T-412-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-412/09
ESPECIAL PROTECCION DEL GOCE
EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
LEGITIMACION POR ACTIVA DE
MADRE CUYA HIJA SE ENCUENTRA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Caso en que está en
juego la dignidad de la persona defendida
Para la Sala Segunda de Revisión, la peticionaria está
legitimada para actuar en representación de su hija, con el fin de reclamar la
tutela judicial de sus derechos a la dignidad, a la vida, a la salud y a la
unidad familiar.  (i) La situación de aislamiento de la hija de la peticionaria
en el momento en que se interpuso la acción,  (ii) su manifestación previa de
querer ser protegida y trasladada,  (iii) así como el hecho de haber requerido
en el pasado que sus derechos fueran defendidos por terceros, son razones
suficientes para que la Sala considere legítima la defensa de los derechos
fundamentales, por parte de su señora madre. Por otra parte, la Sala considera
que la acción de tutela es el medio judicial idóneo para defender el derecho a
la dignidad de una persona privada de la libertad. Los trámites administrativos
ante las autoridades administra­tivas no constituyen medios de defensa judicial
alternativos que excluyan el uso de la acción de tutela. Esto no opta para que
en el análisis concreto del caso, se considere que la acción de tutela no debe
ser concedida porque el accionante no ha realizado un trámite administrativo
previo, que es su deber llevar a cabo.
MEDIDA DE AISLAMIENTO EN
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO A INTERNA-Es constitucionalmente irrazonable
y desproporcionada/SOLICITUD DE TRASLADO-No se resolvió de fondo
Las autoridades carcelarias han violado los derechos
fundamentales de la hija de la accionante, al no haber suspendido la
innecesaria medida de aislamiento que afectaba gravemente su dignidad, su
libertad, su salud y su vida, y al no haber ejercido sus competencias para
resolver de fondo la solicitud de traslado a un establecimiento penitenciario y
carcelario en Bogotá o cercano a esta localidad, para poder garantizar su
seguridad y su unidad familiar. Con relación al primer problema jurídico, la
Sala considera que el establecimiento carcelario acusado debe abstenerse de
mantener a la hija de la accionante en el prolongado aislamiento en el que
estaba, a pesar de que dicho confinamiento tenía por objeto proteger su propia
vida. La medida de aislamiento a la que fue sometida la señora viola su
dignidad y su libertad, pues, al no ser necesaria, no es razonable adoptarla.
Además, ha transcurrido un tiempo considerable de aislamiento (más de 3 meses),
y según los indicios aportados al proceso, es probable que la medida también
esté afectando desproporcionadamente sus derechos a la salud y a la vida. Con
relación al segundo problema jurídico, la Sala considera que las autoridades
carcelarias nacionales violan los derechos de una persona al dilatar
arbitrariamente la decisión de trasladarla a un establecimiento de reclusión
teniendo en cuenta su derecho a la unidad familiar y su situación  de salud, a
pesar de que la persona interesada no haya adelantado el procedimiento
establecido en la ley para tramitar dicha solicitud, cuando,  (i) ya la ha
presentado informalmente, directa o indirectamente;  (ii) una entidad oficial
con competencia para velar por la defensa de los derechos ha respaldado la
solicitud –en este caso, la Defensoría del Pueblo–; y  (iii) las autoridades
carcelarias expresamente se han comprometido a tramitar dicha solicitud, con la
persona, sus acudientes o la entidad oficial que se ocupa de promover la
defensa de sus derechos.
MEDIDAS QUE ADOPTEN LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
DEBEN SER RAZONABLES Y PROPORCIONADAS-Aislamiento en calabozo para proteger
la vida de interna amenazada por sus compañeras
La medida de aislamiento a la que fue sometida la hija de
la accionante viola sus derechos a la dignidad y a la libertad, pues  al no ser
una medida necesaria, no es razonable adoptarla, y por tanto, es
inconstitucional. Además, ha transcurrido un tiempo considerable (más de 3
meses), y según los indicios aportados al proceso, es probable que la medida
también esté afectando desproporcionadamente sus derechos a la salud y, quizá,
a la vida.
SOLICITUD DE TRASLADO DE
INTERNOS-No se puede dilatar arbitrariamente la decisión del traslado
Las autoridades carcelarias nacionales violan los
derechos de una persona, al dilatar arbitrariamente la decisión de trasladarla
a un establecimiento de reclusión teniendo en cuenta su derecho a la unidad
familiar y su situación de salud, a pesar de que la persona interesada no haya
adelantado el procedimiento establecido en la ley para tramitar dicha
solicitud, cuando,  (i) ya la ha presentado informalmente, directa o
indirectamente;  (ii) una entidad oficial con competencia para velar por la
defensa de los derechos ha respaldado la solicitud –en este caso, la Defensoría
del Pueblo–; y  (iii) las autoridades carcelarias expresamente se han
comprometido a tramitar dicha solicitud, con la persona, sus acudientes o la
entidad oficial que se ocupa de promover la defensa de sus derechos. La Sala
concuerda con el reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia constitucional
de las competencias autónomas que, legal y reglamen­tariamente, se reconoce a
las autoridades carcelarias para decidir sobre los traslados de internos entre
establecimientos carcelarios.[1] Sin embargo, estas
facultades no son un derecho ni un privilegio. Al INPEC no se le reconoce esta
competencia por capricho, sino porque se le considera la institución con los
mayores y mejores recursos humanos y materiales, para determinar razonablemente
estas decisiones. Tales reglas no son pues, permisos para evadir
estratégicamente las obligaciones de tramitar dichas solicitudes, en especial,
cuando de ellas dependen el goce efectivo de los derechos fundamentales de las
personas interesadas en el traslado. Los trámites adelantados por la señora
madre de la accionante, por la Defensoría del Pueblo, y por las propias
autoridades carcelarias, dan cuenta de las diversas ocasiones en que se intentó
tramitar de forma adecuada la solicitud de traslado.
CONFINAMIENTO EN CALABOZO DE
INTERNA-Caso de disputas entre internas
Referencia: expediente T-2220855
Acción de
tutela de la señora María de las Mercedes Barrios Torres, en representación de
su hija, Ana Maribel Barrios Torres contra el Defensor del Pueblo, Seccional
Valledupar y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Magistrada Ponente:
Dra. MarIa Victoria Calle Correa
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil nueve (2009)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas
Silva y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo adoptado por el
Juzgado 15 de Familia de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por la
señora María de las Mercedes Barrios Torres contra el Defensor del Pueblo,
Seccional Valledupar y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La señora María de las Mercedes Barrios Torres, en
representación de su hija, Ana Maribel Barrios Torres, presentó acción de
tutela contra el Defensor del Pueblo, Seccional Valledupar, y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por considerar que estas dos
entidades han desconocido sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y
al debido proceso. A su juicio, la segunda de estas entidades, el INPEC, se ha
negado a trasladarla de cárcel y la mantiene en condiciones indignas, y la
primera de ellas, la Defensoría del Pueblo, tampoco ha ordenado hacerlo. La accionante
fundó su tutela en los hechos a los que a continuación se hace referencia:
1.1. La señora María de las Mercedes Barrios Torres es madre
de Ana Maribel Barrios Torres, quien se encuentra recluida en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, sostuvo
que para el momento en que se interpuso la acción, señaló que llevaba
aproximadamente más de 8 meses solicitando a la Defensoría del Pueblo de
Valledupar y al Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, el traslado de su
hija “(…) para la Reclusión de Mujeres de Bogotá o para cualquier
Establecimiento Carcelario, cercano a la ciudad de Bogotá.”
1.2. La acciónate afirmó que la petición se justifica en el
hecho de que la situación de su hija es penosa; va en contra de la dignidad
humana. Afirma que como manera para protegerla de las amenazas que existen en
su contra, de parte de las mismas internas, el establecimiento carcelario
decidió confinarla a un calabozo. Debido al grado de aislamiento y
confinamiento en el cual la han puesto, alegó, su estado de salud se ha
deteriorado. Al respecto señaló lo siguiente,
“Actualmente mi hija lleva
más de 5 meses en el calabozo aislada del resto de las internas, pues se
encuentra amenazada por algunas de las mismas; la sacan una hora diaria a tomar
sol y vuelven y la encierran, psicológicamente mi hija ya se encuentra muy
grave, su estado de salud es pésimo y no cuenta con ningún familiar cercano que
la pueda apoyar con una visita.”
1.3. Además de no existir familiares cercanos que la visiten,
el hecho de que su hija se encuentre recluida en Valledupar, le impide a ella
como madre, teniendo en cuenta su precaria situación económica, visitarla
frecuentemente y brindarle el apoyo familiar que tanto requiere. Señaló también
que esta situación, a su vez, la ha deprimido y le ha impactado su propio
estado de salud, el cual ya se encontraba afectado por la diabetes. De hecho,
sostuvo, existen “muchas posibilidades que quedar inválida”.[2]
1.4. Como respuesta a las varias solicitudes que la
accionante ha presentado ante la Defensoría del Pueblo para que ayude a su
hija, esta entidad, a través de su Seccional Valledupar, decidió ‘recomendar’
al INPEC que llevara a cabo el traslado solicitado por la señora, teniendo en
cuenta las condiciones de inseguridad de la reclusa. Sin embargo, afirma la
accionante, la Defensoría no ha hecho cumplir ese ‘concepto’.[3]
1.5. Tal como lo alegó en la acción de tutela, la señora María
de las Mercedes Barrios Torres ha presentado varios derechos de petición de los
cuales, según dice, no ha obtenido respuesta alguna.[4]
Advirtió que su preocupación aumenta, porque pasan los días y su hija sigue
encerrada “en condiciones que no son dignas para ningún ser humano.”
1.6. La accionante aportó al proceso copia de varias de las
peticiones y denuncias que ha presentado con relación a la situación en la que
se encuentra su hija. A continuación se hace referencia a éstas.
1.6.1. El 23 de junio de 2008, al enterarse de que la
situación de seguridad de su hija era especialmente precaria, la accionante
decidió poner en conocimiento de las autoridades carcelarias, el INPEC, los
hechos de los cuales se había enterado. Dijo al respecto, en queja radicada
ante el INPEC,
“En el día de hoy, junio
23, se presentó en la Oficina de Atención al Ciudadano, la Señora María
Mercedes Barrios Torres, madre de la interna Maribel Barrios Torres,
con el fin de  poner en conocimiento los siguientes hechos relacionados con su
hija.
El 21 de junio del año en
curso, le hicieron una llamada de Valledupar, donde le informaban que su hija
estaba en aislamiento total, porque la querían matar, y ella estaba en compañía
de otra interna, la cual fue herida con un puñal en la garganta, la quién se (sic)
actualmente se encuentra en grave estado de salud, manifiesta que le dijeron
que esa puñalada era para su hija Maribel, las autoras de esto son la internas
Tatiana Pinzón y Andrea Correa, le incendiaron la celda a su hija, quemándole
la ropa y sólo le quedó lo que tenía puesto, y le juraron estas dos mujeres
delante de la guardia que ella no se salvaba de morir, por lo tanto tiene a la
hija en aislamiento total, igualmente le manifestaron a la señora que se
acercara al INPEC a poner en conocimiento estos hechos, para ver si fuera
posible su traslado a cualquier cárcel del país.
La señora María Mercedes
manifiesta que la tiene preocupada esta grave situación en al que se encuentra
involucrada su hija, ya que no tiene agua, no tiene contacto con ninguna
interna, porque dicen que la pueden matar, teniendo en cuenta que es un ser
humano, no un animal.
El fin primordial de esta
información es poner en conocimiento estos hechos, además responsabilizar al
INPEC, sobre la vida y la seguridad de la Interna Ana Maribel Barrios Torres.”[5]
1.6.2. Posteriormente, el 11 de julio de 2008, solicitó
ayuda para su hija ante al Defensoría del Pueblo de Valledupar. En esta
ocasión, además de reiterar mucho de lo dicho previamente, específico las
condiciones en que tiene que ir a visitar a su hija. Dijo al respecto en su
comunicación,
“Doctor o doctores que les
corresponda por favor se lo pide una madre vieja y angustiada que no me dejen
matar a mi hija, trasládenla, además ella no me tiene sino a mí; les pido su
colaboración para que la trasladen para Villavicencio, puesto que allá hay
parcelas de trabajo y ella necesita ocuparse en algo, puesto que su estado
emocional es pésimo o a cualquier cárcel de Bogotá, puesto que yo no tengo
recurso económicos para viajar a partes lejanas, pues para venir acá me tocó
pedir limosna y quedarme estos días en el terminal porque no tengo para pagar
un hotel.”[6]
1.6.3. El 8 de agosto de 2008, la señora Maribel Barrios
solicitó al Director General del INPEC,[7] que trasladara a su hija
para Bogotá, debido a que el estar en Valledupar le impide a ella visitarla y
apoyarle con las necesidades materiales básicas que requiera, tales como
algunos útiles de aseo, además de que su situación de seguridad es
especialmente precaria, al igual que sus condiciones de reclusión. Dijo al
respecto en su comunicación,
“(…) me dirijo a su
despacho con el fin de solicitarle se sirva colaborarme con el traslado de mi
hija Maribel Barrios, quien se encuentra recluida en la penitenciaría de Máxima
Seguridad de Valledupar, ya que se encuentra en condiciones deprimentes, se
encuentran aislada desde hace 56 días por motivos de seguridad, durante el
tiempo que lleva en este lugar solamente una vez ha tenido visita de mi parte
por cuestiones económicas y de distancia, yo le solicito que por favor me la
trasladen para Bogotá o para un lugar cercano de manera que por lo menos tenga
derecho a recibir una visita y alguna ayuda para las cosas que necesita en
cuanto a útiles de aseo.
Ya tuve al oportunidad de
comunicarme con el Director Regional Norte y el me explicaba que este traslado
estaba en manos de mi General Morales por que ellos tenían orden de trasladar
dentro de la misma región, pero de la manera más aclamante le ruego que me
colabore, es la vida de mi hija y como madre siento el peligro que esta
corriendo por la seguridad y por la salud, es un clima que no le favorece ya
que el encierro acaba con las ganas de vivir y mi hija se encuentra en estas
condiciones.
No siendo otro el motivo le
agradezco y dejo en sus manos el gran proceder para poder tener una nueva
oportunidad de ver a mi hija.”
1.6.4. Finalmente, el 26 de septiembre de 2008, informada
sobre el cambio en la Dirección del INPEC, la señora Barrios Torres también le
solicitó al nuevo Director General que le ayudara a trasladar a su hija de
Valledupar a Bogotá, dadas las condiciones que le implica a ella estar allí. En
esta ocasión, hizo especial énfasis en que ella confiaba en la promesa que él
como cabeza de la institución hacía a los administrados, a través del anunció
de sus políticas públicas, con relación a la protección de los derechos de los
reclusos, en especial a lo referente a su unidad familiar.[8]
Básicamente, presentó las mismas peticiones que había realizado al Director
anterior, con fundamento en los mismos hechos y razones que había alegado
anteriormente, advirtiendo que para este momento ya habían pasado casi tres
meses de aislamiento de su hija.[9]
2. Demanda y solicitud
El 10 de febrero de 2009, la señora María de las Mercedes
Barrios Torres, en representación de su hija, Ana Maribel Barrios Torres
presentó acción de tutela ante el Juez de Familia del Circuito de Bogotá,
contra el Defensor del Pueblo, Seccional Valledupar y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC.
2.1. La accionante considera que el INPEC ha desconocido el
derecho de “protección a la vida digna, la integridad física, la salud y la
seguridad social” de su hija  (1) al no haber tomado las medidas necesarias
para protegerla adecuadamente de las agresiones en contra de su vida, por parte
de otras de las reclusas del establecimiento penitenciario y carcelario en el
que se encuentra recluida,  (2) al haber decidido, como forma de protección,
aislarla y recluirla en condiciones contrarias a la dignidad humana y  (3) al
no haber considerado la posibilidad de trasladarla de establecimiento, a pesar
de reconocer el propio INPEC que no la puede proteger adecuadamente en el que
actualmente se encuentra, y de que tal medida fue recomendada por el Defensor
del Pueblo respectivo.
Específicamente, con relación a la violación de la dignidad
de su hija por parte del INPEC, la accionante sostiene lo siguiente,
“El lema del INPEC reza: su
dignidad humana y la mía son inviolables, pero realmente el sufrimiento y el
encierro que está sufriendo mi hija contradicen estas palabras, a lo que se
suma mi sufrimiento y desesperación como madre.”
2.2. Adicionalmente, la accionante considera que la
Defensoría del Pueblo ha desconocido los mismos derechos de su hija, al no
haber tomado las medidas adecuadas y necesarias para asegurar que el INPEC no cometa
las violaciones en las que actualmente está incurriendo. Expresamente, sostuvo
que,
“[a]nte el INPEC y la
Defensoría del Pueblo he presentado varios derechos de petición, de los cuales
no he obtenido respuesta alguna, lo que aumenta mi preocupación pues los días
pasan y mi hija sigue encerrada en condiciones que no son dignas para ningún
ser humano.”
2.3. La accionante solicitó al juez de tutela que como
consecuencia de la protección de los derechos fundamentales invocados de su
hija, la traslade a un establecimiento carcelario y penitenciario en Bogotá, o
cerca de esta ciudad. La acción de tutela dice al respecto:
“(…) ordenar a la
Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se
sirva proceder a realizar el traslado de mi hija Maribel Barrios a la Reclusión
de Mujeres de Bogotá o a cualquier establecimiento cercano a esta ciudad.”
2.4. La señora María de las Mercedes Barrios Torres indicó
al juez de tutela en su acción, que si bien su hija merece ser sancionada por
los errores que haya cometido, su dignidad debe ser salvaguardada y protegida.
“Sé que mi hija cometió un
error y que debe pagar su condena, pero como ser humano merece ser tratada
dignamente y tener las garantías y condiciones mínimas como interna de un
establecimiento carcelario de este país que es ante todo un Estado Social de
Derecho donde los derechos humanos prevalecen.”
3. Respuesta de la Defensoría del Pueblo
En respuesta del 12 de febrero de 2009, el Profesional
Responsable de la Defensoría del Pueblo, Seccional Cesar, participó dentro del
proceso para  indicar que la entidad ha protegido los derechos de la hija de la
accionante en la medida que le ha correspondido.
3.1. El Defensor Seccional informó que tenía pleno
conocimiento de la situación, en virtud de las quejas presentadas por la propia
afectada y por otras personas, entre ellas, su señora madre. En su
comunicación, hizo relación de tres quejas presentadas ante la entidad, así
como de las acciones adoptadas (la ‘gestión’ realizada­), como
consecuencia de las mismas.
“1. Queja N°
2008201601 de fecha 27 de mayo de 2008: Presentada por otra reclusa en
representación de la afectada, quien solicita se gestione su traslado y
asistencia médica psiquiátrica, dadas las continuas agresiones entre las
internas del pabellón.
Gestión: Se envió el oficio N° 1947 de fecha 28 de mayo de
2008, el que solicitamos a al Dirección del Establecimiento implementar medidas
de seguridad respecto de la señora Maribel Barrios, dadas las agresiones
físicas y amenazas que ha recibido de parte de otras reclusas. Igualmente, se
tramite su traslado a otro establecimiento del país por razones de seguridad
(Adjunto copia).
Recibimos respuesta mediante
la comunicación N° 4486 adiada el 09 de julio de 2008, en la que el funcionario
requerido nos informa ‘que se han tomado medidas para garantizar su
integridad física … y el traslado […] está siendo tramitado.’
(Adjunto copia). [[10]]
Igualmente, en el paginario
obra el oficio N° 4501 de fecha de julio 10 de 2008, suscrito por la Dirección
del Establecimiento, en el que nos informa que ‘a la interna Barrios se le
está tramitando por parte de la oficina jurídica, el traslado respectivo para
evitar futuros inconvenientes.’ (Adjunto copia). [[11]]
Con la misiva N° 3868 de
calenda 14 de octubre de 2008, se pone en conocimiento de la afectada la
actividad desplegada en el expediente de queja.
2. Queja N°
2008201637 de fecha 03 de julio de 2008: En memorial recibido el 30 de
junio de 2008, la señora Maribel Barrios Torres nos refiere que es
víctima de fuertes y reiteradas amenazas contra su vida por parte de quienes
denomina las caciques del patio.
Gestión: Con requerimientos N° 2170 y 4394 del 13 de junio y
27 de noviembre de 2008, solicitamos a la dirección del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, que en
aplicación de los artículos 125 y 126 numeral 4° de la Ley 65 de 1993 y
artículo 28 reglamento de régimen interno, se sirva extremar medidas de
seguridad respecto de la humanidad de la señora Maribel Barrios Torres
(Adjunto copia).
En respuesta contenida en
el oficio N° 7429 de fecha 16 de diciembre de 2008, la Dirección del Reclusorio
nos comunica que la reclusa ‘… manifiesta que nos ha sido (sic)
amenazada o gradida (sic) por parte de las demás internas, así como la
mencionada interna manifiesta que no ha solicitado en ningún momento seguridad
o asilamiento’. (Adjunto copia).
La actuación desplegada en
el presente expediente de queja fue comunicada a la afectada mediante oficio N°
0018 de fecha 06 de enero de 2009.
3. Queja N°
2008202078 de fecha 17 de julio de 2008: En atención a escritos de
fecha 24 de junio y 11 de julio de 2008, suscritos por la interna Ana
Maribel Barrios Torres y la señora María de las Mercedes Barrios Torres,
quienes coinciden en afirmar que la primera es víctima de amenazas y agresiones
físicas por parte de un grupo de internas de la Torre N° 9 del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Como tal
vienen solicitando el traslado de la afectada a un Establecimiento de la ciudad
de Villavicencio sin que hayan recibido respuesta alguna.
Gestión: En requerimiento N° 2626 adiado el 17 de julio de 2008,
solicitamos al señor Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, con ocasión de los hechos relacionados,
se sirva estudiar la posibilidad de realizar cambio de pasillo.
Se recibió Oficio N° 004591
sin fecha, en el que la Dirección Regional Norte del INPEC nos informa que “… con
el fin de preservar la integridad de la mencionada interna, se le puso en
conocimiento la situación con la interna Maribel, y se le ordenó tomar las
medidas de seguridad que sean necesarias y a su vez, de ser necesario, inicie
el trámite correspondiente para solicitar el traslado por seguridad a la
Oficina de Asuntos Penitenciarios (Sede Central) quien es la competente para
ello.” [[12]]
Con Oficio N° 2835
calendado el 05 de agosto de 2008, se le pone en conocimiento la actuación
desarrollada y los resultados obtenidos a la señora Ana Maribel Barrios Torres.
Posteriormente se recibió
el informativo N° 5535 del 4 de septiembre del año próximo pasado, en el que la
Dirección del penal nos ilustra que la interna Maribel Barrios se encuentra
confinada en una celda y pasillo diferente al que ocupan sus agresoras. [[13]]
Ahora, teniendo en cuenta
que no se ha tenido más información respecto de la situación de la reclusa Ana
Maribel Barrios Torres, con oficio N° 0506 del día de hoy solicitamos
nuevamente a la dirección del penal, nos comunique medida de seguridad
implementadas y diligenciadas adelantadas en procura del traslado a otro
establecimiento del país.”[14]
3.2. Luego de indicar al juez de tutela que los funcionarios
de la Seccional respectiva de la Defensoría del Pueblo realizan visitas
rutinarias que les permite verificar “el estado de vulnerabilidad de los
derechos humanos”, de primera mano, la intervención concluyó indicando que en
su concepto, la Defensoría había adoptado todas las medidas que en realidad le
correspondía asumir. A su juicio, la Defensoría había sido acuciosa.
Expresamente se dijo al respecto,
“­(…) que por parte de la
Defensoría del Pueblo no ha habido vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales de la señora Ana Maribel Barrios Torres, por el contrario, como
ha quedado probado, esta agencia del Ministerio Público ha sido acuciosa en
requerir a los funcionarios encargados de la guarda y custodia de la mencionada
señora, para que en ejercicio de sus funciones provean la suficiente seguridad
a su integridad física y su vida y en general el disfrute de condiciones de
reclusión aparejadas con su dignidad humana.”
4. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC
Mediante escrito de febrero 16 de 2009, la Jefe de la
Oficina Jurídica del INPEC participó en el proceso de la referencia para solicitarle
al juez que declarara improcedente la acción de tutela con base en dos razones,
que la accionante no podía actuar en representación de su hija y que existe
otro medio o procedimiento eficaz de protección.[15]
4.1. En primer lugar, el INPEC señala que la acción
de tutela es improcedente, por considerar que la accionante requería un poder otorgado
por  su hija para estar habilitada jurídicamente para actuar en su nombre. Dijo
al respecto,
“(…) la acción de tutela
interpuesta por la señora María de las Mercedes Barrios Torres está llamada a
fracasar, toda vez que la jurisprudencia reinante emanada de las altas
Corporaciones Judiciales establece que para interponer tutelas en nombre de
terceros, ser requiere poder para actuar.
En el escrito de tutela se
invocan razones personales del accionante, pero lo cierto es que la petición
única y central, es que se ordene el traslado de la interna Ana Maribel
Barrios Torres, actualmente privado de la libertad.
Así las cosas, la presente
acción adolece de falta de legitimidad en la causa por activa, toda vez que, si
bien la señora Ana Maribel Barrios Torres se halla privada de la libertad, ello
no le impide que actúe en nombre propio por vía de tutela. Por lo demás, no
aparece constancia o mención de que padezca limitaciones que no le permitan
ejercer defensa de sus derechos fundamentales.”
4.2. El INPEC aclaró que de acuerdo con el artículo 74 de la
Ley 65 de 1993, el traslado de los internos puede ser solicitado a la Dirección
por  (1) el director del respectivo establecimiento, (2) el funcionario de
conocimiento y (3) el interno, razón por la que considera que “(…) el traslado
de los internos no puede ser presionado por terceras personas, toda vez que el
propio interesado tiene la facultad legal para solicitarlo por sí mismo.”
Añadió al respecto,
“(…) es conducente informar
a su honorable despacho que el procedimiento que se aplica en tratándose de
solicitudes de traslado de internos, conlleva una serie de pasos a observar
cuales son, entre otros, la verificación que la documentación recibida esté
completa y acorde con los requisitos exigidos para el efecto, que el formato
OP115197.V.02 se encuentre total y debidamente diligenciado por la Oficina
Jurídica de cada Establecimiento de Reclusión, con firma y huella del
solicitante (interno); anexándose a ello, certificado médico del Departamento
de sanidad del Reclusorio, las tres últimas calificaciones de conducta
expedidas por el Consejo de Disciplina, siendo importante establecer el perfil
del interno y el lugar de posible traslado. Una vez recibida la documentación
completa y de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 65 de
1993, la solicitud se somete a consideración de la Junta Asesora de Traslados.
[…]
(…) las razones legales que
sirven de sustento a los traslados de internos en el país, están precedidas de
un análisis ponderado de las diversas circunstancias de cada una de las
personas privadas de la libertad, así como de las situaciones extremas que eventualmente
inciden en la toma de decisiones.”
Por tanto, para el INPEC la solicitud de la accionante de
tramitar rápidamente la solicitud de traslado sería lo que conllevaría una
violación del derecho constitucional de las demás reclusas. Dijo al respecto en
su intervención,
“Entonces, la accionante
amenaza el Debido Proceso Administrativo, el Principio de Igualdad frente a
otros internos, y Principio de Legalidad, que debe aplicarse y agotarse para el
efecto, toda vez que tomó la señora María de las Mercedes, representante de la
interna Ana Maribel Barrios Torres, la vía más rápida, la de la acción tutelar;
sin antes haber agotado al observancia plena del procedimiento  y en consecuencia
del debido proceso administrativo.
4.3. Así pues, el INPEC reivindicó la competencia autónoma
que el asiste para resolver las solicitudes de traslado que le sean presentadas
y resaltó el carácter subsidiario de la acción de tutela; dijo al respecto lo
siguiente,
“Según las disposiciones
legales vigentes, compete a la Dirección General del INPEC, el manejo autónomo,
eficaz e independiente de la gestión administrativa tendiente a desarrollar las
políticas penitenciarias y lograr la readaptación y resocialización como fines
legales de la pena.
[…]
Las normas legales
existentes que regulan el Régimen Penitenciario y Carcelario, y demás
disposiciones complementarias facultan al INPEC, para manejar autónomamente los
asuntos relacionados con el sistema penitenciario, entre ellos la fijación del
sitio de reclusión de los internos puestos bajo su custodia y los traslados en
los casos que  sea indispensable.
[…]
(…) la tutela también tiene
la característica de ser residual, con lo que se quiere significar que no puede
utilizarse para eludir los procedimientos ordinarios, para evadir instancias y
menos aún para adelantar procesos paralelos o alternos.
Por eso la Honorable Corte
Constitucional ha insistido en que el principal rasgo distintivo de la tutela
es la subsidiaridad, esto es que, existiendo un medio o procedimiento eficaz
para la protección de los derechos invocados, la acción de tutela se torna
improcedente.”
El INPEC resaltó que la autonomía de la cual goza para
definir las solicitudes de traslado ha sido reconocida por la Corte
Constitucional, indicando como ejemplo al respecto, la sentencia T-611 de 2000.
4.4. Con relación al desarraigo del núcleo familiar, el
INPEC sostiene que éste es una consecuencia del estar encerrada en la cárcel,
por haber cometido un delito; por lo tanto, considera que se trata de una
situación causada por la propia hija de la accionante. Dijo al respecto,
“La señora Ana Maribel
Barrios Torres se encuentra privada de la libertad, precisamente porque los
funcionarios competentes de la Rama Jurisdiccional la investigaron, procesaron
y condenaron; por tanto, si alguien es responsable de verse apartado de su
lugar de residencia y del núcleo de parientes cercanos, es justamente la misma
persona transgresora de la ley quien optó por el camino del delito sin medir su
resultado; no es el INPEC el culpable de la ruptura del vínculo familiar entre
el interno y sus parientes.
Si se tratara de tener en
cuenta el mero aspecto del arraigo familiar para considerar el traslado de los
internos, tendrían que construirse centros de reclusión únicamente en las ocho
ciudades más densamente pobladas del país, donde como es obvio, se presenta un
mayor índice de criminalidad y reside un alto porcentaje de transgresores de la
Ley.”
4.5. Finalmente, el INPEC alega que debido a las graves
limitaciones presupuestales, los traslados se deben a circunstancias
excepcionalísimas. Sostuvo al respecto,
“El INPEC en la actualidad
tiene gravísimas limitaciones presupuestales y de cupos, razón por la cual los
traslados operan con fundamento en circunstancias excepcionales, pues cada
desplazamiento implica una enorme erogación en tiquetes, logística y seguridad,
tanto para el interno como para el personal de custodia y vigilancia del
INPEC.”
5. Sentencia de instancia
El 19 de febrero de 2009, el Juzgado 15 de Familia de Bogotá
resolvió negar la acción de tutela de la señora María de las Mercedes Barrios
Torres, en representación de su hija por considerar que el INPEC no ha
desatendido solicitud de traslado alguna, por cuanto  (1) ésta no ha sido
presentada por la interesada, según el procedimiento establecido para el
asunto, sino por su señora madre, sin mediar poder alguno,  (2) porque los
perjuicios que afronta la accionante y su hija recluida en la prisión son
consecuencia de sus propios actos y (3) porque no se considera que se encuentre
en riesgo su vida. Además, (4) las sentencia consideró que las quejas que
habían sido presentadas ante la Defensoría del Pueblo Seccional fueron
debidamente atendidas.
5.1. Luego de señalar que la accionante “sin poder alguno y
sólo a título de progenitora de la interna” solicita el amparo de
constitucionalidad, y que la ley establece el procedimiento y “las causales de
traslado (…) taxativamente”, el Juez de instancia indica que de acuerdo a las
pruebas aportadas al proceso, se puede concluir que la hija de la accionante no
ha iniciado formalmente, la solicitud de traslado. Dice la sentencia al
respecto lo siguiente,
“Conforme a las probanzas
allegadas por la actora, se tiene que la condenada e interna Ana Maribel
Barrios Torres, no ha elevado solicitud de traslado bajo el cual se enmarca
dentro de los lineamientos de la Ley 65 de 1993, y en el evento de invocar el
derecho necesariamente debe cumplir con los requisitos establecidos para ello
legal y reglamentariamente, formato de traslado diligenciado, concepto médico y
concepto del Consejo de Disciplina, situación que no fue demostrada dentro del
presente asunto. Además, la solicitud de traslado le corresponde presentarla a
la interna y no a su progenitora, quien no tiene poder o mandato para ello.
[…]
(…) a la interna Ana
Maribel Barrios Torres, ya que si bien lo que se pide es un traslado para tener
la posibilidad de tener más cerca su madre, es a la interna a quien compete
efectuar el trámite legal para acceder a dicha prerrogativa. (…)”
5.2. Adicionalmente, el Juez consideró que los derechos de
las personas que se encuentran recluidas se ven limitados como consecuencia de
la situación en la que están. Tales limitaciones, sostiene, son simplemente los
efectos que producen los actos de esas personas. Expresamente señala la
sentencia lo siguiente,
“(…) no puede garantizarse
al totalidad de los derechos fundamentales a los internos ya sean en su calidad
de condenados o no, pues al haber incurrido en una violación del derecho no
cuentan con el libre albedrío para reclamar el cumplimiento de la totalidad de
sus garantías fundamentales sino de las necesarias para lograr su
reincorporación a la sociedad que en otras circunstancias le serían
salvaguardadas.
[…]
En consecuencia, estima el
despacho que la inferencia razonada y lógica, es que por parte del INPEC no ha
existido vulneración del derecho a la unidad familiar de la peticionaria María
de las Mercedes Barrios Torres ni de la interna Ana Maribel Barrios Torres su
hija mayor, ni al debido proceso ni a la igualdad ni mucho menos a la vida, tal
como se indicará en el acápite respectivo, los traumas y enfermedades que
padece la accionante, son la consecuencia resultante del comportamiento que el
Estado por intermedio de sus delegados comprobó y determinaron la sanción que
de acuerdo a los preceptos legales que le correspondía jurídicamente.
La situación de alejamiento
de la interna de  su familia, no constituye ningún atentado contra los derechos
fundamentales de la accionante, pues debe tenerse en cuenta que la condena que
está cumpliendo fue impuesta por el Estado, quien tiene toda la potestad legal
para limitarlo de algunos de esos derechos y separarla temporalmente de su
familia, sin que por ello esté atentando contra los derechos fundamentales que
se aluden en el escrito de tutela, pues si bien el Estado tiene la obligación
de garantizar los derechos de los asociados, éstos también tienen obligaciones
que deben cumplir y la transgresión de éstas conllevan sanciones, como lo es la
privación de la libertad, lo que de contera lleva la separación con carácter
transitorio de la familia.”
5.3. Por último, la sentencia considera que la vida de la
hija de la accionante no se encuentra en riesgo como fue mencionado por al
accionante, puesto que las distintas solicitudes han sido atendidas. Dijo al
respecto,
“(…) a más de lo expresado
en precedencia, la interna no tiene su vida comprometida, por cuanto a las
quejas que presentara su progenitora y con la mediación de la Defensoría del
Pueblo de Valledupar, ellas se han tramitado y el INPEC ha tomado las seguridades
del caso, como es el del aislamiento de las demás reclusas para asegurar su
bienestar e integridad personal.”
II. Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela de
conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991; asimismo, por la selección del respectivo expediente y la
determinación de que el caso sea decidido por la presente Sala de Revisión.
En razón a la especial protección que debe dar el juez de
tutela a los derechos de las personas privadas de la libertad – relación de
especial sujeción–, la Sala indicará en líneas generales la jurisprudencia
constitucional que se ha sentado al respecto antes de entrar a analizar el
caso, incluso en aquello referente a su procedibilidad.
2. La especial protección del goce efectivo de los
derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad (una relación
de especial sujeción)
2.1. La jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha
señalado que las personas que se encuentran privadas legítimamente de la
libertad, bajo el control del Estado, se encuentran en una ‘relación de
especial sujeción’. Las consecuencias de tal situación, en especial,
aquellas referidas a sus derechos fundamentales, es un aspecto que en varias
ocasiones ha sido abordado por la Corte. Al respecto, se ha establecido una
doctrina constitucional ampliamente reiterada, que a continuación se expone en
extenso,
“Doctrina constitucional
acerca de las relaciones de especial sujeción.
De la existencia, identificación
y régimen de las llamadas ‘relaciones especiales de sujeción’[16] entre los
reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído
importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función
de la ilustración del caso bajo estudio.
De la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá
a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican  (i) la
subordinación[17]
de una parte (el recluso), a la otra (el Estado);  (ii) esta subordinación se
concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[18] (controles
disciplinarios[19]
y administrativos[20]
especiales y [la] posibilidad de limitar[21]
el ejercicio de derechos, incluso fundamentales).  (iii) Este régimen en cuanto
al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los
derechos fundamentales debe estar autorizado[22]
por la Constitución y la ley.  (iv) La finalidad[23] del ejercicio de la
potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la
de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los
internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y
salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización).  (v)
Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales[24]
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales
deben ser[25]
especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar[26]
de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de
los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
Como lo puede apreciar la Sala,
entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las
relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el
ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad,
reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de
algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos,
debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo[27] en cabeza
del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales
como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando
la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial
situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los
reclusos. (iv) El deber positivo[28]
en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[29] que permitan
a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[30] de los reclusos.
En este sentido, del
perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el
Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes
se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del
sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de
los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad
y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo
cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya
inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores
y principios propios del Estado social de derecho.[31]”[32]
2.2. Dentro de los deberes que surgen en cabeza del estado
como contrapartida al ejercicio del legítimo poder punitivo, la jurisprudencia
ha resaltado que el respeto por la dignidad humana constituye el pilar
central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad,
y es, además, una norma fundamental de aplicación universal,[33]
reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos,
prevalentes en el orden interno (art. 93, CP).[34] La jurisprudencia
constitucional ha resaltado la importancia de la protección de la dignidad de
toda persona privada de la libertad. Al respecto ha señalado,
“Cuando se considera que se
desconoce la ‘dignidad’ de las personas privadas de la libertad en las
cárceles del país, suele hacerse en dos sentidos. Para hacer referencia al
desconocimiento de las condiciones materiales de existencia mínima que se han
de garantizar a toda persona, en tanto ser humano (‘vivir bien’), por un
lado, y para referirse al haber sido privado de los bienes no patrimoniales, la
integridad física y la integridad moral (‘vivir sin humillaciones’), por
otro lado.[35] Sin embargo, teniendo en
cuenta que la situación de reclusión es temporal, la dignidad humana no sólo
supone asegurar condiciones mínimas y básicas necesarias para la vida presente,
sino también garantizar la posibilidad de regresar al seno de la sociedad
mediante procesos adecuados de resocialización.[36]”
[37]
2.3. El valor constitucional de los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad por el Estado es un aspecto que el juez
de tutela debe tener en cuenta desde el momento mismo la recepción del caso,
pues la especial protección de su dignidad y del goce efectivo de sus derechos
impacta todos los momentos del proceso. Su instrucción, su desarrollo, así como
todas las decisiones que se adopten durante su transcurso. Dentro de estas
etapas se encuentra, por supuesto, la decisión acerca de la procedibilidad de
la acción de tutela, cuestión que pasa a resolver a continuación la Sala.
3. La señora María de las Mercedes Barrios
Torres está legitimada para defender la dignidad y los derechos fundamentales de
su hija Ana Maribel Barrios Torres
3.1. Para la Sala la defensa que la accionante hace de los
derechos de su hija, en especial, de su dignidad, es legítima; en tal sentido,
la presente acción de tutela procede y debe ser resuelta de fondo.
3.1.1. Primero, aunque es cierto que la acción de tutela fue
presentada por la señora María de las Mercedes Barrios Torres únicamente, tal
como lo reclama el INPEC y lo resalta el juez de instancia, está probado en el
expediente que Ana Maribel Barrios Torres sí quiere que sus derechos sean
protegidos y sí quiere ser trasladada de establecimiento carcelario. En efecto,
la tercera de las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo fue suscrita
tanto por Ana Maribel, como por su señora madre. En esta, específicamente se
solicita a la Defensoría del Pueblo que se traslade a Ana Maribel.[38]
3.1.2. Segundo, en el pasado ha sido necesario que los
derechos de Ana Maribel Barrios Torres sean defendidos por terceros. La primera
queja ante la Defensoría del Pueblo, con ocasión de las amenazas contra su vida,
su situación de asilamiento y la solicitud de traslado, fue presentada por otra
de las reclusas.[39] La segunda de las quejas
fue presentada por la señora madre de Ana Maribel, María de las Mercedes
Barrios Torres.[40]
3.1.3. Tercero, la acción de tutela pone de presente que en este
caso está en juego la ‘dignidad’ de la persona defendida, hasta el punto
que se considera que está siendo tratada indignamente.[41]
Esta es una razón más para que el juez de tutela sea más cuidadoso al momento
de decidir la procedibilidad de la acción, en especial, si va a considerarla
improcedente. Cuando puede estar en juego la dignidad de una persona, no basta
con que el juez verifique la ausencia del poder otorgado por el beneficiario de
la tutela a la persona que la interpone –la señora madre de la persona recluida,
en este caso–. Si el poder no se ha dado, el juez, en todo caso, debe tomar
acciones adicionales que le permitan verificar si la persona en cuyo nombre se
reclama la tutela no quiere que sus derechos sean tutelados, para, ahí sí,
considerar improcedente la acción.
3.1.4. Adicionalmente, cabe resaltar que el sentido en cual
la señora María de las Mercedes Barrios Torres dice que ella ‘representa’
a su hija Ana Maribel, es general y coloquial, no técnico y jurídico. Esto es,
ella no reclama haber recibido el poder para actuar en nombre de su hija. Lo
que sostiene la accionante, es que ella ‘representa’ a su hija, en tanto
actúa en defensa sus derechos fundamentales. Así pues, el sentido en que ella ‘representa’
no es en el que lo hace un ‘apoderado’, caso en el cual es lógico exigir
que se acredite el poder recibido, sino en el sentido en el que lo hace un ‘agente
oficioso’, caso en el cual, también por razones lógicas, no tiene ningún
sentido exigir que se acredite un poder, pues el carácter oficioso supone
precisamente lo contrario, que el agente no cuente con poder alguno.
3.2. Por lo tanto, para la Sala Segunda de Revisión, la
señora María de las Mercedes Barrios Torres está legitimada para actuar en
representación de su hija, Ana Maribel Barrios Torres, con el fin de reclamar
la tutela judicial de sus derechos a la dignidad, a la vida, a la salud y a la
unidad familiar.  (i) La situación de aislamiento de Ana Maribel Barrios
Torres en el momento en que se interpuso la acción,  (ii) su
manifestación previa de querer ser protegida y trasladada,  (iii) así
como el hecho de haber requerido en el pasado que sus derechos fueran
defendidos por terceros, son razones suficientes para que la Sala considere
legítima la defensa de los derechos fundamentales, por parte de su señora
madre.
3.3. Por otra parte, la Sala considera que la acción de
tutela es el medio judicial idóneo para defender el derecho a la dignidad de
una persona privada de la libertad. Los trámites administrativos ante las
autoridades administra­tivas no constituyen medios de defensa judicial alternativos
que excluyan el uso de la acción de tutela. Esto no opta para que en el
análisis concreto del caso, se considere que la acción de tutela no debe ser
concedida porque el accionante no ha realizado un trámite administrativo previo,
que es su deber llevar a cabo.
3.4. Una vez constatada la procedibilidad de la presente
acción de tutela, pasa la Corte a analizar los problemas jurídicos que plantea
el presente caso.
4. Problemas jurídicos a resolver en el
presente caso
4.1. La Sala de Revisión debe entrar a resolver los
siguientes problemas:
(1) ¿un establecimiento
carcelario debe abstenerse de mantener aislada una persona privada de la
libertad, cuando dicho confinamiento tiene por objeto proteger su propia vida (amenazas
de otras reclusas, en este caso), pero ha sido prolongado (3 meses) y está
afectando gravemente su salud (la madre resalta el negativo impacto de la
situación en su estado emocional)?
(2) ¿Las autoridades carcelarias
nacionales deben trasladar a una persona de establecimiento de reclusión, en
función de la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad
y a la salud y del lugar donde se encuentra el único familiar que le brinda
apoyo, a pesar de que la solicitud de traslado sólo fue presentada
informalmente por una tercera persona y no por la misma persona recluida, que
es, de acuerdo al trámite que legalmente establece para tales efectos la ley
[el Código Penitenciario y Carcelario] la persona con el derecho de presentar
tal solicitud?
4.2. Para la Sala la respuesta a ambos problemas es
afirmativa. En ambos casos se considera que las autoridades carcelarias han
violado los derechos fundamentales de la hija de la accionante, al no haber suspendido
la innecesaria medida de aislamiento que afectaba gravemente su dignidad, su
libertad, su salud y su vida, y al no haber ejercido sus competencias para
resolver de fondo la solicitud de traslado a un establecimiento penitenciario y
carcelario en Bogotá o cercano a esta localidad, para poder garantizar su
seguridad y su unidad familiar.
4.2.1. Con relación al primer problema jurídico, la Sala
considera que el establecimiento carcelario acusado debe abstenerse de mantener
a Ana Maribel Barrios Torres en el prolongado aislamiento en el que estaba, a
pesar de que dicho confinamiento tenía por objeto proteger su propia vida. La
medida de aislamiento a la que fue sometida Ana Maribel Barrios Torres viola su
dignidad y su libertad, pues, al no ser necesaria, no es razonable
adoptarla. Además, ha transcurrido un tiempo considerable de aislamiento (más
de 3 meses), y según los indicios aportados al proceso, es probable que la
medida también esté afectando desproporcionadamente sus derechos a la salud y a
la vida [ver sección 7 de las consideraciones].
4.2.2. Con relación al segundo problema jurídico, la Sala
considera que las autoridades carcelarias nacionales violan los derechos de una
persona al dilatar arbitrariamente la decisión de trasladarla a un
establecimiento de reclusión teniendo en cuenta su derecho a la unidad familiar
y su situación  de salud, a pesar de que la persona interesada no haya
adelantado el procedimiento establecido en la ley para tramitar dicha
solicitud, cuando,  (i) ya la ha presentado informalmente, directa o
indirectamente;  (ii) una entidad oficial con competencia para velar por
la defensa de los derechos ha respaldado la solicitud –en este caso, la
Defensoría del Pueblo–; y  (iii) las autoridades carcelarias
expresamente se han comprometido a tramitar dicha solicitud, con la persona,
sus acudientes o la entidad oficial que se ocupa de promover la defensa de sus
derechos [ver sección 9 de las consideraciones].
4.3. Para exponer las razones por las cuales los problemas
jurídicos en cuestión fueron resueltos por la Sala en estos términos  (i) se
indicará cuál es el parámetro constitucional general para evaluar las medidas
restrictivas de derechos en el contexto penitenciario y carcelario [sección 5],
(ii) precisando cuáles son en el caso concreto de las medidas que suponen
aislamiento y confinamiento [sección 6], y, posteriormente,  (iii) se concluirá
que la medida de confinamiento a la que fue sometida la hija de la accionante
no es constitucionalmente razonable [sección 7]. Además,  (iv) se definirán los
parámetros constitucionales para evaluar las decisiones en materia de traslados
carcelarios [sección 8],  (v) indicando que el trámite que se le ha dado a las
solicitudes presentadas por la hija de la accionante y sus defensores, vulnera
el debido proceso y los especiales derechos de protección a las personas
recluidas [sección 9]. Finalmente,  (vi) se señalaran las órdenes a impartir
[sección 10].
4.4. Para la Sala es claro que la accionante también dirigió
su acción de tutela en contra de la Defensoría del Pueblo por considerar,
erradamente, que parcialmente es competencia de esta entidad resolver el
traslado de su hija a otro establecimiento carcelario. Es por ello,
precisamente, que la solicitud específica que ella presenta ante en el juez de
instancia es que se ordene al INPEC y a la Defensoría que trasladen a su hija.
Por tal razón, el análisis se centrará en los problemas jurídicos propuestos.
5. Las medidas que adopten los establecimientos
penitenciarios y carcelarios en ejercicio de sus facultades, deben ser
razonables y proporcionadas.
5.1. Para la jurisprudencia constitucional ha sido necesario
resaltar, en el contexto penitenciario y carcelario, la regla según la cual “la
protección de los derechos fundamentales no puede reducirse al juicio de
legalidad acerca de la decisión tomada por la autoridad pública correspondiente;
es necesario, además, y sobre todo, confrontar dicha decisión con la
Constitución misma.”[42]
5.2. De hecho, el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65
de 1993) establece que uno de los elementos más importante del ‘marco
hermenéutico’ para ‘la interpretación’ y para ‘la aplicación’ de sus normas
(art.11), es el principio del respeto a la dignidad humana. De acuerdo con el
artículo 5° del Código, en los establecimientos de reclusión ‘prevalecerá’
(1) el respeto a la dignidad humana,  (2) a las garantías
constitucionales y  (3) a los derechos humanos universalmente
reconocidos; prohibiendo, además, ‘toda forma de violencia síquica, física o
moral.’
5.3. Por tanto, que las autoridades carcelarias tengan la
competencia para tomar decisiones autónomamente dentro de un estado social y
democrático de derecho, no implica que tengan la facultad para tomar sus
decisiones con absoluta y plena discrecionalidad, en especial, cuando éstas
conllevan un fuerte impacto en el goce efectivo de los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad o en el de sus familiares.
5.4. En tal sentido, desde la sentencia T-596 de 1992, para la
Corte “el sufrimiento es inseparable de la pena pero la pena no se reduce al
sufrimiento, ni lo tiene como objetivo”, por lo tanto, “toda aflicción
excesiva y que no corresponda al fin de la pena, debe ser considerada ilegítima
y ajena”.[43] Se fijaron entonces,
desde aquel momento, la razonabilidad y la proporcionalidad como
criterios para establecer la legitimidad constitucional de las medidas que
adopten las autoridades en desarrollo de sus competencias legales y
reglamentarias reconocidas. Expresamente se indicó que toda pena, además de ser
jurídica, pública y judicial, debe ser (1) necesaria, (2) útil y
(3) proporcional.
Para la Corte Constitucional la violación constatada es aquella
ocasión (T-596 de 1992) era tan grave que a pesar de ser una situación estaba
claramente superada al momento de dictar sentencia, se adoptaron órdenes
preventivas para el caso concreto[44] y se resolvió declarar
expresamente que la decisión adoptada constituía doctrina constitucional de
carácter vinculante.[45]
5.5. Luego, en la sentencia T-065 de 1995, la jurisprudencia
constitucional preciso la cuestión en los siguientes términos:
“una medida administrativa de las
directivas carcelarias que restrinja los derechos de los reclusos o de sus
familiares, no es constitucional por el sólo hecho de que ella se inscriba en
la órbita de competencia de tales autoridades[;] debe  (i) respetar el
principio de publicidad,  (ii) perseguir un interés constitu­cionalmente
legítimo,  (iii) guardar una relación razonable de adecuación entre el medio
usado y el objetivo estatal perseguido y,  (iv) finalmente, ella debe
restringir el derecho protegido de la manera menos gravosa posible.”[46]
De acuerdo con esta regla constitucional, la Corte señaló en
dicho caso (T-065 de 1995) que es razonable y proporcionado que en virtud de la
facultad para regular las visitas a un establecimiento penitenciario y
carcelario, sus directivas prohíban el ingreso de la señora madre de una
interna con pelo sintético, cuando este es fácil de remover y tal restricción
fue avisada previamente.[47] De forma similar, la
Corte ha considerado razonable, entre otras cosas, requerimientos tan íntimos
como ‘exigir a los reclusos mantener el rostro afeitado’, por considerar
que existen razones que justifican tal medida.[48]
5.6. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha considerado
que no es constitucionalmente razonable, entre otras medidas,  (i) no
autorizar a una persona recluida el ingreso de una máquina de escribir;[49]
(ii) impedir la fuga de una persona gravemente enferma mediante el uso
de esposas;[50]  (iii) practicar
requisas degradantes a las personas que van a los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, cuando las mismas pueden realizarse con igual o
mayor efectividad, por medios menos invasivos;[51]  (iv) prohibir el
ingreso el día de visitas a las mujeres en período de menstruación;[52]
(v) apagar el televisor cuando alguno de los reclusos se ríe, como
medida disciplinaria;[53]  (vi) prohibir a
las personas recluidas hablar en los talleres o en las filas para recibir
alimentos;[54] y  (vii)
prohibir, sancionar o no respetar la opción sexual de toda persona, y el
legítimo uso de sus derechos sexuales.[55]
5.7. La jurisprudencia constitucional  ha señalado que: “las
autoridades carcelarias tienen el deber de evitar a los detenidos y a sus
familias sufrimientos innecesarios y daños irreparables”, resaltando
especialmente “aquellos casos en que las medidas irremediablemente
afectan a los niños.”  Por consiguiente, existe la obligación
constitucional en las autoridades penitenciarias y carcelarias de estudiar y
evaluar el impacto de las medidas que se adopten, en los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad y terceros involucrados o interesados. Expresamente
la jurisprudencia constitucional ha manifestado que “la afectación sin
límites de los derechos de los prisioneros que conlleve la afectación a
terceros, como ejercicio arbitrario de la fuerza exige la evaluación de las
medidas adoptadas en contra del reo.[56]  […] todo sufrimiento
innecesario a un recluso, pierde la justificación del ejercicio legítimo de la
violencia por parte del Estado y se convierte en un atropello que debe ser
evaluado de igual manera, como se evalúa cualquier violencia injustificada
contra aquellas personas que no se encuentran privadas de la libertad.[57]”
[58]
5.8. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido el deber constitucional de que las medidas que restrinjan los
derechos de las personas privadas de la libertad sean evaluadas, y establece
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad como criterios
para determinar su constitucionalidad. A continuación, pasa la Sala a
establecer los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional a
propósito, específicamente, de las medidas de aislamiento.
6. Las medidas que impliquen aislamiento de la persona
privada de la libertad, como el calabozo, deben ser estrictamente evaluadas
para establecer su razonabilidad y proporcionalidad constitucional.
6.1. El aislamiento de las personas recluidas de la libertad
en lugares de aislamiento, tales como calabozos o celdas especiales,[59]
ha sido reconocido como una medida extrema de control y sanción, potencialmente
lesiva de los derechos de las personas privadas de la libertad. Por eso, el
estudio de su razonabilidad constitucional debe ser estricto. Así lo
consideró la Corte en la sentencia T-596 de 1992, caso en el que decidió que
las autoridades carcelarias acusadas, violaban la prohibición constitucional de
no someter a las personas a tratos degradantes, al encerrar a los presos
en calabozos con “insoportables condiciones ambientales producidas por la
ubicación de letrinas deterioradas, sin agua suficiente para la limpieza”,
contiguas a dichos lugares.[60]
6.2. Cuando se somete a las personas privadas de la libertad
a estar por tiempo prolongado en calabozos, celdas o espacios que no han sido
diseñados para mantener a una persona en condiciones de reclusión adecuadas, se
desconocen sus derechos fundamentales. La jurisprudencia ha indicado, por
ejemplo, que la reclusión prolongada de personas en las salas de retención
transitoria de las estaciones de policía y otras instituciones, por más del
tiempo legalmente permitido, es contraria a los postulados más básicos del
orden constitucional.[61] Así, en la sentencia
T-847 de 2000, la Corte señaló que se violan los derechos de una persona
privada de la libertad cuando la estadía de una persona se prolonga en una dependencia
que “no cuenta con las facilidades requeridas para atender a las condiciones
mínimas de vida que deben garantizarse en las cárceles, a saber, alimentación,
visitas, sanidad, seguridad interna para los detenidos con distintas calidades,
etc.”.[62] En tales casos el Estado
debe adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar unas
condiciones dignas, “y el juez de amparo que verifique tal irregularidad
debe otorgar la tutela y ordenar lo que proceda para ponerle fin.”[63]
6.3. La jurisprudencia constitucional, específicamente ha
considerado que se violan los derechos constitucionales de las personas
privadas de la libertad, cuando se les somete a una condición de confinamiento
o aislamiento, como una manera de protegerlos, porque no se cuenta con otras
formas de asegurar las condiciones de seguridad entre los internos.
En la sentencia T-851 de 2004, por ejemplo, se consideró que
“las precarias condiciones de seguridad” del establecimiento acusado en
el caso (la cárcel municipal de Mitú) eran en gran medida “las causantes de
la decisión de las autoridades judiciales –concretamente, de los Fiscales
competentes- de recluir a los presos de alta peligrosidad en el Comando de
Policía de dicha población.” Por tanto, se indicó que era indispensable que
las autoridades encargadas, adoptaran las medidas necesarias para contar con los
mecanismos de seguridad básicos para una institución penitenciaria de presos de
alta peligrosidad, como paso necesario para la satisfacción de sus obligaciones
constitucionales, internacionales y legales, de manera tal que puedan albergar
en forma digna a quienes son procesados por las autoridades judiciales y que no
sea necesario recurrir a estrategias como la de recluir a los presos de mayor
peligrosidad en circunstancias indignas de su condición de seres humanos. Así
pues, cuando se requiere confinar a una persona privada de la libertad, porque
no se puede garantizar su seguridad e integridad, se violan varios de sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se deben adoptar las medidas
necesarias y adecuadas para asegurar que se superarán las condiciones que
llevan a que sea necesario confinar o someter a aislamiento a una persona para
protegerla. Las medidas que se adopten podrán ser de diversa índole, y deberán
ser tomadas, dentro de los límites constitucionales vigentes, por las
autoridades encargadas constitucional y legalmente para tal efecto.[64]
Dentro de tales medidas alternativas se encuentra, por ejemplo, la posibilidad
de trasladar a la persona.
6.4. Las medidas de aislamiento prolongadas, de personas
privadas de la libertad, son irrazonables, en especial, si fueron adoptadas
desconociendo el debido proceso.
Así lo señaló la sentencia T-684 de 2005, en la que se
resolvió tutelar los derechos de una persona privada de la libertad, condenada
injustamente a una pena de de aislamiento (en calabozo) que se mantuvo durante
un periodo de tiempo exagerado (más de 6 meses). En esta oportunidad la Corte
tuvo en cuenta un informe de la Procuraduría General de la Nación (agosto de
2004), sobre las violaciones que se registran en las áreas de aislamiento, en
el cual se concluyó, entre otras cosas,  (i) que “las condiciones materiales
de muchos de los lugares utilizados para el aislamiento de personas privadas de
libertad son inadecuadas y, en algunos casos, acarrean violaciones del derecho
a la dignidad”; (ii) que “el régimen de incomunicación aplicado en
algunos centros de reclusión a las personas en aislamiento atenta contra la
dignidad humana y pone en riesgo su integridad física”;  (iii) que “varias
personas se encuentran sometidas al confinamiento solitario de manera
prolongada y, a veces, indeterminada, lo cual puede constituir un trato cruel,
inhumano y degradante”;  (iv) que “en algunos de los casos de
aislamiento como sanción disciplinaria, se ha observado una falta de respeto al
debido proceso”;  (v) que “el aislamiento se utiliza de manera
discriminatoria y vejatoria para segregar a personas con el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) y afectados por el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA)” y  (6) que existe un “riesgo preeminente […] en
las áreas de aislamiento a que acontezcan casos de tortura o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.” Por lo cual, la Corte resolvió prevenir a
las autoridades penitenciarias y carcelarias “para que tengan en cuenta  (1.)
Los informes realizados por la Procuraduría General de la Nación en torno a la
posibilidad de restringir o abolir el uso del aislamiento en celda como sanción
disciplinaria.  (2.) Que la medida incontinenti de
aislamiento debe tomarse únicamente por el tiempo que dure la crisis y se vea
amenazada la vida del recluso.”[65]
6.5. Las autoridades penitenciarias y carcelarias deben
considerar siempre alternativas a las medidas de confinamiento, que pueden ser
altamente lesivas de la dignidad humana.  Por eso ha señalado que en el caso de procesos de disciplina interna, se debe hacer
uso de medidas distintas al aislamiento como modo de sanción, y explorar
medidas distintas al confinamiento solitario para tratar las situaciones de
seguridad y protección que surjan al interior de las prisiones.[66]
Es importante reiterar la importancia de este mandato, por cuanto la
jurisprudencia ha constatado que en la práctica “las medidas incontinenti
se extienden en el tiempo y las personas son aisladas durante periodos
extensos sin tener una sanción disciplinaria”.[67]
6.6. Así pues, el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad
de una medida de aislamiento para una persona privada de la libertad debe ser
estricto. Este tipo de medidas, que en principio no deberían emplearse, son
potencialmente lesivas de los derechos fundamentales de las personas, por lo
que su uso debe ser absolutamente restringido. Es preciso que las autoridades
carcelarias estén en capacidad de justificar, en especial, que la medida de
aislamiento es  necesaria, esto es, que no era posible lograr los fines
imperiosos que se buscan con ella, mediante medios distintos, menos lesivos de
los derechos de la persona. En todo caso, la medida de aislamiento está
totalmente prohibida, entre otros casos,  (i) cuando se adopta y
mantiene por periodos prolongados de tiempo;  (ii) cuando se debe
cumplir en un espacio inadecuado, en condiciones indignas, por ser insalubre,
por ejemplo;  (iii) cuando se adopta desconociendo el debido proceso, o
(iv) cuando se adopta para proteger los derechos de la propia persona
sometida a aislamiento.
Una vez fijadas las pautas de análisis anteriores, pasa la
Sala a considerar concretamente la constitucionalidad de la medida adoptada
sobre Ana Maribel Barrios Torres.
7. La medida de aislamiento a la que ha sometido el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar a la señora Ana Maribel Barrios Torres es constitucionalmente
irrazonable y desproporcionada
7.1. La Sala considera que el establecimiento carcelario
acusado debe abstenerse de mantener a Ana Maribel Barrios Torres en el
prolongado aislamiento en el que estaba, a pesar de que dicho confinamiento tenía
por objeto proteger su propia vida, por tratarse de una medida
constitucionalmente irrazonable. A continuación se dan las razones que
fundamentan esta decisión.
7.2. La medida de aislamiento acusada y denunciada por la
madre de la accionante es consideraba adecuada por el INPEC, por cuanto tiene
por objeto proteger la vida de la interna de las amenazas contra su vida, las
cuales ya se han tratado de hacer efectivas. Sin embargo, la razonabilidad de
una medida no surge solamente de la legitimidad constitucional del fin por el
cual ésta propende. Tal como se indicó en la sección anterior, también debe
evaluarse la legitimidad del medio, su relación con el fin y, adicionalmente,
si no es desproporcionada, en relación de los derechos fundamentales invocados.
Finalmente, por ser una medida potencialmente lesiva de los derechos
fundamentales, su constitucionalidad debe ser estudiada de forma estricta.
7.3. La medida de aislamiento de Ana Maribel Barrios Torres
busca un fin constitucionalmente imperioso, a saber, proteger la vida de la
propia interna, sin embargo no es razonable, por cuanto no es necesaria. No es
necesario recluir en condiciones de aislamiento a una persona para evitar que
sea agredida por otras personas en un establecimiento carcelario. Las
autoridades penitenciarias y carcelarias cuentan con otras formas de proteger
la vida de los reclusos amenazados que son menos lesivas e invasivas del resto
de sus derechos fundamentales.
7.4. Como lo señala la jurisprudencia citada, ‘se violan
los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad, cuando
se les somete a una condición de confinamiento o aislamiento, como una manera
de protegerlos, porque no se cuenta con otras formas de asegurar las
condiciones de seguridad entre los internos’.[68]
Por tanto, las autoridades carcelarias no pueden alegar el incumplimiento de
sus obligaciones, como justificación de la restricción innecesaria de los
derechos que le imponen a  una persona privada de la libertad bajo su cargo.
7.5. No obstante, debido a las condiciones de hecho que
existan en una cárcel, es probable que la medida de asilamiento estuviera temporalmente
justificada, por lo menos, hasta tanto se adoptaran las medidas adecuadas y
necesarias para lograr proteger de otra manera la vida de la persona [por
ejemplo en los casos de motines u otro tipo de riñas]. En tales eventos, la
medida es temporalmente necesaria y, por tanto, razonable también temporalmente.
En todo caso, corresponde a las autoridades adoptar las medidas adecuadas y
necesarias para que de la manera más rápida posible se tenga una forma
alternativa para proteger la vida de la persona privada de la libertad,
distinta al aislamiento. Entre tales medidas se encuentra, por supuesto, el
traslado.
7.6. La accionante, madre de la reclusa, tiene noticia de
que el estado emocional de su hija actualmente es pésimo. En gran medida, como
consecuencia  del aislamiento al que ha sido sometida. Ahora bien, la soledad
extrema que ha tenido que enfrentar Ana Maribel Barrios Torres, se ha dado en
un contexto en el cual su seguridad personal no puede ser garantizada
plenamente por las autoridades carcelarias. Como lo indicó su señora madre en
varias ocasiones durante el proceso, la ropa de su hija y las demás pertenecías
de su celda fueron quemadas, ha sido amenazada de muerte por algunas de las
‘líderes’ de la cárcel y atacada por ellas.[69]
7.7. La Sala no cuenta con suficiente información médica que
le permita concluir  en el presente caso si existe o no, un riesgo real e
inminente sobre la salud mental o física de la hija de la accionante. Sin
embargo, (*) la queja de Ana Maribel Barrios Torres y su señora madre, María de
las Mercedes Barrios Torres, ante la Defensoría del Pueblo;  (*) las quejas
presentadas sólo por ésta y otra presentada por una de las compañeras de
reclusión;  (*) las solicitudes reiteradas de la Defensoría del Pueblo al
INPEC; (*) el hecho de que las autoridades carcelarias en su intervención no
hayan negado las afirmaciones que en tal sentido hiciera la accionante en la
tutela; y  (*) el hecho de que el juez de tutela está obligado a considerar que
las medidas de ‘aislamiento como medidas potencialmente lesivas de los
derechos de las personas privadas de la libertad’; son razones suficientes
para que la Sala de Revisión concluya que debe presumir que la salud de la hija
de la accionante probablemente está afectada, en razón a la medida de
aislamiento a la que fue sometida.
7.8. En tal sentido, es muy probable que la medida además de
no ser necesaria, tampoco sea proporcional, por cuanto al aislar a Ana Maribel
Barrios Torres se estaría sacrificando enormemente su salud, al punto, quizá,
de poner en riesgo su propia vida.
7.9. En consecuencia, la medida de aislamiento a la que fue
sometida Ana Maribel Barrios Torres viola sus derechos a la dignidad y a
la libertad, pues  al no ser una medida necesaria, no es razonable adoptarla, y
por tanto, es inconstitucional. Además, ha transcurrido un tiempo considerable
(más de 3 meses), y según los indicios aportados al proceso, es probable que la
medida también esté afectando desproporcionadamente sus derechos a la salud y,
quizá, a la vida.
7.10. Una vez resuelto el problema jurídico referido a la
medida de aislamiento a la que se resolvió someter a la hija de la accionante,
pasa la Sala a definir los parámetros constitucionales para evaluar las
decisiones en materia de traslados carcelarios y, posteriormente, analizar el
caso concreto.
8. Las solicitudes de traslado de las personas privadas
de la libertad entre establecimientos penitenciarios y carcelarios no puede
conllevar un impacto irrazonable y desproporcionado sobre los derechos
fundamentales, como por ejemplo,  la unidad familiar, la salud o el debido
proceso.
8.1. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que las
autoridades responsables de velar por las personas legalmente privadas de la
libertad, tienen la facultad para resolver las solicitudes de traslado de
internos o internas entre establecimientos penitenciarios y carcelarios, en
especial, cuando la medida está claramente orientada a garantizar el goce
efectivo de sus derechos.[70] La jurisprudencia
también ha reconocido la posibilidad de trasladar a una persona del
establecimiento de reclusión en que se encuentre, cuando tenga razones que lo
justifiquen. Por ejemplo, cuando se busca darle a la persona un ambiente adecuado
y seguro, libre de condiciones de hacinamiento.[71]
Incluso se ha reconocido su uso como herramienta en casos de crisis.[72]
8.2. De hecho, recientemente, en la sentencia T-134 de 2005,
la Corte decidió que las autoridades carcelarias respectivas no desconocen los
derechos de una persona privada de la libertad, cuando los traslados no se han
efectuado en razón a que el interesado “no ha cumplido íntegramente la carga
establecida en las normas reglamentarias citadas”. En el caso concreto que
se estudió en esta ocasión [T-134 de 2005], la persona no había presentado “solicitud
escrita dirigida al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
[…] indicando la necesidad de traslado a otro centro donde su compañera ha
aceptado la visita íntima”. Sin embargo, la Corte resolvió tutelar
parcialmente los derechos del accionante en este caso, pues decidió que las
autoridades en cuestión sí habían desconocido su obligación de informar
adecuadamente cuál es el procedimiento a seguir, por lo que se ordenó que se le
informara y orientara, para que pudiera presentar adecuadamente su solicitud de
traslado.[73]
8.3. Sin embargo, el ejercicio de una facultad no es
discrecional e ilimitado. Se trata de una competencia de carácter
administrativo que se da dentro del marco constitucional vigente, por lo cual,
debe ser ejercida teniendo en cuenta eso; en otras palabras, las competencias
deben ser vistas por las autoridades que las ejercen como medios aceptados dentro
del orden constitucional, como camino para alcanzar los fines por los que dicho
orden propende. Así, por ejemplo, no se puede hacer un uso arbitrario de
la facultad de trasladar de establecimiento a las personas privadas de la
libertad.[74]
8.3.1. En la sentencia T-966 de 2000, por ejemplo, la Corte
decidió que “las personas que han sido trasladadas a un establecimiento de
reclusión ubicado en una localidad distinta de aquella en la que están siendo
juzgadas, tienen derecho a ser remitidas a la sede del juzgado respectivo, en
todos aquellos casos en los cuales su presencia resulte relevante para
garantizar el debido proceso”; no hacerlo conllevaría una restricción
constitucionalmente irrazonable de los derechos de la persona privada de la
libertad.[75] Concretamente, la Corte
consideró que no se habían dado razones que justificaran “un aplazamiento de
más de ocho meses en el proceso penal que se sigue en contra de los actores”
por no haberlos trasladado, por lo que decidió que tal demora constituye “una
vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones injustificadas.”[76]
8.3.2. Uno de los aspectos constitucionales que han de tener
en cuenta las autoridades carcelarias al ejercer la facultad de resolver el
traslado de una persona, es el de preservar, en la medida de lo posible, la
unidad familiar. El hecho de que una persona se encuentre privada de la
libertad da al Estado la facultad de imponerle legítimas restricciones a la
unidad de su núcleo familiar, pero ello no implica que cualquier restricción que
se imponga sea constitucionalmente admisible. Dicho de otra forma, la facultad
de limitar razonablemente el derecho a preservar la unidad familiar de las
personas privadas de la libertad, no es un permiso para imponer obstáculos y
barreras innecesarias a dicha unidad. Por tal razón, en la sentencia T-566 de
2007 se decidió que “los establecimientos carcelarios deben posibilitar,
hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente
con su familia”. En especial, señaló que se debe posibilitar que se mantenga
el contacto “con sus hijos menores, a través de visitas y comunicaciones
frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar y velar por el
desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes”.[77]
8.3.2.1. En efecto, para la Corte “existe una especial
relación entre las condiciones necesarias para mantener el contacto con la
familia y los derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a
tener y conservar una familia de que son titulares las personas privadas de la
libertad”; así lo consideró en la sentencia T-1190 de 2003, caso en el que
decidió que un establecimiento penitenciario y carcelario desconocía los
derechos de una persona privada de la libertad a la que no le brindaba
oportunidades laborales que le permitieran, entre otras cosas, obtener los
recursos económicos necesarios para comunicarse con su familia y hacer posible,
encuentros y contactos.[78] Estas consideraciones
(T-1190 de 2003), que han sido reiteradas en casos en que se han resuelto
acciones de tutela en las que se alga que se desatendió una solicitud de
traslado presentada por alguna persona,[79] resaltan el papel de la
familia como parte esencial del proceso de resocialización de las
personas legítimamente privadas de la libertad. Dijo al respecto la Corte,
“Desde el punto de vista
constitucional, la relación de especial sujeción que surge entre el Estado y el
recluso implica que las acciones del Estado estén dirigidas a facilitar las
condiciones para una verdadera resocialización de las personas que han sido
condenadas penalmente a pena privativa de la libertad. Esta concepción
humanista del sistema jurídico y del sistema penal, inspirada en el principio
superior de la dignidad humana y sustento de una de las llamadas funciones de
la pena, implica que las autoridades del Estado y en particular, las
autoridades penitenciarias, estén en la obligación de desplegar una serie de
conductas necesarias e idóneas para garantizar el mayor nivel de
resocialización posible de los reclusos. En este sentido, las disposiciones de
la ley 65 de 1993, en particular las que desarrollan el sistema progresivo
penitenciario (arts., 142 y ss., de la referida ley) quedan revestidas de una
legitimidad constitucional especial, pues de su eficacia particular depende
también la de los principales mandatos constitucionales y su realización
concreta en el caso de las personas privadas de la libertad.
Para la Corte, la importancia que
reviste la presencia activa de la familia durante el periodo en que se prolonga
la privación de la libertad de las personas condenadas es indudable. Sobradas
razones de índole [1] jurídica (la familia es el núcleo básico de la
sociedad), [2] psíquica (importancia anímica de la vigencia de los lazos
de solidaridad) y [3] afectiva (satisfacción de necesidades sexuales y
afectivas esenciales) así lo indican. La veracidad de esta premisa se refuerza
con el argumento normativo que se desprende del sistema progresivo
penitenciario, que cuenta entre sus presupuestos el de la presencia activa de
la familia en el proceso de resocialización del interno (art., 143 de ley 65 de
1993).
[…] Por otro lado, el proceso de
resocialización está edificado sobre un conjunto de factores que deben
concurrir para garantizar las condiciones necesarias para su eficacia: (i) la
oportunidad y disposición permanente de medios que garanticen la realización de
diversas actividades de orden laboral, educativo, deportivo y lúdico; (ii) las
condiciones cualificadas de reclusión, en aspectos básicos como el goce
permanente de servicios públicos esenciales, buenas condiciones de alojamiento,
alimentación balanceada, servicios sanitarios mínimos, etc. y (iii) el
acompañamiento permanente durante el periodo en que se prolonga la privación de
la libertad, con el auxilio de un equipo interdisciplinario de profesionales en
ciencias sociales y de la salud, de la red de apoyo y de la familia del
recluso.
El déficit que se presente en
alguno de estos aspectos implica necesariamente una disminución en las
posibilidades reales de satisfacer el propósito de resocialización. De manera
paralela, la eficacia de varios de los derechos fundamentales de los reclusos
depende de la satisfacción de estas condiciones. No es posible el ejercicio de
algunas de las libertades individuales sin la posibilidad de desarrollar
actividades laborales, creativas o lúdicas, dentro o fuera del penal; tampoco
será posible gozar de los derechos a la dignidad y al mínimo vital sin
condiciones de reclusión cualificadas. En este orden de ideas, considera la
Corte que la resocialización está íntimamente ligada a las posibilidades reales
de goce y ejercicio de aquellos derechos fundamentales que con algunas
limitaciones conservan  las personas privadas de la libertad.
Un razonamiento similar se debe
seguir en el caso de las condiciones existentes, en función de asegurar un
mayor contacto del recluso con su familia y a la vez, una mayor participación
de la familia durante el tiempo de la reclusión. El proceso de resocialización
es impensable o mucho más adverso sin el concurso activo y la presencia
constante del grupo familiar. Esto se explica por varias razones: porque la
familia es el único referente seguro de libertad con el que cuentan las
personas recluidas, la mejor forma de mantener contacto con la sociedad y con
el mundo fuera del penal, y sobre todo, porque constituye el centro de los
vínculos afectivos más importante y duradero, lo cual le permite al recluso
sobreponerse a sus condiciones de penuria y guardar esperanzas para la
libertad.  Sin estos elementos es bastante difícil que se realice en una medida
razonable el propósito de resocialización.
Por otro lado, la Corte también
constata que existe una relación especial entre algunos de los derechos
fundamentales de los internos y las condiciones necesarias para mantener el
contacto con la familia. En este sentido, el derecho a la comunicación oral,
escrita o presencial se conjuga casi hasta confundirse con los derechos a la
dignidad y a la libertad. En este contexto el caso de las visitas y de las
visitas íntimas es de los más elocuentes y paradigmáticos. En efecto, mediante
el ejercicio de estas prácticas la vida cobra sentido para los reclusos, se
redimensiona la existencia, se fortalecen los vínculos de pareja y se abren
alternativas para mantener la unidad familiar.”[80]
8.3.2.2. Así, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que no es razonable que las autoridades penitenciarias y
carcelarias dejen de autorizar el traslado de una persona, por ejemplo, en la
siguiente situación: cuando en las circunstancias concretas se somete a las
personas a un ‘resquebrajamiento’ de su unidad familiar mayor al que de
hecho implica la situación de privación de libertad, y con ello se afecta el
derecho al desarrollo armónico e integral de una niña o de un niño, bien se
trate de infantes o de adolescentes. Tal fue la decisión de la Corte
Constitucional en la sentencia T-566 de 2007, caso en el que se decidió
proteger el derecho a la unidad familiar de una pareja que había sido privada
de la libertad, al mismo tiempo y en un mismo establecimiento penitenciario y
carcelario, pues las autoridades respectivas habían resuelto trasladar a uno de
los miembros de la pareja a otro establecimiento de reclusión, afectando
gravemente con ello, (i) la posibilidad de que la hija menor que tenía la
pareja se pudiera reunir con dicho progenitor (en ese caso, la madre de la
menor) y  (ii) la posibilidad de que tuvieran lugar las ‘visitas íntimas’
de la pareja.[81] Para la Sala, aunque la
facultad de haber trasladado a la madre de la menor aparentemente se había
ejercido dentro de las competencias legales reconocidas,[82]
las autoridades carcelarias habían tomado una decisión sin tener en cuenta y
valorar el impacto que tal determinación tendría sobre la unidad de su núcleo
familiar, incluso, a pesar de los reclamos y las peticiones presentadas por las
personas involucradas en el caso. En esta ocasión, además de ordenar
específicamente a qué establecimiento debía ser trasladada la persona para
garantizar el goce efectivo de sus derechos y los de su familia,[83]
la Sala de Revisión advirtió a las autoridades penitenciarias en general que, “en
adelante, se estudie con mayor detenimiento las situaciones particulares de
cada interno al momento de realizar los traslados respectivos, a efectos de no
acarrear un sufrimiento adicional a los reclusos”.[84]
8.3.3. Ahora bien, la Sala reitera que el hecho de que una
decisión con relación al traslado de una persona privada de la libertad tenga
un impacto sobre sus derechos fundamentales, no implica per se, que la
decisión en cuestión no pueda ser adoptada. Cuando la medida es razonable y
proporcionada, teniendo en cuenta las consideraciones propias del caso, la
jurisprudencia ha avalado la decisión adoptada por las autoridades carcelarias.
Por ejemplo, en la sentencia T-274 de 2005, la Corte resolvió confirmar la
decisión del juez de instancia, de negar la acción de tutela interpuesta por un
preso que había sido trasladado del lugar de reclusión en el que se encontraba,
por razones de hacinamiento, a pesar de que tal medida implicaba cambiar los
médicos tratantes que lo venían atendiendo y alejarlo más de su familia.[85]
8.4. Establecidos los parámetros constitucionales para evaluar
la razonabilidad de la decisión de las autoridades carcelarias a no acceder a
una solicitud de traslado, en especial, cuando ello compromete la unidad
familiar, pasa la Sala a analizar a la luz de los mismos el caso bajo estudio.
9. El Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar violó los derechos de Ana Maribel Barrios Torres a la dignidad, a la
salud y a la unidad familiar, al haber dilatado arbitrariamente las repetidas
solicitudes de traslado, obstaculizando así el goce efectivo de esos derechos; con
esos actos, también  desconoció el derecho a la unidad familiar de la señora María
de las Mercedes Barrios Torres.
9.1. Las autoridades carcelarias nacionales violan los
derechos de una persona, al dilatar arbitrariamente la decisión de trasladarla
a un establecimiento de reclusión teniendo en cuenta su derecho a la unidad
familiar y su situación  de salud, a pesar de que la persona interesada no haya
adelantado el procedimiento establecido en la ley para tramitar dicha solicitud,
cuando,  (i) ya la ha presentado informalmente, directa o
indirectamente;  (ii) una entidad oficial con competencia para velar por
la defensa de los derechos ha respaldado la solicitud –en este caso, la Defensoría
del Pueblo–; y  (iii) las autoridades carcelarias expresamente se han
comprometido a tramitar dicha solicitud, con la persona, sus acudientes o la
entidad oficial que se ocupa de promover la defensa de sus derechos.
9.2. La Sala concuerda con el reconocimiento que ha hecho la
jurisprudencia constitucional de las competencias autónomas que, legal y
reglamen­tariamente, se reconoce a las autoridades carcelarias para decidir
sobre los traslados de internos entre establecimientos carcelarios.[86]
Sin embargo, estas facultades no son un derecho ni un privilegio. Al INPEC no
se le reconoce esta competencia por capricho, sino porque se le considera la
institución con los mayores y mejores recursos humanos y materiales, para
determinar razonablemente estas decisiones. Tales reglas no son pues, permisos
para evadir estratégicamente las obligaciones de tramitar dichas solicitudes,
en especial, cuando de ellas dependen el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las personas interesadas en el traslado.
9.3. Los trámites adelantados por la señora madre de la accionante,
por la Defensoría del Pueblo, y por las propias autoridades carcelarias, dan
cuenta de las diversas ocasiones en que se intentó tramitar de forma adecuada
la solicitud de traslado.
9.3.1. Para la señora María de las Mercedes Barrios Torres,
el trámite de la solicitud del traslado de su hija, Ana Maribel, inició hace ya
12 meses, 8 de ellos, anteriores  al momento de haber interpuesto la
tutela.[87]  De hecho, ella tiene
fechas y lugares concretos en los que se presentaron quejas o documentos, o las
reuniones con diferentes funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá y
en Valledupar, y del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, también de
varias dependencias.
9.3.2. La Defensoría del Pueblo, Seccional Cesar, como se
dijo en los antecedentes de la presente sentencia [ver sección 3],
solicitó el traslado (27 de mayo de 2008), lo requirió (3 de julio de 2008) y,
finalmente, pidió que se le informara como iba el trámite de la solicitud de
traslado, luego de haber sido informada que el mismo se ya estaba adelantando
(17 de julio).
9.3.3. La respuesta del Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar,
EPCAMSVAL, Teniente Coronel en retiro Hernando Ríos González, del 9 de julio de
2008 aportada por la Defensoría del Pueblo, sostuvo, entre otras cosas, que
“(…) el traslado de la interna Barrios está siendo tramitado.”[88]
Al día siguiente, el 10 de julio, se reiteró la información así: “(…) es de
anotar que a la señora Barrios se le está tramitando por parte de la oficina de
jurídica el traslado respectivo, para evitar futuros inconvenientes.”[89]
Días después, el Director Regional Norte, INPEC, Coronel en retiro Luis Alfonso
Carvajal Lasso, confirmó los avances en el trámite del traslado de Ana Maribel
Barrios Torres en los siguientes términos,
“Sin embargo como medida
preventiva y con el fin de preservar la integridad de la mencionada interna, se
le puso en conocimiento al Director del Establecimiento la situación con la
interna Maribel y se le ordenó tomar las medidas de seguridad que sean
necesarias y a su vez, de ser necesario, inicie el trámite correspondiente para
solicitar el traslado por seguridad a la Oficina de Asuntos Penitenciarios
(Sede Central) quien es la competente para ello.”[90]
En la última respuesta del 4 de septiembre de 2008, el Director
(e) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario en cuestión, se pronunció
nuevamente con relación al caso, pero está vez, no se hizo comentario alguno al
proceso del traslado de la hija de la accionante.[91]
9.4. No obstante lo anterior, las autoridades del INPEC se
atrevieron a acusar a la señora María de las Mercedes Barrios Torres como una
persona impaciente, deseosa de saltarse los procedimientos establecidos para
proteger a su hija. De hecho, llegó a afirmar que la accionante “amenazaba”
el Debido Proceso Administrativo, y los principios de igualdad y de
legalidad, al querer dejar de seguir los conductos regulares y preferir “la
vía más rápida, la de la acción tutelar” [ver sección 4 de los
antecedentes]. Así pues, además del irrespeto que debe sufrir la accionante al
ser engañada por la administración que  afirma estar tramitando la solicitud de
traslado cuyo trámite en realidad está dilatando arbitrariamente, sino que al
reclamar la protección de sus derechos, se le acusa de no haber hecho nada para
presentar su solicitud adecuadamente ante la administración y, en lugar de
reconocer la paciencia que ha tenido la señora, se le acusa de afanada e
impaciente.
9.5. Tiene razón el INPEC cuando afirma que Ana Maribel
Barrios Torres, en su actual situación de interna, tiene el derecho de
solicitar su traslado. De acuerdo con el artículo 74 del Código Penitenciario y
Carcelario (Ley 65 de 1993), el traslado de los internos puede ser solicitado
al INPEC por ‘el interno’. Pero la norma advierte, además, que también
tienen tal facultad de presentar la solicitud de traslado ‘el funcionario de
conocimiento’ y ‘el director del respectivo establecimiento’.
Finalmente, el Código Penitenciario y Carcelario indica algunas de las causales
de traslado, ‘además de las que señala el Código de Procedimiento Penal’
(artículo 75, Ley 65 de 1993). Entre ellas incluye, por ejemplo, ‘1. Cuando
así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado por médico oficial’;
‘(…) 3. Motivos de orden interno del establecimiento’; ‘(…) 6. Cuando
sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores
condiciones de seguridad’.
9.6. Para la Sala, por lo tanto, la participación del INPEC
dentro del proceso, así como sus anteriores respuestas ante la Defensoría del
Pueblo, prueban  (1) que se ha dilatado arbitrariamente, sin razón alguna, el
estudio de la solicitud de traslado de la hija de la accionante, a pesar de que
las autoridades carcelarias ya habían sido prevenidas acerca de la posible
afectación de los derechos fundamentales de la persona en cuestión y  (2) que el
respeto por las competencias autónomas de la institución no se ha invocado para
defender la decisiones carcelarias adoptadas adecuadamente, mediante el proceso
de decisión institucional establecido, sino como una estrategia para pretender
justificar el tratamiento que se ha dado a la solicitud de Ana Maribel Barrios
Torres, su señora madre, una compañera de reclusión y la Defensoría del Pueblo.
Además,  (3) prueba que el INPEC o actúa con plena negligencia o con dolo,
cuando acusa a la accionante de querer saltarse impacientemente los
procedimientos establecidos, cuando en realidad, los ha padecido.
9.7. Así pues, el derecho a la unidad familiar de Ana
Maribel Barrios Torres y de su señora madre, María de las Mercedes Barrios
Torres, se ve irrazonablemente limitado por el INPEC, al no haber actuado adecuadamente,
para evaluar la posibilidad eventual del traslado que le había sido solicitado.
No hay razones para haber obstaculizado el ejercicio de este derecho.
9.8. Adicionalmente, advierte la Sala que la  cercanía de
Ana Maribel Barrios Torres con su señora madre, ya no es solo una cuestión a la
cual se deba propender en aras del respeto a su derecho a la unidad familiar.
Dada la condición emocional tan afectada en la que posiblemente se encuentra, como
consecuencia del impacto que ha tenido en ella las medidas de aislamiento a las
que fue sometida, la cercanía con su madre debe buscarse también con el fin de
garantizar el goce efectivo de su derecho a la salud. En tal medida, dilatar
arbitrariamente el trámite del traslado de Ana Maribel implicó en el presente
caso, obstaculizar no sólo el derecho a la unidad familiar y a la seguridad,
sino, probablemente, a su salud física, mental y emocional.
9.9. Por tanto, no es razonable que las autoridades
carcelarias hayan dejado de resolver favorablemente la solicitud de traslado de
la hija de la accionante, bajo el pretexto de que no se ha tramitado de acuerdo
al procedimiento establecido para ello, cuando dichas autoridades han dilatado
arbitrariamente dicho trámite, a pesar de que  (i) sí tenían noticia de la solicitud,
(ii) la cual había sido respaldada por organismos oficiales encargados de
defender los derechos y  (iii)  habían afirmado públicamente conocer la
petición y estarla tramitando. En tal medida, la decisión acusada del INPEC,
adoptada en su dependencia regional, y apoyada nacionalmente, es claramente
arbitraria y se convierte en un obstáculo al goce efectivo de los derechos a la
unidad familiar y muy probablemente a la salud, la vida y la integridad
personal.
9.10. Una vez resueltos los problemas jurídicos planteados
por la acción de tutela de forma favorable al sentido de las peticiones
presentadas por la señora María de las Mercedes Barrios Torres, pasa la Sala a
indicar las órdenes específicas que impartirá.
10. Órdenes a impartir
10.1. Como consecuencia de las decisiones adoptadas en el
presente caso,[92] la Sala de Revisión
revocará la sentencia de instancia y en su lugar tutelará los derechos a la
dignidad, a la unidad familiar, a la salud, a la vida y a la integridad
personal de Ana Maribel Barrios Torres.
10.2. En consecuencia la Sala impartirá las siguientes
órdenes para garantizar el goce efectivo de los derechos tutelados a la hija de
la accionante, y a ella misma.
10.2.1. Se ordenará al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que si aún
no lo ha hecho, suspenda de forma inmediata la medida de aislamiento a
la que tiene sometida a Ana Maribel Barrios Torres. En todo caso, la nueva
condición en la cual sea recluida debe garantizarle condiciones de existencia
digna, en especial debe protegerle y garantizarle su vida, su seguridad y su
integridad personal, frente a las amenazas de las cuales ha sido víctima.
10.2.2. También se ordenará al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que adopte
las medidas adecuadas y necesarias para que dentro de 24 horas valore el estado
de salud, físico y mental, de Ana Maribel Barrios Torres. El Establecimiento
deberá remitir copia de los informes acerca de la salud de la interna al Juez
de instancia, a la Defensoría Seccional del Pueblo y al Director General del
INPEC, que deberá remitir copia del mismo a los funcionarios del sistema de
salud que tendrán que encargarse de atender y proteger a Ana Maribel Barrios
Torres, una vez se efectúe el traslado que se ordenará.
10.2.3. Ahora bien, teniendo en cuenta las especiales
condiciones del caso, el hecho de que la Defensoría del Pueblo solicitara el
traslado y que el INPEC ya advirtió a la madre de la accionante que lo más
probable es que la solicitud de traslado, incluso en el caso de presentarse
formalmente, sería finalmente negada,[93] también se ordenará al Director
General del INPEC que en el término de 48 horas adopte las medidas adecuadas y
necesarias para trasladar a Ana Maribel Barrios Torres a un establecimiento
penitenciario y carcelario de Bogotá, o en su defecto, a Villavicencio, por ser
un lugar relativamente cercano al lugar de residencia de su madre. En cualquier
caso, el traslado tendrá que efectuarse antes de 20 días calendario. Cuando el
traslado sea efectuado, deberá ser informado por el Director General del INPEC,
por escrito y de manera detallada, dentro de las 24 horas siguientes, al
Juzgado de instancia, con copia del mismo a la Defensoría del Pueblo y a la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional.
Respecto del traslado, el INPEC manifestó su inconformidad
dentro del proceso, entre otras razones por las limitaciones presupuestales y
de recursos que tiene la entidad.  Para la Corte, las limitaciones
presupuestales no excusan a las autoridades carcelarias de su obligación de velar
por garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad. Por el contrario, en casos como éstos, las
limitaciones implican un mayor celo en la protección de los derechos. En
efecto, dadas las limitaciones presupuestales, y por tanto, la imposibilidad de
realizar un número indefinido de traslados de presos, el INPEC ha debido
estudiar cuidadosamente la decisión de haber trasladado a Ana Maribel Barrios
Torres desde Bogotá hasta Valledupar. En un caso de recursos abundantes, es
probable que el INPEC se pudiera tomar la libertad de trasladar rápidamente una
persona hasta un determinado establecimiento carcelario y luego, considerando
cuidadosamente la cuestión, la volviera a trasladar a un lugar más adecuado
para los fines propios de la pena, su seguridad y la protección de sus
derechos. La falta de recursos obliga a la administración a adoptar decisiones
cuidadosamente, teniendo en cuenta los diferentes factores de los cuales
dependa la misma. Es al momento de decidir, cuando la administración debe
tomarse en serio las limitaciones presupuestales, no luego, cuando se pretende
justificar con tales limitaciones la imposibilidad de cumplir la obligación de
corregir una decisión mal tomada, por cuanto no se consideró el impacto
negativo de ésta sobre goce efectivo de los derechos fundamentales.
10.2.4. Adicionalmente, se ordenará al INPEC que una vez traslade
a Ana Maribel Barrios Torres, en el término máximo de 5 días, valore
íntegramente su salud física y mental, a través (1) del sistema de salud que
presta sus servicios a la entidad y (2) de otra entidad de reconocimiento
público, especialmente designada para el asunto. La prestación de los servicios
de salud que los médicos que la valoren consideren necesarios, deberá ser
garantizada por el INPEC; el INPEC deberá remitir copia de lo prescrito por las
evaluaciones médicas al juez de instancia, a la Defensoría del Pueblo y a esta
Sala de Revisión.
10.2.5. En el caso de que la suspensión de la medida de
aislamiento deba temporalmente continuarse, por ser absolutamente necesaria
para garantizar los derechos de Ana Maribel Barrios Torres y, por tanto, no
pueda ser suspendida inmediatamente, se deberá  (i) avisar al juez de primera
instancia, a la Defensoría del Pueblo y a la Sala Segunda de Revisión esta
decisión de forma inmediata,  (ii) garantizar, por lo menos, tres horas
diarias en un patio, en el que tenga la posibilidad efectiva de socializar con
otras personas, en condiciones de seguridad, y (iii) el traslado deberá
efectuarse, perentoriamente, antes de 10 días calendario.
10.2.6. Se advertirá que el Juez de instancia es el
encargado de verificar y hacer cumplir las presentes órdenes, manteniendo la
competencia para adoptar aquellas medidas que sean necesarias para garantizar
el goce efectivo de los derechos tutelados de la accionante (Decreto 2591 de
1991). Así mismo, se reconoce a la Defensoría del Pueblo como la institución
garante que deberá acompañar el proceso de cumplimiento de las órdenes e
informar del mismo a esta Sala de Revisión.
10.3. Al igual que una de las sentencias que fue citada, la
Sala de Revisión debe señalar en el presente caso que el Juez de instancia no
encontró violación del derecho fundamental debido a que en sus consideraciones
sobre la dignidad y los tratos crueles no tuvo en cuenta el caso concreto y la
manera como se aplican las normas en el orden constitucional vigente, “simplemente
[se limitó a confrontar la]  validez de las normas legales y
reglamentarias.”[94]
Es importante que el Juez de
tutela sea sensible a los derechos fundamentales de quienes invocan su
protección, en especial cuando de ellos depende el cumplimiento de las órdenes que
deban asegurar el goce efectivo de los derechos (Decreto 2591 de 1991). En múltiples
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha encontrado tan contrarias a la
dignidad y al respeto humano las condiciones en que se encuentran recluidas las
personas, que ha empleado el calificativo ‘dantesco’ para describir la
situación. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia, desafortunadamente en
muchos casos “(…) los atropellos irrazonables, dantescos e inadmisibles que
se infringen a los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad son adjudicables al propio recluso, por haber delinquido y terminado
en la cárcel, y no al Estado por incumplir de manera manifiesta sus
obligaciones.”[95] El Juez de tutela debe
impedir que a las personas privadas de la libertad se les someta a tratos indignos,
debe impedir que se culpe a las personas en tal estado de los maltratos de los
cuales son víctimas y debe adoptar las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar que tales condiciones, en efecto, cesen.
11. Conclusión
11.1. En conclusión, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional citada en la presente sentencia:
(i) las medidas
restrictivas de los derechos de las personas privadas de la libertad deben ser,
además de legales y reglamentarias, constitucionalmente razonables y
proporcionadas;  cuando se trate de medidas potencialmente lesivas de los
derechos, como lo es el aislamiento o confinamiento, el juicio de
constitucionalidad de la medida deberá ser estricto;
(ii) concretamente, no es
razonable que un establecimiento carcelario someta a una persona a una medida
de aislamiento ­–que como tal, es potencialmente lesiva de los derechos
fundamentales– cuando no es necesaria, por ejemplo, si se adopta con el fin de
proteger a la persona aislada; las autoridades carcelarias deben emplear medios
alternativos menos restrictivos al aislamiento, si cuentan con ellos, o adoptar
las medidas adecuadas y necesarias para contar con tales medios alternativos,
si no los tienen; dentro de las medidas alternativas que se pueden contemplar,
entre otras, está el traslado de la persona a otro centro de reclusión.
(iii) cuando una medida de
aislamiento a la que se someta a una persona privada de la libertad sea
irrazonable, y por tanto lesiva de los derechos fundamentales, se prolongue
durante un tiempo considerable, y se tenga indicios de que ello ha afectado la
salud de la persona aislada, el juez de tutela deberá presumir que la medida también
afecta desproporcionadamente sus derechos a la salud, a la integridad personal
y, quizá, a la vida.
(iv)  no es razonable que las autoridades
carcelarias dejen de resolver favorablemente una solicitud de traslado de una
persona privada de la libertad, bajo el pretexto de que no se ha tramitado de
acuerdo al procedimiento establecido para ello, cuando dichas autoridades han
dilatado arbitrariamente dicho trámite, a pesar de que (*) sí tenían noticia de
la solicitud, (**) la cual había sido respaldada por organismos oficiales
encargados de defender los derechos y (***) las autoridades en cuestión habían
afirmado  públicamente conocer la petición y estarla tramitando.
11.2. Por tanto, en el caso concreto, el Establecimiento de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (1) violó los derechos a la dignidad, a
la libertad, a la salud, a la integridad personal y a la vida, de Ana Maribel
Barrios Torres al haberla sometido a un aislamiento irrazonable, por
innecesario y despropor­cionado, y  (2) violó los derechos a la dignidad, a la
salud y a la unidad familiar de Ana Maribel Barrios Torres al haber dilatado
arbitrariamente su solicitud de traslado, obstaculizando así, el goce efectivo
de tales derechos; en lo que se refiere a la unidad familiar, la Sala considera
que este derecho también se desconoció a la señora María de las Mercedes
Barrios Torres, madre de Ana Maribel.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia del Juzgado 15 de Familia de Bogotá mediante el cual se negó la
acción de tutela de la referencia y, en su lugar, tutelar los derechos a
la dignidad, a la unidad familiar, a la salud, a la vida y a la integridad
personal de Ana Maribel Barrios Torres, así como el derecho a la unidad
familiar de su señora madre, María de la Mercedes Barrios Torres.
Segundo.- ORDENAR al Director
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar que, si aún no lo ha hecho, suspenda de forma inmediata
la medida de aislamiento a la que tiene sometida a Ana Maribel Barrios Torres.
En todo caso, la nueva condición en la cual sea recluida debe garantizarle su
vida, su seguridad y su integridad personal, frente a las amenazas de las
cuales ha sido víctima. Además, ORDENAR, al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar que adopte las medidas adecuadas y necesarias para que dentro de 24
horas se valore el estado de salud, físico y mental, de Ana Maribel Barrios
Torres. El Director del Establecimiento deberá remitir copia de los informes
acerca de la salud de la interna al Juez de instancia, al Defensor del Pueblo y
al Director General del INPEC, que deberá remitir copia del mismo a los
funcionarios del sistema de salud que tendrán que encargarse de atender y
proteger a Ana Maribel Barrios Torres, una vez se efectúe el traslado que se
ordenará y tales funcionarios de la salud sean designados.
Tercero.- ORDENAR al Director
General del INPEC que en el término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, adopte las medidas adecuadas y
necesarias para trasladar a Ana Maribel Barrios Torres a un establecimiento
penitenciario y carcelario de Bogotá, o en su defecto, a Villavicencio. En
cualquier caso, el traslado tendrá que efectuarse antes de 20 días calendario.
Cuando el traslado sea efectuado, deberá ser informado por escrito y de manera
detallada, dentro de las 24 horas siguientes, al Juzgado de instancia, con
copia al Defensor del Pueblo y a la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional.
Cuarto.- ORDENAR al Director
General del INPEC que una vez traslade a Ana Maribel Barrios Torres, en el
término máximo de 5 días, valore íntegramente su salud física y mental, a
través  (1) del sistema de salud que presta sus servicios a la entidad y (2) de
otra entidad de salud que haga parte del Sistema General de Salud y sea de amplio
reconocimiento público, especialmente designada para el asunto. El informe de
salud del cual se habla en el segundo numeral de esta parte resolutiva, acerca
de la primera valoración médica que se ordena, deberá ser remitido por
el Director del INPEC a los funcionarios de la salud que sean designados para
realizar esta segunda valoración médica que se ordena. La prestación de los
servicios de salud que los médicos que la valoren consideren necesarios, deberá
ser garantizada por el Director del INPEC y el Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario al que sea trasladada Ana Maribel Barrios Torres; el
INPEC deberá remitir copia de lo que sea prescrito por las evaluaciones
médicas al Juzgado 15 de Familia de Bogotá, al Defensor del Pueblo y a la Sala Segunda
de Revisión.
Quinto.- En el caso de
que la suspensión de la medida de aislamiento deba temporalmente continuarse,
por ser absolutamente necesaria para garantizar los derechos de Ana
Maribel Barrios Torres y, por tanto, no pueda ser suspendida inmediatamente, el
Director General del INPEC y el Director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar deberán  (i) avisar
al juez de primera instancia, a la Defensoría del Pueblo y a la Sala Segunda de
Revisión esta decisión de forma inmediata,  (ii) garantizar, por lo
menos, tres horas diarias en un patio, en el que tenga la posibilidad efectiva
de socializar con otras personas, en condiciones de seguridad, y (iii) el
traslado deberá efectuarse, perentoriamente, antes de 10 días calendario.
Sexto.- Remitir copia de
la presente sentencia, por intermedio de la Secretaria General, a Ana Maribel
Barrios Torres, al Defensor del Pueblo, al Director General del INPEC y al
Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar.
Séptimo.- El Juzgado 15
de Familia de Bogotá notificará esta sentencia dentro del término de
cinco días después de haber recibido la comunicación, de conformidad con el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Octavo.- Líbrese por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de
2003, artículo 73.­­– ‘Traslado de
internos. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de
un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud
formulada ante ella.’
[2] Sobre
la cuestión, la accionante sostuvo lo siguiente:  “Mis circunstancias
económicas no me permiten viajar a Valledupar para apoyar a mi hija, cosa que también
me tiene muy mal a nivel anímico y me siento muy deprimida, mi estado de salud
ha empeorado, tengo diabetes, la cual me están tratando con insulina;
próximamente me realizan operación de transplante en las rodillas debido a una
artrosis degenerativa pro lo cual los médicos me han advertido que el
procedimiento es bastante riesgoso y que hay muchas posibilidades de quedar
inválida.”
[3] Expresamente
dice la accionante: “La Defensoría del Pueblo, Seccional Valledupar, recomendó
al INPEC el traslado de mi hija para otro establecimiento carcelario, debido a
las difíciles condiciones de seguridad que presenta, pero a la fecha dicha
Defensoría no ha hecho cumplir este concepto.” Expediente, cuaderno principal, folio 13.
[4] Expediente, cuaderno principal, folio 13.
[5] Expediente, cuaderno principal, folio 11.
[6] Expediente, cuaderno principal, folio 7.
[7] El entonces Director General del INPEC,
Eduardo Morales Beltrán.
[8] En la comunicación dirigida al funcionario,
la accionante le aclaraba lo siguiente: “Por diferentes medios de comunicación
pude enterarme de su nombramiento como Director del INPEC y pude ver sus planes
con la institución y para con los internos, donde usted menciona en uno de sus
puntos que es primordial que los mismos estén cerca de sus familias, por lo que
confío en su generosidad y sentido humano para colaborarme con mi caso.  ||  No
siendo otro el motivo, le agradezco y dejo en sus manos el gran proceder para
tener una nueva oportunidad para ver a mi hija.” Carta de la Señora Mercedes
Barrios Torres al Director General del INPEC, Evelio Henao Ospina, el 26 de
septiembre de 2008; expediente, cuaderno principal, folio 3.
[9] Carta de la Señora Mercedes Barrios Torres al
Director General del INPEC, Evelio Henao Ospina, el 26 de septiembre de 2008;
expediente, cuaderno principal, folio 3.
[10] La respuesta del Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar,
EPCAMSVAL, Teniente Coronel en retiro Hernando Ríos González, del 9 de julio de
2008 a la cual hace referencia la intervención de la Defensoría del Pueblo dijo
lo siguiente: “(…) me permito informar en la situación a lo referente de la
interna Maribel Barrios TD 2743, que se han tomado medidas para garantizar su
integridad física en cuanto a que la interna Tatiana Pinzón se encuentra en el
área de aislamiento como medida de seguridad y que el traslado de la interna
Barrios está siendo tramitado.” Expediente, cuaderno principal, folio 23.
[11] Expresamente
dijo la respuesta del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
lo siguiente: “(…) en la situación a lo referente de la interna Maribel Barrios
TD. 2743, que se han tomado medidas para garantizar su integridad física en
cuanto a que las internas de las cuales ella recibe amenazas se encuentran en
pasillo de seguridad. Además, es de anotar que a la señora Barrios se le está
tramitando por parte de la oficina de jurídica el traslado respectivo, para
evitar futuros inconvenientes.” Expediente,
cuaderno principal, folio 24.
[12] La
respuesta del Director Regional Norte, INPEC, Coronel en retiro Luis Alfonso
Carvajal Lasso, a la cual hace referencia el Defensor del Pueblo Seccional dijo
lo siguiente: “La interna actualmente no presenta ninguna afección de salud, se
encuentra en un pasillo de seguridad, aislada de las demás internas desde el 24
de junio de 2008, porque presentó un brote de indisciplina junto con 3 internas
más, ya que se estaban agrediendo con chuzos de fabricación carcelaria, por
esta razón y según Resolución N° 1153 del 24 de junio de 2008 se dicta la
medida incontinenti contra las 4 internas, para evitar próximos altercados.
||  La interna Tatiana Pinzón, que presuntamente es la que está amenazando con
agredir a la interna Maribel Barrios, se encuentra en el área de aislamiento
hace aproximadamente 3 meses, cumpliendo sanciones disciplinarias por cometer
faltas contra el Reglamento de Régimen Interno, además tiene investigaciones en
proceso, que arrojarán otras sanciones.  ||  Sin embargo como medida preventiva
y con el fin de preservar la integridad de la mencionada interna, se le puso en
conocimiento al Director del Establecimiento la situación con la interna
Maribel y se le ordenó tomar las medidas de seguridad que sean necesarias y a
su vez, de ser necesario, inicie el trámite correspondiente para solicitar el
traslado por seguridad a la Oficina de Asuntos Penitenciarios (Sede Central)
quien es la competente para ello.” Expediente,
cuaderno principal, folio 30.
[13] Lo que respondió el 4 de septiembre el
Director (e) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario en cuestión al
Defensor del Pueblo Seccional fue lo siguiente: “(…) me permito informar que se
verificaron los registros de ubicación en el SISIPEC-WEB y los libros de junta
de asignación de patios y celdas, las internas Maribel Barrios Torres TD 2743
se encuentra ubicada en la celda 414 pasillo 3B de la torre N° 9 y las internas
Tatiana Pinzón TD 2740, Alexandra María Correa Pérez TD 2335 y Yuri Caterine
Peña TD 2927 se encuentran en el pasillo de seguridad de la misma torre, celdas
517, 519 y 513 respectivamente del pasillo 4B.  ||  Teniendo en cuenta lo
anterior se evidencia que ninguna de las internas enunciadas en el oficio N° DPSCES
6005-2626 están ubicadas en el mismo pasillo de la interna Maribel Barrios
Torres TD 2743.” Expediente, cuaderno principal, folio 32.
[14] Expediente, cuaderno principal, folio 19.
[15] Expediente, cuaderno principal, folio 37.
[16] Esta expresión en el contexto de las
relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad,
fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en la sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón). Así mismo, entre los
pronunciamientos más importantes al respecto, Cfr. Sentencias T-705 de 1996 y
T-153 de 1998.
[17] La subordinación tiene su fundamento en la
obligación especial de la persona recluida consistente en el deber de “cumplir
una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena
debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia
T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del
administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda
“sometido a un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.
[18] Desde los primeros pronunciamientos sobre el
tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que
se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la
limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia
T-422 de 1992.
[19] Que se concreta por ejemplo, en la
posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en  Sentencia
T-596 de 1992.
[20] Que se concreta por ejemplo, en la
posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en sentencia T-065
de 1995.
[21] Sobre los tres regímenes de los derechos
fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión,
limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de
1995 y T-705 de 1996.
[22] En este sentido véase la sentencia C-318 de
1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales
en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar
expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia
T-705 de 1996.
[23] Sobre la finalidad de la limitación a los
derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción,
véase especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la
posibilidad real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.
[24] Entre los especiales derechos de los presos y
su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de
una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y
digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable,
vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene
y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso
nocturno, entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.
[25] Sobre los deberes especiales del Estado ver
la sentencia T-966 de 2000.
[26] Para la Corte esta garantía debe ser
reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de
sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible
autoabastecerse, en este sentido ver la sentencia T-522 de 1992,  además se
encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado
en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no
solo pasiva, en este sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo
sentido la sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de
procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas
de una existencia digna, así en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en
estado de indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.
[27] Sobre el contenido de este deber positivo ver
la sentencia T-153 de 1998.
[28] Sobre el énfasis en el deber positivo en
cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[29] Responsabilidad del Estado que se concreta en
la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro
carcelario y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a
los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.
[30] La posibilidad de reinserción social depende
en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros
carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el
derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en
sentencia T-153 de 1998.
[31] Sobre la síntesis de la doctrina
constitucional de las relaciones de especial sujeción, en idénticos términos
Cfr.,  Sentencia T-881 de 2002.
[32] Corte Constitucional, sentencia T-687 de 2003
(MP Eduardo Montealegre Lynett); en este caso se decidió que la acción de
tutela es el medio de defensa judicial adecuado para que una persona privada de
la libertad reclame la protección de su derecho a la salud, independientemente
de si la afectación a este derecho conlleva o no la afectación otros derechos
conexos como la vida o la integridad personal. La doctrina constitucional sobre
relaciones de especial sujeción en el caso de la personas privadas legalmente
de la libertad, ha sido reiterada en múltiples ocasiones, entre ellas, en las
sentencias T-1190 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-690 de 2004 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-274 y T-1275 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-848
de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-566 de 2007 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[33] Así se consideró en la sentencia T-851 de
2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) en la que se indicó: “Esta regla fundamental consta expresamente en el
artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el
cual ‘toda persona privada de libertad será tratada huma­na­mente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’.  La sentencia
también hace referencia al artículo 5-2 de la Conven­ción Americana sobre
Derechos Humanos (CADH, 1969) [de conformidad con el cual “...toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente
al ser humano”] y al caso Knights y otros contra Jamaica de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte decidió en este caso que
“(…) no cabía duda sobre la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el
Departamento de Vaupés, tanto en el calabozo del Comando de Policía de Mitú,
como en la Cárcel Municipal de Mitú […] En ambos casos, las autoridades
estatales han incumplido en forma grave sus obligaciones constitucionales e
internacionales en la materia: mientras que las personas privadas de la
libertad en el calabozo del Comando de Policía se ven expuestas a condiciones
deplorables de reclusión que vulneran la mayor parte de los derechos
constitucionales de los cuales son titulares, quienes se encuentran recluidos
en la Cárcel Municipal de Mitú ven negado, en lo esencial, su acceso a la
resocialización por medio del trabajo y el estudio. […]”
[34] Las normas internacionales de derechos
humanos, tanto en el sistema universal de protección, como el sistema
interamericano de protección, consagran la dignidad de toda persona privada de
la libertad como uno de los de Derechos Humanos (CADH, 1969) ya citado, y el
numeral 1° del artículo 10° del Pacto Interna­cional de Derechos Civiles y
Políticos (PDCP, 1966)  prescribe una regla similar, a saber, que ‘toda
persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano’.
[35] Recientemente, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado conceptual­mente los ámbitos de protección de la dignidad
humana, estableciendo tres campos diferentes que han sido desarrollados,
caso por caso, a saber: “(…)  (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según
sus características (vivir como quiera).  (ii) La dignidad humana
entendida como ciertas condiciones mate­ria­­les concretas de existencia (vivir
bien). Y (iii) la dignidad humana enten­dida co­mo intangibilidad de los
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin
humillaciones).” Así lo señaló la Corte Constitu­cional en la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), caso en el cual, luego de analizar el desarrollo
jurisprudencial de la categoría constitucional ‘dignidad’, se consideró
que la decisión de la entidad accionada de suspender el fluido eléctrico generó
unas condiciones existen­ciales tales [“(…) Imposibilidad de prestación del servicio médico y de
correcto funcionamiento del Hospital del Arenal (falta de energía, equipos
médicos dañados por deficiencias en el fluido eléctrico). Imposibilidad del
funcionamiento del acueducto única fuente de agua potable del municipio
(funciona con motobombas). Ausencia de iluminación en los establecimientos de
la fuerza pública en las horas de la noche. (…)]
que implicaron ‘una
incuestionable amenaza a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
salud por conexidad con la vida y a la integridad física.’ Dentro de la segunda línea juris­pru­dencial (la dignidad humana y las
condiciones materiales de existencia, ‘vivir bien’), la Corte se refiere
a sentencias como la T-296 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero), caso en
el que se revisó la acción de tutela presentada por una persona recluida en una
cárcel con problemas de hacinamiento y que tenía que dormir sobre un piso
húmedo, lugar de paso de otros reclusos; aunque en este caso la Corte no
concedió la tutela por existir hecho superado (libertad del actor), se
pronunció sobre la relación entre el hacinamiento penitenciario la dignidad
humana y las condiciones materiales de existencia, en los siguientes términos:
“(…) el juez de tutela, como autori­dad
constitucional ‘obligada a asumir la vocería de las minorías olvidadas’,
debe ser riguroso en la protección de la dignidad humana de los internos (…)”,
no obstante reconoció que tal deber puede implicar ordenar la inclusión
presupuestal y la ejecución de una obra pública, siempre y cuando se trate de
una orden ‘restringida’ y ‘excepcional’, que responda a un término razonable,
proporcionado, acorde con las exigencias legales y constitucionales de
disponibilidad presupuestal y ordenación del gasto.”
[36] Para la Corte Constitucional, del “(…)
derecho a la dignidad y del concepto de Estado social de derecho, se deduce el
derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios que les garanticen la
posibilidad de reinsertarse en la sociedad (…)”, razón por la cual “(…) el
análisis del sistema penitenciario debe siempre girar en torno de la pregunta
sobre si éste cumple con la función resocializadora, a la cual se debe
fundamentalmente. (…)”. Corte
Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En sentido similar, el inciso 6 del artículo
5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (CADH, 1969) establece
que “[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados”, y el numeral 3 del
artículo 10° del Pacto Interna­cional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP,
1966) señala que “[e]l régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados
(…)”.
[37] Corte Constitucional, sentencia T-848 de 2005
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[38] Queja
N° 2008202078; ver la sección 3 de
los antecedentes de la sentencia.
[39] Queja
N° 2008201601; ver la sección 3 de
los antecedentes de la sentencia.
[40] Queja
N° 2008201637; ver la sección 3 de
los antecedentes de la sentencia.
[41] Antecedentes
de la presente sentencia, apartado 1.2.
[42] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón); en este caso, que analizó tres acciones de tutela
presentadas por presos, la Corte fijó por primera vez la doctrina de relaciones
de especial sujeción (aunque en ese momento la sentencia en realidad uso la
expresión ‘relación especial de sujeción’).
[43] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón).
[44] Previno a las autoridades del establecimiento
carcelario “que, en
ningún caso someta nuevamente a pena de calabozo a los prisioneros del
establecimiento penitenciario, mientras las condiciones de higiene no sean
compatibles con el concepto de dignidad humana expresado en la parte motiva de
esta sentencia y mientras la falta sancionada no tenga la gravedad que amerite
tal sanción, de tal manera que no se causen sufrimientos innecesarios a los
internos.” (T-596 de 1992).
[45] La
sentencia expresamente señaló: “RESUELVE […] OCTAVO: En todos los casos similares al presente
por sus hechos o circunstancias, siempre que las condiciones sanitarias del
encarcelamiento impliquen un tratamiento degradante, inhumano o cruel que
atente contra el principio constitucional de la dignidad humana del preso, la
doctrina constitucional contenida en esta providencia tendrá CARÁCTER
OBLIGATORIO en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991.” No obstante, la sentencia C-131 de 1993
declaró inexequible la expresión ‘obligatorio’ que contemplaba el artículo 23
del Decreto 2067 de 1991. Sobre el carácter vinculante, no obligatorio, de la
jurisprudencia constitucional, ver entre otras, la sentencia T-292 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[46] Corte Constitucional, sentencia T-065 de 1995
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[47] Corte Constitucional, sentencia T-065 de 1995
(MP Alejandro Martínez Caballero). La Corte consideró que: “(…) el fin motivo de la medida es
legítimo (orden público -art. 2 C.P.-, seguridad de los internos). Además, es
un fin importante para la conservación del Estado de derecho. Existe una
correspondencia entre el fin propuesto (la seguridad de los internos) y el
medio utilizado (la prohibición del ingreso de visitantes con cabello
sintético). En efecto, el ingreso de visitantes con cabello sintético al centro
carcelario altera las circunstancias normales de reclusión y crea un factor potencial
de alto riesgo en la seguridad de la cárcel, pues la experiencia carcelaria ha
comprobado que el cabello sintético removible introducido por los visitantes ha
sido utilizado para cristalizar fugas de internos, tal y como lo señalan las
directivas del establecimiento carcelario (folio 9).  ||  Finalmente, la medida
no es demasiado gravosa para los derechos de los internos y de los visitantes
al centro carcelario. En este caso, la medida afectaba en forma directa a la
visitante, pues sobre ella recaía la prohibición señalada. Según la juez de
tutela, la cual verificó personalmente el estado y características del cabello
sintético  […] era sencillo remover el cabello señalado y, por tanto, no
significaba una carga excesiva en contra de los derechos de la visitante.”
[48] Así lo decidió, por ejemplo, en la sentencia
T-793 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[49] Corte Constitucional, sentencia T-705 de 1996
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se decidió que los motivos alegados por las autoridades
carecen de fundamento objetivo y razonable y, por ello, se tornan ilegítimos.
(1) “la exigencia de un documento que acredite la propiedad de la máquina de
escribir por parte del señor […] es un requisito que no se encuentra
establecido en ninguna norma del régimen penitenciario y carcelario y que, en
principio, atenta contra el principio de la buena fe”;  (2) “resulta
absurdo exigir que la propiedad de un bien mueble, como una máquina de
escribir, deba ser acreditada mediante un documento público (tarjeta de
propiedad). […]”;  (3) “no parece razonable [aceptar que] el
interno […] nunca solicitó permiso para ingresar la máquina de escribir
a las instalaciones del centro carcelario [y] nunca negó la posesión de
la maquina. […]”;  (4) “el argumento según el cual la máquina de
escribir constituía un elemento peligroso que podría ser utilizado por algunos
internos para agredirse entre sí, […] carece de fundamento suficiente
como para erigirse en motivo que autorice la limitación del derecho fundamental
a la libertad de expresión del actor […] se hace necesaria una
motivación razonable a través de la cual se demuestre que, en razón de
unas específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que en principio es
inofensivo se transforma en elemento causante de peligro.” El accionante,
en el pasado, había sido Director del Establecimiento en el que ahora se
encontraba recluido.
[50] Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2001
(MP Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se consideró contrario a la
dignidad humana esposar a una persona a una cama de Hospital, a pesar de estar
gravemente herido –entre otras, cinco impactos de bala–, como medio para evitar
su fuga, pues se trataba de alguien peligroso; la Corte resolvió ordenar que se
le retiraran las esposas, si aún no se había hecho, y que se designara un
agente para que vigilara al accionante mientras se encontraba en el Hospital. La
Sentencia consideró que “En el caso en estudio, se utilizaron las esposas para
atar a una persona sindicada de un hecho punible dizque con el ánimo de evitar
su eventual fuga, que se encontraba postrada en la cama de un hospital, sin
consideración alguna de las difíciles condiciones de salud y el grave deterioro
de su integridad física en  que se hallaba, los que por sí solos permitían
colegir que no estaba en posibilidades físicas de huir y, por consiguiente, era
innecesaria, inútil y desproporcionada la medida adoptada para el fin
perseguido, y, además, en realidad se constituía en un medio injusto utilizado
por el agente del orden, avalado en últimas por su superior a juzgar por la
forma como se pronunció frente al hecho, para suplir una supuesta carencia de
personal para cumplir con esa tarea específica de vigilancia temporal, cuya
consecuencia mal podía soportar el administrado […].”
[51] Así se decidió en la sentencia T-690 de 2004
(MP Álvaro Tafur Galvis), decisión que fue reiterada por la sentencia T-848 de
2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) en los siguientes términos: “(1) El Estado tiene la legítima facultad y obligación
para practicar requisas razonables y proporcionadas, legalmente
consideradas.  ||  (2) En el caso de los visitantes, específicamente, toda
persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier
motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los
procedimientos de ingreso y egreso; por gozar los visitantes de la plenitud de
sus derechos, sólo pueden ser razonables las limitaciones que sean necesarias,
para obtener el fin buscado.  ||  (3) En cualquier caso, no es razonable una
requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la
persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando no es
necesaria por existir otros mecanismos para garantizar la seguridad.  ||  (4)
No es razonable constitucionalmente, por implicar una violación al derecho
fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las
requisas intrusivas que son practicadas por la guardia de un establecimiento de
reclusión, tales como desnudar al recluso o al visitante, obligarlo a agacharse
o a hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia; más
aún si éstas se practican en condiciones insalubres.  ||  (5) Las intervenciones,
registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos, tales
como las ‘requisas intrusivas’, pueden llegar a darse por razones fundadas ‘(…)
siempre que medie el consentimiento informado del afectado y el registro se
practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni
la integridad física y jurídica vulnerada, condicionamientos éstos que
demandan  (i) un mandato legal,  (ii) la supervisión judicial, (iii)
la intervención de personal experto y (iv) el uso de instrumental y
condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y
degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta’. [T-690 de 2004]”.  Al respecto ver también la sentencia
T-1062 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se tutelaron los
derechos de una persona a la que no se le permitía ingresar a visitar a su
pareja, porque los perros antinarcóticos parecían detectar olor de
estupefacientes en la ropa, a pesar de que la propia persona autorizaba
requisas intrusivas para que verificaran si portaba algo y a pesar de los baños
que daba a su cuerpo.
[52] En la sentencia T-848 de 2005 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) se indicó que “las requisas degradantes y la prohibición de
ingreso el día de visita a mujeres en período de menstruación son prácticas
inconstitucionales”.
[53] Esta conducta, entre muchas otras, fue
considerada constitucionalmente irrazonable por la Corte Constitucional en la
sentencia T-439 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), con ocasión de una
acción de tutela interpuesta por la Procuradora Regional de Caldas en contra de
la Cárcel Nacional de Mujeres, Villa Josefina, por varias conductas
violatorias de los derechos fundamentales de las internas.
[54] Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2006
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[55] Corte Constitucional, sentencia T-1096 de
2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se decidió que “el INPEC
desconoce de forma grave y manifiesta los derechos a la dignidad, la vida, la
integridad física y a la libertad sexual de una persona privada de la libertad,
cuando no adopta las medida necesaria para evitar que otros reclusos abusen
sexualmente de una persona recluida en un establecimiento carcelario y vulneren
sus derechos, en especial si se trata de una persona que pertenece a un grupo
que tradicionalmente ha sido discriminado.”
[56] Corte Constitucional Sentencia T-598 de 1993
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[57] Corte Constitucional Sentencia T-596 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón).
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-566 de 2007
(MP Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se estudia la decisión del INPEC
de no trasladar a una reclusa, a pesar del impacto que tal decisión tenía sobre
la unidad de su núcleo familiar. Más adelante se hace referencia a este caso en
extenso.
[59] En la sentencia T-1739 de 2000 (MP Cristina
Pardo Schlesinger) la Corte estudió el caso de un persona que por más de 6
meses había sido recluido en una celda castigo “bajo tornillos las 24 horas
del día”; antes de que se dictara sentencia, el accionante fue trasladado a
otro establecimiento carcelario.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón); en este caso la Corte consideró que: “La falta de servicios higiénicos
adecuados contiguos al sitio de reposo nocturno, además de ser un atentado
contra la salud, constituye una situación degradante e inhumana. La repulsión del hombre por sus
propios excrementos es algo fuertemente arraigado en su propia naturaleza
física y síquica y, además, estrechamente ligado a la sensación cultural del
pudor y de la dignidad. […]”.
[61] Esta decisión jurisprudencial fue presentada
en tales términos por la sentencia T-851 de 2004, caso en el cual fue reiterada
y aplicada.
[62] En el caso concreto la Corte señaló “como las
personas no deben permanecer en esas salas de retenidos por lapsos mayores al
mencionado [36 horas], la precaria dotación de las Estaciones de Policía y
sedes de los otros organismos de seguridad, no representan un peligro grave
para los derechos fundamentales de quienes son llevados allí de manera
eminentemente transitoria; pero si la estadía de esas personas se prolonga por
semanas, meses y años, el Estado que debe garantizarles unas condiciones
dignas, necesariamente faltará a tal deber, y el juez de amparo que verifique
tal irregularidad debe otorgar la tutela y ordenar lo que proceda para ponerle
fin.” Corte Constitucional, sentencia T-847 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[63] En la sentencia T-847 de 2000 se resolvió
ordenar “Ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario que, si aún no lo han hecho, en un término
razonable que en ningún caso puede superar los diez (10) días contados a partir
de la notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas
sindicadas y condenadas que se encuentren en las salas de retenidos de las
Estaciones de Policía de Santafé de Bogotá, el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y el
CTI, a los centros carcelarios en los que, de acuerdo con la Constitución y la
ley, deben permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene
ponerlas en libertad.”. De forma similar, en la sentencia T-851 de 2004 se
resolvió, entre otras cosas, ordenar “al
Alcalde Municipal de Mitú que, en ejercicio de su discrecionalidad dentro de
parámetros de razonabilidad, adopte
las medidas necesarias para lograr la protección efectiva de los derechos
fundamentales de las personas que se hallaren recluidas a la fecha de
notificación de esta sentencia en el calabozo del Comando de Policía de Mitú,
en forma tal que éstos sean recluidos a la mayor brevedad en un lugar a la vez
digno y seguro. Dichas medidas, en caso de ser necesario, podrán comprender el
traslado físico de tales personas a otro centro carcelario del país. En caso de
considerar necesario dicho traslado, el Alcalde Municipal de Mitú coordinará
con el INPEC las gestiones y diligencias necesarias, y solicitará el concurso
de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de la operación. Igualmente,
en caso de considerar necesario dicho traslado, el Alcalde Municipal de Mitú
garantizará que a las familias de los reclusos se les informe con la debida
antelación sobre la decisión de trasladar a los presos y se permita un contacto
personal.  ||  La adopción de las medidas necesarias para garantizar la
reclusión de estos presos en un lugar digno y seguro, sea mediante el traslado
o mediante otro tipo de gestiones, deberán haberse efectuado materialmente a
más tardar dentro del término de una (1) semana a partir de la notificación de
este fallo. (…)”
[64] Así, por ejemplo, en la sentencia T-851 de
2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), teniendo en cuenta que se trataba de
presos de alta peligrosidad, se resolvió ordenar al Alcalde Municipal de Mitú,
en tanto primera autoridad del municipio, que adoptara las medidas necesarias
para lograr la protección efectiva de los derechos fundamentales de dichas
personas, en forma tal que fueran recluidos en un lugar a la vez digno y
seguro. Expresamente se dijo: “Dichas medidas, en caso de ser necesario,
podrán comprender el traslado físico de tales personas a otro centro carcelario
del país. En caso de considerar necesario dicho traslado, en ejercicio de su
discrecionalidad y dentro de parámetros de razonabilidad, el Alcalde Municipal
de Mitú coordinará con el INPEC las gestiones y diligencias necesarias, y
solicitará el concurso de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de la
operación. […] Asimismo, el Alcalde Municipal de Mitú deberá adoptar las
medidas necesarias para que los familiares de las personas recluidas en el
Comando de Policía puedan establecer contacto con ellas, inclusive personal,
con la debida antelación a la ejecución de la orden de traslado.”
[65] Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2005
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[66] Así lo
consideró la Corte, siguiendo los lineamientos de la Procuraduría General de la
Nación, en la sentencia T-684 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[67] Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2005
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[68] Ver
apartado 6.3. de las consideraciones.
[69] Antecedentes
de la presente sentencia, apartado 1.6.
[70] Al respecto, entre muchas otras, ver la
sentencia T-611 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz); en este caso, si bien se
reconoció la facultad del INPEC, se ordenó a la entidad tramitar y considerar
debidamente, a la luz de la Constitución, la solicitud de traslado que había
sido presentada por el accionante.
[71] Corte Constitucional, sentencia T-894 de 2007
(MP Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se consideró que de acuerdo con
las pruebas del expediente, no era posible concluir que la decisión de traslado
‘fuera arbitraria’, por cuanto “éste se produce con el fin de solucionar el
hacinamiento que se ha venido presentando al interior de los centros de
reclusión de mujeres y a la situación jurídica y a la calidad del delito, que
hace necesaria la adopción de medidas de seguridad especiales.”
[72] En la sentencia T-153 de 1998, en la cual se
declara el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, se
constató la violación de los derechos de las personas privadas de la libertad
en Colombia, entre otras causas, porque las autoridades penitenciarias y
carcelarias no cuentan con alternativas que les permitan atender las
solicitudes que en tal sentido les son presentadas. Corte Constitucional,
sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[73] Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2005
(MP Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se resolvió, entre otras cosas,
ordenar “al Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de La Dorada Caldas [que en 48 horas]  informe oriente y
preste la ayuda necesaria al [accionante], sobre el procedimiento a
seguir, con el fin de obtener el beneficio de la visita conyugal y así proteger
su derecho fundamental a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y
a la protección integral de la familia.” En sentido similar, ver la
sentencia T-515 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se ratificó
la decisión de los jueces de instancia de considerar que no se habían vulnerado
los derechos de la accionante, con la decisión de no trasladarla, sin llevar a
cabo el procedimiento establecido para el asunto.
[74] En la sentencia T-894 de 2007 (MP Clara Inés
Vargas Hernández) se decidió que el establecimiento penitenciario y carcelario
acusado no había violado los derechos invocados por la accionante, entre otras
razones, porque se constató que la decisión acusada no era ‘arbitraria’.
[75] Corte Constitucional, sentencia T-966 de 2000
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se resolvió ordenar al Director
Nacional del INPEC, al Director Regional Occidente del INPEC, al Comandante de
Guardia y a la directora de la Cárcel Distrital ‘Villahermosa’ de la ciudad de
Cali, que realizaran la totalidad de las gestiones encaminadas a efectuar el
traslado de los actores a la ciudad de Pasto, en la fecha previamente acordada
con el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto, para la realización de la
audiencia pública de juzgamiento dentro de la causa N° 0057 contra los actores,
por la presunta comisión del delito de homicidio.
[76] La Corte consideró en este caso que es
constitucionalmente legítimo trasladar a un persona entre establecimientos
penitenciarios y carcelarios, cuando la decisión es razonable; dijo al respecto
lo siguiente: “(…) si bien el recluso tiene derecho, en principio, a
permanecer en la localidad en la cual está siendo juzgado, lo cierto es que
pueden existir suficientes razones para justificar el traslado a otra
localidad. Así por ejemplo, nada obsta para que el propio interno prefiera
estar en un lugar cerca de su familia o de sus seres queridos, o en un
establecimiento en el que encuentre mejores condiciones de vida  - porque puede
trabajar o estudiar -, o mayores condiciones de seguridad para su integridad
moral o física. En estos casos, derechos fundamentales como el derecho a la
salud, a la familia o al trabajo o, incluso, a la vida y a la integridad
personal, pueden justificar la limitación del derecho al debido proceso,
generada por el distanciamiento del interno de la localidad en la cual está
siendo procesado.  ||  Ahora bien, en las dramáticas condiciones de hacinamiento,
violencia e inseguridad que se viven en las cárceles del país[76], no sólo la voluntad del recluso puede
ser causa suficiente para justificar un traslado. En efecto, para nadie es un
secreto que, dadas las condiciones de hacinamiento, (…)”. Corte Constitucional,
sentencia T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[77] Aplicando tal consideración al caso concreto
que estaba siendo resuelto, la Sala de Revisión concluyó lo siguiente: “Por
tanto, […] es claro que el traslado de la interna a un lugar diferente a aquel
en el que venía purgando su pena y que progresivamente la aleja no solo de su
compañero sentimental sino de su hija, constituyen una vulneración de su
derecho a mantener contacto con su grupo familiar, así como el desconocimiento
de los derechos de la menor a contar con la compañía de sus padres.” Corte
Constitucional, sentencia T-566 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[78] En esta ocasión la Corte decidió que en el
caso concreto, las
posibilidades de ejercicio del derecho al trabajo “(…) se tornan en condiciones
necesarias para el ejercicio de otro  derecho como es el de mantener un
contacto más cercano con los miembros de su familia. Por tanto, se impone como
medida necesaria que las autoridades del penal reconsideren la solicitud del
interno y valoren nuevamente su solicitud de trabajo, teniendo en cuenta el
estado actual del proceso de resocialización del interno, su situación concreta
y los demás factores que ordinariamente deben ser valorados en este tipo de
casos, sobre todo el derecho a la igualdad respecto de la situación de los
demás internos.” Corte Constitucional, sentencia T-1190 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett).
[79] Por ejemplo, ver la sentencia T-274 de 2005
(MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[80] Corte Constitucional, sentencia T-1190 de
2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[81] Corte Constitucional, sentencia T-566 de 2007
(MP Clara Inés Vargas Hernández); la Sentencia concluyó al respecto en el caso
concreto: “Por tanto, partiendo de las circunstancias individuales, que
rodean el asunto bajo estudio, y en
pro de evitar un deterioro mayor en la estabilidad de la menor, la que debe ser
atendida por su familia, la sociedad y el Estado, con todo lo que envuelve su
situación personal, y de esta manera impedir que aumente la inestabilidad en
que se ha visto inmersa, a raíz de la detención de sus dos progenitores,
situación que no solamente afecta la unidad familiar de su núcleo sino su
desarrollo integral, se tutelará el derecho a la unidad familiar del actor y el
derecho a tener una familia y no ser separado de ella a la infante […].”
[82] Las autoridades del Establecimiento
carcelario del caso (T-566 de 2007) habían afirmado que la razón por la que
trasladaron a la pareja del accionante era ‘la necesidad de descongestionar’,
motivo contemplado por la ley como razón válida para ejercer la facultad de ‘disponer
el traslado de los internos’ [numeral 5° del artículo 75 de la Ley 65 de
1993].
[83] En la sentencia T-566 de 2007 la Corte
resolvió ordenar al INPEC con relación a los derechos de los accionantes:  (1)
“que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación
[del] fallo, proceda a iniciar el trámite pertinente para llevar a cabo el
traslado de la señora Lucero Alarcón Sotelo al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Neiva, atendiendo a las respectivas medidas de seguridad, trámite
que no podrá exceder de diez (10) días”; (2) “Restablecer el derecho a las visitas íntimas en la forma en que
venían disfrutando, el señor Diego Lisandro González Romero y su compañera la
señora Lucero Alarcón Sotelo”; y (3) “Ordenar al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, vigile el cumplimiento de esta decisión, en orden a garantizar
de manera efectiva los derechos aquí protegidos, así como la elaboración del
estudio respectivo, referente a la situación actual de la menor (…).”
[84] Corte Constitucional, sentencia T-566 de 2007
(MP Clara Inés Vargas Hernández).
[85] Corte Constitucional, sentencia T-274 de 2005
(MP Humberto Antonio Sierra Porto); en este caso se consideró que las
autoridades sí habían valorado la unidad familiar del accionante al tomar la
decisión de trasladarlo, a la vez que habían garantizado efectivamente el
acceso a los servicios de salud que requería.
[86] Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de
2003, artículo 73.­­– ‘Traslado de
internos. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de
un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud
formulada ante ella.’
[87] Antecedentes
de la presente sentencia, apartado 1.1.
[88] Expediente, cuaderno principal, folio 23.
[89] Expediente, cuaderno principal, folio 24.
[90] Expediente, cuaderno principal, folio 30.
[91] Dijo lo siguiente: “(…) me permito informar
que se verificaron los registros de ubicación en el SISIPEC-WEB y los libros de
junta de asignación de patios y celdas, las internas Maribel Barrios Torres TD
2743 se encuentra ubicada en la celda 414 pasillo 3B de la torre N°9 y las
internas Tatiana Pinzón TD 2740, Alexandra María Correa Pérez TD 2335 y Yuri
Caterine Peña TD 2927 se encuentran en el pasillo de seguridad de la misma
torre, celdas 517, 519 y 513 respectivamente del pasillo 4B.  ||  Teniendo en
cuenta lo anterior se evidencia que ninguna de las internas enunciadas en el
oficio N° DPSCES 6005-2626 están ubicadas en el mismo pasillo de la interna
Maribel Barrios Torres TD 2743.” Expediente, cuaderno principal, folio 32.
[92] Ver
secciones 7 y 9 de las consideraciones.
[93] El
INPEC sostuvo al respecto en su participación ante el juez de instancia los
siguiente: “El INPEC en la actualidad tiene gravísimas limitaciones
presupuestales y de cupos, razón por la cual los traslados operan con
fundamento en circunstancias excepcionales, pues cada desplazamiento implica una
enorme erogación en tiquetes, logística y seguridad, tanto para el interno como
para el personal de custodia y vigilancia del INPEC.”
[94] Corte
Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón).
[95] Corte Constitucional, sentencia T-1096 de
2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Ya en la sentencia T-847 de 2000 (MP
Carlos Gaviria Díaz) se había señalado que dadas “(…) las condiciones que se
constataron en la inspección judicial practicada a varios centros carcelarios,
en la sentencia T-153/98 antes citada [caso en el que se constató el estado
de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia], la referencia a la
obra de Dante se hizo inevitable; sin embargo, faltaba añadir a esa
descripción, la vuelta de tuerca que aporta el presente proceso: más allá de
ese infierno, hay otro, no sólo posible, sino más estrecho y con más
privaciones, el de las salas de retenidos. Y más allá de la desgracia que
sufren quienes van a dar a la cárcel en Colombia porque se les detiene
preventivamente o se les condena, hay también la posibilidad de caer
súbitamente en una sima peor, y por 24 o 36 horas, compartir la terrible
existencia de los habitantes del sub-infierno de las salas de retenidos, sin
siquiera la insuficiente justificación -y precarísimo consuelo- para semejante
maltrato, de eventualmente llegar a ser un sindicado o condenado.”