T-268-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-268/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas y especiales de
procedibilidad
DEFECTO
PROCEDIMENTAL-Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas/DEFECTO
PROCEDIMENTAL-Por exceso ritual manifiesto
La Corte
Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior,  las
formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las
normas procesales son  un medio para lograr la efectividad de los derechos
subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de
acceso a la administración de justicia y en el principio de la prevalencia del
derecho sustancial, esta Corporación  ha sostenido que en una providencia
judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual
manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva
evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales.
EXCESO
RITUAL MANIFIESTO-Configuración
DEFECTO
SUSTANTIVO-Configuración y alcance
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA-Se incurre en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo cuando la
autoridad judicial considera que no es auténtico un memorial que carece de
firma
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA-Vulneración al debido
proceso, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia al declarar
improcedente por extemporáneo recurso de súplica
Las
consideraciones que se han hecho en esta providencia llevan a la Sala a revocar
la sentencia que se revisa y, en su lugar, a tutelar en favor de la accionante
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, en armonía con el principio de
primacía del derecho sustancial, consagrados en los artículos 13, 29 229 y 228
de la Constitución Política, que están siendo vulnerados en este caso por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el auto de fecha 19 de
junio de 2009, proferido en el proceso de restitución de inmueble arrendado,
adelantado por Chevor S.A. contra Almacenes Éxito S.A. Como consecuencia, la
Corte  dejará sin valor y sin efectos jurídicos el
mencionado auto del 19 de junio de 2009 y ordenará a la entidad judicial
accionada que resuelva de fondo las peticiones que contiene el recurso de
súplica interpuesto, en virtud de que la falta de certeza sobre la autoría del
memorial fue el único motivo por el cual dicho recurso fue declarado
improcedente por extemporáneo.
Referencia: expediente T-2483488
Acción
de tutela interpuesta por Almacenes Éxito S.A. contra la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil diez (2010).
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la acción de tutela
instaurada por Almacenes Éxito S.A. contra la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
I. ANTECEDENTES.
Almacenes Éxito S.A. interpone acción de tutela contra la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la doble instancia,
al libre acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al
sometimiento de las decisiones judiciales al imperio de la ley, con ocasión del
auto dictado por esa autoridad judicial el 19 de junio de 2009, dentro del
proceso de restitución de bien inmueble arrendado adelantado por Chevor S.A.
contra Almacenes Éxito S.A.
Para fundamentar su solicitud la accionante relata los siguientes:
1. Hechos.
1.1. Chevor S.A. inició demanda
de restitución de bien inmueble arrendado contra Almacenes Éxito S.A. pretendiendo “el lanzamiento” del local comercial número
1-233, ubicado en la Ciudadela Comercial Unicentro de Bogotá, que éste último
detentaba a título de arrendamiento. El proceso abreviado que originó dicha
demanda correspondió por reparto al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá.
1.2. El 28 de noviembre de 2008
el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá profirió la sentencia de primera
instancia ordenando el lanzamiento impetrado por el demandante. Contra ese
fallo Almacenes Éxito S.A. interpuso oportunamente
recurso de apelación, el cual fue concedido por el Juzgado y admitido por el
Tribunal Superior de Bogotá mediante auto del 2 de marzo de 2009.
1.3. El 10 de diciembre de 2008
Chevor S.A. presentó memorial de desistimiento de “una reforma que le había
hecho a la demanda, mediante la cual incluyó una causa adicional para pretender
la restitución del inmueble arrendado”.
1.4. El Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá, por auto de 23 de enero de 2009, rechazó el desistimiento
presentado por la parte demandante. Impugnada esa decisión por Chevor S.A., el
Tribunal Superior de Bogotá mediante auto de 29 de abril de 2009 revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, admitió el desistimiento.
1.5. El 13 de mayo de 2009, el
Tribunal dejó sin efecto la admisión del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 28 de noviembre de 2008 y ordenó la devolución del
expediente al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá.
1.6. El 20 de mayo de 2009
Almacenes Éxito S.A. interpuso recurso de súplica contra el auto del 13 de mayo
de 2009.
1.7. Asevera la accionante que el
recurso de súplica fue oportunamente presentado ante la
Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,  en dos escritos:
un original firmado para el expediente y una copia no firmada para el archivo
personal del apoderado judicial de Almacenes Éxito S.A. Agrega que “no
obstante que en ambos escritos el empleado encargado de la recepción de los
memoriales en la Sala Civil, impuso la nota correspondiente de presentación,
previas las verificaciones de rigor, equivocadamente incorporó al expediente el
ejemplar sin firmar y devolvió a la persona que llevó los memoriales, el
escrito original firmado”.
1.8. Sostiene que al día
siguiente, una vez advirtió el error de la
Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el apoderado de
Almacenes Éxito S.A. dirigió un memorial al despacho del Magistrado
sustanciador “poniéndole de presente el error en que había incurrido la
secretaría e incorporando el memorial original, debidamente firmado y con la
constancia de (sello) de la presentación en tiempo, realizada el día anterior,
obviamente antes de la ejecutoria del auto recurrido”.
1.9. La
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto del 19 de junio de
2009, declaró improcedente por extemporáneo el recurso de súplica bajo los
siguientes argumentos: “efectivamente el apoderado de la parte demandante
expresó que el escrito sin firma es suyo, que la secretaría conservó este
escrito y devolvió el original que se encuentra firmado, pero tal situación
alegada por el impugnante ocurrió cuando el término para interponer el recurso
ya había fenecido. De otro lado, la constancia de la
Secretaría es rotunda en el sentido que el escrito de impugnación fue
presentado sin la firma del abogado, hecho que éste corrobora con la
explicación que dio el día siguiente del vencimiento del término para
interponer el recurso”.
2. Solicitud de tutela.
2.1. Almacenes Éxito S.A.
manifiesta que acude a la acción de tutela porque ya no cuenta con ningún otro
recurso dentro del proceso para enmendar  las lesiones y agravios producidos a
los derechos constitucionales fundamentales por la decisión del 19 de junio de
2009, objeto de reproche, la cual constituye una grosera vía de hecho, por las
siguientes razones:
(i) Error fáctico del empleado de
la secretaría. Expone que, a pesar de ser un deber del empleado encargado de la
recepción de los escritos el dejar para el expediente el escrito firmado que
efectivamente se le presentó en la oportunidad legal para interponer el
recurso, éste optó por incorporar al expediente la copia sin firmar que para el
archivo personal acostumbraba dejar el apoderado. Error que, “en si mismo ya
amenazaba los derechos constitucionales fundamentales de Almacenes Éxito S.A.,
por cuanto éste prevalido de una actuación correcta del empleado judicial, de
buena fe consideraba que estaba cumplida la carga que la ley le imponía (art.
83 Constitución Política)”.
(ii) Error inducido o por
consecuencia. Indica que el auto del 19 de junio de 2009 “omite apreciar en
el verdadero sentido de su aducción, el escrito firmado adjuntado por el
apoderado el 21 de mayo de 2009, mediante el cual se probaba que el recurso
había sido interpuesto oportunamente, y de alguna manera se hacía expreso
reconocimiento del memorial que sin firma erróneamente el empleado judicial
había incorporado al expediente (error inducido o por consecuencia de actuación
del empleado, que a las claras se muestra como una actuación por fuera de la
ley y necesariamente vulneratoria de la
Constitución”.
(iii) Defecto fáctico. Asevera
que el Tribunal Superior de Bogotá, en el momento en que denegó el recurso de
súplica por extemporáneo, tenía total claridad de que el escrito contentivo del
mismo había sido presentado dentro del término de ejecutoria, debidamente
firmado, pese a que por error de la
Secretaría del Tribunal se había devuelto el original firmado de dicho
escrito, conservando la copia sin firma, puesto que  al día siguiente de lo
ocurrido el apoderado de Almacenes Éxito S.A. envió memorial
al despacho del magistrado ponente explicando el error cometido por la
secretaría, aportando junto con el mismo el documento contentivo del recurso de
súplica debidamente firmado y con el sello de recibido de fecha 20 de mayo de
2009.
Considera que el
grave error cometido por el Tribunal radica en  entender que con el documento
presentado el 21 de mayo de 2009 el apoderado de Almacenes Éxito S.A. pretendía sanear “la informalidad que presentaba el escrito
inicial ante la ausencia de firma”, cuando lo que se buscaba era no
solo dejar constancia del error cometido por la secretaría, sino además
reconocer “la autenticidad del documento radicado”. Agrega que el
reconocimiento del documento en fecha posterior “no priva al mismo de su
presentación original en forma oportuna. Por el contrario, lo  consolida para
la fecha de su presentación, ya que esta consta en el mismo escrito, motivo por
el cual no es razonable ni proporcionado a las consecuencias que produce, como
lo quiere hacer ver el Tribunal, concluir que el escrito no fue presentado
dentro del término oportuno”.
Señala que la
providencia atacada también peca de arbitraria cuando, amparada en la
constancia secretarial da por cierto un hecho que ella no representa (que el
escrito de impugnación fue presentado sin firma) y en virtud de ello deja de
apreciar el memorial firmado con el registro de presentación allegado por el
apoderado de Almacenes Éxito S.A. el día 21 de mayo.
Indica que, por
todo lo anterior, el auto que rechazó el recurso de súplica es
contraevidente, ya que no tuvo en cuenta las pruebas aportadas y no responde “a
la realidad procesal debidamente acreditada, sino al simple capricho de los
miembros de la Sala Dual, constituyéndose así en una vía de hecho, al no
encontrarse cimentada en norma jurídica alguna”.
Finalmente, sostiene que es “desproporcionada
la interpretación que conduce a una decisión cuya consecuencia es nada más y
nada menos que la consolidación de otra decisión previamente tomada por el
magistrado ponente, que también adolece de una vía de hecho y respecto de la
cual la demandada estaba agotando todos los recursos para evitar un perjuicio
irremediable. Perjuicio que queda materializado y reforzado con el rechazo del
recurso de súplica debido a un error del empleado judicial, dando lugar a la
limitación de una decisión de segunda instancia para la demanda y, en
consecuencia, la restricción del acceso a la administración de justicia”.
(iv) Defecto sustantivo. Asegura
que el auto cuestionado desconoce normas de carácter legal, por cuanto se
abstiene de aplicarlas, específicamente aquellas que imponen al juez el deber
de adoptar medidas de saneamiento (numeral 4° del artículo 37 del Código de
Procedimiento Civil) con el fin de garantizar a las partes una tutela judicial
efectiva (artículo 228 de la
Constitución Política) y las que permiten conferirle eficacia probatoria a los
instrumentos no firmados, siempre y cuando su autor los acepte expresamente
(artículo 269 del Código de Procedimiento Civil).
Por todo lo
expuesto, la accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, que se ordene al Tribunal Superior de Bogotá
(i) dejar sin efecto la providencia proferida el 19 de junio de 2009 y (ii)
continuar adelante con el trámite del recurso de súplica que interpuso
oportunamente Almacenes Éxito S.A. contra el auto del
13 de mayo de 2009 que dejó sin efectos el recurso de apelación “contra la
sentencia dictada el 28 de noviembre de 2008, por el juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá, dentro del proceso abreviado de restitución de bien
inmueble arrendado promovido por Chevor S.A. contra Almacenes
Éxito S.A.”.
3. Trámite procesal.
Correspondió conocer de la acción de tutela a la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, la cual, mediante auto del
14 de agosto de 2009, avocó el conocimiento, ordenó comunicar a los magistrados
que intervinieron en la actuación atacada con el fin de que ejercieran sus
derechos y enterar del auto a quienes eran partes e intervinientes en el
trámite cuestionado para que pudieran hacer valer sus garantías.
4. Respuesta del Tribunal Superior de Bogotá.
La nueva magistrada titular solicita que se declare
improcedente la acción de tutela e informa que efectivamente en esa Corporación
se encuentra el proceso abreviado adelantado por Chevor S.A. contra Cadenalco
S.A. Aclara que tomó posesión como magistrada de esa Sala el día 1° de julio
del 2009, esto es, con posterioridad a los hechos y decisiones que refiere la
accionante y en los que centra su reproche. Sobre la actuación surtida dentro
del proceso se remitió a lo que de ella da constancia el expediente.
5. Intervención de Chevor S.A.
El representante legal de Chevor S.A. manifiesta que dicha
sociedad está legitimada para intervenir, toda vez que actuó como parte
demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado en el que se
profirió la providencia censurada por la accionante, por lo que le asiste
interés en las resultas del presente proceso.
5.1. Sobre los hechos de la demanda hace las siguientes
anotaciones:
Expone que no es cierto que “el 20 de
mayo de 2009, Almacenes Éxito S.A., de conformidad con el artículo 363 del Código
de Procedimiento Civil, interpuso recurso de súplica”, pues en realidad ese
recurso fue propuesto extemporáneamente el 21 de mayo; ni tampoco que se haya
presentado el escrito contentivo del recurso debidamente firmado, ya que lo que
se encuentra probado es que “se presentó un escrito sin firma con destino al
expediente”.
Indica que (i) no es verdad que el
empleado encargado de la recepción de los memoriales hubiese impuesto al
memorial presentado “la nota correspondiente de presentación, previas las
verificaciones de rigor’; toda vez que lo que verdaderamente se encuentra
acreditado es que el funcionario correspondiente impuso sello de recibido”;
(ii) no está demostrado el supuesto error del funcionario judicial al cual
pretende trasladársele la incuria del abogado de Almacenes Éxito S.A. y “de
paso, preconstituir irregularmente y por fuera de las formas procesales
pertinentes, una falla del servicio de la administración pública”.
5.2. Por otra parte, respecto a los fundamentos de la
demanda de tutela expone los siguientes argumentos:
(i) Señala que no existe el “error fáctico” que
plantea la accionante, derivado de la presunta equivocación del funcionario
judicial al optar “incuriosamente por incorporar al expediente la copia no
firmada’ del memorial contentivo del recurso de súplica”, pues lo que se
encuentra realmente acreditado en el proceso de restitución de inmueble
arrendado es que el 20 de mayo de 2009 se presentó en la
Secretaría del Tribunal un escrito sobre el cual se dejó la siguiente
constancia: “Mayo 21 de 2009. Se deja constancia que el anterior escrito fue
presentado en esta secretaría el 20 de mayo de 2009, sin la firma del abogado”.
Constancia que pone  en evidencia la negligencia de Almacenes Éxito S.A. al formular el recurso sin firma, “incuria”  que se
confirma con el memorial contentivo del recurso presentado al siguiente día,
fuera del término legal, precedido de una nota exculpatoria en la que de forma
artificiosa traslada su responsabilidad a un tercero indeterminado.
