T-242-17
Sentencia
T-242/17
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Se deben identificar de manera razonable los hechos de la vulneración
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Improcedencia por cuanto no se cumplió con la carga de alegar los presuntos vicios dentro del
proceso de tutela de manera adecuada, toda vez que el actor se limitó a repetir
los mismos argumentos expuestos en el juicio disciplinario
La presente acción de tutela resulta procesalmente inviable,
dado que no se cumple con el presupuesto atinente a la identificación, desde la
óptica constitucional, de los hechos constitutivos de la vulneración que, si
bien fueron alegados dentro del trámite disciplinario, solo se presentaron ante
el juez constitucional como discrepancias legales contra las decisiones
jurisdiccionales controvertidas. Así, si bien es cierto que el actor expuso los
presuntos vicios ante los jueces naturales del asunto, ninguno de ellos fue
sustentado con suficiencia ante el juez de tutela, desde la óptica constitucional,
para controvertir la validez de las decisiones adoptadas por las autoridades
disciplinarias.
Referencia:
Expediente T-5.697.550
Acción
de Tutela instaurada por el señor Gonzalo Bechara Ospina contra las Salas Jurisdiccional
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y del Consejo
Superior de la Judicatura
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veinticinco (25) de abril de dos mil
diecisiete (2017)
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo, Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela
dictados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Chocó y por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el
asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El 8 de julio de 2015, el señor Gonzalo Bechara
Ospina -obrando mediante apoderado judicial- instauró acción de tutela contralas
Salas Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y del
Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de que le fueran amparados
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, supuestamente transgredidos dentro de la causa disciplinaria
adelantada en su contra con ocasión de un proceso ejecutivo contractual
conocido por él actuando como Juez Primero Administrativo de Quibdó.
La acción de tutela fue admitida por la autoridad
judicial de primera instancia el 13 de julio de 2015[1].Los
hechos relevantes de la causa, al momento de ser instaurada la demanda, se
resumen a continuación.
1.1.
Hechos
i.
El
25 de mayo del año 2007, ante la insuficiencia de establecimientos estatales, la
Gobernación del Chocó y la Diócesis de Istmina-Tadó suscribieron un contrato
para la prestación de servicios educativos a las comunidades indígenas del departamento[2].
ii.
El
5 de noviembre de 2009, el apoderado de la Diócesis de Istmina-Tadó suscribió
una cesión de derechos litigiosos en favor del señor Jesús Xavier Gómez Lozano.
En el citado negocio jurídico se transfirió, a título de venta, los derechos que
a la Diócesis le llegaran a corresponder en el proceso ejecutivo contractual
que se instauraría en los juzgados administrativos contra el departamento del
Chocó, en virtud del alegado incumplimiento del contrato previamente referido.
iii.
En
enero de 2010, mediante apoderado judicial, el señor Gómez Lozano instauró demanda
ejecutiva contra el departamento en mención. Como acreedor, alegó el
incumplimiento del contrato, pues el ente territorial dejó insoluto el 50% del
valor pactado como contraprestación del servicio educativo. Planteó dos
pretensiones, cada una por la suma de $772.500.000 pesos, sin contar intereses
bancarios, aunque, cabe precisar, la segunda pretensión fue adicionada al
libelo originalmente presentado. Para garantizar el pago de la obligación,
solicitó el embargo y retención de los dineros correspondientes al Sistema
General de Participaciones (SGP).
iv.
El
señor Bechara Ospina -accionante en la presente solicitud de amparo- era el Juez
Primero Administrativo del Circuito de Quibdó y asumió el conocimiento del
proceso ejecutivo contractual con radicación número 2010-00161, instaurado por
el señor Gómez Lozano contra el departamento del Chocó.
v.
El
29 de enero de 2010, como Juez Primero Administrativo del Circuito de Quibdó,
el señor Bechara Ospina libró mandamiento de pago en contra del departamento
del Chocó. Luego de lo cual, el 23 de febrero de 2010, dictó sentencia en el proceso
ejecutivo contractual y ordenó seguir adelante con la ejecución.
vi.
El
30 de abril de 2010, el apoderado del departamento del Chocó, señor Yuri Yesid
Peña Valencia, y el señor Elkin Mena Bechara, quien actuaba en representación
de la parte demandante, presentaron ante el Juez Primero Administrativo de
Quibdó un documento bajo la denominación de transacción del litigio[3]. En el
escrito indicaron que la pretensión del demandante era“(…) la satisfacción
de la totalidad del crédito adeudado, es decir, la suma de tres mil trecientos
veinticuatro millones quinientos sesenta y dos mil quinientos pesos
($3.324.562.500)”[4].
Esta suma equivalía a casi el 50% del tope máximo del contrato, siempre que se
hubiese atendido el número de niños requerido para alcanzar el monto[5].
vii.
El
12 de mayo de 2010, mediante auto interlocutorio, el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó señaló que el referido escrito no constituía una
transacción sino un acuerdo de pago. Con todo, lo aprobó como medio para hacer
efectivo el cumplimiento de la sentencia emanada de su despacho[6]. En la
misma providencia aprobó la liquidación del crédito presentada por el
ejecutante por el monto de $4.616.060.824 pesos y fijó las agencias en derecho
en la suma de $600.087.907 pesos[7].
viii.
Contra
dicho auto fue presentado, por parte del ente territorial, el 21 de mayo de
2010[8], recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación. La gobernación cuestionaba la
aprobación del acuerdo de pago suscrito.
ix.
El
8 de junio de 2010, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó rechazó el recurso
presentado por la gobernación por extemporáneo. Al mismo tiempo que se
pronunció sobre las solicitudes de Fiduprevisora SA -quien maneja recursos del
Sistema General de Participaciones SGP-, el Administrador Temporal para el
sector educativo en el departamento del Chocó y el Jefe de la Oficina del
Ministerio de Educación Nacional, rechazándolas.
Tales
solicitudes se relacionaban con el levantamiento del embargo decretado sobre
recursos del SGP. Algunas de las razones para ello se sustentaban en que, tras
el Decreto Ley 028 de 2008[9],
el Documento Conpes 124 de 2009 y la Resolución 1794 del mismo año[10], el
Ministerio de Educación Nacional había asumido de manera temporal la competencia
en el sector educativo del departamento ante el riesgo existente de que el ente
territorial no cumpliera con las obligaciones en la materia[11].
Puntualmente,
el Juez Primero Administrativo de Quibdó rechazó su participación en el proceso
al considerar que las intervenciones adhesivas y litisconsorciales no eran
propias del proceso ejecutivo. Igualmente, consideró que el embargo resultaba
procedente al tratarse de recursos del SGP, girados al departamento y quien
tenía el dominio sobre ellos, con el objeto de pagar deudas derivadas del sector
educación[12].
Finalmente, declaró terminado el proceso por el pago de la obligación[13].
x.
El
17 de junio de 2010, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó negó el
recurso de apelación instaurado por el Ministerio de Educación Nacional contra
el Auto del 8 de junio del mismo año, y lo rechazó por falta de legitimación en
el proceso[14],
a pesar de estar vigente el manejo temporal del servicio público educativo en
el departamento del Chocó desde el mes de julio de 2009. En la providencia,
también indicó que el embargo de los recursos del SGP era procedente por
tratarse de obligaciones contraídas para el sector educación.
xi.
Frente
a la anterior providencia, el 24 de junio de 2010, el Ministerio de Educación
Nacional instauró el recurso de queja para que se le concediera el recurso de
apelación, que correspondió al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó. Dentro
de los argumentos planteados, el Ministerio alegó que debía ser tenido como
parte, en virtud de que administraba los recursos del SGP, que fueron
embargados en el proceso ejecutivo referido. Lo anterior, por cuanto el departamento
perdió su administración como consecuencia de una medida cautelar de asunción
temporal de competencias (Resolución 1794 de julio 6 de 2009). Dicho esto,
enfatizó que la deuda contraída con la Diócesis de Istmina-Tadó no podía ser
pagada con tales recursos, pues el Ministerio los manejaba desde julio de 2009,
mientras que el acuerdo de pago fue posterior a esa fecha, esto es, el 30 de
abril de 2010.
xii.
El
18 de enero de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó resolvió
el recurso de apelación instaurado por el Ministerio de Educación contra el
Auto del 8 de junio de 2010.
Consideró
que la entidad estaba legitimada para intervenir por la naturaleza de los
dineros embargados y porque estaba acreditada la asunción temporal de
competencias del Ministerio sobre el servicio público educativo en el departamento
del Chocó. Por lo mismo, el gobernador carecía de competencia para comprometer
recursos de ese sector. Adicionalmente, afirmó que, para garantizar el saldo
insoluto de la obligación, no era dable embargar los recursos del SGP, ya que la
obligación solo podía pagarse con recursos propios del ente territorial, lo
cual se sustentaba jurídicamente en la Resolución 1794 del 6 de julio de 2009.
Por
otra parte, señaló que no existía solidaridad del Ministerio frente a las obligaciones
adquiridas por el departamento, por lo que el embargo de esos recursos
resultaba ilegal[15].
Finalmente, encontró otras actuaciones que, a su juicio, podían conllevar
responsabilidad disciplinaria y penal del Juez Primero Administrativo de
Quibdó, motivo por el cual compulsó copias integrales del proceso ejecutivo a
varias autoridades públicas para que se investigaran al funcionario.
Entre
las actuaciones que consideró debían ser investigadas se hallaban las
siguientes[16]:
1.
La
competencia para conocer del asunto, por la adición de la demanda, que resultó
en dos pretensiones de $772.500.000 pesos cada una, aumentó la cuantía del
proceso por encima de los $1.545.000.000 millones de pesos. Por ello, el
conocimiento de la causa debió radicar en cabeza del Tribunal Contencioso.
2.
La
obligación no era clara ni exigible, ya que debió aportarse la liquidación del
contrato de educación, pues su valor dependía de la multiplicación de $875.000
pesos por el número de alumnos efectivamente atendidos. Por tal razón, no podía
haberse asumido como valor de la obligación el tope máximo fijado en el
contrato.
3.
La
presentación del contrato, al igual que el contrato de transacción (que se acogió
como acuerdo de pago), no constituía un título ejecutivo complejo, por lo que
no era exigible al departamento, pues le faltaba la liquidación del contrato de
prestación del servicio educativo.
4.
Le
dio validez a la transacción presentada, que tampoco cumplía con el presupuesto
sustancial de la reciprocidad y que tuvo por acuerdo de pago, sin que mediara
aprobación del mandante, pues el apoderado sólo estaba facultado para transigir
judicialmente[17].
xiii.
En
la providencia previamente mencionada, el Tribunal Contencioso Administrativo
del Chocó hizo alusión a la existencia de otra investigación disciplinaria iniciada
contra el señor Bechara Ospina, en su calidad de Juez Administrativo, por el
embargo de los recursos del SGP, que fue allegada a esta actuación
disciplinaria en virtud del principio de economía procesal.
xiv.
Tras
la providencia en cita, se inició una investigación penal contra el señor
Bechara Ospina por los punibles de peculado por apropiación en favor de
terceros y prevaricato por acción. Lo anterior, con fundamento en actuaciones
relacionadas con los procesos ejecutivos radicados 2010-00161 y 2010-00431 del
señor Jesús Xavier Gómez Lozano contra el departamento del Choco[18].
xv.
En
un principio, el 29 de julio de 2011 y bajo el radicado 2011-00071[19],la
autoridad jurisdiccional disciplinaria dispuso iniciar la investigación contra
el señor Bechara Ospina, por la supuesta ocurrencia de conductas susceptibles
de constituir falta disciplinaria y por estar identificado e individualizado el
presunto responsable[20].
Entre
las conductas que podrían haber infringido el numeral 1º del artículo 153 de la
Ley 270 de 1996[21],
se hallaban las siguientes: (i) librar el mandamiento de pago con base en
documentos que carecían del requisito de exigibilidad; (ii) aprobar la
transacción sin analizar el poder otorgado por el departamento del Chocó; (iii)
asumir el conocimiento del asunto sin contar con competencia para ello; (iv)
rechazar de plano la intervención del Ministerio de Educación y (v) decretar el
embargo de cuentas del SGP para el pago de acreencias que estaban a cargo
exclusivamente de la entidad territorial[22].
xvi.
El
24 de agosto de 2011, se decretó la nulidad de lo actuado a partir de la
formulación del pliego de cargos contra el disciplinado. Así mismo, se señaló
hora y fecha para que fuera oído en versión libre[23].
xvii.
El
25 de abril de 2012, se ordenó remitir el asunto a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que asumiera el
conocimiento del proceso, pero esta autoridad ordenó la devolución de la
actuación a la Seccional de Chocó por la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 42 de la Ley 1474 de 2011[24].
xviii.
El
expediente contentivo del proceso disciplinario se extravió y fue necesaria su
reconstrucción[25],
la cual fue realizada en diligencia del 9 de octubre de 2013[26].
Dentro de los documentos allegados por el señor Bechara Ospina, quien fue
citado a comparecer, se encontraba una copia del informe de la Fiscalía General
de la Nación suscrito por el CTI, del 12 de noviembre de 2011, relativo a la
liquidación del crédito[27].
xix.
Durante
el transcurso del proceso disciplinario, el señor Bechara Ospina fue nombrado
Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó por el periodo
comprendido entre el 15 de marzo de 2011 y el 30 de junio de 2013.
Posteriormente, desde el 3 de febrero de 2014, el citado señor fue designado como
Magistrado del Tribunal del Magdalena.
xx.
La
formulación de pliego de cargos fue dispuesta por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó el 5 de marzo de
2014[28].
Sobre la gravedad de la falta, expuso que la calificaba como gravísima, de
conformidad con el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario
Único (CDU)[29],
pues la conducta cometida cumplía objetivamente con la descripción típica de
delitos sancionables a título de dolo[30]
y, en relación con la culpabilidad, la tuvo por dolosa.
En
la providencia, se estableció un único cargo que giró en torno al numeral 1º del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996[31]
y que se sustentó, entre otros, en los siguientes comportamientos:
1.
La
inaplicación del término legal del CCA (artículo 177) para acudir a la
jurisdicción a realizar un cobro ejecutivo;
2.
