T-109-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-109/15
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Se
llevó a cabo diligencia de desalojo
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Fundamental
autónomo
VIVIENDA DIGNA-Requisitos básicos de una
vivienda adecuada
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O
ADECUADA-Elementos de asequibilidad y habitabilidad
PODER DE POLICIA-Concepto
PROCESO POLICIVO-Naturaleza
PROCEDIMIENTO DE DESALOJO-Finalidad
El procedimiento de desalojo es una
medida necesaria que busca recuperar materialmente un bien que fue tomado de
manera inapropiada y evitar que terceros obtengan de mala fe un beneficio por
su acción ilegal. Esta necesidad se hace más imperiosa, incluso, cuando se
trata de proteger espacios públicos, por cuanto en estos casos media un interés
general supremo.
DESALOJO FORZOSO-Debe adelantarse con el pleno respeto de los derechos
fundamentales y debido proceso de las personas desalojadas
PROTECCION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA EN
RELACION CON LOS PROCEDIMIENTOS DE DESALOJO FORZOSO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS-Fundamentos
jurisprudenciales
De acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación no resulta admisible que la administración permanezca
impasible frente al desalojo de una comunidad que no cuenta con recursos
suficientes para proveerse una solución de vivienda digna. Las obligaciones
constitucionales en cabeza del Estado no se agotan en las reglas procesales del
trámite de lanzamiento. Aun en los casos cuando el desalojo está justificado y
es necesario, sea en defensa de la propiedad privada, del interés general o
frente a un alto riesgo geológico, las autoridades han de proporcionar una
alternativa de vivienda digna.
DESALOJO
FORZOSO-El proceso de
reubicación forzosa y las alternativas de albergue transitorio ofrecidas por la
administración desconocieron el derecho fundamental a la vivienda digna y el
debido proceso de los accionantes y demás ocupantes
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA Y AL DEBIDO PROCESO-Orden
a Alcaldía y a Inspección de Policía abstenerse de realizar cualquier
diligencia de desalojo o reubicación hasta tanto se les garantice a los
ocupantes del predio unas garantías reales de protección y alojamiento
transitorio
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA Y AL DEBIDO PROCESO-Orden
a Alcaldía informar acerca de
las acciones legales que puede ejercer la población en situación de
vulnerabilidad para recuperar los recursos económicos invertidos en las
viviendas de predio desalojado
Referencia: Expediente T-4.591.786.
Acción de tutela interpuesta por Irene Jaimes Arias y
otros contra la Alcaldía de Floridablanca y otros.
Asunto: Procesos de desalojo forzado y derecho a una
vivienda digna. Caso “Altos de Bellavista”.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil quince
(2015).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Martha Victoria Sáchica Méndez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela
emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, en el
expediente de tutela T-4.591.786.
I. ANTECEDENTES.
Irene Jaimes Arias, Héctor Peña Niño, Elías Cáceres Rosales, Rosa
Delia Rincón Hernández, Feliza Herreño, Isaac Traslaviña Patiño y Luz América
Vargas Fandiño, actuando mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Alcaldía de
Floridablanca, el Banco Inmobiliario y la Inspección Primera de Policía, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda digna y al debido
proceso, con ocasión de la querella policiva adelantada en su contra por
perturbación a la propiedad sobre un predio fiscal que aseguran haber venido
ocupando por más de nueve años, luego de un fallido proyecto de vivienda
social.
1. Hechos y relato contenido en el expediente[1].
1.     Mediante escritura pública 158 del 20 de junio de 2006 la
constructora Cañaveral Ltda. transfirió a título de compraventa en favor del
municipio de Floridablanca, representado por el Banco Inmobiliario de
Floridablanca, un lote de terreno ubicado en la zona de Altos de Bellavista con
matrícula inmobiliaria número 300-265887 y una extensión de 142.088,15 m2
por la suma de $6.600.000[2].
2.    Sobre el referido predio el municipio esperaba realizar un
macroproyecto de vivienda social. Fue así como el 30 de junio de 2006 el Fondo
Nacional de Vivienda (Fonvivienda) resolvió que dentro de los planes regionales
elegibles se encontraba el de “Altos de Bellavista etapas II y IV”. A finales
de este año, el 19 de diciembre, se eligieron las 714 personas beneficiaras,
entre estos los demandantes de tutela.
3.    Los accionantes relatan que el 14 de septiembre de 2007 el Banco
Inmobiliario de Floridablanca suscribió con cada uno de ellos un contrato de
promesa de compraventa de bien inmueble de interés social, donde se comprometía
a vender un apartamento de aproximadamente 42 metros cuadrados por un valor de
$21.680.000[3]
y estos, por su parte, se obligaban a hacer un ahorro programado por la suma de
$2.040.000. Adicionalmente, la alcaldía gestionó ante el Fondo de Vivienda un
subsidio por la suma de $8.568.000, monto que les fue reconocido a través de la
Resolución 1762 del 19 de diciembre del año 2006.
4.    Pese a lo anterior, no fue posible ejecutar dicho proyecto ante la
afectación que del predio hiciera Ingeominas, catalogando sus áreas como de
alto, medio y bajo riesgo por remoción de masas, evento que tornó inviable el
plan de construcción propuesto.
5.    La administración tomó entonces la decisión de realizar la
subdivisión catastral del lote en agosto de 2012[4],
dando origen al denominado Globo 1 con un área de 40.153 m2 y al
Globo 2, correspondiente a un área de 101.935 m2, a la espera de
poder gestionar un nuevo proyecto habitacional en el primer globo confiando que
el terreno era más propicio para ello.
6.    Ante el incumplimiento del programa de vivienda “Altos de
Bellavista”, los demandantes de tutela aseguran que decidieron ocupar el globo
1 del terreno desde el 7 de septiembre de 2011 en forma quieta, pacífica e
ininterrumpida. Sostienen que han realizado mejoras tales como construcción de casas
en madera y ladrillo, pisos de cemento, techos de zinc y eternit. Además ponen
de presente que con su propio esfuerzo y sin ningún tipo de ayuda oficial
dotaron a estas viviendas de los servicios públicos de luz, agua potable y
alcantarillado.
7.    No obstante, desde el comienzo de la ocupación las autoridades
municipales impetraron sendos procesos policivos con el objetivo de
desalojarlos y poder así adelantar sobre este terreno un nuevo proyecto de
vivienda social, lo que exigía que el predio estuviese libre de toda
perturbación.
8.    La Inspección 1ª de Policía de Floridablanca, mediante Resolución
007 calendada el 3 de abril del año 2014, concedió el amparo policivo por
perturbación a la propiedad invocado por el Banco Inmobiliario. En consecuencia,
dispuso que esta cesara y que todos los ocupantes se trasladaran en un término
máximo de dos días hacia el lote contiguo (globo 2). Esta decisión fue
confirmada mediante Resolución 011 del 23 de abril de 2014 la cual precisó que
“la presente acción no se encuentra prescrita, por cuanto fue instaurada
dentro del mismo mes en que ingresaron los querellados al lote objeto del
presente proceso, septiembre de 2011, es decir que la posesión no ha sido
pacífica, ni quieta”[5].
Hizo énfasis también en que la orden emitida no era de desalojo sino de
reubicación, con el objeto de que se pudiese cumplir con la obligación de
ofrecer vivienda digna a las 478 familias que junto a los querellados estaban a
la espera de la misma, pero la cual se desarrollaría precisamente sobre el área
del lote ocupada.
9.
La entidad financiera del desarrollo
-Findeter- como agente evaluador de los proponentes a ser incluidos dentro de
los programas de vivienda social del gobierno nacional, conceptuó negativamente
el 25 de abril de 2014 respecto al nuevo proyecto “Cerros de la Florida”, por
cuanto en una visita técnica efectuada se constató “que este se encuentra
invadido en la zona ofertada para desarrollar el proyecto (Globo 1)”[6].
Sin embargo, se concedió un plazo adicional hasta el día 29 de abril de 2014
para recuperar el predio e informar vía electrónica al Ministerio de Vivienda
de tal actuación.
10.  Contra la decisión policiva de desalojo los ocupantes impetraron
la presente acción de tutela para evitar el perjuicio irremediable que les
ocasionaría ser reubicados en una zona que carece de servicios públicos y de las
garantías mínimas de habitabilidad. Argumentaron también que el trámite surtido
se encontraba viciado por un defecto procedimental absoluto, toda vez que “se
ejecutó al margen de la ley y además la querella policiva no reúne la totalidad
de los requisitos que establecen el Decreto 992 de 1930 pues no fue dirigida ni
presentada ante el alcalde y su secretario” y desconocía además el
precedente constitucional referente a la protección de la vivienda digna.
11.  La Inspectora de Policía programó audiencia pública de
cumplimiento de la orden de desalojo para el 29 de abril de 2014 con el
objetivo de “reubicar” a todos los ocupantes del globo 1 del predio Altos de
Bellavista, a solicitud del Banco Inmobiliario y de la Alcaldía de
Floridablanca.
2. Trámite procesal.
Mediante auto del 29 de abril de 2014, el Juzgado Cuarto Promiscuo
Municipal de Floridablanca admitió la demanda de tutela y corrió traslado a la
Inspección Primera de Policía de Floridablanca, Banco Inmobiliario y la
Alcaldía Municipal para que se pronunciasen acerca de los hechos materia de la
acción. Igualmente vinculó oficiosamente a la Oficina asesora de Planeación de
Floridablanca, al Ministerio de Vivienda, al Concejo municipal de
Floridablanca, a la Personería municipal de Floridablanca, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo y a la Policía.
El despacho concedió como medida provisional la suspensión
inmediata de la diligencia de lanzamiento programada para ese mismo día hasta
que no se resolviera de fondo el asunto, en tanto “de un estudio realizado
por Ingeominas en el globo de terreno al cual se pretende reubicar a los aquí
accionantes se concluyó que dicha zona presenta una amenaza, toda vez que
existe una posibilidad alta de remoción en masa”[7].
3. Contestación de las
entidades demandadas y vinculadas.
Alcaldía de Floridablanca.
El representante del ente territorial se opuso a las pretensiones.
En primer lugar, recordó que es deber de la administración recuperar los
terrenos que pretendan ser apropiados ilegítimamente. En segundo, justificó el
desalojo explicando que para lograr la aprobación por parte del gobierno
nacional de un nuevo macroproyecto de vivienda social que beneficiaría a más de
473 familias, el municipio debía acreditar que el terreno postulante se
encontraba disponible.
Allegó igualmente concepto técnico emitido por el jefe de la
oficina asesora de planeación donde se determinó que los niveles de amenaza en
los predios que se pretende reubicar a los ocupantes, es decir el sector
conocido como globo 2, “son media y bajo los cuales pueden con obras
de mitigación ser regulados y controlados”[8].
Esto para demostrar que no existía peligro alguno al momento de trasladar a los
accionantes ya que las condiciones del terreno son “aceptables”, aunado
a que esta reubicación sería temporal, mientras se realizan las obras en el
globo vecino para la construcción del proyecto denominado “Cerros de la Florida”.
Inspección Primera de Policía de Floridablanca.
Esgrimió que aunque haya habido incumplimiento de la promesa
de compraventa pactada en el año 2007, correspondía a los afectados iniciar las
acciones legales correspondientes a fin de rescindir el contrato o demandar en
daños y perjuicios al Banco Inmobiliario de Floridablanca, mas no apropiarse
ilegalmente de un bien fiscal del municipio.
Precisó que la ocupación del terreno no ha sido
pacífica ni permanente como aducen, por cuanto se han presentado desalojos
sucesivos en virtud de la querella de lanzamiento promovida desde el 15 de
septiembre de 2011 por la entonces directora del Banco Inmobiliario de
Floridablanca.
Banco Inmobiliario de Floridablanca.
Esta entidad a la que entre otras funciones
corresponde asesorar la política de vivienda de interés social del municipio,
así como direccionar su oferta y demanda para su atención con los recursos
asignados por la administración central[9],
se opuso a la tutela. Aseveró que entre los demandantes se han forjado falsas
expectativas “a través de abogados que los engañan diciéndoles que han
surgido derechos por la supuesta posesión que han ejercido”, a sabiendas
que se trata de un bien fiscal y por ende imprescriptible.
Defiende la medida policial de desalojo ante la
necesidad de realizar una solución de vivienda para las 473 familias que hacían
parte del otrora proyecto “Altos de Bellavista etapas II y IV”. Denuncia asimismo
la mala fe de algunos ocupantes al haber construido luego de ser desalojados y
pretender escriturar supuestas mejoras a los inmuebles que habitan, tan solo
días antes de la diligencia policiva[10].
Intervención de terceros interesados.
Los señores José del Carmen Santamaría Lagos y Henry
García Herrera, quienes se identificaron como veedores ciudadanos de los
trabajos que se realizan en torno al proyecto habitacional “Cerros de la
Florida”[11],
denunciaron por escrito la dramática situación de las 474 familias que no han
podido obtener una solución definitiva de vivienda por culpa de unos cuantos
ocupantes que se rehúsan a desalojar[12]:
Posteriormente, el 4 de mayo de 2014, teniendo en
cuenta que los veedores estaban presentes en el despacho del a-quo y
solicitaron realizar una serie de apreciaciones y consideraciones frente a la
tutela tramitada, el juez estimó pertinente escucharlos en testimonio. José del
Carmen sostuvo que “esta problemática viene de atrás con los mismos
personajes que se han opuesto en el programa de interés social (…) en la
administración de Jaime Flores se intentó hacer el primer desalojo de estas
personas y se les notificó a ellos que ahí se iba a construir un proyecto, esto
fue en 2011. Esto no se pudo realizar porque el Alcalde no le convenía echarse
más problemas”. Henry García, a su vez, explicó que: “mi gran
preocupación es que se caiga el proyecto y traiga perjuicios a la comunidad
como tal, por cuanto se perdería el subsidio de $7.500.00 y además una
suspensión al municipio por no presentar proyectos”[13].
Otras entidades vinculadas.
La Personería de Floridablanca, el Concejo Municipal,
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Vivienda se opusieron a su
vinculación por cuanto aseguran no tener injerencia en el trámite adelantado
por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca, y tampoco haber
incurrido en acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales de los
accionantes.
4. Pruebas de oficio.
Mediante auto del 7 de mayo de 2014 el Juzgado 4
Promiscuo Municipal de Floridablanca dispuso: (i) citar a todos los accionantes
para que rindieran testimonio, (ii) solicitar a Ingeominas un informe detallado
sobre las conclusiones a que se llegó después de los estudios del suelo, y
(iii) ordenar a la Inspección de Policía remitir el expediente del proceso
verbal policivo.
El Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas),
como instituto científico y técnico, explicó que tiene a su cargo a nivel
nacional la investigación de los fenómenos generadores de amenazas y la
evaluación de las mismas, cuando estas tengan un origen geológico con
afectación regional y nacional, mas no a nivel local o predial, por lo cual no
se cuenta con una información relacionada específicamente con los predios en
cuestión[14].
Dentro de los testimonios rendidos por los accionantes
se destaca el de Irene Jaimes Arias quien narró así las razones que impulsaron
el proceso de ocupación y la negativa a ser reubicados sin las garantías
suficientes:
“la
decisión [de
ocupar el predio desde hace dos años y ocho meses] fue porque la alcaldía ni el alcalde nos cumplieron,
debido a esto el problema lo tenemos desde el 2006, nosotros nos postulamos
para el proyecto de altos de Bellavista y cumplimos con todos los requisitos,
teníamos ya el ahorro programado, nos alcanzó a llegar lo del subsidio. Las
administraciones son las que no nos han cumplido”
(…)
“El
alcalde fue al lote y dijo que iba a hacer una reubicación al lote 2
aproximadamente hace tres meses y que si no nos íbamos al lote 2 nos
desalojaban. Yo no lo hice porque no nos dio las garantías que debían ser, como
por ejemplo no hay agua, luz ni alcantarillado. Donde estamos sí tenemos porque
nosotros las colocamos, por esta razón no me pasé para allá, inclusive los que
se fueron unos viven ahí y otros no”[15].
Elías Cáceres Rosales, por su parte, declaró lo
siguiente:
“Nosotros
no nos estamos oponiendo a la reubicación, porque no es fácil tanta presión
psicológica que nos han metido. No contamos con plata para ir a pagar un
arriendo, no tenemos fiadores y en todas partes piden este requisito. Queremos
que el alcalde en verdad nos ayude o nos de alguna solución porque lo que hemos
construido donde estamos ha sido con mucho esfuerzo, para que la administración
cuando quiera nos amenace de desalojo donde tenemos niños y familiares con
enfermedades terminales, que requieren tener una vivienda digna y no vivir en
cambuches como el alcalde quiere”[16].
Una vez rendidos los testimonios y recibidos los
documentos solicitados en ejercicio oficioso del juez de tutela, se procedió a
dictar sentencia.
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
2.1.
En fallo de primera instancia, calendado el 13 de mayo de 2014, el Juzgado
Cuarto Promiscuo Municipal de Floridablanca concedió el amparo. Argumentó que aunque
era cierto que el terreno en disputa al tratarse de un bien fiscal no era
prescriptible ni generaba ningún tipo de derecho real para los ocupantes,
también lo era que se había configurado un margen de confianza legítima en este
grupo de ciudadanos quienes desde años atrás se habían asentado en el lote. Fustigó
igualmente que ninguna de las entidades accionadas hubiesen asumido con
responsabilidad sus obligaciones y deberes para con las personas que
interpusieron la acción de amparo y ni siquiera con aquellos que accedieron voluntariamente
a la reubicación propuesta[17].
