SU108-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU108/16
LIBERTAD DE CONCIENCIA-Alcance de la protección
Tres prerrogativas nacen del
derecho a la libertad de conciencia: (i) nadie podrá ser objeto ni de
acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o creencias; (ii) ninguna
persona estará obligada a revelar sus convicciones y (iii) nadie será
obligado a actuar contra su conciencia.
OBJECION
DE CONCIENCIA-Derecho
fundamental
El reconocimiento a la objeción de conciencia se encuentra
intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad de conciencia y no se
constituye en una evasión al ordenamiento jurídico, sino que por el contrario,
toda  sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los
derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer
el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría. Es un
problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos:
cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está
potenciando en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental.
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Ámbito internacional
En el ámbito internacional también se ha reconocido la
garantía a la objeción de conciencia como un derecho fundamental. Las normas internacionales coinciden en que
las limitaciones que se efectúen al ejercicio de este derecho, deben ser
indispensables para salvaguardar la seguridad, el orden, la salud o la moral
pública o los derechos y libertades de los demás. La comunidad internacional
propende por una protección decidida del derecho a la objeción de conciencia
para dispensar de la prestación del servicio militar, incluso en los Estados
que no la habían contemplado dentro de sus ordenamientos, con el fin de que
adopten regulaciones que garanticen su ejercicio como expresión por excelencia
de la libertad de conciencia.
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO-Marco normativo y jurisprudencial
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO-Exenciones
SERVICIO
MILITAR-Aplazamiento
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Evolución jurisprudencial
Durante muchos años la jurisprudencia constitucional no
aceptó la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, a
pesar de que en el ámbito del derecho internacional se propugnaba por su
protección. Esta situación cambió en el año 2009, cuando la Corte
Constitucional reconoció el derecho fundamental a objetar en conciencia la
prestación del servicio militar.
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Creencias deben ser profundas,
fijas y sinceras
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Condiciones para que proceda
su protección
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Ejército exoneró al accionante de
prestar el servicio militar obligatorio
CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-El accionante no probó que sus
creencias lo imposibiliten para la prestación del servicio militar, además el
actor ya cumplió con su deber de prestar servicio militar obligatorio
Referencia: expedientes T-2.643.585 y T-2.652.480 AC
Acciones de tutela instauradas por Julián Enrique
Rojas Rincón contra el Servicio de Reclutamiento y Movilización, Distrito
Militar No. 19 del Batallón Palacé de Buga y Óscar Fernando Rojas Losada contra
Ejército Nacional, Comandante del Distrito Militar No. 42.
Asunto: Procedencia de la objeción de conciencia a la prestación
del servicio militar obligatorio como derecho fundamental de aplicación
inmediata
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil dieciséis
(2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de la competencia que le ha
sido concedida por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el
17 de marzo de 2010, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga,
Sala Penal, la cual confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Guadalajara de Buga, que negó la acción de tutela incoada por
Julián Enrique Rojas Rincón contra el Distrito Militar No. 19, Batallón Palace
de Buga; así como la revisión de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2010
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la cual se negó el
amparo interpuesto por Óscar Fernando Rojas Losada contra el Ejército Nacional,
Comandante del Distrito Militar No. 42.
I.        ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9 de la
Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la
Corporación, la Sala de Selección Número Cinco de la
Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, las acciones de
tutela T-2.643.585 y T- 2.652.480. En razón de compartir el mismo problema
jurídico, se procedió a su acumulación, para ser revisadas mediante una sola
sentencia.
En cumplimiento del artículo 54A  del Acuerdo 05 de 1992,
por el cual se adopta el Reglamento de la
Corte Constitucional, y en razón de la trascendencia del problema jurídico
debatido en los asuntos de la referencia, el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, solicitó la asunción de su conocimiento por la Sala Plena. En sesión
del 31 de agosto de 2011, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento de los
expedientes de la referencia.
Como quiera que en sesión celebrada el 11 de
septiembre de 2014 la Sala Plena de esta Corporación no acogió la ponencia
presentada por el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub para resolver el
proceso de la referencia, correspondió al despacho del Magistrado Alberto Rojas
Ríos la sustanciación de la presente sentencia.
1.1.
EXPEDIENTE T-2.643.585
·
Hechos
1.1.1. Julián Enrique Rojas Rincón, al momento de la interposición
del amparo constitucional, contaba con 18 años de edad y estaba a la espera de
que su situación militar fuese resuelta.
1.1.2. El 26 de abril de 2008, integrantes del
Batallón Palacé de Buga, Valle del Cauca, visitaron el colegio Julián Trujillo
para recibir los documentos de los jóvenes bachilleres de dicha época, con el
fin de que definieran su situación militar. Allí, les comunicaron que debían
presentarse el 6 de diciembre de 2008 en dicho Batallón.
1.1.3. El 6 de diciembre de 2008, el joven Rojas
Rincón atendió el requerimiento anterior, oportunidad en la que se les comunicó
que los menores de edad tendrían que presentarse con posterioridad. El actor
indica que se fijó la fecha del 9 de diciembre de 2009, época para la cual ya
habría alcanzado la mayoría de edad.
1.1.4. Cuando se presentó de nuevo al Batallón de
Buga, le informaron que la definición de su situación militar había quedado
aplazada para el 9 de febrero de 2010.
1.1.5. En esta última ocasión, el actor radicó una
petición dirigida al Comandante del Distrito de Buga No. 19, en donde
solicitaba, amparado en la sentencia C-728 de 2009 de la
Corte Constitucional, la exoneración de la obligación del servicio militar
obligatorio, exigiendo el respeto por su derecho fundamental a la objeción de
conciencia. Adujo que pertenecía a una organización juvenil denominada
Juventudes MIRA que dentro de sus postulados, defiende la objeción de
conciencia frente a la  prestación del servicio militar obligatorio.
1.1.6. El actor expuso que su crianza y educación se
ha dado en el entorno de un hogar cristiano y por su vocación pacifista fruto
de las convicciones morales, éticas, ideológicas y políticas que profesa, no le
era posible desempeñarse como soldado, ni portar o hacer uso de las armas.
Dicha petición fue negada.
1.1.7. Finalmente, arguyó que el 27 de noviembre de
2009 fue elegido Consejero de la Juventud por un período de tres años en la
ciudad de Cartago -Valle-, cargo que empezaría a ejercer a partir de enero de
2010.
·
Respuesta de la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas. Tercera Zona de Reclutamiento Distrito Militar
No. 19 de Buga
1.1.8. Esta Dirección indicó que en su Sistema de
Información de Reclutamiento (SIR) se observa que el accionante se inscribió
ante dicha autoridad de reclutamiento para el proceso de definición de su
situación militar en calidad de bachiller el día 22 de abril de 2008. Por lo
anterior, el ciudadano Julián Enrique Rojas Rincón fue citado a la jornada de concentración
e incorporación para el día 10 de febrero de 2009, llamado que fue incumplido y
que por tanto, ocasionó la declaratoria de condición de remiso en cumplimiento
de lo estipulado en el literal G del artículo 41 de la
Ley 48 de 1993.
1.1.9. Sostuvo que la sentencia C-728 de 2009 no exige
a las Fuerzas Militares aplicar la objeción de conciencia. Al respecto, señaló
que existen diferencias entre la exención de prestar el servicio militar y los
objetores de conciencia. Así, la exención refiere una condición objetivamente
verificable, lo cual hace que el ciudadano, en razón de sus particulares
circunstancias no se encuentre obligado a prestar el servicio militar. En
cambio, la objeción de conciencia, es una condición subjetiva que se encuentra
en el fuero interno de la persona.
En consecuencia, solicitó se deniegue la acción de
tutela instaurada en su contra, al no existir vulneración de derecho
fundamental alguno, toda vez que se ha dado estricto cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 48 de 1993, verificando que en el caso particular no se da
el presupuesto indispensable para que opere la exención del servicio militar.
·
Decisiones judiciales
1.1.10. Decisión de Primera Instancia
En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Guadalajara de Buga -Valle-, mediante sentencia proferida el 8 de
febrero de 2010, decidió denegar las pretensiones del actor.
Argumentó el juez de instancia que la acción
constitucional impetrada era improcedente por cuanto los aplazamientos al proceso
de incorporación del actor al servicio militar obligatorio obedecieron a su
minoría de edad, pero que en agosto de 2009, al llegar a la mayoría de edad,
había sido citado para el 10 de febrero de 2009 al Batallón de Buga, fecha en
la cual se iba a definir su situación militar. Sin embargo, al no haberse
presentado se evidencia su intención de querer ser exonerado de su obligación,
atribuyendo las causas de su incumplimiento al Ejército Nacional.
Señaló que la prestación del servicio militar es una
obligación de naturaleza constitucional que corresponde a las exigencias
mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales, que conlleva la
existencia de obligaciones y deberes sociales en favor de la colectividad.
No obstante, la misma Ley consagra situaciones en las
cuales el ciudadano se encuentra exento de la prestación de este servicio, y
que no son otros que las personas con discapacidades físicas y sensoriales
permanentes, así como los miembros de los resguardos indígenas. Para el juez,
el accionante no probó el hecho de encontrarse en alguna causal eximente de la
prestación de ese servicio.
1.1.11. Impugnación
El actor, Julián Enrique Rojas Rincón, impugnó el
fallo proferido en primera instancia, aduciendo que el a quo no valoró
las pruebas presentadas, las cuales demuestran que nació en un hogar cristiano,
que pertenece a una organización de derechos humanos y que milita en las
Juventudes MIRA, pertenecientes al Movimiento Político MIRA, quienes abogan por
el desmonte del servicio militar obligatorio.
Por ello, en su concepto, no puede el juez simplemente
denegar las pretensiones con el argumento de que en Colombia no está institucionalizada
la objeción de conciencia.
Precisó que, en virtud del
nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, se puede acudir al derecho
fundamental de la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar
obligatorio, lo cual debe ser respetado por las Fuerzas Armadas.
1.1.12. Decisión de Segunda Instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga,
Sala Penal, confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que la
libertad de conciencia reclamada por el accionante encuentra su limitación
cuando se requiere proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral pública,
así como los derechos y libertades de los demás, siendo una de estas
circunstancias la prestación del servicio militar obligatorio. Este deber tiene
como finalidad garantizar el orden interno, defender la independencia nacional
y las instituciones públicas; aspectos de interés general, que prevalecen sobre
el particular, por lo que para ser eximido del mismo es necesario demostrar
razones serias y reales de conciencia que impidan cumplir con el deber
legalmente constituido, lo cual no fue probado por el señor Julián Enrique
Rojas Rincón.
Así mismo, para el Tribunal ad quem el
accionante no demostró que otras personas, encontrándose en su misma situación,
hubiesen sido exoneradas de prestar el servicio militar obligatorio, por lo
cual no puede predicarse una transgresión del derecho fundamental a la
igualdad.
1.1.13.  Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre otros, los
siguientes documentos:
a. Fotocopia
de la cédula de ciudadanía de Julián Enrique Rojas Rincón (fl.11).
b. Fotocopia
del comunicado de prensa de la sentencia C-728 de 2009 (fl. 12-14).
c. Fotocopia
de la certificación expedida por la
Dirección Política del Norte del Valle del Movimiento Político MIRA, en donde
hace constar que el accionante es miembro de la
Organización Juvenil, Juventudes Mira, desde hace seis años, en la cual se
desempeña como  Coordinador y Representante ante el Consejo Juvenil electo
desde noviembre de 2009, la cual se caracteriza por sus postulados pacifistas
(fl. 15).
d. Fotocopia
de la certificación expedida al accionante, en diciembre de 2009, por su
participación en el Diplomado Virtual en Derechos Humanos de la
Universidad Javeriana (fl. 16).
e. Fotocopia
de la petición elevada por el accionante al Comandante del Distrito Militar No.
19 de Buga (fl.17-18).
f. Fotocopia
de la credencial expedida a Julián Enrique Rojas como Consejero Municipal de
Juventud de Cartago -Valle-, para el periodo 2009
a 2012 (fl.19).
1.2.    EXPEDIENTE T- 2.652.480
·
Hechos
1.2.1. El día 22 de enero de 2010, cuando se encontraba laborando en su
establecimiento de comercio, miembros del Ejército Nacional dispusieron
reclutar al joven Óscar Fernando Rojas Losada para prestar el servicio militar
obligatorio y procedieron a trasladarlo de forma inmediata a la ciudad de
Neiva, viéndose obligado a dejar su almacén al cuidado de un vecino.
1.2.2. El 27 de enero de 2010, el actor elevó petición
al Comandante de la Novena Brigada de la ciudad de Neiva, mediante la cual solicitó
ser exento de la prestación del servicio militar, toda vez que pertenece a la
iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde su niñez, por lo que sus creencias
y conciencia le impiden prestar dicha labor.
1.2.3. El actor invocó la libertad de conciencia con
el fin de exonerarse de la prestación de dicho servicio, debido a que su
religión no le permite ejercer actos propios del servicio militar, tales como
empuñar armas o desarrollar cualquier otro acto de violencia. Adujo que al
momento de ser reclutado, se encontraba adelantando estudios para acceder al
cargo de pastor dentro de su iglesia o como líder religioso de una comunidad o
congregación religiosa.
1.2.4. Indicó que no se siente capacitado para manejar
un arma, ni para estar dentro de un batallón o institución militar; aunque
admite que la respeta y la admira, no comparte ni acepta la obligación de
desarrollar funciones para las cuales no está preparado emocionalmente.
1.2.5. El actor posee un establecimiento de comercio,
del cual devenga su propio sustento y el de sus padres, ya que manifiesta ser
él quien los sostiene. Por tal razón, señala que su incorporación a las filas
pone en riesgo el mínimo vital de su familia.
·
Respuesta del  Ejército Nacional,
Comandante del Distrito Militar No. 42
1.2.6. El
Mayor Néstor José Rojas Parrado, en calidad de Comandante de Distrito Militar
No. 42, solicitó no tutelar los derechos alegados como vulnerados por el
accionante. Observó que, previo a los acontecimientos narrados por el actor,
éste había sido citado para que definiera su situación militar, sin que hubiese
cumplido con el deber legal de hacerlo.
1.2.7.
Informó que, una vez reclutado, el joven Óscar Fernando Rojas Losada se
procedió a efectuar los respectivos exámenes médicos, resultando apto para la
prestación del servicio. A raíz de lo anterior, se incorporó al accionante al
Batallón Especial Energético Vial No. 12, Coronel José María Tello, el 23 de
enero del año 2010.
1.2.8. Indicó
que posteriormente el accionante interpuso petición con fecha del 25 de enero
de 2010, solicitando ser exento de prestar el servicio, en razón a que sus
creencias no se lo permitían. La respuesta a dicha petición fue negativa, ya
que la objeción de conciencia no es una causal eximente de la prestación del
servicio militar obligatorio, por tanto, no es factible darle trámite positivo
a la mencionada solicitud.
1.2.9. Sostuvo
que prevalece el interés general sobre el particular, por ello, el actor debe
someterse al cumplimiento de los preceptos establecidos para tal fin. Como
fundamento de su aseveración, cita apartes de la sentencia T-409 de 1992[1], en la cual
la Corte Constitucional consideró que no procedía la objeción de conciencia
para la prestación del servicio militar obligatorio. Expresamente, trajo a
colación de ese fallo lo siguiente, “la obligación de servicio militar es
desarrollado del postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen
sobre los individuales y si, además, el estado al exigirlo no puede desconocer
la igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e
imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda
invocarse, requiere de su expresa  institucionalización dentro del respectivo
ordenamiento jurídico.  El servicio militar en sí mismo, es decir como
actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que pueden afectar
el ámbito de la conciencia individual, por cuanto a que puede prestarse en
diversas funciones de las requeridas para la permanencia y continuidad de las
fuerzas militares”.
Por todo lo
anterior, consideró que no ha incurrido en ninguna violación a los derechos
fundamentales del accionante.
1.2.10.     Decisión Única de Instancia
El Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Neiva,
Sala Primera de Decisión Penal, mediante providencia del 10 de marzo de 2010,
negó el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y
trabajo, por considerar que no
existía la vulneración alegada por el accionante.
Para el Tribunal, dado que la objeción de
conciencia no es una causal establecida por las leyes preexistentes como
exonerativa de la prestación del servicio militar, puede afirmarse que el ente
accionado actuó conforme los procedimientos establecidos, sin desconocer ningún
derecho fundamental del accionante.
Puntualizó que “debido a que las
causales de exención de la prestación del servicio militar son taxativas, las
personas cuya situación concreta no se encuadre en las mismas, no pueden
válidamente solicitar la exención del servicio militar obligatorio, menos aun
alegando objeción de conciencia como lo pretende el accionante, pues respecto a
la misma, igualmente ha sido decantada por la jurisprudencia su improcedencia
como causal eximente, señalándose su inexistencia en nuestro régimen
relacionado con el servicio militar...” (fl. 69).
Igualmente, señaló que ha sido considerado por
la Corte Constitucional que las razones del fuero interno no son de recibo para
exonerarse de prestar ese servicio especial a la patria.
1.2.11.  Pruebas y documentos
a. Copia del testimonio
notarial extra proceso del señor Luis Gonzaga Rojas Cortés (fl.15).
b. Copia de recibo de
industria y comercio del establecimiento “TODO TODO AL COSTO” en que
figura como representante legal el accionante (fl. 17).
c. Copia de la declaración de
impuestos de industria y comercio del año gravable 2008 del establecimiento
comercial “TODO TODO AL COSTO” (fl. 18).
d. Copia del formulario del registro
único tributario RUT (fl. 19).
e. Registro único empresarial
a nombre del señor Óscar Fernando Rojas Losada (fls. 20 y 21).
f. Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Óscar Fernando Rojas Losada (fl. 22).
g. Copia certificado de uso
de suelo de zona comercial expedido por el director de Departamento
Administrativo de Planeación de Garzón –Huila- (fl. 23).
h. Copia del acta No. 2003
expedida por la Alcaldía Municipal de Garzón –Huila-, Secretaria de Salud – Saneamiento
Ambiental (fl. 24).
i. Copia del certificado de
matricula mercantil a nombre del señor Óscar Fernando Rojas Losada (fl. 27).
j. Copia del certificado
expedido por el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Sede Central,
Garzón –Huila-, donde consta que el accionante se está capacitando en estudios
bíblicos, para llevar a cabo sus aspiraciones de ser pastor. (fl. 28).
k. Copia de letra de cambio
suscrita por el accionante. (fl. 29).
l. Copia de certificado
expedido por el Instituto Bíblico Pentecostal de la ciudad de Neiva donde
certifica que el señor Óscar Fernando Rojas se encuentra cursando el primer
semestre de teología básica. (fl. 30).
ll. Petición presentada por
el accionante y dirigido a la novena zona de reclutamiento de Neiva –Huila-. (fls.
32 a 35).
1.3. Pruebas solicitadas por la
Corte Constitucional
La Sala Séptima de Revisión, quien para
esa fecha se encontraba en conocimiento del asunto, con el fin de dar claridad
sobre los hechos materia de esta acción, solicitó el 13 de agosto de 2010 las
siguientes pruebas:
1.3.1. Ofició
a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para que informara (i) si existe
alguna contradicción entre la prestación del servicio militar y las creencias
profesadas por la comunidad religiosa; (ii) si el señor Óscar Fernando Rojas
Losada era miembro activo de la comunidad religiosa en la ciudad de Neiva y; iii)
si actualmente se encontraba adelantando estudios para desempeñarse como Pastor
de la Iglesia.
1.3.2. Se requirió al Partido Político Mira, para que informara
a esta Corporación (i) si existe alguna contradicción, en los Estatutos del
Partido Político entre la prestación del servicio militar y las ideas
defendidas por el partido político, (ii) si el señor Julián Enrique Rojas
Rincón, era miembro activo del movimiento y (ii) remitiera copia integral de
los Estatutos que rigen el partido político.
1.3.3. Se ofició a la Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas de la Novena Zona de Reclutamiento, Distrito Militar No. 42
de Neiva, Huila, para que informara: (i) la situación militar  actual del señor
Óscar Fernando Rojas Losada, (ii) el comportamiento que ha asumido el señor Óscar
Fernando Rojas Losada en el transcurso de la prestación del servicio militar y
(iii) copia de la hoja de vida del señor Óscar Fernando Rojas Losada.
1.3.4. Se requirió al Ejército Nacional de Colombia
para que informara si en virtud de la Sentencia C-728 de 2009, proferida por la
Corte Constitucional, ha establecido algún procedimiento para el estudio
de la objeción de conciencia al servicio militar.
1.3.5. Mediante Auto de 14 de agosto de 2015, el
Magistrado Sustanciador, Alberto Rojas Ríos, advirtiendo que existía falta de
certeza sobre las vicisitudes surtidas en relación con la definición del
servicio militar del ciudadano
Julián Enrique Rojas Rincón, decretó como prueba que la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional,
informara al Despacho “si en la fecha el ciudadano JULIAN ENRIQUE ROJAS
RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 1.006.451.802, tiene
definida su situación militar. En caso afirmativo, indique las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se ha dado dicha definición”.
