T-078-01
Sentencia T-078/01
Sentencia
T-078/01
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
Referencia:
expediente T 353 917
Acción de tutela
instaurada por la Cooperativa SINALTRABAVARIA DE CALI LTDA, por intermedio del
Presidente del Consejo de Administración contra la Compañía Celular de Colombia
COCELCO S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Bogotá D.C., enero
veintinueve (29)  de dos mil uno  (2001).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1.991, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo de Tutela número T 353 917, proferido por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acción de Tutela
incoada por la Cooperativa SINALTRABAVARIA DE CALI LTDA, por intermedio del
Presidente del Consejo de Administración contra la Compañía Celular de Colombia
COCELCO S.A.
I. ANTECEDENTES.
Reinaldo Maradiago,
obrando por intermedio de apoderado judicial y en su condición de Presidente
del Consejo de Administración de la Cooperativa SINALTRABAVARIA DE CALI LTDA,
en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 86 de la Carta Magna, instauró
acción de tutela contra la Sociedad COCELCO S.A. Seccional Cali, con el fin de
obtener la exclusión del sistema de deudores morosos de Datacrédito.
Argumenta la
accionante que, en 1995, la accionada por conducto de uno de sus vendedores
realizó una venta individual de teléfonos a varios de los asociados de la
Cooperativa, pactando en el contrato inicial que la accionante pagaría 24
teléfonos celulares y la accionada efectuaría los traspasos a cada uno de los
asociados, quienes serían responsables por el uso del teléfono.  Que
Sinaltrabavaria Cali Ltda efectuó el pago respectivo, sin que hubiera obtenido
de Cocelco el traspaso respectivo a quienes adquirieron los celulares.  Indica
– el accionante – que fueron reportados a Datacrédito, por parte de Cocelco
S.A. a sabiendas de que no lo era.
II. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
Las Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cali, en primera instancia, CONCEDE la acción incoada, al
considerar que no es legítima la conducta de la accionada al reportar como
morosa a la accionante en el Banco de Datos de Datacrédito, sin que se haya
incoado un proceso para determinar si la actora es responsable de las omisiones
imputadas.
La Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, REVOCO la
decisión proferida y en su lugar NEGO lo pedido, por cuanto, según el criterio
de dicha Sala, las personas jurídicas no están legitimadas para ejercerla.
Con el ánimo de
obtener mejores elementos de juicio para la decisión a tomar, se ordenó oficiar
a Computec S.A. División Datacrédito, a fin de determinar si la accionante
figura reportada como deudora morosa, por informe de Cocelco S.A..  Se allegó
respuesta, informando que “Actualmente no aparece ninguna información reportada
en la base de datos de DATACREDITO por parte de COCELCO”  y que “Con
anterioridad aparecía (sic) 25 registro (sic) de COLCELCO (sic) que fueron
excluidos el 25 de Mayo de 2000, de la base de datos”
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA REVISION
1.  Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos  31 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es
competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Carencia
actual de objeto
La acción de tutela
tenía por objeto obtener orden para que la accionada mediante informe a
DATACREDITO solicitara la exclusión del sistema de deudores a la accionante.
Al examinar la
documentación obrante en el expediente, observa la Sala que tal pretensión se
ha cumplido, pues así se desprende de la comunicación enviada a ésta
Corporación y a la que se hizo alusión anteriormente.
Habiéndose logrado
entonces satisfacer la pretensión contenida en la demanda de tutela, la Sala
confirmará, pero sólo por tal razón, la providencia examinada.
En
tales circunstancias, esta Sala reitera su jurisprudencia[1] en
el sentido de negar la tutela de la referencia, por cuanto el hecho que originó
la supuesta vulneración de derechos fundamentales se encuentra superado. En
efecto, esta Corporación ha sostenido que en aquellos eventos en los cuales la
pretensión que se dirige a defender derechos fundamentales conculcados o
amenazados fue satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia, inmediatez y,
por ende su justificación constitucional, por lo que el amparo deberá negarse.
Lo anterior debido a que la
acción de tutela “tiene por objeto la protección cierta y efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados,
lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido favorable
o desfavorable, lo cual constituye la razón de ser de la solicitud que ante la
autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. De tal forma
que si la situación de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido
superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el
derecho alegado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, ha desaparecido
la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que llegase a
impartir el juez caería en el vacío. Esto implica la desaparición del supuesto
básico del cual parte el artículo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela.”[2]
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
CONFIRMAR, por carencia
actual de objeto, la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 29 de Junio de 2000, que negó la tutela
solicitada por Sinaltrabavaria Cali Ltda
Segundo.  Por Secretaría líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ.
Magistrado Ponente
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General
[1] Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras,
las sentencias T-535 de 1992,  T-338 de 1993, T-564 de 1993, T-235 de 1994,
T-100 de 1995, T-167 de 1997 y T-463 de 1997.
[2] Sentencia T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanin
Greiffenstein