Resaltó que el área alterna de
reubicación (globo 2) fue catalogada como de alto riesgo y en ella no existían
las condiciones mínimas de seguridad ni salubridad ante la falta de servicios
públicos, lo que terminaría afectando en gran medida los derechos fundamentales
de los tutelantes, de sus núcleos familiares y demás personas que sufrieron y
padecieron las dificultades, al no haber contado con los recursos económicos para
adquirir una vivienda digna.
En armonía con lo expuesto, suspendió
el procedimiento de desalojo y ordenó realizar un censo socio-económico de
todos los ocupantes, de modo que se les pudiera garantizar una solución real y
digna de albergue temporal, con efectos “inter comunis”, mientras se resolvía
definitivamente el problema. Las ordenes específicas y sus responsables se
establecieron así: (i) a la Inspección, suspender las medidas de desalojo o de
reubicación hasta que se construyan alternativas reales de solución; (ii) a la
Alcaldía en conjunto con la Defensoría realizar un censo socio-económico de
todas las personas y las familias que habitan los globos 1 y 2; (iii) a la
Alcaldía garantizar la ubicación en un albergue provisional a las personas que
se encuentren en una situación de especial protección, hasta tanto puedan resultar
las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro lugar; (iv) y por lo
tanto “ofrecerle una solución definitiva mediante la ejecución de programas
serios y continuados de estabilización socio-económica hasta tanto las
condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales
desaparezcan, para lo cual se le concede un término máximo de ciento veinte
días (120) calendario contados a partir de la notificación de esta decisión”;
(v) al Alcalde que en un plazo máximo de 30 días incluya las familias censadas
en los programas de adquisición de viviendas de interés social que proporciona
la entidad, tanto a nivel local como nacional; (vi) al Alcalde en un plazo de
30 días proceda a ordenar la realización de un estudio geotécnico reciente
sobre el globo 1 y globo 2 donde se ha presupuestado efectuar el proyecto “Cerros
de la Florida”, en el cual se determine de manera clara cuáles son las obras de
mitigación necesarias para poder construir y ocupar los predios señalados; y el
(vii) acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
2.2. Esta
decisión fue impugnada por la Alcaldía de Floridablanca argumentando
principalmente que no se podía dar prevalencia a los intereses particulares
sobre los generales y que en todo caso las condiciones en que habitan los
ocupantes no pueden tenerse como una alternativa digna[18].
2.3. El
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, el 17 de junio de 2014,
revocó íntegramente el fallo de primera instancia al considerar que la demanda
de tutela no cumplía con los requisitos generales de procedencia. Aseveró que
los accionantes no controvirtieron en su momento las falencias procesales que
en sede de tutela le endilgaron al trámite policivo. Consideró también que el
fondo del reclamo tampoco estaba llamado a prosperar debido a que no resultaba
justo que por la ocupación de siete familias se paralizara el macroproyecto de
vivienda social que tenía programado realizar el municipio para favorecer a más
de 400 familias de escasos recursos.
III. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN.
Mediante auto del 4 febrero de 2015, el Magistrado
sustanciador ordenó una serie de pruebas para allegar al proceso de tutela
elementos de juicio relevantes, así como una inspección judicial sobre el
terreno “Altos de Bellavista” para conocer la situación real y actual de los
ocupantes. En respuesta a dicha providencia, las partes convocadas y terceros
interesados allegaron las siguientes contestaciones:
Inspección Primera de Policía de Bucaramanga.
Allegó en medio electrónico (Cd y carpeta compartida por correo
electrónico) copia escaneada del proceso verbal policivo de la referencia. Así
mismo, manifestó que la diligencia de “reubicación” inició el 3 de septiembre y
culminó el día siguiente, fechas en las cuales “aunque hubo acompañamiento
policivo no fue necesario el uso de la fuerza pública y se informó a las
familias a reubicar el servicio que había para pernoctar mientras la
administración municipal construía las viviendas y el lugar disponible para
guardar los enseres”.
Alcaldía Floridablanca.
El representante del ente territorial solicitó a la Corte
confirmar el fallo de segunda instancia. Explicó que con el fin de garantizar
las condiciones dignas y justas a las personas desalojadas, se pusieron a su
disposición los materiales de construcción necesarios, y mientras tanto la
administración ofreció el servicio de hospedaje provisional. A manera de
balance general expuso lo siguiente:
“Como
se pudo corroborar en el acta de visita del día 9 de febrero de 2015, en la
actualidad viven cuarenta y cuatro (44) familias, en viviendas construidas en
madera y zinc en un terreno plano y semiondulado, al lado de la vía, las cuales
cuentan con los servicios de agua, luz, alcantarillado y recolección de
basuras, las construcciones se encuentran en buen estado y los mismos
residentes las han ido mejorando especialmente las treinta familias que se
reubicaron voluntariamente tal como se puede observar con los registros
fotográficos que se anexan”[19].
Descartó la existencia de problemas de salubridad por cuanto el
alcantarillado suministrado por el EMPAS se encuentra funcionando y no se
detectaron fugas. Con respecto a la solución definitiva manifestó que el día 30
de enero de 2015 el municipio de Floridablanca, a través del Banco
Inmobiliario, se presentó a la nueva convocatoria realizada por el Ministerio
de Vivienda, radicando los respectivos documentos para la Unión Temporal Vipa
“Cerros de la Florida”, resultado que se estaría dando a conocer en el mes de
marzo. Precisó, en todo caso, que las obras de mitigación y saneamiento básico
se iniciarían una vez se aprobara la construcción del proyecto “el cual en
el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Floridablanca existe
el rubro presupuestal GDA 7001008025 por valor de dos mil millones de pesos
($2.000.000.000)”[20].
Banco Inmobiliario de Floridablanca.
El representante de la entidad declaró frente a las obras de
mitigación que la mismas se tienen previstas iniciarlas al momento de aprobarse
el proyecto toda vez que si se realizan con anterioridad y la propuesta es
finalmente rechazada, “nos encontraríamos menoscabando el erario de la
administración al realizar adecuaciones a un predio que no puede ser destinado
al programa de vivienda de interés social”[21].
Estimó que de seguirse el curso normal del proyecto y no
presentarse nuevas ocupaciones, el término para dar por terminado la iniciativa
habitacional sería de un año a partir de la adjudicación. En relación a los
beneficiarios de la nueva propuesta aclaró que:
“El
proyecto Cerros de la Florida es para atender a las familias del antiguo
proyecto llamado Altos de Bellavista II y IV etapa, hoy denominado Cerros de la
Florida, anexo listado de las familias que en su momento fueron beneficiadas y
donde se relacionan la cuenta de ahorro y el monto que tienen disponible.
(…)
El
municipio de Floridablanca tiene como meta solucionar la necesidad de la
vivienda de las familias del antiguo proyecto Altos de Bellavista, por tal
razón se debe presentar a las convocatorias de Min. Vivienda en las actuales
condiciones legales”[22].
Igualmente remitió copia simple de las constancias de entrega de
materiales a las familias desalojadas, entre septiembre y diciembre de 2014,
incluyendo puntillas, tablas, tomacorrientes, cable eléctrico, listones, bultos
de cemento, alambre y tejas de zinc.
Memorial de los accionantes de tutela.
Relatan que el desalojo fue traumático teniendo en cuenta que hubo
presencia del ESMAD y con retroexcavadora tumbaron las viviendas construidas
por sus moradores. Ese día no se permitió el ingreso de abogados pero tanto los
representantes de la Procuraduría como de la Curaduría dejaron constancia de la
falta de garantías y oportunidades reales de reubicación.
Precisaron que los albergues ofrecidos no eran sitios aptos para
una familia, al ser centros de tratamiento para drogadictos y alcohólicos[23].
También fustigaron los “cambuches” que finalmente construyó la alcaldía, por
cuanto: “ninguno posee cocina ni baños debidamente construidos, se
instalaron en condiciones infrahumanas en la medida de nuestros recursos
letrinas para hacer nuestras necesidades, no tenemos lavamanos ni duchas, nos
bañamos tapados con plásticos para proteger nuestra intimidad”[24].
Por último, manifestaron su escepticismo frente al nuevo proyecto
“Cerros de la Florida”, al considerar que “la condición de VIPA como
convocatoria pública, no permite la preselección de los adjudicatarios, por lo
tanto no está asegurada la inclusión de estas familias en este proyecto”[25].
De este modo, aseguran, continúa frustrada la promesa de un hogar.
Veedores ciudadanos.
José del Carmen Santamaría Lagos, en su condición de veedor ciudadano,
reiteró cómo las 450 familias que representa han sido gravemente perjudicadas
por los intereses personales de los ocupantes que se oponen a lograr que el
Ministerio de Vivienda les adjudique los subsidios correspondientes. Advierte
sobre la difícil situación en la que se encuentran entre las vías de hecho, por
un lado, y el incumplimiento de la administración municipal, por otro: “Me
siento como veedor de vivienda entre la espada y la pared ya que muchas
familias creen que es mejor invadir y 200 de ellas esperan la decisión de que
el proyecto sea una realidad o si no invadirán ya que sustentan que otra vez
los juzgados y las ocho familias invasoras matarán sus sueños”[26].
Inspección Judicial.
El Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Floridablanca
allegó en 487 folios y 6 cds los resultados de la inspección judicial al predio
Altos de Bellavista surtida el 9 de febrero de 2015. Además de la evidencia
recogida directamente por el funcionario judicial, y en atención al debido
proceso, se anexaron las intervenciones de los accionantes, la alcaldía
municipal y la personería de Floridablanca. Algunos extractos de las mismas
serán incluidos en las consideraciones de esta sentencia.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución, así
como en los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del
problema jurídico.
De los antecedentes referidos, la Sala de Revisión
observa que el caso sometido a consideración se origina en el año 2006 cuando
el municipio de Floridablanca (Santander) adquirió un predio en donde se comprometió
a realizar un macroproyecto de vivienda de interés social. En su momento fueron
seleccionadas más de 400 familias como beneficiarias de los subsidios que el
ente territorial en asocio con el nivel central logró gestionar. Se
suscribieron entonces contratos de promesa de compraventa por intermedio del
Banco Inmobiliario de Floridablanca y los ciudadanos se obligaron, por su
parte, a abrir cuentas de ahorro programado.
No obstante lo anterior, un estudio de Ingeominas
advirtió el alto riesgo geológico que presentaba el terreno lo que terminó por
tornar inviable material y jurídicamente el proyecto, al menos no sin antes
ejecutarse las obras de reforzamiento necesarias. El tiempo transcurrió y en
septiembre de 2011 un grupo de aproximadamente 50 familias beneficiarias
decidió ocupar una parte del lote para construir allí sus hogares, dotándolos
progresivamente de servicios públicos como agua, electricidad y alcantarillado.
Simultáneamente comenzó una disputa con las autoridades de Floridablanca
quienes exigieron el desalojo para poder presentar el terreno a una nueva
convocatoria nacional que permitiese garantizar los recursos suficientes para
otorgar una solución definitiva y digna de vivienda.
En el curso del trámite policivo impulsado por el
Banco Inmobiliario de Floridablanca, los accionantes impetraron la presente
acción de tutela con el objetivo de suspender el desalojo mientras se les
garantizara una alternativa real de reubicación. El Juzgado Cuarto Promiscuo
Municipal concedió el amparo al sostener que las autoridades no habían asumido
con responsabilidad sus obligaciones y deberes para proveer una solución adecuada
de vivienda. De hecho, el área sugerida para la reubicación transitoria (globo
2) ya había sido catalogada como de alto riesgo y no contaba siquiera con las
condiciones mínimas de salubridad ante la falta de servicios públicos. No
obstante lo expuesto por el a-quo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Bucaramanga revocó integralmente el fallo al estimar que los accionantes no
controvirtieron oportunamente las falencias procesales que en sede de tutela le
endilgaron al trámite policivo y porque en todo caso no resultaba justo que por
la ocupación de siete familias se paralizara el macroproyecto de vivienda
social que tenía programado realizar el municipio.
En sede de revisión, esta Corporación constató que el
desalojo o proceso de reubicación finalmente se llevó a cabo durante los días 3
y 4 de septiembre de 2014, trasladando a los ocupantes al globo 2 del predio
“Altos de Bellavista”. Los accionantes, por su parte, denunciaron los abusos
ocurridos durante la diligencia de desalojo y las precarias condiciones en que
se encuentran habitando los “cambuches” asignados por la administración. Esta,
por el contrario, asegura que se respetaron todas las garantías ciudadanas y
que el desalojo resultaba indispensable para presentar una nueva y definitiva
solución de vivienda social en el municipio. Los terceros interesados, actuando
a través de un veedor designado, demostraron su preocupación por el hecho que
un grupo de familias pretendan hacer valer sus intereses por encima del bien
común.
De la reseña fáctica trascrita, así como de las
pruebas recolectadas por esta Corporación, se advierte que la vulneración
denunciada por los accionantes denota una dificultad de raigambre
constitucional relacionada con el derecho fundamental a la vivienda digna y al
debido proceso. No obstante, en tanto el trámite policivo ya culminó y con ello
la pretensión original de la tutela en el sentido de suspender tal diligencia,
la Corte deberá resolver como asunto previo si se ha configurado un evento de carencia
actual de objeto o si, en todo caso, resulta necesario un pronunciamiento del
juez constitucional. Resuelto lo anterior, se analizarán los siguientes
problemas jurídicos:
1-
¿Trasgredió los derechos fundamentales al
debido proceso y a la vivienda digna la diligencia de “reubicación” llevada a
cabo por la Inspección primera de policía los días 3 y 4 de septiembre de 2014,
teniendo en cuenta las denuncias ciudadanas sobre la falta de albergues
transitorios adecuados y los supuestos abusos de la fuerza pública?
2-
¿Vulnera el derecho fundamental a la vivienda
digna de los accionantes y los demás beneficiarios del proyecto original “Altos
de Bellavista” el incumplimiento del programa en el año 2007 por problemas
geológicos en el lote y las posteriores actuaciones de la administración?
Para dar respuesta a lo anterior, la Corte se
pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) la carencia actual de objeto;
(ii) el derecho fundamental a la vivienda digna en el ordenamiento jurídico; (iii)
los límites constitucionales a los desalojos forzosos; y finalmente, (v)
resolverá el caso concreto.
4. Asunto previo: la carencia actual de objeto en
sede de tutela.
4.1. De conformidad
con el artículo 6 del Decreto Ley 2591 la tutela será improcedente “cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”.
Al respecto, este Tribunal ha sostenido que se presenta carencia actual de
objeto por daño consumado cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a
raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con
la orden del juez de tutela”[27].
La razón de ser es el carácter restitutorio de la acción de
amparo. La jurisprudencia ha explicado que “[l]a acción de tutela tiene,
por regla general, carácter primordialmente restitutorio y no resarcitorio o de
indemnización, de manera que cuando el daño ya no pueda precaverse y evitarse y
solamente puede recibir como remedio una compensación del perjuicio, ella no es
pertinente”[28].
4.2. En casos
similares al que se estudia, la Corte ha declarado que procede el análisis de
la acción de tutela pese a que la diligencia de desalojo se haya consumado. En
la sentencia T-578A de 2011, por ejemplo la Sala Segunda de Revisión estudió
una demanda interpuesta por un ciudadano al que se le había expulsado del espacio
público dónde había establecido su vivienda y su lugar de trabajo. Para
decidir, la Sala advirtió “si respecto de cualquiera de los derechos
fundamentales invocados el juez constitucional puede definir alguna disposición
con la cual anule, evite o mitigue los efectos del daño causado, será relevante
la procedencia de la acción de tutela”.
Más recientemente, en sentencia T-825 de 2014 esta
Corporación realizó un análisis similar: “a
diferencia del hecho superado[29]
que hace innecesario un pronunciamiento judicial- ésta afectación supone una
vulneración definitiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos que
genera la obligación de que el juez constitucional se pronuncie de fondo, ya
sea para fijar un precedente hacia el futuro o tomar medidas correctivas que
puedan, de cierta medida, aminorar dicha afectación”.
Así entonces, la Sala Sexta de Revisión estima que el
presente caso amerita un pronunciamiento de fondo aunque la pretensión
principal de la tutela haya perdido vigencia por la ejecución del desalojo. En
efecto, el reclamo que hacen los demandantes por las supuestas condiciones de
insalubridad y riesgo geológico en que se encuentran sus hogares transitorios,
así como el incumplimiento reiterado que endilgan a la administración municipal
hacen que juez de tutela no pueda permanecer impávido.
5. El derecho a la vivienda digna en el
ordenamiento jurídico: más que un techo y cuatro paredes.
5.1 Para finales de
2008 se calculaba que la mitad de la población del mundo vivía en las ciudades,
gran parte de ellas sin infraestructura y servicios adecuados. De acuerdo con
ONU-Hábitat los residentes que soportan las peores condiciones son los 1.000
millones de pobres que habitan los llamados tugurios. Más de 930 millones de
habitantes de estos barrios olvidados residen en los países en desarrollo,
donde representan el 42% de la población urbana. Las autoridades nacionales o
locales a menudo son renuentes a brindarles servicios básicos precisamente
porque no son asentamientos oficiales[30].
Problemática que no resulta ajena a nuestro país, donde el conflicto armado
interno, los altos índices de pobreza y la precariedad en los planes
urbanísticos, entre otras causas, han ocasionado el crecimiento acelerado de
barrios informales sin la prestación de los más elementales servicios.
Ante este panorama urge recordar el mandato que el
constituyente de 1991 trazó en el artículo 51 de la Constitución Política[31]
así como el compromiso del Estado colombiano adquirido en virtud del artículo 11,
numeral 1º, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales[32].
