendo una rebaja de pena hasta de 1/3 parte; (iv) en la etapa de
juzgamiento, la solicitud podía ser elevada hasta antes de se fijara fecha para
la audiencia pública, obteniendo una rebaja de pena de hasta 1/6 parte; (v) el
procesado debía aceptar integralmente los hechos investigados, es decir, se
trataba de una confesión simple de haber participado en el hecho; (vi) debía
existir en el proceso prueba que condujera a la certeza del hecho punible y de
la responsabilidad del sindicado; (vii) durante la etapa de investigación,
fiscal y procesado debían suscribir un acta, equivalente a la resolución de
acusación; durante el juicio, el documento debía ser suscrito entre el juez y
el acusado; (viii) contra el acta no procedía recurso alguno; (ix) el juez
debía aprobar el acuerdo, salvo que violase garantías constitucionales o
legales, y proceder a dictar sentencia condenatoria, la cual era impugnable.
A su vez, la audiencia especial[13]
se caracterizaba por lo siguiente (i) no existía duda acerca de la comisión del
hecho punible, no se establecía la atipicidad del mismo, no concurrían causales
de justificación o inculpabilidad, pero se presentaban dudas probatorias acerca
de la intervención en el delito o sobre la calificación de algunos de sus
elementos integrantes; (ii) la petición se elevaba a partir de la ejecutoria de
la resolución que definía la situación jurídica del procesado y hasta antes de
que se profiriera providencia que ordenara el cierre de la investigación; (iii)
en la etapa de juzgamiento era improcedente aquélla, por cuanto las posibles
dudas probatorias habían sido despejadas en la resolución de acusación; (iv) el
imputado debía aceptar su responsabilidad en el comportamiento delictivo; (v)
la audiencia terminaba con la suscripción de un acta contentivo del acuerdo
derivado de la diligencia judicial, equivalente a una resolución de acusación;
y (vi) se preveía la existencia de un control judicial sobre lo acordado tanto
en aspectos sustanciales como procesales.
Así las cosas, a pesar de la existencia de ciertas
diferencias y matices, en la sentencia anticipada y en la audiencia especial el
Estado renuncia a seguir ejerciendo sus poderes de investigación y juzgamiento
y el imputado a que se agoten todos los trámites normales del proceso; tales
renuncias mutuas, que en el sistema acusatorio americano se conocen como plea
gulty[14],
son factibles cuando la ritualidad subsiguiente se torna innecesaria, por estar
demostrados los presupuestos probatorios para dictar sentencia condenatoria.
A su vez, el Código de Procedimiento Penal de 2000
(Ley 600), mantuvo en su artículo 40, prácticamente con la misma estructura y
fines, el mecanismo de la sentencia anticipada fundado en la aceptación
unilateral de los cargos por parte del procesado. Esta actitud procesal era
compensada con un descuento punitivo de una tercera o de una sexta parte de la
pena, deducida de la dosificación que efectuara el juez. El monto deducible
dependía del momento en que se produjera el allanamiento[15].
Con todo, en esta codificación no se contempló un instituto análogo a la
denominada audiencia especial, basada en el consenso entre fiscal y
procesado respecto de la responsabilidad de éste. Por el contrario, se
establecieron los denominados beneficios por colaboración eficaz acordados
entre la fiscalía y las personas investigadas, juzgadas o condenadas, en razón
de la colaboración que prestara a las autoridades para “la eficacia de la
administración de justicia”[16], los cuales
obedecían a criterios de política criminal muy diversos a los que inspiran los
mecanismos de terminación anticipada del proceso.
4.2. Aplicación del principio de favorabilidad en la
Ley 906 de 2004. Reiteración de jurisprudencia.
Tal y como se sostuvo en
sentencias T-091 de 2006 y T-082 de 2007, la Sala Plena de esta Corporación se
ha pronunciado, de manera uniforme y reiterada, sobre la reafirmación del
principio de favorabilidad en referencia a la aplicación de la Ley 906 de 2004
a hechos acaecidos antes de su vigencia y en los Distritos judiciales en donde
aún no ha entrado en vigor, no obstante las disposiciones de vigencia que este
sistema normativo establece[17] y el método
progresivo adoptado para su implementación.
Así en las sentencias 1092
de 2003[18] y C-592 de 2005[19]
la Corte declaró que la única interpretación posible del inciso tercero del
artículo 6° de la Ley 906/04 es la que deriva de la conjugación de los
principios de legalidad, irretroactividad de la ley, y favorabilidad penal.
La Corte reiteró que el principio de favorabilidad
constituye un elemento fundamental del debido proceso en materia penal que no
puede desconocerse bajo ninguna circunstancia[20]. Señaló así
mismo que en esta materia no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y
normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna
que permita un trato diferente para las normas procesales[21].
Estableció que, dado que el Acto Legislativo 03 de
2002 introdujo únicamente cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de
la Constitución, mas no en la dogmática y que se hace necesario interpretar las
modificaciones por él introducidas teniendo en cuenta el principio de unidad de
la Constitución[22], es claro que
en manera alguna puede considerarse que el mandato imperativo del artículo 29
de la Constitución haya dejado de regir con la introducción del sistema penal
acusatorio.
Este mismo criterio fue expuesto por la Corte al
examinar en la Sentencia C-1092 de 2003 los cargos que se formularon en contra
de algunos apartes del artículo 5° del Acto Legislativo 03 de 2002. Concluyó
que con las expresiones “pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que
determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la
vigencia que en ella se establezca” contenidas en el referido artículo
simplemente se hizo expreso el principio de irretroactividad de la ley penal al
formular algunas precisiones inherentes a los aspectos temporales de aplicación
de la reforma.
En ese orden de ideas es claro que las normas de la
Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
igualmente “deben interpretarse y aplicarse en forma tal que guarden armonía
con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el
texto constitucional”[23] y en
consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior.
Así,
respecto de las expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán
única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos
cometidos con posterioridad a su vigencia” contenidas en el tercer inciso
del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, deben entenderse que al tiempo que
comportan la formulación expresa del principio de irretroactividad de la ley
penal, constituyen una precisión inherente a la aplicación, como sistema, de
las normas contenidas en el código. Esta precisión se hace necesaria en
atención al particular mecanismo establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002
para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio que comporta tres etapas
diferentes[24]; durante una de
las cuales se presenta la coexistencia de dos sistemas  penales en distintas
regiones del territorio nacional. Dichas expresiones en manera alguna pueden
interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del principio de
favorabilidad[25].
Ello resulta evidente para la Corte además por cuanto
como lo puso de presente en la Sentencia C-873 de 2003 de lo que se trató en
este caso fue de la fijación de unos parámetros para la puesta en marcha, como
sistema, de las normas contenidas en el Acto Legislativo 03 de 2002 tendientes
a introducir en Colombia el sistema acusatorio pero en manera alguna de desconocer
uno de los principios esenciales del debido proceso en el Estado de Derecho, a
saber el principio de favorabilidad penal.
En sentencia C-801 de 2005, a propósito del estudio de
constitucionalidad del artículo 530[26] de la ley 906
de 2004, reiteró este criterio jurisprudencial: “(L)a norma demandada no
vulnera el artículo 29 superior porque, como ya se indicó, una sana
hermenéutica constitucional conduce a que la aplicación gradual de ese sistema
no contraríe sino que armonice con el principio de favorabilidad. Por ello,
siempre que se trate de situaciones específicas, susceptibles de identificarse
no obstante la mutación del régimen procesal, es posible que, de resultar ello
más favorable, las normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a
procesos por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación
progresiva”
De otra parte, para la Sala
resulta relevante destacar que el pronunciamiento de Sala Plena de esta
Corporación en el que se reafirmó la preeminencia del principio de
favorabilidad en su dimensión constitucional y universal (C-592 de 2005), y su
aplicabilidad en el marco de la instauración progresiva del sistema penal
introducido por el A.L. 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, tomó en consideración
algunas decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[27],
en las cuales se admite, de manera explícita, la aplicación del postulado en
mención a situaciones de coexistencia de regímenes que regulan de manera
distinta un mismo supuesto de hecho[28].
Es ésta una perspectiva
amparada por el contenido del inciso 3° del artículo 29 de la Constitución que
no introduce restricciones al principio de favorabilidad en materia penal, el
cual tiene como ámbito de aplicación situaciones de tránsito normativo que
pueden incorporar visiones de política criminal o tratamientos legislativos más
benignos respecto de situaciones específicas. Esta comprensión además de
reafirmar el profundo sentido humanístico que inspira la favorabilidad en
materia penal, reconoce las particularidades que presenta el método de
implementación del nuevo modelo penal por el que ha optado el constituyente
colombiano. Adicionalmente, promueve la realización del principio de igualdad,
frente al cual resultaría intolerable la coexistencia injustificada de dos
procedimientos que permitieran disímiles  tratamientos legales a supuestos de
hecho iguales[29].
Ahora bien, como lo ha
reiterado esta Corporación,[30] la
aplicación del principio de favorabilidad es un asunto que atañe el examen de
situaciones concretas y por tanto, es un asunto precisamente de aplicación de
la ley, por lo que corresponderá a los encargados de ello atender el mandato
imperativo del tercer inciso del artículo 29 superior”.
En efecto, un ejercicio
hermenéutico orientado a establecer cuál es el régimen legal o la norma que más
favorece los intereses del procesado o sentenciado, comporta un análisis
particular del caso concreto, lo cual no implica libertad absoluta del operador
judicial, quien está sujeto a los imperativos normativos pertinentes, y a los
precedentes jurisprudenciales que rigen el asunto sometido a su conocimiento.
En conclusión, la
jurisprudencia constitucional de esta Corporación ha sentado varias directrices
que interesan al análisis del caso que aquí se plantea, en materia de
favorabilidad penal, referida a la Ley 906 de 2004, así: (i) El
principio de favorabilidad como parte integrante del cuerpo dogmático de la
Constitución, conserva pleno vigor y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de
2004, no obstante las normas de vigencia que ella consagra, orientadas a
reafirmar el principio general de irretroactividad de la ley penal, el cual no
es excluyente sino complementario de la favorabilidad; (ii) el principio
de favorabilidad conserva su vigor en todo el territorio nacional, no obstante
el método progresivo elegido para la implantación gradual del nuevo sistema; (iii)
el principio de favorabilidad rige también situaciones de coexistencia de
regímenes legales distintos, siempre que concurran los presupuestos materiales
del principio de favorabilidad, lo que implica que no pueda ser aplicado frente
a instituciones estructurales y características del nuevo sistema y como tales
sin referente en el anterior; (iv) la aplicación del principio de
favorabilidad reclama un estudio particularizado de cada caso a fin de
determinar el impacto de las normas en conflicto sobre la situación del
procesado.
También en sede de tutela
esta Corporación se ha pronunciado acerca de la aplicación retroactiva de la
Ley 906 de 2004, a hechos acaecidos antes del 1° de enero de 2005, en virtud
del principio de favorabilidad, específicamente en el tema de la sentencia
anticipada (Ley 600 de 2000), frente a la aceptación de cargos (Ley 906 de
2004)[31].
4.3. La terminación
anticipada del proceso en el nuevo sistema penal. Reiteración de
jurisprudencia.
Tal y como se sostuvo en sentencias T-091 de 2006 y
T-082 de 2007, acorde con su pretensión de afianzar el carácter acusatorio del
sistema penal, el nuevo estatuto procesal introduce y desarrolla nuevas formas
de terminación anticipada del proceso, que permiten la imposición de sentencia
condenatoria sin el agotamiento previo del debate público. La validez de estas
opciones está condicionada, de manera general, a la existencia de prueba sobre
la responsabilidad aceptada por el imputado o acusado y a que se preserven las
garantías fundamentales.
Una lectura sistemática del nuevo estatuto procesal
penal permite deslindar dos modalidades de terminación anticipada del proceso
perfectamente diferenciadas en su estructura, consecuencias y objetivos
político criminales: (i) Los preacuerdo y negociaciones entre el
imputado o acusado y el fiscal; y (ii) la aceptación unilateral
de cargos por parte del imputado o acusado.
En el primer caso se trata de verdaderas formas de
negociación entre el fiscal y el procesado, respecto de los cargos y sus
consecuencias punitivas, las cuales demandan consenso. En el segundo caso, el
presupuesto es la aceptación de los cargos por parte del procesado, es decir
que no existe transacción y en consecuencia no requiere consenso.
En cuanto a la primera modalidad el Título II del
Libro III de la Ley 906 de 2004 introduce una regulación sistemática e integral
del nuevo instituto, de los “Preacuerdos y Negociaciones entre la Fiscalía y
el imputado o acusado”, con las reglas específicas relativas a finalidades
(348), improcedencia (349), oportunidad (350 y 352), modalidades (351),
aceptación total o parcial de cargos (353).
Los preacuerdos y negociaciones comportan en su
esencia aceptación de responsabilidad por parte del imputado o acusado, es
decir aceptación total o parcial de cargos como producto del acuerdo. Así lo
plasman de manera explícita los artículos 350, 351, 352 y 353 de la ley 906/04.
Es claro sin embargo, que esta modalidad de
terminación anticipada del proceso (aceptación preacordada de responsabilidad),
no es la única que contempla el nuevo estatuto procedimental. Al margen del
título II del Libro III, relativo a los preacuerdos y negociaciones, existe una
sistemática que estructura la segunda modalidad: la aceptación unilateral de
los cargos por el procesado. A sí el artículo 293 estipula:
”Procedimiento en caso de aceptación de la
imputación (en la
audiencia de formulación de imputación): Si el imputado, por iniciativa
propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que
lo actuado es suficiente como acusación” (original sin subrayas).
De esta norma es posible deducir la existencia de dos
modalidades de aceptación de cargos en el momento de la formulación de
imputación: una unilateral y otra preacordada. La primera implica para el
investigado “allanarse a la imputación y obtener una rebaja de pena” tal
como lo señala el artículo 288 numeral 3° del estatuto en cuestión, que remite
para efectos de su cuantificación al artículo 351 que contempla una rebaja de
hasta de la mitad de la pena imponible.
Por su parte, el artículo 356 disciplina el desarrollo
de la audiencia preparatoria, y establece (num. 5°) que el juez dispondrá “que
el acusado manifieste si acepta o no los cargos”. Si los acepta procederá a
dictar sentencia rebajando la pena a imponer “hasta en la tercera parte”.
Siguiendo con esta sistemática, el artículo 367, que
regula la alegación inicial en el juicio oral, contempla el imperativo para el
juez de advertir al acusado “que le asiste el derecho a guardar silencio y a
no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste,
sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable”. De declararse
culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible[32].
De las anteriores referencias normativas se infiere
claramente que la nueva ley procesal contempla los diferentes estadios
procesales (audiencia de formulación de imputación, audiencia preparatoria y
juicio oral) en que es posible al procesado realizar una aceptación unilateral
de cargos – allanamiento -, previendo a su vez la consecuencia punitiva gradual
que se deriva de tal actitud procesal, acorde con cada uno de esos momentos.
Una rebaja de hasta la mitad de la pena, cuando la aceptación se produce en la
diligencia de imputación, de hasta una tercera parte cuando ocurre en la
audiencia preparatoria y de una sexta cuando se presenta en la alegación
inicial del juicio oral.
De los desarrollos hermenéuticos realizados se
concluye que en efecto, la ley 906/04 contempló dos formas diferenciadas de
terminación anticipada del proceso: el allanamiento o aceptación unilateral de
los cargos, y la aceptación de responsabilidad a través de los preacuerdos y
negociaciones entre fiscal y procesado.
Corresponde ahora determinar, si en efecto, como lo
señala el demandante para invocar el principio de favorabilidad, la aceptación
unilateral de los cargos  en el nuevo sistema, es un supuesto equiparable a la
sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000.
4.4. Comparación entre los institutos procesales de la
sentencia anticipada del Decreto 2700 de 2001, modificado por la Ley 81 de
1993, con el allanamiento a los cargos de la Ley 906 de 2004.
El supuesto material para invocar favorabilidad es el
tratamiento legal diferente que diversas normas (sustanciales o procesales con
efectos sustanciales) que entran en conflicto por virtud de un tránsito
normativo, le dan a situaciones análogas. Establecido aquél surge para el
procesado o sentenciado el derecho a reclamar el tratamiento que le resulte más
benigno.
La sentencia anticipada como mecanismo de terminación
anticipada del proceso, que como se indicó en apartes anteriores, presenta una
larga tradición en el sistema de justicia penal colombiano, fue estudiado en su
naturaleza, finalidades y vinculación con principios constitucionales por esta
Corporación. Los principales rasgos y su cotejo con la nueva institución que se
califica como análoga en la petición de amparo, presenta el siguiente cuadro:
- En cuanto a su naturaleza jurídica, la Corte en
sentencia C-425 de 1996, reiterada en fallo SU-1300 de 2001, señaló lo
siguiente:
“Esta institución jurídica es una de las
formas de terminación abreviada del proceso penal, y responde a una política
criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la
aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el
fallo que pone fin al proceso antes de agotarse o cumplirse todas las etapas
procesales establecidas por el legislador, las que se consideran innecesarias,
dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de
investigación y de su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos.
Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una colaboración con
la administración de justicia que le es retribuida o compensada con una rebaja
de pena cuyo monto depende del momento procesal en que ésta se realice”.
La aceptación unilateral de cargos,
conforme a la Ley 906 de 2004, la cual se puede producir en diversas etapas
procesales, responde a una naturaleza similar en cuanto representa una forma de
terminación anticipada del proceso, e involucra  cometidos de política criminal
similares como son los de lograr una mayor eficiencia y eficacia de la
administración de justicia, prescindiendo de etapas procesales que se
consideran innecesarias en virtud de la aceptación del procesado respecto de
los hechos y su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos. Los dos
institutos envuelven una especie de colaboración con la administración de
justicia retribuida o compensada mediante una rebaja de pena proporcional al
momento procesal en que la aceptación de responsabilidad se produce.
- Sobre la necesidad de que  la sentencia
anticipada estuviese precedida de una formulación de cargos que colocara al
procesado en posibilidad de ejercer su derecho de contradicción o renunciar a él
dijo la Corte en los citados fallos:
“Si el implicado solicita que se dicte
sentencia anticipada durante la etapa de investigación o en la etapa de
juzgamiento, el procesado ya ha tenido la oportunidad de ser oído dentro del
proceso (indagatoria) y de ejercer el derecho de defensa al igual que el de
contradicción. La sentencia anticipada compete dictarla al juez del
conocimiento, quien tiene a su cargo la labor de juzgamiento”.
Similar situación se presenta con la
aceptación unilateral de cargos, la cual puede presentarse desde la formulación
de imputación (art. 288.3) o posteriormente en la audiencia preparatoria (art.
356) o al inicio del juicio oral (art. 367), lo que implica que todos los
eventos deben estar precedidos de la formulación de cargos, y se debe estar en
posibilidad de ejercer el derecho de contradicción, lo cual se garantiza en
este evento por el hecho de tramitarse en audiencia.
- El control de legalidad por parte del
Juez también fue objeto de pronunciamiento judicial:
“Es el fallador quien debe ejercer el
control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales
se han violado garantías fundamentales del procesado”.
Igual exigencia aplica para la
aceptación unilateral de cargos en el nuevo sistema en el cual el juez debe
velar por que se preserve el derecho a la no autroincriminación del imputado o
acusado y a que sus manifestaciones unilaterales de responsabilidad estén
asistidas por la espontaneidad y el consentimiento informado.
- Acerca de que la sentencia anticipada se
funda en el principio de presunción de inocencia, señaló la Corte lo siguiente:
“El juez no puede fallar basado
exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado,
sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste
es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe
de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba
suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la
presunción de inocencia”.
En el nuevo sistema la carga de la prueba
radica igualmente en el órgano de investigación penal. La aceptación unilateral
de cargos conduce necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar
fundada en el “convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas
allá de toda duda” (Art.7°). De manera que la sentencia condenatoria
producida sin agotar el debate público debe contar con el presupuesto relativo
a la existencia de evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad
aceptada del procesado. Mediante la aceptación de los cargos y la evidencia
o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a
controvertirlos en el juicio.
- En relación con que la sentencia
anticipada debe estar mediada por el principio de publicidad, indicó la Corte:
“En el trámite de sentencia anticipada no
hay lugar a justicia secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el
sindicado y cumplidas con su intervención”
Esta característica adquiere mayor
relevancia en el nuevo sistema en que las manifestaciones espontáneas de
responsabilidad se tramitan en audiencia: de formulación de cargos,
preparatoria, o en el juicio.