Librar
el mandamiento de pago tomando como base documentos carentes del requisito de
exigibilidad;
3.
Asumir
el conocimiento del proceso, frente al cual carecía de competencia por razones
de cuantía;
4.
Aprobar
el acuerdo de pago y una liquidación del crédito que desconocía el mandamiento
de pago y la sentencia emitida en el proceso ejecutivo, pues superaba la suma
total de las pretensiones;
5.
Rechazar
la intervención del Ministerio de Educación Nacional, quien tenía interés en el
proceso, en virtud de la asunción temporal de competencias sobre el sector de
educación en el departamento.
6.
Decretar
el embargo de las cuentas del SGP en el rubro de educación, recursos que no
eran propios del departamento del Chocó, para el pago de acreencias a cargo
exclusivamente del citado ente territorial, de conformidad con la Resolución
1794 del 6 de julio de 2009 y los Decretos 2613 de 2009 y 028 de 2008.
xxi.
En
sentencia proferida el 21 de enero de 2015, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó encontró responsable
al señor Bechara Ospina de incurrir en falta disciplinaria por incumplir con lo
dispuesto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996[32]. Esta
conducta fue calificada como gravísima a título de dolo y susceptible de ser
comprendida bajo el tipo penal de prevaricato por acción[33]. En
consecuencia, el actor fue sancionado con la destitución del cargo y la
inhabilidad general por el término de 10 años.
Dentro
de los alegatos formulados por el disciplinable durante el proceso, en
ejercicio de su derecho de defensa y que fueron resumidos en la sentencia, se hallan
los siguientes: (i) Que la educación misional se financiaba con recursos del
SGP; (ii) que el embargo sobre esos recursos se constituía en una excepción a
la regla de inembargabilidad; (iii) que no aceptó actuaciones del Ministerio de
Educación dentro del proceso ejecutivo, porque los terceros solo pueden
intervenir en los procesos de conocimiento[34];
(iv) que contaba con competencia para conocer de la causa porque para la época
de los hechos se hallaba vigente el artículo 20 del CPC, que permitía su
determinación a partir de la adopción de la pretensión de mayor valor como
parámetro, y, como existían dos iguales, resolvió tomar una de ellas; (v) que
se trataba de la ejecución de un contrato estatal, razón por la cual no era
aplicable la prescripción de 18 meses del artículo 177 del CCA, ya que los
recursos para satisfacer la obligación eran aquellos comprometidos del SGP; (vi)
que, a pesar de existir la asunción temporal del Ministerio de Educación
Nacional sobre el manejo de los recursos del SGP, lo cierto es que ellos
pertenecían al departamento; (vii) que en el pliego de cargos no se había
acreditado la ilicitud sustancial o el perjuicio causado a la administración
pública con sus actuaciones; y (viii) que se estaba cuestionando la interpretación
de la ley a través de un proceso disciplinario, lo que afectaba la autonomía
funcional de toda autoridad judicial.
Igualmente,
se planteó un incidente de nulidad, al considerar que se había vulnerado el
debido proceso, al no haber sido notificado personalmente del momento en el
cual se recibiría la declaración de un abogado, al igual que por no haberse puesto
a su disposición el informe del CTI relativo a la liquidación del crédito.
En
la sentencia, previo a resolver el fondo de la cuestión, el juez disciplinario
abordó la solicitud de nulidad presentada. Para ello, señaló que no era cierto
que las citadas actuaciones debieran ser notificadas personalmente al quejoso, pues
él las había conocido[35]
y le fueron comunicadas a través del sistema de consulta jurídica “SIGLO XXI”.
Por lo demás, refirió a que él también allegó varios de los documentos cuando
fue necesario reconstruir el expediente, convalidando, con ello, las supuestas
irregularidades alegadas. Además, enfatizó que, en relación con la declaración
del abogado, fue el propio señor Bechara Ospina quien la solicitó y delimitó el
motivo por el cual requería el testimonio, esto es, un pronunciamiento sobre el
trámite del proceso ejecutivo.
A
continuación, en relación con el único cargo presentado, la autoridad
jurisdiccional disciplinaria expuso que las indagaciones se limitaron a
establecer si el señor Bechara Ospina había actuado en contravía de las
disposiciones legales que regulaban el trámite de los procesos ejecutivos
contractuales y, con ello, había desconocido o no el numeral 1º del artículo
153 de la Ley 270 de 1996. Dicho esto, consideró que tenía certeza sobre la
existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, ente otras, por
las siguientes razones:
(i)
El
título judicial fue fraccionado de manera irregular para hacer recaer la
competencia en el despacho del disciplinado, pues era claro que el valor
adeudado correspondía a la suma de $1.545.000.000 millones de pesos y, si bien
la demanda se formuló aproximadamente por la mitad de ese monto, al día
siguiente se “subsanó”, adicionando una pretensión de $772.500.000
millones de pesos. Además, en el título, compuesto por el contrato celebrado y
el acuerdo de pago, solo constaba la fecha de vencimiento de la obligación (31
de diciembre de 2009) y no que fuese a ser satisfecha por cuotas, por lo que,
si se partía del hecho de que el título solo presta mérito ejecutivo si
contiene una obligación clara, expresa y exigible, era claro que el señor
Bechara Ospina no podía concluir algo distinto a lo establecido en el documento[36].
(ii)
Tal
documento que, además, se presentó como una transacción y que fue tenido por
acuerdo de pago, no podía ser comprendido como un allanamiento del deudor, es
decir, del departamento del Chocó, pues, para ello, se requería una
autorización del gobernador, actuación que no se observaba en el proceso[37].
(iii)
El
señor Bechara Ospina aprobó la liquidación del proceso y un acuerdo de pago por
valor superior a aquel librado en el mandamiento de pago, que conllevó a la
cancelación del 100% de la obligación y no solo de la parte ejecutada[38].
(iv)
La
medida cautelar para la Administración Temporal del Sector  ejercida por el
Ministerio de Educación Nacional, que abarcaba los recursos del SGP, no
permitía tener a la citada entidad como  un tercero sin interés en el asunto,
sino que, en su lugar, debía obrar como una parte con la atribución de ser oída
en el proceso[39].
Además, en varias ocasiones, tanto el Ministerio referido, como la Fiduciaria
que administraba los recursos, le informaron de esta situación al juez
disciplinado y de la improcedencia del embargo[40].
(v)
La
otra investigación disciplinaria que había sido resuelta con antelación no
abarcaba ni los hechos ni el estudio de las trasgresiones hechas en esta
oportunidad[41],
pues, en esa ocasión, el análisis se limitó a establecer si, por la naturaleza
de los recursos, era posible ordenar el embargo; mientras que, en esta oportunidad,
se analizaba la titularidad de las cuentas afectadas con la medida del embargo[42].
En
cuanto a la responsabilidad del disciplinable, se indicó que se acreditaba la
ilicitud sustancial de su comportamiento, por afectar el deber funcional de
administrar justicia. Actuaciones que, por lo demás, llevaron a que se iniciara
un proceso penal en contra del señor Bechara Ospina. Por lo anterior, se consideró
que la falta se cometió a título de dolo, ya que el disciplinado era consciente
de la situación y, de manera voluntaria, incursionó en la ilicitud. Finalmente,
se apuntó que la conducta era calificada como gravísima, al encuadrar en el
tipo penal de prevaricato por acción.
xxii.
El
señor Bechara Ospina apeló la sentencia de primera instancia, solicitó su
aclaración y anulación. También recusó a los Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó.
La recusación fue sustentada aduciendo que, como quiera que tales autoridades
ya se habían pronunciado sobre una causa disciplinaria similar, carecían de
imparcialidad y habían manifestado juicios y opiniones en relación con la
procedencia del embargo de recursos del SGP[43].
En
cuanto a la solicitud de aclaración, el señor Bechara Ospina alegó que existía una
omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, ya que, en su criterio, no
se acreditaba con certeza a quién se refería la sentencia cuando imputaba la
fracción irregular del título ejecutivo[44].
Igualmente, cuestionó sobre si se hallaban acreditadas todas las causales
consagradas en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 para efectos de graduar la
sanción[45],
si cabía o no en esta materia confrontar y contrainterrogar al testigo
presentado por el disciplinado[46],
y si efectivamente resultaba posible ordenar el embargo de recursos del SGP en
procesos ejecutivos[47].
Por
otra parte, en lo que atañe al incidente de nulidad, entre los elementos
propuestos por el señor Bechara Ospina se hallaba que la autoridad
jurisdiccional de primera instancia carecía de competencia, porque para el 21
de enero de 2015, ya había prescrito la acción disciplinaria, dado que habían
transcurrido más de cinco años desde el momento en el cual se profirió el
mandamiento de pago (29 de enero de 2010). También alegó que miembros de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
Chocó se encontraban impedidos, porque en otra causa disciplinaria instaurada
en su contra habían considerado la viabilidad de ordenar, excepcionalmente, el
embargo de recursos del SGP. Lo anterior, a su juicio, incidía también en la
garantía de la cosa juzgada, pues en aquella causa y bajo el referido análisis
de la viabilidad del embargo, fue exonerado de responsabilidad. A lo anterior
agregó que la nulidad por la indebida notificación hubiese sido resuelta en la
sentencia de primera instancia, sin dar lugar a que instaurara el recurso de
reposición[48].
En resumen, señaló razones por las cuales consideraba que la conducta cometida
carecía de tipicidad, no podía ser calificada como dolosa, la graduación de la
sanción resultaba desproporcionada y, con la providencia, se afectaba el
principio de autonomía judicial, para lo cual reiteró argumentos expuestos
durante el proceso.
Por
último, en relación con el recurso de apelación, además de reiterar argumentos planteados
en el incidente de nulidad, ratificó los descargos presentados en el curso del
proceso. Igualmente, mencionó que en el poder dado por la gobernación a su
apoderado en el proceso ejecutivo, se hallaba la facultad de transigir.
xxiii.
La
decisión de primera instancia fue confirmada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en fallo del 6 de mayo de
2015. Algunos de los elementos abordados en la providencia fueron: (i) la
alegada prescripción; (ii) la recusación propuesta; (iii) la nulidad
presentada; (iv) la solicitud de aclaración y (v) el contenido puntual de la
apelación.
En
lo atinente a la prescripción, indicó que, frente al hecho de haber librado el
mandamiento de pago sin que la documentación allegada  como título ejecutivo
base del recaudo judicial cumpliera con el requisito de exigibilidad, había
transcurrido más de un lustro, por lo que ella se materializaba. No así la
falta relativa a haber asumido la competencia del proceso, pues se trataba de
una conducta de carácter permanente y culminó solo hasta el 8 de junio de 2010,
momento en el cual dio por terminado el asunto ante el pago total de la
obligación.
En
lo concerniente a la recusación, apuntó que no se configuraba causal contra los
Magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, por cuanto la
solicitud había sido presentada tras el fallo de primera instancia, momento en
el cual perdieron competencia dentro del proceso disciplinario.
En
cuanto al incidente de nulidad, argumentó que no se advertía irregularidad que
incidiera en el debido proceso[49].
Esto, en atención a que era obligación del señor Bechara Ospina estar pendiente
de la programación de la diligencia relativa a la declaración de su propio
testigo. Además, la cuestión había sido resuelta por el a quo, ya que la
nulidad había sido propuesta, bajo los mismos términos, ante la autoridad
jurisdiccional de primera instancia. Igualmente, enfatizó que las copias del
informe del CTI fueron allegadas por el propio disciplinable, por lo que -al
tener conocimiento del elemento probatorio- se respetó su derecho de defensa. En
cuanto a la oportunidad para instaurar el recurso de reposición, arguyó que, al
proponer el incidente nuevamente ante el ad quem, se evidenciaba que no
se desconocía la facultad de recurrir la determinación del a quo.
Finalmente, en cuanto al desconocimiento de la garantía de la cosa juzgada, señaló
que cada uno de los casos presentaba particularidades específicas, luego no se
trataba de causas idénticas.
En
lo que atañe a la solicitud de aclaración, el ad quem adujo que
resultaba improcedente, pues los alegatos del señor Bechara Ospina mostraban
que, en realidad, pretendía el cambio de la decisión y no el esclarecimiento de
aspectos de la providencia.
Por
último, frente al recurso de apelación[50],
el Consejo Superior de la Judicatura indicó que no le asistía razón al
disciplinable, pues se evidenciaban varias irregularidades. Entre ellas,
señaló: (i) el asumir el conocimiento de la causa a pesar de carecer de competencia
en razón de la cuantía; (ii) la interpretación y aplicación dada a la transacción
suscrita por las partes; (iii) la cautela ordenada sobre recursos del SGP y (iv)
la exclusión del Ministerio de Educación[51].
A continuación, enfatizó que los criterios previstos en el artículo 47 de la
Ley 734 de 2002[52]
se hallaban reunidos en el caso, al igual que resultaba patente el perjuicio
causado al Departamento del Chocó y a la función pública. Por ello, a su
juicio, debía confirmar la sanción.
Entre
los razones expuestas para llegar a esa conclusión se hallan las siguientes: (i)
el señor Bechara Ospina decretó la terminación del proceso por el pago total de
la obligación, lo que superó el monto demandando; (ii) la asunción temporal de
competencia en la prestación del servicio educativo por parte del Ministerio de
Educación, hacía que no fuera el ente territorial el que manejara los recursos,
por ello, al negar la intervención de aquel, imposibilitó que realizara una
debida oposición a la medida de embargo; (iii) si bien existen excepciones al
principio de inembargabilidad de los recursos del SGP, lo cierto es que el juez
administrativo no podía afectar dichos valores en específico, porque no estaban
siendo administrados por el ente territorial y se hallaban destinados a cubrir
las obligaciones en el sector por el año 2010, lo que finalmente resultó
afectado por las irregularidades del proceso ejecutivo; y, finalmente, (iv) el
señor Bechara Ospina hizo caso omiso a las alertas dadas por la fiduciaria que
administraba los recursos, al igual que por el citado Ministerio de Educación.
xxiv.
