T-436-20
Sentencia T-436/20
Referencia: Expediente T-7.810.888.
Acción
de tutela instaurada por Carmen, en representación de su hija Juliana
y de otros[1],
contra la Secretaría de Salud de la Gobernación de Amarillo y la Unidad
Administrativa de Migración Colombia.
Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Azul (Amarillo).
Asunto:
Derecho a la salud de niños extranjeros en situación de irregularidad
migratoria, urgencia médica.
Magistrada Sustanciadora:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinte
(2020).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las
Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la decisión de segunda
instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Azul
el 29 de noviembre de 2019, que confirmó el fallo emitido el 7 de octubre de
ese mismo año por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Azul, en el
sentido de negar el amparo.
El asunto llegó a esta Corporación por remisión del
juez de segunda instancia[2],
en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y
del inciso 2° del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Fue escogido para
revisión por la Sala de Selección N°2 de 2020, mediante auto del 28 de febrero del
mismo año.
Aclaración previa
En esta oportunidad la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional valorará la situación de varios menores
de edad, entre los que se encuentra una niña de tres años, cuya historia
clínica reposa en el expediente. La continua alusión a ese documento implica
referencias explícitas a datos sensibles. En tal virtud, como medida de
protección a su intimidad, se suprimirá de esta sentencia y de cualquier
publicación de la misma, sus nombres y el de sus familiares, como también la
información que permita identificarlos[3].
En consecuencia, los nombres reales de los sujetos procesales y de las
entidades territoriales en las que ocurrieron los hechos fueron sustituidos por
unos ficticios, que se visibilizarán con letra cursiva.
I.
ANTECEDENTES
Carmen promovió acción de tutela
en contra de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Amarillo y la
Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Considera que esas
entidades vulneraron los derechos a la vida, a la igualdad, a la salud, a la
seguridad social y a la dignidad humana de su hija Juliana, de tres años,
al abstenerse de brindarle atención médica y no expedir en favor de Ana
y Felipe, Teresa, María y Juan, el Permiso Especial
de Permanencia (en adelante PEP), lo que les ha impedido afiliarse al sistema
de seguridad social en salud.
A. Hechos y
pretensiones
1.
Según lo relató la promotora del amparo, tanto ella
como los miembros de su familia son de nacionalidad venezolana. Debido a la
situación política, económica y social que atraviesa su país de origen y,
motivados por la búsqueda de oportunidades laborales, ingresaron a territorio
colombiano “por trochas de manera irregular”[4]
desde el 28 de junio de 2019, junto con su madre Teresa y sus hijos Ana
y Felipe. Hasta la fecha de interposición de la acción de tutela, ellos no
han “podido regularizar (…) [su] estadía aquí en este país”[5],
pues para el momento de su llegada “desafortunadamente ya había pasado el
proceso de inscripción en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolano
(sic.) (RAMV)”[6].
2.
La señora Carmen informó que el 16 de
abril de 2017 llevó a su hija, Juliana, al “Módulo de Tía
Juana La 23”[7]
y fue remitida al Hospital Pedro Garcial Clara,
en donde no la atendieron y, a su vez, la enviaron con un cardiólogo pediatra. Ante
tal recomendación médica, acudió con su hija a Cardio Salud Col donde el
cardiólogo pediatra le diagnosticó “TETRALOGIA DE FALLOT CON MALA ANATOMIA
DE LA ARTERIA PULMONAR Y SUS RAMAS ESTENOSIS VALULAR PULMONAR SEVERA
MIOCARDIPATIA (sic.) HIPERTROFICA SEPTAL SIMETRICA Y ENFERMEDAD DE POMPE”[8].
Dado el estado de salud de Juliana, el especialista le sugirió un seguimiento
por cardiología pulmonar. Sin embargo, hasta cuando se interpuso esta acción de
tutela “la atención en salud a la menor (…) se ha prestado a través de un
programa de la (sic.) APORTANDO UN GRANITO DE ARENA donde nos brindan atención,
pero no completa debido al complejo diagnóstico”[9]
de la niña.
3.
La madre de la menor de edad sostuvo que no
cuenta con los recursos económicos suficientes para proveerle y asegurarle el tratamiento
y la atención que ella requiere, en especial, la atención en “CARDIOLOGIA
PEDIATRICA PULMONAR”[10]. Sobre el particular, aseguró
que son “víctima[s] de la crisis de nuestro país, con necesidades básicas
insatisfechas, que se identifican en carencias de alimentos, salud, vivienda, y
seguridad”[11].
4.
Con ocasión de esa situación, en su criterio, la
Secretaría de Salud Departamental de Amarillo comprometió los derechos
de Juliana, pues no le ha suministrado la atención integral a pesar de
la urgencia de su condición. A su juicio, ha fijado “barreras administrativas”[12]
de acceso a los servicios de salud para la niña. Según lo explicó en el escrito
de tutela:
“(…) han trascurrido más de ocho días hábiles [[13]] y hasta la fecha la Secretaría de
Salud Departamental no le autoriza la remisión a mi hija JULIANA (sic) para
CARDIOLOGIA PEDIATRICA Y PULMONAR; los cuales ordenó el médico tratante por la
gravedad de la enfermedad que está padeciendo, de igual forma poder acceder al
permiso especial de permanencia que otorga la unidad administrativa de
migración Colombia para poder obtener sin ningún problema al (sic) SISBEN, al
aseguramiento en una EPS y poder tener el permiso para transitar y laborar en
este país y poder cubrir las necesidades básicas que requiere mi núcleo
familiar.”[14]
5.
Para Carmen, la conducta de ambas autoridades compromete los
derechos “a la vida, a la igualdad, a la seguridad social, a la salud y a la
dignidad humana”[15] de Juliana. Por ese
motivo, el 30 de julio de 2019[16], acudió al juez de tutela para
solicitar el amparo de los derechos de aquella y de los demás miembros de la
familia. Para su protección, pidió, como medida cautelar, ordenar a la
Secretaría de Salud Departamental de Amarillo, autorizar inmediatamente
la remisión de Juliana a dos especialistas: uno en cardiología
pediátrica y, el otro, en cardiología pulmonar. Justificó su petición en (i) el
“(…) riesgo itinerante (sic.) su salud teniendo en cuenta que requiere
manejo urgente por riesgo de deterioro clínico”[17];
(ii) la necesidad de contener las secuelas de su condición; y (iii) la
existencia de orden médica al respecto.
6.
A su vez, planteó cuatro medidas definitivas
contra la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Secretaría
de Salud Departamental de Amarillo. De un lado, en relación con la situación
migratoria, pidió que se “(…) autorice a la Unidad Administrativa
Migración Colombia; le expida el PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA, a mi hija JULIANA, ANA - FELIPE, MI MAMA TERESA, MI HERMANA MARÍA
Y MI SOBRINO JUAN”. De otro, respecto del derecho a la salud de la
niña, reclamó (i) la autorización de la remisión con los especialistas referidos
para ella; (ii) la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, tanto de
Juliana como de su grupo familiar; y, (iii) “(…) la protección
integral y permanente del derecho a la salud que por la situación especial por
la cual está atravesando mi hija JULIANA (sic.), requiere tratamientos,
procedimientos y medicamentos a largo plazo, para evitar que se interrumpan los
tratamientos ordenados por el médico tratante o por los que a futuro se generen”[18].
Finalmente, requirió que se efectúen las “(…) prevenciones establecidas en
el artículo 24 del decreto No. 2591 de noviembre 19 de 1991”[19].
B. Actuación procesal
Repartido el escrito de
tutela al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Azul (Amarillo)[20], ese despacho admitió la demanda por auto del 31 de julio de
2019, mediante el cual (i) notificó a las accionadas; (ii) vinculó
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -a cargo de “(…)
la creación del registro Administrativo de Migrantes Venezolanos”[21] (en
adelante, RAMV)-, a la Administradora Temporal del Sector Salud en el
Departamento de Amarillo (en virtud de la intervención administrativa a
la que fue sometida la Secretaría Departamental de Salud), al Defensor de Familia
y al Procurador de Familia (por estar en discusión los derechos de una menor de
edad); y, por último, (iii) decretó la medida provisional para ser ejecutada en
un plazo máximo de 24 horas[22].
La medida provisional consistió
en enviar la niña con un médico general “para que este (…) determine las
remisiones a las que haya lugar que merezcan tratamiento urgente”[23].
Mediante comunicación del 1° de agosto de 2019, la Administradora Temporal para
el Sector Salud en el Departamento de Amarillo informó que “el día de
hoy (…) se le autorizó el servicio por medicina general en la E.S.E. HOSPITAL
PALOMA a la menor JULIANA, documento que fue entregado directamente a la
accionante a las 9:00 am del presente día”[24].
A través del auto del 12 de agosto de 2019[25],
con el propósito de verificar el estado de salud de la niña, el juez de
instancia decretó una inspección judicial que tendría lugar, ese mismo día, en
las dependencias del Hospital Paloma de la ciudad de Azul.
