SU016-20
Sentencia SU016/20
Referencia: Exp. T-6.480.577
Asunto: Acción
de tutela presentada por la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
(FUNDAZOO) contra la Corte Suprema de Justicia
Magistrado ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23)
de enero de dos mil veinte (2020)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortíz Delgado, quien la preside,
Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo
Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión
del fallo dictado el 10 de octubre de 2017, por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que confirmó el amparo al debido proceso de la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, concedido el 16 de agosto de
2017 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
I.    ANTECEDENTES[1]
1.  Recuento
fáctico
1.1.
Chucho
es un oso de anteojos que nació en la Reserva Natural La Planada en el
departamento de Nariño, y actualmente tiene entre 22 y 24 años de edad[2].
1.2.
El
oso Chucho ha permanecido en situación de cautiverio a lo largo de toda su
vida, aunque ha sido trasladado a diferentes lugares dentro del territorio
colombiano.
Luego de permanecer durante cuatro años
en la Reserva Natural La Planada, fue transferido a la Reserva Forestal
Protectora del Río Blanco en Manizales, quedando a cargo de Corpocaldas,
durante cerca de 18 años.
Sin embargo, en año 2016 se inició el
proceso para su traslado a la ciudad de Barranquilla, surtiéndose los
siguientes trámites: (i) en el mes de diciembre de 2016, Fundazoo envió
comunicación escrita a todas las autoridades ambientales, en la que informó sobre
su capacidad, disponibilidad e interés para recibir en las instalaciones del
Zoológico de Barranquilla un ejemplar de oso de anteojos que no fuese candidato
para ser liberado; (ii) en atención a dicha comunicación, el día 24 de febrero
de 2017 Corpocaldas informó a la entidad que podía concederle la tenencia del
oso Chucho, previo el envío de un plan de manejo; (iii) este plan de manejo fue
enviado el 8 de marzo de 2017; en este documento se indica que el Zoológico de
Barranquilla cuenta con la infraestructura y el personal capacitado, incluyendo
veterinarios, biólogos, zootecnistas y cuidadores, para garantizar la salud y
el bienestar de Chucho, y que, además, tenían una amplia experiencia en el
cuidado y tenencia de este tipo de animales, desde 1979; (iv) el 13 de junio de
2017 Corpocaldas expidió el denominado “Salvoconducto Único Nacional para la
Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica” No. 1411718,
mediante el cual se autorizó el traslado del oso Chucho desde la Reserva
Forestal Protectora del Río Blanco en Manizales, hasta el Zoológico de
Barranquilla; (v) el traslado se efectuó en el mes de junio de 2017, quedando
constancia de ello, en el Acta de Disposición No. 16062017, en la cual consta
la entrega formal de Chucho, y en la que se especifican las condiciones de su
tenencia; por su parte, el 28 de junio de 2017 Fundazoo envió a Corpocaldas un
informe sobre el procesos de traslado del oso.
1.3.
Una
vez ubicado el oso Chucho en el Zoológico de Barranquilla, el señor Luis
Domingo Maldonado presentó una acción de habeas corpus en favor del
Chucho, al considerar que su permanencia en dicha institución generaría su
cautiverio indefinido, permanente e irreversible, situación esta que resultaría
incompatible con el derecho del oso a vivir en su medio ambiente y en
condiciones propias de su especie. Como fundamento de su requerimiento invocó
el artículo 30 de la Constitución Política.
1.3.1.
El
17 de junio de 2017, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales declaró la improcedencia de la acción. Según el
tribunal, aunque el requerimiento del accionante es consecuente con el
reconocimiento constitucional del deber de protección de la vida animal, el
instrumento empleado por el actor para salvaguardar la defensa del oso Chucho
es inadecuado porque los animales no son titulares de derechos fundamentales,
y, en este orden de ideas, la vía procesal para garantizar el bienestar del oso
no es el habeas corpus sino la acción popular, en cuyo marco se puede no
sólo recabar el material probatorio para adoptar una decisión debidamente
fundada, sino también adoptar medidas cautelares mientras se resuelve
definitivamente la controversia jurídica. Adicionalmente, el tribunal argumentó
que no se encontraron evidencias del peligro alegado por el accionante que
obligaran a adoptar medidas inmediatas en el marco de dicho proceso, y que, por
el contrario, parece advertirse que por las condiciones actuales del oso
Chucho, este no podría ser llevado a un ambiente natural.
1.3.2.
Una
vez impugnado el fallo, el 26 de julio de 2017 la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia revocó el fallo anterior y concedió la acción,
ordenando a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, la Corporación
Autónoma Regional de Caldas, Aguas de Manizales S.A. ESP, la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, acordar y disponer en un
término no mayor a 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia,
el traslado de Chucho a una zona que garantice su bienestar, en condiciones de
semicautiverio, y prioritariamente en la Reserva Natural Río Blanco. La Corte
Suprema de Justicia sostuvo que, aunque en principio el hábeas corpus tienen
por objeto garantizar la libertad de circulación de las personas, eventualmente
podría ser utilizado para exigir la protección de animales que, en su condición
de seres sintientes y sujetos de derechos, pueden ver amenazada su integridad y
sus condiciones básicas de existencia.
2.   Solicitud de amparo constitucional
2.1.
En
el marco fáctico anterior, el apoderado de la Fundación Botánica y Zoológica de
Barranquilla interpuso acción de tutela contra la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, al considerar que la determinación judicial transgredió gravemente
el derecho al debido proceso, por cuanto ignoró por completo la naturaleza
jurídica del habeas corpus, desconoció el material probatorio que daba
cuenta de la verdadera situación de bienestar el Oso Chucho y del daño que se
le provocaría al ser trasladado a otro lugar en situación de semicautiverio, y por
cuanto obvió la motivación propia de toda decisión judicial, en los términos
del artículo 280 del Código General del Proceso. Todo lo anterior habría dado
lugar a la configuración de un defecto procedimental absoluto, fáctico y
sustantivo que ameritan la revocatoria de la decisión judicial.
2.2.
Con
respecto al defecto procedimental absoluto, el accionante adujo que las
autoridades jurisdiccionales se habían apartado íntegramente del procedimiento
propio del habeas corpus. Lo anterior, en la medida en que según el
artículo 1 de la Ley 1095 de 2006, el habeas corpus es un derecho
fundamental que apunta a garantizar la libertad personal de quienes han sido
privados de ella, mientras que, en este caso, se reclaman mejores condiciones
de vida para un oso que, al menos prima facie, no es titular de derechos
fundamentales, y que independientemente de este debate, no persigue la libertad
de circulación. En este orden de ideas, al margen de la controversia sobre el
status jurídico de los animales, el escenario para debatir sobre las
condiciones de vida del oso Chucho no era el habeas corpus, acción que,
por lo demás, no permitía abordar los muy complejos asuntos técnicos y
científicos que envuelve el caso.
2.3.
Por
su parte, con respecto al defecto fáctico, el actor argumentó que la
providencia había desconocido el material probatorio allegado durante el
proceso judicial, y que daba cuenta tanto de las buenas condiciones de vida de
Chucho en el Zoológico de Barranquilla, como de la imposibilidad de que fuese
liberado.
De particular relevancia resultaba el
pronunciamiento técnico de Corpocaldas, en el que se da cuenta de la manera en
que el Zoológico de Barranquilla garantiza al oso Chucho las condiciones de
bienestar animal: tiene un cuidado directo y permanente de cuatro veterinarios,
tres biólogos y un zootecnista especialista en fauna silvestre, tiene la
compañía de una hembra de su especie, su hábitat se encuentra equipado, y este
es renovado periódicamente, cuenta con una dieta balanceada teniendo en cuenta
sus requerimientos nutricionales, se encuentra monitoreado permanentemente, y
está insertado en un clima cálido con mayor disponibilidad de oxígeno, propio
para su avanzada edad.
2.4.
Finalmente,
con respecto al defecto sustantivo, el demandante argumenta que la
decisión judicial se apartó de los lineamientos establecidos en la Constitución
y en la legislación para resolver la presente controversia. A su juicio, la
decisión judicial asimila el status jurídico de los animales con el de los
seres humanos asumiendo que ambos son sujetos de derechos, y, de manera
artificiosa, extiende los instrumentos establecidos para la defensa y garantía
de los derechos de estos últimos, para promover el bienestar de los primeros.
Con ello, la providencia desconoce los lineamientos de la Ley 1774 de 2016 y
los de la sentencia C-467 de 2016, y tergiversa y desfigura las acciones
constitucionales de protección de derechos.
2.5.
Con
fundamento en estas consideraciones, el accionante solicita al juez de tutela dejar
sin efectos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo que
Chucho permanezca en el Zoológico de Barranquilla.
3.   Decisiones
de los jueces de instancia
3.1.
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia proferida
el 4 de agosto de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia concedió el amparo constitucional, dejando sin efectos las decisiones
adoptadas en el marco del habeas corpus.
A
juicio de la entidad, la providencia incurrió en un yerro sustantivo de la
mayor entidad, puesto que el juez asumió que el habeas corpus es
predicable de los animales, cuando en realidad este únicamente es atribuible a
los seres humanos. Todo ello “erosiona la real esencia de este tipo de
acciones legales”. Como consecuencia de este error de base, el instrumento
legal fue operado con normatividad que le es ajena, no relacionada con la
libertad de circulación, se apeló a un procedimiento extraño a su naturaleza, y
se otorgó la protección a un ser que carece de la capacidad de ser parte en el
procedimiento.
3.2.
Impugnación de la sentencia
El accionante reiteró los
argumentos esbozados inicialmente en la acción de tutela, señalando que los
estándares del bienestar animal tienen pleno reconocimiento internacional, y
que mediante el habeas corpus se pretendía únicamente que el oso Chucho
pudiese vivir sus últimos años de vida en semicautiverio, y en no un zoológico
que, como el Zoológico de Barranquilla, implica una situación de cautiverio que
resulta incompatible con los instintos naturales de los osos de anteojos, con
el pretexto de que en el lugar donde habitaba anteriormente, se habían presentado
mayores descuidos.
3.3.
Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia proferida
el 1 de septiembre de 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó el fallo impugnado, reiterando los argumentos allí esgrimidos
sobre la inviabilidad del habeas corpus para proteger los derechos de
los seres sintientes, pues “si bien la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha pregonado la existencia de un mandato superior de protección
del bienestar animal, ello no se traduce en la existencia de una garantía
fundamental en cabeza de estos, ni su exigibilidad por medio de este tipo de
mecanismos”.
4.       Actuaciones
en sede de revisión
En la fase d revisión, la Corte
Constitucional adelantó tres tipos de actuaciones: (i) por un lado, se
recibieron diferentes intervenciones ciudadanas que se pronunciaron sobre la procedencia
del amparo constitucional; (ii) segundo, se decretaron algunas pruebas con el
objeto de contar con los insumos conceptuales y técnicos necesarios para
resolver la acción de tutela, entre ellos, los relativos a la caracterización de
la especie, y a las condiciones de vida del oso Chucho; (iii) finalmente, se
ordenó la realización de una audiencia pública para obtener los elementos de
juicio, conceptuales, normativos y técnicos, para adoptar una decisión.
4.1.
Auto de pruebas
Mediante auto del 3 de
septiembre de 2018, se decretaron distintas pruebas encaminadas a ampliar la
información con la que se contaba. La respuesta obtenida será relacionada más
adelante.
El 12 de septiembre de 2018,
la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO-, solicitó la
vinculación del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt, con la finalidad de que se pronuncie desde una óptica científica
sobre el asunto objeto de estudio.
Por su parte, la
Procuraduría General de la Nación el 25 de septiembre de 2018, solicitó la
extensión del plazo otorgado para dar respuesta al Auto del 03 de septiembre de
2018.
En respuesta a las
solicitudes elevadas por la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
-FUNDAZOO- y la Procuraduría General de la Nación, mediante Auto del 04 de
octubre de 2018, se vinculó a la presente acción de tutela al Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y se le otorgó a la
Procuraduría General de la Nación un plazo de 10 días para dar cumplimiento a
los numerales octavo y noveno del Auto de 03 de septiembre de 2018.
4.2.
Contestaciones al auto de pruebas
4.2.1. Mediante oficio
N° 11798 del 7 de septiembre de 2018, la Sala Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales envió en calidad de préstamo el
expediente de Habeas Corpus solicitado[3].
4.2.2. A continuación
la Sala resumirá los puntos más relevantes de las respuestas obtenidas.
Contestaciones al auto de pruebas
Interviniente
Aspectos relevantes de la intervención
Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla- FUNDAZOO
-
El objeto de la acción de tutela es abrir el debate legal sobre los derechos
de los animales y la forma en que estos se ejercen.
-
Corpocaldas realizó cuatro visitas de monitoreo para verificar las
condiciones de Chucho en Fundazoo, encontrando siempre buenos resultados.
-
Previo al traslado del oso a Barranquilla, la autoridad ambiental
Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde otorgó aval para el efecto.
-
Presentó informe sobre las condiciones actuales del oso, concluyendo que en
general se encuentra en buen estado y ha mejorado notablemente su bienestar.
CORPOCALDAS
-
Chucho vivía en un encierro de malla de 2.20 m y no tenía historia clínica ni
plan alimenticio.
-
Reseñó las visitas hechas a FUNDAZOO tras la llegada del oso Chucho a sus
instalaciones. Concluyó que está en buenas condiciones de salud y presenta
una excelente adaptación al encierro, a la osa y a las condiciones
climáticas.
-FUNDAZOO
le ha enviado seis informes relacionados con los primeros meses de adaptación
del oso Chucho a sus nuevas condiciones.
Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
-Expuso
el Programa Nacional para la Conservación del Oso Andino.
-
Las principales amenazas para esta especie son el aumento de asentamientos
humanos y la ampliación de la frontera agrícola.
-
Entre los años 2016 y 2017 se ha dado muerte a cinco osos andinos en los
departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño, como retaliación por
el ataque a animales domésticos.
-
La liberación al medio natural de animales que han nacido en cautiverio o
semicautiverio no suele ser exitosa debido a errores en las primeras fases post
decomiso y rehabilitación.
-
Liberar a un animal que nació en cautiverio genera riesgos para el ecosistema
y para el individuo.
Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
-
Actualmente implementa la Estrategia para la conservación del Oso Andino en
los PNN de Colombia, para el periodo 2016-2031.
-
El oso andino es una especie vulnerable a la extinción. Estimó una densidad
poblacional de tres a seis mil individuos en el país.
World
Wildlife Fund-WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza)
-
El oso andino cumple un rol esencial para la vitalidad y el futuro de los
bosques andinos pues dispersa semillas sobre grandes superficies; dinamiza la
vida de los bosques cuando derriba ramas y arbustos para buscar alimentos y
beneficia la protección del páramo, de los bosques de niebla y de decenas de
especies que habitan estos ecosistemas.
- No es viable una liberación absoluta de Chucho sin
supervisión humana porque se trata de un animal que lleva más de veinte años
en cautiverio y no puede sobrevivir en la naturaleza por sus propios medios.
Federación de Entidades Defensoras de Animales y el Ambiente
en Colombia -FEDAMCO
- Solicitó la
revocatoria del fallo de tutela de segunda instancia del 10 de octubre de
2017.
- Consideró que
el traslado del oso Chucho al Zoológico constituye maltrato porque es un
animal de páramo andino y no de zonas cálidas como Barranquilla.
Programa
de Protección Jurídica a los Animales de la Universidad de Antioquia
-
El oso andino hace parte de la fauna silvestre colombiana, su propiedad está
en cabeza del Estado y, por lo tanto, le corresponde a éste brindar todas las
garantías para su protección y para que pueda vivir de acuerdo con sus
condiciones o necesidades específicas.
-
Al existir una omisión legislativa absoluta en relación con el mecanismo de
garantía para la protección animal, el habeas corpus es procedente
para aquellos individuos que estén privados de la libertad injustamente.
-Es
necesario diferenciar entre los sujetos accionantes y los beneficiarios de
las acciones y estudiar las instituciones jurídicas tradicionales de
representación en favor de otros.
Consultorio
Jurídico y Centro de Conciliación para la Protección de los Animales de la
Universidad Cooperativa de Colombia (sede Popayán)
-
El habeas corpus es procedente para proteger a los animales.
-
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha concedido derechos a la
naturaleza[4].
-Atendiendo
a la importancia que tiene la protección de la fauna para la existencia misma
de la humanidad, se debe conceder la protección del derecho a la libertad del
oso Chucho, que es un ser sintiente y de especial protección.
Observatorio
Animalista de la Pontificia Universidad Javeriana
-El
bienestar de Chucho no debe depender de si se le concede o no el habeas
corpus.
- La discusión
no debe limitarse a la posibilidad o no de conceder un derecho “humano” a un
ser que no lo es, sino “qué tipo de medida de protección se le debe
otorgar y cómo lograr que sea válida jurídicamente y opere de manera óptima
cuando se requiera. En este sentido, el caso de Chucho exige revisar las
acciones constitucionales que puedan servir para garantizar su protección.
Carlos
Andrés Contreras López[5]
-
No es posible interponer una acción de habeas corpus a favor de
un oso andino, pese a que se trata de una especie titular de una especial
protección estatal.
-
Eventualmente, los animales podrían llegar a tener la categoría jurídica de persona,
pero ello no significa que pasen a ser titulares del derecho al hábeas
corpus.
-
A través de una acción popular, invocando el derecho a la moralidad
administrativa se puede lograr la protección del oso andino.
-
Estimó necesario que se decida si el bienestar del oso y su preservación se
salvaguardan en FUNDAZOO o retornando a la Reserva Natural del Río Blanco,
medida que debe quedar condicionada a un efectivo plan de manejo y cuidados
del comportamiento del animal.
Carlos
Andrés Muñoz López[6]
-
Solicitó considerar constitucional invocar acciones como el habeas corpus
en pro de la libertad de animales en Colombia, y en el caso concreto, otorgar
dicha protección al oso Chucho.
-
Los animales están protegidos desde un rango constitucional y ello no depende
de la positivización de instrumentos, sino del buen uso de aquellos que
permitan alcanzar una efectiva materialización de la protección a los mismos.
Alejandro Gaviria Henao[7] y otros[8]
-
En el caso del oso Chucho el Estado ha violado los mandatos constitucionales
frente a su protección.
- Solo a partir
de 2016 se empezó a realizar un monitoreo y seguimiento constante del animal
y, posteriormente, permitieron el envío de Chucho a Barranquilla, una ciudad
ubicada a 18 metros sobre el nivel del mar, cuando la distribución natural de
la especie oscila entre los 250 y 4.500 metros a nivel del mar.
-
La existencia de acciones constitucionales que eventualmente puedan ser
usadas para la protección animal permite ampliar el derecho fundamental de
acceso a la justicia de las personas, como una acción de co-responsabilidad
con el medio ambiente.
Javier Alfredo Molina Roa[9]
-
El eje de la actual discusión se centra en lograr que las leyes reconozcan
ciertos derechos en cabeza de los animales.
-
Aunque
la Constitución de 1991 es conocida
como ecológica, tiene un enfoque netamente antropocéntrico. Esta situación,
en su opinión, hace más complejo el reconocimiento expreso de los animales
como sujetos de derechos, “pero no anula la consideración de que en
últimas los pregonados deberes de los humanos en relación con las especies
animales pueden ser considerados derechos en favor de estos últimos si se
aplica la misma ficción jurídica y la misma línea argumentativa que hace
posible otorgarle reconocimiento y un abanico de derechos a las personas
jurídicas, más cuando los animales ya son reconocidos como seres sintientes,
lo cuales les brinda una especie de estatuto moral y jerarquía dentro de la
comunidad política.”[10]
Víctor Manuel Vélez Bedoya[11]
-
Chucho debe permanecer en Barranquilla porque un nuevo traslado implicaría
someterlo a una situación de estrés, y no puede ser liberado en su ambiente
natural debido a los traumatismos psicológicos que han significado su proceso
de impronta y condicionamiento comportamental.
-
Sugirió ordenar a CORPOCALDAS, Aguas de Manizales y FUNDAZOO un compromiso
para unir esfuerzos y mejorar las condiciones locativas que permitan
ofrecerle unas condiciones dignas conforme las cinco libertades de los
animales[12]
y los principios de la bioética[13].
A pesar de que su distribución natural no sea a nivel del mar, ello puede
manejarse con ajustes de temperatura controlada que simule el clima alto
andino.
Eduardo Rincón Higuera[14]
- Es necesario cambiar el punto de vista
moral sobre las obligaciones con
los demás animales pues parte del error de muchas de las posiciones actuales
“radica en el hecho de considerar que su valor es meramente instrumental[15] y pasar por alto el valor intrínseco de los mismos,
es decir, la posibilidad de que sus propios intereses cuenten como bien
jurídico por encima del valor económico o de uso que les dispensemos[16]”.
- No existen obstáculos de técnica jurídica ni
morales para otorgar protección a la vida buena de los animales,
entendida como aquella en la que un animal disponga de sí mismo para sí
mismo, desarrollando sus capacidades e intereses propios en un entorno
adecuado, se trata de unos mínimos que se reconocen sin importar religión,
raza, género, capacidad cognitiva y especie.
-
La clave en este debate es la consideración moral de los intereses de los
seres sintientes con independencia de la especie a la que pertenezcan.
-Aunque
los mecanismos jurídicos y constitucionales están pensados para humanos, el
reconocimiento de la sintiencia y de los animales como sujetos de derecho
abre el camino hacia una necesaria extensión de dichas ficciones jurídicas para la protección de
sus intereses, sin que sea necesario que exista reciprocidad entre quienes
elaboran los principios de justicia y aquellos para quienes son elaborados.
Corporación
Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.
-
Realizó una visita técnica a FUNDAZOO en conjunto con la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales. Presentaron un informe en el que se indica
que el oso  “cuenta con un hábitat adecuado que garantiza el cuidado de
las características etiológicas”[17]
y se ha adaptado de manera beneficiosa, está en buenas condiciones de salud,
con dieta adecuada y un espacio apropiado para su rutina.
Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
Recomendaciones
para resolver el caso del oso Chucho:
-
Encaminar las propuestas de conservación al fortalecimiento del conocimiento
y manejo de las poblaciones en cautiverio para obtener ejemplares juveniles
para programas de repoblación.
-
Priorizar un programa de manejo y conservación ex situ de la especie.
-Revisar
las condiciones de ambos lugares -Reserva Río Blanco y FUNDAZOO- para
identificar el espacio y componentes que garanticen un mejor escenario.
-Evaluar
las condiciones físicas, fisiológicas y los niveles de cortisol fecal para
identificar los niveles de estrés del animal por las nuevas condiciones de
manejo.
-
Realizar un estudio etológico o comportamental del animal, evaluar la
respuesta del oso ante la compañía de otros individuos de su especie, identificar
la respuesta comportamental y fisiológica a la variación climática y
ambiental en épocas climáticas contrastantes del año; y evaluar la diferencia
en la respuesta ante condiciones de exhibición que podría potenciar patrones
de estrés.
European Association of Zoos and Aquaria -EAZA-
-Cualquier
potencial caso de reubicación de un animal debía estar soportado en lo
establecido por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN
por su sigla en inglés International Union for Conservation of Nature)
-Comisión de Supervivencia de Especies.
-
Apoyó la posición de FUNDAZOO y consideró inadecuado que el oso de anteojos
Chucho fuese llevado a un área de semicautiverio o libertad.
Asociación
Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios -ALPZA-
Reiteró
los aspectos generales de traslado del oso Chucho y expuso que formaría parte
de programas educativos tendientes a conectar a los visitantes con la
biodiversidad colombiana y concientizar sobre los desafíos para su
conservación.
4.3.
Audiencia pública
Mediante Auto 381 de 2019,
la Sala Plena de la Corte convocó a una audiencia pública el día 8 de agosto de
2019. La audiencia se dividió en tres partes que se encuentran ampliamente
reseñadas en el anexo II de esta Sentencia.
4.3.1. En la primera se
presentó el caso y se escuchó a las partes de la acción de tutela. El
accionante de habeas corpus, Luis Domingo Gómez Maldonado, reiteró que
las fallas en el cuidado del oso Chucho por parte de Corpocaldas no pueden
justificar su traslado a Barranquilla, pues se trata de un ser sintiente que
debe recibir protección. Consideró que Chucho debe permanecer en un lugar
similar a su entorno natural, en el cual pueda hacerse cargo de su libertad,
acompañado de los cuidados veterinarios pertinentes. A su turno, Carlos Andrés
Mendoza Puccini, representante de FUNDAZOO, aseguró que el
Zoológico cuenta
con todos los beneficios que se pueden otorgar a Chucho, que la pretensión del
accionante de habeas corpus carece de sustento legal y constitucional y,
que liberar al oso lo pondría en peligro de muerte.
Para terminar la presentación del caso, Adriana
Reyes, miembro de la Fundación para la Investigación, Conservación y Protección
del oso andino – Wii- hizo una descripción de la especie y sus principales
amenazas. Explicó que el oso andino es la única especie de osos en
América del Sur, y es conocido como el jardinero del bosque y protector de
fuentes hídricas porque “al desgajar las ramas con frutos en lo alto de los
árboles, permite la renovación del bosque al variar las condiciones
microclimáticas de los estratos inferiores, estimulando el crecimiento de las
plántulas presentes (…)”[18]
Sostuvo que las principales amenazas para el oso son la pérdida de su hábitat y
la muerte por retaliación.
4.3.2.
La
segunda parte de la audiencia se dedicó al eje temático denominado “Política
Pública de protección y conservación del Oso Andino”,
en el que se buscó un diagnóstico sobre la implementación del “Programa
Nacional para la Conservación del Oso Andino”, elaborado en el año 2001 por
el ministerio de Medio Ambiente, sus avances y la necesidad o no de reformular
la política pública de acuerdo con las demandas actuales de conservación de la
especie. Las intervenciones se sintetizan en el cuadro a continuación.[19]
Primer eje “Política Pública de protección
y conservación del Oso Andino”
Participante
Implementación de la política
Apreciaciones sobre el caso concreto
Minambiente
-
El programa para la Conservación del oso Andino, formulado en 2001 fue
adoptado con poca información sobre la especie.
-
Las autoridades ambientales regionales y organizaciones como Wildlife Conservation Society Colombia
y World Animal Protection son claves en la implementación de las estrategias
del plan.
-Las
estrategias de monitoreo a nivel nacional generan información útil, pero
tienen bajo impacto en las decisiones de política pública.
-
La permanencia de Chucho en la Reserva Río Blanco no cumplió con ninguno de
los objetivos planteados en el Programa Nacional de Conservación del oso
andino.
-En
la mesa de trabajo creada en cumplimiento del fallo de segunda instancia que
concedió el habeas corpus se concluyó que actualmente Chucho está en
aparente buena condición de salud.
Parques Nacionales
Naturales
- Destacó la labor de Wildlife Conservation Society
como uno de los principales aliados para el logro de avances en la política
de protección del Oso Andino.
- Advirtió que es necesario una actualización del
Programa Nacional de Conservación, tras 18 años de haber sido publicado.
- Expuso los principales ejes que contempla la
Estrategia de Conservación de Oso Andino en Parques Nacionales Naturales
2016-2031.
- El oso Chucho no es apto para liberación en
su hábitat natural.
-Debería ser alojado en un lugar que cuente con
todas las condiciones de bienestar, garantizando el suministro de una dieta
de acuerdo con sus requerimientos nutricionales, cuidados veterinarios, y
encierro adecuado que cuente con todas las garantías de seguridad, además de
enriquecimiento ambiental.
Corpoguavio
-
Explicó los principales problemas para la conservación del oso andino[20].
-
Reseñó el Plan de Acción para la Conservación del oso andino en la Región del
Guavio.
-
Señaló que el empoderamiento de la comunidad como promotores ambientales
rurales ha sido de gran apoyo para estudiar la especie.
-
Desaprobó el manejo que se le ha dado a Chucho durante su vida.
-
Indicó que para trasladar o reubicar al espécimen es necesario realizar
estudios técnicos y científicos para establecer las condiciones ecológicas
del nuevo lugar.
-
Considera inadecuada la permanencia de Chucho en Barranquilla. El recinto no
le ofrece comodidad, seguridad, bienestar ni salud.
Corpocaldas
-
Reiteró el contenido de las estrategias incluidas en el Programa Nacional
para la Conservación del Oso Andino.
-
El oso Chucho contaba con un veterinario.
-
Su alimentación consistía en 2 kilos de concentrado para perro, complementado
ocasionalmente con verduras.
-
El traslado del espécimen a Barranquilla buscó mejorar su bienestar animal.
-
El mejor sitio para Chucho es FUNDAZOO.
-
En Barranquilla se debe ampliar su encierro en 94,5 m.
Santuario del Oso de
Anteojos
-
La sociedad civil ha dado respuesta a la línea de acción ex situ para
la conservación de la especie con la creación del Santuario.
-
Es necesario incorporar un componente transversal de educación ambiental en
la formulación de la política pública.
-
Se debe establecer un compromiso real de las CAR para asumir el cuidado de la
especie dentro de cada jurisdicción.
-
No se pronunció sobre el caso concreto.
Daniel
Rodríguez, experto en la conservación del oso andino
- El PNOA presenta una ejecución mayoritariamente
indirecta, asociada a la ejecución de otros programas nacionales de
conservación, el programa aún no ha sido asimilado de forma estructural
- La liberación del oso Chucho a vida silvestre, es
inviable.
-Debe permanecer en el zoológico en el que
actualmente se encuentra.
-La edad del individuo, y sus condiciones de
alimentación anterior pueden resultar en complicaciones para su salud renal y
hepática y traer consecuencias para su vida, en caso de someterlo nuevamente
a un proceso de anestesia para un eventual traslado a otro sitio.
Juan Carlos Losada Vargas, Representante a la Cámara
- Al margen de las instituciones jurídicas
existentes, la protección de los animales es un asunto de voluntad política.
- El debate trasciende lo meramente jurídico. Más
allá del medio usado para la protección de Chucho, se trata de un sujeto que
debe ser protegido.
- Es necesario evaluar cuál es el lugar más
apropiado para Chucho, que garantice su rehabilitación.
4.3.3.
La
tercera parte de la audiencia se ocupó de establecer la protección de los
animales en el derecho comparado e interno. A los expositores se les preguntó
sobre los mecanismos legales propuestos en el marco de otros sistemas jurídicos
para garantizar la protección de los animales y las condiciones que debieron
satisfacerse a nivel jurídico-normativo para alcanzar tal protección. También
se les indagó sobre los atributos determinantes para definir a un individuo o
entidad como titular de derechos y la relevancia que cumple el concepto de
seres sintientes en ese análisis. Se les pidió, adicionalmente, hacer énfasis
en las ventajas y desafíos que supone encausar la protección animal -en
particular de especies vulnerables como el oso andino- a través de acciones
soportadas en la titularidad de derechos (acción de tutela, habeas corpus), en
lugar de mecanismos de defensa de intereses colectivos (acción popular) o de
instrumentos generales de política pública (planes de conservación).
Para
introducir a este tema, se escuchó la intervención de Steven M. Wise, director
de The Non-human Rights Project, el cual inició señalando que persona no
es sinónimo de ser humano y la personalidad no es un concepto biológico. La
personalidad jurídica es la base para cualquier derecho legal que en otras
épocas le fue negada, por ejemplo, a esclavos, pueblos indígenas, mujeres y
niños. La decisión de si una entidad debería ser una persona,
entonces, es una decisión en cuanto a si esa entidad debe contar de alguna
manera fundamental.” Recordó que este
tipo de análisis ha permitido el reconocimiento como persona a entidades como
corporaciones y bancos, pero también a animales[21], ríos[22] y a parques nacionales. En su opinión, no todas las
especies animales deberían ser personas jurídicas; y aquellas que lo sean no
necesariamente deben ser titulares de los mismos derechos. Por ello, no es
necesario crear un nuevo concepto legal para proteger los intereses de los
animales. Se les puede reconocer personalidad jurídica, como a los ríos y
parques nacionales, y con ello un solo derecho que dependerá de las
circunstancias de cada caso.
En el siguiente cuadro se
presentan las posturas de cada uno de los intervinientes frente a los
principales debates que fueron planteados.
Segundo eje: “La protección de los animales en
el derecho comparado e interno”
Participante
Pueden ser los animales
sujetos del derecho
Procede el habeas
corpus para la protección de los derechos de animales
Deben crearse nuevos
mecanismos para la protección animal
Es la sintiencia un
aspecto relevante para la protección animal
Iván Garzón[23]
No
No
Sí
Sí
Anne Peters[24]
Sí
Sí
No
Sí
Paula Casal[25]
Sí
Sí
No
Sí
Nadia Espina[26]
Sí
Sí
-
Sí
Jessica Eisen[27]
Sí
Sí
No
Sí
Javie Alfredo Molina Roa[28]
Sí
-
Sí
Sí
Carlos Andrés Contreras[29]
Sí
No
Sí
Sí
Macarena Montes[30]
Sí
-
-
Sí
Natalia Rodríguez Uribe[31]
Sí
No
Sí
Sí
Andrea Padilla Villaraga[32]
Sí
Sí
No
Sí
4.3.4.
Por
último, al proceso fueron aportados varios escritos a título de coadyuvancia o
intervención, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Coadyuvancias y otras intervenciones
Participante
Aspectos relevantes
Ligia Galvis[33]
Es
necesario tener en cuenta la reciente preocupación de los jueces por la
protección de los recursos naturales, y la implementación de un pacto
intergeneracional que permita asegurar el bienestar de las generaciones
futuras.
Grupo de especialistas
en oso andino
- Chucho es un oso nacido en cautiverio y no cuenta
con las habilidades ni el sistema inmunológico necesario para sobrevivir en
el entorno silvestre.
- Su liberación no resultaría conveniente ni
mejoraría su calidad de vida, y tampoco contribuiría a la conservación de los
osos en Colombia. Los recursos que se utilizarían para su posible liberación
deberían ser invertidos en adecuar o expandir su recinto.
Carlos Alberto
Chinchilla[34]
- El uso de la categoría “sujeto de derechos”, en
relación con los animales, es desacertado y genera inconveniencias dentro del
sistema del derecho civil.
- Solicitó a la Corte (i) mantener la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia proferida el 16 de agosto de 2017, (ii) no
reconocer al oso Chucho como sujeto de derechos, y (iii) ordenar al Estado
implementar los mecanismos de tutela necesarios para la protección de los
animales como objetos de especial protección constitucional y no como sujetos
de derechos.
Laura Santacoloma
Los animales son sujetos de derecho, aunque falte la
positivización de esa expresión. Pero el habeas corpus no es una
acción procedente porque el oso se encontraba en situación de semicautiverio
y, pese a existir falencias en el procedimiento de traslado, no es claro en
qué sentido se viola el derecho a la libertad del animal, o tan siquiera si
lo tiene.
Instituto Distrital de
Protección Animal
Acudir
al habeas corpus no resulta contrario a la Constitución cuando se hace
para tutelar la libertad de un animal que cuenta con características que les
permiten padecer el sufrimiento que produce la privación de la libertad, y la
afectación en su salud física y mental. Al ser el oso Chucho un animal
silvestre que se encuentra fuera de su ambiente natural, que permanece
recluido en el zoológico de Barranquilla con capacidad de sintiencia, es
posible reconocerle el estatus de sujeto de derecho y, por ende, tutelar su
derecho a la libertad mediante el mencionado mecanismo.
II.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.       Competencia
Esta Sala es competente para revisar la
decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.
2.       Planteamiento
del problema jurídico y metodología de resolución
Teniendo en cuenta los antecedentes
expuestos, la Corte debe establecer si la decisión de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia del 26 de julio de 2017 de conceder el habeas
corpus interpuesto en favor del oso Chucho, y de ordenar a la Fundación
Botánica y Zoológica de Barranquilla, la Corporación Autónoma regional de
Caldas, Aguas de Manizales S.A. E.S.P., la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible su traslado a una zona que mejor se adecúe a su hábitat,
configura un defecto procedimental absoluto, un defecto fáctico o un defecto
sustantivo, por canalizar la petición de traslado a través de un dispositivo
procesal manifiestamente inadecuado, y, por esa vía, desnaturalizar el habeas
corpus como instrumento de primer orden para la garantía de la libertad
personal; por adoptar medidas que desconocen el material probatorio que da
cuenta de la situación actual de Chucho y de las consecuencias de su ubicación
en otro lugar, y por asignarle el status de persona, titular de derechos
fundamentales.
Con este propósito, a continuación se
establecerá el status jurídico de los animales silvestres en el ordenamiento
constitucional, para luego hacer una breve caracterización de la acción de habeas
corpus, para finalmente evaluar las acusaciones formuladas en contra de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
3.
Status
jurídico de los animales silvestres y, en particular, de los osos de anteojos
El estatus de los animales en el
ordenamiento jurídico colombiano es variado y multiforme.
La legislación civil, en primer lugar, establece
que los animales son una especie particular de bienes (arts. 655, 658 y 659
C.C.), y, en este entendido, permite constituir sobre ellos los derechos reales
regulados en el estatuto civil, y en particular la propiedad privada, y
realizar las transacciones propias del tráfico jurídico ordinario sobre las
mercancías.
Al mismo tiempo, las leyes 84 de 1989 y
1776 de 2016 reconocen su condición de seres sintientes (art. 2 de la Ley 1776
de 2016), y, en razón de esta calificación, se introdujo la prohibición general
de maltrato y el imperativo del bienestar animal, aunque con amplias salvedades
cuyo alcance hoy en día es objeto de profundos debates, como los relacionados
con los límites al uso y explotación de los animales para la producción de
pieles, la experimentación con fines médicos, industriales o científicos, la
industria cosmética, las prácticas deportivas o de entretenimiento, o los
espectáculos circenses y taurinos. Esta directriz general, por su parte, ha
tenido otros desarrollos en la propia legislación, como, por ejemplo, en la Ley
1638 de 2013, que prohíbe el uso de animales silvestres, tanto nativos como
exóticos, en circos fijos e itinerantes.
La legislación ambiental y sanitaria,
por su parte, contiene profusas regulaciones que atienden a los objetivos de
proteger el medio ambiente y la salud pública: instrumentos para regularizar el
comercio internacional de especies amenazadas según la Convención CITES, instrumentos
internacionales como la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano
o la Carta Mundial de la Naturaleza, el régimen de zoocriaderos establecido en
la Ley 611 de 2000, herramientas para el manejo y aprovechamiento de la fauna
silvestre, o la normatividad sobre el funcionamiento de los mataderos de los
municipios y distritos o sobre el control de plagas, son tan sólo algunos de
los instrumentos legales referidos a los animales.
De este entramado tan profuso y
disperso, sin embargo, es posible extraer dos categorías relevantes que sirven
para establecer el estatus jurídico de los animales silvestres. En la medida en
que en principio y como regla general “la fauna silvestre que se encuentra
en el territorio nacional pertenece a la Nación” [35], y
que por ende su consideración como mercancía se encuentra excluida, los
animales silvestres son relevantes desde el punto de vista constitucional desde
dos perspectivas: primero, como elementos integrantes de la naturaleza, y segundo,
como individuos sintientes que tienen un valor propio independientemente de su
aporte ecosistémico. En el primer caso, los animales silvestres no son
reconocidos en tanto individuos sino como ejemplares de una especie silvestre
que cumple distintas funciones ecosistémicas que son tuteladas en atención al deber
constitucional de protección al medio ambiente, y en el segundo, en cambio, los
animales son reconocidos como seres que tienen un valor propio.
De esta suerte, estas dos perspectivas de
análisis permiten la definición del estatus jurídico de los animales
silvestres.
Se trata de dos aproximaciones complementarias,
pero no necesariamente pacíficas, puesto que parten de supuestos conceptuales y
teóricos y de sensibilidades distintas que, en determinados eventos, pueden
conducir a soluciones y respuestas diferentes frente a las problemáticas que
plantea la protección de los animales. Así, por ejemplo, el ambientalismo reclama
la consideración del ecosistema como un todo, desde una perspectiva sistémica y
global, mientras que el animalismo parte del reconocimiento del valor
intrínseco de los animales, al margen de su relevancia y de sus funciones
ecosistémicas.
A continuación se desarrollan esas dos
perspectivas, haciendo especial referencia a los osos andinos.
3.1.
Protección de los animales silvestres y
de los osos andinos en tanto parte integral del medio ambiente
3.1.1.  Según se
explicó anteriormente, el deber general de proteger el medio ambiente estatuido
en la Constitución Política y en la legislación que la desarrolla, conlleva el
deber de proteger la fauna silvestre. Los individuos de cada una de las
especies son protegidos en tanto hacen parte de integral del medio ambiente, y
en tanto contribuyen al funcionamiento del sistema en el que se encuentran
insertados.
Por ello, los contornos y el nivel de
este deber de protección frente a las distintas especies es muy variado, y está
en función de al menos dos variables: de su importancia y de sus funciones
ecosistémicas, y de su tipo y nivel de vulnerabilidad. En principio, la
protección jurídica de las especies es más robusta en tanto mayor sea su aporte
ecosistémico, y en tanto presente un mayor nivel de vulnerabilidad frente a su
extinción.
3.1.2. Con respecto a
las funciones ecosistémicas, el oso andino cumple importantes servicios
ecosistémicos.
Se trata de la única especie de oso en
América del Sur, que habita en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, y
es considerado como “jardinero del bosque” y protector de las fuentes hídricas:
es dispersor de semillas, ya que en su dieta hay un alto nivel de consumo de
frutos, y como su tracto digestivo no destruye ni daña las semillas que
contienen tales frutos, las larguísimas trayectorias que emprende diariamente
sirven para diseminar semillas de múltiples especies de flora propias del
bosque andino; al defecar las semillas que caen al piso pueden germinar, e
incluso en ocasiones la germinación se produce en el proceso digestivo, todo lo
cual promueve la regeneración de la vegetación. Asimismo, al subir a los
árboles suele romper ramas que, al caer, crean espacios que permiten la entrada
de luz solar al suelo, activando el desarrollo de plántulas y árboles jóvenes,
y renovando la vegetación. Su copioso pelaje y su movilidad permanente le
permite cumplir una importante función de polinización, al recolectar polen en
su pelo y dispersarlo en las plantas en sus largas caminatas[36].
De igual modo, el cuidado y la
preservación del oso andino constituye un elemento estratégico dentro del
objetivo general de promover otras poblaciones, y los ecosistemas en general.
Por tal motivo, para distintas organizaciones se ha convertido en una especie
focal, puesto que para sobrevivir requiere de una combinación de hábitats,
normalmente de paisajes muy extensos, de suerte que “si se garantiza su
supervivencia se estaría asegurando también la de muchas otras especies nativas
de una región al protegerse áreas grandes y bien conectadas entre sí”. Al
requerir de un mosaico de hábitats y ecosistemas en distintas elevaciones para
obtener su alimentación, y al estar constituida su dieta por individuos de
distintas especies animales y vegetales, su protección asegura también la de las
otras especies nativas, y de la de los distintos ecosistemas.[37]
De este modo, el importante rol que
cumplen los osos de anteojos en los bosques andinos conlleva necesariamente un
mayor nivel de protección frente a los individuos que integran esta especie.
3.1.3. Asimismo, el
nivel de protección a las especies silvestres está en función de su
vulnerabilidad.
La Convención CITES, por ejemplo,
clasifica las especies animales y vegetales en función del nivel de peligro de
extinción debida al comercio internacional, y establece un régimen de
protección para cada una de las categorías. El Apéndice I de la Convención
incluye las especies que presentan el mayor peligro de extinción, prohibiéndose
el comercio internacional de los individuos de tales especies, salvo cuando la
importación se realice con fines no comerciales, caso en el cual se debe
tramitar un permiso de importancia y de exportación. En el Apéndice II figuran
especies que no necesariamente se encuentran amenazadas, pero que podrían
estarlo de no adoptarse medidas de control comercial, así como las denominadas
“especies semejantes”, es decir, aquellas cuyos individuos son semejantes a
aquellas sobre las cuales existe un interés especial de conservación; en estos
eventos la Convención no exige un permiso de exportación o importación, aunque
los países pueden adoptar medidas restrictivas. Finalmente, en el Apéndice III
se encuentran las especies incluidas a solicitud de un Estado que requiere de
la cooperación de los demás países para evitar su explotación insostenible o
ilegal.
La Lista Roja de la IUCN clasifica las
especies animales y vegetales en siete categorías: Extinta (EX), Extinta en
Estado Silvestre (EW), en Peligro Crítico (CR), Vulnerable (VU), Casi Amenazada
(NT), Preocupación Menor (LC), datos insuficientes (DD), y No Evaluada (NE).
Siguiendo esta clasificación, para la
IUCN el oso andino es una especie vulnerable, de suerte que, aunque actualmente
no está en peligro inminente de extinción, presenta condiciones adversas para
su desarrollo y conservación, por lo que requiere de la implementación de
medidas orientadas a preservar su hábitat y a eliminar los mayores peligros que
los rodean[38].
Según esta organización, actualmente se encuentran entre 2.500 y 10.000
individuos.
Esta problemática se evidencia
claramente con las poblaciones de oso andino en el Macizo de Chingaza, que es
uno de los sitios con mayor diversidad biológica del mundo en el que habitan
especies endémicas, y un espacio estratégico para la regulación y el aprovisionamiento
de servicios ambientales como el agua potable, la generación de energía
eléctrica, la captación de CO2, y la prevención y de deslizamiento al albergar
vegetación capaz de disminuir los procesos de degradación y erosión del suelo.
3.1.4. En función de la
importancia ambiental del oso de anteojos y de su relativo nivel de vulnerabilidad,
se han estructurado las políticas de protección del oso andino, plasmadas en el
“Programa Nacional para la conservación del Oso Andino (Tremarctos ornatus)”,
en el documento “Avances en el Programa Nacional para la Conservación en
Colombia del Oso Andino” y en la “Estrategia para la Conservación del
Oso Andino en los Parques Nacionales Naturales de Colombia (2016-2031)”.
“El Programa Nacional para la
conservación del Oso Andino (Tremarctos ornatus)” fue elaborado
por el Ministerio de Ambiente en el año 2001, teniendo en cuenta, por un lado, los
importantes roles ambientales del oso andino como dispersor de semillas y promotor
de los procesos de renovación de los bosques, como especie sombrilla, y como
protector de los recursos hídricos, y por otro, las amenazas que enfrenta por
fenómenos como la expansión de la frontera agrícola y la consecuente
degradación del hábitat, las manifestaciones de violencia, las actividades
mineras y la cacería.
A partir de este diagnóstico se
propusieron una serie de estrategias para la protección de la especie, mediante
conservación in situ y ex situ, la acción institucional y la
educación ambiental: protección de las áreas naturales ocupadas por poblaciones
de osos, investigación de sus características medioambientales, identificación
de las condiciones favorables para el asentamiento de la especie, cuidado de
los osos en cautiverio, programas de repoblación, implementación de esquemas de
inclusión de la comunidad en la protección de la especie, entre otros,
constituyen algunos de los componentes de la estrategia.
Por su parte, en el documento “Avances
en el Programa Nacional para la Conservación en Colombia del Oso Andino” se
formularon cinco líneas de acción dirigidas a las autoridades ambientales
regionales que recogen las estrategias esbozadas previamente en el Programa
Nacional, y que incorpora una adicional relacionada con el denominado “manejo
sostenible”, que incluye la gestión eficiente de las poblaciones naturales y la
implementación de esquemas de compensación de daños al entorno de los osos de
anteojos.
Ya en el año 2016, la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la
organización “Wildlife Conservation Society” elaboraron la “Estrategia para
la Conservación del Oso Andino en los Parques Nacionales Naturales de Colombia
2016-2031”, orientado a la conformación de paisajes integrados por una red
de áreas protegidas que permitan la coexistencia de osos y personas,
enfrentando las amenazas a la conectividad y tamaño de las áreas silvestres, a
la calidad de las mismas, y las producidas por las muertes de osos inducidas
por la actividad humana.
3.2.   La
protección de los animales silvestres en tanto seres sintientes con valor
propio
3.2.1. Al mismo tiempo, los animales
silvestres son objeto de protección jurídica en tanto individuos a los que el
ordenamiento constitucional les reconoce un valor intrínseco, y en razón del
cual existe una prohibición de maltrato y un imperativo de bienestar animal. De
esta suerte, dentro del ordenamiento jurídico los animales son protegidos no
sólo en función de su aporte ecosistémico, sino en tanto seres sintientes,
individualmente considerados.
3.2.2. Aunque normativamente esta
segunda dimensión de la protección jurídica a los animales es de vieja data,
pues ya en la Ley 84 de 1989 se reconoció a los animales como individuos
sintientes respecto de los cuales existe un deber general de respeto, una
prohibición de maltrato, y un deber del Estado y de los cuidadores de
garantizar su bienestar, a nivel jurisprudencial la recepción de esta
aproximación ha ocurrido posteriormente, y de manera gradual y progresiva.
La
evolución jurisprudencial ha estado en consonancia con los hallazgos de la
comunidad científica sobre las características de los animales  en ámbitos como
el nivel de inteligencia, la autoconciencia, el autocontrol, el sentido del
tiempo, la capacidad de relacionamiento y la preocupación por otros individuos,
los esquemas de comunicación, el control de la existencia, la curiosidad, la
capacidad de cambio, la racionalidad, las emociones y la idiosincrasia, la
intencionalidad de la conducta, la búsqueda de recompensas y la vida en
comunidad.
Los
cambios normativos y jurisprudenciales también se han insertado en un ambiente político, cultural e intelectual en el
que las problemáticas asociadas al reconocimiento de los animales como fines en
sí mismos, cobran mayor importancia, tanto a nivel legal, como a nivel
doctrinal y jurisprudencial. En ese contexto, por ejemplo ya desde 1975 autores
como Peter Singer planteaban un debate sobre la necesidad de revaluar las
prácticas que prescinden de la capacidad de los animales para sentir placer y
dolor, y, desde otras vertientes conceptuales, autores como Tom Regan, Steven
Wise, Martha Nussbaum,Will Kimlicka y Sue Donaldson postulan el valor
intrínseco de los animales ya partir de consideraciones sobre la sintiencia
abogan por posturas que más allá del bienestar animal se desenvuelvan en el
ámbito de los derechos de los animales.
3.2.3. Todo lo anterior ha tenido eco en los sistemas legales, que han
buscado incorporar las nuevas categorías, bien sea, por ejemplo, mediante la
alusión a la “dignidad de los seres vivos”, como en la Constitución de
Suiza, o mediante la conceptualización amplia de los denominados “derechos
de la naturaleza” en las constituciones de Bolivia o Ecuador. Del mismo
modo se han presentado expresiones puntuales de los denominados derechos de los
animales, como aquellas a las que se hizo alusión en las intervenciones en este
proceso.
3.2.4. En la jurisprudencia
constitucional, este tribunal ha diferenciado el valor ecosistémico de los
animales de su valor como individuos sintientes.
En la sentencia T-760 de 2007, por
ejemplo, se debatió sobre la validez del decomiso de una lora que se encontraba
en manos de una mujer para quien el animal representaba un acompañamiento
emocional muy importante en su vida cotidiana. El examen de la Corte se centró en
la consideración de la lora en tanto parte integral del ecosistema, y,
precisamente, en función del deber del Estado de proteger la flora y la fauna
silvestre, se concluyó que el decomiso era constitucionalmente admisible pese a
la utilidad que reportaba a la accionante. Empero, de manera marginal, y a modo
de argumento complementario, este tribunal sostuvo que el sufrimiento de los
animales que se encuentran en cautiverio debía ser considerado como una
variable relevante de análisis, y que, con frecuencia, el comercio ilegal de especies
silvestres implica camuflarlos, drogarlos para transportarlos desde su origen
hasta su destino de venta, teñirles las plumas, apiñarlos en empaques
inapropiados como costales, cajas de cartón o bolsas plásticas, cortar o
lesionar sus alas y picos, y ante todo, privados de su estado y de su entorno
natural. Todo este sufrimiento provocado a los animales silvestres con su
cautiverio constituye, a juicio de la Corte, una razón adicional para validar
el decomiso efectuado por las autoridades ambientales. En estos términos, la
Corte comenzó a incluir en su análisis algunos argumentos vinculados al
bienestar animal, y a la consideración de los animales como seres sintientes con
valor propio, independientemente de su aporte ecosistémico.
Progresivamente esta aproximación
comenzó a tomar fuerza cuando se plantearon nuevas problemáticas que desbordan
la consideración de los animales como elementos funcionales a los ecosistemas,
y que se centran, en cambio, en su condición de individuos y de seres
sintientes. Es así como en las sentencias C-666 de 2010[39] y C-283 de
2014[40]
la Corte se vio avocada a abordar expresamente el interrogante sobre la
relevancia constitucional del sufrimiento animal y sobre el status de los
animales en tanto individuos, como una pregunta analíticamente distinta de la
pregunta por el deber general de cuidado sobre las especies animales.
En el primer caso, la Corte evaluó la
constitucionalidad de las normas de la Ley 84 de 1989 que establecen una
excepción a la prohibición general de maltrato animal para el rejoneo, el
coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y
las riñas de gallos. Dado que las acusaciones en contra de esta normatividad se
estructuraron en función del sufrimiento infringido a los toros, a los
novillos, a los becerros y a los gallos, este tribunal debió encarar
directamente la pregunta por el estatus jurídico de los animales como
individuos, más allá de su relevancia ecosistémica.
En la sentencia C-666 de 2010[41]
se sostuvo que aunque la Carta Política no contiene un mandato específico del
que se derive directamente el reconocimiento de los animales como individuos
con valor propio, del entramado de principios, valores y derechos sí se infiere
una obligación implícita de proteger a los animales como seres sintientes, que
envuelve una prohibición de maltrato: primero, como el deber de protección del
medio ambiente permea todo el ordenamiento constitucional, y como los animales
integran el medio natural, el bienestar animal constituye un estándar
constitucional. Y segundo, la propia dignidad humana impone un principio de reconocimiento y de respeto hacia las demás
formas de vida que tienen capacidad de sentir.
Una vez instalado
definitivamente el debate sobre el maltrato animal, en la sentencia C-283 de
2014 comenzaron a extraerse las primeras consecuencias de la prohibición
constitucional del maltrato animal. En este fallo la Corte declaró la
exequibilidad de la norma legal que prohíbe el uso de animales silvestres,
tanto nativos como exóticos, en circos fijos e itinerantes, cuestionada en su
momento por desconocer el derecho al trabajo, el derecho a escoger la profesión
u oficio, el derecho a libre desarrollo de la personalidad y la iniciativa
privada de los propietarios de los circos y de quienes laboran en ellos, así
como el derecho a la cultura y a la recreación de los niños.
3.2.4. En este nuevo
contexto, y en distintos escenarios, este tribunal ha sostenido que la
proscripción de maltrato animal constituye un imperativo constitucional, y ha
extraído las consecuencias jurídicas que se derivan de este reconocimiento,
según consta en las sentencias T-146 de 2016[42], T-296 de 2013[43],
T-436 de 2014[44], C-467 de 2016[45]
y T-095 de 2016[46], en temáticas como los operativos de
recolección de perros callejeros por las instituciones sanitarias, la
destinación de bienes de uso público al espectáculo taurino, los vehículos de
tracción animal y las competencias de las autoridades nacionales y locales en
la regulación y el control de espectáculos taurinos.
En la sentencia C-467 de
2016[47],
por ejemplo, se evaluó la validez de las disposiciones legales que califican a
ciertos animales como “bienes muebles”, y que en su momento fueron
cuestionadas por, presuntamente, desconocer la condición de los animales como
seres sintientes. En esta sentencia la Corte sostuvo que el mandato de
prohibición animal y los estándares del bienestar animal tienen raigambre
constitucional, y que, por tanto, la legislación y las autoridades públicas
están vinculadas por estas exigencias en relación con los animales: no
someterlos a sed, hambre y malnutrición, no mantenerlos en condiciones de
incomodidad en términos de espacios físico, temperatura ambiental y nivel de
oxigenación del aire, atenderlos frente al dolor, a la enfermedad y a las
lesiones, no someterlos a condiciones que les generen miedo o estrés, y
permitirles manifestar el comportamiento natural propio de su especie.
Este tribunal concluyó,
sin embargo, que ni desde la perspectiva de los efectos simbólicos, ni
desde la perspectiva de los efectos jurídicos del Derecho, la
categorización de los animales como bienes muebles o como bienes inmuebles
infringía la prohibición constitucional de maltrato animal. Desde la
perspectiva de los efectos jurídicos materiales, se aclaró que la definición
legal de los animales como bienes se proyecta exclusivamente en el escenario
civil, ámbito en el cual no se define el trato que los seres humanos deben dar
los animales, y que este último asunto se encuentra regulado en otros cuerpos
normativos, inclusive en la Ley 1774 de 2016, en la que se reitera que, en el
contexto de las relaciones civiles, las relaciones entre el hombre y los animales
se debe regir por los imperativos del bienestar animal. Por su parte, desde la
perspectiva de los efectos simbólicos, la Corte aclaró que la
definición legal, razonablemente entendida e interpretada, tampoco alimenta o
favorece el maltrato animal, en cuanto las definiciones de los artículos 655 y
658 del Código Civil no son enunciados descriptivos que tienen por objeto
responder al interrogante sobre el status ontológico de los animales, sino
únicamente asignar a estos últimos el régimen civil de los bienes muebles y de
los bienes inmuebles, régimen que, a su turno, se refiere a los títulos y a las
operaciones jurídicas que se pueden realizar sobre estos, más no al tipo de
vínculo y relación que debe existir entre los seres humanos y los animales. Así
las cosas, el mensaje que transmite el legislador no es que los animales sean
sustancialmente equivalentes a todos los seres inanimados, y que por tanto
puedan ser asimilados y tratados como una piedra o como un libro, como sostiene
el accionante, sino que, en el ámbito civil, los animales tienen el mismo
régimen jurídico de los bienes en general, y que, por tanto, pueden ser objeto
de los títulos y de las transacciones reguladas en la legislación civil.
3.2.5.  En estos términos, la jurisprudencia se ha orientado hacia
un reconocimiento de la prohibición constitucional de maltrato animal, en un
proceso cuyos fundamentos, contenido y alcances se encuentran en proceso de
construcción y elaboración.
4.   El
habeas corpus como instrumento legal de la protección de la libertad
4.1.
El
hábeas corpus es una herramienta concebida para garantizar jurisdiccionalmente
la libertad individual de las personas, frente a detenciones o arrestos
arbitrarios, ilegales o injustos provenientes de agentes públicos o privados.
La evolución de la figura comprende
varios siglos de historia y su configuración moderna encuentra sus orígenes en
las primeras cartas medievales que incorporaron garantías frente a la
arbitraria privación de la libertad personal.
De hecho, la preocupación por contar con
instrumentos jurídicos para garantizar la libertad individual ha sido una
constante en la historia mundial. En el Imperio Romano, por ejemplo, fueron
concebidas algunas herramientas orientadas a proteger este derecho individual
ante eventuales abusos, aunque únicamente frente a los ciudadanos libres. La
Carta Magna promulgada en el año 2015 consagró una garantía general de libertad
y una prohibición general del encarcelamiento, con la única excepción de una
orden legítima de autoridad competente para su retención, y contempló el
instituto del habeas corpus. En este sentido, el apartado 39 dispuso que
“ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus
derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de
su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni
enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus
pares y con arreglo a la ley del reino”. En 1679 fue promulgado del Habeas
Corpus Amendment Act, concebido para controlar las detenciones ordenadas
por autoridades con altos niveles de poder, como los ministros y los sheriffs,
cuya vigencia se extiende a la actualidad.
4.2.
El
instituto del habeas corpus ha sido particularmente relevante en la
historia mundial muestra de lo cual ha sido su significación en el escenario de
las dictaduras y los regímenes autoritarios contemporáneos.
De esta manera, un momento icónico del habeas
corpus corresponde a las dictaduras de finales del siglo XX en América
Latina, momento en el cual este instrumento sirvió para garantizar no sólo la
libertad individual, sino la integridad física y la vida de las personas, e
incluso, la libertad de expresión, y los derechos de reunión y a la protesta.
Se trata de un instrumento sencillo pero poderoso a través del cual las
instancias jurisdiccionales verifican la legalidad de la privación de la
libertad y exigen la presentación del detenido ante el juez o tribunal
competente. La sola activación de esta herramienta cumple una función
racionalizadora del poder, previniendo a las autoridades para no realizar
detenciones arbitrarias o ilegales. La circunstancia de que en el sistema
interamericano de derechos humanos haya sido concebido como una herramienta
esencial del Estado de Derecho, que no puede ser suspendida durante los estados
de excepción, ha fortalecido este instrumento[48].
Este modelo de protección judicial a la
libertad individual se ha proyectado en todo el mundo occidental, aunque su
alcance y espectro ha variado a lo largo de la historia.
4.3.
Tanto
en el sistema mundial como en el sistema interamericano de derechos humanos el habeas
corpus ocupa un lugar privilegiado.
El
artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
establece que “nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y
según las formas establecidas por leyes preexistentes (…) todo individuo que
haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o,
de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento
humano durante la privación de su libertad”. Por su parte, el artículo 9.4
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda
persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a in de que éste decida a la brevedad
posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si su prisión
fuera ilegal”. En el sistema regional de derechos humanos, el artículo 7.6.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina que “toda
persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran
ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se
viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recursos no puede ser restringido ni abolido. Los recursos
podrán interponerse por sí o por otra persona”.
En
este contexto normativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
otorgado un amplio espectro a este instrumento, confiriéndole un rol
preventivo, un rol reparador y un rol correctivo: el primero para brindar
garantías a quienes se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, el
segundo para para conferir y restaurar la libertad cuando se ha sido privado de
ella de manera ilegal, y el tercero para tutelar el buen trato y la atención
adecuada a las personas que se encuentran detenidas (habeas corpus impropio).
Incluso, este organismo ha hecho uso de este instrumento no sólo para prevenir
las desapariciones forzadas, sino también para ordenar la localización de
quienes se encuentran desaparecidos, incluso a pesar de que haya transcurrido
un tiempo significado desde que se perdió su localización[49], y para garantizar la
libertad de colectivos de personas que han sido detenidas a través de la figura
del “habeas corpus colectivo”[50].
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido en unos
términos amplios las privaciones de libertad que pueden ser objeto de control
judicial, sin circunscribirlas exclusivamente a las detenciones ilegales, sino
también a las que resulta inequitativas, injusticas o desproporcionadas; en tal
sentido, dicho tribunal ha aclarado que los arrestos ilegales son los que han
consumado violando los requisitos materiales y formales exigidos expresamente
por la ley, mientras que los arbitrarios son los que, habiendo satisfecho estas
exigencias, resultan irrazonables o inconsistentes con las actuaciones de base
que dan lugar a la privación de la libertad, pero que uno y otro pueden ser
protegidos mediante el instituto del habeas corpus[51].
Desde
el punto de vista procesal ha sido configurado como un instrumento altamente
flexible e informal: puede interponerse por el propio afectado o por otra
persona, incluso si no tiene relación de parentesco con aquel, debe ser
resuelto por una autoridad judicial dotada de las garantías de independencia e
imparcialidad, no está sujeto al agotamiento de vías administrativas, y debe
ser resuelto “sin demora”.
4.4.
Estas
directrices se encuentran replicadas en el ordenamiento jurídico colombiano.
En este sentido, el artículo 30 de la
Constitución Política dispone que “quien estuviere privado de su libertad, y
creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad
judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus,
el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”. Por su
parte, la Ley Estatutaria 1095 de 2006 dispuso que “el hábeas corpus es un
derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela libertad
personal cualquier alguien es privado de la libertad con violación de las
garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”.
Como puede advertirse, en Colombia el habeas
corpus presenta las mismas características estructurales que tiene en el
derecho comparado y en los sistemas mundial e interamericano de derechos
humanos: (i) primero, se encuentra inescindiblemente vinculado a la libertad
individual, que constituye uno de los ejes estructurales del Estado de Derecho
y de las democracias contemporáneas, aunque también permite la protección de
otros derechos que guardan una relación de interdependencia con aquella, como
el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal; incluso, de manera
indirecta sirve como herramienta de defensa de otros derechos fundamentales
como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de
expresión y la libertad de reunión, en aquellos escenarios en los que el
ejercicio de tales derechos es reprimido mediante la privación de la libertad; (ii)
en segundo lugar, se trata de un procedimiento flexible, informal y célere, que
obliga a los operadores jurídicos a resolver las solicitudes con la mayor
prontitud y a darle prelación frente a los demás procesos judiciales; en
particular, la acción debe ser resuelta dentro de las 36 horas siguientes a su
presentación; (iii) en tercer lugar, se trata de una herramienta
jurisdiccional, que lo dota de las garantías de independencia e imparcialidad
propias de la función judicial[52];
(iv) finalmente, la decisión y las actuaciones judiciales están orientadas a
establecer, única y exclusivamente, el status jurídico de la privación de la
libertad, y, en particular, la legalidad o la arbitrariedad de la captura o de
la detención, y la licitud o arbitrariedad de su prolongación en el tiempo; se
trata entonces de una comprobación objetiva que no se extiende ni a la
verificación de la culpabilidad o de la responsabilidad penal de quien activa
la acción constitucional, ni a sus actuales condiciones de vida.
Normalmente, el habeas corpus se
invoca en el marco de procedimientos penales, cuando, por ejemplo, se realiza
una detención sin el cumplimiento de los requisitos formales, cuando esta se
extiende tras haber precluido los términos legales previstos en la legislación
penal, o cuando se concede la detención domiciliaria y, pese a ello, el
condenado permanece en un establecimiento carcelario. Sin embargo, también se
puede activar este mecanismo por fuera de este contexto, en escenarios como el
servicio militar, o incluso frente retenciones establecidas por las autoridades
indígenas, o frente a particulares que retienen a otras personas.
4.5.
En
el entendido de que el habeas corpus es el instrumento jurisdiccional de
primer orden para garantizar la libertad personal, en principio este desplaza a
la acción de tutela en aquellas hipótesis en las que la pretensión apunta a la
liberación de quienes estiman que se encuentran privados de la libertad de
manera arbitraria o ilegal.
En razón de la subsidariedad de la
acción de tutela, este tribunal ha concluido que es el hábeas corpus, y
no el amparo constitucional, el llamado resolver este tipo de controversias iusfundamentales.
Así se hizo esta claridad en un caso en el que a un menor de edad se le
concedió la libertad provisional, pero le obligaron a continuar prestando el
servicio militar a pesar de haber culminado el período reglamentario[53],
pero especialmente en el contexto de procesos penales en hipótesis de detenciones
sin el cumplimiento de los requisitos legales, denegaciones de solicitudes de
libertad por vencimiento de términos, privaciones de libertad sin una
definición de la situación jurídica, o permanencia en establecimiento
carcelario a pesar de haberse otorgado la detención domiciliaria[54].
4.6.
Sin
perjuicio de la subsidariedad de la acción de tutela frente al habeas corpus,
este tribunal ha admitido que las determinaciones adoptadas en el marco de este
proceso pueden ser debatidas en el marco del amparo constitucional, en los
mismos términos y bajo las mismas condiciones de la acción de tutela contra
providencias judiciales[55].
En este contexto, el amparo debe satisfacer los requisitos genéricos y
específicos de procedibilidad contra providencias judiciales, entendiéndose que
su procedencia es “excepcionalísima” y que, por ende, sólo es viable
cuando se evidencias “actuaciones judiciales manifiestamente irrazonables o
fraudulentas”.
5.  Análisis
del caso
Con base en las consideraciones
anteriores, pasa la Sala a evaluar las pretensiones de la acción de tutela en
contra de la sentencia objetada. Con este propósito, a continuación se establecerá,
en primer lugar, si la acción satisface los requisitos de procedibilidad del
amparo, y en segundo lugar, si los defectos atribuidos por el actor a la
decisión judicial de habeas corpus están llamados a prosperar.
5.1.
En
primer lugar, con respecto al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala
estima que, efectivamente, el amparo satisface estas condiciones[56].
-       El
asunto tiene relevancia constitucional, como quiera que, por un lado, la
presente controversia jurídica tiene como trasfondo el deber de protección de
los animales silvestres que se encuentran en situación de cautiverio y sobre la
prohibición de maltrato animal, estándares estos que, según se explicó en los
acápites precedentes, tienen raigambre en la Constitución Política, y, por otro,
recae sobre el alcance de la institución del habeas corpus como garantía
de la libertad personal.
-       Asimismo,
la decisión judicial objeto de la acción de amparo no puede ser controvertida
actualmente en las instancias jurisdiccionales, puesto que este reclamo versa
sobre una sentencia de segunda instancia, adoptada por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, y la Ley 1095 de 2006 no contempla
ningún recurso adicional para controvertir esta decisión.
-       Por
su parte, también se entiende satisfecho el requisito de inmediatez, como
quiera que la acción de tutela fue interpuesta el día 2 de agosto de 2017 en
contra de la sentencia proferida el 26 de julio del año, transcurriendo entre
uno y otro momento una sola semana.
-       Adicionalmente,
las irregularidades invocadas por el accionante como fundamento del amparo
constitucional tienen una repercusión directa en el contenido de la decisión
judicial, o se predican de la misma providencia. En efecto, el demandante argumentó
que la sentencia del juez de habeas corpus incurrió en un defecto
procedimental absoluto por haber sometido a esta vía procesal un asunto
ajeno al debate sobre la privación arbitraria, ilegal o injusta de la libertad
de las personas, en un defecto fáctico por haber adoptado la decisión
ignorando los hechos relevantes y el material probatorio que fue allegado al
proceso judicial sobre las condiciones de vida del oso Chucho, y en un defecto
sustantivo, por asimilar los animales a los seres humanos y adjudicarles a
los primeros la condición de sujetos de derechos y, sobre esta base, enmarcar
la controversia jurídica. Como puede advertirse, las presuntas falencias de la
actuación judicial se proyectan directamente en la decisión adoptadas por el
juez de habeas corpus o son atribuibles a la sentencia misma.
-       Finalmente,
no se cuestiona una sentencia de tutela.
En este orden de ideas, la Sala concluye
que la acción de tutela de la referencia plantea un cuestionamiento en contra
de una providencia judicial que es susceptible de ser controvertida en el
escenario del amparo constitucional.
5.2.
Por
su parte, con respecto al defecto procedimental absoluto, el actor
argumenta que el instrumento del habeas corpus fue utilizado para
canalizar una controversia que desborda el objeto de esta acción constitucional,
puesto que esta fue concebida exclusivamente para garantizar la libertad
personal de quienes han sido privados arbitraria, injusta o ilegalmente de ella
por una autoridad pública o un particular, mientras que, en este caso, el
debate constitucional estaba orientado a determinar la viabilidad de la
permanencia del oso Chucho en Zoológico de Barranquilla, en aras de garantizar
su bienestar.
5.2.1.
La
Corte toma nota de que el debate planteado en este proceso es
constitucionalmente relevante y pertinente, ya que apunta a garantizar el
imperativo del bienestar animal en escenarios que, como los zoológicos, han
sido cuestionados por restringir las manifestaciones del comportamiento propio
de las distintas especies silvestres, e incluso, en ocasiones, por no
garantizar una alimentación adecuada, por mantener a los individuos en
condiciones incomodidad en términos de espacio físico, temperatura ambiental y nivel
de oxigenación del ambiente, por someterlos a situaciones de estrés y miedo,
especialmente por el contacto que deben entablar con los seres humanos, y por
no contar con un esquema integral para atender las situaciones de dolor, enfermedad
y posibles lesiones.
En el caso de los
osos andinos, el debate sobre las condiciones de su permanencia en cautiverio
tiene pleno asidero, puesto que, en condiciones naturales, los individuos de
esta especie recorren diariamente largas extensiones, suben a los árboles y
realizan numerosas y complejas exploraciones, de modo que su encierro en
estrechos espacios provoca altos niveles de ansiedad que se manifiestan en
comportamientos estereotipados, agresividad, inapetencia, entre muchos otros.
Asimismo, la
Corte toma nota de que actualmente el ordenamiento jurídico no contempla un
instrumento de naturaleza judicial diseñado específicamente para debatir sobre
las condiciones de bienestar de los animales que, legalmente, se encuentran en
cautiverio. Aunque en las instancias administrativas existen distintos
dispositivos de protección de la fauna silvestre en cautiverio ilegal, o para
supervisar el cumplimiento de los protocolos de los animales silvestres que, al
amparo de la ley, se encuentran en esta misma situación, no ocurre lo propio cuando
se pretende hacer efectivo el mandato constitucional de bienestar animal en aquellos
escenarios en que instancias públicas o privadas tienen en cautiverio a un
animal silvestre. Eventualmente, se puede hacer uso de distintos instrumentos
judiciales para, por ejemplo, controvertir la legalidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se confiere el permiso para la tenencia
del individuo, pero se trata de herramientas no especializadas, que sólo de
manera tangencial abordan esta problemática.
La Corte toma
nota de que, incluso, en distintas latitudes se ha apelado a este instrumento
para lograr la liberación de animales silvestres que se encuentran en
cautiverio. El ejemplo emblemático de lo anterior es el habeas corpus otorgado
en el año 2016 por el Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza, en Argentina, en
favor de Cecilia, una chimpancé de 30 años que durante décadas permaneció en un
zoológico de Mendoza, donde su estado de físico y emocional se deterioró
progresivamente, ante las condiciones deplorables de su cautiverio. El juez
consideró que estos animales, en tanto seres sintientes, deben poder tener la
posibilidad de vivir libremente en su medio natural, y, en consonancia con
ello, dispuso su traslado a un santuario en Brasil.
La confluencia de
estas dos circunstancias, es decir, la existencia de un problema de relevancia
e interés constitucional, y la inexistencia de una vía procesal específica para
debatirlo, podría explicar la pretensión de utilizar el habeas corpus para
abordar la controversia jurídica.
5.2.2. Empero, en nuestro
ordenamiento jurídico el habeas corpus constituye una vía
manifiestamente inconducente para resolver los asuntos planteados por el
solicitante.
Según se explicó anteriormente, el habeas
corpus tiene como presupuesto ineludible la privación arbitraria,
injusta e ilegal de la libertad personal, y persigue, fundamentalmente, la recuperación
inmediata de la misma. En la hipótesis planteada, por el contrario, se
presentan dos diferencias sustantivas: (i) primero, el debate jurídico no
apunta a obtener la libertad de una persona que se ha visto arbitrariamente
privada de ella, sino a garantizar los estándares del bienestar animal de un
individuo que se encuentra en cautiverio legal, y, en particular, que pueda
manifestar el comportamiento natural propio de su especie; (ii) y segundo, en
este caso la controversia no se centra en la ilegalidad del cautiverio de
Chucho en el Zoológico de Barranquilla, puesto que su estancia en dicho lugar
se encuentra soportado jurídicamente y avalado por las instancias ambientales
competentes, sino en sus actuales condiciones de vida de cara a los estándares
del bienestar animal.
Con respecto al primero de estos puntos,
es claro que el habeas corpus persigue la libertad de las personas,
mientras que, en este caso, se debate sobre la conveniencia de la permanencia
de un oso de anteojos llamado Chucho en el Zoológico de Barranquilla y sobre
sus condiciones de vida en este escenario.
La Corte toma nota de que este amplio
debate sobre el bienestar el oso Chucho comprende el análisis sobre las
limitaciones de Chucho para vivir según el comportamiento natural propio de su
especie, y que como los osos de anteojos naturalmente recorren y exploran
grandes extensiones de tierra, el habeas corpus interpuesto en su favor
apuntaba a que se ordenara su traslado a un lugar donde pudiese vivir en
condiciones de semi-cautiverio, o incluso de libertad.
Este análisis sobre la conveniencia de
trasladar a los animales silvestres a otros territorios no puede asimilarse al
debate sobre la recuperación de la libertad personal. La alusión a la libertad
y a la liberación de oso Chucho es tan sólo un símil que sirve para explicar
con categorías antropológicas un debate que, en su esencia, es sustancial y
cualitativamente distinto del interrogante sobre la libertad de las personas
que han sido privadas de ella.
Asimismo, en este caso el escrutinio
judicial no se centra en la ilegalidad o en la arbitrariedad de la detención de
una persona, que es el presupuesto básico del habeas corpus, ya que lo
que se discute son las condiciones de cautiverio un animal silvestre, que por
lo demás, se desenvuelven en el marco de la normatividad, y, al menos prima
facie¸ su estancia en el Zoológico de Barranquilla se estableció luego de
cumplirse a satisfacción todos los protocolos y exigencias legales.
Se trata entonces de
problemáticas sustancialmente distintas, con diferentes estándares de
valoración. En un caso, en el habeas corpus, el escrutinio judicial se
estructura en función de consideraciones fundamentalmente jurídicas sobre la
legalidad de la privación de la libertad de una persona, mientras que el debate
propuesto en esta oportunidad tiene un espectro muy distinto, orientado a establecer
si la permanencia de Chucho en el Zoológico de Barranquilla es consistente con
los estándares del bienestar animal.
5.2.3. Además, desde el
punto de vista procesal, el habeas corpus resulta inadecuado para
abordar los muy complejos asuntos que rodean el examen del bienestar de los
animales silvestres que se encuentran legalmente en cautiverio.
Se trata de un trámite que, ante la
urgencia de proteger la libertad personal contra actuaciones arbitrarias, tiene
esencialmente un carácter sumarial y debe ser resuelto en las 36 horas
siguientes por cualquier juez de la República, quien puede “decretar una
inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a
la petición [y] solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de
las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo
concerniente a la privación de la libertad, [y] entrevistarse (…) con la
persona en cuyo favor se instaura la acción” (art. 5 de la Ley 1095 de
2006).  Una vez obtenidos estos elementos de juicio, “la autoridad
judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada
de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso
alguno” (art. 6 de la Ley 1095 de 2006).
La simplicidad y la estructura de este trámite
judicial, consistente con la necesidad de verificar exclusivamente la legalidad
de las detenciones para disponer la inmediata libertad, normalmente en el marco
de procesos judiciales, no lo es frente a la necesidad de evaluar la situación
de los animales silvestres en cautiverio a la luz de los estándares del
bienestar animal, e incluso, frente a la necesidad de identificar escenarios
alternativos para su eventual ubicación.
Un análisis como este requiere un
soporte técnico calificado, que incluya, por ejemplo, distintas pruebas
periciales para determinar las condiciones de vida de los animales en ámbitos
como sus requerimientos nutricionales, signos o manifestaciones de estrés,
ansiedad o angustia, la temperatura ambiental, el relacionamiento con otros
individuos de su especie o de otras especies, su exposición a la presencia
humana, entre muchos otros. Nada de ello ocurre en el habeas corpus, que
se centra en cuestiones jurídicas puntuales y específicas cuya verificación no
requiere desplegar toda esta actividad probatoria.
Aún más, los debates asociados al
bienestar de animales en cautiverio normalmente suscitan procesos deliberativos
amplios abiertos que son de interés general, mientras que el habeas corpus persigue
únicamente garantizar la libertad de personas concretas. De hecho, el presente
trámite de tutela suscitó el mayor interés en distintos círculos sociales y
académicos, y requirió la intervención de entidades públicas y privadas de
distintos. A este proceso concurrieron, además de la Fundación Botánica y
Zoológica de Barraquilla en calidad de demandante, Corpocaldas, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales, World Wide Fund for Nature (WWF), la Federación
de Entidades Defensoras de Animales y el Ambiente en Colombia (FEDAMCO), el
Programa de Protección Jurídica a los Animales de la Universidad de Antioquia,
el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación para la Protección de los
Animales de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Popayán), el
Observatorio Animalista de la Pontificia Universidad Javeriana, la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico, el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, la Asociación Latinoamericana de Parques
Zoológicos y Acuarios (ALPZA) y European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)
y varios ciudadanos. Para contar con elementos de juicio, durante el proceso
judicial se realizó una audiencia pública en la que participaron activamente
distintas entidades públicas, organizaciones sociales y académicos.
Así pues, la problemática planteada por
el actor en el habeas corpus es, por su propia naturaleza, de interés
público, y debe estar abierta a procesos deliberativos amplios que no se
garantizan con la referida acción constitucional.
5.2.4.  Aún más, los
patrones decisionales son distintos en uno y otro caso. Según el artículo 6 de la
Ley 1095 de 2006, “demostrada la violación de las garantías constitucionales
o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la
liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio,
contra el cual no procede recurso alguno”. En la hipótesis puesta a
consideración del juez, en cambio, la solución tiene una gran envergadura y un
muy alto nivel de complejidad, y no puede consistir, simplemente, en la
liberación de Chucho del Zoológico de Barranquilla; de considerarse que el
actual entorno es inadecuado, la labor del juez incluiría, probablemente, una compleja
fase de búsqueda de reservas naturales, de santuarios o de otros lugares a los
cuales pudiera acceder Chucho, teniendo en cuenta sus antecedentes vitales, su
avanzada edad, el cautiverio al que estuvo sometido toda su vida, y sus
condiciones actuales. Probablemente, además, el trámite judicial no concluiría
con la orden de traslado, sino que tendría que efectuarse alguna especie de
seguimiento. Evidentemente, el habeas corpus no ofrece las herramientas
para desplegar esta profusa actividad procesal.
5.2.5. A juicio de la
Sala, esta inconsistencia entre la naturaleza, el objeto y la estructura del habeas
corpus y la problemática planteada en el proceso judicial, configura un
defecto procedimental absoluto[57].
Según ha determinado este tribunal, el
defecto procedimental absoluto se produce cuando la autoridad judicial actúa al
margen de los procedimientos establecidos por el legislador, tanto desde el
punto de vista sustantivo, como desde el punto de vista formal y procesal. Se
trata de un yerro calificado e injustificado que tienen tal entidad, que se
proyecta en el sentido de la decisión, cuando, por ejemplo, se tramita un
asunto por un cauce distinto al determinado en el ordenamiento jurídico, cuando
se prescinde enteramente de una o más de sus etapas o fases estructurales,
cuando se presenta una tardanza significativa y e injustificada que impide la
adopción de un fallo definitivo, o cuando se desconocen las garantías mínimas
del derecho al debido proceso, particularmente cuando se limitan
irrazonablemente los derechos a la defensa y contradicción de los sujetos
procesales, o cuando las determinaciones son, desde el punto de vista
sustantivo, abiertamente incompatibles con las directrices constitucionales y
legales[58].
Con base en esta tipología, este
tribunal ha revocado providencias judiciales cuando el juez se abstiene de
fallar en una sola providencia los casos que habían sido acumulados previamente
sin haber dispuesto de manera justificada la desacumulación[59], cuando el
procedimiento judicial se surte prescindiendo de la notificación[60],
cuando el juez omite decretar y valorar una prueba que según la ley es esencial
para establecer el contenido de la decisión judicial, como la prueba de ADN en
los procesos de paternidad[61],
cuando se pretermite la oportunidad de una de las partes para formular recursos
contra decisiones adoptadas en el marco del proceso que son relevantes para resolver
la controversia jurídica de base[62],
o cuando se omite la audiencia preparatoria en el marco del proceso penal como
instancia decisiva para el ejercicio del derecho de defensa[63].
En este caso particular, el juez de habeas
corpus falló porque canalizó el debate propuesto por el accionante a través
de un mecanismo que era integralmente, y desde todo punto de vista, inadecuado.
Un dispositivo concebido y diseñado para dar una respuesta inmediata a las
privaciones injustas, arbitrarias o ilegales a la libertad de las personas, fue
utilizado para evaluar la situación de un oso que habita, bajo la autorización
de las autoridades ambientales, en un zoológico. Aún más, en el caso específico
del oso Chucho, el debate nunca estuvo orientado a que este fuese liberado en
su entorno natural, pues tanto por su avanzada edad, como por el hecho de que
desde su nacimiento permaneció en cautiverio, era claro que su supervivencia
era absolutamente inviable en este escenario.
Lo anterior deviene en una ruptura del
derecho al debido proceso, ya que, al utilizarse una vía procesal manifiestamente
inconsistente con la naturaleza y el objeto de la controversia puesta a
consideración del juez, se perdieron las garantías de una decisión informada,
ponderada y razonada. Esta circunstancia, a su turno, afecta los derechos de
las partes involucradas en el proceso, especialmente de la Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla, quien en el estrecho marco del habeas corpus
no puede ejercer a plenitud su derecho de defensa frente a la acusación por el
presunto deterioro de Chucho por cuenta de su estadía en el zoológico. Ante
todo, lo anterior se convierte en un obstáculo para la consecución del
bienestar animal, teniendo en cuenta las limitaciones del habeas corpus como
mecanismo para adoptar una decisión informada y reflexiva, que, en realidad,
tuvo que adoptarse en el marco de un debate apresurado.
5.3.
Habiéndose
configurado el defecto procedimental absoluto, no hay lugar al análisis del defecto
fáctico ni del defecto sustantivo alegados por el accionante, ya que
al haberse descartado la viabilidad de la acción de habeas corpus, carece
de sentido entrar a determinar si la decisión adoptada en el marco de una
acción que de por sí era improcedente, contó con el soporte fáctico y
probatorio debido, y si se ajustó a la normatividad constitucional y legal. De
esta suerte, por sustracción de materia la Sala omite el análisis del vicio
alegado.
5.4.
No
obstante ello, la Corte llama la atención sobre la necesidad de utilizar los
instrumentos ya existentes en el ordenamiento jurídico para garantizar el
mandato de bienestar animal en contextos que, como el presente, involucran a
animales silvestres que se encuentran en cautiverio para la entera
responsabilidad humana. Asimismo, resulta indispensable seguir avanzando en la
identificación y en el perfeccionamiento de las herramientas procesales para
garantizar este mandado, y para canalizar los debates relacionados con el
confinamiento y el cautiverio de animales silvestres.
5.5.
Desde
esta perspectiva, las conclusiones adoptadas por la Sala de Casación Laboral y
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de
que la decisión de la Sala de Casación Civil de dicho tribunal debía ser
revocada por haberse configurado un defecto sustantivo y de un defecto
procedimental absoluto al concederse la acción de habeas corpus, resultan
razonables y conformes con las directrices constitucionales sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales.
En este orden de ideas, la
Corte confirmará las decisiones adoptadas por la Sala de Casación Laboral y por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia los días 16 de agosto
de 2017 y 10 de octubre del mismo año, respectivamente, por medio de las cuales
se dispuso dejar sin valor y efectos las decisiones adoptadas por la Sala de
Casación Civil de ese mismo tribunal en el marco del habeas corpus
propuesto por el ciudadano Carlos Andrés Mendoza Puccini.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIMAR, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, las sentencias proferidas, en primera instancia,
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el día 16 de
agosto de 2017, y en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 10 de octubre de 2017, en las que se amparó el
derecho al debido proceso de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que alude el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Presidenta
Con aclaración de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con aclaración de voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA SU016/20
“La grandeza de una nación y su progreso
moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados”. Gandhi
1.  Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Plena me permito exponer las razones por las cuales disentí de lo resuelto
en la Sentencia SU-016 de 2020. Antes de emprender dicho cometido, quiero
destacar la importancia que para un Tribunal Constitucional tiene el que sus
decisiones se construyan conjuntamente en la deliberación, a partir de la
discusión vigorosa, seria y transparente propia de las sociedades democráticas
y plurales, comprometidas con los principios y derechos de su norma fundante y
con la pretensión de lograr los mayores consensos posibles.
2.  Con esta idea presente en cada uno de los asuntos que
corresponden al conocimiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional, asumí
la sustanciación de la ponencia del caso del oso Chucho. Consciente del nutrido
y difícil debate alrededor del tema, promoví la apertura de los canales que la
Constitución y la ley establecen para garantizar que el mayor número de voces
fueran escuchadas, lo cual se logró con las distintas intervenciones y en el
periodo probatorio durante el cual se celebró una audiencia pública.
3.   Con los aportes de ciudadanas y ciudadanos, de
entidades del Estado y de especialistas en los temas que esta acción
involucraba, preparé una ponencia para ser discutida con las magistradas y los
magistrados de la Sala Plena; no obstante, en el debate de las razones que
caracteriza a dicha instancia, la posición fundamental que expuse en el
proyecto estuvo lejos de lograr un consenso y, por el contrario, no fue aceptada
por una amplia mayoría.
4.  En tal circunstancia, por considerar que el disenso
también es posible y oportuno cuando las reflexiones de los demás, pese a la
apertura y profundidad del diálogo, no nos logran persuadir, preferí ceder la
ponencia y presentar salvamento de voto, el cual recoge una postura que, con
estricta sujeción al ordenamiento constitucional, evidencia que el caso del oso
Chucho exigía y permitía a la Corte Constitucional avanzar en el
esclarecimiento del lugar que los seres sintientes, los animales no humanos,
tienen en una sociedad progresista y garantista, con la idea, no de zanjar
debates, sino de explorar otros caminos y, a través de ellos, otros
cuestionamientos para la continuación de la discusión pública.
5.  Enseguida, entonces, me referiré (i) a las
principales objeciones que presenté a la posición de la Sala Plena, (ii) a
las líneas argumentativas de la ponencia inicial que radiqué, explicando el
remedio propuesto, y, por último, (iii) plantearé unas reflexiones
finales.
La
posición mayoritaria se perdió en el laberinto de las formas procesales
6. La mayoría en este caso, consideró que era un error
procesal insalvable el uso de la acción de habeas corpus para solicitar
la libertad de un individuo como Chucho o, al menos, para solicitar su
traslado de un lugar de cautiverio a otro, con mejores condiciones para su
bienestar. En su criterio, la citada
acción tiene por objeto la protección de la persona que ha sido arbitraria,
injusta o ilegalmente detenida, y no la garantía de estándares de bienestar
animal, en un contexto en el que se presupone la legalidad del cautiverio.
7. Además, a juicio de la mayoría de magistrados, desde el punto de
vista procesal, el estudio y análisis de las pretensiones detrás del bienestar
animal desbordan la configuración de la acción de habeas corpus, en la
medida en que, de considerar que el entorno del individuo animal no es
adecuado, el juez se vería en la necesidad de buscar lugares apropiados para su
remisión, mientras que, de conformidad con la regulación de la referida acción,
una vez demostrada la lesión al derecho a la libertad se impone, sin más examen
o consideración, la libertad inmediata de la persona.
8. En su exposición, la Sentencia SU-016 de 2020
señaló que en el ordenamiento jurídico colombiano los animales silvestres, como
los osos de anteojos, han sido valorados desde dos perspectivas, que no siempre
son coincidentes, (i) como parte integral del medio ambiente y, por lo
tanto, cobijados por el deber general que impone su protección, y (ii)
como seres con un valor intrínseco, para lo cual se refirió a algunas
sentencias proferidas por esta Corporación, concluyendo que ha habido una
orientación “hacia
un reconocimiento de la prohibición constitucional de maltrato animal, en un
proceso cuyos fundamentos, contenido y alcances se encuentran en proceso de
construcción y elaboración.”
Luego, se hicieron algunas reflexiones sobre la historia y alcance de la acción
de habeas corpus, para concluir, como ya se anticipó, su impertinencia para decidir sobre la “conveniencia de la permanencia” del oso
Chucho en el Zoológico de Barranquilla.
9. Al respecto, estimo que la decisión mencionada, si
bien hace un esfuerzo por reconstruir la discusión jurisprudencial sobre los
intereses de los animales no humanos en el orden constitucional colombiano,
presenta serios inconvenientes, (i) al no concretar una conexión entre
dicha reconstrucción y la resolución del caso, situación evidente desde el
mismo momento en el que la conclusión de dicho acápite consistió simplemente en
afirmar que había una orientación hacia el deber de protección animal y
que esto seguía en proceso, absteniéndose de afirmar, por lo menos, aquello que
sí está claro hasta ahora; y, (ii) al hablar de un valor intrínseco de
los individuos como Chucho y no derivar de allí ninguna consecuencia concreta
para su defensa, pese a reconocer, incluso, que no hay acciones judiciales en
el ordenamiento con tal objeto.[64]
En este sentido, considero que el juez constitucional no puede limitarse a tomar
nota sobre una situación a proteger y sobre la inexistencia de una acción
para hacer efectiva una garantía reconocida legal y jurisprudencialmente, sino
que le corresponde adaptar las existentes o incluso promover la creación de
nuevas garantías, de manera que se asegure la eficacia de todos los intereses
jurídicos relevantes para el ordenamiento y, con esto, impere el valor
normativo de la Constitución.
10. La posición mayoritaria, además, es cuestionable (iii)
al considerar que el cumplimiento de un deber se puede diluir en
consideraciones de conveniencia, traducción que, en mi concepto, obedece
al hecho de que los deberes no parecen ser leídos en términos
vinculantes; y, (iv) al sostener que una acción constitucional como el habeas
corpus tiene una esencia procedimental inalterable, lo que conlleva a su
petrificación, incluso cuando el juez es consciente de los cambios del derecho
sustancial y de los principios y deberes de protección que al momento del
surgimiento de la acción eran desconocidos, o se encontraban en estado
embrionario. Esta esencialización no es acorde con el juez constitucional, a
quien corresponde determinar los remedios adecuados para las situaciones de
amenaza o vulneración de intereses jurídicamente protegidos, y no limitarse a
defender el carácter inmodificable de cada mecanismo de protección judicial.
11. En mi concepto, los jueces constitucionales tienen
el deber de aplicar no solo la Constitución, sino también, con sujeción
estricta a sus cánones, la empatía o capacidad de identificarse con los
animales no humanos como seres sintientes, esto es, los otros “yo” con
experiencias subjetivas en el mundo,[65]
tal como ha ocurrido con algunos jueces en otros contextos normativos, como
Argentina, que concedieron el derecho al habeas corpus a la chimpancé
Cecilia[66]
y a la orangutana Sandra.[67]
Idéntica obligación se predica de los jueces constitucionales de la acción de
tutela, como en este caso lo era la Corte Constitucional, quien se abstuvo de
considerar la posibilidad de intervenir, ante la ausencia de una acción con
efectividad, para establecer si debía adoptar al menos alguna medida en defensa
del bienestar animal del oso Chucho.
12. La necesidad de un pronunciamiento en tal
dirección, pese a que el objeto de la tutela era el cuestionamiento de una
providencia judicial, se derivaba de aquello que incluso fue advertido por la
Sentencia SU-016 de 2020, esto es, la inexistencia de una vía procesal para
debatir lo que se proponía  en la acción de habeas corpus,[68]
incertidumbre que exigía de este Tribunal un pronunciamiento que de manera
clara evidenciara qué acciones pueden utilizarse en estos casos o, ante la
verificación de su ausencia, proponer remedios, requerir a las autoridades para
que se efectuen los ajustes del caso, entre muchas otras posibilidades. Este
debate, sin embargo, fue invisibilizado por la mayoría de la Sala Plena, que,
al final, solamente afirmó que se presumía la legalidad del cautiverio
del oso Chucho.
13. Y, finalmente, (v) la mayoría simplemente
continuó presuponiendo el significado clásico del concepto de persona y,
a partir de allí, derivó las demás consecuencias fácilmente, pese a que la
providencia de habeas corpus que se cuestionaba en la accion de tutela y
la discusión planteada a lo largo de este trámite aportaban elementos que le
permitían a la Corte Constitucional hacer efectiva la protección de animales no
humanos como el oso Chucho. Si la acción de tutela tenía por objeto cuestionar
una providencia judicial que había efectuado esfuerzos argumentativos para
justificar el porqué de la apertura de una acción constitucional, la
forma de afirmar que tal pronunciamiento era incorrecto y, por tanto, incurría
en un defecto, era asumir una carga justificativa suficiente, lo que no ocurrió
en este caso, pues la Sentencia SU-016 de 2020 evadió el debate de fondo.
14. Por los anteriores motivos, la Sentencia SU-016 de
2020 petrificó instancias procesales constitucionales; verificó situaciones de
injusticia y vacíos en la defensa de los intereses de los animales no humanos
con un valor intrínseco y, aún así, pasó por alto la relevancia de
defender la supremacía de la Constitución; y, omitió entablar un diálogo con
quienes participaron a lo largo del trámite constitucional, silenciando su
propia voz en un debate público que requiere de posturas claras y la
exploración de líneas de acción que hacia adelante permitan la construcción de
relacionamientos más respetuosos y conscientes del valor de las distintas
formas de “ser” que se presentan en la naturaleza. Por estos motivos, no estuve
de acuerdo con la postura mayoritaria.
Una
ponencia en defensa de una mayor sensibilidad constitucional hacia los animales
no humanos[69]
Precisión sobre
el punto de partida
15. El acercamiento definitivo entre la comunidad y el
Derecho o, más concretamente, el lenguaje de los derechos y de los principios
que la Constitución de 1991 pretendió como desafío fundamental de una sociedad
más justa y en paz, genera y promueve la participación de sus integrantes en la
reclamación de lo que consideran valioso en cada tiempo y lugar. En sociedades
cambiantes, por supuesto, muchas de tales demandas no encuentran en las
instituciones normativas ya delineadas una respuesta clara, esto es, la lectura
de algunas realidades desde el Derecho parece borrosa. No obstante, cuando,
desde una comprensión constitucional razonable, existen asuntos que evidencian
verdaderos dilemas entre lo que es justo y lo que no, la institucionalidad y,
como parte de ella, el juez, debe tratar de promover la mejor comprensión, que,
sin transpasar las competencias, permita dinamizar las prácticas jurídicas.
16.  La labor del juez constitucional, ante quien,
cada vez con mayor insistencia, se presentan peticiones similares a las que nos
ocupan en la presente tutela, consiste en tratar de dar solución a la situación
de vulneración con las herramientas ya existentes, considerando la posibilidad
de tomar algunas de ellas “como si”[70]
en efecto las cobijara, por lo menos, mientras se promueven cambios normativos
que las recojan de manera específica, en el evento de considerarse ello
necesario. En esta tarea, aunque es indudable que debe existir la mayor prudencia
para no banalizar las categorías que nos han permitido construir un
ordenamiento jurídico más o menos claro, se inscribió la ponencia que presenté
a la Sala Plena y que, como advertí, no fue acogida.
17. Como punto de inicio para esta exposición, entonces,
es necesario indicar que en el proyecto que presenté y fue debatido por la Sala
Plena no equiparé las personas humanas a los animales; no sostuve que fuera la
dignidad la justificación de los intereses jurídicamente protegidos, como
derechos, de los animales; tampoco estimé que los derechos de los animales
fueran fundamentales, ni que las dimensiones de la libertad propias de los
animales tuvieran los mismos alcances del derecho a la libertad de las
personas; no afirmé que existía un interés en la libertad animal de todas y
cada una de las especies existentes sobre el planeta; tampoco sugerí que el
Juez podía establecer, en una especie de lista, qué intereses deben adscribirse
a los animales; y, mucho menos pretendí ordenar la libertad del oso Chucho para
llevarlo a un ambiente donde no podría sobrevivir sin el acompañamiento humano.
18. A continuación, indicaré las líneas centrales de
la ponencia, para cuya construcción, reitero, fueron fundamentales los aportes
de quienes intervinieron tanto en el periodo probatorio como en la audiencia
pública que se llevó a cabo, intervenciones que fueron mencionadas en la
Sentencia SU-016 de 2020 y que se adjuntan como anexo de este voto particular
con el objeto de que sean ampliamente conocidas.
Principales líneas de análisis en la ponencia
presentada
19. En tal sentido, me referiré a (A) los animales en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional colombiana; (B) la
jurisprudencia constitucional sobre el deber de protección a los animales; (C)
la consideración de los animales en el debate teórico; (D) las discusiones
alrededor del estatus de los animales en el Derecho; (E) a algunas experiencias
de derecho comparado; (F) a ciertas evidencias de las capacidades del ser
animal; y (G) al habeas corpus como instrumento legal de protección a la
libertad.
Los animales
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana
20. La Constitución Política de 1991,
expresión de una sociedad que anhelaba la reconciliación y la paz, es un pacto
democrático, participativo y pluralista comprometido con la configuración de un
orden político, económico y social justo, cuya materialización está ligada a
varios enfoques transversales, entre los que se encuentra aquél vinculado a la
idea, tempranamente reconocida,[71]
de la Constitución Ecológica o Verde.[72]
21. El contenido de tal enfoque se ha ido determinando
a partir de una lectura sistemática de varias disposiciones,[73] teniendo
como presupuesto de su construcción la potencialidad de los principios, derechos
y deberes previstos en el texto fundamental -o que se derivan de él- para dar
cuenta de los requerimientos de una sociedad cambiante, que enfrenta
variaciones en la percepción sobre los distintos asuntos relevantes para la
vida en comunidad y que debe asumir dilemas novedosos que reflejan típicas
discusiones sobre aquello que la justicia demanda.
22. Con anterioridad al año 1991, además, la comunidad
mundial expresaba su preocupación por el cuidado y protección de la riqueza y
diversidad del medio ambiente, prueba de ello es la Declaración de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente Humano[74]
y la Carta Mundial de la Naturaleza.[75]
También cabe mencionar la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES.[76]
23. Así entonces, a partir de (i) una Constitución
comprometida con el medio ambiente, (ii) de instrumentos normativos y
criterios internacionales previos y posteriores al año 1991 sobre su protección
-con carácter vinculante o no-, y (iii) de una realidad incontestable -que
compromete con mayor razón nuestra responsabilidad- y que tiene que ver con la
existencia un país megadiverso,[77]
la Corte Constitucional ha venido consolidando una línea jurisprudencial en
distintos escenarios medio ambientales, entre ellos, en el relacionado con la prohibición
de maltrato a los animales, en tanto integrantes del recurso faunístico de
los ecosistemas,[78]
y cuya consideración es necesaria e imperiosa en el marco de la Constitución
ecológica.
24.
De modo que, una visión antropocéntrica, esto es, aquella en la que la persona
humana es el centro y la razón de ser del universo, con facultad ilimitada para
disponer de aquello a su alrededor, no es correcta,[79] como tampoco lo es la apreciación del medio
ambiente, y la lucha por su conservación y el mantenimiento de su diversidad,
como un mero instrumento -visión utilitarista- para la
satisfacción de diversas finalidades.  En este sentido, en la Sentencia C-123
de 2014[80] se afirmó que los elementos
integrantes del medio ambiente “pueden
protegerse per se y no, simplemente, porque sean útiles o necesarios para el
desarrollo de la vida humana”;[81] por su parte, en la Sentencia C-032
de 2019,[82]
se advirtió que, de los deberes para con el medio ambiente, se deriva que su
protección “no sólo se desprende a partir de su relación con los individuos,
sino que se trata de bienes que inclusive pueden resultar objeto de salvaguarda
por sí mismos.” Esta afirmación, por supuesto,
no desconoce que nuestro ordenamiento jurídico y la existencia misma del
Estado finca sus finalidades en el ser humano y en la dignidad que es sustento
de sus derechos inalienables.
La
jurisprudencia constitucional sobre el deber de protección a los animales
25. Desde el inicio de su actividad, esta
Corte ha resuelto asuntos que, en control concreto o abstracto, involucran la
suerte de distintas especies de animales. Entre los temas recurrentes se
encuentran (i) la producción alimentaria y las medidas de sanidad asociadas a
esta;[83]
(ii) el uso de animales en diferentes actividades, como transporte,[84]
espectáculos circenses,[85]
prácticas culturales taurinas y otras similares[86], y caza deportiva,[87]
y, (iii) su tenencia -y movilización- por parte de personas naturales, en los
que se ha invocado la garantía de los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, la intimidad, y a la salud.[88]
26. El análisis individual y conjunto de estas
decisiones, que por su extensión no se reproduce, permite concluir que la
jurisprudencia constitucional que se ha construido en este ámbito evidencia
que: (i) existe un deber de protección animal y, por lo tanto, de prohibición
de maltrato, que se fundamenta en la defensa del medio ambiente, la dignidad
humana y la función ecológica de la propiedad; (ii) este deber no solo
involucra actos que tienen la potencialidad de poner en riesgo la diversidad y
equilibrio del ecosistema, sino que alcanza a animales como sujetos individuales
y sintientes; o, en otras palabras, es claro que este Tribunal ha reconocido,
alejado de una concepción antropocentrista, el valor intrínseco del ambiente y,
en en especial, de los animales individualmente considerados; (iii) la
protección, además, es diferencial en atención al tipo de especie involucrada,
animales domésticos o silvestres, existiendo más restricciones respecto de
estos últimos y una afirmación más decidida sobre la tenencia de los primeros
por particulares dada su relación con los derechos al libre desarrollo de la
personalidad e intimidad; y, (iv) el deber de protección animal tiene un
contenido normativo vinculante indiscutible, cuya aplicación, tanto para el
Legislador como para los jueces, exige de ejercicios de valoración de la razonabilidad
y proporcionalidad.
La
consideración de los animales en el debate teórico
27. La protección a los animales y su estatus en el
Derecho es un asunto que actualmente es altamente debatido a partir de
concepciones políticas, filosóficas, morales y jurídicas, que abordan desde
diferentes aristas los dilemas relacionados, entre otros aspectos, con (i) la
extensión de derechos a individuos sometidos tradicionalmente al régimen
de cosas; (ii) la posibilidad de entender la concesión de derechos sin
el sometimiento a un régimen de obligaciones; y, crucialmente, (iii) la
adecuación de la fundamentación de los derechos humanos en la
construcción kantiana de la dignidad.
28. Pronunciarse, entonces, sobre un asunto como el
que ocupaba a la Sala, exigía la responsabilidad de abordar con seriedad las
objeciones planteadas, en un marco constitucional que, como se sostuvo
previamente, permite canalizar las reclamaciones que invocan el imperio de la
justicia, con el único objetivo de dar mayor consistencia a su entramado de
principios, derechos y deberes. En este sentido, a continuación, efectuaré
algunas consideraciones sobre (i) el estado general de la discusión, que ha
sido mencionado en buena medida en varias oportunidades por esta Corte; (ii)
las experiencias de derecho comparado; y, (iii) algunas evidencias de las
capacidades del ser animal.
Las
discusiones alrededor del estatus de los animales en el Derecho - Algunas
posturas relevantes
29. Desde la antigüedad la existencia de vínculos, sus
alcances y contenidos, entre seres humanos y otros seres vivos, como los
animales, ha ocupado la atención de distintas áreas del conocimiento. Tras
estas disquisiciones se encuentra una necesidad fundamental por identificar y
justificar el rol del ser humano frente a los otros miembros de su comunidad y
también en relación con todo aquello que lo rodea.
30. En esencia, para los griegos Sócrates, Platón y
Aristóteles, y el estoico Zenón, así como para los estoicos romanos Cicerón y
Séneca, era claro que existía un plan divino, en el marco del cual unos
individuos -inferiores- servían para el bien de otros individuos ubicados en un
nivel superior, dadas sus capacidades.[89]
En palabras de Aristóteles: “los animales existían por el bien del hombre,
los domesticados para trabajo y comida, los salvajes, si no todos, al menos
gran parte, para comida y provisión de ropa y de varios instrumentos. Si la
naturaleza crea algo incompleto, y nada es en vano, la conclusión es que ha
creado a los animales por el bien del hombre.”[90]
31. Posteriormente esta concepción permeó la tradición
judeo-cristiana,[91]
de la cual la filosofía occidental moderna es heredera, “[t]odos los
filósofos que escriben desde la tradición occidental moderna, sin embargo, y
con independencia de sus creencias religiosas, han escrito hondamente influidos
por la tradición judeocristiana, que proclama que a los seres humanos se les ha
concedido el dominio sobre los animales y las plantas.” En este escenario
Descartes es fundamental. A partir de su construcción racional del pienso,
luego existo, los animales no son más que máquinas, sin alma, que solo
obedecen y actúan por sus instintos,[92]
por lo que su lugar se reafirmó en el de aquello que puede dominarse,
esto es, el de las cosas. Posteriormente, Inmanuel Kant insistió en este
estatus, al considerar que los animales no eran titulares del atributo de la
dignidad, que emana de la capacidad racional de la persona humana y de su
agencia para actuar de manera autónoma; por lo tanto, solo los seres humanos
son fines en sí mismos, destinatarios de consideración moral.
32. Debe advertirse, no obstante, que tal postura no
implicó la negación, por ejemplo, en el caso de Kant, de la existencia de
deberes indirectos frente a los animales, en cuanto benefician a la humanidad
completa.[93]
33. Desde el otro lado del deontologismo kantiano, el
utilitarista Jeremy Bentham sugirió que a los animales no debería negárseles la
posibilidad de ser titulares de intereses por sí mismos, al sostener en uno de
sus discursos que: “[p]uede que llegue el día cuando el resto de los animales
adquieran derechos que sólo la mano de la tiranía les pudo negar. Los franceses
ya han descubierto que la piel negra no constituye razón alguna por la que un
ser humano puede ser abandonado sin más a los caprichos de quien le
atormentara. A lo mejor lleguemos algún día a reconocer que el número de patas,
el pelaje de la piel o la terminación del os sacrum sean razones igual de
insuficientes para abandonar a un ser sensible al mismo destino.” Bajo esta
línea, para Bentham, la pregunta no era si un animal podía razonar o hablar,
sino si podía sufrir.[94]
34. En el campo sancionatorio algunas prácticas
judiciales particulares reflejan que las relaciones entre animales y seres
humanos no han sido un asunto en términos de blanco y negro. Así, aunque hoy
puede parecer un asunto exótico y novedoso, a lo largo de la historia ha habido
momentos en los que los animales fueron protagonistas de juicios, e incluso
gozaban de una suerte de debido proceso, incluyendo la asesoría legal.[95]
Especialmente en la Edad Media y hasta el Renacimiento en la Europa Continental
-siglos XIII y XVII-, fueron comunes dos tipos de procesos judiciales en contra
de los animales: (i) procesos seculares adelantados contra cerdos, caballos,
vacas y otros animales domesticados, acusados de cometer homicidios o causar
lesiones a los seres humanos; y, (ii) procesos eclesiásticos contra ratas,[96]
gorgojos, langostas y otras especies consideradas como plagas, responsables de
dañar los cultivos y viñedos, y expuestos, según la gravedad del caso, a ser
excomulgados.[97]
35. Una adecuada interpretación a dichas prácticas,
sin embargo, exige afirmar que la posición que se concedía a los animales para
participar de un juicio no era realmente una forma de emancipación y de
concesión de un estatus similar al de una persona humana, por lo menos en
términos de responsabilidad, sino un mecanismo para procesarlos como causantes
de graves ofensas a la ley[98]
y, así, evitar que el reproche se diera frente a otros humanos o, incluso, los
príncipes o la autoridad divina, reafirmando, además, la fuerza de los mandatos
legales.[99]
36. Como era de esperarse, en la mayoría de los casos
los animales comprometidos fueron encontrados culpables y condenados a
terribles castigos, en procesos que hacían mímica de los juicios humanos. Al
respecto, es celebre el juicio de 1386 a una chancha en la localidad de “Falais”,
al norte de Francia. El animal fue acusado de haber atacado y asesinado a un
niño, por lo que su cuerpo fue lacerado de forma similar a la que produjo el
ataque -en una evocación de la ley del talión- y colgado en la plaza
central. Para que la imagen de la justicia estuviera completa, el cuerpo del
animal fue vestido con prendas humanas al momento de la ejecución.[100]
Incluso cuando un animal era absuelto, el ser humano seguía siendo el estándar
de referencia sobre lo que es noble, justo o inocente.[101]
37. Superadas tales prácticas, desprovistas de
cualquier justificación desde una concepción moderna de la responsabilidad,
los animales ingresaron al mundo del derecho a través de las leyes de
prohibición de maltrato animal que se extendieron, desde Inglaterra,[102]
en el siglo XIX por Europa. La discusión entre los dogmáticos del derecho penal
alrededor de quién era el titular del bien jurídico protegido fue nutrida y
divergente, y continúa siéndolo. Diversas justificaciones se han dado entre
quienes consideran que no es válido asignar a los animales la titularidad de la
protección. En este sentido, el tipo sancionatorio se ha asociado a la
necesidad de (i) garantizar la moral pública y las buenas costumbres; (ii)
proteger a la comunidad de futuras agresiones contra sus propios miembros; y,
(iii) defender al medio ambiente, en tanto recurso necesario para la vida
humana. Frente a una posición en tal sentido, penalistas como Alberto
Friederich Berner,[103]
en su tiempo, y, actualmente, Raúl Eugenio Zaffaroni, han sostenido
-minoritariamente- que la titularidad del bien jurídico protegido sí recae
sobre el animal.
38. De acuerdo con este último,[104] la
explicación fundada en la moral pública y las buenas costumbres, deja en el
escenario de la atipicidad aquellas conductas de crueldad que se cometen en
privado;[105]
la justificación dada en términos de la defensa futura de los propios miembros
de la comunidad, en la medida en que previene actos de maltrato contra los
humanos,[106]
convierte al delito en un tipo “de sospecha, porque en realidad no lesiona
ningún bien jurídico, sino que crea la sospecha de que puede lesionarlo. Se
trataría de la tutela a una pedagogía piadosa, algo así como la pretensión de
fomentar un modelo humano piadoso, un interés de la moral pública en este
sentido, para no correr el riesgo de que el humano extienda su crueldad a otros
humanos.”[107]
Y, por último, maltratar al ambiente, de un lado, tiene el inconveniente de
que probablemente la fauna doméstica urbana no entraría estrictamente en tal
categoría y, de otro lado, que remite la cuestión a un asunto similar a aquél
del que pretende dar cuenta, la titularidad de derechos del medio ambiente.
39. Además del anterior contexto normativo de
naturaleza sancionatoria al maltrato animal, los derechos asociados con el
medio ambiente han avivado en el Derecho las discusiones en torno a cuál es la consideración
adecuada en relación con los animales. En la actualidad, y teniendo como
trasfondo una larga historia de las ideas en las que, predominantemente, los
animales han sido considerados como cosas, por oposición a los seres humanos
calificados como personas, el tema de los animales ha sido abordado desde
posturas de bienestar, enfocadas en la prohibición del maltrato
injustificado, hasta la de derechos, en las que los animales no son
considerados como meros recursos naturales sino como titulares de protección.
Esta discusión también ha sido protagonizada por vertientes ambientalistas,
para las que el animal es funcional en tanto contribuya a mantener los ciclos
de la naturaleza, con las animalistas, para las que el animal sigue
siento relevante con independencia de tal aporte.[108]
40. En dicho amplio y variado marco, las ideas
mencionadas del utilitarista Jeremy Bentham han sido relevantes y dieron paso a
la “Liberación Animal” de Peter Singer.[109] Este autor
destaca que, pese a las diferencias que científicamente pueden encontrarse
entre hombres y mujeres, negros o blancos, por ejemplo, la igualdad de consideración
constituye una idea moral prescriptiva. Para Singer, entonces, no
considerar la capacidad de sentir placer y de sufrir de otras especies, es un
argumento éticamente insostenible, aunque, desde su postura ética, no llega a
plantear la existencia de titularidad de derechos para los animales.[110]
41. El reconocimiento de derechos, por su parte, sí
fue una de las propuestas a cargo de Tom Regan[111] quien, a
partir de su concepción sobre agentes morales y pacientes morales,
estima la titularidad de los animales del derecho básico al trato respetuoso,
en atención al valor intrínseco de cada sujeto, asociado a cualidades o
capacidades especiales de determinadas especies.[112] Su tesis,
empero, ha sido cuestionada en algunos escenarios en la medida en que el valor
intrínseco estaría restringido solo para algunos animales. La tesis de
Regan parece acercarse en alguna medida a la expuesta por Steven Wise en el
marco de este proceso de tutela,[113]
para quien, a partir del estremecimiento de un muro inquebrantable entre la
dualidad persona/cosa, persigue el otorgamiento de la titularidad de derechos
fundamentales básicos, como la libertad física y la integridad corporal, a
algunos animales, grandes simios (especialmente chimpancés y bonobos),
elefantes, ballenas, delfines y algunas aves.[114]
42. Con un sentido más expansivo y a partir de una
teoría con una amplia precisión, Martha Nussbaum[115] afirma la
existencia de derechos que, en justicia, deben reconocerse a los animales. Para
fundamentar su posición inicia por exponer tres asuntos que, en su opinión, no
pueden ser adecuadamente explicados a partir de las teorías del contrato social
-racionalista-, de las cuales la propuesta de Rawls es paradigmática.[116]
Entre estos asuntos se encuentra la exclusión del pacto social de los animales.[117]
Así, por ejemplo, sostiene que en la base de la fundamentación del contrato
social se encuentra una idea de cooperación social, a partir de un
beneficio mutuo, que no es adecuada para captar las relaciones -de
hecho- asimétricas entre seres humanos y animales.[118] Agrega que,
aunque para Rawls, por ejemplo, existen deberes hacía los animales, estos
simplemente involucran ideas de caridad o la compasión,[119] mas no de
justicia.
43. De otro lado, a diferencia de una posición
kantiana respecto de la dignidad humana, Nussbaum acoge una idea aristotélica,
en virtud de la cual todas las vidas son merecedoras de respeto, sujetas a
variaciones en sus necesidades, y en el marco del cual no existe una
racionalidad idealizada en el ser humano que se oponga a la animalidad. En este
sentido, se vale de la concepción de capacidades,[120] a partir de
la cual todos somos “animales temporales y necesitados, que nacemos siendo
bebés y terminamos con frecuencia en otras formas de dependencia”, este
enfoque, por lo tanto, “[s]upone llamar la atención sobre estas áreas de
vulnerabilidad, e insistir en que la racionalidad y la sociabilidad son en sí
mismas temporales, y que están sometidas a crecimiento, maduración y (si el
tiempo lo permite) decadencia.”[121]
44. A este enfoque de las capacidades añade la noción
del florecimiento, a partir de la dignidad aristotélica, logrando una
conjunción de elementos que le permiten afirmar que, tras la cooperación
social, una comunidad formularía principios políticos de relacionamiento
animales-seres humanos por virtud de los cuales “ningún animal sensible vea
truncada la oportunidad de llevar una vida floreciente -una vida dotada de la
dignidad relevante para su especie- y que todos los animales sensibles
disfruten de ciertas oportunidades positivas de florecer.”[122] De
acuerdo con esto último, para Nussbaum el umbral moral que fundamenta que los
animales sean titulares de derechos es la sintiencia -idea tomada del
utilitarismo-. Al respecto, afirma que:
“¿Existe un umbral por debajo del cual el
malogramiento de capacidades no constituya un daño? Matar un mosquito parecería
ser un acto de maldad mínima porque, en principio, el mosquito no siente dolor.
Para Singer sería fácil llegar a esta conclusión, pero para el teórico de las
capacidades es más complicado, ya que, desde su punto de vista, el bien reside
en las oportunidades de florecimiento y no solamente en la sensibilidad. ¿Por
qué no iba a ser la capacidad del mosquito para seguir viviendo una de las que
está mal interrumpir? Aquí es donde creo que el enfoque de las
capacidades debería aceptar el buen juicio del utilitarismo. La sensibilidad no
es lo único que importa para la justicia básica, pero cabría muy bien dentro de
lo posible considerar la posesión de sensibilidad como una condición `umbral`
para la admisión en la comunidad de seres detentadores de derechos basados en
la justicia.”[123]
45. Por lo tanto, sería fundamental
realizar un estudio que oriente a las autoridades políticas y legislativas
sobre las capacidades particulares para cada especie en pro del florecimiento
de sus vidas.
46. Desde un autor comunitarista como Will Kimlicka,
trabajando en este preciso asunto con Sue Donaldson, se considera que la
discusión de los derechos de los animales ha omitido hablar de sus derechos
positivos, como yoes vulnerables. Bajo la idea de que los animales
tienen distinto tipo de relación, y rechazando una postura absolutista que
propenda por eliminar todo tipo de vínculo entre seres humanos y animales,
estructuran su teoría a partir de los grados de relacionamiento. Así, los
animales domésticos serían titulares de derechos de membresía que
equivalen a ostentar una especie de ciudadanía; para los animales silvestres, derechos
de soberanía y autonomía, y para los animales liminales -en un
estado intermedio entre los animales domésticos y los silvestres-, derechos
de residencia, todos estos fundados en sus capacidades para sentir y, por
lo tanto, tener experiencias subjetivas de su mundo.
47. Las anteriores consideraciones, por supuesto, solo
pretenden dar alguna cuenta del sentido o líneas generales de un debate al que
han contribuido los principales pensadores, desde el mundo antiguo hasta la
actualidad, a partir de diferentes posiciones y áreas del conocimiento, con el
objeto de evidenciar aquello que está detrás de la posición de los animales en
el Derecho. Aunque en la actualidad, por ejemplo, su comparecencia a juicio es
un escenario excepcional,[124]
lo que no ha variado, por lo menos no en un sentido amplio, es la estimación
del ser humano como parámetro de referencia sobre la titularidad de derechos y
obligaciones; el punto de medida sobre las demás cosas.
48. El derecho, especialmente en su tradición
occidental, está soportado sobre una concepción restringida del concepto de
titular de derechos; categoría que ha sido construida desde los atributos del
ser humano, desde los cuales se definen las características de titularidad,
obligaciones y derechos. Aunque este concepto se ha ampliado progresivamente a
lo largo de la historia para incluir grupos poblacionales que habían sido
excluidos inicialmente de la categoría de lo plenamente humano, por
distintas razones (sexo, raza, nacionalidad, religión, condición social), aún
persisten las discusiones para entender el lugar que deben ocupar los animales
no humanos dentro de esta estructura.
49. Estas discusiones son universales y, en
consecuencia, no solo han confrontado las ideas que en países como Colombia
existen sobre la justicia, sus límites y alcances; por el contrario, se han
abordado por jueces de otros países, con tradición jurídica similar a la
nuestra o diferente. Su estudio y análisis son considerados como una
herramienta importante para una mejor comprensión de aquello sobre lo que el
Derecho debería ocuparse, teniendo en cuenta que las prácticas de las que se
nutre este sistema no son estáticas -pues las comunidades tampoco lo son-, por
lo cual, a continuación, haré referencia a algunas de tales decisiones.
Experiencias
de derecho comparado
50. El derecho comparado, tal como se afirmó
previamente, da cuenta de la discusión a gran escala sobre la situación animal,
convocando a distintas disciplinas -tanto de las ciencias naturales como
sociales- y que se caracteriza por una creciente preocupación hacia su
bienestar. Este giro en la concepción de lo animal[125] no es una
propuesta uniforme ni pacífica, pero tiene como mínimo común el reconocimiento
gradual de los animales como seres en sí mismos, cuyas experiencias
vitales importan en términos morales, sociales, ambientales y, por tanto,
legales. En la misma dirección parece apuntar la Corte Interamericana de
Derechos Humanos cuando recientemente advirtió sobre: “una tendencia a reconocer personería
jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales[126]
sino incluso en ordenamientos constitucionales.[127]”
51. Centraré mi atención en un resumen de algunos de los casos más representativos en
este giro hacia una redefinición de lo animal en el mundo jurídico. Como todo
ejercicio de derecho comparado, es importante comenzar por advertir que las
instituciones jurídicas que se citan no son automáticamente equiparables entre
sí, puesto que se enmarcan en sistemas y tradiciones legales, culturales e
incluso religiosas diferentes. Sin embargo, considero que es legítimo emprender
una búsqueda por alternativas de solución ante problemas legales que confrontan
de manera similar a las distintas sociedades.
52. Las diferencias entre los distintos ordenamientos
jurídicos y sociales saltan a la vista. En efecto, no es lo mismo estudiar la
titularidad jurídica de los animales en la India, donde existe una disposición
que elevó a rango constitucional el deber ciudadano de “tener compasión por
todas las criaturas vivas”[128]
y donde una de sus religiones principales -el hinduismo- reconoce el alma en
todas las criaturas vivas;[129]
a los Estados Unidos, cuya Constitución no contiene ninguna cláusula que
siquiera se aproxime a este nivel de compromiso con el mundo natural.
53. La Constitución Alemana, por su parte, sí incluyó
la protección de la naturaleza y de los animales, aunque lo hizo en función de
los derechos humanos y como una forma de responsabilidad hacia
las generaciones futuras.[130]
Pese a ello, en algunas decisiones, la Corte Constitucional alemana ha
reivindicado la protección directa de los animales en tanto seres vivos.[131]
La Constitución de Suiza fue más allá al consagrar expresamente la “dignidad
de los seres vivos”,[132]
sin restringirla a los humanos, como suele hacerse. Dicho reconocimiento del
valor intrínseco de todo ser vivo, se asemeja en nuestro continente a las
recientemente promulgadas constituciones de Bolivia y Ecuador, las cuales hacen
eco de relatos y cosmovisiones de los pueblos originarios de las Américas y de
su relación armónica con la naturaleza. Este segundo texto, en particular, no
solo celebra la “Pacha Mama”, donde “se reproduce y realiza la vida”; también le reconoce su derecho a ser “respet[ada] integralmente [en] su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”[133]
Incluso, dispone una suerte de jurisdicción universal para que cualquier
persona, pueblo o nacionalidad puedan exigir a la autoridad el cumplimiento de
los derechos de la naturaleza.[134]
54. Estas diferencias normativas y culturales son
relevantes; y por supuesto exigen guardar cautela al realizar un ejercicio de
derecho comparado que pretenda hacer trasplantes de instituciones jurídicas.
Pero lo que resultaba más interesante -y relevante para este caso- es que, con
independencia de tales diferencias, todos estos ordenamientos jurídicos y otros
tantos adicionales que no se mencionaron anteriormente, están indagando por la
cuestión animal y se han visto obligados a repensar categorías legales que
parecían inamovibles. En Nueva Delhi, un Juez debió resolver sobre el derecho
fundamental de las aves a volar y a no ser encerradas en jaulas;[135]
en Argentina, por primera vez se reconoció el derecho al habeas corpus de una chimpancé llamada Cecilia;[136] pero
también en Nueva York, las Cortes se encuentran discutiendo si “Happy”, la
elefanta del zoológico local, tiene derecho a ser liberada.[137]
55. En España una Jueza dispuso que una perra asistiera como testigo
al proceso por maltrato animal del cual había sido víctima.[138] La jueza
encargada ordenó que Milagros -la perra agredida- estuviera presente en
la Sala de audiencias. Aunque era obvio que el animal no podía comunicarse en
el lenguaje de los humanos, la Fiscal de Medio Ambiente de la provincia aclaró
a los asistentes que iban a hacerlo por ella, tanto el órgano acusador como un
médico forense expusieron a la juez las lesiones que Milagros había
sufrido y cómo se encontraba en ese momento.[139]
56. En Suiza, la necesidad de contar con un portavoz
oficial de los intereses animales adquirió una mayor relevancia y se transformó
en una política pública oficial. En el Cantón de Zúrich, se creó la figura del
Defensor Público de los Animales quien atendía entre 150 y 200 casos anualmente
por presunto abuso animal, y velaba exclusivamente por los intereses de sus
clientes no humanos.[140]
Sin embargo, esta iniciativa fue derogada a través de una consulta popular en
2010.[141]
Como ya se mencionó, Suiza es uno de los países más avanzados en legislación
animal, lo que también ha impactado sus pronunciamientos judiciales. La Corte
Suprema Federal, por ejemplo, convalidó en 2009 la decisión del Gobierno de
prohibir ciertos experimentos científicos realizados sobre primates. Además de
considerar el valor intrínseco de los animales dentro del análisis de
proporcionalidad, esta decisión es relevante por concluir que: “Incluso si
esta [la dignidad de los animales] no puede y no debe ser equiparada con
la dignidad humana, ella sí exige que las criaturas de la naturaleza, al menos
en un cierto grado, sean entendidas y valoradas como seres con una estatura
similar a los humanos.”[142]
57. A continuación -y para terminar este capítulo-
profundizaré en tres casos específicos que resultan relevantes, en la medida
que abordan decisiones judiciales relacionadas con la titularidad jurídica de
los animales, y en tanto que representan hitos en el giro animal al que se hizo
referencia.
(i) Argentina: la chimpancé Cecilia
58. En noviembre de 2016, el Tercer Juzgado de
Garantías de Mendoza (Argentina) profirió una decisión histórica: por primera
vez reconoció que un animal podía ser sujeto de derechos, y en particular del
recurso de habeas corpus para lograr su liberación.[143]
Según los demandantes, Cecilia -una chimpancé hembra de 30 años- había sido privada
arbitrariamente de su derecho a la libertad y a una vida digna por parte de
autoridades del zoológico de la Ciudad de Mendoza, donde su estado de salud
físico y psíquico se deterioró rápidamente, ante las condiciones deplorables de
su cautiverio.
59. En el marco de la institución jurídica del habeas corpus, el Despacho reconoció que, en principio, esta acción
no había sido concebida para tratar casos relacionados con animales privados de
su libertad. La Argentina, como muchos otros países, ha promulgado leyes contra
el maltrato animal, sin que ello suponga un derecho de los animales a no ser
maltratados, lo que en su opinión demuestra “la clara incoherencia de nuestro ordenamiento jurídico
que por un lado sostiene que los animales son cosas para luego protegerlos
contra el maltrato animal, legislando para ello incluso en el campo penal.”
60. No obstante, a renglón seguido, el Tercer Juzgado
de Garantías de Mendoza señaló que “las sociedades evolucionan tanto en sus conductas
morales, pensamientos y valores como así también en sus legislaciones.” En particular, recogió dos teorías sobre
los animales que justifican dar este salto cualitativo en la definición de
titular de derechos. En primer lugar, la doctrina de los seres sintientes, cuyo origen se remonta al filósofo inglés
Bentham, quien postuló como sujeto moral a todo aquel capaz de sentir placer o
dolor, comprendidos entre ellos los individuos del reino animal, especialmente
los primates, sobre quienes existen suficientes estudios documentados de sus
atributos físicos y emocionales. En segundo lugar, y de especial importancia
para nuestro continente, rescató el trabajo de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien
concibe a la naturaleza (o Pacha Mama) como un sujeto vivo y complejo de
derechos, integrado por seres interrelacionados entre sí, incluyendo por
supuesto a los humanos. Esta última aproximación teórica permite afirmar que el
bien protegido en esta ocasión era el bienestar de Cecilia, el cual, a su vez, es un valor colectivo, en tanto Cecilia integra el patrimonio natural, al
cual también estamos inscritos los seres humanos.
61. Ante los múltiples interrogantes y críticas que
este cambio en el paradigma podría suscitar, el mismo Juzgado se encargó de
precisar el alcance de su decisión, aclarando que no se trata de equiparar por
completo al ser humano con los demás organismos vivos de la naturaleza, pero sí
de reconocer unos derechos mínimos, entre los cuales está la posibilidad de
vivir libremente en el medio natural, propicio según cada especie:
“… en la presente no se intenta igualar a
los seres sintientes -animales- a los seres humanos como así tampoco se intenta
elevar a la categoría de personas a todos los animales o flora y fauna
existente sino reconocer y afirmar que los primates son personas en tanto
sujetos de derechos no humanos y que ellos poseen un catálogo de derechos
fundamentales que debe ser objeto de estudio y enumeración por los órganos
estatales que correspondan […] No se trata aquí de otorgarles los derechos que
poseen los seres humanos sino de aceptar y entender de una buena vez que estos
entes son seres vivos sintientes, que son sujetos de derechos y que les asiste,
entre otros, el derecho fundamental a nacer, a vivir, a crecer y morir en el
medio que les es propio según su especie. No son los animales ni los grandes
simios objeto de exposición como una obra de arte creada por el hombre.”[144]
62. Ahora bien, dado que ni la regulación procesal de
la provincia ni la ley nacional de Argentina contemplan específicamente una vía
procesal para evaluar la situación de animales en estado de encierro, la Jueza
consideró que la acción de habeas
corpus era la vía
procedente. Pero esto suponía una dificultad adicional: la simple orden de
liberación de Cecilia no se compadecía con su situación ni con sus necesidades
particulares, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de Argentina no había un
santuario de animales apropiado para que ella pudiera continuar su vida. Fue
por ello que el juzgado resolvió ordenar su traslado a un santuario en el
vecino país de Brasil, confiando eso sí en que la distancia no borraba la
pertenencia de Cecilia a la comunidad de Mendoza, y que la búsqueda su
bienestar era, en últimas, una oportunidad para ser verdaderamente más humanos:
“En esas particulares circunstancias, el
traslado más allá de nuestra frontera aparece como el medio idóneo para que
quien hoy integra “nuestro” patrimonio pueda proseguir su vida en mejores
condiciones […]. El lazo espiritual que vincula a una comunidad con los
elementos de su patrimonio no depende de la proximidad física sino de la
intensidad con la que la relación sea vivida y fortalecida a lo largo del
tiempo, con independencia de la condición dominial del elemento o de la
jurisdicción a la que él quede sometido. Así pues, Cecilia podrá seguir siendo
integrante de “nuestro” patrimonio ambiental si nosotros, como colectividad,
así nos lo proponemos […]. Si atendemos a su bienestar no será Cecilia quien
estará en deuda con nosotros sino nosotros quienes deberemos agradecerle la oportunidad
de crecer como colectividad y de sentirnos un poco más humanos.”[145]
63. El proceso de Cecilia se ha convertido en un hito
de la jurisprudencia comparada sobre la protección de los animales, no solo en
el contexto regional sino en el internacional por el alcance que se dio a la
figura del habeas corpus.
64. El siguiente caso nos lleva al otro extremo del
globo, a un país donde la ley contra el maltrato animal ha sido reinterpretada
y sistematizada por las autoridades judiciales como un verdadero estatuto sobre
los derechos de los animales.
(ii) India: la tradición “Jallikattu”
65. Como ya se mencionó, la República de la India
cuenta con una norma
constitucional que prescribe el deber ciudadano de “tener compasión por
todas las criaturas vivas”,[146]
así como una prohibición de sacrificar el ganado.[147] De igual
manera, cuenta con una legislación en contra de la crueldad animal desde 1966,
la cual ordena tomar medidas en favor del bienestar animal y prohíbe todo sufrimiento causado de forma innecesaria sobre estos.[148]
66. En 2014 la Corte Suprema de la India profirió una
decisión histórica sobre el alcance del derecho de los animales, y cómo
armonizarlos con otros derechos de los seres humanos.[149] En esta
ocasión, la Corte analizó la legalidad de una tradición practicada por más de
tres siglos llamada “Jallikattu”, común en Tamil Nadu, un estado del sur de
la India. En resumen, es un evento en el que varios concursantes deciden
correr, saltar y hostigar a toros que son previamente sometidos a condiciones
de estrés para que así embistan y persigan a los participantes. Práctica que
quedó prohibida con esta decisión de la Corte Suprema.
67. En opinión de los magistrados, de los deberes
consagrados en el Estatuto contra de la crueldad animal de 1966 se derivan
derechos correlativos en cabeza de los animales, lo que también conlleva al
reconocimiento de su dignidad intrínseca. En palabras de la Corte Suprema de la
India:
“Las secciones 3 y 11 [del Estatuto contra la crueldad animal de
1966], como ya se indicó,
no confieren ningún derecho a los organizadores del Jallikattu, sino solamente deberes, responsabilidades y
obligaciones; pero sí reconocen derechos a los animales. Las secciones 3 y 11,
junto con otras provisiones similares, deben entenderse y ser interpretadas en
armonía con el artículo 51(A) de la Constitución, el cual establece deberes
elementales en cada ciudadano de compasión por las criaturas vivas […] Todos
los seres vivos poseen una dignidad inherente y un derecho a vivir
tranquilamente, así como un derecho a ser protegidos en su bienestar, lo cual
incluye la defensa contra golpes, excesos de carga, tortura, dolor y
sufrimiento. Suele decirse que la vida humana no es como la vida animal, lo
cual refleja un profundo sesgo antropocéntrico, que ignora el hecho de que los
animales también son acreedores de un reconocimiento y un valor intrínseco. La
Sección 3 ha reconocido estos derechos y junto con la Sección 11 imponen un
deber universal de cuidar a los animales, de tomar medidas razonables para
asegurar su bienestar y de prevenir la causación de sufrimientos innecesarios.”[150]
68. Siguiendo con lo anterior, la jurisprudencia india
ha adoptado el estándar del “mejor
interés de la especie.”[151]
Este parámetro exige tomar decisiones con base en el bienestar animal
específico de la especie amenazada, salvo que estrictas necesidades humanas
adquieran mayor peso en el caso concreto, por ejemplo, tratándose de
experimentos científicos para prolongar la vida o combatir las enfermedades
tanto del género humano, como de plantas y animales. Sin embargo, en este caso
concreto, la práctica del “Jallikattu” no encajaba en el concepto estricto de necesidad humana, pues se trataba de un maltrato hacia los
toros con el único propósito de generar cierto tipo de placer en los espectadores. Es de resaltar cómo la Corte
constató que: “la
frustración de los toros es evidente en su vocalización; y su expresión facial
transmite fácilmente tanto en los biólogos como en la persona del común, una
sensación de sufrimiento.”[152]
69. Esta sentencia no solo es relevante por haber
reconocido el valor intrínseco de los animales, e intentar armonizar sus
derechos con los intereses humanos. También constituye un avance significativo
al proponer un catálogo básico de derechos de los cuales debería gozar
cualquier animal,[153]
integrado por los siguientes cinco elementos: (i) derecho a no tener hambre,
sed ni malnutrición; (ii) derecho a no experimentar miedo ni angustia; (iii)
derecho a no padecer molestias físicas; (iv) derecho a no ser sometido a daños,
lesiones o enfermedades; y la (v) libertad para expresar sus patrones naturales
de comportamiento.[154]
(iii) Estados Unidos: orcas, primates y
elefantes
70. Este recuento termina con los Estados Unidos, un
país cuya Constitución no consagra ninguna cláusula de protección animal, ni
siquiera en función de los seres humanos; y cuyos estándares contra el maltrato
animal no son tan estrictos como en otras latitudes. Pese a ello, es un objeto
de estudio enriquecedor, dado el alto activismo impulsado por algunas organizaciones[155]
que, en asocio con la sociedad civil y expertos académicos interdisciplinarios,
poco a poco contribuyen a ensanchar las fronteras de la titularidad animal por
vía de la jurisprudencia.
71. Uno de los primeros antecedentes es una demanda en
favor de un grupo de orcas que se encontraban confinadas en un parque
recreacional de California, en donde debían cumplir con rutinas de
entretenimiento para los visitantes.[156]
De acuerdo con los demandantes -que fungieron como agentes oficiosos de los
cetáceos- el encierro en tanques artificiales afectaba de múltiples maneras su
normal desarrollo, y constituía una grave afrenta a su bienestar natural. Para
soportar su argumento, los accionantes recurrieron a la Enmienda XIII de la
Constitución Norteamericana, mediante la cual se consagró la prohibición de
esclavitud.[157]
72. La Corte de California rechazó la solicitud, con
fundamento en que la disposición legal invocada había surgido en un contexto
histórico muy particular de mitades del siglo XIX y tenía por destinatario
únicamente a los seres humanos. Para la Corte: “A diferencia de otras cláusulas constitucionales, la
Enmienda XIII apunta a un único objetivo: la abolición de la esclavitud dentro
de Estados Unidos. Su lenguaje y alcance es claro, conciso y no está sujeto a
ningún grado de interpretación.”[158]
Con todo y esto, la sentencia no cerró completamente la puerta a una
resignificación de la posición animal ante el derecho, pues también concluyó
que, aunque la demanda no podía tramitarse a través de la Enmienda XIII, “ello no significa que los animales no
tengan derechos, puesto que varios estatutos federales han consagrado
herramientas judiciales para su reparación, incluyendo sanciones para quienes
incumplan los deberes de protección animal.”[159]
73. La estrategia jurídica se redirigió entonces hacia
otra cláusula constitucional, mucho más antigua que la prohibición de
esclavitud, y que también se incluyó expresamente en el texto de la
Constitución de 1787: el habeas
corpus.[160] El primer cliente no-humano en cuyo favor se invocó esta figura de liberación fue
Tommy, un chimpancé que a corta edad fue llevado a los Estados Unidos, donde a
través de golpes e incentivos negativos fue forzado a actuar en películas de
finales del siglo pasado. Luego de su paso por las cámaras, Tommy terminó
recluido en una jaula de cemento, acompañado de un televisor, y donde el único
vestigio de naturaleza eran las paredes pintadas con motivos selváticos.[161]
74. En primera instancia, un Juzgado de Nueva York[162]
rechazó la solicitud de habeas
corpus, bajo el argumento
de que no existía ninguna norma o antecedente legal a nivel regional o nacional
diseñado para proteger a los animales como sujetos de derechos. Consideró que
pese a las funciones cognitivas y lingüísticas que esta especie de primates ha
demostrado tener, “ellas no
se traducen en la capacidad del chimpancé para, como sí ocurre en los seres
humanos, tener obligaciones y ser responsable de sus acciones.” De acuerdo con este fallo, la titularidad
de derechos supone necesariamente ser también sujeto de obligaciones; argumento
que fue controvertido por el apelante, en el entendido que todo ser humano es
sujeto de derechos, independientemente de que por razones de edad, salud u
otras condiciones particulares, no pueda asumir obligaciones legales.
75. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de
Nueva York mantuvo la decisión, pero no sin antes advertir sobre las
deficiencias del sistema legal actual para responder a algunos de los dilemas
éticos más difíciles de nuestros tiempos.[163]
Incluso, el voto concurrente del Juez Fahey denunció esta falta de desarrollo
legal como una “manifiesta
injusticia”, en tanto que
la negación de una titularidad jurídica de los animales está soportada, en
últimas, sobre un argumento especista (la pertenencia a la especie humana como
condición habilitante de la titularidad de derechos) que seguramente no
resistirá por mucho tiempo el juicio de la historia.
76. El proceso sigue pendiente de nuevas actuaciones,
y aunque Tommy no disfrute aún de su libertad, su caso permitió serios
cuestionamientos respecto a las concepciones legales sobre las que se soporta
la titularidad de derechos, y el concepto de persona jurídica. Esta discusión
también se desarrolló en el caso de Hércules y Leo, dos chimpancés a disposición
del departamento de anatomía de una universidad, donde fueron forzados -a
través de anestesia y electrodos de alambre fino- a participar,
durante la última década, de una investigación para entender cómo los humanos
evolucionaron y aprendieron a caminar sobre dos extremidades. La decisión
judicial no fue favorable a sus intereses, pero la presión social y mediática
sobre el caso sí resultaron determinantes para lograr que estos animales fueran
trasladados finalmente a un santuario para primates[164].
77. Si bien el caso encontró un desenlace por un
camino extrajudicial, es interesante revisar la decisión de la Corte Suprema de
Nueva York.[165]
La sentencia concluyó sumariamente que el habeas corpus no resultaba procedente, por cuanto el precedente
vigente aún se enmarca en una definición estrecha de persona jurídica. Pero más
allá de la decisión, es en la parte motiva donde mejor se evidencian los
complejos debates que generan estos casos. En palabras de la Corte, la
personalidad jurídica no debería restringirse a la condición humana, la cual,
en sí misma, ha sido objeto de controversia a través de la historia:
“La personalidad jurídica no necesariamente
es sinónimo de ser humano. Tampoco es cierto que la autonomía y la libre
determinación hayan sido siempre considerados como supuestos necesarios para
conferir derechos. En todo caso, el accionante no busca que se otorguen todos
los derechos humanos a los chimpancés; más bien, lo que pretende es que la ley
haga uso de una ficción legal para que los chimpancés sean titulares de
derechos únicamente para propósitos de cobijarlos con el habeas corpus; así como también el derecho ha recurrido en otros
contextos a ficciones legales para que entidades no humanas -como las empresas-
puedan entenderse como personas legales, con cierto tipo de derechos […]. El
concepto mismo de personalidad jurídica, esto es, quién o qué puede
considerarse como persona ante el derecho y para qué fines, ha evolucionado
significativamente desde la fundación de los Estados Unidos. No hace mucho,
solo los hombres caucásicos y propietarios disfrutaban del catálogo completo de
derechos legales bajo la Constitución. Trágicamente, hasta la Enmienda 13ª, los
afroamericanos esclavizados eran vendidos, comprados y tratados como propiedad,
con pocos o ningún derecho. Las mujeres fueron también consideradas como
propiedad de sus esposos o de sus familias.”[166]
78. La Corte de Apelaciones termina con una reflexión
que parece premonitoria de los intensos debates legales, morales y sociales a
los que asistimos en la actualidad: “Las similitudes entre humanos y chimpancés inspiran la
empatía que se siente hacia la mascota amada. Son comprensibles entonces los
esfuerzos para extender la protección legal a estos animales; algún día incluso
podrían tener éxito. Las Cortes, sin embargo, son lentas para abrazar el
cambio, y a veces parecen ser renuentes a comprometerse con interpretaciones
más inclusivas del derecho.”[167]
79. Una vez presentado este breve repaso por el
derecho comparado en la legislación y jurisprudencia animal, en mi concepto es
importante formular algunas ideas a manera de recapitulación:
a.
Son múltiples y
diversas las soluciones jurídicas a las que han acudido los países para
enfrentar los reclamos de justicia frente a los animales no humanos. Tales
soluciones, por supuesto, no han desconocido los fundamentos de una larga
tradición de pensamiento que ha ubicado al ser humano como la medida de todas
las cosas y, en consecuencia, que ha dejado en planos subordinados a otros
seres vivos, entre ellos los animales. Muchos países ya cuentan con
legislaciones específicas contra el maltrato animal; y algunos pocos han
elevado incluso a rango constitucional la dignidad de todos los seres vivos,
convencidos de su valor intrínseco.
b.
Con independencia del
marco legal y de las diferencias sociales y culturales entre los países, los
distintos ordenamientos jurídicos están indagando por la cuestión animal y se
han visto obligados a repensar categorías legales que parecían inmodificables.
Países como Argentina y la India han dado un primer y decisivo paso para tratar
a los animales como sujetos de derechos, al menos con respecto a algunos
derechos mínimos. Muchos otros países aún buscan la mejor forma de tramitar con
justicia los reclamos de bienestar animal.
c.
No existe una solución
uniforme ni un único instrumento legal para afrontar los complejos dilemas
morales, sociales y legales que los animales no humanos ponen de presente. Pero
en lo que sí parece irse construyendo un consenso es en la insuficiencia del binomio clásico de personas/cosas
para resolver complejos dilemas jurídicos, legales y morales que surgen a
diario en la relación con nuestro entorno natural y los demás seres vivos con
quienes habitamos este mundo. La distinción entre personas y cosas
impone una profunda brecha conceptual que por momentos parece insalvable y
cuyas consecuencias resuenan como manifiestas injusticias ante la conciencia
colectiva.[168]
Algunas
evidencias de las capacidades del ser animal
80. Bajo el paradigma de la dignidad, las capacidades
de racionalidad y de autonomía moral nos distinguen de los demás sujetos sobre
la tierra. En este sentido, por ejemplo, la Sentencia T-556 de 1998[169]
sostuvo que: “[l]a dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible
de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres
vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y
específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr
finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia,
la persona es "un fin en sí misma."  La certeza pues de que algo, inmanente y especial,
divide a los seres humanos de los demás seres y que, por lo tanto, nos hace
dignos de gozar de aquello a lo que nosotros mismos le hemos dado forma, parece
una posición de origen e incuestionable.
81. Sin desconocer las particularidades del ser
humano, desde el ámbito de las ciencias naturales, Charles Darwin afirmaba que
“[l]a diferencia mental entre el hombre y los animales superiores, aun
siendo grande, ciertamente no es de escala sino de tipo.[170]” En
el marco de la audiencia promovida en este proceso de tutela, la profesora
Paula Casal destacó que, para la filosofía, una persona es un “ser pensante
e inteligente con razón y reflexión, que puede verse a sí mismo como el mismo
ser pensante en distintos momentos.” En este sentido, se refirió a varias
cualidades de tal condición: (i) mínimo de inteligencia, (ii) autoconciencia,
(iii) autocontrol, (iv) sentido del tiempo (futuro y pasado), (v) capacidad de
relacionarse con otros, (vi) preocupación por otros, (vii) comunicación, (viii)
control de la existencia, (ix) curiosidad, (x) cambio y capacidad de cambiar,
(xi) racionalidad y emoción combinados, (xii) idiosincrasia, y (xiii) función
del neocortex.[171]
82. En el año 2012 un grupo conformado por
neurocientistas cognitivos y neurocientistas computacionales, entre otros, se
reunieron en la Universidad de Camdridge con el objeto de valorar cuáles eran
los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y los
comportamientos de los animales no humanos, concluyendo con una Declaración
sobre la conciencia animal en la que, entre otros aspectos, se afirmó
que “de la ausencia de neurocortex no parece concluirse que un organismo no
experimente estados afectivos… los animales no humanos tienen los sustratos
neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia
junto con la capacidad de exhibir conductas intencionales.” Afirmaron que
mamíferos, pájaros y otros individuos, como los pulpos, tenían también esos
sustratos neurológicos como en los humanos. Advirtieron de la existencia de
sentimientos de experiencia relacionados con castigos y recompensas. Así como
las similitudes entre humanos, grandes simios, delfines y elefantes en
experimentos con espejos sobre el auto-reconocimiento.[172]
83. Por su parte, varios estudios sobre el
comportamiento de los animales dan cuenta, por ejemplo, de que algunos
antropoides[173]
resuelven problemas antes de poner en práctica la solución;[174] que los
elefantes[175]
y urracas[176]
tienen su propia autopercepción en el espejo; que los macacos son conscientes
de aquello que no saben e intentan descubrirlo para conseguir recompensas; que
son evidentes las competencias de planificación (visión de tiempo a futuro),[177]
así como muchas especies experimentan su vida en comunidad.
84. Estos y otros ejemplos que se han venido llevando
a cabo no permiten concluir, por supuesto, que los animales y, dentro de su
categoría, todos los animales, posean capacidades idénticas o similares a
aquellas con las que se relacionan a los seres humanos, y mucho menos que los
estudios efectuados y las conclusiones provisionales sea irrefutables o hayan
estado exentas de contradictores. No obstante, de lo que quiere darse cuenta es
de un estado de la ciencia que avanza y que parece advertir que solo una mirada
inquisitiva de nuestra propia naturaleza admite desconocer las capacidades y
habilidades de los animales -por diferentes que incluso puedan ser a las
nuestras-, y, por lo tanto, que es nuestra responsabilidad tenerlos en cuenta
con miras a determinar los cursos de acción que en esta materia se propongan.
85. Efectuadas las anteriores consideraciones
generales sobre el estado de la discusión desde diferentes perspectivas, a
continuación, presentaré algunas consideraciones sobre el alcance y evolución
de la protección a la libertad a través del hábeas corpus, dado que es
la acción constitucional que, en particular, fue resuelta a través de la
providencia que se cuestionaba en sede de tutela.
El
habeas corpus como instrumento legal de protección a la libertad
86. El habeas corpus es un concepto
profundamente arraigado en la historia del derecho universal, diseñado para la
protección de una de las garantías personales más importantes: la libertad. El
vocablo en latín[178]
que aún se emplea en la actualidad para designar esta institución da cuenta de
su larga trayectoria.
87. Desde la Roma antigua fueron concebidos
algunos instrumentos destinados a proteger la libertad individual ante
eventuales abusos provenientes de otros ciudadanos o de particulares; claro
está que no todas las personas eran beneficiarias de este derecho, sino tan
solo aquellos considerados como ciudadanos libres.[179] La Carta
Magna promulgada en 1215 en las Islas británicas estableció una garantía
general de libertad en favor del hombre, salvo que mediara una orden legítima
para su retención,[180]
y de esta forma dio un alcance mayor al habeas corpus. Pero habrían de
pasar varios siglos hasta que un Juez del Tribunal del Rey admitiera en 1772
que James Somerset, un esclavo retenido en Londres contra su voluntad, también
podía beneficiarse de este recurso de amparo.[181]
88. En cierto modo, la historia del habeas
corpus es también la historia de nuestras sociedades, de sus conflictos,
disputas y acuerdos en torno a la libertad y quién puede invocarla. A lo largo
del tiempo, esta acción ha servido como el garante de la libertad más elemental
y universal, al conceder un espacio judicial para los seres que el derecho
(aún) no reconoce como entidades con titularidad plena de derechos y
responsabilidades.[182]
89. Este acápite no pretende hacer un
recuento exhaustivo sobre el desarrollo legal de esta figura, aspecto del cual
la Corte ya se ha ocupado anteriormente,[183]
pero sí llamar la atención sobre cómo la formulación amplia y universal que
consagra el artículo 30 de nuestra Constitución Política es el resultado de un
largo y difícil proceso que ha permitido ensanchar progresivamente las
fronteras de la categoría de “titular de derechos”, para ofrecer así a
toda persona un espacio para exigir una justificación cuando considere
que ha sido privada injustamente de su libertad, aun cuando no pueda ser
considerada plenamente un sujeto de derechos.
90. A continuación, me concentraré en dos
momentos históricos para explicar este devenir, y los debates que surgieron en
torno al alcance del habeas corpus: (i) la abolición gradual de la
esclavitud; y (ii) la protección de la población ante prácticas dictatoriales
en América Latina. Luego, (iii) abordaré el panorama legal y jurisprudencial
del habeas corpus en Colombia, evidenciando su potencial para
expandir su amparo más allá de la especie humana.
(i)
El habeas corpus
y el problema de la esclavitud
91. El Reino Unido tiene una profusa
historia en relación con el habeas corpus. Algunas consideran, no sin
razón, que la primera consagración legal de esta figura se produjo con la Carta
Magna de 1215, que prohibía el encarcelamiento ilegal; cláusula que fue
empleada por primera vez en 1305.[184]
92. Posteriormente, en 1679 fue promulgado
el Hábeas corpus Amendment Act. Se trataba de una regulación más
detallada para hacer frente a las detenciones arbitrarias provenientes de
ciertas autoridades, tales como los ministros, los sheriffs u otras
personas.[185]
Suspendida brevemente en momentos excepcionales de guerra o de amenazas de
revolución interna, este cuerpo normativo ha estado vigente desde aquel
entonces y ha influenciado la legislación de otros países.
93. Fue bajo este marco legal que se
resolvió el célebre caso de James Somerset.[186]
James fue capturado y esclavizado en África en 1749, luego de lo cual tuvo que
trabajar forzadamente en las colonias de Norte América. Al cabo de 22 años
logró comprar su libertad; pero disfrutó de ella solamente un mes, hasta que
unos hombres de su antiguo propietario lo encontraron, lo privaron de su
libertad y lo llevaron a un barco que llegó a Londres en 1771, donde el
propósito era estar solo unos pocos días antes de zarpar nuevamente al nuevo
mundo para ser vendido en Jamaica.[187]
Sin embargo, algunos ciudadanos libres, luego de conocer la historia de su
cautiverio, iniciaron en su favor un proceso de habeas corpus que obligó
al Capitán del barco a ofrecer una explicación sobre el hombre que mantenía
encadenado en su embarcación.
94. Para ese entonces el comercio de
esclavos no había sido formalmente prohibido en el Imperio Británico. De ahí
que las consecuencias sociales y económicas de tramitar el recurso de habeas
corpus en favor de un “negroe” esclavizado eran inmensas. Se
calculaba que para ese momento había 15.000 personas esclavizadas en
Inglaterra, cada una con un valor mínimo de 50 libras. Además, existía el temor
de que el trámite de amparo significaría que en un futuro cercano el más mínimo
maltrato daría procedencia a un reclamo de libertad. Consciente de las
repercusiones del caso, el juez encargado del Tribunal del Rey (Court of the
King´s bench), Lord Mansfield, instó a que las partes llegaran a una
solución amistosa que frenara el proceso. Pero el propietario de James se
obstinó en reclamar lo que consideraba era su propiedad. Y fue así que Lord
Mansfield pronunció una de las frases más célebres del proceso: “si las
partes desean un juicio, fiat justitia ruat coelum”, “que se haga la
justicia, aunque caigan los cielos”.[188]
95. Después, al resolver el fondo del
asunto, el Capitán del Barco alegó que la esclavitud de africanos era una
costumbre extendida y que aún quedaban muchos negros disponibles en África para
tales fines. Explicó también que su comercio estaba autorizado por las leyes de
Virginia y Jamaica, hacia donde se dirigía la embarcación. En su opinión, estas
personas no eran más que “bienes y enseres personales, y como tales objetos
de comercio”. En este sentido, su detención en el Barco Anne and Mary,
anclado en el río Támesis, era legal. Sin embargo, Lord Mansfield dispuso la
libertad de James en los siguientes términos:
“El estado de esclavitud es de una
naturaleza tal que no es posible que entre en ninguna razón, moral o política,
si no es mediante derecho positivo (…). Es tan despreciable que no se puede
tolerar apoyarlo, solamente a través del derecho positivo. Cualesquiera que
sean los inconvenientes que pueda acarrear esta decisión, no puedo decir que
este estado sea permitido o esté aprobado por el derecho en Inglaterra y en
consecuencia, el negro debe ser puesto en libertad.”[189]
96. James recobró su libertad y el cielo no
se desplomó sobre Londres esa mañana de 1772. El mismo Lord Mansfield resolvió
pocos años después, en 1785, que los esclavos negros que aún sobrevivían en el
Reino Unido no tenían derecho a remuneración alguna por su trabajo.[190]
El proceso de James Somerset ni siquiera fue el fin de la esclavitud dentro del
Imperio Británico; para ello la humanidad habría de esperar unas décadas más
hasta el Abolition of the Slave Trade Act de 1807 que finalmente
prohibió el comercio de esclavos. Aunque la abolición se pospuso y los esclavos
claramente no tenían el mismo reconocimiento legal que la población libre -en
muchos sentidos no eran siquiera titulares de derechos- el proceso de James
Somerset fue pionero en reconocer, a través del habeas corpus, la
protección más elemental que podía tener un individuo: la libertad.
(ii)
El habeas corpus y los regímenes autoritarios de América
Latina
97. A final del siglo XX, en un escenario
regional marcado por regímenes dictatoriales y trasgresores de los derechos
fundamentales el habeas corpus volvió a cobrar relevancia en América
Latina. Se convirtió en un derecho no sólo importante para proteger la libertad
física de las personas sino también “en un medio para proteger la integridad
física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que
en las dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego
torturar y desaparecer a aquellas personas que no gozan de la simpatía del
régimen de turno.”[191]
98. En este contexto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el recurso de hábeas corpus,
es una de las garantías judiciales que, de acuerdo a la parte final del párrafo
2 del artículo 27 de esa Convención, no puede suspenderse por un Estado Parte,
ni siquiera en situaciones extraordinarias de conflicto interno o amenaza
terrorista.[192]
El habeas corpus cumple entonces una función sencilla pero con profundo
impacto para la defensa de los derechos. Su objeto es la “verificación
judicial de la legalidad de la privación de libertad, [y] exige
la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya
disposición queda la persona afectada.”[193]
Se trata de un medio esencial para cuestionar a las autoridades o entidades que
han privado de la libertad a un individuo, y así velar por el respeto a la vida
e integridad de la persona; e incluso impedir su desaparición o la
indeterminación de su lugar de detención, o protegerla contra la tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
99. La historia de América Latina está
llena de testimonios de hechos violentos cometidos por gobiernos autoritarios
que, en su lucha contra el “enemigo interno” deshumanizaron al “otro”,
mostrando un desprecio tal por su vida que negaron su identidad como titular de
derechos. Se trató de conductas criminales que comenzaban por desconocer la
libertad de los ciudadanos y anulaban de facto la utilidad del habeas corpus.
100. El caso del señor Anzualdo Castro
contra Perú, resuelto por la Corte Interamericana en 2009 es un referente en la
materia.[194]
Kenneth Ney Anzualdo Castro, un estudiante de economía de 25 años fue
desaparecido en diciembre de 1993, cuando regresaba a su casa, presuntamente
por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano (SIE).[195]
En febrero de 1994 su padre interpuso una acción de hábeas corpus, a fin
de que se identificara el lugar donde se encontraba detenido. El Sexto Juzgado
Penal de Lima declaró improcedente la acción, en tanto que “no [fue]
posible determinar pruebas que señalen directamente a los accionados como
los responsables” de la desaparición. Para la Corte IDH, por el contrario,
las autoridades fallaron en sus decisiones, al imponer trabas desproporcionadas
sobre el solicitante, ignorando que el habeas corpus es “el medio
idóneo tanto para garantizar la libertad de la persona como para controlar el
respeto a la vida y proteger la integridad personal del individuo.”[196]
101. A diferencia de James Somerset, al
señor Anzualdo Castro no le fueron negados sus derechos más elementales por su
raza, sino por sus presuntas afiliaciones políticas que lo vinculaban a grupos
subversivos. Sin embargo, ambos casos coinciden en el desconocimiento de su
titularidad de derechos por parte de regímenes jurídicos en los que no
encajaban plenamente como titulares de derechos, sino como “otros”
entes, fuera del derecho y objetos de explotación o eliminación.
(iii)
El habeas corpus en el contexto colombiano
102. El artículo 30 de la Constitución
Política dispone: “Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe
resolverse en el término de treinta y seis horas.” Por su parte, la Ley
Estatutaria 1095 de 2006 definió que: “El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien
es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o
legales, o esta se prolongue ilegalmente.”[197]
103. En cuanto a la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la acción de habeas corpus
en diferentes ámbitos: (i) en control abstracto de constitucionalidad, frente a
las normas que han desarrollado o reglamentado su ejercicio; (ii) al aplicar el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela porque existía otro medio de
defensa judicial idóneo y efectivo; y (iii) al revisar acciones de tutela
contra providencias judiciales. A continuación, se presentan las
consideraciones de la Corte en cada ámbito.
104. En control abstracto de constitucionalidad, la Corte ha
precisado el contenido y alcance del derecho fundamental al habeas corpus,
así como algunos aspectos en relación con su ejercicio,[198]
como acción pública constitucional. En este sentido, ha sostenido que el objeto
principal del habeas corpus como acción es garantizar la inviolabilidad
de la libertad personal, pues funciona como una reacción contra las detenciones
o arrestos arbitrarios que provengan de agentes públicos o privados.[199]
Asimismo, ha advertido la Corte que es un derecho fundamental de raigambre
constitucional, y por ello “no simplemente informa los
procedimientos y la aplicación de la ley, sino que impone a las autoridades y a
los particulares un comportamiento específico de estricta obsecuencia frente a
lo que representa y se desprende de su núcleo esencial.”[200] En concordancia con lo anterior, ha
resaltado su importante papel en la protección de la libertad, señalando que se
trata de un derecho que no se suspende en los estados de excepción o
anormalidad, en tanto “no sólo protege la libertad
física de las personas sino también es un medio para proteger la integridad
física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que
en las dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego
torturar y desaparecer a aquellas personas que no gozan de la simpatía del
régimen de turno (…).”[201] Por
ello, el habeas corpus es entendido como la máxima herramienta de
garantía de la libertad individual frente a limitaciones arbitrarias, ilegales
o injustas perpetradas por cualquier autoridad o particular.
105. En la Sentencia C-187 de 2006[202] la Corte adelantó el control previo
de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 284/05 Senado y No. 229/04
Cámara, "Por
medio de la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”.
En esa oportunidad, recordó que el habeas corpus es la garantía más
importante para la protección del derecho a la libertad consagrado en el
artículo 28 de la Constitución, es también un derecho fundamental intangible y
de aplicación inmediata que se encuentra reconocido en normas internacionales
que forman parte del bloque de constitucionalidad.[203]
De otra parte, reiteró que el concepto actual de habeas corpus no se
agota con la protección exclusiva del derecho a la libertad, sino que “se expande para cubrir los otros derechos
fundamentales íntimamente relacionados con éste, y que le dan soporte, como son
los derechos a la vida y a la integridad personal.”[204]
106. De otra parte, en la revisión de fallos de tutela la
Corte ha desarrollado una línea en torno a la aplicación del requisito de
subsidiariedad cuando la pretensión va encaminada a la protección de la
libertad de una persona que considera limitada de manera ilegal. Al respecto,
ha recordado que cada institución del ordenamiento jurídico tiene un propósito
específico establecido por el Constituyente o el Legislador, de ahí que sea el habeas
corpus, y no la acción de tutela, el mecanismo indicado para garantizar la
libertad personal en los términos antes señalados. Así se pronunció en un caso
en el que a un menor de edad se le había concedido libertad provisional, pero
le obligaron a continuar prestando el servicio militar, pese a haber culminado
el periodo reglamentario.[205]
También lo ha hecho en el marco de controversias en las que los accionantes se
encontraban privados de la libertad a la espera de que se resolviera la
investigación sobre la comisión o no de los delitos que se les imputaban[206];
en casos relativos a la negativa de peticiones de libertad por vencimiento de
términos en el marco de procesos penales,[207]
o tras proferida una orden de captura;[208]
al resolver tutelas interpuestas por personas que, luego de varios días de
estar privadas de la libertad, no tenían definida su situación jurídica[209],
o que habiendo sido condenados a pena privativa de la libertad, se les había
otorgado detención domiciliaria y no obstante permanecían en un establecimiento
carcelario.[210]
107. El tercer supuesto en el que la Corte ha estudiado el habeas
corpus es en el marco de acciones de tutela interpuestas contra las
providencias judiciales que negaron dicho recurso. En estos casos, ha precisado
el alcance del habeas corpus como derecho fundamental y como recurso
judicial. Así, ha dispuesto que “[l]a estructura lógica del derecho de habeas corpus
supone que una vez se eleve la petición correspondiente el juez verifique
determinadas condiciones objetivas - legalidad de la captura y licitud de la
prolongación de la privación de la libertad - y concluya sobre la procedencia
de ordenar o no la libertad inmediata. En caso de comprobarse la detención
ilegal por cualquiera de las anteriores causales es necesaria la concesión de
la garantía y obligatorio el cumplimiento de la providencia que ordena la
libertad inmediata.”[211]
108. En
la Sentencia T-1315 de 2001,[212]
la Corte sistematizó las reglas jurisprudenciales sobre la materia así: (i)
quien está legalmente privado de la libertad debe formular las peticiones de
libertad dentro del proceso penal, y éstas deben ser resueltas de inmediato, o
antes del vencimiento indicado en la ley procesal, pues inciden directamente en
el derecho fundamental a la libertad personal; (ii) si la petición no se resuelve dentro del término legal,
procede la acción de hábeas corpus como garantía constitucional del
derecho a la libertad y (iii) “si la acción de hábeas corpus no se resuelve
oportunamente y se mantiene en la penumbra la legitimidad o ilegitimidad de la
privación de la libertad, procede la acción de tutela pero no como un mecanismo
supletorio de esa acción protectora del derecho fundamental de libertad sino
como mecanismo de defensa de los derechos de petición, debido proceso y acceso
material a la administración de justicia.  En este caso, la acción de
tutela protege el derecho que tiene el actor a que la legitimidad o
ilegitimidad de su detención sea considerada por un juez de tal manera que, si
hay lugar a ello, disponga su libertad inmediata.”[213]
109. En
suma, el habeas corpus es un derecho fundamental intangible y de
protección inmediata que no puede ser limitado en estados de excepción, y una
acción constitucional preferente y sumaria que busca la protección de la
libertad, la vida y la integridad personal de quienes han sido privados
ilegítimamente de la libertad, y es especialmente importante -como bien ha
explicado la Corte IDH- porque impide la consolidación de desapariciones
forzadas. Se trata pues de un medio judicial de aplicación inmediata -tiene que
ser resuelto en máximo 36 horas-, que desplaza a la acción de tutela para la
protección de los derechos fundamentales antes mencionados; cuyo contenido
puede ser revisado por el juez de amparo únicamente en el marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para determinar si la providencia
correspondiente incurrió o no en uno de los defectos establecidos por esta
Corte como afectaciones al debido proceso de los ciudadanos.
110. Hasta
el momento, la acción de habeas corpus habia sido abordada por la Corte
Constitucional únicamente en relación con el ser humano, por lo cual es
evidente que las consideraciones han tenido una orientación marcadamente
antropocéntrica, según la cual: “toda persona privada de la libertad tiene
derecho a que se le trate humanamente y a que el Estado le garantice los
derechos a la vida e integridad personal.”[214]. Lo
humano constituye entonces el sujeto de protección y el referente de justicia.
111. Lo
anterior, empero, no era óbice para entender que la esencia del recurso de habeas
corpus radica en propiciar la indagación sobre la legalidad de una
privación a la libertad, frente a la cual debe ofrecerse una justificación
legítima a la luz del ordenamiento constitucional, so pena de incurrir en una
detención ilegal. “La privación de la libertad, de cualquier naturaleza con
tal que incida en su núcleo esencial, proceda ella de un agente público o
privado, justifica la invocación de esta especial técnica de protección de los
derechos fundamentales.”[215]
También ha precisado la Corte que la acción de habeas corpus procede en
cualquier contexto en el que se evidencie una privación ilegítima de la
libertad. En este sentido, puede invocarse el recurso, por ejemplo, frente
decisiones proferidas por la jurisdicción indígena que ordenen penas privativas
de libertad, puesto que este es un derecho y una acción que le asiste a todo
aquel que considere ha sido despojado de su libertad sin las debidas garantías
constitucionales.[216]
112. De ahí también que esta acción legal exige
una actuación sumaria e inmediata. El recurso debe resolverse dentro de las 36
horas siguientes a su interposición.[217] Esto se entiende en la medida que el
recurso de habeas corpus constata únicamente la legalidad de la privación
de la libertad, mas no la eventual inocencia o culpabilidad del interesado. En
este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha explicado que “no es un
mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que
son propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan conductas
punibles, sino que, por el contrario, se trata de una acción excepcional de
protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que por
conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse.”[218]
113. El
ordenamiento jurídico reconoce que toda persona nace libre, por lo que nadie
puede ser molestado en su libertad “sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley.”[219]
Es la justificación de dicha retención lo que le corresponde al juez valorar
caso a caso, pues también es cierto que la libertad no es un derecho absoluto,
y que, por ejemplo, se justifica la pérdida de la misma cuando una persona ha
sido condenada en el marco de un debido proceso penal.[220]
Preguntas básicas en este caso
y propuesta de respuestas
114. A partir de las anteriores líneas de estudio, la
propuesta planteada consistía en establecer si la decisión judicial de conceder
el habeas corpus al oso Chucho era razonable o no en el marco
constitucional actual, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: (i)
las razones que expuso la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil[221]
para conceder dicho recurso y (ii) los argumentos que, según la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla “FUNDAZOO”, hacían de dicha
determinación una arbitrariedad.
115. En esta medida, el estudio de los defectos
propuestos por la fundación tutelante, esto es, fáctico, sustantivo y
procedimental absoluto, llevaban a la Sala a preguntarse si era razonable
considerar a Chucho como destinatario de un bien llamado “libertad”
pero, previo a esto y de manera inevitable, a responder la siguiente pregunta:
¿son los animales, como Chucho, titulares de derechos?
116. En mi concepto, los animales sí son titulares de
intereses jurídicamente relevantes para nuestro ordenamiento, intereses que
pueden ser denominados derechos. Esta postura la fundamenté en (i) la
construcción jurisprudencial existente, a partir de la afirmación de los
animales como seres sintientes con un valor intrínseco; (ii) los
avances que se han dado legislativamente en democracia, como la expedición de
la Ley 1774 de 2016 que acoge la categoría de sintiencia e incorpora los
mandatos de bienestar animal; (iii) las experiencias de derecho
comparado, como los habeas corpus concedidos en Argentina a la
orangutana Sandra y a la chimpancé Cecilia; (iv) el compromiso humano
con la conservación del medio ambiente, que se expresa en varios instrumentos
internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-; y, (v) las aportaciones
teóricas, filosóficas y científicas que dan cuenta, por un lado, de que las
categorías jurídicas deben permitir comprender y dar respuesta a verdaderos
problemas constitucionales, como el trato que debemos a los animales; y, por el
otro, de la riqueza que se encuentra en otras especies, de sus propias
experiencias de vida e, incluso, de las semejanzas que respecto de algunas de
las capacidades humanas exhiben varios animales.
117. En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta el
caso que en concreto analizaba la Sala, la pregunta que a mi juicio debía ser
atendida a continuación era: ¿es Chucho titular del derecho a la libertad? Y,
si es así, ¿cuál es su alcance? Consideré que Chucho es titular del derecho a
la libertad animal, entendida como aquellas condiciones en las que se le
permita expresar de mejor manera sus patrones vitales de comportamiento.
118. Con tal objeto, propuse tener en cuenta que
Chucho (i) pertenece a una especie silvestre, esto es, que su estatus
prevalente es el de la libertad; y, que (ii) su libertad, en parques
naturales -por ejemplo-, es relevante para la conservación del medio ambiente,
pues los osos andinos cumplen una importante función de reforestación y cuidado
de fuentes hídricas. Por lo anterior, dado su valor intrínseco y, además, la
función de osos como Chucho en el medio ambiente, esta especie sí puede aducir
un interés como aquél que identificamos con libertad, en el marco específico de
la consideración animal.
119. Ahora bien, si era dable advertir que Chucho,
como sujeto de derechos, es titular del derecho a la libertad animal, la
pregunta que a continuación debía resolverse era la siguiente: ¿es razonable
sostener que un mecanismo como el habeas corpus es adecuado para
proteger el interés de Chucho, dadas las específicas condiciones de su especie
y de su vida, ante la inexistencia de mecanismos judiciales efectivos en
el ordenamiento jurídico dirigido a animales?
120. Antes de indicar mi postura al respecto,
considero relevante tener en cuenta dos elementos. Primero, que, tal como se
afirmó en la Sentencia SU-016 de 2020 y en este escrito, el ordenamiento
jurídico no prevé de manera expresa una solución para el asunto planteado al
juez de habeas corpus, pero sí contiene mandatos que permiten un
acercamiento constitucional, con miras a que la función pública de administrar
justicia se satisfaga. Y, segundo, que es comprensible la preocupación por
preservar la eficacia del habeas corpus como principal recurso para la
protección de la libertad humana, en consideración a su recorrido histórico y
al papel que desempeñó en la lucha y la denuncia contra el autoritarismo; pero
ello no implica que esta acción no pueda ser adaptada a la protección de seres
vulnerables, con ajustes razonables.
121. Teniendo en cuenta lo anterior, en mi criterio,
la respuesta a la pregunta de si el habeas corpus era procedente es
afirmativa. Propuse a la Sala que el habeas corpus es un recurso que
actúa “como si” fuera el diseñado para este caso, con fundamento
en la historia de este instrumento y su inescindible relación con la superación
de situaciones de injusticia. Los aspectos procesales que caracterizan el
otrogamiento de la libertad a un ser humano, debían poderse adecuar a las
necesidades propias de una especie animal como la de Chucho, sin que esta
adecuación se convirtiera un en obstáculo definitivo para lograr la
satisfacción de los intereses de un animal como Chucho.
122. Como
motivo adicional de tal procedencia, sostuve que este recurso permitía resolver
con celeridad asuntos que merecen una respuesta oportuna, atendiendo a que los
daños que pueden causarse a un animal, con una expectativa de vida corta, deben
ser rápidamente afrontados.
123. Por lo hasta ahora expuesto, en mi opinión, la
providencia judicial que le concedió el habeas corpus a Chucho no
incurrió en defecto sustantivo ni procedimental absoluto, pues bajo el marco
constitucional actual la lectura de titularidad de intereses jurídicamente
protegidos en favor de animales era admisible, como también lo era el acceso a
dicho mecanismos de defensa en el caso analizado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional. Ahora bien, afirmado lo anterior,  era necesario precisar si se
verificaba un defecto fáctico en la decisión de habeas corpus al haberse
ordenado el traslado de Chucho a una reserva.
124. Para adelantar dicho análisis debe primero
mencionarse que la solicitud de habeas corpus[222] no
tuvo por objeto dejar en la libertad absoluta a Chucho, ni tampoco generar una
discusión sobre su bienestar en abstracto, sino que se centró en la protección
de su libertad animal, esto es, de las mejores condiciones para garantizar sus
necesidades de movilidad, en tanto pasó de un espacio de más de 2.500 m2,
en la Reserva del Río Blanco de Manizales, a una jaula de aprox. 200 m2,
en el Zoológico de Barranquilla. A la luz de esta petición, el juez de habeas
corpus decretó las pruebas que juzgó pertinentes y, con aquellas allegadas
en su oportunidad, tomó una determinación que no puede ser tachada de
arbitraria, por lo cual, tampoco se configuró el defecto fáctico invocado.
125. No obstante, con las pruebas allegadas al
expediente en sede de tutela y, particularmente en revisión, la propuesta que
presenté a la Sala Plena implicaba una variación en las órdenes dadas en el habeas
corpus, posibilidad que evalué correcta dada la informalidad de la acción
de tutela que estaba resolviéndose.   Dicha propuesta tenía en cuenta dos
enfoques. El primero, consistente en indagar sobre la mejor situación para
Chucho, dada su edad (aproximadamente 24 años) y su historia de vida, esto es,
que nació en cautiverio y que, por tal motivo, ha dependido para su
supervivencia de la intervención humana. Y, el segundo, dirigido a establecer
la razón por la cual Chucho permaneció en cautiverio toda su vida, partiendo
del hecho de que él y su hermana fueron confinados en la Reserva del Río Blanco
con fines de reproducción.
126. Desde el primer punto de vista, ante las
incertidumbres generadas por un posible traslado, se sugirió en la ponencia
inicial que presenté a la Sala, ordenar la creación de un comité técnico que,
con la participación de delegados de varias entidades y organizaciones,
realizaran un estudio etológico integral sobre las condiciones de Chucho para
así determinar si era recomendable un traslado a una reserva o su permanencia
en el zoológico y, en este último caso, si se precisaban algunas mejoras.
127. Desde el segundo punto de vista, se propuso
ordenar al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible poner en marcha
con las demás entidades competentes y de la ciudadanía el estudio de la
política pública de conservación del Oso Andino o de anteojos, pues era
evidente que el cautiverio de Chucho, en busca de finalidades inviables, había
sido el resultado de una defectuosa y precaria aplicación de aquella y, por lo
tanto, era imperioso que en el futuro no se repitieran situaciones similares.
Consideraciones finales
128. En el caso del oso Chucho, la mayoría
de la Sala Plena bloqueada en el laberinto formalista del derecho procesal, no
fue capaz como juez constitucional de avanzar en la protección animal a pesar
de que contaba con los elementos necesarios para hacerlo. En mi opinión, este
era un momento histórico para consolidar estándares nacionales de protección,
no solo bajo parámetros de sintiencia y de prohibición del maltrato
injustificado, por lo cual promoví una deliberación amplia en este proceso.
129. En tal dirección, la mayoría debió
comprometerse a continuar con esa reflexión colectiva, para involucrar a las
autoridades estatales y a la sociedad civil, con el ánimo de que, como especie
también animal, los seres humanos en una clara muestra de altura moral
reconocieran el valor intrínseco de cada especie. Así, siguiendo a John Stuart
Mill, quien afirmó que los mayores cambios en la sociedad pasan “por tres
fases: ridículo, polémica y aceptación”, considero que la discusión, entonces,
sigue en la polémica, y que corresponderá a la deliberación de la sociedad y de
las instituciones, entre las que está el Legislador, pasar a una fase de
aceptación.
130. En esta oportunidad se tomó nota de las
discusiones actuales y se verificó la ausencia de mecanismos de protección,
pero no se decidió dar un paso hacia adelante. No obstante, en el futuro la
sociedad y, probablemente, las instituciones deberán asumir nuevamente debates
similares y, en tal momento, con la integración de otros saberes se irán
delineando otros rumbos, en los cuales probablemente los otros, en este
caso los animales, tendrán voz y un reconocimiento de sus propios derechos,
acordes con su propia naturaleza, tanto en la sociedad como en el Derecho.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Anexo
I.
Contestaciones
al Auto de Pruebas
1.  Mediante oficio N° 11798 del 7 de septiembre de
2018, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales envió en calidad de préstamo el expediente de Habeas Corpus
solicitado[223].
- Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO
2. Por intermedio de su apoderado judicial, la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO- respondió al Auto del
3 de septiembre de 2018. En su escrito manifestó que no se les había comunicado
a las partes las razones que dieron origen a la selección de la tutela para
revisión, ni la discusión jurídica a realizar, teniendo en cuenta que “gran
parte del material probatorio solicitado está encaminado a abrir un debate
sobre el bienestar de la especie oso de anteojos denominado ‘Chucho’”[224]
y en su opinión, el objeto de la acción de tutela es abrir el debate legal
sobre los derechos de los animales y la forma en que estos se ejercen.
Enseguida, señaló que la Fundación se encontraba en total capacidad y
disposición de entregar toda la información requerida y relacionada con el
estado actual del oso de anteojos “Chucho”, pero insistió en que los aspectos relativos
a los cuidados del mismo no son asuntos que deban ser resueltos mediante una
acción constitucional cuyo objeto es salvaguardar los derechos fundamentales de
los seres humanos.
3. En relación con la información solicitada en el
auto mencionado, indicó que CORPOCALDAS realizó cuatro visitas de monitoreo
para verificar las condiciones del Oso de Anteojos “Chucho” desde su llegada al
Zoológico[225],
anexó una tabla en la que precisa las fechas, los funcionarios comisionados,
los objetivos y los resultados obtenidos[226]
que en general fueron favorables; en todas las visitas “el animal fue
encontrado en buenas condiciones”. También señaló que ha remitido seis
informes a CORPOCALDAS sobre las condiciones del oso de anteojos “Chucho” [227]:
el primero sobre el traslado y llegada al Zoológico de Barranquilla; en el
segundo se precisa el proceso de adaptación de Chucho al Zoológico; los cuatro
siguientes se refieren al manejo del oso por la FUNDAZOO. Aclaró que antes de
la llegada del oso a las instalaciones presentó un informe general del manejo
de la especie Oso de Anteojos a CORPOCALDAS el cual se tuvo en cuenta para
emitir el concepto técnico y entregar el animal a la Fundación. Asimismo,
sostuvo que el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, autoridad
ambiental con jurisdicción en el distrito de Barranquilla, otorgó aval para el
traslado y tenencia del Oso Chucho, previo a su llegada a FUNDAZOO.
3. Respecto a las condiciones actuales del oso Chucho[228]
inició con un recuento sobre la historia del oso desde que nació bajo los
cuidados de la Reserva Natural de La Planada, en el municipio de Ricaurte,
Nariño; su traslado a la Reserva de Río Claro en Manizales, Caldas, como parte
de un programa de educación y conservación para la especie; y, finalmente, su
llegada a la Fundación. Relacionó un total de nueve técnicos y profesionales
que son quienes se encargan del cuidado de los osos de anteojos en el
Zoológico, y hacen parte del Departamento de Biología, Conservación y
Veterinaria; describió el hábitat del animal[229];
relacionó los exámenes que le han realizado al oso Chucho, junto con su
resultado y su interpretación médica; a nivel comportamental expresó que el oso
ha tenido una conducta tranquila sin agresión al personal[230]. También
expuso en detalle los cuidados que está recibiendo, comparándolos con aquellos
que le eran propiciados en su anterior hábitat, que la Sala resume en el
siguiente cuadro:
Aspecto
Reserva Río Blanco
Zoológico de Barranquilla
Nutrición
El mayor porcentaje de alimento que se le
suministraba era concentrado para perros. Ocasionalmente zanahoria melaza y
frutas una vez a la semana.
60% del peso total de la dieta incluye frutas y
verduras, 4,1% carne, y el resto está dividido entre avena en hojuelas,
suplemento Mirrapel Pets, y solo un 14% de concentrado para perros.
Cuidado veterinario
Monitoreo veterinario esporádico y no especializado.
Cuenta con el seguimiento permanente de 3
veterinarios con experiencia en fauna silvestre. Ha sido tratado por lesiones
cutáneas y le han realizado revisiones odontológicas.
Comportamiento
Escapó dos veces del recinto en el que se
encontraba. No tenía contacto con otros osos de su especie.
El recinto es seguro. Tiene contacto con una hembra
de su especie, para el cual se siguió todo un protocolo de acercamiento entre
ambos.
Enriquecimiento ambiental
El Zoológico cuenta con un programa de
enriquecimiento ambiental que se realiza a través de la dieta y la
introducción de elementos novedosos.
Condicionamiento
En junio de 2018 Chucho inició un proceso de
aprendizaje para el manejo de su condicionamiento[231], lo cual
facilita “procedimientos de manejo rutinario y/o médico permite el
bienestar de los animales bajo cuidados humanos (…), y reduce el tiempo de
trabajo y del estrés, al lograr que un animal realice comportamientos de
manera voluntaria.”
4. Con el informe anexó: (i) certificado de registro
de la colección animal del Zoológico de Barranquilla emitido por el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; (ii) registro
ZIMS del espécimen Oso de Anteojos macho “Chucho” donde se indica la
información básica del animal; y (iii) certificado de salud del espécimen
realizado por la Coordinadora de Salud Animal de la Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO[232].
-
CORPOCALDAS
5. La Corporación Autónoma Regional de Caldas
-CORPOCALDAS-, mediante correo electrónico de 10 de septiembre de 2018, allegó
respuesta a cada punto del Auto de referencia, a través de informe realizado
por la oficina de Biodiversidad y Ecosistemas de la entidad, así:
(i)
Señaló
que antes del envío del oso a Barranquilla evaluó su estado y encontró que el
oso vivía en un encierro de malla de 2.20 m, “realizaba cortos recorridos
por el encierro, (…) se notaba inactivo, con sobrepeso y con pelo opaco”[233];
indicó que contaba con una plataforma en concreto “para dormir en mal
estado” y puertas de lámina metálica deterioradas que evidenciaban un
riesgo para el animal[234].
Sostuvo que CORPOCALDAS, no tenía historia clínica del oso de anteojos, plan
sanitario estructurado, ni una dieta balanceada y específica, además de contar
con atención veterinaria únicamente cuando el animal tuviese un cambio que
pudiese ser la manifestación de un problema sanitario.
(ii)
Detalló
con fecha y profesional encargado[235],
las visitas realizadas a FUNDAZOO, incluida la efectuada antes del traslado del
oso de anteojos “Chucho”, con la finalidad de verificar las condiciones medio
ambientales, recintos y planes de manejo del oso. Realizó en total cuatro
visitas, concluyendo que el oso está en buenas condiciones de salud y una
excelente adaptación al encierro, a la osa y a las condiciones ambientales de
Barranquilla. En general, señaló que la FUNDAZOO cuenta con buena
infraestructura y equipos para el manejo seguro de la fauna silvestre, tiene
facilidades para atender todo tipo de eventos médicos y biológicos y cuenta con
protocolos de acción adecuados. [236]
Concluyó indicando que “su estado en ese momento se reflejaba una condición
mucho mejor que en la que fue remitido”[237].
(iii)
Indicó
que recibió seis informes por parte de FUNDAZOO[238] desde la
llegada del oso de anteojos “Chucho” al Zoológico, relacionados con los seis
primeros meses de adaptación[239].
En cada uno se incluyó información técnica sobre el personal que tiene contacto
con el oso, aspectos biológicos y de manejo, la guía nutricional y el cuidado
veterinario y de medicina preventiva que recibe el animal[240].
6. La entidad anexó nuevamente el informe del 5 de
abril de 2017, sobre el concepto técnico de traslado del oso de anteojos
“Chucho”, aportado en la contestación de la acción de tutela[241].
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parque Nacionales
7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parque Nacionales, por intermedio
de su Coordinadora Grupo de Procesos Jurídicos y Jefe de Oficina de Asesoría
Jurídica, respectivamente, dieron respuesta a la información solicitada en Auto
del 03 de septiembre de 2018.
8. En cuanto a los programas de protección y/o
conservación del oso de anteojos[242],
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible referenció el “Programa
Nacional para la Conservación del Oso Andino (Tremarctos Ornatus)”[243]
y enunció normas de carácter ambiental que tienen como objetivo la conservación
de especies silvestres nativas. A su turno, la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales expuso que actualmente implementa “La
Estrategia para la conservación del Oso Andino en los PNN de Colombia”[244],
para el periodo 2016-2031[245]
y, puntualizó cuatro zonas que tienen establecida la densidad poblacional del
oso de anteojos, manejando su protección mediante acciones de prevención,
vigilancia y control.
9. Respecto a la población actual del oso de anteojos
en el país[246],
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible explicó que no tiene
estadísticas exactas al respecto[247]
e hizo un recuento sobre las características alimenticias del animal, su
hábitat y los peligros a los que se puede encontrar expuesto en relación con
sus particularidades anatómicas y de alimentación. Sostuvo que “debido al
aumento de asentamientos humanos, la ampliación de la frontera agrícola y el
desarrollo de otras actividades productivas en los ecosistemas donde habita el
oso andino, […] han desencadenado procesos de pérdida y transformación
del hábitat […]”[248].
Esa transformación del hábitat ha llevado a que pese a ser un animal que
prefiere consumir plantas, frutas, raíces y hongos; ocasionalmente consuma
ganado y animales domésticos, siendo un “actor oportunista al consumir
restos de cadáveres encontrados”. Indicó que entre los años 2016 y 2017 se
reportaron cinco osos andinos asesinados en los departamentos de Cundinamarca,
Valle del Cauca y Nariño, como retaliación por el ataque a animales domésticos.
Por lo tanto, las acciones de conservación de la especie deben ser producto del
trabajo articulado entre las autoridades ambientales, los institutos de
investigación, la academia, el sector privado y la sociedad en general.
10. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales reiteró las características enunciadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto a la alimentación, el
hábitat y la vulnerabilidad del animal. En cuanto a la población de osos
andinos en el territorio nacional recordó que se encuentra catalogada como
vulnerable a la extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, y hace parte de la población amenazada para Colombia según la
Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Anexó una tabla de 22 áreas protegidas con presencia del oso de anteojos[249]
y estimó una densidad poblacional de tres a seis mil individuos en el país.
11. Por último, en relación a los especímenes que se
encuentran en cautiverio o semicautiverio[250],
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que actualmente tiene
conocimiento de tres Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre[251]
con presencia de osos andinos y que los resultados de los procesos de
liberación  al medio natural no suelen ser exitosos, debido a errores en las
primeras fases post decomiso e inicio del proceso de rehabilitación, en
tanto se les enseñan conductas y comportamientos difícilmente reversibles[252];
y en los casos en que el animal nació en cautiverio la liberación representa
riesgos para el ecosistema[253]
y para el individuo[254].
La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales afirmó no
tener conocimiento del número de especímenes en cautiverio o semicautiverio,
pero señaló que las autoridades ambientales con centros de Atención, Valoración
y Rehabilitación en cuya jurisdicción operen zoológicos, deben tener la
información solicitada, siendo ellas las competentes para decidir sobre el
destino final de cada individuo.
- World Wildlife Fund -WWF (Fondo Mundial para la
Naturaleza) Colombia
12. La WWF- Colombia, remitió concepto sobre el caso
mediante un recuento normativo y jurisprudencial alusivo a la protección de los
derechos de los animales y su evolución en la legislación colombiana, así como
un estudio de la legislación internacional aplicable. Resaltó que el oso andino
cumple un rol esencial para la vitalidad y el futuro de los bosques andinos
pues dispersa semillas sobre grandes superficies; dinamiza la vida de los
bosques cuando derriba ramas y arbustos para buscar alimentos y beneficia la
protección del páramo, de los bosques de niebla y de decenas de especies que
habitan estos ecosistemas. Coincidió con los peligros y amenazas para la
especie que mencionó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
relacionados con los cambios en el hábitat debido a la expansión de la frontera
agraria, y en la necesidad de se plantee un marco de cooperación para la
conservación del oso andino ya que hasta el momento los esfuerzos se realizan
de manera aislada y, por ende, su impacto es limitado. Consideró que no es viable
una liberación absoluta de Chucho sin supervisión humana porque se trata
de un animal que lleva más de veinte años en cautiverio, y no puede sobrevivir
en la naturaleza por sus propios medios más de ocho años. Invitó a esta
Corporación al estudio del material probatorio en compañía de un biólogo
experto para determinar el lugar más adecuado para el oso.
- Federación de Entidades Defensoras de
Animales y el Ambiente en Colombia -FEDAMCO-
13. La Federación de Entidades Defensoras de Animales
y el Ambiente en Colombia -FEDAMCO- solicitó la revocatoria del fallo de tutela
de segunda instancia del 10 de octubre de 2017. Consideró que el traslado del
oso Chucho al Zoológico constituye maltrato porque es un animal de páramo
andino y no de zonas cálidas como Barranquilla. Hizo énfasis en que las razones
para el traslado de Chucho no son admisibles, pues que no hubiese un oso
de anteojos en el Zoológico que sirviera para educar a los niños no justifica
el encierro del mismo.
- Programa de Protección Jurídica a los
Animales de la Universidad de Antioquia
14. El Programa de Protección Jurídica a los Animales
de la Universidad de Antioquia advirtió sobre la importancia de distinguir las
distintas categorías legales que en Colombia se le han asignado a la fauna:
silvestre, doméstica y exótica; cada una de las cuales tienen una diferente
protección normativa. Resaltó que la diferencia entre la fauna silvestre y la
doméstica permite, entre otros, determinar sobre quiénes se puede ejercer
acciones de propiedad: “los animales domésticos pueden estar en la órbita de
la propiedad privada de los particulares, no así la fauna silvestre, que según
el CNRN está en cabeza del Estado […]”[255].
El oso andino hace parte de la fauna silvestre colombiana, su propiedad está en
cabeza del Estado y, por lo tanto, le corresponde a éste brindar todas las
garantías para su protección, y para que pueda vivir de acuerdo a sus
condiciones o necesidades específicas.
15. Sostuvo que desde la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774
de 2016, el bienestar animal es un principio de la protección animal. “El
bienestar animal es un concepto técnico compuesto por cinco libertades, que
podrían resumirse en: i) libertad de hambre y sed, ii) libertad de movimiento,
iii) libertad de miedo y estrés, iv) libertad de sufrimiento y dolor y, v)
libertad de comportarse conforme a sus condiciones biológicas”[256].
Todas estas deben ser protegidas por el Estado, sin embargo, no existe
actualmente una acción constitucional destinada para el efecto. Señaló que lo
anterior constituye una omisión legislativa absoluta[257] que pone de
presente la necesidad de que se legisle sobre la materia, y que permite hacer
extensiva la figura del Habeas Corpus a los animales para proteger a los
individuos que estén privados de su libertad injustamente. Por último, advirtió
que el argumento según el cual dicha acción no es viable en casos como el que
se estudia es una falacia, pues desconoce la diferencia entre los sujetos
accionantes y los beneficiarios de las acciones, así como instituciones
jurídicas tradicionales de representación en favor de otros.
- Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación para la Protección de los Animales de la Universidad Cooperativa
de Colombia (sede Popayán)
16. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
para la Protección de los Animales de la Universidad Cooperativa de Colombia
(sede Popayán) consideró compatible el habeas corpus con la protección
de los derechos de los animales, como mecanismo para exigir la protección de su
integridad física puesta en riesgo en el cautiverio. Recordó que con la
expedición de la Ley 1774 de 2016 se amplió la protección da los animales
contra el sufrimiento y el dolor causado directa o indirectamente por los seres
humanos, con base en los principios de solidaridad social y bienestar animal.
Este último se refiere al modo en que un animal afronta las condiciones en las
que vive, según la definición dada por la Organización Mundial de Sanidad.
Concluyó su intervención advirtiendo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha concedido derechos a la naturaleza[258], de manera
que, atendiendo a la importancia que tiene la protección de la fauna para la
existencia misma de la humanidad, se debe conceder la protección del derecho a
la libertad del Oso Chucho, que es un ser sintiente y de especial
protección.
- Observatorio Animalista de la Pontificia
Universidad Javeriana
17. El Observatorio Animalista de la Pontificia
Universidad Javeriana allegó concepto sobre el caso de referencia, mediante un
análisis de los derechos de los animales en Colombia[259]. Consideró
que el bienestar de Chucho no debe depender de si se le concede o no el habeas
corpus. En su opinión, la discusión no debe limitarse a la posibilidad o no
de conceder un derecho “humano” a un ser que no lo es, sino “qué tipo de
medida de protección se le debe otorgar y cómo lograr que sea válida
jurídicamente y opere de manera óptima cuando se requiera. En este sentido, el
caso de Chucho exige revisar las acciones constitucionales que puedan servir
para garantizar su protección.”[260]
Concluyó que se deben revisar las decisiones tomadas en torno a la vida de Chucho
las cuales califica de desafortunadas. Enfatizó en que su traslado inicial se
hizo buscando unos “objetivos de conservación que no contribuyeron en nada
al respecto, pero sí dejaron a un par de osos de anteojos  -Chucho y su
hermana- expuestos a vivir unas vidas prácticamente abandonadas y en
cautiverio, y donde el principal alimento era concentrado de perro”[261].
Finalmente, solicitó a esta Corporación una audiencia pública para discutir el
caso en cuestión.
18. En el Auto del 3 de septiembre de 2018 también se
solicitó al representante a la Cámara Juan Carlos Lozada, a Carlos Andrés
Contreras López, Carlos Andrés Muñoz López, Luz Elena Henao Isaza, Alejandro
Gaviria Henao, José Fernando Maya González, Javier Alfredo Molina Roa, Víctor
Manuel Vélez Bedoya, Gloria Elena Estrada, Eduardo Rincón Higuera y Luis
Gabriel Chica emitir conceptos entorno a: (i) la utilización de las acciones
constitucionales para la defensa de los animales; (ii) el estado actual del
debate sobre los derechos de los animales; y (iii) la protección de los
derechos o el bienestar animal en nuestra Constitución[262]. Al respecto
se pronunciaron:
- Carlos Andrés Contreras López[263]
19. Para el interviniente el uso del Habeas Corpus
para el oso Chucho aunque razonable, dadas las especiales condiciones de
protección que debe recibir esa especie, debe ser rechazado. Sostuvo que al
conceder un habeas corpus en favor de un animal se le otorga
personalidad jurídica, aspecto que no le corresponde al poder judicial sino al
Legislador. En este sentido, explicó que al establecer dicha acción, el
ordenamiento jurídico protege a la persona humana como única titular del
derecho a la libertad; lo que se resguarda es un derecho personalísimo y muy
especial que se fundamenta en el principio pro homine. Afirmó que
eventualmente, los animales podrían llegar a tener la categoría jurídica de
persona, no obstante, ello no significa que pasen a ser titulares del derecho
al hábeas corpus pues “así como los extranjeros no tienen los mismos
derechos que los nacionales de un país, o incluso los menores no tienen los
mismos derechos de un adulto, un animal sujeto de derechos no tendría los
mismos derechos ni las mismas acciones que los humanos sujetos de derechos.”[264]
Sostuvo que a través de una acción popular, invocando el derecho a la moralidad
administrativa, que según el Consejo de Estado permite solicitar el respeto por
los parámetros culturales, morales y éticos hegemónicos que se comparten y son
aceptados por la comunidad[265],
se puede lograr la protección del oso andino. Argumentó que actualmente los
animales están inmersos en el concepto de medio ambiente, lo que genera que las
acciones constitucionales que se encuentran encaminadas a la salvaguarda del
medio ambiente y la biodiversidad no sean las más adecuadas para proteger los
intereses de los animales como seres sintientes, puesto que se encuentran
enfocadas como acciones antropocéntricas que en realidad protegen intereses
colectivos humanos. Con todo, estimó necesario que se decida si el bienestar
del oso y su preservación se salvaguardan en la Fundación Botánica y Zoológica
de Barranquilla -FUNDAZOO- o retornando a la Reserva Natural del Río Blanco,
medida que debe quedar condicionada a un efectivo plan de manejo y cuidados del
comportamiento del animal.
- Carlos Andrés Muñoz López[266]
20. El interviniente solicitó considerar
constitucional invocar acciones como el Habeas Corpus en pro de la
libertad de animales en Colombia, y en el caso concreto, otorgar dicha
protección al oso “Chucho” siempre y cuando se cumplan los postulados de un test
que creó en el marco de una investigación teórico práctica sobre la materia[267].
Soportó sus solicitudes en que las acciones constitucionales no son
necesariamente taxativas, ya que en el artículo 94 de la Constitución Política
están previstos los derechos innominados, lo cual, en su criterio, puede
hacerse extensivo a una teoría de garantías innominadas. En este orden de
ideas, señaló que los animales están protegidos desde un rango constitucional,
y ello no depende de la positivización de instrumentos, sino del buen uso de
aquellos que permitan alcanzar una efectiva materialización de la protección a
la vida e integridad física y emocional de los animales.
-  Alejandro Gaviria Henao[268] y otros[269]
21. El grupo de intervinientes señaló que, en el caso
del oso Chucho, el Estado ha violado los mandatos constitucionales[270]
frente a su protección. Recordaron que, en la Reserva Natural del Río Blanco,
el oso se mantuvo bajo la custodia de Aguas de Manizales y la supervisión de
CORPOCALDAS, entidades que no garantizaron la adecuación del espacio a las
necesidades de la especie y lo alimentaron con concentrado para caninos, dieta
que dista de sus recomendaciones nutricionales. Solo a partir de 2016 se empezó
a realizar un monitoreo y seguimiento constante del animal y, posteriormente,
permitieron el envío de Chucho a Barranquilla, una ciudad ubicada a 18 metros
sobre el nivel del mar, cuando la distribución natural de la especie oscila
entre los 250 y 4500 metros a nivel del mar. En su manejo “sólo han primado
criterios económicos de buscar menor inversión generando mayor utilidad,
también reiteradas conductas omisivas frente a las funciones legales atribuidas
a Corpocaldas en la conservación de los recursos naturales en el caso
específico la fauna representada en Chucho”[271].
22. Indicaron que en el país no hay acción
constitucional encaminada a la defensa de los animales, sin embargo, ello no
impide revisar casos análogos en el derecho comparado como (i) el caso
argentino de una orangutana que había sido privada ilegítima y arbitrariamente
de su libertad por parte de las autoridades de un zoológico y un juez ordenó su
traslado a un santuario de primates en Sao Paulo, República Federativa de
Brasil, y (ii) tres casos en Nueva York en los que distintos chimpancés han
sido considerados animales sintientes con derechos legítimos[272].
23. Expresaron que a pesar de proteger el bienestar
animal, la jurisprudencia constitucional continúa con un enfoque que parte de
la concepción valorativa del hombre, condicionando su materialización a los
derechos fundamentales de los humanos. Este entendimiento implica que, “aun
cuando existen avances jurisprudenciales, las personas siguen alegando la
defensa a los derechos a la intimidad y propiedad privada como una esfera que
les permite actuar en pro de los animales, sin ningún tipo de control […]. Este
escenario es el humanitarismo sentimental, donde los animales son
infantilizados, pero están a la deriva de sus dueños.”[273] Por último,
afirmaron que la existencia de acciones constitucionales que eventualmente
puedan ser usadas para la protección animal permite ampliar el derecho
fundamental de acceso a la justicia de las personas, como una acción de
co-responsabilidad con el medio ambiente, sin que sea necesario contar con “la
garantía efectiva de la plenitud de sus derechos para interponerlas pues
depende exclusivamente de la liberalidad y evolución moral de cada ser humano
para determinar hasta qué punto preocuparse por estos asuntos.”[274]
- Javier Alfredo Molina Roa[275]
24. El interviniente sostuvo que el uso de las
acciones de tutela, populares y de cumplimiento para salvaguardar los derechos
de los animales se hace desde una protección indirecta al considerar a los
animales parte del patrimonio ecológico del Estado[276], a
diferencia de casos de carácter internacional como la “Acción de Protección” en
Ecuador y la Leyes 071 de 2010 y 300 de 2012[277]
en Bolivia, en los que se plantea una filosofía biocéntrica[278]. En lo
relativo al estado actual del debate sobre los derechos de los animales,
consideró que dicha discusión se centra en el reconocimiento de los no humanos
como seres sintientes y por ende sujetos de derechos; lo cual ya ocurrió en
países como Suiza, Alemania, Austria, República Checa, Portugal, Francia,
España y reitera el caso de la orangutana de Buenos Aires, Argentina. Sin
embargo, estima que el eje de la actual discusión se centra en lograr que las
leyes reconozcan ciertos derechos en cabeza de los animales. Finalmente,
manifestó que si bien la Constitución de 1991 es conocida como ecológica, tiene
un enfoque netamente antropocéntrico, desarrollado en diversas sentencias como
la C-666 de 2010[279],
C-283 de 2014[280]
y T-436 de 2014[281],
en las que se la protección del bienestar animal se entendió como el amparo
implícito de un valor constitucional superior que corresponde al medio
ambiente. Esta situación, en su opinión, hace más complejo el reconocimiento
expreso de los animales como sujetos de derechos, “pero no anula la
consideración de que en últimas los pregonados deberes de los humanos en
relación con las especies animales pueden ser considerados derechos en favor de
estos últimos si se aplica la misma ficción jurídica y la misma línea
argumentativa que hace posible otorgarle reconocimiento y un abanico de
derechos a las personas jurídicas, más cuando los animales ya son reconocidos
como seres sintientes, lo cuales les brinda una especie de estatuto moral y
jerarquía dentro de la comunidad política.”[282]
- Victor Manuel Vélez Bedoya[283]
25. Victor Manuel Vélez Bedoya rindió un concepto
técnico sobre las medidas a implementar para el manejo y el bienestar del oso Chucho.
En este sentido, estimó oportuno dejar al animal donde actualmente está, pues
un nuevo traslado implicaría someterlo a una situación de estrés, y no puede
ser liberado en su ambiente natural debido a los traumatismos psicológicos que
han significado su proceso de impronta y condicionamiento comportamental.
Sugirió ordenar a CORPOCALDAS, Aguas de Manizales y FUNDAZOO un compromiso para
unir esfuerzos y mejorar las condiciones locativas que permitan ofrecerle unas
condiciones dignas conforme las cinco libertades de los animales[284]
y los principios de la bioética[285];
pues a pesar de que su distribución natural no sea a nivel del mar, ello puede
manejarse con ajustes de temperatura controlada que simule el clima alto
andino.
- Eduardo Rincón Higuera[286]
26. Eduardo Rincón Higuera intervino presentando las
bases filosóficas que sustentan las diferentes posturas frente al
reconocimiento o no de los animales como sujetos de derechos. En su opinión, es
necesario cambiar el punto de vista moral sobre las obligaciones con los demás
animales, pues parte del error de muchas de las posiciones actuales “radica
en el hecho de considerar que su valor es meramente instrumental[287]
y pasar por alto el valor intrínseco de los mismos, es decir, la posibilidad de
que sus propios intereses cuenten como bien jurídico por encima del valor
económico o de uso que les dispensemos[288]”.
Sostuvo que no existen obstáculos de técnica jurídica ni morales para otorgar
protección a la vida buena de los animales, entendida como aquella en la
que un animal disponga de sí mismo para sí mismo, desarrollando sus capacidades
e intereses propios en un entorno adecuado, pues se trata de unos mínimos que
se reconocen sin importar religión, raza, género, capacidad cognitiva y
especie. Hizo énfasis en que la no pertenencia humana de los animales es
relevante desde el punto de vista biológico y evolutivo, pero no moral. “No
pertenecer a la especie humana no dice nada moralmente relevante sobre la
justificación de explotación, abuso, maltrato, aislamiento, entre otros, de
otros animales no humanos, ni implica que no podamos hacer uso de la
deliberación moral para tener en cuenta sus propios intereses.”[289]
En concordancia con lo anterior, advirtió que si bien los animales no son
agentes de la deliberación moral o política, ello no impide incluirlos dentro
del bien común en tanto son, al menos, sujetos políticos pasivos a los cuales
se les pueden proteger unos intereses básicos desde la institucionalidad, sin
necesidad de otorgarles el estatus de persona o ciudadano.
27. Para el interviniente la clave en este debate es
la consideración moral de los intereses de los seres sintientes con
independencia de la especie a la que pertenezcan. “Así, lo relevante radica
en la sintiencia, en tanto los individuos sintientes poseen un bienestar propio
que puede ser incluido en nuestra deliberación moral: ‘En la medida en que
identifiquemos que un individuo es sintiente, entonces debemos considerar cómo
nuestras decisiones pueden afectarle. Rehusar hacerlo supone excluir
injustificadamente de nuestra deliberación moral ciertos daños y beneficios que
podemos causar’ (Paez, 2017, p.6)”.[290]
Señaló que el concepto de persona puede servir como instrumento para pasar por
alto los intereses más básicos de un ser sintiente sin evaluar lo
significativos que puedan ser para éste; recordó que a partir de ese concepto
se han creado exclusiones -indígenas, mujeres, entre otros- y creado zonas
grises -pseudo o cuasi personas- que dejan en manos de una voluntad política el
destino de la vida de seres específicos. Por ello, es necesario cuestionar la
“personeidad”, lo cual “implicaría poner el debate no solo en términos
animalistas, sino ecológicos no antropocéntricos. Se requieren derechos mucho
más inmanentes, que no distingan entre personas y no personas y que no se
puedan suspender en ninguna situación, sino más bien adaptar continuamente
según las transformaciones en el mismo entramado vital (de acuerdo con la
aparición de nuevos actores, de acuerdo con la aparición de nuevas luchas,
etc.).”[291]
Finalmente, sostuvo que aunque los mecanismos jurídicos y constitucionales
están pensados para humanos, el reconocimiento de la sintiencia y de los
animales como sujetos de derecho abre el camino hacia una necesaria extensión
de dichas ficciones jurídicas para la protección de sus intereses, sin que sea
necesario que exista reciprocidad entre quienes elaboran los principios de
justicia y aquellos para quienes son elaborados.
- Corporación Autónoma Regional del Atlántico
C.R.A.
28. En respuesta a las solicitudes de verificación de
las condiciones actuales del oso de anteojos Chucho elevadas a la Corporación
Autónoma Regional de Atlántico y la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales[292],
se realizó una visita técnica a la Fundación Botánica y Zoológica de
Barranquilla y llevaron a cabo un informe en el que se indica que el animal “cuenta
con un hábitat adecuado que garantiza el cuidado de las características
etiológicas”[293]
y se ha adaptado de manera beneficiosa, está en buenas condiciones de salud,
con dieta adecuada y un espacio apropiado para su rutina.
29. Como soportes documentales, la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico anexó: (i) Acta oficial de la visita; (ii)
solicitud de información técnica del manejo del oso de anteojos “Chucho” a la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO- y su respectiva
respuesta[294].
Por su parte, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales adjuntó un
informe realizado el 17 de septiembre de 2018 y el informe realizado por la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO- para esta Corporación
en respuesta al Auto de referencia, que fue reseñado previamente en el numeral
6.2.2.
30. El informe del 17 de septiembre de 2018[295]
se refiere a la visita técnica de seguimiento realizada el 14 de septiembre de
2018 por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la C.R.A. en
compañía de la Procuradora 14 Judicial Ambiental y Agraria. En éste se hizo
referencia a los siguientes aspectos: (i) hábitat, se trata de un recinto al
que se le hizo mantenimiento general y cambio del techo en 2016. Cuenta con un
área externa a la vista del público que simula el hábitat natural, y un área
interna de manejo a la que solo tiene acceso el personal autorizado del
Zoológico; el cual es adecuado para el espécimen y “garantiza el cuidado de
las características etológicas del animal al disponer de vegetación adecuada
para brindar sombra, área de hidratación y elementos de estimulación a los
hábitos del animal”[296];
(ii) alimentación y cuidados veterinarios, el oso recibe alimentos 2 veces al
día y más del 60% del peso total de la dieta incluye frutas y verduras, además,
cuenta con el seguimiento permanente de 3 veterinarios; (iii) conducta y
rutina, desde su llegada al Zoológico, el oso ha presentado un comportamiento
tranquilo, sin agresión al personal, pues se encontraba acostumbrado a la
interacción con humanos. Concluyó que el individuo se encuentra en buenas
condiciones.
- Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
31. El Instituto de Investigación de Recurso
Biológicos Alexander Von Humboldt en respuesta a la vinculación efectuada
mediante Auto del 4 de octubre de 2018[297],
realizó las siguientes recomendaciones a tener en cuenta al momento de fallar
sobre la situación del oso de anteojos “Chucho”: (i) encaminar las propuestas
de conservación al fortalecimiento del conocimiento y manejo de las poblaciones
en cautiverio para obtener ejemplares juveniles para programas de repoblación[298];
(ii) priorizar un programa de manejo y conservación ex situ de la
especie; (iii) revisar las condiciones de ambos lugares -Reserva Río Blanco y
FUNDAZOO- para identificar el espacio y componentes que garanticen un mejor
escenario; (iv) evaluar las condiciones físicas, fisiológicas y los niveles de
cortisol fecal para identificar los niveles de estrés del animal por las nuevas
condiciones de manejo; (v) realizar un estudio etológico o comportamental del
animal; (vi) evaluar la respuesta del oso ante la compañía de otros individuos
de su especie; (vii) identificar la respuesta comportamental y fisiológica a la
variación climática y ambiental en épocas climáticas contrastantes del año; y
(viii) evaluar la diferencia en la respuesta ante condiciones de exhibición que
podría potenciar patrones de estrés. Todo lo anterior teniendo en cuenta los
estándares internacionales que zoológicos o autoridades responsables deben emplear
para el manejo de especies en condiciones controladas.
32. Asimismo, tres entidades no gubernamentales
remitieron a esta Corporación conceptos sobre su postura en el caso concreto.
Por una parte, el Director Ejecutivo de European Association of Zoos and
Aquaria -EAZA- consideró que cualquier potencial caso de reubicación de un
animal debía estar  soportado en lo establecido por la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza (IUCN por su sigla en inglés International Union
for Conservation of Nature) -Comisión de Supervivencia de Especies[299];
apoyó el caso legal de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
-FUNDAZOO- y consideró inadecuado que el oso de anteojos “Chucho” fuese llevado
a un área de semicautiverio o libertad. De otro lado, el Director Ejecutivo de
la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios -ALPZA- reiteró
los aspectos generales de traslado del oso “Chucho” y expuso que el animal
formaría parte de programas educativos tendientes a conectar a los visitantes
con la biodiversidad colombiana y concientizar sobre los desafíos para su
conservación. Por último, la Fundación Merly Mozo allegó concepto y un discurso[300]
desarrollado por el ex consejero de Estado Enrique Gil Botero en el Primer
Congreso Internacional Colombia Libre de Maltrato Animal Academia y Legislación
Unas por los Animales y Primer Foro Aporte Interdisciplinario a la Normatividad
sobre Solidaridad, Protección y Bienestar Animal, llevado a cabo los días 16,
17 y 18 de mayo de 2018 en Bogotá.
II.
Audiencia Publica
33. Mediante Auto 381 de 2019, la Sala
Plena de la Corte convocó a una Audiencia Pública para el día 8 de agosto de
2019. La audiencia se dividió en tres partes. En la primera se presentó el caso
y se escuchó a las partes de la acción de tutela. Enseguida, se presentaron dos
ejes temáticos: la política pública de protección y conservación del Oso Andino
y la protección de los animales en el derecho comparado e interno. A
continuación, se resumen las intervenciones que fueron presentadas.
Intervención de las partes
-
Luis
Domingo Gómez[301],
solicitante del habeas corpus
34. El solicitante del Habeas Corpus
inició su intervención exponiendo las condiciones de vida que ha tenido el Oso Chucho
el cual ha vivido gran parte en entornos similares al natural, primero en la
Reserva de la Planada, luego en la Reserva de Río Blanco. Resaltó que bajo el
cuidado de Aguas de Manizalesel animal se mantuvo completamente descuidado, y
fue por esta razón que CORPOCALDAS expidió un acto adminsitrativo para donar al
Oso Chucho al Zoológico de Barranquilla[302].
Cuestionó la decisión adoptada por CORPOCALDAS, al considerar que las omisiones por parte de las entidades que
estuvieron a cargo del cuidado debido del Oso Chucho no pueden servir de
fundamento para tomar una decisión en contra de un ser sintiente. Con ello se
desconoce el Estado Social de Derecho, caracterizado por un fuerte sentido
ecológico que, en consecuencia, ampara la diversidad de fauna y flora existente
en Colombia. Precisó que aunque la acción de Habeas Corpus es una herramienta
de defensa de la libertad humana, en el derecho comparado este instrumento ha
trascendido sus orígenes y fines clásicos beneficiando a especies no humanas.
Contrario a lo expuesto por el Zoológico de Barranquilla, este mecanismo
permite garantizar el bienestar animal a la luz de los estándares internacionales
y del ordenamiento jurídico interno. Advirtió que en la sociedad colombiana hay
un consenso ético sobre el bienestar animal, tal como se deriva del marco
normativo nacional, a través del cual es posible afirmar que los animales
domésticos y silvestres gozan de personalidad con sus consecuentes derechos y
con la garantía de comparecer ante los Tribunales. Por ello, reiteró la
necesidad de avanzar para ganar la carrera a la amenaza de extinción y mejorar
las relaciones que hoy mantenemos con los animales.
35. Solicitó que en virtud del principio de
protección animal que impone la erradicación del cautiverio, se revoquen las
decisiones de tutela y se ordene a las autoridades dar cumplimiento al Habeas
Corpus en favor del Oso, de conformidad con los términos señalados en la
sentencia del 26 de julio de 2017 proferida por la Corte Suprema de Justicia;
con el fin de permitir al Oso de Anteojos Chucho presidir su libertad y vivir
en un lugar similar al que por su naturaleza pertenece, acompañado de los cuidados
médico veterinarios que necesita.
-
Carlos
Andrés Mendoza Puccini[303] -
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
36. El representante de FUNDAZOO aseguró
que en el Zoológico, Chucho cuenta con todos los beneficios que se
pueden otorgar a un animal que nació bajo cuidados humanos que por su historia
de vida debe permanecer en un ambiente seguro que le provea la atención
necesaria para sobrevivir, incluyendo una nutrición adecuada y dieta
balanceada, atención veterinaria permanente, medicina preventiva y un entorno
con estímulos que le facilitan expresar comportamientos diversos propios de su
naturaleza. Enseguida, señaló que si bien el accionante del habeas corpus aseguró
que el objetivo que perseguía era la protección del oso de anteojos y lograr su
libertad, no existe ninguna prueba dentro del trámite del proceso “que de
forma indirecta o directa nos lleven a concluir que lo mejor para el oso de
anteojos fuese devolverlo a la reserva donde estaba, tampoco existe afirmación
alguna de los expertos invitados o de las entidades públicas que indiquen que
el animal no debe estar en el Zoológico de Barranquilla; por el contrario,
absolutamente todos los conceptos emitidos tanto en la audiencia como en los
informes presentados por los expertos en la especie durante el trámite indican
que el oso de anteojos debe permanecer en el Zoológico de Barranquilla,
porque ahí es donde se le están brindando todos los cuidados veterinarios y
biológicos que requiere para su bienestar.”[304]
37. Reiteró, los argumentos por los que
considera existieron errores en la sentencia que concedió el habeas corpus
al oso, y concluyó que el caso plantea una tensión entre derechos ciertos en
cabeza de FUNDAZOO frente a la posibilidad filosófica de reconocer derechos a
los animales, lo cual no sólo carece de sustento legal y constitucional en el
país, sino que además resultaría contrario a la estructura administrativa
creada para la conservación de los animales y el medio ambiente en Colombia. En
el caso concreto, sostuvo que liberar al oso de anteojos en realidad lo pondría
en peligro de muerte. Por ello, esta es una muestra del riesgo que se genera
con el uso indiscriminado de acciones, en pro de los derechos de los animales,
pues el habeas corpus se interpuso sin consultar con expertos “y sin
conocer siquiera la situación específica de este oso (solicitando la)
protección de unos derechos que en caso de existir como tales, no han sido
nunca violados, por el contrario, como resultado se produjo una acción
absolutamente irresponsable cuyo éxito traería como desenlace la posible muerte
del animal.”[305]
-
Adriana
Reyes - Fundación para la Investigación, Conservación y Protección del oso
andino - Wii
38. Inició señalando que el oso andino es
una especie importante en la construcción de la sociedad colombiana que tiene
significados propios en las culturas indígenas originales. Explicó que este oso
es la única especie de oso en América del Sur, “se le considera especie
sombrilla para la conservación (Jogerson & Sandoval, 1999; Rodríguez et
al., 2002, Restrepo et al., 2014) y especie paisaje (WCS, 2002) porque usa
diferentes hábitats y un solo espécimen puede ocupar grandes extensiones de
tierra por sus necesidades de alimentación.”[306] Relató
también que el oso es jardinero del bosque y protector de fuentes hídricas
porque “al desgajar las ramas con frutos en lo alto de los árboles, permite
la renovación del bosque al variar las condiciones microclimáticas de los
estratos inferiores, estimulando el crecimiento de las plántulas presentes
(…)”[307]
Sostuvo que las principales amenazas para el oso son la pérdida de su hábitat y
la muerte por retaliación. Por ello, consideró necesario modificar las
prácticas de ganadería extensiva, evitar la apertura de nuevas áreas de
cultivo, fortalecer las prácticas agrícolas y tener en cuenta que, la minería y
la explotación de petróleo se están convirtiendo en factores de riesgo para las
poblaciones de osos de anteojos, debido a la pérdida de conectividad de los
hábitats y la contaminación del agua y del suelo.
Primer eje “Política Pública de
protección y conservación del Oso Andino”
39. En el primer bloque temático se buscó
un diagnóstico sobre la implementación del “Programa Nacional para la Conservación del Oso
Andino”, elaborado en el año 2001 por el Ministerio de Medio Ambiente; sus
avances y la necesidad o no de reformular esa política pública para las
necesidades actuales de conservación del Oso Andino. Se indagó sobre la
articulación institucional en la puesta en marcha de la política pública
mencionada, entre otros aspectos encaminados a evaluar el avance del programa.
También se pidió explicar y justificar la variación de los espacios de
permanencia que ha tenido el oso “Chucho” a lo largo de su vida desde la
política pública de conservación y manejo de esta especie y los objetivos que
se persiguen con su permanencia -ex situ- en la Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla – Fundazoo. Por último, se formularon preguntas sobre
el sitio más adecuado para que el oso “Chucho”, según las condiciones propias
de su especie, las experiencias a lo largo de su vida y su estado actual, goce
de una situación de bienestar.
-
Ricardo
José Lozano Pícon - Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
40. Inició explicando que el “Programa
Nacional para la Conservación del Oso Andino (Tremarctos ornatus)”,
formulado en el 2001, tuvo como principal objetivo fomentar el conocimiento de
la especie, de los ecosistemas que habita y formular medidas orientadas a la
recuperación y mantenimiento de las poblaciones existentes. En ese momento se
contaba con muy poca información acerca de la ecología, distribución y estado
de las poblaciones de la especie, por ello se plantearon actividades orientadas
a conocerla, como la conservación in situ[308]
y ex situ[309],
y la educación ambiental[310].
En el 2006, fue publicado el documento “Avances en el Programa Nacional para
la Conservación en Colombia del Oso Andino (Tremarctos ornatus)”, según el
cual las poblaciones de oso andino y sus ecosistemas eran saludables y
aseguraban la existencia de la especie a largo plazo. Por lo tanto, se
formularon cinco líneas de acción[311],
con metas y actividades claras que actualmente sirven como punto de referencia
para las autoridades ambientales regionales, en el manejo de la especie. Todas
estas medidas son implementadas por las autoridades ambientales regionales en
su jurisdicción, así como en los Parques Nacionales Naturales donde la especie
se distribuye de manera natural. También se refirió a varias estrategias que ha
adelantado en conjunto con las autoridades ambientales regionales, y
organizaciones como Wildlife Conservation Society Colombia y World Animal
Protection, que apoyan la realización de talleres para socializar algunos
principios para la resolución de conflictos entre el oso andino y la gente, que
están relacionados principalmente con daños a cultivos de maíz y granadilla y
ataques a animales domésticos, especialmente bovinos y caprinos. Esta situación
ha generado eventos de cacería, cuyo control exige mayores recursos que
garanticen su permanencia en el tiempo, pues aunque las estrategias de
monitoreo a nivel nacional generan información útil, tienen bajo impacto en las
decisiones de política pública[312].
41. En relación con la situación de Chucho,
el Ministerio hizo énfasis en que mientras estuvo en la Reserva Río Blanco, no
se estaba cumpliendo con ninguno de los objetivos planteados en el Programa
Nacional de Conservación del Oso Andino, dado que se encontraba solo y
encerrado bajo el cuidado de operarios de la empresa Aguas de Manizales,
quienes se encargaban de ofrecerle alimento. Indicó que en cumplimiento del
fallo proferido en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, se conformó una mesa de trabajo con representantes
técnicos y jurídicos de FUNDAZOO, CORPOCALDAS, Aguas de Manizales S.A. E.S.P.,
Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
que hasta el momento había realizado dos sesiones para revisar los antecedentes
del caso, las condiciones del animal previo a su traslado a Barranquilla, y las
diferentes alternativas para ubicarlo en la zona que mejor se adecúe a su
hábitat, concluyendo que actualmente se encuentra “en aparente buena
condición de salud, presentando buena condición corporal, constantes
fisiológicas normales y exámenes paraclínicos (hemograma y coprológico) sin
ninguna alteración significativa para la especie.”[313]
-
Julia
Miranda Londoño - Directora General Parques Nacionales Naturales
42. Con respecto al Programa Nacional de
Conservación para el Oso Andino, publicado en el año 2001 por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, señaló que esa misma autoridad
generó un documento en el año 2006, en el cual se presentó el Plan de Acción
del Programa, proyectado para el periodo 2002-2016; cuyo seguimiento está en
cabeza del mencionado Ministerio. Resaltó que en el marco de las acciones
orientadas a la misión de PNN[314]
se han implementado acciones para la conservación de la especie, sus hábitats y
la reducción de sus amenazas dentro de las áreas protegidas. Destacó la labor
de Wildlife Conservation Society (WCS) como uno de los principales aliados para
el logro de avances, y advirtió que es necesario una actualización del Programa
Nacional de Conservación para el Oso Andino, tras 18 años de haber sido
publicado. Sostuvo que actualmente “se cuenta con mejores herramientas que
han permitido avanzar en el diagnóstico del estado de conservación de la
especie, el conocimiento de su distribución actual, la cual difiere con la
distribución propuesta en 2001, el diagnóstico del paisaje de conflicto y
amenazas actuales, los avances en investigaciones, son elementos a tener en
cuenta para la implementar acciones de conservación sobre la especie de una
versión actualizada del programa.”[315]
43. A continuación expuso los principales ejes que contempla
la Estrategia de Conservación de Oso Andino en Parques Nacionales Naturales
2016-2031, la cual establece cinco unidades de núcleo de conservación, “que
son territorios seleccionados bajo criterios técnicos, que superan una
extensión de 3800 km2, y contienen territorios que cuentan con
hábitat potencial para la especie inmersos en zonas del SPNN, SINAP y otras
áreas con oportunidad de conservación no declaradas, con el fin de garantizar
la viabilidad de la especie a largo plazo en el contexto nacional.” Aseguró
que esta Estrategia ha permitido una fuerte articulación entre instancias como
el Ministerio de Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y PNN.
Por último, señaló que el oso Chucho no es apto para liberación en su
hábitat natural porque nació en cautiverio y depende totalmente del cuidado
humano. Por lo tanto “el individuo debería ser alojado en un lugar que
cuente con todas las condiciones de bienestar, donde su manejo técnico se pueda
realizar de manera eficiente, garantizando el suministro de una dieta de
acuerdo a sus requerimientos nutricionales, cuidados veterinarios, personal
para el cuidado del espécimen, encierro adecuado que cuente con todas las
garantías de seguridad, además del enriquecimiento ambiental pertinente, entre
otros aspectos.”
-
Corporación
Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
44. Oswaldo Jiménez Díaz, Director General de CORPOGUAVIO señaló que como autoridad
ambiental ha adelantado, desde el 2001, procesos de investigación y monitoreo de
fauna silvestre, en particular del Oso Andino. Las principales problemáticas
que ha encontrado para la conservación de la especie son (i) expansión de la
frontera agropecuaria, en tanto genera fragmentación de los bosques en los que
habitan los animales silvestres y propicia la interacción entre el hombre y la
fauna; (ii) cacería: reportó dos casos de muerte de osos andinos en los
municipios de Junín y Fómeque; (iii) manipulación de la conducta del Oso: en
algunos sitios donde se ha presentado avistamiento de la especie las personas
les ofrecen alimentos con el fin de tomarles fotografías; (iv) acercamientos a
los sitios de habitación de los campesinos, lo cual ocurre como consecuencia de
la fragmentación del hábitat natural del oso y la dificultad para encontrarse
en ecosistemas que le permitan suplir todas sus necesidades de alimento y
refugio; (v) cambios en el comportamiento de la especie al perder su condición
natural de miedo a las personas; y (vi) interacción del oso Andino con los
seres humanos. Adicionalmente, explicó que en el año 2014 se adoptó un Plan de
Acción Para la Conservación del Oso Andino en la Región del Guavio, que tiene
cuatro metas: aumentar la calidad y disponibilidad del hábitat; aumentar las
coberturas boscosas y disminuir la presión al páramo; aumentar las
interconexiones entre las poblaciones silvestres; y mejorar las condiciones del
manejo ganadero para la disminución del conflicto.
45. Resaltó que CORPOGUAVIO es pionero en
la implementación de la figura de Promotores Ambientales Rurales, que son
personas de la comunidad que han recibido capacitación por personal
especializado en monitoreo y seguimiento de flora y fauna silvestre. Detalló
que “son los promotores quienes adelantan el monitoreo de osos andinos en
los sectores con mayor presencia de la especie, con el fin de obtener
información precisa sobre los patrones de movimiento y el uso de hábitat de
individuos adultos de osos andinos que aporten luces a su manejo, mediante la
instalación de cámaras trampa, las cuales se han convertido en una herramienta
importante para estudiar aspectos de la ecología y comportamiento de las
especies en vida silvestre.”[316]
Por último, en relación con el oso Chucho, aseguró que es lamentable el
manejo que se le ha dado; advirtió que previo a realizar cualquier proceso de
traslado o reubicación es necesario adelantar estudios técnicos y científicos
que permitan establecer las condiciones ecológicas del nuevo lugar. Igualmente,
aseguró que revisado el informe presentado por FUNDAZOO sobre el estado actual
del oso “no se considera adecuado que un individuo que se encuentra
catalogado en estado amenaza Vulnerable (VU), cuente a penas con un espacio de
175,04 metros cuadrados y 12 metros de alto, con muros en concreto, vidrio y
sin ninguna cobertura vegetal que le ofrezca comodidad, seguridad, bienestar y
salud (…). Así mismo, no se consideran adecuadas las condiciones que se
brindaron en la Reserva Forestal Protectora de Rio Blanco (Manizales - Caldas)
al Oso Andino “Chucho” pues es contraproducente para su desarrollo físico y
biológico (…)”.[317]
-
Corporación
Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
46. Oscar Ospina Herrera[318] inició su
presentación explicando las competencias de la administración y control de la
fauna silvestre en Colombia según la Ley 99 de 1993, haciendo énfasis en las
funciones que le otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales. Enseguida,
explicó las estrategias incluidas en el Programa Nacional para la Conservación
del Oso Andino, antes mencionadas en otras intervenciones. En cuanto al caso
concreto, aseguró que el oso Chucho “contaba con un veterinario quien
prestaba soporte técnico a los equinos de la reserva, como en la revisión del
oso, tomando muestras de las heces, para determinar la necesidad de
desparasitarlo. Igualmente, los colaboradores que permanecen en la reserva,
diariamente revisaban su condición corporal, su estado de ánimo y comportamiento,
para corroborar el bienestar animal, como el cambio de la viruta a diario y la
desinfección con hipoclorito cada 8 días. Respecto a la alimentación, se
suministraba una ración balanceada que consistía en dos (2) kilos de
concentrado para perro, complementado con panela y bocadillo, y ocasionalmente,
zanahoria, y manzanas, y una pata de res cada 20 días. Alimentación
recomendada por algunos expertos sobre el tema. El cerramiento en que estuvo
confinado, tiene aproximadamente 2720 metros cuadrados, con un sistema de cerca
eléctrica.”[319]
47. Sostuvo que el principal objetivo de
la permanencia de Chucho en el Zoológico de Barranquilla es mejorar su
bienestar animal. Aseguró que su adaptación al lugar ha sido positiva, lo cual
se refleja en su aspecto físico y comportamental. Por lo tanto, concluye que el
mejor sitio disponible en el país, es FUNDAZOO,  pues “Chucho se encuentra
perfectamente adaptado a las condiciones planteadas en el presente escrito,
constatado en las diferentes visitas realizadas por personal de Corpocaldas.”[320]
Terminó señalando que las condiciones en las que se encuentra el oso son
óptimas, aunque susceptibles de mejorar. Particularmente, se refirió al área
que tiene disponible que actualmente es de 205,5 m2 con un área de
espejo de agua de 19,7 m2, “de acuerdo con la recomendación
técnica del grupo de especialistas en Oso de Anteojos, es pertinente ampliar el
encierro en 94,5 metros a fin de garantizar un área mínima por individuo de 150
metros cuadrados.”[321]
-
Orlando
Feliciano, Director del Santuario del Oso de Anteojos
48.
El Santuario del Oso de Anteojos es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto
es investigar, conservar, proteger, mantener y usar sustentablemente el Oso de
Anteojos y las demás especies de fauna y flora silvestres que habitan junto a
él. Maneja osos de anteojos que han sido sustraídos ilegalmente de su medio
natural y lo que busca es “su devolución a la vida silvestre mediante
procesos sistemáticos de rehabilitación, liberación y monitoreo, todo esto de
la mano de la sociedad civil, empresas privadas, entes gubernamentales y
voluntariado”. El
Santuario se ubica en
el departamento de Cundinamarca, municipio de Guasca, vereda la Concepción
Piedra de Sal, en un rango altitudinal que oscila entre los 2.850 a 2.990 sobre
el nivel del mar.[322]
49. El Director del Santuario del oso de anteojos
inició su intervención indicando que la presencia de esta especie en los
bosques es un indicador de calidad del hábitat, y una señal de que los
ecosistemas son sanos y productivos. Señaló que los ambientes donde habita el
oso andino son de gran importancia pues constituyen ecosistemas estratégicos
para la producción del agua, por lo que la relación entre la especie y dichos
ambientes debe ser óptima. No obstante, consideró que no se ha logrado afrontar
de la mejor manera el conflicto que se presenta por la salida de osos de la
vida silvestre hacia el cautiverio.
50. Se refirió a la gran cantidad de amenazas que a
diario recibe el oso de anteojos: la deforestación, la reducción del hábitat,
la megaminería, el turismo irresponsable, la cacería, y los usos culturales
tradicionales malentendidos. Llamó la atención sobre casos específicos como el
que ocurre en municipios de Cundinamarca, en donde aún se promueve el uso de la
grasa del oso para curar heridas y lesiones, y señaló que estas cuestiones
deben trabajarse con las comunidades a través de educación ambiental.  Por otra
parte, hizo énfasis en la denominada línea de acción ex situ para la
conservación de la especie, la cual abarca a todos los individuos que salen
de la vida silvestre, y que deben ir a otro lugar donde serán tratados o
rehabilitados, para ser devueltos, de ser posible, al ecosistema. Indicó que la
sociedad civil ha dado una respuesta a esta situación, creando el santuario
para los osos, que viene operando hace veinte años aproximadamente. Señaló que
en promedio, con ayuda de la Policía, Parques Nacionales, y las autoridades
ambientales, el Santuario recuperó más de veinte individuos en aproximadamente
quince años. Sin embargo, puso de presente que existe un índice de extracción
de la vida silvestre de esta especie cercano a 1.6 osos por año, y la Fundación
no cuenta con la capacidad de recepción para para la rehabilitación de este
porcentaje.
51. Manifestó que para la recuperación del oso andino
se requiere de la ayuda de todos, garantizando que exista un hábitat saludable
al que puedan retornar los osos. Resaltó que ya no existen hábitats prístinos,
es decir, aquellos en los que no hay relación con los humanos, por lo que las
amenazas a la especie han aumentado; la población humana continúa creciendo
dentro de las áreas protegidas, los animales tienen que salir a buscar nuevas
zonas y en ese tránsito se encuentran con las comunidades, las cuales generan
parte de la problemática, por no hacer uso adecuado de sus predios. Para esto,
señaló, se requiere la incorporación de un componente transversal de educación
ambiental.
52. A manera de conclusión, el Director del Santuario
presentó una serie de recomendaciones, pues considera que a pesar de que hay
avances en la materia, estos no son suficientes; la problemática ha aumentado
en los últimos años, y hay más invasión de los ecosistemas. Así las cosas,
sugirió que se establezca un compromiso real por parte de las Corporaciones
Autónomas Regionales para asumir el cuidado de la especie dentro de su
jurisdicción. Propuso que se generen líneas de acción de educación ambiental
que sean específicas para la especie, puesto que actualmente existe un bloque
general, pero no un trabajo especializado sobre el oso andino y su relación con
los ecosistemas. Asimismo, considera importante que el Estado priorice acciones
administrativas y financieras para la protección del oso, teniendo en cuenta
que los avances logrados han requerido mucho esfuerzo por parte de la sociedad
civil. Finalmente, planteó la necesidad de generar corresponsabilidad y buena
comunicación entre las entidades territoriales, dado que, a pesar de que estas
son las beneficiarias de los recursos ecosistémicos, no retornan el beneficio a
los sitios origen.
-
Daniel
Rodríguez, experto en la conservación del oso andino
53. Daniel Rodríguez presentó un análisis
general de implementación del Programa Nacional para la Conservación en
Colombia del Oso Andino (PNOA), al interior de 26 Corporaciones Autónomas
Regionales. Señaló, en primer lugar, que el PNOA presenta una ejecución
mayoritariamente indirecta, asociada a la ejecución de otros programas
nacionales de conservación; se trata de acciones coyunturales que demuestran
que el programa aún no ha sido asimilado de forma estructural. Reseñó en
detalle el nivel de cumplimiento de cada una de las líneas del Programa y, en
relación con el caso concreto, concluyó que no considera viable que el oso Chucho
sea liberado a vida silvestre, sino que debe permanecer en el zoológico en el
que actualmente se encuentra. “Lo anterior está motivado en que Colombia no
cuenta con un sitio que pueda denominarse semicautiverio para osos, así como la
edad del individuo, la cual ya está en condición de geronte, lo que sumado a
sus condiciones de alimentación anterior, puede resultar en complicaciones para
su salud renal y hepática, las cuales no han sido monitoreadas en ningún
momento de su vida, lo que podría traer consecuencias para su vida en caso de
someterlo nuevamente a un proceso de anestesia para un eventual traslado a otro
sitio.”[323]
-
Juan
Carlos Losada Vargas[324] -
Representante a la Cámara
54. El Representante a la Cámara inició
señalando que desde el año 2007, la Corte ha construido una línea
jurisprudencial en la que, de forma progresiva, ha reconocido a los animales
como seres sintientes que merecen una especial protección de los humanos y del
Estado, sin embargo, por razones políticas ni la jurisprudencia[325]
ni la ley[326]
han dado el paso de reconocer a los animales como sujetos de derechos. Sostuvo
que no existen fundamentos jurídicos para desconocer a los animales como
sujetos de derechos, más aún cuando pronunciamientos de las Altas Cortes han
reconocido derechos a la naturaleza -haciendo referencia a los casos del río
Atrato, el río Cauca y la Amazonía-. De otra parte, aseguró que no pretende
equiparar al ser humano con las demás especies, pues es claro que existe una
diferencia en los derechos, su reconocimiento y su protección de unos y otros.
Por ello, afirmar que los animales son sujetos de derechos no implica en sí
mismo un cuestionamiento a varias costumbres humanas relacionadas con su vestuario,
alimentación o avances científicos; lo que no puede ignorarse es que los
animales, como seres vivos, “tienen derecho al menos a tener una muerte
indolora, instantánea y sin angustia. Tienen derecho también a manifestar su
comportamiento natural; a no sufrir abandono, ni explotación; a recibir la
atención veterinaria o el auxilio necesario por parte del hombre, en caso que
lo requiera y a no permanecer en cautiverio con fines de entretenimiento del
hombre. Los animales tienen derecho a que, cuando su cautiverio obedezca a
fines loables como la protección de la especie, este se desarrolle en
condiciones apropiadas. Como es el caso que nos ocupa el día de hoy.”[327]
55. En relación con las instituciones
jurídicas existentes, señaló que es también un asunto de voluntad política,
pues lo que corresponde es dar alcance a las mismas y reconocerlas como
verdaderos instrumentos de protección de la vida, la libertad y la dignidad, en
todas sus formas de expresión, no solo en la humana. Reconoció que para
diferenciar los derechos humanos de los derechos animales podría ser
conveniente la creación de herramientas especializadas de protección, pero
frente a garantías de igual entidad como la vida o la libertad, no valdría la
pena crear mecanismos diferenciados,  “en tanto, la existencia de mecanismos
alternos implicaría reconocer que existe algo así como una jerarquización del
derecho a la vida.”[328]
Recalcó que al aceptar la procedencia de mecanismos constitucionales como la
acción de tutela o el habeas corpus debe recordarse que ningún derecho
es absoluto, y que siempre media una ponderación de carácter judicial para
resolver cada caso concreto. En suma, sostuvo que, como manifestación de la
dignidad humana y del principio de solidaridad, un ser humano que razona
debería utilizar las instituciones jurídicas que tenga a su alcance para
proteger y reivindicar los derechos de quienes también sienten pues ningún
animal puede directamente radicar una acción judicial, y muchas veces las
entidades oficiales y ambientales carecen de experiencia, o tienen sobrecarga
de trabajo y no logran representar una postura que redunde en el bienestar
animal.
56. Por último, en lo que tiene que ver
con el caso específico del oso Chucho, sostuvo que el debate trasciende
lo meramente jurídico, -la procedencia de una acción de habeas corpus
para la protección del derecho a la libertad de un animal, la existencia o no
de una vía de hecho-; pues la decisión que se adopte tendrá efectos en un ser
vivo, “y es deber de la Corte garantizar que, más allá de la herramienta
jurídica adelantada para su protección (…), el sujeto que se pretende proteger
efectivamente sea amparado (…)”.[329]
En este sentido, consideró que
es necesario evaluar cuál es el lugar más apropiado que garantice la
rehabilitación de la fauna silvestre reproducida en cautiverio o extraída de su
hábitat, para determinar en dónde debe permanecer Chucho y evitar
condenarlo a vivir en condiciones indignas por la negligencia humana.
-
Steven
M. Wise[330] -
Director de “The Non-human Rights Project”
57. El profesor Wise inició explicando que
el estado legal de toda entidad ha sido binario en el occidente desde la época
romana. Así, algo puede ser una persona o una cosa y si es persona tiene
capacidad para uno, cien, o un número infinito de derechos legales. Señaló que
mientras que las personas tienen un valor inherente y existen por su propio
bien, las cosas tienen un valor instrumental y existen por el bien de las
personas; no obstante, “persona nunca ha sido sinónimo de ser humano, ni la
personalidad ha sido nunca un concepto biológico. La decisión de si una entidad
debería ser una persona, entonces, es una decisión en cuanto a si esa entidad
debe contar de alguna manera fundamental.” Recordó que este tipo de
análisis ha permitido el reconocimiento como persona a entidades como
corporaciones y bancos, pero también a animales[331], ríos[332]
y a parques nacionales. “Por desgracia, durante los últimos 2000 años,
también ha conducido a que esclavos africanos, pueblos indígenas, mujeres,
niños, y judíos, a veces sean considerados cosas. Gran parte del trabajo de los
derechos civiles en los últimos siglos ha reconocido lentamente la dignidad y
personalidad de cada ser humano, eliminando dolorosamente un grupo humano tras
otro, uno a la vez, de la categoría de cosa legal a persona jurídica. La
personalidad jurídica, entonces, es la base para cualquier otro derecho legal,
y el mínimo necesario para que cualquier ser humano prospere.”
58. Antes bien, señaló que hay un millón de
especies de animales incluyendo ostras, hormigas, osos de anteojos como Chucho,
elefantes y chimpancés. Cabe entonces estudiar si todas las especies deberían
ser personas jurídicas, y tener en cuenta que aquellas a las que se les otorgue
dicho atributo no deberían tener en general los mismos derechos legales. El
juez debe determinar, “con una buena evidencia científica, principios
morales y legales, como libertad e igualdad, y política pública, si alguna
especie en particular debería ser designada como persona jurídica.” Con
todo, afirmó que el atributo de la personalidad un concepto indeterminado, pues
simplemente significa que alguien tiene capacidad para ser titular de algunos
derechos. Permite que se otorguen derechos legales, pero no necesariamente
concede a una persona cualquiera de los infinitos derechos legales a los que
teóricamente podría acceder. A un animal se le puede reconocer personalidad
jurídica y con ello un solo derecho que dependerá de las circunstancias propias
de cada caso, en algunos podrá ser la autonomía, en otros la libertad; lo
importante es, en su opinión, tener en cuenta que no es necesario crear un
nuevo concepto legal para proteger los intereses de los animales, pues con ello
nunca dejarían de estar subordinados incluso a los intereses humanos más
pequeños.
Segundo eje: “La protección de los animales en el
derecho comparado e interno”
59. A los expositores de este eje se les
preguntó sobre los mecanismos legales propuestos en el marco de otros sistemas
jurídicos para garantizar la protección de los animales, las condiciones que
debieron satisfacerse a nivel jurídico - normativo para alcanzar tal protección
y los resultados  obtenidos.  También se indagó sobre los atributos
determinantes para definir a un individuo o entidad como titular de derechos
y  la relevancia que cumple el concepto de seres sintientes dentro de
este análisis. También se les pidió hacer énfasis en las ventajas o desafíos
que supone encauzar la protección animal -en particular de especies vulnerables
como el oso andino- a través de acciones soportadas en la titularidad de
derechos (acción de tutela, habeas corpus), en lugar de mecanismos de defensa
de intereses colectivos (acción popular) o de instrumentos generales de
política pública (planes de conservación).
-
Iván
Garzón Vallejo[333] –
Profesor asociado en la Universidad de La Sabana
60. Señaló que la primera pregunta que
debe abordarse en este debate es si los animales pueden ser sujetos del
Derecho. “Y la respuesta es no, los animales no pueden ser sujetos del
Derecho: porque esa titularidad sólo puede ser predicable de los humanos, toda
vez que estos tienen una diferencia de grado y no sólo de especie con aquellos,
y por ello son los únicos con capacidad de representación simbólica, lenguaje,
racionalidad comunicativa, libertad, voluntad y otras características que
exceden con mucho la capacidad sensitiva.”[334] Agregó que
si bien es cierto que algunas características humanas pueden verse en algunos
animales, ello se debe a un instinto de “supervivencia o a una forma de
codificar los estímulos exteriores, más no a un ejercicio razonable y libre de
adecuarse voluntariamente a un patrón de conducta cuya finalidad trasciende la
mayoría de las veces la mera subsistencia sensitiva.”[335] En este
orden de ideas, advirtió que se debe tener cautela al extender los catálogos de
derechos a los animales no humanos o a la naturaleza, porque ello generaría una
excesiva carga de exigibilidad para otros, y porque desnaturalizaría e incluso
banalizaría los derechos ya reconocidos. No obstante, teniendo en cuenta el
carácter sensitivo de los animales, considera lógico que los mecanismos legales
de protección estén enfocados en asegurar una existencia carente de malos
tratos y dolor injustificado.
61. Propuso desarrollar
jurisprudencialmente el principio pro-animalium y un mecanismo
administrativo especial que garantice una mayor protección de los animales en
peligro de extinción. Lo anterior, con base en el artículo 8 constitucional que
consagra la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, y los tratados internacionales que se
refieren a este tema como el Protocolo de San Salvador y la Convención
Americana. Planteó como características del mecanismo de protección las
siguientes: (i) la autoridad competente debe ser el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; (ii) debe ser expedito, que se resuelva en el menor
tiempo procesal posible, tomando como ejemplo acciones análogas como la de habeas
corpus o la tutela; (iii) debe ser principal, que no requiera de
ningún procedimiento administrativo previo; (iv) gratuito; y (v) debe ser
decidido bajo el principio pro-animalium. “Cuando la autoridad esté frente a
la decisión del mecanismo de protección animal propuesto, deberá preferir
aquella medida que busque proteger a los animales en peligro de extinción.”[336]
-
Anne
Peters[337] (video)
– Directora del “Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law” (Alemania)
62. En primer lugar, señaló que es deseable y
recomendado otorgar el estatus de titular de derechos a los animales no
humanos, para garantizarles una protección y bienestar adecuados, por lo menos
para aquellos que son sintientes sin ninguna duda razonable. Lo anterior porque
(i) los derechos empoderan. Aunque los animales siempre necesitarán de alguien
que hable por ellos, un derecho expresa un valor inherente del titular y, por
lo tanto, “el mensaje
político y simbólico de representar a un titular de derechos ante un juez es
más poderoso que el que un abogado solo alegue infracciones a leyes de
bienestar animal”; (ii) al
ser titular de derechos, se cuenta con un remedio jurídico que confiera un
lugar ante los jueces; (iii) los derechos son dinámicos y abiertos hacia el
futuro. “Esto significa que la protección creada a través de los derechos
puede tornarse más fuerte (o más débil) según las circunstancias. Si aceptamos
el derecho de un animal a la libertad física, los requisitos para confinar al
animal, tales como el tamaño de la jaula, serán dinámicos y podrán cambiar, por
ejemplo, en respuesta a nuevos entendimientos científicos.”; y (iv) si un
animal de es titular de derechos, la justificación para su limitación se
traslada. Por ejemplo, “sin
un derecho a la libertad, el animal puede ser detenido si no hay una regla
especial que lo prohíba. Con un derecho a la libertad, el análisis jurídico
debe tomar el derecho como su punto de partida. Y esto, entonces, activa una
obligación de justificar la limitación al derecho.”  A todo lo anterior debe añadírsele una importante
consideración: ningún derecho es absoluto. Ni para los humanos ni para los
animales. Por lo tanto, señaló que reconocerles como titulares de derechos no
imposibilita los usos que generalmente se les dan a los animales (alimento,
mascotas, experimentos científicos), sólo aumenta la carga de justificación de
los mismos.
63. También sostuvo que a través de una
interpretación legítima del derecho tal como existe, y sin necesidad de una
acción parlamentaria, la Corte puede ajustar el concepto jurídico de
personalidad, para referirse a los animales. En este sentido, sostuvo que la
personalidad “en el derecho se entiende mejor no como un concepto
“esencialista”, sino como un concepto-conjunto. Esto significa que la
personalidad no depende de una única propiedad o de un grupo de propiedades
definidas que serían necesarias y suficientes.” Se refirió entonces a la
personalidad ‘artificial’ que suelen otorgar los ordenamientos jurídicos por
ejemplo a las sociedades comerciales, y también a animales, ríos y ecosistemas
regionales. Advirtió que la sola pertenencia a una especie, sin considerar las
necesidades específicas de cada una, no debería marcar una diferencia jurídica.
El criterio que mejor funciona, en su opinión, es la sintiencia. “La
sintiencia en un sentido amplio significa experimentar un estado afectivo. Los
filósofos llaman esto “conciencia fenomenal”. Un animal es sintiente en el
sentido más estricto cuando siente determinadas experiencias como atractivas o
adversas (“buenas” o “malas”). El oso andino sin duda alguna es sintiente en el
sentido amplio y en el sentido estricto.”
64. Finalmente, concluyó, respecto a la
personalidad jurídica entendida
como un concepto-conjunto, que “no deberíamos buscar condiciones necesarias
o suficientes, sino factores cuya presencia o ausencia ubique a un actor o
entidad más en el centro de la personalidad o más en las márgenes. Para ser
justos, los factores deben ser relativos a las razones (que también son los
propósitos) del derecho específico que se estudie. Hemos visto que derechos
específicamente humanos expresan que el titular tiene un valor inherente, pero
que los derechos de otros actores (personas jurídicas, ríos, animales) pueden
cumplir distintos propósitos. Yo veo tres posibles propósitos de los derechos
de Chucho. El primer propósito de los derechos puede ser evitar el sufrimiento.
Entonces, el factor por considerar son las necesidades físicas del animal para
su bienestar, tal y como las confirme la ciencia. Segundo, el propósito de un
derecho de un animal también puede ser proteger mejor la especie a la que
pertenece. Entonces, el factor por considerar es la vulnerabilidad del grupo.
Aquí, la pertenencia de Chucho a una “especie en peligro de extinción”, en el
Apéndice I de la Convención Internacional sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas, es un factor relevante. Tercero, el propósito del derecho
de una entidad natural también puede ser resaltar el valor intrínseco del
ecosistema.”
-
Paula
Casal[338] –
Profesora de la Universidad Pompeu Fabra (España)
65. Paula Casal inició su presentación distinguiendo
entre las aproximaciones jurídicas y filosóficas al concepto de sujeto de
derechos. Así, “mientras que jurídicamente un río puede tener derechos,
siempre que las instituciones competentes se los concedan, en filosofía no se
acepta la idea de que un río pueda tener derechos. Filosóficamente, es normal
hablar de los derechos de un animal, pero no de un río. Un río carece de
subjetividad y no tiene un bien, ni una vida que pueda ir mejor o peor.”[339]
Para la interviniente resulta extraño que  un país reconozca los derechos de la
cuenca de un río, pero no de sus habitantes pues al analizarlo desde la
filosofía ello sólo tiene sentido si se entiende que es una forma abreviada de
referirse a los sujetos que viven allí, es decir, sólo si se acepta que los
colombianos tienen derechos podría entenderse que un bosque o la cuenca de un
río tenga derechos como consecuencia de los derechos morales preexistentes de
sus habitantes. Recordó que en biología se distinguen dos tipos de especies: R
y K. “Una especie r puede poner miles de huevos, de los cuales morirán
normalmente todos menos uno, sin que los padres lleguen a conocer a sus
descendientes ni a desarrollar vínculos afectivos. Los animales K tienen muy
pocos hijos pero invierten muchísimo en cada uno, los cuidan y están
afectivamente unidos a ellos.”[340]
A partir de esta diferencia, explicó que las especies ya aceptadas como
personas, son, al igual que los humanos, extremos K (son corpulentas, las
madres dedican mucho tiempo observando a sus hijos para comprender sus
necesidades, se reparten alimentos, existe ayuda mutua, tienen normas en los
grupos que preceden la moral y la ley y sufren ante la muerte de un ser
querido, entre otros). Afirmó que si se defienden los derechos de los
chimpancés, con más razón se defienden los derechos humanos. Según la
expositora, “entender a los humanos como especie K nos ayuda a comprender,
como veremos luego, las razones por las que los humanos tienen muchos de los
derechos que la Declaración Universal de 1948 les otorga. Y decir, como lo
afirma el representante del zoo, ‘que no hay nada más antropocéntrico que
reconocer los derechos animales’ es tan absurdo como decir que no hay nada más
machista o racista que reconocer derechos a las mujeres o a los de otras razas.”[341]
66. En cuanto al caso concreto, advirtió que el oso
andino es una especie K, que por lo demás, resulta constantemente explotada por
zoológicos y circos, porque su inteligencia, memoria, necesidad de afecto y
capacidad de aprendizaje le permite ser entrenada para impresionar al público.
Hizo énfasis en que los derechos a la vida, a la libertad y a evitar el
sufrimiento son derechos muy distintos y se puede tener prioridad ante uno y no
necesariamente ante el otro. Para explicar lo anterior mencionó algunos
ejemplos: “se espera que las embarazadas aguanten muchos dolores para evitar
a su feto la más leve molestia. Pero cuando los médicos no pueden salvar a
ambos, siempre salvan a la madre, porque la prioridad respecto al sufrimiento
no va ligada a la prioridad con respecto a la vida. Lo mismo ocurre en el
ejército. Todo el analgésico se da al que ha perdido sus piernas y sus seres
queridos y sufre más que otros soldados. Pero cuando no pueden salvarse todos,
este soldado no tiene prioridad en relación al interés en seguir existiendo.
(…) Por eso, el magistrado Tolosa Villabona, que aceptó el ‘habeas corpus’ no
se contradijo al decir que aceptar el ‘habeas corpus’ no tiene que ver con el
vegetarianismo. El ‘habeas corpus’ tiene que ver con la libertad de ciertas
especies con interés en la libertad. El vegetarianismo tiene que ver con el
derecho a la vida de todas las especies.” [342]
67. Por último, señaló los fundamentos del derecho a
la vida[343],
a la libertad[344]
y a no sufrir[345];
a partir de los cuales concluyó que es posible que la compañía y la mejora en
la alimentación, así como el paso del tiempo, hayan mejorado algunos aspectos
del oso Chucho (peso, pelaje y estado emocional). “Pero esto es lo que suele
ocurrir con cualquier persona que ingrese en un hospital por enfermedad o
depresión, sin que eso implique que deba vivir en esa celda de hospital el
resto de su vida. Y, francamente, cuesta creer que un país tan grande como
Colombia y con tanto santuario, no pueda haber un solo lugar para Chucho el
animal más emblemático y conocido del país, que sea mejor que el zoo de
Barranquilla. (…) Una jaula de zoo no es adecuada para un animal K tan
inteligente y que normalmente recorre 7 Km al día. Si el problema de su
situación anterior en Manizales era la falta de una osa o la mala alimentación
con comida de perro, esto podría resolverse devolviéndole al lugar en compañía
de una osa, y mejorando allí su alimentación. Esos cambios parecen factibles,
mientras que una jaula en Barranquilla seguirá siendo siempre una jaula en
Barranquilla, aun si le añaden algunos metros.”[346]
-
Nadia
Espina (video) – Profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina[347]
68. La profesora inició su intervención
señalando que históricamente, el estado jurídico de los animales ha sido el de
un objeto de propiedad de los humanos, y es desde ahí que se les ha otorgado
protección legal. En la actualidad, sostuvo, esa protección surge desde
distintas ramas del ordenamiento jurídico, tales como la constitucional, la
penal, la civil y la administrativa. En el derecho penal, generalmente está
tipificado el delito de maltrato o crueldad animal, y “la cuestión se debate
entre quienes sostienen que la protección penal frente a ese delito guarda una
relación de dependencia con los humanos, y quienes consideran que el animal no
humano es su verdadero titular. Si bien el primer sector representa la doctrina
mayoritaria y el segundo la minoritaria, tampoco faltan los autores que
mantienen una postura deslegitimante.”[348]
Luego de explicar la doctrina sobre el tema, que se remonta al siglo XIX, y
exponer las tesis de autores como Hommel, Beccaria, y Birnbaum, señaló que en
la actualidad la tesis con más adeptos es aquella que considera a la salud y al
bienestar de los animales como objeto de protección, pero en cuanto estos
representen un interés moral de la comunidad. Esta teoría reconoce, entonces,
que a los animales se les garantiza el bienestar; “sin embargo, la posición
queda a mitad de camino porque si bien parte de la idea de que los animales no
humanos son seres sintientes, los mismo no dejan de ser un mero objeto de
protección, pues no le reconocen su calidad de sujetos de derechos.”[349]
69. Relató que los argumentos para negar
la protección de la vida e integridad del animal como ser vivo son dos,
principalmente: (i) la falta de representación procesal durante un juicio penal,
y (ii) que el reconocimiento como sujeto pasivo del delito de maltrato animal
implicaría asignarle la de sujeto activo en otros tipos penales. En su opinión,
las dos premisas son rebatibles en tanto reconocer derechos a los animales no
humanos los convierte en titulares de algunas prerrogativas, pero no les
confiere obligaciones, tal como ocurre con un niño recién nacido que puede ser
sujeto pasivo de delitos, pero carece de capacidad para cometerlos. En este
mismo sentido, sostuvo que la falta de representación procesal “no parece un
fundamento hoy admisible cuando existe una tendencia hacia la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.”[350]
Con todo, afirmó que tratar a los animales como un bien jurídico colectivo cuya
titularidad está en la sociedad, en donde se protege el equilibrio ecológico
para salvaguardar a las generaciones humanas actuales y futuras, es una teoría
que debe avanzar. Si se reconoce al animal no humano como un ser sintiente,
capaz de experimentar dolor y placer, “surge la necesidad de precisar que el
bien jurídico en el delito de maltrato animal es el derecho del propio animal a
no ser objeto de crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle el
carácter de sujeto de derechos.”
70. En el derecho constitucional el auge
de la discusión por los derechos de los animales inició a partir de los años
setenta del siglo XX. En Latinoamérica, durante las décadas de 1980 y 1990
sucedieron reformas en el marco ambiental de casi todos los países
suramericanos, lo cual se evidencia, por ejemplo, en el reconocimiento del
derecho a un ambiente “sano” en las constituciones de Argentina y Colombia.
Posteriormente, durante el siglo XXI, otros países como Ecuador, en 2008 y
Bolivia, en 2009, tuvieron reformas constitucionales que marcaron un importante
cambio en el reconocimiento de derechos a la naturaleza. Así, la Constitución
de Ecuador reconoce expresamente a la Pachamama como sujeto de derechos,
mientras que la Constitución boliviana, “si bien lo hace en forma tácita,
también parece inscribirse en la línea del ecologismo profundo. En ambos
países, los efectos son los mismos, cualquier persona puede reclamar por los
derechos de la naturaleza.”[351]
De otra parte, señaló que en la legislación civil la influencia del Código de
Napoleón en Latinoamérica sigue aún vigente, considerando a los animales no
humanos como cosas muebles semovientes. En contraste, varios estados de la
Unión Europea han modificado sus códigos civiles y sus constituciones
reconociendo a los animales. Citó los casos de Austria, Alemania, Suiza,
Francia, Portugal y Cataluña. Se refirió luego, en detalle, a los casos de las
chimpancés Sandra y Cecilia, cuyos derechos fueron amparados en Argentina a través
de la acción de habeas corpus, y concluyó que la calificación jurídica
de los animales como cosas muebles semovientes en el Código Civil argentino no
ha sido obstáculo para que distintos tribunales nacionales, declaren a los
animales no humanos como sujeto de derechos.
71. Finalmente, hizo referencia los
atributos determinantes para otorgar titularidad de derechos. Luego de una
breve reseña histórica sobre el tema, sostuvo que desde la perspectiva
constitucional es posible afirmar que los animales no humanos son titulares de
ciertos derechos básicos, “en tanto se realice una interpretación dinámica
junto a las restantes disposiciones del ordenamiento jurídico local (…). Un
aspecto relevante es la consideración de los animales como seres sintientes. Es
que superadas las visiones antropocéntricas basadas en el racionalismo y la
inteligencia, la titularidad de derechos de los animales no humanos, cobra
fuerza en el campo ético y jurídico.”[352]
-
Jessica
Eisen[353] (video)
– Profesora de la Universidad de Alberta (Canadá)
72. Inició su presentación indicando que los
tribunales constitucionales, incluida la Corte Constitucional colombiana, están
actualmente aferrándose a la realidad de la subjetividad animal y entienden a
los animales como seres sintientes, con sus propias experiencias del mundo[354].
Señaló que al reconocerles como seres sintientes, y “cuán profundamente las
vidas de los animales son moldeadas por las leyes e instituciones humanas, se
hace evidente el imperativo de encontrar formas de proteger a los animales a
través de la ley, incluida la ley constitucional.” Así pues, las
instituciones legales formales tienen un profundo impacto en la vida de los
animales a pesar de que éstos no participen en ellas y no puedan solicitar
abogados para iniciar procesos; por ello, la representación de un animal en el
marco de un recurso de habeas corpus “es quizás la forma más directa
e inmediata de llevar los intereses de los animales ante los tribunales
constitucionales.” En relación con las cualidades o atributos que deberían
tenerse en cuenta para calificar a un animal como titular de derechos, propone
reflexionar sobre dos aspectos: el interés en su propia libertad y si ésta ha
sido ilegalmente infringida.
73. “El primer paso de estos cuestionamientos, de
si un animal tiene interés en su propia libertad, surge directamente de una
mayor atención que los tribunales del mundo le han dado a la subjetividad y
experiencia animal. En el caso de Cecilia, la Corte Argentina consideró los
comportamientos, las relaciones sociales y la libertad de movimiento, factores
de mayor relevancia para los chimpancés, en el momento de valorar el habeas
corpus como una solución al encierro de Cecilia. En el caso de Chucho, la Corte
ha buscado sabiamente pruebas respecto a la vida física, social y emocional de
los osos andinos y de Chucho en particular. Si, como espero sea el caso, esta
evidencia demuestra que Chucho tiene un interés subjetivo en su propia
libertad, la Corte puede entonces considerar si dicha libertad ha sido infringida
ilegalmente.” El segundo paso, esto es, determinar si la libertad fue
violada ilegalmente, debería establecer el alcance de las libertades protegidas
y bajo qué circunstancias podrían ser legalmente restringidas. “De esta
manera, asegurar las inquietudes del habeas corpus en los intereses subjetivos
de los animales, relacionados con su propia libertad, y la legalidad de la
vulneración de esa libertad, permite un cambio progresivo en un área del
derecho y la sociedad que se transforma rápidamente.” Concluyó señalando
que un enfoque sobre el habeas corpus en ese sentido, permitiría, en su
opinión, la posibilidad de construir y ampliar la ley y la jurisprudencia de
Colombia que sostiene que los animales son ‘seres sintientes’.
-
Javier
Alfredo Molina Roa – Investigador de la Universidad Externado
74. El
interviniente reiteró los argumentos que expuso en el escrito que allegó en
respuesta al Auto de pruebas del 3 de septiembre de 2018, reseñado antes en el
numeral 6.2.14.  Añadió, en
relación con los atributos determinantes para adjudicar la titularidad de
derechos, que para la tradición civilista solo quien puede adquirir derechos y
contraer obligaciones puede tener personalidad jurídica. Sin embargo, varios
autores -Singer, Regan, Wise, Donaldson & Kimlicka, entre otros- han
advertido que el argumento según el cual los animales son seres irracionales
que no pueden tomar decisiones por sí mismos es fácilmente refutable si se
tienen en cuenta las ficciones jurídicas que crean los ordenamientos jurídicos
para conceder personalidad jurídica, por ejemplo, a un recién nacido o a una
persona incapaz ya sea mental o físicamente, los cuales son titulares de plenos
derechos sin que deban asumir obligaciones. Por último, propuso un desarrollo
normativo frente a figuras como apoderados o guardianes de los animales, que
permiten evitar obstáculos procedimentales o burocráticos al momento de usar
las acciones administrativas y constitucionales con el propósito de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones del Estado y los particulares en esta
materia. Sostuvo que ejemplos de este pensamiento progresista existen en el
derecho comparado, en sentencias como la proferida por la Corte de Uttaeakhand
y Nainital de enero de 2017, que reconoció como personas jurídicas a los ríos
Ganges y Yaminba.
-
Carlos
Andrés Contreras (video) – Experto en derecho animal y ambiental
75. El interviniente reiteró los argumentos que expuso
en el escrito que allegó en respuesta al Auto de pruebas del 3 de septiembre de
2018.
-
Macarena
Montes (vídeo) - Experta
en derecho animal
76. La interviniente sostuvo que el concepto de
persona no es sinónimo de humano. Recordó que en la antigüedad dicha noción
respondía al rol o estatus que representaban los seres humanos dentro de la
sociedad; fue John Locke quien estructuró este concepto considerando que
persona es aquel ser racional que se reconoce a sí mismo como tal y que tiene
un sentido del tiempo, además de tener un coeficiente intelectual mínimo, entre
otras características. Resaltó que para el derecho persona es todo aquel sujeto
de derechos y obligaciones, incluyendo aquellas ficciones que se reconocen como
personas para poder actuar en la vida jurídica tales como las sociedades y las
fundaciones. En igual sentido, los ordenamientos jurídicos suelen reconocer
como personas a ciertos seres que no tienen la capacidad de obligarse y nunca
la tendrán como lo son los humanos con discapacidades intelectuales o que se
encuentran en estado vegetal, así como los niños y niñas que son reconocidos
como personas, en tanto son seres vulnerables que el derecho debe proteger. Por
ello, consideró acertado proteger a ciertos animales sintientes a través de su
reconocimiento como personas, recordando que son también seres vulnerables
continuamente abusados y explotados por los humanos. Por último, destacó que en
el caso del oso Chucho es posible que a través de la jurisprudencia, sea
reconocido como una persona no humana pues es un animal sintiente que tiene la
capacidad de ser sujeto de determinados derechos básicos en razón a las
capacidades afectivas, emocionales, cognitivas y sociales que ha desarrollado.[355]
-
Natalia
Rodríguez Uribe, Directora de la maestría en Derecho, ICESI
77. Natalia Rodríguez Uribe inició su intervención
resaltando la necesidad de abordar el asunto no solo desde la óptica del
derecho animal, sino también desde la perspectiva de la protección de los
intereses de la biodiversidad en Colombia. Señaló que está claro que los
animales son seres sintientes, y que, en el caso específico, el oso Chucho se encuentra
en una categoría que merece una especial protección debido a su similitud con
los seres humanos. Indicó que lo que corresponde ahora es determinar cuál debe
ser la manera de ejercer dicha protección. Expuso que legalmente[356]
existen dos ejes de protección de los animales, el primero se refiere al
bienestar físico y mental; el segundo, a la libertad de los animales a
manifestar su comportamiento natural, lo que implica la protección de sus
ecosistemas.
78. Resaltó el valor de la acción de tutela en
Colombia, y celebró el hecho de que en el país, las libertades del ser humano
gocen de un status privilegiado; sin embargo, manifestó que puede existir un
riesgo al ampliar la legitimación por activa de la acción de tutela. De esta
manera, planteó el siguiente interrogante: si se establece que los animales van
a tener ciertos derechos fundamentales, ¿a quién se estaría legitimando para
que interpusiera acciones a nombre de ellos? La respuesta a esta pregunta
pareciera ser, expresó, que a todo el mundo. En ese sentido, la interviniente
hizo un llamado a la cautela y a la mesura, advirtiendo que, aunque los
animalistas no comparten esta postura, se trata de una posición ecologista.
Señaló que debe haber un ente encargado de la protección de los animales, pero
no pueden ser todos los ciudadanos los que ejerzan estas acciones, puesto que
abrir la puerta para que se protejan los derechos de cualquier animal puede
llevar a que se generen afectaciones a los ecosistemas.  Planteó que, si bien
la Corte puede emitir órdenes concretas en el caso concreto, es necesario
fortalecer la institucionalidad y la regulación en materia de protección a los
animales, tarea que también corresponde al Congreso y a las demás autoridades.
Finalmente, reiteró la necesidad de abordar de forma correcta la problemática,
pues arriesgar la biodiversidad y el ecosistema a través de una acción en favor
de los animales individualmente considerados puede no ser lo más adecuado.
-
Andrea
Padilla Villaraga – Vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional
79. Andrea Padilla Villaraga desarrolló
en cinco argumentos su intervención. Sostuvo que las fórmulas del derecho
legislativo para la protección animal plantean varios problemas porque en las
excepciones al deber de protección normativa entran las peores formas de
explotación animal; tienen un corto alcance de las conductas prohibidas que se
limitan a mínimos vitales o ceden a condiciones bajo las cuales desaparecen; y
el concepto de “sufrimiento innecesario” es demasiado ambiguo y se suele
interpretar ampliamente en beneficio de los seres humanos. Por ello, los
ciudadanos han usado el derecho constitucional para buscar garantías de
protección a los animales que han terminado en varios pronunciamientos
judiciales que cuestionan los fundamentos teóricos de la exclusiva titularidad
de derechos en cabeza de los seres humanos.[357]
En este sentido, explicó que se han adoptado, en general, dos posturas: una que
defiende el deber constitucional de protección a los animales, y otra que
reconoce la existencia de una titularidad de ciertos derechos básicos en cabeza
de algunos animales[358].
Sostuvo que la reciente jurisprudencia animalista “viene afinando el
criterio moral o el atributo categorial en virtud del cual los animales serían
sujetos de derechos. Este atributo es la sintiencia, que se define como la
capacidad que faculta a un individuo para experimentar lo que es bueno o malo
para él mismo en su propio ser. (…) Por su puesto, defender la posición
ética a favor de la sintiencia, no implica desconocer que aunque todos los
animales sintientes son susceptibles de padecer daño y sufrimiento, algunos
pueden sufrir daños adicionales o agravados en razón de sus capacidades
mentales.” Lo anterior no se debe a una “jerarquía de mérito o de valor,
sino porque inciden en lo que puede ser un bien o un daño para cada criatura
determinada.”
80. Finalmente, señaló que encauzar la
protección animal a través de acciones soportadas en la titularidad de
derechos, como el habeas corpus, brinda mayores garantías a la eficacia
de los derechos de los animales no humanos. Añadió que los medios
sancionatorios consagrados en la Ley 1774 de 2016 tienen muy corto alcance en
la práctica “y solo aplican a conductas que menoscaben gravemente la vida o
la integridad de los animales, como de hecho lo precisó esta Corte en 2017”;
las acciones populares, por ejemplo, “diluyen los individuos sintientes en
el conglomerado de derechos colectivos ambientales”; y los instrumentos
generales de política pública, “no solo van al vaivén de cada gobierno, sino
que se limitan a algunas especies ‘carismáticas’ -por ejemplo, los llamados
animales de compañía- o consideradas instrumentalmente valiosas, como ocurre
con los planes de conservación. Y si estamos reconociendo, como lo ha hecho la
Corte desde 2010, en su sentencia C-666, que la sintiencia es el atributo que
establece límites a las conductas humanas causantes de sufrimiento a los
animales, además del fundamento del mandato de protección animal, lo lógico
sería que este atributo fuera tomado con la mayor seriedad, a efectos de
salvaguardar los intereses fundamentales derivados de él.”
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA
SENTENCIA SU016/20
Referencia: Expediente T-6.480.577
Con el debido respeto, aclaro mi voto en
el asunto de la referencia por las razones que a continuación paso a exponer:
Aunque comparto la decisión mayoritaria
adoptada la Sentencia SU-016 de 2020, la providencia recuerda y reitera la
línea jurisprudencial que viene desarrollando
la Corte, conforme
a la cual el mandato
de protección animal
tiene fundamento en la condición de ciertos animales como seres
sintientes, condición de la cual se derivan consecuencias jurídicas, como
por ejemplo la prohibición de caza deportiva respecto de ciertas especies.
A mi juicio, dentro del contexto de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional
relativa a la protección de la vida humana, contenida
en las sentencias C-355 de 2006 y SU-096 de 2018, la línea
jurisprudencial relativa a la categoría de los “animales sintientes” termina
concediendo mayor protección a la vida animal que a la vida de seres humanos
concebidos y no nacidos, lo cual contradice el principio constitucional de
dignidad humana, entendido este como el reconocimiento de la particular
eminencia de la condición humana y de su radical diferencia con el resto de
seres y del mundo de las cosas.
En dichas sentencias relativas al aborto,
como lo expresé en el salvamento de voto a la sentencia C-045 de 2019, so pretexto
de hacer prevalecer los derechos de la madre se desconoció el derecho a la vida del nasciturus, bajo el argumento absolutamente contrario a la
lógica y a la evidencia científica, según el cual la vida humana en formación
solamente es “un valor”. Pero en cambio ha protegido la vida de los animales,
en consideración a su condición de “seres sintientes”. Ha prohibido la disposición innecesaria de su vida.
Frente al animal, sostiene que su vida es indisponible y protegida, cuando
no media la necesidad.
No se puede disponer fútilmente de la vida animal. En cambio, frente al no
nacido su indiscutida condición sintiente se torna irrelevante.
En los anteriores términos dejo expresadas las razones
de mi aclaración.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA SU016/20
1.       En el año 2017 la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió el habeas corpus
interpuesto en nombre de un oso andino llamado Chucho. En consecuencia, ordenó
a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, a la Corporación Autónoma
regional de Caldas, a Aguas de Manizales S.A. E.S.P., a la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “su traslado a una zona que
mejor se [adecuara] a su hábitat”. Esta decisión fue objeto de
acción de tutela y, luego, la sentencia seleccionada por la Corte Constitucional
para su revisión.
2.
En la sentencia SU-016 de 2020 la
Sala Plena de la Corte Constitucional analizó la procedencia de la acción
constitucional denominada habeas corpus para debatir sobre el cambio de
lugar de habitación del oso Chucho.
3.       La Sala Plena concluyó que “el juez de habeas corpus falló porque
canalizó el debate propuesto por el accionante a través de un mecanismo que era
integralmente, y desde todo punto de vista, inadecuado”. Ello por cuanto dicha
acción constitucional es un mecanismo “concebido y diseñado para dar una
respuesta inmediata a las privaciones injustas, arbitrarias o ilegales a la
libertad de las personas”. En este sentido, la situación de un oso que
habita bajo la autorización de las autoridades ambientales en un zoológico no
podría ser objeto de amparo mediante la referida acción.
4.       La aclaración de voto que
ahora formulo la sustento en dos ideas fundamentales. Primero, el
reconocimiento del valor intrínseco de los animales como consecuencia de su
capacidad de sentir dolor y las consecuencias que de ello se sigue para su
protección. Segundo, la improcedencia del habeas corpus para abordar las
exigencias adscritas al mandato de protección animal.
La protección constitucional de los
animales
5.       Reconozco el valor intrínseco
de los animales como consecuencia de su capacidad de sentir. Es precisamente
por ello que los animales silvestres son objeto de protección jurídica “no
sólo en función de su aporte ecosistémico, sino en tanto seres sintientes,
individualmente considerados”.
6.       La jurisprudencia
constitucional ha reconocido que el valor intrínseco de los animales puede
concretarse satisfactoriamente en el deber de protección animal y en los
contenidos que le han sido asignados. En la actualidad, en virtud del referido
deber, se reconocen cinco mandatos básicos, referidos en la ley 1474 de 2016 y
destacados en la sentencia C-467 de 2016:
-
No ser sometidos a sed, hambre y malnutrición, lo cual se
garantiza a través de un acceso permanente a agua de bebida, así como a una
dieta adecuada a sus necesidades.
-
No ser mantenidos en condiciones de incomodidad, en términos
de espacio físico, temperatura ambiental, nivel de oxigenación del aire, entre
otros.
-
Ser atendidos frente al dolor, enfermedad y las lesiones.
-
No ser sometidos a condiciones que les genere miedo o estrés.
-
Tener la posibilidad de manifestar el comportamiento natural
propio de su especie.
7.       No existe duda de que el
Estado puede -y debería hacerlo- adoptar medidas que profundicen el actual
nivel de protección de los animales. En todo caso el deber de amparo reconocido
por este tribunal y cuyo estatus constitucional se encuentra fuera de toda duda
(i) implica una obligación general -que vincula de diferentes formas a
las autoridades públicas y a los particulares- de adoptar medidas y
comportamientos que los protejan efectivamente (T-436 de 2014, T-096 de 2016 y (ii)
proscribe la indiferencia, la complicidad o el silencio frente a su maltrato
(C-283 de 2014, T-095 de 2016, C-041 de 2017). Bajo esa perspectiva dicho deber
(iii) impone límites a las decisiones de las mayorías cuando ellas
supongan el sufrimiento injustificado de los animales (C-666 de 2010) y (iv)
habilita la adopción de decisiones que promueven su protección (C-283 de 2014).
8.       El caso del oso Chucho
planteó a la Sala Plena la difícil cuestión acerca de si los animales pueden
ser titulares de derechos y, en consecuencia, si la acción constitucional del habeas
corpus era procedente para debatir la legalidad de su encierro. Si bien
esta Corte concluyó que dicha acción no es procedente para debatir esta clase
de situaciones, estimo necesario precisar que la decisión adoptada no implica
desconocer la protección jurídica hasta ahora reconocida a los animales.
Igualmente no debe entenderse como un obstáculo para debatir si el modo de ser,
sentir y vivir de los animales puede o no justificar -y en qué
grado- avanzar o precisar los instrumentos para su protección. La ciencia, el
Derecho y la filosofía deben concurrir para ofrecer respuestas.
9.       El caso concreto, sin
embargo, no ofrecía la totalidad de elementos necesarios para avanzar desde una
perspectiva constitucional en esta discusión. Ello era así dado que, a mi juicio,
la acción de habeas corpus (i) confina su alcance a la protección de
hombres y mujeres frente a privaciones injustas de la libertad -tal y como lo
planteo a continuación- y, bajo esa perspectiva, (ii) excede su alcance la
posibilidad de discutir la mejor ubicación de un oso de anteojos. Es cierto que
el juez constitucional y en particular este tribunal tiene la competencia para
delimitar la controversia sometida a su consideración y, en esa dirección,
definir no solo los problemas jurídicos relevantes sino también las medidas
procedentes para asegurar la supremacía de la Carta, incluso más allá de lo
planteado por el accionante y lo decidido en las instancias. Sin embargo,
debido a que la situación de hecho bajo análisis mostraba la radical
improcedencia de la acción de habeas corpus ello restringía la
posibilidad de asumir otra dirección.
10.   En la agenda del constitucionalismo
contemporáneo debe tener lugar esta ardua cuestión. Los efectos jurídicos que
se siguen de la capacidad de sentir y sufrir de los animales constituyen una
cuestión difícil. Determinar, a partir de ese hecho, si es indispensable
adoptar nuevos instrumentos jurídicos para su protección constituye un desafío.
La Corte debía conceder el amparo debido a
la improcedencia de la acción de habeas corpus para discutir las
condiciones del oso Chucho
a)
Primera
razón: el habeas corpus es una acción constitucional definida para
contrarrestar detenciones arbitrarias o ilegales de seres humanos
11.
La figura
del habeas corpus dispuesta en el artículo 30 de la Constitución es
consecuencia de varios siglos de evolución en el campo de las libertades
públicas y de los derechos fundamentales[359]. Desde la Roma antigua fueron
concebidos instrumentos que buscaban proteger a los ciudadanos libres ante
eventuales abusos provenientes de otros ciudadanos o de particulares -homine
libero exhibendo-[360].
12.
La
regulación del habeas corpus surgió como instrumento de protección de la
libertad individual frente a la arbitrariedad de las autoridades públicas[361].
La Carta Magna -año 1215- en su artículo 39 estableció: “Ningún hombre libre
podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni
puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra
forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan,
sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del
reino”. Posteriormente, en Inglaterra fue promulgado el Hábeas corpus
Amendment Act[362] -año 1679- como una garantía judicial
que pretendía hacer frente a las detenciones arbitrarias provenientes de
ciertas autoridades, tales como los ministros e incluso los sheriffs u
otras personas. Esta institución también se acogió en el sistema constitucional
norteamericano[363].
13.
Por su
parte, en los Estados latinoamericanos, el habeas corpus se desarrolló
teniendo, además, como referente la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano[364], el Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos[365], la Convención Americana sobre
Derechos Humanos[366] y la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre[367].
14.
En
Colombia, los antecedentes más relevantes de la figura prevista en el  artículo
30 de la Carta Política de 1991 se encuentran en la Constitución de los Estados
Unidos de Colombia[368] y en la Constitución Política de
1886. En concreto, fue el Decreto Ley 1358 de 1964 el que reguló la figura del habeas
corpus según el cual toda persona que se encontrara privada de la
libertad por más de cuarenta y ocho (48) horas, si consideraba que se estaba
violando la ley, tenía el derecho a promover el recurso de habeas corpus.
Posteriormente, el Decreto 050 de 1987 -Código de Procedimiento Penal- adicionó
la procedencia del habeas corpus contra todo acto arbitrario de
cualquier autoridad que restringiera la libertad, cuando la persona
fuere capturada con violación de las garantías constitucionales o legales, o
cuando se prolongara ilícitamente la privación de la libertad.
15.
La
Constitución de 1991 consagró en su artículo 30 el derecho fundamental al habeas
corpus así: “[q]uien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe
resolverse en el término de treinta y seis horas”[369].
16.       Relevante resulta mencionar
la Ley 137 de 1994 –Estatutaria de los Estados de Excepción- que, de
conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos
consagró, de una parte, la prohibición de suspensión de las garantías
judiciales indispensables para la protección de los derechos intangibles y, de
otra, reconoció el habeas corpus como uno de tales derechos[370].
A su vez y ante la declaratoria de inexequibilidad -sentencia C-620 de 2001- de
los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000 -Código de Procedimiento Penal-,
que regulaban el habeas corpus, el Congreso de la República profirió la
Ley Estatutaria 1095 de 2006 por medio de la cual reguló el artículo 30 de la
Constitución.
17.
En la sentencia C-620 de 2001 la Corte
Constitucional relató los antecedentes históricos de la figura del habeas
corpus y concluyó que “es un derecho que no sólo protege la libertad
física de las personas sino también es un medio para proteger la integridad
física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que
en las dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego torturar
y desaparecer a aquellas personas que no gozan de la simpatía del régimen de
turno” (negrillas no originales).
18.
En igual sentido, en
la sentencia C-187 de 2006 la Sala Plena destacó que “el concepto actual de
hábeas corpus no está restringido a considerarlo como una garantía exclusiva de
protección del derecho a la libertad, sino que su cometido esencial es mucho
más universal y de amplio espectro, en cuanto garantiza de manera integral el
conjunto de derechos de la persona privada de la libertad de manera
arbitraria o ilegal” (negrillas no originales). En ello radica la importancia de ésta acción constitucional “pues
a través de éste medio idóneo se protegen derechos como el de la vida e
integridad de la persona privada de la libertad en cualquier
circunstancia, lo cual impone el carácter sumario e inmediato de la protección
que se pretende otorgar a través de éste medio, ya que en muchos casos será
urgente una decisión inmediata de libertad a fin de salvaguardar el conjunto
integral de los todos los derechos en juego, y con previa presentación del
detenido ante el juez o tribunal competente para resolver el hábeas corpus”
(negrillas no originales).
19.
En
síntesis, el habeas corpus es un derecho intangible de los seres humanos
y de aplicación inmediata, consagrado en la Constitución y reconocido además en
normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, como
lo ha considerado esta Corporación[371] y, en tal medida, debe ser
interpretado conforme a dichos instrumentos internacionales. Este derecho no
solo garantiza el derecho a la libertad personal sino que garantiza el deber de
respetar la vida e integridad de las personas, así como impedir su desaparición
forzada, su tortura y otros tratos o penas crueles.
20.       Conforme a lo anterior
resultaba claro que no solo por su origen sino también por su regulación
actual, el habeas corpus tiene por objeto garantizar el derecho a la
libertad de las personas frente al poder del Estado, previniendo así las
detenciones ilegales o arbitrarias con consecuencias directas en los derechos
fundamentales del detenido. Tal comprensión, aleja esta acción de cualquier
discusión sobre “el mejor lugar” para que el oso Chucho habite[372].
b)
Segunda
razón: el habeas corpus no ofrece las condiciones procesales para
determinar el alcance del mandato de protección animal
21.       La acción de tutela pretendía
dejar sin efecto la decisión de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, a través de la
acción de habeas corpus, ordenó a la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, a Aguas de Manizales S.A. ESP, a la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, “acordar y disponer en un término no mayor
a 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, el traslado de
Chucho a una zona que garantice su bienestar, en condiciones de semicautiverio,
y prioritariamente en la Reserva Natural Río Blanco”.
22.       La acción de tutela debía
conceder el amparo dado que la acción de habeas corpus no constituía el
proceso indicado para abordar la cuestión relativa a la liberación del oso
Chucho o a su traslado. En efecto, además de ser una acción concebida para
proteger la libertad de seres humanos, el procedimiento impediría una
valoración probatoria minuciosa y necesaria para juzgar la validez de la
retención de un animal y el modo de asegurar la vigencia del mandato de
protección animal.  Por otra parte, y sólo como una razón adicional, resulta
necesario decir que la dimensión y el peso que la garantía del habeas corpus
posee, en la senda de obrar como un valladar del autoritarismo, el exceso y la
arbitrariedad penal, resulta relativizado en grado sumo –por no decir que
minimizado en su enorme valía como escudo protector de la libertad—si se
pretendiese utilizar con los fines propuestos en este caso.
23.       Para la Sala Plena fue
relevante que en el caso específico del oso Chucho, “el debate nunca estuvo
orientado a que este fuese liberado en su entorno natural, pues tanto por su
avanzada edad, como por el hecho de que desde su nacimiento permaneció en
cautiverio, era claro que su supervivencia era absolutamente inviable en este
escenario”. En este sentido, la mayoría de intervenciones coincidieron en
que la liberación del oso Chucho en su entorno natural no era conveniente[373].
24.       En conclusión, la decisión de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-016 de 2020 determinó que el habeas
corpus no era la acción idónea para debatir el alcance del mandato de
protección animal y los efectos particulares en el caso concreto. Sin embargo,
como indiqué anteriormente, no clausura el debate sobre el alcance de dicho
mandato. La línea que poco a poco y con prudencia debe trazarse, supone
difíciles cuestiones que le imponen al juez constitucional escuchar muchas
voces, delimitar los principios jurídicos que deben orientar el sentido de sus
decisiones y prever los efectos de las mismas. La posibilidad de avanzar,
ajustar o precisar siempre existirá incluso cuando, como ocurre en la
actualidad, existe un cuerpo de ideas consolidadas alrededor del deber
constitucional de protección animal.
En
los anteriores términos dejo consignada mi aclaración de voto.
Fecha
ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA SU016/20
Ref.: Expediente T-6.480.577. Acción de
tutela de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla (FUNDAZOO) contra
la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Con el respeto acostumbrado a las sentencias adoptadas
por la Corte, aclaro el voto respecto de lo decidido por la Sala Plena en la Sentencia
SU-016 de 2020, la cual confirmó las sentencias objeto de revisión, que
habían concedido la acción de tutela porque la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia el 27 de julio de 2017, al conceder el recurso de habeas
corpus a favor del oso andino Chucho, vulneró el derecho al debido proceso
de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.
Para sustentar esta aclaración de voto formulo los
siguientes argumentos:
1. Estoy de acuerdo con la mayoría al concluir que la
Sala de Casación Civil incurrió en defecto procedimental absoluto, debido a que
el recurso constitucional de habeas corpus era inaplicable para resolver
asuntos relativos a la reubicación de individuos de especies animales. Esto
debido a que se trata de un instrumento diseñado por el ordenamiento jurídico
colombiano únicamente para las personas naturales y, por consiguiente,
aplicable tanto por su naturaleza como por sus consecuencias jurídicas,
exclusivamente a los seres humanos. Sobre este aspecto ahondaré en apartado
posterior de esta aclaración de voto.
No obstante la conclusión planteada por la presente
sentencia, también advierto que la problemática expuesta, amerita
consideraciones adicionales acerca de tres ejes fundamentales: (i) la necesidad
de realizar precisiones conceptuales acerca de la distinción entre la
naturaleza sintiente de los animales como integrantes de una especie y la
adscripción de la categoría jurídica de sujeto de derechos; (ii) el lugar
central de las nociones de autonomía y de agencia como aspectos definitorios de
la noción de sujeto de derechos con capacidad para defender los intereses
propios o de sus representados; y (iii) la insuficiencia legislativa que existe
respecto de la protección de individuos de especies animales que están en
cautiverio y las consecuencias de este déficit de protección en la garantía de
bienes constitucionales valiosos.
La distinción entre la naturaleza sintiente de los
animales y la categoría jurídica de sujeto de derecho
2. El centro de la discusión en este proceso es
dilucidar si las acciones jurídicas previstas para garantizar la libertad de las
personas pueden extenderse a individuos de especies animales, en este caso el
oso Chucho. La posición adoptada por el fallo de tutela objeto de revisión fue
afirmativa y con base en una razón principal: los animales son seres
sintientes, pueden experimentar dolor, tienen determinadas habilidades propias
de su grado limitado de inteligencia y, un sentido mínimo de reconocimiento y  compasión,
vinculado a la misma dignidad humana, obliga a no ser indiferentes a sus
padecimientos, lo cual implica incluso realizar interpretaciones originales de
instrumentos jurídicos con el fin de salvaguardar sus derechos.
Esta argumentación es por entero compatible tanto con
la protección de los intereses jurídicos de los animales, como con un criterio
ético fundamental que se opone a que se permita que se infrinja dolor
innecesario a los seres sintientes y que se deriva, a su turno, de expresos
mandatos constitucionales que prescriben la protección del ambiente y, entre
ellos las especies que integran la fauna. Existe un consenso en nuestro
ordenamiento jurídico, incluso expresado mediante decisiones legislativas,
acerca de que considerar a los animales como objetos regulados exclusivamente
por las normas del derecho civil de bienes es un anacronismo que, además, no
refleja fielmente los compromisos adoptados por el Constituyente en materia de
protección de los animales. De antemano afirmo que, sin duda alguna, me
inscribo decididamente en este consenso, pues no solo se alinea con mi
concepción personal acerca del trato digno que deben recibir los animales, sino
porque guarda plena compatibilidad con los mandatos constitucionales que
protegen el ambiente.
3. Ejemplo de este consenso es lo previsto en la Ley
1774 de 2016, la cual modificó el régimen civil y penal con el objetivo de (i)
reconocer a los animales como seres sintientes y, por esta razón, titulares de
especial protección contra el sufrimiento y el dolor innecesario, en especial
el causado directa o indirectamente por los humanos; (ii) instaurar una serie
de principios vinculados a la protección y el bienestar animal, unívocamente
dirigidos a proscribir su maltrato y sufrimiento que no sea justificado (hay
dolores justificados que, incluso, pueden ser exigibles: piénsese en un
tratamiento veterinario que es indispensable para salvar su vida); (iii)
adicionar el régimen penal con el fin de incorporar el delito contra la vida,
la integridad física o emocional de los animales; y (iv) adscribir a los
alcaldes la competencia para conocer de las contravenciones establecidas en la
Ley 84 de 1989 – Estatuto de protección animal, así como conferir facultades de
retención respecto de animales y cuando exista conocimiento o indicio sobre su
maltrato.
4. A pesar de este consenso, la posición del fallo de
tutela objeto de revocatoria así como de algunos de mis colegas magistrados y
magistradas durante el debate que precedió a esta decisión fue más allá. A partir
de la condición sintiente de los animales se derivó la necesidad jurídica de
considerarlos como sujetos de derecho, acreedores de los derechos de libertad y
autonomía propios de esas categorías. Así, las órdenes judiciales de protección
para regular las condiciones de cautiverio eran procedentes, puesto si el oso
Chucho tiene la condición de sujeto de derechos a partir de esa nueva
comprensión, entonces bien puede ser beneficiario de las medidas de protección
a su “libertad” que se derivan del instituto del habeas corpus.
Llegar a esta conclusión implica sumergirse en una
discusión profunda sobre aspectos de la filosofía política y moral que
actualmente se debaten y a cuyas aristas más relevantes me referiré en el
siguiente apartado de esta aclaración de voto. Sin embargo, desde ahora
advierto importante realizar una distinción conceptual que resulta crucial para
el presente análisis: el carácter de ser sintiente no es un condición
necesaria ni suficiente para la adscripción a los animales de la categoría
jurídica de sujeto de derechos. Se trata de dos asuntos por completo
separables, uno de naturaleza fáctica y otro propio de las construcciones
jurídicas, que actúan de manera independiente y que, por esa misma razón, no
generan relaciones de interdependencia entre sí.
5. La naturaleza sintiente de los animales no es un
descubrimiento moral sino una circunstancia fáctica que se acredita mediante
datos científicos. Estos datos demuestran que la mayoría de animales tienen
sistemas nerviosos y capacidad neurológica suficiente para tener sensaciones
que hasta hace poco tiempo se consideraban reservadas para los humanos[374].
Asimismo, algunos animales, particularmente vertebrados superiores, logran
habilidades físicas y de interacción social precedidas de determinados niveles
de inteligencia que problematizan la férrea distinción entre racionalidad e
irracionalidad que por siglos gobernó la aproximación al fenómeno animal
comparado con la vida humana[375].
Estas comprobaciones sin duda motivaron el cambio de
paradigma sobre el tratamiento jurídico de los animales, puesto que ante las
condiciones expuestas, el maltrato y el dolor injustificado resultaban
incompatibles con todo parámetro ético. Esto impone, a su vez, deberes sociales
específicos hacia los animales y referidos a su bienestar: alimentación y agua
suficientes, eliminación de malestar físico o dolor injustificados, prohibición
de provocarles enfermedades por negligencia o descuido, así como condiciones de
miedo o estrés, y respeto por la manifestación de su comportamiento natural[376].
6. En cambio, la noción de sujeto de derecho no
responde a ningún parámetro fáctico particular, sino que es una ficción
jurídica destinada a dar reconocimiento a determinado ente, a quien se le
confiere autonomía, titularidad de derechos y posibilidad de interacción
jurídica con otros sujetos, tanto con el fin de hacer efectivos esos derechos
como para ser titular de obligaciones correlativas[377]. Esta
construcción jurídica, en todos los casos, parte de la base de que ese ente
tiene, en virtud de un mandato legal, voluntad y puede autodeterminarse, bien
esa desde el punto de vista volitivo “biológico” o por la decisión de quien lo
representa o apoya en sus decisiones, en el caso de las personas jurídicas,
quienes por razones de edad o salud no pueden ejercer su capacidad jurídica
desprovistos de apoyos o, en otros ordenamientos, los fideicomisos y figuras
similares[378].
Nótese que esta construcción no depende del carácter
sintiente. De hecho, hacer ese vínculo llega a resultados contradictorios. Es
evidente que las personas jurídicas no son sintientes e, incluso, al no estar
tampoco dotadas de conciencia y entidad corpórea, la jurisprudencia
constitucional ha limitado la posibilidad de que sean consideradas como
víctimas de delitos contra la honra[379]
o las ha excluido de la objeción de conciencia[380]. Sin
embargo, estas condiciones no las inhabilitan para que sean reconocidas por el
orden jurídico como sujetos de derecho.
7. De la misma manera, en situaciones límites en que
una persona natural que ve limitada su capacidad sensorial, bien por un estado
de discapacidad o por el uso de determinados medicamentos o sustancias que
inhiban temporalmente dicho atributo, en modo alguno sería admisible considerar
que una circunstancia de esa naturaleza modifica su condición de sujeto de
derechos. Antes bien, el ordenamiento jurídico establece en esos escenarios
medidas concretas de protección y apoyo en virtud de la vulnerabilidad de la
persona. Dentro de esas medidas debe destacarse el actual enfoque de la
capacidad de las personas, que prescinde de la dicotomía entre personas capaces
o incapaces y adopta una postura que reconoce la plena capacidad de los
individuos y la previsión excepcional de apoyos y ajustes razonables para el
ejercicio de esa competencia por parte de adultos en situación de discapacidad[381].
8. La noción de sujeto de derechos opera, a partir de
estos ejemplos entre muchos otros, de manera indistinta al carácter sintiente
del titular de esa garantía jurídica. De manera correlativa, la protección que
se predica a favor de los seres sintientes obra sin que resulte necesaria una
previa adscripción como sujeto de derechos de los animales individuos de una
especie.
Esta fue la perspectiva de análisis asumida por la
Corte en la Sentencia C-045 de 2019[382]. En esa
oportunidad la Corte estudió las normas contenidas en la Ley 84 de 1989 y el
Decreto Ley 2811 de 1974 que otorgaban reconocimiento jurídico a la caza
deportiva y la identificaban como una de las excepciones a la imposición de
sanciones por maltrato animal. Esto a partir del cargo según el cual estas
disposiciones eran incompatibles con el deber constitucional de protección a
los animales.
Con base en las reglas fijadas por la jurisprudencia
constitucional, esta decisión identificó dos premisas básicas para asumir el
problema jurídico: (i) las normas superiores sobre protección del ambiente
prescriben la protección a los animales como integrantes de ese entorno, por lo
que está proscrito, de manera general, el maltrato animal; y (ii) a partir de
criterios de razonabilidad y proporcionalidad es posible excepcionar ese deber
ante la necesidad de hacerlo compatible con otros derechos y valores
constitucionales. Así, resultaba válido excluir la imposición de sanciones por
el maltrato animal ante motivos vinculados a la libertad religiosa, la
alimentación, la investigación y experimentación científica o médica, el
control de determinadas especies y, en algunos casos, las manifestaciones
culturales arraigadas.
Así, la Corte encontró que la caza deportiva era una
forma evidente de maltrato animal, puesto que se basaba en la eliminación de
individuos de determinadas especies. Además, no encuadraba en ninguna de las
excepciones descritas, por lo que desconocía el mandato de protección animal
antes señalado. La sentencia en su aparte conclusivo expresó sobre este
particular lo siguiente:
“Estas normas autorizan una práctica que
constituye maltrato animal sin fundamento constitucional. El deber de
protección incluye a los animales silvestres, cuya caza, sin otra finalidad que
la recreación, admiten las normas demandadas. El interés superior de protección
del ambiente, y de la fauna como parte de este, obliga a la protección de los
animales frente al padecimiento, el maltrato y la crueldad. Por consiguiente,
la autorización legal de la caza deportiva, al estar orientada exclusivamente a
la recreación –lo cual la distingue de otros tipos de caza–, se fundamenta en
una aproximación que no considera a los animales como parte del ambiente que
debe ser protegido constitucionalmente, sino como recurso disponible para la
realización de fines recreacionales particulares del ser humano, sin otra finalidad
que su realización misma. En estas condiciones, la caza deportiva es contraria
al derecho al ambiente sano y a la obligación de que la educación está
orientada, entre otros fines, a la protección del ambiente (arts. 67 y 79
C.P.). Las disposiciones demandadas también vulneran las normas superiores que
obligan a diferentes autoridades administrativas a defender el ambiente y la
adecuada conservación y planeación del mismo (arts. 80, 277.4, 300.2 y 317
C.P.), exceden los límites constitucionales del derecho a la propiedad (art. 58
C.P.) y la libre iniciativa privada (art. 33 C.P.).”
9. Al margen de algunas insuficiencias en la
argumentación de este fallo sobre el debate filosófico acerca de la posibilidad
de reconocer a los animales como sujetos de derecho, las cuales identifiqué en
aclaración de voto a esa decisión y a las que me referiré en la siguiente
sección, advierto que la Sentencia C-045 de 2019 ofrece un aspecto que
debe resaltarse en el presente escenario. El sentido de la decisión demostró
que es jurídicamente viable, a partir de los contenidos constitucionales
vigentes y la manera en que han sido interpretados por la jurisprudencia de
esta Corte, proteger los intereses de los animales sin necesidad de hacer uso
de las categorías propias del sujeto de derecho. En ese sentido, el mandato de
protección ambiental se mostraría suficiente para otorgar un grado eficaz de
protección de esas garantías jurídicas a los individuos que integran la fauna y
desde su concepción como seres sintientes. Esto explica el carácter
independiente de ambos conceptos y en los términos expuestos.
10. Sin embargo, acepto que esta postura enfrenta
importantes contradicciones teóricas. De un lado, varios autores e incluso
votos particulares de magistrados de esta Corte en la presente decisión,
sostienen que concurren fuertes argumentos morales para reconocer a los
animales como especies que habitan el entorno junto con los humanos, con
capacidades identificables y que comparten características comunes bajo una
visión solidaria y respetuosa de todas las formas de vida animal, entre ellas
los seres humanos[383].
Esto implica la necesidad imperiosa de reconocer condición moral y jurídica a
los demás animales. De otro lado, en la medida en que la noción de sujeto de
derecho no es un asunto fenomenológico sino una mera construcción jurídica,
nada impide extender esa categoría a los animales, más aún cuando esto les
otorgaría una protección en grado igualitario a los humanos, lo que reforzaría
esa visión solidaria y respetuosa de la diversidad de especies que integran la
naturaleza y que no puede ser comprendida bajo los estrechos límites de una
noción antropocéntrica y utilitarista.
Aunque reconozco la fortaleza de estas cuestiones, en
el apartado siguiente explicaré cómo, desde mi postura, la adscripción de la
noción de sujeto de derecho hacia los animales no solo es innecesaria sino que
genera mayores problemas y contradicciones frente a las posibles ventajas que
acarrea en términos de bienestar animal y proscripción de su maltrato.
La autonomía y la capacidad como componentes
esenciales de la noción de sujeto de derecho
11. La noción de sujeto de derecho es, como lo expresé
anteriormente, una construcción jurídica cuya adscripción refiere esencialmente
a asuntos de decisión política. No obstante, ello no quiere decir que pueda
otorgarse esa categoría a cualquier elemento de la naturaleza, pues se trata de
una de las nociones más básicas del ordenamiento jurídico y la que genera los
efectos más intensos dentro de ese mismo orden, por lo que resulta exigible que
dicha adscripción esté precedida de un principio de razón suficiente.
A mi juicio, la construcción del sujeto de derecho
debe estar precedida de la acreditación de una noción de agencia, esto es, de
la capacidad del individuo de representar sus intereses, por sí mismo o
mediante sus representantes, y que el ejercicio de esa capacidad responda
unívocamente al beneficio de los intereses del sujeto. Nótese que no parto de
una postura necesariamente benéfica (una persona puede válidamente consentir en
adoptar una postura que lo ponga en peligro, o los representantes de sociedad
comercial pueden decidir hacer una inversión riesgosa para el capital social),
sino de aquella en la cual se refleja la autonomía que subyace a ese tipo de
decisiones. En otras palabras, la noción de sujeto de derechos se encuentra
necesariamente vinculada a la posibilidad de tomar decisiones dentro de
diferentes cursos posibles de acción.
Esta facultad, así comprendida, incluso se predica de
aquellos casos en que se ejerce la representación legal o la agencia oficiosa.
En el primer caso, piénsese por ejemplo en las decisiones que adoptan los
padres de familia respecto de sus hijos mejores de edad, como el tipo de
educación que recibirán, la adscripción o no a un credo religioso o la preferencia
por determinado tipo de atención en salud. Si bien en cada uno de estos casos
el criterio que guía la decisión de los padres es aquel que mejor optimice el
principio pro infans y la garantía del interés superior del niño, en
todo caso se está ante diversas posibilidades de decisión entre las cuales los
padres adoptan una de ellas. Inclusive, la jurisprudencia constitucional ha
disminuido el ámbito de decisión de los padres y radicado el ejercicio de la
decisión del menor de edad en asuntos que lo afectan en aspectos esenciales
para su personalidad, como la asignación del sexo en los casos de ambigüedad
genital[384].
En el segundo caso, puede traerse a discusión el caso
del familiar que toma decisiones respecto de un paciente que por su condición
de salud no puede adoptarlas por sí mismo. De manera similar al caso anterior,
es esa persona a quién se le impone la carga de ejercer la agencia
originariamente radicada en el paciente y con el fin de obtener su mayor
beneficio.
12. Esta comprensión es coherente con algunas posturas
filosóficas sobre la materia. Así, comparto lo expresado por Roger Scruton[385]
cuando señala que adscribir la condición de personas a determinados entes no
depende de la posibilidad de asignarles derechos, sino esencialmente de
investirlos de la titularidad en el diálogo, la crítica y el sentido de
justicia, atributos que están necesariamente precedidos de la noción de
autonomía y capacidad de decisión. Por ende, conferir a los animales el mismo
estatus jurídico de los seres humanos es una alternativa que no se vincula
necesariamente con su bienestar y que, antes bien, incide de manera
desfavorable en ese aspecto al equipararlos indebidamente.  Esto se evidencia a
partir de diferentes asuntos:
12.1. Una de las alternativas planteadas por los
intervinientes en este proceso es aceptar el uso del habeas corpus en el caso,
pues de esta manera se garantizaba una verdadera liberación o emancipación
animal, la cual resultaba particularmente relevante debido a que Chucho es
un individuo de una especie silvestre. Esta posición, a mi juicio, es
problemática porque supone,
a partir de una indebida equiparación de los animales a los seres humanos, que
es posible escrutar la voluntad animal, suponiendo que todo individuo “quiere” volver a su
vida silvestre. No existe evidencia de ese asunto y, antes bien, en el presente
asunto existe consenso en que la liberación de Chucho era una medida que ponía
en grave riesgo su supervivencia.
Esta contradicción demuestra que la definición misma
del bienestar animal es un asunto que es delimitada por la decisión humana. Y
no puede ser de otra manera puesto que los animales carecen de capacidad de
agencia, por lo que las alternativas que ofrecen movimientos como el de la
liberación animal descansan en suposiciones que hacen las personas sobre qué es
lo mejor para los animales y no en la deferencia a determinada voluntad que no
es nada diferente al instinto. Por supuesto, concurren tópicos en los que
fácilmente puede concluirse que su garantía es imprescindible para el bienestar
animal: gozar de alimentación suficiente o adecuada, o contar con un espacio
acorde con la especie. Sin embargo, la noción de bienestar animal no se limita
a estas obvias cuestiones y, además, son contingentes a las condiciones
particulares de cada individuo de la especie, como bien lo demuestra el caso de
Chucho.
12.2. No todos los animales están en las mismas
condiciones, lo cual hace que la noción de bienestar sea esencialmente variable. Es evidente que respecto de determinados
animales las personas tenemos un especial deber de cuidado, y respecto de otras
el llamado es a limitar la intervención en los ecosistemas, caso que se predica
de la fauna silvestre. En ese sentido, conferir el estatus jurídico de sujetos
de derecho a los individuos de especies animales ofrece, dentro de esta
perspectiva, al menos dos tipos de problemas.
El primero es que origina el riesgo de debilitamiento
de los deberes de las personas frente a determinados individuos que dependen
por completo de la actividad humana, como sucede con las mascotas y los
animales criados para cumplir determinada función productiva. Si se les confiere
a estas especies esa condición, entonces bien podría concluirse que la acción
humana no puede llegar al punto de afectar su autonomía, lo cual incluso podría
poner en riesgo su misma existencia.
El segundo, que considero más importante, consiste en
las insalvables contradicciones que la mencionada adscripción genera: si se
parte de la base de que un aspecto esencial del bienestar animal es impedir el
maltrato, entonces ¿la protección jurídica debe extenderse también a actos
cometidos por agentes distintos a los humanos?; ¿deben ejercerse acciones que
eviten naturales actividades predatorias entre especies animales? Una
comprensión respetuosa de los elementos esenciales del concepto de sujeto de
derecho llevaría a dar respuesta afirmativa a estas preguntas en la medida en
que un aspecto esencial de esa noción es el carácter imperativo de la
protección a la existencia del sujeto, garantía que se extiende tanto a las
personas naturales como las jurídicas. Sin embargo, es claro que adoptar esa
posición no solo es contrario a las mismas condiciones biológicas de los
animales, sino que alteraría en grado sumo los balances propios de los
ecosistemas y, con ello, su vida misma.
12.3. Si se otorga la condición de sujeto de derecho a
los animales, conferir esa
categoría debe responder a criterios objetivos en
cuanto a su grado de protección. Así por ejemplo, el derecho a la honra es limitado en el caso de las
personas jurídicas, no porque se les considere que están en una posición
jerárquicamente inferior a las personas naturales, sino porque sus atributos
incorpóreos le impiden ejercer ese derecho.
En el caso de los animales, las distinciones podrían
terminar basadas en argumentos esencialmente subjetivos, como la simpatía o el
provecho a las personas. Justificar la asignación del criterio de sujeto de
derechos a las mascotas, los animales cuya apariencia nos parece agradable o,
como en este caso, a un oso andino que integra una especie protegida y que no
ofrece mayores daños al entorno humano y sí muchos beneficios a su hábitat, es
una labor sencilla. Sin embargo, es evidente que no se tomaría el mismo camino
respecto de especies que nos parecen estéticamente desagradables, que generan
evidentes peligros para los humanos y menos aún cuando son clasificadas como
plagas, entre ellas algunos roedores e insectos.
Resultaría no solo contradictorio sino irrazonable
considerar que tanto unos como otros deben tener idéntico reconocimiento
jurídico. Además, en abierta oposición con las corrientes más radicales de la
protección animal y que identifiqué en mi aclaración de voto a la Sentencia C-045 de 2019, el parámetro que terminaría siendo
utilizado para definir el grado de protección admisible a los animales como
sujetos de derecho no es otro que el interés de los seres humanos.
12.3. Fijar la condición de sujeto de derechos
involucra, como se indicó, el reconocimiento de determinado grado de autonomía
que es incompatible con la
idea de apropiación.
Aunque las normas legales que en la actualidad regulan la materia, así como la
jurisprudencia constitucional, definen acertadamente a los animales como seres
sintientes, esto no implica que se desprendan por completo de su condición de
bienes. Por lo tanto, el reconocimiento de la condición sintiente impone
deberes calificados para quien ejerce la propiedad del animal. El dueño de una
mascota es responsable por su adecuada tenencia, su alimentación, y demás
asuntos relacionados con su bienestar.
A estas obligaciones van aparejadas las competencias
jurídicas del propietario para adquirir la mascota mediante el pago de una suma
de dinero, determinar la ubicación de esta y la definición del modo y el lugar
en el que debe salir, etc. Asimismo, quien cría animales para su posterior
aprovechamiento económico también tiene obligaciones y deberes similares, que
se extienden inclusive a garantizar que su sacrificio se haga de modo que
minimice el sufrimiento. Es claro que estas facultades no pueden
compatibilizarse con los elementos definitorios de la noción de sujeto de
derecho.
13. Sin embargo, también advierto que en contra de lo
que he expuesto en este apartado puede argumentarse que similares
cuestionamientos fueron planteados en épocas pasadas frente a fenómenos como la
esclavitud y la negación de personalidad jurídica plena a las mujeres y a los
integrantes de las comunidades étnicas. En ese sentido, así como en ese momento
fue necesario modificar la comprensión de dicho concepto jurídico para superar
modelos excluyentes, ahora debe adoptarse la misma posición y ante el
imperativo moral de otorgar un trato debido a los individuos de las especies
animales.
Frente a esta consideración, parto de la base de que
es extremadamente problemático, e incluso ultrajante, equiparar la condición de
sujetos tradicionalmente discriminados con los animales. De igual forma,
advierto que no son situaciones comparables, puesto que estos sujetos sí
cumplen con los rasgos de agencia y autonomía, los cuales no ejercían debido a
prejuicios fundados en la evidente y grave vulneración de sus derechos en tanto
integrantes de la especie humana. En cambio, las limitaciones en los mismos
términos de agencia y autonomía que tienen los animales responden a su
naturaleza biológica y a su función en el ambiente. Esta posición, en mi
criterio, no puede ser comprendida como una forma de especieísmo,[386]
sino una comprobación objetiva y exenta de prejuicios sobre las diferencias, en
cuanto a la identificación de dicha voluntad y agencia, entre humanos y
animales.
14. Con base en las consideraciones expuestas,
advierto que la adscripción de la noción de sujeto de derechos a los individuos
de las especies animales no es necesaria ni adecuada para garantizar su
bienestar y proscribir su maltrato. No es necesaria puesto que los mandatos
constitucionales existentes y, en especial, los que disponen la protección de
la fauna como integrante del ambiente, otorgan un marco jurídico a partir del cual
se sustentan los deberes de las personas frente a los animales. Y no es
conveniente, debido a las contradicciones y vacíos antes explicados, que hacen
que ese instituto jurídico no resulte adecuado para las particularidades
propias de los animales, el papel de los seres humanos ante la naturaleza y la
satisfacción de otros derechos constitucionales.
Antes bien, considero que el afán en extender la
noción de sujeto de derechos a los animales expresa un profundo
antropocentrismo. Esta noción es fruto de la construcción histórica del
liberalismo político que sucedió a las monarquías absolutas en Europa y que
luego se reflejó en la conformación del Estado en nuestro continente y a lo
largo del siglo XIX[387].
Esta ficción jurídica sobre la autonomía y la voluntad fue efectivamente
construida para servir a los propósitos del ser humano y solo luego de un largo
devenir histórico se extendió a otros entes, pero siempre con el ánimo de
uniformizarlos en sus capacidades con los humanos.
15. Equiparar esa noción con la realidad de los
animales es, a mi juicio, un ejercicio equivocado que no reconoce la
singularidad de los demás seres sintientes y que arbitrariamente e, insisto,
desde la perspectiva del interés de los humanos, pretende integrar
conceptualmente asuntos que conviene mantener separados. En otras palabras, el problema objeto de análisis no radica
necesariamente en una asignación conceptual de derechos, sino en la previsión
de herramientas legales específicas que asignen obligaciones también
particulares a las autoridades para la protección de los individuos de las
especies y en los casos en que esto se requiera. Esto bajo el entendido de que
no se obtienen mejores resultados en términos de protección de los intereses
constitucionales de los animales sin esas adscripciones de responsabilidad
estatal y social.
El déficit de protección jurídica en la protección de
las especies animales
16. Los fundamentos anteriores no deben ser
comprendidos como mi satisfacción con el actual régimen jurídico de los
animales. En cambio, el caso del oso andino Chucho demuestra la existencia de un
déficit de protección jurídica, en particular desde la concepción de los
animales como individuos y no como integrantes de una especie.
17. Vincular el bienestar animal a las garantías que
la Constitución confiere al ambiente implica en muchas ocasiones que esa
protección se entienda conferida a las especies y no a los individuos que la
integran. Precisamente, el caso ahora analizado demuestra que si bien concurren
buenas razones para la protección de los osos andinos y sus ecosistemas, estos
argumentos resultaban insuficientes para resolver la situación particular y
concreta de Chucho, quien tenía unos requerimientos vitales específicos, en
especial la incompatibilidad de sus actuales condiciones con la vida silvestre.
Este vacío normativo pudo haber motivado la decisión de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia al extender la garantía del habeas corpus
al presente asunto.
En el caso específico de los animales silvestres, las
disposiciones de la Ley 84 de 1989 están dirigidas esencialmente a proteger a
los individuos con el único fin de mantener la especie y dentro de una
finalidad conservacionista. Igualmente, aunque esa normativa tiene innegables
avances en materia de proscripción de maltrato y previsión de reglas sobre el
transporte, sacrificio y experimentación con animales, estas siguen siendo
normas abiertas que requiere mayor concreción. Asimismo, aunque la Ley 1774 de
2016 avanzó en la proscripción del maltrato animal y a partir de la comprensión
de los animales como seres sintientes, no ofrece herramientas jurídicas
específicas para la satisfacción del bienestar animal en casos concretos,
diferentes a la imposición de sanciones administrativas y penales a las
personas que incurran en esas conductas.
18. La postura de adscribir a los animales la noción
de sujeto de derechos incurre, a mi juicio, en similares falencias a las que ha
identificado el constitucionalismo contemporáneo a la comprensión por parte del
liberalismo clásico de esa noción: la actividad del Estado se limita a la
asignación conceptual de derechos sin que sea necesario preocuparse por las
herramientas sustantivas para su garantía, así como el reconocimiento de las
diferentes condiciones de los individuos que obligan a otorgar un tratamiento equitativo
y en ocasiones diferenciado. En últimas, son significativos los riesgos de que
esta postura se limite a un uso simbólico y poco fructífero del derecho
constitucional.
En el presente caso, la protección de Chucho pasa por
la adopción de esas herramientas sustantivas, que si bien operan de forma
independiente a considerarlo como sujeto de derechos, sí requieren un cuerpo
jurídico más robusto. Asuntos como la definición acerca de qué instancia está
facultada para tomar las decisiones sobre el bienestar del individuo animal en
cautiverio, los procedimientos que deben surtirse para el restablecimiento en
el entorno natural cuando ello sea posible y las cargas jurídicas imponibles a
los parques zoológicos respecto de las especies silvestres, son asuntos que
requieren urgente y específica regulación que, como he insistido en esta
aclaración de voto, atienda a las necesidades particulares de los animales y no
se funde en la simple extensión de categorías jurídicas de las personas.
19. Una regulación de este carácter, a su turno, debe
tener en cuenta la necesidad de otorgar tratamientos diversos a las diferentes
especies e individuos que integran la fauna. Desde esta perspectiva, considero
que resultaría razonable establecer deberes más exigentes respecto de aquellos
individuos que se adquieren para que sirvan como mascotas y animales de
compañía, puesto que dependen por completo de sus propietarios. Del mismo modo,
los deberes frente a la fauna silvestre tendrían otro carácter, enfocados tanto
en la preservación de las especies como en la imposición de requisitos
exigentes y excepcionales para el traslado de individuos a lugares diferentes a
su hábitat natural y a la vida salvaje.
Igualmente, una regulación de este carácter debe
distinguir el grado de protección de los animales cuando se trata de aquellos
que son adquiridos o criados para el ejercicio de labores productivas. En el
caso de los animales destinados a la alimentación humana, urgen acciones
concretas del Estado que obliguen tanto a su conservación bajo condiciones
materiales mínimas en materia de espacio, alimentación y disponibilidad de luz
solar, como la exigencia de acciones que mitiguen el dolor y el estrés en su
sacrificio. Aunque el Estatuto vigente de protección animal tiene varias referencias
en ese sentido, se trata de una normativa preconstitucional y en varios de sus
apartados bastante vaga y ambigua, lo que exige su actualización.
Debe hacerse especial énfasis en la protección de la
sostenibilidad de las economías campesinas, en donde los animales cumplen
importantes roles, no solo en la alimentación sino en el transporte, el
pastoreo y la vigilancia, entre otros. En cada uno de estos casos deben fijarse
obligaciones diferenciadas y que ponderen los derechos constitucionales de las personas
y los intereses jurídicamente relevantes de los animales. Como se observa,
estas diferenciaciones y especificidades no pueden lograrse simplemente
extendiendo la noción de sujeto de derechos a los individuos de especies
animales.
20. Es posible, bajo esta perspectiva, que a partir de
desarrollos del derecho internacional y, en particular de la legislación
interna y con base en un debate democrático, se fijen estándares de protección
más adecuados para los animales y con una genuinamente base sustantiva,
preocupada por sus particularidades y sus necesidades.
Mi preocupación guarda unidad de sentido con quienes
propugnan por el bienestar animal. Comparto personalmente la necesidad de
contar con un sistema normativo reforzado y unívocamente dirigido al logro del
trato respetuoso para los animales, pero desde su especificidad y sin pretender
centrar la discusión en categorías que estimo no son adecuadas para asumir
estos objetivos. Especialmente, advierto que estas reglas son insuficientes si
no se acompañan con la asignación precisa de recursos, competencias y
obligaciones tanto del Estado como de las personas que interactúan con los
animales.
21. En el caso específico del oso andino Chucho
compartí la decisión adoptada por la mayoría en perspectiva con lo explicado en
esta aclaración de voto. Reconozco que extender, sin más, el instituto del habeas corpus a los animales en cautiverio es una alternativa
jurídica equivocada y que interpreta irrazonablemente los fundamentos de esa
institución. Sin embargo, esta posición no debe ser entendida como la negación
de otorgar eficacia a los intereses jurídicos que la Constitución reconoce a
favor de los individuos de las especies animales. En cambio, considero que este
es un asunto de la mayor trascendencia, que debe ser asumido a través de
herramientas adecuadas y que pongan en el centro del debate el bienestar
animal, la protección de los derechos constitucionales de las personas y, ante
todo, una visión compasiva hacia las diferentes especies.
Parafraseando a Martha Nussbaum[388], insisto en
que el ordenamiento constitucional debe ofrecer justicia para los animales y,
asimismo, debe superar la visión antropocéntrica que gobernó el derecho liberal
individualista. No obstante, las vías para el logro de esa justicia deben ser
creativas, particulares y no meras adaptaciones de las categorías jurídicas
conocidas. Los animales y el ambiente merecen y requieren fórmulas de
interpretación jurídica que los conciban en su verdadera dimensión y que
reconozcan sus complejidades.
Estas son las razones que motivaron mi aclaración de
voto en la presente sentencia.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Este proceso constitucional fue sustanciado en su integridad por la magistrada
Diana Fajardo Rivera, cuya ponencia no fue aprobada por la mayoría de la Sala
Plena de este tribunal. En consecuencia, el proceso rotó al actual magistrado
ponente, quien utilizó algunos fragmentos de la ponencia presentada
originalmente a consideración de la Sala, especialmente en lo que corresponde a
la síntesis de la audiencia pública y de los conceptos técnicos presentados a
lo largo del trámite judicial.
[2]
No es posible establecer la edad exacta de Chucho, debido a
la falta de documentación de su nacimiento. La edad fue estimada por los
técnicos cercanos al oso.
[3]
Consta de tres cuadernos de 31, 73 y 184 folios.
[4]
Utiliza como referencias las sentencias constitucionales del río Atrato, río
Amazonas y el páramo de Pisba.
[5]
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y Licenciado en Derecho de la
Universidad del País Vasco. Doctor en Derecho Animal; Máster en Derecho del
Comercio y la contratación; Diploma de estudios avanzados en Derecho Romano por
la Universidad Autónoma de Barcelona y Socio fundador de Murlá & Conteras
Advocats.
[6]
Magister en Bioética de la Universidad Javeriana; Abogado y Filósofo en
formación de la Universidad Libre; docente e Investigador Universitario y
Director de Abogato Jurídico.
[7]
Abogado de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín;
especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo y especialista en Derecho
Procesal Penal y nuevas técnicas de litigación.
[8]
Gloria Elena Estrada Cely, Medica Veterinaria PhD; María Posada Ramírez,
Abogada MsC; Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Directorio Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre de Colombia; Jorge Ricardo Palomares García, Docente del Área
de Derecho Público de la Universidad Libre de Colombia y Javier Enrique
Santander Díaz, Auxiliar de Investigación de la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre de Colombia.
[9]
Abogado, miembro del Grupo de Investigación de Derecho del Medio Ambiente de la
Universidad Externado de Colombia.
[10] Folio 370, cuaderno de
revisión.
[11] Biólogo Marino; estudios
de Maestría en Ciencias – Línea Manejo y Conservación de Vida Silvestre de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y Técnico en Sanidad Animal con
énfasis en Fauna Silvestre del SENA.
[12] (i) Libre de sed, de
hambre y de malnutrición; (ii) Libre de disconfort; (iii) Libre de dolor y
enfermedad; (iv) Libre de expresarse y (v) Libre de miedo y estrés.
[13] Indica cuatro principios
de la Bioética: (i) beneficencia; (ii) no maleficencia; (iii) autonomía y (iv)
justicia.
[14] Profesor Universitario;
Doctorado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid; Magister en
Filosofía de la Universidad del Rosario; Filosofo y Licenciado en Filosofía;
Investigador y profesor de planta de la Maestría en Ética y Problemas Morales
Contemporáneos de la Unidad de Ética y del Departamento de Filosofía de la
Universidad Minuto de Dios, Bogotá. Investigador en temas de Filosofía
Helenística, Éticas Aplicadas, Ética Animal, y Discursos de Transición
Ecosocial.
[15] Explicó, en detalle, por
qué el utilitarismo, entendido como la disminución del sufrimiento o dolor y la
maximización del placer o dicha; la dicha o el sufrimiento total, no
individual, es problemático, porque el individuo sería solo un portador de
placer y dolor, pero no un límite para la acción del otro. Ello justifica, en
materia de la ética animal, la posibilidad moral de que un individuo pueda ser
sacrificado en aras de la dicha o la utilidad general como ocurre en la
experimentación con animales, en la ganadería y en la tauromaquia tradicional,
entre otros.
[16] Para sustentar este
punto recurrió a las tesis de Martha Nussbaum que combina la teoría moral con
la política para establecer que “al ser seres con intereses, como el de no
sentir dolor, y con capacidades, como la filiación afectiva o el juego, entre
otras, los animales son susceptibles de ingresar a un marco de justicia que les
dispense la posibilidad de desarrollar sus vidas de acuerdo con lo que persiguen,
por lo que son incluidos en el ámbito estricto de la justicia”. (Folio 374,
reverso, cuaderno de Revisión.
[17] Informe Técnico de la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Folio 451, cuaderno de revisión.
[18] Folio 798, reverso,
cuaderno de revisión.
[19] Para
una versión más extensa de cada una, ver el anexo II.
[20] Expansión
de la frontera agropecuaria, cacería, manipulación de la conducta del oso,
acercamientos a los sitios de habitación de los campesinos, cambios en el
comportamiento de la especie al perder su condición natural de miedo a las
personas e interacción del oso andino con los seres humanos.
[21] Citó casos de la Corte
Suprema de India y de Argentina.
[22] Parlamento y tribunales
de Nueva Zelanda.
[23] Profesor asociado en la
Universidad de La Sabana.
[24] Directora
del “Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law”,
Alemania.
[25] Profesora
de la Universidad Pompeu Fabra, España.
[26] Profesora de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
[27] Profesora de la
Universidad de Alberta, Canadá.
[28] Investigador de la
Universidad Externado de Colombia.
[29] Experto en derecho
animal y ambiental.
[30] Experta en derecho
ambiental.
[31] Directora de la Maestría
en Derecho, ICESI.
[32] Vocera en Colombia de
AnimaNaturalis Internacional.
[33]
Abogada de la Universidad Externado de Colombia y doctora en filosofía de la
Universidad de Lovaina.
[34]
Profesor del departamento de derecho civil de la Universidad Externado de
Colombia.
[35]  Artículo 248 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente.
[36]  Iván
Mauricio Vela Vargas, Guillermo Vásquez Domínguez, Jorge Galindo González y
Jairo Pérez Torres, “El oso andino sudamericano y su importancia y
conservación”, en Revista Ciencia, Academia Mexicana de Ciencias, Vol. 62 Num.
2, abril de 2011. Documento disponible en: https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/62_2/PDF/09_OsoAndino.pdf.
[37]  Daniel
Rodríguez, Estrategia ecoregional para la conservación del oso andino,
Tremarctos ornaturs, en los Andes del norte, Cali, World Wide Fund for
Nature (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), Ecociencia y Fundación WII,
2003.
[38] Al
respecto cfr. la Lista Roja de IUCN para el oso de anteojos en: https://www.iucnredlist.org/es/species/22066/123792952.
[39]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[40]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[41]
M.P.  Humberto Antonio Sierra Porto.
[42]  M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[43]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[44]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[46]
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[47]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[48]  Corte IDH, caso Durán
y Ugarte vs Perú, sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C No. 68;
documento disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_68_esp.pdf
// Corte IDH, caso Hermanos Paquiyauri vs Perú, sentencia del 8 de
julio de 2004, serie C No. 110; documento disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf.//
Corte IDH, Opinión Consultiva No. 8 de 1887, par. 35.
[49]  Corte
IDH, caso Hermanas Serrano Cruz vs Salvador, sentencia del 1 de marzo de
2005, serie C No. 120. Documento disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf. Igualmente, Corte IDH, caso Blake vs Guatemala, sentencia
del 24 de enero de 1998, Serie C No. 36. Documento disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf.
[50]  Corte
IDH, caso Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay, sentencia del
2 de septiembre de 2004, serie C No. 112.Documento disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf.
[51]  Corte
IDH, caso Gangaram Panday vs Surinam, sentencia del 21 de enero de 1994,
Serie C No. 16. Documento disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf.
[52]
Sobre la naturaleza y funciones del habeas corpus en
la jurisprudencia constitucional cfr. las sentencias C-010 de 1994 (M.P.
Fabio Morón Díaz) y C-187 de 200 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[53]
Sentencia T-242 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[54]
Sentencias T-459 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-324 de 1995
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-659 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
T-724 de 2006 (M.P. Álvaro tafur Galvis), T-518 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-320 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-1705 de 2000 (M.P. Jairo
Charry Díaz), T-223 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-527 de 2009
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-735 de 2014 (M.P: María Victoria Calle
Correa).
[55]  Al
respecto cfr. las sentencias T-491 de 2014 (M.P. Mauricio González
Cuervo) y T-487 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
[56]  La
primera sistematización de esas condiciones se encuentra en la sentencia C-590
de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[57]  Una
caracterización del defecto procedimental absoluto se encuentra en la sentencia
SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[58]
Al respecto cfr. las sentencias SU-061 de 2018 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[59]  Sentencia T-008 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
[60]
Sentencias T-025 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-181 de 2019
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[61]  Sentencia T-352 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
T-249 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
[62]
Sentencia SU-041 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[63]
Sentencia T-385 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
[64]
“Asimismo, la Corte toma nota de que actualmente el ordenamiento
jurídico no contempla un instrumento de naturaleza judicial diseñado
específicamente para debatir sobre las condiciones de bienestar de los animales
que, legalmente, se encuentran en cautiverio. Aunque en las instancias
administrativas existen distintos dispositivos de protección de la fauna
silvestre en cautiverio ilegal, o para supervisar el cumplimiento de los
protocolos de los animales silvestres que, al amparo de la ley, se encuentran
en esta misma situación, no ocurre lo propio cuando se pretende hacer efectivo
el mandato constitucional de bienestar animal en aquellos escenarios en que
instancias públicas o privadas tienen en cautiverio a un animal silvestre.”
Fundamento jurídico No. 5.2.1., párrafo 3, página 31.
[65]
Sue Donaldson y Will Kymlicka se refieren a “yoes”, en “Zoópolis, una
revolución animalista”. Errata Naturae editores, 2018.
[66] Tercer
Juzgado de Garantías de Mendoza (2016). Expediente: P-72.254/15. Sentencia del
03 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.nonhumanrights.org/content/uploads/2016/12/Sentencia-de-Habeas-Corpus-de-Cecilia.pdf
[67] Así lo ilustraron
algunos intervinientes en la Audiencia Publica, en particular Andrea Padilla
Villarraga.
[68]
“La confluencia de estas dos circunstancias, es decir, la existencia
de un problema de relevancia e interés constitucional, y la inexistencia de una
vía procesal específica para debatirlo, podría explicar la pretensión de
utilizar el habeas corpus para abordar la controversia jurídica.”
Fundamento jurídico No. 5.2.1., párrafo 5, página 31.
[69] En adelante, cuando me
refiera a animales quiero significar animales no humanos.
[70] La comprensión del
Derecho -y sus instituciones- con tal expresión fue derivada de la obra “Philosophie
des Ais Ob” o “Filosofía del como si”, Hans Vaihinger.
[71] La Sentencia T-411 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), es hito en ese sentido. Ver además, entre otras, las sentencias
C-495 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz; C-126 de 1998. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-750 de 2008. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; C-915 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
C-035 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-389 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa; y, C-032 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[72]
La preocupación por el medio ambiente fue clara en el seno de la Asamblea
Nacional Constituyente, en la que se sostuvo que su protección era “uno de
los fines del Estado Moderno, por lo tanto, toda la estructura de este debe
estar iluminada por este fin, y debe tender a su realización. // La crisis
ambiental es, por igual, crisis de la civilización y replantea la manera de
entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen
en desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen las condiciones de
miseria.” Informe de ponencia Gaceta Constitucional No. 46, págs. 2-3. Cita
efectuada, entre otras, en las sentencias T-254 de 1993. M.P. Antonio Barrera
Carbonell y C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[73]
El Preámbulo y los artículos 2, 8, 11, 44, 49, 58, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82,
215, 226, 268.7, 277.4, 282.5, 294, 289, 300.2, 301, 310, 313.9, 317, 330.5,
331, 332, 333, 334, 339, 340 y 366 de la Constitución de 1991.
[74]
Adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano, el 16 de junio de 1972.
[75]
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución 37/7 del 28 de octubre de 1982.
[76]
Suscrita en Washington el 3 de marzo de 1973, y aprobada en Colombia mediante
la Ley 17 de 1981. Como se reconoció por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-012 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), esta Convención se
dirige a fomentar la cooperación internacional para evitar la explotación
excesiva de la fauna y la flora a través del comercio internacional.
[77]
Al respecto, en la Sentencia C-519 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), que
estudió la constitucionalidad de las leyes aprobatorias del Convenio sobre
Diversidad Biológica de Río de Janeiro - 1992, se sostuvo lo siguiente: “Colombia es uno de los países que mayor interés
debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de
biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido
reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor
diversidad. Sobre el particular, basta con remitirnos a la exposición de
motivos […] cuando presentaron ante el Congreso el proyecto de ley
correspondiente al Convenio de Diversidad ya referenciado: “países como
Colombia, catalogados como 'megabiodiversos' no pueden darse el lujo de anular
una de las ventajas comparativas más críticas en las relaciones internacionales
y la economía del siglo XXI: los recursos genéticos y la diversidad biológica.
En muchos casos esta ventaja es absoluta cuando se trata de especies endémicas,
es decir únicas y no repetidas en lugar alguno del planeta (...). “Colombia es
uno de los 13 países del planeta que concentran el 60 por ciento de la riqueza
biológica. […] Nuestro país reúne aproximadamente el 10 por ciento de todas las
especies animales y vegetales del globo, aunque representa menos del 1 por
ciento de la superficie terráquea. Esta característica ubica al país en uno de
los primeros lugares en diversidad de especies por unidad de área, y número
total de especies. “Un tercio de las 55.000 especies de plantas de Colombia son
endémicas, lo que se considera una riqueza sin igual, equivalente al 10% del
total identificado (Bundestag, 1990). El país cuenta, por ejemplo, con el 15%
de las especies de orquídeas clasificadas mundialmente; con más de 2.000
plantas medicinales identificadas y con un número elevado de especies de frutos
comerciales, silvestres o apenas localmente cultivados, que son comestibles o
que pueden llegar a ser utilizados para el mejoramiento genético de especies
cultivadas. “En el país se han clasificado 338 especies de mamíferos, lo que
representa un 8% del total de las conocidas en el Planeta; el 15% de las
especies primates vivientes; 1.754 especies de aves (18%); y casi 3.000
vertebrados terrestres.”
[78]
En la Sentencia C-666 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto), se sostuvo que (i)
los elementos que integran el ambiente y (ii) la protección a cargo del
ordenamiento jurídico, son dos asuntos que tienen claros límites en la
Constitución Política y en los instrumentos internacionales. Sobre el primer
elemento, precisó que: “[e]n lo atinente a su integración… una concepción
integral del ambiente obliga a concluir que dentro de los elementos que lo
componen deben entenderse incluidos los animales, que hacen parte del concepto
de fauna, que, a su vez, se ha entendido como parte de los recursos naturales
o, en otras palabras, de la naturaleza como concepto protegido, cuya garantía
es contemplada por la Constitución de 1991.”
[79]
Varias decisiones de esta Corporación se han referido a las diferentes
concepciones bajo las cuales pueden comprenderse las relaciones entre los seres
humanos y la naturaleza, advirtiendo un marcado (i) antropocentrismo. Además de
esta última, se han referido al (ii) biocentrismo y al (iii) ecocentrismo. El
primero “hace referencia a la preeminencia y dominio del ser humano sobre
los demás seres existentes en el planeta tierra; una ética de la relación con
la naturaleza centrada en lo humano y en la satisfacción de las necesidades de
esta especie. Desde esta perspectiva, los recursos naturales son vistos de
manera instrumental como proveedores de alimento, energía, recreación y riqueza
para la humanidad y por esta razón deben ser conservados, protegidos y
convenientemente explotados para garantizar la supervivencia de la especie
humana.” Cita 117, Sentencia C-644 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera. El
segundo, esto es, el biocentrismo “envuelve una teoría moral que considera
al ser humano como parte de la naturaleza confiriéndole a ambos valor, ya que
son seres vivos que merecen el mismo respeto. Propende porque la actividad
humana ocasione el menor impacto posible sobre las demás especies y el planeta.
Reivindica el valor primordial de la vida” Cita 118, ibídem. Y, por
último, el ecocentrismo “apunta al valor intrínseco de la naturaleza
integrada por los ecosistemas y la biósfera en el planeta tierra,
independientemente de su valor para el hombre” Cita 119, ibídem.
[80]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[81]
En este sentido, en la Carta Mundial de la Naturaleza se sostuvo lo siguiente:
“Convencida de que: // a) Toda forma de vida es única y merece ser
respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de
reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse
por un código de acción moral…”.
[82]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83]
Sentencias T-622 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-115 y T-614 de 1997. M.P.
Hernando Herrera Vergara; y, T-863A de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[84]
Vehículos de tracción animal: sentencias C-355 de 2003. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; C-475 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-481 de 2003. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra; C-981 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y
T-514 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[85]
Sentencias T-725 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería; C-283 de 2004. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; y T-436 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[86]
Sentencias C-1192 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-367 de 2006. MP. Clara
Inés Vargas Hernández; C-666 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-041
de 2017 y C-133 de 2019. MM.PP. José Fernando Reyes Cuartas y Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[87]
Sentencia C-045 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[88]
Entre otras, las sentencias T-760 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
C-439 de 2011. M.P Juan Carlos Henao Pérez; y, C-059 de 2018. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[89]
En el mundo antiguo occidental, también se evidenciaron algunas posturas
justificatorias de, por ejemplo, el vegetarianismo. Al respecto, Martha
Nussbaum sostiene que de las escuelas grecorromanas las menos proclives a la
consideración animal era la de los estoicos; agrega que, en todo caso, por
ejemplo, los autores platónicos tardíos “defendieron una elaborada ética del
vegetarianismo y respeto por la vida animal”, a partir de “doctrinas
metafísicas. “Las fronteras de la justicia”. Paidos, 2016, pág. 324.
[90]
Tomado de Wise, Steven. “Sacudiendo la Jaula. Hacia los Derechos de los
animales”. 2ª edición, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pág. 34.
Pese a que compartían tal idea, es de destacar que entre ellos se encuentran
matices. Aristóteles consideraba que existían cinco tipos de alma, en cuyo
marco no todos los seres humanos tenían en una misma proporción el alma
racional (la de los niños, mujeres y esclavos era deficitaria); de otro lado,
aunque Aristóteles les negó toda capacidad racional a los animales, sí les
concedió algunas capacidades, como sentir placer y dolor y recordar; además, y
es por esta razón que este autor aporta algunas bases a posturas como la de
Martha Nussbaum a favor de la concesión de derechos a los animales, estimaba
que todos los animales eran objeto de admiración: “En Partes de los
animales, Aristóteles da a sus alumnos una lección sobre por qué no deberían
`hacer ascos´ a la idea de estudiar los animales, incluidos los que no parecen
ocupar una posición muy elevada… todos los animales son afines en el sentido de
que están compuestos de materiales orgánicos, y, por tanto, los seres humanos
no deberían vanagloriarse de ser especiales. `Si alguien piensa que estudiar
los animales es innoble, debería tener entonces igual opinión de sí mismo´.
Todos los animales son objetos de admiración para la persona que se interese
por comprender.” Nussbaum, Martha; “Las fronteras…”, pág. 343.
Los estoicos, por el
contrario, iniciaron el camino para equiparar en capacidades naturales a todos
los seres humanos, sin embargo, “de todas las corrientes grecorromanas, era
la menos proclive a la idea de que los animales tuvieran estatus ético.” Nussbaum,
Martha; “Las fronteras…; pág. 324.
Según lo sostenido por
Zaffaroni, en “La Pachamama y el humano”, en los epicúreos con Lucrecio,
“De rerum natura”, los seres humanos son unos participantes adicionales
en la naturaleza, por lo que ésta no estaría a su disposición. Martha Nussbaum
también precisa que algunos autores platónicos tardíos defendieron posturas
vegetarianas, pero desde doctrinas metafísicas, pág. 324, ibídem.
[91]
En este contexto, San Agustín de Hipona escribió que el “no matar” era un
mandamiento que no protegía a los animales -ni a las plantas-, aunque
estuvieran vivos, “pues están disociados de nosotros al no razonar y están
sujetos a nosotros por el simple designio del Creador, para matarles o
mantenerles vivos según nuestro uso propio.” Wise, Steven; “Sacudiendo…”,
pág. 43.
[92]
“Es también una cosa muy notable que, aunque haya diversos animales que
demuestran más destreza que nosotros en algunas de sus acciones, se ve, sin
embargo, que estos mismos animales no demuestran ninguna destreza en muchas
otras, de manera que lo que hacen mejor que nosotros no prueba que tengan
ingenio, porque, en ese caso, tendrían más que ninguno de nosotros y harían
mejor todas las otras cosas; antes bien, eso demuestra que no tienen ninguno, y
que es la naturaleza la que obra en ellos según la disposición de sus órganos,
como vemos que un reloj, compuesto solamente de ruedas y resortes, puede contar
las horas y medir el tiempo con más precisión que nosotros con toda nuestra
prudencia.” Descartes, René. “El discurso del método”, apartado 59.
[93]
Kant, Inmanuel; “Lecciones de Ética”. De los deberes para con los
animales y los espíritus, pág. 287 y siguientes: “… cuando alguien manda
sacrificar a su perro porque ya no puede seguir ganándose el sustento, no
contraviene en absoluto deber alguno para con el perro, habida cuenta de que
éste no es capaz de juzgar tal cosa, pero si atenta con ello contra la
afabilidad y el carácter humanitario en cuanto tales, cosas que debe practicar en
atención a los deberes humanos.” Para Kant los grabados que comprenden “The
four Stages of Cruelty” o “Las cuatro Etapas de la Crueldad”, de William
Hogarth, dan cuenta de cómo la crueldad de los niños que empieza como un juego
se convierte y degenera en actos más violentos en la edad adulta, frente a los
mismos congéneres. Se refiere, además, a por qué en Inglaterra no es posible
que carniceros, médicos o cirujanos integren un jurado, pues están
acostumbrados a la muerte; agrega que: “¿No es un acto cruel el que los
viviseccionistas tomen animales vivos para realizar sus experimentos, si bien
sus resultados se apliquen luego provechosamente?; desde luego, tales
experimentos son admisibles porque los animales son considerados como
instrumentos al servicio del hombre, pero no puede tolerarse de ninguna manera
que se practiquen como un juego. Cuando un amo arroja de su lado a su burro o a
su perro porque ya no pueden ganarse el pan, demuestra la mezquindad de su
espíritu.”
[94] En el siglo XIX otro tipo de investigaciones, por ejemplo en el área
de las ciencias naturales por parte de Charles Darwin, cuestionaron la idea de
que los seres vivos ostentaran un único e inmutable lugar en el mundo (y por lo
tanto, que habría unas especies llamadas solamente a servir a las finalidades
de otras), a partir de su teoría de la evolución de las especies.
[95]
Para un interesante repaso sobre este asunto ver Sykes, Katie (2011). Human Drama, Animal Trials: What the Medieval Animal Trials Can
Teach Us About Justice for Animals. Animal
Law Review, Vol. 17, No. 2, p. 273, 2011. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1999081
Aunque el recuento más completo de los juicios a animales se le atribuye a
Edward Payson Evans en su obra titulada “The criminal prosecution and
capital punishment of animals” de 1906, disponible en http://www.gutenberg.org/files/43286/43286-h/43286-h.htm
[96]
En 1522, la población campesina de Autun – Francia presentó una demanda formal
contra las ratas que destruían sus cultivos. Solemnemente la Corte eclesiástica
nombró como defensor de los animales al abogado Barthélemy de Chasseneus
(abogado que escribió la obra Consilia, que contenía los requisitos
formales para que los animales se llevaran a juicio). El primer reto consistió
en determinar cuál era la manera adecuada de efectuar la notificación a las
ratas con el objeto de garantizar su comparecencia. Luego de varios intentos,
ante la no comparecencia por cuarta vez consecutiva, las ratas fueron condenadas.
Tomado de Wise, Steven. Sacudiendo…”, págs. 67 y 68.
[97]
Sykes, Katie (2011). Op. cit., pág. 281.
[98] Sykes, Katie (2011). Op. cit., pág. 281. Ver también
Woodburn, Walter. The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless
Things in the Middle Ages and Modern Times. University of Pennsylvania Law
Review and American Law Register, Vol. 64, No. 7 (May, 1916), pp. 696-730.
[99]
Para Zaffaroni, las sanciones contra los animales evitaban que los reproches se
dirigieran hacia otros humanos, asignándoseles el rol de verdaderos “chivos
expiatorios”. Así, en los casos en los que, por ejemplo, una cerda hería a un
niño “se evitaba que la pena recayese sobre la madre negligente que había
dejado al niño al alcance de la cerda y que ya tenía suficiente pena natural
con el horror que le tocaba vivir”; mientras que en el caso de la
excomunión a plagas, “el acto formal y público mostraba que el poder hacía
todo lo posible por sancionar a los responsables y, de ese modo, evitaba que el
malestar de los cultivos arrasados y de la hambruna consiguiente se derivase
contra el señor o los príncipes. Éstos reafirmaban su autoridad incluso sobre
los animales y al mismo tiempo eludían el peligro de que la venganza cayese
sobre ellos.” “La Pachamama…”, pág. 31.
[100]
E.P. Evans (1906). Op. cit., pág. 140. En Inglaterra, a diferencia de la
práctica seguida en Europa Continental, los animales vinculados a lesiones a
los humanos no eran juzgados ni castigados, sino ofrecidos a Dios dado que su
lesión alteraba las jerarquías divinas, dicha entrega se efectuaba a través del
Rey, que era su representante en la tierra. Ver Wise, Steve; “Sacudiendo…”,
págs. 73 a 78.
[101]
En 1750 ocurrió un caso particular en Vanvres, Francia, luego de que un hombre
fuera encontrado teniendo relaciones sexuales con su burra. El hombre fue
sentenciado a muerte, pero el animal fue absuelto. Para el veredicto
absolutorio fueron determinantes los testimonios que brindaron el párroco de la
localidad y algunos habitantes, quienes aseguraron, en favor de la burra, que “la
conocían desde hace cuatro años, y que siempre se había mostrado virtuosa y
bien comportada tanto en el hogar como el espacio público, y nunca había
causado ningún escándalo.” E.P. Evans (1906). Op. cit., pág. 150.
[102]
An Act to prevent the cruel and improper treatment of Cattle, Ley para
prevenir la crueldad y el tratamiento inadecuado del ganado, de 1822. El primer
juicio conocido por infracción de la ley de protección animal data del año
1838, por hechos de violencia cometidos por Bill Burns contra su asno.
[103]
“No puedo pronunciar la expresión carencia de derecho de los animales, sin
que una voz en mi interior me diga: No debes deponer falsamente como testigo.
Ante todo, también los animales tienen ciertos derechos. El humano puede, en la
medida en que se lo permita la humanidad, usarlos para sus fines. Cuando excede
de estos fines, ultrapasa su derecho, no sólo peca contra la criatura, sino que
lesiona también el derecho animal, que ya Herder como también los más antiguos
representantes de la teoría de la evolución, lo han llamado el hermano mayor
del humano.” Tomado de Zaffaroni, Eugenio; “La Pachamama…”, pág. 50.
[104]
Ibídem; págs. 45 y ss.
[105]
De hecho relata que, para evitar caer en dicho problema, algunas leyes preveían
como condición para la configuración del ilícito que se practicaran en público.
Cita por caso las leyes Grammont francesa, de 1850, y el STGB alemán, de
1871.
[106]
Esta idea se encuentra claramente ligada a la idea de Kant a partir de los
deberes indirectos hacia los animales, antes mencionada.
[107]
Zaffaroni; ibídem, pág. 53.
[108]
Tal como se ha puesto de presente en la jurisprudencia constitucional de esta
Corte, entre otras, en la Sentencia C-467 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[109]
Publicado en el año 1975.
[110]
La tesis de Singer ha sido cuestionada por quienes defienden una posición de
derechos para los animales, dado que consideran que su utilitarismo impide
radicar tanto en humanos como en los no humanos garantías invulnerables.  Según
Sue Donaldson y Will Kimlicka: “[s]us argumentos a favor de mejorar el trato
a los animales se basan, pues, en afirmaciones empíricas de que casi todo el
daño que infligimos a los animales no sirve en realidad al bien general, y no
en la afirmación basada en derechos, de que está mal hacer daño a los animales
incluso cuando ello contribuye al bien mayor.” Zoópolis – Una Revolución
Animalista; Errata Natura Editores, 2018, pág. 460, nota 24. En el mismo
sentido ver las críticas propuestas por Martha Nussbaum al “utilitarismo de
preferencias” de Singer, en “Las fronteras…”, págs. 333 y ss.
[111]
“En defensa de los derechos de los animales”. Fondo de Cultura Económica y
otros.
[112]
“Así, se ha argumentado en defensa de los derechos de los animales. Si este
argumento es sólido, entonces, al igual que nosotros, los animales tienen determinados
derechos morales básicos, que incluyen en particular el derecho fundamental a
ser tratados con el respeto que, como poseedores de valor inherente se merecen
como asunto de estricta justicia… Por lo tanto…nunca deben ser tratados como
meros receptáculos de valores intrinsecos (por ejemplo, placeres o satisfacción
de preferencias) y cualquier daño que se les haga debe ser consistente con el
reconocimiento de su valor inherente igual y su derehco prima facie igual a no
ser dañados.” Ibídem, págs. 368 y 369.
[113]
Su postura integral sobre este tema puede consularse en “Sacudiendo la jaula –
Hacia los derechos de los animales”, ya citado. En un trabajo reciente de
Martha Nussbaum, “Working with and For Animals: Getting the theoretical
framework right”, precisamente cuestiona la tesis de Wise, entre otros
argumentos, por considerar que no abandona la escalera natural en la que los
animales son considerados como relevantes en la medida en que cuenten con
aquellas capacidades de las que gozan los seres humanos.
[114]
Steven Wise construye su teoría de derechos a partir de las categorías de
Hohfel, acogiendo la idea de derechos de dignidad como inmunidades fundamentales.
A partir de sus consideraciones, aunque no solo los chimpancés y bonobos
deberían tener derechos de dignidad a la integridad corporal y a la libertad,
la posibiidad de que otros se sumen en dicha consideración depende de sus
capacidades. Al respecto, afirma: “[t]ampoco quise decir que los chimpancés
y los bonobos son los únicos animales no humanos que podrían tener los derechos
legales fundamentales de la integridad corporal y la libertad. Los jueces deben
determinar los derechos de dignidad de cualquier animal no humano de la misma
manera que determinan los derechos de los chimpancés, bonobos y seres humanos,
según su autonomía. La autonomía, por supuesto, surge de la mente. Los animales
no humanos que carecen de mentes son poco más que versiones animadas del “MIT
3”… y la posibilidad de que tengan derechos legales será seriamente cuestionada.”,
en “Sacudiendo la jaula…”, págs. 389 y 390.
[115]
“Las fronteras de la justicia”.
[116]
En su postura, Nussbaum reconoce el invaluable aporte de la teoría del contrato
social para dar cuenta de la organización de sociedades, fundadas en el
reconocimiento de derechos. Por lo anterior, su interés no es otro que el de
dar una visión complementaria, que, teniendo como base su enfoque de las
capacidades y nutriéndose de algunos elementos provenientes de las tradiciones
utilitarista y aristotélica, le permita afirmar con consistencia la justicia de
conceder derechos básicos a los animales.
[117] Los otros dos corresponden
a (i) la justicia hacia las personas con discapacidades físicas y mentales; y,
(ii) la extensión de la justicia hacia los ciudadanos del mundo.
[118]
Para Nussbaum el contractualismo funde las preguntas de ¿quiénes firman el
contrato social? y ¿para quiénes se firma el contrato social? Esto, según su
concepción, es un error.
[119]
“La emoción de la compasión supone pensar que otra criatura está sufriendo
apreciablemente y que tiene muy poca (o ninguna) culpa de ese sufrimiento. Lo
que no implica es creer que alguien es el culpable de dicho sufrimiento. Se
puede tener compasión de la víctima de un crimen, pero también se puede tener
compasión de alguien que se está muriendo por enfermedad (la vulnerabilidad a
las enfermedades no es culpa de nadie)” Ibídem, pág. 331.
[120]
“El enfoque de las capacidades es una doctrina política acerca de los
derechos básicos, no una doctrina moral comprehensiva. No pretende siquiera ser
una doctrina política completa, sino que se limita a especificar algunas
condiciones necesarias para que una sociedad sea mínimamente justa, en la forma
de un conjunto de derechos fundamentales para todos los ciudadanos. // El
enfoque de las capacidades… lanza una mirada al mundo y se pregunta cómo
conseguir que se haga justicia en él.” Ibídem, págs. 163 y 345.
El enfoque de las
capacidades ha sido expuesto por Amartya Sen en el escenario económico y por la
misma Nussbaum en asuntos de filosofía. La idea detrás de este enfoque para
Nussbaum consiste en que los derechos deben partir de reconocer las necesidades
y capacidades de los sujetos -siendo posible lograr un consenso entrecruzado-
y, tras esto, elevarlas a garantías básicas predicables de cualquier sujeto,
como fin en sí mismo.
[121]
Ibídem, pág. 167.
[122]
Ibídem, pág. 346.
[123]
Ibídem, pág. 356.
[124]
Se da en algunos casos en los que han sido llevados a juicio, pero, por
ejemplo, como testigos. Ver el acápite siguiente.
[125]
Algunas doctrinantes lo catalogan como un giro a lo animal (animal turn).
Ver Eisen, Jessica. Animals in the constitutional state. International
Journal of Constitutional Law, Volume 15, Issue 4, October 2017, Pages 909–954.
Disponible en https://academic.oup.com/icon/article/15/4/909/4872588
[126] Véase, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia,
Sentencia T-622-16 de 10 de noviembre de 2016, párrs. 9.27 a 9.31; Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 218-15-SEP-CC de 9
de julio de 2015, págs. 9 y 10, y Corte Superior de
Uttarakhand At Naintal (High Court of Uttarakhand At Naintal) de la
India. Decisión de 30 de marzo de 2017. Escrito de
Petición (PIL) No. 140 de 2015, págs. 61 a 63.
[127] El preámbulo de la Constitución Política del Estado de Bolivia
establece que: “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se
desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro
altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos
esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces
la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y
culturas.” El artículo 33 de la misma Constitución prevé que: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido
y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y
colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres
vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.” Asimismo, en el artículo 71 de la Constitución de la República del
Ecuador se establece que: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las
personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un
ecosistema.”
[128]
Constitución de la India (1976), artículo 51A. El texto
original señala “It shall be the duty of every citizen of India […] g) to
protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers
and wild life, and to have compassion for living creatures.”
[129] Ver Kansal, Vishrut (2016) The Curious Case of Nagaraja in
India: Are Animals Still Regarded as “Property” With No Claim Rights?.
Journal of International Wildlife Law & Policy, 19:3, 256-267.
[130] Constitución de la República Federal Alemana, artículo 20A: “Protection
of the natural foundations of life and animals: Mindful also of its
responsibility towards future generations, the state shall protect the natural
foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and
justice, by executive and judicial action, all within the framework of the
constitutional order.” Disponible en https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
[131]
En un caso sobre las regulaciones en la producción de gallinas, el Tribunal
protegió el bienestar animal más allá de sus repercusiones sobre el ser humano,
y expresamente consideró que “los animales deben protegerse en sí mismos en
tanto “seres vivientes”. 2 BvF 1/07 (Oct. 12, 2010) BVerfGE 127, 293–335
(Ger.), At 121. Ver la traducción y un análisis en Eisen, Jessica (2017). Op. cit.
[132] Constitución de Suiza, artículo 120, numeral 2º. El texto original
señala “The Confederation shall legislate on the use of reproductive and
genetic material from animals, plants and other organisms. In doing so, it
shall take account of the dignity of living beings as well as the safety of
human beings, animals and the environment, and shall protect the genetic
diversity of animal and plant species.”
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html
[133]
Constitución del Ecuador, ver artículos 71 a 74.
[134]
Constitución del Ecuador, artículo 71.
[135]
Delhi High Court (2015). People For Animals vs Md Mohazzim
& Anr. Decisión de Mayo 15 de 2015. Disponible en https://indiankanoon.org/doc/163664556/
[136]
Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza (2016). Expediente: P-72.254/15. Sentencia
del 03 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.nonhumanrights.org/content/uploads/2016/12/Sentencia-de-Habeas-Corpus-de-Cecilia.pdf
[137]
Ver el caso de “Happy”, la elefanta del Zoológico del Bronx, impulsado por la
ONG Non-Human Rights Project. Información disponible en https://www.nonhumanrights.org/client-happy/
[138]
Los hechos sucedieron en octubre de 2012 en Santa Cruz de Tenerife, cuando la
perra fue objeto de un feroz ataque por parte de otros canes también propiedad
de los acusados, resultando gravemente herida por mordeduras en el cuello,
torso, patas y otras partes del cuerpo. Según el informe de la Fiscalía, los
dos acusados prefirieron deshacerse de la perra antes que llevarla al
veterinario.
[139]
Ver la nota publicada en El País (2019). Una juez lleva a una perra como
testigo en un juicio por maltrato animal. 08 de mayo de 2019. Disponible en
https://elpais.com/sociedad/2019/05/08/actualidad/1557313692_014235.html
[140]
Ver la nota publicada en The Guardian (2010). The lawyer
who defends animals. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2010/mar/05/lawyer-who-defends-animals
[141]
Antoine Goetschel fue el último funcionario en ocupar esta posición. Una
entrevista sobre su labor diaria puede encontrarse en el diario Swissinfo.
Disponible en https://www.swissinfo.ch/eng/lawyer-lends-his-voice-to-the-animals/979670
[142]
X und Y gegen Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und
Mitb., Swiss Federal Supreme Court (Oct. 7, 2009)
BGE 135 II 384 (Switz.) at 403, as translated in Michel & Kayasseh. Cita
original traducida al inglés: “Even if it [the dignity of animals] cannot
and should not be equated with human dignity, this indeed requires that natural
creatures, at least to a certain degree, be regarded and valued as being of
equal stature with humans.” Disponible en Eissen, Jesica (2017). Op.
cit.
[143]
Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza (2016). Expediente: P-72.254/15. Sentencia
del 03 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.nonhumanrights.org/content/uploads/2016/12/Sentencia-de-Habeas-Corpus-de-Cecilia.pdf
[144]
Ibíd.
[145]
Ibíd.
[146]
Constitución de la India (1976), artículo 51A. El texto
original señala “It shall be the duty of every citizen of India […] g) to
protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers
and wild life, and to have compassion for living creatures.”
[147]
Esta prohibición debe leerse desde las creencias religiosas de este país. Para un artículo introductorio sobre el tema, ver Vishrut Kansal (2016) The Curious Case of Nagaraja in India: Are Animals Still
Regarded as “Property” With No Claim Rights?. Journal of International
Wildlife Law & Policy, 19:3, 256-267.
[148] Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (“PCA”), Section 3: “Duties
of persons having charge of animals.- It shall be the duty of every person
having the care or charge of any animal to take all reasonable measures to
ensure the well-being of such animal and to prevent the infliction upon such
animal of unnecessary pain or suffering.”
[149]
Corte Suprema de la India (2014). Animal Welfare Board Of
India vs A. Nagaraja & Ors on 7 May, 2014.
Disponible en https://indiankanoon.org/doc/39696860/
[150]
Ibíd. Traducción libre de la
siguiente cita “Sections 3 and 11, as already indicated, therefore, confer
no right on the organisers of Jallikattu or bullock-cart race, but only duties,
responsibilities and obligations, but confer corresponding rights on animals.
Sections 3, 11(1)(a) & (o) and other related provisions have to be
understood and read along with Article 51A(g) of the Constitution which cast
fundamental duties on every citizen to have “compassion for living creatures”.
Parliament, by incorporating Article 51A(g), has again reiterated and
re-emphasised the fundamental duties on human beings towards every living
creature, which evidently takes in bulls as well. All living creatures have
inherent dignity and a right to live peacefully and right to protect their
well-being which encompasses protection from beating, kicking, over-driving,
over-loading, tortures, pain and suffering etc. Human life, we often say, is
not like animal existence, a view having anthropocentric bias, forgetting the
fact that animals have also got intrinsic worth and value. Section 3 of the PCA
Act has acknowledged those rights and the said section along with Section 11
cast a duty on persons having charge or care of animals to take reasonable
measures to ensure well- being of the animals and to prevent infliction of
unnecessary pain and suffering.”
[151] “Species Best Interest”.
[152]
Ibíd. Traducción libre y
parcial de la siguiente cita: “Jallikattu and other forms of Bulls race, as
the various reports indicate, causes considerable pain, stress and strain on
the bulls. Bulls, in such events, not only do move their head showing that they
do not want to go to the arena but, as pain is being inflicted in the vadivasal
is so much, they have no other go but to flee to a situation which is adverse
to them. Bulls, in that situation, are stressed, exhausted, injured and
humiliated. Frustration of the Bulls is noticeable in their vocalization and,
looking at the facial expression of the bulls, ethologist or an ordinary man
can easily sense their suffering.”
[153]
retomando para ello, documentos desarrollados por organizaciones
internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
[154]
Ibíd. Traducción libre de la
siguiente cita: “Chapter 7.1.2 of the guidelines of OIE, recognizes five
internationally recognized freedoms for animals, such as: i) freedom from
hunger, thirst and malnutrition; ii) freedom from fear and distress; iii)
freedom from physical and thermal discomfort; iv) freedom from pain, injury and
disease; and;  v) freedom to express normal patterns of behaviour.”
[155]
Una de las más conocidas es el Non-Human Rights Project, cuyos principios y
litigios pueden encontrarse en https://www.nonhumanrights.org/
[156] United States District Court. Southern District Of California. February
8, 2012. Tilikum and other orcas vs. Sea world.
[157]
Esta cláusula fue introducida en 1865 y señala lo siguiente: “1. Ni en los
Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni
trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya
quedado debidamente convicto. // 2. El Congreso estará facultado para hacer
cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas.” La traducción al
español está disponible en https://www.archives.gov/espanol/constitucion
[158] Traducción libre de la siguiente cita: “- Unlike the other
constitutional amendments relied upon by Next Friends, the Thirteenth Amendment
targets a single issue: the abolition of slavery within the United States. The
Amendment’s language and meaning is clear, concise, and not subject to the
vagaries of conceptual interpretation.”
[159] Traducción libre de la siguiente cita: “Even though Plaintiffs
lack standing to bring a Thirteenth Amendment claim, that is not to say that
animals have no legal rights; as there are many state and federal statutes
affording redress to Plaintiffs, including, in some instances, criminal
statutes that “punish those who violate statutory duties that protect animals.”
[160]
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, Novena Sección, numeral 2º:
“El privilegio del habeas corpus no se suspenderá, salvo cuando la seguridad
pública lo exija en los casos de rebelión o invasión.” Traducción
disponible en https://www.archives.gov/espanol/constitucion
[161]
Para mayor información ver https://www.nonhumanrights.org/client-tommy/
[162] Appellate Division First Department, June 8, 2017. In the Matter of
Nonhuman Rights Project, Inc., on Behalf of Tommy, Appellant, v Patrick C.
Lavery et al., Respondents.
[163]
State of New York. Court of Appeals. Concurring Fahey. Motion No. 2018-268. Decided May 8, 2018. Disponible en http://www.nycourts.gov/ctapps/Decisions/2018/May18/M2018-268opn18-Decision.pdf Traducción libre y parcial de la siguiente cita: “The inadequacy
of the law as a vehicle to address some of our most difficult ethical dilemmas
is on display in this matter… The question will have to be addressed
eventually. Can a non-human animal be entitled to release from confinement
through the writ of habeas corpus? Should such a being be treated as a person
or as property, in essence a thing?”.
[164] Para más información, ver https://www.nonhumanrights.org/hercules-leo/
[165] Supreme Court of the State of New York. The Non-Human Rights
Project, on behalf of Hercules and Leo v. University of New York at Stony
Brook. Julio 29 de 2015. Disponible en https://www.nonhumanrights.org/content/uploads/Judge-Jaffes-Decision-7-30-15.pdf
[166] Traducción libre y parcial de la siguiente cita: “-Legal
personhood is not necessarily synonymous with being human. Nor have autonomy
and self-determination been considered bases for granting rights. In any event,
petitioner denies that is seeks human rights for chimpanzees. Rather, it
contends that the law can and should employ the legal fiction that chimpanzees
are legal persons solely for the purpose of endowing them with the right of
habeas corpus, as the law accepts in other contexts the “legal fiction” that
nonhuman entities such as corporations, may be deemed legal persons, with the
rights incident thereto. P.21-22 // […] // - And yet, the concept of legal
personhood, that is, who or what may be deemed a person under de law, and for
what purposes, has evolved significantly since the inception of the United
States. Not very long ago, only Caucasian male, property owning citizens were
entitles to the full panoply of legal rights under the United States
Constitution. Tragically, until passage of the 13th Amendment of the
Constitution, African American slaves were bought, sold, and otherwise treated
as property, with few, if any rights. Married women were once considered the
property of their husbands, and before marriage were often considered family
property, denied the full array of rights accorded to their fathers, brothers,
uncles and male cousins. P.23 “If rights were defined by who exercised them in
the past, then received practices could serve as their own continued
justification and new groups could not invoke rights once denied.”
(Obergefell v Hodges, US, 135 S Ct 2602 [2015]).”
[167] Traducción libre y parcial de la siguiente cita: “The
similarities between chimpanzees and humans inspire the empathy felt for a
beloved pet. Efforts to extend legal rights to chimpanzees are thus
understandable; some day they may even succeed. Courts, however, are slow to
embrace change, and occasionally seem reluctant to engage in broader, more
inclusive interpretations of the law, if only to the modest extent fo affording
them greater consideration. As Justice Kennedy aptly observed in Lawrence v.
Texas, albeit in a different context, “times can blind us to certain truths and
later generations can see that laws once thought necessary and proper in fact
serve only to oppress.””
[168]
Corte de Apelaciones de Nueva York (2018), Estados Unidos. Voto
concurrente del Juez Fahey (State of New York. Court of Appeals. Concurring
Fahey. Motion No. 2018-268. Decided May 8, 2018). Traducción libre y
parcial de la siguiente cita: “The reliance on a paradigm that determines
entitlement to a court decision based on whether the party is considered a
“person” or relegated to the category of a “thing” amounts to a refusal to
confront a manifest injustice. Whether a being has the right to seek freedom
from confinement through the writ of habeas corpus should not be treated as a
simple either/or proposition. The evolving nature of life makes clear that
chimpanzees and humans exist on a continuum of living beings.”
[169]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[170]
Tomado de “¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de
los animales?. Frans de Waal, Tusquets Editores, primera edición abril de 2016,
pág. 13. Cita que hace referencia a “El origen del hombre. Crítica, Barcelona,
2009.
[171] Tomado de J. Fletcher, “Indicators of Humanhood”, J. Walter &
T. Shannon, Quality of Life, (NY: Paulist Press, 1990).
[172] Frans de Waal reflexiona sobre esta Conferencia en
los siguientes términos: “hay una evidencia sólida de que los procesos
mentales asociados con la conciencia en nuestra especie, también se dan en
otras especies. En rigor, esto no demuestra la conciencia animal, pero la
ciencia cada vez favorece más la continuidad sobre la discontinuidad.” (Pág.
266).
[173]
Dicho de un animal, y especialmente de un mono antropomorfo: que por sus
caracteres morfológicos externos se asemeja al ser humano.
https://dle.rae.es/antropoide.
[174]
“… el experto en primates norteamericano Robert Yerkes describió…: con
frecuencia he visto a un chimpancé joven, tras intentar en vano obtener su
recompensa por un método, sentarse y reexaminar la situación como si hiciera
balance de sus esfuerzos anteriores e intentara decidir qué hacer a
continuación… Lo más sorprendente de lejos, más que el paso rápido de un método
a otro, la determinación de los actos o las pausas entre intentos, es la
solución súbita de problemas.” Frans de Waal, págs. 80 y 81.
[175]
“Pepsi fue la estrella de un estudio reciente con elefantes asiáticos, Este
macho, todavía adolescente, pasó un test del espejo…, en el que se tocó
insistentemente con la trompa una x blanca pintada en el lado izquierdo de su
frente. Nunca prestó atención a la x dibujada con pintura invisible en el lado
derecho, ni se tocó la marca hasta que se situó delante de un espejo colocado
en medio de un claro. Al día siguiente se intercambiaron las marcas visible e
invisible, y Pepsi volvió a concentrarse en la x blanca.” Frans de Waal, pág.
267.
[176]
“El psicólogo alemán Helmut Prior sometió a sus urracas a un test del espejo
al menos tan bien controlado como cualquiera de los aplicados a antropoides y
niños. La marca, un pequeño adhesivo amarillo colocado en las plumas pectorales
negras, era llamativa, pero el ave sólo podía verla con la ayuda del espejo.
Las urracas no habían sido entrenadas, una diferencia capital respecto de las
palomas altamente adiestradas empleadas en su momento para desacreditar las
investigaciones con espejos. Colocadas delante de un espejo, las urracas no
dejaban de rascarse con sus propias garras hasta desprender la marca. Nunca se
rascaban frenéticamente si no había espejo en el que mirarse, e ignoraban una
marca “invisible” (un adhesivo negro sobre plumaje negro).” Frans de Waal,
pág. 277.
[177]
La idea de que los animales se encuentran anclados en el presente, es tan
antigua como la consideración de que su estatus es el de ser instrumentos para
la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Al respecto, Séneca
consideraba que: “[e]l estúpido animal capta a través de sus sentidos lo que
está presente. Se acuerda del pasado cuando se encuentra con algo que alerta
sus sentidos. Así, el caballo recuerda el camino al ser llevado a su inicio.
Pero en su establo no tiene memoria, por mucho que haya pisado ese mismo
camino. Por tercera vez digo, el futuro no concierne a los animales estúpidos.”
Tomado de Wise, Steven; “Sacudiendo…”, pág. 39.
[178]
Traduce literalmente “tienes el cuerpo”.
[179]
Sentencia C-187 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[180]
Apartado 39: “. Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o
privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni
desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la
fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de
sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”.”
[181] The Case of James Sommersett, a “Negro”, on a Habeas Corpus
King's-Bench: 12 George III. A.D. 1771-72. Disponible en inglés en http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/rights/slave_free.htm
[182] Traducción libre del siguiente framento: “Throughout history,
the writ of habeas corpus has served as a crucial guarantor of liberty by
providing a judicial forum to beings the law does not (yet) recognize as having
legal rights and responsibilities on a footing equal to others.” Del
Amicus Curiae presentado por el profesor Laurence H. Tribe ante el Tribunal de Nueva
York en el caso del Chimpancé “Tommy”.
[183]
Sentencia C-187 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[184] British Library. Disponible en British Library, https://www.bl.uk/learning/timeline/item104236.html
[185]
Sentencia C-187 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[186]
También escrito Sommersett.
[187]
Para un recuento detallado de este caso ver Wise, Steven (2006). Though the Heavens May Fall. Da Capo
Press: 2006.
[188] Traducción libre. Cita original en: Finkelman, Paul (1994). Let Justice Be Done, Though the Heavens May Fall: The Law of Freedom, 70 Chi.-Kent L. Rev. 325 (1994).
Disponible en at:
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol70/iss2/2
[189]
Cita original disponible en https://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/rights/slave_free.htm
Traducción al castellano disponible en Wise, Steven (2018). Sacudiendo la
jaula. Valencia: Tirant lo blanch (2a Ed), 2018. pág.88.
[190] Ver http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/rights/slave_free.htm
[191]
Sentencia C-620 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[192]
“Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias
poblaciones de nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por
desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos
gobiernos. Esa realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y
a la integridad personal son amenazados cuando el hábeas corpus es parcial o
totalmente suspendido. Como lo manifestó el Presidente de la Comisión en la
audiencia sobre esta consulta: “la Comisión está persuadida que, así como en el
pasado reciente miles de desapariciones forzadas se hubieran evitado si el
recurso de hábeas corpus hubiese sido efectivo y los jueces se hubieran
empeñado en investigar la detención concurriendo personalmente a los lugares
que se denunciaron como de detención, tal recurso ahora constituye el
instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la
autoridad en cuanto a la privación arbitraria de la libertad, sino también un
medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos o sicológicos,
como el destierro, castigo tal vez el peor, del que tanto se ha abusado en el
subcontinente, donde millares de exiliados conforman verdaderos éxodos”.”
Corte IDH. Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. El habeas
corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención
americana sobre derechos humanos). Párrafo 36.
[193]
Ibíd. Párr. 35.
[194] Corte IDH. Caso Anzualdo castro vs. Perú (2009).
Sentencia de 22 de septiembre de 2009. (Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas)
[195]
Desde esa fecha su familia no volvió a saber de él ni de su paradero. Se piensa
que el día en que fue secuestrado o detenido, habría sido llevado a los sótanos
del cuartel general del Ejército, donde habría sido eventualmente ejecutado y
sus restos incinerados.
[196]
Ibíd. párr. 72. La desaparición se constituyó, según el informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, en un mecanismo de lucha
contrasubversiva empleado en forma sistemática por agentes estatales entre 1988
y 1993, en gran parte del territorio nacional, que adquirió mayor relevancia
cuando el Poder Ejecutivo decidió que las Fuerzas Armadas reemplazaran a las
Fuerzas Policiales en las tareas de control interno y combate a la subversión.
Este instrumento de represión se convirtió en una estrategia macabra que deshumanizó
a “determinados sectores de la población considerados como subversivos o
terroristas, o de alguna manera contrarios u opositores al gobierno”[196]
y que por ende no quedaban cobijados por las garantías más mínimas de libertad
y debido proceso.
[197]
Ley 1095 de 2006. Artículo 1.
[198]
La Sentencia C-010 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz), estudió la
constitucionalidad del Decreto No, 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las
normas de Procedimiento Penal”, que en su artículo 431 establecía los
lineamientos de la acción pública de habeas corpus.
[199] Sentencia C-301 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En este fallo
la Corte resolvió la demanda de constitucionalidad contra la Ley 15 de 1992 "por
medio de la cual se adoptan como legislación permanente los artículos 1º, 3º y
4º del decreto 1156 de 1992", que regulaba en su artículo 2° la acción
de habeas corpus, señalando que “Las peticiones sobre libertad de
quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del
respectivo proceso.” El artículo fue declarado exequible.
[200]
Ibídem.
[201]
Sentencia C-620 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería. En este fallo la Corte
estudió la constitucionalidad de los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000,
Código de Procedimiento Penal, los cuales fueron declarados inexequibles tras
advertir que, por tratarse de una regulación integral y completa del derecho fundamental
de habeas corpus (aspectos sustanciales y procedimentales relacionados,
incluso, con el núcleo del derecho)  tenían que ser tramitados mediante una ley
estatutaria.
[202]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Cabe mencionar que en una sentencia anterior,
la C- 1056 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte declaró
inexequible este mismo proyecto de ley al no haberse subsanado el vicio de
procedimiento advertido mediante Auto No. 170 de 2003 proferido por la Corte
Constitucional.
[203]
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8
y 9; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado
mediante la Ley 74 de 1968, artículo 9; Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada mediante la Ley 16 de 1972, artículo 7 y la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXV.
[204]
Sentencia C-187 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[205]
Sentencia T-242 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[206]
Sentencia T-459 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[207]
Sentencias T-324 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-659 de 1998.
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T- 724 de 2006. M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-518 de
2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[208]
Sentencias T-320 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-1705 de 2000 M.P. Jairo
Charry Díaz (E).
[209]
Sentencias T-223 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-527 de 2009.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[210]
Sentencia T-735 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[211]
Sentencia T-046 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta oportunidad la
Corte estudió el caso de una mujer que había interpuesto un recurso de habeas
corpus que había sido fallado a su favor, no obstante, en su contra había
sido expedida una nueva orden de captura con base en medidas
restrictivas de la libertad inexistentes - por ser éstas posteriores a la
petición de habeas corpus -.  La Corte encontró que con ello, el
funcionario judicial buscaba evitar a toda costa la libertad de la inculpada,
incluso desconociendo claras disposiciones legales, de manera que revocó las
sentencias de instancia y concedió el amparo solicitado. Para la Corte, las medidas restrictivas de la libertad proferidas tras la solicitud
de habeas corpus, que busquen legalizar una privación irregular de la libertad,
deben ser tenidas como inexistentes. Sentencia T-260 de 1999. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. En ese caso se resolvió una acción de tutela
interpuesta por una persona que se desempeñaba como juez penal que había
resuelto favorablemente un habeas corpus, tras considerar que la medida de
privación de la libertad controvertida había sido adoptada luego de que se
vencieran los términos de ley para resolver la situación jurídica de los
indagados; y por ello se vio enfrentado a un proceso penal en el que se le
acusó de prevaricato por acción.
[212] M.P. Jaime Córdoba Triviño. La sentencia resolvió los
cargos formulados contra una providencia que resolvió un habeas corpus que
buscaba la libertad de una persona a la que se le había impuesto medida de aseguramiento de detención preventiva, a quien
después se le concedió libertad provisional por haber transcurrido 6 meses
desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se hubiese celebrado
la audiencia pública de juzgamiento. En el proceso penal el accionante terminó
siendo condenado a 90 meses de prisión, razón por la cual, en la sentencia
condenatoria se revocó la libertad provisional y ordenó su captura. En su
criterio la captura no podía ordenarse hasta tanto no se resolviera el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada en su
contra.  Ver, también Sentencia
T-334 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), que resolvió un caso en el
accionante había solicitado la libertad provisional por vencimiento del
término para calificar el mérito del sumario sin obtener respuesta alguna por
parte de la autoridad judicial. Por lo tanto, acudió a la acción de habeas
corpus la cual fue resuelta desfavorablemente para el actor.
[213]
Ibídem. Estos criterios han sido reiterados, entre otras, en las
sentencias T- 1081 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería y T- 693 de 2006. M.P.
Jaime Araujo Rentería. En ambos casos se revisaron las decisiones de habeas
corpus proferidas en el contexto de procesos penales en los que habría vencido
el término legal para resolver la situación jurídica de los accionantes.
[214]
Sentencia C-187 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[215]
Sentencia C-301 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[216] Sentencia T-491 de 2014 (M.P. Mauricio González
Cuervo), que se ocupó de analizar los fallos de habeas corpus proferidos
frente a una sentencia dictada por el Tribunal Superior Indígena del Tolima
CRIT, en el marco de un proceso de perturbación al bien ajeno en contra del
accionante, en el que se le impuso una pena de arresto de 180 días.
[217]
Artículo 3, Ley 1095 de 2006.
[218] Corte Suprema de Justicia. Auto del 31 de agosto de 2017. M.P. Fernando Alberto
Castro Caballero. Radicado No. 51.064, Citando a su vez la providencia del 13
de marzo de 2007. Radicado No. 27.069.
[219]
Sentencia C-187 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo sentido,
la Sala de Casación Penal ha sostenido que: “En síntesis, se trata de la
garantía más importante para la protección del derecho a la libertad,
consagrado en el artículo 28 de la Carta Política, el cual reconoce en forma
expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona
o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en
la ley.” Auto del 10 de junio de 2011. M.P. José Luis Barceló Camacho.
Radicado No. 36.712.
[220] “Las personas privadas de la libertad enfrentan
una tensión sobre sus derechos, dada la doble condición que tienen. Son
acusados de ser criminales, o han sido condenados por serlo, y en tal medida,
se justifica la limitación de sus derechos fundamentales, comenzando por la
libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta, a la vez la relación de sujeción en
que se encuentran las personas privadas de la libertad, surgen razones y
motivos para que se les protejan especialmente sus derechos. Esta tensión
constitucional que surge entre ser objeto de especiales restricciones sobre sus
derechos fundamentales y, a la vez, ser objeto de especiales protecciones sobre
sus derechos fundamentales, lleva a actitudes y políticas contradictorias. Una
política criminal y carcelaria respetuosa de la dignidad humana, debe lograr un
adecuado balance entre una y otra condición que se reúnen en las personas
privadas de la libertad.” Sentencia T-388 de 2013. M.P. María Victoria
Calle Correa. Ver también la Sentencia T-151 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[221] En Sala unitaria del
magistrado Luis Armando Tolosa
Villabona.
[222] Por el ciudadano Luis
Domingo Gómez Maldonado.
[223] Consta de tres cuadernos de 31, 73 y 184 folios.
[224] Folio 135, cuaderno de revisión.
[225] Auto del 3 de septiembre de 2018, numeral segundo, (i)
Si CORPOCALDAS ha realizado visitas de monitoreo para verificar las condiciones
del oso de anteojos “Chucho” desde la llegada al Zoológico. En caso afirmativo
señale las fechas y los resultados de tales visitas.
[226] Folios 145 a 147, cuaderno de revisión.
[227] Ob. Cit., numeral segundo, (ii) La fecha y
contenido de los informes que ha remitido a CORPOCALDAS sobre las condiciones
del oso de anteojos “Chucho” desde su llegada al Zoológico.
[228] Auto 03 de septiembre de 2018, numeral segundo, (iii)
Sobre las condiciones en que se encuentra actualmente el oso de anteojos
“Chucho” en el Zoológico, Específicamente, descripción del hábitat, de la
alimentación suministrada, de los cuidados veterinarios, de su conducta y rutina.
[229] El informe destaca que en general, el manejo de los
osos en semicautiverio está contraindicado (Resolución 2064 de 2010 “Por la
cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y flora
terrestre y acuática, y se dictan otras disposiciones”. Artículo 21);
asegura que el recinto para Osos de Anteojos fue remodelado en 1999 y,
posteriormente, en el 2016 se le realizó mantenimiento general. El hábitat es
descrito como un recinto cubierto divido en dos áreas, una interna destinada al
manejo del animal y una externa que permite la vista al público. La externa “es
un recinto delimitado por muros de concreto, techo en malla y un mirador con
vidrios de seguridad en el frente.” El área interna o de manejo “está
compuesta por un pasillo y tres cubiles con áreas de 16.4 metros cuadrados 8.6
metros cuadrados y 14.1 metros cuadrados, interconectados por compuertas y mallas
para facilitar el desplazamiento entre lugares y los acercamientos (…)”
[230] Anexó fotografías que permiten visualizar al oso
“Chucho” en interacción con una osa de anteojos tanto en el área interna como
externa del recinto y tablas de información en las que establece actividades de
enriquecimiento realizadas al oso junto con la respuesta emitida por este
último.
[231] El condicionamiento fue definido por el Zoológico como
el uso de técnicas para facilitar procedimientos de manejo rutinario y/o
médico, que reduce el tiempo de trabajo y del estrés al lograr que un animal
realice comportamientos de manera voluntaria. “Como técnica de aprendizaje
sólo usamos el método llamado condicionamiento operante. A través de un
comando, el cual es un estímulo visual o vocal, se busca lograr que el animal
realice el comportamiento deseado.” Folio 185, cuaderno de revisión.
[232] Folios 195 a 202, cuaderno de revisión.
[233] Folio 209, cuaderno de revisión.
[234] Auto 03 de septiembre de 2018, numeral tercero, (i)
Las condiciones en que se encontraba el oso de anteojos “Chucho” en la Reserva
Natural del Río Blanco. Específicamente descripción del hábitat, de la
alimentación suministrada, de los cuidados veterinarios, de su conducta y
rutina.
[235] Auto 03 de septiembre de 2018, numeral tercero, (ii)
Si ha realizado visitas de monitoreo para verificar las condiciones de oso de
anteojos “Chucho” desde su traslado a la Fundación Bontánica y Zoológica de
Barranquilla – FUNDAZOO-. En caso afirmativa señale las fechas y los resultados
de tales visitas.
[236] CORPOCALDAS realizó un resumen sobre las visitas
llevadas a cabo, sin anexar los informes correspondientes. Folios 209 a 211,
cuaderno de revisión.
[237] Folio 211, cuaderno de revisión.
[238] Auto 03 de septiembre de 2018, numeral tercero, (iii)
La fecha y contenido de los informes que la Fundación Botánica y Zoológica de
Barranquilla -FUNDAZOO- ha remitido a CORPOCALDAS relacionadas con las
condiciones del oso de anteojos “Chucho” desde su llegada al Zoológico.
[239] CORPOCALDAS aclaró que a partir del último informe
recibido por parte de FUNDAZOO, correspondiente al 6to mes de adaptación del
oso de anteojos “Chucho”, FUNDAZOO se encuentra en la obligación de remitir un
informe anual siempre y cuando no ocurran eventos extraordinarios que afecten
al oso.
[240] Folios 218 a 274, cuaderno de revisión.
[241] Folios 212 a 217, cuaderno de revisión.
[242] Auto 03 de septiembre de 2018, numeral cuarto y
quinto, (i) Si adelanta algún programa de protección y/o conservación del oso
de anteojos o andino. En caso afirmativo informe en qué consiste y de qué forma
controla la población de osos existentes en nuestro país.
[243] Expresó que el programa inició en 2001 y en 2006 se
publicaron avances y se establecieron estrategias para garantizar la
conservación mediante 5 líneas de acción.
[244] Tiene como visión “para el año 2031 las unidades de
núcleo de conservación, se consolidan como paisajes ordenados y manejados,
lográndose la coexistencia entre los osos y las personas, manteniendo
poblaciones viables de oso andino (…)” Folio 279, cuaderno de revisión.
[245] Anexó un CD con el contenido de la mencionada
Estrategia.
[246] Auto 03 de septiembre de 2018, numeral cuarto y
quinto, (ii) Si conoce cuál es la población actual de osos de anteojos o andino
en nuestro país y las condiciones de su hábitat, alimentación, cuidados
veterinarios, conducta, rutina entre otras.
[247] Explica que no existe un censo poblacional que permita
establecer el número de individuos en el territorio nacional y no hay
información sobre la muerte del espécimen debido a que el manejo de especies
silvestres no plantea ningún tipo de intervención sobre los individuos ni sus
poblaciones.
[248] Folio 277, cuaderno de revisión.
[249] Folios 280 y 281, cuaderno de revisión.
[250] Auto 03 de septiembre de 2018, numeral cuarto y
quinto, (iii) Si es posible determinar cuántos especímenes se encuentran en
cautiverio o semicautiverio, quién determina esa condición o cuándo es apto
para liberación.
[251] Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental -CORPONOR-, Corporación Autónoma Regional del Guavio -CORPOGUAVIO-
y Corporación Autónoma Regional de Nariño -CORPONARIÑO.
[252] “Estos errores se deben a un manejo inapropiado del
animal durante la de cautividad prolongada a que se deben someter estos
animales cuando son decomisados desde cachorros, caracterizado por la creación
de una dependencia física, afectiva y de seguridad por parte de los animales al
cuidador”. Folio 278, cuaderno de revisión.
[253] Fundamenta el riesgo en una liberación de patógenos
adquiridos en cautiverio, ocasionado por situaciones de estrés que vivencian
los animales liberados.
[254] “Al haber desarrollado toda su vida en cautividad
convierte al individuo en un ser totalmente vulnerable ante el entorno donde se
libere y las poblaciones naturales que allí se encuentren. […] [A]l no haber
tenido necesidad de buscar alimento, carece de instintos y habilidades que le
garanticen la consecución de alimento, situación que lo puede llevar a morir de
inanición”. Folio 278, cuaderno de revisión.
[255] Folio 312, cuaderno de revisión.
[256] Folio 317, reverso, cuaderno de revisión.
[257] Utiliza como soporte la Sentencia C-173 de 2010. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y lo enunciado por los juristas Canotilho y
Fernández Segado.
[258] Utiliza como referencias las sentencias
constitucionales del río Atrato, río Amazonas y el páramo de Pisba.
[259] Anexó un documento en proceso de publicación de las
memorias del I Congreso Internacional de Debate en Torno a los Animales No
Humanos “Resistir es Especismo: Hacia Comunidades más Animales”, llevado a cabo
el 5 y 6 de noviembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina.
[260] Folio 654, cuaderno de revisión.
[261] Ibídem.
[262] Auto del 3 de septiembre de 2018, numeral séptimo,
ordinales (i), (ii), y (iii).
[263] Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y
Licenciado en Derecho de la Universidad del País Vasco. Doctor en Derecho
Animal; Máster en Derecho del Comercio y la contratación; Diploma de estudios
avanzados en Derecho Romano por la Universidad Autónoma de Barcelona y Socio
fundador de Murlá & Conteras Advocats.
[264] Folio 555, cuaderno de revisión.
[265] Folio 549, reverso, cuaderno de revisión.
[266] Magister en Bioética de la Universidad
Javeriana; Abogado y Filósofo en formación de la Universidad Libre; docente e
Investigador Universitario y Director de Abogato Jurídico.
[267] El interviniente hizo referencia a un test
que creó como parte de una investigación teórico práctica obre el derecho
animal en Colombia, el cual plantea siete postulados encaminados a establecer:
(i) que la acción sea promovida por cualquier persona natural; (ii) el tipo de
animal conforme lo establece la Ley 1774 de 2016; (iii) el lugar en el que se
encuentra sea valorado por un experto en etología y no se apto para su pleno
desarrollo; (iv) que bajo el principio de razonabilidad existe una posibilidad
inmediata de traslado; (v) se realice un diagnóstico veterinario de lesiones físicas
y emocionales del animal; (vi) se establezca que en ese momento el animal NO
esté siendo objeto de Aprehensión material preventiva; (vii) se decida el
reconocimiento de la acción apegado al concepto de Protección Animal
Constitucional. (Folio 354, cuaderno de revisión).
[268] Abogado de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de
la Alcaldía de Medellín; especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo y
especialista en Derecho Procesal Penal y nuevas técnicas de litigación.
[269] Gloria Elena Estrada Cely, Medica Veterinaria PhD;
María Posada Ramírez, Abogada MsC; Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Directorio
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Libre de Colombia; Jorge Ricardo Palomares García, Docente
del Área de Derecho Público de la Universidad Libre de Colombia y Javier
Enrique Santander Díaz, Auxiliar de Investigación de la Facultad de Derecho de
la Universidad Libre de Colombia.
[270] Enuncia que los mandatos constitucionales de
protección animal bajo el principio de solidaridad se encuentran soportados en
las sentencias C-666 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-622 de
2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y la Ley 1774 de 2016.
[271] Realizó diversos cuestionamientos sobre las falencias
en el cuidado del oso “Chucho” por la Reserva Natural del Río Blanco en
supervisión de CORPOCALDAS, los cuales consideró debían ser resueltos a la luz
de un proceso disciplinario por parte de los funcionarios de CORPOCALDAS. Folio
362, cuaderno de revisión.
[272] Folios 360 y 361, cuaderno de revisión.
[273] Folio 361, cuaderno de revisión.
[274] Folio 362, reverso, cuaderno de revisión.
[275] Abogado, miembro del Grupo de Investigación de Derecho
del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia.
[276] Filosofía Ecocéntrica: Protección de derechos
bioculturales de las comunidades, para salvaguardar la estrecha relación de
éstas con el entorno natural.
[277] Indica que en estas leyes se plantea la Madre Tierra
como sujeto de derechos.
[278]  Explica que esta filosofía instaura un nuevo valor o
bien jurídico de la más alta jerarquía a la naturaleza.
[279] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[280] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[281] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[282] Folio 370, cuaderno de revisión.
[283] Biólogo Marino; estudios de Maestría en Ciencias –
Línea Manejo y Conservación de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá y Técnico en Sanidad Animal con énfasis en Fauna
Silvestre del SENA.
[284] (i) Libre de sed, de hambre y de malnutrición; (ii)
Libre de disconfort; (iii) Libre de dolor y enfermedad; (iv) Libre de
expresarse y (v) Libre de miedo y estrés.
[285] Indica cuatro principios de la Bioética: (i)
beneficencia; (ii) no maleficencia; (iii) autonomía y (iv) justicia.
[286] Profesor Universitario; Doctorado en Filosofía de la
Universidad Autónoma de Madrid; Magister en Filosofía de la Universidad del
Rosario; Filosofo y Licenciado en Filosofía; Investigador y profesor de planta
de la Maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos de la Unidad de
Ética y del Departamento de Filosofía de la Universidad Minuto de Dios, Bogotá;
Miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, y del
Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas en
Madrid, España; Investigador en temas de Filosofía Helenística, Éticas
Aplicadas, Ética Animal, y Discursos de Transición Ecosocial.
[287] Explicó, en detalle, por qué el utilitarismo, entendido
como la disminución del sufrimiento o dolor y la maximización del placer o
dicha; la dicha o el sufrimiento total, no individual, es problemático, porque
el individuo sería solo un portador de placer y dolor, pero no un límite para
la acción del otro. Ello justifica, en materia de la ética animal, la
posibilidad moral de que un individuo pueda ser sacrificado en aras de la dicha
o la utilidad general como ocurre en la experimentación con animales, en la
ganadería y en la tauromaquia tradicional, entre otros.
[288] Para sustentar este punto recurrió a las tesis de Martha
Nussbaum que combina la teoría moral con la política para establecer que “al
ser seres con intereses, como el de no sentir dolor, y con capacidades, como la
filiación afectiva o el juego, entre otras, los animales son susceptibles de
ingresar a un marco de justicia que les dispense la posibilidad de desarrollar
sus vidas de acuerdo con lo que persiguen, por lo que son incluidos en el
ámbito estricto de la justicia”. (Folio 374, reverso, cuaderno de Revisión.
[289] Folio 337, cuaderno de Revisión.
[290] Folio 378, cuaderno de revisión.
[291] Folio 378, cuaderno de Revisión.
[292] Auto del 03 de septiembre de 2018. Numerales octavo y
noveno. Solicitar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales realicen una visita a la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO-, con el propósito de
realizar un informe en el cual se verifiquen las condiciones actuales del oso
de anteojos “Chucho”, especialmente, descripción de hábitat, de la alimentación
suministrada, de los cuidados veterinarios, de su conducta y rutina.
[293] Informe Técnico de la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico. Folio 451, cuaderno de revisión.
[294] La respuesta a la solicitud elevada por la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico correspondió a la recibida por esta Corporación
en contestación al auto de referencia, enviada por la Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla -FUNDAZOO-.
[295] Folios 449 a 454, cuaderno de revisión.
[296] Folio 451, cuaderno de revisión.
[297] Auto del 04 de octubre de 2018, numeral primero. Poner
en conocimiento del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
Von Humblodt la presente acción de tutela, con el fin de que remita concepto
sobre el caso de referencia.
[298] Conforme al “Programa Nacional para la Conservación en
Colombia de Oso Andino, Tremarctos Ornatus”, desarrollado por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 2006.
[299] Documento reseñado por European Association of Zoos
and Aquaria -EAZA-: “Guidelines on the Use of Ex Situ management for Species
Conservation (2014)”.
[300] Discurso “En busca de límites para la supremacía del
hombre: una reflexión sobre los animales”. Folios 499 a 532.
[301] Abogado de la Universidad del Rosario, especialista en
Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, y en Docencia
Universitaria del Centro de Estudios Militares – CEMIL. Se encuentra realizando
una maestría en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de
Barcelona (España).
[302] Afirmó que las razones para ese traslado serían: (i) que la alimentación del Oso andino en
la Reserva de Río Blanco constitía en concetrado para perros, desconociendo que
su dieta fundamentalmente se basaba en vegetales; (ii) como consecuencia de la
muerte de su hermana Clarita, el Oso Chucho se sumió en una profunda
depresión, circunstancia que se agravó al no poder compartir o interactuar con
otros individuos de su misma especie. Igualmente; (iii) en la reserva en que se
encontraba solo contaba con asistencia de un veterinario que no tenía
experiencia en fauna silvestre y (iv) el ejemplar se fugó en reiteradas
oportunidades del lugar en el que se encontraba.
[303] Abogado de la Universidad del Norte, Especialista en
Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia, LLM de
Northwestern University con estudios especializados en administración de
empresas del IE. Director Ejecutivo y Socio de la firma AMT Consultores
Legales, ubicada en Barranquilla.
[304] Folio 855, reverso, cuaderno de revisión. Negrita
dentro del texto.
[305] Folio 859, reverso, cuaderno de revisión.
[306] Folio 797, cuaderno de revisión.
[307] Folio 798, reverso, cuaderno de revisión.
[308] Reforzar el estudio de las condiciones
medioambientales que han permitido la permanencia de ejemplares de la especie.
[309] Fortalecer el conocimiento y el manejo de las
poblaciones de oso mantenidas en zoológicos, a través de las que se pueden
generar programas de repoblación.
[310] Implementación de programas regionales de educación
para la acción ambiental, dirigidos a las comunidades con el fin de que sean
ellas mismas quienes planteen soluciones entorno a su problemática ambiental,
para así determinar de qué manera éstas inciden en la sobrevivencia de las
poblaciones de osos presentes aún y a la vez conozcan cuál es el papel que
cumple la especie dentro del ecosistema.
[311] (i) Conservación in situ, mantener unidades de paisajes
que contengan poblaciones viables de oso andino a largo plazo; (ii)
conservación ex situ, estudios de la biología y fisiología de los osos en
cautiverio; (iii) manejo sostenible, modelo de uso y manejo de las poblaciones
naturales prioritarias para la conservación de la especie, y planes de manejo
para la recuperación de éstas; (iv) educación ambiental, busca que los actores
involucrados en las relaciones hombre-oso se den de manera positiva; y (v)
fortalecimiento institucional, capacitar y entrenar al personal, contar con
apoyo científico, técnico, administrativo y económico que permita el desarrollo
de las diferentes líneas de acción del plan.
[312] Información suministrada por el Instituto Humboldt.
[313] Folio 795, reverso, cuaderno de revisión. Cita de un
informe remitido en junio de 2019 por CORPOCALDAS.
[314] Conservación de las áreas protegidas del Sistema,
liderar el Sistema y promover otras estrategias de conservación con la
participación de diversos actores, impulsando modelos de gobernanza.
[315] Folio 1009, reverso, cuaderno de revisión.
[316] Folio 866, reverso, cuaderno de revisión.
[317] Folio 867, cuaderno de revisión.
[318] Médico Veterinario y Zootecnista, con un Magister en
Agroecología, se ha desempeñado como Profesional Especializado del área de
Biodiversidad y Ecosistemas de CORPOCALDAS, por 25 años, en los cuales ha
liderado el proceso de protección de fauna silvestre en la Corporación.
[319] Folio 777, cuaderno de revisión.
[320] Folio 778, cuaderno de revisión.
[321] Ibídem.
[322] Información tomada de
https://www.santuarioosodeanteojos.org/.
[323] Folio 796, cuaderno de revisión.
[324] Representante a la Cámara del Congreso de la República
por la circunscripción de Bogotá, elegido por el Partido Liberal. Es miembro de
la Comisión Primera Constitucional Permanente.
[325] En
su opinión, la Sentencia C-467 de 2016, que declaró exequibles los artículos
del Código Civil que otorgaban a los animales la calidad de bienes muebles
semovientes y bienes inmuebles por destinación, es una muestra de la razón
política que ha impedido reconocer a los animales como sujetos de derechos: “no
queremos asumir la necesidad de un cambio (…) dicho
reconocimiento generaría un conflicto con la producción de materias primas
(carne, lácteos y pieles), la investigación y experimentación con fines
científicos e industriales, la utilización de animales como fuerza de trabajo o
espectáculos públicos y la tenencia de animales domésticos y salvajes.” Folio
827, cuaderno de revisión. Negrita y subraya dentro del texto.
[326] Resaltó
la importancia de la entrada en vigencia de la Ley 1774 de 2016 que modificó la
concepción de los animales como bienes muebles semovientes a seres sintientes,
situación que terminó en convertir a la vida y el bienestar de los animales en
bienes jurídicos de mayor entidad, introduciendo un nuevo título al Código
Penal denominado “Delitos contra la vida, la integridad física y emocional
de los animales.”
[327] Folio 828, cuaderno de revisión.
[328] Folio 830, cuaderno de revisión.
[329] Folio 832, cuaderno de revisión.
[330] Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Boston con estudios en química de la Universidad de William and Mary. Es
fundador y presidente de la organización “The Non-human Rights Project”. El
Proyecto de Derechos No Humanos ha estado litigando la cuestión de la
personalidad y los derechos legales fundamentales de animales no humanos en los
tribunales de EE.UU. mediante la presentación, hasta la fecha, de nueve casos
de hábeas corpus en representación de chimpancés y elefantes
encarcelados desde el 2013 en el estado de Nueva York y en Connecticut.
[331] Citó casos de la Corte Suprema de India y de
Argentina.
[332] Parlamento y Tribunales de Nueva Zelanda.
[333] Doctor en Ciencias Políticas de la Pontificia
Universidad Católica de Argentina (Buenos Aires). Abogado de la Universidad
Pontificia Bolivariana (Medellín), donde también realizó estudios de Filosofía.
Actualmente es profesor asociado en la Universidad de La Sabana.
[334] Folio 848, reverso, cuaderno de revisión.
[335] Folio 849, cuaderno de revisión.
[336] Folio 850, reverso, cuaderno de revisión.
[337] Directora del Instituto de Derecho Comparado Público y
Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania. Ha sido profesora en diferentes
universidades, como la Universidad de Heidelberg, la Universidad Freie de
Berlín, la Universidad de Basel en Suiza, y en la Universidad de Michigan.
[338] Profesora
de investigación de la Institución Catalana de Investigación y Estudios
Avanzados en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, donde
hace investigación en el ámbito de la filosofía del derecho. Es doctora en
filosofía por la Universidad de Oxford y ha centrado su investigación en
estudiar cuestiones de ética y filosofía moral vinculadas a la justicia global
y medioambiental, como la relación entre cambio climático, desigualdades
sociales y ética animal.
[339] Folio 877, cuaderno de revisión.,
[340] Folio 882, cuaderno de revisión.
[341] Folio 886, cuaderno de revisión.
[342] Folio 890, cuaderno de revisión. Énfasis en el texto.
[343] (i) Lo mucho que se pierda al morir “(los animales
K con vidas largas, ricas en experiencias de aprendizaje, explorando vastos
territorios en compañía de nuestros seres queridos, tenemos que perder al
perder la vida).”; (ii) el sufrimiento de los seres queridos con la
pérdida; y (iii) de la vinculación que tienen con su futuro. Folio 891,
cuaderno de revisión
[344] Los animales K tienen mucho interés en la libertad
independiente de su efecto sobre el bienestar. “Nosotros, por ejemplo nunca
preferiríamos que alguien controlase nuestra vida, aun si eso mejorase nuestra
salud y longevidad. En cambio, un camarón, no puede distinguir el estanque en
que vive de uno en el que está preso (...)” Folio 893, cuaderno de revisión.
[345] “Cuando un animal o un niño, aun siendo inteligente,
no puede comprender por qué está solo o encerrado, su sufrimiento es mayor que
el de un adulto que comprende la situación. Y en filosofía, todavía no hemos
encontrado ninguna razón por la que el sufrimiento del mismo tipo, intensidad y
duración tenga mayor importancia moral por ser parte de la vida de un humano o
no humano. Si el sufrimiento es idéntico, su importancia también es igual.”
Folio 893, cuaderno de revisión.
[346] Folio 894, cuaderno de revisión.
[347] Abogada
de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es magister en Derecho
Penal por la Universidad Austral, su tesis se titula “El bien jurídico en el
delito de maltrato animal” dirigida por E. Raúl Zaffaroni. Es docente de
Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires y la Nacional de Rosario. Es
Coordinadora de la Comisión de Jóvenes Penalistas de la Asociación Argentina de
Profesores de Derecho Penal. Es Funcionaria en la Fiscalía Nº4 ante la Cámara
Federal de Casación Penal.
[348] Folio 836, cuaderno de revisión.
[349] Folio 837, cuaderno de revisión.
[350] Folio 387, reverso, cuaderno de revisión.
[351] Folio 840, cuaderno de revisión.
[352] Folio 845, cuaderno de revisión.
[353] Profesora Asistente de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alberta. Su investigación se centra en los animales y la ley, el
derecho constitucional y el derecho constitucional comparado, la igualdad y el
derecho antidiscriminatorio, la teoría legal feminista, la justicia
intergeneracional, y la ley y movimientos sociales.
[354] Mencionó los textos constitucionales de Brasil,
Egipto, Alemania, India, y Suiza que protegen explícitamente los derechos de
los animales.
[355] Hizo referencia al episodio de depresión que atravesó
el Oso con ocasión de la muerte de su hermana Clarita, tal como lo evidencian
los informes veterinarios
[356] Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican
el Código civil, la Ley 84 de ·1989, el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”
[357] En este punto hizo referencia a “más de veinte
sentencias constitucionales relevantes en diez países de América Latina que
incluyen acciones de inconstitucionalidad (p.ej. Colombia, Brasil y Perú),
recursos de amparo (p.ej. Costa Rica), acciones colectivas (p.ej.Bolivia) y
juicios de amparo indirecto (p.ej. México). La acción de habeas corpus también
ha sido utilizada. El primer caso se dio en 2005 en Brasil. En Argentina
recientemente prosperó dos veces -2016 y 2017- asegurándoles la semi-libertad
corporal a dos primates llamadas ‘Cecilia’ y ‘Sandra’, quienes, tras vivir más
de 30 y 20 años confinadas en zoológicos, hoy por fin tienen la oportunidad de
compartir con otros individuos de su misma especie, desplazarse, trepar jugar,
explorar y desarrollar sus capacidades naturales en los entornos protegidos que
son los santuarios.”
[358] Explicó las premisas en las que se basa esta teoría:
(i) existe bastante evidencia científica de que algunas especies tienen
capacidades cognitivas, mentales, de autoconciencia y morales, atributos que no
poseen todas las personas -por ejemplo por personas con algunos tipos de
discapacidad; (ii) reconocerles a los animales el estatus de sujetos de
derechos no implica asignarles, recíprocamente, deberes; (iii) el
reconocimiento de derechos básicos a los animales no supone amenaza alguna para
los derechos de los seres humanos; (iv) la falta de capacidad material y
jurídica para reivindicar sus derechos, no significa que no deban ser
garantizados.
[359]
Sentencia C-187 de 2006.
[360]
García Belaunde explica que la figura protegía del dolo mediante el cual un
hombre libre era sometido por un particular, generalmente justificando el hecho
en el incumplimiento de obligaciones civiles, podía dar lugar al requerimiento
de un pretor quien verificaba las condiciones físicas de la persona afectada;
es decir, no se trataba de un mecanismo de protección frente a las autoridades
públicas, sino un medio para verificar las condiciones en virtud de las cuales
un particular sometía a un hombre libre. García Belaunde, D. (1973). Los
orígenes del habeas corpus. Derecho PUCP, 31, 48
[361] Según el texto de Belaunde en 1215, los Barones del
Reino hicieron una Petición al Rey Juan sin Tierra, a fin de poner freno a sus
actos arbitrarios.
[362]
Su texto parcial es el siguiente: “I.
Cuando una persona sea portadora de un "hábeas corpus", dirigido a un
"sheriff", carcelero o cualquier otro funcionario, a favor de un
individuo puesto bajo su custodia, y dicho "hábeas corpus" se
presente ante tales funcionarios, o se les deje en la cárcel, quedan obligados a
manifestar la causa de esta detención a los tres días de su presentación (a no
ser que la prisión sea motivada por traición o felonía mencionada
inequívocamente en el "warrant") pagando u ofreciendo abonar los
gastos necesarios para conducir al prisionero, que seran tasados por el juez o
tribunal que haya expedido el "hábeas corpus", a continuación del
mandamiento, y que no podrán exceder de doce denarios por cada milla, y después
de haber dado por escrito la seguridad de pagar igualmente los gastos
necesarios para presentar de nuevo al prisionero, si ha lugar, así como la
garantía de que éste no se escapará en el camino; así como remitir dicha orden,
y volver a presentar al individuo ante el Lord Canciller o ante el funcionario
del orden judicial que haya de entender en la causa, a tenor de dicho
mandamiento. Este plazo de tres días es aplicable solamente en el caso de que
el lugar de la prisión no diste más de veinte millas del tribunal o lugar en
que residen los jueces. Si la distancia excede de las veinte millas y no pasa
de cien, el carcelero y demás empleados tendrán diez días de término, y si pasa
de cien millas, veinte días.
(…)”.
[363]
La Constitución de los Estados Unidos de América establece en el artículo 1º.,
sección 9: “(…) No se suspenderá el privilegio del
auto de hábeas corpus, salvo cuando en casos de rebelión o invasión la
seguridad pública así lo exija. No se aprobará ningún proyecto para condenar
sin celebración de juicio ni ninguna ley ex post facto”.
[364] Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículos 8º y 9º: “8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 9.
Nadie podrá se arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.
[365] Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos, aprobado mediante la ley 74 de 1968, artículo 9º: “1. Todo individuo
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de
su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la
acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de
una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda
persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad
posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión
fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa,
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.
[366] Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de
San José de Costa Rica-, aprobada mediante la ley 16 de 1972, artículo 7º:
“Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física,
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las
razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados
contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá
estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6.
Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad
de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención
fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que
se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán
interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este
principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por
incumplimientos de deberes alimentarios”.
[367] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículo XXV: “Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad
sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Todo
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación
injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho
también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.
[368]
Sancionada por la Convención Nacional el 8 de mayo de 1863. Constituciones de
Colombia, tomo IV, biblioteca Banco Popular, págs. 125 y ss. Sección Segunda:
Garantías de los derechos individuales “Art. 15 Es base esencial e
invariable de la Unión entre los Estados el reconocimiento y la garantía, por
parte del Gobierno general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los
estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes y
transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a saber: (…) 3º. La
libertad individual, que no tiene más límites que la libertad de otro
individuo, es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de cuya
ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo o la comunidad. 4º. La
seguridad personal, de manera que no sea atacada impunemente por otro individuo
o por la autoridad pública; ni ser presos o detenidos sino por motivo criminal
o por vía de pena correccional; ni juzgados por comisiones o tribunales
extraordinarios; ni penados sin ser oídos y vencidos en juicio; y todo esto en
virtud de leyes persistentes”.
[369]
Luego, el Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penal-, reguló el
procedimiento para resolver tales peticiones, requisitos que fueron adicionados
mediante el Decreto Legislativo 1156 de 1992, para la procedencia del habeas
corpus en la jurisdicción regional. Posteriormente, la Ley 15 de 1992 adoptó
como legislación permanente el artículo 3º del referido Decreto 1156 de 1992.
[370] “Artículo 4º. DERECHOS INTANGIBLES. De conformidad
con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás
tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de
excepción serán intangibles: (…) el derecho a no ser condenado a prisión
por deudas civiles; el derecho al hábeas corpus y el derecho de los colombianos
por nacimiento a no ser extraditados”.
[371]
Ver entre otras sentencias las C-200 de 2002, C-067 de 2003 y T-260 de 1999.
[372]
La pretensión del peticionario no era precisamente la vida en libertad del oso
Chucho sino el cambio lugar de habitad, del zoológico de Barranquilla a la
Reserva Natural de Manizales.
[373] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, World
Wildlife Fund-WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y European Association of
Zoos and Aquaria -EAZA-.
[374]
Para un estudio comprehensivo sobre la materia, en particular la expresión de
dolor en diferentes clases de animales, tanto vertebrados como invertebrados,
ver Sneddon, L., Elwood R., Adamo, S., Leach M. (2014). “Defining and assesing
animal pain”. Animal Behaviour. Vol. 97, pp. 201-212.
[375]
Sobre la discusión particular acerca de las complejidades de la interacción
social entre animales puede consultarse, entre otros, Hobson, E., Ferdinand V.,
Kolchinsky A., Garland J. (2019) “Rethinking animal social complexity measures
with the help of complex systems concepts”. Animal Behaviour. Vol. 155,
pp. 287-296.
[376]
Estos son los componentes sobre bienestar animal previsto en el artículo 3º de
la Ley 1774 de 2016.
[377]
Con base en esta noción, diversos autores han reconocido la necesidad jurídica
de otorga personalidad y capacidad de acción a elementos de la naturaleza,
precisamente a la desprotección que sufren a partir del carácter
antropocéntrico del orden jurídico tradicional y la ausencia de incentivos para
que las personas ejerzan acciones solidarias a favor del ambiente. Para un
documento pionero sobre esta materia, que data de inicios de la década del
setenta del siglo pasado, Vid. Stone, Christopher
(2010) Should Trees Have Standing?: Law, Morality, and the Enviroment. Oxford
University Press, New York.
[378] Un estudio sobre ese
fenómeno en el derecho estadounidense se encuentra en Thomas, Plank E. (2000)
“The Bankruptcy Trust as a Legal Person” Wake Forest Law Review. Vol.
35, Issue 2.
[379] Sentencia C-452 de 2016,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[380] Sentencias C-355 de
2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería, y SU-096 de
2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[381] Ley 1996 de 2019 “por
medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad.”
[382] M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[383]
La investigación fundacional de esta perspectiva de análisis puede encontrarse
en Singer, Peter (1975) Animal Liberation. A New
Ethics for Our Treatment of Animals. Harper
Collins, New York. Asimismo, una visión enfocada en las capacidades de
los animales y su incidencia en la concepción como sujetos de derecho se
encuentra en Nussbaum, Martha (2007) Las fronteras de la justicia.
Consideraciones sobre la exclusión. Paidós, Barcelona.
[384] Sentencia T-447 de
2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[385]
Scruton, Roger (2006). Animal Rights and Wrongs. Demos, London.
[386]
El especieísmo es la noción según la cual se incurre en una forma de
discriminación injustificada cuando por el solo hecho de pertenencia a una
especie determinada, en este caso la especie humano, se otorga mayor condición
moral a sus individuos en contraposición a otros, como los animales. Vid. Singer,
Peter (1975) Animal Liberation, Op. Cit.
[387]
Sobre una explicación histórica de la construcción del concepto, puede
consultarse: Fioravanti, Maurizio (2011) Constitución: De la antigüedad
hasta nuestros días. Trotta, Madrid.
[388] Nussbaum, Martha
(2007), Ob. Cit.