SU774-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU774/14
(Bogotá D.C., 16
de octubre de 2014)
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional para la protección de derechos fundamentales
La acción de tutela procede excepcionalmente para
controvertir decisiones judiciales que desconozcan derechos fundamentales y
tenga un grado de afectación relevante desde el punto de vista constitucional,
por lo cual se debe cumplir con los requisitos generales y específicos de
procedibilidad enunciados. Lo anterior, por cuanto no cualquier error judicial
está resguardado por el principio de autonomía judicial, pues en el evento en
que una providencia judicial resulte arbitraria, caprichosa o irrazonable y sea
contraria a la Constitución, el juez constitucional tiene la facultad de
intervenir.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Vulneración
del derecho al debido proceso por parte del Consejo de Estado al negarse a
valorar las copias de diferentes documentos públicos dentro de una acción de
pérdida de investidura
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Dentro del desarrollo de los requisitos
especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto
procedimental es de dos clases: (i) de carácter absoluto y (ii) por exceso
ritual manifiesto. La primera de las categorías ocurre cuando “el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido en el
trámite de un asunto específico porque (i) sigue un trámite por completo ajeno
al pertinente (desvía el cauce del asunto), o (ii) pretermite etapas
sustanciales del procedimiento legalmente establecido afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso”.
DEFECTO FACTICO
POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
El defecto fáctico por no valoración de pruebas se presenta “cuando el funcionario judicial omite considerar
elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente
no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso
concreto, resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración,
la solución del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente”. No
obstante lo anterior, la Corte ha reconocido que en la valoración del acervo
probatorio el análisis que pueda realizar el juez constitucional es limitado,
en tanto quien puede llevar a cabo un mejor y más completo estudio es el juez
natural debido al principio de inmediación de la prueba.
DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Deber de
oficiosidad del juez en materia probatoria
En varias oportunidades, esta Corporación ha señalado que los jueces
incurren “en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, cuando existiendo incertidumbre sobre unos
determinados hechos que se estiman relevantes para la decisión judicial y cuya
ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio, omite decretar, de
forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración”. La Corte ha reconocido que la omisión de decretar y practicar
pruebas de manera oficiosa, cuando tienen la potencialidad de otorgar certeza a
los hechos alegados por las partes y que pueden ser razonablemente inferidos
del acervo probatorio existente, también se encuentra íntimamente ligado con la
posible ocurrencia de un defecto fáctico. En este sentido se pronunció la
sentencia T-363 de 2013, la cual afirmó “que la omisión en el decreto oficioso de pruebas,
puede concurrir en las dos categorías de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial (defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y
defecto fáctico), máxime si entre ellas, como lo ha señalado esta Corporación,
no existe un límite indivisible, pues tan solo representan una metodología empleada
por el juez constitucional para facilitar el estudio de la alegación
iusfundamental formulada en el escenario de la acción de tutela contra
providencias judiciales”.
PRUEBAS
DOCUMENTALES-Documentos públicos y documentos
privados
DOCUMENTOS
PRIVADOS-Valor probatorio de las copias en asuntos
contencioso administrativos/VALOR PROBATORIO DE LOS
DOCUMENTOS
PRIVADOS DENTRO DE PROCESO JUDICIAL-Importancia del
poder oficioso que en materia probatoria tiene el juez civil cuando existen
dudas sobre la autenticidad de la copia
Uno de los principales asuntos en relación con la valoración probatoria
se centra en determinar la autenticidad de los documentos. Este concepto
resulta absolutamente relevante en tanto en ocasiones, debido a su consecuencia
valorativa, se confunde con el de originalidad. Por lo tanto, existe la
posibilidad de que un documento a pesar de ser original carezca de
autenticidad. Un documento auténtico es aquel en el que existe total certeza en
relación con la persona que lo elaboró, suscribió o firmó. Se ha establecido
que “la autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el
documento pueda ser apreciado y valorado por el juez en lo que intrínsecamente
contenga”. La Sala concluye que su valor probatorio deberá ser establecido caso
a caso de conformidad con la totalidad del acervo probatorio y de acuerdo con
las reglas de la sana crítica.
DOCUMENTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS-Autenticidad
En principio, se estableció la presunción de autenticidad de los
documentos públicos mediante el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, la tendencia legislativa ha estado encaminada en afirmar la
presunción de autenticidad tanto de los públicos como de los privados. La ley
1395 de 2010, modificó el inciso cuarto de la citada norma procesal, señalando
que se presumen auténticos los documentos privados manuscritos, firmados o
elaborados por las partes. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 244 del
Código General del Proceso (ley 1564 de 2012).
VALOR
PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y LAS COPIAS SIMPLES-Tendrán el mismo valor probatorio, según ley 1395 de 2010, art. 11
La distinción entre el valor probatorio de los
documentos originales y las copias se ha ido disolviendo en el desarrollo legislativo.
El artículo 11 de la ley 1395 de 2010 señaló que con independencia de si el
documento es allegado en original o en copia éstos se presumen auténticos,
hecho que como se explicó, permite que sean valorados. Por su parte, el
artículo 246 del Código General del Proceso, expresa que “las copias tendrán el mismo valor
probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la
presentación del original o de una determinada copia”.
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Importancia
Esta Corporación ha reconocido en el
principio de legalidad, un eje central y fundamental de la concepción del
Estado Social de Derecho, en tanto garantiza que todas las actuaciones de los órganos
estatales se encuentren conformes al ordenamiento jurídico. En protección al
mencionado principio “surge en el derecho colombiano el contencioso de anulación
que constituye una verdadera garantía  jurídica de los ciudadanos para
asegurar  que los actos de la Administración Pública, tanto los de
carácter general y abstracto como los de contenido particular y concreto, se
adecuen a las normas jurídicas preexistentes, con lo cual se propende por
la  defensa  de la legalidad en abstracto y de los derechos e
intereses legítimos de los particulares”.
ACCIONES
PUBLICAS COMO GARANTIA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Las acciones judiciales contra actos
administrativos pueden clasificarse -incluso con la normatividad establecida en
el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -  en dos grandes categorías; la primera de ellas contra actos
generales y abstractos y la segunda contra aquellos que tienen un contenido
particular y concreto. Si bien, bajo los dos caminos se persigue la nulidad de
determinado acto administrativo por presuntamente contrariar la Constitución
y/o las leyes, en el segundo de ellos, adicionalmente, se pretende la
reparación de un daño particular. Las acciones que buscan la nulidad simple de
los actos administrativos pueden ser iniciadas de manera directa por cualquier
persona toda vez que se privilegia la necesidad de salvaguardar el orden
jurídico en abstracto. Por su parte, las denominadas acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho deben ser iniciadas por la “persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica”, como consecuencia de un acto
administrativo particular.
JURISPRUDENCIA
DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EN
COPIAS SIMPLES
Existe una reciente línea jurisprudencial en el Consejo de Estado que
no encuentra admisible que se denieguen las pretensiones de una demanda o sus
excepciones alegando como único argumento que las pruebas que pretenden
demostrar los hechos fueron allegadas en copia simple. Lo anterior, exige al
juez contencioso administrativo que asuma una actitud en pro del derecho
sustancial y desapegada del rigor procesal.
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
EN COPIAS SIMPLES DENTRO DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CARACTER
VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
El carácter vinculante del precedente de las altas cortes, y en
especial de la Corte Constitucional, ha sido un asunto varias veces tratado por
esta Corporación en protección del derecho a la igualdad, la seguridad jurídica
y evitando la arbitrariedad judicial. “Dentro de las distintas
cualidades deseables de los sistemas jurídicos en los Estados democráticos está
su predecibilidad y coherencia de las decisiones judiciales.  Los
ciudadanos esperan que, en todo caso, ante la existencia de asuntos análogos en
sus hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones igualmente
similares”. En aras de la garantía del mencionado principio constitucional se
ha reconocido que las reglas de derecho o ratio decidendi de las sentencias de
la Corte Constitucional adquieren valor vinculante tanto para las autoridades
administrativas como para los operadores judiciales al momento de tener que
resolver situaciones fácticas y jurídicas idénticas a casos anteriores. La
sentencia C-836 de 2001 explicó la diferenciación entre ratio decidendi y
obiter dicta, siendo las primeras aquellas que resultan vinculantes.
CAMBIO DE
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Reglas
Esta Corporación ha
reconocido que la autonomía judicial permite el distanciamiento del precedente
e incluso el cambio del mismo, siempre y cuando se  cumplan con exigentes
criterios de argumentación mediante los cuales se demuestren las razones que
dan lugar a ello. “La objeción al precedente jurisprudencial resulte válida,
(…), deberá demostrarse que esa opción es imperiosa,
en tanto concurren razones sustantivas
y suficientes para adoptar esta
postura, en tanto el arreglo jurisprudencial existente se muestra
inaceptable. Estas razones, a su vez, no pueden ser otras que lograr la
vigencia de los derechos, principios y valores constitucionales”. Además de la obligación de
presentar justificaciones contundentes que ponderen los bienes jurídicos
protegidos en los distintos casos, la Corte ha señalado diferentes escenarios
en los cuales la interpretación jurídica da lugar a modificaciones
jurisprudenciales. La citada sentencia C-836 de 2001 al analizar una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 169 de 1896 que establece
que tres decisiones uniformes por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre
un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, ejemplificó las
situaciones admisible para que se presente una cambio de precedente.
VALORACION
PROBATORIA EN ASUNTOS DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Cambio de precedente de la SU226/13 respecto a copia simple allegada
a proceso judicial
La ratio decidendi de la sentencia SU226/13, se puede
identificar de la siguiente manera: No se configura un defecto fáctico, y por
lo tanto, no se vulnera el derecho fundamental al debido proceso cuando, en el
marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los operadores
judiciales no otorguen valor probatorio a los documentos públicos allegados en
copia simple, en tanto para que pueda reconocérseles dicho valor deben ser
siempre auténticos. El citado precedente constitucional comparte varios
elementos fácticos y de derecho con el caso que ahora se debe resolver. Se
observa que el problema jurídico principal de ambos casos se circunscribe a la
negativa de otorgar valor probatorio a documentos públicos allegados en copia
simple dentro del marco diferentes acciones judiciales públicas, resueltas por
los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo anterior, se
concluye que la regla de decisión establecida en la SU-226 de 2013 constituye –
prima facie – precedente vinculante para dar solución a la presente acción de
tutela. No obstante lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional
considera necesario, realizar un cambio en su línea jurisprudencial, con el fin
de ofrecer un desarrollo más garantista y proteccionista de los derechos y
principios consagrados en la Constitución Política de 1991.
