T-747-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-747/09
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DEFECTO FACTICO
EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO FACTICO
POR OMISION EN EL DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS-Alcance
DEFECTO FACTICO
POR NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO-Alcance
DEFECTO FACTICO
POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO-Alcance
ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Debe garantizarse de forma efectiva
ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Celeridad y eficiencia
DEBIDO PROCESO
SIN
DILACIONES INJUSTIFICADAS-Cumplimiento de términos procesales
y sanción por su incumplimiento
MORA JUDICIAL-Garantía del
derecho a la tutela judicial efectiva/MORA JUDICIAL-Justificación por
razones probadas y objetivamente insuperables
MORA JUDICIAL-Excusa por
excesiva carga laboral no es argumento para justificar la dilación en que se
haya incurrido
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA SANCIONATORIA-Responsabilidad de Magistrada por faltar
al deber funcional del art. 153 No 1 de la ley 270 de 1996 en consonancia con
el art. 86 de la C.P.  y 15 del Decreto 2591 de 1991
PROCESO
DISCIPLINARIO-Cuando
el negocio llegó al despacho de la magistrado ya estaba vencido por hechos
atribuibles a un tercero en la notificación
VIA DE HECHO POR
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION-No se hizo en la sentencia
sancionatoria  una interpretación disciplinaria conforme a las normas
superiores
PRESUNCION DE
INOCENCIA EN EL PLANO DISCIPLINARIO-Alcance
MORA JUDICIAL
JUSTIFICADA-Las
providencias deben ser resueltas con dedicación y esfuerzo y no solo con el
único fin de cumplir los términos
A pesar de que la sentencia acusada
reconoce que cuando el negocio llegó al despacho de la Magistrada ya estaba
vencido el término legal para producir el fallo, se duele la sentencia
particularmente de que la Magistrada se tomó, pese el vencimiento del plazo, 4
días adicionales, y por ello, sostiene que se trata de falta de  acuciosidad  y
diligencia. La respuesta es obvia,  el 8 de noviembre apenas se enteraba la
Magistrada del tema a tratar y era menester que se tomara tiempo para
estudiarlo, porque, como se viene sosteniendo, la labor de quienes administran
justicia es compleja, dado que no sólo deben adoptar sus providencias dentro de
los precisos y estrictos términos fijados por el legislador, sino que deben
hacerlo con tal dedicación y esfuerzo que su contenido y resolución sean
paradigma de claridad, precisión, concreción de los hechos materia de los
debates y de las pruebas que los respalden, así como de pulcritud del lenguaje
en ellas utilizado. La Sala apoya el aserto de la accionante cuando afirma, que
no podía hacerle el esguince al tema  y fallar inmediatamente con el único fin
de cumplir los términos, porque precisamente lo que se  reclamaba por vía de
tutela en el caso de la deportista, era un amparo a derechos de contenido
fundamental.
MORA JUDICIAL
JUSTIFICADA-Las
dilaciones en que incurrió la magistrada debieron ser valoradas con mesura y
ponderadas de manera casuística
La Sala no avala
la mora judicial  pero reitera su jurisprudencia en el  marco constitucional
que la Corte ha previsto para los casos de dilaciones justificadas en el
contexto de la labor de los funcionarios judiciales. El Consejo Superior deberá
tener en cuenta, entonces, que la existencia de dilaciones   puntuales en el
marco de  las funciones  de una Magistrada que ha tenido un desempeño ejemplar
en el ejercicio de su cargo, y que ha cumplido cabalmente sus funciones, deben
ser valorados con mesura y ponderados de manera casuística, relacionando
siempre las circunstancias  personales, la incidencia del trabajo colectivo
dentro de un cuerpo colegiado, y las dificultades y vicisitudes logísticas  que
tienen los negocios en el estadio previo a su estudio, todo lo anterior, de
conformidad con lo que la Corte ha dispuesto en punto a los casos de mora
judicial justificada.
Referencia:
expediente T- 2307872
Accionante: Maria
Patricia Ariza Velasco
Accionada:
Consejo Superior de la  Judicatura- Sala Disciplinaria.
Magistrado
Ponente:
Dr. GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre
de dos mil nueve (2009)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Consejo Superior de la Judicatura,
dentro de la acción de tutela instaurada por Maria Patricia Ariza Velasco contra
el Consejo Superior de la Judicatura -Sala  Disciplinaria-.
I. ANTECEDENTES
La ciudadana Maria Patricia Ariza
Velasco, presentó acción de tutela en contra de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que le sean
tutelados los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, igualdad,
trabajo, salario móvil, dignidad humana, entre otros, los cuales le fueron supuestamente
vulnerados con ocasión del fallo proferido el día 30 de abril de 2008. En él se
resolvió declararla disciplinariamente responsable por faltar al deber
funcional previsto en el artículo 153, numeral 1°, de la Ley 270 de 1996, en
consonancia con el artículo 86 de la C.P. y el artículo 15 del Decreto 2591 de
1991 y, por tanto, imponerle la sanción de suspensión por el término de  un mes
en el cargo de Magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia.
1. Hechos
Los hechos  de la demanda, de manera
sucinta, son los siguientes:
1. El día 14 de Octubre de 2004, la
deportista Sabina Moya Rivas, presentó ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, acción de tutela contra Coldeportes, aduciendo que el negarse su
participación  en los Juegos Nacionales, violaba sus derechos fundamentales. El
asunto correspondió por reparto a la Magistrada Maria Patricia Ariza Velasco.
2. En Octubre 21 de 2004, es admitida la
demanda y la Secretaría del Tribunal de Antioquia oficia al Instituto
Colombiano de Deportes el día 25 de Octubre. Anota la demandante, que en el
expediente consta la aclaración de que el  notificador se dirigió a INDEPORTES
y no a COLDEPORTES,  por lo que no se hizo entrega del oficio correspondiente
en esa fecha.
3. En octubre 29 de 2004, se vuelve a
oficiar a COLDEPORTES, anotando al respaldo que el mismo día se remitió el
oficio por medio de la planilla de correos No. 338. En el sello de Secretaría
se lee que el negocio pasó al despacho el día 8 de noviembre de 2004. La
accionante pone de presente en la demanda la demora que hubo en la Secretaría
del Tribunal para notificar la admisión de la demanda y, en consecuencia, el
tiempo que tardó el asunto en llegar al Despacho para proferir la sentencia; en
ese “término la Magistrada no había tenido aún oportunidad de conocer del
tema a tratar.” Finalmente la tutela, después de estudiado el proyecto,
sale para  fallo el día 12 de noviembre, registrándose la sentencia  en esa
fecha.
4. Señala la demandante que el Director
de COLDEPORTES, disgustado con  la sentencia de tutela y con los efectos que
derivó en otros Distritos  Judiciales de Colombia, presentó queja disciplinaria
en su contra ante la Procuraduría General de la Nación, la cual fue remitida a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
5. Abierta la averiguación contra todo
el Tribunal, la accionante, en calidad de ponente, específicamente de la Sala
Segunda de Decisión, allegó pruebas a fin de justificar las razones del
incumplimiento de términos, entre ellas, la atención a un compromiso con la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la cirugía oftalmológica de su padre. Tales
permisos aparecen debidamente justificados en el expediente.
6. La accionante y su apoderado
presentaron los descargos correspondientes y la solicitud de pruebas
suficientes, pero, subraya, que éstas no fueron atendidas oportunamente, “ni
siquiera obteniéndose una manifestación en cuanto a por qué no eran atendidas”.
7. A juicio de la peticionaria, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria no ordenó las pruebas que habían sido solicitadas
oportunamente, esto es las testimoniales de IGNACIO MADRIGAL ALZATE, MARIO DE
JESÚS ZAPATA, ANGELA CRISTINA LOMBANA y CLAUDIA ADARVE PALACIO. Tales
testimonios “estaban dirigidos a demostrar la realidad del Tribunal, lo complicado
de la Secretaría del Tribunal, toda vez que el primero de los mencionados era
el Secretario de la Corporación para la fecha de los hechos.”
8. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
encuentra que existen dos días sin justificación, toda vez que los otros, por
los documentos de permiso, fueron aceptados; sin embargo, “no analizó las
razones que precisamente justificaban la situación, en la medida que la demora
finalmente se debió a que el Secretario del Tribunal había pretendido notificar
a una Junta de Deportes en Antioquia y no a COLDEPORTES.”
9. Señala que en la parte resolutiva de
la sentencia dictada el 30 de abril de 2008, resuelven declararla disciplinariamente
responsable por faltar al deber funcional previsto en el artículo 153, numeral
1°, de la Ley 270 de 1996, en consonancia con el artículo 86 de la C.P. y el
artículo 15 del Decreto 2591 de 1991, y por tanto, imponerle la sanción de
suspensión por el término de  un mes, “sin mayores motivaciones,
desconociendo pruebas que eran relevantes y la aplicación de los principios que
alientan el derecho disciplinario.”
2. Razones jurídicas que sustentan la
tutela
En líneas generales, la demandante
sostiene, que en la sentencia objeto de tutela se incurrió en una vía de hecho
por violación al debido proceso, especificando ante todo, que no hubo una
debida valoración probatoria. Las razones,  en detalle, son las siguientes:
1. Se ignoró el principio de presunción
de inocencia, por cuanto los cargos de la defensa no fueron escuchados en su
oportunidad. Sostuvo que “la presunción de inocencia sólo es posible
eliminarla, dentro de un marco de pruebas ciertas, después de que el Juez
haciendo uso de los poderes que le otorga la Ley, encuentra la verdad, de tal
suerte que al encontrar dudas, éstas se absuelven a favor del procesado.”
2. No se estudió la realidad del proceso
y peor aún, “no adquirió ninguna connotación el que la Magistrada
investigada hubiera obtenido calificación de 95 puntos en el período
investigado y en el  subsiguiente (cuatro años) ubicándose en el rango de la
excelencia. Entonces se considera culpable a quien ha laborado con verdadera
infundia (sic) en tanto que los despachos conocidos popularmente en la ciudad
de Medellín como morosos de amplia trayectoria no solo en procesos ordinarios,
sino también de tutela, pasan sin pena ni gloria, inmaculados, intocables, les
son archivados los procesos”.Pero a la suscrita se le desconoció y por DOS DÍAS
EN SUPUESTA MORA en el trámite de una demanda de tutela resultó sancionada.”
3. Pese a que su defensor, en memorial
de fecha 15 de junio de 2008, solicitó que se llamara a rendir testimonios a
MARÍO DE JESÚS ZAPATA, JOSÉ IGNACIO MADRIGAL, ÁNGELA CRISTINA LOMBANA y CLAUDIA
ADARVE PALACIOS, quienes darían cuenta de la dificultad en la Secretaría del
Tribunal Administrativo, jamás fueron llamados, ni se expusieron las razones de
tal negativa.
4. Se desconocieron las pruebas de haber
tramitado otras tutelas de las restantes  Salas de Decisión que también revisa
la accionante, conforme se podía leer en los folios 148 a 151 que, a manera de
anexos, se adjuntaron cuando contestó los hechos que le endilgaban.
5. Se desconoció la utilidad de traer
pruebas de oficio, a fin de buscar la verdad como lo señala el  proceso
disciplinario.
6. Afirma que el ponente de la sentencia
acusada, con la anuencia de los demás Magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, firmantes de la misma, “no toman en cuenta que el investigado
es un Magistrado, lo tratan como un delincuente que no está dispuesto a
colaborar y que quiere evadir el peso de la ley. Dan por hecho situaciones,
especulaciones del ponente, para proceder a sancionar.”
Por ello, la sentencia atacada desconoce
la dinámica propia de un Tribunal Administrativo, que para la fecha de los
hechos estaba compuesto por nueve magistrados, “lo que significaba nueve
salas de decisión, cada una compuesta por tres magistrados. Significa, que la
suscrita era ponente de una Sala de Decisión, en este caso la Segunda, pero integraba,
no como invitada de piedra, sino estudiando o revisando las otras dos Salas de
Decisión, en su orden la novena y la primera, presididas por la Doctora
Mercedes Judith Zuluaga Londoño y el Doctor Juan Guillermo Arbelaéz Arbelaéz.
En el período de los hechos, revisé otros procesos de tutela y otras
constitucionales. Además desconoce que se tramitan dieciocho (18) acciones de
diferente naturaleza.”
7.  Señala, que quien proyectó la
sentencia sancionatoria,  “ignora lo que significan los trámites de una
tutela, asistir a salas de decisión, audiencias de pacto de cumplimiento en
acciones populares, salas plenas y sobre todo que, no conoce cómo, los trámites
antes del período investigado y durante éste, trascienden irremediablemente en
el lapso objeto de la investigación.” Sin duda alguna, añade la demandante,
quien hizo el fallo que la sanciona, “nunca tuvo la experiencia de ser
Director del Despacho, ni Director del proceso, ni idea de lo que es un juez
plural, colegiado o corporativo promiscuo que conoce aproximadamente de
dieciocho (18) acciones con trámites particulares, conforme a los patrones
diseñados, sobre los cuales se capacita a toda la Rama Judicial y de manera
especializada a la Jurisdicción Contenciosa, por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, Escuela Rodrigo Lara Bonilla. Desconoce lo que
es contar solo con un Secretario para la Corporación y escribientes compartidos
por dos Magistrados.” Por tanto, con la sentencia se desconoce el debido
proceso, cuando prescribe que los juicios deberán atenerse a la “observancia
de las normas propias de cada juicio”.
8. Se desconoció  por el juez disciplinario
el contenido del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil que prescribe
que “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso”. Al apartarse de tal principio, se
dictó  un fallo arbitrario, fundamentado en el querer personal de quien
proyectó la decisión, seguido por el resto de los Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
9. Se ignoraron las reglas de
interpretación constitucional. La accionante no desconoce que la norma
constitucional del artículo 86, dice que en ningún caso podrán transcurrir más
de diez días entre la solicitud de la tutela y su resolución. Sin embargo,
considera que la hermenéutica en materia constitucional impone reglas que no
pueden ser objeto de esguince. “Por tanto, el principio del debido proceso
no podía ser desconocido por la suscrita Magistrada manteniendo el error del
Secretario del Tribunal Administrativo de Antioquia, que había pretendido
notificar a quien no correspondía. Si se observa el expediente se denota cuánto
se demora en la notificación y cuando llega al Despacho para el fallo”. Reitera,
en consecuencia, que sin integrar debidamente el contradictorio, no
podía entrar a conocer del fondo de la tutela, precisamente en un caso en el
que estaban en peligro los derechos de la accionante por la proximidad de los
juegos nacionales.
10. Con la supuesta mora que se le
endilga, no se lesionaron, ni se pusieron en peligro los derechos de la deportista
que solicitaba el amparo; todo lo contrario, “se mostró la efectividad del
Juez al aplicar primeramente los principios fundamentales, de que se llamara al
proceso al verdadero demandado a fin de integrar el contradictorio y
posibilitar el derecho de defensa; se amparó el derecho de quien no había acudido
en tutela haciendo aún más efectiva la Administración de Justicia, porque se
encontraba en idénticas condiciones aplicando el efecto "ínter comunis".
Ello fue del agrado de los deportistas que pudieron competir, algunos
presentando sus tutelas en otros distritos o circuitos, lo cual fue ampliamente
publicitado por los medios periodísticos escritos, radiales y televisivos en
las franjas deportivas, pero desagradable para el Director de Coldeportes,
quien se obligó a permitir la participación en la competencia no sólo de
deportistas de Antioquia, sino de otras partes de Colombia”.