(ii) Sostiene que, aún cuando Almacenes
Éxito S.A. pretende aducir que el Tribunal Superior de Bogotá
incurrió, igualmente, en un defecto fáctico por haber valorado indebidamente
las pruebas “que, en su criterio, permitían colegir que el recurso de
súplica se había presentado en término”, es claro que el Tribunal accionado
en desarrollo de los principios de autonomía e independencia judicial y en
aplicación del principio de sana crítica realizó una valoración razonable de
las actuaciones desplegadas por las partes.
Agrega que, aunque la accionante pretende
exhibir como prueba reina del presunto error judicial la copia del memorial que
conservaron con el sello de recibido del 20 de mayo de 2009, “su tenencia y
exhibición no es conducente para demostrar la formulación del recurso en
término, sino que, en caso de que hubiera estado firmado a la hora de
solicitar  el sello recibido, lo único que constituye es prueba irrefutable de
la negligencia censurable en que incurrió el abogado del demandado; incuria que
no puede ser reparada en sede de tutela, por cuanto tal pretensión pugna con su
naturaleza residual y subsidiaria”.
(iii) Respecto del defecto sustantivo
alegado manifiesta que el mismo no se encuentra debidamente planteado ni argumentado,
ya que los artículos 37 y 269 del Código de Procedimiento Civil que se invocan
no son aplicables al caso objeto de controversia. Por una parte, porque, aunque
el artículo 37-4 establece como  un deber del juez emplear los poderes que le
son concedidos en materia probatoria para evitar las nulidades y providencias
inhibitorias, aquí el juez “contaba con todas las pruebas necesarias para
adoptar las decisión de declarar la improcedencia por extemporaneidad del
recurso”. De otro lado, porque el artículo 269 del Código de Procedimiento
Civil tampoco resulta aplicable, ya que el mismo regula la posibilidad de
ratificar instrumentos no firmados allegados como pruebas (documentos privados)
al proceso, más no la eventualidad de subsanar extemporáneamente la
presentación de memoriales no firmados por las partes en litigio.
Señala que en lo que atañe a los defectos sustantivo y
fáctico es pertinente precisar que, según la jurisprudencia constitucional, “en
la identificación de tales irregularidades no puede desplegarse un escrutinio
intenso de la providencia judicial, sino que éstas deben resultar palmarias y
evidentes, además de absolutamente contundentes, de suerte que ante la
existencia de dos o más interpretaciones de una norma, o frente a la posibilidad
de derivar dos o más conclusiones del acervo probatorio, le es vedado al juez
de tutela imponer su criterio, máxime si se enfrenta a providencias judiciales
suficientemente motivadas que han conducido al juez de conocimiento al
convencimiento sobre una posición jurídica concreta”.  En tal sentido
adiciona que “sólo frente a providencias judiciales arbitrarias o
caprichosas se activa la competencia del juez constitucional para reparar los
derechos fundamentales eventualmente vulnerados, para lo cual debe verificarse
con rigurosidad la efectiva transgresión del ordenamiento jurídico”.
Conforme con lo anterior, afirma que la presente demanda
de tutela no reúne los requisitos de procedibilidad, en la medida en que la
providencia atacada “no contiene groseros y ostensibles defectos como
pretende hacer ver el accionante, sino que por el contrario se base en
argumentos coherentes, razonables, sólidos y contundentes, que no por diferir
del criterio jurídico del demandante, devienen en caprichosos y arbitrarios”.
Finalmente asevera que se debe tener en cuenta al momento
de fallar que, si se concediera la tutela invocada, “su decisión
tendría el negativo alcance de afectar principios constitucionales y legales,
en la medida en que el precedente que sentaría respecto de la eventual validez
de la presentación de memoriales sin firmar en los procesos judiciales,
afectaría los principios de legalidad, de preclusión y perentoriedad que forman
parte estructural del derecho constitucional fundamental del debido proceso”.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
1. Sentencia de primera
instancia.
La
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en decisión mayoritaria de
fecha 11 de septiembre de 2009, resolvió negar el amparo solicitado por
Almacenes Éxito S.A., por considerar que la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, no ha vulnerado, ni puesto en
riesgo, los derechos fundamentales invocados por la accionante, en la medida en
que el auto proferido en la Sala Dual el 19 de junio de 2009, que declaró
improcedente por extemporáneo el recurso de súplica interpuesto contra el auto
de fecha 13 de mayo de 2009, no constituye vía de hecho por ser absurdo o
arbitrario, sino que, por el contrario, proviene de un particular punto de
vista jurídico del Tribunal, producto de la aplicación razonable de las normas
pertinentes y de las pruebas acopiadas.
Agrega que esa
circunstancia se constituye en obstáculo insalvable para que en sede de tutela
se pueda entrar  a demeritar la inteligencia de la
Sala accionada, teniendo en cuenta que la acción de tutela, cuando tiene por
fin controvertir actuaciones judiciales, solo es procedente cuando la acción u
omisión jurisdiccional es ostensiblemente arbitraria y caprichosa, siempre y
cuando el interesado no disponga de otro medio de defensa idóneo para la
protección de sus derechos.
La Corte precisa que la decisión del Tribunal se apoya
en la constancia secretarial en el sentido de que el memorial presentado el 20
de mayo de 2009 carece de firma del abogado, motivo por el cual no puede darse
por establecido que el recurso de súplica fue interpuesto en esa fecha; y en el
hecho de que la subsanación de ese error fue presentada por el abogado al día
siguiente, cuando ya había vencido el término para recurrir la providencia.
§
Salvamento de Voto.
Los magistrados
Pedro Octavio Múnar Cadena y Arturo Solarte Rodríguez salvaron voto
argumentando que, con fundamento en el principio de la buena fe consagrado en la
Constitución Política, y en que los dos ejemplares del memorial presentado,
uno de ellos firmado y el otro no, aparecen ambos con la constancia mecánica de
radicación ante la Secretaría del Tribunal, con la misma fecha, hora y firma
del empleado que atendió esa diligencia, debe tenerse como cierta la razonable
explicación dada al día siguiente por el apoderado de Almacenes Éxito
S.A. en el sentido de que los dos escritos fueron presentados
ante la secretaría, con la mala fortuna de que fue incorporado al expediente el
que estaba sin firma y el otro se devolvió a quien lo presentó.
Reiteran que en
el presente caso se ha acreditado que el memorial presentado el 20 de mayo
estaba suscrito y que por una inadvertencia compartida por el empleado de la
secretaría y de quien presentó los escritos, fue devuelto el firmado y se
agregó al expediente idéntico texto, pero sin firmar.
Precisan que no
existe en el estatuto procesal civil ninguna norma que sancione con la
ineficacia o la inexistencia el acto procesal de las partes, de carácter no
dispositivo, que carezca de firma de su autor; y que los procedimientos tienen
por fin hacer efectivos los derechos fundamentales y sustanciales de las partes
y no sacrificarlos a favor de un exagerado rigorismo formal, como ocurre con el
auto de la Sala Dual del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente
el recurso de súplica por extemporáneo, impidiendo que la
Sala de decisión analizara de fondo lo resuelto por el magistrado ponente y
vulnerando de esa manera los derechos fundamentales al debido proceso y a la
doble instancia.
§
Impugnación.
El apoderado de Almacenes
Éxito S.A. impugnó la referida sentencia con el fin de que
fuera revocada y, en su lugar, se concediera la tutela de los derechos
reclamados, para lo cual hizo un resumen de los argumentos expuestos  en la
demanda, haciendo notar además que el mismo Tribunal, Sala Civil, en el auto
del 19 de julio de 2009 desconoce el precedente horizontal contenido en el auto
del 28 de mayo de 2008, cuya copia anexa, en el cual resolvió un recurso de queja
concediendo el de apelación que había sido negado por el juez de primera
instancia porque no tenía firma del abogado el memorial en que lo interpuso.
§
Intervención del Procurador Delegado para
Asuntos Civiles.
El señor
Procurador Delegado Para Asuntos Civiles solicitó a la
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que, al resolver la impugnación
accediera a decretar el amparo solicitado y que ordenara a la
Sala Dual del Tribunal Superior de Bogotá resolver de fondo el recurso de
súplica. Considera que el auto por el cual el Tribunal declaró improcedente el
recurso de súplica adolece de defectos fácticos y sustanciales por no tener en
cuenta el memorial en que fue interpuesto en tiempo el recurso, pues fue
ratificado por el original que también tiene sello de recibo del 20 de mayo de
2009. Agrega que esa providencia es producto de exigencias adicionales a las
consagradas en la ley y de un exceso de rigor en las formas, que la convierte
en una decisión arbitraria y caprichosa, violatoria del derecho al debido
proceso y concretamente a la doble instancia de la parte demandada dentro del
proceso de restitución de bien inmueble arrendado.
2. Sentencia de segunda
instancia.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, mediante sentencia del 14 de octubre de 2009, confirmó el fallo
impugnado.
Para tomar esa
decisión consideró que esa Corte ha sostenido la posibilidad de estudiar
acciones de tutela contra decisiones judiciales, pero de manera excepcional y
subsidiaria, cuando sea evidente la violación de derechos de rango superior,
aunque haciendo prevalecer los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada e
independencia del juez, que también son de nivel constitucional.
Agrega que en el
presente caso no se aprecia el quebranto del debido proceso alegado, porque,
para declarar improcedente el recurso de súplica, el Tribunal Superior de
Bogotá tuvo en cuenta la constancia secretarial en el sentido de que el
memorial  en que se interpuso dicho recurso fue presentado sin firma del
apoderado; que el nuevo memorial firmado llegó al Tribunal cuando habían
transcurrido los 3 días que tenía la parte demandada para interponer el
recurso; y que, además, decidió con fundamento en lo dispuesto por el artículo
13 de la Ley 446 de 1998 y por el artículo 252 de Código de Procedimiento
Civil, según los cuales no hay certeza de la autoría del memorial por falta de
firma.
Sostiene también
que se trata de una conducta negligente del apoderado que no puede aceptarse en
contra de la otra parte, porque se rompería el principio de igualdad y
equilibrio procesal; y que el juez constitucional no puede reabrir un debate
jurídico que culminó con una decisión razonable.
III. Pruebas.
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
·
Copia del auto del 13 de mayo de 2009, proferido dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado de Chevor S.A. contra Cadenalco
S.A. y/o Almacenes Éxito S.A., mediante el cual se ordena la devolución del
expediente al juzgado de origen (folios 43
a 45).
·
Copia del memorial presentado por el apoderado judicial de
Almacenes Éxito S.A. dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado de
Chevor S.A. contra Cadenalco S.A. y/o Almacenes Éxito S.A., mediante el cual se
interpone recurso de súplica contra el auto del 13 de mayo de 2009, con sello
de recibido de fecha 20 de mayo del mismo año (folios 48
a 50 y 51 a 52).
·
Copia del memorial presentado el 21 de mayo de 2001 por el
apoderado judicial de Almacenes Éxito S.A. dentro del proceso de restitución de
inmueble arrendado de Chevor S.A. contra Cadenalco S.A. y/o Almacenes Éxito
S.A., por medio del cual se pone de presente a los magistrados de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que el día 20 de mayo de 2009 había
sido presentado el recurso de súplica contra el auto del 13 de mayo,
advirtiéndole que en la secretaría de esa Corporación  se conservó la copia no
firmada de dicho escrito y se devolvió el original que ya se encontraba
firmado, acompañando copia del memorial original con el sello de presentación
correspondiente (folios 48 a 51 y 40 a 50).
·
Auto de fecha 19 de junio de 2009 proferido por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso de restitución
de inmueble arrendado de Chevor S.A. contra Cadenalco S.A. y/o Almacenes Éxito
S.A., mediante el cual se declara que el recurso de súplica interpuesto contra
el auto de 13 de mayo de 2009 es improcedente por extemporáneo (folios 39 al
42).
·
Concepto de la
Procuraduría General de la Nación de fecha 4 de junio de 2009 dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado de Chevor S.A. contra Cadenalco
S.A. y/o Almacenes Éxito S.A. (folios 52 al 55).
·
Copia del auto de fecha 28 de mayo de 2008 proferido por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, expediente número 19990088905
(folios 127 al 130 cuaderno de revisión).
IV. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN.
1. El apoderado de Almacenes Éxito S.A., en escrito radicado el
4 de febrero de 2010, ratificó los argumentos expuestos en la
demanda y en la impugnación del fallo de primera instancia, resaltando que el
Tribunal Superior de Bogotá vulneró los derechos fundamentales de esa empresa
al no haber dado trámite al recurso de súplica contra el auto de 13 de mayo de
2009 y al recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá basado en la aceptación de un irregular desistimiento de la
demanda presentado con posterioridad a la sentencia proferida por el juzgado.
Agrega que Almacenes Éxito no acudió a la acción de tutela “contra las
decisiones que obstaculizaron el trámite de la apelación, (es decir: el auto
que acepta el desistimiento y el auto que sostiene que la apelación ‘se quedó
sin piso’ y no se seguirá tramitando, ambos proferidos por el Tribunal Superior
de Bogotá) porque contaba con mecanismos de defensa judicial, como era la
interposición del recurso de súplica”.
Por lo anterior, solicita se revoquen las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas dentro de la acción de tutela y, en su
lugar, se conceda la protección de los derechos fundamentales señalando que
para lograr una adecuada y eficaz protección de esos derechos “la decisión
de protección (…) deberá ordenar al Tribunal Superior de Bogotá, que dé
trámite al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado
Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá. ║ O en su
defecto, la decisión de la Corte deberá ordenar al Tribunal Superior de Bogotá
que dé trámite al recurso de súplica que se ha interpuesto, y que en la
resolución de este recurso, se respeten integralmente los derechos
fundamentales a la doble instancia de Almacenes Éxito, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional”.
2. La
Procuraduría General de la Nación, en escrito radicado el 10 de marzo de 2010
ante esta Corporación, solicita que en el fallo de revisión y en protección del
derecho fundamental al debido proceso se tengan en cuenta las siguientes
observaciones y planteamientos:
(i) Es “bastante curioso”
que la sentencia de primera instancia no haya tenido en cuenta que Chevor S.A.
se presentó a reclamar su supuesta condición de arrendador 5 años después de un
negocio jurídico fallido, que tenía por objeto una posible opción de compra, y
sin que antes hubiese pretendido cobrar renta sobre el local arrendado. Llama
también la atención que la misma sentencia haya declarado la cesión del
contrato de arrendamiento de la
Federación Nacional de Cafeteros a favor de Industrias Alimenticias Aretama
S.A., la cual posteriormente lo cedió a Chevor S.A., a sabiendas de que
Industrias Alimenticias Aretama S.A. había incumplido ese contrato a la
Federación Nacional de Cafeteros, y sin haberle permitido a ésta última su
participación en ninguna de las etapas procesales, lo que es violatorio de su
derecho de defensa.