JURISDICCION
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Autoridad judicial
encargada de controlar la actividad de la administración pública
Si bien el objetivo primordial de la función judicial
en general es la protección del ordenamiento jurídico, la defensa de los
derechos de los ciudadanos y la búsqueda de la resolución pacífica de los
conflictos, la jurisdicción contencioso administrativa tiene una especial
relevancia en tanto se convierte en la autoridad judicial encargada de
controlar la actividad de la administración pública. Es a esta jurisdicción a
quien - de manera principal - se le encomendó la protección y salvaguarda del
principio de legalidad, entendido como la garantía de que todas las actuaciones
del Estado se encuentren conforme al ordenamiento jurídico. De tal manera fue
explícitamente reconocido por el legislador a través del artículo 103 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al señalar:
“Los procesos que se adelanten
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y
la preservación del orden jurídico”.
DEBIDO PROCESO
Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración
por parte de los jueces contencioso administrativos al no solicitar de oficio
los originales de documentos públicos que son allegados por las partes
procesales en copia simple
Cuando dentro de un proceso contencioso administrativo
el juez no tiene certeza sobre la ocurrencia de algunos hechos a pesar de que
dentro del acervo probatorio existen documentos públicos, así sea en copia
simple, de los cuales se pueda inferir razonablemente su ocurrencia, el juez
debe decretar las pruebas de oficio con el fin de llegar a la certeza de los
hechos y la búsqueda de la verdad procesal. Exigir esta actuación en nada
afecta la autonomía judicial para la valoración probatoria toda vez que el
hecho de que solicite pruebas de oficio, en particular originales de documentos
públicos, no implica necesariamente que se le otorgue pleno valor probatorio a
estos. Lo que se pretende es que el juez cuente con los mayores elementos
posibles para que dentro de las reglas de la sana crítica valore en su conjunto
la totalidad de las pruebas y pueda llegar a un fallo de fondo con la máxima
sustentación jurídica y fáctica posible. Incurre en una vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a la
configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando
los jueces contencioso administrativos no hacen uso de su potestad oficiosa en
materia probatoria para permitir esclarecer y dar certeza a los hechos que de
manera razonable se pueden inferir del acervo probatorio existente.
CAMBIO DE
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
EN COPIAS SIMPLES DENTRO DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Justificación
El cambio en el
precedente constitucional se encuentra plenamente sustentado en tanto (i)
presenta una interpretación más favorable hacia los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, (ii) propenden por la
efectividad y cumplimiento del fin último de la jurisdicción contencioso
administrativa como institución encargada de garantizar el principio de
legalidad en la actividad de la administración pública, el cual constituye eje
esencial en el Estado Social de Derecho,  (iii) se encuentra conforme a la
tendencia legislativa actual y la jurisprudencia del máximo órgano de la
jurisdicción contencioso administrativa de otorgar igual valor probatorio a las
pruebas documentales en copias u originales y (iv) el precedente a la SU-226 de
2013 centró su análisis en verificar la razonabilidad de la valoración
probatoria de los jueces, examen que debe ser complementado estudiando la
posible configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
y un defecto fáctico en su dimensión negativa por no decretar pruebas de
oficio. De esta manera, se demuestra con suficiencia que “la interpretación alternativa
que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores
constitucionales”.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al no solicitar de
oficio los originales de documentos públicos allegados en copia simple a proceso
por pérdida de investidura
Se vulneran los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia cuando los jueces
contencioso administrativos, a pesar de contar con copias simples de documentos
públicos que sustentan las pretensiones de las demandas o de las excepciones, y
de los cuales se puede inferir razonablemente la ocurrencia de los hechos
alegados, no acuden a sus facultades oficiosas para solicitar los originales de
los mismos con el fin de alcanzar la verdad procesal, resolver de fondo la
controversia y garantizar el correcto funcionamiento de la Administración
Pública.
Referencia: Expediente
T-4.096.171
Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia de
única instancia del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda, Subsección B - del 15 de agosto de 2013.
Accionante: Sergio
David Becerra Benavides.
Accionado: Consejo de Estado – Sección
Primera.
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda de tutela.
1.1. Elementos y pretensión.
1.1.1. Derechos
fundamentales invocados. Debido proceso.
1.1.2.
Conducta que causa la vulneración. El fallo
absolutorio proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de un proceso de pérdida de
investidura, considerando que los documentos públicos allegados como prueba de
la causal de inhabilidad, fueron aportados en copia simple y por lo tanto, no
podrían ser valorados.
1.1.3.
Pretensión. Dejar sin
efectos la sentencia del 6 de diciembre de 2012 proferida por el Consejo de
Estado – Sección Primera – la cual resolvió en segunda instancia el proceso de
pérdida de investidura contra el concejal de Santiago de Cali Jhon Jairo Hoyos
García. En su lugar, dictar sentencia de reemplazo en la cual se dé valor
probatorio a los documentos públicos que fueron aportados en copia simple y se
declare la pérdida de investidura del demandado.
1.2. Fundamentos de la pretensión:
1.2.1. En abril de 1997, el señor
Jhon Jairo Hoyos García y su familia, constituyeron la
Corporación Miguel Ángel Bounarroti.
1.2.2. Alega que dicha Corporación
ha celebrado diferentes contratos de prestación de servicios educativos con la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali. El último de los contratos
relacionados por el accionante fue suscrito el 23 de enero de 2012 por un valor
de $237.358.599 de pesos, cuyo objeto es “la prestación del servicio
educativo a población en condición de vulnerabilidad, para 264 estudiantes
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 o nivel 1,2 y 3 del sisben”;
también contrató con el municipio para objetos similares el 9 de octubre de
2009, el 20 y 26 de enero de 2011.
1.2.3. El señor Hoyos García fue
elegido como concejal del municipio de Santiago de Cali, el 30 de octubre de
2011 para el periodo 2012 – 2015.
1.2.4. Afirmó el accionante que si
bien el señor Hoyos García, para el momento de aspirar al Concejo del municipio
de Santiago de Cali y ya como concejal, no hacía parte de la junta directiva de
la citada Corporación, sí continuaba siendo miembro de la misma, al igual que
la señora Carmen Emilia García de Hoyos, madre del entonces candidato.
1.2.5. Con base en los hechos
anteriores, el señor Sergio David Becerra Benavides presentó demanda de acción
de pérdida de investidura contra el concejal del municipio de Santiago de Cali,
Jhon Jairo Hoyos García, por supuestamente incurrir en violación al régimen de
inhabilidades.
1.2.6. El Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia
decretando la pérdida de investidura del Concejal Jhon Jairo Hoyos García. A
juicio del Tribunal “aparece demostrada la causal de pérdida de investidura
consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 617 de 2000”[1],
en tanto la Corporación de la cual él es miembro, contrató con el municipio
durante el año inmediatamente anterior a la elección del año 2011.
1.2.7. El recurso de apelación fue
resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado[2], que revocó la decisión de
primera instancia. A juicio del alto tribunal, los contratos que fueron
aportados como pruebas de la causal de inhabilidad fueron allegados en copia
simple, razón por la cual no se le podría otorgar valor probatorio en tanto no
se puede comprobar la autenticidad de los mismos; relacionando varia
jurisprudencia del Consejo de Estado que se ha pronunciado en el mismo sentido.
1.2.8. El demandante presentó
acción de tutela contra la anterior decisión judicial argumentando la vulneración
al derecho fundamental al debido proceso ya que el Consejo de Estado se negó a
valorar pruebas documentales esenciales para la resolución del caso a pesar de
haber sido allegadas en debida forma. Alegó que, de conformidad con el artículo
252 del Código de Procedimiento Civil, “el documento público se presume
auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”. Según
el accionante, el concejal no sólo no tachó de falsos los contratos de la
Corporación Miguel Ángel Bounarroti, sino que los aceptó en la audiencia oral
que se adelantó dentro del proceso.
2. Respuesta de los accionados.
Ni la
Sección Primera del Consejo de Estado ni el señor Jhon Jairo Hoyos – quien fue
vinculado al proceso[3]
– presentaron contestación a la acción de tutela.
3. Decisiones judiciales objeto de revisión:
3.1. Sentencia de única
instancia del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda, Subsección B - del 15 de agosto de 2013.
Rechazó por improcedente
la acción de tutela. A juicio del alto tribunal, el accionante se limitó a
relacionar la existencia de un supuesto defecto fáctico más esta alegación “no
se encuentra desarrollada ni fundada para controvertir de manera precisa el
yerro en el incurrió la autoridad judicial” [4].
4. Pruebas decretadas en
sede de revisión.
Mediante auto del 11 de
febrero de 2014, el magistrado sustanciador haciendo uso de las facultades
establecidas en el artículo 57 del Acuerdo 05 de
1992, ordenó al Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, para que en el
término máximo de dos (2) días contados a partir de la notificación de este
auto remitiera en calidad de préstamo el expediente
del Proceso de Pérdida de Investidura con número de radicación 76001 2331 000
2012 00633 01 instaurado por el señor Sergio David Becerra Benavides contra el señor Jhon Jairo Hoyos
García.
A través de oficio No. 1463
del 25 de febrero de 2014, el mencionado tribunal judicial dio respuesta al
requerimiento[5].
II. FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con
base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto
2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[6].
Conforme
a lo previsto en el artículo 54 A del Reglamento de la
Corte Constitucional, el Magistrado sustanciador informó en su oportunidad a
la Sala Plena[7] que el presente caso contenía una
circunstancia de especial relevancia en tanto se trata de una acción de tutela
contra una sentencia del Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción
contencioso administrativa. En la
Sala Plena del 19 de febrero de 2014, este tribunal dispuso que el caso sub examine sería revisado por la dicha Sala, dando lugar a la presente sentencia de
unificación
2.
Procedencia de la demanda de tutela.
2.1.
Afectación de un derecho fundamental. En el caso
bajo estudio se analiza la posible vulneración al debido proceso y el acceso a
la administración de justicia.
2.2.
Legitimación por activa. La demanda de tutela fue presentada por el señor Sergio David
Becerra Benavides quien actúo como demandante dentro del proceso judicial de pérdida
de investidura contra el concejal de la ciudad de Cali, Jhon Jairo Hoyos
García, el cual es objeto de análisis a través de la presente acción
constitucional.
2.3. Legitimación por pasiva. Consejo de Estado
– Sección Primera -, quien resolvió la segunda instancia del citado proceso
contencioso administrativo y autoridad pública contra la cual es posible
interponer la acción constitucional en los términos del artículo 5º del Decreto
2591 de 1991[8].
Los demás requisitos
formales para la procedencia de la acción de tutela  contra providencias
judiciales serán analizados en el acápite del caso concreto.
3. Problema jurídico
constitucional.
¿Se
vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, cuando no se otorga valor probatorio a las copias
simples de documentos públicos, dentro de los procesos contencioso
administrativos, cuando del acervo probatorio del expediente se puede inferir
razonablemente la existencia de los originales?
