T-574-16
Sentencia T-574/16
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE
LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Concepto y contenido
DERECHO
FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Garantía
La administración de justicia debe adoptar normas que garanticen (i)
procedimientos, idóneos, adecuados y efectivos para la resolución de las
pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que las providencias judiciales
protejan los derechos constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta y
demás disposiciones legales aplicables; y (iii) que los procesos se desarrollen
en un lapso razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las
garantías propias del debido proceso. Asimismo, el deber de tomar medidas
implica la obligación de remover los obstáculos económicos para acceder a la
justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la
asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población
en condiciones de vulnerabilidad.
MATRIMONIO
CIVIL-Características
MATRIMONIO
CIVIL-Requisitos
CONTRATO DE
MATRIMONIO CIVIL-Régimen jurídico
CONSENTIMIENTO-Elemento
fundamental del matrimonio
En materia de consentimiento matrimonial debe entenderse que el acuerdo
de voluntades entre los contrayentes se encuentra dirigido al contenido del
negocio matrimonial, el cual recae sobre los derechos y obligaciones propios de
este contrato. Incluso algunos autores sostienen que el objeto y la causa en el
contrato de matrimonio se confunden, puesto que ambos están orientados al
cumplimiento de los fines matrimoniales.
ACTO DE
SIMULACION-Elementos
La
simulación se produce cuando las partes de manera simultánea celebran
públicamente un negocio jurídico o contrato, y al mismo tiempo y de manera
oculta realizan una contra estipulación privada que altera lo pactado en el
acto público, todo o en parte. Es decir, que existe una disconformidad entre el
querer de las partes (voluntad real) y su declaración (voluntad declarada), que
se refleja en la celebración de un acto jurídico que tiene dos caras, una falsa
que se hace de manera pública y otra veraz que es la oculta.
SIMULACION
EN EL MATRIMONIO
Los contrayentes al celebrar el contrato matrimonial en realidad lo
fingen, dado que su real consentimiento no consiste en realizar los fines que
la ley ha previsto para el vínculo nupcial, se entiende que el mismo fue
simulado, puesto que el verdadero consentimiento fue dado para otra cosa
distinta. Es decir, que no está conforme la voluntad declarada con la voluntad
real, lo que supone que el acto aparente denominado matrimonio nunca existió,
únicamente se trató de simular que existía, valiéndose de las formas que el
ordenamiento ha previsto para ello.
MATRIMONIO
SIMULADO O FRAUDULENTO-Concepto
El matrimonio
simulado o fraudulento también ha sido denominado como matrimonio de
conveniencia, blanco, de complacencia, mariage blanc o sham marriage. Es aquel
en el que los contrayentes aparentan contraer matrimonio y expresa o
tácitamente lo acuerdan, con la intención fraudulenta de engañar a los demás,
de no cumplir con los derechos y las obligaciones que del mismo se derivan y de
no aceptar el cumplimiento de los fines. Dicho de otra manera, este tipo de
matrimonios son negocios jurídicos simulados o aparentes, que suponen la
celebración de un matrimonio ficticio, puesto que si bien, cumplen con las
formalidades requeridas, los contrayentes no tienen la real intención de
contraer el contrato nupcial.
NULIDAD DE MATRIMONIO
CIVIL-Terceros con interés directo pueden solicitar al juez que declare la
nulidad del matrimonio si éste ha sido simulado o fraudulento
La Sala considera que si bien el contrato matrimonial tiene un régimen
especial, cerrado y estricto que implica que sólo puede ser atacado a través de
las nulidades de matrimonio civil establecidas en el artículo 140 del Código
Civil, para cuya declaración solo están legitimados los contrayentes y de
manera excepcional los curadores o guardadores de los menores, no es este el
único camino jurídico para dejar sin efectos el matrimonio. Como se ha
explicado, si este ha sido simulado, los terceros con un interés directo pueden
solicitar al juez que declaren tal circunstancia, debido a que el ordenamiento
jurídico no puede patrocinar tales comportamientos.
PRINCIPIO DE
BUENA FE, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMALIDADES Y
MATRIMONIO SIMULADO
Cuando el juez
advierta la ocurrencia de un matrimonio simulado, podrá encontrarse frente a la
vulneración al principio de buena fe, puesto que el mismo fue constituido para
fingir una situación distinta a la prevista en la ley. Por lo tanto, deberá
dilucidar cuál fue el negocio real que las partes celebraron y, por ende, darle
aplicación al derecho sustancial (contrato real) sobre las formas (el contrato
celebrado en apariencia).
MATRIMONIO
CIVIL-Discrepancia entre la voluntad real y la voluntad aparente no refleja
un problema de causa y objeto ilícitos
Para la Corte en aquellos casos en los cuales la voluntad
declarada por parte de los contrayentes es diferente a su voluntad real como
cuando se finge la celebración de un matrimonio y, al mismo tiempo, las partes
han determinado no celebrarlo, es improcedente predicar la causa ilícita del
contrato de matrimonio sino que, en otra dirección no existe la voluntad real
de celebrarlo. La causa ilícita se predica de la causa existente y, en este
caso, la verdad, es que nunca se pretendió perfeccionar el vínculo matrimonial.
No es posible que un contrato nupcial sea celebrado
con objeto y causa ilícitos. Tales elementos, prima facie, siempre estarán
acordes con el ordenamiento jurídico al ser inmodificables. Ello supone, que
cuando dos personas utilizan la figura jurídica del “contrato civil de
matrimonio” y, en realidad lo hacen con un propósito diferente que se mantiene
oculto, se debe entender que su consentimiento fue otorgado para celebrar otro
tipo de negocio contractual, en el que posiblemente pudo existir objeto y/o
causa ilícita.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la Constitución, por cuanto
jueces no interpretaron adecuadamente la demanda y las pretensiones de la
accionante, y dieron trámite a proceso de nulidad del matrimonio civil, cuando
se debía adelantar proceso por simulación de contrato matrimonial
Referencia:
Expediente T-5.610.171
Acción
de tutela interpuesta por Fanny Vanegas Cáceres contra la Sala Civil – Familia
del Tribunal Superior de Manizales.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., veinte
(20) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares
Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
A. LA
DEMANDA DE TUTELA
1.
La señora Fanny Vanegas Cáceres interpuso acción de
tutela en la que solicitó que se protejan sus derechos fundamentales a la vida,
vivienda y al debido proceso y, en consecuencia, que se le ordene a la Sala
Civil- Familia del Tribunal Superior de Manizales, que declare que no prospera
la excepción de falta de legitimidad en la causa por activa y confirme el fallo
de primera instancia.
B. HECHOS RELEVANTES
2.
La señora Fanny Vanegas Cáceres, de 77 años[1], informó que
su hermano, el señor Germán Vanegas Cáceres, fue pensionado de la Fuerza
Aérea Colombiana hasta el 14 de agosto de 2012, fecha en la que falleció. La
accionante aseguró que vivió con el causante durante toda la vida, que dependía
económicamente de él y, que era ella la encargada de los oficios de la casa y
del cuidado de su hermano quien tenía diabetes crónica y había sido operado del
corazón[2].
3.
La accionante aseveró que cuando su hermano falleció, se enteró que esté
y la señora Emilse Ortiz Quiceno, quien tiene 36 años[3], habían contraído
matrimonio civil por medio de apoderado el 19 de marzo de 2011[4]. La señora
Fanny Vanegas Cáceres afirmó que según lo manifestado por la señora
Ortiz Quiceno, el matrimonio se celebró con el compromiso
que ésta le entregara la mesada pensional y, como contraprestación disfrutaría
de los servicios médicos y de la totalidad de la pensión cuando se produjera el
deceso de la actora[5].
4.
La accionante afirmó que el Ministerio de Defensa le reconoció a la
señora Emilse Ortiz Quiceno la sustitución pensional a partir de septiembre de
2012. Aseguró que dicho acto se hizo con fundamento en declaraciones
extraprocesales con testimonios falsos, en las que se aseveró que los señores
Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz hicieron vida marital desde el 7 de julio
de 2009 y, que ella dependía totalmente del causante. Situación que aseguró no
corresponde a la realidad puesto que la señora Emilse Ortiz Quiceno convive
hace más de 13 años con el señor Rubiel Castañeda[6].
5.
La señora Emilse Ortiz Quiceno cumplió lo pactado con el señor Germán
Vanegas Cáceres hasta el mes de junio de 2013, último mes en el que le entregó
la mesada pensional a la señora Fanny Vanegas Cáceres dejándola
en total abandono y precaria situación económica[7].
6.
La señora Emilse Ortiz Quiceno tramitó como única interesada el proceso
de sucesión intestada del señor Germán Vanegas, ante el Juzgado Cuarto
Promiscuo Municipal de la Dorada – Caldas[8],
desconociendo a la señora Fanny Vanegas Cáceres, hermana del causante a quien
también le asiste derecho legal para comparecer al proceso de sucesión. Dicho
proceso culminó con la sentencia No. 055 del 7 de julio de 2014[9], en favor de la señora
Ortiz Quiceno, quien registró a su nombre la casa en la que habitaba la
accionante ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada y
la puso en venta[10].
7.
El 24 de febrero de 2015, mediante apoderado judicial la accionante
presentó demanda de petición de herencia, en contra de la señora Emilse Ortiz
Quiceno, reclamando el derecho a heredar sobre los bienes que dejó su hermano,
entre los que se encuentra la mencionada casa. El proceso le fue asignado al
Juzgado Primero Promiscuo de Familia[11].
8.
La accionante aseguró que en el proceso de petición de herencia se
solicitó como medida cautelar detener la venta de la casa, medida a la que
accedió el juez y se materializó ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos[12].
9.
Mediante sentencia No. 325 del 14 de octubre de 2015, el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de la Dorada Caladas, reconoció a la señora Fanny
Vanegas Cáceres como heredera en tercer orden del señor Germán Vanegas
adjudicándole el 50% del único bien objeto de sucesión[13].
10.
De otra parte, el 30 de abril de 2015, la señora Fanny
Vanegas Cáceres mediante apoderado judicial presentó demanda de nulidad de
matrimonio civil por notaría celebrado entre los señores Germán Vanegas
Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno el día 19 de marzo de 2011, por causa ilícita en
la celebración del contrato de matrimonio civil, debido a que los contrayentes
no cumplieron con lo señalado en el artículo 113 del Código Civil[14].
11.
Según la accionante, la señora Emilse Ortiz Quiceno contestó la demanda
de nulidad de matrimonio civil, asegurando que convivió con el señor Germán
Vanegas durante 20 años. Además, propuso excepción de mérito por falta de
legitimación en la causa por parte de la demandante[15].
12.
En el proceso de nulidad de matrimonio mediante audiencia oral, fue
escuchada la demandada, la señora Emilse Ortiz Quiceno; el señor Rubiel
Castañeda quien fue vinculado al proceso y quien además, según la accionante
convive con la demandada desde hace 13 años y tienen un hijo; la señora Fanny Vanegas Cáceres en calidad de demandante y 8 testigos (vecinos,
amigos y compañeros de trabajo del causante) que aseguraron que la señora Emilse
Ortiz Quiceno nunca convivió con el señor Germán Vanegas Cáceres[16].
13.
El 5 de noviembre de 2015, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la
Dorada Caldas profirió sentencia en la que declaró la nulidad del matrimonio
civil celebrado entre los señores Emilse Ortiz Quiceno y Germán Vanegas
Cáceres, por encontrar que la accionante estaba legitimada en la causa al ser
un tercero con interés legítimo y por cuanto encontró probada causa ilícita en
la celebración del contrato solemne de matrimonio civil. Adicionalmente, ordenó
comunicarle al Ministerio de Defensa y enviarle copia del expediente a la
fiscalía. Dicho fallo fue apelado por la señora Emilse Ortiz Quiceno[17].
14.
El 28 de enero de 2016, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de
Manizales revocó el fallo de primera instancia declarando próspera la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la demandada, al
considerar que las únicas personas que se encuentran legitimadas para solicitar
la nulidad del matrimonio civil son los contrayentes y excepcionalmente los
curadores o guardadores cuando se trata de menores de edad, además las causales
de nulidad son taxativas. La accionante aseguró que dicha providencia no hizo
un análisis de fondo del material probatorio contenido en el expediente, sino
que se limitó a leer y a escuchar el audio de la sentencia de primera instancia[18].
15.
La señora Fanny Vanegas Cáceres aseveró que se
encuentra legitimada para solicitar la nulidad del matrimonio, por cuanto el
mismo es ilícito, fraudulento y se está utilizando para lesionar sus derechos
fundamentales a la vida y a la vivienda digna, pues desde que la señora Emilse
Ortiz Quiceno incumplió el pacto que había hecho con su hermano Germán Vanegas
de entregarle el valor de la mesada pensional, ha vivido de la caridad de
amigos y vecinos[19].
16.
De otra parte, la actora afirmó que por sus condiciones de salud y
avanzada edad no está en condiciones de trabajar y de procurarse su sustento. Adicionalmente
aseguró que no resulta justo que deba entregarle a la señora Emilse Ortiz
Quiceno el 50% de la casa, cuando ella no tiene derecho legal a la sucesión del
señor Germán Vanegas Cáceres[20].
17.
El 10 de marzo de 2016, la señora Fanny Vanegas Cáceres
interpuso acción de tutela solicitando que se protejan sus derechos
fundamentales a la vida, vivienda y debido proceso y, en consecuencia, que se
le ordene a la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Manizales, que
declare que no prospera la excepción de falta de legitimidad en la causa por
activa y confirme el fallo de primera instancia[21].
C.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS
18.
Mediante auto del 14 de marzo de 2016, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, admitió la demanda de tutela, puso en conocimiento y
vinculó: (i) al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada y a las
autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso de nulidad de
matrimonio civil promovido por la accionante contra Emilse Ortiz Quiceno; (ii) a
las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso de petición
de herencia promovido por la accionante contra Emilse Ortiz Quiceno; (iii) al
Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de la Dorada, a las autoridades judiciales,
partes e intervinientes en el proceso de sucesión del señor Germán Vanegas
Cáceres; (iv) a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Manizales; (v)
al Ministerio de Defensa; (vi) a la Notaria Única de la Dorada; y (vi) a los
ciudadanos Orlando Vargas Moreno, Ernesto Espejo Palacios, Emilse Ortiz
Quiceno, Nataly Acosta Ospino y Fanny Vanegas Cáceres.
19.
La Notaria Única de la Dorada, Caldas, informó que buscó en la base de
datos y no encontró la protocolización de la sucesión intestada No.
2013-00232-00, en la que figura como causante el señor Germán. Debido a lo
anterior, se comunicó con el abogado de la señora Emilse Ortiz Quiceno, quien
aseguró que ella tenía el expediente de la sucesión[22].
20.
La Magistrada Hilda González Neira de la Sala Civil – Familia, del
Tribunal Superior de Manizales, informó que el 29 de enero de 2015, resolvió en
audiencia la apelación presentada por la señora Emilse Ortiz Quiceno contra el
fallo proferido el 5 de noviembre de 2015, por el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de la Dorada, Caldas, revocando la decisión de primera instancia y
negando las pretensiones de la demandante. Una vez culminado el trámite
correspondiente, esto es, el 23 de febrero de 2016, el expediente fue enviado
al juzgado de origen.
En cuanto
al proceso de petición de herencia, la Sala presidida por la magistrada no ha
resuelto ningún recurso de apelación[23].
D.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2016
21.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia negó el amparo solicitado al considerar que la sentencia reprochada
contiene una interpretación legítima de la normatividad aplicable al caso
concreto, pues en la misma se observa que para determinar la nulidad del
referido acuerdo nupcial, la Sala Civil – Familia, del Tribunal de Manizales analizó
la apelación interpuesta por la señora Emilse Ortiz Quiceno, la cual se fundamentó
en el artículo 140 del Código Civil que contiene un listado taxativo de las
causales de nulidad del matrimonio civil, sin que existan unas diferentes a las
allí enlistadas, y que las únicas personas que pueden alegar la nulidad del
contrato matrimonial son los contrayentes.
Al
estudiar las generalidades de la figura de la legitimación en la causa, sostuvo
que de acuerdo con la jurisprudencia se tiene que “uno de los requisitos
para el éxito de las pretensiones de la demanda, consiste en que la acción la
instaure quien puede reclamar el derecho frente a la persona que legalmente es
titular de la obligación correlativa.”[24]
En cuanto
a la legitimación para solicitar la nulidad del matrimonio civil, aseguró que
de acuerdo con las causales del artículo 140 del Código Civil, numerales 1, 2,
3, 5 y 6 se encuentran legitimadas las personas establecidas en los artículos
142 a 145 de la misma disposición legal, es decir, el contrayente que haya
padecido el error, el padre o curador del menor y la persona sobre quien se
haya ejercido fuerza, causado miedo u obligado a consentir. Respecto de las
causales insubsanables contempladas en los numerales 8, 9, 10, 11 y 12 del
citado artículo 140, lo están los cónyuges y cualquier persona que demuestra
interés, incluso puede declararse de oficio, conforme al artículo 15 de la Ley
57 de 1887.
Además,
explicó que este tipo de nulidad cuenta con una regulación especial en el título
quinto del Código Civil y en los artículos 13 a 16 de la Ley 57 de 1887, lo que
implica, que no le son aplicables las disposiciones de los artículos 1502 y
1740 a 1756 del Código Civil que rigen para los negocios jurídicos en general.
De lo
anterior concluyó, que la demandante no tenía legitimación en la causa para
alegar la nulidad matrimonial, puesto que la razón invocada fue “causa
ilícita en la celebración del contrato solemne de matrimonio civil”, la
cual no está consagrada en el código civil como causal subsanable ni
insubsanable para lograr la nulidad de dicha institución.
A su vez, afirmó
que el hecho de que la mayoría de los testigos hayan manifestado que nunca
tuvieron conocimiento sobre la celebración del matrimonio o de la existencia de
una compañera permanente, y que el vínculo nupcial obedeciera a un presunto
acuerdo económico entre los señores Emilse Ortiz Quiceno y Germán Vanegas
Cáceres; no son supuestos de los que se pueda inferir la ocurrencia en alguna
de las causales de nulidad del matrimonio civil.
Por lo
expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia negó la acción de tutela aseverando que la decisión emitida por la
Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales, del 28 de enero de
2016, estuvo legítimamente motivada, y se fundamentó en la interpretación que esa
colegiatura dio a las normas aplicables al caso concreto, asunto que excede la
competencia del juez constitucional.
Impugnación:
presentada por la parte actora el 11 de abril de 2016[25]
22.
La accionante solicitó que sea revisado el fallo proferido por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2016, pues
en su concepto no realizó un análisis de fondo sobre la totalidad del proceso,
sino que se limitó a ratificar lo expuesto en la sentencia reprochada.
Contrario
a lo manifestado por el a-quo, aseguró que el contrato del matrimonio es
equiparable a los contratos civiles, mercantiles o comerciales, que se
caracterizan por ser celebrados entre dos personas, con iguales
responsabilidades.
En cuanto
al objeto lícito de los contratos, aseguró que es el que es acorde con la ley,
las buenas costumbres y el orden público, por el contrario, el objeto ilícito
es cuando contraviene al derecho público de la nación, lo que hace que sea que
haya una nulidad por vicio en el objeto de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1519 del Código Civil.
Reiteró
que tiene legitimidad para intervenir en el proceso de nulidad del matrimonio
civil que su hermano celebró con Emilse Ortiz Quiceno, que dicho contrato es
nulo por cuanto tiene objeto ilícito constituye un fraude a la ley. Además
reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
Segunda instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el 11 de mayo de 2016
23.
Confirmó la decisión del a-quo. A su vez, agregó que en respeto a
los principios de la cosa juzgada y de la autonomía judicial, dicha Sala ha
considerado que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales
salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces se demuestre la
violación a derechos fundamentales.
El
criterio mencionado se acentúa cuando se trata de la interpretación de normas o
de la valoración probatoria en donde está en juego el principio de autonomía
judicial consagrado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. Esto
resulta importante para el caso concreto, si se tiene en cuenta que las
objeciones de la accionante giran en torno a la valoración probatoria realizada
por el Tribunal, que revocó la sentencia de primera instancia, al considerar
que la causal de nulidad alegada por la actora no se encuentra prevista en el
artículo 140 del Código Civil y en caso que se encuadrara en alguna, la señora
Fanny Vanegas Cáceres no cuenta con legitimización en la causa por activa para
solicitarla.
A su vez,
aseguró que después de escuchar el CD que contiene la providencia censurada, se
observa que la Sala Civil – Familia del Tribunal de Manizales se refirió a las
causales taxativas de nulidad del matrimonio civil de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 57 de 1887. Adicionalmente, se pronunció sobre lo
dispuesto en el Código Civil y las disposiciones que son aplicables al caso
concreto.
El análisis
realizado por el Tribunal en la sentencia reprochada, le permitió a la Sala de
Casación Laboral concluir que dicha providencia se profirió con base en las
disposiciones aplicables al caso y en las pruebas recaudadas, lo que le
permitió afirmar que los argumentos que soportan dicha decisión son razonables
y encuentran asidero legal y constitucional.
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN
SEDE DE REVISIÓN
24.
Mediante Auto del 30 de agosto de 2016, el Magistrado
Sustanciador ordenó que por Secretaría General, se oficiara al
Juzgado Primero Promiscuo de Familia y al Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de
La Dorada, Caldas; a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
a la Notaria Única de La Dorada, Caldas, a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del municipio de La Dorada, Caldas, a la señora Fanny
Vanegas Cáceres, a la Unidad Seccional de Fiscalías de Manizales (Caldas), al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia. Se dispuso además, vincular a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, CREMIL.
24.1. Al Juzgado Primero Promiscuo de Familia y al Juzgado
Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, para que
enviaran (i) copia del proceso de petición de herencia, en el que
la demandante es la señora Fanny Vanegas Cáceres contra Emilse Ortiz Quinceno,
radicado 2015.00073.00 y; (ii) copia del proceso de nulidad de
matrimonio civil adelantado por la señora Fanny Vanegas Cáceres contra Emilse
Ortiz Quinceno, radicado 2015-00167-00.
24.2. A la
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Notaria
Única de La Dorada, Caldas, para que enviara copia del registro civil de
nacimiento del menor Mauricio Castañeda Ortiz, cuyos padres –según el
expediente- podrían ser el señor Rubiel Castañeda y la señora Emilse Ortiz
Quiceno identificada con cédula de ciudadanía No. 24.714.087.
24.3. A la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de La Dorada,
Caldas, para que enviara copia del certificado de tradición de
matrícula inmobiliaria No.106-3574.
24.4. A la
señora Fanny Vanegas Cáceres para que en caso de haber sido declarada con una
pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, aportara dicha calificación.
24.5. A la
Unidad Seccional de Fiscalías de Manizales (Caldas), para que informara cuál es
el estado actual de la investigación ordenada el 14 de octubre de 2015, por el
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas con el fin de
determinar si con el matrimonio celebrado entre el señor Germán Vanegas Cáceres
y la señora Emilse Ortiz Quiceno se infringió la ley.
24.6. Al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal para que emitiera
concepto respecto de las personas que se encuentran legitimadas en la causa
para solicitar la nulidad del matrimonio civil. Y en particular, si una hermana
puede solicitar la nulidad del matrimonio civil celebrado entre su hermano
(causante) y una señora al considerar que dicho vínculo infringe la ley y que
además la afecta en sus derechos sucesorales.
24.7. A la
Academia Colombiana de Jurisprudencia para que emitiera concepto respecto de
las personas que se encuentran legitimadas en la causa para solicitar la
nulidad del matrimonio civil. Y en particular, si una hermana puede solicitar
la nulidad del matrimonio civil celebrado entre su hermano (causante) y una
señora al considerar que dicho vínculo infringe la ley y que además la afecta
en sus derechos sucesorales.
24.8. A la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, para que enviara copia del
expediente pensional del causante, el señor Germán Vanegas Cáceres, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.1.297.663. Adicionalmente, deberá
informar (a) cuál es el monto de la pensión de sobrevivientes, (d) desde cuando
se causó el derecho, (c) cuáles eran los beneficiarios de los servicios de
salud antes que falleciera el causante y (d) actualmente quién es el
beneficiario de dicha pensión de sobrevivientes.
25.
Posteriormente, mediante auto del 14 de septiembre de 2016, el
Magistrado Sustanciador ordenó que por Secretaría General, se
vinculara al Ministerio de Defensa Nacional, Nómina de Pensionados, para que
enviara copia del expediente pensional del causante, el señor Germán Vanegas
Cáceres, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.1.297.663.
Adicionalmente, deberá informar (a) cuál es el monto de la pensión de
sobrevivientes, (d) desde cuando se causó el derecho, (c) cuáles eran los
beneficiarios de los servicios de salud antes que falleciera el causante y (d)
actualmente quién es el beneficiario de dicha pensión de sobrevivientes.
Respuesta
a la solicitud de pruebas
26.
El 27 de septiembre de
2016, la Secretaria General informó que vencido el término probatorio, fueron
recibidos los oficios del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de
Defensa, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, de la Notaría Única de La Dorada,
Caldas, de la Registraduría Municipal de La Dorada, de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de La Dorada, de la señora Fanny Vanegas Cáceres, de
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en los que dan
respuesta al auto de pruebas de fecha 30 de agosto de 2016 y14 de septiembre de
2016[26].
26.1. El Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de La
Dorada, Caldas, informó que la solicitud fue remitida al Juzgado Primero
Promiscuo de Familia, por cuanto es ese despacho judicial donde se tramitaron
los procesos de petición de herencia y de nulidad de matrimonio civil, respecto
de los cuales la Corte solicitó la copia. En caso que se necesite copia del
proceso de sucesión del causante Germán Vanegas Cáceres dicho despacho lo
enviará[27].
26.2. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de La Dorada, Caldas, envió copia del certificado de matrícula inmobiliaria No.
106-3547, perteneciente a Emilse Ortiz Quiceno[28].
26.3. La Notaria Única de La Dorada, Caldas, manifestó
que después de buscar en los archivos de esa oficina, no se encontró inscrito
el menor Mauricio Castañeda Ortiz[29].
26.4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
CREMIL, informó que el señor Germán Vanegas Cáceres no figura como titular de
la asignación de retiro o beneficiario de sustitución pensional reconocida por esa
entidad, por lo tanto, solicitó que la entidad sea desvinculada por cuanto
carece de legitimación en la causa por pasiva[30].
26.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil,
verificó el Sistema de Información de Registro Civil (S.I.R.C), encontrando el
registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 38801858 a nombre de
Mauricio Castañeda Ortiz con NUIP No. 1.054.542.974, inscrito en la
Registraduría de La Dorada, Caldas, el 20 de mayo de 2005. En este documento se
evidencia que el menor nació el 16 de mayo de 2005 y que sus padres son Emilse
Ortiz Quiceno y Rubiel Castañeda Arias[31].
26.6. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal emitió
concepto respecto de la legitimación en la causa para demandar la nulidad del
matrimonio civil, aseverando que la legitimación en la causa supone la aptitud
para demandar o ser demandado en el proceso[32].
El régimen de nulidad del matrimonio civil es
particular y está regulado de manera específica en los artículos 140 al 151 del
Código Civil y en los artículos 13 al 19 de la Ley 57 de 1887, por lo que no le
es aplicable el régimen de nulidad genérico de los contratos. En este sentido,
el artículo 16 de Ley 57 de 1887 reza:
“Fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles
enumeradas en el artículo 140 del Código y en el 13 de esta ley, no hay otras
que invaliden el contrato matrimonial. Las demás faltas que en su celebración
se cometan, someterán a los culpables a las penas que el Código Penal
establezca.”
Las causales de nulidad del matrimonio civil se
dividen en subsanables o insubsanables. Las primeras se encuentra descritas en
los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 140 del Código Civil y en el numeral
1° del artículo 13 de la Ley 57 de 1887, y podrán ser alegadas por los
contrayentes o sus representantes (padres, guardador o curador), según lo
establecido en el artículo 142 y 145 del Código Civil. Las segundas, son las
previstas en los numerales 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 140 del Código Civil
y en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 57 de 1887 y, se encuentran
legitimados los contratantes y el juez quien podrá decretar la nulidad de
oficio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 45 de 1887.
En cuanto a las nulidades subsanables, parte de la
jurisprudencia y la doctrina han considerado que las terceras personas también
están legitimadas en la causa, siempre y cuando acrediten un interés legítimo. A
su vez, se ha aceptado que después de fallecido uno de los contrayentes, la
legitimación que en vida tuvieron los cónyuges se extiende a sus herederos, por
cuanto, el matrimonio sigue produciendo efectos jurídicos. Por lo tanto, se puede
solicitar la nulidad del vínculo nupcial, pese a que éste se ha disuelto.
En el caso concreto, se evidencia que la causal de
ilicitud en la celebración del matrimonio no ha sido consagrada específicamente
por el legislador para este tipo de contrato, aunque si se aplica respecto de
otro tipo de acuerdo de voluntades, tal y como se evidencia en el artículo 1741
del Código Civil.
Por lo anterior, consideró que la señora Fanny Vanegas
Cáceres al ser hermana y heredera del causante, tiene legitimación para
demandar la nulidad del matrimonio civil, pero no existe causal para disolver
dicho vínculo. A ésta conclusión, llegó recientemente la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC38890-216, en la cual negó
la protección constitucional solicitada.
26.7 La señora Fanny Vanegas manifestó que no ha sido
calificada su pérdida de la capacidad laboral. Sin embargo, averiguó con la EPS
ASMETSALUD el trámite correspondiente el cual es dispendioso y oneroso, puesto
que le tocaría pedir cita con el médico general para que le autorice el
servicio, una vez se cumpla lo anterior le toca trasladarse a Manizales para
que sea valorada por el médico laboral, debido a que en La Dorada la EPS no
tiene convenio con algún prestador que realice dicho procedimiento, a su vez, le
indicaron que dicho trámite pude tardar aproximadamente entre 2 y 3 meses y, adicionalmente,
debe asumir los gastos de trasporte[33].
Otra posibilidad es que acuda de manera particular a
la Junta Regional de Manizales, y esperar aproximadamente 45 días hábiles,
lapso que se tarda el resultado de la calificación y asumir el costo de dicho
trámite que es de $689.454, más el de trasporte, situación que se le dificulta,
debido a que: (i) no cuenta con recursos económicos, (ii) no tiene trabajo y
(iii) no tiene una fuente de ingresos que le permita sufragar dichos gastos.
Además, manifestó que vive de la caridad de vecinos y amigos y que pertenece al
sisben 3.
Así mismo, aseveró que por su avanzada edad no
consigue trabajo y aunque lograra obtener un empleo formal las fracturas que
tiene en la cadera hacen que camine encorvada y con dificultad, por lo que debe
ayudarse con un bastón. Finalmente, anexó la historia clínica con el fin de
demostrar las fracturas que ha tenido en la mano izquierda, en la cadera
izquierda y derecha y las cirugías y procedimientos que le han realizado.
26.8. La Academia Colombiana de Jurisprudencia, remitió
dos conceptos, uno suscrito por el señor Carlos Fradique – Méndez y el segundo
por Rafael Forero Contreras.
El primer concepto al referirse a la naturaleza del
acto jurídico del matrimonio manifestó que este es un contrato celebrado por un
hombre y una mujer que se unen con el fin de vivir juntos, procrear y
auxiliarse mutuamente, y para que genere efectos jurídicos desde el inicio debe
cumplir con las solemnidades establecidas en la Ley 54 de 1990 y las propias
del acto jurídico, sin importar, si el mismo es consensual o civil. Agregó que
también es necesario tener en cuenta las uniones de personas del mismo sexo[34].
En cuanto a las causales de nulidad de los actos
jurídicos en general, aseguró que el artículo 1740 del Código Civil dispone que
es “nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la
ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la
calidad o estado de las partes”. Esta disposición le aplica en general a
los actos jurídicos del derecho de familia, infancia y adolescencia.
A su vez, el artículo 1502 del Código Civil establece
que para que una persona se obligue se requiere que exprese su consentimiento
sin vicios, que el acto tenga objeto y causa lícitos y debe ser capaz. De
acuerdo con lo establecido en el artículo 1741 y 1742 del Código Civil el
objeto y causa ilícitos en los contratos genera nulidad absoluta, lo que supone
que la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez y puede ser alegada
por quien tenga interés en ello y por el Ministerio Público en interés de la
moral y de la ley.
Al referirse a las causales de nulidad del matrimonio,
aseguró que este contrato no escapa a las nulidades generales enunciadas, para
ello, es necesario observar el Código Civil de conformidad con la legislación
de 1991 en adelante. En ese sentido, el artículo 140 del Código Civil y
concordantes establecen las casos en los que el matrimonio es nulo y sin
efecto, lo que no implica, que cuando sea declarado nulo este no haya producido
efectos, puesto que al ser de tracto sucesivo, de ejecución permanente, los
hijos conservan su condición de hijos matrimoniales y además se generan
obligaciones entre los padres y los hijos que se mantienen en el futuro.
El artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prescribe que los
casos de nulidad establecidos en los números 7º, 8º, 9º, 11 y 12 del artículo
140 del Código y el número 2º del artículo 13 de esta Ley, no son subsanables,
y podrán ser declarados de oficio. A su vez, el artículo 16 de la Ley 57 de
1887, establece que no habrán otras causales de nulidad aparte de las
contempladas en el artículo anterior y “las demás faltas que en su
celebración se cometan, someterán a los culpables a las penas que el Código
Penal establezca.”
En 1887 el Concordato era superior a la Constitución y
el matrimonio católico prevalecía sobre el civil, esta idea finalizó a partir
de la Carta Política de 1991, y actualmente no hay diferencia entre los efectos
civiles que produce cualquiera de estos dos matrimonios, a su vez, el matrimonio
es un contrato, sin importar la solemnidad que se utilice para su celebración.
Aseguró, que “no hay lugar para que en el
matrimonio civil no sea causal de nulidad el pacto tácito o escrito para no
vivir juntos, no procrear, no auxiliarse mutuamente y acordar la apariencia de
un acto de matrimonio para presentarla con el único fin de causar un grave daño
al Estado al lograr el reconocimiento de un derecho pensional que solo le corresponde
a quien fue verdadero cónyuge. La mayor parte de las estafas se realizan a
través de simulación de contratos o de condiciones de privilegio de las
personas. Engañar es un arte y lo saben hacer los estafadores. Lograr un
derecho de sustitución pensional por medios fraudulentos es un delito y si bien
el Art. 16 de la Ley 57 de 1887 ordena que sea el juez penal quien castigue el
delito y por supuesto que sancionara a los culpables del fraude, en este caso
por el acceso fraudulento a la pensión, al dictar sentencia deberá declarar
nula la sustitución y nula la fuente de la sustitución que es el documento que
da fe de un acto fraudulento que es el supuesto matrimonio, sin que
viole el Art. 16 citado porque se dejará constancia de que el matrimonio es inválido,
es nulo por evidente objeto ilícito, por haber sido medio para cometer un
fraude.[35]”
Hizo referencia a los “matrimonios blancos”,
que son aquellos en los que no existe ni siquiera una aproximación sexual, sino
que se celebran con el fin de obtener beneficios económicos, laborales o
sociales, o para salir de zonas en conflicto o de países. Cuando la celebración
del matrimonio obedece a algunos de los fines anteriores, el mismo se encuentra
viciado por objeto ilícito, y por lo tanto, no hay norma que legitime ese
delito.
Aseveró que de lo expuesto, le corresponde a la Corte
Constitucional actualizar lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 57 de 1887 y
hacerlo concordante con la Constitución de 1991.
En cuanto a la legitimidad en la causa para demandar
la nulidad del matrimonio, explicó que los artículos 140 a 145 del Código Civil
indican las personas que pueden demandar la nulidad, fija los plazos y los
presupuestos para solicitar las nulidades subsanable del contrato nupcial. A su
vez, establece que las nulidades insubsanables pueden ser declaradas de oficio,
solicitadas por el Ministerio Público o a petición de quien tenga un interés en
ello. Conforme a lo anterior, la nulidad por objeto ilícito del contrato
matrimonial puede ser declarada por el juez de oficio o a petición de quien
tenga interés.
En el caso concreto, la hermana del causante tiene
pleno interés en que se declare la nulidad, lo que la legitima para demandar la
nulidad del matrimonio objeto de controversia, al considerar que tiene derecho
a la sustitución pensional, situación que desplazaría a quien de manera
fraudulenta se presenta como cónyuge supérstite.
Por último, señaló que en el matrimonio religioso es
posible pedir la nulidad por interés público o por un tercero para remediar un
perjuicio civil, por lo tanto, no hay razón para negar esa misma alternativa
cuando el matrimonio es civil.
26.9 El segundo concepto, al referirse a la seguridad
social y a la sustitución pensional, afirmó que el artículo 11 del Decreto 4433
de 2014 y el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, establecen como beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia al cónyuge, siempre y cuando
tenga más de 30 años de edad y haya convivido no menos de 5 años consecutivos
con el causante. A su vez, el artículo 12 del mencionado Decreto, dispone que
se perderá la condición de beneficiario de dicha pensión, entre otras
circunstancias, cuando el matrimonio sea declarado nulo[36].
Al estudiar el caso concreto, concluyó que no se
cumple con el supuesto de haber convivido los 5 años anteriores a la muerte del
causante, puesto que el matrimonio se celebró el 19 de marzo de 2011 y la
muerte del causante acaeció el 14 de agosto de 2012, en consecuencia, la señora
Emilse Ortiz Quiceno no tiene derecho para ser beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes. Por el contrario, aseguró que la señora Fanny Vanegas Cáceres,
es sujeto de especial protección constitucional y se encuentra legitimada para
solicitar dicha prestación económica de la que es acreedora en su totalidad, en
razón a su edad, dependencia económica y estado de indefensión
De otra parte, se evidencia que tras la celebración
del contrato matrimonial, se pactó que la señora Emilse Ortiz Quiceno se beneficiaría
de la afiliación a la seguridad social y le entregaría el valor de la pensión a
la señora Fanny Vanegas Cáceres, cláusulas que son contra legem.
A su vez, afirmó que de la lectura del artículo 144 del
Código Civil se desprende que en principio, la accionante no podría solicitar
la nulidad del vínculo nupcial. No obstante, el matrimonio en cuestión tiene
vicios profundos que invitan a estudiar la nulidad absoluta. Por ello, es necesario
acudir a la teoría general de los actos jurídicos y de los contratos, en
especial a la causa y objeto ilícitos.
Es así, que el artículo 1741 del Código Civil establece
como nulidad absoluta la causa ilícita, y el artículo 1742 del Código Civil dispone
que puede ser solicitada por terceros con interés, esto implica que la pueden
solicitar con fundamento en la naturaleza de orden público y que el tercero
debe acreditar legítimo interés. Por lo tanto, la accionante se encuentra
legitimada, en condición de tercero interesado y afectado, para solicitar la
nulidad absoluta del contrato matrimonial.
Finalmente, se refirió al proceso de sucesión
intestada promovido únicamente por la señora Emilse Ortiz Quiceno, aseverando que
en caso que el bien (la casa de habitación del fallecido) haya sido adquirido
antes de generarse la posible sociedad conyugal entre ella y el señor Germán Vanegas
Cáceres se evidencia una vulneración a la ley en este proceso, pues en el “improbable
caso, la señora Ortiz Quiceno sólo podría reclamar, no como heredero sino como
socio, el mayor valor ganado por el inmueble en el exiguo periodo de la
presunta sociedad conyugal o eventuales mejoras –cuya existencia se desconoce-.”[37]
26.10  La Registraduría Municipal del Estado Civil de
La Dorada, Caldas, envió copia del registro civil de nacimiento del menor Mauricio
Castañeda Ortiz[38].
26.11 El Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio
de Defensa, informó que a través de la Resolución No. 7921 de octubre 31 de
2012, reconoció a favor de la señora Emilse Ortiz Quiceno, la sustitución
pensional causada por el deceso del señor Germán Vanegas Cáceres, en un valor
de $878.581. Adicionalmente, aseguró que el reconocimiento se hizo con base en
el registro civil de matrimonio de fecha 16 de agosto de 2016, expedido por la
Notaría Única de La Dorada, Caldas, en el que consta que los señores Germán
Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno contrajeron matrimonio el 19 de marzo de
2011[39].
Solicitó que en caso de que exista sentencia de
nulidad del matrimonio civil, la misma sea remitida de manera urgente con el
fin de realizar las actuaciones administrativas correspondientes. Además, anexó
copia del expediente pensional.
26.12 La señora Fanny Vanegas Cáceres mediante
comunicación del 23 de septiembre de 2016, consideró que el concepto emitido
por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal es injusto y repite lo
manifestado en la sentencia reprochada. Por el contrario, el concepto emitido
por la Academia Colombiana de Jurisprudencia es emitido en derecho y
corresponde a la realidad, por lo que solicita sea tenido en cuenta[40].
26.13 El Juzgado Primero Promiscuo de Familia, remitió
la copia auténtica de los procesos de petición de herencia y de nulidad de
matrimonio civil adelantados por la señora Fanny Vanegas Cáceres en contra de
la ciudadana Emilse Ortiz Quiceno[41].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
A.  COMPETENCIA
27.
La Corte Constitucional es competente para revisar
la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política
-artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36-, así como en virtud del Auto del 14 de julio de 2016, expedido por la Sala de Selección de
Tutela Número Siete de esta Corte, que decidió someter a revisión las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B. CUESTIONES PREVIAS –PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
28.
Esta Corte ha sostenido que, por regla general, la
acción de tutela no es procedente contra providencias judiciales, puesto que de
lo contrario se afectarían principios como la cosa juzgada, la autonomía
judicial y la seguridad jurídica. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido la existencia de providencias en las cuales procede
excepcionalmente la acción de tutela, debido a la vulneración de garantías
constitucionales y, en esa medida, ha identificado una serie de requisitos
genéricos y específicos para que el amparo constitucional proceda contra una
decisión tomada por un juez dentro de un proceso con el fin de remediar la
inconstitucionalidad de la providencia.
29.
Ahora bien, la acción de tutela no es una instancia
adicional dentro de un proceso judicial, pues dentro de cada uno existen etapas
procesales dispuestas para que las partes agoten los recursos que tengan a su
disposición para discutir la existencia del derecho que se esté debatiendo.
Esta Corporación, también ha reconocido que existen casos en los que, pese a
agotarse todas las herramientas de defensa, los errores judiciales atentatorios
de la Constitución no son corregidos y, por tanto, la tutela se vuelve
procedente.
30.
Por lo anterior es que esta Corte, a través de la
sentencia C-590 de 2005, caracterizó  las exigencias procedimentales y
sustanciales que, en cada caso en particular, deben acreditar las acciones de
tutela que sean interpuestas contra providencias judiciales, con la finalidad
de evitar que a través del amparo constitucional se busque revivir debates que
ya fueron zanjados por las autoridades judiciales correspondientes dentro del
marco de las acciones existentes dentro de un proceso y, de esta manera, garantizar
que la tutela sea un instrumento que únicamente permita al juez constitucional
corregir  errores flagrantes, que no pudieron ser remediados en los estadios
normales del proceso o que pudiendo ser rectificados no fueron observados por
el juez.
31.
Las causales genéricas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial fueron sistematizadas por esta
Corporación en la sentencia C-590 de 2005 de la siguiente manera:
“(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
“(ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios-, de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
“(iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración.
“(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
“(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible.
“(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.”
Procedencia de la acción de tutela –Caso concreto
32.
Relevancia constitucional: Se trata de un caso de relevancia constitucional, puesto
que se busca establecer si la accionante se encontraba legitimada para
solicitar la nulidad de un matrimonio civil, del cual ella no es contrayente. A
su vez, se deberá determinar si los operadores judiciales vulneraron el derecho
al acceso a la administración de justicia al no interpretar el contenido de la
demanda interpuesta por la actora.
33.
Subsidiariedad: Sobre la base de lo dispuesto en
los numerales 28 y 29 de esta providencia, la subsidiariedad se deriva del
carácter excepcional, preferente y sumario que tiene la acción de tutela, el
cual le impone al ciudadano la obligación de acudir a los mecanismos judiciales
antes de invocar la protección de los derechos fundamentales a través de la
tutela, salvo que de no invocarse se presente la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, el cual para ser tal exige que sea inminente, grave, que requiera
medidas urgentes de protección y que la acción de tutela sea impostergable[42].
Frente
a esta exigencia, es necesario establecer si el recurso de casación procede en los
procesos de nulidad del matrimonio civil. Al respecto, el artículo 334 del
Código General del Proceso (en adelante C.G.P) establece:
“Artículo 334. Procedencia del
recurso de casación. El recurso extraordinario de casación procede contra las
siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en
segunda instancia:
1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.
2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia
corresponda a la jurisdicción ordinaria.
3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.
PARÁGRAFO. Tratándose de asuntos relativos al estado civil
sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o
reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho.”
De
dicha norma se desprende que el recurso de casación procede contra las providencias
de segunda instancia que hayan sido dictadas en procesos declarativos, salvo
las relativas al estado civil que sólo “serán susceptibles de casación las
sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de
uniones maritales de hecho”, es decir, que los demás fallos que hayan sido
dictados en procesos declarativos de familia y respecto del estado civil
diferentes a las excepciones contemplados en el parágrafo del artículo 334 del
C.G.P, carecen de recurso de casación, de ahí que en procesos tales como los de
nulidad del matrimonio civil o los de divorcio no procede dicho recurso.
En
el presente caso, se observa que la acción de tutela fue
interpuesta contra la decisión de segunda instancia proferida dentro de un
proceso declarativo de nulidad del matrimonio civil. De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 334 del C.G.P, contra este
tipo de sentencias no se puede interponer el recurso
de casación, razón por la cual la Sala considera que se cumple con el requisito
de subsidiariedad.
34.
Inmediatez: La Sala observa que la
providencia proferida por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior
de Manizales, Caldas, es de fecha 28 de enero de 2016, y la acción de tutela fue interpuesta el 10 de marzo de 2016, por la
señora Fanny Vanegas Cáceres. Lapso que resulta razonable, por
consiguiente, la Sala considera que se cumple el requisito de inmediatez.
35.
Irregularidad procesal:
De otro lado, en el presente caso la tutelante no invocó una irregularidad
procesal como fundamento en la demanda de tutela, sino que solicitó que se declare
que no prospera la excepción de falta de legitimidad en la causa por activa y
confirme el fallo de primera instancia que declaró nulo el matrimonio civil.
36.
Identificación razonable de los hechos y
derechos vulnerados: En la demanda de tutela, la parte
actora identificó de manera razonable tanto los hechos que a su juicio
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados a la vida, a la vivienda
y al debido proceso.
37.
Que no se trate de sentencia de tutela: resulta probado en el expediente que las sentencias contra las que se
dirige la acción de tutela, fueron proferidas en el marco de un proceso de
nulidad de matrimonio civil.
38.
Legitimación por activa: La acción de tutela fue interpuesta por
la señora Fanny Vanegas Cáceres. Lo anterior, encuentra su fundamento
constitucional en el artículo 86 de la Carta, el cual establece que toda
persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se
encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela en nombre propio o a
través de un representante que actúe en su nombre. Se encuentra demostrada la
legitimación en la causa por activa.
39.
Legitimación por pasiva: La acción de tutela se dirige contra la
Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Manizales, Caldas, autoridad pública
que pertenece a la Rama Judicial del poder público[43].
40.
Una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos genéricos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales, la Sala Plena pasará a estudiar el defecto por violación directa de
la Constitución.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
41.
Acorde con los fundamentos fácticos expuestos, le
corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar si vulneró la Sala
Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales, Caldas,
(sentencia proferida el 28 de enero de 2016), el derecho fundamental al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia de la señora Fanny Vanegas
Cáceres al declarar que no cuenta con legitimidad en la causa
para cuestionar la validez o existencia del matrimonio civil celebrado entre su
hermano fallecido Germán Vanegas Cáceres y la señora
Emilse Ortiz Quiceno.
42.
Para responder el problema planteado, se analizarán
los siguientes temas: (i) defecto por violación directa de la Constitución;
(ii) el matrimonio civil, el matrimonio simulado y la relación con el principio
de buena fe; (iii) la discrepancia entre la voluntad real y la aparente en el
contrato de matrimonio civil no refleja un problema de causa y objeto ilícitos
y; (iv) el caso concreto.
D. DEFECTO
POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
43.
La causal específica por violación directa de la
Constitución se deriva del deber que le asiste a todas las autoridades de velar
por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta, según
el cual “la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”.
44.
Al respecto, la sentencia T-094 de 2013 al referirse al defecto por violación directa de la Constitución manifestó que: “la supremacía de la Constitución dentro del sistema
de fuentes determina que los operadores jurídicos, cuando quiera que se
enfrenten a una norma legal o reglamentaria incompatible con una norma
constitucional, deban siempre preferir la aplicación de esta última. Cuando las
autoridades hacen prevalecer la Constitución como lo ordena el artículo 4 de la
misma, evitan que sus mandatos sean modificados por normas de inferior
jerarquía expedidos por funcionarios que no tienen competencias para ello. Los
diversos mecanismos de control constitucional establecidos en nuestro
ordenamiento, aun cuando con efectos distintos, están signados por el principio
general de supremacía constitucional”.[44]
45.
En consecuencia, este defecto se configura cuando
(i) el juez ordinario toma una decisión que desconoce directamente una o varias
disposiciones constitucionales o normas razonablemente vinculables a la Carta
Política; (ii) la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción
de inconstitucionalidad; o (iii) se realiza una interpretación de un precepto
que es inconstitucional. Cualquiera sea la causa, se traduce en desmedro de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
46.
Es así, que el defecto por violación directa de la
Constitución se produce, entre otros, cuando “(a) en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y
no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en
el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso
en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible
con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad”.[45]
Acceso a
la administración de justicia
47.
El Preámbulo de la Carta Política fijó uno de los marcos mediante el cual dispuso
que las autoridades Estatales deben orientar sus actuaciones para lograr la
observancia del valor de la justicia que debe ser asegurada a los colombianos.
Dicho marco es el jurídico del cual se desprende la vital función que tienen a
cargo las entidades y personas que en Colombia administran justicia[46]
para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
constitucionales[47].
48.
El acceso a la administración de justicia, así como
los demás derechos reconocidos en la Constitución Política de 1991 deben ser
garantizados de manera efectiva, puesto que su simple protección formal sería
incongruente con el propósito del constituyente. Es claro, que el Estado debe
asegurar a los colombianos el derecho a la justicia, dentro de un marco
jurídico, esto es, con observancia de las disposiciones constitucionales y
legales vigentes.
49.
La Constitución Política en el Titulo VIII, que
versa sobre la rama judicial, establece en el artículo 228 que “La
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
50.
En concordancia con la disposición anterior, los
artículos 229 de la Carta[48]
y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia[49] consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la
justicia, cuyo contenido a continuación se analizará.
51.
La administración de justicia es una función
pública mediante la cual se pretende garantizar los fines esenciales del Estado,
entre otros, velar por el respeto a la legalidad y la dignidad humana, asegurar
la protección de los asociados en su vida, creencias, bienes y honra, promover la
convivencia pacífica, garantizar el orden social, económico y político justo y
demás derechos y libertades públicas. Al respecto, la sentencia T- 030 de 2005
manifestó:
“Conforme
lo ha precisado esta Corporación "el acceso a la administración de
justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a
los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se
entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las
pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el
contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual
se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley,
el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un
libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso,
proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados[50].
Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar
al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los
artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales[51],
susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la
acción de tutela prevista en el artículo 86 superior”[52].
52.
Así mismo, la sentencia C-426 de 2002 definió el derecho a la administración de justicia como “la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.
53.
Esto le impone a las autoridades públicas, quienes
tienen el deber de garante de los derechos de los ciudadanos y además ejercen
el poder coercitivo del Estado, garantizar la prerrogativa de la que gozan las
personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia. Las obligaciones de los Estados
respecto de los ciudadanos, se pueden clasificar en: (i) realizar los derechos
humanos; (ii) proteger y (iii) respetar, con base en dichas obligaciones se
determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de
justicia[53].
(i) Realizar los derechos humanos, implica que el Estado debe
garantizar el goce efectivo del derecho y facilitar las condiciones para el
disfrute del mismo.
(ii) Proteger, es el deber del Estado de evitar que terceros
impidan que los titulares del derecho de acceder a la administración de
justicia no lo puedan ejercer, para ello deberá adoptar las medidas
pertinentes.
(iii) Respetar, esta obligación supone, por un lado,
abstenerse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como
la raza, la nacionalidad y el género, y por el otro, el de impedir el acceso
a la justicia o su ejecución.
54.
Es así que “[f]acilitar el derecho a la
administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que
garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser
parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona
para formular sus pretensiones”[54].
55.
En cumplimiento del deber establecido en el literal
a del artículo 152 y de lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución,
el legislador expidió la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, en la que en el artículo 1° dispuso que “la administración de
justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por
la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de
realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.
56.
Así mismo, esta Ley en el Título I, que versa sobre
los principios de la administración de justicia, consagró el acceso a la
justicia (artículo 2º), la celeridad (artículo 4º), la eficiencia (artículo 7º)
y el respeto de los derechos (artículo 9º), entre otros, los cuales se
constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran
justicia en cada caso particular.
57.
De igual manera, la administración de justicia debe
adoptar normas que garanticen (i) procedimientos, idóneos, adecuados y
efectivos para la resolución de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que
las providencias judiciales protejan los derechos constitucionales conforme a lo
dispuesto en la Carta y demás disposiciones legales aplicables; y (iii) que los
procesos se desarrollen en un lapso razonable, sin dilaciones injustificadas y
con observancia de las garantías propias del debido proceso[55].
58.
Asimismo, el deber de tomar medidas implica la
obligación de remover los obstáculos económicos para acceder a la justicia,
crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la
asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población
en condiciones de vulnerabilidad[56].
Aunado a lo anterior, la sentencia C-037 de 1996, al analizar la
constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
manifestó:
“Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del
Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de
justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las
libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las
obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los
asociados. (…) Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta
indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus
instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden
estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe
a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una
justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel
estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se
convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus
fallos no sólo sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica,
sino que, además, respondan a un conocimiento real de las situaciones que le
corresponde resolver.
Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que
requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta
Política como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues
sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la
Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas,
reclaman su protección. Así, entonces, la justicia ha pasado de ser un servicio
público más, a convertirse en una verdadera función pública, como bien la
define el artículo 228 del Estatuto Fundamental. Significa lo anterior que
tanto en cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los
juzgados de la República, en todas las instancias, radica una responsabilidad
similar, cual es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la
Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe
asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados; en otras
palabras, que ésta no sea simple letra muerta sino una realidad viviente para
todos”[57].
59.
De otra parte, para lograr efectividad en el derecho
a la administración de justicia se debe garantizar el derecho a la tutela
judicial efectiva, que comprende: “(i) la posibilidad de los ciudadanos de
acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste
sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el
operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”[58].
E. El MATRIMONIO CIVIL, EL MATRIMONIO SIMULADO Y LA RELACIÓN CON EL
PRINCIPIO DE BUENA FE
El matrimonio civil
60.
El matrimonio encuentra sustento constitucional en
el artículo 42 de la Carta, el cual dispone que “la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla”.
61.
El matrimonio es definido en el artículo 113 del
Código Civil[59]
y tiene como objeto la unión solemne de un hombre y una mujer para fundar una
nueva familia, vivir juntos, procrear, ayudarse y prestarse auxilio mutuo,
cuyos efectos están establecidos en la ley y no pueden ser objeto de
negociación para incluir o excluir obligaciones.
Características del contrato de matrimonio civil
62.
Acorde con lo establecido en el artículo 115 del Código
Civil [60]
son características esenciales del matrimonio el acto jurídico, por
cuanto se trata de un acuerdo de voluntades encaminado a producir los efectos y
obligaciones establecidos en la ley; la unión personal, debido a que
crea un vínculo personal que modifica el estado civil de las personas; la singularidad,
puesto que excluye la posibilidad que alguna de las partes sea plural y resulta
incompatible con otro tipo de uniones para cualquiera de los contrayentes; y la
forma solemne, por cuanto se trata de un contrato formal y solemne, que
debe cumplir con las formalidades establecidas en la ley, que se contrae ante
juez o notario mediante sentencia o escritura pública, y que refleja la
manifestación expresa y recíproca de voluntades de quienes lo contraen.
Elementos esenciales del contrato de matrimonio civil
63.
El contrato de matrimonio deberá reunir los
requisitos generales comunes a todo acto jurídico. Por lo cual y teniendo en
cuenta lo preceptuado en el artículo 1502 del Código Civil, es necesario que
los contrayentes del matrimonio civil (i) sean legalmente capaces, (ii)
consientan en dicho acto o declaración y que su voluntad no adolezca de vicios,
(iii) que recaiga sobre un objeto lícito y (iv) que tenga una causa lícita[61].
64.
La ausencia del cumplimiento de los requisitos
esenciales del matrimonio impide que este nazca a la vida jurídica o produzca
efectos. Esta premisa encuentra su fundamento legal en el artículo 1501 del
Código Civil que dispone que “[s]e distinguen en cada contrato las cosas que
son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son
de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto
alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un
contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas
que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de
cláusulas especiales”. (Subrayado fuera de texto).
65.
La capacidad debe entenderse como la aptitud legal en que se
hallan los contrayentes del matrimonio civil. En principio son
capaces para contraer matrimonio todas las personas naturales, excepto cuando la
ley dispone otra cosa. Respecto de la edad, la sentencia C-507 de 2004,
manifestó que los mayores de 14 años pueden celebrar válidamente este contrato,
siempre y cuando tengan el consentimiento de sus padres o curador.
66.
El matrimonio civil se perfecciona por “el libre y mutuo
consentimiento de los cónyuges, expresado ante el funcionario competente”
(Art. 115 del Código Civil), el cual deberá ser expresado de forma libre y
personal por los contrayentes. Dicha disposición dispone que el “contrato
de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento
de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y
con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no producirá
efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales
formas, solemnidades y requisitos”[62].
En relación con el requisito del consentimiento, y de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 3° del artículo 140 del C.C, el matrimonio es nulo y
sin efecto “cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno
de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en
quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes.
Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos
manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.”
A su vez, el consentimiento cuando no es otorgado de manera libre puede
adolecer de error y fuerza. Para que el error vicie el consentimiento debe
recaer en la identidad de la persona y para que exista la fuerza, se debe
presentar coacción física o moral de considerable magnitud ejercida
directamente contra alguno de los contrayentes o sus más allegados familiares que
imprime un temor por la posible ocurrencia de un hecho irreparable y grave.
67.
El objeto y la causa en el contrato nupcial debe ser entendido
como la obligación recíproca de los contrayentes de conformar una familia.
Acorde con lo establecido en el artículo 113 del Código Civil los contrayentes
se unen con el fin de compartir techo, procrear[63] y prestarse auxilio
mutuo.
El objeto del contrato, es la finalidad del mismo, la cual se desprende
de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. La causa al ser un elemento
esencial del contrato, en tanto representa la función económico-social del
mismo se encuentra en la base del reconocimiento de la autonomía contractual,
puesto que indica el contenido del acuerdo entre las partes y lo que se
pretende satisfacer. Este elemento constituye el fundamento de la relevancia
jurídica del contrato, siempre y cuando persiga intereses merecedores de
protección por el ordenamiento jurídico. Cuando la causa es ilícita y por ende,
contraria al ordenamiento jurídico, se considera que el contrato nace a la vida
jurídica, pero se ve expuesto a que sea declarado nulo.
Conforme a lo anterior, en materia de consentimiento matrimonial debe
entenderse que el acuerdo de voluntades entre los contrayentes se encuentra
dirigido al contenido del negocio matrimonial, el cual recae sobre los derechos
y obligaciones propios de este contrato[64].
Incluso algunos autores sostienen que el objeto y la causa en el contrato de
matrimonio se confunden, puesto que ambos están orientados al cumplimiento de
los fines matrimoniales[65].
La simulación y el matrimonio simulado
Elementos definitorios de la simulación en el ordenamiento jurídico
68.
La simulación se produce cuando las partes de
manera simultánea celebran públicamente un negocio jurídico o contrato, y al
mismo tiempo y de manera oculta realizan una contra estipulación privada que
altera lo pactado en el acto público, todo o en parte. Es decir, que existe una
disconformidad entre el querer de las partes (voluntad real) y su declaración
(voluntad declarada), que se refleja en la celebración de un acto jurídico que
tiene dos caras, una falsa que se hace de manera pública y otra veraz que es la
oculta.
El
fenómeno de la simulación es una anomalía en el negocio jurídico, en el que las
partes reflejan exteriormente la celebración de un contrato que no coincide con
su voluntad real. Lo que ocurre en realidad, es que las partes celebran un
trato con dos caras distintas, es decir, que hay dualidad de declaraciones pero
no de contratos. Las declaraciones son “[l]a pública y la privada, una
contraposición, no entre lo que se quiere y lo que se dice, sino entre dos
expresiones igualmente queridas: una enmascarada u oculta, destinada a
permanecer secreta, otra, que es el disfraz que se muestra al público, las dos,
piezas integrantes de un solo mecanismo, ambas, de una misma entidad”[66].
En la
simulación las partes crean una situación que exteriorizan ante terceros, la
cual solo se explica en razón de otra oculta, es decir, que los dos hechos se
interrelacionan de manera funcional. En otras palabras, se trata de la
celebración de un contrato con dualidad de propósitos (público y privado),
ambos queridos y ciertos por los contratantes, cuyas consecuencias son
diferentes.
69.
De todo lo anterior, se desprende que cuando los
contrayentes al celebrar el contrato matrimonial en realidad lo fingen, dado
que su real consentimiento no consiste en realizar los fines que la ley ha previsto
para el vínculo nupcial, se entiende que el mismo fue simulado, puesto que el
verdadero consentimiento fue dado para otra cosa distinta. Es decir, que no
está conforme la voluntad declarada con la voluntad real, lo que supone que el
acto aparente denominado matrimonio nunca existió, únicamente se trató de
simular que existía, valiéndose de las formas que el ordenamiento ha previsto
para ello.
En
atención a lo expuesto resultan relevantes, en relación con el matrimonio
simulado, las reflexiones que de tiempo atrás ha hecho la Corte Suprema de
Justicia al indicar que la simulación supone, cuando ella es absoluta, la
inexistencia del contrato. En sentencia del 10 de junio de 1992, gaceta
CCXVI-527, al referirse a la simulación contractual y a los sujetos legitimados
para alegarla, expresó:
“[l]a acción de simulación versa sobre un acto no verdadero sino
fingido, que sólo sirve de cortina para ocultar una realidad jurídica distinta
de la que él aparenta. Entonces, la finalidad de esta acción es la de hacer
declarar la inexistencia o deformación del acto ostensible y la prevalencia del
oculto o verdadero para que éste quede sometido a recibir el tratamiento y
producir las consecuencias que legalmente le competen. La acción puede ser
ejercida por las partes que intervinieron en el acto simulado, por sus
herederos y por los acreedores del simulante que en apariencia ha sacado de su
patrimonio un bien que realmente no ha salido de éste y que, por lo mismo,
continúa haciendo parte de la prenda general en cuya conservación o
consistencia tienen aquellos interés (artículo 2488 del Código Civil)”.
Así
las cosas, y considerando que el acto aparente pudo haber tenido, entre otros,
efectos patrimoniales y pensionales, los jueces y demás autoridades deberán
adoptar las medidas correspondientes con el propósito de que la declaración de
simulación produzca todas sus consecuencias legales.
70.
El matrimonio simulado o fraudulento también ha
sido denominado como matrimonio de conveniencia, blanco, de complacencia, mariage
blanc o sham marriage. Es aquel en el que los contrayentes aparentan
contraer matrimonio y expresa o tácitamente lo acuerdan, con la intención
fraudulenta de engañar a los demás, de no cumplir con los derechos y las
obligaciones que del mismo se derivan y de no aceptar el cumplimiento de los
fines. Dicho de otra manera, este tipo de matrimonios son negocios jurídicos
simulados o aparentes, que suponen la celebración de un matrimonio ficticio,
puesto que si bien, cumplen con las formalidades requeridas, los contrayentes
no tienen la real intención de contraer el contrato nupcial[67].
71.
La doctrina ha sostenido que este tipo de contratos
se celebra, frecuentemente con el objeto principal de obtener beneficios,
económicos, sociales o jurídicos, sin que entre los contrayentes exista un
vínculo sentimental o se llegue a su consumación carnal[68]. Este tipo
de uniones, generalmente están precedidas por un valor acordado entre las
partes y tienen como propósito algo muy diferente a los fines del contrato
nupcial, es decir, supone que no existe voluntad de casarse y únicamente se
pretende hacer aparecer ante terceros un matrimonio, a pesar de que la voluntad
real no es proceder así. Este tipo de contratos, ha advertido un sector de la
doctrina, es frecuente en países con una gran inmigración[69].
72.
La doctrina española ha considerado que son
indicios fuertes sobre la celebración del matrimonio fraudulento cuando: (a)
los cónyuges son imprecisos al declarar sobre los datos académicos,
profesionales, las circunstancias en las que se conocieron, número de hijos, y
otros datos de carácter personal, familiar y sentimental; (b) hay ausencia de
contribución adecuada a las responsabilidades que sobrevienen del matrimonio;
(c) no hay vida común entre los contrayentes y se evidencia una superficialidad
en la relación de pareja; (d) no tienen un idioma común a través del cual
comunicarse; (e) los cónyuges no se conocían con anterioridad a la celebración
del matrimonio; (f) alguno de los contrayentes tiene antecedentes en la
celebración de matrimonios fraudulentos; (g) alguna de las partes ha pagado de
manera previa una suma de dinero con el propósito que se celebre el matrimonio,
excepto cuando el dote sea una práctica normal en alguno de los países de los
contrayentes; (h) la diferencia notable de edad entre la pareja.[70]
73.
De otra parte, existen circunstancias que indican
la real voluntad de contraer matrimonio, tales como: (a) el conocimiento de las
circunstancias personales, familiares y laborales del contrayente; (b) la
existencia de hijos comunes o el hecho de que la mujer se encuentra en
embarazo, (c) el tener una lengua común a través de la cual comunicarse; (d) la
concordancia en las declaraciones por parte de ambos contrayentes; y (e) edades
similares.
Se ha señalado, refiriéndose a esta materia, que las autoridades competentes,
deberán valorar las condiciones y motivaciones de cada una de las partes al
momento de la celebración del contrato matrimonial y en los casos en los cuales
corroboren que su celebración fue motivada únicamente por razones distintas a
los fines del matrimonio establecidos en la ley, necesariamente procede
declarar la inexistencia del vínculo nupcial. Las partes nunca tuvieron la
voluntad ni otorgaron su consentimiento para asumir las obligaciones
matrimoniales y cumplir con los derechos, y deberes propios de este contrato.
Lo anterior, se traduce en la simulación del contrato matrimonial[71].
74.
La Sala considera que si bien el contrato
matrimonial tiene un régimen especial, cerrado y estricto que implica que sólo
puede ser atacado a través de las nulidades de matrimonio civil establecidas en
el artículo 140 del Código Civil, para cuya declaración solo están legitimados
los contrayentes y de manera excepcional los curadores o guardadores de los
menores, no es este el único camino jurídico para dejar sin efectos el
matrimonio. Como se ha explicado, si este ha sido simulado, los terceros con un
interés directo pueden solicitar al juez que declaren tal circunstancia, debido
a que el ordenamiento jurídico no puede patrocinar tales comportamientos.
75.
En ese sentido, cuando lo pretendido consista en
declarar la simulación de un contrato matrimonial, estarán legitimados en la
causa por activa los terceros con interés directo para pedirle al juez que
mediante un proceso declarativo establezca la simulación del contrato
matrimonial, y si se afirma que el acto es simulado –habrá de procederse en esa
dirección. Para el efecto, podrá acudirse al trámite previsto en el artículo
368 del Código General del Proceso reza: “[s]e sujetará al trámite
establecido en este Capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un
trámite especial.”
76.
En el derecho comparado se ha reconocido la
posibilidad de cuestionar la validez o existencia de este tipo de vínculos. Así,
por ejemplo, al referirse al artículo 146 del Código Civil Francés que
establece que “sin consentimiento no hay matrimonio”. El Consejo
Constitucional Francés en decisión de fecha 22 de junio de 2012 indicó (i) que el
artículo 146 subordinó la validez del matrimonio al consentimiento de los
contrayentes; (ii) que según la jurisprudencia constante de la Corte de
Casación el matrimonio es nulo por falta de consentimiento cuando los esposos
acudieron a la ceremonia motivados por un fin distinto o extraño a la unión
matrimonial; y (iii) que la protección constitucional de libertad de
celebración del matrimonio no otorga el derecho a celebrar matrimonios con
fines extraños a la unión matrimonial.
77.
Las consideraciones anteriores evidencian que el
matrimonio simulado se relaciona de manera estrecha con el principio
constitucional de buena fe, tal y como a continuación se explica.
Buena fe,
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y matrimonio simulado
78.
Como se dejó expuesto, la posibilidad de
solicitar la declaratoria de simulación del matrimonio encuentra apoyo en el régimen
general del negocio jurídico establecido en el Código Civil. Sin embargo, para
la Corte, la opción de acudir ante los jueces a efectos de formular tal
pretensión, tiene un fundamento constitucional claro en la protección de la
buena fe y en la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.
79.
El artículo 83 establece que “las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”, esto supone, el deber y el asumir, que
tanto las autoridades como los particulares actúan conforme al principio de
buena fe. La Corte Constitucional, al indicar el alcance de este principio, ha
anotado su función reguladora de las relaciones entre
los particulares y el Estado y su función integradora en el ordenamiento[72].
Al respecto, ha puesto de presente que el principio de buena fe “exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una “persona correcta (vir bonus)[73],
de tal suerte que se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada”[74]. La presunción de
buena fe es una presunción de hecho, no de derecho. Por lo tanto, admite prueba
en contrario[75].
Para lograr lo anterior, tanto los ciudadanos como las diferentes
autoridades deben acudir a los distintos mecanismos administrativos, policivos
y judiciales, y por lo tanto, poner en conocimiento de la respectiva autoridad
los hechos o circunstancias que amenazan con violar el artículo 83 de la Carta.
80.
De otra parte, la sentencia T- 531 de 2010, al hablar de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades,
aseveró que: “la observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio no puede servir al propósito de hacer que las ritualidades
procesales se conviertan en un fin en sí mismas, pues la prevalencia del
derecho sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr
la efectividad de los derechos subjetivos de las partes y demás intervinientes
en los procesos”.
81.
En suma, cuando el juez advierta la ocurrencia de
un matrimonio simulado, podrá encontrarse frente a la vulneración al principio
de buena fe, puesto que el mismo fue constituido para fingir una situación distinta
a la prevista en la ley. Por lo tanto, deberá dilucidar cuál fue el negocio
real que las partes celebraron y, por ende, darle aplicación al derecho
sustancial (contrato real) sobre las formas (el contrato celebrado en
apariencia).
F. LA DISCREPANCIA ENTRE LA VOLUNTAD REAL Y LA APARENTE EN EL
CONTRATO DE MATRIMONIO CIVIL NO REFLEJA UN PROBLEMA DE CAUSA Y OBJETO ILÍCITOS
82.
Precisado lo anterior, la Corte juzga
necesario aclarar, de cara al asunto que ocupa su atención, las razones por las
cuales de llegar a declararse en el proceso ante la jurisdicción ordinaria los
supuestos alegados por la accionante, no es posible tratar casos como el
analizado como un evento de nulidad por causa ilícita u objeto ilícito.
83.
Tal y como quedó señalado en el literal E los
requisitos de existencia (voluntad, objeto, causa y las solemnidades propias de
cada contrato) hacen referencia a los elementos sin los cuales el contrato no
puede nacer a la vida jurídica, mientras que los componentes de validez (objeto
lícito, voluntad libre de vicio, causa lícita y capacidad de las partes)
adquieren relevancia cuando el negocio ya existe. La distinción entre los
presupuestos de existencia y validez cobra importancia al momento de imponer
consecuencias, dado que puede advertirse, en general, que la ausencia de los
primeros deriva en la inexistencia del acto, mientras que el incumplimiento de
los requisitos de validez implica la nulidad absoluta o relativa del contrato.
Causa ilícita
84.
El artículo 1502 del Código Civil[76]
dispone que “[p]ara que una persona se obligue a otra por un acto o
declaración de voluntad, es necesario: (…) 4°. que tenga una causa lícita”. A su vez, el artículo 1524 de la misma
disposición legal[77]
establece que “no puede haber obligación sin una causa real y lícita” prescribiendo,
a su vez, que “[s]e entiende por causa el motivo que induce al acto o
contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas
costumbres o al orden público”. Para explicar la carencia de causa, señala
como ejemplo, “la promesa de dar algo en pago de una
deuda que no existe”, y de causa ilícita  “la promesa de dar algo en recompensa de
un crimen o de un hecho inmoral”. De lo anterior, se
desprende que para la validez, existencia y eficacia de cualquier negocio jurídico
exige que tenga una causa real y lícita. La causa, a juicio de la Corte, es
entonces la función económico-social del acto o negocio jurídico de que se
trate.
85.
La causa, ha dicho la
doctrina, busca atender a dos situaciones, (i) a la coercibilidad de la promesa,
en la que se verifica “si hay una contraprestación, o un espíritu de
beneficencia (revestido de solemnidad), o una entrega precedente que la
justifique, lo que corresponde a un juicio descriptivo o de realidad, para un
control judicial de legalidad”[78]
y (ii) a la licitud de la promesa, que se refiere a  un juicio de valor y de
moralidad judicial.
En algunos casos, la causa se confunde con la definición del
negocio jurídico, más aun, cuando tal definición contiene elementos que se refieren
específicamente a la función económico-social del mismo[79]. Respecto a
la causa existen varias teorías que intentan resolver diferentes problemas
prácticos. Dichas teorías son: ausencia de causa, causa ilícita, causa falsa,
causa errada y causa putativa. Vale la pena detenerse en una breve referencia a
las dos primeras[80].
La ausencia de causa, se refiere a la imposibilidad para las
partes de alcanzar el fin contractual. Al respecto Fernando Hinestrosa asevera:
“Acá ha de procurarse despejar la esencia del problema, mostrando
cómo lo que allá falta no es `la causa´, entendida como algo distinto del acto
mismo o un elemento suyo, sino el negocio en sí. Toda atribución patrimonial
exige una justificación; la gente se obliga por algo, y ese motivo debe tener
validez reconocida para que el derecho se ocupe de él, lo atienda y dote de
efectos al acto que lo desarrolla. Donde esa justificación falla, no hay
negocio. No es la causa, no es la voluntad, no es, en fin, el aspecto subjetivo
en sus varias significaciones lo que falta, es la disposición misma concreta de
intereses la que no aparece, porque no existe”[81].
La causa ilícita hace referencia a la promesa de una
contraprestación por realizar algún hecho inmoral, crimen, atentar contra las
buenas costumbres o el orden público. Para que la ilicitud genere nulidad es
necesario que sea compartida por las partes. Es decir, que cuando las partes
celebran un contrato por motivos netamente ilícitos, el cual es compartido y
conocido por todos los contratantes, este necesariamente es ilícito.
86.
Para la Corte en aquellos casos en los cuales
la voluntad declarada por parte de los contrayentes es diferente a su voluntad
real como cuando se finge la celebración de un matrimonio y, al mismo tiempo,
las partes han determinado no celebrarlo, es improcedente predicar la causa
ilícita del contrato de matrimonio sino que, en otra dirección no existe la
voluntad real de celebrarlo. La causa ilícita se predica de la causa existente
y, en este caso, la verdad, es que nunca se pretendió perfeccionar el vínculo
matrimonial.
Objeto ilícito
87.
El objeto de los actos jurídicos está regulado
en los artículos 1502, numeral 3[82]
y 1517[83]
y sucesivos del Código Civil. El objeto del contrato hace referencia a los
derechos y obligaciones que crea y, a su vez, las obligaciones tienen un objeto
que consiste en un hecho que el deudor se obliga hacer algo (ejecución) o abstenerse,
es decir, que el objeto del contrato se encuentra conformado por los derechos y
obligaciones que este crea, modifica o extingue. De lo anterior se desprende
que el código designa “como objeto del contrato lo que en realidad es objeto
de la obligación. Es precisamente a este criterio (su objeto) que las
obligaciones se clasifican en de dar, hacer o no hacer”[84].
Lo que se entiende por “objeto del contrato” no es un
asunto pacífico en la doctrina. Para algunos, consiste “en los derechos y
obligaciones que este crea”, al paso que para otros, por ejemplo los
hermanos Mazeaud, se trata de “la operación jurídica que las partes
persiguen realizar” siendo las obligaciones del contrato el efecto que este
produce[85].
Con independencia de ello, esta fuera de toda duda que el objeto es un
presupuesto de existencia del negocio jurídico.
El artículo 1518 inciso 1 y 2 del Código Civil[86] distingue
los requisitos del objeto cuando recaen sobre una cosa material y cuando se
trata de un hecho o abstención. El objeto en la primera hipótesis requiere que
la cosa (i) sea comerciable, (ii) exista o vaya a existir, y (iii) sea
determinada o determinable. Y cuando se trata de un hecho o abstención debe ser
físicamente y moralmente posible.
Como ya se advirtió el objeto lícito es un requisito de validez
del contrato. A su vez, el Código Civil definió en el artículo 1519 que “hay
objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación”
como por ejemplo “la promesa de someterse en la república a una jurisdicción
no reconocida por las leyes de ella”. A efectos de precisar dicha noción es
relevante acudir a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Civil conforme al
cual “[n]o podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya
observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”. Así pues,
el objeto de un acto jurídico debe estar plenamente ajustado al ordenamiento
legal, gozar de reconocimiento y protección.
88.
En similar sentido que lo dicho respecto de la
causa ilícita, debe decirse que en aquellos eventos en los que la voluntad
declarada, a diferencia de la real u oculta, pretende aparentar la celebración
de un contrato de matrimonio, no puede afirmarse que exista objeto alguno de
dicho contrato y, en esa medida, resulta improcedente afirmar su ilicitud. No
existe en estos casos, insiste la Corte, voluntad de celebrar el acuerdo
nupcial.
89.
Aceptar la declaratoria de simulación de un
matrimonio, plantea dificultades conceptuales importantes. Sin embargo -con
independencia de las soluciones jurídicas que el derecho comparado plantea-,
para la Corte es claro que en atención a la estricta regulación que el Código
Civil prevé respecto de los fines y los motivos del matrimonio, en aquellos
casos en los que los presuntos contrayentes manifiestan externamente la
celebración de un acto jurídico que por virtud de su propio acuerdo no
pretenden llevar a efector realmente, la categoría que mejor explica la
situación y que habrá de fundamentar la intervención judicial en caso de que así
sea solicitado por quienes tengan interés directo en ello, es la simulación.
Podrá declararse, afirma este Tribunal, la prevalencia del acto real u oculto.
90.
En principio, no es posible que un contrato
nupcial sea celebrado con objeto y causa ilícitos. Tales elementos, prima
facie, siempre estarán acordes con el ordenamiento jurídico al ser
inmodificables. Ello supone, que cuando dos personas utilizan la figura
jurídica del “contrato civil de matrimonio” y, en realidad lo hacen con
un propósito diferente que se mantiene oculto, se debe entender que su consentimiento
fue otorgado para celebrar otro tipo de negocio contractual, en el que
posiblemente pudo existir objeto y/o causa ilícita.
G. SOLUCIÓN
DEL CASO CONCRETO
91.
De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes
de esta providencia y con la evidencia probatoria que obra en el expediente, es
posible concluir que: (i) al señor Germán Vanegas Cáceres mediante resolución
No.3550 del 30 de septiembre de 1983, le fue reconocida la pensión de
jubilación y se ordenó su pago a partir del 1 de septiembre de 1989[87]; (ii) los
señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno se casaron el 19 de marzo
de 2011; (iii) el señor Germán Vanegas Cáceres falleció el 14 de agosto de
2012, fecha en la que su hermana, la señora Fanny Vanegas Cáceres
afirmó que se enteró del contrato nupcial, el cual se habría celebrado –según
la accionante- con el propósito de que la contrayente le entregara la mesada
pensional a la señora Fanny Vanegas y como contraprestación disfrutaría de los
servicios médicos y de la totalidad de la pensión cuando se produjera el deceso
de la actora; (iv) mediante resolución No. 7921 del 31 de octubre de 2012, la
Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa, le reconoció a la
señora Emilse Ortiz Quiceno, en calidad de esposa del causante la sustitución
pensional, a partir del 14 de agosto de 2012[88];
(v) la señora Emilse Ortiz Quiceno tramitó como única interesada el proceso de
sucesión intestada del señor German Vanegas, el cual culminó con la sen Capriles Biermann, Bruno. El objeto de los actos jurídicos. Los
contratos en el Derecho Privado. Ed. Legis y Universidad del Rosario. Pág.
140tencia No. 055 del 7 de julio de 2014, en favor de la señora Ortiz Quiceno,
quien registró a su nombre la casa en la que habita la accionante ante la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada y la puso en venta;
(vi) el 24 de febrero de 2015, la señora Fanny Vanegas Cáceres presentó
demanda de petición de herencia, en contra de la señora Emilse Ortiz Quiceno y,
mediante sentencia No. 325 del 14 de octubre de 2015, la señora Fanny
Vanegas Cáceres fue reconocida como heredera en tercer orden del señor
Germán Vanegas adjudicándole el 50% del único bien objeto de sucesión.
En adición
a ello (vii) el 30 de abril de 2015, la señora Fanny Vanegas
Cáceres presentó demanda que denominó de nulidad de matrimonio civil en contra
del contrato nupcial celebrado entre los señores Germán Vanegas Cáceres
y Emilse Ortiz Quiceno el día 19 de marzo de 2011, por presunta causa ilícita
en la celebración del contrato de matrimonio civil; (viii) en decisión de
primera instancia se declaró la nulidad del matrimonio civil, y en segunda
instancia, el 28 de enero de 2016, Sala Civil – Familia del Tribunal Superior
de Manizales, revocó el fallo del a-quo declarando próspera la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la demandada; y
(viii) el 10 de marzo de 2016, la señora Fanny Vanegas Cáceres
interpuso acción de tutela en contra de la decisión proferida por la Sala
Civil- Familia del Tribunal Superior de Manizales, en relación con el proceso
de nulidad del matrimonio civil.
92.
Como se evidenció en los numerales 43 a 46 de la Sección D de
ésta providencia, ante el enfrentamiento entre la aplicación de norma legal o
reglamentaria y la Constitución, siempre se le debe dar aplicación a esta última;
esto por disposición expresa del artículo 4° Superior que establece que “la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”.
93.
Como fue explicado en los numerales 47 a 59
de ésta providencia, la Constitución Política desde el preámbulo
diseñó un marco jurídico en el que las autoridades deben orientar sus
actuaciones para garantizar la justicia y, por ende, garantizar el derecho al acceso
a la administración de justicia, lo que supone la observancia del marco legal y
constitucional aplicable a cada caso concreto.
94.
Los artículos 229 de la Carta
y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, consagran el derecho
fundamental de toda persona a acceder a la justicia, derecho que no sólo ampara
la posibilidad de relatar los hechos y plantear las pretensiones ante las
respectivas instancias judiciales, sino también la garantía de que la justicia
impartida sea efectiva y material, “lo cual se logra cuando, dentro de
determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una
igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento,
aplica la Constitución y la ley”[89].
Para
lograr lo anterior, la administración de justicia debe adoptar procedimientos
idóneos, adecuados y efectivos para la resolución de las pretensiones y
excepciones debatidas; el juez debe dictar providencias judiciales protegiendo
los derechos constitucionales y legales; y los procesos se deben desarrollar en
un lapso razonable y con observancia de las garantías propias del debido
proceso.
95.
En cuanto al régimen jurídico del contrato de
matrimonio civil, el cual fue explicado en la sección E de esta providencia, se
evidencia que tiene una amplia regulación en el Título IV del Código Civil. Allí
se establece en qué consiste el objeto, los elementos esenciales para que se
perfeccione y nazca a la vida jurídica, entre los que encontramos el “consentimiento”
el cual debe ser otorgado por los contrayentes de manera libre y voluntaria y debe
ser únicamente para contraer los derechos, obligaciones y deberes que de este
se derivan.
Es
decir, que cuando el consentimiento en el matrimonio es otorgado para obtener
unos fines distintos a los mencionados en el artículo 113 del Código Civil, se
puede asegurar que no hubo voluntad real para la celebración de dicho vínculo nupcial,
sino que el consentimiento fue dado para otro acuerdo, lo que implica que se
trató apenas de una voluntad aparente. En esta hipótesis, como se explicó, los
terceros con un interés directo quedan habilitados para solicitar a los jueces
que se declare tal circunstancia, de manera tal que se asegure el respeto de la
buena fe y se haga prevalecer la realidad sobre las formalidades.
96.
En el caso concreto, se evidencia que la señora Fanny Vanegas Cáceres interpuso demanda que denominó de nulidad de
matrimonio civil, mediante la cual le informó a las autoridades judiciales que
los señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno se casaron el
19 de marzo de 2011, aparentemente para cometer un fraude a la ley, puesto que
su intención principal no era cumplir con la causa y objeto del matrimonio
civil, sino con otra muy diferente.
Al respecto, mediante
apoderado la señora Fanny Vanegas Cáceres en la mencionada
demanda aseveró que “[e]n el caso que nos ocupa, la causa y finalidad del
matrimonio contraída entre la demandada Emilse Ortiz Quiceno y Germán Vanegas
Cáceres, tuvo como causa y finalidad únicamente el aspecto económico producto
de un fraude a la entidad que otorgó la pensión de vejez a Germán Cáceres, si bien por parte de éste era un acto altruista, pues la finalidad era propender por dejar
asegurada la ayuda económica para la subsistencia de su hermana desvalida por
problemas de salud y edad, en la mente de Emilse Ortiz Quiceno, sólo la guió el
afán de obtener así fuera de forma fraudulenta un provecho económico, jamás
tuvieron los supuestos contrayentes, en mente como causa y finalidad la
conformación de una comunidad doméstica, la convivencia, la fidelidad, la ayuda
mutua, mucho menos la cohabitación sexual y la procreación, como última ratio
final la constitución de una familia, no solo entendida legalmente sino
moralmente.”
97.
Al revisar el proceso en su integridad, la Sala
encuentra que el juez de primera instancia al admitir la demanda interpuesta
por la señora Fanny Vanegas Cáceres, no se detuvo a interpretar los elementos
de la demanda que indicaban, en realidad, que la demandante pretendía que se
declarara que el matrimonio en verdad nunca se había celebrado. Por ello,
delimitó el proceso  como si de una nulidad de matrimonio civil se tratara,
apoyándose en la denominación usada en la demanda.
Es cierto
que las palabras de la demanda revisten enorme trascendencia en la delimitación
del proceso. Sin embargo, no puede desconocerse que la Corte Suprema de
Justicia en un sentido plenamente consistente con la Carta ha señalado  que “cuando el lenguaje de la demanda, sin ser
indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión
indispensables en tan delicada materia” (CLXXXVIII, 139), para “no sacrificar
el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal” (CCXXXIV,
234), “el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino
sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho
sustancial, el acceso a la administración de justicia y la solución real de los
conflictos”, realizando “un análisis serio, fundado y razonable de todos sus
segmento”, “mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e
integral” (cas. civ. sentencia de 27 de agosto de 2008, [SC-084-2008],
expediente 11001-3103-022-1997-14171-01, énfasis de la Sala), “siempre en conjunto,
porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte
petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho”, bastando
“que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa,
ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda”
(XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª
parte, 185).[90]
98.
De todo lo anterior, se desprende que el
ordenamiento jurídico demanda por parte de los jueces de la Constitución de
1991 un papel activo, consistente en revisar la demanda, los hechos y las
pretensiones y en consecuencia, darle el trámite que más se ajuste a la
situación planteada. Esto tiene como propósito que el operador judicial oriente
a las partes en el proceso y garantice los derechos y garantías procesales que
a los sujetos procesales les asiste.
99.
A pesar del deber judicial de interpretar la
demanda de acuerdo a su verdadero sentido, y el cual fue omitido, el trámite
judicial que se siguió en este caso, fue el de nulidad de matrimonio civil.
99.1.    Es así, que la Sala al estudiar el contenido de la sentencia de primera
instancia, proferida el 5 de noviembre de 2015, en audiencia pública por el
Juzgado Primero Promiscuo de Familia se evidencia que al referirse a la
legitimación en la causa, aseguró que, la demandante probó ser hermana del
causante German Vanegas Cáceres, y fue reconocida como heredera en tercer orden
del causante acorde con lo establecido en el artículo 1047 del Código Civil,
por el Juzgado en sentencia general No. 325 del 14 de octubre de 2015, dentro
del proceso de petición de herencia instaurado por la señora Fanny Vanegas
Cáceres en contra de la señora Emilse Ortiz Quiceno, por lo tanto, encontró
legitimada a la accionante para instaurar la demanda de nulidad de matrimonio
civil. Por dicha razón, halló no probada la excepción propuesta por la
demandada de falta de legitimación en la causa.
Así mismo, aseveró que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 113 del Código Civil se evidencia que los fines del matrimonio son
vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. A su vez, aseguró que conforme
lo establece el artículo 176 del Código Civil y siguientes, los deberes del
matrimonio son la cohabitación, fidelidad, el socorro y auxilio mutuo de los
cónyuges y procedió a explicar cada uno de estos deberes.
De igual manera, analizó como características del matrimonio civil que:
(a) es un contrato, debido a que implica una manifestación de voluntad
de la pareja; (b) es solemne, por cuanto está condicionado a unas
formalidades establecidas en la ley; (c) los derechos y obligaciones, son
las propias del estado de casados; (d) origina un nuevo estado civil, el
cual es irrenunciable mientras se mantenga el vínculo; y (e) los fines,
son la convivencia, la procreación y la ayuda mutua y se encuentran
determinados en la ley.
En cuanto a la causa y finalidad del matrimonio, aseguró que en el caso
concreto lo que motivó a los contrayentes a celebrar el matrimonio fue
únicamente el aspecto económico producto de un fraude a la entidad que le otorgó
al señor Germán Vanegas la pensión y no los propios del matrimonio. A su vez,
aseveró que el actuar doloso de la demandada “tiene plena materialización al
momento de ésta adelantar la sucesión del señor Germán Vanegas Cáceres con
desconocimiento total de los derechos de la demandante, pretendiéndola despojar
de la cuota parte que le corresponde en los bienes dejados por su hermano”
en el proceso de sucesión que tramitó como única heredera.
99.2.    El trámite al proceso de nulidad del matrimonio civil continuo, pues de
igual manera, la sentencia reprochada que fue proferida el 28 de enero
de 2016 por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Manizales, no se
percató de la simulación del matrimonio civil y pues se limitó a analizar si la
señora Fanny Vanegas Cáceres, quien actuaba
en calidad de hermana del señor Germán
Vanegas Cáceres, estaba legitimada en la causa para solicitar la nulidad del
contrato matrimonial celebrado entre éste y la señora Emilse Ortiz Quiceno.
Al respecto, la
Sala considera pertinente transcribir in extenso las consideraciones
efectuadas por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Manizales en la
mencionada sentencia:
“(a) por sabida se tiene que la legitimación
en la causa como uno de los requisitos para el éxito de las pretensiones de la
demanda, consiste en que la acción la instaure quien pueda reclamar el derecho
frente a la persona que legalmente es titular de la obligación correlativa, así
lo ha considerado la jurisprudencia civil, por ejemplo, en la sentencia del 14
de octubre del 2010, CSJ con ponencia del Dr. William Namen Vargas, o en otras
palabras, hace referencia a la posibilidad de que la persona formule o
controvierta las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo
de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso, cuya ausencia en
alguno de los extremos de la litis conlleva a la negación de sus pretensiones,
que en estricto sentido implica la resolución oficiosa sobre los presupuestos
de la acción indispensables para desatar la cuestión litigada. Al respecto,
puede consultarse la sentencia civil 2642 de 2015 y sentencia civil del 10 de
marzo de 2015.
(b) Con respecto a la acción de nulidad de
matrimonio civil, atendida la clasificación de subsanables y no subsanables de
las causales que la origina, causales de procedencia taxativas conforme al
artículo 16 de la Ley 57 de 1887, están legitimados en la causa por activa para
invocar las primeras, es decir, las que tienen su fuente en los vicios del
consentimiento, en la incapacidad de los contrayentes, en la incompetencia del
funcionario que autoriza el matrimonio, conforme a los numerales 1, 2, 3, 5 y 6
del artículo 140 del Código Civil, tienen legitimación las personas expresamente
establecidas en los artículos 142 a 145 del Código Civil, tales, el contrayente
que haya padecido el error, el padre, guardador o tutor del menor o este con
asistencia de un curador, la persona que se hubiere inferido la fuerza causada,
el miedo u obligado a consentir, y cuando se trata de las causales subsanables
consagradas en los numerales 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 140 citado, lo
están los cónyuges y cualquier persona que demuestre interés e incluso pueden
declararse de oficio conforme al artículo 15 de la Ley 57 de 1887.
(c) En correspondencia con lo expuesto, la
Sala anuncia que no tuvo razón el a-quo en acceder a las pretensiones de la
demandante, pues bien como lo refiere el recurrente, esta no tenía legitimación
en la causa para alegar la nulidad matrimonial deprecada, habida cuenta que
invoco para ese efecto “causa ilícita en la celebración de contrato solemne
de matrimonio civil” y el fundamento en la que sustento “que los
contrayentes no tenían en mente cumplir con los preceptos señalados en el
artículo 113 del Código Civil”, esta no está consagrada para lograr la
declaratoria de esa institución, pues taxativamente no se erige como causal
subsanable ni insubsanable.
En razón a las siguientes: (i) el régimen de las nulidades
matrimoniales tiene consagración normativa especial en el Título V, artículo
140 a 151 del Código Civil, Títulos III, artículos 13 a 16 de la Ley 57 de
1887, por ende, no le son aplicables las disposiciones comunes que rigen para
los negocios jurídicos en general derivadas de la omisión de presupuestos de
validez, consagradas en los artículos 1502 y 1740 a 1756 del Código Civil Esa
especificidad conforme a la cual previo el legislador en su artículo 16 de la
Ley 57 ya citada, que fuera de las causales establecidas en el artículo 140 del
Código Civil y 13 de la Ley 57 de 1887, no hay otras que invaliden el contrato
matrimonial y dentro de las cuales no se incluye la invocada en la demanda
denominada, repetimos, “causa ilícita en la celebración de contrato solemne
de matrimonio civil”, fundada en la falta de convivencia antes, durante y
después de la celebración del matrimonio, por no tener en mente los
contrayentes cumplir con los preceptos señalados en el artículo 113 del Código
Civil o la finalidad económica producto de fraude a la entidad que otorgó la
pensión a uno de los contrayentes.
Es que no se tuvo en cuenta al momento de proferir la sentencia que la
nulidad del matrimonio corresponde a una sanción civil que la ley prevé por la
falta de cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidas para su validez
al momento de la celebración. Los hechos o conductas acaecidos después de tal
acto y que constituyen violación a deberes recíprocos entre los cónyuges se
erigen como causales de divorcio o de separación de cuerpos, no de nulidad,
como erradamente y sin ningún análisis lo concluyó el a-quo, quien por demás,
no tuvo en cuenta que por ser estas últimas taxativas no admiten analogía ni
interpretación extensiva.
(ii) El juez de primer grado accedió a las
pretensiones de la demanda, fincado solamente en que la unión matrimonial entre
German y Emilse, no se cumplió con la finalidad prevista en el artículo 113 del
Código Civil, cohabitación, procreación, socorro, cuando tal circunstancia no
es configurativa de ninguna de las causales de nulidad de matrimonio.
Eventualmente, del incumplimiento de los deberes conyugales cuya controversia,
por demás, no era del resorte de este proceso. Aspecto que le impedía a la
proponente incoar la institución deprecada, pues ello implicaría que terceros
ajenos al contrato matrimonial pudieran demandar su validez, por razones que,
incluso sólo pueden ser ventiladas por los contrayentes en tramites como el
divorcio o la separación de cuerpos.
(iii) A lo anterior cabe añadir, que si en algún
momento tratara de identificarse los supuestos esgrimidos por la demandante con
alguna de las causales de nulidad insubsanables previstas en el artículo 140 del
Código Civil que sería la única circunstancia, en que incluso, puestas en
conocimiento del juez este pudiera declararla de oficio, lo cierto es, que los
supuestos facticos planteados en la demanda no apuntan a ninguna de las
consagradas en los numerales 8, 9, 10 y 11 ya citados. Pues una vez, examinados
los argumentos expuestos, lo último que puede colegirse es que aquellas se
presenten en este caso, pues no se encuentra la existencia de un vínculo
matrimonial anterior vigente en uno de los consortes, parentescos entre los
mismos en la línea y grado determinado en la referida normativa, ni la perpetración
de un conyugicidio. Por lo demás, de las subsanables, tampoco se encuentra su
configuración y de allá las acreditadas, la hermana del contrayente fallecido
no estaría legitimada para alegarlas.
(iv) Que la mayoría de los testigos, los
señores Mercedes Guarnizo de Wilchez, Beatriz López, José Escobar, Mariano
Delia Penagos, María del Socorro Sánchez, Adriana Montealegre y Gloria Eniz
Bojacá, hubieran afirmado que nunca conocieron que el causante German Vargas
Cáceres se hubiera casado, que no tuvieron ni idea de la existencia de una
esposa o compañera, y que la razón del matrimonio civil con la demandada solo
se limitó a un presunto acuerdo económico por la sustitución pensional que
recibiría después de su muerte, que entre otras, debía destinarse para la
manutención de la demandante, como lo refirió específicamente el señor Rubén
Darío Correa Marulanda, quien refirió ser amigo desde cuyos e incluso lo
represento en el matrimonio del que es objeto el proceso, no son supuestos de
los que se pueda colegir alguna de las causales de nulidad del matrimonio
civil. Las razones que pudieron derivar la realización de las nupcias y el
incumplimiento de los deberes conyugales, se reitera, no son causas que se
encuentren establecidas para invalidarlo.
(v) Desconoció el a-quo el principio según el
cual “no hay nulidad sin texto legal” y que por ende habiendo la
demandante invocado una nulidad que expresamente no estaba consagrada para
lograr la invalidez de un matrimonio civil, reiteramos, “causa ilícita en la
celebración de contrato solemne de matrimonio civil” no tenía legitimación
en la causa para interponer la acción que aquí se revisa. Erró en ultimas el
juzgador en acceder a las pretensiones de la demanda, pues hizo extensivas las
causales de  nulidad del  matrimonio que son de aplicación restrictiva a un
supuesto que no estaba establecido para ese efecto en la normativa vigente como
tal.
Conclusión: conforme con lo expuesto, ante la ausencia de legitimación
en la causa de la demandante para solicitar la declaratoria de la nulidad
impetrada y la inexistencia en la causal alegada, presupuestos indispensables
para la prosperidad de la pretensión y que obliga, no podía tener éxito la
deprecada en la demanda, razón por la cual, la sentencia de primer grado debe
ser revocada con la consiguiente condena en costas en ambas instancias a favor
de la demandada y a cargo de la demandante advertida la prosperidad del recurso.”
100.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala evidencia
que tanto el juez de primera instancia como el Tribunal, le dieron a la demanda
interpuesta por la señora Fanny Vanegas Cáceres el trámite de nulidad de
matrimonio civil, pese a que en realidad lo propuesto por la actora era la
simulación del matrimonio, debido a que, en su concepto los contrayentes no
habían cumplido con algunos de los elementos esenciales del contrato, en
especial, con el requisito del consentimiento.
101.
En casos como el mencionado, cuando lo que se
pretende es evitar la consumación de un matrimonio simulado o blanco, el
régimen aplicable no sólo encuentra fundamento directo en los artículos 113,
115 y 1502 del Código Civil, sino también en la Constitución y, en particular,
en el principio de buena fe (art. 83) y en la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formalidades (art. 228).
Conforme a ello, el juez de primera instancia al recibir la demanda
interpuesta por la señora Fanny Vanegas Cáceres estaba obligado, a pesar de que
en ella se solicitaba la “nulidad de matrimonio civil”, a interpretar
las pretensiones de la misma, las cuales estaban dirigidas, en realidad, a que
se declarara la simulación del matrimonio civil.
102.
La anterior omisión, derivó en una violación al
acceso a la administración de justicia acorde con lo dispuesto en los artículos 229 de la Carta y 2º de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia. Tal derecho, se reitera, no sólo ampara la posibilidad de relatar
los hechos y plantear las pretensiones ante las respectivas instancias
judiciales, sino también la garantía de que la justicia impartida sea efectiva
y material. Se configuró así, una violación directa de la
Constitución.
103.
Con el propósito de remediar la violación identificada la Sala revocará el fallo del 11 de mayo de
2016, proferido por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez, confirmó la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del
31 de marzo de 2016, mediante la cual fueron negadas las pretensiones de la
accionante y, concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso de
la señora Fanny Vanegas Cáceres.
Como consecuencia de ello,
declarará la nulidad de todas las actuaciones surtidas en
el proceso de nulidad de matrimonio civil, incluido el auto admisorio de la
demanda, proferido el 20 de mayo de 2015, por el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de La Dorada, Caldas y ordenará devolver el expediente a dicho juzgado
para que rehaga la actuación a partir de la providencia referida y, en
particular, disponga que la cuestión planteada en la demanda se refiere a la
eventual simulación del contrato de matrimonio.
104.
En atención a la edad y a las circunstancias de
debilidad manifiesta en las que se encuentra la señora Fanny Vanegas
Cáceres, la Corte ordenará al juez de conocimiento del presente
caso darle un trámite preferente a este proceso.
105.
Es importante advertir que
el juez de conocimiento, siguiendo para el efecto las reglas procesales
vigentes, en particular las previstas en los artículos 590 y siguientes del
Código General del Proceso, podrá adoptar las medidas cautelares que juzgue
necesarias para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso.
106.
Finalmente, la Sala encuentra que de acuerdo con lo
dispuesto en el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes “a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste.”
(Subrayado fuera de texto). En la hipótesis de que se llegare a declarar
judicialmente la inexistencia por simulación del matrimonio civil celebrado el
19 de marzo de 2011 entre los señores Germán
Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno, el juez de conocimiento deberá remitir
de inmediato la providencia correspondiente al Grupo de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa
o quien haga sus veces, a efectos de establecer el derecho que le corresponda.
En ese hipotético evento, la señora Fanny Vanegas Cáceres deberá
obtener la correspondiente calificación de invalidez y podrá solicitar el
derecho pensional que le correspondería.
H. SÍNTESIS DE
LA DECISIÓN
107.
El 30 de abril de 2015, la señora Fanny Vanegas Cáceres interpuso demanda que denominó de “nulidad de
matrimonio civil” en contra del contrato nupcial celebrado entre los señores
Germán Vanegas Cáceres (su hermano) y Emilse Ortiz Quiceno el día 19 de
marzo de 2011, al considerar que la celebración del mismo correspondió a una
presunta causa ilícita que la afectaba de manera directa a ella. En decisión de
primera instancia del mencionado proceso se declaró la nulidad del matrimonio
civil, y en segunda instancia, el 28 de enero de 2016, Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Manizales, revocó el fallo del a-quo declarando
prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
propuesta por la demandada.
Como consecuencia de lo anterior, la señora Fanny
Vanegas Cáceres presentó acción de tutela en contra de la decisión adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
de Manizales, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales a la
vida, vivienda y debido proceso y solicitó que se declare que no prospera la
excepción de falta de legitimidad en la causa por activa y que se confirme el
fallo de primera instancia, en el que se declaró la nulidad del mencionado
contrato matrimonial.
108.
Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a la Sala
determinar si como resultado de las sub-reglas jurisprudenciales analizadas en
la parte motiva de esta providencia la accionante tiene derecho a lo pretendido
en la demanda de tutela. Dichas sub-reglas son las
siguientes:
(a)
La jurisprudencia constitucional ha identificado que se vulnera el derecho
fundamental al debido proceso por violación directa de la Constitución cuando
ante el enfrentamiento entre la aplicación de norma legal o reglamentaria y la
Constitución, se omite darle aplicación a esta última. Por el contrario, el
operador judicial debe tener en cuenta el mandato expreso del artículo 4°
Superior que establece que “la Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
(b) El
derecho al acceso a la administración de justicia, consagrado en los artículos 229 de la Carta y 2º de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, se satisface cuando la justicia impartida es efectiva y material,
lo cual se logra garantizando igualdad entre las partes, analizando el relato
de los hechos y planteamiento de las pretensiones y dando una solución jurídica
en la que se apliquen las formas propias de cada proceso y lo dispuesto en la
Constitución y la ley.
(c) El
contrato de matrimonio civil tiene una amplia regulación en el Título IV del
Código Civil; allí se revela en que consiste el objeto, los elementos
esenciales para que se perfeccione y nazca a la vida jurídica, entre los que
esta como elemento esencial el “consentimiento” el cual debe ser
otorgado por los contrayentes de manera libre y voluntaria y debe ser
únicamente para contraer los derechos, obligaciones y deberes que de este se
derivan.
(d) El
matrimonio simulado se da cuando los contrayentes otorgan su consentimiento en
el matrimonio para obtener unos fines distintos a los mencionados en el
artículo 113 del Código Civil, puesto que se puede asegurar que no hubo
consentimiento para la celebración de dicho vínculo nupcial, sino que el
consentimiento fue dado para otro acuerdo, lo que implica que el matrimonio fue
utilizado para simular otro negocio jurídico.
(e) De
conformidad con lo dispuesto en el artículo
83 Superior, las actuaciones de los particulares y de las autoridades pública
deben realizarse en observancia al principio de buena fe, lo que supone, que
deben ser conductas ajustadas a la ley, decorosas y rectas acorde con lo que se
podría esperar de una persona correcta.
109.
En el caso concreto, es válido afirmar que los jueces de
instancia no interpretaron adecuadamente la demanda y las pretensiones de la
accionante, lo que los llevo a tramitar el proceso de nulidad de matrimonio
civil, cuando lo propuesto por la actora era, en realidad, la simulación de un
contrato matrimonial. Lo anterior implicó la vulneración del derecho al debido
proceso al incurrir en el defecto de violación directa de la Constitución.
Ello tuvo como causa el desconocimiento del derecho de acceder a la
administración de justicia y del mandato de prevalencia del derecho sustancial.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo del 11 de mayo de 2016, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
que a su vez, confirmó la providencia del 31 de marzo de 2016, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
negó el amparo solicitado y, en su lugar TUTELAR el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Fanny Vanegas Cáceres.
SEGUNDO.- DECLARAR
la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad de
matrimonio civil, incluido el auto admisorio de la demanda, proferido el 20 de
mayo de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR
al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, que rehaga la
actuación a partir de la providencia referida y, en particular, disponga que la
cuestión planteada en la demanda se refiere a la eventual simulación del
contrato de matrimonio.
CUARTO.- Con el fin de proteger los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de los sujetos procesales, ORDENAR al
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, que se mantengan las pruebas recaudadas
tanto en el expediente de nulidad de matrimonio civil como en la presente
acción de tutela, para que obren en el proceso correspondiente.
QUINTO.- ORDENAR
al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada,
Caldas, darle un trámite preferente al proceso de
simulación de matrimonio.
SEXTO.-
Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DE
LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
A LA SENTENCIA T-574/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inexistencia de causal de procedibilidad de acción de tutela por
violación directa de la Constitución por inadecuada interpretación de la
demanda y las pretensiones (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por interpretación contra legem se predica de
la lectura de normas, no de la demanda (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se deduce de la Constitución ni de los principios de buena fe y
prevalencia que exista una obligación del juez de interpretar la demanda de tal
forma que oriente las pretensiones a declarar la simulación del contrato
matrimonial en lugar de su nulidad (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Figura de simulación del contrato matrimonial no ha tenido aplicación
en Colombia (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No aplicar la figura de simulación matrimonial no viola el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (Salvamento de voto)
SIMULACION EN EL MATRIMONIO-Aplicación en
ausencia de condiciones claras da lugar a que se contraríen el concepto de
familia y matrimonio adoptado previamente por la Corte (Salvamento de voto)
MATRIMONIO COMO PROGRAMA DE VIDA COMPARTIDA-Sexualidad
y procreación son fines mas no elementos esenciales del matrimonio (Salvamento
de voto)
SIMULACION EN EL MATRIMONIO-Requiere un
pronunciamiento más amplio que el desarrollado en la tutela (Salvamento de
voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se analizó si al matrimonio son aplicables las causales genéricas de
nulidad, ni si a la accionante le asistía interés directo, temas principales
propuestos por la tutelante y los intervinientes (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Sí se configuró una violación al debido proceso en tanto al contrato de
matrimonio son aplicables las causales genéricas de nulidad referentes a la
causa y el objeto ilícito (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-La
accionante se encontraba legitimada para alegar la nulidad del contrato
matrimonial, en tanto tiene derechos hereditarios por la muerte de su hermano
(Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-5.610.171
Acción
de tutela presentada por Fanny Vanegas Cáceres contra la Sala Civil – Familia
del Tribunal Superior de Manizales
Asunto:
No se configura defecto sustantivo por indebida interpretación de una demanda
ni de las pretensiones. Inexistencia de precedente sobre simulación de
contratos de matrimonio.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
1. Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones por
las cuales salvo mi voto en la decisión adoptada por la Sala Tercera de
Revisión de Tutelas, en sesión del 20 de octubre de 2016, en la cual se
profirió la sentencia T-574 de 2016. Considero que la tutela debía
concederse, pero a partir de una argumentación acorde al derecho vigente.
En esta decisión, la Sala revocó en su integridad las sentencias proferidas por las Salas de Casación Civil y Laboral de
la Corte Suprema de Justicia dentro del trámite de tutela contra las
providencias judiciales que se emitieron dentro de un
proceso de nulidad de matrimonio civil iniciado por la accionante para anular
el vínculo nupcial de su hermano fallecido. En su lugar,
la mayoría de la Sala tuteló el derecho fundamental al derecho al debido proceso de la actora, presuntamente vulnerado por
las autoridades judiciales. En consecuencia:
a.
Declaró la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el proceso de nulidad de
matrimonio civil, incluido el auto admisorio de la demanda presentada por la
accionante.
b.    Ordenó al Juzgado 1° Promiscuo de La Dorada
rehacer la actuación a partir del auto admisorio de la demanda, y en
particular, disponer que la cuestión planteada en la demanda se refiere a la
eventual simulación del contrato de matrimonio.
c.
Mantener como
pruebas, las recaudadas en el expediente de nulidad de matrimonio civil y en el
de tutela.
d.    Ordenar al Juzgado darle un trámite
preferente a este proceso.
2. La decisión se estructuró de la siguiente manera: Primero,
reitera la jurisprudencia constitucional sobre el defecto por violación directa
de la Constitución. Segundo, analiza el derecho al acceso a la
administración de justicia.
Tercero, estudia el régimen del matrimonio civil, el “matrimonio
simulado” y el principio de la buena fe. Dentro de este acápite se
desarrollan las características del matrimonio civil, sus elementos esenciales
como el objeto y la causa lícita descritas en el artículo 113 del Código Civil.
Igualmente, se define qué es un matrimonio simulado o fraudulento. En este
punto hace referencia a “doctrina española” y concluye que un matrimonio
es simulado cuando “en realidad lo fingen, dado que su real consentimiento
no consiste en realizar los fines que la ley ha previsto para el vínculo
nupcial,… el mismo fue simulado, puesto que el verdadero consentimiento fue
dado para otra cosa distinta”. En este punto hacen referencias a sentencias
sobre simulación emitidas por la Corte Suprema de Justicia, pero ninguna
de ella hace referencia a simulación del contrato de matrimonio.
Después de
ello, cita doctrina francesa para reiterar que cuando un matrimonio se
celebra con fines distintos a la unión matrimonial, el mismo es nulo por
ausencia de consentimiento y hace una breve referencia al principio de buena fe
y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y sobre un
matrimonio simulado.
Finalmente,
resuelve el caso concreto. Al analizarlo se
afirmó que:
a.
Los jueces deben proteger el derecho de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso.
b.    Cuando el contrato de matrimonio se contrae para fines diferentes
a los señalados en el artículo 113 del Código Civil, “se puede asegurar que
no hubo voluntad real para la celebración de dicho vínculo”. En esta
hipótesis los terceros sí tienen legitimación en la causa por activa para
solicitar que se declare la nulidad, se asegure la buena fe y se haga
prevalecer la realidad sobre las formalidades.
c.
Que ni el juez de primera instancia ni el
Tribunal se detuvieron a interpretar los elementos de la demanda, que indicaban
que el matrimonio en realidad nunca se configuró (simulación). Lo
anterior se desprende del hecho de que la accionante quiso demostrar que la
finalidad del matrimonio fue eminentemente económica.
d.    Que si bien en el caso concreto la accionante denominó su demanda
como demanda por nulidad de matrimonio civil, en realidad su
intención era declarar la simulación del contrato por ausencia de
consentimiento. Y por ello, los jueces debieron hacer prevalecer la
Constitución, el principio de buena fe y el derecho sustancial sobre las
formalidades.
En esa medida estaban obligados a tramitar la simulación del
contrato de matrimonio civil y no el proceso de nulidad, que fue el
realmente solicitado por la actora en su demanda.
3. A partir de los elementos fácticos y jurídicos que rodean este caso
particular, presento mi salvamento de voto debido a mi desacuerdo tanto con la
parte motiva como resolutiva de esta sentencia. Mi oposición encuentra
fundamento en las siguientes razones:
3.1 No existe
una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales por “inadecuada interpretación de la demanda y las pretensiones”.
En este caso,
esa es la razón por la cual la sentencia endilga error a los operadores
judiciales y deja sin efectos el proceso de nulidad de matrimonio civil. Creo
que la sentencia hace una errónea aplicación de las causales de tutela contra
providencia judicial, referentes a violación directa de la Constitución y los
principios de buena fe y prevalencia del derecho sustancial.
Lo anterior,
porque cuando esta Corte ha hablado de indebida interpretación
que cause la revocatoria de una sentencia en firme a través de una acción de
tutela, siempre ha hecho referencia al defecto sustantivo por una
interpretación contra legem o irrazonable y desproporcionada[91], que se predica de NORMAS,
pero nunca de lecturas de demandas y/o pretensiones. Debido a ello es claro
que en el presente caso, no se configuró un defecto sustantivo ni hubo
violación directa de la Constitución, como lo dedujo la sentencia de la cual me
aparto.
3.2 No es
posible deducir de la Constitución que el juez civil de primera instancia “estaba
obligado” a re-interpretar las pretensiones de la demanda.
Aunado a lo
anterior, no es posible deducir ni de la Constitución ni de los principios de
buena fe y prevalencia del derecho sustancial que el juez civil de primera
instancia “estaba obligado” a interpretar que las pretensiones de la
demanda estaban dirigidas a declarar la “simulación del contrato de
matrimonio”.
Menos aún, que
la conducta del operador judicial en este caso constituya una omisión que viole
el derecho de acceso a la justicia, como lo indica este fallo, pues lo que se
desprende es que la actuación de los jueces dentro del proceso de nulidad fue
razonable y lógica, en cuanto ambos leen e interpretan una premisa clara de la
demanda: la demandante solicitó la nulidad del matrimonio y la pretensión
estaba dirigida a declarar la nulidad por objeto ilícito al no cumplirse los
fines del artículo 113 del Código Civil[92].
En ese orden de
ideas, no era posible exigirle a los jueces naturales que realizaran una
interpretación de la demanda, en el sentido de verificar o no una eventual “simulación
del contrato de matrimonio”, debido a que: i) ello no se desprende de
la Constitución, ni de la Ley, ni del principio de buena fe ni de la
prevalencia del derecho sustancial; ii) esa figura en ningún momento es
consagrada por la accionante; iii) esta figura sobre simulación del contrato
matrimonial no ha tenido aplicación en Colombia y hace parte de un debate
doctrinario, que en realidad ha sido desarrollado en países donde se presentan
problemas migratorios y se buscan ciudadanías a través de matrimonios
fraudulentos[93].
3.3 Con el
fin de justificar la aplicación de la simulación del contrato matrimonial, se
hacen afirmaciones que contrarían los conceptos de familia y/o matrimonio que
ha desarrollado esta Corte
Como lo expresé
en su momento a la Sala Tercera de Revisión, de la búsqueda exhaustiva en el
sistema de relatoría de la Corte Suprema de Justicia se extrae que en esa
jurisdicción no se ha tratado ni un solo caso de simulación del contrato
matrimonial en Colombia[94].
Por lo cual, mal haría el juez constitucional en exigirle a un juez civil que
aplique una figura novedosa y además lo acuse de violar la Constitución por ese
hecho.
Al tratarse de
una eventual novedad, la sentencia no deja claras las condiciones en que la
eventual simulación matrimonial se genera, situación que conlleva a que en esta
sentencia se hagan afirmaciones contrarias a las definiciones que esta Corte ha
establecido sobre conceptos como familia o matrimonio, y las diversas
posibilidades de su conformación. En efecto, en Colombia se ha admitido que un
matrimonio puede existir sin procrear, sin jurarse fidelidad y sin convivencia
y eso no lo hace nulo. En la sentencia C-577 de 2011[95],
se indicó, por ejemplo, que:
“… la procreación no es una condición de la
existencia, ni de la validez del contrato de matrimonio y, en tal sentido, la
capacidad de engendrar no es un requisito que deba ser satisfecho para poder
celebrar este contrato…
Por
esa razón es factible el matrimonio de ancianos, el matrimonio in extremis o el
celebrado por personas conscientes de su infertilidad o que, con fundamento en
respetables criterios, han decidido no tener hijos e incluso abstenerse de
mantener relaciones sexuales, habida cuenta, además, de que, conforme se ha
expuesto, toda familia se funda en el afecto y la solidaridad que alientan el
cumplimiento de un proyecto de vida en común y la feliz realización de cada uno
de sus integrantes.
Más
aun, la unión sexual de la pareja, orientada a la reproducción, puede darse y,
pese a ello, frustrarse el propósito de engendrar descendencia por circunstancias
no dependientes de la voluntad de los esposos. La procreación no es, entonces,
una obligación, sino una posibilidad que se les ofrece a los casados y que el
legislador, atendiendo a lo que suele ser normal en la realidad, reconoció,
otorgándole el carácter de finalidad del matrimonio, lo que no implica la
imposición de una obligación inexcusable de tener hijos, ni un desconocimiento
de los derechos a la autodeterminación reproductiva, a la autonomía individual
y al derecho al libre desarrollo de la personalidad.”
Otros ejemplos que pueden encontrarse en la
jurisprudencia constitucional son la sentencia C-448
de 2015[96], en la cual se analizó la constitucionalidad de la
revalidación del matrimonio in extremis. Allí se dejó claro que es
posible que en Colombia las personas contraigan matrimonio, no con la finalidad
de vivir juntos, ni procrear, sino para la obtención de unos efectos
patrimoniales antes de la muerte inminente de uno de los dos contrayentes[97].
Otra de las
sentencias que traigo a colación es la SU-214 de 2016[98],
en la cual se indicó que “si bien es cierto que
la sexualidad y la procreación son algunos de los fines legales del matrimonio,
conforme lo preceptúa el Artículo 113 del Código Civil, también lo es que no
constituyen elementos de su esencia, de conformidad con los parámetros
constitucionales, en especial, el derecho a contraer matrimonio en condiciones
de igualdad, ya que sin aquéllos, el vínculo continúa siendo válido y
produciendo efectos jurídicos”.
Por todo lo
expuesto con anterioridad, estimo que este no era el caso propicio para definir
si es posible o no que en Colombia se aplique la figura de simulación del
contrato matrimonial, pues el asunto requería un análisis mucho más amplio que
el realizado en este fallo, que tuviera en cuenta las posibles
incompatibilidades jurídicas que esta figura conlleva en comparación con la
jurisprudencia constitucional y la finalidad del matrimonio civil. En este caso
se intentó zanjar la discusión a partir de doctrina extrajera en abierta
aplicación descontextualizada.
3.5 En la
sentencia se omitió el análisis de los asuntos verdaderamente propuestos, tanto
por la accionante como por los intervinientes.
En efecto no
podía perderse de vista que esta era una acción de tutela contra providencia
judicial, en la cual se alegó la causal por “violación directa de la
Constitución” y la vulneración al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.  Ese alegato se dio porque la sentencia del
Tribunal dentro del proceso de nulidad del matrimonio civil, hizo un análisis
de la legitimación en la causa por activa, que a juicio de la
accionante, restringía sus derechos. Esta interpretación se basó en dos
premisas:
·
Que las causales de nulidad del matrimonio son
taxativas y sólo se circunscriben a las referidas en el 140 del C. Civil.
·
Que la accionante no adujo ninguna de estas
causales y no demostró un interés directo en ninguna de ellas, por tanto, no
está legitimada por activa.
La tesis
contraria se fundaba también en dos premisas:
·
Que el matrimonio es un contrato civil, por
tanto también le son aplicables las causales genéricas de todos los contratos
(objeto y causa ilícita y vicios del consentimiento).
·
Que si ella alegaba un interés directo sí estaba
legitimada por activa.
Ese debate entre
estas dos teorías y el relacionado con la legitimación en la causa por
activa de la accionante, en realidad no se dio en el fallo. Sólo se hizo
una referencia a la sentencia atacada en el caso concreto, para reafirmar que “el
Tribunal hizo un análisis de la legitimación en la causa por activa, dejando de
lado los elementos de la demanda”, lo anterior para “reprochar” esa actitud
como irracional e ilógica, cuando la realidad es que ese análisis hace parte de
lo esperado en una sentencia emitida dentro de la jurisdicción civil y
constitucional.
De hecho, ese
era el análisis que debía efectuar el fallo del cual me aparto, pero elige un
camino, que como ya se indicó además de equivocado, genera reglas imprecisas,
que pueden a llegar a desconfigurar la autonomía de la voluntad de una persona
fallecida.
4. Ahora volviendo al asunto de fondo considero que en este caso sí
hubo una vulneración al derecho al debido proceso de la accionante y una
negación al derecho de acceso a la justicia que debía ser corregida en
esta sede y por lo cual sí es procedente la presente acción de tutela.
También
considero que de acuerdo con una interpretación sistemática de la Constitución
es claro que el contrato matrimonial, por especializado que sea, no
escapa a las causales genéricas de nulidad de los contratos referentes a la
causa y el objeto ilícito. Lo anterior también en concordancia con el
principio por medio del cual ningún acto ilícito o fraudulento puede generar
derechos en Colombia.
Por tanto, es
claro que en este asunto, si bien existen causales especiales de nulidad del
contrato matrimonial, ello no excluye la aplicación de las causales genéricas,
razón por la cual sí es posible alegar la nulidad matrimonial por objeto
y causa ilícita, como es defraudar al Estado a través del pago de una
pensión.
Zanjada esa
discusión, debió estudiarse la legitimación en la causa por activa de la
accionante para pedir la nulidad matrimonial. En este punto considero probado
tal requerimiento, debido a que la accionante tiene derechos hereditarios que
pretende defender a través de la petición de nulidad del matrimonio de su
hermano. Es decir, como ella es heredera en tercer grado de su hermano,
sí estaba legitimada para pedir la nulidad de un matrimonio que fue pactado
para defraudar al Estado, pero que también le afecta su interés directamente.
Por todo lo
anterior, estimo que la parte resolutiva de esta sentencia debía estar
encaminada a:
a.
Tutelar los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la accionante, que fueron vulnerados
por el Tribunal Superior de Manizales.
b.    Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Manizales, y ordenarle a este ente judicial que profiera una nueva en la cual
establezca que la accionante sí tiene legitimación por activa para alegar la
nulidad del contrato matrimonial de su hermano. Adicionalmente, esa sentencia
debía evaluar la causal de nulidad de objeto ilícito del matrimonio, y de
acuerdo con el material probatorio, decidir si ésta se configura o no.
Expresados los motivos de mi salvamento de voto reitero que
me aparto de la decisión adoptada por la Sala Plena en sesión del 20 de octubre
2016.
Fecha ut supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Cédula de Ciudadanía de la señora Fanny Vanegas Cáceres, con fecha de
nacimiento del 24 de diciembre de 1938. Fl 16 del cuaderno No. 1.
[2] Registro Civil de Defunción. Fl 33 del cuaderno No. 1.
[3] Cédula de Ciudadanía de la señora Emilse Ortiz Quiceno, con fecha de
nacimiento del 23 de octubre de 1979. Fl 16 del cuaderno No. 1.
[4] Contrato de Matrimonio Civil del 19 de marzo de 2011. Fl. 40
del cuaderno No. 1.
Poder otorgado al señor
Darío Correa Marulanda para celebrar contrato de matrimonio civil. Fl. 47 del
cuaderno No. 1.
[5] Registro Civil de Matrimonio. Fl. 32 del cuaderno No. 1.
[6] Manifestación realizada en la demanda de tutela. Fl. 3 del
cuaderno No.1.
[7] Manifestación realizada en la demanda de tutela. Fl. 3 del
cuaderno No.1.
[8] Demanda de proceso de sucesión intestada, interpuesto por la
señora Emilse Ortiz Quiceno. Fl. 111 del cuaderno No.1.
[9] Sentencia No. 055 del 7 de julio de 2014. Fl. 143 del cuaderno
No.1.
[10] Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada. Fl. 38 y 169
del cuaderno No.1.
[11] Demanda de petición de herencia. Fl. 175 al 178 del cuaderno
No. 1.
[12] Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada.
Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria. Fl. 39 del cuaderno No. 1.
- Auto interlocutorio
civil: No. 0427 del 20 de mayo de 2015, en el que se ordena la medida cautelar.
Fl. 63 del cuaderno No. 1.
[13] Sentencia No. 325 del 14 de octubre de 2015. Fl. 203 al 212 del
cuaderno No. 1
[14] Demanda de nulidad de matrimonio civil. Fl. 52 al 61 del
cuaderno No. 1.
[15] Diligencia de audiencia del 5 de noviembre de 2015, mediante la cual
no se declaró probada la excepción propuesta por la demandada, denominada falta
de legitimación en la causa. Fl. 216 y 217 del cuaderno No. 1.
[16] Manifestación realizada en la demanda de tutela. Fl. 5 y 6 del
cuaderno No.1.
[17] Manifestación realizada en la demanda de tutela. Fl. 6 del
cuaderno No.1. Además anexo un CD en el que consta la sentencia del 5 de
noviembre de 2015.
[18] Acta de audiencia pública oral, de la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Manizales. Fl. 25 a 27 del cuaderno No. 1.
[19] Manifestación realizada en la demanda de tutela. Fl. 7 del
cuaderno No.1.
[20] Manifestación realizada en la demanda de tutela. Fl. 8 del
cuaderno No.1.
[21] Manifestación realizada en la demanda de tutela. Fl. 9 del
cuaderno No.1.
[22] Respuesta dela Notaria Única de la Dorada, Caldas. (Cuaderno No.1 fl 241).
[23] Respuesta de la Sala Civil – Familia, del Tribunal Superior de
Manizales. (Cuaderno No.1 fl 243). Adicionalmente, envío un CD con la decisión,
sin embargo, éste no está en el expediente.
[24]. Cuaderno No.1 fl 252.
[25] Impugnación. (Cuaderno No. 1 fl.271)
[26] Oficio del 27 de julio de 2016 de la Secretaría General de la Corte
Constitucional. (Cuaderno principal, fl. 428 y 249)
[27] El 5 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta del Juzgado
Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas. (Cuaderno principal, fl. 91).
[28] El 5 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de La Dorada, Caldas. (Cuaderno principal,
fl. 104).
[29] El 6 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Notaria
Única de La Dorada, Caldas. Cuaderno principal, fl. 99).
[30] El 6 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL. (Cuaderno principal, fl. 194).
[31] El 8 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Registraduría
Nacional del Estado Civil en la que se adjuntó el registro civil de nacimiento
del menor Mauricio Castañeda Ortiz. (Cuaderno principal, fl. 93).
[32] El 9 de septiembre de 2016, fue recibido el concepto del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal. (Cuaderno principal, fl. 210).
[33] El 9 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la señora
Fanny Vanegas Cáceres. (Cuaderno principal, fl. 111).
[34] El 21 de septiembre de 2016, fue recibido el concepto de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia suscrito por el señor Carlos Fradique – Méndez (Cuaderno
principal, fl. 219).
[35] Afirmación realizada por la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
(Cuaderno principal, fl. 223).
[36] El 22 de septiembre de 2016, fue recibido el concepto de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia suscrito por el señor Rafael Forero Contreras (Cuaderno
principal, fl. 235).
[37] Afirmación realizada por la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
(Cuaderno principal, fl. 239).
[38] El 19 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Registraduría
Municipal del Estado Civil de La Dorada. (Cuaderno principal, fl. 101).
[39] El 21 de septiembre de 2016, fue presentada la respuesta del Grupo de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa. (Cuaderno principal, fl. 26).
[40] El 23 de septiembre de 2016, la señora Fanny Vanegas Cáceres envío comunicación
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
(Cuaderno principal, fl. 69 y 70).
[41] El 10 de octubre de 2016, fue recibido la copia autentica de los
procesos de petición de herencia y de nulidad de matrimonio civil, adelantados
por la señora Fanny Vanegas Cáceres en contra de la ciudadana Emilse Ortiz
Quiceno. (Cuaderno de pruebas).
[42] Ver, entre otras, sentencia T-547 de 2011.
[43] Constitución Política de Colombia, artículo 86 y el Decreto 2591 de
1991.
[44] Sentencia C-069 de 1995.
[45] Sentencias T- 209 de 2015 y T-071 de 2012.
[46] Artículo 116 de la Constitución Política.
[47] Artículo 2 de la Constitución Política.
[48] “Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder
a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin
la representación de abogado.”
[49] Ley 270 de 1996. “Artículo 2o. Acceso a la justicia. El Estado
garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia.
Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En
cada municipio habrá como mínimo un defensor público.”
[50] Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia
No. T-173 del 4 de mayo de 1993. Magistrado Ponente:
José Gregorio Hernández Galindo.
[51] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias Nos. T-006/92, T-597/92,
T-348/93, T-236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras.
[52] Corte Constitucional. C-037 de 1996.
[53] Sentencia T-283 de 2013.
[54] Ibidem.
[55] Sentencia T- 283 de 2013.
[56] La sentencia T- 283 de 2013 manifestó: “Esto
se logra, por ejemplo, con el acercamiento de los servicios del sistema de
justicia a las personas que se encuentran en lugares geográficamente lejanos o
con especiales dificultades de comunicación. Otro ejemplo es la ubicación de
los Tribunales en edificios que permitan el ingreso de las personas en
condición de discapacidad”.
[57] Esto ha sido reiterado, entre otras sentencias, en la SU-768 de 2014,
T-1165 de 2003 y C-242 de 1997.
[58] Sentencia T-283 de 2013, también se pueden
consultar las sentencias T-553 de 1995, T-406
de 2002, y T-1051 de 2002.
[59] Artículo 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de
auxiliarse mutuamente.
[60] “Artículo 115. Constitución y perfección del matrimonio. El contrato
de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento
de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y
con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no producirá
efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales
formas, solemnidades y requisitos.
Tendrán
plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o
reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello
concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público
interno con el Estado colombiano.
Los acuerdos
de que trata el inciso anterior sólo podrán celebrarse las confesiones
religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban en el
registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer
disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la
Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa.
En tales
instrumentos se garantizará el pleno respeto de los derechos constitucionales
fundamentales.”
[61] “Artículo 1502. Requisitos para obligarse. Para que una persona se
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
1o.) que sea
legalmente capaz.
2o.) que
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3o.) que
recaiga sobre un objeto lícito.
4o.) que
tenga una causa lícita.
La capacidad
legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el
ministerio o la autorización de otra.”
[62] Ver los autores de derecho de familia Medina Pabón, Juan Enrique,
Derecho Civil. Derecho de familia. Tercera Edición, Edit. Universidad del
Rosario; Monroy Cabra, Marco Gerardo. Derecho de familia y de menores. Edit.
Librería Ediciones del Profesional LTDA.; Valencia Zea, Arturo y Ortiz
Monsalve, Álvaro. Derecho civil, parte general y personas, Edit. Temis. Y  Parra Benítez, Jorge. Derecho de Familia. Edit. Temis. Pág. 117.
[63] En
cuanto a la procreación inicialmente se tenía como una consecuencia natural,
sin embargo, con los mecanismos para decidir de manera responsable el número de
hijos, se promueve como una decisión consciente de la pareja en la que es
posible no tener hijos. Al respecto puede consultar el texto de. Medina Pabón,
Juan Enrique, Derecho Civil. Derecho de Familia. Tercera Edición, Edit.
Universidad del Rosario, pág. 65.
[64] La sentencia C-577 de 2011, aseveró que de la celebración del contrato
de matrimonio surgen las obligaciones de (i) “guardarse fe, socorrerse y
ayudarse mutuamente”; (ii) surge también la dirección conjunta del hogar, la
cual deberá ser ejercida por uno de los contrayentes a falta o por
imposibilidad del otro, y sus desacuerdos podrán ser dirimidos ante juez; (iii)
surge la obligación de vivir juntos, a no ser que exista justificación para lo
contrario, y el deber de recibirse mutuamente en sus casas; (iv) surge el deber
de fijar un lugar de residencia, que en caso de desacuerdo será fijado por el
juez y finalmente (v) surge el deber de sufragar las necesidades ordinarias
domésticas de acuerdo a la capacidades.
[65] Parra Benítez, Jorge. Derecho de Familia. Edit. Temis. Pág. 117.
[66] Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las
fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado.
2015. Pág. 564.
[67] Pérez Vallejo, A. M. (2006) Visite: www.dialnet.unirioja.es “Notas
sobre la ineficacia que deriva de la nulidad de los matrimonios de
complacencia. Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2151881
Ortega
Giménez, A. (2014) Visite: www.scielo.org.bo
“España: El problema de los denominados “matrimonios de conveniencia”.
Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572014000100005
[68] La celebración de dichos contratos matrimoniales, generalmente
corresponde a la adquisición rápida de beneficios tales como, la nacionalidad o
el permiso de residencia en un país, beneficios de seguridad social (afiliación
al sistema de salud y pensiones), permiso para trabajar, entre otros.
[69] Ortega Giménez, A. (2014) Visite: www.scielo.org.bo
“España: El problema de los denominados “matrimonios de conveniencia”.
Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572014000100005
[70]Ortega Giménez, A. (2014) Visite: www.scielo.org.bo
“España: El problema de los denominados “matrimonios de conveniencia”.
Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572014000100005
[71] Pérez Vallejo, A. M. (2006) Visite: www.dialnet.unirioja.es “Notas
sobre la ineficacia que deriva de la nulidad de los matrimonios de
complacencia. Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2151881
[72] Sentencias C-071 de 2004 y C-1194 de 2008.
[73] Sentencia T-475 de 1992.
[74] Sentencia T-475 de 1992.
[75] Sentencias C-071 de 2004, C-1194 de 2008 y C-551 de 2015.
[76] Artículo 1502. Requisitos para obligarse. Para
que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es
necesario:
1o.) que sea
legalmente capaz.
2o.) que
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3o.) que
recaiga sobre un objeto lícito.
4o.) que
tenga una causa lícita.
La capacidad
legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el
ministerio o la autorización de otra.
[77] Artículo 1524. Causa de las obligaciones. No puede haber obligación
sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura
liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
Se entiende
por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la
prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
Así, la
promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la
promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una
causa ilícita.
[78] Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las
fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado.
2015. Pág. 37.
[79] Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de
las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado. 2015. Pág. 76.
[80] Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de
las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado. 2015. Pág. 76.
[81] Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las
fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado.
2015. Pág. 79.
[82] Artículo 1502. Requisitos para obligarse. Para que una persona se
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
1o.) que sea
legalmente capaz.
2o.) que
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3o.) que
recaiga sobre un objeto lícito.
4o.) que
tenga una causa lícita.
La capacidad
legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el
ministerio o la autorización de otra.
[83] Artículo 1517. Objeto de la declaración de voluntad. Toda declaración
de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o
no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la
declaración.
[84] Capriles Biermann, Bruno. El objeto de los actos jurídicos. Los
contratos en el Derecho Privado. Ed. Legis y Universidad del Rosario. Pág.
140.
[85] Capriles Biermann, Bruno. El objeto de los actos jurídicos. Los
contratos en el Derecho Privado. Ed. Legis y Universidad del Rosario. Pág.
140 a 143.
[86] Artículo 1518. Requisitos de los objetos de las obligaciones. No sólo
las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino
las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean
comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.
La cantidad
puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos
que sirvan para determinarla.
Si el objeto
es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente
imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el
prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden
público.
[87] Resolución No. 7921 del 31 de octubre de 2012. (Cuaderno principal,
fl. 55).
[88] Resolución No. 7921 del 31 de octubre de 2012. (Cuaderno principal,
fl. 55).
[89] Sentencia T-173 de 1993.
[90] Corte Suprema de Justicia, del seis (6) de mayo
de dos mil nueve (2009). Exp. 11001-3103-032-2002-00083-01
[91] T-845 de 2013 y T-295 de 2005 entre muchas otras. (ii) cuando a pesar
del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada)
[92] Ver hecho número 10 de este fallo.
[93] Ver las citas que se hacen en la sentencia.
[94] Ha habido múltiples casos relacionados con la simulación de contratos
al interior del matrimonio (por ejemplo compraventas o donaciones entre
cónyuges), pero no la simulación de un contrato matrimonial como tal.
[95] M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo:
[96] M. P. Mauricio González Cuervo.
[97] “3.2.3. Originalmente, la institución fue pensada para los casos de
unión libre o concubinato entre hombre y mujer en los que uno de los dos
estuviera en inminente peligro de muerte y existiera un deseo mutuo de
regularizar su situación mediante el matrimonio. Así, el matrimonio in extremis
podía servir para legitimar a los hijos extramatrimoniales e incluir al cónyuge
en el orden sucesoral. Hoy en día se han igualado los derechos de todos los
hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, y los compañeros permanentes
tienen derechos semejantes a los de los cónyuges en relación con los efectos
patrimoniales de la unión marital de hecho, por lo que la institución del
matrimonio in extremis puede resultar obsoleta desde este punto de vista. No
obstante, puede ocurrir también que el matrimonio articulo mortis obedezca a un
deseo íntimo de los contrayentes, independientemente de los efectos jurídicos
que ello implique.”
[98] M. P. Alberto Rojas Ríos.