T-182-15
Sentencia T-182/15
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO
DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional
La acción de tutela es procedente para garantizar los
derechos de personas afectadas por una disminución en su capacidad laboral, a quienes
les han negado el reconocimiento a la pensión y carecen de otra alternativa de
subsistencia, aunque existan otros medios judiciales para la defensa del
derecho prestacional, pues la afectación de los derechos del accionante en
estos casos trasciende el ámbito estrictamente económico y compromete las
condiciones de vida digna y otros derechos fundamentales, además del derecho a
la pensión, de quien por su condición de salud ya no tiene la posibilidad de
trabajar.
PENSION DE INVALIDEZ-Marco normativo
PENSION DE INVALIDEZ-Reglas
establecidas por la Corte Constitucional para determinar la fecha de
estructuración de la invalidez en los casos de enfermedad degenerativa, crónica
o congénita
Frente a enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas, en las que la pérdida de capacidad laboral se
produce en forma progresiva, se presenta un deterioro paulatino de
la salud que eventualmente les permite permanecer activos laboralmente aún
luego de la fecha de estructuración fijada en el dictamen. En estos casos,
la fecha en que se pierde la aptitud para trabajar es diferente de
aquella en que se diagnosticó la enfermedad y de la señalada como fecha de
estructuración. Ante tales
eventos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es procedente contabilizar
las semanas cotizadas en el sistema de seguridad social en pensiones con
posterioridad i) a la fecha de estructuración de la invalidez, y ii) luego de
la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ha reconocido la
prestación reclamada a las Administradoras de Pensiones cuando se trata de
sujetos de especial protección, cuya condición exige la oportuna y eficaz
intervención para la garantía de sus derechos fundamentales.
PENSION DE INVALIDEZ DE
PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de
la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
Esta Corte ha dejado sentado que cuando una
Administradora de Fondos de Pensiones estudia la solicitud de reconocimiento de
una pensión de invalidez de un afiliado que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita, debe tener en cuenta el momento en que la persona
haya perdido efectivamente  su capacidad para trabajar y a partir de ésta,
verificar si cumple con los requisitos establecidos por la normatividad
aplicable para el caso concreto.
IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-Legitimación
para impugnar
Dentro de los tres días siguientes a su notificación, el fallo
podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad
pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato. Por lo
anterior, toda actuación judicial orientada a desconocer el derecho a impugnar
de quienes están habilitados legalmente para hacerlo, sería contraria a
derecho. Lo dicho supone acreditar que se tiene alguna de las calidades que
legitiman a quien impugna la decisión, para hacerlo. En el caso
del solicitante, puede hacerlo directamente o a través de representante
judicial, conforme al artículo 10 del decreto 2591 de 1991, quien debe tener la
calidad de abogado y acreditar que está facultado para actuar dentro de la acción
de tutela, mediante poder especial o que tiene tal atribución en virtud de
poder general otorgado mediante escritura pública.
PENSION DE INVALIDEZ PARA
POBLACION JOVEN-Orden al Fondo de Pensiones reconocer pensión de invalidez
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON
ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Vulneración del derecho a la pensión de invalidez por
no contabilizar las semanas cotizadas luego de la fecha de estructuración de la
invalidez
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Vulneración
por parte de Colpensiones por no examinar procedencia de pensión de invalidez,
bajo el Decreto 758 de 1990, dado que en
vigencia de éste se cumple con el requisito mínimo de semanas para garantizar
la pensión
DERECHO AL
MINIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a
Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
Referencia: Expedientes T-4520186,
T-4604866, T-4614061 y T-4615127
Acciones de
tutela promovidas por Maribel López Velasco contra AFP Protección y Compañía
Suramericana de Seguros de Vida S.A. SURA, y por Henry Evidalio Mateus Téllez,
Pedro José Bermon Leal y Elvia Janeth Díaz contra la Administradora Colombiana
de Pensiones, COLPENSIONES.
Magistrada (e) Ponente:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015)
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María
Victoria Calle Correa y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente, las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así
como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos dentro de las acciones de tutela que se relacionan a
continuación:
1.     Maribel López Velasco contra AFP Protección y Compañía
Suramericana de Seguros de Vida S.A. SURA. Fallo proferido el 20 de marzo de
2014 por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga y confirmado el 6 de
mayo de 2014, por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga. (Expediente
T-4520186)
2.     Henry Evidalio Mateus Téllez contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.Sentencia del Juzgado Dieciséis Penal
del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, del 24 de septiembre de
2014, que negó el amparo solicitado. (Expediente T-4604866)
3.     Pedro José Bermon Leal contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. Negada por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga en
sentencia del 24 de junio de 2014, decisión contra la cual se interpuso
impugnación, que fue rechazada el 15 de agosto de 2014 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Mixta de Decisión.(Expediente T-
4614061)
4.     Elvia Janeth Díaz Castro contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. Solicitud de tutela negada el 22 de
agosto de 2014 por el Juzgado 27 Laboral del Circuito, de Bogotá, decisión
confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 23 de septiembre de 2014. (Expediente T-4615127)
Los anteriores expedientes fueron
seleccionados para revisión y acumulados por auto del 21 de noviembre de 2014,
de la Sala de Selección Número Once.
I.
ANTECEDENTES
1.      Expediente 4520186
1.1.   Hechos
Maribel López Velasco interpuso acción de tutela
contra AFP Protección y Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. SURA, con
el fin de que se protejan sus derechos a la vida, seguridad social, dignidad
humana y mínimo vital, con fundamento en los siguientes hechos:
A la ciudadana Maribel López Velasco de 25 años de
edad, el 26 de marzo de 2012 le diagnosticaron Hipertensión Pulmonar Severa y en
concepto de rehabilitación integral del 14 de febrero de 2013, se diagnosticó Lupus
Eritematoso Sistémico e Hipertensión pulmonar secundaria.
La accionante se encuentra afiliada a la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A desde el 17 de
noviembre de 2011 y ha cotizado más de 150 semanas al Sistema General en Pensiones.
El 30 de agosto de 2013 solicitó a la Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A solicitud de pago de
incapacidades y/o pensión de invalidez de origen común, como lo informa la
accionada.
La Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. SURA,
el 31 de enero de 2014 calificó la pérdida de capacidad laboral en 60,95%, por
enfermedad de origen común y fecha de estructuración el 26 de marzo de 2012,
tomando como referente el diagnóstico de Hipertensión Pulmonar Severa, y sin
definir deficiencia por Lupus Eritematoso Sistémico, porque según registra en
la evaluación de capacidad laboral, no se había realizado consulta con
reumatólogo por falta de autorización de EPS.
El 20 de febrero de 2014 el Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección notificó el dictamen a la accionante y, según informa la
tutelante, le comunicaron verbalmente que no podía pensionarse porque no había
cotizado 50 semanas al fondo de pensiones.
En el escrito de tutela afirma la accionante que no
tiene una fuente de ingresos y el deterioro de su salud es constante, por lo
cual solicita que se protejan sus derechos a la vida, seguridad social,
dignidad humana y mínimo vital.
Admitida la solicitud de tutela en auto del 7 de marzo
de 2014 el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga vinculó como
entidades igualmente accionadas a SANITAS E.P.S., la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez y la Junta Regional de Calificación de Invalidez y
ordenó oficiarles para que se pronunciaran sobre la solicitud de tutela. De
igual forma, mediante auto del 19 de marzo de 2014 el Juzgado de primera
instancia ordenó vincular a la Asociación Mutual de Apoyo Solidario Asmusol, a
quien corrió traslado para que se pronunciara sobre la petición de amparo.
1.2. Respuesta de las entidades accionadas
El apoderado de
Seguros de Vida Suramericana S.A. SURA, indicó que la solicitud de tutela
formulada contra esa empresa es improcedente porque versa sobre el
reconocimiento de la pensión, lo cual es ajeno a su representada, ya que quien
eventualmente debe hacerlo es el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección –
AFP Protección-. Afirma que Seguros de Vida Suramericana S.A. SURA no ha
vulnerado ningún derecho constitucional a la accionante, y sus actos se
enmarcan dentro de las obligaciones del contrato de seguros celebrado con el
referido fondo de pensiones. Por último indica que la ciudadana puede reclamar
la prestación dineraria que persigue ante la justicia ordinaria civil.
La Junta Nacional de
Calificación de Invalidez señaló que sólo conoce los casos calificados por una
Junta Regional que son apelados por las partes y no existe en esa Junta ningún
trámite relacionado con la calificación de la accionante, por lo cual solicita
desvincularla de la actuación pues no ha vulnerado ningún derecho a la
ciudadana Maribel López Velasco.
El representante de EPS
SANITAS solicita declarar improcedente la acción por cuanto dicha entidad no ha
afectado ningún derecho fundamental de la accionante. Informa igualmente que
Maribel López Velasco fue retirada de esa EPS, por solicitud de la empresa
Asociación Mutual de Apoyo Solidario Asmusol desde el 2 de febrero de 2014,
cuando tenía registradas 121 semanas cotizadas, y reseña las incapacidades que
expidió a la accionante, por la patología que padece.
La Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A, mediante escrito de fecha 11 de
marzo de 2014, indicó que el 20 de febrero de 2014 notificó a la accionante el
dictamen emitido por la Comisión Laboral y le explicó que contaba con 10 días
hábiles para interponer recurso de apelación si no estaba de acuerdo con el
mismo, por lo cual la ciudadana tiene la oportunidad legal para hacerlo. Agrega
que se encuentra efectuando el análisis para definir conforme a la ley si
procede el reconocimiento de la pensión de invalidez, determinación que
notificaría luego de que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral quede
en firme y no haya un recurso por resolver. En este orden, concluye el fondo de
pensiones, no ha vulnerado ningún derecho a la ciudadana Maribel López Velasco.
1.3. Decisiones de
tutela que se revisan
·
Sentencia de Primera Instancia
El 20 de marzo de 2014
el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga concedió el amparo y ordenó a
la Administradora de Fondos de Pensiones Protección AFP el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, por cuanto existe un perjuicio irremediable
que afecta el mínimo vital y la integridad personal de la accionante quien fue
declarada inválida porque padece enfermedades insuperables que sólo cuentan con
tratamientos médicos paliativos y debe asumir sus gastos médicos, de
alimentación y transporte. Consideró el a quo que se cumplen los presupuestos
para el reconocimiento de la pensión de invalidez por cuanto la señora Maribel
López Velasco fue calificada con pérdida de capacidad laboral de 60.95%, con
fecha de estructuración el 26 de marzo de 2012. Advirtió que aunque la
accionante no cumple con las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración, deben tenerse en cuenta las efectuadas
luego del 26 de marzo de 2012, por tratarse de un sujeto de especial
protección, que se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta.
·
Sentencia de Segunda Instancia
Al decidir la impugnación presentada por el
representante de la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A.,
con base en que se encuentra verificando si la accionante cumple o no los
requisitos legales para ser acreedora de la pensión de invalidez, luego de lo
cual notificará su decisión a la tutelante, el Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Bucaramanga  en fallo del el 6 de mayo de 2014, revocó el amparo
del derecho a la seguridad social y solo tuteló el derecho de petición al
considerar que la accionada no se ha pronunciado de fondo sobre la petición de
la pensión, por lo cual ordenó al Fondo de Pensiones AFP Protección S.A., dar
respuesta a la solicitud de pensión presentada por la señorita Maribel López
Velasco.
1.4. Pruebas que obran dentro del
expediente
·
Copia del oficio del Jefe de Área
de Prestación de Protección Pensiones y Cesantías, de fecha 19 de febrero de
2014, mediante el cual notifica el dictamen sobre la pérdida de la capacidad
laboral de la señora Maribel López Velasco (folio 1).
·
Fotocopia de la Cédula de
ciudadanía de la accionante, que registra como fecha de nacimiento 6 de junio
de 1989 (folio 2).
·
Copia de la historia clínica de
Maribel López Velasco, en el Instituto Neumológico del Oriente (folio 4 a 24).
·
Copia del Formulario de dictamen
para calificación de pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez
de Sura (folio 25 a 46),
·
Reporte de pagos a la seguridad
social de Maribel López Velasco, realizados por la Asociación Mutual de Apoyo
Solidario Asmusol, en donde consta que realizó aportes a pensión desde
noviembre de 2011, hasta diciembre de 2013, en forma continua, en enero de 2014
registra cotización por un día. Posteriormente aparece reporte de pago
realizado por la accionante en marzo de 2014, por 30 días.  (folios 132 a 137).
·
Oficio del 20 de marzo de 2014, de
la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección, en el cual informa que
Maribel López Velasco está afiliada al Fondo de Pensión Obligatoria desde el 17
de noviembre de 2011, que ha realizado aportes a pensión obligatoria hasta
marzo de 2014 en total de 111.14 semanas, y precisó que “para efectos de
contabilizar el tiempo para definir la prestación económica, solo puede tenerse
en cuenta las semanas cotizadas desde noviembre de 2011 hasta la fecha de
estructuración de la invalidez, esto es, hasta el 26 de marzo de 2012”
(folios 156 a 158)
·
Oficio de la Defensoría del Pueblo
donde informa que AFP Protección S.A., según lo indicó la accionante, en
cumplimiento de la decisión de tutela de segunda instancia, respondió la
solicitud negando el reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplir
con el número mínimo de semanas cotizadas.
2.      Expediente T-4604866
2.1.   Hechos
Henry Evidalio Mateus Téllez interpuso
acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES,
con el fin de que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
y se le cancelen los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993 a partir del 1º de agosto de 2014 hasta que se le cancelen las
mesadas dejadas de pagar. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas al
expediente se establece que:
El señor Henry Evidalio Mateus Téllez, de
55 años de edad, mediante dictamen del 31 de enero de 2014, realizado por
remisión de EPS Famisanar LTDA, fue calificado por COLPENSIONES con una pérdida
de la capacidad laboral de 56,85%, generada en trastorno afectivo bipolar, con
fecha de estructuración el 18 de julio de 2008,
El 8 de febrero de 2014 el accionante
solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
Según copia del reporte de semanas
cotizadas de fecha 15 de agosto de 2014, el tutelante ha cotizado 831,86
semanas desde el 24 de noviembre de 1992 hasta el 31 de julio de 2014.
Por Resolución GNR 280534 del 10 de
agosto de 2014, expedida dentro del radicado 2014-1068056, COLPENSIONES respondió
a la anterior solicitud en forma negativa con fundamento en que el tutelante
tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y ha cotizado por 3659
días cotizados (522 semanas desde el 24 de noviembre de 1992 hasta el 30 de
junio de 2014), pero no cumple el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro
de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.  Tampoco
tiene al menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de
vejez, lo que le permitiría que sólo le fuera exigible 25 semanas de cotización.
La resolución anterior fue notificada personalmente
al señor Mateus Téllez el 15 de agosto de 2014.
El 10 de septiembre de 2014, el ciudadano
interpuso acción de tutela para la protección de sus derechos a la igualdad, al
debido proceso, seguridad social y mínimo vital. En su escrito informa el señor
Mateus Téllez que cotizó mientras sus condiciones físicas y mentales se lo
permitieron, hasta el 31 de Julio de 2014, y de las semanas cotizadas al
Sistema General de Pensiones, 309 fueron con posterioridad a la fecha de
estructuración de su invalidez. Añade que merece la protección especial del
Estado porque no tiene los recursos económicos para asumir los costos de
accionar los mecanismos legales ordinarios, su estado de salud no es favorable
para aguardar los resultados de un proceso ordinario debido a su duración, y no
tiene una fuente de ingresos para solventar sus gastos de salud, vestuario,
recreación, y de sus necesidades básicas.
2.2. Respuesta de la entidad accionada
Admitida la solicitud de tutela en auto del 10 de
septiembre de 2014, el Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, dio traslado a la Administradora Colombiana de
Pensiones, COLPENSIONES, la cual no se pronunció sobre la acción de tutela
interpuesta por el señor Henry Evidalio Mateus Téllez.
2.3. Decisión de
tutela que se revisa
El 24 de septiembre de 2014, el Juzgado
16 Penal del Circuito de Conocimiento del 24 de septiembre de 2014, negó el
amparo solicitado porque no se cumple con el requisito de subsidiaridad dado
que el ciudadano no interpuso ningún recurso contra la Resolución GNR280534,
aunque en el artículo segundo de la mencionada resolución se señalaron los que
eran procedentes. Sostuvo el Juzgado que la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o supletorio, sino residual porque procede cuando el afectado no
dispone de otro medio eficaz de defensa, excepto que se requiera la protección
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, hipótesis que
en este caso no se configura.
2.4. Pruebas que obran dentro del
expediente
·
Copia de la
cédula de ciudadanía Nº 19.374.761 del señor Henry Evidalio Mateus Téllez, nacido el 10 de
septiembre de 1959.
·
Copia del dictamen de calificación
de invalidez del 31 de enero de 2014 de COLPENSIONES en el cual se determina
una pérdida de la capacidad laboral de 56,85%, por enfermedad común, con fecha
de estructuración 18 de julio de 2008 cuando se diagnosticó trastorno afectivo.
·
Copia de la Resolución GNR 280534
del 10 de agosto de 2014, mediante la cual COLPENSIONES niega el reconocimiento
de la pensión de invalidez.
·
Copia del reporte de semanas
cotizadas, expedido por COLPENSIONES el 15 de agosto de 2014, en donde se
determina un total de 831,86 semanas cotizadas.
3. Expediente T- 4614061
3.1. Hechos
El 10 de junio de 2014 el ciudadano Pedro
José Bermon Leal interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana
de Pensiones COLPENSIONES, para la protección de sus derechos al mínimo vital,
a la salud, a la seguridad social, al debido proceso, la dignidad humana, orden
justo, progresividad y favorabilidad en pensiones, con fundamento en los
siguientes hechos:
El señor Bermon Leal tiene 53 años de
edad y según dictamen del Equipo Interdisciplinario de Calificación de la Nueva
EPS comunicado el 11 de noviembre de 2009, padece de insuficiencia renal
terminal –requiere de hemodiálisis o diálisis peritoneal-, que condujo a
calificar un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral en 67,30%, con fecha
de estructuración el 6 de mayo de 2009 y grado de severidad de la Limitación
Profunda.
Mediante la Resolución 5907 del 25 de septiembre de
2010, notificada al accionante el 14 de diciembre de 2010, COLPENSIONES negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez al señor Bermon.
Dice el señor Bermon Leal que luego, por insinuación
de trabajadores del ISS, siguió cotizando con la ayuda de su familia al Sistema
General de Pensiones, como trabajador independiente
El 19 de abril de 2013 el accionante solicitó la
revocatoria directa del anterior acto administrativo, y por la Resolución GNR
199870 del 5 de agosto de 2013, COLPENSIONES resolvió negativamente dicha
petición al estimar que efectuada una nueva revisión de su historia laboral se
determina que no acredita el requisito de las 50 semanas cotizadas o de los
tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
El tutelante se afilió al Instituto de Seguros
Sociales, hoy COLPENSIONES, y ha cotizado 632,49 semanas, desde el 7 de octubre
de 1985 hasta el 31 de diciembre de 2013, de las cuales, según lo expresa en su
libelo, 101 son posteriores a la fecha de estructuración.
Sostiene el ciudadano Bermon Leal que se le practicó
un trasplante renal y continuó trabajando, pero posteriormente presentó rechazo
al riñón trasplantado y por su deterioro en la salud no puede desempeñar ningún
cargo. Por último, señala que debe darse aplicación al artículo 20 del Decreto
758 de 1990, relativo a la integración de las pensiones de invalidez por riesgo
común y vejez, porque contiene una condición más beneficiosa y que tiene
derecho de acceder al Fondo de Solidaridad Pensional, reglamentado en el Decreto
1355 de 2008, para las personas con discapacidad de los niveles I y II del
Sisbén, que han cotizado por lo menos 500 semanas.
3.2. Respuesta de la entidad accionada
Mediante auto del 11 de junio de 2014 el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Bucaramanga
avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó la notificación y
traslado a la entidad accionada; sin embargo la Administradora Colombiana de
Pensiones, COLPENSIONES, no intervino ni se pronunció sobre los hechos
referidos por el accionante.
3.3. Decisiones de
tutela que se revisan
·     Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito para
Adolescentes con función de conocimiento de Bucaramanga, mediante fallo del 24
de junio de 2014, negó la solicitud de amparo porque “al juez constitucional
no le corresponde decidir si el tutelista tiene derecho o no al reconocimiento
de una prestación, por carecer de elementos de competencia para ello, y porque
no le está permitido invadir el ámbito de atribuciones de las autoridades
públicas”, como quiera que este tipo de conflictos deben ventilarse ante la
justicia ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social.
·
Impugnación
Notificada la anterior decisión, el señor
Cristian Edgar Rosales Barajas, a nombre del accionante Pedro José Bermon Leal,
presentó impugnación el 1º de julio de 2014. Sustenta la petición de
revocatoria del fallo de primera instancia, en que la jurisprudencia
constitucional sí prevé la procedencia de la acción de tutela para el
reconocimiento pensional en dos eventos excepcionales. En el mismo escrito se
reiteran las consideraciones efectuadas en la solicitud de tutela.
El señor Rosales Barajas adjunta escrito
de autorización especial del accionante “para que en mi representación
presente y diligencie todo lo relacionado a mi solicitud y trámite del proceso
de la pensión de invalidez de origen común, que se tramitará ante la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)”, con sello de presentación personal
del 17 de julio de 2013.
·
Decisión de Segunda Instancia
Mediante auto del 2 de julio de 2014 el a
quo concedió la impugnación en efecto devolutivo y ordenó la remisión al
superior. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, Sala Mixta de Decisión, en auto del 15 de agosto de 2014, rechazó la
impugnación al estimar que quien la presentó carece de legitimidad para
hacerlo, por cuanto no es un profesional del derecho con tarjeta profesional
vigente y por ello no podía obrar como mandatario o representante judicial del
accionante dentro de la acción del tutela.
3.4. Pruebas que obran dentro del
expediente
·
Copia del Oficio GPS Nº3016-09, en
el cual la coordinación de Medicina Laboral de Nueva EPS S.A., le informa al
accionante que el Equipo Interdisciplinario de Calificación de Nueva EPS S.A.,
calificó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral en 67,30%, con fecha
de estructuración el 6 de mayo de 2009, con grado de severidad de la Limitación
Profunda. (folio 15)
·
Constancia del Nefrólogo
internista David Darío Varón Jaimes, del 6 de noviembre de 2009, sobre el
cuadro clínico del accionante. (folio 16)
·
Reporte de semanas cotizadas en
pensiones actualizado a 20 de enero de 2014, en donde registra un total de
632,49 semanas, desde el 7 de octubre de 1985 hasta el 31 de diciembre de 2013.
(folio 19)
·
Copia de la historia clínica del
señor Pedro José Bermon Leal (folios 20 a 31)
·
Constancia de notificación el 13
de enero de 2014 de la Resolución GNR 199870 del 5 de agosto de 2013. (folio
32)
·
Copia de la Resolución GNR 199870
del 5 de agosto de 2013, mediante la cual COLPENSIONES resolvió negativamente
la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 5907 del 25 de septiembre
de 2010. (folio 33)
4. Expediente T-4615127
4.1. Hechos
El
31 de julio de 2014 la señora Elvia Janeth Díaz Castro presentó solicitud de
tutela de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la
seguridad social, al debido proceso, protección especial de las personas con
discapacidad y vida digna, los que estima quebrantados por la Administradora
Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, con base en los siguientes hechos:
La accionante nació el 10 de junio de 1962, se afilió
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 4 de mayo de 1978 y hasta
el 31 de diciembre de 1994 cotizó 565.1429 semanas (3.956 días).
El 11 de junio de 2010, fue calificada con una pérdida
de la capacidad laboral del 58,89%, con fecha de estructuración el 20 de mayo
de 2010, por enfermedad común -A. Reumatoide CF III-.
Mediante Resolución Nº000794 del 14 de enero de 2011
fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitado por
la accionante el 22 de julio de 2010, porque no acredita 50 semanas cotizadas dentro
de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez,
requisito exigido por el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, dado que durante el periodo comprendido entre
el 20 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2010 registra cero (0) semanas
cotizadas.
La anterior resolución fue notificada personalmente a
la accionante el 15 de marzo de 2011.
Expresa en su escrito de tutela que desde hace 21 años
padece de una enfermedad degenerativa de carácter progresivo que le ha causado deformidades,
limitaciones en el movimiento y le impide trabajar, por lo que al carecer de
mesada pensional se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y no
está en condiciones físicas y económicas para demandar ante la justicia laboral
ordinaria, lo cual genera un perjuicio irremediable. Añade, que la accionada no
ha considerado que cuando entró a regir la Ley 860 de 2003 ya cumplía con los
requisitos de la Ley 100 de 1993 para obtener la mencionada prestación y debió
aplicarse el principio de la condición más beneficiosa.
4.2. Respuesta de la entidad accionada
Admitida la solicitud de tutela en auto del 13 de
agosto de 2014, el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá dio traslado a la
Gerencia Nacional de Reconocimiento, a la Vicepresidente de Beneficios y
Prestaciones y a la representante de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial
de la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, para que se
pronunciaran sobre la acción de tutela. Sin embargo, no hubo ninguna
intervención de los vinculados.
4.3.   Decisiones
de tutela que se revisan
·
Sentencia de Primera Instancia
El
22 de agosto de 2014 el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá, declaró
improcedente la acción de tutela porque no existe un perjuicio irremediable y
se desconoce el estado actual de salud de la accionante pues el dictamen que
determinó una pérdida de capacidad laboral del 58,89% data del 11 de junio de
2010 y el estado de invalidez debe revisarse cada tres años, de acuerdo al
artículo 44 de la Ley 100 de 1993. Además, consideró que la solicitud de amparo
no cumple el requisito de inmediatez, dado que la resolución que le negó el
derecho fue notificada el 15 de marzo de 2011 y la accionante interpuso la
tutela hasta julio 31 de 2014, periodo en el que ya se habría definido su
derecho pensional en un proceso ordinario, lo cual desvirtúa el propósito de la
acción de tutela como mecanismo urgente de protección de derechos
fundamentales.
Contra
la anterior determinación la accionante interpuso impugnación con fundamento en
que el a quo no tuvo en cuenta los argumentos invocados que sustentan la
violación de los derechos fundamentales de la señora Elvia Janeth Díaz Castro y
en que la pérdida de capacidad laboral se estructuró por una enfermedad de
carácter progresivo y degenerativo que padece desde hace 21 años. Para
desvirtuar el incumplimiento del requisito de inmediatez, señala que debe
analizarse en el caso concreto bajo principios de razonabilidad y
proporcionalidad, conforme a lo señalado en la sentencia T-792 de 2009.
·
Sentencia de Segunda Instancia
El fallo anterior fue confirmado
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23
de septiembre de 2014, al determinar que existen acciones ordinarias para
obtener “el pago de la pensión de vejez (sic) reclamada”, y que aunque es claro
que la accionante es sujeto de especial protección por su condición de salud,
no concurren los presupuestos para la procedencia excepcional de la acción de
tutela porque no se acredita la existencia del riesgo que supone  la denegación
de la acción y la configuración de un perjuicio irremediable. El ad quem
reitera los argumentos del juzgado de primera instancia sobre la inactividad
injustificada de la accionante.
4.4. Pruebas que obran dentro del
expediente
·
Copia del reporte de periodos de
afiliación al régimen de pensiones ISS (folios 13 a 16)
·
Dictamen sobre pérdida de la
capacidad laboral Nº3239 del 11 de junio de 2010, realizado por remisión del Sisbén,
en el cual se fija una pérdida de la capacidad laboral del 58,89%, con fecha de
estructuración el 20 de mayo de 2010, por enfermedad común (folio17).
·
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía (folio 18).
·
Copia de la Resolución Nº000794
del 14 de enero de 2011 fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez (folio 19).
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
Competencia
Es
competente la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional para revisar
los fallos de tutela proferidos en los procesos radicados T-4520186, T-4604866,
T-4614061 y T-4615127, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y
241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 33
del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación.
2.2.
Problema jurídico
En términos generales, las acciones de tutela plantean
la necesidad de determinar si la
Administradoras de Fondos de Pensiones Protección S.A. y COLPENSIONES vulneran
los derechos de los accionantes a la seguridad social, mínimo vital y vida
digna al negar el reconocimiento de la pensión de invalidez aduciendo el
incumplimiento del requisito consistente en haber cotizado 50 semanas dentro de
los tres años previos a la fecha de estructuración.
(i) En este orden, dentro de la acción de tutela Nº T-4520186 corresponde a la Sala determinar si La Administradora de Fondos de
Pensiones y cesantías Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales de
Maribel López Velasco, de 25 años de edad, quien padece Lupus Eritematoso
Sistémico e Hipertensión Pulmonar secundaria, porque al negar el reconocimiento
de la pensión de invalidez no tuvo en cuenta su edad y las semanas cotizadas
por el accionante con posterioridad al 26 de marzo de 2012, fecha de
estructuración de la invalidez. Igualmente es preciso determinar si la
protección de los derechos fundamentales de la ciudadana se entiende satisfecha
por la orden dada por el juez de segunda instancia a Protección S.A., para que
se pronuncie de fondo sobre la solicitud de la pensión de invalidez.
(ii) En la revisión de la sentencia proferida dentro de la acción
radicada T-4604866, corresponde determinar si COLPENSIONES desconoció los derechos
fundamentales de Henry Evidalio Mateus Téllez, quien padece trastorno afectivo
bipolar, porque en la Resolución que le negó el derecho a la pensión de
invalidez no tuvo en cuenta las semanas cotizadas luego del 18 de julio de
2008, fecha fijada de estructuración de la invalidez.
(iii) Dentro de la acción de tutela Nº T-4614061 corresponde a la Sala establecer si la Administradora Colombiana de
Pensiones COLPENSIONES vulneró los derechos fundamentales Pedro José Belmon
Leal, quien padece Insuficiencia Renal Terminal, al negar el reconocimiento de
la pensión de invalidez por no haber cotizado 50 semanas dentro de los tres
años anteriores a la fecha de estructuración, y no considerar en el análisis de
éste requisito que el accionante ha cotizado más semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración que es el 6 de mayo de 2009.
(iv) En la revisión del fallo emitido dentro de la acción Nº T-4615127,
se examinará si la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES desconoció los derechos
fundamentales de Elvia Janeth Díaz Castro, afectada por Artritis Reumatoidea GF
III, porque aplicando la normativa
vigente en la fecha de estructuración de la invalidez (Ley 860 de 2003), le
negó la pensión de invalidez a pesar de que es posible examinar su solicitud bajo
el cuerpo normativo anterior más beneficioso (Decreto 758 de 1990) en vigencia
del cual se cumplieron los requisitos mínimos para acceder a la prestación
reclamada.
Para resolver los anteriores problemas jurídicos, y antes de
ocuparse de los casos concretos, la Sala abordará el estudio de los siguientes
temas: (i) Procedibilidad de la acción de tutela para solicitar el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, (ii) Marco normativo de la
pensión de invalidez, y requisitos exigibles a la población menor de 26 años de
edad, y (iii) Exigencia del requisito de cotización mínima de 50 semanas y
fecha de estructuración de la invalidez en el caso de enfermedades crónicas o
degenerativas.
2.3. Procedibilidad
de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que en
virtud del carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, ésta es
improcedente para solicitar el reconocimiento y pago de acreencias laborales,
entre ellas el de pensiones, porque existen mecanismos ordinarios de defensa
judicial para el efecto, como las acciones laborales ordinarias o la acción
contencioso-administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho[1].
Esta regla general de aplicación del principio de
subsidiaridad se exceptúa cuando por las circunstancias del caso concreto, el
reconocimiento del derecho pensional adquiere relevancia constitucional ante la
necesidad de proteger y garantizar otros derechos fundamentales de quien
solicita el amparo, porque:
a.     Es necesario evitar la consumación de un perjuicio
irremediable
b.     La negativa a reconocer la pensión implica la
afectación de derechos fundamentales,
c.      La decisión de la administradora de fondos de
pensiones desconoce preceptos legales y constitucionales y es por tanto
arbitraria, y
d.     El medio judicial principal u
ordinario, es ineficaz para la protección de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados
De acuerdo a la obligación de protección especial a
quienes se encuentren en condición de debilidad manifiesta, impuesta en el
artículo 13, inciso final, de la Constitución Política, el análisis de
los presupuestos antes enunciados requiere particular atención cuando el
accionante es un sujeto de especial protección constitucional por su edad
(niños y niñas, y personas de la tercera edad), condición de salud (personas en
situación de discapacidad), o por su situación social (madres o padres cabeza
de familia y población en situación de desplazamiento)[2].
Cabe recordar, que el derecho a la pensión de
invalidez adquiere el carácter de derecho fundamental por sí mismo, dado que
para quien sufre una pérdida de capacidad que le impide acceder a un trabajo,
la mesada pensional constituye la única fuente de ingresos para solventar sus
necesidades básicas[3].
Por ello, la acción de tutela es procedente para
garantizar los derechos de personas afectadas por una disminución en su
capacidad laboral, a quienes les han negado el reconocimiento a la pensión y
carecen de otra alternativa de subsistencia, aunque existan otros medios judiciales
para la defensa del derecho prestacional, pues la afectación de los derechos
del accionante en estos casos trasciende el ámbito estrictamente económico y
compromete las condiciones de vida digna y otros derechos fundamentales, además
del derecho a la pensión, de quien por su condición de salud ya no tiene la
posibilidad de trabajar.
En la sentencia T-186 de 2010, la Corte precisó que
existen dos eventos en los cuales procede la acción de tutela para reclamar
derechos pensionales: “En primer lugar, como mecanismo principal y
definitivo, si no existe otro medio de defensa judicial, o aun existiendo, éste
no resulta idóneo y/o eficaz en el caso concreto. Excepción prevista para
aquellos casos en que por las especiales condiciones de los peticionarios, debe
otorgárseles un trato diferencial más digno y proteccionista que el conferido a
los demás miembros de la comunidad; (…) En segundo lugar, como mecanismo transitorio, cuando
exista un medio de defensa judicial ordinario idóneo.”
En relación con el juicio que debe efectuarse para
determinar la existencia de un perjuicio irremediable, respecto de personas en
condición de discapacidad, esta Corporación ha señalado que “la evaluación del perjuicio irremediable debe
realizarse en razón de la capacidad material que tiene este grupo poblacional
para el acceso a los medios judiciales ordinarios, competencia que se ve
significativamente disminuida en razón de la debilidad y la vulnerabilidad que
imponen la limitación física o mental. Así, cuando los derechos de este grupo
de personas resultan
afectados por la omisión atribuible a la entidad demandada, la Corte ha tutelado el derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, en forma definitiva, teniendo en cuenta que se trata de la prestación económica destinada a
cubrir contingencias generadas por enfermedad común o de otra índole, que
inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral.[4]”
En este orden, el derecho a la pensión de invalidez
puede ser protegido por vía de amparo constitucional en
casos, como los que son objeto de estudio, de personas afectadas por
enfermedades degenerativas, que están en deficientes condiciones económicas,
carecen de alternativas diferentes de sostenimiento y se ven abocados a un
perjuicio grave e inminente ante la ausencia de recursos para sufragar sus
necesidades básicas.
En los casos de enfermedades degenerativas, ha
señalado la jurisprudencia, resulta una carga desproporcionada exigirles a los
afectados el agotamiento de los mecanismos judiciales ordinarios para reclamar
su derecho pensional, porque el tiempo de resolución por tales vías hace
inidóneos e ineficaces estos recursos, por lo que la acción de tutela se
convierte en el mecanismo principal y definitivo que permite brindar la
protección inmediata de sus derechos, que requiere.
2.4.   Marco normativo de la pensión de invalidez.
En relación con el derecho a la pensión, el artículo
48 de la Constitución que garantiza a todos el derecho irrenunciable a la
Seguridad Social, precisa que para adquirir el derecho a la pensión se requiere
cumplir con: (i) la edad, (ii)  el tiempo de servicio mínimo, (iii)
las semanas de cotización o el capital necesario, (iv) así como las
demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para
las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Respecto de los requisitos y
beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de
sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de
Pensiones.[5]
El derecho a la pensión de invalidez consiste en una compensación económica dada a aquellas personas
cuya capacidad laboral se ve disminuida con el fin de resguardar sus
necesidades básicas y solventar la vida en condiciones dignas[6], en
vigencia de la Constitución de 1991, inicialmente se rigió por el Acuerdo 049 de
1990, adoptado por el Decreto
758 de 1990, que en lo pertinente establece:
“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o
gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,
ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época,
con anterioridad al estado de invalidez.”
Esta regulación fue modificada posteriormente por la
Ley 100 de 1993, que ha previsto dos regímenes
distintos para hacer frente a las situaciones de invalidez: i) En los eventos
de origen común, y ii) el que tiene lugar en situaciones de origen profesional.
De acuerdo con el artículo 39 de la citada ley,
modificado por la Ley 860 de 2003[7],
para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, tanto en el Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, como en el Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad[8],
se deben verificar los siguientes requisitos:
a.     Que el afiliado sea
declarado inválido cuando por “cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido
el 50% o más de su capacidad labora.”, conforme al artículo 38 ibídem.
b.     Que el afiliado haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración, cuando la invalidez es por
enfermedad.
c.      Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma,
cuando la invalidez es causada por accidente.
d.     Cuando el afiliado tenga hasta 26 años, inclusive,
conforme al parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2009 y la sentencia
C-020 de 2015, bastará que el afiliado acredite que han cotizado veintiséis
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria, si le resultare más favorable.
e.      Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75%
de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
Mención
particular requiere la exigencia de un mínimo de semanas cotizadas a la población menor de 26
años de edad, para obtener la pensión de invalidez, por cuanto en sentencia
C-020 de 2015, recogiendo posturas ya reiteradas y aceptadas de manera pacífica
en sede de revisión, la Corte declaró la exequibilidad del parágrafo 1, del
artículo 1 de la Ley 860 de 2009, bajo “la condición de que se
extienda lo allí previsto en materia de pensiones de invalidez hacia toda la
población joven, definida esta última razonablemente conforme lo señalado en
esta sentencia, y en la medida en que resulte más favorable al afiliado. En los
casos concretos, sin embargo, mientras la jurisprudencia constitucional no evolucione
a la luz del principio de progresividad, la regla especial prevista en el
parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe extenderse
favorablemente, conforme lo ha señalado hasta el momento la jurisprudencia
consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional; es
decir, se debe aplicar a la población que tenga hasta 26 años de edad,
inclusive”.
La calificación de la pérdida de capacidad laboral
también ha tenido desarrollo legal, es así como en materia de competencia, de
conformidad con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 52 de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 del 10 de enero de 2012, la
calificación del grado de invalidez y de pérdida de la capacidad laboral
corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a la Administradora Colombiana  de
Pensiones, COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a
las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades
Promotoras de Salud EPS. En el dictamen debe señalarse, entre otras cosas, el
origen y la fecha de estructuración de la invalidez[9], cuya definición es trascendental
porque establece el momento en el cual se consolida el derecho a exigir el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, de acuerdo a la normatividad
vigente.
En relación con el contenido de la calificación, el
Decreto 917 de 1999, mediante el cual se adoptó el Manual Único para la
Calificación de la Invalidez establecía en el artículo 3 que la fecha de
estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral “Es la
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no
habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.”
Esta
normativa fue derogada por el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014[10],
“Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de
la Capacidad Laboral y Ocupacional”, que en el artículo 3 contempló las
siguientes definiciones:
“Fecha de declaratoria de la pérdida de la
capacidad laboral: Fecha en la
cual se emite una calificación sobre el porcentaje de la pérdida de capacidad
laboral u ocupacional.
Fecha de estructuración: Se entiende como la fecha en que una persona pierde un
grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen,
como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en
la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez,
esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada
alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u
ocupacional.
Esta fecha debe soportarse en la historia
clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad
laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe
apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe
estar argumen­tada por el calificador y consignada en la calificación. Además,
no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al
Sistema de Seguridad Social Integral.”
Por
último, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, que
establece el principio mínimo fundamental de “la situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales del derecho”, es posible acudir en materia pensional al principio
de favorabilidad, y en tal virtud, como lo ha indicado esta Corporación, “En
todo caso, la aplicación de las normas que regulan la materia deberá ser
cotejada a la luz de los supuestos fácticos que fundamentan el caso concreto, a
fin de determinar si resultan contrarias a los principios de progresividad y no
regresividad de los derechos. De presentarse esta situación, de conformidad con
el principio constitucional de favorabilidad en la interpretación y aplicación
de la ley laboral, deberá aplicarse el texto original del artículo 39 de la Ley
100 de 1993, o la norma que proporcione más beneficios al afiliado y asegure el
reconocimiento del derecho a esa prestación económica.”[11]
Así
mismo, la Corte en circunstancias particulares, ha indicado que
en aplicación del postulado de la condición más beneficiosa en pensión
de invalidez es posible aplicar el Decreto 758 de 1990 a situaciones causadas
en vigencia de la Ley 860 de 2003, bajo el entendido que si
bajo las normas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder al
reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa anterior
es posible conceder el derecho, siempre que se acredite que la persona
interesada cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior
para garantizar el acceso a la prestación reclamada, antes de que el mismo
perdiera su vigencia.
En este sentido, en la sentencia T-832A de 2013, la Corte sostuvo
que este principio ampara las expectativas legítimas de aquellos usuarios que
están cerca de adquirir un derecho pensional frente a cambios legislativos que
frustran sus aspiraciones; expectativas legítimas que surgen cuando “se logre consolidar una situación
fáctica y jurídica concreta en virtud de la satisfacción de alguno de los
requisitos relevantes de reconocimiento del derecho subjetivo.” La
condición más beneficiosa protege a los usuarios de cambios en la regulación y
frente a situaciones que conducen a resultados desproporcionados en relación
con otros afiliados que cumpliendo requisitos menos exigentes tienen derecho a
un beneficio pensional, situación que desconoce la Constitución. Recientemente,
en sentencia T- 953 de 2014, precisó esta Corporación que “el objeto
principal de este postulado es evitar que un tránsito legislativo genere una
afectación desproporcionada de los intereses legítimos de los afiliados, en el
sentido de que personas que han aportado una cantidad considerable de semanas
se verían privadas del derecho, mientras que la nueva regulación permitiría el
acceso al mismo a ciudadanos que han satisfecho cargas de menor entidad. …
diferentes salas de revisión de esta Corte han señalado que en materia de
pensión de invalidez es válido invocar la condición más beneficiosa para
inaplicar la Ley 860 de 2003, en vigencia de la cual se estructura la
discapacidad, y conceder el derecho con base en lo dispuesto por el Decreto 758
de 1990, si en vigencia del mismo se cumplió con el requisito mínimo de
densidad de semanas para garantizar la pensión”
2.5. Las personas cuya pérdida de capacidad laboral
corresponda a una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, tienen derecho
a que se les contabilicen los aportes efectuados luego de la fecha de
estructuración de la invalidez. Reiteración de la Jurisprudencia.
Para determinar si un usuario cumple los requisitos
para el reconocimiento de la pensión de invalidez, es fundamental el dictamen
que determina la pérdida de la capacidad laboral – que debe ser superior al
50%- y en el cual se fija la fecha de estructuración de la invalidez.
La
disminución de la capacidad
laboral puede ser ocasionada por una enfermedad o un accidente común que afecte
de manera inmediata las capacidades productivas de una persona, en este caso, la fecha de estructuración de la invalidez coincide con la fecha de la
ocurrencia del hecho, lo cual no genera ningún problema cuando se trata de
determinar el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión de
invalidez.
Sin embargo, frente a enfermedades crónicas –cuyo fin o
curación no puede preverse claramente-, degenerativas o congénitas, en las que la pérdida de
capacidad laboral se produce en forma progresiva, se presenta un deterioro paulatino de la salud que
eventualmente les permite permanecer activos laboralmente aún luego de la fecha
de estructuración fijada en el dictamen. En estos casos, la fecha en que se pierde la aptitud para
trabajar es diferente de aquella en que se diagnosticó la enfermedad y de la
señalada como fecha de estructuración.
Ante tales eventos, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que es procedente contabilizar las semanas cotizadas en el sistema
de seguridad social en pensiones con posterioridad i) a la fecha de
estructuración de la invalidez, y ii) luego de la calificación de la pérdida de
la capacidad laboral y ha reconocido la prestación reclamada a las Administradoras
de Pensiones cuando se trata de sujetos de especial protección, cuya condición
exige la oportuna y eficaz intervención para la garantía de sus derechos
fundamentales.
En este tipo de situaciones, la Corte ha encontrado[12]
que los órganos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral, es
decir las Juntas de Calificación de Invalidez, establecen como fecha de
estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la
enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el momento en que se
diagnosticó la enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado
una pérdida de capacidad superior
al 50%.
En la Sentencia
T-699A de 2007, a propósito de una persona afectada por una enfermedad
degenerativa, indicó esta Corporación que:
“ (…)el hecho de que la estructuración sea
fijada en una fecha anterior al momento en que se pudo verificar la condición
de inválido por medio de la calificación de la junta, puede conllevar a que el
solicitante de la pensión acumule cotizaciones durante un periodo posterior a
la fecha en la que, según los dictámenes médicos, se había estructurado la
invalidez, y durante el cual se contaba con las capacidades físicas para
continuar trabajando y no existía un dictamen en el que constara la condición
de invalidez. (…) Así las cosas, no resulta consecuente que el sistema se
beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la estructuración para,
luego, no tener en cuenta este periodo al momento de verificar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión.”
De igual forma, en sentencia T-485 de 2014, al
conceder el amparo a una persona enferma de lupus eritematoso, sostuvo que en aplicación del principio de primacía de la realidad,
debe comprobarse en términos materiales y no formales, la fecha de
estructuración de la invalidez, porque “el solo diagnóstico de la enfermedad
de carácter degenerativo no constituyó una pérdida de la capacidad que
impidiera que la accionante accediera a un empleo. En su lugar, es obligatorio
definir un momento diferente, de manera que sea compatible con criterios
técnicos y, por supuesto, con los postulados constitucionales y legales
respectivos”. Por lo cual la jurisprudencia Constitucional,
reiterada en la sentencia T-072 de 2013[13],
ha precisado que “en lo concerniente al pago
de aportes con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez,
surge una obligación a cargo de las entidades administradoras del sistema de
tenerlas en cuenta para contabilizar las semanas cotizadas por el interesado”
considerando que en algunos eventos de enfermedades crónicas, degenerativas y
congénitas, el afiliado puede continuar laborando hasta que su estado de invalidez le impida desempeñar una
actividad laboral que le procure sustento.
Por lo anterior, esta Corte ha dejado sentado que cuando
una Administradora de Fondos de Pensiones estudia la solicitud de
reconocimiento de una pensión de invalidez de un afiliado que padece una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita, debe tener en cuenta el momento
en que la persona haya perdido efectivamente  su capacidad para trabajar y a
partir de ésta, verificar si cumple con los requisitos establecidos por la
normatividad aplicable para el caso concreto.
2.6. Legitimación para impugnar el fallo de tutela
El derecho a impugnar el fallo de tutela ha sido establecido
en el artículo 86, inciso segundo, de la Constitución, conforme al cual, el
fallo de tutela podrá impugnarse ante el Juez competente. En desarrollo de esta
norma superior, el artículo 31 del decreto 2591 de 19991, establece que “dentro de los tres días
siguientes a su notificación, el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano
correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”.
Por lo anterior, toda
actuación judicial orientada a desconocer el derecho a impugnar de quienes
están habilitados legalmente para hacerlo, sería contraria a derecho. Lo dicho
supone acreditar que se tiene alguna de las calidades que legitiman a quien
impugna la decisión, para hacerlo.
En el caso del
solicitante, puede hacerlo directamente o a través de representante judicial,
conforme al artículo 10 del decreto 2591 de 1991, quien debe tener la calidad
de abogado y acreditar que está facultado para actuar dentro de la acción de
tutela, mediante poder especial o que tiene tal atribución en virtud de poder
general otorgado mediante escritura pública[14].
III. CASOS CONCRETOS
3.1. Expediente 4520186
3.1.1.
Procedibilidad de la acción
De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la Corte establece
que la joven Maribel López Velasco, de 25
años de edad, el 26 de marzo de 2012 fue diagnosticada con Hipertensión
Pulmonar Severa y en concepto de rehabilitación integral del 14 de febrero de
2013 se diagnostica Lupus Eritematoso Sistémico e Hipertensión pulmonar
secundaria. La Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. SURA, el 31 de
enero de 2014 calificó la pérdida de capacidad laboral en 60,95%, con fecha de
estructuración el 26 de marzo de 2012, tomando como referente el diagnóstico de
Hipertensión Pulmonar Severa, y sin definir deficiencia por Lupus Eritematoso
Sistémico, porque según registra en la evaluación de capacidad laboral, no se
había realizado consulta con reumatólogo por falta de autorización de EPS.
La accionante por su condición médica no puede trabajar y carece de medios
propios de subsistencia. Aunque la ciudadana Maribel López tiene la posibilidad
de acudir ante la jurisdicción laboral para reclamar su derecho pensional, lo
que, de acuerdo al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, haría improcedente la
acción, en este evento la acción de tutela es el mecanismo idóneo para
solicitar la protección de los derechos a la seguridad social y al mínimo
vital, que estima conculcados porque se trata de una persona que padece Lupus
Eritematoso Sistémico, enfermedad
degenerativa que como quedó consignado en el
dictamen ha generado otra afección a su salud, la Hipertensión
Pulmonar Severa, la cual restringe sus movimientos y la incapacita para trabajar
y obtener recursos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas. A lo
cual cabe agregar, que de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente la
ciudadana no cuenta con otros medios alternativos de subsistencia, lo que
profundiza su situación de vulnerabilidad.
En este evento, como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional[15], el amparo puede
otorgarse como mecanismo definitivo, ante la necesidad de evitar un perjuicio
irremediable, a una persona con graves afecciones en su salud, por cuanto
imponer el sometimiento del conflicto a los mecanismos judiciales ordinarios resultaría
una carga desproporcionada, en la medida que se atendería a la urgencia de
brindar protección inmediata de su derecho al mínimo vital, afectado por no
contar con una fuente de ingresos para solventar sus necesidades básicas.
3.1.2. Vulneración de los derechos fundamentales por negar la
pensión de invalidez sin tener en cuenta la edad de la accionante y las semanas
cotizadas luego de la fecha de estructuración de la invalidez
Como se reseñó anteriormente, Maribel López, de 25 años, comenzó a
cotizar al sistema de seguridad social en pensiones desde noviembre de 2011 y
continuó haciéndolo hasta enero de 2014, cuando dejó de laborar en la empresa
Asociación Mutual de Apoyo Solidario Asmusol; posteriormente en marzo de 2014,
volvió a cotizar como trabajador independiente.
La Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. SURA,
el 31 de enero de 2014 calificó la pérdida de capacidad laboral en 60,95%,
determinando como fecha de estructuración el 26 de marzo de 2012, cuando se
había diagnosticado la Hipertensión Pulmonar Severa, pero no se había
confirmado el Lupus Eritematoso Sistémico, porque según registra en la
evaluación de capacidad laboral, no se había realizado consulta con reumatólogo
por falta de autorización de EPS, con lo cual el estado de invalidez se
determina por la pérdida de la capacidad laboral derivada del Lupus, no
diagnosticada para el 26 de marzo de 2012.
En este orden, un primer aspecto a considerar, es que la
fecha de estructuración no se determinó con base en el momento en que se
diagnostica la patología invalidante, sino una manifestación de la misma,
porque la enfermedad de base no estaba confirmada. En este sentido cabe
recordar que el Decreto 917 de 1999, vigente para la época de los hechos, establecía
en el artículo 3 que la fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de
la capacidad laboral “Es la fecha en que se genera en el individuo una
pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para
cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica,
los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación.”
Al margen de la inconsistencia señalada, la Sala
advierte que el 20 de febrero de 2014 la Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías Protección notificó el dictamen a la accionante –que, según informa
la tutelante, no ha sido desvirtuado- y le comunicaron verbalmente que no podía
pensionarse porque no había cotizado 50 semanas al fondo de pensiones. Esta
postura de la accionada es reiterada en el curso de la acción de tutela, por
cuanto mediante oficio del 20 de marzo de 2014, la Administradora de Pensiones
y Cesantías Protección, informa que Maribel López Velasco está afiliada al
Fondo de Pensión Obligatoria desde el 17 de noviembre de 2011, que ha realizado
aportes a pensión obligatoria hasta marzo de 2014 en total de 111.14 semanas, y
advirtió que “para efectos de contabilizar el tiempo para definir la
prestación económica, solo puede tenerse en cuenta las semanas cotizadas desde
noviembre de 2011 hasta la fecha de estructuración de la invalidez, esto es,
hasta el 26 de marzo de 2012”.
La denegación del derecho pensional a Maribel López
Velasco, se concretó en la respuesta que con ocasión del fallo de tutela de
segunda instancia la accionada dio a la tutelante, en la cual, según informa el
Defensor del Pueblo, le fue negado el reconocimiento de la pensión de invalidez
por incumplimiento del número mínimo de semanas cotizadas antes de la fecha de
estructuración.
Para la Sala la decisión adoptada por la entidad
accionada vulnera los derechos de la joven Maribel López Velasco por las
siguientes razones:
(i) La jurisprudencia constitucional, como se reseñó en precedencia,
ha sido clara y reiterativa en señalar que las
personas cuya pérdida de capacidad laboral corresponda a una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, tienen derecho a que se les contabilicen los
aportes efectuados luego de la fecha de estructuración de la invalidez. En el
presente evento, la Administradora de Pensiones
y Cesantías Protección, al negar el reconocimiento de la pensión, de manera
injustificada omitió tener en cuenta el total de 111.4 semanas cotizadas
por la joven Maribel López Velasco desde el 17 de noviembre de 2011, hasta el
30 de marzo de 2014, de las cuales 94 lo fueron cotizadas después de la
fecha de estructuración fijada en el dictamen y durante un periodo de tres
años.
(ii) De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley
860 de 2009, cuando el afiliado tenga
hasta 26 años, inclusive, bastará que acredite que han cotizado veintiséis (26)
semanas en el año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o
su declaratoria, si le resultare más favorable. En éste evento la accionante,
quien nació el 6 de junio de 1989 y en la actualidad tiene 25 años de edad,
antes del 31 de enero de 2014, cuando se declaró la invalidez, había cotizado
de manera ininterrumpida durante todo el año 2013, es decir, superaba
ampliamente el mínimo de semanas cotizadas requeridas.
Aunque sólo a partir de la sentencia
C-020 de 2015, se fijó mediante decisión de control abstracto de
constitucionalidad que la previsión antes señalada comprendía a la población
joven hasta los 26 años, inclusive, desde la sentencia T-777 de 2009, la Corte Constitucional ha inaplicado
el límite de veinte años señalado en el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley
860 de 2003 y considerado que la regla debe comprender a la población joven hasta
los 26 años de edad, inclusive. Criterio reiterado en otras sentencias, entre
ellas  T-839 de 2010, T-934 de 2011, T-246 de 2012, T-506 de 2012, T-930 de
2012, T-1011 de 2012, T-630 de 2013, T-819 de 2013, T-443 de 2014 y T-580 de
2014, referidas en la sentencia de constitucionalidad en mención.
Aplicando entonces la directriz interpretativa
señalada en la sentencia C-020 de 2015, según la cual “la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de
2003 debe extenderse favorablemente, conforme lo ha señalado hasta el momento
la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional; es decir, se debe aplicar a la población que tenga hasta 26
años de edad, inclusive”, es claro que como la joven Maribel López
Velasco, de 25 años de edad, a quien se determinó una pérdida de la capacidad
laboral del 60,95%, y que de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas al
sistema de seguridad social en pensión, durante el año inmediatamente anterior
a la fecha de la calificación de pérdida de la capacidad laboral, cotizó más de
26 semanas, cumple los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
invalidez, por lo cual, en atención a la necesidad de amparar de manera urgente
y definitiva sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida
digna, se ordenará a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
comunicación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de invalidez a que
tiene derecho la joven Maribel López Velasco.
Al margen de lo señalado, es preciso llamar la
atención del ad quem, por cuanto alejándose de las razones que llevaron
a la ciudadana a solicitar el amparo de su derecho a la seguridad social, de su
deber de proteger igualmente el derecho al mínimo vital de una persona afectada
por una enfermedad degenerativa, cuyas condiciones de vida fueron planteadas
desde el libelo inicial y no fueron desmentidas por la entidad accionada,
revocó la decisión que con acierto había adoptado el juez de primera instancia
para amparar un derecho fundamental que no se aducía vulnerado por cuanto la
accionante, entendía que ya se le había contestado verbalmente y en forma
negativa a su solicitud. Además, el fallador de segunda instancia debía
advertir que en oficio del 20 de marzo de 2014 la accionada ya había expresado
que al definir sobre el derecho a la prestación sólo podía tenerse en cuenta
las semanas cotizadas entre noviembre de 2011 y el 26 de marzo de 2012,
elemento de juicio que injustificadamente ignoró en su decisión.
3.2. Expediente T-4604866
3.2.1. Procedibilidad de la acción
El señor Henry Evidalio Mateus Téllez, de
55 años de edad, fue calificado por COLPENSIONES con una pérdida de la
capacidad laboral de 56,85%, con fecha de estructuración el 18 de julio de
2008. Al responder a la solicitud de pensión de invalidez, mediante Resolución
GNR 280534 del 10 de agosto de 2014, notificada el 15 del mismo mes, COLPENSIONES
negó la petición porque no cumple el requisito de haber cotizado 50 semanas
dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez,
ni tiene al menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de
vejez, lo que le permitiría que sólo le fuera exigible 25 semanas de
cotización.
Por lo anterior, el 10 de septiembre de
2014, el ciudadano, a través de apoderado interpuso acción de tutela con el fin
de que se tuviera en cuenta que cotizó 309 semanas luego de la fecha de
estructuración de su invalidez, y que merece la protección especial del Estado
porque no tiene los recursos económicos para solventar sus necesidades básicas
y asumir los costos de accionar los mecanismos legales ordinarios, su estado de
salud afectada por un trastorno afectivo bipolar no es favorable para aguardar
los resultados de un proceso ordinario debido a su duración.
El 24 de septiembre de 2014, el Juzgado
16 Penal del Circuito de Conocimiento del 24 de septiembre de 2014, negó el
amparo solicitado por incumplimiento del requisito de subsidiaridad dado que el
ciudadano no interpuso ningún recurso contra la Resolución GNR280534, aunque en
el artículo segundo se señalaron los que eran procedentes.
Ha sostenido esta Corte que cuando se reclama el reconocimiento de una pensión de invalidez, la
Corte ha sostenido que la tutela no es el mecanismo de defensa principal en
tanto existen otros medios judiciales ante las jurisdicciones laboral y
administrativa. Sin embargo, la protección constitucional excepcionalmente
procede cuando está comprometido el goce de los derechos fundamentales de
sujetos de especial protección constitucional, como las persones con
disminuciones físicas y sensoriales notables que necesiten de los recursos para
cubrir sus necesidades básicas, y cuando la decisión de la
administradora de fondos de pensiones desconoce abiertamente preceptos legales
y constitucionales. Ello por cuanto en estos casos descartar por subsidiaridad
la acción, sin tener en cuenta las condiciones particulares del solicitante, puede
conducir a tolerar actuaciones arbitrarias cuyos efectos ponen en riesgo
derechos fundamentales de los ciudadanos, como sucede en este evento.
Es por ello que aunque el ciudadano no interpuso los recursos administrativos contra la Resolución
GNR 280534 del 10 de agosto de 2014, que negó la
pensión de invalidez, ello no hace improcedente la acción de tutela,
considerando que el artículo 9 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[n]o será necesario interponer previamente la reposición u otro
recurso administrativo para presentar la solicitud de tutela”, y el
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 indica que los recursos de reposición y
queja no son obligatorios dentro de la actuación administrativa , por lo que esta acción pública
constituye el mecanismo  idóneo para proteger los derechos fundamentales que se
estiman vulnerados.
En este orden, considerando que el
accionante padece una enfermedad crónica, que por tanto requiere atención
médica permanente y que la patología que lo afecta le ha hecho perder la
capacidad laboral, conforme fue establecido en el dictamen, sin que cuente con
una fuente de recursos para su sostenimiento, se procederá al estudio de la
acción de tutela de forma excepcional, con el fin de cumplir con la función de
procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales a la salud mental y vida
digna del accionante, los que se encuentran en riesgo cierto e inminente de
resultar afectados pues la ausencia de una vinculación laboral y de la pensión
de invalidez lo despoja de los medios para solventar sus necesidades básicas y
los gastos que requiere la atención de la patología que padece.
Además, es preciso resaltar que el
accionante padece de trastorno afectivo bipolar, el cual incide en las
posibilidades de interacción social y por ende de actuación en sede judicial,
consideración que es preciso hacer para tener claridad sobre las razones por
las cuales la Sala, no obstante no haberse ejercido el derecho a recurrir la
resolución de COLPENSIONES, aborda el estudio de la acción que interpuso
mediante apoderado.
La Corte Constitucional ha señalado que
los pacientes de enfermedades mentales requieren una protección especial, en
aras de garantizarles condiciones de vida digna, y si bien una de las medidas
para ello es facilitar su interacción social e inclusión en el mundo laboral,
cuando tales posibilidades se reducen como consecuencia de la enfermedad, el Estado
debe procurar los medios para generar formas de vida independiente y autónoma.
En este sentido, en la sentencia T- 949
de 2013, al conceder el amparo del derecho a la salud de una persona afectada
por trastorno afectivo bipolar, dijo la Corte:
“Respecto de
las personas que sufren afectaciones a su salud mental, la Corte ha indicado
que, por las implicaciones que tienen frente a la posibilidad de tomar
decisiones, de interactuar con otros, y en tanto implican serios padecimientos
para ellos y sus familias, son sujetos de especial protección constitucional y
merecen mayor atención por parte de la sociedad en general, especialmente de
sus familiares y de los sectores encargados de suministrar atención en salud.
Generando entonces en cabeza de la familia y la sociedad en general, el deber
de propugnar una recuperación en caso de ser posible, o entablar los mecanismos
posibles para que lleven una vida en condiciones dignas” y advirtió que en
distintos instrumentos internacionales “se resalta la importancia de crear
condiciones propicias para la vinculación de las personas con discapacidad en
la sociedad, la generación de formas de vida independientes y autónomas y el
ejercicio de todos los derechos en la medida de lo posible, en especial,
recalcan la necesidad de atender de manera integral sus padecimientos, con un
acceso efectivo a los servicios de salud”.
3.2.2. Vulneración del derecho a la
pensión de invalidez por no contabilizar las semanas cotizadas por paciente
crónico luego de la fecha de estructuración de la invalidez
El ciudadano Henry Evidalio Mateus Téllez
tiene una pérdida de capacidad laboral de 56,85%, por trastorno afectivo bipolar,
según dictamen de pérdida de la capacidad laboral efectuado el 31 de enero de
2014, que determinó el estado de invalidez, con fecha de estructuración el  de
julio de 2008, cuando se le diagnosticó la enfermedad. Igualmente se encuentra
demostrado con el reporte de semanas cotizadas, expedido por COLPENSIONES el 15
de agosto de 2014, que ha cotizado un total de 831,86 semanas, entre el 24 de
noviembre de 1992 y el 31 de julio de 2014.
Indica el accionante que a pesar de su
enfermedad continuó trabajando y cotizando al sistema de seguridad social hasta
julio de 2014, y que luego de la fecha de estructuración ha cotizado 309
semanas.
Reiterando lo dicho en precedencia, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que las Administradoras de fondos
de pensiones tienen la obligación de contabilizar, para efectos de definir
sobre el otorgamiento de la pensión de invalidez, las semanas cotizadas por los
pacientes crónicos con posterioridad a la fecha de estructuración, en casos en
los cuales, como sucede en el presente evento, el dictamen determina una
condición de invalidez de forma retroactiva, retrotrayendo su configuración al
mismo día en que se diagnostica la enfermedad, pero sin atender a la condición
real del paciente que continua activo en el medio laboral.
En estos casos, no puede admitirse que el
sistema pensional reciba cotizaciones para cubrir los eventos de vejez,
invalidez y muerte, y luego les reste validez porque en el dictamen se
establezca una pérdida de la capacidad laboral con efectos retroactivos,
dejando sin efecto jurídico las cotizaciones realizadas por el aportante cuando
aún se encontraba materialmente en condiciones de laborar y desconocía que para
las entidades calificadoras ya se había estructurado su condición de invalidez,
precisamente porque realmente continuaba desarrollando su capacidad laboral.
Dado que las personas que padecen de una
enfermedad crónica, tienen derecho a que se les contabilicen los aportes
efectuados luego de la fecha de estructuración de la invalidez, y que la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, negó el reconocimiento de la pensión
porque el accionante no cumplía con el requisito de 50 semanas de cotización
durante los tres años previos a la fecha de estructuración, ignorando en su análisis
las 309 semanas que el señor Henry Evidalio Mateus Téllez cotizó luego del 8 de
julio de 2008, existe una violación del derecho a la seguridad social del
ciudadano, por lo cual, considerando que se cumplen los presupuestos señalados
en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 – condición de invalidez y cotización
de 50 semanas- para el reconocimiento de la pensión de invalidez, se dejará sin
efectos la Resolución GNR280534 del 10 de agosto de 2014, y se ordenará a la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES que, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de esta decisión, expida un nuevo acto en el cual reconozca y
ordene el pago de la pensión de invalidez al ciudadano Henry Evidalio Mateus
Téllez, pago que deberá materializarse sin colocar obstáculos administrativos
al accionante.
3.3.  Expediente T- 4614061
3.3.1.  Procedibilidad de la acción
El ciudadano Pedro José Bermon Leal fue calificado con
un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de 67,30%, con fecha de
estructuración el 6 de mayo de 2009 insuficiencia renal terminal (Hemodiálisis,
Diálisis peritoneal) y grado de severidad de la Limitación Profunda. Debido a
la patología que presenta, fue sometido a un trasplante de riñón el 11 de
septiembre de 2013, pero posteriormente presentó rechazo al riñón trasplantado
y por el deterioro progresivo de su salud no ha podido desempeñar ningún
trabajo. Igualmente, informa que carece de otros medios económicos de
subsistencia.
En este evento, dado que el ciudadano padece una
enfermedad progresiva, presenta una limitación profunda debido a su
insuficiencia renal y su condición económica es precaria, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional debe considerarse que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos para
proteger sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida
digna[16], lo cual hace posible que mediante
acción de tutela se examine si COLPENSIONES ha quebrantado sus derechos
fundamentales por negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez.
3.3.2. Vulneración del derecho a la
pensión de invalidez por no contabilizar las semanas cotizadas por paciente
crónico luego de la fecha de estructuración de la invalidez
Mediante la Resolución 5907 del 25 de septiembre de
2010, notificada al señor Pedro José Bermon Leal el 14 de diciembre de 2010, COLPENSIONES
le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, decisión que reiteró en
la Resolución GNR 199870 del 5 de agosto de 2013[17],
en la cual sostuvo que el accionante aunque tiene una pérdida de capacidad
laboral de 67,30%, no acredita el requisito de las 50 semanas cotizadas en los
tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, la cual fue
fijada el 6 de mayo de 2009.
En éste como en los eventos antes examinados, advierte
la Corte que la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, no tuvo
en cuenta las semanas que el ciudadano cotizó con posterioridad a la fecha de
estructuración, cuando debía hacerlo, lo cual llevó a la accionada a la
conclusión errada sobre el incumplimiento de los requisitos para la pensión por
parte del accionante.
De acuerdo con la prueba documental se establece que
el señor Bermon Leal ha cotizado 632,49 semanas, desde el 7 de octubre de 1985
hasta el 31 de diciembre de 2013, de las cuales, 112,45 semanas fueron
cotizadas luego de la fecha fijada de estructuración de la invalidez.
Respecto de la referida fecha, advierte la Sala que en
el oficio del 11 de noviembre de 2009, en el cual se comunica la pérdida de la
capacidad laboral, no hay ninguna fundamentación para fijar como fecha de
estructuración el 6 de mayo de 2009, cuatro años antes de que el accionante
fuera sometido al trasplante renal (el 11 de septiembre de 2013), y tampoco hay
información en la copia de la historia clínica que esclarezca la razón para que
se hubiere fijado la mencionada fecha, siendo éste un acto carente de
motivación a este respecto.
En este orden, teniendo en cuenta la condición de
invalidez establecida por el Equipo Interdisciplinario de Calificación de Nueva
EPS S.A., y que se encuentra acreditado que el accionante ha cotizado 112,45
semanas luego de la fecha fijada de estructuración de la invalidez, de las
cuales 72,72 semanas corresponden a los tres últimos años, se entienden
cumplidos los requisitos legales para el otorgamiento de la pensión de
invalidez. Por lo cual, se dispondrá que la Administradora Colombiana de
pensiones COLPENSIONES mediante resolución reconozca y ordene el pago de la
mencionada prestación al señor Pedro José Bermon Leal, dentro de los cinco (5)  días
siguientes a la notificación de esta sentencia.
Al margen de lo examinado, la Sala debe
llamar la atención del Juzgado Cuarto Penal del Circuito para Adolescentes con
función de conocimiento de Bucaramanga, por cuanto la motivación del fallo
emitido dentro de la acción que se revisa el 24 de junio de 2014, dista de
contener una debida motivación, que además de exponer con claridad y
suficiencia las razones de la decisión, considere los reiterados
pronunciamientos de esta Corporación respecto del reconocimiento excepcional de
prestaciones laborales mediante acción de tutela, ya sea acogiéndolo o
expresando los fundamentos para apartarse de los mismos. Es inadmisible que un
juez constitucional niegue el amparo reclamado por una persona que merece
especial protección por padecer una enfermedad progresiva invalidante y que
carece de medios de subsistencia, con consideraciones generales y de poca
profundidad normativa y jurisprudencial, y que se contraen a señalar que “al
juez constitucional no le corresponde decidir si el tutelista tiene derecho o
no al reconocimiento de una prestación, por carecer de elementos de competencia
para ello, y porque no le está permitido invadir el ámbito de atribuciones de
las autoridades públicas”.
Defrauda la confianza en la
administración de justicia que un asunto tan relevante como la protección de
derechos fundamentales se resuelva en un párrafo, sin ningún análisis concreto
frente al amparo reclamado y la situación fáctica expuesta en la acción de
tutela, pero además ignorando sin exponer una justificación, la jurisprudencia
de esta Corporación, sobre el reconocimiento excepcional del derecho a la
pensión mediante la acción de tutela.
Por
último, también es preciso señalar que el accionante tiene derecho a impugnar el fallo de tutela, directamente o a través
de apoderado, conforme al artículo 10 del decreto 2591 de 1991, en el evento en
que actúe a través de otro, el derecho de postulación debe recaer sobre un
profesional del derecho, facultado mediante poder especial para actuar dentro
de la acción de tutela, o poder general otorgado mediante escritura pública.
Dado que en éste evento no se cumple ninguno de los presupuestos antes
mencionados, no era viable otorgar efectos a la autorización dada por el
tutelante al señor Cristian Edgar Rosales Barajas, y la falta de
legitimación autoriza el rechazo de la impugnación, porque quien la interpuso
no estaba habilitado legalmente para hacerlo.
3.4. Expediente T-4615127
3.4.1. Procedibilidad de la acción
De
manera consistente con la jurisprudencia constitucional que determina que en
los eventos en que la persona que solicita el amparo sea sujeto de especial
protección, el análisis de la procedibilidad de la acción de tutela debe
efectuarse con un criterio amplio, en el caso concreto de la señora Elvia
Janeth Díaz Castro, encuentra la Sala, que su condición y la necesidad de
amparar la protección que reclama hace procedente la acción, por cuanto se
trata de una persona con una pérdida de la capacidad laboral del 58,89%, con
origen en la Artritis Reumatoide CF III, que padece una enfermedad crónica y degenerativa,
que ha desencadenado deformidades y limitaciones en sus movimientos, y no le
permite desarrollar alguna actividad productiva de la cual obtenga ingresos
para solventar sus gastos y necesidades esenciales, lo cual se reafirma con el
hecho que la accionante se encuentra registrada en el Sisbén, circunstancias
que ponen en riesgo sus condiciones de vida digna y la garantía del derecho a
la salud, al carecer de una fuente de recursos para suplir la atención que su
enfermedad demanda, y que habilitan al Juez constitucional para emitir examinar
y un pronunciamiento de fondo respecto de la vulneración de derechos que alega
la ciudadana.
Ahora
bien, sostiene el Juzgado 27 Laboral del Circuito, de Bogotá, que la acción es
improcedente porque el reconocimiento de la pensión fue negada desde marzo de
2011 y la tutela fue interpuesta el 31 de julio de 2014, por lo cual no se
cumple el requisito de inmediatez. En este caso, como lo ha dicho de manera
reiterada esta Corporación[18],
cuando se trata de solicitud de una prestación periódica, la presunta
afectación del derecho a la seguridad social en pensiones es permanente y de
igual forma el riesgo de afectación de otros derechos fundamentales, más aún en
un caso como el que se analiza, en el cual la persona se encuentra afectada por
una enfermedad degenerativa, cuyas limitaciones físicas y el deterioro de las
condiciones de vida se profundizan con el paso del tiempo, poniendo de
manifiesto la procedibilidad de la acción de amparo.
Adicionalmente,
en su análisis de procedibilidad el juzgado de instancia se ampara en que no se
cuenta con un dictamen más reciente sobre la pérdida de la capacidad laboral de
la tutelante, ignorando que la patología incapacitante es crónica y
degenerativa, por lo cual la posibilidad de que se desvirtuara con un dictamen
posterior la condición de invalidez ya establecida era y es nula, por manera
que requerir la actualización de la calificación de la pérdida de la capacidad
laboral es totalmente inútil e improcedente, para efectos de determinar uno de
los presupuestos necesarios para abalizar el derecho al reconocimiento de la
pensión.
3.4.2.
Quebrantamiento de derechos fundamentales por no aplicar el principio de la
condición más beneficiosa
Como
se expuso en precedencia, la Corte en circunstancias particulares, ha indicado
que en aplicación del postulado de la condición más beneficiosa
en pensión de invalidez es posible aplicar el Decreto 758 de 1990 a situaciones
causadas en vigencia de la Ley 860 de 2003, bajo el entendido que si
bajo las normas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder al
reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa anterior
es posible conceder el derecho, siempre que se acredite que la persona
interesada cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior
para garantizar el acceso a la prestación reclamada, antes de que el mismo
perdiera su vigencia.
En este
evento, advierte la Sala que la señora Elvia
Janeth Díaz Castro fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del
58,89%, con fecha de estructuración el 20 de mayo de 2010, por artritis
reumatoide CF III, enfermedad que padece hace más de 20 años (21 años, para a
fecha del dictamen). Igualmente está demostrado que se afilió al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones desde el 4 de mayo de 1978 y hasta el 31 de
diciembre de 1994 cotizó 565.1429 semanas (3.956 días).
Por cuanto mediante Resolución Nº000794 del 14 de
enero de 2011 COLPENSIONES le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez porque no acredita las 50 semanas cotizadas en los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, requisito exigido por
el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley
860 de 2003, la tutelante sostiene que la accionada no tuvo en cuenta la
condición más beneficiosa para establecer la regulación aplicable a su caso.
Asiste razón a la ciudadana por cuanto en este evento,
los registros clínicos con base en los cuales se efectuó el dictamen en el año
2010 registran que la ciudadana padecía la enfermedad incapacitante desde hacía
21 años (1989), e igualmente que para el 1º de abril de 1994, cuando entraron en
vigencia las normas en materia pensional de la Ley 100 de 1993, la señora Elvia
Janeth Díaz Castro había cotizado más de trescientas 300 semanas al sistema de
pensiones, por lo cual debían inaplicarse los requisitos señalados en el
artículo 1 de la Ley 860 de 2009, y examinar la procedencia de la pensión bajo
la normativa contenida en el  Decreto 758 de 1990, conforme al cual es procedente  conceder
el derecho dado que en vigencia de éste se cumplió con el requisito mínimo de
densidad de semanas para garantizar la pensión, pues de acuerdo con los
registros, para el 1 de abril de 2014 la
accionante había cotizado 545,7143 semanas (3820 días) y hasta el 31 de
diciembre de 1994 las semanas cotizadas fueron 565.1429 (3.956 días).
Como lo advirtió esta Corte en la sentencia T-953 de
2014 “no es razonable que se elimine la
protección de las expectativas legítimas de los usuarios con la simple adopción
de medidas legislativas sucesivamente, sin que se tenga presente la época en
que el causante realiza todas sus cotizaciones, la densidad de aportes que
efectúa al sistema y, principalmente, las circunstancias del caso concreto que
eventualmente evidencian una afectación desproporcionada a los derechos
fundamentales.”, por lo cual
es bajo el postulado del principio de condición más beneficiosa “es posible aplicar una norma anterior
a la que estaba vigente al momento de la estructuración de la discapacidad, sin
necesidad de que los regímenes sean inmediatamente sucesivos, siempre y cuando
el afiliado haya cumplido plenamente con su deber de solidaridad al sistema
bajo la vigencia de la norma anterior. Por tanto, es viable invocar la
condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 860 de 2003 y conceder el
derecho en virtud de lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, si antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se aportaron al menos trescientas
(300) semanas.”
Por lo señalado, se dejará si efectos la Resolución
Nº000794 del 14 de enero de 2011, y se ordenará a COLPENSIONES que dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia proceda al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la señora Elvia Janeth Díaz
Castro, en tanto cumple los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, adoptado
por el Decreto 758 de 1990, que en lo
pertinente establece:
“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o
gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,
ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época,
con anterioridad al estado de invalidez.”
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Revocar la sentencia
proferida dentro del expediente T-4520186 por el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga el 6 de mayo de 2014 que revocó la sentencia
de primera instancia dictada el 20 de marzo de 2014 por el Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Bucaramanga, que había concedido la tutela solicitada y, en
su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales a
la seguridad social, vida digna y al mínimo vital de Maribel López Velasco, como mecanismo de amparo principal.
Segundo.- En consecuencia, Ordenar a la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta sentencia,
reconozca y pague la pensión de invalidez a que tiene derecho la joven Maribel
López Velasco.
Tercero.- Revocar la
sentencia dictada dentro del expediente T-4604866 por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de
Conocimiento del 24 de septiembre de 2014, que declaró improcedente el amparo y,
en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales
a la seguridad social, vida digna y al mínimo vital de Henry Evidalio Mateus
Téllez.
Cuarto.- En consecuencia, dejar sin efecto
la Resolución GNR 280534 del 10 de agosto de 2014 y Ordenar a la Administradora Colombiana
de Pensiones COLPENSIONES que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta decisión expida un nuevo acto administrativo en el cual
reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez al ciudadano Henry
Evidalio Mateus Téllez.
Quinto.- Revocar la
sentencia proferida dentro del expediente T-4614061 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para Adolescentes
con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, el 24 de junio de 2014, que negó
la solicitud de tutela y, en su lugar, conceder la
tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y al
mínimo vital de Pedro José Bermon Leal.
Sexto.- En consecuencia, dejar sin efecto
la Resolución GNR 199870 del 5 de agosto
de 2013 y Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión
expida un nuevo acto administrativo en el cual reconozca y ordene el pago de la
pensión de invalidez al ciudadano Pedro José Bermon Leal.
Séptimo.- Revocar dentro
del expediente T-4615127 la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de septiembre de 2014, que
confirmó la proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá
el 22 de agosto de 2014, y,
en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales
a la seguridad social, vida digna y al mínimo vital de Elvia Janeth Díaz
Castro.
Octavo.- En consecuencia, dejar sin efecto
la Resolución Nº 000794 del 14 de enero
de 2011 y Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión
expida un nuevo acto administrativo en el cual reconozca y ordene el pago de la
pensión de invalidez a la señora Elvia Janeth Díaz Castro.
Noveno.- Líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, Notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y Cúmplase,
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con
excusa
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
ANDRÉS MUTIS
VANEGAS
Secretario
General (e)
[1]
Entre otras sentencias T-550 de 2008, T- 163 de 2011, T-962 de 2011, T-142 de
2013
[2]
Sentencias T-341 de 2010, T-715 de 2011 y T-101 de 2012, entre otras.
[3]
Recientemente en la sentencia T-223 de 2012, en donde se indicó: “La jurisprudencia constitucional ha
considerado que el derecho a la pensión de invalidez, puede, bajo determinadas
circunstancias, adquirir rango fundamenta cuando
se relaciona con el derecho a la vida, al mínimo vital, al trabajo, la salud y
la igualdad, de las personas que sufren una disminución parcial o total de su
capacidad laboral por razones ajenas a su voluntad.” Criterio reiterado y
pacífico, evidente desde sentencias como la T-653 de 2004
[4]
Cfr. sentencia T- 100 de 9 de marzo de 1994,
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T- 1338 de 11 de diciembre de 2001,
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-859 de 2 de septiembre de 2004, T-630 de 3 de
agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-043 de 1 de febrero de 2007,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[5]
El derecho a la Seguridad Social
igualmente se encuentra consagrado en el artículo 22 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 16 de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo
9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[6] En la sentencia
T-186 de 2010, dijo la Corte: “La pensión de invalidez entonces, se
configura como una prestación destinada a proteger los riesgos y contingencias
que provocan estados incapacitantes al trabajador, producidos por una
disminución significativa en el rendimiento laboral, compensando así una
situación de infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral,
mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud, como
característica fundamental en su condición de esenciales e irrenunciables
(art.48 C.P.), que ante la adversidad se convierte en la única fuente de
ingresos, y el  medio idóneo para su subsistencia y la de su familia en
condiciones dignas y justas.”
[7]
El requisito de fidelidad en la cotización
para obtener la pensión de invalidez, introducido por el artículo 1° de la ley
860 de 2003, fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-428 de 2009.
[8] Establece el artículo 69 de la
Ley 100 de 1993 :” El estado de invalidez, los
requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto y el sistema de su
calificación en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se regirá por
las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente Ley”.
[9]
El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, en la parte final establece que “El acto
que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores entidades,
deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron
origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado
puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de
recurrir esta calificación ante la Junta Nacional…”
[10]
Que entró en vigencia el 12 de febrero de 2015, seis meses
después de su publicación.
[11] Sentencia T-186 de 2010
[12] Corte Constitucional, Sentencia T-163 de 2011.
[13] “La Corte Constitucional ha sostenido en diversas
oportunidades que las personas cuya pérdida de capacidad laboral corresponda a
una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, tienen derecho a que se les
contabilicen aportes efectuados luego de la fecha de estructuración de la
invalidez para verificar su cumplimiento, si es que conservaban aptitudes para
ofrecer sus servicios en el mercado laboral. Ello, porque en sus casos la
fuerza de trabajo se desvanece paulatinamente, y la fecha en que efectivamente
pierden su capacidad para trabajar puede ser diferente a la fecha de
estructuración que indica el dictamen de calificación”. Sentencia
T-143 de 2013
[14]
Código General del Proceso, Artículo 73. Derecho de postulación. Las personas
que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado
legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su
intervención directa.
Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán
conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos
podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos
deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse
verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del
conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado
personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario.
Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán
extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley
local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la
forma establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder fuere una
sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que
tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere
es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la
misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una
persona.
Se podrá conferir poder especial por
mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados
expresamente o por su ejercicio.
[15]
sentencia T-186 de 2010
[16]
Cfr.  Sentencia T-662 de 2013.
[17]
Notificada el 13 de enero de 2014.
[18]
Sentencias T-833/11, T-885/11, T-374/12 y T-521/13