4. La vulneración del derecho fundamental al debido proceso por parte
del Consejo de Estado al negarse a valorar las copias de diferentes documentos
públicos dentro de una acción de pérdida de investidura  (Cargo).
4.1. Requisitos generales y específicos para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
4.1.1. De forma reiterada la
jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales para analizar la posible
vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Así, se ha señalado la
necesidad de cumplir con seis requisitos generales para establecer la
procedencia de la acción constitucional. Mediante la sentencia C-590 de 2005,
se establecieron los siguientes;
“(i) Que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(ii). Que se
hayan agotado todos los medios-ordinarios y extraordinarios-de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos,
(iii) Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración,
(iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora,
(iv)  Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y
(vi) Que no se
trate de sentencias de tutela”.
4.1.2. Cumplido lo anterior, se debe
verificar el cumplimiento de los requisitos específicos
de procedibilidad, que deben ser plenamente probados. Dichos requisitos
consisten en: (i) defecto orgánico[9], (ii)
sustantivo[10],
(iii)  procedimental[11],
(iv) fáctico[12];
(v) error inducido[13];
(vi) decisión sin motivación[14];
(vii) desconocimiento del precedente constitucional[15]; y (viii)
violación directa de la Constitución[16].
En síntesis, la acción de tutela procede
excepcionalmente para controvertir decisiones judiciales que desconozcan
derechos fundamentales y tenga un grado de afectación relevante desde el punto
de vista constitucional, por lo cual se debe cumplir con los requisitos
generales y específicos de procedibilidad enunciados. Lo anterior, por cuanto
no cualquier error judicial está resguardado por el principio de autonomía
judicial, pues en el evento en que una providencia judicial resulte arbitraria,
caprichosa o irrazonable y sea contraria a la
Constitución, el juez constitucional tiene la facultad de intervenir.
De conformidad con los hechos establecidos en la presente acción de
tutela, la Sala considera pertinente realizar una breve extensión en relación
con el defecto fáctico y el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
4.1.2.1. Defecto Fáctico.
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico se encuentra
relacionado con errores probatorios durante el proceso. Este se configura
cuando la decisión judicial se toma (i) sin que se halle plenamente
comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; (iii) de
una valoración irrazonable de las mismas; (iv) de la suposición de una prueba;
o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”[17].
La Corte Constitucional ha
sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e independencia
judicial, en el cual se incluye el amplio margen que recae sobre los operadores
judiciales para valorar – de conformidad con las reglas de la sana crítica –
las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Sin embargo, la
sentencia SU-159 de 2002, señaló que dicha independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera arbitraria;
su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de
criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”[18].
Así
mismo, se ha señalado que el defecto fáctico tiene dos dimensiones; una
positiva y una negativa. Mientras la primera hace referencia a circunstancias
en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios
constitucionales, la segunda hace relación a situaciones omisivas en la
valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el caso. Dicha
omisión se debe presentar de manera arbitraria, irracional y/o caprichosa[19].
Esta
Corporación ha establecido que la dimensión negativa se produce: “(i) por
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante
en el desenlace del proceso;(ii) por decidir sin el apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o
(iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez
está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo” [20]. Y una dimensión
positiva, que tiene lugar “por actuaciones positivas del juez, en la que se
incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir
con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el
hecho en que se basa la providencia”[21].
Se
ha concluido que, el defecto fáctico por no valoración de pruebas se presenta[22] “cuando el funcionario judicial omite considerar
elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente
no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso
concreto, resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente”[23].
No
obstante lo anterior, la Corte ha reconocido que en la valoración del acervo
probatorio el análisis que pueda realizar el juez constitucional es limitado,
en tanto quien puede llevar a cabo un mejor y más completo estudio es el juez
natural debido al principio de inmediación de la prueba.
4.1.2.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto - Deber de
oficiosidad del juez en materia probatoria.
El artículo 228 de la
Constitución Política de 1991 estableció el derecho al acceso a la
administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial. De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha señalado la
obligación por parte de los jueces - en su condición de directores de los
diferentes procesos judiciales - de adelantar todas aquellas actuaciones que estén
dentro de la órbita de sus competencias para tratar de llegar a la verdad y el
esclarecimiento de los hechos.
Dentro del desarrollo de los requisitos
especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto
procedimental es de dos clases: (i) de carácter absoluto y (ii) por exceso
ritual manifiesto. La primera de las categorías ocurre cuando “el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue un trámite
por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto), o (ii)
pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso”[24].
Por su parte, el exceso ritual manifiesto
ha sido ampliamente desarrollado por esta Corporación al estudiar actuaciones
judiciales en diversos procesos tanto en la jurisdicción civil como en la
contenciosa administrativa y en la laboral.
La jurisprudencia constitucional ha
advertido que se comete un defecto por exceso ritual manifiesto cuando el juez “excede
la aplicación de formalidades procesales que hacen imposible la realización
material de un derecho”[25].
En garantía del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial
se considera que se vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia si como consecuencia de un apego excesivo a las
normas procesales, los operadores judiciales no cumplen sus deberes de impartir
justicia, búsqueda de la verdad procesal y omitir actuaciones que obstaculicen
el goce efectivo de los derechos constitucionales.
Uno de los principales asuntos alrededor de
los cuales se ha desarrollado el concepto de exceso ritual manifiesto se centra
en las potestades oficiosas del juez para solicitar, decretar y practicar
pruebas. Si bien se ha reconocido el principio general del derecho que
establece “que quien alega prueba”, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado el deber de los jueces para que de manera oficiosa busquen a través
del decreto y práctica de pruebas la certeza de los hechos en disputa y el
efectivo goce de los derechos sustanciales. Frente al presente asunto, la
sentencia T-213 de 2012 analizó la ocurrencia de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto dentro de un proceso civil, en esta oportunidad la
Sala Novena de Revisión señaló:
“(…) el contexto colombiano se ha asumido
una ideología mixta, es decir, en parte dispositivo y en parte inquisitivo,
habida cuenta que la iniciativa de acudir a la jurisdicción reposa en cabeza de
las partes, quienes deben cuidar sus asuntos y brindar al juez todos los
elementos que consideren necesarios para la prosperidad de sus pretensiones o
excepciones, pero ello no implica que el juez sea un espectador en el proceso
porque dentro de sus funciones se encuentra la de tomar las medidas indicadas
para lograr el esclarecimiento de los hechos, lo que de suyo propio lo faculta
para decretar las pruebas de oficio que a bien considere necesarias.”
Bajo
la consideración anterior, en varias oportunidades, esta Corporación ha señalado
que los jueces incurren “en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando existiendo
incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman relevantes para la
decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio,
omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su
demostración”[26].
La Corte ha reconocido que la
omisión de decretar y practicar pruebas de manera oficiosa, cuando tienen la
potencialidad de otorgar certeza a los hechos alegados por las partes y que
pueden ser razonablemente inferidos del acervo probatorio existente, también se
encuentra íntimamente ligado con la posible ocurrencia de un defecto fáctico.
En este sentido se pronunció la sentencia T-363 de 2013, la cual afirmó “que la omisión en el decreto oficioso de pruebas,
puede concurrir en las dos categorías de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial (defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y
defecto fáctico), máxime si entre ellas, como lo ha señalado esta Corporación,
no existe un límite indivisible, pues tan solo representan una metodología
empleada por el juez constitucional para facilitar el estudio de la alegación
iusfundamental formulada en el escenario de la acción de tutela contra
providencias judiciales”[27].
Por último, se deben reiterar las reglas
jurisprudenciales que se han desarrollado con el fin de admitir la intervención
de juez constitucional en asuntos relacionados con un eventual defecto
procedimental. El amparo del derecho al debido proceso por la ocurrencia del
mencionado defecto procede cuando“(i) no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra
vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) el defecto procesal tenga una incidencia
directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales;
(iii) que la irregularidad
haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera
sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se
presente una vulneración a los derechos fundamentales”[28].
4.2. Documentos públicos, privados, originales y copias. Concepto y
valor probatorio de los documentos auténticos.
La Sala considera de
especial relevancia realizar una corta conceptualización en relación con las
pruebas documentales para lo cual, se hace necesario acudir a lo regulado por
el Código de Procedimiento Civil – norma procesal vigente al momento de los
hechos del caso concreto –  y  normas posteriores, como el Código General del
Proceso (CGP).
Tradicionalmente,
las pruebas documentales se han clasificado en dos categorías; (i) documentos
públicos y (ii) documentos privados. Así ha sido positivizado en el
ordenamiento jurídico a través del artículo 251 del Código de Procedimiento
Civil - ahora artículo 243 del Código General del Proceso -. El documento
público se ha definido como aquel “otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones
o con su intervención”[29]. Adicionalmente, el mencionado CGP incluyó en dicha
definición “el documento otorgado por un particular en ejercicio de
funciones públicas o con su intervención”[30].
Por
su parte, los documentos privados fueron definidos de manera negativa al
señalar que son todos aquellos que “no reúnen los requisitos para ser
documento público”. La doctrina ha señalado que la mencionada
diferenciación “nada tiene que ver con su eficacia probatoria campo en el
cual el documento privado, al igual que el público, son idénticos es decir tan
solo prueban lo que se evidencia de su contenido”[31].
Uno
de los principales asuntos en relación con la valoración probatoria se centra
en determinar la autenticidad de los documentos. Este concepto resulta
absolutamente relevante en tanto en ocasiones, debido a su consecuencia
valorativa, se confunde con el de originalidad. Por lo tanto, existe la
posibilidad de que un documento a pesar de ser original carezca de
autenticidad. Un documento auténtico es aquel en el que existe total certeza en
relación con la persona que lo elaboró, suscribió o firmó[32]. Se ha establecido que “la
autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento
pueda ser apreciado y valorado por el juez en lo que intrínsecamente contenga”[33].
La Sala concluye que su valor
probatorio deberá ser establecido caso a caso de conformidad con la totalidad
del acervo probatorio y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El profesor
Hernán Fabio López definió el presente asunto de la siguiente manera: “la
autenticidad no tiene nada que ver con el efecto demostrativo del documento
porque no puede éste ir más allá de lo que incorporó en él o de lo que
representa, de ahí la necesidad de erradicar el frecuente malentendido de
estimar que por ser auténtico un documento tiene más poder de convicción”.
En
principio, se estableció la presunción de autenticidad de los documentos
públicos mediante el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Sin
embargo, la tendencia legislativa ha estado encaminada en afirmar la presunción
de autenticidad tanto de los públicos como de los privados. La ley 1395 de
2010, modificó el inciso cuarto de la citada norma procesal, señalando que se
presumen auténticos los documentos privados manuscritos, firmados o
elaborados por las partes. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 244
del Código General del Proceso (ley 1564 de 2012).
Por
último, se requiere hacer una alusión a los documentos aportados en copias. El
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil –contenido material que no se
encuentra en el nuevo Código General del Proceso – establece:
“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, en los siguientes casos:
1.  Cuando hayan sido autorizadas por notario,
director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina
judicial, previa orden del juez donde se encuentre el original o una copia
autenticada.
2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo
con el original o la copia autenticada que se le presente.
3. Cuando sean compulsadas del original o de copia
autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra
cosa.”.
De
conformidad con la anterior norma, las copias simples no tendrían el mismo
valor probatorio que un documento original, en tanto deben cumplir con alguno
de los eventos señalados.
La distinción entre el valor probatorio de los
documentos originales y las copias se ha ido disolviendo en el desarrollo
legislativo. El citado artículo 11 de la ley 1395 de 2010 señaló que con
independencia de si el documento es allegado en original o en copia éstos se
presumen auténticos[34],
hecho que como se explicó, permite que sean valorados. Por su parte, el
artículo 246 del Código General del Proceso, expresa que “las copias tendrán el mismo valor
probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la
presentación del original o de una determinada copia”.
4.3. Acciones públicas como garantía del principio de legalidad, eje
esencial del Estado Social de Derecho.
Esta Corporación ha reconocido en el
principio de legalidad, un eje central y fundamental de la concepción del
Estado Social de Derecho, en tanto garantiza que todas las actuaciones de los
órganos estatales se encuentren conformes al ordenamiento jurídico. En
protección al mencionado principio “surge en el derecho colombiano el
contencioso de anulación que constituye una verdadera garantía  jurídica
de los ciudadanos para asegurar  que los actos de la Administración Pública, tanto los de carácter general y abstracto como los de contenido
particular y concreto, se adecuen a las normas jurídicas preexistentes, con lo
cual se propende por la  defensa  de la legalidad en abstracto y de
los derechos e intereses legítimos de los particulares”[35].
Las acciones judiciales contra actos
administrativos pueden clasificarse -incluso con la normatividad establecida en
el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo[36]
-  en dos grandes categorías; la primera de ellas contra actos generales y
abstractos y la segunda contra aquellos que tienen un contenido particular y
concreto. Si bien, bajo los dos caminos se persigue la nulidad de determinado
acto administrativo por presuntamente contrariar la
Constitución y/o las leyes, en el segundo de ellos, adicionalmente, se
pretende la reparación de un daño particular.
Las acciones que buscan la nulidad simple
de los actos administrativos pueden ser iniciadas de manera directa por
cualquier persona toda vez que se privilegia la necesidad de salvaguardar el
orden jurídico en abstracto[37].
Por su parte, las denominadas acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho deben ser iniciadas por la “persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica” [38], como consecuencia de un acto administrativo
particular.
La jurisprudencia
constitucional ha señalado, pronunciamiento que conceptualmente no ha variado a
pesar de los cambios legislativo, “que conforme a las reglas que identifican las
acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, se tiene que
la diferencia fundamental entre éstas radica en que mientras la acción de
nulidad tiene por objeto principal, directo y exclusivo preservar la legalidad
de los actos administrativos, a través de un proceso en que no se debaten
pretensiones procesales que versan sobre situaciones jurídicas de carácter
particular y concreto, limitándose a la simple comparación del acto con las
normas a las cuales ha debido estar sujeto, la de restablecimiento del derecho,
por su parte, no solo versa sobre una pretensión de legalidad de los actos
administrativos, sino que propende por la garantía de los derechos subjetivos
de los particulares mediante la restitución de la situación jurídica de la
persona afectada”[39].
Las acciones
contencioso administrativas no sólo buscan la protección de la legalidad de
todos los actos de la administración, sino adicionalmente, son una forma de
garantizar y exigir el cumplimiento de los principios de la función pública
como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, consagrados en el artículo 209 constitucional.
4.4. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor probatorio de
los documentos públicos en copias simples.
El
Consejo de Estado sostenía que “tratándose
de copias de documentos públicos, si bien éstos pueden conforme al artículo 253
del C. de P. C. ser aducidos en original o copias, éstas sólo ostentan el mismo
valor probatorio del original en los eventos previstos en el artículo 254
eiusdem, aplicable en los procesos ante la jurisdicción administrativa en
virtud de lo prescrito por el artículo 168 del C.C.A”[40]. En adición, se mencionaba que “para que puedan ser considerados como elementos de prueba
válidos para acreditar o hacer constar los supuestos de hecho que resultan de
interés para el proceso, los documentos públicos y privados deben allegarse en
original o copia auténtica”[41].
Sin embargo, la propia jurisprudencia del alto
tribunal matizó la anterior regla señalando que en ciertas circunstancias
resulta posible flexibilizar la valoración probatoria de las copias simples.
Señaló que dicha situación “ocurre
cuando la parte contra la cual se aducen las copias conserva el original de los
documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de
tacharlas de falsedad si ello fuera procedente. (…) debe señalarse que las
pruebas traídas en copia simple por la parte actora que corresponden a los
documentos expedidos por la demandada pueden ser apreciadas por la
Sala debido a que se entiende que los originales deben necesariamente reposar
en sus archivos, y que las copias no fueron tachadas de falsedad por la entidad
pudiendo haber sido cotejadas”[42].
No
obstante lo anterior, la jurisprudencia
del Consejo de Estado en relación con el valor probatorio de los documentos
públicos que sean allegados en copia simple fue recientemente analizada por
parte de la Sala Plena de la
Sección Tercera de dicho máximo órgano judicial. En la mencionada providencia
expresamente se reconoció:
“Desconoce de manera flagrante los principios de
confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso
invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda
o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento
fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser
avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la
incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir
del artículo 228 de la
Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y
procesales -necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad
y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo es preciso efectuarse de
consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se
privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es
decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la
realidad a través de vasos comunicantes”[43].
En
la misma línea argumentativa el máximo tribunal de lo contencioso
administrativo afirmó que el juez de conocimiento “debe abogar por un
derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a
partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos
que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva
rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo”[44].
Concluye
la Sala que, existe una reciente línea jurisprudencial en el Consejo de Estado
que no encuentra admisible que se denieguen las pretensiones de una demanda o
sus excepciones alegando como único argumento que las pruebas que pretenden
demostrar los hechos fueron allegadas en copia simple. Lo anterior, exige al
juez contencioso administrativo que asuma una actitud en pro del derecho
sustancial y desapegada del rigor procesal.
4.5. Jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre el valor probatorio de los documentos públicos en
copias simples dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.
El
valor probatorio de las copias simples ha sido un asunto que ha sido discutido
en varias oportunidades por la
Corte Constitucional, tanto en sus diferentes Salas de Revisión como por la
Sala Plena.
La
línea jurisprudencial vigente sobre la materia se encuentra plasmada en la
sentencia SU-226 de 2013. En dicha providencia la
Sala Plena de la Corte analizó la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, quienes en el marco de
un proceso de reparación directa decidieron no valorar las copias de documentos
públicos allegadas por el entonces demandante. En el citado proceso no se
reconocieron perjuicios materiales a favor del demandante debido a que las
certificaciones salariales expedidas por el Congreso de la
República, las cuales pretendían probar el mencionado daño, sólo fueron
allegadas en copia simple.
En
esta oportunidad se consideró que la decisión tomada por los despachos
judiciales accionados era “el
resultado de una razonable apreciación de las pruebas aportadas al proceso”. La Sala, acudiendo a lo
establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil señaló como
regla de decisión que “el principio elemental en los ordenamientos
procesales [es] que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen
que ser auténticas”. De esta manera, señaló que la omisión en la valoración
probatoria de los documentos públicos que fueron allegados en copia simple no
constituyó un defecto fáctico y por lo tanto, no se presentó vulneración alguna
al derecho fundamental del debido proceso.
Adicionalmente, se señaló que la exigencia
de aportar documentos públicos en original no resulta irrazonable ni
desproporcionada en tanto los ciudadanos pueden solicitarlos ante las
autoridades estatales y éstas tienen la obligación de suministrarlas. Afirmó
que “si tales copias originales le fueren negadas, el
accionante puede demandar que esta se expida, tal y como lo faculta la
normativa legal”.  En numeral 4.7 de la presente providencia se realizará
un análisis concreto frente a las razones expuestas en la mencionada sentencia.
4.6. Fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional y requisitos
para cambios de precedente.
El
carácter vinculante del precedente de las altas cortes, y en especial de la
Corte Constitucional, ha sido un asunto varias veces tratado por esta
Corporación en protección del derecho a la igualdad, la seguridad jurídica y
evitando la arbitrariedad judicial. “Dentro de las distintas
cualidades deseables de los sistemas jurídicos en los Estados democráticos está
su predecibilidad y coherencia de las decisiones judiciales.  Los
ciudadanos esperan que, en todo caso, ante la existencia de asuntos análogos en
sus hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones igualmente
similares”[45].
En aras de la garantía
del mencionado principio constitucional se ha reconocido que las reglas de
derecho o ratio decidendi de las sentencias de la
Corte Constitucional adquieren valor vinculante tanto para las autoridades
administrativas como para los operadores judiciales al momento de tener que
resolver situaciones fácticas y jurídicas idénticas a casos anteriores. La
sentencia C-836 de 2001 explicó la diferenciación entre ratio decidendi y
obiter dicta, siendo las primeras aquellas que resultan vinculantes:
“(…) resulta
útil la distinción conceptual que ha hecho en diversas oportunidades esta
Corporación entre los llamados obiter dicta o afirmaciones dichas de paso, y los ratione decidendi o fundamentos jurídicos suficientes, que son
inescindibles de la decisión sobre un determinado punto de derecho. Sólo estos
últimos resultan obligatorios, mientras los obiter
dicta, o aquellas afirmaciones que no
se relacionan de manera directa y necesaria con la decisión (…)”.
Adicionalmente, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que “el deber de acatar los
mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de
asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican
jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas
sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de
las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento
de las autoridades judiciales y administrativas”[46].
No obstante el valor
vinculante de la jurisprudencia, esta Corporación ha reconocido que la
autonomía judicial permite el distanciamiento del precedente e incluso el
cambio del mismo, siempre y cuando se  cumplan con exigentes criterios de
argumentación mediante los cuales se demuestren las razones que dan lugar a
ello. “La objeción al precedente jurisprudencial resulte válida, (…), deberá
demostrarse que esa opción es imperiosa, en tanto
concurren razones sustantivas y
suficientes para adoptar esta
postura, en tanto el arreglo jurisprudencial existente se muestra
inaceptable. Estas razones, a su vez, no pueden ser otras que lograr la
vigencia de los derechos, principios y valores constitucionales”[47].
Además de la obligación de presentar
justificaciones contundentes que ponderen los bienes jurídicos protegidos en
los distintos casos, la Corte ha señalado diferentes escenarios en los cuales
la interpretación jurídica da lugar a modificaciones jurisprudenciales. La
citada sentencia C-836 de 2001 al analizar una demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 4º de la Ley 169 de 1896 que establece que tres decisiones
uniformes por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de
derecho constituyen doctrina probable, ejemplificó las situaciones admisible
para que se presente una cambio de precedente.
“En primer lugar, cuando la
doctrina, habiendo sido adecuada en una situación social determinada, no
responda adecuadamente al cambio social posterior.  Como se analizó de
manera general en el numeral 18 supra,
este tipo de error sobreviniente justifica que la
Corte cambie su propia jurisprudencia.  En segundo lugar, la
Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta errónea, por ser
contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico.  En estos casos también está
justificado que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar prolongar
en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión.
En tercer lugar, como resulta apenas obvio, por cambios en el ordenamiento
jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal
relevante”[48].
Ante la eventual existencia de un
precedente constitucional relevante para resolver un caso nuevo, el juez en
primer lugar debe verificar que los elementos fácticos y jurídicos sean
análogos en comparación con los casos resueltos con anterioridad para confirmar
la aplicabilidad de dicho precedente. En caso que las situaciones sean
idénticas y el operador judicial pretenda apartarse de la ratio decidendi establecida
en las decisiones anteriores debe “(i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte
de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar
suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de
mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales”[49]. El cambio jurisprudencial, “debe
obedecer a razones poderosas que lleven no sólo a modificar la solución al
problema jurídico concreto sino que prevalezcan sobre las consideraciones
relativas al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica que invitarían a
seguir el precedente”.
4.7.
Vulneración del derecho al debido proceso y al acceso de la administración por
parte de los jueces contencioso administrativos al no solicitar de oficio los
originales de documentos públicos que son allegados por las partes procesales
en copia simple. Cambio Jurisprudencial.
La Sala encuentra indispensable hacer explícito análisis a la sentencia SU-226
de 2013. Como se expresó en el considerando número 4.5, en la mencionada
providencia se estudió la posible vulneración al debido proceso por la supuesta
configuración de un defecto fáctico por parte de los jueces contencioso
administrativos al no valorar pruebas documentales allegadas en copia simple
por el entonces demandante. La Sala Plena resolvió que la decisión por parte
del Juzgado 34 Administrativo de Bogotá y
del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca no configuró un defecto fáctico toda vez que para otorgarle
valor probatorio a las copias se requiere que estas sean auténticas para lo
cual se debe cumplir con lo establecido por el artículo 254 del Código de
Procedimiento Civil.
Sustentado en la declaratoria de exequibilidad de los
artículos 254 y 258 del CPC[50],
adicionalmente se expresó que “la
exigencia de certificaciones en original, tratándose de documentos públicos en
asuntos contencioso administrativos, resulta razonable, pues permite que el
juez de instancia, al realizar la debida valoración del material probatorio
obrante en el expediente, pueda, por medio de un análisis cuidadoso de los elementos
de juicio puestos en su conocimiento, otorgarles, de ser posible, el valor
probatorio que estos ameritan, para efectos de una decisión razonable, justa y
equitativa, acorde con los principios y valores constitucionales”[51].  Bajo la misma línea argumentativa, “reafirmó que
la certeza de los hechos invocados como fundamento fáctico de las pretensiones
de la demanda, a través de una prueba documental constitutiva de copias de
documentos, está en relación directa con esa autenticidad. Dicha certeza
configura un sustento de la eficacia de la administración de justicia y de la
garantía de los derechos reconocidos en la ley sustancial”[52].
De esta manera la ratio decidendi de la
sentencia en comento, se puede identificar de la siguiente manera: No se
configura un defecto fáctico, y por lo tanto, no se vulnera el derecho
fundamental al debido proceso cuando, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, los operadores judiciales no otorguen valor
probatorio a los documentos públicos allegados en copia simple, en tanto para
que pueda reconocérseles dicho valor deben ser siempre auténticos.
El citado precedente constitucional comparte varios
elementos fácticos y de derecho con el caso que ahora se debe resolver. Se
observa que el problema jurídico principal de ambos casos se circunscribe a la
negativa de otorgar valor probatorio a documentos públicos allegados en copia
simple dentro del marco diferentes acciones judiciales públicas, resueltas por
los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo anterior, se
concluye que la regla de decisión establecida en la
SU-226 de 2013 constituye – prima facie – precedente vinculante
para dar solución a la presente acción de tutela.
No obstante lo anterior, la
Sala Plena de la Corte Constitucional considera necesario, realizar un cambio
en su línea jurisprudencial, con el fin de ofrecer un desarrollo más garantista
y proteccionista de los derechos y principios consagrados en la
Constitución Política de 1991.
Resulta indispensable señalar que, no se está
controvirtiendo lo señalado en relación con la característica de autenticidad
como elemento indispensable para que los operadores judiciales puedan otorgarle
valor probatorio a los documentos, toda vez que dicho concepto fue reafirmado
en la presente providencia en el numeral 4.2.
Sin embargo, el análisis realizado a través de la
SU-226 de 2013 se centró únicamente en la posible configuración de un defecto
fáctico, dejando de lado la ocurrencia de otros que igualmente podrían vulnerar
el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Como
se afirmó en la parte considerativa de la presente providencia, la omisión en
el decreto oficioso de pruebas puede concurrir tanto en un defecto fáctico como
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, en el
caso concreto la eventual conducta vulneradora de los derechos constitucionales
se materializa en la ausencia de valoración probatoria.
Ante la mencionada circunstancia, el problema jurídico
analizado en el presente caso, debe estudiarse, desde la perspectiva de la
posible configuración de un defecto fáctico, el deber de oficiosidad del juez y
la eventual ocurrencia de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
Si bien el objetivo primordial de la función judicial
en general es la protección del ordenamiento jurídico, la defensa de los
derechos de los ciudadanos y la búsqueda de la resolución pacífica de los
conflictos, la jurisdicción contencioso administrativa tiene una especial
relevancia en tanto se convierte en la autoridad judicial encargada de
controlar la actividad de la administración pública. Es a esta jurisdicción a
quien - de manera principal - se le encomendó la protección y salvaguarda del
principio de legalidad, entendido como la garantía de que todas las actuaciones
del Estado se encuentren conforme al ordenamiento jurídico. De tal manera fue
explícitamente reconocido por el legislador a través del artículo 103 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al
señalar: “Los procesos que se
adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por
objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico”.
Dicha tarea es de suma importancia en tanto en la
garantía del mencionado principio reposa la efectividad de un Estado Social de
Derecho. Aunque a todos los asociados se
les exige actuar conforme a la
Constitución y las leyes, la obligación en cabeza del Estado es aún mayor y
por lo tanto, su control debe ser imperativo.
El
fin último de la jurisdicción contencioso administrativa exige a los jueces una
mayor diligencia en la búsqueda de la verdad procesal. Los jueces
administrativos no pueden desconocer o dejar de lado la necesidad de proteger y
garantizar que la función pública se ejerza no sólo conforme al principio de
legalidad sino de acuerdo con los postulados establecidos en el artículo 209
constitucional, so pretexto de un apego excesivo a las normas procesales. Una
actuación en dicha dirección desconocería la efectividad de derechos
fundamentales y principios constitucionales básicos.
En los procesos ante lo contencioso administrativo
buena parte del acervo probatorio de los expedientes corresponden a diferentes
documentos públicos bien sea actos administrativos, contratos o de cualquier
otra naturaleza, los cuales por esencia reposan en las diferentes oficinas
públicas. Si bien, como lo señaló la propia SU-226 de 2013, las autoridades
administrativas tienen la obligación de otorgar dichos documentos a los
ciudadanos, sin más reservas que las que establezca la ley, esto no es óbice
para que los jueces no puedan también solicitarlos haciendo uso de sus potestad
oficiosa.
De esta manera, cuando dentro de un proceso
contencioso administrativo el juez no tiene certeza sobre la ocurrencia de
algunos hechos a pesar de que dentro del acervo probatorio existen documentos
públicos, así sea en copia simple, de los cuales se pueda inferir
razonablemente su ocurrencia, el juez debe decretar las pruebas de oficio con
el fin de llegar a la certeza de los hechos y la búsqueda de la verdad procesal.
Exigir esta actuación en nada afecta la autonomía judicial para la valoración
probatoria toda vez que el hecho de que solicite pruebas de oficio, en
particular originales de documentos públicos, no implica necesariamente que se
le otorgue pleno valor probatorio a estos. Lo que se pretende es que el juez
cuente con los mayores elementos posibles para que dentro de las reglas de la
sana crítica valore en su conjunto la totalidad de las pruebas y pueda llegar a
un fallo de fondo con la máxima sustentación jurídica y fáctica posible.
Evitar el exceso de ritualismo y garantizar la
efectividad del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal, fueron dos objetivos reafirmados por el legislador al expedir el
Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. El artículo 11 del CGP expresamente señaló que “al
interpretar la ley procesal el
juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. (…) El juez se
abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”. Así mismo ambas normas señaladas, al igual que los
antiguos Código de Procedimiento Civil y Código de lo Contencioso
Administrativo, reconocen el deber del juez de acudir a sus potestades
oficiosas para verificar las alegaciones de las partes y el esclarecimiento de
la verdad[53].
Por
su parte - y en relación con el presente problema jurídico - el valor
probatorio de los documentos que sean allegados en copia simple también fue un
tema en el cual el legislador tuvo la intención de reducir los requisitos
formales que impidan su valoración. Explícitamente el artículo 244 del CGP, el
cual resulta aplicable en los procesos contenciosos administrativos por la
derogación que éste realizó del inciso 1º del artículo 215 del CPACA, señala
que “los documentos públicos y los privados emanados de las
partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o
manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos,
según el caso”. En sentido similar se encuentra el ya
citado artículo 246 que reconoció que las copias tienen el mismo valor del
original[54].
Si bien para el caso concreto, las anteriores normas no
resultan aplicables en tanto su vigencia fue posterior a la ocurrencia de los
hechos, esta clara intención del legislador de abolir formalismos, en especial
sobre el valor probatorio de las copias, es una situación que no puede ser
ajena a la Corte Constitucional al igual que fue contemplada por el Consejo de
Estado mediante la citada sentencia del 28 de agosto de 2013. La jurisprudencia
debe estar a tono con los cambios normativos y decisiones legislativas que se
han planteado. No resulta acorde mantener una tesis jurisprudencial en la cual
se pueda interpretar una ponderación mayor hacia las formas procesales en
relación con el valor probatorio de las pruebas documentales. Así mismo es
indispensable tener en cuenta la reciente jurisprudencia del máximo tribunal
judicial de lo contencioso administrativo en tanto es el órgano encargado de
establecer las reglas jurisprudenciales que se deben seguir en dicha
jurisdicción.
