C-029-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-029/09
PRETENSION DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA EN
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Configuración por ineptitud sustantiva de
la demanda por cuanto los cargos no se orientan a cuestionar los conceptos de
familia, familiar, familiares y grupo familiar
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
COSA JUZGADA ABSOLUTA-Configuración
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Excepciones
La doctrina constitucional ha previsto tres
excepciones al alcance de la cosa juzgada constitucional absoluta: la cosa
juzgada relativa implícita, la cosa juzgada aparente y la modificación
histórica de los presupuestos fácticos del control de constitucionalidad,
denominada por la jurisprudencia como la doctrina de la Constitución viviente.
Sobre este último presupuesto, la Corte ha señalado que se trata de una
posibilidad, en todo caso excepcionalísima, de someter nuevamente a análisis de
constitucionalidad disposiciones sobre las cuales existe un pronunciamiento de
exequibilidad, en la que dicha opción concurre cuando en un momento dado, a la
luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y
culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la
Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y
valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho
en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente
diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de
una determinada norma.
COSA JUZGADA RELATIVA-Configuración
COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA-Configuración
PAREJAS HOMOSEXUALES Y PAREJAS
HETEROSEXUALES-Improcedencia
de un pronunciamiento de carácter general por vulneración del principio de igualdad/PAREJAS
HOMOSEXUALES Y PAREJAS HETEROSEXUALES-Diferencias impiden dar tratamiento
igual a unas y otras
En la medida en que existen claras
diferencias entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales, no
existe un imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a
otras, lo que implica que para construir un cargo por violación del principio
de igualdad es preciso establecer que, en cado caso concreto, la situación de
uno y otro tipo de pareja es asimilable,  como presupuesto para entrar a
determinar si la diferencia de trato resulta discriminatoria. No cabe, en
consecuencia, un pronunciamiento de carácter general conforme al cual toda
diferencia de trato entre ambos tipos de pareja resulta contrario a la
Constitución, requiriéndose, en cada caso concreto, se presenten las razones
por las cuales se considera que las situaciones de los dos tipos de pareja son
asimilables y que la diferencia de trato establecida por el legislador es
discriminatoria.
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Prohibición de trato discriminatorio basado
en el criterio de orientación sexual
PAREJA-Concepto/PAREJA-Protección constitucional
DEFICIT DE PROTECCION-Configuración por ausencia de previsión
legal para aplicación de ventajas o beneficios a parejas del mismo sexo
La pareja, como proyecto de vida en común, que tiene
vocación de permanencia e implica asistencia recíproca y solidaridad entre sus
integrantes, goza de protección constitucional, independientemente de si se
trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales, y, en ese contexto,  la
diferencia de trato para parejas que se encuentren en situaciones asimilables
puede plantear problemas de igualdad y, del mismo modo, la ausencia de
previsión legal para las parejas del mismo sexo en relación con ventajas o
beneficios que resultan aplicables a las parejas heterosexuales, puede da
lugar, a un déficit de protección contrario la Constitución, en la medida en
que desconoce un imperativo superior conforme al cual, en determinadas
circunstancias, el ordenamiento jurídico debe contemplar un mínimo de
protección para ciertos sujetos, mínimo sin el cual pueden verse comprometidos
principios y derechos superiores, como la dignidad de la persona, el libre
desarrollo de la personalidad o la solidaridad.
AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR-Extensión de protección patrimonial a
parejas del mismo sexo/AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR-Requisito de dos
años de convivencia para aplicación a parejas homosexuales constituye una
medida razonable/PAREJAS HOMOSEXUALES-Requisito de dos años de
convivencia constituye medida razonable para aplicación de protección
patrimonial
El legislador ha señalado que las previsiones sobre
patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar se aplican
a los compañeros permanentes y dichas previsiones atienden a la necesidad de
proteger un patrimonio o la vivienda de quienes han decidido realizar un proyecto
de vida en común en calidad de pareja, sin que la Corte aprecie que exista una
razón para justificar una diferencia de trato entre las parejas heterosexuales
y las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen patrimonial de la
unión marital de hecho, en los términos de la Ley 54 de 1990, encontrando
asimismo que la sujeción al término de dos años de convivencia para que se haga
efectiva la protección prevista en la norma constituye una medida razonable que
busca armonizar la seguridad jurídica frente a necesidad de proteger el
patrimonio o la vivienda de las familias o de las parejas.
DERECHO DE ALIMENTOS-Concepto/OBLIGACION ALIMENTARIA-Condiciones
en que se sustenta
El derecho de alimentos es aquél que le
asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos,
lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela
por sus propios medios. La obligación alimentaria se radica por la ley en cabeza
de una persona que debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de
garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos, y tiene
su sustento en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de
una familia. Así, la obligación alimentaria se establece sobre tres condiciones
fundamentales: i) la necesidad del beneficiario; ii) la capacidad del obligado
para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el
sacrificio de su propia existencia y, iii) el especial deber de solidaridad que
existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas.
PAREJAS HOMOSEXUALES-Obligación de asistencia alimentaria
La obligación de asistencia alimentaria se
enfatiza en el deber de solidaridad que se predica entre el obligado y sus
beneficiarios, y no cabe establecer una diferencia entre las parejas
heterosexuales y las parejas del mismo sexo que hayan optado por realizar un
proyecto de vida común y que, por consiguiente, se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990, en que se encuentran presentes
los mismos elementos que de acuerdo con la jurisprudencia son el presupuesto
para predicar la existencia de una obligación alimentaria entre los integrantes
de la pareja heterosexual, esto es: la existencia de una especial vinculación,
con vocación de permanencia, que da lugar a lazos de afecto, solidaridad  y
respeto; la posibilidad de que, en un momento dado, alguno de los integrantes
de la pareja se encuentre necesitado de alimentos; y que dichos alimentos se
presten por el integrante de la pareja que esté en capacidad de hacerlo
DERECHO A LA IGUALDAD-Metodología para establecer si
una diferencia de trato resulta discriminatoria
Para determinar si una diferencia de trato resulta
discriminatoria, es preciso establecer, en primer lugar, si los supuestos de
hecho son asimilables; en segundo lugar, debe indagarse sobre la finalidad del
tratamiento diferenciado; a continuación debe determinarse si esa finalidad es
razonable y, por consiguiente, constitucionalmente admisible; a reglón seguido
debe indagarse sobre la adecuación del medio a los fines perseguidos, para,
finalmente, superados los anteriores pasos, establecer si se satisface el
criterio de la proporcionalidad.
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Importancia/TEST DE
PROPORCIONALIDAD-Eventos en que no se requiere
El test de proporcionalidad es un instrumento valioso
para el análisis de los problemas de igualdad que surgen en aquellos eventos en
los cuales determinadas disposiciones incorporan razones para dar un
tratamiento distinto a supuestos de hecho que son asimilables. Cuando a partir
de la norma y de sus antecedentes no es posible establecer la existencia de una
razón para el trato diferenciado, se constataría directamente la afectación del
principio de igualdad, sin necesidad de acudir al test de proporcionalidad, no
siendo necesario acudir al test cuando se está ante situaciones que no resulten
asimilables; frente a situaciones que son equiparables, si de la norma no se
desprende una razón que explique el trato diferente, el mismo puede atribuirse,
entre otras consideraciones, a una omisión legislativa por inadvertencia o por
un abierto propósito discriminatorio, pero en la medida en que no existe una
razón con base en la cual se pretenda justificar la diferencia de trato,
tampoco es necesario acudir al test de proporcionalidad.
NACIONALIDAD COLOMBIANA POR
ADOPCION-Requisitos
para adquirirla por parejas homosexuales resulta asimilable a los previstos
para parejas heterosexuales
La situación de los compañeros permanentes de nacional
colombiano en una pareja heterosexual -supuesto previsto en la norma- resulta
asimilable a la de quienes conforman, con la misma vocación de permanencia, una
pareja homosexual con un nacional colombiano, circunstancia por la cual no
encuentra la Corte que exista razón alguna que explique la diferencia de trato
y, que, por el contrario, la misma, en cuanto que solo tendría explicación en
la diferencia en la orientación sexual, resulta constitucionalmente proscrita.
NACIONALIDAD COLOMBIANA POR
ADOPCION-Extensión
del beneficio de reducción de tiempo para adquirirla en parejas homosexuales
PAREJAS HOMOSEXUALES-Explicación a la ausencia de razones de la
diferencia de trato frente a las parejas heterosexuales
La ausencia de razones que expliquen la diferencia de
trato se explica en este caso, como, en general, ocurre en las demás
disposiciones que han sido acusadas en la presente demanda, en el hecho de que,
para el momento de expedición de la norma, las parejas homosexuales no
constituían una realidad visible, que se mostrase como requerida de protección
jurídica y que hubiese recibido reconocimiento por el ordenamiento. No se
advierte, entonces, en la omisión del legislador, un propósito discriminatorio,
ni siquiera una intención explícita de un trato diferenciado, sino una simple
inadvertencia de una situación social que sólo de manera reciente y progresiva
se ha hecho visible. Observa la Corte que el legislador previó un sistema de
protección que, aunque dirigido expresamente a las parejas heterosexuales, dado
el alcance tradicional que en la legislación ha tenido la expresión “compañeros
permanentes”, no permite establecer la existencia de un propósito manifiesto de
exclusión de otro tipo de relaciones que sólo de manera reciente han tenido un
efectivo reconocimiento jurídico y que, a la luz de los principios
constitucionales de dignidad de la persona humana, igualdad y solidaridad,
aparecen como acreedoras de un nivel equivalente de protección.
DERECHO DE RESIDENCIA EN EL
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-Extensivo a parejas
homosexuales
De las disposiciones acusadas no se
desprende ninguna razón que justifique o explique la razón por la cual, al paso
que el integrante de una pareja heterosexual  pueda obtener el derecho de
residencia  para su compañero o compañera, no ocurra lo propio cuando se trate
de una pareja homosexual. Encontrando la Corte que la diferencia de trato que
se deriva de las disposiciones acusadas no sólo carece de razón que la
justifique o la explique, sino que termina afectando de manera grave las
opciones vitales de quienes decidan conformar parejas homosexuales, porque al
privarles del derecho de residencia, desconoce la realidad que ellas conforman
y las somete a la eventualidad de conseguir el reconocimiento de dicho derecho
con base en un criterio distinto.
CAMBIO DE PRECEDENTE EN REGIMEN
DE CONTROL DE DENSIDAD POBLACIONAE EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-Justificación
En sentencia T-725 de 2004 la Corte señaló
que las normas ahora acusadas se inscribían en el ámbito de las previsiones
legislativas orientadas a la protección de la familia y que por consiguiente,
las mismas no resultaban aplicables a los integrantes de una pareja homosexual,
sin que de ese hecho se derivase una violación del principio de igualdad, pero
en la presente oportunidad, y teniendo en cuenta los recientes desarrollos
jurisprudenciales sobre la materia, la Corte se aparta de ese precedente, por
las siguientes consideraciones: las disposiciones demandadas, si bien responden
a un propósito que atiende a una expresa previsión constitucional sobre el
control de densidad poblacional en el Archipiélago de San Andrés y Providencia,
afectan esferas constitucionalmente protegidas de las personas, que tocan con
la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad
para fijar la residencia en el territorio nacional.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA
NORMAS QUE REPRODUCEN PRECEPTO CONSTITUCIONAL-Procedencia por alcance legal de expresión relacionada
con principio de no incriminación que resulta discriminatoria
Los artículos que contienen las expresiones
demandadas, reproducen el artículo 33 de la Carta cuyo texto es del siguiente
tenor: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, y si bien se reconoce la
dificultad que presenta el hecho de demandar una disposición que reproduce
literalmente el texto de un precepto constitucional, la Corte considera que en
este caso, el problema de exclusión censurado por los accionantes no puede
atribuirse a la norma constitucional, sino que surge del alcance legal que
tiene la expresión “compañeros permanentes”, como referida exclusivamente a la
unión de un hombre y una mujer.
PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION-Alcance/PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION-Exclusión
de aplicación a parejas homosexuales resulta discriminatoria/PAREJAS HOMOSEXUALES-Extensión de la garantía de no
incriminación en procesos de carácter penal, penal militar y disciplinario
El principio no incriminación de
familiares, se fundamenta en valores y principios más generales de respeto a la
dignidad de la persona humana, respeto a la autonomía de la voluntad y a la
libertad de conciencia, y en la protección especial a la intimidad  y unidad de
la familia, resultando las reglas allí establecidas derivadas de la consideración
del especial vínculo de afecto, solidaridad y respeto que existe entre
determinadas personas, que surge de la decisión de adelantar un proyecto de
vida en común, y frente al cual las obligaciones de declarar, denunciar o
formular queja, contempladas de manera general por el ordenamiento jurídico,
serían demasiado gravosas y darían lugar a conflictos que atentan contra la
autonomía, la dignidad y la intimidad personales, y en cuanto hace a la
protección que se otorga a los compañeros permanentes, ella se explica en razón
de los vínculos morales y afectivos que surgen en virtud de una comunidad de
vida permanente y singular, aspecto en relación con el cual no se aprecian
diferencias entre las parejas heterosexuales y las homosexuales, de donde las situaciones
de ambos tipos de pareja son asimilables y no existe razón alguna para que, si
ese establece la excepción a los referidos deberes en relación con los
compañeros permanentes en una pareja heterosexual, no ocurra lo propio con los
integrantes de una pareja homosexual.
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA-Razones en que se fundamentan/CIRCUNSTANCIAS
DE AGRAVACION PUNITIVA-Exclusión de aplicación a parejas homosexuales
resulta discriminatoria/PAREJAS HOMOSEXUALES-Aplicación de las circunstancias de agravación punitiva
Las circunstancias de agravación punitiva
implican la consideración sobre un mayor grado de reproche social de la
conducta en atención a la especial relación de afecto, solidaridad y respeto
que existe entre el sujeto activo de la misma y la víctima, y dado que el
criterio al que atiende el legislador en orden a establecer las circunstancias
de agravación punitiva tiene que ver con esa especial relación, que implica
consideraciones sobre proximidad, confianza, solidaridad o afecto, la situación
de los integrantes de una pareja homosexual es asimilable a la de los
integrantes de una heterosexual y no se aprecia la existencia de una razón que
explique la diferencia de trato
INASISTENCIA ALIMENTARIA EN PAREJAS HOMOSEXUALES-Procedencia/INASISTENCIA ALIMENTARIA EN
PAREJAS HOMOSEXUALES-Sujeción al término de dos años de convivencia/INASISTENCIA
ALIMENTARIA EN COMPAÑEROS PERMANENTES-Sujeción al término de dos años de
convivencia/INASISTENCIA ALIMENTARIA EN MATRIMONIO-No sujeta a término
de convivencia
La institución del matrimonio establece un vínculo
jurídico que se materializa desde el momento mismo en el que se celebra el
contrato y del cual se derivan una serie de compromisos y obligaciones. En
ausencia de ese compromiso formal, la exigencia de un periodo de dos años para
que se haga efectiva la protección prevista en la norma, constituye una
previsión razonable en torno a la seriedad del compromiso y la naturaleza del
vínculo frente al cual la inasistencia alimentaria se considera merecedora de
reproche penal
TUTELA Y CURATELA-Finalidad/TUTELA Y CURATELA-Ejercicio
por compañeros permanentes e integrantes de parejas del mismo sexo/DELITO DE
MALVERSACION Y DIPLAPIDACION DE BIENES DE FAMILIARES-Extensión de tipo penal
a integrantes de parejas homosexuales
La tutela y la curatela son instituciones
civiles orientadas a suplir la incapacidad de una persona para administrar sus
asuntos. Ahora, si se
tiene en cuenta que el criterio del legislador para conferir la facultad de
ejercer la curatela al integrante de la pareja se funda en la consideración de
las relaciones de confianza, solidaridad, socorro y apoyo mutuos, es claro que
la situación de los integrantes de las parejas homosexuales que ha decidido
desarrollar un proyecto de vida en común es equiparable a la de los compañeros
permanentes y como quiera que no se aprecia razón alguna que explique o
justifique la diferencia de trato que resulta de la disposición demandada, la
misma es contraria a la Constitución y en relación con ella habrá de producirse
una declaración de exequibilidad condicionada. Por las mismas razones resulta
inconstitucional que en el enunciado las personas en cuyo beneficio se prevé el
delito de malversación contemplado en el artículo 236 del Código Penal se
incluya a los compañeros permanentes, pero no se haga lo propio con los
integrantes de las parejas del mismo sexo
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Características/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Déficit
de protección en el ámbito de las parejas homosexuales/VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR-Extensión de medidas de protección a parejas homosexuales
El legislador, dentro de su libertad de
configuración, ha decidido estructurar un tipo penal orientado a sancionar,
cuando ocurren en el ámbito familiar, conductas de violencia física o
sicológica que no tienen la entidad necesaria como para integrarse en los tipos
que, de manera general, protegen bienes como la vida, la integridad personal,
la libertad, la integridad y la formación sexuales, o la autonomía personal, y
de acuerdo con su tenor literal, las medidas previstas en las normas acusadas
se desenvuelven en el ámbito de la protección integral a la familia, por cuanto
lo que se pretende prevenir, es la violencia que de manera especial puede
producirse entre quienes, de manera permanente, comparten el lugar de
residencia o entre quienes, de manera quizá paradójica, se encuentran más
expuestos a manifestaciones de violencia en razón de la relación de confianza que
mantienen con otra persona, relación que, tratándose de parejas, surge del
hecho de compartir un proyecto de vida en común, situación que también se
presenta en el ámbito de las parejas homosexuales, da lugar a un déficit de
protección  porque ignora una realidad que, para los supuestos previstos por el
legislador, puede aspirar a un nivel equivalente de protección al que se brinda
a los integrantes de la familia
AMENAZAS A TESTIGO-Finalidad del tipo penal/AMENAZAS
A TESTIGO-Inclusión como destinatarios a integrantes de parejas
homosexuales
El criterio al que atiende el legislador en
orden a establecer los destinatarios de las amenazas que dan lugar a la
aplicación del tipo penal tiene que ver con las especiales relaciones de
afecto, solidaridad y respeto y busca evitar que en razón de la misma, se pueda
ejercer una presión indebida sobre los testigos, siendo, en este caso, la
situación de los integrantes de una pareja homosexual que hayan optado por
hacer un proyecto de vida en común asimilable a la de los integrantes de una
pareja heterosexual en las mismas condiciones, sin que se aprecie la existencia
de una razón que explique la diferencia de trato.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY
ESTATUTARIA-Procedencia
excepcional de un nuevo juicio de constitucionalidad/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA-Caso excepcional en que procede nuevo
juicio de constitucionalidad por vía de la acción pública de inconstitucionalidad
En relación con las leyes estatutarias, la
Corte ha puntualizado que, una vez realizado el control previo e integral de
constitucionalidad, cabría un nuevo pronunciamiento de la Corte frente a una modificación posterior de las normas
constitucionales o de la conformación de las normas que integran el bloque de
constitucionalidad, por cuanto ello supondría la modificación del patrón de
comparación a partir del cual se realizó el cotejo. Tales situaciones, podrían
generar una inconstitucionalidad sobreviviente, ante la cual sobreviene
igualmente el deber de la Corte Constitucional de repararla. En el presente
caso, se está ante una de esas situaciones, por cuanto a partir de la Sentencia
C-075 de 2007 y las subsiguientes sentencias C-811 de 2007 y C-336 de 2008, se
produjo un cambio jurisprudencial en el marco constitucional a partir del cual
se evalúa la situación de las parejas homosexuales, por cuanto con anterioridad
se había considerado que los problemas de igualdad que se planteaban por
diferencias de trato frente a los parejas heterosexuales eran atribuibles a
omisiones absolutas del legislador, no susceptibles de reparación por la vía
del control de constitucionalidad, al paso que, en el nuevo contexto, se ha
acudido, tanto a establecer las situaciones en las cuales ambos tipos de pareja
son asimilables y, por consiguiente, la diferencia injustificada de trato
resulta violatoria del principio de igualdad, como a identificar supuestos en
los cuales la ausencia de regulación de la situación de las parejas
homosexuales, en supuestos que si han sido regulados para las parejas
heterosexuales, puede conducir a un déficit de protección contrario a la
Constitución.
DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Condición de víctimas comprende a
parientes, cónyuges y compañeros permanentes/DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION-Condición de víctimas se extiende a integrantes de parejas
homosexuales/PAREJAS HOMOSEXUALES-Desconocimiento de su situación
asimilable a la de compañeros permanentes sin justificación del trato diferente
vulnera el principio de igualdad
Señala la Corte que cuando las
disposiciones demandadas confieren ciertos derechos o prerrogativas a los
“familiares”, es claro que dicha expresión comprende a los parientes y a los
cónyuges y compañeros o compañeras permanentes, y que por la naturaleza de los
derechos y prerrogativas previstos en las disposiciones demandadas, el criterio
empleado por el legislador para determinar los destinatarios de la mismas es el
de su condición de allegados a las víctimas y su relación de afecto, de
solidaridad y de respeto con ellas, bien sea en razón de vínculos jurídicos o
fácticos. En ese contexto la situación de los integrantes de una pareja
homosexual con vocación de permanencia es asimilable  a la de los compañeros
permanentes, y no se aprecia que exista una razón que justifique la diferencia
de trato, motivo por el cual la misma resultaría contraria al principio de
igualdad.
MEDIDAS DE PROTECCION A VICTIMAS DE
SECUESTRO-Extensión de beneficios
a integrantes de parejas homosexuales/CURADURIA DE BIENES DE SECUESTRADO-Legitimación
puede recaer sobre integrantes de parejas homosexuales/ADMINISTRACION DE
BIENES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA-Ejercicio por integrantes de
parejas homosexuales
Las disposiciones en las que se encuentran las
expresiones demandadas se han establecido teniendo en cuenta el valor de los
vínculos de solidaridad y afecto que existen entre quienes son víctima de una
desaparición forzada, un secuestro o una toma de rehenes, y determinadas
personas de su entorno personal o familiar, así como de las que existen en
razón de los lazos de dependencia económica, encontrando la Corte que dichas
disposiciones constituyen una respuesta del Estado a situaciones que afectan de
manera extrema los derechos fundamentales de las víctimas y de quienes están en
una especial relación de afecto, solidaridad y respeto con ellas. La
identificación de los destinatarios de las medidas de protección en razón de
esa especial relación, es una manera de proteger, en primer lugar, a la propia
víctima, y, de manera complementaria, también a sus allegados, contexto en el
que las medidas de protección previstas en la Ley 986 de 2005, como para
establecer las personas que serán llamadas a ejercer la administración de los
bienes de quienes hayan sido víctimas de los delitos de secuestro o de
desaparición forzada, situación en la que la vocación de permanencia de quienes
integran una pareja homosexual, es asimilable a la de los compañeros o
compañeras permanentes y que no existe razón que explique la diferencia de
trato que se desprende de las expresiones acusadas, razón por la cual dicha
diferencia resulta contraria a la Constitución
REGIMEN ESPECIAL DE SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Inclusión
como beneficiarios a integrantes de parejas homosexuales/REGIMEN ESPECIAL DE
SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Cubrimiento de beneficios
a integrantes de parejas homosexuales/REGIMEN PENSIONAL DE LAS FUERZAS
MILITARES Y DE POLICIA-Inclusión de integrantes de parejas homosexuales
como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes/PAREJAS HOMOSEXUALES-Exclusión de integrantes de parejas del mismo sexo de
la condición de beneficiarios del régimen de seguridad social en salud y
pensiones de la fuerza pública, vulnera el principio de igualdad/PAREJAS
HOMOSEXUALES Y HETEROSEXUALES-Requisito de dos años de convivencia para
acceso como beneficiarios de compañeros permanentes al régimen de salud  de la
fuerza pública resulta irrazonable e injustificada/PLAN DE SALUD OBLIGATORIO
EN EL REGIMEN DE LA FUERZA PUBLICA-Cobertura para compañero del mismo sexo
La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre el
hecho de que la exclusión de los integrantes de parejas del mismo sexo de la
condición de beneficiarios en el sistema de seguridad social en salud y en
pensiones resulta contraria a la Constitución, concluyendo que no existe un
fundamento razonable y objetivo que explique la exclusión de los integrantes de
las parejas del mismo sexo de la condición de beneficiarios en el régimen de
seguridad social en pensiones y en salud, y en el régimen especial de la fuerza
pública tampoco se aprecia una tal explicación o justificación, razón por la
cual la diferencia de trato que se deriva de las mismas resulta contraria al
principio de igualdad. En cuanto hace a la sujeción al término de dos años de
convivencia para que los compañeros permanentes puedan tenerse como
beneficiarios del sistema de salud previsto en el artículo 24 del Decreto 1795
de 2000, estima la Corte que en este caso, resultan plenamente aplicables las
consideraciones realizadas por la Corporación, conforme a las cuales dicho
término para que el compañero permanente del afiliado al sistema de salud
pudiera ser incluido como beneficiario no se encontraba justificado por
parámetros objetivos y razonables.
SUBSIDIO FAMILIAR-Concepto/SUBSIDIO FAMILIAR EN SERVICIOS-Extensión
de la aplicación del subsidio en servicios a los integrantes de parejas
homosexuales
El subsidio familiar es una prestación
social pagada en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y
menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, siendo su
objetivo fundamental el alivio de las cargas económicas que representa el
sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad, pero el
legislador, al disponer que  además de las personas que dan derecho al subsidio,
el cónyuge o compañero permanente podrán utilizar las obras y programas
organizados con el objeto de reconocer el subsidio en servicios, reconoce el
vínculo de solidaridad y la relación especial que existe entre los cónyuges o
compañeros permanentes, para disponer que si bien en relación con ellos no se
causa el subsidio en dinero, si resultan admitidos al goce de las obras y
programas que se ofrecen en la modalidad de servicios del subsidio, resultando
que en ese escenario los integrantes de una pareja homosexual que tengan esa
misma vocación de permanencia resultan asimilables a los compañeros
permanentes.
SUBSIDIO FAMILIAR EN VIVIENDA-Concepto/PAREJAS HOMOSEXUALES-Beneficiarios
del subsidio familiar de vivienda
La Ley 3 de 1991 tiene como objetivo el
desarrollar un sistema de vivienda de interés social orientado a brindar
soluciones de vivienda a personas de escasos recursos, y si bien establece un
subsidio de vivienda, que se denomina como familiar, excluyendo a los integrantes
de parejas del mismo sexo de los beneficios que allí se han previsto para
quienes tengan la condición de compañeros o compañeras permanentes, esta
situación en la se excluyen los integrantes de las parejas homosexuales de
carácter permanente que aspiren a un subsidio de vivienda en atención a su
condición de pobreza, es asimilable a la de los compañeros o compañeras
permanentes, y, por consiguiente, resultaría contraria a Constitución.
ACCIDENTES DE TRANSITO-Beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT/PAREJAS
HOMOSEXUALES-Inclusión como beneficiarios de indemnizaciones del SOAT
ACCESO Y EJERCICIO DE FUNCION PUBLICA-Medidas de restricción/ACCESO Y
EJERCICIO DE FUNCION PUBLICA-Criterio en que se funda establecimiento de
limitaciones y gravámenes/ACCESO Y EJERCICIO DE FUNCION PUBLICA-Medidas
de restricción aplicables a compañeros permanentes resultan asimilables a
parejas homosexuales/REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES-Extensivo
a integrantes de parejas homosexuales/IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Causales
se extienden a integrantes de parejas homosexuales
El criterio a partir del cual
el legislador ha
establecido determinadas limitaciones, cargas, inhabilidades e
incompatibilidades, así como causales de impedimento y recusación, como medidas
de restricción al acceso y ejercicio de la función pública y la contratación
estatal se basa en la calidad de compañero o compañera permanente, y  en razón
de los especiales vínculos de afecto y de solidaridad a los que da lugar,
limitaciones  y gravámenes, en orden a preservar la moralidad administrativa y
la transparencia en la acción del Estado, criterio que en la situación de los
integrantes de las parejas homosexuales es asimilable a la de los compañeros
permanentes y no se aprecia ninguna razón para establecer una diferencia de
trato, y así, en la medida en que entre los integrantes de parejas del mismo
sexo surge un  vínculo especial, basado en relaciones de afecto y de apoyo
mutuo, la exclusión injustificada de estas personas de entre los destinatarios
de tales disposiciones resulta contraria a la Constitución por desconocer el
principio de igualdad.
Referencia: expediente D-7290
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991; el artículo 24 - literales a, b y d
del Decreto 1795 de 2000; los artículos 411 y 457 del Código Civil; el artículo
4 de la Ley 70 de 1931; los artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982; el artículo
7 de la Ley 3 de 1991; los artículos 283 - numeral 2 y 286 de la Ley 5 de 1992;
el artículo 5 de la Ley 43 de 1993; el artículo 8 - numeral 1 literal g y numeral
2 literales c y d de la Ley 80 de 1993; el artículo 244 de la Ley 100 de 1993; los
artículos 14 - numerales 2 y 8, y 52 de la Ley 190 de 1995; los artículos 1 y
12 de la Ley 258 de 1996; el artículo 2 de la Ley 294 de 1996, el artículo 2 de
la Ley 387 de 1997; los artículos 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999; los artículos
10 y 11 de la Ley 589 de 2000; los artículos 34, 104 -  numeral 1, 170 - numeral
4, 179 - numerales 1 y 4, 188 b - numeral 3, 229, 233, 236, 245 - numeral 1 y 454
a de la Ley 599 de 2000; los artículos 40, 71 y 84 - numerales 1, 2, 3, 6, 7, y
9 de la Ley 734 de 2002; los artículos 8 - literal b, 282, 303, y 385 de la Ley
906 de 2004; el artículo 3 - numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004; los
artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005; los artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de
la Ley 975 de 2005; los artículos 2 y 26 de la Ley 986 de 2005; el artículo 1
de la Ley 1148 de 2007; los artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 - numerales 2,
4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007; y el artículo 18 de la Ley 1153 de 2007.
Demandantes:
Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon
Sanín, Marcela Sánchez Buitrago, Mauricio Albarracín Caballero, Alejandra
Azuero Quijano y Luz María Sánchez Duque.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil nueve
(2009)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
El 28 de abril
de 2008, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los
ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon Sanín, Marcela Sánchez
Buitrago, Mauricio Albarracín Caballero, Alejandra Azuero Quijano y Luz María
Sánchez Duque presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
2 y 3 del Decreto 2762 de 1991; el artículo 24 - literales a, b y d del Decreto
1795 de 2000; los artículos 411 y 457 del Código Civil; el artículo 4 de la Ley
70 de 1931; los artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982; el artículo 7 de la Ley
3 de 1991; los artículos 283 - numeral 2 y 286 de la Ley 5 de 1992; el artículo
5 de la Ley 43 de 1993; el artículo 8 - numeral 1 literal g y numeral 2
literales c y d de la Ley 80 de 1993; el artículo 244 de la Ley 100 de 1993;
los artículos 14 - numerales 2 y 8, y 52 de la Ley 190 de 1995; los artículos 1
y 12 de la Ley 258 de 1996; el artículo 2 de la Ley 294 de 1996, el artículo 2
de la Ley 387 de 1997; los artículos 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999; los
artículos 10 y 11 de la Ley 589 de 2000; los artículos 34, 104 -  numeral 1,
170 - numeral 4, 179 - numerales 1 y 4, 188 b - numeral 3, 229, 233, 236, 245 -
numeral 1 y 454 a de la Ley 599 de 2000; los artículos 40, 71 y 84 - numerales
1, 2, 3, 6, 7, y 9 de la Ley 734 de 2002; los artículos 8 - literal b, 282,
303, y 385 de la Ley 906 de 2004; el artículo 3 - numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la
Ley 923 de 2004; los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005; los artículos 5,
7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005; los artículos 2 y 26 de la Ley 986 de
2005; el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007; los artículos 61, 62, 80, 159, 161
y 172 - numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007; y el artículo 18 de
la Ley 1153 de 2007.
El 16 de mayo de 2008, en cumplimiento del reparto
efectuado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión del 14 de mayo
del mismo año, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente
al despacho del Magistrado Jaime Córdoba Triviño.
Mediante Auto del 29 de mayo de 2008, el Magistrado Jaime
Córdoba Triviño resolvió admitir la demanda radicada bajo el número D-7290 y,
en consecuencia, dispuso correr traslado al Procurador General de la Nación
para que rindiera el concepto a su cargo, fijar en lista la disposición acusada
por el término de diez días con el fin de que cualquier ciudadano la impugnara
o defendiera, y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la
República a la Presidenta del Congreso, a los Ministros de Interior y de
Justicia, de Hacienda y Crédito Público, de la Protección Social, de
Agricultura y Desarrollo Rural, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como al Defensor del
Pueblo, al Fiscal General de la Nación y a la Directora del Departamento
Nacional de Planeación. Adicionalmente, invitó a participar a los decanos de
las facultades de Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, Externado
de Colombia, de los Andes, Javeriana, de Antioquia, Pontificia Bolivariana,
ICESI, EAFIT y del Rosario, al igual que al Presidente de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, con el objeto de que emitieran concepto técnico
sobre las normas demandadas.
El 25 de julio de 2008, la Secretaría General de la
Corte Constitucional pasó el expediente de la referencia al Despacho del
Magistrado Rodrigo Escobar Gil, en atención a que la Sala Plena de la
Corporación, en sesión del 23 de julio del mismo año, aceptó el impedimento
manifestado por el Magistrado Jaime Córdoba Triviño.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.      TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcriben las normas acusadas,
destacando en negrita, cursiva y subraya las expresiones concretamente
demandadas.
DECRETO 2762 DE 1991
Diario Oficial  No 40.221, de 13 de
diciembre de 1991
Por medio del cual se adoptan medidas para controlar
la densidad poblacional en el departamento archipiélago de san Andrés,
providencia y santa catalina
ARTÍCULO 2o. Tendrá derecho a fijar su residencia en el
Departamento Archipiélago quien se encuentre en una de las siguientes
situaciones:
a) Haber nacido en territorio del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siempre
que alguno de los padres tenga, para tal época, su domicilio en el
Archipiélago;
b) No habiendo nacido en territorio del
Departamento, tener padres nativos del Archipiélago;
c) Tener domicilio en las islas, comprobado
mediante prueba documental, por más de 3 años continuos e inmediatamente
anteriores a la expedición de este Decreto;
d) Haber contraído matrimonio válido, o
vivir en unión singular, permanente y continua con persona
residente en las islas siempre que hayan fijado por más de 3 años, con
anterioridad a la expedición de este Decreto, el domicilio común en territorio
del Departamento Archipiélago;
e) Haber obtenido tal derecho en los
términos previstos en el artículo siguiente.
PARÁGRAFO. Las personas que por motivos de educación, hayan
debido ausentarse de las islas por un tiempo determinado, se les contará tal
lapso a efectos de lograr el cumplimiento de los términos señalados en los
literales c) y d), siempre que en el Departamento Archipiélago permanezcan como
residentes su cónyuge o compañera permanente, sus padres o
hijos.
ARTÍCULO 3o. Podrá adquirir el derecho a residir en forma
permanente en el Departamento Archipiélago quien:
a) Con posterioridad a la fecha de
expedición de este Decreto, contraiga matrimonio o establezca unión
permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio común
en el Departamento, a lo menos por 3 años continuos. Al momento de solicitar la
residencia permanente se deberá acreditar la convivencia de la pareja;
b) Haya permanecido en el Departamento en
calidad de residente temporal por un término no inferior a 3 años, haya
observado buena conducta, demuestre solvencia económica y, a juicio de la Junta
Directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, resulte
conveniente su establecimiento definitivo en el Archipiélago.
La Junta decidirá sobre la conveniencia de que trata
el literal anterior, tomando en cuenta la oferta de mano de obra en el
Departamento Archipiélago, la densidad poblacional en el mismo y las
condiciones personales del solicitante.
DECRETO 1795 DE 2000
Diario Oficial 44.161, del 14 de septiembre de 2000
Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
ARTICULO 24. BENEFICIARIOS. Para los afiliados enunciados en el literal
a) del artículo 23, serán
beneficiarios los siguientes:
a) El cónyuge o el compañero o la compañera
permanente del afiliado. Para el caso del compañero(a)
sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años.
b) Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los
cónyuges o compañero (a) permanente, que hagan parte del
núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con dedicación
exclusiva y que dependan económicamente del afiliado.
c) Los hijos mayores de 18 años con invalidez absoluta
y permanente, que dependan económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se
haya establecido dentro del límite de edad de cobertura.
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar
podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que dependan
económicamente de él.
PARAGRAFO 1o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>
PARAGRAFO 2o. Los afiliados no sujetos al régimen de cotización no
tendrán beneficiarios respecto de los servicios de salud.
PARAGRAFO 3o. Los padres del personal activo de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que hayan
ingresado al servicio con anterioridad a la expedición de los decretos 1211 del
8 de junio de 1990 y 096 del 11 de enero de 1989 respectivamente, tendrán el
carácter de beneficiarios, siempre y cuando dependan económicamente del Oficial
o Suboficial.
PARAGRAFO 4o. No se admitirá como beneficiarios del SSMP a los
cotizantes de cualquier otro régimen de salud.
CODIGO CIVIL
ARTICULO 411. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Se deben
alimentos:
1o)  Al cónyuge
2o) A los descendientes legítimos.
3o) A los ascendientes legítimos.
4o) <Numeral modificado por el artículo 23 de la
Ley 1a. de 1976> A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o
separado de cuerpo sin su culpa.
5o) <Numeral modificado por el artículo 31 de la
Ley 75 de 1968> A los hijos naturales, su posteridad legítima y a los
nietos naturales
6o) <Numeral modificado por el artículo 31 de la
Ley 75 de 1968> A los Ascendientes Naturales
7o) A los hijos adoptivos.
8o) A los padres adoptantes.
9o)  A los hermanos legítimos.
10) Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere
sido rescindida o revocada.
La acción del donante se dirigirá contra el donatario.
No se deben alimentos a las personas aquí designadas
en los casos en que una ley se los niegue
ARTICULO 457. <Aparte tachado INEXEQUIBLE. Artículo modificado
por el artículo 51 del Decreto 2820 de 1974> Son llamados a la tutela o
curaduría legítima:
1o) El cónyuge, siempre que no
esté divorciado ni separado de cuerpos o de bienes, por causa distinta al mutuo
consenso.
2o) El padre o la madre, y en su defecto los abuelos legítimos.
3o) Los hijos legítimos o extramatrimoniales.
4o) Los hermanos del pupilo y los hermanos de los
ascendientes del pupilo.
Cuando existan varias personas en el mismo orden de
prelación señalado en este artículo, el juez, oídos los parientes, elegirá
entre ellas la que le pareciere más apta y podrá también si lo estimare
conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las funciones
LEY 70 DE 1931
Diario Oficial No. 21.706, del 5 de junio de 1931
“que autoriza la constitución de patrimonios de
familia no embargables”
ARTÍCULO 4. El patrimonio de familia puede
constituirse a favor:
a) modificado ley 495 de 1999, art. 2. De una
familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por
compañero o compañera permanente y los hijos de éstos y aquéllos menores de
edad;
b) modificado l. 495/99, art. 2. De familia
compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por compañero
o compañera permanente, y
c) de un menor de edad, o de dos o más que estén entre
sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o natural.
LEY 21 DE 1982
“Por la cual se modifica el régimen del Subsidio
familiar y se dictan otras disposiciones”
ARTICULO 1o. El subsidio familiar es una
prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los trabajadores de
mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su
objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que
representa el sostenimiento de la familia, como núcleo
básico de la sociedad.
PARAGRAFO. Para la reglamentación, interpretación y en general,
para el cumplimiento de esta Ley se tendrá en cuenta la presente definición del
subsidio familiar.
ARTICULO 27. Darán derecho al Subsidio Familiar
las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios que continuación se
enumeran:
1. Los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos y
los hijastros.
2. Los hermanos huérfanos de padre.
3. Los padres del trabajador.
Para los efectos del régimen del subsidio familiar
se consideran personas a cargo las enumeradas, cuando convivan y dependan
económicamente del trabajador y, además, se hallen dentro de las condiciones
señaladas en los artículos siguientes.
PARAGRAFO. El conyugue o compañero permanente
del trabajador, así como personas relacionadas en el presente artículo podrán
utilizar los obras y programas organizadas con el objeto de reconocer el
Subsidio en servicios.
LEY 3 DE 1991
“por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda
de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 7º.- Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar
de Vivienda los hogares de quienes se postulen para
recibir el subsidio, por carecer de recursos suficientes para obtener una
vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el
reglamento establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.
A las postulaciones aceptables se les
definirá un orden secuencial para recibir la asignación del subsidio de acuerdo
con las calificaciones de los aportes del beneficiario a la solución de
vivienda, tales como ahorro previo, cuota inicial, materiales, trabajo o su
vinculación a una organización popular de vivienda.
El acto de postularse implica la aceptación
por parte del beneficiario de las condiciones bajo las cuales se otorga el
subsidio.
LEY 5 DE 1992
Diario Oficial No. 40.483, de 18 de junio de 1992
Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el
Senado y la Cámara de Representantes
ARTÍCULO 283. EXCEPCIÓN A LAS
INCOMPATIBILIDADES. Las
incompatibilidades constitucionales no obstan para que los Congresistas puedan
directamente o por medio de apoderado:
1. Ejercer la cátedra universitaria.
2. Cumplir las diligencias o actuaciones
administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley y en
igualdad de condiciones, tengan interés, o su cónyuge, o compañero o
compañera permanente, o sus padres, o sus hijos
3. Formular reclamos por el cobro de impuestos
fiscales o parafiscales, contribuciones, valorizaciones, tasas o multas que
graven a las mismas personas
4. Usar los bienes y servicios que el Estado ofrezca
en condiciones comunes a los que le soliciten tales bienes y servicios.
5. Dirigir peticiones a los funcionarios de la Rama
Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales
6. Adelantar acciones ante el Gobierno en
orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus circunscripciones
electorales
7. <Numeral INEXEQUIBLE>
8. Intervenir, gestionar o convenir en todo
tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo de
servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para
beneficio de la comunidad colombiana.
9. Participar en los organismos directivos
de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica
de acuerdo con la ley
10. Siendo profesional de la salud, prestar
ese servicio cuando se cumpla en forma gratuita 11. Participar en actividades
científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas 12. Pertenecer a
organizaciones cívicas y comunitarias 13. Las demás que establezca la ley
ARTÍCULO 286. APLICACIÓN. Todo Congresista, cuando exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar
en los debates o votaciones respectivas.
LEY 43 DE 1993
Diario Oficial No. 40.735, de 1 de febrero de 1993
“Por medio de la cual se establecen las normas
relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad
colombiana; se desarrolla el numeral séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones”
ARTÍCULO 5o. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
NACIONALIDAD COLOMBIANA POR ADOPCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 39 de la Ley 962 de
2005> Sólo se podrá expedir Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción:
A los extranjeros a que se refiere el literal a) del
numeral 2 del artículo 96 de la Constitución
Política que durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma
continua y el extranjero titular de visa de residente. En el evento en que los
mencionados extranjeros se encuentren casados, o sean compañeros
permanentes de nacional colombiano, o tengan hijos colombianos, el
término de domicilio continuo se reducirá a dos (2) años.
A los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento que
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la
solicitud, hayan estado domiciliados en el país en forma continua, teniendo en
cuenta el principio de reciprocidad mediante tratados internacionales vigentes.
Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio
colombiano a los cuales ningún Estado les reconozca la nacionalidad, la prueba
de la nacionalidad es el registro civil de nacimiento sin exigencia del
domicilio. Sin embargo, es necesario que los padres extranjeros acrediten a
través de certificación de la misión diplomática de su país de origen que dicho
país no concede la nacionalidad de los padres al niño por consanguinidad.
PARÁGRAFO 1o. Las anteriores disposiciones se aplicarán sin
perjuicio de lo que sobre el particular se establezca sobre nacionalidad en
tratados internaciones en los que Colombia sea parte.
PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este artículo entiéndase que los
extranjeros están domiciliados cuando el Gobierno Nacional les expide la
respectiva Visa de Residente. Por lo tanto, los términos de domicilio se
contarán a partir de la expedición de la citada visa.
PARÁGRAFO 3o. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 del
Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención de los Derechos del Niño y en
el artículo 93 de la Constitución Política, los hijos
de extranjeros nacidos en territorio colombiano a los cuales ningún Estado les
reconozca la nacionalidad, serán colombianos y no se les exigirá prueba de
domicilio, y a fin de acreditar que ningún otro Estado les reconoce la
nacionalidad se requerirá declaración de la Misión Diplomática o consular del
estado de la nacionalidad de los padres
LEY 80 DE 1993
Diario Oficial No. 41.094, del 28 de octubre de 1993
“Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública”
ARTÍCULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.
1o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de
2007> Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y
para celebrar contratos con las entidades estatales:
(…)
g) <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de
2007. > Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes
y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta
para una misma licitación o concurso.
(…)
2o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la
Ley 1150 de 2007> Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos
ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva:
(…)
c) El cónyuge, compañero o compañera
permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor,
ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza
funciones de control interno o de control fiscal.
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las
sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las
sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en
las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el
miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o
compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o
desempeñe cargos de dirección o manejo.
(…)
LEY 100 DE 1993
Diario Oficial No. 41.148, de 23 de diciembre de 1993
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 244. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Por el cual se introducen las siguientes modificaciones
al Decreto 663 de 1993:
(…)
3. El artículo 194 numeral 2, quedará así:
En caso de muerte de la víctima como consecuencia de
accidente de tránsito y para los efectos de este estatuto serán beneficiarios
de las indemnizaciones por muerte las personas señaladas en el artículo 1142
del Código de Comercio. En todo caso a falta de cónyuge, en los casos que
corresponda a éste la indemnización se tendrá como tal el compañero o
compañera permanente, que acredite dicha calidad, de conformidad
con la reglamentación que para el efecto señale el Gobierno Nacional. La
indemnización por gastos funerarios y exequias se pagará a quien demuestre
haber realizado las correspondientes erogaciones.
(…)
LEY 190 DE 1995
Diario Oficial No. 41.878, de 6 de junio de 1995
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa.
ARTÍCULO 14. La declaración juramentada deberá contener, como mínimo,
la siguiente información:
1. Nombre completo, documento de identidad y dirección
del domicilio permanente.
2. Nombre y documento de identidad, del conyugue o compañero(a)
permanente y parientes en primer grado de consanguinidad.
3. Relación de ingresos del último año.
4. Identificación de las cuentas corrientes y de
ahorros en Colombia y en el exterior, si las hubiere.
5. Relación detallada de las acreencias y obligaciones
vigentes.
6. Calidad de miembro de Juntas o Consejos Directivos.
7. Mención sobre su carácter de socio en
corporaciones, sociedades o asociaciones.
8. Información sobre existencia de sociedad conyugal
vigente o de sociedad de hecho entre compañeros permanentes,
y
9. Relación e identificación de bienes patrimoniales
actualizada.
PARÁGRAFO. En la declaración juramentada se debe especificar que
los bienes y rentas declarados son los únicos que posee el declarante, ya sea
personalmente o por interpuesta persona, a la fecha de dicha declaración.
ARTÍCULO 52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de
la Constitución Política, ni los diputados, ni los concejales, ni sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil,
ni sus delegados, podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades
descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio.
Conforme al artículo 292 de la Constitución Política
no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial
los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y
concejales, ni sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil.
LEY 258 DE 1996
Diario Oficial No. 42.692, de 18 de enero de 1996
“Por la cual se establece la afectación a
vivienda  familiar y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
854 de 2003> Entiéndese afectado a vivienda familiar el
bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges, antes o
después de la celebración del matrimonio destinado a la habitación de la familia
ARTÍCULO 12. COMPAÑEROS PERMANENTES. Las
disposiciones de la presente ley referidas a los cónyuges se aplicarán
extensivamente a los compañeros permanentes cuya unión haya perdurado
por lo menos dos años.
