T-312-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-312/11
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Caso en que se desaloja a personas desplazadas por la
violencia
AGENCIA OFICIOSA PARA PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA-Reiteración
de jurisprudencia
En el caso de la población
desplazada, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que, como
la situación de vulnerabilidad de quienes afrontan el desplazamiento forzado es
similar a la situación de aquellas personas que se encuentran en una
incapacidad física o mental de ejercer la defensa de sus propios derechos, en
el sentido de la dificultad que tienen para el ejercicio de sus derechos, la
agencia oficiosa es procedente para promover el amparo de los derechos de este
segmento de la población
PERSONAS
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA SON SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Reiteración
jurisprudencia
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Reiteración de jurisprudencia
DEBER DE
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE REUBICAR A LAS PERSONAS ASENTADAS EN ZONAS
DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE-POT de Pereira apartado B) del artículo 219
Como se trata de personas
asentadas en una zona que fue declarada de alto riesgo no mitigable por amenaza
de deslizamientos, según el apartado B) del artículo 219 del POT de Pereira
antes analizado, éstas tienen derecho a ser beneficiarias de un programa de
reubicación, al menos temporalmente.
Referencia:
expediente T-2.898.422
Acción de
tutela instaurada por Luis Eduardo Marín Gallego en nombre propio y como agente
oficioso de otros, contra la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pereira y
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Magistrado
Ponente
JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ
Colaboró:
Lina Malagón Penen
Bogotá D.C., tres (3) de mayo
de dos mil once (2011)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Juan Carlos Henao Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del
fallo dictado por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira,
Risaralda, en la acción de tutela instaurada por Luis Eduardo Marín Gallego en
nombre propio y como agente oficioso de otros, contra la Gobernación de
Risaralda, la Alcaldía de Pereira y la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional.
I.
ANTECEDENTES
1.
1. HECHOS
1.     En
el escrito de tutela, el señor Luis Eduardo Marín Gallego afirma que su familia
junto con las familias de los señores Silvio Foronda Marín, Amanda Cruz Muñoz,
Amparo Valencia Cruz, Flor María Henao, María Serafina Sánchez, María Irene
Londoño, Liliana Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero, Martha Riascos
y Aleida Illera Caicedo, han sido amenazadas por la Alcaldía de Pereira y por la
Gobernación de Risaralda de ser desalojadas de las viviendas de invasión que
construyeron en el barrio El Danubio.
2.     El
peticionario considera que esas órdenes de desalojo que han sido dictadas por
las autoridades accionadas son “abusivas y arbitrarias”[1],
pues se trata de personas desplazadas por la violencia que se vieron obligadas
a construir sus viviendas en la invasión de El Danubio, por estar totalmente
desprotegidos y no contar con los recursos suficientes para asentarse en otro
lugar.
3.     En
este sentido, el actor considera que las autoridades accionadas han tratado de
engañarlos debido a que la única solución que les han propuesto es la entrega
de un subsidio de vivienda por tres meses, ayuda que considera es insuficiente[2].
4.     Por
los motivos antes expuestos, solicita al juez de tutela que ordene hacer cesar
“esos abusivos y arbitrarios procedimientos y amenazas que nos estan [sic]
haciendo constantemente en la invación [sic] del Barrio el Danubio de Villa
Santana del municipio de Pereira, donde nos tienen demaciadicimo [sic]
enfermos, y mas [sic] que todo en lo sicologico [sic], que almenos [sic] nos
dejen en paz y tranquilos mientras que nuestra Honorable Corte Constitucional
se pronuncia al respecto”[3].
1.
2. INTERVENCIONES DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS
La Alcaldía del municipio de
Pereira respondió la demanda solicitando al juez de tutela negar el amparo
invocado por el demandante.
Así, señaló que “yerra la
[sic] accionante al incoar la presente acción de tutela so pretexto de
vulneración de derechos fundamentales, púes [sic] tenemos que el derecho a la
vivienda no es un derecho fundamental, es un derecho progresivo, por lo tanto,
no es por vía de tutela que el Despacho a cargo del proceso referido pueda
despachar la petición del actor”[4]. En efecto, según
la sentencia T-251 de 1995, como el derecho a la vivienda es un derecho
objetivo que requiere desarrollo legal, se trata de un derecho que no puede ser
susceptible de protección inmediata por la vía de la acción de tutela. Además,
de acuerdo a la sentencia T-258 de 1997, “el Estado [tiene la carga] de
fijar condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho [a la vivienda
digna]. Lo anterior no implica necesariamente la obligación para el Estado de
proporcionar vivienda a la totalidad de los habitantes del país que adolezcan
de dicha necesidad”[5].
Adicionalmente, afirmó que si
bien es cierto que a través de la Dirección Operativa de Control Físico de la
Secretaría de Gobierno, el municipio de Pereira ha realizado operativos de
control tendientes a evitar las invasiones y las construcciones ilegales, “el
señor LUIS EDUARDO MARÍN GALLEGO, no se encuentra dentro de los registros de la
Dirección Operativa de Control Físico, para realizar diligencia de demolición y
por lo tanto no se le ha realizado operativo alguno”[6],
de manera que no es cierta la afirmación del actor según la cual el personal
del municipio de Pereira ha cometido abusos de autoridad en su contra.
En este mismo sentido, alegó que
en esos operativos siempre se han respetado los derechos fundamentales de los
habitantes de las invasiones.
Por otra parte, sostuvo que el sector
de El Danubio se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo y de protección
ambiental “según concepto técnico de la DOPAD”[7],
por lo tanto, ningún ciudadano tiene derecho a no ser desalojado de ese
lugar, aunque se trate de una persona desplazada por la violencia, pues existen
otras vías legales para obtener una vivienda digna como “la ayuda de
$450.000 para un subsidio de arrendamiento por tres meses”[8].
En efecto, según la Ley 810 de 2003, “la licencia se convierte en un
requisito indispensable para ejecutar las obras o su legalización, bien sea de
obra nueva, adecuación o modificación, documentos que deber ser presentados en
el momento en que se efectúe el control Urbanístico por parte (…) del Alcalde
Municipal”[9].
Además, manifestó que “en la
actualidad en el Municipio de Pereira no existen cupos, ni terrenos disponibles
para desarrollar proyectos de vivienda de interés social prioritario (…).
Existen cerca de cinco mil (5000) familias entre desplazados ubicados en zonas
de alto riesgo y familias de escasos recursos en espera de vivienda. Obligar al
Municipio de Pereira a adjudicar a toda familia que tutele el derecho a la
vivienda digna es obligarlo a lo imposible y se le asigna obligaciones y
responsabilidades al ente territorial en asuntos donde deben intervenir
financiera, administrativa y legalmente otras entidades nacionales y
municipales”[10]. Así, “el
trámite para acceder al subsidio de vivienda debe realizarse a través de las
Cajas de Compensación de cada municipio ante FONVIVIENDA, presentando todos los
documentos por el interesado, hecho que no conlleva obligación de la entidad
para su otorgamiento, ya que existen factores determinantes del derecho como
cantidad de recursos entregados para cumplir este objetivo, los que deben ser
distribuidos conforme con el nivel de elegibilidad según el grado de
vulnerabilidad en que se haya clasificado el núcleo familiar del postulante”[11].
Sin embargo, en cumplimiento del
deber de desarrollar programas de vivienda de interés social “y diseñar
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo (…), mediante decreto
municipal No. 112 de 21 de febrero de 2006, [se] declaró [la]  urgencia
manifiesta en el municipio de Pereira y (…) se decretó: `ARTÍCULO CUARTO:
remitir a la DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES del
Ministerio del Interior y de Justicia, la solicitud y soportes requeridos para
obtener mediante acto administrativo, la certificación correspondiente que haga
viable la postulación de la población afectada ante (…) FONVIVIENDA, para
acceder al subsidio que para estos efectos otorga el Gobierno Nacional”[12].
Finalmente, en relación con el
caso concreto del señor Marín Gallego, sostuvo que “la [sic] accionante sólo
elevó dos solicitudes de ser incluida en un plan de vivienda por ser de escasos
recursos, posterior a estas fechas no existe ningún acto que demuestre interés
por [su parte] para aspirar al beneficio”[13].
Por su parte, la Gobernación de
Risaralda solicitó al juez declarar la improcedencia del amparo elevado por el
actor o, en su defecto, no acceder a las pretensiones de la demanda, pues “según
la información que reposa en las beses de datos, tanto de la [Gobernación de
Risaralda], como de la Promotora de vivienda del Departamento de Risaralda, no
aparece inscrito, como potencial beneficiario, bajo ninguna modalidad
(consecución de vivienda nueva, usada, construcción en sitio propio. O
mejoramiento de vivienda), ni en calidad de peticionario, ni en nombre propio,
ni en representación de familia alguna, el señor LUIS EDUARDO MARÍN GALLEGO.
Así mismo en la administración departamental no aparece derecho de petición
relacionado con el tutelante y las familias que dice representar”[14].
Finalmente, resumió la normatividad
que regula las obligaciones del Estado y del municipio de Risaralda frente a la
población desplazada.
1.3.
DECISIÓN QUE SE REVISA
Mediante providencia de 29 de
septiembre de 2010, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Pereira, Risaralda, negó la acción de tutela instaurada por el actor en nombre
propio debido a que, “de conformidad con las respuestas emitidas por las
entidades accionadas (…), la amenaza es un hecho incierto futuro del cual no se
tiene certeza, pues la entidad municipal encargada del procedimiento de
desalojo ha manifestado que contra el actor no se realizó ningún desalojo, así
como tampoco se encuentra pendiente proceso administrativo alguno en tal
sentido”[15].
Adicionalmente, declaró la
improcedencia de la acción de tutela “propuesta por el señor LUIS EDUARDO
MARÍN GALLEGO en representación de las personas desalojadas en procedimientos
administrativos realizados por el municipio de Pereira a través de la Dirección
Operativa de Control Físico en un lote de terreno ubicado en el barrio El
Danubio de Villa Santana del municipio de Pereira por no cumplirse a cabalidad
los requisitos para agenciar derechos de terceros”[16].
Así, “las personas que allí fueron desalojadas o se encuentren en proceso de
desalojo pueden representar sus propios intereses y derechos o por lo menos no
se discutió la incapacidad de estas para no poder hacerlo y que justifiquen la
representación de sus intereses por un agente oficioso”[17].
Esta decisión no fue impugnada
por ninguna de las partes.
1.4.
Actuaciones surtidas ante la Corte Constitucional
Mediante auto de 11 de marzo de
2011, el magistrado sustanciador resolvió:
“Primero.-
Por la Secretaría General de esta Corporación, se oficie a la Alcaldía
Municipal de Pereira, ubicada en la Cra. 7 No. 18 – 55, piso 7, Pereira
(Risaralda), para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente auto, allegue a este despacho el concepto técnico de la
DOPAD, citado en la contestación de la demanda, según el cual el barrio El
Danubio se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo y de protección
ambiental. Adicionalmente, dicha autoridad deberá responder las siguientes
preguntas:
1.
¿Cuáles son los proyectos de vivienda para desplazados que
adelanta el municipio de Pereira en la actualidad?
2.
¿Cuáles son los programas de reubicación que adelanta el
municipio de Pereira para atender a los habitantes desalojados de las zonas de
alto riesgo?
3.
¿Cuáles son las personas que han sido desalojados del barrio El
Danubio? ¿Existe un censo sobre este tema? ¿Mediante qué procedimiento administrativo
han sido desalojados?
