T-493-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-493/12
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Reiteración de jurisprudencia
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Procedencia de la acción de tutela como
mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población
desplazada
CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA
DECLARACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE MIEMBROS DE COMUNIDAD INDÍGENA-Auto 004/09
DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA-Condiciones para ser considerado como
una persona en esa situación
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Registro de las personas afectadas
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
POBLACION DESPLAZADA-Casos
en que resulta procedente/INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION
DESPLAZADA-Causales de exclusión/INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
POBLACION DESPLAZADA-Inscripción en el SISBEN en un municipio diferente al
de residencia no puede ser motivo suficiente para negar inscripción
La
inscripción en el SISBEN de un municipio diferente al de la residencia, según
la declaración de desplazamiento, no puede ser el único motivo para rechazar la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, ya que éste es sólo
un indicio que no es suficiente. Por consiguiente, el hecho de que una persona
aparezca en las bases de datos del régimen subsidiado en un municipio diferente
de aquél en el que dice haber sido desplazado no es motivo suficiente para
negar la inscripción, y en cambio, genera para la entidad competente la
obligación de analizar cuáles fueron las razones de su registro en el sistema
de salud. Se trata entonces, de sólo un elemento de juicio en la valoración de
la situación de desplazamiento forzado, y un elemento que no es suficiente para
desvirtuar las circunstancias de violencia que pudieron obligar al solicitante
a desplazarse de su lugar de residencia. Además hay que tener en cuenta que el
sistema de selección de beneficiarios de programas sociales (SISBEN) no es infalible,
y puede presentar fallas en su funcionamiento, recolección de la información, y
adecuación de las bases de datos. Las anteriores consideraciones conllevan a
concluir, una vez más, que la entidad no puede negar la inscripción basándose
en circunstancias ajenas a los elementos que integran la condición de
desplazado. Así, si la duda se sustenta en el lugar o en el sujeto perpetrador
del desplazamiento, es la entidad estatal quien debe motivar con suficiente
material probatorio la negativa de la inscripción, toda vez que el Estado debe
ser conciente de que existen factores marginales a la situación del conflicto
armado que inciden directamente en la generación del desplazamiento forzado, y
que, independientemente de la causa, constituyen una vulneración múltiple de
derechos humanos
Referencia: expediente T-3.380.073
Acción de Tutela instaurada por Leonel Queragama
Borocuara, contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional - Acción Social (hoy Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas).
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil doce (2012)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas
Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia de única
instancia proferida el 4 de octubre de 2011, por Juzgado Tercero (3) Laboral
del Circuito de Armenia, que denegó la acción de tutela interpuesta por el
accionante.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por
remisión del Juzgado Tercero (3) Laboral del Circuito de Armenia, en virtud de
lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección
No. Dos (2) de la Corte, eligió para efectos de su revisión el asunto de la
referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
Leonel Queragama Borocuara solicita al
juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna, a la igualdad, a la familia y a la protección especial de la población
desplazada, y pide que se dejen sin efectos las resoluciones que negaron su
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD, y se ordene a
Acción Social o a la entidad que haga sus veces su inclusión en el RUPD y la
entrega de la atención humanitaria de emergencia a favor de su núcleo familiar.
1.1.1.  Hechos y relato contenido en la demanda
1.1.1.1.      El actor afirma que su familia se compone de su
esposa, de 32 años de edad y de sus tres hijos menores de edad de 2, 4 y 7
años. Señala que vivían desde hace más de 28 años en el municipio de Pueblo
Rico, Risaralda, y que pertenecen a la etnia del pueblo Embera Chami adscrita
al Resguardo Unificado Chami sobre el Río San Juan del mencionado municipio. Su
actividad diaria era la agricultura con el cultivo de cacao, fríjol y plátano.
1.1.1.2.      Indica que la región donde vivía es zona roja, toda
vez que hay presencia de grupos al margen de la ley, como las FARC y el ELN,
los cuales patrullan uniformados con prendas militares y armas largas de fusil
y se presentan combates con miembros del Ejército Nacional.
1.1.1.3.      Afirma que un sobrino de él fue reclutado cuando tenía
9 años por las FARC- Frente Aurelio Rodríguez. Más tarde desertó de las filas y
regresó al resguardo donde vivió escondido en la casa del accionante con su
familia. No obstante, el grupo guerrillero inició una persecución con amenazas
de muerte  al actor, y una noche del año 2005, su sobrino fue sacado de su casa
amarrado y obligado a regresar a las filas. Posteriormente, las FARC les anunciaron
que su sobrino se encontraba muerto, pero nunca les entregaron el cuerpo.
1.1.1.4.      Aduce que acudió a las autoridades indígenas para que
se investigara la muerte de su sobrino, pero luego de la investigación no se
pudo establecer cuáles habían sido las causas y tampoco se halló el cuerpo. En
razón de esta búsqueda, las FARC visitó su casa y lo amenazó de muerte a cambio
de terminar con la investigación de su sobrino.
1.1.1.5.      Menciona que desde los hechos descritos, decidió
quedarse en su resguardo, debido a la seguridad que le prestaron las
autoridades indígenas, pero que en el mes de octubre de 2010, fue visitado de
nuevo por personas armadas que lo amenazaron de muerte si no salía de la región
con su familia. Por ese motivo, decidió huir con su familia para Armenia y
luego para Quimbaya en el Departamento del Quindío.
1.1.1.6.      Aclara que en el año 2004 estuvo administrando una
finca en Pereira, allí vivió con su familia por tres meses y su esposa dio a
luz a su hija de 7 años, por lo que ella fue atendida con la cobertura del
SISBEN. Luego de terminar el trabajo se devolvió a Pueblo Rico, Risaralda.
1.1.1.7.      El accionante declaró su desplazamiento forzado ante la
Procuraduría Regional de Armenia el 2 de noviembre de 2010. Dicha declaración
fue enviada a Acción Social –hoy Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, y mediante Resolución No.
63001903 de 26 de noviembre de 2010, esta entidad, denegó la inscripción del
actor y de su familia en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD-. La
entidad consideró que la declaración resultaba contraria a la verdad, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 11 del Decreto 2569 de
2000, toda vez que “se evidencian inconsistencias con relación al modo,
tiempo y lugar de residencia del grupo familiar en el municipio expulsor
desvirtuando la información registrada en la declaración y por ende el
principio constitucional de la buena fe”. La entidad señaló que el actor
faltaba a la verdad en su declaración porque él y su familia vivieron en
Pereira según el registro del FOSYGA y no en Pueblo Rico - Risaralda en la
época de los hechos.
1.1.1.8.      El accionante interpuso recurso de reposición y en
subsidio el de apelación contra la resolución que le negó la inscripción en el
RUPD. Mediante Resoluciones No. 63001008 de 31 de diciembre de 2010 y 03128 de
23 de mayo de 2011, Acción Social confirmó las razones sustentadas en que “su
declaración resulta contraria a la verdad” y negó su inscripción en el RUPD
como persona desplazada.
1.1.1.9.      El señor Queragama Borocuara interpuso acción de
tutela el 20 de septiembre de 2011 contra la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social – hoy Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-,
en la que solicita la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la vida digna, a la igualdad, a la familia y a la protección especial de la
población desplazada, y en consecuencia, se dejen sin efectos las resoluciones
que negaron su inscripción en el RUPD, y se ordene su inclusión en el registro
y la entrega de la atención humanitaria de emergencia a favor de su núcleo
familiar.
1.2.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia,
Quindío, mediante auto del 22 de septiembre de 2011, admitió la demanda y
concedió tres días a la entidad demandada para pronunciarse sobre los hechos en
que se fundamenta la acción.
Por su parte, Acción Social – hoy Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas- respondió
a la demanda y solicitó denegar el amparo alegado, toda vez que la entidad no
ha violado ningún derecho fundamental al accionante al negarle la inscripción
en el Registro Único de Población Desplazada. Adujo que “al consultar la
información inherente al grupo familiar, en las bases de datos que aportan
elementos fundamentales para la toma de decisión, se encuentra que en el Fondo
de Solidaridad y Garantía en Salud – FOSYGA, aparece registrada vinculación al
sistema de salud, bajo el régimen subsidiado, de la señora Carmela Borocuara
Delgado, cónyuge del deponente, en el municipio de Pereira (Risaralda), con
fecha de afiliación anterior a los presuntos hechos provocadores del
desplazamiento”. Lo anterior, llevó a considerar que el actor faltaba a la
verdad en su declaración sobre su desplazamiento forzado, y por ello no podía
ser registrado.
Además, señaló que al consultar los reportes de orden
público emitidos por las autoridades de seguridad competentes se encontró que
no había reporte de alteración de orden público por actividades de grupos
armados al margen de la ley.
Concluyó, que debía declararse improcedente la acción
de tutela interpuesta por el actor, en razón a que se habían agotado los
recursos judiciales idóneos y se encontraban en firme los actos administrativos
que habían negado su inscripción.
1.3.
DECISIONES JUDICIALES
1.3.1.
Sentencia de única
instancia
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia,
Quindío mediante sentencia proferida el 4 de octubre de 2011, denegó el amparo
de los derechos fundamentales solicitados. Luego de recordar la jurisprudencia
constitucional sobre la protección especial a la población desplazada en el
marco del conflicto armado interno, consideró que el actor sí había faltado a la
verdad en la declaración juramentada ante la entidad demandada, ya que en el
marco temporal referido no estaba en Pueblo Rico sino en Pereira, según el
registro en el FOSYGA. Igualmente señaló, que el accionante había hecho uso de
los mecanismos de defensa interponiendo los recursos legales adecuados, y por
ende, la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para dejar sin efectos un
acto administrativo que se encontraba en firme.
1.3.2.
Impugnación
Luego de ser notificado el fallo de primera instancia,
el 12 de octubre de 2011, el actor impugnó el fallo el 18 de octubre del mismo
año, resultando improcedente por ser extemporáneo según el término establecido
en la ley.
En el escrito de impugnación el actor alega que su
inscripción en el sisben en el 2004 en Pereira, se debía a que se “encontraba
trabajando en una finca Santa Clarita de la vereda La Morelia, [su] esposa se
encontraba embarazada y [les] toco (sic) que inscribir[se] (sic) en el sistema
de salud para que fuera atendida para el parto (…) dura[ron] un tiempo
aproximado de tres meses trabajando en esta finca. Después retorna[ron] a
nuestro resguardo”.
1.4.
PRUEBAS
1.4.1.
Allegadas al trámite de
instancias
1.4.1.1.
Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Leonel Queragama Borocuara.
1.4.1.2.
Certificación del Cabildo
Mayor Indígena de Pueblo Rico del Resguardo Unificado Chami sobre el Río San
Juan de 29 de diciembre de 2010, en el que el Gobernador del Cabildo Mayor del
Resguardo Unificado certifica que el señor Leonel Queragama Borocuara y su
núcleo familiar salieron de la comunidad Arenales Mosiu debido al conflicto
armado y social del territorio.
1.4.1.3.
Copia de la Resolución No.
63001903 de 26 de noviembre de 2010 en la que Acción Social denegó la
inscripción del actor y de su familia en el Registro Único de Población
Desplazada – RUPD-.
1.4.1.4.
Copia del recurso de
reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución No. 63001903 de
26 de noviembre de 2010.
1.4.1.5.
Copia de la Resolución No.
63001008 de 31 de diciembre de 2010, Acción Social, resolvió el recurso de
reposición y confirmó la decisión.
1.4.1.6.
Copia de la Resolución No.
03128 de 23 de mayo de 2011 en la que Acción Social resolvió el recurso de
apelación y confirmó la decisión.
1.4.2.
Solicitadas por la Corte en
sede de Revisión
1.4.2.1.
Con el fin de contar con
mayores elementos de juicio para proferir el fallo, mediante auto de veintitrés
(23) de mayo de 2012, el magistrado sustanciador decretó las siguientes pruebas
por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional:
1.4.2.2.
Solicitó a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social
– hoy Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas- que allegara copia de todos los documentos o soportes emitidos
por las autoridades de seguridad competentes en los que se basó para afirmar
que no hay reporte de alteración de orden público de grupos armados al margen
de la ley en la zona de Pueblo Rico, Risaralda.
1.4.2.3.
Ordenó al Comando de Policía
Nacional del Departamento de Risaralda que “inform[ara] a este Despacho si [tenía]
noticia sobre los grupos al margen de la ley que operan u operaban en el
municipio de Pueblo Rico, Risaralda entre los años 2005 y 2010 y todo aquello
que resulte relevante para los hechos del caso concreto”.
1.4.2.4.
Requirió a la Dirección
Seccional de la Fiscalía General de la Nación que “inform[ara] a este
Despacho si [tenía] noticia sobre denuncias acerca de desplazamiento forzado en
el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y todo aquello que resulte relevante
para los hechos del caso concreto”.
1.4.2.5.
Solicitó a la Dirección de
Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior que allegara:
“Información sobre las comunidades indígenas asentadas
en el departamento de Risaralda, especialmente en el municipio de Pueblo Rico.
Información del Gobernador Mayor del resguardo
indígena etnia Embera Chamí del Río San Juan, y los datos de contacto del
resguardo indígena.
Información sobre si se conoce alguna noticia que
indique que la comunidad indígena previamente mencionada ha sido víctima de
desplazamiento forzado por grupos armados al margen de la ley”.
1.4.2.6.
Adicionalmente, se invitó a
las siguientes instituciones para que se pronunciaran sobre los problemas
jurídicos del caso en estudio.
Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento –CODHES- .
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia .
Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-.
1.4.2.7.
Sobre lo solicitado a cada
entidad y las respuestas allegadas a la Secretaría General de la Corte
Constitucional, se hará referencia en el análisis del caso concreto.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
La Sala procede a estudiar si Acción
Social –hoy Unidad de Atención a Víctimas[1]-
violó los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la
igualdad, a la familia y a la protección especial de la población desplazada
del accionante en su condición de indígena, al denegar su inclusión en el
Registro Único de Población Desplazada -RUPD al considerar que su declaración
era contraria a la verdad, por aparecer afiliada su esposa al régimen
subsidiado a través del SISBEN, en un municipio diferente del lugar de
desplazamiento al que el actor afirma haber habitado en la época de los hechos.
En ese orden, la Sala se referirá a los
siguientes temas para resolver el problema jurídico; a) en primer lugar,
reiterará lo sostenido por la jurisprudencia sobre el concepto de
“desplazamiento interno forzado”; b) en segundo lugar, formulará los
criterios que deben tenerse en cuenta al momento de valorar la declaración de
una persona en su condición de indígena que alega estar en condición de
desplazamiento; c) en tercer lugar, hará un breve análisis sobre el
alcance de la causal de no inscripción del numeral 1 del artículo 11 del
decreto 2569 de 2000; “cuando la declaración resulte contraria a la verdad” y
su aplicación en casos en los que el declarante aparece en la encuesta del
SISBEN de un municipio diferente al que afirma ser desplazado; d) finalmente,
realizará el análisis del caso concreto con base en los criterios
jurisprudenciales expuestos en los puntos anteriores.
2.3.
DESPLAZAMIENTO INTERNO
FORZADO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
2.3.1.  El desplazamiento interno forzado se ha presentado en
Colombia en razón del desarrollo del conflicto armado interno generado a partir
de los años cincuenta. Dicho fenómeno ha originado una crisis humanitaria de
grandes magnitudes, que en efecto, ha perjudicado un porcentaje alto de la
población, como lo muestra un informe presentado por Acción Social en 2010; “en
Colombia 754.539 hogares (3.316.862 personas), han sido expulsados de 1.109
municipios y corregimientos departamentales, como consecuencia de las
circunstancias descritas en el artículo primero de la Ley 387/97; es decir, que
el 7,3% de la población colombiana se ha reconocido como desplazada
forzadamente”[2].
Lo anterior tiene como consecuencia la responsabilidad del Estado de diseñar
políticas que provean a las víctimas del desplazamiento una asistencia oportuna
y adecuada. De allí que lo primero que debió definirse en el marco normativo,
fue el concepto de “desplazado”, concepto que guiaría a las autoridades
estatales con la identificación de las víctimas principales del conflicto
armado y la entrega de beneficios asistenciales.
2.3.2.  De tal manera, el artículo 1 de la Ley 387 de 1997
dispone que “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.” (subrayado fuera de texto)
2.3.3.  En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha acudido varias veces[3]
a la Consulta Permanente para los Desplazados Internos en las Américas (CPDIA),
la cual define al “desplazado interno” como “Toda persona que se haya visto
obligada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de
residencia o su oficio habitual, debido a que su vida, su integridad física o
su libertad se han hecho vulnerables o corren peligro por la existencia de
cualquiera de las situaciones causados por el hombre :  conflicto
armado interno, disturbios o tensiones internos, violencia generalizada,
violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias causadas
por situaciones anteriores que puedan perturbar o perturben el orden
público”. (subrayado fuera de texto)
2.3.4.  Los Principios Rectores de los Desplazados Internos,
emitidos por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas[4], afirman que los
desplazados internos son aquellas “ personas o grupos de personas que se han
visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de
residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto
armado, por situaciones de violencia generalizada, por violaciones de derechos
humanos o por catástrofes naturales o provocados por el ser humanos y que no
han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
2.3.5.  Con las definiciones anteriormente descritas es
posible afirmar que los elementos básicos de la condición de desplazado interno
son dos: a) la coacción o situación de riesgo que obliga a la persona o grupo
de personas a abandonar su lugar de residencia, y b) la migración dentro de las
fronteras de la propia nación. De tal forma, que si se presenta una situación
en la que existen estas dos condiciones, no hay duda de que se trata de una
persona en condiciones de desplazamiento forzado[5],
y por ende, debe proveerse una protección especial.
2.3.6.  En sentencia SU-1150 de 2000[6] la Corte resaltó que la
condición de desplazado es una situación que implica la vulneración de
múltiples derechos inherentes al ser humano. En sus palabras:
“No existe discusión acerca de que el
desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los
derechos de las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas
personas tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan
para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas
directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los
múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia. El
desplazamiento forzado comporta obviamente una vulneración del derecho de los
nacionales a escoger su lugar de domicilio, al igual que de su derecho al libre
desarrollo de la personalidad. Asimismo, dado el ambiente intimidatorio que
precede a los desplazamientos, estas personas ven conculcados sus derechos de
expresión y de asociación”.
2.3.7.  En síntesis, el fenómeno del desplazamiento interno es
una situación de facto que obliga a las personas a huir de su hogar para
proteger derechos fundamentales como la vida y la integridad física, entre
otros. En esa medida, la condición de desplazado, no depende de una
certificación o de una declaración que así lo indique, ni tampoco depende de
los actores que obligaron a la persona a huir, o de otras circunstancias no
consagradas en la ley, sino de la realidad objetiva de los presupuestos
anteriormente mencionados; la coacción para el abandono de su lugar de origen o
residencia y que dicho retiro sea dentro de las fronteras del Estado.
2.3.8.  Ahora bien, el Registro Único de Población Desplazada-
RUPD, tal como es consagrado en el Decreto 2569 de 2000 es la herramienta
técnica que le permite al Gobierno Nacional, a través de Acción Social[7], administrar
la información de la población en situación de desplazamiento, identificando
persona a persona, sus características sociodemográficas, culturales y
geográficas, para determinar a quiénes debe ir dirigida la ayuda humanitaria.
Asimismo, es un mecanismo de control con el fin de evitar que de la atención
estatal, que cuenta con recursos escasos, se beneficien personas que en
realidad no están en condiciones de desplazamiento forzado[8].
2.3.9.  Dicho mecanismo es válido toda vez que le permite al
Estado tener un censo de víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, las
entidades encargadas de valorar las declaraciones de quienes solicitan la
inscripción, en ocasiones dan prevalencia a elementos formales que dejan al
margen la verdadera definición de la condición de desplazado, como se verá en
los casos siguientes.
2.3.10. En sentencia T-268 de 2003[9],
la Corte estudió un caso en el que protegió los derechos de un grupo de 65
familias que habían huido, de la Comuna 13 de Medellín a un Liceo cercano al
barrio, a raíz de los enfrentamientos armados en dicha zona, y a quienes la Red
de Solidaridad, les había negado la inscripción en el Sistema único de registro de Población Desplazada por considerar que “no se
concibe el desplazamiento forzado cuando la víctima no ha abandonado su
localidad”. En dicho fallo la Corte estableció que:
“El carácter de desplazados internos no
surge de aspectos formales, ni de interpretaciones restrictivas, sino de una
realidad objetiva: el retiro del lugar natural que los  desplazados
tenían, y la ubicación no previamente deseada en  otro sitio. Todo esto
debido a la coacción injusta de grupos armados que, como en el caso analizado
en la presente sentencia,  no solamente amenazaron la vida de numerosas
familias, sino que les quemaron las casas, los ultrajaron, les dieron la orden
perentoria de abandonar el sitio y  como si fuera poco  asesinaron a
un integrante de ese grupo.
En ninguna parte se exige, ni puede exigirse, que para
la calificación del desplazamiento interno, tenga que irse mas allá de los
límites territoriales de un municipio”.
2.3.11. De la misma forma, en sentencia T-1076 de 2005[10], la Corte
Constitucional, examinó un caso en el que una madre cabeza de familia y su
núcleo familiar se vieron obligados a abandonar su hogar en Caquetá,
desplazándose a Pitalito, Huila, debido a amenazas permanentes de grupos
paramilitares. Acción Social negó la inclusión en el registro porque  consideró
que la actora no se encontraba dentro de las circunstancias contempladas en el
artículo 1 de la Ley 387 “por cuanto falta a la verdad, toda vez que al
analizar el relato de los hechos y verificar los documentos anexos encontramos
que se presenta información contradictoria en permanencia y procedencia.
Así mismo, se verificó con el SISBEN de Pitalito y este núcleo familiar ya se
encuentra inscrito, con fecha de encuesta de abril de 2004, lo que nos indica
que han residido en esta ciudad, si tenemos en cuenta que esta Unidad
Territorial tiene conocimiento de que las encuestas que se realizan a la
personas y/o familias radicadas en el municipio donde viven y no a las que
estén de visita o de paso por alguna enfermedad o incapacidad.”.
Sobre el particular la Corte mencionó:
“En ese sentido, la Sala encuentra que las autoridades
encargadas de la inscripción en RUPD desconocieron la regla de interpretación
favorable al desplazado en el momento de la calificación de los hechos
constitutivos de la situación de desplazamiento y, en cambio, llevaron a
cabo una evaluación en extremo exigente de las circunstancias expresadas por la
actora, que no tuvo en cuenta las evidentes limitaciones derivadas de su
falta de instrucción”. (Subrayado
fuera de texto)
2.3.12.
Por otra parte, en sentencias
T-630 de 2007[11],
T-299 de 2009[12]
y T-318 de 2011[13],
la Corte analizó casos en los que las personas que solicitaban ser incluidas en
el RUPD, habían abandonado sus domicilios debido a actuaciones de miembros del
ejército, y Acción Social había denegado su inclusión argumentando que no se
cumplía con los presupuestos del articulo 1 de la Ley 387, por no ser grupos
“al margen de la ley”. En razón de los casos citados, la Corporación estableció
que la actividad legítima o ilegítima de actores estatales podía ocasionar
desplazamiento forzado[14],
criterio éste que reafirmó que la condición de desplazado no depende del sujeto
perpetrador, sino de las circunstancias objetivas de coacción de abandono del
domicilio.
2.3.13.
Así, en la sentencia T-630 de
2007, la Corte afirmó que el desplazamiento forzado puede ser causado no sólo
por el accionar directo e inmediato de grupos al margen de la ley, sino también
puede ser causado por la acción legítima del Estado dentro de un contexto de
complejidad, como lo es el conflicto armado interno. Es decir, hay familias que
más allá de recibir una amenaza grave y explícita en su contra por grupos al
margen de la ley, no soportan vivir en un estado de riesgo constante, y en esa
medida, las causas del desplazamiento forzado pueden ser diversas y
concurrentes, sin que, por definición, se pueda excluir el accionar estatal así
sea éste, se insiste, legítimo.
En el mismo sentido mencionó en la sentencia T-299 de
2009:
“De estas definiciones se deduce claramente que
quienes se encuentran amenazados con ocasión del conflicto armado interno o
requieran evitar los efectos del mismo y por ello se hayan visto forzados a
abandonar el lugar de su residencia habitual o de sus actividades, se
consideran personas en condición de desplazamiento. Vale la pena resaltar, que
en ningún momento las definiciones mencionadas requieren que la amenaza
provenga de un grupo armado organizado al margen de la Ley para que se
configure la situación  de desplazamiento interno”.
Finalmente en el caso de la Sentencia T-318 de 2011,
el desplazamiento había sido generado por una ejecución extrajudicial y arbitraria
por agentes estatales. Por ende, la Corte reiteró lo establecido en los casos
anteriores, y además afirmó que:
“(…) algunas actuaciones lícitas ejecutadas por el
cuerpo armado del Estado  y que son indispensables para mantener la convivencia
pacífica y el orden público, pueden conllevar situaciones atípicas que afecten
a ciudadanos ajenos al conflicto interno colombiano”.
2.3.14.
Los casos mencionados ilustran
de manera muy clara, que independientemente del actor perpetrador o el destino
del desplazamiento, si existen los elementos básicos de la condición de
desplazado, la entidad, con base en el principio de la buena fe, no se puede
negar a la inclusión sin una motivación con suficientes medios probatorios que
desvirtúen lo declarado por el solicitante.
2.3.15. Como se verá a continuación, las entidades estatales deben utilizar la
herramienta del Registro como un mecanismo de organización y diseño de la
política pública de asistencia humanitaria, mas no como un obstáculo
burocrático para acceder a los beneficios[15],
ya que, como se reitera, la condición de desplazamiento es una condición de
hecho que no se adquiere en virtud de una declaración administrativa[16].
2.4.
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN
DE LA DECLARACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD
INDÍGENA – AUTO 004/2009
2.4.1.  La Corte Constitucional, desde la declaratoria del
estado de cosas inconstitucional por la sentencia T-025 de 2004, debido a la
crisis humanitaria del desplazamiento forzado y a la falta de diligencia de las
autoridades encargadas de atender a las víctimas, afirmó que una persona que se
encuentra bajo las circunstancias de desplazamiento forzado, tiene derecho a
quedar registrada como tal, ya sea de forma individual o junto a su núcleo
familiar.
2.4.2.  Sobre el proceso de declaración y recepción de los
hechos que dieron origen al desplazamiento de una persona o de un grupo de
personas, la jurisprudencia constitucional ha establecido principios y
criterios de interpretación a las normas que lo regulan[17].
2.4.3.  En primer lugar, desde el momento de la recepción de
la declaración, el funcionario público debe tener plena conciencia de la
vulnerabilidad y estado de indefensión en que se encuentra la persona
desplazada que acude a declarar. Adicionalmente, deben considerarse otros
factores como el “temor reverencial” que pueda tener ante las autoridades
públicas por la zona de violencia en la que residía, el grado de educación, el
grado de espontaneidad y claridad es reducido por razones de temor, los traumas
psicológicos o físicos que generó el desplazamiento forzado, entre otros.[18]
2.4.4.  En segundo lugar, teniendo en cuenta las cualidades
del declarante, la conducta de las autoridades competentes en recibir el relato
y en valorarlo, debe ser acorde con “i) las disposiciones de derecho
internacional que hacen parte de bloque de constitucionalidad, a saber: a) el
artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y b)
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas
para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas; ii) el principio de
buena fe; iii) el principio de favorabilidad y confianza legítima y, iv) el
principio de prevalecía del derecho sustancial propio del Estado Social de
Derecho”[19].
Las anteriores son las pautas que deben primar para la adecuada
interpretación de las normas de inscripción en el RUPD[20].
2.4.5.  En igual sentido, la Corte ha establecido reglas
relativas al procedimiento que debe seguirse para la valoración de las
declaraciones de una persona que solicita su reconocimiento como desplazada,
dando especial relevancia a los principios de buena fe y de favorabilidad:
“(…) (3) En tercer lugar, en virtud del principio de
buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie, las declaraciones y pruebas
aportadas por el declarante.  En este sentido, si el funcionario considera que
la declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así;
los indicios deben tenerse como prueba válida; y las contradicciones de la
declaración no son prueba suficiente de que el solicitante falte a la verdadhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-447-10.htm
- _ftn26#_ftn26. (4) La declaración sobre los hechos
constitutivos de desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en
cuenta las condiciones particulares de los desplazados así como el principio de
favorabilidad (…)”[21]
2.4.6.  En tercer lugar, y como consecuencia inmediata de los
principios de buena fe y favorabilidad, se produce la inversión de la carga de
la prueba. Esto implica que si las declaraciones de la persona no corresponden
a la verdad, corresponde al Estado probar en qué consiste dicha falsedad o
contradicción. Así, por ejemplo, sobre la presunción de validez de las pruebas
aportadas, la Corte ha señalado que “si una persona desplazada afirma haber
realizado una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su traslado y
aporta certificación al respecto proveniente de una de las autoridades
previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red de Solidaridad
debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a la solicitud
de inscripción.”[22]
En el mismo sentido, ha entendido la Corte que para que el Estado pueda negarse
a la inscripción en el RUPD, requiere la existencia de pruebas razonables y
suficientes que desvirtúen la declaración, por ende,  las simples
inconsistencias o contradicciones en la declaración, no pueden ser prueba
suficiente de la falsedad de la condición de desplazado.
2.4.7.  En suma, las autoridades deben valorar la declaración
de quien alega ser desplazado con una presunción de buena fe, es decir,
partiendo que los hechos narrados por el declarante son ciertos. De tal forma,
que para analizar si una persona es o no desplazada basta siquiera una prueba
sumaria. Ahora, si la autoridad estatal receptora encuentra alguna
inconsistencia o duda en el relato, corresponde a la autoridad investigar y
desvirtuar lo sustentado, y no al declarante; en caso de no poder hacerlo,
deberá aplicar el beneficio de la duda[23].
2.4.8.  Concretamente con  las comunidades indígenas, la Corte
Constitucional en el marco del proceso de seguimiento de la sentencia T-025 de
2004, realizó una sesión de información técnica el 21 de septiembre de 2007 con
la participación de distintas comunidades indígenas del país y con
organizaciones que promueven sus derechos. Como resultado de la información
allegada por las distintas organizaciones y comunidades indígenas, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional emitió el Auto 004 de 2009[24], en el que
advierte el riesgo inminente de exterminio de las comunidades indígenas, desde
el punto de vista cultural en razón al desplazamiento forzado, y desde el punto
de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes, todo
ello con ocasión del conflicto armado interno.
En la providencia mencionada, la Corte
Constitucional afirmó que el desplazamiento forzado en el caso de miembros de
comunidades indígenas y de las mismas comunidades como entes colectivos,
configura una vulneración grave contra los derechos fundamentales de sujetos de
especial protección constitucional. Señaló que el Estado debe una protección
especial y prevalente a las comunidades indígenas y étnicas conforme a los
postulados constitucionales básicos que rigen el Estado Social de Derecho
fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural, tanto en situaciones
de normalidad como en situaciones de alto riesgo como en el marco del conflicto
interno armado actual. En sus palabras establece:
“Los grupos indígenas colombianos están
particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y sus consecuencias,
particularmente el desplazamiento. Deben soportar los peligros inherentes a la
confrontación sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de
pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores
catalizadores de las profundas violaciones de derechos humanos individuales y
colectivos que ha representado para ellos la penetración del conflicto armado
en sus territorios”[25].
Igualmente, la Corte evidenció  varias
consecuencias negativas que trae a las comunidades indígenas ser víctimas del
desplazamiento forzado desde un enfoque diferencial de acuerdo a sus
características culturales especiales, tales como: la desintegración
comunitaria y familiar, separación de sus territorios tradicionales,
interrupción de sus prácticas u oficios de subsistencia alimentaria, afectación
a sus creencias y cosmovisión colectiva, entre otros perjuicios. En ese
sentido, la Corte considera que la naturaleza diferencial del impacto del
desplazamiento forzado sobre los pueblos indígenas “radica en que
entremezcla facetas individuales con facetas colectivas de afectación, es
decir, surte impactos destructivos tanto sobre los derechos individuales de las
personas pertenecientes a las étnicas afectadas, como sobre los derechos
colectivos de cada étnica a la autonomía, la identidad y el territorio”[26].
Por lo anterior, la afectación diferencial de los pueblos indígenas por el
conflicto armado constituye un proceso destructivo de la diversidad étnica y
cultural del país “que es invisible para la sociedad y el Estado
colombianos”[27].
2.4.9.  Con base en lo expuesto, la Sala concluye que ante una
declaración de desplazamiento forzado que proviene de un miembro de una comunidad
indígena, además de tener que valorarse conforme los principios de
favorabilidad y buena fe antes mencionados, la autoridad competente tiene un deber
especial y adicional, y es el de aplicar un enfoque diferencial a
la valoración, es decir, teniendo en cuenta la diversidad étnica y
cultural del sujeto. Este enfoque implica que la autoridad estatal
competente debe tener en cuenta la afectación grave que genera el
desplazamiento forzado, no sólo para el solicitante –individualmente
considerado- sino para la comunidad indígena de la que proviene, toda vez que,
para él genera un fenómeno de “aculturación” debido a la ruptura del entorno
cultural y espacial ancestral a la que es sometido por la violencia; y para la
comunidad, su posible desintegración.
2.5.
CAUSALES DE NO INCLUSIÓN
DEL RUPD: “CUANDO LA DECLARACIÓN RESULTE CONTRARIA A LA VERDAD”
2.5.1.
Las causales de exclusión que
se deben tener en cuenta para decidir la no inscripción en el RUPD están
prescritas en el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000. La norma mencionada
dispone:
“Artículo 11. De la no inscripción. La entidad
en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en
el  registro de quien solicita la condición de desplazado en los siguientes
casos:
1.     Cuando
la declaración resulte contraria a la verdad.
2.     Cuando
existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce
la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la
Ley 387 de 1997.
3.     Cuando el
interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro
después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo
1° de la Ley 387 de 1997.
En tales eventos, se expedirá un acto en el que se
señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal determinación, el cual
deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de
Ley y la decisión que los resuelva agota vía gubernativa” (subrayado fiera de texto)
2.5.2.
La Corte en varios casos ha
tenido la oportunidad de analizar y establecer ciertas reglas para interpretar
dichas causales[28].
No obstante, debido al caso concreto, se hará referencia únicamente a los
fallos donde la Corte ha conocido casos en los que se ha negado el registro de
una persona en condición de desplazamiento sustentándose en el numeral 1 del
artículo transcrito.
2.5.3.
En ese orden de ideas, sobre
la primera causal de exclusión del Registro Único de Población Desplazada a
tener en cuenta por las autoridades, esta Corporación ha sostenido
específicamente dos criterios para su valoración[29]: a) al momento de
valorar la declaración presentada el funcionario deberá tener en cuenta la
presunción de buena fe, y si estima que el relato de los hechos o las
circunstancias descritas son contrarios a la verdad, es la autoridad quien debe
demostrar qué situaciones declaradas de la narración no son ciertos, y por esa
razón el solicitante no puede ser inscrito en su calidad de desplazado en el
RUPD; y b) si el funcionario competente advierte alguna inconsistencia
en los hechos narrados por el solicitante, para poder rechazar la inscripción,
tiene que tratarse de una incompatibilidad referida al hecho mismo del
desplazamiento forzado y no a otros hechos accidentales o accesorios[30]. En ese
orden, la “verdad” a la que hace referencia esta causal, debe estar
directamente relacionada con las circunstancias que originaron el
desplazamiento forzado y no a otras que no son relevantes para determinar su
calidad de víctima[31].
2.5.4.
Con base en los mencionados
criterios, esta Corporación ha tenido la oportunidad de revisar casos concretos
en los que Acción Social ha negado la inscripción en el RUPD por faltar a la
verdad, al verificar que el solicitante se encuentra en la encuesta del SISBEN
en otro lugar o en otra época que no corresponde del que ha sido presuntamente
desplazado[32].
En sentencia T-496 de 2007[33] la Corte revisó cuatro
casos de personas en situación de desplazamiento forzado, entre los cuales se
analizó el caso de una señora de 74 años, quien con su grupo familiar había sido
forzada a desplazarse del municipio de Támesis a la ciudad de Medellín,
Antioquia. Acción Social al analizar la declaración presentada por la actora,
consideró que era contraria a la verdad porque “la afirmación de la señora
Bermúdez de ser desplazada desde el 9 de octubre de 2005 desde Támesis,
Antioquia [había quedado] desvirtuada al comprobarse que se encontraba
registrada en el Sisben de La Estrella -Antioquia-, desde el 29 de septiembre
de 2004”. En esta providencia, la Corte estableció el valor probatorio que
tiene la aplicación de la encuesta del SISBEN al momento de determinar si se
está ante una situación de desplazamiento forzado, a saber:
“En principio, la aplicación de la encuesta del Sisben
puede arrojar un indicio que puede lograr desvirtuar, prima facie, la situación
de desplazamiento. Sin embargo, la Corte ha constatado que el sistema de
selección de beneficiarios de programas sociales – Sisben no es un mecanismo
infalible que permita una focalización y una medición exacta de las condiciones
socioeconómicas de la población más pobre y vulnerable, a pesar de que parte de
estos inconvenientes fueran corregidos en las modificaciones formuladas por el
Conpes Social  55 del 22 de noviembre de 2001.
En decisiones anteriores, la Corte ha logrado
constatar que uno de estos inconvenientes hace referencia a que no siempre las
personas encuestadas por el Sisben residen obligatoriamente y de forma
permanente en el lugar en donde es aplicada la encuesta. Lo anterior ha
permitido a la Corte indicar que no resulta razonable colegir que la
clasificación en el Sisben constituya una plena prueba que de forma infalible
desvirtúe la condición de desplazamiento. Por el contrario, el Sisben
constituye un indicio el cual debe ser sometido a verificación, como quiera que
el principio de favorabilidad al desplazado impone que la carga de la prueba para
desvirtuar la situación de desplazamiento se encuentre a cargo de Acción
Social. (…)
En este orden de ideas, para el presente caso Acción
Social parte de una interpretación razonable al suponer que previamente al
desplazamiento, la accionante y su grupo familiar ya habían sido encuestados y
clasificados en el Sisben. Pero ante la falta de pruebas adicionales que
permitieran la verificación de este indicio, de acuerdo con el precedente
jurisprudencial expuesto, este indicio no es suficiente para desvirtuar la
situación de desplazamiento”[34].
En el fallo T-215 de 2009[35] se estudió un caso en el
que Acción Social denegó la inscripción en el RUPD de la actora por considerar
que se encontraba inscrita en la encuesta del SISBEN en el municipio de Bello
Antioquia y no en Valdivia, donde relataba haber sido desplazada. La actora
alegó que la entidad demandada no podía definir su situación socioeconómica e
impedir su acceso a la ayuda humanitaria, en una simple encuesta en la cual
había sido inscrita transitoriamente y por motivos de salud. La Corte consideró
que:
“(…) la aplicación de la encuesta Sisben como etapa
previa a la concesión de beneficios a la población marginada, en especial la
inclusión en el régimen subsidiado de seguridad social en salud, no puede
convertirse en un instrumento para negar el acceso a otros programas a favor de
las personas en condiciones de debilidad manifiesta, como lo es la asistencia
humanitaria a la población desplazada”
En otro caso con hechos similares a los anteriores –
T-746 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo- Acción Social negó la inscripción
por considerar que “Una vez consultada la base de datos del Fondo de
Solidaridad y Garantía en Salud FOSYGA, se observó que el peticionario estuvo
afiliado en el régimen contributivo de salud en calidad de cotizante en
Medellín, lo que demuestra que desde antes accedía a los servicios de salud y
desarrollaba sus actividades económicas habituales allí. Además en la base de
datos del Departamento Nacional de Planeación DPN se encontró al peticionario
en la encuesta SISBÉN en el Municipio de Choco con anterioridad a la fecha del
presunto desplazamiento (…)”. En esta ocasión la Corte Constitucional
declaró que:
“pese haberse efectuado la encuesta
SISBÉN, no puede usarse como argumento en contra de las personas que han dado
su declaración de desplazamiento, pues en ella se manifiestan las condiciones
de debilidad, ratificando la situación de pobreza del individuo y se estaría en
contra vía de los postulados constitucionales que protegen a la población
desplazada.
Los criterios para determinar el ingreso al Registro
Único de Población Desplazada que busca hacer efectivo los  fines
constitucionalmente relevantes al incluir a los distintos programas de apoyo a
las personas en debilidad manifiesta para lograr su autosostenimiento, Acción
Social tiene la obligación de desvirtuar los motivos expresados por la persona
afectada, siendo necesaria su justificación en hechos reales y no en
situaciones deducidas o hipotéticas.
Con relación al registro en la base de datos del
FOSYGA se ha establecido por vía jurisprudencial que el ingreso al mercado
laboral por una persona desplazada, y por ende al régimen contributivo de
aseguramiento en salud: (i) no le quita la condición de desplazado, ni (ii) le
puede hacer perder el derecho a acceder al sistema de salud, en las condiciones
que satisface el derecho a la población desplazada”.
Finalmente en la sentencia T-141 de 2011[36], la Corte
Constitucional puntualizó que:
“Respecto de la 1ª causal de rechazo, relacionada con
la deducción de que se falta a la verdad cuando la persona que dice ser
desplazada está afiliada a la seguridad social en un municipio ajeno del lugar
de desplazamiento, esta Corte ha dicho que la entidad encargada del registro
debe efectuar una actividad probatoria con el fin de desvirtuar las razones
señaladas por la persona que dice ser desplazada para justificar la afiliación.
Si no se logra desvirtuar las razones y haciendo uso del principio de
favorabilidad y de buena fe, que implica prima facie, tener como ciertas las
declaraciones y pruebas aportadas por el declarante, se debe proceder a su
registro como persona víctima de la violencia”.
Los casos citados permiten concluir, que la
inscripción en el SISBEN de un municipio diferente al de la residencia, según
la declaración de desplazamiento, no puede ser el único motivo para rechazar la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, ya que éste es sólo
un indicio que no es suficiente. Por consiguiente, el hecho de que una
persona aparezca en las bases de datos del régimen subsidiado en un municipio
diferente de aquél en el que dice haber sido desplazado no es motivo suficiente
para negar la inscripción, y en cambio, genera para la entidad competente la
obligación de analizar cuáles fueron las razones de su registro en el sistema
de salud.
Se trata entonces, de sólo un elemento de juicio en la
valoración de la situación de desplazamiento forzado, y un elemento que no es
suficiente para desvirtuar las circunstancias de violencia que pudieron obligar
al solicitante a desplazarse de su lugar de residencia. Además hay que tener en
cuenta que el sistema de selección de beneficiarios de programas sociales
(SISBEN) no es infalible, y puede presentar fallas en su funcionamiento,
recolección de la información, y adecuación de las bases de datos.
2.5.5.
Las anteriores consideraciones
conllevan a concluir, una vez más, que la entidad no puede negar la inscripción
basándose en circunstancias ajenas a los elementos que integran la condición de
desplazado. Así, si la duda se sustenta en el lugar o en el sujeto perpetrador
del desplazamiento, es la entidad estatal quien debe motivar con suficiente
material probatorio la negativa de la inscripción, toda vez que el Estado debe
ser conciente de que existen factores marginales a la situación del conflicto
armado que inciden directamente en la generación del desplazamiento forzado, y
que, independientemente de la causa, constituyen una vulneración múltiple de
derechos humanos.
2.5.6.
Es así como, los desplazados
son víctimas del conflicto armado interno, por las circunstancias objetivas que
dan lugar a su forzoso desplazamiento, independientemente de otras
circunstancias que no son requisito sine qua non para reconocer su calidad de
víctimas. El Estado no puede darse el privilegio de establecer “clases de
víctimas” en un conflicto interno armado tan complejo como el que se presenta
en Colombia actualmente. Las personas que han sufrido el desplazamiento
forzado, son víctimas por el sólo hecho de haber sufrido un riesgo tal,
ocasionado por el conflicto armado, que se vieron obligadas a dejar su hogar.
2.5.7.
Con el sustento anteriormente
expuesto, la Sala procederá a realizar el análisis del caso concreto.
2.6.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.6.1.
RESUMEN DE LOS HECHOS
El señor Leonel Queragama Borocuara, en su
calidad de indígena, interpuso acción de tutela contra la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-, con el
fin de obtener su inscripción y el de su núcleo familiar en el Registro Único
de Población Desplazada – RUPD-. Alega que la negativa de Acción Social de
incluirlo en tal registro vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la vida digna, a la igualdad, a la familia y a la protección especial de la población
desplazada.
El actor señala que vivía con su familia
desde hace más de 28 años en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, con la
etnia del pueblo Embera Chami adscrita al Resguardo Unificado Chami sobre el
Río San Juan del mencionado municipio[37].
Indica que esta región es zona roja, toda vez que hay presencia de grupos al
margen de la ley, como las FARC y el ELN.
Afirma que debido a que su sobrino fue
víctima de reclutamiento forzado de parte de las FARC, y que posteriormente al
desertar de las filas, fue presuntamente asesinado, el accionante inició una
investigación que lo llevó a ser objeto de amenazas y de una permanente
persecución de parte del grupo armado mencionado. Por ese motivo, decidió huir
con su familia para Armenia y luego para Quimbaya en el Departamento del
Quindío.
Aclara que en el año 2004 estuvo
administrando una finca en Pereira, allí vivió con su familia por tres meses y
su esposa dio a luz a su hija de 7 años, por lo que ella fue atendida con la
cobertura del SISBEN. Luego de terminar dicho trabajo se devolvió a Pueblo
Rico, Risaralda.
El accionante declaró su desplazamiento
forzado ante la Procuraduría Regional de Armenia el 2 de noviembre de 2010.
Mediante Resolución No. 63001903 de 26 de noviembre de 2010, Acción Social,
denegó la inscripción del actor y de su familia en el Registro Único de
Población Desplazada – RUPD-. La entidad consideró que la declaración resultaba
contraria a la verdad, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo
11 del Decreto 2569 de 2000, toda vez que “se evidencian inconsistencias con
relación al modo, tiempo y lugar de residencia del grupo familiar en el
municipio expulsor desvirtuando la información registrada en la declaración y
por ende el principio constitucional de la buena fe”. La entidad señaló que
el actor faltaba a la verdad en su declaración porque él y su familia vivieron
en Pereira según el registro del FOSYGA y no en Pueblo Rico - Risaralda en la
época de los hechos. Esta decisión fue confirmada a través de las resoluciones
No. 63001008 de 31 de diciembre de 2010 y 03128 de 23 de mayo de 2011.
En única instancia, el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Armenia, Quindío mediante sentencia proferida
el 4 de octubre de 2011, denegó el amparo de los derechos fundamentales
solicitados. Consideró que el actor sí había faltado a la verdad en la
declaración juramentada ante la entidad demandada, ya que en el marco temporal
referido no estaba en Pueblo Rico sino en Pereira, según el registro en el
FOSYGA. Igualmente señaló, que el accionante había hecho uso de los mecanismos
de defensa interponiendo los recursos legales adecuados, y por ende, la acción
de tutela no era el mecanismo idóneo para dejar sin efectos un acto
administrativo que se encontraba en firme, como los proferidos por Acción
Social.
2.6.2.
EXAMEN DE PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
2.6.2.1.
En primer lugar, encuentra la
Sala que se reúnen los requisitos de legitimación activa y pasiva, pues, de una
parte, el demandante es titular de los derechos que invoca y los de su familia.
Por otra parte, la entidad demandada es una autoridad pública.
2.6.2.2.
En segundo lugar, la Sala
observa que la tutela fue interpuesta dentro de un término razonable, pues la
decisión del recurso de apelación contra la resolución que confirmó la no
inscripción en el RUPD fue emitida el 23 de mayo de 2011 y la tutela fue
interpuesta el 20 de septiembre siguiente. Además, durante dicho lapso, el
peticionario hizo uso de los recursos a su alcance dentro del procedimiento
administrativo.
2.6.2.3.
En tercer lugar, la Sala
estima que el accionante y su familia no disponían de otros medios de defensa
judicial para evitar un perjuicio irremediable que continúa en el tiempo, toda
vez que el accionante aún no ha recibido asistencia y protección del Estado en
la condición de desplazado, de modo que la acción de tutela se tornaba
procedente. Bien ha sostenido esta Corporación que “Debe quedar claro que,
debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven sometidas las
personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las acciones
judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a la
interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema.
Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta
las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que justifican
la procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido que
cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita
ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal
condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos
conculcados”.[38]
2.6.2.4.
En el caso concreto la Sala
considera, a diferencia del juez de instancia, que el actor no tenía otros
medios de defensa judicial para solicitar su inclusión en el RUPD luego de ser
negado en la vía gubernativa, pues someter su caso a instancias de lo
contencioso administrativo implica un trámite engorroso y largo que no es
proporcional con las necesidades y la condición vulnerable en la que se
encuentra el accionante y su familia.
2.6.3.
EXAMEN DE LA PRESUNTA
VULNERACIÓN
2.6.3.1.
La Sala considera que con base
en los hechos relatados por el accionante, la decisión de la entidad demandada
y la del juez de instancia se apartan abiertamente de los criterios
jurisprudenciales, por las siguientes razones.
2.6.3.2.
Para la Sala es necesario
recordar que la calidad de desplazado que se le reconoce a una persona, es de
facto, y por ende, el  Registro Único de Población Desplazada –RUPD-, es
sólo un instrumento operativo para que las entidades responsables puedan llevar
un censo de la población desplazada, pero que en ningún momento puede
convertirse en un obstáculo para acceder a los beneficios legales, y mucho
menos, es un elemento constitutivo de la condición de desplazado. De esa forma,
la entidad encargada de escuchar la declaración de una persona que afirma haber
sido desplazada forzadamente de su lugar de habitación, debe verificar los
elementos básicos que implica la calidad de desplazado, y no rechazar su
inscripción en el registro sustentándose en razones y circunstancias al margen
de la situación que ocasionó el desplazamiento.
Así, si la entidad encuentra que el declarante se
encontraba inscrito en el SISBEN en un municipio distinto al que dice haber
sido desplazado, esta situación per se no es un fundamento suficiente
para denegar la inclusión en el RUPD; i) en primer lugar, porque los elementos
que deben verificarse, son la coacción para abandonar el domicilio y la
permanencia dentro de las fronteras de la nación; y ii) en segundo lugar,
porque Acción Social – hoy Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas-, como entidad competente para valorar las
declaraciones y decidir quién se encuentra en una situación de desplazamiento
forzado, y por ende, incluirlo en el RUPD, tiene la carga de la prueba para
verificar que lo afirmado corresponde o no con la realidad.
De tal forma que la entidad demandada debe tener en
cuenta que el desplazamiento forzado puede ser causado por situaciones tan
evidentes como una masacre, o por circunstancias tan simples y silenciosas,
como amenaza a la vida en ámbitos privados o el clima generalizado de temor que
se vive en determinados territorios. Estos últimos presentan una dificultad de
prueba para la víctima, ya que muchas veces no hay más testigos que quien vive
la tensión de la amenaza[39].
Por ello, la demandada debe acudir muchas veces a revisar informes, estudios y
documentos de otras entidades del Estado, para verificar los hechos de
violencia en la región que alude el solicitante, con miras a garantizar
adecuadamente los derechos fundamentales de un sujeto que se encuentra en una
situación vulnerable.
2.6.3.3.
En el caso sub examine
de la declaración rendida por el accionante y su familia, es posible evidenciar
la coacción que lo obligó a dejar su lugar de residencia; las amenazas de las
que fue objeto por investigar la muerte de su sobrino el cual fue reclutado por
un grupo al margen de la ley que permanece en la región de Pueblo Rico
Risaralda. Estos hechos, según Acción Social no son suficientes para incluir al
actor y su núcleo familiar en el RUPD por dos razones: la primera porque en la
región del Pueblo Rico no se evidencia presencia de grupos armados al margen de
la ley ni perturbaciones de violencia en el orden público; y la segunda, porque
la esposa del actor aparece inscrita en la encuesta del SISBEN de Pereira en el
año 2004, y por eso, no concuerda el lugar y época de los hechos de
desplazamiento con éste registro.
2.6.3.3.1.
Sobre la primera razón, la
Corte ha sostenido en la sentencia  T-044 de 2010[40], que la ignorancia
institucional sobre la ocurrencia de ciertos hechos no es una razón suficiente
para dejar de inscribir a una persona en situación de desplazamiento en el
RUPD. Acorde a ello, se evidencia de las pruebas del expediente, que el
Gobernador del Resguardo Indígena del cual hace parte el accionante, certifica
su desplazamiento ocasionado por la violencia de los grupos armados al margen
de la ley que se encuentran en la región (fl. 9).
2.6.3.3.2.
Adicionalmente, de las pruebas
solicitadas en sede de revisión, la Sala encuentra que efectivamente durante
los años 2005 y 2007 el municipio de Pueblo Rico Risaralda, estaba siendo
afectado por el frente Aurelio Rodríguez de las FARC, y que en los años
posteriores, las acciones del grupo armado al margen de la ley se replegaron
para el departamento colindante –Chocó-, no obstante para el año 2010, en el
municipio de Pueblo Rico se registró la presencia de itinerante de miembros de
las FARC y del ELN[41].
En los mismos términos, según el Observatorio Nacional de Desplazamiento
Forzado, en un informe referente a la “intervención de Acción Social en la
situación presentada en el municipio de Pueblo Rico-Risaralda”, el equipo de Emergencias
de Acción Social, había sido notificado de diferentes denuncias interpuestas
por la Personería Municipal de Pueblo Rico, donde se relataban situaciones de
riesgo para la población indígena Embera Chami asentada en las zonas rurales
del municipio[42].
Finalmente, y siguiendo la parte considerativa de esta
providencia, es claro que según el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte
Constitucional, se identificaron varias comunidades indígenas como de “alto
riesgo” de desaparición al estar sometidas a contextos de violencia por grupos
armados al margen de la ley en las zonas donde habitan[43]. Entre las que fueron
catalogadas así por esta Corporación se encuentra la del accionante; la  etnia
Embera Chami adscrita al Resguardo Unificado Chami sobre el Río San Juan en
Pueblo Rico, Risaralda, esta situación permite a la Sala concluir que el
contexto del que se desplazó el actor con fu familia, efectivamente está
compuesto de alteraciones de orden público y una amenaza constante contra la
comunidad indígena por parte de grupos armados al margen de la ley.
2.6.3.3.3.
Respecto a la segunda razón de
Acción Social para negar la inclusión en el RUPD, la Sala considera pertinente
recordar que el SISBEN es un sistema técnico de información diseñado por el
Gobierno Nacional que permite identificar a la población pobre potencialmente
beneficiaria de Programas Sociales. El objetivo del Sisbén es la identificación
de posibles beneficiarios del gasto social para ser usado por las distintas
entidades del Estado que adelantan programas sociales[44]. En la jurisprudencia
antes anotada la Corte ha logrado constatar que uno de los inconvenientes que
tiene este sistema de información es que no siempre las personas encuestadas
por el Sisben residen obligatoriamente y de forma permanente en el lugar en
donde es aplicada la encuesta[45].En
ese orden, el SISBEN sólo confirma que la persona se encuentra dentro de la
población más vulnerable económicamente, y por eso, no puede ser un obstáculo
para probar su condición de desplazado.
La entidad demandada en el caso concreto concluyó que
el actor faltaba a la verdad por afirmar que habitaba en Pueblo Rico en la
época de los hechos de desplazamiento y apareció inscrita su esposa en el
SISBEN de Pereira –en el año 2004-. Los hechos que ocasionaron su
desplazamiento sucedieron entre los años 2005 y 2010, es decir, posteriormente
a la fecha del SISBEN. Para la Sala, el hecho de estar su cónyuge inscrita en
otro municipio, no resulta ser una razón suficiente para negar su inclusión la
RUPD, porque la “verdad” a la que hace referencia la causal de exclusión
aplicada el numeral 1 del artículo 11 del decreto 2569 de 2000, debe estar
directamente relacionada con las circunstancias que originaron el
desplazamiento forzado y no a otras que no son relevantes para determinar su
calidad de víctima de desplazamiento forzado. En esa medida, en el caso del
accionante, la época de la encuesta del SISBEN no tiene ninguna relación con la
de los hechos del desplazamiento forzado, y por esto, su sola afiliación no
puede ser razón suficiente para negar su inclusión al RUPD.
Ahora bien, es cierto que la información del SISBEN
puede ser utilizada como un indicio sobre la información del declarante, pero
en el caso concreto el accionante controvirtió el lugar de la encuesta del
SISBEN, alegando que en el 2004, él y su familia tuvieron que desplazarse al
municipio de Pereira por razones laborales durante tres meses, y dado que su
esposa se encontraba próxima a tener uno de sus hijos, se vio en la necesidad
de ser inscrita en el SISBEN. Ante los hechos expuestos, Acción Social debe
efectuar una actividad probatoria suficiente con el fin de desvirtuar las
razones señaladas por el actor y las circunstancias de su desplazamiento
forzado para justificar su afiliación a la encuesta del SISBEN.
Advierte la Sala que la entidad accionada no
desvirtuó, ni cuando resolvió los recursos de reposición y apelación, ni en
sede de tutela, lo dicho por el accionante para justificar su registro en el
SISBEN de una localidad ajena al lugar de desplazamiento, siendo su deber
hacerlo si su pretensión era mantener la negativa del registro. Este deber,
como quedó dicho se sustenta en razón a la condición especial que ostentan las
personas víctimas del desplazamiento que hace que sus afirmaciones y las
pruebas allegadas posean una presunción de veracidad. Lo anterior con ocasión
al principio de buena fe y de favorabilidad que debe gobernar la interpretación
de las normas atinentes a la situación de desplazamiento forzado.
2.6.3.4.
Por todo lo expuesto, al
señalar las causales en las cuales el juez de tutela debe ordenar la
inscripción en el registro de desplazamiento, una revisión de la misma, o una
nueva declaración, la Sala ha incluido el supuesto en que la entidad encargada
de la inscripción adopte como único criterio de decisión la encuesta del
SISBEN. Así lo ha expresado la Corporación:
“debe procederse a la inscripción de quien lo
solicita, o la revisión de la declaración rendida, o en su defecto, la
recepción de una nueva declaración siempre y cuando en el caso concreto se
verifique que Acción Social: i) negó la inscripción con base en una
valoración de los hechos expuestos en la declaración de desplazamiento
contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; ii) expidió una
resolución carente de motivación para negar la inscripción; iii) ha negado la
inscripción por causas imputables a la administración; iv) ha negado la
inscripción por el incumplimiento de requisitos no contemplados por la ley para
quedar inscrito en el Registro o ha exigido cumplir con requisitos formales que
resultan desproporcionados; v) cuando no se registra al solicitante porque su
declaración incurre en contradicciones o su explicación de los hechos del
desplazamiento no son claros; vi) cuando la exclusión se basa exclusivamente
en la aplicación de la encuesta Sisbén sin que se aporten otras pruebas que
permitan concluir que la persona no se encuentra en situación de desplazamiento;
vii) cuando no se ha tenido la oportunidad procesal para interponer los
recursos administrativos que permitan controvertir las razones expuestas por
Acción Social para negar la inscripción en el Registro”[46]. (negrillas de la Sala).
2.6.3.5.
Por lo expuesto, la Sala
procederá a revocar la decisión del juez de instancia, y dado que la entidad
accionada efectuó una interpretación de las normas aplicables contraria a los
principios de favorabilidad y buena fe, y además se exigieron al actor
requisitos formales irrazonables y desproporcionados para ser incluido en el
RUPD, ordenará a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social – hoy Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, que realice una segunda
evaluación sobre la inclusión del solicitante y su familia en el RUPD, en la
cual deberán ser incluidos los elementos de juicio adicionales a los ya
considerados.
2.6.3.6.
En ese mismo orden, y sin
perjuicio de que sea incluido o no en el RUPD, se ordenará a la nueva Unidad
Administrativa de Atención a la Víctimas, que le suministre toda la información
necesaria que ilustre al accionante cómo reclamar sus derechos como víctima del
conflicto armado interno.
3.       DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 4 de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Armenia, Quindío, y en su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la
igualdad, a la familia y a la protección especial de la población desplazada
del señor Leonel Queragama Borocuara y su familia.
SEGUNDO.-
ORDENAR a Acción Social – hoy
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas- que, en un término de quince (15) días calendario siguientes a la
notificación de esta providencia, proceda a realizar un segunda valoración a la
declaración del señor Leonel Queragama Borocuara y de las circunstancias que
llevaron a su alegado desplazamiento forzado. En dicha evaluación, Acción
Social – hoy Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas- deberá tener en cuenta la calidad indígena del actor e
incorporar elementos probatorios adicionales a los ya considerados y conforme a
las normas jurisprudenciales expuestas.
TERCERO.-
Sin perjuicio de que sea o no
considerado víctima de desplazamiento forzado, ORDENAR a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
informar e instruir al señor Juan Pablo Quiroz Quintero sobre cómo reclamar sus
derechos como víctima del conflicto armado interno, en el marco de lo
consagrado en la Ley 1448 de 2011.
CUARTO.- Líbrense
por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, notifíquese,
publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Se hace necesario aclarar, que dentro de un (1) año contado a partir
de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, la entidad competente en valorar la
información de las declaraciones realizadas, será la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tal
como lo disponen los artículos 154 y 155 de la mencionada norma.
[2] “Desplazamiento forzado en Colombia”. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, 2010. Tomado: http://www.centromemoria.gov.co/desplazamiento
[3] Entre otras, sentencias T-227 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-327 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-006 de 2009 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] Comisión de Derechos Humanos 54° Período de sesiones., 11 de febrero
de 1998. Tomado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022.
[5] Ver entre otras, sentencias T-227 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-215 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-042 de 2009 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-582 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[6] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En ese fallo la Corte tuvo la oportunidad de estudiar varios casos de personas en condiciones de
desplazamiento forzado que habían sido transitoriamente ubicadas en un predio
que pertenecía a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social –CORVIDE en
Antioquia, y ésta ordenó su desalojo, sin que las familias recibieran los
beneficios asistenciales de la Ley 387. Criterio que es reiterado en sentencia
T-268 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7] A partir de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, la entidad competente
para valorar las declaraciones será la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
[8] Ver sentencias T- 025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[10] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[11] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[12] M.P. Mauricio González Cuervo.
[13] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[14] Criterio de Auto 218 de 2006.
[15] ““Es importante destacar el aumento en la
cobertura del registro de los desplazados. Sin embargo sigue sin poder
estimarse el desplazamiento en Colombia, en particular por la existencia del
subregistro. La rigidez en la atención y las trabas burocráticas hacen que el
registro se perciba, por la población afectada, más como una obstaculización
para los beneficios previstos que como el instrumento para acceder a los
mismos. Adicionalmente, esta situación hace que el fenómeno del desplazamiento
continúe sin adquirir para el Estado la dimensión real, con las consiguientes
consecuencias en la eficacia de las respuestas y en las prioridades estatales”  Sentencia
T-268 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Tomado de la Alta Comisionada para los derechos Humanos, Informe del año 2000: www.hchr.org.co,
el 21 de marzo de 2001.
[16] Ver entre otras, sentencias T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda, T-1076 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-284 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-447 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[17] La Ley 1448 de 2011, recogió estos criterios en
su artículo 61: “(…) La valoración que realice el funcionario encargado de
recibir la solicitud de registro debe respetar los principios constitucionales
de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial”.
[18] Ver sentencias T-327 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,  T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda, T-211 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, entre otras. En palabras de la Corte Constitucional: “(i) la mayoría de las personas desplazadas por la violencia
provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso es exigua
-motivo por el cual el grado de analfabetismo es alto-; (ii) en muchas
ocasiones quien es desplazado por la violencia proviene de contextos en los
cuales se ha educado a las personas en una especie de ‘temor reverencial’ hacia
las autoridades públicas; (iii) en el momento de rendir un testimonio
ante las autoridades, el grado de espontaneidad y claridad con el que podrían
hacerlo se reduce considerablemente; (iv) a las circunstancias del
entorno de origen de los desplazados, se añaden las secuelas de la violencia.
No es fácil superar el trauma causado por los hechos generadores del
desplazamiento forzado. Esta situación puede conllevar traumas sicológicos,
heridas físicas y afectivas de difícil recuperación, además de la inminente
violación de derechos humanos que se da desde que la persona es víctima del
delito de desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento del
desplazado al momento de rendir la declaración; y (v) el temor de
denunciar los hechos que dieron lugar al desplazamiento hace que no exista
espontaneidad en su declaración.”
[19] Sentencias T-1076 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-328 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-044 de 2010 M.P. María Victoria Calle, entre otras.
[20] Sentencia T-446 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: “Al respecto la sentencia T-327/01 expone: “Para realizar una interpretación razonable al
artículo 2 inciso 2 del decreto 2569 de 2000, se deben aplicar criterios de
interpretación sistemática, teleológica, y más favorable a la protección de los
derechos humanos. Siendo esto así, al aplicar la interpretación sistemática, se
debe tener muy claro que el decreto contentivo del artículo en estudio es
desarrollo reglamentario de una ley que reconoce el desplazamiento forzado como
situación de hecho; a su vez, esta ley es desarrollo de un sistema
constitucional al cual están incorporadas normas supranacionales como lo son
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, emanados de la ONU y el artículo 17 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, que buscan proteger a los desplazados y no exigen certificación de tal
fenómeno de facto.  Si se hace una interpretación teleológica de la norma, se observa
que el fin de tal artículo es brindar protección y Ayuda frente a una situación
que, como se reconoce en el inciso primero de tal artículo, se da por la
ocurrencia de los hechos de una manera estructurada. No requiere el citado
artículo la necesidad del reconocimiento oficial para la configuración del
desplazamiento forzado en un caso concreto. Igualmente, realiza una
interpretación en el sentido que más convenga a la finalidad de la norma, se
encuentra que frente al tratamiento de tan grave situación como lo es el
desplazamiento forzado,  lo más razonable es entender que no se puede
condicionar la existencia de una realidad a la afirmación de su configuración
por parte de las autoridades. Finalmente, de acuerdo con el criterio
hermenéutico de la interpretación más favorable a la protección de los derechos
humanos. Al  aceptar como válida tal interpretación, el inciso segundo de la
norma en estudio se debe tomar como una serie de pautas para facilitar una
organizada protección de los derechos fundamentales de los desplazados.”
[21] Cfr. Sentencia T-447 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[22] Cfr. sentencia T-563 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[23] “De
acuerdo a la jurisprudencia resumida, para el caso a resolver es necesario
resaltar que en el proceso de recepción y evaluación de las declaraciones de la
persona que dice ser desplazada, los funcionarios correspondientes deben
presumir la buena fe del declarante y ser sensibles a las condiciones de
especial vulnerabilidad en que éste se encuentra y, por lo tanto, valorarlas en
beneficio del que alega ser desplazado. Adicionalmente, ante hechos iniciales
indicativos de desplazamiento la carga de la prueba acerca de que el declarante
no es realmente un desplazado corresponde a las autoridades, y en caso de duda,
la decisión de incluirlo en el registro debe favorecer al desplazado, sin
perjuicio de que después de abrirle la posibilidad de acceso a los programas de
atención, se revise la situación y se adopten las medidas correspondientes. De
acuerdo a estos criterios, pasa la Corte a resolver el caso en cuestión”.Sentencia  T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda.
[24] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] Cfr. Auto 004 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Cfr. ibídem.
[27] Ver ibídem.
[28] Ver sentencias T-327 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-268 de
2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-328 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-787 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-006 de 2009 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-318 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[29] “En la Sentencia T-327 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte ordenó la inscripción en el RUPD de una persona en situación de desplazamiento por
grupos paramilitares, a quien se le había negado la inclusión en tres
oportunidades por no aportar pruebas de su condición e incurrir en versiones
contradictorias, con base en la inversión en la carga de la prueba a partir del
principio de buena fe en los casos de desplazamiento”. Ver también
sentencias T-821 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino y T-328 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[30] A juicio de la Corte Constitucional: “las contradicciones en lo dicho por una persona desplazada no
tienen ineludiblemente como consecuencia perder la atención a la que se tiene
derecho como desplazado, a no ser que se compruebe que el sujeto no es en
realidad desplazado. Es en este sentido que ha de interpretarse el numeral 1°
del artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 citado por la Red de Solidaridad Social, según el cual, la no inscripción procede cuando “la declaración
resulte contraria a la verdad”. La verdad a que se refiere la norma es el hecho
mismo del desplazamiento, y no cualquier elemento de la declaración sobre
hechos distintos que puedan sugerir alguna inconsistencia o error”.
Criterio establecido en sentencia T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y reiterado en sentencia T-787 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[31] En la Sentencia T-1094 de
2004, (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte ordenó reevaluar una declaración de desplazamiento de una persona, a quien se le había denegado su inclusión
en el RUPD por hallar en ella inconsistencias. La Corte encontró, igualmente, que las inconsistencias existían; sin embargo, encontró que de
ellas no se derivaba necesariamente la conclusión de que el señor no era
desplazado, puesto que las inconsistencias versaban sobre accidentes o
circunstancias diferentes al hecho generador del desplazamiento. En semejante
sentido se pronunció la Corte en la Sentencia  T-882 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). Cita tomada de la T-821 de 2007 (M.P. Catalina Botero Marino).
[32] Los dos primeros casos estudiados por la Corte Constitucional en la que se presentó la negación de la inscripción en el RUPD de una
personas por estar registradas en la encuesta del SISBEN de otro lugar al
mencionado en el relato de los hechos, fue en la sentencia T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1076 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, esta última citada
en el acápite anterior de esta providencia.
[33] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[34] Criterios reiterados, entre otras en sentencias T-630 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto  y T-787 de 2008 M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[35] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[36] M.P. Juan Carlos Henao.
[37] Información corroborada por el informe allegado por el
Ministerio del Interior a la Secretaría de la Corte Constitucional el 29 de mayo de 2012.
[38] Cfr. sentencias T-086 de 2006 M.P. Clara Inés vargas Hernández y T-582 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[39] Ver sentencia T-327 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[40] M.P. María Victoria Calle Correa. Con ocasión
del caso de un señor al cual se le negó la inscripción en el RUPD por considerar que en la zona y en la época en la cual él dijo haberse
desplazado por la violencia, no había reportes de alteraciones del orden
público.
[41] Informe del Departamento de Policía de Risaralda allegado a la Secretaría de
la Corte Constitucional el 4 de junio de 2012 (cuaderno 1 folios 27 y 28). “No
obstante, la información recibida por parte del delegado del batallón San Mateo
y de la PONAL, dan cuenta que no existe una presencia constante de los
combatientes de las Farc. Estos ingresan desde el vecino municipio de Bagadó
para realizar labores de inteligencia y de proselitismo (…) El Ejército señala
que la zona de riesgo es la parte del Alto Andágueda, ubicada en Bagadó. Allí
se encuentran reductos del Frente 48 y de la columna Aurelio Rodríguez de las
Farc, que buscarían reingresar al departamento de Risaralda por el municipio de
Pueblo Rico” Información obtenida por el informe de intervención de Acción
Social en la situación presentada en el municipio Pueblo Rico, Risaralda
octubre de 2011 del Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado.
[42] Informe allegado por el Ministerio del Interior a la Secretaría de
la Corte Constitucional el 29 de mayo de 2012.
[43] “El agudo impacto que ha tendio el conflicto armado sobre
los grupos indígenas del país se ha traducido, principalmente, en alarmantes
patrones de desplazamiento forzado, tanto masivo como individual, que han
incrementado a lo largo de la última década y hoy en día se ciernen como una de
las más serias amenazas para la supervivencia a corto plazo de las etnias de
Colombia. Por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural de
estos grupos, el desplazamiento forzado genera un claro riesgo de extinción,
cultural o física, de los pueblos indígenas”. Auto 004 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[44] Tomado de: Secretaría Distrital de Plantación
– SDP, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ServiciosTramites/SISBEN.
La encuesta SISBÉN es una “herramienta básica que facilita el diagnóstico
socioeconómico preciso de determinados grupos de la población. Se aplica a
hogares no colectivos, y es muy útil para la elaboración del plan de desarrollo
social de los municipios y la selección técnica, objetiva, uniforme y
equitativa de beneficiarios para programas sociales. El Sisbén clasifica a la
población, de acuerdo con su condición socioeconómica particular, representada
mediante un indicador resumen de calidad de vida-índice-Sisbén y con base en
sus resultados se asignan subsidios a los más pobres en salud, vivienda,
educación y empleo.” (T-746 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo)
[45] Ver sentencias T-496 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-746 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.
[46] Cfr. sentencias T-496 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-630 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.