LEY 294 DE 1996
Diario Oficial No. 42.836,  de 22 de Julio de
1996
“Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar”
ARTÍCULO 2o. La familia se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Para los efectos de la presente Ley, integran la
familia:
a) Los cónyuges o compañeros permanentes;
b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan
en un mismo hogar;
c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores
y los hijos adoptivos;
d) Todas las demás personas que de manera permanente
se hallaren integrados a la unidad doméstica.
LEY 387 DE 1997
Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997
“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de
Colombia”
ARTICULO 2o. DE LOS PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de la
presente ley se orienta por los siguientes principios:
1o. Los desplazados forzados tienen derecho a
solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de
la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria.
2o. El desplazado forzado gozará de los derechos
civiles fundamentales reconocidos internacionalmente.
3o. El desplazado y/o desplazados forzados tienen
derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazados, motivo
de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física.
4o. La familia del desplazado
forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar.
5o. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a
soluciones definitivas a su situación.
6o. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a
su lugar de origen.
7o. Los colombianos tienen derecho a no ser
desplazados forzadamente.
8o. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen
el derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones
que las previstas en la ley.
9o. Es deber del Estado propiciar las condiciones que
faciliten la convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia
social.
LEY 522 DE 1999
Diario Oficial No 43.665  de 13 de agosto de 1999
Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar.
ARTÍCULO 222. EXONERACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIAR. Nadie está obligado a formular denuncia
contra sí, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente,
o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, ni a denunciar delitos que haya conocido por causa o
con ocasión del ejercicio de actividades que impongan legalmente secreto
profesional.
ARTÍCULO 431. EXCEPCIÓN AL DEBER DE
DECLARAR. Nadie podrá ser
obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero o
compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Este derecho se le hará conocer por el juez respectivo
a todo imputado que vaya a ser interrogado y a toda persona que vaya a rendir
testimonio.
ARTÍCULO 495. ADVERTENCIAS PREVIAS AL
INDAGADO. Previamente al
interrogatorio previsto en los artículos siguientes, se le advertirá al
indagado que se le va a recibir una declaración sin juramento; que es
voluntaria y libre de todo apremio; que no tiene obligación de declarar contra
sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
primero civil o segundo de afinidad, ni contra su cónyuge, o compañero
o compañera permanente; que tiene derecho a nombrar un defensor que
lo asista procesalmente y que en caso de no hacerlo, se le designará de oficio.
Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá
por vinculada procesalmente y el funcionario le advertirá que su actitud afecta
los fines de la diligencia como medio de defensa.
De todo esto se dejará expresa y clara constancia
desde el comienzo de la diligencia.
LEY 589 DE 2000
Diario Oficial No. 44.073, de 7 de julio de 2000
Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la
desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras
disposiciones.
ARTICULO 10. ADMINISTRACION DE LOS BIENES
DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL DELITO DE DESAPARICION FORZADA. La autoridad judicial que conoce o dirige
el proceso por el delito de desaparición forzada, podrá autorizar al cónyuge, compañero
o compañera permanente, a alguno de los padres o de los hijos del
desaparecido para que provisionalmente asuman la disposición y administración
de todos o parte de sus bienes, en cuanto fueren de su manejo exclusivo. Quien
sea autorizado, actuará como curador de conformidad con las leyes civiles sobre
la materia.
El funcionario judicial remitirá estas diligencias a
la autoridad competente, quien adoptará en forma definitiva las decisiones que
considere pertinentes.
PARAGRAFO 1o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La misma autoridad
judicial podrá autorizar a quien actúe como curador para que continúe
percibiendo el salario u honorarios a que tenga derecho el desaparecido, hasta
por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público.
PARAGRAFO 2o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Igual tratamiento
tendrá, hasta tanto se produzca su libertad. El servidor público que sea
sujeto pasivo del delito de secuestro.
ARTICULO 11. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Sin perjuicio de la extinción de la acción
penal o terminación del proceso por cualquier causa, en el delito de
desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación permanente de
realizar todas las acciones necesarias tendientes a establecer el paradero de
la víctima, conocer sobre las razones de su desaparición e informar sobre ello
a sus familiares.
LEY 599 DE 2000
Diario Oficial No 44.097 de 24 de julio del 2000
Por la cual se expide el Código Penal
ARTICULO 34. DE LAS PENAS. Las penas que se pueden imponer con
arreglo a éste código son principales, sustitutivas y accesorias privativas de
otros derechos cuando no obren como principales.
En los eventos de delitos culposos o con penas no
privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han
alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge,
compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o
adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de
la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria.
ARTICULO 104. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. <Penas aumentadas por el artículo 14 de
la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005> La pena será de
cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta
descrita en el artículo anterior se cometiere:
1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge,
compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o
adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.
2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta
punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para
los copartícipes.
3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas
en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro
segundo de este código.
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o
por otro motivo abyecto o fútil.
5. Valiéndose de la actividad de inimputable.
6. Con sevicia.
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión
o inferioridad o aprovechándose de esta situación.
8. Con fines terroristas o en desarrollo de
actividades terroristas.
9. En persona internacionalmente protegida diferente a
las contempladas en el Título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de
conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por
Colombia.
10. Si se comete en persona que sea o haya sido
servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o
religioso en razón de ello.
ARTICULO 170. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. <Artículo modificado por el artículo 3
de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004> La pena señalada para el secuestro extorsivo será de cuatrocientos
cuarenta y ocho (448) a seiscientos (600) meses y la multa será de seis mil
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6666.66) a cincuenta mil
(50000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin superar el límite
máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal, si
concurriere alguna de las siguientes circunstancias.
1. Si la conducta se comete en persona discapacitada
que no pueda valerse por sí misma o que padezca enfermedad grave, o en menor de
dieciocho (18) años, o en mayor de sesenta y cinco (65) años, o que no tenga la
plena capacidad de autodeterminación o que sea mujer embarazada.
2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral
o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada.
3. Si la privación de la libertad del secuestrado se
prolonga por más de quince (15) días.
4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta
el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre
cónyuge o compañera o compañero permanente, o aprovechando
la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los
partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será
derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.
5. Cuando la conducta se realice por persona que sea
servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del
Estado.
6. Cuando se presione la entrega o verificación de lo
exigido con amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto que implique grave
peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública.
7. Cuando se cometa con fines terroristas.
8. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la
finalidad perseguidos por los autores o partícipes.
9. Cuando se afecten gravemente los bienes o la
actividad profesional o económica de la víctima.
10. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le
sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales.
11. Si se comete en persona que sea o haya sido
periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o
candidato a cargo de elección popular, en razón de ello, o que sea o hubiere
sido servidor público y por razón de sus funciones.
12. Si la conducta se comete utilizando orden de
captura o detención falsificada o simulando tenerla.
13. Cuando la conducta se comete total o parcialmente
desde un lugar de privación de la libertad.
14. Si la conducta se comete parcialmente en el
extranjero.
15. Cuando se trafique con la persona secuestrada
durante el tiempo de privación de la libertad.
16. En persona internacionalmente protegida diferente
o no en el Derecho Internacional Humanitario y agentes diplomáticos, de las
señaladas en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.
PARÁGRAFO. Las penas señaladas para el secuestro simple, se
aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando concurriere alguna de las circunstancias
anteriores, excepto la enunciada en el numeral 11.
ARTICULO 179. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. Las penas previstas en el artículo
anterior se aumentarán hasta en una tercera parte en los siguientes eventos:
1. Cuando el agente sea integrante del grupo
familiar de la víctima.
2. Cuando el agente sea un servidor público o un
particular que actúe bajo la determinación o con la aquiescencia de aquel.
3. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en
menor de dieciocho (18) años, o mayor de sesenta (60) o mujer embarazada.
4. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra
las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores
sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de
elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales,
políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos
punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, o compañero o
compañera permanente de las personas antes mencionadas, o contra
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil.
5. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.
6. Cuando se cometa para preparar, facilitar, ocultar
o asegurar el producto o la impunidad de otro delito; o para impedir que la
persona intervenga en actuaciones judiciales o disciplinarias.
ARTÍCULO 188-B. CIRCUNSTANCIAS DE
AGRAVACIÓN PUNITIVA.
<Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 747 de 2002> Las penas
para los delitos descritos en el artículo 188 y188-A, se aumentará de una
tercera parte a la mitad, cuando:
1. Cuando se realice en persona que padezca, inmadurez
psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico,
temporal o permanentemente o sea menor de 18 años.
2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en
daño físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental
en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma permanente.
3. El responsable sea cónyuge o compañero
permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil.
4. El autor o partícipe sea servidor público.
PARÁGRAFO. Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y
188-A se realicen sobre menor de doce (12) años se aumentará en la mitad de la
misma pena.
ARTICULO 229. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. <Artículo modificado por el artículo 33
de la Ley 1142 de 2007> El que maltrate física o sicológicamente a cualquier
miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro
(4) a ocho (8) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor
de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución
física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
PARÁGRAFO. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo
miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de
uno o varios miembros de una familia en su domicilio o
residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo.
ARTICULO 233. INASISTENCIA ALIMENTARIA. <Artículo modificado por el artículo 1
de la Ley 1181 de 2007> El que se sustraiga sin justa causa a la prestación
de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante,
adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente,
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa
de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
La pena será de prisión de treinta y dos (32) a
setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco
(37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia
alimentaria se cometa contra un menor.
PARÁGRAFO 1o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para efectos del
presente artículo, se tendrá por compañero y compañera permanente únicamente
al hombre y la mujer que forman parte de la Unión Marital
de Hecho durante un lapso no inferior a dos años en los
términos de la Ley 54 de 1990.
ARTICULO 236. MALVERSACION Y DILAPIDACION DE BIENES DE FAMILIARES. <Penas
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004> El que malverse o
dilapide los bienes que administre en ejercicio de la patria potestad, tutela o
curatela en ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente,
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de
uno punto treinta y tres (1.33) a quince (15) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya otro delito.
ARTICULO 245. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. <Artículo modificado por el artículo 6
de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004> La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una
tercera (1/3) parte y la multa será de cuatro mil (4.000) a nueve mil (9.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, si concurriere alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil,
sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o
aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o
algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la
afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión
libre.
2. Cuando la conducta se comete por persona que sea
servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas, de seguridad del
Estado.
3. Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza
de ejecutar muerte, lesión o secuestro, o acto del cual pueda derivarse
calamidad, infortunio o peligro común.
4. Cuando se cometa con fines publicitarios o
políticos constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u
omitir alguna cosa.
5. Si el propósito o fin perseguido por el agente es
facilitar actos terroristas constriñendo a otro mediante amenazas a hacer,
suministrar, tolerar u omitir alguna cosa.
6. Cuando se afecten gravemente los bienes o la
actividad profesional o económica de la víctima.
7. Si se comete en persona que sea o haya sido
periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o
candidato a cargo de elección popular, en razón de ello, o que sea o hubiere
sido servidor público y por razón de sus funciones.
8. Si se comete utilizando orden de captura o
detención falsificada o simulando tenerla, o simulando investidura o cargo
público o fingiere pertenecer a la fuerza pública.
9. Cuando la conducta se comete total o parcialmente
desde un lugar de privación de la libertad.
10. Si la conducta se comete parcialmente en el
extranjero.
11. En persona internacionalmente protegida diferente
o no en el Derecho Internacional Humanitario y agentes diplomáticos, de las
señaladas en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.
ARTÍCULO 454-A. AMENAZAS A TESTIGO. <Artículo adicionado por el artículo 13
de la Ley 890 de 2004> El que amenace a una persona testigo de un hecho
delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente
dentro del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como testigo, o para
que en su testimonio falte a la verdad, o la calle total o parcialmente,
incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cincuenta
(50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta anterior se realizare respecto de
testigo judicialmente admitido para comparecer en juicio, con la finalidad de
que no concurra a declarar, o para que declare lo que no es cierto, incurrirá
en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de cien (100) a cuatro mil
(4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A las mismas penas previstas en los incisos anteriores
incurrirá quien realice las conductas sobre experto que deba rendir informe
durante la indagación o investigación, o que sea judicialmente admitido para
comparecer en juicio como perito.
LEY 734 DE 2002
Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
ARTÍCULO 40. CONFLICTO DE INTERESES. Todo servidor público deberá declararse impedido para
actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación,
gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o
socios de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función
pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor
público deberá declararse impedido.
ARTÍCULO 71. EXONERACIÓN DEL DEBER DE FORMULAR
QUEJAS. El servidor
público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa
o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el
secreto profesional.
ARTÍCULO 84. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Son causales de impedimento y recusación,
para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las
siguientes:
1. Tener interés directo en la actuación
disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente,
o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se
trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
del inferior que dictó la providencia.
3. Ser cónyuge o compañero permanente,
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, de cualquiera de los sujetos procesales.
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los
sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o
manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación.
5. Tener amistad íntima o enemistad grave con
cualquiera de los sujetos procesales.
6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos
procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita
simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de
cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una
investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido
resolución de acusación o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por
cualquiera de los sujetos procesales.
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de
los sujetos procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o
haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que
la ley señale, a menos que la demora sea debidamente justificada.
LEY 906 DE 2004
Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
ARTÍCULO 8o. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la
condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del
órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni
en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad;
c) No se utilice el silencio en su contra;
d) No se utilice en su contra el contenido de las
conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de
responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de
solución de conflictos, si no llegaren a perfeccionarse;
e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de
confianza o nombrado por el Estado;
f) Ser asistido gratuitamente por un traductor
debidamente acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder
entender o expresarse en el idioma oficial; o de un intérprete en el evento de
no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender
oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno
designado por él;
g) Tener comunicación privada con su defensor antes de
comparecer frente a las autoridades;
h) Conocer los cargos que le sean imputados,
expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las
circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan;
i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados
para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las
prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las
audiencias a las que deba comparecer;
j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;
k) Tener un juicio público, oral, contradictorio,
concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones
injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto
de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la
comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o
peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;
l) Renunciar a los derechos contemplados en los
literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre,
consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá
siempre el asesoramiento de su abogado defensor.
ARTÍCULO 282. INTERROGATORIO A INDICIADO. El fiscal o el servidor de policía
judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora
o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le
dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a
declarar contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus derechos y
manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un
abogado.
ARTÍCULO 303. DERECHOS DEL CAPTURADO. Al capturado se le informará de manera
inmediata lo siguiente:
1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y
el funcionario que la ordenó.
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba
comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado
inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que este
indique.
3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las
manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado
a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad.
4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse
con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el
sistema nacional de defensoría pública proveerá su defensa.
ARTÍCULO 385. EXCEPCIONES CONSTITUCIONALES. Nadie podrá ser obligado a declarar contra
sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad.
El juez informará sobre estas excepciones a cualquier
persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.
Son casos de excepción al deber de declarar, las
relaciones de:
a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevistado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.
LEY 923 DE 2004
Diario Oficial No. 45.777 de diciembre 30 de 2004
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política.
ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
(…)
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de
sobrevivencia y de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez será establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo
familiar y el parentesco con el titular.
En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para
la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez:
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución
de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos inmediatamente anteriores a su muerte.
3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá
una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene
hijos con el causante aplicará el numeral 3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o
pensionado por invalidez hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
(5) años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera
o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar
una cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente.
(…)
LEY 971 DE 2005
Diario Oficial No. 45.970 de 15 de julio de 2005
Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de
búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 14. DERECHO DE LOS FAMILIARES A
OBTENER LA ENTREGA INMEDIATA DEL CADÁVER. Cuando la persona en favor de la cual se activó el
mecanismo de búsqueda urgente sea hallada sin vida, se adoptarán todas las
medidas necesarias para la entrega de su cadáver a los familiares,
independientemente de que se haya establecido la identidad de los responsables
de la desaparición o de la muerte y de que se les haya iniciado investigación
por los hechos delictivos que puedan configurarse. En todo caso, dicha entrega
se hará a condición de preservar los restos para el efecto de posibles
investigaciones futuras.
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS PETICIONARIOS,
DE LOS FAMILIARES, DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y
AUDIENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA. El peticionario y los familiares
de la persona que presumiblemente ha sido desaparecida tendrán derecho, en todo
momento, a conocer de las diligencias realizadas para la búsqueda. Las
Comisiones de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República y la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas también podrán
solicitar informes sobre la forma como se adelantan las investigaciones.
Siempre y cuando su presencia no obstaculice el
desarrollo de las actuaciones o el hallazgo del desaparecido, el funcionario
judicial podrá autorizar la participación del peticionario, de los familiares
de la presunta víctima y de un representante de la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas en las diligencias que se adelanten.
PARÁGRAFO. Ni al peticionario, ni a los familiares de la
persona presuntamente desaparecida, ni a las Comisiones de Derechos Humanos y
Audiencias del Congreso de la República, ni a la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas Desaparecidas será posible oponer la reserva de la información para
conocer sobre el desarrollo del mecanismo de búsqueda inmediata.
LEY 975 DE 2005
Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005
Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
ARTÍCULO 5o. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Para los efectos de la presente ley se entiende por
víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos
tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los
daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la
ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero
o compañera permanente, y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia
de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta
punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y
la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los
miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o
sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero
o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida
en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él,
como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de
los grupos organizados al margen de la ley.
ARTÍCULO 7o. DERECHO A LA VERDAD. La sociedad, y en especial las víctimas,
tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los
delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre
el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
Las investigaciones y procesos judiciales a los que se
aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las
víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo
pertinente.
Los procesos judiciales que se adelanten a partir de
la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse
otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.
ARTÍCULO 15. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. Dentro del procedimiento que establece la presente
ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el
esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se
garantice la defensa de los procesados.
La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la
Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado
para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas
punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del
imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de
policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera
directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.
Con la colaboración de los desmovilizados, la policía
judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e
informará oportunamente a los familiares sobre los
resultados obtenidos.
La Fiscalía General de la Nación velará por la
protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar
en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda
presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección
de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban
conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.
ARTÍCULO 47. REHABILITACIÓN. La rehabilitación deberá incluir la
atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes
en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo
para la Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las
víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la
reparación y de la rehabilitación.
ARTÍCULO 48. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Las medidas de
satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas
autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación
nacional, deberán incluir:
49.1 <sic> La verificación de los hechos y la
difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no
provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni
cree un peligro para su seguridad.
49.2 <sic> La búsqueda de los desaparecidos o de
las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según
las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra
principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la
Paz.
49.3 <sic> La decisión judicial que restablezca
la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes
en primer grado de consanguinidad.
49.4 <sic> La disculpa, que incluya el
reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
49.5 <sic> La aplicación de sanciones a los
responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos
judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley.
49.6 <sic> La sala competente del Tribunal
Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y
reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá
recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la
adopción de este tipo de medidas.
49.7 <sic> La prevención de violaciones de
derechos humanos.
49.8 <sic> La asistencia a cursos de
capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las
violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala
competente Tribunal Superior de Distrito Judicial.
ARTÍCULO 58. MEDIDAS PARA FACILITAR EL
ACCESO A LOS ARCHIVOS.
El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de
sus parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se solicite en interés de la
investigación histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la
finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del
material, y no con fines de censura.
En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias
para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y
de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de
la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u
otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.
LEY 986 DE 2005
Diario Oficial No. 46.015 de 29 de agosto de 2005
Por medio de la cual se adoptan medidas de protección
a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 2o. DESTINATARIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE
PROTECCIÓN. Los instrumentos que esta ley consagra
tienen por objeto proteger a la víctima del secuestro, a su familia
y a las personas que dependan económicamente del secuestrado. Asimismo, los
instrumentos de protección definidos en los Capítulos I y IV del Título II de
esta ley tendrán aplicación para el caso de la empresa unipersonal cuyo titular
sea una persona secuestrada.
Para los efectos de esta ley, cuando se utilicen las
expresiones "secuestrado" y "víctima de secuestro", se
entenderá que se hace referencia a la víctima de un delito de secuestro, según
se desprenda del proceso judicial adelantado por la autoridad judicial
competente
ARTÍCULO 26. El
artículo 23 de la ley 282 de 1996 quedará así:
"Artículo 23. Declaración de ausencia del
secuestrado. El proceso de declaración de ausencia de una persona que ha
sido víctima de secuestro se adelantará ante el juez de familia del domicilio
principal del ausente en cualquier momento después de la ocurrencia del secuestro
y hasta antes de la declaratoria de muerte presunta.
"Estarán legitimadas para ejercer la curaduría de
bienes, en su orden, las siguientes personas: el cónyuge o compañero o
compañera permanente, los descendientes incluidos los hijos
adoptivos, los ascendientes incluidos los padres adoptantes y los hermanos. En
caso de existir varias personas en el mismo orden de prelación, el juez, oídos
los parientes, elegirá entre ellas la que le pareciere más apta, y podrá
también, si lo estima conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las
funciones.
"La demanda podrá ser presentada por cualquiera
de las personas llamadas a ejercer la curaduría y en ella se incluirá la
relación de las demás personas de quienes se tenga noticia sobre su existencia
y que en virtud de lo dispuesto en el presente artículo podrían ejercerla. La
declaración se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. A la demanda
deberá anexarse la certificación vigente a que hace referencia el artículo 5o de la presente ley.
Se podrá actuar directamente sin necesidad de constituir apoderado judicial.
"En el auto admisorio de la demanda se procederá
a nombrar curador de bienes provisional a la persona llamada a ejercer el
cargo, pero si se rechaza el encargo, o no se presentare ninguna persona
legitimada para ejercerlo, o si de común acuerdo todas las personas que tienen
vocación jurídica para ejercer la curaduría lo solicitan, el juez podrá
encargar la curaduría a una sociedad fiduciaria que previamente haya
manifestado su interés en realizar dicha gestión.
"El juez que no se ciña al procedimiento aquí
señalado o que de cualquier manera actúe en contravención a lo dispuesto en el
presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta.
"En lo no previsto en el presente artículo se
aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento
Civil".
LEY 1148 DE 2007
Diario Oficial No. 46.685 de 10 de julio de 2007
Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.
ARTÍCULO 1o. El artículo 49 de la Ley 617 de
2000 quedará así:
Artículo 49. Prohibiciones
relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes
de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales
municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes,
y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de
juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados
del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas
directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o
administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los cónyuges o compañeros
permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no
podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o
municipio, o de sus entidades descentralizadas.
Los cónyuges o compañeros permanentes
de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, y sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito
o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni
indirectamente.
PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera
administrativa.
PARÁGRAFO 2o. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o
designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo
también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de
contratos de prestación de servicios.
PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros
permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta,
quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta,
quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente
artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros
permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil.
LEY 1152 DE 2007
Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007
Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural,
se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan
otras disposiciones
ARTÍCULO 61. Incoder, a través de su oficina departamental
verificará el cumplimiento de los requisitos de acceso al subsidio de los
aspirantes de cada proyecto de conformidad con el artículo 57 de esta ley. En el
caso en el cual uno o más de los aspirantes incumplan alguno de los requisitos,
el Incoder rechazará de plano el proyecto; de lo contrario declarará la
elegibilidad del mismo, y lo remitirá para ser sometido al proceso de
calificación.
Una vez adjudicado el subsidio y previo al primer
desembolso, el Incoder adelantará las acciones necesarias para verificar las
condiciones de los predios y proyectos productivos, cuyo subsidio de
adquisición fue aprobado.
En el caso en el cual el Incoder encuentre que el
predio o el proyecto productivo no satisface completamente uno o más requisitos
de los contenidos en las condiciones de la convocatoria, el beneficiario deberá
subsanar las deficiencias en el término de quince (15) días hábiles so pena de
perder el derecho al subsidio por virtud de la ley.
PARÁGRAFO 1o. En el proceso de verificación de la calidad de
beneficiario, se deberá efectuar los cruces de información necesaria para
constatar que los aspirantes al subsidio no hayan sido beneficiarios de
adjudicación de terrenos baldíos o de adjudicación de tierras, para establecer
que el aspirante no sea titular de bienes inmuebles de tamaño igual o superior
a una UAF, cuantía de los ingresos o activos familiares, y realizar la
verificación de los antecedentes penales del solicitante y su cónyuge o compañero
(a) permanente con las autoridades pertinentes. Sólo en caso de
encontrar fallos penales en firme con penas pendientes de ejecución, el
funcionario deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha
situación y rechazar de plano la solicitud.
PARÁGRAFO 2o. El listado de los proyectos elegibles deberá ser
público en los términos en los cuales el Gobierno Nacional lo disponga,
indicando para ello los potenciales beneficiarios, las condiciones y el precio
de negociación del predio y el proyecto productivo.
ARTÍCULO 62. Para determinar la calificación de los proyectos
elegibles presentados por los aspirantes a obtener el subsidio, el Gobierno
Nacional aprobará el reglamento respectivo al cual deberán sujetarse los
postulantes. Para tal fin, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes
indicadores socioeconómicos:
a) La demanda manifiesta de tierras,
b) El grado de concentración de la propiedad en la
zona del proyecto;
c) Niveles de pobreza según índice de necesidades
básicas insatisfechas (NBI);
d) La calidad del proyecto productivo;
e) Su articulación con el Plan de Desarrollo
Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial;
f) El nivel de cofinanciación de fuentes distintas al
Incoder;
g) El índice de ruralidad de la población;
h) Las posibilidades financieras y operativas del
Incoder;
i) Número de familias beneficiarias;
j) Proyectos productivos acordes con las políticas del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
k) La condición de mujer cabeza de familia, o que se
encuentre en estado de desprotección social y económica por causa de la
violencia, el abandono o la viudez.
PARÁGRAFO. Los títulos de propiedad de los predios adquiridos
mediante el subsidio deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañeros
permanentes, cuando a ello hubiere lugar.
PARÁGRAFO. El Incoder será responsable, directamente o por
intermedio de un tercero técnicamente idóneo, de adelantar las actividades de
interventoría y seguimiento de conformidad con el reglamento que para el efecto
expida el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 80. Se entiende por Unidad Agrícola Familiar
(UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal,
cuya extensión permita con su proyecto productivo y tecnología adecuada generar
como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, permitiendo a la familia
remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la
formación de su patrimonio. La Unidad Agrícola Familiar no
requerirá normalmente para ser productiva sino el trabajo del propietario y su familia,
sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la
producción así lo requiere.
ARTÍCULO 159. Las Unidades Agrícolas Familiares
sobre tierras baldías adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros
permanentes, siempre que hayan cumplido dieciséis años de edad,
sean jefes de familia, compartan entre sí las
responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad si velaren por ellos.
Los adjudicatarios podrán contraer las obligaciones
inherentes sin necesidad de autorización judicial. Esta disposición se aplicará
a todas las adjudicaciones o adquisiciones de tierras que llegaren a hacerse en
favor de los campesinos, o para la admisión de estos como socios de las
empresas comunitarias o cooperativas.
ARTÍCULO 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos
baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o
poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio
nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de desarrollo empresarial.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso anterior, en el momento de presentar la solicitud de titulación el
peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no
propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.
Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de
la prohibición establecida en este artículo.
La acción de nulidad contra las resoluciones de
adjudicación de baldíos podrá intentarse por la entidad administrativa
adjudicataria, por los Procuradores Agrarios o cualquier persona ante el
correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes
a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso. La
procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de
titulación de baldíos que expida la entidad administrativa adjudicataria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, la entidad administrativa adjudicataria podrá revocar directamente,
en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas
con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes
sobre baldíos. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito
del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá
con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo.
Para la aplicación de las prohibiciones previstas en
el presente artículo, se tendrán en cuenta además, las adjudicaciones de
terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen
parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero
permanente e hijos menores adultos.
Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre
terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los
límites máximos para la titulación señalados por el Consejo Directivo para las
Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o
zona. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una
persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de
tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas
sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en
superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.
Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las
hubiere enajenado o no podrá obtener una nueva adjudicación.
Los terrenos baldíos adjudicados no podrán
fraccionarse en extensión inferior a la señalada por el Incoder como Unidad
Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio,
salvo las excepciones previstas en esta ley y las que determine el Consejo
Directivo del Incoder mediante reglamentación. Los Notarios y Registradores de
Instrumentos Públicos se abstendrán de autorizar y registrar actos o contratos
de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de
baldíos nacionales, en los que no se protocolice la autorización del Incoder,
cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles.
La declaratoria de caducidad de los contratos
relacionados con baldíos y la reversión al dominio de la Nación se harán sin
perjuicio de los derechos de terceros.
No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un
baldío, cuando demuestre que el peticionario deriva su ocupación del
fraccionamiento de los terrenos, efectuado por personas que los hayan tenido
indebidamente, hubiere procedido con mala fe, o con fraude a la ley, o con
violación de las disposiciones legales u otro medio semejante, o cuando se
tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables o reservadas.
Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los
incisos anteriores, deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se
expidan.
ARTÍCULO 172. Quienes hubieren adquirido del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, Incora en liquidación, o del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, unidades agrícolas familiares
con anterioridad a la vigencia de la presente ley, o en todo caso sujetas a las
disposiciones establecidas en la Ley 135 de 1961, o al régimen de transición
previsto en la Ley 160 de 1994 continuarán sometidos hasta la
culminación del plazo respectivo al régimen de la propiedad parcelaria que se
expresa a continuación:
1. Por el solo hecho de la adjudicación, se obligan a
sujetarse a las reglamentaciones existentes sobre uso y protección de los
recursos naturales renovables, así como a las disposiciones sobre caminos y
servidumbres de tránsito y de aguas que al efecto hubiere dictado el Instituto.
2. Hasta cuando se cumpla un plazo de diez (10) años
contados desde la primera adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela,
no podrán transferir el derecho de dominio sino a campesinos de escasos
recursos sin tierra, o a minifundistas, o a entidades de derecho público para
la construcción de obras públicas o con destino al establecimiento de un
servicio público, y en tal caso el adjudicatario deberá solicitar autorización
expresa del Incoder para enajenar la Unidad Agrícola Familiar.
El Instituto dispone de un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la recepción de la petición para expedir la autorización
correspondiente, transcurridos los cuales, si no se pronunciare, se entenderá
que consiente en la propuesta del adjudicatario. Sin perjuicio de la
declaratoria de caducidad de la adjudicación, serán absolutamente nulos los
actos o contratos que se celebren en contravención de lo aquí dispuesto y no
podrán los Notarios y Registradores autorizar e inscribir escrituras públicas
en las que no se protocolice la autorización del Instituto, o la solicitud de
autorización al Incoder, junto con la declaración juramentada del
adjudicatario, de no haberle sido notificada una decisión dentro del término
previsto, cuando haya mediado silencio administrativo positivo.
3. Quienes hayan adquirido el dominio sobre una
parcela cuya primera adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a
diez (10) años antes de la promulgación de esta ley, quedarán en total libertad
para disponer de la parcela.
4. En los casos de enajenación de la propiedad sobre
una Unidad Agrícola Familiar, el adquirente se subrogará
en todas las obligaciones contraídas por el enajenante a favor del Instituto.
Cuando el Incoder deba readjudicar una parcela, la transferencia del dominio se
hará directamente en favor de los campesinos que reúnan las condiciones
señaladas por el Consejo Directivo en la forma y modalidades establecidas para
la adquisición con el subsidio para compra de tierras. Si dentro de los
campesinos inscritos hubiere mujeres jefes de hogar, se les dará prioridad en
la adjudicación de la Unidad Agrícola Familiar.
5. Las adjudicaciones que se hubieren efectuado hasta
la fecha de promulgación de esta ley seguirán sometidas a las causales de
caducidad por incumplimiento por parte de los adjudicatarios, de las
disposiciones contenidas en los reglamentos entonces vigentes y en las
cláusulas contenidas en la resolución de adjudicación.
La declaratoria de caducidad dará derecho al Instituto
para exigir la entrega de la parcela, aplicando para tal efecto las normas que
sobre prestaciones mutuas se hayan establecido en el reglamento respectivo.
Contra la resolución que declare la caducidad sólo procede el recurso de
reposición. Ejecutoriada esta y efectuado el pago, consignación o aseguramiento
del valor que corresponda reconocer al ocupante, si no se allanare a la
devolución de la parcela al Instituto dentro del término que este hubiere
señalado, solicitará el concurso de las autoridades de policía, dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de la providencia, para que la restitución del
inmueble se haga efectiva. Para tal efecto, el Incoder le bastará presentar
copia auténtica de la resolución declaratoria de la caducidad, con sus
constancias de notificación y ejecutoria y las pruebas del pago, consignación o
aseguramiento del valor respectivo.
6. En caso de fallecimiento del adjudicatario que no
hubiere cancelado al Instituto la totalidad del precio de adquisición, el juez
que conozca del proceso de sucesión adjudicará en común y proindiviso el
dominio sobre el inmueble a los herederos, cónyuge supérstite, compañero
o compañera permanente que tenga derecho conforme a la ley. Para
todos los efectos se considera que la Unidad Agrícola Familiar
es una especie que no admite división material y serán nulos los actos que
contravengan esta previsión. En todo caso los comuneros no podrán ceder sus
derechos sin autorización del Incoder, con arreglo al procedimiento establecido
en esta ley.
7. En ningún caso un solo titular, por sí o
interpuesta persona, podrá ejercer el dominio, posesión o tenencia, a ningún
título, de más de una (1) Unidad Agrícola Familiar. La violación
de esta prohibición constituye causal de caducidad, o motivo para declarar
cumplida la condición resolutoria, según el caso, y exigir la devolución del
subsidio correspondiente.
8. Quien transfiera a cualquier título la propiedad de
una parcela no podrá solicitar nueva adjudicación, ni ser beneficiario de otros
programas de dotación de tierras de la reforma agraria. Se presume poseedor de
mala fe a quien adquiera a cualquier título una Unidad Agrícola Familiar
sin el lleno de los requisitos exigidos en esta ley y, en consecuencia, no
habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido.
9. En los juicios ejecutivos o de venta que se sigan
contra quienes hubieren adquirido el dominio de una Unidad Agrícola Familiar
mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en la legislación
agraria, el Incoder tendrá derecho a que se le adjudique la parcela al precio
que señale el avalúo pericial. Si el Instituto desistiere, en todo caso el
inmueble adjudicado a otra persona quedará sometido al régimen de la propiedad
parcelaria durante el término que faltare para el cumplimiento de los diez (10)
años establecido en el artículo anterior.
10. Para todos los efectos previstos en esta ley, se
entiende por jefe de hogar al hombre o mujer pobre que carezca de tierra propia
o suficiente, de quien dependan una o varias personas unidas a él por vínculos
de sangre, de afinidad o de parentesco civil.
11. Empresa comunitaria es la forma asociativa por la
cual un número plural de personas que reúnan las condiciones para ser
beneficiarias de los programas de reforma agraria, estipulan aportar su
trabajo, industria, servicios u otros bienes en común, con el fin de
desarrollar actividades como la producción económica de uno o varios predios
rurales, la transformación, comercialización, mercadeo de productos
agropecuarios y la prestación de servicios, para repartir entre sí las pérdidas
o ganancias que resultaren en forma proporcional a sus aportes. En las empresas
comunitarias se entiende que el trabajo de producción económica será ejecutado
por sus socios. Cuando las necesidades de producción lo exijan, las empresas
comunitarias podrán contratar los servicios que sean necesarios. Las empresas
comunitarias tienen como objetivo la promoción social, económica y cultural de
sus asociados, y en consecuencia, gozarán de los beneficios y prerrogativas que
la ley reconoce a las entidades de utilidad común y quedarán exentas de los
impuestos de renta y complementarios establecidos por la ley.
Corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural el reconocimiento de la personería jurídica de las empresas comunitarias,
previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, y su régimen
será el establecido en el Decreto Extraordinario 561 de 1989 y demás normas que
lo reformen o adicionen.
12. Con el objeto de racionalizar la prestación de los
servicios relacionados con el desarrollo rural, el Incoder promoverá, con la
colaboración de los organismos correspondientes del Sistema Nacional de
Desarrollo Rural, la conformación y financiación de Entidades de Economía
Solidaria, especializadas, multiactivas o integrales, cuyos asociados pueden
ser adjudicatarios de tierras, cuyo objeto preferencial será la producción,
comercialización y transformación de productos agropecuarios, forestales y/o
pesqueros, o agroindustriales y además la obtención de créditos, la prestación
de asistencia técnica y servicios de maquinaria agraria, el suministro de
semillas e insumos agropecuarios y otros servicios requeridos para incrementar
la producción y mejorar la productividad en el sector rural.
LEY 1153 DE 2007
Diario Oficial No. 46.706 de 31 de julio de 2007
Por medio de la cual se establece el tratamiento de
las pequeñas causas en materia penal.
ARTÍCULO 18. CONTRAVENCIONES CULPOSAS. En los eventos de contravenciones culposas, salvo los
casos de registro de antecedentes penales o contravencionales, cuando las
consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus
ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente,
hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad,
se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte
necesaria en el caso concreto.
III.    FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Los accionantes señalan que las normas acusadas excluyen
de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales y sus miembros, de manera
que, todas en general, vulneran el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la
Carta Política y algunas en particular, violan los artículos 2, 12, 13, 15, 16,
18, 24, 29, 40, 48, 49, 51, 58, 64, 66, 93, 95, 100, 123, 126, 209, 229, 250
numerales 6 y 7 de la Constitución Política, según se ilustra en la demanda en cuatro
secciones relativas a (i) aspectos generales, (ii) análisis de
constitucionalidad de las normas acusadas, (iii) competencia de la Corte
Constitucional, y (iv) consideraciones técnicas, en los términos que a
continuación se sintetizan.
1.      Sección preliminar
En este acápite de la demanda se explican aspectos
generales del precedente constitucional que le sirve de base, de la
justificación de la presentación de la demanda en bloque de todas las normas
acusadas y del esquema general que seguirá el análisis de fondo de la demanda.
1.1.   Precedente constitucional aplicable
En la sección preliminar de la demanda, los
accionantes señalan que la Corte Constitucional realizó un giro jurisprudencial
en materia de reconocimiento de derechos a las parejas homosexuales,
materializado en las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y
C-336 de 2008, con lo que se pasó de la garantía del derecho a la igualdad y de
la prohibición de discriminación de personas homosexuales en el plano
individual, a la extensión de dicha protección a las parejas conformadas por
estas personas.
El origen de este nuevo precedente, según indican los
accionantes, se encuentra en la sentencia C-075 de 2007 en la que se declaró la
constitucionalidad condicionada de la Ley 54 de 1990, en el entendido de que el
régimen de protección de las uniones maritales de hecho allí consagrado a favor
de los compañeros permanentes es aplicable a las parejas del mismo sexo.
No obstante los efectos limitados de la providencia
referida, ésta dispuso que si bien pueden existir diferencias entre las parejas
heterosexuales y homosexuales, ambas representan un mismo valor y una misma
dignidad, de lo que derivan unos requerimientos análogos de protección, en
relación con los cuales se definió un test estricto de proporcionalidad para el
caso de tratamiento diferenciado de parejas homosexuales, de manera que si de
su aplicación se constata la ausencia de reconocimiento jurídico de la realidad
de las parejas homosexuales y un consecuente vacío legal de protección de las
mismas, tal situación constituye una violación del deber constitucional de
otorgar un mínimo de protección a esas parejas.
Los accionantes señalan que el precedente fijado en la
providencia C-075 de 2007 fue reiterado y ampliado en las sentencias (i) C-811
de 2007 que, en relación con una norma sobre beneficiarios del sistema de
salud, cuyo alcance se encontraba determinado por la protección especial de la
familia, estableció que la inclusión de la parejas homosexuales en nada
reduciría la protección de las familias y parejas heterosexuales; (ii) T-856 de
2007 que concluyó que la negativa de afiliar a un miembro de una pareja
homosexual como beneficiario de su compañero en el régimen contributivo de
salud resulta discriminatoria, con lo que se amplió el alcance del precedente,
limitado inicialmente al régimen de la unión marital de hecho, a otras materias
como la seguridad social en salud; y (iii) C-336 de 2008 en la que se declaró
la constitucionalidad condicionada de los artículos 47 y 74 de la ley 100 de
1993 en el entendido de que las parejas permanentes del mismo sexo también son
beneficiarias de la pensión de sobreviviente allí consagrada.
Los demandantes concluyen que el precedente referido
es aplicable a las normas censuradas, en el sentido de que la exclusión de las
parejas homosexuales de un régimen de protección o de obligaciones determinadas
exige la aplicación del test estricto de proporcionalidad, incluso en el caso
de que la exclusión se explique por la protección especial a la familia por
cuanto dicha justificación carece de razonabilidad y proporcionalidad.
Adicionalmente, los accionantes afirman que, según las sentencias T-856 de 2007
y C-075 de 2007, podría prescindirse de la aplicación del test de
proporcionalidad en atención a la extensión de las figuras de unión marital de
hecho y de compañeros permanentes a las parejas homosexuales.
1.2.   Presentación de la demanda en bloque
Los demandantes señalan que, no obstante la diversidad
de normas acusadas, todas ellas establecen un régimen de beneficios o de cargas
que tienen como destinatarias a las parejas heterosexuales pero que excluyen a
las parejas homosexuales, de suerte que la presentación de la demanda en
bloque, si bien torna el estudio más dispendioso y complejo, representa mayor
eficiencia, agilidad procesal, igualdad y seguridad jurídica.
En efecto, los actores consideran que la demanda en
bloque permite a la Corte establecer argumentos generales de reproche
aplicables a todas las normas censuradas y extender el precedente a todas las
materias relativas a derechos y obligaciones de parejas homosexuales, con lo
que se garantizaría la igualdad y la seguridad jurídica en este tema.
En el mismo sentido, los demandantes señalan que es
relevante obtener un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la
materia, en atención a la indiferencia que el Legislador y el Gobierno Nacional
han demostrado en relación con los derechos de esta minoría evidenciada, en el
primer caso, en la frustración del trámite legislativo de proyectos presentados
por el movimiento colombiano de gays y lesbianas y, en el segundo, en la
decisión de no tomar medidas específicas para cumplir un dictamen del Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el particular.
Finalmente, los demandantes sugieren a la Corte
Constitucional que el análisis no se restrinja a las normas demandadas, sino
que en desarrollo del principio de unidad normativa se analicen todas aquéllas
que representen un déficit de protección para las parejas homosexuales. En el
mismo sentido, sugieren a esta Corporación fijar una doctrina general sobre la
materia que sea aplicable a las normas jurídicas y decisiones judiciales que
discriminan a las parejas del mismo sexo y que escapan de su control
constitucional abstracto.
1.3. Esquema general del análisis de constitucionalidad
y síntesis del planteamiento jurídico
Con fines de claridad expositiva y coherencia
argumentativa, los demandantes agruparon las normas censuradas según
consagraran (i) derechos civiles y políticos de las parejas heterosexuales,
(ii) sanciones y prevenciones respecto de delitos y faltas, (iii) derechos para
los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces, (iv)
prestaciones, subsidios y medidas indemnizatorias de carácter social a favor de
parejas heterosexuales, y (v) límites al acceso y ejercicio de la función
pública y a la celebración de contratos con el Estado para las parejas
heterosexuales, todas ellas con exclusión de las parejas homosexuales.
A su vez, cada uno de los acápites referidos fue
subdividido en otros grupos en atención a la similar naturaleza de ciertas
normas que permite un estudio conjunto e, incluso, la formulación de un mismo
cargo de inconstitucionalidad. Tras especificar cada subdivisión de la demanda,
los actores señalan que la estructura de los cargos comporta la transcripción y
subraya de las expresiones acusadas, la enunciación de las normas
constitucionales que se estiman infringidas, la demostración de la procedencia
del cargo (en relación con la ausencia de cosa juzgada), el análisis de fondo
de las normas (con aplicación de un test estricto de proporcionalidad al
tratamiento diferenciado), y la formulación concreta del cargo.
2.      Análisis de constitucionalidad de las normas acusadas
2.1.   Normas que consagran derechos civiles y
políticos para las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
Para efectos de claridad expositiva, los demandantes
clasificaron estas normas en dos acápites, en función de la naturaleza civil o
política de los derechos que consagran y regulan.
2.1.1. Cargos contra normas que consagran derechos
civiles para las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
En este acápite se estudiarán las normas que regulan
la constitución del patrimonio inembargable de familia, la afectación a
vivienda familiar y la obligación civil de prestación de alimentos a los
compañeros permanentes.
2.1.1.1.       Cargos contra las normas civiles que regulan
la constitución del patrimonio inembargable de familia y la afectación a vivienda
familiar
Los demandantes consideran que el artículo 4 de la Ley
70 de 1931 y los artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996 infringen los artículos
1, 13, 16 y 51 de la Constitución Política.
Previo al desarrollo del cargo, los accionantes
señalaron que la Corte Constitucional no se había pronunciado respecto del
artículo 4 de la Ley 70 de 1931 por lo que frente a éste no había operado la
cosa juzgada. De otro lado, refieren que en la Sentencia C-560 de 2002 la Corte
se pronunció sobre el artículo 1 de la Ley 258 de 1996, declarándolo exequible
en lo demandado, que trataba sobre la protección de los bienes adquiridos por
los dos cónyuges, de manera que sólo se configuró una cosa juzgada
constitucional relativa. Adicionalmente, señalan que dicha norma fue modificada
por la Ley 854 de 2003 la cual no ha sido objeto de control constitucional.
De acuerdo con la demanda, las normas acusadas
contienen disposiciones tendientes a la protección del lugar de habitación de
las familias, con exclusión de las parejas homosexuales, en atención a que sus
efectos se restringen a las parejas heterosexuales al articularse en torno a la
noción de familia que de acuerdo con la Carta Política sólo incluye las parejas
formadas por un hombre y una mujer.
Dado que la exclusión se basa en el criterio
sospechoso de la orientación sexual, los demandantes desatan el test estricto
de proporcionalidad así: (i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que, si bien el fin de las normas acusadas es la protección de la
familia, “… dado que las normas que definen el ámbito de aplicación de ambas
figuras señalan como beneficiarios a los compañeros permanentes, con
independencia de que conformen o no familias más amplias, es posible afirmar
que las mismas tienen también el propósito de proteger a las parejas casadas o
en unión marital de hecho, sin importar que éstas conformen o no familias”.  Esa
decisión del legislador se explicaría por el valor social que tienen los
vínculos de solidaridad y afecto creados por estas parejas y resulta evidente
que la finalidad de las normas incluye a las parejas homosexuales, que tienen
lazos de afecto y solidaridad similares que los que existen en las parejas
heterosexuales, y son dignas de protección, a pesar de no considerarse
incluidas en la noción constitucional de familia; (ii) respecto del requisito
de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se
encuentra satisfecho porque la exclusión de las parejas homosexuales de los
beneficios consagrados en las normas acusadas no guarda relación lógica o
causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la
disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de
la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la exclusión,
que se traducen en un déficit de protección para las parejas homosexuales,
superan sus beneficios que, incluso, no se presentan.
La demanda sostiene que las parejas homosexuales
tienen requerimientos análogos de protección que consisten en la importancia
del acceso a las instituciones de patrimonio de familia inembargable y afectación
a vivienda familiar para la construcción de un proyecto de vida en común y para
la protección del miembro económicamente más débil de la pareja. Por lo tanto,
el déficit de protección en estos asuntos compromete los derechos a la
igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la
vivienda digna de las parejas homosexuales. De esta forma, resulta claro que la
exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios contenidos en las
normas acusadas es inconstitucional.
De otra parte, los demandantes consideran que la
imposición de un término de dos años de convivencia para que la Ley 258 de 1996
pueda aplicarse a los compañeros permanentes, vulnera su derecho a la igualdad
en la medida en que les impone un requisito que no tienen que cumplir las
parejas unidas por matrimonio quienes no deben esperar un tiempo mínimo para
afectar a vivienda familiar el inmueble de habitación.
