C-047-97
Sentencia C-047/97
Sentencia
C-047/97
ACUERDO DE
COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON REINO DE MARRUECOS-Objeto
El Acuerdo tiene
por objeto desarrollar las relaciones  técnicas y científicas entre las dos
naciones, con fundamento en principios de igualdad y ventajas mutuas.  Este
Acuerdo,  es  un convenio marco, pues todas las regulaciones requieren la
adopción de convenios posteriores. El Acuerdo en revisión se limita a
establecer unos parámetros que han de tenerse en cuenta para la celebración de
futuros convenios entre los dos Estados partes,  en materia de cooperación
técnica y científica. Este,  que es el Acuerdo marco, en nada se opone a la
Constitución. Por el contrario, su ejecución permitirá al Estado colombiano
cumplir con mandatos constitucionales, relacionados con la promoción y fomento
de la ciencia y tecnología. Se observa que el Convenio se ajusta en su
integridad a la Constitución Política, y que el mismo se celebró sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Referencia:
Expediente L.A.T. 076
Revisión
constitucional de la ley 283 de junio 7 de 1996, "Por medio de la cual
se aprueba el Acuerdo de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos",
suscrito en Santafé de Bogotá, el 19 de octubre de 1992.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE ARANGO
MEJIA.
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, según consta en acta número cinco (5)   de la Sala Plena,
del seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).
I.       ANTECEDENTES.
La Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo señalado en el
artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la
ley número 286 de junio 7 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
de Cooperación Técnica y Científica, entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos,  suscrito en esta ciudad, el 19
de octubre de 1992.
En providencia de
junio veintiséis (26) del 1996, el despacho del Magistrado sustanciador asumió
el conocimiento del presente asunto y ordenó su fijación en lista para efectos
de asegurar la intervención ciudadana. Dispuso, igualmente, el envío de copia
de la ley y del convenio,  al despacho del señor Procurador, para que rindiera
su concepto. Igualmente, ordenó comunicar al Presidente de la República.
Cumplidos los
trámites previstos en el decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
A. Texto de la
ley y acuerdo objeto de revisión.
El texto de la ley y
el acuerdo objeto de revisión, son los siguientes:
ACUERDO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE
MARRUECOS
El Gobierno de la
República de Colombia y El Gobierno del Reino de Marruecos (En adelante
denominadas Partes Contratantes).
ANIMADOS por el
deseo de estrechar los vínculos de amistad que unen a los pueblos colombiano y
marroquí.
DESEOSOS de
desarrollar el conjunto de las relaciones técnicas y científicas entre los dos
países, con base en el respeto de los principios  de igualdad y de ventajas
mutuas.
CONCIENTES de la
necesidad de dotar de un marco jurídico de cooperación apropiado a las
relaciones Colombo-Marroquíes, de acuerdo con la política de desarrollo
económico y social de cada uno de lo países.
Acuerdan lo
siguiente:
ARTICULO I
Las Partes
Contratantes se comprometen a realizar y fomentar con base en el presente
Acuerdo, programas y proyectos de Cooperación Técnica y Científica de
conformidad con los objetivos de su desarrollo económico y social.
La Cooperación
Técnica y Científica se concertará por medio de Acuerdos Complementarios para
cada programa o proyecto en particular.
ARTICULO II
Los acuerdos
Complementarios deberán especificar, entre otras cosas, los objetivos de los
programas o proyectos, los cronogramas de trabajo, las obligaciones de cada uno
de las  Partes y las modalidades de financiamiento conjunto que se consideren
convenientes.
ARTICULO III
Se confía a los
Organismos Nacionales encargados de la Cooperación Técnica, conforme a la
legislación interna de cada país, coordinar la ejecución de los programas y
proyectos previstos en este Acuerdo.
