T-774-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-774/13
AGENCIA
OFICIOSA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Requisitos
para determinar la legitimidad del padre o madre del hijo que presta el
servicio militar
Cuando
se trata de la protección de los derechos de las personas que se encuentran
prestando el servicio militar obligatorio, la jurisprudencia constitucional
ha
establecido que para determinar la legitimidad del padre o madre que interponen
acción de tutela en calidad de agente oficioso de su hijo mayor de edad que se
encuentra prestando el servicio militar obligatorio, el juez deberá tener en
cuenta que (i) los lazos de consanguinidad de los padres respecto del titular
del derecho invocado no constituyen razón suficiente para presentar en
su nombre una acción de tutela, por ello, deben concurrir en la demanda de
tutela los dos elementos propios de la agencia oficiosa. Por esta razón, (ii)
el accionante debe manifestar que actúa como agente oficioso, además (iii) es
necesario que figure expresamente o se infiera del contenido de la tutela que
el titular de los derechos no está en condiciones materiales para promover su
propia defensa, porque está prestando el servicio militar obligatorio, lo que
implica someterse a condiciones de concentración y obediencia debida a su
superior jerárquico.
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN
CALIDAD DE SOLDADO BACHILLER-Marco normativo y jurisprudencial
La
Constitución Política en el artículo 216 habilitó expresamente al Legislador
para reglamentar las condiciones, prerrogativas y exenciones de la prestación
del servicio militar obligatorio, por esto, en desarrollo de tal potestad
constitucional, el Legislador expidió la Ley 48 de 1993 y el
Decreto 2048 del mismo año, que determinaron el procedimiento que rige el
reclutamiento e incorporación al servicio militar. La prestación del servicio
militar constituye (i) un deber constitucional de carácter obligatorio que
supone el cumplimiento de unas etapas y requisitos previstos en la ley pero que
cuenta con unas causales de exención o de aplazamiento y (ii) se les reconoce a
los bachilleres una modalidad especial y distinta para atender la obligación
del servicio militar en atención al grado de instrucción educativa.
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Etapas
para definir la situación militar/SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Procedimiento
que rige el reclutamiento e incorporación al servicio militar
El procedimiento establecido para la prestación del
servicio militar consta de las siguientes etapas: (i) la inscripción, que debe
hacerse ante el distrito militar respectivo dentro del año anterior al
cumplimiento de la mayoría de edad; (ii) la realización de tres exámenes
médicos a fin de establecer la aptitud psicofísica; (iii) el sorteo, que se
realiza a todos los conscriptos aptos; (iv) los conscriptos aptos
elegidos se citan en el lugar,  fecha y hora determinados por las autoridades
de reclutamiento para incorporarlos a filas; (v) la  clasificación de
aquellos que por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo
hayan sido eximidos de la prestación del servicio o se les haya aplazado su
prestación (vi) el inscrito que no ingrese a las filas y sea clasificado, tiene
el deber de cancelar con cargo al Tesoro Nacional una "cuota de
compensación militar". Este procedimiento está reglamentado por el
Decreto 2048 de 1993.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
EN EL RECLUTAMIENTO E INCORPORACION AL SERVICIO MILITAR-Autoridades
militares deben observar el debido proceso y respetar derechos fundamentales de
quienes están definiendo su situación militar
Los actos que realicen las
autoridades castrenses con la finalidad de reclutar jóvenes para prestar
servicio militar, deben garantizar el debido proceso en el trámite
administrativo y respetar las garantías que de él se desprenden, lo que implica
el cumplimiento íntegro de cada una de las etapas y requisitos que conforman el
procedimiento establecido en la Ley para su prestación. Ello, busca evitar
cualquier tipo de decisión arbitraria en el curso del proceso adelantado que
termine por vulnerar sustancialmente las garantías constitucionales y demás
derechos fundamentales de quienes están definiendo su situación militar.
SERVICIO MILITAR-Aplazamiento
para menores hasta finalización de estudios superiores de pregrado/SERVICIO
MILITAR-Aplazamiento hasta mayoría de edad y por encontrarse en institución
de educación superior
Las condiciones mediante las
cuales los colombianos deben cumplir con el deber de prestar el servicio
militar obligatorio, son las siguientes: (i) desde 1997 los estudiantes de
bachillerato menores que hubieren resultado elegidos para prestar el servicio militar,
deben aplazar su incorporación a las filas de la Fuerza Pública hasta tanto
cumplan la mayoría de edad, (ii) los jóvenes elegidos para prestar el servicio
militar que cumplan la mayoría de edad, estando matriculados en un curso de
pregrado de un centro de educación superior, pueden aplazar la prestación del
servicio militar hasta cuando finalicen los estudios de pregrado u optar por
cumplir inmediatamente con el deber de prestar el servicio, en cuyo caso la
institución educativa deberá reservar el cupo en igualdad de condiciones, (iii)
en 1999 para los jóvenes que hubieren aplazado el servicio militar hasta
finalizar sus estudios se creó el beneficio de reducirlo a seis meses y la
posibilidad de homologarlo con los servicios sociales que exigen determinadas
profesiones y en el 2001 el beneficio del aplazamiento se extiende a los
jóvenes bachilleres mayores quienes al finalizar sus estudios de secundaria
pueden, igual que los menores, aplazar el servicio militar hasta cuando
finalicen sus estudios de pregrado universitario.
DERECHO A LA
EDUCACION-Protección frente a todos los ámbitos del sistema educativo
DERECHO A LA
EDUCACION Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Se extiende la protección a
la educación formal, no formal o informal
La garantía constitucional establecida por el artículo 67
respecto al adecuado cubrimiento del servicio y el derecho al acceso y
permanencia en el sistema educativo, permite concluir que la educación debe ser
objeto de protección por parte del Estado, independientemente de su naturaleza
a saber, formal, no formal o informal, la modalidad en que ésta se desarrolle
(técnica, tecnológica, complementaria o similar naturaleza), o la institución
educativa en la que se realice. Por ende, está prohibido conforme la
jurisprudencia previamente citada, que un programa de formación y capacitación
en una determinada profesión u oficio pueda ser dejado de lado por no ser de
carácter universitario o profesionalizante. Ello supondría, establecer
diferencias entre tipos de educación sin tener puntos objetivos de comparación
constitucionalmente admisibles. Se reitera, que la protección integral del
derecho a la educación debe  otorgarse sin discriminación alguna en tanto su
garantía permite el reconocimiento de otros derechos constitucionales
fundamentales.
EDUCACION EN
ESCUELAS NORMALES SUPERIORES-Regulación y finalidad/DERECHO A LA
EDUCACION-Protección se extiende a educación en Escuelas Normales
Superiores
La educación que se realiza en Escuelas Normales
Superiores, se encuentra regulada por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de
1994, el Decreto 2903 de 1994, el
Decreto 709 de 1996 y el Decreto 4790 de 2008.  La mencionada ley y
demás normas reglamentarias, disponen conjuntamente que la misión de las Escuelas
Normales Superiores es la de formar educadores de reconocida idoneidad ética,
moral y pedagógica, con base en las necesidades de las comunidades, para lo
cual funcionan como unidades de apoyo académico de una institución de educación
superior que se dedique a la consecución de tal fin. Esta clase de
instituciones, como todas las demás, deben ser aprobadas en su creación y
funcionamiento por el Ministerio de Educación Nacional, quien es el encargado
de señalar los lineamientos generales para la formación y acreditación de sus
programas. Además de la función que cumplen relativa a la formación de
educadores en el nivel de preescolar y de educación básica primaria, dichas
instituciones ofrecen un ciclo complementario de formación de docentes cuyo
término de duración es de dos (2) años. El Decreto 4790 de 2008, establece las
condiciones básicas de calidad para la organización y el funcionamiento del
programa de formación complementaria que puede ofrecer una Escuela Normal
Superior. En efecto, establece que dicho programa está incorporado al proyecto
educativo institucional y corresponde al Ministerio de Educación Nacional
verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del mismo. De
igual manera, dispone que para atender dicho ciclo complementario, la Escuela
Normal Superior deberá celebrar un convenio con una institución de educación
superior que cuente con una facultad de educación u otra unidad académica
dedicada a la educación, con programas para la formación profesional de
docentes. Este convenio establecerá las condiciones para el reconocimiento del
ciclo complementario de formación docente recibido en la Normal Superior, como
parte de los programas de pregrado conducentes a la obtención del título de
licenciado.
DERECHO A LA EDUCACION Y
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Vulneración por Ejército al exigir como
requisito para proceder al aplazamiento en la prestación del servicio militar
que se encuentre cursando estudios superiores formales
La Constitución Política es
diáfana al consagrar y proteger la educación, sin importar nivel, modalidad o
claustro, como un derecho superior, por lo que mal puede el Ejército Nacional
condicionar el reconocimiento de una prerrogativa que para el caso comprende el
aplazamiento en la prestación del servicio militar, a que la persona se
encuentre matriculada estrictamente en una institución de educación formal,
como lo serían los centros universitarios,  desestimando los establecimientos
educativos que el mismo Estado “ha autorizado mediante actos administrativos
para que ofrezcan programas educativos a la sociedad, facilitando el acceso a las
personas, acorde, desde luego, a su vocación y condiciones socioeconómicas”
ACCESO Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y SERVICIO MILITAR-Ejército desconoció
derecho al libre desarrollo de la personalidad al exigir que se adelantaran
estudios en institución de educación superior, concretamente en universidad
para acceder al aplazamiento
La Corte entiende que con la obligación impuesta al actor
de cursar sus estudios en una institución de educación superior, concretamente
en una universidad y la consecuente prohibición tácita de adelantarlos en una
Escuela Normal, se vulneró su derecho a la educación y concretamente al acceso
y permanencia en el sistema educativo, sistema que como bien se advirtió atrás,
goza de diversos componentes, que han sido expresamente regulados en la Ley
General de la Educación. Dentro de estos componentes se encuentra la educación
adelantada en Escuelas Normales Superiores, la cual se encuentra amparada por
el sistema de protección que prodiga la Carta Fundamental en su artículo 67.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el derecho a la educación es un
presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos fundamentales y tiene
injerencia directa en su efectividad, la intensidad de la interpretación y de
la medida limitativa adoptada por el Ejército Nacional frente a las
posibilidades de acceder al aplazamiento del servicio militar, restringió el
derecho al libre desarrollo de la personalidad del actor con ocasión de la posibilidad
de optar por la institución de educación que se encontrara acorde con su
proyecto de vida y eventualmente con sus condiciones socioeconómicas, así como
también, el derecho a la igualdad de oportunidades educativas, por
cuanto se ejerció un trato discriminatorio frente al joven por encontrarse
cursando sus estudios en una Escuela Normal Superior.
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL RECLUTAMIENTO E INCORPORACION AL SERVICIO MILITAR-Vulneración
del Ejército por incorporación a filas sin haber estudiado y analizado
documentos allegados que daba cuenta la calidad de estudiante
El Ejército Nacional viola los derechos fundamentales al
debido proceso y educación de una persona con su decisión de
incorporarlo y reclutarlo para efectos de la prestación del servicio militar
obligatorio, cuando ésta se encuentra inmersa en un proceso educativo de
formación y capacitación en una profesión u oficio de cualquier naturaleza, independientemente
de su modalidad o de la institución donde los realice, siempre y cuando aquella
esté debidamente reconocida.
DERECHO A LA
EDUCACION Y SERVICIO MILITAR-Aplazamiento hasta mayoría de edad y por
encontrarse en institución de educación formal, no formal o informal
Conforme la Jurisprudencia constitucional que vincula a
todos los jueces, la Constitución y la ley no hacen exclusiones frente a
los tipos y modalidades de educación que el sistema educativo ofrece y protege,
por ende, no es admisible que una disposición reglamentaria (art. 13 del
Decreto 2124 de 2008) impida el acceso y permanencia a la educación de una
persona que escoge libremente la institución educativa a la cual desea acceder
conforme su capacidad socio-económica y sus expectativas de formación. En
efecto, cualquier intento encaminado a limitar y restringir el ejercicio del
derecho a la educación en su concepción amplia y dinámica y sin existir
justificación objetiva para ello, es reprochable constitucionalmente y supone
su inmediata protección a través de la acción de tutela. Así las cosas, el
estudiante se encontraba para el momento de su incorporación, cursando estudios
de pregrado en una Institución Educativa que si bien no es un centro
universitario, como lo exige el Decreto 2124 de 2008, “Por el cual se
reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la Cuota de Compensación
Militar”, si se trata de una Institución que forma parte del sistema educativo,
el cual como previamente se mencionó, goza de diversos componentes que han sido
expresamente regulados e igualmente protegidos en la Ley General de la
Educación, dentro de los cuales se encuentra la educación adelantada en
Escuelas Normales Superiores.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO-Joven fue desincorporado de las filas del Ejército y
actualmente se encuentra estudiando
DERECHO A LA EDUCACION Y
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Se previene al Ejército para que se abstenga
de reclutar e incorporar a filas a todas aquellas personas que se encuentren estudiando,
independientemente de la modalidad o de la institución donde los realice,
siempre y cuando aquella esté debidamente reconocida
Referencia: expediente T-3959257
Acción de tutela presentada por
Ramón Ortiz Calderón en calidad de agente oficioso de Juan Sebastián Ortiz
Mejia contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Comandante del Distrito Militar
No. 34 con sede en Barrancabermeja y el Comandante de la Sexta Zona de
Reclutamiento con sede en Ibagué y el Jefe de Reclutamiento y Control de
Reservas del Ejército Nacional y la Dirección de Reclutamiento y Movilización
del Comando General de las Fuerzas Militares, en calidad de entidades
vinculadas de oficio.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil trece
(2013).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido en única
instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga el diez (10) de abril de dos mil trece (2013), dentro
de la acción de tutela promovida por Ramón Ortiz Calderón en calidad de agente
oficioso de Juan Sebastián Ortiz Mejia contra el Ministerio de Defensa
Nacional, el Comandante del Distrito Militar No. 34 de Barrancabermeja y el
Comandante de la Sexta Zona de Reclutamiento de Ibagué y el Jefe de
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejercito Nacional y la Dirección de
Reclutamiento y Movilización del Comando General de las Fuerzas Militares, en
calidad de entidades vinculadas de oficio.
El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por medio de auto proferido por la Sala de Selección Número Siete.
I.  ANTECEDENTES
El señor Ramón Ortiz Calderón, interpuso acción de tutela en
calidad de agente oficioso de su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejia, al considerar
vulnerados los derechos fundamentales a la educación y el debido proceso de su representado,
con ocasión del reclutamiento y posterior incorporación que se realizó del
joven a las filas del Ejército Nacional, desconociendo que para ese momento se
encontraba matriculado y cursando estudios en una institución educativa del
municipio de Barrancabermeja.
1. Hechos
1.1. Manifiesta el accionante, que en el año dos mil doce (2012),
su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejia se presentó ante el Distrito Militar No. 34
con sede en Barrancabermeja con la finalidad de definir su situación militar.
1.2. Para ese momento no fue atendido, razón por la cual se
fijó nueva fecha para tal fin, quedando entonces para el dieciséis (16) de marzo
del año dos mil trece (2013); día en el cual procedió a la entrega de la documentación
en la cual indicaba que en la actualidad se encontraba adelantando estudios
superiores en la Institución Educativa-Escuela Normal Superior Cristo Rey en el
Programa de formación complementaria, Primer Semestre, y cuya matricula ya había
cancelado.[1]
1.3. Pese a ello, el Ejército Nacional, le informó al joven su
inmediato reclutamiento y posterior traslado al municipio de Honda, Tolima.
1.4. A raíz de lo ocurrido, el señor Ramón Ortiz se presentó
ante el Distrito Militar No. 34 con sede en Barrancabermeja a efectos de
aportar nuevamente la documentación que acreditaba que su hijo Juan Sebastián
Ortiz, estaba cursando estudios superiores cuando fue reclutado. No obstante,
el funcionario encargado de recibir y evaluar las peticiones aportadas, le informó
que no le era posible darle trámite a la referida documentación, toda vez que “ellos
no tenían nada que ver con el reclutamiento.”[2]
1.5. A juicio del peticionario, “la actuación del ejercito
es violatoria de la ley: “[…] violaron el debido proceso por que no les
valieron los certificados de estudios, no le permitieron despedirse de su
familia, se los llevaron como si fueran unos delincuentes”.[3]
1.6. Con fundamento en lo anterior, el tutelante en calidad
de agente oficioso de su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejia, presenta acción de
tutela invocando la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la
educación y al debido proceso. En consecuencia, solicita como objeto material
de protección: (i) el desacuartelamiento inmediato de su hijo para que pueda
continuar con los estudios que se encontraba adelantando[4] y (ii) la compulsación de
copias a la Procuraduría General de la Nación, a efectos de que investigue el
trato indigno del que fue objeto el joven estudiante durante el trámite del
reclutamiento.
2. Respuesta de las entidades demandadas
Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de
tutela por parte de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, Santander, mediante auto proferido el
veintidós (22) de marzo del año en curso, el Despacho ordenó notificar a las
entidades accionadas y al Jefe de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército
Nacional y la Dirección de Reclutamiento y Movilización del Comando General de
las Fuerzas Militares, en calidad de entidades vinculadas de oficio[5], con el fin
de que en el término de dos (2) días ejercieran el derecho de defensa y
contradicción.[6]
Sin embargo, las referidas autoridades judiciales durante el
término de traslado de la acción de tutela y habiendo transcurrido el término
respectivo para que ejercieran sus derechos, guardaron silencio, pese a que se
les comunicó directamente el requerimiento judicial mediante telegramas No. 2892 a 2898 dirigidos en su orden[7]
e incluso se reiteró la solicitud enviada a cada una de las entidades
accionadas y vinculadas de oficio mediante telegramas No. 3274 a 3278.[8]
2.1. Respuesta de la Dirección de Reclutamiento y Control
de Reservas, Distrito Militar No. 34 de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército
Nacional
Vencido el término probatorio, la Dirección de Reclutamiento
y Control de Reservas, Distrito Militar No. 34, por conducto del Comandante del
referido Distrito,[9]
dio contestación al requerimiento judicial, mediante oficio del cuatro (04) de
abril de dos mil trece (2013). En el mismo, expuso que no existía vulneración
alguna a los derechos fundamentales del joven Juan Sebastián Ortiz Mejia, en
tanto de conformidad con la normatividad, el mencionado ciudadano no se
encontraba contemplado en ninguna de las causales de exención o eventual
aplazamiento en la prestación del servicio militar obligatorio.
En cuanto a la situación particular del joven Juan Sebastián
Ortiz, expuso que “actualmente se encuentra incorporado en las filas del
Ejercito prestando su servicio militar obligatorio como Soldado
Bachiller en el BATALLÓN DE SERVICIOS No. 28 (Ubicado en el Batallón ASPC No.
28 “Bochica” KM 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo Puerto Carreño) siguiendo la
normatividad que nos exige la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamente (SIC) el
servicio de reclutamiento y movilización en el cual el congreso de la republica
decreta las normas rectoras”.[10]
2.2. Respuesta de la Dirección de Reclutamiento y Control
de Reservas de las Fuerzas Militares de Colombia- Ejército Nacional
2.2.1. Mediante oficio del ocho (08) de abril del año
en curso, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército
Nacional, por intermedio del Director de la referida Dirección,[11] expuso que: (i) Al
revisar en el Sistema Integrado de Información de Reclutamiento (SIIR), se
verificó que el ciudadano Juan Sebastián Ortiz Mejia, adelantó el proceso de
inscripción a través del Distrito Militar 34 adscrito a la Quinta Zona de
reclutamiento como integrante del segundo contingente del año dos mil trece (2013)
y fue citado a incorporación el diecisiete (17) de marzo de dos mil trece
(2013). En la actualidad, se encuentra incorporado en el Batallón de Infantería
19 “Gr. Joaquín Paris” en calidad de Bachiller. (ii) Que verificados los
archivos correspondientes a la documentación recibida, no reposaba derecho de
petición o solicitud alguna por parte del señor Ramón Ortiz Calderón o del
joven Juan Sebastián Ortiz Mejia, en la que solicitaran el aplazamiento en la
prestación del servicio militar obligatorio por encontrarse este último
adelantando estudios superiores.[12]
2.2.2. De igual manera, la Dirección de Reclutamiento
y Control de Reservas de las Fuerzas Militares de Colombia- Ejército Nacional,
mediante oficio del nueve (09) de abril del dos mil trece (2013) y por conducto
del Comandante de la Sexta Zona de Reclutamiento,[13] solicitó en su escrito
de contestación, se negara por improcedente la presente acción de tutela, en
tanto no existía actuación alguna que hubiere implicado la vulneración de los
derechos fundamentales del tutelante y su representado, toda vez que se había
dado estricta aplicación a las normas y directrices que regulaban la materia.[14]
En este mismo sentido, estableció que (i) el ente competente
para efectuar el trámite de desacuartelamiento del ciudadano Juan Sebastián Ortiz
Mejia, era el Comandante de la Unidad militar en donde se encontraba prestando
el servicio militar (Batallón ASPC No. 28 Bochica) ubicado en Puerto Carreño
Vichada y (iii) que en cuanto a la situación particular del Joven, la referida
Dirección, señaló que “este ciudadano se encuentra incorporado ya que no
presentó soportes el día de la incorporación, para que pudiera quedar exento de
la prestación del servicio militar, y entre ellos no presentó o demostró
ninguna inhabilidad, o exención de ley para no prestar el servicio militar.” Finalmente
“que según lo verificado en el SNIES, sistema nacional de información de
educación superior, y la ley 30 de educación, y el ministerio de educación
nacional el programa académico que pretende soportar este ciudadano no se
encuentra establecido como un programa académico de educación superior para que
sea tenido en cuenta según lo establece el Decreto en mención.”[15]
2.3. Las demás entidades accionadas y vinculadas de oficio,
guardaron silencio, no obrando dentro del expediente de tutela pronunciamiento
alguno sobre el fondo del asunto, pese a que se les comunicó directamente el
requerimiento judicial.
3. Decisión que se revisa
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, Santander, mediante fallo del diez (10) de abril de
dos mil trece (2013), resolvió negar por improcedente el amparo invocado.
A juicio del Despacho, no existió por parte de las
autoridades accionadas, una actuación que haya vulnerado los derechos
fundamentales del joven Juan Sebastián Ortiz Mejia, en tanto no se acreditó la
concurrencia de una causal de aplazamiento del servicio militar conforme los
lineamientos legales que exigían la realización de estudios universitarios al
momento de la selección. En este orden de ideas, el programa de formación complementaria
en el que se encontraba matriculado el actor, no hacia parte de la modalidad
universitaria y por ende no era viable conceder el amparo invocado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para revisar el fallo de tutela de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema jurídico
2.1. Teniendo en
cuenta los antecedentes previamente citados, le corresponde a la Sala examinar
el siguiente problema jurídico. ¿Desconoce el Ejército Nacional el derecho al
debido proceso y a la educación de una persona (Juan Sebastián Ortiz Mejía),
con su decisión de incorporarlo y reclutarlo para efectos de la prestación del
servicio militar obligatorio, aun cuando para ese momento se encontraba matriculad y
cursando estudios superiores para formación de docentes (programa de formación
complementaria ofrecida por una Institución Educativa en  Barrancabermeja, en
el primer semestre)?
2.2. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala
efectuará breves consideraciones en relación con: (i) la agencia oficiosa
cuando se trata de agenciar los derechos de las personas que se encuentran prestando
el servicio militar obligatorio, (ii) el marco normativo y jurisprudencial del
servicio militar obligatorio en Colombia y su prestación en calidad de soldado
bachiller (iii) la aplicación del debido proceso administrativo en el
reclutamiento e incorporación al servicio militar realizado por las autoridades
castrenses (iv) la figura del aplazamiento para la prestación del servicio
militar, y (v) la protección del derecho a la educación frente a todos los
ámbitos del sistema educativo, para finalmente resolver el caso concreto.
3. Legitimación
por activa del señor Ramón Ortiz Calderón
en calidad de agente oficioso de su hijo
3.1. El inciso 1º del artículo 86 de la Constitución
Política consagró que la acción de tutela puede ser instaurada por la persona
directamente afectada o por quien actúe en su nombre.[16]  Esto fue desarrollado en
el Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” y  que en
efecto establece en su artículo 10° que “[l]a acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud (…).”
3.2. De los artículos citados, se deriva la posibilidad de
que la demanda de tutela sea instaurada por quien no es el titular de los
derechos amenazados o vulnerados. Sin embargo, para poder agenciar los derechos
de otro, en sede de tutela, deben observarse mínimamente los siguientes
requisitos: (i) que el directamente afectado se encuentre imposibilitado para
interponer directamente la acción, y, además, (ii) manifestar que se obra en
calidad de agente oficioso. Solo cuando estos dos (2) requisitos estén
satisfechos, se afirma que el agente goza de legitimación por activa para
agenciar los derechos fundamentales de su titular.
3.3. Ahora bien,
cuando se trata de la protección de los derechos de las personas que se
encuentran prestando el servicio militar obligatorio, la jurisprudencia
constitucional ha
establecido que para determinar la legitimidad del padre o madre que interponen
acción de tutela en calidad de agente oficioso de su hijo mayor de edad que se
encuentra prestando el servicio militar obligatorio, el juez deberá tener en
cuenta que (i) los lazos de consanguinidad de los padres respecto del titular
del derecho invocado
no constituyen razón suficiente para presentar en su nombre una acción de
tutela, por ello, deben concurrir en la demanda de tutela los dos elementos
propios de la agencia oficiosa. Por esta razón, (ii) el accionante debe
manifestar que actúa como agente oficioso, además (iii) es necesario que figure
expresamente o se infiera del contenido de la tutela que el titular de los
derechos no está en condiciones materiales para promover su propia defensa,
porque está prestando el servicio militar obligatorio, lo que implica someterse
a condiciones de concentración y obediencia debida a su superior jerárquico.[17]
3.4.  En esta medida, la Sala considera que el señor Ramón
Ortiz Calderón goza de legitimidad para incoar la presente acción de tutela en
nombre de su hijo Juan Sebastian Ortiz Mejia, en tanto cumple con los
requisitos contemplados por la Corte Constitucional en materia de agencia
oficiosa. En efecto, se encuentra que: (i) el señor Ortiz Calderón manifestó en
el escrito de la tutela que actúa como agente oficioso de su hijo Juan
Sebastian,[18]
y que (ii) al momento de presentarse la acción de tutela su hijo se encontraba
prestando servicio militar obligatorio, lo que de suyo, supone unas
limitaciones específicas para el ejercicio de esta acción constitucional ante
una autoridad judicial, pues quienes forma parten de las Fuerzas Militares,
están sujetos a los deberes jurídicos de obediencia y disciplina que
condicionan el tiempo y la movilidad del titular del derecho.[19]
De esta manera, más allá de los lazos emocionales y de
parentesco que  vinculan al señor Ramón Ortiz con el titular del derecho, en
este caso, su hijo Juan Sebastián, existe una circunstancia adicional que justifica
el ejercicio de la agencia oficiosa y que se relaciona directamente con la
imposibilidad material del joven para promover su propia defensa; circunstancia
que incluso fue avalada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Bucaramanga, que conoció del asunto en única instancia.[20]
4. Marco normativo y
jurisprudencial del servicio militar obligatorio en Colombia y su prestación en
calidad de soldado bachiller
4.1. Conforme lo establece el artículo 2º de la
Constitución, entre los fines esenciales del Estado, se encuentra el de “defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”; propósitos
que han sido encomendados por la Constitución (art. 217 y 128) a las Fuerzas
Militares – integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea-, a la
Policía Nacional, y a los ciudadanos, por medio de la obligación de prestar
servicio militar, quienes “están obligados a tomar las armas cuando las
necesidades públicas lo exijan” (art. 216 C.P.).
4.2. En los mandatos
constitucionales citados se encuentra el fundamento del servicio militar
obligatorio, que se deriva, a su vez, de los principios fundamentales de la
solidaridad y reciprocidad social, tal como lo expresó la Corte
Constitucional en sentencia T-250 de 1993[21]:
“2. El carácter social de
nuestro Estado de Derecho se manifiesta en la positivización de deberes y
obligaciones constitucionales que exigen fidelidad a los valores supremos del
ordenamiento y compromiso activo con las instituciones públicas. La
Constitución no agota su pretensión normativa en una profusa consagración de
derechos. También establece una serie de deberes y obligaciones a las personas
derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social.
Los deberes y obligaciones constitucionales imponen unas mismas cargas a sus
titulares con miras a alcanzar fines sociales deseables o necesarios.
3. El servicio militar es una
obligación constitucional que implica la restricción temporal de cierto ámbito
de los derechos y libertades individuales (…)”.[22]
4.3. En este orden de ideas, la
Constitución Política en el artículo 216 habilitó expresamente al Legislador
para reglamentar las condiciones, prerrogativas y exenciones de la prestación
del servicio militar obligatorio, por esto, en desarrollo de tal potestad
constitucional, el Legislador expidió la Ley 48 de 1993[23] y el Decreto 2048 del
mismo año,[24]
que determinaron el procedimiento que rige el reclutamiento e incorporación al
servicio militar.
4.4.
De acuerdo con la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de
Reclutamiento y Movilización”, todo varón colombiano está obligado a
definir su situación militar desde el momento en el que cumpla la mayoría de
edad, con excepción de los jóvenes menores y mayores de edad elegidos, quienes
pueden aplazar el deber de prestar el servicio militar y cumplir con el al
finalizar los estudios de pregrado. Dicha obligación únicamente cesará a los
cincuenta (50) años de edad (Art. 10).
Dicha
disposición igualmente señala, las distintas etapas que deben surtirse a
efectos de lograr la definición de la situación militar, las modalidades para
atender la obligación relacionada con la prestación del servicio militar
obligatorio[25]
y, establece en los artículos 27 a 29, las causales que autorizan que a un
ciudadano se le exima de la prestación del servicio militar obligatorio, o la
misma sea objeto de aplazamiento.
4.4.1. El procedimiento establecido para la prestación del
servicio militar consta de las siguientes etapas: (i) la inscripción, que debe
hacerse ante el distrito militar respectivo dentro del año anterior al
cumplimiento de la mayoría de edad;[26]
(ii) la realización de tres exámenes médicos a fin de establecer la aptitud
psicofísica;[27]
(iii) el sorteo, que se realiza a todos los conscriptos aptos;[28] (iv) los
conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar,  fecha y hora determinados por
las autoridades de reclutamiento para incorporarlos a filas; (v) la
clasificación de aquellos que por razón de una causal de exención, inhabilidad
o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio o se les haya
aplazado su prestación (vi) el inscrito que no ingrese a las filas y sea
clasificado, tiene el deber de cancelar con cargo al Tesoro Nacional una
"cuota de compensación militar".[29]
Este procedimiento está reglamentado por el Decreto 2048 de 1993.[30]
4.4.2. Ahora bien, dentro de las modalidades
para atender la obligación relacionada con la prestación del servicio militar
obligatorio, esta la que corresponde a los soldados bachilleres. El artículo 13
de la Ley 48 de 1993, la reconoce como una modalidad de prestación del servicio
militar, distinta y especial de las demás previstas para atender la referida
obligación.
La Corte ha concluido que “aquellos
que son incorporados al servicio militar en la modalidad de soldados
bachilleres e, incluso, aquellos reclutados como soldados campesinos, si bien
están obligados a tomar las armas y reciben para ello una formación mínima, su
preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de defensa personal no
alcanza niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que afrontan,
por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del
conscripto.”[31]
En ese sentido, la prestación del
servicio militar en calidad de soldado bachiller, esta destinada a la
realización de actividades de bienestar social a la comunidad, preservación del
medio ambiente y conservación ecológica y su término de duración es de doce
(12) meses.[32]
4.5. En conclusión, como se
infiere de las normas transcritas, la prestación del servicio militar constituye
(i) un deber constitucional de carácter obligatorio que supone el cumplimiento
de unas etapas y requisitos previstos en la ley pero que cuenta con unas
causales de exención o de aplazamiento y (ii) se les reconoce a los bachilleres
una modalidad especial y distinta para atender la obligación del servicio
militar en atención al grado de instrucción educativa.
5. El debido proceso administrativo en el
reclutamiento e incorporación al servicio militar realizado por las autoridades
castrenses
5.1. El artículo 29 de la
Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el
cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino
también administrativas.[33]
De acuerdo con la organización
política del Estado Colombiano, el Ejército Nacional hace parte de la Rama
Ejecutiva del poder público, por lo que en el ejercicio de sus funciones debe
respetar el debido proceso y los principios que rigen la función pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política.[34]
5.2. En el ámbito de las actuaciones de la administración,
esta Corporación ha indicado que el debido proceso para los efectos del
artículo 29, hace referencia a la observancia de cada una de las etapas de la
actuación administrativa. Al respecto indicó lo siguiente:
“[u]n conjunto complejo de
circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado
funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la
validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir
sanciones legales de distinto género.  Se trata del cumplimiento de la
secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados entre sí de
manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo con la
disposición que de ellos realice la ley”.[35]
5.3. Con fundamento en lo
anterior, los actos que realicen las autoridades castrenses con la finalidad de
reclutar jóvenes para prestar servicio militar, deben garantizar el debido
proceso en el trámite administrativo y respetar las garantías que de él se
desprenden, lo que implica el cumplimiento integro de cada una de las etapas y
requisitos que conforman el procedimiento establecido en la Ley para su
prestación. Ello, busca evitar cualquier tipo de decisión arbitraria en el
curso del proceso adelantado que termine por vulnerar sustancialmente las
garantías constitucionales y demás derechos fundamentales de quienes están
definiendo su situación militar.
En este contexto, “el
derecho al debido proceso y las garantías que lo integran, tienen un ámbito de
aplicación que se extiende definitivamente a toda clase de actuaciones, juicios
y procedimientos, que conlleven consecuencias para los administrados, de modo
que a éstos se les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este
derecho fundamental”.[36]
5.4. Ahora bien, según lo indicó esta Corporación en la
sentencia C-879 de 2011,[37]
la Corte no tiene la competencia para establecer cómo debe desarrollarse la
facultad que tienen las autoridades castrenses para compeler[38] a
los ciudadanos, pero sí puede, con el fin de proteger los derechos
fundamentales, determinar cuando en ciertos casos tal facultad es desbordada
por las autoridades militares. Al respecto, en la sentencia en cita se indicó:
“No corresponde a esta
Corporación definir en detalle como debe ejecutarse materialmente tal
competencia por parte de las autoridades militares, pero podría por ejemplo
pensarse en la breve verificación de si el ciudadano ha definido su situación
militar y de no ser así el diligenciamiento de una planilla en la cual se
inscriba para tal fin y consigne sus datos para una posterior citación con el
propósito de agotar las posteriores etapas señaladas en la ley, sin que pueda
ser conducido a cuarteles o distritos militares, ni pueda ser retenido por más
tiempo del que demande un procedimiento de esta naturaleza”.[39]
5.5. En esta medida, la Sala considera que Juan Sebastián
Ortiz Mejia fue objeto de una limitación a su libertad personal por parte del
Distrito Militar No. 34 al haber sido retenido y posteriormente incorporado a
las filas del Ejército Nacional, excediendo de esta manera la competencia de
compeler a los ciudadanos para que definan su situación militar y omitiendo de
manera arbitraria el procedimiento establecido en la Ley 48 de 1993 “Por la
cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización” y el Decreto
2048 del mismo año, "Por el cual se
reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y
movilización", el cual supone el cumplimiento estricto de unas etapas
y requisitos previamente establecidos en la Ley, que en efecto comprenden la
verificación de la existencia de alguna causal de exención, inhabilidad o
aplazamiento en la prestación del mismo.
6. La figura del aplazamiento para la prestación del
servicio militar obligatorio
6.1. La Constitución Política en su artículo 216 le confiere
al legislador la facultad de definir las condiciones en las que los colombianos
tienen que cumplir con el deber de prestar el servicio militar. Después de
entrar en vigencia la Carta Política de 1991, el Congreso ha expedido cuatro
(4) leyes en desarrollo de esta facultad.
Las Leyes 48 de 1993[40],
418 de 1997[41],
548 de 1999 [42]y
642 de 2001[43],
establecen las siguientes situaciones jurídicas para cumplir con el deber de
prestar el servicio militar y se complementan con lo establecido en el artículo
13 del Decreto 2124 de 2008:[44]
Ley
Condiciones
Vigentes para prestar el servicio militar
Ley 48 de 1993, Artículo 10
1. Todo varón colombiano está
obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de
edad y hasta los 50 años.
2. Los jóvenes estudiantes
(menores y mayores) deben definir su situación militar al finalizar sus
estudios de bachillerato.
Ley 418 de 1997, Artículo 13
La Ley 418 de 1997, creó la
figura del aplazamiento de la prestación del servicio militar para los
jóvenes bachilleres menores de edad que fueran elegidos.
1. Todo varón colombiano está
obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de
edad y hasta los 50 años.
2. Los jóvenes estudiantes
menores de edad, elegidos, deben aplazar la prestación del servicio militar
hasta cuando cumplan los 18 años, momento en el cual pueden:
a) Cumplir con el deber
inmediatamente.
b) Cumplir con el deber al
finalizar los estudios de pregrado.
Ley 548 de 1999, Artículo 2
1. Todo varón colombiano está
obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de
edad y hasta los 50 años.
2. Los jóvenes estudiantes menores
de edad, elegidos, deben aplazar la prestación del servicio militar hasta
cuando cumplan los 18 años. Una vez alcancen la mayoría de edad pueden:
a) Cumplir con el deber
inmediatamente.
b) Cumplir con el deber al
finalizar los estudios de pregrado
3.
Con la referida Ley, quien haya aplazado, al cumplir con el deber de prestar
el servicio se le reconocen dos beneficios:
a)   Servicio militar por un
período de seis meses y
b) La homologación del
servicio militar al servicio social o comunitario que exigen algunas
profesiones para conceder el titulo profesional.
4. El joven que al haber
alcanzado la mayoría de edad se encuentre matriculado o admitido en un
programa de pregrado en institución de educación superior tendrá la opción de
prestar el servicio inmediatamente, caso en el cual la institución educativa
debe guardar el cupo en igualdad de condiciones, o puede aplazar la
prestación del servicio militar hasta cuando finalice sus estudios superiores
de pregrado.
Ley 642 de 2001, Artículos 1 y 2
La Ley 642 de 2001 aclaró el artículo 2º de la Ley 548 de
1999 en lo relacionado con la cobertura del beneficio a los jóvenes que hayan
aplazado la prestación del servicio para hacerlo extensivo a los mayores de
edad que culminen sus estudios de bachillerato durante la vigencia de la Ley
548 de 1999[45].
En consecuencia:
1. Todo varón colombiano está
obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de
edad y hasta los 50 años.
2. Los jóvenes estudiantes menores y mayores de
edad, elegidos, pueden aplazar el deber de prestar el servicio militar y
cumplir con tal deber al finalizar los estudios de pregrado.
3. Quien haya aplazado, al
cumplir con el deber de prestar el servicio se le reconoce:
a) Servicio militar por un
periodo de seis meses y
b) La homologación del
servicio militar al servicio social o comunitario que exigen algunas
profesiones para conceder el titulo profesional.
Decreto 2124 de 2008, Artículo
13
1. Los
bachilleres que al cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por
las autoridades de reclutamiento y no definan su situación militar por estar
cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios, se les
aplazará su situación hasta por dos años más, mediante entrega de una nueva
tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y
dependiendo las necesidades de reemplazos en las Fuerzas, se les podrá clasificar
y definir la situación militar de manera definitiva, mediante el pago de la
cuota de compensación militar que les corresponda y de la tarjeta de
reservista de segunda clase.
6.2. Diversos pronunciamientos en sede de constitucionalidad
han surgido en torno a la interpretación de las Leyes encargadas de regular la
prestación del servicio militar obligatorio en nuestro ordenamiento jurídico.
6.2.1. La Corte Constitucional en sentencia C-1409 de 2000[46], al estudiar
la constitucionalidad del artículo 2[47]
de la Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la
Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”, sostuvo
que la disposición acusada relativa a la posibilidad de aplazamiento en la
prestación del servicio militar para quienes se encuentren cursando estudios de
pregrado en una institución de educación superior es constitucionalmente
admisible, pues al preverse esta posibilidad se tuvo en cuenta además de las
circunstancias individuales del estudiante, las del interés colectivo. El
aplazamiento les permite, una vez sean profesionales, cumplir con esta obligación
en forma más productiva para la institución y para el país, en cuanto gozan de
una mejor formación y conocimientos, lo cual redunda en una profesionalización
de las Fuerzas Armadas: Al respecto se sostuvo:
“En ningún momento busca que
tales personas queden exentas de prestar el servicio militar, ni tampoco aspira
a crear respecto de ellas preferencia injustificada ni trato discriminatorio,
por comparación con quienes, por diversas circunstancias, no acuden en esa
época a las aulas universitarias.”
“Se da entonces en la norma acusada un
trato igual para quienes se hallan en idéntica situación -bachilleres
matriculados en instituciones de educación superior- y se plasma una
consecuencia diversa respecto de quienes están en otras circunstancias, lo cual
desarrolla el derecho a la igualdad que, en los términos de la jurisprudencia
de esta Corporación, interpretando el texto constitucional, supone precisamente
“trato igual entre iguales y trato diferente en condiciones distintas”. La
Carta no contempla una igualdad matemática que desconozca las diferencias
intrínsecas o que pase por encima de situaciones que, desde el punto de vista
fáctico, sean en verdad diferentes de las generales.”
6.2.2 Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia
C- 456 de 2002[48],
al estudiar la constitucionalidad del artículo 2° (parcial) de la Ley 642 de
2001, “Por la cual se aclara el artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 548
de 1999 en lo atinente a la incorporación de los jóvenes bachilleres al
servicio militar”,[49]
sostuvo que:
“Cuando el Congreso de la
República decide expedir la Ley 642 de 2001 introduce un cambio sustancial al
extender la posibilidad de aplazamiento y los beneficios previstos en la Ley
548 de 1999, a los estudiantes de bachillerato que finalicen sus estudios aún
siendo mayores de edad. Desde el 2001 con la Ley 642, es cuando la situación
fáctica de los jóvenes que al finalizar sus estudios de bachillerato siendo
mayores de edad que resultan elegidos para prestar el servicio militar, pueden
válidamente aplazar el cumplimiento del deber. En ningún momento, antes de la
expedición de la Ley 642 de 2001, los estudiantes mayores de edad podían
postergar la prestación del servicio militar. El aplazamiento hasta antes de la
ley en mención sólo era una figura que operaba en favor de los menores de
edad.”
“Así las cosas, los jóvenes
bachilleres mayores de edad que pueden exigir la aplicación del aplazamiento y
los beneficios sólo son quienes finalicen sus estudios de bachillerato durante
la vigencia de la Ley 548 de 1999. Pero los jóvenes, que desde 1997 estaban
facultados por la Ley 418 de 1997, para aplazar el servicio militar por ser
menores de edad y al momento de entrar en vigencia la Ley 548 de 1999, se
encontraban cursando estudios de pregrado, son también sujetos cubiertos por
los dos beneficios adicionales y accesorios del aplazamiento.”
6.3. Así, las condiciones
mediante las cuales los colombianos deben cumplir con el deber de prestar el
servicio militar obligatorio, son las siguientes: (i) desde 1997 los
estudiantes de bachillerato menores que hubieren resultado elegidos para prestar
el servicio militar, deben aplazar su incorporación a las filas de la Fuerza
Pública hasta tanto cumplan la mayoría de edad, (ii) los jóvenes elegidos para
prestar el servicio militar que cumplan la mayoría de edad, estando
matriculados en un curso de pregrado de un centro de educación superior, pueden
aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando finalicen los estudios
de pregrado u optar por cumplir inmediatamente con el deber de prestar el
servicio, en cuyo caso la institución educativa deberá reservar el cupo en
igualdad de condiciones, (iii) en 1999 para los jóvenes que hubieren aplazado
el servicio militar hasta finalizar sus estudios se creó el beneficio de
reducirlo a seis meses y la posibilidad de homologarlo con los servicios
sociales que exigen determinadas profesiones y en el 2001 el beneficio del
aplazamiento se extiende a los jóvenes bachilleres mayores quienes al finalizar
sus estudios de secundaria pueden, igual que los menores, aplazar el servicio
militar hasta cuando finalicen sus estudios de pregrado universitario.
6.4. En este orden de ideas, en
consonancia con la Ley 548 de 1999 “Por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras
disposiciones.”, la Ley 642 de 2001, “Por la cual se aclara el artículo
2°., inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a incorporación de
jóvenes bachilleres al servicio militar”, y la sentencia       C-456 de
2002[50],
que declaró EXEQUIBLE en forma condicionada la expresión “y cobija a quienes
finalicen sus estudios durante la vigencia de la Ley 548 de 1999 del
artículo 2º de la Ley 642 de 2001”, las causales de aplazamiento por el
tiempo que subsistan son las siguientes:
“a.
Los jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se
encuentren adelantando estudios,  se les debe aplazar la definición de la
situación militar hasta cuando terminen los estudios de pregrado.
b.
Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio.
c.
Encontrarse detenido preventivamente por las autoridades civiles en la época en
que deba ser incorporado.
d.
Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo
reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la inhabilidad,
se clasificará para el pago de la cuota de compensación militar.
e.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Haber sido aceptado o estar
cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades
eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida
religiosa.
f.
El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de Oficiales, Suboficiales
y Agentes.
g.
El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y no obtuviere
el título de bachiller por pérdida del año.
h.
El conscripto que reclame alguna exención al tenor del Artículo 19 de la
presente Ley”.
7. La protección que se predica frente al derecho a la
educación se circunscribe a todos los ámbitos que conforman el sistema
educativo
7.1. Para efectos de identificar con mayor precisión cuál es
el universo de los sujetos a quienes les resulta aplicable la figura del
aplazamiento a la que se refiere el literal a) transcrito, debe indagarse sobre
el alcance que el ordenamiento jurídico colombiano le ha dado al derecho a la educación.
7.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la
Carta Política[51],
la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social
que le permite a los individuos el acceso a todos los bienes y haberes de la
cultura e igualmente, su incorporación eficaz y efectiva en el conglomerado
social para el desarrollo pleno del conjunto de sus potencialidades. Lo
dispuesto en el artículo 67 debe leerse en consonancia con lo establecido en el
artículo 13 Superior en el que se determina que “todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.”
El alto Tribunal en sentencia T-396 de 2004[52], sostuvo que la
educación es “un derecho de contenido amplio y dinámico, cuya prestación y
cubrimiento debe ser garantizado por el Estado, la sociedad y la familia, sin
que constitucionalmente sea admisible exclusión alguna a la protección que se
impone a este derecho, pues ello desconocería el núcleo esencial del mismo, es
decir, “[a]quel ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho
protege independientemente de las modalidades o formas como él se
manifieste”. (Subrayado fuera del texto).
En este mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-845
de 2010[53]
expresó que el derecho a la educación es “(i) es un bien objeto de especial
protección del Estado, y un derecho fundamental susceptible de ser amparado
mediante la acción de tutela; (ii) un presupuesto básico del ejercicio y goce
de otros derechos fundamentales; (iii) un servicio público cuya prestación es
un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial (iv) comprende el acceso a
un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la permanencia en el
mismo; y (v) un deber que genera obligaciones entre los distintos actores del
proceso educativo.”
7.3. A partir de la disposición contenida en el artículo 67
superior y demás normas que rigen el derecho a la educación, la Corte ha
entendido que el ordenamiento constitucional colombiano debe proteger este
derecho sin discriminación alguna. Según la Corte, afirmar que unos tipos de
educación tienen mayor valor que otros supone “diseñar prohibiciones tácitas
y restricciones arbitrarias”[54]
que terminarían por desconocer la protección trazada por la Corte
Constitucional frente al derecho a la igualdad.
7.4. La Corte ha protegido de manera amplia y dinámica el
derecho a la educación en diferentes escenarios constitucionales. Quizás esa
protección se ha acentuado y se ha reflejado con mayor fuerza en materia de
seguridad social cuando para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes
en calidad de hijo del causante, estos deben acreditar debidamente su condición
de estudiantes.
7.4.1. Esta Corporación en sentencia T-1677 de 2000[55], examinó el
caso de una persona beneficiaria de una pensión de sobrevivientes a quien la
entidad de seguridad social a la que estaba afiliada la retiró de la nómina con
el argumento según el cual “la institución en donde actualmente adelantaba
unos estudios de técnico en auxiliar preescolar, no era “en estricto sentido,
universidad”. En esta ocasión, la Sala Séptima concedió el amparo
solicitado pues estimó que en el caso sub lite se había vulnerado el
derecho a la educación de la peticionaria, al exigir como condición para el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes cursar estudios en una
institución de educación formal. Al respecto, sostuvo:
“Así las cosas, estima la
Corte que por las especiales circunstancias que se presentan en este caso, en
donde está involucrado el derecho a la educación  de un estudiante, el
juez  de instancia ha debido conceder la tutela, otorgando amparo a los
derechos invocados por el demandante, pues se reitera,  que en un Estado
Social de Derecho los jueces están llamados a garantizar los  derechos
fundamentales como la educación, la dignidad humana, el libre desarrollo de la
personalidad, la buena fe, procurando el reconocimiento y respeto de los
educandos, por encima de consideraciones de orden legal, pues con ello se
materializan los fines del Estado y de a comunidad, tales como la convivencia,
igualdad, respeto a la dignidad humana, la promoción de la prosperidad general,
la garantía y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Carta.”
7.4.2. En sentencia T-903 de 2003[56], la Corte se ocupó de
analizar si la disposición contenida en el artículo 15[57] del  Decreto 1889 de
1994, “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 100 de 1993”, y en la cual se exigía para efectos de acceder a la
pensión de sobrevivientes en condición de estudiante, certificación
auténtica expedida por un establecimiento de Educación formal básica, media o
superior, aprobado por el Ministerio de educación, constituía un requisito de carácter
restrictivo que no se ajustaba a los postulados constitucionales que buscaban
garantizar la protección del derecho fundamental a la educación. A propósito de
ello, señaló que:
“Es necesario resaltar que el
derecho a la educación, tal y como fuera consagrado por el constituyente en el
artículo 67 superior, goza de un contenido esencial amplio y dinámico que
irradia a todas las esferas del sistema educativo nacional, dentro de cuyos
objetivos está el de promover el mayor número de oportunidades de acceso, de
acuerdo con los planes y programas que sean definidos por el Legislador en el
ejercicio de las competencias asignadas.”
“Si la Constitución y la ley
no hacen exclusiones frente a los tipos de educación, cuya calidad y
cubrimiento se imponen por mandato constitucional y legal, al estado, la
sociedad y la familia, con mayor razón, no es posible que una restricción
reglamentaria (art. 15 del Decreto 1889 de 1994) impida el acceso y permanencia
en cualquiera de los niveles de educación ofrecidos por el estado, a una
persona que escoge libremente la institución educativa a la cual desea acceder
entre las opciones educativas disponibles, de conformidad con su capacidad
socio-económica y sus expectativas de formación, una interpretación contraria,
violaría el núcleo esencial del derecho a la educación, núcleo que ha sido
estructurado, según la jurisprudencia constitucional, en la potestad de sus
titulares de reclamar el acceso al sistema educativo y de permanecer en éste.”[58]
Con fundamento en lo anterior, la Corte concedió el amparo
invocado y resolvió inaplicar para el caso concreto, por ser contrario a la
Constitución Política, el artículo 15 del Decreto 1889 de 1994.
7.4.3. En esta misma línea, la Corte en sentencia T-1037 de
2007[59]
concedió el amparo de un ciudadano, a quien el ISS se negó a reconocerle y
pagarle la pensión sustitutiva a la que tenía derecho con el argumento de no
encontrarse inscrito en un programa universitario sino en uno correspondiente a
educación no formal en las instalaciones del SENA.
En esta ocasión, el alto Tribunal Constitucional, acentuó la
amplitud en que de conformidad con la Constitución, la Jurisprudencia
Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos debía ampararse
la educación. Para explicar ese alcance y extensión, la Corte partió de la
diferencia existente en torno a la educación formal[60] y no formal[61] para luego
sostener que ambas merecían igual respeto y protección, siendo inadmisible
efectuar distinciones entre una y otra, encaminadas a obstruir el acceso a la
educación.
La Corte concluyó que cualquier intento encaminado a limitar
el ejercicio y goce del derecho fundamental a la educación, “sin existir un
motivo constitucionalmente relevante que lo justifique, debe considerarse
arbitrario y desencadena la urgencia de proteger el derecho por vía de tutela
así como la necesidad de activar los demás instrumentos jurídicos y
administrativos procedentes para exigir al Estado o al particular respectivo el
cese inmediato de la vulneración.”[62]
7.4.4. En consecuencia, como lo ejemplifican los casos
citados, la garantía constitucional establecida por el artículo 67 respecto al
adecuado cubrimiento del servicio y el derecho al acceso y permanencia en el
sistema educativo, permite concluir que la educación debe ser objeto de
protección por parte del Estado, independientemente de su naturaleza a saber, formal,
no formal o informal, la modalidad en que ésta se desarrolle (técnica,
tecnológica, complementaria o similar naturaleza), o la institución educativa
en la que se realice. Por ende, está prohibido conforme la jurisprudencia
previamente citada, que un programa de formación y capacitación en una
determinada profesión u oficio pueda ser dejado de lado por no ser de carácter
universitario o profesionalizante. Ello supondría, establecer diferencias entre
tipos de educación sin tener puntos objetivos de comparación
constitucionalmente admisibles.
Se reitera, que la protección integral del derecho a la
educación debe  otorgarse sin discriminación alguna en tanto su garantía
permite el reconocimiento de otros derechos constitucionales fundamentales.
7.5. Una vez establecido el alcance jurisprudencial del
derecho a la educación, la Sala procederá a examinar el régimen de las Escuelas
Normales Superiores al interior del ordenamiento jurídico Colombiano, en tanto
el peticionario se encuentra adelantando estudios en una institución educativa
de esta naturaleza.
7.5.1 La Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, aborda el tema de las Instituciones formadoras de
educadores en su artículo 112. En efecto dispone:
“Corresponde a las
universidades y a las demás instituciones de educación superior que posean una
facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, la
formación profesional, la de postgrado y la actualización de los educadores.”
“Parágrafo: Las escuelas
normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para formar
educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica
primaria. Estas operarán como unidades de apoyo académico para la formación
inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con instituciones de
educación superior, podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al
otorgamiento del título de normalista superior”.[63]
7.5.2 La educación que se realiza en Escuelas Normales
Superiores, se encuentra regulada por la Ley 115 de 1994,[64] el Decreto 1860 de 1994,[65] el Decreto 2903 de 1994,[66] el Decreto 709 de 1996[67] y el Decreto
4790 de 2008.[68]
7.5.3. La mencionada ley y demás normas reglamentarias,
disponen conjuntamente que la misión de las Escuelas Normales Superiores es la
de formar educadores de reconocida idoneidad ética, moral y pedagógica, con
base en las necesidades de las comunidades, para lo cual funcionan como
unidades de apoyo académico de una institución de educación superior que se
dedique a la consecución de tal fin.[69]
Esta clase de instituciones, como todas las demás,
deben ser aprobadas en su creación y funcionamiento por el Ministerio de
Educación Nacional, quien es el encargado de señalar los lineamientos generales
para la formación y acreditación de sus programas.[70]
7.5.4. Además de la función que cumplen relativa a la
formación de educadores en el nivel de preescolar y de educación básica
primaria, dichas instituciones ofrecen un ciclo complementario de formación de docentes
cuyo término de duración es de dos (2) años.[71]
El Decreto 4790 de 2008, establece las condiciones básicas
de calidad para la organización y el funcionamiento del programa de formación
complementaria que puede ofrecer una Escuela Normal Superior.[72] En efecto, establece que
dicho programa esta incorporado al proyecto educativo institucional y  corresponde
al Ministerio de Educación Nacional verificar el cumplimiento de las
condiciones básicas de calidad del mismo.[73]
De igual manera, dispone que para atender dicho ciclo
complementario, la Escuela Normal Superior deberá celebrar un convenio con una
institución de educación superior que cuente con una facultad de educación u
otra unidad académica dedicada a la educación, con programas para la formación
profesional de docentes. Este convenio establecerá las condiciones para el
reconocimiento del ciclo complementario de formación docente recibido en la Normal
Superior, como parte de los programas de pregrado conducentes a la obtención
del título de licenciado.[74]
Reglamenta igualmente que podrán ser aceptados en dicho
programa, además de los bachilleres egresados de una Escuela Normal Superior,
los estudiantes egresados de la educación media que acrediten un título de
bachiller en cualquier modalidad. Quien finalice y apruebe el programa de
formación complementaria en una Escuela Normal Superior debidamente autorizada
por el Ministerio de Educación Nacional, recibirá el título de normalista
superior, que lo habilita para el ejercicio de la docencia en el nivel de
preescolar y en educación básica primaria.[75]
7.6. Con fundamento en lo anterior, es posible colegir que,
la protección que se predica frente al derecho a la educación, se circunscribe
a todos los ámbitos que conforman el sistema educativo, dentro del cual la
educación realizada en Escuelas Normales Superiores es parte integrante. El
fomento de la educación realizada en Escuelas Normales es un deber que se ha
consagrado respecto del Estado por el parágrafo del artículo 112 de la Ley 115
de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación” y que
responde a los fines que se establecen por el artículo 5º de la referida ley para
todo el sistema educativo.[76]
7.7. En conclusión, la interpretación que se haga de las
normas jurídicas relacionadas con el derecho a la educación, no puede conducir
a actuaciones arbitrarias ni discriminatorias susceptibles de afectar la
vigencia de otros derechos constitucionales fundamentales, en tanto ello
contraviene los principios de un Estado Social de Derecho y los fines
contemplados en el ordenamiento constitucional.
La Corte ha entendido que la protección de este derecho se
predica de todos los ámbitos del sistema educativo, abarca todos sus niveles, modalidades
y esferas que lo componen. Lo anterior, encuentra sustento en la necesidad de
“proteger a la educación como forma de dar cumplimiento a los fines esenciales
del Estado, entre ellos, el de asegurar la vigencia de un orden justo y el de
asegurar la dimensión positiva del principio de igualdad para proteger a
quienes a causa de sus estudios requieren durante algún tiempo un tratamiento
diferencial”.[77]
8. El Ejército Nacional desconoce el derecho a la
educación del joven Juan Sebastián Ortiz Mejia, al exigir como requisito para
proceder al aplazamiento en la prestación del servicio militar, que aquel se
encuentre cursando estudios superiores formales
8.1. La presente acción de tutela se interpuso contra la
decisión del Ejército Nacional de negarse a conceder al actor el aplazamiento
de su obligación de prestar el servicio militar y proceder a su incorporación y
posterior reclutamiento aun cuando se encontraba adelantando estudios en la
Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, en
el Programa de formación complementaria, primer semestre para formación de
docentes.
8.2. El Ejército Nacional, expuso que:
“Según lo verificado en el
SNIES, sistema nacional de información de educación superior, y la ley 30 de
educación, y el ministerio de educación nacional el programa académico que
pretende soportar este ciudadano no se encuentra establecido como un programa
académico de educación superior para que sea tenido en cuenta según lo
establece el Decreto No. 2124 del 16 de junio de 2008”, según el cual:
“Los bachilleres que al
cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de
reclutamiento y no definan su situación  militar por estar cursando estudios
superiores de pre-grado en centros universitarios, se les aplazará su situación
hasta por dos años más, mediante la entrega de una nueva tarjeta provisional,
al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo las necesidades de
reemplazos en las Fuerzas, se les podrá clasificar y definir la situación
militar de manera definitiva, mediante el pago de la cuota de compensación
militar que les corresponda y la tarjeta de reservista de segunda clase.”
8.3. La Constitución Política es diáfana al consagrar y
proteger la educación, sin importar nivel, modalidad o claustro, como un
derecho superior, por lo que mal puede el Ejército Nacional condicionar el
reconocimiento de una prerrogativa que para el caso comprende el aplazamiento
en la prestación del servicio militar, a que la persona se encuentre
matriculada estrictamente en una institución de educación formal, como lo serían
los centros universitarios,  desestimando los establecimientos educativos que
el mismo Estado “ha autorizado mediante actos administrativos para que
ofrezcan programas educativos a la sociedad, facilitando el acceso a las
personas, acorde, desde luego, a su vocación y condiciones socioeconómicas”.[78]
8.4. Conforme con lo anterior, la Sala considera pertinente
establecer que la calidad de estudiante que debe acreditarse para lograr el
aplazamiento en la prestación del servicio militar, no puede predicarse única y
exclusivamente de quienes se encuentren matriculados en centros universitarios.
Aceptar este planteamiento, supondría permitir un trato discriminatorio frente
a quienes optan por otras modalidades u opciones de estudio que el propio
sistema educativo les ofrece y que son igualmente validas a la luz de los
postulados constitucionales.
Hay muchas personas cuyo ingreso al mercado profesional con
miras a capacitarse para el ejercicio de un oficio o empleo que les permita
ejercer su proyecto de vida, no lo hacen a través de la Universidad sino por
intermedio de instituciones técnicas, tecnológicas o incluso complementarias,
cuyo aporte a la sociedad es igualmente valioso y merece la misma importancia y
aceptación por parte del conglomerado social.
Vale la pena precisar, que dadas las dificultades sociales y
económicas por las que atraviesa nuestro país, muchas personas no tienen la
posibilidad de acceder a la educación que ofrece una Universidad,[79] razón por la
cual acuden a otras formas de educación acorde con su capacidad económica y sus
expectativas de formación.
Por ende, no existe justificación
para que aquellos procesos de formación y capacitación en una profesión u
oficio diferentes a los universitarios, debidamente reconocidos y aprobados por
las autoridades y comparables con estos últimos en sus aspectos objetivos
(finalidad, duración, calidad, carga horaria, etc) no puedan ser tratados
iguales, pues ello constituiría una restricción injustificada al goce y
ejercicio efectivo de los derechos constitucionales a la educación y a la
igualdad.
8.5. Por estas razones, la calidad de estudiante del joven
Juan Sebastián Ortiz Mejia, no podía ser cuestionada por el Ejército Nacional, teniendo
en cuenta que la educación que se desarrolla en Escuelas Normales Superiores,
se encuentra aprobada y regulada por la Ley General de Educación[80] y protegida
por el ordenamiento constitucional. Además, en el expediente obra prueba
suficiente que demuestra que el actor ocupaba toda su jornada diurna en las labores
que demanda su programa complementario de formación de docentes.[81]
La Corte no puede pasar por alto que en virtud de la
importancia y responsabilidad social que tiene el servicio de la docencia, el Ejército
Nacional, con su actuación, interrumpió la aspiración legítima del estudiante
para contribuir a fortalecer su proceso de desarrollo y crecimiento personal y
olvidó que la formación educativa del actor, se constituía en una labor
socialmente trascendente que en efecto permitía la realización y la vigencia de
otros valores y principios constitucionales.
8.6. En conclusión, la Corte entiende que con la obligación
impuesta al actor de cursar sus estudios en una institución de educación
superior, concretamente en una universidad y la consecuente prohibición tácita
de adelantarlos en una Escuela Normal, se vulneró su derecho a la educación y
concretamente al acceso y permanencia en el sistema educativo, sistema que como
bien se advirtió atrás, goza de diversos componentes, que han sido expresamente
regulados en la Ley General de la Educación. Dentro de estos componentes se
encuentra la educación adelantada en Escuelas Normales Superiores, la cual se
encuentra amparada por el sistema de protección que prodiga la Carta
Fundamental en su artículo 67.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el derecho a la
educación es un presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos
fundamentales y tiene injerencia directa en su efectividad,[82] la intensidad de la interpretación
y de la medida limitativa adoptada por el Ejército Nacional frente a las
posibilidades de acceder al aplazamiento del servicio militar, restringió el
derecho al libre desarrollo de la personalidad del actor con ocasión de la posibilidad
de optar por la institución de educación que se encontrara acorde con su
proyecto de vida y eventualmente con sus condiciones socioeconómicas, así como
también, el derecho a la igualdad de oportunidades educativas, por cuanto se
ejerció un trato discriminatorio frente al joven por encontrarse cursando sus
estudios en una Escuela Normal Superior.
En circunstancias como la presente, en la
que la prestación del servicio militar obligatorio, le impide al
accionante continuar su proceso educativo procede el amparo en aras de
salvaguardar su derecho fundamental a la educación.
9. El Ejército Nacional desconoció el derecho al debido
proceso administrativo de Juan Sebastián Ortiz Mejia, al omitir el procedimiento
establecido en la Ley para la definición de su situación militar
9.1.
Una de las principales garantías del debido proceso es, precisamente, la
oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o
actuación judicial o administrativa, “de ser oíd[a], de hacer valer las
propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las
pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman
favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”.[83]
Es
por ello que en este caso, la Sala advierte una vulneración del debido
proceso administrativo por las siguientes razones:
9.2. Se evidencia conforme con las pruebas que obran en el
expediente, que Juan Sebastián Ortiz Mejia, fue citado a incorporación en el
mes de marzo del año dos mil trece (2013).[84]
Sin embargo, desde el catorce (14) de febrero del mismo año según constancia
allegada al expediente, se encontraba matriculado y cursando el primer
semestre del Programa de Formación Complementaria para formación de docentes
que ofrecía la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey de
Barrancabermeja.[85]
9.3.
Si se observa en conjunto el Capitulo II de la Ley 48 de 1993,[86] se verá que la
definición de la situación militar es un proceso conformado por una serie de
etapas que van desde la inscripción hasta la clasificación de aquellos que por
razón de una causal de exención, aplazamiento, inhabilidad o falta de cupo
hayan sido eximidos de la prestación del servicio o se les haya aplazado
temporalmente el mismo.
En ese sentido, las autoridades castrenses, al momento de
definir la situación militar de un ciudadano, además de dar estricto
cumplimiento al procedimiento establecido para tal fin, deben realizar una
actuación encaminada a establecer la real situación que envuelve al posible conscripto
con sujeción a las etapas previamente establecidas en la ley y previo a cualquier
decisión que comprometa el ejercicio pleno de su libertad personal.
9.4. Después de estudiar la actuación surtida por parte de
las entidades accionadas y contrastarla con los postulados constitucionales,
legales y jurisprudenciales, la Sala Primera de Revisión concluye que la
conducta desplegada con respecto a la incorporación a filas del joven Juan
Sebastián Ortiz Mejia es contraria a dichos postulados. A esta conclusión llega
la Sala tras comprobar que el joven fue abordado por el personal militar y
posteriormente incorporado al servicio militar obligatorio, sin haber estudiado
y analizado por completo los documentos allegados por el actor, en los que daba
cuenta de los estudios que para ese momento se encontraba adelantando.
Al formar ello parte del procedimiento establecido para la
definición de la situación militar,[87]
las autoridades demandadas, tenían la obligación de verificar las
circunstancias particulares del caso antes de proceder al reclutamiento del
estudiante y de esta manera evitar cualquier arbitrariedad que terminara por
desconocer no solo su derecho fundamental al debido proceso sino también a la
educación.
Debe señalarse que la facultad de compeler que tienen las
autoridades castrenses se encuentra limitada a la posibilidad de realizar una
retención momentánea, en aras de verificar únicamente la situación militar del
ciudadano. Es decir, no pueden aprovechar tal oportunidad para agotar todo el
procedimiento de incorporación, y omitir de esta manera la realización de las
demás etapas previstas para ello, dentro de las cuales, como se dijo, se
encuentra la clasificación de aquellos que por razón de una causal de
aplazamiento se les debe suspender temporalmente su prestación, tal como
ocurría en el caso concreto.
9.5. En armonía con lo anterior, la Dirección de Reclutamiento
y Control de Reservas del Ejército Nacional, expuso que el joven Juan Sebastián
Ortiz, “se encuentra incorporado ya que no presentó soportes el día de la
incorporación, para que pudiera quedar exento de la prestación del servicio
militar, y entre ellos no presentó o demostró ninguna inhabilidad, o exención
de ley para no prestar el servicio militar”.[88]
El argumento esgrimido por la entidad demandada se encuentra
desvirtuado conforme con los soportes de estudios que según lo establece el
demandante fueron aportados por él el día de la incorporación, e incluso,
posteriormente por su padre,[89]
los cuales obran en el expediente.[90]
Inclusive, si en gracia de discusión el joven Ortiz Mejia no hubiera informado
que era estudiante del programa de formación complementaria para docentes en la
Escuela Normal Superior Cristo Rey, esa no es una razón suficiente para
concluir que la causal de aplazamiento no se encontraba configurada, en tanto la
certificación de estudios aportada se constituía en una causal objetiva para
aplazar la prestación del servicio militar obligatorio prevista en el
ordenamiento jurídico, cuestión que a continuación se discutirá.
9.6. En conclusión, si bien la Constitución y la Ley, le
reconocen a las autoridades castrenses, la facultad para adelantar el proceso
de prestación del servicio militar, esta facultad no es absoluta y sin límites,
pues supone la observancia del procedimiento previamente establecido en la Ley
para tal fin como manifestación expresa de la garantía constitucional al debido
proceso.
10. Juan Sebastián Ortiz Mejia se encuentra amparado por
una causal de aplazamiento por lo que no estaba en la obligación de prestar
servicio militar para el momento en que fue incorporado y posteriormente
reclutado a la filas del Ejército Nacional
10.1. Las entidades accionadas mencionan que al momento de
la inscripción, para definir su situación militar, el accionante no logró
acreditar su calidad de estudiante de un programa académico de educación
superior formal. No obstante, al ser incorporado efectivamente al servicio, el
joven Juan Sebastián ya contaba con la condición que le permitía invocar a su
favor, una causal de aplazamiento en la prestación del servicio militar, lo
que, por consiguiente, se traducía en el hecho de atender la obligación
constitucional y legal de suspender la prestación del mismo.
10.2.
Una interpretación conjunta de las normas que regulan el aplazamiento en la
prestación del servicio militar[91]
y que previamente fueron relacionadas en el acápite No. 6  de esta providencia,
permiten concluir que el límite máximo que tienen los jóvenes menores y mayores
de edad elegidos para definir la situación militar se presenta al momento de
finalizar los estudios de pregrado. Luego, quienes para ese momento, se
encuentren adelantando cualquier clase de estudios previos a la formación en
sede de pregrado, en estricto sentido no se encuentran aún en la obligación de
dar cumplimiento a este deber, lo que no excluye la protección que el estado
debe darle a ese proceso de formación educativa que se este realizando.
Lo
dispuesto en la Leyes 48 de 1993, 418 de 1997, 548 de 1999, 642 de 2001 y el
Decreto 2124 de 2008, respecto a las condiciones para cumplir el deber de
prestar el servicio militar, forman una proposición jurídica inseparable. Las
disposiciones se condicionan y se complementan mutuamente y por ello, no es
factible aplicarlas en forma separada para construir hipótesis jurídicas
distintas a las allí previstas.
10.3.
El Ejército Nacional invocó el Decreto 2124 de 2008[92], como argumento
suficiente para descartar la presencia de una causal de aplazamiento en el
presente asunto[93],
en tanto el mismo exigía como presupuesto para ello, que la persona se
encontrara cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios,
circunstancia que a su juicio no se acreditaba en el caso concreto.[94]
La opción de aplazamiento prevista en el artículo 13° del
referido Decreto es tan solo un supuesto específico que responde al proceso más
frecuente de formación educativa que siguen los jóvenes en nuestro país y que
en efecto reitera la regla general según la cual la finalización de los
estudios de pregrado es el limite legal para definir la situación militar.
No obstante, esta disposición no puede aplicarse al amparo
de una interpretación estrecha en exceso, que termine por desconocer y limitar el
derecho a la educación de quienes hayan optado por otras modalidades educativas
que el mismo sistema ofrece distintas a la universitaria. La finalidad de la
norma es la de favorecer el derecho de los estudiantes para que continúen con
su proceso educativo pero en ningún momento, persigue la creación de distinciones
injustas o el ánimo discriminatorio de favorecer un estamento de la sociedad en
beneficio del otro.
Conforme la Jurisprudencia
constitucional que vincula a todos los jueces, la Constitución y la ley no
hacen exclusiones frente a los tipos y modalidades de educación que el sistema
educativo ofrece y protege, por ende, no es admisible que una disposición
reglamentaria (art. 13 del Decreto 2124 de 2008) impida el acceso y permanencia
a la educación de una persona que escoge libremente la institución educativa a
la cual desea acceder conforme su capacidad socio-económica y sus expectativas
de formación. En efecto, cualquier intento encaminado a limitar y restringir el
ejercicio del derecho a la educación en su concepción amplia y dinámica y sin
existir justificación objetiva para ello, es reprochable constitucionalmente y
supone su inmediata protección a través de la acción de tutela.
10.4. En este orden de ideas y contrario a lo establecido
por el Ejército Nacional, la certificación expedida por la Escuela Normal
Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, según la cual, para el momento de la
incorporación, el joven Juan Sebastián Ortiz Mejia se encontraba “
matriculado y cursando el primer semestre del programa de formación
complementaria, correspondiente al año lectivo 2013”[95], era
suficiente para concluir que se configuraba la causal de aplazamiento prevista
en el ordenamiento jurídico, la cual para el caso, ya se había convertido en
una situación jurídica válida.
En efecto, las entidades
demandadas olvidaron que “el aplazamiento les permite, una vez sean
profesionales, cumplir con esta obligación en forma más productiva para la
institución y para el país, en cuanto gozan de una mejor formación y
conocimientos, lo cual redunda en una profesionalización de las Fuerzas
Armadas”.[96]
10.5. Vale la pena recordar que la Escuela Normal Superior
Cristo Rey es una entidad educativa estatal del nivel nacional, creada por el
gobierno nacional y aprobada mediante Resolución No. 1233 del 28 de octubre de
1999[97]
emanada de la Secretaria de Educación Departamental, que ampara los grados de
transición nivel preescolar, 1° a 9° de básica secundaria, 10° a 11° de media
vocacional y semestres primero, segundo, tercero y cuarto del Programa de
Formación Complementaria.[98]
Actualmente tiene un convenio vigente suscrito con la
Universidad Industrial de Santander (UIS), el cual tiene por objeto el
acompañamiento y asesoría de la Universidad a la Escuela Normal Superior para
que consolide el Ciclo Complementario conducente a la formación de Normalistas
Superiores y se les garantice la continuidad de su proceso de formación en la universidad,
tendiente a la obtención de su título de licenciado en educación Básica.[99]
Conforme el citado convenio, los estudios realizados y
aprobados en el Ciclo Complementario de la Escuela Normal Superior Cristo Rey,
deben reconocerse como parte de la formación de cuatro (4) semestres de
pregrado conducente a la obtención del título de licenciado en Educación
Básica.[100]
En este orden de ideas, dicho programa forma parte de un proceso integral de
formación para el reconocimiento de estudios profesionales, cuyo funcionamiento
se encuentra debidamente aprobado por el Ministerio de Educación mediante
Resolución No. 8111 del catorce (14) de septiembre de dos mil diez (2010).[101]
Así las cosas, el estudiante Juan Sebastián Ortiz Mejia se
encontraba para el momento de su incorporación, cursando estudios de pregrado
en una Institución Educativa que si bien no es un centro universitario, como lo
exige el Decreto 2124 de 2008, “Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de
2008 por la cual se regula la Cuota de Compensación Militar”, si se trata
de una Institución que forma parte del sistema educativo, el cual como
previamente se mencionó, goza de diversos componentes que han sido expresamente
regulados e igualmente protegidos en la Ley General de la Educación[102],
dentro de los cuales se encuentra la educación adelantada en Escuelas Normales
Superiores.
Es con fundamento en ello que puede afirmarse que las
autoridades accionadas han basado su proceder en un criterio que la
Constitución Política, prima facie, prohibe. El artículo 13 del Estatuto
Superior es explícito al establecer que  todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, por lo que recibirán la misma protección y trato de las
autoridades públicas y gozaran de los mismos derechos.
10.6. Ahora bien, si en gracia de discusión, se aceptara la
aplicación estricta y puramente formal del artículo 13 del Decreto 2124 de
2008, la Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la
Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”, es
muy clara al establecer en su artículo 2 que los jóvenes elegidos para prestar
el servicio militar que al haber alcanzado la mayoría de edad se encuentren
matriculados o admitidos en un programa de pregrado de un centro de educación
superior, pueden aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando
finalicen los estudios de pregrado u optar por cumplir inmediatamente con el
deber de prestar el servicio, en cuyo caso la institución educativa deberá
reservar el cupo en igualdad de condiciones.[103]
Si bien el Decreto 2124 de 2008, es una norma posterior a la
Ley 548 de 1999, esta última disposición es de mayor rango y jerarquía al
interior del ordenamiento jurídico colombiano[104], y por ende debe
aplicarse al caso concreto, en tanto la situación factica que el mismo contempla
se ajusta plenamente a las circunstancias del caso conforme la jurisprudencia
previamente citada. En efecto, para el año dos mil trece (2013), momento en el
cual el Ejército Nacional procedió al reclutamiento y posterior incorporación
del joven[105],
éste ya contaba con veinte (20) años de edad[106]
y se encontraba cursando sus estudios de pregrado correspondientes al ciclo
complementario para formación de docentes en la Escuela Normal Superior Cristo
Rey de Barrancabermeja, tal como se extrae de la constancia de estudios
allegada al proceso.[107]
Así las cosas, resulta claro que conforme la disposición
contenida en la Ley 548 de 1999, el estudiante se encontraba en pleno derecho
de aplazar la prestación del servicio militar hasta tanto culminara sus
estudios de pregrado según la jurisprudencia previamente citada en la que se ha
hecho especial énfasis sobre la protección del derecho a la educación sin
discriminación alguna.
10.7. La Corte Constitucional ha protegido el derecho a la
educación y al debido proceso de quienes han sido reclutados para la prestación
del servicio militar obligatorio, sin tener en consideración la configuración
de una causal de aplazamiento por encontrarse adelantando estudios para ese
momento.[108]
En sentencia T-699 de 2009[109],
esta Corporación examinó el caso de un ciudadano a quien las autoridades
militares procedieron a reclutar sin tener en cuenta que para ese momento se
encontraba cursando noveno (9°) grado de bachillerato.
En esta ocasión, la Corte concedió el amparo invocado tras
advertir una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
educación del peticionario. A su juicio la certificación expedida por la
Institución Educativa donde se encontraba adelantando sus estudios, era suficiente
para concluir que se configuraba una causal objetiva de aplazamiento del
servicio militar prevista en el ordenamiento jurídico.[110]
10.8. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la orden
de la Sala debería ir encaminada a la desincorporacion inmediata del joven Juan
Sebastián Ortiz Mejia como soldado bachiller del Ejército Nacional, en tanto
quedó debidamente demostrada la causal de aplazamiento según la cual, “Los
jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se encuentren
adelantando estudios,  se les debe aplazar la definición de la situación
militar hasta cuando terminen los estudios de pregrado”.
No obstante se logró constatar que en la actualidad el joven
se encuentra matriculado y cursando segundo semestre del programa de formación
complementaria en la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja,
correspondiente al año dos mil trece (2013), en el horario de 6:15 a.m a 1:00
p.m con una intensidad horaria de treinta y ocho (38) horas semanales.[111]
Con base en lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir tal
orden, en cuanto se presenta con relación a la pretensión de desincorporacion
incoada por el accionante, un hecho superado.[112] Así las cosas, la Sala
de Revisión considera que el pronunciamiento del juez de tutela ha perdido su
finalidad respecto de este especifico aspecto, pues la situación generadora de
tal vulneración ha sido superada, por lo que la acción de tutela carece de
objeto actual. Sin embargo, se prevendrá a la entidades demandadas para que en
el futuro se abstengan de reclutar e incorporar al Ejército Nacional, a todas
aquellas personas que al momento de definir su situación militar se encuentren inmersas
en un proceso educativo de formación y capacitación en una profesión u oficio
de cualquier naturaleza, independientemente de su modalidad o de la institución
donde los realice, siempre y cuando aquella esté debidamente reconocida y, las
circunstancias particulares del caso se ajusten a los criterios establecidos
por la jurisprudencia constitucional en la presente providencia.
De igual manera, como forma de protección a los derechos
fundamentales de Juan Sebastián Ortiz Mejia, las autoridades militares
accionadas deberán garantizar la no repetición, para lo cual se ordenará que
resuelvan su situación militar conforme las normas que rigen la materia en
términos de igualdad y teniendo en cuenta que en la actualidad éste se
encuentra cursando el segundo semestre del programa de formación complementaria
en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. En este sentido, no se podrá adelantar
actuación alguna tendiente a la incorporación del estudiante a la filas del
Ejército Nacional hasta tanto termine los estudios que se encuentra
adelantando.
11. Conclusiones
11.1. A partir de la disposición contenida en el artículo 67
superior y demás normas que rigen el derecho a la educación, la Corte ha
entendido que el ordenamiento constitucional colombiano debe proteger este
derecho sin discriminación alguna. Afirmar que unos tipos de educación tienen
mayor valor que otros supone “diseñar prohibiciones tácitas y restricciones
arbitrarias”[113]
que terminarían por desconocer la protección trazada por la Corte
Constitucional frente al derecho a la igualdad.
11.2. La interpretación que se haga de las normas jurídicas
relacionadas con el derecho fundamental a la educación, no puede conducir a
actuaciones arbitrarias ni discriminatorias susceptibles de afectar la vigencia
de otros derechos constitucionales.
11.3. El Ejército Nacional viola los derechos fundamentales
al debido proceso y educación de una persona con su decisión de incorporarlo y
reclutarlo para efectos de la prestación del servicio militar obligatorio,
cuando ésta se encuentra inmersa en un proceso educativo de formación y
capacitación en una profesión u oficio de cualquier naturaleza, independientemente
de su modalidad o de la institución donde los realice, siempre y cuando aquella
esté debidamente reconocida.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el
diez (10) de abril de dos mil trece (2013), que resolvió negar por improcedente
el amparo invocado y en su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto
por hecho superado, en tanto Juan Sebastián Ortiz Mejia fue desincorporado de
las filas del Ejército Nacional y actualmente se encuentra matriculado y
cursando el segundo semestre del programa de formación complementaria en la
Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja.
Segundo.- ADVERTIR al Ejército Nacional que como
forma de protección a los derechos fundamentales de Juan Sebastián Ortiz Mejia,
deberá garantizar la no repetición, para lo cual se ordenará que resuelva su
situación militar conforme las normas que rigen la materia en términos de igualdad
y teniendo en cuenta que en la actualidad aquel se encuentra inscrito en una
Institución Educativa Pública. En este sentido, no se podrá adelantar actuación
alguna tendiente a la incorporación del estudiante a la filas del Ejército
Nacional hasta tanto termine los estudios que se encuentra adelantando.
Tercero.- ADVERTIR al Ejército Nacional que en lo
sucesivo se abstenga de reclutar e incorporar para efectos de la prestación del
servicio militar obligatorio, a todas aquellas personas que al momento de
definir su situación militar se encuentren inmersas en un proceso educativo de
formación y capacitación en una profesión u oficio de cualquier naturaleza, independientemente
de su modalidad o de la institución donde los realice, siempre y cuando aquella
esté debidamente reconocida.
Cuarto.- ORDENAR al Ejército Nacional que remita
copia de esta providencia a todas las dependencias encargadas de tramitar
cualquier tipo de reclutamiento e incorporación con ocasión de la prestación
del servicio militar obligatorio.
Quinto.- Por Secretaría General de la Corte, LÍBRENSE las comunicaciones previstas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Constancia de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, en la que se certifica por parte de la señora Sonia Angela Castro
Romero, Rectora de la referida Institución,  que “ORTIZ MEJIA JUAN
SEBASTIÁN, se encuentra matriculado en esta institución Educativa, cursando el
PRIMER semestre del Programa de Formación complementaria, correspondiente al
año lectivo 2013. Horario: 6:15 A.M  a 1:00 P.M, Fecha de inicio: 14 de febrero
al 7 de junio de 2013.” “Se expide en Barrancabermeja, a los cinco (5) días del
mes de marzo de 2013.” Al respecto se dispone que: “La Rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, Plantel Oficial aprobado
por la Resolución No. 1233 del 28 de octubre de 1999, emanada de la secretaria
de Educación Departamental. Que ampara los grados de: Transición nivel
preescolar, 1º a 9º de  Básica Secundaria, 10º a 11º de Media Vocacional y
Semestres Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Programa de Formación
Complementaria. Con acreditación de calidad y Desarrollo emanada por el
Ministerio de Educación Nacional según Resolución No. 8111 del 14 de septiembre
de 2010, para formación de Docentes. Código Icfes 014458. Registro Educativo
No. 168081-00839. S.E Nº. 046. Código DANE 168081000831.”(Folio 9). Adicionalmente, la Rectora de la referida Institución, dentro del
tramite de la acción de tutela y en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala de Decisión Penal, mediante
oficio No. 2898 del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), informó
que “De acuerdo a su comunicación me permito informarle que el joven JUAN
SEBASTIÁN ORTIZ MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número
1.096.219.557 expedida en Barrancabermeja, se encuentra matriculado para el año
lectivo 2013 en el Primer Semestre de Formación Complementaria, avalada por el
Ministerio de Educación Nacional Resolución No. 8111 del 14 de septiembre de
2010, para formación de docentes. La Escuela Normal Superior Cristo Rey, según el Ministerio de Educación Nacional tiene autorización para formar estudiantes en
los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica
y además por ser nuestra Institución Normal Superior ofrece el Programa de
Formación Complementaria( Grados 12 y 13).” (Folios 19 al 28). En
adelante, cuando se cite un folio, debe entenderse que hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[2] (Folio
2).
[3]
(Folio 2).
[4]
El accionante solicitó en su escrito de tutela, se ordenara la adopción de una
medida provisional en la que se dispusiera el desacuartelamiento inmediato de
su hijo para que pudiera acudir a sus actividades académicas, comoquiera que “el
hecho de encontrarse en estos momentos reclutado y lejos de su ciudad, no
le permite cumplir con sus responsabilidades académicas lo que conllevaría a
que no hiciera los exámenes parciales que tiene para estos días y termine
perdiendo el semestre.” (Folio 2). No obstante, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga-Sala Penal, mediante oficio No.
2898 del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), dispuso que “comoquiera
que no se cumplen las condiciones que impone el art.7 del Decreto 2591 de 1991,
no se accede a la solicitud de medida provisional elevada por el tutelante
RAMÓN ORTIZ CALDERÓN, además, lo que se solicita es el objeto mismo de la
tutela, y es al momento de resolver la presente acción donde se determina si
existe o no violación de derechos fundamentales y de haber ocurrido si es
necesario se disponen los respectivos correctivos para lograr el
restablecimiento del derecho.” (Folio 14 y 15).
[5]
Auto del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), por medio del cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga dispuso que “Aunque no se
dirige la acción contra el JEFE DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS DEL
EJÉRCITO NACIONAL Y DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DEL COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, por ser viable se procede a su vinculación al
presente diligenciamiento.” (Folio 13).
[6]
Mediante oficio No. 2898  del veintidós (22) de marzo de
dos mil trece (2013), la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Bucaramanga dispuso que a las entidades accionadas y a aquellas vinculadas de
oficio, “se les enviará copia del escrito de tutela para que se sirvan dar
respuesta a lo manifestado por el señor RAMÓN ORTIZ CALDERÓN, en un lapso no
mayor a dos (2) días para que se pronuncien sobre lo siguiente: a) Si el joven
JUAN SEBASTIÁN ORTIZ MEJIA se encuentra actualmente prestando el servicio
militar, en caso positivo especificar la modalidad, fecha de incorporación y sitio
donde se encuentra; igualmente si para el momento del reclutamiento o
incorporación se tuvo en cuenta que se encuentra inscrito en el programa de
formación complementaria primer semestre en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. b) Si el señor RAMÓN ORTIZ CALDERÓN o el joven JUAN
SEBASTIÁN ORTIZ MEJIA han presentado solicitud de aplazamiento de prestación
del servicio militar hasta la culminación de estudios por encontrarse este
último matriculado en el programa de formación complementaria primer semestre
en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, de ser así indicar si ya se contestó,
el sentido de la respuesta y la fecha en que se comunicó a los interesados, y
en el evento de que no se haya respondido exponer los motivos. c) A su vez, si
en las circunstancias de encuartelamiento en que se encuentra el joven JUAN
SEBASTIÁN ORTIZ MEJIA, está en imposibilidad de interponer directamente acción
de tutela contra dicha institución”. (Folios 13 y 14).
[7]
(Folio 16).
[8]
(Folio 29).
[9]
Capitán Josmar Yezid Velásquez Amezquita.
[10]
(Folios 30 y 31).
[11]
Coronel Juan Carlos Mejía Gutiérrez.
[12]
(Folios 47 y 48).
[13]
Teniente Coronel Marino Valencia Rico.
[14](Folios 49 al 51).
[15]
“ Que según el Decreto No. 2124 del 16 de junio de 2008,
establece en su artículo 13 que los bachilleres que al cumplimiento de la
mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de reclutamiento y no
definan su situación  militar por estar cursando estudios superiores de
pre-grado en centros universitarios, se le aplazara su situación hasta por dos
años más, mediante la entrega de una nueva tarjeta provisional, al cabo de los
cuales si continúan estudiando y dependiendo las necesidades de reemplazos en
las Fuerzas, se les podrá clasificar y definir la situación militar de manera
definitiva, mediante el pago de la cuota de compensación militar que les
corresponda y la tarjeta de reservista de segunda clase.” (Folio 51).
[16] Constitución Política. “Artículo 86. Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” (…).
[17]
Sentencia T-372 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). La Corte Constitucional conoció la demanda de tutela interpuesta por Álvaro Angarita, actuando
como agente oficioso de su hijo, contra el Distrito Militar No.  32, Zona
Quinta de Reclutamiento del Ejército Nacional y otros, por considerar que estas
autoridades vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, libertad y a
recibir una protección especial por ser víctima del desplazamiento forzado. En
esta ocasión, la Corte expuso la evolución de la jurisprudencia con relación a
la legitimidad de los padres y madres de familia para instaurar una tutela en
nombre de sus hijos mayores de edad, vinculados a las fuerzas militares, con el
propósito de solicitar la desincorporación de las filas en aplicación de
causales de exención o aplazamiento. En esta oportunidad, la Corte consideró que: “cuando un joven es incorporado a las fuerzas militares para prestar
el servicio militar obligatorio es llevado a una concentración en la que le son
impuestas estrictas normas, entre las cuales se encuentran las que limitan la
libre disposición de su tiempo y su libre movilización por el territorio
nacional, principalmente durante la instrucción militar básica. En este sentido
el artículo 39 de la Ley 48 de 1993 señala que durante la prestación del
servicio militar obligatorio el conscripto solo tiene derecho “a un permiso
anual con una subvención de transporte equivalente al 100% de un salario mínimo
mensual vigente y devolución proporcional de la partida de alimentación.”. Esto
significa que, en principio, podrá salir de la concentración solo una vez
durante todo el período del servicio. Adicionalmente, dado que prima facie el
soldado está obligado a obedecer a un superior jerárquico, es éste último quien
tiene la facultad de determinar el lugar en el que debe prestar el servicio
militar, así como la forma de obtener el permiso legalmente reglamentado, y
todos los demás que pudieran ser otorgados como estímulo por el mismo
superior”. Con fundamento  en lo anterior, esta Corporación concluyó que es
desproporcionado someter a quienes se encuentran prestando servicio
militar obligatorio a realizar todos los trámites correspondientes a la
instauración de la acción de tutela de manera personal.
[18]
(Folio 1).
[19] En cuanto a la situación particular del joven Juan
Sebastián Ortiz, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, Distrito
Militar No. 34 de las Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional, sostuvo
que: “actualmente se encuentra incorporado en las filas del Ejercito
prestando su servicio militar obligatorio como Soldado Bachiller en el BATALLÓN
DE SERVICIOS No. 28 (Ubicado en el Batallón ASPC No. 28 “Bochica” KM 1 Vía
Villavicencio Barrio Mateo Puerto Carreño) siguiendo la normatividad que nos
exige la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamente (SIC) el servicio de reclutamiento
y movilización en el cual el congreso de la republica decreta las normas
rectoras.” (Folio 30).Adicionalmente, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas de las Fuerzas Militares de Colombia-Ejército
Nacional, expuso que: “Al revisar en el Sistema Integrado de Información de
Reclutamiento (SIIR), se verificó que el ciudadano Juan Sebastián Ortiz Mejia,
adelantó el proceso de inscripción a través del Distrito Militar 34 adscrito a la Quinta Zona de reclutamiento como integrante del segundo contingente del año 2013 y fue
citado a incorporación el 17 de marzo de dos mil trece (2013).”  (Folio
47).
[20]
“Encuentra esta Sala que los requisitos previstos para la configuración de
la agencia oficiosa se satisfacen a cabalidad dado que se hace manifestación en
tal sentido por parte del progenitor del joven JUAN SEBASTIÁN  y la fundamenta
en el hecho de que éste fue reclutado para la prestación del servicio militar,
no lo ha podido ver y no lo dejan salir.”]] “De otro lado se puede colegir esa
imposibilidad por parte de JUAN SEBASTIÁN para reclamar directamente la
protección de sus derechos dado que la prestación del servicio militar implica
o conlleva un sometimiento a condiciones de concentración que no le permiten
salir y a una obediencia a un superior, lo que obviamente impide promover su
propia defensa, admitido esto por el Máximo Tribunal Constitucional como
justificante para que se pueda formular la acción de tutela en estos casos bajo
la figura de la agencia oficiosa.”]]“De modo que el señor RAMON ORTIZ CALDERON
se encuentra legitimado para interponer la acción de tutela como agente
oficioso de su hijo JUAN SEBASTIÁN ORTIZ MEJIA mayor de edad con el propósito
de lograr su desacuartelamiento con fundamento en las causales de aplazamiento
de la prestación de tal servicio.”]] (Folio 38).
[21]
(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[22]
En esta oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció respecto del caso de
un soldado que padecía asma bronquial, por lo que al realizar ejercicios
fuertes o exponerse a temperaturas extremas le daban crisis respiratorias. La
madre del soldado interpuso acción de tutela con el fin de lograr el retiro de
su hijo del servicio militar, pues la vida de éste corría serio peligro. En
esta ocasión, la Corte indicó que “[e]l deber de obrar conforme al principio
de solidaridad exige, de la persona y de la sociedad en general, su
contribución para la realización efectiva de los valores que inspiran el
ordenamiento constitucional (CP Preámbulo). En este cometido, las personas
deben cumplir sus deberes y obligaciones en la medida de sus posibilidades. La
exigencia de solidaridad social debe respetar la propia naturaleza humana de cada
persona. El principio de dignidad humana se reconoce a la persona en su
individualidad. Un tratamiento homogéneo, independientemente de la legitimidad
de los fines, se revela inconstitucional cuando desconoce condiciones
personales relevantes cuya inobservancia impone a sus destinatarios una carga
pública mayor a la establecida para otras personas con iguales derechos,
libertades y oportunidades (CP art. 13). La simple exposición de una persona
con ocasión del cumplimiento de un deber, a un riesgo objetivamente mayor al
que están sometidos los restantes sujetos obligados, de suyo equivale a
quebrantar la igualdad en la asunción de las cargas públicas”.
[23]“Por la cual se reglamenta el servicio de
Reclutamiento y Movilización”. En la Ley se estableció en el artículo 3º que “todos los colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones
que establece la presente Ley”.
[24] "Por el cual se
reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y
movilización".
[25]
“ARTICULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El
Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de
la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las
modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar: a) Como soldado
regular, de 18 a 24 meses; b) Como soldado bachiller durante 12 meses; c) Como
auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; d) Como soldado campesino, de
12 hasta 18 meses. PARAGRAFO 1°. Los soldados, en especial
los bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones
inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la
realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a
tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica. PARAGRAFO
2° Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la
zona geográfica en donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio
tomando en cuenta su preparación académica y oficio).”
[26] Ley 48 de 1993, artículo 14. Inscripción. Aparte
subrayado CONDICIONALMENTE exequible: “Todo varón colombiano tiene la
obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso
del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no
podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la
mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad
podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se
establecen en la presente Ley. PARAGRAFO 1° Los alumnos de último
año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse durante
el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo,
en coordinación con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de bachilleres, para su incorporación a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, único organismo con facultad para cumplir tal actividad. PARAGRAFO
2° La inscripción militar prescribe al término de un (l) año, vencido este
plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente”.
[27] Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el
servicio de Reclutamiento y Movilización”. Artículo 15-.
Exámenes de aptitud sicofísica. “El personal inscrito se someterá a tres
exámenes médicos”. Artículo 16-. Primer examen. “El primer examen
de aptitud sicofísica será practicado por oficiales de sanidad o profesionales
especialistas al Servicio de las Fuerzas Militares en el lugar y hora fijados
por las autoridades de Reclutamiento. Este examen determinará la aptitud para
el servicio militar, de acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de
Defensa Nacional para tal fin”. Artículo 17-. Segundo examen.
“Se cumplirá un segundo examen médico opcional, por determinación de las
autoridades de Reclutamiento o a solicitud del inscrito el cual decidirá en
última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la situación
militar”. Artículo18-. Tercer examen. “Entre los 45 y 90 días
posteriores la incorporación de un contingente, se practicará un tercer examen
de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no presenten
inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar”.
[28] La Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el
servicio de Reclutamiento y Movilización”, establece en el Artículo 19:
SORTEO. “La elección para ingresar al servicio militar se hará por el
procedimiento de sorteo entre los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en
cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial humano disponible y las
necesidades de reemplazos en las Fuerzas Militares. Por cada principal se
sorteará un suplente. Los sorteos serán públicos. No habrá lugar a sorteo
cuando no sea suficiente el número de conscriptos. El personal voluntario
tendrá prelación para el servicio, sobre los que resulten seleccionados en el
sorteo. Los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta quince (15)
días antes de la incorporación, será resueltos mediante la presentación de
pruebas sumarias por parte del interesado; quien no comprobare su inhabilidad o
causal de exención será aplazado por un (1) año, al término del cual se
efectuará su clasificación o incorporación”. Y en el Artículo
20 señala: “CONCENTRACIÓN E INCORPORACIÓN. Cumplidos los requisitos
de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora
determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de selección e
ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del
servicio militar. PARÁGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir
de la mayoría de edad del conscripto hasta cuando cumpla 28 años, salvo las
excepciones establecidas en la presente Ley para bachilleres”.
[29] La Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el
servicio de Reclutamiento y Movilización”, en su artículo 22 señala:
“CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El
inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una contribución
pecuniaria al Tesoro Nacional, denominada "cuota de compensación militar”.
PARÁGRAFO. La cuota de
compensación militar se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a su
clasificación”.
[30]
A partir del Capítulo III de este decreto se regula lo relacionado con las
formalidades de la inscripción, los exámenes de aptitud psicofísica, el sorteo,
la clasificación, las situaciones especiales, las exenciones y aplazamientos.
[31] Sentencia T-218 de 2010 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta ocasión, la Corte concedió el amparo de un ciudadano a quien el
Ejército Nacional reclutó como soldado regular, aún cuando con posterioridad a
la fecha de su incripción había
acreditado la calidad de bachiller académico, modalidad conforme a la cual,
debía atender la obligación relativa a la prestación por un interregno menor.
[32] En sentencia C-1409 de 2000 (M.P José
Gregorio Hernández Galindo), la Corte sostuvo que: “A juicio del legislador,
imponer un plazo mayor de 12 meses a los bachilleres llamados a desempeñar
labores y tareas en la vida social, en este conjunto normativo de la economía,
no debe confundirse, con un trato privilegiado. Tal solución no obedece al
capricho ni a la  injusticia, sino, también a la protección de otras
manifestaciones de servicio, consideradas como deber  en la Carta Política (artículo 95), a que están llamados quienes superando niveles de injusticia en
el acceso a la educación, no pueden, según criterio del legislador, resultar
exentos de la prestación del primordial servicio militar.” [[“El
legislador puede, pues, establecer diferentes lapsos de prestación del servicio
militar sin que por el sólo hecho de prever tiempos más cortos, atendiendo a
las circunstancias y al tipo de servicio que se presta, esté consagrando
indebidas preferencias.”]]
[33] Constitución Política. Artículo 29. “El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable”.
[34]
Constitución Política. Artículo 209. “La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley”.
[35]
Sentencia T-552 de 1992 (MP. Fabio Morón Díaz). En esta providencia, la Corte Constitucional precisó el alcance del derecho
fundamental al debido proceso administrativo consagrado en el artículo 29
de la Carta a propósito de una acción de tutela presentada con ocasión de la
presunta vulneración de este derecho en el marco de un proceso ordinario. En
relación con ello, indicó que “el proceso administrativo, denominado antes
procedimiento administrativo, para diferenciarlo del proceso judicial, en
tanto, este último, tenía por finalidad la cosa juzgada; comprende el conjunto
de requisitos o formalidades anteriores, concomitantes o posteriores, que
establece el legislador para el cumplimiento de la actuación administrativa, y
los procedimientos, o pasos que debe cumplir la administración para
instrumentar los modos de sus actuaciones en general.”
[36]
Sentencia T-218 de 2010 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Ibidem.
[37] (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). En esta ocasión la Corte conoció la demanda de inconstitucionalidad  incoada por un ciudadano contra el artículo
14 de la Ley 48 de 1993, “Por
la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización” tras considerar que el contenido de la norma acusada facultaba a las autoridades militares
a compeler a los varones mayores de edad para el cumplimiento de la
obligación consistente en inscribirse para definir su situación militar,
reteniendo a los ciudadanos mayores de edad que hubiesen incumplido esta obligación
legal y de este modo configurándose  una vulneración de la reserva judicial de
la privación de la libertad. La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a
esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones que se establecen en la presente Ley”, bajo el entendido
de que “la única comprensión que cumple tal condición es si se
entiende la expresión acusada en el sentido de que quien no haya cumplido la
obligación de inscribirse para definir su situación militar, solo puede ser
retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se
inscribe”.
[38]
Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE compeler significa “obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere”.
[39] En sentencia C-879 de 2011, la Sala Plena de
la Corte Constitucional al conocer de la demanda de inconstitucionalidad en
contra del artículo 14 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el
servicio de Reclutamiento y Movilización”, consideró que la expresión compeler
contenida en la norma analizada resultaba ambigua, pues podía dar lugar a una
restricción en la libertad personal del ciudadano en el evento de ser entendida
o interpretada por las autoridades militares en un sentido contrario a su
finalidad constitucionalmente legítima, cual es lograr la inscripción para
definir la situación militar en cumplimiento de un mandato superior. Al
respecto indicó: “Nótese entonces que la expresión compeler resulta en
extremo ambigua y puede ser entendida en el sentido que la autoridad militar
está autorizada a restringir la libertad personal y conducir al ciudadano que
no se ha inscrito al lugar de concentración para inscribirlo, practicarle los
exámenes de aptitud y si resulta apto conducirlo a la unidad militar
respectiva.”
[40]
“Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización.”
[41]
“Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.”
[42]
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones.”
[43] “Por la cual se aclara el artículo 2° inciso
segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a incorporación de jóvenes
bachilleres al servicio militar.”
[44]
“Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la Cuota de Compensación Militar”.
[45] ARTICULO 1o. “Aclarase
el articulo 2 de la Ley 548 de 1999 en el sentido de que la opción prevista en
el inciso segundo de este artículo se aplicará también a quienes cumplan los
dieciocho (18) años mientras cursan sus estudios de bachillerato momento en el
cual deben definir su situación militar.
ARTICULO 2o. La presente ley rige a partir de su promulgación y
cobija a quienes finalicen sus estudios de bachillerato durante la vigencia de la Ley 548 de 1999”.
[46] (M.P
José Gregorio Hernández Galindo). A juicio del accionante, la posibilidad de aplazamiento del servicio militar
establecida en la disposición acusada no tiene ningún fundamento y a todas luces
es inconstitucional, pues debe prevalecer el derecho a la igualdad frente a las
obligaciones del ciudadano para con su patria, frente al derecho a la
educación. La Corte declaró EXEQUIBLES los incisos 2 y 3
y el parágrafo del artículo 2 de la Ley 548 de 1999.
[47] Artículo 2.- “Los menores de 18 años de edad no
serán incorporados a las filas para la prestación del servicio militar. A los
estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su
incorporación a las filas hasta el cumplimiento de la referida edad. Si al
acceder a la mayoría de edad el joven que hubiera aplazado su servicio militar
estuviere en un programa de pregrado en institución de educación superior,
tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el
momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el cumplimiento
inmediato, la institución educativa le conservará el respectivo cupo en las
mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título correspondiente
sólo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley ordena.
La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de
incorporarse al servicio militar”.
[48] (M.P
Jaime Córdoba Triviño). En esta oportunidad, la Corte resolvió: Declarar EXEQUIBLE en forma
condicionada la expresión “y cobija a quienes finalicen sus estudios durante
la vigencia de la Ley 548 de 1999 del artículo 2º de la Ley 642 de 2001” bajo el entendido que los beneficios previstos en esta ley también se
aplican a los jóvenes bachilleres menores de edad que válidamente aplazaron el
cumplimiento del deber de prestar el servicio militar desde 1997.
[49] Los cargos por violación al derecho a la igualdad
expuestos por el demandante se fundan en la idea de que la norma establece una
discriminación injustificada en relación con los bachilleres que terminaron sus
estudios secundarios antes de entrar en vigencia la Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones.”En esta ocasión, la Corte consideró que “pretender que los beneficios previstos en las normas transcritas se
extiendan a los jóvenes mayores que finalizaron sus estudios de bachillerato
antes de la vigencia de la Ley 548 de 1999 y que no han definido su situación
con la Fuerza Pública, es tanto como declarar una amnistía y legalizar la
condición militar de unos ciudadanos que no cumplieron con el deber al
finalizar sus estudios de bachillerato.”
[50]  (M.P Jaime Córdoba Triviño). Ibidem.
[51] ARTICULO 67. “La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura”.
[52] (M.P Alfredo Beltrán Sierra). En el presente asunto la Corte consideró que la negativa de las Empresas Públicas de Medellín, en reconocerle a la
peticionaria el auxilio educativo que convencionalmente le reconocían a los
hijos de sus trabajadores, no constituía una vulneración de sus derechos fundamentales
a la igualdad y a la educación, en tanto para ello era indispensable que la
persona estuviere cursando estudios formales de educación superior, como
requisito previsto en la convención colectiva que regulaba la obtención de la
ayuda referida.
[53] (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En aquella ocasión la Corte consideró que el Icetex vulneraba el derecho fundamental al debido proceso de una persona cuando rechazaba
una solicitud de crédito educativo, con base en un requisito que no se
encontraba publicado en el portal de Internet de la entidad, ni en los
formularios dispuestos a los usuarios para el trámite del crédito al momento en
que se había realizado la solicitud, en desconocimiento de los principios de
buena fe y confianza legítima.
[54]
Sentencia T-1073 de 2004 (M.P Clara Inés Vargas Hernández). En el
presente asunto la Corte concedió el amparo, tras considerar que las entidades
accionadas habían vulnerado los derechos a la seguridad social y al mínimo
vital de las demandantes, al no reconocerles los estudios no formales que se
encontraban realizando, como requisito válido para acceder al sistema de
seguridad social como beneficiaria, en uno de los casos, y para acceder a la
pensión de sobrevivientes en el otro. Para la Corte, no aceptar que los certificados expedidos por instituciones de educación no formal, configuraban de forma
idónea la calidad de estudiante, vulneraba el derecho a la educación.
[55]
(M.P Fabio Morón Díaz).
[56] (M.P Rodrigo Escobar Gil). El asunto bajo revisión planteaba la necesidad de
determinar si los derechos fundamentales a la educación y al mínimo vital se
veían vulnerados, cuando en virtud de la aplicación estricta del art. 15 del
Decreto 1889 de 1994, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993” se suspendía el pago de la pensión de sobrevivientes a un estudiante que
no cumplía con el requisito de estudiar en una institución de educación formal
básica, media o superior acreditado por el Ministerio de Educación, tal y como
lo establecía el citado artículo, sino en el sistema de educación no formal (Programa de Técnico en
Auxiliar de Preescolar –Escuela Colombiana de Formación en Salud “EFORSALUD”).
Para dar solución al problema jurídico planteado, la Corte consideró que con la imposición formulada al
educando en el sentido de matricularse en una institución de educación formal,
resulta flagrantemente amenazada la autonomía del educando y de esta forma su
derecho al libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta que "la Constitución opta por un orden jurídico que es profundamente respetuoso de la
dignidad y la autonomía individuales (CP art.1º y 16), por lo cual, en principio,
no corresponde al Estado ni a la sociedad sino a las propias personas decidir
la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos de vida y
sus modelos de realización personal". Tal derecho “se manifiesta
singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede
hacer frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y
colectivamente,  en  la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de
los demás miembros de la sociedad.” Con fundamento en lo anterior, la Corte concedió el amparo invocado y resolvió inaplicar para el caso concreto, por ser
contrario a la Constitución Política, el artículo 15 del Decreto 1889 de 1994  que exige a los estudiantes entre 18 y 25 años de edad aportar certificación de
encontrarse estudiando en
una institución de educación formal básica, media o superior aprobada por el
Ministerio de Educación. Para ello
sostuvo, adicionalmente, que
la educación no formal también ha sido expresamente contemplada en la Ley General de la Educación como parte integrante del servicio educativo previsto por la Carta Fundamental en su artículo 67.
[57] El Decreto 1889 de 1994, en el artículo 15 consagró
los presupuestos para acreditar la calidad de estudiante. Dice esta norma: “para
los efectos de la pensión de sobrevivientes, los hijos estudiantes de 18 años o
más años de edad y hasta los 25, deberán acreditar la calidad de tales, mediante
certificación auténtica expedida por establecimiento de educación formal
básica, medio o superior, aprobado por el Ministerio de educación, en el
cual se cursen los estudios, con una intensidad de por lo menos 20 horas
semanales”. (Subrayado fuera del texto original).
[58]
Este criterio de interpretación sostenido por la Corte Constitucional fue reiterado en sentencia T-1242 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). En
esta oportunidad, el alto Tribunal examinó si constituía una limitación y
restricción del derecho a la educación, el que una entidad decidiera suspender
el pago de la pensión de sobrevivientes de una persona, por no encontrarse el
interesado estudiando en una institución de educación formal básica, media o
superior aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, sino en el sistema
de educación no formal. En esta ocasión, la Corte concedió el amparo invocado y para ello reiteró la posición asumida en sentencia T-1677 de 2000 (M.P Fabio
Morón Díaz) cuando señaló que:“Por lo tanto, la interpretación de las
normas jurídicas por parte de los órganos de la seguridad social no puede
conducir a una arbitrariedad, máxime cuando con el incumplimiento de las
obligaciones propias de su giro ordinario pueden afectar derechos fundamentales
como ocurre en este caso con la educación  del demandante en tutela, pues el
retiro de la nómina de pensionados frustra la posibilidad de que el actor pueda
continuar en el sistema educativo formal, lo cual no se corresponde con los
principios de un Estado Social de Derecho y con los fines contemplados en el
ordenamiento constitucional colombiano”. Con fundamento en lo
anterior, la Corte consideró que la decisión de la entidad demandada no
resultaba admisible porque de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte la calidad de estudiante para acceder a la pensión de sobrevivientes no podía
predicarse única, exclusiva y necesariamente de aquellos que se encontraran
matriculados en instituciones de educación formal.
[59] MP. Humberto Antonio Sierra Porto. La Sala Séptima, consideró que en el caso concreto
la entidad demandada había vulnerado los derechos constitucionales
fundamentales del actor, toda vez que conforme la jurisprudencia
constitucional, para efectos de beneficiarse con la pensión sustitutiva no
podía establecerse una distinción entre educación formal y no formal pues ambas
clases de educación estaban igualmente protegidas desde el punto de vista
constitucional y no existía motivo justificado para discriminar entre una y
otra. Con fundamento en lo anterior, concedió el amparo invocado.
[60] Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley
general de educación”, Artículo 10: “Se entiende por educación formal
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, y conducente a grados y títulos”.
[61] La educación no formal en los términos establecidos
por la Ley 115 de 1994 , “Por la cual se expide la ley general de
educación”, y el Decreto 114 de 1996,  “Por el cual se reglamenta
la creación, organización y funcionamiento de programas e instituciones de
educación no formal”, artículos 1 y 36, es la que se ofrece con el objeto
de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos
académicos o laborales y en general, capacitar para el desempeño artesanal,
artístico, recreacional, ocupacional y técnico, para la protección y
aprovechamiento de los recursos naturales y de la participación ciudadana y
comunitaria, a las personas que lo deseen o lo requieran, sin sujeción al
sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal.
[62] Otro ejemplo en esta misma línea es la sentencia
T-917 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta oportunidad, la Corte examinó una demanda de tutela en la que la entidad demandada exigía como requisito para
acceder a la pensión de sobrevivientes, la acreditación de la calidad de
estudiante con una intensidad de 20 horas semanales conforme lo exigía el
Decreto 1889 de 1994. Para resolver el problema jurídico, la Corte trajo a colación la providencia del once (11) de octubre de dos mil siete (2007) (C.P
Jaime Moreno García), en la que la Sección Segunda del Consejo de Estado
-Sala de lo Contencioso Administrativo-, resolvió declarar la nulidad de los
apartes “formal básica, media o superior” y “con una intensidad de
por lo menos 20 horas semanales” contenidos en el artículo 15 del
referido Decreto, pues se
trataban de restricciones y categorizaciones relacionadas con la modalidad
educativa que comportaban una medida limitativa frente al ejercicio del derecho a la educación, las libertades de escoger
profesión y oficio, el libre desarrollo de la personalidad así como el derecho
a la igualdad de oportunidades educativas. Bajo las consideraciones expuestas precedentemente, la Corte concluyó que para el acceso a la pensión de sobrevivientes, en el caso de los hijos de
dieciocho (18) años o más años de edad y hasta veinticinco (25), sólo se
requería de la acreditación de la calidad de estudiante, mediante certificación
auténtica expedida por el establecimiento de educación, aprobado por el
Ministerio de Educación, en el cual se dejara constancia de los
correspondientes estudios que se hubieren llevado a cabo.
[63] En armonía con lo anterior, el Decreto 2903 de 1994
“Por el cual se adoptan disposiciones para la reestructuración de las
escuelas normales”, establece en su artículo 1 que: Las escuelas normales
debidamente reestructuradas y aprobadas se denominarán Escuela Normal Superior
y formarán docentes para que presten sus servicios en el nivel de preescolar y
en el ciclo de educación básica primaria.
[64]
“Por la cual se expide la ley general de educación.”
[65]
“Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos
generales.”
[66]
“Por el cual se adoptan disposiciones para la reestructuración de las
escuelas normales.”
[67]
“Por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de
programas de formación de educadores y se crean condiciones para su
mejoramiento profesional.”
[68]
“Por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa
de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan
otras disposiciones.”
[69] Decreto 2903 de 1994 “Por el cual se
adoptan disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales”, Artículo
3º.- “La misión de las Escuelas Normales Superiores es la de formar
educadores de reconocida idoneidad, ética, moral y pedagógica, con base en las
necesidades de las comunidades, del desarrollo nacional y regional, de acuerdo
con los avances del conocimiento, y atendiendo lo dispuesto en los artículos
104 y 109 de la Ley 155 de 1994”.
[70] Ley 115 de
1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”,
Artículo 113º.- “Programas para la formación de educadores.
Con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los
docentes, todo programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma
previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el Consejo Nacional de
Educación Superior- CESU o el Ministerio de Educación Nacional, para el caso de
las Normales Superiores. Decreto 2903 de 1994 “Por el cual se adoptan
disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales”, Artículo
4.-“El Ministerio de Educación Nacional señalará los lineamientos
generales para la formación de docentes en las Escuelas Superiores y para la
acreditación de los programas. Así mismo prestará, junto con las Secretarías de
Educación de las entidades territoriales y la institución de educación superior
con la que se establezca el convenio, la asesoría necesaria para la
reestructuración, el funcionamiento y ajuste de programas”.
[71] El artículo 8 del Decreto 4790 de 2008, “Por el
cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación
complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras
disposiciones” establece que: “Para los bachilleres egresados de
una escuela normal, el programa de formación complementaria tendrá una duración
de cuatro (4) semestres académicos. Para aquellos provenientes de otra
modalidad de educación media, el programa de formación complementaria tendrá
una duración de cinco (5) semestres académicos”.
[72] La organización y el funcionamiento del programa de
formación complementaria ofrecido por la escuela normal superior responderán a
su proyecto educativo institucional y estará regido por la Ley 115 de 1994, la Ley 715 del 2001 y sus normas reglamentarias.
[73] El artículo 5 del Decreto 4790 de 2008, “Por el
cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación
complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras
disposiciones ” dispone que: “Una vez presentada la solicitud, el
Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de una sala anexa de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces, realizará la verificación de las condiciones básicas de calidad y
autorizará el funcionamiento del programa de formación complementaria mediante
la expedición de un acto administrativo debidamente motivado. El Ministerio de
Educación Nacional podrá realizar dicha verificación en cualquier momento y
ordenar las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de
los requisitos básicos de calidad del programa de formación complementaria. La
autorización de funcionamiento del programa de formación complementaria tendrá
una vigencia de cinco (5) años”.
[74]
Artículo 2 del Decreto 2903 de 1994 “Por el se adopta disposiciones para la
reestructuración de las escuelas normales” y el parágrafo del artículo 7
del Decreto 4790 de 2008, “Por el cual se establecen las condiciones básicas
de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales
superiores y se dictan otras disposiciones.”
[75] El artículo 8 del Decreto 2903 de 1994 “Por el se
adopta disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales” ,
modificado por el Artículo 2
Decreto Nacional 968 de 1995
dispone que: A quienes finalicen y aprueben el nivel de educación media en las
escuelas normales superiores se les expedirá el título de Bachiller, en donde
se especificará la profundización en el campo de la educación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 115 de 1994 y a quienes finalicen y
aprueben el ciclo complementario de formación docente, se les otorgará el
título de Normalista Superior. Igualmente, de conformidad con los artículos 116
y 117 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de
educación”,  el título de Normalista Superior debidamente
expedido, acreditará para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar
y en el ciclo de educación básica primaria. El título de bachiller expedido por
una normal superior no acredita para el ejercicio de la docencia, según lo
dispone la Ley 115 de 1994.
[76] Artículo 5º.- Fines de la educación. “De conformidad con el
artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más
limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica,
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores
humanos. 2. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 3. La promoción en la
persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita
al educando ingresar al sector productivo, entre otros”.
[77]
Sentencia T-917 de 2009 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Ibídem.
[78]
Sentencia T-903 de 2003 (M.P Rodrigo Escobar Gil). Ibidem.
[79] Ley 30 de
1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” dispone en su Artículo 19 lo
siguiente: “Son universidades las reconocidas actualmente como tales
y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en
las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional”.
[80]
Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación.”
[81] (Folio 10).
[82] Esta posición fue asumida por la Corte en sentencia T-780 de 1999 (M.P Álvaro Tafur Galvis). En este caso, la Corte concedió en revisión la tutela promovida por una estudiante universitaria que
había cambiado de programa de formación profesional y de institución de
educación superior, razón por la cual un fondo de prestaciones sociales le
extinguió el derecho a la sustitución pensional que percibía a partir de la
muerte de su padre. En esta ocasión, el alto tribunal sostuvo: “Así, es indudable la injerencia que el derecho a la
educación proyecta en los derechos del ser humano relativos a la escogencia de
una profesión u oficio, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad
de oportunidades en materia educativa.” Posteriormente fue reiterada
en sentencia T-807 de 2003 (M.P Jaime Córdoba Triviño). En esta
oportunidad, la Corte conoció en revisión la acción de tutela
presentada por tres estudiantes que se habían matriculado en el programa de
especialización en finanzas públicas ofrecido por la ESAP. Los estudiantes sustentaron su tesis de grado y cancelaron los respectivos derechos,
con lo cual quedaron a paz y salvo respecto de las obligaciones con dicha
institución. A pesar de haber cumplido íntegramente con los requisitos de grado
consagrados en el reglamento estudiantil, la entidad se negó a otorgarles el
respectivo título alegando que los programas cursados no contaban con registro
del ICFES. La Corte concedió el amparo invocado. En ambas sentencias, la Corte destacó el carácter fundamental de la educación como
presupuesto básico para efectivizar otros derechos fundamentales, en efecto
sostuvo: “La educación constituye un presupuesto básico para la efectividad
de otros derechos, principios y valores constitucionalmente reconocidos al ser
humano, tales como la igualdad en materia educativa, la escogencia de una
profesión u oficio y el libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, permite
la realización del Estado social de derecho, el fomento de la participación y
el respeto de los derechos humanos.”
[83] Sentencia C-617 de 1996 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo). En esta
oportunidad la Corte examinó en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, una demanda presentada contra el artículo 30 (parcial)
del Decreto 196 de 1971, “Por el cual se dicta el Estatuto del ejercicio de
la abogacía”, por vulnerar el artículo 29 de la Carta Política. La Corte resolvió declarar exequibles los literales a) y d) del artículo 30
del Decreto 196 de 1971.
[84]
(Folio 47).
[85]
(Folio 9).
[86] “Definición Situación Militar”.
[87] Ley 48 de 1993, “Por
la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”, Artículo 21. CLASIFICACIÓN. “Serán
clasificados quienes por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta
de cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar bajo
banderas”.
[88]
(Folio 51).
[89]
(Folios 1 y 2).
[90]
(Folios 9 y 20).
[91]
Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y
Movilización”, Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones”, Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual
se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan
otras disposiciones” , Ley 642 de 2001, “Por la cual se aclara el
artículo 2°., inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a
incorporación de jóvenes bachilleres al servicio militar” y el Decreto 2124
de 2008, “Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la Cuota de Compensación Militar”.
[92]
“Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la Cuota de Compensación Militar”.
[93]
(Folio 51).
[94] Decreto
2124 de 2008, “Por el cual se
reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la Cuota de Compensación Militar” dispone en su
artículo 13 lo siguiente: “Los
bachilleres que al cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por las
autoridades de reclutamiento y no definan su situación  militar por estar
cursando estudios superiores de pre-grado en centros universitarios, se les
aplazara su situación hasta por dos años más, mediante la entrega de una nueva
tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y
dependiendo las necesidades de reemplazos en las Fuerzas, se les podrá
clasificar y definir la situación militar de manera definitiva, mediante el
pago de la cuota de compensación militar que les corresponda y la tarjeta de
reservista de segunda clase”.
[95]
(Folios 9 y 20).
[96]
Sentencia C-1409 de 2000 (M.P José Gregorio Hernández
Galindo). Ibídem.
[97]
(Folio 9), (Folio 17 del cuaderno de la Corte Constitucional).
[98]
(Folios 9 y 20), (Folio 25 del cuaderno de la Corte Constitucional).
[99] “El
presente convenio tiene por objeto el
acompañamiento y asesoría de la Universidad a través de la Escuela de Educación a la Escuela Normal Superior para que: a)fortalezca su proceso de
desarrollo y acreditación de alta calidad como Escuela Normal Superior:
b)consolide el Ciclo Complementario conducente a la formación de Normalistas
Superiores de la más alta calidad humana, académica y moral: c)se garantice a los
Normalistas Superiores egresados de la ESCUELA NORMAL la continuidad de su proceso de formación en la universidad , tendiente a la
obtención de su título de licenciado en educación Básica, previo cumplimiento y
ratificación de las exigencias evaluativas correspondientes, d) fortalezca los
procesos de formación avanzada e investigativa de los Maestros de la Escuela Normal Superior.” (Folios 17 al
24 del cuaderno de la Corte Constitucional).
[100]
(Folio 19 del cuaderno de la Corte Constitucional).
[101]
(Folio 9 y Folios 21 al 28). Al respecto, el artículo
113 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de
educación”, establece que: Con el fin de mantener un mejoramiento continuó
de la calidad de los docentes, todo programa de formación de docentes debe
estar acreditado en forma previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el
Consejo Nacional de Educación Superior- CESU o el Ministerio de Educación
Nacional, para el caso de las Normales Superiores.
[102]
Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la Ley General de Educación”.
[103] Artículo 2.- “Si al acceder a la mayoría de edad
el joven que hubiera aplazado su servicio militar estuviere en un programa de
pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir
inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus
estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le
conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el
aplazamiento, el título correspondiente sólo podrá ser otorgado una vez haya
cumplido el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los estudios
superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar”.
[104] En sentencia C-539 de 2011(M.P Luis Ernesto Vargas
Silva) la Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
examinó una demanda presentada contra el artículo 114 (parcial) de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se
adoptan medidas en materia de descongestión judicial”. En esta oportunidad,
el alto Tribunal sostuvo que todas las autoridades públicas, de carácter
administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se
encuentran sometidas al imperio de la Constitución y la Ley y por tanto al ser los puntos de partida de la interpretación judicial deben ser
aplicadas en el marco de cualquier actuación y decisión. En aquella ocasión, la Corte resolvió: PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión contenida en el
artículo 114 de la ley 1395 de 2010. SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión contenida en el
artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, en el entendido que los precedentes
jurisprudenciales a que se refiere la norma deben respetar la interpretación
vinculante que realice la Corte Constitucional. TERCERO.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de
fondo acerca de la expresión “en cinco o más casos” contenida en el
artículo 114 de la ley 1395 de 2010, por ineptitud sustantiva de la demanda.
[105]
(Folio 47).
[106]
El accionante nació el diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y
tres (1993) (Folio 26 del cuaderno de la Corte Constitucional).
[107]
(Folios 9 y 20).
[108] En sentencia T-614 de 2012 (M.P Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) la Corte examinó el caso de un ciudadano a quien la Dirección del Batallón Militar de Girardot, reclutó para efectos de la prestación del
servicio militar desconociendo que para el momento de la incorporación este se
encontraba cursando bachillerato los fines de semana. Ante la solicitud de
desincorporación presentada, la entidad demandada le informó que ese tipo de
estudio no era válido para que le fuera permitido terminar sus estudios antes
de definir su situación militar. La Sala Séptima, decidió rechazar por improcedente el amparo invocado, porque consideró que la persona que había presentado la
acción de tutela en nombre del peticionario carecía de legitimidad para
solicitar la protección de los derechos fundamentales. El Magistrado Luis
Ernesto Vargas Silva se apartó de la decisión adoptada en la presente
providencia en tanto consideró que en el presente asunto se había hecho uso de
un exceso procesal manifiesto que había obstaculizado la mejor defensa de los
derechos fundamentales del peticionario y había impedido a la Corte pronunciarse en relación con el servicio militar obligatorio de jóvenes que se
encontraban estudiando bachillerato en una jornada diferente a la regular
debido a la obligación de sostener económicamente a sus familias. La misma
posición fue asumida por la Corte en sentencia T-248 de 2010 (M.P Nilson
Pinilla Pinilla), en la que negó por improcedente el amparo invocado por un
ciudadano, quien alegaba la presunta vulneración de su derecho a la educación
como resultado de su incorporación a las filas del Ejército Nacional mientras
aún cursaba el ciclo de educación básica secundaria, aduciendo para ello la
falta de legitimación en la causa por activa para interponer la presente
tutela. El Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto presentó un salvamento de
voto pues a su juicio, en el presente asunto se había presentado una desmedida
interpretación de los requisitos
para la configuración de la agencia oficiosa y una desatención del marco
normativo que regulaba la prestación del servicio militar obligatoria en
nuestro contexto jurídico.
[109]
(M.P Humberto Antonio Sierra Porto).
[110] Al respecto la Sala Octava de Revisión sostuvo: “La certificación expedida por el Colegio Departamental
de Taraira que da cuenta de que el señor Jhonathan Sarmiento Bejarano “cursó y APROBÓ
el grado OCTAVO durante el año lectivo 2008 y en la actualidad se encuentra
matriculado en el grado NOVENO del presente año según consta en el libro de
matrículas del año 2009”, es suficiente para concluir que se configura la
causal de aplazamiento prevista en el ordenamiento jurídico, razón por la que la Sala dispondrá la desincorporación como soldado regular campesino del Ejército Nacional”. En
esta oportunidad, también estableció que “la opción de aplazamiento prevista
en el artículo 2° de la Ley 548 de 1999, igualmente aplica para quienes cumplan
la mayoría de edad mientras cursan sus estudios de bachillerato al momento de
definir su situación militar tal y como fue aclarado por la Ley 642 de 2001, no siendo de recibo lo indicado por el Batallón de Infantería N° 29 Teniente
General “Germán Ocampo Herrera” en el escrito de contestación de la acción de
tutela en el sentido de que “se deduce que la ley solo autoriza el aplazamiento
de la situación militar de quienes estén adelantando estudios universitarios,
situación en la que no se encuentra el señor JOHATHAN (sic) SARMIENTO
BEJARANO.” Agregó que, “si en gracia de discusión el señor Sarmiento Bejarano
no hubiera informado que era estudiante de bachillerato, ni hubiera allegado
documento idóneo que acreditara esa calidad en el proceso de incorporación,
como lo afirma el Batallón demandado, esas no son razones suficientes para
concluir que la causal de aplazamiento no se encuentra configurada, en tanto lo
que puede vislumbrar el juez de tutela es que la citada certificación permite
configurar una causal objetiva para aplazar la prestación del servicio militar
obligatorio prevista en el ordenamiento jurídico, cuestión que claramente no
plantea discusión alguna”.
[111] El despacho de la Magistrada Sustanciadora se comunicó telefónicamente con el señor Ramón Ortiz Calderón, padre
del joven Juan Sebastián Ortiz Mejia, quien indicó que su hijo fue
desincoporado de las filas del Ejército Nacional a finales del mes de abril del
año en curso y  actualmente se encuentra matriculado y cursando segundo
semestre del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, correspondiente al año dos mil trece
(2013). (Folio 25 del cuaderno
de la Corte Constitucional). Según la referida constancia de estudios, la fecha
de inicio del semestre fue el cinco (5) de julio de dos mil trece (2013) y la
fecha de su finalización es el treinta (30) de noviembre del mismo año. Es de recordar que la Corte Constitucional en el ejercicio de su función de Revisión de fallos de tutela ha
considerado, en diversas oportunidades, que en ocasiones, para lograr una
protección efectiva de los derechos fundamentales resulta pertinente, e incluso
necesario, requerir información por vía telefónica sobre algunos aspectos
fácticos puntuales que requieran mayor claridad dentro del trámite de la
acción. Esta decisión encuentra pleno sustento en los principios de
celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que guían la actuación del juez
de tutela. Al respecto, se pueden revisar entre otras decisiones, las
sentencias T-603 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-476 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-341 de 2003 (MP. Jaime Araújo Rentería), T-643
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-219 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño)
y T-726 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino). Adicionalmente el señor Ramón
Ortiz Calderón, envió por correo electrónico el día nueve (9) de octubre de dos
mil trece (2013) los documentos que sustentan lo expresado mediante la
comunicación telefónica.
[112] La Corte ha entendido que cuando las situaciones de
hecho que amenazan o vulneran los derechos fundamentales de las personas cesan
o desaparecen durante el trámite de la tutela, esta acción, como mecanismo de
protección inmediata de derechos fundamentales, pierde su razón de ser. Por
tanto, cuando entre la interposición del amparo y el momento del fallo ha
cesado la amenaza o vulneración del derecho alegado, se debe declarar la
presencia de un hecho superado, lo cual implica que el pronunciamiento del juez
de tutela debe dirigirse a estudiar la vulneración pero no a emitir órdenes al
respecto. A propósito del hecho superado, la Corte en sentencias T-323 y T-545 de 2013 ambas con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, revocó
los fallos que habían denegado el amparo solicitado y en su lugar declaró en
ambos casos la carencia actual de objeto por hecho superado. No obstante, le
ordenó a las entidades accionadas, la adopción de unas medidas integrales de
protección encaminadas a evitar nuevamente la vulneración de los derechos
fundamentales de los tutelantes y las previno para no volver a incurrir en las
conductas que habían dado mérito para la presentación de las referidas acciones
de tutela.
[113]
Sentencia T-1073 de 2004 (M.P Clara Inés Vargas Hernández). Ibídem.