En este sentido, la Corte Constitucional, en
Sentencias C-521 de 2007 y C-811 de 2007 consideró que la sujeción al término
de dos años para que el compañero permanente del afiliado al sistema de salud
pudiera ser incluido como beneficiario no se encontraba justificada por
parámetros objetivos y razonables. En la misma línea, los demandantes
consideran que no existe razón alguna para que los compañeros permanentes,
incluidas las parejas del mismo sexo, tengan que esperar dos años para que
opere la afectación a vivienda familiar de su inmueble de habitación, por
cuanto la necesidad de protección surge desde el inicio de la unión.
Conforme a lo anterior, los demandantes solicitan (i)
que en relación con las disposiciones acusadas contenidas en las leyes 70 de
1931 y 258 de 1996 se declare inconstitucional que las expresiones “familia”
“compañero o compañera permanente” y “familiar” sean interpretadas como que
excluyen a las parejas homosexuales de la posibilidad de gozar de los derechos
y beneficios que de ellas se desprenden y, (ii) que se declare la
inexequibilidad de la expresión “cuya unión haya perdurado por lo menos dos
años” contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996.
2.1.1.2. Cargos contra la norma que consagra la
obligación civil de prestar alimentos
Los demandantes consideran que el numeral 1º del
artículo 411 del Código Civil viola los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución
Política.
Preliminarmente, los actores sostienen que en la
Sentencia C-1033 de 2002, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de
la disposición demandada en el entendido de que era aplicable a los compañeros
permanentes que forman una unión marital de hecho, en relación con el cargo
formulado en dicha oportunidad referido a la violación del principio de
igualdad por el trato discriminatorio otorgado a las parejas que forman una
unión marital de hecho frente a las parejas unidas en matrimonio. De esta
forma, se configuró una cosa juzgada constitucional relativa, que permite a la
Corte emitir pronunciamiento de fondo sobre cargos de naturaleza distinta, como
ocurre en el presente caso en el que la violación del derecho a la igualdad se
predica por el trato discriminatorio otorgado a las parejas homosexuales, en
relación con aquéllas heterosexuales.
Según se presenta en la demanda, las parejas
homosexuales se encuentran excluidas de la obligación civil de prestar
alimentos, lo cual representa una diferencia de trato entre ellas y los
compañeros permanentes heterosexuales que, por basarse en el criterio
sospechoso de la orientación sexual exige la aplicación del test estricto de
proporcionalidad, así: (i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada es la protección de la familia y de
los estrechos vínculos propios de las parejas permanentes. De esta forma, la
exclusión de las parejas del mismo sexo de la obligación de alimentos, entra en
tensión con la finalidad de protección de los vínculos de solidaridad y afecto
de las parejas que cubre aquéllas del mismo sexo; (ii) respecto del requisito
de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se
encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación lógica o causal con
el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de
dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la
proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la exclusión, que
se traducen en un déficit de protección para las parejas homosexuales, son
considerables.
La demanda sostiene que las parejas homosexuales
tienen requerimientos análogos de protección que consisten en la necesidad del
acceso a un mecanismo, derivado de los vínculos de solidaridad, que ofrece a
los miembros de esas parejas la posibilidad de asegurar su subsistencia cuando
no están en condiciones de garantizarla por sí mismos. Por lo tanto, el déficit
de protección en estos asuntos compromete los derechos a la igualdad, la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las parejas
homosexuales, en la medida en que obstaculiza y desestimula la posibilidad de
una verdadera autodeterminación vital, al tiempo que hace más gravoso para los
homosexuales la elección de un proyecto de vida en pareja.
La norma acusada resulta inconstitucional, no sólo por
el déficit de protección que representa, sino en atención al tratamiento
diferenciado entre los miembros de parejas heterosexuales y homosexuales en
término de las obligaciones impuestas a unos y otros, como quiera que, a pesar
de tener uniones permanentes basadas en vínculos de solidaridad y afecto
similares, solo los miembros de las parejas heterosexuales tienen la
obligación  legal de prestar alimentos a sus compañeros permanentes.
Conforme a lo anterior, los demandantes solicitan que
se declare que es inconstitucional que la expresión “cónyuge” contenida en el
numeral 1 del artículo 411 del Código Civil sea interpretada como que excluye a
las parejas homosexuales de la obligación alimentaria allí prevista para las
parejas heterosexuales.
2.1.2.                   Cargos contra normas que consagran
derechos políticos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales con
exclusión de las homosexuales.
En este acápite se analizan la norma que consagra el
beneficio de reducción del tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción y
la que regula el derecho de residencia en el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2.1.2.1.       Cargo contra la norma que reduce el tiempo
para acceder a la nacionalidad por adopción a favor de los compañeros permanentes
Los demandantes consideran que el artículo 5 de la Ley
43 de 1993 viola los artículos 1, 13, 16, 24, 93 y 100 de la Constitución
Política.
Preliminarmente, los actores ponen de presente que la
norma acusada fue objeto de control de constitucionalidad en la Sentencia C-832
de 2006, por el cargo de vicio en la conformación de la ley al vulnerar el
principio de unidad de materia, de manera que al plantearse en la presente
demanda un cargo sustancialmente distinto, sólo puede hablarse del fenómeno de
la cosa juzgada en su faceta relativa implícita.
De acuerdo con los demandantes, la norma acusada
consagra la posibilidad de que el tiempo de residencia requerido para acceder a
la nacionalidad colombiana por adopción se reduzca de cinco a dos años, en caso
de que el extranjero interesado sea compañero permanente de un nacional
colombiano. Dado que las parejas homosexuales se encuentran excluidas de este
beneficio es necesario aplicar a dicho trato diferenciado el test estricto de
proporcionalidad, por cuanto aquél atiende al criterio sospechoso de la
orientación sexual.
(i) En relación con la necesidad de que la medida discriminatoria
persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el
fin de la norma acusada es la protección de la familia y de la unidad y
estabilidad de las parejas, objetivos que implican la protección de las parejas
del mismo sexo y de sus miembros, por lo que entran en tensión con el objetivo
de la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio consagrado en la
norma demandada;  (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea
adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la
exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la
familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii)
tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que la
exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio aludido no produce un
beneficio concreto y, en cambio, conduce a una grave afectación de los derechos
de las personas homosexuales, que se traduce en un déficit de protección para estas
parejas.
En este caso, los requerimientos análogos de
protección de las parejas heterosexuales y homosexuales consisten en la
importancia que representa para la parejas conformadas por un colombiano y un
extranjero que se establezcan condiciones de acceso a la nacionalidad de este
último que busquen proteger la convivencia estable de sus miembros.  Adicionalmente,
se considera que el requerimiento de protección es superior en el caso de las
parejas homosexuales por cuanto sus uniones sólo se pueden constituir de hecho
y cualquier separación involuntaria conduciría al rompimiento del vínculo.
Si bien puede argumentarse que los miembros
extranjeros de parejas del mismo sexo pueden acceder a la nacionalidad por
adopción cumpliendo los requisitos exigidos a los individuos que no conforman
pareja con un nacional, dicho mecanismo no es igualmente eficaz al analizado,
por lo que debería aplicarse la misma línea argumentativa planteada en la
Sentencia C-075 de 2007, en la que se reconoció que si bien las parejas
homosexuales contaban con otros mecanismos para lograr los propósitos del
régimen de protección de los compañeros permanentes en la Ley 54 de 1990, tales
mecanismos consistían en procedimientos mucho más engorrosos, lo cual imponía
una carga adicional y discriminatoria con respecto a las parejas
heterosexuales.
Por otra parte, se aduce en la demanda que no es de
recibo el argumento según el cual el trato diferenciado encuentra justificación
en la facultad del Estado de regular la migración y de restringir el acceso y
la permanencia de extranjeros en el territorio nacional, por cuanto dicha
potestad encuentra límites en los derechos fundamentales y particularmente, en
la libertad de circular y el derecho de igualdad.
Así las cosas, el déficit de protección en esta
materia compromete el derecho a la igualdad y la libertad de circulación,
permanencia y residencia, por cuanto se establece una diferenciación
injustificada no solo entre los extranjeros homosexuales frente a los
extranjeros heterosexuales, sino también entre los extranjeros homosexuales
frente a los nacionales tanto homosexuales como heterosexuales, por cuanto
aquéllos ven obstaculizada la posibilidad de construir y mantener relaciones
estables de pareja en Colombia.
Según las consideraciones expuestas, en la demanda se
solicita que se declare que es inconstitucional que la expresión “compañeros
permanentes” contenida en el artículo 5 de la Ley 43 de 1993 sea interpretada
como que excluye a las parejas homosexuales del beneficio consistente en la
reducción del tiempo de residencia para solicitar la nacionalidad por adopción
concedido a los compañeros permanentes extranjeros de nacional colombiano.
2.1.2.2.       Cargo contra las normas que regulan el derecho
de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Los demandantes consideran que las expresiones
demandadas de los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 violan los artículos
1, 13, 16, 24 y 93 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los actores sostienen que en la Sentencia
C-530 de 1993, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los
artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 en relación con el cargo formulado en
dicha oportunidad referido a la violación del principio de igualdad por el
trato desventajoso y discriminatorio del resto de colombianos con respecto a
los nacidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este sentido, se
concluye que respecto de las normas acusadas solo ha operado el fenómeno de
cosa juzgada relativa, que no impide que la Corte Constitucional estudie los
nuevos cargos formulados.
Por otra parte, previo al análisis de fondo de las
normas acusadas, los accionantes señalan que si bien en la Sentencia T-725 de
2004 la Corte Constitucional señaló que la categoría de compañeros permanentes
incluida en la disposición demandada no era aplicable a las parejas del mismo
sexo y que la norma en cuestión tenía el propósito de proteger de manera
especial a la familia heterosexual, lo que justificaba la exclusión de las
parejas homosexuales, a la luz de las Sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007,
T-856 de 2007 y C-336 de 2008, es dado concluir que las reglas contenidas en
aquella sentencia fueron modificadas, conforme al giro radical en materia del
derecho a la igualdad y a la no discriminación de los homosexuales, referido en
acápite anterior de la demanda.
De acuerdo con los demandantes, la norma acusada
consagra la posibilidad de que el tiempo de residencia requerido para acceder a
la nacionalidad colombiana por adopción se reduzca de cinco a dos años, en caso
de que el extranjero interesado sea compañero permanente de un nacional
colombiano. Dado que las parejas homosexuales se encuentran excluidas de este
beneficio es necesario aplicar a dicho trato diferenciado el test estricto de
proporcionalidad, por cuanto aquél atiende al criterio sospechoso de la orientación
sexual.
(i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada es la protección de la familia y de la
unidad y estabilidad de las parejas permanentes, objetivos que implican la
protección de las parejas del mismo sexo y de sus miembros, por lo que entran
en tensión con el objetivo de la exclusión de las parejas homosexuales del
beneficio consagrado en la norma demandada; (ii) respecto del requisito de que
el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra
satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin
de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección;
y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida
en que la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio aludido no
produce un beneficio concreto y, en cambio, conduce a una grave afectación de
los derechos de las personas homosexuales, que se traduce en un déficit de
protección para estas parejas.
Los requerimientos análogos de protección se concretan
en la necesidad de que las parejas homosexuales y heterosexuales fijen su
residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, asunto relevante para el desarrollo y mantenimiento de un proyecto de
vida en común.
Si bien puede argumentarse que los miembros
extranjeros de parejas del mismo sexo pueden lograr la fijación de su residencia
en el Departamento referido a través de los mecanismos ordinarios conferidos a
cualquier individuo para tal fin. Sin embargo, obtener la residencia a través
de esos mecanismos resulta más gravoso, por lo que el escenario planteado es
similar al resuelto en la Sentencia C-075 de 2007.
Así las cosas, el déficit de protección en esta
materia compromete el derecho a la igualdad y la libertad de circulación,
permanencia y residencia, por cuanto la exclusión de las parejas homosexuales
del ámbito de protección de la norma acusada se traduce en una restricción a la
posibilidad de las parejas homosexuales de los residentes del Archipiélago de
escoger su lugar de residencia y en una severa afectación de los derechos a la
dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad pues niega la
existencia y valor de los proyectos de vida elegidos y construidos por las
parejas del mismo sexo.
De esta forma, los demandantes solicitan que se
declare que es inconstitucional que las expresiones “unión singular, permanente
y continua”, “compañera permanente” y “unión permanente” contenidas en los
artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 sean interpretadas como que excluyen a
las parejas homosexuales de los beneficios consistentes en fijar residencia y
en obtener el derecho a una residencia permanente allí consagrados a favor de
las parejas heterosexuales.
2.2. Normas sancionatorias y preventivas de delitos y
faltas que excluyen a las parejas homosexuales de las garantías y cargas allí
consagradas.
Para claridad expositiva, los demandantes agruparon
una serie de normas de naturaleza variada pero que tienen en común la exclusión
de los miembros de las parejas del mismo sexo de las garantías y cargas en
ellas consagradas y las clasificaron de la siguiente manera: normas penales,
penales militares y disciplinarias que consagran la garantía de no
incriminación y normas penales y preventivas de delitos respecto de los cuales
la víctima es el compañero permanente.
2.2.1. Cargo contra las normas que consagran la garantía
de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria
Los actores señalan que las expresiones demandadas de
los artículos 8-b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004, 222, 431 y 495 de la
Ley 522 de 1999 y 71 de la Ley 734 de 2002 vulneran el preámbulo y los
artículos 1, 13, 16, 18 y 29 de la Constitución Política.
Previamente, se señala que con excepción de los
artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 8 de la Ley 906 de 2004, las normas
demandadas no han sido objeto de control de constitucionalidad por parte de
esta Corporación por lo que hay ausencia de cosa juzgada. En lo que guarda
relación con los artículos indicados de la Ley 522 de 1999, nada impide a la
Corte pronunciarse sobre los cargos formulados por cuanto sobre ellos sólo se
configuró una cosa juzgada relativa, a propósito de una demanda contra la
expresión “primero civil” en ellos contenida. A la misma conclusión se arriba
respecto del artículo 8 de la Ley 906 de 2004, sobre el cual se pronunció la
Corporación pero sólo en relación con la expresión “una vez adquirida la
condición de imputado”.
Las normas demandadas tienen en común la inclusión de
la exoneración del deber de declarar, denunciar o formular queja contra el
compañero permanente en los procesos de carácter penal, penal militar y
disciplinario, con exclusión de las parejas permanentes constituidas por
personas del mismo sexo, discriminación realizada en un criterio sospechoso por
lo que es necesario desatar el test estricto de proporcionalidad.
(i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada, según ha indicado la jurisprudencia
constitucional, es la protección de la familia, objetivo que no puede invocarse
como fundamento de la privación de un derecho a un segmento de la población. Si
bien podría alegarse que el legislador tiene libertad de restringir la
protección al ámbito de las relaciones familiares, con lo que se excluirían las
relaciones homosexuales permanentes y singulares y las relaciones de estrecha
amistad, es pertinente aclarar que no obstante que las relaciones homosexuales
no caben en el concepto de familia, sí existe un punto en común entre las
parejas heterosexuales que conforman una familia y las homosexuales que
conviven en unión libre, cual es la existencia de una comunidad de vida
permanente y singular de la que se derivan efectos civiles, morales y
afectivos, que son precisamente los que pretenden ser resguardados con la
garantía de no incriminación; (ii) respecto del requisito de que el trato
desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho
porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de
protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha
protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad,
en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente
mayores que los beneficios del trato diferenciado.
El trato diferenciado que se deriva de las normas
acusadas genera un déficit de protección que se concreta en el hecho de que las
parejas homosexuales no tienen derecho, como las heterosexuales, a abstenerse
de declarar contra su compañero permanente en un proceso penal o penal militar
o de formular queja en su contra por la eventual comisión de una falta
disciplinaria. Por el contrario, estarían obligados a declarar en contra de su
pareja, circunstancia que desconoce la necesidad análoga de protección, pues en
este ámbito los miembros de parejas homosexuales y heterosexuales tienen
idéntica necesidad de respetar y proteger los vínculos de afecto y solidaridad
creados con quien comparten una comunidad de vida, a través de la posibilidad
de no declarar en su contra.
La exclusión de las parejas homosexuales de la
garantía de no incriminación viola el derecho a la igualdad, la dignidad
humana, el libre desarrollo de la personalidad y el debido proceso, por lo que
se solicita a esta Corporación que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “compañero permanente” y “compañero o compañera permanente”
contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las
parejas homosexuales del goce de la garantía de no incriminación allí
consagrada.
2.2.2. Cargos contra normas penales y preventivas de
delitos respecto de los cuales la víctima es el compañero(a) permanente.
En este acápite de la demanda se agruparon las normas
relativas a disposiciones penales y preventivas de delitos en los que la
víctima o el afectado del hecho punible es el compañero o la compañera
permanente del sujeto activo del delito, de una persona en situación especial
de riesgo o de un testigo.
2.2.2.1. Cargo contra normas penales que consagran el
beneficio de prescindir de la sanción penal
Los demandantes consideran que algunas expresiones del
artículo 34 de la Ley 599 de 2000 y del artículo 18 de la Ley 1153 de 2007
violan el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los demandantes indican que las
normas acusadas no han sido objeto de control de constitucionalidad, por lo que
no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
Las normas demandadas consagran el beneficio de
prescindencia de la pena en los eventos en los que las consecuencias de una
conducta constitutiva de contravención o delito culposo alcancen
exclusivamente, entre otros, a los compañeros permanentes, con exclusión de las
parejas del mismo sexo, como quiera que tal noción está articulada de cara a
las relaciones familiares. Al estar fundado tal trato discriminatorio en el
criterio sospechoso de la orientación sexual, debe aplicarse el test estricto
de proporcionalidad.
(i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de las normas acusadas es la protección de la familia y
del individuo que es procesado penalmente, respetando las garantías de quien es
sometido a un proceso penal, según el principio de que el derecho penal debe
ser la ultima ratio. Dentro de estas garantías se encuentra la de la
aplicación del principio de la necesidad de la pena, consistente en la
posibilidad de prescindir de ésta cuando las consecuencias de la conducta
delictiva o contravencional recaigan exclusivamente, entre otros, en el
compañero permanente, en atención a que el dolor producido merced al daño
infligido sin intención a un ser cercano y querido es en sí mismo una pena que
torna innecesaria la imposición de otra estatal.
Esta justificación es igualmente predicable a las
parejas homosexuales, cuyo proyecto de vida se sustenta en vínculos afectivos y
morales que no se diferencian per se del carácter de la comunidad de
vida entre compañeros permanentes heterosexuales. De esta forma, la protección
de la familia es tan solo uno de los fines secundarios perseguidos por la
norma, que no tiene la entidad suficiente para justificar el trato desigual que
se presenta contra las parejas homosexuales.
(ii) respecto del requisito de que el trato desigual
sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la
exclusión de las parejas homosexuales de los beneficios consagrados en las normas
acusadas no guarda relación lógica o causal con el fin de protección a la
familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii)
tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad por cuanto la
disposición acusada representa costos negativos para las parejas homosexuales
que se traducen en un déficit de protección en el marco de un proceso penal,
por cuanto tales parejas se ven privada de un importante beneficio establecido
para las parejas heterosexuales que se encuentran en la misma situación.
Este déficit de protección compromete los derechos a
la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los
miembros de las parejas homosexuales.
2.2.2.2. Cargo contra normas penales que establecen
circunstancias de agravación punitiva
Los actores aducen que las disposiciones consagradas
en el numeral 1 del artículo 104, el numeral 4 del artículo 170, los numerales
1 y 4 del artículo 179, el numeral 3 del artículo 188-B y el numeral 1 del
artículo 245 de la Ley 599 de 2000, son contrarias a los artículos 1, 13 y 16
de la Constitución Política.
Preliminarmente, los demandantes indican que las
normas acusadas no han sido objeto de control de constitucionalidad, por lo que
no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
Las disposiciones demandadas establecen como
circunstancia de agravación punitiva que la conducta punible a la que se
refieren sea cometida (i) contra el compañero permanente o un miembro del grupo
familiar del sujeto activo del tipo penal o (ii) contra compañero permanente de
una persona con las calidades descritas en la norma respectiva. El fundamento
de la agravación punitiva radica en el mayor grado de reproche social que se
tiene, en el primer caso, frente a las conductas delictivas cometidas contra
personas con las que se tiene un lazo cercano y, en el segundo, respecto de
delitos perfeccionados en contra de individuos que tienen relación con personas
que, dada su connotación pública, se ubican en una particular situación de
riesgo.
Las circunstancias de agravación punitiva referidas no
se aplican en los casos en que la víctima es una persona homosexual con
relación permanente y singular con el sujeto activo o con un apersona en
situación de riesgo, de manera que existe un trato discriminatorio contra las
parejas del mismo sexo que, por basarse en el criterio sospechoso de la
orientación sexual, debe ser sometido al test estricto de proporcionalidad.
(i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada es la protección de la familia y de
los lazos afectivos y morales que surgen entre los miembros de las relaciones
conyugales y de compañeros permanentes, con independencia de que las mismas
conformen o no familias. Esta finalidad amplio de las normas acusadas incluye a
las parejas homosexuales; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual
sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la
exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la
familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii)
tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que
los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los
beneficios del trato diferenciado y aquéllos se traducen en un déficit de
protección de las parejas homosexuales que tienen requerimientos análogos que
las parejas heterosexuales, con lo que se vulneran los derechos a la igualdad,
la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los miembros de
las parejas del mismo sexo.
Ahora, si bien podría argumentarse que el legislador
goza de amplia libertad de configuración de los tipos penales, la Corte
Constitucional ha establecido que el Congreso se somete, en la regulación de
las materias de derecho penal, al contenido material de los derechos
constitucionales, de suerte que al excluir del ámbito de regulación de los
tipos penales acusados a los miembros de las parejas homosexuales, debe la
Corte intervenir para procurar el respeto de los derechos fundamentales y, en
particular, la prohibición de discriminación y la dignidad humana.
Los demandantes refieren los criterios fijados por la
Corte Constitucional para la procedencia de un fallo de exequibilidad
condicionada en materia de tipos penales y hacen frente al eventual argumento
de la imposibilidad de que la Corporación condicione los tipos acusados por
cuanto tal condicionamiento implicaría la ampliación de los sujetos activo y
pasivo del delito, con lo que se introduciría una modificación a un elemento
estructural del tipo, bajo la consideración de que tal apreciación sería
equivocada, ya que lo que se solicita no es la adición de nuevos sujetos del
tipo sino la exclusión de una interpretación de las expresiones acusadas que no
incluye a las parejas homosexuales, interpretación que por oponerse a la Carta
Política debe ser retirada del ordenamiento jurídico.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan la constitucionalidad condicionada de las expresiones
“compañero o compañera permanente”, “unión libre” y “grupo familiar”
consagradas en las normas demandadas, de tal forma que las mismas sean
consideradas constitucionales solo en el entendido de que las circunstancias de
agravación punitiva previstas en ellas respecto de las parejas heterosexuales
también son aplicables a las parejas homosexuales. Subsidiariamente se solicita
(i) que se declare la inexequibilidad de la interpretación aludida en relación
con las expresiones acusadas; (ii) que se exhorte al Congreso de la República
para que adecue los tipos penales demandados a los mandatos superiores y a la
interpretación que de ellos haga la Corte Constitucional, fijando un término
preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexequibilidad de
las expresiones acusadas.
2.2.2.3. Cargos contra normas penales y preventivas
sobre delitos que tienen por sujeto pasivo al compañero(a) permanente
En este apartado se presentan los cargos de
constitucionalidad formulados contra cuatro normas penales y una preventiva
sobre delitos cuyo sujeto pasivo es, entre otros, el compañero permanente.
2.2.2.3.1. Cargo contra la norma penal que consagra el
delito de inasistencia alimentaria
Los demandantes estiman que las expresiones acusadas
del artículo 233 de la Ley 599 de 2000 transgreden los artículos 1, 13 y 16 de la
Constitución Política.
Preliminarmente, en la demanda se precisa que la Corte
Constitucional se ha pronunciado en tres oportunidades sobre el artículo 233 de
la Ley 599 de 2000, pero por cargos diferentes, por lo que solo se ha
configurado una cosa juzgada relativa. En efecto, en la Sentencia C-984 de 2002
se declaró la exequibilidad de la norma por los cargos de violación de los
artículos 13 y 28 superiores, por el presunto desconocimiento de la prohibición
constitucional de prisión por deudas y por el establecimiento de una diferencia
de trato entre los deudores de la obligación alimentaria y los de otro tipo de
obligaciones civiles. Por su parte, en la Sentencia C-247 de 2004 se declaró la
inexequibilidad de la expresión “de catorce (14) años” consagrada en el inciso
segundo del artículo referido y, finalmente, en Sentencia C-016 de 2004 la
Corte Constitucional declaró exequible la expresión “cónyuge” por el cargo de
violación del principio de igualdad al excluir a los compañeros permanentes. En
dicha sentencia se exhortó al Congreso para que adecuara el tipo penal a los
mandatos superiores, lo cual sucedió en la Ley 1181 de 2007, en la que se
incluyó al compañero o compañera permanente como sujeto pasivo del delito de
inasistencia alimentaria.
La norma demandada excluye de su ámbito de protección
a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, discriminación que, por
basarse en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe
someterse al test estricto de proporcionalidad, antes de lo cual, los
demandantes ponen de presente que la prosperidad del presente cargo depende de
la de aquél formulado contra el artículo 411 del Código Civil como quiera que
en éste se determina la obligación legal de prestar alimentos, fundamento del
tipo penal de inasistencia alimentaria.
(i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la
familia, sino que comprende la protección de los vínculos de solidaridad, ayuda
y socorro mutuos que surgen en una unión permanente de dos personas,
razonamiento que no sólo resulta aplicable a las parejas heterosexuales, sino
también a las del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato
desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho
porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de
protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha
protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad,
en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente
mayores que los beneficios del trato diferenciado.
El trato desigual se traduce en un déficit de
protección de los vínculos de solidaridad y afecto de los miembros de las
parejas homosexuales, lo cual desconoce los derechos de igualdad, dignidad
humana y libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que se priva a
los miembros de las parejas del mismo sexo de acciones penales para ir en
contra de sus compañeros cuando estos no les suministren prestaciones
alimentarias, con lo que se compromete la posibilidad de que accedan al mínimo
de condiciones materiales para una existencia digna.
Por otro lado, los demandantes consideran que el
tiempo de dos años al que se sujeta la convivencia de los compañeros
permanentes para que pueda aplicarse el delito de inasistencia alimentaria
vulnera su derecho a la igualdad, en la medida en que impone un requisito que
no tienen que cumplir las parejas unidas en matrimonio quienes son titulares de
la acción penal en el delito aludido, sin tener que acreditar un tiempo mínimo
de convivencia.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare la constitucionalidad condicionada de la
expresión “compañero o compañera permanente” consagrada en la norma demandada,
de tal forma que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el
entendido de que incluyen a las parejas homosexuales en su ámbito de
aplicación. Subsidiariamente se solicita (i) que se declare la inexequibilidad
de la interpretación de la expresión acusada que excluye a las parejas
homosexuales de su ámbito de aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la
República para que adecue el tipo penal demandado a los mandatos superiores,
fijando un término preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la
inexequibildiad de la expresión demandada.
Por otro lado, solicita que se declare la
inexequibilidad de la expresión “durante un lapso no inferior a dos años”
contenida en la norma acusada y que, si se juzga pertinente, se remita copia de
esta demanda al expediente D-7177 para que, si se estima oportuna, se tengan en
cuenta en ese proceso los argumentos de la demanda del presente trámite de
constitucionalidad.
2.2.2.3.2. Cargo contra la norma penal que consagra el
delito de malversación y dilapidación de bienes familiares
Los demandantes estiman que las expresiones acusadas
de los artículos 457 del Código Civil y 236 de la Ley 599 de 2000 violan los
artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que las
normas demandadas no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
La norma censurada excluye de su ámbito de protección
a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, discriminación que, por
basarse en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe
someterse al test estricto de proporcionalidad, antes de lo cual, los
demandantes ponen de presente que la prosperidad del presente cargo depende de
la de aquél formulado contra el artículo 457 del Código Civil como quiera que
en éste se determina las personas llamadas a la tutela o curaduría legítima.
(i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la
familia, sino que comprende la protección de los vínculos de solidaridad y
afecto de las parejas permanentes y de los intereses de quien está sujeto a una
tutela o curaduría frente a los actos ilícitos cometidos por su compañero
permanente en calidad de tutor o curador, fines que resultan aplicables a las
parejas del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual
sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la
exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la
familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii)
tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que
los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los
beneficios del trato diferenciado.
El trato desigual se traduce en un déficit de
protección de los vínculos de solidaridad y afecto de los miembros de las
parejas homosexuales, lo cual desconoce los derechos de igualdad, dignidad
humana y libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que se priva a
los miembros de las parejas del mismo sexo de de la posibilidad de acceder a la
protección ofrecida tanto a las parejas como a sus miembros por las normas
civil y penal objeto de análisis.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que la expresión
“cónyuge” contenida en el numeral 1 del artículo 457 del Código Civil sea
interpretada como que excluye a los compañeros permanentes y a las parejas
homosexuales permanentes de la posibilidad de ejercer tutelas y curadurías
legítimas. Por otra parte solicitan que se declare la constitucionalidad
condicionada de las expresiones “familiares” y “compañero permanente”
consagradas en el artículo 236 de la Ley 599 de 2000, de tal forma que las
mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que incluyen
a las parejas homosexuales en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente se
solicita (i) que se declare la inexequibilidad de la interpretación de la
expresión acusada que excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de
aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la República para que adecue el
tipo penal demandado a los mandatos superiores, fijando un término preciso y
razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexequibildad de la
expresión demandada.
2.2.2.3.3. Cargo contra las normas penales y preventivas
en materia del delito de violencia intrafamiliar
Los demandantes estiman que las expresiones acusadas
de los artículos 229 de la Ley 599 de 2000 y 2 de la Ley 294 de 1996 violan los
artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que el
artículo 2 de la Ley 294 de 1996 no ha sido objeto de pronunciamiento por parte
de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada
respecto de ella. En relación con el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, si
bien la Corte se pronunció sobre el mismo en la Sentencia C-674 de 2005, lo
hizo por cargos referidos a la eliminación de la referencia al maltrato sexual
como elemento de la violencia intrafamiliar, que resultan sustancialmente
diferentes a los presentados en esta oportunidad, por lo que solo existe una
cosa juzgada relativa.
Las normas acusadas excluyen de su ámbito de
protección a las parejas constituidas por personas del mismo sexo,
discriminación que, por basarse en un criterio sospechoso, cual es la
orientación sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En
relación con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma
acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la
protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, finalidad que abarca
a las parejas homosexuales, no solo por la discriminación histórica de la que
han sido víctimas, sino también porque en su seno pueden darse graves formas de
violencia entre quienes la conforman; (ii) respecto del requisito de que el
trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra
satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin
de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha
protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad,
en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente
mayores que los beneficios del trato diferenciado.
El trato desigual se traduce en un déficit de
protección, tanto de las parejas homosexuales contra formas de violencia que
atacan sus formas de convivencia solidaria y pacífica, como de los miembros más
débiles de las parejas homosexuales contra la violencia ejercida en su contra
por su pareja. En esta materia, los requerimientos de protección de las parejas
homosexuales y heterosexuales son análogos dado que para ambos tipos de familia
es importante que existan mecanismos que garanticen la preservación de la paz
dentro de sus espacios de convivencia. De esta forma, el trato discriminatorio desconoce
los derechos de igualdad, dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad
de los miembros de las parejas homosexuales.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “familia” y “compañeros permanentes” contenidas en el artículo 2 de
la Ley 294 de 1996, sean interpretadas como que excluyen a las parejas
homosexuales de su ámbito de aplicación. Por otra parte solicitan que se
declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones “intrafamiliar” “familiar”
y “familia” consagradas en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, de tal forma
que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que
incluyen a las parejas homosexuales en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente
se solicita (i) que se declare la inexequibilidad de la interpretación de la
expresión acusada que excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de
aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la República para que adecue el
tipo penal demandado a los mandatos superiores, fijando un término preciso y
razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la inexequibildiad de la
expresión demandada.
2.2.2.3.4. Cargo contra la norma penal que consagra el
delito de amenazas a testigo
Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas del artículo 454-A de la Ley 599 de 2000 viola los artículos 1, 13 y
16 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que la norma no
ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo
que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
Una de las conductas constitutivas del delito de
amenazas a testigo es amenazar con ejercer violencia física o moral en contra
del compañero permanente de una persona que ha sido testigo de un hecho
delictivo, disposición que excluye de su ámbito de aplicación a los miembros de
las parejas homosexuales por cuanto la interpretación tradicional de la
expresión compañero permanente se circunscribe a las uniones heterosexuales. Al
basarse esta discriminación en un criterio sospechoso, cual es la orientación
sexual, debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación
con la necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma
acusada no se reduce a la protección de la familia, sino que comprende la
protección de la persona que ha sido testigo de un hecho delictivo, en la
medida en que define un ámbito de protección amplio para el testigo, bajo la
consideración de que las amenazas contra las personas con quien tiene vínculos
cercanos en razón de la existencia de una comunidad de vida, tienen la
capacidad de constreñirlo ilegalmente; (ii) respecto del requisito de que el
trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra
satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin
de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha
protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad,
en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente
mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de
protección de las personas homosexuales que carecen de la acción penal,
otorgada a las parejas heterosexuales, por el delito de amenazas a testigo.
La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de
aplicación de la norma acusada niega valor a los proyectos de vida que
conforman con sus parejas, con lo que se violan sus derechos a la igualdad, la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare la constitucionalidad condicionada de la
expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 454-A de la
Ley 599 de 2000, de tal forma que la misma sea considerada constitucional solo
en el entendido de que incluye a las parejas homosexuales en su ámbito de
aplicación. Subsidiariamente se solicita (i) que se declare la inexequibilidad
de la interpretación de la expresión acusada que excluye a las parejas
homosexuales de su ámbito de aplicación; (ii) que se exhorte al Congreso de la
República para que adecue el tipo penal demandado a los mandatos superiores,
fijando un término preciso y razonable; y (iii) que, en su defecto, declare la
inexequibildiad de la expresión demandada.
2.3. Normas que consagran derechos para los compañeros
permanentes de las víctimas de crímenes atroces y que excluyen de su
titularidad a las parejas del mismo sexo
En este acápite se clasifican las normas que consagran
derechos a los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces en
dos secciones, en función del tipo de derechos que reconocen.
2.3.1. Cargo contra normas que consagran los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes atroces
Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas de los artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005, 11 de la
Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2 de la Ley 387 de 1997 violan
el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 15, 16, 29, 93, 229 y 250, numerales
6 y 7, de la Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que las
expresiones acusadas de los artículos 11 de la Ley 589 de 2000 y 2 de la Ley
387 de 1997 no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada. La
expresiones demandadas contenidas en los artículos 5, 47 y 48 de la Ley 975 de
2005, fueron estudiadas en la Sentencia C-370 de 2006 con respecto a un cargo
relativo a la presunta violación de la Carta Política por la exclusión de algunos
familiares de la noción de víctima, que resulta diferente al presentado
actualmente, por lo que solo ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
relativa.
De otra parte, la constitucionalidad de las
expresiones demandadas de los artículos 7, 15 y 58 de la Ley 975 de 2005 fue
analizada en Sentencia C-575 de 2006, respecto de un cargo relativo a la
presunta trasgresión de la Constitución por limitar el derecho a la verdad a
los familiares o parientes de la víctima, que por ser diferente al actualmente
formulado, sólo configura una cosa juzgada relativa.
Finalmente las expresiones demandadas contenidas en
los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 ya fueron analizadas por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-473 de 2005, en desarrollo del control previo
y automático que procedía en atención a que se trataba de una ley estatutaria.
De esta forma respecto de estas disposiciones opera el fenómeno de la cosa
juzgada absoluta, lo cual no obsta para que sean revisadas en relación con el
cargo formulado, habida cuenta que la Corte ha establecido que las leyes
estatutarias pueden reexaminarse excepcionalmente cuando el vicio de
constitucionalidad de las mismas surja con posterioridad al control realizado,
circunstancia que ocurre en el presente caso, como quiera que el marco
constitucional relativo a los derechos de las parejas del mismo sexo ha
cambiado.
Las normas acusadas consagran diferentes expresiones
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a favor, entre otros,
de los compañeros permanentes heterosexuales de las víctimas de los crímenes
sobre los que versan, sin otorgar el mismo trato a las parejas del mismo sexo.
Si bien los miembros de parejas homosexuales siempre podrán reclamar estos
derechos probando el daño sufrido con motivo del crimen cometido contra su
pareja, el eje central del cargo esgrimido consiste en que las parejas
homosexuales de las víctimas de crímenes atroces no otorgan el beneficio de
presumir su calidad de víctimas sin necesidad de que prueben el daño sufrido
con motivo del crimen cometido contra su pareja, como sí ocurre para los
miembros de parejas heterosexuales.
Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio
sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de
proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la
familia, sino que comprende el reconocimiento y la valoración de los lazos de
solidaridad y afecto construidos por los compañeros permanentes y la protección
especial de sus miembros que sufren el crimen de su ser querido; (ii) respecto
del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que
no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni
causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la
disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de
la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de la medida son
sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan
un déficit de protección en este asunto en el que tienen necesidades análogas
de protección con las parejas heterosexuales, como quiera que el daño sufrido
por las parejas del mismo sexo es equivalente al sufrido por las parejas
heterosexuales dado que los crímenes atroces tienen un impacto equiparable en
los planos moral, individual, social de la pareja y material.
La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de
aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la justicia, la verdad y
la reparación, a la participación, a la información y a una protección especial
de la población desplazada.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “compañero o compañera permanente”, “parientes”, “familiares”,
“familia” y “familiar” contenidas en las normas demandadas sean interpretadas
como que excluyen a las parejas homosexuales de la presunción de la calidad de
víctima y de los derechos allí consagrados a favor de las parejas
heterosexuales.
2.3.2. Cargo contra normas que consagran medidas de
protección de carácter civil ante la ocurrencia de ciertos crímenes atroces
Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas de los artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 2 y 26 de la Ley 986 de
2005, violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 16, 49, 93 y 95 de la
Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que las
expresiones acusadas del artículo 26 de la Ley 986 de 2005 no han sido objeto
de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el
fenómeno de la cosa juzgada. La constitucionalidad del artículo 10 de la Ley
589 de 2000 fue estudiada en la Sentencia C-370 de 2006 con respecto a un cargo
que cuestionaba la constitucionalidad de la restricción del beneficio
consistente en que las víctimas de desaparición forzada sigan percibiendo su
salario a los servidores públicos con exclusión de los particulares, cargo que
resulta diferente al presentado actualmente, por lo que solo ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada relativa.
De otra parte, esta Corporación analizó la
constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 986 de 2005 en la Sentencia C-394
de 2007, conforme a un cargo sobre una presunta omisión legislativa relativa
por no incluir a las víctimas y familiares de los delitos de toma de rehenes y
de desaparición forzada en los beneficios legales,  cargo que por ser diferente
al actualmente formulado, sólo configura una cosa juzgada relativa.
Las normas acusadas consagran medidas de protección de
carácter civil ante la ocurrencia de crímenes de desaparición forzada,
secuestro y toma de rehenes a favor de las parejas heterosexuales con exclusión
de las parejas del mismo sexo. Dado que este trato diferenciado se basa en un
criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test
estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la
familia, sino que comprende el reconocimiento de los vínculos de solidaridad
formados por las parejas estables y la protección de sus miembros; (ii)
respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se
concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación
directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión
implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el
requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de
la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado
y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto
a las heterosexuales, a pesar de los requerimientos análogos de protección que
guardan relación con la importancia del reconocimiento del valor de los
vínculos de solidaridad y afecto de las uniones permanentes y con las
necesidades de protección económica que demuestran los miembros de esas parejas
cuyos compañeros sufren una desaparición forzada, un secuestro o una toma de
rehenes.
La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de
aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad
humana, a la salud, al mínimo vital y a la salud, además de lesionar el
principio de solidaridad en que se funda el Estado Social de Derecho
colombiano.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “compañero o compañera permanente” y “familia” contenidas en las
normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas
homosexuales de las medidas de protección consagradas en dichas normas así como
en la totalidad de la Ley 986 de 2005.
2.4. Normas que consagran prestaciones, subsidios y
medidas indemnizatorias de carácter social a favor de las parejas heterosexuales
con exclusión de las parejas homosexuales
Este acápite contiene los cargos formulados contra las
normas que consagran beneficios sociales de diversa índole.
2.4.1. Cargos contra normas que consagran prestaciones
sociales
En este acápite se analizan las normas que establecen
el régimen de salud y pensiones de la fuerza pública y que regulan el subsidio
familiar en servicios.
2.4.1.1. Cargo contra normas que definen los
beneficiarios del régimen especial de salud y pensiones para los miembros de la
fuerza pública
Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas de los artículos 3 de la Ley 923 de 2004 y 24 del Decreto 1795 de 2000
violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 48 y 49 de la Constitución
Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que las
expresiones demandadas no han sido objeto de pronunciamiento de fondo por parte
de la Corte Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
En efecto, por un lado, esta Corporación se ha declarado inhibida en dos
oportunidades respecto de demandas formuladas contra los artículos 3.7.1 y
3.7.2. de la Ley 923 de 2004 y, de otro, declaró inexequible el parágrafo del
artículo 24 de la Decreto Ley 1795 de 2000, en sentencia C-479 de 2003, sin
incluir el resto del artículo dentro del análisis desatado.
Las normas acusadas definen la calidad de
beneficiario(a) del régimen especial que en materia de seguridad social opera
para los miembros de la fuerza pública, con exclusión de los miembros de las
parejas homosexuales, como quiera que dicha categoría se articula en función de
la noción de familia. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio
sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de
proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la
familia, sino que comprende el reconocimiento de los vínculos de solidaridad
formados por las parejas estables y la protección de sus miembros; (ii)
respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se
concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación
directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión
implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el
requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de
la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado
y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto
a las heterosexuales.
Tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en
sentencias C-811 de 2007 y C-336 de 2008, en los ámbitos de regulación de las
normas acusadas las parejas heterosexuales y homosexuales tienen necesidades
análogas de protección que consisten en que se reconozca, dentro de los
regímenes de seguridad social, el valor de los proyectos de vida de las parejas
del mismo sexo. El trato discriminatorio al que se ven sometidas las parejas
homosexuales afecta sus derechos a la igualdad, la dignidad humana y la
seguridad social.
Adicionalmente, los demandantes ponen de presente que
en la actualidad existe una diferencia entre el régimen especial de seguridad
social para la Fuerza Pública y el régimen general de seguridad social, derivada
de la jurisprudencia constitucional que, para este último, determinó que los
beneficios consagrados cubrían a las parejas del mismo sexo. Si bien, en
principio, no es posible comparar las prerrogativas entre regímenes, la Corte
Constitucional ha establecido que ello no excluye la posibilidad de que
eventualmente se estudie si la regulación específica de una prestación en
particular puede violar la igualdad, para lo cual ha fijado unos criterios,
cuya aplicación al caso concreto conduce a la conclusión de que la exclusión de
las parejas homosexuales como beneficiarias del régimen de seguridad social de la
Fuerza Pública genera una discriminación con respecto a los afiliados al
régimen general de seguridad social.
De otra parte, los actores señalan que la expresión
“solo cuando la unión permanente sea superior a dos años” contenida en el
literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000 impone una exigencia de tiempo
mínimo para obtener la calidad de beneficiario del compañero permanente
afiliado al régimen de seguridad social de la Fuerza Pública es violatorio del
derecho a la igualdad, por cuanto no exige el mismo tiempo de convivencia a las
parejas unidas en matrimonio.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “grupo familiar” y las relativas a los compañeros permanentes contenidas
en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas
homosexuales del acceso en calidad de beneficiarias al régimen especial de
seguridad social en salud y pensiones para la Fuerza Pública.
De igual forma se solicita que se declare la
inexequibilidad de la expresión “para el caso del compañero(a) solo cuando la
unión permanente sea superior a dos (2) años” contenida en el literal a del
artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, de acuerdo con el precedente sentado en
las sentencias C-521 de 2007 y C-811 de 2007.
2.4.1.2. Cargo contra normas que consagran la prestación
social del subsidio familiar en servicios
Los demandantes consideran que las expresiones acusadas
de los artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982 violan el preámbulo y los
artículos 1, 13, 16 y 48 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que las normas
acusadas no han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
Las normas acusadas consagran el derecho del compañero
permanente del trabajador a acceder al componente de servicios del subsidiso
familiar, con exclusión de las parejas homosexuales, por cuanto tales
beneficios se enmarcan dentro de la concepción de familia. Dado que este trato
diferenciado se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual,
debe someterse al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la
necesidad de que la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente
legítimo e imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce
a la protección de la familia, sino que comprende la corrección de las
desigualdades materiales a través de un mecanismo que pretende equilibrar las
diferencias salariales y la protección de las parejas de los trabajadores a través
de la garantía de acceso a ciertas obras y programas, fines que resultan
aplicables a las parejas del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el
trato desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra
satisfecho porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin
de protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha
protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad,
en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente
mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de
protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a
pesar de los requerimientos análogos de protección que guardan relación con la
importancia del reconocimiento de su proyecto de vida y con la relevancia de
que los compañeros permanentes de los trabajadores de ingresos medios y bajos
puedan acceder a prestaciones especiales. Esta exclusión de las parejas
homosexuales del ámbito de aplicación de las normas acusadas afecta sus
derechos a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la
personalidad y a la seguridad social.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “familiar”, “familia” y “compañero permanente” contenidas en las
normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las parejas del mismo
sexo del subsidio familiar en servicios allí previsto para las parejas
heterosexuales.
2.4.2. Cargos contra normas que consagran subsidios
para el acceso a bienes inmuebles
En este acápite se presentan los cargos contra las
normas que definen a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda y
contra aquéllas del estatuto de desarrollo rural que establecen mecanismos de
acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales.
2.4.2.1. Cargo contra la norma que define los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda
Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas del artículo 7 de la Ley 3 de 1991 violan el preámbulo y los artículos
1, 13, 16 y 51 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que la norma acusada
no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por
lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
La norma demandada define a los beneficiarios del
subsidio familiar de vivienda que, como su nombre lo indica, se articula
alrededor de la noción de familia, con lo que excluye a las parejas
homosexuales de su ámbito de aplicación. Dado que este trato diferenciado se
basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse
al test estricto de proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que
la medida discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e
imperioso, se establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la
protección de la familia, sino que comprende la corrección de las desigualdades
sociales a través del ofrecimiento de sistemas de financiación para la
adquisición de vivienda de interés social, objetivo que cobija a las parejas
del mismo sexo; (ii) respecto del requisito de que el trato desigual sea
adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho porque la
exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de protección a la
familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha protección; y (iii)
tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad, en la medida en que
los costos negativos de la medida son sustancialmente mayores que los
beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de protección de las
parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a pesar de los
requerimientos análogos de protección que guardan relación con la importancia
de que existan mecanismos de financiación que les permitan a las parejas, que
han construido un proyecto de vida en común y tienen carencias económicas,
hacerse a una vivienda.
La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de
aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad
humana, el libre desarrollo de la personalidad y la vivienda digna.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “familiar” y “hogares” contenidas en las normas demandadas sean
interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del subsidio
familiar en vivienda allí previsto para las parejas heterosexuales.