ARTICULO IV
Para los fines del
presente Acuerdo, la Cooperación Técnica y Científica podrá tener las
siguientes modalidades:
1.- Realización
conjunta o coordinada de programas de investigación, desarrollo y capacitación;
2.- Creación de
instituciones de investigación, y/o centros de perfeccionamiento y producción
experimental;
3.- Organización de
seminarios y conferencias e intercambio de información y documentación; y
4.- Cualquier otra
forma de Cooperación Técnica que tenga como finalidad favorecer el desarrollo
en general de cualquiera de las Partes de conformidad con sus respectivas
políticas de desarrollo económico y social.
ARTICULO V
Las partes
contratantes podrán buscar la financiación y la participación de organizaciones
internacionales o de otros países interesados en las actividades, programas y
proyectos resultantes de la forma de Cooperación Técnica y Científica prevista
en el Artículo IV del presente Acuerdo y de los Acuerdos Complementarios que se
suscriban.
ARTICULO
VI
Las partes
Contratantes podrán hacer uso de los siguientes medios para poner en ejecución
las formas de cooperación:
1.- Concesión de
becas de estudio de especialización, perfeccionamiento profesional o de
adiestramiento;
2.- Envío de
expertos, investigadores y técnicos para la prestación de servicios  de
consulta y asesoramiento, dentro de proyectos o programas específicos;
3.- Envío o
intercambio de equipos y material necesario para la ejecución de programas y
proyectos de cooperación técnica y
4.- Cualquier otro
medio acordado por las Partes contratantes.
ARTICULO VII
Las partes
Contratantes convienen en establecer una Comisión Mixta formada por los
miembros que designe cada uno de ellas, la cual se reunirá cada dos años, o a
petición de una de la Partes, alternadamente en Marruecos o en Colombia.
La Comisión Mixta
tendrá por funciones principales sugerir a las Partes Contratantes medidas
adecuadas para la mejor ejecución del presente Acuerdo, conforme al espíritu
que lo anima, procurar la  solución de cualquier duda que surja en su
aplicación, presentar toda iniciativa que consideren benéfica para fomentar las
relaciones de Cooperación Técnica y Científica entre los dos países.
ARTICULO
VIII
Toda controversia
que surgiera de la interpretación o aplicación del  presente Acuerdo, será
resuelto por los medios establecidos en el Derecho Internacional para el
arreglo pacífico de controversias.
ARTICULO
IX
1.- Las partes
Contratantes facilitarán la importación con franquicia de los derechos de
aduana de los objetos necesarios para el efectivo cumplimiento de la
Cooperación Técnica prevista en este Convenio Básico y los Acuerdos
Complementarios.
2.- Los objetos
importados con franquicia aduanera, de acuerdo con lo estipulado en el párrafo
anterior, no podrán ser enajenados en el territorio de la Otra Parte, salvo
cuando las autoridades competentes de dicho territorio lo permitan y previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico interno.
3.- Las partes
Contratantes concederán facilidades dentro de lo previsto en las normas
jurídicas internas, a los expertos investigadores, científicos y técnicos de la
Otra Parte que ejerzan actividades en cumplimiento del presente Acuerdo, para
la importación de sus efectos personales y su mobiliario y para la importación
de un vehículo para uso privado de conformidad con las disposiciones legales
vigentes de cada país. De la misma forma, al término de su misión, podrán
exportar los efectos personales y el menaje que hubieren importado.
Las partes
Contratantes podrán retirar cualquier experto siempre que lo notifiquen a la
Otra Parte, con sesenta (60) días de antelación y, si es el caso, deberá tomar
todas la medidas necesarias para que tal disposición no incida negativamente en
el proyecto o programa en ejecución.
ARTÍCULO
X
El presente Acuerdo
será sometido para su perfeccionamiento a los procedimientos constitucionales y
legales de cada país y entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha
de recibo, por la vía diplomática, de la segunda notificación del cumplimiento
de los requisitos internos. El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco 5
años prorrogables automáticamente por períodos iguales salvo que alguna de la
Partes Contratantes comunique por escrito a la Otra su intención de darlo por
terminado, con una antelación de tres (3) meses a la fecha de expiración del
término respectivo.
