T-051-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-051/04
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
DERECHO A LA PENSION DE JUBILACION-Pago de aportes al ISS de trabajador que
fue reportado como desvinculado cuando no lo estaba
EMPRESA EN LIQUIDACION-Gerente liquidador debe sufragar aportes
al ISS de trabajador reportado como desvinculado cuando no lo estaba
Referencia: expediente T-742003
Acción de tutela instaurada por Luis
Bernardo Avellaneda Balaguera contra la empresa Construca S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo proferido por el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá dentro del proceso de tutela
instaurado por Luis Bernardo Avellaneda Balaguera contra la empresa Construca
S.A.
1. HECHOS, ANTECEDENTES Y PRUEBAS
1.1. Hechos y antecedentes
1.1.1. Luis Bernardo Avellaneda Balaguera interpuso
acción de tutela contra la empresa Construca S.A. el 2 de abril de 2003 para
"que se me amparen mis derechos fundamentales a la salud, la dignidad, la
igualdad y todos los demás que me han sido vulnerados"[1] por la empresa
accionada. Señala que se desempeñó como empleado de la empresa accionada desde
el 30 de enero de 1973 hasta el 28 de febrero de 1997, fecha para la cual su
salario ascendió a 550.000 pesos mensuales. En marzo de 1997 solicitó al ISS
que le reconociera la pensión de jubilación, solicitud que si bien fue resuelta
favorablemente luego de varios meses de espera, el monto de la pensión fue sólo
de un salario mínimo (179.205 pesos de la época) debido a que la empresa había
dejado de realizar los aportes correspondientes a varios períodos. No obstante,
para esa fecha "devengaba una remuneración aproximada de quinientos
cincuenta mil pesos ($550.000 M.L.) mensuales"[2]. Afirma que luego de
haberse jubilado, continuó prestado sus servicios a la misma empresa pero bajo
la modalidad de contratista, hasta que ésta fue liquidada en febrero de 2003,
actividad por la cual se le adeuda lo correspondiente a ocho meses. Solicita
que se ordene a la empresa Construca S.A. (en liquidación) pagar los aportes
que no fueron oportunamente cancelados. Anexa (i) copia de un
certificado expedido por el Director Administrativo de Construca S.A. en el
cual se certifica que el señor Avellaneda Balaguera "presta sus servicios
a esta compañía y por este concepto se efectuaron cotizaciones al INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES, al régimen de Prima Media con Prestación definida durante el
período de enero de 1973 a mayo de 1998"[3];
y (ii) copia de la historia laboral del accionante en la cual se indica
que él no tuvo vínculo laboral y, por lo tanto, no realizó aportes pensionales,
durante los siguientes períodos: de 74-06-02 a 74-06-30; de 74-10-01 a
79-01-01; de 79-04-01 a 82-12-01; de 84-02-01 a 85-07-11[4].
1.1.2. El liquidador de la empresa Construca S.A.
contestó la tutela interpuesta. Sostuvo que tenía conocimiento de la existencia
de algunas deudas de la empresa liquidada con el ISS, razón por la cual debía
hacerse parte en el respectivo proceso de liquidación antes del 22 de abril de
2003.
1.1.3. Correspondió al Juzgado Tercero Civil Municipal
de Bogotá conocer en única instancia del proceso de la referencia. En fallo
proferido el 11 de abril de dos mil tres, el a quo negó la tutela
interpuesta. En esa providencia se hace referencia a dos sentencias proferidas
por la Corte Constitucional, algunos de cuyos apartes cita, a saber, (i)
la Sentencia T-1016 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la cual se
reiteró, conforme se había previsto en la Sentencia SU-430 de 1998 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa) que "[n]o puede entonces la entidad administradora
de pensiones (EAP) obstaculizar el otorgamiento de una pensión de vejez a un
trabajador al que se le han descontado en forma periódica los aportes
correspondientes, debido al incumplimiento del empleador de consignar algunos
aportes a la EAP. No es justo que el trabajador deba soportar tan grave
perjuicio por una falta del empleador"; y (ii) la Sentencia T-908
de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) en la cual se indicó: "Sin embargo, se
observa en el sub lite lo siguiente: el actor recibe actualmente su pensión de
jubilación y la pretensión que reclama a través del mecanismo de la
acción de tutela consiste en que se le paguen los incrementos a los que tiene
derecho sobre la pensión especial de vejez por parte del Seguro Social. No se
demuestra en el expediente que el actor se encuentre afrontando un perjuicio
irremediable ante la falta de dicho incremento, ni que dicho rubro comprometa
sus condiciones mínimas de vida".
Con base en dichas providencias, el Juez Tercero Civil
Municipal de Bogotá concluye, primero, que la acción de tutela procede sólo
cuando el accionante carezca de algún otro mecanismo de defensa judicial
"salvo en el cual parezca demostrada la afectación al mínimo vital, lo
cual se echa de menos en el presente asunto pues no se aporta prueba alguna en
ese sentido, por el contrario, al accionante le fue reconocida la pensión de
vejez mediante resolución 015904 de 1997 emanada del Seguro Social –
Pensiones"[5];
y segundo, la acción ha debido interponerse contra el Seguro Social.
1.1.4. Por medio de auto del 13 de junio de 2003, la
Sala Número Seis de Selección, decidió seleccionar el presente proceso para su
revisión por la Corte Constitucional y repartirlo a la Sala Tercera de Revisión
de esta Corporación.
1.2. Pruebas solicitadas por la Sala
Mediante auto del dieciséis (16) de septiembre de dos
mil tres (2003), esta Sala de Revisión solicitó las siguientes pruebas: 1. Al
accionante, (a) que informara si había iniciado algún proceso ordinario
contra la empresa Construca S.A. para que ésta sufragara los aportes
correspondientes a los períodos durante los cuales estuvo presuntamente retirado
de la misma, o contra el Seguro Social para que éste reajustara su pensión; y (b)
remitiera copia de los comprobantes de pago de los salarios  a cargo de
Construca S.A. correspondientes a los meses en los cuales estuvo presuntamente
desvinculado de la misma. 2. Al Gerente Liquidador de la accionada, que
informara (a) si el accionante tiene la condición de acreedor de
Construca S.A., empresa que se encuentra en liquidación obligatoria y por qué
concepto; (b) si hay alguna relación entre la empresa Construca S.A. y
las empresas Construca LTDA, Constructora Cacciamani de Colombia LTDA y
Constructora de Carreteras; y (c) si la relación laboral del accionante
con la empresa accionada durante el lapso comprendido entre enero de 1973 y
febrero de 1997, fue continua o hubo períodos de desvinculación.
El accionante señaló que no había iniciado ningún
proceso ordinario contra la empresa accionada ni contra el Seguro Social
"porque el Gerente de Construca S.A., Dr. Mario Cortés, siempre me decía
que ellos pronto pagarían todo al Seguro Social y porque además al que
demandaba lo despedían inmediatamente"[6].
Adjuntó además recibos de pago y constancias laborales correspondientes a los
meses de febrero, mayo, junio julio y septiembre de 1984 y a marzo, abril,
mayo, julio y agosto de 1985, es decir, a las fechas en las cuales el Seguro
Social registra que el accionante se encontraba desvinculado de la empresa[7].
El Gerente Liquidador de la accionada respondió en los
términos que se refieren a continuación, las tres preguntas planteadas por la
Sala: (a) la empresa pagó al accionante la suma de 1'563.129 pesos por
concepto de deudas laborales que estaban pendientes. Además, el señor
Avellaneda tiene un crédito a su favor de 4'511.783 pesos por concepto de las
obligaciones provenientes del contrato de prestación de servicios que la empresa
había suscrito con él; (b) la empresa fue constituida en 1969 con el
nombre de Constructora Cacciami de Colombia LTDA; en 1973 adoptó la razón
social de Construca LTDA – Constructora de Carreteras y Obras Civiles LTDA; más
adelante, se la denominó Constructora de Carreteras y Obras Civiles S.A –
Construca S.A.; y (c) el accionante laboró para la empresa de manera
continua desde el 8 de enero de 1973 hasta el 7 de mayo de 1998[8].
2. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
2.1. Competencia
La Corte Constitucional, a través de esta Sala, es
competente para revisar las providencias proferidas por los jueces de instancia
dentro del proceso de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas
en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, y de
conformidad con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los hechos y antecedentes que motivan
el proceso de la referencia, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema
jurídico: ¿puede el actor, a quien se le reconoció ya su pensión de jubilación,
solicitar por medio de la acción de tutela que se obligue a la empresa para la
cual trabajaba y que se encuentra en liquidación, que sufrague al Seguro Social
lo correspondiente a las semanas no cotizadas, para obtener así un reajuste
pensional con miras a proteger su derecho a la seguridad social en conexidad
con el mínimo vital?
2.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
para la reclamación de acreencias laborales. Reiteración de jurisprudencia.
2.3.1. Esta Corporación ha señalado en
forma reiterada que "en lo que hace a la liquidación y pago de
obligaciones laborales la tutela es en principio improcedente, toda vez que
este tipo de controversias han de resolverse por la justicia ordinaria[9]. Sin embargo, tal
afirmación no es absoluta ya que la misma doctrina constitucional ha dispuesto
que esta improcedencia general en materia laboral admite excepciones.  En
efecto, como ya lo ha admitido la jurisprudencia de esta Corporación, se ha
aceptado la procedencia excepcional de la tutela cuando (i) se busque
evitar un perjuicio irremediable, (ii) no se cuente con otros medios de
defensa judicial, (iii) estos resulten ineficaces para la protección de
los derechos fundamentales afectados teniendo en cuenta el apremio que demande
su protección,[10]
circunstancias que deberán ser analizadas en cada caso concreto"
(Sentencia T-665 de 2003; M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
2.3.2. En esta oportunidad, el accionante tiene 66
años, es decir, es una persona de la tercera edad. En 1997 obtuvo la pensión de
jubilación en la modalidad de prima media, aunque el monto de la misma resultó
ser notoriamente inferior a la que le correspondía de acuerdo con el tiempo
durante el cual había estado vinculado a la empresa accionada (desde enero de
1973). Esto obedece a que si bien dicha empresa aplicó al empleado los
descuentos a su cargo, no realizó al Seguro Social los aportes por concepto de
seguridad social en pensiones correspondientes a varios períodos.
Así lo demuestran las pruebas que obran en el
expediente. En efecto, de un lado, hay un certificado expedido por el Seguro
Social en el cual se indica que de 74-06-02 a 74-06-30; de 74-10-01 a 79-01-01;
de 79-04-01 a 82-12-01; de 84-02-01 a 85-07-11[11]
el accionante presuntamente estuvo desvinculado de Construca S.A.. No obstante,
la Corte subraya que de otro lado, obran en el expediente dos certificados, uno
firmada en 1998 por el entonces Director Administrativo de Construca S.A[12]. y otro suscrito a
solicitud de la Corte Constitucional por el actual Gerente Liquidador de dicha
empresa[13];
ambos coinciden en que el señor Avellaneda Balaguer estuvo vinculado
laboralmente a Construca de manera continua, es decir, sin interrupciones,
desde enero de 1973 hasta mayo de 1998. Además, en el mismo sentido, obran
varios recibos de pago aportados por el accionante, en los cuales se da
constancia de los salarios pagados al accionante por la empresa accionada en
fechas en las que él presuntamente estuvo desvinculado de la misma. Tales
recibos muestran que a él se le descontaron los aportes a su cargo y con
destino al Seguro Social por concepto de cotizaciones pensionales[14].
2.3.3. Las circunstancias descritas permiten concluir
que en esta oportunidad los mecanismos ordinarios de defensa judicial –v.gr. la
interposición de una acción laboral– no son idóneos para la protección del
derecho a la pensión del accionante en conexión con su derecho al mínimo vital.
Varios factores concurren para sustentar dicha conclusión. En primer lugar, el
accionante es una persona de la tercera edad, es decir, es sujeto de la
especial protección del Estado (art. 46 de la C.P.). En segundo lugar, su
asignación pensional es significativamente inferior a la que le corresponde.
Ello cobra especial importancia en la actualidad. En efecto, si bien dicha
asignación pensional fue –en relación con el número de semanas laboradas y con
el monto de sus cotizaciones– manifiestamente baja desde el momento en que le
fue reconocida la pensión por el Seguro Social –su ingreso laboral pasó de
cerca de 550.000 pesos mensuales a 179.205 mensuales, es decir, disminuyó en
más de dos terceras partes–, el señor Avellaneda Balaguer pudo conservar su
nivel de vida gracias a que continuó vinculado a Construca bajo la modalidad de
prestación de servicios. No obstante, ahora que ya no dispone de esta fuente de
ingresos, su mínimo vital se ve afectado pues dejó de recibir unos ingresos que
le permitían compensar lo dejado de recibir por concepto de su justa asignación
pensional mientras que su pensión sigue siendo notoriamente inferior a la que
le corresponde. En tercer lugar, desde junio de 1974 y durante varios períodos
de diferente duración, Construca S.A., descontó al accionante la parte que le
correspondía por concepto de las cotizaciones de la seguridad social en
pensiones pero, incumpliendo sus obligaciones de manera manifiesta, se abstuvo
de hacer los pagos correspondientes al Seguro Social. Esto condujo a que el
accionado se viera en una marcada situación de desprotección laboral. Por
último, Construca S.A. se encuentra en liquidación, de manera que si se
iniciara un proceso laboral, éste probablemente resultaría inadecuado para la
protección efectiva del derecho a la seguridad social en conexidad con el
mínimo vital.
2.3.4. En respuesta al auto de pruebas enviado por la
Sala, el accionante afirmó que no demandó por la vía ordinaria laboral a
Construca S.A. pues ello le habría significado la cancelación del contrato de
prestación de servicios que suscribió con dicha empresa luego de la obtención
de su pensión de jubilación. Así pues, la Sala se cuestiona lo siguiente: ¿no
hay acaso en esta oportunidad una actuación omisiva por parte del accionante,
al no haber interpuesto las acciones laborales correspondientes para exigir a
Construca que procediera a sufragar los aportes no realizados, de manera tal
que no puede la acción de tutela entrar a enmendar una omisión de esta
naturaleza?
La Sala estima que este interrogante debe ser absuelto
en forma negativa. Mientras que estuvo vinculado laboralmente a Construca S.A.,
el accionante no tuvo forma de saber que dicha empresa no sólo se abstenía de
sufragar los aportes pensionales correspondientes a ciertos períodos sino que,
además, durante los mismos lo reportaba como laboralmente desvinculado. En
estas condiciones, es claro no hubo omisión alguna de parte del accionante.
Ahora bien, es cierto que una vez pensionado, el señor
Avellaneda Balaguer se enteró de que su asignación pensional no correspondía
con su historia laboral y con los aportes que se le habían descontado. No
obstante, la Sala valora que para ese momento él tenía 61 años, es decir, se
encontraba ya en una edad en la cual resulta muy difícil conseguir un cargo de
operador de maquinaria pesada.
De esta forma, es explicable que el accionante hubiere
preferido continuar vinculado a Construca bajo la modalidad de prestación de
servicios para obtener así unos ingresos adicionales que compensaran su pensión
manifiestamente baja, en lugar de iniciar un proceso laboral contra Construca
el cual le habría significado una clara disminución de su ingreso y una
afectación de su mínimo vital.
En conclusión, para determinar si procede la acción,
la Sala toma en consideración (i) que para el momento en que el
accionante recibió la pensión de jubilación tenía 61 años de edad; (ii)
que la asignación pensional que le reconoció el Seguro Social fue
manifiestamente inferior a la que le correspondía de acuerdo con el monto de
sus cotizaciones y con el número de meses cotizados; (iii) que de esta
forma los ingresos laborales del accionante se redujeron en más de dos terceras
partes; y (iv) que ello obedeció a que la empresa, a pesar de hacerle
los descuentos por concepto de aportes pensionales, incumplió durante varios
períodos su obligación de sufragárselos al Seguro Social, violando así la ley.
En consecuencia, la Sala estima que, dadas las
características específicas del presente caso, la tutela es procedente como
mecanismo judicial de protección del derecho a la pensión del accionante en
conexión con su derecho al mínimo vital.
2.4. La efectividad del derecho a la seguridad social
en pensiones. Aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso concreto.
2.4.1. La Corte Constitucional ha puesto de presente
que "[s]ea porque el empleador no descontó las semanas del salario del
trabajador, o  bien porque habiéndolas descontado, nunca las trasladó al
Instituto, en todo caso, la responsabilidad  por éstas semanas no recae sobre
el actor. En efecto, el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, establece como una
obligación del patrono descontar los aportes del trabajador a la seguridad
social del sueldo de cada mes, los cuales, -adicionados a los aportes
patronales- deberán trasladarse a la Entidad Administradora de Pensiones, en
este caso, la Seccional Cundinamarca del Seguro Social" (Sentencia T-165
de 2003; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
El artículo 22 de la Ley 100 de 1993 dispone:
"Obligaciones del Empleador. El empleador será responsable del pago de su
aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto,
descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las
cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya
autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad
elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro
de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. || El empleador
responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador" (subrayas fuera de texto).
2.4.2. Para garantizar la efectividad de esta
obligación y evitar efectos gravosos sobre el trabajador de buena fe, la Corte
ha sostenido lo siguiente: "No debe perderse de vista que de acuerdo con
la Sentencia C-177 de 1998 la hipótesis derivada del incumplimiento por mora
del patrono en los aportes para pensión se resuelve - a la luz de lo dispuesto
por el artículo 53 de la ley 100 de 1993- ordenando a la EAP a asumir las
consecuencias de su incuria dada la amplísima gama de atribuciones con que
cuenta para asegurar el efectivo cumplimiento de lo previsto en la ley. Además
de tener la posibilidad de acudir al expediente del cobro coactivo al tenor de
lo previsto por el artículo 57 eiusdem" (Sentencia T-363 de 1998; M.P.
Fabio Morón Díaz). Con base en ello, ha ordenado a la EAP correspondiente tener
en cuenta los períodos no cubiertos por la empresa y ha autorizado a la primera
para que repita contra la segunda.
2.4.3. Esta regla no es aplicable en esta oportunidad
dado que de 74-06-02 a 74-06-30; de 74-10-01 a 79-01-01; de 79-04-01 a
82-12-01; y de 84-02-01 a 85-07-11, el accionante fue reportado como
desvinculado de la empresa. Por lo tanto, no podía el Seguro Social cobrarle a
Construca S.A. los aportes correspondientes a una persona con la cual
presuntamente no tenía vínculo laboral.
Así pues, para garantizar la efectividad del derecho a
la pensión del accionante (de conformidad con el número de meses durante los
cuales estuvo vinculado a la empresa accionada y con el monto de lo que a ésta
le correspondía aportar) y en atención a que Construca S.A. se encuentra en
liquidación, la Sala habrá de ordenarle a su Gerente Liquidador que sufrague al
Seguro Social lo correspondiente a las cotizaciones que no fueron cubiertas
durante los cuales éste realmente sí trabajó pero fue reportado como
desvinculado, es decir, de 74-06-02 y 74-06-30; de 74-10-01 a 79-01-01; de
79-04-01 a 82-12-01; y de 84-02-01 a 85-07-11.
Para tal efecto, se ordenará al Gerente Liquidador de
Construca S.A., en su condición de persona responsable de honrar los pasivos a
cargo de esa empresa, que determine a cuánto asciende la deuda que ella debe
sufragarle al Seguro Social por concepto de las cotizaciones laborales a favor
del señor Avellaneda Balaguer correspondientes a los períodos mencionados,
durante los cuales él laboró para dicha empresa aunque figuraba como
desvinculado. Adicionalmente, se le ordenará al Gerente Liquidador de Construca
S.A. que conceda al accionante un lapso no inferior a cinco días, contados a
partir del momento en que éste conozca la liquidación correspondiente, para que
pueda presentar las objeciones que sean del caso con miras a que su derecho a la
pensión sea adecuadamente garantizado. Las objeciones que eventualmente
presente el accionante deberán ser estudiadas y contestadas en forma motivada
dentro de un lapso máximo de cinco días. Una vez concluido dicho término,
Construca S.A. deberá pagar lo debido al Seguro Social para que éste proceda a
realizar el reajuste que sea del caso.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el
presente asunto.
Segundo.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Bogotá el 11 de abril de dos mil tres en el cual se negó la tutela
interpuesta por Luis Bernardo Avellaneda Balaguera contra la empresa Construca
S.A.
Tercero.- CONCEDER la tutela de la referencia para amparar el derecho a
la seguridad social en conexidad con el mínimo vital del accionante Luis
Bernardo Avellaneda Balaguer. En consecuencia, SE ORDENA al Gerente Liquidador
de Construca S.A. (i) que, en el término de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del fallo, determine a cuánto asciende la deuda a
su cargo y a favor del Seguro Social por concepto de los períodos no cotizados
correspondientes a la seguridad social en pensiones de Luis Bernardo Avellaneda
Balaguer; (ii) que, una vez transcurrido ese término, conceda un plazo
no inferior a cinco (5) días al accionante para que él pueda presentar
objeciones a la cuatificación señalada; (iii) que, en caso de que el
accionante presente objeciones, las responda motivadamente dentro de los cinco
días siguientes a su presentación; y (iv) que, una vez surtido el
procedimiento señalado, pague la suma finalmente determinada al Seguro Social.
En todo caso, el Gerente Liquidador deberá sufragar dicha suma en un plazo
máximo de veinte días (20) contados a partir de la notificación del presente
fallo.
Cuarto.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]
Folio 11 del expediente.
[2]
Folio 11 del expediente
[3]
Folio 1 del expediente.
[4]
Folios 4 a 6 del expediente.
[5]
Cfr. folio 26.
[6]
Folio 47 del expediente.
[7]
Cfr. folios 51 a 79 del expediente.
[8]
Cfr. folios 81 y 82 del expediente.
[9] Sentencias
T-751 de 2002. M P. Manuel José Cepeda; T-273 de 2003 M. P. Jaime Córdoba
Triviño. T-
959 de 2001 M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[10] Sentencias
T-167 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-015 de 1995 M.P. Hernando
Herrera Vergara, T-063 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-146 de
1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-437 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
T-565 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-641 de 1996 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-006 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-081 de 1997 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-273
de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-527 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara,
T-529 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-012 de 1998 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[11]
Cfr. folios 4 a 7 del expediente.
[12]
Cfr. folio 1 del expediente.
[13]
Cfr. folio 80 del expediente.
[14]
Cfr. folios 51 a 79 del expediente.