T-014-99
Sentencia T-014/99
NOTA DE RELATORIA: mediante
Auto 022/99 se declaró la nulidad de una parte de la sentencia, contenida en el
numeral 2° parte final
Sentencia T-014/99
SUBORDINACION E INDEFENSION-Distinción
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD-Fundamental por afectación del mínimo vital de pensionados
La Corte ha establecido que, si bien el derecho a la seguridad
social no tiene el carácter de fundamental, puede llegar a tenerlo cuando se
vulnera o amenace algún derecho fundamental per se. Sin embargo, en el caso de
las personas de la tercera edad, el derecho a la seguridad social adquiere el
carácter de derecho fundamental, porque afecta el mínimo vital de los ancianos,
ya que ellos se encuentran excluidos del mercado laboral y dependen de los
recursos que perciben por concepto de las pensiones para dignamente sobrevivir.
PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Pago de mesadas pensionales atrasadas
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Pago de mesadas actuales y futuras
CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO-Prelación de créditos laborales
CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO-Prelación de créditos laborales
CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO-Pago preferente de mesadas pensionales
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIO-Pago preferente de mesadas pensionales
CONMUTACION PENSIONAL-Alcance y operancia
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Inspección, control y vigilancia de
sociedades mercantiles/SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Conservación de la
empresa en trámites concursales/PROCESO CONCURSAL-Eficiencia y prontitud
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Protección derechos del pensionado en
trámite de concordato
CONTRATO DE FIDUCIA-No constituye sustitución patronal en
pago de mesadas pensionales/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN CONTRATO DE FIDUCIA-Inoperancia
en pago de mesadas pensionales
El contrato de fiducia no es una
sustitución patronal porque no implica cambio de patrono, ni continuidad de la
empresa, ni continuidad de los trabajadores, luego no opera la solidaridad del
artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco existe otra norma
jurídica de la cual se deduzca la solidaridad para obligaciones laborales por
parte de quien celebre un fideicomiso.
Referencia: Expedientes T-166086, 167840,
168763, 169381, 170050, 179692.
Solicitante: Fermín Salamanca y otros
Procedencia:
Juzgado 22 de Familia de Santafé de
Bogotá y otros
Temas:
Derechos prestacionales
Mora en el pago de pensiones
Conmutación pensional
Solidaridad
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiuno (21)
de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz,
Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA
CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la acción de tutela que por intermedio de
apoderada inicialmente instauraron Fermin Salamanca Calderon, Inocencio Quevedo
Ramirez, Vidal Sarmiento Molina, Jorge Velasco, Arturo Paez Hernandez, Benigno
Sanchez Caballero, Saul Alfonso Uribe, Jose Del Carmen Sanchez Diaz, Ramon
Duran Sabogal, Segundo Porfirio Caicedo Caicedo, Agapito Ibañez Jutinico, Marco
Antonio Camargo, Romulo Bolaños Y Alejandro Perdomo Saldaña contra la
EMPRESA COLOMBIANA DE CURTIDOS S.A.
-COLCURTIDOS- y contra FIDUANGLO.
Estando tramitándose la tutela en primera instancia,
la apoderada pidió que la acción cobijara a otro grupo de pensionados que
también le habían otorgado poder: Maria Helena Rodriguez Viuda De Morales,
Marco Aurelio Alonos, Benedicto Zamudio Ramirez. Luego adicionó su petición con
estos otros nombres:  Maria Dolores Escobar Viuda De Avila, Maria Emma
Ballesteros De Triana, Maria Purificacion Pulido Rodriguez, Luis Efrain Pulido
Barinas, Marco Aurelio Piernagorda Ramirez, Francisco Mora Avila, Ernesto
Bermudez Calderon, Filadelfo Garzon Sanchez, Aristobulo Chavez Casas, Israel
Eduardo Pinilla, Marco Antonio Torres, Ana Riaño Viuda De Farfan, Jorge Elias
Velasquez Cruz, Elieser Julio Moreno Prieto, Miguel Antonio Bermudez Calderon,
Juan De Jesus Gavilan Pachon, Jose Del Carmen Torres Cardenas, Luis A Grosso
Garzon, Hernando Martinez, Alvaro Gutierrez Gutierrez, Maria E. De Monroy,
Pedro Antonio Tobocha Martinez, Plinio Monroy Jimenez, Moises Rodriguez
Becerra, Jose Isidro Diaz Niño, Juan Miguel Marin Pinzon, Pedro Pablo Marin
Sanchez, Jesus Alvaro Garzon Ramirez, Luis Guillermo Barbosa Perez, Arturo
Granada, Luis Alberto Rodriguez, Jose Miguel Hernandez Vargas, Anibal Luna
Cartagena, Jose Alcides Puentes Puentes, Benigno Arturo Porras Vela, Jose Del
Carmen Perilla Cruz, Jose Enrique Cabolla, Humberto Salgado Castañeda,
Bonifacio Casas Cardenas, Primitiva Moreno Viuda De Camelo Y Luis Eduardo
Salcedo.
Con posterioridad se acumularon los expedientes 167840
de JOSE ISRAEL RODRIGUEZ  BOSSA (solamente contra Fiduanglo); 168763 de JORGE
ENRIQUE NIÑO MALAGON, ANTONIO MARIA CUELLAR, VICENTE ENRIQUE POVEDA CRUZ, LUIS
ERNESTO LASTRA, PEDRO ARTURO GARZON ROZO, MANUEL ALBERTO GUERRERO ROMERO, MARCO
TULIO ROBAYO, ANA LUCIA CONTRERAS CASTILLO, PROTACIO LEON CAMELO, HERNANDO JOSE
VARGAS, MARIA DEL CARMEN CRUZ, MACEDONIO PIRACUN NIVIO, ADAN FONSECA SOSA,
BARBARA VANEGAS DE VELANDIA, FLORINDA ROJAS DE QUINTANA, REINALDO LOPEZ, JORGE
ENRIQUE CASTIBLANCO, MARIA DEL CARMEN CEPEDA DE PUIN, MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ
FORERO, JOSE MANUEL MURILLO VALERO, EMA OSSES MILLAN, JOSE DEL CARMEN MOLINA
RODRIGUEZ, LUIS ALFONSO GARCIA MOGOLLON, FRANCISCO CASTRO ZAMUDIO, ANA DELINA
CASTIBLANDO DE CHAVEZ, HUMBERTO ARIZA, LUIS ANTONIO GUIO SANDOVAL, HERNAN DE
JESUS BERNAL R. JORGE ENRIQUE POSADA CABRERA, JOSE JOAQUIN ACOSTA AVELLA,
ARACELY MONTENEGRO MONTENEGRO, JUAN DE LA
CRUZ AREVALO MARIN, BENIGNO ANTONIO PERILLA BARRETO, JESUS ALBERTO CASTRO,
LUCAS MUÑOZ BUITRAGO, MARIA TRINIDAD IBAÑEZ DE FORERO, GREGORIO HURTADO, MARIA
LEONOR PRIETO DE ALVARADO, ROSA MARIA ANTONIO DE HERNANDEZ, PABLO ENRIQUE
MALAGON, ARNULFO ORTIZ FLOREZ, JORGE ENRIQUE BOHORQUEZ H., FORTUNATO RIVERA
BARRETO, MARIA DIONISIA RICO DE FLOREZ, RITA CAMACHO DE PACHON, GUILLERMO BULLA
CASALLAS, ABRAHAM GONZALEZ RODRIGUEZ, MARCO ANTONIO GARCIA AGUILAR, SAMUEL NIÑO
MALAGON, CIPRIANO MURCIA MOLINA, ALFONSO GAVILAN PACHON, FRANCISCO AVILA BASTO,
MILCIADES GARCIA AGUILAR, JOSE DANIEL CASTILLO, BELISARIO GALINDO, NARCISO PUIN
LOPEZ, RAUL MAYORGA, ALVARO CELIS, JULIA CONTRERAS CASTILLO, AURA MARIA ESCOBAR
CLAVIJO, HERNAN BOHORQUEZ SUAREZ, ALVARO E. SANCHEZ DIAZ, LUIS ALFONSO CAÑAS
PATARROYO, RICARDO LOPEZ SABOYA, JOSE DEL CARMEN RAMIREZ CASTILLO, EMELINA MELO
DE RUBIANO, SAUL FERNANDEZ LOPEZ, ABEL PINZON RIAÑO, FERNANDO GARCIA AGUILAR,
ANA ROSA PEÑA DE RODRIGUEZ, MOISES CASTIBLANCO CASTIBLANCO, JOSE TEODORO
AMEZQUITA VARGAS, LUCINDA URBANO DE CAÑON, ANTONIO ENRIQUE HORTUA CAICEDO,
GUILLERMO LOPEZ TRIBIÑO, ALIX VILLALVA ROMERO, ISAURO BOGOTA MUNAR, MERCEDES
SOLER DE PEÑA, PEDRO NEL VELASQUEZ MARTINEZ, ANA LEONOR SEPULVEDA VDA DE
BARRERO, CARLOS ALBERTO FIERRO CAMPOS, MARIA MURCIA MONTRES DE MONTES, BAUTISTA
TORRES GARZON, ELVIRA RODRIGUEZ DE ALONSO, JOSE MANUEL MONTENEGRO, MARIA HELENA
ALFARO DE CIFUENTES, LUIS MARIA DUITAMA, JESUS ALBERTO CASTRO, JOSE ANTONIO
ALMEIDA, DANIEL PALACIOS, MARIA SANTOS HIDALGO DE GUZMAN, LUIS EDUARDO GARCIA,
JORGE ENRIQUE VARGAS, ANA CECILIA JARAMILLO DE JURADO, JOSE DANIEL CASTILLO,
LUIS ALFONSO GARCIA y JOSE EPIFANIO MALAVER, JOSE A. CARVAJAL, LEONIDAS
CORREDOR, JOSE CASTRO BARRETO, RICARDO CASALLAS, HERNANDO DUMIT K., NELSY
BARRERA DE LEAL, JOSE RAUL SAMUDIO SANDOVAL, LUCILA LOZANO DE ROCHA; luego
acumuló el expediente 169381 de MARIA CECILIA FRANCISCA VILLA DE RAMIREZ, PABLO
ANTONIO NAJAR CASTRO, ANA CELINDA ORJUELA AZUERO, MANUEL MURILLO NIETO, ERNESTO
DELGADO DELGADO y FIDELIGNO REINA HERNANDEZ; también se acumuló el expediente
170050 de JOSE ISRAEL RODRIGUEZ BOSSA, (esta vez contra Colcurtidos). Se
acumuló también otro expediente el 179692 de JOSE NICANOR CUESTA GUACHETA,
contra Colcurtidos.
ANTECEDENTES
Se pide mediante tutela que se ordene a dichas
sociedades cancelar a los accionantes las mesadas pensionales debidas desde
diciembre de 1997 y, aunque la tutela no se dirige contra el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y contra el Instituto de Seguros Sociales, se indica
que estas Entidades hagan los estudios para la conmutación pensional, el
Ministerio ya cumplió con el trámite y el ISS ha requerido a Fiduanglo para que
remita el calculo actuarial.
Sea de advertir que COLCURTIDOS les ha reconocido la
pensión de jubilación hace varios años a quienes instauran la tutela. Pero en
el caso concreto de JOSE ISRAEL RODRIGUEZ, el ISS le decretó la pensión el mes
de abril de 1998. Igualmente es necesario decir que no hay prueba adecuada de
que hubieren fallecido alguno o algunos de los solicitantes aunque se insinúa
que ello hubiera acontecido.
Pues bien, la misma sociedad Colcurtidos S.A. solicitó
la liquidación obligatoria consagrada en la
Ley 222 de 1995 y por auto 410 - 5657 de 21 de julio de 1998 la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite.
La Superintendencia de Sociedades dijo que la empresa ha quedado
disuelta, tomó las determinaciones que la ley exige, por eso designó a Mario
Valencia Ochoa como liquidador y emplazó a los acreedores, razón esta última
por la cual los pensionados se hicieron presentes en el proceso concursal, pese
a que ya habían instaurado la tutela.
DECISIONES DE INSTANCIA
En el expediente de tutela original, el 166086, la
sentencia la profirió el Juzgado 22 de Familia, el 6 de marzo de 1998. Concedió
parcialmente la tutela, en el sentido de ordenar a FIDUANGLO iniciar el trámite
correcto para la conmutación pensional “y en tanto que ello se produce,
continúe asumiendo los costos que representa ésta, incluyendo todo lo que tiene
que ver con el pago de las mesadas atrasadas a los pensionados, y hacia el
futuro hasta que se de solución definitiva a la situación de los mismos, sin
perjuicio de que una vez lograda la venta de bienes del fideicomisario, se
proceda a cubrir los dineros que por efecto de esta situación se haya
dispuesto”.
Impugnada la decisión, la
Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, el 24 de abril de 1998, revocó la sentencia de primera instancia y negó
la tutela, no solo por haber otra vía judicial sino porque, en sentir del
ad-quem, “Por otro lado, se observa que, por lo menos hasta el momento, el
cumplimiento de las obligaciones laborales con los jubilados por la empresa
COLCURTIDOS S.A., se encuentra garantizada y que, de acuerdo con las
instrucciones dadas en el contrato de fiducia a que se aludió, se encuentra en
primer orden de prioridad la satisfacción de las obligaciones laborales y que,
por otro lado, se han elevado varias solicitudes para el trámite de la
conmutación pensional de los accionantes, ante algunas entidades
administradoras de pensiones lo cual, en todo caso, también está sujeto a la
consecución del dinero necesario para cubrir el valor de dicha operación, por
lo cual tampoco se ve negligencia en cuanto al traslado de la obligación
pensional a la entidad administradora correspondiente, pues si no está
disponible el dinero para cubrir la conmutación, es obvio que cualquier otro
trámite sobre el particular, sería infructuoso”.
En el expediente 167840 y en el 170050, ambos de José
Israel Rodríguez Bossa, el primero contra Fiduanglo, el segundo contra
Colcurtidos, se negó la tutela, en el 167840 en providencia de primera
instancia del Juzgado 55 Civil Municipal de Bogotá de 2 de abril de 1998, y en
segunda instancia por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, el 18 de mayo
de 1998. En el expediente 170.050 del mismo Rodríguez Bossa la negativa se
produjo por sentencia de 27 de mayo de 1998 del Juzgado 13 de Familia de
Bogotá.
En el expediente 168763, de Jorge Niño y otros, la
tutela se negó el 15 de abril de 1998 por el Juzgado Segundo de Familia de
Bogotá, decisión confirmada el 22 de mayo de 1998 por la
Sala de Familia del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
En el caso de María Cecilia Villa de Ramírez y otros
se declaró improcedente la tutela por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 26 de mayo de
1998.
En el caso de José Nicanor Cuesta, expediente 179692,
el Juzgado Sexto Laboral de Bogotá profirió sentencia el 24 de julio de 1998,
denegando la tutela.
ALGUNOS ELEMENTOS DE JUICIO RELEVANTES PARA EL
PRESENTE FALLO
1.
Desde aproximadamente
el 6 de mayo de 1995 se suspendieron las actividades de producción de
Colcurtidos, compañía que tiene como domicilio social a Santafé de Bogotá.
Colcurtidos está inscrito debidamente en la
Cámara de Comercio de esta ciudad y, según la
Asamblea General de Accionistas de abril 1º de 1998, sus socios son:
Curtimbres Búfalo S.A., Premier Leather Corporation, Gelatinas de Colombia
S.A., C.I. Modapiel S.A.
2. El 15 de junio de 1995, mediante escritura 3290 de la
Notaría 2ª de Bogotá se celebró un contrato de fiducia en el cual se
transfirieron los derechos de dominio y posesión de los bienes de la sociedad
(entre ellos tres inmuebles) y además se transfirió el establecimiento de
comercio de la sociedad, identificado con la matrícula mercantil Nº 006318, el
cual se transfiere en bloque o como unidad económica e incluye las licencias,
marcas, patentes, concesiones o adjudicaciones que le hayan otorgado o
reconocido.
El artículo 10 del mencionado contrato establece:
“OBJETO DE EL FIDEICOMISO: Los bienes fideicomitidos, los que adquiera el
fedeicomiso y el patrimonio autónomo que con ellos se forma, se encuentran afectos
a las siguientes finalidades:…. 7. Servir de fuente de pago de las obligaciones
garantizadas por el fideicomiso, en el evento en que el fideicomitente no pague
o se presente  uno cualquiera de los eventos  que determinan la realización de
la garantía previstos en este contrato o en los documentos en los cuales
consten las obligaciones garantizadas por este fideicomiso. Para éste efecto,
se faculta irrevocablemente a la fiduciaria para que disponga de los bienes
fideicomitidos y con su producto proceda a cancelar las obligaciones
garantizadas. 8. Realizar ante el Instituto de los Seguros Sociales  y
cualquier otra entidad pública o privada autorizada por la ley, el trámite para
la conmutación pensional de los trabajadores pensionados a cargo del fideicomitente.
La preparación y elaboración de la documentación que el Instituto de Seguros
Sociales o la entidad autorizada requiera, en especial, el cálculo actuarial,
será obligación exclusiva del fideicomitente. Mientras dicho trámite se cumple,
la fiduciaria podrá pagar con cargo a los recursos de El Fideicomiso el monto
de las mesadas pensionales a favor de los trabajadores pensionados de El
Fideicomitente y de las liquidaciones laborales.”
3. Hasta junio de 1997 FIDUANGLO dice que pagó las
mesadas pensionales con cargo al patrimonio autónomo y que se agotó el dinero
disponible. Advierte, si, que Colcurtidos, desde 1988, afectaba sus estados de
pérdidas y ganancias con la suma correspondiente a la amortización del pasivo
pensional, 5.240.831 (en miles de pesos), y sin embargo “cuando tales sumas se
requerían para cumplir con la conmutación pensional las mismas no aparecieron,
mas aún ningún momento fueron entregadas a la sociedad fiduciaria”.
Fiduanglo dice que de todas maneras ha pagado algunas
mesadas porque existían recursos libres en el fideicomiso, pero que cuando se
agotaron esos recursos hay imposibilidad absoluta de continuar adelantando esa
función, máxime si ha sido difícil vender los inmuebles. Agrega que a
Colcurtidos le correspondía continuar con el trámite de la conmutación y que
Colcurtidos no ha mostrado interés alguno para solucionar el problema.
Respecto a la posibilidad de vender los inmuebles,
Fiduanglo dice que la fiducia es de administración, por ello “se convocó al
Comité técnico del fideicomiso y se plantearon las reformas que debían
introducirse al contrato.”
La representante de los pensionados aclara que
Fiduanglo también ha sido negligente y que solo adelantó gestiones para la
conmutación pensional cuando hubo una orden de tutela.
4. Se vuelve a repetir que una de las finalidades del
contrato de fiducia era el de tramitar ante el ISS la conmutación pensional y
mientras los trámites se realizaran se estableció que la fiduciaria “podrá pagar
con cargo a recursos del fideicomiso el monto de las mesadas pensionales y las
liquidaciones laborales.”
Sobre tal trámite, el ISS el 30 de noviembre de 1998
le informa a la Corte los pasos que se han dado:
El 28 de abril de 1998 el Ministerio del Trabajo
emitió concepto favorable a la conmutación pensional,
El 4 de mayo de 1998 se le pidió a Fiduanglo la
solicitud de envío del cálculo actuarial actualizado, se reitera la solicitud
el 21 de agosto de 1998.
El 10 de septiembre Fiduanglo responde al ISS que es
competencia de la empresa Colcurtidos la realización del cálculo actuarial.
El 13 de octubre de 1998 el ISS  le dice a Fiduanglo
que está a la espera de dicho estudio. No ha habido, pues, cabal realización de
la conmutación pensional.
Colcurtidos explica que el cálculo actuarial no se ha
remitido por dos razones: la primera, porque a la firma Asesorías Actuariales,
quien es la que posee la base de datos de los pensionados de Colcurtidos, se le
adeuda al parecer $1’640.000,oo correspondiente a la cuenta del último cálculo
actuarial elaborado. La segunda porque el ISS para realizar la conmutación
pensional exige el cálculo actuarial con fecha de un mes anterior a cuando se
le van a depositar los dineros.
5. Por otro aspecto, FIDUANGLO alega que hay que
examinar lo de tutela contra particulares y que eso no se predica respecto de
ellos porque no hay relación de subordinación ni indefensión, que la misma
apoderada de los pensionados reconoce eso, que la obligación de pagar las
mesadas le corresponde a Colcurtidos, al igual que el trámite para la
conmutación, que las mesadas atrasadas quedaron involucradas dentro del proceso
ejecutivo universal conocido como “liquidación obligatoria.” Expresamente esta
es la posición de FIDUANGLO:
“De la revisión del contrato de fiducia
celebrado entre FIDUANGLO, como sociedad fiduciaria administradora profesional
de patrimonios ajenos, y COLCURTIDOS, como fideicomitente, se deriva que se
trata de una fiducia de garantía, de la cual no forma parte, como
acreedores garantizados, los pensionados de COLCURTIDOS.
“Lo anterior, en razón a que el mismo
fideicomitente (COLCURTIDOS) se reservó los recursos provenientes del recaudo
de cartera, para el pago de las obligaciones con sus proveedores, gastos de
impuestos y laborales, según se establece en el ordinal 5 del artículo 10 del
contrato de fiducia, que obra en la
Escritura Pública Núm. 3209 del 15 de junio de 1995 de la
Notaría Segunda del Circulo de Santafé de Bogotá, D.C., además, basta repasar
el artículo 13º de dicho contrato para verificar que los pensionados no son
beneficiarios del citado contrato de fiducia.
“En este orden de ideas en ningún momento
los pensionados han sido acreedores beneficiarios de la fiducia de garantía,
cuestión muy diferente es la referente a que la fiduciaria, en desarrollo a las
normas superiores que regulan la prelación de créditos, haya indicado que la
ejecución del contrato de fiducia de garantía requería que previamente se le
acreditará el pago de las obligaciones con prelación legal, entre ellas las
adquiridas con los pensionados, de lo contrario se abstendría de ejecutar el
contrato en los términos solicitados.
“Es, pues, la fiduciaria la que en
desarrollo del respeto a las normas legales de carácter superior, ha protegido
en una forma indirecta los derechos de los pensionados.
“Por otra parte, se ha pretendido
interpretar a partir de los estipulado en el numeral 8º del contrato de fiducia,
que la fiduciaria tiene la obligación de cancelar la carga pensional que
corresponde y soporta COLCURTIDOS, en razón a la transferencia que a título de
fiducia mercantil efectúo COLCURTIDOS de una parte de sus bienes con la
finalidad indicada en el contrato de fiducia. Es de observar que como la
transferencia se efectúo a título de fiducia y no de compraventa de tales
bienes, a la fiduciaria en su calidad de administradora profesional de
patrimonios de terceros o ajenos, le corresponde únicamente la función de
administrar el patrimonio autónomo del tercero que por virtud de la celebración
del contrato de fiducia se conformó, atendiendo la finalidad prevista en el
contrato.
“Es de observar que la transferencia de
los bienes se efectúo a título de fiducia, por lo que dicha tradición no
comporta la sustitución de las obligaciones que están a cargo de COLCULTIDOS en
cabeza del patrimonio de las obligaciones que están a cargo de COLCURTIDOS en
cabeza del patrimonio y mucho menos de la sociedad fiduciaria, que es
simplemente administradora del patrimonio que se configuró. Es por ello que el
artículo 1238 del Código de Comercio permite a los acreedores anteriores a la
celebración del contrato de fiducia que inicien las acciones tendientes a lograr
la extinción del negocio fiduciario por la vía judicial (numeral 8º del
artículo 1240 del Código de Comercio).
“Volviendo sobre el numeral 8º del
artículo 10 del contrato de fiducia, del cual se pretende hacer derivar una
obligación que no esta consagrada en el contrato de fiducia, debo indicar que
la obligación a cargo de la fiduciaria de realizar “el trámite para la
conmutación pensional de los trabajadores pensionales a cargo del
FIDEICOMITENTE” (Se destaca), fue cumplido en su integridad por la
Fiduciaria. A partir de ese momento los pasos subsiguientes corresponden al
fideicomitente (COLCURTIDOS) y no a la fiduciaria.
“Lo anterior significa que la eventual
probabilidad de ”pagar con cargo a los recursos de EL FIDEICOMISO el monto de
las mesadas pensionales a favor de los trabajadores pensionales de EL
FIDEICOMITENTE y de las obligaciones laborales”, desapareció como
consecuencia de haber cumplido la fiduciaria con el trámite que le
correspondía. Además no debe perderse de vista, que tal eventual probabilidad
de pago era con cargo a los recursos del fideicomiso, y si por recursos
entendemos dinero líquido, tenemos que, además, al carecer el patrimonio
autónomo de recursos o dineros líquidos, no surge la posibilidad para el
patrimonio de atender tales pagos, puesto que no se cumple con la condición de
la cual pende la posibilidad de atender dichos pagos, esto es, tener recursos.
Por otra parte, la fiduciaria no puede por disposición contractual y legal
financiar con sus propios recursos obligaciones del fideicomiso (artículo 11
del contrato de fiducia). Cabe finalmente reiterar que la posibilidad de
atender por parte del patrimonio autónomo tales pagos pensionales desapareció
como consecuencia del cumplimiento del trámite que correspondía adelantar a la
fiduciaria.”
“Han indicado los apoderados de los
pensionados de COLCURTIDOS que FIDUANGLO es solidariamente responsable de las
obligaciones a cargo del Patrimonio Autónomo y/o del Fideicomitente, en
relación con los pensionados.
“En relación con estás afirmaciones debo
indicar en primer lugar que el título por virtud del cual se cumplió la
transferencia de los bienes fideicomitidos a la
Fiduciaria, fue el de Fiducia Mercantil, instrumento ideado por la ley para
que los fiduciarios pudieran cumplir con la función de administradores de
patrimonios ajenos, el cual apareja otra consecuencia que la obligación
personal de cumplir específicamente con los fines del contrato de fiducia.
“En segundo lugar, debo señalar que
conforme a lo previsto por el inciso tercero del artículo 1.568 del C.C.:
“La solidaridad debe ser expresamente
declarada en todos los casos en que no la establece la ley”.
“En este sentido cabe indicar que
revisado el Contrato de Fiducia Mercantil que obra en la
Escritura Pública Nº 3290 del 15 de junio de 1995 de la
Notaría Segunda de Santafé de Bogotá, no se encuentra estipulación alguna que
consagre tal solidaridad a favor de los pensionados, lo cual es claro si
tenemos presente que tales pensionados no forman parte, como acreedores
garantizados o beneficiarios, de dicho contrato de fiducia…..
“En una situación diferente a la sociedad
fiduciaria, administradora profesional de patrimonios ajenos, se encuentran los
accionistas de COLCURTIDOS. Al respecto debo llamar la atención de la
Corte Constitucional sobre el siguiente aspecto del contrato de fiducia
celebrado con COLCURTIDOS, dispone el parágrafo del artículo 12 del citado
contrato de fiducia que: “En caso que no existieren frutos o éstos no fueren
suficientes para atender las obligaciones… EL FIDEICOMITENTE acepta esta
obligado solidariamente con EL FIDEICOMISO y en consecuencia procederá a
cancelarlas a más tardar el tercer día hábil siguiente a la presentación de la
cuenta de cobro por parte de LA FIDUCIARUIA (…)”.
“Más adelante en el artículo trigésimo
segundo se señala que: “Serán obligaciones de EL FIDEICOMITENTE las siguientes:
“… 3. Cubrir los gastos y costos
originados en la celebración de este contrato. (…) 5. Pagar los gastos de
conservación, mantenimiento, avalúo, seguros e impuestos, tasas y
contribuciones de los bienes fideicomitidos. (…) 9. Ser codeudor solidario de
los pagarés y demás títulos que sean suscritos por LA
FIDUCIARIA como administradora de EL FIDEICOMISO en que sean
instrumentadas las obligaciones contraídas directamente por EL FIDEICOMISO.
(…)”.
“Del examen de las disposiciones
transcritas y del contrato de fiducia en general se desprende que EL
FIDEICOMITENTE transfirió en fiducia la casi totalidad de sus bienes, y que se
reservó la cartera para el pago de proveedores, impuestos y gastos laborales e
igualmente que asumió las obligaciones de cubrir determinadas obligaciones y
costos.
“De una visión general del asunto resulta
que si EL FIDEICOMITENTE se quedó con sólo una parte de sus bienes con una
destinación específica, pero al mismo tiempo asumió obligaciones dinerarias
adicionales (solidarias), como las indicadas en las normas contractuales antes
transcritas, ello significa que debía obtener recursos de alguna parte,
diferente a los bienes fideicomitidos, por lo cual frente a la situación
generada por el mismo FIDEICOMITENTE con el apoyo de sus órganos sociales, de
lo que se puede concluir que los accionistas de COLCURTIDOS se comprometieron a
suministrar tales sumas de dinero, lo cual es claro en la medida que el contrato
de fiducia, según manifestación del representante legal de dicha sociedad que
suscribió el contrato, “cuenta con la debida autorización de sus órganos”.
“Lo anterior me lleva a afirmar que los
accionistas se comprometieron a suministrar los fondos o recursos que se
requirieran para atender las obligaciones derivadas del contrato de fiducia,
pues de otra manera la sociedad fideicomitente hubiera faltado a la realidad y
certeza del negocio.
“En este orden de ideas, al estar
comprometidos los accionistas quienes eventualmente fueron los que se
beneficiaron con el desarrollo de la actividad de la sociedad y de las
eventuales utilidades que hubiere podido obtener durante su vida social activa
-parte de las cuales debieron destinar a la conformación de los fondos
necesarios para atender las obligaciones laborales y pensionales-, debo
concluir que a ellos les corresponde, en este caso, participar de una manera
más activa en la solución de esta situación y no mantenerse relegados como lo
están haciendo, a través de la figura del proceso concursal, cuya apertura
ellos mismos solicitaron de manera perentoria, como se puede comprobar ante la Superintendencia de Sociedades.”
6. En efecto, en la Superintendencia de Sociedades cursa el trámite liquidatorio de Colcurtidos. Dice la
representante de la Superintendencia que en enero de 1999 se hará una reunión
“una vez se conozca el pronunciamiento de la
Corte Constitucional que es definitivo para determinar el rumbo que ha de
tomar el contrato de fiducia”.  La posición de Fiduanglo al respecto es la
siguiente:
“Respecto de la apertura del trámite
liquidatorio cabe anotar que dicho proceso subsume las obligaciones a cargo de
COLCURTIDOS existentes hasta el 21 de julio de 1998, entre las cuales se
encuentran las mesadas pensionales impagadas hasta esa fecha, lo cual significa
que las pretensiones buscadas con las acciones de tutela quedaron involucradas
en la liquidación como consecuencia de la admisión de COLCURTIDOS a tal proceso
concursal, que como se sabe tiene carácter universal y como proceso especial que
es prima sobre otros procesos de ejecución, además las obligaciones que a él
quedan sometidas (entre ellas las mesadas pensionales), se pagan de conformidad
con el trámite y en la oportunidad fijada por la ley.
“Con lo anterior quiero señalar que el
fin perseguido con la tutela fue subsumido por el proceso concursal, quedando
sin razón de ser la misma, puesto que al existir otra acción legal que ya fue
ejercida por los acreedores-pensionados, cuyo trámite se está cumpliendo, hace
perder el objeto o fin de la tutela interpuesta. Los pensionados fueron
admitidos al proceso concursal por medio de apoderada judicial, la misma que
los representa en las tutelas, Autos Nº 440-6413 del 20 de agosto de 1998,
440-7443 del 25 de septiembre de 1998 y 440-8531 del 27 de octubre de 1998.”
7. En comunicación dirigida a la
Corte Constitucional, la Superintendencia de Sociedades hace referencia a la
ley 222 de 1995 (artículos 90, 214 y 225) y advierte que eventualmente podría
darse la orden para que la Superintendencia de Sociedades supervise y ordene un
plan de pagos que tenga como prioritaria la atención de las mesadas pensionales.
Otras expresiones de la Superintendencia en comunicación  a la Corte:
“La situación descrita implica que, con
posterioridad a la apertura del trámite de la liquidación obligatoria, la Superintendencia de Sociedades puede ordenar al liquidador realizar el plan de pagos de esas
mesadas pensionales  y hacer un estricto seguimiento del mismo; pero ello no
afecta el hecho consistente  en que la fiduciaria insista  en su obligación de
ejecutar el contrato, esto es, vender los bienes y pagar a los acreedores que
se encuentren garantizados con la fiducia, que no son los del primer grado en
términos de prelación de créditos”. (Informe mandado a la
Corte Constitucional el 23 de noviembre de 1998).
8. Como elemento adicional se ha presentado al
expediente prueba de que algunos pensionados superan para la presente fecha los
71 años de edad, entre ellos:
MANUEL SALVADOR BUITRAGO, GUILLERMO BULLA CASALLAS,
LUCINDA URBANO, PEDRO NEL VELASQUEZ MARTINEZ, MARIA HELENA RODRIGUEZ ACOSTA,
MARIA TRINIDAD IBAÑEZ, RICARDO CASALLAS, JOSE RICARDO LOPEZ SABOYA, ANA LEONOR
SEPULVEDA CASTRO, MARIA MAURICIA MONTES DE MONTES, NARCISO PUIN, EMELINA MELO
BUITRAGO, LUIS ERNESTO BAYONA, JOSE RAUL ZAMUDIO, HERNANDO DUMIT, MARIA
DIONISIA RICO BELTRAN, JULIA CONTRERAS CASTILLO, JOSE ANTONIO ALMEIDA, CARLOS
ALBERTO FIERRO, EMMA OSSES MILLAN, JOSE EPIFANIO MALAVER, ANA LUCILA CONTRERAS
CASTILLO, JOSE DANIEL CASTILLO, ALFONSO GAVILAN, DANIEL PALASIO, ADELA PAÑACIO,
JUAN DE JESUS GAVILAN, LUIS EFRAIN PULIDO, RITA CAMACHO, MARIA FLORINDA ROJAS,
JUAN DE LA CRUZ AREVALO, PEDRO PABLO MARIN SANCHEZ, JOSE DEL CARMEN RAMIREZ
CASTILLO, MARIA LEONOR ALFARO, JOSE MANUEL MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN CEPEDA,
MARIA LEONOR PRIETO, FERNANDO GARCIA, ANA DELIA RIAÑO, JOSE DEL CARMEN PERILLA,
LUIS EDUARDO SALCEDO.
Estos son los hechos mas importantes que
surgen del acervo probatorio, volviéndose a repetir, que a los solicitantes de
la tutela no se les han pagado sus mesadas pensionales desde hace muchos meses
y que Fiduanglo dice que la responsabilidad es de Colcurtidos y ésta sociedad
no ha hecho diligencia alguna para solucionar el problema de los pensionados.
F U N D A M E N T O S     J U R I D I C O
S
COMPETENCIA
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción
de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241
numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de
la selección que de dicha acción practicó la
Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por
el Reglamento de esta Corporación y de las acumulaciones decretadas por las
Salas respectivas.
TEMAS JURIDICOS A TRATAR
El presente caso  exige manejar una serie de temas que
en numerosas sentencias ha estudiado la
Corte Constitucional y que se presentarán en el siguiente orden: en primer
lugar se analizará un aspecto procedimental: la situación de subordinación e
indefensión como causal de tutela contra particulares. Luego se indicará el
derecho a la seguridad social y especialmente si el no pago de mesadas
pensionales se ha considerado que afecta el mínimo vital, siendo esta una
premisa importante para la decisión a tomar. También se analizará lo referente
a la conmutación pensional.
1. Subordinación e indefensión
Sobre la distinción entre subordinación e indefensión,
en auto de 13 de marzo de 1997 (M.P. Fabio Morón Diaz) se dijo:
“Tiene bién definido la jurisprudencia
constitucional que el estado de subordinación alude  a una relación de índole
jurídica, por cuya virtud una persona depende de otra, en tanto que el estado
de indefensión comporta, de igual manera,  una dependencia pero derivada de
circunstancias fácticas que colocan a quien lo padece en imposibilidad de
defenderse de una agresión”.
Y, para ambos casos, la explicación de la protección
mediante tutela radica  en el derecho de igualdad, toda vez que quien se
encuentra en estas situaciones no cuenta con las mismas posibilidades de
defensa que tuviera otro particular. Por ello el Estado debe acudir en su
protección. Estos serán los parámetros para definir posteriormente si en el
presente caso se está en presencia válida de tutela contra particulares por
existir relación de subordinación o indefensión entre los peticionarios y las
entidades contra quienes se dirige la tutela.
2.   El derecho fundamental a la seguridad
social y en especial de las personas de la tercera edad.
En la
T-534/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se explicó suficientemente este
tema:
“La
Ley 100 “Por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se
dictan otras disposiciones”, estableció que todos los trabajadores vinculados
por contrato de trabajo y las personas que se encontraran pensionadas al
momento de su promulgación, debían ser incorporadas obligatoriamente al Sistema
General de Pensiones. La misma Ley 100 previó que la incorporación puede
hacerse a través de uno de los siguientes sistemas: el régimen solidario de
prima media con prestación definida del Instituto de los Seguros Sociales o el
régimen de ahorro individual con solidaridad de los Fondos de Pensiones,
manejados por una Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones. Esta
ubicación dentro del sistema obedece al derecho a la seguridad social de las
personas de la tercera edad, cuya base teórica aparece en numerosas sentencias
de la Corte Constitucional, entre ellas T-299/97 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz),que dice:
“Si bien el derecho a la seguridad social
(C.P., artículo 48) no tiene, en principio, el carácter de derecho fundamental,
puede llegar a tenerlo cuando su vulneración o amenaza pongan en peligro o
afecten algún derecho fundamental per se. Sin embargo, esta Corporación ha
considerado que, en el caso de las personas de la tercera edad (C.P., artículos
13 y 46), el derecho a la seguridad social, que se hace efectivo a través del
pago de las correspondientes mesadas pensionales y la prestación de los
servicios médico-asistenciales, adquiere el carácter de derecho fundamental,
como quiera que el mínimo vital de los ancianos, quienes se encuentran
excluidos del mercado laboral o hallan serias dificultades para acceder a un
empleo, depende por entero de los recursos que perciben por concepto de las
pensiones.”
La seguridad social respecto de pensiones
es entonces garantizable mediante tutela cuando se trata de personas de la
tercera edad, que ven afectado su mínimo vital. La protección incluye, como es
lógico, el aseguramiento del derecho adquirido a la pensión. En la sentencia
T-339/97 se dijo:
“Por esta razón, aquellas empresas
privadas que no le aseguran a sus pensionados todas las facetas de la seguridad
social integral, una de las cuales es la de las dos opciones permitidas por la
ley 100 de 1993, afectan con su comportamiento el principio de UNIVERSALIDAD
del sistema. La Corte ha sostenido:
"En estos eventos, ya sea que la
empresa tenga la obligación legal de sufragar la pensión, que a ella esté
obligada por haber omitido la realización de los aportes obrero-patronales al sistema
integral de seguridad social, el derecho a la seguridad social merece una
efectiva y oportuna protección. En efecto, la naturaleza pública o privada del
empleador en nada cambia la gravedad de la lesión que recae sobre los derechos
fundamentales a raíz de la vulneración del derecho a la seguridad social que
concurre necesariamente a la satisfacción del mínimo vital de las personas de
la tercera edad.
En los casos en los cuales el patrono
desconoce la obligación de sufragar los gastos por concepto del pago de la
pensión de jubilación y los derechos complementarios, no sólo lesiona el
derecho a la seguridad social sino la función social que le compete en un
Estado social de Derecho (C.P. art. 333) y el principio de solidaridad (C.P.
art. 1), que tienden a matizar la desigualdad existente, imprimiendo a la
empresa determinadas cargas públicas para garantizar una equitativa
distribución de los bienes sociales.
De igual manera, la omisión del empleador
es incompatible con la confianza depositada por el trabajador. El principio de
la buena fe (C.P. art. 83), resulta de este modo claramente quebrantado[1]”.
Lo anterior responde al sistema de la
seguridad social establecido en la
Constitución, artículos 46 y 48:
“ARTICULO 46. El Estado, la
sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y
comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios
de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia.
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el
derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los
particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma
que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los
recursos de las instituciones de la
Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los
recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.”
Ya se dijo que la
Ley 100 de 1993 desarrolla el mandato constitucional con el objetivo central
de GARANTIZAR (es el verbo permanentemente empleado en la norma) la seguridad
social, que adquiere una dimensión de servicio público esencial respecto de
quien lo presta y de derecho irrenunciable respecto de quien lo recibe.
En conclusión, la
Corte ha establecido que, si bien el derecho a la seguridad social no tiene el
carácter de fundamental, puede llegar a tenerlo cuando se vulnera o amenace
algún derecho fundamental per se. Sin embargo, en el caso de las personas de la
tercera edad, el derecho a la seguridad social adquiere el carácter de derecho
fundamental, porque afecta el mínimo vital de los ancianos, ya que ellos se
encuentran excluidos del mercado laboral y dependen de los recursos que
perciben por concepto de las pensiones para dignamente sobrevivir.  Ha dicho la
Corporación en otra sentencia:
"En síntesis, la
Corte ha entendido que el derecho a la seguridad social y en especial el
derecho a la pensión de jubilación o vejez, en los términos definidos por la
ley, constituye un derecho de aplicación inmediata en aquellos eventos en los
cuales está destinado a suplir el mínimo vital básico de las personas de la
tercera edad. Lo anterior, no sólo por su estrecha relación con el derecho al
trabajo, sino porque en tratándose de personas cuya edad hace incierta una
virtual vinculación laboral, su transgresión compromete la dignidad de su
titular, como quiera que depende de la pensión para satisfacer sus necesidades
básicas.
Sostener lo contrario implicaría
desconocer evidentes razones de justicia material que llevaron al constituyente
a vincular al Estado con la garantía de la dignidad de quienes, al término de
su vida laboral, luego de contribuir con su trabajo a la construcción de la
riqueza nacional, merecen de la sociedad, no sólo un justo reconocimiento sino
una pensión equivalente a un porcentaje de su salario, para asegurar una vejez
tranquila. Frente a este derecho, el Estado debe actuar con toda energía y
prontitud, de manera tal que quienes han adquirido, en virtud de su edad y años
de trabajo, una pensión de jubilación o vejez, no se vean, ni siquiera transitoriamente,
desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio Estado o de
los particulares que por ley estén obligados a asumir la prestación social”.
De igual forma, la
Corte ha considerado que el mínimo vital de las personas de la tercera edad no
sólo resulta vulnerado por la falta de pago de las mesadas pensionales sino,
también, por el retraso injustificado en la cancelación de las mismas. Así, por
ejemplo, si en materia de salarios, en ciertos casos - básicamente aquellos en
los cuales resulta comprometido el mínimo vital del trabajador - la
Corte ha entendido que el retraso en su pago vulnera su derecho a una
subsistencia digna, con mayor razón esta vulneración se produce si lo que no se
cancela oportunamente son las mesadas pensionales de las que depende por entero
la subsistencia de las personas de la tercera edad.[2]”
3. Mora en el pago de mesadas
Ha dicho la
Corte Constitucional, en jurisprudencia que viene al caso para definir lo que
se  discute en la presente acción de tutela:
"Los fallos de instancia  son
unánimes al señalar el proceso ejecutivo laboral como mecanismo judicial de
defensa al que deben acudir los actores, y el que hace improcedente  amparar
los derechos fundamentales  cuya efectividad ellos reclaman. Sin embargo en
todos  se olvida que la eficacia del mecanismo alterno para la  defensa de los
derechos fundamentales, debe ser evaluada por el juez  de tutela teniendo en
cuenta  la situación del actor  (art.6 del Decreto 2591 de 1991).
"En los procesos  que se revisan,
dos de los actores son personas  de la tercera edad, y la doctrina
constitucional ha sido clara al señalar que la ancianidad es una situación  de
debilidad manifiesta, que amerita  una protección especial ;   véanse por
ejemplo, las sentencias T-156/95  y T-147/95 Magistrado Ponente  Hernando
Herrera Vergara .......
"Además, en los tres casos está
acreditado que el sustento mínimo vital de los actores  y de sus familias
depende del pago oportuno de las mesadas pensionales, y  ninguno de los
demandantes está en condiciones físicas  de procurarse otro ingreso acudiendo
al mercado laboral. Según la Jurisprudencia reiterada de la
Corte constitucional,  la verificación  de los anteriores hechos  es
suficiente para que proceda la tutela de manera definitiva y se ordene el
restablecimiento de los pagos ( ver las sentencias T-212/96, Magistrado Ponente
Vladimiro Naranjo Mesa, T-076/96 Magistrado Ponente  Jorge Arango Mejía ).
"Además, si bien  los actores
deberán acudir al proceso ejecutivo laboral para reclamar las mesadas que ya
se dejaron de pagar ( téngase en cuenta que las rentas naciones son embargables
en esta clase de procesos, de acuerdo con la sentencia C-546/92 Magistrados
Ponentes Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero), corresponde al
juez de tutela  ordenar que se garantice debidamente el pago de las mesadas
pensionales futuras (ver las sentencias  T- 500/96 Magistrado Ponente Antonio
Barrera Carbonell, y T-323/96 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes
Muñoz)."[3]
También ha sido clara la jurisprudencia
en el sentido de que la tutela debe prosperar, en cuanto a las mesadas
actuales, no necesitando  demostrar el solicitante que la mesada es su único
sustento, porque hay una conexidad necesaria, tratándose de personas de la
tercera edad, pero se repite: la tutela se predica de las mesadas actuales y
futuras porque para las mesadas anteriores, su reclamación es por juicio
ejecutivo, o, como en el presente caso de Colcurtidos haciéndose presente en el
trámite de liquidación obligatoria.
4. Pago de mesadas y conmutación
pensional
Si se solicita en la tutela que se ordene
que se cancele las mesadas pensionales en forma oportuna y que se tramite ante
el I.S.S. la conmutación de las pensiones a su cargo, la decisión del juez
constitucional debe resolver ambas propuestas.
En sentencia T-299/97(M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) se abordó el tema así:
“4. En la sentencia de segunda instancia,
el Tribunal de tutela afirmó que, por encontrarse sometida al trámite de un concordato
preventivo obligatorio, la empresa demandada, al retardar el pago de las
mesadas pensionales de los actores, no vulneró ninguno de los derechos
fundamentales de éstos, como quiera que, por una parte, la situación
concordataria permite suponer que Slaconia Ltda presenta una serie de
dificultades económicas que autorizan el retardo en el pago de las anotadas
pensiones y, de otro lado, la finalidad del concordato consiste, precisamente,
en la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo. Ciertamente, el ad-quem manifestó que
"como consta en el certificado de la
Cámara de Comercio, ya se llegó por la empresa y sus acreedores a un acuerdo
concordatario; si la sola admisión a concordato impide -según el artículo 55
del Decreto 350- adelantar alguna actuación judicial en contravención a lo
dispuesto por el Título II del mismo decreto, incurriendo el juez que lo haga
en causal de mala conducta, con mayor razón no resulta posible ordenar pagos
por fuera del concordato aprobado, así sea a través de la acción de
tutela".
La Sala considera que la situación concordataria es un
elemento relevante a fin de determinar si una empresa vulneró o no los derechos
fundamentales de sus pensionados. En esta circunstancia, el juicio efectuado
por el juez constitucional podría en un evento extremo ser menos estricto que
en el caso de que se tratara de una empresa sin dificultades económicas. No
obstante, resulta inaceptable cualquier argumento que tienda a erigir el
concordato preventivo obligatorio en una patente de corso para que las empresas
privadas, vinculadas a los mandatos contenidos en los artículos 13, 46 y 48 de la
Constitución, vulneren los derechos fundamentales de sus pensionados.
Según el artículo 94 de la
Ley 222 de 1995, el concordato preventivo obligatorio tiene como finalidad
"la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del
crédito". El artículo 121 de la misma ley establece que los créditos
laborales (salarios, mesadas pensionales, prestaciones sociales y aportes para
seguridad social) que se causen con posterioridad a la apertura del concordato
deberán ser pagados como gastos de administración. A su turno, el artículo 147
de la Ley 222 de 1995 dispone que las obligaciones posconcordatarias, entre las
cuales se incluyen los gastos de administración, deberán ser pagadas en forma
preferente y no estarán sujetas al sistema de pago de deudas que se establezca
en el concordato.
Desde el punto de vista de la prelación
de créditos, el artículo 36 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del artículo
157 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 2495 del Código Civil,
determina, por una parte, que los créditos laborales pertenecen a la primera
clase de créditos de que trata el artículo 2495 del Código Civil y tienen
privilegio excluyente sobre todos los demás y, por otro lado, que el "juez
civil que conozca el proceso de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá
el pago privilegiado y pronto de los créditos a los trabajadores afectados por la
quiebra o insolvencia del empleador". Las anteriores disposiciones,
analizadas a la luz del nuevo régimen sobre procedimientos concursales,
contemplado en la Ley 222 de 1995, permite concluir que los créditos de
carácter laboral gozan de una prelación absoluta - no sólo constitucional, sino
legal - al momento de efectuarse el pago de los créditos concordatarios así
como de los gastos de administración.
Esta Corporación se ha ocupado de la
cuestión relativa a los derechos fundamentales de los pensionados de una
empresa sometida al trámite de concordato preventivo obligatorio, en los
siguientes términos:
"El concordato preventivo
obligatorio, regulado por el Decreto 350 de 1989 y, actualmente, por la
Ley 222 de 1995, es un procedimiento que tiene como fin la recuperación y la
conservación de la empresa, como unidad económica y como fuente generadora de
empleo, y que apareja la defensa del crédito como institución esencial de la
economía de mercado. A diferencia de la liquidación o concurso liquidatorio, la
decisión de convocar a un concordato preventivo supone que la empresa está en
capacidad de absorber los gastos regulares de administración y, además, es
susceptible de recuperarse como una unidad productiva de explotación económica.
A este respecto, resulta importante citar
el Oficio 25636, de diciembre 3 de 1993, expedido por la Superintendencia de Sociedades, y que en la parte pertinente señala:
'El legislador supone que la sociedad que
sea admitida o convocada al trámite de un concordato preventivo obligatorio
está en condiciones de atender, al menos, los gastos de administración
ordinarios y los de conservación de los bienes del empresario, pues de otro
modo no podría conservarse y recuperarse como unidad de explotación económica y
fuente generadora de empleo, que son, a la vez que fines, los presupuestos
fundamentales del proceso concordatario.
Los gastos de administración causados
durante el trámite del concordato y su vigencia, corresponden a obligaciones
que se causan con posterioridad a la fecha de apertura del concordato. Estas
obligaciones constituyen créditos no concordatarios, y precisamente por esta
razón no están sujetas al sistema que en el concordato  se establezca para el
pago de las acreencias concordatarias.
Sobre las obligaciones que constituyen
créditos no concordatarios prescribe la ley que se pagarán “ ... de preferencia
...”, cuyo alcance no es otro que, cuando se hagan exigibles. Y en caso de no
pago a su exigibilidad, bien puede intentarse su cobro por medio de la fuerza
persuasiva de la justicia ordinaria con todas sus consecuencias, vale decir,
constituyendo las medidas cautelares que sean del caso y solicitando su
registro en las oficinas pertinentes'.
En las condiciones descritas, resulta
claro que el proceso concursal no es óbice para que el empleador pueda sufragar
los gastos de administración, dentro de los cuales se encuentra el pago de las
mesadas pensionales causadas durante su trámite, las que deberán ser pagadas de
preferencia, no sólo porque se trata de créditos laborales - destinados a
atender las necesidades básicas inmediatas -,  sino por el imperativo
constitucional que vincula, tanto a los particulares como al Estado, a proteger,
en forma prevalente, a las personas de la tercera edad (C.P. art. 13 y
46)"[4].
Con base en las anteriores
consideraciones, la Sala estima que el hecho de que la empresa Slaconia Ltda
haya sido admitida al trámite de un concordato preventivo obligatorio a partir
del mes de agosto de 1996, no constituye excusa válida para justificar el no
pago o el pago retrasado de las mesadas pensionales y de las cotizaciones al
I.S.S. a que tienen derecho los demandantes. Si bien, como ya antes se
advirtió, no es claro que la demandada haya incurrido en las conductas omisivas
alegadas por los actores, no sobra reiterar que cualquier actuación en el sentido
por ellos indicado es vulneratoria de su derecho fundamental a la seguridad
social, como que se trata de personas de la tercera edad cuya subsistencia
básica depende del pago cumplido de las mesadas pensionales (C.P., artículos
1°, 13, 46 y 48).”
En lo referente a pensiones, las razones
expuestas para que prospere la tutela por el no pago de mesadas es válido tanto
para concordato como para liquidación. Es más, considerar a las mesadas
pensionales como pago y preferente surge del artículo 36 de la
Ley 50 de 1990, pudiendo inclusive hacerse el pago de manera rápida aplicando
los artículos 121 y 147 de la ley 222/95, en armonía con el artículo 197
ibídem, como se deduce de la insinuación que la Superintendencia de Sociedades hizo a la
Corte Constitucional en la comunicación que le remitió.
5. Un mecanismo de protección para los jubilados: La
conmutación
Antes de la
Constitución de 1991, la ley 171 de 1961, art. 13, estableció:
“SEGUROS. Toda empresa privada,
cuyo capital no sea inferior a ochocientos mil pesos ($800.000) está obligada a
contratar con una compañía de seguros, a satisfacción del Ministerio del Trabajo,
el cumplimiento de las obligaciones actuales o eventuales que la afecten en
materia de pensiones, o a otorgar caución real o bancaria por el monto que se
le señale para responder de tales obligaciones. El Ministerio de Trabajo, por
medio de resolución especial, señalará el procedimiento para el otorgamiento de
las cauciones a que se refiere este artículo.”
Posteriormente y como otro mecanismo de protección,
los decretos 2677 de 1971 y 1572 de 1973 regularon la conmutación pensional
consistente en que el ISS sustituye a una empresa en el pago de las pensiones
cuando se dan unas excepcionales condiciones y previo un trámite legal. La ley
100 de 1993 (post-constitucional), recogió el principio de favorabilidad del
art. 53 C.P. y la operatividad armónica de normas y procedimientos, luego las
garantías antes señaladas no solo mantienen su vigencia sino que conforman
también el sistema (arts. 11, 288 y 8 de la
Ley 100 de 1993). Les dió además el artículo 11 la categoría de derechos
adquiridos a todas las garantías, prerrogativas y beneficios establecidos
conforme a disposiciones normativas anteriores. Y, la doctrina ubica estas
garantías dentro de los derechos subjetivos.
Se mantiene, pues, vigente el artículo 1°
del Decreto 2677 de 1971 que establece que la conmutación es un mecanismo
excepcional en virtud del cual el I.S.S. sustituye a una empresa en el pago de
las pensiones legales y convencionales. Dice la norma:
“ART. 1º.- En casos excepcionales las empresas
podrán conmutar las pensiones de jubilación legales y convencionales a través
del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En virtud de la conmutación éste
sustituirá a la empresa obligada en el pago de la jubilación y de los demás
derechos accesorios a ella”.
Lo anterior significa que la obligación
patronal no desaparece hasta que realmente opere la conmutación.
Por su parte, el artículo 2° del mismo
decreto, en relación con la procedencia del mencionado mecanismo, dispone los
MOTIVOS para la conmutación:
"Habrá lugar a conmutación cuando
una empresa nacional o extranjera con pensiones de jubilación pendientes, entre
en proceso de cierre o liquidación, o en notable estado de descapitalización,
disminución de actividades o desmantelamiento que pueda hacer nugatorio el
derecho de jubilación de los trabajadores".
En consecuencia, los pasos para la
conmutación son:
Solicitud, ante el Director del I.S.S.,
por los trabajadores, por éstos y la empresa en forma conjunta o, de oficio,
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 2677 de 1971, artículo
4°; Decreto 1572 de 1973, artículo 1°)
Una vez que el Director del I.S.S. reciba
la solicitud de conmutación pensional, dará traslado de ella al Ministro de
Trabajo y Seguridad Social para que éste, con el concurso de las entidades
encargadas de la vigilancia del patrono o de la empresa de que se trate
califiquen la situación de liquidación, descapitalización, disminución de
actividades o desmantelamiento (Decreto 2677 de 1971, artículo 2°) mediante los
estudios e investigaciones que sean necesarios.
Ese trámite tiene su etapa final
expresamente señalada en los artículos 4º y siguientes del decreto 2677/71 que
dicen:
“ART. 4º.- Ante el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales, podrán solicitar la conmutación los trabajadores, éstos y
la empresa conjuntamente, o el Ministerio e Trabajo y Seguridad Social de
oficio.
ART. 5º.- El Instituto Colombiano de
Seguros Sociales iniciará inmediatamente la actuación respectiva, hará las
investigaciones y cálculos del caso procederá a dictar la correspondiente
Resolución, contra la cual procederá el recurso de reposición  ante el mismo
Instituto y la apelación ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
ART. 6º.- En firme la
Resolución que ordena la conmutación, la empresa respectiva cancelará la suma
establecida al Instituto Colombiano de Seguros Sociales en la forma prevista en
esa providencia.
ART. 7º.- El Instituto Colombiano de
Seguros Sociales para establecer el monto de la conmutación tendrá en cuenta
las tablas de vida probable y los demás factores  actuariales acostumbrados
para la liquidación de pensiones y derechos accesorios.
ART. 8º.- Ordenada la conmutación, la empresa
obligada deberá acreditar el pago ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social mediante constancia expedida por el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales.
ART. 9º.- No se autorizará la liquidación
ni el cierre mientras la empresa interesada no presente la constancia a que se
refiere el artículo anterior.
ART. 10.- El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en caso de incumplimiento de la
Resolución de conmutación o de cualquiera de las obligaciones establecidas en
ella, procederá a conminar a la empresa respectiva y a imponer las sanciones
que fueren del caso”.
Y el decreto 1572/73, corrobora lo dicho
por el decreto 2677/71 y agrega en los artículos 8º a 10º:
ART. 8º.- Si una empresa, bien sea
durante el período previsto en el artículo 6º del presente Decreto, o después
de transcurrido éste, llegare a colocarse dentro de las circunstancias
previstas  en el artículo 2º del Decreto 2677 de 1971, las reservas a que se
refieren los artículos anteriores deberán ser trasladadas por el patrono o
empresa al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, hasta por el valor actual
de las obligaciones, determinado por el mismo Instituto mediante resolución.
En el caso de que las reservas fueren
inferiores al monto total de las obligaciones así establecidas, la empresa
deberá cubrir el saldo insoluto.
PARAGRAFO 1º.- Si el patrono o empresa
acreditare no tener el estado de liquidez necesario que le permita cancelar en
forma inmediata  la totalidad del valor de la obligación, el Instituto podrá
negociar la forma de pago, entendiéndose que seguirán a cargo del patrono las
pensiones, mientras el Instituto Colombiano de Seguros Sociales no haya
recibido la totalidad del capital, o no tenga suficientemente garantizado su
pago.
PARAGRAFO 2º.-  En el evento de que la
empresa no pueda pagar en forma inmediata al Instituto Colombiano de Seguros
Sociales la totalidad de sus obligaciones en los términos de este Decreto,
previa autorización del Ministro de Trabajo y Seguridad Social podrá trasladar
su valor actual de acuerdo con su orden de exigibilidad.
ART. 9º.- Los patronos o empresas a cuyo
cargo existan obligaciones pensionales, y que aún no tenga constituida garantía
suficiente para pagarlas, no podrán efectuar enajenación de sus haberes, ni
negociación alguna con respecto a ellos, desde el momento en que el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social haya iniciado los estudios de que trata este
Decreto, lo cual se hará saber al patrono o empresa por comunicación oficial.
PARAGRAFO.- La enajenación o negociación
que las empresas o patronos efectúen con violación de este artículo tendrá
causa ilícita.
ART. 10º.-  Las anteriores disposiciones
no excluyen la intervención ni el control de la respectiva entidad oficial de
supervigilancia”.
Qué ocurre si el Ministerio del Trabajo
da concepto favorable para la conmutación pensional, el I.S.S., también inicia
la tramitación correspondiente, pero no se concreta la conmutación y los
pensionados se ven afectados?
En la sentencia T-534/98 se estableció:
“Ya se dijo que el empleador continúa
responsabilizándose, que el patrimonio autónomo es apenas una garantía
adicional, que el derecho prestacional implica organización y procedimiento y
que opera la jurisdicción constitucional , mediante la acción de tutela, como
efectivamente ya ocurrió en caso similar al acá estudiado, que mediante  la
sentencia T-339/97 determinó la tramitación de la  conmutación pensional en la
antigua Flota Mercante Grancolombiana. Se dice por el apoderado de ésta que
dicho fallo  no sólo favorecía a quienes instauraron la tutela sino a todos los
jubilados de la Flota. Debería haber sido así, pero las órdenes dadas en la
referida tutela  sólo producían efectos inter-partes, aunque tienen la connotación
de  establecer una igualdad para todos aquellos que estuvieran en similares
circunstancias.
“Pero, si los solicitantes, según
afirman, no han quedado incluidos, y si para quienes lo fueron aún no ha
operado la conmutación, debe decirse que la protección tienen que ir hasta sus
últimas consecuencias con una consideración adicional: Si el procedimiento
establecido por los Decretos 2677 de 1971 y 1572 de 1973 no se ha agotado, pese
a que por fallo de tutela se ordenó a la
Flota Mercante Grancolombiana proceder de acuerdo con los resultados del
estudio que adelantara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en
la competencia que le otorgan los artículos 4º y 1º de los Decretos 2677 de
1971 y 1572 de 1973, respectivamente; a fin de establecer la viabilidad o no de
la conmutación pensional entre la empresa Inversiones de la
Flota Mercante Grancolombiana S.A. y el Instituto de Seguros Sociales,
entonces habrá que concluir que el amparo constitucional de la tutela no
cumplirá su cometido hasta tanto no se agote la perentoria exigencia del
artículo 25, literal c), del Pacto de San José de Costa Rica  que expresamente
dice sobre la protección judicial de los derechos fundamentales: “Los Estados
partes se comprometen:… c-) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
“Advierte la
Sala que si aún el Instituto de los Seguros Sociales no ha podido concretar la
conmutación, tal omisión debe ser superada, mediante los mecanismos legales, y
por lo tanto, la tutela debe preveer esta circunstancia, porque la violación o
amenaza a un derecho fundamental  sólo cesa cuando realmente la protección se
cristalice.”
5. La facultad de inspección, control y
vigilancia sobre las sociedades mercantiles en el Estado Social de Derecho
En la ya citada sentencia T-299/97 se
indicó:
“9. En opinión de la
Corte, las funciones de inspección y vigilancia sobre las sociedades
mercantiles que la Constitución ha otorgado al Presidente de la
República (C.P., artículo 189-24) y que éste ejerce por intermedio de la Superintendencia de Sociedades, tienen una especial relevancia constitucional en razón de la
función social que, según el artículo 333 de la
Carta, corresponde cumplir a la empresa dentro del Estado Social de Derecho.
La empresa, vista desde esta nueva
perspectiva constitucional, se erige, como el propio Estatuto Superior lo
plantea, en base del desarrollo económico y, por ende, en fuerza motora del
bienestar de los individuos. Esta nueva concepción de la actividad empresarial
implica que ella se encuentre inescindiblemente relacionada con la efectividad
de valores, principios y derechos constitucionales tales como la dignidad de la
persona (C.P., artículo 1°), el libre desarrollo de la personalidad (C.P.,
artículo 16), el derecho al trabajo (C.P., artículo 25) y la libertad de
escoger profesión u oficio (C.P., artículo 26). En efecto, la empresa se
constituye en uno de esos ámbitos privilegiados dentro de los cuales la persona
puede desarrollar su libertad y sus anhelos de realización a través del
ejercicio de una profesión u oficio determinados. Es así como el valor del
trabajo cobra una especial significación dentro del ámbito de la actividad
empresarial.
Desde esta óptica, la empresa que concibe
la Constitución Política es una empresa con forma y rostro humanos y a la
altura del principio de dignidad de la persona. La
Corte rechaza cualquier concepción de la actividad empresarial que tienda a
convertirla en instrumento de alienación del individuo o en un instrumento cuyo
único objetivo sea la pura y simple reproducción del capital, en detrimento de
la dignidad e intereses de las personas que, por medio de su trabajo diario,
contribuyen, día a día, a la construcción de la riqueza nacional. La
Constitución concede un altísimo valor a la participación de los trabajadores
en la construcción de la empresa y, por ello, ha consagrado una serie de
garantías tendentes a reforzar esa participación. En efecto, el artículo 25
erige al trabajo en derecho y obligación social que goza de la especial
protección del Estado; el artículo 57 determina que la ley podrá establecer
estímulos y medios para que los trabajadores participen en la gestión de las
empresas; el artículo 60 determina que cuando el Estado enajene su propiedad en
alguna empresa deberá tomar las medidas necesarias para democratizar esa
propiedad y ofrecer a los trabajadores y a las organizaciones solidarias y de
trabajadores condiciones especiales de acceso a la misma; y, el artículo 333
indica que el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y el desarrollo
empresarial.
10. La
Sala estima que la consecuencia natural que se desprende de esta nueva
concepción de la empresa y de la actividad empresarial consiste, como ya se
anotó, en la modificación de las funciones y competencias de la Superintendencia de Sociedades en materia de inspección y vigilancia de las sociedades
mercantiles. Lo anterior apareja, lógicamente, que las tareas de la anotada
autoridad administrativa en materia de procesos concursales no se dirijan
meramente hacia la recuperación económica de la empresa sino también hacia su
conservación como ámbito en el cual la libertad y la dignidad se proyectan y
desarrollan a través del trabajo humano. El propio artículo 94 de la
Ley 222 de 1995 subraya esta nueva dimensión del concordato cuando establece
que su objeto reside en "la recuperación y conservación de la empresa como
unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo".
A juicio de la
Corte, una autoridad administrativa con una misión constitucional de tanta
monta no puede burocratizarse y reducir sus funciones de inspección y
vigilancia y, especialmente, sus responsabilidades en el trámite del concordato
preventivo obligatorio, a meros procedimientos formalistas que en nada contribuyen
a la efectividad de los derechos de los trabajadores y pensionados de la
empresa sometida al trámite concursal. Con respecto a este punto, la
Sala no duda en afirmar que, en tanto el mínimo vital de muchos trabajadores y
pensionados se encuentre en juego, el trámite del proceso concursal debe
caracterizarse por su eficiencia, por la prontitud con que las autoridades
encargadas den respuesta a las peticiones de los pensionados y trabajadores y,
sobre todo, por tratar de prever y conjurar todas aquellas situaciones que
puedan llegar a determinar que los derechos de estas personas resulten inanes…”
Sin embargo, la
Corte sí puede ordenar a la
Superintendencia de Sociedades que asuma plenamente su misión constitucional
de velar por los derechos prestacionales de los pensionados de la empresa
Slaconia Ltda y que, en cumplimiento de ello, determine, mediante un estudio
detallado de la situación financiera de esta sociedad, si debe continuar
sometida al trámite concordatario. En caso de encontrar que las causales del
concordato preventivo obligatorio han dejado de existir y la empresa se
encuentra en alguno de los supuestos de liquidación obligatoria, la Superintendencia deberá adoptar todas aquellas medidas necesarias para que la empresa pueda
proceder prioritariamente a una conmutación de su carga prestacional con el
I.S.S., con miras a la salvaguarda del derecho fundamental a la seguridad
social de los pensionados de Slaconia Ltda.
La Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social no pueden asistir como espectadores impasibles a la
descapitalización de una empresa sometida al trámite de un concordato
preventivo obligatorio, so pretexto de que sus competencias no les permiten
controlar el pago de los gastos de administración de esa sociedad. Esto, cuando
se encuentra de por medio el derecho fundamental a la seguridad social de
personas de la tercera edad, equivale a una violación de este derecho y a un
incumplimiento de las obligaciones estatales de especial protección referidas a
los grupos más débiles de la población (C.P., artículos 13 y 46).”
Las anteriores premisas serán tenidas en
cuenta en el fallo presente.
CASO CONCRETO
Para los solicitantes, excepto José Rodríguez Bossa,
se hacen estas apreciaciones:
a- Se tiene como punto de partida que los
jubilados tienen un derecho adquirido a la recepción de las correspondientes
mesadas en forma oportuna y continua. Es este un derecho subjetivo y el no pago
de la pensión viola los derechos fundamentales a la vida y  al mínimo vital,
máxime cuando un gran número de los solicitantes  son personas que sobrepasan
el índice de promedio de vida de los colombianos. Debe pues prosperar la acción
de tutela en este aspecto .
El problema radica en cuál es la orden de
protección que se debe dar para que la sentencia de tutela no quede limitada a
un simple pronunciamiento de reconocimiento de derecho pero sin connotación
práctica. Es decir para que se garantice el cumplimiento de la protección como
lo ordena el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 25, literal C-. Es acá
donde surgen diversos inconvenientes, que el juez constitucional debe
solucionar. El problema se complica en primer lugar porque la apoderada de los
jubilados planteó en la inspección judicial que hay solidaridad entre Fiduanglo
y Colcurtidos, en segundo lugar porque Colcurtidos entró en liquidación, el
liquidador dice que no ha sido posible elaborar los inventarios porque “la
totalidad de los bienes raíces, maquinaria y repuestos, incluido el
establecimiento comercial fueron entregados a Fiduanglo”, el tercer lugar
Fiduanglo advierte que para poder vender los inmuebles (avaluados en mas de
20.000 millones de pesos) “se propuso que con el fin de facilitar la venta de
los bienes fideicomitidos, introdujera una reforma al contrato de fiducia que
facilitara la venta”, agrega Fiduanglo que la Superintendencia dió un mes para tal cometido pero “Colcurtidos nunca manifestó su posición
sobre el particular”.
b- La empresa que originariamente tiene
la carga pensional es Colcurtidos S. A. El hecho de haber celebrado un contrato
de fiducia no la exonera de la responsabilidad laboral. Surge la pregunta de si
los socios pueden relegarse de dicha obligación. Se predica acá el principio legal
de  la solidaridad . La Corte Suprema de Justicia (casación 9 de abril de 1960
y de 28 de marzo de 1969) indicó: “Al respecto no vale el argumento  de que el
artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, al contemplar solo la
responsabilidad  solidaria de las sociedades de personas con sus miembros y de
estos entre sí, excluye las de capital, puesto que si se creyó conveniente
regular de manera especial en dicho estatuto tal aspecto de la responsabilidad,
no fue con el ánimo de exonerar de la que incumbe a las sociedades anónimas,
casi siempre con mayor suma de obligaciones laborales por su vasto radio de
acción, sino porque esa materia está regulada en su integridad  en el derecho
comercial aplicable en lo pertinente a las obligaciones surgidas del contrato
de trabajo, a falta de disposición expresa”. Son, pues solidariamente
responsables no solo la empresa sino sus socios. Claro que surge una inquietud:
si está en trámite una liquidación obligatoria, las obligaciones a cargo de los
socios surgen, según el artículo 191 de la ley 222 de 1995, cuando sean
insuficientes los activos. Esto es cierto, pero no significa que desaparece la
solidaridad porque el liquidador podrá exigir, mediante proceso ejecutivo
contra los socios, el faltante del pasivo externo por cubrir, de acuerdo al
respectivo tipo societario. Pero, acá no se agota el tema de la solidaridad,
porque la Corte Suprema de Justicia (sentencia de 10 de enero de 1995) recuerda
que según el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo en el conflicto de
leyes del trabajo y cualquiera otra se prefieren aquellas, luego no quedará
solamente al arbitrio del liquidador la exigencia a los socios, sino que este
derecho también es susceptible de ser ejercido por los trabajadores y
extrabajadores, si el liquidador en el momento oportuno no lo hace.
c- Hay que dilucidar si Fiduanglo, al
asumir por contrato de fiducia una situación jurídica semejante a la de
Colcurtidos en el pago de las obligaciones de ésta, queda también
solidariamente responsable del pago de las mesadas.
Para resolver lo anterior se tendrá en
cuenta lo siguiente:
El contrato de fiducia no es una
sustitución patronal porque no implica cambio de patrono, ni continuidad de la
empresa, ni continuidad de los trabajadores, luego no opera la solidaridad del
artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco existe otra norma
jurídica de la cual se deduzca la solidaridad para obligaciones laborales por
parte de quien celebre un fideicomiso.
En el contrato de fiducia, firmado entre
Colcurtidos y Fiduanglo se dijo que esta última “podrá” pagar  las mesadas de
los jubilados y así lo hizo; como también está pagando (aunque al parecer no
totalmente) las cotizaciones al ISS. En dicho contrato, como es obvio, no
intervinieron los jubilados. O sea, del referido contrato no se colige que
Fiduanglo tenga que responder con sus propios bienes de las obligaciones
laborales de Colcurtidos. Pero atentaría contra la cláusula del Estado Social de
Derecho que las pensiones se asimilaran a una simple mercancía y que se
eludiera el pago de obligaciones que están íntimamente ligadas al mínimo vital
de los seres humanos. Es por eso que se ha dicho que Colcurtidos no se desliga
de la obligación y que se buscará la forma operativa para que Fiduanglo
responda del pago de mesadas si hay dinero del patrimonio autónomo para
cubrirlas, o para la conmutación pensional, lo cual implica tomar
determinaciones para la venta de los inmuebles y cumplir así con el derecho que
tienen los pensionados a recibir su mesada presente y hacia el futuro, a través
de la acción de tutela.
Eso quiere decir que es obligación de
Fiduanglo responder por la carga pensional en forma preferencial, pero solo con
los dineros correspondientes al patrimonio autónomo de la fiducia. Si en el
contrato se dice que “Mientras dicho trámite se cumple (se refiere al trámite
de la conmutación), la fiduciaria podrá pagar con cargo a los recursos de El
Fideicomiso el monto de las mesadas pensionales…” y si los recursos se agotaron
y no se han vendido los inmuebles que se transfirieron a Fiduanglo, para lograr
este objetivo del pago de las pensiones, el Estado Colombiano, a través del
juez constitucional, tiene que hacer llamados a prevención y dar órdenes para
que, dentro de la ley, en los términos exactos y sin dilaciones, se viabilice
lo correspondiente a convertir los inmuebles en activos que permitan finalizar
la liquidación, llevar a cabo la conmutación pensional y entre tanto pagarse
las mesadas. A su vez, como ya se dijo, Colcurtidos no está libre de pagar las
mesadas actuales y futuras de quienes han interpuesto la tutela. Los jueces de
primera instancia en las tutelas mantendrán la competencia para el cumplimiento
de esta sentencia hasta tanto no se produzca la realización de lo ordenado. La Superintendencia de Sociedades no puede quedar como simple espectador en toda esta
tramitación, sino que, junto con la
Defensoría del Pueblo estará atenta al cumplimiento de lo acá señalado,
especialmente cuando no hay explicación para dilaciones en el proceso de
liquidación, ni para que Colcurtidos y Fiduanglo no lleguen a acuerdos que
viabilicen la venta de los inmuebles.
Si, por otro lado, el liquidador y la
Junta Asesora pueden pedir autorización para pagar antes de la providencia de
calificación y graduación de Créditos (art. 178 Ley 222/95), no se entiende por
qué no se ha ejercitado tal figura; ni tampoco es justo que se demore la
liquidación.
d- Está en trámite una conmutación
pensional, ya hay pronunciamiento del Estado en el concepto favorable del
Ministerio del Trabajo, se aprecia el interés del ISS en continuar tal
tramitación, pero la empresa Colcurtidos no ha enviado el cálculo actuarial
porque, según se dijo en la inspección judicial por uno de los funcionarios
administrativos de dicha empresa en liquidación,  no se le ha pagado una suma
pequeña a la empresa que tiene la base de datos y porque no tendría sentido
enviarlo porque en un mes no se alcanzaría a entregar al ISS el dinero que
arrojara dicho cálculo actuarial.
Estas disculpas no tienen asidero legal, son injustas
e inhumanas y no pueden entorpecer el trámite de la conmutación.
En el contrato de fiducia se comprometió Colcurtidos
precisamente a tramitar lo del cálculo actuarial. Por consiguiente, para
Colcurtidos existe la obligación de hacer a la mayor brevedad ese trámite. No
puede admitir la Corte Constitucional que el incumplimiento en el pago de algo
mas de un millón de pesos a una empresa que maneja la base de datos se
convierta en razón para impedir una solución definitiva a una gran cantidad de
jubilados. Como tampoco es válida la hipótesis de que en un mes no se puede
entregar el producto de la venta de unos bienes inmuebles y que esto se
convierta en causa para no tramitar una conmutación. La ley no dice eso, todo
lo contrario, el decreto 1572 de 1973 le permite al ISS negociar la forma de
pago; estas normas sobre conmutación pensional deben interpretarse dentro de la
finalidad de solucionar el problema de los pensionados, luego esos escollos
corresponde superarlos a Colcurtidos, que, de todas maneras seguirá
solidariamente respondiendo por dicha obligación pensional. En conclusión, la
Presidente de Colcurtidos y el liquidador de dicha empresa deben solucionar de
inmediato lo referente a la presentación del cálculo actuarial, de lo contrario
incurrirán en las sanciones correspondientes.
Por otro aspecto, hay que hacer otras precisiones:
e- No es válido lo dicho por Fiduanglo en el sentido
de que no cabe la tutela contra particulares en el presente caso. Los jubilados
se encuentran en una condición de indefensión frente a las entidades que de
alguna manera deben colaborar para el pago de los jubilados; pero la
subordinación solo existe frente a quien deben responder por obligaciones
resultantes de relaciones laborales, es decir Colcurtidos. Luego, la tutela
cabe contra Colcurtidos porque los pensionados de dicha empresa están respecto
de ella en condiciones de subordinación e indefensión, y respecto de Induanglo
en condiciones de indefensión.
f- En cuanto a la petición de la
apoderada de los jubilados en el sentido de una suspensión de decisión ya
tomada, es una pretensión que carece de sentido porque precisamente el motivo
de la revisión es examinar las sentencias de instancia, como se hace en el
presente fallo, luego no podía como medida previa tomarse tal determinación.
Claro que debe hacerse esta aclaración: en excepcionales circunstancias la
Corte Constitucional ha suspendido la aplicación de sentencias de tutela
mientras la Corporación profiere de manera definitiva el fallo, pero eso ha
ocurrido cuando la tutela se ha concedido y no como en el presente caso cuando
no se concedió; además, la petición hubiera motivado una posible suspensión de
términos, luego lo prudente es decidir de fondo.
g- Se ha planteado que por estar
tramitándose el proceso de liquidación, no será procedente la tutela para
exigir el pago de mesadas. Se responde la objeción de la siguiente forma:
Según el artículo 90 de la ley 222 de
1995, la Superintendencia de Sociedades en los procesos concursales asume la
función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116,
inciso 3º, de la Constitución Política. Luego la tutela cabe como mecanismo
transitorio si hay un perjuicio irremediable por el no pago de mesadas. En el
presente caso, los solicitantes, salvo José Israel Rodríguez Bossa, son
jubilados que al no recibir la mesada se ven gravemente perjudicados y es la tutela
el medio válido para solucionarles provisionalmente la ausencia de su mínimo
vital con el pago de mesadas actuales. Pero, había otras órdenes que se darán
de manera definitiva para el pago de mesadas futuras. Quedando a salvo claro
está la reclamación que por otros medios se hará para mesadas antiguas.
h- Se analizará el caso de JOSE RODRÍGUEZ BOSSA.
Aunque instauró dos acciones de tutela, una fue contra Induanglo y otra contra
Colcurtidos, luego no se lo considerará como sujeto que hubiera interpuesto
doble tutela. Pero, como el ISS, el 2 de abril de 1998, le decretó la pensión,
ya no podrá válidamente invocar que se le afectó el mínimo vital, luego la
tutela no prospera por tal razón. Además, la tutela es para las mesadas
presentes y las futuras, no para cancelar las mesadas adeudadas como se pide
expresamente en la última tutela que instauró.
i-    Por último se harán estas precisiones
sobre el caso de José Nicanor Cuesta:
José Nicanor Cuesta instauró acción de
tutela solamente contra la
Empresa Colombiana de Curtidos S. A. para que ésta le cancele las mesadas
pensionales desde diciembre de 1997, considera que tal omisión viola el
artículo 53 de la C. P. La solicitud de tutela fue del conocimiento del Juzgado
6 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá,  que profirió  sentencia el 24 de
julio de 1998, denegando la solicitud porque consideró que existen otros medios
de defensa judiciales. Este fallo llegó a la
Corte Constitucional y fue escogido para revisión. Aunque la acción se dirigió
contra la empresa Colcurtidos, dentro de la solicitud se hizo mención a que
otra entidad “Banco Anglo Colombiano” (sic) había cubierto la “obligación” y se
adjuntó fotocopia del pago. En realidad, el mencionado Banco pagaría la mesada,
pero el cheque no fue girado por tal  Banco sino por la entidad denominada
FIDUANGLO.  Esta  persona jurídica no fue notificada de la tramitación de esa
tutela. Tampoco fue notificado FIDUANGLO de la sentencia. Una vez llegado el
expediente a la Corte Constitucional, fue repartido al Magistrado Antonio
Barrera Carbonell, pero por auto de 24 de noviembre de 1998 se consideró que la
temática contenida en la tutela de José Nicanor Cuesta “es similar a la del
expediente T-166086 que fue repartido al Magistrado Alejandro Martínez
Caballero” y por eso se remitió el expediente a la
Sala Séptima de Revisión presidida por dicho Magistrado. Fue entregado el
expediente a dicha Sala el 9 de diciembre de 1998. Aunque en el caso del señor
Cuesta la tutela se presentó solo contra Colcurtidos, hay elemento de juicio
que permite deducir que también ha debido citarse a Fiduanglo ya que esta
entidad aparece girando precisamente el cheque de pago de una mesada. Está,
pues, informada la jurisdicción constitucional de que hay otra persona a quién
podría afectar un fallo de tutela. En numerosos casos en que la
Corte Constitucional advierte esta ausencia de notificación, se han hecho las
siguientes consideraciones:
Es una obligación de medio (no de
resultado) notificar o informar a las personas contra quienes se dirige la
tutela que ésta ha sido instaurada y que ha sido aceptado tramitarla. Había
sido posición de la Corte que se les debe notificar la iniciación de la acción,
a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren
indicados en la solicitud, es decir, no solamente se notifica a quien o quienes
se relaciona en la solicitud de tutela, sino a quienes quedarían sujetos por la
decisión de tutela, entre otras cosas porque les asiste el derecho a impugnar
(T-043/96). Estos “terceros”, en su condición de particulares, cuando pueden
ser afectados por una posible orden de tutela, deberían ser informados de la
iniciación de la acción para que pueda aportar pruebas, controvertir las
aportadas, “sin tomar en consideración el hecho de que la decisión que le pone
fin a la actuación sea la de  conceder o denegar la tutela”, como  se indicó en
el auto de 3 octubre de 1996 (M.P.: Vladimiro Naranjo). Sin embargo, en auto de
Sala Plena del 5 de noviembre de 1998  (expedientes acumulados T-162846 y 164746,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se consideró que en estos casos se pone en
conocimiento del no citado la solicitud de tutela y la sentencia para lo que
estime pertinente.
En el caso del señor Nicanor Cuesta, el no citado fue
Fiduanglo pero está enterado  del fondo del problema que cobija a todos los
pensionados de Colcurtidos,  ha alegado, ha presentado pruebas, ha actuado con
posterioridad al auto que ordenó la acumulación, luego no solo ha ejercitado su
defensa sino que subsanó cualquier irregularidad que se hubiere cometido, es
por esta razón que en cumplimiento de la orden de acumulación se procederá
también a incluir en el presente fallo la situación del solicitante Nicanor
Cuesta, afectado por el no pago de su pensión.
D E C I S I O N
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por
autoridad de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- REVOCAR, las sentencias
motivo de revisión: la del 24 de abril de 1998 de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en el caso de
Fermin Salamanca y otros; los del Juzgado Segundo de Familia de Bogotá (15 de abril
de 1998) y de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,
(22 de mayo de 1998) en el caso de Jorge Niño Malagon y otros; la del Juzgado
Sexto Laboral de Bogotá (24 de julio de 1998) en el caso de José Nicanor
Cuestas, y el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá (26 de mayo de 1998) en el caso de María Cecilia Villa y otros, y, en
consecuencia, CONCEDER la tutela del derecho fundamental a la seguridad
social de los solicitantes por estar comprobada su lesión al mínimo vital.
Segundo.- ORDENAR a Colcurtidos
S.A. que aunque esté en curso un proceso de liquidación y haya garantía
fiduciaria adicional, pague en forma oportuna las mesadas pensionales a que
tienen derecho los actores hasta cuando opere la conmutación pensional y/o
finalice el proceso de liquidación obligatoria de Colcurtidos. Y, los socios de
Colcurtidos también responderán solidariamente, según se indicó en la parte
motiva de este fallo.
Tercero.- ORDENAR a Colcurtidos
S.A. y Fiduanglo S.A. que en el término de quince días a partir de la
notificación de esta sentencia hagan los reajustes necesarios al contrato de
fiducia para facilitar la venta de los bienes fideicomitidos y proceder de
inmediato al pago de mesadas de los solicitantes y a la conmutación pensional,
una vez cumplido lo señalado en el punto sexto de esta parte resolutiva.
Cuarto.- SOLICITAR al director del
I.S.S. que la conmutación pensional de los pensionados de Colcurtidos se lleve
a cabo procediéndose a dictar la correspondiente Resolución; y SOLICITAR
a la Superintendencia de Sociedades que agilice los trámites de su competencia
en el proceso de liquidación de Colcurtidos, trámite necesario para que no haya
obstáculos a la conmutación, en especial lo referente a la realización de
activos y pago a los acreedores; todo ello en los términos razonables y
legales.
Quinto.- Llamar a prevención al
liquidador y a su junta asesora para que prontamente finalice el proceso de
liquidación de Colcurtidos y, si es posible se proceda, como medida
transitoria, a pagar las pensiones antes de la providencia de calificación y
graduación de crédito.
Sexto.- ORDENAR A Colcurtidos S.A.
que en el término de 48 horas, a partir de notificación que la
Secretaría de la Corte Constitucional hará por telegrama, presente debidamente
al ISS el cálculo actuarial para el trámite de la conmutación pensional. La
Presidente de Colcurtidos y el liquidador cumplirán esta orden, de no hacerlo
se aplicarán las medidas legales correspondientes, incluidas las de carácter
penal.
Séptimo: No prospera la tutela en el caso
de José Israel Rodríguez Bossa, por las razones expuestas en la presente
sentencia.
Octavo.- Hacer un llamado a prevención a Colcurtidos
S.A. y a Fiduanglo S.A., a la
Superintendencia de Sociedades, al liquidador y su junta asesora en el proceso
de liquidación de Colcurtidos para que den prioridad a la atención de las
mesadas pensionales por medio de la pronta liquidación y venta para garantizar
las mesadas de jubilación a que tienen derecho los solicitantes de tutela,
directamente cubriéndolas para el trámite de conmutación pensional, sin
perjuicio de las órdenes que se dan en el presente fallo.
Noveno.- Como mecanismo
transitorio, en el evento de que Fiduanglo reciba dineros correspondientes a la
Fiducia celebrada con Colcurtidos, por cualquier concepto, pagará
preferencialmente las mesadas pensionales de los solicitantes, mientras se
tramita la liquidación y la conmutación.
Décimo.- LIBRESE comunicación a
los Juzgados de primera instancia, con miras a que se surta la notificación de
esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Por Secretaria de la Corte Constitucional se dará prevalencia a esta
comunicación y a la devolución de los expedientes respectivos.
Undécima.- SOLICITAR a la
Defensoría del Pueblo colaborar en la práctica de lo ordenado en este fallo,
en especial en lo referente a la tramitación de la liquidación y la conmutación
pensional para que los pensionados reciban sus mesadas. Si se aprecia que se
incurre en fraude a resolución judicial u otro delito, se formulará la denuncia
penal correspondiente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto 022/99
Referencia: Nulidad sentencia T-014/99
Solicitante: Sociedades "Curtiembres
Búfalo S.A." y otros.
Procedencia: Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D.C., cinco (5) de
mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por su Presidente, Eduardo Cifuentes Muñoz,
los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Martha Victoria Sáchica de Moncaleano,
José Gregorio Hernández, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y
Vladimiro Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA
CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado el siguiente
AUTO
Para decidir sobre una petición de
nulidad.
ANTECEDENTES:
1. Las sociedades CURTIEMBRES BUFALO S.
A., GELATINAS DE COLOMBIA S.A.,   y C.I. MODAPIEL S.A. por intermedio de
apoderado, solicitan la nulidad de la sentencia  Nº T-014 de 1999, proferida
por la Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional  en la tutela instaurada por un gran número de
pensionados de COLCURTIDOS S.A. contra esta empresa y contra FIDUANGLO S.A..
2. La mencionada sentencia decidió
solicitudes de tutela correspondientes a los expedientes identificados bajo los
números 166086, 168763, 169381, 179692, 167840 y T-170050 que fueron
acumulados. La tutela se dirigía contra las citadas empresas FIDUANGLO Y
COLCURTIDOS S.A. ambas con domicilio en Bogotá y la última de ellas registrada
en la Cámara de Comercio de esta ciudad.
3. La inconformidad del solicitante de la
nulidad estriba en que en la parte resolutiva de la sentencia cuya nulidad se
pide, entre las múltiples decisiones que contiene para proteger a los
pensionados, incluye una orden, la segunda, que expresamente señala:
" Segundo.- ORDENAR a
Colcurtidos S.A. que aunque esté en curso un proceso de liquidación y haya
garantía fiduciaria adicional, pague en forma oportuna las mesadas pensionales
a que tienen derecho los actores hasta cuando opere la conmutación pensional
y/o finalice el proceso de liquidación obligatoria de Colcurtidos. Y, los
socios de Colcurtidos también responderán solidariamente, según se indicó en la
parte motiva de este fallo".
La crítica recae sobre la responsabilidad
solidaria (parte subrayada en el párrafo anterior).
La parte motiva a la cual se remite la
parte resolutiva, antes transcrita, también está citada en el memorial del
peticionario de la nulidad, y a su vez aparece en la página 28 del fallo de
tutela  y dice:
"b- La empresa que originariamente
tiene la carga pensional es Colcurtidos S. A. El hecho de haber celebrado un
contrato de fiducia no la exonera de la responsabilidad laboral. Surge la
pregunta de si los socios pueden relegarse de dicha obligación. Se predica acá
el principio legal de la solidaridad. La
Corte Suprema de Justicia (casación 9 de abril de 1960 y de 28 de marzo de
1969 )[5]
indicó:  “Al respecto no vale el argumento  de que el artículo 36 del Código
Sustantivo del Trabajo, al contemplar solo la responsabilidad  solidaria de las
sociedades de personas con sus miembros y de estos entre sí, excluye las de
capital, puesto que si se creyó conveniente regular de manera especial en dicho
estatuto tal aspecto de la responsabilidad, no fue con el ánimo de exonerar de
la que incumbe a las sociedades anónimas, casi siempre con mayor suma de
obligaciones laborales por su vasto radio de acción, sino porque esa materia
está regulada en su integridad en el derecho comercial aplicable en lo
pertinente a las obligaciones surgidas del contrato de trabajo, a falta de
disposición expresa”.
Continúa diciendo la parte motiva de  la
T-014 de 1999, en la remisión que hizo la parte resolutiva del fallo:
"Son, pues solidariamente responsables no solo la
empresa sino sus socios. Claro que surge una inquietud: si está en trámite una
liquidación obligatoria, las obligaciones a cargo de los socios surgen, según
el artículo 191 de la ley 222 de 1995, cuando sean insuficientes los activos.
Esto es cierto, pero no significa que desaparece la solidaridad porque el
liquidador podrá exigir, mediante proceso ejecutivo contra los socios, el
faltante del pasivo externo por cubrir, de acuerdo al respectivo tipo
societario. Pero, acá no se agota el tema de la solidaridad, porque la
Corte Suprema de Justicia (sentencia de 10 de enero de 1995) recuerda que
según el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo en el conflicto de leyes
del trabajo y cualquiera otra se prefieren aquellas, luego no quedará solamente
al arbitrio del liquidador la exigencia a los socios, sino que este derecho
también es susceptible de ser ejercido por los trabajadores y extrabajadores,
si el liquidador en el momento oportuno no lo hace".
4. Como se
aprecia, la argumentación del fallo, en cuanto a la solidaridad se respalda en
el artículo 191 de la ley 222 de 1995, principalmente en la parte que dice que
el liquidador, en ciertas circunstancias, puede exigir a los socios de la
empresa en liquidación el pago de unas prestaciones. Precisamente  el ataque
que se hace al fallo es por haberse señalado en la parte resolutiva una
responsabilidad solidaria de los socios de Colcurtidos. Hay que decir que en
los considerandos, que para el caso se integra a la parte resolutiva, expresamente
se analizó que “las obligaciones a cargo de los socios surgen, según el
artículo 191 de la ley 222 de 1995, cuando sean insuficientes los activos”.
También este aspecto de la solidaridad de
los socios, se respaldó en una transcripción jurisprudencial que aparece en la
parte motiva del fallo. Esta jurisprudencia fue tomada de la gaceta judicial Nº
2223-4, pág. 745 y allí se resaltó como  uno de los temas centrales y se repite
en la página 748 de la misma gaceta. El solicitante de la nulidad cuestiona la
referencia que el fallo de la
Corte Constitucional hace a esas dos sentencias de la
Corte Suprema: la del 9 de abril de 1960 y la del 28 de marzo de 1969 y no
acepta la lectura que la
Corte Constitucional hizo de las mencionadas jurisprudencias.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE:
1ª. Respecto a la posibilidad de pedir la
nulidad de una sentencia proferida por la
Corte Constitucional, esta Corporación se ha pronunciado en varias
oportunidades. En una de las últimas decisiones, auto de 10 de marzo de 1999,
M.P: Alfredo Beltrán Sierra (expediente T-189309) se hizo el siguiente
análisis:
“1.  A la
Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 85 de la
Carta Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, le corresponde la revisión
eventual de los fallos proferidos por los jueces de instancia al tramitar y
decidir las acciones de tutela que hubieren sido incoadas cuando quiera que el
actor considere que se le han vulnerado derechos fundamentales, o cuando exista
una amenaza de vulneración concreta para los mismos.
“2. Como
fácilmente puede advertirse, queda por fuera de la competencia del juez de
tutela cualquier decisión que no se encuentre dentro del ámbito propio de esta
acción específicamente consagrada por el constituyente como un instrumento de
amparo para la protección efectiva de los derechos fundamentales, lo que
significa que cualquier otro asunto diferente ha de tramitarse ante la
jurisdicción y el juez a quien la ley le haya atribuido competencia para el
efecto.
“3.  Como ya se
ha definido por esta Corte, por razones de seguridad jurídica y en virtud de la
necesidad de que prevalezcan los postulados y valores que consagra la
Carta Magna, solo de manera excepcional podría proceder la nulidad de fallos
proferidos por esta Corporación, pues, "como resulta de los artículos 241
y 243 de la Constitución Política, las sentencias que profiera la
Corte Constitucional en desarrollo de sus atribuciones tienen carácter
definitivo, en cuanto resuelven de manera inapelable los asuntos que ante ella
se plantean, bien se trata de procesos de constitucionalidad en estricto
sentido (control abstracto), ya que aludan a la revisión de los fallos de
instancia en materia de protección a los derechos constitucionales
fundamentales".
“No obstante,
cuando en el trámite judicial de los asuntos de competencia de la
Corte Constitucional se incurra en irregularidades tales que se vulneren el
debido proceso, se impondrá entonces dar aplicación directa al artículo 29 de la
Constitución, por lo que, en tales eventos, si la irregularidad en cuestión se
demuestra y establece con absoluta claridad, será entonces imprescindible en
guarda de la integridad y primacía de la
Carta declarar la nulidad en que se hubiere incurrido, como lo precisó ésta
Corporación en auto de 26 de julio de 1996, Magistrado ponente, doctor Jorge
Arango Mejía.
“En el mismo sentido, en
auto No. 33 de 22 de junio de 1995, la
Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de las nulidades en
relación con las sentencias por ella proferidas, asunto este sobre el cual
expresó que: "se trata de situaciones jurídicas especialísimas y
excepcionales, que tan solo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los
fundamentos expuestos por quien la alegan muestran, de manera indudable y
cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales,
que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han
sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella
tiene que ser significativa y transcendental, en cuanto a la decisión adoptada,
es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de
nulidad pueda prosperar" (Magistrado ponente, Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
En el caso presente se aspira nada menos
que a dejar sin efecto una sentencia de tutela, invocándose una nulidad. Se
acude por parte del solicitante al artículo 49 del decreto 2067 de 1991 que
expresamente dice:
“La nulidad de los procesos ante la
Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo
las irregularidades que impliquen violación al debido proceso deberán servir de
base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.
2ª. En varias oportunidades en la
Corte Constitucional se han tramitado nulidades, aún después de proferido el
fallo; pero la Corporación ha advertido que “debe adoptarse el máximo de
cuidado, porque de lo contrario se podrían cometer injusticias, perderían
seriedad los fallos y se podría usurpar jurisdicción al revivir procesos
legalmente concluidos” (auto 3 de noviembre de 1994, Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero). Es por eso que las reales o presuntas nulidades
en fallos de revisión, se refieren a hechos contundentes como por ejemplo
violarse el debido proceso o haberse cambiado jurisprudencia por una Sala de
Revisión, cuando en esta circunstancia la competencia le correspondería a la
sala Plena de la Corporación.
Precisamente el peticionario considera
que es factible la nulidad de sentencias proferidas por la
Corte Constitucional y entre la jurisprudencia que cita resalta la del auto de
26 de julio de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía y a la cual se refirió el auto
antes mencionado del  10 de marzo de 1999. Pero tanto esa decisión como las
otras antes relacionadas son enfáticas al afirmar que debe tratarse de
situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales.
3ª. El punto central de la nulidad
impetrada es, y así lo expresa tajantemente el peticionario, “en cuanto (las
empresas que le otorgaron poder) resultan afectadas directamente por lo
dispuesto en ella (la sentencia de tutela) sin haber sido citadas ni
haber intervenido en el trámite de tutela respectivo”.
Lo que en realidad se objeta es una parte
del fallo proferido, aquella que afecta a unas sociedades que hacen parte de
una sociedad anónima: Colcurtidos S.A., principal responsable del pago de las
pensiones en la tutela que originó el fallo T-014/99. El solicitante sin
embargo, pide la nulidad para la sentencia íntegra. Y lo hace invocando el
debido proceso. La razón para la violación al artículo 29 de la
C. P. es que se dieron órdenes en la tutela contra personas jurídicas que no
fueron citadas. La nulidad pedida no se refiere, como no podía hacerlo, a la
falta de notificación de la mencionada representante legal de COLCURTIDOS S.A.
porque ella fue debidamente informada de la tramitación de las tutelas por los
jueces de instancia e inclusive el mismo liquidador se hizo presente en una de
las diligencias judiciales y lo expresado por él fue analizado en la sentencia
(página 27 de la misma).
4. Es cierto que las empresas socias de
COLCURTIDOS S.A. no fueron notificadas. Por eso han acudido a la jurisdicción
constitucional para que se ejerza una jurisdicción material, instituida para
asegurar el respeto de las normas básicas constitucionales tendientes a la
convivencia pacífica (para ello nada mas necesario que el respeto a los
derechos fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos
constituidos sujeten sus actos (leyes, sentencias, actos administrativos) no
solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores,
principios y derechos y este sería el objeto de la jurisdicción. El debido
proceso es principio y derecho constitucional, luego la jurisdicción
constitucional debe hacerlo respetar cuando un fallo proferido en ejercicio de
tal jurisdicción puede haber incurrido en violación al debido proceso.
5. En cuanto a la competencia para definir
la nulidad hay que decir: si se plantea a la
Corte Constitucional la nulidad de una sentencia proferida por ella en materia
de tutela, y el expediente ya fue remitido al juez de primera instancia, de
todas maneras el peticionario de la nulidad ejercita un derecho a
competencia para que la propia Corte, a través de la
Sala Plena, estudie si la sentencia de la
Corporación violó el debido proceso.
Dice Wolff que competencia es asumir la tarea. Se
puede agregar: la puede invocar el afectado por decisiones que crean o
modifican situaciones jurídicas.
En el caso de la nulidad de una sentencia
de la Corte Constitucional, aparentemente se podría decir que finalizada la
actuación en la Corporación y ejecutoriada la sentencia de revisión, la
Corte ha perdido la competencia. Sin embargo, la solución no puede ser tan
simple porque  los derechos fundamentales y el reconocimiento de la dignidad de
la persona (art. 1º) así como la misma regulación del debido proceso (art. 29
C.N) constituyen límites materiales al ejercicio de actitudes del Estado,
luego estos principios deben preferir a una teoría sobre pérdida de
competencia. Además, los derechos fundamentales (art. 2
C.N) por su naturaleza son auténticos derechos subjetivos, como tales son
plenamente exigibles a los poderes públicos, pudiendo cualquier persona
demandar su respeto, aún sin necesidad de esperar  desarrollo legal alguno
(art. 85 C.N.), pues una Constitución normativa (art. 4º C.N.) tiene que ser
eficaz desde el punto de vista jurídico, y lo es ante todo, en la medida que
sus derechos fundamentales, tengan efectiva vigencia y eficacia jurídica.
Luego, una de las funciones de la
Corte Constitucional es revisar si en sus sentencias en tutela ha incurrido o
no en violación al debido proceso. Así debe entenderse la competencia.
En un régimen democrático que adopta la
fórmula Estado Social de Derecho, cuando se toman decisiones por las
autoridades jurisdiccionales es indispensable que éstas se adopten con
fundamento en unas reglas que indican cuáles autoridades están autorizadas para
tomar las decisiones  obligatorios y cuáles son los procedimientos. Esas reglas
son las que recogen un conjunto de actos procesales sucesivos y coordinados que
integran unos principios fundantes que hacen del debido proceso una verdadera
garantía. El debido proceso es una institucionalización del principio de
legalidad y del derecho de defensa. El debido proceso está considerado por la
Constitución (art. 29) como un derecho fundamental y allí se señalan, algunos
principios que lo desarrollan.
Como no es razonable que el formalismo (por ejemplo ya
haber remitido el expediente al juzgador de origen) supere a los valores
superiores, la  explicación para justificar la tramitación de la nulidad que
determinados institutos jurídicos le dan a la persona un DERECHO A ALGO. Ello
permite exigirle al Estado la vigencia de normas que den efectos jurídicos a
esas competencias sustanciales, luego el Estado debe contribuir a ese derecho
objetivo que desarrolla competencias y que ni siquiera el legislador puede
derogar ni modificar a fondo porque violaría derechos constitucionales
fundamentales. Y, por la misma razón de estar  dentro de los derechos a algo,
se podría concluir que normas de procedimiento, como la competencia para ver si
una instancia superior (p. ej. Corte Constitucional) cometió la violación al
debido proceso, es parte del status positivo del individuo, luego no tiene
sentido decirse que como el fallo está ejecutoriado no hay lugar a examinar si
hubo o no violación del artículo 29 C.P. sino que, por el contrario, hay que
responderle al solicitante y si en realidad se violó el debido proceso,
reconocerlo y dar la solución pertinente. Y si la copia de la sentencia está en
la Corporación, no se requiere pedirla al juzgado que tiene el expediente.
7. Con una nueva visión constitucional, el titular del
derecho fundamental tiene competencia para hacer imponer judicialmente el
debido proceso; se sale entonces del status negativo y se pasa al status
positivo, surgiendo como una distribución de competencias entre el legislador y
el Tribunal Constitucional y esta plasticidad notoria tiene la importancia de
superar la fría ingeniería jurídica. La respuesta adecuada a cómo deben
manejarse las reglas procesales, la da la superación del esencialismo del
lenguaje. La elevada abstracción de los conceptos vale cuando se toman
decisiones que puedan justificarse jurídicamente y apuntan hacia el logro del
orden justo.
8. En el caso que se analiza hay lo siguiente: se
acudió a una norma legal (art. 191 Ley 222/98) y a unas jurisprudencias de la
Corte Suprema de Justicia y con base en eso se dio, en fallo de tutela, una
orden de pago solidario a socios que resultaron ser personas jurídicas privadas
no notificadas en el trámite de la tutela. Esta falta de notificación motiva
nulidad, como lo ha reconocido la Corte en numerosas oportunidades, luego
evidentemente se incurrió en violación al debido proceso al vincular en la
parte resolutiva a particulares no informados de la tutela. Esa omisión
invalida la frase cuestionada de la parte resolutiva. Pero no puede anular toda
la sentencia porque las razones para la nulidad son de orden constitucional; y,
dentro del esquema  de protección a los derechos fundamentales constitucionales
hay que proteger a los jubilados frente a las acciones y omisiones de las dos
entidades: COLCURTIDOS S.A. y FIDUANGLO S.A., que sí fueron notificados y que
quedó demostrado que con su proceder afectaran derechos fundamentales de los
jubilados que instauraron la acción de tutela que prosperó. Además, el
solicitante de la nulidad solamente enjuició el tema de la solidaridad que
afectó a sus poderdantes.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE
DECLARAR la nulidad solicitada sólo en aquella parte de la sentencia T-014 de
1999 proferida por la Sala Séptima de Revisión contenida en el numeral 2º,
parte final que dice: “Y los socios de Colcurtidos también responderán
solidariamente según se indicó en la parte motiva de este fallo”. En lo demás,
sigue vigente la sentencia.
Contra la presente providencia no procede recurso
alguno.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
Copia de esta providencia se enviará a
los juzgadores de primera instancia.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ  GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E)
[1] ST-323/96 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[2] Sentencia 299 de
1997, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] Sentencia T-160/97, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz.
[4] ST-323/96 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5] Referencia hecha en el Código del Trabajo, Ortega Torres , año
1973, página  90.