ARTICULO
XI
El presente Acuerdo
podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, mediante comunicación
escrita que surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de recibo de la
notificación correspondiente, salvo Acuerdo en contrario no afectará la
continuación de los programas que se encuentran en ejecución.
Hecho en Santa Fe de
Bogotá a los diez y nueve (19) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y dos (1992), en dos ejemplares en español y árabe, siendo los dos
textos igualmente auténticos.
(siguen firmas)
B.
Intervenciones.
Según informe
secretarial del quince (15) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996),
durante el término de fijación en lista no fue presentado escrito alguno.
El 16 de julio, la
ciudadana Blanca Lucía González Ríos, designada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, presentó escrito justificando la constitucionalidad de la ley y el
acuerdo en revisión, que,  por ser extemporáneo,  no será tenido en cuenta.
C. Concepto del
Procurador General de la Nación.
Por oficio No. 1058
de agosto 12 de 1996, el señor Procurador General de la Nación, doctor Orlando
Vásquez Velásquez, rindió el concepto de rigor, en el que solicita la
declaración de EXEQUIBILIDAD, del Acuerdo en revisión como de su ley
aprobatoria.
Para el Procurador,
el Convenio y la ley que lo aprueba, se ajustan a la  Constitución Política, en
su aspecto formal y material. En relación con los requisitos formales, afirma
que el Gobierno nacional participó en la negociación y suscripción del mismo,
por intermedio de la  Viceministra de Relaciones Exteriores,  encargada de las
funciones del despacho,  doctora Wilma Zafra Turbay. En relación con el trámite
dado a la ley aprobatoria por el Congreso de la República, dejó a consideración
de la Corte el estudio de los mismos, por no tener elementos de juicio
suficientes para realizar el análisis correspondiente.
Respecto al examen
material del Convenio y de la ley, señala que el Acuerdo se aviene a las
disposiciones de la Constitución, pues, además de no quebrantar sus preceptivas,
el instrumento público permite el fomento de la investigación científica y
tecnológica en nuestro país, así como el aprovechamiento del recurso humano.
Por otra parte, el
acuerdo desarrolla en gran parte los objetivos de la ley 129 de 1990, que trata
del fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.  Por
estas razones, el señor Procurador solicita la exequibilidad tanto del acuerdo
en revisión como de su ley aprobatoria.
II.      CONSIDERACIONES.
Primera.    Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para efectuar la revisión constitucional del
Tratado y de la ley que lo aprueba, de conformidad con el artículo 241, numeral
10 de la Constitución Política.
Segunda.
Revisión formal.
a) Aprobación
Presidencial.
El 23 de febrero de
1995, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del
Congreso, el Acuerdo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 189, numeral 2, de la Constitución.  Decreto éste suscrito también por
el Ministro de Relaciones Exteriores.
b) Trámite del
proyecto de ley número 197 de 1995, en el Senado de la República y su
conformidad con la Constitución Política.
El Ministro de
Relaciones Exteriores de ese entonces, doctor Rodrigo Pardo García-Peña, en nombre
del Gobierno nacional, presentó el proyecto de ley por medio del cual solicita
se apruebe el Acuerdo de Cooperación Técnica y  Científica entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Reino de Marruecos. Recibido en el Senado el día
18 de marzo de 1995, y radicado bajo  el número  197/95.
- La Presidencia del Senado, el 28 de marzo
de 1995,  repartió el proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente y dispuso la publicación, que se efectuó en la Gaceta del  Congreso
No. 40,  el  día  jueves  30  de  marzo de 1995, páginas 10 a 12.  Se observa
que se cumplió la exigencia de la publicación oficial del proyecto de ley por
el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva (artículo 157,
numeral 1o. de la Constitución).
- El Presidente de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, designó como ponentes a
los senadores Mario Said Lamk Valencia y Julio César Turbay Quintero, quienes
presentaron  ponencia para primer debate, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 149, del día martes 13 de junio de 1995, página 8. Proyecto que
fue aprobado, por unanimidad de los  presentes en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, el día 7 de junio de 1995,
según certificación suscrita por el Secretario de la Comisión, Francisco
Sánchez Reyes, y que reposa en los antecedentes legislativos de la ley.
Encuentra la Corte, que, de acuerdo con lo consignado en esa certificación, se
satisfacen los requerimientos para la  aprobación del proyecto en comisión
(artículos 145 y 157 numeral 2 de la Constitución).
- Presentada la ponencia para segundo
debate, que se publicó en la Gaceta del Congreso No. 164, del día viernes
16 de junio 1995, página 8, el proyecto fue aprobado por la plenaria del
Senado, el día 20 de junio de 1995, según acta 54 de la sesión
ordinaria del día 20 de junio de 1995, publicada en la Gaceta del Congreso, N°
187 de julio 4 de 1995, página 24.  Del texto de dicha Gaceta,  se concluye que
se reunieron en el recinto del Senado de la República, 92 Senadores, que
aprobaron por unanimidad, en segundo debate, el proyecto de ley. La Corte
considera que,  al estar compuesto el Senado por 102 miembros, se cumplen los
requisitos contemplados para el quórum deliberatorio y decisorio. Igualmente,
entre el primero y segundo debate (7 de junio de 1995 y 20  de junio de 1995),
medió un lapso superior a los ocho días, que señala el artículo 160 de la
Constitución.
c) Trámite del
proyecto de ley número  296 de 1995, en la Cámara de Representantes y su
conformidad con la Constitución Política.
- El 20 de junio de 1995, fue enviado el
proyecto de ley 197/95 Senado, a la Presidencia de la Cámara de Representantes
para su respectivo trámite. La Presidencia, una vez radicado el proyecto bajo
el número 296/95, dispuso su remisión a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente, donde se designó al Representante Tomás Caicedo Huerto como
ponente.
- La ponencia para primer debate, fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 307, del viernes 22 de septiembre de
1995, página 4, y el proyecto fue aprobado por unanimidad, por 10
Representantes, el día 10 de octubre de 1995, en votación ordinaria.
La Corte considera que se aprobó con el quórum deliberatorio y decisorio, pues
esta Comisión está compuesta por 19 Representantes. Además, reúne las
exigencias del artículo 160 de la Constitución, porque entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras (Plenaria del Senado, junio 20 de 1995, y Cámara
10 de octubre de 1995) y la iniciación del debate en la otra, transcurrieron
más de 15 días.
- La ponencia para segundo debate fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 99, del miércoles 27 de marzo de 1996,
páginas 15 y 16. La plenaria de la Cámara, por unanimidad, aprobó el
proyecto, con el voto de los 126 Representantes presentes, el día 14 de mayo de
1996, según consta en la Gaceta del Congreso No. 232, del viernes 14 de
junio de 1996, y la certificación suscrita por el Secretario de la Cámara de
Representantes. Encuentra esta Corporación que se cumple el quórum
deliberatorio y decisorio, porque son 163 los miembros de la Cámara de
Representantes. Así mismo, transcurrieron más de 8 días, entre el primero y
segundo debate.
d)      Sanción
Presidencial.
Enviado por la
Cámara de Representantes el proyecto de ley 197/95 Senado y  296/95 Cámara, al
Senado de la República, éste lo remitió al Presidente de la República, quien lo
sancionó el día 7 de junio  de 1996, como ley 283, tal como consta en la
Gaceta del Congreso No. 231, del viernes 14 de junio de 1996.
e)   Remisión a
la Corte Constitucional.
La Presidencia de
esta Corporación, recibió el texto de la ley 283 de 1996, junto con el Acuerdo
que ella aprueba, el  13 de junio de 1996, cumpliéndose así, el lapso de
los 6 días, que señala el artículo 241, numeral 10, de la Constitución.
g) Competencia
del funcionario que suscribió el Acuerdo.
El Acuerdo objeto de
revisión, fue suscrito en nombre de la República de Colombia por la
Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del despacho,
doctora Wilma Zafra Turbay, quien dada la naturaleza y competencias del cargo
que estaba ejerciendo, podía representar al Estado Colombiano, en desarrollo
del ius representationis. Así las cosas, la mencionada funcionaria no
requería  autorización expresa para representar al Estado colombiano,  en el
proceso de negociación y firma del acuerdo en revisión.
En conclusión, tanto
el acuerdo en revisión como la ley que lo aprueba, por  cumplir todos los
trámites de carácter formal, son constitucionales, razón por la que la Corte
entrará a estudiar el aspecto material del Convenio, confrontándolo con la
totalidad de los preceptos constitucionales.
Tercera. Revisión
material.
El Acuerdo en
revisión tiene por objeto, tal como lo establece su preámbulo, desarrollar las
relaciones  técnicas y científicas entre las dos naciones, con fundamento en
principios de igualdad y ventajas mutuas.
Este Acuerdo,  es
un convenio marco, pues todas las regulaciones requieren la adopción de
convenios posteriores. Así lo establece el artículo primero, razón por la
cual,  en nada contraria el texto constitucional.
Por su parte, el
artículo segundo se limita a fijar los aspectos que deben contener los acuerdos
complementarios que lleguen a suscribirse, en especial, el atinente a la
financiación. Asunto éste que se trata en el artículo quinto, pues se insta a
organismos de carácter internacional  o de otros países, a que colaboren con la
financiación de los programas que se lleguen a crear.
Así mismo, se prevé
la creación de una comisión de carácter mixto que tendrá como principal
función, la adopción de políticas que permitan el adecuado desarrollo de la
cooperación técnica y científica entre los dos Estados (artículo 7). Los
artículos décimo y decimoprimero, se limitan a establecer la fecha en  que
entrará en vigencia el acuerdo, una vez sometido al trámite interno de cada
Estado, así como la posibilidad de darlo por terminado  a través del mecanismo
de la denuncia. Ninguno de estos artículos desconoce norma alguna de la
Constitución.
Finalmente, el
artículo noveno prevé que los equipos, y todos los  objetos,  que se
introduzcan a uno de los países partes, y que tengan por fin el efectivo
cumplimiento del acuerdo, estarán amparados con franquicia aduanera. Dichos
equipos, para ser enajenados, requerirán de la aprobación de las autoridades
locales. Igualmente, establece que las partes concederán facilidades a los
sujetos que cumplan actividades relacionadas con este acuerdo, tales como
investigadores, científicos o técnicos, para importar sus efectos personales y
su mobiliario, así como un automóvil para su uso personal, de acuerdo con las
normas internas de cada país.
Este artículo en
nada vulnera la Constitución, pues el legislador determinará que  prerrogativas
establecerá, en materia aduanera, para su adecuado desarrollo. Esas leyes, si
alguien considera que desconocen norma  alguna de la Constitución, podrán ser
objeto de revisión en esta Corporación,  para determinar su exequibilidad.
Se repite, el
Acuerdo en revisión se limita a establecer unos parámetros que han de tenerse
en cuenta para la celebración de futuros convenios entre los dos Estados
partes,  en materia de cooperación técnica y científica. Este,  que es el
Acuerdo marco, en nada se opone a la Constitución. Por el contrario, su
ejecución permitirá al Estado colombiano cumplir con mandatos constitucionales
como los  contenidos  en los artículo 70 y 71, relacionados con la promoción y
fomento de la ciencia y tecnología.
En conclusión, se
observa que el Convenio de Cooperación Técnica y Científica, se ajusta en su
integridad a la Constitución Política, y que el mismo se celebró sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, como lo establece el artículo
150, numeral 16 de la Constitución.
Con base en las
consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar EXEQUIBLE
la ley 283 de junio 7 de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos", suscrito en Santafé de
Bogotá, el 19 de octubre de 1992, lo mismo que este Acuerdo.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Presidente
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General