Segundo.-
Por la Secretaría General de esta Corporación, se oficie al señor Luis
Eduardo Marín Gallego, identificado con la cédula No. 73.072.075 de Cartagena,
Bolívar, ubicado en la Cra. 11 No. 50 – 133, barrio Los Naranjos de
Dosquebradas, Pereira (Risaralda), para que el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación del presente auto, responda las siguientes
preguntas:
1.
¿Cuál es su relación o vínculo con las personas que dice
representar en la acción de tutela? ¿Porqué ejerce su representación si se
trata de personas mayores de edad?
2.
¿Desde qué fecha se asentaron usted y las personas que dice
representar en el barrio El Danubio?
3.
¿Cuál fue el procedimiento adelantado por la Alcaldía Municipal
de Pereira y la Gobernación de Risaralda para desalojarlo a usted y a las
personas que dice representar del lote de terreno ocupado? Adjunte los
documentos que prueben su dicho (resoluciones dictadas por las autoridades
accionadas etc.).
4.
¿En qué fecha fueron desalojados por las autoridades competentes
de las viviendas ocupadas?
5.
¿Es de propiedad suya y de las personas que dice representar en
el escrito de tutela el lote de terreno y las viviendas de las que fueron
desalojados? De responder afirmativamente, anexe pruebas que respalden su dicho
tales como los títulos de propiedad de los inmuebles y las respectivas
escrituras públicas, las facturas de los servicios públicos correspondientes a
las viviendas desalojadas etc.
6.
¿Ha solicitado usted o cualquiera de las personas que dice
representar, un subsidio de vivienda ante Acción Social, FONVIVIENDA o ante la
Alcaldía Municipal de Pereira o la Gobernación de Risaralda?
Tercero.-
Por la Secretaría General de esta Corporación, se notifique a Acción
Social, ubicada en el Edificio Principal Calle 7 No. 6-54 (Bogotá D.C.), del
auto admisorio de la tutela de la referencia proferido el día dieciséis (16) de
septiembre de 2010 por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Pereira, Risaralda (Fl. 51, Cuaderno 2), adjuntando copia de ésta para que la
entidad notificada se entienda vinculada a este proceso de tutela y con el fin
de que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la citada providencia, se pronuncie acerca de los hechos y
pretensiones en que se funda la solicitud de amparo.
Cuarto.-
Por la Secretaría General de esta Corporación, se oficie a Acción
Social, ubicada en el Edificio Principal Calle 7 No. 6-54 (Bogotá D.C.), para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del presente auto, informe a este despacho si las siguientes personas se
encuentran incluidas en el RUPD, cuáles ayudas han recibido y si se han
postulado para un subsidio de vivienda:
NOMBRE
CÉDULA
No.
CÓDIGO
No.
Luis
Eduardo Marín Gallego
73.072.075
-----------------------
Amanda
Cruz Muñoz
39.83.0110
2.714.720
Amparo
Valencia Cruz
24.695.432
568.614
Flor
María Henao
24.411.590
559.214
María
Serafina Sánchez
35.770.069
369.695
María
Irene Londoño
40.758.596
146.606
Liliana
Méndez
1.069.718.830
436.453
Orfilia
López Londoño
40.769.823
50.983
Angélica
Romero
111.276.468
559.214
Martha
Riascos
38568284
669261
Aleida
Illera Caicedo
1.004.510.242
577.636
Silvio
Foronda Marín
----------------------------
----------------------
Quinto.-
Por la Secretaría General de esta Corporación, se oficie a FONVIVIENDA, ubicado
en la Cll. 37 No. 8 - 40 (Bogotá D.C.), para que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este auto, informe a este
despacho si las siguientes personas han solicitado un subsidio de vivienda de
interés social:
NOMBRE
CÉDULA
No.
Luis
Eduardo Marín Gallego
73.072.075
Amanda
Cruz Muñoz
39.83.0110
Amparo
Valencia Cruz
24.695.432
Flor
María Henao
24.411.590
María
Serafina Sánchez
35.770.069
María
Irene Londoño
40.758.596
Liliana
Méndez
1.069.718.830
Orfilia
López Londoño
40.769.823
Angélica
Romero
111.276.468
Martha
Riascos
38568284
Aleida
Illera Caicedo
1.004.510.242
Silvio
Foronda Marín
----------------------------“
ü Intervención de la Alcaldía
de Pereira
Dentro del término legal, el Director Operativo de Control Físico de la
Secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Pereira, informó a este
despacho que en su municipio se “adelanta el proyecto El Remanso, el cual
consta de 2491 soluciones de vivienda de interés prioritario y de ellas a la
fecha se han entregado 1241 construidas en el sector A. De otro lado se avanza
en la construcción de los sectores B y C, los cuales se entregarán a los beneficiarios
al finalizar el presente año, de igual manera se adquirió un predio contiguo
denominado sector D con el fin de adjudicar nuevos lotes con servicios (…).
[El costo de este proyecto] asciende a cerca de cincuenta y cinco mil
millones de pesos de los cuales hemos obtenido el apoyo en subsidios, del
Gobierno Nacional y de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, alrededor
de dieciséis mil millones de pesos. El excedente ha sido asumido en su
totalidad con recursos del Municipio de Pereira (…).
Este proyecto surgió de la calamidad pública decretada por el
Ministerio del Interior y de Justicia mediante Resolución 05 de 28 de febrero
de 2006 y ha beneficiado tanto a los habitantes asentados en zona de riesgo no
mitigable del municipio de Pereira, como a la población desplazada de
diferentes sectores del país.
Ahora bien [de] las personas que fueron desalojadas del sector Danubio
alto detrás de la iglesia sector Villa Santana”[18],
sólo se encuentran dos de las personas que el actor de la presente acción
de tutela dice representar. Así, según la alcaldía accionada, las señoras
Angélica Romero y Orfilia López, fueron desalojadas mediante “el
procedimiento establecido en las leyes 388 de 1997, 810 de 2003, artículo 61
del decreto 2150 de 1995, y decreto 564 de 2009, dándosele a conocer a cada una
de estas personas. Los que por motivos de tutela no se pudieron desalojar en el
momento, las diferentes actuaciones a los ciudadanos y respetando el debido proceso,
tanto en cada una de las resoluciones mediante las cuales se decretó la
infracción, como en las de vía gubernativa; comunicándoseles la fecha de
desalojo la cual fue voluntaria por parte de estas personas, pero con la
colaboración de obreros, maquinaria y transporte del municipio, evidenciándose
que la mayoría de las personas tenían residencias o familiares”[19].
Por otra parte, según la alcaldía accionada, el proceso de desalojo se
inició a petición del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa
Santana y se basó en una visita técnica al sector mediante la cual se determinó
“el nombre de las personas que lo habitan, la calidad de cómo actúa dentro
del predio (propietario, tenedor, poseedor, invasor) para lo cual se encontró
que todos manifestaron ser invasores. De igual forma se identificó que este
predio (…) pertenece a la Asociación Villa Santana”[20].
Finalmente, la autoridad accionada anexó el Concepto Técnico Ladera
Danubio, realizado por la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de
Desastres (en adelante DOPAD).
Según este documento, “el área donde se encuentra el barrio El
Danubio, corresponde a una zona de amenaza alta por fenómenos de remoción en
masa. Por lo tanto se tiene reubicaciones por deslizamientos como medida
principal de mitigación del riesgo, en donde se propone la reubicación de las
familias en alto riesgo, con condiciones de alta amenaza y/o condiciones de
vulnerabilidad altas (riesgo no mitigable), complementada con la reorganización
del territorio para evitar las posibles reubicaciones de nuevos habitantes”[21].
Por otra parte, según ese concepto técnico, únicamente las siguientes
cuatro personas que el actor dice representar en el escrito de tutela, tienen
sus viviendas asentadas en el sector del Danubio: Orfilia López Londoño, Maria
Irene Londoño, Liliana Méndez López y Maria Serafina Sánchez.
Las demás personas que el actor dice representar, incluyéndolo, no
aparecen como habitantes del sector del Danubio.
Por último, según este concepto, “se confronta la amenaza por la
vulnerabilidad de las viviendas expuestas sobre la ladera del barrio El
Danubio, arrojando como resultado que las viviendas mencionadas anteriormente
se encuentran en ALTO RIESGO, ya que tiene una amenaza por inestabilidad
del terreno y una vulnerabilidad alta”[22].
ü Intervención de Luis
Eduardo Marín Gallego
Dentro del término legal, el
actor informó a este despacho, respecto del vínculo que tiene con las personas
que dice representar, que “lo que me une a estas indefensas personas, para
representarlas es un gran y profundo sentimiento de angustia y dolor, de ver
sus tantos padecimientos, de sufrimiento y miseria, igual o peor a las que a mi
y a mi familia nos ha tocado, también vivir y sufrir en carne propia, como nos
ha deja el flagelo del desplazamiento ante la impotente capacidad de un estado
que no hace nada”[23].
Por otra parte, señaló que no ha
sido “desalojado en ningún momento porque yo no me he asentado en la
invasión del Danubio ni en ninguna, porque un hermano mío me dio posada en su
casa y ahora, me ha tocado estar de posada en esta nueva dirección Barrio los
Naranjos de Dosquebradas (…), mientras que Acción Social Nacional nos da la
vivienda y un proyecto productivo para poder volver a tener mi propio negocio”[24].
Adicionalmente, afirmó que no
tiene “ningún documento del lote de terreno donde se produjo la invasión por
que (sic) no es de mi propiedad y tampoco propiedad de ninguna de las familias
que por su crítica situación no encontraron donde clavar sus guaduas,
esterillas, plásticos y cartones para cubrircen (sic) “[25].
Por otro lado, allegó un oficio
de la Inspección Segunda de Dosquebradas, de 26 de febrero de 2010, en el que
se solicita “se sirvan prestar la debida protección policiva en el momento y
lugar que lo requiera al señor LUIS EDUARDO MARÍN GALLEGO (…), al igual que a
toda su familia. Es de anotar que las amenazas las está recibiendo en averiguación”[26].
En este mismo sentido, anexó una
respuesta a un derecho de petición en la cual Acción Social le informa al actor
que, “en atención a su solicitud de Protección y Seguridad y de los demás
miembros de su núcleo familiar, le comunicamos que Acción Social no es
competente para brindar medidas de seguridad para la población en situación de
desplazamiento”[27].
Además, el actor anexó varios
escritos y documentos enviados por las personas que dice representar en el
escrito de tutela, así como copia de sus documentos de identidad.
Así, allegó un escrito de Martha
Riascos Aragón, dirigido a esta Corporación el 24 de marzo de 2011, en el que
señala que es una persona de escasos recursos que se desempeña como vendedora
ambulante de frutas.
Así mismo, afirma que Acción
Social no le ha entregado las ayudas a que tiene derecho por ser desplazada por
la violencia y que fue desalojada de la vivienda de invasión en la que vivió
desde el 3 de abril de 2010, ubicada en el barrio El Danubio.
También anexó copia del recibo de
energía correspondiente al mes de marzo de 2011, de la vivienda de invasión
antes mencionada[28] y un oficio de la
Alcaldía de Pereira en el que se señala que “no se encontró inscripción a su
nombre para acceder al subsidio familiar de vivienda como aporte del estado
para acceder a una solución de vivienda”[29].