1.4     Intervención del Ministerio
Público
Mediante oficio radicado en la Secretaría General
de esta Corporación el 27 de marzo de 2012, intervino el Procurador General de
la Nación, aduciendo la relevancia constitucional del tema, que supone una
discusión al respecto de la naturaleza y alcances del derecho fundamental a la
libertad de conciencia y, en especial, a la objeción de conciencia. Específicamente,
el Ministerio Público  solicitó: (i) que la Sala Plena se pronunciara en
sede de revisión con sentencia de unificación de jurisprudencia, declarando la
procedencia de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio
y revocando las decisiones tomadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Buga, Valle y el Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, en relación con el  señor
Julián Enrique Rojas Rincón, toda vez que estas providencias  parten de una
interpretación errada de la sentencia C-728 de 2009 y desconocen el alcance de
los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, concretamente con
respecto al servicio militar obligatorio; (ii) declarar la carencia actual
de objeto, en el caso de Óscar Fernando Rojas Losada, quien manifestó su
intención de desistir de la acción de tutela y continuar prestando el servicio militar;
(iii) exhortar a las autoridades militares para que tomen medidas a fin
de respetar el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional y hasta tanto el Congreso emita la ley estatuaria
del caso y (iv) exhortar nuevamente al Congreso de la República para que
expida la ley estatutaria concerniente a la procedencia de la objeción de
conciencia frente al servicio militar obligatorio.
Para sustentar estas solicitudes,  el
Procurador General consideró, a diferencia de lo afirmado por el Director
Nacional de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, que la
libertad de conciencia y la consecuente objeción de conciencia sí están
reconocidas tanto en el ordenamiento jurídico constitucional, con una evolución
en la jurisprudencia colombiana, como, en virtud del artículo 93 de la Carta,
en instrumentos internacionales reconocidos por Colombia.
El Jefe del Ministerio Público, señaló que
ese bloque de constitucionalidad lo componen, en su orden, la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre (arts. 2, 3, 14 y 22), la
Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2.1, 7, 18, 20 y 23), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 13.3),
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 12.1, 16.1 y 24) y la
Convención Americana Para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial
(arts. 5 d vii, ix, y e). A su vez, en  la Constitución Política de Colombia se
reconoce la libertad de conciencia en el artículo 18, la libertad religiosa y
de cultos en los artículos 19 y 20. Todo lo anterior se complementa con la
disposición orientada a la prohibición de molestar, compeler u obligar a las
personas a actuar contra su conciencia lo que supone  necesariamente, la
objeción de conciencia.
En lo que atañe a la jurisprudencia
constitucional, señaló que en múltiples sentencias se ha desarrollado este
derecho. Entre otras, en la sentencia T-332 de 2004 se enuncia que la libertad
de conciencia no es otra cosa que el derecho “para actuar en consideración a
sus propios parámetros de conducta sin que puedan interponérsele actuaciones
que estén en contra de su propia razón” y en las providencias C-409 de 1992
y C-728 de 2009, esta Corporación destacó la libertad de conciencia como “la
resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un
dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito”.
Por otro lado, el Ministerio Público
reconoció que la evolución jurisprudencial que ha tenido la objeción de
conciencia frente al servicio militar obligatorio ha variado, como quiera que en
principio se afirmó que la misma era improcedente, por virtud del principio de
igualdad ante la ley  y dado que el mismo constituyente la había rechazado por
necesidades de defensa de la Nación; sin embargo, con ocasión de la sentencia C-728
de 2009, la Corte entendió que las consideraciones subjetivas por las que una
persona se opone a prestar el servicio militar sean estas de carácter
religioso, ético, moral o filosófico, son razones que deben respetarse.
En armonía con los últimos pronunciamientos
de la Corte y haciendo la salvedad acerca de que la libertad de conciencia no equivale
a un acto de desobediencia al derecho o de negatividad moral de la ley civil,
pues no busca otra cosa que preservar los dictámenes de la propia conciencia,
el Ministerio Público concluyó que la libertad de conciencia que cobija la
objeción de conciencia, procede incluso frente al deber de prestar el servicio
militar obligatorio y contrario a lo afirmado por los demandados y por
los jueces, este derecho no está subordinado a la ley.
Agregó que, si bien la ley que regula las
exenciones a la prestación del servicio militar obligatorio no se refiere en
especial a la objeción de conciencia, ni existe ley estatutaria que la regule,
este derecho procede constitucionalmente contra la prestación del servicio
militar obligatorio, en tanto esta obligación puede incluir el porte y uso de
armas, lo cual en no pocas ocasiones ataca las convicciones más íntimas de las
personas, y esto puede resultar contrario a las creencias religiosas o a
concepciones éticas e ideológicas de corrientes pacifistas. Así, se tiene que
la sentencia C-728 de 2009, además de exhortar al Congreso para expedir ley
estatutaria que regule la objeción de conciencia frente al servicio militar
obligatorio, le reconoció a ésta el carácter de derecho fundamental vinculante
de aplicación inmediata y protegible por acción de tutela, siempre que se
demuestren hechos excepcionales que así lo justifiquen.
Ahora, si bien la objeción de conciencia es
de naturaleza personal, para que  tenga efectos debe tener manifestaciones
externas verificables, con el fin de evitar que pueda invocarse para oponer
cualquier obligación jurídica. Así, esta Corporación dispuso que: “todo
objetor tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas
de sus convicciones”.
Sin embargo, como nos encontramos frente a
una reglamentación que desarrolla derechos fundamentales, es el Legislador (y
no la Corte Constitucional, mucho menos el Ejército Nacional) el que debe expedir
una ley estatutaria, que haga hincapié en los parámetros constitucionales que
ya ha fijado la propia jurisprudencia, pues la objeción de conciencia frente a todo
imperativo jurídico debe obedecer a criterios objetivos susceptibles de
verificación que expliquen o justifiquen la convicción personal del objetor.
En el caso sub examine, el
Procurador General advierte que según el material probatorio aportado, se evidencia
que uno de los accionantes pertenece al Partido MIRA y a la Iglesia Pentecostal
Unida, lo que hace presumir que sus convicciones son profundas y sinceras, aún,
en el entendido de que ninguna de estas organizaciones tenga en sus reglas
particulares la prohibición expresa de prestar el servicio militar obligatorio,
ni opongan sus estatutos a la presentación de la tutela.
En efecto, para el Procurador, el
accionante expuso argumentos coherentes con la objeción de conciencia respecto
de la filosofía que pregona con el partido político MIRA y los valores
cristianos que dice practicar.
En suma, el Ministerio Público no encontró
acertadas las decisiones de instancia y, por el contrario, considera que a lo
largo del proceso de tutela, y, particularmente, con las pruebas practicadas
por la Sala, se demostró que el señor Rojas Rincón tiene fuertes y profundas
convicciones morales y éticas, las cuales le impiden prestar el servicio
militar obligatorio.
II.     CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
2.1.
Competencia y oportunidad
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución y, en particular, el artículo 54 A del Acuerdo 05 de 1992, es
competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso acumulado indicado
en la referencia.
2.2.
Problema
jurídico
Los accionantes demandan ante el juez de tutela la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad (art. 13 C.P.) y la
libertad de conciencia (art. 18 C.P.), presuntamente vulnerados por el Ejército
Nacional. Lo anterior, por cuanto indican que esta institución les ordenó la
prestación del servicio militar, sin tener en consideración que, por sus
creencias religiosas, éticas y políticas, no les es posible cumplir con tal
deber constitucional.
Julián Enrique Rojas Rincón manifestó ser miembro de
las juventudes políticas del partido político MIRA, provenir de un hogar
cristiano y mantener una vocación pacifista. Por su parte, Óscar Fernando Rojas
Losada señaló que pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
adelanta estudios para acceder al cargo de pastor o líder religioso y no tolera
actos de violencia.
Procede entonces la Sala a analizar ¿si
violan las autoridades militares los derechos fundamentales a la libertad de
conciencia y a la autonomía personal cuando niegan sistemáticamente la
aplicación de la objeción de conciencia como causal constitucional eximente de
la prestación del servicio militar obligatorio? Para tal fin, se estudiará: (i)
el alcance general de la garantía a la libertad de conciencia; (ii) si
de las prerrogativas de la libertad de conciencia nace el derecho fundamental a
objetar el cumplimiento de un deber jurídico; (iii) el alcance de la
objeción de conciencia dado por la jurisprudencia constitucional, el
bloque de constitucionalidad y la legislación comparada; (iv) la
configuración del derecho a la objeción de conciencia frente al servicio
militar en Colombia, y (v) análisis de los casos concretos.
2.3.    La garantía a la libertad de conciencia y
su relación con otros derechos fundamentales
El artículo 18 de la
Constitución Política garantiza el derecho fundamental a la libertad de
conciencia, al consagrar que “Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra
su conciencia.”
De acuerdo con el precepto constitucional,
tres prerrogativas nacen del derecho a la libertad de conciencia: (i)
nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón de sus
convicciones o creencias; (ii) ninguna persona estará obligada a revelar
sus convicciones y (iii) nadie será obligado a actuar contra su
conciencia.
Es de esta última prerrogativa que nace el
derecho fundamental a la objeción de conciencia. Por ello, para efectos
de analizar el alcance de este derecho, resulta pertinente estudiar primero lo
que debe entenderse por libertad de conciencia.
2.3.1. La libertad de
conciencia ha sido entendida como un elemento indispensable en una sociedad democrática
participativa y pluralista, que reconoce la necesidad de la
autorrealización del individuo y la garantía de la dignidad humana (arts. 1,
18, 19 y 85 C.P.). Para este Tribunal, estas libertades “hacen parte
esencial del sistema de derechos establecido en la Constitución de 1991, junto
con el mandato de tolerancia, que se encuentra íntimamente ligado a la
convivencia pacífica y al respeto de los valores fundantes del Estado
colombiano”[2].
Ese mandato de tolerancia también se predica de las facultades de pensar y
obrar según la conciencia individual.
2.3.2. En la sentencia T-409
de 1992[3],
la Corte Constitucional determinó que la libertad de conciencia consistente en
“la facultad que tiene una persona para actuar en
determinado sentido, o para abstenerse de hacerlo, se ve determinada en grado
sumo por sus convicciones, por su propia ideología, por su manera de concebir
el mundo”. Reconoce que las convicciones e
ideologías son el producto de la formación social, moral, académica y dado el
caso, religiosa, que condiciona a cada individuo, en cuanto le impone modelos
de comportamiento en la sociedad a la que pertenece. La garantía de esa
libertad implica que ese sistema de valores no puede ser invadido ni modificado
por acción del Estado. En la misma línea, en la sentencia
T-547 de 1993[4], se define esa libertad como “la
inmunidad de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias
convicciones y que impida la realización de aquellas acciones que la conciencia
ordena sin estorbo o impedimento.” En la sentencia C-616 de 1997[5],
se estableció que la libertad de conciencia debía entenderse como “el propio
discernimiento sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es decir, se
trataba de conciencia moral”.
2.3.3. Así mismo, en providencia T-332 de 2004[6], la Corte consideró
que la libertad de conciencia es
un derecho fundamental de aplicación inmediata, que “tiene toda
persona para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta, sin
que pueda imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón” Se trata
de un derecho reconocido también en el ámbito internacional, en el artículo 3º
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo
12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
2.3.4. De otra parte, la
libertad de conciencia se constituye en una consecuencia necesaria del carácter
pluralista del Estado Colombiano. En efecto, en la sentencia T-388 de 2009[7] se consideró
que esta fórmula pluralista se manifiesta en tres dimensiones:  (i) la diversidad que se
admite y promueve (art. 7º C.P.); (ii) las distintas aspiraciones y
valoraciones[8]
que se aprecian de modo positivo, de manera especial, la libertad
religiosa[9],
de conciencia y pensamiento[10]
así como la libertad de expresión[11] y (iii) los
cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán para dirimir los posibles
conflictos que se presenten en virtud de la diferentes concepciones.
Por otro lado, la Corte ha tenido la oportunidad de
referirse a la relación existente entre el derecho fundamental a la libertad de
conciencia con otros derechos como la libertad religiosa, de pensamiento y de
expresión.
2.3.5. En relación con el derecho a la libertad
religiosa, en la sentencia T-026 de 2005[12] la Corporación explicó
que “para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y
creencias de su religión, reviste una importancia medular, en tanto muchas
veces ella determina los proyectos de vida personal”.  En el mismo sentido,
en la sentencia T-547 de
1993[13] la
Corte explicó que “la dignidad
humana, la excelencia del ser personal requiere que la persona actúe libremente
según su conciencia, por ello no se le puede impedir, principalmente en materia
religiosa, que obre contra su recta conciencia, porque el ejercicio de la
religión consiste ante todo en actos voluntarios y libres, por medio de los
cuales la persona guía todos sus actos en función de la religión que profese, y
por la misma naturaleza del hombre esos actos internos deben externamente
manifestarse”.
Asimismo, en la sentencia T-823 de 2002[14], consideró
que existía una relación entre
la libertad de conciencia y la libertad religiosa, afirmando que “el hombre
como un ser proyectivo, estimativo y temporal ajusta su conducta a los cánones
de una determinada religión en aras de obtener la satisfacción de una vida
plena, transcendente y espiritual[15].”
Agregó que es deber del Estado “asegurar que todos los creyentes tengan
la libertad de actuar según sus propias convicciones y de prohibir aquellas
coacciones o impedimentos que restrinjan el compromiso asumido por ellos de
conducirse según lo que profesan.”
2.3.6. Sin embargo, no en todos los casos la
conciencia del individuo está relacionada con la asunción de determinado credo
religioso. En efecto, en la sentencia C-616 de 1997[16] la
Corte señaló que aunque la ideología adoptada por una persona, o su religión,
podían determinar su conciencia, es decir su personal manera de emitir juicios
morales prácticos, no por ello la libertad de conciencia se confundía con el
derecho a la libertad religiosa, pues de hecho, no hacía falta estar inscrito
en una religión determinada, ni en un sistema filosófico, humanístico o
político, para emitir juicios prácticos en torno de lo que era correcto o
incorrecto, pues las personas ateas o las agnósticas, igualmente lo hacían.
2.3.7. En cuanto a la libertad de pensamiento y de
expresión explicó la citada sentencia[17],
que comporta para su titular la facultad de adherir o de profesar determinada
ideología, filosofía o cosmovisión, lo que implica para el individuo el
atributo de estar conforme con un determinado sistema en torno del mismo
hombre, del mundo y de los valores. La libertad de pensamiento lleva consigo la
libertad de expresión, como lo establece el artículo 20 de la
Carta al disponer que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar
y difundir su pensamiento...”.
Esta relación no implica per se que el concepto
de libertad de conciencia sea sinónimo con la libertad de pensamiento, por
cuanto a diferencia de la libertad de opinión o de la libertad
religiosa, la de conciencia, se ejerce siempre de modo individual. “En cuanto
prerrogativa personal, la conciencia a la que se refiere la libertad
constitucionalmente protegida, es la conciencia subjetiva, o mejor, la regla
subjetiva de moralidad. No se trata pues de la protección abstracta de un
sistema moral determinado, o de una regla objetiva de moralidad”[18].
En suma, el derecho a la libertad de conciencia implica
la garantía de todo individuo para
actuar en concordancia con un conjunto de valores y convicciones personales. Este
derecho, además, tiene una íntima relación con la libertad religiosa y de
pensamiento. Pasará entonces la Sala a analizar si dentro de las prerrogativas
que se deducen del mismo, se encuentra la posibilidad de objetar el
cumplimiento de un deber jurídico.
2.4.
El derecho a la objeción de
conciencia como un derecho fundamental[19]
2.4.1. La Corte resalta que la garantía de la objeción
de conciencia, esto es, el derecho que tiene toda persona a no ser obligado a
actuar en contra de sus convicciones, descansa en el respeto, en la coexistencia
de las creencias morales de cada quien y se funda en la idea de la libertad
humana como principio fundamental de la ética contemporánea. En estos términos,
se concibe al hombre como sujeto moral, capaz de emitir un juicio sobre un
determinado comportamiento. Por ello, la libertad de conciencia incluye la
facultad de emitir juicios morales internos y de actuar conforme a ellos.
La forma abierta en que el constituyente
concibió la libertad de conciencia y el consecuente derecho de objeción,  esto
es, la garantía de que nadie puede ser  obligado a actuar en contra de su
conciencia, plantea entre otros, el dilema de si esta salvaguarda lleva consigo
el derecho de objetar el cumplimiento de un deber jurídico por razones de orden
ético o moral.
En efecto, el
enfrentamiento entre los dictados de la conciencia individual y los imperativos
de la norma positiva es cada vez más frecuente en una sociedad pluralista, que
además defiende la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad.
Así, surge la objeción al servicio militar, a la realización de actividades
laborales en día sábado, la negativa a prestar juramento y al estudio de
determinadas materias religiosas en una institución educativa, entre otras
cuestiones.
2.4.2. El debate sobre la posibilidad de exceptuar el
cumplimiento de un deber legal, con base en la objeción de conciencia es relativamente
contemporáneo, a pesar de que, en la antigüedad, los primeros objetores de
conciencia fueron los cristianos, quienes se negaron a servir al emperador. En
la Edad Media, la fusión entre el derecho y la moral hizo imposible la
posibilidad de objetar. En la época de la Ilustración, aceptar la posibilidad
de desobediencia a la Ley por motivos morales resultaba contradictoria, en la
medida en que la Ley ya no es producto de la voluntad del monarca, sino el
resultado de la voluntad general, que permite al hombre ser gobernado por sí
mismo. Para Montesquieu (“El espíritu de las leyes”),  la libertad es el “derecho
de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera
hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían
igualmente esta facultad”.
Es en los orígenes del Estado Constitucional en donde
la objeción de conciencia adopta sus rasgos definitorios, como derecho
fundamental, como límite al poder legislativo y de respeto a las minorías. En
la teoría jurídica actual, entre otros tratadistas, Ronald Dworkin[20] plantea el
problema de la objeción de conciencia frente a las leyes de reclutamiento de la
guerra de Vietnam y defiende el derecho legítimo de desobedecimiento por el
respeto a la opción moral diversa. Por otro lado, Joseph Raz[21] afirma que un Estado es
verdaderamente liberal si incluye disposiciones jurídicas que autoricen a un
individuo a no ser responsable de una violación de su deber, si piensa
que es moralmente malo para él.
Para Luis Prieto Sanchís, la objeción de conciencia es
un corolario de la libertad de conciencia, de modo que en los sistemas
constitucionales donde ésta se reconoce, existe un “derecho general” a
desobedecer por motivos de conciencia y, por consiguiente, para poder objetar
en conciencia el cumplimiento de un determinado deber, no es necesario que
exista un reconocimiento legal explícito. No obstante, el profesor Sanchís aclara
que la objeción de conciencia “no supone, desde luego, que uno tenga derecho
a desobedecer (o a objetar) cualquier deber jurídico alegando su libertad de
conciencia; pero sí supone que existe una justificación ‘prima facie’ –o sea,
dependiente de una evaluación final– de tal derecho, que estará sometido a los
mismos límites que se establecen para el resto de los derechos y libertades
protegidos por el ordenamiento[22].
En el mismo sentido, esta Corporación, en la sentencia
C-728 de 2009[23], reafirmó el carácter de derecho fundamental
subjetivo y de aplicación inmediata de la objeción de conciencia, y sostuvo que
para la aplicación del mismo no se requería de un desarrollo legislativo, ya
que puede hacerse valer directamente con base en la Constitución. Reiteró que
el derecho a la objeción de conciencia encuentra sustento en la libertad de conciencia, que le garantiza a
toda persona el derecho constitucional a “no ser obligado actuar en contra de su conciencia”. Por tanto, la acción de tutela es un mecanismo idóneo
para lograr su protección eficaz.
En síntesis, el reconocimiento a la objeción de
conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la
libertad de conciencia y no se constituye en una evasión al ordenamiento
jurídico, sino que por el contrario, toda  sociedad democrática debe estar
interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los
ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos
frente a muchos o la inmensa mayoría. Es un problema de calidad democrática y
respeto a los derechos individuales básicos: cuando el Estado admite la
objeción de conciencia de un particular, está potenciando en beneficio de toda
la sociedad ese valor fundamental.
2.5.
El derecho a la objeción de
conciencia en el ámbito internacional en materia de prestación del servicio
militar
En la labor de precisar el contenido del derecho
fundamental a la objeción de conciencia, resulta indispensable mirar lo que se
establece en el derecho internacional de los derechos humanos sobre el
particular. Al respecto, se encuentra que en el ámbito internacional también se
ha reconocido la garantía a la objeción de conciencia como un derecho
fundamental. Así, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, ambos partes del bloque de constitucionalidad, garantizan el
derecho a actuar de acuerdo con las convicciones morales y a no ser obligado a actuar
en forma contraria a ellas. Australia fue el primer país en reconocer
legislativamente el derecho a objetar conciencia al servicio militar, con su
Ley de Defensa de 1903, en la cual se estableció una exención del servicio
militar para quienes apliquen y demuestren una objeción de conciencia frente
al servicio militar[24].
2.5.1. El artículo 12 la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que consagra la  libertad de conciencia y de religión, prescribe:
1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias,
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2.     Nadie puede ser objeto de medidas
restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus
creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3.     La libertad de manifestar la
propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades
de los demás.
4.     Los padres, y en su caso los
tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Por su parte, el artículo 18 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la
libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la
celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
2.
Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
3.
La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los
derechos y libertades fundamentales de los demás.
4.
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
De acuerdo con estos preceptos, se reconoce
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, cuya garantía excluye
la imposición de medidas coercitivas que menoscaben dichas libertades. Así
mismo, las normas internacionales coinciden en que las limitaciones que se
efectúen al ejercicio de este derecho, deben ser indispensables para
salvaguardar la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos
y libertades de los demás.
2.5.2. La Declaración sobre la
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la
religión o en las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981, reitera la obligación de los Estados
de establecer medidas que protejan y garanticen el respeto de las creencias
religiosas y de toda índole.
De manera específica, en la Resolución 77 del
22 de abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
estableció que la objeción de conciencia era un resultado necesario del
ejercicio de la libertad de conciencia. En concreto, reconoció el derecho de
toda persona a objetar en conciencia como consecuencia del ejercicio de todos
los derechos reconocidos por la Naciones Unidas como fundamentales y el respeto
a la dignidad humana.
La Comisión consideró que la objeción de conciencia
“emana de principios y razones de conciencia, incluso de convicciones
profundas basadas en motivos religiosos, morales, éticos, humanitarios o de
índole similar” y, como tal, se constituye en el ejercicio legítimo de la
libertad de pensamiento, conciencia y religión. En la misma Resolución, hizo un
llamado a los Estados para que establezcan órganos de decisión independientes
encargados de la tarea de determinar si la objeción de conciencia es válida en
un caso determinado, de manera que no se discrimine a los objetores de
conciencia por razón de la naturaleza de sus convicciones particulares.
2.5.3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Última Tentación de Cristo” reafirmó que el derecho a la libertad de
conciencia y de religión reconocido en el artículo 12 de la Convención
Americana, “es uno de los cimientos de la sociedad democrática”. En su
dimensión religiosa, consideró que esta libertad “constituye un elemento
trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en su
forma de vida.”[25]
2.5.4. Concretamente, en
relación con los casos que ocupan en esta oportunidad a la Corporación
relacionados con la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio
militar obligatorio, la Corte encuentra que esta garantía está contemplada en varias
normas de derechos humanos que reconocen el derecho a la libertad de
conciencia, a su vez, distintas autoridades de monitoreo e interpretación de
instrumentos internacionales han comprendido que uno de los componentes de esa
libertad es la objeción de conciencia frente al servicio militar.
a) Así,
en la Resolución 33/165 del 20 de diciembre de 1978, la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció el derecho de todas las personas a negarse a prestar
servicios en las fuerzas militares o policiales para imponer el sistema de
segregación racial que se empleó en Sudáfrica y Namibia, más conocido como apartheid[26].
b) Por su parte, la Comisiónón de Derechos Humanos  de las Naciones Unidas
adoptó, el 8 de marzo de 1989, durante el 45 período de sesiones, la Resolución
1989/59 sobre Objeción de Conciencia al Servicio Militar, derivada de la
libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, basada en convicciones
profundas, en motivos religiosos, éticos o de índole similar. En lo pertinente,
esta Resolución dispuso:
(i) El reconocimiento del derecho de toda persona  a tener
objeciones de conciencia  al servicio militar como ejercicio legítimo del
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18
del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos;
(ii) Un llamamiento a los Estados  para que promulguen
leyes y adopten medidas destinadas a eximir del servicio militar cuando exista
una auténtica objeción de conciencia al servicio armado;
(iii) La recomendación a los Estados Miembros que tengan un
sistema de servicio militar obligatorio en el que no se haya introducido
todavía una disposición de ese tipo, que introduzcan varias formas de servicio
alternativo para los objetores de conciencia, compatibles con las razones en
que se basa la objeción de conciencia, teniendo en cuenta la experiencia de
algunos Estados  al respecto, y que se abstengan de encarcelar a esas personas;
(iv)  Las formas de servicio  alternativo que se
establezcan deben ser en principio, de carácter no combatiente o civil, en
interés público y no de carácter punitivo;
(vi) La recomendación a los Estados Miembros de establecer,
si no lo han hecho todavía, dentro del marco de su sistema  jurídico  interno,
órganos de decisión independientes e imparciales con la tarea de  determinar si
la objeción de conciencia  es válida en cada caso concreto.
c) De igual modo, la
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, adoptó la Resolución 337 (1967), relativa
al derecho a la objeción de conciencia, con fundamento en el artículo 9º del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los países miembros a
respetar la libertad de conciencia y de religión del individuo, la cual en sus
apartes pertinentes establece:
(i) Las personas obligadas al servicio militar que, por
motivos de conciencia o por razón de una convicción profunda de orden
religioso, ético, moral, humanitario, filosófico o de análoga naturaleza, rehúsen
realizar el servicio con armas, deben tener un derecho subjetivo a ser
dispensados de tal servicio.
(ii) En los Estados democráticos, fundados sobre el
principio de la preeminencia del derecho, se debe considerar que el derecho
citado en el punto anterior deriva lógicamente de los derechos fundamentales
del individuo, garantizados por el artículo 9º del Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
El llamamiento a los Estados Partes hecho en esta Resolución
fue reiterado en las Resoluciones 1989/59 del 8 de marzo de 1989, 1993/84 del
10 de marzo de 1993, y 1995/83 del 8 de marzo de 1995, las cuales también
hicieron énfasis en que los Estados no deben encarcelar a los objetores de
conciencia al servicio militar[27].
La Resolución 1998/77, del 22 de abril de 1998, enfatizó en la procedencia y el
alcance del derecho presentados en las resoluciones anteriores, también
afirmando que “los Estados, en su legislación y en su práctica, no deben
discriminar contra los objetores de conciencia en lo referente a sus condiciones
de servicio o a cualesquiera derechos económicos, sociales, culturales, civiles
y políticos”[28].
Esta Resolución fue reafirmada por las Resoluciones 2000/34 del 20 de abril de
2000, 2002/45 del 23 de abril de 2002 y 2004/35 del 19 de abril de 2004[29].
d) En estos
mismos términos, la Observación General N° 22 (1993) del Comité de Derechos
Humanos, sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art.
18, PIDCP), consideró la procedencia de la objeción de conciencia como una
consecuencia del derecho a la libertad de pensamiento y de religión:
“[…] como lo precisa el Comité en el Comentario citado, la objeción de
conciencia se deriva directamente de la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, aún cuando no esté consagrada de manera expresa en el artículo 18 del
Pacto. La objeción de conciencia sería entonces uno de los ejercicios
fundamentales del derecho a la libertad de conciencia. Haría parte de su
núcleo, lo que implicaría que no se podría suspender bajo ninguna circunstancia.
En este orden de ideas, el Comité encontró justificado que algunos Estados
hayan permitido que los objetores de conciencia presten servicios alternativos
al militar, impidiendo así que estos ciudadanos sean discriminados por razón de
sus creencias” (Énfasis no es del texto original)
e) Posteriormente,
en la Resolución del 20 de abril del año 2000, la Comisión “exhorta a los
Estados a que reconsideren su legislación y sus prácticas actuales en relación
con la objeción de conciencia al servicio militar a la luz de la resolución
1998/77”.[30]
Además, solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos que lleve a cabo una recopilación y análisis de las
prácticas en relación con el reconocimiento del derecho a objetar en conciencia,
así como de la existencia de modalidades de servicios sustitutivos.
2.5.5.
Después de la expedición de estas normas, el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha resuelto varias peticiones individuales sobre objeción de
conciencia dentro de su función como organización de monitoreo del Pacto
Universal de los Derechos Civiles y Políticos. De esos pronunciamientos se
destaca el producido en el año 2007, en el caso Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin
Choi contra República de Corea. En este caso, el Comité afirmó que la
objeción de conciencia es “el derecho a través del cual se protegen los
compromisos religiosos y las creencias personales genuinas de las personas, que
los Estados deben crear procedimientos para que se tramiten las objeciones de
conciencia de los ciudadanos, que los Estados así mismo deben ofrecer servicios
sustitutivos para que los objetores sirvan a la comunidad, que estos servicios
alternativos no pueden ser más onerosos que el servicio militar, y finalmente
que las razones de seguridad nacional, cohesión social y equidad no son, en
principio, argumentos para violentar la libertad de conciencia. […]” [31]
En el caso específico de Colombia, el
Comité y Grupos de Expertos se han pronunciado en los años 2004 y 2007. En el
año 2004, el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas señaló la falta de provisión de la objeción de
conciencia al servicio militar en sus Observaciones Finales al informe
presentado por el Estado de Colombia:
“17. El Comité constata con preocupación que la legislación del Estado
Parte no permite la objeción de conciencia.
El Estado Parte debería garantizar que los objetores de conciencia
puedan optar por un servicio alternativo cuya duración no tenga efectos
punitivos (arts. 18 y 26).”[32]
Posteriormente, el Grupo de Trabajo sobre detención
arbitraria,[33]
publicó en 2008 una opinión frente a la situación de tres objetores de
conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia. Al respecto señaló:
“[…] El Grupo de Trabajo concluyó que tres jóvenes colombianos habían
sido privados de su libertad de manera arbitraria cuando fueron obligados a
prestar el servicio militar obligatorio. Frente a dos de ellos, el Grupo de
Trabajo, determinó que además se les había violado el derecho a la libertad de
conciencia consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, debido a que a pesar de haber
manifestado ser objetores de conciencia al servicio militar fueron obligados a
cargar armas. En este sentido el Grupo de Trabajo estableció: ‘La detención
contra quienes se han declarado expresamente objetores de conciencia no tiene
sustento jurídico ni base legal y su incorporación al ejército contra su
voluntad es en clara violencia a sus postulados de conciencia, lo que puede vulnerar
el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No
proveer el espacio para el derecho a la objeción de conciencia puede ser una
violación de dicho artículo. ”
Este breve recuento permite concluir que
la comunidad internacional propende por una protección decidida del derecho a
la objeción de conciencia para dispensar de la prestación del servicio militar,
incluso en los Estados que no la habían contemplado dentro de sus
ordenamientos, con el fin de que adopten regulaciones que garanticen su
ejercicio como expresión por excelencia de la libertad de conciencia.
2.6.   La objeción de conciencia
frente a la prestación del servicio militar en Colombia
2.6.1. La prestación obligatoria del servicio militar
El artículo 216 de la Constitución establece que “todos
los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas”. Además, este mismo precepto le confiere al legislador la facultad de regular las
condiciones en las que los colombianos tienen que cumplir con el deber de
prestar el servicio militar, en los siguientes términos “La ley determinará
las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las
prerrogativas por la prestación del mismo”.
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que
la prestación del servicio militar obligatorio es una obligación de naturaleza
constitucional que corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber
genérico impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la
soberanía, la guarda del orden institucional y el mantenimiento del orden
público. Para la Corporación, la calidad de nacional no solamente implica el
ejercicio de derechos políticos sino que comporta la existencia de obligaciones
y deberes sociales a favor de la colectividad, en cabeza de quienes están
ligados por ese vínculo.
De igual manera el artículo 2º de la Constitución, en
su inciso segundo, indica que las autoridades han sido instituidas para “proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”. Es por ello que, si el
Estado proporciona beneficios, reclama de quienes gozan de ellos una mínima
contribución al interés colectivo y les impone límites razonables al ejercicio
de sus libertades.
En la sentencia T-409 de 1992[34], consideró la
Corporación que el deber de prestar el servicio militar obligatorio “No se
trata de tiránica imposición sino de la natural y equitativa consecuencia del
principio general de prevalencia del interés social sobre el privado, así como
de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus
miembros para hacerla posible”.
En efecto, de manera general, dentro de
las obligaciones de la persona y del ciudadano (art. 95 C.P.), se encuentran
los deberes de: (i) "respetar y apoyar a las autoridades
democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la
integridad nacionales" o para (ii) "defender y
difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica";
y (ii) "propender al logro y mantenimiento de la paz". Este
Tribunal ha dicho que la finalidad de estos deberes genéricos resulta
coincidente con los fines que son propios de las instituciones que conforman la
fuerza pública,  de suerte que los ciudadanos no están desprovistos del
cumplimiento de obligaciones expresas que les son impuestas por el ordenamiento
superior.
De la misma manera, en la sentencia C-511 de 1994[35], la Corporación resaltó que el mismo
Estatuto Superior defiere a la ley la regulación de las condiciones y
prerrogativas para la prestación del servicio militar, previendo la posibilidad
de que la ley establezca con un carácter obligatorio la prestación del servicio
militar, así como las situaciones eximentes del mismo.
En desarrollo del mandato constitucional
consagrado en el artículo 216, la Ley 48 de 1993 prescribe que todo varón
colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla
la mayoría de edad y hasta los 50 años, excepto los estudiantes de bachillerato
quienes deben definirla cuando tengan su título de bachiller. El artículo 40 de
la citada ley, establece el derecho que tienen los bachilleres que han sido
admitidos en centros de educación superior, a que la institución educativa les
reserve el cupo hasta el semestre siguiente al licenciamiento. De otra parte,
el artículo 41 consagró las multas que le serían impuestas al centro de
educación superior por admitir personas que no hubiesen definido su situación
militar.
De otra parte, esta misma normatividad (art. 27)
establece los eximentes a la prestación del servicio militar, en todo
tiempo y sin que haya que pagar la denominada cuota de compensación militar.
Según la ley, están eximidos de prestar el servicio militar:
“a)  Los limitados físicos y sensoriales permanentes.
b)
Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural,
social y económica.”
La misma ley, en su artículo 28, contempló también una
exención que opera únicamente en tiempos de paz y que supone la
obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar, para los
siguientes ciudadanos:
“a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios
vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias,
dedicados permanentemente a su culto;
b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como
accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no obtengan su
rehabilitación
c) El hijo único hombre o mujer,[36]
d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la
subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento;
e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60
años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre
que dicho hijo vele por ellos;
f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una
inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como
consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio,
a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo;
g) Los casados que hagan vida conyugal; [en el entendido de que
la exención allí establecida se extiende a  quienes convivan en unión
permanente, de acuerdo con la ley][37]
h) Los inhábiles relativos y permanentes;
i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la
Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y
permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo,
a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo.”
Finalmente, en el artículo 29 de la Ley 48 de 1993 se
contempla el caso de quienes se encuentren en una situación que temporalmente
los imposibilita prestar el servicio militar, evento para el cual se dispone el
aplazamiento de la prestación del servicio militar, que se mantendrá por
el tiempo que subsista la respectiva causal. Señala la norma:
“Artículo 29. Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para
la prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan, las siguientes:
a) Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio
b) Encontrarse detenido presuntivamente por las autoridades civiles en
la época en que deba ser incorporado;
c) Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de
un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la
inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de compensación militar;
d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en
establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de
preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa; [en el entendido
de que la misma se refiere a todas las iglesias y confesiones religiosas
reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano.][38]
e) El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de
Oficiales, Suboficiales y Agentes;
f) El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media
y no obtuviere el título de bachiller por pérdida del año;
g) El conscripto que reclame alguna exención al tenor del
artículo 19 de la presente Ley.”
En ese contexto normativo, la Corte encuentra que el legislador
acudió a consideraciones objetivas, predicables de manera general, respecto de grupos
para los cuales se establece la exención, pero no hizo consideración alguna
sobre el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar
obligatorio. Además, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por fuera
del ámbito de las exenciones previstas en la ley, existe un deber ineludible de
prestar el servicio militar. En estos términos ha dicho la jurisprudencia
constitucional, “… resulta indudable que, a menos que se configure una de
las causales legales de exención, la prestación del servicio militar
corresponde a un deber ineludible de la persona, que tiene su fundamento en el
principio constitucional de prevalencia del interés general (artículo 1 C.P.) y
que se exige a los nacionales como expresión concreta de la obligación
genérica, a todos impuesta, de cumplir la Constitución y las leyes (artículos
4º, inciso 2º, y 95 C.P.). Este último precepto ordena a las personas, de
manera específica, el respeto y apoyo a las autoridades democráticas
legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad
nacionales[39].
Una interpretación inicial apegada al texto de la ley
que regula las exenciones al servicio militar obligatorio, conduciría a
sostener que el  ordenamiento legal colombiano ni consagra ni excluye la
objeción de conciencia frente al deber constitucional de prestación del
servicio militar.
Por ello, la Sala Plena debe proceder a realizar un recuento
jurisprudencial sobre la materia, con el fin de establecer si frente a la
prestación del servicio militar obligatorio, es también posible formular
objeción de conciencia.
2.6.2 El derecho a la objeción de
conciencia en la prestación del servicio militar en la jurisprudencia
constitucional
Desde sus inicios, la Corte se ocupó de analizar
si procedía o no la objeción de conciencia en la prestación del servicio
militar. Hasta el año 2009, la Corporación se pronunció en contra de la
aplicación de la objeción de conciencia en el ámbito del servicio miliar obligatorio.
A partir de ese año, en la sentencia C-728 de 2009[40], la Corporación produjo
un giro jurisprudencial. A continuación, se hará un recorrido breve de los
principales pronunciamientos sobre la materia.
Primera etapa: La jurisprudencia
constitucional niega la objeción de conciencia frente al servicio militar
obligatorio
En la sentencia T-409 de 1992[41], la Corte
estudió una acción de tutela interpuesta por los padres de dos jóvenes seleccionados para la prestación de
servicio militar. Alegaban que las
Fuerzas Militares estaban atentando contra la libertad de conciencia de los
menores y violando al mismo tiempo el derecho de los padres escoger la
educación para sus hijos. Lo anterior, por cuanto tanto los padres como sus
hijos eran miembros de la Iglesia de "Dios es Amor" de los Hermanos
Menonitas.[42]
La Corte Constitucional negó la tutela, al considerar que la
Constitución Política (art. 216) establece que todos los colombianos están
obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para
defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
El servicio militar, sostuvo la
Corte, obliga en principio a todos por dos razones: (i) por la
imperiosa y constante necesidad que de él se tiene para la efectiva defensa de la
Patria y (ii) por aplicación del principio de igualdad ante la Ley
(artículo 13 de la Constitución). En tal virtud, al tenor del artículo 216 de la
Carta, la regla general era la obligación de prestar el servicio militar y las
excepciones al mismo se encontraban previstas taxativamente en la Ley[43]. En el caso
concreto, los demandantes no se encontraban en ninguna de las situaciones de
excepción que la ley había previsto. En relación concreta con la objeción de
conciencia frente al servicio militar, adujo la
Corte que la garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluía
la consagración positiva de la objeción de conciencia para prestar el
servicio militar. La Corte advirtió que esta figura, no había sido incorporada
a la Constitución colombiana, como quiera que había sido propuesta y rechazada
expresamente por la Asamblea Nacional Constituyente.
A juicio de la Corte, el servicio militar
en sí mismo, como actividad genéricamente considerada, “(…) carece de
connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual (…)”,
por cuanto puede prestarse en distintos campos presentes en la actividad de las
fuerzas militares[44].
Finalmente, la Corte recurrió al derecho comparado para señalar que, aunque en
algunos países existen figuras de objeción de conciencia a tomar las armas, pero
no a prestar otro tipo de servicios dentro de las fuerzas militares, en virtud
del argumento histórico, era imposible considerar la procedencia de la objeción
de conciencia en nuestro ordenamiento jurídico.  Indicó la sentencia al respecto:
“Pese a lo anterior, algunos sistemas jurídicos han consagrado, dentro
del servicio, una forma específica de objeción, circunscrita a la obligación de
tomar las armas si con ello se violentan los dictados de la conciencia
individual.
En esta modalidad, como se observa, la objeción no se refiere al
servicio militar en su integridad, pues se parte del supuesto de que está
siendo prestado, sino que concierne a una manifestación del mismo, obviamente
dentro de la reglamentación que la respectiva ley establezca.
En Colombia tampoco es admisible esta posibilidad, igualmente propuesta
y rechazada en la Asamblea Nacional Constituyente, de tal modo que no existe en
nuestro Derecho Público norma alguna que haga lícita al individuo la conducta
de negarse a tomar o a emplear las armas que le suministran las Fuerzas
Militares para los fines que la Constitución Política indica”.
Posteriormente, en la sentencia C-511 de 1994[45], se resolvió una demanda de inconstitucionalidad
formulada en contra de la
Ley que reglamentaba el servicio de Reclutamiento y Movilización[46].
Uno de los cargos sostenía que la regulación omitió respetar el mandato
constitucional relativo a la libertad de  conciencia (art. 18
C.P.). Entonces, la Corte reiteró la
posición adoptada en el pronunciamiento de tutela anteriormente referido.
De la misma manera, en la sentencia C-561 de 1995[47], la Corte
estudió la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 48 de 1993, conforme al cual “todos
los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente
ley", norma que repite literalmente lo prescrito por el artículo 216
de la Constitución. La Corte reiterando una vez más la doctrina sentada en los
fallos anteriores, declaró esta disposición ajustada a la Carta Política.
En la sentencia
T-363 de 1995[48],
la Corte estudió el caso de un padre de familia que interpuso acción de
tutela en defensa de los derechos fundamentales de su hijo menor de edad, quien
se encontraba prestando el servicio militar. El joven, testigo de Jehová, desde
su ingreso a las filas, se había negado a ejecutar algunos de los actos propios
de la disciplina militar dado que iban contra su conciencia.[49] La Corte,
para negar la tutela, reiteró una vez más la doctrina conforme a la cual la
normatividad vigente no consagraba la objeción de conciencia para prestar el
servicio militar.
Para fundamentar la existencia de ese deber a la luz
de los principios constitucionales, este Tribunal ha expuesto los siguientes
argumentos:
(i)
El Estado, como organización
política de la sociedad, garantiza mediante su Constitución a los individuos
que lo integran, una amplia gama de derechos y libertades, al lado de los
cuales existen obligaciones correlativas. Así lo establece el inciso primero
del artículo 95 de la Carta, al prescribir que "el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades".
(ii) De
igual manera, el artículo 2º de la Constitución, en su inciso segundo, declara
que las autoridades han sido instituidas para "proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares". Si el Estado proporciona beneficios, la
Corte considera que resulta apenas lógico que exija de quienes gozan de ellos, “una
mínima contribución al interés colectivo y les imponga límites razonables al
ejercicio de sus libertades".
(iii) La
obligación de todos los colombianos, con las excepciones que la ley señale, de tomar
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas (art. 216 C.P.), no configura una
tiránica imposición, “sino la natural y equitativa consecuencia del principio
general de prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las
justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros
para hacerla posible".[50]
(iv) Dentro de las obligaciones de la persona y del
ciudadano, se encuentran los deberes de: a) respetar y apoyar a las
autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia
y la integridad nacionales; b) defender y difundir los derechos humanos
como fundamento de la convivencia pacífica; y c)  propender al logro y
mantenimiento de la paz.  La Corte advierte que estos deberes responden a una
concepción del Estado contemporáneo, que al tiempo que rodea de garantías al
hombre para su realización en los distintos ámbitos de su existencia, le asigna
cargas  con alcances  solidarios,  “cuando no de conservación de los principios
de sociabilidad, que permitan realizar una civilización mejor o hacer más
humanos los efectos del crecimiento económico, y de los desarrollos políticos y
sociales”. [51]
(v) La Carta Política prevé la posibilidad de que la ley
establezca con carácter obligatorio la prestación del servicio militar, como se
desprende de la habilitación expresa que le otorga para la determinación de las
condiciones que en todo tiempo eximen del mismo, a la vez que facultó al
legislador para establecer diferencias entre quienes presten o no el servicio
militar.  Esto último “según se desprende de las competencias para determinar las
prerrogativas por la prestación del mismo, que no sólo permiten que la ley
establezca beneficios para quien preste el servicio militar, sino que la
habilitan para imponer sanciones a quienes no lo hagan, conforme a sus propias
prescripciones".[52]
(vi) La
calidad de nacional no solamente implica el ejercicio de derechos políticos
sino que comporta la existencia de obligaciones y deberes sociales a favor de
la colectividad, en cabeza de quienes están ligados por ese vínculo. En
toda sociedad los individuos tienen que aportar algo, en los términos que
señala el sistema jurídico, para contribuir a la subsistencia de la
organización política y a las necesarias garantías de la convivencia social.
(vii) La Constitución,
fija los elementos fundamentales de la estructura estatal y el marco general de
las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, así como los
compromisos que contraen los particulares con miras a la realización de las
finalidades comunes. Es, entonces, “la Carta Política la que debe definir si el
Estado mantiene para su defensa un conjunto de cuerpos armados y, claro está,
en el caso de optar por esa posibilidad, el Estado no tiene otro remedio que
apelar al concurso de los nacionales para la conformación de los mismos".[53]
En la sentencia C-740 de 2001[54], la Corte estudió la constitucionalidad  del
delito de “desobediencia de reservas” (art. 117 C.P.M.). Lo anterior,
por cuanto la disposición vulneraba la prohibición establecida en el inciso
final del artículo 213 de la Constitución, según la cual “[e]n ningún caso
los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.
A su juicio, quien hubiera prestado servicio militar y se encontrara en reserva
tenía la calidad de civil y, por lo tanto, no podía ser juzgado por la
jurisdicción penal militar. La Corte reiteró su doctrina relativa a la obligatoriedad
del servicio militar, que no resultaba contradicha ni aún con la figura de la
objeción de conciencia.[55]
Como puede observarse, durante muchos años la
jurisprudencia constitucional no aceptó la objeción de conciencia frente al
servicio militar obligatorio, a pesar de que en el ámbito del derecho
internacional se propugnaba por su protección. Esta situación cambió en el año
2009, cuando la Corte Constitucional reconoció el derecho fundamental a objetar
en conciencia la prestación del servicio militar.
Segunda etapa: procedencia de la
objeción de conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio
En el año de 2009, la Corporación cambió
su jurisprudencia y reconoció el derecho fundamental a la objeción de
conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio.
En la sentencia C-728 de 2009[56],
la Corporación estudió si en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 el legislador
incurrió en una omisión legislativa relativa por no incluir dentro de las exenciones en todo tiempo de la prestación
del servicio militar obligatorio, a los objetores de conciencia.
En primer lugar, la Corporación consideró
que la supuesta omisión legislativa no era predicable del artículo 27 de la Ley
48 de 1993. Lo anterior, en razón a que existen una serie de características
objetivas, las cuales eximen de la prestación del servicio militar y de la
obligación de pagar la cuota de compensación militar. La pretensión de los
demandantes se encaminaba a la consagración de una situación subjetiva y
concreta de aquellas personas que por razones de conciencia se oponen a la
prestación del servicio militar, a pesar de encontrarse obligadas. Es decir,
las dos situaciones no son asimilables y, por tanto, no debían regularse de la
misma forma en la norma legal.
En estos términos,  la Corte consideró que
en el caso de la objeción de conciencia “no habría una exención a la
obligación de prestar el servicio militar, sino un derecho subjetivo a no verse
forzado a prestar un servicio -al que se estaría obligado por la ley- por
consideraciones de conciencia.”
En razón de lo anterior, la Corporación estableció
que lo que verdaderamente se presentó fue una omisión legislativa absoluta,
por cuanto el legislador no ha expedido una ley que regule la objeción de
conciencia en el ámbito del servicio militar. En este sentido, no podía la
Corte suplir la omisión del legislador.
Sin embargo, la Corporación dejó
absolutamente claro que ello no implicaba que el derecho a la objeción de
conciencia, incluido el que se plantee frente al servicio militar, no pueda
ejercerse, sino que en tal caso se aplica de manera directa la Constitución y
el derecho puede hacerse valer, cuando sea necesario, por la vía de la acción
de tutela.
En este contexto, la Corte precisó que “en
el concepto de objeción de conciencia confluyen dos aspectos distintos, puesto
que, por un lado, está el derecho constitucional que tiene una persona a no ser
obligada a actuar en contra de su conciencia o de sus creencias y, por otro, el
procedimiento que debe establecer el legislador en orden a puntualizar las
condiciones requeridas para que se reconozca a una persona su condición de
objetor de conciencia al servicio militar. El “primero es un derecho
fundamental de inmediato cumplimiento, cuyo goce efectivo, como se ha dicho,
puede ser garantizado por el juez de tutela. El segundo es un desarrollo legal
que en Colombia no existe. No obstante, el cumplimiento del primer derecho no
puede depender de la existencia del procedimiento legal para que se reconozca a
alguien su condición de objetor. (Énfasis no es del texto original).
No obstante, la
Corporación resaltó que no cualquier razón o motivo podría dar lugar a la
objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar, sino que “las convicciones o las creencias que son objeto de
protección constitucional, tienen que definir y condicionar la actuación de las
personas. Esto es, su obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de
convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero interno y vivan
allí, que no transciendan a la acción. En tal sentido, si una convicción o una
creencia han permanecido en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar el
momento de prestar el servicio militar obligatorio, tal convicción o creencia
puede seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en tal caso, en
principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a
actuar en contra de su conciencia.”
En tal sentido, en la citada providencia se
determinó que todo objetor de conciencia tiene la mínima obligación de
demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias.
Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado su actuar
de tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en
contra de ella.
En razón de ello, las convicciones o creencias que se
invoquen, además de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben
ser profundas, fijas y sinceras. Sobre el contenido de cada una de ellas dijo:
“5.2.6.3.1.        Que sean profundas implica
que no son una convicción o una creencia personal superficial, sino que afecta
de manera integral su vida y su forma de ser, así como la totalidad de sus
decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o creencias que
formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera
integral.
5.2.6.3.2.         Que sean fijas, implica que
no son móviles, que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser
modificadas fácil o rápidamente. Creencias o convicciones que tan sólo hace
poco tiempo se alega tener.
5.2.6.3.3.         Finalmente, que sean sinceras
implica que son honestas, que no son falsas, acomodaticias o estratégicas. En
tal caso, por ejemplo, el comportamiento violento de un joven en riñas
escolares puede ser una forma legítima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si
ésta realmente no existe.
5.2.6.4.    Por otra parte, aclara la Corte, que las
convicciones o creencias susceptibles de ser alegadas pueden ser de carácter
religioso, ético, moral o filosófico. Las normas constitucionales e
internacionales, como fue expuesto, no se circunscriben a las creencias
religiosas, contemplan convicciones humanas de otro orden, que estructuran la
autonomía y la personalidad de toda persona.
5.2.6.5.   Finalmente, basta señalar que hasta tanto
no se considere un proceso especial, reglamentado por el legislador, las
objeciones de conciencia que presenten los jóvenes, deberán ser tramitadas de
forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en
todo caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia, puede ser
objeto de protección por parte de los jueces de tutela.”
A partir de la sentencia C-728 de 2009[57],
se consideró que, a pesar de no existir una disposición legal que desarrolle el
derecho a la objeción de conciencia, éste se erige como un derecho fundamental
de aplicación inmediata por virtud de la Constitución. Por esta razón, podrá
alegarse la exoneración de la prestación del servicio militar si se prueba que
existe un profundo, fijo y auténtico dictamen de conciencia, una convicción
profunda que impida cumplir el deber. Adicionalmente, en esa providencia la
Corte exhortó al Congreso de la República para que regule lo concerniente a la
objeción de conciencia frente al servicio militar, sin que hasta la fecha de
esta sentencia se haya regulado legislativamente la objeción de conciencia en
los términos referidos en la providencia mencionada.
Tercera etapa: procedencia del amparo
constitucional en casos concretos para proteger el derecho fundamental de
objeción de conciencia a la prestación del servicio militar
En la sentencia T-018 de 2012[58],
la Corporación estudió la solicitud de un joven bachiller que alegaba que sus
creencias religiosas para ser excluido de la prestación del servicio militar.
La Corte reconoció la existencia del derecho a
objetar, por razones de conciencia, el deber de prestar servicio militar
obligatorio. En efecto, la sentencia C-728 de 2009[59] cambió la postura de la
jurisprudencia constitucional sobre la objeción de conciencia en el ámbito
militar teniendo en cuenta, de una parte, que su protección se encuentra
avalada en la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) y la libertad de religión y
de cultos (art. 19 C.P.), y de otra, que su ejercicio no requiere un desarrollo
legislativo específico.
Una vez analizado el precedente jurisprudencial
desarrollado en la sentencia C-728 de 2009[60],
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinó que el actor
tenía derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la prestación del
servicio militar obligatorio, mediante la acción de tutela y sin que pudiera
desconocérsele como objetor bajo el argumento de la inexistencia de un
desarrollo legislativo de este derecho.
El análisis de las creencias y/o convicciones que
exponía el actor para declararse como un objetor de conciencia frente a la
prestación del servicio militar obligatorio cumplían con los requisitos
exigidos por la jurisprudencia constitucional para relevarlo del cumplimiento
de ese deber legal. En contraste, su permanencia en el Ejército Nacional
estaría vulnerando sus derechos a la libertad de conciencia, cultos y religión.
En virtud de lo expuesto, la Corte decidió revocar la
decisión de la sentencia proferida y, en consecuencia, concedió la tutela de los
derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos y
religión del actor. Por consiguiente, se ordenó la desincorporación del accionante
y la expedición de la respectiva libreta militar.
En la sentencia T-357 de 2012[61], la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, estudió si el Ejército Nacional vulneró el
derecho a la libertad de conciencia del accionante, al no pronunciarse sobre su
solicitud de ser eximido de prestar el servicio militar, debido a su condición
de ministro de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová.
En ese caso, el
comandante calificó la solicitud formulada por el peticionario de improcedente,
con el argumento de que, al no haber sido regulada la objeción de conciencia
por el Congreso, la misma no puede operar como una causal de exención para la
prestación del servicio militar obligatorio.
En aplicación de las pautas
fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-728 de 2009[62], acerca de
las condiciones que debe cumplir el objetor de conciencia frente al servicio
militar obligatorio, se consideró:
“5.2.6.1.En primer lugar, cabe resaltar que las
convicciones o las creencias que son objeto de protección constitucional,
tienen que definir y condicionar la actuación de las personas. Esto es, su
obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de convicciones o de
creencias que tan sólo estén en el fuero interno y vivan allí, que no
transciendan a la acción. En tal sentido, si una convicción o una creencia han
permanecido en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar el momento de
prestar el servicio militar obligatorio, tal convicción o creencia puede seguir
limitada a ese ámbito interno. No existe en tal caso, en principio, un deber
constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a actuar en contra de
su conciencia.
5.2.6.2.  En tal sentido, todo objetor de
conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones
externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su
conciencia ha condicionado y determinado su actuar de tal forma, que prestar el
servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.
5.2.6.3. Ahora bien, las convicciones o creencias que
se invoquen, además de tener manifestaciones externas que se puedan probar,
deben ser profundas, fijas y sinceras.
5.2.6.5. Finalmente, basta señalar que hasta
tanto no se considere un proceso especial, reglamentado por el legislador, las
objeciones de conciencia que presenten los jóvenes, deberán ser tramitadas de
forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en
todo caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia, puede ser
objeto de protección por parte de los jueces de tutela (…)”.
La Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional reiteró que el amparo del derecho a la objeción de
conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio depende de
que las convicciones y creencias de quien la alegue determinen y condicionen su
conducta, a través de manifestaciones externas y comprobables de su
comportamiento que, además, sean profundas, fijas y sinceras.
En la sentencia T-603 de
2012[63]
se analizó el caso de un objetor de conciencia que por [sus] principios éticos, morales y religiosos,
producto de una formación que [le] ha dado su familia y la iglesia, basado en
el amor al prójimo, [el] respeto por la vida, [y el deseo de] permanecer en paz
con [su] entorno (…)” (Cuad. 1, folio
1). De igual manera, adujo que fue obligado por su padre para proceder a la
prestación del servicio militar, situación que incluso lo había llevado a tener
impulsos suicidas.
En dicha oportunidad, la Sala
Tercera de Revisión afirmó que la garantía de no ser obligado a actuar en
contra de la conciencia es sin duda relevante, toda vez que significa el
derecho de toda persona de actuar en sociedad conforme a sus convicciones, lo
cual constituye el núcleo esencial del derecho a objetar, sin embargo,
estableció que es un derecho limitable, pues de lo contrario no podría haber
presupuestos vinculables para las personas sometidas al Derecho. Por ello,
frente a la obligación de prestar el servicio militar, consideró que si la
objeción es sincera y se encuentra fundada en razones que demuestran que la
persona debe eludir sus obligaciones militares, la libertad de conciencia prima
sobre el deber del servicio militar. En el mismo fallo, agregó:
“(…) Así las cosas, el objetor de conciencia debe
informar a las autoridades los motivos por los cuales la obligación del
servicio militar riñe con sus convicciones y  por qué éstas son profundas,
fijas, sinceras y colisionan con la obligación constitucional de prestar el
mismo. Una vez informado lo anterior, las autoridades de reclutamiento tendrán
la carga de desvirtuar tales elementos mediante un acto motivado,
controvertible en todo caso ante el juez constitucional, quien –en caso de ser
llamado a intervenir- deberá resolver el caso particular a través de una
ponderación que determine la responsabilidad con que es asumida la convicción
que presuntamente impide la prestación del servicio militar, así como la
afectación que podría derivarse para la persona de ser impuesto el cumplimiento
de tal deber (…)”.
“(…) Entonces, el juez constitucional, de manifestarse
una conducta atentatoria contra la libertad de conciencia, concretamente contra
la posibilidad de objetar un deber relativo como lo es la prestación del
servicio militar, tiene el deber de proteger el derecho invocado,
independientemente del origen de las convicciones que sustentan tal objeción
-ya sean morales, religiosas, filosóficas, políticas o de otra índole-, y de
que no exista un marco establecido por el poder legislativo que regule el
ejercicio de este derecho fundamental. Para ello, efectuando una ponderación,
ha de determinar si realmente la persona asume las convicciones que alega tener
y la afectación que acarrearía imponerle el cumplimiento de la aludida
obligación. En consecuencia, ha de determinar si las razones invocadas son
profundas, fijas, serias y sinceras. Una forma de llevarlo a cabo, es cotejando
los principios que aduce la persona como constitutivos de la objeción
presentada –a partir de la índole y del origen de su convicción- y compararlo
con los comportamientos externos que en desarrollo de ella ha tenido (…)”.
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
decidió confirmar las decisiones de instancia proferidas en el proceso de
tutela en las que se niega la condición de objetor de conciencia del actor frente
a la prestación del servicio militar, al considerar que el actor no es
realmente un objetor de conciencia, sino que, según los medios probatorios
obrantes en el expediente, es posible que el actor padezca afectaciones en su
salud mental.
Lo anterior, en razón a que le fue otorgado un permiso
especial por una presunta afectación mental y por el resumen de atención médica
que recibió en la Clínica San Juan de Dios, donde se enfatizó la ideación de un
plan suicida. Por lo anterior, la Sala instó a la autoridad demandada para que,
al momento de que el actor termine su servicio militar obligatorio, o –de
haberlo finiquitado ya- analice con cuidado el estado de salud mental que
presente y le brinde la asistencia a que haya lugar.
En la Sentencia T-430 de 2013, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional revisó tres acciones de tutela interpuestas contra el Ejército
Nacional. Al resolver los casos, dicha Sala tuteló la libertad de
conciencia, la libertad de religión y, concretamente, el derecho a objetar por
razones de conciencia la prestación del servicio militar obligatorio de cuatro
accionantes, desconocidas por el Ejército Nacional.
Reiteró esta providencia que el Ejército desconoce la
libertad de conciencia de una persona, cuando no le reconoce su condición de
objetor de conciencia, en razón a que no existe una regulación concreta y
específica que desarrolle la institución constitucional. Además,
“…La decisión de la sentencia C-728 de 2009 es una
aplicación directa de la regla según la cual “la Constitución es norma de
normas” (art. 4°, CP). Esta disposición constitucional ha sido desarrollada,
dentro del conjunto de reglas que fijan las competencias del juez de tutela, de
la siguiente manera: “no se podrá alegar la falta de desarrollo legal de un
derecho fundamental civil o político para impedir su tutela.” (art. 41, Decreto
2591 de 1991).  En otras palabras, un juez de tutela no puede negarse a
reconocer el derecho fundamental de toda persona a objetar la prestación del
servicio militar por razones de conciencia, con base en el argumento de que
falta ‘desarrollo legal’ del derecho. Que el juez de tutela se considere
incompetente con base en tal razón implica una violación (i) del derecho
fundamental del accionante a acceder a una justicia pronta y cumplida, (ii) de
la obligación de protegerle a éste el goce efectivo de su derecho (en este
caso, a la libertad de conciencia) y también, (iii) implica la violación de la
supremacía de la constitución como norma de normas, en el orden jurídico
vigente”.
En relación con las limitaciones temporales del
derecho fundamental a objetar en conciencia el servicio militar obligatorio,
dicha Sala consideró que “Se podría cuestionar el hecho de que el joven no
hubiera presentado su objeción de conciencia al momento de ser incorporado a
las filas, pero esto supondría considerar que la protección del goce efectivo
del derecho a la libertad de conciencia tiene limitaciones temporales en su
ejercicio, lo cual no es aceptable. Como se ha dicho, mientras que las
creencias en que se funde la objeción de conciencia sean profundas, fijas y
sinceras, hay lugar a la protección del derecho fundamental. En efecto, un
joven puede tener una serie de creencias profundas, fijas y sinceras que se
enfrenten de manera radical con la prestación del servicio militar obligatorio,
y no saberlo hasta tanto se incorpore al Ejército Nacional. Lo que importa no
es el momento o el instante en que la persona haya presentado la objeción, sino
la profundidad, la fijeza y la sinceridad de las creencias en las que se funde
(…) Un joven no pierde su derecho constitucional, o legal, a no prestar
servicio militar, por el hecho de no haber invocado su condición al inicio del
proceso de incorporación”.
En la Sentencia T-455 de 2014[64], la
Sala Novena de Revisión analizó dos casos con relación a la objeción de
conciencia y tuteló el derecho frente al servicio militar. En esta decisión, la
Corte consideró que en relación con el deber de prestación del servicio militar
y la libertad de conciencia opera una tensión que debe ser resuelta por medio
de una ponderación entre derechos y deberes, que garantice la protección de los
derechos involucrados. Al respecto, afirmó que “los derechos no tienen
carácter absoluto, tampoco los tienen los deberes, so pena de transmutar el
Estado en uno de índole autoritario y por lo mismo contrario a la vigencia de
las libertades individuales”. En su ratio decidendi, solucionó
algunos problemas identificados con la falta de respuesta oportuna de las
solicitudes de objeción de conciencia, de la siguiente manera:
“Ahora bien, en lo que tiene que ver con el término
para resolver, se ha señalado en esta decisión que la obtención de una
respuesta oportuna por parte de las autoridades estatales es una garantía que
hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición y que, a su
vez, es condición para la eficacia del derecho al debido proceso
administrativo. También se ha indicado que, de ordinario, las solicitudes que
se eleven a la administración deben responderse en el término de quince días,
previsto por el legislador para ese efecto.
En ese orden de ideas, se generan dos deberes
constitucionales específicos para las autoridades militares.  En primer
lugar, están llamadas a reconocer y evaluar a la objeción de conciencia como
una de las causales jurídicamente vinculantes para la exención del servicio
militar obligatorio. Para ello, no podrán en ningún caso invocar la
inexistencia de una previsión legal o reglamentaria que así lo establezca,
puesto que la objeción de conciencia es un derecho de índole constitucional y,
por esa razón, obligatorio para todas las personas y autoridades, en los
términos del artículo 4 C.P.
En segundo término, en tanto para el caso las
autoridades militares operan en su condición de autoridades administrativas,
están obligadas a responder de fondo las solicitudes de exención de la
prestación del servicio militar, basadas en el ejercicio del derecho a la
objeción de conciencia, según las reglas definidas por el legislador para el
derecho de petición y las condiciones constitucionales sobre el contenido y
alcance de ese derecho, descritas en el fundamento jurídico 9 de esta
sentencia.  Esto quiere decir, entre otros aspectos, (i) que las
autoridades militares deben resolver lo pedido en el término máximo de quince
días contados a partir de la formulación de la solicitud de exención al
servicio militar obligatorio; (ii) que la respuesta debe ser material y de
fondo, es decir, debe resolver si es o no procedente la exención al servicio
militar obligatorio; (iii) en caso que se niegue la solicitud, debe expresar
las razones que fundamentan esa negativa; y (iv) en cuanto se trata de una
actuación administrativa, las autoridades militares deben responder la solicitud
de exención mediante acto administrativo, el cual debe ser notificado conforme
a la ley al interesado, indicándosele los recursos que puede interponer
respecto de lo decidido.  Todo ello conforme lo estipulan los artículos 65
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011”.
Adicionalmente, en el numeral quinto de la parte
resolutiva, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, fijó siete
reglas que deben cumplir todas las autoridades militares encargadas del
reclutamiento de ciudadanos obligados a la prestación del servicio militar, al
momento de tramitar una solicitud ciudadana de objeción de conciencia, a saber:
“1.     No podrá
negarse el trámite de ninguna solicitud de exención al servicio militar por
objeción de conciencia, al margen si es presentada antes o después de la
inscripción al servicio militar, o incluso una vez el obligado ha sido
acuartelado con el fin de prestar dicho servicio.
2.     Las
solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia, deben
ser resueltas por la autoridad militar de reclutamiento respectiva, inclusive
cuando el conscripto ya se encuentre acuartelado.  En ese caso, la
autoridad de reclutamiento coordinará con el comandante de la unidad militar
correspondiente la notificación y trámite de dicha solicitud. Así mismo, se
coordinará el procedimiento de desacuartelamiento entre la autoridad de
reclutamiento y el comandante de la unidad militar, cuando a ello hubiere
lugar.
3.     Las
solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia, deberán
resolverse de fondo y en el término improrrogable de quince (15) días hábiles.
La respuesta se le notificará al interesado de manera personal y conforme
al procedimiento previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. En dicha
diligencia de notificación se indicarán al solicitante los recursos que puede
interponer contra el acto administrativo, así como ante qué autoridades debe
presentarlos.
Adicionalmente, deberá instruirse a las
autoridades militares para que, al tramitar las solicitudes de exención en
comento, se ciña en lo pertinente a las reglas sobre el procedimiento
administrativo general de que tratan los artículos 34 y siguientes del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437
de 2011.
4.     La
respuesta a las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de
conciencia deberá de ser de fondo.  Por ende, en caso que se niegue la
solicitud, la autoridad de reclutamiento debe indicar las razones completas,
precisas y específicas que fundamentan esa decisión, las cuales no podrán ser
otras que la demostración acerca que las convicciones que fundamentan la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio no son profundas, fijas
y sinceras, según lo explicado en el fundamento jurídico 6.4 de esta
sentencia. En el que se
advirtió que corresponde al objetor de conciencia demostrar las manifestaciones externas de sus
convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha
condicionado y determinado su conducta, y por lo tanto, prestar el servicio
militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.
Correlativamente, las autoridades de incorporación y
reclutamiento deberán expresar las razones sustantivas que demuestran el
incumplimiento de esas condiciones, so pena que el acto administrativo
correspondiente adolezca de falta de motivación y, por lo mismo, vulnere no
solo la libertad de conciencia, sino también el debido proceso. A su turno, de
requerirse, dichas autoridades podrán solicitar al peticionario la presentación
de información adicional para resolver la petición, en los términos definidos
por el Código Contencioso Administrativo.
Así mismo, al momento de evaluar las
solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia, las
autoridades militares competentes no podrán discriminar a los peticionarios en
razón de la índole de su credo religioso o si fundamentan sus convicciones en
motivos que no tengan ese carácter.  En cualquier caso, deberán resolver
la solicitud con base en el principio pro homine y en los términos
fijados en esta sentencia.
5.     En ningún
caso podrá negarse la solicitud de exención al servicio militar por objeción de
conciencia en razón de la ausencia de regulación legal sobre el derecho
fundamental a la objeción de conciencia.
6.     En caso que
las autoridades militares decidan reconocer al interesado como objetor de
conciencia, se considerará exento de prestar el servicio militar obligatorio.
Así, deberá expedirse la tarjeta de reservista de segunda clase, regulada en el
artículo 30 de la Ley 48 de 1993, sin exigirse ningún otro requisito que el
pago de la cuota de compensación militar.  Esto último sin perjuicio que
el conscripto demuestre que, en virtud de otra norma jurídica, no está obligado
al pago de dicha cuota de compensación.
7.     En caso que
la respuesta afirmativa a la solicitud de exención al servicio militar por
objeción de conciencia se resuelva luego de verificado el acuartelamiento del
interesado, las autoridad militares ordenarán su inmediato desacuartelamiento,
así como el trámite para la expedición de la tarjeta de reservista de segunda
clase, conforme se explicó en el numeral anterior”.
En este fallo, se ratificó que, por la estabilidad y permanencia
de las convicciones constitutivas de objeción de conciencia, estas pueden
expresarse en cualquier momento,  por tratarse de un derecho
fundamental con carácter permanente. Bien puede entonces invocarse al momento
en que se incorpora al servicio o cuando ya está en curso su prestación, que es
la que puede llevar a poner de manifiesto la incompatibilidad entre las
convicciones personales y el ejercicio de actividades militares.
En la Sentencia T-185 de 2015, la Sala Cuarta
de Revisión concedió el amparo de los derechos de libertad de conciencia y de
cultos y ordenó al Ejército el desacuartelamiento y expedición de la correspondiente
libreta militar del accionante, en un caso en el cual alegaba que en su
conciencia  no “venera los símbolos patrios, solo a Nuestro Señor
Jesucristo”, por ser miembro cristiano de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Consideró la Sala lo siguiente, “…el
accionante es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde el 28
de diciembre de 2005; es decir, desde que tenía 9 años de edad, lo que permite
suponer que tiene una creencia de carácter religioso que estructura su
existencia. No se trata por tanto, de creencias superficiales, que establecen
dictados más o menos fuertes en la persona. Por el contrario, se trata de una
visión omnicomprensiva de la existencia y de la realidad con una visión de
carácter religioso, que afecta y está presente en las consideraciones que este
haga sobre cualquier aspecto de su vida”.
Del anterior recuento jurisprudencial, se concluye que
es a partir de la sentencia C-728 de 2009[65],
cuando la jurisprudencia constitucional tomó partido por la procedencia de la
objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio,
sin que se requiera de una ley que la reglamente, ordenando mediante tutela el
desacuartelamiento  cuando se ha demostrado que las razones aducidas son auténticas,
serias y profundas.
III.   ANÁLISIS DE LOS CASOS CONCRETOS
3.1    Expediente T-2.643.585
En el primer caso objeto de estudio, el
señor Julián Enrique Rojas Rincón se rehusó a la prestación del servicio
militar invocando la existencia de un
dictamen de conciencia que se lo impedía. Adujo pertenecer a una organización
juvenil denominada Juventudes MIRA, la cual presuntamente consagra dentro de
sus postulados, el derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación
del servicio militar obligatorio. Agregó que su crianza y educación se han dado
en el entorno de un hogar cristiano y que, por su vocación pacifista fruto de
sus convicciones morales, éticas, ideológicas y políticas que profesa, no le es
posible desempeñarse como soldado, portar o hacer uso de las armas.
Arguyó que el 27 de noviembre de 2009 fue elegido
Consejero de la Juventud por un periodo de tres (3) años en la ciudad de Cartago
-Valle-, cargo que empezaría a ejercer a partir de enero de 2010.
Finalmente, señaló que el 9 de diciembre de 2009 presentó
una petición dirigida al Comandante del Distrito de Buga No. 19, en donde requirió,
amparado en la sentencia C-728 de 2009[66]
de la Corte Constitucional, la exoneración de la obligación del servicio
militar obligatorio, exigiendo el respeto por su derecho fundamental a la
objeción de conciencia. No obstante, precisó su disposición “a prestar un
servicio social voluntario a la patria ya sea en la defensa civil, cruz roja o
bomberos, una vez sea reglamentado”. Dicha petición no fue aceptada, lo
cual originó su condición de remiso y la interposición de la acción de tutela
el 17 de enero de 2010.
Por su parte, la Dirección de Reclutamiento y Control
de Reservas, Tercera Zona de Reclutamiento Distrito Militar No. 19 de Buga,
sostuvo que el accionante se inscribió ante dicha autoridad de reclutamiento
para el proceso de definición de su situación militar en calidad de bachiller
el día 22 de abril de 2008. Por lo anterior, el ciudadano Julián Enrique Rojas
Rincón, fue citado a la jornada de concentración e incorporación para el día 10
de febrero de 2009. En concepto del demandando, la sentencia C-728 de 2009[67] no exige a
las Fuerzas Militares aplicar la objeción de conciencia, ya que debe existir
una ley que la desarrolle.
Los jueces de instancia, tanto el Juzgado Segundo
Penal del Circuito, como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga,
Sala Penal, negaron el amparo impetrado por el señor Rojas Rincón al considerar
que la prestación del servicio militar es una obligación de naturaleza
constitucional que corresponde a las exigencias mínimas derivadas del deber
genérico impuesto a los nacionales. En este sentido, solo en los casos
establecidos por la Ley sería posible la exoneración de tal deber legal. El
Tribunal agregó, que la objeción de conciencia al servicio militar es una situación
excepcionalísima, que solo procede si se demuestra con suficiencia que existen
razones serias y reales de conciencia que impidan cumplir con el deber
legalmente constituido, lo cual no fue probado por el señor Julián Enrique
Rojas Rincón.
La Sala Séptima de Revisión, con el fin de contar con
suficientes elementos de juicio ordenó al Partido Político Mira, que informara
a esta Corporación si existe alguna objeción en los Estatutos del Partido
Político frente a la prestación del servicio militar y si el señor Julián
Enrique Rojas Rincón era miembro activo del movimiento.
El Movimiento Político “MIRA” señaló que no existe en
sus Estatutos disposición alguna que impida la prestación del servicio militar:
“Los Estatutos del Movimiento MIRA no prevén nada acerca del servicio
militar obligatorio, pero en diversos artículos se establece la obligación
de cumplir con la Constitución y la Ley vigente”.
De la misma manera, indicó que el Movimiento presentó
el Proyecto que dio origen a la Ley 1423 de 2008 “Por la cual se establecen
rebajas en las sanciones para los remisos del servicio militar obligatorio”.
En relación con el caso del señor Julián Enrique Rojas
Rincón sostuvo que “se pudo establecer que la Directora Política Regional
del Movimiento MIRA, Sofía Torres Jordán, certificó que el accionante “es
miembro de la Organización juvenil JUVENTUDES MIRA del Movimiento Político
MIRA,…la cual se caracteriza por sus postulados pacifistas”, lo que no
implica, que dentro de nuestros estatutos, se desarrolle el tema de objeción de
conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio”.
Por otra parte, mediante oficio de 25 de agosto de
2015, el Subdirector de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército
Nacional contestó al Auto de 14 de agosto de 2015, proferido por el Magistrado
Ponente, informando que, una vez consultado el sistema de información de
reclutamiento “Fénix”, a “JULIAN ENRIQUE ROJAS RINCON identificado con la
cédula (…), le fue expedida tarjeta militar de segunda clase No.
1006451802 el día 04/05/2010”-negrilla fuera de texto-.
En este sentido, resulta pertinente precisar que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 48 de 1993 "[p]or
la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización", se
entiende por reservista de segunda clase, lo siguiente:
“ARTICULO 51. Reservistas de segunda clase. Son Reservistas de segunda clase los
colombianos que no presten el servicio militar por falta de cupo o por las
causales de exención establecidas en la Ley” (Negrillas por fuera del texto original).
Por esta razón, es oportuno traer a colación el
fenómeno de la carencia actual de objeto, el cual se presenta cuando desaparece
la amenaza o afectación del derecho cuya protección se reclama, de forma que,
el pronunciamiento del juez pierde su razón de ser, porque no tendría un objeto
jurídico sobre el cual recaer[68].
La Sala Plena considera que de ésta última prueba
recaudada se colige una carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que no existe prueba de que accionante haya prestado servicio militar
obligatorio. Por el contrario, se demostró en sede de revisión que, JULIAN
ENRIQUE ROJAS RINCÓN, fue exonerado el 4 de mayo de 2010 por la Dirección de
Reclutamiento del Ejército, poco tiempo después de que la acción de tutela le
fuese negada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga.
Por lo anterior, se revocará la sentencia proferida el
diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010), por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, para en su lugar, declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, sin perjuicio de las órdenes que se
impartirán para que la entidad accionada acate el precedente contenido en la
sentencia C-728 de 2009.
3.2    Expediente
T-2.652.480
En el segundo caso, el accionante, señor Óscar
Fernando Rojas Losada señala que fue reclutado en contra de su voluntad por
miembros del Ejército. Por tal razón, remitió una petición al Comandante de Novena
Brigada de la ciudad de Neiva, en el cual solicitó ser exento de la prestación
del servicio militar, toda vez que pertenece a la iglesia Pentecostal Unida de
Colombia desde su niñez, por lo que sus creencias y conciencia le impiden
prestar dicha labor.
Sostuvo que su religión no le permite ejercer actos
propios del servicio militar, tales como empuñar armas o desarrollar cualquier
otro acto de violencia. Agregó, que la prueba de su vocación religiosa se
encuentra en que al momento de ser reclutado se encontraba adelantando estudios
para acceder al cargo de pastor dentro de su iglesia o como líder religioso de
una comunidad o congregación religiosa.
Además, afirmó que otra razón que lo imposibilita para
prestar el servicio, es que posee un establecimiento de comercio, del cual
devenga su propio sustento y el de sus padres, y por tanto, se le estaría
afectando su mínimo vital.
En la contestación de la demanda, el Comandante del Distrito Militar No. 42 señaló que
el joven Óscar Fernando Rojas Losada, fue encontrado apto para la prestación
del servicio militar, razón por la cual fue incorporado al Batallón Especial
Energético Vial No. 12, Coronel José María Tello. Sobre la petición de ser
exonerado del servicio, señaló que la objeción de conciencia no es una causal
eximente de la prestación del servicio militar obligatorio, tal y como lo
sostuvo la Corporación en Sentencia T-409 de 1992.[69]
En decisión de única instancia, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Primera de Decisión Penal,
mediante providencia del diez (10) de marzo de 2010, negó el amparo de los
derechos fundamentales a la libertad de conciencia y trabajo, por considerar que no existe la
vulneración alegada por el accionante. Como argumentos indicó que: (i) el
Ejército actuó de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes, sin
desconocer ningún derecho fundamental del accionante, (ii) las causales de
exención de la prestación del servicio militar son taxativas y (iii) la
jurisprudencia constitucional no admite la objeción de conciencia frente a la
prestación del servicio militar.
El juez ad quem, al referirse a las
causales de exención de la prestación del servicio militar, consagradas en el
artículo 28 de la Ley 48 de 1993, consideró lo siguiente:
“debido a que las causales transcritas son
taxativas, las personas cuya situación concreta no se encuadre en las
mismas, no pueden válidamente solicitar la exención del servicio militar
obligatorio, menos aun alegando objeción de conciencia como lo pretende el
accionante, pues respecto a la misma, igualmente ha sido decantada por la
jurisprudencia su improcedencia como causal eximente, señalándose su
inexistencia en nuestro régimen relacionado con el servicio militar, por no
resultar del fuero propio de las exigencias del mismo el autorizar a los
ciudadanos para no atender dicho deber esencial, establecido en la Ley y con
fundamento en la conciencia del propio compromiso social” (subraya no es del texto original).
Ahora bien, en este asunto, la Sala Séptima
de Revisión ordenó las siguientes pruebas:
se requirió a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, para que informara al
Despacho si existe alguna contradicción entre la prestación del servicio
militar y las creencias profesadas por la comunidad religiosa, si el señor Óscar
Fernando Rojas Losada, era miembro activo de la comunidad religiosa en la ciudad
de Neiva y si se encontraba adelantando estudios para desempeñarse como pastor
de la Iglesia y (iii) solicitó al Distrito Militar No. 42 de Neiva que rindiera
un informe de la situación militar actual del señor Óscar Fernando Rojas
Losada, el comportamiento que ha asumido el señor Rojas Losada en el transcurso
de la prestación del servicio militar y copia de la hoja de vida del señor Óscar
Fernando Rojas Losada.
Observa la Sala Plena que en este caso el accionante no
probó que sus creencias lo imposibiliten para la prestación del servicio
militar. En efecto, dentro del término probatorio, el accionante presentó ante
esta Corporación un escrito en donde expresamente señala su deseo de continuar prestando
el servicio militar y solicita el “desistimiento de la acción”. En palabras del
accionante: “Quiero voluntariamente mi servicio militar en la institución
militar Batallón BAEEV 12 con sede en la ciudad de Garzón, teniendo en cuenta
el buen trato verbal y físico que me han dado…”.
El Distrito Militar certificó que el señor Óscar Fernando
Rojas Losada se encontraba en el Batallón Especial Energético y Vial No 12,
Base Militar Ceiba, cumpliendo labores de soldado campesino. Señaló, además,
que se ha desempeñado “en forma excelente, destacándose por su compromiso
institucional, compañerismo y deseos de acertar en sus labores asignadas”. Ratifica
el Teniente Coronel Jairo Gabriel Paguay Escobar que el soldado campesino Óscar
Fernando Rojas Losada manifestó su deseo de continuar en la institución
prestando su servicio militar.
Además, anexó folio disciplinario en el cual constan varias
anotaciones positivas en su hoja de vida, por ejemplo, el Comandante de
escuadra manifestó que “se le hace concepto positivo, por su excelente
presentación personal, responsabilidad, compromiso y espíritu de cuerpo a la
hora de realizar las labores recomendadas”.
Por su parte, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
adujo que “es digno y noble el cumplimiento de las normas y leyes de nuestra
patria, tal y como lo es el servicio militar; no obstante considerando algunas
actividades y prácticas que se deben realizar en el cumplimiento del mismo, o
que se promueven en su dinámica, vemos que los feligreses por su formación
cristiana se ven en la necesidad de objetar la prestación del servicio militar
por razones de conciencia, al verse presionados a actuar en contra de sus
convicciones”. Dentro de las actividades que cita la Iglesia, se encuentran
el usar, manejar, disparar armas de fuego, e incluso quitarle la vida al
enemigo, mentir en razón de una orden de un superior, hurtar para recuperar
dotación, asistir a ciertas ceremonias religiosas.
No obstante, el Secretario General de la Iglesia
Pentecostal sostiene que “no toda actividad del servicio es incompatible
con los principios cristianos, porque puede darse actividades supletorias de
orden social, comunitario o de apoyo”.
En relación con la pregunta concerniente a si el señor
Óscar Fernando Rojas Losada se encuentra realizando estudios para desempeñarse
como pastor, informó la Iglesia que debido al número de miembros no le es
posible certificar tal condición.
Encuentra
la Sala, de conformidad con los antecedentes y las pruebas allegadas al
proceso, que el señor Rojas Losada fue reclutado por el Ejército Nacional el 22
de enero de 2010, circunstancia que a la fecha de esta providencia indica que
el accionante ya cumplió con su deber de prestar servicio militar obligatorio[70],
motivo por el cual, la Corte determina en el caso concreto una carencia actual
de objeto por hecho superado. Se resalta que el accionante, en sede de
revisión, reveló por medio de prueba documental, su deseo de continuar en el
servicio militar dados sus méritos y buenas calificaciones durante la
prestación del mismo.
En todo
caso, la Corte procederá a  revocar la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Primera de Decisión Penal, por
desconocimiento del cambio jurisprudencial de esta Corporación. En su lugar, declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado.
No obstante
lo anterior, y en razón a que dentro del trámite de revisión de las acciones de
amparo interpuestas por Julián Enrique Rojas Rincón y Óscar Fernando Rojas Losada,
el Ejército señaló que no ha establecido ningún procedimiento encaminado al
estudio de las objeciones de conciencia presentadas por las personas llamadas a
la prestación del servicio militar, se ordenará la conformación de un grupo
interdisciplinario que estudie y analice en oportunidad tales requerimientos.
En este
sentido, observa la Sala Plena con preocupación la
contestación del Ejército Nacional según la cual mientras no exista una Ley que
desarrolle el derecho a la objeción de conciencia no es posible presentar
motivos de conciencia para exonerarse de la prestación del servicio militar. Para
la Corte es evidente que la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva desconoció el precedente vigente de
esta Corporación, que permite que los ciudadanos acudan a la acción de tutela
para objetar en conciencia frente al servicio militar. Esta Corporación
recuerda que la objeción de conciencia, debidamente comprobada, es una causal
constitucional de aplicación directa e inmediata frente a la obligación de
prestar el servicio militar.
También
reitera que en la sentencia C-728 de 2009[71],
la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló expresamente que así en la
actualidad no se encuentre regulada legalmente tal garantía, esto no se
traduce en la imposibilidad de ejercer el derecho constitucional fundamental de
objetar en conciencia frente a la prestación del servicio militar, en los
términos consagrados en la Sentencia C-728 de 2009[72].
En este sentido, debía darse aplicación a la eficacia directa de los derechos
fundamentales establecidos en el Estatuto Superior. Sobre el particular,
valga precisar:
“(…) en el concepto de objeción de conciencia
confluyen dos aspectos distintos, puesto que, por un lado, está el derecho
constitucional que tiene una persona a no ser obligada a actuar en contra de su
conciencia o de sus creencias y, por otro, el procedimiento que debe establecer
el legislador en orden a puntualizar las condiciones requeridas para que se
reconozca a una persona su condición de objetor de conciencia al servicio
militar. El “primero es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento,
cuyo goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado por el juez de
tutela. El segundo es un desarrollo legal que en Colombia no existe. No
obstante, el cumplimiento del primer derecho no puede depender de la existencia
del procedimiento legal para que se reconozca a alguien su condición de objetor”.
(Subrayado fuera del texto)
En adición, la no expedición de la libreta militar o
su dilación indeterminada en el tiempo, ocasiona para los ciudadanos barreras
de acceso en el goce y disfrute del derecho fundamental al trabajo. En efecto,
el artículo 36 de la Ley 48 de 1993 condiciona la celebración de contratos con
cualquier entidad pública del Estado, el ingreso a la carrera administrativa y
la toma de posesión de cargos públicos, a la verificación de la libreta
militar, una vez cumplida la obligación de definir la situación militar.
Por las razones expuestas, ese grupo
interdisciplinario, como autoridad administrativa de reclutamiento, deberá, dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a su interposición, tramitar y dar
respuesta de fondo a las peticiones de objeciones de conciencia frente a la
obligación de prestar servicio militar obligatorio, de conformidad con las reglas
establecidas en el numeral quinto de la parte resolutiva de la Sentencia T-455
de 2014, expuestas con anterioridad, las cuales orientarán la actividad de los
nuevos comités en un marco de protección de los derechos fundamentales.
Se sugiere por la Sala que el comité encargado de dar
trámite de fondo a las solicitudes ciudadanas de objeción de conciencia frente
al servicio militar, esté conformado por un equipo de expertos interdisciplinarios
del más alto nivel, formados en distintas especializaciones. En particular, alguno
de dichos profesionales debería tener conocimientos específicos en derechos
humanos y en los precedentes jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha pronunciado
sobre el derecho fundamental a objetar en conciencia frente al servicio militar
obligatorio.
Finalmente, ante las manifestaciones de Óscar Fernando
Rojas Losada tendientes a retirar o desistir de la acción de tutela, la Sala advierte
que la petición no procede en esta etapa de revisión, ya que como se ha
reiterado por jurisprudencia constitucional, esta fase procesal no es una
instancia propiamente dicha, sino un trámite de revisión de interés público en
el cual la Corte Constitucional revisa los fallos de instancia con el fin de
que los derechos de los ciudadanos sean efectivamente protegidos, al igual que
se produzca la consolidación y la unificación de la jurisprudencia en materia
de derechos humanos[73].
Por otro lado, y no obstante ratificar el mecanismo de
protección directa de la acción de tutela ante vulneraciones al artículo 18
constitucional, la Corte remite al exhorto realizado en su oportunidad por la
Sentencia C-728 de 2009 sobre el trascendental papel del legislador en la
configuración del derecho a la objeción de conciencia, toda vez que el vacío
normativo actual en relación con la existencia de un marco legal que defina las
condiciones y los procedimientos para su ejercicio, genera problemas en el
efectivo goce y ejercicio del derecho, que obliga al objetor a acudir al juez
para instaurar una acción de tutela. Sin duda, la determinación de tales reglas
y condiciones corresponde al legislador como agente por excelencia de la
democracia representativa[74].
IV.    CONCLUSIONES
En los casos bajo
estudio, la Sala pudo determinar que en el señor Julián Enrique Rojas Rincón operó una carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que la Dirección de Reclutamiento Militar informó que
el 4 de mayo de 2010 le fue expedida libreta militar de segunda clase. En
cuanto al señor Óscar Fernando
Rojas Losada, al manifestar su deseo de continuar con la prestación de dicho
servicio militar, se comprueba la existencia de una objeción de conciencia variable
que configura también la declaratoria de la carencia actual de objeto por hecho
superado.
No obstante lo anterior, la Sala Plena de
la Corte Constitucional realizó un estudio sobre las prerrogativas que nacen
del derecho fundamental y personalísimo a la objeción de conciencia a la
prestación del servicio militar obligatorio en Colombia, concluyendo:
4.1. El artículo 18 de la Constitución Política establece
las prerrogativas que nacen del derecho fundamental a la libertad de conciencia,
entre las que se encuentran: (i) nadie puede ser objeto ni de acoso ni
de persecución en razón de sus convicciones o creencias; (ii) se garantiza
que ninguna persona estará compelida a revelar sus convicciones y (iii) nadie
será obligado a actuar contra su conciencia. Es de esta última garantía que
nace el derecho fundamental a la objeción de conciencia.
4.2. El
derecho a la objeción de conciencia es una consecuencia de la concreción del
postulado de la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales,
como límite al poder legislativo y del respeto a las minorías.
4.3. El Estado colombiano corresponde al modelo democrático,
participativo, pluralista,  fundado en el respeto a la dignidad humana. Es por
ello que el reconocimiento de la libertad de conciencia y de la garantía de
objetar el cumplimiento de un deber cuando aquella lo impide, más que
desconocer el ordenamiento, protege los principios, valores y derechos amparados
por la Carta Política.
4.4. Los
Tratados de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad
garantizan el derecho a actuar de acuerdo con las convicciones morales y a no
ser obligado a proceder en forma contraria a ellas. En igual sentido se han
pronunciado los organismos internacionales, instando a los Estados a ampliar el
reconocimiento del derecho a objetar.
4.5. El derecho comparado muestra la tendencia en los Estados democráticos
de reconocer el derecho de objeción de conciencia en virtud de la cual resulta justificado
negarse al cumplimiento de un deber por razones de conciencia auténticas, fijas
y profundas, restringiéndolo solo en los casos en que se considera que resulta
imperativo para una sociedad democrática.
4.6. La
objeción de conciencia encuentra límites en los derechos de los demás y en la
existencia de deberes jurídicos vinculados a aspectos como los requerimientos
del orden público, la tranquilidad, la salubridad  o la seguridad colectivas.
4.7. En materia de objeción de conciencia a la prestación
del servicio militar obligatorio, la jurisprudencia constitucional evolucionó a
partir de la sentencia C-728 de 2009, al reconocerla como un derecho
fundamental de aplicación constitucional inmediata que no requiere desarrollo
legislativo para ser ejercido.
4.8. No toda manifestación de una reserva de conciencia a
la prestación del servicio militar obligatorio puede tenerse como eximente
automático del mismo. En cada caso habrá de ponderarse la naturaleza del
reparo de conciencia, la seriedad con la que es asumido, la afectación que su
desconocimiento produce en el sujeto, los terceros afectados y los demás
aspectos que en un caso concreto permitan al juez constitucional amparar o
negar el derecho.
4.9. Las
convicciones o creencias que se invoquen, además de tener manifestaciones
externas que se puedan probar, deben ser profundas, auténticas, fijas y
sinceras. La objeción de conciencia no sólo procede por motivos religiosos sino
que incluye razones morales, éticas, humanitarias, políticas, filosóficas,
entre otras.
4.10. Al legislador
le corresponde un papel protagónico en la determinación de las condiciones para
ejercer la garantía a objetar el cumplimiento de un deber jurídico por razones
de conciencia, así como conciliar los derechos de las partes que puedan verse
afectadas.
4.11. A
pesar de este importante rol del legislador, el derecho a la objeción de
conciencia es un derecho fundamental de aplicación inmediata que puede ser
reclamado vía acción de tutela ante los jueces constitucionales.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR, por las razones expuestas en esta
providencia, la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos
mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala
Penal, la cual confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Guadalajara de Buga, que negó la acción de tutela. En su lugar, DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado, en la acción de tutela incoada
por Julián Enrique Rojas Rincón contra el Ejército Nacional -Distrito Militar
No. 19, Batallón Palace de Buga.
SEGUNDO.-
REVOCAR, por las razones expuestas en esta
providencia, la sentencia proferida el diez (10) de marzo de 2010 por el
Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Neiva, la cual negó la acción de
tutela. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado, en la acción de tutela interpuesta por Óscar Fernando Rojas Losada
contra el Ejército Nacional, Comandante del Distrito Militar No. 42.
TERCERO.- ORDENAR al Comandante del Ejército Nacional de Colombia y
al Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional, que, en el término de un (1)
mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, conformen un grupo
interdisciplinario del más alto nivel encargado de dar trámite, estudiar y
proferir respuesta de fondo y en el término de quince (15) días hábiles, a las
peticiones de objeción de conciencia presentadas en razón de la prestación del
servicio militar obligatorio.
CUARTO.-
ADVERTIR al grupo interdisciplinario que, en ningún caso, podrá negarse la
solicitud de exención al servicio militar por motivos de objeción de conciencia
aduciendo ausencia de regulación legal, toda vez que este argumento desconoce
el derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política
y reiterada jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional. En los
supuestos de comprobarse una objeción de conciencia profunda, fija y sincera, se
deberá garantizar de manera directa e inmediata el derecho fundamental mediante
la exención del servicio militar obligatorio.
QUINTO. LÍBRESE por Secretaría la comunicación
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA SU108/16
CON
PONENCIA DEL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS RÍOS, EN LA QUE SE RESUELVE LA ACCIÓN DE
TUTELA INTERPUESTA POR LOS SEÑORES JULIÁN ENRIQUE ROJAS RINCÓN Y OSCAR FERNANDO
ROJAS LOZADA CONTRA EL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN, DISTRITO
MILITAR NO. 19 DEL BATALLÓN PALACÉ DE BUGA Y OTROS
OBJECION DE
CONCIENCIA INSTITUCIONAL-Necesidad de un cambio del precedente jurisprudencial
constitucional (Salvamento de voto)
No puede sostenerse que exista una
posición decantada en relación con la prohibición de las personas jurídicas
para ejercer la objeción de conciencia, simplemente se da por cierta una
afirmación que no tuvo debate en el seno de la Sala Plena.
OBJECION DE
CONCIENCIA INSTITUCIONAL-Cambio del precedente a partir de la Sentencia C-728 de 2009
(Salvamento de voto)
PRECEDENTE
SOBRE OBJECION DE CONCIENCIA INSTITUCIONAL-La tesis acogida por la
Sentencia C-355 de 2006, sufre un cambio sustancial a partir de la Sentencia C-728
de 2009, en donde se acepta expresamente que la objeción de conciencia es un
derecho fundamental de aplicación inmediata (Salvamento de voto)
A partir de los argumentos de la
Sentencia C-728 de 2009, sería insostenible considerar que no existe
objeción de conciencia cuando las personas profesan sus creencias religiosas en
forma colectiva. Por el contrario, la protección de estas organizaciones y la
defensa de sus derechos, son una condición necesaria de la protección de la
libertad de conciencia y religiosa de sus miembros.
OBJECION DE
CONCIENCIA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS Y JUDICIALES-Podrían
objetar de conciencia cuando se encuentra plenamente demostrado que sus
convicciones más íntimas le impiden hacerlo y exista otro funcionario
competente que pueda desarrollar la función (Salvamento de voto)
A pesar de que los funcionarios públicos tienen un deber imperativo de
sumisión al ordenamiento jurídico, ello no se traduce en una anulación de sus
derechos fundamentales. Por ello podrían objetar de conciencia cuando se
encuentra plenamente demostrado que sus convicciones más íntimas le impiden
hacerlo y exista otro funcionario competente que pueda desarrollar la función.
Referencia:
expedientes T- T-2.643.585 y T- 2.652.480 (acumulados)
Problema jurídico planteado en la sentencia: ¿resulta
constitucionalmente procedente invocar la objeción de conciencia para negarse
al cumplimiento de un deber jurídico como lo es la prestación del servicio
militar?
Motivo del Salvamento: (i) Los problemas jurídicos
planteados en la Sentencia SU- de 2015 no se ajustan a la realidad fáctica de los
accionantes; (ii)
Salvo el voto
en la sentencia SU –108 de 2016, toda vez que con la decisión adoptada, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la oportunidad de
abordar un asunto importante frente a la objeción de conciencia, como lo es la titularidad
de este derecho, especialmente frente a las instituciones y a los funcionarios
públicos.
1.
ANTECEDENTES DE LA
SENTENCIA SU- 108 DE 2016
En el presente caso, los expedientes acumulados se
refieren a peticiones respecto de la procedencia de la objeción de conciencia
por creencias religiosas frente a la obligación de prestar el servicio militar.
En ambos casos, los accionantes manifiestan que su
crianza y educación se ha dado en el entorno de un hogar cristiano y, por su
vocación pacifista fruto de sus convicciones morales, éticas, ideológicas y
políticas que profesan, no les es posible desempeñarse como soldados, portar o
hacer uso de las armas.
Por tal razón, solicitan la protección de sus derechos
fundamentales y se les permita eludir la prestación del servicio militar
obligatorio.
2.     FUNDAMENTOS DEL SALVAMENTO
2.1.    Objeción de conciencia institucional. Necesidad de un
cambio del precedente jurisprudencial constitucional
La titularidad del derecho a objetar la conciencia no
ha sido un tema tratado a profundidad por la jurisprudencia constitucional.
Así, a pesar que con ocasión de la interrupción voluntaria del embarazo y a
partir de la Sentencia C-355 de 2006, se ha dicho que las personas
naturales son las únicas que pueden ejercer tal garantía, no se ha analizado si
tal restricción resulta proporcionada y se encuentra justificada en términos de
eficacia de los derechos fundamentales. Además, tal y como pasará explicarse,
la Sentencia C-355 de 2006 no ofreció justificación alguna a esta
posición, y este precedente se encuentra modificado a partir de la Sentencia C-728
de 2009, que reconoció expresamente el derecho fundamental a objetar la
conciencia en todos los ámbitos.
La titularidad de la objeción de conciencia fue
estudiada en la Sentencia C-355 de 2006, con ocasión de la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000,
que tipificaba el aborto cuando se ponía en riesgo la vida de la madre, existía
malformación del feto o cuando el embarazo fuera el resultado de un acceso
carnal violento o con inseminación no consentida. En relación con la
restricción de la objeción de conciencia para las personas jurídicas la
Sentencia se limitó a señalar: “Cabe recordar además, que la objeción de
conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el
Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no
pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el
nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la
práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta
sentencia.”  Este mismo extracto se reitera en otras decisiones
jurisprudenciales que niegan la objeción de conciencia institucional.
Sin embargo, si se observan los salvamentos de voto de
los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil, salta a la
vista que este asunto no se discutió en la Sala Plena al momento de proferir la
sentencia C-355 de 2006: “Aclaramos que estas razones se refieren exclusivamente
a los asuntos debatidos y decididos en Sala Plena, y no a aquellos otros que,
como la improcedencia de la objeción de conciencia institucional (…) no fueron
definidos dentro de las deliberaciones que llevaron a la adopción del fallo,
como puede corroborarse con la lectura de las actas correspondientes.”.
Pese a ello, este ha sido el supuesto fundamento de las Sentencias T-209 de
2008, T-946 de 2008 y T-388 de 2009, relacionadas con la objeción de
conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Es decir, no puede sostenerse que exista una posición
decantada en relación con la prohibición de las personas jurídicas para ejercer
la objeción de conciencia, simplemente se da por cierta una afirmación que no
tuvo debate en el seno de la Sala Plena.
Posteriormente, y con base en una supuesta posición
unificada, en la Sentencia T-209 de 2008, la Corte analizó el caso de
una menor de catorce años quien denunció ante la autoridad competente que su
estado de embarazo había sido fruto de un acceso carnal no consentido pero los
médicos de la EPS a la cual se encontraba afiliada se negaron a practicarle el
aborto invocando la objeción de conciencia. En dicha providencia, se reitera lo
sostenido en la Sentencia C-355 de 2006 , y se dijo ““(…)(i) que no pueden
existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre
con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de
un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia; (ii) en
atención a la situación subjetiva de aquellos profesionales de la salud que en
razón de su conciencia no estén dispuestos a practicar el aborto se les
garantiza la posibilidad de acudir al instituto denominado objeción de
conciencia; (iii) pueden acudir a la objeción de conciencia siempre y cuando se
trate realmente de una “convicción de carácter religioso debidamente
fundamentada”, pues de lo que se trata no es de poner en juego la opinión del
médico entorno a si está o no de acuerdo con el aborto; y, (iv) la objeción de
conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia
Constitución en cuanto consagra los derechos fundamentales, cuya titularidad
también ostentan las mujeres, y por tanto no pueden ser desconocidos.” Esta
misma cita se reitera en la Sentencia T-946 de 2008.
En la Sentencia T-388 de 2009, se desarrollan
argumentos para explicar la supuesta decisión de la Sala Plena sobre la
prohibición de la objeción de conciencia institucional. Los argumentos aducidos
fueron los siguientes: “(i) el ejercicio de la objeción de conciencia no se
asimila a la simple opinión que se tenga sobre un asunto; por el contrario, son
las más íntimas y arraigadas convicciones del individuo las que pueden servir
como fundamento para el ejercicio de este derecho. Esta característica es ajena
a las personas jurídicas (…)”, (ii) la limitación se explica como un
mecanismo efectivo para “evitar limitaciones abusivas de la libertad de las
personas que laboran en las instituciones prestadoras del servicio de salud,
las cuales podrían verse coaccionadas por posiciones restrictivas impuestas por
los cuadros directivos de dichas instituciones” y (iii) en Colombia, el
sistema de salud es creado por el Estado, y por tanto no es posible distinguir
entre entidades públicas y particulares. Cabe señalar que dicha decisión contó
con un salvamento de voto, cuyos argumentos son los que ahora se acogen.
Como puede deducirse del recuento anterior, ninguna
sentencia logra explicar cuáles fueron los fundamentos aducidos por la Sala
Plena en la Sentencia C-355 de 2006, para no permitir la objeción de
conciencia institucional. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que: (i) a
partir de la Sentencia C-728 de 2009, el Pleno de la Corporación admite
el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (ii) la posición que restringe el derecho a objetar sólo
frente a las personas naturales, impone una restricción desproporcionada e
innecesaria a aquellos derechos de las personas jurídicas que profesan un
determinado credo religioso.
2.2.    Cambio del precedente a partir de la Sentencia C-728
de 2009
En primer lugar, la tesis acogida por la Sentencia C-355
de 2006, en relación con el derecho a la objeción de conciencia, sufre un
cambio sustancial a partir de la Sentencia C-728 de 2009, en donde se
acepta expresamente que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de
aplicación inmediata, que incluso procede estando de por medio la seguridad del
Estado, como ocurre con la prestación del servicio militar obligatorio. En
efecto, allí, sin distinción alguna sobre si se está en presencia de una
persona natural o jurídica, se dijo: “la libertad de conciencia, como se
indicó, explícitamente garantiza a toda persona el derecho constitucional a ‘no
ser obligado actuar en contra de su conciencia. De este modo, quien de manera
seria presente una objeción de conciencia, vería irrespetado su derecho si,
pese a ello, se le impusiese un deber que tiene un altísimo grado de afectación
sobre la persona en cuanto que, precisamente,  su cumplimiento implicaría
actuar en contra de su conciencia.” (Subrayado fuera del texto).
Es decir, a partir de la citada Sentencia, adoptada
por la Sala Plena de esta Corporación el 14 de octubre de 2009, se acoge una
nueva posición sobre la forma de entender el derecho fundamental a objetar de
conciencia, y por tanto, los argumentos aducidos en las Sentencias T-209 de
2008, T-946 de 2007 y T-388 de 2009, ya no son de recibo en razón a que
todas ellas fueron proferidas con anterioridad a la expedición de la Sentencias
C-728 de 2009 (la Sentencia T-388 de 2009 fue proferida el 28 de mayo de
2009).
En efecto, la Sentencia C-728 de 2009 señala
que algunos ordenamientos jurídicos contemplan la posibilidad de establecer
excepciones expresas a ciertos deberes, de tal manera que la objeción de
conciencia sólo resultaba admisible cuando hubiese sido expresamente
contemplada en la ley. Señaló que esa había sido la posición de la Corte
Constitucional en relación con la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio. Pese a ello, la Sentencia advirtió que en la Constitución de 1991
“el asunto se ha consagrado de una manera más amplia, por cuanto de acuerdo
con la previsión del artículo 18 Superior, el derecho a no ser obligado a
actuar contra la conciencia no se encuentra subordinado a la ley.”
De otro lado consideró que debe existir un criterio de
ponderación que haga énfasis en la consideración de la naturaleza del reparo de
conciencia, la seriedad con la que es asumido, la afectación que su
desconocimiento produce en el sujeto, etc., frente a, por otra parte, la
importancia del deber jurídico.
Sobre el particular, se resalta la posición del
salvamento de voto de la Sentencia T-388 de 2009, en los siguientes
términos: “En esta dirección por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte ha
reconocido el derecho de los médicos a negarse, por consideraciones de
conciencia, a la práctica de abortos en los casos previstos en la Sentencia
C-355 de 2006, pero señala, al mismo tiempo, que en esa hipótesis están
obligados a remitir a la paciente a un profesional que esté en condiciones de
practicar el procedimiento. De manera más amplia, en el salvamento parcial  de
voto del Magistrado Juan Carlos Henao Pérez a la Sentencia T-388 de 2009 se
hace notar que en ciertos Estados la objeción de conciencia a la práctica del
aborto se admite en relación con instituciones hospitalarias de carácter
religioso, siempre y cuando en el lugar exista otro establecimiento que pueda
responder a las necesidades de las personas en ese sentido.”
Por otro lado, se consideró en el salvamento de voto
que  “la objeción de conciencia encuentra límites en los derechos de los
demás y en la existencia de deberes jurídicos vinculados a aspectos como los
requerimientos del orden público, la tranquilidad, la salubridad  o la
seguridad colectivas.” En este sentido, señaló que el objetor de conciencia
sólo estaría obligado al cumplimiento del deber jurídico si no existiese
ninguna otra medida menos lesiva para proteger el interés protegido con tal
obligación. En este sentido, sostuvo que “la Corte Constitucional se ha
pronunciado en torno a la posibilidad de conciliar el cumplimiento del deber
con modalidades que lo hagan compatible con las consideraciones de conciencia.”
Finalmente, el voto que se apartó de la Sentencia
señaló que cuando la objeción de conciencia se produce por razones religiosas,
la negativa de la objeción de conciencia se traduce en una limitación
inaceptable dentro de un Estado de Derecho. Sobre el particular adujo:
“(…) sería incongruente que el ordenamiento, de una
parte garantizara la libertad religiosa, y de otra se negara a proteger las
manifestaciones más valiosas de la experiencia espiritual, como la relativa a
la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y
lo que practica. Este elemento que puede pertenecer al núcleo esencial de la
libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad
de conciencia, que refuerza aún más la defensa constitucional de los modos de
vida que sean la expresión cabal de las convicciones personales más firmes.”
Se tiene entonces que, a partir de los argumentos
aducidos por la Sentencia C-728 de 2009, sería insostenible considerar
que no existe objeción de conciencia cuando las personas profesan sus creencias
religiosas en forma colectiva. Por el contrario, la protección de estas
organizaciones y la defensa de sus derechos, son una condición necesaria de la
protección de la libertad de conciencia y religiosa de sus miembros.
2.3.    Existen medidas más respetuosas de las garantías
constitucionales
El argumento aducido en la Sentencia T-388 de 2009
para limitar el derecho a la objeción de conciencia frente a personas
jurídicas, es la posible afectación de los derechos de terceros. Sobre el
particular, la providencia señala:
“Se resalta que negar el derecho de objeción de
conciencia a las personas jurídicas, además de responder plenamente a la
naturaleza de éste, resulta un mecanismo efectivo para evitar limitaciones
abusivas de la libertad de las personas que laboran en las instituciones
prestadoras del servicio de salud, las cuales podrían verse coaccionadas por
posiciones restrictivas impuestas por los cuadros directivos de dichas
instituciones.”
Sin embargo, el hecho que con la objeción de
conciencia se puedan afectar derechos de terceros, no puede traducirse en su
negación absoluta. Por el contrario, aquí la tarea del juez constitucional es
buscar una solución que garantice, en la mayor medida posible, la efectividad
de los derechos en pugna. Lo que debe perseguirse es que el reparo de
conciencia se encuentre plenamente justificado. Así, la limitación a la
libertad de conciencia y de religión, sólo procedería cuando no exista otro
mecanismo para proteger los derechos y principios del Estado Social de Derecho.
Sobre el particular, la doctrina ha señalado “cuanto más restrictivos sean
los modos instrumentados en la ley de propender a beneficiar o salvaguardar a
terceros, más susceptible de justificación resultará la objeción (…) sólo en la
medida en que un Estado pruebe que no le es posible conceder opciones o deberes
alternativos, para proteger a sus miembros es que cabe afirmar que las
sanciones punitivas no obedecen a principios perfeccionistas”
En efecto, tal y como ha procedido esta Corporación en
los casos de conflictos de derechos en pugna, el juicio integrado de
proporcionalidad permite establecer si una restricción en la titularidad de
la objeción de conciencia se encuentra justificada constitucionalmente.
Como fue indicado en la Sentencia C-093 de 2001,
la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia
práctica de esta Corporación, han evidenciado que existen dos grandes enfoques
para el examen de la razonabilidad de las medidas que limitan derechos fundamentales
u otros principios constitucionales: uno de origen europeo, que se desprende
del juicio de proporcionalidad, y otro de origen estadounidense, que diferencia
distintos niveles de intensidad dependiendo de la materia sometida a control.
Toda vez que estos enfoques presentan ventajas diferentes, esta Corporación ha
tratado de integrarlos mediante la fijación de un juicio que, de una parte,
comprenda todas las etapas del juicio de proporcionalidad, y de otra, adelante
distintos niveles de examen de conformidad con el asunto sobre el que verse la
discusión.
Este juicio integrado comprende entonces las
siguientes etapas: (i) evaluación del fin de la medida, el cual debe ser no
solamente legítimo sino importante a la luz de la Carta; (ii) análisis de si la
medida es adecuada, es decir, de su aptitud para alcanzar un fin
constitucionalmente válido; (iii) estudio de la necesidad de la medida, es
decir, análisis de si existen o no otras medidas menos gravosas para los
derechos sacrificados que sean idóneas para lograr el mismo fin; y (iv) examen
de la proporcionalidad en estricto sentido de la medida, lo que exige una
ponderación costo –beneficio de las ventajas que trae las medida frente al
eventual sacrificio de otros valores y principios constitucionales. Sin
embargo, previo a este estudio, el operador jurídico debe establecer cuál es el
grado de intensidad con el que adelantará su análisis, es decir, si aplicará un
juicio estricto, moderado o débil, dependiendo de la naturaleza misma de la
medida.
En ese orden, la intensidad del juicio con que debe
ser estudiada las restricciones a la titularidad de la objeción de conciencia
debe ser estricto, por cuanto implica la restricción de garantías fundantes del
Estado de Derecho como lo son la libertad de conciencia, de religión y de
asociación.
En cuanto al análisis del fin de la medida, la cual
deberá ser imperiosa, la Sala observa que la limitación del derecho a objetar
un deber jurídico en cabeza, únicamente, de las personas naturales, persigue la
protección de derechos fundamentales de terceros cuya salvaguarda es
absolutamente necesaria para el cumplimiento de los fines encomendados por la
Carta al Estado. De la misma manera, la restricción es adecuada, por cuanto
alcanza el fin propuesto por la norma con un importante grado de probabilidad.
No obstante lo anterior, no es necesaria la
restricción sobre la titularidad de la objeción de conciencia en la medida en
que existen medidas menos gravosas en términos de derechos y otros principios
constitucionales para lograr el mismo fin.
En tal virtud, pueden existir otras medidas aún más
eficaces para hacer frente a los posibles problemas que pueden presentarse
entre la garantía constitucional a objetar el cumplimiento de un deber jurídico
y las afectaciones de un derecho de un tercero.
Por tanto, sólo podría restringirse la titularidad
de la objeción institucional, si ello es la única opción para mantener
incólumes los derechos del tercero afectado, y por tanto, el llamado a cumplir
el deber jurídico sea el único en capacidad de realizarlo.
En consecuencia, sólo estaría justificada la
restricción de la objeción de conciencia en cabeza de las personas jurídicas
privadas, si ella fuese la única en capacidad de realizar el deber jurídico
objetado. Lo contrario, sería imponer una restricción desproporcionada al
derecho a la libertad religiosa y de asociación de sus miembros.
Por otra parte, el argumento del perjuicio a terceros,
haría imposible el ejercicio de cualquier objeción de conciencia. En estos
términos, el incumplimiento de un deber jurídico, por sí mismo, desencadena
consecuencias, incluso en el interés público (piénsese en el caso del servicio
militar).
En razón de todo lo anterior el juez debe ponderar los
intereses encontrados, y, en la medida de lo posible, maximizar la garantía de
los derechos de todos los involucrados.
En el caso de las personas jurídicas, la postura que
mejor concilia los derechos, y que fue ya expuesta en el salvamento de voto a
la Sentencia T-388 de 2009, por el Magistrado Juan Carlos Henao, es el
reconocimiento del derecho a objetar de conciencia a aquellas personas
jurídicas privadas que profesan un credo religioso o que cuenta con un
compromiso ideológico particular que les impide hacerlo. De esta forma se
protegen los derechos a libertad religiosa y de asociación de sus miembros, y
por otro lado, la objeción estaría plenamente justificada, en razón a que no se
fundamentaría en una simple opinión sobre un determinado asunto.
En estos términos, la objeción de conciencia institucional
tendría lugar cuando: (i) los motivos aducidos tengan fundamento en sus
creencias religiosas o en un inequívoco compromiso ideológico particular que
les impide hacerlo, al ser abiertamente contrario al objeto y finalidad de la
asociación, (ii) estas creencias deben ser deducidas de forma inequívoca de sus
fundamentos ideológicos consagrados en sus estatutos y (iii) dichos motivos
deben haber sido establecidos en forma previa a la obligación legal rechazada.
De esta forma se respeta el carácter garantista y
plural que tiene el núcleo esencial de los derechos fundamentales, a la vez que
se generan elementos para impedir que la objeción se constituya en una
herramienta para desconocer derechos de terceros.
En este punto, cabe dejar claro que las personas
jurídicas públicas y las entidades públicas, no podrán objetar la conciencia
para el cumplimiento de sus deberes constitucionales, en razón a que el objeto
mismo de su creación es el cumplimiento de lo ordenado por la ley.
2.4.    Objeción de conciencia de funcionarios públicos y
judiciales
En la sentencia T-388 de 2009 la Corte excluyó
la objeción de conciencia en el caso de autoridades judiciales. Posteriormente,
en el Auto 327 de 2010, la Corporación precisó que: (i) la objeción de
conciencia procedía frente a funcionarios públicos y (ii) resultaba prohibida
en relación con los funcionarios judiciales.
En estos términos, la Sentencia T-388 de 2009,
señaló que “el papel que desempeñan las autoridades públicas y las
diferencias sustanciales que surgen respecto del sentido y alcance de los
deberes en cabeza de estas autoridades si se comparan con los que radican en
cabeza de las personas particulares en lo relativo al ejercicio de la objeción
de conciencia. Cuando se acepta voluntariamente ostentar la calidad de
autoridad judicial e, incluso, cuando en calidad de particulares se asumen
compromisos que implican el ejercicio de la actividad jurisdiccional, una de
las consecuencias, si no la más importante, es el compromiso de velar por el
estricto cumplimiento de la normatividad vigente”.
La providencia adujo que cuando un funcionario
judicial profiere su fallo no está en uso de su libre albedrío, sino que debe
resolver el asunto puesto a su conocimiento con base en las normas jurídicas
aplicables, de conformidad con lo consagrado en el artículo 230 de la
Constitución, “de manera que no le es dable con base en convicciones
religiosas, políticas, filosóficas o de cualquier otro tipo faltar a su función”.
Adicionalmente, “admitir la posibilidad de objetar
por motivos de conciencia la aplicación de un precepto legal determinado
significa, en el caso de las autoridades jurisdiccionales, aceptar la
denegación injustificada de justicia y obstaculizar de manera arbitraria el
acceso a la administración de justicia. Debe tenerse presente, que con el
ejercicio de la función judicial está en juego la protección de los derechos
constitucionales fundamentales que han sido, a su turno, el resultado de
grandes esfuerzos por parte de grupos de la sociedad históricamente discriminados
– como, en el caso que nos ocupa, lo han sido las mujeres-.”
Aclaró la Corte que cuando el juez se encuentra en
ejercicio de sus funciones, debe dejar de lado sus consideraciones de
conciencia, pero que cuando obra dentro de su esfera privada la Constitución
les reconoce “la plena posibilidad de obrar de conformidad con los mandatos
de su conciencia y les asegura que ello tendrá lugar sin intromisiones
inadmisibles por parte del Estado o de particulares.”
En el Auto 327A de 2010, proferido con ocasión del
cumplimiento de la Sentencia T-388 de 2009, se precisó que “En la sentencia
T-388 de 2009 la Corte excluyó la objeción de conciencia en el caso de
autoridades judiciales. Los demás funcionarios públicos, como el Procurador
General de la Nación, pueden hacer uso de la objeción de conciencia cuando el
cumplimiento de sus deberes vaya en contra de su integridad moral, caso en el
cual deberán, no obstaculizar la función pública, sino manifestar y fundamentar
su objeción de conciencia y apartarse para que el cumplimiento de la misma sea
hecho por otro funcionario público. De tal forma se protege el derecho a la
libertad de conciencia del funcionario público pero no se deja de cumplir con
el ordenamiento jurídico ni se afectan los derechos de los ciudadanos. Mientras
el funcionario no expresa su objeción de conciencia deberá cumplir sin
dilaciones con los deberes que le impone el ordenamiento jurídico, entre los
cuales está, como se vio, el cumplimiento de las órdenes judiciales.”
Por lo tanto, era procedente reiterar la posición
asumida en la Sentencia T-388 de 2009, en relación con la admisión de la
objeción de conciencia de los funcionarios públicos, que además ha sido
aceptada por otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, El Tribunal
Constitucional Español ha admitido la objeción de conciencia de funcionarios
públicos. En Sentencia 101 de 2004, el Tribunal amparó a un miembro del Cuerpo
Nacional de Policía que se había negado aduciendo razones ideológicas a no
custodiar una procesión religiosa. También el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en Sentencia del 6 de abril de 2000 (asunto THLIMMENOS contra GRECIA)
amparó el derecho de un funcionario público a que no se le tuvieran como
antecedentes penales, la calidad de remiso del servicio militar por razones de
conciencia.
No obstante, la Sala se aparta de la posición asumida
en precedencia por esta Corporación en relación con la prohibición de la
objeción de conciencia en cabeza de los funcionarios judiciales.
En primer lugar, debe considerarse que a pesar de que
los funcionarios judiciales tienen un deber imperativo de sumisión al
ordenamiento jurídico, ello no se traduce en una anulación de sus derechos
fundamentales. En este sentido, no se que en esta hipótesis el derecho a
objetar asume unas connotaciones especiales, y por tanto, las razones que le
impiden el cumplimiento de su deber deben encontrarse plenamente justificadas.
Es por ello que al juzgar la admisibilidad de una objeción de conciencia debe
considerarse que se trata de una persona ligada por un deber especial,
voluntariamente asumido, de obedecer la ley.
No obstante, esta consideración no significa que quien
es funcionario público no pueda nunca aducir una objeción de conciencia para
sustraerse en el desempeño de su función a una obligación legal. Por el
contrario, los funcionarios judiciales también son titulares de derechos
fundamentales, y por tanto, al igual que en el caso de las instituciones
privadas, la existencia de otros funcionarios públicos hace innecesaria la
restricción del derecho fundamental.
No es que el funcionario público deje de aplicar la
ley, sino que por razones de conciencia se aparta del conocimiento del caso,
tal y como sucede cuando existe una causal de impedimento.
En este orden de ideas, pregunta a formular es ¿por qué
el ordenamiento jurídico SÍ garantiza a un funcionario judicial la posibilidad
de presentar un impedimento cuando considera que factores tanto objetivos como
subjetivos puedan afectar su imparcialidad, y por el contrario, no se le
permite expresar que sus convicciones morales pueden obstaculizar la resolución
del caso concreto?
Por otro lado, ¿no se garantizan aún más los derechos
del tercero, si el juez manifiesta que sus convicciones más íntimas le impiden
tomar una decisión imparcial en la resolución de su caso?.
En esta situación también debe considerarse que, tal y
como ocurre con las casuales de impedimento, una vez admitida la procedencia de
la objeción de conciencia, podrán otros jueces asumir el conocimiento del caso.
Por tanto, (i) al existir una medida menos lesiva para
el goce de los derechos fundamentales y (ii) el hecho que otros funcionarios
judiciales pueden garantizar la debida administración de justicia, la
restricción del derecho a la libertad de conciencia de los miembros de la
jurisdicción no es necesaria.
De igual manera a como se expuso en el caso de las
personas jurídicas, sólo estaría justificada la restricción, si el funcionario
público, tanto administrativo como judicial, fuese el único competente para
realizar la obligación impuesta por la ley. Un ejemplo de ello se encuentra en
el derecho comparado con la dimisión al trono del Rey Balduino I de Bélgica
quien, el 4 de abril del año de 1990 y al ser el único competente para
sancionar las leyes, se vio avocado a la renuncia al trono por un día, en razón
de la objeción de conciencia presentada en contra de la ley que ampliaba los
supuestos legales del aborto, basado en el artículo 82 de la Constitución
belga.
2.5.    CONCLUSIONES
La objeción de conciencia
se presenta cuando en el cumplimiento de un deber constitucional, legal,
reglamentario, contractual, o de aquél que puede resultar de una relación
jurídica que habilite a una persona para exigir de otra determinada conducta,
las personas obligadas a atacarlos se niegan a hacerlo por cuanto su conciencia
lo prohíbe
En este orden de ideas, la libertad de conciencia
garantiza a toda persona el derecho constitucional a ‘no ser obligado actuar en
contra de su conciencia’. De este modo, quien de manera seria presente una
objeción de conciencia, vería irrespetado su derecho si, pese a ello, se le
impusiese un deber que tiene un altísimo grado de afectación sobre la persona
en cuanto que, precisamente, su cumplimiento implicaría actuar en contra de su
conciencia.
Los Tratados de Derechos Humanos que forman parte del
bloque de constitucionalidad garantizan el derecho a actuar de acuerdo con las
convicciones morales y a no ser obligado a proceder en forma contraria a ellas.
En igual sentido, se han pronunciado los organismos internaciones instando a
los Estados a ampliar el reconocimiento del derecho a objetar.
El derecho comparado muestra la tendencia
de los Estados democráticos de ampliar los supuestos en que es válido y
justificado negarse al cumplimiento de un deber por razones de conciencia,
restringiéndolo sólo en los casos en que se considera que resulta imperativo
para una sociedad democrática.
La jurisprudencia
constitucional ha evolucionado hacía la ampliación de los ámbitos en donde
resulta justificado objetar la conciencia, y por tanto, ha superado las
primeras posturas que restringían tal garantía. A partir de la Sentencia C-728
de 2009 se reconoció que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de
aplicación inmediata que no requiere desarrollo legislativo para ser ejercido.
No existe una fórmula
inequívoca que permita resolver todos y cada una de las situaciones que puedan
presentarse en el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de
conciencia, pero resulta razonable adoptar el criterio que no toda manifestación
de una reserva de conciencia puede tenerse como eximente frente a los deberes
jurídicos, ni, en el otro extremo, todos los deberes jurídicos pueden
pretenderse ineludibles, aún sobre las consideraciones de conciencia de los
individuos. Es la ponderación la herramienta que permitirá sopesar  la
naturaleza del reparo de conciencia, la seriedad con la que es asumido, la
afectación que su desconocimiento produce en el sujeto, los terceros afectados
y los demás aspectos que en un caso concreto permitan al juez constitucional
amparar o negar el derecho.
Las convicciones o creencias que se invoquen, además
de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas,
fijas y sinceras. La objeción de conciencia no sólo procede por motivos religiosos
sino incluyendo razones morales, éticas, humanitarias, filosóficas, entre
otras.
Bajo ese entendido, la objeción de conciencia es un
derecho fundamental del cual gozan las personas naturales y deberían disfrutar
las personas jurídicas privadas que profesan un determinado credo o que cuenta
con un compromiso ideológico particular que les impide acatar determinado
deber. Ello por varias razones: En primer lugar, cuando se trata de
organizaciones religiosas, el derecho a la libertad
religiosa implica no sólo la posibilidad de profesar de manera privada y
silenciosa el credo de la preferencia, sino la garantía de profesar la fe de
forma colectiva, a través de la constitución de iglesias o cultos. En segundo
lugar, las personas naturales tienen el derecho a asociarse para
defender un determinado compromiso ideológico. En virtud de este derecho
fundamental, obligar a una organización privada a actuar de forma abiertamente
contradictoria con el objeto y finalidad de la asociación, consagrada en sus
estatutos, desnaturaliza el carácter democrático y pluralista de nuestro
Estado.
En el campo institucional, la objeción de conciencia
tendría lugar cuando: (i) los motivos aducidos tengan fundamento en sus
creencias religiosas o en un inequívoco compromiso ideológico particular que
les impide hacerlo, al ser abiertamente contrario al objeto y finalidad de la
asociación, (ii) estas
creencias deben ser deducidas de forma inequívoca de sus fundamentos
ideológicos consagrados en sus estatutos y (iii) dichos motivos deben
haber sido establecidos en forma previa a la obligación legal rechazada.
Sólo podría restringirse la titularidad
de la objeción institucional, si ello es la única opción para mantener
incólumes los derechos del tercero afectado, y por tanto, el llamado a cumplir
el deber jurídico sea el único en capacidad de realizarlo.
A pesar de que los funcionarios públicos
tienen un deber imperativo de sumisión al ordenamiento jurídico, ello no se
traduce en una anulación de sus derechos fundamentales. Por ello podrían
objetar de conciencia cuando se encuentra plenamente demostrado que sus
convicciones más íntimas le impiden hacerlo y exista otro funcionario
competente que pueda desarrollar la función.
Finalmente, se reitera que la objeción de conciencia
encuentra límites en los derechos de los demás y en la existencia de deberes
jurídicos vinculados a aspectos como los requerimientos del orden público, la
tranquilidad, la salubridad o la seguridad colectivas.
De manera que al Legislador le corresponde un papel
protagónico en la determinación de las condiciones para ejercer la garantía a
objetar el cumplimiento de un deber jurídico por razones de conciencia, así
como conciliar los derechos de las partes que puedan verse afectadas.  No
obstante este importante rol del legislador, el derecho a la objeción de
conciencia es un derecho fundamental de aplicación inmediata que puede ser
reclamado a través de la acción de tutela.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA SU108/16
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-La jurisprudencia de esta
Corporación ha fijado un mayor número de garantías en relación con el trámite y
la decisión de la solicitud de la objeción de conciencia, que no fueron tenidas
en cuenta en la parte resolutiva de la sentencia (Salvamento parcial de voto)
La providencia limitó la
jurisprudencia de esta Corte sobre la objeción de conciencia del servicio
militar.
Referencia: expedientes T-2.643.585 y T-2.652.480.
Acciones de tutela presentadas por Julián Enrique
Rojas Rincón contra el Servicio de Reclutamiento y Movilización, Distrito
Militar No. 19 del Batallón Palacé de Buga, y Óscar Fernando Rojas Losada
contra Ejército Nacional, Comandante del Distrito Militar No. 42.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me condujeron a salvar
parcialmente el voto en la sentencia de la referencia, proferida por la
Sala Plena, el 3 de marzo de  2016.
En la sentencia SU-108 de 2016, esta
Corporación se pronunció sobre dos acciones de tutela presentadas por jóvenes
que solicitaban la protección de su derecho a objetar conciencia en relación
con la obligación de prestar el servicio militar.
En el primer caso, el joven Julián Enrique Rojas
solicitó, a través de la acción de tutela, la exención del servicio militar
porque no estaba de acuerdo con la actividad militar y porque hacía parte del
Partido MIRA, el cual aboga por principios pacifistas. Los jueces de instancia
negaron la petición porque no encontraron un razón válida para eximirlo de su
obligación. El expediente fue seleccionado por esta Corporación y, en sede de
revisión, la Corte verificó que el Servicio de Reclutamiento y Movilización,
Distrito Militar No. 19 del Batallón Palacé de Buga había emitido libreta
militar al accionante. Por lo tanto, declaró la carencia actual de
objeto.
En el segundo caso, el joven Óscar Fernando Rojas
Losada presentó una acción de amparo para que se le eximiera de la prestación
del servicio militar porque pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia y sus creencias le impedían prestar el servicio. Además, manifestó que
se preparaba para ser pastor de su comunidad religiosa y que su familia
dependía económicamente de él. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva conoció su petición y negó la tutela porque consideró que la objeción de
conciencia no es una causal legal de exoneración del servicio militar. Una vez
seleccionado para revisión el caso en la Corte Constitucional, esta Corporación
conoció que después de presentar la tutela, el actor expresó su deseo de
continuar con la prestación del servicio militar, en consecuencia, consideró “que
sus objeciones no eran lo suficientemente fijas, profundas o sinceras, dado que
variaron en el tiempo” y declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.[75]
Ahora bien, la Corte advirtió que el derecho a la
objeción de conciencia es un derecho fundamental de aplicación directa e
inmediata. Aunque no exista una normativa que desarrolle las condiciones de
exigibilidad del mismo, es posible que una persona se exonere del servicio
militar al demostrar los requisitos esgrimidos en la jurisprudencia
constitucional con ese propósito.
En la misma decisión, la Sala Plena expuso en las
consideraciones de la sentencia que debía crearse un grupo interdisciplinario
al interior del Ejército que tramite y de respuesta de fondo a las solicitudes
de objeción de conciencia, con atención a lo dispuesto en la sentencia T-455
de 2014.
Posteriormente, en la parte resolutiva, en el numeral
tercero de la sentencia se ordenó al Comandante del Ejercito Nacional y al Jefe
de Reclutamiento del Ejército Nacional la conformación de dicho grupo. Acto
seguido, el numeral cuarto se dispuso:
“ADVERTIR al grupo interdisciplinario que, en ningún caso, podrá
negarse la solicitud de exención al servicio militar por motivos de objeción de
conciencia aduciendo ausencia de regulación legal, toda vez que este argumento
desconoce el derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la
Constitución Política y reiterada jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional. En los supuestos de comprobarse una objeción de conciencia
profunda, fija y sincera, se deberá garantizar de manera directa e inmediata el
derecho fundamental mediante la exención del servicio militar obligatorio.”
Decidí salvar parcialmente mi voto en la
anterior decisión porque no estoy de acuerdo con lo consignado en el numeral
cuarto del resuelve que indica las reglas que se deben tener en cuenta las
autoridades al resolver las peticiones de exención del servicio militar por
objeción de conciencia porque aquellas limitan la jurisprudencia actual de esta
Corporación sobre el tema, al ser claramente incompletas.
El numeral cuarto del resuelve de la sentencia
SU-108 de 2016 únicamente indica que no podrá negarse la objeción de
conciencia por falta de regulación legal y que de comprobarse una objeción
fundada se deberá proteger el derecho fundamental y ordenar la exención del
servicio militar obligatorio. Sin embargo, la jurisprudencia de esta
Corporación ha fijado un mayor número de garantías en relación con el trámite y
la decisión de la solicitud de la objeción de conciencia, que no fueron tenidas
en cuenta en la parte resolutiva de la sentencia adoptada en el proceso de la
referencia.
Por ejemplo, la sentencia T-455 de 2014, relacionada
en la parte motiva de la sentencia SU-108 de 2016, más no en su parte
resolutiva, expuso con detalle en sus consideraciones y en el numeral quinto
del resuelve una serie de reglas que deben tener en cuenta las autoridades
administrativas que tramitan y deciden las solicitudes de exención del servicio
militar obligatorio, a saber, (i) que la solicitud de exención del servicio
militar por objeción de conciencia podrá presentarse antes o después del
acuartelamiento, (ii) que las autoridades deberán señalar los recursos que
tiene la decisión administrativa; (iii) que el peticionario deberá ser
notificado personalmente; (iv) que la decisión que resuelve la solicitud debe
estar debidamente motivada y que se podrá requerir al joven interesado para que
presente información adicional; (v) que las autoridades no podrán discriminar a
los jóvenes objetores por razones religiosas; y (vi) que el principio pro
homine será aplicable, entre otros asuntos.[76]
Con base en lo anterior, considero que las reglas
mencionadas en el numeral cuarto del resuelve de la sentencia SU-108 de 2016
para resolver las solicitudes de exención del servicio militar por objeción de
conciencia no son completas, pues esta Corporación ha indicado otras pautas que
deben tenerse en cuenta a efectos de proteger de forma debida los derechos
fundamentales de los peticionarios y que no fueron tenidas en cuenta por la
decisión judicial de la referencia. En consecuencia, la providencia limitó la
jurisprudencia de esta Corte sobre objeción de conciencia al servicio militar.
Ahora bien, considero que las autoridades deben
resolver las solicitudes de objeción de conciencia del servicio militar de
conformidad con la jurisprudencia en vigor de esta Corporación y no solo de las
pocas reglas contenidas en el numeral cuatro del resuelve de la sentencia
SU-108 de 2016.
Fecha
ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[2]
Corte Constitucional. Sentencia T-662-99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4]
M.P Alejandro Martínez caballero
[5]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[6]
M.P Jaime Córdoba Triviño
[7]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[8] La aspiración de una norma constitucional como la de
1991 es obtener, en la medida de lo jurídico, fáctico y económicamente posible,
la plena realización de los valores y principios consagrados en el Preámbulo:
"El pueblo de Colombia//en ejercicio de su poder soberano, representado
por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz (...)"
[9] “ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos.
Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en
forma individual o colectiva. / Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley.”
[10] “ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia.
Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a
revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.”
[11] “ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. /
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
[12] M.P Humberto Sierra
Porto
[13] M.P Alejandro Martínez
Caballero
[14] M.P Rodrigo Escobar Gil
[15] Cfr. Sentencia T-411 de
1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[16]
M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
[17]
Ibídem
[18]
C-616 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[19]
“La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”- José
de San Martín.
[20]
Ver Dworkin, Ronald. “Los derechos en serio”. Barcelona: 1995. Editorial
Ariel.
[21]
Raz, Joseph. “La autoridad del derecho: ensayos sobre derecho y moral”. México:
2011. Ediciones Coyoacán.
[22] Prieto
Sanchís, Luis, “Justicia constitucional y derechos fundamentales”.
Madrid: 2003. Ed. Trotta.
[23] M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo
[24] Ver
Defence Act 1903. Part IV, Division 2. Sect. 61CA. “(1) A person who
claims to be exempt from service because of conscientious beliefs must, within
7 days after he or she is called on for service under section 60 apply to
the Secretary, in writing, to have his or her claim determined by a
Conscientious Objection Tribunal”.
[25] Corte Interamericana
de Derechos Humanos Caso “La
Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile Sentencia de 5
de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas)
[26] Asamblea General,
Naciones Unidas, Resolución 33/165 del 20 de diciembre de 1978.
[27] Comisión de Derechos
Humanos, Naciones Unidas, Resoluciones 1989/59 del 8 de marzo de 1989; 1993/84
del 10 de marzo de 1993; 1995/83 del 8 de marzo de 1995.
[28] Comisión de Derechos
Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1998/77 del 22 de abril de 1998, párr. 6.
[29] Comisión de Derechos
Humanos, Naciones Unidas, Resoluciones 2000/34 del 20 de abril de 2000; 2002/45
del 23 de abril de 2002; 2004/35 del 19 de abril de 2004.
[30] Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 34 de 2000, (Abril 20).
[31] Dictamen
del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidad emitido a tenor del
párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (88º período de sesiones) Comunicaciones Nos.
1321/2004 y 1322/2004.
[32] Colombia
(CCPR/CO/80/COL) 80ª sesión 2004.
[33] Advierte la demanda que
este Grupo de Trabajo “[…] hace parte de los procedimientos especiales
establecidos por la Comisión de  Derechos Humanos y asumidos por el Consejo de
Derechos Humanos para hacer frente, o bien a situaciones concretas en los
países, o a cuestiones temáticas en todo el mundo.”
[34] M.P. José Gregorio Hernández
Galindo
[35] M.P.
Fabio Morón Díaz
[36]  La Corte
Constitucional, en Sentencia C-755 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; S.V.
Jaime Araujo Rentería, declaró una inexequibilidad  parcial de éste literal,
que, en su texto original decía: c) El hijo único hombre o mujer, de
matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada separada o madre
soltera’.
[37] Condicionamiento
contenido en la Sentencia C-755 de 2008, MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jaime
Araujo Rentería.
[38] Corte Constitucional,
sentencia C-478 de 1999 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
[39]  Sentencia C-561 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[40] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[41] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[42] Esta Iglesia profesa un
profundo respeto al prójimo, el amor a los enemigos, y el cumplimiento al
mandato divino de no matar.
[43] En ese momento la
Ley número 1 de 1945.
[44] Considera la sentencia
al respecto: “Juzga la Corte, por otra parte, que el servicio militar en sí
mismo, es decir como actividad genéricamente considerada, carece de
connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual, por
cuanto aquel puede prestarse en diversas funciones de las requeridas para la
permanencia y continuidad de las Fuerzas Militares.  Así, un colombiano llamado
a las filas del ejército nacional, puede desempeñarse en cualquiera de los
distintos frentes que implican la existencia de los cuerpos armados, por
ejemplo en calidad de conductor de vehículo, o como operador de radio,
mediante una razonable distribución de tareas y responsabilidades, en el marco
de las facultades legales de quienes tienen a cargo su funcionamiento.”
Sentencia T-409 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[45] M.P. Fabio Morán Díaz
con Salvamento de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero
y Carlos Gaviria Díaz
[46] Ley 48
de 1993
[47] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo
[48] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo
[49] Tal
ocurría, por ejemplo, con las conductas de cantar el Himno Nacional, saludar a la
Bandera, celebrar los días de fiestas nacionales, portar armas y recibir
adiestramiento para el combate.
[50]
Sentencia T-409 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[51]
Sentencia C-511 de 1994 M.P. Fabio Morón Díaz
[52]
Ibídem
[53]   Sentencia C-561 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esa sentencia se reitera la jurisprudencia plasmada especialmente en  las
sentencias  T-409 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-511 de 1994 M.P.
Fabio Morán Díaz y T-363 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández.
[54] M.P.
Álvaro Tafur Galvis
[55] Para
resolver concretamente la acusación, la
Corte sostuvo que como de conformidad con el artículo 49 de la
Ley 48 de 1993, “[s]on reservistas de las Fuerzas Militares los colombianos
desde el momento en que definan su situación militar hasta los 50 años de edad”,
y en los términos del artículo 55 ibídem, el Gobierno Nacional podía hacer un “llamamiento
especial de reservas”, era claro que los reservistas estaban obligados a
concurrir a la convocatoria en el lugar, fecha y hora señalados en el Decreto
de Movilización o llamamiento especial. Y que, contrariamente a lo sostenido
por el actor, cuando una persona tenía la calidad de reservista de primera
clase y era llamado al servicio, readquiría la calidad de militar en servicio
activo, desde el mismo momento en que se formalizaba dicho llamamiento, lo cual
justificaba que no se violaba la prohibición contenida en el artículo 213 de la
Carta, conforme a la cual  “[e]n ningún caso los civiles podrán ser
investigados o juzgados por la justicia penal militar”.
[56]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[57]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[58]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[59]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[60]
Ibídem
[61]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[62]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[63]
M.P. Adriana María Guillén Arango
[64]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[65]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[66]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[67]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[68] Sentencia T-901 de 2009,
(M.P. Humberto Sierra Porto) y T-957 de 2009, (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). Sobre el concepto
de hecho superado, ver, entre muchas otras, las sentencias
SU-540-2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-233 de 2006 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), T-1035 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Tribiño), T-935 y T-936 de 2002,
(M.P. Jaime Araujo Rentería); T-1072 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett),
T-539 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-923 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), y T-428 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[69]
M.P. José Gregorio Hernández
[70] Ley 48 de 1993. “ARTICULO
11. Duración servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio bajo
banderas tendrá una duración de doce (12) a veinticuatro (24) meses, según
determine el Gobierno”.
[71]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[72]
Ibídem
[73]
Ver al respecto, Auto 114 de 2013, T-260/95, T-360/97,
T-681/10, entre otras.
[74]
Sentencia C-728 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[75]
Página 57.
[76]
El numeral quinto del resuelve de la
sentencia T-455 de 2015 estableció: “No podrá negarse el trámite de ninguna solicitud de
exención al servicio militar por objeción de conciencia, al margen si es
presentada antes o después de la inscripción al servicio militar, o incluso una
vez el obligado ha sido acuartelado con el fin de prestar dicho servicio.// 2.
Las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia,
deben ser resueltas por la autoridad militar de reclutamiento respectiva,
inclusive cuando el conscripto ya se encuentre acuartelado.  En ese caso,
la autoridad de reclutamiento coordinará con el comandante de la unidad militar
correspondiente la notificación y trámite de dicha solicitud. Así mismo, se
coordinará el procedimiento de desacuartelamiento entre la autoridad de
reclutamiento y el comandante de la unidad militar, cuando a ello hubiere
lugar.// 3. Las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de
conciencia, deberán resolverse de fondo y en el término improrrogable de quince
(15) días hábiles.  La respuesta se le notificará al interesado de manera
personal y conforme al procedimiento previsto en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de
2011. En dicha diligencia de notificación se indicarán al solicitante los
recursos que puede interponer contra el acto administrativo, así como ante qué
autoridades debe presentarlos.// Adicionalmente, deberá instruirse a las
autoridades militares para que, al tramitar las solicitudes de exención en
comento, se ciña en lo pertinente a las reglas sobre el procedimiento administrativo
general de que tratan los artículos 34 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.// 4. La
respuesta a las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de
conciencia deberá de ser de fondo.  Por ende, en caso que se niegue la
solicitud, la autoridad de reclutamiento debe indicar las razones completas,
precisas y específicas que fundamentan esa decisión, las cuales no podrán ser
otras que la demostración acerca que las convicciones que fundamentan la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio no son profundas, fijas
y sinceras, según lo explicado en el fundamento jurídico 6.4 de esta sentencia.
En el que se advirtió que corresponde al objetor de conciencia demostrar las
manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber,
probar que su conciencia ha condicionado y determinado su conducta, y por lo
tanto, prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de
ella.// Correlativamente, las autoridades de incorporación y reclutamiento
deberán expresar las razones sustantivas que demuestran el incumplimiento de
esas condiciones, so pena que el acto administrativo correspondiente adolezca
de falta de motivación y, por lo mismo, vulnere no solo la libertad de
conciencia, sino también el debido proceso. A su turno, de requerirse, dichas
autoridades podrán solicitar al peticionario la presentación de información
adicional para resolver la petición, en los términos definidos por el Código
Contencioso Administrativo.// Así mismo, al momento de evaluar las solicitudes
de exención al servicio militar por objeción de conciencia, las autoridades
militares competentes no podrán discriminar a los peticionarios en razón de la
índole de su credo religioso o si fundamentan sus convicciones en motivos que
no tengan ese carácter.  En cualquier caso, deberán resolver la solicitud
con base en el principio pro homine y en los términos fijados en esta
sentencia.// 5.  En ningún caso podrá negarse la solicitud de exención al
servicio militar por objeción de conciencia en razón de la ausencia de
regulación legal sobre el derecho fundamental a la objeción de conciencia.// 6.
En caso que las autoridades militares decidan reconocer al interesado como
objetor de conciencia, se considerará exento de prestar el servicio militar
obligatorio. Así, deberá expedirse la tarjeta de reservista de segunda clase,
regulada en el artículo 30 de la Ley 48 de 1993, sin exigirse ningún otro
requisito que el pago de la cuota de compensación militar.  Esto último
sin perjuicio que el conscripto demuestre que, en virtud de otra norma
jurídica, no está obligado al pago de dicha cuota de compensación.// 7.
En caso que la respuesta afirmativa a la solicitud de exención al servicio militar
por objeción de conciencia se resuelva luego de verificado el acuartelamiento
del interesado, las autoridad militares ordenarán su inmediato
desacuartelamiento, así como el trámite para la expedición de la tarjeta de
reservista de segunda clase, conforme se explicó en el numeral anterior.//
Adicionalmente al instructivo en que se ordenen las reglas expuestas en los
numerales anteriores, el Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional remitirá a
todas las autoridades militares copia de esta sentencia.  Para ello, el
Jefe de Reclutamiento adelantará las medidas necesarias, en aras de garantizar
el derecho a la intimidad de los demandantes, tendientes a que se excluya de
dicha copia toda referencia que permita identificarlos, en particular sus
nombres y lugares de residencia.”