El
apoderado del accionante instauró un nuevo incidente de nulidad, esta vez
contra la sentencia proferida el 6 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Para fundamentarlo, alegó
que, al haber sido nombrado Magistrado de Tribunal, la competencia del proceso
disciplinario recaía exclusivamente en esta última autoridad jurisdiccional.
Igualmente, aunque de manera extemporánea, adicionó el escrito solicitando que fuera
declarada la prescripción de la acción disciplinaria por el transcurso de más
de un lustro.
xxv.
El
27 de mayo de 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura rechazó el incidente de nulidad. Para ello, alegó que la
nulidad instaurada, relativa a la competencia del juez natural, debió haber
sido alegada en un momento procesal previo a la adopción de la sentencia,
máxime cuando el disciplinado había actuado en todo el proceso. Asimismo, por
extemporánea, rechazó la solicitud de declaratoria de prescripción.
1.2. Solicitud de amparo constitucional
Con fundamento en los hechos relatados, el señor Gonzalo
Bechara Ospina solicitó al juez de tutela que dejara sin efectos las sentencias
cuestionadas y, en consecuencia, dispusiera que fueran nuevamente falladas con
sujeción al debido proceso.
En lo atinente a la procedencia de la acción contra
providencias judiciales, el actor expuso que la vía ordinaria para defender sus
intereses fue agotada, razón por la cual se cumplía con el presupuesto de
subsidiariedad. Además, a lo largo del proceso, expuso la necesidad de respetar
el principio de autonomía funcional, el cual se veía comprometido como
consecuencia de la errada tipificación de la conducta, la indeterminación de la
ilicitud sustancial y la prescripción de la acción disciplinaria. En lo
concerniente a la inmediatez, enfatizó que instauró la solicitud de amparo
dentro de los dos meses siguientes al momento en que fue proferida la decisión
de segunda instancia del proceso disciplinario. Finalmente, alegó que no se trataba
de una acción de tutela contra una sentencia de amparo y que el asunto se
hallaba revestido de relevancia constitucional, pues versaba sobre la
trasgresión de su derecho fundamental al debido proceso.
Para sustentar el fondo de la solicitud, el señor
Bechara Ospina argumentó lo siguiente:
En primer lugar, que los cargos fueron imprecisos, pues
no se hizo un análisis sobre la ilicitud sustancial de la conducta y si ella
incidió en el ejercicio de la función pública[53],
lo que impidió el despliegue de su defensa técnica. Lo anterior, en su opinión,
constituye una conducta susceptible de ser comprendida dentro de la
materialización del defecto relativo a una decisión sin motivación y, a
su parecer, este presunto vicio abarcaba también las sentencias disciplinarias
proferidas.
En segundo lugar, manifestó que la autoridad disciplinaria
de primera instancia perdió competencia al haber sido ascendido de juez administrativo
a Magistrado del Tribunal del Chocó y luego del Magdalena. Así las cosas, el
proceso debió convertirse en trámite de única instancia, de conformidad con el numeral
3 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996[54],
ya que el fuero es integral y comprende todas las conductas cometidas. En
consecuencia, a su parecer, se configuró un defecto orgánico.
En tercer lugar, alegó que no fue resuelta la
solicitud de aclaración de fallo en relación con la sentencia de primera
instancia, la cual debía ser abordada exclusivamente por el ad quem. De
igual forma, se expuso que tampoco fue resuelta la nulidad que interpuso por
indebida notificación, al igual que la recusación que instauró contra los Magistrados
de la Sala de Decisión. Lo cual, en su criterio, da lugar a un defecto
procedimental.
En cuarto lugar, adujo que no se evidenciaba una
conducta dolosa de su parte y que se le imputaba una de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[55], que
contiene determinadas actuaciones que objetivamente son descritas como típicas.
Sin embargo, fue sancionado por el alegado incumplimiento de lo establecido en
el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996[56], con
lo cual se varió la imputación objetiva y subjetiva, incurriendo así en un defecto
sustantivo, pues el desconocimiento de esta norma no daría lugar a una
falta gravísima sino a una de menor entidad. Dicho esto, explicó que utilizó la
pretensión de mayor valor para determinar su competencia y, como quiera que
para ese momento no se permitía la sumatoria de los montos, de acuerdo con el
inciso 7º del artículo 134b del CCA[57],
era competente, pues el monto no sobrepasaba los 1500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes de la época. De allí que, a su juicio, lo anterior es
constitutivo de un defecto sustantivo.
En quinto lugar, arguyó que la acción disciplinaria
había prescrito, pues el proceso por el cual lo investigaban no culminó el 8 de
junio de 2010, sino el 12 de mayo del año en cita, cuando profirió el auto
aprobatorio de la transacción entre las partes, que implicó el pago total de la
obligación, de conformidad con el artículo 340 del CPC[58]. En
consecuencia, se causó un defecto sustantivo.
Finalmente, en sexto lugar, el señor Bechara Ospina
adujo que existen pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional que permiten afectar dineros del Sistema General de
Participaciones (SGP). De allí que, al imponer una sanción con base en una
interpretación de la ley, a partir de la cual consideraron que había incurrido
en un prevaricato, y al margen de tales precedentes, se materializó el vicio
constitutivo de una violación directa de la Constitución, pues los
jueces disciplinarios desconocieron la autonomía funcional de un juez
administrativo.
1.3. Contestación de las autoridades
públicas demandadas
1.3.1. Contestación de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó[59]
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Chocó se opuso a las pretensiones de la demanda y
solicitó que la acción de tutela sea declarada improcedente. Para ello, tras
referir a varios aspectos procesales dentro del trámite disciplinario
adelantado en contra del accionante por sus actuaciones cometidas en calidad de
Juez Primero Administrativo del Chocó, mencionó que la supuesta falta de
competencia que ahora se endilga, no  fue controvertida dentro de la
oportunidad procesal correspondiente.
Aun así, todas las actuaciones fueron remitidas a la
autoridad judicial de segunda instancia (Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura), quien las devolvió en atención a que, tras
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 42 de la Ley 1474 de 2011[60], no
resultaba posible alterar la competencia. Adicionalmente, enfatizó que en la
actualidad no existe norma en materia disciplinaria que contemple la variación
de la competencia por el hecho de que el disciplinado adquiera la calidad de
Magistrado. Asunto que complementó con la imposibilidad de soslayar que, las
actuaciones investigadas y sancionadas, se dieron con ocasión del desempeño del
actor como juez administrativo. Por lo anterior y de conformidad con el
artículo 114 de la Ley 270 de 1996, le competía al Consejo Seccional del Chocó examinar
la conducta del señor Bechara Ospina[61].
Dicho esto, alegó que todas las actuaciones dentro
del proceso disciplinario fueron coherentes, pues se formularon a partir de un
cargó único, que abarcaba las conductas a investigarse y que fueron claramente
descritas. En concreto, se pusieron de presente las normas presuntamente vulneradas,
se analizó el material probatorio y los alegatos dados por el disciplinable y
se concluyó que había incurrido en actuaciones que daban lugar a las sanciones
impuestas, previa determinación de la forma de culpabilidad y de los criterios
para tipificar la gravedad de la falta. Por lo mismo, la decisión estuvo
plenamente motivada y, a su parecer, no se incurrió en ninguno de los defectos
alegados en la demanda de tutela.
A continuación, indicó que el actor se refirió,
dentro del proceso disciplinario, a varios de los hechos que sustentaban el
cargo único formulado, pero guardó silencio en relación con la calificación de
la falta como gravísima y de la culpabilidad a título de dolo. Sobre el
particular, reiteró que, al considerar que el disciplinado cometió
objetivamente la descripción típica consagrada en la ley penal, la falta al
deber del artículo 153, numeral 1º, del CDU, debía ser calificada como
gravísima.
En cuanto a la prescripción alegada, indicó que para
la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia dentro del proceso
disciplinario, esto es, el 21 de enero de 2015, aquella todavía no había
operado, pues las actuaciones comenzaron a suceder el 29 de enero de 2010, momento
en el cual el disciplinable libró el mandamiento de pago. A partir de entonces,
de conformidad con el artículo 30 de la Ley 734 de 2002[62], el
término de prescripción de 5 años contaba para las decisiones y actuaciones
instantáneas; mientras que, para las de tracto sucesivo, debía verificarse en
relación con el último acto. Con todo, sobre este punto, en sede de apelación,
el superior funcional decretó la prescripción respecto del mandamiento de pago,
pero no sobre las demás actuaciones realizadas dentro del proceso.
A continuación, refirió que el análisis de la
ilicitud sustancial se hizo en la sentencia de primera instancia, donde se indicó
que se materializaba el incumplimiento del deber de todo funcionario judicial
de obedecer el contenido de las normas. Lo anterior no se expuso en el pliego
de cargos, pues no era el momento procesal para hacerlo. Por lo mismo, no
resultaba aceptable que se alegara ausencia de motivación en la sentencia de
primera instancia.
Además, indicó que el actor instauró un incidente de
nulidad con posterioridad a la decisión de primera instancia, razón por la cual
se remitió al superior funcional para que se pronunciara al respecto. En
relación con la aclaración solicitada, apuntó que el escrito se dirigía a los
considerandos y planteamientos que fundamentaban la decisión de fondo, razón
por la cual se consideró que hacían parte del recurso de apelación.
Finalmente, frente a la alegada violación directa de
la Constitución por el desconocimiento de la autonomía funcional, indicó que
fue analizada en la sentencia del proceso disciplinario, donde se dijo que de
ella no podía predicarse la facultad de proferir decisiones o actuaciones
abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico.
1.3.2. Contestación de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[63]
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que el amparo fuese denegado. Para ello, alegó que no hubo falta de competencia
de la autoridad judicial de primera instancia en el proceso disciplinario, pues
las investigaciones se hicieron en relación con las conductas desplegadas por
el señor Bechara Ospina con ocasión del ejercicio del cargo de juez administrativo.
Por ello, el nombramiento del disciplinado en un cargo de mayor jerarquía no
incidía en este asunto.
A continuación, indicó que el actor buscaba reabrir
instancias procesales finiquitadas, a partir de interpretaciones alejadas de
los raciocinios dados por las autoridades competentes dentro del proceso
disciplinario. Tanto así, que los mismos cuestionamientos habían sido abordados
al momento de proferir las sentencias ahora cuestionadas por vía de tutela, que
recibieron pronunciamientos puntuales frente a la prescripción alegada y a las
nulidades deprecadas.
En cuanto a la prescripción, apuntó que fue
decretada en relación con el hecho de haber librado el mandamiento de pago el
29 de enero de 2010, a partir de documentos que no constituían un título
ejecutivo complejo[64],
no así las otras conductas dentro del proceso ejecutivo adelantado contra el Departamento
del Chocó, por ser de carácter permanente y prolongarse hasta el 8 de junio de
2010, fecha en la cual el señor Bechara Ospina declaró la terminación de la
causa por el pago de la obligación y negó la intervención del Ministerio de
Educación Nacional. En este sentido, expuso que, de conformidad con las
sentencias disciplinarias, al asumir la competencia del asunto, sin tenerla en
razón de la cuantía, se configuró una conducta de carácter permanente.
En lo relativo a las recusaciones propuestas, aclaró
que el demandante cuestionaba a magistrados por haber resuelto con anterioridad
otra causa disciplinaria instaurada en su contra, pero ella fue pretendida
cuando ya había sido adoptada la decisión de primera instancia en el proceso
disciplinario, lo que hacía inocua la solicitud, en virtud de que tal autoridad
jurisdiccional había perdido competencia al proferir la providencia.
En lo referente a las nulidades propuestas, expuso
que el motivo de su denegatoria se debió a que no existió ninguna irregularidad
procesal. Para el efecto, el Consejo Superior refiere a las explicaciones dadas
en el curso del proceso, en donde se detallaron los motivos por los cuales no
se imponía el deber de notificar personalmente la práctica de pruebas
vinculadas con la declaración de un abogado, solicitado por el mismo señor
Bechara Ospina, y la recepción del informe técnico contable realizado por el
CTI.
A lo anterior agregó que el resto de las
irregularidades procesales aducidas por el actor, habían sido debidamente
resueltas en la causa disciplinaria. Entre ellas, la alegada violación a la
garantía de la cosa juzgada, en virtud del pronunciamiento de los jueces
disciplinarios de primera instancia en otra actuación iniciada en su contra,
respecto de la cual, por las circunstancias del caso, era claro que no existía
identidad de hechos.
Finalmente, en cuanto a la aclaración de la sentencia,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura adujo
que se evidenciaba con claridad el motivo por el cual en el proceso
disciplinario se consideró improcedente, pues el accionante perseguía que el
sentido de la decisión fuese cambiado por no compartir su contenido, aspecto
que trasciende lo previsto en el artículo 121 de la Ley 734 de 2002[65].
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN[66]
2.1. Sentencia de primera instancia[67]
En sentencia del 27 de julio de 2015, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Departamento del Chocó (conjueces) decidió la causa en
primera instancia y declaró improcedente el amparo solicitado por el señor
Gonzalo Bechara Ospina. Para el caso concreto, realizó una inspección judicial
al proceso disciplinario adelantado contra el actor, luego de ello, expuso sendas
consideraciones en torno al rol del derecho disciplinario frente al ejercicio
de la función pública, así como a la remisión normativa que el CDU contiene. Dicho
esto, reiteró la jurisprudencia de esta Corporación en torno a la viabilidad
procesal y los requisitos de prosperidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
A continuación, analizó los cargos formulados.
Frente a la nulidad por falta de competencia, indicó que la autoridad
disciplinaria de primera instancia había remitido el asunto al Consejo Superior
de la Judicatura, quien se lo devolvió para que lo continuara conociendo, sin
que el actor manifestara alguna posición al respecto. Adicionalmente, señaló
que las conductas investigadas eran aquellas adelantadas cuando el actor servía
como juez administrativo y no como magistrado de tribunal, razón por la cual
resultaba infundado considerar que el fuero de este último aplicase para
aquellos comportamientos.
En lo relativo a la recusación, alegó que fue
presentada después de haber sido notificada la sentencia de primera instancia,
razón por la cual el actor perdió la posibilidad de que fuera tramitada, de
conformidad con el artículo 151 del CPC[68].
En cuanto a la solicitud de aclaración, indicó que no resultaba procedente,
pues estaba dirigida sobre aspectos considerativos del fallo que debían ser
resueltos por el superior funcional. Finalmente, en relación con la
prescripción, mencionó que lo probado denotaba que el actor había actuado
dentro del proceso ejecutivo hasta el 8 de julio de 2010.
En conclusión, el amparo resultaba improcedente, ya
que no se cumplía con la carga de alegarlos presuntos vicios dentro del proceso
de tutela de manera adecuada, toda vez que el actor se limitó a repetir los
mismos argumentos expuestos en el juicio disciplinario. De allí que, en su
entender, lo que realmente pretendía el demandante era reabrir un debate zanjado
y culminado ante el juez natural.
2.2. Impugnación
El señor Bechara Ospina formuló el recurso de
apelación, el cual sustentó alegando que el a quo no motivó en debida
forma su decisión, ya que no analizó los hechos planteados en su integridad, ni
se pronunció sobre todos los cargos planteados en contra de las decisiones
adoptadas en el proceso disciplinario.
2.3 Sentencia de segunda instancia[69]
En sentencia del 8 de junio de 2016, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió la
causa en segunda instancia. En la providencia, resolvió revocar la sentencia
del a quo para, en su lugar, denegar el amparo solicitado por el
accionante.
Para sustentar su decisión, el ad quem
refirió la jurisprudencia constitucional relativa a la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales y encontró que, en este
caso, todos los requisitos procedimentales se cumplían a cabalidad. A
continuación, expuso que, a su juicio, no se configuraba ninguna causal
específica de prosperidad de la acción de tutela, pues, en el fondo, se
observaban discrepancias interpretativas y argumentativas, mas no defecto
alguno. De esta manera, enfatizó que las sentencias de primera y segunda
instancia del proceso disciplinario contaban con suficientes fundamentos
fácticos y jurídicos, y obedecían al principio de autonomía judicial.
Dicho esto, repasó los cargos propuestos por el
accionante y la manera en que fueron resueltos por las autoridades
disciplinarias demandadas. En lo referente a la prescripción, indicó que fue
decretada frente al mandamiento de pago, pero no en relación con las demás
actuaciones disciplinarias reprochadas, que fueron de carácter permanente y se
prolongaron hasta el 8 de junio de 2010, fecha en la cual el disciplinado
declaró terminado el proceso ejecutivo por el pago.
En lo referente a las recusaciones y a la solicitud
de aclaración, apuntó que las primeras fueron extemporáneas e improcedentes,
pues, de conformidad con el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, no
pueden ser formuladas por quien haya adelantado cualquier gestión en el proceso
después de que el juez haya asumido el conocimiento. Frente al particular,
enfatizó que el escrito fue presentado con posterioridad a la decisión de
primera instancia. En lo relativo a la segunda, indicó que no se buscaba una
aclaración del fallo, sino que el disciplinado pretendía una revisión del contenido
de la providencia, hipótesis totalmente ajena a lo estipulado en el artículo
121 del CDU[70].
III. ELEMENTOS PROBATORIOS RELEVANTES
3.1. Pruebas relevantes aportadas al
proceso
a.
Copia
del contrato suscrito entre el departamento del Chocó y la Diócesis de
Istmina-Tadó para la prestación del servicio público educativo en las instituciones
y centros indígenas del departamento. (Anexo 1, folios 375 a 381).
b.
Cesión
de derechos litigiosos celebrada entre el señor Jesús Xavier Gómez Lozano y el
apoderado de la Diócesis de Istmina-Tadó. (Anexo 1, folio 387).
c.
Copia
de demanda ejecutiva de mayor cuantía instaurada por el señor Jesús Xavier
Gómez Lozano contra el Departamento del Chocó. (Anexo 1, folios 366 a 368 y 390
a 394).
d.
Mandamiento
de pago librado, el 29 de enero de 2010, por el Juzgado Primero Administrativo
de Quibdóen el proceso ejecutivo contractual iniciado por Jesús Xavier Gómez
contra el Departamento del Chocó. (Anexo, folios 396 a 397).
e.
Sentencia
proferida el 23 de febrero de 2010 por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó,
en el proceso ejecutivo contractual iniciado por Jesús Xavier Gómez Lozano
contra el Departamento del Chocó. (Anexo 1, folios 407 a 408).
f.
Transacción
para finalizar el proceso ejecutivo, presentada por el apoderado del departamento
mencionado y el señor Elkin Mena Bechara. Este documento fue tenido por el Juez
Primero Administrativo de Quibdó como un acuerdo de pago. (Anexo 1, folios 417
a 420).
g.
Auto
interlocutorio del 12 de mayo de 2010, mediante el cual el Juzgado Primero
Administrativo del Quibdó aprobó la transacción previamente referida. (Anexo 3,
folios 282 a 285).
h.
Auto
del 8 de junio de 2010, a través del cual se rechazó el recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación, presentado por el Departamento del Chocó contra el
Auto del 12 de mayo de 2010, por ser extemporáneo. En esta providencia también
se rechazó la intervención del Ministerio de Educación Nacional, por falta de
legitimación como parte. En consecuencia, se declaró terminado el proceso (Anexo
1, folios 448 a 451).
i.
Auto
del 17 de junio de 2010, mediante el cual el juzgado mencionado resolvió negarla
apelación instaurada por el Ministerio de Educación Nacional.(Anexo 1, folios
456 a 458).
j.
Recurso
de queja instaurado por el Ministerio de Educación en contra del Auto del 17 de
junio de 2010, que dio por terminado el proceso ejecutivo y que negó su
intervención. (Anexo 1, folios 7 a 12 y 468 a 470).
k.
Auto
del 18 de enero de 2011, mediante el cual el Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó resolvió la impugnación presentada por el Ministerio
de Educación contra el Auto del 8 de junio de 2010, proferido por el Juez
Primero Administrativo de Quibdó. (Anexo 1, folios 286 a 304).
l.
Auto
del 30 de marzo de 2011, en el que la Magistrada Sustanciadora del Consejo
Seccional de la Judicatura del Chocó, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
dispuso abrir investigación contra el señor Gonzalo Bechara Ospina (Anexo 1,
folios 333 a 335).
m.
Pliego
de Cargos formulado, el 5 de marzo de 2014, por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocócontra el señor
Gonzalo Bechara Ospina en virtud de las actuaciones adelantadas cuando se
desempeñaba como Juez Primero Administrativo de Quibdó. (Anexo 1, folios 508 a
564).
n.
Sentencia
de primera instancia proferida, el 21 de enero de 2015, por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó
que resolvió la queja interpuesta contra el señor Bechara Ospina. (Cuaderno 1,
folios 134 a 225).
o.
Incidente
de recusación presentado por el actor contra los Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó.
(Cuaderno 1, folios 231 a 246).
p.
Solicitud
de aclaración de la sentencia disciplinaria proferida el 21 de enero de 2015.
(Cuaderno 1, folios 267 a 277).
q.
Incidente
de nulidad presentado por el señor Bechara Ospina con ocasión de la sentencia
disciplinaria proferida el 21 de enero de 2015 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó. (Cuaderno 1,
folios 280 a 313).
r.
Recurso
de apelación presentado por el disciplinado contra la decisión del 21 de enero
de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Chocó. (Cuaderno 1, folios 318 a 380).
s.
Sentencia
de segunda instancia proferida, el 6 de mayo de 2015, por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante la
cual resolvió el recurso de alzada interpuesto por el apoderado del señor
Bechara contra la providencia del 21 de enero de 2015. (Cuaderno 2, folios 430
a 527).
t.
Incidente
de nulidad presentado por el apoderado del actor con ocasión de la sentencia
del 6 de mayo de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura. (Cuaderno 2, folios 534 a 538).
u.
Auto
proferido el 27 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que
resolvió rechazar el incidente referido. (Cuaderno 2, folios 543 a 553).
3.2. Elementos probatorios recaudados por la Sala de
Revisión
En Auto del 23
de noviembre de 2016, el Magistrado Sustanciador, para mejor proveer, solicitó varios
documentos al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, al
Ministerio de Educación Nacional y a la Fiscalía General de la Nación. Vencido
el término probatorio, fueron allegados los siguientes:
a.     Auto
interlocutorio No. 1002 proferido, el 8 de junio de 2010, por el Juzgado
Primero Administrativo de Quibdó. (Cuaderno 4, folios 26 a 35).
b.    Auto
interlocutorio No. 1099 proferido, el 17 de junio de 2010, por el Juzgado
Primero Administrativo de Quibdó. (Cuaderno 4, folios 45 a 50).
c.     Documento
CONPES 174 de julio de 2014, que aborda la adopción de la medida correctiva de
asunción temporal de competencia en la prestación del servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica y media en el Departamento del Chocó, en
aplicación del Decreto 028 de 2008, Por medio del cual se define la
estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice
con recursos del Sistema General de Participaciones. En el documento se
hace una exposición del trascurso de esta medida, en especial, del documento CONPES
124 de julio 6 de 2009 (Cuaderno 4, folios 62 a 66).
d.    Oficio
No. 224 del Fiscal Once Delegado ante el Tribunal, con fecha primero de
diciembre de 2016, en el que indica que contra el señor Bechara Ospina se
adelanta un proceso, que se halla en la etapa de indagación, por los eventuales
punibles de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de
terceros (Cuaderno 4, folio 72).
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
4.1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento
en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El
expediente fue seleccionado por medio de Auto del 30 de agosto de 2016,
proferido por la Sala de Selección número Ocho.
4.2. Problema jurídico y esquema de
resolución
4.2.1.
A partir de las circunstancias que rodearon el ejercicio de la acción de
tutela, le corresponde a esta Corporación determinar, si respecto de los fallos
proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Chocó y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en el marco del proceso disciplinario adelantado en
contra del señor Bechara Ospina, con ocasión de sus actuaciones como juez administrativo,
dentro del proceso ejecutivo contractual instaurado en contra del Departamento
del Chocó, se predica la ocurrencia de alguna causal específica de prosperidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, que conduzca a la
protección de su derecho al debido proceso.
4.2.2. Con el fin de dar respuesta al
citado problema jurídico, inicialmente esta Sala de revisión (i) verificará si
frente a cada uno de los supuestos alegados se cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Luego de lo cual, y si resulta procedente, (ii) se detendrá en el análisis de
los defectos alegados por el accionante, con miras a determinar la prosperidad
del amparo.
4.3. De la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
4.3.1. De acuerdo con el artículo 86 de
la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo residual y
subsidiario de defensa judicial, cuya finalidad es la protección de los
derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular, en los casos previstos en la Constitución y en la ley.
Tal como se estableció en la Sentencia
C-543 de 1992[71],
por regla general, la acción de tutela es improcedente cuando se pretenden cuestionar
providencias judiciales, en respeto a los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial y a la garantía procesal de la cosa
juzgada. Al respecto, en el fallo en cita se sostuvo que:
“La
acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. //
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio
judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho
mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial
de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento
definitorio del derecho.”[72]
4.3.2.
Sin embargo, en dicha oportunidad, también se estableció que de conformidad con
el concepto constitucional de autoridades públicas, “no cabe duda de que los
jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar
justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también
para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela
respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales”[73].
En este sentido, si bien se entendió que en principio la acción de amparo no procede
contra providencias judiciales, excepcionalmente es viable su uso como
mecanismo subsidiario de defensa judicial, cuando de la actuación que se lleve
a cabo por parte de un juez, se produzca la violación o amenaza de un derecho
fundamental.
Se
trata entonces de un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar
aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias,
de relevancia constitucional, las cuales la tornan incompatible con los
mandatos previstos en el Texto Superior. Por esta razón, la acción de tutela
contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez”[74],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los
recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir
las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta.
No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste
la arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita
el uso del amparo tutelar.
4.3.3.
En desarrollo de lo expuesto, la Sala Plena de esta Corporación, en la
Sentencia C-590 de 2005[75],
estableció un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos presuntamente afectados
por una providencia judicial. Dichos requisitos fueron divididos en dos
categorías, aquellos generales que se refieren a la procedibilidad de la
acción de tutela, y aquellos específicos que se relacionan con la
tipificación de las situaciones que conducen al desconocimiento de derechos
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso.
4.3.4.
Los requisitos de carácter general, conforme se expuso, se refieren a la
viabilidad procesal de la acción de tutela contra providencias judiciales y son
esenciales para que el asunto pueda ser conocido de fondo por el juez
constitucional. La verificación de su cumplimiento es, entonces, un paso
analítico obligatorio, pues, en el evento en que no concurran en la causa, la
consecuencia jurídica es la declaratoria de su improcedencia.
Lo
anterior corresponde a una consecuencia lógica de la dinámica descrita
vinculada con la protección de la seguridad jurídica y la autonomía de los
jueces, ya que la acción de amparo no es un medio alternativo, adicional o
complementario para resolver conflictos jurídicos. Por el contrario, en lo que
respecta a los requisitos de carácter específico, se trata de defectos
en sí mismos considerados, cuya presencia conlleva el amparo de los derechos
fundamentales, así como a la expedición de las órdenes pertinentes para
proceder a su protección, según las circunstancias concretas de cada caso.
4.4.
Estudio de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales
4.4.1.
La Corte ha identificado los siguientes requisitos generales que, según
lo expuesto, habilitan la procedencia de la acción de amparo: (i) que la
cuestión discutida tenga relevancia y trascendencia constitucional; (ii) que se
hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial
al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la acción se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, es decir, que se
cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal
alegada, de existir, tenga un impacto decisivo en el contenido de la decisión;
(v) que el actor identifique los hechos constitutivos de la vulneración y que,
en caso de ser posible, los hubiese alegado durante el proceso judicial en las
oportunidades debidas; y (vi) que no se trate de una sentencia de tutela.
4.4.2.
Teniendo en cuenta las particularidades del caso propuesto, esta Sala de
Revisión considera pertinente realizar unas breves consideraciones respecto del
quinto requisito previamente mencionado, esto es, la identificación de los
hechos constitutivos de la vulneración alegada y su exposición, de ser posible,
dentro del proceso judicial que dio origen a las providencias cuestionadas por
vía de la acción de tutela.
Al
respecto, esta Corporación ha dicho que es necesario que los hechos
constitutivos de la vulneración sean alegados con suficiencia y precisión por
el peticionario, salvo que los mismos sean evidentes. Esto no controvierte, ni
desconoce la informalidad que caracteriza a la acción de tutela pues, como ya
se dijo, en tratándose de la procedencia del amparo constitucional contra
providencias judiciales, el ordenamiento constitucional resguarda la seguridad
jurídica y la autonomía de los jueces. Por lo demás, resultaría
desproporcionado exigirle al juez constitucional que revisara nuevamente un
proceso, con el fin de descubrir si, por alguna circunstancia, se conculcó un
derecho fundamental del demandante, ya que, en dicho caso, la acción de amparo
constitucional desconocería su naturaleza de ser un mecanismo subsidiario de
defensa judicial.
4.4.3. Lo anterior ha sido admitido por esta
Corporación, incluso antes de la expedición de la Sentencia C-590 de 2005. En
efecto, en la providencia T-654 de 1998[76], se dijo
que: “el
procedimiento de la acción de tutela es breve y sumario y (…) todos los jueces
y magistrados, sin importar su especialidad, son competentes para garantizar la
protección efectiva de los derechos fundamentales cuando ésta se solicita a
través de la tutela. En estas condiciones, sería una carga desproporcionada
exigir al juez constitucional que estudiara en detalle el proceso judicial para
verificar si a causa de alguna falla en la defensa del procesado se produjeron
los dos efectos que han sido anotados. En consecuencia, como ya lo ha
manifestado esta Corporación, corresponde al actor indicar con precisión en qué
consiste la violación de su derecho a la defensa y de qué manera ésta se
refleja en la sentencia impugnada originando uno de los defectos antes mencionados,
así como la vulneración ulterior de sus derechos fundamentales”.
4.4.4. Ahora bien, a partir del deber del actor de
exponer con suficiencia y precisión los hechos constitutivos de la vulneración,
es claro que su identificación, a la luz del derecho constitucional, adquiere
una especial relevancia en sede de amparo.
En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no
es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las
personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la
resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional han de demostrar que, en el asunto bajo
controversia, sus derechos están siendo trasgredidos. Igualmente, deben
acreditar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa o,
en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.
Empero, ello no supone que el interesado reitere los
mismos argumentos legales dados ante el juez natural de la causa o que,
incluso tratándose de alegaciones constitucionales -salvo que sea evidente la
trasgresión, por ejemplo por el desconocimiento del principio de legalidad en
materia penal- baste con repetir los mismos móviles dados en el proceso
ordinario ya que, como se indicó, la acción de tutela no puede tornarse en una
tercera instancia, en desmedro de la subsidiariedad que le es inherente, así
como de la seguridad jurídica y la autonomía judicial.
En este sentido, si lo que se está cuestionando es
que la autoridad judicial cometió un vicio que conlleva la vulneración de
derechos fundamentales mediante su providencia, ya sea por una indebida
justificación que transgrede el orden constitucional, por la ausencia de
motivación o por una deficiente apreciación de los medios probatorios, es
menester alegar –precisamente– cómo se materializa tal defecto, en qué incide
en la situación que se plantea como vulneradora de los derechos fundamentales
y, en caso de haber sido planteado dentro del proceso, por qué motivo el
raciocinio del juez natural no supera un juicio de validez desde los parámetros
del Texto Superior.
4.4.5.
Lo
anterior ha sido reiterado por esta Corporación en su jurisprudencia. En
efecto, en la Sentencia T-362 de 2013[77],
se pusieron de presente las exigencias de argumentación en torno a la
procedencia de la acción de tutela, cuando con ella se cuestionan providencias
judiciales, en el ámbito de la tensión existente entre los derechos
fundamentales y la autonomía e independencia del juez natural.
La mención a esta última sentencia resulta
pertinente, ya que en ella se sostuvo que, para poder alegar la existencia de
un defecto orgánico, resulta necesario plantear con claridad el vicio en
torno a la competencia funcional y temporal del juez. Al tiempo que, la
invocación de un defecto fáctico, supone exponer las razones por las
cuales la libre apreciación de las pruebas dentro de la sana crítica no cobijan
las reflexiones expuestas en la providencia cuestionada, bajo la consideración
lógica de que la simple diferencia en la valoración razonable del material
probatorio, no implica la ocurrencia del citado defecto.
4.4.6.
Por lo demás, en
la Sentencia T-214 de 2012[78],
la Corte también ahondó en el tema de la exposición suficiente de los hechos
constitutivos de la vulneración. Allí se enfatizó que, en primer lugar, el
análisis que el juez constitucional puede hacer frente a un posible defecto
fáctico es restrictivo, pues es en ese plano en donde se desarrolla con
mayor entidad la autonomía e independencia judicial. En términos de la
sentencia: “la
intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez
natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por
los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que
el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
4.4.7. A continuación, la Corte enfatizó que la
ausencia de motivación es un vicio que se contrapone al debido proceso. Sin
embargo, para su consolidación, no basta con manifestar una simple
inconformidad con la decisión adoptada, con el ánimo de plantear una nueva
revisión judicial sobre el tema, pues el citado defecto requiere que el actor
–por lo menos– plantee con precisión por qué se aparta de los estándares de
racionalidad y razonabilidad la interpretación acogida de las normas jurídicas,
o por qué resulta insuficiente la aplicación de las reglas de derecho escogidas
para la solución del caso.
4.4.8. Por consiguiente, la acción de
tutela contra providencias judiciales es viable de manera excepcional, cuando
se cumplen los requisitos generales que permiten su procedencia. Entre
dichos requisitos se encuentra el referente a la necesidad de identificar
de forma precisa, comprensible y suficiente, tanto los hechos que generaron la
vulneración, como los derechos supuestamente vulnerados.
A diferencia de los demás ámbitos de procedencia de
la acción de tutela en los que prevalece el presupuesto de la informalidad, en
tratándose del ejercicio de la acción de amparo contra providencias judiciales,
este Tribunal tiene establecido que su valoración no procede de forma abstracta
o general, esto es, derivado de la simple afirmación de que se ha presentado
una irregularidad en el proceso. Por el contrario, la Corte ha establecido que,
en este evento, existe una carga argumentativa por parte del interesado en la
que debe exponer, a partir de parámetros constitucionales, el motivo por el
cual la decisión judicial no supera un juicio de validez y, en caso de que el
vicio haya sido planteado ante el juez natural, la razón por la cual el
argumento expuesto por dicha autoridad tampoco supera tal escenario. Solo así
se protegen elementos tan relevantes para el Estado Social de Derecho como son
la autonomía e independencia judicial.
De esta manera, a juicio de este Tribunal, salvo que
la violación iusfundamental sea evidente, el análisis por vía de tutela
solo puede estructurarse si previamente se precisan por el interesado las
circunstancias concretas que dan lugar a la afectación del derecho y se logra
establecer su nivel de influencia en la decisión cuestionada, pues de esta
forma se entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible actuar
al juez constitucional, no solo en respeto de las esferas propias de los jueces
ordinarios, sino también acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza
a la acción de amparo.
Desde esta perspectiva, no resulta procedente que se
pretenda promover la acción de tutela sobre planteamientos vagos,
contradictorios, equívocos o ambiguos, que no permitan orientar la actividad
excepcional que le corresponde cumplir en este campo al juez constitucional. De
igual manera, tampoco cabe el ejercicio de esta acción para repetir los mismos
argumentos expuestos ante el juez natural, salvo que, como ya se dijo, se
formulen razones específicas para cuestionar los fallos adoptados, a partir de
la construcción de un juicio de validez derivado de parámetros
constitucionales.
Así las cosas, no se trata de rodear a la acción de
tutela de exigencias formales contrarias a su naturaleza, sino de exigir que el
actor tenga claridad y sea diligente en cuanto a la explicación del origen de
la afectación de sus derechos y que dé cuenta de ello al momento de pretender
su protección constitucional[79].
Por lo demás, es importante enfatizar que el motivo
por el cual este requisito procesal resulta relevante, es que ante la ausencia
de claridad y precisión en torno a las razones por las cuales se alega la
trasgresión de los derechos fundamentales, cualquier intervención del juez de
tutela produciría el riesgo de invadir –injustificadamente– la órbita de
competencia del juez natural, desconociendo elementos esenciales del ordenamiento
jurídico, como lo son la autonomía, independencia judicial y la cosa juzgada.
4.4.9. Finalmente, siempre que la acción de
tutela contra una providencia judicial resulte procedente, en el entendido que
se acreditaron los requisitos generales previamente expuestos, es posible
examinar si se presentan las causales específicas de prosperidad de la acción,
cuya presencia conlleva el amparo de los derechos fundamentales, así como a la
expedición de las órdenes pertinentes para proceder a su reparación.
De
manera sumaria y según lo expuesto en la Sentencia C-590 de 2005, los
siguientes constituyen los vicios o defectos de fondo en los que puede incurrir
una providencia judicial para que la misma pueda ser revocada por el juez
constitucional, a saber: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental
absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error
inducido, (vi) carencia absoluta de motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
4.5.
De
la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
4.5.1. Los requisitos de procedencia de
la acción de tutela incluyen, como en todo proceso judicial, la legitimación
por activa y pasiva de las partes. A juicio de la Sala, es claro que el señor
Bechara Ospina cuenta con legitimación por activa para instaurar la acción de
tutela, ya que es quien considera agredidos sus derechos fundamentales con
ocasión de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso disciplinario
adelantado en su contra.
Asimismo, el requisito de legitimación
por pasiva también se halla satisfecho, pues el amparo fue instaurado contra
las autoridades públicas que profirieron las providencias disciplinarias que
sancionaron al accionante, de quienes se predica la calidad de autoridad
pública. Como es sabido, ambos presupuestos de viabilidad procesal fueron
contemplados expresamente en el primer inciso del artículo 86 de la Carta, que
en lo pertinente dispone que “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces (…) por sí misma (…) la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
4.5.2. En este contexto, es pertinente
reiterar que, si bien las conclusiones a que llegaron las autoridades
judiciales cuyas providencias se revisan son diferentes, pues una declaró
improcedente el amparo mientras que la otra lo denegó, lo cierto es que ambas
consideraron que el actor utilizaba la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso disciplinario que feneció con la sanción en su contra.
De materializarse tal proceder en la
actuación del actor, habría desconocido -al menos- uno de los presupuestos de
viabilidad procesal de la acción de tutela contra providencias judiciales, como
lo es la exigencia de que el conflicto se plantee a partir de
parámetros constitucionales, esto es, que quien demande exponga los motivos por
los cuales la decisión judicial no supera un juicio de validez constitucional.
Es a partir de ese análisis que la Sala
examinará si los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales se cumplen, sin que ello implique abstenerse de
revisar el resto de presupuestos procesales existentes para este tipo de
asuntos. Por ello, la Sala proseguirá con el estudio individual de cada una de
las irregularidades planteadas por el demandante, aclarando que lo anterior se
realizará, al menos, por el momento, exclusiva-mente desde la óptica de la
viabilidad procesal del amparo constitucional.
4.5.3. Con tal finalidad, metodológicamente, es necesario
referir nuevamente a los alegatos propuestos por el actor, que obedecen a la
procedencia de la acción de tutela, al igual que a los presuntos defectos
específicos de prosperidad del amparo contra las decisiones adoptadas en el
proceso disciplinario, sin que ello implique, en este momento, un juicio de
fondo sobre esta última. No sobra señalar que ambos conjuntos de presupuestos
-viabilidad procesal y causales de prosperidad- se interrelacionan, más si el
primero de ellos contempla el deber del interesado de plantear el debate en
torno a la validez constitucional de las decisiones judiciales cuestionadas por
vía del amparo.
4.5.3.1.
Así las cosas, en cuanto al primer conjunto, esto es, las razones por las
cuales el señor Bechara Ospina considera que la acción de tutela resulta
procesalmente viable, en el escrito de tutela invocó el agotamiento de la vía
ordinaria para defender sus derechos y, por lo mismo, el cumplimiento del
presupuesto de subsidiariedad. A ello agregó que actuó de conformidad con el
principio de inmediatez, pues instauró la demanda a escasos dos meses de haber
sido proferida la decisión de segunda instancia en el proceso disciplinario.
Finalmente, señaló que no se trataba de una actuación en contra de una
sentencia de tutela.
4.5.3.2.
La Sala encuentra que tales alegatos se ajustan a tres de los requisitos de
viabilidad procesal de la acción de amparo contra providencias judiciales. En
efecto, es cierto que el actor agotó todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial a su alcance, con lo cual se halla
satisfecho el presupuesto de subsidiariedad.
4.5.3.3.
De igual manera, instauró la acción de tutela el 8 de julio de 2015, que fue
admitida por la autoridad judicial de primera instancia cinco días después[80], mientras
que la última actuación en el proceso disciplinario, esto es, el auto que negó
la nulidad presentada por el apoderado del señor Bechara Ospina, quien alegaba
que la competencia del proceso recaía exclusivamente en la Sala Jurisdiccional
del Consejo Superior de la Judicatura, fue proferido el 27 de mayo de 2015[81]. De lo
anterior se evidencia que el actor acudió ante el juez constitucional incluso
en menos tiempo del señalado por él, pues lo hizo aproximadamente a mes y medio
de haber sido proferida esta decisión, con lo cual se encuentra satisfecho el
requisito de inmediatez.
4.5.3.4.
Asimismo, es palpable que la actuación del accionante en sede de tutela no
busca cuestionar una sentencia de amparo, ya que el objeto de esta causa recae
sobre las decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario adelantado en
su contra, con ocasión del trámite que adelantó como juez administrativo. De
allí que el presupuesto relativo a que no se trate de sentencias de tutela
también se halla satisfecho.
4.5.3.5.
Por lo demás, a juicio de la Sala, dentro de los alegatos del actor se observa
la supuesta existencia de una irregularidad procesal, ya que -entre otras
cosas- aduce la materialización del defecto orgánico al haber sido
proferidas las decisiones dentro del proceso disciplinario sin que las
autoridades públicas fueran competentes, en atención a que, al ser
promovido a Magistrado de Tribunal, el asunto debió ser conocido exclusivamente
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Es
claro que, en el evento en que esta irregularidad llegase a presentarse, se configuraría
un defecto que viciaría las decisiones jurisdiccionales, pues se habría
desconocido la garantía de acceder ante el juez natural, de suyo competente para
resolver la controversia. Lo mismo se predica de la alegada ausencia de
resolución de varios recursos, dado que, de materializarse, se habría vulnerado
el acceso a la administración de justicia. Por ello, es claro que la supuesta
irregularidad procesal, de existir, tendría un impacto decisivo en el contenido
de la decisión jurisdiccional, de lo cual se deriva que este requisito procesal
también se cumpla a cabalidad.
4.5.3.6.
La Sala encuentra también que, en principio y desde la perspectiva de la
viabilidad procesal del amparo, la cuestión discutida tiene relevancia y
trascendencia constitucional, pues el debate gira en torno al derecho
fundamental al debido proceso, supuestamente trasgredido por múltiples
irregularidades acaecidas dentro de las actuaciones disciplinarias adelantadas en
contra del señor Bechara Ospina, que, según el demandante, se configuran en
varios defectos específicos de prosperidad del amparo. De allí que este
presupuesto de viabilidad procesal también se cumpla.
4.5.3.7.
Ahora bien, como ya se dijo, el quinto requisito de procedencia, esto es, la
identificación de los hechos constitutivos de la vulneración y su exposición
dentro del proceso judicial, requiere un mayor análisis por parte de esta Sala
de Revisión, pues los alegatos relativos a la viabilidad procesal de la acción
de tutela, se interrelacionan con las causales de prosperidad. De esta manera,
en el presente asunto, cabe examinar si en realidad se formulan o no razones
específicas para cuestionar los fallos adoptados, a partir de la construcción
de un juicio de validez derivado de parámetros constitucionales o, por el
contrario, tan solo se utiliza la acción con la pretensión de transformarla en
una tercera instancia, planteando de nuevo los mismos argumentos expuestos ante
el juez natural.
4.5.4.
Como quiera que lo anterior requiere una exposición más detallada, procede la
Sala a verificar la idoneidad de cada una de las alegaciones presentadas, desde
la perspectiva de su cualidad como parámetro de validez constitucional, para
cuestionar las decisiones disciplinarias adoptadas en contra del señor Gonzalo
Bechara Ospina.
Así
las cosas, el señor Bechara Ospina alegó lo siguiente:
a.     Decisión sin
motivación,
(i) pues los cargos fueron imprecisos al no delimitarse con claridad, en el
pliego, la ilicitud sustancial de la conducta presuntamente cometida y al no
haberse determinado cómo su quehacer incidió en el ejercicio de la función
pública. Este vicio, en su sentir, afectó también las providencias
disciplinarias. En este sentido, el actor apuntó (ii) que se le imputaba la
realización de una conducta objetivamente descrita como típica y sancionable
como delito doloso. Sin embargo, fue disciplinado bajo el supuesto de haber
desconocido el deber de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes
y los reglamentos.
b.    Defecto
orgánico, en
atención a que, (iii) al momento de haber sido ascendido de juez administrativo
a magistrado de tribunal, el competente para determinar la configuración o no
de una falta disciplinaria sería exclusivamente el Consejo Superior de la
Judicatura, ya que el fuero es integral y comprende las conductas cometidas en
el cargo anterior. Por lo mismo, el proceso debió convertirse en un trámite de
única instancia[82].
c.     Defecto
procedimental, pues
(iv) no fue resuelta la solicitud de aclaración que presentó contra el fallo de
primera instancia, que, según él, debía ser resuelta por el ad quem, al
igual que (v) la nulidad instaurada por la supuesta indebida notificación y (vi)
la recusación incoada contra los Magistrados de la Sala Disciplinaria del
Consejo Seccional del Chocó.
d.    Defecto
sustantivo,
ya que (vii)la
acción disciplinaria había prescrito, dado que el proceso ejecutivo contractual
no culminó el 8 de junio de 2010, sino el 12 de mayo de la misma anualidad,
cuando se profirió el auto aprobatorio de la transacción, que implicó el pago
total de la obligación. Dentro de este defecto, también alegó que (viii) se
hizo una interpretación irrazonable del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues el incumplimiento
de dicho deber no daba lugar a la configuración de una falta gravísima. Además,
apuntó que, (ix) dentro de las normas vigentes para esa época, en especial el
inciso 7º del artículo 134b del CCA, era factible que, en el evento en que se
presentaran varias pretensiones de igual valor, escogiera alguna de ellas para
determinar su competencia. Finalmente, (x) el actor planteó que no se
evidenciaba dolo en su conducta y que ello no daría lugar a una falta gravísima
sino a una de menor entidad, toda vez que era competente para conocer del
ejecutivo contractual. También refirió que, (xi) se había variado la imputación
objetiva y subjetiva, pues se le había investigado bajo el supuesto de haber
cometido actuaciones descritas objetivamente como típicas y dolosas, pero fue
sancionado por haber incumplido los deberes de los funcionarios judiciales, en concreto,
respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos[83].
e.     Violación
directa de la Constitución, (xii) ya que los jueces disciplinarios, al
sancionarlo, desconocieron el principio de autonomía funcional de toda
autoridad jurisdiccional y pretendieron imponer una interpretación específica
de la ley, para concluir que había incurrido -objetivamente- en un prevaricato.
Esto, a pesar de que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional
y del Consejo de Estado, era viable afectar dineros del Sistema General de
Participaciones[84],
por lo que no habría incurrido objetivamente en ningún tipo penal.
4.5.5. Con sujeción a lo anterior, la Sala encuentra
que, efectivamente, los anteriores cargos fueron expuestos en el proceso
disciplinario adelantado en contra del señor Bechara Ospina y que, frente a
ellos, se pronunciaron las autoridades jurisdiccionales.
4.5.5.1. En efecto, en lo atinente a la alegada decisión sin
motivación
que, según el demandante, se presentó al no haber sido delimitada con claridad
la ilicitud sustancial de la conducta cometida, tanto en el pliego de cargos,
como en las providencias disciplinarias, es evidente que fue mencionada dentro
del proceso.
Sobre
el particular, vale la pena indicar que el 5 de marzo de 2014 fue formulado el
pliego de cargos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura del Chocó. La actuación se desplegó bajo un único cargo: el
desconocimiento del artículo 153 de la Ley 270 de 1996[85] y,
dentro de los hechos que daban lugar a la presunta irregularidad, se mencionaron,
entre otros, la falta de competencia en el proceso por razones de cuantía, la
aprobación del acuerdo de pago y de la liquidación del crédito que desconocía
el mandamiento de pago, el rechazo de la intervención del Ministerio de
Educación Nacional, y el embargo de las cuentas del SGP, no porque fuera
inviable esta actuación, sino porque las acreencias eran responsabilidad
exclusiva del departamento del Chocó, en virtud de la intervención del citado Ministerio
sobre la materia, de conformidad con la Resolución 1794 del 6 de julio de 2009
y los Decretos 2613 de 2009 y 028 de 2008.
Dicho esto, en la sentencia proferida el 21 de enero
de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Chocó, ampliamente referida
en el acápite fáctico de la presente providencia[86], se
indica que el actor cuestionó la ilicitud sustancial de su conducta o, en otras
palabras, el perjuicio causado a la administración pública con sus actuaciones
y que, frente a ello, la autoridad judicial en cita indicó que tal ilicitud se
acreditaba en virtud de la afectación del deber funcional de administrar
justicia, de conformidad con las regulaciones del proceso ejecutivo
contractual. De lo cual, se evidencia, que hubo un pronunciamiento concreto
frente a su alegación, que desdice de la posible configuración de una decisión
sin motivación.
Por lo demás, la Sala concuerda con uno de los alegatos
dados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Chocó, al momento de ejercer su derecho de defensa, en el
sentido de que resulta claro que, por la propia dinámica del proceso
disciplinario, no es el pliego de cargos en donde debe determinarse la certeza
de la ilicitud sustancial cometida[87],
pues ello supondría desconocer que, precisamente, a tal conclusión se llega o
no en la providencia, previo el análisis de los elementos probatorios obrantes
en la causa, al igual que de los argumentos dados por las partes.
Ahora bien, dentro de esta alegación, es decir, la
pretendida decisión sin motivación, el demandante planteó que se le imputaba
la realización de una conducta objetivamente descrita como típica y sancionable
como delito doloso. Sin embargo, fue disciplinado bajo el supuesto de haber
desconocido el deber de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes
y los reglamentos. Frente a ello, la autoridad judicial de primera instancia,
en la sentencia en mención, sustentó su decisión en el hecho de que mediante su
quehacer, el señor Bechara Ospina afectó el deber de administrar justicia, al
incurrir en una conducta que, objetivamente, se hallaba inmersa en la
descripción típica del prevaricato. De lo cual se evidencia que existió una
clara motivación para considerar que el actor, al desconocer el deber de hacer
respetar, cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, incurrió en una
falta que fue considerada como dolosa.
A
partir de este recuento, es claro que en ambos escenarios, es
decir, el proceso disciplinario y la acción de tutela, el actor propuso los mismos
argumentos para sustentar la alegación relativa a la falta de motivación
de la decisión judicial. Sin embargo, además de observarse que ello no acaeció,
no median nuevos móviles que permitan concluir que las consideraciones de las
autoridades demandadas sean arbitrarias, desproporcionadas o injustas desde la
perspectiva de un juicio constitucional. Por el contrario, lo que se evidencia,
es que no se presentó la aludida ausencia de justificación en las providencias
adoptadas en el procedimiento disciplinario adelantado en contra del señor
Bechara Ospina, ya que las autoridades disciplinarias analizaron las
actuaciones y determinaron en qué se sustentaba la ilicitud sustancial de sus
actuaciones, a la vez que justificaron por qué hallaron que la falta se cometió
a título de dolo.
Como quiera que las providencias fueron ampliamente
expuestas en la exposición fáctica de esta sentencia, basta mencionar que las
autoridades demandadas determinaron que el señor Bechara había actuado en
contravía de las disposiciones legales que regulan los procesos ejecutivos
contractuales, entre otras razones, porque existía una medida cautelar para la
Administración Temporal del Sector de Educación ejercida por el Ministerio que
conocía como juez y que implicaba el deber de escuchar a la entidad como parte.
De hecho, el a quo, expresamente, indicó que la ilicitud sustancial se
materializaba en afectar el deber funcional de administrar justicia, de acuerdo
con el ordena-miento jurídico.
Resta por señalar, sin que con ello la Sala pretenda
realizar el análisis de fondo sobre el cargo propuesto que, si a una autoridad
judicial la disciplinan por incurrir en una conducta objetivamente descrita
como típica y sancionable a título de dolo, en este caso, prevaricato por
acción, necesariamente desconoce su deber de respetar, cumplir y hacer cumplir
la Constitución, las leyes y los reglamentos. De allí que, prima facie, no
sea posible considerar que exista una contradicción entre la imputación
disciplinaria realizada en el pliego de cargos y la conclusión arribada en las
providencias cuestionadas.
4.5.5.2. Con respecto al defecto orgánico alegado,
el cual, según el actor, consiste en que al momento de haber sido ascendido de juez
administrativo a magistrado de Tribunal, el competente para determinar la existencia
o no de una falta disciplinaria era exclusivamente el Consejo Superior de la
Judicatura, es claro que, en esencia, se trata igualmente de una discusión
presentada y resuelta ante el juez natural. De hecho, en el acervo probatorio
se evidencia que el apoderado del señor Bechara Ospina, bajo ese mismo
sustento, presentó un incidente de nulidad contra la decisión del 6 de mayo de
2015. Empero, aquel fue resuelto de manera desfavorable a sus intereses, por
cuanto la nulidad pretendida debió alegarse en un momento procesal previo a la
adopción de la sentencia de primera instancia, máxime cuando el señor Bechara,
a través de apoderados, había actuado en todo el proceso[88].
De
allí que, baste con señalar que el actor reitera el mismo argumento atinente a
la incompetencia del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, pero omite,
en este caso, justificaciones que permitan descartar el argumento dado por el
Consejo Superior de la Judicatura, relativo a la extemporaneidad del recurso. Al
margen de lo anterior, a juicio de la Sala, es claro que las actuaciones por
las cuales se le investigaba eran aquellas en que incurrió como juez administrativo
y no como magistrado de Tribunal. Por lo que, prima facie, resulta
razonable considerar que no se configura vicio alguno en relación con este punto.
4.5.5.3. En relación con el defecto
procedimental, es claro que el actor alegó dentro del proceso que no se
había resuelto la aclaración que presentó contra el fallo de primera instancia,
al igual que la nulidad y la recusación instaurada. De hecho, sustentó la
recusación bajo el supuesto de que los magistrados del Chocó se hallaban
impedidos por haber analizado otra causa disciplinaria, en la que
exclusivamente se había discutido la viabilidad de embargar recursos del SGP[89], mientras que,
mediante la aclaración, pretendía materialmente la apelación de la providencia,
pues cuestionaba -nuevamente- la ilicitud sustancial de la falta, al igual que
otros elementos, como la necesidad de que se indicara a quién se le imputaba el
fraccionamiento irregular del documento tenido por título ejecutivo o la
acreditación de las causales consagradas en el CDU para graduar la sanción[90]. Finalmente, en
relación con la nulidad, alegó que había operado la prescripción, toda vez que
no se le había notificado la fecha en la cual su propio testigo sería oído por
el juez disciplinario y la imposibilidad de conocer el dictamen pericial que el
mismo aportó para la reconstrucción del expediente.
Frente
al particular, es claro que estos alegatos fueron planteados en el proceso disciplinario
y que, sobre ellos, las autoridades jurisdiccionales realizaron amplios
pronunciamientos. En este sentido, basta con mencionar que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante
fallo del 6 de mayo de 2015, consideró que la prescripción solo operaba frente
al acto de haber librado el mandamiento de pago, sin que la documentación
allegada cumpliera con el requisito de exigibilidad, no así el haber asumido la
competencia del proceso, pues se trataba de una conducta de carácter permanente
que culminó cuando el señor Bechara Ospina dio por terminado el proceso ejecutivo
contractual, en virtud del pago total de la obligación. Igualmente, en cuanto a
la aclaración presentada, en la misma providencia se expuso que resultaba
procesalmente inviable, ya que, materialmente, no se trataba del
esclarecimiento de apartes confusos o ininteligibles de la providencia, sino
que, por el contrario, el señor Bechara Ospina pretendía el cambio de la
decisión adoptada por el a quo.
La
autoridad jurisdiccional en cita también analizó la recusación presentada en contra
de los Magistrados del Consejo Seccional del Chocó, pero la rechazó porque había
sido presentada tras el fallo de primera instancia, momento en el cual ya
habían perdido competencia para pronunciarse sobre la causa. Además, de
conformidad con las normas aplicables al asunto, no era dable que, luego de
haber actuado en el proceso, el señor Bechara Ospina recusara a las autoridades
jurisdiccionales.
Finalmente,
en cuanto a la nulidad incoada, también señaló que había sido propuesta ante el
a quo bajo los mismos parámetros y que se trataba de la audiencia para
escuchar a su propio testigo. También se refirió a la pretendida imposibilidad
de analizar un medio probatorio aportado por el disciplinado al momento de
reconstruir el proceso y la encontró infundada, pues era claro que el actor
había conocido el medio de prueba. De hecho, expresamente señaló que las
actuaciones dentro del proceso habían cumplido con su finalidad, ya que el
demandante sabía de la audiencia, había concretado el motivo del testimonio -delimitar
aspectos relativos al proceso ejecutivo- y había tenido acceso al informe del
CTI.
Como
se observa, existió un pronunciamiento por parte del juez natural frente a
todos los puntos que, por lo demás, y bajo los mismos términos, vuelven a ser
presentados a través del juicio de amparo, sin que medien razones que conlleven
a concluir que tales raciocinios o argumentos no superan un juicio de validez a
la luz del ordenamiento constitucional.
4.5.4.4. En lo atinente al defecto sustantivo,
valga decir que el actor alega su configuración, por cuanto, en su criterio, la
acción disciplinaria había prescrito, ya que el proceso ejecutivo contractual
habría culminado el 12 de mayo de 2010, momento en el cual se profirió el auto
aprobatorio de la transacción, y no el 8 de junio de esa anualidad. Como se
expuso en líneas precedentes, este asunto fue abordado por ambos jueces
naturales de la causa. Sin embargo, el actor no brinda razones que permitan
dilucidar por qué los argumentos dados por los jueces ordinarios resultan contrarios
al orden constitucional.
Al
margen de lo anterior, para la Sala, es claro que solo hasta junio de 2010, el
actor profirió la providencia que declaró terminado el proceso, luego resulta
razonable que sea a partir de esa fecha desde la que se cuente el término
quinquenal de prescripción, tal como fue indicado por las autoridades públicas
demandadas.
En
cuanto a la alegación de la interpretación irrazonable del artículo 153
de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 48 de la Ley 734 de 2000,
pues el incumplimiento de dicho deber no daría lugar a la configuración de una
falta gravísima, basta con señalar que se trata de una apreciación subjetiva
del actor, que no desvirtúa el hecho relativo a que su comportamiento, de
conformidad con las autoridades competentes en la materia, fue considerado
constitutivo de una falta disciplinaria por encuadrar objetivamente en el título
penal de prevaricato por acción. En este sentido, es claro que, además de ser
un tema abordado por las autoridades en el proceso disciplinario, el actor
pretende que la acción de tutela sirva como una nueva instancia para presentar
sus argumentos legales, sin que de ellos pueda predicarse la cualidad de brindar
razones constitucionales para cuestionar la validez de las sentencias
proferidas.
En cuanto a la alegación relativa a que se entendería
competente porque, al tratarse de dos pretensiones disímiles, era factible que
escogiera la de mayor valor, es claro que el actor reitera el argumento legal
dado ante el juez disciplinario, el cual ya fue resuelto y frente al cual no se
proponen razones de índole constitucional para poder adelantar un examen en
sede de tutela. Por lo demás, a juicio de la Sala, no se observa que la
conclusión a la que llegaron los jueces disciplinarios sea desacertada, máxime
si se tiene en cuenta que la demanda ejecutiva fue efectivamente adicionada al
día siguiente de su presentación para incluir una nueva pretensión del mismo
valor.
Por lo demás, en cuanto a la variación de la
imputación objetiva y subjetiva, como fue señalado con anterioridad, los jueces
disciplinarios consideraron que la trasgresión del deber funcional, relativo a
hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, se debió a que,
objetivamente, el señor Bechara Ospina incurrió en comportamientos tipificados
bajo la figura del prevaricato por acción. Sin embargo, frente a ello,
nuevamente el actor reitera alegaciones dadas durante el trámite disciplinario,
sin brindar razones que sustenten por qué dicho análisis del juez natural
resulta insostenible desde la óptica de la validez constitucional.
4.5.5.5. Finalmente, en cuanto a la alegada violación
directa de la Constitución, pues la sanción impuesta, según el señor Bechara,
desconocería el principio de autonomía funcional de toda autoridad
jurisdiccional y buscaría imponer una determinada interpretación de la ley para
concluir que incurrió en un prevaricato por acción, también fue alegada dentro
del proceso.
En
efecto, en la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Chocó se observa que, durante el proceso, el actor alegó
que se pretendía imponer una interpretación de la ley y, frente al particular,
el a quo indicó que las indagaciones se circunscribieron a determinar si
había desconocido sus deberes funcionales, que -obviamente- se incumplían si
actuaba dentro del proceso ejecutivo contractual pretermitiendo el orden
jurídico.
En
este sentido, resulta esencial enfatizar que al señor Bechara se le sancionó
por el embargo a los recursos del SGP, no porque ello no fuera excepcional-mente
posible, sino por la medida cautelar que le otorgaba al Ministerio de Educación
la intervención en el sector. Sin embargo, ello no fue el único motivo
expuesto, pues la decisión adoptada se justificó a partir de múltiples
conductas que el juez disciplinario consideró contrarias a sus deberes funcionales
como juez administrativo.
Así,
por ejemplo, en la providencia de primera instancia se hizo referencia a la
aprobación de la liquidación del crédito por un valor superior a aquel librado
en el mandamiento de pago, que supuso el pago del 100% de la obligación y no
solo de la parte ejecutada[91]; al
igual que el deber que tenía de permitir la intervención del Ministerio de
Educación Nacional, en virtud de la medida cautelar para la Administración
Temporal del Sector[92],
ejercida por la entidad y que conocía plenamente[93].
Por
lo demás, si
bien existe una línea jurisprudencial de esta Corporación que admite que las
autoridades judiciales embarguen –excepcionalmente– las cuentas del SGP[94], la
Corte ha sido enfática en establecer que para decretar este tipo de medidas con
cargo a los recursos que manejan las entidades territoriales, debe cumplirse
con el procedimiento que señale la ley, en el que cabía exigir la verificación
por el juez disciplinado sobre la intervención del Ministerio de Educación en
las sumas destinadas al sistema educativo[95].
Dicho
esto, la Sala enfatiza que el actor no brinda nuevas razones sobre el
particular y reitera los mismos alegatos del proceso disciplinario. De allí que
no se supere el presupuesto relativo a que el cargo sea sustentado con
precisión y suficiencia desde la óptica constitucional. Al margen de lo
anterior, a juicio de la Sala, es claro que la autonomía e independencia
judicial se constituyen en baluartes del Estado Social de Derecho. Sin embargo,
ellas no se entienden como absolutas o como principios que permitan a las
autoridades judiciales apartarse del ordenamiento jurídico hasta el punto de
incurrir, objetivamente, como se resolvió por las autoridades disciplinarias
competentes, en actuaciones susceptibles de ser comprendidas bajo tipos penales
a título doloso.
4.5.6.
En
suma, a juicio de esta Sala, la presente acción de tutela resulta procesalmente
inviable, dado que no se cumple con el presupuesto atinente a la
identificación, desde la óptica constitucional, de los hechos constitutivos de
la vulneración que, si bien fueron alegados dentro del trámite disciplinario, solo
se presentaron ante el juez constitucional como discrepancias legales contra
las decisiones jurisdiccionales controvertidas. Así, si bien es cierto que el
actor expuso los presuntos vicios ante los jueces naturales del asunto, ninguno
de ellos fue sustentado con suficiencia ante el juez de tutela, desde la óptica
constitucional, para controvertir la validez de las decisiones adoptadas por
las autoridades disciplinarias.
Por lo demás, ninguno de los vicios alegados resulta
evidente, por lo que era un deber del demandante, no satisfecho, justificar por
qué motivo los argumentos dados por los jueces naturales no superaban un juicio
de validez constitucional, lo que supone, obviamente, que ellos efectivamente
se hubieran presentado. En este sentido, la Sala insiste que no
basta con
repetir los mismos argumentos dados en el proceso ordinario, ya que, como se
indicó, la acción de tutela no puede tornarse en una tercera instancia, en
desmedro de la subsidiariedad que le es inherente, así como de la seguridad
jurídica y la autonomía judicial.
4.5.7. Ahora bien, como fue expuesto en líneas
precedentes, ambas autoridades judiciales, cuyas providencias se revisan,
consideraron -acertadamente- que el actor pretendía una instancia adicional a
través del uso inadecuado de la acción de tutela. Empero, la conclusión a la
que arribaron fue diferente. El a quo declaró improcedente el amparo,
mientras que el ad quem revocó esta sentencia para, en su lugar,
denegarlo.
A juicio de esta Sala, la decisión del juez de
primera instancia es la acertada, pues, en efecto y como se expuso a lo largo
de esta providencia, no se cumple con un requisito general de viabilidad
procesal de la acción de tutela contra providencias judiciales: que el actor
identifique con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, brindando
móviles constitucionales que demuestren que las decisiones jurisdiccionales
atacadas no superan un juicio de validez.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de
segunda instancia y, en su lugar, confirmará aquella adoptada por el a quo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la Sentencia
proferida el 8 de junio de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura que, a su vez, revocó la decisión adoptada por el a
quo. En su lugar, CONFIRMAR la Sentencia proferida el 27 de julio de
2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Chocó, que declaró IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
el señor Gonzalo Bechara Ospina en el asunto de la referencia.
Segundo.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILLAN
Secretaria General (E)
[1] Cuaderno 2, folios 563 a
568. En la misma providencia, la Sala de Conjueces resolvió los impedimentos
manifestados por varios de los miembros del Consejo Seccional de la Judicatura
del Chocó, que habían participado en el proceso disciplinario cuyas actuaciones
se demandan en la presente acción de tutela.
[2] El
valor del contrato se pactó por la suma que resultara de multiplicar $875.000
pesos por el número de estudiantes atendidos, teniendo en cuenta que el máximo
de ellos sería de 7.599. Expresamente se indicó que el monto total de la
obligación no podría sobrepasar los $6.649.125.000 millones de pesos (Cuaderno
Anexos 1, folio 377).
[3]A dicho escrito, como se verá más
adelante, no lo tuvieron por transacción sino por acuerdo de pago, pues el ente
territorial asumía todas las cargas sin que existiera reciprocidad alguna.
[4] Cuaderno Anexos 1, folio
418.
[5]Ver pie de página 2.
[6] Cuaderno Anexos 3, folio
289.
[7] Cuaderno Anexos 3, folio
285.
[8]Cuaderno 4, folio 29.
[9]Por medio del cual se
define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que
se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.
[10]Por la cual se adopta la
medida cautelar correctiva de Asunción temporal de la competencia de la
prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media
en el Departamento del Chocó y se inicia la actuación administrativa de
adopción de medidas correctivas de acuerdo con lo previsto en el Decreto 28 y
sus normas reglamentarias. Una
copia de esta resolución se halla en el cuaderno 4, folios 68 a 71.
[11]Cuaderno 4, folio 62.
[12]Cuaderno 4, folio 31.
[13] Cuaderno 1 Anexos, folio
451. Cabe destacar que la copia de la providencia que se hallaba en el
expediente estaba incompleta. Por ello, la Corte tuvo que solicitar una nueva
reproducción (Cuaderno 4, folios 26 a 35).
[14] Cabe señalar que esta
providencia también se hallaba incompleta en el expediente, razón por la cual
fue necesario que la Corte requiriera una copia (Cuaderno 4, folios 45 a 50).
[15]Una de las normas
mencionadas en el proceso fue el Decreto 2613 de 2009, Por el cual se
reglamenta el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008 (…), que
en lo pertinente establece: “Artículo 3°. Asunción del pasivo. La
asunción temporal de la competencia por parte de la Nación o el departamento,
según el caso, no implica solidaridad alguna respecto a las obligaciones a
cargo de la entidad sobre la que recae la medida correctiva, existentes o
causadas con anterioridad o con posterioridad a la adopción de la medida, y
generadas en el correspondiente sector o servicio. El pasivo originado en el
servicio o sector se mantendrá a cargo de la entidad territorial sujeta de la
medida, el cual deberá ser financiado con cargo a sus recursos propios o a los
apropiados con destinación específica para el servicio o sector según el caso,
pero, atendiendo las particulares normas que gobiernen este aspecto”.
[16] Los siguientes elementos
son enumeraciones que se hallan en: el cuaderno anexos 1, folios 299 a 302.
[17] En términos de la
autoridad judicial: “Dicho contrato de transacción no cumple con los
requisitos para ser tenido como tal, ya que en el contenido del documento
presentado por los apoderados de las partes no se cumple con las exigencias
jurídicas de este negocio jurídico, por no estar ajustada a los requerimientos
sustanciales de la reciprocidad de concesiones entre los contratantes (…)”. (Cuaderno
anexos 1, folio 301).
[18]Cuaderno 4, folio 73. En
la actualidad, el proceso se encuentra en la etapa de indagación.
[19]Cuaderno 1, folio 138.
[20] Para sustentar la
providencia, la autoridad judicial disciplinaria consideró que se hallaban
cumplidos los presupuestos del artículo 152 del CUD, que dispone: “Cuando,
con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación
preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta
disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria”.
[21] El numeral en cita
dispone: “Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda,
los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia,
hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.
[22] El 18 de mayo de 2011,
se acumuló otra investigación disciplinaria a la descrita, esto es, la
2010-00262 (Cuaderno Anexos 1, folios 345 a 346). El auto que le dio inicio fue
proferido el 9 de noviembre de 2010 y se fundamentó, entre otros aspectos, en
el embargo decretado en el proceso ejecutivo contractual mencionado y en el
rechazo de la intervención del Ministerio (Cuaderno Anexos 1, folios 493 a 495).
[23]Cuaderno 1, folios 138 y
139.
[24]Cuaderno 1, folio 140.
[25] Esto se dio por una
remisión del expediente al Consejo Superior de la Judicatura.
[26]Cuaderno 1, folio 141,
[27] Cuaderno Anexos 1, folio
514.
[28] Cabe aclarar que antes
de esta actuación fue proferido otro pliego de cargos que fue anulado el 24 de
agosto de 2011 (Cuaderno Anexos 1, folio 513).
[29] El numeral 1º del
artículo 48 del CDU dispone: “Son faltas gravísimas las siguientes: 1.
Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo (…).
[30] Se mencionaron las
investigaciones adelantadas en contra del señor Bechara Ospina bajo el radicado
110016000102201100255, por el punible de prevaricato por acción.
[31] Norma que, se reitera,
dispone: “Deberes: Son deberes de los funcionarios y empleados, según
corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su
competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.
[32] Puntualmente, analizó el
posible desconocimiento de las siguientes disposiciones: artículo 63 de la
Constitución Nacional, artículos 340, 488, 707, 513, 521, 637 (Núm. 8) y 684
del Código de Procedimiento Civil,  artículos 19 del Decreto 111 de 1996, 21
del Decreto 028 de 2008, 3º del Decreto 2613 de 2009, y artículos 132 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
[33] El artículo 413 del
Código Penal tipifica: “El servidor público que profiera resolución,
dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de
cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y
seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
[34]Fundamentó este argumento
en el artículo 52 del CPC.
[35]Puntualmente, la
autoridad disciplinaria se refirió a un auto que dispuso la práctica de pruebas
solicitadas por el propio disciplinable (cuaderno 1, folio 176).
[36]En términos de la
sentencia: “(…) en el documento que sirvió como título (…) se indica que la
fecha límite o máxima para la verificación del pago de la suma de
$3.324.562.500 sería el 31 de diciembre de 2009, de ninguno de sus apartes se
deduce que antes de ese lapso se cancelarían cinco cuotas quincenales, y por
tanto no puede hablarse que lo pretendido en el proceso ejecutivo 2010-00161
era el pago de dos cuotas por $772.500.000 (…)” (Cuaderno 1, folio 199).
[37] La autoridad jurisdiccional
disciplinaria sustentó este argumento en el artículo 218 del CPC que, en lo
pertinente, disponía: “(…) las demás entidades públicas solo podrán
allanarse previa autorización expresa y escrita del ministro, jefe de
departamento administrativo, gobernador o alcalde (…)” (Cuaderno 1, folio
207).
[38] En este sentido, refiere
que el señor Bechara Ospina aprobó la liquidación presentada por la suma de $
4.616.060.824 millones de pesos, cuando la demanda planteaba la ejecución sobre
dos cuotas de $ 772.500.000 millones de pesos (Cuaderno 1, folio 204).
[39]Cuaderno 1, folio 208.
[40]Cuaderno 1, folio 192.
Parte del sustento normativo de este argumento se construyó a partir del
numeral 8 del artículo 687 del CPC que, en lo pertinente, dispone: “Se
levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos: (…) 8. Si un tercero
que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez
del conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que
tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se practicó, y
obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el
cual el solicitante deberá probar su posesión”.
[41]Se refiere a la
investigación disciplinaria adelantada tras la queja instaurada por el
Ministerio de Educación Nacional, en la que solo se analizó la viabilidad
excepcional de decretar el embargo sobre recursos del SGP. Según la sentencia
disciplinaria de segunda instancia, el número de radicación de este proceso era
el 201000167 y se dio por actuaciones dentro del ejecutivo contractual No.
20100432 del señor Jesús Xavier Gómez Lozano contra el departamento del Chocó
(Cuaderno 2, folio 501).
[42]Cuaderno 1, folio 218.
[43]Cuaderno 1, folio 237.
[44]Cuaderno 1, folio 270.
[45]Cuaderno 1, folio 272.
[46]Cuaderno 1, folio 274.
[47]Cuaderno 1, folio 276.
[48]Para sustentar este
punto, el disciplinable citó el artículo 113 del CDU, el cual establece que: “El
recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia
sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al
investigado o a su apoderado, y contra el fallo de única instancia”.
[49]En este punto, la
autoridad jurisdiccional disciplinaria abordó el estudio del incidente
propuesto por el disciplinable, así como aquel presentado por el representante
del Ministerio Público. Ambos se sustentaban en aspectos similares: la
pretendida indebida notificación del momento en el cual se escucharía la
declaración de un testigo pedido por el propio señor Bechara Ospina y el
traslado del informe técnico contable del CTI.
[50]Puntualmente, el ad
quem analizó los comportamientos relativos a: “asumir competencia sin
tenerla en razón de la cuantía; haber otorgado plena validez a la transacción,
sin detenerse a examinar que el apoderado del departamento del Chocó sólo tenía
la facultad de transigir si aquella se efectuaba judicialmente; decretar medidas
de embargo sobre las cuentas del Sistema General de Participaciones en el rubro
de educación; rechazo de plano [de] la intervención del Ministerio de
Educación; [y] abstenerse de adelantar el trámite incidental para en su lugar
disponer la terminación del proceso de pago de la obligación”. (Cuaderno 2,
folio 510).
[51]Cuaderno 2, folio 524.
[52]Norma que fija criterios
para la graduación de la sanción.
[53] Frente al particular, el
actor cita el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, el cual dispone lo siguiente: “La
falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación
alguna”.
[54] El numeral 3 de la norma
en cita dispone: “Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura: (…) 3.Conocer, en única instancia, de los
procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los
Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales
delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales”.
[55] La norma en comento
dispone: “Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente
una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de
dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función
o cargo, o abusando del mismo”.
[56] De conformidad con la
norma en mención, “Son deberes de los funcionarios y empleados, según
corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su
competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.
[57] Artículo que regulaba la
competencia de los jueces administrativos en primera instancia.
[58] Artículo que regulaba la
transacción en cuanto a su oportunidad y trámite.
[59]Cuaderno 2, folios 586 a
604.
[60]Norma que disponía: “La
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a
solicitud de parte u oficiosamente ejercerá el poder preferente jurisdiccional
disciplinario, en relación con los procesos que son competencia de sus
seccionales, respetando el debido proceso y la doble instancia; igualmente
podrá disponer el cambio de radicación de los mismos, en cualquier etapa. //
Para el cumplimiento de estas funciones y las de su competencia creará por
medio de su reglamento interno las salas de decisión pertinentes”.
[61]El numeral segundo del
artículo referido dispone: “Corresponde a las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura (…): 2. Conocer en
primera instancia de los procesos disciplinarios contra los jueces y los
abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción”.
[62]La norma en cita disponía
que: “La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las
faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último acto”.
[63] Cuaderno 2, folios 607 a
622.
[64] Esto, por cuanto el
señor Bechara tuvo por título ejecutivo el contrato de transacción y el
original del contrato de prestación del servicio educativo, sin que se hubiese
allegado su liquidación en relación con el número real de niños atendidos
(Cuaderno 2, folio 612).
[65] Norma en cita dispone
que: “CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS FALLOS. En
los casos de error aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de
la entidad o fuerza donde labora o laboraba, o en la denominación del cargo o
función que ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la parte resolutiva del
fallo, éste debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio
o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo profirió. // El fallo
corregido, aclarado, o adicionado, será notificado conforme a lo previsto en
este código”.
[66] La decisión de primera instancia
fue proferida por conjueces; mientras que, previa a la decisión de segunda
instancia, se resolvieron los impedimentos propuestos por varios magistrados.
[67]Cuaderno 2, folios 623 a 638.
[68]El inciso segundo de la
norma en cita disponía: “No podrá recusar quien, sin formular la recusación,
haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido
su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien
haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos
casos la recusación debe ser rechazada de plano”.
[69] Cuaderno 3, folios 84 a
116.
[70] Esta norma fue
previamente transcrita en el pie de página número 67.
[71]M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[72] Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[73] Ídem.
[74] Al respecto, en la
Sentencia T-310 de 2009, se indicó que: “(…) la acción de tutela contra
sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la
supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de
tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva como nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[75]M.P. Jaime Córdoba
Triviño. En
esta oportunidad, la Corte estudió la constitucionalidad de la norma que
proscribía cualquier acción contra la sentencia que resolviera el recurso
extraordinario de casación en materia penal.
[76]M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[77] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[78] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[79] En el mismo sentido se
pueden consultar las Sentencias
T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-068 de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[80] Cuaderno 2, folios 563 a
568.
[81] Cuaderno 2, folios 543 a
553.
[82] El actor también ligó
este defecto a un vicio procedimental, pues, al apartarse las autoridades
públicas demandadas de las normas que atribuyen competencia, se apartaron del
procedimiento legalmente establecido.
[83] Las normas citadas por
el accionante se encuentran en los pies de página 57 y siguientes de esta
providencia.
[84] Cabe señalar que
mediante escrito, la apoderada del señor Bechara adujo que las perturbaciones
al derecho de defensa se predicaban de “[la] negativa de la opción procesal
para controvertir un dictamen pericial originado en la Fiscalía General del a
(sic) Nación, (…) la imposibilidad procesal de asistir a la audiencia de
testimonio legalmente decretado [y por él solicitado], la pretermisión del
deber de resolver incidentes de nulidad en contra de lo previsto por la norma
disciplinaria (…), la interpretación constitucionalmente sospechosa del tipo
disciplinario para evitar la argumentación de la figura de la prescripción, [y
el] desconocimiento de la participación procesal de coadyuvantes en función de
los intereses del procesado”. (Cuaderno 4, folio 15).
[85] Norma que, se reitera,
dispone: “Deberes: Son deberes de los funcionarios y empleados, según
corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su
competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.
[86]Hecho xxi.
[87] El artículo 5º del CDU
establece: “Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el
deber funcional sin justificación alguna”.
[88]Hechos xxiv y xxv.
[89] Cuaderno 1, folio 237.
[90] Cuaderno 1, folios 270 a
272.
[91] En este sentido, refiere
que el 2 de marzo el señor Bechara aprobó la liquidación presentada por la suma
de $4.616.060.824 pesos, cuando la demanda planteaba la ejecución sobre dos
cuotas de $772.500.000 pesos (Cuaderno 1, folio 204).
[92] Por
medio de la Resolución No. 1794 del 6 de julio de 2009, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público adoptó como medida cautelar y correctiva la asunción
temporal de la competencia en la prestación del servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica y media en el Departamento del Chocó, en virtud
de la cual los recursos del SGP para el sector educación dejaron de ser
transferidos al departamento para ser directamente administrados por la Nación,
a través de un encargo fiduciario. Vale decir que, de conformidad con el Decreto 2613 de 2009 que
reglamentó el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008, la asunción
temporal de la competencia por parte de la Nación “no implica solidaridad
alguna respecto a las obligaciones a cargo de la entidad sobre la que recae la
medida correctiva, existentes o causadas con anterioridad o con posterioridad a
la adopción de la medida, y generadas en el correspondiente sector o servicio.
El pasivo originado en el servicio o sector se mantendrá a cargo de la entidad
territorial sujeta de la medida, el cual deberá ser financiado con cargo a sus
recursos propios o a los apropiados con destinación específica para el servicio
o sector según el caso, pero, atendiendo las particulares normas que gobiernen
este aspecto” (artículo 3).
[93]Cuaderno 1, folio 208.
[94] De
acuerdo con la Sentencia C-546 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro
Martínez Caballero, la inembargabilidad de estos recursos solamente se ajusta a
la Constitución en la medida en que ello no impida la efectividad del pago de
las obligaciones dinerarias surgidas de obligaciones laborales. Más adelante,
en la Sentencia C-354 de 1997, M.P. Antonio barrera Carbonell, se señaló que la
excepción a la regla general de inembargabilidad cobijaba el pago de sentencias
y de las demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, a cargo de
entidades públicas, para cuya ejecución debe darse un manejo similar a lo que
legalmente se establece para los títulos ejecutivos. Posteriormente, en la
Sentencia C-793 de 2002, M.P. Jaime Córdova Triviño, se precisó que, para
proteger la destinación constitucional de los recursos de la participación en
educación del SGP, en virtud del mandato previsto en los artículos 287 numeral
4, 356 y 357 de la Constitución, el embargo a las cuentas del SGP resulta
predicable exclusivamente frente a obligaciones que tengan como fuente las
actividades que el artículo 15 de la Ley 715 de 2001 asigna con destino al
sector educación. Por último, la Sentencia C-556 de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis, extendió la excepción al principio de inembargabilidad de los recursos
de la participación en educación respecto de los recursos de la participación
en salud y propósito general, todos del SGP, solo frente a obligaciones que
tengan como fuente las actividades que la Ley 715 de 2001 fija con destino a
dichas participaciones. Y determinó que estos embargos excepcionales solo
pueden ser llevados a cabo de manera subsidiaria cuando los recursos de las
respectivas entidades territoriales se hayan agotado y sean, por ende,
insuficientes.
[95] Además de lo anterior,
en cada caso puntual, el operador judicial debe verificar que: (i) se trate del
pago de obligaciones que consten en sentencias o en otros títulos legalmente
válidos que contengan una obligación  clara, expresa y actualmente exigible;
(ii) el embargo solamente debe realizarse respecto de obligaciones que tengan
como fuente las actividades que la Ley 715 de 2001 fija con destino a las
participaciones en educación, salud y propósito general; (iii) afectando, en
primer lugar, los “recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o
conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren
suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin que puedan
verse comprometidos los recursos de las demás participaciones” (Sentencia C-556
de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis).