T-138-11
ARTÍCULO 70
Sentencia
T-138/11
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Vigencia del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 tras
declaratoria de inexequibilidad en la sentencia C-370 de 2006
REBAJA DE PENAS EN LA LEY 975 DE 2005-Vigencia del artículo 70 y su declaratoria de
inexequibilidad en la sentencia C-370 de 2006
Referencia: expediente T-2755050
Acción de tutela instaurada por Mauricio Pardo Hasche
contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja
y la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja
Magistrada
Ponente:
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil once (2011).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos
Henao, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de tutela instaurado
por Mauricio Pardo Hasche contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja y la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Tunja.
El
expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del auto del
catorce (14) de octubre de 2010, proferido por la Sala de Selección Número Diez
(10) y repartido a la Sala Primera de Revisión.
I.
ANTECEDENTES.
El ciudadano Mauricio Pardo Hasche instauró una acción
de tutela contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Tunja y la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, por
considerar que estas autoridades judiciales le vulneraron sus derechos a
libertad, a la igualdad y al debido proceso. Los hechos que dieron origen a la
acción de tutela son los siguientes:
1.
Mauricio Pardo Hasche fue condenado por el Juzgado Regional de Bogotá el julio
8 de 1997, a treinta años de prisión por el delito de secuestro extorsivo. Esta
sentencia fue modificada por el Tribunal Nacional de Bogotá, quien fijó una
pena principal de 29 años de prisión. El 17 de septiembre de 2003, la Sala de
Casación Penal decidió no casar la sentencia  impugnada.
2.
Mediante auto interlocutorio del 27 de agosto de 2009,[1] el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, le concedió un descuento
parcial de la pena de prisión equivalente al 2.5% de la pena impuesta, al
considerar que no se cumplían todos los requisitos previstos en el artículo 70
de la Ley 975 de 2005, que establecía una rebaja del 10%.
3.
Según el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja,
dicho beneficio solo se podía conceder a quienes cumplieran con los requisitos
durante la vigencia de la norma. En el asunto, al solicitante sólo había
cumplido durante la vigencia de la norma con el requisito de buen comportamiento,
que le permitía acceder al 2.5% de la rebaja. Los demás requisitos no fueron
acreditados o fueron presentados con posterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad del art. 70 de la Ley 975 de 2005:  (i) el compromiso del
sentenciado de no repetir actos delictivos había sido presentado el 6 de agosto
de 2009; (ii) en cuanto a la cooperación con la justicia, “no se observa
actos positivos de real colaboración con la justicia, esto es, confesión,
acogimiento a las normas, denuncia de nuevos delitos, o autores de actos
delictivos, agotamiento anticipado, evitar el desgaste de la administración de
justicia. Si bien es cierto se encuentra privado de la libertad, una cosa es
que colabore con la justicia y otra es el cumplimiento de sus obligaciones como
procesado y como preso, obviamente, al momento de ser detenido asiste a cada
una de las audiencias, pero no realiza actos positivos que ayuden a la justicia
a evitar nuevos delitos, o a su mismo desgaste. En consecuencia, se tendrá por
no cumplido el presente requisito.”[2]
(iii) En relación con las acciones de reparación a las víctimas, el juzgado
consideró que aunque fue condenado al pago de perjuicios y a pagar una
indemnización de perjuicios morales en cuantía de 1000 gramos oro y por perjuicios materiales en cuantía de 4000 gramos oro, no existía constancia de pago de estas sumas a favor de los herederos de la víctima. Sobre el punto señala “para
efectos del análisis de la rebaja, es oportuno señalar que hace referencia a
las acciones de reparación a las víctimas, mas no de actos, manifestaciones o
documentos que implican o justifiquen el no pago de los perjuicios a que haya
sido condenado. En consecuencia, no se puede establecer que se haya dado
cumplimiento a este requisito.”[3]
4.
La anterior decisión fue impugnada por el Procurador Judicial Penal 174 de
Tunja a fin de que se negara íntegramente el beneficio al condenado Mauricio
Pardo Hasche, pues en su opinión, los cuatro requisitos exigidos por el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005 debían cumplirse de manera simultánea para
obtener una única rebaja del 10% de la pena, sin que fuera posible hacer una
reducción parcial.[4]
El accionante no interpuso recurso alguno contra esta providencia judicial.
5.
La Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Tunja, revocó el auto interlocutorio de 27 de agosto de 2009, mediante auto de
5 de febrero de 2010, por considerar que los cuatro requisitos que permiten la
rebaja de la pena en el 10% deben ser cumplidos simultáneamente y durante el
tiempo que estuvo vigente el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
6.
Contra la decisión la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Tunja, el actor interpuso acción de tutela, por considerar
que sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la favorabilidad y a la
libertad habían sido vulnerados, al no concedérsele la rebaja solicitada.
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
1.
Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Mediante
providencia del 27 de mayo de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, negó el amparo de tutela por considerar que era
improcedente, toda vez que el accionante no había hecho uso de los medios
ordinarios a su disposición para controvertir las decisiones del Juez Quinto de
Ejecución de Penas. “Si el demandante se hallaba inconforme con la decisión
adoptada por el Juez de Ejecución, era de su cargo ejercer los recursos que
tenía a su disposición para controvertir la decisión judicial al interior de la
actuación penal. Y ciertamente no le es dable ahora acudir al mecanismo
subsidiario del amparo constitucional para remediar su omisión”.[5]
En
relación con el fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Tunja, consideró que éste no había incurrido en una vía de hecho, toda vez que
“la providencia censurada se sustenta en motivos razonables que eliminan
cualquier viso de arbitrariedad que le haga perder legitimidad o su condición
de verdadera decisión judicial en punto de la procedencia de la rebaja de la
pena en los términos del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por lo que al
respecto el Tribunal accionado expuso a gran espacio las razones por las que
considera que el cumplimiento de los requisitos exigidos debía darse con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de la norma, al tiempo que
manifestó aquellas a partir de las cuales no acoge el criterio fijado en la
sentencia T-815 de 2008 emitida por la Corte Constitucional en torno a la
aplicación ultractiva de una norma inexequible. ║ Pero además de ello,
también fue fundamento de la decisión del Tribunal el que, en todo caso, no se
acredita el cumplimiento íntegro de los requisitos durante el tiempo en que estuvo
vigente el precitado artículo 70 de la Ley 975 de 2005. Y es que la Corte
Constitucional en sentencia T-815 de 2008, de manera alguna sugiere que para el
otorgamiento de la mencionada rebaja de pena baste con que la ejecutoria del
fallo de condena hubiera ocurrido antes del 25 de julio de 2005, como lo
esbozaron los accionados (…)”.[6]
2.
Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Mediante
providencia del 7 de julio de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, confirmó el fallo de primera instancia. Dijo la Sala de Casación
Civil:
“Estudiados los fundamentos de la acción y las pruebas
aportadas, advierte la Corte que, como lo sostuvo el juzgador constitucional de
primer grado, el amparo solicitado resulta improcedente, habida cuenta, de un
lado, que el actor no cuestionó, a través de los recursos ordinarios, la
decisión del juzgado de disminuirle la condena tan solo en un 2.5%; y de otro,
porque analizada la providencia mediante la cual el Tribunal accionado
consideró que no era posible concederle la rebaja de la décima parte de la
pena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 975 de 2005,
observa la Corte que dicha determinación no puede tildarse de abiertamente
arbitraria o caprichosa, para que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, pues es palpable que el asunto fue resuelto con argumentos que
no lucen absurdos y que obedecen al criterio hermenéutico de la aplicación de
la norma que gobierna la materia.
En efecto, la Corporación acusada consideró que si
bien el peticionario se encontraba condenado mediante sentencia ejecutoriada
cuando entró en vigencia la Ley 975 de 2005, por un delito diferente a los que
impedían el reconocimiento del beneficio invocado, debía negarse la rebaja
reclamada porque, de un lado, la solicitud la elevó “cuando ya se había
producido la expulsión del orden jurídico de al norma que le daba sustento,” y
de otro, porque no acreditó el cumplimiento íntegro de los requisitos exigidos
durante el tiempo que estuvo vigente ya que su compromiso de no volver a
delinquir lo hizo el 6 de agosto de 2009 y no se ha producido la reparación a
las víctimas, ni siquiera de manera simbólica, es decir, que la satisfacción de
las exigencias legales no pudo producirse durante la permanencia del citado
artículo.”
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala es competente para revisar las decisiones
proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en
los artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política.
2.
Problema Jurídico
En
el asunto bajo revisión debe resolver la Sala el siguiente problema jurídico:
¿Resulta contrario a los derechos a la libertad, al
debido proceso y a la igualdad el que el Juez Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad y la Sala el Tribunal Superior de Tunja negaran la
solicitud del actor, de conformidad con el principio de favorabilidad penal, de
darle aplicación integral ultractiva del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, luego
de que fuera declarado inexequible mediante sentencia C-370 de 2006, el 18 de
mayo de 2006, por considerar que el demandante no había acreditado el
cumplimiento de todos los requisitos durante la vigencia de la norma?
Con
el fin de resolver el anterior problema, la Sala recordará brevemente la
jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, así como la relativa a la aplicación del principio de
favorabilidad en materia penal frente a una disposición que ha sido declarada
inexequible. Y finalmente procederá a aplicar la doctrina al caso concreto.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de Jurisprudencia.
3.1. La acción de tutela contra providencias
judiciales es, conforme a una amplia línea jurisprudencial establecida por la
Corte Constitucional,[7]
una figura de carácter eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo es
procedente ante situaciones en que no exista otro mecanismo judicial idóneo para
salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo
otro medio de defensa judicial, éste a) no resulte tan eficaz para la
protección de los derechos de los asociados como la tutela, o, b) la persona
afectada se encuentre ante un perjuicio irremediable.
La
seguridad jurídica se encuentra soportada, en consecuencia, en actuaciones
judiciales legítimas y razonables, y no en aquellas que no lo son. Por eso, en
situaciones concretas en las que mediante providencias judiciales se desconozcan
derechos fundamentales de los asociados en abierta contradicción con el
compromiso constitucional impuesto a todas las autoridades, -incluyendo a las
judiciales-, de propugnar por la realización de los derechos fundamentales
conforme a la Constitución (Art. 2 CP.), puede proceder la acción de tutela.
3.2.
Desde esta perspectiva, algunas de las consideraciones de las Salas de Casación
Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia en las providencias que forman
parte del proceso de tutela de la referencia, no se enmarcan dentro de la
evolución de la jurisprudencia constitucional y desconocen la expectativa
legítima de protección constitucional que esperan los ciudadanos de la figura
constitucional del artículo 86 de la Carta. De hecho, la figura de la acción de
tutela contra providencias judiciales, tiene un claro fundamento normativo. No
sólo al tenor del artículo 2º constitucional descrito, sino también conforme al
mandato del artículo 86 de la norma superior, disposición que reconoce que la
tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Sobre
este punto, si bien la sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo), estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991 y declaró inexequibles las disposiciones acusadas por considerar
que desvirtuaban las reglas de competencia fijadas por la Constitución
Política, lo cierto es que la providencia que se cita también matizó su
decisión de inexequibilidad en su parte motiva, al prever en la ratio
decidendi de la sentencia, que la acción de tutela podía llegar a ser
procedente contra actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales,
cuando ellas resultarán ser una vía de hecho.
Los
artículos constitucionales enunciados (2o y 86 de la C.P.) y el precedente
judicial anterior,[8]
permitieron que las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional
desde sus orígenes, decidieran aplicar en los casos concretos que fueran de su
conocimiento, el precedente establecido por esta Corporación en la sentencia
C-543 de 1992.[9]
La Corte Constitucional desde entonces, ha construido una nutrida línea
jurisprudencial en materia de tutela contra sentencias,[10] que ha permitido la
procedencia de esa acción, cuando tales actuaciones judiciales han sido
dictadas en abierto desconocimiento del ordenamiento jurídico, es decir,
arbitrariamente, al presentar alguno de los siguientes cuatro defectos:
sustantivo, orgánico, fáctico y/o procedimental.[11]
Esta
línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de
hecho”. Sin embargo, esta Corporación recientemente, con el propósito de
superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su
asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, sustituyó la
expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales”[12]
que responde mejor a su realidad constitucional.[13] La sentencia C-590 de
2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la acción
de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales
genéricas de procedibilidad de la acción”, que de vía de hecho.[14]
3.3.
En ese orden de ideas, conforme a la consolidada línea jurisprudencial de esta
Corporación en materia de tutela contra sentencias, entre las causales de
procedibilidad[15]
de la tutela en estos casos, podemos citar en primer lugar, aquellas
de carácter general, orientadas a asegurar el principio de subsidiariedad de la
acción de tutela, como son el agotamiento de otros medios de defensa
disponibles y la inmediatez. En segundo lugar, existen unas causales
específicas, centradas en los defectos de las actuaciones judiciales en sí
mismas consideradas, que son aquellas identificadas genéricamente como: (i)
defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto orgánico y (iv) defecto
procedimental.
Frente
a las primeras, es decir aquellas de carácter general, es necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios
de defensa disponibles en la legislación para el efecto.[16] Esta exigencia responde
al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que
la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador.[17]
Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas[18] en los procesos jurisdiccionales
ordinarios.[19]
Por
lo tanto, es incorrecto pensar que la acción de tutela puede asumirse como un
medio de defensa judicial paralelo al sistema de jurisdicciones y competencias
ordinarias y especiales.[20] El juez de tutela no puede
entrar a reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que le
autoriza la ley,[21]
especialmente si los mecanismos que permiten conjurar las posibles falencias
que se suscitan durante los trámites procesales no han sido utilizados ni
ejercidos por las partes, conforme a las atribuciones y competencias que
consagra la ley.
El
agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa
judicial, resulta ser entonces, no sólo una exigencia mínima de diligencia de
los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales,[22] sino un requisito
necesario para la procedibilidad de la acción de tutela, salvo que por razones
extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración la persona se haya
visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de
defensa dentro del proceso judicial;[23]
circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela.
Así, puede proceder la acción de tutela contra una providencia judicial
en dos eventos: (i) cuando ante la vulneración ostensible de derechos
fundamentales mediante acciones u omisiones de los operadores jurídicos que
vulneren de manera grave o inminente tales derechos,[24] no exista otro medio
de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados
y la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho o, (ii) cuando se
emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en
materia de derechos fundamentales.[25]
Esta segunda hipótesis tiene lugar especialmente, cuando a la fecha de
presentación de la tutela aún está pendiente alguna diligencia o instancia
procesal, pero la protección constitucional provisional se requiere de manera
urgente para evitar el perjuicio irremediable. En estos casos, naturalmente, la
actuación constitucional resulta generalmente transitoria.
Por otra parte, fuera del agotamiento de los otros medios de defensa
judiciales, el segundo requisito general de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia
jurisprudencial reclama la verificación de una correlación temporal entre
la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos
fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la
acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan
significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional
de la actividad judicial por la vía de la acción de tutela.[26]
Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela
contra providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho
era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad.
Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además la
seguridad jurídica; de manera tal que la inmediatez sea claramente una
exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales.
3.4.
En segundo lugar, la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales requiere que se consolide en la decisión
judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha
considerado contrarios a la Carta. La lista que a continuación se presenta, si
bien no es exhaustiva, si registra algunos de los principales casos en los que
esta Corporación ha encontrado “una manifiesta desconexión entre la voluntad
del ordenamiento y la del funcionario judicial”.[27] Tales defectos, en
consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la siguiente forma:
(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión
judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable,[28]
ya sea porque[29]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[30] (b) es
inconstitucional,[31]
(c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso.[32]
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma[33]
constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de
sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando
la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la
Constitución.[34]
Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la
providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación[35] que afecte derechos
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[36] sin ofrecer
un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión
diferente;[37]
o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[38]
(ii) Se produce un defecto fáctico en
una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende,
- en una dimensión negativa -, que se omitió[39]
la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.[40]
En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando
el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente”.[41]
En
una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede
apreciar, sin desconocer la Constitución”.[42]
Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).[43]
En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por
vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece
arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia[44]”.[45]
(iii) El llamado defecto orgánico tiene
lugar, cuando el funcionario judicial que profirió la providencia que se
controvierte, carece totalmente de competencia para ello conforme a la
ley; y,
(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando
el juez de instancia actúa completamente ajeno al procedimiento
establecido,[46]
es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas
propias de cada juicio”,[47]
con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de
las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser
manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno
atribuible al afectado.[48]
Fuera de las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido otra adicional, denominada[49]
vía de hecho por consecuencia, que puede ser descrita de la siguiente
forma:
(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando
el defecto en la providencia judicial es producto de la inducción al error de
que es víctima el juez de la causa.[50]
En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la
actuación final resulta equivocada.[51]
En la sentencia T-705 de 2002,[52]
la Corte precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura cuando
especialmente, cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación
de hechos o situaciones jurídica, en cuya determinación los órganos competentes
hayan violado derechos constitucionales, y (ii) que tenga como
consecuencia un perjuicio ius fundamental”.
Con fundamento en las consideraciones jurisprudenciales previamente expuestas,
la Sala deberá determinar en el caso concreto, si el tribunal accionado
incurrió en las vías de hecho alegadas por la parte demandante.
4.
Jurisprudencia sobre la procedencia del beneficio contenido en el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005 para delitos comunes y alcance de los
requisitos exigidos para ello, a partir de su declaratoria de inexequibilidad
mediante sentencia C-370 de 2006.
4.1.
La Corte Constitucional se ha referido en varias ocasiones a los efectos de la
sentencia C-370 de 2006, en relación con la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 70 de la Ley 975 de 2005[53]
y la posibilidad de su aplicación con posterioridad a dicha declaratoria.[54]
De conformidad con lo señalado en la sentencia C-370
de 2006, el artículo 70 fue declarado inexequible porque en su trámite en el
Congreso de la República se había incurrido en un vicio de procedimiento, en
particular por desconocer el principio de unidad de materia. En cuanto a los
efectos temporales del fallo, la sentencia expresamente consignó en la parte
resolutiva lo siguiente:
“6.3. Efecto general inmediato de
la presente sentencia
Finalmente, la Corte no concederá efectos retroactivos
a estas decisiones, como lo solicitaron los demandantes, según lo resumido en
el apartado 3.1.5. de los antecedentes de esta sentencia. Por lo tanto, se
aplican las reglas generales sobre efecto inmediato de las decisiones de la
Corte Constitucional, de conformidad con su jurisprudencia. (negrillas
originales).
Quiere
ello decir, que en virtud del artículo 243 de la Carta[55] los efectos de la
sentencia C-370 de 2006 únicamente pueden extenderse hacia el futuro, es decir,
al día siguiente de la fecha de su ejecutoria, esto es, el 22 de julio de 2006.[56]
4.2.
Habida cuenta que durante el lapso de tiempo que la norma estuvo vigente,[57] algunas
personas han reclamado la aplicación de la disminución punitiva en el
porcentaje que establecía el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, este tipo de
solicitudes han llevado tanto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, a los Tribunales Superiores y a los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad como a la Corte Constitucional, a estudiar el problema
de la redosificación de la pena y la aplicación del principio de favorabilidad
penal, lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones, algunas de ellas
contradictorias, sobre las condiciones bajo las cuales se puede aplicar el artículo
70 de la Ley 975 de 2005 con posterioridad a su declaratoria de
inexequibilidad. Esas divergencias han girado principalmente en torno a dos
puntos: (i) la posibilidad de dar aplicación al artículo 70 de la Ley 975 de
2005 con posterioridad a su declaratoria de inexequibilidad, cuando la
solicitud se presentó después del 22 de julio de 2006; y (ii) si los requisitos
para acceder al beneficio penal deben operar de manera concurrente o pueden ser
valorados parcialmente.
4.2.1. En cuanto al primer punto, la posición de la
jurisdicción ordinaria se opone a la sostenida por la Corte Constitucional. Por
un lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales
Superiores y los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad han
aceptado la aplicación del descuento de la pena después de su declaratoria de
inexequibilidad, cuando los cuatro requisitos exigidos en la norma se han
materializado antes del 22 de julio de 2006, así la solicitud para su
aplicación se haya producido con posterioridad a esa fecha.
Así por ejemplo, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de octubre de 2005, estimó que dicho
beneficio es aplicable, a pesar de la declaratoria de inexequibilidad, “Siempre
y cuando satisfaga las siguientes exigencias: i) que haya sido condenada por
conductas punibles diversas de las previstas en sus artículos 1º y 2º y
aquellas contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y
narcotráfico; (ii) que los condenados cumplan penas por sentencias
ejecutoriadas al momento de entrar en vigencia la presente ley (25 de julio de
2005); y (iii) que con fundamento en los probado, el juez de ejecución concluya
en la demostración de a) el buen comportamiento del condenado; b) su compromiso
de no repetición de actos delictivos; c) su cooperación con la justicia y d)
sus acciones de reparación a las víctimas”.[58]
En
sentencia del 10 de agosto de 2006 la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia sostuvo que “el mencionado artículo mediante sentencia C-370 del 18
de mayo de 2006 de la Corte Constitucional fue declarado inexequible por vicios
de procedimiento en su formación, lo cual no impedirá su aplicación para
aquellos condenados que teniendo derecho a la rebaja de pena, siempre que
cumplan con las exigencias requeridas por la ley, aún no lo hayan solicitado,
como quiera que los efectos del fallo de inexequibilidad fueron determinados
hacia el futuro”.[59]
En providencia de 25 de enero de 2008, la Sala de
Casación Penal, retomando la postura formulada por el mismo Tribunal en decisión
de 10 de agosto de 2006, dijo:“En ese orden de cosas, deviene indiscutible
que en el caso sometido a consideración no resulta procedente la
aplicación de dicho descuento punitivo en virtud del principio de
favorabilidad, al no haberse ni siquiera en este momento consolidado el
presupuesto de su concesión, esto es, la ejecutoria de la sentencia condenatoria,
mucho menos para el 25 de julio de 2005, cuando entró a regir la Ley 975 de
2005 contentiva de la gracia punitiva”.[60]
Más recientemente, en sentencia del 27 de enero de
2010, la Sala de Casación Penal,[61]
reiteró: “No es admisible, entonces, negar el reconocimiento de la
disminución punitiva argumentando que la norma fue declarada inexequible, que
la misma debe ser inaplicada por excepción de inconstitucionalidad, o que la
solicitud correspondiente se presentó con posterioridad al referido fallo de
inexequibilidad. El juez, con el fin de no desconocer situaciones consolidadas
durante la vigencia de la norma, debe verificar si, con independencia de la
fecha de la solicitud correspondiente, en ese lapso el condenado cumplió o no
con los presupuestos. Es evidente que si para la fecha en que se profirió el
fallo de la Corte Constitucional, el sentenciado aún no había acreditado las
condiciones previstas por el legislador para acceder a la rebaja de una décima
parte de la pena, el juez de ejecución no tiene otro camino que negar lo
pedido. Pero, si se verifica su ocurrencia en época anterior, habrá de analizar
sobre la concesión del beneficio. De manera, pues, que ha sido uniforme en
sostener -se repite- que la fecha de la petición no puede ser motivo para que
el juez omita estudiar el asunto o se niegue a conceder la rebaja punitiva.[62]
En este orden de ideas, en la jurisdicción penal
ordinaria, en materia del beneficio de rebaja de pena del 10% de que trataba el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005, se ha dado aplicación al artículo 70
declarado inexequible, con posterioridad al 22 de julio de 2006, si los
requisitos previstos en ella se cumplieron durante la vigencia de la norma,
aunque la solicitud para su aplicación se produzca posteriormente.
Sobre
este mismo punto, la Corte Constitucional, ha señalado de manera reiterada “que
el fenómeno de la inexequibilidad conduce a que la norma jurídica no pueda
seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico. De tal suerte que, en el
caso concreto, el condenado que no hubiese solicitado el beneficio de que trata
el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, durante el tiempo en que la norma estuvo
vigente, esto es, desde el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la
ley) hasta el 18 de mayo de 2006 (fecha en la cual fue declarado inexequible el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005), no puede en la actualidad solicitar la
aplicación de una disposición que fue expulsada del ordenamiento jurídico
colombiano. Razonar de manera distinta conduciría a sostener que, a pesar de lo
decidido en sentencia C-370 de 2006, el artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz
sigue vigente”.[63]
Si bien se ha alegado que en aplicación
del principio de favorabilidad penal, es posible conceder efectos ultractivos a
una norma que ha perdido su vigencia, cuando se trata de normas declaradas
inexequibles, ha dicho la Corte que es posible la aplicación si las disposiciones
expulsadas del ordenamiento jurídico resultan favorables, cuando durante el
tiempo que estuvo vigente la norma se cumple con los supuestos de hecho
consagrados por la norma legal. “La aplicación del principio de
favorabilidad implica que la declaratoria de inexequibilidad de una norma que
haga la Corte Constitucional no impide que la misma pueda seguir produciendo
efectos, siempre y cuando se cumpla a plenitud el supuesto de hecho normativo
que da lugar a la aplicación de la consecuencia jurídica más favorable durante
su vigencia, en especial cuando la inexequibilidad la norma estuvo determinada
por vicios de forma”.[64]
En el evento del artículo 70 de la Ley 975
de 2005, ha entendido la Corte Constitucional que la plenitud del supuesto
normativo se produce cuando bajo su vigencia, se han cumplido materialmente
todos sus requisitos, incluida la presentación de la solicitud de aplicación
del beneficio punitivo, como quiera que este beneficio no opera de manera
automática. Tal como se reiteró en la sentencia T-815 de 2008, el supuesto
normativo para la aplicación del beneficio previsto en el artículo 70, está
compuesto tanto por requisitos generales como específicos, a saber:
“(a)     Los requisitos generales para acceder a la
rebaja de hasta el 10% de la pena, prevista en el artículo 70 de la ley 975 de
2005 son:
“(i) los destinatarios del beneficio son aquellas
personas que se encontraran condenadas, con sentencia ejecutoriada, entre el
25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 22 de
julio de 2006 (fecha a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró
inexequible el artículo 70 por vicios de procedimiento), exceptuando a aquellos
grupos desmovilizados a quienes se les aplican las demás disposiciones y
rebajas contenidas en la ley 975 de 2005;
“(ii) el beneficio no cobija un grupo de delitos
expresamente enlistados en la ley 975, a saber, los punibles de narcotráfico, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y los delitos de
lesa humanidad definidos a través de instrumentos internacionales.
“(iii)  la redosificación no opera de manera
automática y, en su lugar, debe ser solicitada por el interesado al juez al
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
“(b) Por su parte, los requisitos específicos, que
deben ser verificados por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
en cada caso, para efectos de su tasación, son los siguientes:
“(i)  Buen comportamiento del condenado;
“(ii)  El compromiso de no repetición de actos
delictivos;
“(iii)  Cooperación con la justicia;
“(iv)  Ejercicio de acciones de reparación a las
víctimas.”