Aunque la vivienda no fue inicialmente tratada por la jurisprudencia como un derecho
fundamental exigible por su contenido prestacional, la posición de la Corte ha
ido cambiando con el paso del tiempo, distinguiendo algunas situaciones bajo
las cuales existe un derecho subjetivo fundamental, sea por transmutación, por
su conexidad con otro respecto del cual no existe discusión sobre su naturaleza
fundamental[33]
o por la afectación del mínimo vital[34];
casos en los cuales sería posible brindarse la protección a través de la tutela[35].
Más recientemente se ha desarrollado una concepción
autónoma del derecho a la vivienda. En este sentido, la Corte ha afirmado que
su carácter programático y su necesaria dependencia de una erogación
presupuestaria no es suficiente para sustraerles su carácter fundamental:
“Al
respecto, se dice, debe repararse en que todos los derechos
constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente - poseen un
matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los
derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la
fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos
prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de los
pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado
superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea
explicable desde una perspectiva histórica”.[36]
Así las cosas, en la actualidad resulta incuestionable
que el derecho a la vivienda digna “tiene carácter subjetivo, fundamental y
exigible”[37].
El solo hecho de no contar con un hogar deriva en la afectación grave y
continua de otros derechos fundamentales. Las consecuencias de la falta de un
hogar “son graves, y tienen repercusiones en casi todos los demás derechos
humanos, como los derechos a la salud, la educación, la protección de la
familia, la seguridad social, el empleo, y en muchos casos, el derecho a la vida”[38].
Las personas sin techo no pueden disfrutar de los servicios sociales ni recibir
atención sanitaria apropiada. En ocasiones las escuelas se niegan a matricular
a los niños de los tugurios porque sus asentamientos no tienen condición
oficial[39].
Por el contrario, una habitación digna fomenta el
desarrollo de la persona humana, “en cuanto le permite estrechar lazos
familiares, que le posibiliten su desenvolvimiento social, otorgándoles un
espacio propicio para su intimidad y añadiendo a su identidad el lugar donde se
habita, como elemento de apacibilidad”[40].
El acceso a una vivienda de calidad se trata entonces de un auténtico problema
constitucional y no como suele considerarse, de dominio exclusivo de las
políticas socioeconómicas, inmune al tipo de rendición de cuentas jurídicas en
materia de derechos humanos[41].
Frente a estas circunstancias, “es cuando el Estado
debe responder, interviniendo de manera directa e inmediata a fin de brindar
protección a quienes hacen parte de esos sectores marginados. Así lo reza el
artículo 13 C.P”[42].
En ese marco, la Corte ha salvaguardado especialmente el derecho a la vivienda
de los desprotegidos y los olvidados, cuando las personas atraviesan especiales
situaciones de disminución por razones de salud, contingencias sociales y
familiares, precariedades de tipo económico o de otra índole, cuando se afecta
su mínimo vital o cuando se encuentran en situaciones en las que se restringe
grave y permanentemente el goce efectivo de este derecho.[43]
Lo expuesto hasta aquí no significa que cualquier
ciudadano pueda reclamar de forma inmediata el derecho a ser propietario. Con
fundamento en el orden internacional, esta Corporación ha explicado que existen
en cabeza del Estado obligaciones de inmediato cumplimiento así como otras progresivas
o diferidas en el tiempo y sujetas a las restricciones presupuestales propias
de un país:
“En
consecuencia, a todo derecho económico, social y cultural –y por tanto también
al derecho a la vivienda apropiada- están asociadas obligaciones de
cumplimiento inmediato –o en el corto plazo-, y obligaciones que demandan un
desarrollo progresivo.[44]
En cuanto a las facetas que deben cumplirse de inmediato o en períodos breves
de tiempo, cuando menos puede decirse que son las siguientes: (i) garantizar unos contenidos mínimos o
esenciales del respectivo derecho a todos sus titulares;[45]
(ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa realización del
derecho[46]
–como mínimo, disponer un plan-;[47]
(iii) garantizar la participación de los involucrados en las decisiones;[48] (iv) no discriminar injustificadamente;[49]
(v) proteger especialmente a las personas
desaventajadas, en circunstancias de vulnerabilidad relevantes, o que se
encuentran en peor situación;[50]
(vi) no interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado del derecho[51]
y (vii) no retroceder de forma injustificada en el nivel de protección
alcanzado.[52]
En
cuanto a las obligaciones de cumplimiento progresivo, puede decirse que son
todas las que no sean susceptibles de realizarse de inmediato pero resulten
idóneas, necesarias y proporcionales para garantizar plena y cabalmente el
derecho a una vivienda digna. Así, puede decirse que el Estado tiene la
obligación de asegurarles progresivamente a todas las personas el derecho a una
vivienda en cabales y plenas condiciones de seguridad jurídica, disponibilidad,
sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación espacial y adecuación
cultural”.[53]
5.2. No es cualquier
tipo vivienda o albergue el que el ordenamiento colombiano promueve. El
calificativo de “digna” que consagra el artículo 51 superior es una
expresión con precisos efectos jurídicos. Su verdadero alcance conlleva la idea
de que se garantice a todo individuo el acceso a un espacio propio o ajeno, en
el que pueda procurarse “un lugar donde poder pasar las noches, resguardarse
de las adversidades del clima, y tener un espacio elemental de privacidad que a
su vez le depare a las personas la posibilidad de salvaguardar su dignidad”[54],
así como sus demás derechos y libertades. En otras palabras, un lugar en el
que pueda desarrollar con dignidad su proyecto de vida, así como el de su
núcleo familiar[55].
La Corte[56],
a su vez, se ha remitido a la Observación General 4 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales con el objetivo de precisar los lineamientos
esenciales que una vivienda ha de tener para considerarse “digna” o “adecuada”.
Así las cosas, más allá de un simple techo, habrán de valorarse ciertos
aspectos de adecuación de acuerdo con el contexto específico de cada país así:
“a)
Seguridad jurídica de la
tenencia. La tenencia adopta
una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en
cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia
y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad.
Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados
Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad
legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de
esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.
b)
Disponibilidad de servicios,
materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos
servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían
tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a
energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de
desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
c)
Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que
entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera
el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes
deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de
vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los
Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse
una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan
adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de
la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados
a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres.
En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales
fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían
adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d)
Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser
habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta
a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como
el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones
que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro
modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se
asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.
e)
Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible
a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de
desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir
una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en
la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad,
los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos
VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos
mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas
en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las
disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en
cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el
mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de
la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados
deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a
un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra
como derecho.
f)
Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse
en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de
atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros
servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas
rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de
trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los
presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe
construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de
contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.
g)
Adecuación cultural. La manera en que se construye la
vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se
apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la
modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen
las dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros,
los servicios tecnológicos modernos”[57].
En este punto es pertinente traer a colación lo
señalado en la sentencia T-088 de 2011, ante el reclamo de la señora Luz Dary
Gómez Viáfara por la dificultad que la vivienda de interés social conllevaba
para su hija, Lizeth Yohanna Caicedo Gómez, de trece años de edad quien padecía
parálisis cerebral y escoliosis severa rígida. Hogar que le fue entregado por
el gobierno nacional en su condición de desplazada y madre cabeza de familia.
La Corte concedió el amparo al establecer que una caracterización idónea del
núcleo familiar implicaba considerar que era madre de una hija discapacitada
cuya movilidad estaba limitada, y esa condición, demandaba una acción
afirmativa respecto del bien inmueble que le fuera asignado. Así, dispuso que
las entidades responsables proveyeran los recursos para adecuar su vivienda.
6. Desalojos forzosos: límites constitucionales y
salvaguarda del derecho fundamental a una vivienda digna.
6.1. Muchos casos de desalojos
forzosos están relacionados con la violencia, por ejemplo, los causados por
conflictos armados internacionales, las disensiones internas y la violencia
comunitaria o étnica. Pero también existen otros eventos que tienen lugar en
nombre del desarrollo: la construcción de presas u otros proyectos energéticos
en gran escala, la adquisición de tierras para programas de renovación urbana,
rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de
tierras para fines agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos[58].
So pretexto de servir al “bien común”[59],
millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar lo que alguna vez
fue su hogar. Se estima que alrededor de 2 millones de seres humanos por año,
la mayoría de ellos habitantes de tugurios, son desalojados forzosamente. Los
efectos de estas medidas para los sectores marginados “suelen ser
desastrosos, al dejarlos sin hogar y más hundidos aun en la pobreza”[60].
No sorprende entonces que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales calificara que los desahucios forzados resultan prima facie incompatibles
con los requisitos del Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias
más excepcionales[61].
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia de esta
Corporación ha venido delimitando los precisos y restringidos parámetros bajo
los cuales es legítimo el proceso de desalojo dentro del marco constitucional y
legal vigente.
6.2 La expedición del
Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970) coincidió con la aparición
del Código de Procedimiento Civil -Decretos 1400 y 2019 de 1970-, de manera que
a partir de los años 70 coexisten las acciones policivas para la protección de
los derechos de tenencia y posesión de bienes, con las acciones judiciales
destinadas al mismo fin, de donde corresponde al interesado escoger la vía más
expedita de protección, atendiendo para el efecto el tiempo que lleve en
posesión o tenencia de un inmueble[62].
Las acciones policivas –objeto de análisis en
el presente expediente- en específico, responden al poder de policía cuya
finalidad es mantener el orden público y garantizar la preservación de la seguridad,
salubridad y tranquilidad públicas, como condición para el libre ejercicio de
las libertades democráticas[63].
A diferencia de las acciones judiciales, el proceso policivo se trata de una
instancia habilitada para restituir la tenencia de un inmueble, mas no para
decidir las controversias suscitadas con ocasión de los derechos de dominio o
posesión[64].
En cuanto a su reglamentación, la Corte concluyó en sentencia C-241 de 2010 que
“la acción policiva prevista en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905,
coincide en sus elementos esenciales con lo previsto en el artículo 125 del
Decreto Ley 1355 de 1970, con lo cual es posible concluir que el Código
Nacional de Policía subrogó la acción de lanzamiento por ocupación de hecho,
tanto para predios rurales como urbanos”.
6.3. Las anteriores
disposiciones ponen en evidencia la importancia que el ordenamiento jurídico
nacional confiere a la defensa de la propiedad[65].
Por esto se ha reconocido que el procedimiento de desalojo es una medida
necesaria que busca recuperar materialmente un bien que fue tomado de manera
inapropiada y evitar que terceros obtengan de mala fe un beneficio por su acción
ilegal. Esta necesidad se hace más imperiosa, incluso, cuando se trata de
proteger espacios públicos, por cuanto en estos casos media un interés general
supremo[66].
Los jueces constitucionales, sin embargo, deben ser
muy cuidadosos al momento de examinar estos eventos, estando prestos a vigilar
que las autoridades actúen de manera adecuada, proporcional y respetando el
debido proceso de los involucrados[67].
En caso contrario, podrán ordenarse medidas de reparación o resarcimiento
económico así como la suspensión de los procedimientos.
Específicamente, a partir del análisis de la
normatividad vigente y de la doctrina internacional, este Tribunal ha
identificado el siguiente conjunto de directrices y garantías procesales
básicas que deben ser atendidas por las autoridades administrativas en
ejercicio del poder de policía, así:
“(i)
Existe la necesidad de adoptar políticas sociales para evitar los asentamientos
humanos irregulares, en atención a la obligación que tiene el Estado de
promover programas de habitación, especialmente dirigidos a la población
vulnerable, que se ajusten a los contenidos básicos del derecho a la vivienda
digna.[68]
(ii)
Las autoridades en caso que pretendan recuperar bienes, deben implementar las
medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los
afectados. Así, de acuerdo con las observaciones número 4 de 1991 y 7 de 1997
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios de
Pinheiro, las autoridades deben, entre otros aspectos:
“(a)
garantizar el debido proceso, (b) consultar previamente a la comunidad
afectada, (c) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y
razonable, (d) suministrar a los interesados, en un plazo razonable,
información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán
las tierras o las viviendas; (e) estar presentes durante la diligencia; (f) identificar a todas las personas que efectúen el
desalojo; (g) no efectuar desalojos cuando haya muy mal tiempo o de noche, salvo que
las personas afectadas den su consentimiento; (h) ofrecer recursos jurídicos efectivos a
los afectados; y (i) ofrecer asistencia jurídica a la
comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la
reparación de los daños que les sean causados.”[69]
(iii)
Cuando el grupo poblacional afectado no disponga de recursos propios para
proveerse una solución de vivienda digna, las autoridades deben adoptar las
medidas pertinentes de acuerdo con sus posibilidades, para que se proporcione
otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según
proceda.[70]
(iv)
Las autoridades deben evitar el uso desproporcionado de la fuerza y proteger
especialmente a la población más vulnerable, como adultos mayores, menores de
18 años, personas en situación de discapacidad, desplazados, etc.[71]
(v)
En los procedimientos de desalojo, la responsabilidad de garantizar el derecho
a la vivienda digna recae sobre varias instituciones y autoridades tanto a
nivel local como nacional, quienes de manera conjunta deben cumplir con las
obligaciones antes mencionadas. En ese sentido, se ha señalado que “las
autoridades locales y de policía son garantes de los derechos fundamentales de
la población asentada en su respectiva jurisdicción, y que las poblaciones
vulnerables por razones de igualdad y justicia material, merecen una
consideración especial y son titulares de una protección reforzada de parte de
las autoridades.”[72]
6.4. Ahora bien,
corresponde al juez de tutela ponderar en cada caso concreto los
derechos en tensión de modo tal que no se produzca una afectación
desproporcionada de alguno de estos. En consecuencia, aunque sea cierto que la
defensa de la propiedad goza de rango constitucional, más aún tratándose de
bienes públicos destinados al interés general, su protección no ha de derivar
en la negación total de quienes se vieron en la necesidad de ocupar un
determinado predio en busca de un techo.
En ocasiones puede que algunas personas pretenden
abusar de sus derechos obstruyendo la recuperación legítima de determinados
predios. Este fue el caso observado recientemente en la sentencia T-825 de 2014
en el que la Sala evidenció cómo las autoridades no solo suspendieron la
diligencia de desalojo para permitir que el demandante aportara las pruebas que
acreditaran la titularidad del inmueble -cosa que le fue imposible- sino que
desde el mes de octubre del 2013 le venían advirtiendo, junto a la comunidad,
que no podía iniciar construcción alguna porque la zona era una de alto riesgo
y existían disputas de tiempo atrás sobre quién era su real propietario. Pese a
lo anterior, el tutelante decidió iniciar la construcción aprovechando un
momento de distracción de las autoridades -la temporada de fin de año- para
rápidamente levantar una estructura.
Caso opuesto ocurre cuando la necesidad arrastra a un
grupo de ciudadanos a buscar refugio dentro de un predio ajeno, y la
negligencia o el desinterés de las autoridades ocasiona la formación en estos
de una convicción o confianza legítima[73]
en que podrán seguir ocupando el terreno para salvaguardar sus necesidades más
elementales. En sentencia T-314 de 2012 se estudió la situación de varias
familias que se apropiaron de una edificación en el Barrio Guacamayas de la
ciudad de Bogotá por más de 20 años, manifestando la imposibilidad económica
para acceder a una mejor solución de vivienda, en caso de ser desalojados. La
Corte concluyó que el problema radicaba en la notoria situación de
vulnerabilidad a la que serían expuestos quienes son desalojados por ocupar
bienes de uso público. Así las cosas, sentenció la Corte, el deber de
protección de los bienes de uso público no autoriza a las autoridades “para
desconocer el principio de confianza legítima sustentado en la buena fe de los
ciudadanos, quienes a falta de espacios apropiados para el desempeño de un
trabajo o la necesidad de una vivienda digna, se ven obligados a ocupar de
hecho tales áreas”.
Dentro de los factores que han de ser valorados para
arribar a una decisión ponderada se encuentran aspectos como: (i) la naturaleza
del bien ocupado, y el uso que se esté realizando del mismo al momento de la
ocupación, interpretados desde la óptica de la función social y ecológica de la
propiedad; (ii) las circunstancias económicas, sociales y culturales del grupo
ocupante, el número de potenciales afectados por el desalojo, la presencia de
“otras vulnerabilidades” como la edad, la eventual afectación de personas con
discapacidad o de mujeres embarazadas; y (iii) las consecuencias ciertas
derivadas del desalojo[74].
En sentencia T-907 de 2013, por ejemplo, la Corte
abordó en específico la tensión entre el justo reclamo de un heredero que
denunció la ocupación de su finca, frente a la reivindicación de un grupo de
campesinos víctimas de la violencia y el destierro que encontraron en esas
mismas hectáreas una oportunidad de habitación:
“La
desproporción se evidencia en este caso cuando se ponderan los intereses en
conflicto. Por una parte, están los del propietario del predio ‘Cuernavaca’,
que pretendía legítimamente que terminara la perturbación en la tenencia de su
inmueble; y de otra, están los intereses del accionante, que es una persona
víctima del desplazamiento forzado que busca salvaguardar su derecho a la
vivienda digna. De producirse el lanzamiento sin reubicar al actor, se
interferiría intensamente en el goce efectivo de su derecho fundamental a la
vivienda digna, pues lo obligarían a dejar atrás nuevamente su lugar de
habitación, sometiéndolo a la difícil labor de encontrar otro espacio por sus
propios medios. Es una interferencia intensa porque se afecta directamente el
contenido mínimo del derecho a la vivienda digna: tener un techo, y no se tiene
en consideración que el peticionario es sujeto de especial protección
constitucional en tanto persona desplazada por la violencia, y por esa razón
necesita del apoyo decidido del Estado para construir un plan de vida con las
necesidades básicas satisfechas.
Por
otro lado, desde la perspectiva del heredero(s) del propietario fallecido, la
no ejecución de la orden de desalojo implicaría una alteración menor de
su derecho como tenedor. Primero, porque (i) no se desconocerían sus facultades
de uso sobre el inmueble, ni se cuestionarían las prerrogativas que tenía como
propietario del mismo. Simplemente habría una suspensión en el tiempo del
proceso mediante el cual buscaba restablecer sus derechos, hasta tanto las
autoridades respectivas pudieran garantizar los bienes constitucionales de los
ocupantes. Segundo, porque en este caso (ii) la perturbación no se ejecuta en
la totalidad del bien sino sobre una porción del mismo, lo que lleva a pensar
que el heredero(s) del querellante, tendría(n) la posibilidad latente de
utilizar el inmueble como unidad de explotación económica y ejercer de esa
forma sus prerrogativas como titular(es) del derecho de dominio. La extensión
total del inmueble es de 1.823 hectáreas y el asentamiento está ubicado sobre
un terreno de “5 a 10 hectáreas aproximadamente”, según lo dicho por el mismo
querellante (fallecido). Finalmente, en tercer lugar, la Sala observa que (iii)
el propietario no vivía en el predio ‘Cuernavaca’, por lo que puede decirse que
su derecho a la vivienda digna y el de su familia no estuvo amenazado”.
En definitiva, el criterio fundamental en cualquier
proceso de desalojo es evitar que “haya personas que se queden sin vivienda
o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”[75]. Cuando los
afectados no dispongan de recursos, el Estado deberá adoptar entonces todas las
medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se
proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas. Esta
también ha sido la orientación de la Corte Constitucional al resolver demandas
de tutela particulares como se explica a continuación.
6.5. De acuerdo con
la jurisprudencia de esta Corporación no resulta admisible que la
administración permanezca impasible frente al desalojo de una comunidad que no
cuenta con recursos suficientes para proveerse una solución de vivienda digna.
Las obligaciones constitucionales en cabeza del Estado no se agotan en las
reglas procesales del trámite de lanzamiento. Aun en los casos cuando el
desalojo está justificado y es necesario, sea en defensa de la propiedad
privada, del interés general o frente a un alto riesgo geológico, las
autoridades han de proporcionar una alternativa de vivienda digna.
Dentro del conjunto de medidas resarcitorias
adoptadas por esta Corporación en sede de revisión se destacan dos elementos principales,
a saber: (i) una medida provisional y urgente de albergue que puede
consistir, dependiendo del caso, en un subsidio de arrendamiento[76]
o en la adecuación de un inmueble como habitación transitoria[77]; seguido de
(ii) una solución definitiva de vivienda, previa la realización de un
censo integral de los afectados[78],
ya sea ordenando brindar una asesoría detallada y clara sobre las políticas
públicas disponibles[79],
exigiendo incluir directamente a los damnificados en alguno de los programas
municipales vigentes previa verificación de los requisitos exigidos y
observando el debido proceso en la asignación de los recursos disponibles[80],
o disponiendo la articulación de políticas públicas nuevas acordes con la
necesidad y el grupo población afectado[81],
y con perspectiva étnica de ser necesaria[82].
En ocasiones también se hace indispensable proferir el
fallo con efectos “inter comunis”[83]
para cobijar a aquellas personas que a pesar de no haber acudido a la acción de
tutela en calidad de accionantes, se encuentran en las mismas condiciones de
éstos[84],
observando los siguientes requisitos: “(i) que la protección de los derechos
fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra los
derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la
acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas
similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de  fallo se cumplan fines
constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la
comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva”.[85]
Por último, la Corte ha advertido sobre la necesidad
de que este tipo de medidas cuenten con la plena participación[86] de los
directamente involucrados. Por ello ha ordenado que se les informe de manera
precisa a las personas por qué tendrán que salir, a dónde, cuándo y cómo será
el traslado[87].
Pero la participación efectiva de la comunidad requiere más que el acceso a la
información, demanda igualmente una correcta asesoría jurídica que empodere a
los ciudadanos con respecto a los recursos legales con que cuentan para hacer
valer sus derechos y exigir las medidas de reparación a que haya lugar[88].
Por esta razón en ocasiones la Corte ha ordenado el acompañamiento integral de
la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales[89], así como un
proceso de sensibilización de los afectados para entender, a su vez, las
obligaciones que como ciudadanos tienen y la necesidad impostergable, por
ejemplo, de evacuar zonas de alto riesgo[90].
En conclusión, lo que reclama el ordenamiento
constitucional es que el empeño que despliega la administración para desalojar
comunidades enteras, derribar habitaciones y recuperar tierras, sea por lo
menos equivalente a la diligencia que demuestre al momento de diseñar programas
públicos de vivienda y atención para grupos especialmente marginados[91].
7. Resolución del caso concreto.
7.1. El proceso de reubicación (desalojo)
forzosa y las alternativas de albergue transitorio ofrecidas por la
administración desconocieron el derecho fundamental a la vivienda digna y el
debido proceso de los accionantes y demás ocupantes.
7.1.1 Como ya se
precisó la diligencia de desalojo o reubicación se concretó el pasado cuatro de
septiembre de 2014, en esta medida el cargo endilgado por defecto procedimental
absoluto en relación al trámite policivo ha perdido vigencia. En todo caso, es
de anotar que si bien la querella policiva de lanzamiento por ocupación de
hecho se adelantó con base en la Ley 57 de 1905, la propia administración
municipal mediante resolución 0427 del 01 marzo 2013 y en cumplimiento de la
sentencia C-241 de 2010 declaró la nulidad de todo lo actuado y remitió las
diligencias a la Inspección Primera de Policía para que tramitara la misma de
acuerdo a la normatividad vigente[92].
Adicionalmente, es conveniente reiterar que el
procedimiento de desalojo es una medida necesaria que busca recuperar
materialmente un bien que fue tomado de manera inapropiada y evitar que
terceros obtengan de mala fe un beneficio por su acción, más aún tratándose de
bienes públicos, cuya defensa constituye un imperativo. Por esta razón en el
presente caso no se cuestiona la legitimidad de la administración de
Floridablanca para recuperar la posesión material del terreno “Altos de
Bellavista”; tampoco se analiza el surgimiento de algún tipo de derecho real de
dominio o de posesión sobre el predio en disputa, por cuanto el inmueble
ocupado es un bien fiscal enmarcado con el atributo de la imprescriptibilidad.
De hecho los propios tutelantes reconocen que su intención no es permanecer
indefinidamente como ocupantes sino hacerse a una solución definitiva y
duradera de vivienda.
Expuesto lo anterior, esta Sala de Revisión se
concentrará en las denuncias específicas que formularon los accionantes con
relación a la diligencia de desalojo, con miras a fijar un precedente hacia el
futuro así como tomar medidas correctivas que puedan, de cierta medida,
aminorar la afectación advertida. En efecto el proceso policivo de desalojo de
sujetos de especial protección constitucional aunque es un trámite con un claro
soporte legal se considera prima facie incompatible con los compromisos
del Estado colombiano y por ello está sujeto a estrictas reglas
constitucionales antes, durante y con posterioridad a su ejecución.
7.1.2. En consonancia
con el acta oficial levantada por la Inspectora Primera de Policía de
Floridablanca se tiene que el tres de septiembre de 2014 inició el proceso de
reubicación en aparente normalidad. Relata el acta igualmente que las
pertenencias de los involucrados se dejaron en depósito en una bodega de la
Secretaría de Salud Municipal y que “mientras se levantan las
correspondientes construcciones se procede por la administración municipal a
concederles las condiciones necesarias para cada núcleo familiar y al efecto se
presta por la administración municipal el servicio de hospedaje por los días
necesarios mientras se levantan las construcciones en el globo Nro. 2”[93].
En el acta del día siguiente consta que “la diligencia
se ha desarrollado normalmente, no ha existido enfrentamientos con la comunidad”
y que las personas víctimas de la violencia presentes en la zona se harían
acreedoras a un subsidio de arrendamiento “por valor de millón doscientos
mil pesos cada uno para el pago de cánones de arrendamiento que la
administración municipal se compromete a pagar a las mismas durante el término
requerido”[94].
Por su parte, el representante del Banco Inmobiliario de Floridablanca aseguró
entregar un kit de materiales de construcción (tablas, listones, tejas de zinc,
etc.) para las familias que un juez de tutela ordenó reubicar.
En contraposición a lo registrado en el documento
oficial, esta Sala de Revisión considera que se presentaron cuatro
irregularidades durante el trámite de la diligencia, las cuales merecen un
pronunciamiento por parte de esta Corporación para evitar su reiteración en el
futuro y con el objetivo de disponer las medidas de mitigación a que haya
lugar.
i) Ausencia de asesoramiento legal, acompañamiento
de autoridades competentes y publicidad:
Según advierte el apoderado judicial de los
demandantes, en los días en que se efectuó la diligencia de desalojo no se
permitió el ingreso de abogados, ni tampoco al representante de una entidad de
derechos humanos (Corporación Compromiso)[95].
Al respecto, esta Corte estima que con independencia que se trate de la
ejecución de una orden debidamente proferida, que se haya calificado como un
proceso ad hoc de “reubicación” y no de desalojo, o de la posibilidad o no de
presentar recursos legales durante su práctica, lo cierto es que la actividad
policiva no puede configurarse como un escenario ajeno e indiferente al orden
constitucional vigente.
La Constitución Política de 1991 se erige como norma
de normas (C.P. art. 4º) y una de sus garantías fundamentales es el debido
proceso que debe cobijar toda clase de actuación judicial y administrativa
(C.P. art. 29). Más específicamente, el derecho a contar con una asesoría legal
idónea y de confianza así como con la presencia de la sociedad civil interesada
es un mínimo irrenunciable dentro de este tipo de actuaciones policivas. De lo
anterior depende en buena medida el escrutinio integral de la diligencia y la
confrontación de la versión oficial que plasma el Inspector de Policía.
Así también lo ha recomendado la Organización de
Naciones Unidas al señalar que “deberá permitirse el acceso de observadores
neutrales, en particular observadores nacionales e internacionales, a petición
de éstos, para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios
internacionales de derechos humanos durante la ejecución de cualquier desalojo[96]”.
Adicional a lo anterior, resulta imprescindible la
presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo,
especialmente cuando éste afecte a grupos de personas especialmente vulnerables[97].
En este caso se observa en las actas que acudieron junto con la Inspectora de
Policía, representantes del Banco Inmobiliario, de la Policía Nacional, de la
Casa de la Justicia y de la Comisaría de Familia. No obstante, ante la numerosa
presencia de menores de edad, muchos de ellos en la etapa de la primera
infancia, se hacía necesario contar con un delegado del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Ahora bien, la participación de estos funcionarios no
debe limitarse a la de un simple espectador. Su compromiso como servidores
públicos y la protección reforzada que requieren sectores marginados de la
sociedad demanda una actitud diligente de acompañamiento integral y el impulso
oficioso que dentro de sus competencias constitucionales y legales puedan
ejercer. Al respecto destaca esta Corporación la constancia que radicó el señor
Augusto Antonio Argel Orduz como Personero Delegado:
“El
suscrito funcionario de la Personería de Floridablanca, Augusto Argel,
Personero Delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y
ambiental,  me hice presente desde las 5.30 am para la diligencia en Altos de
Bellavista, siendo en este momento las 3:45 pm dejo constancia que la
administración municipal, alcaldía de Floridablanca y demás entidades con la
Inspección Primera de Floridablanca, constata que se ha hecho el
procedimiento de desalojo pero sin dar las garantías que corresponden a las
personas objeto de reubicación, que habitan el globo 1 del terreno. Tampoco
se le ha entregado el subsidio a las dos familias desplazadas, por lo tanto
no se está garantizando la reubicación real… La solución con la comunidad
debe ser concertado pero el procedimiento ha sido equívoco” (resaltado fuera del
original)[98].
Llama la atención de la Sala no solo el hecho que el
Personero una vez presentada la anterior constancia haya dado por terminada de
manera anticipada su labor en la diligencia[99],
sino también la conducta de la Inspectora de Policía que se limitó a
referenciar vagamente en su acta la precitada intervención. La denuncia de una
posible transgresión de los derechos fundamentales de un grupo especialmente
marginado, con presencia de menores de edad, adultos mayores y personas en
situación de desplazamiento forzado y discapacidad amerita por lo menos una
respuesta por parte de la autoridad policiva tendiente a desvirtuar la denuncia
o corregir las posibles falencias o irregularidades, sobretodo cuando esta
proviene del representante del Ministerio Público.
ii) Abandono de enseres y bienes personales de los
ocupantes a la intemperie:
Los tutelantes señalan que sin haberse dado oportunidad
de retirar los elementos personales, la retroexcavadora fue avanzando y
demoliendo sus viviendas, “dejando las cosas de los desalojados a la
intemperie a pesar de ser noche lluviosa como se avizoraba en ese momento”[100].
Aunque el acta de la Inspección de Policía informó la disposición de una bodega
para guardar los bienes, la constancia suscrita por el delegado de la Personería
corrobora la denuncia de los afectados: “Se pudo constatar que desarrollada
la operación administrativa, no se dispuso la logística adecuada toda vez que
no se contaba con el personal, maquinaria, materiales, etc. necesarios para el
proceso de reubicación (…) los elementos de las personas fueron dejados a la
intemperie”[101].
En el registro fotográfico allegado por los
accionantes en sede de revisión se observan las pertenencias de la señora
Claudia Moreno expuestas al aire libre, incluyendo nevera, sofás, anaqueles,
triciclos, mesas, sillas y partes de cama, entre otros[102]. Al respecto,
conviene recordar lo dispuesto por la doctrina internacional:
“Los
Estados y sus agentes deben adoptar medidas para garantizar que nadie sea
objeto de ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia,
especialmente dirigidos contra las mujeres y los niños, o privado
arbitrariamente de sus bienes o posesiones a consecuencia de la demolición, el
incendio intencionado y otras formas de destrucción deliberada, negligencia o
cualquier forma de castigo colectivo. Los bienes y las posesiones
abandonados involuntariamente deben protegerse contra la destrucción y la
apropiación, la ocupación o el uso arbitrarios e ilegales”[103].
Los Estados partes han de velar entonces por que el
desalojo no acarree consecuencias desproporcionadas sobre el incipiente
patrimonio de los ciudadanos, y en particular por que todas las personas
afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o
raíces de que pudieran ser privadas[104].
De ser necesario, el municipio deberá ofrecer asistencia jurídica a las
personas que necesiten pedir reparación ante los tribunales por los muebles y
bienes destruidos.
iii) La solución de albergue de urgencia no resultaba
idónea para los núcleos familiares desalojados:
En consonancia con el acta oficial se observa que la
señora Diana Cristina Pérez, directora de la Casa de Justicia, solicitó dejar
constancia en el siguiente sentido: “queda abierto el servicio de albergue
La Milagrosa, corrijo la Misericordia y Fundación a un paso de la Libertad,
espacios que la administración ofrece durante el tiempo en que dure el
desarrollo de este proyecto para ante todo garantizarles a estas personas junto
con su núcleo familiar un espacio digno donde poder estar”.
No obstante lo anterior, el relato presentado por
Irene Jaimes pone en entredicho la idoneidad de al menos uno de los centros de
paso propuestos:
“El
albergue ofrecido por el Municipio de Floridablanca denominado Fundación un
paso a la libertad, un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer es un centro
dedicado a la rehabilitación y readaptación de drogadictos como se puede probar
con el certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio;
razón por la cual, al advertir esta situación la señora Irene Jaimes y su
núcleo familiar quienes se desplazaron hasta el albergue, decidieron regresar
al lote y pasar la noche en la casa de un vecino, pues no podían exponerse y
exponer a su menor hija de escasos 18 meses de edad a convivir con personas con
problemas de drogadicción en estado alucinante”[105].
En efecto, el Certificado de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga[106]
da cuenta que la “Fundación un paso a la libertad, un nuevo nacimiento, un
nuevo amanecer” tiene como objetivo principal fomentar y desarrollar programas
de restauración y de rehabilitación de jóvenes con problemas de drogadicción,
alcoholismo e indigencia como una contribución al desarrollo humano. En esta
medida no resultaba idóneo presentar como albergue de urgencia un hogar
dirigido a atender a personas en situación de adicción.
A las víctimas del desplazamiento forzado, por su
parte, aunque supuestamente se les ofreció un subsidio de arrendamiento, al
parecer no se concretó su entrega real y material. En palabras de la Personería
municipal “solo les mostraron los documentos con la aprobación del
presupuesto, pero no hubo solución inmediata”[107].
En resumen, no había una propuesta real e idónea de
albergue de urgencia para las casi 50 familias que fueron desalojadas los días
3 y 4 de septiembre, aspecto que también fue advertido por los órganos de
control y que debió ser valorado por la Inspección de Policía encargada del
operativo.
iv) Solución de vivienda transitoria a mediano
plazo no resultaba adecuada según los estándares jurisprudenciales:
Más grave aún resulta el hecho que la administración
municipal tampoco haya previsto una alternativa habitacional digna a mediano
plazo mientras se construye el proyecto “Cerros de la Florida”. Desde la
contestación a la tutela que en su momento presentó el Banco Inmobiliario de
Floridablanca era palpable la despreocupación e incluso la actitud displicente
de la administración con respecto a la obligación de proveer una vivienda
transitoria con las garantías mínimas de habitabilidad:
“Es
cierto que el lote identificado como Globo 2, carece de infraestructura en lo
relacionado con servicios públicos, es por ello, que la administración
municipal está gestionando ante las empresas de servicios públicos la
instalación temporal de los mismos, mientras se desarrolla y culmina el
proyecto “Cerros de la Florida”. Aunque esta situación no sería problema
para las familias, en cuanto estas se las ingenian para servirse de los mismos,
como puede apreciarse en el globo 1, donde fueron instalados por ellos
mismos”[108].
Siguiendo este razonamiento para la administración no
era prioritario garantizar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. Contrario a lo expuesto, esta Corporación ha recalcado que se
trata de uno de los fines esenciales del Estado por lo cual su control y
vigilancia permanece en las autoridades públicas aunque estos sean proveídos
directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares[109].
En tanto los servicios públicos domiciliarios constituyen un mecanismo para
garantizar las necesidades básicas de las personas, se explica el porqué de su
importancia para la vigencia del Estado social y democrático de derecho. En
efecto, cuando existe una falla en su prestación, “se pone en peligro la
posibilidad de hacer realidad la igualdad material entre todos los integrantes
de la comunidad”[110].
La omisión de la administración de Floridablanca en
proveer una alternativa de vivienda digna mientras se erige el complejo
habitacional “Cerros de la Florida” también se evidencia en la constancia que dejaron
las delegadas de la Procuraduría Provincial el día de la diligencia:
“El
día de ayer tres de septiembre, a las 2.30 pm en cumplimiento de la instrucción
dada por su despacho, nos hicimos presentes en el lote Altos de Bellavista, se
constató que se estaban destruyendo unas casas en madera (…) Pese a la
observación realizada por escrito a la Inspectora de Policía y telefónicamente
a la Alcaldesa (e) se continúa con la diligencia, ingresa al lote un operario
manejando una retroexcavadora que demuele las viviendas. Se subió al lote b
o lote 2, para establecer si se habían construido las viviendas temporales pero
se constató que los bienes sacados de los cambuches se encuentran a la
intemperie y no hay viviendas temporales construidas para las personas
desalojadas”
(subrayado fuera del original)[111].
Por otro lado, las gestiones de la alcaldía municipal
para dotar de servicios públicos domiciliarios a las familias desalojadas se
realizaron tan solo con posterioridad a su expulsión del globo 1. De acuerdo
con la documentación aportada por el propio despacho del Alcalde se observa lo
siguiente: (i) el 12 de septiembre se adelantó en las oficinas municipales una
reunión técnica para proveer el mínimo vital de agua al globo 2 y hasta el 30
de septiembre se solicitó la “instalación de una pila pública provisional
para el servicio público de agua a cuarenta familias reubicadas en el Globo II”[112],
(ii) el 30 de septiembre la autoridad también solicitó al gerente de Gerente
EMPAS la instalación del servicio de alcantarillado[113]; (iii) el 24
de octubre se instaló el servicio de energía a las personas que accedieron a
firmar la documentación de la electrificadora[114]. En síntesis,
aunque el desalojo estaba programado y se realizó efectivamente el 3 y 4 de
septiembre de 2014, la administración municipal solo comenzó a gestionar la
prestación de los servicios públicos esenciales días y semanas después de
ocurrida la reubicación.
Es motivo de preocupación para esta Corporación la
demora en la construcción de las viviendas transitorias, así como el
incumplimiento de los estándares mínimos de habitabilidad. Según las actas de
entrega de materiales (puntillas, tablas, tomacorrientes, cable eléctrico,
listones, bulto de cemento, alambre, tejas zinc, etc.) a las familias
desalojadas, estas se realizaron entre septiembre y diciembre de 2014, por lo
que para el momento de la diligencia policiva no existía aún una alternativa
digna de habitación. Incluso en las últimas pruebas recolectadas por esta
Corporación en sede de revisión se tiene que a comienzos de 2015 la situación
de habitabilidad no ha sido resuelta del todo. El relato de Rosa Delia Rincón
rendido durante la inspección judicial advierte lo siguiente:
“Fui
desalojada el 3 de septiembre en este territorio. Me dejan tiradas las cosas el
día del desalojo. Duré viviendo 2 meses en un campin en esta zona,
pasaban vagos. Después de esto me dieron como a los 2 meses, perdón a los 20
días como 5 palos. Yo con eso armé el cuadrado y posteriormente me dieron 20
latas de zinc y 75 tablas. Mi hermano realizó la construcción; igual el
cemento del piso de la sala, comedor y habitación, cocina y regadera son en
tierra. Se deja constancia que la división de las habitaciones no son en tabla,
sino en polisombra. Solo cuenta con tablas y zinc recubriendo la vivienda, la
construcción está al límite de un barranco y hay una parte que se está
deslizando y puede caer a la casa de Elías Cáceres”[115].
Situación que es corroborada con el balance final que
proyectó el Juez 4º Promiscuo Civil Municipal comisionado para realizar la
visita del terreno:
“En
esta zona habitan 49 familias. En general algunas tienen servicios públicos
completos, muchas de ellas carecen de servicios de alcantarillado; igualmente
hay varias casas donde el piso o el planchón se encuentra en tierra o
parcialmente se encuentra en tierra. En algunas de ellas las tablas con las
que están construidas se encuentran recogidas por el frío y el calor. Algunas
de ellas se encuentran pendientes de construir. Así mismo, se observa que en
muchas de las construcciones el piso está inclinado. El despacho deja
constancia que el estado de las viviendas es muy regular generando peligros,
toda vez que la zona presenta deslizamientos debido a las lluvias que afectan
la zona. De igual manera, se observa el riesgo para la salubridad pública
por la existencia de sanitarios elaborados de manera artesanal, pues la
alcaldía no ha prestado atención en la construcción de dichos sanitarios”[116]
(resaltado
fuera del original).
Las deficientes condiciones de salubridad fueron
incluso registradas por empleados de la Secretaría de Salud de Floridablanca
quienes en inspección del 28 de octubre de 2014[117] reportaron: “En
el momento de la visita se constata el vertimiento de las aguas servidas a
campo abierto por canaletas, el cual genera olores y proliferación de
artrópodos y roedores”. En control posterior (2 de diciembre) la misma
entidad conceptuó desfavorablemente en tanto “no se ha hecho arreglo alguno
en lo denunciado y los habitantes manifiestan que ninguna autoridad competente
se ha hecho presente”[118].
Como ya se aclaró en la parte motiva de este fallo el
derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo que lo
equipare con un simple techo donde resguardarse. Una vivienda digna o adecuada
debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes
para desarrollar sus proyectos de vida. Estas condiciones mínimas no solo se predican
de la vivienda definitiva, sino también de los lugares de reubicación.
7.2. El reiterado incumplimiento de la
administración de Floridablanca en proveer una solución de hogar digna, oportuna
y real a los accionantes y demás beneficiarios del programa original “Altos de
Bellavista” constituye una vulneración al derecho fundamental a la vivienda
digna.
7.2.1. Como
acertadamente interpretó el juez de primera instancia, el origen de toda la
problemática que aqueja a los accionantes, e incluso a otras personas
beneficiarias de los subsidios no es su simple terquedad o intereses egoístas, consiste
más bien en que nunca se pudo materializar el proyecto de “Altos de Bellavista”
propuesto por la administración en 2006 y suspendido abruptamente con ocasión
de la advertencia que hizo Ingeominas por las condiciones del terreno.
Son frecuentes los prejuicios que recaen sobre los sectores
marginados y los ocupantes de predios asumiendo que se trata de una elección
autónoma producto de la pereza, la irresponsabilidad o simplemente la mala fe.
Una visión así de estrecha ignora que la carencia de vivienda y demás dramas
inherentes a la pobreza corresponden a un fenómeno multidimensional mucho más
complejo y del cual es prácticamente imposible de escapar sin un apoyo
institucional serio[119].
Esta Corporación está convencida que las personas sin hogar normalmente
preferirían una vivienda segura, asequible y adecuada antes que el riesgo y la
zozobra siempre latente que implica invadir un predio.
En este caso concreto, además, es claro que se
configuró en los ciudadanos beneficiarios la confianza legítima en que el
proyecto de vivienda que la administración municipal les prometió se haría
realidad, o que al menos podrían ocupar los terrenos del mismo mientras se materializaba
la construcción definitiva. En efecto, el 14 de septiembre de 2007 el Banco
Inmobiliario de Floridablanca suscribió con cada uno de ellos un contrato de
promesa de compraventa de bien inmueble de interés social, donde se comprometía
a vender un apartamento de aproximadamente 42 metros cuadrados por un valor de
$21.680.000 y estos, por su parte, se obligaban a hacer un ahorro programado
por la suma de $2.040.000, lo cual cumplieron según se observa en las pruebas
allegadas. Adicionalmente, la alcaldía gestionó ante el Fondo de vivienda un
subsidio por la suma de $8.568.000, monto que les fue reconocido a través de la
Resolución 1762 del 19 de diciembre del año 2006.
Incluso con posterioridad al fracaso del proyecto
original la administración siguió dando señales inequívocas de su compromiso
con los beneficiarios para otorgar una solución de vivienda real en esos mismos
terrenos. Nótese que el Acuerdo 010 de 2006 modificado por el Acuerdo 023 de
2012 proferido por el Concejo Municipal de Floridablanca plasmó el siguiente
mandato:
“Autorizase
al Alcalde del Municipio de Floridablanca, para que transfiera y asigne en
calidad de subsidio municipal de vivienda en especie, el derecho real de
dominio de la porción de lote de propiedad que ostenta el Municipio de
Floridablanca sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No,
300-357366 para que atienda de manera prioritaria a los beneficiarios del
antiguo proyecto denominado Altos de Bellavista II y IV etapa, para la
construcción de una solución de vivienda, sobre la porción de terreno que se le
transfiera”[120].
En este contexto resulta razonable la expectativa que
se formó en cabeza de los ocupantes al asentarse en el predio “Altos de
Bellavista”, confiados en obtener prontamente una solución definitiva de
vivienda por parte de la administración. Estos, además, por iniciativa propia
lograron hacerse a un techo que estimaron digno de ser llamado hogar, dotado
con los servicios públicos esenciales como se confirma con los facturas de pago
y órdenes de trabajo reportadas entre 2012 y 2014 por concepto de acueducto,
alcantarillado y servicio de aseo[121].
Asimismo, aunque la querella por perturbación a la propiedad hubiese sido
impulsada desde el año 2011, lo cierto es que el proceso de desalojo no se
ejecutó completamente y, por el contrario, la ocupación se prolongó por años al
tiempo que las autoridades fueron cambiando paulatinamente su propósito hacia un
proceso de “reubicación” en el predio contiguo, en vez de un simple y llano desalojo.
En el último documento oficial de concertación entre
la administración municipal y algunos de los ocupantes, suscrito en el mes de
marzo de 2014, se hizo evidente el compromiso de la primera en proveer una
solución definitiva y digna de vivienda así como un hogar transitorio adecuado,
a cambio de la obligación de estos últimos en desalojar los terrenos y
trasladarse al predio contiguo:
“Los
ocupantes y administración municipal de Floridablanca se comprometen a sacar
adelante el proyecto de vivienda denominado cerros de la Florida y los
reubicados tendrán la plena confianza a que serán incluidos en el proyecto
de la Convocatoria 059 del Ministerio de Vivienda –Programa de Vivienda para
Ahorradores (VIPA) fidubogotá – esquema público- Santander, cumpliendo los
requisitos legales y la reubicación se debe hacer por los ocupantes antes del 9
de marzo en el área designada por el municipio como sitio de traslado.
[…]
La
comunidad ocupante se compromete a que una vez terminado el proyecto de
vivienda Cerros de la Florida y antes del proceso de escrituración procederán a
destruir las construcciones provisionales o temporales autorizadas por la
administración para sacar avante el proyecto de cerros de la Florida.
[…]
El
municipio de Floridablanca, tramitará ante el Ministerio de Vivienda de
manera prioritaria que las personas acá firmantes reubicadas, tengan prelación
en el proyecto de vivienda Cerros de la Florida a través del programa VIPA,
lo anterior con el propósito de garantizar el derecho de los reubicados.
[…]
El
municipio de Floridablanca garantizará la accesibilidad con vías para el acceso
al lote entregado en reubicación, al igual que la vigilancia en el sector y la
correspondiente instalación de los servicios públicos sanitarios”[122].
La Sala juzga positivamente el hecho de que la
demandada no fuera indiferente a la situación de los ocupantes y que asumiera
expresamente su obligación para con los sectores marginados de la sociedad
florideña, pero considera también que los planes y compromisos deben
transformarse en garantías efectivas para estar acompasados con la Constitución[123].
La situación crítica y urgente que tiene Floridablanca por resolver –y de por
sí las ciudades colombianas- en relación con los asentamientos urbanos precarios
que en este municipio se calculan en 1000 familias (aproximadamente 5000 seres
humanos)[124]
exige de la administración local, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, una
solución definitiva, oportuna y adecuada.
Esto demanda igualmente un proceso de concientización
de los ocupantes que les permita comprender la necesidad de superar las vías de
hecho por verdaderos programas de atención social, en el entendido que los asentamientos
irregulares no satisfacen realmente el derecho a una vivienda.
7.2.2. En la
actualidad, el asunto específico que debe valorar esta Corporación tiene que
ver con la certeza sobre el programa de vivienda asequible, oportuno y
definitivo propuesto para los antiguos beneficiarios del proyecto “Altos de
Bellavista” y en esta medida determinar si el derecho fundamental a la vivienda
digna de los accionantes y demás ciudadanos en condiciones similares se
encuentra salvaguardado o continúa en la indeterminación.
En sede de revisión, el representante del Banco
Inmobiliario de Floridablanca declaró que dentro de los recursos de capital y
apropiaciones del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 1º de
enero al 31 de diciembre de 2015 ya se encuentra contemplado para el
subprograma de desarrollo urbanístico y promoción de vivienda de interés social
(código A.7.001008) una partida presupuestal de $2.150.000.000 y que de
seguirse el curso normal del proyecto el término para dar por terminado la iniciativa
habitacional “Cerros de la Florida” sería de un año a partir de la
adjudicación. En esta misma dirección, la alcaldía manifestó que el día 10 de
febrero Findeter informó a la Sociedad Fiduciaria de Bogotá –Fidubogotá- el
resultado de la verificación jurídica, financiera y técnica en virtud del cual
el proyecto “Cerros de la Florida” quedó habilitado.
En contraposición a lo dicho, los tutelantes mostraron
su preocupación por cuanto el nuevo proyecto, como convocatoria pública que es,
no permite la preselección de los adjudicatarios y por lo tanto deberían
postularse una vez más sin que esté asegurada su inclusión. Adicionalmente,
fustigan que deban dar más dinero del que aportaron en el año 2006 para el
proyecto original.
En este punto, preocupa profundamente a la Corte el
último informe de evaluación de las condiciones y requerimientos mínimos
realizado por Findeter y presentado a la Sociedad Fiduciaria de Bogotá con
respecto a la Convocatoria No. 106 de Programa de Vivienda de Interés
Prioritario para Ahorradores[125].
De acuerdo con la evaluación efectuada los días 16 al 23 de febrero de 2015,
los expertos recomendaron rechazar la propuesta radicada por la Unión Temporal
Vipa 2015 “Cerros de la Florida” por no cumplir con los requisitos mínimos
tanto jurídicos como técnicos. En específico censuran los siguientes aspectos
del proyecto:
·
Ausencia de redes de alcantarillado: la
terminación de la construcción del interceptor sanitario está sujeta a que sea
factible el normal desarrollo de las obras y la oportunidad en la legalización
de los trámites de permisos y servidumbres, “por lo cual se considera que no
garantiza el contar con el sistema de alcantarillado antes de marzo 30 de 2016
fecha en la cual se deben terminar las viviendas”[126].
Adicionalmente, la capacidad instalada no permite tratar la totalidad de las
aguas residuales por lo que el proyecto incrementaría los problemas en este
sentido.
·
Riesgo geológico en la zona: Se considera que
existen inconsistencias respecto al tipo de amenazas con que cuenta el predio[127].
Mientras que los estudios realizados por Ingeominas señalan que el lote de
terreno en donde se proyectaba construir no era apto para este tipo de
edificaciones, el análisis realizado por Geotecnología SAS estipula que la zona
posee una amenaza baja a los deslizamientos. En esta medida los expertos
evaluadores juzgan que “no se puede establecer el riesgo real por
deslizamiento y remoción de masa a que está expuesto el predio a desarrollar,
ni tampoco sobre el tipo de obras que se debería ejecutar para mitigar dicho
riesgo”[128].
·
Valores máximos del subsidio resultarían
insuficientes: Se considera que los 4.4 SMMLV por unidad para 474 viviendas de
aporte a cargo del Banco Inmobiliario de Floridablanca no son suficientes para
la inversión en las obras faltantes para el sistema de acueducto y alcantarillado,
así como para construir las obras de mitigación necesarias.
·
Superposición de beneficiarios: Sobre el
referido lote en el momento “tienen expectativa dos (2) tipos de
ahorradores: los VIPA de la Convocatoria No. 106 y los del proyecto de vivienda
Altos de Bellavista Etapa II y IV (…) o sea que el oferente ya había
comprometido el lote de terreno para un proyecto de vivienda”[129].
·
Las decisiones judiciales en curso han sido
desatendidas: los evaluadores dejan constancia de las muchas acciones
judiciales en trámite, incluyendo la presente revisión por parte de la Corte
Constitucional. Destacan igualmente la decisión proferida en un proceso de
acción popular que dispuso llevar a cabo un estudio de viabilidad de la urbanización
el cual debe incluir el costo de las obras de mitigación a realizar, pero aún
no ha sido ejecutado.
Esta Sala de Revisión juzga que los reparos
presentados hace tan solo unos días por la entidad Financiera del Desarrollo
(Findeter) en relación con el programa inmobiliario “Cerros de la Florida” constituyen
cuestionamientos serios y graves sobre la viabilidad jurídica y técnica del
proyecto. Esto compromete claramente la materialización de la solución
propuesta tanto por la alcaldía de Floridablanca como por el Banco Inmobiliario
y conlleva a que el juez de tutela deba intervenir en aras que el derecho a la
vivienda digna de los accionantes y demás ciudadanos afectados no continúe en
la indeterminación y víctima de promesas que se incumplen periódicamente. En
virtud de lo expuesto, la Sala Sexta establece el siguiente conjunto de órdenes
estructurales tendientes a garantizar una protección efectiva.
7.3. Órdenes a proferir para mitigar y conjurar
la violación al debido proceso y el acceso a una vivienda digna de los
accionantes.
En primer lugar, esta Sala advierte la necesidad de
proferir la presente sentencia con efectos “inter comunis”, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad entre las personas
a las que se les conculcan sus derechos fundamentales y actuaron como
demandantes en la acción de tutela que se revisa y aquellas que a pesar de
encontrarse en la misma situación, es decir las personas que fueron
seleccionadas en el año 2007 como beneficiarias del proyecto “Altos de
Bellavista Etapas II y IV” y no cuentan con una alternativa digna de vivienda,
no tienen la calidad de accionantes.
En efecto, (i) proteger exclusivamente a los siete
peticionarios amenaza el derecho a la igualdad de los otros ocupantes del
predio ‘Altos de Bellavista’, que también fueron en su momento beneficiarios
del proyecto de vivienda de interés social propuesto por la alcaldía en el año
2007 y que vieron vulnerada su confianza legítima ante el reiterado
incumplimiento de la administración, pese a la evidente situación de
vulnerabilidad en que se encuentran al no contar con otra alternativa digna de habitación.
Esto conduce al segundo punto: (ii) las personas que no acudieron a la tutela
se hallan en condiciones objetivas similares. Se trata de un número plural de
personas cuyo derecho a una vivienda se encuentra insatisfecho y que carecen de
recursos para financiarse un propio hogar. Y la Corte demostró que no había una
política clara que asegurara su reubicación adecuada en el corto y largo plazo.
Por eso, (iii) extender los efectos de la sentencia persigue alcanzar fines
constitucionales legítimos y relevantes, en tanto contribuye a garantizar el
goce efectivo del derecho a la vivienda digna de las personas ocupantes del
predio ‘Altos de Bellavista’, ubicado en el Municipio de
Floridablanca, Santander, sin que sea un obstáculo el hecho de que no hayan
acudido como accionantes en el presente proceso de tutela.
Teniendo en cuenta la anterior precisión, la Sala Sexta
de Revisión confirmará el fallo de primera instancia que concedió el amparo
pero ajustará su parte resolutiva profiriendo el siguiente conjunto de órdenes:
i) Órdenes a corto plazo:
En primer lugar, se hará un llamado de atención a la
Alcaldía y a la Inspección Primera de Policía de Floridablanca para que en
adelante respete íntegramente las garantías y derechos fundamentales ciudadanos
dentro de los procesos policivos por perturbación a la propiedad que adelante
en su despacho. Específicamente para que: (i) autorice durante las diligencias
la presencia de los abogados de las partes, de los observadores neutrales que
deseen acudir así como inste a los funcionarios encargados de atender a sujetos
de especial protección constitucional, como es el caso del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar; (ii) responda oportuna y suficientemente las constancias
sobre posibles transgresiones de los derechos fundamentales que eleven los
órganos de control y representantes del Ministerio Público; (iii) evite
ocasionar un daño desproporcionado e innecesario sobre los bienes y enseres de
los ocupantes, previendo un manejo respetuoso de los mismos y un lugar de
depósito idóneo; (iv) ofrezca albergues de urgencia que resulten adecuados para
las personas y núcleos familiares que deban ser desalojados o reubicados.
En este sentido, se instará al municipio para que en
cumplimiento de su deber de brindar asesoría jurídica a la población en
situación de vulnerabilidad asentada en el predio “Altos de Bellavista”, le
informe acerca de las acciones legales que pueden ejercer en aras de recuperar
los recursos económicos invertidos en las viviendas que habían construido sobre
el globo de terreno número 1.
En segundo lugar, advirtiendo las precarias condiciones
de habitabilidad y salubridad que rodean los hogares temporales erigidos sobre
el globo número 2 y que estos deberán servir como vivienda a mediano plazo
mientras se llega a una solución definitiva, se ordenará a la Alcaldía de
Floridablanca que adecue el predio con los estándares mínimos de habitabilidad.
Para ello deberá dentro de los dos meses siguientes: (i) garantizar en
circunstancias de eficiencia, calidad, regularidad y solidaridad la prestación
de los servicios públicos esenciales de acueducto, alcantarillado, electricidad
y recolección de residuos a los habitantes del predio “Altos de Bellavista”
durante el tiempo que estas familias deban permanecer allí[130]; (ii) realizar
brigadas periódicas de limpieza y campañas de prevención para evitar la
proliferación de artrópodos, roedores y demás vectores de enfermedades; (iii) proveer
la madera e insumos necesarios para que las familias puedan construir
separaciones que brinden la privacidad necesaria a sus hogares, en reemplazo de
la polisombra y plásticos con que cuentan actualmente; (iv) realizar, o culminar
de haberse iniciado ya, un estudio actualizado, técnico
e imparcial sobre las condiciones físicas del terreno y reubicar a las familias
que se encuentren en riesgo o brindarles un subsidio de arrendamiento por el
tiempo que sea necesario.
ii) Órdenes a mediano plazo:
Con el objetivo de proveer una solución definitiva de
vivienda, se ordenará a la Alcaldía de Floridablanca que, previa la realización
de un censo integral y actualizado de los núcleos familiares de los afectados (es
decir aquellos beneficiarios del proyecto “Altos de Bellavista Etapas II y IV”
que no tengan una vivienda adecuada en la actualidad), brinde dentro del mes siguiente
a la notificación de esta providencia una asesoría detallada, gratuita y clara
sobre las políticas públicas disponibles que permitan a las personas que lo
deseen postularse para alguno de los programas municipales vigentes, previa
verificación de los requisitos exigidos y observando el debido proceso en la
asignación de los recursos disponibles. Para ello se dará prioridad a los
núcleos familiares que presenten alguna condición adicional de vulnerabilidad
como, por ejemplo, ser víctimas del desplazamiento forzado, tener miembros
menores de edad o adultos mayores, personas en situación de discapacidad, entre
otros.
Asimismo, el municipio deberá atender, responder y
enmendar en lo que sea necesario, las observaciones realizadas por los
evaluadores de Findeter el pasado mes de febrero con respecto al proyecto
inmobiliario Vipa “Cerros de la Florida”, para lograr que el mismo sea
considerado viable y declarado como habilitado. En todo caso, sea mediante esta
iniciativa o la articulación de políticas públicas nuevas acordes con la
necesidad y el grupo población afectado, el municipio de Floridablanca deberá
presentar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta
providencia, un cronograma detallado de trabajo, con el correspondiente soporte
presupuestal y los responsables debidamente identificados, que en un plazo
máximo de un año y medio[131]
habrá de culminar un proyecto de vivienda social digno para los accionantes y
demás ciudadanos en igualdad de condiciones.
La propuesta que presente la entidad territorial deberá
respetar en la mayor medida posible las condiciones originales de la oferta
habitacional ofrecida en el año 2007, es decir, mantener características
similares de metraje de las habitaciones, especificaciones de acabados y el
valor del ahorro programado exigible. De surgir alguna modificación esta solamente
será válida siempre que sea para mejorar las condiciones de la oferta inicial.
Cualquier sobrecosto deberá ser asumido por la administración municipal y los
recursos que ésta pueda gestionar con las demás entidades públicas del orden
nacional.
Al Ministerio de
Vivienda se le ordenará que en el marco de la ley y sus competencias[132], coordine
con las entidades territoriales la ejecución de los anteriores planes y
programas, prestándole al municipio la asesoría, cooperación y asistencia
técnica necesaria. Para ello, deberá rendir ante el juez de primera instancia y
con copia a esta Corporación un informe, dentro de los seis meses siguientes a
la notificación de esta providencia, en el que resuma el balance general de su
cooperación, así como sus observaciones y comentarios sobre la política
habitacional presentada por la Alcaldía de Floridablanca.
Del presente expediente se compulsarán copias a los
órganos de control (Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la
Nación y a la Contraloría General de la República) para que en el marco de sus
competencias hagan seguimiento de los recursos invertidos en la política
pública habitacional de Floridablanca e investiguen posibles conductas
irregulares que hayan contribuido al reiterado incumplimiento de los deberes
del ente territorial para con sus habitantes en materia de vivienda digna.
Se ordenará igualmente a la Personería Municipal de Floridablanca que
realice una asesoría legal y un acompañamiento integral a los accionantes y
demás ocupantes del predio Altos de Bellavista en las distintas diligencias que
éstos deban realizar para lograr el goce efectivo de sus derechos
fundamentales.
Por último, se recuerda a los jueces de instancia
encargados del cumplimiento del presente fallo que en los casos de órdenes
complejas que implican el gasto público y la actuación conjunta con otras ramas
del poder público, la Corte ha hecho tres advertencias: (i) la primera, es que
el juez de tutela debe estar abierto al diálogo con la Administración para que,
siempre con el objeto de hacer cumplir la decisión adoptada en la sentencia de
tutela, se puedan introducir cambios que sean indispensables y necesarios; (ii)
la segunda, es que la participación requiere, por lo menos, un marco de
gobernabilidad adecuado;[133]
y (iii) no son argumentos suficientes para omitir y retardar la prestación
básica del servicio, aquellas circunstancias que están más allá del alcance y
control de los ciudadanos[134].
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela
de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bucaramanga, dentro de la acción de tutela instaurada Irene Jaimes Arias y
otros, mediante la cual se negó el amparo y, en su lugar, CONCEDER la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y al a vivienda digna.
SEGUNDO.- CONFIRMAR parcialmente la
sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarto Promiscuo
Municipal de Floridablanca, el 13 de mayo de 2014, con las MODIFICACIONES
en su parte resolutiva que a continuación se señalan.
TERCERO.- ORDENAR a la
Alcaldía de Floridablanca, Santander, y a la Inspección de Policía de ese
Municipio, que en el futuro se abstengan de realizar cualquier diligencia de
desalojo o reubicación hasta tanto se les garantice a los ocupantes del predio
unas garantías real de protección y alojamiento transitorio. Las autoridades
responsables deberán específicamente: (i) autorizar durante
las diligencias la presencia de los abogados de las partes, de los observadores
neutrales que deseen acudir así como inste a los funcionarios encargados de
atender a sujetos de especial protección constitucional, como es el caso del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; (ii) responder oportuna y
suficientemente las constancias sobre posibles transgresiones de los derechos
fundamentales que eleven los órganos de control y representantes del Ministerio
Público; (iii) evitar ocasionar un daño desproporcionado e innecesario sobre
los bienes y enseres de los ocupantes, previendo un manejo respetuoso de los
mismos y un lugar de depósito idóneo; y (iv) ofrecer albergues de urgencia que
resulten adecuados para las personas y núcleos familiares que deban ser
desalojados o reubicados.
CUARTO.- ORDENAR a la Alcaldía de
Floridablanca que en cumplimiento de su deber de brindar
asesoría jurídica a la población en situación de vulnerabilidad asentada en el
predio “Altos de Bellavista”, le informe acerca de las acciones legales que
pueden ejercer en aras de recuperar los recursos económicos invertidos en las
viviendas que habían construido sobre el globo de terreno número 1.
QUINTO.- ORDENAR a la Alcaldía de
Floridablanca que adecue el predio de la referencia con los estándares mínimos
de habitabilidad. Para ello deberá dentro de los dos meses siguientes: (i)
garantizar en circunstancias de eficiencia, calidad, regularidad y solidaridad
la prestación de los servicios públicos esenciales de acueducto,
alcantarillado, electricidad y recolección de residuos a los habitantes del predio
“Altos de Bellavista” durante el tiempo que estas familias deban permanecer
allí ; (ii) realizar brigadas periódicas de limpieza y campañas de prevención
para evitar la proliferación de artrópodos, roedores y demás vectores de
enfermedades; (iii) proveer la madera e insumos necesarios para que las
familias puedan construir separaciones que brinden la privacidad necesaria a
sus hogares, en reemplazo de la polisombra y plásticos con que cuentan
actualmente; (iv) realizar, o culminar de haberse iniciado ya, un estudio
actualizado, técnico e imparcial sobre las condiciones físicas del terreno y
reubicar a las familias que se encuentren en riesgo o brindarles un subsidio de
arrendamiento por el tiempo que sea necesario.
SEXTO.- ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca, previa la
realización de un censo integral y actualizado de los núcleos familiares de los
afectados (es decir aquellos beneficiarios del proyecto “Altos de Bellavista
Etapas II y IV” que no tengan una vivienda adecuada en la actualidad), brindar dentro
del mes siguiente a la notificación de esta providencia una asesoría detallada,
gratuita y clara sobre las políticas públicas disponibles que permitan a las
personas que lo deseen postularse para alguno de los programas municipales
vigentes, previa verificación de los requisitos exigidos y observando el debido
proceso en la asignación de los recursos disponibles. Para ello se dará
prioridad a los núcleos familiares que presenten alguna condición adicional de
vulnerabilidad como, por ejemplo, ser víctimas del desplazamiento forzado,
tener miembros menores de edad o adultos mayores, personas en situación de
discapacidad, entre otros.
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca atender, responder y enmendar en lo que
sea necesario, dentro de los 45 días siguientes a la notificación de esta
providencia, las observaciones realizadas por los evaluadores de Findeter el
pasado mes de febrero con respecto al proyecto inmobiliario Vipa “Cerros de la
Florida”, para lograr que el mismo sea considerado viable y declarado como
habilitado. En todo caso, sea mediante esta iniciativa o la articulación de
políticas públicas nuevas acordes con la necesidad y el grupo población
afectado, el municipio de Floridablanca deberá presentar, dentro de los tres
meses siguientes a la notificación de esta providencia, un cronograma detallado
de trabajo, con el correspondiente soporte presupuestal y los responsables
debidamente identificados, que en un plazo máximo de un año y medio habrá de
culminar un proyecto de vivienda social digno para los accionantes y demás
ciudadanos en igualdad de condiciones.
La propuesta que presente la entidad territorial deberá respetar en
la mayor medida posible las condiciones originales de la oferta habitacional
ofrecida en el año 2007, es decir, mantener características similares de
metraje de las habitaciones, especificaciones de acabados y el valor del ahorro
programado exigible. De surgir alguna modificación esta solamente será válida
siempre que sea para mejorar las condiciones de la oferta inicial. Cualquier
sobrecosto deberá ser asumido por la administración municipal y los recursos
que ésta pueda gestionar con las demás entidades públicas del orden nacional.
OCTAVO.- ORDENAR al Ministerio de
Vivienda que en el marco de la ley y sus competencias, coordine con las
entidades territoriales la ejecución de los anteriores planes y programas,
prestándole al municipio la asesoría, cooperación y asistencia técnica
necesaria. Para ello, deberá rendir ante el juez de primera instancia y con
copia a esta Corporación un informe, dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de esta providencia, en el que resuma el balance general de su
cooperación, así como sus observaciones y comentarios sobre la política
habitacional presentada por la Alcaldía de Floridablanca.
NOVENO.- COMPULSAR copias del expediente de tutela a los
órganos de control (Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la
Nación y a la Contraloría General de la República) para que en el marco de sus
competencias hagan seguimiento de los recursos invertidos en la política
pública habitacional de Floridablanca e investiguen posibles conductas
irregulares que hayan contribuido al reiterado incumplimiento de los deberes
del ente territorial para con sus habitantes en materia de vivienda digna.
DÉCIMO.- ORDENAR a la Personería
Municipal de Floridablanca que realice una asesoría legal y un acompañamiento
integral a los accionantes y demás ocupantes del predio Altos de Bellavista en
las distintas diligencias que éstos deban realizar para lograr el goce efectivo
de sus derechos fundamentales.
UNDÉCIMO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (E)
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1]
El presente capítulo resume la narración hecha por los accionantes, así como
otros elementos fácticos y jurídicos observados en el expediente, los cuales se
consideran relevantes para comprender la complejidad del caso.
[2]
Cuaderno de primera instancia, folio 101 y siguientes.
[3]
“el cual comprende la construcción de una vivienda de interés social de dos
(2) alcobas, un (1) espacio múltiple social, un (1) baño y cocina. Se entregará
en obra gris, puerta principal, ventanería exterior, lavaplatos […]”
Cuaderno de primera instancia, folio 127 y siguientes.
[4]
Según consta en la licencia número 68276-1-12-0093 de fecha 31
de julio de 2012 de la Curaduría Urbana y protocolizado mediante escritura
pública No. 965 del 1 de agosto de 2012.
[5]
Cuaderno de primera instancia, folio 391.
[6]
Cuaderno de primera instancia, folio 302.
[7]
Cuaderno de primera instancia, folio 192.
[8]
Cuaderno de primera instancia, folio 438.
[9]
Cuaderno de primera instancia, folio 259.
[10] “Así
mismo es pertinente manifestarle al Despacho las irregularidades que se han
venido presentando en la conducta de los accionantes, como la señora Luz
América Vargas Fandiño, quien el día 5 de marzo del presente, firmó el acta de
compromiso de reubicarse en el globo 2, de la que anexo copia. El señor Elías
Cáceres Rosales no necesita reubicación porque está ubicado en el globo 2.
La
señora Felisa Herreño ocupó de hecho el globo 1 a partir del día miércoles 16
de abril de 2014, ya que nunca se había radicado en el sitio. No obstante, se
trasladó a pesar de que había sido notificada de la orden de relocalización en
el globo 2. Sin embargo, hizo caso omiso y empezó a construir en material.
De
igual manera, la mayoría de los accionantes constituyeron escrituras de mejora
el día 15 y 22 de abril de 2014, con lo cual están actuando de mala fe. Aunque
es de agregar, estas escrituras no pueden ser inscritas en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos por recaer sobre predio de propiedad del
Estado”. Cuaderno de primera instancia, folio 265.
[11] De
conformidad con la Resolución 067 de 2013 emanada de la Personería de
Floridablanca.
[12] “La veeduría le entrega
un análisis de la problemática de 474 familias que han luchado por ochos años
para tener una vivienda digna, y que los obstáculos más grande los hemos tenido
por estas familias que a lo largo de las soluciones se han opuesto al
desarrollo social de las personas más vulnerables a las cuales representamos y
que no han invadido porque creemos en la ley y en el desarrollo de los
programas del estado, que vemos vulnerados los derechos de la igualad por estas
personas invasoras que se oponen al proyecto. Téngase en cuenta señor juez que
si no se entrega el lote desocupado perderíamos los subsidios de vivienda para
474 familias que sumaría 71.500.000 millones de pesos por favorecer a pocas
personas desconociendo el derecho a 450 familias que no invadieron y esperamos
e cumplan nuestros derechos a una vivienda digna como lo dicta la Constitución”.
Cuaderno de primera instancia, folio 308.
[13] Cuaderno de primera
instancia, folio 473.
[14] “En
consecuencia y a efectos de proceder a rendir un informe sobre los estudios de
suelo para determinar las obras de mitigación en los predios anteriormente
señalados, se hace necesario contar con los estudios de suelos a los que hace
referencia su requerimiento así como las coordenadas de los predios o los
polígonos georeferenciados de los mismos para verificar si se encuentran
comprendidos dentro de los estudios de amenazas de la zona metropolitana de
Bucaramanga realizados entre el año 2006 y 2007”.
Cuaderno de primera instancia, folio 571.
[15] Cuaderno de primera
instancia, folio 516.
[16] Cuaderno de primera
instancia, folio 518.
[17] “el
Despacho considera que el origen de toda la problemática que aqueja a los
accionantes, e incluso a otras personas que también habían sido beneficiarias
de los subsidios otorgados para vivienda de interés social consiste en que
nunca se pudo materializar, ni concretar el proyecto de altos de Bellavista
adelantado por la administración ante las entidades competentes. Tal situación
generó un ambiente de malestar general por parte de la comunidad y finalmente
produjo que algunas personas quienes no contaban con recursos económicos (como
los tutelantes) decidieran ocupar de manera ilegal el predio altos de
Bellavista, identificado con número predial 01-02-0386-0019-000 y con matrícula
inmobiliaria 300-265887 de propiedad del municipio de Floridablanca”
Cuaderno de primera instancia, folio 614.
[18] “La
primera de ellas es si el señor Juez se refiere a las condiciones actuales en
las que habitan estas personas en sus construcciones improvisadas, algunas de
ellas en tabla y zinc tal y como ellos mismos lo manifiestan preguntándose la
administración si estas cumplen con dichos requisitos? Y la segunda es si por
el contrario el señor Juez se refiere a las necesidades del acceso a una
vivienda que cumpla con estos requisitos lo cual está totalmente garantizado
con la construcción del nuevo proyecto que pretende adelantar en los predios objetos
de la ocupación ilegal es decir el proyecto Cerros de la Florida”. Cuaderno
de primera instancia, folio 649.
[19] Cuaderno
de revisión, folio 95.
[20] Cuaderno de revisión, folio 97.
[21] Cuaderno
de revisión, folio 183.
[22] Cuaderno
de revisión, folio 184.
[23] “El
albergue ofrecido por el Municipio de Floridablanca denominado Fundación un
paso a la libertad, un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer es un centro
dedicado a la rehabilitación y readaptación de drogadictos como se puede probar
con el certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio;
razón por la cual, al advertir esta situación la señora Irene Jaimes y su
núcleo familiar quienes se desplazaron hasta el albergue, decidieron regresar
al lote y pasar la noche en la casa de un vecino, pues NO podían exponerse y
exponer a su menor hija de escasos 18 meses de edad a convivir con personas con
problemas de drogadicción en estado alucinante”. Cuaderno de revisión,
folio 241.
[24] Cuaderno de
revisión, folio 242.
[25] Cuaderno
de revisión, folio 245.
[26] Cuaderno de revisión,
folio 16.
[27] Corte Constitucional,
sentencia SU-225 de 2013.
[28] Corte Constitucional,
sentencia T-578A de 2011. Ver también sentencia T-637 de 2013.
[29] La Corte Constitucional
define el hecho superado como la desaparición de la acción u omisión que genera
la violación de los derechos fundamentales que dieron inicio a la tutela, o
porqué dicha circunstancia dejó de existir antes de la presentación de la
acción o porqué el demandado tomó las medidas necesarios para corregirla (ver,
entre otras, sentencias T-1008/08; T-612/09; y T-481/10).
[30]Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos El derecho a una vivienda adecuada.
Folleto informativo No 21/Rev.1 Consultado el 10 de febrero de 2015 en http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx.
[31]“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda.”
[32] “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.” El Pacto fue
incorporado al ordenamiento interno colombiano mediante la Ley 74 de 1968.
Otros instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el derecho a la
vivienda digna, entre ellos: La Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, artículo 25; la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948,
artículo 11; la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948,
artículo 34; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969,
aprobada mediante la Ley 16 de 1972, artículo 26; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965,
aprobada mediante la Ley 22 de 1981, artículo 5; la Declaración sobre el
Progreso y el Desarrollo en lo Social de 1969, artículo 10, literal f); la
Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos de 1976, en su Sección
III, numeral 8; la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, artículo
8 y la Declaración de Viena de 1993, numeral 31.
[33] Posición planteada desde la sentencia T-406 de 1992.
[34] Particularmente las sentencias T-462 de 1992, SU-111 de 1997
y SU-995 de 1999.
[35] Corte Constitucional,
sentencia T-314 de 2012.
[36] Sentencia T-016 de 2007.
[37] Corte Constitucional,
sentencia T-235 de 2013.
[38] Informe de la Relatora
Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un
nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto.
A/69/274. Fecha 7 de agosto de 2014. Disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/498/22/PDF/N1449822.pdf?OpenElement.
En forma
similar se refirió la Comisión Australiana de Derechos Humanos al señalar que
las personas sin vivienda sufren una amplia y sistermática violación de
derechos: “A person who is homeless may face violations of the right to an
adequate standard of living, the right to education, the right to liberty and
security of the person, the right to privacy, the right to social security, the
right to freedom from discrimination, the right to vote, and many more.
(…)
This
paper explores the many ways that homelessness impacts on a person’s ability to
enjoy basic rights and freedoms. It shows that homelessness is more than just a
housing issue. Homelessness is about human rights. Homeless people are not
merely objects of charity, seeking help and compassion – like all Australians,
they are individuals entitled to the protection and promotion of their human
rights. Since human rights belong to everyone, it is in the interests of the
Australian community as a whole to ensure that the rights of homeless people
are respected and protected” Homelessness is a
Human Rights Issue (2008). Disponible en
https://www.humanrights.gov.au/publications/homelessness-human-rights-issue
[39] Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos El derecho a una vivienda adecuada.
Folleto informativo No 21/Rev.1 Consultado el 10 de febrero de 2015 en http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx
[40] Corte Constitucional,
sentencia T-631 de 2013
[41] “En la mayoría de los
Estados, la vivienda y la falta de hogar se tratan como una cuestión de
política y no como una cuestión de derechos humanos, con las obligaciones
consiguientes de los gobiernos nacionales y subnacionales, el poder judicial y
otros agentes. La elaboración de una estrategia nacional de vivienda puede ser
un primer paso fundamental y conllevar obligaciones inmediatas respecto de la
realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, los
componentes esenciales de una estrategia de vivienda basada en derechos aún
tienen que articularse plenamente a nivel internacional”. Ibíd.
[42] Corte Constitucional,
sentencia T-436 de 2003.
[43] Ver sentencias T-1091 de
2005, T-275 de 2008, T-333 de 2011, T-740 de 2012 y T-566 de 2013 entre otras.
[44] De hecho, la Corte ha extendido esa premisa como
válida para explicar la estructura de todo derecho fundamental. Al respecto, en
la sentencia T-760 de 2008, al estudiar algunas de las obligaciones
prestacionales que se derivan para el Estado del reconocimiento de otro derecho
fundamental –salud-, la Corte dijo: “3.3.6. Algunas de las obligaciones que
se derivan de un derecho fundamental y que tienen un carácter prestacional, son
de cumplimiento inmediato, bien sea porque se trata de una acción simple del
Estado, que no requiere mayores recursos (por ejemplo, la obligación de
suministrar la información de cuáles son sus derechos a los pacientes, antes de
ser sometidos a un tratamiento médico), o porque a pesar de la movilización de
recursos que la labor implica, la gravedad y urgencia del asunto demandan una
acción estatal inmediata (por ejemplo, la obligación de adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar la atención en salud de todo bebé
durante su primer año de vida –art. 50, CP–). Otras de las obligaciones de
carácter prestacional derivadas de un derecho fundamental son de cumplimiento progresivo,
por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren para
garantizar efectivamente el goce efectivo de estas facetas de protección de un
derecho”.
[45] Sentencia C-251 de 1997,
al examinar la constitucionalidad de la Ley 319 de 1996, aprobatoria del
Protocolo de San Salvador en la cual, la Corte dijo: “así como existe
un contenido esencial de los derechos civiles y políticos, la doctrina
internacional considera que existe un contenido esencial de los derechos
económicos y sociales, el cual se materializa en los ‘derechos mínimos de
subsistencia para todos, sea cual fuere el nivel de desarrollo económico’.
Por ende, se considera que existe una violación a las obligaciones
internacionales si los Estados no aseguran ese mínimo vital, salvo que existan
poderosas razones que justifiquen la situación”.
[46] El principio 16 de
Limburgo, por ejemplo, dice que “[t]odos los Estados Partes tienen la
obligación de comenzar de inmediato a adoptar medidas que persigan la plena
realización de los derechos reconocidos en el Pacto”. En un sentido
similar, puede verse la citada sentencia C-251 de 1997.
[47] Sentencia T-760 de 2008.
Dijo allí, al examinar si todas las obligaciones estatales derivadas de un
derecho social podían exigirse de inmediato, la Corte consideró que algunas no.
Cuando eso no era posible; esto es, “cuando el goce efectivo de un derecho
constitucional fundamental depende del desarrollo progresivo, ‘lo mínimo que
debe hacer [la autoridad responsable] para proteger la prestación de carácter
programático derivada de la dimensión positiva de [un derecho fundamental] en
un Estado Social de Derecho y en una democracia participativa, es,
precisamente, contar con un programa o con un plan encaminado a asegurar el
goce efectivo de sus derechos’”.
[48] En la jurisprudencia de la Corte, se ha mencionado
esa obligación, por ejemplo, en la sentencia T-143 de 2010, antes citada, con
respecto a las obligaciones de carácter progresivo relacionadas con la
satisfacción del derecho al agua potable. También en la sentencia T-760 de
2008.
[49] El Comité, en su
Observación General No. 4, manifestó que “el derecho a una vivienda adecuada
no puede considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos
Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables” (Punto
9). Ver también los Principios de Limburgo, Punto 22.
[50] Esa obligación no es
incompatible con la prohibición de discriminación. La Corte ha sido clara en
ese aspecto. Por ejemplo en la referida sentencia C-251 de 1997 expresó que aun
cuando los Estados están en la obligación de garantizar a todas las personas los
derechos económicos, sociales y culturales, “este deber estatal no puede ser
interpretado como la prohibición de que las autoridades adopten medidas
especiales en favor de poblaciones que se encuentren en situaciones de
debilidad manifiesta, y que por ende merecen una especial protección de las
autoridades (CP art. 13)”.
[51] La Observación general No.
4 dice: “[l]a tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público
y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el
propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida
la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas
las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les
garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras
amenazas”.
[52] Ver la sentencia C-507 de
2008, antes citada.
[53] Todas ellas aparecen
expuestas en el punto 8 de la Observación General N° 4 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, sobre el artículo 11.1 del PIDESC. Esa
interpretación es reconocida como válida, por esta Corte, entre otras en la
sentencia T-585 de 2006.
[54] Corte Constitucional,
sentencia T-044 de 2010.
[55] Corte Constitucional,
sentencia T-851 de 2014.
[56] Corte Constitucional,
sentencias C-936 de 2003, C-444 de 2009, T-585 de 2006, T-530 de 2011, T-314 de
2012, T-239 de 2013, T-637 de 2013, T-045 de 2014, entre otras.
[57] Comité de Derechos
Económicas, Sociales y Culturales. Observación General 4 (E/1992/23). Sexto
período de sesiones (1991). El derecho a una vivienda adecuada.
[58] Comité de Derechos Económicas,
Sociales y Culturales. Observación General 7 (E/1998/22). 16º período de
sesiones (1997). Los desalojos forzosos.
[59] Informe del Relator
Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado, Miloon Kothari. A/HRC/4/18. Del 5 de febrero de 2007.
[60] Observación General 7.
[61] Observación General 4.
[62] “En ese orden, son
estas las posibles vías de protección frente a eventos de perturbación de la
posesión o la tenencia: (i.) Las acciones judiciales destinadas a la
restitución de inmuebles indebidamente ocupados, en materia urbana, cuyo
procedimiento fue regulado por el Código de Procedimiento Civil. Los
artículos 972 a 1007 del Código Civil integran el conjunto normativo relativo a
las acciones posesorias, las cuales tienen por objeto conservar o recuperar la
posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, siempre que
se haya estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Para la
materialización de estas acciones el Código de Procedimiento Civil consagró dos
clases de procesos: a.) el abreviado para recuperar y conservar la posesión de un
inmueble regulado por el artículo 408 numeral 2 y 416; b.) el proceso verbal
sumario para los restantes eventos según el artículo 435, numerales 6 y 7. (ii.)
Las acciones judiciales agrarias destinadas al lanzamiento por ocupación de
hecho en predios rurales, reguladas primero por la Ley 200 de 1936 y,
posteriormente, por el Decreto Legislativo 2303 de 1989, proferido en uso de
las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 30 de 1987, que mediante su
artículo 98 reiteró la competencia de los jueces agrarios para resolver los
procesos judiciales de lanzamiento por ocupación de hecho[62].
A estas normas especiales   remite expresamente el Código de Procedimiento
Civil mediante el artículo 425 reformado por el Decreto 2282 de 1989. (iii.) Las
acciones policivas señaladas por el artículo 125 y siguientes del Código
Nacional de Policía para evitar la perturbación de la posesión y la tenencia,
complementadas con los procedimientos señalados en los Códigos de Policía
Departamentales, expedidos con fundamento en la competencia otorgada en ese
momento por el artículo 187 de la Constitución Nacional de 1886 a las Asambleas
Departamentales y, a partir de la Constitución de 1991, a través de las
facultades otorgadas a estas corporaciones por el artículo 300 numeral 8 y, el
procedimiento especial regulado por el Decreto 747 de 1992 que deberá aplicarse
de preferencia y de manera armónica con los procedimientos departamentales en
materia de predios rurales.  (iv.) La acción policiva de la Ley 9 de 1989.
que en su artículo 69 consagró el lanzamiento por ocupación de hecho de oficio
por los Alcaldes municipales o por conducto de la Personería Municipal, cuando
el propietario o su tenedor no inicien la acción a que se refiere el artículo
15 de la Ley 57 de 1905, en los supuestos: a.) en que se verifique la ocupación
de asentamientos ilegales o que se estén llevando a cabo o que se verifique que
se efectuarán y estos b.) atenten o puedan significar riesgo para la comunidad,
cualquier ciudadano o vayan contra las normas de urbanismo y planeación de la
localidad. En tales eventos las autoridades de policía pueden ordenar la
demolición de bienes construidos sin autorización de autoridad competente, así
como la ejecución de obras de conservación o restauración, cuyo costo es
cargado al propietario, en donde la principal diferencia con la acción policiva
prevista en el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970 es que esta puede
iniciarse de oficio y sin necesidad de querella por estar de por medio el
interés público”. Corte Constitucional, sentencia C-241 de 2010.
[63] Corte Constitucional,
sentencia C-024 de 1994.
[64] Corte Constitucional,
sentencia T-138 de 2013.
[65] Para estos efectos la
jurisprudencia constitucional ha equiparado la protección de los bienes
fiscales a la de los bienes de uso público: “En este sentido, la obligación
que tiene la administración de recuperar los bienes que le pertenecen no puede
sustraerse únicamente a una categoría específica de ellos, ya que como se
expuso, tanto los de uso público como los fiscales, están destinados a la
“utilidad pública”; es decir, ambos comparten esta especial connotación, pues
forman parte del mismo patrimonio, lo que permite concluir que las reglas
jurisprudenciales aplicables a la protección del espacio público son igualmente
asimilables cuando se trata de bienes fiscales, en tanto ambos radican en
cabeza del Estado y tienen objetivos idénticos, en función del servicio público”
(T-314 de 2012).
[66] Corte Constitucional,
sentencia T-264 de 12 y T-825 de 2014.
[67] Corte Constitucional,
sentencia T-825 de 2014.
[68] Sentencia T-349 de 2012
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[69] Sentencia T-689 de 2013.
[70] Ibídem.
[71] Sentencia T-349 de 2012 y
T-235 de 2013.
[72] Corte Constitucional,
sentencias T-781 y 833 de 2014.
[73] “La Corte Constitucional
ha indicado que es deber de la administración actuar en sus relaciones
jurídicas con los particulares de manera consecuente con sus conductas
precedentes, de manera que los administrados no se vean sorprendidos con
procederes que resulten contrarios a sus expectativas legítimamente fundadas,
basado como está el principio de confianza legítima en que
las autoridades públicas no pueden alterar, en forma inopinada, las
reglas que gobiernan las relaciones del Estado con los asociados.
Sin
embargo, de este principio no se puede derivar intangibilidad e inmutabilidad
en las relaciones jurídicas que generan confianza para los administrados;
respetando los derechos adquiridos y frente a situaciones susceptibles de
modificación, el cambio de enfoques, entendidos y reacciones no puede
suscitarse en forma abrupta e intempestiva, la administración debe asumir
medidas para que la variación sea justa, indispensable, proporcional y lo menos
traumática posible para los afectados”. Corte Constitucional, sentencia
T-631 de 2013.
[74] Corte Constitucional,
sentencia T-282 de 2011.
[75] Observación General 7.
[76] En la sentencia T-566 de
2013, se analizó el caso de Primitivo Atehortua Gutiérrez (67 años) quien derivaba su sostenimiento de la venta
ambulante de dulces y que durante 10 años aproximadamente vivió con su
compañera en un inmueble de su propiedad en el Barrio Villa Liliam de la ciudad
de Medellín, el cual se vio obligado a desalojar para proceder a su demolición
por encontrarse ubicada en zona de alto riesgo. La Corte concedió el amparo a
la vivienda digna y dispuso que la Corporación de Ayuda Humanitaria de
Medellín, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, incluyese al señor
Atehortua en el programa de subsidio de arrendamiento temporal hasta cuando se
le reubicara y se le hiciera efectiva una solución definitiva de vivienda en un
término no superior a seis (6) meses.
[77] La sentencia T-282 de 2011
falló a favor de 120 familias indígenas desplazadas por la violencia desde el
departamento del Cauca, y que se encontraban asentados en un bien baldío al que
habían accedido hace 9 meses. Aunque la solución de fondo sería poder retornar
a sus territorios, la situación de violencia en la zona hacía inviable esta
salida. En consecuencia se ordenó temporalmente, habilitar el predio como zona
del albergue temporal: “Mientras se desarrolla esa concertación y el Estado
adopta las medidas pertinentes para que los accionantes sean beneficiarios de
los planes de entrega de tierras y reforma agraria, la Sala ordenará suspender
el desalojo ordenado por la Inspección Fray Damián contra las familias
indígenas alojadas en el predio de Alto Nápoles; y a las autoridades
municipales accionadas, a través de la Secretaría de Vivienda, preservar el
predio de Alto Nápoles como albergue temporal de las 120 familias que
actualmente lo ocupan, garantizando que sus condiciones sean acordes con la
dignidad humana”.
[78] A manera de ilustración,
en el fallo de tutela T-907 de 2013, la Sala Primera abordó la demanda de
amparo presentada por quien afirmó ser víctima del desplazamiento forzado y
haberse asentado pacíficamente por más de dos años, junto con otras personas,
en terrenos de un predio denominado ‘Cuernavaca’, en el Municipio de Puerto
Gaitán, Meta. Ante la amenaza inminente de desalojo, la Corte concedió el
amparo y dispuso la realización de un censo para identificar todos los
ciudadanos en condiciones similares de vulnerabilidad así: “7.3. El amparo
constitucional de los derechos fundamentales procederá en relación con aquellas
personas y familias, respecto de quienes se haya reconocido o se acredite, con
base en un censo actualizado, su condición de personas desplazadas por la
violencia. Con este fin, se ordenará a la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas que, en un plazo no superior a un (1) mes contado a partir
de la notificación de esta sentencia, realice un nuevo censo de familias
asentadas en el predio ‘Cuernavaca’ del Municipio de Puerto Gaitán, Meta, con
el fin de identificar quiénes ostentan la condición de personas desplazadas por
la violencia, de acuerdo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia
constitucional”.
[79] “Como protección para
las personas que no hacen parte de la población desplazada, la Sala ordenará a
la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán, Meta, que les informe por escrito, de
manera clara y detallada cuáles son las políticas públicas (municipales,
departamentales y/o nacionales), destinadas a garantizar el acceso a una unidad
de vivienda de interés social y los procedimientos y requisitos que deben
cumplir para ser incluidos en estos programas, teniendo en cuenta que dentro de
este grupo de personas pueden encontrarse sujetos de especial protección
constitucional para quienes se deben adoptar medidas de diferenciación
positiva, que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad
e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materializar el
goce efectivo de sus derechos fundamentales”. Corte Constitucional,
sentencia T-907 de 2013.
[80] En sentencia T-637 de
2013, aunque el desalojo del accionante del bien fiscal ya se había efectuado,
la Corte estimó necesario incluirlo en los programas habitacionales vigentes,
para mitigar en parte el daño que desencadenó el proceso de lanzamiento: “Como se ha ordenado en las sentencia T-472/09,[80]
en la que la Corte estudió una orden de desalojo de un bien fiscal que ya se
había llevado a cabo, se ordenará a la Gobernación del Valle, para que
verifique la situación personal del actor y su núcleo familiar, con el fin de
establecer el tipo de programa estatal de vivienda aplicable a su caso.
Adicionalmente, deberá adelantar en coordinación con las autoridades locales y
municipales, la inscripción en los programas de vivienda de interés social que
se considere pertinente, previa verificación de los requisitos exigidos y
observando el debido proceso en la asignación de los recursos disponibles”
[81] “De igual manera, esta
Colegiatura le ordenará al ente territorial que, dentro de los veinte 20 días
siguientes a la realización del censo, garantice un albergue provisional a las
personas asentadas en el predio denominado Colinas del Tunal, hasta que
adelante las gestiones idóneas y necesarias para que, en un término inferior a
tres meses, sean incluidos en los programas de vivienda para población
vulnerable con los que cuente el municipio, siempre y cuando acrediten el
cumplimiento de los requisitos para acceder a ellos. En caso de que no existir
cupos en dichos programas, la administración en el término de seis meses,
deberá adoptar un plan municipal con el fin de solucionar el problema de
vivienda planteado con la ocupación del referido inmueble”. Corte
Constitucional, sentencia T-721 de 2013.
[82] Corte Constitucional,
sentencia T-282 de 2011.
[83] En varias ocasiones, ante
eventos de desalojos de toda una comunidad, la Corte ha estimado necesario
proferir sus fallos con efectos inter comunis. Al respecto se pueden consultar
las sentencias T-314 de 2012, T-239, T-689 y T-907 de 2013, y T-781 de 2014.
[84] Al respecto, en la
sentencia SU-1023 de 2001 se dijo: “hay eventos excepcionales en los cuales
los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho
fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han
acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que
la protección de derechos fundamentales del accionante se realice
paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular accionado”.
[85] Corte Constitucional,
sentencia T-088 de 2011.
[86] “i)
Todo el proceso de reasentamiento debe llevarse a cabo con la plena
participación de las personas, los grupos y las comunidades afectados. En
particular, los Estados deberán tener en cuenta los planes alternativos
propuestos por las personas, los grupos y las comunidades afectados”.
Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada. Op. cit.
[87] Corte Constitucional,
sentencia T-781 de 2014. En igual sentido, el Relator
Especial sobre una vivienda adecuada ha recalcado la importancia de contar una
información detallada y transparente sobre el proceso de reubicación: “h) Las personas, los grupos y las comunidades afectados
recibirán información suficiente sobre todos los proyectos y procesos de planificación
y ejecución del Estado relativos al reasentamiento de que se trate, en
particular información sobre el supuesto uso de las viviendas o lugares
desalojados y sus beneficiarios propuestos.  Hay que prestar atención especial
a garantizar que los pueblos indígenas, las minoras, las personas sin tierra,
las mujeres y los niños estén representados e incluidos en este proceso”. Informe
del Relator Especial sobre una vivienda adecuada. Op. cit.
[88] En la referida sentencia
T-781 de 2014 se dispuso al respecto: “Como consecuencia de lo anterior, se
instará al municipio para que en cumplimiento de su deber de brindar asesoría
jurídica a la población en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad
asentada en el predio `Cuernavaca`, le informe acerca de las acciones legales
que pueden ejercer en aras de recuperar los recursos económicos invertidos en
el proyecto productivo de marañón ofrecido por particulares”.
[89] Corte Constitucional,
sentencia T-631 de 2013.
[90] En el caso T-314 de 2012,
la Corte concedió el amparo a una comunidad que ocupaba un edificio en la
ciudad de Bogotá, pero también advirtió sobre el riesgo sismológico y de
salubridad que enfrentaban sus ocupantes, por lo cual hizo el siguiente
llamado: “En este orden de ideas, se ordenará a la Caja de Vivienda Popular
que inicie el proceso de sensibilización de las familias para que accedan a
evacuar e ingresen al programa de reasentamiento, haciendo especial énfasis en
la etapa de relocalización transitoria, sin perjuicio de los procedimientos
para que puedan finalmente obtener una vivienda digna, propósito que también dependerá
de ellos, es decir, de que cumplan con los trámites que les indique el ente
demandado”.
[91] “[…] encuentra la Sala
que las autoridades municipales responsables de la política de vivienda que les
corresponde mitigar el impacto de la pérdida de la vivienda a través de la
asignación de los subsidios y reubicación como solución definitiva de vivienda
no respondieron con la misma diligencia pues carece de sentido que el Estado
llegue a las comunidades y exija que los habitantes evacuen sus viviendas que
han adquirido o construido, hagan las demoliciones y luego dejen en total
situación de indefensión a sus pobladores, pues ello desconoce las previsiones
de orden constitucional y legal destinadas a proteger el derecho a la vivienda
digna de todos los colombianos y en especial de las personas en situación de
vulnerabilidad como acontece con el accionante” Corte Constitucional,
sentencia T-566 de 2013.
[92] Cuaderno de primera
instancia, folio 99 y siguientes.
[93] Cuaderno
de revisión, folio 123.
[94] Cuaderno
de revisión, folio 124.
[95] Cuaderno
de revisión, folio 308. Lo cual se corrobora con las propias actas que señalan
quienes fueran las personas que se hicieron presentes durante la diligencia.
Cuaderno de revisión, folio 123 y siguientes.
[96] Informe
del Relator Especial sobre una vivienda adecuada (2007).
Op. cit.
[97] Observación
General 7, Op. cit.
[98] Cuaderno
de revisión, folio 253.
[99] Teniendo
en cuenta que la diligencia se extendió después de las 5.00 pm.
[100] Cuaderno
de revisión, folio 240.
[101] Cuaderno
de inspección judicial, folio 48.
[102] Cuaderno
de revisión, folio 258-259.
[103] Informe del Relator
Especial (2007). Op. cit.
[104] Observación
General 7. Op. cit.
[105] Cuaderno
de revisión, folio 241.
[106] Expedido
el 13 de febrero de 2015. Cuaderno de revisión, folios 263 y siguientes.
[107] Cuaderno
de inspección, folio 48.
[108] Cuaderno
de revisión, folio 261.
[109] “De acuerdo con el
artículo 2º Superior, uno de los fines esenciales del Estado es servir a la
comunidad y promover la prosperidad general. Entre los instrumentos más
efectivos con los que se cuenta para cumplir con esos deberes sociales se
encuentra la correcta prestación de los servicios públicos[109].
El capítulo 5º del título XII de la Constitución
Política, denominado “De la finalidad social del Estado y de los servicios
públicos”, contempla lo relacionado con la prestación de servicios públicos,
dentro de los cuales están los llamados “domiciliarios”. Más específicamente,
el artículo 365 dispone una serie de principios rectores en el siguiente
sentido: (i) los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado; (ii) es deber de este último asegurar a todos los habitantes del
territorio nacional su prestación eficiente; (iii) los servicios públicos
pueden ser prestados por la Nación de forma directa o indirecta, a través de
comunidades organizadas o particulares; (iv) la regulación, control y
vigilancia de dichos servicios está a cargo del Estado”. Sentencia T-801 de 2014.
[110] Corte
Constitucional, sentencia T-707 de 2012. Ver también T-578 de 1998.
[111] Cuaderno
de inspección judicial, folio 106. En un sentido similar se pronunció la
Procuraduría Municipal: “El suscrito funcionario de la Personería de
Floridablanca, Augusto Argel, Personero Delegado para la vigilancia
administrativa, policiva, judicial y ambiental,  me hice presente desde las
5.30 am para la diligencia en Altos de Bellavista, siendo en este momento las
3:45 pm dejo constancia que la administración municipal, alcaldía de
Floridablanca y demás entidades con la Inspección Primera de Floridablanca,
constata que se ha hecho el procedimiento de desalojo pero sin dar las
garantías que corresponden a las personas objeto de reubicación, que habitan el
globo 1 del terreno. Tampoco se le ha entregado el subsidio a las dos
familias desplazadas, por lo tanto no se está garantizando la reubicación
real… La solución con la comunidad debe ser concertado pero el
procedimiento ha sido equívoco” Cuaderno de revisión, folio 253.
[112] Cuaderno
de inspección judicial, folio 79.
[113] “en
mi calidad de Alcalde y en representación del municipio de Floridablanca,
solicito su colaboración para el suministro de la disponibilidad del servicio
de alcantarillado mediante la instalación de una pila temporal para el
alcantarillado del predio (…) denominado globo 2, teniendo los fallos de tutela
emitidos por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Floridablanca”.
Cuaderno de inspección judicial, folio 78.
[114] Cuaderno
de revisión, folio 150.
[115] Cuaderno
de inspección judicial, folio 22. Algo similar narró Luz América: “a mí
después del desalojo la alcaldía me reubicó acá. Yo misma hice la construcción
con las cosas que tenía del desalojo. Duré 1 semana a la intemperie; los
vecinos me dieron plásticos para tapar las cosas y una vecina me dio posada.
Vivo con 4 bebés, uno de 1 mes, la niña de 9 meses, otro de año y medio, y uno
de cinco años, y una de 12 años, 2 hijas mayores de edad y yo. Después de una
semana vinieron mis hermanas y me ayudaron con la construcción. El 23 de
diciembre la Alcaldía me dio 50 tablas, 10 palos redondos, 5 láminas de zinc,
el piso en cemento”. Folio 22.
[116] Cuaderno
de inspección judicial, folio 27.
[117] Radicado 2484 del sistema
de atención de quejas. Cuaderno de revisión, folio 272.
[118] Acta de inspección y
vigilancia sanitaria No. 772. Cuaderno de revisión, folio 273.
[119] Informe
de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.
A/66/265. Presentado el 4 de agosto de 2011. Citado en sentencia T-043 de 2015.
[120] Cuaderno
de revisión, folio 235.
[121] Cuaderno
de primera instancia, folios 222-230.
[122] Cuaderno de primera
instancia, folio 211.
[123] Corte
Constitucional, sentencia T-907 de 2013.
[124] Intervención de la
Personería Municipal. Cuaderno de inspección judicial, folio 39.
[125] Allegado
a esta Corporación el día 2 de marzo de 2015 por parte de las señoras Claudia
Patria Moreno Vega y Liliana Patricia Estupiñán Moreno. Cuaderno de revisión,
folios 338 y siguientes. Postura que fue reiterada por Findeter en valoración
efectuada los días 26 de febrero a marzo 2 de 2015 y que decidió la NO
habilitación del proyecto Cerros de la Florida. Ver documentos aportados por
Isaac Traslaviña Patiño el 16 de marzo de 2015. Cuaderno de revisión, folios
366 y siguientes.
[126] Cuaderno
de revisión, folio 356.
[127] Cuaderno
de revisión, folio 357.
[128] Cuaderno
de revisión, folio 359.
[129] Cuaderno
de revisión, folio 364
[130] Para que
un servicio público garantice los fines sociales previstos anteriormente, ha
dicho la Corte que es necesario que se preste en condiciones de: “(i)
Eficiencia y calidad, es decir, “que se asegure que las empresas que
proporcionen el servicio lo hagan de manera completa y atendiendo las
necesidades básicas de la población. Para ello, también debe garantizar que
dichas empresas recuperen sus costos y puedan invertir en el mismo sector con
el fin de lograr una mayor competitividad, lo que se traduce en una mejor
prestación del servicio”; (ii) Regularidad y continuidad, características que
hacen referencia a la ausencia de interrupciones colectivas o individuales
injustificadas, de suerte que el tiempo en que se presta el servicio sea apto
para satisfacer de forma permanente las necesidades de los usuarios. (iii)
Solidaridad, que exige la atención prioritaria de las necesidades básicas
insatisfechas de la población más vulnerable; y (iv) universalidad, que
involucra la ampliación permanente de la cobertura del servicio hasta que
llegue a cobijar a todos los habitantes del territorio nacional” Corte
Constitucional, sentencia C-060 de 2005.
[131]
Plazo que se estima razonable teniendo en cuento los propios
cálculos dados por el Banco Inmobiliario en sede revisión.
[132]
Ley 489 de 1998 (art. 59), Ley 1444 de 2011 y Decreto 3751 de 2011.
[133] Corte Constitucional,
T-418 de 2010.
[134] Corte Constitucional,
T-900 de 2013.