C-148-97
Sentencia C-148/97
Sentencia C-148/97
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Clases
de actuaciones judiciales/FUNCIONARIO CON FUERO ESPECIAL-Investigación
por delitos comunes/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Investigación por delitos
comunes
Tratándose
de funcionarios que gozan de fuero especial, el Congreso adelanta dos tipos de
actuaciones judiciales. La primera tiene lugar cuando se trata de acusación por
delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala
conducta. La segunda cuando se trata de acusación por delitos comunes. Es la
propia Constitución la que otorga competencia al Congreso de la República para
conocer de aquellas denuncias que, por delitos comunes, se formulen ante la  Cámara
-Comisión de Investigación y Acusación- contra funcionarios que gozan de fuero
especial. Obviamente que, por disposición del propio ordenamiento, su
competencia se limita a instruir y acusar o no acusar; el juzgamiento es
competencia exclusiva de la h. Corte Suprema de Justicia, por lo que la
acusación que profiera el Senado de la República, cuando se trata de delitos
comunes, se constituye en el marco jurídico para desarrollar la etapa del
juicio penal. La actuación adelantada por la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara, por la Comisión de Instrucción del Senado y por las
plenarias de las dos corporaciones, incluye la de investigar las denuncias que
por delitos comunes se formulen contra altos funcionarios del Estado que gozan
de fuero especial, ocurridos durante el desempeño del cargo y aunque aquellos
hubieren cesado en el ejercicio del mismo.
SENADO
EN PLENO-Decisión
sobre procedencia de acusación
La
Comisión de Instrucción del Senado no tiene facultad para decidir la viabilidad
o no de la acusación, pues dicha potestad le pertenece al Senado en pleno.
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Función
judicial/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Función instructiva penal
Respecto
de los hechos presuntamente delictivos cometidos por funcionarios con fuero
especial y ocurridos en el ejercicio del cargo, ha de aclararse que el Congreso
cumple una función jurisdiccional de tipo penal, correlativa a las etapas de
investigación y calificación de los procesos penales que se surten ante los
jueces comunes. Entre otras razones, porque  los efectos de las decisiones que
finalmente adopte el Congreso, al igual que las adoptadas por los fiscales, dan
lugar, o bien al juzgamiento del sindicado ante la h. Corte Suprema de
Justicia, con lo cual la acusación se convierte en el marco jurídico para
desarrollar la etapa del juicio penal, o bien a la preclusión de la
investigación, caso en el cual, se le pone fin a la actuación judicial,
procediendo el archivo del expediente, con lo cual la decisión produce efectos
de cosa juzgada.
COMISION
DE INVESTIGACION Y ACUSACION-Funciones
La
Constitución Política y la ley sí le atribuyen a la Cámara de Representantes
(Comisión de Investigación y Acusación), funciones de investigación e
instrucción en los procesos que adelanten contra los funcionarios que gozan de
fuero especial.
Referencia:
Expediente D-1398
Demanda
de inconstitucionalidad parcial contra los artículos  329(parcial), 331
(parcial), 332(parcial),  333 (parcial), 334, 336(parcial), 337(parcial),
338(parcial),  339, 340, 341, 342, 343(parcial), 345(parcial), 346,  347 y 353
de la ley 5a de 1992; los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 de la ley 273 de 1996 y
contra los artículos 467 y 489 del Decreto 2700 de 1991. - Código de
Procedimiento Penal.
Actor:
Alberto Rojas Ríos
Magistrado
Ponente:
Dr.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Santafé
de Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y siete
(1997).
I.
ANTECEDENTES
El
ciudadano Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 329(parcial),  331
(parcial), 332(parcial),  333 (parcial), 334, 336(parcial), 337(parcial),
338(parcial),  339, 340, 341, 342, 343(parcial), 345(parcial), 346,  347 y 353
de la ley 5a de 1992; los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 de la ley 273 de 1996 y
contra los artículos 467 y 489 del Decreto 2700 de 1991 (Código de
Procedimiento Penal).
Admitida
la demanda se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales
correspondientes, se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la
Corporación para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se
dio traslado al procurador general de la Nación, quien rindió el concepto de su
competencia.
Una vez
cumplidos todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y
en el decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II.
TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
El tenor
literal de las normas es el siguiente, con la aclaración de que se subraya y
resalta lo demandado.
"LEY 5a. DE 1992
"Por la cual se expide el
Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes".
"ARTICULO
329. Denuncia contra Altos funcionarios. La denuncia o la queja que
se formule contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, el
Magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, el
miembro del Consejo Superior de la Judicatura, el Magistrado del Consejo de Estado
o el Fiscal general de la Nación, por delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones, por indignidad, por mala conducta o por delitos comunes,
se presentará por escrito acompañado de las pruebas que tenga el denunciante o
de la relación de pruebas que deban practicarse y que respaldan la denuncia o
queja.
"ARTICULO
331. Reparto y ratificación de queja. El Presidente de la Comisión
de Investigación y Acusación, dentro de los dos (2) días siguientes, repartirá
la denuncia o queja entre los representantes que integran la Comisión. a
quien se le reparta se le denominará Representante-Investigador. Este,
dentro de los dos (2) días siguientes, citará al denunciante o quejoso para que
se ratifique bajo juramento.
Si no
se ratificare y no hubiere mérito para investigar oficiosamente, se archivará
el asunto y el representante investigador informará de ello al
Presidente de la Comisión."
"ARTICULO
332. Apertura de la investigación. Ratificada bajo juramento la
denuncia o queja, el Representante-investigador proferirá auto de
sustanciación, contra el que no procede recurso alguno, ordenando abrir y
adelantar la correspondiente investigación, con el fin de esclarecer los
hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a sus autores y
partícipes."
"ARTICULO
333. Auxiliares en la investigación. El representante-investigador,
en el ejercicio de su función, podrá solicitar la cooperación de los miembros
de la Policía Judicial, del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía
General de la Nación y de las demás autoridades que ejerzan funciones de esa
índole.
También
podrá comisionar a los Magistrados de las Salas Penales de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y a los Jueces para la práctica de pruebas,
cuando lo estime conveniente, así como a los investigadores de la Fiscalía
General de la Nación.
En
la investigación de delitos comunes tendrá las mismas atribuciones facultades y
deberes de los Agentes de la Fiscalía General de la Nación.
"ARTICULO
334. Indicio grave. Indagatoria. Cuando en la investigación exista por lo menos
un indicio grave de que el denunciado es autor o partícipe del hecho que se
investiga, el Representante-investigador lo citará para que dentro de los dos
(2) días siguientes comparezca a rendir indagatoria. Si fuere capturado en
flagrancia, se le dejará en libertad y citará en la forma antes dicha. Si no
compareciere se le emplazará, designará defensor de oficio y se continuará la
actuación."
"ARTICULO
336. Pruebas. El defensor y el denunciado tienen derecho de presentar pruebas,
de solicitar la práctica de pruebas y de controvertir, durante la
investigación, las pruebas aportadas en su contra
"ARTICULO
337. Principio de libertad del procesado. Durante la investigación
rige el principio de libertad del procesado. Por eso no hay lugar a proferir
medida de aseguramiento alguna contra él."
"ARTICULO
338. Recurso de apelación. El auto por el cual se niega al procesado
o a su defensor la práctica de alguna prueba durante la investigación,
podrá ser apelado para ante la Comisión de Acusación en pleno. En sesión
plenaria ésta decidirá sobre el recurso dentro de los cinco (5) días siguientes
al recibo del expediente. La decisión se adoptará por una mayoría simple."
"ARTICULO
339. Término para la investigación. El término para la realización de la
investigación es de treinta (30) días. Pero, cuando se trate de delitos conexos
o sean dos (2) o más los procesados, el término será de sesenta (60) días.
La
cesación de procedimiento en los términos y causales del Código de
Procedimiento Penal, procederá en cualquier momento del proceso. El expediente
se archivará.
ARTICULO
340. Cierre de la investigación. Agotada la investigación o vencido el término
legal para realizarla, el Representante-Investigador dictará auto declarándola
cerrada. En este mismo auto, contra el que no procede recurso alguno, se
ordenará dar traslado por el término de diez (10) días al defensor para que
presente sus puntos de vista sobre el mérito de la investigación.
ARTICULO
341. Acusación o preclusión de la investigación. Vencido el término del
traslado el Representante-Investigador, dentro de los diez (10) días
siguientes, presentará al Presidente de la Comisión de Investigación y
Acusación el proyecto de resolución de acusación o de preclusión de la
investigación.
Los
requisitos sustanciales y formales de estas dos formas de calificación serán
los exigidos por el Código de Procedimiento Penal".
ARTICULO
342. Decisión sobre resolución calificadora. Recibido el proyecto de resolución
calificadora, la Comisión de Investigación y Acusación se reunirá dentro de los
cinco (5) días siguientes y estudiará y decidirá si aprueba o no el proyecto
presentado. Si fuere rechazado, designará a un nuevo representante para que
elabore la resolución de acuerdo con lo aceptado por la Comisión.
"ARTICULO
343.- Consecuencias de la resolución calificatoria. Si la resolución
calificatoria aprobada fuere de preclusión de la investigación, se archivará el
expediente; si de acusación, el Presidente de la Comisión remitirá el asunto al
Presidente de la Cámara.
La
Cámara se reunirá en pleno dentro de los cinco (5) días siguientes para
estudiar y decidir sobre la acusación aprobada por la Comisión."
"ARTICULO
345.- Proyecto de resolución sobre la acusación. El
Senador-Instructor estudiará el asunto y presentará un proyecto de resolución
admitiendo o rechazando la acusación. En este último caso deberá proponer
la cesación de procedimiento.
Este
proyecto se presentará a la Comisión de Instrucción la cual, dentro de los dos
(2) días siguientes, se reunirá para decidir si aprueba o no el proyecto
presentado por el ponente.”
"ARTICULO
346.- Decisión de la Comisión de Instrucción. Si la Comisión decidiere aceptar
la cesación de procedimiento, archivará el asunto. Si aceptare la acusación,
dentro de los dos (2) días siguientes se remitirá el expediente al Presidente
del Senado para que dentro de los cinco (5) días posteriores el Senado en pleno
estudie y decida sobre esa admisión de la acusación.”
"ARTICULO
347. Iniciación del juicio. Admitida la acusación o revocada por vía de
apelación la cesación de procedimiento proferida por la Comisión de
Instrucción, se inicia el juzgamiento. (Modificado por el artículo 4° de la Ley
273 de 1996)
Inmediatamente
el acusado que esté desempeñando funciones públicas quedará suspenso de su
empleo.
Si
la acusación se refiere a delitos comunes, se citará al acusado y se le pondrá
a disposición de la Corte Suprema de Justicia junto con el expediente.
Si
la resolución de acusación fuere por hechos cometidos en el ejercicio de
funciones públicas o en relación con las mismas, el Senado señalará fecha para
la celebración de audiencia pública. Esta resolución se comunicará a la Cámara
de Representantes y se notificará personalmente al acusador y al acusado,
haciendo saber a éste el derecho que tiene de nombrar un defensor. La audiencia
se celebrará aunque a ella no concurriere el acusado. Si no fuere posible la
notificación personal se hará por estado.
Será
acusador el Representante-ponente de la decisión de la Comisión de
Investigación y Acusación."
"ARTICULO
353. La Cámara como Fiscal. En las actuaciones que adelante la Cámara de
Representantes contra altos funcionarios del Estado ejercerá funciones de Fiscal:"
LEY NUMERO 273 DE 1996.
(MARZO 22)
"Por la cual se modifica
el reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de altos
funcionarios."
"ART.1°-
Agréguese al artículo 331 de la Ley 5a de 1992 (1) el siguiente inciso:
'El
presidente de la comisión de investigación y acusación, dentro de los dos (2)
días siguientes, repartirá la denuncia o queja entre los representantes que
integran la comisión, pudiendo designar hasta tres (3) Representantes
investigadores para un asunto determinado. En tal caso designará a uno
de ellos coordinador. El Representante investigador o
representantes investigadores, dentro de los dos (2) días siguientes, citarán
al denunciante o quejoso para que se ratifique bajo juramento'
"ART:
2° - Adiciónese el artículo 332 de la ley 5a de 1992 con el siguiente
parágrafo:
'PAR:-
Cuando la investigación se refiera al Presidente de la República el expediente
será público. Las deliberaciones de la comisión de investigación y acusaciones,
así como las plenarias de la cámara serán igualmente públicas. La ordenación y
diligencias de práctica de pruebas seguirán las normas del Código de
Procedimiento Penal.
En
estas investigaciones no podrán trasladarse testimonios con reserva de
identidad. Sin embargo, salvo en lo referente al Presidente de la República, se
mantendrá la reserva sobre las piezas procesales de actuaciones en curso que
por solicitud del representante investigador hubieren sido trasladadas al
proceso que se sigue ante la cámara, cuando a juicio del funcionario competente
obligado a remitirlas, su publicidad pueda desviar o entorpecer la actuación o
el éxito, de otra investigación en curso."
"ART.
3° - El artículo 343 de la Ley 5a de 1992, quedará así:
'ART.
343.- Consecuencia del proyecto de resolución calificatoria. Al día siguiente
de la aprobación del proyecto de resolución, el presidente de la comisión,
enviará el asunto al presidente de la cámara, a fin de que la plenaria de esta
corporación, avoque el conocimiento en forma inmediata. La cámara se reunirá en
pleno dentro de los cinco (5) días siguientes para estudiar, modificar y
decidir en el término de quince (15) días sobre el proyecto aprobado por la
comisión.
Si
la Cámara de Representantes aprueba la resolución de preclusión de
investigación, se archivará el expediente. Si la improbare, designará una
comisión de su seno para que elabore, en el término de cinco (5) días, el
proyecto de resolución de acusación."
"ART:
4° - El primer inciso del artículo 347 de la Ley 5a de 1992, quedará así:
'Iniciación
del juicio. Admitida la acusación o revocada por vía de apelación la cesación
de procedimiento proferida por la comisión de instrucción, se inicia el
juzgamiento.'"
"ART:
5.- En todos los procesos que se adelanten ante la comisión de investigación y
acusación de la Cámara de Representantes, es obligatoria la presencia del
Ministerio Público."
DECRETO 2700 DE 1991
(Noviembre 30)
"ART:
467 - Acusación ante la Cámara de Representantes. El juzgamiento de los
servidores públicos, que de acuerdo con la Constitución deban ser juzgados por
el Senado, se hará siempre mediante acusación a la Cámara de Representantes, que
en tal caso actúa como fiscal.
Cualquier
ciudadano puede denunciar ante la Cámara de Representantes las infracciones de
la ley penal cometidas por los servidores públicos que deban ser juzgados ante
el Senado."
"ART.
489.- La cámara como fiscal. En las actuaciones que adelante la Cámara de
Representantes contra los servidores públicos ejerce funciones de fiscal."
III.
LA DEMANDA
1.
Normas constitucionales que se consideran infringidas
Estima
el actor que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 29,
116, 174, 175, 178, 199, 235, 250, 251 y 158 de la Constitución Política.
2.
Fundamentos de la demanda
2.1
Cargos contra los artículos 331 (parcial); 332 (parcial); 333 (parcial), 334;
336; 337; 338; 339; 340 (parcial); 341; 342: 343 (parcial); 345; 346 (parcial);
y 353 de la ley 5a de 1992. Artículos 1 (parcial); 2; 3 y 5 de la ley 273 de
1996. Artículos 467 y 489 del decreto 2700 de 1991.
Estima
el demandante, que las normas acusadas violan la Constitución Política, por
cuanto atribuyen al "representante-investigador" la facultad de
investigar las conductas cometidas por los altos funcionarios del Estado lo
cual, a su juicio, constituye una clara usurpación de la jurisdicción y la
competencia propias del Senado en lo atinente al juzgamiento por indignidad por
mala conducta, y de la Corte Suprema de Justicia, en lo que se refiere a la
comisión de hechos punibles. También considera el demandante que es una
intromisión en la órbita de competencia de la Corte Suprema de Justicia en lo
que se refiere a la investigación por la comisión de hechos punibles; es decir,
según el demandante se contradicen los postulados del Estatuto Superior, cuando
se le confieren a la Cámara de Representantes facultades investigativas como si
se tratara del fiscal de la causa, facultad reservada exclusivamente al fiscal
general de la Nación.
2.2.
Cargos contra el artículo 329 (parcial) y 347 de la ley 5a de 1992 y 4° de la
ley 273 de 1996.
El
demandante estima que los dos primeros incisos del artículo 347 de la ley 5a de
1992 resultan inanes por cuanto son repetitivos de la Carta política; en cuanto
al inciso tercero y al artículo 329 de la ley 5a de 1992, contravienen
abiertamente, en su parecer, los artículos 175 y 235 de la Carta política, pues
el juez natural de los altos funcionarios del Estado es la Corte Suprema de
Justicia, a la cual se le ha otorgado la competencia para conocer de los
procesos por la comisión de hechos punibles -delitos comunes- por parte de
éstos, para lo cual no se requiere la acusación por parte de la Cámara de
Representantes ni la declaración del Senado sobre si hay lugar o no a
seguimiento de causa.
Según el
demandante, ello quiere decir que la facultad acusadora de la Cámara y la
instructiva del Senado, no cobija a los funcionarios que gozan de fuero
especial, pues de ellos debe conocer en forma exclusiva la Corte Suprema de
Justicia.
Finalmente,
refiriéndose al conjunto normativo que reglamenta los procedimientos judiciales
adelantados ante el Congreso de la República y contenidos en las leyes 5a de
1992 y 273 de 1996, el actor considera que no es materia que deba hacer parte
de la ley orgánica que establece el Reglamento del Congreso, pues ésta, de
conformidad con el artículo 151 de la C.P. debe referirse de manera exclusiva
al ejercicio de la actividad legislativa. A su juicio, dicha ley se inmiscuye
en temas propios del Código de Procedimiento Penal, totalmente reglamentados en
un capítulo especial de dicho estatuto.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En la
oportunidad legal, el señor procurador general de la Nación (e) se pronunció
sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que haga
los siguientes pronunciamientos:
1.-
Declararse inhibida frente a las demandas contra los artículos 331, 332 y 347-1
de la ley 5a de 1992.
2.-
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-386 de 1996, en cuanto a los reparos a
la frase "En este último caso deberá proponer la cesación de
procedimiento", contenida en el artículo 345 de la ley 5a de 1992.
3.-
Declarar la exequibilidad de la expresión "o por delitos comunes"
de los artículos 329 y 333 de la Ley 5a de 1992. La expresión "durante
la investigación", contenida en los artículos 336, 338 de la misma
norma. desde la frase que va desde "Cierre de la investigación",
hasta la palabra "cerrada", contenida en los artículos 339
inciso 1° y 340 de la ley 5a de 1992. Del artículo 346 la parte que dice "dentro
de los dos días siguientes se remitirá el expediente al Presidente del Senado
para que dentro de los cinco días posteriores el Senado en pleno estudie y
decida" al igual que del artículo 347, salvo en lo que respecta al
inciso primero; y de todo el artículo 353 de la misma ley 5a de 1992.
No
obstante, si al momento de decidir el presente proceso ya se ha pronunciado la
Corte Constitucional sobre los artículos 333, 336, 338, 339-1 y 340 (parcial)
de la ley 5a de 1992, demandados en el expediente D-1298, solicita estarse a lo
allí resuelto.
4.-
Declarar la exequibilidad de los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 273 de 1996.
5.-
Declarar exequibles los artículos 467 y 489 del Código de Procedimiento Penal.
6.-
Declarar inexequible el artículo 4° de la ley 273 de 1996, en el aparte que
dice: "o revocada por vía de apelación la cesación de procedimiento
proferida por la Comisión."
En
relación con el cargo según el cual la Cámara carece de la atribución
constitucional para ejercer la investigación de los procesos que se sigan en
contra de los altos funcionarios del Estado, el procurador general de la Nación
estima que la Constitución Política ha dispuesto en los artículos 174, 175
numerales 2° a 4°, y 178 numerales 3° y 4°, la competencia de la Cámara de
Representantes para formular acusaciones en contra del Presidente de la
República o quien haga sus veces, de los magistrados de la altas corporaciones
judiciales y del fiscal general de la Nación por hechos ocurridos durante el
desempeño de sus cargos. Asimismo, el artículo 174 del Estatuto Superior
establece que el Senado conocerá de dichas acusaciones y declarará si hay o no
lugar a adelantar la causa ante la Corte Suprema de Justicia. A juicio del
Ministerio público, para que dichas disposiciones puedan ser cumplidas a
cabalidad, la Cámara de Representantes cuenta con todas las facultades
investigativas, en especial la de recaudar pruebas y comisionar o demandar
auxilio de otras autoridades, según lo reconoció la Corte Constitucional en el
auto del 12 de octubre de 1995 y en  la Sentencia C-037 de 1996, mediante la
cual se avaló la función de la Comisión de Acusación de la Cámara, declarando
exequibles los artículos referentes a la función judicial del órgano
legislativo.
La
reglamentación de dicha normatividad se encuentra desarrollada en la ley 5a de
1992, la cual regula lo referente al procedimiento que deberá adelantarse ante
la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en caso
de recibir una queja o denuncia contra alguno de los altos funcionarios antes
citados; y luego de hacer un recuento de dicho procedimiento y las norma que
los regulan, el señor procurador general de la Nación señala que, según su
concepto, la modificación introducida al artículo 347 de la ley 5a de 1992, por
el artículo 4° de la ley 273 de 1996, contradice abiertamente la Constitución
Nacional, al establecer que "una vez admitida la acusación o revocada
por vía de apelación la cesación de procedimiento proferida por la Comisión de
Instrucción.", por cuanto la Comisión carece de la potestad de tomar
la decisión definitiva acerca de la viabilidad o no de la acusación, facultad
reservada exclusivamente al Senado; por tanto, en ausencia de una decisión por
parte de la Comisión, no habrá lugar a apelación ante el pleno de la
Corporación, por tanto, esta norma es inconstitucional.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1- Competencia
Por
dirigirse la demanda contra dos leyes de la República y un decreto con fuerza
de ley, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su
constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 y 5 de la Carta
Fundamental.
2-
Artículos demandados de la ley 5a. de 1992:
Las
normas demandadas de la ley 5a de 1992 fueron las siguientes: Art. 329
(parcial),  331 (parcial), 332(parcial),  333, 334, 336(parcial),
337(parcial),  338(parcial),  339, 340, 341, 342, 343(parcial), 345(parcial),
346,  347 y 353.
2.1. Normas cuya
demanda fue rechazada.
Por Auto de fecha 5 de agosto
de 1996, fue rechazada la demanda presentada contra los artículos 343 y 337; el
primero por haber sido derogado por el artículo 3° de la ley 273 de 1996, y el
último por cosa juzgada en la Sentencia C-245 del 96. Así mismo, por Auto del
30 de agosto de 1996, fueron rechazadas las demandas contra los artículos 341 y
342 de la ley 5a de 1992 por existir pronunciamiento de la Corte Constitucional
acerca de su exequibilidad en las Sentencias C-222 y C-385 de 1996,
respectivamente. También fue rechazada la demanda contra el artículo 334 de la
ley 5a por haber sido declarado exequible en la Sentencia C-386 y C-563 de
1996.  En consecuencia, respecto de dichos artículos,  la Corte no emitirá
ningún pronunciamiento.
2.2. Cosa Juzgada
constitucional.
En relación con los artículos
331, 333, 336, 338, 339, 340 y 345, esta Corporación, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política, según el cual, “los
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional”,  y teniendo en cuenta que los
preceptos citados ya fueron objeto de control constitucional, se estará a lo
resuelto en la Sentencia C-563 de 1996.
Además,
con respecto al artículo 346 ha de agregarse que esta Corporación, en la
Sentencia C-222 de 1996, declaró inexequibles las siguientes expresiones: ”Si
la Comisión decidiere aceptar la cesación de procedimiento, archivará el asunto.
Si aceptare la acusación...”; y  “sobre esa admisión de la acusación”.
Además, la Corte, en la misma Sentencia, consideró exequibles los demás apartes
del artículo al señalar que “El título  de este artículo y el resto de su
contenido, la Corte los considera exequibles. En consecuencia, la Corte
Constitucional se estará a lo resuelto en la Sentencia C-222/96, respecto de la
totalidad del artículo 346 de la ley 5a de 1992.
En cuanto al artículo 332, éste
fue derogado por el artículo 183 de la ley 270 de 1996, “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, declarado a su vez exequible por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-037 de 1996, razón por la cual esta
Corporación se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por
carencia actual de objeto.
3. Artículos demandados de la
ley 273 de 1996 y del decreto 2700 de 1991.
El actor demandó los artículos
1, 2, 3, 4 y 5 de la ley 273 de 1996, y 467 (parcial) y 489 del decreto 2700 de
1991.
Por Auto del 30 de agosto de
1996 fue rechazada la demanda contra el artículo 5° de la ley 273, por no
existir cargos en su contra. El artículo 4° de la misma ley modificó el inciso
primero del artículo 347 de la Ley 5a de 1992, por lo cual se entiende
integrado al mismo y su análisis se hará dentro de ese contexto.
4. Normas demandadas sobre las
cuales habrá de pronunciarse esta Corporación.
El anterior análisis permite
deducir que a la Corte le corresponde en esta oportunidad pronunciarse
únicamente sobre la constitucionalidad de los artículos 329 (parcialmente) ,
347 y 353 de la ley 5a de 1992; de los artículos 1°, 2°, 3° de la ley 273 de
1996, y de los artículos 467 (parcialmente) y 489 del Decreto 2700 de 1991.
4.1.  Cargos
formulados contra el artículo 329 y contra el inciso tercero del artículo 347
de la Ley 5a de 1992.
El actor considera que la
expresión “o por delitos comunes” contenida en el artículo 329
demandado, y la totalidad del inciso tercero del 347, violan la Constitución
Política en sus artículos 175 y 325, porque en su parecer, la facultad
acusadora de la Cámara y la instructiva y juzgadora del Senado se limitan al
juicio de indignidad por mala conducta y a los delitos cometidos por los altos
funcionarios en el ejercicio de sus funciones, y no a los delitos comunes en
que pueden incurrir dichos funcionarios, de los cuales, a su juicio, debe
conocer exclusivamente la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el particular debe
resaltarse que de conformidad con el artículo 175-2-3 de la C.P., y tratándose
de funcionarios que gozan de fuero especial, el Congreso adelanta dos tipos de
actuaciones judiciales. La primera tiene lugar cuando se trata de acusación por
delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala
conducta, caso en el cual, de conformidad con el artículo 175-2 “el Senado
no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación
temporal o perdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le
seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo
constituyen responsable de infracción que merezca otra pena”. La segunda
cuando se trata de acusación por delitos comunes, ante lo cual, tal como lo
dispone el artículo 175-3, “el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar
a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición
de la Corte Suprema de Justicia”.
Obsérvese, que es la propia
Constitución la que otorga competencia al Congreso de la República para conocer
de aquellas denuncias que, por delitos comunes, se formulen ante la  Cámara
-Comisión de Investigación y Acusación- contra funcionarios que gozan de fuero
especial. Obviamente que, por disposición del propio ordenamiento, su
competencia se limita a instruir y acusar o no acusar; el juzgamiento es
competencia exclusiva de la h. Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el
propio artículo 175 de la Constitución Política, por lo que la acusación que
profiera el Senado de la República, cuando se trata de delitos comunes, se
constituye en el marco jurídico para desarrollar la etapa del juicio penal.
En relación con el tema, esta
Corporación, en diferentes pronunciamientos (Sentencias C-222/96, C-245/96,
C-385/96, C-386/96 y C-563/96), ha avalado la competencia que le asiste a la
Cámara de Representantes y al Senado de la República para conocer de las
denuncias, que por delitos comunes, se formulen contra funcionarios que gozan
de fuero especial. En uno de los mencionados pronunciamientos afirmó:
“La
jurisprudencia de la Corte ha distinguido dos tipos de procesos, a partir de
los preceptos de la Constitución que regulan en forma diferenciada los casos de
acusación por delitos comunes (art. 175 numeral 3), de los que aluden a delitos
cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta.
Tratándose de los primeros la función del Senado se limita "a declarar si
hay lugar o no a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado
a disposición de la Corte Suprema", con lo cual dicha actuación constituye
una condición o requisito de procedibilidad del proceso penal que debe
adelantarse ante ésta. Y cuando se dan los segundos, de un lado, se determina
la responsabilidad política del imputado, en el sentido de que el Senado puede
imponer, únicamente, si fuere el caso, mediante sentencia la destitución del
empleo o la privación temporal  o pérdida absoluta de los derechos políticos, y
de otro lado, al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de
Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca
otra pena.”. (Sentencia No, C-385 de 1996, Magistrado Ponente, doctor Antonio
Barrera Carbonell).
En este orden de ideas, resulta
claro que la actuación adelantada por la Comisión de Investigación y Acusación
de la Cámara, por la Comisión de Instrucción del Senado y por las plenarias de
las dos corporaciones, incluye la de investigar las denuncias que por delitos
comunes se formulen contra altos funcionarios del Estado que gozan de fuero
especial, ocurridos durante el desempeño del cargo y aunque aquellos hubieren
cesado en el ejercicio del mismo.
Así entonces, la expresión “y
por delitos comunes” contenida en el artículo 329, y el inciso tercero del
artículo 347 que prescribe “Si la acusación se refiere a delitos comunes, se
citará al acusado y se le pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia,
junto con el expediente “ de la ley 5a. de 1992, serán declarados
exequibles.
En relación con los incisos
segundo y cuarto del artículo 347 de la ley 5a de 1992, el actor no formuló cargo
alguno en contra de su constitucionalidad, razón por la cual esta Corporación
se declarará inhibida para emitir pronunciamiento de fondo.
4.2. Inexequibilidad
parcial  del inciso primero del artículo 347 de la Ley 5a de 1992.
Como ya se anotó, el inciso
primero del artículo 347 de la ley 5a de 1992, fue modificado por el artículo
4° de la ley 273 de 1996. Así entonces, el tenor literal del inciso primero del
artículo 347 es el siguiente:
“ Iniciación
del Juicio. Admitida la acusación o revocada por vía de apelación la
cesación de procedimiento proferida por la comisión de instrucción, se inicia
el juzgamiento.”
Respecto del tenor literal del
inciso primero del artículo 347 de la Ley 5a de 1992, y a pesar de que el actor
no formuló de manera específica cargo en su contra, la Corte encuentra que
parte de su contenido es contrario al artículo 175 de la Carta Fundamental.
En efecto, la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-222/96, declaró inexequibles las
expresiones contenidas en el artículo 346 de la ley 5a de 1992, que facultaban
a la Comisión de Instrucción del Senado para archivar el expediente en caso de
que decidiera aceptar el proyecto de cesación de procedimiento presentado por
el “Senador-Instructor”. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que dicha
facultad, por disposición constitucional (art.175 C.P.) es privativa del Senado
en pleno, y por ende no puede ser delegada por la ley a una de sus comisiones.
En la misma oportunidad, y a pesar de haberse declarado inhibida para emitir
pronunciamiento de fondo por haber sido derogada la norma, la Corte
Constitucional adujo que la preceptiva contenida en el artículo 343 que daba
competencia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que,
en caso de aprobada la preclusión de la investigación archivara el expediente,
era también inexequible, porque la ley no podía delegar en una de sus
comisiones, una facultad que la Constitución le confirió a la plenaria de la
Cámara de Representantes.
La Corte
sostuvo en dicha Sentencia:
“En
efecto, la norma impugnada, artículo 343 de la ley 5a. de 1992, señalaba como
una de las funciones de la denominada Comisión de Acusación e Investigación de
la Cámara de Representantes, la de precluir la investigación y archivar el
expediente, en aquellos casos en que esa célula acogiera el proyecto de
resolución calificatoria que en ese sentido presentara el
Representante-Investigador, sin que en dicha decisión participara el pleno de
la Corporación, tal como lo ordena la Constitución, lo que acarreaba una
flagrante violación del numeral 4 del artículo 178 de la Carta, pues el
legislador, equivocadamente y excediendo sus facultades, trasladaba a la
mencionada Comisión una función que el Constituyente atribuyó de manera expresa
y especial a la Corporación en pleno, decisión que por su origen y categoría no
puede ser modificada ni revocada por el Congreso.
“Al
analizar el artículo 3 de la ley 273 de 1996, a través del cual se modificó el
precepto impugnado, se constata que la intención del legislador fue la de
armonizar las normas que rigen este tipo de procedimientos con los mandatos
constitucionales; por eso, de manera expresa y específica la nueva norma asigna
al pleno de la Cámara de Representantes, la función de tomar las decisiones a
que haya lugar.
“...
“En
los apartes subrayados, al igual que en el artículo 343 de la Ley 5a. de 1992,
vuelve el legislador a desconocer la voluntad del Constituyente,
específicamente la consagrada en el artículo 175 de la Carta, al delegar en una
célula del Senado una facultad atribuida al pleno de esa Corporación, pues así
como le corresponde al Senado considerar y decidir sobre la procedencia de la
acusación formulada por la Cámara, también le corresponde decidir, en pleno, si
la rechaza y ordena la cesación de procedimiento; una y otra son funciones que
le asigna la Constitución Política al Senado en pleno, negándole la posibilidad
de delegarlas. (Sentencia C-222/96. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz)
Por estas razones, debe la
Corte declarar inexequible la expresión “o revocada por vía de apelación la
cesación de procedimiento proferida por la comisión de instrucción”,
contenida en el inciso primero del artículo 347 de la Ley 5a de 1992,
modificado, como ya se dijo, por el artículo 4° de la ley 273 de 1996. Esto
porque la Comisión de Instrucción del Senado no tiene facultad, a partir de la
Sentencia C-222/96, para decidir la viabilidad o no de la acusación, pues dicha
potestad le pertenece al Senado en pleno. De esta forma, no habiendo decisión
por parte de la Comisión, pierde sentido el recurso de apelación que consagra
el inciso primero del artículo 347 (modificado) y, por tanto, resulta contrario
a la Constitución (art. 175), de conformidad con el criterio expuesto por esta
Corporación en la Sentencia antes citada.
4.3. Cargos formulados
contra el artículo 353 de la ley 5a de 1992, los artículos 1°, 2° y 3° de la
Ley 273 de 1996, y los artículos 467 y 489 del decreto 2700 de 1991.
Para el demandante las normas
citadas violan preceptos constitucionales, pues a su juicio, la Cámara de
Representantes no puede desempeñar el papel de juez-fiscal en los procesos
contra las altas dignidades. Afirma que, “si se llegare a aceptar tamaño error
de derecho procesal constitucional, se permitiría que esta corporación
instruyese la causa en relación con la cual recibió la denuncia o queja del
fiscal general de la Nación o de los particulares ( Art-.178, num 4, C.N.) y
que ella en sede jurisdiccional (fase de mera acusación ante el Senado) sería
competente para proferir resolución de preclusión en el juicio político, o sea,
el juicio de indignidad por mala conducta.” Insiste en que la competencia de la
Cámara de Representantes es la de realizar el presupuesto de procedibilidad de
formular la acusación ante el Senado con base en los elementos de juicio que
arrojen la denuncia o la queja, y no instruir el proceso, pues dicha función
corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el
particular cabe anotar que la jurisprudencia reiterada de esta Corporación,
contenida en las providencias E-004/95, C-222/96, C-245/96, C-385/96, C-386 y
C-563/96  ha sido enfática en sostener que la atribución conferida a la Cámara
de Representantes y al Senado de la República por los artículos 116, 174-3, 4,
5, 175 y 178 del Estatuto Superior, los artículos 329 y ss. de la Ley 5a de
1992 y la ley 273 de 1996,  es de carácter eminentemente jurisdiccional, en
tratándose de denuncias y quejas formuladas contra funcionarios que gozan de
fuero especial, por delitos comunes o cometidos en ejercicio de sus funciones y
a indignidad por mala conducta. Así mismo, la Corte ha reconocido que en
ejercicio de dicha función jurisdiccional, la Cámara de Representantes tiene la
facultad de investigar los hechos que dieron origen a la denuncia o a la queja,
con el fin de decidir acerca de la preclusión de la investigación o la
formulación de la acusación ante el Senado.
En efecto, en relación con la
función jurisdiccional, la Corte ha sostenido lo siguiente:
“Así,
el artículo 116 de la Carta Política le atribuye al Congreso ‘determinadas
funciones judiciales’; dichas funciones, de conformidad con los artículos 174,
175 y 178 de la Carta, le corresponde asumirlas cuando se trata de  aquellos
altos funcionarios del Estado a los cuales el Constituyente les otorgó un fuero
constitucional especial. Quiere decir lo anterior, que el ejercicio de la
función judicial que la Carta Política consagró para el poder legislativo es
restringido, y en consecuencia que sólo es aplicable respecto de funcionarios
del Estado que gocen de un fuero constitucional especial, contituyéndose dicha
condición en otro de los elementos esenciales para el normal funcionamiento de
aquellos estados cuyo esquema de organización se basa en el equilibrio en el
ejercicio del poder público.” (Sentencia C-222/96. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz)
Refiriéndose a la facultad
instructiva, esta Corporación sostuvo:
“Además
de la función de legislar que normal y ordinariamente le corresponde al
Congreso, la Constitución lo ha habilitado para ejercer "determinadas
funciones judiciales" (art. 116 inciso 2). Estas funciones las cumple
el Congreso cuando acomete la investigación y juzgamiento, por causas
constitucionales, del Presidente de la República o quien haga sus veces, de
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, los Miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el
Fiscal General de la Nación, y aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus
cargos, por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos, con
arreglo a las previsiones de los arts. 174, 175, 178-3-4-5, 235, numeral 2, 327
a 366 de la Ley 5a. de 1992, 178, 179, 180, 181,182 y 183 de la Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.” /Sentencia No. C-385 de
1996, M.P., Dr. Antonio Barrera Carbonell) (resaltado fuera del original)
Respecto de los hechos
presuntamente delictivos cometidos por funcionarios con fuero especial y
ocurridos en el ejercicio del cargo, ha de aclararse que el Congreso cumple una
función jurisdiccional de tipo penal, correlativa a las etapas de investigación
y calificación de los proceso penales que se surten ante los jueces comunes.
Entre otras razones, porque  los efectos de las decisiones que finalmente
adopte el Congreso, al igual que las adoptadas por los fiscales, dan lugar, o
bien al juzgamiento del sindicado ante la h. Corte Suprema de Justicia, con lo
cual, como ya se anotó, la acusación se convierte en el marco jurídico para
desarrollar la etapa del juicio penal, o bien a la preclusión de la
investigación, caso en el cual, se le pone fin a la actuación judicial,
procediendo el archivo del expediente, con lo cual la decisión produce efectos
de cosa juzgada (art. 343 de la ley 5a. de 1992, modificado por el artículo 3o.
de la ley 273 de 1996).
La función instructiva penal
que cumple el Congreso de la República encuentra soporte jurídico en los
numerales 4o. y 5o. del artículos 178 superior, que, refiriéndose a las
atribuciones especiales de la Cámara de Representantes, señala:
“4.
Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal
General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios
y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.
“5.
Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las
investigaciones que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas
cuando lo considere conveniente. “
Así mismo, el numeral 2o. del
artículo 341 de la ley 5a. de 1992, declarado exequible por esta Corporación en
la Sentencia C-222/96 refiriéndose a la acusación o preclusión de la
Investigación, dispone que “los requisitos sustanciales y formales de estas
dos formas de calificación, serán los exigidos por el Código de Procedimiento
Penal.”; y el artículo 333 del mismo ordenamiento, igualmente declarado
exequible en la Sentencia C-563/96, dispone en su inciso final que el
representante investigador “en las investigación de delitos comunes tendrá
las mismas atribuciones, facultades y deberes que los Agentes de la Fiscalía
General de la Nación”.
Como si no fuera suficiente, la
ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de la Justicia, refiriéndose
al ejercicio de la función jurisdiccional del Congreso de la República,
dispuso:
“ARTICULO
179. DE LA COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION. La Comisión de Investigación
y Acusación, forma parte de la Cámara de Representantes, desempeña funciones
judiciales de Investigación y Acusación en los juicios especiales que tramita
dicha Cámara; y conoce del régimen disciplinario contra los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional,
del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.”
“ARTICULO
180. FUNCIONES. La Comisión de Investigación y Acusación ejercerá las siguientes
funciones:
“...
“6. Requerir
el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las actividades que le
competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
conveniente. La iniciación de la investigación también procederá de oficio;
“ARTICULO
182. INVESTIGACION PREVIA. Si surgiere alguna duda sobre la procedencia de la
apertura de la investigación, se ordenará abrir a diligencias previas por el
término máximo de seis (6) meses, con el objeto de establecer si hay lugar o no
al ejercicio de la acción penal.
“PARAGRAFO: Una vez vencido el término
anterior el Representante Investigador, dictará auto inhibitorio o de apertura
de investigación. El auto inhibitorio será discutido y aprobado por la Comisión
de Acusación en pleno y hará tránsito a cosa juzgada. A partir de la vigencia
de la presente ley, el mismo efecto tendrán los autos inhibitorios que se
dicten respecto de los funcionarios con fuero constitucional de juzgamiento.
“ARTICULO
183. APERTURA DE LA INVESTIGACION. El representante Investigador, ordenará y
practicará las pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos, las
circunstancias en que ocurrieron y descubrir a los autores o partícipes que
hubieren infringido la ley.
“El
término para la realización de la investigación no podrá exceder en dieciocho
(18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. No obstante, cuando
se trataré de los delitos conexos o sean dos o más los procesados el término
será de treinta (30) meses.” (Las normas transcritas fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037/96, M.P., doctor
Vladimiro Naranjo Mesa, por medio de la cual se adelantó el control de
constitucionalidad de la ley 270 de 1996.)
Ha de concluirse entonces, que
la Constitución Política y la ley sí le atribuyen a la Cámara de Representantes
(Comisión de Investigación y Acusación), funciones de investigación e
instrucción en los procesos que adelanten contra los funcionarios que gozan de
fuero especial, razón por la cual, los cargos esgrimidos por el actor contra
las normas a las que se hizo referencia en el numeral 4.2 de estas
consideraciones, desconocen la normatividad constitucional y legal citada, y,
además, la abundante jurisprudencia que sobre la materia ha producido esta
Corporación.
Por esta razón, el artículo 353
de la ley 5a de 1992, los artículos 1o., 2o. y 3o. de la ley 273 de 1996, la
expresión demandada del artículo 467 y el artículo 489 del decreto 2700 de
1991, serán declarados exequibles.
Finalmente, y en relación con
el cargo según el cual, los artículos demandados no deben hacer parte de la ley
orgánica que adopta el Reglamento del Congreso, porque no tratan asuntos
relacionados con la actividad legislativa, debe esta Corporación reiterar lo
dicho en la Sentencia C-025/93, según la cual “La ley que establezca el
reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, en su
carácter de normativa orgánica, necesariamente debe tomar en consideración el
conjunto de funciones que cumple el Congreso, y cuyo ejercicio periódico debe
sujetarse a unas reglas y procedimientos uniformes que son precisamente los que
se contienen en aquéllas. La actividad de la rama legislativa del poder público
comprende, en los términos de la Constitución, una función constituyente,
legislativa en sentido estricto, de control político, judicial,
electoral, administrativa, de control público y de protocolo.” (Resaltado fuera
del texto original)
Así entonces, contrario a lo
sostenido por el demanante,  el conjunto normativo que regula los procesos
judiciales adelantados ante el Congreso, en manera alguna excede el ámbito
específico de lo que debe ser materia propia de la ley orgánica del Congreso,
pues como lo dejó claro la Sentencia antes citada, esta ley debe comprender el
conjunto de funciones que la propia Constitución le ha asignado a esa
corporación, una de las cuales es, precisamente, la judicial.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
Primero: Respecto de los
artículo 331, 333, 336, 338, 339, 340 y 345 de la ley 5a de 1992, ESTARSE
a lo resuelto en la Sentencia C-563 de 1996.
Segundo: En cuanto al
artículo 332 de la ley 5a de 1996, DECLARARSE INHIBIDA por carencia
actual de objeto.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE
la expresión “o por delitos comunes” contenida en el artículo 329 de la
ley 5a de 1992.
Cuarto: Con respecto al
artículo 346, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-222 de 1996.
Quinto: Declarar INEXEQUIBLE
la expresión “o revocada por vía de apelación la cesación de procedimiento
proferida por la comisión de instrucción “, contenida en el inciso primero
del artículo 347 de la Ley 5a de 1992, el cual fue modificado por el artículo
4° de la ley 273 de 1996, que también es INEXEQUIBLE.
Sexto: Declarar EXEQUIBLES,
el inciso tercero (3°) del artículo 347 y el artículo 353 de la ley 5a de 1992.
Séptimo: INHIBIRSE para
emitir pronunciamiento de fondo contra los incisos segundo (2°) y cuarto (4°)
del artículo 347 de la ley 5a. de 1992, por ausencia de cargos.
Octavo: Declarar
EXEQUIBLES las expresiones “investigadores para un asunto determinado”
e “ investigador ” del artículo 1° de la ley 273 de 1996.
Noveno: Declarar EXEQUIBLES
los artículos 2°, y 3° de la ley 273 de 1996.
Décimo: Declarar EXEQUIBLES,
la expresión “que en tal caso actúa como fiscal” del artículo 467 y el
artículo 489 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal.
Cópiese,
notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General