4.2.2. En cuanto al segundo problema, la Corte Suprema
de Justicia ha interpretado el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en el sentido
de que las condiciones para acceder al beneficio penal deben cumplirse de
manera concurrente, es decir, que ante el juez de ejecución de penas se debe
probar la existencia de todos y cada uno de los requisitos señalados en la
norma para otorgar la rebaja del 10%, sin que sea posible otorgar un descuento
parcial inferior a ese porcentaje.
Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado
de manera reiterada que “debe ser interpretado de conformidad con la
Constitución, en especial, a la luz del derecho fundamental a la libertad
personal, al igual que aquellos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación”.[65]
En la sentencia T-356 de 2007, la Corte precisó el alcance de cada uno de los
requisitos exigidos para la aplicación de este beneficio penal, y por su
pertinencia en el asunto bajo revisión, se transcribe in extenso:
“- Destinatarios de la rebaja de pena (factor personal). Para acceder al beneficio de que
trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se requiere que la persona se
encuentre condenada, mediante sentencia ejecutoriada, a 25 de julio de 2005,
fecha de entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz. De igual manera, de
conformidad con una interpretación sistemática de la ley, es decir, tomando en
consideración que la norma se ubica en el capítulo de “disposiciones
complementarias”, se excluyen del beneficio los autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos que
hubieran decidido desmovilizarse “y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional”.
“- Delitos excluidos. (factor material). Además de encontrarse excluidos
los delitos cometidos por los autores y partícipes de que trata el artículo 2
de la Ley 975 de 2005, también se excluyen los punibles de narcotráfico,
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y lesa humanidad.
Para tales efectos, es decir, para el caso de los llamados crímenes de lesa
humanidad, debido a que se trata de una variedad de delitos atroces no
definidos en el ordenamiento jurídico colombiano sino en instrumentos jurídicos
internacionales, los operadores jurídicos deberán remitirse al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional, en concreto, a su artículo 7º, así como a los
“Elementos de los crímenes”, adoptado por la Asamblea de Estados Partes.
“Solicitud de aplicación de la rebaja de pena (requisito de procedibilidad). La Sala de Revisión
entiende que el condenado debe haber solicitado al respectivo juez competente
para vigilar el cumplimiento de la pena, la rebaja del 10 % de que trata el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En efecto, una lectura integral de la norma
en comento, indica que el beneficio no opera de manera automática, por cuanto
la concesión del mismo dependerá de la constatación empírica, por parte del
juez de ejecución de penas, de ciertos hechos (buena conducta del condenado),
de compromisos asumidos por el destinatario de la rebaja (no repetición de
actos delictivos), de sus acciones presentes o futuras (reparación a las
víctimas) o de hechos verificables en el proceso por el cual fue condenado o incluso
en otros procesos (colaboración con la justicia ).
“Ahora bien, precisados los destinatarios de la norma
procesal penal, los delitos excluidos y el requisito de procedibilidad, debe
examinar la Sala de Revisión, a la luz de la Constitución, el contenido y
alcance de cada uno de los requisitos de que trata el artículo 70 de la Ley 975
de 2005.
“- El buen comportamiento del condenado. Este requisito apunta a examinar la adecuada
conducta asumida por el condenado durante la ejecución de la pena, bien sea
intramural o domiciliaria. Para tales efectos, se tomarán en cuenta el
cumplimiento de las disposiciones del Código Penitenciario y Carcelario, así
como los respectivos reglamentos adoptados por el INPEC o los directores de
cada centro de reclusión.
“- El compromiso de no repetición de actos delictivos. Se trata de una condición consistente en una
manifestación de voluntad del condenado, en el sentido de que se abstendrá de
cometer, bien sea durante el cumplimiento del resto de la pena o al momento de
cumplirla, de comportamientos considerados como delitos.
“- Cooperación con la justicia. Este requisito consiste en el apoyo o
colaboración efectiva que el condenado haya brindado a los fiscales o jueces
durante las etapas de investigación o juzgamiento. En tal sentido, una
interpretación de la norma legal, conforme con el derecho fundamental a la
libertad individual, es decir, extensiva, conduce a sostener que tal
colaboración puede haber sido realizada en el mismo proceso que se le adelantó
al solicitante del beneficio, o en otro. De igual manera, resultan inaceptables
interpretaciones en el sentido de negar el beneficio debido a que la persona no
se sometió a institutos procesales tales como la sentencia anticipada o no se
autoincriminó. Por el contrario, se debe entender que la persona colaboró con
la justicia si, entre otros actos, estuvo prestó a atender los requerimientos
de aquélla, no evadió la acción de las autoridades, ayudó a desmantelar una
organización criminal, aportó información oportuna para la investigación,
etcétera. Así mismo, se debe interpretar que tal colaboración puede ser
brindada, de igual manera, al momento de elevar la solicitud de rebaja de pena.
Lo anterior por cuanto, en los términos del artículo 2º Superior, tal ayuda
puede resultar fundamental para que los órganos de investigación pueden
resolver otros procesos penales en curso, cumpliéndose de esta forma con los
fines estatales.
“- Acciones de reparación a las víctimas. Se trata, sin lugar a dudas, del requisito legal más
compleja configuración, del grupo de aquellos señalados en el artículo 70 de la
Ley 975 de 2005. En efecto, el concepto mismo de reparación a las víctimas, en
los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ende, del
bloque de constitucionalidad, resulta ser más amplio que aquel de
indemnización. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de reparación abarca (i) la
restitutio in integrum, cuando ella es posible; (ii) la indemnización
pecuniaria a los perjudicados; (iii) medidas de satisfacción del daño; (iv)
garantías de no repetición; y (v) actos simbólicos tales como los actos
públicos de reconocimiento de responsabilidad, peticiones de perdón, entre
otros.
“En este orden de ideas, el condenado que invocase a
su favor el beneficio de rebaja de pena en un 10% debería reparar plenamente a
las víctimas de su delito, esto es, no sólo cumplir con la condena pecuniaria
impuesta por el juez de conocimiento, sino con los demás componentes de la
noción de reparación.
“No obstante lo anterior, es preciso tomar en
consideración que la Corte Constitucional ha considerado que, en materia de
suspensión condicional de la ejecución de la pena, la indemnización a las víctimas
no puede entenderse como que se ‘obligue a lo imposible al condenado, pues
precisamente tiene en cuenta su incapacidad económica para determinar si está
en imposibilidad de cumplir y acepta que existan causas que justifiquen no
pagar la indemnización de perjuicios para acceder y gozar del beneficio’.[66]
De allí que, interpretando el sentido del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en
armonía con las jurisprudencias constitucional e internacional y de conformidad
con el principio pro homine se tiene que, en cada caso concreto, el juez de
ejecución de penas deberá examinar las posibilidades reales económicas que
tiene el condenado para indemnizar pecuniariamente a sus víctimas, de acuerdo
con las pruebas que acompañe el solicitante y aquellas que decrete de oficio;
los compromisos que a futuro puede asumir en la materia; así como la viabilidad
de llevar a cabo actos de reparación de contenido no económico. Lo anterior, en
el entendido de que las víctimas no van a perder su derecho a obtener el pago
de la totalidad de los perjuicios causados, en los términos de la sentencia
condenatoria.”
En
la sentencia T-355 de 2007, la Corte señaló que ante dos posibles
interpretaciones sobre la forma de “tasar” el beneficio legal previsto en el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005, la interpretación más acorde con la
Constitución era aquella que (i) respetaba el debido proceso; (ii) concedía un
efecto útil al término “tasar”, empleado en la norma, de tal forma que permitía
al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, valorar el cumplimiento
de cada requisito, tasar el beneficio, pudiéndose entonces mover en una escala
que va desde negarlo, hasta concederlo parcial o totalmente. Dijo entonces:
“Una segunda interpretación del artículo 70 de la Ley
975 de 2005 indica que el juez de ejecución de penas, con base en las pruebas
aportadas por el condenado y aquellas que decrete de oficio, puede constatar el
grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos legales y, obrando en
consecuencia, tasar el beneficio, pudiéndose entonces mover en una escala que
va desde negarlo, hasta concederlo parcial o totalmente. Además, la decisión
judicial, con todo, no haría tránsito a cosa juzgada material ya que si durante
la vigencia del artículo la situación fáctica pudo haber cambiado, era posible
volver a pronunciarse sobre la solicitud de rebaja de pena.
“La Sala de Revisión considera que esta segunda
interpretación es la conforme con la Constitución por cuanto se apoya en el
principio de efecto útil de la norma jurídica y es respetuosa del derecho al
debido proceso penal. En efecto, el segundo inciso del artículo 70 de la Ley
975 de 2005 prescribe que “Para la concesión y la tasación del
beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta…”. De tal suerte que si el juez no pudiese verificar el grado de
cumplimiento de cada uno de los requisitos, el vocablo “tasación” no tendría
efecto jurídico alguno. A decir verdad, “tasar” significa medir, cuantificar y
no simplemente reconocer o negar una petición. De tal suerte que si el juez de
ejecución de penas omitió tasar la rebaja de pena de que trata el artículo 70
de la Ley 975 de 2005, incurrió en un defecto procedimental, ya que no respetó
las formas legales de cada juicio, procediendo en estos casos la acción de
tutela”.[67]
Con
base en la anterior doctrina, pasa la Corte a resolver el caso concreto.
5.
El caso concreto
Mauricio
Pardo Hasche solicitó el 10 de agosto de 2009, ante el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, la aplicación del beneficio
previsto en el artículo 70 de la Ley 975 de 2009. Para ello: (i) manifestó en
esa fecha que había mantenido buena conducta durante el cumplimiento de su pena
y solicitó que así lo certificara el centro de reclusión; (ii) realizó en ese
mismo escrito el compromiso de no repetición de actos delictivos; (iii) expresó
que desde que fue capturado ha asistido a todas las diligencias lo cual
demuestra su cooperación con la justicia; y (iv) en cuanto a la reparación a
las víctimas, afirmó que carecía de recursos económicos y para ello presentó
varias certificaciones dirigidas a mostrar que no tenía bienes.
Con
base en esta solicitud, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, mediante providencia de 27 de agosto de 2009, le concede
una rebaja de la pena del 2.5%, habida cuenta de que el único requisito
acreditado en tiempo, es el de buena conducta. Contra esta decisión, el
accionante no interpone recurso alguno. Sin embargo, la decisión judicial es
impugnada por el Procurador Judicial Penal 174 de Tunja, quien consideró que no
era posible otorgar el beneficio de manera parcial.
La
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante providencia de
5 de febrero de 2010, revoca el fallo de primera instancia, para negar el
beneficio, por considerar que éste sólo se podía otorgar cuando se acreditaba
el cumplimiento íntegro de todos los requisitos exigidos en el artículo 70 de la
Ley 975 de 2005, durante la vigencia del mismo, independientemente de que la
solicitud se hubiera presentado con posterioridad a la misma.
Contra
las anteriores decisiones, el accionante interpuso acción de tutela el 4 de
mayo de 2010, con el fin de que fueran protegidos sus derechos a la libertad, a
la igualdad y al debido proceso. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, niega el amparo por considerar que (i) en relación con la decisión
del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, la
tutela resultaba improcedente, porque el accionante no había utilizado los
medios ordinarios a su disposición; y (ii) en cuanto a la providencia de la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja cuestionada, tampoco se
vislumbraba una violación del debido proceso, como quiera que no se estaba una
decisión arbitraria o irrazonable al valorar el cumplimiento de los requisitos
del artículo 70 de la Ley 975 de 2010. Esta decisión es confirmada por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Observa
la Sala que dado que el accionante no interpuso oportunamente ningún recurso
para controvertir la decisión del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja, que le otorgó un beneficio parcial del 2.5% de
rebaja de la pena, en esa medida no puede, de acuerdo con las reglas sobre
procedencia de la acción de tutela, acudir al amparo constitucional para
corregir su omisión de impugnar la decisión judicial que le afectaba. En esa
medida, las decisiones de las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte
Suprema de Justicia de 27 de mayo de 2010 y de 7 de julio de 2010,
respectivamente serán confirmadas parcialmente.
En
cuanto a las consideraciones hechas por las Salas de Casación Penal y Civil de la
Corte Suprema de Justicia en las sentencias de tutela de primera y segunda
instancia proferidas el 27 de mayo de 2010 y el 7 de julio de 2010,
respectivamente, para negar la tutela de los derechos del accionante, según las
cuales la providencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Tunja no habría incurrido en una violación del debido proceso
porque sostenía una tesis razonable, deberán ser revocadas parcialmente, como
quiera que son contrarias al precedente constitucional en la materia.
En
efecto, observa la Sala Primera de Revisión que la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Tunja cuestionada, fundamentó la decisión de negar la
rebaja de la pena solicitada en una doctrina judicial que ha rechazado de
manera reiterada la Corte Constitucional, mediante la cual (i) se afirma que es
posible el otorgamiento del beneficio penal consagrado en el artículo 70 de la
Ley 975 de 2005, para solicitudes realizadas con posterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad, a pesar de que dicha norma fue expulsada del
ordenamiento; y (ii) se insiste, contrario a lo afirmado por la Corte
Constitucional, en que todos los requisitos establecidos en el artículo 70 de la
Ley 975 de 2005 deben cumplirse de manera concurrente. En esa medida, la Sala
de Decisión Penal desconoció el precedente judicial en la materia al hacer una
aplicación inconstitucional del principio de favorabilidad penal frente a
normas declaradas inexequibles, que desconoce el artículo 243 de la Carta.
No
obstante lo anterior, el Tribunal reconoce, y esta es finalmente la ratio de la
decisión, que en el caso concreto el accionante no acreditó el cumplimiento de
los cuatro requisitos exigidos por el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, durante
la vigencia de la norma, por lo cual no procedía el descuento de la pena. En
casos como este, el desconocimiento del precedente no tiene como efecto afectar
integralmente la sentencia, como quiera que la decisión del Tribunal de negar
el descuento de la pena porque el accionante acreditó el cumplimiento de los
requisitos por fuera del término de vigencia de la norma expulsada del
ordenamiento, hubiera sido la misma si el Tribunal hubiera dado plena
aplicación a la doctrina que resulta conforme a la Constitución.
Ahora
bien, el hecho de que el fundamento de una sentencia contenga argumentos que
constituyen un desconocimiento de la Constitución, debe tener consecuencias
jurídicas. Por tal motivo, la Sala Primera de la Corte Constitucional
confirmará parcialmente las decisiones de las Salas de Casación Penal y Civil
de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto negaron la procedencia de la acción
de tutela contra la providencia del 27 de agosto de 2009 del Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, y las revocará parcialmente
en cuanto consideraron que la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Tunja no había incurrido en un desconocimiento
del precedente al proferir el auto de 5 de febrero de 2010.
En
consecuencia, dejará sin efecto aquellos argumentos y razones del auto de 5 de
febrero de 2010, de la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Tunja, mediante el cual se revocó el auto interlocutorio
de 27 de agosto de 2009 del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja que conllevan una violación del artículo 243 de la Carta, de
acuerdo con las consideraciones precedentes, pero dejará en firme la decisión
de negar el otorgamiento del beneficio penal.
Por
lo tanto, ordenará a la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Tunja proferir una nueva providencia que incorpore el
precedente constitucional señalado en el punto 4 de esta sentencia, y sustituya
por completo la sección “2. De la aplicación por favorabilidad del artículo
70 de la ley 975 de 2005 con posterioridad a su inexequibilidad,” (folios 3 a 10) de las consideraciones del auto interlocutorio P-No. 211 proferido por la Sala Cuarta de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, MP. José
Alberto Pabón Rodríguez.[68]
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo anterior, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR parcialmente las decisiones
de las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
cuanto negaron la procedencia de la acción de tutela contra la providencia del
27 de agosto de 2009 del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, y las revocará parcialmente en cuanto consideraron que la
Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Tunja no había incurrido en un desconocimiento del precedente al proferir el
auto de 5 de febrero de 2010. En consecuencia, negará la tutela de los derechos
de Mauricio Pardo Hasche a la libertad, a la igualdad y al debido proceso, por
las razones expresadas en esta sentencia
Segundo.-
ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja proferir una nueva
providencia que incorpore el precedente constitucional señalado en el punto 4
de esta sentencia, y sustituya por completo la sección “2. De la aplicación
por favorabilidad del artículo 70 de la ley 975 de 2005 con posterioridad a su
inexequibilidad,” (folios 3 a 10) de las consideraciones del auto
interlocutorio P-No. 211 proferido por la Sala Cuarta de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, MP. José Alberto Pabón
Rodríguez.
Tercero.-
ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, remitir a la Corte
Constitucional, dentro de los ocho (08) días siguientes a su expedición copia
de la providencia en la cual se de cumplimiento a la orden impartida en el
numeral segundo de esta sentencia.
Cuarto.-
DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Cuaderno de Pruebas, Folios 93 a 105.
[2]
Cuaderno de Pruebas, Folio 104.
[3]
Cuaderno de Pruebas, Folios 104-105.
[4]
Cuaderno de Pruebas, Folio 109.
[5]
Cuaderno de Pruebas, Folios 239-240.
[6]
Cuaderno de Pruebas, Folio 242.
[7] Consultar al respecto, entre otras, las sentencias
SU-047 de 1999 (MPs. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, SV
Eduardo Cifuentes Muñoz y Hernando Herrera Vergara), SU-622 de 2001 (MP. Jaime
Araújo Rentería), SU-1299 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV Manuel
José Cepeda Espinosa y Rodrigo Uprimny Yepes), SU-159 de 2002 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra), SU-174 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime
Córdoba Triviño, Humberto Sierra Porto y Jaime Araujo Rentería), C-543 de 1992
(MP. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), T-079 de 1993 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-329 de 1996
(MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-483 de 1997 (MP. Vladimiro Naranjo
Mesa), T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-567 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-458 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-1031
de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur
Galvis), T-088 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-116 de 2003 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández), T-201 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-382 de
2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett), T-029 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-1157 de 2004 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-778 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-237
de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-448 de 2006 (MP. Jaime Araújo
Rentería), T-510 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-953 de 2006 (MP. Jaime
Córdoba Triviño), T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-387 de 2007 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-446 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-825
de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1066 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar
Gil), T-243 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-266 de 2008 (MP.
Rodrigo Escobar Gil), T-423 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), T-420 y T-377
de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa).
[8] Sobre el carácter vinculante de este precedente y las
decisiones subsiguientes de la Corte Constitucional puede verse las sentencias T-800A de 2002 y T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
[9] Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. (MP.
José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). Desde esta sentencia, la Corte Constitucional expresó que salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una
vía de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.
[10] Ver al respecto las sentencias C-037 de 1996 (MP.
Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible de manera condicionada el
artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y C-384 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) en la que la Corte condicionó la exequibilidad de las normas acusadas, a que se admitiera la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales. Un ejemplo de la viabilidad de la
tutela contra sentencias, es entre otras, la sentencia T-079 de 1993, en la que la Corte Constitucional decidió confirmar el fallo
proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso de acción de tutela, en el que esa Corporación
confirmó la decisión del juez de tutela de primera instancia, por considerar
que era evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante. En ese caso, el fundamento de la decisión del funcionario judicial en un proceso
ordinario, eran las declaraciones allegadas al expediente que habían sido
rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del
juramento. Para la Corte Suprema, conforme a la legislación vigente, las
pruebas testimoniales deben ser ordenadas mediante auto del funcionario
instructor, y contra ellas debe ser posible ejercer el derecho de
contradicción. Las pruebas no aportadas en estas difícilmente podían ser
definitivas en una decisión, sin vulnerar el debido proceso. Por consiguiente
se consideró que existía claramente una vía de hecho en la sentencia. Otras providencias que pueden ser revisadas sobre este tema, entre las muchas que
existen, son la sentencia T-158 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo); T-173 de 1993
(MP. José Gregorio Hernández); T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz);
T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Manuel José
Cepeda espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés
Vargas Hernández) y la SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra), entre otras.
[11] Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[12] Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa) y T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas). En la sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.” En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda), la Corte sostuvo lo siguiente: “(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la
presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional.
La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en
los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho”. Actualmente no
“(...) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y
burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los
que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando
su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias
facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la
libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución”.
[13] Un ejemplo de ello, es la vía de hecho por
consecuencia que se explica mejor más adelante. Ver al respecto las sentencias
SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar
Gil); T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[14] Sentencia C-590 de 2005
(MP. Jaime Córdoba Triviño).
[15] Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004.
(Manuel José Cepeda Espinosa) y T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas). En la sentencia T-94 9 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.”
[16] Corte Constitucional. Ver sentencias T-441 de 2003
(MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-742 de 2002. (MP. Clara Inés Vargas) y
T-606 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[17] Corte Constitucional. Sentencia SU-622 de 2001 (MP.
Jaime Araujo Rentería).
[18] Corte Constitucional. Sentencias C-543 de 1992 (MP.
José Gregorio Hernández, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero); T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz);
T-511 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); SU-622 de 2001 (MP. Jaime
Araujo Rentería) y T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Gálvis), entre otras.
[19] Corte Constitucional. Sentencia T-200 de 2004 (MP.
Clara Inés Vargas).
[20] Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992
(MP. José Gregorio Hernández, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz
y Alejandro Martínez Caballero).
[21] Corte Constitucional. Sentencia T-038 de 1997 (MP.
Hernando Herrera Vergara).
[22] Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2003 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández).
[23] Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte concedió la tutela a una entidad
bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de
una acción de grupo la autoridad judicial les desconoció los derechos a la
intimidad y al debido proceso, al remitir al proceso varios documentos que
implicaban la revelación de datos privados. Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según
la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco. Dichas
personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por
lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias
judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido
proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no
estaban enterados.” Cfr. también las sentencias T-329 de 1996 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[24] Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2000 (MP.
Carlos Gaviria Díaz).
[25] Corte Constitucional. Sentencias SU-1159 de 2003 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra,
Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro Tafur Galvis) y T-578 de 2006. (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[26] Corte Constitucional. Sentencia T-578 de 2006 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[27] Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[28] Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[29] Corte Constitucional. Sentencia SU-120 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Gálvis).
[30] Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[31] Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[32] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Manuel José
Cepeda espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés
Vargas Hernández).
[33] En la sentencia T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una
providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al
caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio
de los derechos fundamentales de los asociados”. Puede verse además la sentencia T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y la sentencia T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[34] Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica
Méndez) y T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). También la sentencia T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En estos casos, si bien el juez de
la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en
oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que,
debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente
acoger aquél que se ajuste a la Carta política.
[35] Corte Constitucional. Sentencia T-114 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett). Ver también la sentencia T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[36] Ver la sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). También las sentencias SU-640 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[37] Corte Constitucional. Sentencia T-1285 de 2005 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia T-193 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz), esta Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del
principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios
que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial
trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de
manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían
infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de
infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse la sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[38] Sobre el tema pueden consultarse además, las
sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000
(MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y
solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados
porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual
el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[39] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra).
[40] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de
1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[41] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra).
[42] Ibídem.
[43] En la sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán
Sierra), se precisó que en tales casos, “aún en el evento en el que en el
conjunto de pruebas sobre las que se apoya un proceso penal se detecte la
existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de esta irregularidad son
limitados. Para la Corte, “el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un
proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la
decisión que se profiera deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo
en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única
muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio
del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en
cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de
procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de la prueba
viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada.”
[44] Cfr. sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera
Carbonell).
[45] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra).
[46] Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[47] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Manuel José
Cepeda espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés
Vargas Hernández).
[48] En la sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra), se consideran
que este tipo de defecto puede producirse, a título de ejemplo, cuando se
pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de
todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal
que, por ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica,
que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los
eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y
presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su
posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su
participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias
proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas.
[49] Corte Constitucional. Sentencias T-462 de 2003 y
T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), entre otras.
[50] Ver entre otras las Sentencias SU-014 de 2001 (MP.
Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-1180 de 2001
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[51] Corte Constitucional. Sentencia T-1285 de 2005 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández).
[52] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53] El artículo 70 de la Ley 975 de 2005, establecía lo siguiente: “Artículo 70. Las personas que al momento de
entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas,
tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte.
Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico. ║ “Para la concesión y
tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no
repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones
de reparación a las víctimas”.
[54] Ver, entre otras, las sentencias T-355 de 2007 (MP. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-389 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-815 de 2008
(MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-680 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[55] Este artículo dispone lo siguiente “Los fallos
que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional.
“Ninguna
autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado
inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
[56] La sentencia C-370 de 2006 se notificó por edicto que se fijó el 13 de
julio y se desfijó el 17 de julio de 2006. Los tres días de ejecutoria fueron
18, 19 y 21 de julio de 2006 (el 20 de julio fue festivo-inhábil-).
[57] Desde el 25 de julio de 2005 hasta el 22 de julio de 2006.
[58] Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de octubre de 2005, proceso núm. 24.196 (M.P.
Marina Pulido de Barón).
[59] Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 10 de agosto de 2006 (M.P. Alfredo Gómez Quintero, proceso núm. 25.705).
[60] Sala de Casación Penal, sentencia de 25 de enero de 2008, (MP. María
del Rosario González), Proceso 24065.
[61] 27 de septiembre de
2007.
[62] Tutela No 46.574 (Norberto De Jesús Zapata Peña) MP.
Augusto J. Ibáñez Guzmán, Aprobado Acta Nº 49, del diecisiete (17) de febrero
de dos mil diez (2010).
[63] Sentencia T-815 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[64] Sentencia T-815 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) Ver
también las sentencias C-922 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-824A de 2002, (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[65] Sentencias T-815 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández);
T-355 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[66] Sentencia C-006 de 2003 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[67] Sentencia T-355 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[68] Una solución similar se dio en la sentencia T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa) en donde se ordenó “Segundo.-
Dejar sin efecto los argumentos de la
sentencia del 1° de agosto de 2002 de la Sección Segunda, Subsección ‘A’, del Consejo de Estado que constituyen un defecto de carácter
sustantivo y, por tanto, desconocen los derechos al debido proceso, en
conexidad con el derecho a un medio ambiente sano. Los tres argumentos
contenidos en la parte motiva a los que se hace referencia son los siguientes: ║
(i) aplicar en un proceso judicial los apartes del artículo 36 de la Ley 685 de 2001 que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-339 de 2002 [argumento contemplado por la
sentencia del 1° de agosto de 2002 de la Sección Segunda, Subsección ‘A’, del Consejo de Estado en las páginas 8 y 9]. ║ (ii)
considerar inoponible al Ministerio de Minas y Energía normas ambientales de
orden público que protegen los cerros orientales de Bogotá, zona de interés
ecológico nacional (entre otras, Ley 99 de 1993, artículos 4, 30, 61 y 63; Ley
388 de 1997, artículo 10) [argumento contemplado por la sentencia del 1° de
agosto de 2002 de la Sección Segunda, Subsección ‘A’, del Consejo de Estado en
el último párrafo de la página 9]. ║ (iii) aplicar una norma del sistema
jurídico (resolución 249 de 1994, artículo 2, en este caso), desconociendo uno
de los supuestos de hecho que la propia disposición normativa presupone
[argumento contemplado por la sentencia del 1° de agosto de 2002 de la Sección Segunda, Subsección ‘A’, del Consejo de Estado en el segundo párrafo de la página
10].”