A181-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Auto 181/07
NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Debe estar sometida a la ocurrencia de situaciones
jurídicas especialísimas y excepcionales/NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Fundamento normativo/NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Aplicable en juicios de constitucionalidad y en
asuntos de tutela bajo revisión de la Corte/NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Objetivo
NULIDAD
SENTENCIAS DE TUTELA PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Procedencia excepcional por afectación al debido
proceso y cumplimiento de la carga argumentativa de quien la alega
INCIDENTE DE
NULIDAD-No se
entiende como nueva instancia procesal sino como mecanismo encaminado a
salvaguardar el derecho al debido proceso
NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por notoria y flagrante vulneración del
debido proceso/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Procedencia
si los vicios que se invocan implican una afectación ostensible, probada,
significativa y trascendental al debido proceso
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales de procedencia/ SOLICITUD DE NULIDAD DE SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos materiales de procedencia/SOLICITUD DE NULIDAD DE SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Eventos o casos a partir de los cuales es
posible derivar la existencia de una vulneración cualificada del debido proceso
NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter de inmutables, vinculantes, definitivas y
oponibles a todas las personas de las decisiones plasmadas en una sentencia de
constitucionalidad
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Definición
SENTENCIAS DE
TUTELA PROFERIDAS POR JUECES Y SALAS DE REVISION-Obligación
de aplicar el fallo de constitucionalidad efectuado sobre una norma
Bajo tales condiciones es claro que ni
siquiera los jueces o las Salas de Revisión de tutelas de la Corte pueden
apoyar sus decisiones en un acto jurídico que haya sido declarado inexequible
y, menos aún, pueden pretender reabrir el juicio de constitucionalidad efectuado
sobre una norma. Su obligación es aplicar el fallo de constitucionalidad a cada
uno de los asuntos sometidos a su conocimiento.
SENTENCIAS DE
TUTELA PROFERIDAS POR JUECES Y SALAS DE REVISION-Efectos
de una decisión determinada y regida de manera decisiva por una norma declarada
inconstitucional
En caso de comprobarse que una decisión se
encuentra determinada o regida de manera decisiva -explícita o implícitamente-
por una norma declarada inconstitucional, además de desconocer el artículo 243
ejusdem y el carácter obligatorio de los fallos de constitucionalidad, se
estructuraría una irregularidad protuberante que afectaría la coherencia
orgánica de la Constitución y que llevaría al desconocimiento de: (i) el valor
normativo de la Carta previsto en el artículo 4°, (ii) el derecho a la igualdad
(art. 13, C.P.), (iii) el sistema de fuentes de la decisión judicial (art. 230,
C.P.) y finalmente (iv) el alcance de las providencias de este Tribunal
establecidas por el legislador estatutario (art. 48, ley 270 de 1996).
CORTE
CONSTITUCIONAL-Alcance de los fallos
SALAS DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Instancias
creadoras y unificadoras de la jurisprudencia sobre los derechos fundamentales
CORTE
CONSTITUCIONAL-Control abstracto a materia sobre
la que recae
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Pasos a
seguir por parte del peticionario para probar y argumentar con precisión y
suficiencia la trasgresión en la que incurre la tutela
Lo anterior, teniendo en cuenta las
exigencias materiales ya señaladas, aplicables a las solicitudes de nulidad,
conlleva a que cada peticionario pruebe y argumente con precisión y suficiencia
la transgresión en la que incurre la tutela, señalando como mínimo: (i) La
identificación integral de la sentencia de constitucionalidad que se reclama
como desconocida, advirtiendo por lo menos: (a) cuál fue la norma declarada
inexequible o condicionalmente exequible; (b) si el pronunciamiento se efectuó
por vicios de fondo; (c) comprensión del decisum y determinación de la vigencia
y los elementos que componen la ratio decidendi que se originan de la sentencia
de control abstracto. (ii) La enunciación y análisis de la ratio decidendi que
controla la sentencia de tutela censurada. (iii) La comparación entre los
razonamientos que controlan las dos decisiones y la demostración final
tendiente a establecer que la sentencia de tutela aplicó una proposición
jurídica declarada inexequible. (iv) La entidad o importancia que tiene la
regla incompatible con la Carta en la decisión de tutela.
FALLO DE TUTELA-Efectos interpartes
SENTENCIA DE
TUTELA-Alcance de la ratio decidendi
FALLO DE
TUTELA-Nulidad
por modificación o cambio del criterio jurisprudencial que sea vinculante para
el caso
NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Modificación o cambio del
criterio jurisprudencial que sea vinculante como causal de nulidad de
decisiones de la Corte
DESCONOCIMIENTO
DE JURISPRUDENCIA COMO CAUSAL DE NULIDAD-Formas
CORTE
CONSTITUCIONAL-Escenarios que puede comprender el “desconocimiento
de la jurisprudencia”
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Requerimientos
que se deben demostrar ante la modificación o cambio del criterio
jurisprudencial que sea vinculante para el caso
CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Alcance
NULIDAD SENTENCIA
POR CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Eventos generales a
partir de los cuales no es posible promover una nulidad
NULIDAD SENTENCIA
DE REVISION DE TUTELA-Disparidad de criterios
interpretativos entre las salas no constituye motivo suficiente para decretarla
NULIDAD SENTENCIA
DE REVISION DE TUTELA-No concurre cuando la
contradicción planteada esté relacionada con apartados de sentencias anteriores
que no hacen parte de la razón de la decisión
NULIDAD SENTENCIA
DE REVISION DE TUTELA-El simple desconocimiento de una
jurisprudencia no constituye fundamento suficiente para invalidar una sentencia
SALAS DE
REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad
para ejercer su autonomía interpretativa y desarrollar su pensamiento jurídico
racional
Referencia:
solicitudes de nulidad de la Sentencia T-171 de 2006, proferida por la Sala
Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional.
Expediente:
T-1226076
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ.
Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil
siete (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, dicta el siguiente
AUTO
Mediante el cual resuelve las solicitudes de
nulidad presentadas por los doctores Ricardo Calvete Rangel, apoderado
judicial de Jorge Londoño Saldarriaga, Juan Carlos Prías Bernal, apoderado de
Federico Guillermo Ochoa, y Eduardo Cifuentes Muñoz, apoderado de BANCOLOMBIA
S.A., contra la sentencia T-171 de 2006, proferida por la Sala
Octava de Revisión de Tutelas, dentro del expediente radicado bajo el número
T-1226076.
I. ANTECEDENTES.
1.-  Los señores
Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz interpusieron acción de tutela
contra la Fiscalía General de la Nación, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Para el efecto indicaron que en la investigación penal que se adelantó con
motivo de las denuncias formuladas en torno a la fusión suscrita entre el Banco
Industrial Colombiano S.A. y los accionistas mayoritarios del Banco de Colombia
S.A., no se esperó la llegada ni se incluyó en el expediente respectivo y, por
tanto, se negó de manera sorpresiva la valoración de una prueba debidamente
decretada que se estaba practicando en el exterior, que “habría permitido
determinar si efectivamente los señores JORGE LONDOÑO SALDARRIAGA y FEDERICO
GUILLERMO OCHOA, habrían incurrido en conductas constitutivas de los delitos de
Estafa, Falsedad Documental, Utilización Indebida de Fondos Captados del
Público y Operaciones no Autorizadas con Accionistas (...)”.
2.- Conocieron de
la acción, en su orden, las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, quienes denegaron la protección de los derechos
invocados.  La primera de las instancias consideró que la intervención del juez
constitucional frente a otras decisiones judiciales debe sujetarse a
condiciones excepcionales limitadas a determinar si la actuación judicial se
aparta abruptamente del ordenamiento jurídico, violentando los derechos
fundamentales de las partes.  Agregó que el presente asunto fue definido hace
más de un año y que no se vislumbra una lesión o amenaza actual de los derechos
fundamentales.
La segunda instancia, por su parte, consideró
que la tutela no procede para entremeterse en las decisiones adoptadas por
otras autoridades judiciales pues tal potestad no tiene respaldo legal y
contraría los principios de cosa juzgada y autonomía judicial.
3.- La anterior
decisión fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
siendo seleccionada para el efecto.
Correspondió a la Sala Octava de Revisión
conocer del proceso, quien en Sentencia T-171 de 2006, luego de reiterar la
jurisprudencia relativa a los criterios de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, encontró que en el caso concreto las
actuaciones y pormenores que negaron la valoración de la prueba practicada en
el extranjero, vulneran los derechos de verdad y justicia radicados en cabeza
de la parte civil dentro de la investigación penal.  Como tal, dentro de dicha
providencia resolvió lo siguiente:
“Primero.
REVOCAR las sentencias de tutela proferidas por las Salas de
Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 25 de agosto de
2005 y del 05 de octubre de 2005 respectivamente, que decidieron negar la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.  En su lugar CONCEDER el amparo solicitado
por los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz.
“Segundo.  En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones
proferidas por el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en
delitos contra la administración pública y por la Unidad Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, dentro de la investigación 1255 (542480),
sindicados Jorge Londoño Saldarriaga y otro, dictadas el 31 de octubre, 26 de
noviembre y 26 de diciembre de 2003, así como el 26 de enero y el 08 de julio
de 2004; que ordenaron el cierre de la
investigación y la preclusión de la instrucción.
“Tercero.
ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo
incluya dentro de la investigación 1255 (542480), sindicados Jorge Londoño
Saldarriaga y otro, las pruebas decretadas que debían practicarse en el
exterior, en caso de que efectivamente hubieren llegado a la Fiscalía, para que
después proceda al cierre de las investigación y las valore al momento de
calificar el sumario. Si las pruebas finalmente no llegaron del extranjero, en
el mismo término mencionado anteriormente la Fiscalía correspondiente iniciará
las diligencias necesarias para la consecución de tales pruebas, las cuales una
vez se alleguen al expediente serán valoradas conforme a las reglas de la sana
crítica con todo el acervo probatorio al momento de la calificación de la
instrucción.
“Cuarto.
Disponer que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura
correspondiente, investigue disciplinariamente a quienes pudieren resultar
responsables por los hechos que motivaron acceder a la presente tutela.
Ofíciese por la Secretaría de esta Corporación con entrega de copia de la
presente providencia.”
3.1.  En dicha providencia se abordaron las
diferentes vicisitudes planteadas en el caso, empezando con las condiciones
para considerar procedente la acción.  Para el efecto se indicó que la
solicitud cumplía las condiciones para que fuera estudiada de fondo, pues los
peticionarios (i) actuaron diligentemente dentro del proceso penal e
(ii) interpusieron el amparo oportunamente.  Sobre esto último expresó
puntualmente los párrafos que se transcriben a continuación, no sin antes
advertir que el plazo para interponer la tutela no ha sido definido por la
jurisprudencia bajo parámetros absolutos o definitivos sino que depende de las
circunstancias propias de cada caso:
“De frente a lo
anterior hay que señalar, que consta en el proceso que el 05 de agosto de 2005,
los señores Jaime Gilinski e Isaac Gilinski presentaron ante el Consejo
Seccional de la Judicatura[1]
la demanda de la referencia, porque mediante decisiones de 31 de octubre y 26
de diciembre de 2003 y 26 de enero y 8 de julio de 2004, los Fiscales
accionados desconocieron sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación
integral, como perjudicados de varias infracciones a la ley penal.
“Pues bien, de
conformidad con un sin número de tutelas proferidas por esta Corporación[2], la Sala encuentra
que conforme a la importancia de los derechos cuya protección se depreca y la
complejidad de la investigación penal que se censura, así como las
circunstancias particulares del mismo, el término en que se interpuso esta
acción es razonable, y su decisión de fondo no desnaturaliza el propósito de la
tutela.”[3]
3.2.  Más adelante la Sala de Revisión estudió
de manera específica el defecto fáctico como criterio relevante en
nuestro orden constitucional para justificar la procedencia de la acción de
tutela contra las actuaciones judiciales.  En este punto desarrolló
detenidamente la línea jurisprudencial dirigida a explicar los diferentes
componentes y los diversos niveles y circunstancias de protección del derecho a
la prueba, en especial en aquellos eventos en donde éste se hubiere desconocido
como consecuencia de pretermitir el marco constitucional que sustenta su
llegada y exclusión dentro de una investigación (específicamente se
relacionaron las siguientes sentencias: T-554 de 2003, T-504 de 1999, SU-087 de
1999, T-589 de 1999, T-694 de 2000, T-555 de 1999, T-453 de 2005 y SU-159 de
2002) y, entre ellos, destacó como una de sus premisas substanciales “la
certidumbre de su práctica y valoración, cuando ella hubiere sido decretada”[4] (subrayado fuera de texto
original); para este efecto, entre otros, señaló que el operador judicial puede
excluir la práctica o valoración de una prueba, siempre que reúna unas
condiciones necesarias para garantizar el equilibrio de las partes y la
salvaguardia de los valores de justicia y verdad[5].
Finalmente, como resultado de estas reflexiones, en la providencia consignó:
“Conforme a lo
anterior y a manera de conclusión, es necesario indicar que el derecho a la
prueba constituye uno de los principales ingredientes del debido proceso, así
como del derecho al acceso a la administración de justicia y el más importante
vehículo para alcanzar la verdad en una investigación judicial.  Por tanto, las
anomalías que desconozcan de manera grave e ilegítima este derecho, constituyen
un defecto fáctico que, al vulnerar derechos fundamentales, pueden
contrarrestarse a través de la acción de tutela”.
3.3.  En seguida, la sentencia T-171 de 2006
analizó las dimensiones actuales de los derechos fundamentales de la parte
civil dentro del desarrollo de un proceso penal.  Con este objeto, indicó
que en varias sentencias de constitucionalidad la Corte revaluó el concepto
tradicional de este sujeto y, por consiguiente, la categoría y el papel que
desempeña dentro de la investigación del hecho punible.  Indicó,
principalmente, que las pretensiones de éste no se limitan al aspecto
patrimonial, derivado de la reparación pecuniaria del daño, sino que también se
extienden a “un interés directo, integral y legítimo sobre el curso y los
resultados del proceso penal”, conforme a los derechos a la verdad y
la justicia generados por la comisión del delito.  Para este efecto la
Sala recordó, entre otros, que los derechos de los perjudicados con el delito
tienen claro soporte en la Constitución Política y en varios instrumentos
internaciones de Derechos Humanos y que, con base en estos últimos, la Corte
evolucionó su jurisprudencia para promover una nueva dimensión del derecho de
acceso a la administración de justicia aplicable a este sujeto y, por supuesto,
a los deberes de la Fiscalía General de la Nación[6].  En un apartado de la
sentencia se consideró que:
“Pues bien, a
partir de dichos postulados se fundamentó el nuevo papel de la víctima y el
perjudicado en el proceso penal.  Por supuesto, dicha postura agregó nuevos
retos a la obligación de adelantar la investigación integralmente pues incluyó
otros derechos y potestades a tener en cuenta durante el desarrollo del
proceso.  Antes, la parte civil sólo tenía un interés patrimonial sobre el
desarrollo de la investigación y por lo tanto su participación en el proceso
penal era limitada. Ahora, tiene un interés integral en el desarrollo y
resultado del proceso, pues podrá exigir que a partir de éste y en cada una de
sus etapas, procedimientos o recursos se le atienda, a fin de garantizarle sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación.”
Posteriormente, como sumatoria de lo anterior,
la Sala pasó a verificar cuáles eran las principales aplicaciones y
consecuencias de la nueva condición atribuida a la parte civil en la
jurisprudencia constitucional.  En esa tarea la T-171 de 2006 analizó
rigurosamente la sentencia C-228 de 2002 e identificó un viraje significativo y
trascendental -relativamente reciente- presente en los parámetros
argumentativos de las sentencias de constitucionalidad y tutela, que se fue
consolidando paulatinamente a favor de una participación más amplia y
garantista de las víctimas del delito.  Por ejemplo, de frente a la sentencia
C-277 de 1998, comentó lo siguiente:
“Desde este
pronunciamiento podemos observar la tendencia de este Tribunal en dar un nuevo
alcance a los derechos de la parte civil.  Ello es claro por cuanto en una
primera fase de la jurisprudencia se negó que existiera cualquier asomo de
igualdad entre ella y el sindicado[7].
Ahora, teniendo en cuenta que los derechos de la víctima se extienden a la verdad
y la justicia, es imperativo compatibilizar, armonizar y ponderar los intereses
de cada uno de los sujetos dentro del desarrollo de cada proceso.  Por
supuesto, conforme a los instrumentos internacionales antes citados, a mayor
gravedad y trascendencia del delito, más atención y cuidado requieren las
víctimas”.
Adicionalmente, la Sala puso de presente que
bajo argumentos similares el pleno de la Corte Constitucional, en la sentencia
C-871 de 2003, reconoció la capacidad legítima de las víctimas de un delito
para requerir la revisión de una investigación, aún cuando ésta hubiere sido
objeto de preclusión, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria[8], y la necesidad de “armonizar”
los intereses de las partes dentro de la investigación.
También relacionó varias sentencias de tutela[9] en donde dichos derechos
de la parte civil han sido protegidos, por ejemplo, ante actuaciones de una
autoridad judicial que no atienden los requerimientos básicos del derecho a la
prueba ni obedecen, como consecuencia, el mandato de desarrollar equilibrada o
integralmente la investigación; ello –inclusive- en detrimento de decisiones en
donde se había decretado el archivo definitivo de las diligencias.  Como
conclusión de este apartado en la sentencia se consignó:
“Obsérvese, como
conclusión, que los sujetos procesales ostentan, en términos equivalentes, las
garantías inherentes al debido proceso y las cláusulas consustanciales al
derecho de acceso a la administración de justicia.  Por supuesto, ambas partes
(v. gr., procesado y víctima) tienen el derecho a solicitar de la autoridad
judicial -por ejemplo- la práctica y valoración de las pruebas que consideren
necesarias y conducentes para satisfacer sus pretensiones.  Así mismo, cada uno
de ellos tiene derecho a que se le atienda su requerimiento y, como
consecuencia, a obtener respuesta pertinente y oportuna, ya sea en sentido
positivo o negativo.”
3.4.  A continuación la Sala de Revisión
examinó los fundamentos del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y
sin dilaciones injustificadas.  Estableció, en primer lugar, que dicha
garantía, consignada en los artículos 29 y 228 de la Constitución, constituye
una pauta que cobija a todos los sujetos procesales, que obliga a la definición
razonable de unos lapsos temporales a partir de los cuales se consiga forjar el
conocimiento y la verdad dentro de un escenario judicial, de manera ordenada y
equilibrada.
Resaltó que una vez consagrados en la ley, los
términos procesales son perentorios pero advirtió que los mismos, por su
naturaleza, deben constituir “una razonable dimensión temporal para (i)
resolver y (ii) ejecutar lo resuelto”.  Infirió que, de acuerdo al examen
constitucional realizado al artículo 4° de Ley Estatutaria de Administración de
Justicia en la sentencia C-037 de 1996, éstos son pautas procesales cuyo
principal fin es servir como herramientas para la consolidación del derecho
sustancial y el valor de justicia.  Como tal, previno que de los fundamentos de
la administración de justicia y el debido proceso no son cumplidos cuando
solamente se acatan los términos, en perjuicio de los derechos fundamentales de
las partes.
Concluyó textualmente que “no es dable
asumir de manera alguna que los plazos procesales son un parámetro absoluto o
intocable en nuestro sistema jurídico.  Éstos, como se expuso, hacen parte del
debido proceso pero no son su único o más importante componente. || De
hecho, esta Corporación ha admitido que, si bien la regla general es la
obligatoriedad de los términos procesales, ella puede admitir “excepciones muy
circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del
carácter justificado de la mora”[10],
caso en el cual, una vez satisfecha la obligación sustancial, resulta
perentorio dar trámite preferente a la actuación que no se decidió a tiempo.”
(subrayas fuera de texto original).
Por último, antes de abordar el caso concreto,
la T-171 de 2006 rechazó tajantemente que el acatamiento de los términos
procesales pudiera servir como excusa o medio para el desconocimiento de derechos
fundamentales.  En su lugar argumentó que “si dentro de un asunto la
dimensión temporal de una etapa procesal no resulta razonable para definir o
resolver una petición a tiempo, debido a una situación imprevisible, ineludible
y sobre todo que no sea posible achacar al propio peticionario, será preciso
evaluar y ponderar, conforme a las condiciones del caso concreto, la necesidad
de decidir los asuntos de fondo aún por fuera del vencimiento del término para
ello, para no sacrificar el derecho sustancial, y únicamente utilizando el
lapso estrictamente necesario para satisfacer el requerimiento de fondo, pues
en este caso se trataría de una dilación justificada” (subrayas fuera
de texto original).
3.5.  Conforme a tales supuestos, en el caso
concreto la Sala verificó, en primer lugar, que la solicitud de amparo, en
la que se echaba de menos la valoración de una prueba decretada para ser
practicada en el exterior debido al vencimiento del término de la instrucción,
conllevaba la ponderación de los derechos a la verdad y la justicia de
la víctima del delito frente al derecho a ser juzgado sin dilaciones
injustificadas.
Pues bien, para ese efecto la T-171 de 2006
comenzó por evaluar si las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación
adolecían de alguno de los defectos que hicieran procedente el amparo
constitucional.  Al respecto consideró lo siguiente:
“7.1.3.
Conforme a lo expuesto, en el presente asunto están en juego tanto los
derechos de las víctima o los perjudicados a la verdad, la justicia y la reparación,
en cuanto se han dejado de valorar pruebas allegadas al proceso vencido el
término de instrucción y el derecho de los sindicados a una investigación sin
dilaciones injustificadas. Derechos citados que tienen origen en el derecho
fundamental al debido proceso, y que para el caso en estudio pueden armonizarse
perfectamente dado que el derecho fundamental de los sindicados es a una
investigación sin dilaciones injustificadas, por lo que al contrario, no habrá
vulneración del mismo cuando se esté ante dilaciones del proceso justificadas,
como lo serían en ciertas y determinadas circunstancias, las que se orientan a
atender los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación, cuando por ejemplo, se desatiendan pruebas que se han decretado en
oportunidad a su favor y existe certeza que se allegarán al proceso aunque se
encuentre vencido el término para la concluir la investigación. (subrayas
fuera de texto original).
“En
efecto, es importante tener en cuenta en este asunto, que algunos sujetos
procesales, v. gr. el Ministerio Público y la parte civil, solicitaron a la
Fiscalía General de la Nación decretar como prueba algunas documentales que
provenían del exterior, las cuales efectivamente fueron decretadas el 12 de
junio de 2003, mediante providencia que no fue objeto de recurso alguno, antes
de cerrarse la investigación. Sin embargo, antes de que se allegaran al proceso
y efectuándose diligencias para su consecución, el 31 de octubre de 2003, se
declaró cerrada la investigación y, posteriormente, se decretó la preclusión
del proceso.
“El
primer acto[11]
-el cierre- lo fundamenta el fiscal en la confirmación de una resolución
interlocutoria, por medio de la cual se negó la práctica de unas pruebas, en el
vencimiento de los términos de la investigación y en que ya se allegó la prueba
necesaria para calificar el mérito del sumario.  Por su parte, la resolución
que resolvió negar la reposición de esta actuación[12], consideró que,
desde su decreto, era efímera la posibilidad de allegar las pruebas a practicar
en el extranjero, sin embargo, ordenó “enviar un mensaje de urgencia a las
autoridades judicial y diplomática en la ciudad de Nueva York, para que den
prioridad a las pruebas requeridas en atención al cierre de investigación que
se encuentra vigente”.
“Más
adelante, en la providencia o resolución que calificó el mérito de la
investigación con preclusión[13],
la Fiscalía restó valor a los testimonios decretados e indicó que la única
actuación posible cuando se vencen los términos de la instrucción, es la
calificación, la cual puede ser preclusiva cuando no se reúne la prueba para
acusar.  Además, concluye que las pruebas no pueden tenerse en cuenta por las
siguientes razones: “(...) al momento de calificar el mérito de las sumarias
solamente pueden ser consideradas por la Fiscalía las pruebas allegadas legal y
oportunamente al proceso, es decir, que aquellas que se practiquen y alleguen
con posterioridad al vencimiento del término de instrucción, sólo podrán ser
tenidas en cuenta aquellas pruebas (sic) que favorecen los intereses del
sindicado, en atención a la pérdida de poder investigativo del Estado”.
Adicionalmente, en la providencia que decidió la reposición contra esta
decisión[14],
la Fiscalía confirmó que los testimonios a practicar en el extranjero no darían
más elementos de juicio al proceso y que “las pruebas ordenadas para ser
practicadas en el extranjero no llegaron y, por ende, cualquier manifestación
al respecto es mera especulación”.
“Finalmente,
en la resolución que resolvió el recurso de apelación[15], la Fiscalía
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del a quo como
quiera que: “(...) no halla en esas pruebas decretadas expectativa futura de
modificación sustancial de la realidad probatoria en torno a los hechos sobre
los cuales versó la investigación”.  De esta providencia es necesario destacar:
“Lo ocurrido
fue que en abril 11 de 2003 el recurrente formuló al instructor del caso
solicitud de pruebas para que se indagara ante la SEC (Security Exchange and
Comisión [sic][16])
de los Estados Unidos de América, “las circunstancias en que fueron colocados
los ADRs del BIC dentro del mercado bursátil de dicho país...”. La conducencia
y pertinencia de la prueba la explicó el petente señalando que “ ... solo de esta
manera se podría concluir, si dicha colocación correspondió a la realidad que
reflejaba para el momento la entidad bancaria en fusión, dado que ello fue
fundamental para fijar la relación de intercambio, que finalmente dio al traste
con la negociación debatida”.
(...)
“Con una
elemental y desprevenida lectura de la petición formulada puede concluirse que
se trataba de hechos puramente coyunturales que no interesaban a la
investigación y, sin embargo, el a-quo autorizó su práctica el 12 de junio
siguiente (...) Si en algo podía incidir en la investigación la
operación de compra-venta de los GDSs del BIC en la bolsa de New York era los
precios en que se negociaron y no “... las circunstancias en que fueron
colocadas...” pues esto último atendía un aspecto puramente formal de la
operación que en realidad no interesaba para los fines del proceso”.
(...)
“En esa tarea y
en ese preciso contexto halla el despacho que tal como fue presentada la
solicitud por el recurrente, la prueba del exterior decretada no tendría
vocación para afectar la realidad probatoria existente, pues, según lo dicho
las mismas versan sobre hechos y situaciones puramente marginales y sin ningún
interés respecto del objeto de la prueba, al paso que las pruebas testimoniales
solicitadas no se ofrecen determinantes cuando quiera que versarían sobre
hechos sobre los que existen amplias explicaciones de los propios contratantes
de la fusión de bancos y plurales documentos que informan su trámite,
procedimiento y condiciones”.
“Pues
bien, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que las resoluciones
proferidas por la Fiscalía General de la Nación, que culminaron con la
preclusión del proceso 1255 (542480), adolecen de un defecto fáctico y vulneran
los derecho al debido proceso y a la verdad y la justicia de la parte civil,
pues se profirieron excluyendo de manera injustificada y sorpresiva unas
pruebas que habían sido decretadas con antelación sin objeción alguna.”
(subrayas fuera de texto original).
“En
efecto, la Fiscalía no satisfizo las condiciones para la exclusión de las
pruebas conforme al artículo 29 de la Constitución.  De acuerdo a la sentencia
SU-159 de 2002, la supresión, eliminación o exclusión de una prueba debe
satisfacer por lo menos cuatro requisitos.  Ellos hacen énfasis y redundan en
la necesidad de definir o sustentar legal y razonadamente las circunstancias
que conllevan a omitir el decreto, la práctica o la valoración de una prueba.
En este caso, la decisión y motivación explícita de la exclusión sólo se llevó a
cabo en el momento de resolver la reposición contra el cierre, indicando que
era efímera la posibilidad de practicarlas a tiempo.  Más adelante, la misma
institución explicó que -además- ellas eran superfluas, tal y como se habían
solicitado, pues no agregaban o modificaban la decisión tomada en la
calificación del mérito de la instrucción.
“De
esta manera, el ente acusador negó la valoración de unas pruebas que habían
sido decretadas por ella misma, sin permitir que, previo al cierre, los
interesados se pronunciaran sobre la exclusión. (subrayas fuera de
texto original).
“Además,
es del caso señalar que cada una de las razones esbozadas por la Fiscalía
muestran que esa institución, con algo de diligencia, pudo haber detectado
oportunamente los defectos tardíamente advertidos, o utilizar sus potestades
oficiosas para complementar lo que consideró insuficiente, teniendo la
obligación correlativa de rechazar o denegar las pruebas desde el momento mismo
en que fueron solicitadas si advertía su impertinencia o falta de necesidad[17]. Y,
en lugar de adoptar una decisión a tiempo, en la cual relacionara los
diferentes fundamentos que servían de base para denegar las pruebas a practicar
en el exterior, la Fiscalía optó por aparentar que las mismas serían valoradas,
para luego sustraerlas del caudal que sirvió de base para proferir la
preclusión.  De los testimonios indicó que no aportarían mas información y,
respecto de la documental elevada a la Securities and
Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos, concluyó que tampoco resultaban
relevantes dado que fueron solicitados en forma indebida. (subrayas
fuera de texto original).
“La Sala no puede pasar por alto que, conforme al
expediente, la solicitud de estas pruebas se efectuó antes del cierre de la
investigación, y que si bien el término para investigar estaba más que vencido,
de todas maneras la Fiscalía procedió a decretarlas sin reparo alguno, momento
en el que no las consideró improcedentes, impertinentes, o irrelevantes, o que
su solicitud no se encontraba en debida forma, y por el contrario,
posteriormente dispuso: “enviar un mensaje de
urgencia a las autoridades judicial y diplomática en la ciudad de Nueva York,
para que den prioridad a las pruebas requeridas en atención al cierre de
investigación que se encuentra vigente”, reparos que
no pueden aducirse por el ente investigador en oportunidad posterior, so pena
de vulnerar el debido proceso.
“Cabe recordar, que ni siquiera cuando uno de los
apoderados de la parte civil le informó sobre los defectos presentes en la
información requerida a la SEC, se efectuó un pronunciamiento de fondo, bien
para notificar a las partes la exclusión de la prueba o, para modificar la
misma, de manera que sirviera a los propósitos de una investigación efectuada
integralmente[18].
“Agregado
a lo anterior, llama la atención el proveído de fecha 24 de septiembre de 2003[19], es decir, un poco
más de un mes antes de cerrar la investigación, proferido por el funcionario
instructor de primera instancia.  En éste se informa que la carta rogatoria a
la SEC no se ha emitido porque dicha prueba fue rechazada y al respecto se
encuentra pendiente un recurso de apelación, en el efecto diferido.  Sin
embargo, posteriormente, el 31 de octubre de 2003, fecha en que igualmente se
ordenó el cierre de la investigación, el mismo funcionario rectificó su punto
de vista en los siguientes términos:
“Estudiado
detenidamente el memorial solicitud que antecede, (...) encuentra este
Despacho que le asiste total razón al aludido profesional del derecho; en consecuencia,
en procura de la consecución expedita de las pruebas testimonial y documental
en el extranjero, habrá de librarse el correspondiente exhorto comisorio ante
la Autoridad Judicial de nuestro mismo rango en Nueva York, y ante el Cónsul de
Colombia en la misma ciudad de los Estados Unidos, con las formalidades legales
y anexando el cuestionario y fotocopia de las piezas procesales pertinentes”.
“En
cumplimiento de lo anterior, la Fiscalía elaboró una carta rogatoria para
ejecutar la prueba en la SEC, el 1° de septiembre de 2003[20].  Sin embargo, la
misma fue devuelta por la Directora de Asuntos Internacionales de la misma
entidad[21].
Pues bien, sólo hasta el 31 de octubre de 2003 se expidieron el exhorto No. 002[22], para ejecutar las
pruebas testimoniales, y la carta rogatoria No. 001[23], para llevar a cabo
la averiguación ante la SEC.  Total, las pruebas requeridas en abril de 2003,
solamente fueron ejecutadas el mismo día en que se cerró la investigación, es
decir, el 31 de octubre de ese mismo año, estando más que vencido el término
para ello.
“Lo
anterior, sustenta las razones que llevan a la Corte a concluir la existencia
de un defecto fáctico en la investigación 1255 (542480), pues las actuaciones
de la Fiscalía (i) no permitieron conocer oportuna y debidamente la exclusión
de las pruebas y (ii) porque la ejecución de las mismas se efectuó
extemporáneamente, con el objetivo de aparentar la satisfacción del
requerimiento probatorio pero, en realidad, con la única certeza de que éstas
no se allegarían al expediente ni serían valoradas. Cabe recordar, que pese
a que el término de instrucción estaba más que vencido, no se esperó la llegada
de la prueba del exterior aduciéndose como pretexto el vencimiento del término
de instrucción como si se tratara de indicar que era esta prueba la que
dilataría el cierre de la investigación diligentemente cumplido.” (subrayas
fuera de texto original).
A continuación,
teniendo en cuenta la entidad de cada una de las anomalías detectadas, la T-171
de 2006 concretó que las expectativas de las partes dentro de la investigación
penal no podían ser defraudadas de manera sorpresiva por el ente investigador
aprovechando el vencimiento de los términos de la instrucción como estrategia
ilegítima para eludir la valoración de unas pruebas previamente decretadas por
ella misma, teniendo en cuenta –además- que la ejecución material de ellas tan
solo se había llevado a cabo el mismo día en que se decretó de manera formal el
cierre de la investigación.  Así las cosas concluyó que la valoración de dichas
pruebas, como parte esencial del derecho a la verdad y la justicia de las
víctimas y dadas las particularidades del caso, justificaba la dilación del
término de la instrucción. Este razonamiento se fundamentó, por supuesto, a
partir de la ponderación efectuada entre los derechos de las víctimas y
de los investigados, conforme a los siguientes argumentos finales:
“7.1.4.  Así
las cosas, la Sala concluye que, conforme a las condiciones del caso concreto
antes descritas, el derecho a la verdad y la justicia en cabeza de las víctimas
tiene plena justificación para permitir una dilación del término de la
instrucción. En efecto, las pruebas decretadas y cuya práctica fue encomendada
a varias autoridades extranjeras, encarnan la expectativa y la posibilidad
material que tiene la parte civil de cerciorarse de la existencia o ausencia
del hecho punible.  Hay que reconocer que esta situación beneficia, en
principio, a ambas partes y concuerda con el paradigma de justicia, establecido
en la constitución.  Esto, acentúa la importancia y prevalencia que tiene la
valoración de las pruebas decretadas, aunque el término de la instrucción se
haya vencido.
“Es claro que
las pruebas, cuya ausencia se examina en esta tutela, fueron solicitadas
oportunamente dentro de los términos concedidos para el efecto en el estatuto
procesal penal, antes de cerrarse la investigación, y fueron decretadas sin
reparo alguno pese a que posteriormente se adujo al cerrarse la investigación
que el término para el efecto se encontraba más que vencido.  Por tanto, las
pruebas requeridas son legítimas, por cumplir con los parámetros legales
exigidos para el efecto, además de perseguir una finalidad constitucionalmente
relevante: alcanzar la verdad y la justicia.  Además, es claro que no es
posible achacar la omisión de su práctica a la parte civil o al agente del
Ministerio Público. (subrayas fuera de texto original).
“Por las
anteriores actuaciones, la Corte debe ordenar que disciplinariamente se
investigue a quienes resulten responsables por decretar una prueba a sabiendas
de que no llegaría al proceso y no sería valorada en la decisión que calificaba
el mérito de la investigación.
“Sin embargo,
es necesario aclarar que la protección del derecho a la prueba de las víctimas
no puede ser desmedida.  La Corte no puede permitir que con el objetivo de
proteger este derecho se extienda indefinidamente el término para adelantar la
investigación 1255 (542480).  Por el contrario, debe quedar claro que (i) esto
no permite o legitima la solicitud o el decreto de nuevas pruebas y (ii) que
una vez satisfecho el derecho sustancial, consistente en allegar y valorar las
pruebas decretadas por la Fiscalía, debe dársele trámite perentorio y urgente
al proceso.
“Conforme a
lo anterior, la Corte concluye que no es posible aprovechar los términos
procesales, como tesis para sustentar o justificar la omisión de valorar  unas
pruebas decretadas por la propia Fiscalía y que no se allegaron a la
investigación debido a su propio yerro, lentitud o descuido. (subrayas
fuera de texto original)
“En razón a lo
anterior, se revocarán las decisiones de instancia y en su lugar se concederá
el amparo deprecado.  En consecuencia se dejarán sin efectos las resoluciones
que ordenaron el cierre y la preclusión de la investigación 1255 (542480),
dictadas el 31 de octubre, 26 de noviembre y 26 de diciembre de 2003, y el 26
de enero y el 08 de julio de 2004, y se ordenará a la Fiscalía General de la
Nación que en el término de 48 horas, a partir de la notificación de la presente,
inicie las gestiones para incluir dentro del expediente las pruebas decretadas
que debían practicarse en el exterior, en caso de que hubieren llegado a la
Fiscalía, para que después, si es del caso proceda al cierre de las
investigación y las valore al momento de calificar el sumario. Si las pruebas
finalmente no llegaron del extranjero, en el mismo término mencionado
anteriormente la Fiscalía correspondiente iniciará las diligencias necesarias
para la consecución de tales pruebas, las cuales una vez se alleguen al
expediente serán valoradas  con todo el acervo probatorio obrante en el proceso
y conforme a las reglas de la sana crítica.”
II.- FUNDAMENTOS DE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD.
1.-  Solicitud de nulidad presentada por
Ricardo Calvete Rangel.
Mediante
memorial radicado en la Secretaría General de esta Corporación el día dieciocho
(18) de agosto de dos mil seis (2006), el doctor Ricardo Calvete Rangel,
representante judicial de Jorge Londoño Saldarriaga, presenta solicitud de
nulidad contra la sentencia T-171 de marzo siete (7) de dos mil seis (2006).
En dicho escrito
se aduce que el fallo de revisión habría incurrido en las siguientes “causales
de nulidad”:
1.1.  “La
sentencia de tutela viola de manera ostensible el debido proceso, al decretar
la nulidad de la providencia que ordenó el cierre de la investigación por
vencimiento del término de instrucción, y de las de primera y segunda instancia
que decidieron la preclusión de la instrucción a favor de mis poderdantes, para
que se regrese a la etapa del sumario y se continúen recaudando pruebas pese al
vencimiento del término, con lo cual adicionalmente se desconoce la cosa
juzgada constitucional”.
El memorialista
pone de presente que en las sentencias C-411 y 412 de 1993 la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991 ya
que en éste no se había fijado de manera cierta y precisa el término de
duración de las etapas de investigación previa y el sumario, aspecto
considerado por este tribunal “como esencial para el debido proceso”.
Indica que como consecuencia de tales providencias se promulgaron las Leyes 81
de 1993 y 600 de 2000 que fijaron un término preciso para adelantar la
instrucción.
A partir de
estos supuestos infiere lo siguiente:
“En estas condiciones, es claro que la garantía del debido proceso
penal en Colombia comprende que el Estado demuestre la responsabilidad de los
sindicados dentro de los términos perentorios fijados por la ley, pues de otra
forma deberá precluir la instrucción, ya que el funcionario judicial no tiene
facultades para ampliar términos, pues como dice la jurisprudencia
anteriormente citada, si el término no es cronológicamente cierto, sino que
queda al arbitrio del funcionario, no resulta eficaz, y en esa medida no cumple
ningún papel ni puede ser considerado garantía.
“Este lineamiento tiene perfecta correspondencia con lo establecido en
el segundo inciso del artículo 399 de la Ley 600, en donde el legislador ordenó
que, ‘En caso de que el cierre de la investigación se haya producido por
vencimiento del término de instrucción o por la imposibilidad de recaudar o
practicar pruebas, la duda se resolverá a favor del procesado’ (resalta
el memorialista).
“El mandato no tiene interpretación diferente: vencido el término de
instrucción, la única actuación procedente será la calificación, sin que pueda
servir de excusa que no existe prueba, pues en ese evento la orden legal es que
la duda se resuelva a favor del procesado, de ningún modo que esa circunstancia
pueda ser aducida como pretexto para prolongar la investigación”.
A continuación,
a partir de la cita de algunos apartes del salvamento de voto de la sentencia
T-171 de 2006, el memorialista considera que la Sala de Revisión “se
equivoca” cuando invoca el debido proceso a partir del derecho a la prueba
sin tener en cuenta el “marco procesal que corresponde” y concluye:
“(...) dicho derecho a la prueba no significa que se pueda ejercer violando
el debido proceso por la vía del desconocimiento de los términos previstos
legalmente para esos efectos.  Precisamente uno de los párrafos de la sentencia
SU-087 de 1999 que se transcribe en el fallo dice expresamente: ‘Pero –se
insiste- tal decisión judicial tiene que producirse en la oportunidad procesal,
que corresponde al momento en el cual el juez resuelve si profiere o no el
decreto de pruebas; si accede o no –en todo o en parte- a lo pedido por el
defensor, motivando su providencia”.  A lo anterior agrega, soportándose
otra vez en el salvamento de voto, que si bien es cierto a la parte civil le
asisten los derechos a la verdad y la justicia, la Sala también incurre en
error cuando asigna tales facultades por fuera “del marco del principio de
legalidad del procedimiento”.
Considera
erróneo –otra vez- que se haya hecho prevalecer el interés de las víctimas
sobre las garantías de los procesados “de modo que no sólo rompe el
equilibrio de las reglas de juego violando el debido proceso, sino que invierte
el postulado de la presunción de inocencia, de manera que pretende que la
investigación siga abierta así los términos estén vencidos, para que se
incorpore una prueba que no solicitó la parte civil sino el Ministerio Público
(...)”.
Adicionalmente
indica que la parte civil no coadyuvó la solicitud probatoria sino que, al
contrario, se limitó a aseverar “Mucho me temo que en la forma solicitada no
habrá una respuesta que ilustre adecuadamente a la Fiscalía acerca de tales
operaciones”.  Advierte que posteriormente el Ministerio Público “solicitó
que se decretara una prueba diferente a la anterior, pero para ese momento, 10
de julio de 2003, el término de instrucción ya se encontraba vencido
(...)”.
Concluye que
conforme al marco procesal correspondiente es “ostensible que la sentencia
de tutela viola el debido proceso al reabrir una investigación que se cerró por
vencimiento de términos, dejándola abierta indefinidamente en la medida en que
ordena que, ‘Si las pruebas finalmente no llegaron del extranjero, en el mismo
término mencionado anteriormente la Fiscalía correspondiente iniciará las
diligencias necesarias para la consecución de tales pruebas’ (...)”.
1.2.  “La
sentencia es violatoria de la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la inmediatez de la tutela contra providencias judiciales,
lo que finalmente implica un flagrante desconocimiento del principio de
seguridad jurídica y una vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia de las personas en cuyo favor tiempo atrás fue
precluida la investigación penal”.
Aduce el
memorialista que a pesar de que por regla general la acción de tutela carece de
término constitucional y legal de caducidad, la Corte ha establecido a la
inmediatez como requisito general de procedibilidad, determinando de manera
sistemática “la sanción de todas aquellas solicitudes de amparo que han sido
presentadas con una separación temporal desproporcionada e injustificada con
relación al momento en el que fue advertida la posible vulneración o puesta en
peligro de un derecho fundamental”.
Transcribe
algunos apartes de la sentencia SU-961 de 1999 y precisa que la “doctrina
que desarrolla el principio de la inmediatez de la tutela y que exige su
interposición dentro de un plazo razonable oportuno y justo (...)”
constituye un “precedente constitucional” de obligatorio acatamiento
para los ciudadanos que pretendan interponer una acción y para las diferentes
Salas de Revisión de la Corte. Infiere, por tanto, que la modificación de tal
jurisprudencia corresponde a la Sala Plena y que no es posible desconocerla sin
motivación alguna “generando a partir de la decisión una grave vulneración
del derecho fundamental a la firmeza de las decisiones judiciales”.
Precisa que “resulta
desconcertante que en la sentencia se desconozca el precedente constitucional,
referido a la necesidad de demostración y motivación de las justas causas que
determinaron al demandante a presentar una acción de tutela 14 meses después,
contra la resolución de segunda instancia que confirmó la preclusión de la
investigación a favor de los doctores JORGE LONDOÑO SALDARRIAGA y FEDERICO
OCHOA donde la violación del debido proceso que allí se alega radica en (...)
asunto que obviamente fue advertido por la parte civil desde el cierre de la
investigación (...)”.  Enseguida, echa de menos que en la demanda de tutela
y en la sentencia T-171 de 2006 se haya pasado por alto la obligación de
justificar la tardanza de la solicitud y concluye que en dicha sentencia se
desconoce la jurisprudencia de la Corte en perjuicio de los derechos de las
personas que fueron beneficiadas con la preclusión de la investigación penal.
No obstante, a
continuación cuestiona que las razones que tuvo la Sala de Revisión, para
considerar razonable el término de interposición de la tutela, sean criterios
que justifiquen “un retardo de más de un año en la presentación de la tutela”
y relaciona algunas sentencias en las que la acción fue declarada improcedente
por este motivo (T-690 de 2005, T-759 de 2003, T-403 de 2005 y T-1140 de 2005)
o se evocó la importancia del requisito de la inmediatez (C-590 de 2005).
2.-  Solicitud de nulidad presentada por
Juan Carlos Prías Bernal.
Por su parte,
mediante escrito radicado el 23 de agosto de 2006, el doctor Juan Carlos Prías
Bernal, apoderado de Federico Guillermo Ochoa, solicita la nulidad de la
sentencia T-171 de 2006 con base en dos cargos sustentados de la siguiente
manera:
2.1.  “Violación
al debido proceso por cambio de jurisprudencia de la H. Corte Constitucional”.
El memorialista
considera que la Sala Octava de Revisión “modificó los pronunciamientos
existentes y que constituyen la línea jurisprudencial pertinente al abordar el
tema del defecto fáctico y determinar que en la decisión objeto de revisión se
configura dicha causal genérica de procedibilidad” debido a que “[n]o se
trató (...) de una simple valoración de la situación fáctica presentada,
a la luz del precedente constitucional elaborado por esta Corporación sobre el
defecto fáctico, sino de una modificación de esta categoría, lo que
erróneamente llevó a este máximo Tribunal a concluir que existía una vía de
hecho a través de dicho criterio”.
Para ese efecto
precisa que un cambio de jurisprudencia conlleva la vulneración de los derechos
a la igualdad, al juez natural y, por tanto, al debido proceso.  Identifica que
la sentencia T-171 de 2006 fundó la procedencia del amparo frente a las
resoluciones dictadas por la Fiscalía a partir de la existencia de un defecto
fáctico y anuncia la necesidad de determinar si dicha anomalía fue reconocida
de conformidad con la jurisprudencia de la Corte.
Así las cosas,
el memorialista considera que debe remitirse a las decisiones de la Sala Plena
ya que ellas constituyen las “únicas que integran los parámetros
jurisprudenciales en materia constitucional”.  Indica que la Corte ha precisado
los eventos a partir de los cuales se hace procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales y destaca que en las sentencias SU-1159 de 2003
y SU-1185 de 2001 (para lo cual transcribe un par de apartados) ellos fueron
relacionados y concretados.  En lo que a defecto fáctico se refiere, concluye
que se trata de “un flagrante defecto que resulta de haberse apoyado el juez
en un sustento probatorio absolutamente inadecuado para resolver el caso
||  Pero ha precisado la Corporación que esa vía de hecho no puede deducirse
del análisis y la interpretación realizado por el juez con fundamento en la
Ley, sino que tiene que implicar un ostensible alejamiento de las normas
aplicables, que se traduzca en violación a los derechos fundamentales de los
sujetos procesales”.
En este orden de
ideas, más adelante se soporta en las sentencias C-384 de 2000 y SU-962 de 1999
de las cuales resalta el carácter significativo y superlativo de las diferentes
anomalías constitutivas de vía de hecho.  De la sentencia de unificación
subraya, entre otros, que “(...) una vía de hecho se produce cuando el
juzgador, en forma arbitraria, caprichosa y subjetiva, y con fundamento en su
sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del
ordenamiento jurídico (...) cuando la labor interpretativa realizada por
el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de
ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho”.  A
continuación infiere, para lo cual recurre a un aparte de la sentencia SU-120
de 2003, que “[c]ompete al juez la elección de la norma y su interpretación
frente al caso concreto, a través de la aplicación de criterios jurídicos
serios y razonables.  Para estos efectos debe ceñirse a los hechos, valorar las
pruebas ‘regular y oportunamente aportadas’ al proceso, y atender las
disposiciones y principios constitucionales, atendiendo los derechos
fundamentales de las partes”.
Posteriormente
agrega que otro ingrediente fundamental de esta figura es la necesidad de
comprobar que de no haberse producido la anomalía “la decisión habría tenido
un sentido distinto al que presenta”.  Para este efecto recurre a un
párrafo de la sentencia SU-563 de 1999 del cual subrayó lo siguiente: “(...) tratándose
de una sentencia, sólo procede, como factor suficiente para que el amparo pueda
prosperar, si se demuestra que por causa de ella se adoptó una decisión
sustancialmente distinta de la que habría resultado de una correcta aplicación
de la normatividad correspondiente”.  Concluye que la vía de hecho se
traduce en una “evidente vulneración del debido proceso” y a ésta la
concreta, a partir de la transcripción de un aparte de la sentencia SU-429 de
1998, como el desconocimiento de las pautas establecidas en la ley para el ejercicio
de la función judicial.
Más adelante
respecto del defecto fáctico, sostiene que la SU-1184 de 2001 concretó que “se
trata de del error ostensible, grave y manifiestamente contrario a la Ley que
se verifica en torno al material probatorio, de forma tal que tratándose de la
omisión de un medio de prueba, tiene que se (sic) éste decisivo y
determinante en relación con la decisión de la sentencia para que el juez de
tutela pueda ocuparse de su análisis”.  Adicionalmente reitera que la
anomalía debe constituir en un “alejamiento grosero de los señalamientos
legales aplicables en la materia” y que frente al defecto fáctico, la
prueba que se eche de menos “tiene que ser de tal entidad y fuerza
probatoria que de haber sido valorado haya cambiado completamente el sentido de
la decisión objeto de tutela”.
Posteriormente,
con base en la sentencia C-590 de 2005 explica que el enunciado dogmático “vía
de hecho” ha evolucionado y colige que “[e]sta nueva tendencia
jurisprudencial, si bien aligera la gravedad del error judicial, sigue
manteniendo las vías indicadas en sentencias antecedentes”.  De hecho, de
manera coincidencial con la jurisprudencia citada –advierte el memorialista- la
sentencia SU-905 de 2005 explicó los ingredientes necesarios para que se configure
un defecto fáctico.
Con base en
tales presupuestos considera que es extraño que la sentencia T-171 de 2006 haya
comprendido el defecto fáctico a partir de una decisión proferida por una Sala
de Revisión (la T-554 de 2003) y agrega que “extraña aún más que equipare la
aplicación del presupuesto para el caso que ahora nos ocupa, por cuanto resulta
a todas luces evidente que en el supuesto de hecho contemplado por la Sentencia
de tutela referida, el medio de prueba omitido sí era evidentemente decisivo para
el sentido del fallo, a tal punto que la decisión judicial se tomó sin un
concepto médico legal claro acerca de la comisión de la conducta objeto de
investigación”.
Estima que en
las diferentes decisiones que soportan la T-171, así como en las sentencias
T-552 de 2003, T-025 de 2001, T-960 de 2003[24] y T-902 de 2005, se estableció el “carácter
determinante y decisivo del medio de prueba cuestionado frente al sentido del
fallo” y que este elemento no se encuentra en la sentencia cuestionada ya
que la prueba que se protegió “NO ERA DETERMINANTE PARA EL SENTIDO DEL MISMO”.
Expone que “[s]i el medio de prueba omitido, no valorado o rechazado no
tiene tal peso probatorio en el conjunto del material obrante en el expediente
como para modificar el sentido de la providencia judicial, no comportará un
yerro que implique que el fallador haya adoptado una decisión de fondo
contraria al escenario probatorio legalmente allegado”.  Expone, como
fundamento de lo anterior, que en la sentencia T-902 de 2005 se estructuraron
dos dimensiones del defecto fáctico, una negativa y otra positiva, en las
cuales se reitera que la prueba debe ser decisiva; respecto de la
primera transcribió y resaltó: “Una dimensión negativa que ocurre cuando el
juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional o caprichosa u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.  Esta
dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”.
Adicional a lo
anterior estima que “si ese medio de prueba fue objeto de análisis tanto por
el a-quo como por el ad-quem, para concluir la irrelevancia de su contenido
probatorio frente a la decisión de fondo, es evidente que no se trató de un
medio de prueba olvidado y groseramente dejado de lado, con lo cual entramos ya
al terreno de la potestad valorativa del juez y no de la violación del debido
proceso”.  Indica que la prueba protegida en la sentencia T-171 no fue
valorada porque no fue “legalmente aportada al proceso”
Con fundamento
en lo anterior, precisa que el cambio de jurisprudencia que se reprocha a la
sentencia T-171 de 2006 consiste en: “la eliminación de la capacidad decisiva
y determinante del medio de prueba frente a la decisión de fondo, el cual es
requerido por la jurisprudencia de la Sala Plena de la H. Corte Constitucional;
es decir, para alegar un defecto fáctico como vía de hecho no basta que se haya
omitido un medio de prueba sino que se requiere además que dicho medio de
prueba se trate de uno que tenga la potencialidad de cambiar el sentido de la
decisión, y es por ello que su omisión implica violación a derechos
fundamentales || La decisión objeto del presente incidente afirma que el
medio de prueba era a tal punto pertinente y procedente que la Fiscalía que
adelantó la investigación lo decretó sin haber sido impugnada dicha decisión
por las partes, sin embargo ello no es sustento suficiente a efectos de cumplir
el requisito de esencialidad del medio de prueba para modificar el sentido del
fallo” y a continuación aclara: “dentro de la actuación resultan
pertinentes y procedentes diversos medios de prueba que van a esclarecer las
circunstancias de los hechos, la relación entre los sujetos implicados, la
participación de terceros, la verificación de circunstancias de incremento o
atenuación punitiva, etc., no puede por ello afirmarse que todos los medios de
prueba practicados dentro de una actuación decidan el sentido del fallo || no
es vía de hecho lo que no implica transgresión flagrante de la ley, y no se
configura el defecto fáctico cuando el funcionario judicial realizó un
análisis, valoración y ponderación de acuerdo a la ley aplicable.”.
Agregado a los
argumentos anteriores, el memorialista deduce que en el caso estudiado en la
sentencia T-171 no se configuró una vía de hecho pues “i.  El juez analizó
la fuerza determinante y decisiva del medio de prueba que no había arribado al
expediente al momento de proferir la decisión de fondo; y ii.  El medio de
prueba cuestionado no tenía la capacidad de modificar el sentido del fallo”.
Para este efecto pone de presente que en la providencia del 08 de julio de 2004
la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sí se pronunció “sobre
la prueba decretada pero no valorada”, que la parte civil había indicado la
impertinencia de la prueba, que la misma fue solicitada por el Ministerio
Público y no por este sujeto procesal, quien –adicionalmente- nunca se
pronunció sobre su “pertinencia, alcance o trascendencia”, y concluye: “Tales
falencias son, desde luego trasladables a la decisión impugnada como quiera que
la misma en parte alguna, realiza un análisis sobre el particular, desvirtuando
como lo hemos venido señalando, el sentido propio de la vía de hecho sustento
de la tutela contra providencias judiciales”.
2.2.  “Trasgresión
del debido proceso por violación del precedente de Corte Interamericana de
Derechos Humanos”.
Sobre este punto
el memorialista indica, en primer lugar, que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos tiene carácter obligatorio y que, por tanto,
“si en el evento de una decisión de la Corte Constitucional que viola la
Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos no existiera la posibilidad de demandar la
revisión de la decisión, se estaría frente a una violación del artículo 25 de
la Convención, citado por la Corte Constitucional, precisamente, para reconocer
la obligatoriedad de la tutela contra sentencias”.  Bajo este marco a
continuación concluye que frente al desconocimiento de tales pautas se debe
aplicar “el mismo tratamiento que por violación de la Constitución y del
precedente de la Corte Constitucional cabe respecto de sus propias decisiones”.
En seguida
reconoce que en la sentencia T-171 de 2006 se analizó el deber de cumplir con
los términos judiciales como parte del derecho al debido proceso “lo que
significa recalcar el carácter de garantía que para el procesado tienen los
términos judiciales”.  No obstante lo anterior –comenta- “la H. Sala
comprendió que el derecho al debido proceso, en punto a los procesados
–sindicados- comprende no el derecho al respeto a los términos judiciales, sino
a ‘una investigación sin dilaciones injustificadas’”.  Agregado a esto
deduce que el razonamiento decisivo que soporta dicha sentencia es que “si
es necesario proteger los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, es posible que el Estado esté en la obligación de desconocer los
términos judiciales”.
Pues bien,
contrario a lo anterior el peticionario considera que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos “ha planteado el derecho a un proceso sin dilaciones
injustificadas y el derecho a un juicio dentro de un plazo razonable, no para
autorizar al Estado para desconocer los términos judiciales, sino como medio
para determinar si, una vez violados tales términos, su actuación es razonable”.
Para este efecto indica que teniendo en cuenta “a) la complejidad del
asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las
autoridades judiciales”, en la sentencia del 06 de abril de 2006, caso
Baldeón García contra la República de Perú, esa Corte protegió los derechos de
un investigado, “luego de 15 años de ocurridos los hechos”.  Así mismo,
en el caso Ximenes López contra la República de Brasil, no sin antes mencionar
que el asunto era sencillo porque, entre otros, solamente se trataba de una
sola víctima, dicha Corte determinó que “el Estado brasileño no tenía
razones válidas para demorar la actuación por el término de 6 años”.
Agrega que en el caso Ituango contra la República de Colombia se analizó y
protegió el “principio” de plazo razonable a favor de las víctimas de
los delitos y se declaró la negligencia de los funcionarios judiciales
encargados de investigarlos.  Finalmente señala, para lo cual se vale de la
transcripción de los párrafos 128 a 136 de la providencia, que en el caso López
Álvarez contra la República de Honduras dicha Corte consideró que un proceso
penal que dure más de 6 años “constituye una violación del principio de
plazo razonable por parte del Estado”.
A partir de lo
anterior concluye que el precedente de la Corte Interamericana se explica así:
“La omisión del Estado de llevar el proceso dentro del término legal
(desconocimiento del debido proceso) se justifica si, y solo si, la
demora, habida consideración de la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado (sea sindicado o víctimas) y la conducta de las autoridades
judiciales, no es excesiva y ha demorado un plazo razonable” (resalta el
memorialista).
En
contraposición a lo anterior, considera que la “regla judicial” prevista
en la sentencia T-171 de 2006 es: “El Estado tiene la obligación de
desconocer el término legal de investigación (obligación de desconocer el
debido proceso) si ello es necesario para asegurar el derecho a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas” (resalta el
memorialista).
Finalmente
infiere que: “[e]n ningún momento, se repite, la Corte Interamericana ha
avalado la tesis de que es obligación del estado violar el debido proceso, por
el contrario, el análisis sobre la complejidad del asunto, la participación del
interesado y la conducta de las autoridades judiciales, apunta, exclusivamente,
a determinar si (i) la violación es justificable y (ii) si el plazo en exceso
es razonable”.
Con base en lo
expuesto insiste en que la sentencia T-171 de 2006 “debe ser anulada por
violación del precedente judicial fijado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y por violación del artículo 7.5 de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos”.
2.3.  Por último
el memorialista cierra su escrito indicando que los argumentos expuestos
sustentan la vulneración notoria y flagrante del debido proceso por parte de la
sentencia T-171 de 2006 pues ésta habría modificado la jurisprudencia,
competencia que se encuentra radicada exclusivamente en cabeza de la Sala
Plena, y habría desconocido las pautas básicas sobre defecto fáctico establecidas
por esta Corte, así como el precedente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.  Además advierte que tal afectación del debido proceso es trascendente
pues en dicha sentencia se dejaron sin efectos varias resoluciones de la
fiscalía que habían ordenado el cierre de la investigación y la preclusión de
la instrucción.
3.-  Solicitud de nulidad presentada por
Eduardo Cifuentes Muñoz.
Mediante escrito
radicado el 29 de agosto de 2006, el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, apoderado
de BANCOLOMBIA S.A., solicita la nulidad de la sentencia T-171 de 2006 con base
en los siguientes cargos:
Afirma que en
el salvamento de voto se relaciona la jurisprudencia de la Corte Constitucional
que fue desconocida por la sentencia T-171 de 2006.  Precisa que en esta
decisión (i) se modificaron los criterios o causales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) se desatendieron los
fallos de constitucionalidad que establecieron la “necesidad de contar con
un término legal que ponga fin a la actividad investigativa del Estado en
materia penal”.
Luego de
analizar cuáles son los pasos necesarios para establecer la transgresión del
precedente, relaciona los requisitos generales y especiales –relativos al
defecto fáctico- que controlan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.  Para este efecto se vale de la sentencia C-590 de
2005, de la cual afirma que sintetizó y decantó la doctrina sobre la tutela
contra sentencias, y en seguida explica: “La falta de valoración de una
prueba por la autoridad judicial, puede originarse en la pretermisión de un
trámite o una irregularidad procesal.  En este caso, la presunta anomalía
probatoria es consecuencial.  En este supuesto, el ataque debería en estricto
rigor poner de presente la violación del procedimiento (...)”.  Reconoce
que la reglas judiciales pueden ser expresadas en diversas maneras, sin que
se modifique su esencia, sin desconocer la subregla constitucional
contenida en la sentencia citada y teniendo en cuenta que “las bases
constitucionales sólo pueden ser modificadas o removidas por el constituyente”
y la reglas jurisprudenciales sólo se pueden cambiar por la Sala Plena.
Más adelante
analiza “la regla judicial que se contiene en el fallo impugnado” sobre
la que considera que además de involucrar un examen sobre el defecto fáctico “implícitamente
también elabora una cadena argumental en torno de la regla judicial sobre el defecto
procedimental” de la cual –advierte- que como causal especial de
procedibilidad exige la presencia de un defecto absoluto.  A continuación,
luego de extractar la regla que controla la decisión de la sentencia T-171 de
2006, considera que ésta, en suma, determina que “la valoración de las
pruebas decretadas, tiene ‘prevalencia’, aunque el término de la instrucción se
haya vencido”.
A partir de
lo anterior el memorialista precisa que la regla del defecto fáctico aplicable
a la T-171 de 2006 conlleva a considerar si “las resoluciones de cierre de
la investigación y de preclusión de la instrucción se adoptaron careciendo de
‘apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión’”.  Al respecto aclara que este defecto exige una
aptitud suficiente para “modificar o decidir el sentido del fallo” y agrega
que “En otras palabras, la prueba o valoración que se echa de menos debe ser
de tal entidad y peso que sin ella el ‘apoyo probatorio’ en que se basa la
decisión del juez resulta absolutamente inadecuado para permitirle la
aplicación del supuesto legal.  De ahí que la regla jurisprudencial sobre el
defecto fáctico obligue al intérprete a elaborar un doble juicio de congruencia
y suficiencia, tomando y excluyendo el alegado defecto fáctico, entre lo
probado en el proceso, la valoración realizada y lo decidido”.
Indica que en
la sentencia C-590 de 2005 se reiteró dicho supuesto, agrega que lo mismo
ocurre en las sentencias SU-159 de 2002, T-902 de 2005, T-025 de 2001 y T-008
de 1998 y concluye que en este ámbito se hace necesario que los jueces
constitucionales examinen el acervo probatorio, cosa que no se efectuó en la
sentencia T-171 de 2006.  Por lo tanto –infiere- salvo que se hubiere cambiado
la regla jurisprudencial sobre este criterio de procedibilidad “es
ciertamente imposible que se acreditara y diera por establecido el defecto
fáctico (...) Si pese a la prueba o pruebas omitidas, la autoridad en
todo caso podía tomar en derecho una decisión con el acervo probatorio reunido,
entonces no puede decirse que se verificó un defecto fáctico tal y como lo
entiende la doctrina constitucional.  Si la prueba o pruebas omitidas no tienen
aptitud para modificar el sentido de la decisión, entonces no puede decirse que
se presenta un defecto fáctico”.
Concluye que
la regla que controla la sentencia T-171 de 2006 es “completamente extraña”
a la directriz establecida en torno al defecto fáctico ya que aquella no tiene
en cuenta “el efecto determinante o no de la prueba o de la valoración en lo
que respecta a la decisión y lo es igualmente en relación con la posibilidad de
tomar una determinación con el acervo probatorio existente”.  Y agrega “[p]ara
los efectos de la regla jurisprudencial sobre el defecto fáctico, el hecho de
que se tenga certeza sobre la posibilidad de practicar la prueba omitida es
irrelevante, puesto que lo que cuenta es su aptitud o peso para determinar el
sentido del fallo o decisión”.
Adicionalmente
indica que el cambio efectuado por la Sala de Revisión aminora la
‘excepcionalidad’ de la acción de tutela contra providencias judiciales y ello
conlleva a que “el control de constitucionalidad y la injerencia del juez
constitucional sobre la jurisdicción ordinaria se ampliaría en grado
superlativo”.  Indica que dichas modificaciones también tendrían como
consecuencias: la protección ilimitada del derecho a la prueba afectando
el equilibrio entre las personas y los sujetos de derecho, la desproporcionada
e irrazonable afectación del derecho de los procesados a un proceso sin
dilaciones injustificadas a causa de la negligencia de las autoridades del
Estado y la debilitación del requisito de inmediatez como condición general de
procedibilidad del amparo a partir de una fórmula “críptica y complaciente”.
Finalmente
advierte que mantener la regla contenida en la sentencia T-171 de 2006 vulnera
los postulados esenciales del debido proceso penal.  Al respecto indica que los
plazos razonables de la investigación del delito es una garantía reivindicada
por la Corte Constitucional desde su fundación.  Para esto pone de presente que
“las sentencias C-411 de 1993 y C-412 de 1993, fijaron la doctrina
constitucional sobre el carácter perentorio, inexorable y razonable de los
términos judiciales en materia penal, conforme lo exige la Constitución y los
tratados internacionales” y que en el artículo 329 de la Ley 600 de 2000 se
determinó el plazo máximo de la instrucción.
III. TRÁMITE SURTIDO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.-  El 23 de agosto de 2006, mediante oficio N°
STB-10/2006, la Secretaría General de la Corte Constitucional solicitó a la
Secretaría General de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, informara la fecha en la cual fue notificada a las partes la
sentencia T-171 de 2006.
En respuesta a
lo anterior, a través del Oficio S.C.T. N°. 05532 de fecha agosto 28 de 2006, y
radicado en la Secretaría General de esta Corporación el mismo día, la
Secretaria de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia informó
“(…) me permito informarle que la sentencia T-171/2006 fue notificada a las
partes mediante marconigramas Nos. 22271 a 22286 de 15 de agosto del año en
curso cuyas copias anexo”.
2.-  Como complemento de lo anterior, en
Auto de 31 de agosto la Magistrada Sustanciadora ordenó solicitar a ADPOSTAL
certificación sobre la fecha en que fueron entregados los telegramas expedidos
por la Corte Suprema de Justicia.  Sin embargo, de acuerdo al informe proferido
por la Secretaría General de esta Corporación, para el 14 de septiembre de 2006
no se obtuvo respuesta alguna a esta solicitud ante lo cual se ordenó librar
nuevo requerimiento a través de Auto de septiembre 25 en el cual,
adicionalmente, se solicitó a la Secretaría de la Sala de Casación Civil el
expediente T-1226076.  Finalmente la empresa Servicios Postales Nacionales
S.A., mediante oficio allegado por la Secretaría General el 02 de octubre,
relacionó la fecha exacta en que fueron entregados los diferentes oficios de
notificación de la sentencia T-171 de 2006.
3.-  Adicionalmente,
a partir de las solicitudes de nulidad presentadas por los doctores Ricardo
Calvete Rangel, Juan Carlos Prías Bernal y Eduardo Cifuentes Muñoz, mediante
Autos del veinticinco (25) de agosto y del once (11) de septiembre de 2006, la
Magistrada Sustanciadora dispuso correr traslado a las partes vinculadas al
proceso de tutela.
4.-  Como resultado del término de
traslado, según consta en el informe de la Secretaría General de esta
Corporación[25],
se recibieron los escritos firmados por Jaime Bernal Cuéllar, Francisco José
Sintura Varela, Antonio José Cancino Moreno, Néstor Humberto Martínez Neira,
Héctor Sebastián Milanés Julio, en su calidad de Fiscal 3 Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, y Rosa Elena Suárez Díaz, Fiscal Jefe de la Unidad
Nacional.
4.1.  El doctor Jaime Bernal Cuéllar, quien
interviene como apoderado judicial del señor Isaac Gilinski, solicita a la
Corte negar las pretensiones propuestas en la solicitud presentada por Ricardo
Calvete Rangel[26].
En primer lugar expone que la nulidad no satisface los requisitos exigidos en
reiteradas jurisprudencias ya que “el peticionario no invoca ninguna de las
causales que (...) deben estructurarse para que sea procedente la
solicitud” pues “se limita a hacer una mención ambigua del concepto de
cosa juzgada constitucional” frente a la ejecutoria de las decisiones en
los procesos penales.
En todo caso –advierte- la sentencia T-171 de
2006 no adolece de vicio alguno que vulnere el debido proceso.  Precisa que la
solicitud no logra demostrar la existencia de una violación “ostensible,
probada, significativa y trascendental” en el trámite de la acción de
tutela sino que tan solo hace referencia al procedimiento que se debería seguir
dentro del proceso penal.  Agrega que dichos argumentos son “apreciaciones
netamente subjetivas, antagónicas de la reiterada jurisprudencia constitucional
en relación con la garantía del debido proceso”.  Censura que parte de la
nulidad tenga sustento en el salvamento de voto e indica que de acuerdo al
razonamiento contenido en el Auto 011 de 1999 (M.P.: Alejandro Martínez
Caballero) tal solicitud debe desecharse por tratarse de una tesis que al ser
debatida, no fue acogida por la mayoría.
Agrega que las causales invocadas son ambiguas
“en la medida en que no aportan claridad alguna en torno a si lo que se
alega es, de una parte, el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional o,
de otra, que una sala de revisión cambió la jurisprudencia de la Corte”.
Anota que frente al cargo relativo al cambio de jurisprudencia no se cumplieron
con los presupuestos analíticos necesarios para demostrar tal falencia, lo que impide
la realización de un análisis de fondo de la nulidad.  Infiere que para
sustentar la estructuración de las causales “el solicitante se limita
únicamente a oponer su criterio personal frente al de la Corte Constitucional,
sin demostrar en qué consistió la supuesta violación invocada”.
Contrario a la solicitud de nulidad, considera
que en la sentencia T-171 de 2006 la Sala de Revisión “se ciñó de manera
estricta a sus pronunciamientos anteriores en materia de garantía al debido
proceso y al principio de inmediatez de la acción de tutela”.  Sobre este
último comenta que “es la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional
la que establece que, en torno a este tópico, es necesario e indispensable
tomar siempre en consideración las circunstancias del caso concreto, lo cual
incluye, obvio es decirlo, la evaluación de factores tales como su complejidad,
siempre a la luz del criterio de razonabilidad”.  Finalmente, respecto de
los alcances del debido proceso tratados en la sentencia T-171 de 2006, se
expone que éste es aplicable tanto al investigado como a los demás sujetos y
que, con fundamento en él, no es posible aprovechar los términos procesales
como parámetro para desconocer el derecho a una prueba que había sido
debidamente decretada dentro del proceso; al respecto señala: “resulta
paradójico y ajeno al propósito del legislador penal que se invoque el debido
proceso para hacer valer una situación que, precisamente, se configura a partir
de su desconocimiento y del de la legítima pretensión a que sean practicadas y
evaluadas las pruebas que fueron decretadas, luego de haberse establecido que
eran pertinentes y obtenibles de manera razonable”.
4.2.  Por su parte, el doctor Francisco José
Sintura Varela, quien obra como apoderado de la parte actora dentro de la
acción de tutela, se opuso a las tres solicitudes de nulidad.
4.2.1.  En primer lugar, considera
improcedente la solicitud propuesta por Ricardo Calvete Rangel, pues –advierte-
dada la naturaleza excepcional de la nulidad se hace necesario que el peticionario
demuestre con absoluta claridad la vulneración del debido proceso conforme a
las causales previstas por la Corte.
Así las cosas, resalta que “no toda
discrepancia implica cambio de jurisprudencia” y que, para sustentar en
debida forma el cargo, se hace necesario demostrar como mínimo la existencia de
una jurisprudencia sobre determinados hechos y luego, el cambio unilateral
efectuado por la Sala de Revisión.  Advierte que, por tanto, resulta
insuficiente la cita de un conjunto determinado de decisiones para lograr
cumplir con el requisito de “argumentación seria” del cargo.
Más adelante censura la petición de nulidad
indicando que en ella se pretende sustentar de manera equivocada en “una
serie de errores in iudicando” que solo logran entrever la inconformidad
del actor frente a la decisión de la Sala de Revisión.  De frente a la “primera
causal” precisa que existe una equivocada comprensión de la sentencia pues
solamente se ordenó la incorporación de la prueba proveniente del exterior y no
todas las que se pudieran recaudar.  Además señala que el memorialista “no
precisó cuales fueron los hechos concretos que, con ocasión de la providencia,
y sólo en relación con ella, dieron lugar al vicio de procedimiento que
propicia su anulación”.  Agrega que ni siquiera se define con precisión la
causal que sustenta el vicio, es decir, no se establece cuál fue la cosa
juzgada que se desconoció, y que tan solo se presentan los argumentos de
oposición que compusieron la contestación de la demanda, de manera que lo que
se pretende es que a partir de una impugnación con ropaje de nulidad se realice
un nuevo debate sobre el análisis efectuado en la T-171 de 2006.  Estima
insuficiente la cita de algunos apartes de unas sentencias, con circunstancias
de hecho diferentes, para luego considerarlas fundamento suficiente de un
cambio de jurisprudencia.
Respecto de la “segunda causal” el
interviniente considera que la solicitud tampoco cumple con el deber de
sustentar la vulneración del debido proceso.  Señala que “acá tampoco se
toma el trabajo de demostrar que el aspecto fáctico de las providencias citadas
coincide con el de la decisión cuya nulidad se solicita”; pone de relieve
que la sentencia T-171 de 2006 tuvo en cuenta los parámetros establecidos por
la Corte para establecer si el caso cumple con el presupuesto de la inmediatez
y considera que “[c]omo se advierte, no hay cambio de jurisprudencia
alguno.  Cosa muy distinta es que el petente este en desacuerdo con la decisión
de la Sala, porque en su opinión el término en que se promovió la acción no era
razonable”.  Advierte que lo que se pretende es la realización de un nuevo
estudio de fondo y de las pruebas por parte de la Sala Plena, para lo cual se
presenta un análisis sobre las circunstancias bajo las cuales la parte civil
habría conocido la vulneración de sus derechos fundamentales.  Por último
explica que “la Sala fue acertada al reconocer que las dificultades
inherentes a seguir el decurso de una prueba proveniente del exterior, la que
además estaba contenida en varias cajas de documentación, estudiarla en
detalle, determinar si era pertinente y relevante para la investigación,
elaborar la tutela y, en general, disponer lo necesario para recopilar la no
poca prueba documental adjunta a la demanda, supone un plazo ciertamente
extenso (...)”.
4.2.2.  En segundo lugar, en oposición a las
solicitudes de Juan Carlos Prías Bernal y Eduardo Cifuentes Muñoz, se presentan
argumentos que controvierten las condiciones formales y materiales de los
mismos.
Inicialmente este memorialista pone de
presente que BANCOLOMBIA S.A. no tiene legitimación para solicitar la nulidad
de la sentencia T-171 de 2006.  Al respecto advierte que el apoderado de esta
entidad no cumplió con la carga procesal de sustentar y explicar cuál es su
interés en el fallo o en qué afecta a la persona jurídica una decisión con
efectos inter-partes.  Sobre el particular considera que “[l]a acción de
tutela en cuanto se intenta por el titular del derecho afectado, no admite que
se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada la representación de otros
y ejercer en su nombre la solicitud de vincularse en el proceso de amparo
constitucional, en cuanto el tercero que solicita ser oído, debe tener
legitimación jurídica y acreditar la vulneración o amenaza de violación de un
derecho subjetivo de manera directa y no transitiva ni por consecuencia”.
Concluye que BANCOLOMBIA S.A., como persona jurídica distinta a las personas
naturales que hicieron parte del proceso penal, no tiene legitimación para
solicitar la nulidad de una decisión que no le generó efecto alguno y, por
tanto, solicita que el escrito radicado por esta entidad sea rechazado.
Finalmente advierte que resulta extraño que el Banco intervenga dentro de este
trámite para defender el derecho de un determinado grupo de accionistas en
detrimento de otros cuando, de acuerdo a la ley y el código institucional de
buen gobierno y conducta, éste debe observar equilibrio y neutralidad para con
todos los socios.
Adicionalmente indica que la solicitud promovida
por BANCOLOMBIA S.A. es extemporánea ya que se radicó el 29 de agosto de 2006,
con posterioridad al término de ejecutoria de la sentencia T-171 de 2006.
Agrega, respecto de la nulidad promovida por el doctor Prías, que es necesario
averiguar los términos de notificación de la sentencia “para de esa manera
determinar la oportunidad con la que fue presentado el incidente de nulidad por
el apoderado”.
Ahora bien, sobre los razones materiales que
componen las solicitudes, considera que la sentencia T-171 de 2006 debe
mantenerse incólume para lo cual señala que en ésta se reiteró la “jurisprudencia
que además refiere extensamente, acerca del derecho superior a la verdad y a la
justicia, privilegiando el derecho sustancial sobre las formas y un mal
entendido principio de preclusividad de términos que conduce a una seguridad
jurídica aparente y formal, mas no sustancial”.  Agrega que el derecho al
debido proceso no está radicado de manera exclusiva en los investigados dentro
de un proceso penal sino que éste también se predica de las víctimas.  Advierte
que en lugar de conculcar la jurisprudencia de la Sala Plena, dicha decisión
concedió la protección a partir del “yerro, el descuido y la negligencia de
la autoridad que las produjo, causas que le hacen perder legitimidad, validez y
alcance judicial al estar edificadas sobre una evidente y manifiesta
contradicción con las disposiciones legales aplicables”.
4.3.  Más adelante se encuentra la intervención presentada
por el doctor Antonio José Cancino Moreno en su condición de apoderado judicial
de Jaime Gilinski Bacal.
4.3.1.  Respecto del escrito presentado por el doctor
Calvete Rangel requiere que se atienda de manera negativa para lo cual advierte
que la parte civil ha sido la principal perjudicada con la demora en el trámite
del proceso penal pues, además de las pruebas dejadas de valorar, algunos de
los punibles investigados fueron declarados prescritos.  Advierte que la parte
civil siempre estuvo atenta a “que la instrucción fuera eficiente, ágil,
oportuna, diligente y eficaz; pero observamos atónitos que se pretenda la
nulidad de la (sic) una sentencia de tutela, bajo pretendidos términos
que la parte civil siempre exigió fueran respetados”.  Precisa que los
perjudicados con los delitos no fueron los causantes de la dilación ni de la
demora en el recaudo de las pruebas e indica que los términos procesales “no
son propiedad exclusiva de una de las partes, ni tampoco pueden ser invocados
discriminatoriamente, sino que corresponden a obligaciones de los funcionarios
que tuvieron a cargo la instrucción y que perjudicaron notablemente la posición
de los perjudicados a obtener una respuesta que fuera la de excusa facilista
que brinda la prescripción”.  Agrega que la ponderación efectuada por la
Sala de Revisión tuvo en cuenta los factores previstos en la investigación
penal y que ello lleva a prevalecer los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de quienes se perjudicaron con el delito, en predominio de un
vencimiento de términos que sólo beneficiaba injustamente a los sindicados.
4.3.2.  Ahora bien, sobre la solicitud del doctor Prías
Bernal se advierte que fue presentada extemporáneamente teniendo en cuenta que
los oficios de notificación, expedidos por la Secretaría de la Sala de Casación
Civil de Corte Suprema de Justicia, fueron remitidos el 15 de agosto de 2006 y
sólo hasta el 23 del mismo mes se radicó el escrito, superándose de esta forma
el término de 3 días para su presentación.
4.3.3.  De otra parte, en lo que se refiere a la nulidad
promovida por el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, censura la participación de
BANCOLOMBIA S.A. como sujeto interesado en la nulidad del proceso de tutela,
teniendo en cuenta que dentro del proceso penal no tenía la calidad de
sindicado (al respecto indica: “su responsabilidad es derivada y no
principal en el proceso penal”) y que no sustenta la afectación de alguno
de sus derechos o intereses.  Adicionalmente advierte que esta solicitud,
radicada ante la Corte el 29 de agosto, tampoco cumple con el término de tres
días previsto para ser atendida.
Afirma que, de todas formas, los cargos presentados contra
la sentencia T-171 de 2006 son producto del descontento generado por la
decisión y que se resumen en “la disconformidad de criterios, hasta el
extremo de elaborar la petición de nulidad un análisis del concepto de
irregularidad procedimental y otras interpretaciones a partir de tan sólo
algunos fallos que han sido citados para recoger el concepto general de vía de
hecho, pero que no apuntan en modo alguno a probar que la sentencia T-171 de
2006 seas (sic) un exabrupto jurídico (...)”.  Aclara que en las
condiciones del caso, en las que los términos del proceso penal se habían
vencido, se “le dio aplicación a la materialidad y la sustancia por encima
de las formas procesales, siendo ello reiteración de su jurisprudencia” y
resalta: “Además, como se ha advertido con anterioridad, no hay otro
afectado con el vencimiento de los términos que los perjudicados, y la defensa
ahora es que pretende hacer de ellos su salvación, cuando es sabido que la
demora judicial permitió la prescripción de varios delitos”.
Finalmente considera que la regla que controla la sentencia
no se logra concretar como atentatoria de las “garantías y las premisas
constitucionales” y advierte que el recorrido histórico de la
jurisprudencia ha sido variable.  Sobre el particular agrega: “No se
establece por ninguna parte un solo fallo, en idénticas circunstancias que haya
tomado un rumbo distinto, (...) parte el peticionario de aspectos
genéricos sobre la vía de hecho, pero por interpretación llega a la conclusión
de que se ha trastocado un precedente que por ninguna parte se avizora”.
4.4.  El Fiscal 3° Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, doctor Héctor Sebastián Milanés Julio, comunica que no hace uso del
traslado como quiera que esa unidad no conoce en primera o segunda instancia
del proceso.  Además informa que la Coordinadora de la Unidad Nacional
Anticorrupción “procedió a dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la
Honorable Corte en la sentencia de tutela T-171 de 2006”.
Adicionalmente la Fiscal Jefe de la Unidad Nacional, doctora
Rosa Elena Suárez Díaz, informa que en acatamiento de la sentencia T-171 de
2006, correspondió a la Fiscalía Octava de esa Unidad el conocimiento de la
investigación penal.  Agrega que se abstiene de emitir concepto alguno sobre la
nulidad teniendo en cuenta las diligencias que conllevan la reapertura del
proceso.
4.5.  Finalmente, el doctor Néstor Humberto Martínez Neira,
apoderado de Colonel Country Caprice Maritime Limited y otros, afirmó: “Los
hombres de bien no apelan a la nulidades, a las prescripciones y a las
caducidades para pregonar su inocencia”.
5.-  Posteriormente, la Sala Plena de esta
Corporación, en sesión del veintidós (22) de noviembre de dos mil seis (2006),
consideró necesario la remisión de algunos elementos de juicio adicionales para
decidir las solicitudes de nulidad.  Como consecuencia, se allegaron la
fotocopia de los siguientes documentos, presentes en el expediente de la
investigación penal 1225 (antes 542480):
5.1.  Memoriales proferidos por la Procuraduría Treinta y
Cinco Judicial Penal, de abril 07 y julio 10 de 2003 respectivamente, en donde
se solicita a la Fiscalía General de la Nación (i) la práctica de unas pruebas,
entre las que se cuenta la solicitud a la SEC y (ii) se requiere el complemento
de la decisión que accedió a las mismas.
5.2.  Providencia dictada por la Fiscalía Ciento Noventa y
Cinco, Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y de
Justicia, calendada junio doce de dos mil tres, en la que se decreta la
solicitud de información a la SEC de los Estados Unidos.
5.3.  Resoluciones del seis (06) de agosto de dos mil tres
(2003), dictadas por el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y
Jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción, en las que rechaza la solicitud de
unas pruebas y declara cerrada la investigación penal.
5.4.  Cartas Rogatorias dictadas dentro de la investigación
1255, el primero de septiembre y el treinta y uno de octubre de dos mil tres,
con las que se ejecuta la prueba a recaudar en el exterior en la SEC de los
Estados Unidos.
5.5.  Memoriales presentados por la parte civil en los que
se presentan y sustentan los recursos contra el cierre de la investigación
penal, proferida el treinta y uno de octubre de dos mil tres.
5.6.  Memoriales presentados por la parte civil en los que
se recurren las decisiones de rechazar unas pruebas y cerrar la investigación[27],
tomadas por la Fiscalía el seis de agosto de dos mil tres, y en los que se
insiste en la práctica de las que fueron decretadas oportunamente, incluyendo
aquellas que debían ser recaudadas en el exterior[28].
5.7.  Memoriales del diecinueve de junio[29],
diecisiete de septiembre, ocho de octubre y seis de noviembre de dos mil tres
en los que la parte civil insiste en la práctica de las pruebas ante la SEC de
los Estados Unidos.
5.8.  Oficios y documentos proferidos una vez se comunicó la
llegada de las pruebas practicadas en el exterior.  Sobre el particular vale la
pena resaltar el documento firmado por el Agregado Judicial Adjunto de la
Embajada de los Estados Unidos, del veinte de julio de dos mil cuatro, en el
que allega las pruebas a la Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos: “[c]on el
propósito de que se adjunten al proceso 542480, le acompaño dos cajas de
evidencias en respuesta a las cartas rogatorias por parte del Dr. (...),
fechada el 31 de octubre de 2003, y por parte de la Dra. (...),
fechada 21 de marzo de 2002 ||  El 1 de julio de este año reuní en mi
oficina con Dr. (...), dandole (sic) la oportunidad de revisar
copias informales de todas los documentos en las dos cajas, pendiente la
certificación por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales en
Washington.  Aunque Dr. (...) actualmente se encuentra en vacaciones, me
informó que hablaría con el Fiscal ante la Corte que maneja el caso actualmente
para que éste podría recoger las evidencias de su despacho al momento indicado”.
5.9.  Resolución de octubre treinta de dos mil tres en la
cual la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió los
recursos de apelación presentados por la parte civil y el Ministerio Público
contra la decisión de rechazar unas pruebas[30].
5.10.  Documentos que hacen parte de la ejecución de la
carta rogatoria librada a una autoridad judicial de los Estados Unidos para
recaudar la prueba en la SEC.
5.11.  Providencias del veintinueve de agosto de dos mil
tres en las que se deciden los recursos de reposición y de apelación
presentados contra el rechazo de las pruebas[31]
y el cierre de la investigación[32]
decretados el seis de agosto.
IV. SOLICITUD DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO MARCO
GERARDO MONROY CABRA.
En escrito recibido en esta corporación el 15 de enero de
2007, el abogado Antonio José Cancino Moreno manifestó que el “…señor
magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA, debe declararse impedido para
pronunciarse en referencia con la solicitud de nulidad debido al contenido del
documento que se anexa, el cual es un concepto rendido el día 30 de abril de
1999 en el caso concreto que nos ocupa, habiendo sido citado por los
demandados, BANCOLOMBIA en dicho proceso judicial de los Estados Unidos de
Norteamérica…”.
Al respecto, se anexo un documento de fecha treinta (30)
de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), dirigido  a los señores
Corte del Distrito Sur de Nueva York; denominado declaración de Marco
Gerardo Monroy Cabra, demandantes: Bancol y Cia S. en C. y otros;
demandados: Bancolombia S.A.. y otros; índice No. 99 civ- 2216 (JSR)  concepto
rendido por el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
El 16 de enero de 2007, el doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra dirige un escrito a éste Despacho, en el expresa que es cierto que emitió
la citada declaración, así como que ella fue solicitada por el Banco de
Colombia ante la Corte del Distrito de Nueva Cork, con el objeto de “respaldar
la solicitud de reconocimiento y aplicación de la cláusula de arbitramento
presentada por los demandados”.
En el mismo escrito manifiesta, “…que no había
manifestado esta situación a la Corte porque los hechos objeto de la tutela se
refieren específicamente a la investigación penal que se adelantó con motivo de
las denuncias formuladas en torno a la fusión suscrita entre el Banco
Industrial Colombiano S.A. y los accionistas mayoritarios del Banco de Colombia
y la declaración se refiere  a la aplicación de la cláusula compromisoria
pactada en el contrato.  Sin embargo, ante la solicitud formulada por el Doctor
Cancino y para evitar dudas sobre mi imparcialidad, me declaro impedido por
haber emitido opinión sobre algunos aspectos jurídicos que podrían tener
conexión causal con los hechos que originaron el actual proceso penal...”. Se
fundamento en el numeral 4º del artículo 56 del Código de Procedimiento penal.
Al respecto del régimen de impedimentos en las
acciones tutela cabe recordar que de tal asunto se ocupa el artículo 39 del
Decreto-Ley 2591 de 1991, según el cual, en este tipo de acciones
constitucionales está vedada la proposición de recusaciones; pero, en
contraste, consagra que la autoridad judicial encargada de decidir del amparo
de los derechos fundamentales se declare impedida en caso de que concurran las
causales consignadas en el Código de Procedimiento Penal, “so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente”.
Sobre el particular, no sobra recordar
que tales figuras procesales apuntan o confluyen hacia un mismo fin, a saber,
asegurar la imparcialidad, equilibrio e idoneidad subjetiva de la labor
judicial[33].
La jurisprudencia constitucional -y también así la jurisprudencia de las
diversas autoridades de la jurisdicción ordinaria[34]- ha inferido
un vínculo manifiesto con derechos fundamentales como la
igualdad (art. 13 C.P.), el debido proceso (art. 29 C.P.) y con los principios
de independencia e imparcialidad que gobiernan la administración de justicia
(art. 228 C.P.).  Sobre estos últimos, en la sentencia que estudió la
constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (art.
5°), la Corte explicó lo siguiente:
“Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial
dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de
diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten
entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a
la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la
administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos
que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los
jueces.
“La
independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios
encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo
indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias,
determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de
la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras
autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. En este
punto resulta de importancia anotar que el hecho de que alguna otra rama del
poder público participe en la designación de algunos funcionarios judiciales
-como es el caso del Senado y del presidente de la República en la elección de
los magistrados de la Corte Constitucional- o que colabore en el buen
funcionamiento de la administración de justicia -mediante el concurso
económico, logístico o material- no significa, ni puede significar, que se le
otorgue facultad para someter la voluntad y la libre autonomía del juez para
adoptar sus decisiones. En igual sentido, debe decirse que la independencia se
predica también, como lo reconoce la disposición que se estudia, respecto de
los superiores jerárquicos dentro de la rama judicial. La autonomía del juez
es, entonces, absoluta. Por ello la Carta Política dispone en el artículo 228
que las decisiones de la administración de justicia “son independientes”,
principio que se reitera en el artículo 230 superior cuando se establece que
“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”,
donde el término “ley”, al entenderse en su sentido general, comprende en
primer lugar a la Constitución Política.
“Por su
parte, la imparcialidad se predica del derecho de igualdad de todas las
personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los
ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de
índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son
presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de
definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino
también de responsabilidad judicial. El logro de estos cometidos requiere que
tanto los jueces como los demás profesionales del derecho se comprometan en los
ideales y el valor de la justicia, para lo cual no basta el simple conocimiento
de la ley y del procedimiento, sino que es indispensable el demostrar en todas
las actuaciones judiciales los valores de la rectitud, la honestidad y la
moralidad.[35]
En particular, sobre las hipótesis
consagradas en la ley para garantizar la objetividad del operador judicial
dentro de la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento, es decir, las
causales a partir de las cuales considera que se pueden establecer impedimentos
del funcionario judicial para decidir, la Corte ha explicado que su propósito “consiste en asegurar la imparcialidad del juez, quien debe marginarse
del proceso del cual viene conociendo cuando se configura, en su caso
específico, alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley”[36].
Así mismo, ha argumentado que su conexión con el derecho al debido proceso
consiste en “que aquel trámite judicial, adelantando por un juez
subjetivamente incompetente, no puede entenderse desarrollado bajo el amparo de
la presunción de imparcialidad a la cual se llega, sólo en cuanto sea posible
garantizar que el funcionario judicial procede y juzga con absoluta rectitud;
esto es, apartado de designios anticipados o prevenciones que, al margen del
análisis estrictamente probatorio y legal, puedan favorecer o perjudicar a una
de las partes. ||  Ahora bien, en consideración a la existencia de
diversas jurisdicciones y, por ende, de distintos ordenamiento procesales, la
ley define en forma taxativa las situaciones que suponen la parcialidad del
juez y que dan lugar al incidente de recusación, estructuradas a partir de
sentimientos de afecto, conflictos de interés, animadversión o amor propio.”
Agregado a su
importancia, la Corte ha aclarado que la aplicación de dichas causales son de
interpretación restrictiva.  En la tutela 800 de 2006[37] se expuso lo siguiente:
“Debe agregarse en el sentido de lo
anterior [la remisión que hace el
Decreto 2591 de 1991 a los impedimentos consignados en el Código de Procedimiento
Penal] que las causas
que dan lugar a separar del conocimiento de los asuntos que competen a jueces y
magistrados no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones
subjetivas, dado su carácter de reglas de orden público, fundadas en el
convencimiento del legislador de que son éstas y no otras las circunstancias
fácticas que impiden que un juez siga conociendo de un asunto, porque de
continuar vinculado a la decisión compromete la independencia de la
administración de justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados
a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial.”
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto y,
en particular, que el impedimento presentado por el doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra tiene como fundamento el numeral 4° del artículo 56 del actual Código de
Procedimiento Penal[38],
debido a una “declaración” que presentó ante la Corte del Distrito Sur de la
ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, en respaldo de la “solicitud de
reconocimiento y aplicación de la cláusula de arbitramento presentada por los
demandados”, se hace necesario determinar si esa intervención tiene el
poder de afectar la objetividad del Magistrado (i) porque la misma fue de una
importancia tal, que permite inferir con claridad que su actuación procesal se
ejecutó como apoderado, defensor o contraparte de alguno de los sujetos; o
porque, (ii) la misma constituye un consejo u opinión relacionada con este
asunto.
Esta Corporación considera que ninguno de los
dos eventos tienen ocurrencia en el presente caso, y por lo tanto no se
desvirtúa la imparcialidad del Magistrado Monroy Cabray, por lo que pude
concluirse que no es posible aceptar el impedimento presentado.
Frente al primer punto a analizar, la Sala
considera que la “declaración” rendida por el Magistrado no permite concluir
que constituyó una participación con la entidad necesaria para que se considere
o infiera la existencia de apoderamiento o la consolidación del status de
contraparte de alguno de los sujetos que componen la presente solicitud de
nulidad.  Si la actuación apenas se limitó a la presentación de un único
escrito en el que se presentan argumentos técnicos de respaldo producidos en el
año de 1999, a cerca de la aplicación de la “cláusula de arbitramento” en el
conflicto entre las partes, no se genera un lazo o nexo suficiente para
considerar que se ejercieron actuaciones como indiscutible sujeto procesal o
representante de alguno de éstos y, por tanto, no existe razón de envergadura
para considerar la opinión del juez se vea afectada en el presente asunto[39].  En otras palabras,
dicha intervención no permite inferir que existe “el interés de índole
intelectual de sacar avante como juez, la concepción jurídica que del caso se
tuvo como litigante”[40].
Finalmente, frente al segundo de los eventos a
analizar, la Sala considera que la “declaración” no concreta una opinión o
consejo que influya el debate que ahora ocupa la atención de la Corte:
establecer si la sentencia T-171 de 2006 vulneró el debido proceso de algunos
de las partes presentes en la tutela.  Como se mencionó, dicha intervención se
limitó a describir cuáles son los alcances del arbitraje en Colombia y, con
ello, las herramientas con las que cuenta el participante de un negocio
jurídico para reclamar los perjuicios que se le hayan ocasionado en razón del
mismo.  No se desechó ni se efectúo apreciación alguna sobre el proceso penal
estudiado en la tutela 171, ni sobre los delitos que en éste se investigan y,
por tanto, para el presente asunto no se configura un prejuzgamiento que impida
la participación del Magistrado en la decisión[41].
En virtud de los argumentos expuestos, esta
Sala no acepta, por mayoría, el impedimento formulado por el Magistrado Marco
Gerardo Monroy Cabra.
Pasa entonces la Corte a estudiar las nulidades
propuestas.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.-  Competencia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto
2067 de 1991 y según lo explicado por la jurisprudencia constitucional, la Sala
Plena de esta Corporación es la autoridad competente para decidir las
solicitudes de nulidad que se promueven contra las sentencias de tutela
proferidas por las Salas de Revisión[42].
En consecuencia, le corresponde resolver la presente solicitud de nulidad
promovida contra la sentencia T-171 de 2006.
2.-  Asunto objeto de análisis
Los peticionarios consideran que la Sala Octava de Revisión
desconoció el debido proceso al proferir la sentencia T-171 de 2006, para lo
cual relacionan varias anomalías:
(i) por haber ordenado la
reapertura de una investigación penal;
(ii) por cuanto desconoció la
cosa juzgada constitucional sobre el vencimiento de los términos para adelantar
una instrucción penal;
(iii) por haber desconocido y
cambiado la jurisprudencia sobre la vía de hecho por defecto fáctico;
(iv) por desconocer y cambiar la
jurisprudencia que ha dictado la Corte sobre el presupuesto de inmediatez de la
acción de tutela;
(v) por desconocer la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el respeto
de los términos procesales.
Para abordar el estudio de dichos cargos la Corte comenzará
por recordar y sintetizar la doctrina sobre la nulidad de sus sentencias y
específicamente hará énfasis en las causales previstas por desconocimiento de
la cosa juzgada y cambio de jurisprudencia, con el objetivo de establecer
posteriormente si en este caso se reúnen los requisitos para esa declaratoria o
si, por el contrario, las peticiones están llamadas al fracaso.
3.-  Nulidad de sentencias proferidas por la Corte
Constitucional.
La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido de
tiempo atrás la posibilidad de declarar la nulidad de sus sentencias, aún
cuando ha explicado que tal fenómeno sólo puede prosperar cuando se presenten
ciertas condiciones excepcionales.
El fundamento normativo para ello es el artículo 49 del
Decreto 2067 de 1991, según el cual “contra las sentencias de la Corte
Constitucional no procede recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la
Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo
las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de
base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso”.
Si bien es cierto la disposición rige los juicios de
constitucionalidad, también lo es que resulta aplicable en los asuntos de
tutela bajo revisión de la Corte, en tanto su objetivo no es otro que
garantizar la plenitud del ordenamiento Superior y de los derechos
fundamentales de los asociados.  Sobre el particular, la Corte ha consolidado
una línea jurisprudencial que permite determinar en qué eventos especiales se
configura una causal de nulidad de sus providencias, siempre teniendo como
norte que se trata de una situación verdaderamente excepcional, frente a una
grave afectación del debido proceso y donde media una exigente carga
argumentativa para quien alega la nulidad, en el sentido de explicar de manera
clara los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la
decisión adoptada[43].
En efecto, la Corte ha reiterado, en cuanto a la naturaleza
de este trámite, que consiste en el examen de la validez de las decisiones
adoptadas por la Corporación a partir de unos eventos excepcionales
circunscritos, en todo caso, a la afectación grave y trascendental del debido
proceso.  Como tal ha advertido que este trámite no constituye una nueva
instancia ni un recurso a partir del cual debatir o censurar nuevamente el
fondo de la controversia.  Al respecto, en el Auto 164 de 2005 (M.P.: Jaime
Córdoba Triviño), se precisó lo siguiente: “La declaratoria de
nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional es
una medida excepcional a la cual sólo puede arribarse cuando en la decisión
concurran situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales,
que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos
expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta,
que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no
son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas,
con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella
tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión
adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la
petición de nulidad pueda prosperar.’[44] (Subrayado fuera de
texto)”[45].
Así las cosas, conforme al carácter extraordinario de esta
figura, sustentado sobre todo en la entidad de las decisiones proferidas por
este Tribunal como órgano de cierre, se ha precisado que, de una parte, las
causales que lo sustentan así como los presupuestos de oportunidad y
legitimación que lo rigen, deben interpretarse de manera restrictiva y, por
otra, que el rigor y la carga argumentativa de quien alega la nulidad, debe
alcanzar a mostrar y sustentar con claridad estricta en qué consiste la
anomalía en la que se fundaría la pérdida de efectos de la sentencia[46].
Sobre el particular, en el Auto 196 de 2006 se advirtió lo siguiente:
“Sobre las
exigencias de fondo o sustanciales, esta Corporación ha sostenido que quien
invoca la nulidad tiene el deber de sustentarla, mediante una carga
argumentativa seria y coherente, que implique una verdadera confrontación entre
la sentencia acusada y el contenido normativo de las garantías procesales del
derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulneradas. En este orden
de ideas, se reitera entonces cualquier inconformidad con la interpretación
dada por la Corte, con la valoración probatoria o con los criterios
argumentativos que sustentan la sentencia, no pueden constituir fundamentos
suficientes para solicitar su nulidad, ya que este tipo de situaciones no
implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras
apreciaciones connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la
decisión. Por ello, solamente aquellos vicios que impliquen una verdadera
afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada,
significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y
directas en la decisión o en sus efectos”[47],
pueden conducir a la nulidad de una sentencia proferida por esta Corporación.”.
De acuerdo a los anteriores supuestos y a partir de la
sistematización paulatina de la dogmática que gobierna la nulidad de las
providencias de la Corte, se han reunido los diferentes requisitos formales y
materiales necesarios para derivar su invalidez.  Por ejemplo, en el
Auto 197 de 2006[48]
la Sala Plena los clasificó y desarrolló de la siguiente manera:
“2.2. Presupuestos formales de
procedencia.  La
jurisprudencia constitucional ha determinado las condiciones formales que deben
concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias de
revisión.[49]
Estos requisitos son:
(i)
“La solicitud
debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del
fallo adoptado por la Corte.  Vencido este término, se entiende que toda
circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada[50];
(ii)
“En caso que el
vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir
el fallo, la solicitud de nulidad deberá formularse, de conformidad con lo
señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de que la Sala de
Revisión emita la sentencia correspondiente.  En caso que las partes que
intervinieron en el proceso constitucional no presenten petición en ese sentido
dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la
nulidad posteriormente;[51]
“2.3. Presupuestos
materiales de procedencia. En igual sentido, la doctrina constitucional
relativa a los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de nulidad
también ha establecido determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos
que se utilicen para fundar los cargos en contra de la sentencia respectiva,
las cuales se resumen de la siguiente manera:
“(i)  El solicitante tiene la carga de demostrar, con base en
argumentos serios y coherentes que la sentencia vulnera el derecho al debido
proceso.  Como se indicó, el incidente de nulidad no es una oportunidad para
reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al
fallo sustentada en la inconformidad del peticionario ante lo decidido o en una
crítica al estilo argumentativo o de redacción utilizado por la Sala de
Revisión carece de eficacia para obtener la anulación de la sentencia.
“(ii)   La solicitud de nulidad no puede utilizarse como alternativa
para que la Sala Plena de la Corte Constitucional reabra el debate probatorio
realizado por la Sala de Revisión que profirió el fallo respectivo.  En
consecuencia, el cargo que sustente la solicitud de nulidad no puede estar
dirigido hacia ese fin.
Ahora bien, como conclusión de estos presupuestos
materiales de procedencia de la nulidad la Corte ha relacionado el conjunto
de eventos o casos a partir de los cuales es posible derivar la existencia de
una vulneración cualificada del debido proceso[52].  Nótese que cada
escenario tiene como referente exclusivo las condiciones de validez de una
providencia, verbi gratia, la competencia asignada así como los
principales procedimientos previstos para el trámite de las acciones conocidas
por las Salas de Revisión o la Sala Plena.  En el Auto 196 de 2006 ellos fueron
definidos de la siguiente manera:
“...(i) Cuando
una Sala de Revisión modifica o cambia el criterio de interpretación o la
posición jurisprudencial fijado por la Sala Plena frente a una misma situación
jurídica. En la medida en que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone que
todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena de la
Corporación, el cambio de jurisprudencia por parte de una Sala de Revisión
desconoce el principio del juez natural y vulnera el derecho a la igualdad.
“(ii) Cuando
las decisiones no sean tomadas por las mayorías legalmente establecidas. Esto
ocurre, en los casos en que se dicta sentencia sin que haya sido aprobada por
las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre
15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.
“(iii) Cuando
se presente una incongruencia entre la parte motiva y resolutiva del fallo,
generando incertidumbre con respecto a la decisión tomada. Esto ocurre, en los
casos en que la decisión es anfibológica o inteligible, cuando se contradice
abiertamente o cuando carece totalmente de fundamentación en la parte motiva.
Cabe precisar que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia,
tanto de redacción como de argumentación, no configuran violación al debido
proceso. Al respecto, señaló la Corte que: ‘[E]l estilo de las sentencias en
cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no
incide en nada para una  presunta nulidad. Además, en la tutela, la
confrontación es entre hechos y la viabilidad de la prosperidad de la acción y
nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda
de carácter civil’.
“(iv) Cuando en la parte resolutiva se profieran
órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la
oportunidad procesal para intervenir en su defensa.
“(v) Cuando la
Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional
respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presente de parte de ésta
una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas
por la Constitución y la ley (...)”[53].
Así pues, todos y
cada uno de los requisitos y causales señalados deben ser atendidos, probados y
satisfechos cuidadosamente por el memorialista en orden a proceder al estudio
de fondo de su solicitud.  La Corte ha considerado que en caso contrario,
teniendo en cuenta la naturaleza de este trámite, se hará obligatorio rechazar
o denegar el petitum, según el caso[54].
Agregado a lo anterior es necesario resaltar la entidad de
las causales que permiten alegar la existencia de una nulidad y tener en cuenta
que el estudio excepcional de dichas anomalías tiene como único propósito
realizar un examen de validez, más no de corrección, de los
diferentes componentes argumentativos de la providencia.  Sobre este particular
en el Auto 197 de 2006 se advirtió lo siguiente:
“(...) La
doctrina desarrollada por la Corte en materia de nulidad de sentencias de
revisión, parte de un elemental principio consistente en  que las sentencias de
la Corte no pueden ser impugnadas, aunque puede solicitarse su nulidad si han
violado el debido proceso. Y obviamente es muy distinto solicitar la nulidad de
una sentencia, que se funda en la tesis de que ésta carece de validez, que
apelar o impugnar dicha providencia, lo que constituye un cuestionamiento a la
corrección de la decisión. Esta distinción fue reiterada en  pronunciamiento de
esta Corte, que explícitamente señaló que  “el
peticionario lo que busca en esta sede de nulidad es controvertir –esto es,
impugnar- esa decisión de revisión, y sus criterios son respetables; pero ese
ataque no es posible, porque las sentencias de las Salas de Revisión  de la
Corte no admiten impugnación ante la Sala Plena ya que ésta no es una instancia
de apelación de las decisiones tomadas por las Salas de Revisión.[55]”
“La anterior consideración se funda en que las
Salas de Revisión están facultadas, de conformidad con los preceptos
establecidos por la jurisprudencia constitucional, para “ejercer su autonomía
interpretativa y desarrollar su pensamiento jurídico racional” [56] en cada uno de los
casos sometidos a su consideración. De tal suerte que el incidente de nulidad
no puede ser entendido como una segunda instancia orientada a sobreponer el
criterio interpretativo de la Sala Plena, sobre la racionalidad aplicada por la
Sala de revisión en la sentencia, de esta manera, se vulneraría el principio de
la autonomía interpretativa del juez constitucional.”
De suerte que el trámite de una nulidad no es una instancia
adicional en la cual se permita la impugnación o la controversia de los
razonamientos de la tutela para ser debatidos de nuevo en Sala Plena, sino un
escenario especial en el cual se comprueba el desconocimiento de los
presupuestos esenciales a los juicios de constitucionalidad o al procedimiento
de revisión de las acciones de tutela.  Al respecto, en el Auto 033 de 1995[57]
se precisó:
“(...) de
ninguna manera es admisible que una persona descontenta por el sentido del
fallo que la afecta pretenda inferir una nulidad de las mismas circunstancias
desfavorables en que ella queda por haberle sido negadas sus pretensiones, tal
como acontece en este caso. Toda sentencia desfavorable disgusta y molesta a
quien no fue beneficiado por la decisión que contiene, pero de esa molestia y
disgusto no puede deducirse irresponsablemente una vulneración del debido
proceso por el solo hecho de que se trata de una providencia definitiva contra
la cual no procede ningún recurso. ||  En tales eventos, cuando se acude
a la nulidad de manera desesperada, se desfigura su sentido y se quebranta la
seguridad jurídica”.
Bajo este derrotero la competencia de la Sala Plena se
restringe en este trámite a determinar si una providencia es inválida conforme
a los casos antes señalados (p. ej. por falta de competencia[58]
debido al cambio de la jurisprudencia, al desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional o por pretermitir las mayorías necesarias para tomar una
decisión) y no le es dado entrar a corregir los argumentos que la componen (v.
gr. detectar yerros o inexactitudes en la aplicación de la jurisprudencia[59]
o realizar un nuevo análisis probatorio[60]).
Esto último, vale la pena destacar, ha llevado a que la Corte deniegue
reiteradamente aquellas solicitudes que solamente contengan razonamientos
subjetivos que se limiten a mostrar una disparidad de criterios y que no
demuestren fehaciente y objetivamente la vulneración del debido proceso.  En el
Auto 120 de 2003[61],
a partir de los razonamientos previstos en el Auto 296 de 2001, consideró lo
siguiente:
“Del carácter inimpugnable de
los fallos emitidos por la Corte y del carácter sumamente excepcional de la
nulidad de los fallos proferidos por las Salas de Revisión, se infiere que la
irregularidad que se invoque como lesiva del debido proceso debe ser manifiesta
y grave pues es el palmario desconocimiento del derecho fundamental al debido
proceso y no la diversidad de criterio del actor o su  necesidad de hacer
prosperar sus particulares pretensiones lo que conduce a la Corte a anular una
sentencia.  De no acreditarse esa precisa circunstancia, esto es, de
propiciarse declaratorias de nulidad a partir de situaciones desprovistas de
esa especial entidad, se estaría sacrificando el valor de cosa juzgada de los
fallos constitucionales y restringiendo el alcance del principio de seguridad
jurídica como valuarte de la pacífica convivencia (...)’.
(...)
“2.  Como lo ha
expuesto esta Corporación, la nulidad de las sentencias proferidas por las
Salas de Revisión se explican como un mecanismo excepcional orientado a superar
aquellas manifiestas vulneraciones del debido proceso que desquicien el fallo.
Desde luego, no se trata de cualquier irregularidad, ni del hecho de que las
Salas de Revisión hayan basado su sentencia en un criterio diferente al del
actor, los accionados o los terceros.  Si éstos fueran los criterios a tener en
cuenta, todas las sentencias de revisión de tutela serían anulables dado que
siempre terminan por dar prevalencia a un criterio contra el que se ha
pronunciado al menos uno de los sujetos procesales o intervinientes.
(...)
“Nótese cómo la
Corte se ha cuidado de afirmar que la disparidad de criterios entre uno de los
sujetos procesales o de los intervinientes y la Corte constituya una casual de
anulación de los fallos de las Salas de Revisión de Tutela pues la vulneración
al debido proceso, susceptible de delegitimar el fallo, no viene determinada
por esa sola contrariedad visible a partir de la subjetiva postura de cada
interesado, sino por una irregularidad protuberante, perceptible desde una
postura objetiva y aún para la mirada de un desinteresado en las resultas
mismas del proceso”
Bajo los parámetros antedichos se hace necesario concluir
que la nulidad de una sentencia proferida por esta Corporación sólo estará
llamada a prosperar cuando quien la propone logre acreditar el cumplimiento de
los requisitos formales y materiales previamente señalados.  Por el contrario,
si la solicitud de nulidad no se formula en tiempo o no demuestra materialmente
la existencia de alguna irregularidad ostensible que afecte sustancialmente
los términos de la decisión adoptada, la naturaleza excepcional y
extraordinaria que soporta este tipo de solicitudes debe conducir
indefectiblemente a su denegación o rechazo.
Lo anterior, por supuesto, excluye la
posibilidad de que la Sala Plena complemente o corrija cualquiera de los cargos
presentados o que efectúe un nuevo debate sobre la controversia tramitada por
la Sala de Revisión.  En este trámite la competencia de la Corporación se
limitará solamente a la verificación y examen estricto de la aptitud de cada
una de las anomalías alegadas.  Para ello la Corte ha definido el conjunto de
condiciones mínimas aplicables a los diferentes eventos o casos en los cuales
es posible derivar la existencia de la vulneración cualificada del
debido proceso.  Por ejemplo, en lo que se refiere a las causales de
nulidad (i) por “desconocimiento de la cosa juzgada constitucional” y
(ii) por “cambio de jurisprudencia”, propuestas en las diferentes
solicitudes presentadas contra la sentencia T-171 de 2006, es necesario tener
en cuenta los elementos que las componen en orden a precisar cuáles son los
requisitos que deben reunirse para lograr fundamentar la existencia de la
anomalía.
3.1.  Nulidad por desconocimiento de la
cosa juzgada constitucional.
El fundamento constitucional que sustenta la
nulidad de una decisión a partir del desconocimiento de la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada se encuentra en el artículo 243 de la Carta.  De
acuerdo a éste, las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad
tienen el carácter de inmutables, vinculantes, definitivas y oponibles a todas
las personas[62].
Esta norma –como consecuencia- (i) prohibe de manera expresa que cualquier
autoridad reproduzca el “contenido material” de una norma declarada
inexequible por razones de fondo y, así mismo, (ii) imposibilita que el juez
constitucional vuelva a conocer sobre la misma, siempre que subsistan las
disposiciones constitucionales que sirvieron para efectuar el juicio abstracto
de constitucionalidad.  Sobre el particular, en la sentencia C-028 de 2006[63] la Corte explicó:
“La cosa juzgada
constitucional, en términos generales, hace referencia a los efectos de las
sentencias de la Corte Constitucional, su carácter inmutable y a la
imposibilidad de presentar recursos en contra de las decisiones en ellas
consagradas. De allí que, el efecto general de la cosa juzgada constitucional
se traduce en la imposibilidad jurídica de reabrir el juicio de
constitucionalidad sobre  la norma que ya ha sido objeto de examen por la Corte.”
Bajo tales condiciones es claro que ni
siquiera los jueces o las Salas de Revisión de tutelas de la Corte pueden
apoyar sus decisiones en un acto jurídico que haya sido declarado
inexequible y, menos aún, pueden pretender reabrir el juicio de
constitucionalidad efectuado sobre una norma.  Su obligación es aplicar el
fallo de constitucionalidad a cada uno de los asuntos sometidos a su
conocimiento.
De lo contrario, en caso de comprobarse que
una decisión se encuentra determinada o regida de manera decisiva -explícita o
implícitamente- por una norma declarada inconstitucional, además de desconocer
el artículo 243 ejusdem y el carácter obligatorio de los fallos de
constitucionalidad, se estructuraría una irregularidad protuberante que
afectaría la coherencia orgánica de la Constitución[64] y que llevaría al
desconocimiento de: (i) el valor normativo de la Carta previsto en el artículo
4°, (ii) el derecho a la igualdad (art. 13, C.P.), (iii) el sistema de fuentes
de la decisión judicial (art. 230, C.P.) y finalmente (iv) el alcance de las
providencias de este Tribunal establecidas por el legislador estatutario (art.
48, ley 270 de 1996).
Siendo así, es importante definir ahora qué
apartes de una sentencia de control abstracto constituyen un referente
ineludible en la actividad judicial.  En primer lugar hay que destacar que
conforme al artículo 48 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia la
parte resolutiva de las sentencias o decisum es de obligatoria
aplicación para todos los operadores jurídicos.  Por su parte, respecto de la
parte motiva de éstas existen dos tipos de argumentos con diferentes efectos:
aquellos que guardan relación directa y necesaria, o unidad de sentido con la
decisión, o que constituyen la regla o razón específica que soporta la
providencia (ratio decidendi), gozan del valor vinculante previsto en el
artículo 243 de la Carta.  Mientras tanto, los comentarios complementarios (obiter
dicta) harán parte de los criterios auxiliares que guían la actividad
judicial conforme al artículo 230[65].
Lo anterior fue analizado en la sentencia C-037 de 1996[66] bajo los siguientes
términos:
“(...). En
efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace
tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias
de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la
norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la
aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante
los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha,
directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella
parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e
indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las
sentencias y que incida directamente en ella.”
Ahora bien, el ámbito de acción de las Salas
de Revisión como instancias creadoras y unificadoras de la jurisprudencia sobre
los derechos fundamentales[67]
conlleva la armonización de los diferentes criterios y fuentes jurídicas
aplicables a cada caso, incluyendo -por supuesto- los diferentes fallos de
constitucionalidad, lo que indefectiblemente las lleva a razonar y sopesar los
efectos particulares y concretos que cada una de las decisiones con carácter
abstracto y general producen en el asunto sometido a su conocimiento.  En la
sentencia C-739 de 2001[68]
se diferenciaron los efectos que produce una sentencia de constitucionalidad en
el ámbito del control abstracto y en el curso de las demás acciones judiciales,
de la siguiente manera:
“De
tal suerte que aunque los efectos de una declaración de constitucionalidad o de
constitucionalidad condicionada son oponibles a los sujetos procesales, cuando
éstos tienen que ver con los asuntos en curso, no siempre resulta imperativo
apartarse del procedimiento o modificar sus formas, porque cada una incide de
manera diferente con el fondo del asunto (C.P., art. 228), al punto que
corresponde al juez de la causa, como interprete fiel de la Constitución
Política y garante de la misma (Art. 230 ídem) sopesar los efectos que la
decisión abstracta y general producen en el caso sometido a su conocimiento.
(...)
“Lo anterior sin
desconocer que la cosa juzgada constitucional opera con plenos efectos, en el
ámbito propio de la constitucionalidad abstracta (C.P., arts. 241 y 237.2) y
con efectos limitados en los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces
civiles y administrativos (C.P., arts. 6º, 13º, 58, 122 y 230), los que, sin
dejar de lado una decisión de constitucionalidad, deben sopesar su aplicación
en el asunto que resuelven, porque en éstos puede acontecer que una sujeción
inmediata y no valorada a la cosa juzgada y la doctrina constitucional,
conduzca a quebrantar el postulado constitucional de la justicia. Vale recordar
que el control abstracto de constitucionalidad no concluye en sí mismo, sino
que, como todas las normas constitucionales, propende, en último término, por
hacer realidad los derechos y libertades de toda la población con el objeto de
alcanzar un orden social justo (C.P., art. 2º)”.
Una vez definido en términos generales en qué
radica la obligatoriedad de las sentencias de constitucionalidad y cuáles son
los apartes vinculantes en la actividad judicial, es necesario señalar los
términos o condiciones a partir de los cuales será posible determinar si una
sentencia de tutela proferida por una Sala de Revisión es nula por
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional[69].
Siguiendo la prohibición prevista en el
artículo 243 de la Carta, debe precisarse que incurrirá en nulidad aquella
decisión que en la práctica aplique el contenido material de una norma que haya
sido declarada inexequible o condicionalmente exequible por razones de fondo,
esto es, que duplique la interpretación normativa que fue declarada
incompatible con la Carta.
No obstante, debe quedar claro de antemano que
la simple coincidencia con una regla declarada inconstitucional no da lugar a
la anulación de una tutela.  Para ello habrá que demostrarse adicionalmente que
aquella constituye parte fundamental de la decisión de amparo o, en otros
términos, que no es posible deducir ratio decidendi alguna si tal
elemento argumentativo se suprime.  En cambio, si la regla considerada
inconstitucional tan solo hace parte de un argumento secundario o no constituye
el único fundamento constitucional de la decisión, habrá de concluirse que la
anomalía no comporta la entidad suficiente para ser considerada como causal de
nulidad.
Lo anterior, teniendo en cuenta las exigencias
materiales ya señaladas, aplicables a las solicitudes de nulidad, conlleva a
que cada peticionario pruebe y argumente con precisión y suficiencia la
transgresión en la que incurre la tutela, señalando como mínimo:
(i)      La identificación integral de la sentencia de
constitucionalidad que se reclama como desconocida, advirtiendo por lo menos:
(a) cuál fue la norma declarada inexequible o condicionalmente exequible; (b)
si el pronunciamiento se efectuó por vicios de fondo; (c) comprensión del decisum
y determinación de la vigencia y los elementos que componen la ratio
decidendi que se originan de la sentencia de control abstracto.
(ii)     La enunciación y análisis de la ratio decidendi que
controla la sentencia de tutela censurada[70].
(iii)    La comparación entre los razonamientos que controlan las dos
decisiones y la demostración final tendiente a establecer que la sentencia de
tutela aplicó una proposición jurídica declarada inexequible.
(iv)    La entidad o importancia que tiene la regla incompatible con la
Carta en la decisión de tutela.
Sólo con el cumplimiento de tales pasos será
posible definir seriamente la existencia de una anomalía cualificada del
debido proceso capaz de invalidar una decisión de revisión.  La simple
mención o relación de una sentencia de constitucionalidad no engendra el
cumplimiento de la carga argumentativa requerida para sustentar la solicitud de
nulidad.  Estas exigencias, por tanto, tienen como objetivo primario que el
propio solicitante identifique de manera clara la trasgresión a la cosa juzgada
constitucional[71].
Ante todo, para terminar, se hace necesario
insistir en que la causa de la invalidez de una sentencia por desconocimiento
de la cosa juzgada constitucional tiene fundamento en el carácter obligatorio
de las sentencias proferidas con ocasión del control abstracto, conforme al
artículo 243 de la Carta Política.
Ahora, teniendo en cuenta otra de las
anomalías alegadas contra la sentencia T-171 de 2006, es importante establecer
cuáles son las razones y condiciones que sustentan la nulidad por cambio de la
jurisprudencia proferida en sede de revisión de tutelas.
3.2.  Nulidad por cambio de jurisprudencia[72].
Previo a reiterar los diferentes requisitos
establecidos en torno a la nulidad por cambio de jurisprudencia, es necesario
resaltar brevemente algunas de las diferencias previstas entre el precedente
fijado en materia de tutela y la obligatoriedad de las sentencias dictadas
dentro del control abstracto de constitucionalidad.
Ante todo, es preciso reconocer que las
decisiones de tutela, aún las proferidas en sede de revisión por parte de las Salas
de Revisión o la Sala Plena, solamente tienen efectos inter partes[73] y, por tanto, el decisum
de las mismas está fundado en una obligatoriedad que se restringe a los sujetos
vinculados al caso concreto[74].
Por su parte, las sentencias derivadas del control abstracto, como se observó,
tienen efectos erga omnes y obligan tanto a autoridades como a
particulares.
No obstante, en aplicación del principio de
igualdad y de los mandatos previstos en los artículos 229 y 241
constitucionales, la Corte ha establecido progresivamente[75] que la ratio
decidendi de las sentencias proferidas conforme al mandato de revisión
constituyen un “criterio auxiliar” de imprescindible observación por
parte de los operadores jurídicos.  En la sentencia C-037 de 1996, citada, se
precisó:
“Por lo demás,
cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se
deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que
intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina
constitucional que define el contenido y alcance de los derechos
constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la
revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le
sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación
de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que
armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de
lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia
de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal,
persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin
perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la
exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se
declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte
Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos
constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces,
pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas,
deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a
hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad[76].”
De acuerdo a este pronunciamiento, teniendo
como norte la homogeneización de la interpretación de los derechos
fundamentales (C.P., art. 241 num. 9), la Corte ha establecido que la
existencia de uno o varios precedentes relevantes obligan, por regla general, a
que todos los operadores jurídicos los acojan y apliquen como parte fundamental
de las razones para definir un litigio.  Sin embargo, a diferencia de las
sentencias proferidas dentro del control abstracto, lo anterior no obsta para
que el juez se aparte de la línea de decisión una vez establezca y consigne
determinados móviles con entidad y relevancia constitucional.  En otras
palabras, las competencias judiciales desde la óptica del precedente de tutela
implican la exigencia de obrar conforme a las siguientes alternativas: (i) a
partir del mandato de “sujeción a los derechos, garantías y libertades
constitucionales fundamentales [los] jueces están obligados a respetar
los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones
análogas anteriores”[77],
pero (ii) en virtud del principio de autonomía judicial éste puede apartarse
del precedente siempre y cuando exponga motivos suficientes y razonables para
ello[78].
Ahora bien, con base en tales supuestos,
dada la importancia constitucional que tiene el sistema de precedentes de
tutela en la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución,
se ha precisado que constituye causal de nulidad de una decisión de la Corte la
modificación o cambio del criterio jurisprudencial que sea vinculante
para el caso.  Ello, pues una decisión que incurra en dicha anomalía desconoce
el derecho a la igualdad y el principio constitucional del juez natural.  Sobre
el particular en el Auto 196 de 2006[79]
se indicó:
“Esta
Corporación en diversas oportunidades se ha pronunciado en relación con la
violación del derecho fundamental al debido proceso por cambio de
jurisprudencia[80].
Para sustentar dicha anulabilidad ha argumentado que, por una parte, el cambio
de jurisprudencia conduce a la violación del derecho a la igualdad, ya que
frente a situaciones idénticas debe seguirse la línea jurisprudencial
preestablecida[81]
y, por otra, que correspondiéndole una  decisión solamente a la Sala Plena de
esta Corporación, se desconoce la garantía del juez competente como emanación
del principio constitucional del juez natural, cuando las Salas de Revisión
indebidamente usurpan su lugar. Así, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991,
es claro en señalar que: ‘Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos
por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo
correspondiente’.”
De la misma forma en el Auto 077 de 2007[82] la Corte estableció
cuáles son los escenarios que pueden comprender el “desconocimiento de la
jurisprudencia” y de ellos determinó cuál es el único que puede considerarse
como causal de nulidad sin afectar la independencia interpretativa de las Salas
de Revisión.  La Sala Plena en tal providencia señaló lo siguiente:
“En este sentido, el ‘desconocimiento de jurisprudencia’, como causal
de nulidad puede ser comprendida de la siguiente forma: (i) como
desconocimiento de una sentencia de sala plena cuya ratio decidendi coincide
con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se
solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior, bien
sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta, y, (iii) como una segunda
instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.
“De los eventos expuestos, el primero es el único que realmente se
ajusta al sentido de la causal de nulidad analizada, debido a que tanto la
segunda como la tercera manera de concebir su alcance, atentan contra la
autonomía e independencia judicial de las Salas de Revisión de tutela, de
conformidad con los argumentos que se exponen a continuación”.
(...)
“De todas maneras,
esta Corte ha señalado que cada Sala de Revisión puede ejercer ‘su autonomía
interpretativa y desarrollar su pensamiento jurídico racional’ en cada uno de
los temas o materias sometidas a su conocimiento y decisión[83], de tal
suerte que le permitan resolver el caso concreto.
“Lo anotado
indica que, no cualquier ligera divergencia que pueda observarse entre la
decisión adoptada por la Sala de Revisión y un precedente constitucional
sentado por el pleno de la Corte, constituye una causal de nulidad de un fallo
de tutela. Debe precisarse entonces que para que éste último devenga nulo, debe
contrariar abiertamente la formulación general de un principio, regla o razón
que constituyen la base de una decisión judicial específica, más allá de
particularidades irrelevantes del caso, esto es, la ratio decidendi[84].
(...)
“En suma,
cuando se invoque el cambio de jurisprudencia como causal de nulidad de un
fallo, y en especial de los proferidos por cualquiera de las Salas de Revisión
de tutelas de la Corte Constitucional, ésta procederá en la medida en que la
modificación sea sustancial y se predique del precedente sentado por la Sala
Plena de la Corte, referido a un problema jurídico concreto y no frente a
cualquier doctrina contenida en la jurisprudencia. Lo anotado indica que, no
prosperará la invocación del cambio de jurisprudencia como causal de nulidad,
frente a la jurisprudencia plasmada por otra Sala de Revisión. De igual forma,
no puede la Sala Plena de esta Corte, por vía de incidente de nulidad, como si
se tratara de una segunda instancia, entrar a examinar si una Sala de Revisión,
acertó al momento de establecer o no la vulneración de un derecho fundamental,
en razón a que se estaría desconociendo el principio de autonomía judicial[85].”
Así las cosas, de acuerdo a la jurisprudencia
de este Tribunal, una solicitud de nulidad por dicha anomalía tendrá que
satisfacer varios requerimientos fundamentales tendientes a demostrar la
existencia del grupo de sentencias vinculantes al caso, es decir, que
conforman un precedente aplicable[86],
así como la modificación trascendental e ilegítima del mismo:
(i)      Establecer la existencia de una jurisprudencia en vigor[87] definida por la
Sala Plena, “en el entendido de que las decisiones anteriores
han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite
inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al
alcance de las normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución
de controversias planteadas en los mismos términos (...)”[88].
“Bajo la citada
premisa, no todo párrafo o afirmación que se encuentre dentro de una
providencia, se convierte de manera automática en jurisprudencia. Para el
efecto, es indispensable la formación de una doctrina reiterada, uniforme y consistente que constituya la base de las
decisiones judiciales, sin que, por motivo alguno, pueda considerarse como
jurisprudencia, las meras afirmaciones en relación con las particularidades del
caso o la argumentación mas o menos incidental del juez constitucional” [89].
(ii)     Determinar que “la sentencia objeto de la solicitud de
nulidad en forma expresa acog[e] una interpretación normativa contraria
a una línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, definida
de manera reiterada y uniforme en varias sentencias y que esta no haya sido
modificada por la Sala Plena;
(iii)    Comprobar que “entre unas decisiones y otras exista
identidad de presupuestos fácticos”.
(iv)    Concretar que “la diferencia en la aplicación del
ordenamiento jurídico conlleve que la resolución adoptada en la sentencia
atacada sea diferente a la que se venía adoptando.  Es decir, que las
diferencias en la argumentación no sean accidentales e intrascendentes sino
que, por el contrario, se refieran a la ratio decidendi (...)”[90].
A partir de lo anterior, en el Auto 196 de
2006 se definió esta causal de nulidad de la siguiente manera: “por cambio
de jurisprudencia debe entenderse la modificación de los criterios de
interpretación del principio, regla o ratio juris que haya servido de fundamento
reiterado, consistente y uniforme a decisiones judiciales anteriores frente a
supuestos idénticos.  De suerte que, la violación del derecho fundamental al
debido proceso se presenta, precisamente, por desconocer la ratio juris frente
a un nuevo proceso con características iguales a los de sus antecesores”.
Como consecuencia, en dicha jurisprudencia
también se relacionaron algunos eventos generales a partir de los cuales no es
posible promover una nulidad por cambio de jurisprudencia: “(i) diferencias esenciales
o accidentales entre casos aparentemente iguales; (ii) ni por la utilización de
expresiones al parecer contrarias a la doctrina constitucional vigente; y menos
aún, (iii) el uso de criterios jurídicos novedosos para dar eficaz solución a
circunstancias no previstas en los casos anteriores, siempre y cuando dicha
decisión corresponda a una interpretación razonable y proporcionada del
ordenamiento jurídico constitucional[91]”.
En el mismo derrotero, dentro del Auto 182 de
2004[92]
se advirtió, como regla general, que la discrepancia de criterios
interpretativos entre Salas de Revisión no constituye motivo suficiente para
decretar la nulidad de una sentencia[93].
Adicionalmente, en el Auto 223 de 2006 se agregó lo siguiente: “[d]e
igual forma, la nulidad no concurrirá cuando la contradicción planteada esté
relacionada con apartados de sentencias anteriores que no hacen parte de la
razón de decisión, sino que constituyen materias adicionales que no guardan
relación necesaria con la resolución del problema jurídico dado, afirmaciones
que la doctrina denomina como obiter dicta.[94]”.
En conclusión, ha de insistirse en que la
nulidad de los fallos proferidos por las Salas de Revisión solamente procede
cuando se pruebe el cambio o distanciamiento sustancial de un precedente.  Esto
implica, como se observó, la comparación minuciosa entre los hechos y los
fundamentos normativos y constitucionales de varias jurisprudencias
vinculantes, con el objetivo de mostrar la existencia de un cambio en su ratio
decidendi y el desconocimiento de la competencia de la Sala Plena, prevista
en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991.  Así las cosas, el simple desconocimiento
de una jurisprudencia no constituye fundamento suficiente para invalidar una
sentencia.  Por ejemplo, pasar inadvertida la cita de un antecedente o
cualquiera de sus apartes no implica per sé la existencia de una anomalía pues
para ello -se repite- es necesario probar que se efectuó un cambio
injustificado en las razones que se venían aplicando para decidir un caso
realmente similar.
La autonomía judicial de las Salas de Revisión
incluye la facultad de determinar el conjunto de antecedentes jurisprudenciales
relevantes para decidir un asunto, sobre todo cuando éste involucra nuevos
hechos o normas, la posibilidad efectuar su interpretación dentro de la “sombra
decisional”[95]
de un precedente y, así mismo, la autoridad de crear razonamientos y fórmulas
novedosas sobre el contenido de los derechos fundamentales que se encuentren en
disputa, cuando ello sea necesario.
Así pues, conforme a los anteriores supuestos,
la Sala Plena pasará a estudiar los diferentes cargos presentados contra la
sentencia T-171 de 2006 proferida por la Sala Octava de Revisión.
4.-  Caso concreto: las solicitudes de nulidad de la
sentencia T-171 de 2006.
4.1.- Cumplimiento
de los requisitos formales y legitimidad de los memorialistas.
4.1.1.  Factor temporal.  Conforme a lo
establecido en el conjunto de jurisprudencia anotada, la totalidad de las
peticiones de nulidad fueron presentadas dentro de término, pues de conformidad
al informe presentado por Servicios Postales Nacionales S.A. los oficios de
notificación a los memorialistas fueron entregados en las siguientes fechas:
A Federico Guillermo Ochoa Barrera, el 24 de
agosto.
Al apoderado de Jorge Londoño Saldarriaga, el
24 de agosto.
A BANCOLOMBIA S.A., el 24 de agosto.
A su vez, como se advirtió, las solicitudes de
nulidad fueron presentadas de la siguiente manera:
El apoderado de Jorge Londoño Saldarriaga, el
18 de agosto.
El apoderado de Federico Guillermo Ochoa, el
23 de agosto.
El apoderado de BANCOLOMBIA S.A., el 29 de
agosto.
Como se observa algunas de las solicitudes
fueron presentadas con anterioridad al momento de realizarse la notificación
formal de la sentencia.  Respecto de éstas se presume que tal acto se efectuó
por conducta concluyente[96].
Así las cosas, la Corte verifica que en el presente caso los escritos de
nulidad fueron presentados dentro de la oportunidad prevista para ello, pues
los tres días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia T-171 de
2006 sólo vencieron, para todos los casos relacionados, el 29 de agosto de
2006.
4.1.2.  Legitimidad[97].  Ahora bien, la Sala
comprueba también que todos los escritos de nulidad fueron presentados por
sujetos que fueron vinculados al trámite del amparo en debida forma, teniendo
en cuenta su interés en las resultas del proceso penal[98].  Dentro de éstos, por
supuesto, sobresale la vocación de los sindicados.  De hecho, algunos de
quienes intervinieron durante el término del traslado solamente censuran la
legitimidad que tendría BANCOLOMBIA S.A. para participar dentro del presente
trámite.  Para ello consideran que la decisión consignada en la sentencia T-171
de 2006 no le afecta de manera alguna, indican que dentro de la investigación
criminal “su responsabilidad es derivada y no principal” y aducen que
con tal proceder, la entidad financiera habría desconocido su código
institucional de buen gobierno y conducta.
Para la Corte ninguno de tales argumentos da
lugar al rechazo de la solicitud presentada por la entidad financiera.  Por el
contrario, la Sala destaca y reitera que desde el momento en que la acción de
tutela fue admitida dicho sujeto se notificó y participó[99] de los diferentes actos
proferidos en el desarrollo del amparo, dada su condición de tercero civilmente
responsable en la investigación penal[100].
Así pues, dado el cumplimiento de los
requisitos formales y una vez comprobada la legitimidad de cada uno de los
memorialistas, la Sala procederá al análisis material de cada una de las
nulidades presentadas.
4.2.-  Análisis
de los aspectos materiales.
En contra de la sentencia T-171 de 2006 fueron
presentadas tres solicitudes de nulidad.  La primera estima que dicha
providencia debe ser declarada nula por vulnerar el debido proceso (i) al
ordenar la reapertura de una investigación penal, (ii) por desconocer unas
sentencias de constitucionalidad y (iii) por pasar por alto la jurisprudencia
sobre la inmediatez de la acción de tutela.  La segunda considera que tal
providencia modificó la regla judicial relativa al defecto fáctico y desconoció
el “precedente” de la Corte Interamericana de Derecho Humanos sobre la
razonabilidad de los términos para adelantar una investigación.  Por último, la
tercera repara que tal decisión desconoce las sentencias C-590 de 2005, C-411 y
C-412 de 1993 así como la regla judicial relativa a los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
específicamente los presupuestos de inmediatez y el defecto fáctico.
4.2.1.  Nulidad interpuesta por Ricardo
Calvete Rangel
(a)     Este memorialista sostiene que en las
sentencias de C-411 y 412 de 1993 se declaró la inexequibilidad de unas
disposiciones del Código de Procedimiento Penal -vigente en aquella época- en
las que no se había establecido de manera precisa y cierta la duración de la
investigación previa y el sumario.  Indica que en protección del debido proceso
en las leyes 81 de 1993 y 600 de 2000 se fijó un término preciso para adelantar
la investigación penal, en el cual indefectiblemente el Estado debe demostrar
la responsabilidad de los sindicados sin que sea posible extenderlo o ampliarlo
conforme al artículo 399 de la Ley 600.  Pone de presente que de acuerdo al “marco
procesal que corresponde” el cierre de la investigación no puede posponerse
con base en la inexistencia de unas pruebas ya que para este caso la norma
indica que la duda se resuelve a favor del procesado.
(b)     Adicionalmente advierte que la
providencia vulnera el debido proceso al haber ordenado la reapertura de una
investigación.  Además infiere, para lo cual cita el salvamento de voto de la
sentencia T-171 de 2006 y un aparte de la sentencia SU-087 de 1999, que la Sala
de revisión “se equivoca” cuando protege el derecho a la prueba de la
parte civil sin tener en cuenta los términos y las condiciones procesales
previstas para ello.  Anota que es un “error” de la Sala de Revisión el que se
haya hecho prevalecer el interés de las víctimas sobre las garantías de los
procesados y que ello conlleva un desequilibrio entre dichas partes, “invirtiendo”
el postulado de la presunción de inocencia.  Agrega que la parte civil no
coadyuvó la solicitud de la prueba sino que solamente advirtió a la Fiscalía
que ella había sido mal formulada.  Concluye que “la sentencia viola el
debido proceso al reabrir una investigación que se cerró por vencimiento de
términos, dejándola abierta indefinidamente”.
(c)     Finalmente indica que tal providencia
desconoce el “precedente constitucional” sobre la inmediatez de la
acción de tutela.  Para este efecto señala que pese a no existir un término
específico que rija la acción, la jurisprudencia (sentencia SU-961 de 1999) ha
establecido que es necesario interponerla dentro de un “plazo razonable,
oportuno y justo”.  Considera que la sentencia censurada olvidó exigir la
demostración de las justas causas para interponer la acción 14 meses
después de proferida la última de actuación judicial y tampoco relacionó los
motivos que justifican la tardanza de la solicitud.  Sin embargo, enseguida
cuestiona la relevancia de las razones esgrimidas por la Sala de Revisión para
considerar razonable el término en que se interpuso la tutela y a continuación
relaciona y transcribe –sin reparar en los presupuestos fácticos que sustentan cada
providencia- algunas sentencias proferidas por diferentes Salas de Revisión
(T-690 de 2005, T-759 de 2003, T-403 de 2005 y T-1140 de 2005) así como un
aparte de la sentencia C-590 de 2005.
4.2.1.1.       Respecto del primero de los
cargos esgrimidos por este memorialista, en el que se acusa a la sentencia
T-171 de 2006 de haber desconocido la cosa juzgada constitucional prevista en
las sentencias C-411 y C-412 de 1993, la Sala Plena destaca que la solicitud
logra sustentar el cargo de tal manera que se identifican claramente las
sentencias de constitucionalidad supuestamente transgredidas así como los
componentes argumentativos que compondrían de las mismas.  Por esta razón, la
Sala pasará a examinar el reparo presentado.
El memorialista pone de presente que en las
sentencias C-411 y 412 de 1993 se declaró la inexequiblilidad de unas
disposiciones previstas en el antiguo Código de Procedimiento Penal, contenido
en el Decreto 2700 de 1991, las cuales no fijaban de manera cierta y precisa el
término de duración de las etapas de la investigación previa y el sumario.
Considera que este razonamiento, es decir, la certeza de los términos para
adelantar la investigación, constituye un aspecto esencial para el debido
proceso y concluye que la sentencia T-171 de 2006 desconoció tal supuesto
vulnerando el debido proceso al “reabrir una investigación que se cerró por
vencimiento de términos, dejándola abierta indefinidamente”.
Pues bien, contrario a los argumentos
anteriores, la Sala confronta que la sentencia T-171 de 2006 no aplicó ni
reprodujo el contenido material de las normas que fueron declaradas
inexequibles en tales sentencias.  Para este efecto se hace necesario tener en
cuenta el contexto y la estructura de tales decisiones a fin de identificar el decisum
y la ratio decidendi presente en cada una, para luego compararla con los
fundamentos de la sentencia de tutela.  Veamos:
·
En la sentencia C-411 de 1993, M.P.:
Carlos Gaviria Díaz, en la que se estudió la demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 329 (parcial), 438 (parcial) y 439 (parcial) del CPP,
Decreto 2700 de 1991 se resolvió:
“QUINTO.
Declárase inexequible el artículo 438 del Decreto 2700 de 1991, por las razones
expuestas en la parte motiva, en el aparte acusado, cuyo texto reza:
"...Cuando no hubiere pruebas necesarias para calificar la investigación,
el Fiscal se abstendrá de cerrarla."
“SEXTO.
Declárase inexequible el artículo 439 del Decreto 2700 de 1991, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, en el aparte acusado, cuyo
texto dice: "...Cuando no hubiere lugar a proferir estas determinaciones
el Fiscal continuará adelantando la instrucción."
“SÉPTIMO.
Declárase inexequible el artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, en razón de las
consideraciones antes expuestas, en el aparte acusado, que textualmente dice:
"La instrucción podrá realizarse mientras no prescriba la acción penal.”
Las normas acusadas establecían:
“ARTÍCULO 329
“El funcionario
que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente,
será el mismo que abra y adelante la instrucción.
LA INSTRUCCIÓN
PODRÁ REALIZARSE MIENTRAS NO PRESCRIBA    LA ACCIÓN PENAL."
“ARTÍCULO 438
“CIERRE DE LA
INVESTIGACIÓN. En ningún caso podrá cerrarse la investigación si no se ha
resuelto la situación jurídica del imputado. CUANDO NO HUBIERE PRUEBAS
NECESARIAS PARA CALIFICAR LA INVESTIGACIÓN, EL FISCAL SE ABSTENDRÁ DE CERRARLA.
“Practicadas las
pruebas necesarias para calificar la investigación se clausurará y se ordenará
traslado a las partes por ocho (8) días para alegar.
(...)
“ARTÍCULO 439
“FORMAS DE
CALIFICACIÓN. El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o
resolución de preclusión de la instrucción. CUANDO NO HUBIERE LUGAR A PROFERIR
ESTAS DETERMINACIONES EL FISCAL CONTINUARÁ ADELANTANDO LA INSTRUCCIÓN.”
Ahora bien, tal decisión se tomó con base
en los siguientes argumentos:
-        Aquel CPP establecía que la
instrucción no puede cerrarse sin que existan las pruebas necesarias para la
calificación hasta que transcurra el término de prescripción de la acción
penal: “Como puede verse en los apartes acusados por
los actores, el actual Código de Procedimiento Penal prescribe que, una vez
iniciada la instrucción, ni el Fiscal competente para adelantarla, ni ningún
otro funcionario, puede cerrarla sin que existan las pruebas necesarias para
calificarla, profiriendo resolución de acusación o de preclusión; en cualquier
otro caso, el Fiscal tendrá que continuar con la instrucción, hasta que
transcurra el término contemplado para la prescripción de la acción penal.”
-        La función punitiva y la carga de
probar la culpabilidad de un ciudadano corresponde de manera exclusiva al
Estado, por tanto: (i) la libertad del investigado se ve
disminuida drástica y sustancialmente por cuenta de la ineficiencia
investigativa del Estado; (ii) de acuerdo al artículo 2 constitucional un fin
esencial del Estado es asegurar la vigencia de un orden justo y éste se hace
efectivo cuando aquel acepta su fracaso y devuelve el goce de sus facultades y
derechos.
-        La Corte concluyó que tales normas
introdujeron “demoras injustificadas en la definición de la situación
jurídico-penal de las personas” (negrilla fuera del texto original).
-        Como consecuencia de la
declaratoria de inexequibilidad de las normas del CPP, la Corte advirtió que el
país quedaba con una ley procesal que no estipulaba “un plazo cierto para el
cierre de la intrucción (sic)”, por tanto, previno que la Fiscalía debía efectuar la calificación en un término razonable
el cual se condicionó a factores como: “la naturaleza del delito imputado,
su mayor o menor gravedad el grado de complejidad que su investigación
comporte, el número de sindicados, los efectos sociales nocivos que de él se
desprendan, etc.”.
-        Finalmente consideró que una vez
definidos los términos legales en nuevo estatuto penal se removería el factor
de incertidumbre generado por unos “términos deferidos al criterio razonable
del juez”.
Conforme a tales consideraciones es preciso
concluir que la Corte declaró la inexequibilidad de una norma que permitía la
extensión de la acción penal hasta que se recolectaran las pruebas necesarias
para calificar la investigación teniendo como único límite temporal la
prescripción de la acción penal.  La Corte consideró que tal norma es incompatible
con la Carta pues introduce demoras injustificadas teniendo en cuenta
que el único interesado en la acusación es el Estado, quien debe adelantar su
labor dentro de precisos términos para asegurar la vigencia de un orden justo.
·
Por su parte, la sentencia
C-412 de 1993, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, estudió la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 324 del Código de
Procedimiento Penal, D. 2700 de 1991.
En esta sentencia
se resolvió: “Declarar inexequible el artículo 324 del Decreto 2700 de 1991”
que disponía: “Duración de la investigación previa. La investigación previa
se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o
mérito para vincular en calidad de parte al imputado. En este último caso se
dictará resolución de apertura de instrucción.”
Nótese como a diferencia de la sentencia
anterior, en ésta se analizó una norma que sometía la duración de la
investigación previa a la existencia de la prueba suficiente o necesaria para
dictar resolución inhibitoria “o de mérito para vincular en calidad de parte
al imputado”, es decir, en dicha disposición no se establecía término
alguno para adelantar la etapa preliminar de la investigación penal.
-        La Corte consideró en primera medida
que “[d]urante la investigación previa el interés dominante corresponde a la
función investigativa del Estado” y concluyó que conforme a este supuesto
el problema jurídico corresponde a: graduar la duración de la investigación
previa en función de su cometido funcional y del  nivel de garantía que
debe asegurarse al imputado.
-        Luego de definir a la investigación
previa como aquella etapa en la cual se establecen los presupuestos mínimos
para adelantar la acción penal, la Corte estudió los aspectos conflictivos que
emergen de ésta con los derechos del “imputado” a quien se le ha
recibido “versión preliminar” y concluyó que una “prolongación
indefinida” de esta etapa conlleva a un “creciente desequilibrio entre
el Estado y el imputado, que para defenderse adecuadamente requeriría de todo
el repertorio garantístico del proceso y al cual sólo puede acceder cuando se
le ponga término a dicha investigación previa”.
-        De
cualquiera manera la Corte indicó que bajo esas condiciones respecto de
cualquier sospechoso: “el desequilibrio Estado-investigado es manifiesta. La
utilización de los medios que tiene el Estado en la etapa de la investigación
previa se han ejercido con el único objetivo de potenciar al máximo su función
investigativa y punitiva, más allá de la simple averiguación de los
presupuestos mínimos de la acción penal, excluyendo y nulificando en la
práctica toda posibilidad de contrapeso efectivo por parte del investigado, en
este caso colocado ad portas de parte sindicada expuesta a una ardua y desigual
defensa”.  Y enseguida agregó “El derecho al debido proceso contiene en
su núcleo esencial el derecho a conocer tan pronto como sea posible la
imputación o la existencia de una investigación penal en curso - previa o
formal -, a fin de poder tomar oportunamente todas las medidas que consagre el
ordenamiento en aras del derecho de defensa. Hay un derecho al proceso y a la
intimidad personal y familiar. Pero, antes, inclusive, la dignidad de la
persona humana postula la existencia del derecho a ser sujeto del proceso y no
simplemente objeto del mismo.”
-        Dado
el carácter conflictivo de la etapa de investigación previa la Corte concluyó
que: “Se impone, por lo tanto, la consagración de un
preciso límite cronológico  - el más breve posible atendidas las circunstancias
- a la investigación previa que sea razonable y proporcionado a su finalidad
institucional que ha de circunscribirse a la verificación de los
presupuestos objetivos mínimos y necesarios para el ejercicio de la acción
penal”. (Negrilla fuera del texto original)
-        A continuación
la Corte encontró que dada la conflictividad entre los derechos del investigado
y el papel del Estado en el proceso penal, la indefinida prolongación
de la investigación previa crea una disfuncionalidad legal y constitucional y
agregó que conforme al debido proceso y la dignidad humana es necesario que (i)
esta etapa tenga señalado el lapso temporal estrictamente necesario para
cumplir con su objetivo y (ii) se permita el ejercicio de los derechos y
garantías de la persona investigada desde el momento en que se efectúa la
noticia del crimen[101].
Conforme a lo
anterior es posible resaltar que el razonamiento de la Corte en esta sentencia
se basó en el conflicto existente en la etapa de investigación previa entre el
poder sancionador del Estado, que se desborda cuando no posee un límite
temporal razonable y proporcionado a su finalidad, y los derechos del
investigado, quien en esta etapa no puede ejercerlos de manera íntegra.  Bajo
este contexto esta providencia advierte:
“18. El
ejercicio anticipado del derecho constitucional al debido proceso (CP art. 29),
correlativo al desarrollo de la función investigativa y punitiva del Estado,
proscribe la actuación investigativa que se prolongue indefinidamente en el
tiempo. La ausencia de término específico para la investigación previa,
legitima inconstitucionalmente las más excesivas dilaciones toda vez que su
finalización podría coincidir con el momento de la prescripción de la acción
penal. Aparte de que esa eventual arbitrariedad - convalidada por la norma
legal acusada - obliga al investigado a soportar una excesiva carga anímica y
económica, representa para el Estado costos nada despreciables en términos de
recursos humanos y materiales”.
Así pues, esta
sentencia rechazó la indefinida prolongación de la investigación previa
teniendo en cuenta sus objetivos, así como las calidades y facultades del
investigado dentro de la misma.
En
contraposición a lo anterior, el memorialista considera que la sentencia T-171
de 2006 encarna la prolongación indefinida de la investigación.  La Sala
considera que ello no es así y que, por tanto, tal sentencia no reproduce el
contenido material de las normas declaradas inexequibles en las sentencias
C-411 y 412 de 1993.  En efecto, en aquella se valoraron a los términos procesales
como parte fundamental del debido proceso no sin antes señalar que los mismos
constituyen un marco de garantía para que los sujetos hagan valer sus derechos
(para este efecto se citó la sentencia C-037 de 1996).  Por tanto, razonó que
dada la igualdad de derechos predicables entre las víctimas o perjudicados y el
sindicado, consideración constitucional que no se tiene en cuenta en ninguna de
las sentencias de citadas y que varió a partir de la sentencia C-1149 de 2001[102], se hace necesario
ponderar las garantías previstas en cabeza de cada uno.
A partir de lo
anterior, y dado que la garantía para el sindicado es a un proceso público y
sin dilaciones injustificadas, consideró una razonable justificación aquella
orientada a la protección del derecho a la verdad de las víctimas o
perjudicados, ya que el mismo no puede ser menospreciado a partir de las
maniobras ilegítimas del ente acusador quien, para pasar por alto
sorpresivamente la práctica y valoración de una prueba que al ser decretada
dentro de término y sin reparo alguno, fue considerada como pertinente, pero
que no se practicó con el único escudo del vencimiento de los términos para
investigar y en lo dispuesto en el artículo 399 de la Ley 600 de 2000.
Ahora bien,
para llegar a esta conclusión la Sala Octava de Revisión sí efectuó un
escrutinio pormenorizado sobre las providencias más recientes dictadas con
motivo del control abstracto de constitucionalidad y que gobiernan el problema
jurídico planteado en la acción de tutela: de la sentencia C-1149 de 2001
rescató que “revaluó” el papel de la parte civil dentro de la investigación del
hecho punible y estableció que sus anhelos y aspiraciones no se limitan al
aspecto patrimonial sino que se extienden a la búsqueda de la verdad; de la
sentencia C-228 de 2002 reivindicó el cambio de jurisprudencia
adoptado por la Corte Constitucional a favor de los derechos de las víctimas de
los delitos, que extienden y amplían el papel de ésta dentro del proceso.
No obstante lo
anterior, en consideración a las garantías de las personas investigadas, la
Sala Octava de Revisión limitó la protección de los derechos invocados de
manera tal que la orden incluida en la tutela no conllevara la dilación
indefinida de los términos y, en todo caso, dejó claro que una vez allegada la
prueba debía cerrarse la investigación y proceder a la calificación respectiva.
De manera alguna la sentencia T-171 de 2006 ordenó o permitió que se diera
curso a una nueva etapa probatoria de manera indefinida, esto es, hasta que
prescribiera la acción penal o hasta que se recaudara el material probatorio necesario
para llevar a cabo la calificación, sino que solamente se limitó a proteger
el derecho de aquella prueba decretada conforme a los términos previstos en el
estatuto procesal penal, en desarrollo del principio de investigación integral
y el derecho a la verdad de las víctimas del presunto hecho punible.
Conforme a lo anterior, la Sala concluye que
la sentencia T-171 de 2006 no reprodujo las reglas declaradas inexequibles en
las sentencias C-411 y 412 de 1993, por lo que la solicitud de nulidad en este
aspecto será denegada.
4.2.1.2.  En el segundo de los cargos
presentados el memorialista considera que la Sala de Revisión vulneró el debido
proceso al ordenar la reapertura de la investigación penal.  Para el efecto
considera que la Sala de Revisión incurrió en varios “errores” por desconocer
los términos procesales en los que la parte civil puede ejercer sus derechos y
desequilibrar en contra de los procesados las reglas de la investigación.  Así
mismo pone de presente que la prueba no fue solicitada por la parte civil sino
que, al contrario, ésta señaló que la misma había sido mal formulada.
En la presente censura el peticionario
relaciona un conjunto de yerros en los que habría incurrido la decisión
adoptada por la mayoría de la Sala Octava de Revisión.  Cada uno de ellos va
dirigido a impugnar y controvertir algunos de los razonamientos de la sentencia
y la orden que se profirió en ella.  Se presentan varias razones –gran parte de
ellas se fundamentan en el salvamento de voto- a partir de las cuales se
considera que no era posible proteger el derecho de las víctimas.  Pues bien
esta Sala verifica que estos argumentos no corresponden a reproches que puedan
atenderse a través del presente trámite pues hacen parte del descontento
generado por la decisión y pretenden la realización de un nuevo debate
sustancial y probatorio por parte de la Sala Plena.  Esta vía excepcional, como
se advirtió, no constituye una instancia adicional a las providencias
proferidas por las Salas de Revisión y tan solo está supeditada a la existencia
de graves vulneraciones del debido proceso que permitan cuestionar la validez
de una providencia.
Al respecto es pertinente destacar que en la
sentencia T-171 de 2006 se relacionan el conjunto de razones y motivos que
llevaron a la mayoría a apartarse de la ponencia inicial y a adoptar una
decisión a favor de los derechos de las víctimas del presunto hecho punible de
acuerdo a las circunstancias propias del caso.  Esta Sala no encuentra que
alguno de cimientos de la decisión carezca de motivación y, por tanto, no tiene
fundamento alguno para cuestionar la validez de la sentencia.
De cualquier forma esta Sala también verifica
que la providencia censurada no pasó por alto que la prueba documental fuera
solicitada por el Ministerio Público y que uno de los apoderados de la parte
civil hubiera advertido de manera oportuna que la misma se habría decretado
incorrectamente.  Sobre el particular, en dicha providencia, como parte del
argumento número 7.1.3., se consideró lo siguiente: “Cabe recordar, que ni siquiera cuando uno de los apoderados de la parte
civil le informó sobre los defectos presentes en la información requerida a la
SEC, se efectuó un pronunciamiento de fondo, bien para notificar a las partes
la exclusión de la prueba o, para modificar la misma, de manera que sirviera a
los propósitos de una investigación efectuada integralmente”.  De hecho, no sobra advertir que de las pruebas
que obran en el expediente (vid. supra cap. III, num. 5) se logra derivar que
la participación de la parte civil respecto de la prueba a practicar en el
extranjero no se limitó a una solicitud aislada para que la misma fuera
modificada sino que fue parte íntegra de su estrategia procesal, a partir del
momento en que la misma fue decretada por el ente investigador.  En suma, no es
cierto que la parte civil haya sido ajena a los requerimientos para que la
misma fuera practicada sino que, por el contrario, fue cuota permanente de su
atención en diferentes eventos de la investigación; así se puede evidenciar,
por ejemplo, de los recursos presentados por ésta (vid supra cap. III, num.
5.6.) y las providencias dictadas por la Fiscalía el veintinueve de agosto de
dos mil tres (vid supra cap. III, num. 5.11.).
4.2.1.3.  Finalmente en la última de las
censuras se indica que la sentencia T-171 desconoció la jurisprudencia relativa
a la interposición de la acción de tutela dentro de un plazo razonable,
oportuno y justo.  Así pues, aunque el memorialista reconoce que no existe un
término estricto que se pueda inferir de la anterior regla judicial, sostiene
–a partir de la sentencia SU-961 de 1999- que la obligación de justificar la
tardanza en la interposición del amparo no puede ser desconocida o cambiada por
una de las Salas de Revisión.  Para este efecto, censura que en la sentencia
T-171 de 2006 no se hayan esgrimido los argumentos suficientes que justifiquen
la tardanza de la solicitud y sustenten la procedencia del amparo, y concluye
que en tal providencia se desconoció la jurisprudencia de la Corte, para lo
cual relaciona y en algunos casos transcribe apartes de las sentencias T-315 de
2005, T-690 de 2005, T-759 de 2003, T-403 de 2005, T-1140 de 2005 y C-590 de
2005.
Frente a lo anterior es necesario advertir que
a pesar de la transcripción y relación de algunas sentencias en donde se ha
estudiado el presupuesto de inmediatez, el memorialista olvida sustentar que el
conjunto de ellas constituya una jurisprudencia en vigor, omite analizar
explícitamente la ratio decidendi que compone cada una y no demuestra la
identidad fáctica que debería existir entre los supuestos precedentes y la
sentencia T-171 de 2006, no sin antes recordar que la inmediatez es un
presupuesto que corresponde analizar en cada caso particular.
Contrario a los anteriores supuestos y a las
condiciones temporales y de hecho presentes en la sentencia T-171[103], la Sala Plena
encuentra que las sentencias T-315, 403 y 690 de 2005 denegaron la protección
de los derechos en tres casos en los que se alegaba la vía de hecho de unas
sentencias de tipo laboral en las que habían transcurrido más de 1 año y 7
meses, 4 años y 2 años y 11 meses respectivamente.  Por su parte, en las
sentencias T-759 de 2003 y T-1140 de 2005 también se denegó la protección de
los derechos pues el amparo contra las decisiones proferidas por jueces civiles
se interpuso cuando habían pasado más de 7 y 2 años.
Además este memorialista, que de antemano
reconoce la inexistencia de un término explícito para la procedencia del
amparo, en un principio considera que en dicha tutela no se demostraron las
justas causas para que se considerara procedente el amparo pero más adelante
precisa que los criterios presentes en dicha decisión no logran justificar “un
retardo de más de un año en la presentación de la tutela”.  Como se
observa, en lugar de sustentar la modificación de una regla jurisprudencial
previa y aplicable al caso a partir de la similitud entre supuestos jurídicos y
fácticos, lo que pretende esta solicitud de nulidad es el trámite de una
impugnación de los argumentos expuestos por la Sala de Revisión en la sentencia
T-171 a través de la Sala Plena.  Por esta razón habrá de desestimarse la
presente censura.
4.2.2.  Nulidad interpuesta por Juan Carlos
Prías Bernal
(a)     Este memorialista considera que la
sentencia T-171 de 2006 modificó la regla judicial relativa al defecto fáctico
como presupuesto específico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales pues protegió un medio de prueba que no era
determinante frente al sentido de la decisión tomada en la investigación
penal.  Al respecto, relaciona varios apartes de algunas Sentencias de
Unificación y de otras decisiones tomadas por las Salas de Revisión que se han
fundamentado en las de unificación, así como una de constitucionalidad en las
que se habría establecido (i) la gravedad inmersa en el concepto de vía de
hecho y (ii) las características del defecto fáctico, concluye que la
sentencia T-171 de 2006 eliminó la capacidad decisiva y determinante del medio
de prueba.
(b)     Así mismo, considera que en dicha
providencia no era posible establecer una vía de hecho ni era “pertinente”
aplicar la teoría de la exclusión de la prueba pues el material probatorio
protegido: (i) fue analizado por la Fiscalía excluyendo su fuerza determinante,
(ii) no tiene el poder de modificar el sentido del fallo y (iii) no fue
solicitado por la parte civil sino por el Ministerio Público.
(c)     Agregado al anterior, el memorialista
advierte, teniendo en cuenta que el razonamiento decisivo de la providencia
censurada consiste –según sus palabras- en la obligación de desconocer los
términos judiciales “(obligación de desconocer el debido proceso)”
cuando sea necesario proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido
tres parámetros a partir de los cuales se establece la razonabilidad de los
términos judiciales y concluye: “[e]n
ningún momento, se repite, la Corte Interamericana ha avalado la tesis de que
es obligación del estado violar el debido proceso, por el contrario, el
análisis sobre la complejidad del asunto, la participación del interesado y la
conducta de las autoridades judiciales, apunta, exclusivamente, a determinar si
(i) la violación es justificable y (ii) si el plazo en exceso es razonable”.
A partir de tales premisas considera que la sentencia T-171 incurre en una
causal de nulidad pues viola el “precedente” fijado por la Corte
Interamericana.
4.2.2.1.  Pues bien, frente a los argumentos
presentados para sustentar el primer cargo consistente en la supuesta
modificación de la jurisprudencia en cuanto a la vía de hecho por defecto
fáctico, el peticionario, aunque relaciona y transcribe varias sentencias
proferidas por la Sala Plena en materia de tutela y por las Salas de Revisión,
así como una de constitucionalidad, olvida concretar si dichas providencias en
tutela tienen una similitud fáctica y jurídica equivalentes con la sentencia
T-171 de 2006.  En otras palabras, aunque se echa de menos una solución igual a
los casos planteados, en los que de diversas formas se dejó de valorar una
prueba o ella se valoró indebidamente, no se repara que este caso no es igual a
los relacionados.  Por ejemplo, la sentencia T-960 de 2003, respecto de la cual
se consideró que presenta un presupuesto de hecho idéntico al caso estudiado en
la T-171 de 2006[104],
consiste en una “vía de hecho” alegada sobre unas decisiones proferidas
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de un proceso de
nulidad electoral por no haber decretado unas pruebas, no haber arrimado otras,
haber pasado por alto algunas y no haber permitido la contradicción de unos
informes técnicos[105].
Los razonamientos que sustentan dicho amparo, como se puede observar, no
guardan estrecha similitud con los hechos y los parámetros
jurídico-constitucionales analizados dentro de la sentencia T-171 y, por tanto,
aquella no constituye un precedente respecto del cual sea posible alegar la
nulidad de dicha sentencia.  Recordemos, además, que esta Sala ha advertido que
“la discrepancia de criterios interpretativos, aún entre Salas de Revisión,
no constituyen motivo suficiente para decretar la nulidad”.
Sin lugar a dudas, los fundamentos de hecho
que acompañan la sentencia T-171 de 2006 constituyen un importante referente
que no puede dejarse de lado al momento de definir las sentencias precedentes
que constituían antecedente de obligatoria observancia.  Ello por cuanto en la
misma se adoptó la protección de la parte civil a partir del nuevo papel de las
víctimas en el proceso penal y en protección de su derecho a la verdad.  Pero,
de cualquier forma, hay que señalar que en dicha sentencia no se pasó por alto
la jurisprudencia de la Corte en cuanto a la relevancia de las pruebas a partir
de las cuales es posible predicar la existencia de un defecto fáctico[106].
En efecto, contrario a lo considerado por el
peticionario, si bien en la configuración de la sentencia T-171 de 2006,  no se
dedica un capítulo especial al análisis de la importancia y relevancia de la
prueba dejada de practicar, ello no indica que no se valoró el poder decisivo
de las pruebas requeridas a un gobierno extranjero para satisfacer el interés
de las víctimas a descubrir la verdad material, pues dada la particularidad del
caso, un análisis global permite afirmar que se tomaron como incidentes para
excluir una prueba necesaria y conducente para la decisión, tres razones
fundamentales: (i) el decreto oportuno, sin condicionamientos y sin reparos de
ningún sujeto procesal de las pruebas documental a practicar en el exterior;
(ii) la ausencia de un pronunciamiento que excluyera la práctica o la
valoración de dichas pruebas, proferido oportunamente, es decir, antes del
cierre de la investigación; (iii) las reiteraciones y los “mensajes de
urgencia” dirigidos a funcionarios de un gobierno extranjero, ordenados por
el instructor de primera instancia para que dichas pruebas fueran allegadas.
Los anteriores supuestos sirvieron de referente legítimo a la Sala para
considerar literalmente que las pruebas: “encarnan la expectativa y la
posibilidad material que tiene la parte civil de cerciorarse de la existencia o
ausencia del hecho punible” (negrilla fuera de texto original). Así
como que, ambas partes, tienen el derecho a solicitar de la autoridad
judicial –por ejemplo- la práctica y valoración de las pruebas que
consideren necesarias y conducentes para satisfacer sus pretensiones. O
que, solo aquellas circunstancias que tengan la suficiente entidad podrán
permitir la dilación de un término al encontrarse debidamente justificadas.
También consideró la Corte, al analizar los
argumentos dados por la Fiscalía Delegada cuando resolvió el recurso de
apelación, en cuanto no halla en esas pruebas decretadas expectativa futura
de modificación sustancial de la realidad probatoria en torno a los hechos
sobre los cuales verso la investigación, que la Fiscalía pudo con algo de
diligencia complementar lo que consideró insuficiente, teniendo la
obligación de rechazar o denegar las pruebas que al momento en que fueron
solicitadas se advertía su impertinencia o falta de necesidad.
En la censura formulada dentro del presente
cargo se echa de menos que la Sala no hubiere comprobado que con la valoración
de las pruebas se hubiere afectado la decisión de precluir la investigación
penal, es decir, se reprocha que la Sala Octava de Revisión no hubiera
establecido, a partir de unos medios de prueba que no obran dentro de la
investigación –y menos aún en el expediente de tutela- que ellos conllevan
indefectiblemente a cambiar la decisión, es decir, a dictar una acusación
penal.  Por esta vía, o sea, a partir de una concepción absoluta y radical de
la  trascendencia del medio probatorio, el solicitante concluye que a partir
del amparo la Sala de Revisión debió reemplazar al investigador y usurpar sus
funciones, sin reparar en que tal función no corresponde al juez de tutela
tratándose de la valoración probatoria.
Como se advirtió, en la sentencia T-171 de
2006, la Sala protegió los derechos fundamentales de las víctimas para que
éstas pudieran acceder a la verdad a partir de un conjunto de pruebas
previamente decretadas dentro del transcurso de la investigación.  Ello, es
decir, el derecho a conocer la verdad de los hechos que investigaba la Fiscalía,
teniendo en cuenta el nuevo papel de las víctimas dentro del proceso penal,
conlleva la consideración de la importancia de la prueba dejada de practicar,
pues no se trata en este caso como se quiere hacer ver, que se ordenó reabrir
una investigación para que la fiscalía de manera indefinida se diera a la tarea
de decretar pruebas para buscar la verdad, sino que se trato de la falta de la
práctica de unas pruebas en concreto sobre las cuales se concluyo se debían
allegar para garantizar el derecho a la verdad, y con la suficiente entidad
como para justificar la dilación de los términos de investigación.
Las diferentes reglas constitucionales de
protección de los derechos fundamentales en las sentencias judiciales no
conllevan obligatoriamente a que en un caso como este se realice un nuevo
análisis de todas las pruebas presentes en la investigación penal (incluyendo
las que no se han allegado al expediente) para demostrarle al ente acusador que
debía tomar una decisión en uno u otro sentido.  Sin duda, de haber obrado así,
la Sala habría invadido ilegítimamente la competencia de dicha autoridad
judicial.
Cabe recordar, que la prueba en discusión fue
solicitada por el Agente Especial del Ministerio público, y en pos de que se
garanticen principios básicos que animan nuestro procedimiento penal, tales
como el de la igualdad de las partes ante la ley, investigación integral,
búsqueda de la verdad y lealtad procesal, entre otros. Consideró el
Ministerio Público, que era necesario y pertinente establecer las circunstancias
en que fueron colocados los ADRs, dentro del mercado bursátil de dicho país,
pues solo de esta manera se podría concluir, si dicha colocación, correspondió
a la realidad que reflejaba para el momento la entidad bancaria en fusión, dado
que ello fue fundamental, para fijar la relación de intercambio, que finalmente
dio al traste con la negociación debatida. Y concluyó que, sólo  si en
principio de aclaran estos aspectos, podría despejarse el camino, en cuanto a
la estructuración o no, de mecanismos fraudulentos o engañosos, que puedan
estructurar la estafa, como tipo penal debatido.
Así pues, con base en los anteriores
argumentos puede concluirse que la Sala Octava de Revisión no ha modificado la
jurisprudencia sobre vía de hecho por defecto fáctico, por lo que el presente
cargo será denegado.
4.2.2.2.  Agregado a lo anterior el
memorialista considera que en los hechos valorados en la sentencia T-171 de
2006 no era posible obtener una vía de hecho ya que no existe
vulneración del debido proceso porque: (i) la Fiscalía sí se pronunció sobre la
prueba “decretada pero no valorada”, (ii) la prueba documental fue
solicitada por el Ministerio Público y no la parte civil y (ii) esta última
alegó la impertinencia de la misma.  Al respecto, la Sala comprueba que todos
estos hechos fueron valorados en la sentencia T-171 de 2006, sin que sea
procedente dentro del presente trámite que la Sala Plena efectúe un nuevo
análisis de los mismos.  De hecho, debido a la similitud presente en esta
censura, la Sala se remite a las consideraciones consignadas en el argumento
jurídico 4.2.1.2 supra.  Basta con añadir que en la sentencia censurada
se relacionaron y analizaron los diferentes pronunciamientos de la Fiscalía
sobre el tema para concluir que esta autoridad judicial frustró de manera
ilegítima las expectativas constitucionales de la parte civil[107].
4.2.2.3.  Finalmente el memorialista considera
que la sentencia T-171 de 2006 es contraria al “precedente” que en
materia de plazo razonable ha establecido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Para ello indica, en primer lugar, que la
jurisprudencia dictada por tal tribunal sería obligatoria para esta Corte como
quiera que “(i) la misma Corte Constitucional ha señalado que tal
jurisprudencia integra el bloque de constitucionalidad y, por lo mismo, vincula
a la Corte Constitucional y (ii) por que la Corte Constitucional, en tanto que
parte del Estado colombiano, está en la obligación de seguir los postulados
que, en materia de derechos humanos, fije la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”.
Así las cosas, la temática que involucra la
presente censura obliga a que esta Corporación determine si los fallos dictados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen precedente de
ineludible referencia dentro de la revisión de las acciones de tutela.  A
continuación, sólo en el caso de argüir una respuesta afirmativa de tal tesis,
se estudiarían cuáles son los parámetros bajo los cuales se debería atender tal
jurisprudencia.
Pues bien, la Corte ha establecido que tales
decisiones constituyen un criterio hermenéutico relevante a la hora de
establecer el contenido particular de los derechos fundamentales pero, así
mismo, ha cuidado en advertir que ello no significa la incorporación de tales
decisiones en el bloque de constitucionalidad.  Al respecto, en la sentencia
C-355 de 2006[108]
se argumentó lo siguiente:
“A este respecto
esta Corporación cree necesario introducir una precisión. En efecto, de
conformidad con el artículo 93 constitucional, los tratados internacionales de
derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad bien sea esta
figura entendida en sentido estricto o en sentido lato, como se expuso en un
acápite precedente de esta decisión, y sin duda la manera como dichos tratados
han sido interpretados por los organismos encargados de establecer su alcance
resulta relevante al momento de precisar el contenido normativo de sus
disposiciones. No obstante, eso no quiere decir que las recomendaciones y
observaciones proferidas por estos organismos internacionales se incorporen de
manera automática al bloque de constitucionalidad y por tanto se constituyan en
un parámetro para decidir la constitucionalidad de las leyes.
“En este sentido
la Corte Constitucional ha sostenido que “En virtud del artículo 93 de la C.
P., los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia de lo cual se deriva que la jurisprudencia de las instancias
internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituyen un
criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas
constitucionales sobre derechos fundamentales”[109]. Postura reiterada
en numerosas ocasiones[110],
que permite concluir, que la jurisprudencia de las instancias internacionales
constituye  una pauta relevante para la interpretación de los enunciados
normativos contenidos en instrumentos internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, cosa diferente a atribuirle a dicha
jurisprudencia directamente el carácter de bloque de constitucionalidad”.[111]
Obsérvese como las premisas invocadas por el
memorialista, para sustentar la supuesta obligatoriedad de la doctrina emanada
de la Corte Interamericana, son erradas.  La jurisprudencia proferida por dicho
tribunal internacional no hace parte del bloque de constitucionalidad sino que
constituye una decisión de obligatorio cumplimiento para el caso concreto[112] y que para los demás
asuntos representa un parámetro de interpretación importante en lo que se
refiere al alcance de los derechos fundamentales, conforme a las circunstancias
propias de cada fallo[113].
Precisamente, teniendo en cuenta lo anterior,
la Sala de Revisión adoptó como premisas para resolver el caso las
disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad y tuvo en cuenta las
interpretaciones efectuadas por dicho organismo judicial internacional.  En
efecto, teniendo en cuenta la relevancia de las interpretaciones de la Corte
Interamericana, las cuales fueron objeto de discusión por la Sala de Revisión a
partir de la ponencia inicial presentada por el Magistrado Alvaro Tafur[114], y el desarrollo
concreto del derecho de las víctimas a acceder a una investigación a partir de
la cual puedan atenderse sus intereses conforme a varios instrumentos
internacionales que integran el bloque de constitucionalidad[115], la sentencia T-171 de
2006 optó por proteger los derechos invocados por la parte civil.  Bajo tales
condiciones es preciso concluir que la Sala de Revisión no desconoció la
jurisprudencia de la Corte Interamericana sino que, al contrario, tuvo en
cuenta la misma así como otros instrumentos que integran el bloque de
constitucionalidad al momento de tomar una decisión a favor de las víctimas del
presunto delito.
Equivocadamente el peticionario considera que
la regla controlante de la sentencia T-171 de 2006 conlleva la obligación de
desconocer el debido proceso, en el sentido de ignorar los términos judiciales,
cuando sea necesario proteger el derecho de las víctimas del presunto hecho
punible.  De manera estricta a partir de tal razonamiento considera que ello es
contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en donde se ha
establecido la razonabilidad de los términos judiciales a partir de tres
factores: “a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del
interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales”.  Sin embargo,
en lugar de demostrar que la providencia censurada contraría estos tres
presupuestos, relaciona y transcribe algunos apartes de algunas decisiones del
tribunal internacional en donde bajo circunstancias variables pero, en todo
caso, diferentes a los hechos de la sentencia T-171, se ordenó la protección de
los derechos ante actuaciones judiciales irrazonablemente demoradas por lapsos superiores
a los seis años.  Por ejemplo, respecto de la sentencia proferida dentro del
caso de las masacres de Ituango contra Colombia[116] el memorialista olvida
que dicho tribunal declaró la vulneración del derecho de acceso a la justicia
de las víctimas[117]
y lo protegió ordenando que se “provea justicia”, para lo cual estimó:
“399. El Estado
debe realizar las debidas diligencias para activar y completar eficazmente las
investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los autores de la
masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del
incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. El
Estado debe llevar a término el proceso penal sobre las masacres de Ituango, de
forma que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los
responsables. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente
divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la
verdad acerca de los hechos del presente caso.
“400. Para
cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el
presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de
jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para
hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las
garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos,
defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros
operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de
Ituango”.
Como se observa en este asunto, por tratarse
de un caso grave de vulneración de los Derechos Humanos y a pesar de consistir
en hechos ocurridos en los años de 1996 y 1997, cuyas investigaciones penales
se iniciaron en los mismos años, el tribunal ordena (en junio de 2006) la
culminación de las investigaciones teniendo como único referente la
determinación de quiénes fueron responsables de la masacre, excluyendo la
aplicación de cualquier término procesal e inclusive la prescripción de los
hechos punibles[118].
Así las cosas, contrario a lo planteado por el memorialista, en lugar de
constituir un antecedente sobre la inmunidad absoluta de los términos
judiciales, éste constituye una jurisprudencia paradigmática sobre las
directrices que debe abarcar la protección del derecho a la verdad y la
justicia en cabeza de las víctimas de un delito grave.
Conforme a las anteriores razones, es decir,
teniendo en cuenta que la sentencia T-171 de 2006 no desconoce el bloque de
constitucionalidad ni la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, esta Sala procederá a denegar el presente cargo.
4.2.3.  Nulidad interpuesta por Eduardo
Cifuentes Muñoz
(a)     Esta solicitud de nulidad considera,
en primer lugar, que la sentencia T-171 de 2006 modificó la regla judicial
sobre los presupuestos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, específicamente en lo relativo a la
inmediatez y al defecto fáctico, previstos en la sentencia C-590 de 2005 así como
en varias sentencias de tutela.  Sobre el primero considera que este defecto
exige una aptitud suficiente del medio probatorio para modificar el sentido del
fallo o debe constituir una falencia a partir de la cual se derive que el apoyo
probatorio en las que se basó el juez es “absolutamente inadecuado para
permitirle la aplicación del supuesto legal”.  Indica que la regla judicial
que controla la sentencia T-171 de 2006 es “completamente extraña” a tal
directriz porque no tiene en cuenta “el efecto determinante o no de la
prueba o de la valoración en lo que respecta a la decisión y lo es igualmente
en relación con la posibilidad de tomar una determinación con el acervo
probatorio existente”.  Agrega que la Sala de Revisión aminoró la
excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales generando
una intromisión superlativa del juez constitucional en la jurisdicción
ordinaria y estableció una protección ilimitada del derecho a la prueba
en perjuicio del equilibrio procesal y con una irrazonable afectación
del derecho de los procesados a una investigación sin dilaciones
injustificadas.  Finalmente indica que tal providencia debilitó el requisito
general de inmediatez a través de una fórmula “críptica y complaciente”.
(b)     Así mismo, el memorialista repara que
tal providencia desconoció las Sentencias C-411 y 412 de 1993 en las cuales se
habría establecido la “necesidad de contar con un término legal que ponga
fin a la actividad investigativa del Estado en materia penal”.  Considera
que la sentencia T-171 de 2006 contradice los postulados más importantes de la
jurisprudencia que sobre debido proceso penal ha formulado la Corte
Constitucional y agrega: “Contener la actividad legítima del Estado dentro
de plazos razonables, que son los que fija la ley procesal penal, es una
garantía que la Corte Constitucional ha reivindicado como guardián de la
Constitución y del bloque de constitucionalidad (...) las sentencias
C-411 de 1993 y C-412 de 1993, fijaron la doctrina sobre el carácter
perentorio, inexorable y razonable de los términos judiciales en materia penal,
conforme lo exige la Constitución y los tratados internacionales. || No
es necesario citar el texto de estas sentencias y de los restantes
pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto como quiera que se
trata de una materia que pertenece a la esencia de la doctrina constitucional
(...) No es posible reproducir una norma que permita relajar los términos de
instrucción o dilatarlos indefinidamente y de manera irrazonable y desproporcionada,
puesto que se vulneraría la cosa juzgada constitucional (...) La regla
que se impugna debe eliminarse por la Sala Plena pues ella conduce
indefectiblemente a ese resultado”.
4.2.3.1.  Respecto del primer reparo hay que
precisar que el mismo se fundamenta en un comienzo en el desconocimiento de una
sentencia de constitucionalidad.  En efecto, este memorialista considera a la
sentencia C-590 de 2005 como el punto que aglutinó y sintetizó los resultados
finales y definitivos de la doctrina sobre la tutela contra providencias
judiciales.  Indica que tal sentencia no puede ser desconocida pues le confirió
a tal cuerpo doctrinal el carácter de una subregla constitucional que conllevó
a la declaratoria de inexequibilidad de una norma que excluía de la órbita de
acción de la tutela a las sentencias de casación.  En tal proceso –advierte- se
fijó el contenido y alcance más adecuado de la doctrina de la tutela contra
sentencias sin que sea posible su modificación por parte de una Sala de
Revisión.  Para este efecto transcribe apartes de la sentencia en la cual se
indican cuáles son los requisitos generales y especiales de procedencia.
Reconoce que cada una de las reglas judiciales establecidas en la sentencia de
constitucionalidad, debido a su carácter abreviado, pueden cobijar “un
sinnúmero de patrones fácticos comunes” y  observa que aunque la T-171
solamente analizó el defecto fáctico, implícitamente elaboró una cadena
argumentativa en torno al defecto procedimental.
Pues bien, ante
todo hay que tener en cuenta que en la sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, como bien lo señala el memorialista, se declaró la
inexequibilidad de la expresión “ni acción” del artículo 185 –parcial-
de la Ley 906 de 2004 que disponía: “Artículo 185.  Decisión. Cuando
la Corte aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el
fallo dentro de los sesenta  (60)  días siguientes a la audiencia de
sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo
la de revisión”.
Para este efecto
la Corte Constitucional propuso como problema jurídico a resolver si una norma
legal podía excluir la procedencia de la acción de tutela contra una sentencia
que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia penal.  Con este
objeto se estudiaron los fundamentos de tal recurso y posteriormente advirtió
que el fundamento de la declaratoria de inexequibilidad lo constituye la
siguiente razón: “una ley no puede modificar o suprimir la Constitución
Política”[119].
Adicional a tal
premisa se relacionaron, a manera de argumento complementario los soportes y
los requisitos generales y específicos que gobiernan la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Dentro de los últimos
la sentencia definió de manera general que el defecto fáctico se
presenta cuando “el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.  Esta
sentencia, hay que señalar, no establece o desarrolla más requisitos o
argumentos respecto de tal defecto, que han sido definidos y se encuentran
contenidos en otros sentencias proferidas en materia de tutela, como lo sería
el caso de las pruebas decisivas o determinantes para identificar la veracidad
de los hechos investigados, o de aquellas con la capacidad inequívoca de
modificar el sentido del fallo.
En suma, la Sala
concluye que la nulidad impetrada, respecto del cargo relativo al
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional presente en la sentencia
C-590 de 2005, no está llamado a prosperar por las siguientes razones: (i)
porque los argumentos que definen al defecto fáctico no constituyen la ratio
decidendi de la sentencia de constitucionalidad; (ii) porque, de todas
formas, los argumentos de la sentencia C-590 no limitan o definen requisitos
respecto de la citada anomalía que hayan sido desconocidos en la sentencia
T-171 de 2006, al contrario, en la tutela la Sala de Revisión precisó que el
cierre y la preclusión de la investigación eran ilegítimas y contrarias a la
Constitución; y, (iii) porque la tutela no reprodujo, de manera alguna, el
contenido material de la norma declarada inexequible.
Ya la Corte Constitucional ha tenido la
oportunidad de señalar que debido a su naturaleza jurisprudencial, desarrollada
a lo largo de quince años a partir de la sentencia C-543 de 1992, la
construcción de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales no se rige por fronteras pre-establecidas o absolutas
sino que hacen parte de los márgenes de maniobrabilidad o la sombra decisional
de que disponen autónomamente las Salas de Revisión[120], siempre dentro del
marco de la jurisprudencia de la Sala Plena, lo que ocurrió en el presente
caso..
Agregado a lo expuesto el memorialista
considera que la sentencia T-171 de 2006 desconoce los referentes judiciales
establecidos en diferentes acciones de tutela que definen el defecto fáctico y
el presupuesto de inmediatez.
Respecto del primero transcribe apartes de las
sentencias SU-159 de 2002, T-902 de 2005, T-025 de 2001 y T-008 de 1998 –sin
hacer ninguna referencia a la similitud jurídica o fáctica que tienen estas
decisiones con la sentencia T-171 de 2006- y concluye que “[q]ueda
claramente establecido que la regla jurisprudencial constitucional cuando alude
al defecto fáctico, lo ha entendido con la característica de determinante del
sentido del fallo” e infiere que la Sala de Revisión “se abstuvo en
absoluto de llevar a cabo esta tarea” y, por tanto, tal sentencia no se
inspira en la definición de tal defecto sino que lo cambia, por lo que debe ser
anulada.
Sobre tal censura esta Sala reitera, en los
mismos términos del argumento jurídico número 4.2.2.1. supra y no
obstante la indebida estructuración del cargo, que la sentencia T-171 de 2006
no olvidó sustentar la importancia del medio probatorio frente a la
determinación que debe tomar una Fiscalía cuando cierra la investigación.  Al
contrario, la Sala de Revisión consideró que el mismo era imprescindible para
establecer la verdad para lo cual se valió de varios de los hechos evidenciados
en el expediente T-1226076.
Así las cosas, en lugar de desconocer o
cambiar la jurisprudencia construida por la Corte sobre el defecto fáctico
como criterio de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala de Revisión adoptó las directivas judiciales para
ajustarlas a los acaecimientos y peculiaridades presentes en el caso.  Vale la
pena aclarar que las sentencias relacionadas por el memorialista tampoco
constituyen una muestra cercanamente representativa de los pronunciamientos que
sobre ese defecto ha proferido la Corte Constitucional, a partir de la cual sea
posible restringir o limitar el panorama teórico o la “sombra decisional”
que gobierna la regla judicial.  Al contrario, es necesario tener presente que
desde que se profirió la sentencia C-543 de 1992[121], la Corte, a través de
la Sala Plena y también de las Salas de Revisión, ha moldeado el concepto de “vía
de hecho” identificando los diferentes defectos excepcionales capaces de
justificar la procedencia del amparo ante una actuación judicial y, en todo
caso, acoplando los derechos fundamentales a los diferentes escenarios que
convocan la rutina judicial.  Ello, sin duda, ha ampliado el espectro
jurisprudencial que gobierna los defectos que componen los criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
haciendo más exigente los deberes de quien recurre a la nulidad e invoca el
cambio o desconocimiento de tal precedente.
Finalmente, el apoderado de la entidad financiera
considera que la sentencia T-171 de 2006 debilita la inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.  Para este efecto relaciona las sentencias SU-961 de 1999, T-315 de
2005, T-730 de 2003, T-690 de 2005, T-759 de 2003 y la T-1140 de 2005 y luego
considera que la sentencia censurada enerva el requerimiento de la inmediatez a
partir de una fórmula “críptica y complaciente”.
En lo que respecta a este requerimiento
solamente existe la enunciación de seis sentencias sin que se cumpla con el
deber de sustentar a partir de cada una de ellas la existencia de una
jurisprudencia en vigor, la ratio decidendi que se desprende de las
mismas o menos aún, la similitud de supuestos fácticos entre ellas y la sentencia
que se pretende invalidar.  En este escrito tan solo se increpan las
consideraciones de la sentencia T-171 de 2006 indicando que constituyen una
fuente que debilita este requisito general de procedibilidad a partir de un
planteamiento o fórmula con la cual no está de acuerdo el memorialista.
También repara que dicha providencia efectúa
una protección ilimitada del derecho a la prueba y perjudica de manera
irrazonable a los procesados.  Bajo esas condiciones basta con reiterar los
argumentos expuestos en la presente decisión, entre otros, en el numeral
4.2.1.3. supra, advertir que la nulidad no es el escenario apropiado
para tramitar las objeciones presentadas por quienes quedan descontentos con la
decisión y concluir que la providencia censurada no aminora las condiciones
bajo las cuales opera el amparo frente a una actuación judicial y tampoco
genera una salvaguardia desmedida o inmotivada del derecho a la prueba[122].
Así pues, conforme a los argumentos antedichos
esta Sala concluye que la censura planteada por el memorialista no puede
prosperar y, por tanto, el presente cargo será denegado en su totalidad.
4.2.3.2.
Finalmente, en la segunda censura el memorialista considera que la sentencia
T-171 de 2006 desconoce la cosa juzgada constitucional.  Infortunadamente éste
solamente afirma que las sentencias C-411 y 412 de 1993 habrían fijado el
carácter perentorio, inexorable y razonable de los términos judiciales en
materia penal y considera que no es “necesario citar el texto de estas
sentencias y de los restantes pronunciamientos de la Corte Constitucional al
respecto como quiera que se trata de una materia que pertenece a la esencia de
la doctrina constitucional”.
Sobre este
particular, teniendo en cuenta que la Sala ya estudió el cargo en el argumento
jurídico 4.2.1.1 supra, se hace imprescindible reiterar la obligación
que tiene aquel que solicita la nulidad de una sentencia, sin excepción, de
argumentar y probar de manera diligente la existencia de la irregularidad.
Ello, por supuesto, debe cumplirse aún ante la existencia de una doctrina
reiterada, repetida o redundante.  Por mas elemental que pueda parecer un
asunto debatido en control abstracto, es deber ineludible del memorialista
identificar las diferentes sentencias, establecer las razones de la decisión y
probar la incompatibilidad entre la regla que controla el amparo y el mandato
que rige las sentencias de constitucionalidad.  Por esta razón, la presente
censura también será denegada.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- DENEGAR las solicitudes de nulidad de la
Sentencia T-171 de 2006, proferida por la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, presentadas por los doctores Ricardo Calvete Rangel, apoderado
judicial de Jorge Londoño Saldarriaga, Juan Carlos Prías Bernal, apoderado de
Federico Guillermo Ochoa, y Eduardo Cifuentes Muñoz, apoderado de BANCOLOMBIA
S.A..
Segundo.- NOTIFÍQUESE la presente providencia a los
peticionarios e infórmese que contra la presente providencia no procede recurso
alguno.
Tercero.-  A través de la Secretaría General de esta
Corporación, remítase el expediente T-1226076 a la Secretaría de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO
DE
LOS  MAGISTRADOS JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Y ÁLVARO TAFUR GALVIS AL AUTO 181 DE
2007.
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Naturaleza excepcional
(Salvamento de voto)
NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por
demostración ostensible, probada,
significativa y trascendental al debido proceso (Salvamento de
voto)
NULIDAD
SENTENCIAS DE TUTELA PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Procedencia
excepcional por afectación al debido proceso y cumplimiento de la carga
argumentativa de quien la alega (Salvamento de voto)
NULIDAD
SENTENCIAS DE TUTELA PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Causales
de procedencia (Salvamento de voto)
INCIDENTE DE
NULIDAD CONTRA FALLO DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No constituye una segunda instancia (Salvamento de voto)
INCIDENTE DE
NULIDAD CONTRA FALLO DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cumplimiento de la carga argumentativa del sujeto procesal interesado
en impulsar una pretensión de nulidad ante la Sala Plena (Salvamento de voto)
NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Se orienta a cuestionar la
validez de la sentencia y no su corrección (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE
REVISION DE TUTELA-Nulidad por cambio de jurisprudencia (Salvamento
de voto)
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Debe ser consistente con sus
decisiones previas/JUEZ CONSTITUCIONAL-Razones que justifican la necesidad de consistencia
de sus decisiones (Salvamento de voto)
SALAS DE
REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
para modificar jurisprudencia (Salvamento de voto)
NULIDAD
SENTENCIAS DE TUTELA PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Presupuestos (Salvamento de voto)
NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Presupuestos (Salvamento de voto)
CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA-Debe concurrir para el caso concreto
una jurisprudencia en vigor (Salvamento de voto)
JURISPRUDENCIA EN VIGOR-Concepto (Salvamento de voto)
PRECEDENTE O RATIO DECIDENDI-Concepto y constitución (Salvamento
de voto)
RATIO DECIDENDI-Criterios de identificación en el caso concreto
(Salvamento de voto)
NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR CAMBIO DE PRECEDENTE
JUDICIAL-Requisitos para la procedencia (Salvamento de voto)
DEFECTO FACTICO-Causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
para que se de una vía de hecho por error fáctico (Salvamento de voto)
VIA DE HECHO-Clases de defectos fácticos (Salvamento
de voto)
VIA DE HECHO-Error ostensible, flagrante y manifiesto en valoración de pruebas
(Salvamento de voto)
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Deber de determinar el carácter
ostensible, flagrante, manifiesto del error en el juicio valorativo probatorio
de una sentencia y al mismo tiempo la incidencia directa en la decisión (Salvamento
de voto)
VIA DE HECHO-Defecto fáctico en decisión judicial de la sentencia T-171 de 2001
(Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Referentes
jurisprudenciales sobre presupuestos (Salvamento de voto)
NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por cambio de
jurisprudencia (Salvamento de voto)
Con el habitual
respeto por las decisiones mayoritarias de la Corporación, los suscritos
magistrados exponemos las razones por las cuales salvamos nuestro voto al auto
181 de 2007 por el cual la Sala Plena negó las solicitudes de nulidad
presentadas contra la sentencia T-171 de 2006. Mediante esta última decisión,
la Sala Octava de Revisión revocó las sentencias de tutela proferidas por las
Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y concedió el
amparo solicitado por los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski
Sragovicz en relación con decisiones proferidas por la Fiscalía General de la
Nación.
La divergencia
respecto del auto 181/07 se contrae a los siguientes aspectos: (i) El
auto 181 de 2007, desbordó el ámbito propio de la nulidad al construir una
nueva argumentación orientada a subsanar la falencia atribuible a la sentencia
T-171 de 2006 consistente en haber omitido la demostración de la trascendencia
de las pruebas para estructurar el error fáctico reconocido; (ii) la
sentencia T- 171 de 2006 proferida por la Sala Octava de revisión cambió la
jurisprudencia que de manera reiterada y consistente ha sostenido esta
Corporación sobre los supuestos que deben concurrir para el reconocimiento del
error fáctico, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisión judicial; (iii) la constatación de este aspecto ha debido
conducir a la declaratoria de nulidad de la sentencia, en cuanto constituye
atribución de una competencia legalmente radicada en la Sala Plena.
Para demostrar
los anteriores enunciados es preciso abordar los siguientes temas: (i)
La naturaleza jurídica del incidente de nulidad de las sentencia que adoptan
las Salas de Selección; (ii) el cabal entendimiento de la causal de
nulidad, cambio de jurisprudencia; (iii)  la jurisprudencia en
vigor sobre el error fáctico como causal específica de procedibilidad de la
tutela contra sentencias; (iv)  El desconocimiento del precedente en la
sentencia T-171 de 2006, y la procedencia de la nulidad
1. Naturaleza
jurídica del incidente de nulidad de las sentencias adoptadas por las Salas de
Revisión.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido la posibilidad de declarar la
nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de tutelas, a
condición de que se trate de una situación realmente excepcional, frente a una
afectación cualificada del debido proceso,[123]
y en donde surge una exigente carga argumentativa para quien alega la
configuración de una nulidad, en el sentido de explicar de manera clara y
expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la
decisión adoptada.
En tal sentido,
la Corte ha decantado una serie de causales de procedencia de peticiones de
nulidad contra sentencias proferidas por las Salas de Revisión, que pueden ser
agrupadas bajo los siguientes criterios: (i) la presencia de
irregularidades que vulneren las garantías del debido proceso, como son, la
aprobación del fallo por mayoría no calificada legalmente; la incongruencia
entre las partes motiva y resolutiva del fallo; la carencia de fundamentación
de la decisión; la imposición, en la parte resolutiva, de órdenes a terceros
que no fueron vinculados o informados del proceso; (ii) el
desconocimiento por parte de la Sala de Revisión de la cosa juzgada
constitucional; y (iii) el cambio de la jurisprudencia por la respectiva
Sala de Revisión, es decir, sin la intervención de la Sala Plena.
En este orden de
ideas, el incidente de nulidad de sentencias de las Salas de Revisión
constituye un trámite de creación jurisprudencial, cuyo fundamento esencial
reposa en el respeto del artículo 29 de la Constitución. Debido a la naturaleza
excepcional y especialísima de las causales de procedencia, éstas son
taxativas, de tal manera que no pueden ser modificadas, ampliadas o
restringidas por la Sala Plena en cada caso concreto. Bajo esta perspectiva, el
incidente de nulidad no puede ser considerado como una nueva instancia
procesal, en la cual se reabran debates y discusiones culminados en relación
con los hechos y la apreciación de las pruebas, sino tan sólo como un mecanismo
encaminado a salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso. De allí el
carácter excepcional que ofrece dicho incidente y la carga que tiene el
accionante de enmarcar adecuadamente su petición dentro de alguna de las
causales reconocidas por la jurisprudencia constitucional.
La naturaleza
específica del incidente de nulidad, determina un marco  argumentativo que no
puede desbordar el ámbito de la causal que se pretende demostrar. Tal marco
argumentativo vincula al sujeto procesal interesado en impulsar una pretensión
de nulidad ante la Sala Plena, pero también a la Sala cuando emite
pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad.
Así las cosas,
le es vedado al sujeto procesal que acude a la nulidad como instrumento de
salvaguarda del debido proceso, canalizar a través de este mecanismo, su
inconformidad con la forma en que fue resuelta por la Sala de Revisión la
controversia de fondo, o aprovechar ese escenario para fortalecer probatoria o
argumentativamente su posición procesal. De la misma manera, cuando la Sala
Plena asume la decisión sobre una solicitud de nulidad debe respetar el ámbito
propio de este incidente, enfocado en la constatación de una posible
vulneración del debido proceso, el desconocimiento de la cosa juzgada o la
indebida modificación de la jurisprudencia; no puede desbordar éste ámbito
asumiendo una posición de juez de instancia en procura de completar o mejorar,
en alguno de sus aspectos, la solidez de la decisión que escruta.
El ataque que se tramita a través de la nulidad se
orienta a cuestionar la validez de la sentencia, no su corrección[124], en consecuencia éste mecanismo no puede ser
agotado  por el impugnante, ni definido por la Sala a la manera de una segunda
instancia orientada a sobreponer el criterio interpretativo de la Sala Plena,
sobre la racionalidad aplicada por la Sala de revisión en la sentencia, y menos
a complementar eventuales vacíos de la sentencia cuestionada que la petición de
nulidad hubiese puesto en evidencia.
2. El cabal
entendimiento de la causal de nulidad de cambio de jurisprudencia
constitucional [125].
Uno de los supuestos materiales
de procedencia de la nulidad de las sentencias que profieren las Salas de
Revisión es el cambio de la jurisprudencia constitucional.  Esta causal tiene
fundamento en la regla de competencia prevista por el artículo 34 del Decreto
2591 de 1991, según la cual “los cambios de jurisprudencia deberán ser
decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo
correspondiente”.  Así, la existencia de una posición jurisprudencial
definida por la Corte Constitucional vincula a las Salas de Revisión quienes
deben respetarla o someter la decisión a la Sala Plena de la Corte si
consideran que tal posición debe ser modificada. Un proceder distinto no sólo
resultaría contrario a la regla citada, sino que también afectaría el principio
de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
judiciales.
En efecto,
como lo ha indicado reiteradamente esta Corporación, el respeto a los
precedentes constitucionales, entendidos como reglas judiciales emanadas de la
interpretación de una norma superior para la solución de un caso concreto,
cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los
sistemas de derecho legislado como el colombiano[126]. Por ello, tal y
como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez
constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas[127]. Varias razones
justifican esta necesidad de consistencia:  (i) de una parte,
elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema
jurídico; (ii) también ha destacado la jurisprudencia que una caprichosa
variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad
individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones
económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de
los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus
actividades[128];
y (iii) finalmente, la necesidad de protección del derecho a la
igualdad de quienes concurren a la jurisdicción con la legítima convicción que
se conservará la ratio juris utilizada reiteradamente para la solución
de problemas jurídicos anteriores y análogos a los que se presentan nuevamente
ante el conocimiento de los jueces.  De allí que, si bien la Sala
Plena puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de
sus fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un precedente
constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión, so pena de
incurrir en una causal de nulidad.
No obstante, la prohibición
de cambio jurisprudencial por parte de las Salas de Revisión y la consecuente
nulidad del fallo que incurre en este defecto, es una cuestión que debe
analizarse desde la perspectiva de los presupuestos de excepcionalidad que
gobiernan el instituto  de la  nulidad.  Bajo esta perspectiva, la
jurisprudencia  de esta Corporación han fijado los presupuestos específicos
para la procedencia de la nulidad de las sentencias que incurren en
modificación de jurisprudencia.[129]
En primer lugar, se debe
estar ante una línea jurisprudencial establecida por la Corte,  que constituya
precedente obligatorio para las Salas de Revisión.  Por tanto, debe concurrir
para el caso concreto una “jurisprudencia en vigor, esto es, “(...) en el
entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de
interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera
reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales
aplicables en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los
mismos términos (...)”[130].
El término jurisprudencia
en vigor, ha sido utilizado por la jurisprudencia para aludir al precedente
constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones
trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos similares, frente
a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión.
Cabe recordar que el precedente está constituido por aquellos apartes específicos y concretos de
las sentencias de tutela o de constitucionalidad, que tienen relación “estrecha,
directa e inescindible con la parte resolutiva” de la decisión[131]. En este sentido,  la
Corte ha señalado que aquella parte de las sentencias que se denomina
precedente o ratio decidendi es “la formulación general… del principio,
regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva”[132], a diferencia del obiter dictum
que constituye “toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su
fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o
menos incidentales en la argumentación del funcionario”[133].
De tal manera que, siguiendo los criterios
jurisprudenciales mencionados, la ratio decidendi o el precedente de una
decisión, suele responder al problema jurídico que se plantea en el caso
específico y debe poder ser formulada como una regla jurisprudencial – o
subregla - que fija el contenido constitucionalmente protegido de la norma
constitucional aplicable a dicho caso concreto.
A este respecto es importante destacar que la
jurisprudencia ha establecido unos criterios orientadores encaminados a
determinar, en el análisis de un caso concreto, hasta qué punto el precedente
resulta relevante para la resolución del caso:
(i) En primer lugar, en la ratio decidendi de la
sentencia se encuentra una regla relacionada  con el caso a resolver
posteriormente[134].
(ii)
La ratio debió haber
servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante.
(iii)  Los hechos del caso o las normas juzgadas en
la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho
semejante al que debe resolverse posteriormente.[135].
Estos tres elementos hacen que una sentencia
anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente
aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente
aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio
conduce a una regla - prohibición, orden o autorización-  determinante para
resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de
constitucionalidad específica, semejantes.”[136]
En aplicación de esos
criterios jurisprudenciales orientadores, una vez definida la existencia de una
línea jurisprudencial vigente, la procedencia de la nulidad por el cambio de
precedente estará supeditada entonces unos requisitos, expresados por la
doctrina constitucional de la siguiente forma[137]:
-
La sentencia objeto de solicitud de nulidad debe en forma expresa
acoger una regla de decisión contraria a la contenida en la jurisprudencia en
vigor aplicable a la materia correspondiente.
-
Debe existir plena identidad entre los presupuestos fácticos de
la sentencia objeto de solicitud de nulidad y los hechos jurídicos relevantes
para la construcción de la regla de decisión prevista por el precedente
constitucional[138].
-
Que la resolución adoptada por la sentencia objeto de solicitud
de nulidad sea diferente a la solución que al problema jurídico venía otorgando
la jurisprudencia constitucional aplicable al tópico.  Este requisito reitera,
entonces, la necesidad de la contradicción evidente entre la razón de la
decisión en la sentencia atacada y la contemplada por aquellas que conforman el
precedente constitucional.  Así, las diferencias accidentales, distintas a la ratio
juris de la jurisprudencia en vigor, no constituyen de modo alguno un
motivo plausible de nulidad del fallo proferido por la sala de revisión.
En atención a que  el
desconocimiento de la jurisprudencia en vigor como causal de nulidad está
supeditado, en cualquier caso, a la existencia de un precedente jurisprudencial
consolidado, corresponde establecer si existe una jurisprudencia en vigor sobre
el error fáctico como causal específica de procedibilidad de la tutela contra
sentencias.
3. La
jurisprudencial en vigor sobre el error fáctico como causal específica de
procedibilidad de la tutela contra sentencias.
En procura de
demostrar nuestra afirmación, sobre la cual se erige el eje argumentativo de
este salvamento, relativa al cambio de jurisprudencia que introduce la Sala
Octava de Revisión en la sentencia T-171 de 2006 en relación con los
requerimientos del error fáctico, es preciso recordar la línea jurisprudencial
establecida sobre esta causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisión judicial.
En el marco del vigoroso, pero a su vez muy
cuidadoso desarrollo, que la jurisprudencia de esta Corporación ha dado a la
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ha elaborado una sólida doctrina sobre los presupuestos genéricos y
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Una de las causales que ha tenido un cuidadoso
desarrollo jurisprudencial, al punto que cuenta con una dogmática decantada
para su aplicación, es el error o defecto fáctico[139].
Así, en relación con este defecto, la Corte
Constitucional ha manifestado en múltiples oportunidades que la acción de
tutela, en principio, no procede respecto de valoraciones probatorias
realizadas por los jueces, en virtud del principio de autonomía judicial. Sin
embargo, en guarda del debido proceso, ha admitido el error fáctico[140],
como una de las causales  de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisión judicial  a condición de que concurran precisas circunstancias:
(i)
Debe tratarse de errores manifiestos u
ostensibles de valoración probatoria y,
(ii)
dicha prueba debe tener la capacidad
inequívoca de modificar el sentido del fallo[141].
(Se destaca).
Sobre este último requisito ha señalado que la
valoración de la prueba debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia. Lo contrario desconocería el
carácter subsidiario del amparo e invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones[142].
En este orden de ideas, ha
indicado la jurisprudencia de esta Corporación que procede la tutela contra
providencias judiciales por defecto fáctico en aquellos casos en los
cuales la violación de la Constitución y la afectación de derechos
fundamentales es consecuencia de graves problemas relacionados con el soporte
fáctico de los procesos. En desarrollo de esta doctrina ha identificado tres
tipos de defectos fácticos: (i) defecto fáctico por la omisión en el
decreto y práctica de pruebas; (ii) defecto fáctico por la no valoración
del acervo probatorio; y (iii) defecto fáctico por la valoración
defectuosa del material probatorio. Todos estos casos implican,
necesariamente, que se trate de pruebas determinantes en el proceso.  (Se
destaca)
Respecto de la primera de la
hipótesis ha señalado que el funcionario judicial omite  decretar y practicar
las pruebas conducentes y pertinentes para adoptar la decisión, lo que conspira
contra una adecuada conducción del proceso, dada la imposibilidad de
acreditación de algunos hechos demostrables, determinantes para la solución del
asunto que se debate[143].
En relación la segunda hipótesis ha indicado que el
funcionario judicial cuenta con los elementos probatorios, pero omite
considerarlos, no los tiene en cuenta para fundar la decisión respectiva y,
analizado el caso concreto, el juez de tutela concluye que de haberse realizado
su valoración, la determinación variaría sustancialmente.  (Se destaca)
En cuanto a la tercera
hipótesis ha dicho la Corporación que se hace patente cuando la autoridad
pública actúa en contra de la evidencia probatoria, se separa de los hechos
probados y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico que se debate.
Ha
justificado la intervención excepcional del juez constitucional en el ámbito de
las valoraciones probatorias, señalando que si bien el respeto a la autonomía
judicial indica que son los jueces de conocimiento, o los funcionarios
judiciales competentes los llamados a valorar, de manera libre y autónoma el
acervo probatorio, dentro del mandato de la sana crítica, el valor normativo de
la Constitución conlleva de manera ineludible que la falta de consideración de
un medio probatorio, si éste tiene “la capacidad inequívoca de modificar el
sentido del fallo”[144],
haga procedente la acción de tutela contra la providencia judicial respectiva.
De manera contundente ha
establecido que  “la sola omisión en la valoración o práctica de
una prueba, no es constitutiva de una vía de hecho. Para que ésta se produzca,
debe tratarse  de errores manifiestos u ostensibles, atribuibles a una actitud
caprichosa o arbitraria del funcionario competente. Además, esas pruebas
deben tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo. En
consecuencia, no hay vía de hecho cuando no se practican pruebas o se omite la valoración
de las existentes, pero la decisión se fundamenta en un análisis coherente de
otros elementos de juicio”[145].
(Subrayas fuera del original).
En aquellos
eventos en que el juez constitucional se enfrente a la constatación de un error
sobre el juicio valorativo probatorio en una sentencia, debe determinar la
entidad del mismo, es decir su carácter ostensible, flagrante, manifiesto y
al mismo tiempo su incidencia directa en la decisión, pues como lo ha
reiterado esta Corporación, el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez ordinario,
pues estaría invadiendo órbitas  y competencias extrañas vulnerando de paso la
autonomía de que son titulares  las otras jurisdicciones.[146] (El subrayado es
nuestro).
La anterior
reseña jurisprudencial muestra que en efecto existe una jurisprudencia en vigor
que ha construido una cuidadosa dogmática en torno a la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra decisión judicial con fundamento en la causal error
fáctico, y que, como se demostrará, fue manifiestamente desconocida por la
Sala Octava de Revisión en la sentencia T- 171 de 2006.
No obstante que
de las anteriores referentes jurisprudenciales emerge con nitidez la doctrina
en vigor de la Corte sobre los presupuestos para la estructuración de un
defecto fáctico con capacidad invalidante, existen precedentes muy
significativos por su similitud fáctica con el supuesto de hecho que definió la
sentencia T-171/01, que resultaban de ineludible observancia para la Sala
Octava.
Así, en la sentencia T-550 de 2002, el actor (denunciante en un proceso
por hurto) adujo la estructuración de un error fáctico en la decisión
absolutoria del juez, por que en su criterio el juez omitió ordenar la
realización de varias pruebas solicitadas por el accionante, las cuales eran
fundamentales para comprobar la veracidad de su dicho, y por ende la existencia
del hecho punible. La Corte, bajo el análisis de los presupuesto del error
fáctico (su carácter ostensible y trascendente), negó la tutela al considerar
que “para que se configure una vía de hecho por defecto fáctico se necesita
de un grave error en materia probatoria que de ser subsanado cambiaría el
sentido del fallo (…)   la falta de consideración de un medio probatorio
conlleva una vía de hecho solamente si ésta determina el sentido del fallo”.
En la sentencia
T-109 de 2005, la Corte negó una tutela contra decisiones proferidas por
autoridades judiciales laborales por la ausencia de trascendencia  en el fallo
de la prueba que el actor considerada omitida. En este evento el actor
consideraba que se estructuraba un defecto fáctico en razón a que los fallo
demandados omitieron la valoración del manual de funciones vigente para
la época de los hecho que dieron origen al despido. La Corte negó la
estructuración del error fáctico al considerar que dicho manual “no
constituye la única prueba determinante dentro del proceso laboral que
finalizó con la decisión según la cual el despido no fue ilegal, ni injusto”.
En la sentencia
T- 902 de 2005, en un  proceso contencioso que omitió la valoración de prueba
determinante para la demostración de los hechos invocados por la demandante, la
Corte reiteró y consolidó su línea jurisprudencial sobre la exigencia para el
juez constitucional  de constatar la trascendencia, en el fallo, del medio de
prueba omitido: “Es claro entonces, que el juicio valorativo de la prueba
que la sentencia no analizó es de tal entidad que cambia el sentido del
fallo: (i) porque es una prueba concluyente en la demostración de la
posible desviación de poder que se alegaba en el proceso de nulidad y (ii) amén
de lo anterior, es la prueba que la sentencia atacada construye como hipótesis
para demostrar el desvío de poder, por ello, no existe duda de que era un
documento determinante en las resultas del proceso de nulidad y
restablecimiento que se discutía en segunda instancia en el Consejo de Estado.
En consecuencia, al pie de la  jurisprudencia de esta Corporación, se configuró
una vía de hecho en tanto la falta de consideración de un medio probatorio
conlleva una vía de hecho siempre y cuando ésta determine un cambio en el
sentido del fallo”.[147]
(Subrayas fuera del original).
Resulta
ilustrativa y ejemplar la manera escrupulosa en que la Corte en la citada
decisión realiza un esfuerzo demostrativo en orden a acreditar la concurrencia
de los presupuestos que la jurisprudencia ha establecido para la estructuración
de un error fáctico oponible al principio de autonomía judicial. Destacó a sí
mismo que la escasa actividad probatoria per se no condice a una vía de hecho
por error fáctico, “pues en muchas ocasiones pese a la
orfandad de las pruebas, no se  alcanza a constituir una vía de hecho, porque
del examen de la providencia judicial cuestionada, puede derivarse que de  las
pruebas obrantes en el expediente, se tomó la decisión que se ajustaba a la
evidencia del proceso”[148].
Ese cuidadoso
celo que se advierte en los citados precedentes para demostrar la existencia de
un error fáctico ostensible y trascendente, fue desafortunadamente
ignorado en la sentencia T-171 de 2006 en la que se construyó el error fáctico
al margen de la jurisprudencia en vigor que ha consolidado una doctrina sobre
el mismo, al extremo que para la Sala Octava parece suficiente la omisión en la
valoración de cualquier medio probatorio para que se estructure el mencionado
defecto. Tal desconocimiento, involucra un cambio en la jurisprudencia que se
erige en causal de nulidad del fallo de una Sala de Revisión, el cual debió
conducir a la anulación de la sentencia.
4. Del desconocimiento del
precedente en la sentencia T-171 de 2006, y la procedencia de la nulidad
En la sentencia T-171/06, la
Sala Octava de Revisión examinó la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial a la luz del  derecho a la prueba, y el defecto fáctico
que surgiría como consecuencia de la vulneración de este derecho.
Para construir el fundamento
teórico de la causal aducida hizo referencia a  las sentencias T- 1285 de 2005[149],
T-554 de 2003[150];
T-504 de 1998[151],
la SU - 087 de 1999[152],
T-589 de 1999 y T-694 de 2000[153],
T-555 de 1999[154],
T- 453 de 2005[155].
Todas estas decisiones hacen referencia a los siguientes aspectos: (i) el
defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisión judicial concibiéndolo como la omisión en el decreto o la práctica de
pruebas,  o la  indebida valoración  con trascendencia en el resultado del
proceso; (ii) el derecho a probar como elemento fundamental del debido
proceso; (iii) el principio de investigación  integral que obliga al
investigador a practicar todas las pruebas que objetivamente resulten
pertinentes y a justificar y motivar objetiva y razonablemente la negativa a
practicar pruebas consideradas fundamentales. Adicionalmente, la sentencia  hace
una extensa referencia a la sentencia SU- 159 de 2002 en la cual la Corte
desarrolló las reglas de exclusión de la prueba ilícita (art. 29 C.P.), materia
que no guarda relación con el asunto tratado, relativo al defecto fáctico como
fuente de procedibilidad de la tutela contra decisión judicial.
Al aplicar al caso concreto el
marco teórico así construido en relación con el defecto fáctico, la Sala
Octava  señaló:
(i)
El derecho a la prueba obligaba a las autoridades judiciales a
esperar la prueba del exterior para valorarla, aunque el término de instrucción
estuviese vencido;
(ii)
Están en juego los derechos de las víctimas y perjudicados “en
cuanto se han dejado de practicar unas pruebas allegadas al proceso vencido el
término de instrucción”, en párrafo subsiguiente hace consistir la presunta
vulneración en que “se desatiendan pruebas que se han decretado en su
oportunidad (…) y existe certeza que se allegarán al proceso aunque se
encuentre vencido el término” ;
(iii)
Luego de transcribir decisiones de la Fiscalía Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia (Fol.51) en la que se inserta un análisis
sobre la pertinencia y conducencia de la prueba, y su falta de idoneidad para
afectar la realidad probatoria o incidir en el objeto de la prueba, concluye
que las decisiones preclusivas “adolecen de un defecto fáctico y
vulneran los derechos al debido proceso, a la verdad y a la justicia de la
parte civil, pues se profirieron excluyendo de manera injustificada y
sorpresiva unas pruebas que habían sido decretadas con antelación sin objeción
alguna”. (Fol. 52) (Se destaca).
(iv)
La Sala Octava hace consistir el yerro invocado en que “la
Fiscalía no satisfizo las condiciones para la exclusión de las pruebas conforme
al artículo 29 de la Constitución”. La Sala Octava censura  a la Fiscalía
el que no hubiese aplicado en el caso concreto los parámetros jurisprudenciales
sobre “la regla de exclusión”.  Concluye señalando que de esa manera la
Fiscalía “negó la valoración de una pruebas que habían sido decretadas por
ella misma, sin permitir que, previo al cierre, los interesados se pronunciaran
sobre la exclusión”. (Fol. 52).
(v)
Concluye la Sala Octava señalando que existe “un defecto fáctico
en la investigación” en razón a que: (1) Las actuaciones de la Fiscalía no
permitieron conocer oportuna y debidamente la exclusión de las pruebas; y (2)
la ejecución de las mismas se efectuó extemporáneamente, con el objetivo
aparente de satisfacer el requerimiento probatorio, pero con la certeza de que
no se allegarían al expediente, ni serían valoradas.
(vi)
Finalmente afirma que las pruebas decretadas y cuya práctica fue
encomendada a varias autoridades extranjeras, “encarnan la expectativa y la
posibilidad material que tiene la parte civil de cerciorarse de la existencia o
ausencia del hecho punible”. Las pruebas requeridas son legítimas, dice la
Sala, por cumplir con los parámetros legales exigidos para el efecto, además de
perseguir una finalidad constitucionalmente relevante: alcanzar la verdad y la
justicia.
Sobre la forma de
argumentación que asume  Sala Octava en torno al error fáctico como fundamento
para legitimar su intervención en  el ámbito probatorio del proceso penal, se
observa lo siguiente:
-
En primer lugar la argumentación viola el principio de coherencia puesto
que, invoca en abstracto algunas decisiones que destacan la necesidad de
acreditar la naturaleza ostensible y trascendente de la omisión probatoria
constitutiva del defecto fáctico (por ejemplo la T- 1285 de 2005), y sin
embargo no asume el análisis fáctico que le era exigible sobre el error
manifiesto en que habría incurrido la Fiscalía y en especial, la trascendencia
de ese error en la decisión de precluir la  investigación.
-
Apela la sala Octava a un argumento contraevidente cuando  luego de
transcribir apartes de la decisión de  preclusión de segunda instancia en la
que  de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (Fol.51) efectúa
un análisis sobre la pertinencia y conducencia de la prueba, y su falta de
idoneidad para afectar la realidad probatoria o incidir en el objeto de la
prueba (justificación), aduce que el error fáctico radica en que el ente
investigador excluyó “de manera injustificada” una pruebas que habían
sido decretadas.
-
La Sala Octava incurre en su argumentación en un inexcusable error al
confundir las reglas de exclusión de la prueba ilícita (Art. 29 de la Carta)
desarrolladas en la sentencia SU-159 de 2001,  con la omisión arbitraria de una
prueba relevante, como una de las hipótesis de la estructuración de un error
fáctico. Esa inexplicable confusión  permea toda la decisión y se hace patente
cuando de manera insólita en el análisis del caso concreto la Sala censura a la
Fiscalía, por no haber aplicado las reglas de exclusión sobre un aprueba que
califica de “legítima por cumplir con los parámetros legales exigidos para
el efecto, además de perseguir una finalidad constitucionalmente relevante:
alcanzar la verdad y la justicia”.
-
Pese a que la sentencia T- 171/06  incluye en su marco teórico (Fol.19 y
20) algunas referencias a los presupuestos de procedibilidad de la acción de
tutela contra  decisión judicial, (requisitos generales y causales específicas
de procedibilidad), esas referencia no generan ningún efecto en el análisis del
caso concreto e donde no se incluye una constatación fáctica de la concurrencia
de esos presupuestos doctrinales genéricos y específicos. Cuando aborda la
causal específica  (error fáctico) sobre la cual sostiene  su legitimidad para
intervenir en el ámbito probatorio del proceso, le da un sentido y alcance
distinto al construido por la jurisprudencia. Para la Sala resultó suficiente
que la prueba hubiese sido decretada para erigir en defecto fáctico el que se
hubiese decidido, sin que la prueba hubiese llegado, lo cual dista mucho del
alcance que conforme a la jurisprudencia reseñada (Consideración  ) se ha
atribuido al error fáctico. Así la Sala construye una nueva dogmática sobre el
error fáctico al considerar que el mismo se estructuró en el caso concreto a
consecuencia de que: (1) Las actuaciones de la Fiscalía no permitieron conocer
oportuna y debidamente la exclusión de las pruebas; (2) la ejecución de las
mismas se efectuó extemporáneamente, con el objetivo aparente de satisfacer el
requerimiento probatorio, pero con la certeza de que no se allegarían al
expediente, ni serían valoradas.
Lo que debía demostrar la Sala
para poder predicar la existencia de un error fáctico era: 1.  Que se produjo
en la investigación una omisión probatoria.  2 Que esa omisión fue consecuencia
de un error manifiesto y ostensible de la entidad instructora; y 3. Que la
prueba omitida producto del error, revestía una relevancia probatoria tal que
hubiese podido cambiar el sentido de la decisión preclusiva.  Lo único que se
constató por parte de la Sala es el que la decisión preclusiva se adoptó sin
que la prueba decretada se hubiese aportado por  parte de las autoridades
extranjeras. No acreditó ni que ello hubiese sido la consecuencia de una
actuación arbitraria del ente investigador, y mucho menos la trascendencia que
la prueba omitida tendría en la decisión que concurría a sustentar.
Del análisis anterior se
extraen las siguientes demostraciones: (i) que la sentencia T- 171 de
2006 estaba precedida de una jurisprudencia (contenida, entre otras, en las
sentencias T-550 de 2002, T- 109 de 2005 y T- 902 de 2005), que estableció  que
para que se configure el error fáctico por omisión como causal de
procedibilidad de la acción  de tutela contra decisión judicial se requiere
además del carácter ostensible y manifiesto del error, acreditar la trascendencia
de la prueba omitida en el sentido del fallo;  (ii)  que en la ratio
decidendi de esas sentencia se encontraba una regla (los elementos del error
fáctico) que debía ser aplicada para resolver el caso fallado en la T-171 de
2006, en cuanto planteaba un punto de derecho semejante; (iii) que se
trata de una jurisprudencia en vigor en cuanto no ha sido objeto de
modificación por parte de la Sala Plena; (iv) que esa jurisprudencia fue
desconocida en la sentencia T-171 de 2006, en la que se aplicaron reglas
distintas sobre los requisitos del error fáctico como causal de procedibilidad
de la acción de tutela contra decisión judicial.
Ante la anterior evidencia, la
Sala Plena debió declarar la nulidad de la sentencia T- 171 de 2006 puesto que
ésta, de manera explícita, acogió una regla de decisión contraria a la
contenida en la jurisprudencia en vigor aplicable a la materia correspondiente[156];
el caso sometido a la Sala Octava  en el proceso que culminó con la sentencia
T-171 de 2006 debió resolverse bajo la regla de decisión prevista  en las
decisiones previas, cuya ratio decidendi  atendía un problema jurídico similar;
en contraste la sentencia T- 171 de 2006 adoptó una solución diferente a la que
Corte venía aplicando en  aquellos eventos en los que se omitía la práctica de
una prueba, sin que se acreditara la incidencia de la prueba en el sentido del
fallo o de la decisión correspondiente. Existe así una contradicción evidente
entre la razón de la decisión en la T-171/06 y la contemplada por aquellas decisiones
que conforman el precedente constitucional, lo cual debió conducir a la
anulación del fallo, en cuanto se trata de una situación que entraña una
verdadera y significativa afectación del debido  proceso.
La misma Sala Plena advierte
de manera implícita en el auto del cual nos apartamos (A- 181/07) esta falencia
de la sentencia T- 171/06 , puesto que a folios 72, 73 y 74, inserta argumentos
ex novo orientados a establecer la incidencia de la prueba omitida en la
decisión de preclusión. Es significativa en este sentido, la acogida que brinda
en el auto a los argumentos del Ministerio Público[157],
sujeto procesal que solicitó la prueba, y que al interior del proceso discutió
con la Fiscalía la pertinencia, conducencia y trascendencia de la prueba. Este
aspecto fue,  paradójicamente, ampliamente discutido dentro del proceso penal,
pero ignorado en sede de revisión en donde se hacía más patente su exigencia
dado el carácter excepcional de la tutela contra decisión judicial, y del error
fáctico como sustento de esta pretensión.
No obstante, debe advertirse,
como lo  ha establecido de manera reiterada  la jurisprudencia de esta Corte,
que no es el auto que niega  la nulidad el ámbito adecuado para subsanar los
posibles vicios en que hubiese incurrido un fallo de revisión, ni la
oportunidad para corregir o enmendar una sentencia. La solución respetuosa del
debido proceso, en cuya garantía se establece el incidente de  nulidad de la
sentencia, no es la de corregir subrepticiamente una sentencia viciada a través
de un auto que niega la nulidad, sino la de decretar la nulidad para
restablecer la plenitud del  debido proceso mediante una sentencia sustitutiva.
Estos los
motivos de nuestro disentimiento.
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
[1]  A
su vez, mediante providencia del 05 de agosto de 2005, la presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Dra. Paulina Canosa Suárez,
remitió el asunto a la Corte Suprema de Justicia, por competencia (cita
original de la jurisprudencia transcrita).
[2]
Cfr. p. ej. sentencias T-066 de 2005, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; T-253 de 2005,
M.P.: Jaime Araujo Rentería; T-390 de 2005, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra; T-564
de 2005, M.P.: Jaime Araujo Rentería; T-635 de 2005, M.P.: Rodrigo Escobar Gil;
T-012 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; T-705 de 2002, M.P.: Manuel
José Cepeda Espinosa; T-1189 de 2001, M.P.: Jaime Araujo Rentería (cita
original de la sentencia transcrita).
[3]  Sentencia T-171 de 2006, argumento jurídico 3.2.
[4]
Ibíd, argumento jurídico 4.2.4.
[5]  Ibíd, argumento jurídico 4.2.6.
[6]
Sobre el particular es importante tener en cuenta que en el argumento jurídico
5.1.5. la Sala de Revisión hizo énfasis en que: “Todas esas razones llevaron
a la Corte a avanzar en el concepto de parte civil hacia una noción más amplia
y viva, lo que en términos de la C-228 de 2002, conduce a considerarla como ‘un
sujeto procesal en sentido pleno’ (...) ”.
[7]  P.
ej. consúltese la sentencia C-293 de 1995, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.  De esta
decisión resulta ilustrativo el siguiente apartado: “Si a lo anterior se
agrega que los intereses que la víctima o sus herederos persiguen son de
naturaleza económica, mientras que el derecho que el sindicado tiene en jaque
es la libertad, la alegada desigualdad entre las partes se desvanece por
completo. Y no se insista en que la víctima o sus herederos pueden pretender es
el esclarecimiento de la verdad, al margen de los valores patrimoniales,
porque, tal como más atrás quedó dicho, la acción civil tiene en nuestra
legislación una finalidad pecuniaria (desde luego legítima), y la ausencia de
normas que apunten a intereses más altos no hace inexequibles las reglas que la
consagran” (cita original de la sentencia transcrita).
[8]  Sentencia T-171 de 2006, argumento jurídico 5.2.2.
[9]
Ibíd., argumento jurídico 5.2.3.1. y siguientes.  Las sentencias de tutela que
sobre este particular fueron estudiadas en la T-171 de 2006 fueron: T-275 de
1994 (M.P.: Alejandro Martínez Caballero), T-694 de 2000 (M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-1267 de 2001 (M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes), T-556 de 2002
(M.P.: Jaime Córdoba Triviño), T-622 de 2002 (M.P.: Alvaro Tafur Galvis) y
T-453 de 2005 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa).
[10]
Sentencias T-190 de 1995, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo, y T-030 de
2005, citada (cita original de la sentencia T-171 de 2006).
[11]  Folio 219, cuaderno primera instancia (cita original de la sentencia
transcrita).
[12]  Folios 224 a 229, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[13]  Folios 230 a 261, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[14]  Folios 262 a 284, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[15]  Folios 285 a 375, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[16]  El nombre correcto es: “Securities and
Exchange Commission" (cita original de la sentencia transcrita).
[17]  CPP 600, art. 235; CPP 2700, art. 250 (cita original de la sentencia
transcrita).
[18]  Al respecto, en la sentencia T-996 de 2003, M.P.:
Clara Inés Vargas Hernández, se consideró lo siguiente: “Otro de los
principios orientadores del proceso es el de celeridad, según el cual el Juez
debe tomar las medidas necesarias para evacuar el asunto sin dilaciones injustificadas
y cumpliendo los fines establecidos para cada etapa, obviamente sin transgredir
o menoscabar los derechos de los sujetos procesales, pues actuar de manera
diversa implicaría a una ruptura grave de la imparcialidad || Por ello,
el juez puede rechazar las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad de
los hechos materia del proceso o que sean ineficaces. Sin embargo, cuando el
funcionario ha analizado la solicitud de pruebas y accede a ellas tiene el
deber procesal de cumplir con su propia decisión; de no hacerlo incurre en
violación al derecho de defensa y al debido proceso de la parte que solicitó la
prueba, quien confiaba en que se practicaría en beneficio de sus intereses y
que sorpresivamente, por voluntad del juzgador, no se realiza en debida forma”
(cita original de la sentencia transcrita).
[19]
Folio 197, cuaderno de primera instancia.  Dice textualmente este documento: “Respecto
de la solicitud de prueba que antecede, (...) relacionada con la carta
rogatoria, estése (sic) a lo decidido sobre el particular en la
resolución interlocutoria precedente, mediante se rechazó (sic), entre
otras, esta misma prueba, la cual actualmente es objeto del recurso de
Apelación ante el superior jerárquico, en el efecto diferido. ||  Sobre
la pertinencia o no de dicha prueba, en consecuencia, será el ad quem quien
decidirá lo pertinente” (cita original de la sentencia transcrita).
[20]  Folios 183 a 193, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[21]  Folio 194, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[22]  Folios 201a 207, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[23]  Folios 208 a 218, cuaderno de primera instancia (cita original de la
sentencia transcrita).
[24]  De ésta considera que se trata de idéntico presupuesto de hecho al
previsto en la sentencia T-171 de 2006.
[25]  De
fechas cinco (05) y veinte (20) de septiembre de 2006.
[26]
Durante el término del traslado de las solicitudes de Juan Carlos Prías Bernal
y Eduardo Cifuentes Muñoz, este interviniente no presentó escrito alguno.
[27]  En
este escrito, por ejemplo, la parte civil advierte la demora en el trámite de
las solicitudes elevadas por ella debido a la propia conducta de la Fiscalía: “Así,
el plenario no solo da cuenta de la recurrente demora que los distintos
despachos de conocimiento han dispensado a cualquier clase de solicitud, sino
también al tiempo que se ha desperdiciado frente a requerimientos legítimos de
los sujetos procesales que, no obstante haber sido desconocidos en un
principio, después de un innecesario desgaste procesal han terminado siendo
reconocidos.  Un ejemplo incontrovertible de esta situación lo constituye el
hecho de que para reconocer personería a la parte civil en interés colectivo
trascurrió aproximadamente un año, habiendo sido incluso necesario apelar a la
acción de tutela para poder acceder a un derecho al que se opusieron los
Despachos de primera y segunda instancia recurriendo a tesis bastante
desconcertantes y ‘novedosas’.  A la sociedad representada por esta parte
civil, se le negó sistemáticamente el derecho a intervenir y ahora, se le
limita injustificadamente la posibilidad de acceder a la verdad, con lo cual no
solo se desatiende normatividad nacional, sino tratados internacionales suscritos
por Colombia, que reconocen éste como un inequívoco derecho de las víctimas”.
[28]
Uno de los apartes de los memoriales señala lo siguiente:  “2.  Más extraña
aún nos parece la posición expuesta por el Despacho en lo tocante a las
denominadas pruebas ‘de orden internacional’ ya que, con el argumento del
vencimiento de los términos formales de instrucción, se incorpora una muy
novedosa manera de revocar las decisiones que decretan la práctica de pruebas
sin tener que fundamentar el origen del cambio de parecer.  Nos referimos al
hecho de que, no obstante haberse accedido inicialmente a una específica
prueba, el que la misma no haya podido incorporarse al proceso implique
entonces que de manera sobreviniente y sorpresiva se ‘niegue’ lo ya aceptado,
deghrando sin más el concepto objetivo de la prueba al de inocuo ‘pretexto’
para el establecimiento de ‘una pretendida verdad’”.
En otro
escrito, en el que se persigue la misma finalidad, la parte civil arguyó lo
siguiente: “En este caso, al no haberse desplegado la actividad judicial
necesaria para el recaudo de las pruebas, pese a las reiteradas solicitudes de
los sujetos procesales y, en particular, del Agente del Ministerio Público, se
ha conculcado el debido proceso de la parte civil y de la colectividad, habida
cuenta que éstas no cuentan con otro medio diferente para hacer valer sus
intereses que el de allegar a la instrucción las pruebas existentes. (...) Respecto
de las pruebas solicitadas por el señor Agente del Ministerio Público, y frente
a las cuales esta parte también ha insistido en varios escritos, se observa que
las mismas son determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de
investigación, en tanto que las operaciones que aquí se discuten fueron
parcialmente realizadas en los Estados Unidos y objeto de juicioso análisis por
parte de las autoridades del mercado de ese país.  De ese modo, la información
y documentación que sobre ese particular tenga la SEC, es de trascendental e
imprescindible importancia para esta investigación, siendo por consiguiente de
obligada espera su llegada a nuestro país.  Inclusive debe recordarse que de
manera informal y en presencia de todos los sujetos procesales, el señor Jefe
de la Unidad Anticorrupción manifestó públicamente el día del testimonio
recaudado al señor Maximiliano Echeverri que las pruebas de Estados Unidos eran
esenciales para establecer si en este caso se había cometido una estafa o no”.
[29]  En
este escrito, por ejemplo, la parte civil sustentó la importancia de la prueba
a practicar en la SEC de los Estados Unidos, bajo los siguientes argumentos:  “Así
las cosas, la prueba decretada en la Securities (que no Security) and Exchange
Comission (SEC) apunta a la necesidad de establecer si para la época de los
hechos se llevaron a cabo operaciones inusuales, sospechosas o no
representativas del mercado, que hubieran determinado una manipulación del
precio de los ADRs en la Bolsa de Nueva York, en la que presuntamente
intervinieron los accionistas principales del BIC, o vinculados a ellos, y
personas vinculadas a la administración del BIC. ||  En tal sentido no
parece suficientemente claro indagar ante la SEC acerca de las circunstancias
en que fueron colocados los ADRs del BIC dentro del mercado
bursátil de dicho país, con ocasión del contrato de promesa de compraventa de
GDS, NOTES Y ACCIONES ORDINARIAS DEL BANCO DE COLOMBIA S.A. y FUSION ENTRE EL
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO Y EL BANCO DE COLOMBIA celebrado el 24 de agosto de
1997. ||  Lo pertinente sería indagar acerca de las circunstancias en
que fueron negociados (que no colocados) los ADRs del BANCO INDUSTRIAL
COLOMBIANO en la Bolsa de Nueva York en el período comprendido entre el 1 de
junio de 1997 y el 30 de septiembre del mismo año, especificando:
-
Promedio de transacciones de ADRs del último año
-  Nombre
de los comitentes compradores y de los comitentes vendedores de cada una de las
operaciones efectuadas en el período respectivo.
-
Condiciones de precio de cada operación
-  Nombre
de los “brokers” o intermediarios que realizaron las transacciones en la bolsa
de Nueva York.
-
Determinación de las operaciones inusuales por su volumen durante el período
ocurrido entre el 1 de junio de 1997 y el 30 de septiembre del mismo año.
Por tal
virtud, atentamente solicito a Usted precisar la prueba requerida de la
Securities and Exchange Comission.  Mucho me temo que en la forma solicitada no
habrá una respuesta que ilustre adecuadamente a la Fiscalía acerca de tales
operaciones”.
[30]  La
Fiscalía en esta oportunidad señaló lo siguiente:  “4.1.  Si bien es cierto
que este Despacho no tiene ninguna facultad legal para entrar a revisar el
contenido de la resolución del día 29 de agosto del año en curso mediante la
cual la Fiscalía de primera instancia revocó el cierre de la investigación
producido igualmente el 6 de agosto, también lo es que dicha determinación no
puede pasar por alto frente a los intereses jurídicos materia de apelación.
||  En efecto, en el punto segundo de la mencionada resolución se ordena:
‘Insistir en la práctica de la prueba documental procedente del extranjero y en
los dos testimonios de los ciudadanos o residentes en los Estados Unidos, para
las cuales se fija de las (...)’. ||  La decisión materia de apelación
en la parte resolutiva no resolvió nada sobre las pruebas antes citadas.  Sin
embargo en su parte considerativa y respecto de las pruebas pedidas por el
agente del Ministerio público aclaró que las pruebas solicitadas anteriormente
fueron autorizadas por la Fiscalía y ‘que se esta a la espera del acopio de la
documentación pertinente’.  Además, sostiene que el Agente del Ministerio
Público no aportó las direcciones para la citación de los testigos.  La
fiscalía de primera instancia concluye el punto afirmando que la práctica de
pruebas ya decretadas habrá de ‘recabarse sobre ellas.  Como habrá de indicarse
al momento de resolver el recurso de reposición presentado contra la resolución
de cierre de investigación’. ||  En conclusión, a pesar de no haberse
decretado la práctica de dichas pruebas en la resolución materia de apelación,
no aconteció lo mismo en la resolución por medio de la cual se revocó el cierre
de la investigación al punto, de acuerdo a las constancias procesales, que en
el momento ya ha debido de haberse practicado.  Si ello es así el Despacho no
se ocupará de las mismas pues carece de objeto jurídico para la apelación, pues
en la resolución aludida se insistió en su práctica”.
[31]
Respecto de las pruebas a practicar en el exterior, esta decisión señaló:  “[r]eferente
a la practica (sic) de las pruebas ya decretadas y que no fueron
practicadas, habrá de recabarse sobre ellas mediante la expedición de los
oficios de rigor a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación, como habrá de indicarse al momento de resolver
el recurso de reposición presentado contra el cierre de la investigación”.
[32]  A
su vez, en esta resolución la Fiscalía indicó lo siguiente: “Por su parte,
siendo consecuente en su criterio jurídico, este Despacho no puede limitar el
derecho de los sujetos procesales a quienes se les había concedido la práctica
de algunas pruebas decretadas dentro del término de instrucción, concretamente
la solicitud de pruebas documentales al extranjero y los testimonios de los
ciudadanos o residentes en los Estados Unidos quienes no pudieron ser citados
en su oportunidad por desconocimiento de sus lugares de residencia, direcciones
hoy conocidas por la Fiscalía a través de una de las partes civiles .  ||  En
consecuencia, este despacho habrá de reponer la resolución de cierre de la
investigación que antecede y, en su lugar, se insistirá en la consecución de la
prueba documental que fue ordenada anteriormente dentro de la presente
actuación.  ||  Igualmente se procurará la recepción de los
testimonios de los ciudadanos residentes en los Estados Unidos y que fueron
mencionados por los señores Guillinski (sic) en sus declaraciones, a
quienes se les citará a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación a las direcciones que aportó una de las partes
civiles.  ||  Se debe insistir en que estos testimonios ya habían sido
decretados por la Fiscalía en anterior providencia emitida dentro del término
de instrucción, por lo cual procede su práctica”.
[33]  Vid.
López Blanco, Hernán Fabio.  “Instituciones de Derechos Procesal Civil
Colombiano”.  Tomo I, parte general, novena edición.  Dupre Editores,
Bogotá D.C., 2005, págs.  231 ss.
[34]
Por ejemplo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia de mayo 7 de 2002. Rad. 19328, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda, afirmó
lo siguiente: “El instituto de los impedimentos se estatuyó con el fin de
garantizar al conglomerado social que el funcionario judicial llamado a
resolver el conflicto jurídico, es ajeno a cualquier interés distinto al de
administrar una recta justicia y, en consecuencia, que su imparcialidad y
ponderación no están afectadas por circunstancias extraprocesales.  ||  Por
tal motivo, la manifestación de impedimento del funcionario judicial debe ser
un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la concurrencia de
cualesquiera de las causales que de modo taxativo contempla la ley, para
negarse a conocer de un determinado proceso.  ||  Igualmente, dicha
manifestación impeditiva debe estar soportada dentro de los cauces del postulado
de la buena fe que rige para todos los sujetos procesales y para el funcionario
judicial, pues este instituto no debe servir para entorpecer o dilatar el
transcurso normal del proceso penal o para sustraerse, indebidamente, a la
obligación de decidir”.
[35] Sobre
la vigencia de este principio, dentro de los postulados de la Carta Política de
1991, Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-540 del 24 de
noviembre de 1993. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
[36]  Sentencia
C-573 de 1998, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.  Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 110 del Decreto 2700 de 1991 (Código
de Procedimiento Penal).
[37]  M.P.: Jaime Araújo Rentería.
[38]  Esta
norma dispone lo siguiente:  “ART. 56.—Causales de
impedimento. Son causales de impedimento: (...) 4. Que el funcionario judicial
haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido
contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su
opinión sobre el asunto materia del proceso”.
[39]
Vale la pena tener en cuenta los argumentos expuestos por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de mayo 7 de 2002, Rad.
19300. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en la cual se consignó lo siguiente: “El
artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 6º, relaciona como
causal de impedimento la participación del funcionario dentro del proceso. Pero
la comprensión de este concepto no debe asumirse en sentido literal. Es preciso
que esa intervención, para que adquiera un efecto trascendente acorde con los
fines de la norma, tenga la aptitud suficiente para comprometer la ecuanimidad
y la rectitud de la magistrada. Su actividad dentro del proceso, dicho en otros
términos, debe haber sido esencial y no simplemente formal”.
[40]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto de agosto 30 de 1988.
Rad. 3113. M.P. Gustavo Gómez Velásquez.
[41]  Vid.  Auto 069 de 2003, M.P.: Alvaro Tafur Galvis.
[42]
Ver, entre otros, los Autos: 08 de 1993, 022 de 1998, 031A de 2002, 146 de
2003, 100 y 082 de 2006.
[43]
Cfr. Autos: 256 de 2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; 196 de 2006, M.P.:
Rodrigo Escobar Gil; 100 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; 060 de
2006, M.P.: Jaime Córdoba Triviño; 139 de 2004, M.P.: Humberto Sierra Porto;
162 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; 146A de 2003 M.P. Clara Inés Vargas;
029A y 031A de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; 256 de 2001 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.  Ver también los autos 232/01, 053/01, 082/00, 050/00,
074/99, 013/99, 026ª/98, 022/98, 053/97, 033/95 y 008/93.
[44]
Corte Constitucional, auto del 22 de junio de 1995 MP. José Gregorio Hernández
Galindo (Cita original del Auto transcrito).
[45]
Corte Constitucional, auto de 30 de abril de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett;
A-031a de 2002). Cita original del Auto transcrito).
[46]
Esta exigencia fue abordada en el Auto 135 de 2005 (citado) de la siguiente
manera: “En esta línea, esta Corte tiene definido que toda solicitud de
nulidad deberá responder a condiciones estrictas de oportunidad(...),
legitimación(...), interés y efectos(...),
no solo porque el cumplimiento irrestricto de las decisiones judiciales en
firme compromete la seguridad jurídica, sino a causa del carácter definitivo y
los efectos de los pronunciamientos de esta Corte, en materia de guarda y
control de constitucionalidad y protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales, que hacen de la inmutabilidad de sus fallos un norte y de la
nulidad de los mismos una solución extrema – artículos 241 y 86 C.P. 49 Decreto
2067 de 1991.”
Así mismo en
el Auto 237A de 2002 (M.P.: Eduardo Montealegre Lynett) la Corte adviritó: “4.-
Con estos elementos de juicio corresponde ahora adelantar el análisis de la
sentencia T-357 de 2002, señalando previamente que la Corte limitará su estudio
a los planteamientos formulados que tengan relación directa con la vulneración
al debido proceso, pues como fue explicado, esta no es una nueva etapa o
instancia judicial para reabrir una discusión ya concluida, sino una garantía frente
a la posible violación al debido proceso. Así mismo, la Corte tendrá presente
que quien alega la nulidad no puede simplemente exponer sus discrepancias
frente a la sentencia, sino que está en la obligación de presentar una carga
argumentativa lo suficientemente sólida para demostrar
la procedencia de la nulidad (Cfr. Auto 022 de 1998 MP. Alejandro
Martínez Caballero y Auto del 1º de Agosto de 2001 MP. Eduardo Montealegre
Lyentt.  En esta última oportunidad la Corte rechazó la solicitud de nulidad de
la sentencia T-511 de 2001, ante la ausencia de razones para acceder a la
petición).
[47]
Auto 031A de  2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). [cita original del Auto
transcrito]
[48] M.P.: Jaime Córdoba Triviño.  En el mismo sentido confróntense los
Autos 060, 208 y 223 de 2006.
[49]  Cfr.
Corte Constitucional, Autos 031A/02 y 063/04 (cita original del Auto
transcrito).
[50]  El saneamiento de las nulidades no alegadas oportunamente fue
sustentado por la Corte al afirmar que “i) en primer lugar, atendiendo el
principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho[50];
(ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra
las providencias de tutela[50]. Y finalmente, (iii)
porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades
de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad
por vicios de forma”. Cfr. Corte Constitucional, Auto 031 A/02 (cita
original del Auto transcrito).
[51] Una explicación ampliada de los fundamentos de este requisito puede
encontrarse en los Autos del 13 de febrero de 2002, M.P.  Marco Gerardo Monroy
Cabra y del 20 de febrero del mismo año, M.P. Jaime Araujo Rentería (cita
original del Auto transcrito).
[52]  Al
respecto, en el Auto 197 –citado- se consideró que: “La afectación del
debido proceso por parte de la Sala de Revisión tiene naturaleza cualificada.
Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental,
es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión
o en sus efectos (Destaca la Corte)”.[52]  Con base en estas
características, la jurisprudencia ha identificado algunos casos en que la
vulneración reúne esas características (...)”.
[53]
Auto 162 de 2003. (M.P. Rodrigo Escobar Gil). [cita
original del Auto transcrito]
[54]  En
el Auto 031A de 2002 se advirtió: “5.- En conclusión, únicamente si quien
alega la nulidad demuestra los requisitos para su procedencia, y si el caso
efectivamente se ajusta a una de las hipótesis previstas por la Corte, la
solicitud está llamada a prosperar. De lo contrario, el carácter excepcional y
restrictivo obliga a denegarla.”.
[55] Auto de nulidad de la sentencia T-553 de 2003, MP Rodrigo Uprimny
Yepes.
[56] Auto 276 de 2001.
[57]
M. P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[58]  Vid. Auto 082 de 2000, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[59]  En
el Auto 197 de 2006 –citado- la Corte consideró: “Por tratarse la nulidad de
un juicio de validez sobre la sentencia y no de un juicio de corrección sobre
la misma, la censura por incorrecta aplicación de la jurisprudencia no estructura,
en principio, una causal de nulidad de las sentencias de revisión de la Corte
en cuanto se dirige a cuestionar las valoraciones de la  Sala para adoptar la
decisión, argumentación propia de un recurso, del cual carecen estas
sentencias. Sin embargo, dado que una indebida aplicación de la jurisprudencia
podría desembocar en una encubierta variación de la misma por parte de una Sala
de revisión, lo que sí viciaría la sentencia, procede la Sala a estudiar el
cargo”.
[60]  No
obstante lo anterior en el Auto 063 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa,
se precisó: “La jurisprudencia constitucional ha señalado de forma
reiterada que en atención a una solicitud de nulidad no puede ser reabierto el
debate probatorio que dio lugar a la sentencia acusada. Una solicitud de
nulidad por esta causal procedería únicamente en el evento que el error de
carácter probatorio sea evidente, y, además, determinante. En tal medida, la
Sala Plena de la Corte Constitucional carece de competencia en este caso para
ordenar la práctica de nuevas pruebas. Por el contrario, que el alegato del
apoderado del solicitante requiera necesariamente la práctica de una nueva
prueba es una razón más para no considerar evidente que el Consejo de Estado
dio por probado un hecho que no ocurrió”.
[61]  M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
[62]  Cfr. Sentencia C-131 de 1993, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[63]  M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
[64]  Sentencia T-292 de 2006, M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa,
argumento jurídico 31.
[65]
Sentencia C-131 de 1993, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, SU-640 de 1998,
M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-047 de 1999, Ms. Ps.: Carlos Gaviria Díaz y
Alejandro Martínez Caballero.  La sentencia T-836 de 2004, M.P.: Marco Gerardo
Monroy Cabra, en un caso en el cual se estudió la obligación de aplicar una
sentencia de constitucionalidad so pena de incurrir en una vía de hecho por
defecto sustantivo, se resumió el tema así: “No obstante, dado que la
palabra “fallo” del artículo 243 puede conducir a  equívocos, pues
genéricamente hablando el fallo es el texto completo de la providencia en donde
la Corte estudia la exequibilidad o inexequibilidad de una norma, la
Corporación se ha encargado de precisar cuáles apartes de sus fallos tienen el
privilegio de producir efectos erga omnes, obligatorios para todo el mundo.
||  Con este fin, la Corporación ha establecido que los apartes de las
providencias que tienen la virtud de producir efectos erga omnes son la parte
resolutiva de la sentencia y los segmentos de la parte considerativa que constituyen
el fundamento de la decisión. Éstos, que comúnmente se denominan ratio
decidendi, son los argumentos que sin estar expresamente consignados en la
parte resolutiva, se encuentran lógica y jurídicamente fundidos con ella de
modo que comparten una unidad de raciocinio inescindible. Lo anterior significa
que las demás consideraciones que la Corte haga a lo largo de la sentencia, ya
estén mediáticamente relacionadas con la parte resolutiva o distantes de su
contenido lógico-jurídico, no tienen fuerza vinculante erga omnes según las
previsiones del artículo 243 superior”.
[66]  M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, constitucionalidad del artículo 48 Ley
Estatutaria de Administración de Justicia –LEAJ-.
[67]  Al
respecto, cuando la Corte tuvo la oportunidad de efectuar la comparación entre
el papel de la Sala Plena y las Salas de Revisión de Tutela, en el Auto 031A de
2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett, se indicó: “Algunos podrían
señalar, sin embargo, que la función de unificación de jurisprudencia solamente
está reservada a la Sala Plena de la Corte y no a las Salas de Revisión, en
tanto estas últimas están integradas por tres magistrados. Y desde esa
perspectiva, sostendrían que la función de las Salas de Revisión no consiste en
la unificación de jurisprudencia, sino en la corrección de las decisiones
proferidas por las instancias.  || La Corte
considera que esa afirmación es parcialmente válida, por cuanto si bien es
cierto que las sentencias de tutela proferidas por la Sala Plena revisten mayor
importancia en la medida que unifican la jurisprudencia y señalan los
derroteros básicos, también lo es que las sentencias de las Salas de Revisión
desempeñan un papel muy importante, porque orientan la interpretación de las
sentencias unificatorias y precisan su alcance en otros casos concretos,
encauzando así la labor de los jueces en las instancias. Además, en aquellos
temas donde no haya alguna posición de la plenaria, las salas de revisión
cuentan con un amplísimo margen de análisis, pues además de crear la jurisprudencia,
establecen los parámetros que deberán atender los jueces de instancia. En
consecuencia, la labor sistémica de la Corte no está reservada solamente a la
Sala Plena, sino también a cada una de las Salas de Revisión”.
[68]  M.P.: Alvaro Tafur Galvis.
[69]  De
cualquier manera es importante diferenciar los escenarios a los que se enfrenta
un juez cuando conforme a las condiciones de un asunto concluye que debe
aplicar uno o varios fallos de constitucionalidad; en la sentencia T-292 de
2006 esto fue explicado en los siguientes términos: “i) Si el juez de la
causa se encuentra frente a un precedente que implica  inexequibilidad, deberá
el juez abstenerse de aplicar normas retiradas del ordenamiento, y tendrá la
obligación dentro del fuero de sus competencias, de aplicar igualmente la ratio
decidendi de la sentencia de inexequibilidad en aquellos casos donde
disposiciones con contenido normativo similar a las estudiadas previamente por
esta Corporación, contradigan la ratio decidendi constitucional que hizo que las
primeras salieran del ordenamiento. Lo anterior en cumplimiento del artículo
243 de la Carta en relación con la cosa juzgada constitucional. Los jueces[69],
las autoridades y los particulares deberán en estos últimos casos, privilegiar
en su interpretación y aplicación de las normas, la Constitución, en los
términos del artículo 4 de la Carta. (...) “ii) Si la sentencia es de
exequibilidad, la ratio decidendi vinculante implicará que el juez no pueda
apartarse de la interpretación  fijada por la Corte Constitucional para su
decisión. Para el caso de las sentencias condicionadas, la ratio decidendi
establecerá la interpretación conforme de tales normas, es decir el sentido que
las disposiciones estudiadas deben tener para ajustarse a la Carta, sentido que
será en los precisos términos descritos por la Corte, que por demás es
obligatorio para los operadores jurídicos”.
[70]
Vid. sentencias C-039 de 2003 y T-292 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[71]  Cfr. sentencia C-774 de 2001, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[72]  Vid. Autos 060, 208 y 223 de 2006.
[73]  Vid. artículo 48 Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de
Justicia, y artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[74]  De
hecho, recordemos que con fundamento en la oponibilidad de la tutela,
constituye una causal de nulidad el proferir “órdenes a particulares que no
fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para
intervenir en su defensa”.
[75]
Sobre el particular se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes
sentencias: SU-327 de 1995, M.P: Carlos Gaviria Díaz; T-321 de 1998, M.P.:
Alfredo Beltrán Sierra; SU-640 de 1998, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-168 de
1999, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-973 de 1999, M.P.: Alvaro Tafur Galvis;
T-009 de 2000, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-068 de 2000, M.P.: José
Gregorio Hernández Galindo; C-836 de 2001, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; SU-1219
de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[76]
Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-123/95.
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz (cita original de la sentencia
transcrita).
[77]  Sentencia C-836 de 2001, argumento jurídico 15.
[78]
Sobre el particular en la sentencia T-292 de 2006 se precisó: “32. En todo
caso, aunque el respeto al precedente es fundamental
en nuestra organización jurídica por las razones expuestas, el acatamiento del
mismo, sin embargo, no debe suponer la petrificación del derecho. En este
sentido, el juez puede apartarse tanto de los precedentes horizontales como de
los precedentes verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su
posición y expresar razones contundentes para distanciarse válidamente de los
precedentes vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el
precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte(...). Sin embargo, existen otras razones válidas para
apartarse del precedente, señaladas por la propia Corte.
“En la sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) se expuso precisamente que la posibilidad de desligarse de los
precedentes en circunstancia concretas, puede obedecer a razones como las
siguientes: i) eventuales equivocaciones jurisprudenciales del pasado que hacen
necesaria la corrección de una línea jurisprudencial;  ii) una interpretación
que habiendo sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos, en su
aplicación actual, puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en
casos similares. iii) cambios históricos frente a los que resulta irrazonable
adherir a la hermenéutica tradicional.
“Esta posibilidad de desligarse razonada
y fundadamente de los precedentes ha sido además reconocida por esta
Corporación en otros pronunciamientos, en  los que se ha sostenido que buena
parte de la eficacia de un sistema respetuoso de los precedentes radica
también, en la posibilidad ‘de establecer un espacio de argumentación jurídica
en el que el funcionario judicial exponga razonadamente los motivos que lo
llevan a insistir o cambiar la jurisprudencia vigente, pues es él quien, frente
a la realidad de las circunstancias que analiza, y conocedor de la naturaleza
de las normas que debe aplicar, debe escoger la mejor forma de concretar la
defensa  del principio de justicia material que se predica de su labor’
(sentencia C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz).
“El
respeto a los precedentes entonces, no les  permite a las autoridades
judiciales desligarse inopinadamente de los antecedentes dictados por sus
superiores. De hecho, como el texto de la ley no siempre resulta aplicable
mecánicamente, y es el juez quien generalmente debe darle coherencia a través
de su interpretación normativa, su compromiso de integrar el precedente es
ineludible, salvo que mediante justificación debidamente fundada, el operador
decida apartarse de la posición fijada por la Corte, o eventualmente, por su
superior funcional. Ello puede ocurrir por ejemplo, cuando los hechos en el
proceso en estudio se hacen inaplicables al precedente concreto(...) o
cuando “elementos de juicio no considerados en su oportunidad, permiten
desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica”(...)
o ante un tránsito legislativo o un cambio en las disposiciones jurídicas
aplicables, circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en otras
consideraciones jurídicas. Ante estas posibilidades, se exige que los jueces, en
caso de apartarse, manifiesten clara y razonadamente, con una carga
argumentativa(...) mayor, los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión.
“Omitir
esta carga en materia de precedente, acarreará las consecuencias jurídicas
propias de tal desconocimiento, es decir, verse avocado a una eventual acción
de tutela contra providencias judiciales o cualquiera de los mecanismos
constitucionales para hacer exigible la fuerza preeminente de la Carta, por
desconocimiento del precedente constitucional(...)”.
[79]  M. P.: Rodrigo Escobar Gil.
[80]
Ver, entre otros, los Autos 013 y 052 de 1997; 026A de 1998; 013 y 042 de 1999;
016, 046, 071, 072, 080, 082, 084 de 2000; 053 de 2001 y 010A de 2002 (cita
original del Auto transcrito).
[81]
Sentencias C-836 de 2001 y T-468 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil (cita
original del Auto transcrito).
[82]  M.P.: Humberto Sierra Porto.
[83] En el Auto 330 de
2006, se citó un aparte del Auto 276 de 2001, en el que sobre este temas, se
manifestó: "Es conveniente precisar que aunque la Corte en el devenir
histórico jurisprudencial y en cumplimiento de su función ha venido trazando
pautas y directrices acerca de los aspectos que se deben tomar en cuenta para
determinar la eficacia del medio judicial ordinario y cuándo el perjuicio tiene
el carácter de irremediable y cuándo no, lo cierto es que tales pautas y
directrices, objetivamente consideradas, no pueden constituirse en una especie
de obstáculo o "camisa de fuerza" que le impida a los jueces
constitucionales de tutela el ejercicio de su autonomía interpretativa y
desarrollar su pensamiento jurídico racional, en la medida en que esas pautas
y  directrices las deben aplicar en el caso particular que en determinado
momento les corresponde resolver, el cual, en razón de su naturaleza puede presentar
matices o circunstancias ausentes en los eventos que han sido objeto de examen
por la Corte Constitucional.
(...) Enfocada de esa manera la
situación, a juicio de la Corte, en la Sentencia T-I04, de 31 de enero de 2001,
la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, en modo alguno, en términos de la
peticionaria, "cambió la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte
Constitucional" sobre la materia. Bien puede, entonces, respetarse el
hecho de que la doctora BEATRIZ GONZALEZ REINOSO discrepe de los argumentos
expuestos en la sentencia que cuestiona e interprete que en ese fallo la Sala
Séptima de Revisión, en casos como el allí tratado, adicionó el requisito o
condición de que el accionante debe estar "desempleado" para que el
amparo prospere; empero, esos no son elementos suficientes para que su
pretensión de que se anule la providencia judicial esté llamada a tener éxito".
[84]
Auto 330 de 2006.
[85] Cfr. Auto 330 de
2006.
[86]  Al
respecto, en la sentencia T-292 de 2006 se indicó: “En este sentido, en el
análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para establecer
hasta que punto el precedente es relevante o no:
“i.           En
la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada  con el
caso a resolver posteriormente (...).
“ii.          La
ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante.
“iii.         Los
hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación
similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto
de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente” (Sentencia
T- 1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
“Estos
tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa
medida, que se constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De
allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia
anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla - prohibición, orden o
autorización-  determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un
problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes”.
[87]  En
el Auto 223 de 2006, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, la Corte tuvo la oportunidad
de aclarar que la jurisprudencia que antecede un caso no constituye por sí
misma precedente, en los siguientes términos: “2. Los términos
jurisprudencia y precedente han sido utilizados indistintamente por esta
Corporación para denotar los pronunciamientos de la Corte Constitucional, sin
que dicha denominación implique una fuerza vinculante especial. En este sentido
es común la referencia, por ejemplo, a la jurisprudencia o el precedente de la
Corte en materia del derecho al mínimo vital. Es más, con el mismo propósito se
emplean los términos jurisprudencia en vigor, doctrina constitucional vigente,
jurisprudencia constitucional o línea jurisprudencial consolidada sobre alguna
materia específica.
“Dicho uso
indiscriminado de los términos mencionados puede conducir a equívocos cuando,
como en el presente caso, se estudia la nulidad de una sentencia por
desconocimiento de los antecedentes jurisprudenciales que ha fallado esta
Corte. En este contexto, la Corte aclara que el término antecedente
jurisprudencial se refiere a aquellas sentencias que si bien son una
herramienta útil para el análisis de las reglas sobre un derecho fundamental su
contenido no es del todo aplicable al caso concreto(...).  Por el
contrario, el término precedente si es aquel que se ajusta en términos fácticos
y jurídicos a la controversia que se debate en la nueva sentencia.
“En
consecuencia, el precedente es lo que análogamente se ha llamado jurisprudencia
en vigor, doctrina constitucional vigente, jurisprudencia constitucional o
línea jurisprudencial consolidada, pues frente a casos similares se hace
imperativo emplear una única regla que ha sido reiterada de manera uniforme por
la Corte Constitucional. Mientras la jurisprudencia, adquiere un sentido amplio
que enmarca la producción jurídica de los jueces en cualquiera que sea su
especialidad. Pese a que, como se anotó, en algunas oportunidades su
significado ha equivalido al del precedente” (negrilla fuera de texto
original).
[88]
Auto 013 de 1997. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[89]  Auto 196 de 2006, citado.
[90]
Auto 053 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil (reiterado en
el Auto 196 de 2006, citado).
[91]  Ver, entre otros, los Autos 053 de 2001, 010A de 2002, 131 de 2004 y
060 de 2006 (cita original del Auto transcrito).
[92]  M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
[93]  En
este Auto textualmente se advirtió: “Es respetable sí la interpretación
diferente que propone la actora, pero la discrepancia de criterios interpretativos,
aún entre Salas de Revisión, no constituyen motivo suficiente para decretar la
nulidad que se impetra”.
[94]  Para
la distinción entre los argumentos judiciales que hacen parte de la ratio
decidendi y aquellos que constituyen simples obiter dicta carentes
de condición jurisprudencial vinculante, Cfr. Corte Constitucional,
Sentencia SU-047/99, Ms.Ps. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
Fundamentos jurídicos 43 y siguientes (cita original del Auto transcrito).
[95]
López Medina, Diego Eduardo.  “El derecho de los jueces”.  Legis Editores S.A.,
Universidad de los Andes, Segunda Edición, Bogotá D.C., 2006.  Parte II,
Capítulo 5: “La línea jurisprudencial: análisis dinámico de precedentes”, pág.
144.
[96]  Auto 205 de 2006, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, argumento
jurídico 1.
[97]
Sobre este tema consúltense los Autos 049, 100 y 256 de 2006.  En el último de
los mencionados se concluyó: “la Corte ha sostenido en la jurisprudencia
aludida, que existe el deber de notificar la demanda de tutela a las personas
directamente interesadas, es decir a las partes dentro del proceso y los
terceros que hayan intervenido en él, pero el Juez de Tutela no está obligado a
citar a “todos los hipotéticos interesados o presuntos afectados por el fallo”.
Sin embargo, esto no es óbice para impedir que terceros con un interés legítimo
en el resultado del proceso puedan intervenir, sin que se requiera una citación
previa”.
[98]
Cfr. folios 392 y siguientes, cuaderno de primera instancia.  Auto de admisión
de la acción de tutela interpuesta por Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski
Sragovicz contra la Fiscalía General de la Nación.  En los numerales 2 y 3 de
esta providencia se lee: “2.  Notificar esta decisión, por el medio más
expedito, a la parte accionada, debiéndose remitir copia de la demanda de
tutela para que ejerza su derecho de defensa ||  3.  Notificar esta
decisión, por el medio más expedito, al accionante, a las partes y terceros
involucrados en el sumario seguido contra los sindicados Jorge Londoño
Saldarriaga y Federico Guillermo Ochoa Barrera”.
[99]
Una vez notificado de la admisión, el apoderado de BANCOLOMBIA S.A. presentó
escrito en donde se opuso a las pretensiones del amparo según consta en los
folios 418 a 423 y 434 a 447 del cuaderno de la primera instancia.
[100]
Vid. folios 410 y 411 del cuaderno de primera instancia.  Oficio UNA 443 en
donde la asistente de jefatura de la Unidad Nacional Anticorrupción de la
Fiscalía General de la Nación relaciona los sujetos que intervienen en el
proceso con el radicado 1255.
[101]
Sobre el particular, en dicha sentencia se concluyó textualmente: “La
ilimitada duración temporal de la investigación previa - que se hace coincidir
con el término de prescripción penal - estimula el ejercicio del libre criterio
de los funcionarios que en ella participan para decidir su clausura, de modo
que el deber de perseguir y de acusar puede terminar por convertirse en un
juicio de mera oportunidad. || 16. El principio de respeto a la dignidad
humana (C.P. art. 1), sufre grave afrenta cuando la investigación previa se
prolonga indefinidamente, pese a que se sabe que en esta etapa el imputado no
dispone de la plenitud de posibilidades de defensa y actuación que le dispensan
los estadios subsiguientes, y máxime si aquélla puede avanzar a sus espaldas.
La persona investigada es sujeto cuando dispone de suficientes medios para
conocer la investigación que se le sigue y defenderse adecuadamente. La
investigación previa que se extiende sin límite de tiempo, no obstante la
creciente conflictualidad de la relación Estado-investigado, potencia la
dimensión del Estado hasta el punto de negar a la persona su calidad de sujeto
(CP art. 14)”.
[102]  Cfr. sentencia T-171 de 2006, argumento jurídico 5.1..
[103]
De hecho en esta sentencia se consideró que el término en que se interpuso el
amparo fue oportuno a partir de la relación varias sentencias en las que,
conforme a diferentes supuestos, se protegieron derechos fundamentales a pesar
de haber transcurrido un término temporal más amplio: “Pues bien, de
conformidad con un sin número de tutelas proferidas por esta Corporación (Cfr.
p. ej. sentencias T-066 de 2005, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; T-253 de 2005,
M.P.: Jaime Araujo Rentería; T-390 de 2005, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra; T-564
de 2005, M.P.: Jaime Araujo Rentería; T-635 de 2005, M.P.: Rodrigo Escobar Gil;
T-012 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; T-705 de 2002, M.P.: Manuel
José Cepeda Espinosa; T-1189 de 2001, M.P.: Jaime Araujo Rentería), la Sala
encuentra que conforme a la importancia de los derechos cuya protección se
depreca y la complejidad de la investigación penal que se censura, así como las
circunstancias particulares del mismo, el término en que se interpuso esta
acción es razonable, y su decisión de fondo no desnaturaliza el propósito de la
tutela.”
[104]  Vid. supra nota a pie número 24.
[105]
Uno de los defectos alegados en dicha acción lo constituía la omisión de traer
unas pruebas que habían sido previamente decretadas.  Al respecto se consideró:
“En segundo lugar, alega el demandante que las pruebas
documentales decretadas por la Sección Quinta no fueron allegadas al proceso
electoral 2495 por negligencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En su criterio, allí radica el origen de la configuración de una vía de hecho
por consecuencia, pues la sección demandada dictó su fallo pese a que no contó
con dicho material probatorio. ||  En relación
con este punto, observa la Sala que el señor Federico Trujillo Burgos interpuso
acción de tutela con el ánimo de que se ordenara a la Registraduría remitir las
pruebas documentales que se hallaban en su poder así como los informes técnicos
que se le habían requerido, y que dicha acción fue declarada improcedente
porque se le informó al juez colegiado de instancia –la Sección Primera del
Consejo de Estado– que las pruebas pedidas y decretadas se habían incorporado
finalmente al expediente. En vista de que el señor Trujillo Burgos no
impugnó la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado por medio de
la cual se declaró improcedente la tutela instaurada por él, y en atención a
que por lo mismo cabe presumir que la pretensión del señor Trujillo Burgos en
aquella oportunidad fue satisfecha, la Sala no encuentra de recibo el aserto
del demandante según el cual se configuró una vía de hecho porque la
Registraduría se limitó a remitir los informes técnicos (Oficio No 1210 del
13 de agosto de 2002 de los Delegados Departamentales del Registro Nacional del
Estado Civil, y Oficio del 29 de agosto de 2002 de la Gerencia de Informática
de la Registraduría Nacional del Estado Civil).  ||  Independientemente
de lo anterior, advierte además la Sala que conforme a reiterada jurisprudencia
de esta Corte "mientras el juez natural debe definir si existen suficientes
y fundadas pruebas para proferir la decisión, el juez de tutela debe,
simplemente, constatar que ésta se funda en algún elemento de juicio razonable,
con independencia de su suficiencia o de la corrección de la valoración
judicial del mismo", tal y como lo preciso esta Corporación en la Sentencia
T-008/98 (La negrilla es original). Vistas así las cosas, claro es que la
irregularidad consistente en que la sección demandada no hizo uso de las
facultades que le confiere el ordenamiento jurídico vigente para hacer allegar
las pruebas decretadas no tienen la virtualidad de impulsar a la Corte a
declarar que en el presente caso se configuró una vía de hecho por defecto
fáctico” (negrilla fuera de texto original).
[106]  En especial véase la sentencia T-171 de 2006, argumento jurídico
7.1.4..
[107]  Las siguientes fueron algunas de
las consideraciones expuestas por la Sala: “En este caso, la decisión y
motivación explícita de la exclusión sólo se llevó a cabo en el momento de
resolver la reposición contra el cierre, indicando que era efímera la
posibilidad de practicarlas a tiempo.  Más adelante, la misma institución
explicó que -además- ellas eran superfluas, tal y como se habían solicitado,
pues no agregaban o modificaban la decisión tomada en la calificación del
mérito de la instrucción.
De esta manera, el
ente acusador negó la valoración de unas pruebas que habían sido decretadas por
ella misma, sin permitir que, previo al cierre, los interesados se pronunciaran
sobre la exclusión.
Además, es del caso
señalar que cada una de las razones esbozadas por la Fiscalía muestran que esa
institución, con algo de diligencia, pudo haber detectado oportunamente los
defectos tardíamente advertidos, o utilizar sus potestades oficiosas para
complementar lo que consideró insuficiente, teniendo la obligación correlativa
de rechazar o denegar las pruebas desde el momento mismo en que fueron
solicitadas si advertía su impertinencia o falta de necesidad. Y, en lugar de
adoptar una decisión a tiempo, en la cual relacionara los diferentes
fundamentos que servían de base para denegar las pruebas a practicar en el
exterior, la Fiscalía optó por aparentar que las mismas serían valoradas, para
luego sustraerlas del caudal que sirvió de base para proferir la preclusión.(...)”.
[108]
Ms. Ps. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, argumento jurídico
8.4.: “El bloque de constitucionalidad como límite a la libertad de
configuración del legislador en materia penal”.
[109]  Sentencia C-010 de 2000 (cita original de la
sentencia transcrita).
[110]  Sentencias C-067/03 y T-1391/01 (cita original de la
sentencia transcrita).
[111]
En el mismo sentido consúltense la sentencia C-370 de 2006, Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández, en la cual se consideró: “4.6. La Corte
destaca con particular  énfasis, que las anteriores conclusiones provienen de
Sentencias de un Tribunal  internacional cuya competencia  ha sido aceptada por
Colombia. El artículo 93 superior prescribe que los derechos y deberes
consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ahora bien, si
un tratado internacional obligatorio para Colombia y referente a derechos y
deberes consagrados en la Constitución prevé la existencia de un órgano
autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para la interpretación
que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. Por ello, esta Corporación ha reconocido relevancia jurídica a la
jurisprudencia de los órganos judiciales creados mediante convenios sobre
derechos humanos ratificados por Colombia.”
[112]  Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),
artículos 63, 67 y 68.
[113]
En la sentencia T-1319 de 2001, M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes (citada por el
memorialista), se establecieron los criterios relevantes para establecer los límites
o restricciones a la libertad de opinión establecida en el artículo 20 de la
Constitución.  Dentro de ellos recurrió al artículo 13 de la Convención
Interamericana y a partir del mismo se citó una opinión consultiva de la Corte
Interamericana sobre el tema, para concluir posteriormente que la
interpretación de dicha norma que integra el bloque de constitucionalidad no
puede “hacerse al margen del sentido asignado a dicho texto”.  Son
varios los casos en donde esta Corporación ha abordado el alcance de un derecho
fundamental a partir de su  propio precedente y, adicionalmente, conforme a la
doctrina de la Corte Interamericana.  Sobre el particular, consúltense las
siguientes sentencias: C-1154 de 2005, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa;
C-1189 de 2005, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
[114]  Vid.  Sentencia T-171 de 2006, salvamento de voto argumento jurídico
3.1..
[115]
Sobre el particular en el argumento jurídico 5.1.2. de la sentencia T-171 de
2006 se consignó: “En la sentencia [C-228 de 2002] también se indicó,
de acuerdo a los artículos 9° y 93 de la Constitución, que los derechos de las
víctimas tienen sustento en varios de los instrumentos internacionales
ratificados por Colombia.  Conforme a estos, la Corte adujo que existe una
obligación de carácter global destinada a garantizar, a través de los recursos
judiciales, el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia, así como el
logro de una reparación integral de las víctimas y los perjudicados con el
delito.  Otra vez, se advirtió que las concesiones de carácter patrimonial no
sustituyen ni menoscaban las demás garantías reconocidas a éstos y se reconoció
que debe existir un ajuste en los procedimientos judiciales y administrativos
para asegurar que sus “opiniones y preocupaciones” sean atendidas.”
[116]  Corte Interamericana de Derecho Humanos, sentencia de 01 de julio de
2006.
[117]
En la parte declarativa de la sentencia se consignó: “13.   El Estado violó,
en perjuicio de todas las personas cuyos derechos fueron vulnerados, y no se
les garantizó el pleno acceso a la justicia, quienes se encuentran señaladas en
el párrafo 344 de la presente Sentencia, los derechos consagrados en los
artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) de la misma, de conformidad con los párrafos 283 a 344 del presente
Fallo”.
[118]  Sobre el particular, consúltese el párrafo número 402 de dicha
sentencia.
[119]
En efecto a partir de este argumento la Corte derivó autónomamente la inexequibilidad
de la expresión acusada bajo los siguientes términos: “Entonces, como es
claro que una ley ordinaria no puede, bajo ninguna circunstancia, modificar o
suprimir la Constitución Política y mucho menos uno de los mecanismos
constitucionales de protección de los derechos fundamentales, la expresión  “ni
acción”  que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 será expulsada
del ordenamiento jurídico pues genera un espacio institucional en el que los
derechos fundamentales no podrían ser protegidos.”
[120]
En la sentencia T-1044 de 2006, M.P: Rodrigo Escobar Gil, la Sala Quinta de
Revisión consideró a cerca de la formulación de los criterios específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo
siguiente: “Ahora bien, la propia Corte Constitucional ha puntualizado que
los conceptos de los cuales se ha valido para caracterizar los distintos
defectos carecen de fronteras definitivamente enunciadas en su jurisprudencia,
pues muchos de los defectos presentes en las decisiones judiciales “son un
híbrido” resultante de la concurrencia de varias hipótesis y en ciertas
oportunidades “resulta difícil definir las fronteras entre unos y otros”, como
sucede, por ejemplo, siempre que el desconocimiento de la ley, debido a una
interpretación caprichosa o arbitraria, da lugar al defecto sustantivo fundado
en la actividad hermenéutica antojadiza del juez, pero también a un defecto
procesal que podría consistir en “la denegación del derecho de acceso a la
administración de justicia que tal entendimiento de la normatividad genera
(Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-589 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett)”
[121]  M. P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[122]  Téngase
en cuenta que el argumento jurídico 4.2.1.1. supra la Sala advirtió que
la sentencia T-171 de 2006 no generó una protección ilimitada del derecho a la
prueba.
[123] Ha considerado la Corte que: “La afectación del debido proceso por
parte de la Sala de revisión tiene naturaleza cualificada. Por tanto debe ser ostensible,
probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones
sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (…)”. Sala Plena,
Auto 197 de 2006.
[124] Auto de nulidad de la sentencia T-535 de 2003, MP Rodrigo Uprimny
Yepes. Criterio reiterado en auto de nulidad 197 de 2006, MP, Jaime Córdoba
Triviño.
[125]
Cfr. Auto 060 de 2006 y la jurisprudencia adelante citada
[126] Sentencia  T- 292 de 2006.
[127] Ver, por ejemplo, entres otras, las sentencias T-13 de 1995 y  C-400
de 1998.
[128] Sentencia SU 047 de 1999.
[129]
Una importante compilación de estos requisitos se encuentra en el Auto 131/04,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.  Fundamentos jurídicos 13 y siguientes.
[130]
Auto 013 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[131] Al
respecto, se puede precisar que por su carácter general una sola sentencia de
constitucionalidad podría constituir precedente para el análisis posterior de
un caso concreto mientras que una sola sentencia de tutela requiere que se
compruebe la identidad fáctica y jurídica para que llegare a convertirse en
precedente.
[132] Sentencia SU-047 de 1999.
[133] Ib.
[134] En la sentencia T-1317 de 2001), se hace una
alusión a estas características, al señalarse que el  “precedente judicial se
construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual
se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi,
está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto
de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito
normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez”.
[135] Sentencia T- 1317 de 2001. M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes.
[136] Sentencia T-292/06
[137]
Esta clasificación es expuesta por la Corte Constitucional en el Auto 053 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[138] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
T-1317/01  M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Fundamento jurídico 6. Sobre este particular, la Corte ha establecido que “el
precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El
principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia,
contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas
jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El
supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla
identificada por el juez. De ahí que, cuando en una situación similar, se
observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el
juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente. Lo anterior
se apoya en el principio de igualdad, que obliga aplicar la misma regla a
quienes estén en la misma situación de hecho.”
[139] En las sentencias T-109 de 2005 y T-590 de 2006 se encuentra
desarrollada una línea jurisprudencial sobre  los presupuestos del error
fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales.
[140] Consultar las Sentencias T-235 de 2004, T-461 de 2003. T-960 de 2003,
T-996 de 2003, SU 132 de 2002, SU 159 de 2002, T-550 de 2002, SU 159 de 2002,
SU 132 de 2002, SU 159 de 2002, T-550 de 2002 Su 159 de 2002, T-450 de 2001,
T-526 de 2001, T-1001 de 2001 T-442 de 1994,T-213 de 2000.
[141] Sentencia T- 813 de 2006.
[142] En este sentido sentencia T- 109 de 2005 y T- 590 de 2006.
[143] Sentencia T- 461 de 2003.
[144] Ver sentencia T-025 de 2001.
[145] Sentencia C-025 de 2001. En este asunto, se
instauró tutela contra una sentencia proferida en un proceso de rendición de
cuentas por el Tribunal Superior de Tunja. La Sala Primera de Revisión
estableció que la sentencia acusada por vía de hecho, (error fáctico) contenía
un respaldo razonable en el análisis de las demás pruebas, en especial del
dictamen pericial. Señaló que si bien es cierto que el Tribunal llegó a una
conclusión diferente a la del Juzgado Tercero de Familia, esto se debe a que
precisamente el Tribunal de segunda instancia al apreciar el citado dictamen
pericial lo hizo aplicando las normas de procedimiento relativas a esa materia,
contenidas en el Código de Procedimiento Civil, llegando a la conclusión de que
éste no ofrecía certidumbre, lo cual nos indica que si fue tenido en cuenta y
fue la base fundamental de su decisión. En  consecuencia al no establecerse que
hubo un defecto fáctico que se constituya en una vía de hecho, concluyó que no
le corresponde al juez constitucional intervenir en controversias que deben
ser, y están siendo definidas por el funcionario competente, dentro del proceso
que la ley ha asignado.
[146] Ver auto A026A/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (En esta ocasión el
solicitante de la nulidad alegaba que la sentencia T-008/99 carecía de validez
en cuanto después de haber reconocido de manera expresa que una prueba era
contraria a derecho se le había dado validez a unas pruebas derivadas de la
misma, lo que contrariaba el debido proceso. La Corte determinó que la
valoración probatoria hecha por la Sala de Revisión se había enmarcado en las
reglas de la sana crítica y no había incurrido en vía de hecho motivo por el
cual no se concedió la nulidad)
[147] Reiteró el criterio aplicado también en la   T-550 de 2002.
[148] Sentencia T- 902 de 2005.
[149] De
esta sentencia la Sala Octava destacó los criterios que a esa altura del
desarrollo jurisprudencial de la Corte se habían identificado como causales de
procedibilidad de la acción de tutela. Hizo énfasis en el defecto fáctico, que
se configura “Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o
decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual se
variaría drásticamente el sentido del fallo”. (Fol. 21).
[150] De
esta sentencia destacó el defecto fáctico como uno de los vicios que vulnera el
debido proceso identificándolo como aquel que “se configura cuando no existe el
sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, por la falta de
apreciación del material probatorio anexado al expediente  o, simplemente, por
un error grave en su valoración”. (Fol. 23).
[151] De
esta sentencia destacó  el desconocimiento de la prueba como uno de los vicios
más nocivos del debido proceso., el cual “consiste en que el fallador al
proferir sus providencias funde sus decisiones sin realizar un completo y
exhaustivo análisis de las pruebas, o sin la debida valoración del material
probatorio allegado al proceso, o lo que es peor, ignorando totalmente su
existencia”. (Fol. 24)
[152] En
relación con este fallo subrayó la advertencia de la Corte en el sentido que
“la práctica de la integridad de las pruebas que hayan sido solicitadas por
el procesado y decretadas por el juez, hace parte del debido proceso y que
este derecho fundamental resulta vulnerado cuando la autoridad judicial obra en
sentido diferente”.  (Fol. 24).
[153]
Respecto de estas decisiones destacó el principio de investigación integral el
cual “no obliga al funcionario judicial a practicar todas las pruebas
solicitadas por los sujetos procesales ni a realizar las pesquisas o
averiguaciones desproporcionadas, innecesarias o inútiles (…) el funcionario
judicial está obligado a practicar aquellas pruebas que objetivamente resulten
pertinentes y que puedan ser obtenidas a través de un esfuerzo razonable. Sin
embargo, cualquier decisión judicial en este sentido  debe ser motivada
suficientemente, pues en este ámbito no existe espacio ninguno para la
arbitrariedad judicial”. Invocando jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y de esta Corporación destacó que “el funcionario judicial vulnera el
derecho de defensa y desconoce el principio de investigación integral, en
aquellos casos en los cuales deja de solicitar, o practicar sin una
justificación objetiva y razonable, aquellas pruebas que resultan fundamentales
para demostrar las pretensiones de la defensa”. (Fol. 25
[154] En
relación con este fallo, proferido a propósito de la posible vulneración de
derechos fundamentales dentro del incidente de desacato,  destacó que la vía de
hecho  “puede consistir , entre otros factores, en el desconocimiento absoluto
del material probatorio, en la vulneración del debido proceso dentro del
incidente, en la falta de conexidad entre lo probado y lo deducido por  el
juez, o en el desconocimiento del derecho de cualquiera de las parte a la
prueba, tanto en el plano de su práctica como de su evaluación, y en el de las
inferencias que haga el fallador”. (Fol. 26).
[155] En
la cual se reitera el criterio establecido en la T- 589 de 1999, T- 055 de
1994, T- 442 de 1994, T-324 de 1996, T-329 de 1996  y T- 654 de 1998, sobre la
vulneración en que se incurre al debido proceso y al principio de investigación
integral en aquellos eventos en que se dejan de practicar  “pruebas que
resultan fundamentales para demostrar las pretensiones de la defensa. Pero
también (…) se desconoce la finalidad de establecer la verdad , cuando omite
tener en cuéntalos derechos de las víctimas ”.
[156] A
folio 52 de la T-171 de 2006, se afirma:  “La Sala concluye que las
resoluciones proferidas por la Fiscalía general de la Nación, que culminaron
con la preclusión del proceso 1255 (542480), adolecen de un defecto fáctico
(…) pues se profirieron  excluyendo de manera injustificada y sorpresiva una
pruebas que habían sido decretadas con antelación sin objeción alguna”.
[157] La
Sala Plena en el auto 181/07 cita al Ministerio Público: “Consideró el
ministerio Público, que era necesario y pertinente establecer las
circunstancias en que fueron colocados los ADRs, dentro del mercado bursátil de
dicho país, pues sólo de esta manera se podría concluir, si dicha colocación,
correspondió a la realidad que reflejaba para el momento la entidad bancaria en
fusión, dado que ello fue fundamental, para fijar la relación de intercambio,
que finalmente dio al traste con la negociación debatida. Y concluyó que, sólo
si en principio de (sic) aclaran estos aspectos, podrá despejarse el camino, en
cuanto a la estructuración o no, de mecanismos fraudulentos o engañosos, que
puedan estructurar la estafa como tipo penal debatido”. (Fol. 74).