C-027-93
Sentencia No
Sentencia
C-027/93
TRATADO
INTERNACIONAL/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza
La ley
aprobatoria de un tratado público, pese a las características especiales que
ostenta no deja por ello de ser una ley, sujeta al control constitucional de la
Corte. En el caso en que la violación manifiesta de una norma del derecho
interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, produzca como consecuencia
la violación de una norma fundamental de nuestra Carta Política, aún después de
perfeccionado el tratado, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre su
inconstitucionalidad. Nuestra Constitución no reconoce la supremacía de los
tratados internacionales sobre la Constitución Política. Por tanto la Carta no
autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la inexequibilidad de un
tratado que aún perfeccionado viola los postulados fundamentales que
estructuran la organización jurídico-política e idelógica del Estado
colombiano. Un control integral e intemporal respecto de los tratados ya
perfeccionados  que eventualmente comporten presunto desconocimiento de una
norma sobre derechos humanos o derecho internacional humanitario perteneciente al
ius cogens, sirve, en lo fundamental y de manera simultánea, los intereses del
derecho internacional y del derecho interno, como quiera que este se endereza a
dar plena vigencia a los contenidos axiológicos integrantes del ius cogens  y
en razón a que, tanto la Carta de 1991 como el derecho internacional público se
identifican en el propósito último de garantizar de manera concreta y efectiva
el respeto y la  protección a los derechos humanos.
TRANSITO
CONSTITUCIONAL/TRATADO INTERNACIONAL
En una situación
de tránsito constitucional como la que ha vivido el país en los últimos
tiempos, y teniendo en cuenta el propósito de coordinación entre derecho
interno y externo previsto por la Constitución de 1991, el control de la Corte
debe estar encaminado a la adaptación de sus normas nacionales e
internacionales a las nuevas exigencias constitucionales. Si se tiene en cuenta
la identidad de propósitos de ambos sistemas, esta adaptación no puede ser más
que conveniente. La Corte considera, que las incomodidades propias de una
denuncia del tratado resultan menos perjudiciales para las buenas relaciones
internacionales que la permanencia de un tratado cuyos principios no respetan
las exigencias jurídicas en materia de derechos humanos, principios y valores
previstas en ambos sistemas. El control jurídico de constitucionalidad que la
Constitución adscribe a la Corte Constitucional, se instituye junto con otros
mecanismos -como la tutela-  fundamentalmente para la defensa de los derechos
fundamentales.
PRINCIPIO PACTA SUNT
SERVANDA
Una vez
perfeccionado el vínculo jurídico internacional, el tratado ley trasciende del
ámbito nacional, y por tanto se regula por los postulados del orden jurídico
internacional encontrándose también conforme con el principio fundamental de reconocimiento
con plena validez y vigencia a los efectos que de él se derivan y con la norma
fundamental: pacta sunt servanda. Si bien esta Corte reconoce que al órgano
ejecutivo la Constitución Política le reserva la conducción y manejo de las
relaciones internacionales, considera que un aspecto bien distinto es
que,  si en un caso dado llegare a prosperar el control y a proferirse una
decisión de inexequibilidad, en virtud del respeto y observancia a la norma
Pacta Sunt Servanda, el órgano ejecutivo del Estado Colombiano, estaría
conminado a acudir a los conductos regulares, para, según un procedimiento de
orden jurídico-internacional, desatar  en ese ámbito el vínculo, procediendo a
denunciar el tratado.
DERECHO
INTERNO/DERECHO INTERNACIONAL/IUS COGENS
Surge una
verdadera  integración jurídica entre el derecho interno de los países, en cuya
cúpula se halla la Constitución Política, y el derecho internacional cuando
está de presente su jus cogens, dado que éste por representar valores
superiores,  inalienables e inenajenables del individuo como son los derechos
humanos,   se coloca por encima de la misma normación internacional que pudiera
desconocerlos y al mismo jus cogens habrá de acomodarse la legislación interna
de los países. Dentro de esta concepción es que esta Corte habrá de juzgar el
Concordato, el cual por ello ofrece características de tratado sui géneris. Una
ley aprobatoria de tratados, como lo es la 20 de 1974, si no puede desconocer
tratados internacionales sobre derechos humanos que están en plano superior y
ocupan su lugar, con más razón ha de subordinarse a la Constitución, la cual
consagra de manera magistral, categórica y prolífica tales derechos humanos.
CONCORDATO/REVISION
DE CONSTITUCIONALIDAD
Si bien es cierto
que la Ley 20 de 1974 y su Tratado y Protocolo Final estaban perfeccionados al
entrar a regir la nueva Constitución, ellos  ofrecen la especial connotación de
referirse al jus cogens de derecho internacional que ampara los derechos
humanos y los coloca en la cima de la jerarquía normativa internacional.  Por
esta razón y teniendo en cuenta la integración que debe existir entre el
ordenamiento interno de las naciones y el exterior de los Estados (art. 93
C.N.), los actos acusados han de ser examinados a la luz de los tratados internacionales
sobre derechos humanos con el fin de verificar si se ajustan o no a ellos.
CONCORDATO-Vicios de Forma
la Ley 20 de 1974
ya fue examinada por la Corte Suprema de Justicia en cuanto hace a vicios de
forma frente a la Carta de 1886 y fue hallada exequible (sentencia No. 11 de 12
de febrero de 1987 Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz).  Y según doctrina
de ella como de la Corte Constitucional, tales vicios de procedimiento han de
juzgarse a la luz de la Constitución que los establece, en el evento sublite,
de la Carta de 1886.
INCONSTITUCIONALIDAD
SOBREVINIENTE
En cuanto hace a
la cuestión de fondo, la confrotación y decisión que hubiere hecho la Corte
Suprema de Justicia de la Ley 20 de 1974 ante la Constitución de 1886, no
inhibe a la Corte Constitucional de efectuar el condigno examen material frente
a la Constitución de 1991 y no se produciría cosa juzgada alguna, pues, por
tratarse de un ordenamiento nuevo Superior, puede contener normas a las cuales
no se avenga dicha Ley, como en efecto sucede. Se presenta entonces el fenómeno
de la inconstitucionalidad sobreviniente.
PRINCIPIO DE
DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL/LIBERTAD DE CULTOS
Frente  a
ordenamientos  tan categóricos de la nueva Carta en pro de la etnia indígena,
no se ajusta a esos postulados el artículo VI, el cual además, cuando prescribe
que la misma sea susceptible de un régimen canónico especial, no se aviene al derecho
a la libertad de cultos, que le permite a toda persona la profesión libre de su
religión y coloca a todas las confesiones religiosas en pie de libertad ante la
Ley.
MATRIMONIO
CATOLICO-Efectos civiles/DIVORCIO
A partir de la
expedición de la nueva Constitución y en especial de su artículo 42, los
efectos civiles del matrimonio católico cesan por divorcio decretado de acuerdo
con las normas civiles. Los incisos 9o. y 11 del artículo 42 de la Constitución
Nacional, al hablar en forma genérica "del matrimonio" y "los
matrimonios" y referir respecto a éstos "la disolución del
vínculo" y "la cesación de efectos civiles" determinan que todo
matrimonio queda regido por la ley civil en lo que atañe a la cesación de los efectos
civiles.No se trata de consagrar el divorcio del matrimonio católico. De
ninguna manera la Constitución  se ha pronunciado así, tan solo remitió a la
ley civil los efectos de todo matrimonio para indicar que cesarán los efectos
civiles, mas no los sacramentales, por divorcio. Todo lo concerniente al
divorcio de los matrimonios es del fuero del Estado, quien es el autorizado
para distribuir la competencia. Serán entonces competentes en el presente caso
los jueces que señale la ley. Por ello es inconstitucional la competencia
acordada en el Tribunal Superior.
SEPARACION DE
CUERPOS
Es inexequible la
norma en cuanto la materia de separación de cuerpos es indisponible por parte
del Estado, quien no puede pactarla, en el sentido que fuese -defiriéndola o no
a la ley civil- con ningún Estado, ya que el Estatuto Máximo confía a éste su
tratamiento y reglamentación. La cuestión de la separación de cuerpos queda
bajo el amparo del Estado, la competencia para conocer de ella se radica
obviamente en los jueces señalados en la ley civil.
AUXILIOS O
DONACIONES-Prohibición
Constitucionalmente  se prohibió el
auxilio a las entidades de derecho privado, como son los centros educativos de
la Iglesia Católica o de cualquier otra fé religiosa. Esta prohibición no es
óbice para que la religión católica en igualdad de condiciones con otras
confesiones religiosas debidamente reconocidas como tales por el Estado
colombiano, pueda celebrar con éste, en los niveles nacional, departamental,
distrital y municipal, con recursos de los respectivos presupuestos, contratos
"con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo y según la
reglamentación de la materia por el Gobierno Nacional" (art. 355 inc. 2°)
PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Vulneración
El artículo XI
contempla un trato preferencial para los hijos de familias católicas, con lo
cual se desconoce el principio de igualdad en que la Constitución coloca a
todas las religiones
RELIGION CATOLICA-Trato preferencial
Se estatuye una
trato preferencial a la religión católica por parte del Estado para llevar su
credo a las zonas paupérrimas, pues, todas las confesiones religiosas  han de
estar en situación de igualdad frente al Estado, como lo pregona el
ordenamiento Superior.   Se reitera en tratándose de las zonas marginadas de
indígenas a las cuales se dirige fundamentalmente el artículo XIII, la
identidad étnica, cultural, política y religiosa que les confiere la nueva
Carta.
OBISPO-Objeción al nombramiento/ARZOBISPO-Objeción
al nombramiento
La deferencia que
se otorga al Estado, a través del Presidente de la República para objetar los
nombramientos por razones civiles o políticas, pugna con el principio de
igualdad constitucional que debe existir entre todas las religiones, además de
la injerencia que en materias eclesiásticas se le otorga al Gobierno.
CIRCUNSCRIPCION
ECLESIATICA-Creación
La
inconstitucionalidad surge en la parte que confiere al Gobierno la facultad de
hacer recomendaciones sobre la creación de las circunscripciones eclesiásticas.
PERSONAL MILITAR-Atención espiritual/LIBERTAD DE
CULTOS/LIBERTAD DE RELIGION
El Concordato
está limitando el derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión que
tienen los militares en servicio activo de las fuerzas armadas y de paso, está
determinando una discriminación frente a las demás creencias e iglesias que
existen en Colombia. Esto no obsta  para que la Iglesia Católica por su propia
cuenta y sin comprometer al Estado colombiano, cual se dispone en el artículo
XVII, presente sus oficios religiosos y pastorales a la población castrense que
voluntariamente quiera recibirlos, al igual de lo que podría hacer cualquiera
otra confesión religiosa. O que el Estado en igualdad de condiciones se
comprometa al respecto con todas las religiones.
FUERO
ECLESIASTICO
No existe
fundamento constitucional que ampare la inmunidad en favor de los obispos y
similares por asuntos penales, estableciéndose una competencia exclusiva a la
cual entonces también tendrían derecho a acceder los altos miembros de las
demás iglesias existentes en el país.  Fuera de que quedarían sustraidas  esas
personas eclesiásticas de la jurisdicción del Estado, siendo  que a ésta deben
estar sometidos todos los residentes del país. El establecimiento de normas
especiales de procedimiento penal para el juzgamiento de clérigos y religiosos
instituye un tratamiento preferencial frente a los demás procesados. La Iglesia
como institución Social y Pastoral, se sustrae así a la soberanía del Estado y
por ello, es inconstitucional el texto concordatario. El establecimiento de un
fuero especial, debe ser de naturaleza constitucional y no legal, como es la
índole del fuero eclesiástico de que se trata. Además de que es al Estado a
quien corresponde en ejercicio de su potestad política establecer los sistemas
procesales de juzgamiento y carcelario de las personas residentes en su
territorio, lo mismo que los fueros para las personas que por sus condiciones
especiales de investidura así lo ameriten.
JURISDICCION CIVIL/JURISDICCION
ECLESIASTICA-Colaboración
La independencia
entre la jurisdicción civil y eclesiástica, no excluye la colaboración
armoniosa y respeto mutuo entre la Iglesia y el Estado, debiendo eso sí,
precisarse que la colaboración pregonada en dicho artículo ha de referirse a la
ejecución de los efectos civiles en los casos previstos en la Carta Política,
esto es, los que tienen los matrimonios religiosos y las sentencias de nulidad
de estos matrimonios.
IGLESIA
CATOLICA/USURPACION DE FUNCIONES RELIGIOSAS
No es de
competencia de la Iglesia Católica tipificar e imponer penas o conductas no
establecidas como tales por la ley penal colombiana y de otra parte pretender
darle vigencia a la anología en materia penal, contraviene abiertamente los
principios que rigen la misma. Cualquier persona que no tenga las condiciones
para el ejercicio de la  función eclesiástica o sacerdotal y se desempeñe así,
simplemente está usurpando las funciones clericales. La norma habla de una
"usurpación de funciones públicas" expresión con la que no está de
acuerdo esta Corporación, porque la función pública, la ejercen los
funcionarios públicos o servidores públicos.
PROPIEDAD
ECLESIASTICA/EXENCION TRIBUTARIA
El artículo no
dice exactamente de cuáles tributos quedan exentos los bienes inmuebles en él
citados, lo que conduce a pensar que si se tratare de gravámenes de propiedad
de los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, regiones y
provincias, no operaría el régimen de exención de que trata el artículo XXIV.
Al tenor del artículo 294 de la Constitución Nacional, a través de una ley no
se puede conceder este tipo de beneficios cuando los tributos corresponden a
las entidades territoriales. Al lado de esta norma constitucional existe otra
prevalente de la misma índole y que ha de aplicarse preferentemente, cual es la
que consagra la libertad religiosa que otorga el derecho de los fieles de las
distintas religiones a recibir los ministerios y ritos de ellas (art. 19 C.N.),
lo cual se hará  en los edificios  dedicados al culto.  Obsérvese también  que
mientras el artículo 294 se desenvuelve en un plano local, el 19 es de alcance
nacional. La exención se extiende también a las distintas entidades y
congregaciones destinadas también a fines de orden espiritual y pastoral.
Estos inmuebles en cuanto respecta a la Iglesia Católica tendrán derecho a la
exención tributaria en los términos del artículo XXIV concordatario, mas con el
propósito de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de
entenderse extendido tal beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reúnan
los requisitos.
MISIONES-Contribuciones
La parte
pertinente del artículo XXVI que dice: "Será reglamentada la contribución
del Estado para la creación de nuevas diocesis y para el sostenimiento de las
que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones", es
inconstitucional porque fue hallada opuesta a la Carta Política la institución
de las misiones en las zonas indígenas y marginadas.
Ref.: Demandas  de inconstitucionalidad                                       acumuladas
Nos.  018,  116 y 136.
Tema:        Ley  20  de 1974  "Por la cual se                                                    aprueba
El Concordato y Protocolo                                                         Final
entre   la  República  de                                                 Colombia
y la Santa Sede, suscrito                                                  en
Bogotá el 12 de julio de 1973".
Actores:     .Carlos   Fradique  Méndez. D-018.
.Victor
Velásquez  Reyes, Israel                                                     Morales
Portela  y  Luis Eduardo                                                  Corrales.
D-116.
.Victor
Manuel  Serna,   Fabián                                                    Gonzalo
Marín y Javier  Bernardo                                                          Torres.
D-136.
Magistrado
Ponente:
Dr.
Simón Rodríguez Rodríguez.
Santafé de Bogotá,
D.C., cinco (5) de febrero mil novecientos noventa y tres (1993).
I.       ANTECEDENTES.
En ejercicio del
derecho a ejercer acciones públicas en defensa de la Constitución Nacional, de
que trata el artículo 40 de la Norma Superior, y apoyados en el numeral 4o. del
artículo 241 de la misma, los ciudadanos Carlos Fradique Méndez (D-018); Victor
Velásquez Reyes, Israel Morales Portela y Luis Eduardo Corrales (D-116); y
Victor Manuel Serna, Fabián Gonzalo Marín y Javier Bernardo Torres (D-136),
demandan la inexequibilidad del Concordato y su Ley aprobatoria.
A.
TEXTO DE LA NORMA ACUSADA.
"LEY 20 DE 1974
ART. 1. Apruébase
el Concordato y el Protocolo final, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973,
entre el Excelentísimo señor Nuncio Apostólico y el señor Ministro de
Relaciones Exteriores, que dice así:
CONCORDATO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y
LA SANTA SEDE
La República de
Colombia y la Santa Sede, con el propósito de asegurar una fecunda colaboración
para el mayor bien a la Nación colombiana, animadas por el deseo de tener en
cuenta las nuevas circunstancias que han ocurrido, tanto para la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana como para la República de Colombia desde l887,
fecha del Concordato suscrito entre ellas, han determinado celebrar un nuevo
Concordato, que constituye la norma que regulará en lo sucesivo, sobre bases de
recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre la Iglesia Católica
y el Estado.
Con tal fin, su
excelencia el Presidente de Colombia, señor doctor Misael Pastrana Borrero, ha
designado como su plenipotenciario a su excelencia el señor Alfredo Vásquez Carrizosa,
ministro de Relaciones Exteriores y Su Santidad el Papa Paulo VI ha designado
como su plenipotenciario a su excelencia monseñor Angelo Palmas, arzobispo
titular  de  Vibiana,  nuncio  apostólico  en  Bogotá, quienes, después de
canjear sus respectivos plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han
convenido en lo siguiente:
Artículo I.    El Estado, en atención al tradicional
sentimiento católico de la Nación colombiana, considera la Religión Católica,
Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo
de la comunidad nacional.
El Estado
garantiza a la Iglesia Católica a quienes a ella pertenecen el pleno goce de
sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las
demás confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano.
Artículo II. La Iglesia Católica conservará su plena
libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer
libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica,
conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes.
Artículo III. La legislación canónica es independiente
de la civil y no forma parte de esta, pero será respetada por las autoridades
de la República.
Artículo IV. El Estado reconoce verdadera y propia
personería jurídica a la Iglesia Católica. Igualmente a las diócesis,
comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley
canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad.
Gozarán de igual
reconocimiento las entidades eclesiásticas que hayan recibido personería
jurídica por un acto de la legítima autoridad, de conformidad con las leyes
canónicas.
Para que sea
efectivo el reconocimiento civil de estas últimas basta que acrediten con
certificación su existencia canónica.
Artículo V. La Iglesia, consciente de la misión que le
compete de servir a la persona humana, continuará cooperando para el desarrollo
de esta y de la comunidad por medio de sus instituciones y servicios
pastorales, en particular mediante la educación, la enseñanza, la promoción
social y otras actividades de público beneficio.
Artículo VI.El Estado y la Iglesia colaborarán en la
pronta y eficaz promoción de las condiciones humanas y sociales de los
indígenas y de la población residente en zonas marginadas susceptibles de un
régimen canónico especial.
Una comisión
permanente integrada por funcionarios designados por el gobierno nacional y
prelados elegidos por la Conferencia Episcopal, reglamentada de común acuerdo,
programará y vigilará el desarrollo progresivo de los planes que se adopten.
Las funciones de la comisión permanente serán ejercidas sin perjuicio de la
autoridad propia de planeación del Estado y sin que la Iglesia tenga a su cargo
actividades ajenas a su naturaleza y misión.
Artículo VII. El Estado reconoce plenos efectos civiles
al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico.
Para la efectividad de este reconocimiento la competente autoridad eclesiástica
transmitirá copia auténtica del acta al correspondiente funcionario del Estado,
quien deberá inscribirla en el registro civil.
Artículo VIII. Las causas relativas a la nulidad o  la
disolución del vínculo de los matrimonios canónicos, incluídas las que se
refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, son de competencia
exclusiva de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la Sede
Apostólica.
Las decisiones y
sentencias de estas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforme al derecho
canónico, serán transmitidas al tribunal superior del distrito judicial
territorialmente competente, el cual decretará su ejecución  en cuanto  a
efectos  civiles  y  ordenará su inscripción en el registro civil.
Artículo IX. Las altas partes contratantes convienen en
que las causas de separación de cuerpos de los matrimonios sean tramitadas por
los jueces del Estado, en primera instancia ante el tribunal superior
respectivo y en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia.
A solicitud de uno
de los cónyuges la causa respectiva se suspenderá en primera instancia y por
una sola vez, durante treinta días, para dar lugar a la acción conciliadora y
pastoral de la Iglesia, salvo la competencia del tribunal para adoptar las
medidas precautelativas que estime convenientes. Vencido el plazo, el
respectivo tribunal reanudará el trámite correspondiente.
Artículo X. 1.
El Estado garantiza
a la Iglesia Católica la libertad, de fundar, organizar y dirigir bajo la
dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier
nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de
inspección y vigilancia que corresponde al Estado. 2. La Iglesia
Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir
facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de
formación de religiosos.
El reconocimiento
por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros
será objeto de reglamentación posterior.
Artículo XI. A fin de hacer más viable el derecho que
tienen las familias de escoger libremente centros de educación para sus hijos,
el Estado contribuirá equitativamente, con fondos del presupuesto nacional, al
sostenimiento de planteles católicos.
Artículo XII. En desarrollo del derecho que tienen las
familias católicas de que sus hijos reciban educación religiosa acorde con su
fe, los planes educativos, en los niveles de primaria y secundaria, incluirán
en los establecimientos oficiales enseñanza y formación religiosa según el
magisterio de la Iglesia. Para la efectividad de este derecho, corresponde a
la  competente  autoridad  eclesiástica  suministrar      los programas,
aprobar los textos de enseñanza religiosa y comprobar cómo se imparte dicha
enseñanza. La autoridad civil tendrá en cuenta los certificados de idoneidad
para enseñar la religión, expedidos por la competente autoridad eclesiástica.
El Estado
propiciará en los niveles de educación superior la creación de institutos o
departamentos de ciencias superiores religiosas, donde los estudiantes
católicos tengan opción de perfeccionar su cultura en armonía con su fe.
Artículo XIII. Como servicio a la comunidad en las zonas
marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la
iglesia colaborará en el sector de la educación oficial mediante contratos que
desarrollen programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y
exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados en el gobierno
nacional se ajustarán a criterios previamente acordados entre este y la
Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VI.
Artículo XIV.         El derecho de nombrar arzobispos y obispos
corresponde exclusivamente al Romano Pontífice. La Santa Sede, antes de
proceder al nombramiento de un arzobispo u obispo residencial, o de un
coadjutor con derecho a sucesión, que deberá recaer en ciudadano colombiano,
comunicará al presidente de la República el nombre de la persona escogida, a
fin de saber si tiene objeciones de carácter civil o político. Se entenderá que
ellas no existen si no las manifiesta dentro de treinta días. Estas gestiones
se adelantarán por ambas partes con la mayor diligencia y reserva.
Artículo XV. La Santa Sede podrá erigir
circunscripciones eclesiásticas y modificar los límites de las existentes,
cuando lo creyere oportuno, para el mejor desempeño de la misión de la Iglesia.
Con tal finalidad informará previamente al gobierno, acogiendo las indicaciones
justas y convenientes que de él reciba.
Artículo XVI.La Santa Sede conviene en elevar con la
mayor celeridad posible las jurisdicciones misionales a la categoría de
diócesis, a medida que el desarrollo de las regiones resulta armónico con las
exigencias pastorales diocesanas.
Artículo XVII. La atención espiritual y pastoral de los
miembros de las Fuerzas Armadas se ejercerá por medio de la Vicaría Castrense,
según normas y reglamentos dictados al efecto por la Santa Sede, de acuerdo con
el gobierno.
Artículo
XVIII. Los clérigos
y religiosos no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles
con su ministerio y profesión religiosa y estarán además exentos del servicio
militar.
Artículo XIX. Continuarán deferidas a los tribunales del
Estado las causas civiles de los clerigos y religiosos y las que se refieren a
la propiedad y derechos temporales de las personas jurídicas eclesiásticas,
como también los procesos penales contra aquellos por contravenciones y delitos
ajenos al ministerio eclesiástico, sancionados por las leyes de la República. Se
exceptúan, sin embargo, los procesos penales contra los obispos y quienes están
asimilados a estos en el derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva
de la Sede Apostólica.
Artículo XX. En caso de procesos penales contra
clérigos y religiosos, conocerán en primera instancia, sin intervención de
jurado, los jueces superiores y quienes  los reemplacen, y en segunda, los
tribunales superiores.
Al iniciarse el
proceso se comunicará el hecho al ordinario propio, el cual no pondrá obstáculo
al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos. En la detención y
arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluídos en
cárceles comunes, pero si fueren condenados en última instancia, se les
aplicará el régimen ordinario sobre ejecución de las penas.
Artículo XXI. Los funcionarios de las ramas
jurisdiccional y ejecutiva del Estado, si fuere necesario, prestarán su
colaboración en la ejecución de las providencias de los tribunales
eclesiásticos, con el fin de proteger los derechos de las personas que podrían
ser lesionadas por ejecución incompleta o fallida de tales providencias.
Artículo XXII. El ejercicio ilegítimo de jurisdicción o
funciones eclesiásticas por quienes carecen de misión canónica para desempeñarlas,
oficialmente comunicado por la autoridad eclesiástica al competente funcionario
del Estado, será considerado por este como usurpación de funciones públicas.
Artículo
XXIII. La Iglesia
Católica y las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del
presente Concordato tienen la facultad de adquirir,  poseer,  enajenar  y
administrar  libremente  bienes  muebles  e inmuebles en la forma establecida
por la legislación colombiana para todos los ciudadanos, y sus propiedades,
fundaciones y derechos serán no menos inviolables que los pertenecientes a las
demás personas naturales y jurídicas.
Artículo XXIV. Las propiedades eclesiásticas podrán ser
gravadas en la misma forma y extensión que las de los particulares. Sin
embargo, en consideración a su peculiar finalidad se exceptúan los edificios
destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y
los seminarios.
Los bienes de
utilidad común sin ánimo de lucro, pertenecientes a la Iglesia y a las demás
personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato, tales
como los destinados a obras de culto, de educación o beneficencia, se regirán
en materia tributaria por las disposiciones legales establecidas para las demás
instituciones de la misma naturaleza.
Artículo XXV. El Estado reconoce el derecho de la Iglesia
a recabar libremente   de   los   fieles      contribuciones   para   el
culto  divino,   la sustentación de sus ministros y otros fines propios de su
misión.
Artículo XXVI. Las altas partes contratantes unifican las
obligaciones financieras adquiridas por el Estado en virtud del Concordato de
l887 y de la Convención sobre Misiones de l953. En consecuencia, reglamentarán
su  cuantía  en  forma  que  permita atender debidamente aquellas obligaciones.
Será también reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas
diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente
llamados territorios de misiones. El Estado concederá a las entidades
eclesiásticas que reciben la llamada renta nominal la posibilidad de redimirla.
Artículo
XXVII. El Estado
garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios
cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a
higiene y orden público.
En los
cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su
ministerio en la inhumación de los católicos.
Artículo
XXVIII. En defensa
y promoción del patrimonio cultural colombiano, la Iglesia y el Estado
colaborarán en el inventario del arte religioso nacional, que incluirá
monumentos, objetos de culto, archivos, bibliotecas y otros que por su valor
histórico o estético sean dignos de conjunta atención para conservarse,
restaurarse y exponerse con fines de educación social.
Artículo XXIX. En la ejecución de las disposiciones
contenidas en este Concordato como en sus reglamentaciones y para resolver
amistosamente eventuales dificultades relativas a su interpretación y
aplicación, las altas partes contratantes procederán de común acuerdo.
Artículo XXX. El presente Concordato, salvo lo acordado
en el artículo XXVI, deja sin vigor y efecto el que las altas partes contratantes
firmaron en Roma el 31 de diciembre de l887, aprobado por la ley 35 de l888, y
los siguientes acuerdos: la Convención adicional al Concordato, firmada   en
Roma el 20 de julio de l892, aprobada por la ley 34 de l892; los acuerdos
derivados del canje de notas números 27643 del 27 de febrero de l924, dirigida
por el Secretario de Estado de su Santidad al ministro extraordinario y
plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede y la respuesta de este del 10
de junio de l924, que dieron origen a la ley 54 de l924, y la Convención sobre
Misiones, firmada en Bogotá el 29 de enero de l953.
Asímismo, quedan
derogadas todas las disposiciones de las leyes y decretos que en cualquier modo
se opusieran a este Concordato.
Artículo XXXI. El presente Concordato se firma en doble
ejemplar y en lenguas española e italiana, cuyos textos serán igualmente
auténticos y harán fe.
Artículo
XXXII.     Este
Concordato entrará en vigor en la fecha del canje de las respectivas
ratificaciones de las altas partes contratantes.
En fe de lo cual,
los suscritos plenipotenciarios firman este Concordato, en la ciudad de Bogotá,
República de Colombia, a los doce  días de julio de mil novecientos setenta y
tres.
PROTOCOLO  FINAL
En el acto de la
firma del Concordato suscrito en la fecha entre la República de Colombia y la
Santa Sede, los plenipotenciarios de las altas partes contratantes hacen las
siguientes declaraciones que forman parte integrante del mismo Concordato:
EN RELACION CON EL ARTICULO VII:
1. De acuerdo con
la legislación vigente en el Estado colombiano, la inscripción de un matrimonio
canónico que no haya sido anotado en el registro civil al tiempo de su
celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de los
cónyuges o de quien tenga un interés legítimo en dicho matrimonio. Con tal fin
será suficiente la presentación de una copia auténtica de la respectiva partida
eclesiástica. La muerte de uno o de ambos cónyuges no será obstáculo para
efectuar dicha inscripción.
2. Los efectos
civiles del matrimonio canónico debidamente inscrito en el registro civil
regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio.
EN RELACIÓN CON EL ARTICULO VIII:
La República de
Colombia reconoce la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica en
cuanto se refiere a los aspectos canónicos del Privilegio de la Fe.
Por lo que se
refiere a los efectos civiles correspondientes, se tendrá en cuenta lo
dispuesto por la jurisdicción y la legislación civil colombiana, de manera que
sean respetados tanto los derechos adquiridos por los cónyuges como los
derechos de las personas legalmente amparadas en la sociedad conyugal.
EN RELACION CON EL ARTICULO IX:
La determinación
que hace este artículo de que las causas de separación  del  matrimonio
canónico  serán  dirimidas  ante   el Tribunal Superior y la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, no impedirá que, en el futuro, el Estado colombiano pueda
establecer una instancia especial para examinar y juzgar las causas relativas
al derecho de familia y que tenga un nivel equivalente al de aquellas
entidades.
El presente
protocolo se firma en la ciudad de Bogotá, República de Colombia,  a  los
doce  días  de  julio  de  mil novecientos setenta y tres.
ART. 2.  Derógase
la Ley 54 de 1924, por la cual se aclara la legislación existente sobre
matrimonio civil y todas las disposiciones contrarias al Concordato y al
Protocolo Final aprobados por la presente Ley.
ART. 3.  Esta Ley
regirá desde la fecha de su promulgación (D.O. 34.234 de enero 14 de 1975)".
B.
LAS DEMANDAS ACUSADAS.
1.      Proceso
D-018.
La demanda.
Carlos Fradique
Méndez demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo VIII de la Ley 20
de 1974, por la cual se aprueba el "Concordato y Protocolo Final entre
la República de Colombia y la Santa Sede".  En efecto, solicita se
declaren inexequibles las expresiones "o a la disolución" y "exclusiva"
de la citada norma, la cual reza:
"Las causas
relativas a la nulidad o a la disolución del vínculo de los matrimonios
canónicos, incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no
consumado, son de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos
y congregaciones de la sede apostólica.
Las decisiones y
sentencias de éstas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforme al derecho
canónico, serán transmitidas al Tribunal Superior del Distrito Judicial
territorialmente competente, el cual decretará su ejecución en cuanto a efectos
civiles y ordenará su inscripción en el registro civil".
Considera el
demandante que si bien la nueva Constitución no prohibe la firma de
concordatos, ella en el inciso 9o. de su artículo 42 autoriza expresamente el
divorcio para toda clase de matrimonios religiosos, entre los cuales está el
celebrado por el rito católico o canónico, lo cual es contrario al contenido
del Concordato, por lo que éste deberá ser declarado inexequible, toda vez que
la Constitución Nacional prohibe expresamente en el numeral 10o. del artículo
241, que un Tratado Internacional sea contrario a la Constitución. Para ello,
especifica que las normas constitucionales que se oponen al Concordato son el
artículo 4o. en cuanto establece que la Constitución es norma de normas,
expresión que equivale a la de Ley de Leyes, y el artículo 42 en cuanto
establece que los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con
arreglo a la ley civil.
Alega en primer
lugar, que la antigua discusión sobre competencia de la Corte Suprema de
Justicia, para conocer sobre la constitucionalidad de los tratados
internacionales  y de las leyes que los aprueben, ha quedado superada con el
texto del artículo 241 numeral 10o. de la Constitución Nacional.  En segundo
lugar, que al afirmarse que la Constitución es norma de normas y que en todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales,  lo que se quiere significar es
que, en ningún caso una norma nacional y menos extranjera o supranacional,
puede aplicarse si es contraria a la Constitución Nacional.
Anota que las leyes
expedidas conforme a la Constitución derogada, así hayan sido declaradas
exequibles conforme a su texto, si son contrarias a la nueva  Constitución,
deben  entenderse tácitamente derogadas, pues la Ley 153 de 1887 contempla tal
derogación respecto de una Ley anterior que es contraria  a   una   posterior,
precepto que tiene mayor valor si la nueva ley tiene rango constitucional.  Y
si no se entiende tácitamente derogada, puede no aplicarse, invocando para ello
la excepción de inconstitucionalidad, la cual, usualmente,  no se aplica por
nuestros jueces por temor a ser sancionados por prevaricato, hecho del cual se
tiene historia reciente en cuanto al criterio que imperó sobre la aplicación,
por parte de los jueces laborales, de las leyes que limitaban el embargo de los
dineros del Estado y de la Caja Nacional en los procesos ejecutivos para el
cobro de pensiones de jubilación.
Afirma que, no
obstante  haber normas que fueron objeto de demandas de inexequibilidad,
encontradas conforme a la norma de normas por la Corte Suprema de Justicia,  si
esas normas son ahora contrarias a la Carta, se pueden demandar nuevamente sin
que haya lugar a proponer la excepción de cosa juzgada.
En cuanto al
concepto sobre la violación del artículo 4o. de la Constitución Nacional
vigente, argumenta que esa norma ordena que la Constitución es ley de leyes.
La Ley 20 de 1974, al establecer que las causas relativas a la disolución del
matrimonio canónico son de competencia exclusiva de los tribunales
eclesiásticos, contraría el texto constitucional citado.
En cuanto al
concepto sobre la violación del artículo 42 de la Constitución, se aduce que
aquí es más notoria la violación ya que esta  disposición señala claramente que
los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la
Ley Civil.  El artículo 42 autoriza el divorcio para toda clase de matrimonios
con arreglo a la ley civil, norma que tiene vigencia desde el pasado 6 de julio
de 1991, tal como lo ordena el artículo 380 de la Carta Política, sin que
ninguna de las normas transitorias hubiere aplazado la vigencia de dicho
artículo 42.
Al respecto añade
que en Colombia se aplica la analogía conforme lo ordena el artículo 8o. de la
Ley 153 de 1887, la cual establece que si no hay ley exactamente aplicable al
caso controvertido se aplican las leyes que regulen casos o materias
semejantes.  En consecuencia puede haber vacío en la ley, para regular el
divorcio del matrimonio iniciado por el rito católico, pero como hay leyes
completas que regulan el divorcio del matrimonio iniciado por el rito civil,
por analogía debe acudirse a estas normas.
Concluye que,
vigente en Colombia por orden constitucional el divorcio para el matrimonio
iniciado por el rito católico, y regulado por analogía el procedimiento y
competencia para concederlo, debe declararse la inconstitucionalidad de la
norma citada.
2. Proceso D-116.
La demanda.
El demandante señala
y fundamenta la violación por la Ley 20 de 1974 de los siguientes preceptos
constitucionales:
"Artículos1;2;3;4;5;9;;13;16;18;19;20;26;27;28;38;41;42;-7-8-9-10;67;68;74;75;76;77;82;89;93;99-9;101;113;152ayb;228;229;230;334;336;337;338;339;345;355;356;357;359;363
de la Carta".
En primer lugar la
demanda señala que en el curso de la historia constitucional colombiana, las
Cartas Políticas jamás consagraron la existencia de proveídos inhibitorios
frente a las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, pues, siempre se
establecieron normas perentorias que le entregaron a la Corporación(sic) la "Guarda
Integral de la Constitución", sin que se hubiere determinado excepción
alguna a esa protección integral de la Carta.
Es por ello que
habiéndose solicitado de la antigua Corte Suprema de Justicia la declaratoria
de inexequibilidad de la Ley 20 de l974 aprobatoria del Concordato, la
inhibición que pronunció la entidad, configuró una denegación de Justicia que
hoy debe reparar esta Sala Constitucional (sic). Así las cosas y fundamentados
hoy en el art. 241 (antiguo 214 C.N.) de la Carta Magna, que confía a la Corte
Constitucional "...la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución...", se plantean los siguientes errores de la Ley 20 de
1974.
a) Vicios en el
procedimiento formativo de la Ley 20 de l974. Vigente la Carta Política de l886 con sus reformas,
se consagró en el art. 218 de dicho Estatuto que "La Constitución,
salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, sólo podrá
ser reformada por un Acto Legislativo, discutido primeramente y aprobado por el
Congreso...".
No obstante si se
escudriña el acto que se impugna frente a la Constitución que rigió hasta el 4
de julio de l991, se encontrará que el proveído(sic) de l974 configura una
verdadera reforma Constitucional. Se rompe la unidad de la República, en razón
a la existencia de dos legislaciones y el reconocimiento de dos potestades o
poderes de igual categoría, cuales son la canónica y la civil, aquélla expedida
por  el  soberano   del   Estado  Vaticano  y  ésta  por  nuestro Legislador.
Se disminuye la soberanía nacional, pues los poderes públicos no se ejercen en
los términos establecidos en la Carta, ya que en la regulación del estado civil
de las personas y su juzgamiento, se permite la intromisión de una potestad
extranjera radicada en el Estado Vaticano del continente Europeo. Se discrimina
a muchos Colombianos frente a la Ley por profesar un credo religioso como el
Apostólico Romano, pues están, en sus juzgamientos y ruptura de sus vínculos
contractuales matrimoniales, sometidos a unos tribunales eclesiásticos, ajenos
al ordenamiento determinado en el art. 58 de la carta Constitucional pasada. Se
establece una prioridad para una religión, la cual según el Concordato marca
las pautas en los programas educativos a seguirse e igualmente se determina un
privilegio en el sostenimiento económico de parte del Estado a esa creencia. Se
restringe la libertad de enseñanza y la adopción de profesiones en materia
religiosa e instructiva de las fuerzas armadas y el reconocimiento de títulos
académicos.
Por lo tanto, la Ley
20 de l974 no era y no es una ley común, sino que es una verdadera reforma
constitucional, que para su promulgación requería agotar el procedimiento
señalado en la Carta Política existente en el momento de su promulgación. Luego
desde el punto de vista formal y atendiendo a lo materialmente estipulado en
dicho acto atacado, la mal llamada Ley 20 de l974 es un verdadero acto
legislativo, precisamente por modificar los cánones citados ut supra de la
Constitución pasada. Por ello se violó el procedimiento formativo de dicha
norma, para lo cual debe tenerse en cuenta la naturaleza de lo "contenido
en el resoluto acusado"(sic).
b) Frente a la Constitución de l991, 'los
basamentos de flagelación'(sic) de que hace gala la ley 20 son:
El artículo I,
atenta contra los preceptos 1o.,2o.,3o.,4o.,5o.,6o.,7o. y 9o. de la
Codificación Política, en razón de que consagra un odioso y discriminatorio
privilegio de una tendencia o de unas ideas religiosas sobre otras con lo que
desconoce: a. El pluralismo ideológico, cultural, político y religoso existente
en la República;  b. La unidad de la República en cuanto a ente jurídico se
refiere, pues afecta su autonomía colocando a la Iglesia Apostólica Romana no
sólo como la religión oficial del Estado, sino incluso por encima del Estado
mismo, cuando la Carta consagra únicamente por sobre él a Dios y no a potestad
terrenal alguna, supeditando la actividad estatal al concepto religioso de la
citada iglesia;  c. "Vifurca(sic) la soberanía y permite la ingerencia
de la persona jurídica denominada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuyo
representante legal es el Sumo Pontifice gobernante del Estado Vaticano, en los
asuntos internos", es decir que la Ley consagra la confesionalidad del
Estado colombiano, cuando la Carta la rechaza.
El artículo II es
violatorio de los artículos 3,4,5,6,13,43,113,116 y desconoce "los
capítulos 2,3,4 y 5 de nuestro máximo estatuto"(sic), porque consagra
una autonomía de una pretensa jurisdicción eclesiástica, ajena al ordenamiento
Colombiano, pues no existen en la Rama Judicial sino las siguientes
jurisdicciones por mandato constitucional: La Jurisdicción Contencioso
Administrativa, la Jurisdicción Constitucional y la Jurisdicción Especial de
que tratan los artículos 246 y 247.
Por medio del
artículo III la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se coloca por encima de
la potestad civil, con lo cual la Legislación civil de la República queda en
interdicción ante la canónica, con lo que se desconocen  los artículos 1o.,4o.
y 95-3 de la Carta vigente, colocando un Estado dentro del Estado.
El artículo IV
vulnera los artículos 1o.,2o.,5o.,14,19,23,38,68 y 336 porque restringe la
soberanía del Estado Colombiano hasta el punto de que para otorgar o reconocer
una personería jurídica a una entidad religiosa se requiere certificación de la
Entidad Católica, Apostólica y Romana, o sea que la única Iglesia que puede
introducir comunidades o entidades eclesiásticas en el país es ésa.  Se
consagra aquí un privilegio que viola el artículo 336 de la Carta que sólo lo
permite cuando sean "vertisticos"(sic) para la Nación.
El artículo V le
plantea al Estado que la Iglesia en conjunción con el artículo I del mismo
tratado,  debe tener injerencia en la educación, enseñanza y promoción social,
es decir, se atenta contra los artículos 13,16,18,19,27,26,68,69 y 70, ya que
al intervenir sigue determinando los programas, como se evidencia hoy en día a
título de ejemplo con el reconocimiento de títulos teológicos y programas
educativos.
El artículo VI debe
conjugarse con los artículos V y XIII y se verá la entrega de la soberanía
territorial indígena a la ley canónica de la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana que es la que ordena, manda y dispone.
El demandante agrupa
los artículos VII,  VIII y IX y al respecto expresa: El Estado por medio de
estos tres artículos concordatorios, reconoce que el contrato matrimonial puede
celebrarse ante la Iglesia Católica, Apotólica y Romana, es decir, le atribuye
efectos civiles mediante la inscripción en el registro civil de la
certificación que expida el funcionario eclesiástico, con lo cual se establece
un privilegio de los matrimonios de la religión católica frente a los
matrimonios de la Iglesia Católica Ortodoxa, Evangélica, Musulmana, Judia etc..
También acepta que es la Iglesia la competente para dirimir los conflictos que
de los matrimonios católicos se deriven, dejando al Estado la obligación de
ejecutar la sentencia que se decrete y finalmente, es la Iglesia como persona
jurídica y, en igualdad de soberanía, la que le impone al Estado  colombiano el
procedimiento de dos instancias en cuanto a separación de cuerpos se trata, "mas
no de disolución del vínculo". Así las cosas, estos tres artículos
desconocen los artículos 1o.,2o.,3o.,4o.,5o.,13,42-7-9 y 11.
A los artículos X,
XI, XII y XIII, se les "define" como manipulación de la
educación en virtud de los exorbitantes privilegios que se otorgan a la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana que ha llevado a que juristas los denominen "colonialismo
religioso". Además se considera que va en detrimento de "la
libertad de difundir"(sic) que consagraba "el artículo 53 hoy
artículo 19 de la Constitución"(sic). Consagrar mediante el artículo
XI la obligatoriedad para el Estado de contribuir con fondos del presupuesto
nacional al sostenimiento de los planteles católicos, es de una parte declarar
la confesionalidad del Estado y de otra establecer una discriminación frente a
colegios de otras religiones distintas a la Católica.
Privilegio que se ve
reforzado con lo reglado en el artículo XII que prescribe que es la Iglesia
Católica la que debe "Suministrar los programas, aprobar los textos de
enseñanza religiosa y comprobar cómo se imparte dicha enseñanza" "...
en los planteles educativos oficiales, en los niveles de primaria y
secundaria", todo lo cual supedita la enseñanza religiosa en los
colegios oficiales a la que determine dicha Iglesia, puesto que es ésta la que
define sobre la "idoneidad"  para enseñar religión. Vale la
pena preguntarse dónde están las libertades de enseñanza, de apredizaje y de
cátedra.
Acusa la demanda,
presuntos vicios de inconstitucionalidad contra los artículos XIV, XV y XVI,
que conforman  lo que en antaño se denominó "la normatividad del
patronato", según la cual el Estado interviene en la designación de
clérigos.
Así, el artículo XIV
señala la participación del Estado colombiano en el ordenamiento de los
jerarcas de la Iglesia  "con poder de veto por caracteres civiles o
políticos", lo cual ofrece y garantiza la confesionalidad de dicho
Estado.
El artículo XV
reitera la intervención y participación del Estado "en el avance
territorial en la noción de la fe católica", permitiendo "in
crescendo" la hegemonía religiosa que discrimina a los colombianos,
con lo que se afecta la igualdad religiosa. El artículo XVI al consagrar la
elevación de diocésis, con el desarrollo económico de las regiones, "se
elevan también los cargos(sic) económicos a cargo del Estado para
lo cual debe consolidarse la erogación presupuestal de la Nación",
violando el pluralismo ideológico, la autonomía del Estado y el artículo 355 de
la Constitución Nacional.
El artículo XVII "además
de ser una agresión a la libertad de las personas que como son autónomas e
independientes conforman las Fuerzas Armadas de la República",
constituye una violación del fuero interno de quienes las integran, pues es una
camisa de fuerza por la imposición que de dicha asistencia se hace. En una
palabra, el Estado colombiano por este artículo se convierte en el obligado
predicador de la fe Romana, conculcando el derecho de los integrantes de esos
cuerpos armados que por la disciplina militar y jerárquica deben aceptar y
participar de los ritos y enemonias(sic) de  tal religión.
El artículo XVIII
edifica el establecimiento de los privilegios y discriminaciones que en el
instante en que se firmó atentaban contra el artículo 54 de la otrora Carta
Política y que corresponde hoy al art. 216 de la actual. Atenta también contra
el artículo 99 de esta última.
El artículo XIX
está en abierta oposición  con el Estado de derecho y su soberanía, en razón a
que los obispos pese a ser colombianos y residentes en la nación, son juzgados
por autoridades foráneas y con una legislación ajena a nuestro ordenamiento
legal, lo cual es un atentado a nuestra autodeterminación,  a la igualdad
jurídica y territorial e igualdad ante las autoridades y el sometimiento que
debemos a nuestras normas y autoridades.
El artículo XX
consagra la prohibición de la publicidad del proceso y determina un fuero
carcelario, lo que quebranta el artículo 29 de la Constitución.
El artículo XXI
repite la injerencia y supremacía del Tribunal Eclesiástico ajeno a nuestro
ordenamiento, "convirtiéndolo en un mero auxiliar".
El artículo XXII le
otorga competencia a la Iglesia para que ejerza función pública, por lo que
equipara el ejercicio sacerdotal, cuya asistencia es eminentemente espiritual,
con esa función que es un concepto privativo del Estado
Los artículos XXIII,
XXIV y XXV ratifican una serie de privilegios económicos en favor de la
Iglesia.
El XIII repite "amparos"
de la antigua Constitución reglados en el otrora art. 16 y hoy por el artículo
2o..
El artículo XXIV
establece un privilegio fiscal para "los edificios, las curias
diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios",
exceptuándolos del pago de impuestos, lo cual, como es de público conocimiento
no ocurre con los edificios, seminarios, inmuebles de ninguna otra organización
religiosa,  afrentando de este modo el art. 19 de la Carta.
El artículo XXV, es
la plena demostración del "auto abastecimiento"(sic), del cual
subsisten en Colombia todas las demás organizaciones religiosas distintas de la
Católica y "es acá redundante e inoficioso, ya que en la antigua Carta
en el artículo 43 se definía el régimen tributario con sus respectivas
modificaciones en los estados exceptivos, hoy 345 de la vigente".
Con el artículo XXV
del Concordato de l887 el Gobierno se obligó a cubrir o asignar a "...perpetuidad
una suma anual líquida de cien mil pesos colombianos, y que se aumentará
equivalentemente cuando mejore la situación del tesoro..". Así, de
acuerdo a informaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana percibe algo más de $12.000.000.000.oo, lo cual
fáctica y jurídicamente es ilegal, en razón de que "su nueva
estipulación configura un sostenimiento económico a dicha Iglesia" y
el Estado financia de esta forma las actividades de la fé católica desbordando
el marco legal y los artículos 355, 19 y 28 de la Carta.
El artículo XXVII
que dice que los cementerios son de propiedad de la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, hace que éstos se hayan constituido en quebrantadores de
la paz religiosa por la prohibición de enterrar cadáveres de personas de
distinta fe a la Católica, no obstante aquí sí cumplen una función pública de
profilaxis, con lo cual también se permite la discriminación y la
obligatoriedad de aceptar una confesión que pugna con la conciencia de las
personas por el patrocinio del Estado a la fe Católica Romana. Máxime cuando la
inhumación es un servicio público, "en el cual puede existir(sic)
discriminación en su prestación". Por ello, también atenta contra
nuestro ordenamiento constitucional.
El artículo XXIX
viola el ordinal 20 del artículo 120 de la derogada Carta del 86 y que hoy
corresponde al artículo 189-2, pues es al  Presidente como representante de un
Estado soberano y a los tribunales a quienes corresponde velar por su
aplicación y pese a ello estamos en una capitis deminutio frente al Estado
soberano del Vaticano con lo cual se viola además el artículo 93 de la
Constitución.
El artículo XXX
comentado conjuntamente con el XXVI, reafirma "lo inconstitucional del
mismo", pues es la prueba del sostenimiento económico del Estado en la
actividad de la religión Católica Romana. Es discriminatorio por cuanto viola
el artículo 37 de la anterior Carta Política, hoy artículos 28-2(sic) y 19 de
la Constitución.
3. Proceso D-136.
La demanda.
Victor Manuel Serna,
Fabián Gonzalo Marín y Javier Bernardo Torres acusan como inconstitucionales
los artículos 6o. y 8o. de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Acto
Concordatorio celebrado entre la Santa Sede y la República de Colombia.
Manifiestan que el
artículo 6o. de la Ley 20 de 1974 contradice  el  artículo  68  inciso  5o. de
la Constitución Nacional. Para ello explican, que cuando aquél dispone que "el
Estado y la Iglesia colaborarán en la pronta y eficaz promoción de las
condiciones humanas y sociales de los indigenas", está desconociendo
el derecho que la Constitución otorga a los grupos étnicos (indígenas en este
caso), a formarse en el respeto y desarrollo de su propia identidad cultural,
puesto que las condiciones humanas y sociales de que habla el art. 6o. de la
Ley 20 de 1974 hacen parte de la identidad cultural de un grupo étnico y porque
el Estado y la Iglesia son instituciones susceptibles de deformar la herencia
cultural de los indígenas. Por lo demás, el acuerdo concordatario es imperativo
al pretender intervenir la identidad indígena, dejándose ver en esta
prescripción un afán desmesurado en el adoctrinamiento de estos grupos étnicos,
contraviniéndose así flagrantemente la disposición de la Carta fundamental.
Expresan que el
artículo 8o. de la Ley 20 de 1974 contradice el artículo 42 incisos 6o. y 8o.
de la Constitución Nacional, al establecer aquél que es de su competencia
exclusiva las causales relativas a la disolución del vínculo del matrimonio
católico; mientras que la Constitución consagra que la separación y disolución
del vínculo matrimonial se rige por la ley civil, y el inciso 8o. del  mismo
artículo dispone que "los efectos civiles de todo matrimonio cesarán
por divorcio con arreglo a la ley civil".
En lo que concierne
a la competencia de la Corte Constitucional se considera que desde el punto de
vista formal esta Corporación es competente para fallar de fondo sobre la
insconstitucionalidad de los artículos acusados en virtud de la disposición del
artículo 241 numeral 4o., el cual  contempla  sin  distingos  a todas las
leyes.  Sobre el mismo punto, pero desde la perspectiva  temporal, se estima
que a las normas demandadas les ha sobrevenido una inconstitucionalidad, ya que
según la doctrina constitucional esta figura opera ante el advenimiento de un
precepto constitucional posterior a la legislación siempre y cuando ésta sea
contraria. Además de que esta figura opera de pleno derecho y por consiguiente
estas normas deben dejar de aplicarse (pierden su vigencia). A esta Corporación
se le hace imperativo, con el fín de mantener la supremacía de nuestra Carta
Fundamental y en pos de la seguridad jurídica, pronunciarse sobre las
consecuencias de dicho fenómeno, declarando que estas normas han devenido en
inaplicables y que así mismo su vigencia ha cesado.
C.
CONCEPTOS DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN LOS PROCESOS Nos. D-018, D-116
y D-136.
El Procurador
General de la Nación expresó las siguientes consideraciones:
a.  Defensa de la
Constitución y Tratados Internacionales: Ante la no explícita consagración de la posibilidad de
que conociera de demandas contra  tratados  internacionales y sus leyes
aprobatorias, la Corte Suprema de  Justicia  reiteradamente se  declaró
inhibida  para  entrar  a  estudiar el contenido de estos tratados y leyes. En
el transcurso del tiempo se fueron consolidando tres tesis básicas, bajo
ninguna de las cuales tuvo oportunidad de analizar las distintas demandas
contra leyes aprobatorias de tratados internacionales, tesis que se sintetizan
en los siguientes términos:
La tesis de la falta
de competencia absoluta, por medio de la cual se consideró que la Corte Suprema
de Justicia carecía de competencia para conocer de demandas contra leyes
aprobatorias de tratados o convenios internacionales. La tesis de la
competencia temporal o precaria, a través de la cual se consideró que la
competencia de la Corte surge en el momento en que el Congreso Nacional aprueba
la ley y precluye cuando se perfecciona el instrumento internacional. Y la
tesis de la competencia intemporal, por medio de la cual se argumenta que la
guarda de la integridad de la Constitución no tiene excepciones ni de tiempo ni
de materia y abarca las leyes aprobatorias de los tratados públicos, cualquiera
que sea la oportunidad en que se ejercite la acción respectiva.
Con base en este antecedente
histórico,   las  reiteradas inhibiciones de la Corte Suprema de Justicia,
generaron vacíos en el sistema de control de constitucionalidad y por ende
actos no sujetos a control, al excluír las leyes aprobatorias de tratados
internacionales.
b. El derecho
internacional y el Concordato:
El Concordato, como Convenio Internacional
de carácter bilateral ,  examinado frente al Derecho Internacional General y al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos ofrece especiales
características.  Existen normas internacionales de jus cogens
inderogables por la voluntad de los Estados y que no permiten  acuerdo en
contrario en vista de los derechos que protegen.  Entre esas normas está el
artículo  103 de la Carta de Organización de las Naciones Unidas.  Dentro de
este marco se aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de aplicación universal  y que reconoce los derechos a la igualdad sin
discriminación alguna.   Textos semejantes se hallan en la Declaración
Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre aprobado en 1948, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Los Estados Americanos
adoptaron en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La  Constitución de 1991 elevó a rango
supraconstitucional los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el
Congreso y que reconocen derechos humanos, porque prevalecen en el orden
interno (art. 93 inc. 2°).  Así mismo, el Concordato desconoce muchas normas de
jus cogens de derecho internacional de los derechos humanos, a saber:  la
libertad religiosa; de igualdad  de derechos en cuanto al matrimonio, durante
éste y en caso de disolución del vínculo; la libertad de enseñanza; el respeto
a la autonomía y derechos y libertades de los indígenas; y el derecho a la
educación.
c.  Competencia de la Corte Constitucional
y Tratados Internacionales: El Procurador General de la Nación al analizar
la competencia de la Corte Constitucional  en  materia  de  control de
constitucionalidad sobre tratados internacionales y sus leyes aprobatorias,
manifiesta que la Constitución Política vigente al crear la Corte
Constitucional como titular de la función contralora de defensa de la Carta, le
asignó el ejercicio de las siguientes atribuciones:
-        Control
previo:  En virtud de este sistema de control, la Corte Constitucional ejerce
la defensa de la Constitución al decidir definitivamente y de manera previa
sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de sus leyes
aprobatorias, una vez que el Congreso las aprueba y el ejecutivo las sanciona,
antes de que se ratifique el tratado y cobre fuerza vinculante para Colombia en
el concierto internacional.  Para el efecto, el Gobierno tiene la obligación de
remitirlo a la Corte, dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la
Ley aprobatoria (numeral 10o. del artículo 241 de la Constitución Política).
-        Control
previo a la ratificación por vía de acción pública: Este sistema procederá
cuando  el  Gobierno  incumpla  la  obligación  contenida  en  el numeral 10
del artículo 241 de la Carta, evento en el cual cualquier ciudadano podrá
demandar la exequibilidad de leyes aprobatorias de tratados internacionales que
no hubieren sido sometidas al conocimiento de la Corte antes de que sea
ratificado el Convenio o Tratado.
-        Control
posterior por vía de acción pública: Este sistema se activará por impulsión
ciudadana  contra  los  tratados   internacionales   y   sus   leyes
aprobatorias, que al entrar en vigencia la Constitución actual ya habían sido
ratificados por el Gobierno Nacional y que por la fuerza y el efecto intemporal
de la Carta, así como por su supremacía en el sistema constitucional  y  por
los principios que estructuran nuestro régimen político, pueden devenir
incompatibles con normas superiores (inconstitucionalidad sobreviniente). En
este caso, corresponderá a la Corte asumir el conocimiento   de   la   acción
ciudadana   y   proferir   el  fallo  de  mérito, examinando el tratado o
convenio internacional y su ley aprobatoria tanto por vicios de procedimiento
como de fondo o materiales.
Al respecto precisa
que la Asamblea Constituyente no prohibió ni excluyó del control de
constitucionalidad el ordenamiento preconstitucional, en especial las leyes que
incorporaron al sistema jurídico interno convenios o tratados internacionales
ratificados con antelación a la nueva Constitución. En segundo lugar, se
advierte que tampoco se empleó fórmula alguna que constitucionalizara ni
saneara los posibles vicios de forma o de fondo que presentaran tales clases de
leyes, salvo que operara la constitucionalidad sobreviniente. En consecuencia,
los tratados internacionales   y   sus   leyes   aprobatorias  preconstitucionales,
formal  y materialmente, deben ajustarse a la Constitución actualmente vigente,
pues de lo contrario, coexistirían normatividades paralelas y muy seguramente
contradictorias, lo que conduciría a que las autoridades que deben aplicar las
leyes, discrecionalmente asuman la peligrosa facultad de aplicar la
Constitución o la norma inconstitucional del tratado internacional o de su ley
aprobatoria, vulnerando no sólo el sistema de defensa constitucional sino la
concepción constitucional misma.
Se considera que no
se entendería cómo la Corte Constitucional pueda revisar los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias por vicios de procedimiento o de fondo
a partir de la vigencia de la Constitución de 1991 y no pudiera conocer de
acciones ciudadanas intentadas  por  presunta   inconstitucionalidad
sobreviniente   contra   los perfeccionados antes de la promulgación de
aquélla, provocando consecuencias tales como la inmunidad constitucional para
cierta clase de actos exentos del control judicial de constitucionalidad.
En ese orden de
ideas la competencia de la Corte Constitucional tiene como fundamento normativo
lo siguiente: a)  el numeral 4o. del artículo 241, puesto que la competencia
deferida a la Corte en esta norma no puede interpretarse aislada del contexto
del sistema constitucional; b) el numeral 1o. del artículo 242 que muestra cómo
el ejercicio de las acciones públicas no tiene limitación, salvo por las
restricciones específicas y excepcionales referidas a los vicios de
procedimiento, toda vez que el concepto de ley se toma en sentido amplio y con
criterio material o de contenido, sin mirar si por la forma debería
clasificarse o no como tal; c) el numeral 6o. del artículo 40 de la Carta
Política, norma cuya vigencia inmediata e indiscutible fue ordenada por la
propia Asamblea Constituyente, por constituír una de las garantías ciudadanas
efectivas que hacen viable y real el derecho a participar en la conformación,
ejercicio  y  control  del  poder  político,  para   lo   cual   los ciudadanos
pueden interponer las acciones públicas en defensa de la Constitución; d) el
Preámbulo y el Título I de la Constitución Nacional, pues éstos además de
constituír a nuestro país como un Estado Social de Derecho, organizado en forma
de República unitaria, democrática y pluralista, garantizan que las relaciones
exteriores se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia.
d. Derogatoria
del Concordato: Se
distingue entre derogatoria e inconstitucionalidad. En efecto, la derogatoria
tiene naturaleza, fuerza y efectos en muchos aspectos radicalmente diferentes a
la declaratoria de inexequibilidad. La inexequibilidad, que sólo puede ser declarada
por la Jurisdicción Constitucional, tiene como consecuencia retirar la norma
del ordenamiento jurídico por su incompatibilidad con la Carta y se prohibe su
reproducción  cuando  la  declaratoria  se  produce  por  razones de fondo.
Mientras que la derogatoria no involucra un juicio de constitucionalidad sino
simplemente de vigencia. También, la derogatoria la puede ordenar la misma
autoridad que produjo el acto u otra de superior jerarquía, a diferencia de la
inexequibilidad, la que es resultante de un proceso de legitimidad
constitucional con base en el cual se llega a la conclusión que la norma viola
la Constitución y por tanto se declara por el órgano u órganos de la
Jurisdicción Constitucional y no por la misma autoridad que produjo el acto inconstitucional,
ni por su superior.
La incompatibilidad
planteada es la resultante de la introducción de regulaciones trascendentales
sobre el Derecho de Familia y su fuente primaria, el matrimonio, que han
provocado sobre la Ley 20 de 1974 (en la parte demandada) el fenómeno de su
inconstitucionalidad sobreviniente, declaratoria que corresponde hacer a esta
Corte.
e. Las Formas
Matrimoniales:  Competencia
exclusiva del Estado: Es una necesidad inaplazable que el Estado retome su
potestad soberana (exclusiva y excluyente) para regular las formas, sus efectos
jurídicos, régimen de separación y disolución del vínculo, derechos y deberes
de los cónyuges, en fin, los efectos civiles de todos los matrimonios
celebrados de acuerdo con la ley civil o con las normas religiosas de los
contrayentes, sobre la base del reconocimiento de la pluralidad de creencias.
La Asamblea Nacional
Constituyente al deferirle a las autoridades civiles la exclusiva competencia
para reglamentar todo lo relacionado con las formas matrimoniales, rito,
naturaleza, efectos, nulidad y disolución, haciendo abstracción de
apreciaciones  religiosas,  ha  seguido  la tendencia  contemporánea  que exige
que cada Estado retenga la potestad de determinar los efectos civiles de los
matrimonios, sin desconocer la voluntad ciudadana de acudir también a la forma
religiosa. El Estado colombiano en cumplimiento de los concordatos que han regido
las relaciones con la Santa Sede ha mantenido un paralelismo jurídico en
relación con las formas matrimoniales y sus consecuencias: el católico, en cuya
regulación no tiene injerencia el Estado, estructurado sobre las propiedades
esenciales de la Unidad e Indisolubilidad del sacramento, según lo exigido por
las Leyes de la Iglesia Latina, en particular el canon 1056 del Código de
Derecho Canónico.  Y la forma civil, regida en un todo por las normas de
derecho común y que presenta diferencias importantes con el católico, como la
disolubilidad para el divorcio, la competencia exclusiva de los jueces civiles,
mientras que el canónico se rige por el Concordato  y el Código de Derecho
Canónico, es indisoluble y las causas son de conocimiento de las autoridades
eclesiásticas.
La coexistencia
normativa y jurisdiccional refleja una discriminación en contra de quienes
contraen el vínculo matrimonial siguiendo los lineamientos del derecho
canónico, por la inexistencia de divorcio, como sí está previsto para los que
se rigen por el derecho civil.  Se anota  que  la  situación  es  mucho  más
gravosa  para  los católicos pues las autoridades eclesiásticas no reconocen la
exclusiva competencia de las autoridades civiles para reglamentar todas las
formas matrimoniales y la posibilidad que cesen los efectos civiles de los
matrimonios canónicos por la vía del divorcio, de acuerdo con los requisitos y
procedimientos que para tales efectos establezca la ley civil.
En efecto, es
incuestionable que actualmente la reglamentación de las relaciones que deben
regir los aspectos matrimoniales, es de competencia exclusiva del Legislador,
sin importar cual hubiere sido o sea el rito bajo el cual se celebró o se
contrajo la relación; ello con la finalidad de hacer viable las previsiones
constitucionales que establecen la disolución del vínculo al cesar los efectos
civiles de todo matrimonio por el divorcio. La laicización del régimen
matrimonial demanda precisiones tales como que el Legislador está habilitado
para que señale los efectos civiles de los matrimonios religiosos y no
simplemente del matrimonio católico, como estaba la reglamentación adoptada,
con base en el Concordato que ahora se demanda.
f. Inconstitucionalidad sobreviniente:
Con el advenimiento de la Constitución de 1991, surge la inconstitucionalidad
del artículo VIII del Concordato en las partes demandadas, como consecuencia de
que el Estado colombiano, especialmente el Legislador, por mandato superior
recobró la exclusiva competencia para reglamentar de manera privativa,
importante e indelegable las formas matrimoniales, los efectos civiles del
vínculo canónico y civil, y la separación y disolución. Es decir, los jueces
civiles de familia,       singulares    o     colegiados,    serán   los
únicos     habilitados constitucionalmente para administrar justicia y declarar
disuelto el vínculo matrimonial canónico por la vía del divorcio, tal y como se
encuentra previsto para los matrimonios regidos por el Derecho Civil desde que
fuera promulgada la Ley 1a. de 1976.
Otorgarle el
conocimiento de las causas de disolución del vínculo de los matrimonios
canónicos de manera exclusiva a  los Tribunales Exclesiásticos y Congregaciones
de la Sede Apostólica, vulnera la Constitución Política en la medida que todos
los aspectos de las formas matrimoniales incluida la disolución del vínculo
deben regirse por la ley civil (art. 42 de la C.N.), refiérase a matrimonios
civiles o a los celebrados por el rito católico. Disolución que deberán
resolver los administradores constitucionales de justicia (arts. 228 y ss. de
la C.N.), de acuerdo con la distribución de competencia que establezca la
legislación civil.
El inciso 2° del
artículo 93 de la Constitución vigente señala que los tratados y convenios
internacionales  ratificados  por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos, prevalecen en el orden interno, esto es, que la Constituyente ha
elevado a rango supraconstitucional esa clase de tratados, lo cual implica
entonces que se debe aplicar el artículo 17 de la Convención Multilateral de
San José, sobre igualdad en materia matrimonial,  incorporada a nuestro derecho
y que resulta vulnerada  por el artículo VIII del Concordato.
g.
Secularización de la Constitución: Precisa el Ministerio Público que la Constitución de l991 cambió el
Estado confesional por el Estado abierto, teniendo en cuenta el reconocimiento
de la persona humana, la libertad para profesar y escoger religión y el
reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa, entre otros conceptos,
preceptos contrarios al contenido del artículo 53 de la anterior Constitución
que facultaba al Estado para celebrar convenios con la Santa Sede.
h.  Principios
constitucionales fundamentales: Consagra la
Constitución de l991, los siguientes principios fundamentales que determinan la
inconstitucionalidad sobreviniente de la Ley 20 de 1974: El Estado Social de
Derecho (art. 1o.), la soberanía del Estado radicada en el pueblo (art. 3o.),
la unidad del Estado colombiano con un ordenamiento jurídico legal adoptado por
el Legislador para todos los residentes en el territorio nacional sin importar
su filiación ideológica, religiosa, política o cultural, el poder político y su
división funcional y colaboración armónica (art. 113), la Rama Judicial que
tiene el encargo de administrar justicia (art.116 conc. 228 y s.s.), el
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación (art. 7o.), la
prevalencia de la Constitución como norma de normas (art. 4o.), se reconoce la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (art. 7o.), se tiene un
idioma oficial el castellano pero también se reconocen como oficiales la lengua
y dialectos de los grupos étnicos (art. 10o.),  el Estado reconoce sin
discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad (arts. 5o. y 42),
las relaciones internacionales se basan en la soberanía nacional, en el respeto
a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento  de los principios
de derecho constitucional aceptados por Colombia (art. 9o.),  el reconocimiento
de la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales   relativos
a    los    derechos    humanos    y   su   valor interpretativo (art. 93), la
interpretación de los derechos y libertades consagrados en la Constitución se
hará de conformidad con los tratados internacionales  sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (art. 93 inciso 2°), ordenamientos todos que resultan
vulnerados por el Concordato cuestionado.
i. Presupuestos
constitucionales: Los
tratados internacionales tienen un doble regímen legal, pues por un lado deben
sujetarse a las normas internacionales e igualmente deben adecuarse al
ordenamiento interno del Estado Colombiano. Por lo tanto todo tratado debe
sujetarse a la Constitución de 1991, la cual tiene un efecto retrospectivo que
puede llegar a crear el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente y que
dejó sin efecto el artículo 53 de la anterior Carta Política, que facultaba al
Gobierno para celebrar convenios con la Santa Sede y  no contempla excepciones
sobre el control constitucional que debe hacerse a las leyes, así ellas sean
aprobatorias de tratados internacionales.
j. Estructura de
la Jurisdicción: Repasando
tanto la estructura del Estado Colombiano en materia de administración de
justicia, esto es, la radicación de la jurisdicción, los organismos básicos de
la administración de justicia, el establecimiento de las jurisdicciones
especiales y las excepcionales funciones judiciales del Congreso de la
República, de determinadas autoridades administrativas, de los particulares y
de los tribunales militares, se concluye que esta estructura básica de la
administración de justicia, no reconoce la coexistencia de una jurisdicción
eclesiástica. Y no se reconoce por razones tales como que se trata de una
jurisdicción diseñada, reglamentada  y operada conforme al Código de Derecho
Canónico. O porque la designación de sus autoridades compete a la Iglesia
Católica, en lo cual no tiene ni pueden tener injerencia las autoridades
colombianas legítimamente constituídas, según las leyes de la Iglesia. O porque
el reconocimiento de dicha jurisdicción viola el principio de la igualdad,
de acceso a la jurisdicción y el reconocimiento expreso de la libertad
ideológica-religiosa. O porque la jurisdicción eclesiástica está sustraída a
nuestro Estado de Derecho, en la medida en que obedece a sus propios
lineamientos, autoregulación y autointegración.
k. El Concordato
frente a la Constitución:
Después de haber precisado el Procurador los principios y fundamentos
constitucionales con base en los cuales todo tratado o convenio internacional
para su celebración, negociación, incorporación y adopción debe ineludiblemente
sujetarse a la Constitución Política y al Derecho Internacional, procedió a
estudiar las normas demandadas de la Ley 20 de 1974, por la cual se aprueba el
Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede.
-        Autonomía
e independencia de la Iglesia: Por lo que a esto respecta, la laicización de lo político frente a lo
religioso y por ende la separación entre el poder político y el poder
religioso, demandan no solo un cambio de  mentalidad sino también una
restructuración de las normas constitucionales que permitieren un nuevo
dimensionamiento del reconocimiento de la dignidad y de los derechos
inalienables de la persona humana.  En consecuencia son múltiples las garantías
que consagra la Constitución para que el ser humano logre su dignidad como tal,
entre las cuales se destacan el Estado de Derecho, los sistemas de control
político-constitucionales y de otro orden, los derechos inalienables, el
derecho a la igualdad, la libertad religiosa, el acceso a la justicia, la
diversidad étnico-cultural, el sometimiento a los jueces naturales
constitucionales conforme al ordenamiento interno, el Estado al servicio del
hombre, la separación de los poderes, la secularización y la laicización del
régimen político, y el sometimiento de nacionales y extranjeros a nuestra
juridicidad. Sin embargo, el Concordato celebrado entre la República de
Colombia y la Santa Sede, habida cuenta de los privilegios y prerrogativas que
concede a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, desconoce la anterior
dimensión.
En efecto, y en
relación con las normas sub-exámine, varias disposiciones concordatarias, en
contradicción con la norma constitucional,  consagran la autonomía plena de la
Iglesia Católica. Por ejemplo, el artículo II vulnera la soberanía, al
establecer la plena independencia y libertad de la iglesia, a tal grado que
puede ejercer su jurisdicción eclesiástica conformando un Gobierno y
administración con sus propias leyes y colocándose de esta manera por fuera del
ordenamiento jurídico colombiano o al menos sustrayéndose del Estado de Derecho
diseñado por la asamblea Constituyente, de tal suerte que queda al margen del
ejercicio de la soberanía estatal materializada en la vigencia del ordenamiento
jurídico y la obligación del sometimiento de todos los residentes, sin
distinción alguna, a su juridicidad.
Así mismo, el
artículo III del Concordato, admite la independencia de la legislación
canónica, a pesar de que se aplica en el territorio nacional a los residentes,
sin que nuestras autoridades legítimamente constituidas, particularmente el
Legislador, tenga injerencia alguna, estructurando un ordenamiento canónico
paralelo o superpuesto al sistema normativo vigente, violándose el principio de
legalidad y publicidad, pues dicha legislación  para  su  validez  formal  y
material  no  se  sujeta a las reglas y procedimientos constitucionales
exigidos para la adopción de toda la legislación, a la vez que no inserta en el
Diario Oficial ni órgano de información oficial alguno(sic) a través del cual
los residentes en Colombia puedan conocer semejante ordenamiento
extraterritorial. Y también, se le impone a las autoridades  de la República la
obligación de respetar la legislación canónica (art. III), que para ningún
efecto se estructura conforme a nuestro sistema constitucional, por lo cual
dicha obligación pugna con la concepción constitucional vigente, al someter las
autoridades a normatividades ajenas y extrañas al ordenamiento jurídico base de
la juridicidad del Estado Colombiano.
-        Legislación
y Jurisdicción Eclesiástica: La
prevalencia y superioridad de la Iglesia Católica, así como el sometimiento de
las autoridades de la República y de los residentes en el territorio nacional a
la legislación canónica y a la jurisdicción eclesiástica, se muestran en puntos
tales como cuando se considera la Religión Católica, Apostólica y Romana como
elemento fundamental del bien común y del desarrollo integral de la comunidad
nacional (art.I), o cuando se reconocen efectos civiles a los matrimonios
celebrados conforme a las normas de derecho canónico (art. VII y Protocolo
Final), o cuando se faculta a los Tribunales Eclesiásticos y Congregaciones de
la Sede Apostólica  para conocer de las causas relativas a la nulidad o a la
disolución del vínculo del matrimonio canónico (art.VIII), o cuando sin
consecuencia jurídica por efecto de la vigencia del numeral 3o. del artículo
5o. del Decreto Extraordinario 2272 de 1989, se convino  que  las  causas  de
separación  de  cuerpos  de  los matrimonios canónicos se adelantaran por
determinados jueces colegiados (art. IX y Protocolo), o cuando la atención
espiritual y pastoral de  los miembros de las Fuerzas Armadas se otorga a la
Vicaría Castrense, según las normas y reglamentos dictados al efecto por la
Santa Sede (art. XVII), o cuando se mantiene la competencia exclusiva de la
Sede Apostólica para conocer de los procesos penales contra los Obispos y
quienes están asimilados a éstos en el derecho eclesiástico (art. XIX), o
cuando se establecen normas especiales de procedimiento penal para el
juzgamiento de clérigos y religiosos (art. XX), o cuando se regulan asuntos
relacionados con la punición del ejercicio ilegítimo de jurisdicción o
funciones eclesiásticas (art. XXII).
-        Planes
para las Comunidades Indígenas: A través del Concordato se da un abierto desconocimiento de la
diversidad étnico-cultural y de los derechos inherentes a las comunidades
indígenas (minorías étnicas). El otorgar atribuciones especiales a la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, para integrar la Comisión Permanente (Prelado de
la Conferencia Episcopal y funcionarios del gobierno Nacional) y  programar y
vigilar de esta forma el desarrollo progresivo de los planes que se adopten
para la promoción de las comunidades humanas y sociales de los indígenas,
implica que el Gobierno y sus organismos deberán compartir sus atribuciones de
vigilancia sobre el desarrollo progresivo de esos planes. Atribuciones que
constitucionalmente corresponde ejercerlas de manera exclusiva a la autoridades
civiles y políticas legítimamente constituidas.
Al respecto, se
precisa que las disposiciones constitucionales reconocen   los   derechos   de
los  indígenas.  Se menciona la norma superior que establece que de conformidad
con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por
consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus
comunidades y para el efecto les señala, entre otras  funciones, la de
diseñar las políticas, los planes y programas de desarrollo económico y social
dentro de su territorio, en armonía con el Pan Nacional de Desarrollo, o
coordinar los planes y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en
su territorio, o representar a los territorios ante el gobierno Nacional y las
demás entidades a las cuales se integren. (art. 330), o gozar de autonomía para
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la constitución y la
ley; en tal virtud tendrán  derechos tales como gobernarse por
autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar
los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, participar en las rentas nacionales. (art.287).
Igualmente, dentro
de los derechos de los indígenas, constitucionalmente consagrados, se cita el
artículo 246, el cual prevé que las autoridades indígenas podrán ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y a las leyes de la República. También se cita el artículo 171, el
cual les reconoce el derecho a tener representación nacional en el Senado de la
República de acuerdo con las condiciones exigidas para el efecto.
En consecuencia,
concluye el concepto reseñado, tales previsiones superiores,  sin  antecedentes
en nuestro constitucionalismo, garantizan la autonomía y el respeto de las
comunidades indígenas; de tal suerte que cualquier interferencia en sus
costumbres, valores culturales, régimen autonómico, etc., como lo convenido en
la Ley 20 de 1974 en cuestión, indica violación a los derechos constitucionales
de las personas pertenecientes a las minorías étnicas y a sus comunidades.
l. Constituyente
y Divorcio: Para defender
la tesis de la viabilidad y constitucionalidad del Divorcio a la luz de la nueva
Carta Politica, la Procuraduría trae a colación algunos apartes de los
antecedentes del tema en la Asamblea Constituyente: "Interpretando una
necesidad nacional debe reflejarse en la constitución la realidad que vive hoy
más de la cuarta parte de la población, se deben complementar las normas
legales vigentes sobre uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre
compañeros permanentes". Igualmente el proyecto de reforma
constitucional presentado por el Gobierno Nacional dice que "sólo la
ley colombiana regulará las formas del matrimonio...",  que  "el
divorcio debe ser necesario cuando el bienestar de la familia y en especial de
los niños exige esta solución..", "con la posibilidad de
disolución del vínculo con arreglo a lo establecido en la ley civil..".
La propuesta resalta que los matrimonios religiosos tendrían efectos civiles en
los términos que estableciera la ley para lo cual "debe el Gobierno
nacional, en consecuencia, tramitar la reforma concordataria y/o tomar las
determinaciones conducentes a este fin". Precisamente, el proyecto que
presentara el Gobierno Nacional y la Exposición de Motivos correspondiente,
propuso: "Artículo 30. El artículo 50, de la Constitución Política,
pasará a ser el artículo 30 y quedará así: Protección de la familia. 1. Todas
las personas tiene derecho a conformar y desarrollar libremente una familia,
con los efectos que determine la ley. Los poderes públicos protegerán la
familia. ...3. Sólo la ley colombiana regulará las formas del matrimonio,...,
la separación y  disolución y sus efectos".
Y en cuanto al
alcance de esta propuesta normativa tendiente a lograr que el Estado en
ejercicio de su soberanía regule todas las formas matrimoniales y la
posibilidad de disolución del vínculo, argumenta: "La reforma propone
dejar en cabeza del Legislador, de  manera exclusiva, la facultad de regular
todo lo concerniente al matrimonio como sus formas, ... la separación,
disolución y sus efectos". Por consiguiente, se estaría abriendo
la posibilidad de decretar válidamente el divorcio de todo tipo de matrimonio,
incluído el católico, que podría seguir siendo indisoluble ante los ojos de la
iglesia. "Se consagraría una competencia privativa de la ley
colombiana para que el Estado, en ejercicio de una potestad indelegable, regule
la forma matrimonial civil, sin perjuicio de la libertad de los cónyuges para
el cumplimiento de los actos propios de su convicción religiosa con la
posibilidad de disolución del vínculo con arreglo a lo establecido en la
legislación civil".  "El matrimonio celebrado conforme al rito
religioso de los contrayentes podría ser válido y, en cuanto a sus efectos tal
como el civil, se disolvería por la muerte de alguno de los cónyuges o por
divorcio legalmente decretado. De esta manera se reconocería la validez de las
dos formas, la civil y la religiosa, pero consagrando la competencia de la
jurisdicción civil para conocer del divorcio y de la separación en ambos
matrimonios...".
ll. La Convención
de Viena y el Concordato:
El concepto destaca ademas, el principio general del Derecho Internacional que
condiciona la validez de los tratados internacionales a la de su sometimiento a
las normas constitucionales, legales e internacionales, para efectos de su
negociación, celebración, adopción y ratificación.  Lo  cual  presupone la
existencia de la función contralora para examinar la validez del acto, esto es,
para verificar la adecuación y ajuste a la normatividad habilitante al
respecto. Función contralora que en el caso de Colombia, ha sido deferida por
la Asamblea Nacional Constituyente a la Corte Constitucional, como organismo
máximo de la jurisdicción constitucional, en virtud de la cual tiene como
misión verificar la validez intrínseca y extrínseca del Tratado  Internacional
y de su ley aprobatoria, por el sistema de control previo de constitucionalidad
o de impulsión pública ciudadana, según se trate de tratados o convenios
internacionales en vías de ratificación o ya ratificados y obligatorios para
Colombia.
Se considera que
para el anterior contexto, no es excusable que se invoquen normas de derecho
internacional no aplicables a asuntos como el Concordato suscrito entre la
República de Colombia y la Santa Sede, para cuestionar el uso de las
atribuciones constitucionales asignadas al Procurador General de la Nación y a
la Corte Constitucional, como viene sucediendo con los argumentos sostenidos
por los defensores a ultranza de ese convenio internacional, por motivaciones
jurídicas tales como que  la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados expresamente prohibe su aplicación retroactiva a los tratados
internacionales celebrados antes de su entrada en vigor, al ordenar en su
artículo 4o. que mandatos como el contenido en el artículo 27 de la Convención precitada,
sobre la prohibición de invocar disposiciones de derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado, solo pueden hacerse exigibles
con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención de Viena para el
Estado Colombiano, esto es, después del 10 de mayo de 1985.
Consecuencia
jurídica del artículo 4o. de la Convención de Viena, es que los tratados y
convenios internacionales celebrados con anterioridad a su entrada en vigor,
pueden sujetarse al examen de validez intrínseca y extrínseca, sin que su
virtual declaratoria de inconstitucionalidad implique vulneración o irrespeto
al derecho internacional de los tratados, como lo pretenden sectores
interesados de la doctrina nacional.
La Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados fue incorporada a nuestro derecho
interno, mediante la Ley 32 de 1985 y  entró en vigor para Colombia el
10 de mayo de 1985, mientras que el Concordato suscrito entre la República de
Colombia y la Santa Sede fue suscrito el 12 de julio 1973 e incorporado por
medio de la Ley 20 de 1974, es decir, la Convención de Viena entra en vigor
para Colombia aproximadamente 11 años después de que celebrado el Concordato,
por tanto, resulta inaplicable como lo ordena explícitamente el artículo 4o. de
la Convención.
Para el Procurador
no presta servicio positivo alguno al derecho internacional, el argumentar (tal
vez por desconocimiento), que el sujetar a control de constitucionalidad los
tratados o convenios internacionales celebrados antes de entrar en vigencia la
Convención de Viena citada, implique su desconocimiento, pues como lo esbozó en
el concepto No. 057 del 14 de agosto de 1992, invocó la Convención y las normas
del jus cogens de derecho internacionales para mostrar que aquella no se puede
aplicar retroactivamente y que el Concordato es en buena parte contrario a la
nueva Carta Política.
D.      INTERVENCIIONES
DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES EN LOS PROCESOS D-018, D-116 Y D-136.
La Ministra de
Relaciones Exteriores  de  conformidad con el artículo 11 del Decreto 2067 de
1991, intervino para justificar la constitucionalidad de la Ley acusada.  Con
tal fin señaló que si bien es cierto que la Constitución Política estableció la
posibilidad para los ciudadanos de ejercer acciones en defensa de la
Constitución en materia de tratados, tambien incluyó una disposición que podría
considerarse especial y por medio de la cual se hace imposible tanto la acción
pública en relación con las leyes aprobatorias de los tratados internacionales
en vigor para Colombia desde antes de que entrara a regir la nueva
Constitución, como la facultad de la Corte Constitucional para decidir sobre
las demandas de inconstitucionalidad, en ejercicio de dicha acción pública,
contra tratados internacionales ratificados y vigentes.
a)      En opinión
del Ministerio,  del texto de los artículos 241 numeral 10o. y 44 de la
Constitución Nacional, y del Decreto 2067 de 1991, respectivamente, se pueden
destacar   dos   aspectos:    Uno,  que   existe  un  procedimiento  legal  de
conformidad con el Decreto 2067 de 1991  para  adelantar los procesos de
constitucionalidad  de que habla la norma constitucional sobre competencia de
la Corte Constitucional (artículo 241 numeral 10)  -exequibilidad de tratados que
no han sido ratificados-,  y otro, que no existe un procedimiento para que la
Corte Constitucional se pronuncie  sobre    tratados    internacionales
vigentes   para  Colombia, simplemente porque tampoco lo dispuso la
Constitución Política.
Por lo tanto,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política,
que dice que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad
y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos    términos   de
dicho   artículo,   se  afirma   que  en  materia   de pronunciamiento por
parte de la Corte Constitucional respecto de la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben, solamente es aplicable el
numeral 10 del artículo 241, por estar específicamente consagrada su atribución
constitucional a dicha Corporación. En consecuencia, esta Corporación ejerce un
control constitucional previo a la manifestación del Estado Colombiano en
obligarse mediante las disposiciones de un Tratado Internacional.
b)      En efecto,
siendo Colombia parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, la cual señala que los pactos deben ser cumplidos de buena fe y que
una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado, debe entonces el Estado
colombiano atenerse a lo establecido.
Así entonces, siendo
el Gobierno consciente de la inconsonancia entre el Concordato y la
Constitución, éste con el fin de mantener la armonía que debe regir el
ordenamiento jurídico, nombró una comisión encargada de negociar el Concordato,
con el fin de reformar aquellas cláusulas que no están acordes con lo
establecido por la nueva Constitución.
c)       Finalmente,
es el Presidente de la República y no otro organismo del poder quien debe
gestionar el reajuste de las clausulas concordatarias. La Corte Suprema de
Justicia, (G.J. Nos. 2340-4142, pág. 384), en materia de tratados públicos ha
dicho: "Ahora bien si por otras razones el tratado resultara en
contraposición con enmiendas constitucionales posteriores a los textos bajo
cuyo amparo fue celebrado, es  el  órgano  constitucionalmente  idóneo  para
conducir   las  relaciones internacionales el obligado a tomar las medidas
conducentes al necesario reajuste de las cláusulas".
E.
INTERVENCIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA EN LOS PROCESOS D-116 Y D-136.
Con el propósito de
defender la constitucionalidad de las normas impugnadas,  el Ministerio de
Justicia opina en primer término que la Corte Constitucional sólo es competente
para decidir la exequibilidad de una Ley aprobatoria de un tratado
internacional cuando aquella se demande con anterioridad al perfeccionamiento
del mismo, es decir, antes de que se haya producido el canje de notas, por cuanto
hasta tanto no se realice este trámite por los gobiernos respectivos, no se ha
perfeccionado el vínculo jurídico internacional, ostentando aún el carácter de
norma de derecho público interno sujeta a la acción de constitucionalidad, cuya
competencia corresponde a la Corte Constitucional.
Señala el Ministerio
que la competencia nacional de juzgamiento se pierde después de perfeccionado
el tratado-ley; a partir de ese momento el acto se sale del ámbito del derecho
interno, se "desnacionaliza", se convierte en sello jurídico
complejo y completo del compromiso estatal frente a los demás estados o a
instituciones internacionales; trasciende al derecho internacional y se torna
indesatable por la jurisdicción nacional, así ésta sea de constitucionalidad. Esto
es lo que sucede con la Ley 20 de l974.
Menciona la
sentencia de 6 de julio de 1914 de la Corte Suprema Justicia, en la cual se
dijo: "...aún cuando la ley que aprueba un tratado público esté
sometida en su formación a los requisitos ordinarios que presiden la expedición
de los actos legislativos comunes, no puede revocarse puesto que por otros
aspectos difiere sustancialmente de las leyes ordinarias. Estas son actos
unilaterales, expresión de la voluntad del soberano que manda, prohibe o
permite y cumplen con el sólo requisito de su sanción y promulgación. La ley
que aprueba un Tratado es elemento de un acto jurídico complejo, es la manera
como una de las altas partes contratantes manifiesta su consentimiento, a las
estipulaciones de un pacto sinalagmático internacional, no establece por si
solo relaciones de derecho y su eficacia depende del consentimiento de la otra
nación contratante, si ésta, por su parte ratifica las cláusulas convenidas por
sus negociadores. La ley que aprueba los tratados públicos, tiene pues un
carácter especial. El papel del parlamento, en materia de tratados, no se
asemeja al que desempeña en materia legislativa".
El juzgamiento de
estas leyes implica el del tratado mismo que aprueban, no en su carácter de
Convenio Internacional, naturaleza que aún no ostenta, sino como proyecto de
tratado o acto de derecho interno, que permanece en el ámbito del Derecho
Público Interno, mientras no agote su proceso de perfeccionamiento, expresión
unilateral de un consentimiento, así mismo modificable unilateralmente, de
manera directa o indirecta, o por consecuencia de una sentencia judicial.
Concluye que la
actual Constitución Política determina la competencia de la Corte
Constitucional para conocer de las demandas de las leyes aprobatorias de los
tratados internacionales por vicios de constitucionalidad, antes que se haga el
canje de notas entre los países suscriptores del tratado. Después de
perfeccionado el tratado, se pierde la competencia nacional de juzgamiento, es
decir, el Estado sale del ámbito del derecho interno, para pasar así a la
órbita del derecho internacional, desapareciendo la competencia para conocer de
la acción de  inconstitucionalidad  a  la  jurisdicción  nacional.
F.
INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN LOS PROCESOS
D-018 y D-116.
Precisa  en  primer
término  que  la Corte Constitucional no es competente para conocer de la
demanda objeto de estudio. Con tal fin señala las tesis que se expusieron por
la Corte Suprema de Justicia para determinar si ésta era competente para juzgar
la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales.
La primera tesis
afirmaba la incompetencia total de la Corte Suprema de Justicia, para conocer
de las demandas de inconstitucionalidad contra leyes aprobatorias de tratados
públicos y dió lugar, en consecuencia, a decisiones inhibitorias. Para
decidirlo así, estimó la Corte en síntesis, que los tratados públicos son actos
jurídicos complejos, por que son el resultado de la serie de pasos que integran
el proceso de su negociación y perfeccionamiento, del cual es parte la
aprobación legislativa que debe impartir el Congreso, de manera que las leyes
aprobatorias de tratados públicos no son leyes ordinarias de puro derecho
interno sino que forman parte de los tratados que se aprueban y en
consecuencia, juzgarlas implica también un juicio sobre esos tratados,
competencia que la Constitución no otorgaba a la Corte Suprema de Justicia ni a
ningún otro Tribunal. Admitir demandas de inconstitucionalidad contra leyes que
aprueban tratados públicos, equivale a aceptar que estos pueden ser rotos
unilateralmente, pues tal sería el efecto de una declaración de
inconstitucionalidad.
La segunda tesis
sostenía la competencia plena de la Corte Suprema de Justicia   para ejercer
sin limitaciones el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de
tratados. Según esta consideración, las leyes colombianas que aprueban tratados
públicos debían como cualquiera otra ley, estar bien avenidas con los cánones
constitucionales. En consecuencia si la Corte Suprema de Justicia tenía el
deber de guardar la integridad de la Constitución, debería entonces tener la
competencia para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las
leyes, sin excepciones.
La tercera tesis
aseguraba la competencia temporal según la cual la Corte Suprema   de
Justicia  podrá   juzgar  la  constitucionalidad  de  las   leyes aprobatorias
de tratados mientras no se produzca el canje de ratificaciones o el depósito de
los instrumentos de ratificación. Para decidirlo así explicó la Corte que los
tratados solo nacían a la vida jurídica en cuanto se produjera el canje de
ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, que antes
eran actos jurídicos imperfectos que no producían efectos internacionales, lo
que significaba que hasta entonces las leyes aprobatorias de los tratados no
alcanzaban a producir efectos entre los Estados celebrantes, pero ostentaban el
carácter común de normas de derecho público interno, por lo tanto, hasta ese
momento eran iguales a las demás que expedía el Congreso y por lo mismo estaban
sujetas como éstas al juicio de inconstitucionalidad que competía a la Corte,
lo cual no implicaba agravio alguno al compromiso internacional, porque aún no
existía.
La Corte
Constitucional es incompetente para fallar  sobre la inconstitucionalidad o no
del Concordato y el Protocolo Final suscrito entre la Santa Sede y la República
de Colombia. El numeral 10 del artículo 241 atribuye a esta Corporación
competencia para decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales
y leyes aprobatorias respecto de los cuales hasta el momento no se ha producido
el  canje  de  notas,  situación  que  no se  da  respecto  al Concordato y el
Protocolo Final, ya que es un documento internacional cuyo depósito de
instrumentos de ratificación o canje de notas ya se dió.
El artículo 241
numeral 10o. instituyó un  control  de constitucionalidad previo-autómatico, esto
es, la competencia temporal de la Corte Constitucional para juzgar la
constitucionalidad de los tratados y de las leyes que los aprueben antes del
canje de notas, con lo cual quedó superada una vieja controversia y establecida
la incompetencia de la Corte Constitucional para juzgar la constitucionalidad
de tratados y leyes aprobatorias después del canje de notas.
G.
DEFENSA DE LAS NORMAS ACUSADAS POR PARTE DEL CIUDADANO JORGE HUMBERTO ROMERO
MANOSTOQUE.
De conformidad con
el numeral 1o. del artículo 242 de la Constitución Nacional, el cual establece
que cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas consagradas en el
artículo 241 de la Constitución Nacional, interviniendo como impugnador o
defensor de las normas sometidas a control en los promovidos por otros, el
ciudadano Jorge Humberto Romero Manostoque, interviene en los procesos D-018 y
D-116, como defensor del Concordato de 1973 y la Ley 20 de 1974 que lo aprueba,
y solicita un fallo inhibitorio de la Corte Constitucional.
La intervención
comienza por anotar que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, está
integrada no solo por su fé sino por un Estado soberano, calidad de Estado  que
se demuestra con su gobierno representado en su Santidad el Santo Papa, por su
territorio y por los fieles. Soberanía que la permite o legitima para suscribir
convenios bilaterales con otros estados, acuerdos que son elevados a la calidad
de tratados públicos. De tal forma se puede afirmar que el Concordato  tiene
la calidad de tratado de derecho público.
Como reseña
histórica, afirma que desde entonces el Estado Colombiano reconoció en la Santa
Sede un Estado soberano con quien podía celebrar convenios elevados a la
calidad de tratados públicos y de ahí que el Constituyente de 1936 consideró
que "el Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a
la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca
deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia
Católica". De tal manera que el derecho público interno de Colombia
ofrecía una solución jurídica especial respecto de las relaciones entre la
Iglesia Católica y el Estado que hoy conserva su vigencia.
Con la evolución del
derecho se puede afirmar sin lugar a dubitación que el Concordato es un tratado
internacional de modalidades especiales, porque él no supone posibles
controversias, rivalidades o divergencias entra las entidades que lo suscriben.
Supone un acuerdo entre ellas por cuanto ambas  están  llamadas a tutelar los
intereses de las mismas comunidades y personas desde puntos de vista
complementarios, aunque distintos. El hombre religioso en cualquier lugar tiene
derecho a la protección de sus intereses materiales y de sus necesidades
espirituales. A los primeros atiende el poder civil, a los segundos la potestad
religiosa sobre la base de normas concretadas libremente y denominadas normas
concordatarias.
Aceptado que el
Concordato es un tratado y que pertenece realmente al derecho internacional
abstracto y genérico, lo que en él se convenga y se pacte es objeto de la
justicia conmutativa, cuya tutela se extiende por igual a los contratos que
celebran los individuos y a los que ajustan las sociedades. Entre el Concordato
y el Tratado Internacional hay verdadera semejanza, como pactos que son, pero
al mismo tiempo hay diferencia específica entre éste y aquél, diferencia
producida así por las personas morales que intervienen en uno y otro caso como,
por las materias que son objeto del Concordato y del Tratado. De manera que
producido el canje de notas entre las partes tratantes no le queda otra
alternativa a los Estados que acomodar su legislación a los términos convenidos
para que se cumpla el objetivo del mismo.
Luego, cuando
cualquiera de los Estados signatarios desea modificar los términos del
Convenio, se debe proceder a tráves de la negociación directa entre las partes
que es el mecanismo jurídico dentro de los Estados civilizados. Así, el actual
Gobierno entró a transitar por este camino del diálogo para ajustar el
Concordato al nuevo orden institucional que nos ha entregado la Carta Magna de
1991. Cosa diferente es, cuando uno de los Estados signatarios procede
unilateralmente a denunciar el Convenio para extinguir los efectos jurídicos
que se originan en el mismo, lo que no es el caso de Colombia, puesto que entre
el Gobierno y la Iglesia se adelantan las conversaciones pertinentes para
ajustar el Tratado o Concordato a las disposiciones de la Carta Fundamental,
que es el tema que se debate dentro de la sociedad colombiana, pero que no se
debe dejar traspasar los linderos de la legalidad(sic) ni quebrantar las buenas
relaciones que existen entre el Estado de Colombia y el Estado pilar de la
moral como es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
De otra parte, si se
acepta  que la Corte Constitucional  tiene jurisdicción para revisar la
constitucionalidad de los tratados públicos después de haber cumplido con los
requisitos formales que establece la ley para su formación y validez, se tendrá
que llegar, en el caso sub-judice a la conclusión de que la Corte no puede
hacer un nuevo pronunciamiento sobre la ley aprobatoria ya que con antelación
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia produjo un fallo que de
conformidad con el artículo 243 citado ha hecho tránsito a cosa juzgada.
Destacándose la presencia del precepto constitucional consagrado en el artículo
243 de la Carta, en el cual se lee que "los fallos que la Corte dicte
en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del
acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en
la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución".
El Concordato no vulnera los derechos en
cuanto al matrimonio porque al establecerse la libertad de iglesias y cultos,
cada persona es libre de acomodarse en el fuero que sus principios rectores de
la moral y la educación le permitan; tampoco se viola la libertad de enseñanza
constitucional porque es la persona quien debe decidir qué tipo de enseñanza
quiere.  No es cierta la afirmación del Procurador sobre que el Concordato
viola la autonomía, derechos y libertades de los indígenas, pues ello riñe con
la narración histórica de la Iglesia Católica que desde tiempos inmemoriales
expandió su catequización hacia esos grupos étnicos desprotegidos y golpeados
por el Estado.
H.
INTERVENCION DEL CIUDADANO GUILLERMO MORENO GARCIA.
Manifiesta que es
deplorable que el Procurador General de la Nación aduzca el fenómeno denominado
jurisprudencialmente "inconstitucionalidad sobreviniente". En
el caso en estudio es imposible atribuír inexequibilidad alguna al Concordato,
sin violar inexcusablemente un tratado internacional  -otro además del propio
Concordato-,  que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
que fue aprobada por más de cuarenta paises, incluyendo a Colombia. En efecto,
su artículo 27 dispuso que "una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado". Hay otro principio que también parece haberse desatendido y
es el de que "las cosas en derecho se deshacen como se hacen".
I.       ALEGATOS
DE IMPUGNACION PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE
COLOMBIA A LAS DEMANDAS NUMEROS D-018, D-116 Y D-136.
El Presidente de la
Conferencia Episcopal de Colombia y los ciudadanos Dario Castrillon Hoyos,
Victor Manuel López Forero, Jorge Ardila Serrano, Alvaro Raul Jarro Tobo, y
Fabio Suescún Mutis, sustentados en el derecho de intervenir en los procesos de
constitucionalidad promovidos por otros (art. 242, numeral 1 de la Constitución
Política de Colombia y artículo 7o. del Decreto 2067 de 1991), defienden la
constitucionalidad del Concordato, con las siguientes consideraciones:
a) Algunas
reflexiones sobre el control de constitucionalidad: Colombia, para
garantizar el orden público, económico y social justo (Preámbulo de la
Constitución Política), se define como Estado social de Derecho (artículo 1o.),
fundado en el respeto de la dignidad de la persona humana (artículo 1o.). Este
principio exige al Estado reconocer la primacía de los derechos inalienables de
la persona (artículo 5o.), aceptar que es la ley la que rige la actuación del
Estado (artículo 4o.) y promover la paz (Preámbulo y artículo 22) y, por ende,
reconocer y respetar los principios de derecho internacional (artículo 5o.).
Porque el Estado
está obligado a respetar las exigencias que surgen de la dignidad de la persona
humana (artículo 1o.), es su fin esencial "Garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución"
(artículo 2o., inciso 1). Por ello, están instituidas sus autoridades "para
proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos" (artículo 2o., inciso 2).  No cumpliría el
Estado su finalidad ni las autoridades su razón de ser, si a algunas de éstas,
no se les encomendase el control de constitucionalidad.
Con estos pilares el
Constituyente le encomienda "la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución" a la Corte Constitucional (artículo 241). Ello se
explica porque la Constitución es íntegra, es un conjunto ordenado y armónico
de principios, derechos, deberes, normas y relaciones jurídicas, que tiene como
clave ordenadora y armonizadora la dignidad de la persona humana (artículo
1o.). Esta dignidad, la cual no es una noción abstracta, hace compatible la
primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5o.) con la
supremacía normativa de la Constitución (artículo 241); persona para quien las
creencias que profesa son parte importante.
La integridad de la
Constitución le imprime un carácter específico al control de constitucionalidad
y es el que este debe ser integral. La guarda de la integridad de la
Constitución tiene, según lo desarrollado en el artículo 241, múltiples
facetas. Guarda es custodiar, tener cuidado, preservar del daño, prevenir, tutelar,
amparar, guiar. Es una labor de prudencia jurídica, un juicio en el que se
determina el ius, el derecho. El resultado de esta actividad es jurisprudencia
y sus fallos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (artículo 243).
Guardar es también
observar, cumplir y acatar. Es por ello que la autoridad a la que se le confía
esta valiosa misión debe ser la más observante y acatante de todas las
autoridades. Esto lo expresó el Constituyente: si bien los servidores públicos
ejercen sus funciones en las formas previstas por la Constitución (artículo
123), la Corte Constitucional lo debe hacer "en los estrictos y
precisos términos" del artículo 241. La competencia de la Corte
Constitucional en materia de control se encuentra de esta manera, guardada por
los numerales del artículo en mención.
b) Competencia de
la Corte Constitucional para conocer de tratados internacionales y de sus leyes
aprobatorias: Para
examinar la competencia de la Corte Constitucional sobre el conocimiento de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueban, se dice:
-        La
finalidad de todo el control constitucional es la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución. Tal misión se cumple en la medida en que se
observen los estrictos y precisos términos señalados, según su objeto, en cada
numeral; en el caso de los tratados internacionales, los estrictos y precisos
términos están determinados específicamente en el numeral 10o.. Estos estrictos
y precisos terminos son el que el Gobierno Nacional remitirá el Tratado
Internacional y su Ley aprobatoria a la Corte Constitucional, dentro de los 6
días siguientes a la sanción de la ley; por lo tanto la competencia de la Corte
Constitucional nace desde ese momento y se extiende hasta que decida
definitivamente sobre la exequibilidad del Tratado Internacional y de su Ley
aprobatoria; en este sentido la declaratoria de constitucionalidad es requisito
para que el Presidente pueda ratificar y efectuar válidamente el canje de
notas; deduciéndose entonces que la declaratoria de inconstitucionalidad impide
la ratificación de un Tratado.
Es claro que estos
estrictos y precisos términos deben observarse para proceder a la ratificación
de cualquier Tratado internacional con posterioridad a la vigencia de la nueva
Constitución, bien sea que ya hubiere sido aprobado por el Congreso o que esté
en trámite para su ratificación, y lógicamente, todo aquel que se concierte o
convenga en el futuro. Revisión de constitucionalidad de los Tratados
internacionales y de sus leyes aprobatorias previa a la ratificación del
Tratado, que tiene por objeto subsanar las fallas constitucionales de que
puedan adolecer unos y otras. Es un control preventivo, no posterior.
-        Estrictos y
precisos términos de la participación ciudadana en el control de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias.
En el control de constitucionalidad de las leyes la regla general es la
participación ciudadana a través de la acción pública (artículo 241, numeral
4o.). Sin embargo, la Constitución contempla una excepción: existen procesos en
los cuales no hay acción pública, lo cual no quiere decir que no haya
participación ciudadana, porque ella se realiza interviniendo como impugnador o
defensor (artículo 242 numeral 1o.). Uno de esos procesos es el relativo al
control constitucional de los tratados y de sus leyes aprobatorias, porque en
este tipo de procesos la actuación es oficiosa y así lo interpreta el artículo
44 en concordancia con el artículo 39 del Decreto 2067 de l991. Por tanto, carece
de legitimación cualquier ciudadano que pretenda incoar acción pública de
inconstitucionalidad contra tratados internacionales y sus leyes aprobatorias,
tanto durante el trámite del perfeccionamiento del Tratado, como después de
perfeccionado. El proceso de control de constitucionalidad sobre los tratados y
leyes aprobatorias es específico y excepcional porque la participación
ciudadana sólo se realiza para defender o impugnar; luego, no es dable aplicar
en estos procesos la regla general del numeral 4o. del artículo 241, pues otra
interpretación desconocería los "estrictos y precisos términos"
del control de Constitucionalidad.
-        Características
de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales. Se examina si la ley
aprobatoria de los tratados internacionales es una mera ley ordinaria o si por
el contrario, es una ley que tiene una categoría específica dentro de la
jerarquía normativa establecida en el ordenamiento jurídico colombiano. La Ley
aprobatoria de un Tratado Internacional se distingue de las demás leyes, entre
otras, por las siguientes características: El proyecto de ley es de iniciativa
privativa del Gobierno Nacional; el trámite de estos proyectos de ley está
sometido a condiciones especiales, dentro de las cuales se establece el prohibir
que el texto de los tratados sea objeto de enmienda; el control de
constitucionalidad que se ejerce sobre ellas es de oficio; su control de
constitucionalidad debe surtirse juntamente con el del Tratado Internacional
que aprueba. Así debe entenderse la conjunción "y" en el
numeral 10o. del artículo 241 de la Constitución Política; el procedimiento de
su control de constitucionalidad fue equiparado por el Legislador, solo en lo
pertinente, al que se establece para las leyes estatutarias; una vez perfeccionado
el Tratado Internacional, la Ley que lo aprobó, no puede ser derogada, ni
modificada, ni suspendida en su aplicación, ni dejada sin efectos, en virtud de
un acto unilateral de cualquier de las ramas del poder público o de los órganos
del Estado; estrictamente, es un acto aprobatorio de un Tratado Internacional
dado por el Congreso bajo la forma de ley, en ejercicio de su función de
control político sobre actos del Ejecutivo.
En consecuencia, la
ley aprobatoria de un tratado internacional no es una ley ordinaria, ni
general, ni orgánica; se equipara a las leyes estatutarias para el control de
constitucionalidad, pero sólo en lo que sea pertinente; es una ley especial. La
peculiaridad de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales justifica
el régimen especial del control de constitucionalidad de los tratados mismos y
de las leyes que los aprueben, régimen prescrito en estrictos y precisos
términos por la Constitución. Por todo lo dicho, no es procedente aplicar el
numeral 4o. del artículo 241, al control de constitucionalidad de la ley
aprobatoria de un tratado, ni siquiera antes del perfeccionamiento de éste.
La Constitución no
asigna competencia a la Corte Constitucional para conocer de la exequibilidad
de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y de los tratados
mismos, luego de efectuada su ratificación.  Esto es así porque el tratado
luego de ratificado se rige por las normas de derecho internacional, nunca por
la legislación interna de las partes contratantes. Así "una parte no
podrá invocar las disposiciones de su Derecho Interno como justificación del
incumplimiento de un tratado..."(artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados).
c) Competencia de
la Corte Constitucional para conocer de la exequibilidad del Concordato de 1973
y de la ley 20 de 1974: El
12 de julio de l973 fue suscrito el Concordato entre la República de Colombia y
la Santa Sede. Dicho Concordato y el Protocolo Final fueron aprobados por la
Ley 20 del 18 de diciembre de l974. El canje de instrumentos de ratificación se
celebró el 2 de julio de l975. Las Altas Partes contratantes en el canje de
notas del 2 de julio de l985 convinieron en afirmar expresamente:  "Queda
evidentemente entendido que el Concordato, como Tratado Internacional, continúa
regido para todos sus efectos por las normas del Derecho Internacional General
y por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados" .
La Honorable Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia de 12 de febrero de l987, declaró
constitucional la Ley 20  de l974, por no adolecer de vicios en su formación;
en igual forma, se declaró inhibida para decidir sobre el fondo de la demanda
instaurada por carecer de competencia para juzgar de la Ley aprobatoria del
Concordato.
d). El Concordato
y el cambio constitucional sobre la materia: La República de Colombia, al reconocer en el
Concordato "plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad
con las normas del derecho canónico" (artículo VII), reconocimiento que
fue elevado a norma constitucional (artículo 42, inciso séptimo), autolimitó la
actividad de los órganos estatales de modo que no se pudiese privar al
matrimonio canónico de los efectos reconocidos. Por ello, se puede decir que la
Constitución de 1991 en la disposición del inciso comentado pudo haber
incurrido en una contradicción entre normas vigentes. Reconoce primero efectos
civiles al matrimonio canónico, una de cuyas propiedades esenciales es la
indisolubilidad (artículo VII y VIII y artículo 42, inciso séptimo), para luego
dejar de reconocerlos, respecto de todo matrimonio, por divorcio, haciendo caso
omiso de que la indisolubilidad no es un efecto civil (inciso octavo).
Además el inciso
octavo del artículo 42 pudo haber desconocido el Concordato. No es el
Concordato el que desconoce o vulnera la Constitución de 1991, sino todo lo
contrario, es la Constitución la que parece no haber armonizado debidamente sus
disposiciones con lo acordado en el Concordato. Por eso la cuestión que debe
preocupar a la doctrina y a la jurisprudencia no es la inconstitucionalidad
sobreviniente del Concordato -la cual no se configura sobre tratados
internacionales- sino la armonización entra las disposiciones concordatarias y
la Constitución de 1991. Esto adquiere mayor relevancia cuando se constata que
no son las normas concordatarias, en si, incompatibles con la Constitución,
sino la peculiar interpretación de ésta las que las torna encontradas.
e)
Indisolubilidad del matrimonio canónico: La indisolubilidad del matrimonio canónico, como la
de todo matrimonio, además de tener un origen natural y ser absolutamente
defendible con argumentos jurídico-naturales,  también tiene un fundamento de
carácter divino, creencia que ha de ser respetada y garantizada por las
autoridades de la República (artículo 2o). Fundamento divino que explica el
mismo Cristo nuestro señor: "¿No habéis leído que, al principio, el
Creador los hizo varón y mujer, y que dijo: por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer? Así pues, ya no son dos sino una sola
carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre"(mt 19,4-6).
No obstante que con argumentos evangélicos es legítimo defender la
indisolubilidad del matrimonio canónico, como se está en sede jurídica, en ella
se permanecerá para iniciar el análisis de la cesación de efectos civiles.
f)  Algunas
posturas sobre la cesación de efectos civiles del matrimonio: La pregunta capital sobre el tema de la
cesación de efectos civiles es: ¿cesa el vínculo jurídico?  Algunos consideran
que el inciso octavo del artículo 42 estatuye una disolución del vínculo. Pasan
a cuestionarse seguidamente ¿Cuál vínculo se disuelve? Unos sostienen que se
disuelve el único vínculo existente sin reparar en si el matrimonio es civil o
religioso. Otros, los que sostiene la errónea tesis de la simultaneidad en el
matrimonio canónico de un vínculo civil y otro religioso, afirman que cesa o se
disuelve el vínculo civil y permanece incólume el vínculo religioso.
Los defensores de
esta tesis, en su gran mayoría, la fundamentan en la consideración de que la
indisolubilidad o es un mito soñador, algo inexistente; o que el matrimonio es
la  afectio maritalis; o en el mejor de los casos, la indisolubilidad es un
efecto civil más. Otros que propugnan por las tesis mencionadas, sin entrar en
consideraciones acerca de lo que sea el matrimonio o la indisolubilidad, hacen
una serie de equivalencias. En primer término, identifican la disolución del
vínculo (artículo 42, inciso 6o.) con el divorcio vincular establecido por la
Ley 20 de 1976; seguidamente, asimilan la cesación de efectos civiles de un
vínculo (inciso octavo) con la disolución del mismo (inciso sexto). De esta
manera serían prácticamente sinónimos tres términos: divorcio, disolución y
cesación de efectos civiles. Una de las consecuencias que se sigue de esta
identificación es que las causales y los procedimientos que rigen el divorcio
del matrimonio civil son aplicables a la cesación de efectos civiles, ya no
sólo del matrimonio civil sino de los matrimonios religiosos.
Equivalencias que
son inadmisibles por lo siguiente: El término "disolución del
vinculo" del inciso 6o., si bien puede hacer referencia al divorcio
vincular, no es equiparable con éste, puesto que la forma natural como se
disuelve el vínculo matrimonial es por la muerte de un cónyuge. Estas
equivalencias desconocen una regla universal de interpretación, cual es,  que
donde el legislador distingue no es válido al interprete desconocer la
distinción hecha, y efectivamente la constitución claramente ha diferenciado
en el artículo 42 entre los términos disolución del vínculo, cesación de los
efectos civiles de un matrimonio y el divorcio como causa de la disolución o
cesación. Ciertamente por divorcio puede disolverse el vínculo o cesar los
efectos civiles; sin embargo, en el caso de los matrimonios religiosos, por
divorcio no se disuelve el vínculo, sino que sólo cesan los efectos civiles
reconocidos anteriormente, en cambio, para el matrimonio civil por divorcio
cesan sus efectos y se disuelve el vínculo.
También aquella
interpretación que sostiene que el matrimonio religioso es una forma de
celebración religiosa del matrimonio civil, está conexa con estas posiciones.
Dado que el ordenamiento estatal no recibe las normas matrimoniales que regulan
lo sustancial de los matrimonios religiosos, se afirma que cesación de los
efectos civiles por divorcio es lo mismo que disolución del vínculo.
De estos
planteamientos en el caso del matrimonio canónico (artículo VIII), también se
deriva la afirmación que al reconocer a las autoridades religiosas competencia
exclusiva para conocer de las causas de disolución del vínculo canónico,
contraviene la constitución. Además, sostienen una pluralidad de posiciones
sobre la vigencia de la norma concordataria aludida como la derogatoria, la
suspensión, la no aplicabilidad, la objeción de inconstitucionalidad, etc..
La tesis entonces de
los ciudadanos que defienden la constitucionalidad del Concordato y que se
sostiene  en el presente escrito es la de que es posible interpretar de manera
más armónica el inciso octavo del articulo 42 de la Constitución. Esta
interpretación, se basa en el respeto a la dignidad de la  persona  humana, en
el reconocimiento de sus derechos inalienables y es más realista por acomodarse
a nuestra idiosincracia, a nuestra tradición histórico-jurídica, a nuestro
ethos cultural y al alma del pueblo colombiano.
Dado que la
Constitución expresamente distingue entre cesación de efectos civiles y
disolución del vínculo, ambos por causa de divorcio, se han de distinguir estos
tres conceptos. Por eso a la pregunta ¿cesa el vínculo por divorcio con arreglo
a la ley civil? Hemos de afirmar que respecto al matrimonio canónico la
respuesta es concluyente y terminante: no cesa, ni se termina, ni se modifica,
ni se disuelve, en cambio, tratándose del matrimonio civil, el divorcio
disuelve el vínculo y provoca la disolución de los efectos civiles.
Por el derecho  de
libertad religiosa, la disolución del vínculo (inciso sexto) no puede referirse
a los matrimonios religiosos. Si no fuere así, se tendría que admitir la
competencia estatal sobre un asunto netamente religioo como es un sacramento.
Esto sería violatorio del derecho de libertad religiosa de los católicos, del
derecho de libertad de las iglesias o confesiones religiosas (artículo 19, inciso
segundo) y desconocería los principios de libertad religiosa y de legítima
laicidad del Estado. Además, la iglesia Católica ni otras confesiones
religiosas aceptarían que el Estado se "abrogara"(sic) la
competencia de lo religioso en cuanto tal; tampoco aceptarían que funcionarios
públicos a quienes les está encomendada la vigilancia del cumplimiento de la
Constitución, a la vez que la protección de los derechos humanos, puedan
promover con sus actuaciones interpretaciones o conductas que conduzcan a lo
que constituiría una suma arbitrariedad.
Finalmente, como la
cesación de efectos civiles del matrimonio canónico no disuelve en modo alguno
el vínculo sacramental, el artículo VIII del  concordato que se refiere a la
exclusiva competencia de las autoridades eclesiásticas sobre las causas
relativas a la disolución del vínculo del  matrimonio canónico, no es contrario
a la Constitución. Esta es la interpretación de un derecho consagrado en la
constitución el matrimonio religioso- de conformidad con las normas sobre
derechos humanos consagrados en un tratado internacional, los artículos VII y
VIII del Concordato.
g.  La educación
religiosa: La Constitución
de 1991 se caracteriza, en relación con la Constitución de 1886, por hacer
expresa referencia en el inciso cuarto del artículo 68 a la educación
religiosa. Lo que refleja la preocupación del Constituyente por abordar en
forma específica uno de los aspectos del derecho fundamental de libertad
religiosa reconocido por le artículo 19 de la Constitución.
El precepto del
inciso cuarto del artículo 68 establece:  "los padres de familia
tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los
establecimiento del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa". En este inciso se regulan dos temas esenciales
en relación con la educación: el derecho de los padres de familia a escoger el
tipo de educación de sus hijos y la educación  religiosa, la que ninguna
persona podrá ser obligada a recibir.
Cuatro son los principios
fundamentales que regulan la actividad del  Estado colombiano en materia de
educación religiosa. El primero, el deber de reconocerle a toda persona el
derecho fundamental de libertad  religiosa y de educación religiosa,
reconocimiento que incluye los derechos de las iglesias y confesiones
religiosas. El segundo, el deber de reconocer a los padres el derecho de
escoger el tipo de educación para sus hijos. El tercero, el deber de dar en los
establecimientos públicos educación religiosa. Y el cuarto, reconocer a toda
persona el derecho de no ser obligada a recibir educación religiosa.
En lo que atañe al
deber del Estado de dar en los establecimientos públicos educación religiosa,
se considera que la redacción del artículo 68, inciso cuarto no es afortunada.
Se  estatuye:  "En  los  establecimientos  del  Estado  ninguna persona
podrá ser obligada a recibir educación religiosa". Esta disposición
constitucional está antecedida del siguiente precepto: "Los padres de familia
tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores".
Es claro que este derecho de elección también abarca la educación religiosa,
pero no puede considerarse que los deberes del Estado se limitan en esta
materia a hacer ese reconocimiento y a establecer que nadie puede ser obligado
a recibir en los establecimientos públicos educación religiosa.
A la misma
conclusión se puede llegar si se tiene en cuenta el artículo 93 que determina
como criterio interpretativo de los derechos y deberes consagrados en la
Constitución los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966 establece que los Estados Partes "se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar
que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones" (artículo 18-4). Es deber del Estado garantizar
a los padres que sus hijos reciban educación religiosa. No se trata de una
facultad del Estado sino de un deber, que tiene que ser cumplido por el mismo
Estado o por establecimientos docentes privados.
Es más explícito el
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 al establecer que
los Estados se comprometen: a) "a respetar la libertad de los padres y, en
su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos escuelas distintas a
las creadas por las autoridades públicas" (artículo 13-3); b) a "hacer
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones" (ibidem). Se trata de dos
deberes distintos. Es deber del  Estado, que se traduce en una obligación de
hacer: otorgar educación religiosa.  La Convención americana sobre
Derechos Humanos de 1969 establece que "los padres, y en su caso los
tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones"
(artículo 12-4). Ese recibir educación religiosa no puede reducirse a la que
ofrezcan o puedan ofrecer los establecimiento privados, sino a la que le Estado
a través de sus establecimientos públicos deba ofrecer.
En consecuencia,  el
texto constitucional no establece la posibilidad de que exista en los
establecimientos públicos "educación religiosa", bien sea porque un
grupo de padres de familia o los mayores adultos así lo exijan. La educación
religiosa no es una opción del Estado, por que el mismo Constituyente la ha
establecido para el Estado como obligatoria.  Si la educación religiosa se
considera como una simple opción para el  Estado, no tendría sentido que el
precepto constitucional estableciera que en los establecimientos públicos
"ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa".
De igual modo, ¿qué razón habría para que el Constituyente insistiera en la
inmunidad de coacción si no es para destacar el deber que el Estado tiene en
materia de educación religiosa?.
Al Estado le
corresponde velar por el cumplimiento de sus fines, éstos según el artículo 67
inciso quinto, no son algo distinto a "la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos", que se consigue especialmente en
la formación moral, a través de la educación religiosa. Si se prescinde de ella
los alumnos no tendrán la  mejor formación, tampoco se difundirían los valores
culturales de la nación, lo que podría ir en detrimento del aprendizaje de los
principios y valores de la participación ciudadana. Pues bien, ¿cómo puede el
Estado asegurar el cumplimiento de esos fines si la educación religiosa se
considera -frente al Estado- como meramente optativa? Si esa hubiese sido la
intención del Constituyente se hubiese conservado lo aprobado en el primer
debate de la plenaria, que textualmente establecía "en los
establecimientos del Estado la educación religiosa será voluntaria". Otra
fue la redacción que propuso la comisión Codificadora aprobada por la plenaria
en segundo debate e incorporada como segunda frase del inciso cuarto del
artículo 68, disposición actualmente vigente.
Existe otro motivo
por el cual el Estado debe ofrecer educación religiosa. Es un hecho evidente
que la cultura ha germinado y se ha extendido en Colombia en un ámbito
religioso. No cabe una educación integral si no se tienen en cuenta las
circunstancias históricas en que la cultura de occidente ha surgido. En
Colombia la cultura ha nacido y se ha desarrollado en un medio religioso. No
puede entenderse la historia social, política,  cultural,  ni  la  literatura
ni  el  arte ni la concepción filosófica que informa la Constitución sin tener
en cuenta la dimensión religiosa. Si el Estado es promotor de la cultura
(artículo 70) debe ofrecer en sus planes de estudio educación religiosa, éste
es un servicio que debe prestar en razón de la función que con él se brinda.
El derecho que tiene
toda persona de recibir educación religiosa por parte del Estado se fundamenta
en el derecho de libertad religiosa y en el principio de libertad religiosa.
¿Qué exige este derecho y este principio? El derecho de libertad religiosa
exige que ninguna persona, mayor de edad o menor con autorización o por
petición de sus padres, sea obligada a recibirla. El principio de libertad
religiosa exige que se ofrezca educación religiosa y moral, bien sea educación
religiosa y moral católica -si la mayoría de los padres de esos alumnos son
católicos- o educación religiosa y moral para alumnos pertenecientes a
distintas iglesias y confesiones religiosas.
Algunos piensan que
la solución es no ofrecer en dichos establecimientos ningún tipo de educación
religiosa o moral, a lo sumo educación moral "laica" o civil, o
historia de las religiones.  No hay tal: a poco que se piense, dicha actitud u
opción extraña una toma de posición negativa sobre lo religioso y lo moral, lo
que contraría el derecho de libertad religiosa y el principio de libertad
religiosa, independientemente de las justificaciones políticas que se pudiesen
dar. Precisamente, porque los mencionados derechos y principios exigen que el
Estado no coaccione, ni sustituya ni concurra con los padres de familia en
calidad de sujeto creyente, el Estado debe ofrecer educación religiosa y moral,
y aceptar que los padres decidan por sus hijos menores si no la reciben, o los
mayores de edad por si mismos.
Tampoco se
acomodaría al principio de libertad religiosa el Estado que sólo ofreciera
educación religiosa y moral católica, aunque respetara el derecho de libertad
religiosa y el precepto del artículo 68, según el cual ninguna persona podrá
ser obligada en los establecimientos del Estado a recibir educación religiosa,
y mucho menos si obligara a recibir tal educación porque se estaría violando el
derecho, así pues, el principio de libertad religiosa exige ofrecer educación
religiosa y moral en los establecimientos docentes del Estado sin que se
obligue a ninguna persona a recibirla.
Ahora bien, para
ofrecer educación religiosa y moral el Estado debe celebrar acuerdos con las
iglesias y confesiones religiosas que por su ámbito, extensión y número de
adherentes tengan notorio arraigo en Colombia, ya que las que reunen tales
condiciones son las que en mayor medida, están presentes en dichos
establecimientos. Si se trata de la Religión Católica será un Convenio
Internacional porque la Iglesia Católica es sujeto de derecho internacional,
por ende la regulación de sus relaciones con el Estado, bien puede enmarcarse
dentro del marco establecido en el artículo 226 de la Constitución, en el
sentido de que estas relaciones se adopten sobre "bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional".
En lo que toca al
deber del Estado de impedir que se coaccione a cualquier persona para recibir
educación religiosa, se expresa que el  artículo 68. inciso cuarto, el cual
establece que "en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá
ser obligada a recibir educación religiosa", si bien tiene un carácter
negativo, tiene un doble alcance positivo: toda persona tiene derecho a recibir
educación religiosa; los establecimientos del Estado deben ofrecer educación
religiosa.  Uno y otro carácter están íntimamente relacionados.
Lo debido en el
derecho de educación religiosa es el bien que está en  relación de atribución
con un sujeto y en relación de deuda con otro, es decir, la formación en la
verdad religiosa. Nadie puede ser coaccionado a recibirla, ninguna fuerza que
impida su libre ejercicio es legítima,  porque la persona es un ser libre y por
su libertad puede incluso no querer elegir aquello que ontológicamente es su
bien. Por ello, el precepto negativo del inciso cuarto del artículo 68, se
relaciona con el artículo 18 que establece la inmunidad de coacción como nota
esencial de los derechos-libertad. "Nadie será molestado por razón de
sus convicciones  o creencias ni compelido  a revelarlas ni obligado a actuar
contra su conciencia". Esta disposición de carácter general la quiso
especificar el Constituyente al determinar lo relativo a la educación
religiosa, no para establecer un principio distinto, sino para insistir en la
doble dimensión positiva, de la que hemos hechos referencia, en esto radica la
novedad del precepto del inciso cuarto del artículo 68.
El que la persona no
pueda ser obligada a recibir educación religiosa en los  establecimientos
públicos  o  privados  no  puede  identificarse  con  la voluntariedad
respecto  del estado de dar educación religiosa en los establecimientos
educativos. Por ello no puede sostenerse que la educación religiosa  en los
establecimientos estatales sea solo obligatoria si media una solicitud expresa
de los padres de familia o de los mayores de 18 años, ni que sólo pueda darse
en tanto que el estado la conceda como privilegio a las iglesias o confesiones
religiosas.
En lo atinente al
punto del Concordato y la educación religiosa, se señalan las disposiciones que
de aquel se relacionan con esta: a) el Estado garantiza a la iglesia Católica
"la libertad de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la
autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad y
rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que
corresponda al Estado (artículo X, numeral 1);  b) la iglesia Católica conserva
"su autonomía para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos
de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos"
(artículo X, numeral 2);  c) el Estado para hacer más viable el derecho que
tienen las familias para escoger libremente centros de educación para sus hijos
contribuirá equitativamente, con fondos del presupuesto nacional, al sostenimiento
de los planteles católicos;  d) en desarrollo del derecho que tienen las
familias católicas de que sus hijos reciban educación religiosa acorde con su
fe, los planes educativos en los niveles de primaria y secundaria, incluirán en
los establecimientos oficiales enseñanza y  formación religiosa según el
Magisterio de la Iglesia" (artículo XII);  e) la Iglesia Católica
colaborará en el sector de la educación oficial mediante contratos que
desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias
y exigencias de las zonas marginadas (artículo XIII).  Disposiciones que están
acordes con los principios, derechos y deberes que consagra la Constitución de
1991.
A propósito se hace
especial comentario del artículo XII, el cual establece. 1. "En
desarrollo del derecho que tiene las familias católicas  de  que sus hijos
reciban educación religiosa acorde con su fe" -derecho fundamental
reconocido en el inciso cuarto del artículo 68, no sólo a los padres de
familia, sino a toda persona (artículo 67, inciso primero y artículo 19)-. 2. "Los
planes educativos en los niveles de primaria y secundaria, incluirán en los
establecimientos oficiales enseñanza y formación religiosa según el Magisterio
de la Iglesia" -deber esencial del Estado establecido
constitucionalmente en los artículos 20, 19, 44 inciso segundo, 45 inciso
primero, 67 inciso primero y quinto, 68 inciso cuarto y 70-.  3. "Para
la efectividad de este derecho,  corresponde a la competente autoridad
eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de enseñanza
religiosa y comprobar cómo se imparte dicha enseñanza" -derecho que es
expresión del derecho de  libertad religiosa  (artículo 19)-.  4. "La
autoridad civil tendrá en cuenta los certificados de idoneidad para enseñar la
religión, expedidos por la competente autoridad eclesiástica" -deber
del Estado establecido en los artículos 26, 67 inciso quinto y 68 inciso
tercero-.
"El Estado
propiciará en los niveles de educación superior la creación de institutos o
departamentos de ciencias superiores religiosas, donde los estudiantes
católicos tengan la opción de perfeccionar su cultura en  armonía con su
fe" -deber del estado
establecido en los artículo 2o., 7o., 68 inciso cuarto y 70.
En el literal e) del
Acta de Canje de Instrumentos de Ratificación establece: "Que la
asistencia a la enseñanza y formación religiosa según el magisterio de la
Iglesia Católica que ofrecerán los planes educativos en los establecimientos
oficiales de primaria y secundaria de acuerdo con el artículo doce del
Concordato, no es obligatoria para los alumnos católicos menores cuyos
representantes legales hayan pedido dispensa de los cursos de religión católica
y para los alumnos católicos mayores de edad que presenten una solicitud en ese
sentido, de conformidad con el principio de la libertad religiosa consagrado en
las conclusiones del Concilio Vaticano II y en las normas de la Constitución
política de Colombia".
Los textos
transcritos  permiten afirmar que:  a) en los establecimientos oficiales, en
los niveles de primaria y de secundaria, se debe ofrecer enseñanza  y
formación religiosa según el Magisterio de la Iglesia, esto es, la educación
religiosa para el Estado tiene un carácter obligatorio;  b) de la educación
religiosa católica están excluidos los alumnos de familias que no sean
católicas;  c) los católicos están exentos de la educación religiosa católica
si piden por sí mismos, si son mayores de edad, o por medio de sus
representantes legales la dispensa de los cursos de religión católica.
Bajo el Título de la
educación religiosa: sistema obligatorio o facultativo, se dice que dos
cuestiones diversas se plantean en torno al sistema previsto en el Concordato
sobre la educación religiosa. La primera, la de saber si la educación religiosa
que el Estado imparte en los establecimientos oficiales es para los alumnos
católicos obligatoria. La segunda, la de saber si la educación religiosa que el
Estado imparte en los establecimientos oficiales tiene o no tiene carácter
obligatorio.
Y en lo que se
refiere a la educación religiosa para los alumnos católicos,  manifiesta que la
educación religiosa es, respecto de su titular, facultativa porque no se puede
constreñir a que los estudiantes católicos reciban "enseñanza y
formación religiosa según el Magisterio de la Iglesia".  Se
actúa así de conformidad con los lineamientos de la Declaración del Concilio
Vaticano II.  Dignitatis Humanae, que se menciona en el literal e) del Acta de
Canje de instrumentos de ratificación del Concordato.
La educación
religiosa católica es un deber del Estado.  Las disposiciones concordatarias
(artículo XII y el literal c) del Acta de Canje) le dan el carácter obligatorio
a la educación religiosa católica, la que debe ofrecerse por el Estado, excepto
en el caso que los alumnos no sean católicos o siéndolo no quieran recibirla.
El Estado antes de
la Constitución de 1991 debía ofrecer educación religiosa por el principio de
confesionalidad de la Nación colombiana (Preámbulo y artículo 53); hoy debe
ofrecerla como consecuencia del principio y del derecho de libertad religiosa
establecido por la Constitución, no solo respecto de la religión católica, sino
de otras religiones que intervengan en el proceso de la creación de la
identidad nacional.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE.
A.
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA CONOCER DE LA PRESENTE ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD.
I.  En relación con el acto demandado que es la
Ley 20 de 1974 "Por la cual se aprueba el Concordato y Protocolo Final
entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de
julio de 1973", esta Corporación ya ha analizado el tema del control
constitucional de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias, en estudio
elaborado el 26 de marzo de 1992 por el H. Magistrado Ciro Angarita BarónI
, aprobado en sesión de Sala Plena y que prohija ahora como parte introductoria
de este fallo.
En efecto, en dicho
estudio se abordó en primer lugar la materia  a la luz de la Constitución de
1886, se pasa al análisis de lo que fue la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia sobre el control de constitucionalidad de tales tratados y de sus
leyes aprobatorias y al efecto se mencionan las siguientes tesis: la tesis de
la incompetencia absoluta, la tesis de la incompetencia intermedia o
temporal, la tesis de la competencia intemporal por vicios de forma en la
tramitación de la ley aprobatoria del tratado público y la tesis de la
competencia plena e intemporal.
En el Capítulo
segundo de la comentada disertación y bajo el Titulo de "Los Tratados
Internacionales, las Relaciones Internacionales, El Derecho Internacional y la
Constitución de 1991", se efectua un minucioso examen sobre estos
temas a la luz del nuevo Estatuto Máximo, en los siguientes términos:
"SECCION PRIMERA:
REGIMEN CONSTITUCIONAL
Son numerosas y
explícitas las referencias al Derecho Internacional, a los Tratados
Internacionales y a las Relaciones Internacionales contenidas en la
Constitución de l991.
1. Las
Relaciones Internacionales.
Por vez primera
en la historia del Constitucionalismo Colombiano, el Constituyente ha dedicado
un Capítulo del texto constitucional a ésta materia.
Se trata del
Capítulo 8 perteneciente al Título VII que versa sobre la Rama Ejecutiva, en el
cual se lee:
"...
"CAPITULO
8.
DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES
"ARTICULO
224.               Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el
Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación
provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el
ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan
pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al
Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la
aplicación del Tratado.
"ARTICULO
225.               La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya
composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de
la República.
"ARTICULO
226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
"ARTICULO
227.               El Estado  promoverá la integración económica, social y
política con las demás naciones y especialmente, con los países de América
Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de
equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive
para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá
establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del
Parlamento Latinoamericano.
"..."
2. El Derecho
Internacional Convencional.
2.1.  La
Celebración de los Tratados
La participación
de los órganos ejecutivo y legislativo en la celebración de tratados y acuerdos
internacionales está regulada por los siguientes artículos de la Constitución:
"...
"ARTICULO
150.               Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
"...
"16.                  Aprobar
o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con
entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el
Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales,
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros
Estados.
"...
"ARTICULO
189.               Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
"...
"2.          Dirigir
las relaciones internacionales.  Nombrar a los agentes diplomáticos y
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso.
"..."
2.2. El
carácter supralegal de los Tratados internacionales
Lo establece el
inciso tercero del artículo 170 cuando dispone:
"...
"No procede
el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales..."
"..."
2.3. El
reconocimiento de su valor general
El artículo 9 de
la Constitución reconoce el valor general del Derecho Internacional, tanto a
nivel convencional, como consuetudinario, en los siguientes términos:
"...
"ARTICULO 9.
Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional,
en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
"..."
2.4. El reconocimiento
de su valor en áreas específicas
2.4.1.
El Derecho Internacional de los Derechos                          Humanos.
"...
"ARTICULO
93.        Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
"Los
derechos y deberes consagrados en ésta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia."
"..."
2.4.2.
El Derecho Internacional Humanitario
"...
"ARTICULO
214.      Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores
se someterán a las siguientes disposiciones:
"...
"2. No podrán
suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales.  En todo caso
se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.  Una ley
estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de
excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger
los derechos, de conformidad con los tratados internacionales..."
"..."
2.4.3.
El Derecho Internacional Laboral
"ARTICULO
53.
"...
"Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna."
"..."
2.4.4.
El Derecho Internacional económico y                       comercial  y su
aplicación provisional
"...
"ARTICULO
224.
"...el
Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de
naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos
internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado
entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su
aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del
Tratado."
"..."
2.5.       El
reconocimiento de  materias específicas, de competencia internacional-funcional
exclusiva de    los órganos ejecutivo y legislativo.
2.5.1.
La suscripción y ratificación de Tratados de Paz.
"...
"ARTICULO
189.      Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe
de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
"...
"6. Proveer
a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la
honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con
permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repelar una agresión
extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará
cuenta inmediata al Congreso."
"..."
2.5.2.
La determinación de la nacionalidad de los miembros de pueblos indígenas que
comparten territorios fronterizos.
"...
"ARTICULO
96.        Son nacionales colombianos:
"...
"2. Por
adopción:
"...
"c) Los
miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con
aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.
"..."
2.6.      El
reconocimiento de materias específicas de competencia internacional-funcional
de los     órganos ejecutivo y legislativo, y de manera       subsidiaria de la
regulación doméstica o estatal.
2.6.1.
La delimitación geográfica del territorio
"...
ARTICULO 101.
"...
"También son
parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la
plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el
segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el
espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las
leyes colombianas a falta de normas internacionales."
"..."
2.7.
El reconocimiento del Derecho Internacional como fuente del Derecho interno en
otras materias.
"...
ARTICULO 235.       Son
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
"...
"5. Conocer
de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante
el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
"..."
3.   El
Derecho Internacional Comunitario
"...
ARTICULO 150.
Corresponde al Congreso hacer las leyes.  Por medio de ellas ejerce las
siguientes  funciones:
"...
"16.                  Aprobar
o improbar los tratados que el Gobierno                 celebre con otros
Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados
podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales,
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros
Estados.
"...
"ARTICULO
227.               El Estado promoverá la integración económica, social y
política con las demás naciones y especialmente, con los países de América
Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de
equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive
para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá
establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del
Parlamento Latinoamericano.
SECCION SEGUNDA:
EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS
Y DE SUS LEYES APROBATORIAS EN LA CONSTITUCION DE 1991
El control
constitucional instituido por el Constituyente de l991 en ésta materia tiene
una fundamentación múltiple. Su regulación está contenida, por una parte, en
los numerales 4 y 10 del artículo 241 de la Carta Política y en el artículo 4
en concordancia con el 9 ibidem, por la otra.
La referida
dogmática positiva permite caracterizar el sistema de control de
constitucionalidad en ésta materia a partir de dos criterios esenciales; el
primero, referido al momento en el cual opera y, el segundo, a la vía que lo
pone en marcha, así:
l.    Control
previo y automático de Constitucionalidad tanto respecto del contenido material
del proyecto de Tratado como de su Ley aprobatoria, esta última, por razones de
fondo así como por vicios de        procedimiento en su formación (art. 241-10
C.N.)
Varias
razones sustentan este aserto:
1.1. El
tenor literal del texto positivo
Ciertamente,
de una lectura superficial podrían surgir dudas acerca del sentido en que, en
el numeral 10 del articulo 241, el Constituyente utilizó el termino
"tratados internacionales" al indicar que su control de
constitucionalidad competeria a la Corte Constitucional.
Empero, el
propio conjunto normativo a que pertenece la citada expresión la dota de una
significación unívoca al indicar que en éste caso fue empleada como connotativa
del instrumento internacional que está cumpliendo un proceso de celebración y
perfeccionamiento y respecto del cual ya se han cumplido las fases de
negociación; adopción, autenticación y confirmación presidencial del texto
celebrado por su plenipotenciario; de sometimiento al Congreso para aprobación
y de aprobación por éste, pero cuyo perfeccionamiento está pendiente, por no
haberse aún producido el acto del Ejecutivo que perfecciona en el ámbito
internacional la manifestación de voluntad del Estado en obligarse por el
Tratado.[1]
En efecto,
las etapas posteriores a la sanción presi_ dencial de la ley aprobatoria del
tratado internacional, que al tenor de la norma solo pueden cumplirse según
sean los resultados del control cuando afirma que "...si la Corte los
declara constitucionales el Gobierno podrá efectuar el canje de notas" y
que "en caso contrario no serán ratificados", conciernen a la
manifestación del consentimiento en obligarse en el ámbito internacional que es
una fase ulterior que solo puede realizarse después de que se ha efectuado el
control.
Ello indica
que al momento en que éste se surte, el acuerdo no es un instrumento perfecto
sino un "proyecto de tratado", y que por lo mismo, el instituido es
un control previo que opera después de que el presidente ha  sancionado la ley
aprobatoria del tratado y  antes de que éste se perfeccione mediante la
ratificación presidencial, el canje o depósito de los instrumentos de
ratificación o de adhesión, o en la forma que se haya convenido.
Nótese por
demás a  éste respecto, que la propia redacción de la norma en comento
evidencia que el control del tratado se produce antes de que éste tenga
existencia como acto jurídico en el ámbito internacional. Adviértase en efecto,
que tal y como fue concebido por el Constituyente,  el control del instrumento
en vías de perfeccionamiento no es independiente del de la ley que lo aprueba,
toda vez que el de aquél solo es posible en tanto ésta ya tenga existencia como
acto emanado del Congreso y sancionado por el Presidente.  Lo dicho corrobora
que el control se produce respecto del instrumento en forma simultánea al de su
ley aprobatoria y en el momento inmediatamente posterior a su aprobación por el
órgano legislativo y a su sanción por el ejecutivo, pues es a partir de éste
último acto que surge, conforme al texto constitucional en comento, el deber
para el Gobierno de remitirlos a la Corte dentro de los seis días siguientes.
Más aún: la
propia Carta da cuenta de otros casos en los que, a diferencia del analizado,
el Constituyente usó la palabra "tratados internacionales" como
indicativa de acuerdo internacional perfeccionado, y en los que, como en éste,
su sentido unívoco resulta del propio texto del artículo al cual pertenece. A
modo ilustrativo, se tienen los siguientes:
ARTICULO 53.
"...
Los
Convenios Internacionales del Trabajo, debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna.
"..."
ART. 101:
"...
Los
límites señalados en la forma prevista por ésta Constitución, solo podrán
modificarse en virtud de Tratados aprobados por el Congreso, debidamente
ratificados por el Presidente de la República."
"..."
Asimismo, hay en
la Constitución Política otros casos análogos al analizado, en los que el
Constituyente usó la palabra "tratados internacionales" como
indicativa de acuerdo internacional no perfeccionado, y en los que, como en
éste, su sentido unívoco también resulta del propio texto del artículo al cual
pertenece. De éste tipo son los siguientes:
"...
"ARTICULO
150.   Corresponde al Congreso hacer las leyes.  Por medio de ellas ejerce las
siguientes atribuciones:
"...
"16. Aprobar
o improbar los Tratädos que el Gobierno celebre con otros Estados o con
entidades de derecho internacional.
"..."
"ARTICULO
164.  El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley
aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su
consideración por el Gobierno.
"...
"ARTICULO
224.      Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el
Congreso...
"...
"ARTICULO
189.      Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
"...
"6. Proveer
a la seguridad exterior de la República...        declarar la guerra... y
convenir y ratificar los tratados de paz.
"..."
1.2.         Los
antecedentes históricos de la norma  y el               Pensamiento del
Constituyente.
Los antecedentes
históricos del que hoy es el numeral 10 del Artículo 241 C.N., corroboran la
tesis que se viene sosteniendo.  Tiénese al respecto los siguientes datos
relevantes:
Los ponentes
María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco Guerrero[2], en el informe que rindieron a la Comisión
Cuarta  sobre  el tema de "El control de Constitucionalidad, Corte Suprema
de Justicia y Consejo de Estado" observaron que: "en todos los
proyectos presentados se conservan las funciones sobre el control de
constitucionalidad que tenía la  Corte Suprema de Justicia, incluyendole nuevas
atribuciones:
...
""2.
Decidir sobre la constitucionalidad de los tratados  y de las leyes que los
aprueben..."
Sin embargo,
afirman que "se presentan diferencias de criterio únicamente en relación
con el momento en que debe realizarse el control, pues algunos constituyentes
afirman que dicho control debe efectuarse una vez el tratado o convenio haya
sido aprobado por la ley, antes del canje de notas; y otros que tal control
debe realizarse antes de haber sido sometido a aprobación por ley del
Congreso."
A juicio de los
Ponentes "el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del tratado
como sobre la ley aprobatoria del mismo, una vez que ésta haya sido sancionada,
trámite que de una parte permite un control total sobre el fondo y la forma,
pero que a su vez evita duplicidad en la función de este control, y por tanto
dilaciones en la obtención de una seguridad jurídica. La declaratoria de inconstitucionalidad,
ya sea del tratado  o de la ley aprobatoria, por parte de la Corte, impediría
la ratificación o el canje de notas."
El Constituyente
José María Velasco Ibarra[3] afirma que "las diferencias se
presentan en lo relativo al tema del control de las leyes aprobatorias de
tratados internacionales, pues unos les otorgan carácter de leyes especiales,
de jerarquía prevalente, que no pueden ser objeto de acción de inexequibilidad.
Sin embargo, la mayoría considera plausible el control previo por la Corte del
texto de los tratados. Con miras a asegurar la compatibilidad de los tratados
internacionales con el Derecho Interno."
En el informe de
ponencia sobre "las relaciones internacionales"[4] , los constituyentes Arturo Mejía Borda,
Miguel Santamaría Dávila, Guillermo Plazas Alcid, Alfredo Vasquez Carrizosa, y
Fabio de Jesús Villa, hacen alusión a lo expresado en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados (Mayo 23 de 1969, aprobada por la ley 32 del
29 de Enero de 1985) al disponer que: "se entiende por tratado un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados, y regido por el Derecho
Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominación particular."
En la ponencia
sobre control de constitucionalidad - en relación con los tratados- los
constituyentes María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco al expresar que
una de las funciones de la Corte Constitucional es la de "decidir sobre la
constitucionalidad de los tratados y de las leyes que los aprueban",
señalan que se presentan diferencias de criterio únicamente en relación con el
momento en que deba realizarse el control: Pues unos dicen que dicho control
debe efectuarse una vez el tratado o convenio haya sido aprobado por la ley
antes del canje de notas; y otros, que tal control debe realizarse antes de
haber sido sometido a aprobación por la ley del Congreso.
Terminan diciendo
los ponentes que todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en
la conveniencia de establecer el control de constitucionalidad sobre los
tratados públicos y sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se
proceda a ratificarlos, presentándose discrepancias en la etapa del proceso
interno en que dicho control debe ser ejercido y en cuanto a si éste debe ser
automático, o si puede ser puesto en marcha por cualquier ciudadano, mediante
elempleo de la acción de inexequibilidad.
En el informe de
ponencia para sesión plenaria sobre "la Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado, proposiciones divergentes"[5] la ponente María Teresa Garcés Lloreda dió
a conocer el siguiente artículo:
"...
"Artículo 8:
Atribuciones de la Corte Constitucional.
A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, y en consecuencia tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"7. Decidir
definitivamente sobre la constitucionalidad       de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal finalidad el gobierno
los remitirá a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes al de la
sanción de la ley. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá
efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados.
"..."
Fundamentándose[6] en que a la Corte Constitucional le
corresponde la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución y
entre sus atribuciones está la de decidir directamente sobre la
constitucionalidad de los Tratados Internacionales y las leyes que los
aprueben, con anterioridad al canje de notas, se trata -explica la ponente- de
dar una mayor seguridad jurídica a la comunidad con relación a la conformidad
de los tratados con las normas de la Carta; garantizándose de esta forma el
control político por parte del Congreso y el control jurisdiccional por la
Corte Constitucional, con anterioridad a la adquisición de compromisos
internacionales por el Gobierno Nacional. Si bien es cierto que en algunos
proyectos se propuso que el control se ejerciera con anterioridad al trámite de
la ley por el Congreso, la comisión IV consideró la conveniencia de que se
efectúe en forma automática una vez aprobada la ley para que el mismo pueda
versar tanto sobre el contenido del tratado, como sobre los aspectos formales
de la ley aprobatoria.
El artículo
atinente a ésta temática de la Constitución Política aprobado en primer debate
fue el siguiente:[7]
"...
"ARTICULO
68:       Son funciones de la Corte Constitucional
(Corte
Suprema de Justicia):
"Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben; con tal fín el gobierno los remitirá a la Corte, dentro
de los 6 días siguientes al de la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá
intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los
declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario, no serán ratificados.
"Cuando una
o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia), el Presidente de la República
solo podrá manifestar el consentimiento en obligarse formulando la correspondiente
reserva.
"..."
Conforme lo
acredita la respectiva Acta, en la sesión plenaria de Mayo 24 de 1991[8] hubo acuerdo en que los tratados deben ser
celebrados por el ejecutivo, aprobados por el congreso, y tener un control de
constitucionalidad antes de que sean ratificados por el ejecutivo.
En la Gaceta
Constitucional # 113, de julio 5 de 1991 se publicó el articulado de la
Constitución de Colombia,[9] que fue codificado por la Comisión
respectiva y propuesto a la Asamblea Constitucional para segundo debate. El
correspondiente al tema que se analiza fue del siguiente tenor:
"...
"ARTICULO
250.  A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de éste
artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
"..."
10.  Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben. Con tal fín el Gobierno los remitirá a la Corte dentro
de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá
intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los
declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario, no serán ratificados.
Cuando una o
varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia) el Presidente de la República
solo podrá manifestar el consentimiento en  obligarse formulando la
correspondiente reserva.
"..."
Para finalizar,
se observa que  en la Gaceta Constitucional # 114 de julio 7 de 1991 en la cual
tuvo lugar  la promulgación de la Constitución Política de la República de
Colombia[10] quedó contemplado el texto anteriormente
mencionado en el que hoy es el Artículo 241 del Capítulo 4, alusivo a la
"Jurisdicción Constitucional" que pertenece al Título VIII de  la
Carta, titulado "De la Rama Judicial."
Tal es entonces
la evolución que el artículo sobre control constitucional de los tratados tuvo
en la Asamblea Nacional Constituyente. El seguimiento demuestra, que la
intención del Constituyente, fue la de establecer en el actual numeral 10 del
artículo 241 de la Carta Política  un control previo y automático:
l.       Previo
en cuanto se produce antes del perfeccionamiento del tratado;
2.      Automático
en la medida en que su operancia no se supedita a la existencia de acción
ciudadana debidamente formulada; por el contrario,  la función de control se
pone en marcha tan pronto como el gobierno sancione la ley aprobatoria, o a más
tardar, dentro de los seis días siguientes.
1.3.         La interpretación teleológica:
Los Tratados como instrumento de
consecución del propósito
de internacionalización de las relaciones
económicas,  sociales y culturales y de realización de la meta de integración.
El argumento
teleológico quizás sea el más concluyente de entre los que se pueden esbozar
para sustentar la tesis según la cual el control constitucional de los tratados
internacionales que se contempla en el artículo 241-10 de la Carta Política es
PREVIO y AUTOMATICO.
En efecto, la
internacionalización de las relaciones sociales, economicas, políticas e
incluso ecológicas de la nación colombiana fue preocupación central del
Constituyente de 1991, quien por ello, la concibió como esencial propósito de
la actividad estatal.
Varias razones
permiten hacer la anterior afirmación. Por un lado, el tema de la
internacionalización fue consignado en el preámbulo de la Carta, pues es
inherente al propósito de INTEGRACION que en éste se consagra. Por otro lado,
el Constituyente se ocupó  en el artículo 9 de la Constitución, de señalar los
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES que han de guiar la política exterior colombiana.
El tema de la
internacionalización, además de estar consagrado en el preámbulo, y como un
principio fundamental de la Carta, tiene incluso un capítulo especial dentro de
la misma, dedicado, por primera vez en la historia del constitucionalismo
colombiano, exclusivamente a ese tema. El capítulo, insertado dentro del título
de la Rama Ejecutiva, contempla los propósitos y organismos relativos a las
relaciones internacionales de Colombia. Dentro de ese capítulo, la Carta
consagra la obligación del Estado colombiano de promover la
internacionalización de las relaciones económicas, políticas, sociales y
ecológicas dentro de ciertos principios.
Así pues, el
problema de la internacionalización del país era un tema fundamental dentro de
las preocupaciones del Constituyente del 91. Ello queda claro en la ponencia
que la Comisión Tercera de la Asamblea Constitucional presentó para primer
debate a la plenaria. La Comisión[11] propuso el artículo sobre
internacionalización, como consta en la Gaceta Constitucional No. 53, del 18 de
Abril de 1991, y éste fue aprobado POR 62 VOTOS A FAVOR, NINGUN VOTO NEGATIVO,
Y UNA ABSTENCION.
La ponencia[12] aludida, cuyo texto completo figura
publicado  en la Gaceta Constitucional No. 94, del 11 de Junio de 1991, entre
otras cosas, enfatizaba las siguientes ideas:
"La
integración es expresión de una trascendental tendencia del derecho
internacional contemporáneo a partir del reconocimiento de las limitaciones del
Estado Nacional... LA INTERNACIONALIZACIóN ES UN IMPERATIVO
CONTEMPORANEO".
En el
debate relativo a éste artículo de la internacionalización, efectuado en la
sesión plenaria que tuvo lugar  el 16 de Mayo de 1991[13], los señores constituyentes se
pronunciaron de manera vehemente en favor de la idea como consta en las
transcripciones que de los debates hizo la Presidencia de la República.
(Desafortunadamente, la transcripción no determina el nombre del constituyente
que interviene y la Gaceta Constitucional aún no ha publicado la relación de
debates).
En dicho debate,
a propósito de éste tema, se expresaron, entre otras, los siguientes
planteamientos:
"...En el
mundo que nos movemos cada vez es más clara una interrrelación entre los
paises...Es totalmente imposible hoy moverse en el mundo aisladamente..."
"...Acoger y
consagrar el tema de la internacionalización implicaría
una de las mas importantes decisiones que tomaría la asamblea Nacional
Constituyente...Es un objetivo de largo aliento del país...En la
internacionalización está la base del verdadero desarrollo del país..."
"...Esta
Constituyente tiene por supuesto muchas metas políticas; la democratización de
este país, un nuevo consenso social y político que nos permita un nuevo
ordenamiento, unas nuevas reglas de juego dentro de las cuales podamos convivir
de manera civilizada, pero tambien está
ahí anotada la consigna de la internacionalización de la modernización de este
país en cuanto pueda ajustar su ordenamiento jurídico, ajustar su propia
mentalidad a las nuevas realidades del mundo..."
"...La
misión de esta Constituyente fracasará si no contemplamos también la necesidad
de establecer mecanismos que desarrollen el proceso de
internacionalización..."
"...La
internacionalización de las relaciones es una realidad incontrovertible que no
podemos modificar y que debemos
aprobar..."
Al final, el
artículo fue votado afirmativamente, casi por completa unanimidad, como ha
quedado arriba establecido.
Los
Constituyentes, consecuentes con el principio de la internacionalización,
discutieron en la Sesión Plenaria del 24 de Mayo de 1991[14], el tema del control constitucional de los
tratados internacionales.
En la
ponencia respectiva, presentada por la Comisión Cuarta a la Plenaria, se
propuso el control jurisdiccional automático en forma directa por la Corte
Constitucional de todos los tratados internacionales. La ponencia[15] afirmaba:
"Todos los
compromisos internacionales del país deben tener un control, control político
por parte del congreso, el cual se traduce en la expedición de una ley y el
presidente, una vez que sancione esta ley debe enviar a la Corte Constitucional
dentro del término de 6 días la ley, para que la Corte, en una forma muy rápida
dictamine sobre la constitucionalidad tanto del contenido del tratado como del
procedimiento de la ley. De lo que se trataría con este control automático
es de que ABSOLUTAMENTE TODOS LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL PAIS GOCEN DE
ABSOLUTA SEGURIDAD JURIDICA...para no dejar al vaivén de posibles demandas
posteriores a la ley...si se cumplen de manera automática esos controles participarían
las tres ramas del poder público...Habría un compromiso de las tres ramas del
poder público con ese tratado. "
Concluyese de lo
que hasta ahora se ha expuesto que para el Constituyente era claro que el
propósito fundamental de la internacionalización, se garantizaba mejor con el
control previo y automático, tal y como quedó en el Artículo. 241-10 del
articulado final.
En el
debate correspondiente a este tema, se escucharon afirmaciones como las
siguientes:
"... es
conveniente prevenirse en salud hacia el futuro, pues los tratados que sean
ratificados por el presidente y se haga el respectivo canje de notas, no tengan
que ser impugnados por ninguna razón. Es decir, que después de aprobado por el
congreso, pasaría a cumplir con el control de constitucionalidad que implica el
control de su contenido y el control de su forma, entrando el Presidente a
firmar el tratado. Considera que no se le entrega con "esto la facultad
discrecional a la corte Constitucional... que es en últimas la que maneja los
negocios correspondientes a los tratados internacionales, porque al igual, si
fuera sólo un control de contenido de los tratados, de hecho también la Corte
podría declararlos inexequibles y por tanto, decirle al Presidente que no puede
firmar uno u otro tratado... la diferencia radica en que el Congreso de la
República tendría que ceñirse a todas las normas necesarias para poder aprobar
el tratado, y si no se ciñe a ellas, entonces el tratado podría ser declarado
inexequible por no haber cumplido con los requerimientos necesarios para su
aprobación en el Congreso, caso en el cual debe volver al Congreso, y de esta
manera volver a desarrollarse este control de constitucionalidad, para que
luego de que se cumpliera con todos los requisitos de contenido constitucional,
y de forma en su trámite, eso sí pudiera ser firmado por el presidente
definitivamente... o ratificado por el Presidente y luego hacer el respectivo
canje de notas, después de lo cual no habría ningún recurso contra ese tratado
que pasaría a ser parte de nuestra institucionalidad.."
"...Estamos
acogiendo el control previo constitucional de los tratados públicos antes de la
RATIFICACION, porque después de la ratificación ya no puede hacerse control,
porque pertenecen justamente a la órbita internacional que supera y excede la
órbita de la Nación..."
"...Ello (el
control previo y automático) eliminaría la posibilidad de ejercer
posteriormente la acción pública de inconstitucionalidad..."
"...El tema
del control automático de los tratados resuelve la mayor parte de las
inquietudes que se habían venido suscitando en la doctrina nacional..."
La propuesta
sobre tratados ejecutivos presentada por el Gobierno, dió a entender que con
relación a este tipo de tratados debe desaparecer la colaboración política del
Congreso, y permitir que el control se haga por vía de acción pública pero no
por el camino del control automático. Los constituyentes rechazaron esa
propuesta, pero opinaron que, independientemente de que se adoptara la figura
de tratados ejecutivos, el control debía ser oficioso, es decir, automático,
pero no por vía de acción.
El artículo sobre
el control constitucional de los tratados se aprobó por 50 votos afirmativos, 3
negativos y 5 abstenciones.
De lo anterior se
concluye:
El proceso que
culminó con el rediseño de nuestro Estatuto fundamental estuvo, por éste
aspecto, determinado por la necesidad de dimensionar el quehacer estatal y de
proyectarlo a planos y escenarios que rebasan la matriz espacial tradicional
del Estado nacional, como reconocimiento de que las necesidades y urgencias que
plantean el desarrollo y el progreso nacionales pueden ser satisfechas a través
de la cooperación y de otras formas de intercambio que permiten aprovechar
ventajas comparativas y explorar posibilidades de complementariedad con otros
sujetos.
A consecuencia de
la creciente internacionalización de las relaciones e intercambios de toda
índole que tienen lugar en el plano internacional entre actores estatales y no
estatales y, en virtud de la tendencia cada vez mayor al reforzamiento y a la
acentuación de los vínculos e interacciones que en ese ámbito se cumplen por el
hecho de tornarse el mundo cada vez más interdependiente, debió también dotarse
a los mecanismos de instrumentación respectivos de cualidades que, sin
desconocer los requerimientos propios de la ordenación nacional, al tiempo se
adecuaran a las exigencias planteadas por el nivel al cual operan.
Ahora bien, si
los Tratados Internacionales son, en esencia, el mecanismo fundamental de
realización del propósito de internacionalización y de la meta de integración
según la propia Constitución, y si regla de oro de la interpretación
constitucional es la de que el intérprete ha de siempre privilegiar aquella en
cuya virtud se logre la armonización de las disposiciones constitucionales que
aparentemente se hallan en pugna, fuerza es concluir que el tipo de control de
constitucionalidad instituido por el Constituyente en el numeral 10 del
artículo 241 de la Carta es el que ha sido caracterizado como previo y
automático, pues es éste tipo de control el que por un lado propende a
garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales como corolario
necesario de la adhesión de Colombia a las normas de convivencia entre las
naciones civilizadas  -como lo proclama el artículo 9 de la Carta- y, el que
por el otro, asegura el respeto y la observancia del Estatuto Fundamental por
sus autoridades inclusive cuando desarrollan funciones en el plano
internacional, pues no se remite a duda que la supremacía de la Constitución
que se consagra en el artículo 4 no admite sino las excepciones que la propia
Carta establezca.
Si a lo dicho se
agrega el que el juez constitucional al interpretar la Carta debe también tener
en cuenta que el cambio constitucional busca ser correctivo de defectos y
deficiencias que la experiencia ha puesto de presente, así como responder a las
necesidades institucionales del ser nacional, como lo fue en ésta materia la de
instituir un control que permitiera conciliar los extremos de que se ha dado
cuenta, no cabe la menor duda de que el  analizado, por ser previo y
automático, tiene la virtud de dotar de seguridad jurídica al Estado tanto en
el plano interno como en el internacional.
1.4.      La interpretación sistemática
Para los
efectos de éste análisis debe también tenerse en cuenta  el artículo 9o. de la
Constitución Política en cuanto que en dicha disposición el Constituyente
consagró los fundamentos   rectores de las relaciones exteriores del Estado,
uno de los cuales es "... el reconocimiento de los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia."
El pilar
esencial del Derecho de los Tratados está representado por el inmemorial
principio conocido como PACTA SUNT SERVANDA el cual obliga a Colombia no solo
en cuanto norma de derecho internacional consuetudinario sino en cuanto norma
de derecho internacional convencional, al haber recibido consagración positiva
en la Convención de Viena,que fue aprobada mediante la Ley 32 de l985.
En efecto, el
artículo 26 de la citada Convención, perteneciente a la Seccion la. sobre
OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS, de la Parte III, preceptúa que: "Todo Tratado
en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fé."
A propósito
de éste principio comenta el Tratadista NIETO NAVIA[16]:
"... que la
norma PACTA SUNT SERVANDA constituya uso establecido por los Estados y
su aceptación por los países civilizados y en la conciencia jurídica de los
pueblos la constituya en principio general de derecho internacional típico no
es sino demostración del valor de la norma aludida.
"La norma PACTA
SUNT SERVANDA llamada por Taube el axioma, postulado e imperativo
categórico de la ciencia del Derecho Internacional", constituye la regla
más antigua y el más antiguo también problema de interés común para todos los
Estados."
Es evidente que
la norma según la cual los Tratados deben ser cumplidos, trasladada del derecho
romano al derecho natural de la Edad Media y convertida en norma
consuetudinaria de Derecho Internacional, constituye, si no la norma
fundamental de todo el derecho Internacional, sí la del derecho de los
tratados".
El control previo
asegura la observancia de dicho principio, si bien, como se analizará en INFRA
3, la propia Convención de Viena prevé un caso exceptivo que determina su
inaplicabilidad.
Caracteristicas principales del Control
previsto en el artículo 241, numeral l0 C.N.
De lo dicho, se
infiere que ésta forma de control presenta las siguientes características:
lo.  Es un
control integral.
Versa sobre el
contenido material normativo del tratado así como sobre el de la ley
aprobatoria, tanto por razones de forma como de fondo. El tenor literal del
artículo 241-10 C.N. no deja duda de que el control comprende los dos elementos
del acto complejo cuando dispone: " Decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.
Con tal fin, los  remitirá...
Esta explícita
redacción pone término a eventuales diferencias de interpretación acerca de si
el contenido del proyecto de tratado en sí mismo considerado es o no susceptible
de control constitucional, con lo cual evita los pronunciamientos inhibitorios
por parte del órgano de control. Recuérdese a éste respecto que la Corte
Suprema de Justicia si bien admitía la posibilidad de controlar el tratado
antes de su perfeccionamiento según los postulados de la tesis de la
competencia temporal[17] se abstuvo de pronunciarse de mérito
respecto de cargos atinentes al contenido mismo del tratado cuando estos se
formulaban después de que el tratado se hubiera perfeccionado.
2o. Dado el
efecto general inmediato de la Constitución Política, el control susodicho
opera respecto de los tratados que a partir del 1o. de diciembre de l991, fecha
de instalación del Congreso elegido el 27 de octubre pasado, hayan sido
aprobados por éste y cuya ley aprobatoria sea sancionada por el Presidente de
la República.
Asimismo opera
respecto de los tratados que habiendo sido sometidos por el Gobierno a la
consideración de la Comisión Especial Legislativa, durante el período de sus
sesiones, no fueron improbados por ésta en ejercicio de la atribuciones que le
fueron conferidas por el numeral a) del artículo transitorio 6o. de la
Constitución Política, según se analizará en INFRA 4.
2.   CONTROL
DE LAS LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS     INTERNACIONALES, DESDE SU SANCION
HASTA ANTES DE      SU PERFECCIONAMIENTO,  POR  VIA DE ACCION PUBLICA,            POR
RAZONES DE FONDO Y DE FORMA,  SIEMPRE  QUE  EN
EL ULTIMO CASO, SE
INTENTE ANTES DEL AÑO      SIGUIENTE A SU PUBLICACION  (ARTICULO 241-4    C.N.)
La Corte antes
del perfeccionamiento del tratado tiene plena competencia para conocer de la
constitucionalidad de su ley aprobatoria, por las razones que han sido in
extenso expuestas por la tesis de la competencia parcial, y  que de manera
sintética el Magistrado GAONA[18] resumiera en los siguientes términos:
"...
"Frente al
Derecho Internacional ésta interpretación está acorde con sus propios
postulados de respeto al trámite interno y previo al perfeccionamiento y
consolidación formal del compromiso internacional".
A ello se agrega
que ésta explicación, también se ajusta al ordenamiento jurídico interno según
el cual, una vez perfeccionado el vínculo jurídico internacional, el tratado
ley trasciende del ámbito nacional, y por tanto se regula por los postulados
del orden jurídico internacional encontrándose también conforme con el
principio fundamental de reconocimiento con plena validez y vigencia a los
efectos que de él se derivan y con la norma fundamental: pacta sunt servanda.
Por
demás, la ley aprobatoria de un tratado público, pese a las características
especiales que ostenta y que la jurisprudencia ha observado[19] no deja por ello de ser una ley, sujeta al
control constitucional de la Corte, según lo  prescribe categóricamente el
numeral 4 del artículo 241 de la Carta para todas las leyes, sin distingo de ninguna
clase.
3o. CONTROL
POSTERIOR, POR VIA DE ACCION PUBLICA CIUDADANA CONTRA LOS TRATADOS
PERFECCIONADOS CUANDO SE HAN CELEBRADO CON MANIFIESTA VIOLACION DE UNA NORMA
DEL DERECHO INTERNO CONCERNIENTE A LA COMPETENCIA PARA CELEBRAR TRATADOS
(ARTICULOS 4 Y 9 C.P. EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 27 Y 46 DE LA
CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS
TRATADOS)
Por estar también
de acuerdo tanto con los fundamentos ideológicos, institucionales y jurídicos
de nuestro régimen constitucional, y con los propios del derecho internacional
que postula el principio del respeto a la ordenación interna de los estados, en
el caso en que la violación manifiesta de una norma del derecho interno
concerniente a la competencia para celebrar tratados, produzca como consecuencia
la violación de una norma fundamental de nuestra Carta Política, aún después de
perfeccionado el tratado, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre su
inconstitucionalidad.
Es más: en
presencia de dicha situación el derecho internacional exige su pronunciamiento,
a fin de que por los conductos regulares y según un procedimiento de orden
jurídico internacional, el órgano ejecutivo del Estado colombiano esté en la
obligación de exigir ante el orden internacional, la solución del conflicto.
Sirven de
fundamento a éste tipo de control, las siguientes consideraciones:
PRIMERA. En la determinación de los órganos
competentes para celebrar tratados el derecho internacional se remite al
ordenamiento jurídico de los respectivos estados[20].
Tal remisión
permite afirmar que el derecho interno y la jurisdicción interna extienden su
imperio a los actos que realicen los órganos a que éste confiere competencia
para celebrar tratados y a las consecuencias y efectos jurídicos que de ellos
resultaren, aún en el caso de estar destinados a trascender por cumplir sus
plenos efectos en el ámbito internacional.
Así lo reconoce
también el Derecho Internacional Convencional atinente al Derecho de los
Tratados  contenido en la Convención de Viena, la cual claramente estipula  que
los efectos jurídicos de un acto que se proyectan en el ámbito internacional,
se supeditan y condicionan en su plena validez y en su solidez, al ejercicio
regular, que en tal ámbito, el órgano nacional que actúa como internacional,
haga de las atribuciones que le han sido conferidas por el Derecho Interno.
En efecto, la
citada Convención, sobre el particular preceptúa:
PARTE III
OBSERVANCIA, APLICACION E INTERPRETACION DE
LOS TRATADOS
SECCION 1: OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
"ARTICULO
26.        PACTA SUNT SERVANDA
Todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fé.
"Artículo 27. El Derecho Interno y la
observancia de los tratados.
"Una parte
no podrá invocar las disposiciones de su Derecho Interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46".
"...
PARTE V
NULIDAD, TERMINACION Y SUSPENSION DE LA
APLICACION DE LOS TRATADOS
"...
SECCION 2.  NULIDAD DE LOS TRATADOS
"Artículo 46. Disposiciones de Derecho
Interno concernientes a la competencia para celebrar tratados.
El hecho de que
el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido
manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente
a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado
como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y
afecte a una norma de importancia fundamental en su derecho interno.
Una violación es
manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda
en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe."
SEGUNDA. Las normas transcritas ponen de presente
que las violaciones de las normas internas son en efecto tenidas en cuenta por
el derecho internacional. Refuerza esta conclusión  el hecho de que su
transgresión esté también contemplada en la Convención de Viena como causales
de nulidad relativas saneables.
El hecho de que
el derecho internacional prevea mecanismos o formas de convalidación de una
actuación viciada o irregular, nos indica que la reconoce, aunque desde luego,
según sea su entidad, para generar consecuencias diferentes, puesto que la
estabilidad de las relaciones internacionales también así lo exige.
TERCERA.      Uno de los problemas más arduamente
discutidos y en el que puntos de vista más opuestos pueden encontrarse en la
doctrina de los tratadistas de derecho internacional Público, alude a las consecuencias
que la celebración de un tratado en violación al derecho interno producen en el
ámbito internacional.
Principalmente
esta problemática se plantea en las denominadas "ratificaciones
imperfectas", esto es, cuando el ejecutivo de un Estado ratifica un
tratado sin cumplir los requisitos prescritos por el Derecho Constitucional de
ese Estado, verbigracia, cuando prescinde de someter a la aprobación del
Congreso, exigida por la Constitución, un tratado, para que pueda proceder a
ratificarlo.[21]
En concepto de
CHARLES ROUSSEAU[22] y de EDUARDO JIMENEZ DE ARECHAGA[23] el tratado celebrado en manifiesta
violación al derecho interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados, debe considerarse nulo en el ámbito internacional. Estos autores
estiman que los representantes de un Estado no pueden actuar ni aún en el campo
de las relaciones internacionales, sino en virtud de poderes y dentro de los
límites de su competencia.
Por el contrario,
otros doctrinantes, entre ellos ANZILOTTI[24] y GEORGES SCELLE[25] sostienen que el tratado celebrado en
violación del derecho interno debe permanecer en el ámbito internacional con
plena validez, puesto que así lo exigen tanto la seguridad de las relaciones
internacionales como el hecho de que un Estado no pueda entrar a considerar la
constitucionalidad de los actos jurídicos de otro Estado.
Sobre ésta
materia la Convención de Viena, en los artículos antes transcritos optó por una
solución intermedia entre los criterios de la nulidad total y el de la plena
validez del tratado, solución ésta que había sido anticipada por una parte de
la doctrina y por la Comisión de Derecho Internacional. [26]
Como se infiere
del tenor literal de las susodichas disposiciones, en concepto de la
Convención, el tratado en principio es válido; empero, el Estado puede alegar
como vicio de su consentimiento el que haya sido concluído en violación a una
disposición de su Derecho Interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados, por razón de que tal violación produce como consecuencia la
transgresión de una norma fundamental de su Derecho Interno.
CUARTA. Recuérdese que en un estado de derecho
todo poder es una simple competencia jurídica. Esto es, una facultad conferida
expresamente en una norma, cuyo contenido es  delimitado por la misma
disposición, la cual a su turno condiciona sus fines así como y la oportunidad
y circunstancias para ponerla en acto, al igual que los procedimientos y formas
para que su ejercicio sea regular.
Y esto es así,
porque el estado de derecho no es otra cosa que la pretensión de racionalizar
el ejercicio del poder político, sometiéndolo a una previa planificación y
previsión normativas, en busca del orden, la estabilidad y la seguridad
jurídicas. Se transforma de este modo el poder político, que es fáctico e
incondicionado, en una facultad normada y por tanto, limitada, y, en
consecuencia también, controlada y corregible en sus desbordamientos.
Esta es la
doctrina expresada en el art. 3o. de la Carta Política cuando enseña que el
poder público que emana del pueblo, se ejercerá en los términos que la
Constitución establece.
Quiere esto decir
que los poderes que establece la Constitución no son los supremos, ni son
originarios. Se trata de poderes subordinados al superior o soberano por quien
fueron creados o constituídos, de quien reciben sus facultades, las cuales sólo
son ejercitables válidamente en tanto se sometan a las decisiones de dicho
soberano contenidas en las normas constitucionales, de las cuales derivan su
existencia y en las cuales encuentran fundamento las funciones que les sean
asignadas.
Tengase así mismo
en cuenta que en el Estado de Derecho las facultades de sus órganos son
regladas. No las hay de ejercicio discrecional sino por excepción establecida
expresamente. Y toda excepción es expresa. Que una facultad es reglada,
significa que su regulación excluye todo factor arbitrario en su ejercicio, por
lo tanto, toda extralimitación o decisión que rebase esa regulación, implica la
sanción respectiva que consiste en el retiro de sus efectos o de su validez.
La competencia
además de ser anterior al acto es condición de su posibilidad. Si el órgano que
expide el acto carece de competencia para hacerlo, su contenido material es
nulo de pleno derecho y vicia con su propia ineptitud la totalidad de los actos
que de él se derivan.
QUINTA. El principio del derecho internacional de
no ingerencia en los asuntos internos de los Estados produce una consecuencia:
el que las limitaciones constitucionales a la competencia para concertar
tratados no puedan tener en todos los casos alcance jurídico internacional. De
ahí que el artículo 46 de la Convención de Viena establezca que sólo la
violación manifiesta es la que puede ser alegada como vicio del consentimiento.
Y que es violación manifiesta aquella que "resulta evidente para cualquier
estado que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena
fe."
Sólo puede el
derecho internacional considerar relevantes las limitaciones constitucionales
notorias o manifiestas, o sea las que menguan notoria y directamente la
competencia del Jefe de Estado o de su representante, ya que no puede exigirse
a ningún Estado el conocimiento de la constituciones extranjeras tanto teóricas
como efectivas, puesto que el estado indagado, podría ver en la averiguación de
las atribuciones y competencias que en relación con sus órganos que lo
representan en el ámbito internacional, hace la otra parte, una intervención en
sus asuntos internos.
Por tanto sólo la
transgresión de las normas constitucionales prohibitivas que trascienden la
órbita local, y que por ende son conocibles en el ámbito internacional pueden
ser tenidas en consideración por el Derecho Internacional.
SEXTA. Ya desde el salvamento de voto a la
sentencia de 1914 se indicó que es propio del Derecho Internacional el
sancionar con ineficacia los actos contrarios a la regulación interna de los
estados.
El ordenamiento
jurídico internacional no considera que sean a perpetuidad indesatables los
vínculos jurídicos consolidados en virtud de un tratado, ya que por su propia
naturaleza faltando el acuerdo de voluntades, o estando éste viciado, la
manifestación de no querer o no poder continuar obligado por sus
estipulaciones, es desatable unilateralmente.
...
SEPTIMA.  Nuestra Constitución no reconoce la
supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución Política. Por
tanto la Carta no autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la
inexequibilidad de un tratado que aún perfeccionado viola los postulados fundamentales
que estructuran la organización jurídico-política e idelógica del Estado
colombiano.
OCTAVA.  Los presupuestos del Estado de Derecho y
su esquema de respeto a la supremacía de la Constitución como símbolo máximo de
jerarquía jurídico e ideológica, no han sido ni superados, ni modificados; por
tanto se impone mantener la plena vigencia de sus postulados, sometiendo a
control los tratados públicos perfeccionados que vulneren sus principios
estructurales.
NOVENA.   En el caso en que un tratado internacional,
por razón de una violación manifiesta de la competencia atribuída al órgano que
lo celebra, causa la transgresión de una norma fundamental de nuestra
Constitución Política, el pronunciamiento de la Corte sobre su inexequibilidad
es imperativo porque frente al derecho internacional es el órgano a quien la
norma fundamental de derecho interno, la Constitución, le ha atribuído la
competencia válida de convalidación de un acto que atenta contra él y que
precisamente se busca preservar, y porque frente al Derecho Interno es la
guardiana de la integridad de la Constitución.
Originándose el
conflicto precisamente a causa de la violación de la Constitución Política,
ante el Derecho Internacional se precisa del pronunciamiento de la Corte,
puesto que sólo a ella ésta, que es la norma fundamental del derecho interno,
le confía la misión de establecer en qué casos hay violación de sus normas.
Por demás, en el
ámbito internacional el órgano que tiene el ius repraesentationis sólo podrá
pedir la solución del conflicto, acudiendo a los procedimientos
jurídico-internacionales (denuncia, retiro, terminación, suspensión, nulidad
absoluta) únicamente cuando medie la decisión de inexequibilidad pronunciada
por el órgano competente de la organización interna, puesto que precisamente el
conflicto se suscita con ocasión del desconocimiento de las normas del Derecho
Interno que delimitan la competencia de los órganos y porque su finalidad es
preservar el principio de respeto a la ordenación interna de los estados que según
el ya quedó visto".
II.      La
fundamentación múltiple del control constitucional de tratados y sus leyes
aprobatorias en la Carta de 1991.
A manera  de
resumen, entonces, de lo anteriormente transcrito, se tiene que la Carta Política
de 1991 contempla los siguientes modos de control de constitucionalidad de
tratados públicos y de sus leyes aprobatorias, a saber:
1.      Control
previo, completo y automático de constitucionalidad del proyecto de tratado y
de su ley aprobatoria, por razones de mérito o de fondo y también de forma en
cuanto a la ley aprobatoria (art. 241 numeral 10o.).
2.      Control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales
por vía de la acción pública, que tiene  lugar en el interregno entre la
sanción de la ley y su perfeccionamiento por motivos de contenido material y
por razones de forma, más en este último caso si se adelanta la acción dentro
de un plazo máximo de un año a partir de la publicación de la ley (art. 241-4).
Se refiere el
presente control a las leyes que se hubieren sancionado antes de entrar en
vigencia el nuevo Estatuto Superior.
3.      Control
posterior contra los tratados que ya están perfeccionados  y ello mediante el
uso de la acción ciudadana, siempre y cuando que exista un vicio de competencia
manifiesto para celebrarlos, del órgano interno del país.
Este control halla
respaldo en los artículos 4° y 9° de la Carta y los artículos 27 y 46 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobado por la Ley 32 de
1985.
Por otra parte, esta
Corte destaca que como ya lo ha puesto de presente, respecto de tratados y
leyes aprobatorias existen múltiples fundamentos al control constitucional, por
lo que no son aceptables frente a la nueva Carta las tesis que sobre la materia
se sostuvieron frente a la regulación que traía la Constitución Nacional de
1886.
Por lo demás, juzga
la Corporación necesario relievar que, dada la fundamentación múltiple que
conforme al análisis anterior tiene el control de constitucionalidad de los
tratados y sus leyes aprobatorias, la enumeración de las anteriores tres
hipótesis  no excluye la existencia de otras posibilidades de control, que se
nutran de los mismos criterios y elementos.
III.
Valores
y principios en el orden nacional e nternacional.II
1. La idea de la
soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos
límites imaginados por la teoría constitucional clásica. Así ha sido puesto en
evidencia por hechos tan contundentes como la interconexión económica y
cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible
en el ámbito planetario y la consolidación de un catálogo axiológico
ampliamente compartido por la comunidad internacional. En su lugar, se ha
acogido una concepción más dinámica y flexible, de tal manera que se proteja lo
esencial de la autonomía estatal, sin que de allí se derive un desconocimiento
de principios y reglas de aceptación universal.
2. La Constitución
de 1991, en concordancia con las nuevas exigencias de comunicación relación
interestatales adoptó una serie de normas encaminadas a fortalecer la
participación  colombiana en el proceso de internacionalización económica,
cultural y axiológica liderada por el derecho internacional. En este sentido el
constituyente no sólo dedicó un capítulo específico (el número VIII) al tema de
las relaciones internacionales dentro del marco de acciones propias del
ejecutivo, sino que también consagró normas relativas  al derecho internacional
convencional, dentro de las cuales se destacan las relativas a la celebración
de los tratados (arts. 150-16, 189-2), al reconocimiento general del valor del
derecho internacional, al reconocimiento específico de ciertas áreas de la
normatividad internacional de especial importancia normativa, por el hecho de
estar vinculadas directamente con los principios del "ius cogens",
tales como el derecho internacional humanitario (art. 93) y el derecho
internacional de los derechos humanos (214-2), etc..
3. El énfasis puesto
por la Constitución de 1991 en el derecho internacional y en especial en el
acogimiento de sus principios, fines y valores, encuentra su complemento
adecuado en los principios, valores y derechos establecidos en el texto mismo
de la Constitución a partir de la adopción del postulado del Estado Social de
Derecho.
Como ya ha sido
explicado por esta Corte, los principios fundamentales del Estado son una pauta
de interpretación ineludible. Son parte de la Constitución misma y están
dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo 4o. del texto
fundamental. Si bien es cierto que no siempre son suficientes por sí solos para
determinar la solución necesaria en un caso concreto, un principio constitucional
jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o
de otro principio no expresamente señalado en la Constitución, aunque puede, en
ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder
fundamentar la decisión  judicial.
Los valores, a
diferencia de los principios, tienen una eficacia indirecta, es decir, sólo son
aplicables  a partir de una concretización casuística y adecuada de los
principios constitucionales. De manera similar, la diferencia entre principios
y reglas constitucionales no es de naturaleza normativa sino de grado, de
eficacia. Las normas, como los conceptos, en la medida en que ganan generalidad
aumentan su espacio de influencia pero pierden concreción y capacidad para
iluminar el caso concreto.
4. Las normas
constitucionales relativas a los valores y principios, así como las normas
internacionales pertenecientes al llamado "ius cogens", no son
proclamaciones programáticas o meras aspiraciones que sólo poseen valor
jurídico en la medida en que sean asumidas legalmente. Tales normas deben ser
respetadas en toda aplicación del derecho; ninguna decisión jurídica puede
desconocerlas. De esta manera, indirectamente, ellas invaden toda la aplicación
jurídica hasta sus más específicas planos.
5. Por esta doble
vía, acentuando, por un lado, la participación del país en la comunidad
internacional, no sólo a través del aumento de relaciones comerciales y
culturales, sino también de la compenetración axiológica entre las naciones, y
consagrando, por el otro, un catálogo de derechos valores y principios acordes
con los postulados fundamentales del derecho internacional, la Constitución de
1991 es clara en postular la coordinación y complementación entre ambos
sistemas jurídicos por medio de los mecanismos internos y externos de control.
6. En una situación
de tránsito constitucional como la que ha vivido el país en los últimos
tiempos, y teniendo en cuenta lo dicho sobre el propósito de coordinación entre
derecho interno y externo previsto por la Constitución de 1991, el control de
la Corte debe estar encaminado a la adaptación de sus normas nacionales e
internacionales a las nuevas exigencias constitucionales. Si se tiene en cuenta
la identidad de propósitos de ambos sistemas, esta adaptación no puede ser más
que conveniente. La Corte considera, entonces, que las incomodidades propias de
una denuncia del tratado resultan menos perjudiciales para las buenas
relaciones internacionales que la permanencia de un tratado cuyos principios no
respetan las exigencias jurídicas en materia de derechos humanos, principios y
valores previstas en ambos sistemas.
IV.    El control
constitucional integral y material.
La  Corte
Constitucional inaugura el desempeño de su función de "guardiana" de
la integridad y de la supremacía de la Constitución afirmando la tesis de que
el control que le ha confiado la Carta de 1991 es integral y, por ende,
material.
Así,  ha afirmado,
por ejemplo, la tesis de su competencia plena de control respecto de los
decretos expedidos por el ejecutivo en desarrollo de las facultades que la
Carta le otorga durante los estados de excepción.
En efecto, respecto
de ellos ha ejercido un control jurisdiccional integral, que en otros
términos significa que sea imperativamente de mérito y no simplemente de forma.
Respecto de tales
actos, -que otrora escaparon al control constitucional jurisdiccional-  esta
Corte sustentó su concepción en las razones que a continuación se reproducen,
por ser plenamente aplicables a la cuestión de constitucionalidad  que en esta
oportunidad se examina:
"... sobre
todo, el ejercicio de un control integral sobre los actos de los poderes
constituídos asegura la primacía de la Constitución como Norma de Normas que
manda la regla 4a. del Estatuto Máximo y la misión confiada a su guardiana de
preservar su "supremacía e integridad" por el Constituyente en el
artículo 215 superior.
"... si la
Corte elude el control material..., ello significaría que las facultades del
Presidente de la República... serían supraconstitucionales.   Más aún: que esta
Corte podría tolerar la actividad inconstitucional del Ejecutivo renunciando
así a su deber de restablecer el imperio del Estatuto Supremo.
"La voluntad
del Constituyente a este respecto se pone de resalto, si se armoniza el
precepto mencionado con la expresión inequívoca empleada en la primera parte
del arttículo 241 en comento, según la cual a la Corte le corresponde la
guarda de la "integridad" y de la "supremacía" de la
Constitución.  No cabe duda que si un acto del Ejecutivo.. pudiera por razón de
su motivación violar impunemente la Constitución del Estado, ya no estaría la
Corte defendiendo la "integridad" de la misma sino apenas una parte
de ella.
"Por lo
expuesto, el control jurídico-constitucional debe ser integral y no parcial o
limitado a uno solo de los aspectos de la institución, cual es el mero
procedimiento formal, comoquiera que la defensa atribuída a esta Corte por las
normas aludidas, no se contrae a una parte de la Constitución sino que se
refiere a toda ella.
"La Carta no
contempla en su propio texto la posibilidad de que algunas de las ramas del
poder cuya actividad regula pudiera vulnerarla, amparada en la inexistencia de
controles, o peor aún, en la existencia de controles formales o parciales, que
terminan siendo a la postre controles ficticios.
"Adviértase
además que conforme lo consagra el artículo 228 de la Carta en vigor, en las
actuaciones en cuya virtud los órganos constituídos cumplen la función de
administrar justicia, es imperativa la prevalencia del derecho sustancial. En
presencia de tan claro y categórico mandato, cómo podría justificarse que la
Corte Constitucional contrajera el control que le compete ejercer al ámbito de
lo meramente formal.?"III
Así también, y
respecto de la materia específica de tratados, la Corte sostuvo la tesis del
control integral al fijar el alcance del control constitucional por la vía
oficiosa y previa contemplada en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta.IV
V.      El
control constitucional y la defensa de los derechos        fundamentales.
Desde la iniciación
de sus labores esta Corte ha sido consciente de que su mejor contribución a la
paz de Colombia es hacer realidad los fines esenciales del Estado social de
derecho en su conjunto, entre los cuales ocupa lugar preeminente la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Con tal propósito ha
venido sistemáticamente protegiendo la vigencia de principios y derechos tales
como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la educación, el trabajo, la
intimidad, en los niveles más concretos del quehacer cotidiano.
Dentro del conjunto
del ordenamiento, la dignidad humana aparece como el principio fundante del
Estado social de derecho, el elemento dinamizador de la efectividad de los
demás derechos, el fundamento último de varios de los mismos y la razón de ser
de los derechos, garantías, deberes y de la misma organización estatal. Por eso
encontró esta corte que era una afrenta a la dignidad mantener unas medidas de
seguridad a que estaban sometidos, sin razón valedera, reclusos inimputables e
incurables abandonados durante varios lustros en un anexo penitenciario en
condiciones inhumanas y degradantes.
Por su privilegiada
posición en el esquema constitucional de los valores y los principios, la corte
ha entendido también que la intimidad es una de las manifestaciones más
concretas y directas de la dignidad humana y que como tal ha de favorecerse una
neta prevalencia de la categoría del ser sobre la del tener o del haber, dentro
del marco de hondo y genuino humanismo que debe presidir los actos de los
encargados de administrar justicia en todos los niveles del ssistema jurídico.
Por eso la intimidad del usuario de servicios financieros debe ser respetada
plenamente en la recolección, tratamiento y circulación de sus datos económicos
personales.
La dignidad es
también el fundamento último del derecho al libre desarrollo de la personalidad
y de la prohibición de someter a las personas a tratos y penas crueles y
degradantes, tal como se desprende de diversos pronunciamientos de esta
Corporación frente a situaciones concretas en las cuales ha creído necesario
estimular una pedagogía y cultura que favorezca y estimule su más absoluto
respeto.
Luego de establecer
los alcances concretos de la libertad de cultos y de conciencia, esta Corte
también ha reconocido los derechos de los padres para escoger la educación de sus
hijos en desarrollo del artículo 68, inciso 5o de la Carta vigente y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso otorgó una tutela a
padres que solicitaban que no se le impartiera educación religiosa a su hijo,
que cursaba primer año de primaria en una escuela pública.
De la misma manera,
ha reiterado esta Corte, una y otra vez, que el trabajo es una actividad que
goza en todas sus modalidades de la especial protección del estado. Una de
tales garantías es el estatuto del trabajo, que contiene principios mínimos
fundamentales (art. 53) de tal naturaleza que son inmunes incluso ante el
Estado de Excepción por hechos que perturben o amenacen perturbar en forma
grave e inminente el orden social económico y ecológico. Por eso, el gobierno,
con las facultades extraordinarias que le otorga la declaratoria de dicho
estado, no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores (art.
215) y la estabilidad en el trabajo es aplicable a los trabajadores públicos y
resulta esencial en los empleos de carrera.
Por cuanto respecta
a los reglamentos de las instituciones educativas, ha señalado que ellos no
podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la
Constitución vigente, como tampoco favorecer o permitir prácticas que se
aparten de la consideración y el respeto debido a la privilegiada condición de
seres humanos, tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la
personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que
hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio
de praxis general. Por eso, no podrán imponerse sanciones que no consulten un
propósito objetivamente educativo, sino tan solo el capricho y la
arbitrariedad. No puede permitirse que los reglamentos frustren la formación
adecuada del sujeto llamado a realizar en su vivencia cotidiana el preámbulo,
los valores, principios y normas de la Carta de 1991.
Todo lo anterior
demuestra a las claras que la Corte ha querido estimular la aplicación efectiva
de la nueva Constitución en todos los complejos niveles de nuestro vasto
entramado social, entendiendo que así no solo cumple su misión de guardiana de
su integridad sino que reaviva la fe de nuestros ciudadanos en las reales
posiblidades del derecho como instrumento dispensador de justicia. Es esta,
ciertamente, una tarea no carente de dificultades e incomprensiones. Pero que
no puede abandonar en ningún momento sin claudicar de la noble misión que la
Carta le ha conferido.
En múltiples oportunidades
este cuerpo judicial ha puesto de resalto que el respeto y efectividad de los
derechos fundamentales, es eje principalísimo en la axiología que inspira la
Carta de 1991.
De ahí que el
control jurídico de constitucionalidad que esta adscribe a la Corte
Constitucional, se instituya junto con otros mecanismos -como la tutela-
fundamentalmente para la defensa de los derechos fundamentales.
Ese mismo telos explica
en la Carta de 1991 una serie de dispositivos amplificadores del contenido
tutelar en esta materia, en la cual el Constituyente plasmó la idea de
prevalencia de los valores y principios por sobre su consagración positiva al
contemplar los mecanismos de protección que a manera puramente ejemplificativa
se citan a continuación:
l.       En el
artículo 93, al consagrar la primacía en el orden interno de los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción;
2.      Al
preceptuar en esa misma disposición que el ius cogens o derecho
imperativo sobre derechos humanos es criterio interpretativo esencial de la
Carta de DerechosV ;
3.      Al indicar
de manera categórica en su artículo 94 que la enunciación de los derechos y
garantías contenidos en la parte dogmática es puramente indicativa, al señalar
que tal enunciación y la contenida en los convenios internacionales vigentes,
" ...no debe
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana,
no figuren expresamente en ellos."
4.      Al
incorporar al derecho interno sin necesidad de ratificación el ius cogens en
materia de derecho internacional humanitario, y demandar su observancia
universal e imperativa, al disponer en su artículo 215-2 que durante los
estados de excepción "no podrán suspenderse los derechos
fundamentales"  que  "en todo caso se respetarán las reglas del
derecho internacional humanitario."
En relación con la
fuerza vinculante y obligatoria del ius cogens, esta Corte ha tenido
oportunidad de sostener lo siguiente en la sentencia C-574, del 28 de octubre
de 1992:
"Los
tratados en los que se plasma el derecho internacional humanitario son, por el
contrario, una buena muestra de que en ellos los Estados contratantes no
aparecen en condición de reales o potenciales beneficiarios sino unicamente
como obligados. Ademas, la fuerza vinculante de ellos no depende ya de la de
la voluntad de un Estado en particular, sino, primordialmente, del hecho de que
la costumbre entre a formar parte del corpus del derecho internacional. Por
lo demás, en estos tratados no opera el tradicional principio de la
reciprocidad ni tampoco, - como lo pone de presente la Corte Internacional de
Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua -, son
susceptibles de reserva....."
"...Luego de
la entrada en vigencia de la Carta de Naciones Unidas, son obligatorias todas
las normas relativas a la protección de los derechos humanos fundamentales y a
la prohibición del uso de la fuerza (art. 2-4).
Esta idea ha sido
recogida por el artículo 23 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados del 23 de mayo de 1969, según el cual es nulo todo tratado que esté en
oposición con una norma imperativa del derecho internacional general,
entendiendo por ello, "una norma aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario"
...
"... En
síntesis, los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los
Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un
catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o
internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte
del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos. En consecuencia, su
fuerza vinculante proviene de la universal aceptación y reconocimiento que la
comunidad internacional de Estados en su conjunto le ha dado al adherir a esa
axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario. No de su
eventual codificación como normas de derecho internacional... De ahí que su
respeto sea independiente de la ratificación o adhesión que hayan prestado o
dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen
dichos principios"
El derecho
internacional humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya validez
absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento positivo"VI .
VI. La
coincidencia en valores y principios entre el derecho interno colombiano y el
derecho internacional en materia de protección a los derechos humanos.
Sobre este aspecto
destaca la Corte que el ejercicio del control jurisdiccional constitucional
respecto de los tratados en que se predicare el supuesto hipotético que se
examina, no rivaliza con los postulados del derecho internacional comoquiera
que entre estos y los del derecho interno existe perfecta coincidencia y
armonía.
Desde el angulo de
contenido tal coincidencia está determinada, por una parte, por la
circunstancia -ya puesta de resalto- de incorporar la Carta Colombiana de 1991
a sus postulados los contenidos normativos de derecho imperativo sobre derechos
humanos y derecho internacional humanitario, integrantes del corpus
conocido como ius cogens.
Por la otra,  está
dada por el hecho de que el propio derecho internacional sancione con la
nulidad de pleno derecho a los tratados que sean contrarios a una norma de
derecho imperativo, esto es, al  ius cogens.
Por lo demás, en
relación con la norma Pacta Sunt Servanda ha de ponerse de presente que
la tesis que se postula no la desconoce pues ha de repararse en que el propio
derecho internacional contempla casos exceptivos a su aplicación, como los
referidos, por ejemplo: al cambio fundamental en las circunstancias (i); a la
violación de una norma fundamental de derecho interno relativa a la competencia
para celebrar tratados (ii); a la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento.
Ahora bien, en lo
que atañe al procedimiento obsérvese que el control constitucional no pretende
injerir en una órbita del resorte exclusivo del ejecutivo.  Si bien esta Corte
reconoce que a este órgano la Constitución Política le reserva la conducción y
manejo de las relaciones internacionales, considera que un aspecto bien
distinto es que,  si en un caso dado llegare a prosperar el control y a
proferirse una decisión de inexequibilidad, en virtud del respeto y observancia
a la norma Pacta Sunt Servanda, el órgano ejecutivo del Estado
Colombiano, estaría conminado a acudir a los conductos regulares, para, según
un procedimiento de orden jurídico-internacional, desatar  en ese ámbito el
vínculo, procediendo a denunciar el tratado.
Téngase además en
cuenta que el ordenamiento jurídico internacional no considera que los vínculos
jurídicos consolidados en virtud de un tratado sean indesatables a
perpetuidad.
Por el contrario,
contempla una serie de mecanismos para  que un Estado pueda manifestar su
voluntad de dar por terminado  un  acuerdo en vigor.  Así por ejemplo, en virtud
de la manifestación de no poder o querer continuar obligándose por sus
estipulaciones, que se hace mediante la denuncia, un tratado es desatable
unilateralmente en el ámbito internacional.
De ahí que en el
multicitado estudio, a propósito de la viablidad del control de tratados
perfeccionados, excepción hecha de los atinentes a derechos humanos, en la
hipótesis prevista en los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena se haya
afirmado:
" ...Si el
derecho Internacional permite aun la voluntaria terminación de un tratado,
porque no ha de consentir en la posiblidad de que el Estado que se ha visto
vulnerado en su derecho interno, suscite el conflicto en orden a su solución,
por medio de un procedimiento jurídico internacional, cuando el propio derecho
internacional contempla este caso como expresa excepción al principio general
de obligatoriedad de los tratados, y cuando prevé mecanismos que en presencia
del hecho exceptivo, permiten garantizar la estabilidad y la seguridad de las
relaciones internacionales, cuyo presupuesto de base es precisamente la
regularidad y validez del vínculo que las expresa?
" Salvo en
tratándose de los tratados ratificados sobre derechos humanos, nuestra Carta no
reconoce la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución
Política. Por tanto, salvo en el caso mencionado, el Estatuto Supremo no
autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la inexequibilidad de un
tratado que aún perfeccionado viola los postulados fundamentales que
estructuran la organización jurídico-política e ideológica del Estado
colombiano"VII
Así, pues, un
control integral e intemporal respecto de los tratados ya perfeccionados  que
eventualmente comporten presunto desconocimiento de una norma sobre derechos
humanos o derecho internacional humanitario perteneciente al ius cogens, sirve,
en lo fundamental y de manera simultánea, los intereses del derecho
internacional y del derecho interno, como quiera que este se endereza a dar
plena vigencia a los contenidos axiológicos integrantes del ius cogens  y
en razón a que, según ya se expresó, tanto la Carta de 1991 como el
derecho internacional público se identifican en el propósito último de
garantizar de manera concreta y efectiva el respeto y la  protección a los
derechos humanos.
Puesto que el
control constitucional confiado por la Constitución a esta Corporación apunta a
ese fin, mal podría plantear una contradicción con los postulados del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
que lo fundamentan y constituyen su razón de ser.
Ahora bien, si lo
ontológico es lo granítico, necesario es concluir que en esta materia el
control constitucional, a más de integral y material debe ser intemporal.  Así
lo dicta la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, la
cual no puede limitarse a los tratados futuros  -aunque, desde luego, no cabe
duda que estos se sujetan al mismo-.    Ciertamente, un convenio internacional
ya perfeccionado es susceptible de comportar transgresión a dichos postulados.
Conclúyese de lo
anterior que el contenido mismo de la materia sobre la que versa la presunta
violación es la que determina la procedencia del control.  No el hecho mismo de
estar vertida en un tratado ya perfeccionado.
Por otra parte, la
tesis que se viene sosteniendo satisface el propósito de reconciliación del
país con la comunidad internacional, que el Constituyente plasmó en el artículo
9o. de la Carta cuando expresó que las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan entre otras, en el reconocimiento de los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia.
Ciertamente, no se
remite a duda que la estabilidad y seguridad de las relaciones internacionales
está dada más por la regularidad, validez y conformidad de los contenidos que
las expresan que por la intocabilidad de los vínculos estatales.
VII.   Ha de abocarse ahora y teniendo en cuenta
las consideraciones precedentes, la cuestión relativa al control de
constitucionalidad de la Ley 20 de 1974 y de su Tratado y Protocolo Final a la
luz de la Carta de 1991, que fueron perfeccionados con anterioridad a la
promulgación de la Constitución de 1991.
No cabe duda a esta
Corporación que dichos instrumentos no pueden sustraerse del control
jurisdiccional de esta Corte Constitucional, por las siguientes razones:
1.      La
Constitución Política de un país consagra las reglas e instituciones  jurídicas
que conforman la organización política del Estado y su funcionamiento,
establece los distintos órganos de gobierno en que éste se distribuye, las
relaciones de éstos entre si y con los miembros de la comunidad, e imprime la
orientación ideológica-filosófica-jurídica en que se funda y que inspira sus
mandamientos.
Se erige así la
Constitución en norma suprema, cuyos preceptos han de informar todo el
ordenamiento jurídico del Estado, que por lo tanto ha de ajustarse a ella.  De
ahi que se pregone el carácter  superior de ella (art. 4o. C.N.), se establezcan
órganos especiales para salvaguardar su integridad (Corte Constitucional) y se
prevean mecanismos legales para preservar su integridad, como son, las acciones
populares de inconstitucionalidad, la excepción de inconstitucionalidad, el
control de la Corte Constitucional de los tratados y de sus leyes aprobatorias
y la decisión que ésta ha de tomar en relación con los proyectos de ley
objetados como contrarios a la Carta por el Presidente de la República.
Ha de resaltarse,
para los fines del presente asunto, las bases, principios, e instituciones en
que descansa la nueva Constitución de 1991, y sobre los cuales la Asamblea
Nacional Constituyente  de ese año decidió  que el pueblo colombiano habrá de
gobernarse.
Previene el artículo
1o. que Colombia es un Estado Social de Derecho, con lo cual se quiere
significar que el objeto de la atención del Estado es la persona humana, por su
característica trascendental  de poseer una dignidad que habrá de reconocerse y
respetarse.  Es entonces con esta nueva  óptica que el Estado debe ponerse al
servicio del ser humano  y no estar éste al servicio y disposición de aquél.
Se coloca así en pedestal especial a la persona y a partir de ello se
instituyen expresamente a su favor derechos fundamentales que han de ser
observados.  El artículo 2o. ibidem reafirma que los fines del Estado son:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.  A las autoridades se les encomienda la tarea de velar por la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Reconoce el Estado,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad (art.
9o.).  Y en el artículo 42 considera a la familia como núcleo fundamental de la
sociedad y entre otros aspectos, regula el matrimonio.
Según el artículo
3o. la soberanía reside en el pueblo del cual emana el poder público y la cual
éste la ejerce directamente o a través de sus representantes en la forma
establecida en la Carta.
Los artículos 113 a
121 ib., dentro del Capítulo denominado "De la Estructura del
Estado", dicen que las ramas del poder público son la Legislativa, la
Ejecutiva y la Judicial, determina como órganos de control al Ministerio
Público y contempla la Organización Electoral al frente  de la cual están el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.  La
Rama Judicial a su vez está conformada por la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, la
justicia penal militar y las jurisdicciones especiales de los pueblos indígenas
y los jueces de paz (arts. 246 y 247).  El artículo 228 confiere el carácter de
función pública a la justicia y señala que sus decisiones son independientes.
El artículo 40 se
refiere a los derechos políticos y los define como los que tiene todo ciudadano
de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político,
derechos que se manifiestan en la facultad de elegir y ser elegido, tomar parte
en elecciones, constituir partidos y movimientos políticos, revocar el mandato
de los elegidos, tener iniciativa en las corporaciones públicas, ejercer
acciones públicas en defensa de la Constitución, acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos.
Como derechos
fundamentales de la persona se señalan explícitamente los siguientes:  derecho
a la vida, prohibición de tratos inhumanos y de trata de seres humanos,
igualdad ante la ley, personalidad jurídica, intimidad, desarrollo de la
personalidad, libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de
expresión, honra, la paz (deber y derecho), derecho de petición, derecho de
circulación, derecho al trabajo, libertad de profesión, libertad de cátedra,
libertad personal, debido proceso, habeas corpus, doble instancia, libertad de
declaración, penas prohibidas, prohibición de la extradición, derecho de
reunión, derecho de asociación, asociación sindical, derechos políticos,
instrucción constitucional y cívica (arts. 11 a 41).  Ha considerado además
esta Corte que el derecho a la educación aunque no está en el catálogo anterior
es también un derecho fundamental.
Todo este engranaje
de principios, valores, instituciones, consolidan a la Constitución como un
todo armónico.
2.      Normas del
jus cogens o normas imperativas de derecho internacional.
Es definido este
derecho como la norma imperativa  aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de los Estados en su conjunto que no admite acuerdo en contrario
y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional
que tenga el mismo carácter.  La Convención de Viena le depara al precepto que
esté en contradicción con el jus cogens al momento de celebrar el tratado la sanción
de la nulidad (art. 53).
Se asimila el jus
cogens al orden público internacional, significándose con ello que, a semejanza
de las disposiciones de orden público interno de un Estado que están por encima
de la voluntad de los miembros del mismo, las del jus cogens se imponen por
encima de la voluntad de los Estados.
Surge de esta manera
una verdadera  integración jurídica entre el derecho interno de los países, en
cuya cúpula se halla la Constitución Política, y el derecho internacional
cuando está de presente su jus cogens, dado que éste por representar valores
superiores,  inalienables e inenajenables del individuo como son los derechos
humanos,   se coloca por encima de la misma normación internacional que pudiera
desconocerlos y al mismo jus cogens habrá de acomodarse la legislación interna
de los países (art. 93 C.N.)  Dentro de esta concepción es que esta Corte habrá
de juzgar el Concordato, el cual por ello ofrece características de tratado sui
géneris.
El concepto del
Procurador General de la República en el acápite denominado "El derecho
internacional y el concordato" formula las siguientes consideraciones
en torno al "jus cogens" que esta Corporación acoge, con las
reservas, precisiones y decisiones que se harán al estudiarse los artículos del
Concordato y su Ley aprobatoria (Ley 20 de 1974), así:
"El
derecho internacional y el Concordato.
"La posición
del Concordato como Convenio Internacional de carácter bilateral frente al
Derecho Internacional General y al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, demanda las precisiones siguientes:
1. Existen normas
de jus cogens inderogables por el consentimiento de las partes y que no admiten
pacto en contrario, dada la naturaleza de lo que tutela o protege, y como
consecuencia de su vocación y aceptación universal. Constituyen un conjunto de
normas imperativas que no admiten su derogatoria por vía convencional y se
imponen por necesidades de orden político, económico, ético y público, y por
ser inherentes a la existencia misma de la sociedad internacional. La fuerza
vinculante de la norma jus cogens surge de su objetivo esencial, el
sometimiento o adecuación de la conducta de los Estados a ciertas normas fundamentales
soporte de la comunidad de naciones.
Entre las normas
jus cogens podemos citar las siguientes:
El artículo 103
de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que algunas consideran
de un "superjus cogens", establece la prevalencia de las
disposiciones de la Carta sobre cualquier otro convenio internacional que lo
contradiga, previsión, que ha sido interpretada por la doctrina como de
institucionalización de un orden público internacional basado en la
prohibición de la agresión y en la protección de los derechos humanos.
En el marco de
las Naciones Unidas se aprueba en l948 la Declaración Universal de Derechos
Humanos, norma jus cogens de ocasión universal y que reconoce entre otros los
derechos a la igualdad sin discriminación alguna: el de ser oido
públicamente y con justicia por un tribunal independiente para la determinación
de sus derechos y obligaciones; el que hombres y mujeres disfruten de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio; la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión, derecho que incluye la libertad de cambiar de religión o creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o
colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el
culto y la observancia, el derecho a la educación, éste tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos y religiosos; así también toda persona tiene derecho a que
se establezca un orden social e internacional en que los derechos y
libertades proclamados en esa declaración se hagan plenamente efectivos.
Disposiciones
similares aparecen en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, también aprobada en l948, que no pueden ser derogadas ni modificadas
unilateralmente por las Partes Contratantes, en cuanto los pueblos
americanos han dignificado la persona humana; que las instituciones
jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin
principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de
circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar
la felicidad; porque la Protección Internacional de los Derechos del Hombre
debe ser guía principalísima del derecho americano en evaluación.
En desarrollo de
esas normas jus cogens de derecho internacional, las naciones aprobaron el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el marco de la Organización
de las Naciones Unidas. Mientras que los Estados Americanos en l969 adoptarían
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ahora bien, de
los instrumentos citados, tambien se desprenden normas jus cogens, pues el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la suspensión
(art.4-2) de los artículos 6 (derecho a la vida), 16 (reconocimiento
de la personalidad jurídica) y 18 (libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión), entre otros. Y la Convención Americana también
no(sic) autoriza la suspensión de los derechos determinados en los artículos:
3° (reconocimiento de la personería jurídica): 4o. (derecho a la vida);
9o. (principio de legalidad y retroactividad); 12 (libertad de
conciencia y de religión); 17 (protección de la familia), ni de las
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Los conflictos
entre normas de jus cogens y otros convenios, por ejemplo bilaterales como el
Concordato, son sancionados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, en cuyo artículo 53, ordena:
"Tratados
que esten en oposición con una norma imperativa de derecho internacional
general (jus cogens).
"Es nulo
todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una
norma imperativa de Derecho Internacional General. Para los efectos de la
presente Convención, una norma imperativa de Derecho Internacional General es
una norma aceptada y reconocida por la Comunidad Internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional General que tenga el
mismo carácter.".
2. En segundo
lugar, se destaca que con base en lo ordenado en el segundo inciso del artículo
93 de la Constitución Política vigente, los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso (sic), que reconocen los Derechos
Humanos y prohiben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el
orden interno, esto es, que la Constituyente ha elevado al rango
supraconstitucional esa clase de tratados y convenios, lo que implica la
obligación de observarlos y respetarlos por su jerarquía, en ese orden de
ideas, el Concordato desconoce un sinnúmero de normas de jus cogens de derecho
internacional de los Derechos Humanos, en materia de libertad religiosa, de la
igualdad de derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso
de disolución del vínculo; de la libertad de enseñanza, del respeto a la
autonomía y derechos y libertades de los indigenas; del derecho a la educación.
Normas que se imponen por efecto vinculante del jus cogens, preexistente a la
celebración del Concordato, o por la fuerza jurídica de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, de carácter multilateral y esenciales para
la comunidad internacional, puesto que las Declaraciones Universal de Derechos
Humanos y la Declaración Americana de  los Derechos y Deberes del Hombre,
fueron proclamadas por las Naciones Unidas y Estados Americanos respectivamente
en el año de l948, mientras que los Pactos Internacionales de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y sobre Derechos Civiles y Políticos, y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos fueron adoptados en l969, e
incorporados a nuestro derecho interno mediante las Leyes 74 de l968 y 16 de
l972, y entraron en vigor para Colombia el 29 de enero de l970 y el 31 de julio
de l973, respectivamente, por lo cual debían ser observados tanto por el
Gobierno Nacional como por la Santa Sede al negociar y celebrar el Concordato y
su Protocolo Final, en la medida que se superponen y condicionan la validez del
acto bilateral que se incorporaría por medio de la Ley 20 de l974.
Valga citar por
vía de ejemplo las normas imperativas de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos que son desconocidas por el Convenio bilateral entre el Estado
Colombiano y la Santa Sede, y que a luz de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, se encuentra viciado de nulidad: el principio de
igualdad consagrado en los artículos 1o. y 7o. de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, 1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2o. del Pacto
Internacional de Derechos Económcios, Sociales y Culturales; la libertad de conciencia,
de religión y de cultos regulada en los artículos 18 de la Declaración
Universal y 12 de la Convención Americana, y 18 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; libertad de contraer matrimonio y disolución del
vínculo, reconocidos en los artículos 16 de la Declaración Universal,17-2-4 de
la Convención Americana, y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles;
derecho a la educación, libertad de enseñanza y autonomía universitaria de los
artículos 26 de la Declaración Universal, 13 del Pacto de Derechos Económicos".
Ha de observarse a
la afirmación que se hace del aparte acabado de transcribir y que también se
contiene en el estudio del H. Magistrado Angarita, que esta Corte ha entendido
que prevalecen las normas internacionales sobre derechos humanos en el orden
interno (art. 93 C.N.). Esta consideración es perfectamente consecuente con lo
antes explicado acerca del "jus cogens", ya que una ley
aprobatoria de tratados, como lo es la 20 de 1974, si no puede desconocer
tratados internacionales sobre derechos humanos que están en plano superior y
ocupan su lugar, con más razón ha de subordinarse a la Constitución, la cual
consagra de manera magistral, categórica y prolífica tales derechos humanos.
VIII. La
singularidad del Concordato.
1. El contenido
espiritual inherente a toda manifestación religiosa, indisociable del hombre
como sujeto autónomo, no permite conceder a ciertos asuntos regulados en el
concordato el mismo tratamiento que se dispensa a las materias convencionales
contenidas en los tratados internacionales (v.gr. Tratado sobre Límites). En
éstos últimos, las partes contratantes, por lo general, libremente disponen de
su propia esfera jurídica soberana. En la ley aprobatoria del concordato, en
cambio, se percibe que la base subyacente sobre la cual recaen algunas de sus
normas, resulta ajena a la órbita de poder de quienes lo suscriben. La libertad
de cultos, la libertad de conciencia y de expresión y el principio de igualdad,
en su  vertiente religiosa, se predican del hombre y de los grupos humanos como
sujetos autónomos y representan un conjunto de íntimas experiencias y
posibilidades individuales y colectivas, capaces de configurar un ámbito de
vida cuyo respeto se plantea hacia el exterior en términos que pueden llegar a
ser absolutos.
2. La
fundamentalidad de este conjunto de derechos se ha elevado a canon de derecho
internacional. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, Resolución 217A (III), diciembre
10 de 1948) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Resolución 2200
(XXI), diciembre 16 de 1966, ratificada por Ley 74 de 1968), previenen y
sancionan la inviolabilidad de los derechos y libertades asociados al fenómeno
religioso y a su práxis individual y colectiva. La imperatividad de
estas normas tiene la fuerza de ius cogens positivizado. Ningún tratado
o instrumento internacional puede vulnerarlas. En ellas se recogen los
principios de civilización que tienen vigencia universal más allá de los
estados y por encima de sus contingentes compromisos. Finalmente, es la persona
humana en la justa y cabal dimensión de su dignidad la que ha inspirado
dichas normas y es ésa la consideración que todo miembro de la comunidad de las
naciones debe privilegiar. En el plano internacional, las actuaciones de
derecho y de hecho contrarias a tales normas, por violar el indicado principio
de la dignidad del hombre - cuya universalidad y valor como suprema pauta
de comportamiento no se discuten - carecen de validez.
3. La carta de
derechos incorporada en la Constitución Colombiana corresponde a la traducción
interna de los mismos derechos y principios ya reconocidos con carácter universal
en las anotadas declaraciones. Las disposiciones que los definen y garantizan,
refuerzan su imperatividad al adicionar a su rango de ius cogens el de
normas constitucionales, por consiguiente, condicionantes y subordinantes
de toda legalidad.
El reconocimiento de
la inalienabilidad de los derechos fundamentales (CP art 5º) y del valor
interpretativo - además de normativo - de los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia (CP art 93), pone de presente
que en esta materia, se opera una especialísima integración de las
fuentes de derecho internacional e interna - fieles al mismo principio de
dignidad y universalidad de la persona humana -, que no puede en modo
alguno ignorar ni eludir el Juez Constitucional - ante todo custodio de los
derechos de la persona -, en su tarea de confrontar las normas acusadas con el
referente normativo superior, en este caso, inextricablemente unido en un
bloque normativo integrado por elementos internacionales e internos que
subordinan ante sí cualquier otra manifestación jurídica contraria.
Por todo lo dicho,
el Concordato y su Protocolo Final presentan aspectos de especial
significación, cuales son los relativos a los derechos humanos de las personas
residentes  en Colombia, que deben ser salvaguardados a la luz del jus cogens
del derecho internacional.  Ha sido imperioso por lo tanto, para esta Corte
asumir la competencia para revisar su constitucionalidad, por las razones que
en esta providencia se dan.
Dentro de este
orden de ideas y siendo sui géneris esta clase de tratados, sólo a ellos se
dirige el presente control constitucional.
IX.    Conceptualizada en párrafos anteriores
la Constitución con la connotación de ser el ordenamiento jurídico máximo y
subordinante del Estado, se habrá de propugnar porque ella ocupe siempre ese
lugar preeminente y superior, tanto en lo que hace al ámbito jurídico interno
como en el externo.  Y por ello, como se dijo, sabiamente se han ideado al
efecto los controles  judiciales que ejerce la Corte Constitucional y de que se
ha dado cuenta antes.
Dentro de este
contexto, ha de resaltarse el esquema de la acción pública de
inconstitucionalidad y de la revisión automática que siempre habrá de hacer
esta Corte de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias.
En cuanto a la
acción pública, ella se confiere a los ciudadanos contra las leyes, tanto por
su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
Nótese que la acción
se dirige contra "las leyes", sustantivo este último que se
emplea en términos generales, esto es, que comprende a cualquier clase de ellas
(ordinarias, estatutarias, orgánicas, etc.) sin que quepa hacer distinción
alguna como para decir que se excluyen las aprobatorias de tratados, por ser
especiales, pues la Carta no la hace.  Además es el ciudadano como titular de
tal derecho político, a quien se le confía el ejercicio de tal acción; esto
reviste especial importancia porque él como miembro que es de la comunidad
colombiana, está autorizado para velar porque en el universo jurídico del país
no existan preceptos contrarios a la normatividad constitucional (241-4).
Del mismo modo, así
como el ordenamiento legal interno ha de estar sometido a la Constitución, con
la misma lógica se sujeta a ella el ordenamiento exterior, esto es, el
integrado por los tratados y convenios internacionales y sus leyes
aprobatorias.  Por tal razón se instituyó el control constitucional previo y
automático de unos y otras, consistente en que el Gobierno, dentro los seis días
siguientes a la sanción de la ley los enviará a la Corte Constitucional para
que efectúe el condigno examen de constitucionalidad.  Solo si la Corte los
declara exequibles el Gobierno podrá proceder al canje de notas y si es el caso
contrario no podrá haber ratificación (art. 241-10).
Este último
control, tal como está concebido, comprende a los tratados y sus leyes
aprobatorias en los cuales la sanción de estas últimas suceda con posterioridad
a la entrada en vigencia de la nueva Constitución.  Habrá entonces de
preguntarse, qué sucede con la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato  y su
Protocolo Final.  ¿Por no estar contemplados éstos en el supuesto de la norma,
se quedarían sin control?  No lo cree así esta Corporación y antes por el
contrario afirma la existencia de dicho control.  He aquí las razones:  En
primer lugar ha de resaltarse  que es intención del Constituyente, inequívoca,
que no existan tratados internacionales inconstitucionales ni obviamente sus
leyes aprobatorias y de ahí la reglamentación expresa que dispensó al efecto.
Del mismo modo, como antes se advirtió, todo el sistema jurídico de leyes (y
también los Decretos Leyes y Decretos Legislativos) está condicionado a control
constitucional.
En el evento
sublite, si bien es cierto que la Ley 20 de 1974 y sus Tratado y Protocolo
Final estaban perfeccionados al entrar a regir la nueva Constitución, ellos
según se han explicado ampliamente en párrafos anteriores ofrecen la especial
connotación de referirse al jus cogens de derecho internacional que ampara los
derechos humanos y los coloca en la cima de la jerarquía normativa
internacional.  Por esta razón y teniendo en cuenta la integración que debe
existir entre el ordenamiento interno de las naciones y el exterior de los
Estados (art. 93 C.N.), los actos acusados han de ser examinados a la luz de
los tratados internacionales sobre derechos humanos con el fin de verificar si
se ajustan o no a ellos.
B.      ANALISIS
CONSTITUCIONAL DE LOS ARTICULOS DE LA LEY 20 DE 1974 QUE APRUEBA LOS TEXTOS DEL
CONCORDATO Y SU PROTOCOLO FINAL.
RESEÑA
HISTORICA:
Mediante la Ley 20
de 1974, aprobatoria  del Concordato y Protocolo Final, suscrito en Bogotá el
12 de julio de 1973, se dejó sin efecto el Concordato firmado en Roma el 31 de
diciembre de 1887 y aprobado por la Ley 35 de 1988.  También derogó la Ley 54
de 1924 sobre matrimonio civil que establecía para los contrayentes la
obligación de declarar "que se habían separado formalmente de la
Iglesia y de la religión católica" (art. 1o.) y que fue lo que se
llamó "la abjuración religiosa";  del mismo modo la Ley 20 de
1974 deja sin vigor la Convención de Misiones de 29 de enero de 1953.
Fue estandarte del
movimiento político de la Regeneración establecer  las relaciones entre la
Iglesia y el Estado y como consecuencia de ello se adoptaron medidas
tendientes  a ese fin, como fue la consagración que se hizo en la Carta de 1886
de la Religión Católica como de la Nación y el cometido que se le confió de
organizar la educación.
En 1887 se suscribió
el Concordato con la Santa Sede, a través del cual la iglesia recobró su
libertad e independencia, se le atribuyeron prerrogativas en el campo de la
educación, los registros civiles de las personas se pusieron bajo su cuidado,
los nombramientos de los altos prelados se hacían con el consentimiento del
Presidente de la República, la Santa Sede renunció a exigirle al Estado las
deudas por motivo de desamortización de los bienes de manos muertas; con todo,
aquel se comprometió a reconocerle  una suma determinada anual.  En 1902 se
celebró el primer convenio sobre misiones con la Santa Sede destinado a la
evangelización de los indígenas.
A raíz de la reforma
constitucional de 1936 se suscitó la cuestión concordataria que polarizó a los
partidos políticos y terminó con la celebración del Concordato
Maglione-Echandía, que no fue objeto de ratificación por las partes.
En el Preámbulo del
plebiscito de 1o. de diciembre de 1957 se declaró como base de afianzamiento de
la comunidad nacional, el reconocimiento que se hace por los partidos políticos
de que la religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación y que como
tal la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden
social.   Dicho plebiscito estableció que la Constitución Política de Colombia
era la de 1886 con las reformas  de carácter permanente introducidas hasta el
Acto Legislativo No. 1 de 1947.
Se refrendó así el
artículo 53 que corresponde al artículo 13 del Acto Legislativo No. 1 de 1936
sobre libertad de conciencia y en el cual también se autorizaba al Gobierno
para celebrar convenios con la Santa Sede, sujetos a la posterior aprobación
del Congreso, para regular sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto
las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.
Este artículo 53 que
en fin de cuentas era mandato especial y deferente para la Iglesia Católica, no
fue incorporado en la enmienda constitucional de 1991 y por ello nada se provee
sobre el particular.
Cuestión
previa.
a)      Ha de
decidirse como asunto preliminar el cargo de vicios en el procedimiento
formativo de la Ley 20 de 1974 (Proceso D-116), con fundamento en el artículo
218 de la Carta de 1886 y que se hace consistir en que, por contener aquel
estatuto legal  previsiones contrarias a la Constitución, significa ello una
reforma a ésta sin haberse observado el procedimiento del mencionado texto
constitucional.
La anterior
acusación no está llamada a prosperar, porque, en primer término desconoce con
argumento sofístico que el mecanismo contemplado en la Constitución para
enervar ordenamientos legales contrarios a ella es el de la acción pública de
inconstitucionalidad, tal como en el evento sublite la ejerce el actor, que se
plantea ante la Corte Constitucional.  Del mismo modo los vicios de
procedimiento en la formación de una ley se predican cabalmente de ésta durante
su tránsito en el Congreso y no de la Constitución.  Que el procedimiento para
enmendar una Constitución, en el estatuto anterior, fuera el del artículo 218,
se refiere concretamente a las reformas que a través del mismo se quieran
introducir a la Carta, lo cual nada tiene que ver con que un estatuto legal
pudiera contener preceptos opuestos a aquélla, pues, en este caso, se repite,
está prevista la acción de inconstitucionalidad en poder de cualquier ciudadano
para controvertir la inconstitucionalidad observada.
Mas por sobre todo
ello ha de decirse que la Ley 20 de 1974 ya fue examinada por la Corte Suprema
de Justicia en cuanto hace a vicios de forma frente a la Carta de 1886 y fue
hallada exequible (sentencia No. 11 de 12 de febrero de 1987 Magistrado Ponente
Dr. Fabio Morón Díaz).  Y según doctrina de ella como de la Corte
Constitucional, tales vicios de procedimiento han de juzgarse a la luz de la
Constitución que los establece, en el evento sublite, de la Carta de 1886.
b)      En cuanto
hace a la cuestión de fondo, la confrotación y decisión que hubiere hecho la
Corte Suprema de Justicia de la Ley 20 de 1974 ante la Constitución de 1886, no
inhibe a la Corte Constitucional de efectuar el condigno examen material frente
a la Constitución de 1991 y no se produciría cosa juzgada alguna, pues, por
tratarse de un ordenamiento nuevo Superior, puede contener normas a las cuales
no se avenga dicha Ley, como en efecto sucede, y se explicará más adelante.  Se
presenta entonces el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente.
Esta ha sido la
posición reiterada tanto de la Corte Suprema de Justicia como de esta Corporación
en sentencias de esta última que ha prohijado bajo los Nos. 416, 417, 434, 435,
477, 478, 479, 504, 510, 511 y 514.
Se pasa ahora a
examinar el aspecto de Constitucionalidad de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del
Concordato (arts. I a XXXI) y el Protocolo Final suscrito en Bogotá el 12 de
julio de 1973.
ARTICULOS DEL CONCORDATO
I.
"Artículo
I.  El Estado, en
atención al tradicional sentimiento católico de la Nación colombiana, considera
la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien
común y del desarrollo de la comunidad nacional.
El Estado
garantiza a la Iglesia Católica y quienes a ella pertenecen el pleno goce de
sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las
demás confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano".
Tanto en los
escritos de demanda como en los conceptos del Señor Procurador, se considera
que el inciso primero de este artículo, es una muestra de la posición
privilegiada de la Iglesia y una de las diversas preceptivas concordatarias que
también vulneran la estructura del sistema constitucional colombiano y
desconocen los principios fundamentales constitutivos de nuestra juridicidad.
En cuanto al inciso
segundo se afirma de manera genérica que el eje principal en torno al cual gira
la argumentación del sistema concordatario es la monopolización de lo religioso
por una sola iglesia a la cual se le reconoce una variedad de privilegios
exclusivos y excluyentes de las demás religiones y comunidades como son la
autonomía e independencia plena y el sometimiento y respeto de la autoridades
colombianas a lo pactado.
Al respecto observa
la Corte:
La manifestación que
se hace en el artículo I, inciso 1° del Concordato relativo a considerar a la
Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común
y del desarrollo de la comunidad nacional, y atendiendo  ello a la tradicional
afección del pueblo colombiano hacia dicha religión, no vulnera la
Constitución, porque los propósitos así concebidos y reconocidos de ser ella
instrumento del bienestar, adelanto y progreso de la comunidad, corresponden a
los mismos fines del Estado plasmados en diversos textos de la Carta.
Da la circunstancia
entonces que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la que a través del
Concordato en cuestión, pone de presente al Estado cuales son los principios
teológicos de atención al bien de los asociados en que se inspira y que se los
brinda a la nación colombiana.  Esta declaración no impide que otras
confesiones religiosas, si así lo convinieren con el Estado colombiano, también
manifiesten que se ponen al servicio de esta comunidad, como elemento
dispensador de bienandanza, ventura y progreso.
Tampoco el inciso 2°
del artículo I desconoce la Constitución, pues, es obligación del Estado
garantizar el goce de los derechos religiosos a quienes pertenezcan a ella,
como se reconoce en dicho texto también respecto de las demás confesiones.  Es
ello entonces una aceptación de las normas constitucionales referentes al fin
de la Asamblea Nacional Constituyente de asegurar a los integrantes de la
Nación la igualdad (Preámbulo), al designio del Estado de garantizar la
vigencia de un orden justo (art. 2o.), a la igualdad ante la ley de todas las
personas sin discriminación por razones de religión (art. 13) y a la libertad
de profesión religiosa y a difundirla en forma individual o colectiva (art.
19).
Es pues
constitucional el artículo I.
II Y III.
"Artículo
II. La Iglesia
Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y
por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su
jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con
sus propias leyes".
"Artículo
III. La legislación
canónica es independiente de la civil y no forma parte de esta, pero será
respetada por las autoridades de la República".
Se alega que el
artículo II vulnera la soberanía al establecer la plena independencia y
libertad de la iglesia, a tal grado que puede ejercer su jurisdicción
eclesiástica conformándose en su gobierno y administración con sus propias
leyes, colocándose de esta manera por fuera del ordenamiento jurídico
colombiano o al menos sustrayéndose del Estado de Derecho diseñado por la
Asamblea Constituyente.  Se agrega que la estructura del estado colombiano en
materia de administración de justicia no reconoce ni puede reconocer la
coexistencia de una jurisdicción eclesiástica, puesto que ello vulneraría entre
otros, el principio de igualdad, de acceso a la jurisdicción y el
reconocimiento expreso de la libertad ideológica religiosa.
Se aduce que el
artículo III del Concordato viola el principio de legalidad y publicidad, pues
la legislación canónica para su válidez formal y material no se sujeta a las
reglas y procedimientos constitucionales exigidos para la adopción de toda la
legislación, a la vez que no hay inserción en el Diario Oficial ni otro órgano
de los actos que expida la autoridad eclesiástica para que los residentes en
Colombia puedan conocer semejante ordenamiento extraterritorial.
Observa la Corte:
Se ha dicho que el
Concordato es un tratado internacional entre dos personas, es decir, entre el
Estado colombiano y la Santa Sede.  Este tratado tiene sus particularidades
especiales porque la grande mayoría de sus claúsulas van dirigidas para que se
cumplan dentro del territorio colombiano, con unos sujetos específicos como son
los habitantes en territorio colombiano que pertenecen a la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, a los sacerdotes y jerarcas de esta Iglesia por un lado y
por el otro, a las autoridades de la República.  Vale decir, que el tratado
tiene plena operatividad y vigencia práctica dentro de Colombia.
En este orden de
ideas se ve cómo el artículo II de la Ley 20 de 1974, dice que la Iglesia
conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por
consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su
jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con
sus propias leyes, lo que equivale a decir que el Estado colombiano reconoce a
la Iglesia Católica su órbita eclesiástica, diferente a la civil y política que
es propia del Estado.
El pluralismo
político y religioso instaurado en la Carta de 1991 permite la coexistencia de
ordenamientos, entre ellos, unos religiosos, de las distintas confesiones,
incluida la Católica, y   otros
políticos                                                            (del
Estado). Una  manifestación entonces de la libertad religiosa (art. 19 C.N.) es
la de aceptar la independencia y autonomía de la autoridad eclesiástica de la
Iglesia Católica, como una realidad viviente y hecho sociológico e indiscutible
del pueblo colombiano, mas dentro del marco espiritual y pastoral que le es
propio.  Tan ello es así que la propia Carta asigna efectos civiles a los
matrimonios de las distintas fés religiosas, lo mismo que a sus sentencias de
nulidad (art. 42).  Es decir reconoce la existencia de estas potestades religiosas.
Del mismo modo la libertad de asociación  (art. 38 C.N.) hace posible  que en
la sociedad civil colombiana los fieles de una religión se agrupen en torno de
ésta a través de organizaciones representativas de ellas, las cuales y para
ejercer su magisterio moral adoptarán sus propias reglas, diferentes a las de
la potestad civil.
Valga resaltar que
en tratándose de actividades exclusiva y esencialmente dedicadas al ejercicio
espiritual y culto de la religión, goza ésta de todas las prerrogativas sin que
el Estado pueda entrometerse en ello.  Es este el campo reservado a su dominio
sagrado en que puede desenvolverse con toda amplitud y libertad (art. 19 C.N.).
Se declararán
exequibles de acuerdo con lo explicado, el artículo 1o. de la Ley 20 de 1974 en
lo que respecta a los artículos II y III del Concordato.
IV.
"Artículo
IV. El Estado
reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica.
Igualmente a las diócesis, comunidades religiosas y demás entidades
eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería jurídica,
representadas por su legítima autoridad.
Gozarán de igual
reconocimiento las entidades eclesiásticas que hayan recibido personería
jurídica por un acto de la legítima autoridad, de conformidad con las leyes
canónicas.
Para que sea
efectivo el reconocimiento civil de estas últimas basta que acrediten con
certificación su existencia canónica".
Se considera por los
demandantes que esta norma es inconstitucional ya que a través del
reconocimiento de personería jurídica a la Iglesia Católica y demás entidades
eclesiásticas en términos que se sustraen de nuestra legislación, muestra la
prevalencia de la legislación canónica.
Observa la Corte:
Aunque el artículo
al reconocer la aludida personalidad jurídica anuncia una ventaja o primacía
para la Iglesia Católica, puesto que al apartar de la legislación nacional
ordinaria, el otorgamiento de personerías jurídicas a las autoridades
eclesiásticas católicas, establece una posible prevalencia, debe manifestarse
que el hecho de que las demás iglesias puedan pactar mediante una ley con el
Estado, el reconocimiento de una peculiar, auténtica y propia personería
jurídica, no permite predicar un trato discriminatorio.
Con las excepciones
que implican los artículos 39 y 108 de la Carta, debe decirse que no hay
artículo constitucional alguno que se refiera al otorgamiento de las
personerías jurídicas, derecho que se le reconoce como fundamental a la persona
(art. 16).  El artículo 39 hace alusión al reconocimiento jurídico de los
sindicatos o asociaciones de trabajadores o empleadores y el artículo 108 trata
sobre la misma figura pero respecto a los partidos o movimientos políticos;
fuera de ellos, no existe en la Constitución Nacional norma que establezca
requisitos y procedimientos constitucionales para reconocer personerías
jurídicas. En consecuencia, tanto las circunstancias o condiciones necesarias
para obtener la aludida personería, como el modo de tramitarla son objeto de reglamentación
legal y en este sentido resulta constitucional, formal y materialmente, la Ley
20 de 1974, en el aparte acerca del reconocimiento de personerías jurídicas.
La concepción de
este artículo IV encuadra dentro de la libertad religiosa de la Carta de 1991.
La norma es lógica, no sólo en cuanto hace a la Iglesia Católica sino a las
demás religiones, al predicar la autonomía de la autoridad eclesiástica y
respetarla la autoridad civil, en tratándose de sus estatutos y organización
interna, y consecuente concesión de la personería jurídica.  Se permite
entonces que la Iglesia Católica otorgue personería jurídica a sus distintas
entidades, lo cual se hará por sus "legítimas autoridades", es
decir, por aquellas que de acuerdo con la reglamentación canónica han recibido
la competencia para ello, todo lo cual constituye salvaguarda de seguridad
jurídica para la colectividad.  Al Estado de todas maneras habrá que
demostrarle en el caso concreto la existencia de tal competencia.
Obsérvese que se
agrega al reconocimiento de las entidades eclesiásticas del inciso 2° del
artículo IV un reconocimiento civil, para lo cual deberán acreditar su
existencia canónica.
Siendo entonces de
carácter legal el reconocimiento de personerías jurídicas, como antes se dijo,
es cabalmente la Ley 20 de 1974, la que acepta y reconoce la personería
jurídica otorgada por ella a sus distintos estamentos y entidades, para el
logro de sus fines espirituales y evangéligos.  Ello no obsta para que una Ley
regule la materia respecto de todas las religiones, incluyendo a la Iglesia
Católica, estatuto que de todos modos mantendrá la independencia de ellas en su
forma de organización  y funcionamiento internos.  Se trataría de una Ley
estatutaria de las previstas en el artículo 152 literal a) de la Carta.
Se declarará
exequible el artículo IV.
V.
"Artículo
V. La Iglesia,
consciente de la misión que le compete de servir a la persona humana,
continuará cooperando para el desarrollo de esta y de la comunidad por medio de
sus instituciones y servicios pastorales, en particular mediante la educación,
la enseñanza, la promoción social y otras actividades de público
beneficio".
Los demandantes
consideran que este artículo atenta contra los artículos 13, 16, 18, 19, 26,
27, 68, 69 y 70 de la Constitución, ya que la intervención de la iglesia va en
contravía de las normas aludidas.
El concepto del
procurador de manera general afirma que el artículo desconoce la dimensión de
la dignidad humana, habida cuenta de los privilegios y prerrogativas que
concede a la iglesia Católica.
Al respecto observa
la Corte:
El artículo V va
referido en forma exclusiva a la misión que tiene la Iglesia en relación con la
persona y expresa que con el ánimo de continuar colaborando en beneficio del
recurso humano colombiano, la institución religiosa se compromete a prestar a
través de todas sus entidades y dependencias los servicios que le sean propios,
como los pastorales, la educación, la enseñanza, la promoción social y otras
actividades de público beneficio.
Encuentra esta
Corporación que el contenido es eminentemente social en donde se destaca el
sentimiento humanitario y espiritual que debe proyectar la Iglesia, entendido
esto desde el punto de vista que en el hombre confluye una doble naturaleza
como son la material o corporal y la espiritual, que nutre con su sabiduría a
la razón y hace que sea el ser más perfecto de la creación.
Desde todo punto de
vista, la norma  es consecuente con el artículo 19 de la Constitución Nacional
que preconiza la libertad de cultos y los artículos pertinentes del Estatuto
Superior que desarrollan los preceptos educativos, concretamente el artículo 68,
que le otorga a los particulares el derecho para fundar dichos establecimientos
y cuando a través de la historia la Iglesia Católica ha demostrado una gran
vocación pedagógica, actividad de la cual se ha beneficiado en grado sumo el
pueblo colombiano.
Es exequible el
artículo V.
VI.
"Artículo
VI.El Estado y la
Iglesia colaborarán en la pronta y eficaz promoción de las condiciones humanas
y sociales de los indígenas y de la población residente en zonas marginadas
susceptibles de un régimen canónico especial.
Una comisión
permanente integrada por funcionarios designados por el gobierno nacional y
prelados elegidos por la Conferencia Episcopal, reglamentada de común acuerdo,
programará y vigilará el desarrollo progresivo de los planes que se adopten. Las
funciones de la comisión permanente serán ejercidas sin perjuicio de la
autoridad propia de planeación del Estado y sin que la Iglesia tenga a su cargo
actividades ajenas a su naturaleza y misión".
Se demanda la
inconstitucionalidad de esta norma en razón a que ella viola los derechos
constitucionales de las personas pertenecientes a minorias étnicas y a sus
comunidades, los cuales fueron reconocidos con la Constitución de 1991 y dentro
de los que se encuentran el derecho a la autodeterminación, esto es, el derecho
a la autonomía.  Igualmente se alega que la norma en cuestión desconoce la
diversidad étnica cultural y los derechos inherentes a las comunidades
indigenas.
Observa la Corte:
Digna es de loa la
tarea tesonera, efectiva y los grandes y especiales esfuerzos que ha cumplido
la Iglesia Católica en las regiones marginadas del país, entre las que se
encuentra la población indígena, a las cuales en armonía  con el Estado ha
colaborado en los fines que a éste le corresponden llevándoles cultura, educación,
bienestar y desarrollo.  Y todo ello inspirado  en "un régimen
canónico especial", como se dice en el artículo IV.
Es verdad de a puño
y así ha de reconocerse en esta sentencia, que dicha Iglesia contribuyó
eficazmente  en el desarrollo social de las colectividades marginadas de
Colombia, especialmente de la parte indígena, que por esta condición y por el
hecho de vivir en las zonas más apartadas y de más difícil acceso en el
territorio nacional, son las que más sufren las desigualdades sociales.
Mas sucede que la
Constitución de 1991 ofrece nuevas concepciones sociopolíticas de la etnia
colombiana que lleva a nuevos planteamientos sobre el tratamiento que a ella ha
de darse, sustrayendo a los indígenas de la marginalidad legal y constitucional
en que se encontraban, para reconocerles su identidad étnica, política, social,
cultural y religiosa.
Se reconoce así  en
el Estatuto Máximo la evolución que han tenido, con signos de mejoramiento, las
zonas marginadas del país, que de ser consideradas minusválidas en el pasado,
se le abren las posibilidades de asumir la conciencia  de su propia identidad y
de ahí  que expresamente se les conceda autodeterminación y autogobierno
propios.  Es así entonces que la nueva Carta Política contempla la conformación
de entidades territoriales indígenas la cual se hará con sujeción a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su determinación se
hará por el Gobierno Nacional, con participación de las comunidades indígenas.
A los resguardos indígenas se les imprime el carácter de propiedad colectiva e
inenajenable (art. 329).
De su parte los
territorios indígenas serán gobernados por consejos conformados y reglamentados
según los usos y costumbres  de sus comunidades, a los cuales se atribuyen
varias funciones, entre las cuales están las de diseñar las políticas y los
planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio en
armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, promover las inversiones públicas,
percibir y distribuir recursos, considerar los programas y proyectos promovidos
por las diferentes comunidades de su territorio; y en cuanto hace a la
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas, ella ha de
realizarse "sin desmedro de la integridad cultural, social  y económica
de las comunidades indígenas", debiendo el Gobierno en las decisiones
que se adopten sobre dicha explotación, propiciar  la participación de los
representantes de las distintas comunidades (art. 33).
Los integrantes  de
los grupos étnicos, según mandato del artículo 68 "Tendrán derecho a
una formación que respete y desarrolle su propia identidad cultural",
a las autoridades de los pueblos indígenas se les permite ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial, de conformidad  con sus propias  normas  y
procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes de la
República (art. 246).
Para integrar el
Senado de la República, se crea un número adicional de dos  Senadores elegidos
en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas (art. 171).
Reconoce también el Estado y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana (art. 7°).
Reconoce la
Constitución que el castellano es el idioma oficial de Colombia y que las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en su
territorios.  Del mismo modo la enseñanza que se imparta en las comunidades
con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe (art. 10o.).
Frente  entonces a
ordenamientos  tan categóricos de la nueva Carta en pro de la etnia indígena,
no se ajusta a esos postulados el artículo VI subexamine, el cual además,
cuando prescribe que la misma sea susceptible de un régimen canónico especial,
no se aviene al derecho a la libertad de cultos, que le permite a toda persona
la profesión libre de su religión y coloca a todas las confesiones religiosas
en pie de libertad ante la Ley (art. 19).
No obsta lo anterior
para que la Iglesia Católica y para la comunidad de sus feligreses, en igualdad
de condiciones con las otras religiones, concierte obras que coadyuven al
desarrollo y bienestar social de las mismas, y ello dentro de las potestades
espirituales que informa su apostolado.
La parte última del artículo
VI por la cual se integra una Comisión Permanente de Estado e Iglesia para
desarrollar lo previsto en la primera parte, por ser instrumental también
resulta inconstitucional.
Se decretará la
inexequibilidad del artículo VI.
VII.
"Artículo
VII. El Estado
reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las
normas del derecho canónico. Para la efectividad de este reconocimiento la
competente autoridad eclesiástica transmitirá copia auténtica del acta al
correspondiente funcionario del Estado, quien deberá inscribirla en el registro
civil".
Se demanda la
inconstitucionalidad de esta norma argumentando que ella es una muestra de la
posición privilegiada de la Iglesia, en razón a que el reconocimiento de
efectos civiles a los matrimonios celebrados conforme a las normas de derecho
canónico indica el sometimiento de las autoridades de la República y de los
residentes en el territorio nacional a la legislación canónica y a la
jurisdicción eclesiástica.
La Corte observa:
Al respecto es
necesario precisar aspectos de singular importancia como la independencia
existente entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica, que con
la Constitución Nacional del 91 se aclara de modo significativo.
Así las cosas, se
tiene que respecto al matrimonio católico uno es el vínculo que surge del mismo
y otro los efectos civiles que genera. Respecto al vínculo, precisamente por la
independencia de las jurisdicciones, mas no de la plena autonomía de la
eclesiástica, no le es dable al  Estado entrar a regularlos cuando se trate de
matrimonios religiosos, pero sí le es permitido en lo que hace a los efectos
civiles del mismo.
Los efectos civiles
del matrimonio se contraen a lo siguiente:
1.      Las
obligaciones reciprocas entre los esposos a saber: la cohabitación, la
fidelidad, el socorro y la ayuda (art. 113 C.C.).
2.      El régimen
de bienes de la sociedad conyugal.
3.      La
legitimidad de la prole.
4.      El estado
civil de casados.
En cuanto hace concretamente
al artículo VII del Concordato, subexámine, han de hacerse las siguientes
precisiones:
Primeramente que el
mismo contempla los efectos civiles del matrimonio católico con arreglo a las
normas de derecho canónico.  Estas a su vez defieren a la potestad civil la
regulación de tales efectos, cual lo dispone el artículo 1059 del Código de
Derecho Canónico, así:  "El matrimonio de los católicos, aunque sea
católico uno solo de los contrayentes, se rige no solo por el derecho divino,
sino también por el canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad
civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio".
La libertad de los
miembros de la comunidad de contraer matrimonio según los ritos de sus
religiones, encuentra respaldo en el artículo 19 de la Carta que garantiza a
toda persona el derecho a profesar libremente su religión, y correlativamente a
todas las confesiones religiosas  de ejercer libremente su apostolado.
Igualmente se le reconoce a la persona su nacimiento libre y la igualdad que
debe existir entre ellas, sin ninguna discriminación por razones de religión,
entre otros derechos fundamentales (art. 13).
Es así entonces que
el artículo VII del Concordato (art. 1o. de la Ley 20 de 1974) reconoce efectos
civiles a los matrimonios católicos y esto halla sustento constitucional en el
artículo 42 conforme al cual "los matrimonios religiosos tendrán
efectos civiles en los términos que establezca la ley".  Lo propio
hace la reciente Ley 25 de 1992 "Por la cual se desarrollan los incisos
9°, 10°, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política", al
prescribir que tendrán efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a
los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia, (art. 1° que
adiciona el artículo 115 del Código Civil) dentro de las cuales obviamente se
halla la Iglesia Católica.  A renglón seguido el artículo 2o. de esta última
Ley previene que "las actas de matrimonio expedidas por las autoridades
religiosas deberán inscribirse en la oficina de registro del estado civil
correspondiente al lugar de su celebración".
En consecuencia es
constitucional el artículo VII.
VIII.
"Artículo
VIII. Las causas
relativas a la nulidad o  la disolución del vínculo de los matrimonios
canónicos, incluídas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no
consumado, son de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y
congregaciones de la Sede Apostólica.
Las decisiones y
sentencias de estas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforme al derecho
canónico, serán transmitidas al tribunal superior del distrito judicial
territorialmente competente, el cual decretará su ejecución  en cuanto  a
efectos  civiles  y  ordenará su inscripción en el registro civil.
Se demanda la
inexequibilidad de este artículo aduciendo que él contraría el querer de la
Asamblea Nacional Constituyente, la cual defirió a las autoridades civiles la
exclusiva competencia para reglamentar todo lo relacionado con las formas
matrimoniales, rito, naturaleza, efectos, nulidad y disolución, haciendo
abstracción de consideraciones religiosas.  Así mismo, se alega la necesidad
inaplazable de que el Estado retome su potestad soberana para regular las
formas matrimoniales, sus efectos jurídicos, régimen de separación y disolución
del vínculo, derechos y deberes de los cónyuges, en fin los efectos civiles de
todos los matrimonios.
Se agrega además que
al establecer la posibilidad de que los efectos civiles de los matrimonios
religiosos, incluido el católico, puedan cesar por el divorcio con arreglo a la
ley civil, no desconoce la validez del matrimonio, ni le impide a los creyentes
que contraigan nupcias siguiendo los lineamientos que para cada caso prevean
las normas que las regulan.  Al respecto se anota que la mera coexistencia de
pluralidad de regímenes jurídicos, civil y religioso, borra de tajo la
discriminación entre matrimonios con y sin divorcio, pues para estos efectos el
Estado ha asumido la exclusiva e indelegable competencia legislativa para
uniformar la cesación de efectos civiles de todo matrimonio por divorcio con
arreglo a la ley civil.
La Corte considera:
A. El inciso 1° del
artículo 8o. del Concordato trata dos aspectos plenamente diferentes: el de las
causas relativas a la nulidad y el de las referentes a la disolución del
vínculo, en ambos casos, de los matrimonios canónicos.  Distinción que se hace
puesto que independientemente a lo que pudiere considerar el derecho canónico,
en el campo del derecho civil las expresiones "nulidad" y "disolución
del vínculo" no tienen el mismo contenido y alcance. Ciertamente la
utilización que de la disyuntiva hace el Codigo Canónico, cuando dice "las
causas de nulidad o disolución del vinculo", llevarían a pensar que
para el derecho canónico esas instituciones corresponden a un solo concepto.
1. En lo que
concierne a las nulidades deferidas al conocimiento de la potestad católica y
que consisten en las sanciones legales que se hacen recaer a través de
sentencias de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la sede
apostólica, sobre el matrimonio celebrado con omisión de las exigencias de
validez, esta Corporación encuentra que la norma se ajusta a la Constitución
Nacional.
El inciso 12 del
artículo 42 de la Constitución Nacional consagra que "también tendrán efectos
civiles, las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por
las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la
ley".  Significa que la norma concordataria que dispone la competencia
para adelantar procesos de nulidad de matrimonios católicos ante tribunales
eclesiásticos y congregaciones de la sede apostólica tiene el asentimiento de
la norma de normas.
En efecto, al
contemplarse que las sentencias de nulidad de cualquier iglesia o confesión
religiosa tienen efectos civiles, se parte del supuesto de que se acepta que
los litigios sobre nulidad de sus matrimonios sean de competencia de sus
autoridades, quienes una vez concluidos los procesos y dictada la respectiva
sentencia, ésta producirá los efectos civiles de que habla el texto
constitucional.
Esto halla a su vez
corroboración en el artículo 3o. de la novísima Ley 25 de 1992 que desarrolla
entre varios incisos, el inciso 12 del artículo 42 de la Carta, el cual reza
así:  "El Estado reconoce la competencia propia de las autoridades
religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con
sus cánones y reglas, las controversias relativas a la nulidad de los
matrimonios celebrados por la respectiva religión".
Por las razones
anotadas es exequible el artículo VIII del Concordato en el aspecto examinado.
Respecto de los
efectos civiles de las sentencias eclesiásticas en materia de nulidad del
matrimonio católico, valga anotar que ellos se confian en el artículo VIII a la
potestad civil, luego está de acuerdo con la Carta.  Estos efectos civiles se
reafirman adicionalmente en el Protocolo Final del Concordato y de acuerdo con
el cual en el acto de firma de éste los plenipotenciarios de las altas partes
contratantes hacen entre otras declaraciones, que forman parte integrante del
Concordato, la relativa a que, en cuanto hace al artículo VIII: "Por lo
que se refiere a los efectos civiles correspondientes se tendrá en cuenta lo
dispuesto por la jurisprudencia y la legislación civil colombiana de manera que
sean respetados tanto los derechos adquiridos por los cónyuges como los
derechos de las personas legalmente amparadas en la sociedad conyugal"
La mencionada Ley 25
de 1992 ratifica los efectos civiles de las sentencias religiosas de nulidad
cuando previene que "Las providencias de nulidad matrimonial proferidas
por las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán
comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los
cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y
ordenará la inscripción en el registro civil.  La nulidad del vínculo del
matrimonio religioso surtirá efectos civiles  a partir de la firmeza de
la providencia del juez competente que ordene su ejecución"(art.4).
Es también por lo
tanto y por este otro aspecto exequible el artículo VIII.
2.      En cuanto
hace a las causas de disolución del vínculo de matrimonios católicos, incluidas
las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, el
artículo VIII del Concordato defiere su competencia a los tribunales
eclesiásticos y congregaciones de la sede apostólica.
Habrá pues de
analizarse esta norma a la luz de la Constitución de 1991.  Esta contiene las
siguientes previsiones al respecto:
El artículo 42 que
entrega a la ley civil "las formas del matrimonio, la edad y capacidad
legal para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la
disolución  del vínculo" (inciso 9°).  El mismo artículo en su
inciso 11 dispone que "los efectos civiles de todo matrimonio cesarán
por divorcio con arreglo a la ley civil".
Pues bien, el
divorcio del matrimonio -a diferencia de la nulidad del mismo en que se
cuestiona la validez del matrimonio por faltarle algún requisito esencial en su
celebración- parte del supuesto de la validez del vínculo, mas surgen con
posterioridad circunstancias que la ley consagra (causales de divorcio) como
ameritadoras de su terminación.
La situación en
Colombia después de expedida la Ley 1a. de 1976 que entre otros mandatos
instituyó el divorcio en el matrimonio civil y hasta la emisión de la nueva Ley
25 de 1992, es como sigue:  Contempla la ley tanto el divorcio vincular como la
simple separación de cuerpos.  Mas es preciso deslindar a su vez estas dos
situaciones:  la del colombiano cuyas nupcias se celebraron de acuerdo con la
ley civil, quien se puede acoger a la separación judicial de cuerpos,
transformable en causal de divorcio si perdura dos años, o acudir al divorcio a
cuyo efecto invocará las causales señaladas al efecto.  En cambio, para los
colombianos casados por el rito católico, su matrimonio ostenta el carácter de
indisoluble.  Con el advenimiento de la Ley 25 de 1992 se introduce el divorcio
como medio de cesación de todos los efectos civiles de los matrimonios
celebrados por los ritos de cualquier confesión religiosa, incluidos los
matrimonios católicos.
Pues bien, de la
comparación entre los aspectos del artículo VIII del Concordato acusados y el
artículo 42 de la Constitución en los apartes atrás señalados, surge el
quebranto por el primero del segundo constitucional.
En efecto,
claramente se advierte que se atribuye en el Concordato el conocimiento de las
disputas sobre disolución del vínculo canónico (incluidas las relacionadas con
el matrimonio rato y no consumado) a las autoridades eclesiásticas, en
contraposición a lo que estatuye la Carta Política en el sentido de consagrar
el divorcio como institución que hace cesar los efectos civiles de "todo
matrimonio", que incluye por la forma rotunda de su redacción toda
forma matrimonial: la civil y la de cualquier religión.
No significa ello,
que el divorcio que se decrete dentro de un matrimonio canónico rompa el
vínculo matrimonial.  Ese divorcio civil no quebranta la observancia de la ley
canónica ni interrumpe el vínculo eclesiástico, sino que termina con los
efectos civiles del matrimonio, y es ello la razón de ser del inciso 11 del
artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual en principio resulta
reiterativo porque en el inciso 9° de la misma norma se comprende la disolución
y ésta abarca el divorcio y de otra parte, en el inciso 11 se habla de
divorcio.
En lo que concierne
con el interrogante de si la disolución del matrimonio católico es potestad
exclusiva y privativa de la Iglesia o por el contrario, será tan solo al Estado
a quien compete la facultad de determinar y regular todo lo que con la
disolución del vínculo matrimonial atañe, la Corte considera que a partir de la
expedición de la nueva Constitución y en especial de su artículo 42, los
efectos civiles del matrimonio católico cesan por divorcio decretado de acuerdo
con las normas civiles.
Los incisos 9o. y 11
del artículo 42 de la Constitución Nacional, al hablar en forma genérica "del
matrimonio" y "los matrimonios" y referir respecto a
éstos "la disolución del vínculo" y "la cesación de
efectos civiles" determinan que todo matrimonio queda regido por la
ley civil en lo que atañe a la cesación de los efectos civiles.
No se trata -se
repite- de consagrar el divorcio del matrimonio católico. De ninguna manera la
Constitución  se ha pronunciado así, tan solo remitió a la ley civil los
efectos de todo matrimonio para indicar que cesarán los efectos civiles, mas no
los sacramentales, por divorcio; es decir, que se respetan tanto el fuero de la
Iglesia  de  estimar  que  ese  divorcio  para  los fines sacramentales no
opera, como el fuero interno de la conciencia del católico, mas las
consecuencias jurídicas del estado civil que el matrimonio y el divorcio
generan sí se someten a la potestad del Estado.
De manera pues que,
evidentemente el vínculo sacramental queda incólume, siendo un problema
eminentemente de la potestad eclesiástica según sus propias leyes y
reglamentaciones y de conciencia de los feligreses.
Nótese también que
la Ley 25 de 1992 recogiendo  todo lo anteriormente explicado, expresamente
dice que "en materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán
los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso".
Es que no podía ser
de otra manera, toda vez que la competencia de la iglesia versa sobre asuntos
de orden espiritual e intemporal y sacramental; en cambio,  bajo la autoridad
del Estado  se ponen los efectos civiles de los matrimonios religiosos, y tales
efectos -trátese de matrimonio religioso o no-  cesan por el divorcio en los
términos del ordenamiento civil.
B.      En lo que
toca al inciso 2° del artículo VIII del Concordato, mediante el cual se
establece que las decisiones y sentencias de los tribunales eclesiásticos y
congregaciones de la sede apostólica, una vez en firme y ejecutoriadas conforme
al derecho canónico, serán transmitidas al tribunal superior del distrito
judicial territorialmente competente, el cual decretará su ejecución en cuanto
a efectos civiles y ordenará su inscripción en el registro civil, debe anotarse
que todo lo concerniente al divorcio de los matrimonios es del fuero del
Estado, quien es el autorizado para distribuir la competencia. Serán entonces
competentes en el presente caso los jueces que señale la ley. Por ello es
inconstitucional la competencia acordada en el Tribunal Superior.
También debe
anotarse que el "ejecutar" de que hablan tanto la norma
concordataria como la Ley 25 de 1992 no significa que la función del juez civil
sea simplemente la de ejecutar lo dispuesto por el tribunal eclesiástico. A
éste sólo le atañe decretar la cesación de los efectos civiles del matrimonio y
es el juez civil quien decidirá sobre los efectos civiles u homologará lo que
en un momento dado sobre efectos civiles hubiere decidido el tribunal
eclesiástico y ello en razón de que de conformidad con el inciso 10o. del
artículo 42 de la Constitución Nacional todo lo referente a los efectos civiles
de todos los matrimonios se rigen por la ley civil.
C.      La
introducción de la figura jurídica de la cesación de efectos civiles de todo
matrimonio a través del divorcio se refleja en el espíritu del constituyente
que estableció en informe de ponencia para primer debate en plenaria que "las
familias unidas por vínculos naturales o jurídicos han sido reglamentadas durante
toda nuestra vida civil.  Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse
en la Constitución la realidad en que vive hoy más de la cuarta parte de
nuestra población.  Se deben complementar las normas legales vigentes sobre
"Uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros
permanentes.
También allí se
encuentra que la mayoría de los colombianos casados por lo civil o lo católico
o en unión libre considera que esta última debe reglamentarse y es nuestra
propuesta a la Asamblea.
Igualmente el
proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno Nacional dice
que  sólo la ley colombiana regulará las formas de matrimonio... Esta propuesta
dió oportunidad para estudiar lo relacionado con matrimonios válidamente
celebrados en el país o en el exterior y así,para evitar inconvenientes a
familias legal y formalmente establecidas,se propone una redacción diferente
que acoge, en líneas generales,la intención gubernamental y del pueblo de
establecer el divorcio en colombia.
El incremento de
las separaciones que para la generación del 44 alcanzan 32.5., el descenso en
la duración de las uniones,donde se ve que entre el primero y el cuarto año se
producen el 31.1 de las rupturas., la alta presencia de separados en el país
porque el 41 de los hogares urbanos encuestados incluían por lo menos una
persona que no convivía con su pareja, encontrando que 2.5 de cada 10 personas
unidas estaban separadas, la utilización de los hijos en el conflicto conyugal
porque con ellos presionan afectivamente al otro cónyuge haciéndoles inmenso
daño con la vivencia cotidiana del conflicto conyugal y sus consecuencias,
según lo reconocieron los mismos padres, el aumento de las uniones sucesivas
que nos muestra cómo el  94% de los separados se encuentran en uniones de
hecho, el 3% obtuvo anulación y el otro 3% acudió a la figura simbólica de un
matrimonio civil en el extranjero,significando que ese 94 estaría en situación
de  adulterio y el 3 en una especie de bigamia que se mueve entre cierto
reconocimiento social y la indiferencia legal, la falta de reglamentación sobre
las obligaciones económicas de los cónyuges durante la separación o después de
ella y la opinión que el pueblo ha tomado frente al divorcio hacen que sea ésta
la solución, no buena, pero si necesaria, según concluyen las mencionadas
investigadoras Zamudio y Rubiano en la obra citada" (Gaceta Constitucional No. 85 páginas 5 y
6).
De conformidad
entonces con lo precedentemente explicado, se declarará inconstitucional el
artículo VIII del Concordato aprobado por el artículo 1o. de la Ley 20 de 1974
en la parte que dice:  De su inciso 1° las expresiones:  "...o a la
disolución del vínculo..." e "incluidas los que se refieren a
la dispensa del matrimonio rato y no consumado".  De su inciso 2° la
remisión que se hace "al Tribunal Superior de Distrito Judicial
territorialmente competente".   Serán competentes en este caso los
jueces que determine la ley civil.
Del mismo modo se
expresará en la sentencia que la cesación de los efectos civiles del matrimonio
católico, en los términos del artículo 42 inciso 11 de la Constitución, no
rompe el vínculo del matrimonio católico.
IX.
"Artículo
IX. Las altas
partes contratantes convienen en que las causas de separación de cuerpos de los
matrimonios sean tramitadas por los jueces del Estado, en primera instancia
ante el tribunal superior respectivo y en segunda instancia ante la Corte
Suprema de Justicia.
A solicitud de
uno de los cónyuges la causa respectiva se suspenderá en primera instancia y
por una sola vez, durante treinta días, para dar lugar a la acción conciliadora
y pastoral de la Iglesia, salvo la competencia del tribunal para adoptar las
medidas precautelativas que estime convenientes. Vencido el plazo, el
respectivo tribunal reanudará el trámite correspondiente".
En cuanto a esta
norma se manifiesta por los demandantes que ella al igual que los artículos VII
y VIII del Concordato, desconocen los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 13 y
42.  Ellos establecen un privilegio de los matrimonios de la religión católica
frente a los matrimonios de la Iglesia Católica ortodoxa, evangélica,
musulmana, judía, etc..  Al aceptar que la Iglesia es la competente para
dirimir los conflictos que de los matrimonios católicos se derive, dejando al
Estado la obligación de ejecutar la sentencia que se decrete, impone al Estado
colombiano el procedimiento, lo cual no debe ser así.
Al respecto
considera la Corte:
Previene el artículo
42 inciso 9° de la Carta que las causas  de separación de los matrimonios se
rigen por la ley civil.
Del mismo modo el
artículo IX del Concordato previene que las contenciones sobre separación de
cuerpos es de competencia de los jueces del Estado.
Comparados entonces
uno y otro texto, se encuentra que proveen en igual forma y desde este punto de
vista la norma concordataria no ofrecería reparos de inconstitucionalidad.  Mas
si es inexequible la norma en cuanto la materia de separación de cuerpos es
indisponible por parte del Estado, quien no puede pactarla, en el sentido que
fuese -defiriéndola o no a la ley civil- con ningún Estado, ya que el Estatuto
Máximo confía a éste su tratamiento y reglamentación.
Quedando entonces la
cuestión de la separación de cuerpos bajo el amparo del Estado, la competencia
para conocer de ella se radica obviamente en los jueces señalados en la ley
civil.
Del mismo modo y por
las razones anotadas, el último inciso del artículo IX sobre la misión pastoral
de conciliación, también es inconstitucional.
Se declarará
inexequible el artículo IX.
X.
"Artículo
X. 1. El Estado
garantiza a la Iglesia Católica la libertad de fundar, organizar y dirigir bajo
la dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier
nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de
inspección y vigilancia que corresponde al Estado. 2. La Iglesia
Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir
facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de
formación de religiosos.
El reconocimiento
por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros
será objeto de reglamentación posterior".
En opinión de los
demandantes y del procurador, esta norma se sustrae del sistema constitucional
colombiano, pues consagra una libertad discriminatoria en cuanto no se reconoce
a ninguna otra autoridad religiosa y por ende se vulnera el derecho a la
igualdad al privilegiar a la Iglesia Católica frente a las demás iglesias,
colocándola en una posición de superioridad, con un derecho preferencial ante
las demás comunidades o asociaciones religiosas o laicas.  Del mismo modo
afirman que la Iglesia monopoliza su libertad de enseñar la religión católica
en los centros de educación que funde, organice y dirija.
Se observa por la
Corte:
Por lo comentado de
esta norma se precisa que ella demuestra su conformidad con el artículo 68
constitucional, el cual determina que los particulares tienen la opción de
fundar establecimientos de educación, claro está con la vigilancia y control
que sobre esta materia tiene el Estado al tenor del artículo 67 inciso 5° de la
Constitución Nacional, cuando señala: "Corresponde al Estado regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar
por la calidad, por el cumplimiento de los fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo" , preceptos que
en lo pertinente, están acordes con lo que al respecto señala el inciso final
del artículo X del Concordato.
El fin que persigue
el Estado en aspectos como el de la educación, coincide en gran manera con el
de la Iglesia Católica.  La instrucción a la niñez y a la juventud de la que se
ocupa la Religión Católica resulta  ser uno de los grandes objetivos
perseguidos por la organización estatal ya que se trata de la formación de los
futuros ciudadanos que han de regir los destinos de la Nación.
Sobre la base del
reconocimiento por parte del Estado, de los pénsumes académicos y los grados  y
títulos impartidos por la Iglesia Católica en el ejercicio de su función
educativa y consagrado tal reconocimiento oficial en el inciso 2° del artículo
X, esta Corporación considera que cuando el numeral 2o. del inciso 1° de este
artículo habla de autonomía  para establecer y dirigir  facultades, institutos
de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos, la
autonomía se entiende referida en cuanto a la oportunidad que tienen las
personas, naturales o jurídicas como la Iglesia para fundar establecimientos
educativos, autonomía que no excluye al Estado para que éste en ejercicio de su
potestad soberana y porque la educación es un servicio público ejerza en toda
su extensión la vigilancia y control que por mandato constitucional del
artículo 67 inciso 5°, se le debe practicar a todos los centros docentes, sean
ellos religiosos o no.  Estas inspección y vigilancia se contemplan en el inciso
1° numeral 2o. del artículo X.
Es pues exequible el
artículo X.
XI.
"Artículo
XI. A fin de hacer
más viable el derecho que tienen las familias de escoger libremente centros de
educación para sus hijos, el Estado contribuirá equitativamente, con fondos del
presupuesto nacional, al sostenimiento de planteles católicos".
Se señala en los
textos de demanda que al consagrarse la obligatoriedad para el Estado de
contribuir con fondos del presupuesto nacional al sostenimiento de los
planteles católicos, se declara la confesionalidad del Estado por un lado y de
otro el establecimiento de una discrimación frente a colegios de otras
religiones distintas a la católica.
Observa la Corte al
respecto:
Constitucionalmente
se prohibió el auxilio a las entidades de derecho privado, como son los centros
educativos de la Iglesia Católica o de cualquier otra fé religiosa,
prohibición  que el Constituyente de 1991 determinó porque a través de esta
modalidad de aportes estatales se estaba haciendo mal uso de los recursos
destinados no sólo para la educación que era el rubro donde en realidad se veía
mejor y más eficiente utilización, sino por el desgreño y las venas rotas que a
través de esta modalidad, convirtió en una feria, las partidas del presupuesto
nacional destinadas al pago de los famosos auxilios nacionales.
Es así entonces como
los colegios pertenecientes a la religión católica o regentados por su
jerarquía caen bajo la órbita de acción del derecho privado y bajo la
prohibición del artículo 355  de la Carta de 1991 que en su inciso 1° dice:  "Ninguna
de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones
en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado".
De otro lado, el
artículo XI contempla un trato preferencial para los hijos de familias
católicas, con lo cual se desconoce el principio de igualdad en que la
Constitución coloca a todas las religiones (art. 19 inc. 2°) y ello, no
obstante se reconozca el hecho social-religioso palmario de ser la Iglesia
Católica la de la inmensa mayoría del pueblo colombiano.
Ha de decirse por
último que la prohibición antes comentada que introdujo el artículo 355 inciso
1° constitucional no es óbice para que la religión católica en igualdad de
condiciones con otras confesiones religiosas debidamente reconocidas como tales
por el Estado colombiano, pueda celebrar con éste, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal, con recursos de los respectivos
presupuestos, contratos "con el fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de
Desarrollo y según la reglamentación de la materia por el Gobierno
Nacional" (art. 355 inc. 2°).
XII.
"Artículo
XII. En desarrollo
del derecho que tienen las familias católicas de que sus hijos reciban
educación religiosa acorde con su fe, los planes educativos, en los niveles de
primaria y secundaria, incluirán en los establecimientos oficiales enseñanza y
formación religiosa según el magisterio de la Iglesia. Para la efectividad de
este derecho, corresponde a la competente  autoridad  eclesiástica  suministrar
los programas, aprobar los textos de enseñanza religiosa y comprobar cómo se
imparte dicha enseñanza. La autoridad civil tendrá en cuenta los certificados
de idoneidad para enseñar la religión, expedidos por la competente autoridad
eclesiástica.
El Estado
propiciará en los niveles de educación superior la creación de institutos o
departamentos de ciencias superiores religiosas, donde los estudiantes
católicos tengan opción de perfeccionar su cultura en armonía con su fe".
Se considera en el
escrito de la demanda que ésta es una de las disposiciones concordatarias que
más le otorga el monopolio de la educación religiosa a la Iglesia Católica ya
que se impone en forma indiscriminada que los planteles educativos oficiales,
incluyan la enseñanza religiosa según el magisterio de la iglesia.  Se afirma
que con esto la iglesia monopoliza su libertad de enseñar esta religión en los establecimientos
oficiales.  Es una renuncia del Estado, a determinar qué clase de enseñanza
debe impartir sobre la base de libertad de conciencia y el libre ejercicio
religioso.
Al respecto
considera la Corte:
Se establece en esta
norma concordataria la obligación por parte del Estado de incluir en los
pénsumes de educación primaria y secundaria de los establecimientos oficiales
la enseñanza y formación religiosa según la trayectoria de la Iglesia y ello,
teniendo en cuenta el derecho de la familia católica a que sus hijos reciban
educación religiosa.  A este efecto la actividad eclesiástica facilitará los
programas, aprobará los textos de enseñanza y verificará la manera como se
cumple en la práctica tal enseñanza.
Se compromete
igualmente el Estado a colaborar en la creación de institutos de ciencias
superiores  religiosas, para darles a los estudiantes católicos la posibilidad
de perfeccionar sus conocimientos "en armonía con la fé".
Observa esta
Corporación que frente a la Constitución de 1991 este artículo IX deviene
inexequible.  En efecto:
Se orientó el nuevo
ordenamiento constitucional hacia la consagración específica de derechos
fundamentales de las personas  y como derecho superpuesto a todos ellos, se erigió
el de la igualdad en todos los órdenes y es así como el artículo 13 es bien
explícito al respecto:
"Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".
De su parte y en
punto a la libertad religiosa el artículo 19 garantiza la libertad de cultos y
en razón de ello toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y
a defenderla en forma individual o colectiva.  "Todas las confesiones
religiosas e iglesias  son igualmente libres ante la ley".  Acorde con
el artículo 68 "los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo
de educación para sus hijos menores .  En los establecimientos del Estado
ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa".
Si se coteja el
artículo XII con la normación Superior antes comentada, surge la contrariedad
de aquél con esta última, pues, el estudiante de plantel oficial, sea católico
o no, recibirá las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues los planes
educativos forzosamente deberán incluir tal enseñanza.  Fuera de ello se
discrimina en relación con las otras confesiones religiosas.
Ha de advertirse que
con la declaratoria de inexequibilidad de esta norma concordataria, esta Corte
no está afirmando que los hijos de familias católicas no reciban la educación
religiosa que les corresponde como tales.  Eso debe ser así y quién mejor que
esa postestad eclesiástica es la indicada para contribuir con su magisterio en
los respectivos  programas docentes.  Mas lo que se censura frente al nuevo
Estatuto Constitucional, es que compulsivamente sea esa la única enseñanza que
deba impartirse en los centros educativos del Estado, sin que se dé opción al
alumnado de recibir la de su propia fe, o de no recibir ninguna.  Dentro de la
reglamentación legal que habrá de expedirse al efecto, a la Iglesia Católica
habrá de dársele el espacio religioso en los establecimientos del Estado, lo
mismo que a las demás religiones, dejando  en todo caso en libertad a los
estudiantes que no quieran recibir instrucción religiosa alguna, con lo cual se
conseguiría colocar en el mismo plano de igualdad a todas las confesiones pues
se satisfaría el interés religioso de los estudiantes según sus propias
creencias y no se obligaría a nadie a recibir cátedra religiosa.
Sobre la libertad
religiosa se lee en el documento  pontificio "Dignitatis humanae"
promulgado por el Papa Pablo VI el 7 de diciembre de 1965, lo siguiente: "Esta
libertad  consiste  en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción,
tanto por parte de personas particulares  como de grupos sociales y de
cualquier  potestad humana, y ello de tal manera, que en materia religiosa ni
se obligue a nadie obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe con
otros, dentro de los límites debidos.  Declara, además, que el derecho a la
libertad religiosa se funda realmente  en la dignidad misma de la persona
humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma
razón.  Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser
reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se
convierta en un derecho civil".
Es inconstitucional
el artículo XII.
XIII.
"Artículo
XIII. Como servicio
a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen
canónico especial, la iglesia colaborará en el sector de la educación oficial
mediante contratos que desarrollen programas oficiales respectivos y contemplen
las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos
celebrados en el gobierno nacional se ajustarán a criterios previamente
acordados entre este y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VI".
Respecto a esta
norma y no obstante que se pide la declaratoria de su inexequibilidad, sólo se
halla el argumento de que ella establece una potestad reglamentaria compartida
entre el Gobierno y la Iglesia Católica que vulnera la Constitución Nacional,
en cuanto a que la función reglamentaria le corresponde únicamente a aquél.
Al respecto observa
la Corte:
Se prevé en este
artículo  concordatario la colaboración contractual de la Iglesia Católica en
la educación oficial, impartiendo "un régimen canónico especial",
como servicio a la comunidad en las zonas marginadas.  Y para ello se remite a
lo pactado en el artículo VI.
Se advierte a simple
vista la inconstitucionalidad  de la norma porque estatuye una trato
preferencial a la religión católica por parte del Estado para llevar su credo a
las zonas paupérrimas, pues, como se ha hecho ver en párrafos precedentes,
todas las confesiones religiosas  han de estar en situación de igualdad frente
al Estado, como lo pregona el ordenamiento Superior.   Se reitera en tratándose
de las zonas marginadas de indígenas a las cuales se dirige fundamentalmente el
artículo XIII, la identidad étnica, cultural, política y religiosa que les
confiere la nueva Carta y que mereció especial análisis al examinar esta
Corporación el artículo IV.
Nótese también que
este artículo XIII guarda relación con el artículo VI, al cual también se
remite y que fue declarado inexequible.  Habrá pues por las razones antes
indicadas de correr igual suerte.
XIV.
"Artículo
XIV.      El
derecho de nombrar arzobispos y obispos corresponde exclusivamente al Romano
Pontífice. La Santa Sede, antes de proceder al nombramiento de un arzobispo u
obispo residencial, o de un coadjutor con derecho a sucesión, que deberá recaer
en ciudadano colombiano, comunicará al presidente de la República el nombre de
la persona escogida, a fin de saber si tiene objeciones de carácter civil o
político. Se entenderá que ellas no existen si no las manifiesta dentro de
treinta días. Estas gestiones se adelantarán por ambas partes con la mayor
diligencia y reserva".
Se demanda que este
artículo, el cual hace parte de lo que en antaño se denominó como la
normatividad del patronato, según la cual el Estado interviene en la
designación de clérigos, atenta contra la libertad de escoger profesión u
oficio.
Considera la Corte:
Queda bien claro que
el Concordato es un Convenio de derecho internacional, suscrito entre el Estado
colombiano y la Santa Sede, dos personas jurídicas autónomas e independientes
entre si.  Por lo tanto cuando el artículo citado manifesta que el derecho de
nombrar arzobispos y obispos corresponde exclusivamente al Romano pontífice, se
está haciendo uso de esa potestad intrínseca que tiene la Iglesia para darse su
propia organización y por ende, nombrar a las personas que crean son las más
capaces para representar con entereza y dignidad los postulados de la fe
Católica, apostólica y Romana.  Ello debe ser así, porque cualquiera otra
manera de darse su organización y constituir su dirección y control interno con
injerencia de personas extrañas a sus intereses, lejos de propiciar resultados
óptimos en su función evangelizadora, traería malestar y fisuras dentro de la
organización eclesiástica.
Con todo, la
deferencia que se otorga al Estado, a través del Presidente de la República
para objetar los nombramientos por razones civiles o políticas, pugna con el
principio de igualdad constitucional que debe existir entre todas las
religiones, además de la injerencia que en materias eclesiásticas se le otorga
al Gobierno.
Es pues inexequible
esta norma.
XV.
"Artículo
XV. La Santa Sede
podrá erigir circunscripciones eclesiásticas y modificar los límites de las
existentes, cuando lo creyere oportuno, para el mejor desempeño de la misión de
la Iglesia. Con tal finalidad informará previamente al gobierno, acogiendo las
indicaciones justas y convenientes que de él reciba".
Se aduce que el
artículo XV permite la hegemonía religiosa que discrimina a los Colombianos con
lo que se afecta la igualdad religiosa.
Al respecto observa
la Corte:
La autonomía de la
Iglesia, también  se predica en este artículo, cuando el instrumento jurídico
internacional le reconoce la competencia que tiene para crear las
circunscripciones eclesiásticas o modificar las existentes de conformidad con
su leal saber y entender.
Como persona de
derecho capaz, la Iglesia como se ha dicho, debe darse su propia organización,
por lo que ella se fija su propia dirección, planifica su labor pastoral, tiene
sus propios órganos de control y ejecuta sus planes en cumplimiento de las
tareas que a cada dependencia se le ha asignado, todo ello sin interferir en
las materias que por su naturaleza no son de su incumbencia.
Mas la
inconstitucionalidad surge en la última parte del artículo XV que confiere al
Gobierno la facultad de hacer recomendaciones sobre la creación de las
circunscripciones eclesiásticas, por las mismas razones señaladas al examinar
el artículo XIV anterior.
Se decretará la
inconstitucionalidad de la ultíma parte del artículo XV.
XVI.
"Artículo
XVI.La Santa Sede
conviene en elevar con la mayor celeridad posible las jurisdicciones misionales
a la categoría de diócesis, a medida que el desarrollo de las regiones resulta
armónico con las exigencias pastorales diocesanas".
Se demanda que al
consagrarse la elevación de diocesis con el desarrollo económico de las
regiones, se elevan también las cargas económicas a cargo del Estado, para lo
cual debe consolidarse la erogación presupuestal de la Nación, violándose el
artículo 355 de la Constitución Nacional.
Considera la Corte:
En el examen de
constitucionalidad que se hizo de los artículo VI y XIII del Concordato, la
Corporación los halló contrarios a la Carta.  Por el primero se establecía la
colaboración entre el Estado y la Iglesia para promover las condiciones
humanas y sociales de los indígenas y de la población residente en zonas
marginadas susceptibles de un régimen canónico especial. Y por el artículo XIII
tal colaboración en dichas regiones se contraía a la educación oficial. Todo
ello se cumplía a través de misiones que  enviaba la Iglesia Católica a esas
regiones hiposuficientes y que se radicaban en ellas para cumplir sus tareas.
Entonces la
declaratoria de inexequibilidad de los artículos VI y XIII entraña a su vez  la
del artículo XVI, por sustracción de materia, puesto que éste precisamente se
refiere a las misiones, halladas contrarias a la Carta.
XVII.
"Artículo
XVII. La atención
espiritual y pastoral de los miembros de las Fuerzas Armadas se ejercerá por
medio de la Vicaría Castrense, según normas y reglamentos dictados al efecto
por la Santa Sede, de acuerdo con el gobierno".
Se considera por los
demandantes y por el Ministerio Público que esta norma además de ser una
vulneración de las libertades de las personas que conforman las fuerzas armadas
de la República, constituye un desconocimiento del fuero interno de quienes las
integran, pues es una imposición que se hace.  El Estado Colombiano conculca el
derecho de los integrantes de esos cuerpos armados que por la disciplina
militar y jerárquica deben aceptar y participar de los ritos y privilegios de
la religión católica.
Observa la Corte:
Las fuerzas armadas
son el brazo armado del Estado de Derecho. Pues bien, dice este ordenamiento
que "La atención espiritual y pastoral de los miembros de las fuerzas
armadas se ejercerá por medio de la vicaría castrense según normas y
reglamentos dictados para el efecto por la Santa Sede, de acuerdo con el
Gobierno"; es decir, que hay en esta norma una doble imposición de la
iglesia, para el Estado colombiano, así:
a) La religiosa, que
se dá en el campo mismo de los acontecimientos, es decir , en los batallones,
ejercitos y demás guarniciones militares, a los militares en servicio activo a
través de la vicaría castrense y porque los militares están sometidos a esta
religión. b) La reglamentaria, porque como lo expresa el artículo, los
postulados, el ejercicio pastoral, las instrucciones y la educación religiosa y
moral, se le impartirá a los militares, de conformidad con los criterios que al
efecto determine la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno.
Por aquello de la
disciplina militar, donde hay una verdadera jerarquía, grados y niveles de
mando y coordinación, se entiende que de conformidad con esos grados, unos
mandan y los demás obedecen, es rígida en grado sumo la institución castrense y
por ello al subalterno frente a una orden, no le es dado escoger, simplemente,
debe obedecer.
Es más, los
sacerdotres que ofician como capellanes en cualquier destacamento militar,
ostentan un grado de oficial en la jerarquía militar colombiana y por ello, con
mayor razón, la tropa en general, le debe sumisión y obedecimiento.
La formación militar
en tal sentido, deja huellas difíciles de borrar en toda la existencia de las
personas, porque la disciplina allí recibida delimita la conducta de quienes
han optado  este grado de instrucción.  Son muchos los ejemplos que abundan en
la historia universal referente al comportamiento de los militares a quienes se
les coloca como paradigma de la rectitud, buenos modales y cumplimiento del
deber, todo ello, relacionado con sus experiencias de cuartel.  Y qué decir del
gran número de personas que conforman nuestras fuerzas armadas, las cuales por
las condiciones anotadas representan el más grande factor multiplicador de
fieles y servidores de la Iglesia. Bajo estas circunstancias, obligatoriamente
los militares en servicio activo deben acceder a la fé católica, esto es, deben
acogerse a los postulados de la iglesia católica, apostólica y romana.
Considera esta
Corporación que el Concordato está limitando el derecho fundamental a la
libertad de cultos y de religión que tienen los militares en servicio activo de
las fuerzas armadas y de paso, está determinando una discriminación frente a
las demás creencias e iglesias que existen en Colombia.
Es contradictorio
que mientras el artículo 68 de la Carta en su inciso cuarto expresa que "En
los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa", en el artículo comentado los militantes de las
fuerzas armadas deben recibir la asistencia espiritual de la Iglesia Católica.
Lo anterior no
obsta  para que la Iglesia Católica por su propia cuenta y sin comprometer al
Estado colombiano, cual se dispone en el artículo XVII, presente sus oficios
religiosos y pastorales a la población castrense que voluntariamente quiera
recibirlos, al igual de lo que podría hacer cualquiera otra confesión
religiosa. O que el Estado en igualdad de condiciones se comprometa al respecto
con todas las religiones.
Por las
consideraciones anteriores la Corporación hará el pronunciamiento de que el
artículo XVII del Concordato, es inconstitucional, sin perjuicio de lo dicho en
el párrafo precedente.
XVIII.
"Artículo
XVIII. Los clérigos
y religiosos no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles
con su ministerio y profesión religiosa y estarán además exentos del servicio
militar".
La
inconstitucionalidad que de este artículo se demanda, se sustenta en que a
través de él se edifica el establecimiento de privilegios y discriminaciones
que atentan contra los artículos 99 y 216 de la Carta Política.
Considera la Corte:
En conexión con la
no obligación que contrae el Estado a favor de clerigos y religiosos respecto
del no ejercicio de cargos públicos incompatibles con su ministerio y profesión
religiosa, encuentra esta Corporación que es exequible, pues, en primer término
los empleos públicos son de libre y no de forzosa aceptación y además la
regulación de la función pública es de carácter legal (y en el presente caso es
la Ley 20 de 1974) de acuerdo con lo que dispongan las normas constitucionales
y en ninguna de éstas se constriñe en casos especiales a desempeñar una
posición oficial, salvo el caso del servicio militar que se tratará enseguida.
Es cierto que la ley
puede establecer exenciones, siempre y cuando no sean de las que
constitucionalmente estén prohibidas. Aquí el legislador consagra una
excepción, cuando expresa que los clérigos y religiosos estarán exentos del
servicio militar. En Colombia el servicio militar tiene el carácter de
obligatorio y las únicas personas exentas de este servicio a la patria, son
aquellas que al tenor de este artículo, ostentan los títulos mencionados. En
consecuencia la norma antes que violar el artículo 216 de la Constitución
Nacional, encuentra en él su asidero, ya que su inciso 3° dispone que la ley
determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar.  En
este caso, es la ley 20 de 1974, la que determina la exención y las condiciones
de la misma.
Este tratamiento
especial y para preservar el principio de igualdad de las religiones, ha de
extenderse a las demás confesiones religiosas organizados respecto de sus
ministros y clérigos, los cuales deberán  acreditar debidamente  su calidad de
tales.
XIX.
"Artículo
XIX. Continuarán
deferidas a los tribunales del Estado las causas civiles de los clerigos y
religiosos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las
personas jurídicas eclesiásticas, como también los procesos penales contra
aquellos por contravenciones y delitos ajenos al ministerio eclesiástico,
sancionados por las leyes de la República. Se exceptúan, sin embargo, los
procesos penales contra los obispos y quienes están asimilados a estos en el
derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva de la Sede
Apostólica".
Se dice que esta
norma está en abierta oposición con el Estado de Derecho y su soberanía, en
razón a que los obispos pese a ser colombianos y residentes en la Nación, son
juzgados por autoridades foráneas y con una legislación ajena a nuestro
ordenamiento legal, lo cual es una atentado a nuestra autodeterminación y a la
igualdad jurídica y territorial e igualdad ante las autoridades y el
sometimiento que debemos a nuestras normas y autoridades.
Al respecto es
preciso manifestar que no se comparte la tesis del Ministerio Público ni la de
la Iglesia Católica, las cuales señalan:
El Procurador
conceptúa que dicho artículo inconstitucionalmente sustrae el ordenamiento
colombiano a los clérigos y religiosos para el juzgamiento de causas civiles y
penales otorgándole competencia a la Iglesia Católica para conocer de los
mismos,  demostrándose así su posición privilegiada. La iglesia afirma por el
contrario que en ningún momento se sustrae del ordenamiento colombiano a los
clérigos o religiosos para el juzgamiento por causas civiles y penales, pues
simplemente el reconocimiento de la competencia exclusiva del romano, es para
conocer de los procesos penales contra los obispos y similares, en virtud de
sus delicadas funciones episcopales y como medida de protección a libertad
pastoral.
Esta Corte considera
que el concepto del Procurador generaliza la excepción de la norma, la cual es
clara al establecer la competencia de la Iglesia Católica sólo para conocer de
asuntos penales para obispos y similares, quedando consecuencialmente excluidos
los asuntos civiles y demás miembros de la Iglesia, en ambos casos.
Sin embargo se
observa que no existe fundamento constitucional que ampare esa especie de
inmunidad en favor de los obispos y similares por asuntos penales,
estableciéndose una competencia exclusiva a la cual entonces también tendrían
derecho a acceder los altos miembros de las demás iglesias existentes en el
país.  Fuera de que quedarían sustraidas  esas personas eclesiásticas de la jurisdicción
del Estado, siendo  que a ésta deben estar sometidos todos los residentes del
país.
Con fundamento en lo
anterior, esta Corporación precisa que debe declararse inconstitucional la
parte de este artículo que dice "Se exceptuan, sin embargo, los
procesos penales contra los obispos y quienes están asimilidados a éstos en el
derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva de la Sede
Apostólica".
XX.
"Artículo
XX. En caso de
procesos penales contra clérigos y religiosos, conocerán en primera instancia,
sin intervención de jurado, los jueces superiores y quienes  los reemplacen, y
en segunda, los tribunales superiores.
Al iniciarse el
proceso se comunicará el hecho al ordinario propio, el cual no pondrá obstáculo
al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos. En la detención y
arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluídos en
cárceles comunes, pero si fueren condenados en última instancia, se les
aplicará el régimen ordinario sobre ejecución de las penas".
Se censura de este
artículo que consagra un fuero de juzgamiento y carcelario y se prohibe la
publicidad del proceso, respecto de determinados religiosos,  con lo que se
vulnera  el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Observa la Corte:
El establecimiento
de normas especiales de procedimiento penal para el juzgamiento de clérigos y
religiosos instituye un tratamiento preferencial frente a los demás procesados.
La Iglesia como institución Social y Pastoral, se sustrae así a la soberanía
del Estado y por ello, es inconstitucional el texto concordatario.
No es de recibo el
argumento de la iglesia en el sentido que de aceptarse la tesis de que el
establecimiento de formas especiales de procedimiento penal para el juzgamiento
de clérigos y religiosos consagra un tratamiento privilegiado, tendría que
concluirse que la Constitución viola la igualdad al establecer trámites
especiales para el juzgamiento del Presidente de la República y altos
funcionarios del Estado. Y no se acoge en atención a que el establecimiento de
un fuero especial, debe ser de naturaleza constitucional y no legal, como es la
índole del fuero eclesiástico de que se trata. Además de que es al Estado a
quien corresponde en ejercicio de su potestad política establecer los sistemas
procesales de juzgamiento y carcelario de las personas residentes en su
territorio, lo mismo que los fueros para las personas que por sus condiciones
especiales de investidura así lo ameriten.
XXI.
"Artículo
XXI. Los
funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva del Estado, si fuere
necesario, prestarán su colaboración en la ejecución de las providencias de los
tribunales eclesiásticos, con el fin de proteger los derechos de las personas
que podrían ser lesionadas por ejecución incompleta o fallida de tales
providencias".
Los demandantes
repiten la injerencia y supremacia del Tribunal Eclesiástico ajeno a nuestro
ordenamiento y convirtiendo a éste en un mero auxiliar.  De otra parte, a pesar
de que el Ministerio Público solicita la declaratoria de inconstitucionalidad
de esta norma, no precisa las razones por las cuales hace esa consideración.
Observa la Corte:
Como no se da el
concepto de violación constitucional de la norma concordataria, no es dable a
esta Corte tener punto de referencia para efectuar el examen de
constitucionalidad correspondiente.
Con todo, es claro
para esta corporación que la independencia entre la jurisdicción civil y
eclesiástica, no excluye la colaboración armoniosa y respeto mutuo entre la
Iglesia y el Estado, debiendo eso sí, precisarse que la colaboración pregonada
en dicho artículo ha de referirse a la ejecución de los efectos civiles en los
casos previstos en la Carta Política, esto es, los que tienen los matrimonios
religiosos y las sentencias de nulidad de estos matrimonios (art. 42).
XXII.
"Artículo
XXII. El ejercicio
ilegítimo de jurisdicción o funciones eclesiásticas por quienes carecen de
misión canónica para desempeñarlas, oficialmente comunicado por la autoridad
eclesiástica al competente funcionario del Estado, será considerado por este
como usurpación de funciones públicas".
En la demanda se
considera que esta norma es una muestra más de la posición privilegiada de la
iglesia católica, por la cual se desconocen los principios fundamentales de la
juridicidad colombiana, ya que regula asuntos relacionados con la punición del
ejercicio ilegitimo de jurisdicción o funciones eclesiásticas.
Observa la Corte:
En primer lugar no
es de competencia de la Iglesia Católica tipificar e imponer penas o conductas
no establecidas como tales por la ley penal colombiana y de otra parte
pretender darle vigencia a la anología en materia penal, contraviene
abiertamente los principios que rigen la misma.
La Iglesia Católica,
goza en Colombia de una identificación cultural, real y jurídica al reconocerle
el Estado, personería jurídica en los términos en que lo señala el artículo IV
de la norma concordatoria, personería juridíca que también se hace extensiva a
una serie de entidades que conforman el cuerpo material y espiritual de la
organización eclesiástica.
Entendida la Iglesia
como una persona jurídica, con independencia plena de otras instituciones, ella
debe darse su propia organización. Y así sucede porque esta respetable entidad
religiosa, a través de sus largos años de historia, ha demostrado su solidez
institucional, con una organización jerarquizada, sus cuerpos directivos,
niveles asesores y sus dependencias de control.
Todo el proceso administrativo
de gestión para el cabal cumplimiento de sus funciones lo cumple la iglesia
dentro de los parámetros de su fuero interno, el cual es regentado por su
propia reglamentación y codificación canónica.  Tiene sus representantes, entre
ellos los Cardenales, Obispos, Sacerdotes y otros que ostentan la calidad de
religiosos, que previos los requisitos que demanden los cánones eclesiásticos,
llevan la vocería y representan los intereses de la iglesia católica,
apostólica y romana.
Por esta razón cualquier
persona que no tenga las condiciones para el ejercicio de la  función
eclesiástica o sacerdotal y se desempeñe así, simplemente está usurpando las
funciones clericales. Nadie sino aquel que ha recibido el ministerio de la fé,
está en condiciones de ejercerlo, por lo que cualquier persona que
arbitrariamente desempeñe estas atribuciones que no se le han otorgado, está
obrando en contra de los intereses católicos y está frente a una usurpación de
funciones religiosas.
La norma en comento
habla de una "usurpación de funciones públicas" expresión con
la que no está de acuerdo esta Corporación, porque la función pública, la
ejercen los funcionarios públicos o servidores públicos de conformidad con lo
establecido en el artículo 122 de la Constitución Nacional  y el 123 del mismo
Estatuto que al respecto dice: "Son servidores públicos los miembros de
las corporaciones públicas; los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento", lo que equivale a decir que el ministerio sacerdotal o
eclesiástico, no está comprendido dentro del régimen constitucional colombiano
como función pública.
Se declarará
inconstitucional el artículo XXII.
XXIII.
"Artículo
XXIII. La Iglesia
Católica y las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del
presente Concordato tienen la facultad de adquirir,  poseer,  enajenar  y
administrar  libremente  bienes  muebles  e inmuebles en la forma establecida
por la legislación colombiana para todos los ciudadanos, y sus propiedades,
fundaciones y derechos serán no menos inviolables que los pertenecientes a las
demás personas naturales y jurídicas".
En cuanto al
artículo XXIII, como tambien en relación con el artículo XXIV, las demandas
simplemente señalan que ellos ratifican una serie de privilegios a favor de la
Iglesia Católica.
Se observa:
El artículo XXIII,
establece el libre manejo de la propiedad de bienes muebles e inmuebles por
parte de la Iglesia Católica y esto debe ser así porque como persona jurídica,
es sujeto con capacidad plena para adquirir derechos y contraer obligaciones,
actuaciones que al tenor del artículo comentado, deben sujetarse en toda su
extensión a los parámetros existentes sobre la materia en la legislación
colombiana.
Este precepto remite
al artículo IV del Concordato, norma que señala además de la Iglesia Católica,
cuáles son las entidades que pertenecen a esta religión, e independientemente
de ella, ostentan personería jurídica.  Se dice, entonces, que tienen
personería jurídica las diócesis con asiento en territorio colombiano, las
comunidades religiosas que ejercen su labor pastoral ante la comunidad
colombiana y otras entidades eclesiásticas a las cuales la ley canónica les
haya otorgado personería jurídica.  El artículo IV citado, dice que también
son sujetos de adquirir derechos y contraer obligaciones las entidades
eclesiásticas que hayan recibido su personería jurídica por un acto de legítima
autoridad, siempre y cuando el procedimiento  para su obtención esté conforme
con los ordenamientos que al respecto establecen las leyes canónicas.
Se observa como lo
dice el artículo XXIII que la Iglesia y las demás personas jurídicas tienen la
facultad de adquirir, poseer, enajenar  y administrar libremente bienes muebles
e inmuebles, ordenamiento que está en todo conforme con el artículo 73 del
Código Civil el cual señala que "Las personas son naturales o
jurídicas", especie dentro del cual se encuentran tanto la Iglesia
Católica y todas las entidades a las cuales se refiere el artículo IV del
Concordato y que define el artículo 633 de la siguiente manera:  "Se
llama persona jurídica, una persona ficticia capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y
extrajudicialmente"; luego hay que concluir que el artículo XXIII está
en un todo de acuerdo con las normas que rigen la materia en Colombia,
especialmente con los preceptos constitucionales y los artículos pertinentes
del Código Civil ya comentados.  Es por lo tanto constitucional la norma XXIII
del Concordato.
XXIV.
"Artículo
XXIV. Las
propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma y extensión que
las de los particulares. Sin embargo, en consideración a su peculiar finalidad
se exceptúan los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas
episcopales y curales y los seminarios.
Los bienes de
utilidad común sin ánimo de lucro, pertenecientes a la Iglesia y a las demás
personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato, tales
como los destinados a obras de culto, de educación o beneficencia, se regirán
en materia tributaria por las disposiciones legales establecidas para las demás
instituciones de la misma naturaleza".
Se demanda que este
artículo al establecer un privilegio fiscal para los edificios de las curias, las
casas episcopales y los seminarios, vulnera el artículo 19 de la Constitución
Nacional.
Observa esta Corte:
Mucho se ha hablado
del derecho de la igualdad enfocándolo desde el punto de vista, real, formal,
político, filosófico, ideal y sustancial. La Corte ha sido pródiga al tratar
este interesante tema y haciendo acopio de todo el esfuerzo mental de sus
integrantes, ha habido hasta le fecha una cosecha grande sobre las diferentes
teorias que se predican del derecho a la igualdad. Quizas escudriñando la
voluntad del constituyente cuando dijo que "El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva..." en
contraposición de la discriminación o marginamiento a que desafortunadamente se
ven sometidas ciertas personas, por su condición económica, física o mental,
esta Corte haya optado por buscar una fórmula filosófico - política que lleve a
determinar una real y efectiva igualdad en todos los órdenes a los colombianos.
Esta situación ha
llevado a afirmar que la igualdad se predica entre los iguales y la desigualdad
entre las clase y personas desiguales.
De conformidad con
el inciso primero del artículo 363 de la Constitución Nacional, el cual dispone
que "el sistema tributario se funda en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad", se puede sostener que el régimen
tributario aplicado a las personas en Colombia, no tiene que ser necesariamente
idéntico. Además de tener en cuenta el criterio que tiene que ver con la
potencia de acción constante y de creciente identidad y desarrollo, es decir,
la eficiencia y la progresividad, difiere según juicios de equidad, como acaece
en el caso de la iglesia católica, la cual en unión con el Estado y para
justificar la exención tributaria a los edificios destinados al culto, las
curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios, argumenta
que esas propiedades han sido construidas y se conservan con aportes de los
fieles, los mismos que tributan al Estado, por consiguiente, si hubiera
impuestos por esos inmuebles los fieles tributarían más de una vez, una por su
patrimonio y otra para cubrir el impuesto para sus templos y demás bienes
referidos, lo que es contrario a la equidad.
Se debe anotar que
el artículo comentado no dice exactamente de cuáles tributos quedan exentos los
bienes inmuebles en él citados, lo que conduce a pensar que si se tratare de
gravámenes de propiedad de los departamentos, distritos, municipios,
territorios indígenas, regiones y provincias, no operaría el régimen de
exención de que trata el artículo XXIV. Al tenor del artículo 294 de la
Constitución Nacional, a través de una ley no se puede conceder este tipo de
beneficios cuando los tributos corresponden a las entidades territoriales. Esta
última norma en su parte pertinente dice: "La ley no podrá conceder
exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con tributos de propiedad
de las entidades territoriales...".
Ha de estimarse que
al lado de esta norma constitucional existe otra prevalente de la misma índole
y que ha de aplicarse preferentemente, cual es la que consagra la libertad
religiosa que otorga el derecho de los fieles de las distintas religiones a
recibir los ministerios y ritos de ellas (art. 19 C.N.), lo cual se hará  en
los edificios  dedicados al culto.  Obsérvese también  que mientras el artículo
294 se desenvuelve en un plano local, el 19 es de alcance nacional. La exención
se extiende también a las distintas entidades y congregaciones destinadas
también a fines de orden espiritual y pastoral.  Estos inmuebles en cuanto
respecta a la Iglesia Católica tendrán derecho a la exención tributaria en los
términos del artículo XXIV concordatario, mas con el propósito de mantener la
igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de entenderse extendido tal
beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reúnan los requisitos antes
indicados.
Es pues
constitucional el artículo XXIV.
XXV.
"Artículo
XXV. El Estado
reconoce el derecho de la Iglesia a recabar libremente   de   los   fieles
contribuciones   para   el  culto  divino,   la sustentación de sus ministros y
otros fines propios de su misión"
Este artículo en el
cual se expresa que el Estado reconoce el derecho de la Iglesia para que sus
fieles aporten contribuciones al culto divino, es constitucional en atención a
que al decir de la norma, el aporte es libre y voluntario lo cual encaja
perfectamente dentro del criterio de liberalidad incorporado dentro del
Estatuto Constitucional.  Lo anterior lo reafirma el hecho de que en ninguna de
las tres demandas que originaron los procesos que ahora se resuelven, se
hubiere sustentado la inconstitucionalidad del artículo.
En relación con este
artículo del Concordato esta Corporación estima pertinente hacer ciertas
precisiones. El Preámbulo de la Constitución después de ratificar el poder
soberano del pueblo e invocar la protección de Dios, dice expresamente que "con
el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el reconocimiento,
la libertad y la paz...", principio de libertad que reitera, no como
tal, sino como derecho fundamental en las siguientes normas constitucionales:
Artículo 13 cuando expresa que "Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley", artículo 16 que prescribe el libre desarrollo de
la personalidad, artículo 18 que garantiza la libertad de conciencia, artículo
19 que garantiza la libertad de cultos, la libertad de expresión y difusión del
pensamiento que prescribe el artículo 20 del mismo estatuto constitucional, la
libertad de circulación en el territorio nacional al cual hace referencia el
artículo 24, la libertad para escogencia de profesión y oficio, que señala el
artículo 26, la libertad de enseñanza y aprendizaje que garantiza el artículo
27,  el derecho a la libre asociación a términos del artículo 38 y la libertad
para el cabal ejercicio de los derechos ciudadanos en la forma en que lo señala
el artículo 40.  Es pues la Constitución Colombiana, una verdadera Carta de
Derechos y Garantías expresas, respecto de la libertad en todos los niveles,
donde lo mas importante es el poder y la voluntad de cada ciudadano.
Las contribuciones
que establece la disposición XXV de la norma Concordatoria, en ningún momento
son obligatorias para los feligreses o seguidores de la Iglesia Católica, sino
todo lo contrario, ellas se caracterizan por su voluntariedad y de conformidad
con el poder de disposición que al respecto quiera hacer cada persona en
particular. Cada fiel en su fuero interno, es libre para adoptar la decisión de
aportar o dar contribuciones a la Iglesia, para el sostenimiento del culto
divino y si no lo hace, no hay lugar a constreñimiento ni castigo porque esta
norma en ningún momento es coercitiva, sino como se dijo anteriormente, amplia
y liberal en el sentido gramatical y filosófico de la palabra.  Con fundamento
en lo anterior, considera la Corte que esta norma se ajusta en un todo no sólo
a la Constitución, sino también a la legislación civil colombiana.
XXVI.
"Articulo
XXVI. Las altas
partes contratantes unifican las obligaciones financieras adquiridas por el
Estado en virtud del Concordato de l887 y de la Convención sobre Misiones de
l953. En consecuencia, reglamentarán su  cuantía  en  forma  que  permita atender
debidamente aquellas obligaciones. Será también reglamentada la contribución
del Estado para la creación de nuevas diócesis y para el sostenimiento de las
que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones. El Estado
concederá a las entidades eclesiásticas que reciben la llamada renta nominal la
posibilidad de redimirla".
Se demanda la norma
con el argumento de que ella es la plena demostración de los privilegios de la
Iglesia Católica y del sometimiento del Gobierno Nacional, el cual se obligó a
cubrir o asignar a perpetuidad una suma que se aumentará equivalentemente
cuando mejore la situación del tesoro.
Observa la Corte:
Las obligaciones
financieras de que da cuenta la norma y contraídas por el Estado en razón del
Concordato de 1887, se remontan a la desamortizaciones de los bienes de la
Iglesia decretada por el General Tomás Cipriano de Mosquera mediante Decreto de
8 de septiembre de 1861.  La Iglesia era dueña de cantidades de tierras que
generalmente eran donadas por su feligreses con el fin de obtener a cambio
plegarias a favor del donante.  Era costumbre también destinar los réditos de
las propiedades a obras de bienestar común y a la propagación de la fe.
Tales bienes de
manos muertas  fueron puestos nuevamente en el comercio y expropiados a favor
de la Nación, con el argumento de que ésta los necesitaba para atender
necesidades económicas urgentes del país.  Se reconoció así en el Concordato de
1887 capital y sus réditos, como compensación por los bienes desamortizados.
El Convenio de
misiones de 1953 fue suscrito entre la Nunciatura Apostólica en Colombia y el
Gobierno de Colombia y sustituyó la Convención de Misiones de 1928.  A cambio
de la tarea de evangelización de los indígenas, el Gobierno se compromete a
reconocer a ellas auxilios fiscales.  Dicho Convenio fue dejado sin efecto en
virtud de la Ley 20 de 1974.
Este precepto en
relación con las obligaciones contractuales adquiridas en virtud del Concordato
de 1887 y de la Convención sobre Misiones de 1953, estima esta Corporación, es
constitucional porque lo allí consignado se adecúa a lo ordenado en el artículo
58 de la Constitución Nacional cuando expresa: "Se garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, las cuales
no pueden ser desconocidas ni vulnerados por leyes posteriores..."
Existiendo entonces títulos contractuales internacionales que respaldan tales
obligaciones, es de rigor reconocerlas.
La parte pertinente
del artículo XXVI que dice: "Será reglamentada la contribución del
Estado para la creación de nuevas diocesis y para el sostenimiento de las que
funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones", es
inconstitucional porque fue hallada opuesta a la Carta Política la institución
de las misiones en las zonas indígenas y marginadas, según lo explicado
precedentemente.
XXVII.
"Artículo
XXVII. El Estado
garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios
cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a
higiene y orden público.
En los
cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su
ministerio en la inhumación de los católicos".
En cuanto a este
artículo se demanda el que ellos se han constituido en quebrantadores de la paz
religiosa por la prohibición de enterrar cadáveres de personas de distinta fé a
la católica, no obstante, aquí sin cumplir una función pública de profilaxis,
con lo cual también se permite la discriminación y la obligatoriedad de aceptar
una confesión que pugna con la conciencia de las personas por el patrocinio del
Estado a la fé Católica Romana.   Además máxime cuando la inhumación es un
servicio público, en el cual no puede existir discriminación para su
prestación.
La Corte considera:
El Estado garantiza
a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que
estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden
público.
En los cementerios
dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la
inhumación de los católicos.   Esta norma consagra la propiedad privada sobre
los cementerios y faculta a la Iglesia para poseerlos y administrarlos por su
propia cuenta, con el control del Estado, en lo referente a la higiene y el
orden público.
Por otro lado, el
mismo artículo dice que si los cementerios dependen de la autoridad civil, la
Iglesia puede también ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos.
De lo anterior se colige, que respecto de los cementerios de propiedad de la
Iglesia Católica, ellos los poseen y administran y en relación con los otros
que no les pertenecen, están autorizados para utilizarlos y es deber del
Estado, brindarles su colaboración en este sentido.
Sobre el particular
hace la Corte las siguientes precisiones:
La Carta Política de
1991 en su artículo 49 previene que "La atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado".
Quiere esto decir que los cementerios por más que pertenezcan  a dueños
particulares -que puede ser la Iglesia Católica o cualquier otra religión - por
la función que cumplen  prestan un servicio público y por ello han de estar al
acceso de la comunidad, sin distinciones  de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, obviamente
sufragando los deudos los derechos correspondientes.  Aceptar lo contrario,
sería además, atentar contra la dignidad humana -prolíficamente protegida en la
Constitución-  porque habiendo llegado la persona al final de su vida, aspira
como mínimo a un entierro digno, que lo tiene en los sitios reservados a tal
fin, como son los cementerios.  Piénsese en un lugar apartado del país en el que
exista un solo cementerio y se le niegue a alguien  su inhumación en él.
Se declarará
constitucional el  artículo XXVII, con las anteriores precisiones.
XXVIII.
"Artículo
XXVIII. En defensa
y promoción del patrimonio cultural colombiano, la Iglesia y el Estado
colaborarán en el inventario del arte religioso nacional, que incluirá
monumentos, objetos de culto, archivos, bibliotecas y otros que por su valor
histórico o estético sean dignos de conjunta atención para conservarse,
restaurarse y exponerse con fines de educación social".
En el escrito y
concepto de los demandantes y el Procurador respectivamente, no se observa
expresión alguna que indique que esta norma es inconstitucional.
Al respecto
considera la Corte:
Como en otros
artículos concordatarios este precepto va referido a la colaboración que debe
existir entre el Estado y la Iglesia para llevar a feliz término la realización
de un inventario nacional, de los bienes que conforman el arte religioso, los
monumentos, los objetos y utensilios que hacen parte de las ritualidades
eclesiásticas, los documentos históricos sobre la materia, las bibliotecas y
otros bienes de contenido religioso que por su valor histórico y cultural,
interesan al pueblo como su verdadero patrimonio. Prevé la norma también el
sentimiento de solidaridad y el espiritu de colaboración que debe existir entre
las partes contratantes, respecto a la conservación y restauración de los
bienes y monumentos dedicados al culto de la religión.
El artículo del
Concordato encuentra pleno respaldo en el artículo 7o. de la Constitución
Nacional cuando expresa que  "El Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural colombiana" y el artículo 8o del mismo estatuto cuando
prescribe que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación" y el artículo 72, cuando
precisa que "El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección
del Estado". Luego, en este orden de ideas, ha de manifestarse que bienvenida
sea la colaboración de la Iglesia y ello de conformidad con los preceptos
constitucionales que se han expresado.
Es constitucional la
norma.
XXIX.
"Artículo
XXIX. En la
ejecución de las disposiciones contenidas en este Concordato como en sus
reglamentaciones y para resolver amistosamente eventuales dificultades
relativas a su interpretación y aplicación, las altas partes contratantes
procederán de común acuerdo".
Se considera por los
demandantes que el artículo vulnera el numeral 2o. del Artículo 189 de la
Constitución Nacional, pues corresponde al Presidente como representante de un
Estado Soberano y a los Tribunales, velar por la aplicación del Tratado
Internacional, y no en los términos que se señalan, los cuales vulneran el
artículo 93 de la Constitución.
Nota esta
Corporación que este artículo es abierto, porque en su texto se dice que
"en la ejecución de las disposiciones contenidas en este Concordato, como
en sus reglamentaciones", quiere significar este precepto que el
convenio no se ha agotado en cuanto a la producción de normas, y que por tanto,
éstas se pueden ir expidiendo de conformidad con la voluntad de las partes
contratantes.
Nada obsta entonces,
para que las partes de común acuerdo y en cuanto respecta a la ejecución del
Concordato, faciliten las medidas que lo hagan expedito en su cumplimiento.
Obviamente que las determinaciones que llegaren a tomar en virtud de ello,
habrán de ajustarse también a la Constitución y así ha de considerarse que
suceda.
De ninguna manera
puede concebirse que la participación del Presidente de la República en
desarrollo del mutuo acuerdo mencionado equivalga al ejercicio de la potestad
administrativa reglamentaria (art. 189-11 C.N.), ya que en el mismo actúa como
parte contratante del Tratado y se repite, su actividad se reduce a
posibilitar  la ejecución del mismo.
Ha de declararse
exequible esta norma.
XXX.
"Artículo
XXX. El presente
Concordato, salvo lo acordado en el artículo XXVI, deja sin vigor y efecto el
que las altas partes contratantes firmaron en Roma el 31 de diciembre de l887,
aprobado por la ley 35 de l888, y los siguientes acuerdos: la Convención
adicional al Concordato, firmada   en  Roma el 20 de julio de l892, aprobada
por la ley 34 de l892; los acuerdos derivados del canje de notas números 27643
del 27 de febrero de l924, dirigida por el Secretario de Estado de su Santidad
al ministro extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede y
la respuesta de este del 10 de junio de l924, que dieron origen a la ley 54 de
l924, y la Convención sobre Misiones, firmada en Bogotá el 29 de enero de l953.
Asímismo, quedan
derogadas todas las disposiciones de las leyes y decretos que en cualquier modo
se opusieran a este Concordato".
Se aduce que el
artículo es inconstitucional, pues es la prueba del sostenimiento económico del
Estado en la actividad de la religión Católica y Romana, y la prueba de la
discriminación, puesto que viola el numeral 2do. del artículo 28 de la
Constitución(sic).
Observa la Corte que
a través de esta disposición se dejan sin vigencia las normas anteriores
concordatarias, situación ajustada a derecho que no desconoce precepto
constitucional alguno.
XXXI.
"Artículo
XXXI. El presente
Concordato se firma en doble ejemplar y en lenguas española e italiana, cuyos
textos serán igualmente auténticos y harán fe".
Respecto a este
artículo y al siguiente, no se dan razones para declararse su
inconstitucionalidad.
Supone el texto que
el tratado se ha firmado en dos ejemplares y en lenguas españolas e italiana.
No encuentra esta
Corte ninguna objeción constitucional sobre el particular.
XXXII.
"Artículo
XXXII.  Este
Concordato entrará en vigor en la fecha del canje de las respectivas
ratificaciones de las altas partes contratantes.
En fe de lo cual,
los suscritos plenipotenciarios firman este Concordato, en la ciudad de Bogotá,
República de Colombia, a los doce  días de julio de mil novecientos setenta y
tres".
Reafirma que el
Concordato entra en vigencia en la fecha del canje de las respectivas
ratificaciones de las partes, requisito formal que de acuerdo con el derecho
internacional  debe cumplirse para que las normas supranacionales tengan plena
vigencia operativa.
En consecuencia,  se
advierte de esta norma que no existe inconstitucionalidad alguna.
Se abstiene por
último esta Corporación de examinar la constitucionalidad del artículo 2° y 3°
de la Ley 20 de 1974, porque no han sido demandados.
PROTOCOLO FINAL
Habrá esta
Corporación de examinar  el Protocolo Final del Concordato, en que se regulan
los artículos VII, VIII y IX de éste y por integrar uno y otro una unidad
normativa.  Y ello a pesar de que no fueron demandados dichos textos.
ARTICULO VII.
"1. De
acuerdo con la legislación vigente en el Estado colombiano, la inscripción de
un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el registro civil al tiempo
de su celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de los
cónyuges o de quien tenga un interés legítimo en dicho matrimonio. Con tal fin
será suficiente la presentación de una copia auténtica de la respectiva partida
eclesiástica. La muerte de uno o de ambos cónyuges no será obstáculo para
efectuar dicha inscripción.
2. Los efectos
civiles del matrimonio canónico debidamente inscrito en el registro civil
regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho
matrimonio".
Observa esta Corte
que estas previsiones no ofrecen reparo de constitucionalidad y todavía más,
cuando la disposición correspondiente fue declarada exequible.
ARTICULO VIII.
"La
República de Colombia reconoce la competencia exclusiva de la autoridad
eclesiástica en cuanto se refiere a los aspectos  canónicos del privilegio de
la fe...".
Habiéndose decretado
la inexequibilidad del artículo XIII del Concordato, en cuanto a atribuir la
competencia de las causas de disolución  de los matrimonios canónicos a la
potestad católica, habrá también la correspondiente norma del Protocolo seguir
la misma suerte de inconstitucionalidad.
ARTICULO IX.
"La
determinación que hace este artículo de que las causas de separación  del
matrimonio  canónico  serán  dirimidas  ante   el Tribunal Superior y la Corte
Suprema de Justicia de Colombia, no impedirá que, en el futuro, el Estado
colombiano pueda establecer una instancia especial para examinar y juzgar las
causas relativas al derecho de familia y que tenga un nivel equivalente al de
aquellas entidades...".
Esta Corporación
halló contrario a la Carta el artículo IX y como la norma del Protocolo Final
la desarrolla en materia de competencias, por sustracción de materia también
será declarada inexequible.
Se observa que los
artículos 2° y 3° de la Ley 20 de 1974 no fueron demandados.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero:    Declarar EXEQUIBLES los siguientes
artículos del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974 "Por la cual se aprueba
el Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede,
suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973":  I, II, III, IV, V, VII,
X,  XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII,  XXIX,  XXX, XXXI y XXXII.
Segundo:   Declarar EXEQUIBLE el artículo VIII
del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974, salvo en el aparte de su inciso 1° que
dice "...o la disolución del vínculo ... incluidas las que se refieren
a la dispensa del matrimonio rato y no consumado" y además el aparte
del inciso 2° que dice "... al Tribunal Superior del Distrito Judicial
territorialmente competente". Lo anterior, precisando que la cesación
de los efectos civiles del matrimonio católico por divorcio, en los términos
del artículo 42 de la Constitución, no rompe el vínculo matrimonial
eclesiástico.
Tercero:     Declarar EXEQUIBLE el artículo XIV
del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974, salvo en el aparte que dice "...La
Santa Sede, antes de proceder al nombramiento de un arzobispo u obispo
residencial, o de un coadjutor con derecho a sucesión, que deberá recaer en
ciudadano colombiano, comunicará al Presidente de la República el nombre de la
persona escogida, a fin de saber si tiene objeciones de carácter civil o
político.  Se entenderá que ellas no existen, si no las manifiesta dentro de
treinta días.  Estas gestiones se adelantarán por ambas partes con la mayor
diligencia y reserva".
Cuarto:      Declarar EXEQUIBLE  el artículo XV
del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice "...
Con tal finalidad informará previamente al Gobierno, acogiendo las indicaciones
justas y convenientes que de él reciba".
Quinto:      Declarar EXEQUIBLE el artículo XIX
del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice "...se
exceptúan, sin embargo, los procesos penales contra los obispos y quienes están
asimilados a éstos en el derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva
de la Sede Apostólica".
Sexto:         Declarar EXEQUIBLE el artículo XXVI
del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice "...Será
también reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas
diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente
llamados territorios de misiones".
Séptimo:    Declarar INEXEQUIBLES los artículos
VI, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XX y XXII del artículo 1o. de la Ley 20 de
1974.
Octavo:      Declarar EXEQUIBLE  el Protocolo
Final del Concordato en relación con el artículo VII del artículo 1o. de la Ley
20 de 1974.
Noveno:     Declarar INEXEQUIBLE el Protocolo
Final del Concordato en relación con los artículos VIII y IX del artículo 1o.
de la Ley 20 de 1974.
Cópiese, publíquese,
notifíquese e insértese en la Gaceta Constitucional.
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
CIRO ANGARITA
BARON                   EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                                Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO        ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
FABIO MORON
DIAZ                 JAIME SANIN GREIFFENSTEIN
Magistrado                              Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-027/93
TRATADO
INTERNACIONAL/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD (Salvamento de voto)
En la
Constitución actual, lejos de ampliarse, se restringió la competencia
jurisdiccional para conocer sobre demandas contra leyes aprobatorias de
tratados internacionales que ya habían sido ratificados por Colombia y, por
tanto, en cuanto se estableció ya respecto de ellos un vínculo jurídico de
Derecho Internacional, escapan a cualquier forma de ruptura unilateral de los
compromisos contraidos, por decisión de una autoridad interna.
La actual norma
contempla, pues, una vía -la única que podía utilizar la Corte Constitucional
en los "estrictos y precisos términos" del Estatuto Superior- que
permite el control de constitucionalidad sobre los tratados y leyes
aprobatorias de los mismos, pero en forma automática y previa (antes del
canje de ratificaciones o notas), a tal punto que, como se observa, la
ratificación por parte del Gobierno está supeditada a la determinación de la
Corte. Pero -desde luego- eso vale únicamente respecto de los tratados que se
aprueben por el Congreso después de la Constitución de 1991 y no puede
aplicarse a los anteriores, dado precisamente el carácter previo del momento
procesal de control.
PRINCIPIO PACTA
SUNT SERVANDA (Salvamento
de voto)
Aunque el numeral
4º del artículo 241 de la Carta ordena a la Corporación "decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes,
tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su
formación", no puede afirmarse, como erróneamente lo ha hecho la sentencia
aprobada por la mayoría, que esta forma de control le permita asumir el
conocimiento de leyes aprobatorias de tratados públicos, pues en cuanto a éstas
atañe, una norma especial y posterior en el texto -el numeral 10- las ha
sustraido de esa regla general con el objeto de preservar la seguridad jurídica
del Estado colombiano y de los estados y entidades de Derecho Internacional que
con él han celebrado convenios respecto de los cuales debe aplicarse -una vez
establecido el vínculo de obligatoriedad que se desprende de la ratificación-
el principio "Pacta sunt servanda". Según la sentencia, no hay
Derecho Internacional. Ningún Tratado obliga. La cláusula "Pacta sunt
servanda" no tiene razón de ser.
COMPETENCIA/CONCORDATO/SENTENCIA
INHIBITORIA (Salvamento de
voto)
Las competencias,
en especial las de los jueces, no se asumen, es decir, no "se toman"
sino que son atribuidas por la normatividad, que debe haberlas fijado precisa y
previamente. Si de lo que se trata es de aprehender la competencia para resolver
sobre la constitucionalidad del Concordato por una anticipada conclusión sobre
supuesta violación de normas interpretativas del Derecho Internacional General
(jus congens), como parece surgir de esta sentencia, la solución jurídica no es
la declaratoria de su inexequibilidad por un órgano interno, reservada
únicamente para ese ámbito, sino la nulidad, con arreglo a los
principios del Derecho Internacional, al tenor de lo dispuesto por el artículo
53 de la Convención de Viena. Una interpretación sistemática de los preceptos
constitucionales en vigor y de los principios del Derecho Internacional ha
debido conducir a un fallo inhibitorio de esta Corte por carecer de competencia
para resolver acerca de las demandas incoadas.
TRATADO
INTERNACIONAL-Denuncia/TRATADO
INTERNACIONAL-Aplicación (Salvamento de voto)
La denuncia y aún
la suspensión de aplicación de un tratado, como consecuencia del cambio de
circunstancias, son figuras completamente distintas del incumplimiento del
Tratado. De allí que no pueda aceptarse la justificación que, para propiciar
ese incumplimiento en este caso, aduce la Sentencia, ni tampoco la confusión en
que ella incurre cuando equipara la denuncia a la ruptura unilateral
del Pacto por "no querer cumplirlo".
Ref.: Expedientes
D-018, D-116 y D-136 Sentencia No. C-027 del 5 de febrero de 1993.
Demandas de
inconstitucionalidad instauradas contra la Ley 20 de 1974 (diciembre 18), por
la cual se aprobó el Concordato y el Protocolo Final celebrados entre la
República de Colombia y la Santa Sede suscrito en Bogotá el 12 de julio de
1973.
Magistrado
Ponente:
Dr. SIMON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Santafé de Bogotá,
D.C., cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993).
El suscrito
Magistrado se permite consignar a continuación las razones por las cuales se
aparta de la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corporación en el asunto
de la referencia.
1. Uno de los
fundamentos del Estado de Derecho, que  constituye presupuesto insustituible de
la convivencia social sobre bases de respeto al orden jurídico y de rechazo a
toda forma de arbitrariedad, consiste en la limitación de las atribuciones y
facultades de quienes tienen a su cargo el ejercicio del poder público según
reglas predeterminadas no susceptibles de ampliación o modificación por los
funcionarios o corporaciones llamados a obedecerlas.
Esa certidumbre
-sustentada en la definición que de manera previa hayan hecho las normas
constitucionales y legales- permite que cada órgano ejerza su actividad dentro
de una órbita precisa, aunque dentro de un esquema de recíproca colaboración
para el logro de los fines del Estado.
Al igual que lo
hacía la Carta Política de 1886, cuyo criterio absoluto fue progresivamente
atemperado en las reformas constitucionales de 1936, 1945 y 1968, la
Constitución del 91 estatuye este principio como base de la organización
estatal y como fundamento del orden jurídico que le da forma.
Un examen del texto
constitucional vigente a este respecto permite corroborar que a la declaración
genérica del Preámbulo sobre realización y garantía de un orden
político -desde luego fundado en el Derecho- se une el señalamiento que, a
manera de principio fundamental, hace el artículo 1º de la Carta subrayando que
Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República
unitaria que tiene, entre otras características, la de ser democrática y la de
estar basada en la dignidad humana y en la prevalencia del interés general.
El artículo 2º
repite que es fin esencial del Estado el de asegurar la vigencia de un orden
justo, al paso que el 3º, después de proclamar que la soberanía reside
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, señala que éste
habrá de ser ejercido en los términos que la Constitución establece. En
concordancia con ello, el artículo 6º distingue la responsabilidad de los
particulares de la que cabe a los servidores públicos, dejando claro que ésta
última no solo se deriva de la infracción de la Constitución o de las leyes
sino de la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, mientras
que -para suministrar un marco de referencia que haga factible establecer
cuándo se producen tales situaciones- el artículo 122 enseña que no habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y añade
que "ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que
le incumben" (subrayo).
2. En ese orden de
ideas, las reglas que definen competencias, mucho más si son de naturaleza
constitucional, se erigen en límites de forzoso acatamiento y de obligada
verificación previa cuando cada órgano estatal aspire a ejercer el poder
público o la jurisdicción de que se halla investido.
A diferencia del
poder soberano, reservado al Constituyente originario, cuya potencia
inalienable emana de su propia naturaleza, el de los entes constituidos tiene
por origen y por frontera insuperable el de las normas que los instituyen y los
sostienen.
3. Tratándose de la
trascendental función que en el Estado de Derecho cumple el control de
constitucionalidad, el ámbito de competencia del órgano que lo ejercita puede
ser más o menos amplio de acuerdo con el sistema político de que se trate y
según la concepción de la cual haya partido el Constituyente al establecerlo.
Me abstengo de
profundizar en el análisis sobre este tópico, por cuanto estimo que no es el
momento de efectuar un estudio detenido acerca de las distintas modalidades de jurisdicción
constitucional ni resulta adecuado adoptar aquí posiciones en relación con el
mayor o menor espectro del poder del juez como cuestión de carácter general,
pues aparte de las importantes distinciones que cabría introducir, lo cual nos
alejaría del tema principalmente planteado, no resulta necesario a los efectos
de resolver en concreto sobre el caso que se considera.
4. La Carta Política
confía a la Corte Constitucional la delicada misión de guardar su integridad y
supremacía en los términos estrictos y precisos del artículo 241.
Esa norma, que
sustituyó la del artículo 214 de la Constitución derogada, plasmó un conjunto
de competencias que delimitan el campo de actividad de la Corporación y que, de
paso, definen el ámbito atribuido al Consejo de Estado (artículo 237 C.N.)
sobre control constitucional de los actos presidenciales de orden
administrativo.
5. Por lo que
concierne al tema propio de la Sentencia de cuyo sentido me aparto, en la
Constitución actual, lejos de ampliarse, se restringió la competencia
jurisdiccional para conocer sobre demandas contra leyes aprobatorias de
tratados internacionales que ya habían sido ratificados por Colombia y, por
tanto, en cuanto se estableció ya respecto de ellos un vínculo jurídico de
Derecho Internacional, escapan a cualquier forma de ruptura unilateral de los
compromisos contraidos, por decisión de una autoridad interna.
Recuérdese que,
según el artículo 9º de la Constitución, las relaciones exteriores del Estado
se fundamentan en la soberanía nacional, pero también en "el
reconocimiento de los principios de Derecho Internacional aceptados por
Colombia", uno de los cuales reside en el cumplimiento de los Tratados
públicos.
El artículo 241,
numeral 10, de la Carta buscó precisamente salvar las dificultades que para las
relaciones internacionales del Estado colombiano representaba la indefinición
de competencias en el artículo 214 de la Constitución anterior.
Dice así esa
disposición:
"Artículo
241.- A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este
artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...)
10. Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte,
dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano
podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte
los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en
caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado
multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el
Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando
la correspondiente reserva".
La actual norma
contempla, pues, una vía -la única que podía utilizar la Corte Constitucional
en los "estrictos y precisos términos" del Estatuto Superior- que
permite el control de constitucionalidad sobre los tratados y leyes
aprobatorias de los mismos, pero en forma automática y previa (antes del
canje de ratificaciones o notas), a tal punto que, como se observa, la
ratificación por parte del Gobierno está supeditada a la determinación de la
Corte. Pero -desde luego- eso vale únicamente respecto de los tratados que se
aprueben por el Congreso después de la Constitución de 1991 y no puede
aplicarse a los anteriores, dado precisamente el carácter previo del momento
procesal de control.
6. En el caso de la
Ley 20 de 1974, mediante la cual se aprobó el Concordato de 1973, objeto de
esta sentencia, no solamente se tiene que es muy anterior a la Carta Política
vigente sino que ya, respecto del Tratado, se produjo desde el 2 de julio de
1975 el Canje de Ratificaciones.
En efecto, aunque el
numeral 4º del artículo 241 de la Carta ordena a la Corporación "decidir
sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra
las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en
su formación", no puede afirmarse, como erróneamente lo ha hecho la
sentencia aprobada por la mayoría, que esta forma de control le permita asumir
el conocimiento de leyes aprobatorias de tratados públicos, pues en cuanto a
éstas atañe, una norma especial y posterior en el texto -el numeral 10- las ha
sustraido de esa regla general con el objeto de preservar la seguridad jurídica
del Estado colombiano y de los estados y entidades de Derecho Internacional que
con él han celebrado convenios respecto de los cuales debe aplicarse -una vez
establecido el vínculo de obligatoriedad que se desprende de la ratificación-
el principio "Pacta sunt servanda".
7. No puede
entenderse el sentido de la actual competencia, exclusivamente previa, de la
Corte Constitucional para decidir sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueban, sin hacer referencia a los
antecedentes jurisprudenciales acerca de la interpretación del artículo 214 de
la anterior Carta Política.
La controversia
doctrinal y jurisprudencial sobre el verdadero alcance de la enunciada
disposición fluctuó entre la concepción de absoluta incompetencia,
sostenida tradicionalmente por la Corte Suprema de Justicia y la tesis de
competencia plena e intemporal, nunca acogida por la Corte aunque
sostenida por respetables autores, pasando por la posición intermedia o
temporal, plasmada en sentencia del 6 de junio de 1985, y por la de una
competencia intemporal pero circunscrita a la confrontación de los aspectos formales
de la ley aprobatoria del Tratado, consignada en las sentencias del 12 de
diciembre de 1986 y el 12 de febrero de 1987, la primera sobre inexequibilidad
de la Ley 27 de 1980, aprobatoria del Tratado de Extradición celebrado entre
Colombia y los Estados Unidos, y la segunda, mediante la cual se declaró
precisamente la exequibilidad de la Ley 20 de 1974, que ahora de nuevo nos
ocupa.
La tesis de la absoluta
incompetencia se sustentó en diferentes argumentos, entre los cuales cabe
destacar el de la imposibilidad de separar la ley que aprueba un Tratado del
texto del Convenio, sobre cuya constitucionalidad no existía competencia
expresa, de tal modo que, estimaba la Corte Suprema, al pronunciarse ella sobre
la exequibilidad de la ley conocería también sobre el Tratado mismo, invadiendo
así la órbita constitucional propia del Presidente de la República, encargado
de dirigir las relaciones internacionales y diplomáticas de Colombia; el de
intangibilidad de los pactos internacionales, apoyado en el principio
"Pacta Sunt Servanda", que resultaría vulnerado si la jurisdicción
interna, al asumir la función de declararlos inexequibles, aceptara que los
tratados se puedan romper unilateralmente; el de la naturaleza apenas formal de
la ley aprobatoria, entendida tan solo como un requisito más para la entrada en
vigor del tratado público; el de la improcedencia del control jurídico en
cabeza de la Corte Suprema cuando la Constitución no lo establecía expresamente
y, en cambio, plasmaba una forma de control político a cargo del Congreso de la
República, cuyo acto de aprobación significaba entre otras cosas, de acuerdo
con esta tesis, que no se había hallado incompatibilidad entre el contenido del
Tratado y la Constitución Política.
Por el contrario, la
línea doctrinaria que prohijaba la plena e intemporal competencia de la Corte
Suprema partía de una interpretación amplia sobre la función misma del control
de constitucionalidad y de la expresa atribución prevista en el artículo 214
para fallar sobre la exequibilidad de todas las leyes, sin lugar a
distinciones entre ellas, así como de la necesidad de hacer prevalecer la
soberanía nacional. Según este criterio, no era de recibo la confusión entre el
control político confiado al Congreso y el jurídico, atribuido por la propia
Constitución a la Corte Suprema, ya que el objeto de aquel no incluía, por
definición, el estudio sobre si las cláusulas del tratado se ajustaban o no a
las prescripciones de la Carta. Por otra parte, en caso de establecerse la
inconstitucionalidad, no resultaba cierto que la Corte invadiera la esfera de
competencia del Ejecutivo, pues el ámbito de la decisión judicial no era el de
la conveniencia u oportunidad del Pacto de Derecho Internacional sino el de la
confrontación de su contenido con el de la Carta.
La tesis intermedia
o temporal, acogida por la Corte Suprema en 1985 (Sentencia de junio 6, con
Ponencia del H. Magistrado Carlos Medellín Forero), tomaba elementos de una y
otra posición y argumentaba que, no habiendo distinguido entre las leyes para
excluir del control constitucional las aprobatorias de tratados
internacionales, el artículo 214 de la Constitución le confería competencia
para fallar sobre su exequibilidad, siempre y cuando no se hubiera producido
aún el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos respectivos,
ya que en esta hipótesis, habiendo adquirido forma y validez el compromiso
internacional (pacto sinalagmático), la seguridad jurídica depende de la
estabilidad, honor y fe nacionales en que la Corte Suprema había venido
apoyando sus decisiones inhibitorias. Antes de la vigencia de los tratados,
sostuvo la tesis, estos son "actos jurídicos imperfectos que, por ende, aún
no producen efectos internacionales, convenios en vía de formación, pactos que
apenas se hallan en proceso, lo cual significa que las leyes aprobatorias de
ellos si bien no alcanzan aún, en ese período, a producir efectos entre los
estados celebrantes, sí ostentan el carácter común de normas de derecho público
interno, hasta ese momento iguales a las demás que expide el Congreso, y
sujetas, por tanto, como éstas, al juicio de constitucionalidad que compete a
la Corte, sin que ello implique agravio alguno al compromiso internacional,
sencillamente porque él aún no existe en razón de que el acto que lo contiene y
lo produce todavía no está perfeccionado".
Esta tesis reviste
especialísima importancia cuando se trata de arrojar luz sobre las normas
actuales, por cuanto -como se verá- fue precisamente ese sentido de
conciliación entre la intangibilidad de los principios constitucionales y el
acatamiento de Colombia a las obligaciones emanadas de los actos ya
perfeccionados ante el Derecho Internacional el que finalmente se impuso en la
Asamblea Nacional Constituyente.
El criterio de
distinción que entonces prevaleció fue cabalmente el del momento en el cual
tenía lugar el control de constitucionalidad. Con buen juicio entendió la Corte
Suprema de Justicia que ese momento no podía ser posterior al perfeccionamiento
del Pacto por cuanto, de ser así, ya se habrían producido los efectos
internacionales del mismo y la sola posibilidad de juicio constitucional
crearía incertidumbre sobre la relación bilateral ya establecida.
En consecuencia,
manifestaba la Corte:
"Cuando éstas
(las leyes) aprueban tratados y los incluyen en sí mismas con ese objeto, unas
y otros, mientras no agoten el proceso de perfeccionamiento de esos pactos
internacionales, permanecen en el ámbito del derecho público interno, y
sólo después de haber experimentado las demás secuencias constitucionales y
legales que pertenecen a él, incluido el control determinado por el artículo
214 de la Carta, llegarán a hacerse perfectas y lo trascenderán para
producir las consecuencias previstas por el derecho que rige las relaciones
interestatales" (He subrayado).
De allí que en aquel
momento la Corte Suprema se hubiese negado a fallar sobre la ley acusada, por
cuanto ya se había producido el canje de ratificaciones.
"... no sólo
pertenece al derecho público interno, sino que lo ha trascendido para producir
sus consecuencias en el Derecho Público Internacional. De acuerdo con lo
expuesto (...) dicha Ley habría sido revisable por la Corte, para verificar su
constitucionalidad, mediante acción que se hubiera ejercitado antes del
perfeccionamiento del Tratado. La Corte, de acuerdo con lo esencial de sus
jurisprudencias sobre esta materia, debe reiterar ahora que el objeto del presente
proceso ya se encuentra más allá de su jurisdicción y, por ende, de su
competencia" (Subrayo).
El Magistrado Manuel
Gaona Cruz había expresado en brillante aclaración de voto desde 1983, en apoyo
a esta misma tesis:
"...las
acciones contra leyes aprobatorias de tratados internacionales son atendibles y
provocan fallo de mérito cuando aquellas se ejercen con antelación al
perfeccionamiento o configuración ontológica del tratado-ley pero no después de
tal evento".
"(...) la
competencia nacional de juzgamiento se pierde después de perfeccionado el
tratado-ley: a partir de ese momento el acto se sale del mero ámbito del
derecho interno, se "desnacionaliza", cambia de juez, se
convierte en sello jurídico complejo y completo del compromiso estatal frente a
los demás estados o a instituciones internacionales, trasciende al Derecho
Internacional y se torna indesatable por la jurisdicción nacional, así ésta sea
de constitucionalidad" (Cfr. Foro Colombiano No. 173. Nov. de 1983.
Págs 404-423).
La expedición de la
Carta Política de 1991, al hacer expreso el control e indicar cuándo habría de
llevarse a cabo, buscó poner fin a la polémica. El suscrito magistrado piensa
que lo logró pero infortunadamente la Corte Constitucional ha desfigurado el
sentido y el "telos" de la norma vigente.
8. A quien haya
seguido con atención el desenvolvimiento del proceso constituyente en esta
materia no escapará que fue la tesis intermedia acabada de exponer la que
acogió la nueva Carta en torno al  juzgamiento de las leyes aprobatorias de
tratados internacionales y, más aún, el de éstos considerados en sí mismos,
pues se pasó de un texto en el que, si bien se facultaba el control de manera
genérica sobre todas las leyes, no se mencionaban expresamente esta
clase de actos, a una norma -la del actual artículo 241, numeral 10- que
contempla precisamente la función jurisdiccional de "decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben" dentro del lapso comprendido entre la sanción de
la ley y la ratificación del Tratado.
Sobre el particular
fue definida desde un comienzo la tendencia en el seno de la Asamblea Nacional
Constituyente.
En el
Informe-Ponencia presentado a la subcomisión correspondiente por los
delegatarios Arturo Mejía Borda, Guillermo Plazas Alcid, Miguel Santamaría
Dávila, Alfredo Vásquez Carrizosa y Fabio de Jesús Villa R., sobre las
distintas propuestas llevadas a la Asamblea en materia de relaciones
internacionales (Gaceta Constitucional No.68, 6 de marzo de 1991, página 9),
puede leerse lo siguiente bajo el subtítulo "RELACIONES EXTERIORES Y
REGIMEN DE LOS TRATADOS PUBLICOS".
"Señalan los
señores constituyentes María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco, en la
ponencia sobre control de constitucionalidad en relación con los tratados:
"Decidir sobre la constitucionalidad de los tratados y de las leyes que
los aprueban". Esta atribución la proponen los proyectos No.2 del
Gobierno, No.6 del Constituyente Diego Uribe Vargas, No.7 del Constituyente
Antonio Navarro Wolff y otros, No. 9 de los constituyentes Juan Gómez Martínez
y Hernando Londoño, No. 27 de la constituyente María Teresa Garcés, No. 56 de
la Corte Suprema de Justicia, No. 58 del Consejo de Estado, No. 67 del
Constituyente Misael Pastrana y otros, No. 113 del Constituyente Alfredo
Vásquez Carrizosa, No.124 del Constituyente Hernando Herrera Vergara, y No. 126
del Constituyente Antonio Galán Sarmiento.
En este punto se
presentan diferencias de criterio únicamente en relación con el momento en que
deba realizarse el control: unos dicen que dicho control debe efectuarse una
vez el tratado o convenio haya sido aprobado por la ley antes del canje de
notas; y otros, que tal control debe realizarse antes de haber sido sometido a
aprobación por ley del Congreso" (Obsérvese que, de todas maneras, se
hablaba únicamente de control previo).
"Consideramos
que el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del tratado como sobre
la ley aprobatoria del mismo, una vez ésta haya sido sancionada, sobre el fondo
y la forma, pero que, a su vez evitaría duplicidad en la función de este
control y por tanto dilaciones en la obtención de una seguridad jurídica.
La declaratoria de inconstitucionalidad, ya sea del tratado o de la ley, por
parte de la Corte, impediría la ratificación o el canje de notas.
(Subrayo).
Sobre este
particular todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en que es
conveniente establecer el control de constitucionalidad  sobre los tratados públicos
y sus leyes aprobatorias, de manera expresa antes de que se proceda a
ratificarlos; pero hubo discrepancias en cuanto a la etapa del proceso
interno, en que dicho control debe ser ejercido, y en cuanto a sí éste debe ser
automático o solamente cuando se haga uso por cualquier ciudadano, de la acción
de inconstitucionalidad" (Subrayo).
En lo que se acaba
de transcribir se observa que se discutía el mecanismo idóneo para poner en
funcionamiento la competencia de la Corte (el control automático, finalmente
adoptado, o la acción pública, que fue excluída), pero el consenso no era
propiamente sobre un control intemporal como ahora lo sostiene la Corte
Constitucional.
8. Dice la Sentencia
de la cual disiento que, además del "control previo, completo y automático
de constitucionalidad del proyecto de tratado y de su ley aprobatoria, por
razones de mérito o de fondo y también de forma en cuanto a la ley aprobatoria
(artículo 241, numeral 10º)", existen otros dos fundamentos del control
constitucional de tratados públicos y de las leyes que los aprueban, a saber:
1) "Control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales
por vía la de acción pública, que tiene lugar en el interregno entre la sanción
de la ley y su perfeccionamiento por motivos de contenido material y por
razones de forma, mas en este último caso si se adelanta la acción dentro de un
plazo máximo de un año a partir de la publicación de la ley (artículo
241-4)".
A este respecto
agrega el fallo: "Se refiere el presente control a las leyes que se
hubieren sancionado antes de entrar en vigencia  el nuevo Estatuto
Superior".
2) "Control
posterior contra los tratados que ya están perfeccionados y ello mediante el
uso de la acción ciudadana, siempre y cuando que exista un vicio de competencia
manifiesto para celebrarlos, del órgano interno del país".
La primera de estas
dos hipótesis carece de sentido para las leyes aprobatorias de tratados
públicos que se aprueben en el futuro, por cuanto el control previo y automático
(art. 241-10 C.N.) cubre tanto los aspectos formales como los materiales,
haciendo innecesaria e improcedente toda posibilidad de demanda. Y no tiene
ninguna aplicación práctica -aunque se la admitiera en gracia de discusión- en
lo referente a leyes anteriores a la Carta de 1991 pues el 7 de julio de 1992
se cumplió ya el año dentro del cual, según la Corte, sería pertinente esta
forma de control.
En lo que concierne
al segundo supuesto, no tiene sustento alguno en el Derecho Internacional ni en
la Constitución Política, pues ya se ha dicho que, perfeccionado el Pacto
Internacional, escapa a la jurisdicción de los órganos internos del Estado, y
porque, siguiendo las más elementales reglas de hermenéutica, la vía general
del artículo 241-4 (control sobre leyes por virtud de acción ciudadana) no
puede hacerse valer respecto de leyes aprobatorias de tratados internacionales,
pues éstas tienen regulación especial, que por lo tanto se prefiere, en el
numeral 10 del mismo canon constitucional.
Pero, además, así se
admitiera que caben demandas sobre leyes aprobatorias de tratados
internacionales ya perfeccionados -repito que ello no es admisible- la propia
sentencia circunscribe esa posibilidad a la siguiente condición:
"...siempre y cuando que exista un vicio de competencia manifiesto para
celebrarlos, del órgano interno del país".
Sobre el punto caben
por lo menos tres glosas que ponen de manifiesto la posición en extremo frágil
-diríase que insostenible- de la mayoría:
a) Nada dispone la
Constitución en ese sentido y, por tanto, la Corte Constitucional toma para sí
una competencia que no le ha dado el Constituyente y alega un motivo no
previsto en ninguna de sus normas. Esto riñe con el concepto mismo de Estado de
Derecho.
b) El vicio de
competencia manifiesto, que recae sobre la celebración del Tratado, está en
efecto previsto en la Convención de Viena (artículo 46) pero como causa de
nulidad del Tratado. La definición sobre ella no puede corresponder de
ningún modo a un tribunal interno, sino que está reservada en forma exclusiva a
los tribunales internacionales.
c) En relación con
la Ley 20 de 1974 y con el Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede,
esta mal invocada razón de competencia no cabría. En la sentencia no se habla,
ni podría hablarse, de una posible falta de competencia para la celebración de
dicho tratado ni para la aprobación de la ley, entre otras razones porque
habría sido preciso que la violación hubiese sido manifiesta en
los términos del artículo 46-2 de la Convención de Viena, es decir que
resultase "objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la
materia conforme a la práctica usual y de buena fe", lo cual, a todas
luces, no acontece tratándose del Concordato.
Entonces, ningún
sentido tiene la referencia y, aún más, queda demostrada palmariamente la
incompetencia de esta Corporación para fallar sobre la constitucionalidad de
las normas demandadas.
Adicionalmente,
ningún principio de Derecho autoriza a una de las partes dentro de cualquier
relación jurídica -en este caso un Tratado- para declarar la nulidad
unilateralmente.
En lo que concierne
al régimen previsto por la Convención de Viena, debe aplicarse en materia de
nulidades o terminación de tratados lo previsto en la Sección Cuarta de la
misma -Procedimiento-, entre cuyas disposiciones cabe destacar las siguientes:
"65.
Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un
tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado.
1. La parte que, basándose
en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de su
consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación,
deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de
indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las
razones en que ésta se funde.
2. Si, después de un
plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior a tres
meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha
formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en
la forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya propuesto.
3. Si, por el
contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, las partes
deberán buscar una solución por los medios indicados en el artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas.
4. Nada de lo
dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las
obligaciones de las partes en vigor entre ellas respecto de la solución de
controversias.
5. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que un Estado no haya efectuado la
notificación prescrita en el párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a
otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación.
66.
Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación. Si, dentro de los doce meses siguientes a
la fecha en que se haya formulado la objeción, no se ha llegado a ninguna
solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los procedimientos
siguientes:
a) cualquiera de las
partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del
artículo 53 o el artículo 64 podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la
decisión de la Corte Internacional de Justicia a menos que las partes convengan
de común acuerdo someter la controversia al arbitraje;
b) cualquiera de las
partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación de
cualquiera de los restantes artículos de la parte V de la presente Convención
podrá iniciar el procedimiento indicado en el anexo de la Convención
presentando al Secretario General de las Naciones Unidas una solicitud a tal
efecto.
67. Instrumentos
para declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o
suspender su aplicación.
1. La notificación
prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá de hacerse por escrito.
2. Todo acto
encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse
de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del
tratado o de los párrafos 2 o 3 del artículo 65, se hará constar en un
instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento no está
firmado por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de
Relaciones Exteriores, el representante del Estado que lo comunique podrá ser
invitado a presentar sus plenos poderes".
9. La sentencia
expresa más adelante:
"...La enumeración
de las anteriores tres hipótesis no excluye la existencia de otras
posibilidades de control, que se nutran de los mismos criterios y
elementos".
Se trata, a mi
juicio, de una afirmación inaceptable y peligrosa desde el punto de vista
jurídico, pues equivale a sostener que las competencias no están
predeterminadas taxativamente por la Constitución o por la ley sino que se
adquieren por analogía o por extensión, según agrade al juez.
La Corte
Constitucional persiste en tan grave error cuando declara:
"Ha sido
imperioso por lo tanto, para esta Corte asumir la competencia para
revisar su constitucionalidad (la del Concordato), por las razones que en esta
providencia se dan" (He subrayado).
Las competencias, en
especial las de los jueces, no se asumen, es decir, no "se toman"
sino que son atribuidas por la normatividad, que debe haberlas fijado precisa y
previamente.
10. Dentro de un
criterio que no se sabe si es ingenuo o atrevido, la sentencia en cuestión
pretende supeditar a la Constitución colombiana todo el orden internacional
cuando señala:
"Conceptualizada
en párrafos anteriores la Constitución con la connotación de ser el
ordenamiento jurídico máximo y subordinante del Estado, se habrá de propugnar
porque ella ocupe siempre ese lugar preeminente y superior, tanto en lo que
hace al ámbito jurídico interno como en el externo" (He subrayado).
Respetuosamente me
aparto de esta concepción extrema, la cual no consulta el mandato del artículo
9º de la Carta, que exige al Estado "el reconocimiento de los principios
del Derecho Internacional aceptados por Colombia".
Desde luego, no es
de extrañar la posición así fijada por la Corte si se tiene en cuenta el
peculiar concepto que, al tenor del fallo, ha predominado sobre reglas del
Derecho Internacional como el principio "Pacta sunt servanda" y la
cláusula "rebus sic stantibus".
En efecto, ha
señalado la sentencia:
"Por lo
demás, en relación con la norma Pacta sunt servanda ha de ponerse de
presente que la tesis que se postula (competencia para fallar sobre el
Concordato) no la desconoce pues ha de repararse en que el propio derecho
internacional contempla casos exceptivos a su aplicación, como los referidos
por ejemplo: al cambio fundamental en las circunstancias (i); a la violación de
una norma fundamental de derecho interno relativa a la competencia para
celebrar tratados (ii); a la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento".
Sobre lo transcrito
ha de observarse por una parte que, como ya se dijo, la violación de una norma
fundamental de derecho interno en lo referente a competencia para celebrar
tratados es causal de nulidad, sobre la cual deben resolver los
tribunales internacionales, y en modo alguno excusa para el incumplimiento de
uno de los Estados contratantes, y, por otra, que el cambio fundamental en las
circunstancias no puede ser provocado por una de las partes, de modo que no
cabría apelar a semejante pretexto para fundamentar en la expedición de la
nueva Carta el incumplimiento del Concordato.
Pero, aunque así
fuera, la Convención de Viena contempla el cambio de circunstancias como causal
de terminación -no de incumplimiento- del Tratado y sobre la base de que ellas
hubieren sido base esencial del consentimiento.
Dice así el artículo
62 de la Convención de Viena:
"62. Cambio
fundamental en las circunstancias. 1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a
las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue
previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el
tratado o retirarse de él, a menos que:
a) la existencia de
esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las
partes en obligarse por el tratado, y
b) ese cambio tenga
por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía
deban cumplirse en virtud del tratado.
2. Un cambio
fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por
terminado un tratado o retirarse de él:
a) si el tratado
establece una frontera; o
b) si el cambio
fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una
obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con
respecto a cualquier otra parte en el tratado.
3. Cuando, con
arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda
alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por
terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio
como causa para suspender la aplicación del tratado". (Subrayo).
Según el artículo 26
de la Convención de Viena, "todo tratado en vigor obliga a las partes y
debe ser cumplido por ellas de buena fe".
De conformidad con
el artículo 27, "una parte no podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado".
Inclusive, autores
como Andrés Holguín, quien siempre propugnó por la abolición del Concordato,
hablaban del cambio fundamental de circunstancias como motivo para la denuncia
del Tratado, mas no para dejar de observar la norma "Pacta sunt
servanda". Refiriéndose a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena,
escribió el citado comentarista:
"Son dos
cláusulas de mucha trascendencia. Son -nada menos- las que garantizan la
estabilidad de los tratados públicos. Las relaciones entre Estados no podrían
quedar sujetas a cambios repentinos, o a los vaivenes propios de la política o
de la legislación internas.
"Sin embargo,
existe el otro principio internacional aludido: rebus sic stantibus. Porque es
claro, también, que si un tratado (sobre todo de aquellos celebrados a término
indefinido) se ha celebrado en determinadas circunstancias, que constituyen la
base esencial para pactar, y ellas cambian fundamentalmente más tarde, ese
cambio puede dar lugar a denunciar el convenio internacional.
"No basta el
solo cambio de régimen interno, como dice el citado artículo 27. Se requiere,
además, la denuncia formal del tratado, para darlo por terminado, y que el
Estado se desvincule así jurídicamente de él". (HOLGUIN Andrés,
"Análisis del Nuevo Concordato", Bogotá, 1973, pp. 53 ss.)
La denuncia y aún la
suspensión de aplicación de un tratado, como consecuencia del cambio de
circunstancias, son figuras completamente distintas del incumplimiento del
Tratado. De allí que no pueda aceptarse la justificación que, para propiciar
ese incumplimiento en este caso, aduce la Sentencia, ni tampoco la confusión en
que ella incurre cuando equipara la denuncia a la ruptura unilateral
del Pacto por "no querer cumplirlo", tal como aparece en el siguiente
párrafo:
"Téngase además
en cuenta que el ordenamiento jurídico internacional no considera que los
vínculos jurídicos consolidados en virtud de un tratado sean indesatables a
perpetuidad.
Por el contrario,
(el Derecho Internacional) contempla una serie de mecanismos para que un Estado
pueda manifestar su voluntad de dar por terminado un acuerdo en vigor. Así por
ejemplo, en virtud de la manifestación de no poder o querer continuar
obligándose por sus estipulaciones, que se hace mediante la denuncia, un
tratado es desatable unilateralmente en el ámbito internacional"
(Subrayo).
En otros términos,
según la sentencia, no hay Derecho Internacional. Ningún Tratado obliga. La
cláusula "Pacta sunt servanda" no tiene razón de ser.
11. No puedo pasar
por alto el argumento de fondo que aduce la Corte Constitucional para inferir
su competencia en lo tocante a la constitucionalidad del Concordato.
Sobre una
artificiosa comparación entre las materias reguladas por el Tratado en cuestión
y el "jus cogens", la Corporación concluye que el Concordato
es "un Tratado sui generis", sin explicar cuáles son las
características que permiten calificarlo de tal y sin mostrar de manera
científica cuáles serían los elementos que lo diferencian de los demás
Tratados.
Dice al respecto:
"Conclúyese de
lo anterior que el contenido mismo de la materia sobre la que versa la
presunta violación es la que determina (sic) la procedencia del control. No el
hecho mismo de estar vertido en un tratado ya perfeccionado". (He
subrayado).
Con arreglo a este
criterio, que no tiene asidero en la Constitución, la competencia de un juez o
tribunal no sería -como es- un elemento previo indispensable para entrar
a resolver sobre determinada materia, sino que, por el contrario, sería ésta la
que prefiguraría aquella. Así se explica el motivo por el cual en el presente
caso se ha sindicado primero al Concordato de violar los derechos humanos y
después, sobre ese supuesto no demostrado, se ha entrado a resolver acerca de
la constitucionalidad de cada uno de sus artículos.
Ahora bien, si de lo
que se trata es de aprehender la competencia para resolver sobre la
constitucionalidad del Concordato por una anticipada conclusión sobre supuesta
violación de normas interpretativas del Derecho Internacional General (jus
congens), como parece surgir de esta sentencia, la solución jurídica no es la
declaratoria de su inexequibilidad por un órgano interno, reservada únicamente
para ese ámbito, sino la nulidad, con arreglo a los principios del
Derecho Internacional, al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de la
Convención de Viena.
12. El Concordato
entre la Santa Sede y la República de Colombia, aunque se lo pueda calificar de
"sui generis", no es en todo caso de categoría inferior a los
demás tratados, ni existe motivo jurídico alguno para entender que los acuerdos
en él contenidos carezcan de la fuerza vinculante que el Derecho Internacional
reconoce a tales pactos.
Debe recordarse, por
otra parte, que al cumplirse diez años del Canje de Ratificaciones, el 2 de
julio de 1985, las Altas Partes Contratantes resolvieron declarar expresamente
que se sometían a la Convención de Viena, lo cual elimina todo argumento en contra
de la naturaleza de Tratado que tiene el Concordato:
"Queda
evidentemente entendido que el Concordato, como Tratado Internacional, continúa
regido para todos sus efectos por las normas del Derecho Internacional General
y por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados". (Canje de
notas, Bogotá, julio 2 de 1985).
13. Por las
enunciadas razones, es incompresible que la Corporación haya atribuido a la
Carta Política una distinción odiosa en contra del instrumento que nos ocupa
para someter su contenido a control jurisdiccional siendo que tal control,
según lo visto, no cabe para los demás tratados ya perfeccionados.
De allí la
preocupación con la cual mira el suscrito la sentencia en cuestión: o se está
discriminando este Tratado respecto de los otros, lo cual riñe con todo
postulado de rigor jurídico, o se ha abierto la posibilidad inaceptable de un
control por vía de acción sobre todos los tratados y convenios internacionales
celebrados por Colombia.
14. Debe subrayarse,
además, la existencia de proposiciones incongruentes y contradictorias dentro
del texto de este fallo, en especial por cuanto alude a la búsqueda de
explicaciones anticipadas frente a la polémica que seguramente tendrá lugar
sobre el peligroso antecedente que aquél representa para la estabilidad de las
relaciones internacionales de Colombia.
Así, mientras en
unas partes de la providencia se habla de que el control asumido se refiere
únicamente a los tratados "sui generis", que son, según ella,
"los relativos a los derechos humanos de las personas residentes en
Colombia" (incluyendo con carácter "singular" el Concordato), en
otras se dice que todo tratado debe estar sujeto a la Constitución y que el
control judicial correspondiente podrá ejercerse en cualquier tiempo, es decir,
que no hay tal excepción tan sólo aplicable a los tratados "sui
generis".
Dicha sea de paso,
ignoro si el criterio aquí usado para que la Corte se haya tomado la
competencia con el fin de declarar inexequibles varias normas del Concordato
aprobado mediante la Ley 20 de 1974 será el mismo que aplique en el futuro
respecto de los demás tratados sobre derechos humanos que, a la luz de la
Constitución, prevalecen en el orden interno (artículo 93 C.N.) y no pueden
suspenderse ni siquiera durante los estados de excepción (artículo 214-2 C.N.).
15. Finalmente, la
decisión de la Corte, por fuera de sus competencias, implica que un organismo
perteneciente a la Rama Judicial asume en la práctica el ejercicio de
atribuciones constitucionales que son propias del Presidente de la República en
cuanto al manejo de las relaciones exteriores (artículo 189, numeral 2º de la
Constitución Política).
En síntesis, una
interpretación sistemática de los preceptos constitucionales en vigor y de los
principios del Derecho Internacional ha debido conducir a un fallo inhibitorio
de esta Corte por carecer de competencia para resolver acerca de las demandas
incoadas.
16. Aparte del tema
central de este salvamento, cual es el relativo a la competencia de la
Corporación, resulta necesario que el suscrito Magistrado deje consignada una
vez más su preocupación por la tendencia que vienen mostrando las sentencias de
la Corte en el sentido de incluir -a cada paso ocurre con los artículos del
Concordato- expresiones, mandatos y admoniciones que serían más propias del
legislador que del juez. Tal es el caso de la extensión de disposiciones en
materia tributaria, que se hace en cuanto al artículo XXIV del Concordato,
declarado exequible, en los siguientes términos: "...mas con el propósito
de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha entenderse
extendido tal beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reunan los
requisitos antes indicados". Con ello, la Corte asume funciones confiadas
por la Constitución Política al Congreso.
Tampoco son de
recibo los consejos o recomendaciones al Gobierno, como cuando en la página 131
de la sentencia se dice que el Ejecutivo "...estaría conminado a acudir a
los conductos regulares, para, según un procedimiento de orden jurídico-internacional,
desatar en ese ámbito el vínculo, procediendo a denunciar el Tratado",
pues la apreciación sobre la oportunidad y conveniencia de hacerlo corresponde
tan solo al Jefe del Estado.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Auto No. 005/93
NULIDAD PROCESAL-Solicitud Extemporánea
La solicitud de
nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo procede antes de
proferido el fallo. En el presente caso, la petición fue presentada el 12 de
marzo de 1993, cuando la sentencia había sido pronunciada el 5 de febrero de
1993. Por lo anterior, es clara la improcedencia de la solicitud de nulidad,
por ser abiertamente extemporánea.
SALA PLENA
REF: Nulidad
Actor: Germán
Cavelier Gaviria
Solicitud de
nulidad del proceso radicado bajo el Nº D-018/116/136 (acumulados), relativo a
las demandas de inconstitucionalidad instauradas contra la Ley 20 de 1974
"por la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo Final entre la
República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de
1973"
Magistrado
Ponente:
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., mayo veinte (20)
de 1993
Aprobado por Acta Nº 36
I. ANTECEDENTES
1. El ciudadano Germán Cavelier Gaviria
solicita, en escrito presentado el 12 de marzo del año en curso, la
declaratoria de "nulidad del proceso en referencia - demandas de
inconstitucionalidad Nº 018, 116 y 136, acumuladas, contra la Ley 20 de 1974,
por la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo Final entre la República de
Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de junio de 1973 - desde
el auto admisorio de las demandas hasta, inclusive, la sentencia Nº C-027
pronunciada por esa Honorable Corte el cinco (5) de febrero de mil novecientos
noventa y tres (1993), por haber incurrido en la causal de nulidad del inciso
segundo del artículo 49 del Decteo 2067 de 1991 que contiene el Régimen
Procedimental de esa Honorable Corte".
2.- El actor invoca la causal de nulidad
consagrada en el inciso segundo del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, con
fundamento en los siguientes argumentos:
a.    Los
estados parte de la Convención de Viena de 1969, sobre derecho de los tratados,
decidieron otorgar la competencia para declarar la nulidad o terminación de un
tratado únicamente al Jefe de Estado o de Gobierno, al Ministro de Relaciones
Exteriores o a un apoderado con plenos poderes.
b.    Desde
la entrada en vigencia de dicha convención para Colombia - 10 de mayo de 1985
-, solamente el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y
del Gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores o un plenipotenciario
debidamente acreditado y apoderado por el Jefe de Estado, tienen competencia
para declarar a la otra parte de un tratado, su nulidad o terminación, parcial
o total.
c.    La
Corte Constitucional admitió las demandas D-018, D-116 y D-136, encaminadas a
la declaratoria de inconstitucional de un tratado internacional como lo es el
Concordato, así como su ley aprobatoria.
d.    La
admisión de dichas demandas por parte de la Corte Constitucional origina desde
ese momento la nulidad de todos los procesos, pues carecía de competencia para
ello, según lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la Convención de
Viena.
e.    La
Corte Constitucional, además, desconoció las peticiones de nulidad presentadas
por la Conferencia Episcopal de Colombia en sus escritos del quince (15) de
julio y del veintinueve (29) de septiembre de 1992, sobre las cuales nada
resolvió.
f.     La
Corte, en sentencia del 5 de febrero de 1993, declaró la inconstitucionalidad
total o parcial de varios artículos del Concordato, lo que equivale a la
suspensión, nulidad o terminación de los efectos de parte de un tratado,
decisión para la cual carecía de absoluta competencia.
g.    La
Constitución de 1991 no atribuyó a la Corte Constitucional la competencia para
modificar, alterar o dejar de aplicar las normas de un tratado perfeccionado
como lo es la Convención de Viena.
3.- En escrito presentado el 4 de mayo de
los corrientes el actor reitera su solicitud de nulidad, en apoyo de lo cual
anexa una copia del auto del 21 de abril, dictado en el expediente D-241, según
el cual, afirma el petente, la Corte declara su incompetencia para conocer de
demandas de inconstitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados públicos y
de los tratados perfeccionados antes de la vigencia de la Constitución de 1991.
II. FUNDAMENTOS
En relación con los
anteriores argumentos, esta Corte considera:
a.- En la
providencia de Sala Plena del 21 de abril del año en curso, a la cual se
refiere el actor en su segundo escrito, no se afirma lo expresado por el
petente. En ella la Corte señala que el Acta de Barahona no constituye un
Tratado Internacional, pues se trata de un acuerdo que no comporta obligaciones
jurídicas. La Corte, en dicha oportunidad afirmó: "...Cabe advertir que
en esta oportunidad no es del caso realizar ningún análisis acerca de la
viabilidad de la competencia de la Corte Constitucional sobre Tratados
Internacionales celebrados por Colombia con anterioridad a la promulgación de
la Constitución de 1991, a fin de determinar o no la procedencia de la acción
pública ciudadana contra los mismos, pues en este caso concreto se está en
presencia de un acto que -como el Acta de Barahona, de fecha cinco (5) de
diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991)-, es posterior a la vigencia
de la misma Constitución y no se refiere a Tratados perfeccionados con
anterioridad, cuya definición deberá ser adoptada en su momento
correspondiente".
b.- El argumento según el cual la Corte
Constitucional desconoció dos peticiones de nulidad presentadas por la
Conferencia Episcopal de Colombia durante el trámite del proceso, carece de
toda validez. La Conferencia Episcopal de Colombia presentó tres escritos dentro
del proceso D-018, D-116 y D-136 (acumulados), fechados el 29 de septiembre, 15
de julio y 4 de agosto, respectivamente, en los cuales se formularon diversas
peticiones. Sin embargo, en ninguno de dichos escritos se solicitó la
declaratoria de nulidad del proceso. Se agrega a lo anterior que el artículo 49
del Decreto 2067 de 1991 establece que sólo las irregularidades que impliquen
violación del debido proceso podrán servir de base para la anulación del
proceso. Del estudio de los citados negocios no se infiere ninguna violación de
este tipo. Por el contrario, el trámite que se siguió se sujetó estrictamente
al procedimiento establecido en el artículo 242 CP y en el Decreto 2067 de
1991. En todo caso, esta Corte, en la referida sentencia del 5 de febrero,
resolvió acerca de la competencia de la misma para conocer de las demandas
contra la Ley 20 de 1974.
c.- La solicitud de nulidad de los
procesos ante la Corte Constitucional sólo procede antes de proferido el fallo,
tal como lo señala el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991. En el presente
caso, la petición fue presentada el 12 de marzo de 1993, cuando la sentencia
había sido pronunciada el 5 de febrero de 1993. Por lo anterior, es clara la
improcedencia de la solicitud de nulidad, por ser abiertamente extemporánea.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional
R E S U E L V E :
No acceder a la
solicitud de nulidad del proceso radicado bajo el número D-018, D-116 y D-136
(acumulados), relativo a las demandas de inconstitucionalidad instauradas
contra la Ley 20 de 1974 "por la cual se aprueba el Concordato y el
Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en
Bogotá el 12 de julio de 1973", presentada por el ciudadano Germán
Cavelier Gaviria.
Notifíquese, cúmplase y archívese el
expediente.
(Firmas nulidad Concordato)
HERNANDO HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA                              ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado                                                Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ                                   CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado                                                         Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA                                       FABIO
MORON DIAZ
Magistrado                                                                   Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto No. 005/93
NULIDAD PROCESAL-Solicitud Extemporánea
La solicitud de
nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo procede antes de
proferido el fallo. En el presente caso, la petición fue presentada el 12 de
marzo de 1993, cuando la sentencia había sido pronunciada el 5 de febrero de
1993. Por lo anterior, es clara la improcedencia de la solicitud de nulidad,
por ser abiertamente extemporánea.
SALA PLENA
REF: Nulidad
Actor: Germán
Cavelier Gaviria
Solicitud de
nulidad del proceso radicado bajo el Nº D-018/116/136 (acumulados), relativo a
las demandas de inconstitucionalidad instauradas contra la Ley 20 de 1974
"por la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo Final entre la
República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de
1973"
Magistrado
Ponente:
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., mayo veinte (20)
de 1993
Aprobado por Acta Nº 36
I. ANTECEDENTES
1. El ciudadano Germán Cavelier Gaviria
solicita, en escrito presentado el 12 de marzo del año en curso, la
declaratoria de "nulidad del proceso en referencia - demandas de
inconstitucionalidad Nº 018, 116 y 136, acumuladas, contra la Ley 20 de 1974,
por la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo Final entre la República de
Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de junio de 1973 - desde
el auto admisorio de las demandas hasta, inclusive, la sentencia Nº C-027
pronunciada por esa Honorable Corte el cinco (5) de febrero de mil novecientos
noventa y tres (1993), por haber incurrido en la causal de nulidad del inciso
segundo del artículo 49 del Decteo 2067 de 1991 que contiene el Régimen
Procedimental de esa Honorable Corte".
2.- El actor invoca la causal de nulidad
consagrada en el inciso segundo del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, con
fundamento en los siguientes argumentos:
a.    Los
estados parte de la Convención de Viena de 1969, sobre derecho de los tratados,
decidieron otorgar la competencia para declarar la nulidad o terminación de un
tratado únicamente al Jefe de Estado o de Gobierno, al Ministro de Relaciones
Exteriores o a un apoderado con plenos poderes.
b.    Desde
la entrada en vigencia de dicha convención para Colombia - 10 de mayo de 1985
-, solamente el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y
del Gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores o un plenipotenciario
debidamente acreditado y apoderado por el Jefe de Estado, tienen competencia
para declarar a la otra parte de un tratado, su nulidad o terminación, parcial
o total.
c.    La
Corte Constitucional admitió las demandas D-018, D-116 y D-136, encaminadas a
la declaratoria de inconstitucional de un tratado internacional como lo es el
Concordato, así como su ley aprobatoria.
d.    La
admisión de dichas demandas por parte de la Corte Constitucional origina desde
ese momento la nulidad de todos los procesos, pues carecía de competencia para
ello, según lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la Convención de
Viena.
e.    La
Corte Constitucional, además, desconoció las peticiones de nulidad presentadas
por la Conferencia Episcopal de Colombia en sus escritos del quince (15) de
julio y del veintinueve (29) de septiembre de 1992, sobre las cuales nada
resolvió.
f.     La
Corte, en sentencia del 5 de febrero de 1993, declaró la inconstitucionalidad
total o parcial de varios artículos del Concordato, lo que equivale a la
suspensión, nulidad o terminación de los efectos de parte de un tratado,
decisión para la cual carecía de absoluta competencia.
g.    La
Constitución de 1991 no atribuyó a la Corte Constitucional la competencia para
modificar, alterar o dejar de aplicar las normas de un tratado perfeccionado
como lo es la Convención de Viena.
3.- En escrito presentado el 4 de mayo de
los corrientes el actor reitera su solicitud de nulidad, en apoyo de lo cual
anexa una copia del auto del 21 de abril, dictado en el expediente D-241, según
el cual, afirma el petente, la Corte declara su incompetencia para conocer de
demandas de inconstitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados públicos y
de los tratados perfeccionados antes de la vigencia de la Constitución de 1991.
II. FUNDAMENTOS
En relación con los
anteriores argumentos, esta Corte considera:
a.- En la
providencia de Sala Plena del 21 de abril del año en curso, a la cual se
refiere el actor en su segundo escrito, no se afirma lo expresado por el
petente. En ella la Corte señala que el Acta de Barahona no constituye un
Tratado Internacional, pues se trata de un acuerdo que no comporta obligaciones
jurídicas. La Corte, en dicha oportunidad afirmó: "...Cabe advertir que
en esta oportunidad no es del caso realizar ningún análisis acerca de la
viabilidad de la competencia de la Corte Constitucional sobre Tratados
Internacionales celebrados por Colombia con anterioridad a la promulgación de
la Constitución de 1991, a fin de determinar o no la procedencia de la acción
pública ciudadana contra los mismos, pues en este caso concreto se está en
presencia de un acto que -como el Acta de Barahona, de fecha cinco (5) de
diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991)-, es posterior a la vigencia
de la misma Constitución y no se refiere a Tratados perfeccionados con
anterioridad, cuya definición deberá ser adoptada en su momento
correspondiente".
b.- El argumento según el cual la Corte
Constitucional desconoció dos peticiones de nulidad presentadas por la
Conferencia Episcopal de Colombia durante el trámite del proceso, carece de
toda validez. La Conferencia Episcopal de Colombia presentó tres escritos
dentro del proceso D-018, D-116 y D-136 (acumulados), fechados el 29 de
septiembre, 15 de julio y 4 de agosto, respectivamente, en los cuales se
formularon diversas peticiones. Sin embargo, en ninguno de dichos escritos se
solicitó la declaratoria de nulidad del proceso. Se agrega a lo anterior que el
artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 establece que sólo las irregularidades que
impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para la anulación
del proceso. Del estudio de los citados negocios no se infiere ninguna
violación de este tipo. Por el contrario, el trámite que se siguió se sujetó
estrictamente al procedimiento establecido en el artículo 242 CP y en el
Decreto 2067 de 1991. En todo caso, esta Corte, en la referida sentencia del 5
de febrero, resolvió acerca de la competencia de la misma para conocer de las
demandas contra la Ley 20 de 1974.
c.- La solicitud de nulidad de los procesos
ante la Corte Constitucional sólo procede antes de proferido el fallo, tal como
lo señala el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991. En el presente caso, la
petición fue presentada el 12 de marzo de 1993, cuando la sentencia había sido
pronunciada el 5 de febrero de 1993. Por lo anterior, es clara la improcedencia
de la solicitud de nulidad, por ser abiertamente extemporánea.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional
R E S U E L V E :
No acceder a la
solicitud de nulidad del proceso radicado bajo el número D-018, D-116 y D-136
(acumulados), relativo a las demandas de inconstitucionalidad instauradas
contra la Ley 20 de 1974 "por la cual se aprueba el Concordato y el
Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en
Bogotá el 12 de julio de 1973", presentada por el ciudadano Germán
Cavelier Gaviria.
Notifíquese, cúmplase y archívese el
expediente.
(Firmas nulidad Concordato)
HERNANDO HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA                              ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado                                                Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ                                   CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado                                                         Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA                                       FABIO
MORON DIAZ
Magistrado                                                                   Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
I El
control de constitucionalidad de los Tratados Públicos y de sus Leyes
Aprobatorias en las Constituciones de 1886 y 1991.
[1]              Al respecto, el Artículo 11 de la Convención de
Viena, atinente a las formas de              manifestación del
consentimiento en obligarse por un tratado
dispone: "El consentimiento de un Estado en
obligarse por un Tratado podrá manifestarse           mediante la firma, el
canje de instrumentos que constituyan un Tratdo, la ratificación, la     aceptación,
la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido."
[2]              Gaceta Constitucional No. 36, abril 4 de 1991, pp.15
[3]              Gaceta Constitucional No. 36, abril 4 de 1991, pp 19
[4]              Gaceta Constitucional No. 68, mayo 6 de 1991, pp 2 y
ss.
[5]              Gaceta Constitucional No.85, mayo 29 de 1991, p. 12
y ss
[6]              Gaceta Constitucional No. 85, mayo 29 de 1991, pp.13
y ss.
Exposición de motivos de marzo 6 de 1991.
[7]              Gaceta Constitucional No. 109, junio 27 de 1991, pp.
31
[8]              Gaceta Constitucional No. 112 , julio 3 de 1991, pp.
23
[9]              Gaceta Constitucional No. 113, julio 5 de 1991, pp.17
[10]            Gaceta Constitucional No. 114, julio 7 de 1991.
[11]            Gaceta Constitucional No. 53 de 18 de Abril de 1991,
p. 11
Gaceta Constitucional No. 62 de 29 de Abril de
l991, p. 7
Gaceta Constitucional No. 87 de 31 de Mayo de
1991, p.6
[12]            Gaceta Constitucional No. 94 de Junio 11 de l991, p.
10
[13]            ibidem; No se identifica a los Constituyentes por sus
nombres ya que desafortunadamente la     transcripción no  los discrimina, no
siendo posible tampoco acudir a la Gaceta
Constitucional ya que hasta la fecha
no se ha publicado la relación de debates
[14]            Gaceta Constitucional No. 112 de Julio 3 de l991, p.
13
[15]            Ibidem
[16]            RAFAEL NIETO NAVIA, "De la Nulidad de los
Tratados por violación del Derecho Interno de   los Estados en la Convención de
Viena de l969", en Revista Universitas,
No. 93, pp. 147-176.
[17]            Cfr. SUPRA Capítulo Primero, Sección Segunda,
Numeral 1.2
[18]            Aclaración de voto a las sentencias de septiembre 1 y
noviembre 3 de l983.
1983. Cit. SUPRA Nota 6.
[19]            Cfr. SUPRA Capítulo Primero, Sección Segunda.
[20]            Cfr. Convención de Viena, Parte II
[21]            Un caso  Colombiano  que  planteó  esta
problemática   es  el relacionado con el Decreto 1245 de             l969,
aprobatorio del Acuerdo de Cartagena, en el que la Corte Suprema de Justicia,
no        obstante considerar que ha debido someterse el Tratado a la
aprobación   del Congreso, en         sentencia de julio 26 de l971, M.P., José
Gabriel de la Vega, se abstuvo de  declarar  su inexequibilidad. G.J., Tomo
138, pp. 275 ss.
[22]            "Principios Generales de Derecho Internacional
Público", París, 1944,pp. 235 ss.
[23]            "Derecho Internacional Público", pp. 228 ss.
[24]            Cit. por EDMUNDO VARGAS CARREÑ     O, Ob. Cit., p. 259 ss.
[25]            Ob. Cit., p. 445 ss
[26]            Para una estudio detallado sobre  el desarrollo
histórico de
los artículos de  la  citada Convención sobre
Nulidad de los Tratados por violación  del                 Derecho  Interno
de  los Estados así como sobre el debate   doctrinario   sobre  el particular,     Cfr.
RAFAEL NIETO NAVIA, Cit. SUPRA  Nota 16 y MARCO GERARDO MONROY CABRA,
"Derecho de los             Tratados", Editorial Temis, l978.
II
Sobre el tema vease Corte Constitucional, sala Plena.  sentencia C-574 de 1992,
revisión oficiosa del Protocolo   adicional  a los Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales. (Protocolo I)
III            Corte
Constitucional -Sala Plena-, Sentencia C-004 de mayo siete de 1992, revisión
constitucional del decreto 333 de febrero 24 de 1992, "por el cual se
declara el Estado de Emergencia Social," pp. 15 a 18.
IV
Cfr. Corte Constitucional. despacho del H. Magistrado Ciro Angarita Barón
" El control de constitucionalidad de los tratados públicos y de sus leyes
aprobatorias en las constituciones de 1886 y 1991. Naturaleza, Contenido y
Alcance". Santa fe de Bogotá, Marzo 26 de 1992, S/P.
V
Para ilustración de la aplicación dada por esta Corte al referido postulado,
veánse por ejemplo, las sentencias C-587 de 1992 y C-019 de 1993 .
VI
Cfr. supra 1 pgs 91 a 114
VII
cfr. supra ibidem pg. 90.