- De igual manera, acerca de que la sentencia
anticipada es una reafirmación y reconocimiento al principio de la lealtad
procesal como expresión de la buena fe, consideró la Corte lo siguiente:
“Debe la Corte recordar la plena vigencia y
aplicación en los procesos penales como en toda clase de actuaciones que se
adelantan del principio general de la buena fe. La mala fe, esto es, el
comportamiento desleal, doloso o malintencionado, ha de probarse, de manera que
si se encuentra que el procesado en su confesión ha procedido a alegar su propia
culpa en forma ilegítima para derivar de ella algún beneficio, este
comportamiento debe ser sancionado, utilizando los mecanismos legales
establecidos para actuaciones de esta índole”.
La aceptación espontánea de los cargos se
basa también en el principio de la buena fe, y de la lealtad procesal como
deber de las partes en toda actuación judicial (Art. 12). Su ejercicio legítimo
en materia de aceptación de cargos es promovido mediante descuentos punitivos.
- En relación con que la sentencia
anticipada comporta una confesión simple, indicó esta Corporación:
“La aceptación de los cargos por parte del
implicado en el trámite de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con
la confesión simple, por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el
Fiscal o el Juez del conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos
ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir
causales de inculpabilidad o de justificación. Resulta obvio afirmar que la
aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o
contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el
material probatorio recaudado”.
En el nuevo sistema la aceptación
unilateral de los cargos conduce a una sentencia condenatoria, por lo que tiene
como presupuesto la confesión simple del imputado o procesado. Debe aclarase
que se trata de una idea de confesión en sentido natural, como admisión de
cargos sin condicionamiento alguno, no en sentido probatorio, por cuanto la
confesión no constituye un medio de prueba en el nuevo sistema.
- En lo que concierne a que la sentencia
anticipada promueve la eficiencia del sistema judicial, señaló la Corte en los
citados fallos:
”Si en el proceso penal existen suficientes
elementos de juicio que permiten demostrar que la aceptación, tanto de los
cargos como de su responsabilidad, por parte del implicado, son veraces y se
ajustan a la realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales
para demostrar lo que ya está suficientemente demostrado. Contar con un sistema
judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos
oportunamente, sin desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un
deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos. Una política criminal
que conceda beneficios a quienes actúen observando el principio de lealtad
procesal, logrando además la aplicación de una justicia pronta y cumplida, sin
desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de
atentatoria de los derechos inalienables del individuo”.
En el modelo de procesamiento diseñado en
la Ley 906 de 2004 la promoción del valor de la eficiencia del sistema
vinculado a la preservación de garantías fundamentales cobra mayor importancia
en la medida que se trata de una aspiración que se encuentra en el centro del
ideario de un sistema de corte acusatorio y se erigió en uno de los argumentos
que impulsaron la reforma. Por ello los mecanismos que propician una
terminación anticipada del proceso como la aceptación de cargos, ya espontánea
ya preacordada, fueron fortalecidos en la reforma, lo cual no significa que
constituyan una novedad en el nuevo sistema, particularmente el consistente en
la aceptación unilateral de responsabilidad compensada con descuentos
punitivos.
Adicionalmente, tanto la sentencia anticipada del
decreto 2700 de 1991,modificada por la Ley 81 de 1993, como el allanamiento a
los cargos de la Ley 906 de 2004, demandan la asistencia de defensor; una y
otra puede presentarse desde la vinculación formal del procesado o imputado; en
los dos eventos la aceptación de cargos constituye el fundamento de la
acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el fallo es
condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos eventos es
admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de conocimiento
tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo
de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la concreción punitiva,
en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de cuartos.[33]
El anterior parangón entre el instituto de la
sentencia anticipada del decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de
1993, y la aceptación unilateral, o allanamiento a los cargos que se contempla
en la Ley 906 de 2004, permite concluir que en efecto se trata de instituciones
análogas, con regulaciones punitivas diversas.
4.5. Conclusiones.
Tomando en consideración (i) las semejanzas existentes
entre las figuras de la sentencia anticipada, en los términos del decreto 2700
de 1991 modificado por la Ley 81 de 1993, y el allanamiento de cargos de la Ley
906 de 2004; y (ii) las conclusiones vertidas en sentencias T- 091 de 2006 y T-
082 de 2007, la Sala de Revisión considera lo siguiente:
1. Se reitera la línea jurisprudencial trazada por
esta Corporación en sus sentencias C-592/05 y C-801/05, en el sentido que la
ley 906 de 2004 puede ser aplicada, en virtud del principio de  favorabilidad,
tanto a hechos acaecidos antes de la vigencia de la ley, como en Distritos
Judiciales en los que aún no se encuentre operando el nuevo sistema. Estos
pronunciamientos acogen la tesis mayoritaria desarrollada por la Corte Suprema
de Justicia[34] sobre la
aplicabilidad del principio de favorabilidad frente a la “coexistencia” de
sistemas procesales, siempre y cuando no se esté frente a instituciones
estructurales del nuevo sistema, que excluyan el supuesto material  del
principio de favorabilidad.
2. Las formas de terminación anticipada del proceso,
por allanamiento a los cargos, es un mecanismo que presenta una amplia
tradición en el ordenamiento jurídico colombiano
3. El nuevo estatuto procesal penal consagra dos
formas de terminación anticipada del proceso, que conservan su propia
individualidad estructural y dogmática: el allanamiento a los cargos o
aceptación unilateral de los mismos, y los preacuerdos y negociaciones.
4. El supuesto fáctico del instituto de la sentencia
anticipada prevista en el decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de
1993, corresponde al supuesto fáctico del instituto del allanamiento a los
cargos previstos en la Ley 906 de 2004. Su naturaleza, características y
objetivos político criminales son análogos, y sin embargo generan tratamientos
punitivos distintos.
5. Una visión sistemática de la manera como están
concebidos los rangos de descuento punitivo por concepto de allanamiento a los
cargos en el nuevo sistema, dependiendo del momento en que se produzca, permite
establecer que existe una concepción más favorable en el nuevo estatuto
particularmente en lo concerniente al allanamiento a los cargos en el momento
de su formulación.
No obstante, por tratarse de un descuento ponderado,
la favorabilidad deberá establecerse en cada caso, atendiendo los criterios que
rigieron el proceso de individualización de la pena.
5. Efectos temporales de la sentencia C- 370 de 2006
en relación con la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de
2005.
La Sala considera de la mayor importancia precisar la
vigencia del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, dada la declaratoria de
inexequibilidad de que aquél fuera objeto mediante sentencia C-370 de 2006.
Así las cosas, la Sala (i) analizará los efectos
temporales de la sentencia C- 370 de 2006 en relación con el artículo 70 de la
Ley 975 de 2005; (ii) examinará la validez de la postura asumida por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia en la materia; y (iii) extraerá unas
conclusiones en la materia, en consonancia con el fallo adoptado por la Sala
Plena de esta Corporación.
5.1. Examen de la sentencia C-370 de 2006 en relación
con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
En acción pública de inconstitucionalidad, un grupo de
ciudadanos acusaron los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 de
inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación, así como por
vicios de fondo. En relación con el primer aspecto, expresaron los demandantes
que las referidas normas correspondían a los artículos 61 y 64 del Proyecto de
Ley 293 de 2005 Cámara y 211 de 2005 Senado, las cuales no habrían sido
aprobadas en la sesión conjunta de las comisiones primeras del Senado y la
Cámara de Representantes. Añadieron que esos artículos fueron objeto de un
recurso de apelación ante la Plenaria del Senado de la República, la cual lo
concedió y ordenó su traslado a la Comisión Segunda del Senado de la República,
que finalmente los aprobó. A juicio de los actores este trámite violó el
artículo 180 de la Ley 5 de 1992 y, en consecuencia, también se desconoció el
trámite previsto en la Constitución para los proyectos de ley. Examinado por la
Corte el trámite que se le imprimió por el Congreso a los artículos 70 y 71 de
la Ley 975 de 2005, y la acusación contra ellos planteada por vicios de
procedimiento en su formación, “se encuentra que asiste razón a los
demandantes para que se declare su inexequibilidad”. Lo anterior, por
cuanto, en síntesis “con el trámite impartido a los artículos 70 y 71 de la
Ley 975/05 se desconoció el principio de consecutividad, ya que como resultado
de la indebida tramitación de la apelación presentada en el Senado ante la
decisión de negarlos adoptada por las Comisiones Primeras Constitucionales
Permanentes, finalmente fueron remitidos a Comisiones Constitucionales que no
eran competentes; y una vez aprobados por éstas últimas sin tener competencia
para hacerlo, fueron introducidos de manera irregular en el segundo debate ante
la plenaria del Senado, como si hubiesen sido aprobados por las Comisiones
Constitucionales facultadas para ello.”
Declarado entonces el vicio de inconstitucionalidad
por vulneración del principio de consecutividad, que aquejaba al artículo 70 de
la Ley 975 de 2005, omitió la Corte examinar la existencia de otros posibles
vicios de procedimiento alegados contra la mencionada disposición legal, en
especial, aquel de la violación del principio de unidad de materia, al igual
que vulneraciones constitucionales de orden material.
En cuanto a los efectos temporales del fallo,
expresamente quedó consignado en la parte resolutiva de la sentencia lo
siguiente:
“6.3. Efecto general inmediato de la
presente sentencia
Finalmente, la Corte no concederá efectos
retroactivos a estas decisiones, como lo solicitaron los demandantes, según lo
resumido en el apartado 3.1.5. de los antecedentes de esta sentencia. Por lo
tanto, se aplican las reglas generales sobre efecto inmediato de las decisiones
de la Corte Constitucional, de conformidad con su jurisprudencia.(negrillas
originales).
Quiere ello decir que los efectos de la sentencia
C-370 de 2006 son únicamente hacia el futuro, es decir, contados a partir del
18 de mayo de 2006.
5.2. Examen sobre la postura asumida por la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia en relación con los efectos temporales de la
sentencia C- 370 de 2006.
Luego de proferida la sentencia C-370 de 2006, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial en cuyo seno se
discutieron intensamente diversas tesis acerca de la validez del artículo 70 de
la Ley 975 de 2005, posturas que oscilaron entre su aplicación por no
vulneración del principio de unidad de materia[35] (caso de un
juez condenado por el delito de prevaricato por acción) hasta el recurso a la
excepción de inconstitucionalidad por desconocimiento de los derechos de las
víctimas[36] (asunto del ex
Representante a la Cámara Armando de Jesús Pomárico Ramos) , posiciones antagónicas
que, por lo demás, nunca fueron unánimes al interior de la Sala Penal[37],
ésta decidió asumir una tesis según la cual, no obstante la declaratoria de
inexequibilidad de la mencionada disposición legal, incluso hoy en día podría
solicitarse dicho beneficio. En efecto, en sentencia del 10 de agosto de 2006
(M.P. Alfredo Gómez Quintero, proceso núm. 25.705) la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente, en el caso de un juez que había sido
condenado por el delito de prevaricato por acción:
“El mencionado artículo mediante sentencia
C-370 del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional fue declarado
inexequible por vicios de procedimiento en su formación, lo cual no impedirá su
aplicación para aquellos condenados que teniendo derecho a la rebaja de pena,
siempre que cumplan con las exigencias requeridas por la ley, aún no lo hayan
solicitado, como quiera que los efectos del fallo de inexequibilidad fueron
determinados hacia el futuro”
La Sala de Revisión no comparte la posición asumida
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por cuanto ello conduciría a
admitir que una disposición legal declarada inexequible por vicios de
procedimiento en su formación, pudiese seguir desplegando efectos jurídicos,
postura que sería contraría a lo consagrado en el artículo 243 constitucional.
En efecto, el fenómeno de la inexequibilidad conduce a que la norma jurídica no
pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico. De tal suerte que,
en el caso concreto, el condenado que no hubiese solicitado el beneficio de que
trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, durante el tiempo en que la norma
estuvo vigente, esto es, desde el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en
vigor de la ley) hasta el 18 de mayo de 2006 (fecha en la cual fue declarado
inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005), no puede en la actualidad
solicitar la aplicación de una disposición que fue expulsada del ordenamiento
jurídico colombiano. Razonar de manera distinta conduciría a sostener que, a
pesar de lo decidido en sentencia C- 370 de 2006, el artículo 70 de la Ley de
Justicia y Paz sigue vigente.
5.3. Conclusiones de la Sala de Revisión, en
consonancia con lo decidido por la Sala Plena de esta Corporación.
En consonancia con lo decidido en sentencia C- 370 de
2006, la Sala de Revisión estima que la norma legal que consagraba el beneficio
de rebaja del 10% de la pena de que trata la Ley 975 de 2005 estuvo vigente
desde el 25 de julio de 2005 hasta el 18 de mayo de mayo de 2006. Quiere ello
decir que las situaciones jurídicas que se hubieran consolidado entre tales
fechas no sufren alteración alguna por lo decidido en el mencionado fallo de
inexequibilidad, el cual, como se ha explicado, no tiene efectos retroactivos.
De tal suerte que aquellos condenados que hubiesen solicitado y obtenido
mediante decisión judicial en firme, la rebaja de pena de que trata el artículo
70 de la Ley 975 de 2005, seguirán disfrutando de la misma, procediendo el
amparo únicamente contra aquellas decisiones judiciales que hubiesen incurrido
en una causal de procedencia de la acción de tutela, es decir, aquellas
providencias judiciales referentes a la concesión del beneficio de rebaja del
10% de pena.
6. Condiciones para acceder al beneficio de que trata
el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Con el propósito de establecer si una determinada
providencia judicial, referente a la concesión del beneficio penal de que trata
el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 incurrió en una causal de procedencia de
la acción de tutela, la Sala de Revisión estima necesario examinar el sentido y
alcance de la mencionada disposición legal.
Así pues, el artículo 70 de la Ley 975 de 2005
disponía lo siguiente:
“Rebaja de penas. Las personas que al
momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia
ejecutoriada, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una
décima parte. Exceptúense los condenados por los delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y la tasación del
beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de
actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a
las víctimas”.
Este artículo ha sido interpretado de diversas maneras
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los Tribunales
Superiores y los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Así, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 18 de octubre de 2005, (M.P. Marina Pulido de Barón, proceso núm.
24.196), con varios salvamentos y aclaraciones de voto, estimó que los
destinatarios eran todos aquellos que, al momento de entrar en vigor la Ley 975
de 2005, se encontraran condenadas “exceptuados precisamente los
relacionados en la propia disposición y los cometidos por los integrantes de
grupos al margen de la ley “durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos”. En cuanto a la finalidad perseguida con la inclusión del artículo
70 en la Ley de Justicia y Paz, la Corte señaló lo siguiente:
“Los argumentos transcritos no dejan duda
alguna: la inclusión inicial de la norma y la posterior postura de que fuera
reconsiderada su exclusión, con fundamento en la cláusula general de
competencia legislativa del Congreso, obedeció a la intención expresa de que
todos los condenados fueran beneficiados con un descuento punitivo, en aras de
la protección de la dignidad de los reclusos, de contribuir a la descongestión
carcelaria, y de lograr la reincorporación del penado a la sociedad y a su
familia. La disposición, entonces, fue redactada con carácter general, esto es,
con destino a la totalidad de los penados, con las excepciones dispuestas en la
misma”.
En cuanto a las condiciones para acceder a la rebaja
punitiva, la Corte consideró en el mencionado fallo lo siguiente:
“Siempre y cuando satisfaga las siguientes
exigencias: i) que haya sido condenada por conductas punibles diversas de las
previstas en sus artículos 1º y 2º y aquellas contra la libertad, integridad y
formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico; (ii) que los condenados
cumplan penas por sentencias ejecutoriadas al momento de entrar en vigencia la
presente ley (25 de julio de 2005); y (iii) que con fundamento en los probado,
el juez de ejecución concluya en la demostración de a) el buen comportamiento
del condenado; b) su compromiso de no repetición de actos delictivos; c) su
cooperación con la justicia y d) sus acciones de reparación a las víctimas”.
En lo que concierne al contenido y alcance de cada uno
de los requisitos anteriormente señalados, la Corte indicó:
“2. Según certificado 003 del 13 de julio
de 2005, expedido por el Director de la cárcel de Riohacha, el doctor Arregocés
Pinto ejerce la actividad de artesano, no ha sido objeto de sanciones
disciplinarias y su conducta ha sido calificada en el grado de BUENA.
Ese documento, debídamente motivado,
permite inferir el cumplimiento del artículo 70, esto es, “el buen
comportamiento del condenado”.
3. Igual demostración obra respecto de “su
compromiso de no repetición de actos delictivos”, como que así expresamente lo
manifestó en su petición y se desprende de su voluntad de acogerse a la
disposición.
4. Asiste la razón al solicitante en cuanto
que en el caso concreto no existe obligación de cumplir “acciones de reparación
a las víctimas”, como que ninguna fue individualizada dentro del proceso.
5. Por “cooperación con la justicia”, como
presupuesto para acceder a la rebaja, debe entenderse la colaboración, la
ayuda, la contribución, el apoyo, la asistencia que el procesado haya prestado
a los fiscales y jueces a cargo de la investigación adelantada en su contra,
aunque no se descarta la posibilidad de que se pueda conceder el mismo alcance
a otra que, debidamente probada, haya brindado en asuntos diversos.
La cooperación exigida no puede significar
que, en contra del derecho fundamental previsto en el artículo 33 de la
Constitución Política de Colombia, se imponga el deber de confesar, porque la
garantía de la no autoincriminación es fundamental, circunstancia dentro de la
cual no puede cargarse en contra de quien es sindicado de la comisión de una
conducta punible que no admita su responsabilidad.
En estas condiciones, se infiere que si,
como en el caso en estudio, el procesado estuvo presto en todo momento a
atender los requerimientos de la justicia, esa circunstancia es suficiente para
concluir en su contribución en los términos de la norma.”
En este orden de ideas, para la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en materia del beneficio de rebaja de pena del 10% de que
trataba el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se requería (i) que la persona
solicitara ante el respectivo juez la aplicación del beneficio penal; (ii) que
la persona estuviere cumpliendo una condena, con sentencia ejecutoriada, a 25
de julio de 2005, fecha de entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz; (iii)
que la pena no hubiese sido impuesta por conductas descritas en los artículos
1º y 2º de la Ley 975 de 2005, ni tampoco por narcotráfico, lesa humanidad,
o delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; (iv) que ante el
juez de ejecución se encontrase probado que el condenado a) tenía buen
comportamiento, b) existiese un compromiso de no repetición de los actos
delictivos, c) cooperara con la justicia y d) realizara acciones de reparación
a las víctimas.
En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia
interpretó el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en el sentido de que si bien
el beneficio de rebaja del 10% de la pena era para condenados por delitos
distintos a aquellos cometidos por los integrantes de los grupos armados,
destinatarios de la Ley de Justicia y Paz, además de aquellos condenados por
ciertos crímenes (narcotráfico, lesa humanidad y aquellos contra la
libertad, integridad y formación sexuales), también lo era que las condiciones
para acceder al beneficio penal era cumulativas, es decir, que ante el
juez de ejecución de penas se debía probar la existencia de todos y cada uno de
los requisitos señalados en la norma. De tal suerte que, para ser destinatario
de la reducción de pena del 10% necesariamente debían concurrir todas
las condiciones señaladas en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Por el contrario, en sentencia del 28 de octubre de 2005,
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, (M.P. Jorge Luis Quintero
Milanés, proceso núm. 17.089), con varios salvamentos y aclaraciones de voto,
consideró que debía aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación
con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por cuanto, a su juicio, dicha
disposición (i) contrariaba el principio de unidad de materia; (ii) desconocía
los derechos de las víctimas, de conformidad con el bloque de
constitucionalidad; y (iii) se trataba de una rebaja de pena que no obedecía a
una política criminal, sino que constituía una especie de “gracia” o “jubileo”,
y por ende, debía haberse tramitado según lo dispuesto en el artículo 150.17
Superior.
Las profundas divergencias existentes en el seno de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad en relación la totalidad de la Ley de
Justicia y Paz, y en particular en relación con el artículo 70 de la Ley 975 de
2005, quedaron en evidencia en sentencia del 14 de diciembre de 2005 (M.P.
Javier Zapata Ortiz, proceso núm. 24.478), con aclaración y salvamento de voto,
fallo en cual, en primer lugar, la Corte estima que no debe aplicar la vía
procesal del control difuso de constitucionalidad en relación con la Ley de
Justicia y Paz, en su integridad,  por cuanto:
“Tratándose de una ley sui generis, que
regula un tema muy puntual en materia de penas en el contexto de una justicia
trancisional, la Corte no encuentra establecida esa abierta y evidente
contradicción entre los preceptos en ella contenidos y el Orden Superior, como
condición indispensable para realizar el juicio de constitucionalidad que un
mecanismo excepcional como el control difuso requiere, lo cual además en modo
alguno la puede autorizar para hacerlo acudiendo a criterios de conveniencia.”
Con todo, en relación con el artículo 70 de la
mencionada ley, la Sala Penal consideró lo siguiente:
“No obstante las consideraciones
anteriores, conviene aclarar que un sector de la Sala encontró
precisamente esa ostensible contradicción entre la norma superior y la legal,
respecto del artículo 70 de la ley de justicia y paz, fundamentalmente por
violación al principio de la unidad de materia” (negrillas agregadas).
Ahora bien, la Sala de Revisión considera que el
artículo 70 de la Ley 975 debe ser interpretado de conformidad con la
Constitución, en especial, a la luz del derecho fundamental a la libertad
personal, al igual aquellos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
- Destinatarios de la rebaja de pena (factor personal). Para acceder al
beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se requiere que la
persona se encuentre condenada, mediante sentencia ejecutoriada, a 25 de julio
de 2005, fecha de entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz. De igual
manera, de conformidad con una interpretación sistemática de la ley, es decir,
tomando en consideración que la norma se ubica en el capítulo de “disposiciones
complementarias”, se excluyen del beneficio los autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos que hubieran decidido desmovilizarse “y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional”.
- Delitos excluidos. (factor material). Además de encontrarse excluidos
los delitos cometidos por los autores y partícipes de que trata el artículo 2
de la Ley 975 de 2005, también se excluyen los punibles de narcotráfico,
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y lesa humanidad.
Para tales efectos, es decir, para el caso de los llamados crímenes de lesa
humanidad, debido a que se trata de una variedad de delitos atroces no
definidos en el ordenamiento jurídico colombiano sino en instrumentos jurídicos
internacionales, los operadores jurídicos deberán remitirse al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional, en concreto, a su artículo 7º, así como a los
“Elementos de los crímenes”, adoptado por la Asamblea de Estados Partes.
Solicitud de aplicación de la rebaja de pena (requisito de procedibilidad). La Sala de
Revisión entiende que el condenado debe haber solicitado al respectivo juez
competente para vigilar el cumplimiento de la pena, la rebaja del 10 % de que
trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En efecto, una lectura integral de
la norma en comento, indica que el beneficio no opera de manera automática, por
cuanto la concesión del mismo dependerá de la constatación empírica, por parte
del juez de ejecución de penas, de ciertos hechos (buena conducta del
condenado), de compromisos asumidos por el destinatario de la rebaja (no
repetición de actos delictivos), de sus acciones presentes o futuras
(reparación a las víctimas) o de hechos verificables en el proceso por el cual
fue condenado o incluso en otros procesos (colaboración con la justicia ).
Ahora bien, precisados los destinatarios de la norma
procesal penal, los delitos excluidos y el requisito de procedibilidad, debe
examinar la Sala de Revisión, a la luz de la Constitución, el contenido y
alcance de cada uno de los requisitos de que trata el artículo 70 de la Ley 975
de 2005.
- El buen comportamiento del condenado. Este requisito apunta a examinar la
adecuada conducta asumida por el condenado durante la ejecución de la pena,
bien sea intramural o domiciliaria. Para tales efectos, se tomarán en cuenta el
cumplimiento de las disposiciones del Código Penitenciario y Carcelario, así
como los respectivos reglamentos adoptados por el INPEC o los directores de
cada centro de reclusión.
- El compromiso de no repetición de actos delictivos. Se trata de una condición consistente en
una manifestación de voluntad del condenado, en el sentido de que se abstendrá
de cometer, bien sea durante el cumplimiento del resto de la pena o al momento
de cumplirla, de comportamientos considerados como delitos.
- Cooperación con la justicia. Este requisito consiste en el
apoyo o colaboración efectivas que el condenado haya brindado a los fiscales o
jueces durante las etapas de investigación o juzgamiento. En tal sentido, una
interpretación de la norma legal, conforme con el derecho fundamental a la
libertad individual, es decir, extensiva, conduce a sostener que tal
colaboración puede haber sido realizada en el mismo proceso que se le adelantó
al solicitante del beneficio, o en otro. De igual manera, resultan inaceptables
interpretaciones en el sentido de negar el beneficio debido a que la persona no
se sometió a institutos procesales tales como la sentencia anticipada o no se
autoincriminó. Por el contrario, se debe entender que la persona colaboró con
la justicia si, entre otros actos, estuvo prestó a atender los requerimientos
de aquélla, no evadió la acción de las autoridades, ayudó a desmantelar una
organización criminal, aportó información oportuna para la investigación,
etcétera. Así mismo, se debe interpretar que tal colaboración puede ser
brindada, de igual manera, al momento de elevar la solicitud de rebaja de pena.
Lo anterior por cuanto, en los términos del artículo 2º Superior, tal ayuda
puede resultar fundamental para que los órganos de investigación pueden
resolver otros procesos penales en curso, cumpliéndose de esta forma con los
fines estatales.
- Acciones de reparación a las víctimas. Se trata, sin lugar a dudas, del requisito
legal más compleja configuración, del grupo de aquellos señalados en el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En efecto, el concepto mismo de reparación a
las víctimas, en los términos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y por ende, del bloque de constitucionalidad, resulta ser más amplio
que aquel de indemnización. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de reparación abarca
(i) la restitutio in integrum, cuando ella es posible; (ii) la
indemnización pecuniaria a los perjudicados; (iii) medidas de satisfacción del
daño; (iv) garantías de no repetición; y (v) actos simbólicos tales como los
actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, peticiones de perdón,
entre otros.
En este orden de ideas, el condenado que invocase a su
favor el beneficio de rebaja de pena en un 10% debería reparar plenamente a las
víctimas de su delito, esto es, no sólo cumplir con la condena pecuniaria
impuesta por el juez de conocimiento, sino con los demás componentes de la
noción de reparación.
No obstante lo anterior, es preciso tomar en
consideración que la Corte Constitucional ha considerado que, en materia de
suspensión condicional de la ejecución de la pena, la indemnización a las
víctimas no puede entenderse como que se “obligue a lo imposible al
condenado, pues precisamente tiene en cuenta su incapacidad económica para
determinar si está en imposibilidad de cumplir y acepta que existan causas que
justifiquen no pagar la indemnización de perjuicios para acceder y gozar del
beneficio”[38]. De allí que,
interpretando el sentido del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en armonía con
las jurisprudencias constitucional e internacional y de conformidad con el
principio pro homine se tiene que, en cada caso concreto, el juez de
ejecución de penas deberá examinar las posibilidades reales económicas que
tiene el condenado para indemnizar pecuniariamente a sus víctimas, de acuerdo
con las pruebas que acompañe el solicitante y aquellas que decrete de oficio;
los compromisos que a futuro puede asumir en la materia; así como la viabilidad
de llevar a cabo actos de reparación de contenido no económico. Lo anterior, en
el entendido de que las víctimas no van a perder su derecho a obtener el pago
de la totalidad de los perjuicios causados, en los términos de la sentencia
condenatoria.
Examinados cada uno de los requisitos que debe cumplir
el condenado para acceder al beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley
975 de 2005, pasa a analizar el problema jurídico de determinar si aquéllos
tienen un carácter concurrente o si, por el contrario, el juez debe estudiar en
cada caso el cumplimiento de uno o varios de ellos, y consecuencia, tasar
realmente el beneficio legal.
Así pues, una primera interpretación de la
norma jurídica apunta a señalar que el juez de ejecución de penas debe
verificar si el solicitante cumplió con todos y cada uno de los requisitos
señalados en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En tal sentido, el juzgador
no cuenta realmente con un margen de apreciación, por cuanto, una vez examinado
el acervo probatorio, las dos únicas opciones de que dispone son: o bien
reconocer el beneficio de rebaja del 10% de la pena o negarlo.
Una segunda interpretación del artículo 70 de
la Ley 975 de 2005 indica que el juez de ejecución de penas, con base en las
pruebas aportadas por el condenado y aquellas que decrete de oficio, puede
constatar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos legales
y, obrando en consecuencia, tasar el beneficio, pudiéndose entonces mover en
una escala que va desde negarlo, hasta concederlo parcial o totalmente. Además,
la decisión judicial, con todo, no haría tránsito a cosa juzgada material ya
que si durante la vigencia del artículo la situación fáctica pudo haber
cambiado, era posible volver a pronunciarse sobre la solicitud de rebaja de
pena.
La Sala de Revisión considera que esta segunda
interpretación es la conforme con la Constitución por cuanto se apoya en el
principio de efecto útil de la norma jurídica y es respetuosa del derecho al
debido proceso penal. En efecto,  el segundo inciso del artículo 70 de la Ley
975 de 2005 prescribe que “Para la concesión y la tasación del
beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta…”.
De tal suerte que si el juez no pudiese verificar el
grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos, el vocablo “tasación”
no tendría efecto jurídico alguno. A decir verdad, “tasar” significa
medir, cuantificar y no simplemente reconocer o negar una petición. De tal
suerte que si el juez de ejecución de penas omitió tasar la rebaja de pena de
que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, incurrió en un defecto
procedimental, ya que no respetó las formas legales de cada juicio, procediendo
en estos casos la acción de tutela.
7. Análisis del caso concreto.
Para una mayor claridad expositiva en la resolución
del caso concreto, la Sala de Revisión (i) describirá los hechos y decisiones
judiciales que suscitaron la petición de amparo; (ii) examinará lo referente a
la aplicación del principio de favorabilidad penal; y (iii) analizará lo
concerniente a la rebaja de pena del 10% de que trata el artículo 70 de la Ley
975 de 2005.
7.1. Hechos y decisiones judiciales que motivaron la
solicitud de amparo.
El señor  Esteban Nuñez López, luego de someterse al
instituto de la sentencia anticipada, en los términos del decreto 2700
de 1991 modificado por la Ley 81 de 1993, fue condenado el 4 de marzo de 1994
por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Andaquíes, por los
delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado,
porte ilegal de armas y concierto para delinquir, sanción que asciende a 25
años y un mes de prisión, pena accesoria de interdicción de derechos y
funciones públicas, así como al pago de perjuicios a favor de los herederos de
cada uno de los occisos, equivalente a 250 gramos oro.
La anterior sentencia fue modificada por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Florencia, en fallo del 27 de mayo de 1994,
providencia en la cual se decidió aumentar la pena a 28 años y 5 meses de
prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años y al pago de
perjuicios por valor de 250 gramos oro, a favor de los herederos del señor
Ramiro Guillén Betancourt.
Posteriormente, la pena fue redosificada por el Juzgado
2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante auto de
fecha 15 de junio de 2002, disponiendo que debía cumplir una pena de 18 años y
5 meses de prisión. Al respecto, es preciso aclarar que esta redosificación de
la pena se debió a la aplicación del principio de favorabilidad sustancial,
debido a la entrada en vigor de la Ley 599 de 2000. En palabras del Juzgado “Sin
vacilación, la pena privativa de la libertad prevista para el delito de
Homicidio Agravado en la última de las disposiciones citadas (prisión de 25 a
40 años) resulta objetivamente para el condenado más benigna que la señalada en
la primera (prisión de 40 a 60 años)”.
Luego, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Tunja, mediante auto núm. 00647 del 10 de agosto de 2005,
negó al accionante la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, al
igual que la rebaja de la décima parte de la pena. Al respecto, argumenta el
juez la improcedencia del principio de favorabilidad, por cuanto no se está en
presencia del mismo sistema y de idéntica figura o instituto procesal. En
palabras del Juzgado accionado “se están confundiendo dos árboles semejantes
pero de distinta especie y que, además, no se observa el bosque al que pertence
cada uno. Confusión que nace de solo observar algunas características externas
pero sin apreciar su estructura, condiciones, entorno, etc.”
En cuanto a la negativa de acceder a la rebaja del 10%
de la pena, la autoridad pública accionada sostiene que el señor Esteban Nuñez
López no es acreedor de la misma por cuanto: (i) se está en presencia de un
delito de lesa humanidad; (ii) no ha pagado los perjuicios decretados en
la sentencia; y (iii) no es la oportunidad en razón a que la concesión, de no
existir los impedimentos anteriores, lo es cuando se le otorgue la libertad.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante
auto núm. 096 del 24 de noviembre de 2005, confirmó la decisión adoptada
por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, por
los siguientes motivos.
En lo que concierne a la aplicación del principio de
favorabilidad, merced a la entrada en vigor del artículo 351 de la Ley 906 de
2004, explica que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha debatido
ampliamente el tema,  “imponiéndose la aplicación del principio de
favorabilidad en los Distritos Judiciales en los que aún no ha entrado a regir
el sistema penal acusatorio, con la advertencia que de no hacerse, se incurriría
en flagrante violación al principio de igualdad, decisiones en las que el
Magistrado Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón ha salvado voto, con el cual esta
Sala comparte los planteamientos que allí se hacen”.
Agrega que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Penal, sobre el tema en concreto se pronunció en sentencia del 23 de agosto de
2005, con ponencia del Magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, donde se
concluyó mayoritariamente que no procede la aplicación del principio de
favorabilidad en la dosificación punitiva en cuanto a la rebaja de pena por
sentencia anticipada, porque a pesar de tener una génesis en el “derecho
penal premial”, tanto el instituto de la sentencia anticipada como la
aceptación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio, son diferentes,
porque cada una tiene características propias inmersas en un sistema
determinado y acordes al mismo; “jurisprudencia que ha hecho que las Salas
de Decisión de este Tribunal hayan venido cambiando de criterio, en la
aplicación de la ley 906 de 2004 por favorabilidad en la dosificación punitiva
en sentencia anticipada”.
Por otra parte, en relación con la rebaja de pena de
que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, señala que la norma ha sido
objeto de numerosas controversias respecto de los presuntos vicios de
procedimiento que la aquejarían, en especial, aquel de unidad de materia. Al
respecto, sostiene que la Corte Suprema de Justicia ha expuesto dos tesis
contrapuestas: la de aplicación del artículo para los condenados por delitos
comunes que cumplan penas conforme a sentencias ejecutorias al momento de
entrar en vigencia la ley, con las excepciones y bajo el cumplimiento de los
requisitos previstos en dicho artículo, criterio que se dio a conocer en
sentencia del 18 de octubre de 2005; y la de la inaplicación de la disposición
legal por inconstitucional, ya que se habría incurrido en un vicio de falta de
unidad de materia.
Sobre el particular sostiene que efectivamente el
artículo 70 “no guarda una unidad en sentido formal con el objeto y ámbito de
aplicación de la ley 975 de 2005 que lo incorpora, al referirse aquel a los
llamados delincuentes comunes con las excepciones allí previstas, y estar
señalado el objeto y ámbito de aplicación para la reincorporación de miembros
de grupos armados al margen de la ley; sin embargo, se considera que dicho
artículo guarda conexión con el tema central que regula la ley, esto es, los
beneficios de disminución punitiva para quienes han infringido la ley penal,
previo el cumplimiento de determinados requisitos legales, y que están
dispuestos a contribuir a la reconociliación y la consecución de la paz
nacional, que es la finalidad que persigue la ley, la cual se puede obtener
tanto con los que han cometido los llamados delitos políticos, como los que han
vulnerado los bienes jurídicamente tutelados con conductas punibles comunes;
existiendo conexidad sustancial igualmente entre las penas que finalmente
resultará imponiéndosele, conforme a la pena alternativa prevista en el
artículo 29 de la Ley 975 de 2005, y la rebaja de pena de la décima parte para
los demás condenados de que trata el artículo 70. De tal suerte que el Tribunal
no comparte la tesis de la inaplicación del citado artículo, por la supuesta
violación del principio de unidad de materia.
Acto seguido, el Tribunal Superior pasa a examinar el
cumplimiento de los requisitos para la aplicación del artículo 70 de la Ley 975
de 2005.
En tal sentido, el a quo entiende que  la
rebaja procede en los casos en que exista sentencia condenatoria y se esté cumpliendo
la pena, siendo el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el
competente para decidir acerca de las peticiones elevadas en tal sentido,
correspondiéndole la segunda instancia a la Sala Penal del Tribunal del
Distrito al que aquél pertenezca.
Agrega que la mencionada rebaja debe ser solicitada
por el condenado, con el compromiso de no repetir los actos delictivos,
cooperar con la justicia, “dando a conocer las acciones de reparación de las
víctimas, manifestaciones y pruebas sobre el particular que el funcionario
judicial debe evaluar junto con la conducta que el condenado ha tenido en el
cumplimiento de la pena”. Se exceptúan además las condenas impuestas por
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad
y narcotráfico, “desde luego, los delitos cometidos por miembros de grupos
armados al margen de la ley, y los delitos de que trata el artículo 11 de la
ley 733 de 2002, norma especial que no está derogada y que prohíbe cualquier
beneficio para los delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo y
conexos”.
En el caso concreto, manifiesta el Tribunal que
existió solicitud del condenado, por delitos distintos a los señalados en la
excepción legal, “pero allí tan solo solicita se le rebaje el 10% de la pena,
sin que ponga de manifiesto su compromiso de no repetir actos delictivos, ni de
cooperar con la justicia, como tampoco señala cuáles han sido o serán las
acciones de reparación a las víctimas. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad negó la solicitud de rebaja porque consideró que se está
en presencia de un delito de lesa humanidad, no ha pagado los perjuicios
decretados en la sentencia y no es la oportunidad para otorgar el beneficio la
que se concretará cuando se le otorgue la libertad”.
Contrario a lo sostenido por el a quo, el
superior jerárquico consideró que el condenado no había cometido un crimen de
lesa humanidad, por cuanto no reúne los requisitos que contempla el
Estatuto de Roma, “por lo que procedería en principio la rebaja de pena, si
no fuera porque se observa que no se cumple con los requisitos allí previstos”.
A continuación, pasa el Tribunal a interpretar cada uno de los requisitos de
que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Así pues, en relación con el compromiso de no
repetición de actos delictivos, considera que éste debe ponerse de manifiesto
desde la misma solicitud de la rebaja de pena, “no como lo ha entendido la
primera instancia, que sea al momento de obtener la libertad, oportunidad en
que procede la rebaja, toda vez que la libertad no siempre es consecuencia
inmediata de la rebaja de pena, y el requisito es para obtener ésta y no
aquélla, no siendo presupuesto el cumplimiento de un monto determinado de pena
para la obtención del beneficio, basta con el cumplimiento de los requisitos
señalados en la ley, sin que exista la posibilidad de hacer agregados a la
norma”.
En lo que concierne al requisito de colaboración con
la justicia, estima que éste no puede entenderse como existente antes de la
sentencia, sino que “debe entenderse que debe haber existido en el curso del
proceso actos que permitan concluir que cooperó con la administración de
justicia, y que ha de comprometerse a brindar la cooperación en loq ue fuere
posible dentro del período de la pena que le resta por cumplir”.
Respecto al requisito de reparar a las víctimas,
asegura el Tribunal que dichas acciones se concretan no sólo en la
indemnización efectiva y real, al momento de hacer la solicitud “por las
sumas a que se le condenara”, sino que comprende las garantías que se
ofrezcan para el cumplimiento del pago de los perjuicios. De tal suerte que “lo
importante es que por lo menos exista el compromiso y garantía de que existirá
la reparación a las víctimas del ilícito por el cual se está cumpliendo la pena”.
En lo que atañe al buen comportamiento del condenado,
éste deberá ser demostrado mediante la conducta que haya observado en el
establecimiento carcelario, o en el domicilio, “durante el tiempo que ha
estado privado de la libertad en detención preventiva o en cumplimiento de la
pena, el cual debe ser evaluado en forma integral”.
Con base en las anteriores consideraciones, el
Tribunal Superior de Tunja concluyó diciendo en su auto núm. 069 del 24 de
noviembre de 2005 que “en la solicitud de ESTEBAN NUÑEZ LÓPEZ no se puso
de manifiesto su compromiso de no repetir actos delictivos, ni de cooperar con
la justicia, como tampoco se señala cuáles han sido o serán las acciones de
reparación a las víctimas, no pudiendo presumir el funcionario judicial su
cumplimiento para acceder a la petición de rebaja de pena, sin prueba que
demuestre que ha pagado el monto por el cual fue condenado en perjuicios en la
sentencia, como lo indicara la primera instancia, existiendo tan sólo la prueba
del comportamiento en el cumplimiento de la pena, las calificaciones de
conducta en el grado de buena y ejemplar, pero también apareciendo en el
expediente constancia de haberse fugado del penal cuando se encontraba privado
de la libertad; por tanto, no se reúnen la totalidad de los requisitos exigidos
por el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 para acceder a la rebaja de pena del
10% solicitada por el condenado, luego no le asiste razón al apelante y la Sala
confirmará la providencia que ha sido motivo de impugnación”.
Posteriormente, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja, mediante auto del 6 de febrero de 2006,
negó nuevamente la rebaja de la décima parte de la pena solicitada por el
accionante, señalando estarse a lo dispuesto por el Tribunal Superior en
providencia del 24 de noviembre de 2005, negando la concesión de la libertad
condicional y reconociendo redención por estudio de 3 meses y 8.5 días.
En providencia del 3 de abril de 2006, el
Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja resolvió negar
por improcedente, al no concurrir el facto subjetivo, el subrogado de libertad
condicional al accionante, señalando estarse a lo resuelto mediante autos de 23
de febrero de 2006 y 6 de febrero de 2005, negando además la rebaja de pena de
la décima parte de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y de la mitad
de la pena por favorabilidad, diciendo estarse a lo decidido por el Tribunal
Superior el 25 de octubre de 2005. El condenado interpuso recursos de reposición
y apelación, no reponiendo la providencia el Juzgado mediante auto del 7 de
junio de 2006, y concediendo la apelación en efecto suspensivo.
La Sala Penal de Tribunal Superior de Tunja, mediante providencia
núm. 086 del 18 de julio de 2006, decidió confirmar el auto interlocutorio
de fecha 3 de abril de 2006, proferido por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Tunja.
En la mencionada providencia el Tribunal indica que la
ley determina que no hay más que una oportunidad para el juez de ejecución de
penas se pronuncie, a menos que aparezcan con posteridad elementos de juicio
que cambien su situación frente a la factibilidad que conllevó a la decisión
judicial de negar una rebaja o un subrogado.
En lo que respecta a la aplicación de la favorabilidad
penal debido a la entrada en vigor del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, es
decir, la rebaja de la mitad por la aceptación de cargos, estima el Tribunal
que “fue ampliamente analizado en proveído del 10 de agosto de 2005, convirtiéndose
en cosa juzgada”, y por ende “no es procedente volver a hacer un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo tema”.
Por el contrario, en relación con la rebaja del 10% de
la pena, el Tribunal estimó que “el beneficio está sujeto al cumplimiento de
unos requisitos que pueden demostrarse dentro de una situación que puede
cambiar en el cumplimiento de la pena, por lo es procedente volver a hacer un
nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema u objeto de decisión”, razón por
el cual consideró que, en lo pertinente, se remitía a lo expuesto en la parte
motiva del auto proferido el 24 de noviembre de 2004. Finalmente el a quo
concluyó diciendo que
“la Sala debe entrar a analizar si luego
del interlocutorio relacionado de 24 de noviembre de 2005, la situación de
ESTEBAN NUÑEZ LÓPEZ ha variado respecto de los requisitos que exigiera la norma
en mención, es decir, el artículo 70 de la ley 975 de 2005, no sin antes anotar
que la misma fue declarada inexequible mediante sentencia C- 370 de 2006, por
la Corte Constitucional, sin embargo es posible la aplicación ultractiva por
favorabilidad de la ley, a pesar de haber sido expulsada del ordenamiento
jurídico, precisando que la ley tuvo plena validez desde el día en que entró en
vigencia, hasta la fecha en que fue declarada inexequible, por tanto durante
ese lapso surtió plenos efectos, afectando situaciones particulares en las
cuales se reconoció la rebaja a quienes cumplieron los requisitos previstos en
la norma, pero también para los que se negó la rebaja porque no cumplieron los
requisitos previstos en la norma, los cuales no pueden ser alegados por
cumplimiento con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad, porque
daría lugar a permitir que la ley siga teniendo efectos después de su retiro
del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución Política. En
consecuencia para el caso presente tiene la Sala que entrar a ver si se
cumplieron los requisitos faltantes, según lo anotado en el interlocutorio de
24 de noviembre de 2005, o si después de esa fecha y hasta antes de que se
declarara la inexequibilidad del artículo 70 de la mencionada ley 975, se
aportó prueba sobre los mismos. El sentenciado allegó con posterioridad a este
proferimiento, declaración jurada sobre su insolvencia económica, sin que se allegara
concepto favorable del Establecimiento Penitenciario y Carcelario sobre su
conducta para los efectos de esta rebaja, es decir, que debe ser certificada su
conducta por el establecimiento carcelario para poder acceder a dicho
beneficio, máxime que registra constancias de haberse fugado cuando se
encontraba privado de la libertad por este proceso, bastando estas
consideraciones y ante la falta de este requisito, sobre su certificación de
conducta, que puedan dar certeza sobre la buena conducta observada en el
establecimiento carcelario para obtener este beneficio, la Sala debe entrar a
confirmar integralmente el interlocutorio que negó la rebaja del artículo 70 de
la ley 975 de 2005 a ESTEBAN NUÑEZ LÓPEZ, pero por los motivos aquí anotados”.
7.2. Aplicación del principio de favorabilidad al caso
concreto.
Como se ha descrito en los hechos, el accionante se
sometió a sentencia anticipada durante la vigencia de la Ley 91 de 1993,
siendo condenado a una pena de 25 años y un mes de prisión, pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas, así como al pago de perjuicios a
favor de los herederos de cada uno de los occisos, equivalente a 250 gramos
oro. La anterior sentencia fue modificada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Florencia, en fallo del 27 de mayo de 1994, providencia en la cual
se decidió aumentar la pena a 28 años y 5 meses de prisión, interdicción de
derechos y funciones públicas por 10 años y al pago de perjuicios por valor de
250 gramos oro, a favor de los herederos del señor Ramiro Guillén Betancourt.
Posteriormente, la pena fue redosificada por el Juzgado 2º de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante auto de fecha 15 de junio de
2002, disponiendo que debía cumplir una pena de 18 años y 5 meses de prisión.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, mediante auto del 10 de agosto de 2005 le negó al
accionante la aplicación del principio de favorabilidad penal procesal, es
decir, no redosificó la pena a la mitad, en los términos del artículo 351 de la
Ley 906 de 2004, por estimar que las figuras de la sentencia anticipada y la
aceptación de cargos no eran semejantes. La anterior decisión fue confirmada
por el Tribunal Superior de Tunja mediante auto del 24 de noviembre de 2005.
En providencia del 3 de abril de 2006, el Juzgado 2º
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja resolvió negar por
improcedente, al no concurrir el facto subjetivo, el subrogado de libertad
condicional al accionante, señalando estarse a lo resuelto mediante autos de 23
de febrero de 2006 y 6 de febrero de 2005, negando además la rebaja de pena de
la décima parte de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y de la mitad
de la pena por favorabilidad, diciendo estarse a lo decidido por el Tribunal
Superior el 25 de octubre de 2005.
La Sala Penal de Tribunal Superior de Tunja, mediante
providencia núm. 086 del 18 de julio de 2006, decidió confirmar el auto
interlocutorio de fecha 3 de abril de 2006, proferido por el Juzgado 2º de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
Ahora bien, como se ha señalado a lo largo de esta
providencia, tratándose del tránsito legislativo entre el decreto 2700 de 1991,
modificado por la Ley 81 de 1993, y la Ley 906 de 2004, las autoridades
judiciales, en virtud del artículo 29 Superior, deben aplicar con carácter
retroactivo la norma procesal más reciente y conferir beneficios establecidos
en la misma si resultan ser más favorables en el caso particular frente a
figuras jurídicas semejantes pero reguladas de manera distinta en las leyes
mencionadas.
Como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte
en sentencias T- 091 de 2006 y T- 082 de 2007, las figuras de sentencia
anticipada y allanamiento a cargos son semejantes, similitudes que, como se ha
explicado in extenso en el presente fallo son igualmente predicables en
los términos del decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993; por
tanto, corresponde aplicar el descuento punitivo hasta de la mitad de la pena
previsto en el Art. 351 de la Ley 906 de 2004 en relación con las condenas
impuestas mediante sentencia anticipada.
Por consiguiente, las decisiones adoptadas por el
Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Tunja son violatorias del debido proceso del
accionante, por cuanto desconoció la aplicación del principio de favorabilidad
que permitía readecuar la condena impuesta al señor Jorge Esteban López Nuñez
mediante sentencia anticipada a la luz de los parámetros dispuestos en la ley
para la figura del allanamiento o aceptación de cargos. Por este motivo,
incurrieron las autoridades judiciales en una causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución, al inaplicar el artículo 29 de la Carta en relación con el
principio de favorabilidad.
Por estas razones, la Sala amparará el derecho
fundamental al debido proceso del señor Jorge Esteban López Nuñez vulnerado, y
en consecuencia, dejará sin efectos los autos núm. 00647 del 10 de agosto de
2005, 3 de abril de 2006 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, únicamente en cuanto se negó en ellos la aplicación
del principio de favorabilidad penal. Igual decisión se adoptará en relación
con el auto del 24 de noviembre de 2005 y 18 de julio de 2006 de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Tunja, únicamente en cuanto se negó en ellos la
aplicación del principio de favorabilidad penal, es decir, en cuanto dichas
autoridades judiciales no redosificaron la pena a la mitad, en los términos del
artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por estimar que las figuras de la sentencia
anticipada y la aceptación de cargos no eran semejantes.
7.3. Examen sobre la rebaja de pena del 10% de que
trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, al igual que la Sala Penal del Tribunal Superior de esa
misma ciudad, le negaron en varias ocasiones al accionante la rebaja del 10% de
la pena, en los términos del artículo 70 de la Ley 975 de 2005. Examinadas las
pruebas que obran en el expediente, los argumentos y valoraciones realizadas
por los falladores, a la luz de las consideraciones vertidas por la Sala de
Revisión cuando examinó en detalle el mencionado beneficio penal, se concluye
que los accionados no incurrieron en una causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, como pasa a explicarse.
El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, mediante auto núm. 00647 del 10 de agosto de 2005 negó la
solicitud de rebaja de pena argumentado, en esencia, lo siguiente (i) se está
en presencia de un delito de lesa humanidad, y por ende, expresamente
excluido de la rebaja de pena; y (ii) el solicitante no ha pagado los
perjuicios decretados en la sentencia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante
auto núm. 096 del 24 de noviembre de 2005 por cuanto, si bien la solicitud fue
elevada en tiempo, el peticionario no cumplió con ninguno de los requisitos
señalados en la norma procesal. En efecto, no puso de manifiesto su compromiso
de no volver a delinquir, ni colaboró con la justicia, ni señaló forma alguna
de reparar a las víctimas, y además, en cuanto a su comportamiento carcelario,
reporta fugas.
Tales decisiones fueron confirmadas en providencias
posteriormente, tanto por el Juzgado como por el Tribunal, básicamente,
retomando los argumentos expuestos.
Así las cosas, encuentra la Sala de Revisión que las
autoridades públicas accionadas, en lo que concierne a su negativa a reconocer
y tasar el beneficio penal de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 no
incurrieron en causal alguna de procedencia de la acción de tutela, motivo por
el cual será confirmada, en lo pertinente, las decisiones adoptadas por las
Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las sentencias de tutela proferidas el 20 de
septiembre de septiembre de 2006 y el 23 de noviembre del mismo año por las
Salas Penal y Civil respectivamente de la Corte Suprema de Justicia, mediante
las cuales se decidió negar el amparo al señor Esteban López Nuñez, y en su
lugar conceder la tutela al derecho fundamental al debido proceso penal
del demandante. Por el contrario, se CONFIRMARÁN los mencionados fallos
en cuanto a la negativa a aplicar el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, los autos núm. 00647 del 10 de agosto de
2005, 3 de abril de 2006 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, únicamente en cuanto se negó en ellos la aplicación
del principio de favorabilidad penal; asimismo, los autos del 24 de noviembre
de 2005 y 18 de julio de 2006 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, únicamente
en cuanto se negó en ellos la aplicación del principio de favorabilidad penal.
En todo lo demás, las providencias judiciales quedan en firme.
Tercero: ORDENAR al Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja que proceda, dentro del término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación de esta sentencia, a resolver la solicitud de
redosificación punitiva formulada por el señor Esteban López Nuñez, teniendo en
cuenta las normas aplicables en virtud del principio de favorabilidad, conforme
a las consideraciones de esta sentencia.
Cuarto. LIBRENSE, por la Secretaría General de esta Corporación, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Ver sentencias
T-958 de 2005 y T-389 de 2006 proferidas por esta Sala de Revisión.
[2] Ver sentencia
T-951 y T-1216 de 2005, entre otras.
[3] En esta
oportunidad la Sala reitera la sentencia  C-590 de 2005.
[4] Sentencia T-698
de 2004.
[5] Esta
clasificación se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada
en las sentencias T-461 de 2003, T-589 de 2003, T-606 de 2004, T-698 de 2004,
T-690 de 2005, entre otras.
[6] Ver sentencia
SU-014 de 2001.
[7] Ver Auto A-330
de 2006.
[8] Al respecto
pueden consultarse las sentencias SU-1184 de 200, T-522 de 2001 y T-1265 de
2000.
[9]  Sentencia
T-933 de 2003, entre otras.
[10] Sentencias T-
091 de 2006 y T- 082 de 2007.
[11] Este
reconocimiento desvirtúa la legitimidad del argumento de que por tratarse de
una  institución propia, vertebral o estructural del nuevo sistema acusatorio
no admitiría la posibilidad de invocar favorabilidad. No solamente por que como
se demostró presenta una tradición en el sistema jurídico procesal colombiano,
sino por que es evidente que si una institución presenta ese nivel de
caracterización específica, esencial y medular respecto del nuevo sistema, es
muy probable que no encuentre punto de referencia en el anterior sistema,
excluyéndose así el supuesto material de la favorabilidad, cual es la
existencia de supuesto de hecho similares tratados de manera distinta.
[12] Jaime Bernal
Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett, El proceso penal, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1995, pp. 525 y ss.
[13] Ibídem,
pp. 534 y ss.
[14] Luigi
Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Edit. Trota, 2000, p.
456.
[15] Una
tercera parte cuando la aceptación de cargos se produce desde la diligencia de
indagatoria y hasta antes de que  quede ejecutoriado el cierre de la
investigación. Una sexta parte, una vez proferida la resolución de acusación y
hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha para
audiencia.
[16] Artículo 413,
Ley 600 de 2000. La identificación de dirigentes o cabecillas de
organizaciones delictivas, la identificación e incautación  de bienes y fuentes
de financiación de organizaciones delictivas, la localización del lugar en que
se encuentra la víctima de determinados delitos.
[17] El artículo 5°
transitorio del A.L. 03 de 2002 establece que “El presente acto legislativo
rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad
que determine la ley, y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad
a la vigencia que en ella se establezca” Por su parte el artículo 6° de la
Ley 906/04 que enuncia  el postulado de la favorabilidad determina que “Las
disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para
la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a
su vigencia” (El original sin subrayas).
[18] En esta
sentencia la Corte se pronunció sobre el artículo 5° transitorio del Acto
Legislativo No. 03 de 20002.
[19] En
esta sentencia se decidió sobre la exequibilidad de la expresión “Las
disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación
y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” contenida en el
artículo 6° del nuevo estatuto procesal penal.
[20] Ver Sentencia
C-200/02.
[21]  Ver entre
otras   las Sentencias  C-252/2001; C-200/02; C-922/01 y T-272/05. El inciso 2°
del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, recoge esta concepción.
[22] Sentencia C-
873 de 2003.
[23] Sentencia SU
062 de 2001.
[24] i)
Entre el momento de la aprobación del Acto Legislativo y el 1º de enero de
2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, en que se
da una etapa de transición durante la cual coexisten dos sistemas en distintas
regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008,
en que deberá estar en “plena vigencia” el nuevo modelo acusatorio de
procedimiento penal en todo el país.
[25] Corte
Constitucional sentencia C-592 de 2005.
[26] El artículo 530
de la Ley 906 de 2004, señala las etapas en que se implementará el nuevo
sistema y los Distritos que involucrará cada una de ellas.
[27] Autos de mayo 4
de 2005, M.P. Yesid Ramírez Bastidas y Marina Pulido de Barón.
[28] “Tradicionalmente se ha entendido que la aplicación
de la favorabilidad penal en su especie clásica, supone sucesión de leyes, que
es como en condiciones normales éstas son reemplazadas por otras que las
derogan, adicionan o modifican.
Pero la puesta en marcha del sistema acusatorio se
decidió hacerla paulatinamente, en concordancia con el programa de implantación
previsto en el artículo 530 de la ley 906 de 2004. Y eso condujo a una
situación muy particular, exótica si se quiere, en la cual coexisten dos procedimientos
distintos y excluyentes que se aplican en el país según la fecha y el lugar de
comisión del delito: el anterior, a casos por conductas realizadas antes del 1º
de enero de 2005 o a partir de esta fecha en Distritos Judiciales donde no
opere el sistema acusatorio; y, el nuevo, para delitos cometidos a partir del
1º de enero de 2005 en los Distritos Judiciales semillas seleccionados para que
funcione ese sistema.
Frente a los primeros rige la ley 600 de 2000, sin que
pueda desconocerse por ese hecho la existencia de una ley procesal posterior
que no se aplica debido a la novedosa fórmula que se adoptó para introducir el
sistema acusatorio, pero que podría contener normas sustanciales o procesales
de efectos sustanciales favorables al procesado de obligatorio reconocimiento
según el artículo 29 Superior que autoriza en materia penal la aplicación de
normas que beneficien la situación del procesado aunque no hubiesen regido en
el trámite del proceso” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
auto de mayo 4 de 2005, M.P. Yesid Ramírez Bastidas).
[29] En
auto de julio 19 de 2005. Radicación 23910, la Sala de Casación penal de la
Corte Suprema de Justicia reitera, en forma ampliada, su postura mayoritaria
sobre la aplicación del principio de favorabilidad respecto de tránsitos
normativos que comporten no solamente “sucesión de leyes en el tiempo”, sino
coexistencia de regímenes diversos.
[30] Sentencia
C-200 de 2002. En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de los
artículos 40 y 43 de la Le 153 de 1887. En la  C- 592 de 20005 se reiteró este
criterio.
[31] Sala
Novena de revisión, sentencia T-1211 de 2005, MP Clara Inés Vargas Hernández.
[32] En
este momento procesal también se contempla la posibilidad de que la aceptación
de los cargos sea la consecuencia de un acuerdo celebrado entre acusado y
fiscal, configurándose las denominadas  manifestaciones de culpabilidad preacordadas
, caso en el cual es la Fiscalía quien deberá indicar al juez los términos del
acuerdo y la pretensión punitiva que tuviere (Art. 369). Si la manifestación
preacordada fuere aceptada por el juez la pretensión punitiva del fiscal, se
convierte en el marco para el juez, en cuanto no podrá imponer una pena
superior a la solicitada por el Fiscal (Art. 370).
[33] El
artículo 3° de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el código penal
establece: “El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final así: El
sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se lleven a
cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”.
[34] Auto de julio
19 de 2005. Radicación 23910. Criterio ratificado en autos de mayo 4 de 2005,
radicaciones 19094 y 23567.
[35] Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, sentencia del 18 de octubre de 2005, M.P. Marina
Pulido de Barón, proceso núm. 24.196.
[36] Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, sentencia del 28 de octubre de 2005, M.P. Jorge Luis
Quintero Milanés, proceso núm. 17.089.
[37] Tal situación
es puesta de manifiesto no sólo en los numerosos salvamentos y aclaraciones de
voto presentes en los fallos del 18 y 28 de octubre de 2005, sino incluso en el
texto de la sentencia del 14 de diciembre de 2005 de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Javier Zapata Ortiz, proceso
núm. 24.478, en la cual se afirma que “No obstante las consideraciones
anteriores, conviene aclarar que un sector de la Sala encontró precisamente
ostensible contradicción entre la norma superior y la legal, respecto del
artículo 70 de la ley de justicia y paz, fundamentalmente por violación al
principio de unidad de materia”.
[38] C- 006 de 2003.