C-131-18
Sentencia C-131/18
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA QUE REGULA LA
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Exequibilidad
condicionada
FAMILIA-Concepto/FAMILIA-Institución básica
de la sociedad/FAMILIA-Definición en sentido amplio/FAMILIA-Diversas
formas de constituirla/FAMILIA-Formas
de protección
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
La
sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y
deriva, en primer lugar, de la existencia de una unión marital de hecho y, en
segundo término, de que como consecuencia del trabajo, ayuda y socorro mutuos
de los compañeros permanentes, se haya consolidado un “patrimonio o capital”
común.
SOCIEDAD CONYUGAL Y SOCIEDAD PATRIMONIAL-Distinciones entre mecanismos probatorios han
sido consideradas legítimas dentro de ciertos límites desde el punto de vista
constitucional
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Distinciones
La
jurisprudencia ha reconocido distinciones conceptuales: “El matrimonio no es
pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal; ésta es el
desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del
matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los
cónyuges”. De otro lado, la dinámica del compromiso en la unión de hecho es
distinta, la construcción de una vida en común por parte de los compañeros
resulta la fuente que justifica la decisión de conformarla. El consentimiento
no pretende avalar un vínculo formal, sino constituir una comunidad de vida,
por encima incluso del reconocimiento legal. Si bien los cónyuges y los
compañeros permanentes buscan en esencia los mismos propósitos, no es menos
cierto que cada pareja lo busca por caminos distintos, ambos protegidos por la
Constitución bajo la idea de que uno de esos objetivos es comúnmente la
conformación de una familia. De hecho, la libre autodeterminación de los
miembros de la pareja es la que define si prefieren no celebrar el matrimonio y
excluir de su relación del régimen jurídico propio de ese contrato.
SOCIEDAD CONYUGAL-Regulación diferente en materia patrimonial/UNION MARITAL DE HECHO-Regulación diferente en materia patrimonial
Tanto
las condiciones en que surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar
acerca de su existencia son diferentes y ello puede generar consecuencias
distintas en este campo, siempre y cuando, como se ha expresado reiteradamente
por esta Corporación, las diferencias sean razonables, es decir, se puedan
sustentar con una razón objetiva.
RAZONABILIDAD DE DIFERENCIA ENTRE PAREJAS QUE DECIDEN CONTRAER
MATRIMONIO Y LAS QUE DECIDEN LIBREMENTE CONFORMAR FAMILIA-Jurisprudencia constitucional
UNION MARITAL DE HECHO-Medios
probatorios para demostrar su existencia
MEDIOS PROBATORIOS PARA DEMOSTRAR EXISTENCIA DE LA UNION MARITAL
DE HECHO-Jurisprudencia constitucional
FILIACION-Concepto/FILIACION-Alcance
VINCULO FILIAL-Matrimonial, de hecho y adoptivo
FILIACION MATRIMONIAL-Concepto
La filiación matrimonial
es aquella que se genera del nacimiento de un niño luego de celebrado el
matrimonio o inclusive 300 días después de disuelto. A su vez, este vínculo se extiende al hijo nacido
después de la declaración de la unión marital de hecho, para quienes también se
aplica la presunción de paternidad de los cónyuges o compañeros permanentes.
FILIACION EXTRAMATRIMONIAL-Concepto
La filiación
extramatrimonial hace referencia al vínculo que se contrae por fuera del
matrimonio o de la unión marital de hecho, es decir, que los hijos que hubieren
sido procreados por fuera de alguna de estas dos figuras, son
extramatrimoniales, a menos que por vía de legitimación se entiendan como
matrimoniales.
FILIACION ADOPTIVA-Concepto
La filiación adoptiva, es
aquella que se adquiere en virtud de la adopción, es decir, que una vez se haya
surtido todo el trámite de la adopción entre adoptantes y adoptado, estos
adquieren un vínculo filial. En otras palabras, es la forma de integrar una
familia por sujetos que no comparten los mismos lazos de consanguinidad. Sin
embargo, no puede perderse de vista que una vez consolidada la adopción a
partir de su declaratoria judicial, se extinguen los vínculos biológicos y se
conforma un modo de filiación entre adoptante y adoptado equivalente al
matrimonial o de hecho.
HIJO-Reconocimiento constituye
un acto libre y voluntario/HIJO-Formas de reconocimiento/HIJO-Objeto del
reconocimiento mediante proceso de filiación
El acto de reconocimiento del hijo por parte de sus padres
es, por regla general, un acto libre y voluntario que emana de la recta razón
humana, por el hecho natural y biológico que supone la procreación, y puede
hacerse: (i) mediante la firma del acta de nacimiento; (ii) por escritura
pública; (iii) por testamento; y (iv) por manifestación expresa y directa hecha
ante juez; (v) siendo posible también, que el padre o la madre puedan reconocer
al hijo, incluso, en la etapa de conciliación previa al proceso de filiación y
dentro del mismo proceso. Sólo cuando los padres se niegan a reconocer al hijo,
se justifica entonces la intervención del Estado, mediante los procesos de
filiación, para forzar dicho reconocimiento, en aras de proteger los derechos
del menor, en particular los derechos a la personalidad jurídica, a tener una
familia y formar parte de ella,  a tener un estado civil,  y en la
mayoría de los casos es en relación con dichos menores que se demanda en busca
de establecer quién es su verdadero padre o madre, y obligar a los padres a
cumplir las obligaciones y responsabilidades que se derivan de su condición.
PROCESO DE INVESTIGACION DE
PATERNIDAD-Carácter judicial/PROCESO
DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Posibilidad de refutar la relación filial que fue previamente
reconocida
La
investigación de la paternidad es un proceso de carácter judicial que tiene
como fin restituir el derecho a la filiación de las personas, cuando no son
reconocidas voluntariamente por sus progenitores, mientras que la impugnación
de la paternidad o la maternidad corresponde a la oportunidad que tiene una
persona para refutar la relación filial que fue previamente reconocida. Las
figuras anteriormente enunciadas tratan de resolver los conflictos producidos
en las eventualidades en las que las relaciones paterno-maternas filiales no
resultan completamente claras.
MODOS DE FILIACION-No
repercuten en la igualdad de derechos y deberes de todos los hijos
Referencia:
Expediente D-12134
Demanda
de inconstitucionalidad contra el inciso 1° (parcial) del artículo 2º de
la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la
impugnación de la paternidad y la maternidad.”
Demandantes:
Óscar
Eduardo López Piedrahita y José Manuel Álvarez Cabrales
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera,
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella
Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y
Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Óscar Eduardo López Piedrahita y José Manuel Álvarez
Cabrales presentaron, ante esta Corporación, demanda de inconstitucionalidad en
contra del inciso
1° del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las
normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad”, por considerar
que quebranta los artículos 1º, 4º, 13, 14, 16, 42 y 44 de la Constitución.
Mediante
auto del 5 de junio de 2017[1], se inadmitieron
los cargos porque no cumplían con los presupuestos exigidos por el artículo 2º
del Decreto 2067 de 1991. En consecuencia, se concedieron tres días a los
accionantes para que corrigieran su demanda. Dentro del término de ejecutoria,
mediante documento radicado ante la Corte el 23 de marzo del mismo año, los
demandantes presentaron escrito de subsanación.
A través
de auto del 29 de junio de 2017, la Magistrada sustanciadora decidió admitir la
demanda en relación con el cargo formulado contra el inciso 1° del
artículo 2º de la Ley 1060 de 2006 por violación del principio de igualdad.
Al mismo tiempo, rechazó los cargos presentados por los ciudadanos por
violación de los principios de dignidad humana (art. 1º), supremacía
constitucional  (art. 4º) e interés superior del menor de
edad (art. 44), así como los derechos fundamentales de los niños a la personalidad
jurídica (art. 14), al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), y a tener
una familia (art. 42).  En consecuencia, el presente proceso de adelantó para
analizar la validez de la norma acusada exclusivamente por violación del
artículo 13 Superior.
Posteriormente,
se comunicó el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente
del Congreso de la República y a los Ministerios del Interior y de Justicia
para que, si así lo estimaban, intervinieran directamente o por intermedio de
apoderado escogido para el efecto, en el término señalado. Del mismo modo se
invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las
facultades de derecho de las Universidades Externado de Colombia, del Rosario,
Santo Tomás, de Cartagena, Gran Colombia de Armenia, Pontificia Bolivariana, EAFIT
y de Nariño para
que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en este asunto para defender o
atacar la constitucionalidad de los apartes demandado
En Auto
305 del 21 de junio de 2017, la Sala Plena de esta Corporación decidió
suspender los términos de este proceso. Posteriormente, mediante Auto 337 del
30 de mayo de 2018 se levantó esa medida en el presente caso[2].
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y
previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, procede la Corte a
decidir la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA
NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe el texto de la norma y se resalta en negrilla el
aparte demandado:
“LEY
1060 DE 2006
(Julio 26)
Diario Oficial No.
46.341 de 26 de julio de 2006
Por la cual se
modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la
maternidad.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 2°. El artículo 214 del Código Civil
quedará así:
Artículo
214. IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD. El hijo que nace después de expirados los
ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la
unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por
padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes
casos:
1.
Cuando el cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que
él no es el padre.
2.
Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba científica se
desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001.”
III. LA DEMANDA
Los
demandantes sostienen que el aparte de la norma acusada vulnera el derecho a
la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Al
respecto, señalan que la disposición demandada es discriminatoria, pues a los
hijos nacidos después
de expirados los 180 días siguientes al matrimonio no se les exige, como a los
hijos procreados
en unión marital de hecho, un requisito adicional para acceder a la
filiación por presunción, como lo es la declaración de dicha unión.
Señalan
que el criterio diferenciador que establece la norma acusada produce un
desequilibrio entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y la unión marital de
hecho, pues los últimos no pueden acceder a una filiación por
presunción, hasta tanto no exista una declaración de la unión de los padres. En
esa medida, el ingreso al núcleo familiar depende de un requisito que no es
constitutivo del vínculo natural que une a los padres, sino de un requisito que
busca la producción de los efectos patrimoniales de dicha unión.
Advierten
que la igualdad entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la
conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal,
sino también a cada uno de los miembros que lo componen, pues el artículo 13
Superior prescribe que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y
que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de origen familiar. Por consiguiente, señalan que el Legislador no
puede expedir normas que consagren un trato diferenciado, en relación con los
derechos de quienes ostentan la condición de hijos habidos en matrimonio y los
concebidos dentro de la unión marital de hecho.
Consideran que
hubiere sido más congruente disponer que la presunción de hijo de los
compañeros permanentes opera solo por el hecho de nacer después de expirados
los 180 días siguientes a aquel momento en que los padres empezaron a convivir
en unión marital de hecho. Lo anterior, al tener en cuenta que la ley que
regula la unión marital de hecho no exige ninguna solemnidad para que nazca a
la vida jurídica y produzca los efectos que le reconoce la Constitución Política
y la ley.
En
consecuencia, solicitan que se declare la inexequibilidad de la expresión “o
a la declaración de la unión marital de hecho”, del inciso 1°
del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas
que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad.”
IV.INTERVENCIONES
1. Academia
Colombiana de Jurisprudencia[3]
La
Academia Colombiana de Jurisprudencia solicitó que se declare la EXEQUIBILIDAD
del aparte acusado, puesto que debe entenderse que el alcance del mismo
está referido a la fecha de constitución de la unión marital de hecho y no a su
declaración. Además, advirtió que en ningún caso la norma podrá declararse
inexequible porque implicaría negarles a los hijos nacidos dentro de la unión
marital de hecho un derecho que constitucionalmente les corresponde.
Para
tal efecto, señaló que el artículo demandado no puede entenderse sin integrarlo
con el artículo 213 del Código Civil, el cual literalmente establece: “ARTICULO
213. PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD <Artículo modificado por el artículo 1º de la
Ley 1060 de 2006 > El hijo concebido durante el matrimonio o durante la
unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros
permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o
de impugnación de paternidad.”
Con
base en el precitado artículo, concluyó que el hijo concebido durante la unión  marital
de hecho tiene por padres a los compañeros permanentes, sin que deba declararse
dicha unión. En esa medida indicó que, para efectos de la impugnación de la
paternidad, debe entenderse que el aparte acusado se refiere al momento en que
se declara que comenzó la unión marital de hecho y no a la fecha en que se
suscribe el documento mediante el cual se declara su existencia.
2. Universidad
Libre[4]
El Universidad
Libre solicitó que se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte
demandado, bajo el entendido que “los 180 días dentro de los cuales se
contabiliza la presunción deben ser contados, para el caso de las uniones
maritales de hecho, desde el día en que inicia la respectiva unión marital, con
independencia de si esta ha sido o no declarada”.
Precisó
que la norma acusada al utilizar la figura de la “declaración de la unión
marital de hecho”, como punto de partida para contar los 180 días después
del nacimiento del menor de edad con el propósito de reconocer su concepción
dentro del vínculo, genera un trato desigual e injustificado entre aquellos
niños que nacen durante el matrimonio y las uniones maritales de hecho
declaradas, y aquellos que nacen en familias organizadas bajo uniones maritales
de hecho que no han sido objeto de declaración.
Sostuvo
que la declaración de la unión marital de hecho no debe ser un requisito para
determinar si el hijo se reputa nacido dentro del vínculo que han contraído sus
padres, pues ello desconoce la existencia de uniones maritales de hecho que
carecen de declaración. En ese sentido, resaltó que la norma demandada debe
ajustarse a la realidad social y brindar posibilidades en virtud de las
diferentes formas de conformar una familia que existen en la actualidad.
3. Instituto
Colombiano de Derecho Procesal[5]
El Instituto
Colombiano de Derecho Procesal solicitó que se declare la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA del aparte acusado, si se interpreta que los 180 días se
cuentan desde la iniciación de la unión marital de hecho, con la salvedad de
que ésta sí debe ser declarada. Lo anterior, en la medida en que la exigencia
de la demostración de la unión marital de hecho es un requisito sin el cual no existe
certidumbre sobre la conformación de la misma y, por lo tanto, es necesario
demostrarla mediante acta de conciliación, escritura pública o sentencia
judicial, si no existe acuerdo entre los compañeros permanentes.
Manifestó que dicha
exigencia no riñe con el derecho a la igualdad, dado que si para aplicar la
presunción de la filiación matrimonial se exige la demostración de la
existencia del matrimonio con el registro civil, lo obvio es que también para
la presunción de la filiación marital se exija como prueba la respectiva
declaración. No obstante, precisó que la exigencia de la ley, relacionada con
contar los 180 días desde la declaración de la unión y no desde el inicio de la
misma, transgrede el derecho a la igualdad. Entonces precisó que, para que la
disposición sea constitucional ha de interpretarse en el sentido que los 180
días se cuentan desde la iniciación de la unión, pues una interpretación literal
de la norma que exija que los 180 días se cuenten desde la declaración de la unión
marital conduce a que se produzca una desigualdad con los hijos matrimoniales,
por cuanto para la presunción aplicable a éstos se cuenta desde el matrimonio.
4. Universidad
Externado de Colombia[6]
La Universidad
solicitó que se declare la EXEQUIBILIDAD del inciso 1° del
artículo 2º de la Ley 1060 de 2006 que modificó el artículo 214 del Código
Civil, pues constituye una herramienta para darle certeza a la filiación
parental y, en particular, la que se genera de la unión marital de hecho.
Advirtió
que la exigencia
de la declaración de la unión marital de hecho para que opere la presunción de
paternidad no vulnera el derecho a la igualdad de los hijos nacidos en dicha
unión, sino que, por el contrario, cumple con la finalidad de darle certeza al
vínculo extramatrimonial y a la propia filiación.
Explicó que la presunción
es un juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como
cierto o probable un hecho, a partir de situaciones fácticas debidamente
probadas. En el caso que trata el artículo 214 del Código Civil, el legislador
parte del hecho del matrimonio o de la unión marital de hecho, más un lapso de
180 días, para luego considerar con alguna certeza un hecho anterior, esto es,
la paternidad.
A su turno, señaló
que la reforma del artículo 214 del Código Civil, por medio del artículo 2º de
la Ley 1060 de 2006, pretende superar legislativamente la omisión de no
extender la presunción de paternidad a los hijos en el vínculo creado por la
unión marital de hecho. Entonces, dicha reforma se llevó a cabo con el fin de
adecuar la normativa sobre filiación a las circunstancias actuales y a la
protección del concepto moderno de familia.
Precisó que el artículo
2º de la Ley 1060 de 2006 modifica el artículo 214 del Código Civil y establece
que el hijo se considera del marido o del compañero permanente por causa de
haber nacido después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio o a
la declaración de la unión marital de hecho, salvo que el marido o compañero
permanente pruebe lo contrario. Para el interviniente, esta norma supone que la
ley sustancial iguala el comportamiento entre los compañeros permanentes y el
de los cónyuges, para que se brinde tanto al hijo matrimonial como al hijo de
la unión marital de hecho, la presunción legal de que su padre es el marido o
el compañero permanente de su madre y, por ende, el conocimiento de su
filiación y estado civil.
Indicó que la
norma establece dos requisitos para que opere la presunción: de un lado, el hecho
cierto a partir del cual se realiza un proceso deductivo de uno incierto: la existencia
de un matrimonio válido o la declaración de la existencia de la unión marital
de hecho y, por consiguiente, el mantenimiento de relaciones sexuales entre los
cónyuges o compañeros permanentes. De otro lado, un lapso de tiempo, 180 días,
el cual surge de una inducción o generalización que hace el legislador
consistente en que el nacimiento puede ocurrir pasados seis meses a la concepción.
Esta presunción puede ser desvirtuada, por ello el presunto padre (el cónyuge o
compañero permanente) podrá desconocer la paternidad pretendida, con la
demostración por cualquier medio idóneo de que no sostuvo relaciones sexuales
con su pareja durante la época que se presume la concepción o por medio del
resultado de la prueba de ADN, en la que se determina si es o no el padre del
pretendido hijo.
A partir de lo
anterior, manifestó que el requerimiento de la declaración de la unión marital
de hecho para que opere la presunción, es una exigencia para darle certeza
jurídica a la unión marital de hecho, en cuanto constituye un acto para el
ejercicio sustancial de los derechos que surgen de dicho vínculo.
Mencionó que la
jurisprudencia ha reconocido que la decisión de dos personas de llevar una vida
en común, de manera responsable y con el fin de conformar una familia, por
medio de la unión marital de hecho constituye un estado civil, pues a partir de
dicha decisión se determina un aspecto jurídico de la persona en relación con
la familia, la sociedad y el Estado. Por ello, la importancia de la publicidad
del estado civil de los compañeros permanentes, pues las cualidades
constitutivas de dicho estado juegan en sus vidas y en la organización de la
comunidad un papel importante. En ese sentido, para el interviniente, exigir la
declaratoria de la existencia de la unión marital de hecho no parece ser un
requisito pretencioso de la ley, pues lo que busca es darle certeza jurídica a
la unión marital de hecho, de modo que la presunción que busca inducir la
paternidad del compañero permanente se base en un hecho probado.
Consideró
importante aclarar que el requisito de declaratoria de la unión marital de hecho
no es el que se encuentra referido en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990[7],
el cual corresponde a la declaración de la existencia de la sociedad
patrimonial, sino el que se encuentra señalado en el artículo 4º de la misma Ley[8].
En esa medida, explicó que una cosa es que se requiera una declaración de la existencia
de la unión marital de hecho por más de dos años para que se tengan efectos
patrimoniales, y otra muy distinta, es exigir la declaración de la existencia
en los términos del artículo 4º de la Ley 54 de 1990, para que surja la
oponibilidad de la relación, la publicidad del estado civil y los demás efectos
que la ley y la jurisprudencia le han determinado, como por ejemplo, el derecho
a la sustitución pensional, la extensión de beneficios tributarios, las
prerrogativas del sistema de seguridad social en salud, la facultad de solicitar
alimentos al compañero permanente y, por supuesto, el tema de la presunción de
la paternidad.
Manifestó que la
exigencia del requisito de declaración de existencia de la unión marital de hecho
para la aplicación de la presunción de paternidad, no es discriminatoria
respecto de las relaciones creadas por el matrimonio, pues cada relación tiene
dinámicas internas diferentes.
Expuso que tanto
en el matrimonio como en la unión marital de hecho, se requiere tener certeza
del momento del inicio del vínculo para determinar la presunción de paternidad.
Mencionó que la certeza del matrimonio civil va implícita en su celebración
debido a su carácter solemne, sin que se requiera declaración adicional alguna
para su demostración, mientras que en el matrimonio religioso le corresponde a
los contrayentes realizar el registro del acto para que proceda el
reconocimiento por parte del Estado. Por su parte, la unión marital de hecho,
por tratarse de un hecho y no de un negocio jurídico, requiere de un acto
especial para que se tenga la certeza de la decisión libre y responsable de los
compañeros de iniciar una vida en común y formar familia. En todos estos
últimos casos, precisó que la existencia del vínculo se entiende a partir del
momento en que se constituye y no cuando se declara ante la autoridad
competente.
Destacó que el
requisito de la declaratoria no genera una discriminación entre los hijos nacidos
de un vínculo natural o del vínculo jurídico, pues en ambos casos la ley exige
un acto de los padres consistente en hacer oponible su estado civil: quienes
eligen celebrar su vínculo por medio del matrimonio, el mismo se constituye en
un acto solemne que tiene efectos y reconocimiento inmediato por parte del
Estado, quienes eligen la unión libre, el acto de oponibilidad se realiza
mediante la declaratoria de la existencia de su vínculo, tal y como lo prevé el
artículo 4º de la Ley 54 de 1990.
Por último, señaló
que es necesario realizar una precisión en la interpretación de la norma, pues
la declaratoria de la existencia de la unión marital de hecho a la que se
refiere el artículo 214 del Código Civil debe entenderse que es de carácter
declarativo, más no constitutivo. Es decir, los compañeros permanentes pueden declarar
la existencia de su vínculo con la aclaración de que el momento de inicio fue
anterior a la declaratoria y, por lo tanto, los derechos y obligaciones
inherentes al vínculo deben entenderse ejercidos desde ese momento.
5. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar[9]
El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar solicitó que la Corte declare la EXEQUIBILIDAD
de la norma acusada. Para tal efecto, destacó que el motivo
que tuvo el legislador para hacer una diferencia en cuanto a los hijos del
matrimonio o de la unión marital de hecho, al exigir respecto de estos últimos
la declaración de la unión marital de hecho como documento para acreditarla,
responde a que el matrimonio es una institución cuyo inicio está dado por el
acto jurídico que lo perfeccionó, mientras que la unión marital de hecho surge
de eventos no jurídicos que no son fácilmente determinables, salvo
manifestación de los compañeros permanentes a través de la declaración de la
unión marital de hecho. Cuando la norma señala que en el caso del matrimonio, la
presunción opera a partir del mismo, lo que reconoce es que los cónyuges ya
manifestaron su voluntad de constituir ese vínculo a través de la suscripción
del contrato, mientras que para los compañeros permanentes esa voluntad solo se
manifiesta jurídicamente a través de la declaración de la unión, pues de lo
contrario surge la indefinición sobre a partir de cuándo se contabilizaría el
término de los 180 días para que opere la presunción de filiación.
Añadió que la
importancia de la declaración de la unión marital de hecho para este caso, se
debe a que la presunción de filiación implica una serie de derechos y
obligaciones del presunto padre, tales como, la patria potestad, los alimentos,
la custodia, la representación legal, la administración de los bienes del hijo
y los derechos a la seguridad social y sucesorales, los cuales tienen vigencia
incluso hasta la muerte. En esa medida, explicó que en el caso de la presunción
de la paternidad se consolida un vínculo jurídico muy fuerte, como lo es la
filiación, el cual no puede removerse sino a través de declaración judicial.
Expuso que la
importancia de la declaración de la unión marital de hecho ha sido analizada por
esta Corporación en otros ámbitos. Por ejemplo, la Sentencia C-521 de 2007
estudió la constitucionalidad del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, el cual
establecía que serían beneficiarios del plan obligatorio de salud el compañero
permanente del afiliado cuya unión fuese superior a dos años. En dicha
providencia,  la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “cuya
unión sea superior a dos años”, por cuanto dicho término, exigido para la
sociedad patrimonial, no podía equipararse para la prestación del servicio de
salud, dado que dicha sociedad es una consecuencia patrimonial de la unión
marital de hecho, mientras que la segunda tiene que ver con la garantía de un
derecho fundamental cuya diferencia genera discriminación en razón del origen
familiar. No obstante, la Corte precisó que la condición de compañero
permanente debía ser probada mediante la declaración ante notario, a través de
la expresión concreta de la voluntad de conformar una familia de manera permanente.
6. Presidencia de
la República[10]
La Presidencia de
la República solicitó que la Corte declare la INEXEQUIBILIDAD de
la expresión “la declaración de” contenida en el artículo 2º de la Ley
1060 de 2006, modificatorio del artículo 214 del Código Civil. Resaltó que con
la supresión de estas expresiones se entendería que la presunción de filiación
opera, o bien transcurridos 180 días después del matrimonio de los padres, o
bien transcurridos 180 días después de que surja la unión marital de hecho.
Para fundamentar
su solicitud, señaló que la disposición acusada efectivamente establece un
trato legal discriminatorio para los hijos nacidos de parejas en unión libre no
declarada formalmente.
Explicó que de
conformidad con el  régimen legal actualmente vigente en Colombia, la unión de
hecho entre dos personas se configura por la convivencia y la comunidad de
vida, sin necesidad de que medie para ello una declaración formal, sea esta
judicial, notarial o administrativa. Precisó que la declaración formal de la
unión marital de hecho fue establecida en la ley como institución diseñada
principalmente para darle efectos jurídicos al patrimonio de los compañeros
permanentes. Al respecto, trajo a colación lo señalado por esta Corporación en
la Sentencia C-158 de 2007:
“La regulación
relativa a los efectos de la declaración de la unión marital de hecho sólo
establece efectos jurídicos respecto del patrimonio de quienes la conforman
según el mencionado artículo 2°. A su turno, a los compañeros permanentes los
vinculan más efectos, valga decir todos los efectos civiles (al tenor del
artículo 1° L.54 de 1990), el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o
beneficios de seguridad social entre otros. Entonces, la declaración de la
unión marital de hecho sólo es necesaria respecto de los mencionados efectos
patrimoniales. En concreto, su declaración sólo tiene el alcance de hacer
efectiva una sociedad patrimonial. En otros casos, cuando otras normas se refieran
específicamente a los compañeros permanentes no se exigiría la declaración de
la unión marital de hecho, sino que sería válido otro tipo de acreditación de
la condición de compañero permanente.”
Precisó que la declaración
de la unión marital de hecho desconoce que esta forma de familia se configura
por el solo hecho de la coexistencia y la comunidad de vida entre los
compañeros permanentes; lo cual se ve reflejado correctamente en el artículo
213 del Código Civil, que señala “el hijo concebido durante el
matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges
o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de
investigación o de impugnación de paternidad.”
Indicó que sujetar
la presunción de filiación de los hijos procreados por los compañeros permanentes,
a que exista una declaración formal de la misma es incompatible con el hecho,
jurisprudencialmente aceptado, de que no requiere tal declaración para que la
familia extramatrimonial nazca a la vida jurídica y sea merecedora de plena
protección en pie de igualdad con las demás.
7. Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social[11]
El Departamento
Administrativa de la Prosperidad Social solicitó que la Corte declare la
EXEQUIBILIDAD de la norma acusada. Para tal efecto, explicó que a
pesar de que la unión marital de hecho consiste en la intención de
constituir una convivencia libre entre dos personas y la declaración de su
existencia puede ir en contra de dicha libertad, la jurisprudencia ha señalado
que es necesario que sea declarada con el fin de definir situaciones jurídicas
como el nacimiento de la sociedad patrimonial y el reconocimiento de beneficios
pensionales y sucesorales para compañeros permanentes, entre otros.
Respecto a la
presunta vulneración del principio de igualdad, precisó que los demandantes
efectúan una interpretación errada de la norma acusada, pues la carga de probar
que los hijos nacieron dentro de una unión marital de hecho, también recae para
los hijos de una unión matrimonial, pues tienen que aportar el registro civil
de matrimonio. Por lo tanto, no se encuentran en una situación desigual.
8. Universidad
Santo Tomás[12]
La Universidad
Santo Tomás solicitó que la Corte declare la INEXEQUIBILIDAD de
la expresión “la declaración de” contenida en el artículo 2º de la Ley
1060 de 2006, modificatorio del artículo 214 del Código Civil.
Para tal efecto,
señaló que no se cumplen los presupuestos establecidos en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional para otorgar un trato diferenciado, por cuanto existe
una misma situación de hecho, es decir, la calidad de hijo. Por otro lado, indicó
que la exigencia de declarar la unión marital de hecho está desprovista de una
finalidad razonable, pues esta disposición va en contravía del principio
constitucional de igualdad, que prohíbe cualquier tipo de discriminación en
razón del origen familiar. Finalmente, manifestó que la formalidad exigida por
la norma es desproporcionada al fin perseguido, el cual es establecer un trato
igualitario entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, toda vez que el
inicio de la mera convivencia entre dos personas es lo que genera la comunidad
de vida permanente, y es ese momento y no su declaración, el que debe
determinar la naturaleza del nexo filial con la descendencia.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio
Público solicitó que se declare EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 1060
de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de
la paternidad y la maternidad”, por el cargo examinado en la demanda, EN
EL ENTENDIDO que la expresión “o a la declaración de la unión marital de
hecho” hace referencia a la fecha cierta del inicio de la unión marital de
hecho.
Asimismo, solicitó
a esta Corporación precisar que la exequibilidad condicionada del artículo 2º
de la Ley 1060 de 2006 tiene efectos hacia el futuro, pero afecta las
situaciones jurídicas y actuaciones originadas en el pasado y las que se
encuentran en curso al momento en que se expide la sentencia.
Después de resumir
los planteamientos de la demanda, el Procurador General adujo que el cargo
formulado obliga a la Corte a resolver el siguiente problema jurídico:
determinar si el aparte normativo acusado vulnera el derecho a la igualdad, al
establecer que el hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes
al matrimonio se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los
cónyuges, pero para el que nace de una unión marital de hecho estos efectos se
producen en el mismo término contado a partir de la declaración de la unión.
En relación con el cargo
presentado por los demandantes, explicó que el juicio  de igualdad debe
realizarse en relación con la presunción del vínculo filial establecida en el
artículo 2º  de la Ley 1060 de 2006, sobre los hijos que nacen después de
expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio y los que nacen en el mismo
término contado a partir de declaración de la unión marital de hecho. En tal
sentido, precisó que el patrón de igualdad se analiza con respecto al origen
familiar del que se deriva el vínculo de filiación, esto es, los hijos nacidos
en las familias descritas, sujetos que en principio son comparables.
Con respecto a la
existencia de un trato desigual, resaltó que todos los hijos son iguales ante
la ley, independientemente de su origen filial y gozan de los mismos derechos y
obligaciones. No obstante, la disposición acusada estableció un trato desigual
entre los sujetos comparables, en la medida en que dispuso que el término para
la referida presunción se contabiliza a partir de momentos diferentes. De esa
manera, se obvió que la unión marital de hecho surge de la voluntaria
convivencia, sin requerir un compromiso solemne y que su declaración no tiene efectos
constitutivos.
Aunado a lo
anterior, el Ministerio Público precisó que el matrimonio y la unión marital de
hecho no son figuras idénticas y tienen particularidades que pueden justificar
un tratamiento diferenciado. Sin embargo, para el caso estudiado, la norma no
incluyó ningún elemento que permitiera identificar la razón o justificación
para que el Legislador estableciera que para los hijos que nacen del matrimonio,
el término para que opere la presunción cuenta desde el vínculo del mismo, pero
para los que nacen de la unión marital de hecho, cuenta desde su declaración,
la cual no se equipara con su inicio.
En ese orden de
ideas, consideró que aun cuando la medida establecida es idónea, pues con ella se
busca evitar aplicar una regla de inferencia sobre hechos inciertos y, por
ello, el Legislador establece la presunción con observancia de las
particularidades de las formas de familia, la misma no es necesaria, debido a
que la regla señalada establece una carga adicional para aplicar la presunción
de paternidad a los hijos que nacen de la unión marital de hecho y que más allá
de requerir la fecha cierta del inicio del vínculo, exige su declaratoria, la
cual no es constitutiva.
En relación con lo
anterior, el Procurador explicó que ello no implica que exista un imperativo constitucional
de reconocer en forma inexorable y automática el vínculo de filiación en todos
los casos solicitados, pues dicho asunto debe ser decidido a partir de una
valoración caso a caso y de acuerdo con las circunstancia particulares. En
efecto, para el Ministerio Público, la presunción legal operará cuando sea
posible establecer con certeza el hecho indicador (inicio de la unión marital
de hecho). En caso contrario ello no será viable, esto es, cuando no sea
posible atribuir la paternidad según la regla de razonabilidad establecida por
el Legislador, debido a la indeterminación del inicio de la unión o la ausencia
de elementos de debate que permitan deducir ese hecho.
Entonces, en aras
de asegurar la supremacía e integridad de la Constitución, señaló que declarar
la inexequibilidad de la expresión normativa acusada, en lugar de corregir la
inequidad identificada, ocasionaría una situación de mayor desprotección, pues la
regla de inferencia establecida saldría del mundo jurídico y se desconocería la
condición de los hijos nacidos de la unión marital de hecho.
De conformidad con
lo expuesto, el Ministerio Público consideró pertinente que esta Corporación
emita un pronunciamiento condicional sobre la expresión “o a la declaración
de la unión marital de hecho” en el sentido de entender que la misma hace
referencia a la fecha cierta del inicio de la unión marital de hecho, bajo el
entendido que dadas la particularidades del caso, no se estima posible adoptar
una decisión de inexequibilidad por las razones expuestas, ni de constitucionalidad
pura y simple.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.- En virtud
de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer de la demanda formulada en contra la
expresión “o a la declaración de la unión marital de hecho”, contenida
en el
inciso 1° del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006, debido a que se
trata de acusaciones de inconstitucionalidad contra expresiones que forman
parte de una ley de la República.
Problema jurídico
2. La Corte debe determinar si ¿el requisito de la declaración de
la unión marital de hecho para que opere la presunción de paternidad es
violatorio del artículo 13 de la Constitución? Para el efecto, la Sala
Plena deberá ocuparse de los siguientes temas: (i) el concepto de
familia en el ordenamiento constitucional colombiano; (ii) el matrimonio
y la unión marital de hecho; (iii) la unión marital de hecho y los
medios probatorios que pueden ser utilizados para demostrarla; y (iv) el
concepto y alcance de la filiación.
Síntesis
del concepto de familia en el ordenamiento constitucional colombiano[13]
3. Como lo señaló
la Sentencia C-577 de 2011[14]
la Corte ha definido la familia como una comunidad de personas unidas por
vínculos naturales o jurídicos, fundada en el amor, el respeto y la
solidaridad, caracterizada por la unidad de vida que liga íntimamente a sus
integrantes más próximos. Además, es una realidad dinámica en la que cobran especial
importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad,
a la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad, entre otros. El régimen
constitucional colombiano ha buscado hacer de la familia el escenario para que,
dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan
desarrollarse libre y plenamente[15]
sin la intromisión de terceros. De esta forma, la institución pretende lograr
un equilibrio entre la estabilidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad
de cada uno de sus integrantes[16].
Aunque la Carta Política “le confiere plena
libertad a las personas para consentir en la formación de la familia, no por
ello deja a su total arbitrio la consolidación de la misma, pues en todo caso
somete su constitución a determinadas condiciones, a fin de otorgarle
reconocimiento, validez y oponibilidad a la unión familiar”[17].
Tales requisitos sólo pueden ser generados e interpretados de conformidad con
la reiterada jurisprudencia constitucional[18] que ha sostenido
de manera constante que la familia es la institución básica de la sociedad
(artículos 5º y 42), y “merece por sí misma la protección del Estado, con
independencia de la forma en que se haya constituido, es decir, sin que se
prefiera la procedente de un vínculo jurídico sobre aquélla que ha tenido
origen en lazos naturales”[19].
En ese sentido, la protección a los diferentes tipos de familia (arts. 13 y 42 Superiores)
proscribe cualquier distinción injustificada entre ellos.
4. Asimismo, la Sentencia C-278 de 2014[20]
recordó que esta Corporación ha sostenido que el concepto de familia es
dinámico y variado. En consecuencia, incluye familias originadas en el
matrimonio, en las uniones maritales de hecho, así como a las constituidas por
parejas del mismo sexo. En esa medida, la familia debe ser especialmente protegida,
independientemente de la forma en la que surge. Esta posición reiteró lo
establecido en la Sentencia C-577 de 2011 que se refirió a diferentes
tipos de familias con hijos: las surgidas biológicamente, por adopción, por
crianza, monoparentales, originadas por la unión de parejas del mismo sexo, y
enfatizó que todas ellas están amparadas por el mandato de protección integral
establecido en el artículo 42 Superior.
Entre las diversas formas de protección a la familia,
puede mencionarse el amparo de su patrimonio, el establecimiento de la igualdad
de derechos entre los miembros de la pareja, la consideración especial de los
niños y niñas como titulares de derechos fundamentales o en el suministro de
especial protección a las y los adolescentes y a las personas de la tercera
edad[21].
5. Sin
embargo, pueden existir diferencias legítimas en las formas de protección de
ciertos efectos derivados de los distintos tipos de conformación de las
familias, en particular en los casos de matrimonios, uniones maritales de hecho
y uniones de parejas del mismo sexo. Para el análisis del asunto objeto de
debate es relevante estudiar las dos primeras configuraciones.
El
matrimonio y la unión marital de hecho
6. En relación
con las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho, la Sentencia
C-278 de 2014[22]
analizó una demanda contra el artículo 1781 del Código Civil y, específicamente,
uno de los problemas jurídicos abordados fue si se
violaba el derecho a la igualdad, por el hecho de que el Legislador hubiese
regulado de forma diferente la sociedad conyugal en el matrimonio y la sociedad
patrimonial de la unión marital de hecho. En esa oportunidad este Tribunal reconoció
el amplio
margen de configuración del Congreso en la materia, y de qué manera ha optado
por regular de modo distinto los efectos patrimoniales de la sociedad conyugal
y de la sociedad patrimonial. La Corte concluyó que las diferencias no
desconocen el derecho a la igualdad, puesto que se trata de instituciones
diferentes respecto de las cuales la Constitución no ha previsto el deber de
otorgar igual tratamiento.
La decisión
explicó que la sociedad patrimonial fue regulada en la Ley 54 de 1990, pues el
Código Civil no establecía previsiones sobre los efectos patrimoniales de las
uniones maritales de hecho y ello generaba profundas injusticias. Para explicar
el carácter meramente patrimonial de este tipo de efectos de la unión marital,
la Corte Constitucional retomó la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia que estableció que “la sociedad patrimonial irradia sus efectos
solamente en el plano económico y deriva, en primer lugar, de la existencia de
una unión marital de hecho y, en segundo término, de que como consecuencia del
trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compañeros permanentes, se haya
consolidado un patrimonio o capital común”[23].
Esta sentencia
muestra que la Corte Constitucional acepta que la Ley 54 de 1990 no estableció
la absoluta igualdad entre los compañeros permanentes y los cónyuges. Sin
embargo, reconoció la existencia de la unión marital y de una eventual sociedad
patrimonial que podría derivarse de esta. En efecto, el nivel más fuerte de
protección entre la unión marital y la sociedad patrimonial, derivado de la
necesidad de salvaguardar a todo tipo de familia sin distinción alguna, ha sido
dado a la unión marital de hecho, no a la sociedad patrimonial, pues esta
figura es un resultado contingente y tiene efectos meramente económicos. Por su
parte, la unión marital genera efectos a todo nivel, entre ellos sobre derechos
fundamentales inalienables, como el estado civil de los hijos o el derecho a la
protección en salud del compañero o compañera permanente. De este modo, “las
presunciones legales sobre la existencia de la unión marital de hecho, la
configuración de la sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, la
libertad probatoria para acreditar la unión, comportan mecanismos y vías
diseñadas por el legislador con el objeto de reconocer la legitimidad de este
tipo de relaciones y buscar que en su interior reine la equidad y la justicia”[24].
7. Las distinciones
entre los mecanismos probatorios de la sociedad conyugal y de la sociedad
patrimonial son consideradas legítimas –dentro de ciertos límites- desde el punto
de vista constitucional, dadas las diversas dinámicas y consecuencias que se
generan a causa de las características particulares de las figuras que les
pueden dar origen: el matrimonio y la unión marital. En efecto, la
jurisprudencia ha reconocido distinciones conceptuales: “El
matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal;
ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La
esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de
los cónyuges”[25]. De
otro lado, la dinámica del compromiso en la unión de hecho es distinta, la
construcción de una vida en común por parte de los compañeros resulta la fuente
que justifica la decisión de conformarla[26]. El
consentimiento no pretende avalar un vínculo formal, sino constituir una
comunidad de vida, por encima incluso del reconocimiento legal. Si bien los
cónyuges y los compañeros permanentes buscan en esencia los mismos propósitos,
no es menos cierto que cada pareja lo busca por caminos distintos, ambos
protegidos por la Constitución bajo la idea de que uno de esos objetivos es
comúnmente la conformación de una familia. De hecho, la libre autodeterminación
de los miembros de la pareja es la que define si prefieren no celebrar el
matrimonio y excluir de su relación del régimen jurídico propio de ese
contrato.[27]
La jurisprudencia
ha afirmado que “tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como
las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes y ello puede
generar consecuencias distintas en este campo, siempre y cuando, como se ha
expresado reiteradamente por esta Corporación, las diferencias sean razonables,
es decir, se puedan sustentar con una razón objetiva”[28].
La Sentencia
C-1035 de 2008[29] resaltó
que, aunque es necesario proteger a todos los tipos de familia sin importar su
origen, el matrimonio y la unión marital de hecho son diferentes porque el
primero genera una relación jurídica con derechos y deberes para las partes que
se extingue por divorcio, nulidad o fallecimiento, mientras que en el segundo
la relación nace del solo hecho de la convivencia Por ende, las partes son
libres de culminar su relación con la misma informalidad con la que la
iniciaron[30].
8. La
legitimidad de las eventuales diferencias entre las situaciones que se
presentan en las uniones maritales y en los matrimonios también fue reafirmada
por la Sentencia C-755 de 2008[31] que
determinó que los tratamientos diferenciales deben tener algún sentido, de lo
contrario, se transgrediría el mandato constitucional que proscribe la
discriminación por razones de origen familiar. De hecho, y como obiter
dictum[32], se
refirió al surgimiento de la sociedad patrimonial, que requiere de dos años de
existencia de la unión marital para nacer a la luz del derecho, como un ejemplo
de diferencia legítima.
9. Ahora
bien, en relación con la razonabilidad de la diferencia entre las parejas que
deciden contraer nupcias y las que deciden libremente conformar una familia, en
la Sentencia C-840 de 2010[33],
esta Corporación declaró la exequibilidad del establecimiento de un mínimo de
dos años de convivencia para que las parejas en unión material puedan
postularse para ser adoptantes. Al respecto, la providencia dijo:
“Aunque pueden existir múltiples parámetros para medir el
nivel de estabilidad de un individuo o de una pareja que aspire a conformar una
familia por la vía de la adopción, el legislador optó por considerar que en
relación con los cónyuges la existencia de un compromiso solemne materializado
a través del vínculo matrimonial podría ser expresión de una relación estable,
y que a su vez la comunidad de vida  ininterrumpida entre compañeros
permanentes, que se prolongue por más de dos años, podría así mismo acreditar
una vocación de permanencia en la pareja que garantice la estabilidad deseable
para la entrega de un menor en situación de adoptabilidad”.
Posteriormente,
la Corte encontró razonable la diferencia legal que exige dos años de
convivencia para que los compañeros tengan derecho a la porción conyugal,
mientras que no se exige ese mismo tiempo para las personas que deciden
contraer matrimonio. Sobre el particular, en Sentencia C-283 de 2011[34],
la Corte concluyó:
“el análisis que le corresponde a esta Corporación cuando
se afirma el trato diverso entre los miembros de una y otra unión debe tener en
cuenta la finalidad y objeto de la norma o situación fáctica sometida a
consideración y constatar si con ella efectivamente existe discriminación entre
cónyuges y compañeros permanentes, sin soslayar las diferencias entre el
matrimonio y la unión marital de hecho, pues mientras el matrimonio es un
contrato solemne en los términos de la legislación civil, la unión marital de
hecho resulta de un acuerdo de voluntades que no requiere de ninguna solemnidad
y, como tal, el legislador ha previsto unos tiempos y unas formas para su
efectivo reconocimiento.
En consecuencia, la equiparación de trato entre cónyuges y
los miembros de la unión marital no tiene como fundamento el que uno y  otro
vínculo sean iguales, sino el hecho que, como sujetos que han optado por una
convivencia de ayuda, socorro y apoyo mutuos,  deben ser tratados de la misma
forma. Razón que ha llevado a la Corte a extender algunos de los derechos que
surgen del matrimonio a las uniones de hecho”
10. En la Sentencia C- 257 de 2015[35], la Corte se pronunció sobre la expresión "por
un lapso no inferior a dos años" contenida en la parte inicial del
artículo 2º literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º de
la Ley 979 de 2005. Tanto el cargo como el problema jurídico versaron sobre la
presunta violación de los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución porque, según
los actores, no se garantizaba la protección a la familia cuando esta se
constituye por un vínculo distinto al matrimonio, puesto que impide que nazca
la sociedad de bienes de manera inmediata. De esta forma, la sociedad
patrimonial debe esperar dos años de convivencia y ayuda mutua de los
compañeros permanentes para que se presuma y declare judicialmente, mientras
que la sociedad conyugal es un vínculo accesorio que nace de forma instantánea
y coetánea al matrimonio.
Al
adelantar el juicio de constitucionalidad respectivo, esta Corporación encontró
que el medio usado por el Legislador para lograr el fin propuesto resultaba legítimo
y adecuado. Efectivamente, el establecimiento del plazo de dos años de
permanencia en la unión marital para que pueda presumirse o declararse judicial
o voluntariamente la sociedad patrimonial es constitucional porque no vulnera
por sí mismo ningún derecho fundamental, se refiere únicamente a un aspecto
patrimonial de la unión marital, no deja desprotegidos a los miembros de la
pareja o la familia ni hace una distinción arbitraria.
Adicionalmente,
señaló que el mecanismo escogido por el Legislador era adecuado para lograr la
finalidad perseguida, pues un dato objetivo, como es el paso del tiempo,
pretende mostrar la vocación de permanencia de la unión y lograr la
configuración de otros elementos necesarios para considerar que hay un
patrimonio común: el trabajo y la contribución de los miembros de la pareja a
la generación, mantenimiento y aumento de bienes conjuntos. La determinación de
un lapso de tiempo no es intrusiva, ni violatoria de los derechos de las
parejas que viven en unión marital y no pretende someterlas al escrutinio de
autoridades. El plazo solo aporta un dato cierto que, según el criterio del
Legislador, que obra dentro del amplio margen de configuración que tiene en
materia de regulación patrimonial de las distintas uniones, puede llevar a
suponer que han ocurrido ciertos hechos en relación con el patrimonio de la
pareja que convive en unión marital, que son relevantes jurídicamente y merecen
protección legal.
Asimismo,
precisó que “toda interpretación que condicione otros derechos al transcurso
de ese plazo sería ilegal e inconstitucional, pues el Legislador estableció
claramente que el plazo de dos años sólo aplica para efectos de presumir o
declarar judicial o voluntariamente la existencia de una sociedad patrimonial.
Los demás derechos patrimoniales sobre los que no hay norma específica (por
ejemplo la afectación de vivienda a patrimonio familiar inembargable, que tiene
norma expresa) no pueden interpretarse con base en este requisito, menos aún
podría ocurrir algo similar con derechos que van más allá de lo patrimonial y
que, aunque tengan contenidos económicos, constituyen derechos inalienables
cuya restricción implicaría un trato discriminatorio.” En consecuencia, la
Corte declaró exequible la expresión demandada.
11. Ahora
bien, el ordenamiento jurídico colombiano consagra mecanismos de protección que
emanan de manera inmediata para quienes conformen una unión marital de hecho;
figura que solo exige a la pareja no tener un vínculo solemne entre sí y hacer
comunidad de vida permanente y singular, conforme el artículo 1º de la Ley 54
de 1990. Un ejemplo es la garantía de que nadie pueda ser molestado en su
familia, sino con las formalidades legales y por motivos previamente definidos
en la ley (art. 28 superior). En la Constitución no se establecieron requisitos
temporales para ello, lo que sin duda sería contrario a la obligación de no
discriminar por razones de origen familiar, dado que no tendría sentido que
ciertos grupos familiares sí fueran sometidos a un término de convivencia para
beneficiarse de esta garantía constitucional.
Así, en
relación con la afiliación al régimen de seguridad social en salud, en la Sentencia
C-521 de 2007[36],
esta Corporación al referirse a la constitucionalidad del artículo 163 de la
Ley 100 de 1993, que regula lo concerniente a los beneficiarios del Plan
Obligatorio de Salud, indicó que, en ciertos casos, el criterio temporal era
discriminatorio:
“El
marco jurídico diseñado por el constituyente permite al legislador configurar
el sistema de seguridad social en salud, dentro de los límites propios del
Estado Social de Derecho y de conformidad con los principios, derechos y
garantías establecidos en la Constitución Política. Precisamente, el Estatuto
Superior consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas
por vínculos naturales y jurídicos, como también para las conformadas por la
decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla.”[37]
Entonces,
esta Corporación señaló que en la medida en que con la celebración del vínculo
formal del matrimonio surge de manera inmediata, si se dan las condiciones
legales, el derecho del cotizante a tener a su esposo o esposa como
beneficiario del Plan Obligatorio de Salud, es claro que no existe ninguna
justificación constitucional para que ese derecho no emane de la conformación
libre y voluntaria de la unión marital de hecho de la misma manera[38].
12. En
este orden de ideas, es legítimo señalar que el surgimiento de la unión marital
de hecho no depende de un término concreto, sino de la voluntad para
conformarla, de la singularidad de la relación, y del acompañamiento constante
y permanente, que permita vislumbrar estabilidad y compromiso de vida en
pareja. No obstante, el surgimiento de la sociedad patrimonial que regula las
relaciones económicas de esta forma de familia, sí requiere un tiempo mínimo de
dos (2) años para que sea presumida por ministerio de la ley o pueda ser
declarada judicialmente o de manera voluntaria.
13. En
síntesis, la protección a la familia como institución básica de la sociedad y
la garantía de no discriminación, lejos de equiparar las distintas formas de
las que surgen las familias, lo que pretende es otorgar igualdad de derechos a
todos sus miembros a través de la imposición de límites de razonabilidad en cualquier
tratamiento diferenciado que se pretenda establecer. Adicionalmente, busca
salvaguardar la voluntad de quienes han optado por una de las diversas formas
de hacer familia para impedir que el Estado imponga una forma única de darle
origen y permita el pluralismo garantizado por la Constitución.
De esta
manera, el Legislador está habilitado para disponer tratamientos legales
diferenciados entre el matrimonio y la unión marital de hecho, pues se trata de
instituciones jurídicas de diferente naturaleza.  No obstante, el poder
regulador del Congreso sobre esta materia no es ilimitado, pues el mismo debe
edificarse sobre una finalidad constitucionalmente admisible y que, a su vez,
no altere la eficacia de los derechos fundamentales predicables de los integrantes
de la familia, los cuales no pueden ser válidamente limitados con base
exclusiva en el tipo de unión, contractual o natural, a partir del cual se
construyeron los respectivos lazos.
La unión marital de hecho y los medios
probatorios que pueden ser utilizados para demostrarla.
14. La Ley 54 de 1990, que principalmente regula los
efectos patrimoniales de la unión marital de hecho, no establece un término
para que la misma surja, dado que el artículo 1º de dicha norma la define de la
siguiente manera: “para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital
de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen
una comunidad de vida permanente y singular”.
Lo anterior ha sido reafirmado por la doctrina, la
cual precisa que la existencia de un término únicamente tiene relación con la
presunción de existencia de la sociedad patrimonial. Al respecto, Lafont Pianetta
señala que es facultad y función del juez entrar a definir, según las pruebas
aportadas, si existe o no la permanencia y estabilidad suficiente en la
convivencia de la pareja para valorar la conformación de una unión que genere
efectos legales[39].
De
igual modo, el citado autor se refiere a la permanencia de los compañeros como
la estabilidad reflejada en el acompañamiento constante entre ellos durante un
período de vida. Así, recalca que el término o plazo no está establecido ni es
dado al Legislador formularlo, pues puede variar en cada caso: “(…)
generalmente se descubre el carácter permanente con posterioridad a la
iniciación. Algunas veces su establecimiento resulta sencillo, como cuando,
establecida la vida común en hogar familiar (residencia o habitación)
independiente, se desarrolla la convivencia en varios días (V.gr. 5, 7, 9 o más
días), pues, dada esa convivencia general de pareja que antes no se tenía,
demuestra que se trata de una relación marital con principio de estabilidad y,
en  consecuencia, permanente.”[40]
De
lo anterior, es pertinente señalar que el surgimiento de la unión marital de
hecho no depende de un término concreto, más si de la voluntad para
conformarla, de la singularidad de la relación, y del acompañamiento constante
y permanente, que permita identificar un principio de estabilidad y compromiso
de vida en pareja. Cosa distinta es el surgimiento de la sociedad patrimonial
que regula las relaciones económicas de esta forma de familia, que sí requiere
un tiempo mínimo de dos (2) años para que sea presumida por ministerio de la
ley[41].
15. Ahora bien, asunto diferente es la prueba de la
unión marital. El artículo 4º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo
2º de la Ley 979 de 2005, estableció que “La existencia de la unión marital
de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los
siguientes mecanismos: 1. Por escritura pública ante Notario por mutuo
consentimiento de los compañeros permanentes. 2. Por Acta de Conciliación
suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido. 3.
Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en
el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de
Primera Instancia.”
16. De una primera lectura podría considerarse que solo
mediante tales elementos es posible demostrar la existencia de la unión marital
de hecho. Sin embargo, la existencia de diferentes medios probatorios para
demostrar la unión marital de hecho ha sido aceptada por la jurisprudencia de
esta Corporación, tanto en sede de control abstracto como concreto. En efecto,
en la Sentencia C-521 de 2007 referida en el acápite anterior, esta
Corporación expuso que para demostrar la unión marital de hecho, con el fin de
afiliar como beneficiario al compañero o compañera permanente al Plan
Obligatorio de Salud, era suficiente una declaración juramentada ante notario.
Asunto que se estableció en los siguientes términos: “(…)La
condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración
ante notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera
permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que
supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto,
el fraude o la ausencia de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta
diligencia acarrearán las consecuencias previstas en la legislación penal y en
el resto del ordenamiento jurídico”.
17. En control concreto de
constitucionalidad, la Corte ha aceptado el reconocimiento de otros medios probatorios
diferentes de aquellos que conforme con la Ley 54 de 1990 sirven para declarar
la unión marital. Así, en la Sentencia T-489 de 2011[42]
esta Corporación, para proteger los derechos invocados y ordenar el
desacuartelamiento del conscripto, aceptó la validez probatoria de la
declaración juramentada celebrada por los compañeros permanentes, así:
“Por otra parte, y
a efectos de determinar si las autoridades militares han vulnerado los derechos
fundamentales del accionante, al no permitir su desacuartelamiento pese a que
alega encontrarse amparado por una causal de exención, observa la Sala que en
el asunto sub examine existe un conflicto evidente entre la obligación del
soldado Edwin Alexander Figueroa Calderón de prestar el servicio militar, y la
situación particular de su compañera Gloria Asunción Parra Parra y de su hijo
menor, pues ambos dependen económicamente de aquél para subsistir. // Lo
anterior, teniendo en consideración que dentro del acervo probatorio se
encuentra la declaración juramentada de dos conocidos de la pareja, quienes
afirman que llevan una convivencia de 9 meses y que Edwin Alexander Figueroa es
padre cabeza de familia y es el encargado del sostenimiento de su núcleo
familiar, declaración que se ve corroborada con la copia del contrato laboral
suscrito entre Edwin Alexander Figueroa y la Empresa ASOMER LTDA., lo que
permite inferir que es el proveedor económico de su familia”.
Asimismo,
en la Sentencia T-667 de 2012[43] también se estudió un
asunto relacionado con la exención al servicio militar
obligatorio, donde esta Corporación reiteró la posibilidad de que existan distintos
medios probatorios para demostrar la unión marital de hecho. Al respecto,
señaló “la unión marital puede demostrarse a través de otros
elementos, dado que ella no se constituye a través de formalismos, sino por la
libertad de una pareja de conformarla, donde se observe la singularidad, la
intención y el compromiso de un acompañamiento constante. Así las cosas, exigir
un determinado documento para evidenciar su existencia conlleva a que sea
transgredida tal libertad probatoria y, adicionalmente, a que se desconozca el
debido proceso de quienes pretenden demostrar la existencia de la unión para
derivar de ella una consecuencia jurídica, como lo es la exención al servicio
militar obligatorio, conforme a lo dispuesto en el literal “g” del artículo 28
de la Ley 48 de 1993.”
Además, esta Corporación precisó que, si bien era
posible que personas inescrupulosas intentaran incumplir sus obligaciones
constitucionales a través de falsas uniones maritales, era necesario tener en
cuenta que la buena fe ha de presumirse de acuerdo con el artículo 83 Superior.
No obstante lo anterior, advirtió que en caso de evidenciarse una
actuación contraria a tal principio, las autoridades públicas y los
particulares debían denunciarlas.
Aunado a
lo anterior, esta Corporación mediante Sentencia T-247 de 2016[44] precisó que, para efectos de demostrar la existencia de la unión marital de
hecho, opera un sistema de libertad probatoria en virtud del cual, dicho
vínculo puede acreditarse a través de cualquiera de los medios ordinarios de prueba
previstos en el Código General del Proceso. Por consiguiente, al no existir
tarifa legal en esta materia, resultan válidos la declaración extrajuicio,
el interrogatorio de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el
dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento
del juez. Para tal efecto, la Corte recordó que la unión marital se rige fundamentalmente por los principios de
informalidad y prevalencia de la realidad sobre las formas, en tanto la
relación emerge y produce efectos jurídicos con la sola voluntad de las
personas de construir un proyecto de vida común, sin la necesidad de solemnizar
y oponer la convivencia ante la sociedad.
18. En síntesis, para demostrar la existencia de la unión
marital de hecho, en orden a lograr consecuencias jurídicas distintas a la
declaración de los efectos económicos de la sociedad patrimonial, se puede
acudir a cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el
ordenamiento procesal como lo son los testimonios o las declaraciones
juramentadas ante notario. De allí que, exigir determinadas solemnidades
para tales efectos, desconoce el principio de libertad probatoria que rige en
la materia y, además, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de
quienes pretenden derivar de ella efectos tales como: reparaciones económicas,
reconocimientos pensionales, beneficios de la seguridad social y exención del
servicio militar obligatorio, entre otros[45].
Concepto y alcance
de la filiación. La inconstitucionalidad general de la discriminación por el
tipo de filiación
19. La jurisprudencia
constitucional ha sostenido de manera reiterada que la filiación es un derecho fundamental y uno de los atributos de la
personalidad, que se encuentra indisolublemente ligada al estado civil de las
personas[46]. En otras
palabras, el “derecho a la filiación, como elemento integrante del estado
civil de las personas, es un atributo de la personalidad, y por ende es un derecho
constitucional deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su
personalidad jurídica”[47].
20. El vínculo filial puede ser
clasificado en tres grupos: matrimonial, de hecho y adoptivo[48].
La filiación matrimonial es aquella que se genera del nacimiento de un niño
luego de celebrado el matrimonio o inclusive 300 días después de disuelto.
A su vez, este vínculo se extiende al hijo nacido después de la declaración de
la unión marital de hecho, para quienes también se aplica la presunción de paternidad
de los cónyuges o compañeros permanentes[49].
La filiación
extramatrimonial hace referencia al vínculo que se contrae por fuera del
matrimonio o de la unión marital de hecho, es decir, que los hijos que hubieren
sido procreados por fuera de alguna de estas dos figuras, son
extramatrimoniales, a menos que por vía de legitimación se entiendan como
matrimoniales[50].
La filiación adoptiva, es aquella que
se adquiere en virtud de la adopción, es decir, que una vez se haya surtido
todo el trámite de la adopción entre adoptantes y adoptado, estos adquieren un
vínculo filial. En otras palabras, es la forma de integrar una familia por sujetos
que no comparten los mismos lazos de consanguinidad. Sin embargo, no puede
perderse de vista que una vez consolidada la adopción a partir de su
declaratoria judicial, se extinguen los vínculos biológicos y se conforma un
modo de filiación entre adoptante y adoptado equivalente al matrimonial o de
hecho.
21. En este punto, cabe recordar cómo se determinan
los vínculos de filiación de acuerdo con la ley. Así, como se refirió
anteriormente, los hijos pueden haber sido concebidos durante el matrimonio o
la unión marital de hecho, procreados por fuera de dichas instituciones o ser
hijos adoptivos.
En el primer supuesto, el artículo 213 del Código
Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 1060 de 2006, establece que los
cónyuges o compañeros permanentes se reputan padres del hijo concebido durante
el vínculo matrimonial o de la unión marital de hecho.
Respecto de los hijos que nacen después de
transcurridos 180 días a la celebración del matrimonio o la declaración de la
unión marital de hecho el artículo 214 del Código Civil, modificado por la Ley
1060 de 2006 y que es la norma demandada, indica que aquellos se reputan
concebidos durante el matrimonio o la unión marital y tienen por padres a los
cónyuges o compañeros permanentes.
Finalmente, en lo que respecta a la filiación referida
a los hijos adoptivos, se puede determinar que esta surge en la medida que la
adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través
de la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable
la relación paterno-filial entre los padres adoptantes y el hijo adoptado.
22. Respecto
a los actos de reconocimiento de la filiación de los hijos, la Corte en Sentencia
C-145 de 2010[51]
estableció que “El
acto de reconocimiento del hijo por parte de sus padres es, por regla general,
un acto libre y voluntario que emana de la recta razón humana, por el hecho
natural y biológico que supone la procreación, y puede hacerse: (i) mediante la
firma del acta de nacimiento; (ii) por escritura pública; (iii) por testamento;
y (iv) por manifestación expresa y directa hecha ante juez; (v) siendo posible
también, que el padre o la madre puedan reconocer al hijo, incluso, en la etapa
de conciliación previa al proceso de filiación y dentro del mismo proceso. Sólo
cuando los padres se niegan a reconocer al hijo, se justifica entonces la
intervención del Estado, mediante los procesos de filiación, para forzar dicho
reconocimiento, en aras de proteger los derechos del menor, en particular los
derechos a la personalidad jurídica, a tener una familia y formar parte de
ella, a tener un estado civil, y en la mayoría de los casos es en relación con
dichos menores que se demanda en busca de establecer quién es su verdadero
padre o madre, y obligar a los padres a cumplir las obligaciones y
responsabilidades que se derivan de su condición”.
23. Ahora bien, el
derecho
a la filiación, está integrado por un conjunto normativo que regula la
determinación y el establecimiento de la relación paterno-materna filial, así
como la modificación y extinción de tales relaciones. En dicho marco normativo
se encuentran los procesos legales de determinación de la filiación, tal y como
lo son la investigación y la impugnación de la paternidad y la maternidad.
De esta manera, la investigación de la paternidad es
un proceso de carácter judicial que tiene como fin restituir el derecho a la
filiación de las personas, cuando no son reconocidas voluntariamente por sus
progenitores, mientras que la impugnación de la paternidad o la maternidad
corresponde a la oportunidad que tiene una persona para refutar la relación
filial que fue previamente reconocida. Las figuras anteriormente enunciadas
tratan de resolver los conflictos producidos en las eventualidades en las que
las relaciones paterno-maternas filiales no resultan completamente claras[52].
23. Con todo, debe tenerse en cuenta que la filiación,
a pesar de las clasificaciones antes expresadas, es ante todo un mecanismo
legal para garantizar el derecho a tener una familia y no ser separada de ella,
razón por la cual las diferentes maneras de lograr esa filiación en modo alguno
pueden entenderse como razones suficientes para otorgar tratamientos jurídicos
diferentes, en lo que respecta a los derechos fundamentales que se derivan de
la misma.
De esta manera, las personas que adquieren su
filiación de forma matrimonial, de hecho o adoptiva están en estricto pie de
igualdad en lo que respecta al goce de los derechos constitucionales que están
vinculados a las relaciones familiares.  Esta es la manera como debe ser
comprendido el artículo 13 de la Constitución cuando prefigura como criterio
sospechoso de discriminación el origen familiar.  Quiere esto decir que si
bien, como se explicó en precedencia, resulta aceptable que el Legislador
establezca reglas diferenciadas sobre las diferentes formas constitutivas de
familia, pues ellas no son estrictamente asimilables, en todo caso esa
habilitación no se extiende al establecimiento de diferencias entre los
mecanismos legales que permiten acreditar esa filiación, ni tampoco a los
derechos que tienen las personas en virtud de la filiación, en particular los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.  En estos casos, los tratamientos
disímiles resultarán válidos solo cuando cumplan con un juicio estricto de
constitucionalidad.
Es por esta razón que para la Corte “es importante
destacar que la misma jurisprudencia ha reconocido una diferenciación entre la
enunciación que se hace en lo que se refiere a los modos de filiación, y cómo
la misma no representa una diferenciación o desigualdad entre hijos, ni puede
ser tenida en cuenta para ejercer un parámetro de distinción entre los hijos.
Al respecto, tal como lo dispone la sentencia C-451 de 2016 ‘De allí que hoy en
día solo se hable de hijos sin hacer referencia a categorías o tipificaciones
discriminatorias, ya que la enunciación normativa de matrimoniales,
extramatrimoniales y adoptivos refiere exclusivamente a los modos de filiación
de los hijos, sin que esto represente una diferenciación entre la igualdad
material de derechos y obligaciones que existe entre ellos’”[53]
24. En ese mismo orden de ideas, debe establecerse una
clara diferenciación entre los dos extremos analizados: De un lado, están las
diferentes formas constitutivas de familia, caso en el cual es válido que el
Legislador establezca regulaciones diferentes, siempre y cuando no se afecten
los derechos constitucionales predicables de sus integrantes.  De otro lado, se
encuentran los modos de filiación que se originan entre los integrantes de la
familia, caso en el cual se impone un tratamiento homogéneo, derivado del
mandato que (i) prohíbe toda discriminación fundada en el origen
familiar; y en consecuencia (ii) exige idéntico tratamiento jurídico
para los hijos, al margen de la modalidad en que se haya constituido su
filiación o la manera contractual o natural que sirvió para conformar su
familia.
Con base en las consideraciones anteriores, la Sala
procederá a resolver el problema jurídico planteado.
Análisis del cargo de inconstitucionalidad
25. La norma acusada modifica el artículo 214 del Código
Civil, cuyo inciso primero establece las reglas para la presunción de
paternidad.  Determina, en ese sentido, que el hijo que nace después de
expirados los ciento ochenta días subsiguientes a: (i) el matrimonio; o (ii)
la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo
y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes.  Esto con
excepción de los casos previstos en los numerales 1 y 2 del mismo artículo, y
relativos a cuando el cónyuge o compañero demuestre por cualquier medio que no
es el padre; o cuando en proceso de impugnación de la paternidad y mediante
prueba científica, se desvirtúe esta presunción.
La controversia constitucional radica en el alcance
del concepto “declaración de la unión marital de hecho”.  Sobre el
particular, los demandantes consideran que la norma impone una carga
desproporcionada, puesto que mientras para el caso de los hijos concebidos
durante la vigencia del matrimonio la contabilización del término presuntivo empieza
desde el inicio del contrato, respecto de los hijos nacidos de la unión
marital, ese mismo término inicia luego de la declaración de dicha unión.
Dicha declaración es un momento posterior al inicio de la unión marital,
refiere a la definición temporal de la sociedad patrimonial entre los
compañeros y se concretiza en la actuación notarial o la sentencia judicial.
26.  Para resolver el problema jurídico materia de
esta decisión, la Corte considera que deben hacerse varias precisiones
conceptuales, en especial si se tienen en cuenta las diversas interpretaciones
que sobre la norma acusada realizan tanto los intervinientes como el Ministerio
Público y los mismos demandantes.
26.1. En primer término, en esta decisión se ha
señalado que es necesario distinguir entre el estándar probatorio exigido para
la declaración de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y el
inicio de la unión marital de hecho. Para el primer caso, en virtud de los
efectos económicos que la sociedad patrimonial conlleva, el acto notarial o la
sentencia judicial tienen efectos declarativos sobre la misma, como se explicó
en precedencia.  En el segundo caso, la existencia de la unión marital de
hecho, en tanto actuación voluntaria de los compañeros de conformar una vida en
común, no está supeditada a los efectos constitutivos de la mencionada
declaración, sino que puede comprobarse bajo cualquier medio de prueba idóneo
para acreditar la convivencia.
Es por esta razón que la Sala considera que el uso que
hace el Legislador del concepto “declaración”, resulta impropio en el
contexto de la norma acusada.  Esto debido a que la misma no regula aspectos
económicos de la unión marital de hecho, sino tópicos relativos a la filiación
de las personas.  Incluso, para la Corte es acertado sostener, como lo hacen
algunos intervinientes y el Procurador, que es esa impropiedad la que genera
los inconvenientes interpretativos evidenciados en esta sentencia.
Este asunto se evidencia incluso desde el trámite
legislativo que dio lugar a la Ley 1060 de 2006. En efecto, en el primer debate
en la Plenaria del Senado de la República del Proyecto de Ley 297 de 2005 se
propuso suprimir, como en efecto se hizo, la expresión “declarada
legalmente” que contenía el artículo 213 en relación con la unión marital
de hecho.  En su versión original, el artículo señalaba lo siguiente: “Artículo 213.
Presunción de legitimidad. El hijo concebido
durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho declarada
legalmente tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo
que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de
paternidad.”
La
supresión de la expresión “declarada legalmente”, se produjo en la medida
en que, de conformidad con lo considerado en el primer debate en la Plenaria
del Senado, “la Ley 979 de 2005 que modifica la Ley 54 de 1990, autoriza a
los compañeros permanentes a realizar la declaración ante notario, sin
necesidad de trámites judiciales que antes se requerían, pues este tipo de
uniones tiene reconocimiento legal y constitucional, bien lo consagra el art.
42 de la Constitución Política, la familia es el núcleo de fundamental de la
sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla”[54].
26.2. En segundo término, la Sala advierte que,
el objetivo del precepto acusado no es establecer una regulación disímil para
efectos patrimoniales, entre el matrimonio y la unión marital de hecho, materia
que hace parte del margen de configuración legislativa del Congreso.  En contrario,
el asunto regulado corresponde a la definición de la filiación, por lo que está
vinculado al origen familiar de las personas y, por ende, la validez
constitucional de los tratamientos diferenciados depende del cumplimiento de un
juicio estricto de proporcionalidad, pues se trata de uno de los criterios
sospechosos de discriminación referidos en el artículo 13 Superior.
Así, lo que hace el precepto es definir el inicio de
la contabilización del término para presumir la filiación matrimonial o de
hecho de los hijos, a partir de un régimen diferenciado, en donde en un caso el
término inicia por el hecho jurídico del matrimonio, mientras que en el segundo,
ese lapso se empieza a contar desde la declaración de la unión marital.  Bajo
este entendimiento, la Corte comparte la comprensión propuesta por los
demandantes, relativa a que la norma efectivamente dispone un tratamiento más
gravoso para las personas nacidas durante la vigencia de la unión marital.
Esto debido a que si bien en el caso de los hijos nacidos durante el matrimonio
el plazo de contabilización del término presuntivo de paternidad es más
garantista, puesto que inicia desde el inicio mismo de la relación jurídica; para
los hijos nacidos durante la unión marital, ese término se empieza a contar
desde su declaración, que generalmente es un momento posterior al inicio de la
convivencia.
De esta manera, no es acertado afirmar que la validez
de la medida descansa sobre el hecho de las innegables diferencias jurídicas
entre el matrimonio y la unión marital, que permite al Legislador prescribir
normas igualmente disímiles entre ambas formas constitutivas de familia. En
cambio, al referirse la norma legal objeto de examen a los modos de filiación,
el margen de configuración para la previsión de tratamientos diferenciados está
estrechamente circunscrito.
27. Con base en lo expuesto, la constitucionalidad de
ese trato diverso debe analizarse a partir del juicio estricto de
proporcionalidad.  El primer paso, entonces, consiste en determinar si la
medida cumple con un fin constitucionalmente válido, legítimo e imperioso.
Para la Corte, la respuesta a ese interrogante es negativa.  En efecto, en fundamentos
jurídicos anteriores se demostró que existe un mandato superior de tratamiento
jurídico análogo a las diferentes formas de filiación, en lo que respecta a los
derechos que se derivan de la misma. No se evidencia cuál es el objetivo
imperioso que busca establecer un régimen más gravoso para los hijos nacidos
durante la unión marital de hecho. Incluso, la Sala encuentra que esa
diferenciación plantea evidentes vulneraciones de los derechos fundamentales de
dichas personas.  Por ejemplo, los hijos nacidos luego de iniciada la
convivencia y antes de la declaración judicial o notarial de la unión marital,
no tendrían la opción de beneficiarse de la presunción de paternidad prevista
en la norma acusada. Esto entraría en abierta contradicción con los derechos
derivados de la filiación, en particular al nombre y a tener una familia y no
ser separado de ella.
28. Con todo, en contra de esta conclusión podría
plantearse, como lo hace uno de los intervinientes, que la interpretación
planteada es incorrecta, en la medida en que la norma demandada debe leerse de
manera sistemática con el artículo 213 del Código Civil, modificado por el
artículo 1° de la Ley 1060 de 2006, según el cual el hijo concebido durante el
matrimonio o la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o
compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en proceso de investigación
o de impugnación de paternidad.  No obstante, la Sala advierte que esta norma
regula una situación diferente a la examinada, pues refiere a la presunción
respecto del momento de la concepción, no del nacimiento.  Además, resulta
plenamente factible que el matrimonio o la unión marital inicie luego de la
concepción, lo que demuestra que el artículo 213 no es una garantía predicable
a la circunstancia analizada.
Adicionalmente, otros intervinientes también plantean
que la norma es exequible, puesto que cuando se usa la expresión “declaración”,
en realidad refiere al momento en que se inicia la convivencia en la unión
marital, de modo que los hijos nacidos luego del matrimonio o de dicha
convivencia quedarían en pie de igualdad. La Sala se opone a esta conclusión,
al advertir que la declaración de la unión marital de hecho es un concepto
definido por el Legislador, de manera diferente a como lo sugieren los
intervinientes.  En efecto, el artículo 4° de la Ley 54 de 1990, modificado por
el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, establece que la existencia de la unión
de hecho se declarará por escritura pública, acta de conciliación o
sentencia judicial.  Por ende, desde la interpretación autorizada que ejerce el
Congreso, no es posible hacer equivalente la declaración al inicio de la
convivencia.
Síntesis y decisión a adoptar.
Constitucionalidad condicionada de la expresión acusada
29. Los
demandantes sostienen que el aparte de la norma acusada vulnera el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Al respecto,
señalan que la disposición demandada es discriminatoria, pues a los hijos
nacidos después
de expirados los 180 días siguientes al matrimonio no se les exige, como a los
hijos procreados
en unión marital de hecho, un requisito adicional para acceder a la
filiación por presunción, como lo es la declaración de dicha unión.
En este contexto, el problema jurídico que se planteó
esta Corporación consistió en establecer si el requisito de la declaración de
la unión marital de hecho para que opere la presunción de paternidad es
violatorio del artículo 13 de la Constitución. De conformidad con
las consideraciones expuestas en esta providencia, la Corte encuentra que no es
constitucionalmente válido establecer el requisito de la declaración
de la unión marital de hecho para que, a partir de ese momento opere la
presunción de paternidad, pues ello vulnera el artículo 13 Superior,
al establecer un régimen de filiación más gravoso para los hijos
nacidos durante dicha unión. Esto debido a que si bien en el caso de los hijos
nacidos durante el matrimonio el plazo de contabilización del término
presuntivo de paternidad es más garantista, puesto que inicia desde el inicio
mismo de la relación jurídica; para los hijos nacidos durante la unión marital,
ese término se empieza a contar desde su declaración, que generalmente es un
momento posterior al inicio de la convivencia.
30. Advertida la contradicción entre la norma acusada
y la Constitución, es necesario determinar cuál es el remedio más adecuado para
esa situación. Sobre el particular, dos de los intervinientes consideran que la
Corte debe declarar la inexequibilidad de la expresión “a la declaración”,
de manera que la disposición deje en el mismo supuesto al matrimonio y a la
unión marital.  Esta aproximación, aunque fundamentada y compatible con los
argumentos anteriores, plantea una nueva dificultad interpretativa, esta vez
derivada de un vacío normativo.  Ello debido a que la previsión legal
resultante estipularía el término presuntivo de paternidad para el “hijo que
nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o
a la unión marital de hecho”, fórmula que no aclararía cuándo se entiende
que inicia la unión marital, sin que su asimilación con el matrimonio resuelva
el interrogante.  Esto en razón que mientras este es un contrato solemne,
aquella es un hecho susceptible de prueba, sin que la capacidad demostrativa
del contrato pueda extenderse, sin más, a la convivencia material.
31. Además, este Tribunal ha entendido que en virtud
del principio de conservación del derecho, la declaratoria de inexequibilidad
solo puede prosperar cuando la expresión legislativa es absolutamente
incompatible con la Carta y no existe ninguna interpretación de la misma que
pueda ajustarse a la Constitución. En esa medida, la Corte Constitucional ha
encontrado que para efectos de adoptar la correspondiente decisión es
fundamental ponderar el efecto de la declaratoria de inexequibilidad para no
desproteger bienes constitucionalmente protegidos.
32. Por ende, la Corte concuerda con varios de los
intervinientes y el Ministerio Público, en el sentido que la manera más
acertada de resolver el problema jurídico es mediante un fallo de exequibilidad
condicionada, en el cual se reconozca la constitucionalidad de la norma
acusada, en el entendido que para el caso de los hijos nacidos durante la unión
marital de hecho, el término de ciento ochenta días se empezará a contar desde cuando
se acredite el inicio de la convivencia entre los padres.  De esta forma se
aclara la dificultad interpretativa que ofrece la estipulación legal antes
explicada y, de la misma manera, se evitaría el vacío normativo antes
mencionado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del Pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
DECLARAR
EXEQUIBLE el
inciso primero del artículo 2° de la Ley 1060 de 2006, EN EL ENTENDIDO que
para el caso de los hijos nacidos durante la unión marital de hecho, la
contabilización del término de ciento ochenta días se empezará a contar desde cuando
se acredite el inicio de la convivencia entre los padres.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y
archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Ausente en comisión
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]Folios 21 a 23, cuaderno 1.
[2] Folios 157 y 158,
cuaderno 1.
[3] Escrito presentado
el 3 de agosto de 2017, por Carlos Fradique Méndez en calidad de miembro de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Folios 72 a 78, cuaderno 1.
[4] Escrito
presentado el 3 de agosto de 2017, por Jorge Kenneth Burbano Villamarin, Jenner
Alonso Tobar Torres y Paola Fernanda Erazo Ramírez, en calidad de miembros del
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre.
Folios 79 a 85, cuaderno 1.
[5] Escrito
presentado el 4 de agosto de 2017, por Jesael Antonio Giraldo Castaño, en
calidad de miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Folios 86 a 96,
cuaderno 1.
[6] Escrito
presentado el 9 de agosto de 2017, por Carlos Alberto Chinchilla Imbett, en
calidad de Profesor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad.  Folios
97 a 107, cuaderno 1.
[7]
ARTÍCULO  2º.  Modificado por el art.
1º, Ley 979 de 2005. Se presume sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de
los siguientes casos:
a) Cuando exista unión
marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre
y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;
b)
Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos
años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de
ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades
conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año antes de la
fecha en que se inició la unión marital de hecho.
Los compañeros permanentes
que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán declarar la
existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:
1. Por mutuo consentimiento
declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé fe de la existencia
de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás
presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo.
2. Por manifestación
expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente
reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los
literales a) y b) de este artículo.
[8] ARTICULO 4º. Modificado por el artículo 2º
de la Ley 979 de 2005. La existencia de la unión marital de hecho entre
compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes
mecanismos: 1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de
los compañeros permanentes. 2. Por Acta de Conciliación suscrita por los
compañeros permanentes, en centro legalmente constituido. 3. Por sentencia
judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de
Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera
Instancia.
[9]
Escrito presentado el 28 de agosto de 2017, por Luz Karime Fernández
Castillo, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF.  Folios 108
a 117, cuaderno 1.
[10] Escrito presentado el 2 de octubre de 2017, por Claudia Isabel
González Sánchez, en calidad de Secretaria  Jurídica del ICBF.  Folios 118 a
123, cuaderno 1.
[11] Escrito presentado el 7 de noviembre de 2017, por Lucy Edrey
Acevedo Meneses, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DPS.
Folios 128 a 130, cuaderno 1.
[12] Escrito presentado el 26 de junio de 2018, por Ciro Norberto Güecha
Medina y Carlos Rodríguez Mejía, como Decano y Profesor de la Facultad de
Derecho de dicha Universidad. Folios 200 a 205.
[13] Consideraciones parcialmente tomadas de la Sentencia C-257 de
2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[14] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Esta
sentencia se ocupó de la demanda contra las expresiones “un hombre y una
mujer” y “de procrear” contenidas en el artículo 113 del Código
Civil, y contra la frase “de un hombre y una mujer” contenida en
los artículos 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 2009. La Corte declaró exequible el primer fragmento, y se declaró inhibida
para estudiar de fondo los otros dos.
[15] Cfr. Sentencia C-875 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[16] Cfr. Sentencia C-660 de 2000. Paráfrasis tomada de la Sentencia C-577
de 2011.
[17] Cfr. Sentencia C-875 de 2005. Citada por la Sentencia C-577 de 2011.
[18] Por ejemplo ver la Sentencia C-700 de 2013.
[19] T-553 de
1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[20] MP Mauricio González.
[21] Cfr. Sentencia C-560 de 2002. Citada por la sentencia C-577 de 2011.
[22] Esta providencia,
entre otras, está incluida en el recuento jurisprudencial que hace la sentencia
C-336 de 2014, MP Mauricio González Cuervo, sobre las diferencias entre el
matrimonio y la unión marital de hecho, que en ese caso pretendía ilustrar la
legitimidad de las distinciones para efectos pensionales.
[23] “CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL. M.P.: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ. Bogotá,
D.C., once (11) de septiembre de dos mil trece (2013).-Ref.:
23001-3110-002-2001-00011-01.” Cita tomada de la Sentencia C-278 de 2014.
[24] C-098 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] C-533 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo.
[26] Cfr. Sentencia C-310 de 2004, citada por la sentencia C-577 de 2011.
[27] Cfr. Sentencia C-238 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza que se
ocupó de las diferencias entre el matrimonio y la unión libre en el marco del
análisis de la vocación hereditaria del compañero o compañera supérstite en
uniones de hecho integradas por heterosexuales y por personas del mismo sexo.
[28] C-014 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[29] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[30] Cfr. Sentencia C-533 de 2000, citada por la Sentencia C-577 de
2011.
[31] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[32]
En la
Sentencia C-755 de 2008, esta Corporación declaró exequible de manera
condicionada el literal g del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, conforme al
cual se exime de la prestación del servicio militar en tiempo de paz a los
casados que hagan vida conyugal. En particular, la Corte señaló que la exención
se extiende a las personas que convivan en unión marital de hecho, en virtud
del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, pues
la unión de hecho o la familia conformada por vínculos naturales, también está
protegida por el artículo 42 Superior.
[33] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[35] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[36] M.P Clara Inés Vargas Hernández.
[37] Como se explicara más adelante (fundamento jurídico 14), la existencia
de disímiles medios probatorios para demostrar la unión marital de hecho ha
sido aceptada por la jurisprudencia de esta Corporación, tanto en sede de
control abstracto como de control concreto. En efecto, en la sentencia C-521 de
2007, esta Corte expuso que para demostrar la unión marital de hecho, con el
fin de afiliar como beneficiario al compañero o compañera permanente al Plan
Obligatorio de Salud, era suficiente una declaración juramentada ante notario.
Asunto que se estableció en los siguientes términos: “(…)La condición de
compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración ante notario,
expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente, actuación
a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el
juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia
de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrearán las
consecuencias previstas en la legislación penal y en el resto del ordenamiento
jurídico”.
[38] En
el mismo sentido se pronunció la Sentencia C-029 de 2009 que declaró
inexequible la expresión “Para el caso del compañero(a) sólo cuando la unión
permanente sea superior a dos (2) años”, contenida en el literal a) del
artículo 24 del Decreto 1975 de 2000 “Por el cual se estructura el Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.”
[39] Lafont Pianetta
P. Derecho de familia unión marital de hecho (Ley 54 de 1990), Bogotá:
Ediciones Librería Del Profesional,  tercera edición, 2001. p. 123. Cita tomada
de la Sentencia T-667 de 2012. M.P. Adriana María Guillén Arango.
[40] Ibíd. p. 123 y 124. Cita
tomada de la Sentencia T-667 de 2012.
[41] Cfr. Sentencia T-667 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango.
[42] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta providencia, la Corte revisó un caso en el cual se demandó a
la Dirección de reclutamiento de un batallón, en razón a que uno de los
compañeros permanentes había sido reclutado sin tener en cuenta la causal de
exención al servicio militar obligatorio de que trata el artículo 28 de la Ley
48 de 1993. Como medios probatorios aportados al proceso figuraba una
declaración extrajuicio en la que se manifestaba que conformaban una unión
marital y que el conscripto era quién proveía económicamente por la familia,
grupo en el cual -adicionalmente- la mujer se encontraba en estado de
gestación. En consecuencia, a la Corte le correspondió determinar si la
renuencia de las autoridades militares a desvincular del servicio militar a un
soldado padre de familia que supuestamente estaba amparado por una causal de
exención, vulneraba los derechos fundamentales del niño que estaba por nacer y
de la mujer embarazada.
[43] M.P. Adriana Guillén. En dicho asunto, esta
Corporación analizó si las autoridades públicas demandadas (Comandante del
Distrito Militar Nº 31 y el Comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para
el Entrenamiento de Tolemaida), al no darle valor probatorio a la declaración
extrajuicio efectuada por el demandante conculcaron su derecho fundamental al
debido proceso y de contera, afectaron su derecho a la familia y a la igualdad.
Esto, en razón a que en ese asunto se debatía la apreciación de una declaración
extrajuicio como medio probatorio de la unión marital de hecho y las
consecuencias jurídicas que de ello se derivan, como lo son las exenciones al
servicio militar obligatorio.
[44] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa oportunidad le
correspondió a la Corte establecer si las decisiones judiciales proferidas por
el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Riohacha y el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, dentro del
proceso de reparación directa promovido por los actores contra la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, incurrieron en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y, en consecuencia, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo
anterior, al excluirse a la accionante del reconocimiento de la reparación
económica de los perjuicios morales causados, por considerar el juez de primer
grado que las declaraciones extrajudiciales aportadas con la demanda a fin de
demostrar la unión marital de hecho con la víctima, carecían de valor
probatorio, al haberse practicado a instancias de los demandados y en forma
extraprocesal.
[45] Cfr. Sentencia T-247 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[46] Cfr. Sentencia C-004 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía, T-329 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández, T-488 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica,
T-183 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-243 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar
Gil, T-641 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-966 de 2001, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[47] Cfr. Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[48] En la
sentencia C-577 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, se refirió a la igualdad
que existe entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, en los
siguientes términos: “(…) en materia de
filiación rige un principio absoluto de igualdad, porque, en relación con los
hijos, no cabe aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación o
discriminación, en razón de su origen matrimonial o no matrimonial”.
[49] Ley 1060 de 2006 “por la cual se modifican las normas que regulan
la impugnación de la paternidad y la maternidad” Artículo 1°. “El hijo
concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho
tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe
lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.
(Subrayado fuera del texto original).
[50] Cfr. T-071 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[51] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[52] Cfr.
Sentencia C-258 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[53] Sentencia C-247
de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[54] Año XIV – Gaceta Nº
691, Bogotá, D. C., lunes 3 de octubre de 2005.