En adición a lo anterior, el cambio jurisprudencial que se
expone plantea una interpretación más favorable hacía la protección y garantía
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia. Este derecho “ha sido entendido como la
posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de
igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza
jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la
determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos”[55]. Sin embargo, el acceso a la administración de justicia no se agota
con la posibilidad física de acudir a los órganos judiciales, sino que implica
que las controversias que sean presentadas tenga una resolución material de
fondo. Se ha reconocido que uno de los componentes del citado derecho
fundamental pretende “que a través
de procedimientos adecuados e idóneos, los conflictos sean decididos de fondo,
en términos razonables, sin dilaciones injustificadas, de acuerdo con las
justas expectativas de quienes acuden a la jurisdicción para resolver sus
conflictos”[56]. De esta manera, se debe privilegiar una interpretación jurídica que
permita el goce efectivo del acceso a la administración de justicia y el
derecho a que las decisiones judiciales tomen, en la medida de lo posible, caso
a caso una decisión de fondo.
De esta manera, se concluye
que se incurre en una vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a la configuración
de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando los jueces
contencioso administrativos no hacen uso de su potestad oficiosa en materia
probatoria para permitir esclarecer y dar certeza a los hechos que de manera
razonable se pueden inferir del acervo probatorio existente.
En igual sentido, se puede
establecer que se presenta un defecto fáctico en su dimensión negativa en tanto
una de sus causales de configuración es “no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo”. La
sentencia SU-226 de 2013 centró el análisis en relación con la posible
irrazonabilidad de los jueces en el valor probatorio otorgado a las pruebas. Sin
embargo, dicho estudio resulta complementado al examinar las diferentes
causales de un posible defecto fáctico en su componente negativo. Se debe
reiterar que dicha conducta omisiva por parte de los operadores judiciales
puede concurrir en los defectos señalados ya que no resulta posible establecer
con plena claridad y diferenciación un límite entre estos.
El cambio en el precedente
constitucional se encuentra plenamente sustentado en tanto (i) presenta una
interpretación más favorable hacia los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, (ii) propenden por la efectividad y
cumplimiento del fin último de la jurisdicción contencioso administrativa como
institución encargada de garantizar el principio de legalidad en la actividad
de la administración pública, el cual constituye eje esencial en el Estado
Social de Derecho,  (iii) se encuentra conforme a la tendencia legislativa
actual y la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción contencioso
administrativa de otorgar igual valor probatorio a las pruebas documentales en
copias u originales y (iv) el precedente a la
SU-226 de 2013 centró su análisis en verificar la razonabilidad de la
valoración probatoria de los jueces, examen que debe ser complementado
estudiando la posible configuración de un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión negativa por no decretar
pruebas de oficio. De esta manera, se demuestra con suficiencia que “la interpretación alternativa
que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores
constitucionales”[57].
5. Caso Concreto.
Corresponde a la
Sala analizar la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración por parte de la
Sección Primera del Consejo de Estado al negarse a valorar las copias simples
de diferentes contratos estatales allegados por el demandante dentro del
proceso de pérdida de investidura contra el concejal de Cali, el señor Jhon Jairo Hoyos García.
El
ahora accionante inició el mencionado proceso por la supuesta violación del
régimen de inhabilidades. Alegó que el señor Hoyos García y familiares suyos,
son miembros de la Corporación Miguel Ángel Bounarroti, la cual celebró
distintos contratos con el municipio de Cali durante el año anterior a su
elección e incluso con posterioridad a su posesión. El Consejo de Estado, en su
condición de juez de segunda instancia dentro del proceso contencioso
administrativo, rechazó las pretensiones de la demanda al afirmar que no
resultaba posible decretar la pérdida de investidura toda vez que no se probó
en debida forma la existencia de los supuestos contratos ya que éstos sólo
fueron allegados en copia simple, hecho que no permite otorgarles valor
probatorio alguno. El alto
tribunal expresamente señaló:
“En resumen, el que se haya aportado
copia simple de los contratos celebrados entre la Administración Municipal de Santiago de Cali y la
Cooperativa MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, no acredita de manera idónea la
autenticidad de la celebración de tales negocios jurídicos, y por lo tanto no
puede servir de argumento fáctico para decretar una sanción política como la
que puede imponerse en los juicios de desinvestidura”[58].
5.1. En primer lugar, corresponde verificar el
cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de la presente
acción de tutela contra providencias judiciales:
(i) Relevancia Constitucional. Además de la posible vulneración al derecho fundamental al debido proceso, el presente caso reviste especial
relevancia constitucional en tanto se desarrolla dentro del marco de los
derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la
Constitución Política de 1991 y la salvaguardia del principio de legalidad que
debe guiar todas las actuaciones de la administración.
(ii) Que se hayan agotado todos los
medios ordinarios y extraordinarios. La decisión objeto de análisis es la sentencia de segunda instancia
de la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida de
investidura, la cual no cuenta con otros medios judiciales para ser
controvertida. De esta manera, se satisface el requisito de subsidiariedad.
(iii)
Inmediatez. La
providencia contra la cual se presentó la acción constitucional fue proferida
el 6 de diciembre de 2012 y notificada mediante fijación en estados del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 12 de abril de 2013[59].
Por su parte, la tutela fue presentada el 15 de abril de 2013, cumpliendo con
el requisito de inmediatez.
(iv)
Identificación de manera razonable de los hechos que generaron la vulneración y
de los derechos vulnerados, así como que tal vulneración se haya alegado en el
proceso judicial siempre que hubiese sido posible.  El accionante identificó con claridad
el hecho principal que alega como vulnerador del debido proceso, el cual se
centra en la negativa por parte del Consejo de Estado de valor las copias
simples de los contratos allegados al proceso judicial como prueba de la causal
de inhabilidad. Debido a que la mencionada situación ocurrió en la sentencia de
segunda instancia, el actor no contaba con otras oportunidades procesales para
alegar la supuesta vulneración.
(v) Que en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que se alega como vulneradora de los derechos
fundamentales. Como se explicó en la parte
considerativa número 4.1.2.2 y 4.7, la conducta alegada como vulneradora
de los derechos fundamentales puede ser catalogada dentro de un defecto fáctico
o un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Si bien el accionante
en su escrito de tutela hace referencia a “una vía de hecho por defecto
fáctico”, el deber que recae en este se limita a la identificación razonable
de los hechos, situación que se verificó en el punto anterior, sin que sea
necesario establecer con plena claridad el posible defecto. El juez
constitucional debe analizar con base en la identificación de los hechos, cuál
defecto sería el que el accionante realmente se encuentra alegando. En el caso
concreto resulta posible -situación de fondo que se analizará más adelante –
alegar la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto por la omisión de solicitar oficiosamente pruebas que pueden
resultar determinantes para la resolución del caso. La ausencia de los
originales de los contratos públicos tiene una incidencia directa en la
decisión final del proceso toda vez que, como se evidenció, este fue el
argumento principal para revocar la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda.
(vi) Que no
se trate de sentencias de tutela. Se analizan decisiones de la jurisdicción contencioso administrativa
por lo que se evidencia que la presente discusión no se da contra sentencias de
tutela.
5.2. En cuanto a los requisitos específicos a juicio
de la Corte, la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto vulnerando los derechos al debido proceso y el acceso
a la administración de justicia del accionante. De conformidad con el acervo
probatorio dentro del proceso de pérdida de investidura fueron allegados en
copia unos contratos que, a juicio del entonces demandante, demuestran la
causal de inhabilidad en la cual se encontraría incurso el señor Hoyos García.
Ante la existencia de dichas copias y frente a la incertidumbre de los jueces
sobre los mencionados contratos, resulta acorde con los postulados
constitucionales exigir por parte de los operadores judiciales hacer uso de las
facultades oficiosas para solicitar a las autoridades públicas los originales
de los citados documentos.
Basándose en el principio de la buena fe, como
consecuencia de la aportación de las copias simples por parte del demandante se
podría inferir razonablemente la existencia de los contratos originales, por lo
que le correspondía al juez buscar el esclarecimiento de la verdad procesal. El
exceso apego a las ritualidades procesales por parte del Consejo de Estado
desconoció el acceso a la administración de justicia en tanto no permitió que
existiera una resolución de fondo a pesar de que los jueces contaban con las
facultades legales y constitucionales que les permitía realizarlo.
Es indispensable tener en cuenta que se está ante
documentos públicos, los cuales, por su naturaleza, se encuentran en las
diferentes entidades administrativas por lo que no resulta excesivo exigir a
los jueces acudir a la principal fuente de los mismos. Resulta razonable que
los originales de los documentos públicos se encuentren en manos de las
autoridades públicas y no de los particulares. Así mismo, se debe tener en
cuenta que el accionante efectivamente allegó, así sea en copia simple, prueba
de la posible existencia de los contratos públicos. Ante dicho indicio se puede
inferir razonablemente su existencia y por lo tanto, el juez debe buscar llegar
a la certeza de los hechos. Situación contraria ocurriría en caso en que el
demandante no hubiese aportado ninguna posible evidencia de la existencia de
los mencionados documentos públicos.
Por su parte, el explicado fin último de la
jurisdicción contencioso administrativa se fortalece aún más para el caso
concreto. En adición a la trascendental labor de garantizar que la función
pública se ejerza conforme a los principios de legalidad, moralidad, igualdad,
imparcialidad entre otros, las acciones de pérdida de investidura involucran el
goce efectivo de un grupo de derechos fundamentales como los son los derechos
políticos. Así entonces, la correcta administración de justicia y la necesidad
de que el juez actúe, dentro del ámbito de sus competencias, con una mayor
diligencia resulta constitucionalmente exigible.
Por lo anterior, la
Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado del 6 de diciembre de 2012 dentro de la
acción judicial de pérdida de investidura contra el señor Jhon Jairo Hoyos
García, en la cual se resolvió el recurso de apelación revocando la decisión de
primera instancia y denegando las pretensiones de la demanda. En consecuencia,
ordenará al mencionado órgano judicial que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, solicite a la
Secretaría de Educación de la ciudad de Cali allegar los supuestos contratos
celebrados por dicha entidad y la
Corporación Miguel Ángel Bounarroti, los cuales fueron presentados por el
entonces demandante en copia simple. Una vez vencido el término establecido
para dar respuesta a dicha solicitud, se deberá proferir un nuevo fallo en el
cual, de conformidad con la autonomía judicial y las reglas de la sana crítica,
se deben evaluar la totalidad del acervo probatorio del expediente, incluyendo
los citados documentos públicos en caso de que éstos hayan sido efectivamente
allegados.
III.
CONCLUSIÓN.
1.
Síntesis del caso.
La Sección Primera del Consejo de Estado
vulneró el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia al no hacer usos de sus facultades oficiosas en materia probatoria
dentro del proceso de pérdida de investidura contra el concejal de la ciudad de
Cali, señor Jhon Jairo Hoyos García, para solicitar a la administración
municipal allegar los contratos públicos que procuraban sustentar las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que dentro del acervo probatorio
reposan copias simples de dichos documentos públicos lo cual permitía
establecer de manera razonable su existencia.
2. Regla de decisión.
Se vulneran los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia cuando los jueces
contencioso administrativos, a pesar de contar con copias simples de documentos
públicos que sustentan las pretensiones de las demandas o de las excepciones, y
de los cuales se puede inferir razonablemente la ocurrencia de los hechos
alegados, no acuden a sus facultades oficiosas para solicitar los originales de
los mismos con el fin de alcanzar la verdad procesal, resolver de fondo la
controversia y garantizar el correcto funcionamiento de la Administración
Pública.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR, la sentencia del 15 de agosto de 2013, proferida
por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -, Sección
Segunda, Subsección B, en única instancia. En consecuencia, TUTELAR, los
derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia del señor Sergio David Becerra Benavides.
SEGUNDO.-  DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado del 6 de diciembre de 2012 dentro de la
acción judicial de pérdida de investidura contra el señor Jhon Jairo Hoyos
García, en la cual se resolvió el recurso de apelación revocando la decisión de
primera instancia dentro del proceso con número de radicación 76001 2331 000
2012 00633 01. En consecuencia, ORDENAR al mencionado órgano judicial para que
de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Código Contencioso
Administrativo solicite a la
Secretaría de Educación de la ciudad de Cali allegar los supuestos contratos
celebrados por dicha entidad y la
Corporación Miguel Ángel Bounarroti, los cuales fueron presentados por el
entonces demandante en copia simple. Una vez vencido el término establecido
para dar respuesta dicha solicitud, se deberá proferir un nuevo fallo en el
cual de conformidad con la autonomía judicial y las reglas de la sana crítica
se deben evaluar la totalidad del acervo probatorio del expediente, incluyendo
los citados documentos públicos en caso de que éstos hayan sido efectivamente
allegados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente con excusa
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
Ausente en comisión
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA SU774/14.
PERDIDA DE
INVESTIDURA-Carácter sancionatorio/PERDIDA DE
INVESTIDURA-Funcionario judicial está obligado a dar aplicación a las
reglas y normativas jurisprudenciales favorables para los derechos del
investigado (Salvamento de voto)
CAMBIO DE
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
EN COPIAS SIMPLES DENTRO DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Vulneración de los derechos fundamentales del investigado, toda vez
que el cambio de interpretación implicó una repercusión directa en su situación
jurídica (Salvamento de voto)
Se advierte una manifiesta afectación de los derechos
fundamentales del investigado, toda vez que el cambio de interpretación sobre
la idoneidad de las copias simples para efectos de probar la información
contenida en documentos públicos, implicó una repercusión directa en su
situación jurídica. De esta manera, la orden del juez de tutela está
direccionada a reabrir el debate probatorio, y con esto, a continuar un proceso
de carácter sancionatorio que había culminado previamente con un fallo
absolutorio, el cual fue ajustado a las normas jurídicas vigentes. Así,
contrario a lo sostenido por la Corte en la sentencia analizada, la negativa
del juez natural de dar valor probatorio a las copias simples no resultó un
mero formalismo. En efecto, la mencionada interpretación judicial, además de
haber sido ajustada a las reglas jurídicas y jurisprudenciales vigentes al
momento de proferir el fallo, constituía, en el caso particular, una limitación
a la potestad punitiva del Estado y una garantía en favor de los derechos
fundamentales del investigado.
DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y PARTICIPACION EN POLITICA EN PROCESO DE PERDIDA
DE INVESTIDURA-Vulneración por cambio de precedente
constitucional sobre el valor probatorio de los documentos públicos en copias
simples (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T- 4.096.171
Asunto: Acción de
Tutela interpuesta por Sergio David Becerra Benavides contra la Sección Primera
del Consejo de Estado
Magistrado
Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Con el acostumbrado respeto me aparto por
la decisión de la Sala Plena de la Corte por las razones que expongo a
continuación:
1.
La Corte concluye que la Sentencia
de la Sección Primera del Consejo de Estado constituye una vía de hecho
judicial que vulnera el derecho al debido proceso del demandante, pues adolece
de un defecto fáctico. Este defecto consiste en que aquella Corporación le
restó valor probatorio a un documento por haber sido presentado en copia simple
y no en copia auténtica.  Sin embargo, el Consejo de Estado se basó en las
disposiciones legales vigentes en el momento de proferir la decisión.
Fundamentó su decisión en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil,
que estaba vigente en el momento de proferir la decisión, y que resultaba
aplicable por remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo.-
Para darle valor probatorio a una prueba documental en copia, dicha norma
exigía que estuviera autenticada, lo cual no ocurrió en el presente caso.
La Corte consideró que exigir la autenticación de la
prueba documental constituía un exceso ritual manifiesto. Sin embargo, no se
detuvo a analizar el contexto en el cual el Consejo de Estado adoptó dicha
decisión. En particular, no tuvo en cuenta que los procesos de pérdida de
investidura tienen un carácter sancionatorio, y que exigir la autenticación de
las copias constituye una carga probatoria que se le impone al demandante, y
que dicha carga tiene una finalidad constitucionalmente admisible, pues sirve
para garantizar la legalidad de la sanción.
De esta forma, la Corte decidió aplicar
retroactivamente un cambio de precedente jurisprudencial a una sentencia
expedida el 6 de diciembre de 2012, al indicar que no era necesario aportar
copias auténticas para efectos de dar valor probatorio a los documentos
públicos.  Teniendo en cuenta que por regla general las normas jurídicas y la
jurisprudencia tienen efectos hacia el futuro, con el fin de evitar la afectación
de situaciones jurídicas ya consolidadas, la decisión de la Corte
Constitucional constituyó una grave vulneración de los derechos fundamentes al
debido proceso, defensa y derechos políticos de la persona que fue sujeto del
proceso de pérdida de investidura.
2.      Ahora bien, no puede perderse de vista que el
proceso de pérdida de investidura es de naturaleza sancionatoria, y que por lo
tanto, el funcionario judicial se encuentra en la obligación constitucional de
dar aplicación a las reglas y normativas jurisprudenciales favorables, en aras
de preservar los derechos fundamentales del investigado, particularmente, el
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
En efecto,  en virtud del principio de favorabilidad,
que resulta aplicable en el derecho administrativo sancionador, el funcionario
judicial deberá dar aplicación a normas sustanciales posteriores a la
ocurrencia de los hechos objeto del proceso, sólo si la ley posterior es más
favorable para los derechos del investigado. En el mismo sentido, le está
vedado dar aplicación retroactiva a normas jurídicas sustanciales que no se
encontraban vigentes al momento de la comisión de los hechos jurídicamente
relevantes, y en consecuencia, a criterios de interpretación posteriores,
cuando éstos impacten negativamente en la situación jurídica del accionado.
En el caso particular, se advierte una manifiesta
afectación de los derechos fundamentales del investigado, toda vez que el
cambio de interpretación sobre la idoneidad de las copias simples para efectos
de probar la información contenida en documentos públicos, implicó una
repercusión directa en su situación jurídica. De esta manera, la orden del juez
de tutela está direccionada a reabrir el debate probatorio, y con esto, a
continuar un proceso de carácter sancionatorio que había culminado previamente
con un fallo absolutorio, el cual fue ajustado a las normas jurídicas vigentes.
Así, contrario a lo sostenido por la Corte en la
sentencia analizada, la negativa del juez natural de dar valor probatorio a las
copias simples no resultó un mero formalismo. En efecto, la mencionada
interpretación judicial, además de haber sido ajustada a las reglas jurídicas y
jurisprudenciales vigentes al momento de proferir el fallo, constituía, en el
caso particular, una limitación a la potestad punitiva del Estado y una
garantía en favor de los derechos fundamentales del investigado.
3.      A su vez, el fallo de la Corte Constitucional
afecta gravemente los principios de seguridad y certeza jurídica, y el derecho
fundamental a la defensa que le asiste al investigado. En efecto, parte de la
estrategia de defensa en un procedimiento sancionatorio, es alegar la ausencia
de prueba del hecho invalidante, o la falta de idoneidad de los medios
utilizados para probar los hechos alegados por el ente acusador. Así, la
defensa del procesado se encuentra legitimada para argumentar la falta de
prueba de los hechos a través de las normas sustanciales vigentes y aplicables
a la fecha de ocurrencia de los hechos.
El cambio de las reglas de juego una vez terminado el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura, y con mayor gravedad, después
de que el mismo ha culminado con una sentencia absolutoria, toma por sorpresa a
la defensa, y constituye una afectación al principio de buena fe y lealtad
procesal, de obligatoria observancia en los procedimientos administrativos y
judiciales de carácter sancionador.
Esta situación, consecuentemente, genera una grave
violación de los derechos fundamentales del procesado, imponiendo la carga de
acudir nuevamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa a desvirtuar
el hecho invalidante, privándosele de la posibilidad de cuestionar la falta de
idoneidad del medio probatorio por razón de la aplicación de un criterio
jurisprudencial posterior y de carácter desfavorable.
Así, se advierte una ostensible vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y participación política del
investigado, por razón de la modificación de las reglas de juego conocidas
previamente por las partes, y aplicables al proceso de pérdida de investidura
objeto de análisis en la acción de tutela.
4.      Finalmente, la parte resolutiva de la
Sentencia SU-774/14 es inconsistente, situación que genera incertidumbre sobre
los criterios utilizados por la Corte para arribar a su decisión. Así, la Corte
Constitucional ordenó al Consejo de Estado fallar de conformidad con una norma
procesal derogada, pero, por el otro lado, dio aplicación a normas jurídicas
sustanciales y criterios de interpretación posteriores a la decisión para
solucionar el caso concreto, pese a que éstas fuesen desfavorables para los
derechos del investigado.
En efecto, tal y como se ha establecido en el presente
salvamento de voto, la Corte Constitucional aplicó una regla sustancial
posterior y un cambio de jurisprudencia, relacionados con la idoneidad de las
copias simples como medios de prueba de documentos públicos, lo que comportó
una clara violación a los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
derechos políticos del investigado.
Sin embargo, en el numeral segundo de la parte
resolutiva de la Sentencia SU-774/14, la Corte Constitucional ordena al Consejo
de Estado que solicite a la Secretaría de Educación de Cali, remitir los
supuestos contratos celebrados entre la referida entidad y la Corporación
Miguel Ángel Buonarotti, con base en lo consagrado en el artículo 169 del
Código Contencioso Administrativo. La razón de ser de la referida orden, es que
la ley procesal aplicable para el caso concreto era el Código Contencioso
Administrativo, pues dicha norma era la vigente al momento de iniciar el
proceso sancionatorio.
De esta forma, el criterio utilizado por la Corte para
determinar las normas jurídicas aplicables al caso concreto da cuenta de una
notoria inconsistencia que finalizó con la vulneración de los derechos
fundamentales del señor Jhon Jairo Hoyos García.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA SU-774/14
Referencia:
Expediente
T-4.096.171
Acción de tutela
instaurada por Sergio David Becerra Benavides Vs Consejo de Estado Sección
Primera.
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
No obstante estar de acuerdo con la
decisión adoptada en el asunto de la referencia, en cuanto a que el juez contencioso
administrativo debe hacer uso de sus facultades oficiosas ante la necesidad de
verificar la autenticidad de los documentos públicos, con el fin de alcanzar la
verdad procesal y resolver de fondo el conflicto. Mi reparo, y la razón de ser
de mi aclaración de voto, consiste en que en oportunidad anterior, en la
sentencia T-226-2014, fuimos partidarios de la tesis en la cual no existía
omisión cuestionable por vía de tutela, en aquellos casos en que los jueces
negaron el valor probatorio de documentos aportados en copia simple, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento
Civil, y de conformidad con lo señalado por esta Corporación en el fallo de
constitucionalidad C-023 de 1998.
En la sentencia SU-774 de 2014, esta Corte
sostuvo que: "Se vulneran los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia cuando los jueces contencioso
administrativos, a pesar de contar con copias simples de documentos públicos
que sustentan las pretensiones de las demandas o de las excepciones, y de los
cuales se puede inferir razonablemente la ocurrencia de los hechos alegados, no
acuden a sus facultades oficiosas para solicitar los originales de los mismos
con el fin de alcanzar la verdad procesal, resolver de fondo la controversia y
garantizar el correcto funcionamiento de la Administración Pública". En esta ocasión,
participamos de la decisión prohijada por la Sala Plena, dándole alcance a la
exégesis de que lo cuestionable constitucionalmente es que el juez que tiene a
su disposición fotocopias de documentos que acreditan los supuestos en torno a
los cuales giran los derechos sustantivos en discusión, no ejerza sus
facultades oficiosas a efectos de verificar la autenticidad de los mismos, en caso
de que esto último resulte menester para efectos de su cabal valoración.
Un reexamen de aquellas situaciones en
las cuales los jueces cuentan con copias de documentos no autenticados,
aducidos por las partes como prueba de los hechos que soportan sus
pretensiones, me lleva a concluir que, definitivamente, resulta inaceptable
que, estos últimos funcionarios como artífices de la realización de los
derechos sustantivos, omitan el despliegue de sus atribuciones procesales para
adquirir la debida certeza sobre los fundamentos tácticos que pretenden hacer
valer los demandantes, en apoyo de los derechos sustantivos invocados, de
manera que, estimo que en estos casos, es menester que, como lo sostiene el
fallo de la mayoría, el juez ejerza sus competencias oficiosas en aras de
despejar las dudas que le asisten en torno a la efectividad de los documentos
que pretenden acreditar los hechos que permiten el reconocimiento del derecho
sustancial reclamado. Quiero aclarar que, a mi modo de ver, este debe ser el
nuevo enfoque con el que, en principio, creo deben valorarse este tipo de
situaciones.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Copia de la sentencia de primera instancia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Fl 22 del Cuaderno principal.
[2] Sentencia del 6 de diciembre de 2012. Copia de la providencia en
folios 54 a 62 del
[3]
Mediante Auto del 5 de julio de 2013, la Subsección B, Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ordenó la
vinculación del señor Jhon Jairo Hoyos y trámite de notificación. Folios 84 a
93 del Cuaderno Principal.
[4] Sentencia de primera de instancia de tutela. Folio 104 del
Cuaderno Principal.
[5] Folios 13 a 15 del Cuaderno de tutela.
[6] En Auto del 17 de octubre de 2014 de la
Sala de Selección de tutela No 10 de la
Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y
se procedió a su reparto.
[7]
Informe del 19 de febrero de 2014.
[8] De conformidad con el Artículo 5º del
Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”.
[9] Cuando existe una carencia absoluta
de competencia por parte del funcionario judicial que profiere
la sentencia.
[10]
Cuando la decisión judicial se fundamenta en normas
inexistentes o inconstitucionales o, en fallos que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. Sentencia C- 590 de 2005, SU-817 de 2010
[11] Surge cuando el funcionario judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido para el caso concreto. Al respecto ver sentencias SU- 159 de 2002, T-996 de 2003 y T-196 de 2006, T-508 de 2011.
[12] Hace referencia a la producción, validez o
apreciación de los elementos probatorios. En razón de la independencia
judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es
bastante restringido. Ver sentencias SU-817 de 2010, SU-447 de 2011, SU-195 de
2012.
[13] Hace referencia al evento en el cual, a
pesar de una actuación razonable del juez, se produce una decisión
violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima
de engaño, por fallas estructurales de la administración de justicia,
por ausencia de colaboración entre las ramas del poder público. Ver sentencias
SU-214 de 2001, T-1180 de 2001,
y SU-846 de 2000.
[14]
Es deber de los funcionarios públicos, en razón de la necesidad de legitimidad
de las decisiones adoptadas en un ordenamiento democrático, la motivación
amplia y suficiente de las decisiones, en aras de garantizar el derecho de
defensa y contradicción de los ciudadanos frente a dichas disposiciones. Ver
sentencia T-114 de 2002.
[15]
Se presenta cuando habiendo la
Corte Constitucional establecido el alcance de un derecho fundamental, el juez
ordinario aplica una ley limitando su alcance. Ver
sentencias SU-047  de 1997, SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
[16]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la Constitución. Ver sentencias SU-1184/01, T-1625/00, y T1031/01, o cuando
no se aplica la excepción de inconstitucionalidad a pesar de ser evidente y
haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.  Ver sentencia T- 701/04.
[17] Sentencia SU-226 de 2013.
[18] Sentencia SU- 159 de 2002.
[19] Ver Sentencia SU-447 de 2011
[20] Sentencia SU-226 de 2013.
[21] Sentencia SU-226 de 2013.
[22] Sobre defecto fáctico por omisión de valoración probatoria, se
pueden ver; T-814 de 1999,  T-450 de 2001, T-902 de 2005, T-1065 de 2006, T-162
de 2007, entre otras.
[23] Sentencia T-078 de 2010.
[24] Sentencia T-591 de 2011.
[25] Sentencia T-363 de 2013.
[26] Sentencia T-591 de 2011.
[27] Sentencia T-363 de 2013.
[28] Sentencia T-264 de 2009.
[29] Artículo 251 del CPC
[30] Artículo 243 del CGP.
[31] LÓPEZ BLANCO. Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal
Civil. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores. Segunda Edición. Bogotá 2008. Pg.
337.
[32] Artículo 252 del CPC. Es auténtico un documento cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado.
[33] LÓPEZ BLANCO. Hernán Fabio.Op.cit. Pg.338.
[34] En todos los procesos, los documentos privados manuscritos,
firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para
ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán
auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta
presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza
dispositiva.
[35] Sentencia C-426 de 2002.
[36] Ley 1437 de 2011. Título Medios de Control Artículo 135 y
siguientes.
[37] De acuerdo con la nominación contenida en la
Ley 1437 de 2011, dentro de este grupo se pueden catalogar las siguientes
acciones: nulidad por inconstitucionalidad, nulidad, nulidad electoral, pérdida
de investidura
[38] Artículo 138 DEL CPACA y Artículo 85 del CCA.
[39] Sentencia C-426 de 2002
[40]
Sentencia del 19 de septiembre de 2011. Consejo de
Estado.Sección Tercera. Subsección B. 23001-23-31-000-1999-00355-01(21128)
[41] Sentencia del 19 de junio de 2013. Consejo
de Estado.Sección Tercera. Subsección B. Rad No. 25000-23-26-000-2001-02152-01(27129).
[42] Ibidem.
[43] Sentencia del 28 de agosto de 2013. Consejo
de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
[44] Ibídem.
[45] Sentencia C-634 de 2011.
[46] La sentencia C-634 de 2011 recapituló el asunto
relacionado con el valor vinculante del precedente constitucional de la
siguiente manera: Sobre este tema, ha resaltado la
Corte que (i) la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa
prevalencia a las normas constitucionales –art. 4º Superior- y con ella a la
aplicación judicial directa de sus contenidos; (ii) que esto debe encontrarse
en armonía con la aplicación de la ley misma en sentido formal, es decir
dictada por el Legislador, la cual debe ser interpretada a partir de los
valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la
Constitución; (iii) que por tanto es la
Carta Política la que cumple por excelencia la función integradora del
ordenamiento; (iv) que esta responsabilidad recae en todos las autoridades
públicas, especialmente en los jueces de la república, y de manera especial en
los más altos tribunales; (v) que son por tanto la
Constitución y la ley los puntos de partida de la interpretación judicial;
(vi) que precisamente por esta sujeción que las autoridades publicas
administrativas y judiciales deben respetar el precedente judicial o los
fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas
anteriores; (vii) que esta sujeción impone la obligación de respetar el principio
y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales; (viii) que mientras no
exista un cambio de legislación, persiste la obligación de las autoridades
públicas de respetar el precedente judicial de los máximos tribunales, en todos
los casos en que siga teniendo aplicación el principio o regla jurisprudencial;
(ix) que no puede existir un cambio de jurisprudencia arbitrario, y que el
cambio de jurisprudencia debe tener como fundamento un cambio verdaderamente
relevante de los presupuestos jurídicos, sociales existentes y debe estar
suficientemente argumentado a partir de razonamientos que ponderen los bienes
jurídicos protegidos en cada caso; (x) que en caso de falta de precisión o de
contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde en primer lugar al
alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia
jurisprudencia; y (xi) que en estos casos corresponde igualmente a las
autoridades públicas administrativas y a los jueces, evidenciar los diferentes
criterios jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de
los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad,
“y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la
ley” para el caso en concreto.
[47]
Ibidem.
[48]
Sentencia C-836 de 2001.
[49]
Sentencia C-634 de 2011.
[50] Realizada a través de la sentencia C-023 de
1998.
[51] Sentencia SU-226 de 2013.
[52] Ibidem.
[53] Artículos 42 y 170 del Código General del
Proceso y Artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
[54] Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las
copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia.  Sin perjuicio de la presunción de
autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá
solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida
con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro
de la audiencia correspondiente.
[55] Sentencia T-799 de 2011.
[56] Sentencia C-483 de 2008.
[57]
Sentencia C-634 de 2011.
[58] Copia sentencia de
la Sección Primera del Consejo de Estado del 6 de diciembre de 2012. Fl. 61 del
cuaderno principal.
[59] Sello secretarial del Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca. Folio 63 del Cuaderno principal.