T-425-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-425/93
PLANTEL EDUCATIVO-Pagos
Si bien es cierto
que los planteles educativos tienen derecho a recibir los pagos de las matrículas,
pensiones, etc., provenientes de la ejecución del contrato educativo, no es
menos cierto que resulta contrario a la propia naturaleza impuesta por el nuevo
orden constitucional a esta clase de contratos, que la exigibilidad de dichos
pagos tenga como elemento adicional la posibilidad de retención del resultado
de la actividad educativa del educando, hasta cuando se produzca la aludida
solución crediticia. En consecuencia, los planteles educativos pueden exigir
requerimientos al educando, pero no pueden condicionar el derecho a la
educación al cumplimiento de ciertas obligaciones.
DERECHO A LA
EDUCACION-Contenido
esencial/EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Aunque en el
estatuto de la entidad universitaria se estipula  que  en  el evento de no pago
se sancione - en la forma en que se hizo - al estudiante, tal disposición se
tiene por no válida, por cuanto desconoce el contenido esencial del derecho a
la educación.
UNIVERSIDAD-Estudiante deudor
En casos de
negativa al justo pago, la entidad universitaria no está obligada a autorizar
la matrícula al estudiante deudor en el siguiente periodo lectivo. Es apenas
razonable que las entidades privadas que prestan el servicio público de la
educación tengan un legítimo interés en obtener un beneficio por el trabajo
ejecutado.  La Universidad no está autorizada a imponer una sanción de carácter
eminentemente académico por una causa de carácter pecuniario, para cuya
solución existen vías adecuadas señaladas por la ley.
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA
El sentido de la
autonomía universitaria no es otro que brindar a las universidades la
discrecionalidad necesaria para desarrollar el contenido académico de acuerdo
con las múltiples capacidades creativas de aquellas, con el límite que
encuentra dicha autonomía en el orden público, el interés general y el bien
común. La autonomía es, pues,  connatural a la institución universitaria; pero
siempre debe estar regida por criterios de racionalidad, que impiden que la
universidad se desligue del orden social justo. De ahí que puede afirmarse que
la autonomía universitaria conlleva la facultad de iniciativa singular
encaminada al fortalecimiento de la educación y el aporte al conocimiento
científico de los educadores. No puede aducirse el principio de autonomía
universitaria para instaurar un régimen jurídico paralelo a la legalidad
vigente en el Estado. Se trata de facilitar un manejo administrativo y docente
autónomo a nivel de la educación superior.
Ref.:
Expediente T-15585
Peticionario: ANTONIO
CARLOS PIMIENTA PADILLA.
Procedencia:
Tribunal Superior de Montería - Sala Civil
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA.
Santafé de Bogotá,
D.C., seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela radicado bajo el número T-15585, adelantado por Antonio Carlos Pimienta
Padilla en contra de la Corporación Universitaria del Sinú.
I.       ANTECEDENTES
1.      Solicitud
El ciudadano Antonio
Carlos Pimienta Padilla interpuso, ante el Juez Tercero Civil del Circuito de
Montería, acción de tutela contra la Corporación Universitaria del Sinú, a fin
de que se le amparara su derecho a la educación, consagrado en el artículo 67
de la Constitución Política.
2.      Hechos
Afirma el actor que
desde el año 1985 ha venido adelantando la carrera de Derecho en la Corporación
Universitaria del Sinú. A efectos de cancelar su matrícula se acogió al sistema
de cuotas, respaldando los créditos con la firma de pagarés y letras de cambio.
Manifiesta que, para
la época de examenes finales del año 1992, la Corporación Universitaria del
Sinú expidió una resolución mediante la cual se dispuso que únicamente podían
presentar dichos examenes los estudiantes que estuvieran a paz y salvo con la
institución. Para hacer efectiva esta medida se ordenó que únicamente los
estudiantes que cumplieran con este requisito podían ingresar a las aulas y
presentar los examenes. Dice el actor que, en virtud de que no se encontraba a
paz y salvo con la institución educativa, no se le permitió presentar sus
examenes finales. Posteriormente,  mediante otra resolución, la Corporación
Universitaria permitió que los estudiantes que se hubiesen puesto a paz y salvo
presentaran sus examenes finales en las fechas establecidas para las habilitaciones,
y que aquellos que tuvieren que habilitar se les convalidaría la misma nota.
Sostiene el actor
que agotó el conducto regular con las directivas de la Corporación, solicitando
que se le permitiese presentar sus examenes finales "sin tener en
cuenta la situación económica que debe ser distinta a la ACADEMICA (...)"
(Subraya el actor). Dice que para recaudar los dineros la Corporación ha podido
acudir al cobro judicial, en virtud de los pagarés suscritos a su favor. La
Corporación no atendió su petición y expidió una nueva resolución en la cual se
fijó la nota de uno (1) para todos los examenes de aquellos estudiantes que no
los presentaron por falta de pago.   Posteriormente apareció en la cartelera de
la Corporación otra resolución en que se manifestaba que "(...) FUERON
MUCHAS LAS OPORTUNIDADES QUE SE  OFRECIERON A LOS ESTUDIANTES, Y QUE NUESTRA
SOLICITUD DE REALIZACION DE LOS EXAMENES ERA NEGADA POR SER UNA SITUACION QUE
PROPENDIA AL DESORDEN Y A LA INDISCIPLINA. (...)"  (Mayúsculas y
subrayado del actor).
Sostiene el señor
Pimienta Padilla que "ha sido costumbre año tras año de la Corporación
exigir el pago de sus deudas a los estudiantes, coaccionándo (sic) con no
dejarlos entrar al salón a escuchar sus clases, cuando no se cumple alguna
cuota, o no permitiéndoles la realización de sus examenes finales. (...)".
Concluye el actor
manifestando que desconoce los estatutos de la Corporación Universitaria del
Sinú, y que por tal motivo no sabe si en ellos se contempla una medida como la
tomada en su contra; "(...) que con este proceder la Corporación está
flagrantemente violando mi derecho a la educación pues (...) existen medios
judiciales para hacer efectiva una deuda, máxime cuando se ha firmado un título
valor".
3.      Pretensiones
Solicita el actor que
se ordene a la Corporación Universitaria del Sinú que le permita presentar sus
examenes finales "desprendiéndose de la noción de que se coacciona en lo
académico para lograr el resultado económico de la Institución".
II.      ACTUACION
PROCESAL
1.      Fallo
de primera instancia
Tras practicar
algunas pruebas (Inspección Judicial a los Estatutos de la Corporación
Universitaria del Sinú, a las resoluciones aludidas en la demanda, entre
otras), el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería resolvió denegar la
acción de tutela interpuesta por el actor.
Apreciando las
pruebas aportadas, encontró el fallador que "se pudo constatar que en la
forma de autorización académica para matrícula existen unas cláusulas, entre
ellas, que el estudiante esté a paz y salvo por todo concepto relacionado con
el valor del semestre o año, para la presentación de los examenes finales, y
que quien no presentare examen parcial o final en cualquier materia, la
calificación será de uno".  Estas disposiciones aparecen consagradas en los
Estatutos de la Corporación Universitaria del Sinú.
Así, el Juez Tercero
Civil del Circuito de Montería concluye que la acción de tutela no procede ya
que el actuar de la accionada no es antijurídico, por estar previsto en sus
Estatutos y encontrarse éstos amparados en el artículo 69 superior que consagra
la autonomía universitaria.
2.      Impugnación
y fallo de segunda instancia
El señor Antonio
Carlos Pimienta Padilla impugnó la decisión del Juez Tercero Civil del Circuito
de Montería, con base en los argumentos que a continuación se resumen:
Considera el actor
que los argumentos aducidos por el fallador difieren de las disposiciones
constitucionales "que colocan al servicio público de la educación en la
meta de cumplir siempre una función social como derecho fundamental de toda
persona (art. 67 C:N:) y que por tal razón la autonomía universitaria que se
garantiza a las instituciones de educación superior, no pueden rebasar esta
función social, porque se desnaturalizará el fin de la educación, y se estaría
permitiendo a diario el desconocimiento del respecto a recibirla".
Sostiene el actor
que los Estatutos de una Universidad no pueden desconocer principios superiores
como el del derecho a la educación, y que no se debe confundir el manejo económico
con el manejo académico que se  le dé a este tipo de instituciones. Dice que
"del mismo documento en el cual se contiene la obligación, resalta a
primera vista que el mismo puede hacerse exigible por los mecanismos judiciales
establecidos para tal efecto, dando aplicación a las normas civiles y
procedimientos civiles que regulan la materia".
Por último, resalta
el actor el hecho de que la Universidad admitió recibir el pago del saldo de la
obligación a su cargo "cuestión ésta que recíprocamente la está obligando
a la Universidad (sic) a cumplir con la obligación académica que tiene
(...)".
Mediante providencia
de mayo 26 de 1993 la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Montería
decidió revocar la providencia de fecha 26 de febrero del mismo año, proferida
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito y conceder la tutela al accionante,
ordenando a la Corporación Universitaria del Sinú que le practicara los
examenes finales de 6o. Grado de Derecho,  "dejando a salvo el derecho que
le asiste a la Universidad de hacer efectiva por otro medio distinto al
ejercido, el derecho a cobrar el pagaré que a su favor giró el estudiante
Antonio Carlos Pimienta Padilla".
La decisión del
Tribunal tuvo como fundamento la  Sentencia T-429 de 24 de junio de 1992, de la
Corte Constitucional, y reconoció el carácter de fundamental al derecho a la
educación, y además  el de ser un servicio público que tiene una función
social.
Consideró el
Tribunal que "es totalmente aberrante por decir lo  menos que se invoque
este principio de la autonomía universitaria, para violar uno de los más
elementales de los derechos cuales son (sic) el de la educación, y que ese
hecho sea prohijado por una decisión de un juez, que no se detuvo al análisis
de las limitaciones que esa norma encuentra cuando ella se enfrenta a un
derecho fundamental".
Sostiene el Tribunal
que el principio de la autonomía universitaria no faculta a esa Universidad
para negarle a un estudiante la presentación de sus examenes, ya que "no
puede ser utilizado para llegar a estos extremos de insensibilidad humana como
es el de desechar (sic) a un estudiante por su condición económica, en sus
aspiraciones a ser un profesional".
El honorable
magistrado Jaime Márquez Mendoza salvó su voto, argumentando que, pese al carácter
fundamental que se le reconoce al derecho a la educación, éste puede ser
condicionado, pero no negado, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional.
Manifiesta, además, que el pagaré no es un instrumento de pago sino un
instrumento de crédito, y considera que el hecho de suscribir un pagaré no
significa que se haya satisfecho una obligación, razón por la cual no da fe de
un estado de paz y salvo.
III.    CONSIDERACIONES
DE LA SALA
1.      Competencia
De conformidad  con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2.      La
materia
A.      El
contenido esencial de un derecho
Es aquello que
identifica un derecho en cuanto tal, el que expresa su naturaleza distintiva
respecto de los demás. La esencia, en efecto, es el constitutivo de un ente que
hace que éste sea una cosa y no otra. ¿Cuál es el contenido esencial del
derecho a la educación?  Es la facultad de formarse intelectual y culturalmente
de acuerdo con los fines racionales de la especie humana. Esa facultad, cabe
preguntarse,  ¿se ha desconocido?
Una cosa es encauzar
el núcleo esencial de un derecho y otra desconocerlo. En el caso sub examine
hay, pues, una sanción y es evidentemente de tipo académico. Pero la motiva un
hecho pecuniario, de suerte que no hay proporcionalidad causa-efecto. Una causa
económica ha generado una calificación académica, lo cual desconoce la esencia
de la educación. Toda respuesta docente es formativa y con base en las
capacidades académicas del estudiante. Por tanto, la calificación de uno (1) no
responde a la realidad de una evaluación, y se finge el proceso académico
mediante una sanción, que no tiene fundamento pedagógico.
La hoja de vida del
estudiante va a figurar ante los terceros como una prueba de su falta de
aptitud, o de su indisciplina. En otras palabras, no corresponde lo que se
afirma en el expediente académico del alumno con la realidad docente; luego,
desde cierto punto, implica la afirmación falsa de un hecho académico
inexistente. Es cierto que se trata de una sanción prevista en los reglamentos,
pero que no por ello permite desconocer el núcleo esencial de un derecho -
deber fundamental,  como lo es la educación.
Para el caso
concreto es insostenible la postura de que se trata del justo pago por la
prestación de un servicio. En otras palabras, de algo inherente al derecho al
trabajo por parte de los miembros que laboran en la docencia universitaria. Es
viable suponer que el estudianteha tenido la sana intención de cancelar su
deuda: para ello ha firmado un pagaré, viable ejecutivamente para la
efectividad de la deuda, que él no desconoce. Lo proporcionado es el
libramiento ejecutivo, y no la sanción académica, la cual debe obedecer a
motivos de carácter pedagógico, es decir, formativos de la inteligencia y la
voluntad humanas, y no derivados de la situación económica.
Esta Corte ha sentado
jurisprudencia aplicable al caso en estudio, en la cual señala que no es
legítimo que la exigibilidad de los pagos tenga como elemento adicional la
facultad de retención del resultado de la actividad académica del alumno:
"Pues si bien
es cierto que los planteles educativos tienen derecho a recibir los pagos de
las matrículas, pensiones, etc., provenientes de la ejecución del contrato
educativo, no es menos cierto que resulta contrario a la propia naturaleza
impuesta por el nuevo orden constitucional a esta clase de contratos, que la
exigibilidad de dichos pagos tenga como elemento adicional la posibilidad de
retención del resultado de la actividad educativa del educando, hasta cuando se
produzca la aludida solución crediticia".(CIT).
Más adelante, la misma
sentencia se refiere a la dimensión académica:
"Las relaciones
académicas que se generan con la matrícula deben ser leídas a la luz de la
teoría del núcleo esencial de los derechos.
"'Se denomina
contenido esencial -afirma Häberle-, al ámbito necesario e irreductible de
conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma
el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico de derecho
fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica
de coyunturas o ideas políticas'.
"Según la
teoría del núcleo esencial de los derechos, éstos pueden en consecuencia ser
canalizados en sus diferentes expresiones, sin ser desconocidos de plano; ellos
pueden ser objeto de regulación, pero no de desnaturalización.
"Ahora bien,
cuando para el ejercicio de un derecho se establezcan requisitos mínimos
razonables, que apuntan a hacer más viable el derecho mismo y que no desconocen
su núcleo esencial, no puede aducirse que se está violando de plano tal derecho.
"En realidad
los requisitos son de dos naturalezas: aquellos que apuntan a viabilizar el
derecho, y aquellos que tienden a dificultarlo, a complicarlo y, en últimas, a
impedirlo.
"Esta última
clase de naturaleza de los requisitos de los derechos caracterizó el
positivismo jurídico en el mundo y ello se manifestó -y sigue manifestándose en
algunas prácticas- en Colombia. Ella evoca a las administraciones Kafkianas. La
primera de tales naturalezas fue introducida en el mundo a nivel jurídico con la
axiología fundamental del derecho escrito.
"De conformidad
con lo anterior, el derecho constitucional fundamental de la educación puede
- y debe - ser regulado, pero no desnaturalizado.
"En
consecuencia, los planteles educativos pueden exigir requerimientos al
educando, pero no pueden condicionar el derecho a la educación al cumplimiento
de ciertas obligaciones".1
B.    El caso
concreto
Teniendo en cuenta
que el derecho a la educación, como derecho constitucional fundamental, es
incondicional, y que la entidad universitaria está condicionando la prestación
de su servicio esencial al pago de una suma de dinero, cuando hay mecanismos
idóneos para satisfacer esta deuda- como es el pagaré que firmó el alumno, el
cual puede ser cobrado por la vía ejecutiva-, es obvio que el contenido
esencial del derecho a la educación se está desconociendo, lo cual condena  a
la violación del derecho mismo.
Por otra parte, como
se ha dicho, se revela que el estudiante no está rehusando el justo pago de lo
que debe, porque la intención de pagar se evidencia con la firma de un pagaré,
en el cual consta su voluntad de satisfacer el cumplimiento de su obligación.
La Sala considera
que, aunque en el estatuto de la entidad universitaria se estipula  que  en  el
evento de no pago se sancione - en la forma en que se hizo - al estudiante, tal
disposición se tiene por no válida, por cuanto desconoce el contenido esencial
del derecho a la educación.
Además, hay una afirmación
falsa, ya que sin haber examinado al alumno, se le coloca la calificación
académica mínima, cuando toda calificación debe ser el resultado justo de una
evaluación. Como ésta no se ejecutó, la calificación no tiene principio
académico de razón suficiente y no corresponde a la realidad.
Esta Sala aclara,
sin embargo, que lo anterior no significa que las entidades universitarias no
tengan el derecho la justa retribución económica, por la prestación de sus
servicios, ni que el servicio educativo se tenga como una ejecución que no deba
reportar beneficios pecuniarios para sus ejecutores.
Es por lo anterior
que la Sala considera que en casos de negativa al justo pago, la entidad
universitaria no está obligada a autorizar la matrícula al estudiante deudor en
el siguiente periodo lectivo. Es apenas razonable que las entidades privadas
que prestan el servicio público de la educación tengan un legítimo interés en
obtener un beneficio por el trabajo ejecutado.  Uno de los fines del trabajo es
el de mantenimiento y superación de las condiciones de vida del trabajador, sea
cual fuere su oficio, manual o intelectual.  Esta Sala considera que toda
entidad univeritaria tiene derecho a percibir ingresos proporcionados al
servicio educativo que prestan, y que  no hay razón suficiente  para que,
pudiendo los beneficiarios  de dicho servicio retribuir económicamente a la
Universidad,  se le niega la satisfacción de una pretensión justa.  Pero la
Universidad no está autorizada a imponer una sanción de carácter eminentemente
académico por una causa de carácter pecuniario, para cuya solución existen vías
adecuadas señaladas por la ley.
La autonomía
universitaria no consiste en la autorregulación absoluta de los centros de
enseñanza superior, hasta el punto de deconocer el contenido esencial del
derecho fundamental a la educación, ya que dicha autonomía se entiende que debe
estar encausada siempre en aras del objetivo para el cual la consagró el
Constituyente, esto es la educación, concebida por él como un servicio público
que tiene una función social (Art. 67); siendo ello así, jamás puede el medio
ir contra el fin. El sentido de la autonomía universitaria no es otro que
brindar a las universidades la discrecionalidad necesaria para desarrollar el
contenido académico de acuerdo con las múltiples capacidades creativas de
aquellas, con el límite que encuentra dicha autonomía en el orden público, el
interés general y el bien común. La autonomía es, pues,  connatural a la
institución universitaria, desde su inicio en Bolonia, en las postrimerías del
siglo XI; pero siempre debe estar regida por criterios de racionalidad, que
impiden que la universidad se desligue del orden social justo. Por el
contrario, con la autonomía que se le reconoce, debe desplegar su iniciativa
como un aporte a la sociedad, mediante su triple misión de docencia,
investigación y extensión. De ahí que puede afirmarse que la autonomía
universitaria conlleva la facultad de iniciativa singular encaminada al
fortalecimiento de la educación y el aporte al conocimiento científico de los
educadores.
Como se observa, no
puede aducirse el principio de autonomía universitaria para instaurar un
régimen jurídico paralelo a la legalidad vigente en el Estado. Se trata de
facilitar un manejo administrativo y docente autónomo a nivel de la educación
superior, sin ceñirse a dogmas científicos impuestos por el Estado, con el fin
de promover la libre investigación, y con ello también el libre desarrollo de
la personalidad teniendo como finalidades el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, todo ello
enmarcado dentro de los objetivos que señala la Constitución Política: formar
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia;
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente (Art. 67).
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
CONFIRMAR  en su totalidad
la providencia de mayo 26 de 1993 proferida por la Sala Civil de Decisión del
Tribunal Superior de Montería, mediante la cual revocó el fallo proferido por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería, y se tuteló el derecho a la
educación del ciudadano Antonio Carlos Pimienta Padilla.
SEGUNDO:
ORDENAR  que por
Secretaría General de esta Corporación se comunique esta providencia a
la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Montería, en la forma y para
los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
1  Sentencia T-612 de 16 de diciembre de 1992. Magistrado
sustanciador Alejandro MARTINEZ