(ii) La demanda civil fue
interpuesta como un proceso de restitución de inmueble arrendado por mora en el
pago de los cánones; pero después fue adicionada con la causal de
desconocimiento de la cesión del arrendamiento, habiéndose tramitado como un
proceso de doble instancia y de mayor cuantía, razón por la cual el Tribunal
Superior de Bogotá había decidido 5 recursos de apelación durante su trámite.
Sin embargo, cuando el proceso se hallaba para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia, el magistrado ponente,
mediante auto del 13 de mayo de 2009, por considerar que el asunto debe
seguirse tramitando en única instancia, ordenó remitir el expediente al juzgado
de origen.
(iii) Las anteriores
irregularidades procesales constituyen vías de hecho, que son causales
genéricas de procedibilidad de la acción de tutela para proteger los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
(iv) El recurso de súplica fue
interpuesto el día 20 de mayo de 2009, dentro de los 3 días siguientes a la
notificación del auto, en dos escritos dirigidos a la sala de que forma parte
el magistrado ponente, expresando los fundamentos, uno de esos escritos firmado
y el otro no; pero el empleado del Tribunal les puso a ambos el sello mecánico
con la fecha del 20 de mayo. Por consiguiente, ese recurso de súplica llena los
requisitos que exigen los artículos 107 y 363 del Código de Procedimiento
Civil. Además, el apoderado de Almacenes Éxito S.A., el día siguiente, presentó
un escrito acompañado del memorial firmado, con la constancia de su
presentación el 20 de mayo, aclarando que se había incurrido en un error por
parte de la secretaría al incorporar al expediente el memorial no firmado.
(v) El auto del 19 de junio de
2009, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de súplica,
privilegia el culto a las normas y a las consideraciones puramente formales y
sacrifica principios constitucionales fundamentales, como el debido proceso y
la doble instancia. En ese orden de ideas, en el caso bajo análisis se
configura la causal denominada “exceso ritual manifiesto”, desarrollada
por la Corte Constitucional, especialmente en su sentencia T-1306 de 2001.
3. Con el fin de obtener
elementos de juicio adicionales para mejor proveer en el presente caso,
mediante auto del 10 de marzo de 2010, el Magistrado Sustanciador ordenó:
“OFICIAR a la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, y a la Secretaria del Juzgado 29 Civil de Circuito de
Bogotá, para que, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de
esta providencia, hagan llegar a la
Secretaria General de esta Corporación copia auténtica de las siguientes
piezas procesales del proceso de restitución de bien inmueble arrendado
adelantado por CHEVOR S.A. contra CADENALCO S.A. y/o ALMACENES ÉXITO S.A.:
1. De la demanda inicial y del auto admisorio de la misma.
2. De la reforma de la demanda y del auto que la
admitió.
3. De todo lo actuado en primera y segunda instancia a
partir de la sentencia de primera instancia, inclusive”.
El Juzgado 29 Civil del Circuito
de Bogotá mediante oficio número 0770 remitió las copias solicitadas.
4. En escrito radicado el 10 de
marzo de 2010, el apoderado de Almacenes Éxito S.A. solicitó “suspender
provisionalmente el cumplimiento y la ejecución de la sentencia proferida por
el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá el 28 de noviembre de 2008
(exp. 2007-0541), y cualquier actuación posterior tendiente a su ejecución o
cumplimiento, hasta el momento en el cual se tome una decisión definitiva”, a
fin de evitar que un eventual fallo a favor por parte de la
Corte Constitucional “no tenga efectividad y sea ilusorio”.
5. Esta Sala, al considerar que
concurrían todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia
de la medida provisional solicitada por la accionante, mediante auto del 15 de
marzo de 2010 ordenó la suspensión provisional de la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá en el
proceso de restitución de bien inmueble arrendado promovido por Chevor S.A.
contra Almacenes Éxito S.A.
6. Chevor S.A. interpuso recurso
de reposición contra el mencionado auto, con el fin de que fuera revocado al
considerar que la medida provisional de suspensión no era viable en este caso
porque: (i) la sentencia suspendida se encuentra debidamente notificada y
ejecutoriada, es decir, hizo tránsito a cosa juzgada; (ii) Almacenes Éxito S.A.
no se halla ante un perjuicio irremediable, pues “dada su naturaleza de empresa
multimilllonaria no puede considerarse si quiera que el hecho de que se cumpla
una sentencia ponga en peligro la existencia jurídica de esa entidad”; (iii)
los trabajadores de Almacenes Éxito S.A. tampoco sufren perjuicio alguno con la
ejecución de la sentencia, en razón de que Almacenes Éxito debe responder
legalmente por sus acreencias laborales; y (iv) la tutela no procede contra
providencias judiciales.
7. Mediante auto de fecha 5 de
abril de 2010 esta Sala rechazó por improcedente el recurso de reposición
interpuesto por Chevor S.A. contra el auto del 15 de marzo del mismo año.
8. En escrito radicado el 5 de
abril de 2010, Chevor S.A. solicitó “adicionar para aclarar” el auto del
15 de marzo de 2010. Como fundamentos de la solicitud señala los siguientes:
(i) lo que ha debido eventualmente decretarse es la suspensión de la diligencia
de lanzamiento del inmueble objeto de la restitución, más no toda la sentencia;
(ii) la solicitud de “adición para aclarar” es procedente en este caso
ya que hay “actuaciones procesales pendientes de resolver por el Juzgado 29
Civil del Circuito de Bogotá”,  por lo tanto al paralizar todo el
proceso se le está causando un perjuicio irremediable a la sociedad; y (iii)
los artículos 168 y 170 de Código de procedimiento Civil establecen las
circunstancias y requisitos para la interrupción y suspensión del proceso, “los
cuales no se dan en el sub judice razón por la cual, debe ordenarse de
inmediato que se reanuden las demás actuaciones procesales dentro del proceso
de restitución objeto de revisión”.
9. Mediante auto de fecha 14 de
abril de 2010 esta Sala rechazó por extemporánea la solicitud “adicionar
para aclarar” del auto del 15 de marzo de 2010, presentada por Chevor S.A.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero y 241,
numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Presentación del caso y planteamiento del
problema jurídico.
2.1. Afirma el apoderado de la sociedad accionante: (i)
que dentro del proceso civil de restitución de inmueble arrendado, adelantado
por Chevor S.A. en contra de Almacenes Éxito S.A., la compañía que representa
presentó en la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá un
memorial en duplicado para interponer recurso de súplica con el fin de que se
revocara el auto proferido por el magistrado ponente el 13 de mayo de 2008, que
ordenó devolver el expediente al juzgado de origen; (ii) que uno de esos
escritos estaba firmado y el otro no; (iii) que un empleado del Tribunal puso
en ambos el sello mecánico de recibido con fecha 20 de mayo de 2009, pero
equivocadamente incorporó  al expediente el que carecía de firma y entregó al
dependiente del abogado el que estaba firmado, el cual fue nuevamente presentado
por el apoderado el 21 de mayo en la
Secretaría del Tribunal, con otro memorial explicando lo sucedido el día
anterior; (iv) que el Tribunal, en Sala Dual, en auto del 19 de junio de 2009,
declaró improcedente el recurso de súplica por extemporáneo, lo que considera
una decisión violatoria de los derechos fundamentales de Almacenes Éxito S.A al
debido proceso, a la defensa, a la doble instancia, al libre acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al sometimiento de las decisiones
judiciales al imperio de la ley.
Chevor S.A. se opone a las pretensiones
de la accionante y afirma que no es cierto que el 20 de mayo de 2009 Almacenes
Éxito S.A., de conformidad con el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil,
interpuso recurso de súplica, pues en realidad ese recurso fue propuesto
extemporáneamente (el 21 de mayo). Indica que tampoco es verdad que se haya
presentado el escrito contentivo del recurso debidamente firmado, ya que lo que
se encuentra probado es que se presentó un escrito sin firma con destino al
expediente.
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia niega la tutela impetrada, por considerar que la
autoridad judicial no ha vulnerado, ni puesto en riesgo, los derechos
fundamentales invocados por la accionante, en la medida en que el auto
proferido en la Sala Dual el 19 de junio de 2009, que declaró improcedente por
extemporáneo el recurso de súplica interpuesto contra el auto de fecha 13 de
mayo de 2009, no constituye vía de hecho por ser absurdo o arbitrario, sino
que, por el contrario, proviene de un particular punto de vista jurídico del
Tribunal, producto de la aplicación razonable de las normas pertinentes y de
las pruebas acopiadas.
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia de primera instancia,
precisando que el juez constitucional no puede reabrir un proceso judicial que
terminó con una decisión razonable; y que no puede aceptarse la conducta
negligente del apoderado que presentó extemporáneamente el recurso de súplica,
porque se violaría el principio de igualdad en contra de la otra parte.
2.2. De acuerdo
con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar
si una autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, en concordancia
con el principio de primacía del derecho sustancial,  cuando considera que no
es auténtico un memorial presentado para hacer parte de un proceso, por el solo
hecho de carecer de firma, sin tener en cuenta si existen otros elementos que
permitan dar certeza sobre su autor.
Para resolver
el anterior problema jurídico estima la Sala preciso analizar la jurisprudencia
de esta Corporación en relación con: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) los
criterios generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en particular los que guardan relación directa
frente al asunto objeto de revisión.  Con base en ello, (iii) la
Sala procederá al análisis del caso concreto para determinar si hay lugar o no
a la protección invocada.
3. Procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. El artículo 86 de la
Constitución Política establece que toda persona tiene “acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
En el mismo sentido, el Decreto
2591 de 1991[1]
señala que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este
decreto”.
La
Corte Constitucional ha precisado que, de conformidad con el concepto
constitucional  de autoridades públicas dado por el artículo 86,  “no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado”[2].
3.2. Tomando
como fundamento los artículos 86 de la
Constitución Política, 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[3]
y 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[4], la
Corte Constitucional ha desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia
sobre  la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, precisando su carácter excepcional, entre otras razones,
porque “se parte de la premisa que el sistema de administración de justicia
consagrado en la Carta Política es un mecanismo idóneo y suficiente para
proteger los derechos de los asociados[5]”[6], lo
cual además garantiza “que las sentencias judiciales estén amparadas
adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad,
y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e independencia al
decidir los casos de los que conocen”[7].
En un principio dicha posibilidad encontró sustento en los artículos 11 y
40 del Decreto 2591 de 1991, preceptos que contemplaban la acción de tutela
contra decisiones judiciales y establecían el trámite correspondiente. Sin
embargo, en Sentencia C-543 de 1992 esta Corporación declaró inexequibles esas
disposiciones, sin que con ello se hubiese atribuido un carácter absoluto a la
intangibilidad de las providencias judiciales, ya que, por el contrario, en la
misma sentencia se advirtió que ciertos actos no tienen las cualidades para
poder ser considerados providencias judiciales y que, por tanto, frente a estas
“actuaciones de hecho” la acción de tutela sí  procede. Dijo entonces la
Corte:
“Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de
la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o  que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la
Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).   En hipótesis como
estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia.”
Así pues, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos
de constitucionalidad, esta Corporación a través de sus sentencias en sede de
tutela y de constitucionalidad comenzó a construir y desarrollar los requisitos
que se debían dar para la procedencia del amparo constitucional frente a una eventual
vulneración de derechos fundamentales dentro de un proceso judicial.
3.3. En las primeras decisiones la
Corte Constitucional indicó que la viabilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales estaba condicionada a la configuración de una “vía de
hecho”, concepto mediante el cual “se hacía alusión a aquellas
decisiones arbitrarias de los jueces que eran fruto de su abierto y caprichoso
desconocimiento de la legalidad”[8].
No obstante, la
Corte estimó necesario redefinir el concepto de “vía  de hecho”
incluyéndolo dentro de uno más amplio de requisitos de procedibilidad de esta
acción constitucional: unos de carácter general y otros específicos, los cuales
compiló primero en la sentencia T-462 de 2003 y posteriormente en la sentencia
C-590 de 2005. En esta última sentencia esta Corporación  indicó:
“Con todo, no obstante que la improcedencia de la
acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las
sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción
en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos
sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones
que vulneran o amenazan derechos fundamentales.
23. En ese marco, los casos en que procede la acción
de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina
de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de
tutela.  Esta línea jurisprudencial, que se reafirma por la
Corte en esta oportunidad, ha sido objeto de detenidos desarrollos.  En virtud
de ellos, la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos
pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de
la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma
del amparo, una vez interpuesto.”
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia SU-813 de 2007, siguiendo
los parámetros de la Sentencia C-590 de 2005, resumió las causales genéricas
así:
“Las causales genéricas de procedibilidad se
refieren a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de
la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra
providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se
deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra una
decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su
naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la
Constitución. Tales causales son las siguientes:
(i) Se requiere, en primer lugar, que la
cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en
cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho
fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos
casos, exige una carga especial al actor[9]; (ii) que la persona
afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela;
(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se
requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se
impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.”
Así mismo, la
Corte ha precisado que los criterios específicos deben revestir un carácter
protuberante y presentarse de forma evidente en la decisión bajo examen[10],
resumiéndolos de la siguiente forma:
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental:
La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial
desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en
su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o
cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido[11].
ii)
Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o
decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría
drásticamente el sentido del fallo proferido[12].
iii)
Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es
atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como
consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente
vinculado a la estructura de la administración de justicia[13].
iv)
Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin
sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes
en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene
fundamentos jurídicos o fácticos[14].
v)
Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad
judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si
hubiera atendido a la jurisprudencia.
vi)
Vulneración directa de la Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce
el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza
interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de
inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la
Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto[15].”[16]
En este orden
de ideas, cuando se presentan  las causales genéricas de procedibilidad y se
configura por lo menos uno de los defectos o fallas graves que hacen procedente
la acción de tutela contra una providencia judicial, existe una “actuación
defectuosa” que debe ser reparada por el juez constitucional[17].
3.4. Ahora
bien, esta Corporación ha aclarado que el concepto de providencia judicial
incluye tanto a las sentencias como a los autos dictados por las autoridades
judiciales[18].
