C-470-16
Sentencia C-470/16
VICTIMA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Exigencia
de denuncia previa ante autoridades competentes para poder acceder a la
asistencia mediata del estado, constituye una medida desproporcionada,
innecesaria y lesiva de sus derechos fundamentales
TRATA DE PERSONAS EN EL DERECHO PENAL-Alcance
TRATA DE PERSONAS-Delito contra la
autonomía personal
DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Alcance
DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Circunstancias
de agravación punitiva
DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Carácter
pluriofensivo
DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Carácter
transnacional/DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y Protocolo de Palermo
VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS-Connotaciones
penales/VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS-Sujeto pasivo indeterminado
TRATA DE PERSONAS Y PROTOCOLO DE PALERMO-Especial tratamiento a mujeres y niños
CONDICION DE VICTIMA DE TRATA DE PERSONAS-Alcance
PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS-Alcance/TRATA DE PERSONAS-Protección personalizada, inmediata
e integral de las víctimas
TRATA DE PERSONAS-Medidas de prevención
VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS-Nivel de
atención inmediata y mediata
ESTRATEGIA NACIONAL PARA PROTECCION Y ASISTENCIA DE VICTIMAS DE
TRATA DE PERSONAS-Integración de programas de
asistencia inmediata y de asistencia mediata
PROTOCOLO DE PALERMO-Alcance de la
protección de víctimas de la trata de personas
TRATA DE PERSONAS Y PROTOCOLO DE PALERMO-Medidas de prevención
DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Investigación
penal y protección de las víctimas
PROTOCOLO DE PALERMO-Asistencia y
protección a víctimas de la trata de personas/TRATA DE PERSONAS-Diferenciación
de las medidas penales y las medidas destinadas a la atención y recuperación de
las víctimas
TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES FRENTE A TRATA DE PERSONAS-Jurisprudencia constitucional
TRATA DE PERSONAS-Vulneración de los
derechos fundamentales de las víctimas
TRATA DE PERSONAS FRENTE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Consecuencias
TRATA DE PERSONAS FRENTE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MENORES DE EDAD-Vulneración
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Intensidad
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Niveles de
intensidad
REVICTIMIZACION-Alcance de la condición/REVICTIMIZACION-Propiciada
por la obligatoriedad de la denuncia/VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS-Consecuencias
de la re-victimización
VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS-Renuencia
a denunciar o imposibilidad de hacerlo lleva a que se niegue la asistencia
mediata
LEY SOBRE TRATA DE PERSONAS Y ATENCION Y PROTECCION DE VICTIMAS DE
LA MISMA FRENTE A LA PRESTACION DE ASISTENCIA MEDIATA SUJETA A QUE HAYA
DENUNCIADO EL DELITO-Test de proporcionalidad
estricto
TEST DE PROPORCIONALIDAD ESTRICTO-Aplicación
DENUNCIA DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS ANTE
AUTORIDADES COMPETENTES-Finalidad e idoneidad de la
medida
LEY SOBRE TRATA DE PERSONAS-Protección a
víctimas comprende una atención inmediata y una atención mediata
DENUNCIA DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS ANTE
AUTORIDADES COMPETENTES-Condición de connotación
penal, ligada a la urgencia de investigar la conducta ilícita y de actuar en
contra de sus autores
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO Y SUS AUTORES-Consagración constitucional/FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Investigación
de hechos que revistan características de delito/FISCALIA GENERAL DE LA
NACION-Ejercicio de la acción penal
DENUNCIA PENAL-Acto constitutivo y
propulsor de la actividad estatal
DENUNCIA PENAL-Fundamento constitucional
DENUNCIA PENAL-Idónea para la
investigación del delito y el obrar contra sus autores
DENUNCIA DE VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS ANTE
AUTORIDADES COMPETENTES-Necesidad de la medida/DENUNCIA
DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Medios alternativos para
reemplazar la obligación de denunciar el delito
DENUNCIA PENAL-Medios diferentes que
hacen posible el conocimiento por la Fiscalía General de la Nación de los
hechos que podrían ser delitos/DENUNCIA PENAL-No es indispensable que
sea la víctima del hecho punible quien ponga en conocimiento de la autoridad la
comisión de un delito
TRATA DE PERSONAS-Delito de
investigación oficiosa que no tiene fundamento para exigir a la víctima la
denuncia obligatoria ni como condición de acceso a la protección integral
DENUNCIA DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Existiendo otras alternativas a la obligación de denunciar, esta
pesa sobre el Estado quien debe activar la jurisdicción penal
DENUNCIA DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Carece del carácter necesario para el test de razonabilidad o
proporcionalidad/DENUNCIA OBLIGATORIA DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS PARA TENER DERECHO A LA PROTECCION MEDIATA DEL ESTADO-Repercusiones
negativas
TRATA DE PERSONAS Y VICTIMAS-Aproximación
no puede ser única y prioritariamente penal
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LA TRATA
DE PERSONAS-Implica por parte de los Estados dar prioridad a la protección
de los derechos de las víctimas desde una perspectiva integral y sin
discriminación
CONSTITUCION POLITICA-Norma vinculante/CONSTITUCION
POLITICA-Proscripción de la trata de personas/CODIGO PENAL-Incorporación
del delito de la trata de personas/TRATA DE PERSONAS-Categoría de
víctima no puede supeditarse a la existencia de un proceso penal
Referencia: Expediente D-11.192
Demandante:
Karen Daniela Rosero Narváez,
actuando como ciudadana y como miembro de la Clínica Jurídica de Interés
Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de la Sabana
Asunto:
Acción pública de
inconstitucionalidad contra el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de
2005, “Por medio de la cual se adoptan
medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de
las víctimas de la misma”
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D. C. treinta y uno (31) de
agosto de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y el trámite establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, la ciudadana Karen Daniela Rosero Narváez, actuando como ciudadana y
como miembro de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana,
demandó el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de
personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”.
Mediante Auto de ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), el Magistrado Sustanciador inadmitió la demanda al considerar que la
actora no logró estructurar suficientemente las razones por las cuales la
prestación de la asistencia mediata para las víctimas del delito de trata de
personas es asimilable a la prestación de la asistencia inmediata y por lo
tanto, debe darse igual trato en los dos casos, pues la prestación de la
asistencia mediata, a diferencia de la asistencia inmediata, está sujeta a que
la víctima haya denunciado el delito ante las autoridades competentes.
De igual manera, se advirtió que la demanda no
cumplía con los requisitos de especificidad y pertinencia propios del escrito
de cargos dentro de las acciones públicas de inconstitucionalidad, de acuerdo
con el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia en esta materia.
El quince (15) de febrero de 2016, dentro del
término previsto para la corrección, la accionante radicó en la Secretaría
General de esta Corporación el escrito de subsanación. Mediante
Auto de primero (1) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el Magistrado
Sustanciador decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y,
simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para
los efectos de su competencia.
En la misma providencia ordenó comunicar la
iniciación del proceso al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República para que, si lo estimaban
conveniente, intervinieran dentro del proceso, con el propósito de impugnar o
defender la exequibilidad de la disposición acusada.
Además, invitó al Presidente de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas, a
Dejusticia, a la Organización Internacional para las Migraciones- Misión en
Colombia, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito-UNODC-, a la Organización Women’s Link Worldwide,
así como a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de
Antioquia, Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Militar, Externado de
Colombia, del Atlántico, Industrial de Santander, San Buenaventura, Andes,
Libre, Gran Colombia, EAFIT, del Rosario, del Norte, Pontificia Javeriana, del
Sinú, Pontifica Bolivariana, Santo Tomas, Sergio Arboleda, del Valle y Autónoma
de Bucaramanga-UNAB, para que intervinieran dentro del proceso, con la
finalidad de rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición
demandada.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte
Constitucional procede a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. EL TEXTO DEMANDADO
A continuación, se transcribe el
artículo 7 de la Ley 985 de 2005, “Por
medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para
la atención y protección de las víctimas de la misma”, según su publicación en el Diario Oficial
N.°46.015 de 29 de agosto y se subraya el aparte demandado.
“LEY 985 DE 2005
Por medio de la cual se adoptan
medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de
las víctimas de la misma
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPITULO IV.
DE LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS
DE LA TRATA DE PERSONAS.
ARTICULO 7o. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA A VICTIMAS. Con el objeto de proteger y asistir a las
víctimas del delito de trata de personas, la Estrategia Nacional incluirá el
diseño y ejecución de programas de asistencia encaminados a su recuperación
física, sicológica y social, y fundamentados en la protección a sus Derechos
Humanos. Estas acciones deberán garantizar la protección a la intimidad y la
identidad de las víctimas, e incluirán, como mínimo:
l. Programas de asistencia inmediata que deberán
satisfacer, por lo menos, las siguientes necesidades: Retorno de las víctimas a
su lugar de origen si estas lo solicitan; seguridad; alojamiento adecuado;
asistencia médica, psicológica y material, e información y asesoría jurídica
respecto a los derechos y procedimientos legales a seguir. Estas prestaciones
serán objeto de la debida reglamentación.
2. Programas de asistencia mediata que incluyan,
entre otros aspectos. Capacitación y ayuda en la búsqueda de
oportunidades de empleo; y acompañamiento jurídico durante todo el proceso
legal, en especial en el ejercicio de las acciones judiciales para exigir la
reparación de los daños que han sufrido las víctimas.
3. En cada consulado de Colombia en el exterior
se deberá ofrecer la debida información y tomar medidas temporales para
garantizar la seguridad de la víctima, salvaguardar su dignidad e integridad
personal y apoyarla en las gestiones que deba adelantar ante las autoridades
del país extranjero. Esta disposición no implicará el incremento de
funcionarios en la planta de personal. Los consulados propenderán, además, por
incentivar el análisis del tema y sensibilizar a los medios de comunicación y a
las autoridades extranjeras frente a la situación de sus víctimas.
PARAGRAFO 1o. La prestación de
la asistencia mediata estará sujeta a que la víctima haya denunciado el delito
ante las autoridades competentes. Esta condición no podrá exigirse para la
prestación de la asistencia inmediata.
PARAGRAFO 2o. El Gobierno coordinará con
las entidades pertinentes la organización de un programa de repatriación para
las víctimas de trata de personas que se encuentren en el exterior.”
III. LA
DEMANDA
La demandante
considera que el precepto objeto de censura constitucional, contenido en el
parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005, contraviene los artículos 1°
y 2° de la Constitución Política y desconoce el bloque de constitucionalidad
(Protocolo de Palermo I, artículos 6 y 9). Lo anterior, con base en los
siguientes argumentos:
En
primer lugar, señala que la Corte Constitucional, en sentencia C-464 de 2014
indicó que “la
trata de personas despliega su origen en el contexto internacional con un grado
de lesividad mucho mayor, como quiera que implica un tráfico de personas
organizado por redes criminales a escala nacional o internacional en las que el
ser humano se convierte en mercancía; de ahí que la reacción del legislador sea
más severa.”
De igual manera, sostiene que según la Organización Internacional de
Migraciones “la trata de personas es un delito trasnacional y una de las
peores violaciones de los derechos humanos. Está considerada como la forma de
esclavitud moderna y el tercer negocio ilícito de mayores dividendos después
del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas”. Dicho delito es
ejecutado por redes criminales organizadas.
Advierte que, en Colombia, ha sido muy
difícil determinar la magnitud del delito de trata de personas, pues, en la
mayoría de los casos, las víctimas se rehúsan a denunciar a sus captores por
temor a ser sujeto de retaliaciones. Es por ello, que el número de denuncias no
permite dimensionar la gravedad del delito. Al respecto, la Organización Internacional
de Migraciones señaló:
“Una razón por la cual no se suele
denunciar este delito tiene que ver con el temor de la víctima a posibles
retaliaciones y amenazas de los tratantes, hacia ella o sus familiares.
Denunciar a un tratante o a su red -generalmente vinculados con la mafia, un
grupo armado ilegal, o personas con poder- puede ser para la víctima más
riesgoso que guardar silencio. Adicionalmente, las grandes deudas económicas
por saldar con los tratantes, o el escarnio público que pueda generar el
conocimiento de la situación, inhibe a la persona objeto de la trata a acudir a
las autoridades”.
Indica que la Corte Constitucional, en
Sentencia T-496 de 2008 señaló que: “la seguridad personal, en el
contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él,
pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección
de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de
cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal,
que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden
conjurar o mitigar”.
Refiere que, de conformidad con lo
plasmado en el artículo 9 del Protocolo de Palermo, el Estado Colombiano tiene
la obligación de evitar la revictimización o victimización secundaria de las
víctimas del delito de trata de personas, sin embargo, con la disposición
acusada, el Estado desconoce dicho precepto, pues sujeta la prestación de la
asistencia mediata a que las víctimas de dicho delito lo denuncien.
Así pues, la
revictimización se produce cuando las instituciones encargadas de la protección
de una víctima no atienden sus necesidades, ni facilitan los medios para su
recuperación plena. En palabras de los psicólogos Montada y Albarrán “la
victimización secundaria es una reacción social negativa generada como
consecuencia de la victimización primaria, donde la victima re-experimenta una
nueva violación a sus derechos legítimos, cuando la policía, las instituciones
sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la situación de la
víctima, a nivel económico, social, físico y psicológico.”
En segundo lugar, aduce
que el interés jurídico que se busca proteger al exigir la denuncia del delito
de trata de personas “tiene fundamento en diversos principios
constitucionales asociados con las exigencias de solidaridad y de contribución con
el sistema de administración de justicia”, es decir, con el interés
general. No obstante, considera que, aun cuando con la denuncia se busque
proteger cierto interés estatal, dicha exigencia es desproporcionada para las víctimas
del delito de trata de personas, pues evita que las mismas puedan reconstruir
su proyecto de vida, en contra del derecho a la dignidad humana.
En virtud de lo
anterior, la actora acude al test de proporcionalidad, en sentido estricto, para
determinar la finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida
correspondiente a exigir a las víctimas de trata de personas que denuncien el
delito, como un requisito sine
qua non, para poder recibir la asistencia mediata establecida en la
Ley 985 de 2005.
Refiere que, en
principio, el requisito de denunciar el delito de trata de personas no tiene la
entidad suficiente para afectar el bien jurídico protegido que es el derecho al
desarrollo del proyecto de vida de las víctimas, es decir, su derecho a la
dignidad humana, pues dicha medida solo busca proteger a la víctima y a la sociedad
con el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que prevé la limitación de los derechos y libertades en razón del
interés general.
En ese orden de ideas,
el requisito de denuncia puede ser considerado como un deber que tienen las
personas para ayudar al Estado en su obligación de protección de la comunidad y
como el deber del particular de colaborar con el bienestar de la sociedad, por
lo que, a primera vista, se puede concluir que dicha medida persigue un fin
constitucionalmente legítimo.
Recuerda que para
determinar si la medida es idónea, según la Corte Constitucional, “se debe verificar
si aquella resulta útil y adecuada para alcanzar la finalidad
constitucionalmente legítima que persigue”, así pues, debe analizarse si la
denuncia como forma de garantizar el interés general cumple con los fines constitucionales
propuestos: la exigencia de solidaridad y la contribución con el sistema de
administración de justicia.
Respecto a la exigencia
de solidaridad contemplada como el deber constitucional que tiene todo
ciudadano para actuar respecto a situaciones que pongan en peligro la vida o
salud de las personas, se entiende que la víctima de trata de personas al
denunciar la conducta delictual cumple con su deber constitucional de solidaridad
y, por ende, con uno de los dos fines contemplados respecto a la denuncia como
garantía de la protección del interés general.
En relación con la
contribución a la administración de justicia se debe entender que la denuncia
realizada por la víctima de trata de personas, es una de las tres formas que ha
considerado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de
poner en conocimiento de la jurisdicción penal, el acontecimiento de un hecho
delictual. Al respecto, la UNODC ha dicho:
“la denuncia es
conocida como la noticia criminis y es la información primaria que se tiene
sobre la posible realización de un hecho delictivo, en este caso, relacionado
con la trata de personas y que sirve como detonante para el proceso de
investigación, es decir, para conocer las diferentes fuentes de información y
obtener evidencias e indicios que eventualmente puedan constituirse como
pruebas que, en el marco judicial, sirvan para debatir sobre la subsistencia o
no de la presunción de inocencia de la que gozan los imputados e imputadas”.
En ese orden de ideas,
el requisito de denuncia resulta útil y adecuado para cumplir con el fin de
contribución a la administración de justicia.
Considera que para
saber si la medida de obligar a las víctimas a denunciar el delito de trata de
personas, con el fin de que puedan recibir la asistencia mediata por parte del
Estado, es una medida necesaria para garantizar el interés general, se debe
determinar, primero, si esta es la única forma en que el Estado puede tener
conocimiento de la información delictual y, segundo, si constituye el medio
alternativo menos lesivo del derecho de las víctimas de reconstruir su proyecto
de vida.
Al respecto, la
demandante advierte que la denuncia no es el único medio a través del cual el
Estado puede tener acceso a información respecto del delito de trata de
personas, pues existen otras formas de activar la acción penal como los
reportes entregados por las autoridades migratorias o las denuncias realizadas
por los consulados y fundaciones que son menos lesivas de los derechos de las
víctimas y salvaguardan el interés general.
Informa que, sobre el
tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló:
“este Tribunal debe
reiterar que aun cuando la aplicación de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes
no haya sido denunciada ante las autoridades competentes, en todo caso en que
existan indicios de su ocurrencia el Estado deberá iniciar de oficio y de
inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita
determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a
los responsables e iniciar su procesamiento. (…)”
“Es indispensable
que el Estado actúe con diligencia para evitar las prácticas de tortura,
tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor,
de denunciar los hechos.”
Señala que, en Colombia, la trata de personas, por ser
considerada como un delito, es de investigación oficiosa por parte de la
Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 250 de la
Constitución Política. Así mismo, refiere que el artículo 67 del Código de
Procedimiento Penal prevé el deber de toda persona de denunciar a la autoridad
los delitos cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de
oficio. La omisión del deber de denuncia puede generar responsabilidad penal.
Del mismo modo, informa que otra
alternativa menos lesiva para los derechos de las víctimas del mencionado
delito es el Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas, pues este
tiene, entre otras funciones, “el servir de órgano asesor y recomendar la
realización de acciones a las distintas dependencias o entidades del Estado en
la lucha contra la trata de personas”, así como también, le corresponde “formular
recomendaciones en materia de persecución criminal del delito de trata de
personas y del fortalecimiento de la capacidad del Estado en este campo”.
Finalmente, al examinar si la medida
acusada es proporcional, es decir, si sus beneficios exceden a las
restricciones impuestas sobre otros principios y derechos afectados, la actora
precisó, que con la disposición acusada, el legislador privilegió la obligación
del Estado de proteger el interés general sobre los derechos de las víctimas
del delito de trata de personas, desconociendo la sólida tradición humanista construida
por vía jurisprudencial y afectando gravemente el núcleo esencial del derecho a
la dignidad humana de las víctimas del mencionado delito.
Lo anterior, al advertir que para las
víctimas de la trata de personas el denunciar el delito ante las autoridades
competentes implica su re-victimización, pues se ven sometidas a una nueva
persecución por parte de los criminales que buscan que se retracten. En cambio,
si la investigación del delito se adelantara de oficio y, en consecuencia, la
víctima pudiera acceder a la asistencia mediata sin condicionamientos sería
casi que inexistente la posibilidad de una nueva persecución, pues la
organización criminal percibiría que la acción de las autoridades no fue
provocada por esta.
Advierte que el beneficio generado con la
medida es mínimo, pues, aunque la víctima presente la denuncia con ello no se
logra desmantelar a las organizaciones criminales dedicadas al delito de trata
de personas, por cuanto las investigaciones no logran avanzar demasiado. Prueba
de ello, es el último informe de la Fiscalía General de la Nación, según el
cual, por el delito de trata de personas, en el sistema mixto, solo ha sido
asignado un caso y practicado otro y, en el sistema penal acusatorio han sido
asignados 166 casos, practicados 151, cancelados 10 y 26 están pendientes.
En ese orden de ideas, la demandante
estima que la medida de obligar a las víctimas a denunciar el delito de trata
de personas para que puedan acceder a la asistencia mediata que ofrece el
Estado es desproporcionada, pues el beneficio que genera no se compara con el daño
que causa al proyecto de vida de las víctimas y en consecuencia a su dignidad
humana.
Por último, la accionante señala que con
la demanda no busca demostrar la violación del derecho a la igualdad, ni
comparar la asistencia mediata con la asistencia inmediata, sino demostrar la
desproporción de la medida frente al derecho a la dignidad de las víctimas.
De conformidad con lo expuesto, la
ciudadana Karen Daniela Rosero Narváez, actuando como miembro de la Clínica
Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, solicita a la Corte
Constitucional declarar inexequible el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley
985 de 2005 “Por medio de la cual se
adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y
protección de las víctimas de la misma”. Así mismo, solicita a la Corporación que se pronuncie sobre la
inaplicación por inconstitucionalidad de las normas concordantes contenidas en
el Decreto 1066 de 2015.
IV. INTERVENCIONES
Vencido el término de fijación
en lista, y en cumplimiento de lo ordenado en Auto de 1° de marzo de 2016, la
Secretaria General de esta Corporación informó que, de acuerdo con las
comunicaciones libradas, se recibieron los siguientes escritos de intervención:
1. Corporación Espacios de
Mujer
Betty Pedraza Lozano, Directora
de la Corporación Espacios de Mujer de Medellín, coadyuva la demanda de la
referencia con base en los siguientes argumentos:
Señala que la Corporación
Espacios de Mujer es una organización de la sociedad civil colombiana que
adelanta procesos de prevención y atención a las víctimas del delito de trata
de personas, por lo anterior, durante el periodo comprendido entre los años
2004 y 2015, atendió a 127 personas, 119 mujeres y 8 hombres, quienes en su
mayoría fueron objeto de prostitución forzada.
Sostiene que, para las víctimas
del mencionado delito, el recibir asistencia integral, especializada, digna, oportuna
y constante en el tiempo, constituye un elemento esencial para poder reintegrarse
a la sociedad y recuperar los derechos que les han sido vulnerados, no obstante,
día a día, se encuentran con obstáculos que les impiden lograrlo como, por
ejemplo, la disposición acusada.
Afirma que las víctimas del
delito de trata de personas, usualmente, se rehúsan a denunciar a sus captores por
temor a retaliaciones o porque no quieren ser estigmatizados por la comunidad o
sus familias, como por ejemplo, sucedió en el año 2008, cuando dos víctimas de trata
externa, que denunciaron el delito, “desparecieron” unos días antes de rendir
su testimonio ante la Fiscalía, así mismo, en dicho año, otra víctima, que
había denunciado, nunca se presentó para acusar formalmente al hombre que fue
capturado. De igual manera, en el año 2014, una mujer víctima del mencionado
delito que denuncio y pidió protección al Estado sin obtener respuesta, fue
apuñaleada.
Así las cosas, indica que, si
las víctimas del delito de trata de personas no denuncian a sus captores, estas
no podrán acceder a la asistencia mediata, lo que claramente va en contra de
sus derechos fundamentales. Por consiguiente, solicita a esta Corporación que
declare inexequible el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005.
2. Corporación Tamar
Nancy Edith Alarcón Moreno,
Directora y Representante Legal de la Corporación Tamar, solicita a la Corte
Constitucional declarar inexequible el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley
985 de 2005, por considerar que con dicho precepto se atenta contra los
derechos de las víctimas del delito de trata de personas.
Señala que la Corporación Tamar
interviene en el proceso de la referencia por ser una organización de la
sociedad civil que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos,
por ello aborda problemáticas como la trata de personas.
Indica que con la Ley 985 de
2005, en Colombia, una víctima de trata de personas, que no denuncia el delito
ante las autoridades competentes, solo recibe por parte del Estado la asistencia
inmediata que consiste en una valoración médica y psicológica, alimento y
alojamiento por cinco días, es decir, no se le presta un apoyo constate que le
permita restablecer sus derechos, lo que implica su re-victimización.
Refiere que el legislador, con
la disposición acusada, desconoce que las víctimas de trata de personas,
usualmente, son amenazadas para que no denuncien el delito, lo que impide que
estas sean atendidas y protegidas por el Estado y, por ende, que retomen su
proyecto de vida.
Advierte que la denuncia no es
el único medio para que se inicie una investigación penal por el delito de
trata de personas, pues este tipo de crimen también puede ser investigado de
oficio, en esa medida, el condicionar la prestación de la asistencia mediata al
cumplimiento de dicho requisito constituye una exigencia innecesaria,
irracional y desproporcionada para las víctimas, que pone en riesgo su vida y
la de su familia.
Sostiene que el Departamento del
Estado de Estados Unidos, en su informe del año 2015, le recomendó al Estado
Colombiano que revisara la normatividad que exige a las víctimas de trata de
personas denunciar el delito para poder recibir la asistencia mediata, pues, en
primer lugar, con dicho requisito no se establece cuántas son las víctimas del
mencionado delito, toda vez que la mayoría no denuncia por temor a represalias
y en segundo lugar, existen falencias en el sistema penal porque los
funcionarios no investigan de manera proactiva.
Así mismo, recuerda que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados a adoptar un
enfoque de derechos humanos a la hora de combatir la trata de personas, pues “En
el caso de las víctimas, la utilización de una perspectiva penal por parte de
los Estados en lugar de una perspectiva de derechos humanos para atender su
situación ha creado profundos obstáculos para que puedan reintegrarse a la
sociedad.”
Refiere que la disposición
acusada vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas del delito de trata de
personas pues, en contra de lo que establece
el precepto censurado, las Leyes 1448 de 2011 y 1257 de 2008 no les exigen a las víctimas del conflicto
armado interno y a las mujeres víctimas de violencia y discriminación que denuncien
los delitos para recibir la asistencia por parte del Estado.
Con la Ley 1448 de 2011, el
legislador otorgó garantías en materia de salud, educación y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado, sin embargo, no les exigió para
recibirlas que denunciaran el delito, solo que rindieran una declaración ante
el Ministerio Público sobre los hechos victimizantes, para que fuera dicha
entidad quien informara a las autoridades judiciales y administrativas lo
sucedido. Por su parte, la Ley 1257 de 2008 adopta normas para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia, tales como pedir al comisario de familia
una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o
agresión o evite que esta se realice cuando fuera inminente, y tampoco supedita
su aplicación a que la víctima denuncie.
En contra de lo anterior, para
que una víctima de trata de personas reciba asistencia hasta por seis meses
debe haber denunciado el delito ante las autoridades competentes, pues de lo
contrario, no podrá ser beneficiaria de los servicios esenciales para su
recuperación física, psicológica y social.
Finalmente, manifiesta que el
requisito de exigir a las víctimas de trata de personas que denuncien el delito
para poder recibir la asistencia mediata constituye una grave violación a los
derechos humanos, ya que prevalece la persecución penal de los delincuentes
sobre el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
3. Corporación Anne Frank
Claudia Yurley Quintero Rolon, Miembro
de la Corporación Anne Frank, coadyuva la demanda de la referencia por considerar
que la disposición acusada constituye un obstáculo para que las víctimas del
delito de trata de personas reciban la atención integral que necesitan para restablecer
sus derechos.
Indica que la trata de personas
en Colombia no afecta solo a las mujeres, pues niños y hombres también sufren
dicha esclavitud de diferentes formas, como, por ejemplo, los jóvenes que son
usados por las BACRIM. Refiere que para las víctimas del mencionado delito es
muy difícil denunciar por temor a futuras agresiones, por lo que se debe
garantizar su atención integral sin exigir dicho requisito o cambiarlo por uno
proporcional, como el que se les exige a las víctimas del conflicto armado,
quienes ponen en conocimiento del Ministerio Público, bajo reserva, los hechos
victimizantes, pues el Estado no tiene la capacidad de proteger a todas las víctimas.
4. Fundación Mariano Ospina
Pérez
Ángela Ospina de Nicholls, Directora
de la Organización Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas -Fundación
Mariano Ospina Pérez- solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible
la disposición demandada.
Indica que el proyecto de Ley
No. 17 de 2004 presentado en el Senado de la República, que dio origen a la Ley
985 de 2005, buscaba implementar una política pública, en materia de trata de
personas, que superara la dimensión penal de la conducta y que proporcionara a
las víctimas una respuesta adecuada para superar las consecuencias, de corto y
de largo plazo, que ocasiona el ser objeto de dicho delito.
El proyecto, en su versión
inicial, contemplaba una fórmula de protección gradual de las víctimas que buscaba
satisfacer tres objetivos diferentes, a saber: (i) proporcionar una atención
inmediata y urgente a quienes lograban salir de su situación de víctimas; (ii)
suministrar mecanismos posteriores de apoyo encaminados a que estas personas superaran
las causas que habían facilitado su victimización, como por ejemplo, la
pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades e (iii) incentivar a las
víctimas para que iniciaran las acciones penales correspondientes.
Advierte que el proyecto de ley,
desde sus inicios, planteó que la respuesta del Estado a favor de las víctimas
de trata de personas debía quedar condicionada a que hubiera una previa
formulación de demandas penales, así mismo, que la Fiscalía General de la
Nación, a través del programa de protección y asistencia a las víctimas y
testigos, sería la encargada de proteger a las víctimas del tráfico o trata de
personas. Considera que el condicionamiento previsto no solo impide que la
política en materia de trata de personas opere de manera adecuada, sino que,
además, desconoce garantías fundamentales.
Al respecto señala que la Corte
Constitucional, en Sentencia T-327 de 2001, al estudiar el caso de un
desplazado por la violencia que no pudo acceder a los programas de protección,
porque no estaba inscrito en el registro del Ministerio del Interior, sostuvo:
“que no se puede tener como requisito sine qua non para el ejercicio de
derechos fundamentales de los desplazados la certificación de la ‘condición de
desplazado’ del Ministerio del Interior”. Lo anterior, tras considerar que (i)
el régimen de protección de víctimas está consagrado no sólo en las normas constitucionales
sino también en instrumentos supraconstitucionales reconocidos por Colombia,
(ii) el desplazamiento es un delito que lleva a que sus víctimas queden en
condiciones graves de vulnerabilidad y a que sus libertades y garantías básicas
se vean afectadas, (iii) esta erosión de las garantías constitucionales básicas
que sufren las victimas de desplazamiento lleva a que adquieran derechos
prestacionales específicos encaminados a garantizar su atención humanitaria,
(iv) la condición de víctima no depende de que haya un reconocimiento estatal
previo que así lo disponga.
En esa medida, el Estado no
puede “condicionar la existencia de una realidad a la afirmación de su
configuración por parte de las autoridades”, (v) las entidades responsables
de la atención humanitaria no pueden someter a las víctimas a requisitos desproporcionados,
sino que deben proceder, de forma expedita, a proporcionarles los medios de
protección previstos a su favor en el ordenamiento jurídico.
Señala que si bien los delitos
de desplazamiento forzado y trata de personas son diferentes, las
consideraciones mencionadas son aplicables para los dos casos, pues las
víctimas de trata también quedan expuestas a situaciones extremas de
vulnerabilidad y, por lo tanto, tienen derecho a la especial protección del
Estado.
Manifiesta que la disposición
acusada viola el principio de dignidad humana, toda vez que en lugar de
promover los derechos humanos de las personas víctimas del delito de trata, las
somete a situaciones de exclusión y marginalidad. Así mismo, vulnera su
autonomía, pues las obliga a denunciar el delito para poder acceder a la
asistencia mediata cuando deberían recibirla por el solo hecho de haber
padecido semejante ultraje.
Refiere que con el parágrafo
1°del artículo 7 de la Ley 985 de 2005 se expone a las víctimas del delito de trata
de personas, que no denuncian, a sufrir, nuevamente, dicha explotación, pues no
se facilita el acceso a un trabajo formal, tampoco se les asesora jurídicamente,
lo que ocasiona que no logren estabilizarse de una forma integral.
Por otro lado, sostiene que el
obligar a las víctimas de la trata de personas a presentar la correspondiente
denuncia como requisito para acceder a los servicios de la asistencia mediata
desconoce los estándares internacionales de los derechos humanos, por ejemplo,
según los principios y directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos “los derechos humanos de las personas objeto de
trata constituirán el centro de toda labor para prevenir y combatir la trata de
personas y para proteger y dar asistencia y reparación a las víctimas”, sin
embargo, con la norma demandada se da prioridad a la persecución penal del
delito.
Del mismo modo, considera que el
parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005
viola el principio de debida
diligencia, consagrado en varios instrumentos internacionales y según el cual,
“Los Estados tienen la obligación, con arreglo al derecho internacional, de
actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar
y procesar a quienes la cometen y ayudar y proteger a las víctimas de ella”, toda
vez que dicho precepto condiciona la prestación de la asistencia mediata a que
las víctimas del mencionado delito denuncien. Al respecto, la Relatora Especial
sobre Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, en el informe de 31 de
marzo de 2015, señalo:
“En la actualidad, la asistencia y el apoyo a
las víctimas de trata y explotación suelen depender de tres factores
principales: la situación de la persona en materia de inmigración y residencia;
el inicio de actuaciones penales por el delito de trata; y la cooperación con
los agentes del sistema de justicia penal. Como consecuencia de ello, la
asistencia, el apoyo y, en última instancia, los accesos a los mecanismos de
reparación siguen estando fuera del alcance de un gran número de personas
objeto de trata y explotación, que temen ser deportadas o detenidas, o que
desconfían de las autoridades y tienen miedo de perder la posibilidad de llevar
adelante su proyecto de migración. Además, hay indicios y motivos de
preocupación respecto de que la actual estructura de la mayoría de los
mecanismos de apoyo y asistencia podría dar lugar a la discriminación contra
las víctimas que no desean o no pueden cooperar con las autoridades. La
asistencia y el apoyo a los niños víctimas de la trata y otros niños
vulnerables y explotados también exige que se les proporcione asistencia y
protección adecuadas, teniendo plenamente en cuenta sus derechos humanos y sus
necesidades especiales.
61. En particular, la protección y la asistencia
no deben condicionarse a la capacidad o la voluntad de las víctimas de cooperar
con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, con independencia de que
se inicien acciones judiciales o se presenten cargos contra los traficantes y
explotadores, o de que el delito esté tipificado como trata o como otro delito
distinto o menos grave. A este respecto, la Relatora Especial tiene previsto
seguir estudiando la necesidad de dar acceso sin condiciones a una amplia gama
de servicios de apoyo a las víctimas de trata, incluidos los niños, que suelen quedar
sin la asistencia o el apoyo que necesitan para acceder a los mecanismos de
reparación, incluida una indemnización —situación que agudiza el riesgo de
nuevas violaciones de los derechos humanos”.
Finalmente, refiere que la
disposición acusada vulnera el derecho a la igualdad, pues da un tratamiento
diferente a dos grupos de personas que están en la misma condición, la de ser
víctimas del delito de trata de personas, sin embargo, aquellas que no
denuncien no recibirán por parte del Estado la asistencia integral.
5. Fundación Esperanza
Victoria Eugenia Giraldo Villa,
Directora Ejecutiva de la Fundación Esperanza, solicita a la Corte
Constitucional declarar inexequible la disposición acusada, toda vez que impide
el restablecimiento de los derechos de las víctimas del delito de trata de
personas.
6. Universidad del Rosario
Carmen Lilia Uribe Moya,
Coordinadora del Área de Familia del Consultorio Jurídico de la Universidad del
Rosario, solicita a la Corporación declarar inexequible el parágrafo 1°del
artículo 7 de la Ley 985 de 2005.
Indica que según el Manual de
Abordaje, Orientación y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas con
Enfoque de Género, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Organización
Internacional para las Migraciones, “la asistencia de reintegración busca
que las víctimas se reintegren a la sociedad, mediante un fuerte trabajo en
empoderamiento y apoyo a las mismas, para realizar sus proyectos de vida, a
través de la recuperación física, psicológica y social en el marco del
ejercicio de sus derechos humanos. Lograr un proceso de asistencia de
reintegración adecuado y exitoso parte del reconocimiento que cada víctima es
diferente y por lo tanto presenta necesidades diferentes, por ende, como se
indicó en el proceso de asistencia inmediata/ emergencia se requiere de una
asistencia diferencial. Esta etapa de asistencia inicia una vez la víctima ha
salido de la situación de emergencia y, mediante la elección
informada-consentimiento informado-, toma la decisión de manera autónoma de
iniciar el proceso. La duración de esta etapa de asistencia varía dependiendo
del caso en particular, sin embargo, se tiene como referencia que podrá ser
entre tres (3) y seis (6) meses, y se debe prolongar hasta que se restablezcan
los derechos de la víctima.”
De conformidad con lo expuesto,
considera que el exigir requisitos de procedimientos adicionales para la
obtención de esta asistencia vulnera derechos fundamentales de las víctimas del
delito de trata de personas, tales como la dignidad humana, el desarrollo de la
personalidad y el derecho a una vida en condiciones dignas, por consiguiente, sujetar
la asistencia mediata a que las víctimas denuncien resulta inconstitucional.
Sostiene que garantizar los
derechos humanos de las víctimas es comprender, dentro del contexto y según las
características especiales del delito, las circunstancias que las rodean cuando
acuden al Estado en busca de apoyo después de haber padecido tales experiencias
traumáticas; significa analizar, con enfoque diferencial, la situaciones a las
que fueron sometidas y los efectos que las conductas de los victimarios producen
en su salud física y mental; es propender a que la víctima reciba atención
inmediata y mediata, sin perjuicio de su interés o renuncia a denunciar; lo
anterior, con el fin de que se sienta empoderada para delatar a sus agresores,
de tal manera que se equilibre el interés colectivo y la garantía de su
dignidad e integridad personal.
Señala que el Estado Colombiano,
como garante de los derechos fundamentales y en su calidad de sujeto de derecho
internacional, ha ratificado cada uno de los instrumentos construidos para la
lucha contra el abuso, explotación y tráfico de personas, en consecuencia, no
solamente debe propugnar por la elaboración de políticas gubernamentales o la
creación de organismos interestatales en contra del flagelo, sino además
materializar cada uno de los derechos reconocidos a las víctimas con base en la
normatividad que rige la materia, sin restringir el cumplimiento de los deberes
que tanto las normas nacionales como los tratados internacionales le imponen.
7. Ministerio de Salud y
Protección Social
Diana Marcela Roa Salazar, actuando
en nombre y representación del Ministerio de Salud y Protección Social,
solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la norma demandada por considerar
que esta se ajusta al ordenamiento constitucional, toda vez que pretende
proteger la dignidad humana, el derecho a la asistencia mediata y los derechos
fundamentales de las víctimas de trata de personas, además busca fortalecer la
labor de los organismos de investigación y de policía judicial al perseguir las
diferentes modalidades de trata de personas. Así mismo, señala que el
Ministerio de Salud y Protección Social garantiza el derecho a la salud de las
víctimas de trata de personas a través de la asistencia inmediata y mediata.
8. Universidad del Norte
Cindy Paola Hawkins Rada y Maira
Alejandra Kleber Sierra, miembros de la Clínica Jurídica de Migrantes,
Refugiados y Trata de Personas del Grupo de Litigio de Interés Público de la
Universidad del Norte, solicitan a la Corte Constitucional declarar inexequible
la disposición acusada porque constituye una violación al derecho a la dignidad
humana de las víctimas del delito de trata de personas, pues las obliga a
denunciar para poder recibir la asistencia mediata, lo que contribuye a su re-victimización
e impide su recuperación psicológica y social de forma integral.
9. Universidad Santo Tomas
Ciro Nolberto Güechá Medina, Decano
de la Facultad de Derecho y Carlos Rodríguez Mejía, Profesor del Consultorio
Jurídico Internacional, de la Universidad Santo Tomas, solicitan a la
Corporación declarar inexequible el parágrafo 1°del artículo 7 de la Ley 985 de
2005, toda vez que va en contra de lo dispuesto en la Constitución Política y
en instrumentos internacionales, pues impone una carga desproporcionada para
las víctimas del delito de trata de personas al obligarlas a denunciar. Así
mismo, vulnera sus derechos a la dignidad humana y a la intimidad personal, en
la medida en que el recordar los hechos constitutivos del delito las re-
victimiza.
10. Pontificia Universidad
Javeriana
Milad Said Barguil, María Alejandra
Pájaro y Gabriel Suarez, miembros del Grupo de Acciones Públicas del Departamento
de Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana, solicitan a la Corte
Constitucional declarar inexequible la disposición demandada.
Para los intervinientes, el
Estado Colombiano está sujeto a instrumentos internacionales que lo obligan, en
virtud del artículo 93 de la Constitución Política y del principio pacta
sunt servanda, a garantizar a las víctimas del delito de trata de personas,
entre otras cosas, oportunidades de empleo y asistencia jurídica, es decir
asistencia mediata, sin ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, el Alto
Comisionado para los Derecho Humanos, en relación con el principio de protección
y asistencia para las víctimas de trata de personas indicó:
“Los Estados velarán por
proteger a las víctimas de la trata de personas de mayor explotación o mayores
daños y porque tengan acceso a atención física y psicológica adecuada. La
protección y la asistencia no estarán subordinadas a que las víctimas de la
trata de personas puedan o quieran cooperar en un procedimiento judicial.”
Así mismo, advierten que la
Directriz Sexta sobre los Derechos Humanos y Trata de Personas prevé que “no
es posible romper el ciclo de la trata de personas sin prestar atención a los
derechos y las necesidades de las víctimas. Hay que dar asistencia y protección
adecuados a todas las víctimas de la trata de personas sin discriminación.”
Del mismo modo, los Estados deben “cerciorarse de que los procedimientos
judiciales en que tomen parte las víctimas de trata de personas no redunden en
desmedro de sus derechos, su dignidad ni su bienestar físico y psicológico”.
En ese orden de ideas,
consideran que el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005, al
establecer que la prestación de la asistencia mediata estará sujeta a que la
víctima de trata de personas haya denunciado el delito ante las autoridades
competentes, contraría disposiciones internacionales vinculantes para el Estado
Colombiano.
11. Universidad Libre
Jorge Kenneth Burbano
Villamarin, Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional
de la Facultad de Derecho y Javier Silva Sánchez, Profesor del Área de Derecho
Penal de la Universidad Libre de Bogotá, solicitan a la Corporación declarar
inexequible la norma acusada, toda vez que da preeminencia a un procedimiento
instrumental por encima de la protección integral a que tienen derecho las
víctimas de trata de personas, lo que repercute en su dignidad humana.
Recuerdan que sobre el tema, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “En el caso de
las víctimas, la utilización de una perspectiva penal por parte de los Estados
en lugar de una perspectiva de derechos humanos para atender su situación ha
creado profundos obstáculos para que puedan reintegrarse a la sociedad.”
12. Universidad de San
Buenaventura
Alba Liliana Silva de Roa,
Decana de la Facultad de Derecho, Luz Elena Figueroa Gómez, Coordinadora de la
Clínica Jurídica, Adriana Lucia Goeta Aguirre y Marcela García Herrera,
Estudiantes de Derecho de la Universidad San Buenaventura, Seccional Cali, solicitan
a la Corte Constitucional declarar inexequible el parágrafo 1° del artículo 7
de la Ley 985 de 2005.
Refieren que el artículo 74 del
Código de Procedimiento Penal establece los delitos que requieren de querella
para que se inicie la respectiva acción penal, para el resto, el artículo 66
del mismo código prevé que la acción se adelantara de oficio.
Advierten que, a pesar de que,
por mandato legal y constitucional, la denuncia no es un requisito obligatorio
para iniciar la acción penal por el delito de trata de personas, el parágrafo
1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005 sí les exige a las víctimas que la
presenten, como una condición necesaria, para poder recibir la asistencia
mediata.
Señalan que, si bien es indispensable
que el Estado tenga conocimiento de la situación de una víctima, a través de la
denuncia, para poder darle la asistencia requerida, esto no la protege, pues,
tal y como lo ha señalado Naciones Unidas, los tratantes tienen el poder
económico para traspasar fronteras, trabajar en red e intimidar cruelmente a
las víctimas y sus familias.
Aducen que, de conformidad con
la Ley 985 de 2005 y con su Decreto Reglamentario 1069 de 2014, los servidores
de los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Trabajo,
del ICBF, de la Defensoría del Pueblo, de la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía
General de la Nación, de la Policía Nacional y de todas las entidades del nivel
territorial son los que están obligados, en primera instancia, a denunciar el
delito de trata de personas con el fin de proteger a la víctima.
Refieren que, en Costa Rica, el
Estado otorga medidas de protección y asistencia a las víctimas del delito de
trata de personas sin ningún tipo de condicionamiento, por el contrario, la Ley
9095 de 2013 les da la opción de denunciar y esto no ha implicado que el
sistema sea deficiente en sus objetivos.
13. Red Kawsay
Sor Genoveva Nieto Guerrero,
Coordinadora de la Red Kawsay, “Defensores de vida”, coadyuva la demanda con
base en los mismos argumentos.
14. Women’s Link Worldwide
María Alejandra Cárdenas Cerón,
Carmen Martínez López y Cristina Rosero Arteaga, abogadas de la Organización Internacional
de Derechos Humanos Women’s Link Worldwide, solicitan a la Corte Constitucional
declarar inexequible la norma demandada, toda vez que constituye una barrera
para garantizar, de forma efectiva, los derechos fundamentales de las víctimas
del delito de trata de personas. Así mismo, apuntan que contradice los
estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia.
Advierten, al desarrollar el
test de proporcionalidad sobre la norma acusada, que su fin es el de incentivar
la denuncia para incrementar las investigaciones penales en contra de los
tratantes, por lo que, en principio, la medida resulta idónea.
Respecto del requisito de
necesidad, aducen que la denuncia no es la única vía para investigar y
sancionar penalmente a presuntos tratantes, pues, según la Comisión Intersectorial
para el Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio, la noticia criminal, definida
como el conocimiento o información sobre la comisión de una conducta punible
obtenida por la policía judicial o Fiscalía, puede conocerse por denuncia,
querella, petición especial o de oficio.
De conformidad con lo anterior,
consideran que el condicionar el acceso a la atención mediata para obligar a
las víctimas de trata de personas a denunciar, además de vulnerar sus derechos
fundamentales, implica el desconocimiento de la obligación del Estado de
realizar la investigación penal del delito de trata de personas de oficio, trasladando
a la víctima la carga que recae sobre el Estado de prevenir, investigar y
sancionar la violación de derechos humanos. En esa medida, la norma demandada
no cumple con el parámetro de necesidad, pues existen otras formas menos
lesivas para incentivar la investigación del mencionado delito.
Por otra parte, respecto a las
implicaciones que la norma demandada impone a las víctimas del delito de trata
de personas, advierten que aquellas que no denuncien recibirán asistencia del
Estado solo por el término de 5 días, prorrogables por otros 5 días a
discreción de las autoridades competentes. Así mismo, señalan que el hecho de
presentar la denuncia no implica que, de forma automática, la víctima de trata
y sus familiares queden incluidos dentro del programa de protección, toda vez
que dicha inclusión está supeditada a una evaluación del riesgo. De modo que,
si la víctima no entrega información valiosa para el proceso, no es incluida en
el programa de protección. Lo anterior, es una prueba de cómo, con la
disposición acusada, se instrumentaliza a las víctimas para la investigación
penal, poniendo en riesgo su integridad personal y la de su familia.
Refieren que desde el momento en
que se tipificó la trata de personas, mediante la Ley 747 de 2002 hasta el año
2015 se presentaron 305 denuncias por el delito de trata de personas, sin
embargo, para el año 2009 solo se habían proferido 11 sentencias condenatorias,
lo anterior refleja que la mayoría de las víctimas de trata de personas, en el
país, no han tenido acceso a una asistencia integral por parte del Estado.
Al determinar si la importancia
de la realización del fin perseguido por la restricción legislativa,
establecido en la norma demandada, es mayor que la importancia de la
intervención en el derecho fundamental, las intervinientes observaron que, con la
mencionada disposición, se vulneran los derechos a una vida digna y al mínimo
vital de las víctimas del delito de trata de personas, así como también se desconoce
las obligaciones internacionales del Estado Colombiano.
Por último, manifiestan que con
el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005 el Estado Colombiano
implementa un enfoque de persecución penal del delito de trata de personas y no
el de derechos humanos que el bloque de constitucionalidad le obliga a adoptar,
pues otorga mayor importancia a obtener información del delito a través de la
obligación de presentar una denuncia que a recuperar el estado integral de la
víctima. El Estado no debe generar un conflicto entre los derechos y garantías
que deben otorgarse a las víctimas y las respuestas del sistema de justicia
penal.
15. Universidad Externado de
Colombia
Vicente Emilio Gaviria Londoño,
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia,
solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible el parágrafo 1° del
artículo 7 de la Ley 985 de 2005, pues considera que condicionar la prestación
de la asistencia mediata a las víctimas de trata de personas a que estas
denuncien el delito es una medida desproporcionada, toda vez que la probable
afectación física o psíquica que puede padecer la víctima como consecuencia del
temor que le genera haber denunciado a los autores puede redundar en una
re-victimización.
Agrega que si el Estado busca
con el condicionamiento mencionado que el ente investigador persiga a los
responsables de tales delitos, entre otras razones para evitar la continuación de
actos de tal envergadura y proteger así al conglomerado social, bien pueden y
deben los funcionarios públicos encargados de prestar la asistencia, tanto
inmediata como mediata, poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos
generadores de la ayuda, ya que al no ser la trata de personas una conducta
querellable sino, en virtud de la ley, de investigación oficiosa, es el Estado
a través del ente acusador, en acatamiento del mandato constitucional previsto
en el artículo 250 de la Carta, el llamado a ejercer la acción penal con
independencia de que medie o no denuncia por parte de la víctima.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
La Viceprocuradora General de la Nación, mediante concepto No.
006088 de 26 de abril de 2016, solicita a la Corte Constitucional declarar INEXEQUIBLE
el aparte demandado del parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 DE 2005,
así como declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la inaplicación
del Decreto 1066 de 2015.
Antes de resolver el problema jurídico planteado, el Ministerio
Público precisó que no encuentra mérito alguno para que la Corte Constitucional
pueda estudiar de fondo la segunda petición realizada por la demandante,
consistente en la realización de un pronunciamiento “sobre la inaplicación por
inconstitucionalidad de las normas concordantes contenidas en el Decreto 1066
de 2015”. Esto, por cuanto considera que no resulta procedente la excepción de
inconstitucionalidad con ocasión del control de constitucionalidad abstracto
producto del conocimiento de una acción pública de inconstitucionalidad.
En efecto, de procederse conforme a lo solicitado se estaría
confundiendo y desnaturalizando el sistema mixto de control de
constitucionalidad, al mismo tiempo se habilitaría a la Corte Constitucional
para usurpar las competencias que el constituyente confirió expresamente al
Consejo de Estado. Si a juicio de la accionante el Decreto 1066 de 2015 es
inconstitucional, entonces deberá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en lugar de pretender subvertir el orden previsto por el
constituyente para ejercer el control de constitucionalidad.
De otra parte, la vista fiscal señala que la exigencia de
denuncia, que consagra la norma demandada, persigue un fin constitucionalmente
legítimo, pues corresponde a un fin estatal buscar que se inicien más investigaciones
contra los traficantes de personas. Así mismo, que el deber de denunciar los
delitos tiene sustento en el artículo 95 constitucional que, al referirse a los
deberes de los ciudadanos, incluye la solidaridad y la colaboración con el buen
funcionamiento de la administración de justicia.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público analiza si
exigir la denuncia por parte de las víctimas del delito de trata de personas,
como condición para acceder a las medidas de atención mediatas, es un requisito
respetuoso de su dignidad humana. Al respecto considera que las medidas de
atención mediata pretenden asegurar la reparación integral de las víctimas de
la trata de personas, pues asegurar una restitutio in integrum es prácticamente
imposible, siendo necesario hacer uso de diferentes medidas tendientes a
generar el grado más alto de reparación posible.
En este contexto, el Ministerio Público observa que las medidas
mediatas al consistir en “capacitación y ayuda en la búsqueda de
oportunidades de empleo; y acompañamiento jurídico durante todo el proceso
legal, en especial en el ejercicio de las acciones judiciales para exigir la
reparación de los daños que han sufrido las víctimas” son determinantes a
la hora de permitirle a la víctima reconstruir y desarrollar su proyecto de
vida, de la forma más cercana a como lo hubiera hecho de no haberse presentado
la grave conducta delictiva cometida en su contra.
En la vista fiscal se advierte que la exigencia de la denuncia se
hace para acceder a las medidas mediatas más no a las medidas inmediatas, lo
que permite suponer que en el momento en que la víctima solicite las medidas de
atención mediatas ya previamente ha recibido las inmediatas y, en consecuencia,
el Estado ya ha tenido conocimiento de que esa persona ha sido víctima del
delito de trata de personas. Es decir, en el momento en que se accede a las
medidas inmediatas ya se ha suscitado la noticia criminis, de tal forma
que el Estado puede poner en funcionamiento el sistema judicial para investigar
y sancionar a los responsables, toda vez que la trata de personas es un delito
de investigación oficiosa.
Por lo tanto, al ser la trata de personas un delito de
investigación oficiosa, carece de fundamento exigirle a la víctima que lo
denuncie para poder acceder a una reparación integral, especialmente porque la
denuncia no es el único medio para poner en funcionamiento el ius puniendi, pues
por la forma en la que está estructurado legalmente el acceso a las medidas de
atención para las víctimas, al hacer uso de las medidas de atención inmediatas
la víctima ya ha puesto en conocimiento del Estado la comisión del delito.
Sin perjuicio de lo anterior, reconoce la importancia de
incentivar la denuncia por parte de las víctimas, sobre todo frente a este tipo
de graves delitos, así como su colaboración con la administración de justicia
para la investigación y sanción de los responsables.
Para la vista fiscal la medida prevista en el aparte normativo
censurado es inconstitucional, porque contraría la dignidad humana de las
víctimas del delito de trata de personas, al imponerles cargas
desproporcionadas e innecesarias para acceder a medidas de reparación integral.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La competencia
Por dirigirse la demanda en
contra de un precepto que hace parte de una Ley de la República, la Corte
Constitucional es competente para conocerla y decidirla, de conformidad con lo
establecido en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política.
Tratándose de la competencia,
en esta ocasión resulta indispensable anotar que el numeral 4º del artículo 241
superior se la otorga a la Corte Constitucional para “decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las
leyes”, lo cual implica que la solicitud de la actora referente a un
pronunciamiento respecto de la inaplicación del Decreto 1066 de 2015 no puede
ser atendida, pues escapa al ámbito de la competencia constitucionalmente
discernida a la Corporación.
2. Planteamiento de la
cuestión
2.1. Previamente la Corte debe
anotar que el escrito original presentado por la demandante para solicitar la
inconstitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005 fue
objeto de inadmisión mediante Auto de ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis
(2016),  suscrito por el Magistrado Sustanciador, en el cual se requirió a la
actora para que atendiera los requisitos de especificidad, pertinencia y
suficiencia, de modo que, habiendo sido satisfecho ese requerimiento, la
demanda fue admitida por Auto de primero (1º) de marzo de la presente anualidad
que la dio por subsanada, habida cuenta de que la libelista explicó que su
ataque no está fundado en la posible violación del principio de igualdad, sino
en el desconocimiento del de proporcionalidad, en demostración de lo cual
propone un test que refuerza el presentado en el primer escrito.
Es de anotar que en lo
referente al parágrafo cuestionado las intervenciones y el concepto de la
Procuraduría General de la Nación dan por fundados los cargos planteados y
debido a que la cuestión fue zanjada en los trámites conducentes a la admisión
de la demanda, la Corte no insiste en una nueva consideración de la aptitud del
libelo y asume su capacidad para activar los mecanismos jurídicos que hacen
posible el control de constitucionalidad de las leyes, tal como fue decidido en
el Auto admisorio.
Es evidente que en numerosas
sentencias se adelanta un examen acerca de la aptitud de la demanda y de cada
uno de los cargos planteados, pero se debe tener en cuenta que en esas
ocasiones siempre se ha planteado una discusión acerca de la posible ineptitud,
lo que no acontece en la presente causa. Es, entonces, la necesidad de despejar
dudas sobre la aptitud de la demanda lo que lleva a abordar este aspecto en
algunas sentencias, mas no el hecho de que ese apartado se haya convertido en
un ritual de necesaria observancia en todas las providencias en las que se decide
sobre la constitucionalidad de las leyes, pues, de ser así, ello conduciría a
incurrir en un reprochable exceso de formalismo.
Abundantes casos hay en los
que se torna innecesario ese agregado, por cuanto la Sala Plena avala el análisis
de aptitud cumplido al momento de proveer sobre la admisión de la demanda. En
estas condiciones, pasa la Corte a plantear la cuestión atendiendo a los
términos de la demanda y al contexto que surge de la argumentación allí
vertida, sobre la base de la incuestionable aptitud del libelo para llevar a
cabo el juicio solicitado por la actora.
2.2. Mediante la Ley 985 de
2005, el Congreso de la República adoptó “medidas contra la trata de personas y
normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”. La ley está
integrada por varios capítulos que, respectivamente, se refieren a las
definiciones, la estrategia nacional contra la trata de personas, la prevención
de la trata de personas, la protección y asistencia a las víctimas de la trata
de personas, el fortalecimiento de las acciones contra la trata de personas, el
Comité Interinstitucional, el Sistema Nacional de Información y unas
disposiciones finales.
Del capítulo IV, sobre
protección y asistencia a las víctimas, hace parte el artículo 7º, que se ocupa
de las medidas orientadas a esos dos propósitos, señalando al efecto que la
estrategia nacional incluirá “el diseño y ejecución de programas de asistencia
encaminados a su recuperación física, sicológica y social, y fundamentados en la
protección de sus derechos humanos”, a lo cual añade que “estas acciones
deberán garantizar la protección a la intimidad y la identidad de las
víctimas”.
A continuación, el artículo 7º
de la Ley 985 de 2005 indica que las acciones incluirán, como mínimo, programas
de asistencia inmediata y programas de asistencia mediata, precisándose que en
cada consulado de Colombia en el exterior se ofrecerá la “debida información” y
se adoptarán medidas temporales “para garantizar la seguridad de la víctima,
salvaguardar su dignidad e integridad personal y apoyarla en las gestiones que
deba adelantar ante las autoridades del país extranjero”.
A la anterior regulación se
suman dos parágrafos y de acuerdo con el primero de ellos “la prestación de la
asistencia mediata estará sujeta a que la víctima haya denunciado el delito
ante las autoridades competentes”, condición esta que “no podrá exigirse para
la prestación de la asistencia inmediata”. La ciudadana Karen Daniela Rosero
Narváez, quien hizo presentación personal y manifiesta ser miembro de la
Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, presentó demanda
de inexequibilidad en contra del parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de
2005.
La demandante alega la
vulneración de los artículos 1º y 2º de la Constitución, en cuanto radican en
el Estado el deber de garantizar el respeto a la dignidad humana y el deber de
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, aduciendo, además, la obligación
estatal de considerar la posibilidad de aplicar medidas destinadas a promover
la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de
personas, así como de proteger a las víctimas, y en especial a las mujeres y a
los niños, contra un nuevo riesgo de victimización, de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 y 9 del Protocolo de Palermo.
En apoyo de su pretensión la
actora aduce que cuando denuncia, la víctima de la trata de personas sufre
impactos negativos graves en su salud psíquica, debido al miedo de sufrir
retaliaciones por parte de las organizaciones criminales que llevan a cabo ese
tráfico de personas, considerado, además, delito transnacional operado por
redes criminales que constituyen una fuente de peligro permanente para la
víctima y sus familiares, pese al acompañamiento estatal que pueda darse.
La libelista sostiene que, en
el caso de la trata de personas, sobre el Estado recae la obligación de evitar
la re-victimiazación o victimización secundaria que puede tener una de sus más
importantes fuentes en la obligación de denunciar, en la medida en que ubica a
la persona, sometida ya a una victimización primaria, en riesgo de padecer una
nueva violación de sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, la actora
asevera que la dignidad humana comporta la asistencia, sea inmediata o mediata,
que, en todo caso, es un derecho de la víctima y una correlativa obligación del
Estado, carga estatal que viene a completar el contexto de análisis que sirve
como marco para examinar la denuncia exigida a las víctimas para acceder a la
protección mediata.
Según la demandante, en
términos generales, mediante la denuncia de un delito se busca la protección
del interés general, pero afirma que, en este caso, la exigencia de denunciar,
establecida en el parágrafo acusado, vulnera el derecho a la dignidad humana
del que son titulares las víctimas de la trata de personas, pues la dignidad
incluye la construcción de un proyecto de vida, desde la integridad física y
psíquica del sujeto.
En este orden de ideas, para
la libelista, el hacer de la denuncia una condición para obtener la asistencia
mediata es un “exceso del poder público” que restringe, en forma
desproporcionada, importantes derechos de las víctimas de la trata de personas,
tales como la asistencia y la no re-victimización, cobijados por la dignidad
humana que, así, resulta en colisión con el interés general al que sirve la
denuncia del delito, entendida en su más amplio sentido.
La actora parte, entonces, de
considerar que, por buscar el interés general, la denuncia es un fin
constitucionalmente idóneo que pretende la protección de la víctima y de la
sociedad misma, que reporta como beneficio la persecución y desmantelamiento de
las organizaciones criminales dedicadas al delito de trata, por lo que tiene la
condición de deber radicado en cada persona para ayudar al Estado en el
cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la finalidad legítima involucrada
en la denuncia tiene que ser confrontada con los derechos de las víctimas de la
trata de personas y, en este sentido, pese a que la denuncia es idónea, porque
al denunciar la persona cumple el deber constitucional de solidaridad social,
es innecesaria, ya que para la protección del interés general existen medios
menos lesivos del derecho a la dignidad humana de las víctimas de este delito.
La actora considera que el
Estado cuenta con formas distintas a la denuncia para acceder a la información
sobre la comisión de delitos, razón por la cual tampoco es necesario exigirla
como condición para que la víctima acceda a la asistencia mediata. Así pues,
los procesos iniciados de oficio, las denuncias realizadas por fundaciones y consulados,
los reportes entregados por las autoridades de migración, son maneras diversas
de generar la activación del proceso penal y tienen como denominador común el
ser menos lesivas de los derechos de las víctimas de la trata de personas.
La demandante reitera que la
denuncia hecha por la víctima la expone “frente a sus agresores”, al
involucrarla como parte en un proceso penal con alto riesgo de
re-victimización, siendo que la trata de personas no requiere de denuncia para
que se dé inicio a la investigación, a lo que se suma que el Estado tiene la
obligación de investigar, pero también la de brindar protección integral a las
víctimas del referido delito.
En criterio de la actora,
fuera de innecesaria, la exigencia de la denuncia en el caso de las víctimas de
la trata de personas es desproporcionada, en el sentido estricto del requisito,
por cuanto el beneficio “que trae consigo (…) resulta de alcance bajo frente a
la limitación de grado alto que genera en los derechos a la dignidad humana”,
limitación que se evidencia en una victimización secundaria y en la retaliación
que las redes criminales conformadas para la trata de personas puedan iniciar
contra la víctima que denuncia para lograr que se retracte, todo lo cual se
evita si, por ejemplo, la investigación se adelanta de oficio, se le brinda la
protección mediata a la persona y la organización delincuencial percibe que “la
acción de las autoridades no fue provocada por la víctima”.
La libelista argumenta que,
aunque la denuncia protege el interés general, no es alto el beneficio que
reporta para la protección de ese interés, pues se ha demostrado que las
investigaciones relativas al delito de trata de personas, aun cuando se haya
presentado la denuncia, “no avanzan lo suficiente para desmantelar estas
organizaciones”, por lo que es “una carga desproporcionada someter a la víctima
a una muy posible re-victimización”.
Después de este análisis, la
actora concluye que la medida prevista en el parágrafo censurado es
desproporcionada si se la compara con la dignidad de las víctimas y en tal
argumento insiste al reiterar que la demanda no ataca el precepto demandado por
violación del principio de igualdad, sino que pretende demostrar la
desproporción de la medida, con base en un test estricto de proporcionalidad.
3. Las intervenciones, la
vista fiscal y el problema jurídico a resolver
De las intervenciones
presentadas durante el desarrollo del proceso la única que se opone a las
pretensiones de la demanda, mostrándose favorable a la declaración de exequibilidad
de la preceptiva cuestionada, es la intervención presentada en representación
del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se lee que, fuera de
procurar la protección a las víctimas, la disposición demandada “evidencia el
interés en el fortalecimiento de la labor de los organismos investigativos y de
policía judicial y la gestión judicial para perseguir las diferentes
modalidades de trata de personas” y demuestra “el compromiso del Estado
colombiano de adoptar medidas para la rehabilitación y adaptación social de las
víctimas”, incluida la repatriación de las personas”, sin incurrir en ningún
caso en la re-victimización.
El resto de los intervinientes
se pronuncia a favor de la declaración de inexequibilidad valiéndose de
argumentos similares a los presentados por la actora o mediante la inclusión de
elementos de análisis adicionales que la Corte tendrá en cuenta al abordar la
cuestión planteada, junto con el concepto suscrito en esta oportunidad por la
Viceprocuradora General de la Nación, también en el sentido de la inconstitucionalidad,
y del que ahora se destaca la solicitud de evitar el análisis de la petición de
la actora tendente a la inaplicación del Decreto 1066 de 2015, dado que esa
pretensión es ajena a las competencias que esta Corporación ejerce en sede de
control abstracto de constitucionalidad, cuestión ya definida en el punto
concerniente a la competencia que le corresponde a esta Corte, en donde se precisa
que la Corporación asume el conocimiento de la demanda solo en cuanto hace a la
disposición legal que es objeto de tacha.
Ciertamente, al analizar los
términos en que está planteada la demanda, con facilidad se advierte que la
actora le solicita a la Corte establecer si la medida examinada es
proporcionada o no y que el desarrollo argumental por ella efectuado la conduce
a concluir que dentro del test propuesto la medida no supera el examen de
necesidad y que la última etapa del juicio no sería decisiva para sustentar la
inconstitucionalidad, en caso de que esta llegara a demostrarse.
Tal situación sugiere que el
planteamiento del problema jurídico que la Corte debe resolver debería
limitarse a una enunciación genérica de conformidad con la cual la Corporación
tendría que determinar si la medida cuestionada es proporcionada o no lo es.
Desde luego una formulación de esta índole es enteramente posible, pero la Sala
Plena prefiere una mayor especificación de los aspectos que abordará, porque la
admisión de la demanda comportó una evaluación de todas sus partes y, tratándose
de un test como el propuesto por la actora, la manera como fue planteada cada
una de las etapas aportó elementos importantes en la apreciación de la aptitud
de la demanda para dar lugar al juicio de inconstitucionalidad, de tal forma
que podría señalarse que cada una de las mencionadas etapas contempla un
problema jurídico que debe ser resuelto con miras a la solución progresiva del
problema genérico que los comprende a todos sin disolverlos, es decir, sin
privarlos de su propia entidad.
Además, los términos en que se
formula una demanda condicionan los desarrollos posteriores y, claro está,
también la sentencia en la cual la Corte debe abordar el problema o problemas
jurídicos que quien la incoa propone para demostrar la inconstitucionalidad.
Antes de la sentencia, tanto las intervenciones como la vista fiscal contienen
una toma de posición en relación con los aspectos abordados en el libelo
demandatorio y, si conforme se ha indicado, las intervenciones allegadas a lo
largo del proceso serán tenidas en cuenta, no hay razón para descartar la
participación ciudadana al momento de plantear el problema jurídico, a cuya
delimitación también contribuyen.
En este orden de ideas, aunque
el análisis de la Corte la llevara a evidenciar la inconstitucionalidad antes
de completar todas las etapas del test de proporcionalidad, el desarrollo de
las posteriores resultaría imperioso en virtud de la demanda que aporta
elementos en relación con todas las etapas y de las intervenciones y la vista
fiscal que en buena parte hacen lo mismo requiriendo, por tanto, el
pronunciamiento de la Corte que, en cualquier caso, estaría dotado de la fuerza
vinculante correspondiente a la doctrina enunciada en sus sentencias.
Por lo demás, una mayor
especificación de las cuestiones involucradas en el caso es enteramente
pertinente al momento de fijar el problema jurídico, dado que en este paso
metodológico inicial todavía no se sabe si las pretensiones de la demanda van a
prosperar o no y, por lo tanto, la consideración de todas las etapas del test
propuesto sirve muy bien al propósito de tener en cuenta en el plan de la
providencia todos los elementos que permitirán dilucidar el problema jurídico
en el sentido que fuere, sin anticipar decisión alguna y sin conferirle desde
antes del análisis mayores probabilidades a una u otra opción.
Así las cosas, el problema
jurídico que en esta ocasión debe examinar la Corte Constitucional consiste en
determinar si la exigencia hecha a las víctimas del delito de trata de personas
de denunciarlo, como condición para acceder a la protección mediata que les
brinda el Estado, produce una limitación exagerada e inconstitucional de los
derechos que les corresponden en cuanto víctimas, sin que, como contrapartida
de esa limitación, se reporte un beneficio mayor en la función estatal
destinada a perseguir el delito de trata de personas y a desmantelar las
organizaciones criminales creadas para cometerlo.
Para adelantar el análisis
propuesto resulta indispensable efectuar una aproximación general al delito de
trata de personas, a la situación de sus víctimas, al alcance de la protección
que se les debe brindar en su condición de víctimas y al papel que, en el marco
de esa protección, tiene la investigación penal del delito, con el objetivo de
establecer, finalmente, si su denuncia por parte de la víctima puede resultarle
desfavorable al punto de someterla a una victimización secundaria y si la
protección mediata puede estar válidamente condicionada a la presentación de
esa denuncia o es independiente de ella.
No está de más precisar que la
invocación de los artículos 6º y 9º del Protocolo de Palermo tiende a reforzar
la argumentación que la actora ha elaborado basándose en las cláusulas
constitucionales relacionadas con la dignidad humana, cláusulas que, en su
sentir, han sido desconocidas por el Congreso de la República al expedir el
precepto acusado. Esta situación lleva a centrar el análisis de
constitucionalidad en las disposiciones constitucionales invocadas que sirven
de parámetro al juicio, sin perjuicio, claro está, de que los instrumentos de
derecho internacional citados en el libelo demandatorio y en las intervenciones
cumplan la función interpretativa y esclarecedora que en reiterada
jurisprudencia de esta Corte se les ha reconocido.
En este sentido la Corporación
comparte el criterio de la señora Viceprocuradora General de la Nación, en cuyo
concepto de rigor se lee que no es indispensable pronunciarse “sobre la
naturaleza y contenido del Protocolo de Palermo I”, ya que lo atinente a la
validez del precepto censurado “se deriva clara y suficientemente del texto
constitucional, siendo innecesario hacer consideraciones adicionales” y esto
para no perder de vista que la alegada desproporción conduce a sopesar y armonizar,
en el contexto de la situación concreta presentada, contenidos constitucionales
que la actora ha identificado claramente en el Texto Superior de 1991.
4. La trata de personas en
el derecho penal
En primer término, resulta
inevitable señalar que en su artículo 17, correspondiente al capítulo de los
derechos fundamentales, la Constitución de 1991 prohíbe la esclavitud, la
servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”, rotundo mandato
estrechamente ligado con el plasmado en el artículo 12 de la misma codificación
superior, de acuerdo con cuyas voces “nadie será sometido a desaparición
forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Es amplísimo el alcance de tan
contundente preceptiva constitucional y con creces desborda el ámbito de la
tipificación penal de la trata de personas que, pese a su innegable
importancia, solo desarrolla aspectos atinentes a la investigación del
respectivo delito, a la persecución de sus autores o a la protección de las víctimas,
aunque en el ámbito que le es propio.
Empero, no es este el momento
para emprender el examen de las profundas implicaciones constitucionales de la
trata de personas, pues la demanda analizada, sin dejar de incorporar la
obligada referencia constitucional que inicia desde la invocación de la
dignidad humana, de algún modo centra el debate en las connotaciones penales de
la trata de personas, acertado punto de partida, por cuanto le permite a esta
Sala Plena aproximarse a la comprensión de este fenómeno con base en la
descripción típica de las conductas que configuran a la trata de personas como
hecho punible, lo que facilita mejores condiciones para la posterior
apreciación del problema jurídico planteado y de las implicaciones
constitucionales que rebasen las estrictamente penales.
Ya esta Corte ha indicado que
después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el delito de
trata de personas “fue adicionado en el ordenamiento jurídico colombiano
mediante la Ley 747 de 2002” y establecido en los artículos 188 A y B del
Código Penal[1],
como uno de los delitos contra la autonomía personal, siendo oportuno destacar
que el artículo 188A fue modificado por el artículo 3º de la Ley 985 de 2005,
de la cual hace parte el parágrafo que en esta ocasión ha sido demandado.
De conformidad con esa
redacción incurre en el delito “El que capte, traslade o reciba a una persona,
dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación”,
debiéndose entender “por explotación el obtener provecho económico o cualquier
otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la
extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación”,
habiéndose previsto, además, que “el consentimiento dado por la víctima a
cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal
de exoneración de la responsabilidad penal”.
Por su parte, el artículo 188B
del Código Penal contempla las circunstancias de agravación punitiva y, de
acuerdo con su texto, las penas “de prisión de trece (13) a veintitrés (23)
años” y la multa “de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”[2],
contempladas en el artículo 188A, se “aumentarán de una tercera parte a la
mitad” cuando el delito (i) “se realice en persona que padezca inmadurez
psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico,
temporal o permanentemente o sea menor de 18 años”, cuando  (ii) “como
consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente y/o lesión
física, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño
en la salud de forma permanente”, cuando (iii) “el responsable sea cónyuge o
compañero permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil”, supuesto este declarado exequible por los
cargos analizados, “en el entendido de “que sus previsiones también comprenden
a los integrantes de las parejas del mismo sexo”[3],
y cuando (iv) “el autor o partícipe sea servidor público”, añadiéndose a lo
anterior que “cuando las conductas descritas en los artículos 188[4] y 188A se
realicen sobre menor de doce (12) años se aumentará en la mitad de la misma
pena”.
Al caracterizar el delito de
trata de personas, esta Corporación ha destacado la jurisprudencia de la H.
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “la acción prohibida es la de
instrumentalizar o cosificar a una persona como si fuera una mercancía”, dado
que se atrae a alguien, se le lleva de un lugar a otro, se le suministra
refugio o se le pone a cargo de un tercero, valiéndose de amenazas, del uso de
la fuerza o, en general, de formas de coacción tales como el rapto, el fraude y
el engaño o mediante el abuso del poder y de la confianza e incluso
aprovechando situaciones de vulnerabilidad[5].
La Corte Constitucional ha
puesto de manifiesto el carácter “pluriofensivo” de este delito que se
configura con la realización de una cualquiera de las cuatro modalidades de
conducta previstas, es decir, captar, trasladar, acoger o recibir a una persona
y que “puede lesionar o poner en peligro múltiples bienes jurídicos simultáneamente”,
con una finalidad de explotación buscada mediante prácticas como la explotación
sexual, el trabajo forzado, la esclavitud, la servidumbre, la mendicidad o el
matrimonio servil, entre otras, lo que evidencia “una amplitud” que fácilmente
conduce al “concurso con otras conductas punibles”, admitiéndose también las
circunstancias de agravación punitiva establecidas en el artículo 188B del
Código Penal[6].
En la intervención del Grupo
de Acciones Públicas del Departamento de Derecho Público de la Pontificia
Universidad Javeriana se efectúa una muy pertinente referencia al Manual de
Primeros Auxilios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito para los funcionarios del servicio de aplicación de la ley que tienen a
su cargo ofrecer las primeras respuestas en casos de trata de personas, Manual
en el que se pone de presente que “la trata de personas consta en general de
tres etapas”, a saber: durante la primera “se capta a las víctimas; en la
segunda, se las transporta; y en la tercera se las explota”.
En la etapa de captación “los
delincuentes utilizan muchos métodos para obligar o engañar a las personas a
las que quieren convertir en víctimas de trata”, valiéndose, por ejemplo, del
rapto o del asalto u ofreciéndoles un buen trabajo y oportunidades atractivas
que no existen en la realidad o que las obliga a aceptar condiciones de trabajo
y vida caracterizadas por la explotación”. En cuanto al transporte, se utilizan
medios públicos o privados, “por tierra, mar o aire”, en forma abierta o
encubierta, individualmente o en grupos, “a través de cruces fronterizos
legales o ilegales, o dentro de las fronteras de un mismo país”.
En la etapa de explotación
existe la posibilidad de que las víctimas sean obligadas a mantener relaciones
sexuales o ser objeto de agresión sexual, trabajar en “fábricas, restaurantes,
granjas, plantaciones, minas u hogares como personal de servicio doméstico,
privándoseles del descanso o de la opción de renunciar”, existiendo, además, la
posibilidad de que sean obligadas a “dejarse extraer un órgano” o a “mendigar,
vender drogas ilícitas”, combatir como niños soldados o “contraer matrimonio”.
De lo anotado se infiere que,
sin perjuicio de sus manifestaciones internas y a diferencia de otros delitos,
el de trata de personas tiene un reconocido carácter “transnacional”, como que
“despliega su origen en el contexto internacional”, en el cual se han adoptado
instrumentos como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional, denominado Protocolo de Palermo,
aprobado en Colombia mediante la Ley 800 de 2003 y declarado exequible por esta
Corte[7].
En el literal a) del artículo
3º del mencionado Protocolo se lee que se entiende por trata de personas “la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a
la concesión o recepción de pagos y beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, que
incluirá “como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
El artículo 188A del Código
Penal colombiano hace hincapié en que la captación, traslado, acogimiento o
recepción de una persona puede ocurrir “dentro del territorio nacional o hacia
el exterior”, lo que, fuera de poner de manifiesto el carácter transnacional
del delito de trata de personas, advierte sobre la existencia de redes u
organizaciones criminales dedicadas a la práctica de las conductas ilícitas que
lo configuran.
En este sentido no constituye
ninguna casualidad que el Protocolo de Palermo se haya concebido como
instrumento complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y que en su preámbulo se declare que para
combatir eficazmente la trata de personas “se requiere un enfoque amplio e
internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas
para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las
víctimas de esa trata”.
Esta referencia al carácter
transnacional del comentado delito tiene un claro propósito de contextualización
que no soslaya las implicaciones internas que en Colombia son graves, como
quiera que ya en la exposición de motivos del proyecto que después del trámite
legislativo se convirtió en la Ley 985 de 2005 se anotó que “Colombia, junto
con Brasil y República Dominicana, es uno de los tres principales países de
origen del tráfico de personas en la región. Se ha estimado por entidades que
trabajan en este campo que cada año, unas 50 mil colombianas -en promedio 10
cada día- son trasladadas de Colombia con destino a países en Asia y Europa
para ejercer la prostitución”, a lo cual se añade que “el delito ha trascendido
la modalidad internacional para convertirse en un fenómeno que aumenta a nivel
interno, en prácticas relacionadas no solo con la explotación sexual, sino
también con la explotación laboral, la mendicidad, con fines relacionados con
el conflicto armado, entre otros”[8].
5. Las víctimas de la trata
de personas
En lo atinente a las víctimas
de la trata de personas, las connotaciones penales que se han esbozado en esta
providencia dejan ver, con claridad, que de acuerdo con la correspondiente
tipificación “el sujeto pasivo es indeterminado al cometerse sobre cualquier
persona, lo que incluye no solo adultos sino también menores”[9], evento
este último en el que, usualmente, la trata de seres humanos significa “la
separación de los niños de sus familias”, primer ámbito de protección
jurídicamente salvaguardado de injerencias arbitrarias o ilegales y en el cual
los menores satisfacen necesidades materiales, afectivas o psicológicas[10].
También en este punto resulta
de importancia mencionar que el Protocolo de Palermo, orientado, según se ha visto,
a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, le otorga ya desde su
propio título un especial tratamiento a las mujeres y a los niños, reflejado en
su artículo 2º al establecer como uno de sus fines el consistente en “prevenir
y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y
los niños”, así como al señalar en el artículo 3º, literal c), que “la
captación, el transporte, el traslado la acogida o la recepción de un niño con
fines de explotación se considerará ‘trata de personas’ incluso cuando no se
recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente
artículo”.
Conforme lo sostiene la
Corporación Anne Frank en la intervención presentada dentro de este proceso,
“la trata de personas en Colombia no es un tema solo de mujeres”, pues “niños y
varones también la sufren en diferentes formas de esclavitud, tampoco se trata
de un solo tema de ‘violencia sexual’, ya que son víctimas de trata los jóvenes
que son usados por las BACRIM, las niñas usadas en el marco del microtráfico,
las víctimas de trata con fines de explotación laboral, trabajos forzados,
extracción de órganos, matrimonio servil entre otros”.
En concordancia con lo
anterior, la Corte reconoce que tanto en la demanda como en algunas intervenciones
se ha hecho énfasis en el gran impacto que tiene el delito de trata de personas
en las mujeres. Así, en un cuadro presentado en la intervención de la Corporación
Espacios de Mujer se indica que “desde el año 2004” esa entidad ha atendido a
127 víctimas, de las cuales 119 son mujeres y 9 son hombres, siendo del caso
destacar que en su intervención el Centro de Pensamiento sobre Trata de
Personas puntualiza que importantes desarrollos jurídicos relacionados con las
víctimas de trata de personas contienen una singular referencia a los derechos
“de las niñas y las mujeres”, en atención a que, precisamente, “las mujeres y
las niñas son las más afectadas por este flagelo”, criterio sustentado en los
datos de la Organización Internacional para las Migraciones, de acuerdo con
cuyos estudios “se calcula que el 80% de las víctimas transnacionales
identificadas son mujeres”, mientras que la OIT precisa que el 56% de las
víctimas es sometido a la trata “con fines laborales o económicos” y que “el
98% de las víctimas de trata con fines sexuales son mujeres y niñas”.
De especial relevancia resulta
mencionar que el delito de trata de personas “no requiere que se obtenga el fin
de explotar a la víctima para la configuración del tipo, por cuanto basta la
realización de alguno de los verbos rectores para la configuración del delito”,
aunque “debe existir un riesgo inminente, próximo, real y efectivo de que el
hecho de vulneración ocurra”, lo cual implica que “se prescinde del
acaecimiento del resultado para tipificar la conducta como punible”, es decir,
que “la conducta es típica así no se concrete el resultado, intención o
finalidad de explotación”[11].
En este orden de ideas, la
condición de víctima de la trata de personas tampoco depende de que se concrete
la finalidad buscada por los sujetos activos del ilícito, debiéndose destacar
que el impacto del comportamiento ilícito es de tal magnitud que “las víctimas
enfrentan traumas u otros daños derivados de las vulneraciones de sus derechos
que suelen prolongarse por muchos años”[12],
como también se hizo constar en la exposición de motivos del Proyecto de Ley No
17 de 2004/ Senado, en el que tuvo su origen la Ley 985 de 2005, al indicar que
a las víctimas “una gran gama de derechos se les violan antes, durante y
después de la situación de tráfico”[13].
6. La protección de las
víctimas de trata de personas
Así las cosas, la protección
de las víctimas de la trata de personas debe considerar la gravedad de las
repercusiones que el sometimiento a esa deplorable condición genera sobre
quienes la padecen y aun sobre su entorno, así como la proyección temporal del
ataque padecido que, de acuerdo con la cita que se ha hecho de la exposición de
motivos del proyecto que luego se convirtió en la Ley 985 de 2005, inicia
incluso antes de la situación de tráfico y puede ir hasta mucho después de la
comisión del delito, en atención a las consecuencias de diverso orden que suele
dejar en una persona el hecho de haberse visto sometida a la trata.
La comprensión de diversos
aspectos en la respuesta que el Estado debe dar a las víctimas de la trata de
personas sugiere que la protección ofrecida y la efectivamente brindada ha de
ser, fuera de personalizada -atendiendo a las circunstancias de cada caso-,
inmediata e integral. Para tener una noción acerca del alcance de las medidas
protectoras, conforme lo señala el Centro de Pensamiento sobre Trata de
Personas en su intervención es ilustrativo tener en cuenta la ya citada
exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 985 de
2005 que contiene, de una parte, medidas contra la trata de personas y, de la
otra, “normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”, tal
como se desprende de su propio título.
En efecto, la referida
exposición de motivos da cuenta de la urgencia de dotar al Estado de “un
estatuto integral frente al tráfico o trata de personas, partiendo del
establecimiento de disposiciones respecto a la prevención, la atención, la
protección, la investigación académica”[14].
En lo concerniente a las medidas de prevención se menciona que integran “una
estrategia importante “para lograr la sensibilización, la concientización y, en
gran medida el freno de esta problemática”, con fundamento en la información
que reciba la población respecto del fenómeno combatido y en la actuación
especialmente dirigida a “las comunidades vulnerables” y a “la comunidad
educativa”[15].
Tratándose de la protección y
atención a las víctimas, la “estrategia vital” está basada en “la atención
integral” que “trascienda lo inmediato y dote a las víctimas de herramientas
idóneas para que puedan continuar con sus proyectos de vida, en su entorno y
con sus familias”. En concordancia con este predicado, desde el principio se
propuso distinguir entre “dos niveles de atención: la inmediata y la mediata”,
de tal manera que la atención inmediata garantice “el cumplimiento de las
necesidades mínimas urgentes que se les presentan a las víctimas apenas salen
de la situación de tráfico de personas”, mientras que la atención mediata se
dirige a dotar a las víctimas de “las herramientas necesarias para que ellas
mismas puedan rehacer sus vidas, ofreciéndoles programas de capacitación,
empleo, acompañamiento jurídico durante el proceso legal”[16].
La Ley 985 de 2005, en su
artículo 7º, del que hace parte el parágrafo demandado, indica que la
Estrategia Nacional para la protección y asistencia de las víctimas de trata de
personas incluirá “el diseño y ejecución de programas de asistencia encaminados
a su recuperación física, sicológica y social, y fundamentados en la protección
a sus Derechos Humanos” que deberán integrar, “como mínimo”, programas de
asistencia inmediata y programas de asistencia mediata.
El precepto citado añade que
los programas de asistencia inmediata deberán satisfacer, “por lo menos, las
siguientes necesidades: retorno de las víctimas a su lugar de origen si estas
lo solicitan; seguridad; alojamiento adecuado; asistencia médica, psicológica y
material, e información y asesoría jurídica respecto a los derechos y
procedimientos legales a seguir”, en tanto que los programas de asistencia
mediata deben incluir, “entre otros aspectos”, capacitación “y ayuda en la
búsqueda de oportunidades de empleo; y acompañamiento jurídico durante el
proceso legal, en especial en el ejercicio de las acciones judiciales para
exigir la reparación de los daños que han sufrido las víctimas”, habiéndose
establecido, adicionalmente, que en “cada consulado de Colombia en el exterior
se deberá ofrecer la debida información y tomar medidas temporales para
garantizar la seguridad de la víctima, salvaguardar su dignidad e integridad
personal y apoyarla en las gestiones que deba adelantar ante las autoridades
del país extranjero” y, sin que nada de ello implique “el incremento de
funcionarios en la planta de personal”, se encarga a los consulados de
incentivar “el análisis del tema y sensibilizar a los medios de comunicación y
a las autoridades extranjeras frente a la situación de sus víctimas”.
En cuanto al alcance de la
protección, también el Protocolo de Palermo señala, en su artículo 2º, que
persigue fines tales como “prevenir y combatir la trata de personas, prestando
especial atención a las mujeres y a los niños”, proteger y ayudar “a las
víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos” y
“promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines”,
mientras que en su artículo 6º, en términos de asistencia y protección a las
víctimas, prevé que “cuando proceda y en la medida en que lo permita su derecho
interno, cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las
víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas previendo la
confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata”.
En el mismo artículo el
Protocolo glosado señala que cada Estado Parte velará para que en su respectivo
ordenamiento se prevean medidas orientadas a proporcionar a las víctimas,
cuando proceda, “información sobre procedimientos judiciales y
administrativos”, brindará asistencia destinada a que “sus opiniones y
preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las
actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos
de la defensa” y considerará “la posibilidad de aplicar medidas destinadas a
prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata
de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la
sociedad civil”.
De conformidad con el artículo
que es objeto de cita esas medidas comportan, en particular, el suministro de
alojamiento adecuado, asesoramiento e información, en particular sobre sus
derechos, en un idioma comprensible para las víctimas, así como asistencia
médica, psicológica y material y oportunidades de empleo, educación y
capacitación”, siendo del caso tener en cuenta en la aplicación de las medidas
“la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de
personas, en particular las medidas especiales de los niños, incluidos el
alojamiento, la educación y el cuidado adecuados”, también la seguridad física
de las víctimas que se encuentren en el territorio estatal y, por último, la
posibilidad de velar para que en el ordenamiento jurídico interno se prevean
medidas “que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de
obtener indemnización por los daños sufridos”.
7. La investigación penal
del delito de trata de personas y la protección de las víctimas
La precedente aproximación al
alcance de la protección que se les debe brindar a las víctimas de la trata de
personas, permite situar en su contexto el papel que le corresponde a la
persecución del respectivo delito y a su investigación penal dentro del marco
de medidas protectoras. Como fue indicado al principio de estas consideraciones,
la respuesta desde el campo punitivo no es la única generada por la trata y la
Corte acaba de apreciar la amplitud que preside el diseño de las medias
enderezadas a enfrentar la situación de las víctimas en momentos anteriores a
la iniciación de la investigación penal y en ámbitos distintos al que
directamente atañe a la jurisdicción encargada de sancionar las conductas que
constituyen hechos punibles.
En este sentido basta
mencionar que, en el Protocolo de Palermo, junto a la penalización a la cual
alude su artículo 5º, se encuentra, en el ya citado artículo 6º, lo referente a
la asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas y, sin que
ello signifique separación absoluta o ausencia de interacción, es posible
extraer de estas previsiones una diferenciación que conceptualmente ubica, de
un lado, a las medidas esencialmente penales y, del otro, a las medidas
principalmente destinadas a la atención y recuperación de las víctimas.
El artículo 9º del mencionado
Protocolo corrobora la anterior conclusión, pues encarga a cada Estado parte de
“prevenir y combatir la trata de personas”, mediante actividades de
investigación, campañas de información y difusión e iniciativas sociales y
económicas, todo en cooperación, siempre y cuando proceda, “con organizaciones
no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la
sociedad civil”, a lo que se suma la adopción o reforzamiento de medidas ya
existentes de índole legislativa, educativa, social y cultural, “recurriendo en
particular a la cooperación bilateral o multilateral” para “mitigar factores
como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas” que
hacen a las personas vulnerables a la trata, así como para “desalentar la
demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de
personas, especialmente mujeres y niños”.
Al fin de cuentas, al Estado
como tal se le obliga a atacar el fenómeno de la trata de personas y esa
respuesta estatal comprende instrumentos inscritos dentro de una perspectiva
estrictamente penal, pero no solo, ya que, sin perjuicio de la protección que
se les debe brindar a las víctimas en las actuaciones judiciales establecidas
para la investigación y la sanción de los delitos, es claro que la asistencia médica,
sicológica y material trasciende el enfoque penal del asunto, como lo demuestra
la Ley 985 de 2005, al precisar, en el numeral 5º de su artículo 2º, que “la
acción estatal contra la trata de personas propenderá, dentro del marco
jurídico vigente, por el trabajo conjunto y armónico con organizaciones de la
sociedad civil y del sector privado en general”.
La misma Ley 985 de 2005
prevé, en el artículo 4º, la adopción, por el “Gobierno Nacional”, de una
“Estrategia Nacional contra la Trata de Personas” que comprende, dentro de sus
lineamientos generales, el desarrollo de marcos de información sobre causas,
modalidades, particularidades regionales y consecuencias de la trata; así mismo
su prevención mediante acciones sociales, económicas, políticas y jurídicas; la
protección y asistencia a las víctimas en los campos físico y psicológico,
social, económico y jurídico; el trabajo interinstitucional y la cooperación
internacional y, desde luego, también el fortalecimiento “de las acciones de
persecución a organizaciones criminales y, en general, la investigación,
judicialización y sanción del delito de trata de personas”.
Nótese que, sin desconocer la
importancia de la última medida que alude a las connotaciones penales del
respectivo delito, el diseño de la protección comprende numerosas áreas que
trascienden lo estrictamente penal, conforme corresponde a la finalidad de la
Ley 985 de 2005 que, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto
inicial, busca “dotar de herramientas al Estado, para cubrir en forma integral
las necesidades y los vacíos que se identifican en la lucha contra el tráfico o
trata de personas”, propósito en aras del cual se juzgó “necesario trascender
el aspecto punitivo, que se desarrolla de una manera adecuada en el Estatuto
Penal -artículo 188A-, para pasar a regular la problemática desde una óptica
más integral”, de modo que pueda ser atacada “desde dos frentes: uno punitivo,
a partir de la legislación penal y la eficacia del sistema judicial penal, y
otro de prevención y atención”[17].
Por su parte, la Corte
Constitucional, al resolver un caso relativo a la trata de personas, para
descartar la improcedencia de la acción de tutela debida a la existencia de la
acción penal como otro medio judicial de defensa, apuntó que “la acción penal
no es el único mecanismo de defensa de los derechos de la demandante y tampoco
el más idóneo”, pues en esa ocasión la actora no buscaba “la condena penal de
sus victimarios sino la tutela de sus derechos fundamentales”[18].
En aquella oportunidad esta
Corporación distinguió dos perspectivas de aproximación a la trata de personas
y por eso precisó que su análisis no se efectuaba “desde la perspectiva penal
sino desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la víctima” y ello
teniendo en cuenta que “los fenómenos de trabajo forzoso, trata de personas e
incluso esclavitud conllevan la vulneración grave de varios derechos de la
víctima”, razón por la cual son “proscritos por el derecho internacional y por
el artículo 17 de la Constitución”. La Corte concluyó que “más que un asunto de
política criminal, la trata de personas es un problema de violación de derechos
humanos y desde esa perspectiva deben protegerse los derechos de las víctimas”[19].
8. La trata de personas y
la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas
Desde el punto de vista de los
derechos fundamentales ya se ha puntualizado, al iniciar estas consideraciones,
que la prohibición de la esclavitud, la servidumbre “y la trata de seres
humanos en todas sus formas”, prevista en el artículo 17 superior, tiene un
estrecho vínculo con el artículo 12 de la Carta, que proscribe la desaparición
forzada, las torturas y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes,
siendo inevitable, a partir de ahí, la referencia al atropello a la dignidad
humana, punto desde el cual se despliega una larga cadena de vulneraciones a
derechos fundamentales que logrará precisarse, en mayor o en menor medida,
dependiendo de las circunstancias de cada caso en particular.
La apreciación contenida en
algunas intervenciones permite intentar una aproximación general a las consecuencias
que tiene la trata de personas en distintos derechos fundamentales. Así, por
ejemplo, la Corporación Anne Frank sostiene que la trata de personas “violenta
y vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de las personas, en
especial la vida, la integridad personal, las libertades civiles, el libre
desarrollo de la personalidad, la integridad sexual y la salud”, además de
privar a la víctima de su libertad, autonomía y dignidad, en cuanto se la
somete a una ultrajante instrumentalización. En la intervención presentada en
nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, se
agrega la vulneración del derecho a la intimidad y en el memorial presentado
por la Organización Internacional de Derechos Humanos Women’s Link Worldwide se
alude a la transgresión de los derechos a la vida en condiciones dignas, al
mínimo vital y a estar libre de violencia.
En la exposición de motivos
del proyecto en el que tuvo su origen la Ley 985 de 2005 se consignó que la
trata de personas “viola gran cantidad de derechos fundamentales de las
víctimas, comenzando por el no reconocimiento de la dignidad humana”, derivado
de considerarlas “objeto de lucro de los traficantes y no como sujetos o seres
humanos dotados de racionalidad propia, con libertad de autodeterminación” y
“con el derecho a desarrollar libremente su personalidad”[20].
A lo precedente se agregó que
“una gran gama de derechos se les violan antes, durante y después de la
situación de tráfico: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad; el derecho a la honra, el derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas, el acceso a la salud, a la educación, a no ser sometido a tratos
crueles e inhumanos, a gozar de una familia, el derecho a la seguridad social;
el derecho a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, entre otros”[21].
A continuación, se hace
énfasis en que “cuando los sujetos objeto del tráfico son personas menores de
edad, además de los derechos vulnerados anteriormente, se transgreden los
derechos fundamentales de los niños, mencionados en el artículo 44 de la
Constitución Política, como son el derecho a la integridad física, la salud, la
seguridad social, el derecho a tener una familia, el cuidado, el amor y la
educación entre otros derechos”[22].
Ya a la luz de un caso
concreto abordado en sede de revisión de las decisiones relacionadas con la
acción de tutela, la Corte trajo a colación los artículos 12 y 17 de la Carta,
así como el artículo 1º, que funda el Estado colombiano en el respeto a la
dignidad humana, y los artículos 16 y 28 que, respectivamente, se refieren al
libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la libertad, fuera de lo
cual se refirió al artículo 44 constitucional que, tratándose de los niños,
“ordena su protección específica”, especialmente “contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral y económica y trabajos riesgosos”[23].
Más adelante, la Corte
puntualiza que el artículo 17 de la Constitución “protege los derechos a la
libertad física y a la dignidad”, que cuando las prácticas en cuestión se
realizan a causa del género de las víctimas, “constituyen una forma de
violencia contra la mujer que lesiona su integridad, su dignidad y su derecho a
la igualdad” y que, en el caso de los niños, “la trata de seres humanos
usualmente significa la separación de los niños de sus familias”[24].
Finalmente, la Corte apuntó
que otros derechos quebrantados “en las situaciones bajo examen son la
integridad física, pues en muchos casos el sometimiento de la víctima se logra
a través de la violencia física y las agresiones sexuales, y las labores que
son obligadas a realizar deterioran su bienestar físico; el derecho al trabajo
en condiciones dignas y justas, ya que cuando existe servidumbre y trabajos
forzosos, la víctima además de no ser remunerada por su trabajo, es obligada a
trabajar en horarios extenuantes, en precarias condiciones de salubridad, etc.;
el derecho a elegir profesión u oficio, ya que la víctima es obligada a
realizar trabajos en contra de su voluntad; el derecho a la salud, puesto que
el nivel de salud de las víctimas -físico y emocional- suele ser afectado por
los maltratos y las precarias condiciones de vida; y los derechos a la
alimentación, a la vivienda, a la educación, entre otros”[25].
La enunciación de los derechos
que pueden resultar vulnerados a causa de la trata de personas dista mucho de
corresponder a una lista cerrada, definitiva y excluyente, pues, conforme se ha
visto, la trata es pluriofensiva, puede hacer víctimas suyas a numerosas
personas de muy variadas condiciones y para someterlas a un amplio catálogo de
conductas lesivas de la dignidad humana, todo lo cual torna difícil la
elaboración de un listado único de violaciones y de derechos vulnerados.
La exigencia de listas
cerradas está anclada en viejas concepciones que ignoran la dinámica
contemporánea del constitucionalismo, pues, como dice Fioravanti, “el Estado
constitucional de hoy elude la tradicional oposición entre lo concreto y lo
abstracto o entre lo particular y lo general que recorrió toda nuestra
historia” y esto porque “en el Estado constitucional ya no existen esencias que
combatir y todo es un problema de medida: ninguna ley puede ser tan concreta
como para constituir privilegios objetivamente, y ninguna ley pude ser tan abstracta
como para olvidar las diferencias y crear así injusticias materiales”[26].
Las tensiones evidenciadas en
el derecho constitucional actual también se proyectan en la dicotomía conformada
por lo abierto y por lo cerrado y tienen una expresión paradigmática en los
juicios de proporcionalidad como el propuesto en la demanda que ahora atiende
la Corte, ya que habiéndose puesto en el centro a la persona, y siendo
necesario que las distinciones introducidas por el legislador “respondan
racionalmente a una causa y no sean fruto de una voluntad arbitraria”, el
control “sobre la ley arbitraria” es hoy, “uno de los principales filones del
actual control de constitucionalidad” para evitar el privilegio basado en la
exagerada concreción o la injusticia sustancial fundada en muy altos niveles de
abstracción.
La demanda que ha dado origen
a la presente causa plantea un problema propio de la actual realidad del
constitucionalismo y, a tono con esa realidad, procede su examen, sin que para
ello resulte indispensable la rigidez de las listas cerradas y definitivas que
echan de menos quienes se resisten a aceptar la evolución o simplemente carecen
de herramientas para verla.
9. El problema jurídico
planteado en la demanda
Respecto de las víctimas es
claro que la perspectiva dominante es la correspondiente a los derechos
fundamentales y habiendo llegado a este punto, procede, entonces, abordar
directamente el problema jurídico planteado en la demanda, problema que para la
Corte consiste en establecer si la exigencia de denunciar el delito que el
parágrafo demandado hace recaer sobre las víctimas de la trata de personas como
condición para obtener la atención mediata limita desproporcionadamente los
derechos que les atañen, sin que esa limitación se refleje en un beneficio
decisivo y superior en el plano de la persecución penal del delito de trata de
personas.
La demandante estima que la
obligación de denunciar que la preceptiva cuestionada impone a las víctimas del
delito de trata de personas produce una re-victimización o victimización
secundaria que pone de manifiesto no solo la desproporción alegada, sino
también la inconstitucionalidad de la medida, porque, en su criterio, al erigir
la denuncia en condicionante del acceso a la protección mediata se da lugar a
un amplio desconocimiento de derechos fundamentales, a empezar por la dignidad
humana vulnerada ya por el delito y vuelta a vulnerar por la exigencia de una
denuncia, cuya omisión priva a las víctimas de la protección mediata,
dejándolas únicamente con la atención inmediata que se les brinda.
En su intervención, el Centro
de Pensamiento sobre Trata de Personas llama la atención acerca de que pese al
alcance que la Ley 985 de 2005 le confirió a la protección de las víctimas de
trata de personas, desde la concepción inicial del proyecto se condicionó el
acceso a la protección mediata a que las mismas víctimas presentaran la
denuncia del delito al que habían sido sometidas, en lo cual el Centro
interviniente advierte una incoherencia que el mismo legislador origina, pues
ya en la exposición de motivos, tras diferenciar entre la atención inmediata y
la mediata como partes de una estrategia integral se indica que “para que las
víctimas puedan acceder a la atención mediata se debe haber denunciado el
delito”[27].
9.1. El test de
proporcionalidad y su intensidad
A fin de demostrar la
desproporción alegada y su inconstitucionalidad, la actora propone un test de
proporcionalidad que desarrolla en sus diferentes etapas para concluir que la
denuncia exigida a las víctimas de la trata de personas no supera ese test, por
ser una medida innecesaria y desproporcionada en el sentido estricto de la
expresión. Acerca de la intensidad del escrutinio que debe efectuarse el Centro
de Pensamiento sobre Trata de Personas y la Organización Women’s Link Worldwide
consideran que, dada la gran relevancia de los derechos involucrados, el test
debe ser de carácter estricto.
A este respecto conviene
señalar que, tratándose del test y de su intensidad, en la jurisprudencia de la
Corte constitucional se han identificado tres niveles que son el leve, el
intermedio y el estricto. El primero es aplicable, por ejemplo, a las medidas
de índole económica, “tributaria o de política internacional, a asuntos que
implican una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de
un órgano constitucional, o a casos en los que del contexto normativo de la
disposición demandada no se aprecie prima facie una amenaza para el
derecho o principio que se alega lesionado”, lo que se corresponde con un
amplio margen de configuración legislativa que implica una verificación
orientada a establecer “si el fin buscado y el medio empleado no están
constitucionalmente prohibidos, y si el medio escogido es idóneo para alcanzar
el fin propuesto”[28].
El nivel intermedio es aplicable
para “casos en los que existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la
afectación grave de la libre competencia, o acciones afirmativas, entre otros
casos”, eventos en los cuales se debe constatar que el fin perseguido “sea
constitucionalmente importante y que el medio elegido “sea efectivamente
conducente a alcanzar el fin”[29].
El nivel estricto es “aplicable a casos en los que
está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en el inciso
1º del artículo 13 superior”, o en los que “la medida recae principalmente en
personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o
discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías
insulares o discretas” y a “casos en los que la medida que hace la
diferenciación entre personas o grupos prima facie afecta gravemente el
goce de un derecho constitucional fundamental o casos en los que la medida que
se examina crea un privilegio” [30].
Importa destacar que la obligación de denunciar se
le impone a la propia víctima del delito de trata de personas como condición
para acceder a la asistencia mediata, luego la necesidad de la denuncia debe
ser apreciada, en primer término, desde la perspectiva de la víctima directamente
afectada, a fin de determinar si para el logro de las finalidades penales que
se persiguen es absolutamente indispensable que sea la misma víctima quien deba
proceder a denunciar la trata de la que fue objeto.
Sin perjuicio de que la víctima decida libremente
poner en conocimiento de las autoridades encargadas de la investigación del
delito el episodio al que se vio sometida, la cuestión radica en la
obligatoriedad de la denuncia que el parágrafo demandado contiene,
obligatoriedad presionada, además, por la supresión de la asistencia mediata, a
la cual la víctima que se abstenga de denunciar no podrá acceder. Situándose en
este contexto, en la demanda, en las intervenciones, así como en la vista
fiscal se llama la atención sobre las condiciones personales de la víctima, y
aún de sus familiares, para descalificar la imposición de la denuncia como algo
obligatorio y descartar, por ende, la imperiosa necesidad de involucrar a la
misma persona afectada por la trata en las diligencias adelantadas ante la
jurisdicción penal.
El entorno en el que se desenvuelve la existencia
de las víctimas suele ser de alta marginalidad y vulnerabilidad, lo que es
perceptible incluso antes de que los delincuentes den inicio a las actividades
ilícitas dirigidas a someter e instrumentalizar a una persona determinada. Así,
la Organización Women´s Link Worlwide anota que “la víctima de trata, antes de
que iniciase esta condición se encontraba en una situación de vulnerabilidad
por factores estructurales como la discriminación racial o étnica,
discriminación por identidad de género u orientación sexual, situación de
pobreza o miseria, afectación por el conflicto armado interno, a lo que se le
deben sumar los efectos que supone para una víctima ser tratada, entre ellos factores
como el despojo de su capacidad de decisión, la pérdida de su autonomía, en
muchos casos la sustitución de la identidad e incluso la pérdida de la misma”.
La Corporación Anne Frank señala que “las víctimas
de trata de personas quedan muy afectadas”, de tal manera que “muchas empiezan
a reconocerse como víctimas solo meses después de que obtienen su libertad”,
situación que dificulta que denuncien para obtener la ayuda estatal y a la que
se suman varios riesgos asociados a la formulación de denuncias penales en
contra de las organizaciones dedicadas a la trata de personas.
El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas,
valiéndose de un documento publicado por la Global Alliance Against Trafficking
in Women, resume del siguiente modo los mencionados riesgos: (i) consideración
de casos de trata externa como “ejemplos de mala suerte en el proceso
migratorio” y no como supuestos de trata diferentes de la más común vinculada a
la explotación sexual, como por ejemplo, la explotación en el servicio doméstico
y el trabajo forzado que, en ocasiones, culturalmente no se consideran
reprochables, (ii) temor de la víctima a posibles retaliaciones y amenazas de
los tratantes hacia ella o sus familiares, por lo que la denuncia puede ser más
riesgosa que el silencio, añadiéndose a lo anterior la posibilidad de grandes
deudas económicas con los tratantes o el escarnio público generado por el
conocimiento de la situación, (iii) deficiente relación de la víctima con las
autoridades que “pueden llegar a considerarla “como criminal y no como
víctima”, “como es el caso de migrantes indocumentados en el caso de trata
externa, o de niños(as) miembros de grupos armados ilegales, en el caso del
reclutamiento forzado, (iv) desconocimiento por la víctima de la autoridad a la
que debe acudir, ignorancia, por parte de las autoridades, acerca de cómo
manejar el tema, ineficacia en su actuación o corrupción percibida por las
víctimas.
El anterior elenco, meramente ilustrativo, es
corroborado y también complementado en otras intervenciones. Así, la
Corporación Espacios de Mujer estima que en escasas oportunidades las víctimas
están dispuestas a presentar la denuncia y que la renuencia a hacerlo se debe a
“amenazas contra su integridad personal y las de sus familias (…) estigmatización
dentro de sus comunidades y familias por el hecho ocurrido, falta de
credibilidad y confianza en las autoridades, desprotección frente a los
victimarios, entre otras razones” y, haciendo alusión a la experiencia de la
Corporación en la asistencia a las víctimas, afirman que en 2008 dos mujeres
denunciantes fueron desaparecidas, que en otras ocasiones las víctimas fueron
recibidas en el terminal de transporte o en el aeropuerto “por policías
uniformados que las han escoltado hasta sus casas de residencia en Medellín con
los carros oficiales y sirena, animando la curiosidad de los vecinos del barrio
que han investigado sobre los hechos”, fuera de la agresión física a la que un
victimario sometió de nuevo a una mujer a quien las autoridades no le brindaron
protección aduciendo la escasez de personal.
Así mismo, en la intervención de la Universidad del
Norte se trae a colación una cartilla elaborada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia y la Organización Internacional de las Migraciones, en
la que se asevera que “los tratantes se han encargado de hacerles saber (a las
víctimas) que conocen muy bien de dónde vienen y en dónde se encuentran sus
familiares y amigos, de tal manera que ellas teman por las represalias que se
pueden desprender de una posible denuncia o de su participación en un juicio”.
A los ejemplos precedentes se suma la
re-victimización o victimización secundaria a la que se alude en la demanda y
que según la intervención de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana
comporta el sometimiento de quien ya ha sido víctima a nuevas situaciones
traumáticas en un momento posterior y por diferentes victimarios, a veces en
razón de las relaciones suscitadas con “instituciones sociales, de servicios
sociales, sanitarios, medios de comunicación, jurídicos, entre otros”, como
acontece cuando “una persona ha sido víctima y posteriormente es maltratada por
alguna institución porque se le niega información, no se le reconoce como una
interlocutora válida, no se le escucha con el debido respeto” o recibe amenazas
provenientes de las “mismas instituciones a las que acude porque cumplen alguna
función de protección”.
La Organización de las Naciones Unidas ha indicado
que son víctimas “las personas que individual o colectivamente hayan sufrido
daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de
los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder”,
incluyéndose dentro de la expresión, según los casos, también los familiares o
personas a cargo “que tengan relación inmediata con la víctima directa” y
aquellas personas “que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir su victimización”[31]. Por su
parte, el artículo 9º del Protocolo de Palermo impone a cada Estado parte la
adopción de políticas, programas y otras medidas con miras a “proteger a las
víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un
nuevo riesgo de victimización”.
La condición básica de quien es re-victimizado es
haber sido víctima en una primera oportunidad y volver a serlo en otra u otras
ocasiones por motivos relacionados con la experiencia inicial, cuyas arraigadas
secuelas reviven a propósito del ejercicio posterior de otro poder, sea que lo
ejerza una persona o grupo e incluso estructuras sociales consolidadas,
aparatos institucionales o situados por fuera de las instituciones. Un nuevo
maltrato, que incluso puede consistir en una omisión de lo debido, reproduce y
afianza la condición vulnerable de la víctima, sumándole al traumático
desconocimiento original de la dignidad humana otros episodios constitutivos de
violación de derechos.
La re-victimización sume a la víctima en peores
condiciones, debilita, retrasa o directamente anula sus posibilidades de
recuperación y perpetúa la vulneración de sus derechos al punto de tornar
imposible su exigibilidad o de segregar al sujeto marginándolo física y/o
emocionalmente de la comunidad o del entorno en el cual desarrollaba su
existencia y en muchas ocasiones todo esto acontece cuando todavía la persona
re-victimizada no ha logrado superar los traumas dejados por los primeros
episodios de desconocimiento de sus derechos.
Trastornos sicológicos y repercusiones somáticas
suelen ir ligados a las nuevas victimizaciones, pues al irrespeto hacia la
vivencia dolorosa de la víctima se agrega la reactivación de las emociones
negativas surgidas del delito, así como la recreación de las circunstancias
violentas que rodearon su comisión, proceso agravado por la falta de
comprensión de lo sucedido y de sus devastadoras secuelas, incomprensión en que
pueden incurrir actores sociales e institucionales, incluidos los encargados de
brindar protección, dada la frecuente falta de preparación de la gente del
común y de los funcionarios o empleados para entender los sentimientos de la
víctima y acompañarla en el largo itinerario de su recuperación.
Así pues, la re-victimización reitera una
victimización primaria, empeora la situación de quien ya es víctima y, entre
otros factores, puede ser propiciada por la obligatoriedad de la denuncia, en
cuanto el testimonio de la misma víctima le atrae circunstancias negativas
añadidas a las surgidas de la trata, debiéndose también tener en cuenta la
existencia de víctimas que, aun cuando quisieran denunciar, no tienen la posibilidad
de hacerlo a causa de diversos factores, entre lo que se cuenta el trato hostil
y estigmatizante proveniente de los mismos operadores del sistema que someten a
la víctima a un sufrimiento adicional al ya padecido.
De acuerdo con la intervención de la Organización
Women’s Link Worlwide la justificada renuencia de las víctimas a denunciar o la
imposibilidad de hacerlo, se traduce en una asistencia limitada, propiciadora
de que “la víctima caiga nuevamente en una situación de vulnerabilidad”, sobre
todo si la falta de denuncia lleva a que se le niegue la asistencia mediata, lo
que expone a la persona afectada por el delito a nuevas violaciones de
prerrogativas tales como los derechos a la vida, “a su integridad física, a
vivir libre de violencia, a la salud integralmente considerada -física y
psicológica-, a la igualdad, entre otros”.
Cabe agregar que la cantidad de derechos
fundamentales involucrados, la gravedad de su violación que comporta la
instrumentalización o mercantilización de seres humanos y la amplitud con que
ha sido concebida la protección ponen de manifiesto un aspecto relevante para
efectos de la aplicación del test de proporcionalidad, cual es el alto grado de
vulnerabilidad de las personas afectadas, perceptible aún antes de su
sometimiento a la trata, que suele también generar en quienes la padecen un estado
de debilidad e indefensión.
El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas,
en su intervención, puntualiza que esta conducta ilícita tiene como víctimas a
“personas que se encuentran en situación de debilidad e indefensión y que se
ven expuestas a los más crueles vejámenes”, de modo que después de haber sido
sometidas a la trata “quedan expuestas a situaciones de extrema
vulnerabilidad”. Idéntico criterio comparten quienes han intervenido en
representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, al indicar
que la vulneración de los derechos causada por la trata se concreta,
inicialmente, en “la esencial condición de vulnerabilidad que ante las organizaciones
criminales tienen las víctimas”.
De cuanto se ha considerado hasta aquí procede
concluir que el nivel del test de proporcionalidad propuesto ha de ser el
estricto, bastando para ello remitir a la cantidad de derechos fundamentales
afectados o desconocidos por la trata de personas, a empezar por los artículos
17 y 12 de la Constitución que, junto con el reconocimiento de la dignidad
humana, conforman el núcleo básico de derechos afectados que en atención a las
circunstancias en que se produce la violación se va expandiendo para abarcar un
conjunto mayor de prerrogativas constitucionales vulneradas, conforme se ha
señalado en precedencia con argumentos a los cuales se remite.
9.2. La aplicación del test en su nivel estricto
Así pues, cabe en esta ocasión desarrollar en su
grado más intenso el test solicitado, debiéndose recordar que para aplicar el
nivel estricto el juez debe verificar que el fin de la medida sea “legítimo e
importante, pero además imperioso”, que el medio escogido sea adecuado y conducente
y, adicionalmente, necesario”, es decir, “que no pueda ser reemplazado por un
medio alternativo menos lesivo” y, finalmente, que haya proporcionalidad en
sentido estricto, lo que significa que “los beneficios de adoptar la medida
excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores
constitucionales por la medida”[32].
9.2.1. La finalidad e idoneidad de la medida
prevista en el parágrafo demandado
De conformidad con lo que se ha expuesto, la protección
que se les ofrece a las víctimas de la trata de personas comprende, según la
Ley 985 de 2005, una atención inmediata y una atención mediata. En ese contexto
la inquietud de la actora se funda en lo dispuesto en el primer parágrafo del
artículo 7º de la referida ley, de acuerdo con cuyas voces “la prestación de la
asistencia mediata estará sujeta a que la víctima haya denunciado el delito
ante las autoridades competentes”, condición que, de acuerdo con el precepto
cuestionado, “no podrá exigirse para la prestación de la asistencia inmediata”.
Se ha advertido que esta medida aparece ya en el
proyecto inicial que, luego de surtido el trámite pertinente en el Congreso de
la República, se convirtió en la Ley 985 de 2005 y con miras a la realización
del test propuesto en la demanda, conviene señalar ahora que en la misma
exposición de motivos se consigna la finalidad perseguida mediante la
introducción del parágrafo atacado en la respectiva regulación. En efecto,
después de diferenciar e indicar los objetivos de los niveles de atención
inmediata y mediata, se precisa lo siguiente: “Cabe anotar que para que las
víctimas puedan acceder a la atención mediata se debe haber denunciado el
delito, esto tiene como propósito incentivar la denuncia, buscando que por esta
vía se inicien más investigaciones contra los traficantes”[33].
La finalidad que el legislador busca al condicionar
la atención mediata a que la víctima de la trata de personas denuncie el correspondiente
delito tiene una innegable connotación penal, ligada a la urgencia de
investigar la conducta ilícita y de actuar en contra de sus autores que, como
se ha anotado, pueden conformar redes o mafias criminales incluso de carácter
transnacional. En este sentido la Organización de Derechos Humanos Women’s Link
Worldwide apunta en su intervención que la disposición censurada “desarrolla un
enfoque de persecución penal del delito de trata de personas”, lo cual
significa que el Estado colombiano otorga una gran importancia “a su interés de
obtener información del delito a través de la obligación de presentar una
denuncia”.
La investigación y persecución del delito y de sus
autores lejos de reñir con la Carta, es una finalidad imperiosa que cuenta con
asidero constitucional, como quiera que, de conformidad con el artículo 250 de
la Constitución, a la Fiscalía General de la Nación le compete “realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito”, así
como ejercer la acción penal, siendo la denuncia un medio por el cual pueden
ser puestos en conocimiento de la Fiscalía los hechos que pudieran ser delitos.
La denuncia penal “es una manifestación de
conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción,
pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo”, siendo
plausible entenderla, entonces, como “un acto constitutivo y propulsor de la
actividad estatal en cuanto vincula al titular de la acción penal -la Fiscalía-
a ejercerla con el propósito de investigar la perpetración de un hecho punible”[34].
Se alcanza a percibir en lo anterior el sustrato
que la denuncia tiene en el campo del interés general, toda vez que su
presentación encuentra fundamento en “diversos principios constitucionales
asociados con las exigencias de solidaridad y de contribución con el sistema de
administración de justicia”[35],
como que el artículo 95 superior, al establecer los deberes y obligaciones de
la persona y del ciudadano, impone a los asociados, en el numeral 2º, “Obrar
conforme al principio de solidaridad social” y, en el numeral 7º, “Colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de Justicia”.
En este orden de ideas, desde la perspectiva
constitucional la finalidad perseguida es imperiosa y la exigencia de denunciar
el delito obedece a esa finalidad y también se puede sostener que se trata de
una medida idónea para lograr el propósito constitucional anotado, ya que la
denuncia tiene aptitud para facilitar la actuación de las autoridades
encargadas de la investigación y aun para lograr la protección de ciertos
derechos de las víctimas de delitos, como por ejemplo, la reparación, la verdad
y la justicia.
Como se afirma en la intervención de la Universidad
Externado de Colombia “claramente una noticia criminis que contenga de
manera detallada los hechos jurídicamente relevantes, un buen análisis
dogmático y una ilustración, cuando menos sumaria, de los eventuales elementos
materiales probatorios y/o evidencia física que puedan arrojar luz sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar del ilícito, facilita y optimiza las
labores del ente acusador, incrementando así la posibilidad de la
materialización de la tutela judicial efectiva para la víctima, ya que dicha
protección busca, entre otros, que las autoridades orienten sus acciones hacia
el restablecimiento integral de los derechos vulnerados por un hecho punible”.
Por cuanto la denuncia del delito se orienta hacia
una finalidad constitucional y es idónea para lograr ese preciso propósito
consistente en la investigación del delito y en el obrar contra sus autores,
procede, entonces, avanzar para determinar si, como medio seleccionado por el
legislador, resulta necesaria, esto es, si no puede ser reemplazada por “un
medio alternativo menos lesivo en términos de principios y derechos
constitucionales”[36].
9.2.2. La necesidad de la medida
En el escrito presentado en representación de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario se expresa que aun
cuando “el mecanismo de denuncia constituye una forma de garantizar el interés
general que cumple el presupuesto de solidaridad y contribución al sistema de
administración de justicia”, no debería “ser requisito sine qua non para
brindar asistencia mediata a la víctima de trata de personas”, siendo “preciso
examinar, tal como se menciona en la demanda el criterio de necesidad que recae
sobre esta medida, ya que la denuncia no es el único mecanismo que el Estado
tiene a disposición para poner en marcha las acciones de persecución a
organizaciones criminales y en general, para la investigación, judicialización
y sanción del delito de trata de personas”.
Procede, entonces, examinar el requisito de la
necesidad desde el punto de vista de la existencia de medios alternativos menos
lesivos que pudieran reemplazar a la obligación de denunciar el delito que el
parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005 impone a las víctimas de la
trata de personas.
9.2.2.1. La necesidad de la medida y los medios
diferentes a la denuncia por la propia victima
En primer lugar, se debe reparar en que el artículo
250 de la Constitución le asigna a la Fiscalía General de la Nación el
ejercicio de la acción penal y la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito, llegados “a su conocimiento por medio de
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la existencia del
mismo”.
Nótese que la Constitución enuncia varios medios
que hacen posible el conocimiento por la Fiscalía General de la Nación de los
hechos que podrían ser delitos y que la denuncia es uno solo de esas
posibilidades, a lo cual se debe añadir que su presentación puede hacerla una
persona “ofendida o no con la infracción”[37],
lo cual implica que, aun tratándose de la denuncia, no es indispensable que sea
la propia víctima del hecho punible quien ponga en conocimiento de la autoridad
la eventual comisión de un delito.
Para formular la solicitud de inexequibilidad la
Procuraduría General de la Nación consigna en su concepto de rigor que “la
denuncia de la víctima no es el único medio para poner en funcionamiento el ius
puniendi”, haciendo notar, adicionalmente, que la trata de personas es “un
delito de investigación oficiosa”, criterio que comparten los intervinientes de
la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas de Bogotá, al enfatizar
que el delito no es querellable y que “toda persona tiene la responsabilidad
mas no la obligación de denunciar los delitos de cuya comisión tenga
conocimiento”.
La intervención de la Universidad Externado de
Colombia también hace énfasis en que, si lo pretendido por el Estado mediante
el precepto demandado “es que el ente investigador persiga a los responsables
de tales delitos, entre otras razones para evitar la continuación de actos de
tal envergadura y proteger así al conglomerado social, bien pueden y deben
los funcionarios públicos encargados de prestar la asistencia, tanto inmediata
como mediata poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos generadores
de la ayuda, ya que al no ser la trata de personas una conducta querellable,
sino, en virtud de la ley, de investigación oficiosa, es el Estado a través del
ente acusador -en acatamiento del mandato constitucional previsto en el
artículo 250 de la Carta- quien debe ejercer la acción penal con independencia
de que medie o no denuncia por parte de la víctima”.
En la vista fiscal se agrega que cabe suponer que
en el momento de solicitar la asistencia mediata ya la víctima ha recibido la
inmediata y, por lo tanto, el Estado “ha tenido conocimiento de que esa persona
ha sido víctima del delito de trata de personas”, habiéndose suscitado antes
“la notitia criminis, de tal forma que el Estado puede poner en
funcionamiento el sistema judicial para investigar y sancionar a los
responsables, ya que se trata, se repite, de un delito de investigación
oficiosa”.
Siendo el delito de trata de personas de
investigación oficiosa no tiene fundamento alguno el exigirle a la víctima la
denuncia con la connotación obligatoria que preside la redacción del texto
demandado y tampoco lo tiene el hacer de esa denuncia una condición de acceso a
la protección integral que, por lo demás hace parte del deber de diligencia que
los Estados tienen respecto de las víctimas de la trata de personas no solo
para combatir el delito cometido, sino también para prevenir futuras
actuaciones ilícitas y para reparar a las víctimas e integrarlas de nuevo a la
sociedad.
Tampoco por este aspecto la medida contenida en el
parágrafo acusado supera el juicio de necesidad, ya que existen otras
alternativas a la obligación de denunciar que se hace recaer sobre las propias
víctimas del delito de trata de personas, siendo del caso señalar que, si
alguna obligación de denunciarlo existe, esta pesa sobre el Estado llamado a
activar su jurisdicción penal para los fines que le corresponden.
No sobra advertir que en los principios y
directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos se hace constar que ayudas tales como el alojamiento seguro y
adecuado que se les brinde a las víctimas de trata de personas no deben estar
subordinadas “a que las víctimas estén dispuestas a rendir testimonio en un
proceso penal”, añadiéndose, en más amplio sentido, que las víctimas deben ser
protegidas por los Estados, de mayores explotaciones y daños, ofreciéndoles
atención física y sicológica adecuada y no subordinada “a que las víctimas de
la trata de personas puedan o quieran cooperar en un procedimiento judicial”,
criterio también expresado por el Secretario General de las Naciones Unidas, al
recomendar en uno de sus informes que, siendo necesario, los Estados deberían
otorgar la residencia temporal o permanente a las víctimas, sea que estas
“colaboren o no en los procedimientos penales”.
La denuncia por parte de la víctima, en la forma
prevista por el precepto acusado carece del carácter necesario que esta Corte
reclama en su jurisprudencia sobre el test de razonabilidad o proporcionalidad.
Además, la exigencia de la presentación obligatoria de la denuncia para tener
derecho a la protección mediata tiene repercusiones negativas, pues si la
víctima denuncia se ve sometida a grandes riesgos y si omite denunciar, tal
omisión implica interrupción de la asistencia estatal apenas iniciada y, por lo
tanto, desprotección y nueva exposición a la vulneración de derechos
fundamentales, como se puntualizará a continuación.
9.2.3. La proporcionalidad en sentido estricto
En las condiciones anotadas y pese a que ya se ha
evidenciado la inconstitucionalidad resultante de no haber superado la
verificación de la necesidad, en razón de los términos de la demanda y de las
intervenciones, resta analizar la proporcionalidad en sentido estricto, para
determinar si los beneficios derivados de la medida consistente en exigirle a
las víctimas del delito de trata de personas denunciarlo exceden las
restricciones impuestas por esa medida a otros principios y valores
constitucionales.
De lo que se ha desarrollado hasta aquí se deduce
que el beneficio que se deriva de la medida objeto de censura radica,
esencialmente, en la activación de las labores investigativas del delito que
constitucionalmente le han sido confiadas a la Fiscalía General de la Nación
que contaría con esa comunicación inicial proveniente de la propia víctima para
emprender su lucha contra el crimen y contra las organizaciones conformadas
para cometerlo.
Sin embargo, también se ha logrado constatar que
las víctimas del delito de trata de personas enfrentan serias dificultades
cuando optan por formular la denuncia y que, en otras oportunidades, aun cuando
quisieran denunciar no se les propician las condiciones para hacerlo, siendo
evidente que en ambas hipótesis el resultado de la falta de denuncia es la
supresión de la asistencia mediata, junto con la consiguiente interrupción de
las acciones orientadas a lograr la recuperación física y psicológica de quien
ha sido instrumentalizado por los traficantes y a procurar la reinserción de
personas vulnerables en la vida social.
De lo anotado se sigue que los derechos ligados a
la protección integral y surgidos de la propia condición de víctima de la trata
de personas sufren un enorme menoscabo que se suma al detrimento de los
derechos constitucionales fundamentales que les son violados a las víctimas por
la acción de los delincuentes, violación que no cesa automáticamente cuando la
persona sometida logra escapar de sus redes criminales, pues quedan secuelas de
lo padecido, sin que exista otra manera de justificar la subsiguiente
protección estatal dirigida, en términos generales, a la recuperación de la
víctima y a su reinserción social.
El beneficio que en el ámbito de la investigación
penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación reporta la denuncia hecha por
la propia víctima es considerablemente menor que las gravísimas restricciones
que la obligación de denunciar y su omisión causan en los derechos originados
en la condición de víctima y en los derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos que resultan gravemente vulnerados a causa del delito, vulneración
que suele persistir después de que la víctima ha logrado escapara al oprobio y a
la que podría sumarse un nuevo desconocimiento de derechos fundamentales
proveniente de la re-victimización, también propiciada, conforme se ha visto,
por la obligación de denunciar que el parágrafo demandado impone a las víctimas
de trata de personas.
En contra de los anteriores planteamientos se
podría aducir que la Ley 985 de 2005 establece que la protección se les
brindará a las víctimas por intermedio del programa de protección a víctimas y
testigos de la Fiscalía General de la Nación, con cargo a la cuenta especial
contra la trata de personas, pero esta solución tiene el problema de favorecer
un tratamiento vinculado a la investigación del delito haciéndolo prevalecer
sobre un enfoque más amplio de derechos humanos.
Desde luego, la Corte no desconoce la importancia
de la jurisdicción penal, ni el vínculo que el cabal cumplimiento de las
funciones de la Fiscalía General de la Nación tiene con la protección y
promoción de los derechos fundamentales y con los derechos de las víctimas de
actuaciones delictivas, pero advierte que el enfoque de protección de las
víctimas es mucho más amplio, a empezar porque, tal como se ha considerado en
esta providencia, esa protección inicia aun antes de que la Fiscalía pueda
tener conocimiento de la comisión del respectivo delito, pues no de otra manera
se justifican las medidas preventivas que operan en sitios especialmente
proclives a la comisión del delito o respecto de personas vulnerables ante la
actuación de las mafias de traficantes, debiéndose agregar que la condición de
víctima potencial o real de la trata de personas no proviene de la calificación
que pudiera darse por la jurisdicción penal, sino que esa condición se
constituye por circunstancias fácticas, es decir, por los hechos padecidos por
la persona concreta o por los riesgos que ciertas realidades proyectan sobre
algunas personas o grupos de personas.
Así las cosas, la aproximación a la trata de
personas y a sus víctimas no puede ser única y prioritariamente penal, ya que,
con toda su innegable importancia, la actuación de la jurisdicción penal y
específicamente de la Fiscalía General de la Nación debe estar inscrita en una
perspectiva más amplia y determinante que es la de los derechos fundamentales.
Así se ha sostenido en intervenciones como la de la Organización Women´s Link
Worlwide que, en relación con la trata de personas, recomienda la adopción de
“un enfoque de derechos humanos, en que los derechos humanos de las víctimas
constituyan el centro de la labor del Estado para combatir la trata”.
De acuerdo con ese enfoque más amplio y
comprehensivo “el enfoque de derechos humanos se refiere a que el abordaje de
la trata de personas, por parte de los Estados debe darle prioridad a la protección
de los derechos de las víctimas desde una perspectiva integral y sin
discriminación”, perspectiva que el parágrafo censurado no satisface, pues
produce el efecto contrario, al hacer depender la condición de víctima de la
calificación penal de la conducta y al privar de la protección a la víctima que
no denuncie, con grave detrimento de los derechos fundamentales y de los
correspondientes a la protección de las víctimas, todos los cuales quedan así
subordinados a la persecución del delito y de sus autores, legítimo interés
que, sin embargo, no puede lograrse a costa del sacrificio de principios de
tanta trascendencia como la dignidad humana, para mencionar tan solo el
fundamento de los derechos conculcados a quienes resultan afectados por la
trata.
No se puede perder de vista que la Constitución es
norma vinculante y que sus artículos 17 y 12 que expresamente proscriben la
trata de personas fueron incorporados a la Carta de derechos fundamentales en
1991, mientras que la incorporación del delito de trata de personas en el
Código Penal data del año 2004, a lo que se suma que a la luz de un caso
concreto la Corte ha indicado que “la categoría de víctima de fenómenos como la
trata de personas, no puede supeditarse a la existencia de un proceso penal, y que
la perspectiva penal no puede ser la única ni la más importante para abordar el
problema, pues más que un asunto de política criminal, la trata de personas es
una violación de derechos humanos”[38].
Con base en esas consideraciones más adelante se
afirma que “si bien el proceso penal es un mecanismo importante para garantizar
los derechos de las víctimas”, no es “el único ni el más idóneo, entre otras
razones, porque supedita la protección de las víctimas a la comprobación de la
ocurrencia de un delito”, de donde se dedujo que “las autoridades deben diseñar
otros mecanismos que aseguren la realización de los derechos de las víctimas y
que atiendan a la complejidad de los fenómenos”, teniendo en cuenta,
particularmente, que “en muchas ocasiones las víctimas están en imposibilidad
de denunciar y participar en un eventual proceso penal debido al poder que
siguen ejerciendo sus victimarios sobre ellas” y “pueden temer por su
integridad o la de sus familiares”[39].
Los beneficios que para el cumplimiento de las
finalidades propias de la Fiscalía General de la Nación pudieran obtenerse de
la denuncia del delito exigida a la víctima no justifican la restricción de los
derechos fundamentales de las personas sometidas a la trata que es una
restricción agravada en casos como el de los niños víctimas de esa conducta
ilícita, según lo pone de presente el Centro de Pensamiento sobre Trata de
Personas al indicar que como la disposición acusada no hace distinciones,
podría pensarse que aún los niños, niñas y adolescentes están obligados a
denunciar y podrían ser privados de la asistencia mediata si no lo hacen, con
gravosas consecuencias para sus derechos fundamentales previstos en el artículo
44 superior.
En este sentido, en la intervención de la
Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, se sostiene que “si bien es
indispensable que el Estado tenga conocimiento sobre la situación de una
víctima, a fin de darle la asistencia y protección requerida, para que logre
pasar de su situación de víctima a una de sobreviviente, la mera denuncia tiene
la virtud de iniciar una acción penal y dar ciertos beneficios dentro del
proceso penal, pero no tiene la disposición de permitir que la víctima sea
protegida de manera efectiva. El parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de
2005, tampoco supera el examen de la proporcionalidad en sentido estricto y, en
consecuencia, no queda alternativa diferente a la declaración de su
inconstitucionalidad.
10. Síntesis de la providencia
Al analizar la demanda formulada en contra del
parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005, acusado por contener una
medida desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales de las personas
sometidas a la trata de personas y de los que les corresponden en su condición
de víctimas merecedoras de protección, la Corte ha estimado que le asiste razón
a la actora en su planteamiento, ya que al exigirle a los afectados por la
comisión del delito que deben denunciarlo como condición para acceder a la
asistencia mediata, se sacrifica un conjunto amplio de derechos en aras de
favorecer la investigación penal que así se hace prevalecer sobre importantes
prerrogativas reconocidas a las víctimas en la Constitución y en las leyes que
ordenan su protección por el Estado.
En desarrollo del test propuesto en la demanda, la
Corporación encontró que la finalidad de la medida es constitucionalmente
imperiosa, por cuanto la Constitución encarga a la Fiscalía General de la
Nación de la investigación de los hechos que pudieran constituir delitos y la
denuncia en materia penal refuerza ese cometido, fuera de favorecer el interés
público en que los delitos sean perseguidos y de concretar los deberes de
solidaridad y de colaboración con la administración de justicia que el artículo
95 de la Carta radica en cabeza de los ciudadanos.
La Corte consideró que, con miras al fin buscado,
la denuncia es medio adecuado, pero al analizar el requisito de necesidad
encontró que la disposición censurada no lo satisface. En efecto, desde el
punto de vista de la víctima no puede tener el carácter de indispensable una
medida dotada de obligatoriedad que somete a la víctima de la trata de personas
a riesgos constatables que, como la re-victimización, derivan de la denuncia
que en muchas ocasiones se omite por razones fundadas en un temor explicable a
las retaliaciones provenientes de las organizaciones criminales o para librarse
de estigmatizaciones sociales, sin descontar que en ciertas oportunidades,
aunque la víctima quisiera denunciar no tiene las condiciones para que pueda
hacerlo.
Además, la medida tampoco es necesaria, pues la
denuncia puede ser presentada por persona diferente a la víctima y fuera de la
denuncia hay otros medios para llevar al conocimiento de las autoridades
penales la eventual comisión del delito de trata de personas que, no siendo
querellable, es de investigación oficiosa y compromete la actuación del Estado
que no puede ser trasladada a la víctima y, menos aún, en detrimento de sus
derechos fundamentales y de los que le atañen en cuanto víctima.
Adicionalmente, la Corte concluyó que la medida
contemplada en el parágrafo acusado tampoco supera el estudio de
proporcionalidad en el sentido estricto de la expresión, ya que el beneficio
que reporta en los propósitos de la investigación penal llevada a cabo por la
Fiscalía General de la Nación es menor si se le compara con las decisivas
restricciones que sufren derechos fundamentales, a empezar por la dignidad
humana, así como derechos ligados a la condición de víctima que surge de los hechos
delictuosos, mas no de la calificación penal de la conducta o de la
investigación del delito.
Señaló la Corte que la medida censurada favorece
una un enfoque de la trata de personas en que la perspectiva penal se torna
determinante y subordina una perspectiva de derechos fundamentales que es la
que debe tenerse por prevaleciente, habida cuenta de que involucra como una de
sus partes al aspecto penal de la cuestión, permitiendo, a la vez, una atención
integral que tenga en cuenta todos los derechos de las víctimas y también los
momentos anteriores y posteriores a la comisión del ilícito, con propósitos de
prevención, de reparación y de reinserción social. Con base en estos argumentos
la Corporación concluyó que el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de
2005 es inconstitucional y, por ello, se declarará su inexequibilidad en la
parte resolutiva de esta sentencia.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1º del
artículo 7º de la Ley 985 de 2005, que dice: “La prestación de la asistencia
mediata estará sujeta a que la víctima haya denunciado el delito ante las
autoridades competentes. Esta condición no podrá exigirse para la prestación de
la asistencia inmediata”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Sentencia C-464 de 2014.
[2] Sobre la
tasación de esta pena en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento
de la sentencia condenatoria puede consultarse la Sentencia C-820 de 2005.
[3]
Sentencia C-029 de 2009.
[4]
El artículo 188 del Código Penal se ocupa del tráfico de migrantes.
[5] Sentencia
C-464 de 2014, en la que se cita la Sentencia proferida por la H. Corte Suprema
de Justicia el 16 de octubre de 2013 en el proceso 39.257.
[6]
Sentencia C-464 de 2014.
[7]
Sentencia C-962 de 2003.
[8]
Gaceta del Congreso No. 410 de 6 de agosto de 2004, pág. 22.
[9]
Sentencia C-464 de 2014.
[10]
Sentencia T-1078 de 2012.
[11]
Sentencia C-464 de 2014.
[12]
Sentencia C-1078 de 2012.
[13] Gaceta del
Congreso No. 410 de 6 de agosto de 2004, pág. 22.
[14]
Ibídem.
[15]
Ibídem, pág. 23.
[16]
Ibídem.
[17]
Gaceta del Congreso No. 410 de 6 de agosto de 2004, pág. 22.
[18]
Sentencia T-1078 de 2012.
[19]
Ibídem.
[20]
Gaceta del Congreso No. 410 de 6 de agosto de 2004, pág. 22.
[21]
Ibídem.
[22]
Ibídem.
[23]
Sentencia C-1078 de 2012.
[24]
Ibídem.
[25]
Ibídem.
[26] Cfr.
MAURIZIO FIORAVANTI, Constitucionalismo. Experiencias históricas y
tendencias actuales, Editorial Trotta, Madrid, 2014, pág. 127.
[27]
Gaceta del Congreso No. 410 de 6 de agosto de 2004, pág. 23.
[28]
Sentencia C-613 de 2013.
[29]
Ibídem.
[30]
Ibídem.
[31]
Resolución 40/34, 1985.
[32]
Sentencia C-673 de 2001.
[33] Gaceta del
Congreso No. 410 de 6 de agosto de 2004, pág. 23.
[34]
Sentencia C-1177 de 2005.
[35]
Sentencia C-848 de 2014.
[36]
Sentencia C-613 de 2013.
[37]
Sentencia C-1177 de 2005.
[38]
Sentencia T-1078 de 2012.
[39]
Ibídem.