2.4.2.2. Cargo contra las normas que establecen
mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales
Los demandantes aclaran previamente que la formulación
de cargos contra el Estatuto de Desarrollo Rural por excluir de su ámbito de
regulación a las parejas homosexuales no significa que se considere que dicha
norma está conforme a la Constitución Política. Por el contrario, existen
serios reparos tanto de forma como de fondo contra el Estatuto aludido, no
obstante lo cual, como quiera que no han sido resueltos por la Corte
Constitucional por lo que sus normas permanecen dentro del ordenamiento
jurídico, resulta pertinente examinar la constitucionalidad de algunas de sus
normas en términos de la afectación de los derechos de las parejas
homosexuales.
Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas de los artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de 2007
violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 58, 64 y 66 de la Constitución
Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que las
expresiones acusadas contenidas en la Ley 1152 de 2007 no han sido objeto de
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que no opera el
fenómeno de la cosa juzgada.
Las normas acusadas tienen el propósito de crear
condiciones para garantizar el acceso a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios del país, con exclusión de las parejas permanentes del
mismo sexo. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio sospechoso,
cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de
proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la
familia, sino que comprende el objetivo de facilitar a los hogares de escasos
recursos el acceso a la propiedad de la tierra en zonas rurales, reconociendo y
protegiendo los lazos existentes al interior de esos hogares, finalidad que
incluye a las parejas homosexuales; (ii) respecto del requisito de que el trato
desigual sea adecuado y necesario se concluye que no se encuentra satisfecho
porque la exclusión no guarda relación directa ni causal con el fin de
protección a la familia, ni su inclusión implicaría la disminución de dicha
protección; y (iii) tampoco se satisface el requisito de la proporcionalidad,
en la medida en que los costos negativos de la medida son sustancialmente
mayores que los beneficios del trato diferenciado y representan un déficit de
protección de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, a
pesar de los requerimientos análogos de protección que guardan relación con la
necesidad de las parejas campesinas que no son dueñas de tierras y que carecen
de recursos para hacerse a las mismas, de contar con los mecanismos de acceso a
la propiedad consagrados en las normas acusadas.
La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de
aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, al acceso progresivo a la
propiedad de la tierra, a la protección de la función social de la propiedad y
al crédito del trabajador agrario.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que las
expresiones “compañero(a) permanente”, “compañeros permanentes”, “compañero
permanente”, “compañero o compañera permanente”, “familiar”, “familia” y “familiares”
contenidas en las normas demandadas sean interpretadas como que excluyen a las
parejas homosexuales del acceso al subsidio para la compra de tierras y a la
adjudicación de baldíos en áreas rurales para la conformación de Unidades
Agrícolas Familiares allí previsto a favor de parejas heterosexuales.
2.4.3. Cargo contra la norma que define los
beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de
tránsito
Los demandantes consideran que la expresión acusada
del artículo 244 de la Ley 100 de 1993 viola el preámbulo y los artículos 1,
13, 16 y 95 de la Constitución Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que la norma
demandada no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional, por lo que no opera el fenómeno de la cosa juzgada.
La norma demandada indica los beneficiarios de las
indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito con exclusión de los miembros de las parejas
homosexuales. Dado que este trato diferenciado se basa en un criterio
sospechoso, cual es la orientación sexual, debe someterse al test estricto de
proporcionalidad. (i) En relación con la necesidad de que la medida
discriminatoria persiga un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se
establece que el fin de la norma acusada no se reduce a la protección de la
familia, sino que comprende la protección de las parejas permanentes, con
independencia de que sean o no familias, por lo que resultaría necesaria la
inclusión de las parejas homosexuales para cumplir con dicho propósito; (ii)
respecto del requisito de que el trato desigual sea adecuado y necesario se
concluye que no se encuentra satisfecho porque la exclusión no guarda relación
directa ni causal con el fin de protección a la familia, ni su inclusión
implicaría la disminución de dicha protección; y (iii) tampoco se satisface el
requisito de la proporcionalidad, en la medida en que los costos negativos de
la medida son sustancialmente mayores que los beneficios del trato diferenciado
y representan un déficit de protección de las parejas homosexuales con respecto
a las heterosexuales, a pesar de los requerimientos análogos de protección que
guardan relación con la relevancia que tiene para esas parejas que sus vínculos
de solidaridad y afecto sean reconocidos y valorados y que, en consecuencia, se
les atribuyan consecuencias jurídicas concretas.
La exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de
aplicación de la norma acusada afecta sus derechos a la igualdad, a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, así como el principio de
solidaridad.
De acuerdo con los anteriores argumentos, los
demandantes solicitan que se declare que es inconstitucional que la expresión
“el compañero o compañera permanente” contenida en la norma demandada sea
interpretada como que excluye a las parejas homosexuales de la calidad de
beneficiarias de las indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito
propias del SOAT.
2.5. Cargo contra normas de derecho público que
establecen límites al acceso y ejercicio de la función pública y a la celebración
de contratos estatales para las parejas heterosexuales más no para las parejas
del mismo sexo.
Como quiera que en el presente acápite los cargos se
formulan contra normas que establecen prohibiciones y obligaciones, la demanda,
en lugar de demostrar la lesión del derecho a la igualdad de las parejas
homosexuales, buscará comprobar que, a pesar de beneficiar a los homosexuales
al permitirles escapar de importantes restricciones para acceder a y ejercer la
función pública y para participar en la contratación administrativa, tal exclusión
contraría el interés general y los principios de moralidad, eficacia e
imparcialidad administrativas.
Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas de los artículos 14 de la Ley 190 de 1995, 1 de la Ley 1148 de 2007, 8
de la Ley 80 de 1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 283 y 286 de la Ley 5 de
1992, violan los artículos 13, 40, 95, 123, 126 y 209 de la Constitución
Política.
Preliminarmente, los accionantes señalan que el
fenómeno de la cosa juzgada no opera frente a ninguna de las normas cuya
constitucionalita se cuestiona en este acápite de la demanda. En efecto, los
artículos 14 de la Ley 190 de 1995, 1 de la Ley 1148 de 2007, 8 de la Ley 80 de
1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 5 de 1992 no han sido
objeto de pronunciamiento de fondo.
En relación con el artículo 52 de la Ley 190 de 1995,
se pone de presente que si bien la Corte Constitucional se pronunció sobre su
constitucionalidad en la Sentencia C-082 de 1996, lo hizo en relación con
cargos sustancialmente diferentes a los planteados en la presente demanda por
lo que no opera la cosa juzgada. Similar conclusión se tiene respecto del
artículo 283 de la Ley 5 de 1992 que fue analizado en la Sentencia C-985 de
1999 en la que se formularon cargos diferentes al actualmente estudiado, por lo
que procede su estudio por parte de esta Corporación.
Las normas demandadas consagran el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades y las causales de impedimentos y
recusaciones, como medidas de restricción al acceso y ejercicio de la función
pública y la contratación estatal. Tras detallar los contenidos normativos de
las disposiciones acusadas e ilustrar su importancia y justificación a la luz
de la Carta Política, los demandantes concluyen que las razones para
fundamentar las prohibiciones y obligaciones referidas resultan plenamente
aplicables a las parejas del mismo sexo, que se caracterizan por basarse en
vínculos de lealtad, solidaridad, proximidad, intimidad y simpatía y, como tal,
pueden estar igualmente tentadas a favorecer a las personas con quienes los
ostentan, tentación que debe limitarse en aras de preservar el interés general
y los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y selección
objetiva.
Por otra parte, la extensión de las restricciones al
acceso y ejercicio de la función pública y la contratación administrativa a las
parejas homosexuales se justifica en la teoría de la correlatividad entre
derechos y deberes que ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional.
Adicionalmente, resulta claro que la exclusión de las parejas del mismo sexo de
las obligaciones y prohibiciones en referencia es contraria a los derechos de
igualdad y al acceso a funciones y cargos públicos.
Con base en los argumentos referidos, los demandantes
solicitan que se declare que es inconstitucional que las expresiones
“compañero(a) permanente”, “compañeros permanentes”, “compañero o compañera
permanente” contenidas en las normas acusadas, sean interpretadas como que
excluyen a las parejas homosexuales de las prohibiciones y obligaciones allí
impuestas a las parejas heterosexuales.
3.      Competencia de la Corte Constitucional
Los demandantes señalan que esta Corporación es
competente para conocer la acción formulada, en virtud de lo dispuesto en los
numerales 4 y 5 del artículo 241 de la Constitución Política, en atención a que
las normas acusadas hacen parte de leyes o de decretos con fuerza de ley.
4.      Consideraciones de Técnica Constitucional
En este acápite se pretenden enfrentar y resolver las
complejidades de técnica constitucional que presenta la demanda.
4.1. Cuestiones abiertas de técnica constitucional
dejadas por el precedente constitucional en materia de derechos a las parejas
del mismo sexo
Si bien las últimas providencias en materia de
derechos de las parejas homosexuales han arribado a la misma conclusión en el
sentido de declarar la exequibilidad condicionada de las expresiones normativas
que excluyen a estas parejas de su ámbito de aplicación, parecen apoyarse en
consideraciones de técnica diferentes.
En este sentido, se pone de presente que en la
Sentencia C-075 de 2007, el fallo condicionado limitó sus efectos al régimen de
protección de la Ley 54 de 1990 y explicó que para poder analizar los demás
regímenes jurídicos que hacen alusión a la unión marital de hecho debía
integrarse la proposición jurídica completa acusando tanto el artículo 1 de la
Ley 54 como las normas pertinentes del régimen jurídico en cuestión. Sin
embargo, en la Sentencia C-811 de 2007 se declaró la exequibilidad condicionada
de las expresiones “cobertura familiar” y “compañero o compañera permanente”
del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, sin necesidad de integrar la
proposición jurídica con el artículo 1 de la Ley 54.
Por su parte, la Sentencia T-856 de 2007 estableció
que a partir de la Sentencia C-075 de 2007, las figuras de unión marital de
hecho y de compañeros permanentes debían ser interpretadas en el sentido de que
incluyen a las parejas homosexuales, con independencia del régimen jurídico en
el que se encuentran consagradas.
Finalmente, en la Sentencia C-336 de 2008, la Corte
declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones “compañero o compañera
permanente” contenidas en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y ordenó
estarse a lo resuelto en la sentencia C-075 de 2007 en lo referente al artículo
1 de la Ley 54 de 1990, no obstante que esta última norma se demandó para
integrar la proposición jurídica completa.
Esta falta de claridad en materia de técnica
constitucional, exige que se analicen las diferentes posibilidades abiertas por
la Corte, en atención al sustento procedimental de las pretensiones como a la
relación existente entre el artículo 1 de la ley 54 de 1990 y las expresiones
acusadas.
4.2. Sustento procedimental de las pretensiones de la
demanda
En esta sección se presentan las complejidades
técnicas de las normas penales y de las demás demandadas.
4.2.1. Pretensiones de los cargos relativos a las
normas penales que consagran tipos penales
Como se planteó en acápite previo, el análisis de
constitucionalidad de las normas penales plantea problemas relativos a la
competencia del juez constitucional de proferir fallos de inexequibilidad o
exequibilidad condicionada respecto de tipos penales. En este sentido, la pretensión
principal consiste en que se declare la constitucionalidad condicionada de las
normas penales demandadas en el entendido de que no excluyen de su ámbito de
regulación a las parejas homosexuales. La primera pretensión subsidiaria
consiste en que se declare inexequible la interpretación de esas normas según
la cual las parejas del mismo sexo se encuentran excluidas de su ámbito de
aplicación. La segunda pretensión subsidiaria consiste en que se exhorte al
Congreso de la República para que dentro de un término preciso y razonable
adecue los tipos penales consagrados en las normas acusadas a los mandatos
superiores. Finalmente, la tercera pretensión subsidiaria consiste en que se
declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas.
De otra parte, los demandantes solicitan a la
Corporación que se aparte de la posición según la cual los ciudadanos que
presentan acciones de inconstitucionalidad no pueden solicitar en ellas la
declaratoria de exequibilidad condicionada de las normas acusadas, sino
simplemente la declaratoria de inexequibilidad, ya que la Corte es la única
competente para analizar si un condicionamiento tal procede o no. Consideran
que si se admite que la Corte Constitucional es competente para proferir
decisiones de constitucionalidad condicionada, es obvio que también se admita
que el ciudadano pueda solicitárselo en aquéllos eventos en que lo considere
pertinente.
4.2.2. Pretensiones de los cargos relativos a las
demás normas acusadas de esta demanda
Los demandantes, en relación con las demás normas
demandadas, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de ciertos
contenidos materiales asociados a las expresiones acusadas y a las
disposiciones que las contienen, sin definir la técnica de exclusión de dichos
contenidos. A tal declaratoria puede llegarse, bien a través de la constatación
de la existencia de una interpretación que es admitida por el ámbito semántico
de las expresiones demandadas pero que es inconstitucional, o bien por medio de
la constatación de la existencia de una omisión legislativa relativa generada
por las expresiones acusadas.
4.2.2.1. Primera vía de técnica constitucional:
Constatación de una interpretación inconstitucional admitida por el ámbito
semántico de las expresiones demandadas
La primera vía de técnica constitucional se justifica
en atención a que si bien la Corte Constitucional ha realizado un giro en su
jurisprudencia en relación con los derechos de las parejas homosexuales los
efectos de sus fallos se han limitado a los regímenes jurídicos respecto de los
cuales se pronuncia, de suerte que las expresiones compañero permanente se
refieren a uniones heterosexuales, con lo que se excluye a las parejas del
mismo sexo del ámbito de regulación de normas que consagren beneficios a favor
o cargas sobre compañeros permanentes.
Si esta vía fuera escogida por la Corporación, podría
(i) declarar la exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas de
manera que sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que las
disposiciones que las contienen incluyen en su ámbito de aplicación a las
parejas homosexuales, o (ii) declarar la inexequibilidad de la interpretación
de las expresiones acusadas, de conformidad con la cual las disposiciones que
las contienen excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales.
4.2.2.2. Segunda vía de técnica constitucional
posible: Omisión legislativa relativa generada por las expresiones acusadas
La segunda vía de técnica constitucional implicaría la
constatación de la existencia de una omisión legislativa relativa generada por
las expresiones acusadas, generada por el hecho de que, al articularse en torno
a la noción de familia, el ámbito semántico de tales expresiones excluye la
posibilidad de que las disposiciones que las contienen sean aplicadas a las
parejas homosexuales, a pesar de que existe un deber constitucional de
protegerlas.
Si esta fuera la vía elegida por la Corte
Constitucional, la técnica de exclusión del contenido inconstitucional de tales
contenidos materiales que resultaría más adecuada consistiría en la emisión de
una sentencia integradora contentiva de una declaratoria de la existencia de
una omisión legislativa relativa y de una fórmula tendiente a declarar que las
expresiones en cuestión solo son constitucionales en el entendido de que las
disposiciones que las contienen incluyen en su ámbito de aplicación a las
parejas del mismo sexo.
4.3. Relación entre el artículo 1 de la Ley 54 de 1990
y las expresiones acusadas en la demanda
En esta acción de inconstitucionalidad no se demandó
el artículo 1 de la Ley 54 de 1990 porque, si bien en la Sentencia C-075 de
2007 se estableció la necesidad de integrar al régimen jurídico concreto en el
que se excluyen las parejas homosexuales dicha disposición, en providencias
ulteriores parece haberse abandonado tal criterio. Sin embargo, si la Corte
Considera que es necesario proceder como fue referido en la Sentencia aludida,
se solicita que las normas acusadas se analicen en conjunto con dicha
disposición.
IV.    INTERVENCIONES
1.      Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
El Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural intervino en el proceso de la referencia para
solicitar a la Corporación que rechazara las pretensiones de la demanda en lo
que guarda relación con la Ley 1152 de 2007 o Estatuto de Desarrollo Rural, de
suerte que las normas acusadas se declaren exequibles.
El Ministerio aduce que los demandantes parten de una
interpretación errada de las normas acusadas al considerar que las expresiones
“cónyuge y compañero/a permanente”, “familia” y “familiar”, en ellas
consagradas, excluyen a las parejas homosexuales del acceso a subsidios para la
compra de tierras y la adjudicación de bienes baldíos, cuando ni el legislador
persiguió tal exclusión, ni a la Administración le es dado excluir un sector
poblacional del acceso a tales beneficios.
En este sentido, el interviniente precisa que no ha
sido voluntad del legislador que las expresiones compañero o compañera
permanente excluyan a la población homosexual, menos aún cuando la Corte
Constitucional ha extendido los beneficios económicos reconocidos a favor de
los compañeros permanentes a aquéllos del mismo sexo que cumplan con los
requisitos de la Ley 54 de 1990 para acceder al estatus de unión marital de
hecho.
Por otro lado, en relación con el concepto de unidad
agrícola familiar, precisa que en derecho agrario la expresión familia no
implica de suyo la necesidad de tener prole por parte de una pareja y no guarda
relación con la tendencia sexual de los postulantes al subsidio, sino que se
trata de un criterio técnico objetivo con base en el cual se determina el monto
del subsidio estatal y el número máximo de hectáreas de tierra a subsidiar, que
si bien se soporta en la definición de familia contenida en el artículo 42
constitucional, no excluye per se la posibilidad de incluir parejas del
mismo sexo como adjudicatarias de los beneficios.
2.      Ministerio de Relaciones Exteriores
El 24 de junio de 2008, el Ministerio de Relaciones
Exteriores intervino en el proceso de la referencia, respecto de las normas
demandadas que se relacionan con asuntos de especial interés para tal entidad,
como son el artículo 5 de la Ley 43 de 1993 y los artículos 2-d y 3-a del
Decreto 2762 de 1991.
Como quiera que los demandantes pretenden que la
expresión “compañeros permanentes”, contenida en las normas acusadas, comprenda
a las parejas del mismo sexo, el interviniente se refiere al concepto de
familia consagrado en la Constitución Política, que implica necesariamente su
integración por vínculo de carácter heterosexual, con el fin de poner de
presente que el examen de constitucionalidad que se despliegue sobre las mismas
deberá tener en cuenta el amparo constitucional que se brinda a la institución
familiar.
En este sentido, el Ministerio refirió la Sentencia
C-814 de 2001 en la que se estableció que la opción del constituyente de
proteger a la familia monogámica y heterosexual no tiene el alcance de
discriminar a quienes deciden mantener una relación homosexual y la Sentencia
T-725 de 2004, en la que la Corte reiteró dicha posición en el caso del régimen
especial de control de densidad poblacional del archipiélago de San Andrés.
Finalmente pone de presente que el artículo 13
constitucional proscribe la discriminación por razones de sexo, tal disposición
tiende a evitar desigualdades e inequidades que se generen en virtud del sexo,
entendido éste, como el género al cual pertenece cada persona y no a su
condición sexual.
3.      Ministerio de la Protección Social
El 24 de junio de 2008, el Ministerio de la Protección
social intervino en el presente proceso de constitucionalidad respecto de las
normas en las que tiene injerencia o competencia.
Preliminarmente el interviniente (i) destaca el
carácter de servicio público y derecho prestacional de la seguridad social,
(ii) revisa la jurisprudencia constitucional en la que se ha puesto de presente
la necesidad de que el legislador se ocupe dentro del poder configurativo que
le asiste, de regular el tema de las parejas homosexuales atendiendo a los
principios constitucionales, y (iii) da cuenta de las Sentencias C-811 de 2007
en la que la cobertura familiar del régimen de salud se declaró exequible en el
entendido de que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a
las parejas del mismo sexo y C-075 de 2007 en la que se declaró la
exequibilidad condicionada de la Ley 54 de 1990 bajo el entendido de que el
régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas
homosexuales.
Conforme a lo anterior, el Ministerio de la Protección
Social señala que la actual legislación no contempla la posibilidad de que los
miembros de parejas homosexuales reclamen beneficios como compañeros
permanentes de la víctima con cargo a la subcuenta ECAT del Fosyga, por cuanto
la cuantificación económica y las implicaciones presupuestales dependen del
número de parejas y de la probabilidad de siniestro de esta población, de
manera que de existir el derecho para que estas parejas accedan a los
beneficios de dicha subcuenta, el Ministerio adelantaría los trámites
pertinentes para tal efecto.
Por otra parte, señala que si bien el desarrollo
legislativo de la materia ha estado ligado al concepto de familia, la Corte
Constitucional ha establecido que el legislador debe ocuparse de reglamentar el
acceso a los derechos que constitucionalmente tienen las parejas homosexuales,
sin modificar el concepto de familia.
El interviniente aduce que las normas demandadas
consagran medidas de protección social que procuran la mejora en las
condiciones de vida de las parejas, redundan en menores conflictos sociales y
reducen la posibilidad de acudir a la asistencia social. De esta manera, en el
marco de un Estado pluralista deben garantizarse las condiciones de igualdad a
todos sus afiliados, indistintamente de su orientación sexual y promoverse
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, de suerte que existen
argumentos suficientes para apoyar la demanda, independientemente de las
consideraciones económicas.
Así, el Ministerio concluye que desde la perspectiva
de la protección social, la demanda de inconstitucionalidad en relación con la
norma demandada procura mitigar los riesgos y proteger los derechos de los
miembros de las parejas del mismo sexo, de igual forma que se protegen para las
parejas heterosexuales.
4.      Ministerio de Defensa Nacional
El 24 de junio de 2008, el Ministerio de Defensa
Nacional intervino en el proceso de la referencia para defender la
constitucionalidad de las normas que guardan relación con su misión
constitucional.
Tras referir el fundamento constitucional de las
competencias del Congreso y la Presidencia de la República para expedir las
normas demandadas, el Ministerio señala que, contrario a lo establecido por los
demandantes, aquéllas no violan preceptos constitucionales, sino que, por el
contrario, lo que pretenden es definir y conformar un sistema normativo acorde
con los fines del Estado y fijar parámetros para que las actuaciones de las
autoridades cumplan su misión institucional, respetando los derechos humanos,
el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y los tratados
internacionales.
En relación con las disposiciones acusadas de la Ley
923 de 2004, el Ministerio de Defensa Nacional, refirió sus antecedentes
legislativos, su objeto de regulación, sus características principales y la
jurisprudencia constitucional sobre la materia para resaltar el carácter
especial del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
fuerza pública y con el fin de destacar que dicha especialidad, de ninguna
manera, viola el principio de igualdad.
Respecto de la presunta inconstitucionalidad del
Decreto Ley 1795 de 2000, por la exclusión de los compañeros permanentes del
mismo sexo de los beneficios del régimen de salud de las fuerzas militares y de
la policía nacional, el interviniente aduce que las expresiones acusadas se
ajustan a la Constitución Política y que son desarrollo de la amplia
discrecionalidad del legislador para definir los beneficiarios de dicho sistema
especial de salud cuya implementación, no obstante perseguir la cobertura
universal, es de carácter progresivo y programático por lo que la delimitación
del grupo de beneficiarios realizado en la norma censurada se ajusta a los
principios constitucionales, por no haber recurrido a criterios
discriminatorios que afecten otros derechos fundamentales.
Por otro lado, el Ministerio señala que la moral
social constituye un objeto jurídico protegido y un referente válido de
interpretación legal y jurisprudencial, que justifica que en el ámbito
castrense se elevara a la categoría de falta la ejecución de actos inmorales.
Finalmente, el interviniente sostiene que la cobertura
familiar del régimen de seguridad social en salud responde a la noción de
familia establecida en la Carta Política, que excluye, de suyo, a las parejas
homosexuales, de suerte que las normas acusadas en lugar de contrariar la
Constitución, son desarrollo de sus principios esenciales y hacen parte de la
amplia libertad de configuración legislativa del Congreso.
5.      Fiscalía General de la Nación
El Fiscal General de la Nación intervino en el
presente proceso de constitucionalidad, en relación con las normas relacionadas
con la actividad desarrollada por la institución que representa.
En primer lugar, señaló que las disposiciones
demandadas que hacen alusión a los conceptos de compañero o compañera
permanente, familia o pariente deben ser declarados exequibles, como quiera que
se trata de ingredientes normativos que remiten a términos y definiciones
establecidos en otros textos del ordenamiento jurídico, técnica legislativa que
se explica en la necesidad de obviar reiteraciones, de facilitar la
inteligibilidad de las normas y de permitir la actualización de los preceptos
jurídicos cuando conceptos ajenos a ellos sufren modificaciones.
En este sentido, como quiera que la Corte
Constitucional ha avanzado en la inclusión de las parejas homosexuales en la
noción de compañeros permanentes, cualquier remisión que las normas penales
hagan a tal concepto debe ceñirse a la interpretación obligatoria ordenada por la
Sentencia C-075 de 2007, sin que se comprometa su exequibilidad.
Por otro lado, en lo que guarda relación con los
cargos imputados al artículo 233 del Código Penal, respecto de la inasistencia
alimentaria, la Fiscalía decidió no pronunciarse por cuanto la determinación de
si existe deuda de alimentos entre compañeros permanentes homosexuales se trata
de un asunto eminentemente civil, que escapa de los asuntos que atañen a dicha
institución.
6.      Defensoría del Pueblo
Tras referir algunos elementos de técnica
constitucional e indicar el precedente jurisprudencial sobre la protección de
los derechos de las parejas del mismo sexo, la Defensoría procede al análisis
de las normas acusadas en concreto.
En relación con aquéllas que consagran derechos
civiles y políticos para las parejas heterosexuales con exclusión de las
homosexuales, solicitan a la Corte Constitucional acceder a lo pretendido por
los demandantes, excepto en lo que guarda relación con: (i) las expresiones
“familia” y “familiar” contenidas en el inciso primero y en el literal b del
artículo 4 de la ley 70 de 1931 y en el artículo 1 de la Ley 258 de 1996, que
deben ser declaradas exequibles por esta Corporación, sin que ello afecte la
conclusión sobre la necesaria extensión de los efectos de dichas normas a las
parejas homosexuales como quiera que el legislador tuvo como propósito proteger
los vínculos de solidaridad y afecto creados por las uniones de compañeros
permanentes; (ii) el término de dos años establecido en el artículo 12 de la
Ley 258 de 1996, que debe ser declarado exequible en atención a que la sujeción
a dicho plazo para dar aplicación al beneficio de la afectación a vivienda
familiar está relacionado con la protección del régimen económico de las
uniones de hecho consagrado en la Ley 54 de 1990, respecto del cual la Corte
Constitucional estableció que dicho plazo era razonable.
Respecto de las normas sancionatorias y preventivas de
delitos y faltas que excluyen a las parejas homosexuales de las garantías y
cargas allí consagradas, la Defensoría: (i) avala que se declare la
inexequibilidad de las expresiones demandadas que consagran la garantía de no
incriminación, en reconocimiento de la legitimidad del proyecto de vida en
común entre personas homosexuales; (ii) encuentra válida la pretensión de
inconstitucionalidad de las expresiones acusadas que posibilitan prescindir de
la acción penal, en desarrollo de los principios pro libertatis y de
favorabilidad, con el fin de no hacer más gravosa la situación del procesado y
de atenuar los efectos negativos que conllevaría la imposición de una sanción
penal para la solidez y estabilidad de los lazos afectivos de parejas
homosexuales; (iii) coadyuva las peticiones de inconstitucionalidad sobre las
expresiones de las normas demandadas que establecen circunstancias de
agravación punitiva, en atención a la confianza y apoyo mutuos que sustentan
las uniones del mismo sexo; (iv) apoya las pretensiones en relación con el
delito de inasistencia alimentaria en la medida en que al tenerse a los
miembros de parejas homosexuales como obligados a dar alimentos según el artículo
411 del Código Civil, deben tenerse como sujetos pasivos de dicho punible; (v)
respalda la acusación en relación con la posibilidad de que los miembros de
uniones homosexuales ejerzan la guarda y tutela de los bienes de su pareja, por
cuanto resulta una consecuencia lógica de la vigencia de la Ley 54 de 1990 y la
sentencia C-075 de 2007. En consecuencia, coadyuva la pretensión de que
aquéllos sean sujetos del delito de malversación y dilapidación de bienes
familiares, y (vi) considera válida la pretensión de inclusión de las parejas
homosexuales en las normas relativas a la violencia intrafamiliar.
Por otra parte, la Defensoría refiere que la
protección a las parejas homosexuales se puede lograr sin que sea necesario
declarar la inexequibilidad de las expresiones relativas a la familia y al
grupo familiar, que deben ser tenidas como exequibles.
En relación con las normas que consagran derechos para
los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces y que excluyen
de su titularidad a las parejas del mismo sexo la Defensoría del Pueblo
coadyuva la demanda, al considerar que la unidad normativa conformada por la
expresión “compañero permanente” con el sentido y alcance del artículo 1 de la
Ley 54 de 1990, en el sentido de asociar a tal noción el carácter heterosexual,
afecta la dignidad humana, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad
de las parejas homosexuales.
En relación con las normas que consagran prestaciones,
subsidios y medidas indemnizatorias de carácter social a favor de las parejas
heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales, la Defensoría
coadyuva la demanda, toda vez que es posible constatar una ausencia de
reconocimiento jurídico en las materias específicamente reguladas en las normas
demandadas, situación que constituye una violación del deber constitucional de
otorgar un mínimo de protección de la uniones homosexuales, derivado de los
requerimientos análogos de protección.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo comparte las
razones y pretensiones de la demanda en relación con los cargos formulados
frente a las normas de derecho público que establecen límites al acceso y
ejercicio de la función pública y a la celebración de contratos estatales, para
lo cual realizan unas consideraciones adicionales en torno al derecho a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.
7.      Personería de Bogotá
La personería de Bogotá coadyuvó la demanda de
inconstitucionalidad bajo la consideración de que debe declararse la
inexequibilidad de las normas que excluyen de su ámbito de aplicación a las
parejas del mismo sexo, a pesar de que estas presenten necesidades análogas de
protección que las parejas heterosexuales, con lo que se genera un déficit de
protección vulneratorio de los derechos a la igualdad, la dignidad humana y el
libre desarrollo de la personalidad.
8.      Academia Colombiana de Jurisprudencia
Carlos Fradique-Méndez, miembro de número de la
Academia de Jurisprudencia intervino en el proceso de la referencia para
solicitar a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de las normas
acusadas, sin ninguna modulación, para lo cual, preliminarmente, refiere
apartes del trabajo “la familia frente a la ley y la vida” en relación con el
concepto de familia en la Constitución colombiana, la constitución de la
familia y las clases de matrimonio (matrimonio ceremonia y matrimonio
consensual) para concluir que la unión marital de hecho es un verdadero
matrimonio.
De otro lado, precisa que la unión marital de hecho
sólo puede ser conformada por un hombre y una mujer, porque para que dicha
unión tenga reconocimiento según la Ley 54 de 1990 no puede haber impedimento
legal para contraer matrimonio. Así las cosas, como quiera que en la pareja
formada por dos hombres o dos mujeres existe impedimento no saneable para
contraer matrimonio, no es posible aplicarle los efectos de dicha ley.
El interviniente señala que todas las sociedades
constituidas como Estados deben someterse a unas limitaciones y reglas de
convivencia, que en un momento determinado pueden resultar caprichosas para
ciertas concepciones políticas. En este sentido, Colombia es respetuosa de la
condición homosexual pero su Constitución no permite reconocer legalmente
derechos civiles y familiares a las parejas del mismo sexo.
Las sentencias de la Corte Constitucional en las que
se extienden los efectos patrimoniales reconocidos a las parejas heterosexuales
a aquéllas del mismo sexo, han sido divulgadas de manera inapropiada y se
invocan como precedente constitucional para reclamar derechos familiares,
políticos y civiles que son propios, según el ordenamiento constitucional,
exclusivamente de las parejas heterosexuales.
El interviniente advierte que en la demanda se
pretende el reconocimiento a las parejas homosexuales de los mismos efectos
civiles, familiares y políticos que la Constitución y la Ley reconocen a las
parejas heterosexuales y, de paso, se promueve una modificación del artículo 42
de la Constitución Política para incluir a la pareja homosexual en la noción de
familia a través del matrimonio consensuado y se apuesta para que la Corte
Constitucional asuma las funciones del legislador y extienda tales derechos a
las parejas homosexuales.
9.      Universidad de los Andes
9.1.   Facultad de Derecho
La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
rindió concepto sobre las normas acusadas en defensa del argumento de que la demanda
formulada se justifica desde una perspectiva constitucional comparada ya que se
encuadra dentro de los más recientes desarrollos adelantados por otras Cortes
alrededor del mundo.
En este sentido, el interviniente ilustró la tendencia
de los jueces internacionales de emplear el análisis comparativo en materia
constitucional, con el fin de poner de presente que existe un consenso
internacional a favor del reconocimiento de derechos a las minorías
pertenecientes al grupo LGBT, al cual ha adherido la Corte Constitucional a
través de las últimas providencias sobre la materia, de manera que un fallo en
el sentido solicitado por los demandantes resulta imperioso para que la
Corporación continúe participando del consenso al que hasta el momento ha
llegado la comunidad global judicial en materia de protección de ciertos
derechos básicos de parejas del mismo sexo.
9.2.   Centro de Investigaciones Socio-jurídicas de la
Facultad de Derecho –CIJUS-
El 10 de junio de 2008, miembros del CIJUS
intervinieron en el proceso de la referencia con el propósito de apoyar la
demanda y solicitar a la Corporación que declare no ajustadas a la Constitución
las disposiciones acusadas.
Sustentan su posición en el hecho de que las normas
demandadas excluyen a las parejas homosexuales de los beneficios concedidos a
aquéllas heterosexuales, situación contraria a fines constitucionalmente
importantes como la protección del derecho a la igualdad y la no
discriminación, el respeto por la dignidad humana y la salvaguarda del derecho
al libre desarrollo de la personalidad.
Dicha exclusión además de inadecuada e innecesaria
para lograr la protección de la familia heterosexual, resulta desproporcionada
dado el déficit de protección que representa para las parejas del mismo sexo.
De acuerdo con el precedente de la Corte
Constitucional, tanto las parejas homosexuales como las heterosexuales tienen
necesidades análogas de protección y a ellas deben asignarse los mismos
derechos y obligaciones, por lo que el juez constitucional se encuentra
obligado a revisar las normas demandadas que siguen vigentes en el ordenamiento
jurídico e implican una exclusión desproporcionada de las parejas del mismo
sexo.
10.    Amicus Curiae
10.1. Asociación Española para el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos –AEDIDH-
El 16 de julio de 2006 el ciudadano Carlos Gaviria
Díaz presentó a consideración de la Corte el amicus curiae de la AEDIDH,
en el que, inicialmente, se ilustran algunos instrumentos internacionales como la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos los Principios de
Bangalore sobre la Conducta Judicial, con el fin de ilustrar que en el derecho
internacional de los derechos humanos rigen los principios de igualdad y de no
discriminación como principios rectores del respeto y disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, de manera que los Estados Miembros de
las organizaciones internacionales se comprometen a adoptar medidas para su
efectiva realización.
Posteriormente, la AEDIDH presenta las observaciones
generales, los dictámenes y las observaciones finales de los Comités de las
Naciones Unidas en relación con la protección de la orientación sexual de los
individuos en el marco de la garantía de los derechos a la salud, al trabajo y
a la seguridad social, con exclusión de cualquier forma de discriminación.
Finalmente, el interviniente pone de presente la
obligación de adoptar medidas para cumplir las obligaciones internacionales que
asiste al Estado colombiano en atención a lo dispuesto en el Proyecto de
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos aprobado por la Comisión de Derecho Internacional, en la Observación
General No. 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con base en los instrumentos internacionales citados y
en las obligaciones que de ellos se derivan en materia de protección de la
orientación sexual y la igualdad de todas las personas la AEDIDH solicita a la
Corte que examine la conformidad de las normas de derecho interno colombiano
con los estándares o principios internacionales, de manera que las parejas del
mismo sexo vean realizadas efectivamente sus aspiraciones.
10.2.
Human Rights Watch
Juliana Cano Nieto presentó a consideración de la
Corte el amicus curiae preparado por la organización Human Rights Watch
en apoyo de la demanda de constitucionalidad bajo estudio.
Señala la interviniente que en aplicación del artículo
93 de la Constitución Política, la Corte Constitucional debe tener en cuenta
los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y las
decisiones y determinaciones que adopten los órganos encargados de supervisar
la implementación de esos tratados.
En tal sentido, señala que de acuerdo con el Comité de
Derechos de Naciones Unidas el principio de no discriminación, contemplado en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprende la
discriminación con motivo de la orientación sexual, de modo que corresponde al
Estado adoptar las medidas legales o administrativas tendientes a asegurar el
acceso, en igualdad de condiciones, a la seguridad social y a otras medidas de
protección.
10.3.
Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos.
Sandra Montealegre presenta a esta Corporación el amicus
curiae propuesto por Marina Bernal, Coordinadora de Advocacy de MULABI en
apoyo de la demanda de constitucionalidad referida.
Luego de un análisis general de la violencia
intrafamiliar en Latinoamérica, la interviniente manifiesta que esta
problemática se ve incrementada en países como Colombia, donde la legislación
excluye del concepto de familia a las parejas del mismo sexo, haciendo difícil
controlar dicho fenómeno en ese grupo poblacional y, por contera, tomar las
medidas necesarias para restablecer los derechos de la persona agredida.
Así mismo, considera que existe un problema de
estigmatización de violencia como característica propia de relaciones
homosexuales, prejuicio que encuentra sustento en la vergüenza y rechazo que
produce esa orientación sexual y que a su vez impulsa a la persona a un
autoexilio en comunidades donde se presenta la fragilización de las redes
sociales de apoyo empeorando aún más la situación.
10.4. Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina.
Rodolfo Arango Rivadeneira presenta a la Corporación
el escrito amicus curiae de la ADC de Argentina, en el que respalda la
acción formulada por los demandantes de la referencia.
Quien interviene aduce que las disposiciones acusadas
son incompatibles con el derecho al tratamiento igualitario reconocido en los
artículos 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que
éstas presumen la invalidez de aquellas normas que fijen distinciones entre las
personas en razón de su orientación sexual. Por tal motivo, manifiesta que el
Estado debe abstenerse de realizar cualquier tipo de acción que genere
situaciones de discriminación, lo que implica la imposibilidad de invocar
normas nacionales, aún de carácter constitucional, para sustraerse de
obligaciones derivadas del derecho internacional y de los tratados vigentes
(Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 27).
10.5. Comisión Internacional para los Derechos Humanos de Gays y
Lesbianas (IGLHRC).
María Mercedes Gómez García presenta a consideración
de la Corte el amicus curiae preparado por la Comisión Internacional
para los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas en ayuda de la demanda de
inconstitucionalidad formulada por Rodrigo Uprimny Yepes, Marcela Sánchez
Buitrago y otros.
Con sustento en los Principios de Yogyakarta sobre la
Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la
Orientación Sexual y la Identidad de Género, la interviniente manifiesta que
existen diferentes configuraciones de familias y que ninguna de ellas puede ser
sujeto de discriminación por razón de la orientación sexual o  identidad de
género.
Así, asegura que los principios mencionados instan a
los Estados a adoptar las medidas legales, administrativas o de cualquier
índole, tendientes a garantizar la no discriminación por la orientación sexual
de la persona y a ampliar las medidas de protección diseñadas para las parejas
de sexos opuestos que no están casadas a aquellas formadas por personas del
mismo sexo.
La IGLHRC, a través del Coordinador del Programa para
América Latina, Marcerlo Ferreyra, indica que la Organización de Estados
Americanos ha mostrado preocupación para la situación de violencia y maltrato
que sufren los individuos como consecuencia de su orientación sexual y que,
asimismo, los Estados miembros de la OEA han realizado avances en la protección
de los derechos humanos de ese grupo poblacional, para lo cual cita múltiples
ejemplos legislativos y jurisprudenciales de países como Colombia, Argentina,
Brasil y Uruguay entre otros.
Finalmente, se hace hincapié en que aspectos de la
demanda que actualmente cursa ante la Corte Constitucional, como derechos
civiles y políticos, prestacionales y sociales y el ejercicio de funciones
públicas tienen antecedentes favorables en el ordenamiento jurídico de varios
países de la región en donde se ha concluido que no aparecen razones lícitas
para establecer una diferenciación entre las parejas homosexuales y
heterosexuales.
10.6. Conectas Derechos Humanos - Organización Brasileña No Gubernamental
Esteban Restrepo Saldarriaga introduce a esta
Corporación el escrito de amicus curiae propuesto por CONECTAS DERECHOS
HUMANOS en apoyo de la demanda de constitucionalidad referida.
Con base en el derecho comparado (Brasil, Sudáfrica y
EE.UU – California), la organización Conectas solicita a esta Corporación
reconocer  a las parejas homosexuales los mismos derechos de las parejas
heterosexuales.
10.7. Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos –CLAM-
La Escuela de Estudios de Género de la Universidad
Nacional de Colombia presentó el Amicus Curiae del CLAM en el que se exponen
los resultados de una encuesta diseñada para conocer las características de la
población de gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas de siete ciudades
sudamericanas, en punto de sus relaciones conyugales actuales. Según la
encuesta, un gran porcentaje de consultados afirmó tener relaciones estables
con personas del mismo sexo, de carácter público y meritorias de protección
jurídica y, adicionalmente, el 58% de las uniones homosexuales eran superiores
a un año. De esta forma, las parejas del mismo sexo constituyen una realidad
concreta que debe ser objeto de garantías jurídicas y de políticas de
reconocimiento, por lo que se solicita la equiparación de sus derechos a los de
las parejas heterosexuales.
11. Intervención de Organizaciones
11.1.    Women’s Link Worldwide
La organización Women’s Link Worldwide intervino en el
proceso de la referencia para poner de presente cómo la jurisprudencia y los
tratados internacionales han desarrollado los principios de igualdad y de no
discriminación, de manera que se ha recomendado a los Estados Miembros la
eliminación de las discriminaciones basadas en la orientación sexual de las
personas. De esta forma, solicita a la Corte Constitucional que conceda en su
totalidad las pretensiones de la demanda, por cuanto resulta fundamental que
esta Corporación elimine la discriminación contra las parejas del mismo sexo
contenida en las disposiciones acusadas.
11.2.    Corporación Transparencia por Colombia
La Corporación intervino en el proceso de la
referencia con el propósito de coadyuvar la demanda, en lo que guarda relación
con las normas que establecen límites al acceso y ejercicio de la función
pública y a la celebración de contratos estatales para las parejas
heterosexuales.
El interviniente señala que dichas normas procuran la
prevención de riesgos de corrupción y preservan el interés general y los
principios de moralidad, eficacia e imparcialidad administrativas. Por lo
tanto, considera primordial que los efectos de las normas demandadas se
extiendan a las parejas homosexuales, porque, de lo contrario, se crearía un
privilegio a favor de los servidores públicos o contratistas del Estado que
tienen una pareja del mismo sexo, quienes quedarían eximidos del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades.
11.3. Centro Comunitario LGBT
El Centro Comunitario apoya las pretensiones de la
demanda de la referencia, por considerar relevante que la Corte Constitucional
amplíe el marco de derechos que tienen las parejas del mismo sexo.
Concretamente, en lo que guarda relación con el deber de prestar alimentos
consagrado en el Código Civil, los requisitos para obtener la nacionalidad
colombiana y la definición de los beneficiarios del régimen especial de salud y
pensiones para los miembros de la fuerza pública, el interviniente aduce que la
ampliación de estos regímenes jurídicos a las parejas homosexuales es
importante para garantizar la subsistencia de sus miembros, la protección de
sus lazos de solidaridad y sus derechos a la igualdad, la dignidad y el libre
desarrollo de la personalidad.
11.4. Centro de Investigación y Educación Popular
–CINEP-
El CINEP apoya las peticiones formuladas en la demanda
de inconstitucionalidad en consideración de que la discriminación a la
población LGBT constituye una grave situación que debe ser abordada por la
Corte Constitucional para reparar la lesión a los derechos a la igualdad y la
dignidad humana que representa, conforme a los tratados internacionales
suscritos por Colombia que lo obligan a garantizar el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales a todas las personas sin ningún tipo de
discriminación.
12. Intervención Ciudadana
12.1. Los ciudadanos Claudia Marysol Buitrago Saavedra, Marlen Johann Leudo
Román, Ana Dolores Saavedra Leudo, María Teresa Buitrago Saavedra, Cristina
Buitrago Saavedra, Liliana Silva Salazar, y las organizaciones Colectivo León
Zuleta, Grupo Ciudadano Gay Proyecto Social y Político, Corporación Ecológica y
Cultural Penca de Sábila, Sisma Mujer, Fundación Procrear, Comisión Colombiana
de Juristas, Mesa de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de Bogotá,
Corporación Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir de Colombia, Santamaría
Fundación GLTB, Grupo Mujeres al Borde, Grupo Colectivo Sentimos Diverso,
Corporación Promover Ciudadanía, Corporación Derechos para la Paz, Grupo
Mujer-es Diversidad, ONG Fundación Diversidad, Grupo Bogotá Neo Queer Rockers,
Corporación DeGeneres-E, Grupo Comunidad del Discípulo Amado, Grupo Colectivo
Miau Underground, Asociación Líderes en Acción, Grupo Interdisciplinario de
Estudios de Género y Sexualidad, Fundación Centro de Desarrollo Social,
Fundación Flamingo, Colectivo Tinkú, Fundación Habitat, Corporación Paz Activa,
Red Nacional de Mujeres, Grupo LGBT de Pereira, Círculo LGBT Uniandino, Grupo
Iglesia Cristiana La Puerta, Grupo de Mamás Lesbianas, Grupo de Estudios de
Género y Sexualidad se adhirieron a los cargos formulados en la presente
demanda de inconstitucionalidad por considerar que en el ordenamiento jurídico
colombiano se presenta una ausencia de protección de las parejas del mismo sexo
en materias penales, de derechos de las víctimas, de beneficios sociales y de
derechos civiles y políticos.
12.2. El ciudadano Jorge Eliécer Cáceres Sepúlveda coadyuvó la demanda de
inconstitucionalidad, al considerar que la exclusión que las normas acusadas
hacen de las parejas homosexuales es contraria a la Carta Política. En efecto,
el interviniente aduce que la Corte Constitucional ha abierto un espacio
importante para el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo
sexo, y que las normas acusadas lesionan sus derechos de igualdad, dignidad
humana y libre desarrollo de la personalidad, al truncar sus proyectos de vida
común. Adicionalmente, refiere que la protección de las parejas homosexuales no
representa disminución en las garantías de efectividad de los derechos de las
parejas heterosexuales.
12.3. El ciudadano José Miguel Rojas Vargas intervino en el proceso de la
referencia para apoyar la presente demanda conforme a la consideración de que la
Corte Constitucional ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los
homosexuales, con lo que se procura la materialización del derecho de todas las
personas de amar y ser amado.
12.4. Los ciudadanos Elver Yuber Mancipe Cuervo y Cristian David Páez Páez
coadyuvaron la demanda de inconstitucionalidad al considerar que las normas
acusadas desconocen los principios de igualdad, dignidad y el derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
12.5. El ciudadano Mauricio Alejandro Rojas Pesca intervino en el proceso de
la referencia para coadyuvar la demanda, bajo el entendido de que las normas
censuradas violan los derechos a la igualdad, la dignidad humana, el libre
desarrollo de la personalidad, el mínimo vital, la salud y los derechos
patrimoniales de las parejas homosexuales.
12.6. Los ciudadanos Lina Quiroga Vergara y Juan Pablo Muñoz señalan que en
un Estado pluralista como el colombiano, los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la igualdad y a la dignidad se manifiestan en el derecho a la
sexualidad. Sin embargo, hasta el año 2007 no existían instrumentos normativos
concretos que materializaran tales derechos, de suerte que las parejas
homosexuales eran destinatarias de regímenes jurídicos discriminatorios. A
partir de la Sentencia C-075 de 2007 se modificó tal panorama, incluyendo
dentro de la noción de compañeros permanentes a las parejas homosexuales. Si
bien de dicha providencia se desprende que todas las normas del ordenamiento
jurídico que hagan alusión a la unión marital de hecho o a los compañeros
permanentes deben interpretarse como que incluyen a las parejas homosexuales,
la confusión creada por los límites impuestos en la misma sentencia a los
efectos patrimoniales de la unión libre y la continuada práctica de
discriminación en los demás regímenes jurídicos, demanda un pronunciamiento
integrador por parte de la Corte Constitucional en los términos solicitados en
la demanda.
12.7. Los ciudadanos Wilson Javier Vargas Leyva, Yamil Andrés Lima Mora,
Johnatan Javier Otero, Oscar Fabián Suárez Silva y Edwin Alirio Trujillo
Cerquera, como miembros del Grupo Investigativo de Intervención Social de la
Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana de Neiva, coadyuvaron la
demanda en lo que guarda relación con los cargos formulados contra las normas
que regulan el patrimonio inembargable de la familia, la afectación a la
vivienda familiar, la obligación de prestar alimentos y el delito de
inasistencia alimentaria, con base en los argumentos presentados en la demanda,
que se sintetizan en las necesidades análogas de protección de las parejas
homosexuales y las heterosexuales, de suerte que la discriminación de las
primeras comporta un déficit de protección censurable constitucionalmente.
Adicionalmente, los intervinientes destinan un acápite a la presentación del
derecho internacional y comparado con respecto a los derechos de las parejas
homosexuales.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante Concepto No. 4609 del 11 de septiembre de
2008, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales rindió concepto
sobre el proceso de la referencia, por designación realizada por el Procurador
General de la Nación mediante Resolución No. 393 del 9 de septiembre de 2008,
al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación,
en Auto del 23 de julio del mismo año.
Antes de abordar el problema jurídico que se desprende
de la demanda de inconstitucionalidad, la Procuradora Auxiliar para Asuntos
Constitucionales refirió la jurisprudencia constitucional en relación con la
protección de los derechos de las parejas del mismo sexo. En este sentido,
señaló que en distintas providencias de tutela y de constitucionalidad la Corte
Constitucional ha reconocido el derecho a la libre opción sexual como
manifestación del libre desarrollo de la personalidad y de la prohibición de
discriminación por motivos de sexo.
De igual forma, el Ministerio Público hizo amplia
referencia a los fundamentos de la Sentencia C-075 de 2007 en la que la Corte
Constitucional declaró condicionalmente exequibles algunas disposiciones de la
Ley 54 de 1990 en materia del reconocimiento de efectos patrimoniales a las
uniones de hecho, extendiendo su alcance a las parejas homosexuales.
Por otra parte, la Procuradora refirió que en
conceptos anteriores se ha precisado que el reconocimiento de derechos y
deberes de las parejas homosexuales desarrolla la proscripción de cualquier
forma de discriminación consagrada en el artículo 13 constitucional. En este
sentido, concluye que la discriminación en razón de la orientación sexual de la
persona resulta contraria a la dignidad humana, principio que se erige en pilar
fundamental del Estado colombiano.
De esta manera, la Vista Fiscal reitera la necesidad
de que el Estado adopte medidas adecuadas y efectivas para garantizar a todas
las personas, en general, el ejercicio de la autodeterminación sexual y a
quienes pertenecen a grupos sexualmente marginados, su efectiva integración
social con el goce pleno de los beneficios que representa la vida en comunidad.
Así las cosas, ante la omisión del legislador en la regulación de los derechos
y obligaciones de parejas homosexuales, es forzosa la intervención judicial,
por vía del control de constitucionalidad, para revertir su déficit de
protección en defensa de la integridad y supremacía de la Constitución
Política.
La Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales
realizó un análisis integral y en bloque de las expresiones normativas acusadas
por cuanto los diferentes cargos formulados por los demandantes confluyen en un
único problema jurídico cual es, la determinación de si aquéllas al reconocer
derechos y garantías e imponer obligaciones y cargas públicas a los integrantes
de las parejas casadas o en unión marital de hecho, excluyen o no de los
regímenes a los que pertenecen a las parejas homosexuales, configurando un
trato discriminatorio en su contra.
En primer lugar refirió que en la Sentencia C-075 de
2007 la Corte Constitucional realizó un giro en su jurisprudencia en relación
con el derecho a la igualdad de los homosexuales, al señalar que dicho derecho
debía protegerse no solo en el plano individual-privado sino en el de
pareja-público, de suerte que los tratos diferenciados entre parejas
heterosexuales y homosexuales deben estudiarse con base en un test estricto de
proporcionalidad.
En segundo lugar, señala que las Sentencias C-075 de
2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008 han desvirtuado la tesis
contenida en providencias anteriores según la cual la expresión compañeros
permanentes está reservada a las parejas conformadas por un hombre y una mujer.
En efecto, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha extendido
la calidad de compañeros permanentes a los miembros de parejas homosexuales con
el fin de garantizarles el acceso a los beneficios del régimen patrimonial de
bienes y del régimen de seguridad social en salud y pensiones.
Por otro lado, en las Sentencias C-811 de 2007, T-856
de 2007 y C-336 de 2008, la Corte Constitucional estableció que el objetivo de
protección especial a la familia no constituye en todos los casos justificación
suficiente y razonable para excluir a las parejas homosexuales de los
beneficios otorgados a las heterosexuales.
Finalmente, de acuerdo con la Sentencia C-075 de 2007,
la exclusión de las parejas del mismo sexo de un beneficio concedido a las
heterosexuales genera un déficit de protección en su contra, incluso si el
mismo beneficio puede alcanzarse a través de otros mecanismos.
Con base en las anteriores reglas jurisprudenciales,
no es válido constitucionalmente limitar las prerrogativas y cargas que se
derivan de las normas que contienen, entre otras, las expresiones “compañero
permanente”, “familia” y “cónyuge”, a las parejas del mismo sexo, cuando tal interpretación
se funda en un criterio sospechoso de diferenciación, como es la orientación
sexual de las personas, sin superar el test estricto de proporcionalidad.
En este sentido, la protección de la familia como fin
constitucional no puede justificar la vulneración de derechos, libertades y
garantías fundamentales de los individuos ni la anulación de principios y
valores esenciales de la organización político-social, como la solidaridad, el
pluralismo y la democracia.
Ahora, en relación con la libertad del legislador de
suscribir la protección a las relaciones familiares heterosexuales, advierte la
Vista Fiscal que pese a que la relación establecida entre dos personas del
mismo sexo que conviven y construyen un proyecto de vida en común no cabe
dentro de la noción de familia desarrollada constitucionalmente, sí existe un
punto común entre las parejas homosexuales y las heterosexuales, cual es la
existencia de una comunidad de vida permanente y singular de la cual se derivan
efectos civiles, morales y afectivos que deben ser protegidos con la garantía
de no discriminación.
De esta forma, indistintamente de si la comunidad de
vida permanente y singular se enmarca dentro del concepto de familia, tanto las
parejas heterosexuales como las homosexuales presentan unos requerimientos
análogos de protección, de suerte que un vacío normativo no puede tener el
alcance de resquebrajar su proyecto de vida.
En este sentido, las expresiones demandadas no admiten
su interpretación en el sentido de configurar un trato desigual entre las
parejas homosexuales y las heterosexuales, en la medida en que ella comporta
una distinción basada en la orientación sexual de sus integrantes que no logra
superar el test estricto de proporcionalidad, por cuanto si bien persigue la
protección de la familia, no resulta adecuada ni efectiva para tal efecto y,
por el contrario, configura un déficit de protección en contra de las parejas
homosexuales.
Finalmente, la Procuradora precisa que el
constituyente no diferenció entre parejas homosexuales y heterosexuales al
referirse, entre otros, en los artículos 33, 126 y 179 de la Carta Política, a
las uniones o a los compañeros permanentes y que tampoco lo hizo el legislador
en los apartes demandados por lo que no le es dado al intérprete crear
distinciones que no se derivan del texto normativo, menos aún cuando ello
implicaría tratamientos discriminatorios en contra de personas o grupos
sociales tradicionalmente marginados, sometidos y vulnerables, como ocurre en
el presente caso.
En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación
solicita a la Corte Constitucional que declare exequibles las expresiones
demandadas, siempre que ninguna de ellas sea entendida en el sentido de excluir
del régimen jurídico al que pertenecen a las parejas homosexuales, con
excepción de:
(i)
el artículo 233 de la
Ley 599 de 2000, en relación con el cual pide a la Corporación estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-798 de 2008, en la que la expresión demandada se
declaró exequible en el entendido de que las expresiones compañero y compañera
permanente comprenden también a los integrantes de parejas del mismo sexo;
(ii)
el artículo 12 de la
Ley 258 de 1996, respecto del cual solicita la declaratoria de exequibilidad
por cuanto el establecimiento del requisito de comunidad de vida, singular y
permanente, “durante un lapso no inferior a dos años” para el reconocimiento
del régimen patrimonial de las uniones de hecho, ha sido validado por la Corte
Constitucional en Sentencia C-075 de 2007;
(iii)
el literal a del
artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, en relación con el cual solicita a la
Corte que declare su inexequibilidad por cuanto la expresión “para el caso del
compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años” se
refiere a los beneficiarios de los afiliados al sistema de salud de las fuerzas
militares y de la policía nacional, por lo que se enmarca dentro del régimen de
seguridad social que no puede confundirse con el patrimonial, por lo que se
trata de un aparte legal que discrimina a quienes, en ejercicio del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, optan por unir sus vidas como pareja en
calidad de compañeros permanentes y no de cónyuges, sin importar que sean
personas del mismo o de diferente sexo.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.      Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para
conocer de las acciones de inconsti­tu­­cionalidad contra las leyes de la
República y normas con fuerza de ley.
2.      El
problema jurídico
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, en la medida en que existen claras diferencias entre las
parejas homosexuales y las parejas heterosexuales, no existe un imperativo
constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a otras. Ello implica que
para construir un cargo por violación del principio de igualdad es preciso
establecer que, en cado caso concreto, la situación de uno y otro tipo de
pareja es asimilable,  como presupuesto para entrar a determinar si la
diferencia de trato resulta discriminatoria.
Por la anterior consideración no cabe que,
como se solicita por los demandantes, la Corte Constitucional haga un
pronunciamiento de carácter general conforme al cual toda diferencia de trato
entre ambos tipos de pareja resulta contrario a la Constitución, ni resulta
procedente integrar una unidad normativa con todas aquellas disposiciones,
aparte de las específicamente demandadas, de las que pueda derivarse una
diferencia de trato o un déficit de protección para las parejas homosexuales,
sino que se requiere que, en cada caso concreto, se presenten las razones por
las cuales se considera que las situaciones de los dos tipos de pareja son
asimilables y que la diferencia de trato establecida por el legislador es
discriminatoria.
De manera preliminar observa la Corte que,
no obstante que entre las expresiones demandadas en distintas disposiciones se
encuentran las de “familia”, “familiar” o “grupo familiar”, los
accionantes no presentan cargos específicamente orientados  a cuestionar el
concepto de familia previsto en la ley, ni el alcance que el mismo tiene de
acuerdo con la jurisprudencia, razón por la cual la Corte se inhibirá de hacer
un pronunciamiento de fondo en relación con tales expresiones, sin perjuicio de
la posibilidad de integrar la unidad normativa cuando quiera que el defecto de
constitucionalidad señalado por los demandantes provenga de una consideración
integral de la disposición que contiene las antedichas expresiones.
En ese contexto, estima la Corte que la
demanda de inconstitucionalidad presentada en esta oportunidad plantea, de
manera general, la necesidad de establecer, en primer lugar, si, en relación
con cada una de las disposiciones demandadas, la situación de las parejas
heterosexuales y homosexuales es asimilable, caso en el cual, en el evento en
el que la diferencia de trato que resulta del carácter restrictivo que, en
general, tienen las expresiones “compañero o compañera permanente”, carezca
de justificación, se presenta una violación del principio de igualdad, y, en
segundo lugar, si tales disposiciones, al no incluir en sus supuestos a los
integrantes de las parejas homosexuales dan lugar a un déficit de protección
contrario a la Constitución.
Adicionalmente, en cada caso concreto se
identificaran los problemas puntuales que planteen los demandantes frente a las
disposiciones acusadas.
Por otra parte, los demandantes ponen en
evidencia el problema procesal que se deriva del hecho de que algunas de las
pretensiones principales de la demanda se orientan a obtener que la Corte emita
un pronunciamiento de constitucionalidad condicionada, posibilidad que no ha
sido aceptada por la Corte. Sin embargo, como en tales supuestos, los
demandantes presentan varias pretensiones subsidiarias, entre las cuales,
invariablemente, se encuentra la solicitud de inexequibilidad de las
expresiones o disposiciones demandadas, estima la Corte que, en todos los
casos, existe una demanda en forma y que procede el estudio de los distintos
cargos de inconstitucionalidad.
3.      La situación de
la comunidad homosexual frente al ordenamiento jurídico
En Colombia, la jurisprudencia constitucional en esta
materia se ha desarrollado en una línea de conformidad con la cual (i) de
acuerdo con la Constitución, está proscrita toda forma de discriminación en
razón de la orientación sexual; (ii) existen diferencias entre las parejas
heterosexuales y las parejas homosexuales, razón por la cual no existe un
imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a otras; (iii)
corresponde al legislador definir las medidas necesarias para atender los
requerimientos de protección de los distintos grupos sociales y avanzar gradual­mente
en la atención de la situación de quienes se encuentren en situación de
marginamiento y, (iv) toda diferencia de trato entre personas o grupos que sean
asimilables sólo es constitucionalmente admisible si obedece a un principio de
razón suficiente.
Destaca la Corte que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, está proscrita, y da lugar a un escrutinio estricto, toda
discriminación que se origine en la orientación sexual de las personas, y que
ello se predica no sólo de las personas individualmente consideradas sino
también en el ámbito de su relaciones de pareja, pero, advierte que, al mismo
tiempo, no toda diferencia de trato entre parejas heterosexuales y homosexuales
puede tenerse como discriminatoria per se, ni considerarse fundada en la
orientación sexual de las personas, en la medida en que puede surgir de las
diferencias que existen entre unas parejas y otras.
En particular, el mandato de protección integral de la
familia y la definición de esta institución como núcleo fundamental de la sociedad,
pueden dar lugar a previsiones legislativas que atiendan a esa particular
realidad, y que, en la medida en que, como respuesta a un imperativo
constitucional, se orienten a la protección de ese núcleo esencial de la
sociedad, no pueden considerarse como discriminatorias por no incluir en ellas
situaciones que no encajan en el concepto constitucional de familia.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la pareja, como proyecto de vida
en común, que tiene vocación de permanencia e implica asistencia recíproca y
solidaridad entre sus integrantes, goza de protección constitucional, independientemente
de si se trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales, y que, en ese
contexto,  la diferencia de trato para parejas que se encuentren en situaciones
asimilables puede plantear problemas de igualdad y que, del mismo modo, la
ausencia de previsión legal para las parejas del mismo sexo en relación con
ventajas o beneficios que resultan aplicables a las parejas heterosexuales,
puede da lugar, a un déficit de protección contrario la Constitución, en la
medida en que desconoce un imperativo superior conforme al cual, en
determinadas circunstancias, el ordenamiento jurídico debe contemplar un mínimo
de protección para ciertos sujetos, mínimo sin el cual pueden verse
comprometidos principios y derechos superiores, como la dignidad de la persona,
el libre desarrollo de la personalidad o la solidaridad.
Sobre este último aspecto, la Corte, en la Sentencia
C-507 de 2004, expresó que “La cuestión de determinar el tipo o el grado de protección que
requieren gru­pos de personas comparables ha sido confiada al legislador
democrá­ticamente elegido. Por eso, al analizar si un grupo de personas está
menos protegido que otro, no le corresponde al juez constitucional sustituir la
apreciación del legislador ni imponer niveles de protección máximos o ideales.
No obstante, sí le compete determinar  (i) si el legislador no ha respetado los
mínimos de protec­ción constitucionalmente ordenados,  (ii) si la desprotección
de un grupo excede los márgenes constitucionalmente admisibles, o  (iii) si la
menor protección relativa de un grupo obedece a una discriminación, lo cual
estaría constitucional­mente prohibido.[1]”
4.      ANALISIS DE LOS CARGOS
4.1.   Cargos contra normas que consagran
derechos civiles para las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
En este acápite los demandantes se refieren
a las normas que regulan la constitución del patrimonio inembargable de
familia, la afectación a vivienda familiar y la obligación civil de prestación
de alimentos a los compañeros permanentes.
4.1.1.                   Cargos contra las
normas civiles que regulan la constitución del patrimonio inembargable de
familia y la afectación a vivienda familiar
4.1.1.1.       Los demandantes consideran
que el artículo 4º de la Ley 70 de 1931 y los artículos 1º y 12 de la Ley 258
de 1996 infringen los artículos 1, 13, 16 y 51 de la Constitución Política,
debido a que, al articularse en torno a la noción de familia, que de acuerdo
con la Carta Política sólo incluye las parejas formadas por un hombre y una
mujer, dan lugar a un trato discriminatorio proscrito por la Constitución.
De otra parte, los demandantes consideran que la
imposición de un término de dos años de convivencia para que la Ley 258 de 1996
pueda aplicarse a los compañeros permanentes, vulnera su derecho a la igualdad
en la medida en que les impone un requisito que no tienen que cumplir las
parejas unidas por matrimonio quienes no deben esperar un tiempo mínimo para
afectar a vivienda familiar el inmueble de habitación.
4.1.1.2.   A continuación se transcriben
las normas demandadas:
Ley 70 de 1931
(mayo 28)
“que autoriza la constitución de
patrimonios de familia no embargables”
ARTÍCULO 4. El patrimonio de familia puede
constituirse a favor:
a) modificado Ley 495 de 1999, art. 2. De una
familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañero
o compañera permanente y los hijos de éstos y aquéllos menores de edad;
b) modificado Ley 495/99, art. 2. De familia
compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por compañero
o compañera permanente, y
c) de un menor de edad, o de dos o más que estén entre
sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o natural.
LEY 258 DE 1996
Diario Oficial No. 42.692, de 18 de enero de 1996
“Por la cual se establece la afectación a
vivienda  familiar y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
854 de 2003> Entiéndese afectado a vivienda familiar el
bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges, antes o
después de la celebración del matrimonio destinado a la habitación de la familia
ARTÍCULO 12. COMPAÑEROS PERMANENTES. Las
disposiciones de la presente ley referidas a los cónyuges se aplicarán
extensivamente a los compañeros permanentes cuya unión haya perdurado
por lo menos dos años.
4.1.1.3.                Consideraciones de la Corte
4.1.1.3.1.    Las normas acusadas se inscriben en al
ámbito de la protección especial que la Constitución ha dispuesto para la
familia. Se trata de una medida positiva de protección, que responde a un
imperativo constitucional para cuyo desarrollo existe amplia libertad de
configuración de legislador. Los demandantes no ponen en entredicho que esa
protección se brinde a la familia, ni los cargos presentados se orientan a
cuestionar el concepto de familia como tal.
Sin embargo, dado que, de manera expresa, el
legislador ha señalado que las previsiones sobre patrimonio de familia
inembargable o afectación a vivienda familiar se aplican a los compañeros
permanentes, cabe señalar que las mismas tienen, también, un fundamento en el
valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto creados por las
parejas.
En ese contexto las previsiones legales atienden a la
necesidad de proteger un patrimonio o la vivienda de quienes han decidido
realizar un proyecto de vida en común en calidad de pareja, sin que la Corte
aprecie que exista una razón para justificar, en este aspecto, una diferencia
de trato entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo que se
hayan acogido al régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en los
términos de la Ley 54 de 1990.
4.1.1.3.2.    En cuanto hace a la sujeción al término
de dos años de convivencia para que la Ley 258 de 1996 pueda aplicarse a los
compañeros permanentes, estima la Corte que si bien es cierto que en Sentencias
C-521 de 2007 y C-811 de 2007 consideró que la sujeción al término de dos años
para que el compañero permanente del afiliado al sistema de salud pudiera ser
incluido como beneficiario no se encontraba justificada por parámetros
objetivos y razonables, la situación que planten las normas ahora demandadas es
distinta, puesto que de por medio está la afectación del principio conforme al
cual el patrimonio del deudor es prenda general para sus acreedores.
En ese contexto es preciso tener en cuenta que quien
decide acudir a la institución del matrimonio establece un vínculo jurídico que
se materializa  desde el momento mismo en el que se realiza el matrimonio y del
cual se derivan una serie de compromisos y obligaciones. En ausencia de ese
compromiso formal, la exigencia de un periodo de dos años para que se haga
efectiva la protección prevista en la norma, constituye una medida razonable
que busca armonizar la seguridad jurídica frente a necesidad de proteger el
patrimonio o la vivienda de las familias o de las parejas.
4.1.1.3.3.    En consecuencia, la Corte se inhibirá en
relación con las expresiones “familia” y “familiar”, contenidas
en el artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y en
el artículo 1º de la Ley 258 de 1996, y declarará la exequibilidad, por los cargos analizados, de las
expresiones “compañero o “compañera permanente” y “compañeros
permanentes cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenidas en
artículo 4 de la Ley 70 de 1931, modificada por la ley 495 de 1999 y en el
artículo 12 de la Ley 258 de 1996, en el entendido de que esta protección
patrimonial se extiende, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo
sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo
modifiquen.
4.1.2.                   Cargos contra la
norma que consagra la obligación civil de prestar alimentos
4.1.2.1.       Los demandantes consideran que el
numeral 1º del artículo 411 del Código Civil viola los artículos 1, 13 y 16 de la
Constitución Política, por considerar que la obligación allí establecida obedece
a la necesidad de  asegurar a los integrantes de la pareja su subsistencia
cuando no estén en condiciones de garantizarla por sí mismos, y que en la
medida en que del ámbito de la disposición se excluya a los integrantes de las
parejas homosexuales se presenta un déficit de protección que compromete los
derechos a la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad.
De manera preliminar los demandantes expresan que en
relación con esta disposición, la Sentencia C-1033 de 2002 tienen efecto de
cosa juzgada relativa, que no impide a la Corte realizar un nuevo examen a la
luz de los cargos ahora presentados.
4.1.2.2.      Trascripción de la disposición demandada:
CODIGO CIVIL
ARTICULO 411. Se deben alimentos:
1)  Al cónyuge
(…)
4.1.2.3.       Consideraciones de la Corte
4.1.2.3.1.    De manera previa advierte la Corte que
en la Sentencia C-798 de 2008 la Corte interpretó que el régimen civil de
alimentos hace parte de los efectos patrimoniales en relación con los cuales en
la Sentencia C-075 de 2008 dispuso que, de acuerdo con la Constitución, debía
darse el mismo trato a los integrantes de la unión marital de hecho y a los de
una pareja homosexual.   Esa interpretación de la Corte conduciría en este caso
a un fallo inhibitorio, por cuanto, por virtud de lo dispuesto en la Sentencia
C-075 de 2008, el contenido normativo acusado, esto es, la exclusión de los
integrantes de las parejas homosexuales, ya no haría parte de la disposición
demandada, y el cargo carecería de certeza. Considera, sin embargo, la Corte
que la interpretación que hacen los demandantes corresponde a una adecuada
lectura de la disposición acusada, a la luz del alcance que la expresión “compañero
o compañera permanente” tiene en nuestro ordenamiento, y que, por
consiguiente, cabe un pronunciamiento de fondo.
4.1.2.3.2.    En la Sentencia C-1033 de 2002 la Corte  declaró
la exequibilidad del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil, “…
siempre y cuando se entienda que esta disposición es aplicable a los compañeros
permanentes que forman una unión marital de hecho.” Como quiera que en esta
oportunidad se ha demandado, precisamente, el contenido normativo que resulta
de ese condicionamiento, se tiene que la acusación versa sobre una norma que no
estaba presente en la disposición original del Código Civil sobre la cual recayó
el pronunciamiento de la Corte. Dado que en esa sentencia la Corte no hizo
consideración alguna en relación con el alcance de la expresión “compañeros
permanentes que forman una unión marital de hecho” en relación con los
integrantes de las parejas homosexuales, es obvio que el alcance de su pronunciamiento
en esta materia es el de la cosa juzgada relativa y la Corte puede pronunciarse
sobre la disposición con el sentido que le fue fijado en la Sentencia C-1033 de
2002.
4.1.2.3.3.    Por otra parte, en la misma Sentencia
C-1033 de 2002, la Corte señaló que el objetivo de la disposición es la
protección a la familia y, para hacer extensiva la protección a los compañeros
permanentes, puso de presente que el origen del vínculo familiar no constituye
criterio razonable ni proporcional para establecer una diferencia de trato,
máxime si se tiene en cuenta que  la propia Constitución dispone que la familia
se constituye por vínculos naturales o jurídicos.
Para fundamentar su decisión, la Corte
señaló que el derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para
reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su
subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios
medios. Destacó la Corporación que la obligación alimentaria se radica por la
ley en cabeza de una persona que debe sacrificar parte de su propiedad con el
fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos.
Puso, así mismo, de presente que el sustento de esa obligación se encuentra en
el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia y
que la misma tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus
beneficiarios. Así, para la Corte, la obligación alimentaria se establece sobre
tres condiciones fundamentales: i) la necesidad del beneficiario; ii) la
capacidad del obligado para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que
ello implique el sacrificio de su propia existencia y, iii) el especial deber
de solidaridad que existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias
recíprocas.
Observa la Corte que, al poner el énfasis
de la obligación de asistencia alimentaria en el deber de solidaridad que se
predica entre el obligado y sus beneficiarios, la jurisprudencia constitucional
se remite a un criterio en relación con el cual no cabe establecer una
diferencia entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo. De
hecho, si bien ese deber de solidaridad tiene una de sus expresiones en el
ámbito de la familia, no se limita al mismo, sino que aplicable también en
otros escenarios, como, por ejemplo, el de quien recibe una donación cuantiosa,
a cuyo cargo el propio artículo 411 del Código Civil establece una obligación
alimentaria en beneficio de su donante.
De este modo encuentra la Corte que en
relación con las parejas del mismo sexo, que hayan optado por realizar un
proyecto de vida común y que, por consiguiente, se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990, se encuentran presentes los
mismos elementos que de acuerdo con la jurisprudencia son el presupuesto para
predicar la existencia de una obligación alimentaria entre los integrantes de
la pareja heterosexual, esto es, en primer lugar, la existencia de una especial
vinculación, con vocación de permanencia, que da lugar a lazos de afecto,
solidaridad  y respeto; en segundo lugar, la posibilidad de que, en un momento
dado, alguno de los integrantes de la pareja se encuentre necesitado de
alimentos, circunstancia que haría imperativo que, en tercer lugar, dichos
alimentos se presten por el integrante de la pareja que esté en capacidad de
hacerlo.
4.1.2.3.4.    De esta manera, en la medida en que la disposición acusada es
susceptible de interpretarse en el sentido de que la misma no incluye a los
integrantes de las parejas del mismo sexo, la Corte declarará la exequibilidad,
por los cargos analizados, de la expresión “cónyuge”  contenida
en el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil, en el entendido de que
también comprende, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas
del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás
normas que lo modifiquen.
4.2.   Cargos contra normas que consagran
derechos políticos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales con
exclusión de las homosexuales.
Los demandantes cuestionan la norma que
consagra el beneficio de reducción del tiempo para acceder a la nacionalidad
por adopción y la que regula el derecho de residencia en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4.2.1.
Cargo contra la norma que reduce el
tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción a favor de los compañeros permanentes
4.2.1.1.       Los demandantes consideran
que el artículo 5 de la Ley 43 de 1993 viola los artículos 1, 13, 16, 24, 93 y
100 de la Constitución Política, por cuanto la exclusión de los integrantes de
las parejas homosexuales del beneficio allí previsto sólo se explica en razón
de la orientación sexual de esas personas, lo cual constituye un criterio
sospechoso de diferenciación que no supera en este caso el escrutinio con base
en el test estricto de proporcionalidad.
Preliminarmente, los actores ponen de presente que la
norma acusada fue objeto de control de constitucionalidad en la Sentencia C-832
de 2006, por el cargo de vicio en la conformación de la ley al vulnerar el
principio de unidad de materia, de manera que al plantearse en la presente
demanda un cargo sustancialmente distinto, sólo puede hablarse de una cosa
juzgada relativa implícita.
4.2.1.2.       Transcripción de la disposición
demandada
LEY 43 DE 1993
Diario Oficial No. 40.735, de 1 de febrero de 1993
“Por medio de la cual se establecen las normas
relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad
colombiana; se desarrolla el numeral séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones”
(…)
ARTÍCULO 5o. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
NACIONALIDAD COLOMBIANA POR ADOPCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 39 de la Ley 962 de
2005> Sólo se podrá expedir Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción:
A los extranjeros a que se refiere el literal a) del
numeral 2 del artículo 96 de la Constitución
Política que durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma
continua y el extranjero titular de visa de residente. En el evento en que los
mencionados extranjeros se encuentren casados, o sean compañeros
permanentes de nacional colombiano, o tengan hijos colombianos, el
término de domicilio continuo se reducirá a dos (2) años.
(…)
4.2.1.3.       Consideraciones de la Corte
4.2.1.3.1.    En Sentencia C-832 de 2006, la Corte
Constitucional resolvió declarar la exequibilidad de “… los artículos 28, 39
y 81 de la Ley 962 de 2005, por el cargo estudiado en la presente decisión
sobre la eventual vulneración del principio de unidad de materia consagrado en
el artículo 158 de la Constitución,” por consiguiente, es claro que en
relación con la disposición ahora demandada existe cosa juzgada relativa y cabe
un nuevo pronunciamiento de constitucionalidad con base en los cargos que han
sido presentados en esta oportunidad.
4.2.1.3.2.    De manera preliminar aclara la Corte
que, como reiteradamente ocurre a lo largo de la demanda, los accionantes
incurren en la equivocación de sostener que, en la norma acusada, la exclusión de
las parejas homosexuales del beneficio allí previsto tiene por objeto asegurar
una especial protección a la familia. Lo que en realidad ocurre es que el
beneficio de la reducción del tiempo para acceder a la nacionalidad tiene entre
sus objetivos el de proteger a la familia, y el problema de constitucionalidad
surge de la necesidad de establecer si, en este caso, los integrantes de las
parejas homosexuales se encuentran en una situación asimilable a la de los
destinatarios de la norma, de tal manera que la diferencia de trato sea
susceptible de un escrutinio desde la perspectiva del derecho a la igualdad.
Una vez que se haya establecido que las situaciones
son asimilables, sería preciso determinar si la diferencia de trato que se
deriva de la ley tiene alguna explicación que resulte razonable, esto es, si
dentro de la estructura misma de la norma se presenta una razón para la
diferencia de trato. Si ello es así, habría lugar a la aplicación del test de
proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad del trato diferente, en sus
distintas etapas y grados de intensidad.
Así, la Corte ha señalado que para determinar si una
diferencia de trato resulta discriminatoria, es preciso establecer, en primer
lugar, si los supuestos de hecho son asimilables, en segundo lugar, debe
indagarse sobre la finalidad del tratamiento diferenciado; a continuación debe
determinarse si esa finalidad es razonable y, por consiguiente,
constitucionalmente admisible; a reglón seguido debe indagarse sobre la
adecuación del medio a los fines perseguidos, para, finalmente, superados los
anteriores pasos, establecer si se satisface el criterio de la
proporcionalidad.[2]
Cuando, en un evento determinado, a partir de la norma
y de sus antecedentes, no es posible establecer la existencia de una razón para
el trato diferenciado, se constataría directamente la afectación del principio
de igualdad, sin necesidad de acudir al test de proporcionalidad.
Así, en primer lugar, no hay necesidad de acudir al
test cuando se está ante situaciones que no resulten asimilables. En segundo
lugar, frente a situaciones que son equiparables, si de la norma no se
desprende una razón que explique el trato diferente, el mismo puede atribuirse,
entre otras consideraciones, a una omisión legislativa por inadvertencia o por
un abierto propósito discriminatorio, pero en la medida en que no existe una
razón con base en la cual se pretenda justificar la diferencia de trato,
tampoco es necesario acudir al test de proporcionalidad. De este modo,
entonces, se tiene que el test de proporcionalidad es un instrumento valioso
para el análisis de los problemas de igualdad que surgen en aquellos eventos en
los cuales determinadas disposiciones incorporan razones para dar un tratamiento
distinto a supuestos de hecho que son asimilables.
En el caso que ahora ocupa la atención de a Corte,
para establecer si las situaciones son asimilables, es preciso determinar el
ámbito de la norma y el alcance de la misma.
Si bien es cierto que puede señalarse que el objetivo
de la norma es la protección integral de la familia y que sus destinatarios
están incluidos, todos, en el concepto constitucional de familia, no es menos
cierto que la norma puede interpretarse como un reconocimiento a la autonomía
de las personas para establecer vínculos afectivos, y al efecto que tales
vínculos, cuando tienen cierta entidad, pueden tener en el ámbito de la
nacionalidad.
En este segundo entendimiento, la situación de los compañeros
permanentes de nacional colombiano en una pareja heterosexual -supuesto que
está expresamente previsto en la norma- resulta asimilable a la de quienes
conforman, con la misma vocación de permanencia, una pareja homosexual con un
nacional colombiano, situación a la que el tenor literal de la norma no alude.
Admitida la circunstancia de que, en el ámbito de la
disposición demandada, la situación de las parejas homosexuales resulta
asimilable a la de las parejas heterosexuales, encuentra la Corte que no existe
razón alguna que explique la diferencia de trato y, que, por el contrario, la
misma, en cuanto que solo tendría explicación en la diferencia en la
orientación sexual, resulta constitucionalmente proscrita. Esa ausencia de
razones se explica en este caso, como, en general, ocurre en las demás
disposiciones que han sido acusadas en la presente demanda, en el hecho de que,
para el momento de expedición de la norma, las parejas homosexuales no
constituían una realidad visible, que se mostrase como requerida de protección
jurídica y que hubiese recibido reconocimiento por el ordenamiento. No se
advierte, entonces, en la omisión del legislador, un propósito discriminatorio,
ni siquiera una intención explícita de un trato diferenciado, sino una simple
inadvertencia de una situación social que sólo de manera reciente y progresiva
se ha hecho visible. Observa la Corte que el legislador previó un sistema de
protección que, aunque dirigido expresamente a las parejas heterosexuales, dado
el alcance tradicional que en la legislación ha tenido la expresión “compañeros
permanentes”, no permite establecer la existencia de un propósito
manifiesto de exclusión de otro tipo de relaciones que sólo de manera reciente
han tenido un efectivo reconocimiento jurídico y que, a la luz de los
principios constitucionales de dignidad de la persona humana, igualdad y
solidaridad, aparecen como acreedoras de un nivel equivalente de
protección.
En mérito de  lo anterior, la disposición acusada se
declarará exequible pero siempre que se entienda que la expresión “compañeros
permanentes” contenida en ella se aplica también, en igualdad de condiciones,
a los integrantes de parejas del mismo sexo.
4.2.2.                   Cargo contra las
normas que regulan el derecho de residencia en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4.2.2.1.       Para los demandantes, las expresiones acusadas
de los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 violan los artículos 1, 13, 16,
24 y 93 de la Constitución Política, por cuanto dan lugar a un déficit de
protección que compromete el derecho a la igualdad y la libertad de
circulación, permanencia y residencia, por cuanto la exclusión de las parejas
homosexuales del ámbito de protección de la norma acusada se traduce en una
restricción a la posibilidad de las parejas homosexuales de los residentes del
Archipiélago de escoger su lugar de residencia y en una severa afectación de
los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad pues
niega la existencia y valor de los proyectos de vida elegidos y construidos por
las parejas del mismo sexo.
Preliminarmente, los actores sostienen que en la
Sentencia C-530 de 1993, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de
los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 en relación con el cargo formulado
en dicha oportunidad referido a la violación del principio de igualdad por el
trato desventajoso y discriminatorio del resto de colombianos con respecto a
los nacidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este sentido, se
concluye que respecto de las normas acusadas solo ha operado el fenómeno de
cosa juzgada relativa, que no impide que la Corte Constitucional estudie los
nuevos cargos formulados.
4.2.2.2.       Transcripción de la
disposición acusada
DECRETO 2762 DE 1991
Diario Oficial  No 40.221, de 13 de
diciembre de 1991
Por medio del cual se adoptan medidas para controlar
la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
ARTÍCULO 2o. Tendrá derecho a fijar su residencia en el
Departamento Archipiélago quien se encuentre en una de las siguientes
situaciones:
(…)
d)      Haber contraído matrimonio válido,
o vivir en unión singular, permanente y continua con
persona residente en las islas siempre que hayan fijado por más de 3 años, con
anterioridad a la expedición de este Decreto, el domicilio común en territorio
del Departamento Archipiélago;
e)       Haber obtenido tal derecho en los
términos previstos en el artículo siguiente.
PARÁGRAFO. Las personas que por motivos de educación, hayan
debido ausentarse de las islas por un tiempo determinado, se les contará tal
lapso a efectos de lograr el cumplimiento de los términos señalados en los
literales c) y d), siempre que en el Departamento Archipiélago permanezcan como
residentes su cónyuge o compañera permanente, sus padres o
hijos.
ARTÍCULO 3o. Podrá adquirir el derecho a residir en forma
permanente en el Departamento Archipiélago quien:
a) Con posterioridad a la fecha de
expedición de este Decreto, contraiga matrimonio o establezca unión
permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio común
en el Departamento, a lo menos por 3 años continuos. Al momento de solicitar la
residencia permanente se deberá acreditar la convivencia de la pareja;
(…)
4.2.2.3.       Consideraciones de la Corte
4.2.2.3.1.    En la Sentencia C-530 de 1993
la Corte declaró la exequibilidad condicionada del Decreto 2762 de 1991, por las razones expuestas en esa
providencia, que no incluían consideraciones en torno a la diferencia de trato
que de las disposiciones ahora acusadas se presenta en relación con los
integrantes de parejas homosexuales. Por consiguiente se está ante una cosa
juzgada relativa y cabe que la Corte se pronuncie de fondo sobre los nuevos
cargos.
4.2.2.3.2.    Tal como se pone de presente
en la demanda, en relación con las normas acusadas, la Corte emitió un fallo de
tutela, la Sentencia T-725 de 2004, en el que se fijó una posición sobre su
alcance a la luz de la Constitución.
En esa sentencia la Corte señaló que las
normas ahora acusadas se inscribían en el ámbito de las previsiones
legislativas orientadas a la protección de la familia y que por consiguiente,
las mismas no resultaban aplicables a los integrantes de una pareja homosexual,
sin que, por otra parte, de ese hecho se derivase una violación del principio
de igualdad.
En la presente oportunidad, y teniendo en
cuenta los recientes desarrollos jurisprudenciales sobre la materia, la Corte
se aparta de ese precedente, por las siguientes consideraciones:
Las disposiciones demandadas, si bien
responden a un propósito que atiende a una expresa previsión constitucional
sobre el control de densidad poblacional en el Archipiélago de San Andrés y
Providencia, afectan esferas constitucionalmente protegidas de las personas,
que tocan con la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y
la libertad para fijar la residencia en el territorio nacional.
Así, por una parte, en el Decreto 2762 de
1991 se establecen unas restricciones al derecho de fijar libremente el lugar
de residencia en el territorio nacional, pero se fijan, también, unas
excepciones que atienden, principalmente, a proteger la autonomía personal y el
libre desarrollo de la personalidad, en cuanto que valoran la decisión de los
residentes en las islas de conformar una unión singular, permanente y continua
con una persona, sin perjuicio de que tales excepciones puedan tenerse también
como expresión de un propósito de brindar protección integral a la familia.
Para la Corte, en ese contexto, la
situación de las parejas homosexuales es asimilable a la de las parejas
heterosexuales y no existe razón alguna que explique la diferencia de trato
entre unas y otras. Esto es, de las disposiciones acusadas no se desprende
ninguna razón que justifique o explique la razón por la cual, al paso que el
integrante de una pareja heterosexual  pueda obtener el derecho de residencia  para
su compañero o compañera, no ocurra lo propio cuando se trate de una pareja
homosexual. La misma consideración cabe para el beneficio previsto en el
parágrafo del artículo 2º del Decreto 2762 de 1991.
Encuentra la Corte que la diferencia de
trato que se deriva de las disposiciones acusadas no sólo carece de razón que la
justifique o la explique, sino que termina afectando de manera grave las
opciones vitales de quienes decidan conformar parejas homosexuales, porque al
privarles del derecho de residencia, desconoce la realidad que ellas conforman
y las somete a la eventualidad de conseguir el reconocimiento de dicho derecho
con base en un criterio distinto.
Las medidas constituyen así un tratamiento discriminatorio
con base en la orientación sexual de las personas proscrito por la
Constitución. Así, como quiera que las disposiciones acusadas establece una
diferencia de trato que no atiende a una protección especial en razón a
criterio de diferenciación que resulte válido, la exclusión de las parejas
homosexuales resulta contraria a la Constitución. Por consiguiente, se
declarará la exequibilidad de las disposiciones acusadas, en el entendido de
que las expresiones “unión singular, permanente y continua”, “compañera
permanente” y “unión permanente” contenidas en los artículos 2 y 3
del Decreto 2762 de 1991 incluyen, en igualdad de condiciones, a las parejas del
mismo sexo.
4.3.   Normas sancionatorias y preventivas
de delitos y faltas que excluyen a las parejas homosexuales de las garantías y
cargas allí consagradas.
En este acápite los demandantes agruparon
una serie de normas penales, penales militares y disciplinarias que consagran
la garantía de no incriminación y normas penales y preventivas de delitos
respecto de los cuales la víctima es el compañero permanente y que tienen en
común la exclusión de los miembros de las parejas del mismo sexo de las
garantías y cargas en ellas consagradas.
4.3.1. Cargo contra las normas que
consagran la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y
disciplinaria
4.3.1.1.       Los actores señalan que las
expresiones demandadas de los artículos 8-b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de
2004, 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 71 de la Ley 734 de 2002 vulneran
el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 18 y 29 de la Constitución Política,
debido a que en ellas se contempla la exoneración del deber de declarar,
denunciar o formular queja contra el compañero permanente en los procesos de
carácter penal, penal militar y disciplinario, con exclusión de las parejas
permanentes constituidas por personas del mismo sexo, discriminación realizada
con base en un criterio sospechoso que, en cada caso, no supera el test
estricto de proporcionalidad.
Previamente se señala que aunque en
relación con los artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999, existe un previo
pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C-1287 de 2001, el
mismo tiene el efecto de cosa juzgada relativa que no impide a la Corte
pronunciarse sobre los cargos ahora formulados. Lo mismo se expresa en relación
con el artículo 8 de la Ley 906 de 2004, que fue objeto de pronunciamiento de la
Corte en la Sentencia C-799 de 2005.
4.3.1.2.       Transcripción de las
disposiciones demandadas
LEY 906 DE 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
(…)
ARTÍCULO 8o. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la
condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del
órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
(…)
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad;
(…)
ARTÍCULO 282. INTERROGATORIO A INDICIADO. El fiscal o el servidor de policía
judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora
o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le
dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a
declarar contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus derechos y
manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un
abogado.
ARTÍCULO 303. DERECHOS DEL CAPTURADO. Al capturado se le informará de manera
inmediata lo siguiente:
(…)
3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las
manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado
a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad.
(…)
ARTÍCULO 385. EXCEPCIONES CONSTITUCIONALES. Nadie podrá ser obligado a declarar contra
sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad.
El juez informará sobre estas excepciones a cualquier
persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.
(…)
LEY 522 DE 1999
(agosto 12)
Por medio de la cual se expide el Código
Penal Militar.
(…)
ARTÍCULO 222. EXONERACIÓN DEL DEBER DE
DENUNCIAR. Nadie está
obligado a formular denuncia contra sí, contra su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar delitos que
haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que impongan
legalmente secreto profesional.
(…)
ARTÍCULO 431. EXCEPCIÓN AL DEBER DE
DECLARAR. Nadie podrá
ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero o compañera
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil.
Este derecho se le hará conocer por el juez
respectivo a todo imputado que vaya a ser interrogado y a toda persona que vaya
a rendir testimonio.
ARTÍCULO 495. ADVERTENCIAS PREVIAS AL
INDAGADO. Previamente
al interrogatorio previsto en los artículos siguientes, se le advertirá al
indagado que se le va a recibir una declaración sin juramento; que es
voluntaria y libre de todo apremio; que no tiene obligación de declarar contra
sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, ni contra su
cónyuge, o compañero o compañera permanente; que tiene derecho a nombrar
un defensor que lo asista procesalmente y que en caso de no hacerlo, se le
designará de oficio.[3]
Si la persona se niega a rendir
indagatoria, se tendrá por vinculada procesalmente y el funcionario le
advertirá que su actitud afecta los fines de la diligencia como medio de
defensa.
De todo esto se dejará expresa y clara
constancia desde el comienzo de la diligencia.
LEY 734 DE 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.
ARTÍCULO 71. EXONERACIÓN DEL DEBER DE
FORMULAR QUEJAS. El
servidor público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya
conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan
legalmente el secreto profesional.
4.3.1.3.       Consideraciones de la Corte
4.3.1.3.1.    En la Sentencia C-1287 de
2001 la Corte declaro la exequibilidad de la expresión “primero civil”
contenida en, entre otras disposiciones, los artículos 431 y 495 de la Ley 522
de 1999. Es claro que ese pronunciamiento tiene el alcance de cosa juzgada
relativa y que cabe un nuevo examen de esas disposiciones a la luz de los
cargos ahora presentados.
4.3.1.3.2.    Observa la Corte que este
acápite de la demanda plantea un problema adicional, en la medida en que, como
se pone de presente por los accionantes, los artículos que contienen las
expresiones demandadas, reproducen el artículo 33 de la Carta cuyo texto es del
siguiente tenor: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”
No obstante que reconocen la dificultad que
presenta el hecho de demandar una disposición que reproduce literalmente el
texto de un precepto constitucional, los accionantes no hacen consideraciones
específicamente orientadas a superar ese escollo.  Sin embargo, considera la
Corte que en este caso, el problema de exclusión censurado por los accionantes
no puede atribuirse a la norma constitucional, sino que surge del alcance legal
que tiene la expresión “compañeros permanentes”, como referida
exclusivamente a la unión de un hombre y una mujer. Por consiguiente, el
problema de constitucionalidad que plantean las disposiciones demandadas
conduce a establecer si el alcance legal de la expresión “compañero
permanente” cuando es aplicado a las mismas, que reproducen, a su vez, el
contenido del artículo 33 de la Constitución, resulta discriminatorio.
Para abordar ese problema, como se ha
dicho, el primer paso es determinar si en el ámbito de las disposiciones
demandadas la situación de las parejas homosexuales es asimilable a la de las
parejas heterosexuales.
En la Sentencia C-1287 de 2001 la Corte
expresó que “… el principio que motiva la regla del artículo 33 de la Carta
es el de no incriminación de familiares, fundamentado a su vez en los valores y
principios más generales de respeto a la dignidad de la persona humana, respeto
a la autonomía de la voluntad y a la libertad de conciencia, y en la protección
especial a la intimidad  y unidad de la familia.”
Puntualiza ahora la Corte que en relación
con las disposiciones demandas en este acápite, el objetivo de protección a la
familia, tiene un carácter consecuencial o derivado, puesto que las reglas allí
establecidas tienen su fundamento principal en la consideración del especial vínculo
de afecto, solidaridad y respeto que existe entre determinadas personas, que
surge de la decisión de adelantar un proyecto de vida en común, y frente al
cual las obligaciones de declarar, denunciar o formular queja, contempladas de
manera general por el ordenamiento jurídico, serían demasiado gravosas y darían
lugar a conflictos que atentan contra la autonomía, la dignidad y la intimidad
personales.
Específicamente en cuanto hace a la
protección que se otorga a los compañeros permanentes, ella se explica en razón
de los vínculos morales y afectivos que surgen en virtud de una comunidad de
vida permanente y singular, aspecto en relación con el cual no se aprecian
diferencias entre las parejas heterosexuales y las homosexuales.
En ese contexto, las situaciones de ambos
tipos de pareja son asimilables y no existe razón alguna para que, si ese establece
la excepción a los referidos deberes en relación con los compañeros permanentes
en una pareja heterosexual, no ocurra lo propio con los integrantes de una pareja
homosexual.
Así, en la medida en que las disposiciones
acusadas no atienden a una protección especial en razón a criterio de
diferenciación que resulte válido, la exclusión de las parejas homosexuales
resulta discriminatoria. Adicionalmente tal exclusión da lugar a un déficit de
protección, porque desconoce una realidad social que, desde la perspectiva
constitucional, plantea un imperativo de atención. Esto es, el legislador no
puede ignorar que en las parejas homosexuales, que constituyen una realidad
social que goza de protección constitucional, existe una relación con vocación
de permanencia y que da lugar a vínculos de afecto, solidaridad y respeto,
frente a la cual las obligaciones que se desprenden de los deberes de declarar
o de formular queja dan lugar a cargas demasiado gravosas, que, como se señala
en la demanda, en cuanto que comportarían la exigencia de actuar contra esos
vínculos de solidaridad, lealtad y afecto, desconocen la dignidad de la
persona.
No obstante que las anteriores
consideraciones son suficientes para condicionar la exequibilidad de las
disposiciones demandadas, observa la Corte que las mismas desconocen también el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto que ignoran una
realidad que proviene de la libre opción sexual; el derecho al debido proceso,
que está presente en la garantía contra la autoincriminación o la incriminación
de los allegados y la libertad de conciencia, porque implican establecer un
deber legal de obrar contra las consideraciones de conciencia que surgen de
determinados vínculos afectivos.
Los artículos demandados se declararán
exequibles en el entendido de que las previsiones en ellos contenidas para los
compañeros o compañeras permanentes se aplican también, en igualdad de
condiciones, a los integrantes de parejas del mismo sexo.
4.3.2.                   Cargos contra
normas penales y preventivas de delitos respecto de los cuales la víctima es el
compañero(a) permanente.
En este acápite de la demanda se agruparon
las normas relativas a disposiciones penales y preventivas de delitos en los
que la víctima o el afectado del hecho punible es el compañero o la compañera
permanente del sujeto activo del delito, de una persona en situación especial
de riesgo o de un testigo.
4.3.2.1.       Cargo contra normas penales
que consagran el beneficio de prescindir de la sanción penal
4.3.2.1.1.    Los demandantes consideran
que las expresiones acusadas del artículo 34 de la Ley 599 de 2000 y del
artículo 18 de la Ley 1153 de 2007 violan el preámbulo y los artículos 1, 13 y
16 de la Constitución Política, porque, al establecer que el beneficio de
prescindencia de la pena en los eventos en los que las consecuencias de una
conducta constitutiva de contravención o delito culposos alcancen
exclusivamente, entre otros, a los compañeros permanentes, con exclusión de las
parejas del mismo sexo, establecen una diferencia de trato fundada en el
criterio sospechoso de la orientación sexual, que, en este caso, no supera el
test estricto de proporcionalidad.
4.3.2.1.2.    Transcripción de las
disposiciones acusadas
LEY 599 DE
2000
Por
la cual se expide el Código Penal
ARTICULO 34. DE LAS PENAS. Las penas que se pueden imponer con
arreglo a éste código son principales, sustitutivas y accesorias
privativas de otros derechos cuando no obren como principales.
En los eventos de delitos culposos o con
penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la
conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes,
descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano,
adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se
podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella
no resulte necesaria.
LEY 1153 DE 2007
Por medio de la cual se establece el
tratamiento de las pequeñas causas en materia penal.
ARTÍCULO 18. CONTRAVENCIONES CULPOSAS.
En los eventos de
contravenciones culposas, salvo los casos de registro de antecedentes penales o
contravencionales, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado
exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero
o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el
segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción
penal cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto.
4.3.2.1.3.    Consideraciones de la Corte
4.3.2.1.3.1. Observa la Corte que la medida
prevista en el artículo 34 del Código Penal tienen como fundamento la especial
relación que existe entre los sujetos allí señalados y se explica, tal como se
pone de presente en la demanda, “… en el reconocimiento de que el dolor
producido a causa del daño inflingido sin intención a un ser cercano y querido
constituye en si mismo una pena que torna innecesaria la imposición de una pena
estatal.”
En ese contexto, encuentra la Corte que
resulta asimilable la situación de los integrantes de parejas heterosexuales y
homosexuales, sin que se aprecie una razón que explique o justifique una
diferencia de trato. La exclusión de los integrantes de las parejas
homosexuales del ámbito de la norma resulta, por consiguiente,  contraria al
principio de igualdad.
Se declarará la exequibilidad condicionada
del artículo 34 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que la expresión “compañero
o compañera permanente” en él contenida se aplica también a los integrantes
de parejas del mismo sexo.
4.3.2.1.3.2.
Por otra parte, como quiera
que, mediante Sentencia C- 879 de 2008, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de la Ley 1153 de 2007, ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada en relación con el artículo 18 de dicha ley ahora demandado, y la Corte
habrá de estarse a lo resuelto en esa providencia.
4.3.2.2.       Cargo contra normas penales
que establecen circunstancias de agravación punitiva
4.3.2.2.1.    Los actores aducen que las disposiciones
consagradas en el numeral 1º  del artículo 104, el numeral 4º del artículo 170,
los numerales 1º y 4º del artículo 179, el numeral 3º del artículo 188-B y el
numeral 1º del artículo 245 de la Ley 599 de 2000, son contrarias a los
artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política, por cuanto consagran unas
circunstancias de agravación punitiva que no se aplican en los casos en los que
la víctima es una persona homosexual con relación permanente y singular con el
sujeto activo o con una persona en situación de riesgo, de manera que existe un
trato discriminatorio contra las parejas del mismo sexo, basado en el criterio
sospechoso de la orientación sexual, que no supera el test estricto de
proporcionalidad.
Los demandantes hacen en este acápite una
consideración especial en torno a la procedibilidad de la intervención de la
Corte Constitucional y de un fallo de exequibilidad condicionada frente a las
expresiones demandadas, de cara al principio de estricta reserva legal en
materia penal.
4.3.2.2.2.    Trascripción de las
disposiciones demandadas
LEY 599 DE 2000
Por la cual se expide el Código Penal
(…)
ARTICULO 104. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. <Penas aumentadas por el artículo 14 de
la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005> La pena será de
cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta
descrita en el artículo anterior se cometiere:
1. En la persona del ascendiente o descendiente,
cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano,
adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.
(…)
ARTICULO 170. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. <Artículo modificado por el artículo 3
de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004> La pena señalada para el secuestro extorsivo será de cuatrocientos
cuarenta y ocho (448) a seiscientos (600) meses y la multa será de seis mil
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6666.66) a cincuenta mil
(50000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin superar el límite
máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal, si
concurriere alguna de las siguientes circunstancias.
(…)
4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil,
sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o
aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o
algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la
afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión
libre.
(…)
ARTICULO 179. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. Las penas previstas en el artículo
anterior se aumentarán hasta en una tercera parte en los siguientes eventos:
1. Cuando el agente sea integrante del grupo
familiar de la víctima.
(…)
4. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra
las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores
sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos
de elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales,
políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos
punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, o compañero o
compañera permanente de las personas antes mencionadas, o contra
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil.
(…)
ARTÍCULO 188-B. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. <Artículo adicionado por el artículo 3
de la Ley 747 de 2002> Las penas para los delitos descritos en el artículo
188 y188-A, se aumentará de una tercera parte a la mitad, cuando:
(…)
3. El responsable sea cónyuge o compañero
permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil.
(…)
ARTICULO 245. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. <Artículo modificado por el artículo 6
de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004> La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una
tercera (1/3) parte y la multa será de cuatro mil (4.000) a nueve mil (9.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, si concurriere alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil,
sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o
aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o
algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la
afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión
libre.
(…)
4.3.2.2.3.    Consideraciones de la Corte
Observa la Corte que, en el numeral 1º del
artículo 104, el numeral 4º del artículo 170, el numeral 1º del artículo 179,
el numeral 3º del artículo 188-B y el numeral 1º del artículo 245 de la Ley 599
de 2000, el legislador establece unas circunstancias de agravación punitiva que
implican la consideración sobre un mayor grado de reproche social de la
conducta en atención a la especial relación de afecto, solidaridad y respeto que
existe entre el sujeto activo de la misma y la víctima.
A su vez, en cuanto hace a la previsión del
numeral 4º  del artículo 179 de la Ley 599 de 2000, esa especial relación de afecto
y de solidaridad se da entre la víctima y los sujetos allí enunciados, los
cuales por sus connotaciones, se considera, deben ser objeto de una especial
protección estatal.
Para la Corte, como quiera que el criterio
al que atiende el legislador en orden a establecer las circunstancias de
agravación punitiva tiene que ver con esa especial relación a la que se ha
hecho referencia y que implica consideraciones sobre proximidad, confianza,
solidaridad o afecto, puede señalarse que en este caso la situación de los
integrantes de una pareja homosexual es asimilable a la de los integrantes de
una heterosexual y que no se aprecia la existencia de una razón que explique la
diferencia de trato.
Dado que los demandantes no presentan
cargos específicos contra la expresión  “grupo familiar” contenido en el
numeral 1º del artículo 179 de la Ley 599 de 2000, sino que cuestionan
el hecho de que dicha disposición comporte un efecto de exclusión de los
integrantes de las parejas del mismo sexo, la Corte se abstendrá de hacer un
pronunciamiento sobre esa expresión, pero, por unidad normativa, emitirá su
decisión en relación con la disposición que la contiene considerada de manera
integral. Con el mismo criterio se adoptará la decisión en relación con los
artículos que contienen las expresiones “compañero o compañera permanente”.
En consecuencia, la Corte se inhibirá para
emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “grupo
familiar” contenida en el  numeral 1º del artículo 179 de la Ley 599
de 2000 y declarará la exequibilidad, por los cargos analizados, del numeral 1º
del artículo 104,  el numeral 4 del artículo 170, los numerales 1º y 4º del
artículo 179, el numeral 3º del artículo 188-B y el numeral 1º del artículo 245
de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que sus previsiones también comprenden
a los integrantes de las parejas del mismo sexo.
4.3.3.                   Cargos contra
normas penales y preventivas sobre delitos que tienen por sujeto pasivo al
compañero(a) permanente
En este apartado se presentan los cargos de
constitucionalidad formulados contra cuatro normas penales y una preventiva
sobre delitos cuyo sujeto pasivo es, entre otros, el compañero permanente.
4.3.3.1.       Cargo contra la norma penal
que consagra el delito de inasistencia alimentaria
4.3.3.1.1.    Los demandantes estiman que las
expresiones acusadas del artículo 233 de la Ley 599 de 2000 transgreden los
artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política, en cuanto que al excluir de
su ámbito de protección a las parejas constituidas por personas del mismo sexo,
establecen una diferencia de trato basada en un criterio sospechoso, cual es la
orientación sexual, que no supera el test estricto de proporcionalidad
Por otro lado, los demandantes consideran que el
tiempo de dos años al que se sujeta la convivencia de los compañeros
permanentes para que pueda aplicarse el delito de inasistencia alimentaria
vulnera su derecho a la igualdad, en la medida en que impone un requisito que
no tienen que cumplir las parejas unidas en matrimonio quienes son titulares de
la acción penal en el delito aludido, sin tener que acreditar un tiempo mínimo
de convivencia.
Preliminarmente, en la demanda se precisa que la Corte
Constitucional se ha pronunciado en tres oportunidades sobre el artículo 233 de
la Ley 599 de 2000, en las sentencias C-984 de 2002, C-247 de 2004 y C-016 de
2004, pero por cargos diferentes a los presentados en esta oportunidad, por lo
que solo se ha configurado una cosa juzgada relativa.
4.3.3.1.2.    Trascripción de las
disposiciones acusadas
LEY 599 DE 2000
Por la cual se expide el Código Penal
ARTICULO 233. INASISTENCIA ALIMENTARIA. <Artículo modificado por el artículo 1
de la Ley 1181 de 2007> El que se sustraiga sin justa causa a la prestación
de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante,
adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente,
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa
de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
La pena será de prisión de treinta y dos (32) a
setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco
(37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia
alimentaria se cometa contra un menor.
PARÁGRAFO 1o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para efectos del
presente artículo, se tendrá por compañero y compañera permanente únicamente
al hombre y la mujer que forman parte de la Unión Marital
de Hecho durante un lapso no inferior a dos años en los
términos de la Ley 54 de 1990.
4.3.3.1.3.    Consideraciones de la Corte
4.3.3.1.3.1.    Mediante Sentencia C-798 de
2008, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “únicamente” contenida
en el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley
1181 de 2007, y la exequibilidad del
resto de esta disposición en el entendido que las expresiones “compañero”
y “compañera permanente” comprenden también a los integrantes de parejas
del mismo sexo. Por consiguiente, en relación con tales materias,  ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y la Corte, en los cargos
referidos a las expresiones  “compañero” y “compañera permanente”, y “al
hombre y la mujer” habrá de
estarse a lo resuelto en la Sentencia C-798 de 2008.
Advierte la Corte que en la Sentencia C-798
de 2008 se presenta una cosa juzgada relativa implícita, porque es evidente que
la Corte limitó su análisis de constitucionalidad al efecto discriminatorio que
la norma acusada tenía en relación con las parejas del mismo sexo y que no hizo
consideración alguna    sobre la exigencia de un lapso no inferior a dos años
para la unión marital de hecho razón por la cual queda abierta la posibilidad de
que la Corte se pronuncie sobre este último aspecto.
4.3.3.1.3.2.          En cuanto hace a la sujeción al
término de dos años de convivencia para que haya lugar al delito de
inasistencia alimentaria entre compañeros permanentes, estima la Corte que si
bien es cierto que en Sentencias C-521 de 2007 y C-811 de 2007 consideró que la
sujeción al término de dos años para que el compañero permanente del afiliado
al sistema de salud pudiera ser incluido como beneficiario no se encontraba
justificada por parámetros objetivos y razonables, la situación que plantea la
norma ahora demandada es distinta, puesto que de por medio está la libertad de
configuración del legislador en el ámbito de la política del Estado en materia
criminal.
Como se señaló en otro aparte de esta providencia, en
ese contexto es preciso tener en cuenta que quien decide acudir a la
institución del matrimonio establece un vínculo jurídico que se materializa
desde el momento mismo en el que se celebra el contrato y del cual se derivan
una serie de compromisos y obligaciones. En ausencia de ese compromiso formal,
la exigencia de un periodo de dos años para que se haga efectiva la protección
prevista en la norma, constituye una previsión razonable en torno a la seriedad
del compromiso y la naturaleza del vínculo frente al cual la inasistencia
alimentaria se considera merecedora de reproche penal.
Por las anteriores consideraciones se
declarará la exequibilidad de la expresión “durante un lapso no inferior a
dos años” contenida en el parágrafo 1º del artículo 233 del Código Penal.
4.3.3.2.       Cargo contra la norma penal
que consagra el delito de malversación y dilapidación de bienes familiares
4.3.3.2.1.    Los demandantes estiman de que las
expresiones acusadas de los artículos 457 del Código Civil y 236 de la Ley 599
de 2000 violan los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política, por
cuanto, en primer lugar, sin razón que lo justifique, se excluye a los
compañeros permanentes del llamamiento que la ley hace al cónyuge para el
ejercicio de la tutela o curaduría legítima y, luego, con base en  un criterio
sospechoso, cual es la orientación sexual, que en este caso no supera el test
estricto de proporcionalidad, se excluye a los integrantes de la pareja
homosexual como sujetos pasivos del delito de malversación y dilapidación de
bienes familiares, no obstante que si se otorga esa condición a los compañeros
permanentes en una unión heterosexual.
4.3.3.2.2.    Trascripción de las
disposiciones demandadas
Código Civil
ARTICULO 457. (Artículo modificado por el artículo 51 del Decreto
2820 de 1974) Son llamados a la tutela o curaduría legítima:
1.
El cónyuge, siempre que
no esté divorciado ni separado de cuerpos o de bienes, por causa distinta al
mutuo consenso.
(…)
LEY 599 DE 2000
Por la cual se expide el Código Penal
ARTICULO 236. MALVERSACION Y DILAPIDACION DE BIENES DE FAMILIARES. <Penas
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004> El que malverse o
dilapide los bienes que administre en ejercicio de la patria potestad, tutela o
curatela en ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente,
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de
uno punto treinta y tres (1.33) a quince (15) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya otro delito.
4.3.3.2.3.    Consideraciones de la Corte
La tutela y la curatela son instituciones
civiles orientadas a suplir la incapacidad de una persona para administrar sus
asuntos. En Sentencia C-1109 de 2000, la Corte Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del inciso segundo
del artículo 552 del Código Civil, conforme al cual “[e]l cuidado inmediato
de la persona del demente no se encomendará a persona alguna que sea llamada a
heredarle a no ser su padre o madre, o su cónyuge”, en el entendido de que
lo dicho en la disposición respecto del cónyuge comprende al compañero
permanente.  Destacó la Corte que a la luz de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Constitución, los integrantes de la pareja tienen entre sí deberes y
derechos recíprocos que la ley debe acrecentar, no mitigar, con miras a
conservar la unidad familiar, y en relación con los cuales no cabe hacer distinciones
injustificadas entre los cónyuges y los compañeros permanentes.
Ese precedente resulta aplicable en el
presente caso, en el que, sin mayores elucubraciones, es posible concluir que
la expresión “cónyuges” contenida en el numeral 1º del artículo 457 del
Código Civil sólo se ajusta a la Constitución si se entiende que comprende
también a los compañeros permanentes.
Por otra parte, si se tiene en cuenta que
el criterio del legislador para conferir la facultad de ejercer la curatela al integrante
de la pareja se funda en la consideración de las relaciones de confianza,
solidaridad, socorro y apoyo mutuos, es claro que la situación de los
integrantes de las parejas homosexuales que han decidido desarrollar un
proyecto de vida en común es equiparable a la de los compañeros permanentes.
Como quiera que no se aprecia razón alguna que explique o justifique la
diferencia de trato que resulta de la disposición demandada, la misma es
contraria a la Constitución y en relación con ella habrá de producirse una
declaración de exequibilidad condicionada.
Por las mismas razones resulta
inconstitucional que en el enunciado las personas en cuyo beneficio se prevé el
delito de malversación contemplado en el artículo 236 del Código Penal se
incluya a los compañeros permanentes, pero no se haga lo propio con los
integrantes de las parejas del mismo sexo.
Con base en las anteriores consideraciones,
la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “cónyuge” contenida
en el numeral 1º del artículo 457 del Código Civil, en el entendido de que,
para los efectos allí previstos, la misma también comprende a los compañeros
permanentes, y, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas
del mismo sexo. Así mismo, se declarará la exequibilidad, por los cargos
analizados, del artículo 236 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que este
tipo penal comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.
4.3.3.3.       Cargo contra las normas
penales y preventivas en materia del delito de violencia intrafamiliar
4.3.3.3.1.    Los demandantes estiman que las
expresiones acusadas de los artículos 229 de la Ley 599 de 2000 y 2 de la Ley
294 de 1996 violan los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política, por
cuanto excluyen de su ámbito de protección a las parejas constituidas por
personas del mismo sexo, y dan lugar a un tratamiento diferenciado que se basa
en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, que no supera el test
estricto de proporcionalidad. Esa situación, a su vez, genera un déficit de
protección contrario a la Constitución.
Preliminarmente, los accionantes expresan que, en
relación con el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, si bien la Corte se
pronunció sobre el mismo en la Sentencia C-674 de 2005, lo hizo por cargos
referidos a la eliminación de la referencia al maltrato sexual como elemento de
la violencia intrafamiliar, que resultan sustancialmente diferentes a los
presentados en esta oportunidad, por lo que solo existe una cosa juzgada
relativa.
4.3.3.3.2.    Trascripción de las
disposiciones acusadas
LEY 599 DE 2000
Por la cual se expide el Código Penal
ARTICULO 229. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. <Artículo modificado por el artículo
33 de la Ley 1142 de 2007> El que maltrate física o sicológicamente a
cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá,
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor
de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución
física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
PARÁGRAFO. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo
miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de
uno o varios miembros de una familia en su domicilio o
residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el presente
artículo.
LEY 294 DE 1996
“Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar”
ARTÍCULO 2o. La familia se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer
de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Para los efectos de la presente Ley, integran la
familia:
a) Los cónyuges o compañeros permanentes;
b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan
en un mismo hogar;
c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores
y los hijos adoptivos;
d) Todas las demás personas que de manera permanente
se hallaren integrados a la unidad doméstica.
4.3.3.3.3.    Consideraciones de la Corte
Las normas que contienen las disposiciones
acusadas se desenvuelven en el ámbito de las medidas orientadas a asegurar la
protección integral de la familia. En ese contexto, dentro de su libertad de
configuración, el legislador ha decidido estructurar un tipo penal orientado a
sancionar, cuando ocurren en el ámbito familiar, conductas de violencia física
o sicológica que no tienen la entidad necesaria como para integrarse en los
tipos que, de manera general, protegen bienes como la vida, la integridad
personal, la libertad, la integridad y la formación sexuales, o la autonomía
personal.
No obstante que, de acuerdo con su tenor
literal, las medidas previstas en las normas acusadas se desenvuelven en el
ámbito de la protección integral a la familia, observa la Corte que el fenómeno
objeto de regulación se inscribe en un contexto más amplio, en la medida en la
que, en algunas de sus manifestaciones, se construye alrededor de  conceptos
como “domicilio” o “residencia”, o en función de  las personas
que “… de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica”.
De este modo, lo que se pretende prevenir,
es la violencia que de manera especial puede producirse entre quienes, de
manera permanente, comparten el lugar de residencia o entre quienes, de manera
quizá paradójica, se encuentran más expuestos a manifestaciones de violencia en
razón de la relación de confianza que mantienen con otra persona, relación que,
tratándose de parejas, surge del hecho de compartir un proyecto de vida en
común.
Así miradas las cosas, para la Corte, el legislador
al regular, en relación con la familia, una situación que también se presenta
en el ámbito de las parejas homosexuales, da lugar a un déficit de protección
porque ignora una realidad que, para los supuestos previstos por el legislador,
puede aspirar a un nivel equivalente de protección al que se brinda a los
integrantes de la familia.
Por las razones anotadas, se declarará la
exequibilidad, por los cargos analizados, de los artículos 229 y 236 de la Ley
599 de 2000, en el entendido de que los tipos penales en ellos consagrados
comprenden también a los integrantes de las parejas del mismo sexo, y la exequibilidad
de la expresión “compañeros permanentes” contenida en literal a) del
artículo 2º de la Ley 294 de 1996, en el entendido de que, para los efectos de las
medidas administrativas de protección previstas en la Ley 294 de 1996, la misma
también se aplica, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas
homosexuales.  La Corte se inhibirá en relación con las expresiones “familia”
contenidas en el artículo 2 de la Ley 294 de 1996, como quiera que los cargos
de la demanda apuntan a afrontar el déficit de protección que se ha abordado en
esta providencia y no cuestionan el concepto de familia como tal.
4.3.3.4.    Cargo contra la norma penal que
consagra el delito de amenazas a testigo
4.3.3.4.1.    Los demandantes consideran que la
expresión acusada del artículo 454-A de la Ley 599 de 2000 viola los artículos
1, 13 y 16 de la Constitución Política, por cuanto, al establecer que una de
las conductas constitutivas del delito de amenazas a testigo es amenazar con
ejercer violencia física o moral en contra del compañero permanente de una
persona que ha sido testigo de un hecho delictivo, excluye de su ámbito de aplicación
a los miembros de las parejas homosexuales y establece una diferencia de trato
que se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, y que no
supera el test estricto de proporcionalidad.
4.3.3.4.2.    Trascripción de las
disposiciones acusadas
LEY 599 DE 2000
Por la cual se expide el Código Penal
ARTÍCULO 454-A. AMENAZAS A TESTIGO. <Artículo adicionado por el artículo 13
de la Ley 890 de 2004> El que amenace a una persona testigo de un hecho
delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente
dentro del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como testigo, o para
que en su testimonio falte a la verdad, o la calle total o parcialmente,
incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cincuenta
(50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta anterior se realizare respecto de
testigo judicialmente admitido para comparecer en juicio, con la finalidad de
que no concurra a declarar, o para que declare lo que no es cierto, incurrirá
en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de cien (100) a cuatro mil
(4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A las mismas penas previstas en los incisos anteriores
incurrirá quien realice las conductas sobre experto que deba rendir informe
durante la indagación o investigación, o que sea judicialmente admitido para
comparecer en juicio como perito.
4.3.3.4.3.    Consideraciones de la Corte
Observa la Corte que la finalidad evidente
de la norma es la de proteger a los testigos del costreñimiento proveniente de
amenazas de violencia física o moral en su contra o en la de personas con
quienes tiene especiales relaciones de afecto, solidaridad y respeto.
Dado que el criterio al que atiende el
legislador en orden a establecer los destinatarios de las amenazas que dan
lugar a la aplicación del tipo penal tiene que ver con esa especial relación a
la que se ha hecho referencia y busca evitar que en razón de la misma, y de las
consideraciones de afecto y de  solidaridad que de allí surgen, se pueda
ejercer una presión indebida sobre los testigos, puede señalarse que en este
caso, la situación de los integrantes de una pareja homosexual que hayan optado
por hacer un proyecto de vida en común es asimilable a la de los integrantes de
una pareja heterosexual en las mismas condiciones y que no se aprecia la
existencia de una razón que explique la diferencia de trato.
De este modo, la disposición acusada al
incluir, únicamente, al “compañero o compañera permanente” de un
testigo como destinatario de la amenazas previstas en el tipo, con exclusión de
los integrantes de las parejas homosexuales, da lugar a una omisión legislativa
contraria a la Constitución.
Con base en las anteriores consideraciones,
la Corte declarará la exequibilidad del artículo 454 A del Código Penal, en el
entendido de que el tipo penal allí previsto también comprende las amenazas
que, en igualdad de condiciones, se produzcan  en contra de los
integrantes de las parejas del mismo sexo que actúen como testigos.
4.4.   Normas que consagran derechos para los
compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces y que excluyen de su
titularidad a las parejas del mismo sexo
En este acápite los demandantes cuestionan las normas
que consagran derechos para los compañeros permanentes de las víctimas de
crímenes atroces.
4.4.1.
Cargo contra normas que
consagran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
de crímenes atroces
4.4.1.1.       Los demandantes consideran que las
expresiones acusadas de los artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de
2005, 11 de la Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2 de la Ley 387
de 1997 violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 15, 16, 29, 93, 229 y
250, numerales 6 y 7, de la Constitución Política, por cuanto consagran diferentes
expresiones de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a favor,
entre otros, de los compañeros permanentes heterosexuales de las víctimas de
los crímenes sobre los que versan, sin otorgar el mismo trato a las parejas del
mismo sexo. Agregan que, si bien los miembros de parejas homosexuales siempre
podrán reclamar estos derechos probando el daño sufrido con motivo del crimen
cometido contra su pareja, el eje central del cargo esgrimido consiste en que
las parejas homosexuales de las víctimas de crímenes atroces no reciben el
beneficio de presumir su calidad de víctimas sin necesidad de que prueben el
daño sufrido con motivo del crimen cometido contra su pareja, como sí ocurre
para los miembros de parejas heterosexuales. Se establece así una diferencia de
trato que se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, que
no supera el test estricto de proporcionalidad. Adicionalmente, la exclusión de
las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de las normas acusadas afecta
sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación, a la participación, a la
información y a una protección especial de la población desplazada.
Preliminarmente, los accionantes señalan que las
expresiones demandadas contenidas en los artículos 5, 47 y 48 de la Ley 975 de
2005, fueron estudiadas en la Sentencia C-370 de 2006 con respecto a un cargo
relativo a la presunta violación de la Carta Política por la exclusión de
algunos familiares de la noción de víctima, que resulta diferente al presentado
actualmente, por lo que solo ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
relativa; que la constitucionalidad de las expresiones demandadas de los
artículos 7, 15 y 58 de la Ley 975 de 2005 fue analizada en Sentencia C-575 de
2006, respecto de un cargo relativo a la presunta trasgresión de la
Constitución por limitar el derecho a la verdad a los familiares o parientes de
la víctima, que por ser diferente al actualmente formulado, sólo configura una
cosa juzgada relativa, y, finalmente, que  las expresiones demandadas
contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 ya fueron analizadas
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-473 de 2005, en desarrollo del
control previo y automático que procedía en atención a que se trataba de una
ley estatutaria. De esta forma respecto de estas disposiciones opera el
fenómeno de la cosa juzgada absoluta, lo cual no obsta para que sean revisadas
en relación con el cargo formulado, habida cuenta que la Corte ha establecido
que las leyes estatutarias pueden reexaminarse excepcionalmente cuando el vicio
de constitucionalidad de las mismas surja con posterioridad al control
realizado, circunstancia que ocurre en el presente caso, como quiera que el marco
constitucional relativo a los derechos de las parejas del mismo sexo ha
cambiado.
4.4.1.2.       Trascripción de las
disposiciones acusadas
LEY 975 DE 2005
Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
ARTÍCULO 5. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Para los efectos de la presente ley se entiende por
víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos
tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los
daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la
ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero
o compañera permanente, y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia
de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta
punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y
la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los
miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o
sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero
o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida
en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él,
como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de
los grupos organizados al margen de la ley.
ARTÍCULO 7. DERECHO A LA VERDAD. La sociedad, y en especial las víctimas,
tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los
delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre
el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
Las investigaciones y procesos judiciales a los que se
aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las
víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo
pertinente.
Los procesos judiciales que se adelanten a partir de
la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse
otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.
ARTÍCULO 15. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD.
(…)
Con la colaboración de los desmovilizados, la policía
judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e
informará oportunamente a los familiares sobre los
resultados obtenidos.
(…)
ARTÍCULO 47. REHABILITACIÓN. La rehabilitación deberá incluir la
atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes
en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo
para la Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las
víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la
reparación y de la rehabilitación.
ARTÍCULO 48. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE
NO REPETICIÓN. Las medidas de satisfacción y las
garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades
directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán
incluir:
(…)
49.3 (sic) La decisión judicial que restablezca la
dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes
en primer grado de consanguinidad.
ARTÍCULO 58. MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS
ARCHIVOS. El acceso a
los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes
para hacer valer sus derechos.
(…)
LEY 589 DE 2000
Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la
desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras
disposiciones.
ARTICULO 11. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Sin perjuicio de la extinción de la acción
penal o terminación del proceso por cualquier causa, en el delito de
desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación permanente de
realizar todas las acciones necesarias tendientes a establecer el paradero de
la víctima, conocer sobre las razones de su desaparición e informar sobre ello
a sus familiares.
LEY 971 DE 2005
Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de
búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 14. DERECHO DE LOS FAMILIARES A
OBTENER LA ENTREGA INMEDIATA DEL CADÁVER. Cuando la persona en favor de la cual se activó el
mecanismo de búsqueda urgente sea hallada sin vida, se adoptarán todas las
medidas necesarias para la entrega de su cadáver a los familiares,
independientemente de que se haya establecido la identidad de los responsables
de la desaparición o de la muerte y de que se les haya iniciado investigación
por los hechos delictivos que puedan configurarse. En todo caso, dicha entrega
se hará a condición de preservar los restos para el efecto de posibles
investigaciones futuras.
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS PETICIONARIOS, DE LOS FAMILIARES,
DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA. El peticionario y los familiares
de la persona que presumiblemente ha sido desaparecida tendrán derecho, en todo
momento, a conocer de las diligencias realizadas para la búsqueda. Las
Comisiones de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República y la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas también podrán
solicitar informes sobre la forma como se adelantan las investigaciones.
Siempre y cuando su presencia no obstaculice el
desarrollo de las actuaciones o el hallazgo del desaparecido, el funcionario
judicial podrá autorizar la participación del peticionario, de los familiares
de la presunta víctima y de un representante de la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas en las diligencias que se adelanten.
PARÁGRAFO. Ni al peticionario, ni a los familiares de la
persona presuntamente desaparecida, ni a las Comisiones de Derechos Humanos y
Audiencias del Congreso de la República, ni a la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas Desaparecidas será posible oponer la reserva de la información para
conocer sobre el desarrollo del mecanismo de búsqueda inmediata.
LEY 387 DE 1997
“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de
Colombia”
ARTICULO 2o. DE LOS PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de la
presente ley se orienta por los siguientes principios:
(…)
4o. La familia del desplazado
forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar.
(…)
4.4.1.3.       Consideraciones de la Corte
4.4.1.3.1.    Constata la Corte que en
relación las expresiones demandadas contenidas en los artículos 5, 7, 15, 47,  48
y 58 de la Ley 975 de 2005, existe cosa juzgada relativa por cuanto las
sentencias C-370 de 2006 y C-575 de 2006, que recayeron sobre las disposiciones
que las contienen, limitaron el alcance del fallo a los cargos analizados, que
son distintos de los presentados en esta oportunidad, o versaron sobre apartes
de las respectivas disposiciones que son distintos de los ahora demandados.
En cuanto hace a las expresiones demandadas
contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005, encuentra que la
Corte que, en la medida en que se trata de una ley estatutaria, la misma fue
objeto de control integral de constitucionalidad en la Sentencia C-473 de 2005
y en relación con sus disposiciones existe cosa juzgada absoluta.
Sobre este particular, la Corte ha puesto
de presente que el artículo 243 Superior prescribe que los fallos que la Corte
dicte en el ejercicio del control de constitucionalidad hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional y que de ese precepto “… se deriva el principio
general según el cual las decisiones que ejerzan el control de
constitucionalidad sobre determinada disposición y que no fijen los efectos de
esta decisión, cierran el debate jurídico sobre la materia, impidiéndose con
ello que se adelanten nuevos procesos dirigidos a reabrir la controversia sobre
la exequibilidad de la norma correspondiente.”[4]
Sin embargo, también a expresado la Corte, “…
la doctrina constitucional en comento también ha previsto tres excepciones al
alcance de la cosa juzgada constitucional absoluta: la cosa juzgada relativa
implícita, la cosa juzgada aparente y la modificación histórica de los
presupuestos fácticos del control de constitucionalidad, denominada por la
jurisprudencia como la doctrina de la Constitución viviente.”[5]
Sobre este último presupuesto, la Corte ha
señalado que se trata de una posibilidad, en todo caso excepcionalísima, de
someter nuevamente a análisis de constitucionalidad disposiciones sobre las
cuales existe un pronunciamiento de exequibilidad.  Al respecto, la
jurisprudencia de esta Corporación prevé que dicha opción concurre cuando “en
un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e
incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la
luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos
normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte
haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales
materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de
Constitucionalidad de una determinada norma.”[6]
Por otra parte, específicamente en relación
con las leyes estatutarias, la Corte ha puntualizado que, una vez realizado el
control previo e integral de constitucionalidad, cabría un nuevo
pronunciamiento de la Corte frente a una modificación posterior de las normas constitucionales
o de la conformación de las normas que integran el bloque de
constitucionalidad, por cuanto ello supondría la modificación del patrón de
comparación a partir del cual se realizó el cotejo. Tales situaciones, dijo la
Corte, “… podrían generar una inconstitucionalidad sobreviviente, ante la
cual sobreviene igualmente el deber de la Corte Constitucional de repararla.”[7]
Considera la Corte que, en este caso, tal
como se expresa por los demandantes, se está ante una de esas situaciones, por
cuanto a partir de la Sentencia C-075 de 2007 y las subsiguientes sentencias
C-811 de 2007 y C-336 de 2008, se produjo un cambio jurisprudencial en el marco
constitucional a partir del cual se evalúa la situación de las parejas
homosexuales, por cuanto con anterioridad se había considerado que los
problemas de igualdad que se planteaban por diferencias de trato frente a los parejas
heterosexuales eran atribuibles a omisiones absolutas del legislador, no
susceptibles de reparación por la vía del control de constitucionalidad, al
paso que, en el nuevo contexto, se ha acudido, tanto a establecer las
situaciones en las cuales ambos tipos de pareja son asimilables y, por
consiguiente, la diferencia injustificada de trato resulta violatoria del
principio de igualdad, como a identificar supuestos en los cuales la ausencia
de regulación de la situación de las parejas homosexuales, en supuestos que si
han sido regulados para las parejas heterosexuales, puede conducir a un déficit
de protección contrario a la Constitución.
Por las anteriores consideraciones la Corte
Constitucional se pronunciará de fondo en relación con los cargos dirigidos
contra ciertas expresiones de los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005.
4.4.1.3.2.    De manera preliminar señala la
Corte que cuando las disposiciones demandadas confieren ciertos derechos o
prerrogativas a los “familiares”, es claro que dicha expresión comprende
a los parientes y a los cónyuges y compañeros o compañeras permanentes. Por la
naturaleza de los derechos y prerrogativas previstos en las disposiciones
demandadas, el criterio empleado por el legislador para determinar los
destinatarios de la mismas es el de su condición de allegados a las víctimas y
su relación de afecto, de solidaridad y de respeto con ellas, bien sea en razón
de vínculos jurídicos o fácticos. Esto es, no obstante que las disposiciones
acuden al empleo de la expresión “familia” y que su efecto tiene un
importante significación dentro del propósito de brindar una protección
especial a la familia, no es ese el criterio principal a partir del cual se
construyen, sino que, como se ha dicho, se busca proteger a todas las personas
que mantengan con la víctima un vínculo estrecho, sea jurídico o fáctico.
En ese contexto la situación de los
integrantes de una pareja homosexual con vocación de permanencia es asimilable
a la de los compañeros permanentes, y no se aprecia que exista una razón que
justifique la diferencia de trato, motivo por el cual la misma resultaría
contraria al principio de igualdad.
Como quiera que, tal como se ha puesto de
presente a lo largo de esta providencia, los demandantes no presentan cargos
específicos contra las expresiones  “familiares”, “familia” y “familiar”,
sino que cuestionan el hecho de que las disposiciones en las que ellas se
encuentran comporten un efecto de exclusión de los integrantes de las parejas
del mismo sexo, la Corte se abstendrá de hacer un pronunciamiento sobre esas
expresiones, pero, por unidad normativa, emitirá su decisión en relación con las
disposiciones que las contienen consideradas de manera integral. Con el mismo
criterio se adoptará la decisión en relación con los artículos que contienen
las expresiones “compañero o compañera permanente”.
Con base en la anterior consideración los
artículos 5, 7 y 15 de la Ley 975 de 2005, 11 de la Ley 589 de 2000, 14 y 15 de
la Ley 971 de 2005 y 2 de la Ley 387 de 1997 se declararán exequibles siempre
que se entienda que, cuando corresponda, sus previsiones, en igualdad de
condiciones, se aplican también a los integrantes de las parejas del mismo
sexo.
Por otro lado, observa la Corte que, en
estricto sentido, la expresión “parientes” no se extiende a los cónyuges
y compañeros permanentes, y que, por consiguiente, no puede derivarse de ella
un efecto excluyente en relación con los integrantes de las parejas del mismo
sexo, quienes de hecho, y con el alcance que se ha fijado en esta sentencia,
tienen, en los supuestos de la Ley 975 de 2005, el carácter de víctimas, en los
términos de su artículo 5º.  Sin embargo, de una lectura sistemática de la ley,
se desprende que también los cónyuges y compañeros permanentes pueden, en
determinadas circunstancias,  encontrarse comprendidos entre los titulares de
los derechos previstos en los artículos 47, 48 y 58 de la ley y,  por
consiguiente, en relación con lo dispuesto en ellos, caben las mismas
consideraciones que se han hecho en relación con las expresiones compañero y
compañera permanente acusadas en este acápite. Por consiguiente, se declarará
la exequibilidad de dichos artículos, en el entendido de que, cuando
corresponda, sus previsiones se aplican también al cónyuge, compañero o
compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los integrantes de las
parejas del mismo sexo.
4.4.2.
Cargo contra normas que
consagran medidas de protección de carácter civil ante la ocurrencia de ciertos
crímenes atroces
4.4.2.1.       Los demandantes consideran que las expresiones
acusadas de los artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 2º y 26 de la Ley 986 de
2005, violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 16, 49, 93 y 95 de la
Constitución Política, por cuanto, al consagrar medidas de protección de
carácter civil ante la ocurrencia de crímenes de desaparición forzada,
secuestro y toma de rehenes a favor de las parejas heterosexuales, excluyen a
las parejas del mismo sexo, dando lugar a un trato diferenciado que se basa en
un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual,        que no supera el
test estricto de proporcionalidad.
Preliminarmente, los accionantes señalan que la
constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 fue estudiada en la
Sentencia C-400 de 2003 con respecto a un cargo que cuestionaba la
constitucionalidad de la restricción del beneficio consistente en que las
víctimas de desaparición forzada sigan percibiendo su salario, beneficio que se
predicaba de los servidores públicos con exclusión de los particulares, cargo
que resulta diferente al presentado actualmente, por lo que solo ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada relativa.
De otra parte, esta Corporación analizó la
constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 986 de 2005 en la Sentencia C-394
de 2007, conforme a un cargo sobre una presunta omisión legislativa relativa
por no incluir a las víctimas y familiares de los delitos de toma de rehenes y
de desaparición forzada en los beneficios legales,  cargo que por ser diferente
al actualmente formulado, sólo configura una cosa juzgada relativa.
4.4.2.2.       Trascripción de las
disposiciones acusadas
LEY 589 DE 2000
Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la
desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras
disposiciones.
ARTICULO 10. ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LAS
PERSONAS VICTIMAS DEL DELITO DE DESAPARICION FORZADA. La autoridad judicial que conoce o dirige
el proceso por el delito de desaparición forzada, podrá autorizar al cónyuge, compañero
o compañera permanente, a alguno de los padres o de los hijos del
desaparecido para que provisionalmente asuman la disposición y administración
de todos o parte de sus bienes, en cuanto fueren de su manejo exclusivo. Quien
sea autorizado, actuará como curador de conformidad con las leyes civiles sobre
la materia.
El funcionario judicial remitirá estas diligencias a
la autoridad competente, quien adoptará en forma definitiva las decisiones que
considere pertinentes.
PARAGRAFO 1o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La misma autoridad
judicial podrá autorizar a quien actúe como curador para que continúe
percibiendo el salario u honorarios a que tenga derecho el desaparecido, hasta
por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público.
(…)
LEY 986 DE 2005
Por medio de la cual se adoptan medidas de protección
a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 2.   DESTINATARIOS DE LOS INSTRUMENTOS
DE PROTECCIÓN. Los instrumentos que esta ley consagra
tienen por objeto proteger a la víctima del secuestro, a su familia
y a las personas que dependan económicamente del secuestrado. Asimismo, los
instrumentos de protección definidos en los Capítulos I y IV del Título II de
esta ley tendrán aplicación para el caso de la empresa unipersonal cuyo titular
sea una persona secuestrada.
Para los efectos de esta ley, cuando se utilicen las
expresiones "secuestrado" y "víctima de secuestro", se
entenderá que se hace referencia a la víctima de un delito de secuestro, según
se desprenda del proceso judicial adelantado por la autoridad judicial
competente
ARTÍCULO 26.
El artículo 23 de la ley 282 de 1996 quedará
así:
"Artículo 23. Declaración de ausencia del
secuestrado. El proceso de declaración de ausencia de una persona que ha
sido víctima de secuestro se adelantará ante el juez de familia del domicilio
principal del ausente en cualquier momento después de la ocurrencia del
secuestro y hasta antes de la declaratoria de muerte presunta.
"Estarán legitimadas para ejercer la curaduría de
bienes, en su orden, las siguientes personas: el cónyuge o compañero o
compañera permanente, los descendientes incluidos los hijos
adoptivos, los ascendientes incluidos los padres adoptantes y los hermanos. En
caso de existir varias personas en el mismo orden de prelación, el juez, oídos
los parientes, elegirá entre ellas la que le pareciere más apta, y podrá
también, si lo estima conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las
funciones.
"La demanda podrá ser presentada por cualquiera
de las personas llamadas a ejercer la curaduría y en ella se incluirá la
relación de las demás personas de quienes se tenga noticia sobre su existencia
y que en virtud de lo dispuesto en el presente artículo podrían ejercerla. La
declaración se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. A la demanda
deberá anexarse la certificación vigente a que hace referencia el artículo 5o de la presente ley.
Se podrá actuar directamente sin necesidad de constituir apoderado judicial.
"En el auto admisorio de la demanda se procederá
a nombrar curador de bienes provisional a la persona llamada a ejercer el
cargo, pero si se rechaza el encargo, o no se presentare ninguna persona
legitimada para ejercerlo, o si de común acuerdo todas las personas que tienen
vocación jurídica para ejercer la curaduría lo solicitan, el juez podrá
encargar la curaduría a una sociedad fiduciaria que previamente haya
manifestado su interés en realizar dicha gestión.
"El juez que no se ciña al procedimiento aquí señalado
o que de cualquier manera actúe en contravención a lo dispuesto en el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta.
"En lo no previsto en el presente artículo se
aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento
Civil".
4.4.2.3.       Consideraciones de la Corte
4.4.2.3.1.    Constata la Corporación que
los pronunciamientos que la Corte Constitucional ha realizado sobre los
artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 2 de la Ley 986 de 2005, en las sentencias
C-400 de 2003 y C-394 de 2007, tienen el alcance de cosa juzgada relativa, en
la medida en que versaron sobre apartes de las respectivas disposiciones que
son distintos de los ahora demandados o limitaron el alcance del fallo a los
cargos analizados, que son distintos de los presentados en esta oportunidad.
Por consiguiente cabe una decisión de fondo sobre los cargos ahora presentados.
4.4.2.3.2.    Las disposiciones en las que se
encuentran las expresiones demandadas en este acápite se han establecido
teniendo en cuenta el valor de los vínculos de solidaridad y afecto que existen
entre quienes son víctima de una desaparición forzada, un secuestro o una toma
de rehenes, y determinadas personas de su entorno personal o familiar, así como
de las que existen en razón de los lazos de dependencia económica.
Así, aunque de manera expresa, en la Ley 986 de 2005, las
disposiciones demandadas se presentan como instrumentos de protección de la
familia, encuentra la Corte que ellas constituyen una respuesta del Estado a
situaciones que afectan de manera extrema los derechos fundamentales de las
víctimas y de quienes están en una especial relación de afecto, solidaridad y
respeto con ellas. La identificación de los destinatarios de las medidas de
protección en razón de esa especial relación, es una manera de proteger, en
primer lugar, a la propia víctima, y, de manera complementaria, también a sus
allegados.
Tal como se ha puesto de presente en esta providencia,
la demanda no se dirige a cuestionar el concepto de familia que se desprende la
Constitución y, por consiguiente, en este caso la Corte se pronunciará, no
sobre la expresión “familia” contenida en el artículo 2 de la Ley 986 de
2005, que fue la expresamente demandada, sino sobre la totalidad de dicho
artículo, en cuanto que del mismo se desprende  una protección a los compañeros
o compañeras permanentes que no cobijaría a los integrantes de las parejas
homosexuales.
En ese contexto encuentra la Corte que, tanto a
efectos de determinar los destinatarios de las medidas de protección previstas
en la Ley 986 de 2005, como para establecer las personas que serán llamadas a
ejercer la administración de los bienes de quienes hayan sido víctimas de los
delitos de secuestro o de desaparición forzada, la situación de quienes, con
vocación de permanencia, integran una pareja homosexual, es asimilable a la de
los compañeros o compañeras permanentes y que no existe razón que explique la
diferencia de trato que se desprende de las expresiones acusadas del artículo
10 de la Ley 589 de 2000, y de los artículos 2º y 26 de la Ley 986 de 2005,
razón por la cual dicha diferencia resulta contraria a la Constitución.
Se declarará de la exequibilidad de la expresión “compañero
o compañera permanente” contenida en los artículos 10 de la Ley 589 de 2000
y 26 de la Ley 986 de 2005, en el entendido de que la misma, en igualdad de
condiciones, se aplica también a los integrantes de las parejas del mismo sexo,
y la exequibilidad del artículo 2º de la Ley 986 de 2005, en el entendido de
que el mismo no excluye a las parejas del mismo sexo de las medidas de
protección consagradas en la Ley 986 de 2005.
4.5.   Normas que consagran prestaciones,
subsidios y medidas indemnizatorias de carácter social a favor de las parejas
heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
En este acápite se analizan las normas que establecen
el régimen de salud y pensiones de la fuerza pública y que regulan el subsidio
familiar en servicios.
4.5.1.                   Cargos contra
normas que consagran prestaciones sociales
4.5.1.1. Cargo contra normas que definen los
beneficiarios del régimen especial de salud y pensiones para los miembros de la
fuerza pública
4.5.1.1.1.    Los demandantes consideran que las
expresiones acusadas de los artículos 3 de la Ley 923 de 2004 y 24 del Decreto
1795 de 2000 violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 48 y 49 de la
Constitución Política, por cuanto, al incluir entre los beneficiarios de las
pensiones de sobrevivencia y la sustitución de la asignación de retiro dentro
del régimen especial que en materia de seguridad social opera para los miembros
de la fuerza pública, al compañero o compañera permanente supérstites y al
articular dichas prestaciones en función de la noción de familia, con exclusión
de los miembros de las parejas homosexuales, establece un trato diferenciado
que se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, y que no
supera el test estricto de proporcionalidad.
Adicionalmente, los demandantes ponen de presente que
en la actualidad existe una diferencia entre el régimen especial de seguridad
social para la Fuerza Pública y el régimen general de seguridad social,
derivada de la jurisprudencia constitucional que, para este último, determinó
que los beneficios consagrados cubrían a las parejas del mismo sexo.
De otra parte, los actores señalan que la expresión “solo
cuando la unión permanente sea superior a dos años” contenida en el literal
a) del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000 impone una exigencia de tiempo
mínimo para obtener la calidad de beneficiario del compañero permanente
afiliado al régimen de seguridad social de la Fuerza Pública que es violatorio
del derecho a la igualdad, por cuanto no exige el mismo tiempo de convivencia a
las parejas unidas en matrimonio.
4.5.1.1.2.    Trascripción de las
disposiciones demandadas
LEY 923 DE 2004
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política.
ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea
fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes
elementos:
(…)
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de
sobrevivencia y de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez será establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo
familiar y el parentesco con el titular.
En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para
la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez:
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución
de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos inmediatamente anteriores a su muerte.
3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá
una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene
hijos con el causante aplicará el numeral 3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o
pensiona do por invalidez hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
(5) años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera
o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar
una cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente.
(…)
DECRETO 1795 DE 2000
Diario Oficial 44.161, del 14 de septiembre de 2000
Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
ARTICULO 24. BENEFICIARIOS. Para los afiliados enunciados en el literal
a) del artículo 23, serán
beneficiarios los siguientes:
a) El cónyuge o el compañero o la compañera
permanente del afiliado. Para el caso del compañero(a)
sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años.
b) Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los
cónyuges o compañero (a) permanente, que hagan parte del
núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con dedicación
exclusiva y que dependan económicamente del afiliado.
(…)
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar
podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que dependan
económicamente de él.
(…)
4.5.1.1.3.    Consideraciones de la Corte
Constitucional
4.5.1.1.3.1. La Corte Constitucional ya se
ha pronunciado sobre el hecho de que la exclusión de los integrantes de parejas
del mismo sexo de la condición de beneficiarios en el sistema de seguridad
social en salud y en pensiones resulta contraria a la Constitución.
En efecto, en la Sentencia C-811 de 2007, la Corte
expresó que, “… acogiendo
los criterios doctrinales esbozados por la Corte en la Sentencia C-075 de 2007,
que marcan la perspectiva actual en el tratamiento jurídico del tema, el
impedimento que tiene la pareja del mismo sexo de vincularse al sistema de
Seguridad Social en Salud por el régimen contributivo constituye una
vulneración de su derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la
personalidad -en la concepción de la autodeterminación sexual-, así como una
transgresión de la proscripción de discriminación por razón de la orientación
sexual del individuo.”
Para la Corte “[l]a razón de dicha transgresión es clara: la opción del
individuo que decide vivir en pareja con persona de su mismo sexo constituye la
causa directa que impide que los miembros de la pareja se vinculen al sistema
de seguridad social en salud en calidad de beneficiarios. En este sentido, es
la propia condición homosexual la que, aunada a la decisión de vivir en pareja,
determina la exclusión del privilegio legal, por lo que la norma resulta lesiva
del principio de igualdad constitucional (art. 13 C.P.), respecto de opciones
de vida igualmente legítimas, al tiempo que vulneratoria del derecho a la
dignidad humana (art. 2º C.P.), pues sanciona con la exclusión de una medida
destinada a preservar la salud y la vida del individuo a quien por ejercicio de
su plena libertad decide vivir en pareja con otro de su mismo sexo.”
En el mismo sentido, en la Sentencia C-336
de 2008, la Corte señaló que la exclusión de los integrantes de la pareja
homosexual de entre los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en el
sistema general de pensiones da lugar a un trato que conlleva a un déficit de
protección. Puntualizó la Corte que “… con el fin de remover la citada
situación, contraria a la Constitución, la protección otorgada a los compañeros
y compañeras permanentes de las parejas heterosexuales, debe ser ampliada a los
compañeros y compañeras permanentes de las parejas homosexuales, por cuanto no
existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato
desigual al que vienen siendo sometidas las personas que en ejercicio de sus
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción
sexual, han decidido conformar una pareja con una persona de su mismo género.”
De este modo, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, no existe un fundamento razonable y objetivo que
explique la exclusión de los integrantes de las parejas del mismo sexo de la
condición de beneficiarios en el régimen de seguridad social en pensiones y en
salud. En el régimen especial de la fuerza pública al que pertenecen las
disposiciones demandadas tampoco se aprecia una tal explicación o
justificación, razón por la cual la diferencia de trato que se deriva de las
mismas resulta contraria al principio de igualdad.
La Corte declarará las exequibilidad de las
expresiones “el compañero o la compañera permanente”, “la compañera o
compañero permanente”, “la compañera permanente” “un compañero o compañera
permanente” “Compañero (a) permanente” y “compañero o compañera permanente”
acusadas, en el entendido de que, en igualdad de condiciones, también se
aplican en relación con los integrantes de parejas del mismo sexo.
4.5.1.1.3.2.    Por otra parte, encuentra la
Corte que de la expresión “familiar” contenida en el literal d) del
Decreto 1795 de 2000 no se deriva ninguna diferencia de trato para los
integrantes de una pareja homosexual en relación con el que se ha previsto para
los compañeros o compañeras permanentes. Lo mismo cabe predicar de la expresión
“grupo familiar” contenida en el numeral 3.7 del artículo 3º de la Ley
923 de 2004, puesto que si bien, en principio, podría tener un alcance
restrictivo que excluyese a los integrantes de las parejas homosexuales de
entre los  beneficiarios de las prestaciones allí establecidas, no es menos
cierto que, a renglón seguido, la misma disposición establece que en todo
caso tendrán la calidad de beneficiarios la compañera o compañero
permanente, expresión cuya exequibilidad, como se ha dicho, se condicionará
a que se entienda que comprende también a los integrantes de las parejas del
mismo sexo.
Como quiera que, tal como se ha expresado,
la demanda no se dirige a cuestionar el concepto de familia contenido en la
ley, la Corte se inhibirá para pronunciarse de fondo sobre las expresiones
demandadas
4.5.1.1.3.3.    En cuanto hace a la sujeción al
término de dos años de convivencia para que los compañeros permanentes puedan
tenerse como beneficiarios del sistema de salud previsto en el artículo 24 del
Decreto 1795 de 2000, estima la Corte que en este caso, resultan plenamente
aplicables las consideraciones realizadas por la Corporación en Sentencias
C-521 de 2007 y C-811 de 2007, conforme a las cuales dicho término para que el
compañero permanente del afiliado al sistema de salud pudiera ser incluido como
beneficiario no se encontraba justificado por parámetros objetivos y razonables.
La Corte ahora reitera ese precedente, y en consecuencia declarará la
inexequibilidad de la expresión “Para el caso del compañero(a) sólo cuando
la unión permanente sea superior a dos (2) años”, contenida en el literal
a) del artículo 24 del Decreto 1975 de 2000.
4.5.1.2. Cargo contra normas que consagran
la prestación social del subsidio familiar en servicios
4.5.1.2.1.    Los demandantes consideran que las
expresiones acusadas de los artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982 violan el
preámbulo y los artículos 1, 13, 16 y 48 de la Constitución Política, en la
medida en que de ellas se desprende que el derecho del compañero permanente del
trabajador a acceder al componente de servicios del subsidio familiar, excluye
a los integrantes de las parejas homosexuales, por cuanto ese beneficio se
enmarca dentro de la concepción de familia, circunstancia que da lugar a un
trato diferenciado que se basa en un criterio sospechoso, cual es la
orientación sexual, que no supera el test estricto de proporcionalidad.
4.5.1.2.2.    Trascripción de las
disposiciones demandadas
LEY 21 DE 1982
“Por la cual se modifica el régimen del Subsidio
familiar y se dictan otras disposiciones”
ARTICULO 1.   El subsidio familiar es una
prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los trabajadores de
mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su
objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que
representa el sostenimiento de la familia, como núcleo
básico de la sociedad.
PARAGRAFO. Para la reglamentación, interpretación y en general,
para el cumplimiento de esta Ley se tendrá en cuenta la presente definición del
subsidio familiar.
ARTICULO 27
Darán derecho al Subsidio Familiar
las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios que continuación se
enumeran:
1. Los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos y
los hijastros.
2. Los hermanos huérfanos de padre.
3. Los padres del trabajador.
Para los efectos del régimen del subsidio familiar
se consideran personas a cargo las enumeradas, cuando convivan y dependan
económicamente del trabajador y, además, se hallen dentro de las condiciones
señaladas en los artículos siguientes.
PARAGRAFO. El cónyuge o compañero permanente
del trabajador, así como personas relacionadas en el presente artículo podrán
utilizar las obras y programas organizados con el objeto de reconocer el
Subsidio en servicios.
4.5.1.2.3.    Consideraciones de la Corte
El subsidio familiar es una expresión del
mandato constitucional de protección integral a la familia. En ese contexto, el
legislador ha dispuesto que el subsidio familiar es una prestación social
pagada en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores
ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y que su objetivo
fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el
sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. De acuerdo con
la ley, dan derecho al subsidio los hijos legítimos, los naturales, los
adoptivos y los hijastros; los hermanos huérfanos de padre y los padres del
trabajador, cuando se encuentren a cargo de los trabajadores beneficiarios.
Tal como se ha puesto de presente, la
demanda no se orienta a cuestionar el concepto de familia contenido en la ley
y, de hecho, no pretende que el régimen del subsidio familiar se amplíe para
comprender a los integrantes de una pareja homosexual, sino que lo que se
cuestiona es el hecho de que el legislador, al disponer, en el parágrafo
acusado, que  además de las personas que dan derecho al subsidio, el cónyuge o
compañero permanente podrán utilizar las obras y programas organizados con el
objeto de reconocer el subsidio en servicios, se excluya de ese beneficio a los
integrantes de las parejas homosexuales que tengan esa misma vocación de
permanencia.
Para la Corte, esa previsión del parágrafo
acusado reconoce el vínculo de solidaridad y la relación especial que existe
entre los cónyuges o compañeros permanentes, para disponer que si bien en
relación con ellos no se causa el subsidio en dinero, si resultan admitidos al
goce de las obras y programas que se ofrecen en la modalidad de servicios del
subsidio. En ese escenario los integrantes de una pareja homosexual que tengan
esa misma vocación de permanencia resultan asimilables a los compañeros
permanentes, y, de este modo, la previsión del parágrafo resulta excluyente sin
razón alguna que lo justifique
Por las anteriores consideraciones, la
Corte se inhibirá para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las
expresiones “familiar” y “familia” contenidas en las disposiciones
acusadas y declarará la exequibilidad condicionada de la expresión “compañero
o compañera permanente” contenida en el parágrafo del artículo 27 de la Ley
21 de 1982 en el entendido de que, en igualdad de condiciones, comprende
también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.
4.5.2. Cargos contra normas que consagran
subsidios para el acceso a bienes inmuebles
En este acápite los demandantes presentan cargos
contra las normas que definen a los beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda y contra aquéllas del estatuto de desarrollo rural que establecen
mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales.
4.5.2.1.       Cargo contra la norma que define
los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda
4.5.2.1.1.    Los demandantes consideran que las
expresiones acusadas del artículo 7 de la Ley 3 de 1991 violan el preámbulo y
los artículos 1, 13, 16 y 51 de la Constitución Política, por cuanto articula
la definición de los beneficiarios de un subsidio de vivienda, alrededor de la
nociones de “familia” y de “hogar”, con lo que excluye a las
parejas homosexuales de su ámbito de aplicación, con base en un criterio
sospechoso, cual es la orientación sexual, que no supera el test estricto de
proporcionalidad.
4.5.2.1.2.    Trascripción de la
disposición demandada
LEY 3 DE 1991
“por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda
de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 7º.- Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar
de Vivienda los hogares de quienes se postulen para
recibir el subsidio, por carecer de recursos suficientes para obtener una
vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el
reglamento establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.
(…)
4.5.2.1.3.    Consideraciones de la Corte
La Ley 3 de 1991 tiene como objeto central
la regulación del sistema de vivienda de interés social, y, en ese contexto,
define por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que permite a un
hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de
espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para
obtenerlas en el futuro.
Observa la Corte que, en orden a definir lo
que debe entenderse por “solución de vivienda”, la ley parte del
concepto de hogar, el cual no tiene un referente legal en cuanto a sus
integrantes. De manera general, ese vocablo alude al lugar en donde se vive,
aunque en el uso corriente puede entenderse asociado a la idea de vivienda
familiar, y en ese contexto se desarrolla en la disposición demandada.
Cabe advertir, sin embargo, que la ley de
la que es parte la norma demandada se inscribe en un contexto más amplio de
promoción de la vivienda de interés social, dentro del cual lo relevante es
identificar a las personas de escasos recursos que carezcan de vivienda, sin
que haya elementos que permitan concluir que, dentro de ese propósito general,
la ley se inscribe en el ámbito de las medidas legislativas orientadas a
asegurar la protección integral de la familia.
Así, si bien la ley puede ser un
instrumento importante para la protección de la familia, ese objetivo se
obtiene como una resultante, no como fruto de una medida focalizada
específicamente en esa finalidad. Esto es, el objetivo central de la ley es
desarrollar un sistema de vivienda de interés social orientado a brindar
soluciones de vivienda a personas de escasos recursos, no la protección integral
de la familia.
De este modo, y como quiera que la demanda
no se orienta a cuestionar el concepto de familia previsto en la ley, sino el
alcance restrictivo que en relación con las parejas homosexuales puede tener el
artículo del que hacen parte las expresiones, la Corte se pronunciará sobre
dicho artículo como una unidad normativa.
En ese contexto, observa la Corte que la
ley establece un subsidio de vivienda, que se denomina como familiar y que el
decreto reglamentario 975 de 2004 define al hogar objeto del subsidio familiar
de vivienda en los siguientes términos: “Se entiende por hogar el conformado
por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de personas
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.”
De esta manera, el tenor literal de la ley,
de acuerdo con el alcance que, de manera general, se le ha atribuido en nuestro
ordenamiento jurídico, excluye a los integrantes de parejas del mismo sexo de
los beneficios que allí se han previsto para quienes tengan la condición de
compañeros o compañeras permanentes.
Sin embargo, como se ha puesto de presente,
en el ámbito de esta ley, la situación de los integrantes de las parejas
homosexuales de carácter permanente que aspiren a un subsidio de vivienda en
atención a su condición de pobreza, es asimilable a la de los compañeros o compañeras
permanentes, y, por consiguiente, resultaría contraria a Constitución una
interpretación de las previsiones de la Ley 3ª de 1991, conforme a la cual de
su artículo 7º se desprende una exclusión de las parejas homosexuales.
En consecuencia, se declarará la
exequibilidad del artículo 7 de la Ley 3 de 1991, en el entendido de que, el
subsidio familiar de vivienda allí previsto se aplica también a los integrantes
de las parejas homosexuales, en las mismas condiciones que a los compañeros o
compañeras permanentes.
4.5.2.2.       Cargo contra las normas que
establecen mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales
4.5.2.2.1.    Los demandantes consideran que las
expresiones acusadas de los artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 de la Ley 1152
de 2007 violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 58, 64 y 66 de la
Constitución Política, por cuanto, al crear condiciones para garantizar el
acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios del país, excluyen
a los integrantes de las parejas permanentes del mismo sexo, dan lugar a un
tratamiento diferenciado que se basa en un criterio sospechoso, cual es la
orientación sexual, que no supera el test estricto de proporcionalidad.
4.5.2.2.2.    Trascripción de las
disposiciones acusadas
LEY 1152 DE 2007
Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007
Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural,
se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan
otras disposiciones
ARTÍCULO 61. El Incoder, a través de su oficina departamental
verificará el cumplimiento de los requisitos de acceso al subsidio de los
aspirantes de cada proyecto de conformidad con el artículo 57 de esta ley. En el
caso en el cual uno o más de los aspirantes incumplan alguno de los requisitos,
el Incoder rechazará de plano el proyecto; de lo contrario declarará la
elegibilidad del mismo, y lo remitirá para ser sometido al proceso de
calificación.
Una vez adjudicado el subsidio y previo al primer
desembolso, el Incoder adelantará las acciones necesarias para verificar las
condiciones de los predios y proyectos productivos, cuyo subsidio de adquisición
fue aprobado.
En el caso en el cual el Incoder encuentre que el
predio o el proyecto productivo no satisface completamente uno o más requisitos
de los contenidos en las condiciones de la convocatoria, el beneficiario deberá
subsanar las deficiencias en el término de quince (15) días hábiles so pena de
perder el derecho al subsidio por virtud de la ley.
PARÁGRAFO 1. En el proceso de verificación de la calidad de
beneficiario, se deberá efectuar los cruces de información necesaria para
constatar que los aspirantes al subsidio no hayan sido beneficiarios de
adjudicación de terrenos baldíos o de adjudicación de tierras, para establecer
que el aspirante no sea titular de bienes inmuebles de tamaño igual o superior
a una UAF, cuantía de los ingresos o activos familiares, y realizar la
verificación de los antecedentes penales del solicitante y su cónyuge o compañero
(a) permanente con las autoridades pertinentes. Sólo en caso de
encontrar fallos penales en firme con penas pendientes de ejecución, el funcionario
deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situación y
rechazar de plano la solicitud.
(…)
ARTÍCULO 62. Para determinar la calificación de los proyectos
elegibles presentados por los aspirantes a obtener el subsidio, el Gobierno
Nacional aprobará el reglamento respectivo al cual deberán sujetarse los
postulantes. Para tal fin, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes
indicadores socioeconómicos:
(…)
PARÁGRAFO. Los títulos de propiedad de los predios adquiridos
mediante el subsidio deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañeros
permanentes, cuando a ello hubiere lugar.
(…)
ARTÍCULO 80. Se entiende por Unidad Agrícola Familiar
(UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal,
cuya extensión permita con su proyecto productivo y tecnología adecuada generar
como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, permitiendo a la familia
remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la
formación de su patrimonio. La Unidad Agrícola Familiar no
requerirá normalmente para ser productiva sino el trabajo del propietario y su familia,
sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la
producción así lo requiere.
ARTÍCULO 159. Las Unidades Agrícolas Familiares
sobre tierras baldías adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros
permanentes, siempre que hayan cumplido dieciséis años de edad,
sean jefes de familia, compartan entre sí las
responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad si velaren por ellos.
(…)
ARTÍCULO 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos
baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o
poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio
nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de desarrollo empresarial.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso anterior, en el momento de presentar la solicitud de titulación el
peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no
propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.
Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de
la prohibición establecida en este artículo.
(…)
Para la aplicación de las prohibiciones previstas en
el presente artículo, se tendrán en cuenta además, las adjudicaciones de
terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen
parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero
permanente e hijos menores adultos.
Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre
terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los
límites máximos para la titulación señalados por el Consejo Directivo para las
Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o
zona. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una
persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de
tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas
sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en
superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.
Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las
hubiere enajenado o no podrá obtener una nueva adjudicación.
Los terrenos baldíos adjudicados no podrán
fraccionarse en extensión inferior a la señalada por el Incoder como Unidad
Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio,
salvo las excepciones previstas en esta ley y las que determine el Consejo
Directivo del Incoder mediante reglamentación. Los Notarios y Registradores de
Instrumentos Públicos se abstendrán de autorizar y registrar actos o contratos
de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de
baldíos nacionales, en los que no se protocolice la autorización del Incoder,
cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles.
(…)
ARTÍCULO 172. Quienes hubieren adquirido del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, Incora en liquidación, o del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, unidades agrícolas familiares
con anterioridad a la vigencia de la presente ley, o en todo caso sujetas a las
disposiciones establecidas en la Ley 135 de 1961, o al régimen de transición
previsto en la Ley 160 de 1994 continuarán sometidos hasta la
culminación del plazo respectivo al régimen de la propiedad parcelaria que se
expresa a continuación:
(…)
2. Hasta cuando se cumpla un plazo de diez (10) años
contados desde la primera adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela,
no podrán transferir el derecho de dominio sino a campesinos de escasos
recursos sin tierra, o a minifundistas, o a entidades de derecho público para
la construcción de obras públicas o con destino al establecimiento de un
servicio público, y en tal caso el adjudicatario deberá solicitar autorización
expresa del Incoder para enajenar la Unidad Agrícola Familiar.
(…)
4. En los casos de enajenación de la propiedad sobre
una Unidad Agrícola Familiar, el adquirente se subrogará
en todas las obligaciones contraídas por el enajenante a favor del Instituto.
Cuando el Incoder deba readjudicar una parcela, la transferencia del dominio se
hará directamente en favor de los campesinos que reúnan las condiciones
señaladas por el Consejo Directivo en la forma y modalidades establecidas para
la adquisición con el subsidio para compra de tierras. Si dentro de los
campesinos inscritos hubiere mujeres jefes de hogar, se les dará prioridad en
la adjudicación de la Unidad Agrícola Familiar.
(…)
6. En caso de fallecimiento del adjudicatario que no
hubiere cancelado al Instituto la totalidad del precio de adquisición, el juez
que conozca del proceso de sucesión adjudicará en común y proindiviso el
dominio sobre el inmueble a los herederos, cónyuge supérstite, compañero
o compañera permanente que tenga derecho conforme a la ley. Para todos
los efectos se considera que la Unidad Agrícola Familiar
es una especie que no admite división material y serán nulos los actos que
contravengan esta previsión. En todo caso los comuneros no podrán ceder sus
derechos sin autorización del Incoder, con arreglo al procedimiento establecido
en esta ley.
7. En ningún caso un solo titular, por sí o
interpuesta persona, podrá ejercer el dominio, posesión o tenencia, a ningún
título, de más de una (1) Unidad Agrícola Familiar. La
violación de esta prohibición constituye causal de caducidad, o motivo para
declarar cumplida la condición resolutoria, según el caso, y exigir la
devolución del subsidio correspondiente.
8. Quien transfiera a cualquier título la propiedad de
una parcela no podrá solicitar nueva adjudicación, ni ser beneficiario de otros
programas de dotación de tierras de la reforma agraria. Se presume poseedor de
mala fe a quien adquiera a cualquier título una Unidad Agrícola Familiar
sin el lleno de los requisitos exigidos en esta ley y, en consecuencia, no
habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido.
9. En los juicios ejecutivos o de venta que se sigan
contra quienes hubieren adquirido el dominio de una Unidad Agrícola Familiar
mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en la legislación
agraria, el Incoder tendrá derecho a que se le adjudique la parcela al precio
que señale el avalúo pericial. Si el Instituto desistiere, en todo caso el
inmueble adjudicado a otra persona quedará sometido al régimen de la propiedad
parcelaria durante el término que faltare para el cumplimiento de los diez (10)
años establecido en el artículo anterior.
(…)
4.5.2.2.3.    Consideraciones de la Corte
La Ley 1152 de 2007,  “Por la cual se dicta el Estatuto de
Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, y se dictan otras disposiciones” se orienta, de acuerdo con su artículo 1º, a promover las acciones orientadas a lograr un desarrollo
humano sostenible y el bienestar del sector rural, en condiciones de equidad,
competitividad y sostenibilidad. En ese contexto, se establece en la ley que, con
el propósito de obtener un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de los
productores rurales, se tendrá en cuenta un conjunto de principios, entre los
cuales están los que se refieren a aspectos tales como “… la promoción y
consolidación de la paz y la convivencia, a través de mecanismos encaminados a
lograr la justicia social y el bienestar de la población dedicada a la
actividad rural …”, o  “[e]l fortalecimiento y ampliación de la
política social en el sector rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso
de los pobladores rurales de menores ingresos a los factores
productivos, y de desarrollo humano y social, que contribuye para reducir la
pobreza y las desigualdades sociales” (Destaca la Corte).  Entre los
objetivos de la ley, y en los aspectos que tocan directamente con el asunto de
constitucionalidad que se ha planteado a la Corte, pueden destacarse la mejora
en el ingreso y la calidad de vida de los pobladores rurales, así
como en su acceso a la tierra, aspecto este último en relación con el cual se
dispone (Artículo 4) que para el cumplimiento del precepto constitucional según
el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, las estrategias, acciones y
decisiones que se adopten en desarrollo de la ley estarán dirigidas al logro de
objetivos como “[l]a reforma de la estructura social agraria, por medio de
procedimientos de dotación de tierras encaminados a eliminar, corregir y
prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural, con el fin de
mejorar las condiciones productivas de los procesos de producción agropecuaria
y forestal”, o “[b]eneficiar con dichos procedimientos a los hombres y
mujeres campesinos, a las comunidades indígenas, comunidades negras y demás
minorías étnicas mayores de 16 años, de escasos recursos o que no posean
tierras, a los minifundistas, a las mujeres campesinas jefes de hogar y a los
beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional”,
así como prestarles apoyo y asesoría.
Observa la Corte que en disposiciones de la
ley como las que se han citado y en otras similares, el legislador pone en
evidencia su propósito de proteger a los pobladores del campo o productores
rurales, particularmente los de menores ingresos.
De este modo, encuentra la Corte que, si
bien los beneficios contenidos en la ley pueden resultar relevantes dentro de
un propósito integral de protección de  la familia, no es esa la orientación de
la ley y dicha protección sería una resultante de políticas más amplias, que,
como se ha dicho, se orientan a la promoción del desarrollo rural e identifican
como destinatario, de manera general, al productor rural, particularmente al de
más bajos recursos.
En este contexto, el recurso en la ley a
las expresiones “familiar”,  “familia” o “familiares”, debe
entenderse como un factor de referencia a las unidades de producción agrícola,
que toman su nombre de la realidad más común, pero que no encierran un
propósito explícito de restringir las previsiones de la ley en función de
proteger a la familia, ni pueden interpretarse de modo tal que conduzca a la
exclusión de los integrantes de las parejas del mismo sexo de las medidas de
protección previstas en la ley de manera general para los productores
rurales.
Por otra parte, observa la Corte que los
demandantes, aparte de la consideración sobre el efecto de exclusión que, en
una determinada interpretación, podría derivarse de las expresiones “familiar”,
“familia” o “familiares”, contenidas en los artículos 80, 159, 161 y 172
de la Ley 1152 de 2007, no presentan un cargo específico de
inconstitucionalidad contra las mismas, razón por la cual  la Corte se inhibirá
para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con ellas.
Con todo, es preciso señalar que, no
obstante que, de acuerdo con lo anterior, el alcance de la ley es el de proteger
al productor rural, particularmente al de menores ingresos, el empleo de las
expresiones “compañero” o “compañera” permanentes, que nuestro ordenamiento
tiene un alcance restringido, podría interpretarse con un criterio de exclusión
de los integrantes de las parejas del mismo sexo, lo cual comportaría una
exclusión constitucionalmente intolerable, porque para determinados productores
rurales, los que se vean excluidos en razón de las aludidas expresiones, se
cerrarían las posibilidades para el despliegue de sus opciones vitales en el
ámbito que les corresponde como habitantes del campo o productores rurales.
Como se ha puesto de presente, en el ámbito
de esta ley, la situación de los integrantes de las parejas homosexuales que
tengan la condición de productores rurales, es asimilable a la de los
integrantes de las uniones maritales de hecho, y, por consiguiente, resultaría
contraria a Constitución una interpretación de las previsiones de la ley,
conforme a la cual las expresiones “compañeros o compañeras permanentes”
excluyen a las parejas homosexuales.
Se declarará la exequibilidad de las
expresiones “compañeros o compañeras permanentes”,  contenidas en los
artículos 61, 62, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de 2007, en el entendido de
que, en el ámbito de esa ley, estas disposiciones también comprenden a los
integrantes de las parejas del mismo sexo, en las mismas condiciones que a los
compañeros o compañeras permanentes.
4.5.3.                   Cargo contra la
norma que define los beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte
en accidente de tránsito
4.5.3.1.       Los demandantes consideran que la
expresión acusada del artículo 244 de la Ley 100 de 1993 viola el preámbulo y
los artículos 1, 13, 16 y 95 de la Constitución Política, porque, al disponer
que, a falta de cónyuge, en los casos que corresponda a éste la indemnización
del SOAT, se tendrá como tal el compañero o compañera permanente, excluye a los
miembros de las parejas homosexuales, dando lugar a un tratamiento diferenciado
que se basa en un criterio sospechoso, cual es la orientación sexual, que no
supera el test estricto de proporcionalidad.
4.5.3.2.       Trascripción de la norma
demandada
LEY 100 DE 1993
Diario Oficial No. 41.148, de 23 de diciembre de 1993
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 244. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Por el cual se introducen las siguientes
modificaciones al Decreto 663 de 1993:
(…)
3. El artículo 194 numeral 2, quedará así:
En caso de muerte de la víctima como consecuencia de
accidente de tránsito y para los efectos de este estatuto serán beneficiarios
de las indemnizaciones por muerte las personas señaladas en el artículo 1142
del Código de Comercio. En todo caso a falta de cónyuge, en los casos que
corresponda a éste la indemnización se tendrá como tal el compañero o
compañera permanente, que acredite dicha calidad, de conformidad
con la reglamentación que para el efecto señale el Gobierno Nacional. La
indemnización por gastos funerarios y exequias se pagará a quien demuestre
haber realizado las correspondientes erogaciones.
(…)
4.5.3.3.       Consideraciones de la Corte
La disposición demandada establece, en
consonancia con el artículo 1142 del Código de Comercio, los beneficiarios del SOAT.
Esta norma del Código de Comercio, dentro del acápite en el que se enuncian los
principios comunes a los seguros de personas, dispone que “[c]uando no se
designe beneficiario, o la designación se haga ineficaz o quede sin efecto por
cualquier causa, tendrán la calidad de tales el cónyuge del asegurado, en la
mitad del seguro, y los herederos de éste en la otra mitad”  y que “[i]gual
regla se aplicará en el evento de que se designe genéricamente como
beneficiarios a los herederos del asegurado”.
El contenido normativo específicamente acusado en esta
oportunidad es aquel en virtud del cual a falta de cónyuge, en los casos que
corresponda a éste la indemnización del SOAT, se tendrá como tal el compañero o
compañera permanente.
Para la Corte es claro que las normas a las
que se ha hecho referencia, dentro del régimen de seguros de personas, atienden
a la necesidad de fijar, con fuerza legal, los beneficiarios del SOAT en el
caso de muerte de la víctima. El criterio empleado es el de recurrir a los
vínculos de carácter legal que se traduce en la identificación genérica de los
herederos y del cónyuge como beneficiarios. Ello, sin embargo, no obedece a un
mero arbitrio del legislador, sino que, dentro de la teoría de los seguros,
corresponde a una determinación legal de las personas que se presumen afectadas
por el siniestro. Por tal razón, la norma acusada incluyó la categoría de
compañeros o compañeras permanentes, por cuanto es evidente la afectación que
sufren como consecuencia del siniestro allí contemplado.
En ese contexto, es claro que en el ámbito
de la disposición acusada y a la luz del criterio en ella empleado, la
situación de quienes integran una pareja homosexual es asimilable a la de
quienes integran una unión marital de hecho, y no se aprecia que exista razón
alguna para excluirlos del beneficio allí previsto.
Se declarará la exequibilidad de la
expresión acusada, siempre que se entienda que, en igualdad de condiciones con
los compañeros o compañeras permanentes, también se encuentran comprendidos en
ella los integrantes de una pareja homosexual.
4.6.   Cargo contra normas de derecho
público que establecen límites al acceso y ejercicio de la función pública y a
la celebración de contratos estatales para las parejas heterosexuales mas no
para las parejas del mismo sexo.
4.6.1.          Los demandantes consideran que las
expresiones acusadas de los artículos 14 y 52 de la Ley 190 de 1995; 1º de la
Ley 1148 de 2007; 8º de la Ley 80 de 1993; 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286
de la Ley 5ª de 1992, violan los artículos 13, 40, 95, 123, 126 y 209 de la
Constitución Política, por cuanto, al consagrar el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y las causales de impedimentos y recusaciones, como medidas
de restricción al acceso y ejercicio de la función pública y la contratación
estatal, establecen una diferenciación que carece de justificación entre los
integrantes de las parejas heterosexuales y los de las parejas homosexuales.
Con el mismo argumento cuestionan también el  numeral 2º del artículo 283 de la
Ley 5ª de 1992, en cuanto establece una excepción al régimen de
incompatibilidades de los Congresistas, dentro del cual se incluye a los
compañeros permanentes pero no a los integrantes de una pareja homosexual.
Preliminarmente, los accionantes hacen un análisis de
cosa juzgada en torno a las disposiciones demandadas y concluyen que, si bien la
Corte Constitucional en la Sentencia C-082 de 1996 se pronunció sobre la
constitucionalidad del artículo 52 de la Ley 190 de 1995, lo hizo en relación
con cargos sustancialmente diferentes a los planteados en la presente demanda
por lo que no opera la cosa juzgada. Lo mismo ocurre respecto del artículo 283
de la Ley 5ª de 1992, que fue analizado en la Sentencia C-985 de 1999 en la que
se formularon cargos diferentes al actualmente estudiado, por lo que procede su
estudio por parte de esta Corporación.
4.6.2.          Trascripción de las
disposiciones acusadas
LEY 190 DE 1995
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa.
ARTÍCULO 14. La declaración juramentada deberá contener, como
mínimo, la siguiente información:
(…)
2. Nombre y documento de identidad, del conyugue o compañero(a)
permanente y parientes en primer grado de consanguinidad.
(…)
8. Información sobre existencia de sociedad conyugal
vigente o de sociedad de hecho entre compañeros permanentes,
y
(…)
ARTÍCULO 52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de
la Constitución Política, ni los diputados, ni los concejales, ni sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil,
ni sus delegados, podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades
descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio.
Conforme al artículo 292 de la Constitución Política
no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial
los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y
concejales, ni sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero
de afinidad o único civil.
LEY 1148 DE 2007
Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.
ARTÍCULO 1o. El artículo 49 de la Ley 617 de
2000 quedará así:
Artículo 49. Prohibiciones
relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes
de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales
municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes,
y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales
y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o
consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del
correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas
directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o
administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los cónyuges o compañeros
permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no
podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o
municipio, o de sus entidades descentralizadas.
Los cónyuges o compañeros permanentes
de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, y sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito
o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni
indirectamente.
(…)
PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros
permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta,
quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta,
quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente
artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros
permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil.
LEY 80 DE 1993
“Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública”
ARTÍCULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PARA CONTRATAR.
1. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de
2007> Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y
para celebrar contratos con las entidades estatales:
(…)
g) <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de
2007. > Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes
y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta
para una misma licitación o concurso.
(…)
2. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la
Ley 1150 de 2007> Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos
ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva:
(…)
c) El cónyuge, compañero o compañera
permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor,
ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza
funciones de control interno o de control fiscal.
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las
sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las
sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en
las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el
miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera
permanente o los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o
desempeñe cargos de dirección o manejo.
(…)
LEY 734 DE 2002
Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
ARTÍCULO 40. CONFLICTO DE INTERESES. Todo servidor público deberá declararse impedido para
actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación,
gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o
socios de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función
pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor
público deberá declararse impedido.
ARTÍCULO 84. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Son causales de impedimento y recusación,
para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las
siguientes:
1. Tener interés directo en la actuación
disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente,
o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se
trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
del inferior que dictó la providencia.
3. Ser cónyuge o compañero permanente,
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, de cualquiera de los sujetos procesales.
(…)
6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos
procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita
simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de
cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
(…)
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de
los sujetos procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o
haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
(…)
LEY 5 DE 1992
Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el
Senado y la Cámara de Representantes
ARTÍCULO 283. EXCEPCIÓN A LAS INCOMPATIBILIDADES. Las incompatibilidades constitucionales no
obstan para que los Congresistas puedan directamente o por medio de apoderado:
(…)
2. Cumplir las diligencias o actuaciones
administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley y en
igualdad de condiciones, tengan interés, o su cónyuge, o compañero o
compañera permanente, o sus padres, o sus hijos
(…)
ARTÍCULO 286. APLICACIÓN. Todo Congresista, cuando exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar
en los debates o votaciones respectivas.
4.6.3.          Consideraciones de la Corte
4.6.3.1.       Las expresiones acusadas en
el presente acápite tienen en común el hecho de que todas, excepto el numeral
2º del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992, que se considerará por separado,
remiten al mismo criterio a partir del cual el legislador ha establecido
determinadas limitaciones, cargas, inhabilidades e incompatibilidades, así como
causales de impedimento y recusación, como medidas de restricción al acceso y
ejercicio de la función pública y la contratación estatal.
En efecto, el legislador ha considerado que
la calidad de compañero o compañera permanente, en razón de los especiales
vínculos de afecto y de solidaridad a los que da lugar, amerita el
establecimiento de las anotadas limitaciones  y gravámenes, en orden a
preservar la moralidad administrativa y la transparencia en la acción del
Estado.
Observa la Corte que en relación con ese
criterio, en el ámbito de las disposiciones acusadas, la situación de los
integrantes de las parejas homosexuales es asimilable a la de los compañeros
permanentes y no se aprecia ninguna razón para establecer una diferencia de
trato.
Así, en la medida en que entre los
integrantes de parejas del mismo sexo surge un  vínculo especial, basado en
relaciones de afecto y de apoyo mutuo, y siendo ese el criterio empleado por el
legislador en las disposiciones demandadas, la exclusión injustificada de estas
personas de entre los destinatarios de tales disposiciones resulta contraria a la
Constitución por desconocer el principio de igualdad.
La Corte declarará la exequibilidad de las
expresiones demandadas de los artículos 14 y 52 de la Ley 190 de 1995, 1º de la
Ley 1148 de 2007, 8º de la Ley 80 de 1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286
de la Ley 5ª de 1992, en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas
comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo.
4.6.3.2.       Adicionalmente, los
demandantes acusan una disposición que no establece limitaciones o gravámenes
de la naturaleza de aquellos a los que se acaba de hacer referencia, sino que
por el contrario, establece una excepción a una  norma que establece tales
restricciones.
En efecto, consideran los accionantes que el numeral 2º
del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto establece una excepción  a las
incompatibilidades constitucionales de los congresistas, al disponer que las
mismas no son óbice para que éstos puedan cumplir las diligencias o actuaciones administrativas
y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley y en igualdad de
condiciones, tengan interés, o su cónyuge, o compañero o compañera permanente,
o sus padres, o sus hijos, establece una diferencia de trato contraria ala
Constitución, puesto que no existe razón válida para excluir de su ámbito a los
integrantes de las parejas homosexuales.
Encuentra la Corte que, efectivamente, en la medida en
la que la excepción prevista en la ley se fundamenta en la consideración de que
el régimen de las incompatibilidades no puede ir hasta el extremo de impedir
que los congresistas actúen en los procedimientos judiciales o administrativos
que los afectan, directamente o a través de personas muy allegadas a ellos, la
situación de las parejas homosexuales es asimilable a la de los compañeros
permanentes y la diferencia de trato que resulta del enunciado excluyente
resulta contraria a la Constitución.
Con base en las anteriores consideraciones,
la Corte declara la exequibilidad de las expresiones demandadas del numeral 2º
del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 en el entendido de que, en igualdad de
condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un
mismo sexo.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declararse INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familia”
y “familiar” contenidas en el artículo 4º  de la Ley 70 de 1931,
modificada por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996,
por ineptitud sustantiva de la demanda y declarar la EXEQUIBLILIDAD, por
los cargos analizados, de las expresiones “compañero o “compañera
permanente” y “compañeros permanentes cuya unión haya perdurado por lo
menos dos años” contenidas en artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificada
por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996, en el
entendido de que esta protección patrimonial se extiende en igualdad de
condiciones, a las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la
Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen.
Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos
analizados, de la expresión “cónyuge”  contenida en el numeral 1º del
artículo 411 del Código Civil, en el entendido de que también comprende, en
igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo que se
hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen.
Tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos
analizados, de la expresión “compañeros permanentes” contenida en el
artículo 5º de la Ley 43 de 1993, en el entendido de que la misma se aplica
también, en igualdad de condiciones, a los integrantes de parejas del mismo
sexo.
Cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos
analizados,  de las expresiones “unión singular, permanente y continua”,
“compañera permanente” y “unión permanente” contenidas en los
artículos 2º y 3º del Decreto 2762 de 1991, en el entendido de que las mismas
incluyen, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo.
Quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos
analizados, de las expresiones “compañero permanente” y “compañero o
compañera permanente” de los artículos 8-b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de
2004, 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 71 de la Ley 734 de 2002 en el
entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a los
integrantes de las parejas del mismo sexo.
Sexto.-     Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados,  de la expresión “compañero o compañera
permanente” contenida en el artículo 34 de la Ley 599 de 2000 en el
entendido de que la misma incluye, en igualdad de condiciones, a los
integrantes de las parejas del mismo sexo.
Séptimo.- En relación con el artículo 18 de la Ley 1153 de 2007,
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-879 de 2008, mediante la cual se
declaró la inexequibilidad de la Ley 1153 de 2007.
Octavo.- Declararse INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “grupo
familiar” contenida en el  numeral 1º del artículo 179 de la Ley 599
de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda  y declarar la EXEQUIBILIDAD,
por los cargos analizados, del numeral 1º del artículo 104,  el
numeral 4º del artículo 170, los numerales 1º y 4º del artículo 179, el numeral
3º del artículo 188-B y el numeral 1º del artículo 245 de la Ley 599 de 2000,
en el entendido de que sus previsiones también comprenden a los integrantes de
las parejas del mismo sexo.
Noveno.- En relación con los cargos referidos a las
expresiones  “compañero” y “compañera permanente”, y “al
hombre y la mujer” contenidas en el artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, por
medio de la cual se modificó el artículo 233 del Código Penal, ESTARSE A LO
RESUELTO en la Sentencia C-798 de 2008, en la que se declaró la
inexequibilidad de la expresión “únicamente” contenida en el parágrafo
1° del artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, y la exequibilidad del resto de esta
disposición, en el entendido que las expresiones “compañero” y “compañera
permanente” comprenden también a los integrantes de parejas del mismo sexo.
Décimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, de la expresión “durante
un lapso no inferior a dos años” contenida en el parágrafo 1º del artículo
233 del Código Penal.
Décimo primero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de la
expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1º del artículo 457 del
Código Civil, en el entendido de que, para los efectos allí previstos, la misma
también comprende a los compañeros permanentes, y, en igualdad de condiciones,
a los integrantes de las parejas del mismo sexo.
Décimo segundo.-  Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados, el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de
que este tipo penal comprende también a los integrantes de las parejas del
mismo sexo
Décimo tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados, del artículo 236 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de
que este tipo penal comprende también a los integrantes de las parejas del
mismo sexo.
Décimo cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados, de la expresión “compañeros permanentes”
contenida en literal a) del artículo 2º de la Ley 294 de 1996 en el entendido
de que, para los efectos de las medidas administrativas de protección previstas
en esa ley, la misma también se aplica, en igualdad de condiciones, a los
integrantes de las parejas del mismo sexo, e inhibirse en relación con las
expresiones “familia” contenidas en el mismo artículo.
Décimo quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del
artículo 454A del Código Penal, en los términos de los considerandos de esta
providencia, en el entendido de que este tipo penal también comprende las
amenazas, en igualdad de condiciones,  en contra de los integrantes de las
parejas del mismo sexo que actúen como testigos.
Décimo sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos
analizados,  de los  artículos 5, 7 y 15 de la Ley 975 de 2005, 11 de la
Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2º de la Ley 387 de 1997,
siempre que se entienda que, cuando corresponda, sus previsiones, en igualdad
de condiciones, se aplican también a los integrantes de las parejas del mismo
sexo.
Décimo séptimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados,  de los artículos 47, 48 y 58 de la Ley 975 de
2005, en el entendido de que los mismos se aplican también al cónyuge,
compañero o compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los
integrantes de la pareja del mismo sexo.
Décimo octavo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados, de la expresión “compañero o compañera permanente”
contenida en los artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 26 de la Ley 986 de 2005,
en el entendido de que la misma, en igualdad de condiciones, se aplica también
a los integrantes de las parejas del mismo sexo, y la EXEQUIBILIDAD, por
los cargos analizados,  del artículo 2º de la Ley 986 de 2005, siempre que
se interprete que el mismo no excluye a las parejas del mismo sexo de las
medidas de protección consagradas en la Ley 986 de 2005.
Décimo noveno.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados, de las expresiones “el compañero o la compañera
permanente”, “la compañera o compañero permanente”, “la compañera permanente”
“un compañero o compañera permanente” “Compañero (a) permanente” y “compañero o
compañera permanente” contenidas en los artículos 3º de la Ley 923 de 2004
y 24 del Decreto 1795 de 2000 en el entendido de que, en igualdad de
condiciones, las mismas también se aplican en relación con los integrantes de
parejas del mismo sexo.
Vigésimo.- Declararse INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familiar”
contenida en el literal d) del artículo 24 del decreto 1795 de 2000 y “grupo
familiar”  contenida en el numeral 3.7 del artículo 3º de la Ley 923
de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Vigésimo primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD
de la expresión “Para el caso del compañero(a) sólo cuando la unión
permanente sea superior a dos (2) años”, contenida en el literal a) del
artículo 24 del Decreto 1975 de 2000.
Vigésimo segundo.- Declararse INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familiar”
y “familia” contenidas en los artículos 1º y 27 de la Ley 21 de
1982, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Vigésimo tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos analizados,  de la expresión “compañero o compañera
permanente” contenida en el parágrafo del artículo  27 de la Ley 21 de
1982, en el entendido de que, en las mismas condiciones, comprende también a
los integrantes de la pareja del mismo sexo.
Vigésimo cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos
estudiados, del artículo 7º de la Ley 3 de 1991, en el entendido de que
el subsidio familiar de vivienda allí previsto se aplica también a los
integrantes de las parejas homosexuales, en las mismas condiciones que a los
compañeros o compañeras permanentes.
Vigésimo quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos estudiados, de las expresiones compañeros o compañeras
permanentes”, contenidas en los artículos 61, 62, 159, 161 y 172 de la Ley
1152 de 2007, en el entendido que en el ámbito de esa ley, estas disposiciones
también comprenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo e INHIBIRSE
en relación con las expresiones “familia”, “familiar”, y “familiares”
contenidas en los artículos 80, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de
2007.
Vigésimo sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos estudiados, de la expresión “compañero o compañera permanente”
contenida en el artículo 244 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que, en
las mismas condiciones, comprende también a los integrantes de la pareja del
mismo sexo.
Vigésimo séptimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos estudiados,  de las expresiones demandadas de los artículos
14 y 52 de la Ley 190 de 1995, 1º de la Ley 1148 de 2007, 8º de la Ley 80 de
1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 5ª de 1992, en el entendido
de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes
de las parejas de un mismo sexo.
Vigésimo octavo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los
cargos estudiados,  de las expresiones demandadas del numeral 2º
del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 en el entendido de que, en igualdad de
condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un
mismo sexo.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Con Salvamento Parcial de Voto y
Aclaración de Voto
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Impedimento Aceptado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento Aceptado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con Salvamento Parcial de Voto
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
MARTA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-029 DE
2009 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
FAMILIA-Concepto/FAMILIA-Conformación/FAMILIA-Protección
debe cubrir cualquiera de las formas que adopte (Aclaración de voto)
La interpretación restrictiva de la norma
constitucional contenida en el artículo 42 Superior, está erróneamente
interpretada, cuando se interpreta en el sentido de que la familia siempre está
integrada o tiene a su base a un hombre y a una mujer. Esta vía de conformación
de la familia sólo se exige para el matrimonio, pero no se necesita para las
otras clases de familia que se encuentran igualmente protegidas por nuestra
constitución, de donde la protección constitucional de todos los derechos
concedidos a la familia, en materia de matrimonio, adopción, seguridad social,
sucesiones, como todas las demás materias y ámbitos jurídicos debe concederse
no solo a las familias conformadas por el matrimonio de hombres y mujeres sino
también a las uniones maritales de hecho, bien del mismo o de distinto sexo.
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Incompatibilidad con algunos tratados
internacionales/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Vulneración de reserva de ley
estatutaria (Aclaración de voto)
La ley 975 de 2005 fue tramitada
mediante vicios procedimentales, en cuanto ésta define el núcleo esencial de
los derechos fundamentales de la víctimas a la verdad, justicia y reparación,
teniendo por tanto un carácter estatutario, y sin embargo no se tramitó de
conformidad con el artículo 152 del Constitución Nacional.
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY DE JUSTICIA Y
PAZ-Indebida tramitación
de apelación acarrea la inconstitucionalidad de toda la ley/LEY DE JUSTICIA
Y PAZ-Vulneración de normas sobre concesión de amnistía e indulto
(Aclaración de voto)
En el primer debate la Ley 975 de 2005
se tramitó de manera irregular en su integridad, ya que no se respetó el
artículo 159 de la Constitución Política, pues no se apeló todo el proyecto de
ley. Adicionalmente, se violaron las normas para la concesión de amnistías o
indultos por delitos políticos, admitiendo en gracia de discusión, que en este
caso se tratase de delitos políticos.
Referencia: expediente D-7290
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corporación, quiero manifestar que si bien comparto lo
resuelto por la Sala Plena en el asunto de la referencia, debo dejar constancia
de algunas razones que me motivan a aclarar el voto, de acuerdo con lo que a
continuación me permito consignar:
1. Concepto de familia: En primer lugar, he sostenido y defendido
reiteradamente la tesis de que existen diversos caminos que conducen a la
familia y en consecuencia desde el punto de vista jurídico constitucional todos
los tipos de familia gozan de la misma protección.
Por esta razón he sostenido que la
interpretación que se ha hecho del artículo 42 de la Constitución Política no
corresponde a lo que esta norma dice. El artículo 42 se refiere a la familia y
señala a continuación los diversos caminos o vías, que conducen a la familia,
de manera que no existe en nuestro sistema jurídico un único camino que lleve a
la organización familiar, sino que existen varios senderos y distintas clases
de familia en nuestro sistema constitucional.
El matrimonio es apenas uno de los caminos que
conducen a la familia, y éste, en nuestro sistema jurídico, sólo puede
celebrarse entre un hombre y una mujer. En este sentido, se encuentran
excluidos los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Empero, el hecho de
que este sea un camino hacia la familia, no implica que sea el único, ya que
existen otros caminos a través del establecimiento de vínculos naturales o
jurídicos.
Por tanto, la familia se puede constituir
tanto por vínculos naturales como jurídicos, aunque no haya un hombre y una
mujer en matrimonio. Un ejemplo de una familia constituida por vínculos
naturales, no medida por el matrimonio, lo otorga el caso de la inseminación
artificial de una mujer que concibe por este medio hijos y junto con ellos
conforma una familia. De otra parte, un ejemplo de la conformación de una
familia por vínculos jurídicos, lo brinda el caso del hombre que adopta uno o
más niños, caso en el cual no hay duda que tiene una familia con ellos, aunque
jamás contraiga matrimonio o conviva de hecho con alguna mujer.
La tercera vía que establece la
Constitución para constituir familia, es la voluntad responsable de conformarla
y esta vía a diferencia de la del matrimonio no exige como condición sine qua
non que se trate de un hombre y una mujer. Por tanto, con la voluntad
responsable de dos personas para integrarla, sean del mimo o de distinto sexo.
Es en este sentido que la Constitución
contiene varias disyunciones, expresadas gramaticalmente mediante la expresión
“o”. El constituyente se refirió dos veces a la voluntad, para referirse a dos
clases de familia: en un caso a la voluntad (decisión libre) de un hombre y una
mujer, que por mediación del matrimonio forman una familia y, en el otro caso,
por la voluntad responsable de dos personas de conformarla, sin exigir que se
tratase de hombre y mujer, lo que cobija también a las familias de pareja de un
mismo sexo, o de sexo diverso, pero que no han contraído matrimonio.
En síntesis, la interpretación restrictiva
de la norma constitucional contenida en el artículo 42 Superior, está
erróneamente interpretada, cuando se interpreta en el sentido de que la familia
siempre está integrada o tiene a su base a un hombre y a una mujer. Esta vía de
conformación de la familia sólo se exige para el matrimonio, pero no se
necesita para las otras clases de familia que se encuentran igualmente
protegidas por nuestra Constitución.
Como consecuencia de lo anterior, he
sostenido que la protección constitucional de todos los derechos concedidos a
la familia, en materia de matrimonio, adopción, seguridad social, sucesiones,
como en todas las demás materias y ámbitos jurídicos debe concederse no solo a
las familias conformadas por el matrimonio de hombres y mujeres, a las cuales
en un Estado constitucional de Derecho no se les puede otorgar un tratamiento
especial sino igualitario; sino también a las uniones maritales de hecho, bien
del mismo o de distinto sexo.
2. Ley 975 de 2005:
1. En primer lugar, considero que en
materia penal, el legislador debe ajustarse a los principios, valores y
preceptos constitucionales y al mismo tiempo, al derecho internacional de los
derechos humanos, el derecho internacional y el derecho penal internacional.
Desde esta perspectiva, sostengo que con la expedición de la ley 975 de 2005 se
desconocen los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, en virtud
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y los Protocolos de
Ginebra y s Protocolo Adicional II, en cuanto a:
(i)
prevenir y penalizar
las violaciones graves de derechos humanos, incluidas los crímenes de lesa
humanidad, conforme a los principios de individualización, proporcionalidad y
razonabilidad;
(ii)
juzgar las infracciones
graves del derecho internacional humanitario (crímenes de guerra) y de no
hacerlo, será competencia de la Corte Penal Internacional, si el tribunal
sustrajo al acusado de su responsabilidad penal o no hubiere sido instruido en
forma independiente o imparcial;
(iii)
La ley 975 desconoce
los principios de igualdad y no discriminación, legalidad de los delitos y de
las penas, proporcionalidad de las sanciones penales, responsabilidad del
Estado y garantía de los derechos de las víctimas.
2. En segundo lugar, considero que existe
inconstitucionalidad de normas específicas de la Ley 975 de 2005, que en mi
concepto violan los artículos 2.1, 2.3, 25 y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, los principios 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 19, 20 de
los Principios y Directrices sobre los derechos de las víctimas de violaciones
graves y manifiestas de derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario. Principalmente, los artículos 5º y 7º, parciales; 10, parágrafo;
15, 16, parciales; 22; 23, parciales; 29; 37 y 44 que a mi juicio, quebrantan
las citadas normas internacionales en lo mencionado.
3. En tercer lugar, encuentro que la ley
975 de 2005 fue tramitada mediante vicios procedimentales, en cuanto ésta
define el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las víctimas a la
verdad, justicia y reparación, teniendo por tanto un carácter estatutario, y
sin embargo no se tramitó de conformidad con el artículo 152 de la Constitución
Nacional.
He sostenido que esta ley en el primer
debate se tramitó de manera irregular en su integridad, ya que no se respetó el
artículo 159 de la Constitución Política, pues no se apeló todo el proyecto de
ley. Adicionalmente, se violaron, en mi concepto, las normas para la concesión
de amnistías o indultos por delitos políticos, de conformidad con el artículo 150,
numeral 17 de la Constitución Política, admitiendo, en gracia de discusión, que
en este caso se tratase de delitos políticos.
Por todo lo expuesto reitero mi posición
respecto a que la ley 975 de 2005 es inexequible en su totalidad.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Auto 257/09
Referencia:
Expediente D-7290
Solicitud de corrección de la Sentencia
C-029 de 2009
Solicitantes: Rodrigo Uprimny Yepes, María
Paula Saffon Sanín, Marcela Sánchez Buitrago, Mauricio Albarracín Caballero,
Alejandra Azuero Quijano y Luz María Sánchez Duque.
Magistrado Ponente:
Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil nueve
(2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, decide la
solicitud de corrección de la Sentencia C-029 de 2009 formulada por los ciudadanos
Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon Sanín, Marcela Sánchez Buitrago,
Mauricio Albarracín Caballero, Alejandra Azuero Quijano y Luz María Sánchez.
I.       ANTECEDENTES
Mediante escrito recibido en
este despacho el 25 de junio de 2009, los ciudadanos de la referencia
solicitaron a la Corte Constitucional que corrigiera la Sentencia C-029 de
2009, debido a que algunas intervenciones ciudadanas, debidamente radicadas
dentro del término de fijación en lista, no fueron incluidas ni reseñadas en el
texto final de la sentencia.
Para los solicitantes la
participación en los procesos de constitucionalidad, además de ser un derecho
de los ciudadanos, tiene el propósito de que éstos le brinden al juez
constitucional elementos de juicio adicionales que le permitan adoptar una
decisión[8], y se materializa “…
en la mención y reseña de las intervenciones ciudadanas, lo cual no es una mera
formalidad, [si no que] por el contrario, la descripción de los intervinientes
y de los argumentos de las intervenciones es la representación de la riqueza y
diversidad del debate constitucional y social que provocan el estudio de
constitucionalidad de las normas.”
Para destacar el vigor con el
que la Corte ha fomentado la participación  ciudadana y ha reconocido la
importancia de las intervenciones en su labor, los solicitantes citan el
siguiente aparte de la Sentencia C-1155 de 2005:
“[e]l imperativo de provocar el debate de  constitucionalidad,
se explica, entre otras razones, por la necesidad de permitir el aporte de
quienes han participado en la producción de la norma, de quienes son sus
destinatarios o pueden verse afectados por ella, de aquellos que tienen a su
cargo su aplicación, y del Ministerio Público como representante de la
sociedad.”[9] Agregó la Corporación que
“… esa dimensión participativa del debate atiende también al propósito de
conjurar el peligro de la trivialización del juicio de constitucionalidad, al
permitir que se incorporen al proceso, y enriquezcan el debate, quienes viven
la norma y son conscientes de sus perfiles eventualmente lesivos del orden
constitucional, o, por el contrario, de la manera en que, no obstante una
apariencia de inconstitucionalidad, la misma resulta compatible con la Carta,
aspectos éstos que en un momento dado podrían escapar al juez constitucional en
un análisis realizado a partir de una insuficiente configuración del debate de
constitucionalidad.”[10]
Después de hacer una relación
de las intervenciones omitidas, entre las que se cuentan las de instituciones
públicas y privadas, grupos de la sociedad civil e individuos, los ciudadanos
solicitan respetuosamente que se corrija la Sentencia C-029 de 2009, incluyendo
y reseñando las referidas intervenciones.
II.      CONSIDERACIONES
1.      Al examinar el
expediente D-7290 es posible verificar que, por error, en el texto definitivo
de la Sentencia C-029 de 2009, se omitió la relación de un conjunto de
intervenciones ciudadanas que fueron oportunamente presentadas y debidamente
incorporadas al expediente.[11]
2.      Así mismo, es posible
constatar que también se omitió, en el texto definitivo de la referida
sentencia, la relación de otras intervenciones que fueron presentadas de manera
extemporánea.[12]
3.      De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional[13], cuando en la
trascripción del texto de una sentencia se producen errores, es posible, de
oficio o a solicitud de parte, aplicar el artículo 310 del Código de
Procedimiento Civil a fin de proceder a la corrección, siempre que tales
errores estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en
ella.[14]
4.      No obstante que las
intervenciones ciudadanas en los procesos de constitucionalidad deben, no sólo
ser tenidas en cuenta,  sino relacionadas en el texto de la sentencia, con una
síntesis de su contenido cuando hayan sido presentadas de manera oportuna, observa
la Corte que la omisión detectada en esta oportunidad, no está contenida en la
parte resolutiva de la sentencia, ni tiene influencia sobre el sentido de la
decisión, por cuanto todas las intervenciones ciudadanas fueron debidamente
incorporadas al expediente que, durante el trámite del proceso, estuvo a
disposición de los magistrados que conforman la Sala Plena de la Corporación.
5.      Cuando no se cumplen
los requisitos que se han previsto para la procedencia de la corrección de las
sentencias de la Corte, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, es
preciso mantener el principio de intangibilidad de las sentencias emitidas por la
Corte Constitucional, que es expresión, a su vez, de los principios de cosa
juzgada y de seguridad jurídica.
6.      Con base en las
anteriores consideraciones es preciso rechazar la solicitud de corrección de la
referencia.
7.      Con todo, para
preservar el derecho de los ciudadanos cuyas intervenciones no fueron incluidas
en el texto de la Sentencia C-029 de 2009 y con el propósito de brindar una
adecuada información pública sobre el desarrollo del proceso de
constitucionalidad que condujo a esa sentencia, se dispondrá que el presente
Auto, en el que figuran como anexo las intervenciones omitidas, se allegue al
expediente respectivo, y que, así mismo, se adjunte a las publicaciones de la
Sentencia C-029 de 2009 que, por cualquier medio, se hagan por la relatoría de la
Corporación.
III.    DECISION
Con fundamento en las
consideraciones precedentes, la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero.- NEGAR la solicitud de corrección de la Sentencia C-029 de
2009, presentada por los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon
Sanín, Marcela Sánchez Buitrago, Mauricio Albarracín Caballero, Alejandra
Azuero Quijano y Luz María Sánchez.
Segundo.- Ordenar a la Relatoría de esta Corporación, que adjunte copia del
presente auto a la Sentencia C-029 de 2009, con el fin de que sea incluido en
la publicación que, por cualquier medio, se haga de la misma.
Tercero.-    Ordenar a la Secretaría General de la Corte, que envíe copia del
presente auto al archivo de esta Corporación, para que sea adjuntado al
expediente correspondiente.
Cuarto. Ordenar a la Secretaría General de la
Corte, que envié copia del presente auto a todas las autoridades a las que se
les comunicó la Sentencia de la referencia.
Quinto.-     Contra este pronunciamiento no procede recurso alguno.
Notifíquese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ANEXO
Relación de antecedentes omitidos en el
texto definitivo de la Sentencia C-029 de 2009
IV.    INTERVENCIONES
(…)
7.      Personerías
(…)
7.2.   Personería de Medellín
La Personería de Medellín intervino en el proceso de
la referencia para coadyuvar la demanda formulada, con base en la exposición de
las normas constitucionales que se estiman vulneradas y la presentación de los
criterios de la Corte Constitucional fijados en las Sentencias C-075 de 2007,
C-811 de 2007 y C-366 de 2008, que citan profusamente.
11. Intervención de Organizaciones
(…)
11.5  Colombia Diversa
11.5.1.        El ciudadano Mauricio Noguera Rojas,
investigador del proyecto de derechos humanos de la Organización Colombia
Diversa, intervino en el proceso, para, con el propósito de ilustrar a la Corte
sobre el estado actual de la situación de derechos humanos de la población LGTB
en Colombia, presentar el “Informe de derechos humanos de lesbianas, gays,
bisexuales y transgeneristas 2006 y 2007”, en el que se recogen “… los
principales problemas y casos de violación de derecho humanos en Colombia
contra esta población, así como los avances y políticas públicas para la
garantía de los derechos de esta minoría.”
Se adjunta una versión en borrador del referido
informe.
11.5.2.        Liliana Guarín López, coordinadora del
Observatorio de Medios de Comunicación de la Organización Colombia Diversa,
presentó una recopilación de documentos periodísticos que permiten apreciar las
reacciones de la opinión pública en relación con los derechos de las parejas
homosexuales, particularmente en dos sentidos, uno contra el hundimiento en el
Congreso de la República del proyecto de ley de parejas, y el otro, favorable a
los reconocimientos realizados por la Corte Constitucional sobre los derechos
de las parejas del mismo sexo.
La interviniente señala  que la acción judicial de la
Corte Constitucional en esta materia  ha sido correcta y coherente con los
principios y valores del Estado Social de Derecho, por cuanto, respetando las
competencias del Congreso, ha identificado las situaciones en las que existía
un déficit de protección para ciertos ciudadanos; se han amparado los derechos
de una minoría discriminada; se hace un reconocimiento real y efectivo de la
diversidad y, finalmente, ha obrado en consonancia, no sólo con la Carta
política, sino con el sentir de la opinión pública y la sociedad civil.
La interviniente anexa el reporte de informaciones de
radio, prensa y televisión sobre el debate político y judicial acerca de los
derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia, y algunas informaciones
relativas al debate de derechos de parejas del mismo sexo en el contexto
internacional, en especial, al presentado en el Estado de California (EEUU).
12. Intervención Ciudadana
(…)
12.8. El abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, intervino en el proceso de
la referencia para coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad formulada, con
base en la presentación del caso de las parejas del mismo sexo en el
departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e,
igualmente, conforme a la reglamentación de los visados para parejas
binacionales.
En cuanto al primer tema, considera que las normas
demandadas relacionadas con la migración al archipiélago, son violatorias de
los derechos a la igualdad, libertad, autodeterminación, circulación,
desarrollo de la personalidad y residencia de las personas que han optado por
su orientación sexual homosexual, como quiera que (i) privan a un homosexual
residente en las islas y a su pareja no residente del derecho a obtener una
residencia en calidad de compañeros, (ii) obligan a los miembros de parejas
homosexuales a ocultar su situación de compañeros para acceder a beneficios
legales, (iii) impide la materialización de los derechos a la libertad e
igualdad, en asuntos migratorios, y (iv) privan a los compañeros homosexuales
de desarrollar su opción de vida de forma plena y de tener una vida común.
Como sustento de estas afirmaciones, el interviniente
desarrolla un análisis comparativo entre una pareja homosexual y otra
heterosexual, teniendo como sustento probatorio la sentencia T-725 de 2004, a
la luz del cual concluye que, en materia migratoria, los homosexuales deben
ocultar las motivaciones reales y argumentar otras situaciones para evitar
discriminación por razón de su orientación sexual.
En cuanto al segundo aspecto, el interviniente relata
su experiencia como consultor en relación con la obtención de la visa temporal
como cónyuge o compañero de nacional colombiano, en el caso de parejas
homosexuales, en la que se ha encontrado con la negativa por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores, circunstancia que ha compelido a las
parejas binacionales homosexuales a acudir a otras vías legales para solicitar
visa de estudiante, de trabajo, de turismo o de negocios, aunque ese no sea su
caso.
12.9
Las ciudadanas Ángela María González, Diana Patricia Naranjo, Silvia Catalina
Reina, Liliana Sandoval Moreno y Paola Toncón Espindola, intervinieron en el
presente proceso para coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad, conforme a
los siguientes argumentos.
En primer lugar destacaron que nuestro Estado se
encuentra fundado en el respeto de la dignidad humana de todas las personas,
sin ningún tipo de distinción, menos por la inclinación sexual de las personas.
Las intervinientes consideran que en nuestro contexto social no existe una
regulación estatal sobre los derechos, deberes e inhabilidades de las parejas
del mismo sexo que se hace necesaria, dadas sus necesidades análogas de
protección en relación con las parejas heterosexuales.
De otra parte, señalaron que nuestra Constitución
Política consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin que en
la actualidad se cuente con una reglamentación que garantice su respeto y
eficacia. Este derecho ha sido trasgredido a las parejas homosexuales por
cuanto no se les permite desarrollar sus diferentes gustos personales con
respecto a su inclinación sexual.
En el mismo sentido, las intervinientes pusieron de
presente que conforme al artículo 13 constitucional, no debe haber ningún tipo
de discriminación en relación con las parejas del mismo sexo, por cuanto se
trata de personas que merecen el mismo trato frente a la ley, sin que sea
admisible constitucionalmente la exclusión que de éstas hace el ordenamiento
jurídico.
Por otro lado, en relación con los derechos a la
intimidad personal, familiar y al buen nombre, las coadyuvantes señalaron que
las parejas homosexuales deben ser respetadas y aceptadas, tal como quieran
comportarse, actuar, pensar o desarrollar su sensibilidad, precisamente por
estar atribuidas al fuero interno y por ser titulares de tales derechos, cuyo
carácter íntimo y personalísimo, implica que las decisiones que alrededor de
éstos se adopten, en nada afectan a otros, de suerte que cualquier tipo de
exclusión basada en patrones de admisión de conductas, comporta una violación
de estos derechos fundamentales.
De otra parte, señalan que en los derechos a la salud
y al saneamiento básico se presenta una diferenciación entre las parejas
heterosexuales y las homosexuales, no obstante que en estas materas presentan
necesidades análogas.
Agregan que en materia de subsidios, lo que se
pretende no es su disminución para las familias heterosexuales sino su
ampliación.
12.10.         (i) La ciudadana Ligeya Daza Hernández, (ii) la Red de apoyo
TRANS-SER, (iii) la Asociación de Mujeres que Aman Mujeres, (iv) los señores
Ramón Guevara Salazar –en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la
Asociación por el Derecho a la Identidad Cultural y Sexual de los y las
Transgeneristas en Colombia- y Charlotte Schneider Callejas –en su calidad de
Coordinadora de la Red Colombiana de Personas Trans-, (v) la señora Martha
Isabel Restrepo Hernández, (vi) el señor Carlos Ovidio Nieto Jaraba –en su
calidad de director de Diversidad Humana de la Fundación Gente en Acción-,
(vii) el señor Álvaro Hernán Plazas Bermúdez de la Organización Diéresis,
(viii) la señora Cristina Rojas Tello de la Escuela de Colores de la Red de
Maestros y maestras por la diversidad sexual y (ix) la Corporación Triángulo
Negro, mediante escritos separados, intervinieron en el proceso de la
referencia para apoyar la demanda de inconstitucionalidad, bajo la
consideración de que las normas acusadas no protegen los derechos de las
parejas del mismo sexo, con lo que les generan graves perjuicios.
Tras exponer los avances de la jurisprudencia
constitucional en el reconocimiento de derechos a favor de las parejas
homosexuales, invitaron a la Corporación a avanzar en la protección legal de
los derechos reclamados en la demanda, habida cuenta que las uniones del mismo
sexo encuentran un déficit de protección en relación con una amplia gama de
derechos, circunstancia que resulta incompatible con un Estado Social de
Derecho.
12.11. La señora Ana Patricia Pabón Mantilla, en su calidad de directora del
Semillero de Investigación en Jurisprudencia Constitucional adscrito al centro
de investigaciones de la facultad de derecho de la Universidad de Santander,
intervino en este proceso para adherirse a las razones de los demandantes, con
base en los siguientes argumentos.
Preliminarmente, la interviniente señala que la
declaratoria de inexequibilidad o de exequibilidad condicionada de las normas
acusadas se fundamenta en razones de justicia, toda vez que la igualdad entre
todos los seres humanos es un principio universal que debe concretarse en
nuestros sistemas normados. De otra parte, aduce que las normas censuradas
vulneran el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional,
por lo que la Corte Constitucional debe excluir del ordenamiento jurídico las
disposiciones contrarias al mandato superior.
Sobre el particular, refiere que la tarea de la Corte
se enmarca dentro de los precedentes constitucionales por ella proferidos, que
resultan de gran relevancia para la protección de las parejas del mismo sexo y
que resultan de obligatoria aplicación conforme al principio de supremacía de la
Constitución. En este sentido, identifica los pronunciamientos de
constitucionalidad y de tutela más recientes y resalta las subreglas de
interpretación para el análisis de los casos de discriminación de parejas del
mismo sexo, conforme a lo cual concluye que les asiste razón a los demandantes
al proponer los cargos contra las normas acusadas.
12.12. El ciudadano José Fernando Serrano intervino en el presente proceso y
presentó sus consideraciones sobre la materia objeto de debate en los
siguientes términos.
En acápite denominado “vivimos cambios acelerados
en nuestra comprensión de la sexualidad y el género”, el interviniente
adujo que en el transcurso generacional se han experimentado cambios radicales
en la forma de abordar la diversidad sexual y de género, que obedecen a
desarrollos legales a nivel nacional e internacional, circunstancia que se
evidencia con el carácter punible de la condición de homosexual que imperaba en
el Código Penal a inicios de la década de los ochenta, la jurisprudencia
constitucional de la década de los noventa en favor de los derechos de los
homosexuales y con la implementación de una política pública orientada a la
garantía plena de los derechos de los homosexuales.
Los anteriores avances, sin embargo, coexisten con
prácticas persistentes de exclusión y discriminación por efecto de la
orientación sexual no heterosexual o la diversidad en la identidad de género,
lo cual ilustra a través de cifras provenientes de un estudio de la Corporación
Promover Ciudadanía en Bogotá, que dan cuenta de experiencias concretas de
violencia focalizadas en las personas homosexuales y transgeneristas.
En otro aparte titulado “la discriminación y la
exclusión por la orientación sexual afecta el bienestar y vida digna de las
personas”, el interviniente expone que, de acuerdo con algunos estudios,
las personas que se identifican como minorías sexuales construyen las
percepciones sobre sí mismas con base en las nociones, creencias o valores
culturales a los cuales pertenecen. De esta forma, como quiera que en varias
sociedades las parejas del mismo sexo son percibidas como ilegítimas o
desviaciones de la norma, no es extraño que estas personas desarrollen nociones
de sí mismas asociadas a sentimientos de inferioridad o marginalidad, lo cual
ha sido denominado como “homofobia internalizada”. Frente a esta problemática,
el interviniente considera que los cambios legales favorables a los
homosexuales, pueden estar acompañados de cambios en la actitud de la
ciudadanía frente a las personas gays y lesbianas y frente al tema de la
diversidad sexual en general.
De otra parte, en capítulo nombrado “en parejas del
mismo sexo hay prácticas de solidaridad, cuidado y apoyo mutuo, aunque
diferentes”, el interviniente señala que la falta de reconocimiento legal,
social o cultural de las relaciones homosexuales, no ha impedido que entre
personas del mismo sexo se desarrollen formas de solidaridad, cuidado y
responsabilidad mutua, en muchos casos para sustituir las relaciones con las
familias de origen, debilitadas por la discriminación y el rechazo a la
orientación sexual homosexual. En este sentido, el coadyuvante refiere varios
estudios en los que se da cuenta de la importancia de la pareja como lugar
fundamental de realización personal y de interacción social y política. En
relación con la violencia que se puede generar al interior de estas parejas del
mismo sexo, el interviniente señala que resulta relevante para poner de
presente la desprotección que se encuentran estas personas, dado que las
políticas públicas y servicios de atención están definidos para parejas
heterosexuales.
En sección denominada “diversidad sexual y de
género es doblemente invisibilizada en la comprensión de los conflictos y la
construcción de paz”, el interviniente presenta unas consideraciones alrededor
del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en legislaciones relacionadas
con crímenes atroces. En este sentido, señala que la doctrina especializada ha
reconocido la dimensión de género que existe en las vivencias de conflictos,
así como en las prácticas de reconstrucción social, destacando el nivel de
desprotección de mujeres y niños en dichos procesos y, sobre todo, denunciando
la falta de reconocimiento de tales diferencias en diversos escenarios.
Aunada a esta ‘invisibilización’, el interviniente
identifica otra relacionada con la propia diversidad de género y la sexualidad,
como quiera que no se identifica correctamente la violencia e intolerancia ante
la diferencia en la orientación sexual, bien porque se soslaya la perspectiva
de género o bien porque las víctimas no individualizan el tipo de trasgresión
por miedo a una nueva victimización o por vergüenza al momento de denunciar el
hecho por tener que hacer evidente la identidad sexual como causa de la
vulneración.
En este sentido, una manifestación de la Corte
Constitucional reconociendo que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la
justicia, la reparación y la restitución de derecho como ya lo tienen las
parejas heterosexuales, garantizaría esos derechos en condiciones de igualdad,
al tiempo que serviría de presupuesto para el reconocimiento de la existencia
de tales situaciones.
De otro lado, en aparte nombrado “cambios legales
pueden generar cambios culturales”, el interviniente cita ejemplos de
legislación comparada en la que se han realizado avances en el reconocimiento
de derechos a las parejas homosexuales
Finalmente, en la sección llamada “diversidad
sexual y de género hacen parte del ejercicio de derechos y de la ciudadanía”,
el interviniente pone de presente las conexiones entre discursos sobre derechos
humanos y los movimientos de personas homosexuales, bisexuales y
transgeneristas en Colombia en materia de (i) derechos humanos, derechos
sexuales y reproductivos y VIH-SIDA, (ii) derechos de gays y lesbianas como
derechos humanos, y (iii) construcción de paz y los movimientos por la
diversidad de género y sexualidad, con el fin de dar cuenta de la apropiación y
uso de discursos sobre derechos humanos por parte de los movimientos LGBT
locales, lo cual ha permitido tanto un replanteamiento de su lugar local como
una participación en redes regionales e internacionales de movilización social,
en las que se encuentra la lucha de las personas por una condición de vida
digna y por un trato como sujetos plenos, tanto en derechos como en deberes.
12.13. Los ciudadanos Daniela Botero Marulanda, Ingrid Díaz Moreno, Margarita
González Rangel, Catalina Martínez Sarmiento, Sergio Ramírez Díaz y Juan Pablo
Vera Lugo, intervinieron en el proceso de la referencia con el propósito de
coadyuvar la demanda presentada.
En primer lugar, los intervinientes señalan que el
concepto de diversidad que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, en
tanto se limita a diferencias étnicas y culturales, resulta limitado en la
medida en que desconoce la diferencia al interior de los grupos sociales,
discriminando y excluyendo otras posibles identidades. De esta forma, sugieren
una ampliación de la concepción de diversidad con el fin de abarcar la
pluralidad social y la diversidad individual que, en su criterio, no ha sido
asegurado del todo por la Corte Constitucional.
Los coadyuvantes señalan que la conformación de
parejas de un mismo sexo es una opción de vida para muchos colombianos, de
manera que el Estado debe garantizar la efectividad de sus derechos, mediante
la adopción de las medidas pertinentes y a través de la concepción de la democracia
como el reconocimiento de la alteridad y la diversidad.
De otra parte, los intervinientes señalan que el
favorecimiento que la Corte Constitucional ha realizado en diferentes fallos en
relación con personas homosexuales individualmente consideradas o en pareja,
presenta un impacto simbólico en la sociedad, el cual devela la capacidad de
esta Corporación de resignificar, reivindicar y legitimar actores y prácticas
existentes en la realidad social colombiana.
De esta forma, concluyen que fallar a favor de un caso
como éste, tiene como efecto positivo para la sociedad colombiana la
consolidación de la posibilidad de construir una sociedad inclusiva en tanto
reconoce como necesaria la convivencia en la diferencia y privilegia además los
derechos fundamentales y transforma prácticas rescatando el valor de la
diversidad y el pluralismo en la sociedad.
12.14.                  El señor Javier Ciurlizza Contreras, en calidad de
director del programa Colombia del Centro Internacional para la Justicia
Transicional presentó a la Corte Constitucional un memorial en calidad de amicus
curiae en relación con el proceso de la referencia.
Preliminarmente, dicha entidad refirió el interés que
le asiste para intervenir en el proceso de la referencia, que encuentra
relación con sus funciones alrededor de crímenes atroces, regímenes represivos
o conflictos armados de manera que en el documento allegado presentaron su
posición frente a las normas existentes en el ordenamiento jurídico colombiano
que consagran los derechos a la reparación de las víctimas de crímenes graves,
así como aquéllas que contemplan medidas de protección de carácter civil ante
la ocurrencia de estos hechos.
En acápite denominado “un patrón histórico de
persecución, discriminación y victimización de las personas LGBT”, el
interviniente cita ejemplos extraídos de la historia universal sobre
discriminación de la población LGBT. De igual forma, pone de presente el
reconocimiento que múltiples órganos internacionales han hecho de las dinámicas
de persecución de que son objeto. Finalmente, llama la atención sobre el escaso
avance en el esclarecimiento de las lógicas de represión en contra de estas
personas y en el reconocimiento de sus derechos como víctimas y
derechohabientes de la reparación.
De otro lado, en capítulo titulado “marco general
del derecho internacional de derechos humanos que contempla de manera
primordial el derecho a la igualdad y la no discriminación”, el
interviniente señala, a la luz de distintos instrumentos internacionales y de
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte
Constitucional que el derecho a la igualdad es un principio fundamental que
permea todo el ordenamiento jurídico y que comporta la igualdad ante la ley, la
igual protección de la ley y la prohibición de la discriminación. Conforme a lo
anterior, aduce que en el caso de las personas homosexuales que reclaman su
condición de víctimas, si bien no se requiere una medida de discriminación
positiva, sí se requiere una medida diferenciadora que destaque su condición y
garantice su protección, así como la satisfacción de sus derechos. En este
sentido, las  normas demandadas deben contar con una clara interpretación
constitucional que tenga el efecto de garantizar la inclusión de los miembros
de las parejas del mismo sexo como víctimas con plenos derechos y como
derechohabientes en el marco de la legislación interna.
Por otra parte, en sección denominada “reconocimiento
de los procesos de victimización en contra de personas LGBT en el marco de los
órganos de protección internacionales”, el interviniente cita una serie de
ejemplos que ilustran desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios
internacionales sobre le reconocimiento y la protección de los derechos de las
personas LGBT, particularmente orientados a combatir patrones de discriminación
y victimización. En este sentido, señalaron que en diferentes casos
individuales estudiados por el Comité de Derechos Humanos, en aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reiteró que la
discriminación de cualquier tipo bajo motivaciones de orientación sexual es un
criterio prohibido en el derecho internacional de los derechos humanos.
Similares conclusiones se exponen en relación con el Comité para la eliminación
de la discrim9inación contra la mujer, la comisión de derechos humanos de las
naciones unidas y el alto comisionado de las naciones unidas para los
refugiados.
Con base en estos precedentes de organismos
internacionales, el interviniente concluye que, en el caso objeto de control de
constitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia tiene la oportunidad de
adoptar una decisión judicial que garantice el derecho a la igualdad, la
protección de la ley y el derecho a un recurso efectivo a las personas LGBT en
relación con la comisión de crímenes graves en contra de su persona o de sus
parejas.
En una cuarta sección, nombrada “el desarrollo y
alcance de la víctima en el derecho internacional de los derechos humanos y la
no exclusión de las personas LGBT”, el interviniente señala que uno de los
objetos principales del escrito es determinar que, cuando personas LGBT son
víctimas de crímenes graves, deben ser reconocidas como tales, incluyendo una
especial consideración de su condición social y que, en aplicación del
principio de igualdad y el derecho a la dignidad, entre otros, sus parejas
deben también ser reconocidas como víctimas y como derechohabientes de la
reparación, como ocurre en el caso de parejas heterosexuales.
Para sustentar este objetivo, el interviniente destaca
el concepto de víctima a la luz de tres conjuntos de principios de derecho
internacional de Naciones Unidas, de los que colige que aquél se extiende a
quienes antes de la comisión del delito estaban relacionados con ella,
incluyendo en tal categoría a familiares, parientes próximos, personas a cargo
y derechohabientes, hasta personas o grupos que tuvieren vínculos estrechos con
la víctima. Adicionalmente, refiere el concepto de víctima de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Conforme a
las nociones expuestas en el escrito concluye que difícilmente puede excluirse
de ellas a las parejas del mismo sexo, de suerte que una exclusión tendría como
base la orientación sexual del individuo, fundamento manifiestamente
inconsistente con el derecho a la igualdad.
Una vez analizado el concepto de víctima, el
interviniente señala el trato que es debido a éstas, en condiciones de
dignidad, a la luz de instrumentos internacionales. Sobre el particular refiere
que la Corte Constitucional aún no se ha referido al caso de los beneficiaros
de reparaciones respecto a víctimas que tienen una pareja del mismo sexo, por
lo que esta es la oportunidad  para garantizar su contemplación como
derechohabientes de las normas previstas para las víctimas de crímenes atroces.
A manera de conclusión, el interviniente solicita a la
Corte Constitucional que adopte una decisión en la presente demanda de
inconstitucionalidad que garantice los derechos de las persona LGBT, otorgando
la debida protección constitucional a su orientación sexual, mediante la
extensión expresa de la protección de los derechos de la víctima a las parejas
del mismo sexo.
12.15.
La ciudadana Leidy Nayiber Mendoza Bautista intervino
en el proceso de la referencia para coadyuvar la demanda presentada, bajo la
consideración de que las personas homosexuales deben recibir los mismos
derechos y garantías que las heterosexuales, so pena de trasgredir el principio
de igualdad.
12.16.         La ciudadana Mayra Alejandra Bolívar Garzón intervino en el
proceso de la referencia para coadyuvar la demanda presentada, bajo la
consideración de que el derecho a la igualdad debe ser tutelado de manera
uniforme para todas las personas en el territorio nacional, de suerte que la
exclusión de las parejas homosexuales de la efectividad de algunos derechos
atenta contra el libre desarrollo de su personalidad y consolida una vida de
estigmatización social.
12.17.                  Los ciudadanos Viviana Bohórquez Monsalve –en
representación del Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional- y Santiago
Medina Villarreal, intervinieron en el proceso de la referencia con el fin de
coadyuvar los alegatos presentados por los demandantes con el fin de que se
declaren inexequibles las normas que consagran derechos para los compañeros
permanentes de las víctimas de crímenes atroces, que excluyen de su titularidad
a las parejas del mismo sexo.
En este sentido, frente a los cargos formulados contra
las normas que consagran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación
de las víctimas de crímenes atroces, tras referir su contenido normativo,
señalar que en la actualidad las parejas homosexuales de las víctimas de
crímenes atroces no reciben el trato que las normas en materia de desaparición
forzada, desplazamiento forzado, secuestro o víctimas, otorgan a los compañeros
permanentes heterosexuales, y exponer los derechos de las víctimas reconocidas
en el derecho internacional y en la jurisprudencia interamericana, concluyen
que (i) el compañero o compañera permanente de una víctima de violación al
derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario tiene la calidad de víctima sin importar su orientación sexual; y
que (ii) el derecho a la reparación es un principio de derecho internacional
reconocido en múltiples instrumentos internacionales ratificados por Colombia,
por lo que debe ser aplicado sin discriminación alguna a toda persona.
12.18.         El ciudadano Lucas Correa Montoya intervino en el proceso de
la referencia con el propósito de coadyuvar la demanda presentada,
concretamente en lo que guarda relación con la obligación alimentaria prevista
en el artículo 411 del Código Civil, de suerte que se entienda que se extiende
a las uniones maritales de hecho homosexuales.
Para fundamentar esta pretensión, el interviniente
puso de presente el giro de la jurisprudencia constitucional en el tratamiento
de los derechos de los homosexuales, basado en la defensa del principio de
igualdad consagrado en la Constitución Política, la condena de la
discriminación fundada en motivos de orientación sexual, la dignidad humana, la
diversidad, el pluralismo, el libre desarrollo de la personalidad y la
protección de la familia.
En este sentido, el ciudadano dio cuenta de la ratio
decidendi de la Sentencia C-075 de 2007, conforme a lo cual concluyó que el
artículo 411 del Código Civil debe ser declarado condicionalmente exequible,
por cuanto la formación de la pareja –sea heterosexual u homosexual- descansa
sobre el socorro y la ayuda mutua, la solidaridad, el afecto y en general el
desarrollo de un proyecto de vida común, con lo que es dado afirmar que éstas
comparten los mismos principios y objetivos que una pareja heterosexual, por lo
que las diferencias que pueden tener en cuanto a la orientación sexual de sus
miembros, no pueden disminuir su rango, valor y dignidad constitucional.
De otra parte, el interviniente realiza un estudio de
la obligación alimentaria en la jurisprudencia constitucional como
manifestación del principio de solidaridad y como instrumento de protección a
la familia, independientemente de la forma como se constituya o de la
orientación sexual de sus miembros. En este punto, el ciudadano señala que la
protección constitucional a la familia se otorga a la relación familiar, sin
reparar en su forma de constitución ni atender exclusivamente a la función de
procreación, sino que lo que resulta jurídica y constitucionalmente relevante y
protegible es el proyecto de vida en común, la solidaridad, el respeto, la
ayuda, el socorro y el afecto.
Finalmente, el interviniente señala que la Corte debe
desatar el test estricto de proporcionalidad para determinar si resulta
constitucional excluir al compañero permanente homosexual como beneficiario de
la obligación alimentaria o si, por el contrario, debe entenderse que éste
también es beneficiario de dicha prestación. Sobre el particular, adujo que sin
duda la Corte optará por la segunda opción por cuanto no existen supuestos
fácticos diametralmente distintos que justifiquen un tratamiento diferenciado
entre las parejas heterosexuales y las homosexuales.
12.19.
El ciudadano Jaime Ardila Salcedo intervino
en el proceso de la referencia con el fin de ilustrar a la Corte Constitucional
sobre los distintos estudios sobre violencia al interior de las parejas del
mismo sexo en el contexto internacional y comparado y de coadyuvar en su
totalidad las pretensiones de la demanda a través del aporte de elementos
científicos y analíticos para el estudio del cargo contra las normas penales y
preventivas en materia del delito de violencia intrafamiliar, desde la
perspectiva de la salud pública.
En un primer capítulo denominado “la ausencia de
protección ante la violencia intrafamiliar y de pareja afecta otros derechos
relacionados con la salud física y mental”, el interviniente señala que la
violencia intrafamiliar es un fenómeno que vulnera derechos como la integridad
física y mental y, por esa vía, la salud. De esta forma, el déficit de
protección alegado en la demanda debe analizarse también desde la perspectiva
de los efectos negativos de la no regulación para las parejas del mismo sexo en
materia de violencia intrafamiliar.
En otro acápite titulado “la ausencia de marco normativo
ante un problema de violencia y salud pública impide o dificulta su
investigación científica, la determinación de su magnitud y por tanto  la
imposibilidad de intervención a través de una política pública”, el
interviniente señala que la falta de regulación legal sobre el fenómeno de
violencia entre parejas del mismo sexo dificulta la investigación y, lo que es
más grave, la posibilidad de formular alternativas de solución, atención y
prevención de este problema.
En este sentido, destaca que las normas tienen la
potencialidad de definir las situaciones que se establecen como prioritarias y
de interés común, de suerte que aquéllas que excluyen de su ámbito de
regulación a las personas en razón de su orientación sexual además de violar
derechos fundamentales, impiden la investigación tranquila, pública y
desprejuiciada de un fenómeno social, con lo que se afecta la formulación de
política públicas para la prevención, atención y sanción de la violencia entre
parejas del mismo sexo.
Finalmente, el interviniente presenta una serie de
estudios sobre la violencia entre parejas del mismo sexo en el contexto
internacional, conforme a los cuales concluye que el fortalecimiento de las
leyes, dando protección equitativa en trabajo, vivienda y demás derechos para
las personas LGTB logrará que las víctimas sean menos vulnerables para sus
abusadores, y que los jueces y legisladores deberían percibir esta violencia
como violencia doméstica y por tanto resultar en desenlaces legales más
apropiados para las parejas.
12.20.         La ciudadana Diana Patricia Quintero intervino en el proceso
de la referencia, a nombre del Grupo de Acciones Públicas de la universidad
ICESI para presentar un amicus curiae, en los siguientes términos.
Tras realizar una introducción sobre la discriminación
de que han sido objeto las personas LGTB y los avances que la Corte
Constitucional y el Ministerio Público han realizado a favor del reconocimiento
de sus derechos, la interviniente plantea a la Corte la posibilidad de apelar
al concepto “vida familiar”, para referirse al tipo de vínculo o relación
social jurídicamente valiosa.
En este sentido, tras exponer la persistencia de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en mantener incólume el concepto de
familia como una unión heterosexual y monogámica, la interviniente propone un
avance en el sentido protector del precedente corrigiendo las inconsistencias
presentes en la dicotomía de los conceptos de ‘pareja’ y ‘familia’, en el caso
de las personas homosexuales, con lo que se otorgaría primacía a los bienes que
en efecto protege el ordenamiento jurídico sobre los conceptos abstractos que
los pretenden describir.
De esta forma, la propuesta por la adopción del
concepto “vida familiar” no pretende desconocer que la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad, sino que trata de acuñar un concepto distinto que
permita superar la ambigüedad entre individuos homosexuales y la pareja
homosexual y la incoherencia de llamar familia a una pareja heterosexual y
simplemente pareja a la homosexual. En otras palabras, la protección de la
institución de la familia no es incompatible con la protección de los bienes
asociados a la vida familiar: solidaridad, afecto, respeto y ayuda mutuos.
En concepto de la interviniente, si el ordenamiento
reconoce que las parejas homosexuales tienen una vida familiar, no solo deja de
darle la espalda a la realidad, sino que priva de legitimidad a todas las
formas de discriminación contra ellas, mediante el reconocimiento del carácter
sagrado de un vínculo fundado en valores constitucionales importantes como la
solidaridad, el deber de ayuda mutua y el afecto entre sus miembros.
De otra parte, la interviniente expone el incumplimiento
de las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente a los derechos
civiles, en particular de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y
a la igualdad de trato. Para tal efecto, señala que los derechos civiles de la
población LGBT han revestido hasta ahora un carácter progresivo, a pesar de no
se derechos prestacionales, lo cual atiende a las actuaciones de los órganos
del poder público que reseñan desde 1999 hasta la fecha, a favor del
reconocimiento paulatino de los derechos de los homosexuales.
La interviniente destaca que aún persisten en el
ordenamiento jurídico disposiciones que contrarían e impiden a las personas
homosexuales la toma de decisiones con relación a su estado civil, la plena
expresión de su singularidad, y la asunción de determinada opción sexual. De
igual forma señala que subsiste una violación del principio de igualdad que la
demanda pretende desmantelar, en la perspectiva de igualdad ante la ley y no en
la de igualdad de oportunidades.
[1] Al respecto, ver: Alexy, Robert. Teoría de los Derechos
Fundamentales. Centro de Estudios Constitu­cionales. Madrid, 1991 [Capítulo
noveno; sección segunda (II)]
[2]    Cfr. Sentencia C-530
de 1993
[3]
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-1287 de 2001. El fallo adicionalmente
declaró: “que en la aplicación de las normas mencionadas se deberá efectuar una
integración con lo previsto en el artículo 42, inciso 4 de la Constitución
Política”
[4]    Auto 066 de 2007
[5]     Ibid.
[6]    Sentencia
C-774 de 2001
[7]    Sentencia
C-238 de 2006
[8]    Los solicitantes citan
los Autos 251 y 243 de 2001
[9]    Sentencia C-229 de
2004
[10]    Ibid.
[11]    Se anexa relación y
reseña de las intervenciones omitidas
[12]    Ver anexo
[13]    Ver autos 255 de
2006, 271 de 2007 y 022 de 2008
[14]
CPC Art. 310. Toda providencia en que se haya incurrido en
error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible
de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y
revisión. //  Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el
auto se notificara en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del artículo
320. // Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error
por omisión o cambio de palabras o alteraciones de éstas, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.