Asimismo ha manifestado que, aunque por regla general “las
decisiones judiciales adoptadas mediante autos interlocutorios pueden ser
corregidas o discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador
ha dispuesto para el efecto en los distintos procedimientos judiciales”[19],
la acción de tutela es procedente en estos casos  “(i)
cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de
las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa
judicial. Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han
vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma
indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan
idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados;  o (iii) cuando la
protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.  En
el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y los requisitos especiales de procedibilidad de la
acción tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta
Corporación”[20].
Teniendo en
cuenta los temas específicos de la presente acción, la
Sala precisará brevemente algunas de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en
particular las que guardan relación directa frente al asunto objeto de
revisión.
4. Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
Defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”.
4.1. El
artículo 228 de la Constitución Política consagra como uno de los principios de
la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial. Según esta norma:
“ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la
ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” (Negrillas fuera de texto).
Por su parte, para las
controversias de orden civil, así como aquellas a las que se remite en virtud
de otros estatutos, el artículo 4° del Código de Procedimiento Civil establece
que:
“ARTÍCULO 4o. INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES.
Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto
de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley
sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del
presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios
generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía
constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se
mantenga la igualdad de las partes.” (Negrillas
fuera de texto).
La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición
del artículo 228 Superior,  las formas no deben convertirse en un obstáculo
para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su
realización. Es decir, que las normas procesales son  un medio para lograr la
efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Así lo sostuvo
en la Sentencia C-029 de 1995, precisamente cuando declaró exequible el
artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, antes citado:
“Cuando
el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo,
y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.  Es
evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de
los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.”
(Negrillas fuera de texto original).
En la misma línea, en la
Sentencia C-131 de 2002, la Corte se refirió al tema de la
constitucionalización del derecho procesal de la siguiente manera:
“2.
Uno de los espacios en los que mayor incidencia ha tenido el constitucionalismo
es el derecho procesal.  En la tradición del positivismo formalista el
derecho procesal estaba desprovisto de una vinculación sustancial con lo que
era materia de litigio; se agotaba en una ritualidad cuya configuración se
realizaba fundamentalmente en la instancia legislativa; era ajeno a
propósitos que lo conectaran con los fines estatales y la protección de las
garantías que lo integraban sólo se brindaba en esas actuaciones y bajo los
estrechos parámetros de protección establecidos por el legislador.  Así, no
llamaba a interés el hecho de que, en materia de derechos, la sustancia que se
tenía entre manos se desvaneciera ante las ritualidades y formalidades de unos
procedimientos que las más de las veces se explicaban por sí mismos y que
perdían puntos de contacto con lo que era objeto de controversia.
Pero
esa dimensión del derecho procesal ha sido superada pues el constitucionalismo
ha rescatado las garantías centenariamente elaboradas como  contenidos del
derecho procesal para vincularlas inescindiblemente a la realización de las
normas sustanciales.  Las ha dotado de una teleología que no se explica a
partir del solo rito o procedimiento sino en relación directa con las normas
jurídicas que consagran los efectos jurídicos que las partes pretenden.  Las ha
redimensionado para darles ahora el carácter de facultades irrenunciables,
históricamente consolidadas y positivizadas; esto es, para advertir en ellas
derechos fundamentales.
Con ello, ha dotado al proceso de una nueva racionalidad pues ya no se
trata de  agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de
derecho sustancial de cualquier manera sino de realizarlas reconociendo esas
garantías irrenunciables pues su respeto ineludible también constituye una
finalidad del proceso. (…)” (Negrillas fuera de texto).
4.2. Ahora
bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y
en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación  ha
sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto
procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales.
La línea
jurisprudencial relativa al “exceso ritual manifiesto” tuvo su inicio
como tal en la sentencia T-1306 de 2001.  En esa oportunidad la
Corte precisó[21]:
“[L]os jueces deben ser conscientes de la
trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio
garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso.
En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas
manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido
se solucionen los conflictos de índole material.
Sin embargo, si el derecho procesal se torna en
obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido
expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas
haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la
administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales
cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho
material (art. 228).
De lo contrario se estaría incurriendo en una vía
de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en
el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en
los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales
convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material.” (Negrillas  fuera de texto original).
La anterior posición fue
reiterada por esta Corporación en la
Sentencia T-1123 de 2002[22].
Consideró que en ese caso se había configurado una “vía de hecho” por la
ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que contra lo dispuesto en
la Constitución y en las leyes aplicables, una de las partes quedara en
absoluta indefensión frente a las determinaciones que adoptó el juez,
atendiendo con exclusividad al ritualismo y sacrificando valores de fondo.
Sostuvo que la prevalencia del derecho sustancial constituye el fin principal
de la administración de justicia y que “la validez de una decisión
judicial de carácter procesal debe necesariamente juzgarse a partir del
problema de fondo de derecho sustantivo a cuya resolución ella se enderece”. Ello
en razón de que “el estado social de derecho, exige la protección y el
respeto a la persona humana y en tal medida no se puede mantener la vigencia y
eficacia de actos jurisdiccionales lesivos de los derechos y garantías de las
personas constitucionalmente establecidos. La propia concepción del Estado de
derecho no se agota en la proclamación formal de los derechos de las personas
sino que se configura a partir de su efectiva realización”.
Posteriormente esta Corporación,
en Sentencia T-950 de 2003, concedió una acción de tutela al considerar que la
autoridad judicial demandada había incurrido en un defecto procedimental al
decretar la perención de un proceso de responsabilidad extracontractual debido a
la inasistencia del demandante, sin tener en cuenta que la misma se debía a que
éste se encontraba interno en un centro penitenciario y que fue notificado de
la audiencia a realizarse un día antes de su celebración. Para la
Corte la actuación del juez civil fue por completo irrazonable y
desproporcionada, especialmente porque conocía plenamente la situación del
peticionario. Al respecto la Corte señaló:
“Exceso ritual manifiesto.
14. En el presente caso se observa que el juez cumplió
a cabalidad con las disposiciones que regulan el proceso de responsabilidad
extracontractual. Sin embargo, la interpretación de las circunstancias del caso
resultan abiertamente incompatibles con la
Constitución y con la ley. Consta en el expediente que el Juez demandado
notificó al demandante en el proceso de tutela la celebración de la audiencia
de conciliación el día anterior a su celebración. Dicha notificación se surtió
ante el centro de detención en el cual se encontraba el demandante.
El juez, al notificar al demandante la realización de
la audiencia, ha debido tener presente las dificultades de notificación
inherentes a la situación de éste. Aunque el telegrama se envió el día 13 de
junio, sólo fue recibido el día 20 de junio. No se trata de una circunstancia
imputable al demandante, sino consecuencia de la situación de privación de la
libertad e imputable al Estado colombiano.
En este orden de ideas, para la
Corte es claro que resulta desproporcionado que el Juzgado demandara una
actitud diligente tomando en consideración exclusivamente los términos
procesales.”
En sentido
similar, en Sentencia T-974 de 2003 la Corte amparó los derechos fundamentales
del accionante al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
en armonía con los principios constitucionales de celeridad procesal y de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, al concluir que el juez
(i) al ignorar manifiesta y ostensiblemente una prueba, cuya valoración tenía
la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo y, (ii) al hacer una
interpretación incorrecta y desproporcionada de las normas aplicables al caso y
otorgarle a la oponibilidad mercantil un efecto sancionatorio no previsto en el
ordenamiento procesal, había incurrido en una vía de hecho “en la
interpretación judicial”, en desmedro de los derechos sustantivos en
litigio. En aquel entonces indicó:
“Por consiguiente, aun cuando los jueces gozan de
libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no
pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo la suposición
de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del derecho
sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o
circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su
existencia.
38.  Adicionalmente, el sistema de libre apreciación
resulta proporcional cuando su ejercicio no supone el sacrificio de otros
principios o derechos constitucionales más importantes. Por ejemplo, la
sujeción a la libre apreciación no puede conducir a un interpretación
formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos sustantivos en
litigio. Así, en Sentencia C-029 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), la
Corte sostuvo que: ‘(...) Cuando el artículo 228 de la
Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin
de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los
derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por consiguiente,
la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la
realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho
procesal, y específicamente el proceso, es un medio’.
(…)
46. Como
se dijo anteriormente, se incurre en una vía de hecho en la  interpretación
judicial cuando el juez adopta una decisión en desmedro de los derechos
sustantivos en litigio[23].”
(Negrillas  fuera de texto).
En la
Sentencia T-289 de 2005 la
Corte Constitucional se pronunció sobre la petición de amparo de un ciudadano
al cual se le había rechazado una acción de nulidad y restablecimiento por
estar caduca, decisión que el afectado impugnó mediante recurso de reposición y
en subsidio de apelación, recursos que igualmente fueron rechazados por
considerar que, de acuerdo con las normas aplicables, el único recurso
procedente era el de súplica. La Corte concedió la acción de tutela interpuesta
al considerar que el juez administrativo había incurrido en una vía de hecho de
carácter procedimental, dado que, teniendo en cuenta que tanto el recurso de
reposición como el ordinario de súplica se debían interponer en el mismo
término, la autoridad judicial debió haber adecuado el recurso presentado a la
normatividad del recurso ordinario de súplica y darle el trámite
correspondiente. En esa oportunidad esta Corporación precisó:
“En el ejercicio de la protección del debido proceso,
armonizada con el respeto a la autonomía judicial, la
Corte considera que sólo se constituye una vía de hecho por defecto
procedimental cuando el juez ignora completamente el procedimiento
establecido, escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables en
el caso concreto o hace caso omiso de los principios mínimos del debido proceso
contenidos en la Constitución, señalados, principalmente, en los artículos 29 y
228 constitucionales.
En este orden de ideas, prima facie, no se configura
una vía de hecho cuando el juez lo que hace es cumplir con lo prescrito en la
ley.
2.1. Ahora bien, puede llegar a configurarse una vía
de hecho al aplicar una norma procedimental según su tenor literal si se trata
de una disposición de contenido manifiestamente contrario a la
Constitución, caso en el cual se hace indispensable emplear la excepción de
inconstitucionalidad y aplicar directamente disposiciones constitucionales.
(…)
2.2. Otra forma de incurrir en un defecto
procedimental es mediante la configuración de un exceso ritual manifiesto. La
Corte ha abordado la existencia de tal ciega obediencia del derecho procesal
cuando de esta se deriva el desconocimiento de un derecho sustancial[24].
(…)
A la luz de este alcance dado al principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, la
Sala entrará a analizar el caso en concreto. Lo anterior, no sin antes señalar
que la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal no sólo se debe presentar
cuando es preciso dar paso al derecho sustancial sobre el procesal –según el
alcance dado al exceso ritual manifiesto en la
Sentencia T-1306/01- sino cuando dentro del mismo derecho procesal la
materialidad de las actuaciones procesales adelantadas, entre ellas la
interposición de recursos, desplazan su denominación formal. Esto es lo que
sucede, mutatis mutandis, con el principio iura novit curia.” (Negrillas  fuera de texto original).
Los anteriores
argumentos fueron reiterados en la
Sentencia T-1091 de 2008. En esa ocasión la
Corte Constitucional revisó un proceso de simulación de un contrato celebrado
por el padre en perjuicio de su menor hijo, en el cual el juez de segunda
instancia negó la declaratoria de simulación por considerar que, a pesar de
estar probada la simulación relativa, el actor había pedido la declaratoria de
simulación absoluta o total. La Corte tuteló los derechos fundamentales del
menor de edad, en especial el derecho al debido proceso por “exceso ritual
manifiesto”, pues el juez civil del circuito, no obstante reconocer que el
contrato era simulado, por aplicar con excesivo rigor una regla de
carácter procesal omitió amparar el derecho sustancial. Al hablar del “exceso
ritual manifiesto” sostuvo:
“2.1. La
Corte Constitucional ha considerado que la aplicación de las reglas de
carácter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se
sacrifique el goce de los derechos fundamentales (Corte Constitucional,
Sentencia T-1306 de 2001). Ha
considerado que ‘si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en
vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del
ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional,
ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de
justicia’ (Corte
Constitucional, Sentencia T-1306 de 2001). Para la Corte Constitucional
‘el juez que haga prevalecer el derecho
procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este último llega a tener la
connotación de fundamental, ignora claramente el artículo 228 de la
Carta Política que traza como parámetro de la administración de justicia la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
(…) si el derecho procesal se torna en obstáculo para
la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el
juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un
derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y
desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser
medio para la  efectiva realización del derecho material (art. 228).’
En esta decisión, la
Corte indicó que se viola el derecho al debido proceso ‘por exceso ritual
manifiesto’ en una sentencia cuando este implica una ‘renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales’. Así lo ha considerado la
Corte incluso para el caso de los procedimientos de casación, en los cuales el
rigor procesal exige el cumplimiento de especiales y particulares requisitos
formales. (Corte
Constitucional, Sentencia T-1306 de 2001).” (Negrillas  fuera de texto).
Igualmente, en la
Sentencia T-052 de 2009 esta Corporación amparó al accionante el derecho
fundamental al debido proceso en conexidad con el principio de primacía del
derecho sustancial, por considerar que las entidades accionadas incurrieron “en
un exceso de ritualismo”, a propósito del caso de un
participante en un concurso de notarios que, pese a haber cursado una
especialización, no la acreditó de la forma señalada, ésto es, mediante acta de
grado y diploma, sino por medio de certificación expedida por la universidad.
Dijo entonces la Corte:
“Si bien las formalidades o ritos son parte
de todo proceso judicial, dichas formas han sido establecidas para garantizar a
las partes intervinientes el cumplimiento de un debido proceso que respete sus
derechos.  No obstante, al aplicarse de manera manifiesta, las normas
atendiendo únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre
en un exceso ritual manifiesto.
(…)
Así las cosas, en aras de garantizar el respeto de los
derechos fundamentales, y evitar la negación de los mismos, en los casos en que
la observancia de las formalidades atente contra la protección del derecho
fundamental quebrantado, éste debe prevalecer sobre las normas procesales.”
Más
recientemente, en sentencia T- 264 de 2009[25], esta
Corporación precisó que puede “producirse un defecto procedimental en una
sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a
las formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en
cuenta que los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la
efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La
Corte al conocer en sede de revisión la providencia atacada, consideró que el
Tribunal había incurrido en un defecto procedimental por “exceso ritual
manifiesto”, actuando en “contra de su papel de director del proceso y
del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos
materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a
pesar de la presencia de elementos que le permitían concluir que por esa vía
llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la
autoridad accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la
peticionaria,  olvidó su papel de garante de los derechos sustanciales, su
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la
búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de
decisiones justas”.
Igualmente, indicó que la
jurisprudencia constitucional se ha referido al defecto por “exceso ritual”
en eventos en los cuales el juez  vulnera el principio de prevalencia de
derecho sustancial o el derecho al acceso a la administración de justicia por
“(i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia
de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento
de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas
circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes,
siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”. En consecuencia,
(i) concedió el amparo constitucional, (ii) ordenó dejar sin efecto el fallo
para que la autoridad judicial demandada abriera “un término probatorio
adicional con el fin de ejercer sus deberes para arribar a la verdad y adoptar
un fallo de mérito basado en la determinación de la verdad real”.
4.3. En
conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se
presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación
mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva
patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia
material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial.
4.4. Por otro
lado, es preciso señalar que el “exceso ritual manifiesto” no es una
figura extraña en la jurisprudencia y doctrina comparada. En Argentina, por
ejemplo, la Corte Suprema de la Nación ha establecido desde 1957 con el caso
Colalillo Domingo vs. Compañía de Seguros España y Río de la Plata[26] que existe
una causal de arbitrariedad de la sentencia en virtud de la cual procede el
recurso extraordinario federal, cuando en la aplicación del derecho procesal en
forma meramente ritual se llega a la renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva[27].
Las expresiones “exceso ritual” o “exceso ritual manifiesto” no
fueron utilizadas en el caso Colalillo, pues allí se habló de una “frustración
ritual del derecho”. Aquellos giros aparecieron como resultado de fallos
posteriores de la Corte argentina que, “invocando dicha decisión como
precedente, descalificaron pronunciamientos posteriores por la misma razón
usada para descalificar el fallo de segunda instancia recaído en Colalillo”[28].
5. Defecto sustantivo o material.
Ha explicado la jurisprudencia de
esta Corporación que el defecto material o sustantivo se presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto”[29]. De
igual forma ha señalado que la “construcción dogmática del defecto
sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela, parte del
reconocimiento que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía
e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de
una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho”[30].
Asimismo, esta Corporación ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido
proceso por defecto sustantivo señalando que éste se configura:
“(…) cuando (i) la decisión impugnada se funda
en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso, ‘es decir, por
ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente’[31].
También puede fundarse en la ‘aplicación indebida’ por el funcionario judicial
de la preceptiva concerniente[32],
(ii) ‘cuando la aplicación o interpretación que se hace de la norma
en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido su alcance’[33];
(iii) ‘cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en
cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática, (iv) cuando la norma
aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada, o (v)
porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no
se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador’(Sentencia T-1068 de 2006).”[34]
Concordante
con lo anterior, la Corte ha reiterado que, no obstante la autonomía de los
jueces para determinar la norma jurídica aplicable al caso concreto y
establecer la interpretación  e integración del ordenamiento jurídico, no les
es dable en esta labor apartarse de las disposiciones y principios
constitucionales o legales[35].
6. Se incurre en los defectos
procedimental por “exceso ritual manifiesto” y sustantivo cuando la
autoridad judicial considera que no es auténtico un memorial que carece de
firma, sin tener en cuenta los demás elementos que permiten dar certeza acerca
de su autor.
6.1. El artículo 252 del Código
de Procedimiento Civil[36]
dispone:
“DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento
cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o
firmado.
(…)
Los memoriales presentados para que formen parte del
expediente se presumirán auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten
disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a apoderados
judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o
autenticación.” (Negrillas fuera de
texto original).
Por autenticidad
de un documento se entiende la ausencia de duda acerca de su creador o, lo que
es lo mismo, la certeza respecto de la persona de quien proviene. Es
decir, que esta característica hace referencia a “la genuinidad del
documento, entendida como la pureza de su origen en cuanto realmente quien ha
querido documentar es el que aparece documentado”[37].
De esta forma y
siguiendo lo señalado por el artículo 252 en comento, a la autenticidad de un
documento se puede llegar por tres caminos diferentes:
(i) El primero
de ellos hace referencia a la certeza sobre la persona que lo ha elaborado.
Según el Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia, la palabra elaborar significa “transformar una cosa u
obtener un producto por medio de un trabajo adecuado”. De ello se deduce
que el artículo 252 en este punto se refiere a la creación del documento y
específicamente a su creador.
(ii) El segundo
de ellos hace relación a la certeza que se tiene acerca de la persona que lo ha
manuscrito, es decir, de quien lo ha escrito a mano o elaborado de su puño y
letra.
(iii) El último
hace mención a la certeza que se tenga respecto de quien ha suscrito el
documento, esto es, quien ha incorporado en él su firma, entendiéndose por ésta
“la signatura autógrafa del documento[38] es decir, el
escribir una persona su nombre, sea o no inteligible, para identificarse como
el autor jurídico del documento, o para adherirse a él, o para dar fe de su
otorgamiento como testigo actuario, o para  autorizarlo o autenticarlo como
funcionario público” [39].
Lo expuesto
permite sostener que, aun cuando la firma es uno de los medios o formas que conducen
al reconocimiento de la certeza sobre la autoría de un documento e incluso a la
presunción de su autenticidad, no es el único, pues existen otros que también
dan lugar a la certeza de su autenticidad cuando se trata de documentos
elaborados o manuscritos, como las marcas, las improntas, o cualquier señal
física y/o electrónica. Así lo ha reconocido, por ejemplo, la propia Corte
Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal:
“Si por documento se entiende de modo general toda
expresión de autor conocido o conocible y por documento auténtico en términos
del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil aquél en relación con el
cual existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado,
es evidente que el escrito presentado como demanda de casación en nombre del
acusado obedece a tales concepciones y en ese evento obligada se ve la
Corte a su análisis no obstante la carencia de firma que lo avale.
Es que si bien es cierto la reseñada demanda carece de
signatura y por ello pudiera cuestionarse su autenticidad, no menos lo es que
en presencia de otros elementos es posible establecerse que su elaboración sólo
corresponde a quien se reconoció como defensor del encausado.
En efecto, además que la demanda contiene el
antenombre y la identificación del abogado su presentación -sin que aparezca
constancia de que haya sido personal- coincide con la del poder, esa sí
directamente por el profesional, luego debe colegirse que su formulación no
puede ser más que ejercicio de dicho mandato y que por ende el único interesado
en su elaboración y presentación era el togado mandatario.” [40]
(Negrillas  fuera de texto).
En la misma línea, la
Sala de casación Penal de la Corte también ha precisado que:
“(…) si bien es cardinal aconsejable y acostumbrada, no
es la firma la única manera de acreditar la participación de alguien, que bien
puede establecerse por lo que,  coetáneamente o posteriormente, acepten,
reconozcan o indiquen los otros intervinientes, preponderantemente el director
del proceso, o por otros medios no firmados, ni aún escritos, como una
grabación de video o de audio.
(…)
Sobre la omisión de la firma de quien o
quienes necesariamente participaron en la actuación, la
Sala ha indicado:
‘…si la falta de firma del juez no es
motivo de nulidad o inexistencia de los actos procesales, con mayor razón, el
incumplimiento de tal formalidad por parte de otras personas que intervinieron
en las diligencias, debe entenderse como una simple irregularidad que para nada
afecta la autenticidad, validez  y fuerza probatoria de las mismas’.
(septiembre 2 de 1986, M. P. Dr. Luís Enrique Aldana Rozo)”[41]. (Negrillas  fuera de texto original).
6.2. Ahora bien, lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil en
relación con la autenticidad de documentos es aplicable a los memoriales
presentados para que formen parte de un expediente, a los que se refiere el
último inciso del mismo artículo, porque los memoriales también tienen la
naturaleza de documentos.
6.3. En este orden de ideas,
cuando una autoridad judicial, renunciando conscientemente a la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, decide que un memorial no es auténtico porque
carece de firma, sin tener en cuenta los demás elementos que permiten
identificar a la persona que lo elaboró, incurre:
(i) En un defecto procedimental
por “exceso ritual manifiesto” al aplicar una
formalidad eminentemente procesal
renunciando de manera consciente a la verdad jurídica objetiva patente en los
hechos,  en detrimento de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, ignorado en esa forma el
artículo 228 de la Constitución Política que consagra como principio de la
administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial, especialmente
cuando este último llega a tener la connotación de fundamental; y
desnaturalizando a la vez las normas procesales cuyo fin es servir de medio
para la  efectiva realización del derecho material.
(ii) En un defecto sustantivo por
darle al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil una lectura y un
alcance que no tiene, pues dicha norma no establece que un documento o un
memorial presentado para que forme parte de un expediente únicamente es
auténtico cuando ha sido firmado, sino que también señala que es auténtico
cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado o manuscrito.
7. Desconocimiento del
precedente judicial.
7.1.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el desconocimiento del
precedente judicial constituye un requisito o causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
En desarrollo de lo anterior la
Corte ha sostenido que: (i) de acuerdo a lo señalado por el artículo 230
Superior, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley
entendido como ordenamiento jurídico[42], y (ii) que las autoridades judiciales no están obligadas a fallar
en la misma forma a como lo han hecho en casos anteriores.  No obstante,
también ha precisado que “cuando se dan fallos contradictorios emanados de
una misma autoridad judicial frente a hechos semejantes, sin el suficiente
discernimiento que permita a las partes y a la comunidad jurídica vinculada
entender la razón de esa diferenciación, se presenta una contradicción entre el
principio de autonomía judicial (Art. 230
C.P.), y el principio de igualdad (Art. 13
C.P.) que exige una armonización de sus contenidos constitucionales (Corte
Constitucional, Sentencia T-698 de 2004”[43].
De igual
forma esta Corporación ha indicado que el artículo 229 de la
Carta Política[44] debe guardar estrecha relación con
el artículo 13 del mismo estatuto[45]
para que el derecho a acceder igualitariamente
ante los jueces  sea “concebido
no solamente como la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales
sino también como la posibilidad de recibir  idéntico tratamiento por parte de
estas autoridades y de  los tribunales, ante situaciones similares
(Corte Constitucional, Sentencia C-104 de 1995)”[46].
Con todo, la jurisprudencia también ha admitido la
posibilidad de que el funcionario judicial pueda apartarse de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las razones por las
cuales se aparta o modifica una posición jurisprudencial anterior (principio de
razón suficiente)[47].
7.2. En este punto conviene
precisar que el precedente judicial puede ser: (i) horizontal, cuando hace
referencia a los precedentes sentados por  autoridades
judiciales con la misma jerarquía institucional o (ii) vertical, que es el fijado por las autoridades judiciales con atribuciones
superiores[48].
Tratándose de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, esta Corporación ha señalado que, por ser
órganos jerárquicamente superiores en el nivel correspondiente, les son
aplicables las reglas sobre precedente y doctrina probable[49]. Siguiendo este mismo
criterio, en sentencia T-688 de 2003 la
Corte precisó las razones fundamentales para sostener el carácter vinculante
del precedente horizontal en el caso de los Tribunales, una de carácter
instrumental y  otra sustancial. Al respecto señaló:
“En materia de precedente horizontal deben tenerse en
cuenta dos factores. De una parte, el órgano que realice el cambio de
precedente y, por otra, las condiciones de realización del mismo. En cuanto al
primero, cabe distinguir entre un precedente dictado por un juez unipersonal de
aquellos precedentes dictados en corporaciones judiciales, integradas por
distintas salas de decisión. En el primer evento no existe dificultad en
aceptar la vinculación del precedente al propio juez. Lo mismo no ocurre
respecto de corporaciones con diversas salas de decisión. ¿Está la sala de decisión
de un Tribunal 2 sometida al precedente fijado en la sala de decisión 1 del
mismo Tribunal? La Corte Constitucional considera que sí, por dos razones
independientes entre si.
11.1 La estructura judicial del país y el
funcionamiento de los tribunales:
11.1.1 De acuerdo con el Reglamento de los Tribunales
del país, las salas de decisión están conformadas de tal manera que un mismo
magistrado es presidente de una sala, en la cual presenta sus ponencias, y a la
vez participa de otras salas. De esta manera existe un sistema de
encadenamiento entre las distintas salas de decisión, que permiten que, en
términos globales, todas las decisiones sean conocidas por los integrantes de la
Corporación. El modelo parte de la idea de que una posición asumida por una
sala X, será defendida por sus integrantes en las salas en que ellos
participan, generándose un efecto multiplicador, pues los otros integrantes de
las salas de decisión defenderán la misma posición en sus respectivas salas.
Este es un mecanismo institucional para asegurar la uniformidad de la
jurisprudencia de cada tribunal del país.
11.1.2 Los Tribunales son la cúspide judicial dentro
de sus respectivos distritos judiciales. Por lo mismo, dentro de dicho ámbito
territorial, cumplen la función de unificación jurisprudencial. Es decir, la
realización del principio de igualdad. Teniendo en cuenta lo anterior, no se explica
que dicha función (unificación) y el respeto al derecho a la igualdad pueda ser
abandonada por el Tribunal. Es a éste, sin considerar que tenga diversas salas
de decisión, a quien le corresponde definir las reglas jurídicas aplicables
dentro de su jurisdicción.”
Ahora bien, la
Sala insiste en que, tratándose de los magistrados que
hacen parte de un mismo cuerpo colegiado, éstos pueden apartarse de su propio
precedente o el de otra sala, siempre y cuando expongan en su decisión los
argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello, resguardando de
esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías de independencia
judicial exigidas, aclarando que para tal efecto el funcionario judicial
debe: “i) referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un argumento
suficiente para el abandono o cambio si en un caso se pretende fallar en un
sentido contrario al anterior en situaciones fácticas similares, a fin de
conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad”[50].
Con estos
elementos de juicio procede la Sala a realizar el análisis del caso concreto.
8. Análisis del caso concreto.
Según fue reseñado, Almacenes
Éxito S.A., por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con las pretensiones de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la doble
instancia, al libre acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al
sometimiento de las decisiones judiciales al imperio de la ley, que considera
vulnerados con el auto de fecha 19 de junio de 2009, proferido en Sala Dual,
dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, por el cual negó
por extemporáneo el recurso de súplica que presentó contra el auto de fecha 13
de mayo de 2009.
No cabe duda entonces que la
acción de tutela se dirige en este caso contra una providencia judicial y concretamente
contra el auto interlocutorio de fecha 19 de junio de 2009, por medio del cual la
Sala Dual negó por improcedente el recurso de súplica interpuesto por la parte
demandada contra el auto del 13 de mayo del mismo año. En
tales condiciones, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si realmente la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá le ha
vulnerado los derechos fundamentales a la accionante, teniendo en cuenta que, según
la jurisprudencia constitucional analizada, la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es excepcional y tiene lugar siempre y
cuando concurran (i) todas las causales generales de procedibilidad y (ii) por
lo menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
8.1. Causales genéricas de
procedibilidad.
8.1.1. Relevancia
constitucional de las cuestiones discutidas.
La
accionante afirma que el Tribunal, en el auto del 19 de junio de 2009, le negó
arbitrariamente el recurso de súplica interpuesto contra el auto del 13 de mayo
del mismo año y que en esa forma le está vulnerando sus derechos al debido
proceso, a la defensa, a la doble instancia, al libre acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y al de sometimiento de las decisiones judiciales al
imperio de la ley. Ahora bien, esos derechos no son meramente de orden legal
sino que tienen carácter fundamental, según los artículos 13, 29, 31, 228, 229
y 230 de la Constitución Política, lo que evidencia la relevancia
constitucional del caso, más allá de la controversia civil que subyace, pues lo
que se reclama en últimas es la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas y con ello la realización de la justicia material.
8.1.2.
Agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
En el asunto que se analiza se
observa que, en desarrollo del trámite de la segunda instancia del proceso de
restitución de inmueble arrendado, adelantado por Chevor S.A. contra Cadenalco
S. A. (hoy Almacenes Éxito     S. A.), el magistrado sustanciador, en auto del
13 de mayo de 2009, ordenó la devolución del expediente al juzgado de origen,
por considerar que el proceso había dejado de ser de doble instancia en virtud
de la aceptación del desistimiento de la adición de la demanda, según auto de la
Sala de decisión del 29 de abril de 2009. Fue entonces cuando el apoderado de
la parte demandada interpuso recurso de súplica contra el auto del 13 de mayo,
ante los otros dos magistrados de la correspondiente Sala de decisión, quienes,
en auto del 19 de junio de 2009, declararon improcedente por extemporáneo ese
recurso.
Al respecto la
Sala constata que, según lo dispuesto en el artículo 363 del Código de
Procedimiento Civil, el único recurso que procedía contra el auto del 13 de
mayo de 2009 era el de súplica. Por otra parte, el artículo 364 del mismo
código establece que no procede ningún recurso contra el auto que decide el de
súplica. Esto es, que contra el auto del 19 de junio  de 2009 no procede
recurso alguno, ordinario, ni extraordinario. Por tanto, la accionante agotó
todos los medios de defensa dentro del proceso abreviado de restitución de bien
inmueble arrendado.
8.1.3. Cumplimiento del requisito de la inmediatez.
Como se ha visto, Almacenes Éxito
S.A. atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al auto proferido
por la Sala Dual del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 19 de junio de 2009,
por lo cual interpuso la acción de tutela el 12 de agosto de 2009, es decir,
menos de dos meses después de emitida la providencia judicial que cuestiona,
término que se considera razonable y proporcionado, que no afecta ni pone en
riesgo el principio de la seguridad jurídica.
8.1.4.
No se trata de sentencia de tutela.
Se reitera que la presente acción
de tutela no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, sino contra
el auto proferido en Sala Dual del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, de
fecha 19 de junio de 2009.
8.1.5. La irregularidad
procesal alegada tiene incidencia directa y decisiva en la providencia que se
acusa de ser vulneratoria de los derechos fundamentales.
Almacenes Éxito S.A. sostiene que
las irregularidades procesales cometidas por la
Sala Dual de decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el auto del 19 de
junio de 2009 consisten en que no le dio ninguna validez jurídica al memorial
por medio del cual su apoderado interpuso recurso de súplica contra el auto del
13 de mayo de 2009, por considerar equivocadamente que carece de autenticidad
por falta de firma. En su sentir, el Tribunal no tomó en cuenta: (i) que
realmente el memorial fue presentado dentro de término el 20 de mayo, en
original firmado que fue devuelto a su dependiente, mientras que el empleado
del Tribunal por error incorporó al expediente la copia sin firma; y (ii) que
al día siguiente fue presentado nuevamente el original firmado con sello de
radicación del 20 mayo, reconociendo a la vez la autoría de la copia sin
firma.  Agrega que el hecho de no haberle dado validez al memorial por
considerarlo no auténtico condujo a la Sala a declarar improcedente por
extemporáneo el mencionado recurso, evitando así que el Tribunal decidiera de
fondo la controversia y en últimas convirtiera el proceso en un asunto de única
instancia. Como se advierte, la irregularidad reclamada sí tenía relevancia en
el sentido de la decisión que se acusa de ser vulneratoria de los derechos
fundamentales.
8.1.6. La accionante ha
identificado de forma razonable los hechos que generan la violación, la cual no
le fue posible alegarla en el proceso judicial.
La accionante enumera en la
demanda de tutela los hechos de los cuales deriva la vulneración de sus derechos
fundamentales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el auto del 19 de junio de
2009 fue emitido en segunda instancia para declarar improcedente el recurso de
súplica y que, por expresa disposición del artículo 364 del Código de
Procedimiento Civil, esa decisión no admite recurso alguno, se concluye que
Almacenes Éxito S.A. no tuvo en el proceso de restitución del inmueble
arrendado la oportunidad de alegar la violación de sus derechos fundamentales.
8.2. Causales
específicas de procedibilidad.
Pasando al campo de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela, la
Sala encuentra que, según la accionante, (i) existe error fáctico del empleado
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien tenía el deber de
recibir y anexar al expediente el original del memorial firmado por el abogado,
por medio del cual interpuso el día 20 de mayo de 2009, dentro de término, el
recurso de súplica contra el auto del 13 de mayo de 2009, y que el empleado no
obró de esa manera, sino que agregó al expediente la copia de ese memorial sin
firma del abogado; (ii) hay error inducido o por consecuencia en el auto del 19
de junio de 2009, derivado de la actuación ilegal del empleado de la
Secretaría del Tribunal que recibió el memorial el 20 de mayo; (iii) el auto
del 19 de junio de 2009 adolece de defecto fáctico en cuanto negó por
extemporáneo el recurso de súplica, no obstante que los integrantes de la
Sala tenían total claridad del error que había cometido el empleado de la
secretaría al devolver el original del memorial firmado por el abogado, que fue
presentado dentro del término el día 20 de mayo, y que fue nuevamente entregado
en secretaría por el abogado el día siguiente, con un escrito explicando lo
sucedido y reconociendo la autoría de la copia sin firma; (iv) el auto del 19
de junio de 2009 también está viciado de defecto sustantivo, porque desconoce
normas de carácter legal, como los artículos 37, numeral 4°, 269 del Código de
Procedimiento Civil, y además el artículo 228 de la
Constitución; (v) en la impugnación de la sentencia de tutela agrega que el
auto del 19 de junio de 2009 desconoce el precedente horizontal contenido en el
auto del 28 de mayo de 2008, en el cual la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá resolvió un recurso de queja
concediendo el de apelación que había sido negado por el juez de primera
instancia porque no tenía firma del abogado el memorial en que lo interpuso.
En la medida en que la acción de
tutela no está sujeta a complejas exigencias técnicas, sino que rige el
principio de informalidad, la Sala abordará el estudio de la forma que
considera más adecuada a las acusaciones elevadas por el apoderado de la
accionante, reconduciendo el análisis del caso concreto bajo los siguientes
ejes temáticos: (i) defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”,
(ii) defecto sustantivo y (iii) desconocimiento del precedente judicial.
8.2.1. La
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en los defectos
procedimental por “exceso ritual manifiesto” y sustantivo al decidir que
no es auténtico el memorial presentado el 20 de mayo de 2009, por carecer de
firma, sin tener en cuenta los demás elementos que permitían dar certeza sobre
la persona que lo elaboró.
El auto del 19 de junio de 2009,
proferido por la Sala Dual del Tribunal Superior de Bogotá,  por medio del cual
declaró improcedente por extemporáneo el recurso de súplica interpuesto contra
el auto del 13 de mayo del mismo año, dice:
“El artículo 13 de la
Ley 446 de 1998 reguló lo tocante con los memoriales y poderes. El texto
expresa: ‘Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se
presumirán auténticos, salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del
derecho en litigio y los poderes otorgados a los apoderados judiciales que, en
todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación’.
El texto al que se ha hecho mención pasó a ser parte
del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, bajo el mismo tenor, por
virtud del artículo 21 de la Ley 794 de 2003.
El memorial al que se refiere la norma, considerándolo
auténtico, es aquel que tiene la respectiva firma como signo individualizador
de la persona que lo suscribe y que indica su procedencia. No goza de esa
presunción el escrito sin firma, porque no da certeza acerca de su autor, o sea
que para el día 20 de mayo no podía darse por establecido que se había
presentado el recurso de súplica, porque no existió certeza acerca de la
persona que lo interpuso.
Si bien para el 20 de mayo el escrito de impugnación
carecía de esa certeza respecto de su autor, debe calificarse si por el hecho
de haberse presentado el mismo escrito firmado por el apoderado, pero fuera del
término que establece el inciso final del artículo 363 del Código de
Procedimiento Civil, se saneó la informalidad que presentaba el escrito inicial
ante la ausencia de firma.
Efectivamente el apoderado de la parte demandada
expresó que el escrito sin firma es suyo, que la
Secretaría conservó este escrito y devolvió el original que se encontraba
firmado, pero tal situación alegada por el impugnante ocurrió cuando el término
para interponer el recurso ya había fenecido. De otro lado, la constancia de la
secretaría es rotunda en el sentido que el escrito de impugnación fue
presentado sin la firma del abogado, hecho que éste corrobora con la
explicación que dio el día siguiente del vencimiento del término para
interponer el recurso. (…)”
(Subrayado fuera de texto original).
En otras palabras, el auto
contiene las siguientes premisas y conclusiones: (i) la firma es el único signo
individualizador de la persona que suscribe un documento y por eso indica la
procedencia del mismo; (ii) el escrito sin firma no es auténtico, porque no hay
certeza acerca de su autor; (iii) el memorial que presume auténtico el artículo
13 de la Ley 446 de 1998  es aquél que tiene la respectiva firma como signo
individualizador de la persona que lo suscribe y que indica su procedencia;
(iv) el memorial sin firma del apoderado presentado en la
Secretaría del Tribunal el día 20 de mayo no es auténtico, ni se presume
auténtico; (v) si ese memorial no es auténtico, ni se presume auténtico,
entonces el recurso de súplica no fue interpuesto oportunamente el 20 de mayo,
día en que venció el término para presentarlo, (vi) el memorial firmado que
entregó el apoderado el día 21 de mayo en la
Secretaría del Tribunal, a pesar de tener el sello de radicación del día 20 de
mayo, es extemporáneo, porque la constancia secretarial dice que fue presentado
el día 20 de mayo sin firma del apoderado; (vii) igualmente es extemporáneo el
reconocimiento que por escrito hizo el apoderado el día 21 de mayo de ser el
autor del memorial sin firma suya, presentado el 20 de mayo y que fue
incorporado al expediente.
En relación con las anteriores
afirmaciones la Sala estima pertinentes las siguientes observaciones:
La aseveración consistente en que
el memorial sin firma presentado el 20 de mayo no es auténtico, en virtud de
que no se tiene certeza acerca de su autor,  no corresponde a la realidad en
este caso, porque existen muchos otros elementos que demuestran quién es el
autor de ese documento.
En efecto, según se observa en la
copia del memorial que obra en el proceso, se trata de un escrito elaborado en
computador, dirigido a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá
integrantes de la respectiva Sala de decisión civil, dentro del proceso de
restitución de inmueble arrendado, adelantado por Chevor S.A. contra Cadenalco
S.A. y/o Almacenes Éxito S. A., radicado bajo el No. 029-2007-0541-7. Dicho
memorial aparece encabezado con los nombres y apellidos de Carlos Darío Barrera
Tapias, en su calidad de apoderado judicial de Almacenes Éxito S.A., para
interponer el recurso de súplica contra el auto del 13 de mayo de 2009. Al
finalizar el escrito se pone la antefirma de Carlos Barrera Tapias y se cita la
tarjeta profesional de abogado 12651. La primera hoja del memorial está escrita
en papel que tiene los nombres de los abogados de la oficina de asesores
jurídicos Esguerra Barrera Arriaga, entre ellos Carlos Darío Barrera Tapias.
Todas las hojas del escrito tienen la dirección, el número del teléfono fijo y
del fax, así como la dirección electrónica. Igualmente, los mismos nombres y
apellidos de ese abogado, la condición en que actúa dentro del proceso, las
características y datos del memorial presentado el 20 de mayo de 2009 son
exactamente iguales a los que ostentan numerosos memoriales firmados por él que
aparecen con precedencia dentro del mismo proceso de restitución de inmueble
arrendado. Adicionalmente, el apoderado el 21 de mayo reconoció la autoría del
memorial dejado sin firma el día inmediatamente anterior. Todo ello indica con
absoluta certeza que el abogado Carlos Darío Barrera Tapias es la persona que
elaboró el memorial cuya impresión sin firma fue allegada el día 20 de mayo.
Con fundamento en las consideraciones
precedentes (numeral 6), la Corte concluye que la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al proferir el auto del 19 de
junio de 2009 declarando improcedente por extemporáneo el recurso de súplica
presentado por Almacenes Éxito S.A., contradice abiertamente esa realidad
objetiva demostrada en el expediente e incurre:
(i) En un defecto procedimental
por “exceso ritual manifiesto”, al aplicar con extremo rigor el último
inciso del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que es una norma de
rango legal, de naturaleza exclusivamente procesal, en la medida en que decidió
tener por no auténtico el memorial sin firma presentado el 20 de mayo,
omitiendo considerar todos los elementos mencionados que permitían identificar
al apoderado Carlos Darío Barrera Tapias como la persona que elaboró ese
escrito, en detrimento de los derechos fundamentales de la accionante al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, reconocidos en los
artículos 29 y 229 de la
Constitución Política.
(ii) En un defecto sustantivo por
darle al último inciso del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil un
alcance que no tiene, por cuanto esa norma no establece que un memorial
presentado para que forme parte de un expediente únicamente es auténtico cuando
existe certeza sobre la persona que lo ha firmado; y una lectura aislada de lo
dispuesto en el primer inciso del mismo artículo,  el cual señala que un
documento es auténtico cuando existe certeza no solamente sobre la persona que
lo ha suscrito, sino también sobre la persona que lo ha elaborado, como ocurre
en el presente caso.
8.2.2.
Desconocimiento del precedente judicial fijado en el auto del 28 de mayo de
2008 por una de las Salas de Decisión de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Según la copia allegada a este
proceso del auto proferido por otra de las Salas de decisión de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de mayo de 2008[51], en un
proceso ejecutivo, esa autoridad judicial declaró “mal denegada la
apelación” interpuesta por el ejecutado mediante un memorial sin firma del
apoderado, al considerar que: (i) de acuerdo a lo señalado por el artículo 4°
del Código de Procedimiento Civil, al “interpretar la ley procesal el juez
deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es efectivizar los
derechos reconocidos por la ley sustancial, en el entendido que este precepto
acompasa con el artículo 228 de la
Carta Política, cuando quiera que la norma superior hace prevalecer el derecho
sustancial sobre el formal”; (ii) el anterior postulado, en línea de
principio, “debe ser aplicado en todos los casos que entren en tensión el
derecho formal y el sustancial, ello se traduce en que ha de prevalecer este
último sobre el primero”; y (iii) como quiera que el recurrente
adujo que “su abogado es el autor del memorial a través del cual interpuso
el recurso de apelación contra el auto que negó la nulidad, y a la par, dicho
proveído es susceptible de apelación al tenor del artículo 351-8 Ib., desde
esta óptica y en aplicación del principio contemplado en los numerales que
preceden no habría manera de negar la sobredicha apelación”.
Sin embargo,
como ha quedado analizado, el mismo Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en
el proceso civil de restitución de inmueble arrendado en el cual profirió el
auto del 19 de junio de 2009, que ha dado origen a la presente acción de
tutela, resolvió todo lo contrario, a pesar de que en lo que ahora es objeto de
examen se trataba de un caso similar al primero, pues declaró improcedente el
recurso de súplica porque el memorial en el cual fue interpuesto carece de
firma del abogado, sin dar ninguna justificación del abandono o cambio de los
argumentos expuestos  para tomar la decisión en el primero de los asuntos
mencionados.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha precisado que los magistrados que hacen parte de un mismo
cuerpo colegiado pueden apartarse de su propio precedente o del de otra sala,
pero siempre y cuando expongan en su decisión los argumentos razonables que
tuvieron como fundamento[52],
y dado que ello no se cumplió en este caso, la
Corte concluye que se está desconociendo abiertamente y sin justificación el
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Constitución y la función de unificación jurisprudencial dentro de la
jurisdicción del Tribunal Superior de Bogotá y que, por tanto, se configura
otra causal específica de procedibilidad de la acción de tutela.
8.2.3.
Las consideraciones que se han hecho en esta providencia llevan a la
Sala a revocar la sentencia que se revisa y, en su lugar, a tutelar en favor
de la accionante sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
al acceso efectivo a la administración de justicia, en armonía con el principio
de primacía del derecho sustancial, consagrados en los artículos 13, 29 229 y
228 de la Constitución Política, que están siendo vulnerados en este caso por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el auto de fecha 19 de
junio de 2009, proferido en el proceso de restitución de inmueble arrendado,
adelantado por Chevor S.A. contra Almacenes Éxito S.A. Como consecuencia, la
Corte  dejará sin valor y sin efectos jurídicos el
mencionado auto del 19 de junio de 2009 y ordenará a la entidad judicial
accionada que resuelva de fondo las peticiones que contiene el recurso de
súplica interpuesto, en virtud de que la falta de certeza sobre la autoría del
memorial fue el único motivo por el cual dicho recurso fue declarado
improcedente por extemporáneo.
Igualmente,
se dispondrá levantar la medida provisional ordenada mediante
auto del 15 de marzo de 2010.
8.2.4. Por
último, la Sala aclara que en esta oportunidad se abstendrá de pronunciarse
sobre si el proceso abreviado de restitución de bien inmueble arrendado se ha
convertido en un asunto de única instancia como consecuencia de la aceptación
del desistimiento de una de las pretensiones, y sobre si el expediente debe ser
remitido o no al juzgado de origen, porque esos son precisamente los aspectos
centrales que persigue el recurso de súplica interpuesto contra el auto del 13
de mayo de 2009, los cuales deben ser  resueltos por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la medida
provisional ordenada mediante auto del 15 de marzo de 2010.
SEGUNDO.-
REVOCAR la sentencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha 14 de octubre de
2009, que confirmó la  de primera instancia emitida el 11 de septiembre de 2009
por la misma Corte, Sala de Casación Civil. En su lugar, TUTELAR a favor
de la sociedad Almacenes Éxito S. A. sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia,
vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,  por medio del
auto de fecha 19 de junio de 2009, proferido en el proceso de restitución de
inmueble arrendado, adelantado por Chevor S. A. contra Almacenes Éxito      S.
A.
TERCERO.- DEJAR sin valor y sin efectos jurídicos el
mencionado auto del 19 de junio de 2009, que declaró improcedente por
extemporáneo el recurso de súplica presentado contra el auto del 13 de mayo de
2009.
CUARTO.- ORDENAR a la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que resuelva de fondo el recurso de
súplica interpuesto contra el auto del 13 de mayo de 2009.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ponente
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-268 DE 2010
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Alcance de la acción de tutela contra decisiones judiciales (Aclaración
de voto)
No comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que en otros asuntos se ha reconocido por
parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones
judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo emerge
en la cita que se efectúa de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime
Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente desde cuando
fue expedida. Mi desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca
como parte de la fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica,
especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha
providencia se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones
que podrían justificar la impugnación común contra una decisión judicial,
dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela
constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el proceso
de que se trata.
Referencia:
expediente T-2483488.
Acción de tutela
instaurada por Almacenes Éxito S. A., contra la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá.
Magistrado
ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Claro está que
participo plenamente de la resolución adoptada, por cuanto comparto la
percepción de que existe motivo para dejar sin efecto la actitud que dentro de
un asunto de su competencia forzó la corporación judicial accionada, pero debo
aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la
noción de “vía de hecho”, solo aceptable en su concepción original de
flagrante quebrantamiento del orden jurídico, y así mismo discrepo en relación
con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión
adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[53], no comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que en otros asuntos se ha reconocido por
parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones
judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo emerge
en la cita que se efectúa (páginas 18 y 19) de la sentencia C-590 de junio 8 de
2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo
parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia,
que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho
de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de
la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una
(o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto
desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo
mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto
en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito
de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al
constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien
esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[54], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha
interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa
providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional
(art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela contra
decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra otros
importantes valores constitucionales, como el “principio democrático de la
autonomía funcional del juez”, “la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia” y “la función
garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, de por sí está permitida la
tutela contra la decisión judicial, como si fuera un recurso ordinario más, con
lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la
práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho
fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión
adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones a las
que se podría otorgar alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto
en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA
T-268/10
CON PONENCIA DEL
MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, POR MEDIO DE LA CUAL SE TUTELARON A
FAVOR DE LA SOCIEDAD ALMACENES ÉXITO S. A. SUS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
VULNERADOS POR LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.
Referencia:
Expediente
T-2'483.488
Problema jurídico
planteado en la sentencia: ¿Si una autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia, en concordancia con el principio de primacía del
derecho sustancial, cuando considera que no es auténtico un memorial presentado
para hacer parte de un proceso, por el solo hecho de carecer de firma, sin
tener en cuenta si existen otros elementos que permitan dar certeza sobre su
autor?
Motivo del
Salvamento: (i) No se incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y (ii) ni tampoco en un defecto sustantivo.
Salvo el voto en la Sentencia T-268 de 2010, puesto que
considero no han sido vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, ni al acceso efectivo a la administración de justicia de
Almacenes Éxito por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. En primer lugar, considero que
dicha corporación no ha incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto; y en segundo lugar, a mi juicio,
tampoco incurrió en un defecto sustantivo.
ANTECEDENTES
Indica la
accionante que la sociedad Chevor S.A. inició un proceso de restitución de bien
inmueble en su contra, el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá profirió
sentencia ordenando su lanzamiento, en mayo de 2009 el Tribunal accionado dejó
sin efecto la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia, por lo tanto el 20 de mayo de 2009, interpuso recurso de súplica,
sin embargo el funcionario encargado de recibir el documento no se percató de
que este no tenía la firma, al día siguiente el apoderado advirtió el error y
dirigió un memorial comunicándole al Magistrado Sustanciador de la situación,
sin embargo se declaró improcedente por extemporáneo el recurso de súplica, la
accionante considera que se incurrió en un error fáctico, en un error inducido
y en un defecto fáctico.
La Sala realiza
reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo, se
concluye que el Tribunal accionado incurrió en los defectos procedimental y
sustantivo al decidir que el memorial del 20 de mayo de 2009 no es auténtico
por carecer de firma, sin tener en cuenta los demás elementos que permitían dar
certeza sobre la persona que lo elaboró, por lo tanto se ordena dejar sin
efecto el auto que declaró improcedente el recurso de súplica por extemporáneo
y se ordena decidir de fondo el recurso interpuesto.
2.
FUNDAMENTOS DEL SALVAMENTO
2.1. LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ NO
INCURRIÓ EN UN DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO
La providencia de
la cual me aparto argumenta que la corporación demandada incurrió en un defecto
procedimental por "exceso ritual manifiesto ",el cual se
configuró cuando la autoridad judicial consideró que no es auténtico un
memorial que carece de firma y no tiene en cuenta elementos que, a su juicio,
en el caso concreto daban certeza acerca del autor, tales como que (i) el memorial que
obra en el proceso aparece encabezado con los nombres y apellidos de Carlos
Darío Barrera Tapias, en su calidad de apoderado judicial de Almacenes Éxito
S.A.;(ii) al final del documento aparece nuevamente el nombre
del apoderado y el número de su tarjeta profesional;(iii)en el papel se
encuentran los nombres de los abogados de la oficina de asesores jurídicos
entre los que figura el apoderado judicial del proceso, así como las
direcciones, números de teléfonos, dirección electrónica; y (iv) en general el
memorial presentado es similar a otros memoriales que obraban en el mismo
expediente. Dados estos elementos, concluyó la mayoría que existía absoluta
certeza de la autoría del memorial sin firma, allegado el 20
de mayo de 2009.
En mi concepto, en el caso bajo revisión
no se configuró un exceso ritual manifiesto, por las siguientes razones:
El legislador le ha otorgado una gran
importancia a la figura de la firma dentro del ámbito jurídico y de las
relaciones entre los sujetos de derecho, entendida, según el Diccionario de la
Real Academia Española, como el " (n)ombre y apellido, o
título, que una persona escribe de su propia mano en un documento,
para darle autenticidad o para expresar que aprueba su
contenido" (énfasis fuera del texto). Sólo la firma permite
reconocer la autenticidad de un documento y otorgarle validez. Por tanto, la
firma es un requisito mínimo, exigible a cualquier persona dentro de su
diligente actuar.
Es por ello que el artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil indica: "Es auténtico un documento cuando
existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado
".
En concordancia, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, ha estimado que la ausencia de firma en un
documento da lugar a tomarlo como inexistente. Al respecto, ha manifestado: "la ausencia
de firma autógrafa determinaba la inexistencia jurídica"[55].
Adicionalmente,
la alta Corte ha establecido que "(...) tratándose de los documentos
de naturaleza dispositiva y representativa, su valor probatorio dependerá de la
autenticidad, sin importar si provienen de una de las partes o de un tercero,
según lo establecen los artículos 277 nral. 1 y 279 del código de los ritos
civiles, así como el artículo 11 de la ley 446 de 1998, que reprodujo -con
algunas modificaciones- lo otrora establecido en el artículo 25 del Decreto
2651 de 1991. Por consiguiente, mientras no se tenga certeza sobre quién es el
autor del documento, no se le podrá dar crédito a su contenido, en los términos
de los artículos 258 y 264 del Código de Procedimiento[56]."
Como el mismo tribunal demandado lo
reconoce, en el caso materia de revisión no es posible tener la absoluta
certeza de la autenticidad del memorial allegado ante la inexistencia de la
firma. El sello puesto en el documento no válida la ausencia de la firma del
apoderado, pues aquel no constituye una prueba fehaciente de la autenticidad
del documento. En consecuencia, era razonable tomar el documento como
inexistente.
Por otra parte, el escrito presentado con
posterioridad demuestra que el memorial allegado el 20 de mayo de 2009
efectivamente fue presentado sin la firma correspondiente, y la ratificación
del mismo se realizó de manera extemporánea.
El Código de Procedimiento Civil
determina que los documentos que se pueden aportar dentro del proceso pueden
ser originales o copias al tenor del artículo 253. En este caso, no existe
manera alguna de determinar que el documento aportado como memorial el día 20
de mayo era la copia de un documento original, y que el entregado el día 21 de
mayo era el original.
En mi sentir, tampoco existe sustento
jurídico ni probatorio para aceptar la tesis expuesta por el accionante sobre
el error en que incurrió el dependiente judicial; aceptar que el otro documento
sí contaba con la firma del apoderado constituye una conclusión que carece de
prueba en el expediente.
Afirmar que es auténtico el memorial con
esas características, puede conducir además a un fraude de la suscripción del
mismo; es de común conocimiento que los documentos realizados por medio de
procesadores de texto son fácilmente imitados, y la mejor manera de verificar
la autenticidad es con la firma de la persona de su puño y letra, o una firma
electrónica con las respectivas certificaciones que la acreditan. Así las
cosas, sin existir este signo identificador, sólo es posible constatar la
existencia de un documento que pudo ser redactado por cualquier persona con
acceso a la información del caso y los documentos que en este se encontraban.
Por último, considero que la exigencia de
la firma no es desproporcionada a la luz de las especiales funciones que
desempeñan los abogados en la sociedad.
Los abogados cumplen un rol de suma
importancia, en tanto contribuyen a la conservación y perfeccionamiento del
orden jurídico del país, y a la realización de una recta y cumplida
administración justicia[57].Dada
la importancia de ese rol, la actividad de los abogados es regulada por la ley
1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, el cual impone ciertos deberes
específicos, dentro de ellos el deber de diligencia, cuyo incumplimiento se
consagra como una falta disciplinaria. La función social la abogacía junto a la
formación técnica que deben recibir los abogados justifican las mayores
exigencias de diligencia y cuidado que la normativa les hace. Al respecto, en
la sentencia T-465 de 1995[58]se
indicó:
"De
conformidad con el artículo 47 del decreto 196 de 1971, estatuto del ejercicio
de la abogacía, es deber del abogado, entre otros, Es deber del
abogado, entre otros, 'atender con celosa diligencia sus encargos
profesionales'. Esa 'celosa diligencia' es la que se echa de menos en
el trámite del frustrado recurso de apelación contra la providencia que decidió
el incidente de liquidación de perjuicios, lo mismo que en el trámite de todo
el proceso. Más aún, tratándose de un negocio de tan elevada cuantía: pues si
todos los encargos profesionales debe atenderlos el abogado 'con celosa
diligencia'.
(...)
El abogado cumple
su tarea en dos campos distintos, a saber: dentro del juicio y fuera de él, en
el primer caso por medio de la representación judicial y en el segundo, con la
asesoría y el consejo, actividades éstas que contribuyen al buen desarrollo del
orden jurídico y al afianzamiento del Estado social de derecho. La labor del
abogado, como lo sostiene Carnelutti, 'no es una labor meramente técnica, sino
que se desarrolla en el campo de la moral'. "
Sobre la mayor diligencia que debe
demostrar el abogado, también se pronunció la Corte en la sentencia T-500 del
1995[59] de la siguiente
manera:
"Hubo
negligencia manifiesta por parte del abogado del peticionario, y si se hubiere
presentado una presunta indefensión, ésta obedece exclusivamente a la culpa de
quien, por razones de ética profesional, debe ser diligente y
estar atento a todas las etapas procesales. Como lo establece
un
principio común en el campo del derecho, nadie puede sacar provecho de su
propia culpa; en otras palabras, la negligencia personal jamás puede ser título
jurídico para invocar un derecho, y al contrario, genera responsabilidades para
quien incurre en ella".
Una manifestación
específica de esa mayor exigencia de diligencia es el requerimiento de la
suscripción de los documentos emitidos por el abogado y presentados ante las
instancias judiciales, como los memoriales mediante los cuales se formulan
recursos. Este requerimiento asegura que el apoderado conoce y ha revisado los
documentos que se formulan dentro del proceso, y por tanto que ellos dan cuenta
de su estrategia de defensa; en otras palabras, no exigir al profesional del
derecho una serie de actuaciones calificadas como la suscripción de los
memoriales y recursos repercute en contra de las personas que acuden a ellos
para la protección de sus intereses y derechos.
A la luz de los
especiales deberes de los apoderados judiciales, no observo que en este caso
exista una razón que justifique el incumplimiento por parte del apoderado de su
deber de suscribir el memorial mediante materia de controversia.
Adicionalmente,
como bien menciona la jurisprudencia, no es posible que la negligencia del
abogado, le haga acreedor de un derecho, como sucede con el apoderado de
Almacenes Éxito. Él debe asumir la responsabilidad de no haber acreditado en
tiempo la presentación del recurso de súplica, y no puede pretender ahora, de
manera extemporánea y mediante la acción de tutela, subsanar su falta de
diligencia.
En resumen,
observo que en el caso materia de revisión no se presentó un exceso ritual
manifiesto, entendido, en los términos de la sentencia T-1091 de 2008[60], como
una violación al debido proceso cuando existe "(...) una 'renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales "'. En este caso se
encuentra probada la presentación del memorial sin firma del apoderado el día
20 de mayo y la presentación extemporánea el 21 de mayo de un memorial
aclaratorio en el que se exponen unos hechos que no fueron demostrados, como
que su dependiente judicial incurrió un error al radicar el documento.
De otro lado,
como se expresaba anteriormente, el legislador ha determinado que la existencia
y validez jurídica de algunos documentos está dada por la firma manuscrita que
en el documento se incorpora. Este requerimiento no constituye un "exceso"
de
formalismo, por el contrario es una exigencia razonable que obra a favor de
quienes otorgan poderes a los abogados.
2.1.
LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ NO INCURRIÓ EN UN DEFECTO
SUSTANTIVO
En relación con el defecto sustantivo, esta
Corporación ha indicado:
"La Corte
Constitucional ha explicado que el defecto sustancial o material se presenta
cuando "la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al
caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe "los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica". La jurisprudencia constitucional ha desarrollado los alcances
de dicha  expresión,   señalando  que  aquel puede  ocurrir en cualquiera de
los siguientes supuestos:
(i)     Cuando la decisión impugnada se funda en una
disposición
indiscutiblemente
no aplicable al caso; (¿i)    Cuando el funcionario realiza una "aplicación
indebida"
de la preceptiva
concerniente;
(iii)
Cuando la aplicación o interpretación que se hace de
la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance;
(iv)
Cuando la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática;
(v)
Cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada;
(vi)
Porque a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó; porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador".[61]
En este caso, el
tribunal demandado no incurrió en un defecto sustantivo al aplicar el artículo
252 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente:
"ARTÍCULO
252. DOCUMENTO A UTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza
sobre la persona que lo ha firmado o elaborado.
El documento público se presume auténtico, mientras no
se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.
El documento privado es auténtico en los siguientes
casos:
1.      Si ha sido
reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por
reconocido.
2.      Si fue inscrito
en un registro público a petición de quien lo firmó.
3.      Si habiéndose
aportado al proceso y afirmado estar suscrito o haber sido manuscrito por la
parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los
sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación
contemplada en el inciso segundo del artículo 289.
4. Si se declaró
auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de
la parte contra quien se opone en el nuevo proceso.
Se presumen
auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal
forma, y las firmas de quienes suscriben las pólizas de seguros, títulos de
inversión en fondos mutuos y de acciones en sociedades comerciales, bonos
emitidos por éstas, efectos negociables, certificados y títulos de almacenes
generales de depósito, y los demás documentos privados a los cuales la ley
otorgue tal presunción ".
La interpretación y el alcance otorgado
por el Tribunal se ajustan al tenor de la norma, que es clara en su redacción e
indica que la firma, suscripción y certeza de la autoría de elaboración del
documento privado son indispensables para que éste sea tomado como autentico y
pueda tener validez jurídica. El Tribunal, dado que por ninguna otra vía se
probó la autenticidad del memorial materia de controversia, hizo una la
interpretación adecuada del precepto y aplicó la respectiva consecuencia, esta
es, no tener por auténtico el escrito y no otorgarle validez.
Por las
anteriores razones me aparto de la posición mayoritaria.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
[2]
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
[3] “Artículo 25. Protección Judicial. ║ 1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ║
2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades
de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[4]
Incorporado al derecho colombiano por la Ley 74 de 1968.
[5]Corte
Constitucional, Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T- 008
de 1998, T-567 de 1998, T-960 de 2000, T-1009 de 2000, T-1031 de 2001, SU-014
de 2001, SU-1184 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-1299 de 2001, SU-159 de 2002,
SU-058 de 2003, T-108 de 2003,  T-088 de 2003, T-116 de 2003,  T-201 de 2003,
T-382 de 2003, T-441 de 2003, T-598 de 2003, T-420 de 2003, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-677 de 2003, T-678 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004,
T-606 de 2004, T-774 de 2004, T-453 de 2005, T-091 de 2006, SU-540 de 2007,
T-793 de 2007, SU-813 de 2007, T-1033 de 2007, SU-038 de 2008, T-1240 de 2008,
T-202 de 2009, T-555 de 2009, T-310 de 2009, T-459 de 2009, entre muchas otras.
[6]
Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2010.
[7]
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
[8]
Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2010.
[9] “El presupuesto básico para la procedencia del amparo
es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y en ese
sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas
con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el
amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las
vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de
los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario también, que tal defecto en
la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86
C.P.)” Sentencia C-701 de 2004. Ver también Sentencia T-381 de 2004, reiterada
en Sentencia T-590 de 2006.
[10] Corte
Constitucional, Sentencia T-693 de 2009 y T-033 de 2010, entre otras.
[11] Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las
sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002, T-408
de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita
original de la jurisprudencia trascrita).
[12]  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las
siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408 de
2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[13]  Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001, T-407 de
2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002,  T-705 de
2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[14]  Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las
sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU-159
de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de
2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[15]  Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 2001 y
T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[16] Corte Constitucional,
Sentencias T-939 de 2005 y T-1240 de 2008, entre otras.
[17] Corte Constitucional,
Sentencias T-769 de 2008, T-592 de 2009 y T-619 de 2009, entre muchas otras.
[18] Corte Constitucional,
Sentencia T-125 de 2010.
[19] Corte Constitucional,
Sentencia T- 489 de 2006.
[20] Corte Constitucional,
Sentencia T-125 de 2010.
[21]  En esa ocasión la
Corte Suprema de Justicia, a pesar de afirmar claramente que el accionante sí
debería gozar del derecho a pensión, según la jurisprudencia unificada de esa
Corporación, no casó la sentencia objeto del recurso por falta de técnica de
casación. La Corte Constitucional decidió conceder el amparo impetrado al
considerar que, aun cuando los requisitos formales y técnicos de la casación
son constitucionalmente legítimos, en el caso concreto la
Corte Suprema de Justicia, tras constatar que efectivamente el actor cumplía
con todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez (derecho
constitucional) decidió no casar la sentencia por razones puramente formales
incurriendo en un “exceso ritual manifiesto”.
[22] La
Corte en ese caso amparó a favor de varios accionantes los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y primacía
del derecho sustancial vulnerados por los jueces laborales de primera y segunda
instancia que inadmitieron primero y después rechazaron la demanda presentada
por el apoderado de varias personas, por no haber corregido la demanda en el término
otorgado para que dirigieran los poderes al juez laboral y no al juez civil del
circuito, como había ocurrido.
[23]  La
jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal no puede
ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo, entre
otras, sentencias C-596 de 2000 y T-1306 de 2001.
[24] El concepto de exceso ritual dentro del proceso se ha
extendido a la apreciación probatoria. En esta materia la
Corte ha dicho: “aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el
material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo
de desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de
dicho material emerge clara y objetivamente su existencia.” Ver Sentencia
T-974 de 2003.
[25]  En ese pronunciamiento,
la Corte analizó un caso de una acción de tutela en donde la accionante
consideró vulnerados sus derechos fundamentales por el Tribunal Superior de
Bogotá, al proferir el fallo de segunda instancia dentro de un proceso
ordinario de responsabilidad civil extracontractual iniciado por ella, mediante
el cual el Tribunal revocó el fallo de primera instancia con base en dos
consideraciones centrales: (i) la falta de legitimidad por activa de la
peticionaria pues, aparte de las afirmaciones de la demanda, no se aportó
prueba alguna sobre la relación de parentesco; y (ii) la falta de legitimidad
por pasiva de uno de los demandados, pues el vehículo de servicio público que
se encontraba en el accidente no era de su propiedad.
[26] La Corte Suprema argentina en el famoso caso Colalillo Domingo vs.
Compañía de Seguros España y Río de la Plata expuso: “[El] proceso civil no
puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente
del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos
destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte.
(…) la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado
del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los
hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en
que su eficacia para la determinación de la verdad es indudable. En caso
contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso,
sino precisamente la frustración ritual del derecho”. En: http://www.
cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_07_055.pdf.
[27] Corte Constitucional,
Sentencias T-1306 de 2001 y  T-1123 de 2002.
[28] Genaro R. Carrió,
“Exceso ritual manifiesto y garantía constitucional de la defensa en juicio”.
Argentina, Centro de Estudios Institucionales. En: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_07_055.pdf
[29] Corte Constitucional,
Sentencia T-156 de 2009. Ver también Sentencias C-231 de 1994, T-008 de 1998 y
C-984 de 1999.
[30] Corte Constitucional,
Sentencia T-757 de 2009.
[31] Apartes citados en la
Sentencia T-1068 de 2006.
[32] Corte Constitucional, Sentencia T-1044 de 2006.
[33] Corte Constitucional, Sentencias T-1044 y
T-1068 de 2006. Consúltese también la
sentencia T-275 de 2005, sobre desconocimiento de ratio decidendi con
efectos erga omnes.
[34] Corte
Constitucional, Sentencias T-769 de 2008.
[35] Corte Constitucional,
Sentencia T-284 de 2006.
[36] Artículo modificado por
el Decreto 228 de 1998, artículo 1°, mod. 115, y la
Ley 794 de 2003, artículo 26.
[37] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de febrero 26 de 1979.
[38] GUASP: Derecho procesal
civil, ed. Cit., p. 406.
[39] Hernando Devis Echandía,
“Compendio de Derecho Procesal. Pruebas Judiciales”. Tomo II,  Bogotá,
Editorial ABC, 1982, p. 428.
[40] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 23 de agosto de 2005,
proceso número 22236.
[41] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 7 de marzo de 2000, proceso
número 11544.
[42] Corte Constitucional,
Sentencia C-836 de 2001.
[43] Corte Constitucional,
Sentencia  T-571 de 2007.
[44] Dice la
norma en comento: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado”.
[45] ARTICULO 13. “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (…)”.
[46] Corte Constitucional,
Sentencia  T-571 de 2007.
[47] Corte Constitucional
Sentencias SU-047 de 1999, T-1625 de 2000, C-836 de 2001, T-698 de 2004, T-517
de 2007, T-599 de 2009 y T-619 de 2009, entre muchas otras.
[48] Corte Constitucional
Sentencias T- 698 de 2004 y T-687 de 2007, entre otras.
[49] Corte Constitucional, Sentencias T-698 de 2004 y T-571 de 2007.
[50]
Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2004.
[51]
Folios 126 al 129, del cuaderno de revisión.
[52] En la
Sentencia T-698 de 2004 la Corte precisó que para tal efecto el funcionario
judicial debe: “i) referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un
argumento suficiente para el abandono o cambio si en un caso se pretende fallar
en un sentido contrario al anterior en situaciones fácticas similares, a fin de
conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad”
[53] Ver, entre otros, los
salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591,
T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y
T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de
2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y
T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263
y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y
T-906 de 2009; y recientemente, T-103 y T-119 de 2010.
[54]
C-590 de 2005.
[55] Corte Suprema de
Justicia Sala Casación Civil Sentencia del 25 de julio de 2005 MP César Julio
Valencia Capote. Ref. No. 1713
[56] Corte Suprema de
Justicia Sala Casación Civil Sentencia del 18 de marzo de 2002 MP Carlos
Ignacio Jaramillo Jaramillo. Ref. No. 6649
:'Ver sentencia C-060 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
En este fallo la Corte sostuvo: "Pues bien como es de lodos sabido el
abogado al igual que los demás profesionales de las distintas ramas del saber,
cumple una misión social, función que fue definida por el legislador en el
artículo lo. del decreto parcialmente demandado, así 'la abogacía tiene como
función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta
y cumplida administración justicia'. Y su principal misión al tenor de lo
dispuesto en el artículo 2o. ibídem, "es defender en justicia los derechos
de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar
y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones
jurídicas".
[58] Sentencia T-465
de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía.
[59]
Sentencia T-500 de 1995 MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[60] Sentencia T-1091 de
2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[61] Cfr. Sentencia T-033 de 2010, M.P. Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio