T-842-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-842/11
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Fallecimiento de la persona en nombre de quien se
interpuso la tutela
JUEZ DE TUTELA-Supuestos
que debe distinguir cuando se ha verificado la existencia de un daño consumado
y conducta a seguir
El
juez constitucional no puede amparar una violación a los derechos fundamentales
como resultado de la consumación del daño, pues ello implicaría avalar
situaciones inconstitucionales para las personas, en la medida en que los mandatos
superiores quedarían simplemente en el papel. Lo antepuesto pugna con los
principios establecidos en la Carta Política que propenden por una sociedad
justa y por la eficacia del orden constitucional, tal como lo ordena su
artículo 2. De este modo, el juez de tutela cuenta con la obligación  de evitar
que estas situaciones se produzcan en el futuro, para esto le han sido
entregadas una serie de facultades que se basan en la justicia material y en la
promoción de los derechos humanos. Dicho de otra manera, se busca salvaguardar
la dimensión objetiva de las garantías fundamentales, las cuales adquieren la
composición ontológica de principios, que pretenden su cumplimiento como
mandatos de optimización, esto es, su concreción en la mayor medida de las
posibilidades fácticas y jurídicas
DERECHO A LA SALUD-Evolución jurisprudencial sobre su fundamentalidad
TRATAMIENTO MEDICO O MEDICAMENTO EXCLUIDO DEL POS-Ley 1438 de 2011 estableció plazo perentorio de 2 días
calendario para decidir la solicitud ordenada por médico tratante/TRATAMIENTO
MEDICO O MEDICAMENTO EXCLUIDO DEL POS-Requisitos establecidos por la Corte
Constitucional para solicitarlo mediante acción de tutela
TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON EL
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR TRASLADO EN AMBULANCIA
O SUBSIDIO DE TRANSPORTE, INCLUIDO EL ALOJAMIENTO-Requisitos
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA-Caso en que Humanavivir impuso barreras
administrativas para el suministro de medicamento y transporte del paciente,
quien falleció
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR FALLECIMIENTO DEL
PACIENTE-Se compulsan copias para que
se adelanten las acciones a que haya lugar sobre eventuales fallas en atención
en salud
Referencia: expediente T-3164153.
Acción de tutela instaurada por Brígida Suárez Gonzáles en
calidad de representante legal de Jorge Mario Bedoya Suárez  contra
Humanavivir EPS seccional Sucre.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C.,seis (6) de noviembre de dos mil once (2011)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Dentro del proceso de revisión del fallo emitido por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo-Sucre, en el trámite de la
acción de tutela incoada por la señora
Brígida Suárez Gonzáles en calidad de representante legal de Jorge Mario Bedoya
Suárez  contra  Humanavivir EPS seccional Sucre.
La solicitud de amparo se fundamentó en los
siguientes:
1.
Hechos
1.1
El
menor Jorge Mario Bedoya es una persona de 17 años de edad, residente de la
ciudad de Sincelejo Sucre, que se encuentra afiliado en calidad de beneficiario
a Humanavivir EPS en el régimen contributivo, al cual le fue diagnosticado artritis
rematoidea juvenil.
1.2
Como
resultado de esta patología, el joven presenta problemas en su movilidad que
han llevado a paralizarlo dependiendo de la temperatura del medio ambiente.
Manifestó la representante que, el estado de salud de su hijo dificulta su
desarrollo normal como un niño de su edad.
1.3
Adicionalmente,
señaló que en Sincelejo no existen los médicos, ni los laboratorios para tratar
la enfermedad que sufre Jorge Mario. De allí que, la EPS demandada ordenó
varias remisiones a las ciudades de Montería y Barranquilla, con el fin de que
le fueran practicados distintos exámenes.
1.4
Así
mismo aseveró la petente que, al observar que los procedimientos médicos
adelantados por la EPS no tenían ningún efecto sobre el estado de salud de su
hijo, le solicitó a la accionada que lo remitiera a la ciudad de Medellín para
que fuera tratada su enfermedad. Petición que no tuvo respuesta alguna por
parte de Humanavivir EPS, por lo que en octubre de 2009 se trasladó con Jorge
Mario al municipio referido con cargo a sus escasos recursos económicos.
1.5
Durante
noviembre de 2009 en Medellín los médicos le diagnosticaron a Jorge Mario
Bedoya Suárez artritis rematoidea juvenil, de modo que el tratamiento y
controles médicos de esta patología deben realizarse en la ciudad reseñada. De
esta manera, la representante se traslado nuevamente a la capital del
departamento de Antioquia en octubre de 2010 para que le realizaran los
controles de rigor a Jorge Mario. Al mismo tiempo, afirmó la tutelante que la
enfermedad que sufre su hijo, es catalogada como de alto costo. Por ende
recalcó que, con sus mínimos ingresos no puede cubrir los gastos del
padecimiento de su hijo, entre los que se incluyen el traslado y alojamiento en
la capital del departamento de Antioquia.
1.6
Luego,
el médico tratante, el doctor Ignacio Navarro (con especialidad en medicina
interna) le prescribió al joven la droga etanercept ampollas x 50 mg
cantidad 13. Por ende, el 6 de enero de 2011 la familia del paciente radicó
los documentos correspondientes para la entrega del medicamento ordenado .Sin
embargo, la demandada no se pronuncio sobre tal solicitud.
1.7
Como
consecuencia de ello, el 24 de febrero de 2011 la representante interpuso
derecho de petición con el propósito de solicitar por escrito la no
autorización del medicamento etanercept ampollas x 50. La EPS no entregó
la medicina, aduciendo que en el sistema no se encontraban drogas pendientes o
tramitadas durante el presente año.
1.8
Por
esta razón, la peticionaria suplica la protección de los derechos a la vida
digna, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud de Jorge
Mario Bedoya Suárez,  en consecuencia,  solicita que se ordene a Humanavivir
E.P.S que autorice la entrega de la droga etanercept ampollas x 50 mg
cantidad 13. De igual manera, pretende que la demandada otorgue un subsidio
de transporte y alojamiento para ella y su hijo en la ciudad de Medellín, lugar
del tratamiento de la enfermad artrosis rematoidea juvenil.
2.
Intervención de la parte demandada
Linda
Karyme Rubio Correa,
apoderada judicial de Humana vivir S.A. EPS, se opuso a las pretensiones de la
tutela apoyándose en los siguientes argumentos:
§
Con
base en la jurisprudencia de esta Corporación[1]
manifestó que, “si la persona afectada en su salud no puede acceder a algún
servicio expresamente excluido, de índole meramente económico o logístico, son
los parientes cercanos del afectado, en aras del PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD,  a
los que se les debe exigir el cumplimiento de este deber, y que, en tal virtud,
deben acudir a suministrar lo que el paciente requiere y que su capacidad
económica no le permite”.
§
Así
mismo, recalcó la representante de la demandada que, no reconocer los gastos de
traslado del paciente de su residencia al lugar en el que autorizó realizar el
procedimiento quirúrgico o tratamiento médico, no constituye vulneración al derecho
a la salud, en razón a que estos pueden ser asumidos por el paciente o su
familia, conforme al principio de solidaridad social previsto en la
Constitución Política de 1991.
§
De
otro lado, consideró que en la acción de tutela se solicitó un tratamiento
integral para Jorge Mario Bedoya, petición improcedente en su sentir, toda vez
que versa sobre servicios que no se han sido determinado por los médicos. Así,
al juez constitucional le esta vedado amparar hechos futuros e inciertos como
los que pretende la accionante. En este punto cita in-extenso la
jurisprudencia de la Corte[2].
§
Con
relación al medicamento etanercept X50 Mg, el cual se encuentra excluido
del plan obligatorio de salud, informó la representante de la EPS que el Comité
Técnico Científico negó la entrega de la medicina, en razón a que no se
agotaron los procedimientos y medicamentos incluidos en el POS. Igualmente,
para este ente la solicitud careció de justificación médica.
§
Por
lo anterior, la accionada pide no acceder a las pretensiones de la tutela, y
subsidiariamente, en caso de que el fallo le sea adverso, solicita  autorizar
el recobro ante el FOSYGA de los valores pagados que excedan sus
obligaciones legales, en los que se incurra en el tratamiento de la enfermedad
que padece Jorge Mario Bedoya.
3.
Del fallo de tutela
3.1.
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Sincelejo, en sentencia proferida el 16 de mayo de
2011, decidió negar el amparo, por considerar que la petente no le dio la
posibilidad a los médicos adscritos a la EPS Humanavivir de que valoraran a su
hijo, para que determinaran si se autorizaba la remisión a la ciudad de
Medellín, con el fin de continuar con el tratamiento de su enfermedad. Con esta
lógica, el a-quo reprochó que la señora Suárez haya trasladado a Jorge
Mario Bedoya a la capital del departamento de Antioquia,  sin consultarle a la
EPS, para luego solicitarle su transito a este municipio sin que el menor haya
pasado por el estudio médico de la accionada. Así, arguyó que lo procedente en
este caso es que la demandada establezca la remisión del paciente con
fundamento en el estudio médico que adelante su personal de salud.
En
este orden de ideas, el juez de primera instancia conminó a Humanavivir EPS
para que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del
fallo, decida si “autoriza [que el] menor Jorge Mario Bedoya Suárez siga con
el tratamiento y los medicamentos ordenados por los médicos de la ciudad de
Medellín, o si por el contrario lo somete a valoración por los especialistas en
la ciudad que ellos indiquen con el objetivo de preservarle la salud”.
3.2.
Este fallo no
fue impugnado por alguna de las partes, razón por la cual se remitió el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4.
Pruebas relevantes que
reposan en el expediente
4.1.
La
parte accionante allegó al proceso las siguientes pruebas:
§  Copia de la orden médica, en la cual se prescribe al
paciente Jorge Mario Bedoya Suárez la droga etanercept ampollas x 50 mg
cantidad 13,  (Fl. 11 Cuaderno 2).
§  Copia de la radicación de la orden médica, en la cual
se prescribe al paciente Jorge Mario Bedoya Suárez la droga etanercept
ampollas x 50 mg cantidad 13,  (Fl. 11 Cuaderno 2).
§  Copia de la plantilla de solicitud de medicamentos no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, en la que se registra la medicina  etanercept
ampollas x 50 mg cantidad 13, (Fl. 12 Cuaderno 2).
§  Copia del derecho de petición presentado ante la EPS
Humanavivir, en el que se solicita por escrito la negación de la entrega de la
medicina  etanercept ampollas x 50 mg cantidad 13, (Fl. 9 Cuaderno 2).
§  Copia de la respuesta del derecho de petición de la
EPS Humanavivir, en el que negó la autorización y entrega del medicamento
medicina  etanercept ampollas x 50 mg cantidad 13, (Fl. 10 cuaderno 2).
§  Copia de la historia clínica de Jorge Mario Bedoya
Suárez (Fls. 13 – 87 Cuaderno 2)
§  Copia de los recetarios de medicamentos prescritos al
paciente Jorge Mario Bedoya Suárez en el Hospital Universitario San Vicente de
Paúl de Medellín (Fls. 88 – 95 Cuaderno 2)
§  Copia de las autorizaciones de ordenes de servicios
expedidas por Humanavivir EPS, para el paciente  (Fls. 97-101  Cuaderno 2)
§  Copia de comprobante de documento en trámite –tarjeta
de identidad- de Jorge Mario Bedoya Suárez (Fl. 7 Cuaderno 4).
§  Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Brígida
Mirella Suárez Gonzáles (Fl. 6 Cuaderno 4).
4.2.
La parte accionada no allegó pruebas al proceso.
4.3.
Pruebas Practicadas y otras actuaciones procesales realizadas en sede de
revisión.
4.4.
Mediante Auto del 20 de Julio de 2011, el despacho del Magistrado
sustanciador  intentó infructuosamente comunicarse con la señora Brígida Suárez
Gonzáles, con el objeto de establecer si Humanavivir EPS entregó el medicamento
Etanercept ampollas x 50 mg cantidad 13, el cual fue ordenado por el
médico tratante para el padecimiento del menor Jorge Mario Bedoya Suárez.
Igualmente, para determinar qué ordenes de traslado le concedió Humanavivir EPS
al paciente para el tratamiento de su enfermedad en otras ciudades diferentes a
Sincelejo-Sucre.  Sin embargo, el 21 de octubre de la anualidad en curso, el
mismo despacho logró entablar comunicación con el señor Orlando Ramón Bedoya
Gonzáles padre de Jorge Mario, quien informó que el menor falleció el 16 de
julio de 2011 en la ciudad de Barranquilla, como consecuencia de una
apendicitis. Sobre el particular, recalcó que su hijo solo fue trasladado a
Barranquilla cuando interpuso una querella ante la defensoría del pueblo por la
omisión de la accionada de no autorizar su remisión, a pesar de que esta fue
solicitada por los médicos que atendieron la urgencia de Jorge Mario Bedoya en la
Clínica de Sincelejo.
Adicionalmente, manifestó el
señor Bedoya que Humanavivir nunca entregó la medicina etanercept ampollas
x50 mg cantidad 13 al paciente o a un miembro de su familia. De la misma
manera, notificó que la demandada no realizó la valoración que ordenó el juez
de primera instancia, con la que se debía decidir si se remitía al paciente a
la ciudad de Medellín.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
1.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir
sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
2.
En
el presente asunto le hubiera correspondido a la Sala establecer si Humanavivir
E.P.S. vulneró los derechos fundamentales de Jorge Mario Bedoya Suárez a la
vida digna, a la integridad física, a la seguridad social y la salud,  al negar
la autorización, por una parte, de la entrega del medicamento etanercept
ampollas x50 mg cantidad 13, por otra el pago de los gastos de traslado y
estadía del paciente y un acompañante, desde su vivienda a la ciudad de
Medellín, lugar en el cual se llevaría a cabo la práctica del procedimiento médico.
No obstante, dado el fallecimiento del menor, el problema jurídico en esta
causa versará sobre la configuración de la carencia de objeto en el proceso.
Para resolver el interrogante jurídico planteado, la
Sala reiterará y armonizará su jurisprudencia sobre: i) carencia de objeto por
daño consumado; ii) la protección constitucional del derecho fundamental a la
salud, y el  procedimiento para un medicamento NO-POS; iii) el transporte en el
sistema de salud; y iv)  el caso en concreto.
Dado
que el problema jurídico que plantea la presente acción de tutela ya ha sido
objeto de otros pronunciamientos por parte de esta Corporación, la Sala de
Revisión reiterará lo dis­pues­to por la jurisprudencia sobre la materia. Por
tal razón, el presente fallo será motivado brevemente.[3]
Carencia de objeto por daño consumado. Reiteración de
Jurisprudencia
3.
El elemento
teleológico de la acción de tutela se concreta en garantizar la protección de
los derechos fundamentales. Entonces, la materia del amparo constitucional, “se
extingue en el momento en el cual la vulneración o amenaza cesa porque ha
tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción
del derecho o la inocuidad de las pretensiones”[4].
Este evento se conoce conceptualmente como la carencia de objeto, la cual tiene
como principal característica que la posible orden del juez constitucional, es
inocua para el caso concreto respecto a lo solicitado por el tutelante, es
decir, no tendría efecto alguno y “caería en el vacío”[5]. “[E]ste fenómeno
puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias
distintas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado”[6].
3.1 En esta lógica, cuando acaece la
carencia actual de objeto por hecho superado, en el interregno de la
presentación de la acción de tutela y la decisión de la misma, “no es
perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de
Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo
puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia
de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De
otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia
judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento
del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[7].
3.2.
De otro lado, esta Corporación ha sostenido que se presenta un daño consumado,
bajo el supuesto en que a pesar de que cesó la causa que generó la afectación a
los derechos fundamentales, ésta ha producido o “consumado”[8] un perjuicio. Como
consecuencia de ello, la acción de tutela pierde su función principal como
mecanismo de protección judicial, puesto que cualquier decisión que el juez de
tutela considere no puede restablecer el goce de los derechos fundamentales[9] del petente.
Así,
frente al fenómeno de la carencia actual de objeto por daño consumado la Corte
ha indicado que el mismo “supone que no se reparó la vulneración del
derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado
el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela. En estos casos
resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como en sede de
Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la
demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe informar al
demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas de toda
índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como disponer
la orden consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades que
considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u
omisión causó el mencionado daño. En algunos casos, en los que se ha
configurado carencia de objeto por daño consumado, la Corte Constitucional ha
dispuesto la imposición de sanciones a los demandados cuya conducta culminó con
la vulneración de los derechos fundamentales, de la cual a su vez se derivó el
daño”[10].
3.3.
En suma, conforme con el
precedente de este Tribunal se pueden extraer las siguientes reglas
jurisprudenciales, que asignan la función al juez constitucional de aplicarlas
en sus providencias cuando se configura la carencia de objeto por daño
consumado[11]:
(i)
Decidir de fondo en la parte
resolutiva de la sentencia sobre la configuración del daño consumado lo que
supone un análisis y determinación sobre la ocurrencia o no de una vulneración
de derechos fundamentales.[12]
(ii)
Realizar una advertencia “a la
autoridad pública [o particular] para que en ningún caso vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela (…)” de
acuerdo con el artículo 24 del decreto 2591 de 1991[13].
(iii)
Si lo considera necesario
dependiendo del caso concreto, ordenar compulsar copias del expediente de
tutela a las autoridades correspondientes con el fin de que investiguen y
sancionen la conducta que produjo el daño[14].
(iv)
Informar al demandante y/o sus
familiares de las acciones jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico que
pueden utilizar para la obtener la reparación del daño[15].
(v)
Incluso, en la sentencia T-576 de
2008, “en la cual se conoció de la muerte de un niño como consecuencia de la
falta de atención médica, se resolvió proteger la dimensión objetiva de los
derechos fundamentales en vista de que no resultaba posible amparar su
dimensión subjetiva debido a la configuración de la carencia actual de objeto
por daño consumado durante el trámite de la primera instancia. Por tanto, la
Sala de Revisión no se limitó a compulsar copias de expediente a las
autoridades pertinentes y advertir a la madre del niño sobre las acciones
jurídicas respectivas para resarcir el daño, sino que, para proteger la
dimensión objetiva del derecho fundamental que encontró vulnerado, ordenó a la
EPS demandada (i) colgar una placa en lugar destacado y visible a la entrada de
todas sus Clínicas en las que resalte de manera clara y expresa su obligación
de proteger en todo momento los derechos constitucionales fundamentales de
niñas y niños, (ii) crear un sistema para financiar una beca anual por el lapso
de diez años que beneficie la investigación de algún profesional de la medicina
del país, sobre temas relacionados con urgencias infantiles, (iii) establecer un Protocolo para la Atención de
Urgencias Médicas en sus Clínicas orientado a fijar prioridades así como a
exigir efectividad, calidad y rapidez en la atención de los pacientes e
instruir respecto del mismo a todo su personal administrativo y médico, y (iv) publicar
en dos diarios de amplia circulación nacional un extracto de la sentencia”[16].
3.4.
En efecto, el juez constitucional
no puede amparar una violación a los derechos fundamentales como resultado de
la consumación del daño, pues ello implicaría avalar situaciones
inconstitucionales para las personas, en la medida en que los mandatos
superiores quedarían simplemente en el papel. Lo antepuesto pugna con los
principios establecidos en la Carta Política que propenden por una sociedad
justa y por la eficacia del orden constitucional, tal como lo ordena su
artículo 2. De este modo, el juez de tutela cuenta con la obligación  de evitar
que estas situaciones se produzcan en el futuro, para esto le han sido
entregadas una serie de facultades que se basan en la justicia material y en la
promoción de los derechos humanos. Dicho de otra manera, se busca salvaguardar
la dimensión objetiva de las garantías fundamentales, las cuales adquieren la
composición ontológica de principios, que pretenden su cumplimiento como
mandatos de optimización, esto es, su concreción en la mayor medida de las
posibilidades fácticas y jurídicas[17].
La protección constitucional del derecho fundamental
a la salud. Reiteración Jurisprudencial y el  procedimiento para un medicamento
NO-POS
4.
El precedente
de la Corte ha sido uniforme en reiterar que el derecho a la salud, ostenta la
naturaleza de fundamental per se[18].
Según ello, esta garantía ha sido definida como “la facultad que tiene
todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como
en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente
una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.”[19] Esta
concepción vincula el derecho  la salud con el principio de dignidad humana,
toda vez que “responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en
condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable
para el ejercicio de las demás garantías fundamentales[20]. De ahí que, el núcleo
esencial del derecho a la salud no solo obliga a resguardar la simple
existencia física del ser humano, sino que se extiende a los ámbitos psíquicos
y afectivos de la persona[21].
4.1.
La conceptualización de la fundamentabilidad del derecho a la salud ha
surgido con sustento en instrumentos internacionales que lo consideran como
elemento esencial e inherente de la persona. Estas normas forman parte del
bloque de constitucionalidad en estricto sentido[22], dentro de las cuales se
encuentran: i) El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
que afirma en su párrafo 1º que “toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios”; ii) El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales contiene una de las disposiciones más
completas y exhaustivas sobre el derecho a la salud. En su párrafo 1º determina
que los Estados partes reconocen: “el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental’, mientras que en el
párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas ‘medidas
que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad
de este derecho”;  iii)
la Observación No.
14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que “La
salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los
demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del
derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos
complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la
aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos”.   De lo anterior, en la sentencia
T-760 de 2008  se concluyó que el derecho a la salud, es de raigambre
fundamental de modo que cuenta con las garantías propias que el ordenamiento
constitucional le entregó a los derechos fundamentales, como su protección a
través del amparo consagrado en el articulo 86 de la Carta Política
4.2.
Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido la procedencia de la
acción de tutela de este derecho cuando se verifica alguno de los siguientes
puntos:  “(i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los
planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un
criterio estrictamente médico y, (ii) falta de reconocimiento de prestaciones
excluidas de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad
de garantizarlas de manera urgente, las personas no acceden a ellas a causa de
la incapacidad económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del
derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los planes
obligatorios.”[23]
4.3.
Ahora bien, en relación con los servicios de salud incluidos y no incluidos en
los planes obligatorios, este Tribunal Constitucional ha establecido un
criterio simple, que permite identificar la condición de fundamentabilidad
del derecho a la salud[24];
el cual se sintetiza en que las personas tienen derecho a que se les preste de
forma integral los servicios que requieran, conforme a la regulación
establecida y con indiferencia de la pertenencia  de los servicios al POS.[25]
4.4.
Así las cosas, con relación a los servicios no incluidos dentro del citado
esquema, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha depurado los criterios
de acceso a los mismos y ha dicho: “En adelante, para simplificar, se dirá
que una entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio
que no esté incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio
se requiera (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a
la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio;
(iii) con necesidad el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas
que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra
autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan
distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un
médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio
a quien está solicitándolo.”[26]
5.
En esta misma lógica, el legislador ha expedido una normatividad que busca
reforzar la protección del derecho a la salud con procedimientos ágiles ante la
propia EPS, por los que el paciente no tenga que acudir a la acción de tutela
para acceder a medicamentos que no estén consagrados en el POS. Por ende, se
pretende terminar con el viacrucis al cual se ven sometidos los usuarios del
servicio de salud, en el que las empresas promotoras han venido utilizando la
acción de tutela como una forma de dilatar el cumplimiento de los derechos
fundamentales. En tal sentido, se reconoce que existen muchos tratamientos,
medicamentos o procedimientos que se encuentran excluidos de los Planes
Obligatorios de Salud, pero que son necesarios para una satisfactoria
recuperación del doliente, esta es la razón por el que médico tratante los
ordena.
5.1.
Como consecuencia de su reconocimiento extra-normativo, los procedimientos
deben ser autorizados por el Comité Técnico Científico, cuando ello no sucede
el usuario acude a su exigencia por medio de la acción de tutela.  Con el
propósito de impedir dichas prácticas la ley 1438 de 2011[27] estableció un plazo
perentorio de 2 días calendario para que se decida la solicitud ordenada por el
médico tratante.  Al mismo tiempo, una vez el médico tratante prescriba la
medicina[28]
el usuario debe radicar la solicitud de entrega de medicamento NO-POS en el
referido comité acompañado de los siguientes documentos: i) formulario No-Pos
del medicamento; ii) Resumen de historia clínica;  iii) Formula del
Medicamento; iv) fotocopias del carnet de la EPS y el documento de identidad
correspondiente. Cumplidos estos pasos de no accederse a la solicitud el
usuario puede solicitar al juez constitucional que proteja sus derechos
fundamentales.
El transporte en el sistema de salud
6.
El acuerdo 008 de 2009 expedido por la Comisión de Regulación en Salud,
actualizó los Planes Obligatorios de Salud, conforme lo ordenó el numeral
décimo séptimo de la sentencia T-760 de 2008.   En materia de transporte tanto
en el régimen  subsidiado como en el contributivo dispuso, que  “se incluye
el transporte en ambulancia para el traslado entre las instituciones
prestadoras del servicio de salud dentro del territorio nacional de los
pacientes remitidos”[29],
y en un medio diferente a la ambulancia cuando el servicio que requiere el
paciente no esté disponible en el municipio de su residencia. Además, el
servicio de traslado cubrirá el medio adecuado y disponible en el contorno
geográfico en que se encuentre el paciente[30].
6.1.
Con anterioridad a esta normatividad, la Corte ya se había apoyado en el
principio constitucional de solidaridad, consagrado en el numeral 2º del
artículo 95 de la Constitución Política, para ordenar la financiación de los
gastos de desplazamiento y hospedaje de una persona para facilitarle el acceso
a los servicios de salud que requiriera. Este principio impone a toda persona
el deber de responder “…con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas”[31].
6.2. Sobre el tema, esta Corte ha calificado como de
carácter necesario el traslado además el alojamiento en el diagnóstico y
tratamiento a ciertas enfermedades; puesto que, “si bien el transporte y
hospedaje del paciente no son servicios médicos, en ciertos eventos el acceso
al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos
de desplazamiento y estadía en el lugar donde se le pueda prestar atención
médica. (…) Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras
y obstáculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que
requiere con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar
distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen
instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los
costos de dicho traslado”[32].
La jurisprudencia constitucional, ha señalado en
varias ocasiones “que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios
de salud que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los medios de
transporte y gastos de estadía para poder recibir la atención requerida[33]. Bajo la
vigencia del acuerdo 008 de 2009, esta Corporación ha destacado que la
obligación de asumir el transporte medicalizado o gastos de traslado para el
paciente con un acompañante y estadía de las mismas, corresponde a las
entidades promotoras de salud, en otras palabras, “nace para el Estado la
obligación de suministrarlos, sea directamente, o a través de la entidad
prestadora del servicio de salud (…) Para los efectos de la obligación que se
produce en cabeza del Estado, es indiferente que el afectado se encuentre en el
régimen contributivo o subsidiado”.[34]
6.3. En consecuencia, será procedente la acción de
amparo para solicitar el traslado en ambulancia o subsidio de transporte,
incluido el hospedaje para el paciente cuando se acredite: “(i) que
el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los
derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona[35];
(ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos
económicos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no
efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario.”[36]
6.4. Adicionalmente, ha definido la Corporación que
procede la tutela constitucional para garantizar el pago del traslado y estadía
del usuario  con un acompañante en aquellos casos en los que: “(i) el
paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii)
requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo
familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”[37].
Así
las cosas, “cuando se verifican los requisitos mencionados, el juez
constitucional debe ordenar el desplazamiento medicalizado o el  pago total del
valor de transporte y estadía para acceder a servicios médicos que no revistan
el carácter de urgencias médicas[38].
Seguidamente, la jurisprudencia constitucional ha vinculado el servicio de
transporte con el principio de integralidad en la medida que permite el acceso
adecuado e idóneo a la prestación de servicios médicos que buscan recuperar la
salud del paciente[39].
Caso
concreto
7. En el asunto
que ahora ocupa la atención de la Corte se discutiría si Humanavivir EPS
vulneró los derechos fundamentales del menor Jorge Mario Bedoya Suárez al negar
la autorización por una parte, de la entrega del medicamento etanercept
ampollas x 50 mg cantidad 13, por otra de los gastos de transporte y
alojamiento en la ciudad de Medellín, municipio en el que el paciente
adelantaría el tratamiento contra la enfermedad que padecía.
8.
Sin embargo, encuentra la Sala de Revisión que en el presente caso, como se
desprende del acervo probatorio, se configuró un daño consumado, en la medida
que la no prestación de ciertos servicios de salud, produjo un perjuicio,
materializado en la afectación irreversible de los derechos de salud, ya que el
menor pereció meses atrás. Así, el despacho del magistrado sustanciador se
comunicó con el señor Orlando Ramón Bedoya González, quien informó que su hijo
Jorge Mario Bedoya Suárez falleció el 16 de Julio de 2011, razón por la cual se
hace inocua cualquier orden encaminada a asegurar la entrega de la droga
requerida o la autorización del subsidio de transporte y alojamiento a la
ciudad de Medellín.
8.1. Por tal
motivo, la Sala declarará la carencia de objeto por daño consumado. Entonces,
no es posible defender el estatus constitucional o la dimensión subjetiva de
los derechos de Jorge Mario Bedoya, en la medida que está muerto. Aun así, como
se señaló en las reglas jurisprudenciales planteadas en la parte motiva de la
presente providencia, debido a la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales se impone la obligación al juez constitucional de no aceptar las
violaciones a los mismos, por lo que debe tomar medidas necesarias para que
ello no se repita (Supra 3.4). De ahí que,
en estos casos resulta perentorio que la Sala se pronuncie sobre la vulneración
de los derechos invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente,
dispondrá prevenir a la accionada con el fin de que no vuelva a incurrir en
actos dilatorios de la prestación del servicio de salud; así como determinará
compulsar copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a
investigar la conducta de la demandada (Supra 3.3).
9. En primer
lugar, se debe resaltar los inconvenientes en la prestación del servicio de
salud de la EPS accionada, que condujo a la afectación irreversible de los
derechos fundamentales del menor Jorge Mario Bedoya Suárez, puesto que esta se
produjo, como resultado de las tardías atenciones hospitalarias al petente y de
los traumatismos administrativos de la EPS, evidenciados en que:
i) Como
resultado de que el médico tratante (adscrito a la EPS) ordenó la medicina etanercept
ampollas para Jorge Mario, el tutelante y su familia radicaron el 6
de enero de 2011 los documentos requeridos para la autorización de los
medicamentos no contemplados en los Planes Obligatorios de Salud; a pesar de
esto la accionada no se pronunció sobre esta solicitud, ni entregó la droga
prescrita por el profesional de la salud (Fl. 11 y 12 Cuaderno 2). Luego, la
señora Brígida Suárez el 24 de febrero de 2011 interpuso derecho de petición
con el propósito de solicitar por escrito la  negación de la entrega de los
medicamentos, postulación que fue contestada el 3 de marzo de la misma
anualidad afirmando que en el sistema no aparecía radicada una solicitud de
medicamentos pendientes (Fl. 10 Cuaderno 2). Vale decir que, el Comité Técnico
Científico hasta este punto no se había pronunciado sobre la petición de
medicamentos No-POS; por ende, la EPS no siguió el trámite señalado en la ley
para aprobar o negar esta clase de procedimientos. Incluso no cumplió con el
terminó legal de 2 días establecido en el artículo 26 de la ley 1438 de
2011para responder esta clase de solicitudes.
Posteriormente,
en la contestación de la acción de tutela aseveró el representante legal de la
EPS que el motivo por el que se negó la medicina etanercept ampollas se
reduce a que el Comité Técnico Científico consideró que no se agotaron “los
procedimientos y los medicamentos incluidos en el Pos, igualmente falta las
justificaciones médicas del caso”. Con ello, se soslayó que el propio
médico tratante adscrito a la EPS Humanavivir, el doctor Jorge Navarro (con
especialidad en medicina interna) prescribió la droga al paciente Jorge Mario,
señalando que el medicamento no tiene homólogo en el POS (Fl. 12 Cuaderno 2).
Es de resaltar que la medicina solicitada en esta acción de tutela nunca fue
entregada al paciente o su familia.
Adicionalmente,
ii) la EPS omitió el cumplimiento de una orden perentoria del juez de primera
instancia de decidir “si autoriza que el menor Jorge Mario Bedoya Suárez
siga con el tratamiento y los medicamentos ordenados por los médicos de la
ciudad de Medellín, o si por el contrario lo somete a valoración por los
especialistas en la ciudad que ellos indiquen con el objetivo de preservarle la
salud, para lo cual cuenta con un término de cuarenta y ocho (48) contadas a
partir de la notificación de esta sentencia”. Tal incumplimiento fue
señalado por el padre del menor fallecido, quien comunicó al despacho del
Magistrado Sustanciador que la EPS ni autorizó el tratamiento a la ciudad de
Medellín, ni le practicó valoración médica alguna a Jorge Mario con el fin de
preservarle su salud.
En síntesis,
estas actuaciones muestran las barreras administrativas que Humananavivir EPS
impuso para la prestación integral del servicio de salud a Jorge Bedoya Suárez,
de allí que, se vulnerara su derecho a la salud de forma irreversible. Por lo
tanto, se prevendrá a la demandada para que no vuelva a incurrir en estos
hechos dilatorios de la atención medica hospitalaria, ni a omitir las ordenes
de los jueces de tutela. Equivalentemente, por las mismas actuaciones, se
dispondrá para que la Sala compulse copias del expediente de tutela a la
Superintendencia Nacional de Salud, para que en el ámbito de su competencia
investigue a la E.P.S Humanavivir, imponiendo de ser el caso, las sanciones a
que haya lugar. Lo anterior, no es óbice para que los familiares del
representado emprendan las correspondientes acciones ordinarias que tengan por
objeto alguna forma de reparación.
10. En
segundo lugar, el señor Orlando Ramón Bedoya manifestó que su hijo fue
internado en la Clínica de Sincelejo como resultado de una apendicitis,  en el
referido centro de salud le solicitaron remitir al paciente a un Hospital de
mayor nivel en la ciudad de Barranquilla. No obstante, la EPS solo autorizó el
traslado requerido con una querella que interpuso el padre del menor ante la
Defensoría del Pueblo. Posteriormente, a la remisión del paciente el 16 de
julio de 2011 en la ciudad de Barranquilla falleció Jorge Mario Bedoya Suárez.
Las hechos
expuestos son suficientes para que la Sala compulse copias del expediente de
tutela a la Superintendencia Nacional de Salud, para que en el ámbito de su
competencia investigue a la E.P.S Humanavivir, con ocasión de las
circunstancias relativas al traslado que requería el paciente Jorge Mario
Bedoya Suárez de la Clínica de Sincelejo Sucre a un hospital de mayor nivel de
la ciudad Barranquilla, imponiendo de ser el caso, las sanciones a que haya
lugar. Lo anterior, no es óbice para que los familiares del representado
emprendan las correspondientes acciones ordinarias que tengan por objeto alguna
forma de reparación
11. Para la
Sala salta a la vista que, situaciones como estas ejemplifican la crisis de
nuestro sistema de salud, el cual se ha convertido en una forma de negar los
derechos fundamentales dilatando los tratamiento médicos, al mismo tiempo
subvirtiendo el orden constitucional que exige preservar la dignidad humana,
la prevalencia de las garantías supremas y la observancia de la justicia
material. De esta manera, los principios de solidaridad e integralidad
elementos de la dimensión objetiva del derecho a la salud no fueron respetados
por la EPS, pues no observó en su conducta los deberes emanados de estos
mandatos de optimización.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-  DECLARAR
la carencia actual de objeto por
existir daño consumado superado en relación con la solicitud de tutela
instaurada por  Brígida Suárez Gonzáles, como representante  de su hijo Jorge Mario Bedoya Suárez contra Humanavivir
E.P.S.
Segundo.- PREVENIR a la EPS Humanavivir E.P.S,
para que no vuelva a incurrir en actuaciones dilatorias injustificadas en los
trámites de autorización, en la prestación de procedimientos, o en las
omisiones a las órdenes de los jueces de tutela toda vez que, ello atenta
contra las garantías constitucionales de los usuarios y desconoce su obligación
de garantizar la prestación real, efectiva y oportuna de los servicios de
salud.
Tercero.-
A través de la secretaria de esta
Corporación, COMPULSAR copia del expediente de tutela a la
Superintendencia Nacional de Salud, para que en el ámbito de su competencia
investigue a la E.P.S Humanavivir, con ocasión de la demora presentada en la
prestación del servicio de salud, en la omisión a las ordenes de los jueces de
tutela, y en las circunstancias relativas al traslado que requería Jorge Mario
Bedoya Suárez de la Clínica de Sincelejo a un hospital de mayor nivel en la
ciudad de Barranquilla, imponiendo de ser el caso, las sanciones a que haya
lugar.
Cuarto.-   LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1]
Sentencia T-900 de 2002.
[2]
Sentencias T-627 de 2004 y T-647 de 2003.
[3]
Con base en lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se limiten a reiterar la
jurisprudencia pueden “ser brevemente justificadas”. Así lo ha hecho en
varias ocasiones, entre otras, en las sentencias T-481 de 2011 ,T-333 de 2009;
T-332 de 2009; T-808 de 2008;  T-784 de 2008; T-1032 de 2007; T-689 de 2006;
T-465A de 2006; T-810 de 2005; T-959 de 2004; T-392 de
2004; T-054 de 2002 y T-549 de 1995.
[4]
Sentencia T-963 de 2010 M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
[5] Sentencia T-309 de 2006, T.685 de 2010.
[6]
Sentencias  T-170 de 2009 M.P Humberto Antonio Sierra Porto;
T-495 de 2010 M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub ; y T-685 de 2010 MP: Humberto Antonio
Sierra Porto.
[7]
Sentencia T-685 de 2010 M.P: Humberto Antonio Sierra Porto
[8] Sentencia T-481 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[9]
Sentencias T-452/93 M.P: Jorge Arango Mejia; T-596/93 MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-124/98 MP: Alejandro Martínez Caballero; T-150/98
M.P: Alejandro Martínez Caballero; SU-747/98 M.P ; T-138/94 M.P Fabio Moron
Diaz; T- 012/95 M.P Vladimiro Naranjo Mesa; T-613/00  M.P  Alejandro Martínez
Caballero; T- 435/10 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
[10] Sentencia
T-170 de 2009 MP: Humberto
Antonio Sierra Porto
[11] Sentencia
T-963 de 2010 Humberto Sierra Porto
[12] Sentencias
T-803 de 2005, T-758 de 2003, T-873 de 2001, T-498 de 2000, SU-667 de 1998,
T-428 de 1998 y T-476 de 1995, entre otras.
[13] Sentencias T-803
de 2005, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995.
[14] Sentencias T-461
de 2011, T-808 de 2005, T-662 de 2005, T-980 de 2004, T-288 de 2004, T-496 de
2003 y SU-667 de 1998.
[15] Sentencias
T-170
de 2009 y T-576 de 2008.
[16] Sentencia T-963 de 2010
[17] Alexy, Robert.
Teoría de los Derechos Fundamentales. Editorial Centro
de Estudios Constitucionales de Madrid. Madrid, 1993. En palabras de Alexy,
este es el resultado de excluir los elementos subjetivos de la estructura de
los derechos humanos: (A) titular del derecho; (B) sujeto obligado; (C)
situación jurídica fundamental. En efecto, la dimensión objetiva de los
derechos humanos se concentra en el estudio de los mandatos de actuación de las
autoridades y los particulares, así como en el deber de protección a todos los
titulares de la Constitución, en otras palabras es la prescripción normativa
pura del contenido esencial del derecho.
[18]
Ver, entre otras, sentencias T-016 de 2007 M.P Humberto Antonio Sierra Porto;  T-173 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto; T-760 de 2008 MP: Manuel José
Cepeda Espinosa; T-820 de 2008 M.P Jaime Araújo Rentería; T-999 de 2008 M.P: Humberto Antonio Sierra Porto; T-931 de 2010 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; T-566 de 2010 MP; Luis Ernesto Vargas Silva, T-022 de 2011, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva y T-091 de 2011 M-P: Luis Ernesto Vargas Silva
[19]
Sentencias T-597 de 1993 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz;  T-454 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-566 de 2010 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[20]
Sentencias T-022 de 2011,  T-091 de 2011, T-481 de 2011  M.P Luis Ernesto
Vargas Silva.
[21]
Ibídem.
[22]
Sentencia T-685 de 2010 M.P: Humberto Antonio Sierra Porto.
[23] Sentencias T-999
de 2008 M.P Humberto Antonio Sierra Porto.; T-931 de 2010 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; T-022 de 2011
y T-091 de 2011 M.P Luis Ernesto
Vargas Silva.
[24] Sentencia
T-481 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Sentencia
T-760 de 2008 M.P Manuel José Cepeda Espinoza. “Al respecto dijo la Corte: en
la actualidad el acceso a los servicios depende, en primer lugar, de si el
servicio requerido está incluido en uno de los planes obligatorios de servicios
de salud a los cuales la persona tiene derecho. Así pues, dada la regulación
actual, los servicios que se requieran pueden ser de dos tipos: aquellos que están
incluidos dentro del plan obligatorio de salud (POS) y aquellos que no”.
[26] Sentencia
T-760 de 2008.
[27] ARTÍCULO
26. COMITÉ TÉCNICO-CIENTÍFICO DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. Para acceder a la provisión de servicios por condiciones
particulares, extraordinarios y que se requieren con necesidad, la prescripción
del profesional de la salud tratante deberá someterse al Comité
Técnico-Científico de la Entidad Promotora de Salud con autonomía de sus
miembros, que se pronunciará sobre la insuficiencia de las prestaciones
explícitas, la necesidad de la provisión de servicios extraordinarios, en un
plazo no superior a dos (2) días calendario desde la solicitud del concepto. Los
Comités Técnicos-Científicos deberán estar integrados o conformados por médicos
científicos y tratantes. Bajo ninguna circunstancia el personal administrativo
de las Entidades Promotoras de Salud integrará estos comités, así sean médicos.
PARÁGRAFO. La conformación de los Comités Técnico-Científicos debe
garantizar la interdisciplinariedad entre los pares especializados del
profesional de la salud tratante y la plena autonomía profesional en sus decisiones.
[28] Decreto
2200 de 2005 en el Artículo 17, se establece los requisitos de
la prescripción. Contenido de la prescripción. La
prescripción del medicamento deberá realizarse en un formato el cual debe
contener, como mínimo, los siguientes datos cuando estos apliquen: 1. Nombre
del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que prescribe,
dirección y número telefónico o dirección electrónica; 2. Lugar y fecha de la
prescripción; 3. Nombre del paciente y documento de identificación; 4. Número
de la historia clínica; 5. Tipo de usuario (contributivo, subsidiado,
particular, otro); 6. Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional (nombre genérico); 7. Concentración y forma farmacéutica; 8.
Vía de administración; 9. Dosis y frecuencia de administración; 10. Período de
duración del tratamiento; 11. Cantidad total de unidades farmacéuticas
requeridas para el tratamiento, en números y letras; 12. Indicaciones que a su juicio
considere el prescriptor; 13. Vigencia de la prescripción: 14. Nombre y firma
del prescriptor con su respectivo número de registro profesional.
[29]
Comisión de regulación en salud, Acuerdo 008 de 2009; artículo 33
[30]
Sentencia T-022 de 2011 y T-481 de 2011. M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[31]  Sentencia T-019
de 2010 M.P Juan Carlos Henao Perez.
[32]
Sentencia T-760 de 2008 M.P Manuel José Cepeda Espinoza, T-022 de 2011 y T-481
de 2011.
[33]
Sentencia T-350 de 2003 M.P Jaime Córdoba Triviño,  T-022
de 2011  y T-481 de 2011.
[34]
Sentencia T-019 de 2010  M.P Juan Carlos Henao Perez.
[35]
Sentencia T-550 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo.
[36]
Sentencias T-745 de 2009 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-365 de 2009 M.P: Mauricio González Cuervo; T-437 de 2010 M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-587 de 2010  M.P: Nilson
Pinilla Pinilla.y  T-022 de 2011  y T-481 de 2011 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
[37]
Sentencias T-246 de 2010 y  T-481 de 2011 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva..
[38] Sentencia
T-481 de 2011. En estos casos, sin importar la capacidad económica del
paciente, la EPS está obligada a cubrir el costo del traslado tal como lo
ordena, entre otras, la Resolución 52691 de 1994.
[39] Sentencia
T-481 de 2011