Por otro lado, anexó copia del
recibo de energía eléctrica de la vivienda de invasión ubicada en El Danubio de
la señora Amparo Valencia Cruz, una de las personas supuestamente representadas
por el actor.
De igual manera, el actor adjuntó
un escrito firmado por la señora Flor María Henao, dirigido a esta Corporación
el 21 de marzo de 2011, en el que solicita “con todo respeto que me informen
si el vocero o líder Sr. Eduardo Marín no nos puede seguir orientándonos y
acompañándonos, ya que no siendo así, les ruego por favor que sean ustedes
mismos”[30] los que lo hagan.
A ese documento anexó copia de un
comunicado de 8 de junio de 2010 del Director Operativo de Control Físico de la
Secretaría de Gobierno del municipio de Pereira en el que se informa a Angélica
Romero, a María Serafina Sánchez, a Maria Irene Londoño, a Flor María Henao, a
Silvio de Jesús Foronda, a Liliana Méndez y a Amparo Valencia, que “dentro
de las 24 horas [siguientes] se realizará el desalojo y/o demolición de los
predios del Barrio Danubio alto detrás de la iglesia de las Brisas (…). Lo
anterior con el fin de que de manera voluntaria realicen el desalojo del mismo
sin intervención de la fuerza pública”[31].
A continuación, anexó un acta de
revisión eléctrica de la Empresa de Energía de Pereira de 18 de mayo de 2009,
en la que se señala que, visitada la vivienda de la señora Flor María Henao,
ubicada en el Danubio, se encontró una conexión ilegal sin facturación, por lo
que “se procede a instalar medidor (…) y [a] anexar documentación básica
para la tramitación de la factura”[32].
Así mismo, adjuntó la respuesta a
una acción de tutela por ella interpuesta ante el Juzgado Primero Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento de Pereira en enero de 2011, en la que la
Alcaldía de Pereira señala que a la señora Flor María Henao, le proporcionó una
asignación de subsidio para alojamiento provisional.
Igualmente, el actor de la
presente acción de tutela envió a este despacho una orden de citación enviada
por la Alcaldía de Pereira a la señora Angélica Romero, habitante del Danubio,
para comparecer en el Palacio Municipal el 11 de marzo de 2011.
Adicionalmente, adjuntó un acta
de revisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.
de 1° de septiembre de 2009, en la que se señala que, visitada la vivienda de
la señora María Irene Londoño, ubicada en el Danubio, se encontró que no
contaba con el servicio de acueducto y alcantarillado, por lo que debía
acercarse a la empresa para legalizar el servicio. En este mismo sentido, anexó
copia del recibo de energía eléctrica, de 1 de febrero de 2011, correspondiente
al predio ubicado en El Danubio[33].
De igual manera, allegó a este
despacho la sentencia de segunda instancia de 2° de agosto de 2010, dictada por
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, dentro del trámite
de tutela Exp. 66001-33-31-002-2010-00225-01, en la que se señala que “mediante
la Resolución No. 3678 de 30 de octubre de 2009, se ordenó la demolición total
de la construcción ubicada en el barrio El Danubio, cuya responsable es la
señora MARÍA IRENE LONDOÑO, resolución que le fue notificada a la accionante el
día 11 de noviembre de 2009 y frente a la cual se interpuso los recursos de
reposición y apelación que fueron resueltos oportunamente[34]
quedando en firme para ser cumplido dicho acto administrativo”[35].
Mediante esa sentencia se resolvió ordenar al Alcalde del municipio de Pereira
reubicar “en un albergue temporal, o administr[ar] auxilio de arrendamiento
a la accionante Maria Irene Londoño y a sus dos hijos menores, por el lapso de
tres meses mientras la autoridad competente, Acción Social, realiza las
gestiones necesarias encaminadas a orientar a la accionante sobre los trámites
necesarios para el reconocimiento a que haya lugar para la prórroga de las
ayuda humanitaria de emergencia, la estabilización socioeconómica y la asesoría
necesaria para brindar solución de vivienda de carácter permanente a la
accionante para su inclusión en un programa de vivienda de interés social para
personas en situación de desplazamiento”[36].
Por otra parte, adjuntó un acta
de evolución médica de 20 de mayo de 2010, de Sies Salud, en la que se afirma
que la señora María Irene Londoño padece de una enfermedad catastrófica y que
su esposo falleció en el 2009.
De la misma manera, allegó un
escrito dirigido a esa Corporación firmado por la señora Liliana Méndez López
con fecha de 24 de marzo de 2011, mediante el cual informa a este despacho que la
Alcaldía de Pereira le ordenó desalojar la vivienda de invasión que construyó
en El Danubio pero que se negó a cumplir esa orden a pesar de que le asignaron
un subsidio de arriendo por tres meses por miedo a quedar desamparada.
Por otro lado, señaló que no ha
recibido las ayudas humanitarias debido a que tiene “un problema con la
cédula de ciudadanía”[37] que no ha podido
solucionar.
Al escrito antes mencionado,
anexó copia de un fallo de tutela de 29 de julio de 2010 del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en el que se señala que “mediante Resolución No.
3673 del 26 de octubre de 2009, se ordenó la demolición total de la
construcción ubicada en el barrio El Danubio, cuya responsable es la señora
LILIANA MÉNDEZ LÓPEZ, con fundamento en el numeral 5º del artículo 2º de la Ley
810 de 2003, resolución que le fue notificada a la accionante el día 9 de
noviembre de 2009 y frente a la cual interpuso los recursos de reposición y de
apelación que fueron resueltos oportunamente quedando en firme para ser
cumplido dicho acto administrativo”[38]. Mediante esa
providencia, se resolvió “revocar el numeral primero del fallo de primera
instancia [y en su lugar], CONCEDER la tutela.  [Ordenar] al alcalde de Pereira
(…) que dentro del término de 48 horas, [reubique] en un albergue temporal, o
[suministre] auxilio de arrendamiento a la accionante Liliana Méndez López y a
sus dos hijas menores, por lapso de tres meses mientras la autoridad
competente, Acción Social realiza los trámites necesarios encaminados a la
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, la estabilización
socioeconómica y la asesoría necesaria para brindar solución de vivienda de
carácter permanente a la accionante para su inclusión en un programa de
vivienda de interés social para personas en situación de desplazamiento”[39].
Así mismo, adjuntó al escrito
copia de la factura del servicio de energía eléctrica del mes de enero de 2011,
correspondiente a la vivienda de invasión construida por la señora Méndez López
en el barrio el Danubio[40].
Finalmente, el peticionario
adjuntó copia de la cédula de ciudadanía de la señora Liboria León Golondrino,
persona que también fue desalojada de su vivienda en el barrio El Danubio[41],
pero que no aparece en el escrito de tutela como una de las personas a las que
el actor dice representar.
ü
Intervención de la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional (en adelante Acción Social)
Por su parte, dentro del término
legal, Acción Social contestó la demanda e informó al despacho del magistrado
sustanciador que tanto el actor como las personas que dice representar en el
escrito de tutela se encuentran incluidos en el RUPD.
Adicionalmente, demostró que la
última vez que el actor y las personas que dice representar, recibieron la
atención humanitaria de emergencia, fue en las siguientes fechas:
Nombre
Fecha
Valor
Luis Eduardo Marín Gallego
07/12/2010
$1.380.000,00
Amanda Cruz Muñoz
10/02/2010
$1.380.000,00
Flor María Henao y Silvio de
Jesús Foronda Martínez
01/03/2010
$510.000,00
Amparo Valencia Cruz
24/01/2011
$630.000,00
María Serafina Sánchez
22/01/2010
$915.000,00
María Irene Londoño
02/03/2011
$825.000,00
Liliana Méndez
05/08/2008
$915.000,00
Orfilia López Londoño
14/02/2011
$960.000,00
Angélica Romero
10/02/2011
$915.000,00
Martha Riascos
22/10/2010
$915.000,00
Aleida Illera Caicedo
29/03/2010
$915.000,00
Por otra parte, señaló que Luis
Eduardo Marín Gallego, Amparo Valencia Cruz, Flor María Henao y Silvio de Jesús
Foronda Martínez, María Serafina Sánchez, Liliana Méndez, Angélica Romero y
Martha Riascos no tienen “postulaciones en cajas de compensación familiar
para ser beneficiarios del subsidio de vivienda”[42].
En cambio, María Irene Londoño “fue
beneficiaria con SUBSIDIO DE VIVIENDA a través de la convocatoria
2004-DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
O USADA”[43], subsidio que
fue otorgado mediante Resolución No. 807 de 2004, por un valor de $4.475.000,00
pesos.
A su vez, Orfilia López Londoño
también “fue beneficiaria con SUBSIDIO DE VIVIENDA a través de la
convocatoria 2007-DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA”[44]. De allí que,
mediante Resolución No. 510 de 2007, se le otorgó a esta señora $10.842.600
pesos.
Por su parte, Acción Social señaló
que “AMANDA CRUZ MUÑOZ se postuló el 2008 – 09/25 pero tiene estado
Rechazado y/o cruzado [por] cruce con Walter Valencia Cruz”, quien recibió
un subsidio de vivienda y por “tenencia de propiedades”[45].
De igual manera, informó al
despacho del magistrado sustanciador que “ALEIDA ILLERA CAICEDO se encuentra
excluida por vía gubernativa” en la medida en que, mediante las
Resoluciones No. 602 de 2008 y No. 904 de 2009, se decidió que “la modalidad
a la que se aspira no cumple con la condición de tenencia de propiedad”[46].
Respecto a la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia, Acción Social sostuvo que, con base en la
caracterización de los núcleos familiares del actor y de las demás personas que
dice representar, la entidad realizó la siguiente asignación de turnos:
“        - LUIS EDUARDO MARÍN
GALLEGO
(…) presenta el turno 1D-3593
generado el 17/03/11 pendiente de trámite, el prefijo 1D va en el turno 3534
-AMANDA CRUZ MUÑOZ
(…)  presenta el turno
3C-84495 generado el 1/01/11, pendiente de giro, el prefijo 3C va en el turno 69681
-AMPARO VALENCIA CRUZ
(…) presenta el turno AD-851
generado el 19/01/11, girado el 20/11/11 hace 57 días y cobrado el 24/01/11 por
un valor de 630000
-FLOR MARÍA HENAO
(…)  presenta el turno
3C-189089  generado el 1/01/11, pendiente de giro, el prefijo 3C va en el turno 69681
-MARÍA SERAFINA
SÁNCHEZ
(…) presenta el turno 3C-62360
generado el 01/01/11, girado el 11/03/11 hace 7 días y está pendiente
información de pago y/o reintegro
-MARÍA IRENE LONDOÑO
(…) presenta el turno 1C-2420
generado el 31/01/11, girado el 02/02/11 hace 44 días y cobrado el 02/03/11 por
valor de 825000
-MARÍA ORFILIA LÓPEZ
LONDOÑO
(…) presenta el turno 3C-14151
generado el 01/01/11, girado el 28/01/11 hace 49  días y cobrado el 14/02/11
por valor de 960000
-ANGÉLICA
ROMERO
(…) presenta el turno 3D-13146
generado el 01/01/11, girado el 02/02/11 hace 44  días y cobrado el 10/02/11
por valor de 915000
-ALEIDA
ILLERA CAICEDO
(…) presenta el turno
3C-122277 generado el 01/01/11,  pendiente de giro, el prefijo 3C va en el turno 69681”[47].
