C-532-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-532/06
CARRERA
ADMINISTRATIVA-Principios
SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Importancia
CARRERA ADMINISTRATIVA-Objetivos
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Relación
CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Principio superior
AUTONOMIA
TERRITORIAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
CARRERA
ADMINISTRATIVA-Regla general y excepción
REGIMEN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Administración y vigilancia por la Comisión Nacional del Servicio
Civil/ SISTEMA ESPECIFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA- Administración
y vigilancia por la Comisión Nacional del Servicio Civil
Todos los
empleos de carrera administrativa deben sujetarse al régimen general que
determine el legislador, cuya administración y vigilancia corresponde a la
Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos del artículo 130 superior,
salvo (i) los sistemas especiales de carrera de rango constitucional, que si
bien se excluyen de la órbita de gestión de dicha comisión, en todo caso se
encuentran sujetos a la ley y a los principios de igualdad, mérito y
estabilidad y (ii) los sistemas específicos de carrera, esto es, aquéllos cuya
individualidad ha sido creada por el legislador dentro del marco del sistema
general de carrera, que en todo caso son administrados y vigilados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CARRERA ADMINISTRATIVA-Límites
al establecimiento de excepciones
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CARRERA ADMINISTRATIVA-Facultad para determinar empleos que se rigen por un sistema
distinto al de carrera administrativa es de interpretación restrictiva
SISTEMA ESPECIFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Diseño debe estar amparado en el principio de razón suficiente
REGIMEN
GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Tiene carácter
de regla/SISTEMA ESPECIFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Tiene
naturaleza de excepción/SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE ORIGEN
CONSTITUCIONAL-Tiene naturaleza de excepción
Los empleados de carrera administrativa de una determinada Entidad
estarán sujetos al régimen general expedido al amparo de los artículos 125 y
130 superiores -hoy en día contenido en la Ley 909 de 2004-, si la propia
Constitución o el legislador -dentro de su órbita de competencias- no han
previsto la existencia de un sistema especial o específico de carrera. Por
tanto, de los tres sistemas de carrera identificados por la jurisprudencia, el
régimen general tendrá carácter de regla y los especiales y específicos
solamente naturaleza de excepción.
AUTONOMIA DE
LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Alcance
La autonomía plasmada en los artículos 76 y 77 de la Constitución
protegerá a la Comisión Nacional de Televisión contra injerencias indebidas de
otras autoridades y de grupos sociales y económicos de presión, en los asuntos
para los cuales la Constitución ha querido que actúe con plena independencia e
imparcialidad (la dirección y ejecución de la política de televisión y la
intervención del espectro electromagnético utilizado para estos fines), sin que
ello signifique un desprendimiento de la ley, especialmente en aquéllos asuntos
para los cuales la Constitución ha establecido reglas generales de obligatoria
observancia para todos los entes estatales. Será entonces en este contexto y
para la protección de las funciones propias en materia de televisión, que
deberá interpretarse en cada caso el alcance del régimen legal propio y de la
autonomía administrativa, patrimonial y técnica prevista en los artículos 76 y
77 de la Constitución. Por lo mismo, no serán reprochables constitucionalmente
las decisiones del legislador que no afecten la autonomía de la Comisión
Nacional de Televisión en el ejercicio de las funciones que le han sido
asignadas de manera privativa por la Constitución, tal como se entendió, por
ejemplo, al declarar exequibles las políticas generales en materia de
televisión fijadas por la ley, el establecimiento de  espacios de coordinación
interinstitucional y ciertas normas de organización y funcionamiento de la
Comisión.
COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Funciones
COMISION
NACIONAL DE TELEVISION-Competencia del Congreso
para regular aspectos organizativos
CARRERA
ADMINISTRATIVA EN COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Aplicación
del régimen general de carrera no desconoce autonomía
La autonomía
de la Comisión Nacional de Televisión, en su triple dimensión (administrativa,
patrimonial y técnica) garantiza que no esté subordinada a las determinaciones
de otros órganos o entidades del Estado o de grupos económicos, en relación con
el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución
(artículos 76 y 77), las cuales tienen un espacio de protección irreductible
que no puede ser invadido ni siquiera por el legislador. Por su parte, el
régimen general de carrera administrativa, como herramienta de gestión pública
de rango constitucional, se mueve en un espacio diferente y le brinda a las
entidades del Estado un mecanismo objetivo y universal para la vinculación,
permanencia, promoción y retiro de sus funcionarios. En esta medida, la
autonomía de la Comisión Nacional de Televisión no se ve afectada cuando las
expresiones acusadas señalan, en aplicación del artículo 125 de la Constitución
Política, que los funcionarios de carrera administrativa de esa entidad, se
sujetan al régimen general previsto en la Ley 909 de 2004.
RESERVA DE
LEY EN CARRERA ADMINISTRATIVA-Alcance
Referencia: expediente D-6117
Demanda de inconstitucionalidad contra las
expresiones “En la Comisión Nacional de Televisión” que hacen parte del
literal b) del numeral 1º del artículo 3º de la Ley 909 de 2004 “por la cual
se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la
gerencia pública y se dictan otras disposiciones”
Actor: Gonzalo Ávila Pulido
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil seis
(2006)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
el ciudadano Gonzalo Ávila Pulido presentó demanda contra las expresiones “En
la Comisión Nacional de Televisión” que hacen parte del literal b) del
numeral 1º del artículo 3º de la Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”.
Mediante auto del dieciocho (18) de enero de 2006, el Magistrado
Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó
fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y
comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República y al
Presidente del Congreso de la República, así como a los Ministros del Interior
y de Justicia y de Comunicaciones y al Director de la Comisión Nacional de
Televisión –CNTV-, para que, de estimarlo oportuno, conceptuaran sobre la
constitucionalidad de la disposición acusada.
Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta
clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación,
procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición
demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.680 del
veintitrés (23) de septiembre de 2004. Se subraya lo demandado.
“LEY 909 DE 2004”
(septiembre 23)
por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones
El Congreso de la República
DECRETA:
(…)
T I T U L O I
OBJETO DE LA LEY
CAPITULO I
Objeto, ámbito de aplicación y principios
(…)
Artículo 3º. Campo de aplicación de la presente ley.
1.
Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su
integridad a los siguientes servidores públicos:
a) A
quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las
entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes
descentralizados.
- Al personal administrativo del Ministerio de Relaciones
Exteriores, salvo cuando en el servicio exterior los empleos correspondientes
sean ocupados por personas que no tengan la nacionalidad colombiana.
- Al personal administrativo de las instituciones de
educación superior que no estén organizadas como entes universitarios
autónomos.
- Al personal administrativo de las instituciones de
educación formal de los niveles preescolar, básica y media.
- A los empleados públicos de las entidades descentralizadas
adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares
y a la Policía Nacional.
- A los empleados públicos civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional.
- A los comisarios de Familia, de conformidad con lo
establecido en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 575 de 2000;
b) A
quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes
entidades:
- En las corporaciones autónomas regionales.
- En las personerías.
- En la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- En la Comisión Nacional de Televisión.
- En la Auditoría General de la República.
- En la Contaduría General de la Nación;
c) A
los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial:
departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes
descentralizados;
d)
La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas
Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de las Juntas
Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan
empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y
Concejales.
2.
Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter
supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a
los servidores públicos de las carreras especiales tales como:
- Rama Judicial del Poder Público.
- Procuraduría General de la Nación y Defensoría del
Pueblo.
- Contraloría General de la República y Contralorías
Territoriales.
- Fiscalía General de la Nación.
- Entes Universitarios autónomos.
- Personal regido por la carrera diplomática y consular.
- El que regula el personal docente.
- El que regula el personal de carrera del Congreso de la
República
Parágrafo 2º. Mientras se expida las normas de carrera para el personal
de las Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera del Congreso
de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la
presente ley.
(…)
III.
LA DEMANDA
El demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran
lo previsto en los artículos 4º, 76, 77-inciso 2º y 113 de la Constitución
Política.
Para el actor
los preceptos demandados vulneran los artículos 76 y 77 superiores, en la
medida que desconocen la autonomía propia de los entes constitucionales
autónomos, en particular la independencia administrativa de la Comisión
Nacional de Televisión.
En esos términos,
aduce que no solamente las expresiones acusadas de la Ley 909 de 2004, sino
también la reglamentación que la desarrolla, desconocen la autonomía de la
Comisión Nacional de Televisión, toda vez que el Gobierno Nacional mediante
normas reglamentarias determina cómo, cuándo y dónde se manejan los recursos
humanos de dicha entidad autónoma. Por tanto, se olvida que la CNTV no está
sujeta a las normas generales aplicables a los demás entes que integran la Rama
Ejecutiva del Poder Público, entre ellas, las relativas a la carrera
administrativa.
Hace énfasis en
que la disposición acusada “al extender su campo de aplicación a la Comisión
Nacional de Televisión, desconoció la autonomía constitucional consagrada en
los artículos 76 y 77 de la Carta.  La aplicación de la Ley 909 de 2004, en la
Comisión Nacional de Televisión implica necesariamente una limitación de su
autonomía, pues por vía de reglamentación el Ejecutivo ha reglamentado la
naturaleza general de las funciones, las competencias laborales y requisitos
para el ejercicio de los empleos, la denominación y requisitos, así como
equivalencias entre estudios y experiencia para los empleos públicos, entre
otros aspectos, incurriendo en una evidente intromisión en el ámbito de
competencia de los entes autónomos constitucionales que ya tenían definidos
todos estos aspectos”.
A su juicio, los
preceptos demandados desconocen que la Ley 182 de 1995 creó la Comisión
Nacional de Televisión como una entidad con independencia funcional suficiente
para el cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución, la Ley
y sus Estatutos; sostiene que se ignora lo estipulado en los artículos 12 y 15
de dicha Ley y en la Resolución No. 185 de 1996 -Estatutos Internos de la
Comisión Nacional de Televisión-, en lo referente a las facultades de
nombramiento y administración de personal de la Entidad.
De otra parte, advierte que la Corte Constitucional en la
sentencia C-372 de 1999, al declarar inexequible buena parte del articulado de
la Ley 443 de 1998 “ordenó:  Quinto.- El Congreso Nacional, en desarrollo de
los artículos 113 y 130 de la Constitución Política, señalará la estructura de
la Comisión Nacional del Servicio Civil, como órgano autónomo e independiente,
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, excepción hecha de las que tengan el carácter especial (sic)”; y
que, con posterioridad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado al rendir el concepto 1554 del dieciocho (18)
de junio de 2004, Consejero Ponente Augusto Trejos Jaramillo, se pronunció en
relación con la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión y el Banco de
la República y la posibilidad de que el legislador estableciera regímenes
propios y especiales para sus servidores.
Como fundamento
de sus aseveraciones cita apartes del referido concepto y hace alusión, entre otras, a las sentencias C-497 de 1995, C-220 de
1997 y C-445 de 1997, en las que la Corte Constitucional se ha referido a la
autonomía de la Comisión Nacional de Televisión; sostiene que, en la medida que
dichos pronunciamientos jurisprudenciales fueron emitidos con anterioridad a la
expedición de la Ley 909 de 2004, es claramente apreciable que se les
desconoció “a sabiendas”, lo que vulnera la autonomía de la CNTV, especialmente
si se tiene en cuenta que “de la lectura de la norma demandada se desprende
que mientras el legislador tuvo en cuenta que no podía extender sus efectos a
los funcionarios del Banco de la República y de las universidades públicas, por
tratarse de entes constitucionales autónomos, cuya independencia ha sido
ratificada reiteradamente por la Honorable Corte Constitucional no hizo lo
mismo respecto de la Comisión Nacional de Televisión”.
Explica, además, que el Legislador amplió el campo de
aplicación de la Ley 909 de 2004 a quienes prestan sus servicios en las
Corporaciones Autónomas Regionales, Personerías, Comisión Nacional del Servicio
Civil, Comisión Nacional de Televisión y otras entidades autónomas por mandato
constitucional, lo que desconoce su régimen especial.
Considera entonces, que la Comisión Nacional de Televisión
no debió incluirse en el listado del numeral 1º del  artículo 3º de la Ley 909
de 2004, sino en el del numeral 2º del mismo artículo, por tratarse de una
entidad autónoma, cuya carrera administrativa es asimilable a la de las
entidades sujetas a régimen especial, como los entes autónomos universitarios,
de forma tal que “Al no establecer el carácter supletorio de la Ley 909/04
para la Comisión Nacional de Televisión, sino su aplicación directa, como lo
establece la norma demandada, el legislador infringió los mandatos
constitucionales y legales ya citados, al tiempo que desconoció la abundante
jurisprudencia constitucional sobre la materia”.
Finalmente, advierte que la injerencia del Gobierno
Nacional en el manejo de los entes constitucionales autónomos como la CNTV, se
ha visto materializada no sólo con la expedición de la Ley 909 de 2004, sino
con toda su reglamentación, entre otros, el Decreto No. 770 del 17 de marzo de
2005 –artículo 2º- y el Decreto Extraordinario No. 670 del 13 de marzo de 2005
–artículo 44-.
Concluye entonces que: i) las atribuciones
constitucionales y la autonomía de la CNTV no pueden ser desconocidas por el
Legislador; ii) el Legislativo traza políticas generales, mientras que
la Comisión ejecuta los planes y programas del Estado en materia de televisión,
y para ello requiere utilizar la autonomía que le han conferido los artículos
76 y 77 constitucionales; y iii) mediante la expedición de la Ley 909 de
2004 no se puede pretender que un organismo autónomo como la CNTV aplique una
normatividad general que ha sido creada para las entidades públicas de la Rama
Ejecutiva del Poder Público y algunos organismos que no cuentan con autonomía
constitucional.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Ministerio de
Comunicaciones
El Ministerio de
Comunicaciones interviene en el proceso a través de apoderado judicial, con el
fin de solicitar a la Corte que declare la exequibilidad de las expresiones
demandadas, con base en los argumentos que se resumen a continuación.
En primer lugar, sostiene que “El régimen propio de la
CNTV no se refiere a todos sus aspectos, sino al hecho de contar con una ley
especial para su operación.  Pero nada impide, que la CNTV siga reglas
generales en aspectos comunes de las demás entidades, como ocurre con el
régimen disciplinario, contractual, presupuesto, etc., y ahora –con la norma
atacada- lo mismo ocurre en materia de personal.  Finalmente, la Constitución
señala que la ley señala (sic) la organización y funcionamiento de la entidad
(art. 77, inciso final).  Si la Ley 182 de 1995 señaló que la CNTV podía
expedir su régimen de personal, otra norma de igual naturaleza podía modificar
tal regla, como en efecto ha ocurrido”.
Así mismo, advierte que si bien los artículos 76 y 371
superiores se refieren a que tanto la Comisión Nacional de Televisión como el
Banco de la República se sujetan a un régimen legal propio, ello no significa
que en materia laboral la CNTV se asemeje en todos los aspectos legales al
Banco de la República. Sobre el particular cita un aparte de la
sentencia C-827 de 2001.
De otra parte, destaca que contrario a lo afirmado por el
actor en su demanda, la Ley 182 de 1995 es una ley ordinaria que puede ser
modificada por otra norma de la misma jerarquía, de forma tal que no existe
ninguna limitación para que las expresiones demandadas establezcan que el
régimen de personal de la Comisión Nacional de Televisión sea exactamente el
mismo que el general.
Advierte, además, que “entre otros errores, la honorable
contraparte basa su argumentación en suponer que la aplicación de la norma
atacada viola la autonomía de su función en relación con televisión, pero
olvida que la Ley 909 de 2004 nada tiene que ver con ella, sino que es una
norma general de administración de personal, o sea ajena a cualquier tema de
política pública.  La Ley 909 de 2004 afecta a muchas entidades, cada una de
las cuales tiene su autonomía de ley, pero eso en nada afecta tal aspecto, lo
mismo que el seguimiento de las normas de presupuesto o las de contratación
pública tampoco lo hacen.  Pero es más.  (sic) Es evidente que el actor
constitucional supone en la CNTV una autonomía que esta no tiene”.
Como fundamento de sus aseveraciones cita las sentencias
C-445, C-457 y C-564 de 1995, C-310 y C-711 de 1996, C-350 de 1997 y C-1344 de
2000, en las cuales la Corte Constitucional ha señalado que la autonomía de la
Comisión Nacional de Televisión no es absoluta e ilimitada y además que la
situación jurídica de dicha entidad no es comparable con la del Banco de la
República o el Consejo Superior de la Judicatura, cuyas normas se expiden
directamente con base en la Constitución Política.
Para ratificar lo anterior, cita varios pronunciamientos
del Consejo de Estado, entre otros, los siguientes:
i) Sentencias
del 25 de marzo de 1999 (Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado dentro del proceso radicado con el No. 1180, -Actor: Ministerio de
Comunicaciones-, Consejero Ponente: Luis Camilo Osorio Isaza), del 27 de
septiembre de 2001 (Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el No. 5908, -Actor:
Corporación Cámara de Entidades de Televisión, Comunicación y Recreación
–Comunicar- y otra-, Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y
del 26 de febrero de 1998 (Sección Primera, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso radicado con el No.
4390 –Actor: Daniel Contreras Gómez-, Consejero Ponente: Libardo Rodríguez
Rodríguez), en las que se señaló que las competencias de la Comisión
Nacional de Televisión dependen directamente de la Ley.
ii) Sentencia
del 21 de septiembre de 2000, Sección Primera, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, Magistrado Ponente   Manuel Santiago
Urueta Ayola, expediente 5426, en la que se dijo que el ejercicio de las
funciones de la Comisión Nacional de Televisión por fuera de lo previsto en la
Ley deviene en un vicio de incompetencia.
iii) Sentencia
del 27 de septiembre de 2001, Sección Primera, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, expediente 6676, Consejera Ponente Olga
Inés Navarrete Barrero, en la que se hizo alusión a que la Comisión Nacional de
Televisión tiene facultad reglamentaria, pero que no es autónoma en su
ejercicio.
iv) Sentencia
del 23 de marzo de 2001, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, Consejera Ponente Olga Inés Navarrete Barrero, en la
cual se señaló que la Comisión Nacional de Televisión no puede inventar reglas,
sino que tiene que seguir los principios constitucionales y legales que le son
aplicables.
También cita la Sentencia C-564 de 1995, en la que la Corte
Constitucional advierte que la ley no puede delegar en la Comisión Nacional de
Televisión la facultad de establecer las políticas de manejo del espacio
electromagnético y que dicha entidad no tiene la posibilidad de modificar los
preceptos legales en materias que la Constitución ha reservado al legislador.
Finalmente, indica que respecto de la relación que existe
entre la Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Comunicaciones, la
Corte Constitucional señaló en las sentencias C-310 de 1996 y C-350 de 1997,
que al Ministerio atañe la política del servicio público de las
telecomunicaciones a nivel general y, en cambio, a la Comisión Nacional de
Televisión corresponde la dirección y ejecución de la política que para el
servicio de televisión determine el Congreso de la República.
Concluye entonces que “Queda suficientemente demostrado
que la CNTV no es en forma alguna un ente al cual no se le pueden imponer
normas comunes aplicables a otros organismos, o incluso de la rama ejecutiva
del poder público (sic)”, a pesar de que “la CNTV hace ingentes esfuerzos
por hacerse parecer como un superente por encima del ordenamiento colombiano.
Nada más alejado de la realidad”.
3.  Departamento Administrativo de la Función Pública
El Departamento Administrativo de la Función Pública,
actuando a través de apoderado judicial, intervino en el presente proceso con
el fin de solicitar igualmente que se declare la constitucionalidad de las
expresiones demandadas.
Recuerda que el Constituyente de 1991, al implantar el
principio de la división de las ramas del poder público (art. 113) y reconocer
que existen otros entes autónomos e independientes para el cumplimiento de las
demás funciones del Estado, no estableció en ninguna parte un régimen
supraconstitucional para uno o algunos de esos órganos denominados “autónomos
e independientes”.
En ese entendido, advierte que la Comisión Nacional de
Televisión, si bien es un ente de origen constitucional y creación legal -Ley
182 de 1995-, que tiene personería jurídica, autonomía administrativa,
patrimonial y técnica y se encuentra sujeto a un régimen legal propio, debe
ajustarse en todo a los mandatos contenidos en la Constitución Política, puesto
que “Dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe ni puede existir
órgano o entidad, con autonomía absoluta, ni con un poder supraconstitucional o
ajeno al control y al respeto de la ley. (…)  Por estas razones no puede
prohijarse la consideración contenida en la demanda, en el sentido de que la
aplicación de Ley 909 de 2004, implica necesariamente una limitación a su autonomía
pues la Ley 909 de 2004 sólo tuvo por objeto la regulación del sistema de
empleo público y el establecimiento de los principios básicos de la gerencia
pública (art. 1º Ley 909 de 2004), objeto que nada tiene que ver con la
intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado por los
servicios de televisión, objeto material y jurídico de la actividad de la
Comisión Nacional de Televisión, conforme lo ordena el artículo 76 de la
Carta”.
Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-050 de
1994, C-517 de 1992, C-579 de 2001 y C-775 de 2001.
De otra parte, explica que “El artículo 3º de la Ley 909
de 2004, al determinar el campo de aplicabilidad de la ley expresó: ‘Campo de
aplicación de la ley.  1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán
aplicables en su integridad a los siguientes servidores públicos (…) b) A
quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes
entidades: (…) En la Comisión Nacional de Televisión’, simplemente acogió el
mandato genérico expresado en el artículo 125 de la C.P., donde el legislador
(sic) estableció ‘Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera’, consagrando en forma expresa un principio general para todos los
empleos de órganos y entidades del Estado y a reglón seguido las excepciones al
mismo, cuando concluyó ‘Se exceptúan los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley’.  Es decir, que el querer expresado por el Legislador en el
artículo 125 C.P., es que todos los empleos en los órganos y entidades son de
carrera, y que sólo excepcionalmente no lo son.  (…)  En consecuencia, sin
hesitación alguna debe concluirse que el artículo 3º del numeral 1º literal b)
de la Ley 909 de 2004, está en un todo de acuerdo con el artículo 125 de la
C.P.” y, en concordancia con dicha armonía
constitucional, se expidió el artículo 15 de la Ley 182 de 1995.
Así mismo,
estima que las expresiones acusadas no vulneran lo previsto en el artículo 77
constitucional, toda vez que, en ningún momento afectan la competencia
subjetiva o territorial de la cual goza actualmente la Comisión Nacional de
Televisión, así como su autonomía presupuestal, técnica y administrativa, dado
que, como ya se advirtió, la Ley 182 de 1995 en su artículo 15 recoge el
principio general establecido en el artículo 125 superior, en el sentido de que
todos los empleados son de carrera con las excepciones previstas en la
Constitución Política y las señaladas en la Ley. En ese sentido es claro que “Las
determinaciones constitucionales expresadas por el Constituyente en el artículo
76 de la C.P., fueron estrictamente respetadas por el Legislador, pues no se
introdujeron en el texto demandado nuevas excepciones, ni se modificó o ignoró
el principio general allí contenido”.
Concluye
entonces que las expresiones acusadas que hacen parte del
literal b) del numeral 1º del artículo 3º de la Ley 909 de 2004, se ajustan a
lo previsto en los artículos 1º, 2º, 4º, 76, 77-inciso 2º, 113, 122 y 125 superiores
“conformando con todos ellos un todo lógico-jurídico coherente y armónico,
con los que guarda absoluta correspondencia”, en la medida en que la
Constitución Política no excluye a los órganos autónomos de la regla general de
la carrera administrativa prevista en el artículo 125 ibídem, ni fija para la
Comisión Nacional de Televisión un sistema especial o particular de carrera
administrativa que permita excluirla de la aplicación del régimen general
previsto en la Ley 909 de 2004, como sí ocurre con los organismos y entidades
mencionados expresamente en el numeral 2º del artículo 3º de la citada Ley.
4.  Comisión Nacional de Televisión
El Director y
Representante Legal de la Comisión Nacional de Televisión, interviene en el
presente proceso para solicitar a esta Corporación que declare inexequibles los
preceptos acusados, a partir de las consideraciones que se resumen a
continuación.
El interviniente recuerda que de conformidad con lo
previsto en el artículo 113 de la Constitución Política, además de los órganos
que integran las tres Ramas del Poder Público, existen otros entes autónomos e
independientes para lograr el cumplimiento de las demás funciones del Estado;
de acuerdo con dicho mandato constitucional, existe una separación funcional
entre los diferentes órganos del Estado pero con colaboración armónica para
realizar sus funciones.
En ese sentido, aduce que el artículo 3 de la Ley 182 de
1995 creó la Comisión Nacional de Televisión –CNTV- como una entidad con la
independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que
le asigna la Constitución, la Ley y sus estatutos.
Explica que la Corte Constitucional “se ha pronunciado
en reiteradas oportunidades, indicando el significado y la trascendencia del
carácter autónomo con que el Constituyente, de manera expresa, dotó a la
Comisión Nacional de Televisión, dada la necesidad de garantizar que los
derechos ligados al servicio público de televisión, como el más poderoso de los
medios de comunicación, se manejen de tal manera que este medio no pueda ser
controlado por la mayoría política de turno.   Ha concluido también que no cabe
duda que la Comisión Nacional de Televisión es una entidad nacional autónoma,
que no se puede asimilar a una entidad descentralizada y que goza de autonomía
patrimonial, administrativa y técnica dado que el Constituyente de 1991 quiso
garantizar que la Comisión Nacional de Televisión actuara autónomamente, es
decir, con independencia de los demás organismos del Gobierno, aunque, por
supuesto dentro de los términos que señale la ley.   Por consiguiente, esta
entidad está dotada de un grado de independencia suficiente para la toma de
decisiones y el cumplimiento de las responsabilidades confiadas por la Carta”.
Así mismo, precisa que la Corte Constitucional en la
sentencia C-220 de 1997, al referirse a la autonomía de los órganos del Estado,
dio alcance al artículo 113 constitucional, en el sentido de considerar que por
su naturaleza y funciones, aquéllos no integran ninguna de las ramas del poder
público y que por tanto no admiten ser categorizados como establecimientos
públicos, porque de ser así, habría una injerencia indebida del Ejecutivo en su
funcionamiento.
De otra parte,
aclara que el literal g) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 establece que
corresponde a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, entre
otra funciones, determinar su planta de personal y crear, suprimir o fusionar
los cargos necesarios para su buena marcha, así como fijar el régimen de
remuneraciones y expedir el manual de funciones; a su vez, indica que en el
numeral 3º del citado literal se estipula que son cargos de dirección y
confianza los de Jefe de Oficina y Subdirector, así como los que la Comisión
adscriba a éstos por ser de asesoría directa de los miembros de la Junta, del
Secretario General y de los Jefes y Subdirectores de la entidad.
Aduce que la
disposición jurídica en cita señala que el régimen salarial y prestacional de
los empleados de los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Televisión, será equivalente al de los miembros de la Junta Directiva y demás
funcionarios del Banco de la República, y que todos los empleados de la entidad
serán designados por la Junta de la Comisión, pero esta podrá delegar en el
Director dicha facultad.
En ese orden de ideas, argumenta que con fundamento en lo
anterior se estableció en los Estatutos de la CNTV (numeral 18 del artículo 15
de la Resolución No. 185 de 1996), que corresponde a su Junta Directiva expedir
el régimen especial de licitaciones y contratos de concesión, y en el literal
c) del numeral 8º del artículo 38 ibídem se prevé que le corresponde a la
Subdirección de Recursos Humanos y Capacitación, organizar y adelantar los
procesos de carrera administrativa, selección, realización de concursos,
escalafonamiento, coordinación del proceso de calificación y retiro del
servicio, de conformidad con las políticas y reglamentaciones que al respecto
expida la Junta Directiva del CNTV.
Considera entonces que “el literal b) del numeral 1º del
artículo 3º de la Ley 909 de 2004 es contrario a los artículos 76 y 77 y 113
(sic) de la Constitución Política, por cuanto con el mismo se pretende que un
organismo autónomo como es la Comisión Nacional de Televisión aplique una
normatividad general, creada por las entidades públicas de la rama ejecutiva
del poder público (sic) y algunos organismos que no cuentan con autonomía
constitucional”; que a ello se suma, que la Comisión Nacional de
Televisión a pesar de su carácter constitucionalmente autónomo, quedó por fuera
del listado fijado por el Legislador en el numeral 2º del artículo 3º de la Ley
909 de 2004.
Concluye que tanto las expresiones acusadas que hacen parte
del literal b) del numeral 1º del artículo 3º, como las disposiciones jurídicas
que las desarrollan, son evidentemente contrarias a la autonomía reconocida por
la Constitución Política a la Comisión Nacional de Televisión, de forma tal que
si dichos preceptos no fueran declarados inconstitucionales “la Comisión
Nacional de Televisión tendría que conformar su estructura de acuerdo con los
mandatos del ejecutivo, (sic) afectando en gran medida la autonomía
administrativa reconocida por la Constitución a esta entidad”.
5.  Intervención ciudadana
El ciudadano
Roberto Urrego Moreno interviene en el presente proceso con el fin de solicitar
a esta Corporación que declare que los preceptos acusados son
inconstitucionales.
Advierte que el
demandante tiene razón cuando afirma que los entes constitucionales autónomos
dotados de un régimen legal especial, y los órganos de control, no se someten
al régimen general de carrera administrativa. Sobre el particular cita apartes
de la sentencia C-563 de 2000.
En ese
entendido, aduce que en el caso sub-exámine se trata también de un ente
autónomo de creación constitucional sujeto a un régimen legal propio, de
conformidad con lo señalado en los artículos 76 y 77 constitucionales, de forma
tal que esa connotación hace que al igual que las universidades del Estado,
cuente con un régimen legal especial que incluye, como es apenas lógico, lo
relativo a la carrera administrativa.
Así mismo,
recuerda que en la sentencia C-1230 de 2005 la Corte Constitucional estableció
la diferencia entre carrera administrativa especial –que es la que rige para
las entidades autónomas de creación constitucional- y los regímenes específicos
de carrera administrativa –creados por la Ley en razón de la naturaleza de las
entidades en las cuales se aplican, verbigracia, DAS, INPEC, DIAN, entre otras-.
Concluye
entonces que la Ley 909 de 2004 al desconocer el carácter especial que debe
regir para la carrera administrativa aplicable a la Comisión Nacional de
Televisión y demás órganos constitucionales autónomos, quebrantó la
Constitución Política, pues en tales casos “la ley general de carrera
administrativa sólo puede ser aplicada con carácter supletorio, en caso de
presentarse vacíos en la carrera especial que rige para el respectivo ente
autónomo”.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación allegó el concepto
número 4050, recibido en esta Corporación el siete (7)
de marzo de 2006, en el cual solicita a la Corte
declarar exequible los preceptos acusados, con fundamento en las razones que se
sintetizan a continuación.
La Vista Fiscal recuerda en primer lugar que “En la
estructura del Estado Colombiano, uno de cuyos rasgos característicos es la
sujeción al orden jurídico, no es posible concebir la existencia de personas
jurídicas de derecho público, de atribuciones y de competencias o de servidores
públicos carentes de controles.  Tal característica, de amplio desarrollo
jurisprudencial y doctrinal, se ve reflejada en el principio según el cual
todas las personas jurídicas de derecho público se sujetan al cumplimiento de
la Constitución y la Ley, ello es, al imperio del derecho (Estado de Derecho),
lo que conlleva al desarrollo de particulares funciones y competencias con
sujeción a los aspectos de carácter macroeconómico, macrosocial y macropolítico,
alejando así de aquellas categorías jurídicas el concepto de soberanía”.
Como fundamento de sus aseveraciones cita apartes de las
sentencias C-517 de 1991, C-126 de 1993 y C-894 de 2003.
Así mismo, advierte que de conformidad con lo establecido
en el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular,
libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y aquellos que fije la
ley; además, respecto de los de carrera administrativa, será la Ley la que
estipule los requisitos y condiciones que sirvan como base para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes, para lo cual el artículo 130 superior
prevé la existencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como ente
responsable de la administración y vigilancia de la carrera de los servidores
públicos, salvo de aquellos que tengan carácter especial.
Sobre el particular, cita las sentencias C-954 y C-1177 de
2001 y C-037 y C-969 de 2003.
De otra parte, señala que en la sentencia C-1230 de 2005 se
fijaron tres sistemas de carrera administrativa, a saber, i) el régimen
general regido por la Ley 909 de 2004, ii) los sistemas especiales
previstos por el Constituyente, y iii) los sistemas específicos creados
por la Ley, en donde la especificidad radica en la naturaleza de la entidad o
de la misión a su cargo.
En esos términos, la Vista Fiscal considera que a la luz de
la Constitución Política “no se advierte que a la Comisión Nacional de
Televisión corresponda un régimen especial de carrera administrativa que
habilite para sustraerse de la administración y vigilancia de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, como sí se halla regulado expresamente en los
artículos 217, 218, 253, 256, 268 y 279 de dicho ordenamiento superior,
respecto de las Fuerzas Militares, el Cuerpo de Policía, la Fiscalía General de
la Nación, la Judicatura, la Contraloría General de la República o la
Procuraduría General de la Nación”.
Agrega además, que tampoco se observa que en ejercicio de
las facultades que le otorga el artículo 125 superior, el Legislador haya
previsto para la Comisión Nacional de Televisión, en razón de su naturaleza o
misión, un régimen específico de carrera, como sí ocurrió con el personal que
labora en el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, la Unidad Administrativa Especial
de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, las Superintendencias, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Unidad
Administrativa de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL-.
En ese orden de ideas, destaca que “adicional al hecho
de que la Comisión Nacional de Televisión no cuenta con una autorización
constitucional expresa que la haga objeto de un régimen especial de carrera, la
autonomía administrativa y patrimonial y técnica de que está dotada, así como
la sujeción a un régimen legal propio (artículo 76 de la C. P.), no tienen la
virtualidad de sustraer al órgano de la dirección política en materia de
televisión del cumplimiento del resto del ordenamiento jurídico, pues tal
abstracción riñe con los principios y valores fundantes del Estado de Derecho.
Así, al interpretar y aplicar las normas de carrera administrativa, habrá de
atenderse al carácter no absoluto de las autonomías”. Aparecen citadas las
sentencias C-310 y C-711 de 1996.
Aduce que de conformidad con lo previsto en los artículos
12 y 15 de la Ley 182 de 1995, es claro que: i) la facultad que la Ley
otorga a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión para fijar la
planta de personal de la entidad, conforme a una estructura determinada, debe
hacerse en concordancia con los mandatos de la Ley General de carrera
administrativa, por cuanto la Comisión Nacional de Televisión no tiene
autorizado expresamente un régimen especial de carrera para la administración
de su personal, ii) que la asimilación que para efectos salariales y
prestacional trae la Ley 182 de 1995, en relación con el régimen aplicable a
los empleados del Banco de la República no hace iguales a las dos entidades,
pues el sentido y alcance de dicha norma es el de atender a un modelo para
efectos meramente remunerativos, ya que la Ley en mención no está transmitiendo
la naturaleza jurídica de una entidad a otra, iii) que la sujeción a la
Constitución y a la ley por parte de los servidores públicos de la Comisión
Nacional de Televisión, los hace destinatarios del contenido del artículo 124
superior, que defiere a la Ley la determinación de la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva, aspecto éste que resulta
más garantista, toda vez que la Ley se ciñe estrictamente a los principios que
rigen la función pública, iv) que al existir cargos de carrera
administrativa en la Comisión Nacional de Televisión, el ingreso, permanencia,
ascenso y retiro de los servidores públicos de esa entidad, cuenta con un
sistema reglado establecido en la Ley General de Carrera Administrativa, con el
cual se regula la actividad laboral al interior de la CNTV.
Explica entonces que no existe una autorización
constitucional expresa para optar por un régimen legal especial de carrera
administrativa aplicable a los servidores de la Comisión Nacional de
Televisión, por lo que la Ley 909 de 2004 simplemente responde al ejercicio de
la competencia propia del Congreso de la República, de acuerdo con el artículo
125 superior. Al respecto cita un aparte de la sentencia C-391 de 1993.
Finalmente, hace énfasis en que no es cierto que con la
promulgación de las expresiones acusadas que forman parte del literal b) del
numeral 1º del artículo 3º de la Ley 909 de 2004, “se invierta el orden
constitucional que establece la carrera administrativa como regla general o que
con ello se atenta contra la filosofía en que se funda dicho sistema y tampoco
que se desconozca alguna prerrogativa de orden constitucional, en particular.
Todo lo contrario, con la aplicación de las normas de carrera general que en
nada se oponen al ejercicio de las facultades especiales que atañen a la Junta
Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, por virtud de lo establecido
en la Ley 182 de 1995, el Legislador buscó que ésta se sujetara a los
principios de la carrera, y que los servidores y aspirantes a ocupar cargos
públicos en dicho ente pudiesen gozar de un marco legal y reglamentario que,
además de ser controlable, consagra un plexo de garantías mínimas para el
acceso y retiro del servicio público”.
Concluye que, como quiera que no existe una autorización
constitucional para que los servidores de la Comisión Nacional de Televisión
cuenten con un régimen especial de carrera administrativa, y por el contrario,
la naturaleza y la misión del organismo en manera alguna lo sustraen de la
aplicación del régimen previsto en el artículo 125 constitucional, las
expresiones acusadas deben ser declaradas exequibles.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición
jurídica de la que hacen parte las expresiones demandadas forma parte de una
Ley de la República.
2.      La materia sujeta a examen
Se discute en el presente caso la constitucionalidad de las
expresiones “En la Comisión Nacional de Televisión” que hacen parte del
literal b) del numeral 1º del artículo 3º de la Ley 909 de 2004, “por la
cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
A juicio del demandante, las expresiones acusadas
desconocen la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión, al establecer
que sus empleados de carrera administrativa se sujetan a la Ley 909 de 2004
(ley general de carrera administrativa), pues, a su juicio,  se pasa por alto
que dicha entidad se somete a un régimen legal propio, de acuerdo con los
artículos 76 y 77 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo
113 ibídem. Por tanto, considera que la carrera administrativa de la Comisión
Nacional de Televisión es de naturaleza especial y que su regulación es un
asunto interno que corresponde desarrollar a esa misma entidad, por lo que no
es de recibo que se le ordene aplicar una normatividad general creada para las
entidades públicas de la Rama Ejecutiva del poder público y para otros
organismos que no tienen autonomía constitucional. Insiste en que la autonomía
de la Comisión Nacional de Televisión no sólo se desconoce con la Ley 909 de
2004, sino, especialmente, con la reglamentación que se ha expedido con
fundamento en ella y que corresponde a asuntos ya previstos en normas internas
de la entidad.
La solicitud de inconstitucionalidad es coadyuvada por el
representante legal de la Comisión Nacional de Televisión. Se aduce que la Ley
182 de 1995 creó la Comisión Nacional de Televisión como una entidad con la
independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que
le asigna la Constitución, la Ley y los estatutos, por lo que la expresión
acusada que hace parte del literal b) del numeral 1º del artículo 3º de la Ley
909 de 2004, así como las disposiciones jurídicas que la desarrollan, son
evidentemente contrarias a la autonomía que protege a dicho organismo En este mismo sentido, intervino el ciudadano Roberto Urrego
Moreno, quien también solicita que se declare la inexequibilidad solicitada en
la demanda.
Por su parte, la vista fiscal y las intervenciones del
Ministerio de Comunicaciones y del Departamento Administrativo de la Función
Pública defienden la exequibilidad de la norma acusada, pues, a su juicio, la
Comisión Nacional de Televisión no tiene un régimen especial de carrera
administrativa, de manera que la Ley 909 de 2004 se limita a aplicar las reglas
generales que en dicha materia han previsto los artículos 125 y 130 superiores.
Con fundamento en lo anterior, a la Corte le corresponde
determinar si la expresión acusada desconoce la autonomía de la Comisión
Nacional de Televisión, al disponer que sus empleados de carrera administrativa
se sujetan al régimen general establecido en la Ley 909 de 2004 para los
funcionarios estatales que tienen esa calidad. En otros términos, la Corte debe
establecer si la autonomía y el régimen legal propio que los artículos 76 y 77
de la Constitución Política han previsto para la Comisión Nacional de
Televisión, impiden que el legislador haga aplicables a esta entidad las normas
generales de carrera administrativa expedidas con base en los artículos 125 y
130 superiores.
3.      Consideraciones preliminares
3.1. La carrera administrativa como herramienta de gestión
pública y mecanismo para hacer efectivos principios, valores y garantías
constitucionales.
Desde sus primeras sentencias sobre la materia, la Corte
tiene sentado que la Constitución Política le ha dado un estatus especial y
preferente a la carrera administrativa dentro las posibles formas de
vinculación de los funcionarios públicos al Estado, en la medida que no sólo
permite el acceso al cargo de las personas más calificadas, sino que constituye
una garantía de estabilidad en el empleo, todo lo cual es reflejo y aplicación
de valores, principios y derechos expresamente reconocidos en la Constitución.
En tal
sentido, la Corte ha señalado que la carrera administrativa se cimienta en “la
prevalencia y generalidad de la misma, la igualdad de oportunidades para
acceder al servicio público, la eficiencia y la eficacia que deben orientar a
la administración pública, la capacitación de los funcionarios, la estabilidad
en el empleo y, la disponibilidad de ascenso de los servidores públicos”[1],
nada de lo cual puede ser considerado ajeno a los principios y valores
constitucionales.
Por tanto, la aplicación del sistema de carrera
administrativa en una determinada entidad estatal, como concreción de la regla
general prevista en el artículo 125 del Estatuto Superior, tiene de entrada un
fuerte respaldo constitucional, pues sus objetivos y fundamentos responden a
precisos mandatos superiores, que a la vez que protegen el interés general en
una Administración Pública eficiente y calificada, tutelan los derechos
específicos de quienes acceden a la función pública. Es así como, en Sentencia
C-479 de 1992, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández, la Corte
Constitucional señaló que la carrera administrativa es una técnica “al
servicio de los fines primordiales del Estado Social de Derecho”, en cuyo
desarrollo el legislador debe tener en cuenta el mérito y la estabilidad en el
cargo como columna vertebral del respectivo sistema.[2]
De esta manera, el artículo 125 de la Constitución Política
guarda una estrecha relación con otras de sus normas, como las que hacen
alusión a los principios de eficiencia y eficacia de la función administrativa
(art. 209), al derecho a la igualdad (art.13) y a la garantía de estabilidad
laboral (art.53). En este sentido, la Sentencia C-517 de 2002 señaló que la
carrera administrativa estaba delimitada por tres
objetivos fundamentales, a saber:
“i) La búsqueda de la eficiencia y eficacia en el servicio público,
ya que la administración debe seleccionar a sus trabajadores exclusivamente por
el mérito y su capacidad profesional empleando el concurso de méritos como
regla general para el ingreso a la carrera administrativa;
ii) La garantía de la igualdad de oportunidades, pues de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 40-7 de la Carta todos los ciudadanos tienen
igual derecho a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas;  y
iii) La protección de los derechos subjetivos consagrados en los
artículos 53 y 125 de la Carta, pues esta Corporación ha señalado que las
personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos subjetivos
adquiridos que deben ser protegidos y respetados por el Estado[3].”
Por ende, la Corte ha considerado que existe una estrecha
vinculación entre el régimen de carrera administrativa y el Estado Social de
Derecho, en la medida que quienes sean llamados a desempeñar cargos públicos
tienen la delicada labor de servir a la comunidad, hacer efectivos los principios,
derechos y deberes constitucionales y promover la prosperidad general (art. 1
C.P.).[4] De ahí que,
la Constitución haya querido que la carrera administrativa sea la regla general
de vinculación al Estado y que la misma deba fundarse en la excelencia en la
selección de las personas que han de ingresar al servicio del Estado.
En Sentencia C-954 de 2001, la Corte se refirió a la
finalidad de la carrera administrativa de la siguiente manera y reiteró así sus
fundamentos constitucionales:
“Se debe recordar que la
finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y
capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los
fines estatales, la carrera  permite que quienes sean vinculados a la
administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función
pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen
y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales,
académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad
dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de
los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera
administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios
que lo fundan.”[5]
En consecuencia, en la medida que la carrera administrativa
tiene como finalidad establecer procedimientos objetivos de selección de los
servidores del Estado, a partir del mérito como criterio de escogencia y
permanencia en el cargo, la Corte encuentra que cuando el legislador opta por
dicho sistema como forma de vinculación a una determinada entidad estatal, no
hace nada diferente de aplicar claros y expresos mandatos constitucionales que,
en principio y por sí mismos, tienen respaldo suficiente en el ordenamiento
vigente. Por el contrario, para que el legislador pueda optar por un sistema de
vinculación distinto al de carrera administrativa, deberá tener razones
constitucionales suficientes para ello, en los términos del artículo 125 y
demás normas que sean aplicables según la Entidad de que se trate. No en vano
la Corte señaló que “en el Estado social de
derecho la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como
tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base
axiológica-jurídica de interpretación, cuyo desconocimiento vulnera la
totalidad del ordenamiento constitucional.”[6]
De otro lado, es preciso señalar que desde el punto de
vista de las funciones constitucionales y legales de cada entidad, la carrera
administrativa tiene carácter instrumental (permite proveer los funcionarios
requeridos y garantizar que, por regla general, la vinculación con el Estado
responda a los mismos criterios de acceso, permanencia, promoción y retiro del
cargo), en la medida que sus normas no están dirigidas a interferir en las
esferas de decisión propias de los organismos a las cuales se aplican, cuyas
competencias y forma de ejercicio será el determinado en la Constitución y la
Ley, de acuerdo con el nivel de autonomía que les haya sido asignado.
De esta forma,
la Corte entiende la carrera administrativa como una herramienta de gestión
pública de rango constitucional y no como un mecanismo de injerencia en los
asuntos propios de cada entidad, que, por tanto, no impide su utilización en
organismos dotados de cierto nivel de autonomía. Así lo había señalado esta
Corporación en el caso de las entidades territoriales, cuya separación del
poder central no se consideró un obstáculo para la aplicación de las normas
generales de carrera administrativa expedidas por el legislador:
“Las normas relacionadas con la carrera administrativa crean un
marco de funcionamiento de la administración que no altera la independencia de
las entidades territoriales en el manejo de sus asuntos. Por el contrario, esas
normas contribuyen a establecer los requisitos mínimos para que las entidades
territoriales administren sus asuntos en forma más eficiente, en la medida en
que las normas sobre carrera dotan de solidez y eficiencia a la administración
y garantizan derechos laborales generales a los servidores públicos de las
distintas entidades territoriales.”[7]
Por tanto, en la medida que la carrera administrativa no
afecta las funciones o el ejercicio de las competencias constitucionales  y
legales de cada entidad, la Corte considera que la existencia de un régimen
general en esa materia, salvo para los casos en que la Constitución o la ley
han previsto una forma distinta de vinculación o un sistema especial o
específico de carrera, no tiene per se la virtualidad de afectar la
autonomía funcional de las entidades destinatarias y, por el contrario, en lo
que hace referencia a la vinculación con el Estado, permite hacer efectivo el
derecho a la igualdad y a la estabilidad de quienes aspiran a ocupar y
permanecer en los cargos públicos.
En consecuencia,
como se señaló en la Sentencia C-349 de 2004, la Corte reconoce en el
legislador amplias facultades de configuración normativa para el diseño de los
procedimientos de acceso al servicio público, facultades que, en todo caso, se
encontrarán restringidas por aquellos límites que emanan de la propia
Constitución.
3.2 El
sistema general de carrera administrativa como regla de vinculación al Estado.
El carácter excepcional de los sistemas especiales y específicos de carrera.
De acuerdo con
lo expuesto hasta el momento, se tiene entonces que el régimen de carrera
racionaliza el ejercicio de la función pública, a través de un sistema
normativo que regula de manera objetiva los criterios para el ingreso,
permanencia, ascenso y retiro del servicio y que elimina el uso de factores
subjetivos y aleatorios en la designación de los funcionarios estatales. Por
tanto, se trata de un sistema  que garantiza la defensa del interés general, “pues
descarta de manera definitiva la inclusión de otros factores de valoración que
repugnan a la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el
clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, entre otros, y en cambio fomenta
la eficacia y eficiencia de la gestión pública.”[8]
Dados pues los
fines legítimos que persigue y la protección que brinda a los intereses
generales del Estado y a los derechos específicos de los funcionarios públicos,
la Corte ha encontrado que en el marco de la Constitución Política de 1991,
todos los empleos deben proveerse por el sistema de carrera administrativa
(primera regla), con excepción de aquéllos "de elección popular, los de
libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley". (art.125 C.P)
A su vez, todos
los empleos de carrera administrativa deben sujetarse al régimen general que
determine el legislador (segunda regla), cuya administración y vigilancia
corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos del
artículo 130 superior, salvo (i) los sistemas especiales de carrera de rango
constitucional, que si bien se excluyen de la órbita de gestión de dicha
comisión, en todo caso se encuentran sujetos a la ley y a los principios de
igualdad, mérito y estabilidad y (ii) los sistemas específicos de carrera, esto
es, aquéllos cuya individualidad ha sido creada por el legislador dentro del
marco del sistema general de carrera, que en todo caso son administrados y
vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal como se precisó en
la Sentencia C-1230 de 2005.[9]
Así las cosas,
la interpretación de las normas de carrera administrativa es restrictiva en
favor de las dos reglas generales antes señaladas, que se derivan de los
artículos 125 y 130 superiores, como concreción, a su vez, de otros principios
y derechos constitucionales (igualdad, estabilidad laboral, eficiencia, entre
otros).  Sobre el particular, la Corte ha señalado con claridad:
“En esa orientación, acorde con los principios llamados a
desarrollar la función administrativa (C.P. art. 209), el artículo 125 de la
actual Carta Política consagra, como regla general, que los empleos en todos
los órganos y entidades del Estado deben proveerse mediante el sistema de
carrera, precisando a su vez que a la carrera se accede a través del concurso
público de meritos y que es competencia del legislador la determinación del
régimen jurídico correspondiente, debiendo fijar el sistema de nombramiento,
los requisitos y condiciones para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes, así como también las causales de retiro del servicio oficial.
A título de excepción, la disposición constitucional citada excluye
del régimen de carrera los empleos "de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley"; en este último caso, previendo una causal exceptiva
abierta que le otorga al Congreso la facultad para determinar qué otros
empleos, además de los previstos en la norma Superior citada, se rigen por un
sistema distinto al de carrera administrativa.
Sobre dicha facultad, la hermenéutica constitucional ha dejado
sentado que la misma es de interpretación restrictiva, en cuanto no es posible
que por esa vía se desnaturalice la regla general de que los empleos en los
órganos y entidades del Estado deben proveerse por el sistema de carrera. Para
la Corte, la competencia otorgada al legislador en ese campo no puede entrar en
contradicción con la esencia misma del sistema de carrera, ni tampoco generar
un efecto contrario al querido por el constituyente del 91: que la carrera sea
la excepción y los demás mecanismos de provisión de cargos la regla general[10].
Así, aun cuando al tenor de la Constitución se pueden desarrollar
excepciones al principio general de la carrera administrativa, por disposición
del mismo texto Superior debe mantenerse como una prioridad dicho régimen, por
ser éste el que mejor interpreta el principio del merecimiento como
determinante del ingreso, permanencia, promoción y  retiro de los cargos
públicos. En este sentido, la cobertura del sistema de carrera se extiende de
tal forma que en caso de existir empleos cuyo sistema de provisión no haya sido
establecido por la Carta o defino por la ley en forma razonable y justificada,
es necesario acudir a la regla general, es decir, al concurso público de
meritos para la provisión de cargos en el servicio estatal[11].”[12]
Por tanto, una
vez que el legislador ha establecido el sistema de carrera administrativa para
una determinada entidad, en aplicación de la primera regla derivada del
artículo 125 de la Constitución, entrará a operar la segunda regla ya señalada,
en lo referente a que los respectivos funcionarios quedarán sujetos al régimen
general de carrera administrativa, salvo que exista un sistema especial
o específico para esa entidad. Y habrá de tenerse en cuenta que para la
protección de esta segunda regla, la Corte ha entendido que además de aquéllos
de rango constitucional, “el establecimiento por parte del legislador de
regímenes especiales de carrera debe responder a un principio de razón
suficiente”[13], de
manera que el Congreso no contará con total discrecionalidad para crear
sistemas específicos en entidades que no lo requieran realmente para el
cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución o
la ley.
En consecuencia,
de acuerdo con los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, las únicas
excepciones al régimen general de carrera administrativa serán las derivadas de
los sistemas especiales previstos en la Constitución[14] y de
los específicos que expresamente determine el legislador, los cuales, en todo
caso, solo serán constitucionales “en la medida en que respeten el principio
general, esto es que establezcan procedimientos de selección y acceso basados
en el mérito personal, las competencias y calificaciones específicas de quienes
aspiren a vincularse a dichas entidades, garanticen la estabilidad de sus
servidores, determinen de conformidad con la Constitución y la ley las causales
de retiro del servicio y contribuyan a la realización de los principios y
mandatos de la Carta y de los derechos fundamentales de las personas, a tiempo
que hagan de ellos mismos instrumentos ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus propias funciones, esto es, para
satisfacer, desde la órbita de su competencia, el interés general”[15]
Todo lo anterior indica que los empleados de carrera administrativa
de una determinada Entidad estarán sujetos al régimen general expedido al
amparo de los artículos 125 y 130 superiores -hoy en día contenido en la Ley
909 de 2004-, si la propia Constitución o el legislador -dentro de su órbita de
competencias- no han previsto la existencia de un sistema especial o específico
de carrera. Por tanto, de los tres sistemas de carrera identificados por la
jurisprudencia[16], el régimen general
tendrá carácter de regla y los especiales y específicos solamente naturaleza de
excepción.
Finalmente, como
quedó definido en la Sentencia C-1230 de 2005, las anteriores reglas se
complementan con una adicional, que determina que la Comisión Nacional del
Servicio Civil tendrá a su cargo la administración y vigilancia del sistema
general de carrera administrativa y de los específicos que haya creado el
legislador, con la única excepción de los sistemas especiales de rango
constitucional:
“En consecuencia, acorde con los artículos 125 y 130 de la Carta, la
interpretación que se ajusta al espíritu de dichas normas, es aquella según la
cual, es a la Comisión Nacional del Servicio Civil a quien corresponde
administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de
aquellas carreras especiales que tengan origen constitucional. Ello significa
que se constituye en un imperativo constitucional, que se le asigne a dicha
Comisión tanto la administración como la vigilancia de la carrera general y de
las carreras especiales de origen legal, estas últimas, denominadas por el
legislador carreras específicas.”[17]
3.3 La
autonomía de la Comisión Nacional de Televisión. Su justificación en razón de
las funciones que cumple en materia de televisión.
La Comisión Nacional de Televisión surge en el ordenamiento jurídico
colombiano con  la Ley 182 de 1995, para cumplir, de manera autónoma, las
funciones previstas en los artículos 76 y 77 de la Constitución Política. En
todo caso, como cualquier otro ente del Estado, se encuentra inmerso en su
estructura y, por lo mismo, sometido a las limitaciones y restricciones que determinen
la Constitución y la ley.[18]
Como se ha dicho en otras oportunidades, la autonomía de la Comisión
Nacional de Televisión implica que no puede homologarse a una entidad
descentralizada, de forma que, entre otros aspectos, estará liberada del control
administrativo que ejerce el Ejecutivo sobre sus entidades adscritas o
vinculadas, lo “que le permite cumplir de manera independiente su función
constitucional y legal, vale decir, sin intromisiones e influencias del poder
político”; en este contexto y por la naturaleza de las funciones,
“resulta comprensible el afán del Constituyente de que la televisión, orgánica
y funcionalmente, no fuera controlada por el “gobierno de turno”[19]
Desde el punto de vista constitucional, los artículos 76 y 77
superiores otorgan a la Comisión Nacional de Televisión la autonomía necesaria
para dirigir la televisión, como organismo de ejecución y desarrollo de la
política trazada por el legislador. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha hecho énfasis en que tales funciones se ejercen de manera
subordinada a la ley, la que, además, puede reglar lo relativo a su
organización y funcionamiento, de acuerdo con los parámetros fijados en los
referidos artículos.[20]
La Corte también ha precisado que desde el punto de vista negativo,
la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión: (i) no le otorga el
carácter de órgano superior del Estado, en cuanto su función esencial es de
ejecución de la política que determine la ley (C.P., art. 77) y (ii) no le
concede un ámbito ilimitado de competencias, pues como toda entidad pública
ejerce sus funciones dentro del campo prefigurado por la Constitución y la ley.
[21]
En este último aspecto, debe recordarse que las funciones de
intervención y dirección que le corresponde ejercer a la Comisión Nacional de
Televisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 superiores, no
constituyen una competencia desligada de la ley, asimilable a una atribución
constitucional autónoma, que dicho organismo pueda ejercer sin ningún tipo de
limitación. Sobre el particular se ha indicado:
“Por lo anterior, no es aceptable, en el caso sub-examine, la tesis
de la actora, en el sentido de que la función de la CNTV es una “función
desligada de la ley”, una función “constitucional normativa” que dicho
organismo puede ejercer sin que medie la actividad legislativa, como si lo es,
por ejemplo, la facultad normativa directa de la cual goza el Banco de la
República, que le permite “...regular la moneda, los cambios internacionales y
el crédito”, según lo dispone el artículo 371 C.P.; o la función que el
Constituyente le otorgó al Consejo Superior de la Judicatura a través del
artículo 257-3 superior, para que, cuando no lo haya hecho el legislador, éste
pueda “...dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, lo relacionado con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites
judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador...”.
El cumplimiento de las funciones de ejecución de la CNTV está
supeditado a la ley, en la medida en que sus normas constituyen el marco que
las nutre y las delimita.  Cosa distinta es que dicha entidad cuente con
autonomía para hacerlo, no pudiendo el legislador, ni sustituirla asumiendo
directamente las funciones de dirección y ejecución de la política que el
defina, ni invadir sus competencias, como lo señala la actora, a través de
normas legales que contengan decisiones que se traduzcan en definiciones
concretas sobre aspectos específicos propios del ente ejecutor.”[22]
Y en otra oportunidad más reciente la Corte también señaló:
“Cuando se habla de autonomía de la Comisión Nacional de Televisión
es necesario entender que la misma sólo se exhibe frente a las autoridades
administrativas del Estado –y, por extensión, frente a cualquier organismo,
entidad o grupo de presión capaz de incidir en la adopción de medidas
concretas-, ya que, en relación con el legislador, cuando éste fija las pautas
generales y diseña las políticas fundamentales en la materia, la Comisión
Nacional de Televisión debe plena obediencia y sumisión.”[23]
Se observa además que la autonomía que la Constitución otorga a la
Comisión Nacional de Televisión está orientada a proteger su independencia en
el ejercicio sus funciones en materia de televisión, de manera que su triple
dimensión (administrativa, patrimonial y técnica) no se justifica por sí misma,
sino que encuentra fundamento en la necesidad de garantizar que la gestión de
ese sistema de difusión, como bien público de primer orden, se pueda hacer de
acuerdo con la ley y libre del control e injerencia del Gobierno y de los
grupos de interés.[24] Así, desde el punto de
vista constitucional, la autonomía del ente rector y ejecutor de de la política
televisiva “asume el carácter de garantía funcional e institucional del
conjunto de derechos y libertades fundamentales relacionados con la existencia
y fortalecimiento del principio democrático, la formación de una opinión
pública libre, la fluidez y profundidad de los procesos comunicativos sociales,
la creación, intercambio y divulgación de ideas, la conservación de las
diferentes identidades culturales etc.” [25]
Fue así como en Sentencia C-445 de 1997 se consideró inexequible la
sujeción de la Comisión Nacional de Televisión al visto bueno del Ministerio de
Comunicaciones en la ordenación del espectro electromagnético, pues dicha
entidad, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, quedaba sujeto a
interferencias indebidas del poder ejecutivo. Se dijo en esa ocasión:
“La expresión “previo el visto bueno del Ministerio de
Comunicaciones”, consagrada en la parte final del inciso segundo del parágrafo
2o. del artículo 16 de la Ley 335 de 1996 demandado, contradice los artículos
76 y 77 de la Constitución Política al ignorar el contenido mínimo de autonomía
de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) para el manejo del servicio de
televisión, el cual supone una autonomía funcional en relación con el
Gobierno, y quebranta el principio de separación de funciones entre los
distintos órganos del Estado establecido en el artículo 113 constitucional, por
lo cual resulta procedente retirarla del ordenamiento jurídico.”[26] (se subraya)
Por ello, como se reafirmó en la Sentencia C-351 de 2004, la
autonomía de la Comisión Nacional de Televisión se dirige a que, en el
desarrollo de sus funciones, dicha Entidad esté a salvo de presiones políticas
y económicas y lejos de la influencia de los gobiernos de turno:
“La garantía institucional de la autonomía de la Comisión Nacional
de Televisión, que le asegura el aislamiento de las fuentes de presión política
y económica, abriga el derecho de la sociedad a que la televisión no sea
controlada por grupos de interés, ofreciéndose a todos de manera independiente,
democrática y pluralista[27]. En este
sentido, la autonomía representa para la Comisión Nacional de Televisión un
rasgo mínimo de su naturaleza institucional, sin el cual no le sería posible
desarrollar a plenitud su objeto jurídico.”(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Lo que se ha dicho de manera específica sobre la autonomía funcional
de la Comisión Nacional de Televisión, guarda plena concordancia con las
directrices trazadas para las entidades autónomas de rango constitucional,
respecto de las cuales se ha indicado que la acción del legislador y la de los
órganos que forman parte de la Rama Ejecutiva se halla limitada por el núcleo
esencial de su autonomía “que resulta definido por los mandatos mediante los
cuales la Constitución, de manera explícita y en cada caso, define el ámbito de
autonomía”, para cuyo análisis la Corte ha fijado la siguiente regla de
interpretación:
“A mayor regulación constitucional menor será el ámbito de la
regulación legal, y viceversa. Pero en todo caso, es preceptivo el respeto al
núcleo esencial de autonomía que en cada supuesto aparecerá definido en
función del cumplimiento de las misiones específicas encomendadas al órgano
autónomo[28].”[29] (se subraya)
En este orden de ideas, en la medida que en el caso de la televisión
la Constitución no señaló de manera específica la entidad que debía ejercer las
funciones previstas en sus artículos 76 y 77 (a diferencia de lo que sucede con
otros organismos constitucionales), el legislador tendrá un mayor grado de
amplitud para la creación y organización de la persona jurídica que desempeñe
estas tareas, dentro de los límites previstos en el ordenamiento superior, uno
de los cuales será, necesariamente, la autonomía requerida para el ejercicio
independiente de la misión constitucional asignada en materia de televisión.
Así, “los esquemas organizativos que en desarrollo del artículo
77 de la C.P., defina la ley, se libran a su libre determinación, pero siempre
que no vulneren la autonomía de la institución rectora de la televisión, que ha
querido conferirle el Constituyente” [30], de
manera que, en todo caso,  la Comisión Nacional de Televisión “no puede
sustituir al legislador en la determinación de la política de televisión ni
en lo relativo a su propia organización y funcionamiento.”[31]
(se subraya)
De esta forma, la Corte Constitucional ha reconocido la competencia
del Congreso para regular aspectos organizativos de la Comisión Nacional de
Televisión, por ejemplo lo referente a las prohibiciones de los miembros de su
Junta Directiva:
“El legislador, en el caso que ocupa a la
Corte, tenía plena competencia para regular el ejercicio de las funciones
encomendadas a los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Televisión, en tanto autoridades públicas encargadas de dirigir la aplicación
de la política determinada por la ley para la prestación de un servicio público
de tanta trascendencia como es la televisión, el cual por lo demás exige de sus
directores el máximo de prudencia y reserva en el manejo de los asuntos que les
competen; esa regulación podía incluir, como lo hizo, el establecimiento de
prohibiciones expresas y específicas para los mismos, distintas de las
consagradas en la Carta Política para los funcionarios públicos, siempre que
ellas no contradigan, vulneren o amenacen los derechos fundamentales de dichos
funcionarios, o cualquier otra norma del ordenamiento superior.”[32]
En esta misma providencia, la Corte resaltó que quienes integren la
Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, tienen el carácter de
funcionarios públicos, por lo que les son aplicables las normas generales sobre
inhabilidades, impedimentos y prohibiciones que rigen para éstos, sin que ello
pueda considerarse violatorio de la autonomía propia de su actividad. En esta
misma línea jurisprudencial la Corte se pronunció en la Sentencia C-1044 de
2000:
“En esa perspectiva, no hay duda que el legislador tiene plena
capacidad para expedir normas legales, que rijan el ejercicio de las funciones
públicas que desempeñan los miembros de la junta directiva de la CNT, incluidas
aquellas que regulen el proceso de designación de sus miembros y determinen las
inhabilidades aplicables en esos casos, como también aquéllas que rijan la
prestación del servicio público de la televisión, mucho más cuando el ya citado
artículo 77 superior, lo faculta expresamente para determinar lo relativo al
nombramiento de dos de los miembros de dicho organismo, sin que establezca ni
prohíba la reelección de dichos funcionarios, lo que implica que en principio
podría, si le asiste razón suficiente y razonable, prohibir la reelección de los
mismos, restringiendo en ese caso el derecho de participación de quienes
desempeñan el cargo, consagrado en el artículo 40 superior, o por el contrario
permitiéndola, como en efecto lo hizo.
Es decir, que el Constituyente habilitó al legislador para regular a
través de la ley, la organización y funcionamiento del ente rector de la
televisión, la CNT, y para disponer lo relativo al nombramiento de dos de
los miembros de la junta directiva de ese organismo…”[33]
(se subraya)
Por tanto, en la medida que la autonomía de la Comisión Nacional de
Televisión no se predica respecto de la ley, “pues ésta es finalmente la
encargada de definir el marco general de sus atribuciones”[34],
se ha de concluir que “toda actividad
que válidamente realice la CNTV, debe haberle sido atribuida por la
Constitución y la ley”[35], de forma que, en el
caso de su organización administrativa, no podrá reclamar para sí una facultad
normativa desligada de la ley  y no sujeta a los límites naturales de la
función pública.
En consecuencia, la autonomía plasmada en los artículos 76 y 77 de
la Constitución protegerá a la Comisión Nacional de Televisión contra
injerencias indebidas de otras autoridades y de grupos sociales y económicos de
presión, en los asuntos para los cuales la Constitución ha querido que actúe
con plena independencia e imparcialidad (la dirección y ejecución de la
política de televisión y la intervención del espectro electromagnético
utilizado para estos fines), sin que ello signifique un desprendimiento de la
ley, especialmente en aquéllos asuntos para los cuales la Constitución ha
establecido reglas generales de obligatoria observancia para todos los entes
estatales.
Será entonces en este contexto y para la protección de las funciones
propias en materia de televisión, que deberá interpretarse en cada caso el
alcance del régimen legal propio y de la autonomía administrativa, patrimonial
y técnica prevista en los artículos 76 y 77 de la Constitución. Así, las
disposiciones que expida el legislador para el funcionamiento de la Comisión
Nacional de Televisión, en ningún caso podrán afectar la autonomía que dicha
Entidad requiere para que, como derecho social, “la televisión no sea
controlada por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se
conserve siempre como un bien social, de modo que su inmenso poder sea el
instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el
pluralismo y las culturas” “la dirección y el manejo de la televisión
del control de las mayorías políticas.”[36]
Por lo mismo, no serán reprochables constitucionalmente las
decisiones del legislador que no afecten la autonomía de la Comisión Nacional
de Televisión en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas de
manera privativa por la Constitución, tal como se entendió, por ejemplo, al
declarar exequibles las políticas generales en materia de televisión fijadas
por la ley[37], el establecimiento de
espacios de coordinación interinstitucional[38] y ciertas
normas de organización y funcionamiento de la Comisión.[39]
4. El
análisis de los cargos
El cargo que se
presenta en el caso bajo examen, gira en torno a la autonomía de la Comisión
Nacional de Televisión, en virtud de la cual el actor considera que sus
empleados de carrera administrativa, definidos así por la Ley 182 de 1995 (art.
15)[40], no están sujetos al
régimen general de la Ley 909 de 2004, sino que, por la naturaleza especial de
dicho organismo, prevista en los artículos 76 y 77 de la Constitución, se
someten únicamente a la regulación interna que expida esa misma Entidad de
acuerdo con sus propios estatutos.
El demandante
cita apartes de la Resolución 185 de 1996 de la Junta Directiva de la CNTV, en
la cual se señala que esta última expedirá el “régimen de Administración de
Personal” (art.15) y que la Subdirección de Recursos Humanos y Capacitación
tendrá la función de “organizar y adelantar los procesos de carrera
administrativa, selección, realización de concursos, escalafonamiento, coordinación
del proceso de calificación, y retiro del servicio, de acuerdo con las
políticas y reglamentaciones que al respecto expida la Junta Directiva.”
(art.36)
Para la Corte,
el conflicto planteado por el actor es inexistente. La autonomía de la Comisión
Nacional de Televisión, en su triple dimensión (administrativa, patrimonial y
técnica) garantiza que no esté subordinada a las determinaciones de otros
órganos o entidades del Estado o de grupos económicos, en relación con el
ejercicio de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución
(artículos 76 y 77), las cuales tienen un espacio de protección irreductible
que no puede ser invadido ni siquiera por el legislador. Por su parte, el
régimen general de carrera administrativa, como herramienta de gestión pública
de rango constitucional, se mueve en un espacio diferente y le brinda a las
entidades del Estado un mecanismo objetivo y universal para la vinculación,
permanencia, promoción y retiro de sus funcionarios.
En esta medida,
la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión no se ve afectada cuando las
expresiones acusadas señalan, en aplicación del artículo 125 de la Constitución
Política, que los funcionarios de carrera administrativa de esa entidad, se
sujetan al régimen general previsto en la Ley 909 de 2004.
Por tanto, si la
Ley 182 de 1995 (régimen legal propio), acogió el sistema de carrera
administrativa para la universalidad de funcionarios de la Comisión Nacional de
Televisión (art.15), sin ninguna aclaración y reglamentación adicional de
especificidad, la cual tampoco surge de los artículos 76 y 77 superiores, es
claro que será aplicable el régimen general de carrera administrativa contenido
en la Ley 909 de 2004, pues ello corresponde a lo que ordena el artículo 125 de
la Constitución Política.
En este sentido,
la Corte recuerda que en materia de carrera administrativa, solamente se
exceptúan del régimen general los sistemas especiales previstos en la
Constitución o  los específicos que determine el legislador dentro de su facultad
de configuración.
En el caso de la
Comisión Nacional de Televisión los artículos 76 y 77 de la Constitución no
previeron expresamente un régimen especial de carrera administrativa para esa
entidad, como si sucede en los demás casos en que la Corte ha identificado esa
situación[41], y tampoco es posible
deducir o entender implícita esa exclusividad de los enunciados generales de
autonomía que consagran los citados artículos.  Por su parte, el legislador
tampoco estableció un sistema específico de carrera para ese organismo y
simplemente se limitó a señalar en su régimen legal propio, que, salvo
los de libre nombramiento y remoción y los de dirección y confianza, “los
demás empleados serán de carrera administrativa.” (artículo 15 de la Ley
182 de 1995)
Por tanto, la
Corte comparte la interpretación del Ministerio Público y del Departamento
Administrativo de la Función Pública, en cuanto a que las expresiones acusadas
de la Ley 909 de 2004, simplemente vinieron a ratificar la aplicación del
artículo 125 de la Constitución Política a la Comisión Nacional de Televisión,
ante la ausencia de un régimen especial o específico de carrera administrativa.
En este sentido,
es evidente que la interpretación que presenta el actor carece de respaldo
constitucional, pues además de pasar por alto las reglas y principios
consagrados en el artículo 125 de la Constitución Política, implicaría que,
además de los tres regímenes de carrera administrativa identificados por la
jurisprudencia de esta Corporación (general, especiales y específicos),
existiría otro adicional y diferente para la Comisión Nacional de Televisión,
que solamente estaría sometido a normas de carácter administrativo expedidas
por esa misma entidad.
Así mismo, la
Corte no encuentra que la aplicación de las normas generales de carrera
administrativa por parte de la Comisión Nacional de Televisión, para aquéllos
funcionarios que conforme a su régimen legal propio se rigen por ese sistema de
vinculación, desconozca el núcleo central de la autonomía que le ha sido
reconocido por la Constitución, pues no implica que dicho organismo pierda la
independencia que requiere para el cumplimiento de sus funciones o que quede
sujeta a la jerarquía tradicional propia de la estructura de la administración
pública, o a los poderes de tutela administrativa de los cuales se le ha
querido aislar.
En la medida que
la carrera administrativa no interfiere por sí misma en los espacios misionales
de cada entidad, no se observa que ante la ausencia de un sistema especial o
específico de carrera para la Comisión Nacional de Televisión,  el sometimiento
al régimen general, que además es un imperativo constitucional si no existe un
régimen de excepción, vaya en contravía de los artículos 76, 77 y 113
superiores, pues no interfiere en las funciones constitucionales y legales que
son propias de dicho organismo en materia de televisión.[42]
En esa medida y por las mismas razones, esta Corporación tampoco encuentra que
se desconozca el artículo 4 de la Constitución, pues no encuentra
incompatibilidad entre las expresiones acusadas y el texto superior, en razón
de los cargos analizados.
Si bien la Corte
ha reconocido un espacio normativo para la Comisión Nacional de Televisión en
los asuntos que le son propios en el tema de la televisión[43],
dicho poder no se extiende al punto de permitirle derogar los regímenes
generales que establece la Constitución en determinados asuntos. Así, el hecho
de tener un régimen legal propio no implica que la Comisión Nacional de
Televisión se encuentre al margen de la estructura constitucional o que tenga
facultad derogatoria de los ordenamientos generales que rigen asuntos que no
tocan con el espacio de decisión reservado por la Constitución y para los
cuales la ley no ha señalado expresamente alguna excepción, tal como sucede,
por ejemplo, con la remisión al estatuto general de contratación y al Código
Contencioso Administrativo (art.5 de la Ley 182 de 1995), al régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades (art. 15
ibídem), etc.
Además, la Corte
debe reiterar sobre este punto que la regulación de la carrera administrativa
corresponde en primer lugar al legislador, como garante de los principios de
participación y representación propios del sistema democrático adoptado en
nuestro ordenamiento jurídico, de manera que carecen de sustento las
afirmaciones del actor sobre la capacidad normativa interna de la Comisión
Nacional de Televisión en esta materia. Así, en la Sentencia C-372 de 1999 la
Corte declaró inexequible las facultades otorgadas al Gobierno para reglamentar
de manera abierta los concursos públicos y para fijar causales de retiro del
servicio de los empleados de carrera, para lo cual señaló:
“Se otorgó al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar los
concursos generales para proveer los empleos de carrera administrativa. La
Carta establece que los requisitos y condiciones para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de
carrera, deben ser fijados por el legislador. No le corresponde al Gobierno, a
través del reglamento, establecer esas pautas y, por tanto, serán declaradas
inexequibles las expresiones acusadas del artículo 24. El artículo 37 acusado,
al admitir que los reglamentos puedan determinar las causas de retiro del
servicio de los empleados de carrera, viola flagrantemente el postulado que se
acaba de exponer y desconoce sin duda el artículo 125 de la Constitución, pues
amplía una atribución que el Constituyente limitó de manera específica a la
propia Carta y a la ley. Además, implica una desprotección a la estabilidad de
los trabajadores, quienes encuentran en la reserva de ley eficaz garantía de su
estabilidad, toda vez que en la Constitución se unifica en cabeza del
legislador la competencia para señalar los motivos que pueden llevar a su
salida del servicio, sin que sea posible que de manera fácil la propia
administración los amplíe.” [44]
Así mismo, esta
Corporación se había pronunciado en la Sentencia C-570 de 1997 al concluir que “la
carrera administrativa, por expreso mandato constitucional, debe ser regulada
mediante ley. Por tanto, el régimen de calidades y requisitos necesarios para
acceder a los distintos empleos públicos, incluyendo los municipales, debe ser
objeto de ella. Se trata pues de un tema que la propia Carta Política, decidió
que fuera regulado por el Congreso de la República, foro político y democrático
por excelencia; limitando así, tanto al ejecutivo, al impedir que decida sobre
la materia, como al legislador para que delegue su potestad en otro órgano
estatal.” Y de forma más reciente la Corte concluyó con base en esta línea
jurisprudencial:“Dentro de este contexto, no es difícil arribar a la
conclusión según la cual, las entidades de derecho público no pueden a través
de un reglamento determinar los casos en que proceda el concurso abierto,
asunto reservado al legislador y no al ejecutivo.”[45]
Como señala la
vista fiscal, al establecer el régimen de carrera administrativa para esa
Entidad, la Ley 182 de 1995 quiso entregar a sus funcionarios un marco legal y
reglamentario para el acceso, permanencia y retiro del servicio, que, ante la
ausencia de especificidad, no es otro distinto que el régimen general
desarrollado por el legislador. Por tanto, la Corte encuentra que las
expresiones acusadas de la Ley 909 de 2004 son exequibles, en la medida que,
sin desconocer la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión, ratifican
los mandatos que se derivan de los artículos 125 y 130 de la Constitución en
materia de carrera administrativa.
Finalmente, con
relación a que la Ley 909 de 2004 debió dar a la Comisión Nacional de
Televisión el mismo trato que a las universidades y al Banco de la República,
la Corte recuerda que en materia de carrera administrativa, no es posible hacer
ese juicio de igualdad entre entidades, pues además de que el régimen
constitucional puede diferir entre unas y otras (como en efecto sucede con los
organismos que refiere el actor), el legislador obra con discrecionalidad en la
materia, de acuerdo con las especificidades de cada entidad:
Por ello para la Corte es claro que el punto de comparación que se
realiza en el juicio de igualdad de los cargos de carrera administrativa no
puede ser entre las diferentes entidades del Estado, pues debido a la amplia
potestad de configuración política del Legislador, éste puede privilegiar el
objetivo de la carrera administrativa que considere pertinente.  Por
consiguiente, el juicio de igualdad deberá analizar las diferencias y
similitudes de los cargos de carrera de una misma entidad estatal, toda vez que
ahí es donde nos encontramos frente a sujetos con igual status jurídico.  Es
pues perfectamente legítimo que la ley establezca una modalidad de concurso de
ascenso en la carrera administrativa especial de la Contraloría que sea
diferente del que fue consagrado para la Registraduría.[46]
Por lo tanto, la Corte declarará la
constitucionalidad de las expresiones acusadas de la Ley 909 de 2004, por los
cargos analizados en esta Sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E:
Declarar EXEQUIBLES las expresiones “En la Comisión
Nacional de Televisión” que hacen parte del literal b) del numeral 1º del
artículo 3º de la Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan
el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan
otras disposiciones”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Sentencia C-109 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
ratificada en sentencia C-942 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  En otra
oportunidad la Corte también había dicho: “El régimen de carrera
administrativa, tal como lo concibió el Constituyente de 1991, impulsa entonces
la realización plena y eficaz de principios como el de igualdad y el de imparcialidad,
pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencia a partir de los
méritos, capacitación y específicas calidades de las personas que aspiran a
vincularse a la administración pública; sólo cumpliendo esos objetivos, que se
traducen en captar a los mejores y más capaces para el servicio del Estado,
éste, el Estado, está en capacidad de garantizar la defensa del interés
general, pues descarta de manera definitiva la inclusión de otros factores de
valoración que repugnan a la esencia misma del Estado social de derecho, tales
como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, entre otros, y en cambio
fomenta la eficacia y eficiencia de la gestión pública.” (Sentencia C-563 de
2000, MP. Fabio Morón Díaz).
[2] En el mismo sentido puede
verse la Sentencia C-023 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[3] Ver entre otras, las sentencias T-419/92 y C-479/92.
En otra jurisprudencia más reciente la Corte reiteró que: “La carrera
administrativa es entonces un instrumento eficaz para lograr la consecución de
los fines del Estado, el cual requiere de una organización adecuada que le
permita alcanzarlos, con un recurso humano que no sólo sea calificado sino que
pueda desarrollar su función en el largo plazo, es decir, con vocación de
perdurabilidad. Por esta razón, se erige como un sistema que armoniza los
principios que rigen la función pública, consagrados principalmente en el
Preámbulo y en los artículos 1, 2, 122 a 131 y 209 de la Carta, con la
protección del derecho al trabajo. (Sentencia C-292 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[4] Sentencia
C-1119 de  2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5] M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[6] Sentencia C-563 de 2000.
M.P. Fabio Morón Díaz.
[7]
Sentencia C-368/99, M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8] Sentencia C-563 DE 2000. M.P. Fabio Morón Díaz.
[9] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10]
Cfr. las Sentencias C-195 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-356 de 1994
(M.P. Fabio Morón Díaz) y C-306 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara), entre
otras.
[11]
Cfr. sentencia C-963 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[12] Sentencia C-1230 de
2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[13]
Sentencia C-517 de 2002. M.P Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo sentido
se dijo: “Sobre el particular, explicó la Corporación que el diseño de los
sistemas específicos de carrera debe estar amparado en un principio de razón
suficiente, toda vez que su regulación tiene que estar precedida de una
juiciosa y cuidadosa evaluación acerca de la verdadera especialidad de las
funciones que cumple el respectivo órgano o institución, de manera que se pueda
garantizar, por una parte, que la inclusión en el ordenamiento jurídico de un
nuevo sistema específico de carrera va a contribuir en forma efectiva y eficaz
al cumplimiento y realización de las funciones que le han sido asignadas por la
Constitución y la ley a la entidad beneficiaria del mismo, y por la otra, que
no se van a reconocer diferencias de trato para ciertos sectores de servidores
públicos que no se encuentren debidamente justificadas y que puedan degenerar
en una violación del principio de igualdad de trato.”  (Sentencia C-1230 de
2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.)
[14]
“Sin pretender establecer una enumeración taxativa, a partir de una
interpretación sistemática de la Constitución, en las Sentencias C-391 de 1993,
C-356 de 1994 y C-746 de 1999, este Tribunal ha calificado como regímenes
especiales de origen constitucional, el de los servidores públicos
pertenecientes a las siguientes entidades estatales: (i) las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional (C.P. arts. 217 y 218); (ii) la Fiscalía General de la
Nación (C.P. art. 253); (iii) la Rama Judicial del poder público (C.P. art.
256-1°); (iv) la Contraloría General de la República (C.P. art. 268-10°); la
Procuraduría General de la Nación (C.P. art. 279) y las universidades del
Estado (C.P. art. 69).” (Sentencia C-1230  de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil)
[15] Sentencia
C-563 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz
[16]
Sentencias C-746 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-517 de 2002 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández) y C-1230 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), entre
otras.
[17] M.P. Rodrigo Escobar Gil. En la Sentencia C-746 de
1999 también se había señalado: “Existe
armonía, para efectos de lo que interesa en esta demanda, entre lo dispuesto en
el artículo 125 y el 130 de la Constitución, en el siguiente sentido: si la
carrera administrativa es la regla general para los servidores públicos, la
competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sobre las distintas
carreras, es también la regla general, y que sólo en virtud de la exclusión que
sobre alguna carrera haga la propia Constitución, la Comisión carecerá de
competencia.” (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[18]
Sentencia C-711 de 1996. MP. Fabio Morón Díaz. En la Sentencia C-351 de 2004,
se señaló: “La jurisprudencia Constitucional ha reconocido por su parte que a
pesar de su importante protagonismo en el desarrollo de la política de
televisión, el objeto de la Comisión Nacional de Televisión está inscrito en la
estructura jurídica del Estado –no por fuera de ella-, al paso que sus
funciones se encuentran claramente delimitadas por la Ley, a la cual debe
sumisión.”
[19]
Sentencia C-711 de 1996. MP. Fabio Morón Díaz. Reiterada en
Sentencia C-350 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz.
[20] Pueden verse, entre
otras, las sentencias C-350 de 1997, C-200 de 1998 y C-010 de 2002.
[21] Sentencia
C-497 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] Sentencia C-350 de 1997
M.P. Fabio Morón Díaz.
[23] Sentencia C-351 de 2004.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24]
“La garantía institucional de la autonomía de la Comisión Nacional de
Televisión, que le asegura el aislamiento de las fuentes de presión política y
económica, abriga el derecho de la sociedad a que la televisión no sea
controlada por grupos de interés, ofreciéndose a todos de manera independiente,
democrática y pluralista.” (Sentencia C-351 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra)
[25] Sentencia
C-497 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[26] M.P. Hernando Herrera
Vergara.
[27] Cfr. Sentencia C-497 de
1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[28] Sentencia C- 401 de 2001.
[29]
Sentencia C-775 de 2001 .MP. Álvaro Tafur Gálvis.
[30]
Sentencia C-497 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta
misma oportunidad la Corte señaló: “El legislador no puede desvirtuar y
anular esta garantía, sin poner en peligro el concierto de libertades y
principios que protege. Si el ente de dirección de la televisión es cooptado
por uno de los subsistemas de la sociedad - en este caso, el de sus líderes
políticos -, existe una alta probabilidad de que su poder se incremente
irrazonablemente, a expensas del beneficio general que dicho medio está llamado
a servir a la sociedad y a sus distintos componentes e intereses vitales.
Inclusive, desde el punto de vista de la competencia política, no es equitativo
y petrifica el elenco de opciones, que la televisión deje de ser un bien o
recurso social y se convierta en activo cuasi-patrimonial de la mayoría
política que en cada momento histórico resulte triunfante.”
[31] Sentencia
C-564 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández.
[32]
Sentencia C-711 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz). En Sentencia
C-298 de 1999 se concluyó igualmente que “por expreso mandato superior, es
el legislador el encargado de determinar lo relativo a la organización y el
funcionamiento de la Comisión, así como señalar sus atribuciones.” (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez).
[33] M.P. Fabio Morón Díaz.
[34]
Sentencia C-351 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35]
Sentencia C-200 de 1998, MP. Carlos Gaviria Díaz.
[36]
Sentencia C-497 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la Sentencia
C-010 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[37]
Sentencia C-010 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[38]
Sentencia C-350 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. Sentencia C-351 de 2004. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[39] Sentencias C-1044 de
2000 y C-351 de 2004, entre otras. En la Sentencia C-
[40] “ARTICULO 15. Funcionarios de la Comisión Nacional
de Televisión. Los empleados de la Comisión Nacional de Televisión tendrán
la calidad de empleados públicos, y como tales estarán sometidos al
correspondiente régimen constitucional y legal de inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades.
Son
empleados de libre nombramiento y remoción aquellos que estén adscritos al
nivel directivo de la Comisión, o que no perteneciendo a éste desempeñen cargos
de dirección o confianza. Los demás empleados serán de carrera
administrativa.” (se subraya)
[41] Fuerzas Militares y la
Policía Nacional (C.P. arts. 217 y 218); Fiscalía General de la Nación (C.P.
art. 253); la Rama Judicial del poder público (C.P. art. 256-1°); Contraloría
General de la República (C.P. art. 268-10°); Procuraduría General de la Nación
(C.P. art. 279) y universidades del Estado (C.P. art. 69).
[42] Ley 182 de 1995. Art.4 – Objeto. Corresponde a la
Comisión Nacional de Televisión ejercer, en representación del Estado la
titularidad y reserva del servicio público de televisión, dirigir la política
de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en
relación con el servicio público de televisión de acuerdo a lo que determine la
ley; regular el servicio de televisión, e intervenir, gestionar y controlar el
uso del espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho
servicio, con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y
la eficiencia en la prestación del servicio, y evitar las prácticas
monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la
Constitución y la ley.
[43] Sentencia C-351 de 2004,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[44] M.P. José Gregorio
Hernández.
[45] Sentencia C-837 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[46] Sentencia C-063 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero.