T-135-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-135/14
PRINCIPIO DE VERACIDAD DE LA INFORMACION Y
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Caso
en que noticiero introduce afirmaciones basadas en un hecho errado acerca de un
representante a la cámara y una presidenta de un sindicato
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION E
INFORMACION-Protección
constitucional
La libertad de expresión, en sentido amplio, es un derecho
importantísimo en las sociedades democráticas, tanto por su valor intrínseco
como por las funciones que cumple para el desarrollo individual y colectivo;
pero también resulta extremadamente complejo porque tiende a colisionar con
otros derechos y bienes constitucionales de particular valía. Esto ha obligado
a los ordenamientos jurídicos a encontrar soluciones equilibradas.
LIBERTAD DE EXPRESION-Elementos normativos que
conforman el artículo 20 de la Constitución Política
MEDIOS DE COMUNICACION-Dimensiones de la
responsabilidad social
El régimen constitucional colombiano al tiempo
que garantiza la libertad de los medios de comunicación, prescribe que la misma
debe desarrollarse con “responsabilidad social”. Esta se hace extensiva a los
periodistas y particulares que se expresan a través de los medios, en atención
a los riesgos que éstos plantean y su potencial de lesionar derechos de
terceros, así como por su poder social y su importancia para el sistema
democrático. Concretamente, los medios están sujetos a los parámetros de: (i)
distinción entre informaciones y opiniones, (ii) veracidad, (iii) imparcialidad
y (iv) garantía del derecho de rectificación. A continuación, se profundizarán
cada uno de estos límites.
DERECHO A LA LIBERTAD DE
INFORMACION Y OPINION-Diferencias
La cláusula constitucional (C.P. art. 20) que
salvaguarda la libertad de expresión, en sentido amplio, concede la protección
tanto a la información como a la opinión. La primera hace referencia a la
circulación y recepción de noticias sobre un determinado suceso de la realidad,
relacionadas con el entorno físico, social, cultural, económico y político;
mientras que la segunda comprende un espectro más subjetivo, vinculado a los
pensamientos, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias de hechos
reales o imaginarios, manifestados en ámbitos sociales, académicos, culturales
o políticos, en obras literarias o artísticas, o en medios masivos de
comunicación.
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad
La veracidad de una información hace
referencia a hechos o a enunciados de carácter fáctico, que pueden ser
verificados. La carga que se exige al periodista en este aspecto es que haga un
esfuerzo (a) previo y (b) razonable de constatación de la información que
pretende presentar como un hecho. El comunicador solo debe transmitir como
hechos, lo que ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos. En lo
referente al principio de imparcialidad de la información, la Corte
Constitucional desde un principio estableció que envuelve una dimensión
interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a
mitad de camino entre el hecho y la opinión. No significa esto que los medios deban
presentar las noticias como relatos puros sobre los hechos acaecidos, pues la
libertad de opinión de los periodistas y la defensa del pluralismo autorizan
que los medios valoren de determinada manera lo sucedido. La pretensión
positivista del investigador que se limita a transmitir objetivamente un hecho
corre el riesgo de llevarse al extremo de vaciar de contenido la libertad de
información.
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES
DE EQUIDAD-Fundamental
Se trata de un derecho que tiene el afectado por
la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada, por una
parte; y por otra, de una obligación del medio de comunicación de aclarar,
actualizar o corregir la información emitida. El derecho de rectificación
ofrece de este modo una reparación de diferente naturaleza que la que se puede
obtener a través de una declaración de responsabilidad civil o penal. Si bien
no sanciona con una pena ni define una indemnización a cargo del agresor, en
tanto su objetivo último es la reparación del buen nombre, la imagen y
reputación de la persona afectada, tiene la ventaja de impedir que los efectos
difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales.
LIBERTAD DE EXPRESION-Importancia de la protección del discurso
político
PRINCIPIO DE VERACIDAD DE LA INFORMACION Y
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Orden
a noticiero incluir en la página web una nota aclaratoria, de forma visible, en
la que advierta al lector que la respectiva información fue posteriormente
rectificada
Expedientes T-4.067.898 y T-4.113.763.
Acciones de tutela interpuestas por Aleyda Murillo Granados y
Wilson Neber Arias Castillo contra CM& y el SENA.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil catorce
(2014).
La Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela
emitidos por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, en los expediente
acumulados.
I. ANTECEDENTES
Mediante auto del 31 de octubre de 2013, la sala de selección
número 10 decidió acumular los expedientes T-4.067.898
y T-4.113.763, luego de advertir que existía una conexidad temática entre
ellos, para ser fallados dentro de una misma sentencia. Atendiendo la unidad de
materia, a continuación se reseñarán los supuestos fácticos que comparten los
casos, pero también se resaltarán las particularidades y decisiones judiciales
de instancia en cada uno.
1.1 Hechos comunes a los expedientes acumulados
1.  El 17 de mayo de 2013, en la sección “1,2,3” del noticiero
CM& se difundió bajo el título “Escandalosa manipulación política en el
SENA del Valle” la siguiente noticia, en la cual se hacía referencia a los
accionantes Aleyda Murillo Granados (T-4.067.898) y Wilson Neber Arias Castillo
(T-4.113.763):
[Título: Escandalosa
manipulación política en el SENA del Valle][1].
"Un
dirigente parlamentario del Valle terminó manipulando a los estudiantes para
sus intereses políticos.
Según
altos ejecutivos del SENA, la desordenada manifestación la protagonizaron
decenas de aprendices que no solo causaron gigantescos trancones, sino que
pintaron grafitis en un puente que apenas se estrenaba. Las reacciones de los
ciudadanos fueron de indignación y rechazo.
¿Cuál
es el nombre propio del organizador de la protesta? Directivos del SENA en Cali
dicen que el representante a la cámara Wilson Arias aprovecha el poder que
ejerce sobre el sindicato del SENA (SINDESENA) para desinformar a los
estudiantes afirmando cosas que no son ciertas: que el SENA se va a acabar, que
se va a privatizar, que van a cobrar los cursos de formación. Y sé que eso es
una absoluta mentira. ¿Acaso lo que busca el representante Arias es hacer
política a costa del SENA? A juzgar por este volante que se distribuye en Cali [se muestra imagen del
mismo], en el que Arias
aparece haciendo campaña al Senado con la presidenta de SINDESENA, Aleyda
Murillo, como candidata a la Cámara, ¡demuestra que sí!
Lo
que los estudiantes del SENA deberían hacer ahora es una manifestación contra
los políticos que manipulan la institución más querida por los
colombianos".
2.  Enterado de la difusión antes transcrita, el señor Arias dirigió
el día 20 de mayo, al director del noticiero CM&, una carta solicitando la
rectificación y explicando lo que en su parecer era el verdadero contexto de
las protestas estudiantiles en la institución. En la emisión de ese día, y bajo
el encabezado “Un representante del Valle pide rectificar nuestra
información sobre sus actividades electorales cabalgando en el SENA”, la
presentadora leyó apartes (lo que se encuentra en negrilla) del texto remitido
por el Representante Arias, así:
[Título: Un representante
del Valle pide rectificar nuestra información sobre sus actividades electorales
cabalgando en el SENA][2].
“Y
tengo otra solicitud de aclaración, esta vez de carácter político, formulada
por el señor representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo. Dice don Wilson:
[Comienza la lectura de extractos de
la misiva enviada por el Representante Arias]
Con
´pruebas´ de dudosa factura, el Noticiero CM& me acusa de manipular las
protestas de los estudiantes del SENA en Cali –que son convocadas nacionalmente y de las que no
participé- y de aprovechar su movilización para promover una candidatura al
Senado que no he postulado –de hecho, aspiro a la
Cámara de Representantes- y otra de la compañera Aleyda Murillo, quien no ha
presentado aspiración alguna.
La
acusación, dice el Noticiero, proviene de Directivos del Sena en Cali, denunciados junto con su
Directora General, Gina Parody, por diversos señalamientos y durante varias
semanas por los estudiantes. Uno de estos reclamos es poner la entidad -ellos
que sí tienen el poder-, al servicio de una campaña a la que hipócritamente
dice Juan Manuel Santos todavía no aspirar. También hace cuatro años el
Director Darío Montoya hizo campaña en favor del mismo candidato y también
después Darío Montoya aspiró a una importante Alcaldía. Qué casualidad: de
pronto Gina Parody hace lo propio en Bogotá.
Pero
hablando de oportunismos permítame compartirle las siguientes anotaciones:
1)
Me egresé del SENA en el año de 1982 (hace 30 años) y desde entonces he
participado de su defensa, primero como ciudadano y después como trabajador de
esa entidad (donde laboré por más de 20 años) y como dirigente Sindical,
compromiso que mantuve como Concejal de la ciudad de Cali y ahora como
Representante a la Cámara, responsabilidad a la que me postularon los estudiantes
y me acompañaron los trabajadores. Como ven, mis convicciones sobre el Sena se
han mantenido incólumes, pero además, no constituye falta alguna que el Polo
Democrático y sus Congresistas apoyemos las reclamaciones ciudadanas.
2)
Subyace a su noticia una matriz comunicacional y un prejuicio de algunas élites
y poderes: los de abajo no tienen autonomía y casi siempre son
"manipulados". Así, el gobierno decía que Alexander López manipulaba
a los carteros de la caña, que Jorge Robledo manipulaba el paro cafetera, que
los indígenas son manipulados por “fuerzas oscuras” o que Wilson Arias manipula
a los estudiantes. Pero lo cierto es que el creciente descontento tiene
bases reales y razones inteligentes. Vayan a las asambleas estudiantiles y de
trabajadores para que lo constaten.
3)
El supuesto volante que anuncia mi supuesta candidatura al Senado nunca se
ha distribuido ni en el Sena, ni en sus marchas, ni en parte alguna; es falso,
es propaganda sucia y a cargo de mis contradictores, cuestión que llevaré a la
justicia penal. Tal "promoción" es calculada para confundir a mis
electores, pues aspiraré realmente a la
Cámara de Representantes, asunto sobre el cual también les solicito
rectifiquen. Pero es recogida por los directivos del Sena para distraer las
denuncias de los estudiantes, esas sí constatables. Ya en carta al Director de
El País de Cali, le reclamaba por dar pábulo a esa desinformación, en
comunicación que le remití desde el 25 de abril de 2013 y que a la letra dice:
'Cuatro años después, se repite la
intentona y le agregan mi supuesta duda sobre ir al  Senado (20 de Febrero de
2013 y 22, 25 de Abril de los corrientes, columna el Péndulo). Pero el día de
hoy le adicionan la "noticia", a todas luces contraria a la verdad,
de mi "primera aparición" con mi supuesta "fórmula al
Senado". Al respecto le hago varias precisiones: 1) la decisión del
colectivo político en el que participo fue y sigue siendo aspirar con Wilson
Arias a la Cámara de Representantes, y acompañar a Alexander López si él
decidía ir a Senado, cosa que a la postre ocurrió. 2) las insistentes versiones
en contrario, pueden tener origen en cierto cálculo para confundir a nuestros
posibles electores. Ruego amablemente al periódico tomar nota en relación con
las tareas que nos convocan en el tiempo presente”.
4) Por todas estas consideraciones, solicito
comedidamente a CM& rectificar su noticia, dando a conocer estas
notas que rectifican la falsa información que emitió el día 17 de mayo, que
calumnia y causa perjuicio al suscrito y a las luchas de los estudiantes y
trabajadores del SENA.
[Los apartes en negrilla corresponden a la edición del
comunicado del Representante Arias que finalmente fue leído en el noticiero].
3.  Durante esa misma emisión, luego de ser presentada la carta del
señor Arias, otra periodista del noticiero, en la parte final de la sección
“1,2,3”, denominada la “ñapa”, expresó:
[Título: Mi ñapa: la
directora del SENA, Gina Parody, no solo no rectifica, sino que confirma la
noticia][3].
“Y
mi ñapa: en el caso del representante Wilson Arias, quien remite el mensaje que
Adriana acaba de leer, me dirigí a la directora del SENA, Gina Parody, para
trascribirlo. La doctora Parody tuvo la gentileza de responderme
inmediatamente. Dice lo siguiente:
[Se leen algunos extractos de la
misiva enviada por al Directora del SENA]
«[...]
agradezco me hayas notificado de esta comunicación. Como entenderás no es de mi
competencia decir o decidir si el señor Arias hace política con el SENA. Eso se
lo dejo a la conciencia del Dr. Arias. Pero lo cierto, es que el Representante
Arias debe buscar sus enemigos políticos en otro lado, y no en la
Dirección General del SENA, que no puede ni debe perder tiempo en discusiones
electorales.
El
señor Arias es un representante de los colombianos a quien respeto. Las puertas
del SENA están abiertas para él, como lo demuestran las reuniones sostenidas en
mi oficina, y para todos los colombianos, dentro del marco de la honestidad, el
respeto y la no violencia.
A
mí lo que me compete es defender esta institución de las calumnias y de la
politiquería, hechos que conllevan a la desinformación y a intereses
particulares. Aprovecho esta oportunidad para reforzar cuatro puntos:
Primero, el presupuesto del SENA no va a
disminuir, ni hoy ni en los años venideros.
Segundo, el SENA no se va a privatizar.
Tercero, la educación del SENA sigue y
seguirá siendo gratuita.
Cuarto, el Presidente Santos es el primer
aliado del SENA en Colombia, por eso lo que me ha pedido es que elevemos la
calidad, mejoremos su pertinencia, y hagamos énfasis [...] en el trabajo.
Mi
misión y la del SENA es apoyar a los jóvenes que quieren educarse en Colombia y
dar una batalla campal contra el desempleo juvenil.
Cordialmente,
Gina Parody”.
4.  El Representante a la
Cámara Wilson Arias manifiesta que ante la evidencia de la no rectificación
-sino por el contrario la reiteración- de la información falsa y tendenciosa,
envió derecho de petición al noticiero el 23 de mayo para que, con fundamento
en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995, le entregaran: (i) copia de las
secciones “1,2,3” emitidas los días 17 y 20 de mayo de 2013; (ii) copia
de las pruebas que respaldan las afirmaciones divulgadas por el noticiero en
las precitadas sesiones; y (iii) copia del volante que supuestamente probaba
sus actos de campaña política al Senado de la
República en compañía de Aleyda Murillo.
5.  Ese mismo día (23 de mayo), la señora Aleyda Murillo radicó en
las instalaciones del noticiero CM& una solicitud de rectificación por la
información emitida en relación a sus supuestas aspiraciones políticas. Aseveró
que con una mínima verificación, acudiendo al calendario electoral para
aspirantes al Congreso de la República en el 2014, quedaría claro que quienes
tuviesen esa aspiración debían haber renunciado a sus cargos como servidores
públicos a más tardar el 8 de marzo de 2013, lo cual no fue su caso.
6.  En comunicación del 24 de mayo de la misma anualidad, Yamid Amat,
director del noticiero CM&, envió las grabaciones de la sección “1,2,3”
de los noticieros del 17 y 20 de mayo al señor Wilson Arias, pero en lo
referente a los otros documentos solicitados informó que estaban “protegidos
por la reserva de fuentes de información que consagra nuestra Constitución y
las leyes de prensa de la república”. Aleyda Murillo, por su parte, no
recibió respuesta alguna a su petición.
7.  Insatisfecho con la contestación, el Representante Arias decidió
el 24 de mayo acudir ante la directora nacional del Sena, Gina Parody –de quien
infería era la fuente empleada por el noticiero-, para solicitarle mediante
derecho de petición lo siguiente: (i) copia de la carta dirigida al noticiero
CM& a título de ratificación de las denuncias; (ii) las pruebas que
respaldan la información divulgada por el noticiero según la cual fue el
organizador de la manifestación de los estudiantes del SENA el 17 de mayo de
2013; y (iii) copia completa del volante que prueba sus presuntos actos de
campaña política.
En
contestación del 30 de mayo el Sena le remitió copia de la comunicación enviada
a CM&. Igualmente, la directora Gina Parody aprovechó para reiterar que “no
es de mi competencia decir o decidir si el señor Arias hace política con el
SENA” y que no tenía “conocimiento de piezas publicitarias que promuevan
candidatura alguna suya o de la señora Aleyda Murillo al Senado de la
República”.
1.2 Acción
de tutela y fallos de instancia en el caso de Aleyda Murillo.
1.   En virtud de lo anterior, Aleyda Murillo, actual servidora
pública vinculada al SENA y presidenta del sindicato SINDESENA, interpuso
acción de tutela, mediante apoderado judicial, el 13 de junio de 2013 por
vulneración del derecho fundamental al buen nombre, a la honra y a la
rectificación en condiciones de equidad. Asegura que el trasfondo de la misiva
periodística “subyace en las informaciones de los directivos del SENA como
fuentes de la información a las cuales CM& hizo eco, sin verificación
alguna, el propósito de generar desinformación y deslegitimación a la protesta
que actualmente adelantan los trabajadores y estudiantes de la entidad”[4].
Afirma igualmente que con la lectura editada del comunicado del Representante
Arias no se produjo la rectificación debida. Por último, allega un conjunto de
documentos como prueba del perjuicio que dicha noticia le ha ocasionado en su
vida laboral y personal:
“Y
lo más grave aún, otra consecuencia directa de la falacia difundida son los
correos electrónicos que adjunto a esta demanda de tutela, los cuales
circularon en diferentes niveles al día siguiente de la noticia CM&, en los
que señala a mi cliente de utilizar el sindicato como “trampolín sindical
político” y otras expresiones como que “es inaceptable aprovecharse de unas
agremiaciones de trabajadores y de estudiantes para abrirse paso entre los
escenarios políticos del país” (…) Pero el atropello producto o motivado por la
mentira difundida por CM& no para allí: En más de 1000 correos
electrónicos, reenviados no se sabe cuántas veces más, se han difundido
señalamientos a mi cliente como estos: “los invito a conocer el documento y a
enterarse de las denuncias graves que hace CM& sobre la manipulación
política que han hecho al interior del SENA (…) y otra de este estilo: “estos
son unos acápites hasta donde ha llegado el poder y la mano negra de estos
mercaderes de la politiquería”[5].
2.   En fallo de primera instancia, el Juzgado 14 Civil del Circuito
de Cali negó parcialmente el amparo. Sostuvo que no era necesario llevar a cabo
ningún procedimiento de rectificación debido a que “la difusión de la
noticia no fue determinada por la condición de la accionante sino por la
gravedad de los disturbios y el aparente manejo político de la protesta y que
por tanto ningún reproche cabe al medio de comunicación por haber publicado de
buena fe una información suministrada por una de sus fuentes”[6].
Señaló además que el hecho de informar que alguien tiene aspiraciones políticas
en nada afecta el buen nombre de un ciudadano. En todo caso, protegió el
derecho fundamental de petición de la accionante, por cuanto CM& jamás
respondió la solicitud de rectificación presentada.
3.   En segunda instancia, la posición mayoritaria del Tribunal
Superior de Cali, Sala de Decisión Civil, revocó el fallo del a quo. De
acuerdo a la Sala, “se le afectó directamente al mencionarla como líder
sindical y a su vez candidata a la Cámara de Representantes, tanto en su
figura, su nombre y la actividad sindical”. Además, no hubo rectificación
porque la emisión del 20 de mayo no fue personal ni independiente y en la parte
de la “ñapa” se volvió a incurrir en la falsedad denunciada. En
consecuencia, ordenó al noticiero CM& que, bajo características similares
de transmisión, rectificara la información emitida el 17 de mayo de 2013
ofreciendo una adecuada separación entre la presentación objetiva de los hechos
y las opiniones que ellos le merecieran al medio.
1.3 Acción
de tutela y fallos de instancia en el caso de Wilson Arias.
1.   Con argumentos similares, el Representante Wilson Arias radicó
acción de tutela contra el noticiero CM& el 13 de junio de 2013. Según se
lee en la demanda de amparo, el medio de comunicación es responsable en tanto
que: (i) no realizó una investigación mínima para verificar la veracidad del
volante, (ii) no podía actuar con independencia dado que es contratista del
Sena y (iii) la carta de autoría del accionante leída al aire no podía tenerse
como rectificación. Específicamente, señaló que la nota periodística afectó su
derecho fundamental al buen hombre por las siguientes razones:
“De
manera que cuando el noticiero CM& presenta ante la sociedad colombiana al
representante Arias como un “manipulador de estudiantes”, “como el organizador
de una protesta que terminó con disturbios públicos”, de “hacer política en el
SENA con un volante que circula en las calles de Cali”, falta abiertamente a la
verdad, distorsiona la imagen, el mérito, el reconocimiento social y el buen
nombre que el señor Wilson Arias  se ha ganado merced a su conducta intachable
y el acompañamiento a diversas organizaciones sociales a nivel nacional (…)
porque como ya quedó expresado, no es en los términos distorsionados
presentados por el noticiero como se produce el acompañamiento a las
reclamaciones de estudiantes y trabajadores por parte del Representante Arias”[7].
2.  En fallo de primera instancia, el Juzgado 17 Administrativo Oral
de Cali negó el amparo, considerando que “ha quedado saldado el demandante
cuando [el noticiero] emitió tres días después el contenido de lo
solicitado por el señor Wilson Arias si, de manera editada, pero como se dijo y
quedó aclarado, los apartes no leídos no constituyeron palabras que se
encaminaran a desmentir una falsa noticia, quedando el contenido en la emisión,
debidamente rectificado”[8].
3.   El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el
sentido del fallo pero por otras razones. Explicó que aunque no se produjo la
rectificación en debida forma, tampoco es cierto que se hayan afectado los
derechos fundamentales del demandante, sobre todo si se tiene en cuenta su rol
como figura pública, lo que exige un mayor escrutinio por parte de los medios
de comunicación:
“se
puede concluir que la emisión del 20 de mayo de 2013 del Noticiero CM& no
es una rectificación de la noticia ante la petición presentada por el
accionante, sin embargo, sí existió la posibilidad de que la opinión pública
recibiera los argumentos y los motivos de inconformidad del actor a través del
derecho de petición elevado el 20 de mayo de 2013, dándose claramente la
posibilidad de que a través de diferentes opciones, entre ellas, la de la
Directora del Sena, formara al televidente su propio criterio, razón por la
cual, no existe vulneración a los derechos fundamentales del buen nombre, honra
y rectificación en condiciones de equidad, pues el asunto fue sometido a debate
y se dio conocimiento de las vicisitudes que entraña a las posiciones acerca de
la manipulación o no de las protestas que efectuaron los estudiantes del SENA
en la ciudad de Cali”[9].
II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN.
1.
Mediante escrito radicado ante la
Corte Constitucional el 29 de noviembre de 2013, el
apoderado judicial de los accionantes puso en conocimiento (video contenido en
cd) el sentido de la rectificación presentada por CM&, en cumplimiento del
fallo de tutela proferido dentro del expediente de Aleyda Murillo
(T-4.067.898). En el video aportado se observa que en la sección del “1, 2, 3”
del miércoles 14 de agosto de 2013 la periodista presentó la siguiente
corrección:
[Título: Con un volante
falso, asaltaron mi buena fe. Y rectifico. A Dios, lo que es
de Dios].[10]
“El
sábado 17 de mayo divulgué en esta sección la siguiente información:
[Se proyecta imagen del volante y
grabación de dicha fecha]
“A
juzgar por este volante que se distribuye en Cali en el que Arias aparece
haciendo campaña al senado con la presidenta de SINDESENA, Aleyda Murillo, como
candidata a la Cámara, demuestra que sí”
[Vuelve a enfocarse a la periodista]
Pues
hemos confirmado precisamente lo contrario: ¡demuestra que no!. Que tanto el
Representante Wilson Neber Arias como la presidenta de SINDESENA Aleyda Murillo
Granados no estaban haciendo política con el SENA.
Tengo
que reconocer que fui asaltada en mi buena fe por altos ejecutivos del SENA y
que el volante que sirvió para nuestra información era falso, y no fue
realizado ni distribuido por el Representante Arias ni por la dirigente sindical
Murillo.
Atiendo
así una solicitud de rectificación y de aclaración sobre el carácter falso del
volante”.
No obstante la anterior nota, el apoderado judicial de
la parte accionante denuncia que la rectificación fue incompleta en la medida que, “se limitó a reconocer el carácter falso del volante, más
nada dice la misma de la vulneración al derecho fundamental al buen nombre y a
la honra que con dicho volante falso se causó a los accionantes”[11].
Además, estima que CM& “debió informar que lo hacía en acatamiento de
una orden judicial y no como una rectificación voluntaria, tal como lo presentó
a los televidentes el noticiero”[12].
De igual manera, pide a la
Corte tener en consideración “los términos amenazantes” de la respuesta
del señor Yamit Amat a la accionante Aleyda Murillo, tan pronto conoció el
fallo en primera instancia que amparó el derecho de petición, así como
contemplar la posibilidad de compulsar copias contra los directivos del SENA, a
quienes acusa de “ser los gestores del acto arbitrario e injusto”
ocasionado con la circulación del volante falso que fue presentado por el
noticiero CM&.
2.
Mediante auto del 29 de enero de 2014[13],
el Magistrado sustanciador decretó un conjunto de pruebas para allegar al
proceso de revisión elementos de juicio relevantes, así como para poner en
conocimiento de terceros interesados las acciones de tutela impetradas:
“PRIMERO.-
ORDENAR al noticiero CM& que, dentro de los tres (3) días siguientes
a la notificación de esta providencia, responda, sin necesidad de revelar la
identidad de las fuentes empleadas:
(i)
¿Qué elementos o criterios sirvieron de soporte previo para confiar en la
veracidad e imparcialidad de (a) las declaraciones de los “altos ejecutivos del
SENA” y (b) del volante, presentados como evidencia en el noticiero?
(ii)
¿Por qué considera que la investigación periodística y el nivel de diligencia
del noticiero en relación con la información presentada sobre los accionantes
fue correcto y adecuado, independientemente de la orden judicial de
rectificación?
SEGUNDO.-
ORDENAR al noticiero CM& que, dentro de los tres (3) días siguientes
a la notificación de esta providencia, envíe a esta Corporación copia, en medio
digital, de la emisión televisiva en la que se cumplió la orden proferida por
el Tribunal Superior de Cali dentro de la acción de tutela interpuesta por
Aleyda Murillo Granados, así como la versión web que circuló sobre esa
corrección.
TERCERO.-
ORDENAR tanto a CM& como a los ciudadanos Aleyda Murillo Granados y
Wilson Neber Arias Castillo que informen a esta Sala de Revisión, dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, si han
presentado alguna otra acción legal, sea de índole conciliatorio, penal, civil,
etc, relacionada con los hechos materia de esta providencia. En caso
afirmativo, explicar en qué fase se encuentra la misma y allegar las
respectivas copias.
CUARTO.-
ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que vincule y ponga
en conocimiento de la Directora General del Sena, el contenido de este auto y
de la demanda presentada por Wilson Neber Arias Castillo para que, dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, se
pronuncie y complemente su intervención, si a bien lo considera”.
3.
En respuesta, el apoderado de los ciudadanos Wilson Neber Arias y Aleyda Murillo
Granados informó sobre las acciones judiciales adelantadas por los demandantes
con posterioridad a la tutela pero relacionadas con la información noticiosa
que originó esta controversia constitucional[14],
así:
Wilson Neber Arias:
a- Mediante escrito radicado el 23 de octubre de 2013
puso en conocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) los hechos
presentados por el noticiero CM&, manifestando que se trata de una “práctica
maliciosamente desinformadora”[15]
de sus derechos políticos como miembro de un partido de oposición porque lo
presenta como infractor de la fecha oficial de inicio de las campañas
políticas, confunde a sus electores y con ello afecta su aspiración a integrar
el Congreso de la República. El CNE, en auto calendado el 18 de noviembre,
avocó conocimiento y dispuso la apertura de indagación preliminar por la
presunta violación al término para la realización de propaganda electoral según
la Ley 130 de 1994.
b- En escrito del 21 de octubre de 2013 solicitó la
intervención del Comandante de la
Policía Metropolitana de Cali en relación a la distribución de publicidad
falsa y engañosa sobre sus aspiraciones políticas. Luego de realizar unas
pesquisas preliminares, el Comandante lo remitió al CNE.
c- El 6 de diciembre de 2013 presentó denuncia penal
ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la señora Gina Parody,
directora del SENA, por los presuntos delitos de falsedad en documento privado,
fraude procesal y perturbación de certámenes democráticos, en razón a los
afiches y panfletos  distribuidos en la ciudad de Cali desde el 13 de octubre
de 2013, los cuales asegura que tienen la virtualidad de servir como prueba
para imponerle sanciones por violación del régimen electoral. El proceso fue
radicado bajo el número 20136111964372, pero a la fecha de presentación del
memorial no se conocía ninguna actuación adelantada por el ente investigador.
Aleyda Murillo Granados:
a- El 17 de septiembre de 2013 remitió una carta a
diferentes autoridades (Presidencia de la
República, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, entre otras) en la cual informaba de
varios hechos irregulares ocurridos al interior del SENA, entre ellos el que
tiene que ver con los volantes falsos que motivaron la tutela contra CM&.
4.
El noticiero CM& y la directora del
SENA, por su parte, no contestaron el requerimiento
elevado por esta corporación, pese a la entrega del oficio respectivo[16].
5.
El 6 de febrero de 2014 la
Secretaría General de la
Corte Constitucional envió al despacho del Magistrado sustanciador la petición
formulada por el señor apoderado de CM&, quien requería copia del auto de
pruebas proferido. Mediante auto del 10 de febrero se resolvió expedir copia
simple de la providencia, la cual fue enviada a su domicilio el 17 de febrero,
según constancia de la secretaría[17].
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución, así como en los artículos 31
a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
A partir de los antecedentes referidos, la
Sala Quinta de Revisión observa que los expedientes presentan una unidad de
materia, relacionada con la emisión de un conjunto de notas periodísticas por
parte de la compañía de medios CM& dentro de la sección “1,2,3”. De acuerdo
a la información propagada, el Representante a la
Cámara Wilson Neber Arias y la líder sindical Aleyda Murillo Granados,
estarían manipulando a los estudiantes del SENA para realizar protestas
sociales, al tiempo que aprovechando estos espacios para promover sus
aspiraciones políticas para ser elegidos al Congreso de la
República en la próxima legislatura. Los ciudadanos implicados, por su parte,
manifiestan que se trata de una información falsa y malintencionada que busca,
mediante la distribución de un volante amañado, confundir al electorado y dar
pie a una investigación judicial en su contra por haber empezado la campaña
antes de tiempo, en el primer caso, y por participar en política pese a su condición
de servidora pública, en el caso de la señora Murillo.
Los jueces de tutela llegaron a conclusiones distintas. Al
resolver en segunda instancia la demanda de Aleyda Murillo Granados, el Tribunal
Superior de Cali, Sala de Decisión Civil, concluyó que se le afectó
directamente al mencionarla como líder sindical y a su vez candidata a la
Cámara de Representantes. Sostuvo además que no se produjo la
rectificación debida porque la emisión del 20 de mayo no fue personal ni
independiente y en la parte de la “ñapa” se volvió a incurrir en la
falsedad denunciada. Por el contrario, en el caso del señor Arias, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó el amparo al considerar que si bien no se produjo la
rectificación en debida forma, tampoco es cierto que se hayan afectado sus
derechos fundamentales, en atención a su rol como figura pública, lo que exige
un mayor escrutinio por parte de los medios.
Con fundamento en lo expuesto, procede esta Sala a resolver los
siguientes problemas jurídicos: ¿Cumplió el noticiero CM& sus deberes de
veracidad e imparcialidad al anunciar, en su emisión del 17 de mayo de 2013, la
supuesta manipulación y aprovechamiento por parte de los accionantes de las
protestas estudiantiles del SENA en Cali?. En caso negativo, ¿se realizó en
condiciones de equidad la rectificación por parte del noticiero CM& y
remedió la afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos Aleyda
Murillo Granados y Wilson Neber Arias?
Para dar respuesta a lo
anterior, la Corte se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) la
importancia y justificación del derecho a la libertad de expresión y de
información; (ii) el derecho fundamental a la
libertad de expresión y de información en el sistema constitucional colombiano;
(iii) la responsabilidad social de los medios de comunicación; (iv) los tipos
de discursos protegidos; y finalmente, (v) resolverá los casos objeto de esta
providencia.
3. Importancia y justificación del derecho a la libertad de
expresión y de información.
La libertad de expresión, en sentido amplio[18], es un
derecho importantísimo en las sociedades democráticas, tanto por su valor
intrínseco como por las funciones que cumple para el desarrollo individual y
colectivo; pero también resulta extremadamente complejo porque tiende a
colisionar con otros derechos y bienes constitucionales de particular valía.
Esto ha obligado a los ordenamientos jurídicos a encontrar soluciones
equilibradas[19].
El ejercicio de los tribunales constitucionales adquiere entonces
una especial responsabilidad ante estos temas, debido a que la naturaleza de
los interrogantes que se formulan remite a la composición misma del sistema
democrático que se promueve. Con razón algunos tratadistas han sugerido que los
debates en torno a la libertad de expresión exigen del juez constitucional una
lectura más sistemática e interdisciplinaria de la
Carta Política, lo que acerca su trabajo en mayor medida al razonamiento
filosófico antes que a las técnicas legales convencionales de la subsunción
normativa[20].
En este punto se hace difícil trazar una línea divisoria nítida entre los
argumentos estrictamente legales y aquellos que plasman la concepción política
y filosófica que se tiene del Estado.
En atención a esta complejidad, se considera relevante exponer dos
modelos paradigmáticos (Estados Unidos y Alemania) del derecho comparado. De
manera resumida, se identificarán las alternativas a las que han llegado para
solucionar las tensiones en torno a la libertad de expresión. Luego, se
expondrán las justificaciones filosóficas que subyacen a ambos modelos, así
como las respectivas críticas de las que han sido objeto.
3.1 El modelo norteamericano y alemán de protección a la libertad
de expresión.
El constitucionalismo estadounidense y alemán simbolizan dos
corrientes paradigmáticas de protección a la libertad de expresión, no solo por
la amplia tradición y reputación de sus tribunales, sino también en tanto que “cada
uno de ellos representa un paradigma democrático relativamente diverso, lo que
se traduce en la elaboración de criterios distintos para la solución de casos
similares”[21].
La constatación de la forma en que los textos fundacionales consagran
la libertad de expresión ofrece, de inmediato, una importante diferencia:
Constitución de los Estados Unidos de América (1787)
Ley Fundamental de la
República Federal de Alemania (1949)
Enmienda I[22]
El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión
como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la
libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse
pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios.
Artículo 5
Libertad de opinión, de los medios de comunicación, artística y
científica.
(1) Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente
su opinión oralmente, por escrito y a través de la imagen, y de informarse
sin trabas en fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y la libertad
de información por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. La
censura está prohibida.
(2) Estos derechos tienen sus límites en las disposiciones de
las leyes generales, en las disposiciones legales adoptadas para la
protección de la juventud y en el derecho al honor personal.
(3) El arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza
científica son libres. La libertad de enseñanza no exime de la lealtad a la
Constitución.
Es evidente que el texto de la
Constitución de los Estados Unidos establece en la primera enmienda una
protección muy fuerte y amplía a la libertad de expresión, por lo que ha sido
considerada por la Corte Suprema como una de las libertades fundamentales y
preferentes del orden constitucional. Por lo anterior, “ese país presume que
es inconstitucional toda intervención estatal, ya sea administrativa o
judicial, que impida la publicación de cualquier información u opinión”[23],
salvo casos verdaderamente excepcionales relacionados con la seguridad
nacional.
Por ejemplo,
en el fallo Sidis de 1940, la Corte Suprema de Nueva York estudió el caso de
una persona que había sido un niño prodigio en 1910 por lo que había adquirido
notoriedad pública. Pero posteriormente quiso abandonar esa condición, por lo
cual se retiró a un empleo poco conocido. No obstante, en 1937, un periódico
volvió a Sidis objeto de la mirada pública al narrar, sin su consentimiento, su
historia y los detalles de su vida actual. El afectado demandó entonces al
periódico por difamación, pero perdió el caso, porque la
Corte Suprema de Nueva York consideró que el interés del público en los
problemas personales de los personajes notorios era legítimo. De acuerdo a esta
providencia quien había sido un personaje público quedaba entonces sujeto a que
mucho tiempo después se revelaran detalles, incluso deshonrosos, de su vida
privada.
Por contraste a la Constitución norteamericana, resulta revelador
como la Ley Fundamental de Alemania es mucho más detallada al consagrar el
derecho a la libertad de expresión. De hecho, se observa que el artículo 5º
reglamenta por separado los derechos de quien emite la información, por un
lado, de los del receptor de la misma, por otro. En esta misma dirección,
advierte claramente que el ejercicio de la libertad de expresión encuentra “límites”
ya sea en las leyes generales de la
República o en aquellas que específicamente abogan por la protección de la
juventud y el derecho al honor personal. De igual manera, conviene resaltar que
esta Carta Política confiere un papel central a la dignidad humana como base
del ordenamiento jurídico alemán. Así, la
Constitución de Bonn establece en su primera frase que “[l]a dignidad
humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder
público”[24].
Esto explica por qué el sistema constitucional alemán tiende a “una
maximización de la protección de la intimidad y la dignidad de las personas,
incluso a riesgo de restringir la libertad de expresión y limitar el derecho a
la información”[25],
más allá de lo que un juez de los Estados Unidos consideraría admisible. El
caso Lebach (1973) ejemplifica esta postura. El Tribunal Constitucional alemán
enfrentó el siguiente problema: una cadena televisiva pensaba emitir una
película en la cual se informaba sobre el crimen de cuatro soldados ocurrido
unos años atrás. Sin embargo, una persona que había sido condenada como
cómplice de ese crimen, y que iba a salir libre meses después, consideró que la
película desconocía su intimidad. La Corte resolvió prohibir el programa porque
consideró que en este caso primaban los derechos de la persona ya que se
trataba de la repetición de una información de un delito que, aunque grave, ya
no existía un interés actual de información, y que la emisión podía afectar la
resocialización del condenado.
Estos casos del derecho comparado simbolizan puntos extremos en
torno a la libertad de información. El primero reivindica de forma casi
absoluta el derecho a recrear situaciones, incluso íntimas, de quien fue una
figura pública del pasado, mientras que el segundo privilegia el derecho a la
dignidad y resocialización de un condenado, antes que el reportaje de eventos pasados.
Por supuesto, no es válido simplificar la postura de estos sistemas
a partir de los dos fallos referidos. De hecho, su evolución institucional ha
demostrado varios puntos de convergencia y de moderación en relación con los
principios y derechos que deben primar. Ambos sistemas judiciales han buscado
la mayor coexistencia entre la libertad informativa, el honor y la intimidad,
para lo cual han recurrido a los test de ponderación y particularmente a
“una serie de distinciones jurisprudenciales –como la estadounidense entre
personas públicas y privadas, o entre los diversos “foros”, y la alemana entre
las distintas esferas de protección a la intimidad - que permiten armonizar
esos valores o, en caso de conflictos irresolubles, evitan que se sacrifique en
forma desproporcionada alguno de ellos en función de la preservación del otro”[26].
En todo caso, el sistema constitucional de Alemania y de los
Estados Unidos pone de presente dos opciones representativas de análisis
jurídico que evidencian, asimismo, dos acepciones distintas sobre la sociedad y
la democracia. En el siguiente acápite se analizan las múltiples
justificaciones que subyacen en la defensa de la libertad de expresión, y cómo
de estas depende qué tan amplio resulta su protección ante los tribunales.
3.2 Justificación del derecho a la libertad de expresión.
Existen cuatro argumentos centrales que explican la importancia
cardinal de la libertad de expresión[27]:
(i) consideraciones filosóficas sobre la búsqueda de la verdad; (ii) motivos
atinentes a la dignidad y autorrealización individual; (iii) análisis
históricos y consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal de
intervenir apropiadamente en esta esfera; y (iv) razones derivadas del
funcionamiento de las democracias.
3.2.1 Las posturas clásicas en torno
al proceso de búsqueda de la verdad son las de John Milton (1644) y John Stuart
Mill (1859). Este argumento subraya la importancia de la discusión abierta para
el proceso de descubrimiento de la verdad, y la libre confrontación de las
distintas opiniones existentes, sean verdaderas o falsas, como prerrequisito
insustituible. Esta tesis se ha asociado en el derecho constitucional
estadounidense a la concepción de “un libre mercado de ideas”, según la
citada metáfora del juez Holmes en Estados Unidos, conforme a la cual, el
Estado debe asegurar que las ideas puedan circular libremente para que las
mejores triunfen en su confrontación con las otras.
3.2.2 Los motivos atinentes a la dignidad humana parten del supuesto
según el cual la comunicación es un aspecto integral del derecho de cada individuo
al desarrollo y la realización personal. Esta perspectiva subraya la trascendencia
que tiene el proceso comunicativo para el individuo, en el sentido de promover
la autonomía individual, la expresión de la propia identidad y la
autorrealización[28].
Por el contrario, la restricción al flujo de la información limitaría el
desarrollo de la identidad porque el individuo no sabría que existen ciertas
opciones de modos de vida, porque no se los han dejado conocer o se las prohíben[29].
3.2.3 La afirmación sobre la
incapacidad del Estado para reglamentar el ejercicio de la comunicación encuentra
fundamento en las lecciones históricas de abusos ha producido una marcada
desconfianza por el accionar del Estado en este campo. Fenómenos como la
censura previa de los materiales impresos por parte de cuerpos eclesiásticos, civiles o mixtos, o los procesos penales
por “difamación sediciosa” o “desacato” a quienes expresaran
críticas al quehacer de las autoridades, constituyen los ejemplos más salientes
de las técnicas a las que han recurrido durante siglos los gobernantes para
lograr su propósito de suprimir el disenso o imponer un modo de pensamiento
determinado[30].
3.2.4 Las razones derivadas del
funcionamiento interno de la democracia son las más aceptadas y extendidas en
los sistemas modernos. Según esta visión, la libertad de expresión permite el
gobierno de la sociedad democrática porque da lugar a que las personas y los
grupos políticos y sociales lleven a cabo un debate vigoroso, hagan propuestas
y traten de cautivar mayorías; asimismo permite la construcción de una voluntad
democrática informada y capaz de ejercer control sobre los poderes constituidos[31].
3.2.5 Pero al tiempo que se han
elaborado argumentos en defensa de la mayor amplitud posible de la libertad de
expresión, también se ha cuestionado cómo una protección a ultranza de este
derecho corre el riesgo de promover una visión individualista de la democracia,
indiferente a las dinámicas de poder y, en el peor de los casos, preservadora
de un “statu quo” en el que solo unos pocos comunicadores se abrogan el
privilegio de “informar” a la sociedad.
Contra el optimismo en la noción del “libre mercado de ideas”,
se ha señalado que la búsqueda de la verdad no necesariamente es auspiciado por
los distintos agentes sociales. Es válido pensar que el libre pensamiento y
expresión al interior de las universidades y grupos científicos fortalece el
fin último de la verdad, pero es difícil extrapolar la misma confianza a la
sociedad en general, teniendo en cuenta que la misma se encuentra conformada
por grupos de interés con agendas particulares. En efecto, es probable, que
periódicos y canales sean diseñados o administrados con el propósito de hacer
dinero, subordinando de este modo la búsqueda de la verdad a otras
consideraciones menos idealistas. Esto no significa que la verdad tenga más
chance de ser descubierta al limitarse la libertad de expresión; de hecho tal
libertad es necesaria, pero igualmente se requiere de algunas regulaciones que
impidan que falsas o malintencionadas proposiciones marquen un rumbo contrario[32].
En segundo
lugar, el llamado mercado de las ideas no se encuentra, en la práctica, abierto
para todos los ciudadanos que quieren comunicar sus pensamientos. Algunos
puntos de vista son ampliamente difundidos por los medios, mientras que otros
escasamente figuran en la discusión pública; de esta manera, el mercado no
provee el foro apropiado para el debate vigoroso e irrestricto que tenía en
mente John Stuart Mill[33].
En palabras de Owen Fiss, estas concepciones liberales están excesivamente
condicionadas por el mito de que se busca amparar al orador en la esquina de la
calle que desea protestar o expresar sus opiniones, frente a la mirada
vigilante del agente de policía[34].
En realidad, la consecución y divulgación de información requiere de recursos
materiales considerables, por lo cual es realizada por grandes medios, que además
suelen estar asociados a grupos económicos determinados.
La lógica del mercado resulta implacable, incluso, para los medios
de comunicación que pretenden exponer una visión independiente:
“Pero
incluso cuando se trata de prensa independiente y no existe una asociación
entre los medios y grupos económicos o políticos determinados, en todo caso la
lógica del mercado impone unos sesgos informativos claros. La razón es obvia:
dichos medios deben subsistir económicamente, por lo que se ven obligados a
presentar una información que sea atractiva a ciertos grupos sociales o a los
deseos de ciertos consumidores potenciales, a fin de lograr pauta publicitaria
o niveles de audiencia importantes; pero de esta manera se silencian temas
esenciales, que no son rentables económicamente, con lo cual el consumidor de
informaciones y de publicidad desplaza al ciudadano. Pero la democracia no es
la defensa de la soberanía del consumidor, sino la expresión de la soberanía de
los ciudadanos, que son dos cosas distintas”[35].
En últimas, surge una tensión profunda entre el modelo de
democracia liberal clásica y el de la democracia igualitaria. Las tres primeras
justificaciones enlistadas en el acápite anterior suelen asociarse a la primera
concepción, en virtud de la cual, “el problema es simplemente garantizar que
las personas puedan expresarse sin trabas y, en especial, sin interferencias
del Estado, por lo cual dichas visiones desconfían de cualquier regulación
estatal a la cual tienden a calificar de censura”[36]. Por el
contrario, la cuarta concepción, aunque también desconfía de la intervención
del Estado en el ejercicio de las libertades ciudadanas, reconoce que la
expresión no es una práctica egoísta y auto contenida[37], sino que
también afecta derechos de terceros y de la comunidad misma[38]. Admite, en
consecuencia, cierto grado de regulación estatal, siempre que esta promueva una
mayor pluralidad y equilibrio informativo, “en la medida en que la formación
de la voluntad democrática requiere que los ciudadanos decidan, pero de manera
informada”[39].
Todos estos razonamientos son pertinentes al momento de
interpretar el alcance de los derechos que están en juego en casos complejos, debiendo
analizarse de manera conjunta y armónica. El siguiente capítulo destaca como el
sistema constitucional colombiano se ha nutrido de estas reflexiones para
formular un complejo enunciado de protección a la libertad de expresión,
caracterizado esencialmente por ser un derecho de doble vía.
4. El derecho fundamental a la libertad de expresión y de
información en el sistema constitucional colombiano.
4.1 La
Constitución Política de 1991 dispone en su artículo 20 lo referente a la
protección de la libertad de expresión, en sentido amplio, así:
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz
e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura”
El sistema constitucional consagra así simultáneamente varios
derechos y libertades fundamentales distintas. Principalmente, establece la libertad
de expresión en sentido estricto, entendida como el derecho de las personas
a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones,
informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos.
Por otro lado, protege la libertad de información, la cual hace
referencia a la comunicación de versiones sobre hechos, eventos,
acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo, y
en atención a su finalidad, es objeto a mayores restricciones[40]. En atención
al objeto de esta acción de tutela, se analizará en mayor medida la libertad de
información.
El orden jurídico nacional -a diferencia de modelos como el
norteamericano- aunque consagra una libertad general de información, igualmente
(i) formula esta garantía desde la perspectiva del receptor, (ii) dispone
límites, en términos de veracidad e imparcialidad; (iii) incluye una prohibición
expresa de la censura; (iv) pero también consagra la herramienta de la
rectificación cuando se incumple la responsabilidad social de los medios.
4.2 Es preciso advertir asimismo que
esta disposición debe entenderse armónicamente con el artículo inmediatamente
siguiente que consagra, con igual rango constitucional, el derecho a la honra. La
Corte ha precisado que el “Estado de Social de Derecho al fundarse en el
respeto a la dignidad de la persona humana (art. 1
C.P.), protege de manera especial la honra como derecho (Arts. 2 y 21
C.P.)”[41].
La jurisprudencia ha puntualizado que la honra alude a la
reputación de la persona en un sentido de valoración intrínseca por cuanto “la
honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio
que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no
honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el
concepto objetivo externo que se tiene de nosotros –honra–”[42]; mientras
que el buen nombre hace referencia a “la buena opinión o fama adquirida por
un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de
las acciones protagonizadas por él”[43],
es decir, es un concepto que que gira alrededor de la
conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad[44].
4.3 Una característica definitoria de
la libertad de información en nuestro país es su declaración como un derecho de
“doble sentido o vía”: tiene que ver, por un lado, con el derecho
subjetivo de la persona para difundir unos hechos sin verse sometido a una
coacción desproporcionada y, por el otro, con el derecho en cabeza del
receptor, para recibir una información veraz e imparcial. Se reafirma así la
responsabilidad social asignada a quien hace uso de este derecho[45].
La inclusión de la perspectiva del receptor conlleva a que no cualquier tipo de
información encuentre respaldo constitucional:
“Recuérdese,
sin embargo, que el derecho a la información es de doble vía, característica
trascendental cuando se trata de definir su exacto alcance: no cobija
únicamente a quien informa (sujeto activo), sino que cubre también a los
receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben
reclamar de aquel, con fundamento en la misma garantía constitucional, una
cierta calidad en la información. Esta debe ser, siguiendo el mandato que
reconoce el derecho, ¨veraz e imparcial¨.  Significa ello que no se tiene
simplemente un derecho a informar, pues el constituyente ha calificado este
derecho defendiendo cuál es el tipo de información que protege. Vale decir, la
que se suministra desbordando los enunciados límites, - que son implícitos y
esenciales al derecho garantizado – realiza anti-valores (falsedad,
parcialidad) y, por ende, no goza de protección jurídica; al contrario, tiene
que ser sancionada y rechazada porque así lo impone un recto entendimiento de
la preceptiva constitucional” [46].
Como resultado de lo anterior no es posible establecer una
jerarquía general de la libertad de información frente a otros derechos de
rango constitucional como lo son la dignidad y la honra de los ciudadanos, en
la medida que dentro del régimen jurídico colombiano, esta libertad no se concede
exclusivamente en cabeza del comunicador, sino que con igual fuerza cobija al
receptor.
Es cierto que en ocasiones la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que “cuandoquiera que el ejercicio de la libertad de expresión entre en
conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, su
posición privilegiada exige que se haya de otorgar, en principio, una primacía
a la libertad de expresión”[47].
Precisamente, en atención a que los medios de comunicación tienen un impacto
determinante en la difusión de opiniones e informaciones en la sociedad, lo “que
hace de su actividad un componente fundamental de la democracia, ya que
contribuyen a la formación de la opinión pública, al funcionamiento del sistema
político, promueven el pluralismo, la libertad de pensamiento y expresión, y
favorecen el control sobre los poderes públicos y privados facilitando el
debate libre y abierto entre los diversos sectores”[48].
Pero igualmente cierto es que la
Corte Constitucional ha sostenido que tal prevalencia “es algo que no puede
fijarse de antemano, en abstracto y de manera general”[49], por lo cual
cesará en los eventos en que se demuestre “que el otro derecho, valor o
principio constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de
las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado”[50].
En efecto, no resultaría legítimo que bajo la premisa de un irrestricto
ejercicio de la libertad de comunicación se permita el monopolio en el flujo de
la información y la consecuente fijación de una audiencia cautiva y acrítica,
en detrimento de una verdadera opinión libre, pluralista y democrática[51].
Es por esto que la jurisprudencia ha hecho énfasis en que se
presume un estado de indefensión del ciudadano ante el amplio espectro de influencia
de los medios de comunicación[52],
no solo por el poder económico[53]
que los respalda, sino también en la medida que los sistemas de información son
verdaderas estructuras de poder gracias a su vasto nivel de penetración en la
sociedad:
“[los medios de comunicación son] verdaderas estructuras de poder cuyo
creciente influjo en los más variados ámbitos de la vida social los sustrae de
la simple calificación de "particulares", por oposición al concepto
de "autoridades públicas", para ubicarlos, dentro de un contexto
realista, como organizaciones privadas cuya misma actividad las dota de gran
fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones afectan a la comunidad
entera y, en caso de lesionar los derechos fundamentales de los asociados, lo
hacen con un incontrastable efecto multiplicador”[54].
4.4 En atención a lo expuesto, la
manera más adecuada de resolver los conflictos que surgen alrededor del
ejercicio de la libertad de información no consiste en establecer jerarquías abstractas
frente a otros derechos y valores, sino en “hacer una cuidadosa ponderación
de los intereses en juego teniendo en cuenta las circunstancias concretas”[55].
Por esta misma razón, debe seguirse el principio de armonización y “pluralismo
valorativo”, orientado a la coexistencia entre derechos y a evitar el absolutismo
axiológico[56].
Se trata entonces de ponderar, en cada caso, los derechos
fundamentales en tensión, “de forma que se armonicen o que se evite el
sacrificio desproporcionado de alguno de ellos en función de la preservación de
los otros”[57].
Para el correcto desarrollo de este examen constitucional, la jurisprudencia de
esta corporación ha formulado una serie de directrices que delimitan la
responsabilidad social de los medios de comunicación, así como el tipo de
discursos especialmente protegidos. En los siguientes capítulos se analizan
estos aspectos para luego proceder a estudiar en el caso concreto los derechos
en tensión.
5. La responsabilidad social de los medios de comunicación. Cuatro
límites concretos a su ejercicio.
Como se concluyó en el capítulo anterior, el régimen
constitucional colombiano al tiempo que garantiza la libertad de los medios de
comunicación, prescribe que la misma debe desarrollarse con “responsabilidad
social”. Esta se hace extensiva a los periodistas y particulares que se
expresan a través de los medios, en atención a los riesgos que éstos plantean y
su potencial de lesionar derechos de terceros, así como por su poder social y
su importancia para el sistema democrático[58].
Concretamente, los medios están sujetos a los parámetros de: (i)
distinción entre informaciones y opiniones, (ii) veracidad, (iii) imparcialidad
y (iv) garantía del derecho de rectificación. A continuación, se profundizarán
cada uno de estos límites.
5.1 Distinción entre informaciones y opiniones.
La cláusula constitucional (C.P. art. 20) que salvaguarda la
libertad de expresión, en sentido amplio, concede la protección tanto a la
información como a la opinión. La primera hace referencia a la circulación y
recepción de noticias sobre un determinado suceso de la realidad, relacionadas
con el entorno físico, social, cultural, económico y político; mientras que la
segunda comprende un espectro más subjetivo, vinculado a los pensamientos, las
opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias de hechos reales o
imaginarios, manifestados en ámbitos sociales, académicos, culturales o
políticos, en obras literarias o artísticas, o en medios masivos de
comunicación[59].
Esta distinción adquiere relevancia en la medida que la
información sobre hechos ha de ser veraz e imparcial, “mientras que la
expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de
expresión stricto senso, no está sujeta a estos parámetros. Las opiniones
equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las
acertadas y ecuánimes”[60].
No tendría sentido exigir una opinión veraz, en la medida en que no transmite
hechos sino apreciaciones sobre los mismos; tampoco debería reclamarse
imparcialidad, ya que la opinión es un producto eminentemente subjetivo. Lo
contrario, amenazaría con dar ingreso a un sistema totalitario en donde el
Estado imponga la uniformidad sobre los pensamientos:
“No
existe centro a partir del cual emana la verdad, a la cual los miembros de la
sociedad accedan. Por el contrario, la “verdad” se traduce en un concepto
relativo, producto de la construcción de imaginarios y de sistemas de valores
en la sociedad. Cada grupo social, cada persona y cada sistema de la sociedad
ofrecen versiones propias sobre la realidad, que califica de verdaderas. No
existe un monopolio sobre la verdad.
Admitir
lo contrario, implica un régimen absolutamente totalitario, en la medida en que
cada persona se ve constreñida a diseñar su proyecto de vida a partir de
determinada concepción acerca de lo que se considera verdadero. Se controla,
así, no el diseño del proyecto de vida en sus aspectos particulares, sino que
se impide seleccionar la concepción de lo verdadero que cada persona considera
razonable”.
Una vez precisado el fundamento teórico de esta distinción, surge
la dificultad práctica de distinguir en qué momento estamos en presencia de una
información o de una opinión. La Corte ha reconocido que “resulta complejo
fijar tajantemente una distinción entre hechos y juicios de valor”[61].
En efecto, los medios de comunicación emiten diariamente en sus programas una
gran cantidad de registros, en los cuales se mezclan valoraciones e
informaciones. La situación es particularmente grave tratándose de los
programas informativos, “en donde el oyente está predispuesto a que el medio
presentará exclusivamente datos sobre hechos que han ocurrido”, por lo que
los riesgos de confusión y engaño son mayores. Caso contrario es el del
programa humorístico o recreativo, donde la audiencia “comprende, sin mucha
dificultad, que puede estarse haciendo una parodia de un personaje conocido”[62].
Con base en varios conceptos de las facultades de comunicación
social suministrados en un proceso de tutela, la
Corte ha sugerido unos criterios que el juez debe explorar en cada proceso
para resolver si está en presencia de informaciones u opiniones:
“[i]
las secciones donde se expresen opiniones (la columna de opinión, la editorial,
el suelto o glosa, la columna de análisis) deben diferenciarse claramente de
las secciones que sólo contienen información, a través de una presentación
gráfica diferente. Destacaron también su [ii] corta extensión y su [iii] tono
fuertemente subjetivo, en el que “prima la personalidad de cada autor, su
estilo propio, su entendimiento y dominio del lenguaje” el cual “suele incluir
adjetivos ricos en significado y connotación y juicios de valor.” Por eso,
atendiendo la [iv] alta carga emotiva y subjetiva que caracteriza este género,
ha sido clasificado dentro del ámbito del derecho a la libertad de expresión”[63].
De lo anterior se desprende que las características del medio (v.gr.
si es humorístico o informativo, las subsecciones que contiene) así como la
forma en que se presentan los hechos (lenguaje, extensión y carga emotiva)
resultan de gran ayuda para identificar las situaciones en las que el medio
transmite una información o un juicio de valor con respecto a unos sucesos[64].
5.2 Veracidad.
5.2.1 La veracidad de una
información hace referencia a hechos o a enunciados de carácter fáctico, que
pueden ser verificados[65].
La carga que se exige al periodista en este aspecto es que haga un esfuerzo (a)
previo y (b) razonable de constatación de la información que pretende presentar
como un hecho. El comunicador “solo debe transmitir como hechos, lo que ha
sido objeto de previo contraste con datos objetivos”[66].
En este sentido, la labor informativa exige una diligencia mínima
consistente en un ejercicio previo de verificación de los hechos
incluidos en la información. De este modo, “la
Corte le da importancia a la actitud que el periodista asume en el proceso de
búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha sido diligente a lo largo del
proceso informativo, así la información no sea totalmente exacta”[67].
Para ilustrar lo anterior, se puede citar el caso (T-634 de 2001)
del contralmirante José Luis Cuenca contra la
Revista Cambio, en el cual se abordó la publicación que vinculaba al militar
con el narcotraficante José Castrillón Henao. La revisión constitucional
adelantada no encontró vulneración alguna al principio de veracidad en la
medida que la nota difundida contó con un proceso investigativo previo que
incluyó la “presunta conversación sostenida entre el actor y su interlocutor
la cual fue grabada y transcrita para conocimiento de la opinión pública, así
mismo, el mapa y algunas comunicaciones, informes u oficios cruzados entre  el
mismo personal de la Armada Nacional y al cual se hace referencia en el
artículo publicado por la Revista Cambio. A más de lo anterior, se encuentra
formando parte de la publicación las manifestaciones hechas a la
Revista Cambio por el señor Gian Macchi y la entrevista que la
Revista Cambio realizara al mismo actor en torno a los hechos”.
Ahora bien, el concepto de veracidad también demanda un proceso de
verificación razonable de la información. Es razonable en la medida que
esta responsabilidad “no equivale a la verdad absoluta de los hechos que se
denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística”[68].
Lo que se exige entonces no es una “prueba incontrovertible” acerca de
que la información publicada o emitida[69],
sino “un deber de diligencia razonable con base en el cual sea
factible afirmar que: (i) se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las
fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo expreso de presentar como
ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa y maliciosa de
perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras
personas”[70].
Tal exigencia de razonabilidad en la presentación de la
información se puede ejemplificar en el caso de Hernando Salazar Pérez contra
“El Cazanoticias” (T-260 de 2010), en el que el accionante denunció que, de
manera irresponsable, se publicó un video que fue reportado como un evento de
corrupción en un despacho judicial, al observarse al accionante exigiendo
dinero a cambio de agilizar el desarchivo de unos procesos. En aquella ocasión la
Corte estimó que a partir de lo observado en el video aportado por el
ciudadano denunciante era razonable transmitir la situación como un caso de
corrupción.
“En
primer término, el hecho de que se haya calificado al accionante como
“empleado” judicial no es desproporcionado, puesto que tal aserción hubiera
podido hacerla cualquier ciudadano, en especial porque el señor Salazar Pérez
aparentaba ser funcionario del Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá, y como se
dijo anteriormente, era indistinguible de las personas que efectivamente
laboraban en el despacho, tanto por su actitud, como por las funciones que
parecía estar desempeñando, y la total aquiescencia frente al adelantamiento de
dichas labores, evidente por la inacción de los funcionarios del Juzgado 27
Civil Municipal de Bogotá, frente al señor Salazar Pérez.
(…)
Así
fuera para el transporte, o para lo que fuera, es razonable pensar que el
accionante exigía dinero para el desarchivo de los procesos, cuestión reforzada
por situaciones como las que se aprecian en las grabaciones sin editar en donde
la reportera ciudadana cuestiona al accionante sobre la suma a entregar, este
asiente, recibe el dinero y vuelve a explicarle a la señora que le entrega el
dinero el proceso, de manera que es razonable pensar que la entrega del billete
correspondía a la gestión del desarchivo. Finalmente, el escrito de tutela no
desmiente que el señor Salazar Pérez hubiera recibido alguna suma para
adelantar la gestión de desarchivo del expediente -fuere para lo que fuere
destinada finalmente- pues, se reitera, se dice claramente que el aquí
accionante recibió sumas de dinero, no autorizadas en la normativa aplicable”.
Es válido entonces que los investigadores y periodistas profieran
afirmaciones sobre la ocurrencia de un hecho, cuando a partir del contexto
examinado, resulten inferencias plausibles, incluso si no son necesariamente
ciertas. En todo caso, si luego de publicada resulta que la información es
falsa y afecta los derechos fundamentales de una persona, el medio debe
publicar los hechos correctos[71].
Vale la pena precisar que existen hechos de difícil constatación (ya sea por
razones empíricas o de seguridad), frente a los cuales la jurisprudencia lo que
exige es que no se trasmitan como ciertos y definitivos[72].
En este mismo contexto, la
Corte ha enseñado que el principio de veracidad no implica el uso correcto del
lenguaje técnico o coloquial[73].
A manera de ilustración, la sentencia T-1225 de 2003 no aceptó el reclamo
invocado por un concejal que fue presentado por un diario como “sindicado”
de hurto y “con las manos en la masa”, aunque en sentido estrictamente
legal, no había sido vinculado al proceso penal ni capturado en flagrancia:
“Por
eso, en el presente caso, el uso no técnico, sino natural de la expresión
sindicado por parte del medio de comunicación, no permite entrever la
exposición manifiestamente errónea de los hechos reportados ni un ánimo de
distorsionar la realidad. El antetítulo señalaba claramente que estaba en curso
una investigación por el robo de mercancías y que ésta la estaba adelantando la
policía. Además, el grueso de la información publicada por el diario se refería
a la investigación que la Policía y los organismos de seguridad venían haciendo
del hurto de un camión con una carga de cerveza, agua y gaseosa. El lenguaje
empleado por el reportero para describir los hechos–captura de unas personas, entre
ellas un concejal, recuperación del vehículo y de la mercancía, forma en que
fueron localizados– fue de alto contenido fáctico, absteniéndose de opiniones o
juicios de valor sobre lo informado. El medio no responsabilizó o condenó a
ninguno de los involucrados.
(…)
La
función semántica de la expresión “cogidos con la  mano en la masa”, apreciada
en el contexto de la información, fue la de informar sobre la aparición de la
mercancía robada que, unido a las declaraciones de la persona capturada en el lugar,
asociaban a los accionantes a los hechos investigados. La expresión empleada no
tuvo como propósito responsabilizar a los actores, lo cual fue aclarado en dos
oportunidades por el periodista que, luego de solicitada la rectificación de la
información, corrigió al aire la misma en los términos de lo pedido. En su
connotación habitual, la expresión “cogido con la mano en la masa” puede
significar que la persona ha sido encontrada con la mercancía, hecho sustentado
en el presente contexto con los boletines de la policía, sin que ello implique
necesariamente que se está en una situación de flagrancia –consistente en haber
sido capturado durante la comisión del delito–, como afirman los accionantes.”[74].
5.2.2 Lo que no protege el régimen
constitucional es cuando la difusión de información se produce “con evidente
desprecio por la verdad (es decir, evidente negligencia o imprudencia en la
investigación de unos hechos que no tenían por qué merecer credibilidad)”[75].
A partir de la jurisprudencia[76]
promulgada por esta corporación, es posible identificar tres casos
representativos en los que un medio de comunicación incumple las cargas mínimas
de veracidad que impone la
Constitución Política:
i- Cuando el dato fáctico es contrario a la realidad y fue
publicado por (a) negligencia (soportado solo en rumores, invenciones) o
(b) mala intención del emisor.
Un ejemplo de este tipo de irregularidad se constata en el caso
(T-259 de 1994) de María Auxiliadora Méndez contra “El Espacio”. El periódico
demandado publicó la fotografía del cadáver de su hijo, prácticamente desnudo,
en primera página, bajo un inmenso titular que decía: “¡Tanga Mortal!”.
En el sentir de la solicitante, el despliegue sensacionalista dado al suceso
por el medio informativo no buscaba sino llamar la atención para incrementar
sus ventas. La Corte concedió el amparo al encontrar que el diario no aportó
prueba alguna para justificar la relación que supuestamente existía entre el
uso de la tanga y la muerte violenta:
“El
periódico no podía, sin desconocer expresos mandatos constitucionales,
presentar el fallecimiento de la persona como ligado al uso de la llamada
"tanga", pues no tenía pruebas al respecto. Ni siquiera podía afirmar
que la víctima llevara puesta dicha prenda en el momento de su muerte o en el
del posible ataque del que fue objeto. Menos todavía que aquella hubiera sido
la causa mediata o inmediata de los hechos, pues tal cosa no aparece probada de
manera alguna en el expediente. Por el contrario, la información desplegada en
la página 2 de la mencionada edición permite suponer que el occiso fue víctima
de una dosis de escopolamina u otra clase de droga”.
ii- Cuando la información emitida en realidad corresponde a un juicio
de valor u opinión pero se presenta como un hecho cierto.
La sentencia T-1198 de 2004 expone un caso en este sentido. La señora Claudia Triana Soto de Vargas solicitó
protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y rectificación
de información falsa, los cuales consideró vulnerados por el columnista
Lisandro Duque Naranjo y por el semanario El Espectador, con ocasión de la
publicación de la columna de opinión titulada "Yo conozco a Claudia" en la cual se leía, entre otras denuncias, lo
siguiente:
“(...)
Mientras tanto los cineastas llevamos siete años sin chistar frente a los
abusos de una señora Claudia Triana de Vargas (sic), directora de la empresa
mixta “Proimágenes en movimiento”, quien nos ha tratado como a bobos. Y tal vez
lo hemos sido. Pero antojados de todo este fervor contestatario, envidiosos de
los otros artistas levantiscos, estamos remitiéndonos a la
Procuraduría y a la Contraloría para que visiten a dicha funcionaria, pues el
pillaje y los favoritismos bajo su gestión cruzaron hace rato la raya de la
desvergüenza: contratos innecesarios y sin licitación, apertura de una cuenta
con dineros públicos -sin adquirir póliza y sin solicitar autorización a la
junta directiva- en un banco de amigos al que le faltaba menos de un mes para
quebrarse (¡que prisa!), manipulación de jurados internacionales, a punta de
prebendas, para que premiaran por partida triple (370 millones) al
"representante" de los cineastas escogido a dedo por ella durante tres
períodos seguidos, amén de varias adjudicaciones al mismo avivato a través de
testaferros, son algunos de los hechos punibles cometidos por quien, no
obstante esos antecedentes, ha ejercido el cargo durante tres gobiernos. Una
joyita. Sobre todo porque derrocha con descaro, y entre amigos, los tres pesos
que la avaricia del Estado le destina al cine Y que uno paga en impuestos”.
Teniendo en cuenta la forma en que fue redactada la columna de
opinión, la Corte declaró un abuso del ejercicio de la libertad de expresión, “al
no distinguir la presentación de los hechos de lo que constituyen sus juicios
de valor sobre la gestión de la actora”. De este modo, el confuso veredicto
emitido por el columnista propició que los lectores percibieran a la accionante
“como si fuera realmente responsable penal, disciplinaria y fiscalmente de
las irregularidades denunciadas”.
iii- Cuando la información pese a ser literalmente cierta, es
presentada de manera tal que induce al lector a conclusiones falsas o
erróneas.
La veracidad y la imparcialidad de una información son cualidades
que se predican del conjunto de ella, es decir, para que tales requerimientos
constitucionales se cumplan, es necesario que todos los factores integrantes
del material informativo (título, imágenes, etc.) que llega al público
contribuyan a su realización y no se orienten a la manipulación o tratamiento
arbitrario de una noticia que, en principio, se ajusta a la realidad[77].
Esto se conoce como unidad informativa[78].
De nada sirve que el contenido de la noticia sea exacto si el
titular usado para encabezarla no lo es y viceversa. “Los titulares
determinan, con frecuencia de modo irreversible, el criterio que se forma el
receptor de las informaciones acerca del alcance de las mismas y, en
consecuencia, cuando son erróneos, inexactos o sesgados, comunican el vicio a
la integridad de la información publicada”[79]. Siguiendo este
razonamiento, la Corte (T-040 de 2013) protegió los derechos del señor
Guillermo Martínez Trujillo frente a una nota publicada en el diario “El
Tiempo” que, por su forma de redacción, se prestaba para confundir al lector
sobre la participación del accionante en redes de narcotráfico:
“En
primer lugar, obsérvese cómo el titular de la noticia, y posteriormente el
listado de personas referido al final del artículo –en donde se encuentra el
señor Guillermo Martínez Trujillo- los encabeza como “El cartel de los Llanos”, inducen al receptor a tener por ciertos los hechos de
su membrecía a la mafia descrita, y en ese orden, resulta confusa la
información emitida”.
5.3 Imparcialidad.
En lo referente al principio de imparcialidad de la información, la
Corte Constitucional desde un principio (T-080 de 1993) estableció que “envuelve
una dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos
valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión”. No
significa esto que los medios “deban presentar las noticias como relatos
puros sobre los hechos acaecidos, pues la libertad de opinión de los
periodistas y la defensa del pluralismo autorizan que los medios valoren de
determinada manera lo sucedido”[80].
La pretensión positivista del investigador que se limita a transmitir objetivamente
un hecho corre el riesgo de “llevarse al extremo de vaciar de contenido la
libertad de información”[81].
En últimas, toda interpretación y procesamiento de la información guarda algo
de subjetivo.
El Constituyente del 91 no quiso llegar hasta ese extremo y optó
por vincular la exigencia de imparcialidad al equilibrio informativo, es
decir, al “derecho al público a formarse libremente una opinión, esto es, a
no recibir una versión unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le
impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios
expuestos objetivamente”[82].
En esa medida, cuando un periodista desea emitir una información debe
contrarrestarla con diferentes fuentes y confirmarla, si es el caso, con
expertos en la materia o con la parte directamente implicada, para plantear
todas las aristas del debate[83].
El propósito de esta directriz ha sido explicado por la
Corte Constitucional en razón al altísimo riesgo que implicaría una sociedad
cautiva por medios de comunicación que presentasen exclusivamente la posición
mayoritaria de forma acrítica:
“En
este sentido, debe advertirse que la función estructural que cumple la libertad
de expresión, y en particular la libertad de prensa, de crear condiciones para
una real democracia deliberativa, dentro de la cual sea posible el ejercicio de
control del poder, impone al medio de comunicación que establezca escenarios
dentro de los cuales la opinión pueda ser confrontada por las contrapartes. El
espacio deliberativo se ha de trasladar, de alguna manera, al ámbito periodístico.
A fin de que el foro sea realmente público y democrático, en el cual se genera
una opinión libre, no pueden faltar elementos propios del debate. La ausencia
de contradictores torna a la audiencia en cautiva y con reducidas opciones para
formarse su propia opinión sobre el tema debatido en el foro. Se trata, pues,
de lograr un equilibrio informativo”[84].
Ahora bien, en el contexto de la libertad de expresión, esto no
significa que la persona señalada por el medio de comunicación invoque un “derecho
al micrófono” cuando lo considere pertinente, de quien se considera afectado
con la noticia[85].
El caso (T-298 de 2009) del senador Hernán Andrade Serrano contra el
Diario del Huila ilustra el alcance
del deber de imparcialidad en cabeza de los medios. En este proceso la
Corte estudió la demanda del parlamentario contra el periódico que había
publicado una denuncia en su contra con fundamento en una carta suscrita por empleados
del Hospital de Neiva. Al estudiar el asunto, la
Sala de Revisión encontró probada la vulneración del principio de
imparcialidad (aunque la misma hubiese sido corregida posteriormente) en la
medida que “lo mínimo que se exige al medio es que hubiere llamado al
Senador para preguntar su versión”. Sólo después de hacer este cotejo el
medio podía realmente juzgar la relevancia y seriedad de la información.
Adicionalmente, tal confrontación es la que “permite que los lectores puedan
tener una visión completa sobre los hechos que se denuncian”.
Contrario a lo anterior, en
el proceso (T-260 de 2010) de Hernando Salazar Pérez contra “el caza noticias”
–mencionado anteriormente- la Corte encontró que la presentación de la denuncia
ciudadana fue legítima pese a que no se contó con la perspectiva de la persona
implicada, pero sí de un tercero experto e imparcial:
“En
este punto es conveniente aclarar que el contenido analizado en el presente
caso exhibe una faceta informativa, aquella en la que se hace la introducción
por parte del presentador, Felipe Arias, y los reporteros ciudadanos, y una
segunda, bien diferenciada, en donde un experto en el tema da su opinión. En
punto a la imparcialidad, debe pues destacarse que en la presentación del
contenido, los accionados no desconocieron su deber de presentar la información
sin sesgos y de establecer una diferenciación entre comunicación de hechos y
opiniones.
(…)
Como
antes se mencionó, en el “Cazanoticias” de RCN, no solo se presenta un
contenido informativo, sino que además se escucha la opinión de un experto en
el tema presentado, que en el presente caso correspondió a un profesional del
derecho que conceptuó acerca del video presentado en la introducción de la
sección”.
Es importante mencionar, por último, que para la
Corte fue relevante en este caso que (i) el abogado invitado no hizo
imputación alguna de delitos al accionante, sino más bien realizó una
explicación pedagógica sobre los tipos penales en discusión; y que (ii) las
Directivas de Noticias RCN le propusieron al accionante una fórmula de
rectificación, lo que mostraba la actitud por parte del canal de acceder a las
solicitudes elevadas por el demandante.
5.4 Rectificación en condiciones de equidad.
El artículo 20 de la
Constitución Política al consagrar el derecho fundamental a la libertad de
expresión también estipula la garantía paralela en cabeza del receptor a exigir
la “rectificación en condiciones de equidad”. Se trata, entonces, (i) de
un derecho que tiene el afectado por la información errónea o falsa para que
ésta sea corregida o aclarada, por una parte; y por otra, (ii) de una
obligación del medio de comunicación de aclarar, actualizar o corregir la
información emitida[86].
La Corte Constitucional, en sentencia T-260 de
2010, resumió las características definitorias de este derecho fundamental, de
la siguiente forma:
“(i)
constituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y más cercano
en el tiempo a la concreción del daño; (ii) garantiza la protección de los
derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los
derechos a la libertad de expresión y de información; (iii) no presupone para
su ejercicio que se declare, previamente, la existencia de responsabilidad
civil o penal del comunicador o que se establezca la intención de dañar o la
negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o parcial; (iv)
basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se
exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de
fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla; (v) ofrece una
reparación distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de
responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna “impide que los
efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales”.
(vi) no persigue imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del
agresor por cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la
reputación de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con
igual despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un espacio
destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que
fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad.
Así, “según los términos del acto comunicativo vulnerador, a los sujetos pasivos
deberá aclarárseles que las aseveraciones son realmente sus valoraciones, que
los hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus denuncias no son
arbitrarias sino que tienen unos hechos que lo sustentan”. (vii) no excluye la
posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y moral–, mediante el uso
de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico”.
El derecho de rectificación ofrece de este modo una reparación de
diferente naturaleza que la que se puede obtener a través de una declaración de
responsabilidad civil o penal. Si bien no sanciona con una pena ni define una
indemnización a cargo del agresor, en tanto su objetivo último es la reparación
del buen nombre, la imagen y reputación de la persona afectada, tiene la
ventaja de impedir que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como
acontecimientos reales[87].
La jurisprudencia constitucional[88]
ha diseñado un conjunto de subreglas aplicables
para el restablecimiento del ejercicio informativo veraz e imparcial, las
cuales en atención a su importancia se citan in extenso:
(i) En relación con la garantía de equivalencia ha indicado que ésta no supone una
correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la
publicación inicial y su aclaración o rectificación. Lo fundamental es que la
rectificación o aclaración de la información falsa o parcializada constituya un
verdadero remedio a la vulneración de los derechos de la persona concernida,
para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia,
pues “de lo que se trata es
que el lector – o
receptor – pueda
identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el
artículo enmendado”
(ii) Sobre la oportunidad con la que la rectificación debe ser efectuada para
que cumpla con su cometido de garantizar la protección efectiva de los derechos
de  quien ha sido afectado por una información errónea, ha establecido
que “el medio llamado a
rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud
correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos”
(iii) Respecto de la carga de la
prueba en cabeza de quien solicita la rectificación la
Corte ha considerado dos situaciones distintas: (1) cuando se solicita rectificación de una información
donde se hacen aseveraciones sobre unos hechos concretos, la persona que se
considera afectada con estas informaciones debe presentar las pruebas
pertinentes para sustentar su solicitud de rectificación; (2) cuando las afirmaciones del medio informativo son
injuriosas y se refieren a una persona específica, pero tienen un carácter
amplio e indefinido, es decir no fundadas en hechos concretos, se releva a la
persona afectada de la carga de demostrar su inexactitud por la imposibilidad
en que se encuentra de hacerlo. En estos eventos, surge para el medio la
carga  de sustentar su negativa a rectificar y la de demostrar la
veracidad e imparcialidad de la información trasmitida.
(iv) Ha establecido también la
jurisprudencia que el derecho a la rectificación en condiciones de equidad es
una garantía de la persona frente a los medios de comunicación, que sólo es
predicable de las informaciones más no de los pensamientos u opiniones
considerados en sí mismos. De ahí la imposibilidad de solicitar la
rectificación cuando el contenido que se pretende atacar está exclusivamente en
el campo de las opiniones. Este criterio se ha matizado con la consideración
que existe en cabeza del periodista un deber de cerciorarse razonablemente de
la veracidad de los hechos o de las premisas en los cuales fundamenta su
opinión o juicio de valor, bajo el presupuesto de la buena fe.
(v) Por último, la posibilidad de réplica
por parte del lesionado, no goza de la misma estirpe constitucional del derecho
de rectificación en condiciones de equidad. Si bien la publicación de un texto
en el que la persona afectada asuma su defensa controvirtiendo las afirmaciones
difundidas, favorece el equilibrio con la exposición de diferentes puntos de
vista ante el público receptor, el constituyente optó por exigir la
preservación de la verdad, más que la promoción del equilibrio informativo. En
consecuencia, el mecanismo que la
Constitución concibe y consagra para el restablecimiento extrajudicial de los
derechos fundamentales que sean vulnerados como consecuencia de la
extralimitación en el ejercicio informativo, es el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no la réplica.
En esta medida el contenido de la retractación dependerá de los
derechos que se hayan vulnerado y de la difusión que haya tenido el texto
controvertido: “a los sujetos pasivos deberá aclarárseles que las
aseveraciones son realmente sus valoraciones, que los hechos divulgados se
alejan de la realidad o que sus denuncias no son arbitrarias sino que tienen
unos hechos que lo sustentan”[89].
Este último supuesto de hecho se explica en tanto que el derecho/obligación de
rectificación no debe silenciar a los ciudadanos sino constituir un “límite
orientado a que la acción comunicativa se aleje de afirmaciones irresponsables
que generen confusión en la colectividad que confía en la profesionalidad, el
prestigio y la credibilidad de los comunicadores”[90].
Un aspecto medular de la rectificación en condiciones de equidad
es el deber del medio de comunicación a reconocer explícitamente que se ha
equivocado. Este fue una de las consideraciones de la
Corte para sancionar el comportamiento de CM& (T-626 de 2007) por unas
denuncias erróneas que divulgó el noticiero sobre los supuestos nexos familiares
de Carlos Alfonso Potes Victoria con personas que trabajaban en las empresas (Open
System y Swedtl) acusadas de incurrir en operaciones de triangulación con la
fundación contratante. La Sala de Revisión encontró que si bien en la emisión
de agosto 25 de 2006 “la presentadora admitió que no se refería a familiares
o allegados del demandante, no reconoció explícitamente que se equivocó. Por el
contrario, acudió a argumentos gramaticales y de puntuación irrelevantes que pusieron
en evidencia la reticencia a la rectificación”[91].
Por esta misma razón, se ha insistido que no basta ofrecer una
columna o espacio en el medio de comunicación para que la persona implicada
presente su defensa en relación con la información difundida, cuando se han
presentado hechos y datos ajenos a la realidad. En la sentencia T-1198 de 2004
de Claudia Trono Soto contra “El Espectador” –mencionada anteriormente- la
Sala de Revisión recordó que aunque propiciar el equilibrio informativo es una
manera de mostrarle a los lectores las diferentes posiciones en torno a un
debate público, “la Constitución exige que sea el mismo comunicador
quien repare los perjuicios a través de la rectificación en términos de
equidad, y no que sea el mismo sujeto afectado quien deba defenderse de la
agresión con un escrito de réplica”.
Tampoco resulta suficiente que el medio se limite a leer un
comunicado suscrito por la persona afectada. En el caso de Jeanette Mireya
Duran contra el “Noticiero TV Hoy” (T-332 de 1993), el informativo había
emitido el 6 de diciembre de 1992 una nota según la cual “a dos
ex-secretarios del Gobierno de Arauca se les comprobó vinculación con la
guerrilla, entre ellos a la Secretaria de Hacienda”. Ante el fallo condenatorio
de tutela de instancia el medio procedió a dar lectura a los apartes
pertinentes de la rectificación invocada por la demandante. Inconforme con tal
proceder, la Sala de Revisión señaló que el deber de rectificación “[n]o se
trata de una liberalidad o de un acto generoso de su parte”. Es por ello que
“mal puede entenderse que se rectifique cuando el medio circunscribe su
acción a difundir lo que dice la persona o entidad que ha sido
perjudicada con la información”, ya que esto equivale a “disimular su
falta de veracidad u objetividad trasladando a la persona lesionada la
responsabilidad de desempeñar el papel que en justicia debe cumplir el autor de
las afirmaciones”.
Existe una excepción a la anterior subregla. En los eventos en que
el ejercicio de reparación en cabeza del medio de comunicación se origina no
por la difusión de una información falsa (carga de veracidad), sino por no
haberse contrastado las fuentes de la información (carga de imparcialidad), la
rectificación debida se satisface con la presentación de la opinión del
afectado. En el caso del Senador Hernán Andrade Serrano contra el Diario del
Huila (T-298 de 2009), la Corte constató una trasgresión al principio de
imparcialidad en atención a que el medio no consultó la posición del actor. No
obstante, se produjo la rectificación, aunque tardía e inoportuna, en tanto el
periódico incluyó posteriormente un comunicado del implicado:
“La
no publicación de la opinión de la persona afectada compromete el principio de
imparcialidad y, en consecuencia, da lugar a la publicación posterior de la
información pertinente. Ahora bien, en casos como el presente  en los cuales la
falta consiste en haber dejado de contrastar la información publicada
(vulneración del principio de imparcialidad), la rectificación destinada a
reparar dicha falta, no puede tener otro contenido obligatorio más que la
versión del actor sobre los hechos y los argumentos que, a su juicio,
descalifican la fuente reservada que dio al periódico esas afirmaciones. En
efecto, nada distinto se puede ordenar en casos como el presente, pues pese a
que la información afecta el principio de imparcialidad, no compromete el
estándar de veracidad en los términos señalados por esta Corte”.
En estos casos no se exige un reconocimiento expreso del error, o
la modificación de la información publicada, por cuanto se parte de la base que
los hechos difundidos son ciertos. El problema de imparcialidad se corrige
simplemente exponiendo la versión de la persona implicada.
6. Tipos especiales de discursos.
6.1 Discurso político y sobre figuras públicas.
De acuerdo al sistema interamericano de derechos humanos, si bien
todas las formas de expresión están, en principio, protegidas por la libertad
consagrada en el artículo 13 de la
Convención Americana, existen ciertos tipos de discurso que reciben una
protección especial, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos
humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la
democracia. A partir de la jurisprudencia regional es posible identificar los
siguientes: (i) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (ii)
el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre
candidatos a ocupar cargos públicos; y (iii) el discurso que configura un
elemento de la identidad o la dignidad personales (religión, orientación
sexual, identidad étnica) de quien se expresa[92].
Por guardar conexión con el caso concreto, se desarrollan a continuación los
dos primeros.
Conforme a la jurisprudencia interamericana, la
Sala Plena de la Corte Constitucional ha sostenido que la “publicación de
informaciones e ideas referentes a cuestiones que tienen relevancia pública es
una de las funciones asignadas a los medios de comunicación, y la sociedad
tiene a su vez el derecho a recibirlas”[93].
Pero al tiempo que reivindica la especial importancia que reviste los discursos
relacionados con hechos de trascendencia social, precisa que para delimitar
cuáles temas se enmarcan verdaderamente en el concepto de “interés general”
es necesario analizar dos aspectos: (a) la calidad de la persona y (b) el
contenido de la información.
En lo referente a la calidad de la persona, la
jurisprudencia ha identificado la importancia que adquieren “para la vida
democrática las actuaciones de personas que ejercen una función pública o que
desempeñan una actividad de relevancia social”. En este sentido, no hace
falta ser un funcionario público para verse expuesto a un mayor escrutinio
social, es posible también que cantantes o artistas de reconocida trayectoria
lo sean[94].
En relación a este grupo de personas, se considera que los mismos
han consentido tácitamente en una cierta restricción de sus derechos[95].
Por este motivo se “justifica una reducción en el ámbito de protección de
los derechos constitucionales fundamentales de estas personalidades lo que
supone, por consiguiente, extender el marco de protección para la libertad de
información”[96].
Más aún, tratándose de funcionarios o servidores públicos donde adquiere mayor
sentido la capacidad de vigilancia y control de los medios sobre el correcto
desempeño de los poderes públicos.
Por ejemplo, en el caso del Senador Hernán Andrade contra el
Diario del Huila (T-298 de 2009), la Corte comenzó por advertir las
consecuencias que traía su condición de parlamentario, en relación con el
ejercicio de la libertad de información:
“En
efecto, como ya se ha señalado, cuando una persona ha decidido voluntariamente
convertirse en un personaje público o cuando tiene el poder de administrar de
alguna manera el poder del Estado, tiene el deber de soportar mayores
críticas y cuestionamientos que una persona del común que no ostenta poder
público alguno y que no ha decidido someterse al escrutinio público.
Adicionalmente, en los casos de frontera o casos límite, en los cuales la
relevancia pública de la información no se niega pero tampoco aparece del todo
clara, la opción por la libertad de expresión sobre otros derechos como el
derecho a la privacidad o al honor, se encuentra justificada en los importantes
valores y principios individuales, y sobre todo colectivos, que este derecho
protege”.
(subrayado fuera del original).
El contenido de la información, asimismo, delimita las
materias que se pueden entender como relevantes y, por ende, acreedoras a una
especial protección constitucional. Incluso en personajes de la vida pública no
cualquier tema (menos aún de su intimidad), puede ser considerado como de
interés general. Ha advertido la jurisprudencia constitucional que ni siquiera
la curiosidad pública o el gusto por la sensación, aun cuando despierte la
atención generalizada de las personas, justifica una intromisión de tal
magnitud. En consecuencia, se exige un “interés público, real, serio y
además, actual”[97].
Claro está, lo anterior no significa que en la transmisión de
información de relevancia pública no haya límite alguno a la práctica
periodística. Simplemente significa que se tornan más estrictos los juicios
tendientes a demostrar que no existe “un balance en la opinión o que se
presenta un ánimo persecutorio”[98],
aplicando unos estándares mínimos de veracidad e imparcialidad[99].
6.2 Hechos sometidos a investigación judicial.
Tratándose de hechos sometidos a investigación por parte de los
entes de control y aquellos de los que se derivan imputaciones de conductas
punibles, la Corte ha llamado la atención sobre el especial cuidado que se debe
observar en el tratamiento de esta información[100]. En efecto,
tales noticias ocasionan un alto impacto en el conglomerado social, así como en
la reputación de una persona, sobre todo cuando ella alude a la comisión de
actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso[101].
En tales eventos los medios de información ciertamente tienen
derecho de denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los
que tengan conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados
a esperar a que se produzca un fallo para comunicar al respecto[102].
Sin embargo, deben abstenerse de sustituir al juez o autoridad respectiva,
imputando responsabilidades a los ciudadanos investigados. Han de “ser
diligentes y cuidadosos en la divulgación de la información que incrimine a una
persona, en cuyo caso, deben obtener de la autoridad judicial o administrativa
competente, los elementos fácticos necesarios para corroborar la veracidad de
la información que se pretende divulgar”[103].
La jurisprudencia constitucional, en consecuencia, ha valorado
positivamente cuando las denuncias o noticias en proceso de investigación se
presentan en términos dubitativos, con expresiones como “al parecer (….)”.
De esta forma se evita que la publicación induzca en error a los lectores o
televidentes[104].
Asimismo, es posible que luego de presentar la situación, se invite a un
profesional del derecho para que explique, de forma pedagógica y sin hacer
ningún tipo de incriminación particular, los tipos penales que podrían tener
relevancia en el análisis. En esta dirección se pronunció la
Corte en el caso (T-260 de 2010) de Hernando Salazar Pérez contra “el caza
noticias”:
“En
opinión de la Sala, el hecho de que el abogado hubiera ilustrado sobre el tipo
penal de cohecho propio, luego de decir que lo primero que tenía que hacer el
denunciante era dirigirse ante la autoridad competente, saca la afirmación del
campo de una acusación sobre la autoría de un delito, pues se deja claro que es
precisamente la Fiscalía, a través de los organismos de policía judicial
quienes deben tramitar lo correspondiente a la situación que se aprecia en el
video. Posteriormente lo que se hace es ilustrar a la audiencia sobre los
elementos constitutivos de un tipo penal, que en opinión del experto, podría
estarse cometiendo”.
La Corte Constitucional ha admitido incluso que dentro
de un Estado social y democrático de derecho, los comunicadores, periodistas y
formadores de opinión pueden legítimamente reprochar una conducta que
consideren irregular, amañada o maliciosa, pese a que la situación haya sido ya
dirimida ante los órganos jurisdiccionales del Estado:
“De
una parte, que en una democracia constitucional no es posible centralizar en el
sistema jurídico la calificación de la conducta de las personas. La separación
entre derecho y moral, así como del derecho del sistema de valores religiosos,
(separación indispensable para lograr una sociedad plural), obliga a aceptar
que a partir de cada sistema social es posible realizar juicios de valor
respecto de la conducta de las personas y, en particular, de los funcionarios
estatales.
(…)
Por
otra parte, pretender un monopolio absoluto sobre el reproche en cabeza del
sistema jurídico, conduciría a paralizar el proceso de transformación del
sistema de valores de la sociedad, en la medida en que sólo resultarían
legítimos los reproches jurídicamente sancionados”[105].
En suma, las actuaciones que se encuentran en investigación por
los órganos del Estado merecen un especial cuidado por parte de los medios de
comunicación, los cuales deben realizar una verificación juiciosa de la
información y abstenerse de sustituir a las autoridades de la
República en la adjudicación de responsabilidades de orden legal. Lo anterior
no obsta para que los medios divulguen los datos disponibles, sin tener que
esperar que se profiera el fallo correspondiente, e incluso, una vez proferido
este, continúen reprochando una determinada conducta desde otras esferas de
control de la sociedad.
7. Resolución del caso concreto.
Luego de haber presentado el marco conceptual en torno a la
protección de la libertad de expresión y de información, así como la
responsabilidad social de los medios de comunicación dentro del orden
constitucional colombiano, se procede a resolver la demanda de amparo invocada
por los ciudadanos Wilson Neber Arias y Aleyda Murillo Granados en contra de
CM& y el SENA.
Para comenzar, es importante hacer algunas consideraciones
generales sobre el contenido de la información difundida en este caso. En
primer lugar, se tiene que la sección “1,2,3”, en donde se emitieron las notas
atacadas, hace parte del “Noticiero CM&”, el cual se proyecta de
lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal Uno. Se trata de un programa de
carácter noticioso, como su propio nombre lo indica, pero que se encuentra
dividido en cuatro secciones: (a) información nacional; (b) deportes; (c)
farándula; y (d) el “1,2,3”. Considera la
Corte que para el televidente promedio es fácil distinguir la última sección
como un segmento mayormente cargado de opinión, a diferencia del primero, el
cual solo se encarga de la transmisión de hechos de relevancia nacional, sin ningún
análisis o comentario ulterior. En efecto, el fragmento del “1,2,3” se presenta
separadamente al final del noticiero, tiene una corta extensión y en el se
suele recurrir a un tono subjetivo y emotivo por parte de sus presentadoras,
las cuales además son distintas de las que introducen las noticias en la primera
parte del noticiero. En suma, la sección del “1,2,3,” se diferencia del
componente estrictamente informativo del noticiero, al combinar hechos de la
realidad nacional con análisis y comentarios periodísticos.
En segundo lugar, es preciso señalar que las emisiones que
originaron este proceso de tutela tienen como contexto fáctico las
manifestaciones protagonizadas por numerosos estudiantes del SENA, regional
Cali, en mayo de 2013. Se trata, entonces, de un discurso especialmente
protegido debido a que aborda un asunto de interés público relacionado con la
protesta ciudadana y con el funcionamiento del mayor centro de aprendizaje
técnico del país.
En tercer lugar, se observa que los ciudadanos mencionados, Wilson
Neber Arias y Aleyda Murillo, ostentan la calidad de figuras públicas, por cuanto
el primero es Representante a la Cámara y la segunda, presidenta del sindicato
SINDESENA. En virtud de la jurisprudencia constitucional e interamericana, según
se ha explicado, los mismos son objeto de un mayor escrutinio por parte de los
medios de comunicación.
Una vez dicho esto, se procede a analizar por separado las tres
emisiones relacionadas con los accionantes. En cada una se evaluará el
cumplimiento de las directrices fijadas por la
Carta Política y la jurisprudencia.
7.1. La emisión del 17 de mayo de 2013 respetó el principio de
veracidad -aunque la información difundida resultó ser falsa- pero incumplió la
carga de imparcialidad.
7.1.1 La nota del 17 de mayo de 2013
introduce varias afirmaciones sobre la conducta de los accionantes. En el caso
específico de Wilson Neber Arias Castillo, sostiene que (i) manipuló a los
estudiantes para sus intereses políticos, (ii) fue el organizador de la
protesta que tuvo lugar en la ciudad de Cali y que (iii) aprovecha su
influencia sobre el sindicato de la entidad para desinformar sobre los
proyectos de la institución. Asimismo, la periodista denuncia que tanto el
señor Arias como Aleyda Murillo Granados (iv) hacen política a costa del SENA.
Aunque posteriormente el señor Arias desmintió su participación en
la manifestación referida y que el supuesto volante que lo postulaba, en
compañía de la líder sindical, al Congreso de la
República, era falso, considera la Sala de Revisión que el deber de veracidad
se respetó en tanto el medio realizó una investigación previa y razonable,
antes de difundir la noticia.
En efecto, la información presentada se basó[106] en (i) los
testimonios de altos ejecutivos del SENA y (ii) en un volante (que fue aportado
por una fuente del noticiero) supuestamente distribuido en la ciudad de Cali el
día de la manifestación, con en el cual se promovían las intenciones
electorales de Wilson Neber Arias y Aleyda Murillo. Lo anterior, sumado a (iii)
la vida pública de los accionantes y su activismo dentro del SENA -que ellos
mismos reconocen- hacía razonable pensar, en ese momento inicial, que la
propaganda electoral hubiera sido repartida para su propio interés y aprovechando
la indignación de los estudiantes con sus directivos.
Exigir, como pretenden los accionantes, que el medio previamente comprobase
la autenticidad del volante distribuido y que consultase el calendario
electoral para establecer si era válido que en esa fecha los demandantes iniciaran
sus campañas políticas, constituye una carga adicional que, aunque ideal, no es
exigible legalmente. En el marco de la libertad de información, el noticiero no
está en el deber de indagar por la “verdad absoluta e incontrovertible”
de los hechos, en tanto que una obligación tan alta corre el riesgo de anular
la transmisión oportuna de los sucesos de relevancia nacional. Verificar la
autoría de un volante entregado en una multitudinaria manifestación supera el
nivel de investigación razonable que se espera de un medio; valorar una
conducta a partir del calendario electoral es una competencia especializada que
no le corresponde a los medios. Además, en este caso concreto, urgía comunicar
oportunamente a la sociedad sobre unas manifestaciones ocurridas el día
anterior en Cali y que tuvieron gran impacto en la ciudadanía.
No obstante, posteriormente se demostró que el volante era
engañoso y malintencionado porque el señor Wilson Neber Arias realmente esperaba
ser reelegido como Representante a la Cámara y no como Senador. Igualmente, la
señora Aleyda Murillo manifestó no tener aspiraciones en el Congreso de la
República, al cual en todo caso no podría postularse en tanto no renunció en
el término legal a su condición de servidora pública. Por esta razón, aunque no
se pueda predicar la evidente negligencia del noticiero CM& en el proceso
investigativo, sí existe la obligación de rectificar la información errada.
7.1.2 En lo que concierne al deber
de imparcialidad, la Corte encuentra que la emisión del 17 de mayo desconoció
los supuestos mínimos fijados por la jurisprudencia al haber propiciado la
transmisión de una noticia unilateral y pre-valorada. Para cotejar la supuesta
manipulación política de los aprendices del SENA y la información contenida en
el volante, el noticiero CM& se limitó a consultar la denuncia con los “altos
ejecutivos del SENA”. Por el contrario, el medio de comunicación debió
haber buscado obtener la posición de los implicados (Wilson Neber Arias y
Aleyda Murillo), o por lo menos de terceros neutrales al debate. Lo anterior
resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que los ciudadanos Arias y
Murillo han criticado constante y públicamente la orientación que está tomando
el SENA en manos de sus nuevos directivos, por lo cual no era admisible fiarse
exclusivamente de una de las posiciones enfrentadas en este debate.
Este tema adquiere cardinal relevancia en el sistema
constitucional colombiano, en la medida que para la formación de una sociedad
verdaderamente democrática, es indispensable incluir y dar voz a los
contradictores, para que así la audiencia pueda formarse su propia opinión. Las
posiciones críticas, vehementes, e incómodas para algunos sectores, de los ciudadanos
Wilson Neber Arias y Aleyda Murillo, en tanto representantes de un partido de
oposición y del sindicato del SENA, deben ser proyectadas, en condiciones de
equivalencia, con aquellas que exponen los directivos de la institución. Con
esta omisión, el noticiero CM& desconoció igualmente el derecho de la
sociedad colombiana a tener una visión completa sobre los sucesos acaecidos,
sobretodo tratándose de una situación de protesta y malestar estudiantil.
7.1.3 La difusión de la información
en estas condiciones trasgredió el derecho al buen nombre de los accionantes. En
el caso de Wilson Neber Arias, se le acusó infundadamente de manipular y aprovecharse
de la indignación de los aprendices del SENA para sus intereses políticos, afectando
con ello su trayectoria pública de acompañamiento y asesoramiento a las
reclamaciones de los estudiantes y los trabajadores de la institución. Esto se
evidencia en la multiplicidad de correos electrónicos aportados al proceso, en
los que se le califica como “manipulador de estudiantes” y “organizador
de una protesta que terminó en disturbios públicos”. Información que fue
replicada por otros medios de comunicación. Además, el hecho de haber
comenzado, supuestamente, a repartir publicidad política por fuera de las
fechas establecidas en el régimen electoral, podría ocasionarle una sanción.
Aleyda Murillo Granados también aportó copia de varios correos
electrónicos que, con base en la noticia proyectada por CM&, la señalaron
de haber utilizado el sindicato como “trampolín sindical político” y de
incurrir en prácticas “politiqueras”, ajenas a su responsabilidad como
líder de los trabajadores. Igualmente, la aspiración electoral –que ella misma
descartó- tendría efectos disciplinarios negativos dada su condición actual de
servidora pública. Sostener que alguien aspira a un cargo de elección popular
no tiene la potencialidad, per se, de afectar el buen nombre, pero sí
cuando también se le acusa de hacerlo de una forma desleal y en contravía con
la legislación.
7.1.4 Por otro lado, la invitación
de la presentadora a que los estudiantes hagan “una manifestación contra los
políticos que manipulan la institución” y expresiones como “escandalosa
manipulación”, no encuentran reparo por parte del juez constitucional. Es
claro que su contenido emotivo y valorativo, lo ubica dentro del espectro de la
libertad de opinión, la cual como se dijo anteriormente puede ser equívoca y
parcializada; lo que se reprocha es que estén fundamentadas en un hecho errado
(la distribución de un volante electoral) y en la opinión de una sola de las
partes implicadas (altos directivos del SENA). Además, las personas aludidas
son sujetos de la vida pública que, como tales, están necesariamente expuestos,
en mayor medida, a la crítica y el control social.
7.1.5 En síntesis, el noticiero
CM& no vulneró el principio de veracidad en tanto que la información
difundida sobre la distribución de volantes electorales y el aprovechamiento
político del SENA por parte de los señores Arias y Murillo, resultaban ser
inferencias y opiniones plausibles al momento de preparación de la noticia. En
todo caso, aunque no se avizore la evidente negligencia o mala fe del medio
investigador, tal información debió ser rectificada en condiciones de equidad
porque posteriormente se evidenció su alejamiento de la realidad.
Por otro lado, la nota periodística demuestra una violación del
principio de imparcialidad por cuanto la información proyectada jamás fue
contrastada con los directos implicados, sino que el noticiero CM& limitó
su investigación a la versión presentada por los directivos del SENA,
reconocidos opositores políticos de los accionantes.
7.2. Las emisiones del 20 de mayo de 2013, aunque remedian el
déficit de equilibrio informativo, no constituyen una rectificación válida.
Según lo expuesto en el acápite anterior, el noticiero CM&
estaba en la obligación de corregir la información falsa, pero en la que
razonablemente había confiado, así como reivindicar el principio de
imparcialidad que se espera de su ejercicio.
7.2.1 El 20 de mayo de 2013, la
presentadora del “1,2,3” anunció una solicitud de aclaración invocada
por el Representante Wilson Neber Arias. A continuación, leyó algunos extractos
de la misiva enviada por el accionante. Este ejercicio no puede entenderse,
bajo los parámetros constitucionales, como una rectificación en condiciones de
equidad. La jurisprudencia exige que sea el comunicador quien repare los
perjuicios y “no que sea el mismo sujeto afectado quien deba defenderse de
la agresión con un escrito de réplica”[107].
En efecto, el medio de comunicación no se encuentra autorizado para trasladar a
la persona lesionada la responsabilidad de rectificar la información.
7.2.2 Es claro también que no
existió voluntad del noticiero CM& en reconocer su equivocación. Por el
contrario, al finalizar de esa misma emisión se introdujo otra nota, a manera
de “ñapa”, en la que se exponía la posición de la directora del SENA
sobre el asunto. Frente a lo anterior, cabe hacer dos comentarios. En primer
lugar, el comunicado aportado por la señora Gina Parody en nada contradice o ratifica
la información emitida el 17 de mayo. No se refiere a la veracidad del volante
distribuido, ni a la supuesta manipulación de los estudiantes por parte de los
accionantes. Es más, la carta da muestras de respeto por el Representante
Wilson Neber Arias, con quien la directora afirma haberse reunido en ocasiones
anteriores. El propósito de la carta es, más bien, presentar la posición de la directora
con respecto a lo que en su opinión son calumnias -impulsadas por
“politiqueros” a quienes no identifica- sobre el rumbo de la institución
educativa.
La falta de voluntad del noticiero CM& en rectificar la
información se evidencia, asimismo, en el título con que se encabezó la
intervención de la señora Gina Parody: “Mi ñapa: la directora del SENA, Gina
Parody, no solo no rectifica, sino que confirma la noticia”. La
Corte Constitucional ha destacado que para el cumplimiento de la veracidad e
imparcialidad, es necesario que todos los factores integrantes del material
informativo (título, imágenes, etc.) que llegan al público, contribuyan a su
realización y no se orienten a la manipulación o tratamiento arbitrario de una
noticia[108].
Concepto que se conoce como “unidad informativa”[109]. En este
caso, CM& tituló la nota de forma tal que la audiencia desprevenida pensara
que la directora del SENA confirmaba la denuncia contra los señores Arias y
Murillo, lo cual, en realidad, no se compadecía con lo plasmado por la señora
Parody en su misiva.
7.2.3 Hasta este momento, no se ha subsanado
la información falsa publicada el 17 de mayo sobre la manipulación de los
estudiantes y la propaganda electoral supuestamente distribuida por los
accionantes. No obstante, la inclusión de la carta enviada por el Representante
Wilson Arias al noticiero CM& sí contribuye al restablecimiento del
equilibrio informativo. Aunque se leyeron solo algunos extractos del documento,
se acogieron todos los aspectos claves formulados por el parlamentario. En esta
medida, el reproche del apoderado judicial de los accionantes, en razón a la
lectura editada de la carta, no prospera.
Lo que sí echa de menos esta Sala de Revisión, al igual que hizo
el juez de tutela de instancia, es que el noticiero CM& no haya contestado,
de ninguna forma, la solicitud de rectificación pedida por Aleyda Murillo
Granados. Si bien su reclamo está orientado en el mismo sentido que aquel
presentado por el Representante Arias, el medio de comunicación estaba en la
obligación de responderle.
7.2.4 En síntesis, las dos notas del
20 de mayo de 2013 no rectificaron la información errada. Por el contrario, la
intención del noticiero es la confirmación de la denuncia en contra de los
accionantes. En todo caso, la inclusión del comunicado enviado por el señor
Wilson Neber Arias ayuda a subsanar, en parte, el déficit de equilibrio
informativo.
En virtud de lo establecido, se confirmará el fallo de segunda
instancia proferido por el Tribunal Superior de Cali, Sala de Decisión Civil,
el cual concedió el amparo impetrado por la señora Aleyda Murillo y ordenó al
noticiero CM& llevar a cabo la rectificación de la información, en
condiciones de equidad. El siguiente acápite examinará el contenido de la
reparación desplegada por el ente demandado, en cumplimiento de ese fallo de
tutela.
7.3. La emisión del 14 de agosto de 2013 rectifica la información
proyectada por el noticiero CM& en relación con los accionantes. No
obstante, se ordenará aclarar el contenido de la página web.
En cumplimiento del fallo de tutela emanado del Tribunal Superior
de Cali, el noticiero CM&, en su programa del 14 de agosto de 2013, corrigió
la información. La Sala Quinta de Revisión considera que el mismo satisface los
requisitos jurisprudenciales de la rectificación en condiciones de equidad para
ambos accionantes, pese a que solo haya sido decretada inicialmente dentro del
expediente de Aleyda Murillo Granados.
7.3.1 Lo primero que se observa es que
la rectificación se publicó dentro del mismo espacio televisivo, a saber la sección
“1,2,3” del noticiero CM&, dedicando uno de los acápites de la misma a la
corrección de la información. Sin embargo, el texto contenido en la página web
del medio podría inducir al error al lector desprevenido, en tanto el resumen
de las notas del 17 y 20 de mayo permanece intacto y no permite entender que
fueron posteriormente rectificadas. De acuerdo al concepto de “unidad
informativa”, según se explicó anteriormente, todos los elementos de una
noticia deben contribuir a la transmisión veraz e imparcial. Por ello, se
ordenará incluir una nota aclaratoria en este sentido.
7.3.2 La periodista contextualizó,
de forma sumaria, la noticia inicialmente difundida, proyectando uno extractos
de tal emisión (17 de mayo de 2013) y haciendo especial énfasis en el volante
que evidenciaba el aprovechamiento político de la marcha de los aprendices del
SENA.
7.3.3 Ha dicho la jurisprudencia que
la garantía de equivalencia no supone una correspondencia matemática entre las
emisiones, sino que lo fundamental es que tenga igual despliegue e importancia
para que el receptor pueda identificar con facilidad la relación existente
entre la rectificación y el artículo enmendado[110]. En efecto,
lo que la Constitución Política expresamente demanda en su artículo 20 es “la
rectificación en condiciones de equidad”.
El presente caso ejemplifica una situación en la que si bien no
existe una plena igualdad entre la información incorrectamente difundida y la
corrección, la rectificación cumple con la finalidad constitucional propuesta.
El 17 de mayo de 2013 el noticiero sostuvo en el caso específico de Wilson
Neber Arias Castillo que este (i) manipuló a los estudiantes para sus intereses
políticos, (ii) fue el organizador de la protesta que tuvo lugar en la ciudad
de Cali y que (iii) aprovechaba su influencia sobre el sindicato de la entidad
para desinformar sobre los proyectos de la institución. Asimismo, la periodista
denunció que tanto el señor Arias como Aleyda Murillo Granados (iv) hacían
política a costa del SENA.
Con la rectificación presentada el 14 de agosto, la periodista
aclaró que (i) los accionantes “no estaban haciendo política con el SENA”,
que (ii) el volante que sirvió para sustentar la noticia “era falso” y
que (iii) fue “asaltada en [su] buena fe por altos ejecutivos del
SENA”. Si bien la presentadora no se refirió por separado a cada una de las
denuncias hechas con anterioridad, la rectificación permitió corregir el
aspecto central de la denuncia original, a saber, el aprovechamiento del SENA
para fines políticos por parte de los accionantes. En efecto, la nota del 17 de
mayo concluía que los accionantes hacían política a costa del SENA, para lo
cual se aprovechaban de los aprendices de la entidad y de la protesta, como
herramientas.
La rectificación desmintió además las dos pruebas que inicialmente
le sirvieron de apoyo para transmitir la noticia: el volante y la opinión de
altos directivos del SENA. En esta medida, la nota inicial pierde la base
probatoria en que se fundamentó.
Asimismo, cabe recordar que en este caso concreto los accionantes ostentan
la calidad de figuras públicas y el contenido sobre el cual giró la noticia (manifestaciones
de estudiantes del SENA) es objeto de un interés real, serio y actual. Por
ello, las condiciones de rectificación se hacen menos rigurosas. Claro está,
esto no significa que se desconozca a estas personas el derecho fundamental a
la corrección de la información errada, sino que la misma se examina de una
forma menos exigente, teniendo como criterio rector que se cumpla con la
finalidad de corregir la información y que la audiencia entienda con facilidad
este propósito.
7.3.4 En el memorial allegado en
sede de revisión, el apoderado de los accionantes asevera que la rectificación
fue incompleta en tanto el noticiero
debió afirmar que lo hacía en acatamiento de una orden judicial y porque nada
mencionó sobre la vulneración al derecho fundamental al buen nombre y a la
honra que se ocasionó a los accionantes. Al respecto, cabe mencionar que la
única exigencia que hace la jurisprudencia es que el comunicador reconozca
explícitamente que se ha equivocado, pero para esto no existe ninguna fórmula
sacramental sobre cómo hacerlo. Es posible que el periodista acepte llanamente
que se equivocó o, como hizo en este caso, manifieste que fue asaltado en su
buena fe. No hay necesidad de aseverar que se trata del cumplimiento de una
orden judicial, a menos que el juez de amparo así lo considere indispensable
dadas la particularidades del caso. Por ejemplo, cuando evidencie la reticencia
del medio a corregir la información y, en consecuencia, disponga él mismo el
texto que el comunicador debe presentar al público.
Tampoco hace falta que el medio de comunicación se pronuncie sobre
la vulneración a los derechos fundamentales de las personas implicadas, en
tanto éste no es un asunto de su competencia.
7.3.5 Por último, la solicitud de
compulsar copias contra los directivos del SENA, por ser los presuntos
orquestadores del volante falso y la información incorrecta, no será acogida.
La revisión de tutela no es el escenario para discutir asuntos propios de la
jurisdicción penal, a la cual, en todo caso, ya recurrió el señor Wilson Neber
Arias.
7.4. Sentido de la decisión.
La Sala Quinta de Revisión, habiendo constatado que
el noticiero CM&, en su emisión del 17 de mayo de 2013, proyectó una
información errada (aunque obtenida de forma razonable) y parcializada sobre la
conducta de los ciudadanos Wilson Neber Arias y Aleyda Murillo Granados,
concederá el amparo del derecho fundamental al buen nombre de los accionantes,
así como la protección al derecho a la información, en cabeza de la sociedad.
En este sentido y por las razones expuestas, se confirmará la
decisión del Tribunal Superior de Cali que concedió el amparo y ordenó al medio
de comunicación rectificar la noticia, pero revocará la providencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, concederá el amparo
de los derechos deprecados, pero no proferirá una orden de rectificación
adicional, en la medida que con la emisión del 14 de agosto de 2013 se entiende
subsanada la trasgresión al buen nombre para ambos accionantes.
Adicionalmente, se ordenará al noticiero CM& que en las
páginas web que resumen las secciones del 17 y 20 de mayo de 2013, relacionadas
con la conducta de los ciudadanos Wilson Neber Arias Castillo y Aleyda Murillo
Granados, incluya una nota aclaratoria, de forma visible, en la que advierta al
lector que la respectiva información fue posteriormente rectificada. Además,
debe incluir un “link” que remita a la corrección del 14 de agosto de
2013.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala de Decisión Civil, el 5 de
agosto de 2013, dentro de la acción de tutela instaurada por Aleyda Murillo
Granados, mediante la cual se concedió el amparo y ordenó al noticiero CM&
rectificar la información emitida el 17 de mayo de 2013.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 30 de julio de 2013, dentro de la acción de tutela instaurada
por Wilson Neber Arias Castillo, mediante la cual se negó el amparo y, en su
lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la
información y al buen nombre.
TERCERO.- ORDENAR al
noticiero CM& que, en el término de tres (3) días, contado desde la
fecha de notificación de la presente sentencia, incluya en
las páginas web que contienen el resumen de las secciones “1,2,3” del 17
y 20 de mayo de 2013, relacionadas con la conducta de los ciudadanos Wilson
Neber Arias Castillo y Aleyda Murillo Granados, una nota aclaratoria, de forma
visible, en la que advierta al lector que la respectiva información fue
posteriormente rectificada. Además, debe incluir un “link” que remita a
la corrección del 14 de agosto de 2013.
CUARTO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
El noticiero CM& presenta en su página web oficial los
videos de la sección 1,2,3 con un título o encabezado para cada nota. Se puede
revisar en el siguiente link http://www.cmi.com.co/?n=106587.
Consultada el 23 de febrero de 2014.
[2]
Según se lee en la página web oficial del noticiero http://www.cmi.com.co/?n=106748. Consultado el 23 de febrero de 2014.
[3]
Según se lee en la página web oficial del noticiero. http://www.cmi.com.co/?n=106747. Consultada el 23 de febrero de 2014.
[4]
Cuaderno 1, fl. 34.
[5]
Cuaderno 1, fl. 36.
[6]
Cuaderno 1, fl. 79.
[7]
Cuaderno 1, fl. 31.
[8]
Cuaderno 1, fl. 127.
[9]
Cuaderno 1, fl. 199.
[10] Según
se lee en la página web oficial de la sección. http://www.cmi.com.co/?n=113206
Consultada el 23 de febrero de 2014.
[11] Cuaderno
de revisión, fl. 17.
[12] Ibíd.
[13] Cuaderno
de revisión, fls. 21-25.
[14] Cuaderno
de revisión, fls. 29-61.
[15] Cuaderno
de revisión, fl. 31.
[16] Cuaderno
de Revisión, fl. 26 y 28.
[17] Cuaderno
de Revisión, fl. 67.
[18] “El
artículo 20 de la Carta Política consagra simultáneamente varios derechos y
libertades fundamentales distintos, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 93 y 94 de la Carta Política, se ha de interpretar a la luz de los
tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan a
Colombia y que contienen disposiciones sobre el particular. A la luz de tales
instrumentos internacionales, se tiene que el artículo 20 de la
Constitución contiene un total de once elementos normativos diferenciables:
(a) La libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones,
informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier
medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de
expresión stricto senso, y tiene una doble dimensión – la de quien se
expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando.  (b)
La libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones
de toda índole, que junto con la libertad de informar y la de recibir información,
configura la llamada libertad de información. (c) La libertad de
informar, que cobija tanto información sobre hechos como información sobre
ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio de expresión; junto
con la libertad de buscar información y la libertad de recibirla, configura la
llamada libertad de información. (d) La libertad y el derecho a recibir
información veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de
toda índole, por cualquier medio de expresión. Junto con los anteriores
elementos, configura la libertad de información. (e) La libertad de
fundar medios masivos de comunicación. (f) La libertad de prensa, o libertad de
funcionamiento dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente
responsabilidad social. (g) El derecho a la rectificación en condiciones de
equidad. (h) La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,  (i) La prohibición de la
propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito,
cualificada y precisada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, (j) La prohibición de la pornografía infantil, y (k) La
prohibición de la instigación pública y directa al genocidio”. Sentencia T-391 de 2007.
[19] Uprimny Rodrigo et al. Análisis
de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992 - 2005). Bogotá:
Dejusticia y Konrad Adenauer Stiftung, 2006. p. 13. Este capítulo se soporta
principalmente en este texto así como en “Freedom of speech” de Eric
Barendt.
[20]
Barendt, Eric. Freedom of speech. Oxford: Oxford University Press, 2009.
p. 2.
[21] Uprimny
et al. Op. cit. p. 60.
[22] Las diez primeras
enmiendas (“Bill of Rights”) fueron ratificadas en diciembre 15 de 1791.
Versión en español consultada en http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html.
[23] Uprimny
Op. cit. p. 83.
[24] Ley
Fundamental de Alemania, art. 1º.
[25]
Uprimny. Op. cit. p. 65.
[26]
Uprimny. Op. cit. p. 72.
[27] Para un
análisis más completo ver la sentencia T-391 de 2007 y el libro Análisis de
la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992 - 2005). Uprimny Rodrigo
et al. Bogotá: Dejusticia y Konrad Adenauer Stiftung, 2006.
[28] Sentencia
T-391 de 2007.
[29] Uprimny.
Op. cit. p. 7.
[30] Sentencia
T-391 de 2007.
[31] Uprimny. Op. cit. p. 7
[32]
Barendt. Op. cit. p. 9.
[33]
Barendt. Op. cit. p. 9.
[34] Owen
Fiss. La ironía de la libertad de expresión. Citado en Uprimny Op. cit.
p. 89.
[35]
Uprimny, Op. cit. p. 92.
[36]
Uprimny, Op. cit. p. 8.
[37] Barendt. Op. cit. p. 13.
[38] “A este
respecto, si el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo tiende
a la realización personal de quien se expresa, sino a la consolidación de
sociedades verdaderamente democráticas, el Estado tiene la obligación de
generar las condiciones para que el debate público no sólo satisfaga las
legítimas necesidades de todos como consumidores de determinada información (de
entretenimiento, por ejemplo) sino como ciudadanos. Es decir, tienen que
existir condiciones suficientes para que pueda producirse una deliberación
pública, plural y abierta, sobre los asuntos que nos conciernen a todos en
tanto ciudadanos y ciudadanas de un determinado Estado.” Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Op. cit. p. 4.
[39] Ibídem.
[40] Sentencia
T-391 de 2007.
[41] Sentencia T-332 de 1993.
[42] Sentencia C-063 de 1994
[43] Sentencia T-411 de 1995.
[44] Sentencia T-260 de 2010.
[45] Sentencia SU-1723 de
2000.
[46] Sentencias T-552 de 1992
y SU-056 de 1995, T-605 de 1998 y SU-1723 de 2000.
[47] Sentencia
T-391 de 2007. Ver también T-260 de 2010.
[48] Sentencia T-219 de 2009.
[49] Sentencia T-260 de 2010. De acuerdo a Rodrigo Uprimny et al “Se trata
entonces, según la terminología de ciertos autores y de los propios órganos
judiciales, de una relación de preferencia condicionada, y no abstracta o
absoluta, pues la decisión con base en uno de los principios no depende de su
primacía en todos los eventos de conflicto, sino de su mayor peso relativo en
el caso concreto” Op. cit. p. 73.
[50] Sentencia T-391 de 2007.
[51] Sentencia T-1319 de 2001
y T-213 de 2004. En el sistema interamericano de derechos humanos, la
Comisión ha denominado este riesgo latente como restricciones indirectas a la
libertad de expresión por causas distintas al abuso de restricciones estatales:
“Los relatores para la libertad de expresión de la
ONU, la OEA y la OSCE han abordado el tema de las restricciones indirectas a
la libertad de expresión derivadas de factores económicos y comerciales en
distintas declaraciones conjuntas. Así, por ejemplo, en la
Declaración Conjunta de 2001 afirmaron que, “deben adoptarse medidas efectivas
para evitar una concentración indebida de la propiedad en los medios de
difusión”, y que, “los propietarios y los profesionales de los medios de
difusión deben ser estimulados para concertar contratos que garanticen la
independencia editorial; los aspectos comerciales no deben incidir indebidamente
en el contenido de los medios de difusión”. De igual forma, en la
Declaración Conjunta de 2002 se declararon conscientes de, “la amenaza que
plantea la creciente concentración de la propiedad de los medios de prensa y
los medios de comunicación, en particular para la diversidad y la independencia
editorial”; y afirmaron que “los propietarios de los medios de prensa tienen la
responsabilidad de respetar la libertad de expresión y, en particular, la independencia
editorial”. Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Op. cit. p. 59.
[52] Sentencia
T-040 de 2013.
[53] “No cabe duda a la
Corte en el sentido de que los periódicos y en general los medios de
comunicación son en efecto organizaciones privadas que deben su poder, aparte
de la fortaleza económica que poseen en muchos casos, a su inmensa capacidad de
penetración en las distintas capas de la sociedad, al excepcional dominio que
ejercen sobre el conglomerado por la posesión y el manejo de las informaciones
y a su influjo en la configuración de opiniones y creencias, no menos que al
significativo proceso de expansión que han mostrado en las últimas décadas por
virtud de los avances tecnológicos”. Sentencia T-611 de 1992, reiterada en
T-259 de 1994.
[54] T-611 de 1992. Reiterada
en sentencia T-260 de 2010.
[55] Sentencias
T-403 de 1992, T-1000 de 2000, SU-1723 de 2000, T-787 de 2004 y T-040 de 2013.
[56] Sentencia C-475 de 1997:
“A fin de promover la aplicación armónica e integral de los valores
constitucionales, la mayoría de los derechos fundamentales se consagraron en
disposiciones normativas que tienen una estructura lógica que admite
ponderaciones. En efecto, más que normas que adopten expresamente las
condiciones de hecho en las cuales es obligatoria su aplicación, la
Carta consagra estándares de actuación que deben ser aplicados atendiendo a
las condiciones que, circunstancialmente, pueden dar un mayor peso relativo a
un derecho sobre otro. Ciertamente, al optar por un sistema de “pluralismo
valorativo”, la Carta adoptó un modelo en el cual las normas iusfundamentales
tienen una estructura lógica que exige acudir a la metodología de la
ponderación para resolver los eventuales conflictos. En suma, la
Constitución no consagró un sistema jerárquico entre sus normas, sino un
modelo de preferencia relativa, condicionada a las circunstancias específicas
de cada caso”.
[57] Sentencia
T-1198 de 2004.
[58] Sentencia T-391 de 2007.
[59] Sentencia T-1194 de 2004.
[60] Sentencia
T-391 de 2007, reiterada en T-040 de 2013.
[61] Sentencia SU-1723 de
2000.
[62] Sentencias
C-010 de 200.
[63] Sentencia
T-1198 de 2004.
[64] Sentencia SU-1723 de
2000.
[65] Ver entre otras, sentencias T-080 de 1993, T-074 de 1995, T-040 de 2013.
[66] Sentencia T-040 de 2013.
[67] Sentencias T-094 de
1993, T-219 de 2009 y T-260 de 2010.
[68] Sentencia T-298 de 2009.
[69] Sentencia T-260 de 2010.
[70] Ibíd.
[71] Sentencia T-298 de 2009.
[72] Sentencias
T-626 de 2007 y T-298 de 2009.
[73] “La
libertad de prensa y de los medios masivos de comunicación comprende el derecho
a escoger el lenguaje que se estime apropiado para comunicar la información o
la opinión correspondiente (…) Exigir un uso técnicamente correcto a los
periodistas, propio de especialistas de todas las disciplinas del saber,
atentaría contra la libertad de prensa, no sólo por los efectos discriminadores
que tal medida puede tener sobre los pequeños medios de comunicación que no
pueden financiar la contratación de especialistas para cada una de las materias
sobre las que informan, sino sobre todo por el control indebido e invasivo de
la libertad que por vía de la corrección técnica del lenguaje, o so pretexto de
ella, se podría llegar a hacer sobre el contenido de lo informado.”
Sentencia T-1225 de 2003.
[74] Sentencia
T-1225 de 2003.
[75] Sentencia T-298 de 2009.
[76] Ver,
entre muchas otras sentencias, T-259 de 1994, SU-1720 de 2000, T-298 de 2009,
T-439 de 2009 y T-040 de 2013.
[77] Sentencia T-040 de 2013.
[78] Sentencia T-259 de 1994.
[79] Ibíd.
[80] Sentencia C-010 de 2000.
[81] Sentencia T-260 de 2010.
[82] Sentencia
T-626 de 2007.
[83] Sentencia T-626 de 2007
y T-260 de 2010.
[84] Sentencias T-1319 de
2001, T-213 de 2004 y T-391 de 2007.
[85] Sentencias T-1319 de
2001 y T-213 de 2004.
[86] La jurisprudencia
constitucional denomina el derecho a la información como un derecho de doble
vía porque su titular no es solamente quien difunde la información (sujeto
activo), sino también quien la recibe (sujeto pasivo). Este criterio surgió
desde la sentencia T-512 de 1992, reiterado recientemente en las sentencias
T-260 de 2010 y T-040 de 2013.
[87] Sentencia T-1198 de
2004.
[88] Sentencia
T-626 de 2007 reiterada en T-040 de 2013.
[89] Sentencia
T-260 de 2010.
[90] Ibíd.
[91] Así contestó la
presentadora al reclamo hecho por el accionante:
“Respondo el segundo
punto.
El noticiero dice
textualmente: Funcionarios, coma, familiares, coma, esposas de familiares del
flamante interventor de las empresas públicas trabajan en Swedtel y en Open
System” empresas vinculadas en el peculado denunciado (…) marqué las comas,
porque pudo existir un error de lectura de la puntuación o gramatical en la
construcción de la frase. Una cosa es un error gramatical o una coma mal puesta
y otra cosa es faltar a la verdad. Los familiares y las esposas de los
familiares a quienes me referí en el comentario son de los funcionarios de la
empresa que se ganó el contrato. Me explico y doy un caso: la esposa de un
funcionario de Emsirva, es hoy alta funcionaria de Open System, en Swedtel
trabajan también exfuncionarios de Emcali. Mal podría referirme a esposas del
señor Potes o de familiares suyos.
Aludí a esposas de
funcionarios de las compañías comprometidas con la triangulación denunciada por
el abogado Lombana”
[92] Ver Marco
jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.
Relatoría especial para la libertad de expresión, 2010.
[93] Sentencia SU-1723 de
2000.
[94] En la sentencia SU-1723
de 2000, por ejemplo, se identificó a Diomedes Díaz como personalidad pública:
“Es cierto que el tutelante es una persona que por razón de su actividad
como compositor musical y cantante, se ha convertido en una figura públicamente
reconocida que, según las consideraciones señaladas, debe asumir las
consecuencias de ello, una de las cuales consiste en la relativización de su
vida privada.  Igualmente, es cierto que por encontrarse vinculado a una
investigación penal, la sociedad cuenta con un interés legítimo para conocer
información, toda vez que las actuaciones que pudo haber desplegado guardan
relación con la eventual existencia o responsabilidad en un ilícito”.
[95] Sentencia
T-066 de 1998.
[96] Sentencia T-260 de 2010.
[97] Sentencia
SU-1723 de 2000.
[98] Sentencias SU-1723 de 2000 y T-260 de 2010.
[99] Sentencia T-298 de 2009.
[100] Sentencia T-626 de
2007.
[101] Sentencias
T-512 de 1992 y T-040 de 2013.
[102] Sentencia T-040 de
2013.
[103] Ibíd.
[104] Sentencia T-298 de
2009.
[105] Sentencia
T-213 de 2004.
[106] El
apoderado del medio demandado exhibió un conjunto de noticias (Expediente
T-4.113.763, cdno. 1, fls. 61-63) en las cuales la directora del SENA denunció,
el 28 de mayo de 2013, que varios aprendices del instituto fueron intimidados
para participar la protesta. En la medida que tales informes son posteriores a
la emisión que se examina (mayo 17 de 2013), no pueden ser considerados para
juzgar si el medio realizó una investigación previa y razonable antes de
proyectar la nota.
[107] Sentencia
T-1198 de 2004.
[108] Sentencia T-040 de
2013.
[109] Sentencia T-259 de
1994.
[110] Sentencia
T-626 de 2007