Adicionalmente, señaló que “la
misma Corte Constitucional en distintos pronunciamientos ha limitado el control
por vía de excepción para evitar la discrecionalidad de los jueces de omitir
normas válidas con plena vigencia y aplicación como la Resolución No. 3069 de
mayo de 2010 y la circular No. 001 del mismo año, expedidas por Acción Social,
pues las normas expedidas se encuentran revestidas de legalidad y son de orden
público y de aplicación general.
Así las cosas, si bien el
control por vía de excepción garantiza la prevalencia de los derechos
fundamentales llevando al operador judicial a la decisión de inaplicar una
norma para proteger un interés de rango fundamental, la toma de una decisión de
tal magnitud debe ser sustentada, probando que la regla normativa brindada por
esta entidad violenta los derechos fundamentales”[48].
Por los motivos antes expuestos,
solicitó a este despacho “NEGAR las peticiones incoadas en el escrito de
tutela, en razón a que ACCIÓN SOCIAL, ha realizado dentro del marco de su
competencia, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y
constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos
fundamentales”[49] de los
accionantes.
ü
Intervención de Fonvivienda
Dentro del término legal,
Fonvivienda informó al despacho del magistrado sustanciador que los señores
Luis Eduardo Marín Gallego, Amparo Valencia Cruz, Flor María Henao, María
Serafina Sánchez, Liliana Méndez, Angélica Romero y Aleida Illera Caicedo, se
encuentran en el estado de no postulado, lo que significa que “no se han
postulado para acceder al subsidio familiar de vivienda en ninguna de las
convocatorias realizadas por Fonvivienda”[50].
Además, manifestó que “la
última convocatoria para la población en situación de desplazamiento, se llevó
a cabo entre el 8 de junio y el 13 de julio del año 2007. Quienes no se
postularon en dicho proceso deben estar atentos a las próximas convocatorias
que programe Fonvivienda cuyas fechas será oportunamente divulgadas (…). La
población desplazada también puede postularse en otras convocatorias
autorizadas por el viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial”[51].
Sin embargo, “actualmente no
se tienen programadas nuevas fechas de convocatoria para población en situación
de desplazamiento, teniendo en cuenta que se está atendiendo los grupos
familiares postulados en la convocatoria de 2007 y que se encuentren en estado
calificado. A partir del 17 de febrero de 2011 [Fonvivienda] se encuentra
adelantando el Sexto Proceso de Asignación de SFV para población en situación de
desplazamiento y las asignaciones de los subsidios de acuerdo al puntaje
obtenido de los que se encuentran en estado calificado se efectuará el día 17
de mayo de 2011, no obstante es importante aclarar que [esa fecha puede variar]”[52].
Por otra parte, sostuvo que las
familias de Aleida Illera Caicedo, María Irene Londoño y Amanda Cruz Muñoz, “no
lograron modificar su condición de rechazado dentro del proceso de asignación
de los subsidios dentro de la convocatoria dirigida a la población desplazada
(…) como quiera que los hogares [antes mencionados] no interpusieron los
recursos de la vía gubernativa contra el acto administrativo que les rechazó el
subsidio, éstos han quedado en firme, lo que quiere decir que no podrán ser
modificados”[53].
En efecto, se rechazó la
postulación de: i) Amanda Cruz Muñoz debido a que “la modalidad a la que se
aspira no permite la tenencia de propiedades”[54]  y “por ser
beneficiario de subsidio”[55] y de ii) Aleida
Illera Caicedo porque “la modalidad a la que se aspira no cumple con la
condición de tenencia de la propiedad”[56].
Por otro lado, informó que la
señora María Irene Londoño “se presentó en la convocatoria – desplazados
2007, ante la Caja de Compensación Familiar RISARALDA – PEREIRA, siendo
beneficiaria del subsidio de arrendamiento según Resolución No. 807 del 15 de
diciembre de 2004, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
PESOS Mcte., ($4.475.000,oo)”[57].
Finalmente, indicó que la señora
Orfilia López Londoño fue “beneficiada según Resolución No. 510 del 20 de
diciembre de 2007, del subsidio familiar de vivienda por valor de DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS Mcte., ($10.842.500,oo)”[58].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
2.1.
Competencia
1.
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
El expediente de la referencia
fue escogido para revisión por medio del auto de diez (10) de diciembre de dos
mil diez (2010), proferido por la Sala de Selección Número Doce.
2.2.
Problemas jurídicos y esquema de resolución
1.
La Sala estima que, para resolver el caso concreto, debe dar respuesta a
los siguientes problemas jurídicos: ¿existe legitimación por activa cuando una
acción de tutela es instaurada por una persona natural para promover la defensa
de derechos fundamentales en cabeza de unas personas en situación de
desplazamiento? ¿Se vulnera el derecho fundamental a la vivienda digna al
desalojar a unas personas desplazadas por la violencia de un lote de terreno de
alto riesgo, sin ofrecerles previamente una solución de vivienda de carácter
permanente y sin reubicarlas temporalmente?
A fin de resolver estos problemas jurídicos, en una primera parte, la
Sala reiterará los requisitos para que proceda la agencia oficiosa para
promover los derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia
(2.2.1). En una segunda parte, expondrá los fundamentos de la especial
protección constitucional que gozan las personas víctimas de la violencia
política (2.2.2). En una tercera parte, procederá a reiterar el carácter
fundamental del derecho a la vivienda digna en el caso de la población en
condición de desplazamiento (2.2.3). En una cuarta parte, reiterará el deber de
las autoridades administrativas de reubicar a las personas asentadas en zonas
de alto riesgo no mitigable (2.2.4). Finalmente, en una última parte, resolverá
el caso concreto (2.2.5).
2.2.1.  Legitimación
en la causa por activa. Agencia oficiosa para promover los derechos
fundamentales de la población desplazada por la violencia. Reiteración de
jurisprudencia
2.
Según los artículos 86 de la Constitución y 10º del Decreto 2591 de
1991, para que exista legitimación en la causa por activa, la acción de tutela
debe ser instaurada directamente por el titular de los derechos presuntamente
vulnerados o amenazados, por el representante legal del titular de esos
derechos, por su apoderado judicial o por medio de agente oficioso.
3.
Por otra parte, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación[59],
por regla general los requisitos para que opere la agencia oficiosa son los
siguientes: i) por un lado, en el escrito de tutela el actor debe afirmar que
actúa en calidad de agente oficioso; ii) por otro lado, el agenciado debe estar
individualizado y; iii) finalmente, de los hechos del caso concreto se debe poder
inferir que el titular de los derechos presuntamente amenazados o vulnerados se
encuentra en imposibilidad de instaurar la acción por sí mismo.
Así, la agencia oficiosa se deriva de la imposibilidad del titular de los
derechos amenazados o vulnerados, de promover su propia defensa ante el juez de
tutela como sucede, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, de los
enfermos graves, etc.
4.
En el caso de la población desplazada, la jurisprudencia de esta
Corporación ha admitido que, como la situación de vulnerabilidad de quienes
afrontan el desplazamiento forzado es similar a la situación de aquellas
personas que se encuentran en una incapacidad física o mental de ejercer la
defensa de sus propios derechos, en el sentido de la dificultad que tienen para
el ejercicio de sus derechos, la agencia oficiosa es procedente para promover
el amparo de los derechos de este segmento de la población.
Así, de acuerdo a la sentencia T-025 de 2004, mediante la cual se declaró
la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la
población desplazada, “dada [su] condición de extrema vulnerabilidad (…), no
sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor
parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la
Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías
étnicas y personas de la tercera edad ‑, la exigencia de presentar
directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de
sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas”.
De allí que la Corte haya concluido que “las asociaciones de
desplazados (…) pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. No
obstante, a fin de evitar que por esta vía se desnaturalice la acción de
tutela, se promuevan demandas de tutela colectivas sin el consentimiento de sus
miembros, o se emplee esta figura para desconocer las normas sobre temeridad,
tal posibilidad debe ser ejercida bajo condiciones que a la vez que garanticen
el acceso a la justicia a la población desplazada, impida posibles abusos. Por
ende, tales organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de
tutela a favor de sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga
a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y
representación dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante
una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de
quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los
elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la
acción se interponga en su nombre”.
En este mismo sentido, por ejemplo, en la sentencia T-367 de 2010, en la
que la acción de tutela fallada fue instaurada por la representante legal del
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, organización no
gubernamental que representó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a
las víctimas de la masacre de Ituango, esta Corporación reiteró la regla
jurisprudencial según la cual las asociaciones de desplazados pueden actuar
como agentes oficiosos para promover la defensa de personas en situación de
desplazamiento, siempre y cuando se cumplan los requisitos expuestos en la
sentencia T-025 de 2004.
Por el contrario, en la sentencia T-284 de 2005, en la que la Corte
estudió el caso de una señora desplazada por la violencia quien manifestaba
representar a las personas desplazadas que se asentaron en Ibagué, la Corte
determinó que la acción de tutela era improcedente, pues al escrito de tutela
no se anexó el respectivo poder para actuar en nombre de la población que decía
representar. En este mismo sentido, si bien la peticionaria anexó una
certificación en la que se señalaba que la actora hacía parte de la asociación
de desplazados ASOFADECOL, no probó que fuera su representante legal y, en
consecuencia, la Corte concluyó que no estaba legitimada para iniciar una
acción de tutela en representación de los desplazados asentados en Ibagué.
5.
Adicionalmente, según esta Corporación, la Defensoría del Pueblo y la
Personería Municipal, pueden también actuar como agentes oficiosos de las
personas desplazadas siempre que confluyan los tres requisitos mencionados
anteriormente, es decir, que sea evidente que actúa en calidad de agente
oficioso, que los agenciados estén plenamente individualizados dentro del
expediente y que, de los hechos probados, se pueda inferir el consentimiento de
las personas desplazadas en la instauración de la acción de tutela.
De allí que, por ejemplo, en la sentencia T-078 de 2004, en la que se
estudió una acción de tutela instaurada por el Defensor del Pueblo para evitar
el desalojo de unas familias desplazadas que se habían asentado en unas zonas
de alto riesgo y para obtener la protección genérica de las familias
desplazadas y no desplazadas, asentadas en zonas de alto riesgo en la ciudad de
Florencia, la Corte concluyó que la acción de tutela referida a la primera
solicitud era procedente, pues se trataba de personas desplazadas que se
encontraban plenamente identificadas y que habían solicitado al demandante su
intervención para obtener la protección de sus derechos fundamentales. En
cambio, la Corte desestimó la segunda solicitud de amparo elevada por el actor
en la medida en que no existía una individualización de los agenciados.
6.
Por otra parte, a la hora de determinar la procedencia de una acción de
tutela, el juez constitucional debe tener en cuenta que, como se trata de un
mecanismo informal, no se puede exigir un excesivo rigor formalista, “pues a
través de [la acción de tutela] no se busca el establecimiento de una “litis”,
sino que su objetivo es la protección eficaz y oportuna de derechos
fundamentales”[60]. En
consecuencia, “los obstáculos de trámite no se pueden interponer en la
búsqueda de soluciones reales y efectivas”.
Así, en las actuaciones de la administración de justicia y de los
procedimientos administrativos, las entidades públicas deben respetar el
principio de la prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo
228 de la C.P.[61]. De esta manera, “se
debe tener siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la
garantía del derecho sustancial”[62] como quiera que
“tanto el procedimiento judicial como el administrativo son en esencia
medios o vías creadas por el ordenamiento jurídico para concretar o efectivizar
los derechos sustanciales que le asisten a los ciudadanos en la legislación”[63].
En este mismo sentido, en diversas oportunidades esta Corporación ha
reconocido que “cuando la aplicación de una norma procedimental pierde el
sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en
una mera forma inocua o, más grave aún, contraproducente, el juez de tutela
debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho fundamental afectado”[64].
Así, “al aplicarse de manera manifiesta, las normas atendiendo
únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en un exceso
ritual manifiesto”[65] debido a que se
concibe el procedimiento como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial[66].
7.
Por lo tanto, en materia de desplazamiento forzado, los requisitos para
que proceda la agencia oficiosa son menos gravosos que en los demás casos. Así,
no se requiere la comprobación, siquiera sumaria, de la imposibilidad circunstancial
de las personas en situación de desplazamiento de promover la defensa de sus
propios derechos, pues ésta se presume. Sin embargo, siempre es necesario que,
de los hechos probados en el expediente, se infiera que el actor está actuando
en calidad de agente oficioso y que se establezca claramente los nombres de las
personas en cuyo favor instauró la acción, cuyo consentimiento, al menos
tácito, debe poderse deducir. En todo caso, el juez de tutela debe tener en
cuenta que, como se trata de un mecanismo informal, no puede exigir un excesivo
rigor formalista y, por consiguiente, debe ponderar si en el caso concreto
puede remediarse un defecto procesal cometido en la demanda de tutela.
2.2.2.  Las
personas víctimas de la violencia son sujetos de especial protección.
Reiteración de jurisprudencia
8.
El artículo 15 de la Ley 418 de 1997 prorrogada por las Leyes 548 de
1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, define como víctimas de la violencia política
“aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o
grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de
atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del
conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del
artículo 1o. de la Ley 387 de 1997. Así mismo, se entiende por víctima de la
violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las
hostilidades”.
A partir de una interpretación sistemática de la misma normatividad
(artículo 49) también se considera como personas víctimas de la violencia
aquellas que “sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o
agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad
personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objeto de
amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza”.
9.
De esta manera y al igual que acontece con la condición de personas
víctimas del desplazamiento forzado, la condición de víctima de la violencia
política es una situación fáctica[67] soportada en el
padecimiento de hechos como atentados terroristas, combates, secuestros,
ataques, masacres, homicidios, esto es, de una serie de actos que en el marco
del conflicto armado interno afectan derechos fundamentales como la vida, la
integridad física, la seguridad o la libertad personal.
Respecto de la calidad de víctima esta Corte[68],
trayendo a colación diversas disposiciones internacionales[69]
señaló que “a la luz de los mencionados principios fundamentales del derecho
internacional, incorporados en nuestro ordenamiento interno en virtud del
bloque de constitucionalidad, es absolutamente válida la existencia de
víctimas sin victimario identificado, aprehendido, enjuiciado o condenado”[70]
(subrayado por fuera de texto). En otros términos “para que una persona sea
considerada como víctima de un delito o abuso de poder, no es necesaria la
identificación, aprehensión, enjuiciamiento y mucho menos la condena del sujeto
responsable del ilícito”[71] (Resaltado en el
original).
10.
Ahora bien, es de la esencia del Estado garantizar los derechos respecto
de todos los ciudadanos[72], lo cual genera una
obligación que, en razón al artículo 13 de la Constitución Política, apremia
ser satisfecha cuando se trata de ciudadanos incursos en una situación de
especial vulnerabilidad, que en este caso se constituye al ser víctimas de la
violencia en el marco del conflicto armado interno, lo que impone la carga al
Estado de adoptar medidas que concluyan en su atención y protección.
2.2.3.  Derecho
fundamental a la vivienda digna en el caso de las personas desplazadas por la
violencia. Reiteración de jurisprudencia.
11.
De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación[73],
en el caso de la población desplazada, el derecho a la vivienda es siempre un
derecho fundamental susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela.
Así, teniendo en cuenta que se trata de personas que han debido abandonar sus
viviendas, su trabajo y demás posesiones, la satisfacción del derecho a la
vivienda se torna indispensable para la efectividad de sus demás derechos
fundamentales como el mínimo vital, la salud etc.[74].
12.
En esta medida, la Corte ha manifestado que, en virtud de este derecho,
es obligación del Estado facilitar el acceso de los desplazados a soluciones de
vivienda de carácter permanente. Por este motivo, mediante el Decreto 951 de
2001, que reglamentó las Leyes 3 de 1991 y 287 de 1997, se creó el Subsidio
Familiar de Vivienda para Población Desplazada que es “un aporte estatal en
dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de
facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de
restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que se
establecen en la Ley 3 de 1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen”[75].
Adicionalmente, como el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, mediante la
cual se adoptan medidas para enfrentar la situación del desplazamiento forzado,
dispone que la Red de Solidaridad Social - hoy Acción Social -, dará prelación
a las personas en situación de desplazamiento, se expidió el Decreto 4429 de
2005, que en el artículo 12 establece que en la asignación de subsidios, se
dará prioridad a los hogares desplazados.
En este mismo sentido, de acuerdo a los artículo 2, 3 y 4 del Decreto 951
de 2001, modificado por el Decreto 4911 de 2009[76],
corresponde al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y al Banco Agrario, la
entrega del subsidio familiar de vivienda para aquellos hogares que estén
conformados por personas que sean desplazadas por la violencia y que estén
debidamente inscritas en el RUPD, en las modalidades de: i) retorno voluntario
al municipio de ocurrencia del desplazamiento y, ii) reubicación en municipios
distintos al de origen del desplazamiento, cuando no sea posible su retorno.
En otras palabras, para acceder a un subsidio de esta naturaleza, en
cualquiera de sus dos modalidades, la familia debe cumplir con dos condiciones:
i) se debe trata de un hogar “conformado por personas que ostenten la
condición de desplazados y cumplir los requisitos señalados en el artículo 32
de la Ley 387 de 1997, esto es que hayan declarado los hechos ante las
autoridades correspondientes, y hayan solicitado la remisión para su
inscripción a la Dirección General para Derechos Humanos del Ministerio del
Interior y de Justicia; y ii) deben encontrarse registrados en el RUPD.
Reunidas estas condiciones, el hogar desplazado debe presentar postulación ante
la entidad otorgante del subsidio, esto es, ante el Fondo Nacional de Vivienda,
dentro de las fechas en las que la entidad tenga abierta la convocatoria. A su
turno, la entidad asignará los subsidios con criterios objetivos de postulación
y puntajes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la convocatoria”[77].
13.
Por otra parte, esta Corporación también ha señalado que, de acuerdo al
artículo 15 de la Ley 387 de 1997 – en concordancia con el literal b) del
principio 18 de los Principios rectores de los desplazamientos internos, la
ayuda humanitaria de emergencia, que debe entregarse dentro de los seis meses
siguientes al desplazamiento y cuya prórroga no está sujeta a ningún término
fijo[78], comprende el
alojamiento temporal.
En este mismo sentido, el Plan Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia, consagrado en el Decreto 250 de 1995,
prevé que el alojamiento temporal hace parte de la ayuda humanitaria de
emergencia y que la atención a los desplazados incluye la entrega de un “auxilio
para el alojamiento temporal a individuos y hogares que se encuentran en
situación de urgencia extraordinaria o cuyos miembros presentan situaciones
particulares de vulnerabilidad”.
De conformidad con lo expuesto, en la sentencia T-725 de 2008, en la que
se estudió el caso de un grupo de familias, incluidas algunas desplazadas por
la violencia, cuyas viviendas, ubicadas en un predio de propiedad de la
Alcaldía de Neiva, fueron destruidas por la fuerza pública, la Corte resolvió “ORDENAR
a las autoridades de que trata la Ley 387 de 1997 y las disposiciones que la
reglamentan, que en un término no mayor a treinta (30) días hábiles (…),
brinden un (i) albergue provisional compatible con la dignidad de todo ser
humano y (ii) la ayuda humanitaria correspondiente, a las personas respecto de
las cuales, en cumplimiento de este fallo, se acreditó su condición de
desplazado. También deberán ser vinculados a los programas de salud, educación,
vivienda y créditos productivos concebidos para tal población”.
En este mismo sentido, en la sentencia T-1346 de 2001, en la que se
analizó el caso de una señora desplazada por la violencia que instauró acción
de tutela al considerar que la orden de desalojo, dictada por la Alcaldía de
Villavicencio, de un predio de propiedad privada, sin que previamente el Estado
le hubiera otorgado una solución definitiva de vivienda, vulneraba sus derechos
a la vida digna y a no ser desplazada nuevamente, esta Corporación ordenó a las
autoridades accionadas “que, en un plazo máximo de 20 días (…), establezca
un programa de reubicación y estabilización económica para los desplazados
ocupantes del predio “La Reliquia”, y en particular, se le ofrezca una solución
real y efectiva  a la [actora]”.
14.
En síntesis, en el caso de las personas que han sido desplazadas por la violencia,
el derecho a la vivienda siempre tiene el carácter de derecho fundamental. En
esta medida, los desplazados por la violencia tienen derecho a que el Estado no
sólo les facilite el acceso a soluciones de vivienda de carácter permanente
sino que también tienen derecho a obtener el auxilio de alojamiento temporal,
como parte de la ayuda humanitaria de emergencia, hasta que logren su
estabilización socioeconómica.
2.2.4.  Deber
de las autoridades administrativas de reubicar a las personas asentadas en zonas
de alto riesgo no mitigable
15.
De acuerdo a las normas que regulan la situación de las personas
asentadas en zonas de alto riesgo, el Estado tiene el deber de implementar “una
política pública tendente a identificar y evacuar dichas zonas, procurando la
protección de los bienes y derechos de sus habitantes”[79].
Así, de acuerdo al artículo 56 de la Ley 9° de 1989[80],
“por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, los
alcaldes tienen la obligación de llevar “un inventario de los asentamientos
humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón de su
ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos” y
de reubicar “a estos habitantes en zonas apropiadas, con la participación
del Instituto de Crédito Territorial”.
En este mismo sentido, el artículo 8° de la Ley 388 de 1997[81],
que complementa la Ley 9° de 1989, reitera que las entidades distritales y
municipales deben ejercer la función pública del ordenamiento territorial
mediante la ejecución de acciones urbanísticas, dentro de las cuales se
encuentra la de “determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de
otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda”.
Según el parágrafo de este último artículo, dichas acciones urbanísticas
deben “estar contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento
territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen”.
16.
En estos términos, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Pereira, consignado en el Acuerdo Municipal No. 23 de 18 de julio de 2006,
dispone, en el artículo 262 A), que el objetivo general del municipio es “reducir
el déficit de vivienda municipal (…) adelantando [entre otros,] programas de
reubicación, legalización, titulación y mejoramiento integral de las zonas que
así lo requieran; y otorgando subsidios y créditos para vivienda de interés
social”.
De igual manera, en el apartado B) del mencionado artículo, se señala que
una de las estrategias para cumplir con el anterior objetivo, es la de “mantener
la actualización periódica de las zonas de riesgo municipales y ejecutar
acciones de reubicación y mitigación del riesgo y realizar los estudios de
susceptibilidad de amenaza en el suelo de expansión”.
Específicamente, respecto a la reubicación de los asentamientos humanos,
el apartado A) del artículo 219 del POT de Pereira define los programas de
reubicación como “un conjunto de acciones y actividades coordinadas,
necesarias para lograr el desplazamiento de la población localizada en la zona
objeto de la intervención, hacia otros sitios del Municipio con capacidades
físicas y económicas aptos para soportarla”.
A su vez, según el apartado B) del mencionado artículo, “para la
aplicación de un programa específico de reubicación se requiere una de las
siguientes condiciones:
1) Que la zona haya sido declarada de riesgo no mitigable por amenazas
de deslizamiento y/o inundaciones (…)”.
Y, finalmente, según el apartado E) del artículo antes referenciado, uno
de los objetivos perseguidos con los programas de reubicación es “prevenir,
mitigar, compensar, controlar los impactos socioeconómicos originados por el
traslado involuntario de población, manteniendo al menos, sus condiciones
socioeconómicas originales”.
17.
En consecuencia, según las normas antes descritas, cuando una persona se
encuentra asentada en una zona de alto riesgo no mitigable por amenazas de
deslizamiento, ubicada en el municipio de Pereira, surge en su cabeza el
derecho subjetivo a ser beneficiario de los programas de reubicación
desarrollados por esa entidad territorial.
2.2.5.  Solución
del caso concreto
18.
El ciudadano Luis Eduardo Marín Gallego en nombre propio y en
representación de otros, instauró acción de tutela en contra de la Gobernación de
Risaralda, la Alcaldía de Pereira y la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, con el objetivo de obtener la protección
de su derecho a la vivienda digna que habría sido supuestamente vulnerado
debido a que las entidades demandadas les ordenaron desalojar sus viviendas de
invasión, ubicadas en un predio de alto riesgo, sin ofrecerles una solución
definitiva de vivienda.
19.
En el presente caso, los siguientes hechos se encuentran probados: i) el
actor de la presente acción de tutela es un líder de la comunidad del barrio El
Danubio[82], Pereira, que instauró
la presente acción de tutela para promover la defensa de su derecho fundamental
a la vivienda digna, y de la de las siguientes personas en situación de
desplazamiento: Amanda Cruz Muñoz, Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda
Martínez, Amparo Valencia Cruz, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño,
Liliana Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero, Martha Riascos y Aleida
Illera Caicedo[83]; ii) la Alcaldía del
municipio de Pereira inició un proceso de desalojo de los habitantes asentados
en el barrio el Danubio Alto, detrás de la iglesia de Las Brisas, sector Villa
Santana, a petición del presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa
Santana, debido a que se trata de una zona de alto riesgo no mitigable[84];
iii) el actor de la presente acción de tutela no fue una de las personas
afectadas con las órdenes de desalojo antes mencionadas[85];
iv) sin embargo, los señores Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda
Martínez, Amparo Valencia Cruz, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño,
Liliana Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero y Martha Riascos, sí
construyeron su vivienda, de manera irregular, en dicho sector[86]
y, en consecuencia, se vieron afectados por las órdenes de desalojo emitidas
por la Alcaldía de Pereira[87]. Por el contrario, en el
expediente no obra prueba que demuestre que las señoras Amanda Cruz Muñoz y
Aleida Illera Caicedo, sean habitantes del Danubio, o que se les haya ordenado
desalojar sus viviendas; v) por otro lado, el actor afirma, en el escrito de
tutela, que la Alcaldía de Pereira les ofreció un subsidio de arrendamiento por
tres meses; vi) finalmente, los señores Luis Eduardo Marín Gallego, Amparo
Valencia Cruz, Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez, María
Serafina Sánchez, Liliana Méndez, Angélica Romero y Martha Riascos, no se han
postulado para obtener un subsidio de vivienda[88]. En cambio, María Irene
Londoño y Orfilia López Londoño, fueron beneficiadas con un subsidio de
vivienda, mediante resoluciones No. 807 de 2004 y No. 510 de 2007,
respectivamente[89]. Por el contrario, las
postulaciones de las señoras Amanda Cruz Muñoz y Aleida Illera Caicedo, fueron
rechazadas mediante resoluciones que no fueron impugnadas. Así, en el primer
caso, se rechazó la postulación debido a que el núcleo familiar de Amanda Cruz
Muñoz fue beneficiado con un subsidio de vivienda y, en el segundo caso, porque
la señora Illera Caicedo no cumplió con el requisito de tener un terreno,
exigido en la modalidad de subsidio solicitado[90].
20.
Con base en estos hechos, la Sala procede a determinar si, en el
presente caso, existe legitimación en la causa por activa, pues en el escrito
de tutela el actor afirma actuar en nombre propio y en representación de unos determinados
habitantes del barrio El Danubio.
En lo que respecta a la solicitud del actor de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la ayuda humanitaria de
emergencia y a la estabilización socioeconómica, es claro que el peticionario
tiene capacidad para instaurar la acción de tutela. Así, quien la instaura es
el titular de los derechos presuntamente vulnerados.
Sin embargo, la existencia o no de legitimación en la causa por activa no
es tan clara en el caso de la solicitud del petente de obtener la protección de
esos mismos derechos de las personas que dice representar en el escrito de
tutela.
En efecto, el actor no es ni el titular de los derechos presuntamente
vulnerados o amenazados, ni actúa como representante legal o apoderado judicial
de los derechos de los señores Silvio Foronda Marín, Amanda Cruz Muñoz, Amparo
Valencia Cruz, Flor María Henao, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño,
Liliana Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero, Martha Riascos y Aleida
Illera Caicedo.
21.
En este contexto, la Sala estima que, a pesar de que en el escrito de
tutela se afirme que el actor actúa como representante de las personas antes
mencionadas, en realidad lo hace como agente oficioso. En efecto, si bien el actor
cometió un error de técnica jurídica al confundir la figura de la
representación con la de la agencia oficiosa, de su escrito se infiere que el
objetivo buscado con la instauración de la acción es el de promover la
protección de los derechos fundamentales de un grupo de desplazados por la
violencia.
Por lo tanto, el primer requisito para que proceda la agencia oficiosa se
encuentra cumplido, de conformidad con lo expuesto en el apartado 2.2.1 de esta
sentencia, específicamente, por ejemplo, conforme a lo señalado en la sentencia
T-078 de 2004 antes estudiada, en la que esta Corporación reiteró que, para que
proceda la agencia oficiosa, es necesario, en primer lugar, que sea evidente
que quien instaura la acción lo hace en calidad de agente oficioso.
En este mismo sentido, como todos los agenciados son personas
desplazadas, no se requiere la comprobación de su imposibilidad de promover la
defensa de sus propios derechos, pues esta se presume.
Por otro lado, en el escrito de tutela el actor identificó claramente
cuáles son los titulares de los derechos cuya protección solicita, señalando
sus respectivos nombres y cédulas de ciudadanía.
Finalmente, de las pruebas obrantes en el expediente, se puede inferir
que esas personas están al tanto de la instauración de la presente acción y
desean que el actor promueva la defensa de su derecho a la vivienda digna.
En efecto, en cumplimiento del auto de 11 de marzo de 2011 del magistrado
sustanciador, todos los agenciados anexaron al menos copia de su cédula de
ciudadanía.
En igual sentido, las señoras Martha Riascos Aragón, Flor María Henao y
Liliana Méndez López, allegaron al despacho del magistrado sustanciador un
escrito dirigido a esta Corporación en el que narran los hechos que dieron
origen a la instauración de la presente acción de tutela y solicitan la protección
de su derecho fundamental a la vivienda digna.  Por ejemplo, la señora Flor
María Henao, en su escrito pidió  “con todo respeto que me informen si el
vocero o líder Sr. Eduardo Marín no nos puede seguir orientándonos y
acompañándonos, ya que no siendo así, les ruego por favor que sean ustedes
mismos”[91] los que lo
hagan.
Además, las señoras Amparo Valencia Cruz, Angélica Romero y María Irene
Londoño, enviaron copia de diversos documentos como copia de los recibos de
energía eléctrica de las viviendas de invasión construidas en El Danubio.
De allí que la Sala considere que el juez de instancia incurrió en un
exceso ritual manifiesto al resolver declarar la improcedencia de la acción por
falta de legitimación en la causa por activa, porque exigió al actor un
excesivo rigor formalista que desembocó en la prevalencia de una norma
procedimental sobre la protección de los derechos sustanciales de los
agenciados.
En esta medida, el juez de instancia no tuvo en cuenta que, en virtud del
carácter informal de la acción de tutela y de la calidad de desplazados de los
agenciados y del actor, debió hacer un esfuerzo interpretativo para subsanar el
defecto procesal cometido en la acción de tutela en la que el actor afirmó que
actuaba como representante de las personas desalojadas de El Danubio y no como
agente oficioso.
22.
Por lo tanto, en el caso concreto, la acción de tutela es procedente,
pues el actor está legitimado en la causa para instaurar la acción de tutela
como agente oficioso de los señores Silvio Foronda Marín, Amanda Cruz Muñoz,
Amparo Valencia Cruz, Flor María Henao, María Serafina Sánchez, María Irene
Londoño, Liliana Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero, Martha Riascos
y Aleida Illera Caicedo, que son desplazados por la violencia.
23.
Una vez establecida la procedencia de la acción de tutela, corresponde a
esta Sala pronunciarse sobre la presunta violación del derecho a la vivienda
digna y a la ayuda humanitaria de emergencia.
24.
Según los hechos probados en el expediente, i) la Alcaldía de Pereira
inició un proceso de desalojo de todas las viviendas ubicada en el barrio El
Danubio, detrás de la iglesia Las Brisas, por tratarse de una zona de alto
riesgo no mitigable y de construcciones ilegales; ii) ni el actor de la
presente acción de tutela ni las señoras Amanda Cruz Muñoz y Aleida Illera
Caicedo, fueron afectadas por esas órdenes de desalojo; iii) en cambio, los
señores Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez, Amparo Valencia
Cruz, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño, Liliana Méndez, Orfilia
López Londoño, Angélica Romero y Martha Riascos, construyeron su vivienda, de
manera irregular, en dicho sector y, en consecuencia, sí se vieron afectados
por las órdenes de desalojo emitidas por la Alcaldía de Pereira.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala considera que, por un lado, la
solicitud de protección del derecho a la vivienda digna del actor y de las
señoras Amanda Cruz Muñoz y Aleida Illera Caicedo, no es procedente, toda vez
que, en el primer caso, el petente afirmó que nunca ha vivido en el barrio El
Danubio y, en el segundo caso, no quedó acreditado que esas personas fueran
habitantes de ese sector de la ciudad de Pereira.
Y por otro lado, respecto de las demás personas, aprecia que las órdenes
de desalojo de las viviendas ubicadas en ese sector no pueden generar, en
principio, una vulneración de los derechos fundamentales de los agenciados que
sí son ocupantes, pues, en primer lugar, ninguno de los agenciados logró
acreditar algún derecho real sobre los predios en cuestión y, segundo lugar, el
objetivo de esas órdenes es garantizar su vida e integridad física que están
amenazadas debido a que se trata de unos terrenos de alto riesgo no mitigable,
según concepto de la DOPAD[92].
25.
Con fundamento en lo anterior, la Sala estima que no es procedente la
solicitud del actor en el sentido de suspender y revocar las órdenes de
desalojo que recaen sobre Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez,
Amparo Valencia Cruz, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño, Liliana
Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero y Martha Riascos.
26.
Pero, como se trata de personas asentadas en una zona que fue declarada
de alto riesgo no mitigable por amenaza de deslizamientos, según el apartado B)
del artículo 219 del POT de Pereira antes analizado, éstas tienen derecho a ser
beneficiarias de un programa de reubicación, al menos temporalmente.
De allí que la Sala considere que, aunque  la Alcaldía de Pereira ofreció
a los señores Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez, Amparo
Valencia Cruz, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño, Liliana Méndez,
Orfilia López Londoño, Angélica Romero y Martha Riascos, un subsidio de
vivienda por tres meses, vulneró el ordenamiento jurídico, pues el POT de ese
municipio consagra la obligación de esa entidad de reubicar, así sea de manera
temporal, a las personas desalojadas de los predios declarados de alto riesgo
no mitigable por amenaza de derrumbe.
27.
Por otra parte, como se trata de personas desplazadas por la violencia,
de conformidad con lo expuesto en el apartado 2.2.3 de esta providencia, el
Estado tiene la obligación de proporcionarle a los señores antes mencionados el
acceso a soluciones de vivienda de carácter permanente así como la entrega del
auxilio de alojamiento temporal, como parte de la ayuda humanitaria de
emergencia, hasta que estos logren su estabilización socioeconómica.
En este contexto, la Sala estima que, en el caso concreto, no se
vislumbra una violación del derecho a la ayuda humanitaria de emergencia
porque, de conformidad con las pruebas aportadas por Acción Social, tanto el
peticionario como los agenciados en derecho, tienen asignado un turno para la
entrega de esa ayuda y, según la jurisprudencia de esa Corporación, por regla
general, por vía de tutela no se pueden alterar los turnos de entrega, en
virtud del derecho a la igualdad.
28.
Por estos motivos, la Sala ordenará a la Alcaldía Municipal de Pereira
que proceda a reubicar temporalmente a los señores Flor María Henao, Silvio de
Jesús Foronda Martínez, Amparo Valencia Cruz, María Serafina Sánchez, María
Irene Londoño, Liliana Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero y Martha
Riascos, hasta tanto se haga efectivo su derecho fundamental a la vivienda
digna por parte de las entidades nacionales que administran la política
dirigida a la atención de las personas desplazadas por la violencia y a la
satisfacción del mencionado derecho.
Si bien en el expediente quedó demostrado que María Irene Londoño y
Orfilia López Londoño, fueron beneficiadas con un subsidio de vivienda,
mediante resoluciones No. 807 de 2004 y No. 510 de 2007, respectivamente,
existe duda respecto de si estas señoras efectivamente tienen un techo propio,
pues, como lo explicó esa entidad “actualmente no se tienen programadas
nuevas fechas de convocatoria para población en situación de desplazamiento,
teniendo en cuenta que se está atendiendo los grupos familiares postulados en
la convocatoria de 2007 y que se encuentren en estado calificado”[93].
Por consiguiente, la Sala considera que estas señoras también deben estar
cobijadas por esta orden, bajo el entendido de que si ya tienen acceso a una
vivienda propia, no se justifica que la Alcaldía proceda a reubicarlas
temporalmente.
29.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar parcialmente la sentencia
de 29 de septiembre de 2010, dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Pereira, Risaralda, mediante la que se negó la acción de
tutela instaurada por el actor en nombre propio. En cambio, revocará la orden
relativa a la declaración de improcedencia de la acción de tutela “propuesta
por el señor LUIS EDUARDO MARÍN GALLEGO en representación de las personas
desalojadas en procedimientos administrativos realizados por el municipio de
Pereira a través de la Dirección Operativa de Control Físico en un lote de
terreno ubicado en el barrio El Danubio de Villa Santana del municipio de
Pereira por no cumplirse a cabalidad los requisitos para agenciar derechos de
terceros”[94]. Así, “las
personas que allí fueron desalojadas o se encuentren en proceso de desalojo
pueden representar sus propios intereses y derechos o por lo menos no se
discutió la incapacidad de estas para no poder hacerlo y que justifiquen la
representación de sus intereses por un agente oficioso”[95].
En su lugar, tutelará el derecho a la vivienda digna de los señores Flor
María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez, Amparo Valencia Cruz, María
Serafina Sánchez, María Irene Londoño, Liliana Méndez, Orfilia López Londoño,
Angélica Romero y Martha Riascos. En oposición, no tutelará el derecho a la
vivienda digna de las señoras Amanda Cruz Muñoz y Aleida Illera Caicedo.
30.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
III.
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 29 de septiembre
de 2010, dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Pereira, Risaralda, mediante la que se negó la acción de tutela instaurada por
el actor en nombre propio. En cambio, REVOCAR la orden relativa a la
declaración de improcedencia de la acción de tutela “propuesta por el señor
LUIS EDUARDO MARÍN GALLEGO en representación de las personas desalojadas en
procedimientos administrativos realizados por el municipio de Pereira a través
de la Dirección Operativa de Control Físico en un lote de terreno ubicado en el
barrio El Danubio de Villa Santana del municipio de Pereira por no cumplirse a
cabalidad los requisitos para agenciar derechos de terceros”[96].
En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental a la vivienda digna de los
señores Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez, Amparo Valencia
Cruz, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño, Liliana Méndez, Orfilia
López Londoño, Angélica Romero y Martha Riascos y NEGAR el amparo del
derecho fundamental a la vivienda digna de las señoras Amanda Cruz Muñoz y
Aleida Illera Caicedo.
Segundo.- ORDENAR a la
Alcaldía de Pereira que, dentro de los siete (7) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, proceda a reubicar temporalmente a los señores
Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez, Amparo Valencia Cruz, María
Serafina Sánchez, María Irene Londoño, Liliana Méndez, Orfilia López Londoño,
Angélica Romero y Martha Riascos, hasta tanto se haga efectivo su derecho
fundamental a la vivienda digna por parte de las entidades nacionales que
administran la política dirigida a la atención de las personas desplazadas por
la violencia y a la satisfacción del mencionado derecho.
Tercero.- PREVENIR a la
Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía de Pereira, a fin de que tomen las
medidas necesarias para evitar que otras familias se asienten nuevamente en el
sector El Danubio, por ser zona de alto riesgo.
Cuarto.- Por Secretaría
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Folio 9, cuaderno 2.
[2] Así, el petente manifiesta en el escrito de tutela que las autoridades
accionadas “An [sic] mandado a que les recibamos 3 meses de arrendo [sic], o
sea $450.000 pesos a $150.000 pesos por mes y [para] nosotros es un gran
imposible encontrar vivienda por $150.000 pesos mensuales, y si la llegaramos
[sic] a encontrar, esto para nosotros no es mas [sic] que un engaño, porque
cuando se vensan [sic] esos tres meses, para donde [sic] vamos a cojer [sic]”
(folio 7, cuaderno 2).
[3] Folio 9, cuaderno 2.
[4] Folio 56, cuaderno 2.
[5] Folio 60, cuaderno 2.
[6] Folio 57, cuaderno 2.
[7] Folio 58, cuaderno 2.
[8] Ibídem.
[9] Folio 61, cuaderno 2.
[10] Folio 59, cuaderno 2.
[11] Ibídem.
[12] Folio 60, cuaderno 2.
[13] Folio 59, cuaderno 2.
[14] Folio 66, cuaderno 2.
[15] Folio 93, Cuaderno 2.
[16] Folio 95, Cuaderno 2.
[17] Folio 94, cuaderno 2.
[18] Folio 60, cuaderno 2.
[19] Folio 61, cuaderno 2.
[20] Folio 61, cuaderno 2.
[21] Folio 63, cuaderno 2.
[22] Folio 69, cuaderno 2.
[23] Folio 354, cuaderno 1.
[24] Folio 355, cuaderno 1.
[25] Folio 355, cuaderno 1.
[26] Folio 336, cuaderno 1.
[27] Folio 341, cuaderno 1.
[28] Folio 256, cuaderno 1.
[29] Folio 315, cuaderno 1.
[30] Folio 94, cuaderno 1.
[31] Folio 93, cuaderno 1.
[32] Folio 90, cuaderno 1.
[33] Folio 171, cuaderno 1.
[34] Copia de la Resolución No. 5168 de 25 de noviembre de 2009, proferida por la Alcaldía de Pereira, reposa a folios 167 – 170, cuaderno 1.
[35] Folio 136, cuaderno 1.
[36] Folio 161, cuaderno 1.
[37] Folio 215, cuaderno 1.
[38] Folio 222, cuaderno
[39] Folio 255, cuaderno 1.
[40] Folio 262, cuaderno 1.
[41] El actor anexó copia de una orden de citación dirigida a la señora
León para que compareciera por la “reconstrucción vivienda ya demolida” (folio
270, cuaderno 1). También adjuntó copia de la factura del servicio de energía
eléctrica del mes de marzo de 2011 correspondiente a la vivienda construida por
la señora León en el barrio El Danubio.
[42] Folio 37, cuaderno 1.
[43] Folio 40, cuaderno 1.
[44] Folio 41, cuaderno 1.
[45] Folio 38, cuaderno 1.
[46] Folio 43, cuaderno 1.
[47] Folio 47, cuaderno 1.
[48] Folio 46, cuaderno 1.
[49] Folio 48, cuaderno 1.
[50] Folio 53, cuaderno 1.
[51] Folio 53, cuaderno 1.
[52] Folio 55, cuaderno 1.
[53] Folio 57, cuaderno 2.
[54] Folio 57, cuaderno 1.
[55] Ibídem.
[56] Folio 57, cuaderno 1.
[57] Folio 58, cuaderno 1.
[58] Folio 57, cuaderno 1.
[59] Sobre este tema particular se puede estudiar, entre otras, la
sentencia T-248 de 2010, mediante la cual esta Corporación determinó que el
actor, que actuaba en calidad de agente oficioso de su hijo mayor de edad quien
se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, no tenía legitimación
en la causa por activa, pues de los hechos probados en el expediente, no se
infería que su hijo estuviera en imposibilidad de hacer valer sus derechos
fundamentales por sí mismo. También se pueden analizar las sentencias SU-706 de
1996, T-623 de 2005 y T-947 de 2006, entre muchas otras.
[60] Sentencia T-078 de 2004 antes estudiada. Con
relación a la informalidad de la acción, en esa oportunidad la Corte señaló que “si bien existe una falta de técnica en la elaboración de la demanda de
tutela del Defensor del Pueblo de Caquetá, no por esto pueden desampararse
derechos fundamentales de personas fácilmente determinables. En estos eventos,
el juez de tutela está en la obligación de ponderar dentro de un marco de
razonabilidad, si en el caso concreto puede remediarse un defecto procesal en
una demanda de tutela, siempre y cuando busque evitar que sea afectado un
derecho sustancial de rango fundamental”.
[61] “ARTICULO
228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
[62] Sentencia T-977 de 2004 en la que se estudió el caso de un señor
esquizofrénico al que el ISS le suspendió el servicio de salud bajo el
argumento de que para la prestación del mismo, debía esperar a que se le
reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes a que tenía derecho en razón
de la muerte de su padre, del cual era beneficiario.
[63] Ibídem.
[64] Sentencia T-052 de 2009, mediante la cual la Corte resolvió un caso en el que un participante de un concurso público de notarios, pese a
haber cursado una especialización, no lo acreditó en la forma señalada por la
ley, esto es, mediante acta de grado y diploma, sino mediante una certificación
expedida por la universidad.
[65] Ibídem.
[66] A este respecto se puede consultar, entre muchas otras, la sentencia
SU-913 de 2009, en la que esta Corporación manifestó que por un exceso de
ritual, el administrador del concurso público de notarios otorgó mayor valor a
un requisito instrumental que a la garantía del derecho sustancial. En efecto,
en ese evento, el administrador consideró que el registro de la autoría en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, era la única forma para acreditar la autoría de obras
en derecho. Sin embargo, esta Corporación, en virtud del principio de la
prevalencia del derecho sustancial, concluyó que “la ausencia de la
formalidad del registro no puede derivar en el desconocimiento de la
titularidad que el autor tiene sobre su obra porque el registro es declarativo
y no constitutivo del derecho de autor”.
[67] Sentencia T-188 de 2007.
[68] Sentencias T-572 y T-1001 de 2008 y T-085 de 2009.
[69] Principio V referente a las Víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario de la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de
diciembre de 2007, y en la Resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985 por la
cual se establecieron los “Principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso del poder”.
[70] Sentencia T-572 de 2008.
[71] Sentencia T-1001 de 2008.
[72] El artículo 2° de la Constitución Política dispone que “son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”.
[73] A este respecto, se puede consultar entre
otras, la sentencia T-064 de 2009 en la cual se estudió el caso de una mujer
desplazada que había sido abandonada por su compañero permanente, quien se
aprovechó del subsidio de vivienda que le había sido entregado a su familia
para arrendar la vivienda adjudicada mientras que su ex compañera permanente y
sus hijos vivían en una habitación que les prestaba una señora.
[74] Sobre este punto, se puede consultar entre otras, la sentencia T-585
de 2006, por medio de la cual se tuteló el derecho fundamental a la vivienda
digna de un grupo de desplazados que se encontraban viviendo en asentamientos
ubicados en áreas subnormales. En ese evento, se afirmó: “Este Tribunal ha
reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una vivienda digna es un
derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia susceptible de
ser protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las autoridades
(i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han
visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas
personas  soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente,
facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si
mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en
condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas
sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en
el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las
especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que
existen al interior de ésta: personas de la tercera edad, madres cabeza de
familia, niños, personas discapacitadas, etc.-; y (v) eliminar las barreras que
impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia
social del Estado, entre otras”.
[75] Artículo 1° del Decreto 951 de 2001.
[76] “ARTÍCULO 2o. OTORGANTES DEL SUBSIDIO. Serán otorgantes del
Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este decreto, el Fondo Nacional de
Vivienda y el Banco Agrario.
ARTÍCULO
3o. POSTULANTES. Serán potenciales beneficiarios, del subsidio de que trata el
presente decreto, los hogares que cumplan las siguientes condiciones:
1. Estar
conformados por personas que sean desplazadas en los términos del artículo 1o de la Ley 387 de 1997 y cumplan con los requisitos previstos en el artículo 32 de la misma ley.
2. Estar
debidamente registradas en el Registro Único de Población Desplazada a que se
refiere el artículo 4o del Decreto 2569 de 2000.
ARTÍCULO
4o. ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA. La
asignación del subsidio familiar de vivienda para población desplazada, se
realizará exclusivamente a través de programas que desarrollen los siguientes
componentes:
1.
Retorno. Se facilitará y promoverá el retorno voluntario de las familias al
municipio de ocurrencia del desplazamiento inicial, siempre y cuando las
condiciones de orden público lo permitan, según el pronunciamiento del Comité
para la atención integral a la población desplazada del municipio o distrito de
origen. La Red de Solidaridad Social y los entes territoriales coordinarán la
ejecución de los programas de retorno.
Los
programas dirigidos al retorno deberán tener en cuenta lo dispuesto en el
numeral 2.3 del Decreto 173 de 1998. Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 28 del Decreto 2569 de 2000 el Comité
Municipal o Distrital de Atención Integral a la Población Desplazada, del municipio de origen del desplazamiento, se pronunciará sobre la
existencia o no de las condiciones de orden público que permitan el retorno,
con base en los informes de la zona de expulsión, los procesos de retorno
individuales o colectivos que se hayan dado en la zona, previo concepto de la
respectiva autoridad del Ministerio Público del lugar. El pronunciamiento del
Comité podrá ser recurrido por el postulante ante el Comité Departamental de
Atención Integral a la Población Desplazada, el cual contará con treinta (30) días calendario para pronunciarse sobre la solicitud del interesado.
2.
Reubicación. Mediante este componente se facilitará la reubicación de los
hogares desplazados en municipios distintos al de origen del desplazamiento,
cuando no sea posible su retorno”.
[77] Sentencia T-742 de 2009.
[78] Según la sentencia C-278 de 2007, en la que se estudió la constitucionalidad del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, en el cual se establece que “a la atención humanitaria de emergencia se
tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables
excepcionalmente por otros tres (3) más”, esta Corporación resolvió
declarar “INEXEQUIBLES las
expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3) más”, contenidas en
el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y EXEQUIBLE el resto del
parágrafo, en el entendido que el término de la atención humanitaria de
emergencia previsto en esa disposición será prorrogable hasta que el afectado
esté en condiciones de asumir su autosostenimiento”.
[79] Sentencia T-585 de 2008, mediante la cual se
estudió el caso de un propietario de una vivienda ubicada en un predio
declarado como zona de alto riesgo, al que la autoridad municipal le negó la
inclusión en el programa de reubicación de las viviendas desalojadas
construidas el mismo sector en el que se ubicaba la suya.
[80] “Artículo  56º.-
Los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar,
en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la
presente Ley, un inventario de los asentamientos humanos que presenten altos
riesgos para sus habitantes, en razón a su ubicación en sitios anegadizos, o
sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda y reubicarán a estos habitantes en zonas
apropiadas, con la participación del Instituto de Crédito Territorial. Además,
tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble
desocupado no vuelva a ser usado para vivienda humana.
Se
podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas,
mediante enajenación voluntaria directa o mediante expropiación, en los
términos de la presente Ley.
Cuando
se trate de la enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las
inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13
de esta Ley. Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en
pago de los inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el
inmueble, pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la
entidad que lo adquirió.
Si los
habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan abandonar el
sitio, corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia
ordenar la desocupación con el concurso de las autoridades de policía, y la
demolición de las edificaciones afectadas. Esta orden se considerará, para
todos los efectos, como una orden policiva en los términos del Código Nacional
de Policía.
Las
multas de que trata el numeral 9 del artículo 2 del Decreto-Ley 78 de 1987
ingresarán al tesoro de la entidad que las hubiere impuesto y se destinarán
para financiar los programas de reubicación de los habitantes en zonas de alto
riesgo.
Las
autoridades que incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente
artículo, incurrirán en el delito de prevaricato por omisión previsto en el
artículo 150 del Código Penal, sin que respecto de ellos proceda el beneficio
de excarcelación”.
[81] “ARTICULO 8o. ACCION URBANISTICA. La función
pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales,
referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que
les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la
intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:
1.
Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2.
Localizar y señalar las características de la infraestructura para el
transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento
de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de
servicios de interés público y social, tales como centros docentes y
hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3.
Establecer la zonificación y localización de los centros de producción,
actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos,
intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación,
las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4.
Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción
adecuada a las necesidades colectivas.
5.
Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización
de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten
condiciones insalubres para la vivienda.
6.
Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística,
de conformidad con lo establecido en la presente ley.
7.
Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés
social.
8.
Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción
prioritaria.
9. Dirigir
y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por
la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las
leyes.
10.
Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de
utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.
11.
Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística.
12.
Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del
municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.
13.
Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras
urbanas.
14. Todas
las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del
territorio.
PARAGRAFO.
Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar contenidas o autorizadas
en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los
desarrollen o complementen, en los términos previstos en la presente ley”.
[82] Así, el peticionario anexó un DVD en el que afirma que es un líder
comunitario que defiende los derechos humanos de los desplazados y de las demás
personas que han sido desalojadas de las viviendas de invasión ubicadas en el
barrio el Danubio. En este mismo sentido, la señora Flor María Henao, una de
las personas afectadas por las órdenes de desalojo, allegó al despacho del magistrado
sustanciador un escrito en el que afirma que el peticionario actúa en calidad
de líder o vocero de las familias afectadas por las órdenes de desalojo (folio
94, cuaderno 1).
[83] Según la intervención de Acción Social, resumida en el aparte 1.4 de
esta sentencia, tanto el peticionario como las demás personas que éste dice
representar, están incluidos en el RUPD.
[84] En efecto, la Alcaldía de Pereira allegó al despacho del magistrado
sustanciador un concepto de la DOPAD, que se encuentra resumido en el apartado
1.4 de la presente providencia, en el que se determina que el barrio El Danubio
está ubicado en una zona de alto riesgo no mitigable.
[85] El propio accionante afirmó que reside en el barrio Los Naranjos de
Dosquebradas y que nunca habitó en El Danubio (folio 355, cuaderno 1).
[86] Así, el actor manifiesta que todas las personas que dice representar
invadieron de manera ilegal los predios ubicados en El Danubio, detrás de la
iglesia Las Brisas y construyeron sus viviendas allí. Además, a pesar de que
así se ordenó mediante auto de 11 de marzo de 2011, no se aportó título de
propiedad ni de las viviendas ni de los terrenos estudiados.
[87] En efecto, si bien la Alcaldía de Pereira informó al despacho del magistrado sustanciador que, de las personas que el actor dice representar, sólo
las señoras Angélica Romero y Orfilia López fueron desalojadas “mediante el
procedimiento establecido en las leyes 388 de 1997[y] 810 de 2003” (folio 61, cuaderno 1), el actor de la presente acción de tutela allegó un comunicado de 8
de junio de 2010 del Director Operativo de Control Físico de la Secretaría de Gobierno del municipio de Pereira en el que se informa a Angélica
Romero, a María Serafina Sánchez, a María Irene Londoño, a Flor María Henao, a
Silvio de Jesús Foronda, a Liliana Méndez y a Amparo Valencia, que “dentro
de las 24 horas [siguientes] se realizará el desalojo y/o demolición de los
predios del Barrio Danubio alto detrás de la iglesia de las Brisas (…). Lo
anterior con el fin de que de manera voluntaria realicen el desalojo del mismo
sin intervención de la fuerza pública” (folio 93, cuaderno 1).  En este
mismo sentido, como en el expediente está acreditado que las señoras Orfilia
López Londoño y Martha Riascos Aragón, construyeron su vivienda en ese sector
de la ciudad de Pereira, se puede inferir que estas señoras también se vieron
afectadas por las órdenes de desalojo. Así, según la DOPAD, la señora López Londoño habita en una casa ubicada en el sector del Danubio, detrás de
la iglesia de las Brisas (folio 63, cuaderno 1). Por otra parte, el actor
aportó copia de la factura de energía eléctrica de la vivienda de la señora
Riascos Aragón, en la que consta que su vivienda se encuentra ubicada en el sector
del Danubio, objeto de las órdenes de desalojo antes mencionadas (folio 256,
cuaderno 1).
[88] Folio 37, cuaderno 1.
[89] Folios 40 y 41, cuaderno 1.
[90] Folio 57, cuaderno 1.
[91] Folio 94, cuaderno 1.
[92] Ese concepto se encuentra resumido en el apartado 1.4 de esta
sentencia.
[93] Folio 55, cuaderno 2.
[94] Folio 95, Cuaderno 2.
[95] Folio 94, cuaderno 2.
[96] Folio 95, Cuaderno 2.