11. Por todo lo expuesto, se pregunta la
accionante si “el Juez Disciplinario comprobó que efectivamente no había
sido difícil para la suscrita controlar los términos de la acción de tutela
objeto de la queja?  ¿El Juez Disciplinario comprobó que no se había dado un
grado de entrega para resolver la demanda de tutela incoada, objeto de la
querella? El Juez Disciplinario comprobó que se había configurado descuido e
indiligencia?El Juez Disciplinario comprobó que podía haberse actuado en otra
forma? El Operador Disciplinario comprobó que no se garantizó una eficaz
administración de justicia en el caso concreto?” La respuesta a todas las
preguntas debe ser negativa, afirma la  demandante, y por ende, el fallo que la
sanciona resulta contraevidente.
12. Hubo desconocimiento de la función
de la sanción disciplinaria, puesto que el artículo 16 del CDU, dispone que la
sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la
efectividad de los principios y fines previstos en la constitución, la ley y
los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la
función pública y la sanción impuesta no cumple con el objetivo, “puesto que
no  hubo falta, no hubo descuido ni indiligencia no se conculcaron los
intereses de la Administración de Justicia y mucho menos de quien actuó en
calidad de demandante solicitando el amparo. Se comprobó la diligencia, la
infundía ( sic) para decidir el caso.”
Considera, entonces, que si los
magistrados firmantes de la sentencia acusada  hubieran efectuado un análisis serio
de la situación, habrían concluido que, incluso al interior de la misma
Corporación, así como de otras Altas Cortes, con frecuencia se desconocen los
términos para proferir las sentencias de tutela, sin que se encuentren
justificaciones para ello. La realidad, añade la peticionaria, demuestra además,
que “no  es lo mismo un Juez Unipersonal, que nadie le revisa sus proyectos,
que cuenta con su propio Secretario, que controla en su Despacho sus procesos,
que en otras palabras puede ejercer de manera efectiva el papel de Director del
Proceso al  Juez Colegiado Promiscuo (quiero decir el Tribunal Administrativo
de Antioquia de manera concreta), es distinto, en razón a las dificultades que
debe soportar, al someter a revisión todas sus providencias, que debe estarse a
merced de un solo Secretario, con las dificultades inmensas que significa nueve
jefes. Para la fecha de los hechos y una carga de procesos en trámites, con
personal insuficiente, pese a que se trata de un Tribunal residente en la
segunda ciudad del país, con el mayor número de municipios territorialmente”. Todo
lo anterior fue puesto a consideración del Consejo Superior, pero no fue
tenido en cuenta al momento de imponer la sanción.
Por tanto, considera, que  se ha
conculcado el derecho a la igualdad, al ofrecer un trato igual entre
desiguales. “Se desconocieron las reglas de distribución igualitarias. No se
revisaron las estructuras de dichas reglas, especialmente en lo que se
relaciona con el grupo seleccionado. Es decir si la regla se aplicaba de manera
igual a un Juez Unipersonal sin dificultades operativas, frente a un Juez
Plural con dificultades operativas, para llegar a la conclusión que la regla
formal de distribución, no podía aplicarse de la misma manera al segundo.”
13. Alega que contra ella se cometió un
trato cruel y degradante, pues se le trató como una delincuente, siendo la
impuesta una “sanción a todas luces injusta, con desconocimientos de las
normas constitucionales y legales, resulta degradante e inhumana, puesto que el
Juez Disciplinario, de manera irreflexiva profiere una sanción, en afán
justiciero, pero no de administrar justicia con todo el rigor que lo exigen las
normas, incluyendo el respeto frente al disciplinado”. Resulta un trato cruel,
sostiene la accionante,  “el no escuchar los argumentos de defensa. El no
tener en cuenta la actividad eficiente de la disciplinada, quien no sólo empeña
su labor como Juez, sino también como formadora de magistrados, jueces y
empleados, sin ningún tipo de retribución. Que durante los dos últimos años ha
sido postulada para la elección de mejor formadora de la Escuela Rodrigo Lara
Bonilla, quien durante los dos últimos periodos que comprende cuatro años, ha
logrado la calificación de 95 puntos, es decir dentro del rango de la
excelencia. Quien rompió record en un Tribunal donde se producían máximo 120
sentencias al año por Magistrado, para entrar a producir hasta 545 sentencias,
no solo de las denominadas de "cajón", sino también las que ofrecen más
dificultad como lo son las de acción de reparación, impuestos, populares,
proponiendo nuevas tesis. Es un trato cruel el ofrecido por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, es una conducta violenta moralmente, ello connota
tortura. A que se debe apostar? Al trabajo íntegro, a la dedicación, a la
disciplina, al rigor jurídico, a la producción de sentencias en tutela que
garanticen derechos fundamentales, parece que no, pues ello genera sentencias
condenatorias, fundamentadas en especulaciones del Juez Disciplinario”.
14. Señala que la honra, el buen nombre,
la dignidad y el principio de salario vital y móvil, también han sido vulnerados,
pues la decisión sancionatoria se  publicó en los medios de comunicación
causándole un grave perjuicio a su buen nombre, y la suspensión por un mes de
trabajo le impidió atender sus obligaciones crediticias, familiares, etc.; adicionalmente
manifiesta ser madre cabeza de familia, y sus hijos también se han visto
afectados con la medida de suspensión en sus labores.
15. Finalmente sostiene, que debió
aplicarse el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, según el cual,
ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado y el artículo
331 del mismo estatuto que señala que las sentencias quedan ejecutoriadas y son
firmes tres días después de notificadas. Estima la accionante que la sentencia
sancionatoria no le fue notificada en debida forma.
3. Solicitud de la tutela
Las peticiones finales de la acción de tutela
se concretaron a lo siguiente:
1) Que se otorgue el amparo definitivo
de los derechos constitucionales fundamentales reseñados anteriormente.
2) Como consecuencia de lo anterior,
dejar sin efectos la sentencia sancionatoria proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de fecha 30
de abril de 2008, dentro del proceso radicado 1100101020002005500205 00 070
1-05, originado en queja de DANIEL ANDRÉS GARCÍA ARIZABALETA, con fundamento en
los hechos y consideraciones de derecho expuestos en el escrito de Tutela;
3) Que se ordene a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en un
término no mayor a treinta (30) días a partir de la ejecutoria de la sentencia
de tutela, dicte una nueva sentencia de conformidad con los argumentos que se
presenten en dicho proveído;
4) Que la decisión por medio de la cual
se amparen sus derechos, se comunique en su orden al Presidente del Honorable
Consejo de Estado y por su conducto a toda la Sala Plena de dicha Corporación,
a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a
la Procuraduría General de la Nación, a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, a la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Antioquia y a la Dirección de la Administración Judicial de Antioquia.
4. Sentencia de primera instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, integrada por los Magistrados
GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ QUIÑONES y DONALDO RAFAEL MENDOZA ESCORCIA, el primero
de ellos como Magistrado Ponente, profirió fallo de primera instancia el
primero (1°) de agosto de dos mil ocho (2008) negando el amparo deprecado por la
Doctora María Patricia Ariza  en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que la entidad accionada
no le conculcó sus derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a
la igualdad, al trabajo, al salario móvil ni  a la dignidad humana.
A esa conclusión llegó el fallo referido,
luego de analizar la procedencia de la acción de tutela contra fallos
judiciales y de abordar cada uno de los temas planteados por la accionante.
- En cuanto a las afirmaciones hechas en
la demanda, en el sentido de no haberse estimado en debida forma los descargos
presentados de manera oportuna y no haberse estudiado la realidad probatoria,
no encuentra la primera instancia violación alguna al derecho fundamental de
presunción de inocencia, pues observa que en la sentencia de abril 30 de 2008,
se hizo clara alusión a los descargos y a los alegatos de conclusión, por lo
que se concluye que sí fueron tenidos en cuenta por el fallador al momento de
proferir la decisión; “cosa diferente es que los cargos no hubieran podido
ser desvirtuados al tenor de la situación fáctica y con el acervo probatorio
allegado de manera legal y oportuna; que simplemente los argumentos expuestos
por la encartada no convencieron al Juez, lo cual no significa que se le haya
conculcado el principio de presunción de inocencia que la cobijaba; que no se
puede desconocer la calificación de excelente que posee la accionante, lo cual
no puede incidir para que pretermitiera los términos de la acción de amparo, ya
que sus calificaciones sirven para la graduación de la sanción, mas no para
exonerarla de responsabilidad.”
- En relación con el desconocimiento de
las pruebas solicitadas, concretamente los testimonios, considera  el fallo que
ello no es indicativo de la incursión en vía de hecho, pues “las actuaciones
posteriores de la accionante y de su defensor convalidaron la actuación de la
entidad accionada, máxime cuando nunca fue alegado el presunto vicio en el
proceso; que incluso, después de haber hecho la solicitud de pruebas, la
accionante y su apoderado presentaron escrito de descargos y se solicitó una nueva
prueba para el esclarecimiento de los hechos. Aunado a ello, hubo una petición
de la Agente del Ministerio Público, solicitando la nulidad de lo actuado, por
no haberse practicado unas pruebas, la cual fue resuelta mediante auto de 11 de
abril de 2007, por lo que encuentra que la accionante y su apoderado no
agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ya que con su silencio
en el trámite procesal, convalidaron y subsanaron la presunta nulidad relativa
que existía; que en consecuencia, no es posible utilizar el mecanismo de la
tutela como una forma de revivir oportunidades procesales que se encuentran
precluidas, pues ello sería desconocer no solo el carácter subsidiario de la
tutela, sino que entrañaría una intromisión del Juez de tutela en asuntos que
no le competen.”
- En punto a la supuesta violación del
principio in dubio pro reo, considera la sentencia que “del estudio
de la sentencia sancionatoria se deduce que existía la plena prueba y
suficiente demostración de la responsabilidad de la disciplinada en los hechos
denunciados, lo que significa que en este punto tampoco se le conculcó ningún
derecho”
.
- Evidencia la providencia que las
afirmaciones de la accionante, según las cuales, faltó al  compromiso en la búsqueda
de la verdad integral, pues la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura debió hacer uso del poder oficioso de solicitar
pruebas y haber guardado silencio sobre otras que se habían pedido, no
corresponde a la realidad plasmada en la sentencia sancionatoria, pues allí
aparece un completo análisis de las pruebas allegadas al proceso, que la prueba
oficiosa es una facultad y no una obligación del ente investigador, cuando vea
la necesidad de hacerlo, lo cual deriva de lo dispuesto en los artículos 128 y
142 de la Ley 734 de 2002.
- Tampoco comparte la afirmación de
haberse incurrido en desconocimiento de las reglas de interpretación
constitucional y disciplinaria, pues en el caso que dio lugar a la sanción
disciplinaria, el término de diez (10) días señalado en el artículo 86 de la
Constitución Política, para resolver una tutela, es prevalente, preferente y
superior, por lo que ninguna consideración adicional se puede pretender ante el
desconocimiento de esos términos en el trámite de la acción de amparo.
- De igual manera, no encuentra la
providencia ningún desconocimiento de la ley en materia de notificación de la
sentencia, pues al contrario de lo dicho por la accionante, la sentencia de
abril 30 de 2008 no cobró ejecutoria el 21 de mayo de 2008, ni tampoco el 28 de
mayo de 2008, cuando le fue notificada, pues dicha providencia está sujeta a lo
normado en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, conforme a la cual,
la sentencia de única instancia queda ejecutoriada al momento de su suscripción
por los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, providencia que debe ser notificada, sin perjuicio
de su ejecutoria inmediata.
- En este mismo orden, expresa el
mencionado fallo “que no hubo desconocimiento de los principios de
integración normativa, ilicitud sustancial, ni desconocimiento de la
proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva, ni de la función de la
sanción disciplinaria, ya que a la disciplinada le fueron respetadas todas y
cada una de las garantías constitucionales y legales, que la accionada fue
clara en consignar en la sentencia sancionatoria de dónde deviene la ilicitud
sustancial de la conducta, como también fue clara en calificar la conducta de
la funcionaría como culposa, ante el grado de descuido e indiligencia en el
trámite de la acción constitucional, todo ello con arreglo a los artículos 44 y
siguientes de la Ley 734 de 2002, lo que demuestra que la accionante nunca fue
sancionada por responsabilidad objetiva; en general, que no existe vulneración
alguna al artículo 29 de la Constitución Política por parte de la entidad
accionada, por lo que el amparo solicitado es negado, en lo atinente a la
vulneración al debido proceso.”
- En igual sentido, se analizan en el
fallo cada uno de los restantes derechos que la accionante considera le fueron
vulnerados: derecho a la integridad personal, a la igualdad, al buen nombre, al
libre desarrollo de la personalidad, a la honra y a la dignidad humana, a la
paz, al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital móvil, se hace un
pronunciamiento sobre cada uno de ellos y se concluye, que ninguno de ellos
aparece infringido o vulnerado, como resultado o consecuencia de la sanción
disciplinaria que le fue impuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, providencia en la cual no se incurrió en
ninguna vía de hecho.
5.Impugnación del fallo
En memorial radicado el 4 de agosto de
2008, la peticionaria manifiesta que interpone recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, precisando que se ratifica
en los argumentos de la conculcación del debido proceso y que adiciona unos
nuevos frente al tema. Por lo tanto, sustenta la impugnación en  varios
aspectos fundamentales:
1. Nuevas conculcaciones al debido
proceso. En sentir de la accionante, “resulta bochornoso que un inferior
funcional sea quien decida las actuaciones de sus superiores, pues la lógica
humana indica que un subalterno no va a corregir los errores, por crasos que
sean, de sus superiores, porque sería un atentado contra su propia
supervivencia laboral y todas sus connotaciones. En este orden de ideas
considera que a pesar de haber solicitado pruebas necesarias y conducentes,
pidiendo se recepcionaran los testimonios de personas involucradas en los
hechos por los cuales fue disciplinada, su petición no fue oída, no solo en el
proceso disciplinario, sino por el Juez de Tutela, quien guardó inexplicable
silencio frente a ellas, pese a que todos los testigos residen en Medellín, por
lo que el principio de inmediatez fue totalmente ignorado”.
2. En igual sentido expresa que la
tipificación de la falta disciplinaria que le endilgó la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se hizo citando tres normas:
Numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, Artículo 15 del Decreto 2591
de 1991 y Artículo 86 de la Constitución Política; que el artículo 15 del ya
mencionado Decreto 2591 de 1991, no establece ninguna sanción para el
incumplimiento de términos, pues solamente señala que la tramitación de la tutela
estará a cargo del Juez, Presidente de la Sala o Magistrado y será sustanciada
con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza
diferente, salvo el de habeas corpus; que cosa diferente ocurre en otras
previsiones legales, en las que expresamente se indica de manera precisa cuál
comportamiento del funcionario público es causal de mala conducta, como el caso
del artículo 51 del Decreto 2067 de 2001, el artículo 84 de la Ley 472 de 1998
y los artículos 7 y 242 del Código Contencioso Administrativo.
3. Afirmó, en consecuencia, que si sólo
en algunos casos, “como en los reseñados antes, la mora en el trámite
procesal es sancionada por el legislador como una adecuación típica de la
conducta reprochable disciplinariamente, el operador jurídico no puede
generalizarla como falta disciplinaria en todos los casos en que ella se
presente, pues los tipos disciplinarios los establece el legislador o el
constituyente y no quien instruye el proceso disciplinario o quien sanciona al
disciplinado”.
4. Que si bien el Decreto 2591 de 1991
no estableció como causal de mala conducta el incumplimiento de los términos
procesales para fallar las acciones de tutela, lo cual es una grave omisión, “no
puede el juez disciplinario invadir terrenos que no le son permitidos, pues el
señalamiento de las conductas o tipos disciplinarios solo le corresponde al
legislador, el cual al establecer una diferenciación entre acciones de
diferentes clases, indica que su interés no es precisamente que exista sanción
disciplinaria para todos los eventos en los que se incumplan los términos
procesales; que así, al menos lo da a entender el numeral 62 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, por lo que tanto el fallo disciplinario como el fallo en
primera instancia de la acción de tutela resultan una verdadera antítesis de la
lógica jurídica, teniendo en cuenta que en materia sancionatoria o punitiva las
interpretaciones extensivas son prohibidas y que la Corte Constitucional ha
expresado que la interpretación judicial no puede hacer decir a las normas lo
que estas no dicen”.
6. Sentencia de segunda instancia
La sentencia de segunda instancia
dictada por el Consejo Superior de la Judicatura, confirma en todas su partes
la providencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y en sus
consideraciones se destaca lo siguiente:
- En su criterio, los elementos básicos
para la legitimidad del proceso y la sentencia, en cualquier actuación
disciplinaria, se encuentran presentes  en el caso analizado y abundantemente
demostrados, no solo en la sentencia de 30 de abril de 2008 proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra la
Doctora MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO, sino en la actuación procesal que la
precedió, “por lo que no encontramos que se haya vulnerado en manera alguna
el derecho fundamental al debido proceso, invocado por la accionante”.
-Para el ad-quem  resulta  “evidente
que la acción de tutela de la deportista Sabina Moya fue resuelta excediendo
los términos perentorios señalados en el artículo 86 de la Constitución
Nacional y en el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991.. Inexplicablemente se
observa que ni el señor apoderado, ni la propia Doctora ARIZA VELASCO
insistieron en la recepción de esos testimonios, antes de que se formularan los
cargos, y tampoco lo hicieron en el memorial de descargos, en el cual sólo
pidieron una prueba documental que fue atendida parcialmente por el fallador.
Si los testimonios eran de fundamental importancia para la defensa, debió por
lo menos insistirse en ellos al momento de presentar los descargos y solicitar
el pronunciamiento de la Sala sobre su conducencia, oportunidad y pertinencia”.
-Considera  la sentencia de segundo
grado, que no es admisible el argumento de la Magistrada cuando dice que el
tema a tratar en la tutela  de la deportista demandaba más tiempo por lo
novedoso y poco usual.  “La Magistrada tuvo suficiente tiempo desde el mismo
instante en que le fue repartida la tutela para hacer el estudio pertinente y
documentarse oportunamente, sin esperar a que se vencieran los términos
constitucionales para abordar esa tarea”.
- El fallo sancionatorio sí tuvo en
cuenta las calificaciones y la  trayectoria profesional y laboral de la
Magistrada Ariza al servicio de la justicia y su impecable hoja de vida. En el
fallo sancionatorio se observa,  precisamente, que fueron  varios aspectos los
que llevaron a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura a imponerle la sanción mínima aplicable a la falta, en lugar de
graduar una sanción mayor.
- No advierte la sentencia violación al
debido proceso, por defecto fáctico, como tampoco aparece defecto material o
sustantivo en el fallo sancionatorio, “toda vez que dicha providencia está
sustentada en las normas constitucionales y legales que realmente debían
aplicarse a la materia sometida a debate, por lo que en ningún caso puede
evidenciarse la existencia de una grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión”.
En resumen, adujo el fallo, la “adecuación
típica de la conducta de la profesional investigada, hecha por el fallador en
la sentencia de 30 de abril de 2008, respetó en todo los lineamientos trazados
en el CDU y en las normas constitucionales y legales que lo integran y
complementan”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es
competente para revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en las demás disposiciones
pertinentes.
2. Problema jurídico y esquema de
solución
La tutela busca en concreto, que se
otorgue a la Doctora María Patricia Ariza Velasco el amparo definitivo de los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la integridad
personal, a la igualdad, al buen nombre, a la honra, al libre desarrollo de su
personalidad, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario mínimo vital y
móvil y a la independencia judicial; que como consecuencia de lo anterior, se
deje sin efecto la sentencia sancionatoria proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de fecha 30 de abril de
2008, dentro del proceso radicado 1100101020002005500205 00 070 1-05, originado
en la queja que presentó el señor director de Coldeportes de la época y se
ordene, por contera, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura que  dicte una nueva sentencia siguiendo los
elementos que se señalen en el fallo de tutela, comunicando tal decisión a las
entidades pertinentes.
Las sentencias objeto de revisión
negaron la tutela al considerar que no existió en el fallo objeto de reproche
constitucional, ninguna causal de procedibilidad de la acción de  tutela, y por
ende, no se presenta vía de hecho por los defectos alegados en la demanda.
Resulta evidente que la presunta
violación a todos los derechos fundamentales reseñados  por la accionante,
tiene como origen común la violación  al debido proceso en que habría incurrido
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al
proferir la sentencia sancionatoria de abril 30 de 2008.
La violación del derecho fundamental al
debido proceso es planteada por la accionante bajo varios principios y normas
fundamentales que fueron infringidos de la siguiente manera: presunción de
inocencia, desconocimiento del derecho de defensa, violación al principio del
in dubio pro reo, falta de compromiso en la búsqueda de la verdad integral,
desconocimiento de las reglas de interpretación constitucional, desconocimiento
de las reglas de interpretación disciplinaria, desconocimiento de la ley en
materia de notificación de sentencias, desconocimiento de principios e
integración normativa, desconocimiento del tema del principio de la ilicitud
sustancial, desconocimiento de la proscripción de toda forma de responsabilidad
objetiva y desconocimiento de la función de la sanción disciplinaria.
Tales normas habrían sido violadas a la
accionante, fundamentalmente porque, según lo que ésta expresa en la demanda, (i)
los descargos que ofreció oportunamente no fueron acogidos ni valorados; (ii)
la defensa no fue escuchada, (iii) surgieron dudas que no fueron
solucionadas; (iv) no se desvirtuó con prueba sólida la presunción de
inocencia; (v) no se hizo reconocimiento alguno de las calificaciones de
excelencia que ha  obtenido  en todo el tiempo en el que se ha desempeñado como
Magistrado y particularmente en el periodo investigado; (vi) no se
recepcionaron los testimonios que su defensor había solicitado, se buscó en la
sentencia una verdad a medias; (vii) se desconoció la dinámica propia de
un Tribunal Administrativo, el fallo se fundamentó en el querer personal de
quien proyectó la decisión; (viii) hubo desconocimiento del artículo 21
del CDU y de las normas que integran el bloque de constitucionalidad; (ix)
no se tuvo en cuenta que jamás existió lesión a los bienes jurídicos ni a la
Administración de Justicia, no se hizo uso del poder oficioso para encontrar la
verdad integral y (x) finalmente la sanción que le fue impuesta no
cumple ninguna función preventiva o correctiva, por cuanto no hubo falta,
descuido ni indiligencia.
Delimitado el objeto de la presente
acción de tutela, resulta necesario, por lo tanto, estudiar :
Primero: Si se cumplen
los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
y analizar detenidamente, las causales de procedibilidad de la misma a fin de
de verificar  la  presunta violación del derecho fundamental al debido proceso
en el caso concreto de la sentencia de abril 30 de 2008, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Segundo: Una vez constatado
lo anterior, la Sala dará prevalencia a dos temas que surgen nítidamente del
pedimento de la accionante: (i) la supuesta existencia de una vía de
hecho por defecto fáctico desde una errada o inexistente valoración probatoria,
y la posible  vía de hecho por violación directa de la Constitución; (ii) la
vigencia  de la  doctrina constitucional sobre  el acceso a la justicia en
su arista de dilación de los procesos  y  mora judicial justificada.
Tercero: Finalmente, la
Corte abordará el  caso concreto a la luz de la doctrina expuesta sobre los dos
tópicos mencionados.
4.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Reiteración jurisprudencial
La jurisprudencia consolidada de esta Corporación, ha sostenido que la posibilidad
de controvertir las decisiones judiciales a través de la acción de tutela es de
alcance excepcional y restringido, y se predica sólo de aquellos eventos en los
que pueda establecerse una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al
orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos
fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
Según lo ha expresado esta Corporación, la tutela contra decisiones
judiciales, en las condiciones señaladas, encuentra un claro fundamento en la
implementación por parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de
justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter
normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes
públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los
derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte
Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la
protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad
reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier
autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales.
De igual manera, ha explicado la Corte que su carácter excepcional y
restrictivo, se justifica en razón de los principios constitucionales de los
que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la
seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces,
y el sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de
éstos.[1]
En los términos descritos, esta Corporación, tanto en fallos de
constitucionalidad como de tutela, ha venido construyendo una nutrida doctrina
en torno a los eventos y condiciones en las cuales procede la tutela contra
providencias judiciales. En una labor de sistematización sobre la materia, en la
Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte distinguió entre
requisitos generales y causales específicas de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, precisando que los primeros son los
presupuestos cuyo cumplimiento es condición para que el juez pueda entrar a
examinar si en el caso concreto está presente una causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En el citado fallo, este Tribunal se refirió a los requisitos generales
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales de la siguiente
manera:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[2].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.
“b. Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental irremediable[3]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
“c. Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
“d. Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[4]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta
una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
“e. Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[5]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
“f. Que no se trate
de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de
los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho
más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.”
En relación con los
requisitos especiales de procedibilidad, la Corte, en la referida sentencia,
expresó:
“... para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[7] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido,
que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
“g. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[8]
“i.  Violación
directa de la Constitución.
“Estos eventos en
que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la
superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos
de procedebilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.”
Encuentra la Corte que en el presente
caso pueden tenerse como cumplidos los requisitos generales de procedencia
establecidos por la jurisprudencia. Las razones son las siguientes:
a. La situación fáctica reseñada
plantea un asunto de entidad constitucional, en cuanto involucra
primordialmente  una supuesta afectación del derecho al debido proceso.
b. Los hechos que generan la
vulneración que acusa la demanda se encuentran perfectamente identificados en
el escrito de tutela.
c. Corresponde a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de
acuerdo con el numeral 3 del artículo 156 de la Carta Política, desarrollado en
los artículos 111 a 120 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
la atribución de examinar la conducta y sancionar las faltas de los Magistrados
de los Tribunales, mediante actos jurisdiccionales de única instancia, no
susceptibles de acción contencioso administrativa.
Quiere decir entonces que la Magistrada Maria
Patricia Ariza, no cuenta con mecanismo distinto a la acción de tutela para
reclamar, en los términos del artículo 86 del ordenamiento superior, la
protección de los derechos que estima vulnerados.
d. No encuentra la Sala que
se haya desconocido el principio de inmediatez tomando en consideración que la
sentencia objeto de tutela tiene fecha de 20 de abril de 2008, y la acción  de  tutela
se interpuso dos meses después.
e. Por último, no se pretende
controvertir por esta vía una sentencia de tutela, frente a la cual este
mecanismo resulta improcedente.
Verifica así la Sala, que concurren los presupuestos
generales que conforme a su jurisprudencia la habilitan para ingresar en el
estudio de una tutela que controvierte decisiones judiciales.
Como se propuso en el  esquema de solución al
problema jurídico de este caso, por la naturaleza de las alegaciones
específicas que se plantean en la demanda de tutela, es relevante que la Sala
se pronuncie sobre el alcance de la llamada vía de hecho por defecto fáctico.
5. El defecto
fáctico en la jurisprudencia constitucional
La
jurisprudencia de esta Corporación ha precisado, desde sus inicios, que el
defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio
en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado...”[9]. Y ha
sostenido de igual manera, que la acción de tutela únicamente procede cuando se
hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en
su providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia...”[10].
La Corte ha
identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: una
dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa[11] u omite su
valoración [12] y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente[13]. Esta dimensión,
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[14].
Y una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera
vulnere la Constitución.[15]
La
jurisprudencia de esta Corporación ha identificado las distintas modalidades
que puede asumir el defecto fáctico: (i) Defecto fáctico por la omisión
en el decreto y la práctica de pruebas; (ii) Defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio (iii) Defecto fáctico por
desconocimiento de las reglas de la sana crítica [16].
En la sentencia T-902 de 2005 se hizo un amplio estudio de dichas categorías
que a continuación se resume.
a.
Defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas
Esta hipótesis
acaece cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido.
En diversas
providencias se ha precisado el alcance de esta modalidad de defecto fáctico.
Así en la sentencia SU-132 de 2002, la Sala Plena sostuvo:
“La negativa a
la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez dentro del proceso
que dirige, puede estar sustentada en la ineficacia de ese medio para cumplir
con la finalidad de demostrar los hechos en que se soporta una determinada
pretensión, toda vez que constituye un derecho para todas las personas
presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra. La Corte se
pronunció en este sentido en la Sentencia T-393 de 1994 y manifestó que “...la
negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que
ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso
o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos
notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (Arts.
178 C. P. C. y 250 C. P. P.); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia,
inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente
analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el
rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación
del derecho de defensa y del debido proceso”.
En distintas
oportunidades se ha verificado este tipo de defecto. Por ejemplo, en la
sentencia T-488 de 1999, la Corte consideró que la omisión en la práctica de la
prueba antropoheredobiológica en un proceso de filiación, por la especial
importancia de este medio probatorio, constituía un típico defecto fáctico con
capacidad de afectar los derechos fundamentales de las partes. Afirmó la Corte:
“El presente análisis tiene como punto
de partida la circunstancia de que ambos jueces dejaron de practicar, no
obstante haber sido decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de
una prueba conducente y determinante para la decisión final del proceso de
filiación natural instaurado a nombre del menor Jorge Eduardo González Guillén,
como era el experticio científico mencionado, por motivos ajenos a la parte
demandante y atribuibles a la falta de coordinación para su realización entre
el ente estatal encargado de practicarla y la respectiva autoridad judicial que
conocía del asunto.
Así las cosas, se considera necesario
reiterar, que la práctica de pruebas constituye una de las principales
actuaciones dentro de la conducción del proceso, en la medida en que su
importancia radica en la participación de la misma en la conformación del
convencimiento del fallador sobre los hechos materia de decisión.
(...)
Debe la Sala
reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones generales,
que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva,
a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma
específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una
vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que
desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo.”
Posteriormente, en la sentencia T-526 de
2001, la Sala Segunda de revisión consideró que la omisión de los funcionarios
judiciales, había impedido la correcta identificación del autor material de un
hecho punible en perjuicio de un tercero que fue procesado como reo ausente y
posteriormente privado de su libertad. En esa oportunidad, el defecto fáctico
se configuró por la no recepción de los testimonios de las personas que podían
identificar plenamente al autor material de la conducta punible, la no
apreciación de ciertos hechos, como la diferencia de edad entre el responsable
del hecho (22 años) y el erróneamente sindicado (35 años), la diferencia del
lugar de la residencia del erróneamente sindicado (norte de Bogotá) con el
lugar en que se capturó al responsable el día de los hechos (sur de Bogotá) y
la no apreciación de la prueba documental que acreditaba la buena conducta del
erróneamente sindicado. En esta oportunidad sostuvo la Sala Segunda de
Revisión:
“...en este caso concreto encuentra que
no se desplegó actividad probatoria alguna tendiente a obtener la plena
identidad del procesado a pesar de que se advertían irregularidades que ofrecían
serias dudas en relación con la identidad de la persona sindicada, lo que
constituye una vía de hecho, como quiera que los jueces solamente pueden
resolver con fundamento en las pruebas que sobre la cuestión fáctica obren en
el expediente.
En el presente caso existe un evidente
defecto fáctico, pues no existe prueba alguna de la que razonablemente se pueda
deducir que el sujeto aprehendido al momento de la comisión del ilícito, es el
mismo que fue capturado y se encuentra privado de la libertad."
b.
Defecto
fáctico por la no valoración del acervo probatorio.
Esta hipótesis se presenta cuando el
funcionario judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el
proceso, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar su decisión y, en el caso concreto, resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
habría variado sustancialmente.
Entre las decisiones en las cuales se
constató esta modalidad de defecto fáctico, se cuenta la sentencia T-814 de
1999. En esta oportunidad fue resuelto un caso en el cual los jueces de lo
contencioso administrativo no advirtieron ni valoraron, para efectos de
resolver una acción de cumplimiento impetrada contra la Alcaldía de Cali, el
material probatorio debidamente allegado al proceso. Esta situación a juicio de
la sala de revisión, constituyó una vía de hecho por defecto fáctico. Sobre el
punto se sostuvo:
“Ni en el fallo
del Tribunal ni en el fallo del Consejo de Estado se hace una valoración de la
prueba mencionada, que les permitiera a estas Corporaciones deducir la
obligación para el alcalde de dicha ciudad de promover la consulta popular,
previa a la realización del proyecto del metro ligero de Cali, pues para ellas
el aspecto probatorio en estos procesos no es relevante. En efecto, el Tribunal
dijo que las pruebas arrimadas al proceso de la acción de cumplimiento “no
tienen influencia alguna en esta decisión” y el Consejo de Estado por su parte,
si bien mencionó el aludido testimonio en los antecedentes no hizo ninguna
valoración del mismo.
La razón por la
cual tanto el Tribunal como el Consejo ignoraron las mencionadas pruebas
indudablemente estriba en la interpretación que estas Corporaciones tienen en
cuanto a la procedencia de la acción de cumplimiento, porque en diferentes
apartes de sus sentencias se afirma rotundamente que el deber incumplido debe
emerger directamente de la norma. Es decir, que de ésta debe desprenderse una
especie de título ejecutivo, configurado por una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, descartándose por consiguiente toda posibilidad de
interpretación sobre el incumplimiento de la norma por la autoridad demandada,
con arreglo a los métodos tradicionalmente admitidos, y con sustento a las
pruebas que oportuna y regularmente aporten las partes o las que oficiosamente
está en la obligación de decretar y practicar el juez de conocimiento.
Considera la
Sala, en consecuencia, que se estructura la vía de hecho por defecto fáctico,
porque ni el Tribunal ni el Consejo al decidir sobre las pretensiones  de la
acción de cumplimiento, valoraron la prueba antes referenciada, y omitieron
decretar y practicar las pruebas conducentes y tendientes a establecer la
existencia o no del incumplimiento de la autoridad demandada.”
Igualmente, en
la sentencia T-902 de 2005, con ocasión de la revisión de una acción de tutela
incoada contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional encontró que se configuraba un defecto
fáctico por ausencia de valoración probatoria, debido a que no se habían
valorado en segunda instancia pruebas documentales decisivas para resolver las
pretensiones de la demandante. Al respecto se sostuvo:
“Las pruebas
anteriores, no fueron valoradas por la sentencia de segunda instancia y a
juicio de esta Sala son determinantes para concluir, precisamente en lo que
debía, a juicio de la sentencia cuestionada, probarse en el proceso de nulidad
para poder demostrar la motivación oculta del acto administrativo que declaró
la insubsistencia del cargo de la accionante.
Visto lo
anterior, es posible afirmar que el fallo atacado, negó la valoración de una
prueba relevante para identificar la veracidad de los hechos puestos a su
conocimiento. Si en la lógica del fallo demandado, la prueba no existía en el
expediente, si estaba contenida en un anexo, o no aparecía físicamente,  pero
sí estaba mencionada, referida y valorada tanto por la demanda, como por la
providencia de primera instancia, al punto de ser un documento axial del fallo
del a quo, no cumplió la sentencia acusada con agotar los medios necesarios
para recoger, siquiera sumariamente, prueba de los supuestos fácticos que le
habían presentado a su consideración los interesados en el proceso de nulidad y
restablecimiento. Se insiste entonces, en que se incurrió en defecto fáctico en
su dimensión omisiva, vulnerando de la misma manera el debido proceso de la
accionante.
- Los defectos
del análisis probatorio, no menos que la falta de relación entre lo probado y
lo decidido, vulneran de manera ostensible el debido proceso y constituyen
irregularidades de tal magnitud que representan vías de hecho, como ya se
indicó. Es el caso de la sentencia cuestionada, que se apartó por alguna
circunstancia del material probatorio, no lo evaluó en su integridad, lo ignoró
y plasmó en su sentencia un supuesto diferente al que le ofrecía el bloque de
pruebas. Por los hechos relatados, se comprobó que el acervo probatorio fue
analizado de manera que de ser tenida en cuenta la prueba en comento, cambiaría
el sentido del fallo atacado.
- Es claro
entonces, que el juicio valorativo de la prueba que la sentencia no analizó es
de tal entidad que cambia el sentido del fallo: (i) porque es una prueba
concluyente en la demostración de la posible desviación de poder que se alegaba
en el proceso de nulidad y (ii) amén de lo anterior, es la prueba que la
sentencia atacada construye como hipótesis para demostrar el desvío de poder,
por ello, no existe duda de que era un documento determinante en las resultas
del proceso de nulidad y restablecimiento que se discutía en segunda instancia
en el Consejo de Estado. En consecuencia, al pie de la  jurisprudencia de esta
Corporación, se configuró una vía de hecho en tanto la falta de consideración
de un medio probatorio conlleva una vía de hecho siempre y cuando ésta
determine un cambio en el sentido del fallo.”
Con posterioridad, en la sentencia T-162
de 2007, la Sala Primera de Revisión decidió la tutela impetrada contra una
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda en un proceso
de reparación directa. El órgano judicial, si bien había declarado
administrativamente responsable al Seguro Social por el fallecimiento del señor
Luis Mauricio Antonio Acevedo Ocampo, en la providencia cuestionada no había
reconocido perjuicios materiales, porque, a su juicio, no se habían aportado
pruebas concluyentes sobre la actividad económica del occiso. Consideró la Sala
de Revisión que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, desconocía pruebas debidamente aportadas al proceso y adicionalmente
se apartaba de las reglas de la sana crítica. Sobre el primer extremo sostuvo:
“La Corte
observa, que efectivamente al proceso contencioso administrativo por reparación
directa, instaurado por Diana Cecilia Cardozo Cárdenas y otros, en contra del
Seguro Social el 22 de octubre de 2003, en el cual mediante sentencia del 31 de
marzo de 2006, se declaró la responsabilidad administrativa de la entidad
demandada, por el fallecimiento del señor Luis Mauricio Antonio Acevedo Ocampo,
producto del inadecuado manejo médico hospitalario que recibió para tratar el
cuadro de apendicitis del cual fue víctima; fue aportada una constancia
laboral, expedida por la firma Suagro Eat, en la que se da cuenta de que el
señor Acevedo Ocampo, antes de su fallecimiento, laboraba como ingeniero
agrónomo, con una asignación salarial mensual de dos millones novecientos siete
mil pesos ($2.907.000,oo) M/cte., documento cuya veracidad fue admitida por la
parte demandada en dicho proceso, en la contestación de la demanda, sin que se
solicitara en momento alguno, su ratificación.
Por otra parte,
de conformidad con el numeral 2º. del  Art. 10 de la Ley 446 de 1998,
concordado con el numeral 2º. Art. 277 del C. de P. C., modificado por la Ley
794 de 2003, no era menester la ratificación de tal certificación laboral para
que el Tribunal realizara su valoración como elemento determinante en su
decisión final, de manera que, ante la aceptación del ente demandado en el
proceso contencioso, consecuente resultaba su admisión como prueba del valor de
los recursos económicos percibidos por el señor Acevedo Ocampo.  Ahora que, si
la misma le proporcionaba dudas, le estaba permitido, al Juez de conocimiento,
decretar una prueba oficiosa conforme con los mandatos del Art. 169 del C.C.A.;
sin embargo, no lo hizo, pero sí trasladó a los actores los efectos adversos de
su inactividad.
Pero en el peor
de los casos, si en efecto el  órgano sentenciador hubiese carecido de un
elemento real de convicción que le indicara el valor de los ingresos percibidos
por el extinto padre de familia, el cual sí obraba en el proceso,   de acuerdo
con abundante jurisprudencia del Consejo de Estado  en tales circunstancias,
podía presumir un ingreso mensual igual a un salario mínimo legal, por lo que
esta Sala de Revisión concluye, que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda contaba con suficientes herramientas para tasar el
valor de los perjuicios materiales, cuya ocurrencia estaba demostrada con el
acervo probatorio”.
c.
Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
Tal situación se
advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria,
decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a
su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva.
Ello se presenta
en hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, como en el caso
de la sentencia T-450 de 2001, en el que un juez de familia en un proceso de
aumento de cuota alimentaria, en contravía de la evidencia probatoria y sin un
apoyo fáctico claro, decidió aumentarle la cuota alimentaria al demandado. En
lo pertinente se dijo en dicha providencia:
“En el proceso que ahora es objeto de
revisión, no se aprecian las pruebas y razones que justifiquen la decisión
tomada por el Juez 15 de Familia de Bogotá, pues aunque la materia sobre la que
versa el proceso –aumento de cuota alimentaria- compromete principios centrales
dentro de la organización social (v.gr. la protección del menor, la vigencia
del principio de solidaridad, el valor de la justicia y la equidad), que, en
principio, alentarían una postura activa por parte del juez competente con el
propósito de proteger integralmente los derechos de un menor, su acción no
puede estar absolutamente desligada de las pruebas allegadas o decretadas
dentro del proceso –en esta oportunidad, las presentadas por la madre- Así,
todo reconocimiento superior a las sumas probadas dentro del proceso, e incluso
a los derechos alegados, debe estar plenamente sustentada, so pena de convertir
a la decisión judicial en un acto arbitrario que tiene un grave vicio fáctico y
lesiona los derechos de la parte vencida en el juicio –en este caso el señor
Apóstol Espitia Beltrán-.
En el expediente no existen pruebas o
indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la
manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe
una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando
a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso,
estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también
está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación
judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió
conocer de la tutela, cuando afirma que: “a pesar de que se adopte la tesis que
el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por
fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo
probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio,
contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo
cual vulnera ostensiblemente el debido proceso”.  Por estas razones el fallo de
instancia será confirmado."
Igualmente tienen cabida en el supuesto
bajo estudio, los eventos en los cuales el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte  dentro del proceso. Un caso de esta
naturaleza fue examinado por la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1065
de 2006 en la cual se cuestionaba, por vía de tutela, la providencia proferida
por un Tribunal de Distrito,  mediante la cual denegaba el reconocimiento de
una pensión de invalidez al actor, debido a que se había acreditado dentro del
proceso el pago de la indemnización sustitutiva. A juicio de la Sala de
Revisión, esta providencia adolecía de un defecto fáctico porque:
“Considera la
Sala que en el presente asunto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de la
ciudad de Cúcuta se abstuvo de tener en cuenta la certificación emitida por el
Banco Agrario o para decirlo en otras palabras: el Tribunal dio por probado un
hecho sin estarlo. Al hacerlo, no sólo cometió un error ostensible, flagrante y
manifiesto en la valoración de la prueba sino que esa omisión incidió de manera
directa en la decisión final pues por ese motivo el Tribunal resolvió negar el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Resulta, pues, evidente que
al dar por probado el juzgador un hecho sin estarlo, cambió por entero el
sentido del fallo y vulneró la garantía del derecho al debido proceso del
peticionario. En este caso se trataba de una prueba concluyente orientada a
establecer que el pago de la pensión sustitutiva no había tenido lugar. Esta
prueba habría conducido al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta a
ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitados por el
actor – tal como se deriva de la argumentación utilizada por el Tribunal en la
sentencia y como se desprende de la jurisprudencia citada por esa Corporación
en apoyo de la misma”.
En la sentencia T-162 de 2007, a la cual
ya se hizo alusión en el acápite precedente, además de encontrar que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda no valoraba las
pruebas allegadas al proceso sobre la actividad económica del fallecido, la
Sala Primera de Revisión encontró que la providencia atacada en sede de tutela
también se apartaba de las reglas de la sana crítica en la valoración
probatoria. Al respecto sostuvo:
“Es aún más
significativa en relación con la incongruente conclusión adoptada por el
Tribunal en el fallo demandado, la afirmación efectuada por el mismo a renglón
seguido: ‘aún cuando se tuviera por establecida la actividad económica de la
víctima, de todas formas no podría accederse a la indemnización deprecada, por
cuanto no consta en el expediente que el fallecido Acevedo Ocampo proveyera al
sostenimiento de su compañera y de sus hijas, vale decir, que ellas dependieran
económicamente de él.’  No puede la jurisprudencia constitucional  respaldar
tal postura, ello iría en contravía de los principios de la lógica que está
obligado a seguir el juez en su valoración probatoria fundada en la ‘sana
crítica’ y sería tanto como desconocer la obligación alimentaria del fallecido
padre de familia para con sus hijas menores.
Esta Sala de
revisión ha constatado que estaba demostrado en el proceso e incluso, fue
objeto de manifestación por parte del Tribunal, el sentimiento de amor que unía
a la familia, y el respaldo propio de un buen padre de familia, que prodigaba
la víctima a los suyos, así como su convivencia con la accionante y sus tres
hijas.  Adicionalmente, es claro, que para el 15 de octubre del año 2002, fecha
del trágico incidente, las menores Manuela y Sara,  Acevedo Cardozo, once (11)
y cinco (5) años respectivamente  hecho que a la luz de los artículos 411, 422
del Código Civil les hacía titulares del derecho a percibir alimentos, por lo
cual propio era considerar la obligación alimentaria en cabeza de su difunto
progenitor.
Los hechos
descritos con anterioridad son suficientes para concluir que Luis Mauricio
Acevedo Ocampo, se conducía de manera responsable y amorosa con su compañera e
hijas y resulta  lógico pensar que el dinero por él percibido como
contraprestación a su trabajo, era gastado en su sostenimiento propio y el de
su hogar.  La experiencia demuestra que en las condiciones narradas, es éste el
comportamiento de un buen padre de familia, y no tenía el despacho de conocimiento,
elementos de juicio para desvirtuar su conducta, convirtiéndola en reprochable.
¿Cómo podría sostenerse válidamente que unas hijas menores de edad titulares de
derechos alimentarios y su compañera permanente, no sufrieron perjuicios
materiales como producto del fallecimiento de uno de los miembros fundantes del
núcleo familiar?; considerar lo contrario convertiría al fallecido Acevedo
Ocampo, en un padre y esposo irresponsable de sus deberes y obligaciones, sin
que le esté permitido al funcionario judicial hacer tales presunciones sin
respaldo probatorio.
En la sentencia T-458 de 2007, la Sala
Octava de Revisión examinó la acción interpuesta contra una decisión proferida
por una jueza de menores mediante la cual decidía la cesación del procedimiento
en una investigación que se adelantaba por un supuesto delito de acceso carnal
en persona puesta en incapacidad de resistir, cuya presunta víctima era una
menor de edad. Estimó la Sala de  Revisión que la providencia atacada en sede
de tutela adolecía del defecto fáctico de indebida valoración probatoria porque
desconocía el alcance de un dictamen pericial rendido dentro del proceso.
Textualmente se afirma:
“En sentir de la
Corte en este caso se produjo una vía de hecho por parte de la juez de menores
al momento de evaluar precisamente  la prueba pericial, pues claramente la
conclusión judicial adoptada con base en ella es contraevidente, es decir, el
juez dedujo de ella hechos que, aplicando las reglas de la lógica, la sana
crítica y las normas legales pertinentes, no podrían darse por acreditados,
como es que la menor sí tenía capacidad para discernir y consentir la relación
sexual llevada a cabo en las circunstancias reseñadas por Medicina Legal. Es
una valoración defectuosa de una prueba que terminó separando el fallo de lo
que realmente aparecía como probado.[17]
La Sala precisa
que si bien el respeto a la autonomía judicial hace que se permita que los
jueces valoren libremente el acervo probatorio dentro de las normas de la sana
crítica, el valor normativo de la Constitución conlleva de manera ineludible a
que la valoración probatoria que se aparta de las reglas de la sana crítica,
cuando la  prueba tiene “la capacidad inequívoca de modificar el sentido del
fallo”[18],
haga procedente la acción de tutela contra la providencia judicial respectiva.
Así, advierte la
Corte, que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento y es evidente que no todo
vicio en la valoración probatoria[19]
culmina en una vía de hecho. Así, sólo es factible fundar la prosperidad de una
acción de tutela de manera excepcional, cuando se observa que existe un error
ostensible y manifiesto[20] en
el juicio valorativo de la prueba que además, tiene una incidencia directa en
la decisión.
Es evidente en
el caso objeto de revisión, que la existencia de capacidad para discernir
acerca de la aceptación o rechazo de la implicación sexual llevada a cabo, no
es un derivado del examen de medicina legal y por consiguiente mal podía
concluirlo la juez del proceso. Escindir el dictamen forense, para afirmar que
estaban afectadas las funciones de memoria y fijación de la niña,  más no las
de discernimiento y las motoras, es un arbitrio de la juez que tiene
incidencias en la valoración congruente de la prueba pericial, y que en este
caso, generó una violación a los intereses superiores de la menor, protegidos
constitucionalmente.”
Así pues, es
factible fundar una acción de tutela frente a una vía de hecho por defecto
fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia, es manifiestamente  equivocada o arbitraria. El
error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[21].
2. Alcance de
los derechos constitucionales fundamentales al acceso a la administración de
justicia y a un debido proceso sin mora injustificada
Consciente de
que lo juzgado es una sentencia  de carácter disciplinario, pero que involucra
el tema de la mora judicial, quiere la Corte poner de presente, los alcances
constitucionales que la doctrina ha fijado para el derecho de acceso a la
justicia y a un debido proceso sin mora justificada, para precisar  la vigencia
de este concepto a la luz de los actuales parámetros constitucionales. La
sentencia T-030 de 2005 [22] hizo un
detallado análisis sobre este tema, cuyas conclusiones se extraen en este
aparte:
Desde el
Preámbulo de la Carta Política, el Constituyente fijó uno de los marcos dentro
de los cuales las autoridades Estatales deben orientar sus actuaciones para
lograr la observancia de uno de los valores constitucionales, cual es, la
justicia que debe ser asegurada a la comunidad colombiana. Dicho marco es el
jurídico y de allí la fundamental tarea que tienen a su cargo las entidades y
personas que en Colombia administran justicia (Art. 116 C.P.) para garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (Art. 2).
Es claro,
entonces, que no de cualquier manera el Estado debe asegurar a los integrantes
de la sociedad colombiana la justicia, puesto que como queda visto debe hacerlo
dentro de un marco jurídico, esto es, con observancia de las disposiciones
constitucionales y legales vigentes.
Desde la
perspectiva constitucional la adopción por parte del Constituyente del modelo
del Estado social de derecho implica que el acceso a la administración de
justicia así como los demás derechos reconocidos en la Constitución deben ser
garantizados de forma efectiva, dado que su simple protección formal, como por
ejemplo, su mera enunciación en una Carta de derechos sería incongruente con el
mandato de respeto de la dignidad humana, de allí entonces que el artículo 5º
Superior haya reconocido, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de las personas dentro de los cuales se encuentra el
derecho de acceso a la administración de justicia, que conforme a las
disposiciones citadas, ha de ser garantizado de forma material y efectiva.
En este sentido,
el legislador en desarrollo de lo ordenado por el literal “a” del artículo 152
de la Carta y en observancia de lo dispuesto en el artículo 228 ídem,
expidió la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia – en
cuyo artículo 1º dispuso que “La administración de justicia es la parte de
la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política
y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y
libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional.”
Conforme lo ha
precisado esta Corporación, "el acceso a la administración de justicia
implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los
jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se
entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones
procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el
acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra
cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez
garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre
convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la
vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados[23].
Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar
al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los
artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales[24],
susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la
acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.”[25]
Desde esta
óptica se infiere que el Estado no cumple con el deber de administrar justicia,
impuesto por el pueblo soberano (Art. 3 C.P.), brindando una simple posibilidad
para que las personas puedan acudir ante los diferentes órganos de la rama
judicial o a las demás autoridades e incluso particulares[26]
dispuestos para ello. Es necesario ante todo, que dichos titulares de la
función jurisdiccional hagan efectivos los derechos de las personas que habitan
en Colombia.
Por lo anterior,
la Corte Constitucional[27] ha precisado
que:
“Uno de los
presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de
derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de
ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las
garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y
los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. (…) Para el
logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la
colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo
mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su
grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de
justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente
y eficaz en la que el juez abandone su papel estático, como simple
observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta en un
partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no sólo
sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además,
respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde
resolver.
Las
consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como
consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un
Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas
es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de
la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su
protección. Así, entonces, la justicia ha pasado de ser un servicio público
más, a convertirse en una verdadera función pública, como bien la define el
artículo 228 del Estatuto Fundamental. Significa lo anterior que tanto en
cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los juzgados de la
República, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cual es
la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de
justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida
administración a todos los asociados; en otras palabras, que ésta no sea simple
letra muerta sino una realidad viviente para todos. (Resaltado fuera
de texto)”.
De allí surge la
importancia de la tarea endilgada por el Constituyente al Consejo Superior de
la Judicatura,[28] en cuanto no
sólo se le atribuyó la administración de la carrera judicial, sino el control
del rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales, teniendo la
competencia para crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
administración de justicia y dictar los reglamentos necesarios para su eficaz
funcionamiento (Art. 256 y 257 C.P.)[29]
No obstante, una
estructura jurisdiccional sería inane si no existiera una herramienta o un
mecanismo que permitiera a las personas afectadas por un conflicto jurídico
obtener su resolución por parte del Estado. En este punto será el proceso
judicial la vía para que mediante el ejercicio del derecho constitucional de
acceso a la justicia o derecho de acción, como también se denomina por la
doctrina procesal, se active el aparato jurisdiccional del Estado, en aras de
resolver las diferentes controversias que se presenten a los habitantes del
territorio nacional. De esta manera, tanto el proceso, como el derecho al
acceso a la administración de justicia deben tener sendas regulaciones
normativas que ordena el desarrollo de aquél y garanticen la efectividad de
éste.
Se encuentra en
este contexto, la relevancia del derecho constitucional al debido proceso que
contiene dentro de sus elementos el poder de toda persona a tener un debido
proceso sin dilaciones injustificadas, el cual constituye a su vez, un derecho
fundamental autónomo, conforme lo establece el artículo 29 Superior que
prescribe:
“ARTICULO 29. El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.
En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Resaltado fuera
de texto)
Como se advierte
toda persona tiene derecho a que los trámites judiciales en que participe como
demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos
injustificados, pues ello iría en detrimento no solo del derecho al debido
proceso sin dilaciones injustificadas, sino del derecho al acceso a una real y
efectiva administración de justicia, dado que la resolución tardía de las
controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva.[30]
Así, el derecho
al acceso a la administración de justicia no puede interpretarse como algo
desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales
durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino
que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los
plazos fijados en la ley.
Una
interpretación en sentido contrario implicaría que cada uno de los magistrados,
jueces y fiscales podría, a su leal saber y entender, proferir en cualquier
tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el
artículo 123 de la Carta Política en cuanto dispone que los servidores públicos,
y dentro de esta categoría los funcionarios judiciales,[31] deben ejercer
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley o el reglamento.
Existe de esa
manera una estrecha relación entre el acceso a la administración de justicia y
el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, no obstante, no
puede perderse de vista que el contenido esencial de este último difiere del de
aquél, puesto que éste se refiere no a la posibilidad de acceso a la
jurisdicción ni a la obtención práctica de una respuesta jurídica a las
pretensiones formuladas, sino a una razonable dimensión temporal del
procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto. Esta
razonabilidad es establecida, en principio, por el legislador al expedir las
normas que regulan los plazos para el desarrollo de los diferentes procesos y
la adopción de las decisiones dentro de los mismos.
El Constituyente,
coherente con el reconocimiento que hizo de estas garantías, estableció el
siguiente mandato: “Los términos procesales se observaran con diligencia
y su incumplimiento será sancionado”, del cual se infiere, tal y como
lo ha precisado esta Corporación desde sus primeras providencias, que “la
Constitución Política de 1991 está inspirada, entre otros muchos, en el
propósito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los
jueces pero también entre otros funcionarios públicos, de incumplir los
términos procesales acarreando a los destinatarios de la administración de
justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus más elementales
derechos.”[32]
Al igual que se
hizo en la citada sentencia resulta pertinente traer a colación algunos de los
antecedentes sobre este particular, para reforzar el correcto entendimiento que
ha de darse a dicho mandato constitucional. Dijo la Corte en aquella ocasión:[33]
“El Delegatario
Horacio Serpa Uribe, en su exposición de motivos a un proyecto de Acto
Reformatorio por él presentado sobre indemnizaciones a cargo del Estado por los
daños que fueran consecuencia del funcionamiento anormal de la administración
de justicia, enunciaba entre los vicios de ésta "los casos de morosidad,
de denegación de justicia (...), de retardo desmesurado de la prestación del servicio",
afirmando que ellos "exceden la normal tolerancia de lo que para el común
de las personas impone la vida en sociedad"[34].
Por su parte, el
Constituyente Alvaro Gómez Hurtado profundizaba en la necesidad de establecer
normas constitucionales que propendieran efectivamente por el cumplimiento de
los deberes impuestos a los funcionarios públicos, enunciando entre ellos a los
judiciales:
...resulta
inadmisible que las autoridades públicas, en frente de los deberes que les
impongan la Constitución y la ley con el afán de atender el interés general,
puedan asumir actitudes pasivas e inertes, e incurran en conductas omisivas
que, a la postre, constituyen inobservancia de sus deberes.  Con tal
comportamiento se defraudan -con muy graves consecuencias- las expectativas de
los asociados que, esperanzadamente, aguardan el obrar de sus
autoridades".
...sus
prerrogativas y sus actuaciones no son ni mucho menos graciosas, sino que, por
el contrario casi siempre están consagradas de modo obligatorio y
reglado".
...se propone
(...) un complemento necesario que garantice la efectividad de la Constitución
y de las leyes, evitando así que tales disposiciones puedan quedar consignadas
como letra muerta..."
Los órganos
judiciales no podrán dejar de dar aplicación a las normas contentivas de
derechos individuales..." [35]
En la Ponencia
presentada a la consideración de la Asamblea Constituyente por los delegatarios
Jaime Fajardo Landaeta y Alvaro Gómez Hurtado el 5 de abril de 1991, se
proponía consagrar como principio de administración de justicia el de celeridad,
con el siguiente texto: "Los términos procesales son improrrogables y
obligan tanto a las partes como a los jueces.  El funcionario que incumpla los
términos procesales sin causa justificada incurrirá en causal de mala
conducta".  A lo anterior se agregaba, entre las funciones del Consejo
Superior de la Judicatura, la de "llevar el control del rendimiento de las
corporaciones y despachos judiciales en los términos que señale la ley"[36]
La Delegataria
María Teresa Garcés LLoreda proponía también la institucionalización de la mora
en las decisiones y trámites judiciales como causal de mala conducta y la
sustentaba así:
Es para todos
sabido que uno de los mayores males que aquejan a la Administración de Justicia
es la morosidad en la prestación de este servicio público.  Procesos de índole
penal, civil, laboral y contencioso administrativo demoran en los despachos
respectivos un considerable tiempo haciéndose nugatoria la administración de
justicia y causándose con ello gravísimas consecuencias de todo orden a la
convivencia social de los ciudadanos"[37].”[38]
De esta manera,
la garantía efectiva del derecho a un debido proceso sin dilaciones indebidas,
implica, en principio, la diligente observancia de los términos procesales, sin
perjuicio de las sanciones que se generen por su incumplimiento, lo cual
permite afirmar que en la Carta de 1991 se ha constitucionalizado el “derecho
a los plazos procesalmente previstos normativamente.”
Dichos términos
son fijados por el legislador en los distintos ordenamientos procesales que al
ser normas de orden público, imponen a los funcionarios judiciales y demás
personas que administran justicia el deber  de adoptar todas las medidas
pertinentes para lograr su cumplimiento. En este sentido la Corte ha precisado[39]
que es “indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la
seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma
diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que
define el legislador”. Por ello, esta Corporación ha calificado, como parte
integrante del derecho al debido proceso, el “derecho fundamental de las
personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos[40]”.
De igual manera,
es pertinente señalar que tanto las partes como los terceros en las respectivas
actuaciones judiciales deben no sólo cumplir con las cargas procesales que
impone el ordenamiento jurídico en cada proceso, sino abstenerse de realizar
conductas que dilaten el trámite judicial, pues ello constituye una las formas
como se materializa la violación del deber constitucional de “colaborar para
el buen funcionamiento de la administración de justicia” (Art. 95-7 C.P.).
Sobre este
aspecto ha expresado la Corte que: “tanto
las partes procesales como las autoridades judiciales están obligadas a cumplir
en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecución de
las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. Así
pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas,
controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y,
en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y
términos establecidos en la ley, así como el juez y auxiliares de justicia
tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los términos
procesales.”[41]
Como  lo señaló
esta Corporación “quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula
una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos legales
y estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello. De lo
contrario, se le estaría desconociendo su derecho fundamental al debido
proceso, así como el acceso a la administración de justicia.”[42]
La Ley 270 de
1996, antes mencionada, establece dentro de los principios que informan la
administración de justicia, el de acceso a la justicia (Art. 2º), celeridad
(Art. 4º)[43], eficiencia
(Art. 7º)[44] y el respeto
de los derechos (Art. 9º)[45],
constituyéndose así, en mandatos que han de ser observados por quienes
administran justicia en cada caso particular.
En lo referente
a la celeridad resulta indispensable traer a colación lo precisado por la Corte
en la Sentencia C-037 de 1996 [46], en la cual
señaló que:
“(…) la labor
del juez no puede jamás circunscribirse únicamente a la sola observancia de los
términos procesales, dejando de lado el deber esencial de administrar justicia
en forma independiente, autónoma e imparcial. Es, pues, en el fallo en el que
se plasma en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia, como conclusión
de todo un proceso, donde el acatamiento de las formas y los términos, así como
la celeridad en el desarrollo del litigio judicial permitirán a las partes
involucradas, a la sociedad y al Estado tener la certeza de que la justicia se
ha administrado debidamente y es fundamento real del Estado social de derecho.
Consecuencia de
los argumentos precedentes, fue la consagración en el artículo 228 superior del
deber del juez de observar con diligencia los términos procesales y,
principalmente, de sancionar su incumplimiento. Por ello, la norma bajo examen
establece que de darse esta situación, el respectivo funcionario podrá ser
sancionado con causal de mala conducta. La Corte se aparta así de las
intervenciones que cuestionan este precepto, pues, como se vio, él contiene
pleno respaldo constitucional.
Sin embargo,
debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que entre en mora
respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe
ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la
situación deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma negligente o
si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las
causales de justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el
caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y
razonable.
Asimismo, debe esta Corporación advertir que la función en comento le
corresponde asumirla al Consejo Superior de la Judicatura, a los Consejos
Seccionales -como se desprende de lo dispuesto en los numerales 3o y 4o del
artículo 256 de la Carta Política-, o a los jueces cuando ejercen la potestad
disciplinaria respecto de sus subalternos, salvo en lo que atañe a los
magistrados que gozan de fuero constitucional especial, caso en el cual esa
labor deberá ser realizada por el Congreso de la República, sin perjuicio de la
competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, para “vigilar
la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (...)” (Art. 277-6
C.P.)[47]. Para
lograr los anteriores cometidos, naturalmente deberán respetarse las
prescripciones propias del debido proceso y la posibilidad de ejercer el
derecho de defensa para explicar las razones por las cuales se incurrió en mora
injustificada en el trámite de los asuntos judiciales”.  (Negrillas fuera
de texto)
Desde sus
inicios la Corte Constitucional precisó que conforme a los mandatos de la Carta
Política, la acción de tutela procede contra quienes administran justicia,
puesto que como se ha demostrado durante la vigencia de la Constitución, es
posible que los funcionarios judiciales vulneren o amenacen derechos
fundamentales, siendo entonces necesaria, pero excepcional, la intervención del
juez constitucional.
Así en la
Sentencia C-543 de 1992[48] se explicó
que:
.. “nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales,
ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo
cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo
transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal
y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario
competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de
1991).   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia”.
Sobre el alcance
de esta causal de procedencia de la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que el mero vencimiento del término procesal
respectivo no genera ipso jure la violación de los derechos
constitucionales al debido proceso y a un proceso sin dilaciones injustificadas
pues si bien el principio general es el de obligatoriedad de los términos
procesales, éste puede admitir  como ya se expuso “excepciones muy
circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del
carácter justificado de la mora.”[49]
Sobre dicho
carácter justificado de la mora judicial, la Corte en la Sentencia T-190 de
1995 explicó:
“La justificación,
que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en la situación probada y
objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la
decisión.”
Por otra parte,
considera la Corte que las causas de justificación en la materia deben ser
fijadas en la ley, razón por la cual no pueden obedecer a la caprichosa
interpretación del funcionario de turno.
Desde luego,
vencido el término que no pudo cumplirse por el inconveniente justificado,
resulta perentorio el trámite preferente para el asunto que no se alcanzó a
decidir en tiempo. De allí que no pueda admitirse de ninguna manera el
aplazamiento indefinido de la resolución, estando obligado el juez o fiscal, en
ese excepcional evento, a otorgar prioridad al proceso que resultó afectado por
la causa justificada.”
Implica lo
anterior, que la mora judicial que afecta los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y a un proceso sin dilaciones y que admite la
procedencia excepcional del amparo constitucional, es aquella que no tiene un
origen justificado. De esta manera, un proceso sin dilaciones injustificadas
debe entenderse como aquél trámite que se desenvuelve en condiciones de
normalidad dentro de los plazos perentorios fijados por el legislador y en el
que los intereses litigiosos reciben pronta satisfacción.
La mora judicial, ha dicho la Corte, actúa como
barrera ex post para lograr la garantía del derecho a la tutela judicial
efectiva al producir una falta de confianza en la justicia para el usuario, lo
cual deslegitima la labor de la rama judicial y mucho más en casos en los que
el administrado es de aquellos que es titular de especial protección por parte
del Estado, ya por su edad, su discapacidad o su debilidad manifiesta.[50]
Esta Corporación
ha señalado sobre este tópico que “la jurisdicción no cumple con la tarea
que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de
esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio,
atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los
ciudadanos.”[51]
Uno de los
motivos más recurrentes en la jurisprudencia en los cuales se han analizado
casos en los que se acusa a un funcionario judicial de haber incurrido en mora,
es el de la congestión o exceso de trabajo de los magistrados, jueces y
fiscales,[52] respecto del
cual la Corte ha precisado que éste no constituye por sí mismo, sin más
evaluación, argumento suficiente para justificar la dilación en que se haya
incurrido.
A los
funcionarios no les basta con aducir exceso de trabajo o una significativa
acumulación de procesos para que el incumplimiento de los términos judiciales
sea justificado, pues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la
jurisdicción la ineficiencia o ineficacia del Estado[53],
desconociendo sus derechos fundamentales.[54]
Como se afirmó en la Sentencia T-1068 de 2004[55]
“no puede aducirse por parte de un juez de la República que se cumplen las
funciones a él encargadas para un negocio y se desatienden en otro”.
Para la Corte,
en este tipo de casos no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de
los términos por sí mismos ya que él no se concibe como fin sino como medio para
alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, esto es, asegurar
que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos
de los gobernados, muy especialmente los que tienen todas las personas en
cuanto a la obtención de una pronta y cumplida justicia.[56]
Desde esta
perspectiva, ha considerado esta Corporación que salvo en el caso que la
persona se encuentre ante un perjuicio irremediable, “el mero incumplimiento
de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental
indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por
razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o
fiscal adoptar oportunamente la decisión.”[57]
En otras palabras, “la mora judicial sólo se justificaría en el evento en
que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez
correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles
que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley.”[58]
En síntesis, si bien la
administración de justicia debe ser pronta, no todo retardo genera una
afectación del derecho a un proceso sin dilaciones, puesto que debe suscitarse
un incumplimiento de los términos procesales que tenga un origen
“injustificado”[59], es decir,
producto de la falta de diligencia de quien administra justicia en el
cumplimiento de su función.
No obstante, el funcionario
judicial que pretenda justificar la mora debe acreditar que ésta se dio a pesar
del cumplimiento oportuno y cabal de sus funciones, y que se generó por razones
objetivas insuperables que no pudo prever ni eludir.[60]
En este sentido, es menester recordar que de conformidad con lo establecido en
el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, dentro de los deberes de los
funcionarios judiciales se encuentran: i) respetar, cumplir y,
dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes
y los reglamentos[61]; ii)
desempeñar con celeridad las funciones a su cargo[62];
iii) poner en conocimiento del superior los hechos que puedan
perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles para el
mejoramiento del servicio[63] y, iv)
resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos
previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el
ejercicio de la función jurisdiccional.[64]
La observancia de estos deberes
del funcionario judicial ha de ser tenida en cuenta al momento de analizar, en
cada caso particular, la posible violación o amenaza del derecho fundamental a
un debido proceso sin dilaciones injustificadas, puesto que, como se ha
indicado, la mora judicial solo justificaría al magistrado, juez o fiscal si a
pesar de haber adoptado todas las medidas para evitar la congestión del
despacho judicial, aun así la dilación surge de forma imprevisible e
ineludible. Debiéndose en todo caso informarse de esa situación a los
administrados, quienes tienen derecho a conocer con precisión y claridad las
circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una
resolución pronta de los procesos. Lo contrario sería asumir como
constitucionalmente válido que el administrado deba ser sometido a una espera
indefinida en la resolución de su demanda de justicia, situación que repugna al
Estado social de derecho dada la garantía material y no meramente formal de los
derechos que en él se prohíja.
Para determinar de manera más clara el alcance que la jurisprudencia ha
dado al término dilación injustificada, se procederá a relacionar algunas de
las sentencias que han abordado el tema.
En varias
ocasiones la Corte  ha encontrado que la tardanza constituía vía de hecho. Por
ejemplo, en la sentencia T-320 de 1993, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz,
se concedió la tutela a varios ex vigilantes  del extinto Banco Cafetero
quienes consideraban que el Tribunal Superior que había conocido del recurso de
homologación del laudo arbitral en el cual se reconocía la responsabilidad
solidaria del Banco con la empresa de vigilancia con la cual tenían contrato de
trabajo, los demandantes había incurrido en vía de hecho, toda vez que había
anulado el laudo sin dictar sentencia en reemplazo, quedando así sin
posibilidad de que instancia judicial alguna resolviera el caso. La Corte
consideró que el hecho de que la situación jurídica que se discutía quedará
indefinidamente sin solución, vulneraba el derecho a la pronta administración
de justicia.
En la sentencia
T-571 de 1998, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, se concedió la tutela al
derecho a la administración de justicia en un plazo razonable, puesto que el
Tribunal Superior Militar que estaba conociendo de la consulta de la sentencia
por medio de la cual había sido absuelto el actor del cargo de lesiones
personales no la había resuelto, a pesar de que ya se había vencido ampliamente
el término para ello, sin presentar justificación alguna.
En la tutela
T-577 de 1998, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, se conoció de una
demanda en la cual se alegaba vía de hecho en virtud de que en un proceso de
declaración de interdicción no se había proferido sentencia, pasados seis años
desde la iniciación de éste, puesto que no había sido posible obtener la prueba
pericial que comprobara la condición mental de la persona cuya interdicción se
solicitaba fuera declarada. Si bien la Corte reconoció que la parte demandante,
ahora accionante, no había colaborado con la consecución del dictamen pericial
que determinara la condición mental de la accionante, también afirmó que en
estos procesos, cuyo interés traspasaba el meramente individual, el juez
debería hacer uso de todas sus facultades y prerrogativas para la consecución
de las pruebas, lo cual no se había dado en el proceso cuestionado. Dijo la
Corte Constitucional:
“Así las cosas,
si en la dispensación de la “justicia voluntaria” existe también un interés por
parte de la sociedad, el funcionario que la representa, debe tener una libertad
mayor para buscar y practicar las pruebas, por cuanto, el derecho sustantivo le
exige que no dicte una sentencia en estos procesos, sin “conocimiento de
causa”, por lo que ese “conocimiento de causa” ha de buscarlo el fallador con
su criterio, más allá del límite del interés de las partes.
Así pues, el juez debe hacer uso de los
poderes que le otorga la ley, para llegar  al conocimiento de la verdad real;
poderes, que en el caso que nos ocupa no se han ejercido con la suficiente y
necesaria vehemencia que se exigen en esta clase de procesos ..”
Por último, en
la sentencia T-493/03, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, se
concedió la tutela a un ciudadano contra quien se adelantaba proceso penal en
el cual no se había podido dictar sentencia, ya que, por negligencia del
Juzgado accionado, no se había hecho el levantamiento del acta de la audiencia
pública de juzgamiento. Ésta se había aplazado por tal motivo y de la segunda
audiencia de juzgamiento adelantada, tampoco se había levantado acta. Por
tanto, se ordenó levantar el acta y proferir sentencia teniendo en cuenta el
turno de la primer audiencia fijada.
No obstante,
conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, la mera tardanza, así sea
considerable, no constituye vía de hecho. En efecto, para que se constituya una
vulneración al debido proceso el retardo debe provenir de la falta de
diligencia debida en la actuación judicial.
Un ejemplo de no
vulneración del derecho al debido proceso a pesar de la tardanza lo constituye
la sentencia T-292 de 1999, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández, en la
cual se estudiaba un caso de demora en un  proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Encontrándose al despacho para elaboración de
proyecto de fallo no se había dictado sentencia pasados varios años. La Corte
encontró que no se configuraba vulneración toda vez que la funcionaria
accionada había entrado en reemplazo del magistrado que recibió inicialmente el
caso, el cual le había heredado una alta mora en el conjunto de procesos del
despacho y no podía injustificadamente preferenciar al proceso del accionante
frente a los demás del despacho sin razón suficiente para esto. No obstante, la
Corporación dejó en claro que:
“Para la Corte, desde luego, la
justificación de la demora en resolver es extraordinaria y debe apreciarse en
cada caso. Por ello, en el presente asunto es imperioso que se recalque su
singularidad, entre otros motivos por el muy poderoso de las circunstancias
específicas del despacho judicial del que se trata, en el que una enfermedad
prolongada -febrero a junio de 1997- del antecesor de la doctora ARBOLEDA, sin
haber sido reemplazado (fl. 273 del expediente), contribuyó ostensiblemente a
la acumulación de procesos en espera de resolución.”
En similar
sentido, por encontrar justificada la dilación de un proceso reivindicatorio en
virtud de la existencia de otros 250 procesos en espera de fallo, la sentencia
T-502/97, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, negó la tutela al debido
proceso. Dijo la Corte que:
“Ahora bien, la mora judicial sólo se
justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con
la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e
ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados
por la ley”
A
su vez, en sentencia T-027 de 2000, la Corte recordó que la acción de tutela
procede frente a la dilación en los términos para decidir determinado asunto de
su competencia, sin que la misma se encuentre respaldada por un motivo
razonable y probado que justifique dicha mora. De carecer el incumplimiento de
términos de fundamento que dé cuenta del mismo, se configuraría la vulneración
del derecho al debido proceso en relación de conexidad directa con el derecho
al acceso a la administración de justicia. Finalmente señaló la Corte:
“el
eventual ejercicio de la acción de tutela ante la mora del juez en decidir
sobre un determinado asunto a su consideración dentro del proceso judicial
tendría fundamento -como ya lo ha expresado esta Corte- en que tal conducta, en
cuanto desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable,
implica dilación injustificada, es decir, vulneración palmaria del debido
proceso (artículo 29 C.P.) y obstáculo para el acceso de la persona a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). El juez se ubica entonces en la
hipótesis contemplada por el artículo 229 Ibídem: 'Los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado'.”
En la sentencia T-1154 de 2004, la
Corte lo siguiente:
“de los postulados
constitucionales se sigue el deber de todas las autoridades públicas de
adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos
sometidos a ella. En ese sentido, la dilación injustificada y la inobservancia
de los términos judiciales pueden conllevar la vulneración de los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este caso,
señaló la Sala, si el ciudadano no cuenta con un medio de defensa eficaz a su
alcance, y está frente a la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, la
acción de tutela es procedente para proteger sus derechos fundamentales.
Finalizó la Sala señalando que “De lo anterior se infiere que a fin de que
proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora
judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos
dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso
salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así
entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a
pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones
"imprevisibles e ineludibles", tal como, el exceso de trabajo, que no
le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se
concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o
inobservancia de los términos procésales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten”. ( negrillas fuera de texto).
En
suma, si bien la administración de justicia debe ser pronta, no todo retardo
genera una vía de hecho. Se debe presentar un retardo injustificado y éste sobreviene
cuando la mora se da por falta de diligencia del juez en el cumplimiento de su
función. Si se pretende justificar la mora, se debe demostrar que ésta se dio a
pesar del cumplimiento oportuno y cabal de las funciones. Por último, se hace
necesario indicar que el que exista o no justificación para la tardanza se
calificará en el caso concreto.
6. Caso concreto
La doctora María Patricia Ariza Velasco,
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
integridad personal, a la igualdad, al buen nombre, a la honra, al libre
desarrollo de su personalidad, a no ser sometida a torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, a la dignidad humana, a la paz, al trabajo, a la
estabilidad laboral, al salario mínimo vital y móvil y a la independencia
judicial, los cuales considera vulnerados con la decisión adoptada en el
proceso disciplinario que se adelantó en su contra, radicado bajo el número
1100101020002005500205 00 070 1-05, sentencia del 30 de Abril de 2008, a través
de la cual fue sancionada con suspensión de un (1) mes en el ejercicio de su
cargo de Magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, al hallarla
responsable de faltar al deber funcional previsto en el artículo 153, numeral
1°, de la Ley 270 de 1996, en consonancia con el artículo 86 de la C. P. y
artículo 15 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala resume los hechos  de la tutela,
para luego esbozar  las razones por las cuales considera  que la tutela debe
prosperar.
- Lo primero que se advierte es que una
vez formulada la queja contra la doctora Maria  Patricia Ariza, el Magistrado
Sustanciador,   en auto de febrero 8 de 2005, dispuso una indagación preliminar
con el fin de hacer claridad sobre la procedencia de iniciar formalmente una
investigación disciplinaria. Para tal efecto, comisionó a la Sala Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para que oficiara a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia a fin de solicitar
certificación clara y detallada del trámite de la tutela de la deportista
SABINA MOYA, e igualmente ordenó que se recibiera versión libre a la doctora
MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO.
- La accionante rindió su versión libre
el día 11 de marzo de 2005, diligencia en la cual manifestó todas las razones y
motivos por los cuales expidió el fallo de tutela de la deportista Sabina Moya
por fuera del término señalado en la norma constitucional, y adjuntó diversos
documentos relacionados con los permisos que le fueron concedidos por la época
de la tutela, lo mismo que copia de los fallos de primera y segunda instancia
proferidos en esa misma acción constitucional.
- A su vez, el doctor José Ignacio
Madrigal Alzate, en su calidad de Secretario General del Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante oficios números 160 y 161 de marzo 9 de
2005, absolvió todos los puntos sobre los cuales se había pedido certificación
en relación con el trámite que se le dio a la tutela de SABINA MOYA.
- Por auto de mayo 25 de 2005, el
Magistrado Sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, hace una evaluación de las pruebas allegadas en la
etapa de indagación preliminar señalando que a pesar de las excusas presentadas
por la accionante, se presenta una mora de seis días en el trámite de la tutela
de la deportista SABINA MOYA, por lo que decide abrir investigación
disciplinaria contra la doctora Ariza y comisiona a la Sala Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que allegue al plenario
las estadísticas de trabajo de la funcionaría investigada, desde la fecha en
que ingresó el expediente al Despacho hasta el día que salió del mismo.
- El 15 de junio de 2005 la Doctora Ariza
le confiere poder al Doctor Carlos Ausgusto Arias para que la represente dentro
de la investigación disciplinaria, y en esa misma fecha su apoderado presenta
memorial solicitando se le reconozca personería y pidiendo el archivo de la
investigación, conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley 734 de 2002.
En ese escrito el señor apoderado solicita se citen a declarar los testigos:
JOSÉ IGNACIO MADRIGAL ALZATE, Secretario del Tribunal Administrativo de
Antioquia, quien debía deponer sobre las razones por las cuales el expediente
llegó al Despacho para fallo solo hasta el 8 de noviembre de 2004; MARIO DE
JESÚS ZAPATA, Auxiliar de la Magistrada investigada, quien declararía sobre el
trámite que se le había dado a la tutela  en el Despacho de la Magistrada
investigada; ANGELA CRISTINA LOMBANA, Oficial mayor de la Magistrada
investigada, quien declararía sobre los mismos aspectos de los anteriores
testigos; y CLAUDIA ADARVE PALACIOS, apoderada de la deportista SABINA MOYA,
quien declararía sobre su permanente vigilancia al proceso, en razón de la
defensa de los intereses de su poderdante.
- En esa misma fecha, junio 15 de 2007,
la doctora ARIZA, presentó memorial dando explicaciones sobre los hechos y
circunstancias que la llevaron a proferir el fallo de tutela de la deportista
SABINA MOYA por fuera del término señalado en la Constitución. A su escrito
anexó copia del fallo proferido por el Consejo de Estado confirmando la tutela otorgada
a la deportista, copias de las audiencias públicas de testimonios que practicó
la doctora Ariza en noviembre 8 de 2004, noviembre 10 de 2004 y otros
documentos relacionados con las actividades que cumplió por la época en que se
tramitó dicha la tutela.
- El 25 de enero de 2006, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura profiere
pliego de cargos contra la demandante, en el cual se expresa que con el
comportamiento de la funcionaria desconoció el contenido del inciso 4° del
artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991,
y concluye:
"Así las
cosas, se formulará pliego de cargos contra María Patricia Ariza,  Magistrada
del Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta comisión de tal falta
disciplinaria, la cual se califica como grave, teniendo en cuenta "la naturaleza
esencial del servicio público de la Administración de Justicia; el grado de
perturbación del mismo", en tanto se desconocieron los términos
perentorios de la tutela."
"Los
documentos arrimados a la actuación ofrecen una realidad procesal objetivada e
indican que la Doctora MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO pudo cometer la falta
disciplinaria a título de culpa grave ya que su deber era imprimir celeridad a
la tutela incoada por la señora Sabina Moya Rivas".
- El pliego de cargos fue notificado a
la doctora Maria Patricia Ariza en  Medellín el día 3 de marzo de 2006 y a su
apoderado Doctor Carlos Augusto Arias, en la ciudad de Bucaramanga, el día 20
de junio de 2006, dejándose constancia que el término para presentar los
descargos corría entre el 21 de junio y el 6 de julio de 2006.
- El 6 de julio de 2006, el apoderado de
la accionante radica memorial de descargos ante la Secretaría del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, en el cual manifiesta que no comparte
la afirmación que se hace en las consideraciones del pliego de cargos, que la actuación
de su defendida se realizó dentro de los marcos legales, que no hubo dolo o
culpa, que el asunto sobre el cual versaba la tutela de la deportista Sabina
Moya, requería profundización y un análisis especial, debido a que se trataba
de un tema que no era común en cuanto a su desarrollo, que su defendida goza de
una excelente calificación de servicios, que la tutela de la deportista cumplió
su cometido, habiendo sido confirmada por el Consejo de Estado. Como pruebas
solicitó el apoderado se oficiara a la Secretaría del Tribunal Administrativo
de Antioquia para que certificara la cantidad de procesos y tutelas que había
recibido su defendida en los años 2003 y 2004, especialmente en octubre de
2004. Terminó su escrito solicitando se decretara el archivo de la
investigación disciplinaria, por las razones expuestas en tales descargos.
- El 25  de octubre de 2006, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se pronunció
sobre la petición de pruebas hecha en el memorial de descargos antes mencionado,
negando la prueba referente a la certificación de los procesos diferentes a tutelas
recibidos por la doctora Ariza Velasco durante los años 2003 y 2004, y
decretando la práctica de la prueba consistente en requerir a la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Antioquia que certificara cuántos y cuáles procesos
de tutela recibió la mencionada funcionaria durante el lapso comprendido entre
octubre 15 y noviembre 12 de 2004, y cuantos fallos de tutela profirió en ese
mismo período.
- El 22 de enero de 2007, la Secretaria
del Tribunal Administrativo de Antioquia certificó que durante el lapso de
octubre 15 a noviembre 12 de 2004 a la doctora María Patricia Ariza le
correspondieron 4 acciones de tutela, incluyendo la de la deportista Sabina
Moya Rivas.
- El 9 de febrero de 2007, el Magistrado
Sustanciador, ordenó correr traslado a los sujetos procesales por el término de
5 días para que presentaran sus alegaciones previas al fallo.
- El 8 de marzo de  2007, la accionante
presentó escrito de alegato de conclusión, el cual adiciona con un segundo
escrito que presenta el 13 de marzo de 2007.
- El 30 de abril de 2008, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dicta el
fallo correspondiente en la causa disciplinaria seguida a la doctora Maria
Patricia Ariza, la declara disciplinariamente responsable de faltar al deber
funcional previsto en el artículo 153, numeral 1°, de la Ley 270 de 1996, en
consonancia con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 15 del
Decreto 2591 de 1991, imponiéndole, como sanción, la suspensión por el término
de un (1) mes en el ejercicio de su cargo.
-En el fallo se  plantean los cargos, se
relacionan y analizan los descargos, lo mismo que los alegatos. En las
consideraciones de la providencia se estudia la competencia de la Sala para
conocer del asunto, se plantea la tipicidad de la conducta, concluyendo que el
comportamiento de la funcionaria se enmarca en el tipo disciplinario consagrado
en el artículo 153, numeral 1°, de la Ley 270 de 1996, ya que al no consultar
los términos perentorios de diez días previstos para proferir el fallo de
tutela, se dejó de cumplir la Constitución y la Ley.
-Se dice en la mencionada sentencia que
hubo ilicitud sustancial en la conducta desplegada por la funcionaria, por
cuanto hubo falta de acuciosidad y diligencia de su parte en asuntos que, por
mandato Constitucional, tienen preferencia sobre los demás que estén a cargo de
los funcionarios judiciales, y precisó:
"Pero es
que no solo es el vencimiento de ese término de los 10 días que dejó fuera de
su control, pues una vez arrimó el expediente el día 8 de noviembre, se tomó
tranquilamente 4 días por encima de lo previsto constitucionalmente, sin
percatarse que ya el término estaba mas que vencido, no obstante, registró
proyecto  el mismo día que salió aprobado el fallo, de manera que tanta
imprevisión hubo, que no se dejó constancia alguna frente a ese vencimiento de
términos, presuntamente fuera de su alcance.
Si en gracia de
discusión se aceptara que el vencimiento del término ocurrió por culpa de un
tercero, cómo puede aceptársele que ante esa realidad se tomara otros 4 días hábiles
mas, cuando es sabedora como administradora de justicia, que esa regulación es
de un imperativo ineludible, lo cual es muestra fehaciente de su desinterés en
esa causa, que por descuido omitió el control de términos a que estaba obligado."
No es de recibo
para la Sala la argumentación conforme a la cual se trata de un caso poco usual
y necesitaba de un juicioso estudio, pues aceptar tal justificación, es
permitir en adelante que los casos poco comunes necesitan de un tiempo mayor al
previsto en la Constitución, cuando la norma superior no hizo exclusiones de
ninguna naturaleza, para ello le otorgó al operador judicial la potestad de
sustanciar el asunto de tutela con prelación a los demás casos, obviamente
exceptuando el habeas corpus, luego resulta inconsecuente por demás pretender
que un caso supuestamente complicado sea una permisión para quitarle el rigor
al término concebido y convertirlo en laxo para ser conculcado cada vez que se
presente un asunto poco usual.
-La providencia estudia los argumentos
defensivos consistentes en que durante la mora, la producción laboral de la
inculpada fue excelente, lo cual se encuentra probado, pero no sirve como
exculpación en el trámite de las acciones de tutela, ante el imperativo
constitucional que no da ningún margen de flexibilidad en los términos, ya que
dichos plazos son perentorios e improrrogables, como lo señala el artículo 15
del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual, se manifiesta en la sentencia que
a la inculpada solo le quedaba acatar los términos, siendo fiel al deber de
diligencia, controlando en lo posible la gestión secretarial y haciendo un
mayor esfuerzo para emitir el fallo una vez el expediente pasó al Despacho para
tal fin.
-La providencia rechaza el argumento de
la accionante  según el cual su comportamiento  no causó daño a la deportista
accionante, ni a la administración de justicia, manifestando que cuando se
trata de evaluar disciplinariamente el deber funcional, queda excluido
cualquier resultado como condicionante de la existencia o no de la
antijuridicidad (ilicitud sustancial), y agregó:
"Sabido es
que las faltas disciplinarias comportan actos de mera conducta, sin que por
ello se esté  cayendo en el campo de la proscrita responsabilidad objetiva, por
cuanto el acto de mera conducta debe constituir infracción al deber de cuidado,
o por lo menos actos de indiligencia, negligencia y despreocupación como sucede
en autos (obviamente sin entrar en actuaciones premeditadas), lo cual evita que
se esté cuestionando por el hecho, en tanto se debe ir más allá en valoraciones
que involucren elementos subjetivos propios de la conducta humana cuando se
desempeñan roles como el de administrar justicia."
Bajo las anteriores premisas el fallador
concluye que el comportamiento de la funcionaria investigada es evaluado como
culposo de forma grave, el cual es descrito por el legislador disciplinario
"cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado
necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones".
A la luz de lo relatado, la Sala
considera que :
En el presente caso se incurrió en una
vía de hecho por defecto fáctico.
-Como se puede apreciar en la primera parte de este
fallo, el derecho a la prueba incluye no solamente la certidumbre de que,
habiendo sido decretada, se practique y evalúe, sino la de que tenga incidencia
lógica y jurídica, proporcional a su importancia dentro del conjunto
probatorio, en la decisión que el juez adopte.
-Se puede producir también una vía
de hecho en el momento de evaluar la prueba, si la conclusión judicial adoptada
con base en ella es contraevidente, es decir, si el juez infiere de ella hechos
que, aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales
pertinentes, no podrían darse por acreditados, o si les atribuye consecuencias
ajenas a la razón, desproporcionadas o imposibles de obtener dentro de tales
postulados.
-De hecho, del recuento jurisprudencial  que
se hizo en precedencia, se advierte  que el supuesto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura, entre otros, en los siguientes supuestos:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y
lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contra de   la evidencia
probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial
valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y
pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad, sino porque se trata de elementos
probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v)
cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con
soporte probatorio dentro del proceso.
-En relación con el análisis de las pruebas por
parte de los jueces, baste  recordar que si bien en principio habrá de ser
respetada la autonomía funcional en la valoración probatoria efectuada
-garantía que permite al fallador arribar, libre de apremios y según su propio
criterio, a las conclusiones con apoyo en las cuales debe estructurar y proferir
su decisión-, el absoluto desconocimiento de las pruebas solicitadas,
constituye omisión grave que configura sin duda una vía de hecho.
-Consecuente con lo anterior, esta
Corporación ha reiterado que los jueces están en libertad de apreciar las
pruebas válidamente practicadas y de otorgarles en valoración conjunta la
importancia que consideren en la representación de los hechos, lo que no pueden
es ignorar las demostraciones contrarias e inferir situaciones sin atender a
las reglas de la lógica, como tampoco pasar por alto los elementos y medios
probatorios que de haberse considerado, habrían conducido a una definición
distinta
A la luz de tales parámetros,  la Corte
considera que varias circunstancias acaecidas en el proceso disciplinario, dan
cuenta de la existencia de causales de procedibilidad de la tutela por defecto
fáctico y por violación directa a la Constitución.
1. En   primer lugar, se observa que el
trámite  que  se le imprimió  a la tutela de la deportista Sabina Moya por
parte de la Magistrada Patricia Ariza fue el siguiente:
La Magistrada accionante en esta tutela,
afirma que si bien incurrió en mora para tramitar la tutela, ella está
justificada en la culpa de un tercero que impidió que los términos se
cumplieran a cabalidad. En efecto, dentro del expediente se constató que el
historial del proceso fue el siguiente:
-15 de octubre de 2004: reparto y
radicación, pasa al despacho de la Magistrada Ariza. Los días 16, 17 y 18 de
octubre de 2004 fueron  sábado, domingo y lunes festivo,  además fueron días en
que la Magistrada se encontraba con permiso, cumpliendo las labores de
facilitadora del curso-concurso de la Rama Judicial de Bucaramanga;  el día 20
no laboró, por asistir y acompañar  a su padre en una intervención quirúrgica, para
lo cual también tenía permiso debidamente tramitado.
- 21 de Octubre pasa a la Secretaría.
- 22 de octubre: auto admisorio
- 12 de noviembre : se registra
proyecto de sentencia
En los hechos relacionados en la tutela,
se advierte precisamente, que la demanda en el caso de la deportista Sabina
Moya se notificó inicialmente a una entidad equivocada y luego sí a
COLDEPORTES, transcurriendo el tiempo de rigor de una notificación.
Notificación que se hacía entre otras cosas, también para los restantes
negocios de los 9 magistrados, en un Tribunal de nueve salas de decisión
promiscuas y una sola Secretaría, en donde rotaban 20.000 procesos en trámite.
Visto lo anterior,  se advierte que
cuando el negocio llegó al despacho de la Magistrada, ya el término de los 10 días
para fallar estaba vencido, no por hechos atribuibles a ésta, sino a un
tercero, por cuanto el asunto se demoró en la notificación y al ser abordado
por la Magistrada, ya estaba vencido. Para justificar  tal dilación en el
proceso, el abogado defensor de la accionante solicitó la recepción de los
siguientes testimonios :
-José Ignacio Madrigal Alzate, quien en
calidad de Secretario del Tribunal Administrativo de Antioquia,  podía declarar
especialmente sobre las razones por las cuales el asunto llegó para fallo hasta
el 8 de noviembre.
-Mario de Jesús Zapata, Angela C.
Lombana,  auxiliar y oficial mayor de la Magistrada Ariza, quienes  declararían
igualmente sobre el trámite que se le dio a la  tutela en el despacho.
La prueba era por consiguiente medular
para el esclarecimiento de lo sucedido y  su decreto permitía conocer las
razones por las cuales se había producido la mora en el trámite de la tutela de
la deportista Sabina Moya, que era, precisamente lo que discutía la acción
disciplinaria iniciada en contra de la accionante. El Consejo Superior negó la
valoración de una prueba relevante para identificar la veracidad de los hechos
puestos a su conocimiento, y era claramente una prueba que cambiaba el sentido
del fallo, por cuanto, el origen  de la mora radicaba precisamente en el manejo
que la Secretaría del Tribunal le había dado  a la notificación de la demanda
a Coldeportes,  entidad con la cual se integraba el contradictorio  en la causa
que se estudiaba  por parte de la Magistrada Patricia Ariza. En consecuencia, siguiendo
la jurisprudencia de esta Corporación, se configuró una vía de hecho en tanto
la falta de consideración de un medio probatorio configura una vía de hecho
siempre y cuando ésta determine un cambio en el sentido del fallo.[65]
2. En el presente caso se advierte
igualmente la existencia de una  vía de hecho por violación directa de la
Constitución, en tanto no se hizo en la sentencia sancionatoria una
interpretación de las normas disciplinarias conforme a las normas superiores.
La Corte ha sostenido que la
violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, acaece cuando  ( i ) se  deja de
aplicar una disposición ius fundamental  a un caso concreto, o ( ii ) al
aplicar la ley al margen  de los dictados de la Constitución.[66]
Los criterios fijados por la
Corte en punto al derecho de acceso a la administración de justicia, han debido
tenerse en cuenta entonces al momento de dictar el fallo que sancionó a la
accionante, por cuanto  la  Corte Constitucional en desarrollo de la función de
guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política (Art. 241 C.P.), ha
reiterado el deber que tienen todos los operadores jurídicos de interpretar la Constitución
como una norma dotada de unidad de sentido, esto es, que en la aplicación de
las normas fundamentales del Estado, debe optarse por una interpretación
sistemática cuyos efectos irradian al resto del ordenamiento jurídico.[67]
Es precisamente a partir de ese
principio de hermenéutica constitucional en que ha de comprenderse el alcance
de los derechos constitucionales fundamentales al acceso a la administración de
justicia y a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. Con suficiencia  la
Corte  ha diseñado una línea de jurisprudencia según la cual ( i )  el
vencimiento de los términos dentro de un proceso judicial  no es per se
una razón para considerar que existe una violación al principio de acceso a la
administración de justicia; la mora que está justificada en la culpa de un
tercero o en situaciones imprevisibles no es violatoria del debido proceso y
finalmente (ii ) “la no resolución en
forma oportuna de un asunto sometido al conocimiento de un funcionario por
parte de este, genera violación al debido proceso  siempre y cuando se analicen
y tengan en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, a saber: (i) el
volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (iii) el
cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iv)
complejidad del caso sometido a su conocimiento y (v) el cumplimiento de las
partes de sus deberes en el impulso procesal.” [68]
El presente
asunto toca con la presunción de inocencia en el plano disciplinario. La
previsión constitucional de que todo acusado tiene derecho a que se le presuma
inocente, mientras no se compruebe que es culpable, conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa y con la plenitud de las formas
previstas en el ordenamiento para juzgarlo, comporta que los servidores
públicos solo puedan ser disciplinados cuando no queda duda de que incumplieron
sus deberes o incurrieron en conductas prohibidas. Quiere decir, que el juez
disciplinario tiene que demostrar que los hechos en que fundan su sentencia se
dieron cuando no han debido ocurrir, o no acontecieron, teniendo que pasar, y
que el disciplinado participó o dio lugar a ellos, para proferir una sanción;
porque el imperativo de la presunción de inocencia sólo se rinde ante la
certeza reglada, formalizada y objetiva de la culpabilidad del servidor, y no
ante meras convicciones subjetivas, por muy fuertes que parezcan [69].
Así pues, en el
ejercicio de la potestad sancionadora se permite a la administración imponer a
los servidores públicos el acatamiento de una disciplina acorde con los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad que tienen que acompañar el desarrollo de las funciones que les
han sido confiadas, para lo cual se requiere contar con medios punitivos, pero
siempre y cuando sea a la luz de los valores constitucionales[70],  que es
precisamente lo que se echa de menos en este caso.
En efecto, en la
sentencia cuestionada se lee:
"Pero es
que no solo es el vencimiento de ese término de los 10 días que dejó fuera de
su control, pues una vez arrimó el expediente el día 8 de noviembre, se tomó
tranquilamente 4 días por encima de lo previsto constitucionalmente, sin
percatarse que ya el término estaba mas que vencido, no obstante, registró
proyecto  el mismo día que salió aprobado el fallo, de manera que tanta
imprevisión hubo, que no se dejó constancia alguna frente a ese vencimiento de
términos, presuntamente fuera de su alcance.
Si en gracia de
discusión se aceptara que el vencimiento del término ocurrió por culpa de un
tercero, cómo puede aceptársele que ante esa realidad se tomara otros 4 días
hábiles mas, cuando es sabedora como administradora de justicia, que esa
regulación es de un imperativo ineludible, lo cual es muestra fehaciente de su
desinterés en esa causa, que por descuido omitió el control de términos a que
estaba obligado."
A pesar de que la sentencia acusada
reconoce que cuando el negocio llegó al despacho de la Magistrada ya estaba
vencido el término legal para producir el fallo, se duele la sentencia
particularmente de que la Magistrada se tomó, pese el vencimiento del plazo, 4
días adicionales, y por ello, sostiene que se trata de falta de  acuciosidad  y
diligencia.
La respuesta es obvia,  el 8 de
noviembre apenas se enteraba la Magistrada del tema a tratar y era menester que
se tomara tiempo para estudiarlo, porque, como se viene sosteniendo, la labor
de quienes administran justicia es compleja, dado que no sólo deben adoptar sus
providencias dentro de los precisos y estrictos términos fijados por el
legislador, sino que deben hacerlo con tal dedicación y esfuerzo que su
contenido y resolución sean paradigma de claridad, precisión, concreción de los
hechos materia de los debates y de las pruebas que los respalden, así como de
pulcritud del lenguaje en ellas utilizado.
Así, la Sala apoya el aserto de la
accionante cuando afirma, que no podía hacerle el esguince al tema  y fallar
inmediatamente con el único fin de cumplir los términos, porque precisamente lo
que se  reclamaba por vía de tutela en el caso de la deportista, era un amparo
a derechos de contenido fundamental.
Los jueces, y esto lo olvidó la
sentencia atacada,  no satisfacen la función que se les ha encomendado con el
mero cumplimiento de los términos procesales;    ello, obviamente, materializa
el principio de celeridad, pero si no fallan de conformidad con los dictados de
la Constitución y la ley, estarían inobservando el principio de eficiencia
conforme al cual, las providencias judiciales deben contener una resolución
clara, cierta, motivada y jurídica de los asuntos que generaron su expedición,
teniendo claro, que la  finalidad de toda la actuación es la de maximizar el
valor justicia contenido en el Preámbulo de la Constitución.[71]
7. Conclusiones finales
Por las
consideraciones anteriores, considera la Sala que  deben revocarse las
sentencias de instancia que negaron el amparo solicitado, para en su lugar,
ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que falle nuevamente de
conformidad con los  parámetros expuestos en esta providencia, especialmente en
punto a las directrices constitucionales que apuntan al derecho de acceso a la
administración de justicia,  y a la existencia de una vía de hecho por defecto
fáctico, al no haber decretado una prueba que era indispensable en la valoración
de este caso y que de haberse tenido en cuenta, el fallo hubiera sido en
distinto sentido.
La Sala no avala
la mora judicial  pero reitera su jurisprudencia en el  marco constitucional
que la Corte ha previsto para los casos de dilaciones justificadas en el
contexto de la labor de los funcionarios judiciales.
El Consejo
Superior deberá tener en cuenta, entonces, que la existencia de dilaciones
puntuales en el marco de  las funciones  de una Magistrada que ha tenido un
desempeño ejemplar en el ejercicio de su cargo, y que ha cumplido cabalmente
sus funciones, deben ser valorados con mesura y ponderados de manera
casuística, relacionando siempre las circunstancias  personales, la incidencia
del trabajo colectivo dentro de un cuerpo colegiado, y las dificultades y
vicisitudes logísticas  que tienen los negocios en el estadio previo a su
estudio, todo lo anterior, de conformidad con lo que la Corte ha dispuesto en
punto a los casos de mora judicial justificada.
8. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
Primero. REVOCAR las sentencias
proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia  y Superior de la Judicatura  para decidir la
acción de tutela instaurada por  MARIA PATRICIA ARIZA VELASCO contra la  Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En su lugar, se CONCEDE la protección
constitucional solicitada, por violación del derecho de la actora al debido
proceso.
Segundo. DEJAR
SIN EFECTO la
sentencia proferida el 30  de abril de 2008, en la cual se  decidió sancionar a
la actora  con la pena de suspensión por un mes.
Tercero. DISPONER que el proceso
disciplinario adelantado contra la ciudadana María Patricia Ariza, sea enviado
de regreso a la Sala    Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior para
dictar el fallo nuevamente de conformidad con los parámetros expuestos en este
caso y en especial en el acápite de conclusiones finales.
Por Secretaría,
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ponente
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Mabistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Sentencia T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[2]
Sentencia T-173 de 1993 M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[3]
Sentencia T-504 de 2000 M. P: José Gregorio Hernández Galindo.
[4]
Sentencia  T-008 de 1998 y SU de 2000
[5]
Sentencia  T-658 de 1998 M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[6]
Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[7]
Sentencia  T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8]
Sentencias  T-462 de 2003; SU 1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T- 1031 de 2001.
[9] Ver sentencia
T-567 de 1998.
[10] Sentencia Ibídem.
[11] Ibídem.
[12]Cfr.
sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite
apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y
profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y,
por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de
hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes
ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a
las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo
pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son
excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo
injustificadamente la posición contraria”.
[13] Ver Sentencia
T-576 de 1993.
[14] Ver, por
ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[15] Ver Sentencia
T-538 de 1994. Recientemente en sentencia T-086 de 2007 se explico
de la siguiente manera: “(ii) Se produce  un defecto fáctico en una
providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se
desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió la “valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o
valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente”. En una dimensión positiva, el defecto
fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de pruebas igualmente esenciales que
el juzgador no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución”. Ello ocurre
generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.).  En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de
tutela  por vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta,
aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
“debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”.
[16]
Sentencias T-902 de 2005 y T- 458 de 2007.
[17] El
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio aparece
ampliamente explicado en la sentencia T- 450 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa, en un caso en donde el juez  falló en contra de la evidencia
probatoria.
[18] Ver
sentencia T-025 de 2001.
[19] Como se
ha sostenido en las  Sentencias T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell;
SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[20] “Este
defecto entonces, puede concretarse cuando: a) hay falta de práctica y/o
decreto de pruebas conducentes para el caso debatido, valga decir,
insuficiencia probatoria; b) la errada o defectuosa interpretación de
las pruebas allegadas al proceso o interpretación errónea; c) la
valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho, o sea la ineptitud e
ilegalidad de la prueba.” Sentencia T-840 de 2006.M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[21] Cfr.
sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[22] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[23] Cfr.
Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173 del 4 de mayo
de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
[24] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-006/92, T-597/92, T-348/93,
T-236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras.
[25] Corte
Constitucional. C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[26] Debe
recordarse que al tenor del artículo 116 de la Carta “los particulares
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en
la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley.”
[27] Corte
Constitucional. Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[28] Cfr.
Ley 270 de 1996 Título cuarto, capítulo II.
[29] Resulta
pertinente recordar que desde la perspectiva legal, existe a cargo de las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura un mecanismo
administrativo de carácter permanente para asegurar que las labores de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial se desarrollen de manera oportuna
y eficaz, denominado Vigilancia Judicial, consagrado en el artículo
101-6 de la Ley 270 de 1996 y reglamentado por el Acuerdo 088 de 1997 expedido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este
sentido, dicho instrumento puede ser ejercido por los afectados con la mora o
dilaciones injustificadas dentro de los trámites judiciales.
[30] Vale
recordar que desde la perspectiva del Derecho Comparado y concretamente en el
español se consagra el derecho fundamental (Art. 24.1 C.E.) a la tutela
judicial efectiva, el cual, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional
de ese país, se satisface, en esencia, “con la respuesta jurídicamente
fundada, motivada y razonable de los órganos jurisdiccionales a las
pretensiones de quien acude a ellos para la defensa de sus intereses"
(Cfr. Entre otras, las Sentencias STC 13/1981, 61/1982,103/1986,
23/1987, 146/1990, 22/1994 y 324/1994).
[31] Cfr.
Ley 270 de 1996, artículo 125.
[32] Corte
Constitucional. Sentencia T-431 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[33] Idem.
[34] SERPA
URIBE, Horacio:  Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política
de Colombia No. 91.  Justicia.  Gaceta Constitucional No.24.  Miércoles 20
de marzo de 1991.  Págs. 28 y 29.
[35] GOMEZ
HURTADO, Alvaro: Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política
de Colombia No.25.  "El ámbito de acción de los funcionarios públicos
y de los particulares".  Gaceta Constitucional Nº.19.  Marzo 11 de 1991.
Págs. 5 y 6.
[36] FAJARDO
LANDAETA, Jaime y GOMEZ HURTADO, Alvaro: Ponencia.  De los principios
de la Administración de Justicia y de la creación del Consejo Superior de la Judicatura".
Gaceta Constitucional No. 38.  viernes 5 de abril de 1991.  Pág. 12.
[37]
Constitucional No. 38.  Viernes 5 de abril de 1991.  Pág. 12 GARCES LLOREDA,
María Teresa:  "Adición al principio de celeridad".  Gaceta
Constitucional No. 88.  Lunes 3 de junio de 1991.  Pág. 2.
[38] Corte
Constitucional. Sentencia T-431 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[39] Corte
Constitucional. C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[40] Corte
Constitucional. Sentencia No. T-006/92, citada.
[41] Corte
Constitucional C-012 de 2002 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[42] Corte
Constitucional. Sentencia T-1154 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[43] “ARTICULO
4º. CELERIDAD. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida.
Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte
de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala
conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se
aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.”
[44] “ARTICULO
7º. EFICIENCIA. La administración de justicia debe ser eficiente. Los
funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de
los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban
proferir conforme a la competencia que les fije la ley.”
[45] “ARTICULO
9º. RESPETO DE LOS DERECHOS. Es deber de los funcionarios judiciales
respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes
intervienen en el proceso.”
[46] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[47] Sobre
los alcances de la competencia del Congreso y de la Procuraduría General de la
Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los magistrados que
gozan de fuero constitucional especial, Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia No. C-417 del 4 de octubre de 1993. Magistrado Ponente: José
Gregorio Hernández Galindo.
[48] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[49] Corte
Constitucional. Sentencia T-190 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[50] T-030 de 2005
[51] Corte
Constitucional. Sentencia T-577 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[52] Sobre
esta usual excusa esgrimida por los funcionarios judiciales para pretender
justificar la dilación a que se someten los procesos judiciales pueden
estudiarse, entre otras, las Sentencias T-190-95 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, T-604 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-502 de 1997 M.P. Hernando
Herrera Vergara, T-292 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-1227 de 2001
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-201 y T-256 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[53]Sentencia
C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[54] Corte
Constitucional. Sentencia T-604 de 1995 M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[55] M.P.
Humberto Sierra Porto.
[56] Corte
Constitucional. Sentencia T-431 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[57] Corte
Constitucional. Sentencia T-190 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[58] Corte
Constitucional. Sentencia T-502 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[59] En la Sentencia
T-292 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte precisó que: “es
importante resaltar que la mora judicial que nuestra Constitución condena es
aquella que tiene un origen "injustificado", según lo determina
expresamente el artículo 29.”
[60] En el
mismo sentido puede estudiarse la Sentencia T-710 de 2003 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[61] Ley 270
de 1996, artículo 153-1.
[62] Ley 270
de 1996, artículo 153-2.
[63] Ley 270
de 1996, artículo 153-12.
[64] Ley 270
de 1996, artículo 153-16.
[65] Sentencia  T-550 de 2002.
[66] C-590 de 2005.
[67] Corte
Constitucional. Sentencia SU-047 de 1999 M.P.Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero, C-649 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-064 de 2003
M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.
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[69] Sentencia T- 097 de 1994,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[70] Sobre el concepto de
legalidad en el derecho administrativo sancionador se puede consultar, entre
otras, la sentencia C-827 de 2001
[71] T- 030 de 2005