Al realizar la diligencia, ese despacho encontró que, para ese momento, “no aparec[ía]
atención en salud en favor de la menor (sic.)”[26].
Posteriormente, el 13
de agosto de 2019, el Hospital Paloma E.S.E. aportó copia de la historia
clínica de Juliana[27].
En el documento se aprecia que desde temprana edad presenta coloración azulada
en labios y uñas[28],
como también fatiga. El profesional de la salud concluyó que la menor de edad
presentaba “DX: 1. TETRALOGIA DE FALLOT Y MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA SEPTAL
SIMETRICAS VS ENFERMEDAD DE POMPE??? 2. DESNUTRICION MODERADA 3. RETRASO
PSICOMOTOR 3. (sic.) DERMATITIS ANALISIS. (…) REQUIERE SER VALORADA DE
FORMA PRIORITARIA POR CARDIOLOGIA PEDIATRICA PARA MANEJO DE SU PATOLOGÍA
CARDIACA, CON DNT A BASE DE SU PATOLOGIA POR LO CUAL NO ES CANDIDATA PARA
INGRESAR A CENTRO RECUPERACIONAL SEGÚN LINEAMIENTO DE DESNUTRICION.”
Como consecuencia de
ello, se le prescribieron varios medicamentos[29],
cita con odontología y “SE REALIZA CONSEJERIA DE LA PREVENCION DE ACCIDENTES
EN EL HOGAR, Y SE RECOMIENDA CUMPLIMIENTO EN LAS CONSULTAS MEDICAS Y
VACUNACION. SE DAN SIGNOS DE ALARMA::: SI PRESENTA FIEBRE QUE NO MEJORA CON
ACETAMINOFEN SI ALETEO NASAL SI PERDIDA DE CONSCIENCIA, SI SE PONE MORADO
(CIANOSIS) SI RETRACCIONES INTERCOSTALES (SI SE LE UNDEN LAS COSTILLAS)
CONVULSIONA, NO COME NADA, VOMITA TODO::: PARA ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIAS”[30].
Una vez el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Azul emitió decisión de fondo[31], fue impugnada
por la Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia. Al resolver el asunto, el Tribunal
Superior de Azul encontró que el extremo pasivo no estaba conformado por
todos los interesados en el caso, de modo que, mediante auto del 23 de
septiembre de 2019[32],
declaró nulo el trámite surtido y ordenó rehacerlo.
En acatamiento de lo
ordenado por el Tribunal, el juez de primera instancia profirió el auto
admisorio el 26 de septiembre de 2019. En él vinculó a “la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (…) la Administradora
Temporal del Sector Salud en el Departamento de Amarillo, [e]l Ministerio de
Relaciones Exteriores, Defensoría Regional del Pueblo, al Alcalde Distrital de Azul,
(…) la Secretaría de Salud de este Distrito, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Ministerio de Salud y Protección Social, (…) la Presidencia de la
República, Cancillería de Colombia, Oficina de Sisbén (sic.) de Azul, al
defensor de familia y al Procurador de Familia de esta ciudad”[33].
En la misma
providencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Azul, nuevamente, accedió
a la medida provisional solicitada por la parte accionante en favor de Juliana[34]. Le ordenó
a la Secretaría de Salud Departamental y al Administrador Temporal de Salud en
el Departamento de Amarillo que, en 24 horas, “autorice la remisión (…)
a un médico general, para que este a su vez determine las remisiones a las que
haya lugar que merezcan tratamiento urgente, las cuales deberán autorizar
aquellas entidades dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su
expedición”[35].
Respuesta de las entidades
demandadas[36]
1. La Administradora Temporal para el
Sector Salud en el Departamento de Amarillo, en representación de la
Secretaría de Salud Departamental, informó que el Gobierno Nacional, en cabeza
del Consejo Nacional de Política Económica y Social, asumió en forma temporal
las competencias en la prestación del servicio de salud en el departamento.
Para ese efecto, el Ministerio de Salud y de Protección Social le designó como
administradora del sector, mediante Resolución N°573 de 2017.
En relación con la solicitud de amparo, recalcó la
importancia de la legalización de la condición migratoria de la accionante, solo
a través de la cual podría afiliarse al sistema de seguridad social en salud. Manifestó
que, en desconocimiento de ello y con frecuencia, los jueces de tutela ordenan
la prestación del servicio médico asistencial y especializado en el
departamento de Amarillo a favor de la población migrante. Obvian “el
Permiso Especial de Permanencia como documento válido para que los ciudadanos
venezolanos se puedan incorporar al sistema de salud colombiano”[37]. Ese
documento también es otorgado a los extranjeros incluidos en el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos. Sin embargo, como los recursos
destinados para su atención en salud han sido distribuidos entre los
departamentos y distritos que atienden a la población fronteriza, hizo énfasis en
que “(…) los servicios que no se encuentren dentro de la RED PÚBLICA
HOSPITALARIA en el Departamento de Amarillo, el accionante se encuentra en
discrecionalidad de encontrar el servicio requerido en la red pública
hospitalaria de los de más departamentos y distritos del país que atiendan a la
población fronteriza”[38].
Con fundamento en esa posibilidad, solicitó que se le desvincule de este
trámite constitucional, pues indica que no ha comprometido derecho fundamental
alguno.
Adujo que cualquier orden judicial que se emita para
resolver este asunto debe orientarse únicamente a la expedición del permiso
mencionado, pues solo así se aseguran íntegramente los derechos fundamentales
de los migrantes. Con arreglo a esta posición, solicitó conminar a Migración
Colombia para la expedición del permiso especial de permanencia y a las
autoridades locales para aplicar la encuesta SISBÉN, por lo que solicitó
vincular a la Secretaría Municipal de Salud de Azul.
2. La Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia destacó que la
resolución del asunto debe sustentarse en el “principio del interés superior
del menor”[39].
Ese postulado le impone al Estado la obligación de garantizar los derechos de Juliana
en forma prevalente e integral. Precisó que, si bien el acceso al sistema de
salud colombiano está mediado por el cumplimiento de los requisitos legales, es
necesario asegurar la atención de urgencias a todos los migrantes, en especial cuando
se trata de niños y niñas, de conformidad con las sentencias T-210 de 2018, SU-677
de 2017, de la Observación General N°14 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y, especialmente, del artículo 4° de la Ley 1098 de 2006,
según el cual los menores de edad, tanto nacionales como extranjeros, deben
lograr la misma protección institucional.
Sobre el caso concreto
señaló que, si bien se aportaron documentos que dan cuenta de la atención
médica recibida por la niña, al parecer en Venezuela, “(…) la señora CARMEN
no es clara en informar cuáles son las acciones o las omisiones de las
entidades accionadas (…) nada dice sobre cuándo, cómo y dónde realizó trámites
para afiliar la niña al sistema de salud en Colombia y cómo o cuándo le fue
negada la prestación de tal servicio”[40].
Aun así, consideró que es necesario tutelar los derechos ante la situación de
salud que presenta la niña. En relación con su condición migratoria, señaló que
conviene aguardar la información que brinde Migración Colombia. No obstante, para
esa funcionaria, las pretensiones en esta materia sobre los miembros de la
familia de la menor de edad son “ajenas a este trámite”[41].
Finalmente, solicitó la
vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Defensoría Regional
del Pueblo, del Alcalde Distrital de Azul y de la Secretaría Distrital
de Salud de la misma ciudad[42].
3. La Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (en adelante UNGRD) señaló que no le consta ninguno
de los hechos relatados en el escrito de tutela y que el conocimiento que tiene
de ellos fue producto de la notificación de este trámite. Afirmó que ni la
accionante ni los miembros de su familia, se encuentran en el RAMV. Expresó que
desconoce la razón por la que ninguno de ellos ha tramitado el PEP.
En su defensa, invocó la falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues sus funciones (determinadas en las Leyes 4147 de 2007 y 1444
de 2011) no guardan ninguna relación con las pretensiones de la actora: no está
facultada para ordenar o gestionar la expedición del PEP, la atención en salud o
la encuesta e inscripción en el SISBÉN. Según su postura, ninguna de las órdenes
que pueden emitirse en relación con este expediente podrían dirigirse contra esa
entidad.
Informó que su relación con el RAMV se limitó a la
administración de la base de datos, de conformidad con el Decreto 542 de 2018.
Tal función le fue adjudicada en la medida en que contaba con una herramienta para
la caracterización de población (Registro Único de Damnificados), que podía “adaptar
(…) para que sea el instrumento de recolección de información sobre migrantes
venezolanos en territorio colombiano, en coordinación con el Departamento
Nacional de Estadística -DANE”[43].
Aclaró que el RAMV, cuyo propósito fue la ampliación de la información sobre
el fenómeno migratorio para establecer la política integral de atención a la
población extranjera en Colombia, tuvo una duración de dos meses que fueron
prorrogados. En cualquier caso, su papel respecto a dicho registro ya culminó. Si
la accionante pretende la regularización de su estancia en el país, debe acudir
a Migración Colombia.
Sobre el derecho a la salud de los extranjeros que no han
regularizado su situación migratoria, recordó que pueden esperar la atención de
urgencia, con el fin de preservar la vida, pero manifestó que no tiene
competencia para intervenir en ello, pues sus funciones apuntan a la dirección
y coordinación del sistema de formulación, implementación, articulación y
evaluación de la política pública en materia de gestión del riesgo de desastres.
Destacó que, en cualquier caso, según la jurisprudencia, “(…) los migrantes
deben agotar unas cargas mínimas para regularizar su situación migratoria”[44] y lograr
la afiliación al sistema de salud.
4. El Ministerio de Relaciones
Exteriores solicitó declarar improcedente la acción de tutela en relación
con esa entidad y desvincularlo del asunto. Señaló que es la encargada de “[f]ormular,
orientar, ejecutar y evaluar la política migratoria de Colombia y otorgar las
autorizaciones de ingreso de extranjeros al país, en coordinación con la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia”[45], conforme
a la Ley 489 de 1998, el Decreto 869 de 2016 y la Resolución 9709 de 2017. Ninguno
de los argumentos de la tutelante se relaciona con esas funciones, de modo que carece
de competencia para intervenir. Resaltó que no presta, directa o
indirectamente, ningún tipo de servicio de salud. Tampoco tiene injerencia en
los procesos de afiliación al sistema de seguridad social, ni tiene a cargo
servicios sociales en favor de los migrantes.
Respecto de la condición de los extranjeros en el país, sostuvo
que es su obligación permanecer de manera regular. Para ello, junto con la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, “(…) proveen al foráneo la
posibilidad de regularizar su situación migratoria en cualquier tiempo”[46]. Cuentan
con 27 Centros Facilitadores de Servicios Migratorios a nivel nacional y con canales
de información electrónica y telefónica para la orientación de los interesados.
Además, existe una oferta variada de permisos migratorios que responden a
diferentes intenciones de estancia en el territorio nacional, por ejemplo, las
visas o los Permisos de Ingreso y Permanencia (PIP). Su otorgamiento es rogado,
de modo que debe ser solicitado por el interesado mediante medios presenciales o
electrónicos. En ocasiones depende del pago de una tasa que varía en relación
con el documento y la nacionalidad del peticionario[47]. Sin
embargo, consultadas las bases de datos de la entidad, no existe ninguna
solicitud al respecto por parte de la señora Carmen ni del grupo
familiar que ella relaciona en el escrito de tutela[48].
Ahora bien, los Permisos Especiales de Permanencia (PEP)
fueron concebidos en el Decreto 0542 de 2018 y en la Resolución 5797 de 2017.
Su naturaleza es la de ser “(…) un documento de identificación válido para
los nacionales venezolanos en territorio colombiano que les permite permanecer
temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta
institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños,
niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal”. Se
concede a quienes estén inscritos en el Registro Administrativo de Migrantes
Venezolanos y que, además, (i) se encontraran en territorio colombiano hasta el
18 de abril de 2019; (ii) no tengan antecedentes o requerimientos judiciales
nacionales o internacionales; (iii) ni medida de expulsión o deportación
vigente. En todo caso, destacó que Migración Colombia es la competente para la
expedición de los PEP. Se trata de una entidad adscrita a ese Ministerio, sin
que sus funciones sean idénticas[49].
Sobre la procedencia de la acción de tutela, ese Ministerio
aseguró que no es la entidad encargada de los PEP ni de la atención en salud,
por lo que las pretensiones de la acción de tutela escapan a su competencia y no
existe legitimación en la causa por pasiva.
5. La Alcaldía de Azul, a
través de su Secretario de Salud, manifestó que, según los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social, las personas provenientes de Venezuela
deben contar con “(…) una póliza de salud que permita la cobertura ante
cualquier contingencia”[50].
Al no disponer de aquella, es posible su atención ante la ocurrencia de una
urgencia médica. Ahora bien, para su inclusión en el sistema de seguridad
social en salud es indispensable que cuenten con un documento de
identificación, como el PEP.
Respecto a las gestiones adelantadas para atender la
creciente demanda de servicios de salud por parte de la población migrante, sostuvo
que las mismas les corresponden a los departamentos. Adicionó que “(…) las
asignaciones presupuestales emanadas del Ministerio de Salud y Protección
Social tienen unas actividades o destinos específicos que para el Distrito de Azul
no es la prestación de servicios de salud, es decir, que (…) no podemos brindar
la atención especial del servicio de salud de la Población Venezolana, pero
dentro de los Proyectos y Programas que se ejecutan por la Alcaldía Distrital
de Azul (Secretaria de Salud Distrital) se incluyen actividades de Promoción y
Prevención dirigidas a la Población migrante de Venezuela”[51].
6. El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público manifestó que, como quiera que no presta ni
tiene injerencia sobre los servicios de salud deprecados o sobre el acceso a
los permisos especiales de permanencia, su convocatoria a este trámite
constitucional no tiene objeto, de modo que es improcedente respecto de él.
Sobre ello precisó que ninguna de sus funciones, regidas por el principio de
legalidad, tienen relación con los hechos y las pretensiones del escrito de
tutela[52].
7. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, a través de una de las Defensoras de
Familia de la Regional Amarillo, coadyuvó la acción de tutela en lo
relacionado con los derechos de Juliana[53].
Destacó que la condición cardiaca de la niña exige su atención médica
especializada, a la que no ha accedido en la medida en que no cuenta con
permiso especial de permanencia. Al respecto, considera que es exigible la
igualdad entre los menores de edad nacionales y los migrantes, pues el Código
de Infancia y Adolescencia en su artículo 4° así lo prevé. Por ende, no concibe
la obligación del Estado colombiano en lo que respecta únicamente a la atención
de urgencia de la niña, cuando el servicio por medicina especializada y el
tratamiento, son exigencias que derivan de la condición del ser humano[54]. En
consecuencia, concluyó que es necesario que la Unidad Administrativa Especial de
Migración Colombia otorgue el PEP, con el fin de que la accionante pueda
solicitar la encuesta del SISBÉN y logre su afiliación en salud, ante su
delicada condición.
C. Decisiones objeto de
revisión
Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 7 de octubre
de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Azul
(Amarillo) negó el amparo de los derechos de Juliana y no accedió
a las pretensiones respecto de los demás miembros de la familia de la señora Carmen[55].
Encontró que la acción de tutela promovida por la niña, a
través de “agente oficioso” es procedente y, una vez contextualizó el
proceso migratorio actual y destacó los derechos y deberes de los extranjeros
en relación con el sistema de seguridad social en salud, precisó que en el caso
concreto se encuentra que Juliana requiere una cita prioritaria y no
urgente. El médico tratante calificó de esa manera sus necesidades clínicas el
12 de agosto de 2019. Por otra parte, en lo que atañe a la expedición del PEP, dedujo
que no hay ninguna vulneración por parte de Migración Colombia, si se tiene en
cuenta que, sin la solicitud de la madre de la menor de edad, no puede identificarse
alguna gestión que dicha entidad tuviera que realizar al respecto. La progenitora
tampoco expresó cuáles fueron las dificultades que encontró para regularizar su
estancia en el país.
Impugnación
La Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia impugnó esa
decisión. Manifestó que la niña ya ha llegado a la cianosis, de modo que
requiere atención de urgencia. En seguimiento de la Resolución 5269 de 2017, es
claro que la urgencia médica engloba los procedimientos y servicios que sirven
para preservar la vida y prevenir consecuencias críticas permanentes o futuras
para la salud. Así, considera que, en esta oportunidad, es necesaria la
intervención urgente del juez constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La decisión de primera instancia fue confirmada en el fallo
del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Azul. Para esa sede judicial, la estancia de la
familia de la menor de edad en el territorio nacional no ha sido regularizada y
no hay acción u omisión que pueda serle atribuida a las entidades demandadas, pues
la madre de la menor de edad no emprendió trámite alguno en relación con ninguna
de las áreas de su interés. Por ende, la amenaza de los derechos de la
accionante “(…) es consecuencia de su propia incuria”[56] de modo
que la falta de los servicios médicos es imputable a la madre y no a las
entidades accionadas, sin que aquella pueda beneficiarse de su propia culpa. Asimismo,
tal y como lo planteó el a quo, la atención prioritaria difiere de la
atención por urgencia. La primera se brinda en “(…) enfermedades de baja
complejidad”, mientras que la segunda, está reservada para episodios que
requieren atención médica inmediata, con el fin de disminuir el riesgo de
invalidez o muerte, pero en este asunto la niña no presenta una urgencia vital.
D. Actuaciones de la
Corte Constitucional en el trámite de Revisión
El asunto de la
referencia fue repartido al despacho de la magistrada ponente el 13 de
marzo del presente año, pero con ocasión de la
emergencia de salud pública generada por la pandemia que provocó el COVID-19,
mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020[57] el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos
judiciales en todo el país. Esta medida cobijó a las Altas Cortes[58] y,
específicamente, a los trámites de revisión eventual de tutelas en la Corte
Constitucional[59].
De esta suerte, la suspensión que inicialmente fue prevista entre el 16 y el 20
de marzo del presente año, fue prorrogada hasta el 30 de julio de 2020 en forma
sucesiva e ininterrumpida, mediante posteriores acuerdos adoptados por esa
misma institución[60].
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de las competencias otorgadas por el Decreto 469 del 23 de marzo de
2020 y mediante Auto 121 del 16 de abril de 2020, autorizó a las distintas
Salas de Revisión para levantar dicha suspensión en las condiciones
establecidas en dicho acto. La Sala Sexta de Revisión, a través del Auto del
4 de mayo de 2020, levantó la suspensión de términos con la finalidad de
recaudar elementos de juicio adicionales para resolver este asunto. Tal
levantamiento tuvo el objetivo exclusivo de adelantar el trámite probatorio[61]. La
solicitud de información a la accionante y a algunas de las entidades públicas
accionadas y vinculadas, se efectuó de la siguiente forma:
1. A Carmen,
le pidió indicar sobre el estado de salud de la niña, su estatus migratorio, el
de su familia y las condiciones socioeconómicas actuales de sus miembros[62].
Ante la emergencia suscitada por la
declaratoria de emergencia sanitaria, se contactó a la accionante a través de
los números telefónicos suministrados en el escrito de tutela[63]. El
objetivo fue identificar una dirección de correo electrónico a la cual pueda
remitirse el auto del 4 de mayo de 2020, con el cuestionario correspondiente.
Telefónicamente la accionante suministró el dato, pero la comunicación fue
infructuosa, como lo informó la Secretaría de esta Corporación el 12 de junio
siguiente. En vista de ello, se contactó nuevamente a la accionante a través de
los números de contacto inicialmente identificados. Una vez establecida la
comunicación con ella, aportó un correo electrónico al que finalmente se logró remitir
la información.
De ese modo, mediante comunicación electrónica
del 8 de julio de 2020, la madre de la niña y promotora del presente amparo
constitucional manifestó que ella, luego de ser desalojada de varios lugares y
haber estado en condición de calle por ocho días, vive en Azul, en una casa
en donde paga $200.000 mensuales por una habitación. En ella habita “con
mis hijos Ana de 12 años, Felipe de 5 años y Juliana de 3 años”[64].
Sin embargo, dijo estar en riesgo de desalojo. No cuentan con servicios
públicos, por lo que el agua debe obtenerla regalada o comprarla a particulares.
Ella sostiene a sus hijos con la venta esporádica de jugos, con donaciones de
su familia y amigos, y sus parientes la apoyan en el cuidado de los niños.
Provienen de Ciudad Ojeda, del Estado Zulia en
Venezuela, desde donde llegaron a Colombia el 28 de junio de 2019, junto con su
mamá y uno de sus sobrinos. Su ingreso al país tuvo como propósito “(…) suplir
las necesidades de alimentación y de servicios de salud para mis hijos, quienes
empezaron a padecer de desnutrición, ya que en muchas ocasiones solo podíamos
consumir una comida al día”[65].
Para ello, ingresaron a territorio colombiano a través de la frontera con el
corregimiento de Verde (Amarillo), “(…) donde no hicimos
ningún control migratorio ya que no contamos con pasaportes o cualquier otro
documento de viaje”[66],
mismos que no habían necesitado, pues hasta entonces nunca habían salido de su
país. En esa medida, la imposibilidad para llevar a cabo el proceso de
regularización en su caso concreto deriva de que no cuentan con pasaporte y,
por ende, no reúnen los requisitos para tramitar el permiso especial de
permanencia. Relató que el 29 de diciembre de 2019, le hurtaron su documento de
identidad en Azul[67].
Aunque ha tratado de tramitar su reexpedición con el apoyo de los familiares
que permanecen en Venezuela, no ha sido posible porque las instituciones
públicas no tienen papel. Pero, en cualquier caso, la accionante informó que no
dispone de los recursos para cubrir los gastos asociados a una visa.
En vista de lo anterior, la madre de Juliana,
(i) intentó acceder a la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, pero ante una falla
en la página de Migración Colombia no lo logró y (ii) solicitó la condición de
refugiada en la Cancillería colombiana, proceso sobre el que no ha podido hacer
el seguimiento que corresponde “al no tener acceso a medios informáticos
para revisar mi correo electrónico o un teléfono celular (…) más aún durante la
emergencia sanitaria por covid-19, ya que las oficinas de entidades públicas
como Migración Colombia se encuentran cerradas y no están brindando atención
presencial en sus sedes o por línea telefónica”[68].
En relación con la condición de salud de
su hija, refirió que en varias oportunidades acudió con ella al servicio de urgencias,
pero es usual que luego de varias horas de espera, no reciba ninguna atención
médica o se le sugiera ir a otros lugares en donde también “la rechazan”[69]. Logró
atención para la niña en agosto y diciembre de 2019, como también en marzo de
2020. En agosto, la institución que la atendió le manifestó que tenía pocas
posibilidades para atender su cardiopatía. En diciembre, la menor de edad
presentó dificultad para respirar y estuvo hospitalizada por 3 días. En esa
oportunidad, no le otorgaron la cita con el especialista como consecuencia de
su nacionalidad y de la ausencia del PEP. Le advirtieron que la llamarían para acordar
la manera para prestar el servicio requerido, pero nunca se comunicaron con
ella. Indicó que no cuenta con los recursos para comprar medicamentos y
prescripciones médicas, por lo que ha acudido a una organización humanitaria de
la que, algunas veces, ha obtenido apoyo. La Defensoría del Pueblo intercedió
en este caso, pero la señora Carmen aun no obtiene información sobre su
gestión.
Según lo afirmó, ante la insuficiencia
del sistema de salud en el departamento de Amarillo, en la red de
atención le sugirieron desplazarse a otras regiones para obtener los servicios
que requería su hija. Así, en una ocasión se dirigió a Santa Marta donde la
niña estuvo hospitalizada por tres días y cuando parecía que le ofrecerían el servicio,
la atención fue negada en vista de su nacionalidad y su condición migratoria. Allí
le mencionaron que la atención podría ser materializada en Barranquilla o
Bucaramanga, posibilidad que se descartó por la ausencia del PEP. Producto de
ello, regresó a Azul con una serie de prescripciones y cuidados que ella
no podía cubrir, pues en ocasiones ni siquiera puede brindarles una alimentación
adecuada a sus hijos.
Indica que, a medida que pasa el tiempo,
nota que “su condición de salud desmejora”[70]
y considera que, con la emergencia sanitaria actual, la niña tiene menos
posibilidades de ser atendida. Regularmente, presenta dificultad para respirar,
se fatiga y su piel se torna morada o azul. A su edad, no camina, depende
enteramente de otros para movilizarse y no controla esfínteres.
2. A la Procuradora 24 Judicial II
para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia
y la Familia, la Sala le solicitó acreditar el evento de cianosis que padece
la menor de edad. Ella planteó que, de conformidad con la información que
reposa en el expediente, la cianosis estuvo presente en su diagnóstico “y
por ello requiere evolución (urgente) por especialistas en cardiología infantil”[71].
3. A la Secretaría de Salud Departamental de Amarillo
y a la Administradora Temporal del Sector Salud, el despacho les pidió
absolver un cuestionario común[72].
El Administrador
Temporal sostuvo que acató la medida provisional decretada por el juez de
primera instancia, con la atención médica del 12 de agosto de 2019. En relación
con la instrucción dada al profesional de la salud para el cumplimiento de la
medida, no hizo ninguna manifestación y evocó la prescripción que emitió en esa
oportunidad. El funcionario aclaró que no adelantó ninguna gestión en relación
con la prescripción médica de la niña “(…) porque no se contaba (sic.) esa
subespecialidad en la red pública”[73],
puesto que “se realizó la solicitud nuevamente a la red prestadora, no
encontrando el servicio de cardiología pediátrica”[74]
en la red pública, pero sí en la privada del departamento[75].
Hizo un llamado sobre
la atención prioritaria ordenada por el médico. En tal sentido, resaltó que los
migrantes que no han regularizado su estancia en Colombia “solo pueden
acceder a servicios de urgencias”[76].
Así, el tratamiento ambulatorio que se incluyó en la orden médica del 12 de
agosto de 2019 no es responsabilidad del ente territorial. Destacó que los
recursos emanados del Ministerio de Salud y Protección Social son reservados
para la atención inicial de urgencias y la atención de urgencia de esa
población.
Informó que luego de
esa primera atención, del 12 de agosto de 2019, la niña ha sido atendida por el
servicio de urgencias. Tras la interposición de esta acción de tutela, ingresó
al servicio de urgencias en dos oportunidades: la primera el 14 de agosto, con
salida del 16 siguiente, y otra del 4 de diciembre de ese mismo año. En esta
última, la atención obedeció a “un cuadro de crisis de cianosis por
antecedente de cardiopatía congénita”[77],
lo que demandó que permaneciera por un día en el hospital y que el médico
pediatra recomendara lo siguiente:
“1.-remisión
urgente a cardiología pediátrica, 2. Dieta acorde a la edad, 3. Tapón heparinizada, 4, curvas térmicas,
vigilar presencia de crisis de cianosis, 5. Avisar eventualidades, como
antecedente dx, tetralogía de fallot, mala anatomía de la arteria pulmonar,
estenosis valvular severa, 2.Miocardiopatía hipertrófica septal simétrica, +
enfermedad de Pompe, y es dada de alta médica el día 05 de diciembre del mismo
año (…) por el pediatra (…) que indicó 1. cita prioritaria por consulta externa
con cardiología pediátrica. 2. Control por la consulta eterna por pediatría en
7 días”[78].
(Énfasis propio)
Destacó que entre la
atención prioritaria y aquella de urgencia existen diferencias. La atención
prioritaria “(…) es un servicio de primer nivel (…) cuando el paciente no
requiere de ayuda especializada pero la enfermedad no le permite esperar por
una cita ambulatoria de consulta externa”[79],
mientas la urgencia o emergencia vital, se asume como “(…) toda condición
clínica que implique el riesgo de muerte o de secuela funcional grave, la
atención de urgencia o emergencia vital ante un hecho de tal envergadura, debe
ser inmediata e impostergable”[80].
Ante la pregunta
sobre el riesgo para la vida de la menor de edad en virtud de su diagnóstico,
el Administrador sostuvo que no puede hacer ninguna conclusión al respecto, al
corresponder a los médicos. No obstante, destacó que “(…) el proceso natural
de la enfermedad es inherente a cada persona”[81].
Finalmente, precisó que la enfermedad de pompe es considerada una enfermedad
huérfana, de alto costo.
También aclaró que,
en relación con los servicios de los que no dispone la Red Pública Hospitalaria
del Departamento de Amarillo, la accionante podría acudir a otra red de
servicios en forma discrecional, pues son varias las que atienden a la
población migrante y pueden contar con hospitales de tercer nivel. En ese
sentido, insistió en que la Secretaría de Salud de Amarillo le ha
ofrecido los servicios iniciales de urgencia, en las condiciones de
disponibilidad que tiene.
Sobre la
jurisprudencia que define el alcance del concepto de urgencia, el Administrador
fue enfático en que la Corte Constitucional ha hecho conclusiones por fuera de
aquel. Por ejemplo, cuando incluye como urgencia el tratamiento del cáncer, extiende
“(…) una mala interpretación de los despachos judiciales del concepto de
urgencia”[82],
pues “(…) si la urgencia conlleva el tratamiento de una enfermedad
catastrófica, ya no hablamos de tratamiento de urgencia, sino de tratamiento
integral”[83],
lo que reduce la estabilidad financiera del sistema de salud. Con decisiones
como esas, el interviniente refiere que “(…) por vía de tutela se INAPLICAN
las normas frente a migración, se INAPLICAN las normas referidas a AFILIACIÓN
AL SGSS, se inaplican las normas referidas a ATENCION INICIAL DE URGENCIAS, y
se perjudica enormemente las posibilidades de tener seguridad, planificación y
estructuración de políticas públicas”[84].
4. Al Hospital Paloma la Sala le pidió aclarar quién es la persona que suscribió
el documento aportado al proceso el 13 de agosto de 2019, aparentemente a
nombre de la entidad, sin obtener respuesta alguna sobre el particular.
5. Al Ministerio de Salud y la
Protección Social la Sala le planteó un
cuestionario específico[85].
Manifestó que, en la actualidad, tienen lugar procesos de migración que han
generado debates sobre la condición del extranjero y sus derechos. Bajo tal
perspectiva, las instancias internacionales asociadas a la Organización de
Naciones Unidas “(…) han propiciado tratamientos protectores, no
discriminatorios, basados en la dignidad de la persona y su condición como tal”[86].
Sin embargo, son los Estados los que asumen las consecuencias del fenómeno
migratorio, pese a lo cual las reglamentaciones provenientes de aquel organismo
internacional se superponen a las suyas.
Una de tales regulaciones supranacionales
es el Pacto Global para la Migración Segura, que dispone la necesidad de
incorporar las demandas en salud de la población migrante a las políticas
públicas nacionales y la obligación de reducir las vulnerabilidades asociadas a
la migración, con propósitos de inclusión y cohesión social. Las normas
internacionales apuntan a “(…) una esfera protectora que impida el rechazo del
migrante o, en caso extremo, que su vida o su integridad corran peligro, bien
por actos xenófobos que se desplieguen en su contra bien porque las
instituciones de prestación de servicios de salud cierren sus puertas a la
atención en salud que puedan necesitar con urgencia y queden a expensas de la
muerte.”[87]
Para su consolidación es preciso acudir al “(…) principio pro homine, de
estrecha raigambre internacional, y que fue acogido sabiamente por la Ley 1751
de 2015, estatutaria del derecho fundamental a la salud.”[88]
En Colombia, cualquier afiliado
al sistema de seguridad social, independientemente de la nacionalidad, tiene
derecho a la protección integral de la salud, como “habitante”[89]
del territorio conforme el artículo 49 superior. En esa medida, el derecho a la
salud es universal entre las personas residentes en el territorio colombiano, desde
una perspectiva progresiva de las prestaciones necesarias para su ejercicio. Por
ende, los venezolanos en nuestro territorio pueden afiliarse al sistema de
salud de conformidad con su capacidad de pago, al régimen contributivo o al
subsidiado, cuando cuentan con la documentación necesaria para ello. La vinculación
al sistema requiere la regularización de la estancia en el país.
Ahora bien, dentro de la
estructura del sistema la atención inicial de urgencias, de conformidad con la
Ley 100 de 1993, se debe prestar a “todas las personas”[90].
Tienen derecho a “[r]ecibir la atención de urgencias que sea requerida con
la oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible documento o
cancelación de pago previo alguno”[91]
como lo señaló la Ley 1751 de 2015 en su artículo 10. Para esos efectos, la
atención de urgencia fue definida mediante la Resolución N°5758 de 2018 como
una “modalidad de prestación de servicios de salud, que busca preservar la
vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el
uso de tecnologías en salud para la atención de usuarios que presenten
alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y
con cualquier grado de severidad que comprometan su vida o funcionalidad”[92].
De cara a la jurisprudencia sobre el asunto, no está en duda lo relativo a la
atención de urgencias ni a la protección especial que merecen los menores de
edad, pues “sin duda (…) gozan de protección especial y, por ende, es
posible su afiliación sin importar el tiempo de permanencia”[93].
El Ministerio ha respondido al fenómeno migratorio a través de un Plan[94],
que en el sector salud opera como un documento indicativo de apoyo en la
gestión territorial, en relación con estos temas.
Las personas migrantes que no
han regularizado su estancia en territorio colombiano tienen acceso a servicios
de urgencia, para cuya materialización existen parámetros y beneficios “con
recursos especiales y particulares para tal población especial; recursos
profesionales, técnicos y económicos diferentes a los del aseguramiento en
salud”[95].
De este modo los recursos empleados por los departamentos para la atención de
población no regularizada son complementados con esfuerzos presupuestales de la
Nación. En el caso de Amarillo, desde 2017 se han asignado
$23.001.795.099 para dichas atenciones, como se observa a continuación:
Tabla 1. Suministrada por el interviniente[96]
El uso de estos recursos,
conforme al Decreto 2408 de 2018, está condicionado a que (i) exista la
necesidad de atención inicial de urgencias, (ii) para un nacional de país fronterizo
(iii) que no cuente con subsidio ni seguro en salud, (iv) ni con los recursos
para costear el servicio y (v) que este último se haya prestado en la red
pública hospitalaria del departamento o distrito. Entre tanto, las urgencias
son financiadas “(…) con cargo a los recursos de libre destinación que el
ente territorial determine para ese propósito o con aquellos asignados en
aplicación del Decreto 2408 de 2018, en caso de que no puedan ser asumidos por
la persona migrante”[97].
En cuanto a la población migrante sin estancia regular en el país, más allá de
la atención de urgencias y la inicial de urgencia, no se ha previsto una
cobertura especial.
En relación con la pregunta por
la existencia de mecanismos de priorización o preferencia para la atención de
urgencias de menores de edad migrantes en situación no regularizada, el
Ministerio respondió en el sentido de que la clasificación lograda a través del
triage es la que otorga los parámetros de priorización en el sistema de
salud. Sin embargo, la Resolución 3512 de 2019, al abordar la atención de
urgencias, dispuso que la misma se presta “por cualquier causa y con cualquier
grado de severidad que comprometan (…) [la] vida o funcionalidad.”[98]
Sostuvo además que, de conformidad con el Plan de respuesta del sector salud
al fenómeno migratorio se prioriza a dos grupos poblacionales (mujeres
gestantes y lactantes, como a los niños, niñas y adolescentes diagnosticados
con cáncer) y a ciertos eventos (por ejemplo, VIH, ITS, tuberculosis,
sarampión, rubéola, difteria, polio, malaria, enfermedad de chagas, dengue,
leishmaniasis y fiebre amarilla, violencias de género, epilepsia), y
diagnósticos que generalmente se agravan por los efectos de la migración, como
diabetes, hipertensión y asma. Todo ello con un carácter progresivo en el marco
de la entidad territorial, en relación con sus recursos y aquellos correspondientes
a la cooperación internacional.
Por otro lado, la entidad indicó
que las atenciones prioritarias y de urgencia son disímiles entre sí. Son
incompatibles, en la medida que, a partir del triage, que responde a la
autonomía del profesional de la salud, se establece una u otra, en función de
la inminencia de la situación. Sin embargo, dejó claro que “[l]a consulta o
atención prioritaria, es una modificación y modulación de la saturación de
servicios de urgencias, y la no disponibilidad de agendas en oportunidad de
consulta externa”[99];
se trata de una estrategia de atención ante las posibilidades de atención. Recalcó
que, contrario a lo reseñado por algunos intervinientes, la atención
prioritaria o de urgencia no se enmarca en enfermedades de baja o alta complejidad;
pueden presentarse en cualquier patología. El criterio determinante es la
inminencia y la impostergabilidad de la atención.
Finalmente, sobre las
enfermedades cardiacas, dicha cartera ministerial precisó que cuando son
congénitas, como la que le fue diagnosticada a la accionante, “(…) se
consideran como eventos de alto costo, y articuladamente con la normatividad
especial también se consideran enfermedades catastróficas”[100].
6. Asimismo, la Magistrada Sustanciadora invitó a algunas universidades
y organizaciones con el propósito de que prestaran su colaboración con
información sobre algunos aspectos puntuales en aquello relacionado con el
componente médico-científico de este asunto[101].
6.1. La Sociedad Colombiana de Pediatría manifestó no estar facultada para designar a ninguno de los
profesionales de la salud que la integran para dar respuesta a las cuestiones
planteadas por la Sala, pues es una “organización privada de carácter
científico, gremial y social, sin ánimo de lucro, cuyos fines organizacionales
están enfocados a temas académicos y de fomento de la salud en el sector de la
niñez y adolescencia”[102],
sin interés en hacer parte de la lista de auxiliares de la justicia.
6.2. La Universidad Nacional de Colombia, a través del director del Departamento de Pediatría de la
Facultad de Medicina, respondió las preguntas formuladas. Al hacerlo advirtió
que las patologías que le fueron diagnosticadas a la niña “suponen un riesgo
para la vida y pueden comprometer la integridad física e intelectual afectando
el desarrollo de un niño menor de 5 años”[103],
como también su calidad de vida y la “maduración neurológica”[104].
En tal sentido, quienes presentan Tetralogía de Fallot suelen ser operados
dentro del primer año de vida. La asociación de las patologías que presenta
simultáneamente la niña supone una oxigenación sanguínea deficitaria que
implica una disminución del flujo pulmonar, por lo que la sobrevivencia se
convierte en un reto. Incluso, la desnutrición que presenta la niña puede tener
relación con la cardiopatía que padece y, en todo caso, tiene implicaciones
negativas en su pronóstico, podría suponer complicaciones mayores en su estado
de salud. Para la institución, “(…) el espectro de patologías descritas sí
amerita una atención preferente, continua y multidisciplinaria para lograr un
manejo integral y un mejor pronóstico funcional y vital”[105],
sin el cual las consecuencias pueden llevar a la muerte. Finalmente, en relación con la distinción
entre las atenciones prioritarias y de urgencia, precisó que las mismas no son
incompatibles entre sí.
6.3. La Fundación Cardio Infantil señaló que “(…) la tetralogía de Fallot o la enfermedad de
Pompe como casi todas enfermedades cardiacas ponen en riesgo la vida de los
pacientes en especial si cursan con cuadros de cianosis”[106];
si se presentan en forma simultánea, tal riesgo se incrementa. Se trata de una
enfermedad que puede producir desde crisis hipóxicas hasta muerte súbita. Quienes
la padecen, como la accionante, comúnmente presentan desnutrición, “(…) pues
la sola enfermedad contribuye a la incapacidad de ingesta y asimilación del
alimento unido al estado de pobreza de la población”[107].
La recomendación, en la mayoría de los casos, es la intervención quirúrgica
antes del primer año de edad, dado que “(…) la historia natural de la
enfermedad de Tetralogía de Fallot muestra una curva de supervivencia que
disminuye en la medida que pasan los años.”[108]
7. Ahora bien, sobre el componente migratorio, la Sala pidió a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia responder algunas preguntas[109].
Tras informar los pormenores sobre su creación y marco competencial, sostuvo
que de conformidad con un informe de la Regional del departamento de Amarillo
es claro que respecto de “CARMEN, y su menor Hija JULIANA, (…) en nuestras
bases de datos y archivos físicos en los distintos Centros Facilitadores de
Servicios Migratorios de Amarillo, No se encuentran registros de solicitudes de
trámite alguno (…) [para] la orientación en relación a regularización de la permanencia
en territorio colombiano, ni solicitudes de salvoconductos, es decir la
accionante no ha agotado las cargas mínimas para regularizarse en el país”[110].
En relación con el permiso
especial de permanencia, manifestó que fue una creación de la Resolución N°5797
de 2017, como respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el
fenómeno migratorio. Se otorga cuando los ciudadanos venezolanos (i) estuvieran
en Colombia para el 28 de julio de 2017, plazo que luego se extendió hasta el 2
de diciembre de 2018; (ii) hayan ingresado a través de un Puesto de Control
Migratorio habilitado; (iii) no tengan antecedentes judiciales a nivel nacional
e internacional; (iv) ni medida de expulsión o deportación vigente. Sin
embargo, ante el aumento de ciudadanos venezolanos en Colombia que ingresaron
informalmente, el Gobierno expidió el Decreto 542 de 2018, que creó el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos con el propósito de recaudar
información al respecto y sin que la inclusión en él supusiera la concesión de
algún beneficio migratorio; tiempo después se le otorgó el PEP a la población
registrada en él (Decreto 1288 de 2018).
Inicialmente, el PEP para
personas incluidas en el RAMV podía ser solicitado hasta el 21 de diciembre de
2018, y luego dicho término fue ampliado hasta el 27 de abril de 2019. Recalcó
que “(…) en relación al otorgamiento del PEP-RAMV los términos se encuentran
vencidos”[111],
por lo que la plataforma correspondiente no está habilitada en la actualidad.
Entonces, “para este caso particular y concreto no tendría utilidad el
Registro Administrativo de Migrantes para las accionantes ya que se reitera las
ciudadanas Venezolanas omitieron su obligación de adelantar los trámites
correspondientes dentro de los términos establecidos por el Gobierno Nacional”[112].
En esa medida, la opción de regularización es la expedición de un Salvoconducto
SC2, que permite el acceso a los servicios de salud, entretanto se define la
situación migratoria y hasta por 30 días, a pesar de que el ingreso no haya
sido regular. Sin embargo, si la intención es la permanencia en Colombia,
corresponde la solicitud de visa.
Ahora bien, en una sexta fase de
expedición del PEP, se expidió la Resolución N°0240 del 23 de enero de 2020 que
habilitaba la inscripción al RAMV de quienes estuvieran en el país hasta el 29
de noviembre de 2019, por un plazo de cuatro meses, sin embargo, también es
necesario “haber ingresado al territorio nacional por Puesto de Control
Migratorio habilitado con pasaporte”[113],
por lo que la accionante “no puede ser
titular del PEP”. Aclaró que, en el proceso de expedición de autorizaciones de
estancia en el país, en “los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional no se
contempla ningún tratamiento diferencial para menores de edad y/o personas que
requieran atención médica prioritaria”[114].
Manifestó que tiene 27 puntos de
atención, entre los cuales destacó la existencia de uno en la ciudad de Azul
y otro en Blanco. Además, informó que ACNUR cuenta con puntos de
atención y orientación para la población migrante en Verde, Blanco,
Azul, Negro y Naranja.
8. Una vez recaudadas todas las comunicaciones relacionadas, la
Secretaría General de esta Corporación las puso a
disposición de las partes e intervinientes por un
lapso de dos días, luego de los cuales se pronunciaron:
8.1. La Procuradora 24 Judicial II para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia insistió en la urgencia de la protección del derecho a la salud
de la niña. Para ella, la historia clínica aportada en el proceso de
recolección de pruebas da cuenta de varios ingresos al sistema de salud por
enfermedades que, conforme los conceptos de la Universidad Nacional y la
Fundación Cardio Infantil, ponen en riesgo la vida de la niña, que ya presenta
una coloración azulada en la piel[115].
Para ese efecto, recalcó que la definición de la urgencia médica debe hacerse
con fundamento en la Resolución N°5269 de 2017 y el artículo 2.9.2.6.2 del
Decreto 866 de 2017, en el sentido de que aquella no corresponde solo a los
eventos en que se requiere la estabilización de los signos vitales, ni se agota
con ella, sino que su objetivo trasciende a la preservación de la vida y a la
prevención de consecuencias críticas, permanentes o futuras, ante la alteración
de la integridad física, funcional o mental de una persona. Así lo reconoció la
Sentencia T-210 de 2018.
Ahora bien, los
argumentos de Migración Colombia tendientes a mostrar la negligencia de la señora
Carmen en la regularización de su estancia en Colombia, no puede derivar
en el bloqueo a los servicios médicos de urgencia que precisa la niña.
8.2. Viany Lizeth Ospina Lozano, Defensora
de Familia de la Regional Guajira del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar
(ICBF) considera que, a partir de las pruebas
recaudadas puede concluirse que el Estado colombiano ha comprometido los
derechos de la niña. Su condición es apremiante, como se deduce del hecho de que,
en menos de un año, desde junio de 2019, haya registrado seis ingresos a los
servicios de urgencias, con la exposición que ello sugiere para ella, sin
ningún resultado o impacto en su estado de salud.
Para esta funcionaria, en
relación con el componente migratorio del caso, es apenas comprensible que, tal
y como lo aseguró la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, la
accionante no tenga ningún registro de ingreso al país y que no haya tramitado
el permiso especial de permanencia, pues la fecha de ingreso hace inviable esa
opción si se tiene en cuenta que la tercera fase de inscripción en el RAMV
terminó el 2 de diciembre de 2018. Señaló que los nacionales venezolanos que no
han regularizado su estancia en el país “(…) evitan acercarse a esas
Dependencias, porque saben que no les va a dar ningún resultado alguna solicitud
en este sentido y por el contrario se sienten amenazados de que sean repatriados
de forma inmediata, por lo que evitan tener contacto con cualquier agente de
migración”[116].
Además, las soluciones de regularización ofrecidas están sometidas al pago
de tasas, lo que ubica a la actora en una situación de imposibilidad material
para normalizar su situación migratoria. Estas dificultades estuvieron
presentes antes del aislamiento preventivo obligatorio y se incrementaron durante
aquel debido a las limitaciones actuales para buscar el sustento de su hogar.
8.3. La Sociedad Colombiana de Pediatría reiteró sus restricciones para pronunciarse sobre este asunto[117].
8.4. El Ministerio de Salud y Protección
Social, luego de precisar el marco general de la
seguridad social en Colombia y de informar los esfuerzos en cuanto a la
prestación de los servicios de salud para la población migrante venezolana, y
su relación con el PEP, una vez más, hizo énfasis en que “el SGSSS,
garantiza la atención médica a los nacionales venezolanos que se encuentran en
el territorio nacional de manera regular y frente a aquellos extranjeros cuya
estancia, tránsito o permanencia es de manera irregular, se les garantiza la
atención de urgencias”.[118]
Informó además que expidió algunas medidas para la afiliación de recién nacidos
de padres venezolanos en territorio colombiano, y sus familiares.
Por último, la suspensión de los términos para
determinar este asunto fue levantada partir del 30 de julio de 2020, conforme
lo establecido en parágrafo 1[119]
del artículo 1° el Acuerdo PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020[120].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. En virtud
de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política de 1991, como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta
Sala de Revisión es competente para decidir el presente asunto.
Asunto objeto de revisión
2. La señora Carmen
promovió esta acción de tutela a nombre propio, de sus tres hijos y de otros
familiares. Ninguno de ellos se encuentra en forma regular en el país y no
disponen de autorización para su estancia. El amparo lo dirigió contra las
entidades accionadas por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a
la vida, igualdad, salud, seguridad social y dignidad humana. Indicó que esas
entidades se han negado a la expedición del PEP y la afiliación al sistema de
salud. En tal sentido, solicitó al juez ordenar su regularización y su
vinculación al régimen en salud.
En relación con su hija,
solicitó que se ordene la realización de la consulta médica especializada en
cardiología pediátrica y cardiología pulmonar. Precisó que la niña tiene tres años
y presenta una condición médica que requiere con urgencia estos servicios. La
petición de ambas consultas está fundamentada en un diagnóstico hecho en
territorio venezolano. Una vez en Colombia y presentada esta acción de tutela, en
cumplimiento de una medida provisional, la niña fue valorada por un médico
adscrito al sistema de seguridad social en salud colombiano, quien determinó la
necesidad de una consulta “prioritaria” por cardiología pediátrica. Sin
embargo, en posterior atención médica que recibió del 4 de diciembre de 2019,
otro profesional de la salud catalogó dicha consulta como “urgente”. Sin
embargo, la consulta con el especialista nunca tuvo lugar porque el sistema de
salud del departamento de Amarillo no cuenta con ese servicio en su red
pública. En esa medida, según la actora, le sugirieron que, discrecionalmente,
acudiera a otra entidad territorial en búsqueda de la atención requerida, pero
no cuenta con recursos para trasladarse.
El diagnóstico de la menor de
edad es Tetralogía de Fallot y enfermedad de pompe, patologías que suponen alto
riesgo para su vida, según lo sugirieron la Fundación Cardio Infantil y la
Universidad Nacional de Colombia. Estas patologías están asociados a una
cardiopatía congénita que implica la reducción de la oxigenación sanguínea y
genera una coloración azul y morada en la piel. Su ocurrencia es un factor de
alarma, por lo que debe ser llevada inmediatamente a los servicios de urgencia,
de acuerdo con el concepto del médico a quien se le consultó el 12 de agosto de
2019. Incluso, para aquella Fundación, el paso del tiempo compromete cada vez
más la vida de la niña y disminuye las posibilidades de sobrevivir. El
Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que la Tetralogía de Fallot es
una enfermedad catastrófica. Por su parte, el administrador temporal sostuvo
que el mal de pompe es una enfermedad huérfana y de alto costo.
Quienes intervinieron en este
asunto recalcaron la ausencia de una conducta omisiva por parte de las
accionadas, bajo el entendido de que la madre de la menor de edad no acudió a
las entidades públicas demandadas antes de haber formulado esta acción de
tutela. En igual sentido lo concluyeron los jueces de instancia.
3. Planteada
así la situación, en primer lugar, la Sala debe resolver si la acción de tutela
es procedente en este caso, como pasará a hacerlo en el siguiente apartado. Una
vez determinado ello, proseguirá, si es del caso, con el análisis de fondo
sobre este asunto.
La procedencia
general de la acción de tutela[121]
Legitimación
por activa
4. Los
artículos 86 de la Constitución de Colombia y 10° del Decreto 2591 de 1991
sostienen que todas las personas que consideren que sus derechos
fundamentales están amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una
autoridad o incluso, en ciertas circunstancias, de un particular, están
habilitadas para solicitar su amparo constitucional. El Constituyente, al determinar
quién puede acudir a la tutela, no diferenció entre nacionales colombianos y
extranjeros. La Corte, en una línea jurisprudencial sólida, ha sostenido que estos
últimos pueden formular acciones de tutela, pues esa posibilidad no depende de
la nacionalidad del interesado, sino de su calidad de ser humano, que lo
instituye como titular de bienes jurídicos ius fundamentales[122], los
cuales deben materializarse en todo el territorio colombiano.
Ahora, solo los titulares de dichas
garantías están legitimados por activa para reclamar la protección del juez de
tutela. Sin embargo, aquellos podrán acudir al amparo de dos formas: una
directa y otra indirecta. En forma directa lo hacen al promover la acción en
nombre propio; y, en forma indirecta, cuando la formulan a través de (i)
representante legal (p.ej. los menores de edad), (ii) apoderado judicial, (iii)
agente oficioso o (iv) del Ministerio Público. Quienes actúen así, estarán
legitimados para formular la acción, mientras que quienes no lo hagan bajo las
directrices de cada una de estas figuras, no podrán hacerlo válidamente por lo
que, en ese caso, la acción de tutela debe ser declarada improcedente.
5. En el
asunto que se analiza, como se mencionó, la señora Carmen acudió al juez
de tutela para reclamar la protección de los derechos a la vida, la igualdad,
la seguridad social, la salud y la dignidad humana de ella, como también de Juliana,
Felipe y Ana, de 3, 5 y 12 años[123], de
quienes manifestó ser su madre. Por ende, cuenta con legitimación por activa para
promover esta acción en relación con los cuatro, al ser titular de los derechos
reclamados y representante legal de los tres niños[124].
6. Entretanto,
sobre la protección que la señora Carmen solicitó en nombre de su madre
de 57 años[125],
Teresa, su hermana de 18 años[126],
María y, su sobrino, Juan, de 13 años de edad, la Sala no puede
llegar a la misma conclusión. En relación con las dos primeras, se tiene que la
formulación de este amparo se haría en uso de la agencia oficiosa, misma que
comporta ciertos requisitos que no se cumplen respecto de sus dos familiares.
La figura de la agencia oficiosa,
según el Decreto 2591 de 1991, fue prevista bajo la concepción de que es
posible “agenciar derechos ajenos” a través de la acción de tutela. Sin
embargo, solo es admisible hacerlo cuando el titular de los derechos se
encuentra en imposibilidad de acudir por sí mismo al juez constitucional[127], como es
el caso -por ejemplo- de las personas que tienen algún compromiso en su salud[128] que les
impida acercarse a solicitar la protección por cuenta propia.
Bajo esta perspectiva, es claro
que en este asunto la señora Carmen no adujo que su mamá y su hermana
tuvieran alguna condición especial que, pese a su mayoría de edad, les
impidiera asumir su propia representación judicial. Por tal razón, no
acreditaron la legitimación por activa para reclamar el amparo. Entonces, la
tutela se declarará improcedente en relación con ellas, por lo cual se
revocarán parcialmente las decisiones de instancia.
6.2. Ahora bien, la señora Carmen
también reclamó el amparo para Juan, de quien afirmó ser tía. Aportó su
acta de nacimiento. Sin embargo, en dicho documento, elaborado a mano, consta que
el señor Juan es mayor de edad, padre de Santiago. Sin embargo,
la protección se reclama para el primero como si se tratara de un menor de
edad. Sobre el particular, y en vista de la posible confusión entre las dos
personas, en el auto del 4 de mayo de 2020 la Sala Sexta de Revisión le pidió
una aclaración a la accionante[129],
pero ella se abstuvo de manifestarse al respecto. No está clara la solicitud de
la tutelante ni la identidad de la persona para la que persigue el amparo. En
esa medida, la Sala se apegará a la literalidad de la solicitud hecha por la
tutelante, en lo que atañe a la afiliación en salud y la expedición del permiso
especial de permanencia de “JUAN”[130].
Él, al tener 22 años o más, de conformidad con el documento referenciado, debe
agenciar directamente sus derechos, en los mismos términos señalados en el
numeral anterior.
7. En suma, únicamente
existe legitimación por activa en lo que atañe al amparo reclamado en relación
con Carmen, Juliana, Felipe y Ana. Por el
contrario, la acción de tutela se declarará improcedente respecto de Teresa,
como de María y Juan, pues quien formuló este amparo no tiene
legitimación por activa para reclamar sus derechos. Por ende, en adelante, el
análisis quedará circunscrito a las cuatro primeras personas y en relación con
las demás se revocarán las decisiones de instancia para declarar improcedente esta
acción de tutela.
Legitimación
por pasiva[131]
8. La legitimación
por pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se
dirige la acción para responder eventualmente por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental[132].
Para esta Corte, “(…) refleja la calidad subjetiva de la parte demandada en
relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”[133].
Esta figura refiere a quiénes pueden ser accionados en tutela. Según el
artículo 86 de la Constitución, es posible promover acciones de tutela para contrarrestar
acciones y omisiones de las autoridades y, en algunos eventos, incluso de los
particulares.
9. Pues bien, en el caso objeto de estudio, las
entidades contra las cuales se dirige esta acción de tutela, es decir, la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la Secretaría Distrital de
Salud Departamental de Amarillo son entidades públicas, cuya conducta es
controvertible mediante la acción de tutela. Lo mismo ocurre con cada una de
las entidades vinculadas durante el trámite de instancia[134]. Por
ende, la Sala estima que este requisito se encuentra satisfecho.
10.
Aunado a lo anterior, en este punto cabe llamar la
atención sobre la cesación de las funciones de la Administradora Temporal del
Sector Salud para el Departamento de Amarillo, a causa del cambio de las
estrategias adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en
relación con esa entidad territorial, durante el trámite de esta acción de
tutela.
El Acto Legislativo 04 de 2007, entre otros, modificó
el artículo 356 de la Constitución. Una de las modificaciones, supuso la
inclusión de los siguientes dos incisos:
“El
Gobierno Nacional definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control
integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del
Sistema General de Participaciones, para asegurar el cumplimiento de metas de
cobertura y calidad. Esta estrategia deberá fortalecer los espacios para la
participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de
cuentas. // Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
anterior, el Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6) meses
contados a partir de la expedición del presente acto legislativo, regulará,
entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos en los cuales está
en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades
territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la
determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar.”
La regulación efectuada por el Gobierno Nacional en
atención a dicho acto legislativo está recogida en el Decreto Ley 028 de 2008.
Según este último, la coordinación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y
control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con
recursos del SGP, dispuesta en aquella modificación constitucional, está a
cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El
artículo 13 del mencionado decreto preveía, entre otros asuntos, que ante la
existencia de riesgos concretos en el sector salud de la entidad territorial y “[e]n
el evento en que el municipio incumpla el plan de desempeño con los ajustes (…)
la competencia para asegurar la prestación del servicio la asumirá temporalmente
el departamento, y en el caso de los departamentos o distritos, la Nación”.
En
ejercicio de dicha estrategia de monitoreo, seguimiento y control, tal y como se recoge en el Documento CONPES 3883 de 2017, desde
2010 se advirtieron problemas relacionados con la gestión y el manejo de
recursos en el sector salud del departamento de Amarillo, con notable
incidencia en la atención en salud. Los principales hallazgos fueron “deficiencias
en materia contractual, débil defensa judicial y, en especial, la ausencia de
una organización de su red de prestadores de servicios (hospitales públicos).”[135] Se concluyó que era necesaria la “adopción de manera cautelar de
la medida correctiva de asunción temporal de la competencia en el sector de
salud al departamento de Amarillo”[136]
y procurar la recuperación de las competencias por parte del departamento. En
tal sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social asumió la medida
correctiva, de conformidad con el numeral 13.3 del artículo 13[137] del
Decreto 028 de 2008[138]
y lo reglamentado por el Decreto 1068 de 2015[139]. Así,
dicho Ministerio, en coordinación con el de Hacienda y Crédito Público, asumiría
las competencias que correspondían a las autoridades departamentales de Amarillo[140], en
virtud del artículo 43[141]
de la Ley 715 de 2001. La asunción de dichas competencias se efectuó mediante
la Resolución 0461 del 21 de febrero de 2017, que previó un
plazo de 36 meses para su ejercicio por parte del orden nacional. Ese término fue
extendido por dos años más, mediante la Resolución 0626 del 21 de febrero de
2020, dadas las recomendaciones del Documento CONPES 3984[142],
pues pese a los avances, se encontraron rezagos importantes que implicaban la
continuidad de la medida.
Sin
embargo, en el marco de la emergencia sanitaria económica, social y ecológica
declarada mediante el Decreto 417 de 2020, el Gobierno Nacional dispuso[143] una
adición al artículo 13 del Decreto Ley 028 de 2008,
mediante el artículo 27[144]
del Decreto Legislativo 538 de 2020[145].
En virtud de dicha adición, la asunción temporal de la competencia podía sustituirse
por una medida de seguimiento, previa configuración de un plan de acción para
la superación de los factores de riesgo identificados. Tal medida sustitutiva,
fue solicitada por el Gobernador del departamento de Amarillo el 14 de
abril y el 5 de junio de 2020 (en comunicación, en la que presentó un plan de
acción en el que incluyó “acciones orientadas a enfrentar la emergencia
sanitaria por la COVID-19, de respuesta al fenómeno migratorio y de
fortalecimiento de la vigilancia en salud pública”[146]),
cuya estrategia de superación de riesgos fue valorada por el Ministerio de
Salud y Protección Social que, mediante la Resolución N°1114 del 2 de julio de
2020, la aprobó.
De tal
suerte, mientras en el momento de la interposición de la acción de tutela la
competencia para la prestación de los servicios de salud en el departamento de Amarillo
le correspondía al administrador temporal, por disposición de la Nación, en el
momento de la emisión de esta decisión tales facultades retornaron a la Secretaría
de Salud de Amarillo, sometida a una medida de seguimiento del orden
nacional. Ello no implica la inexistencia de legitimación por pasiva respecto
de la autoridad administrativa temporal, sino la variación de su rol en este
asunto. Cabe aclarar en este punto que, si bien inicialmente podría
considerarse que operó el fenómeno de la sucesión procesal ante la variación de
las competencias que operó en este asunto, cabe recordar que ambas entidades, tanto
la Secretaría de Salud Departamental de Amarillo como la administradora
temporal, fueron convocadas a este trámite, una en calidad de vinculada y la
otra como accionada, tal y como se desprende del auto admisorio de esta tutela.
Las dos han participado en este trámite judicial, lo que impide asumir que hubo
una alteración de las personas jurídicas que conforman el extremo pasivo[147]; cuando
ambas hacen parte de él, el juez no se encuentra en la necesidad de llamar al
proceso a alguien que lo asuma “en el estado en el que se encuentra con los
mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor”[148].
11. Por último, cabe destacar que, aunque varias
de las entidades convocadas a este trámite plantearon la falta de legitimación
por pasiva en su caso concreto, lo hicieron sobre la base de la ausencia de
responsabilidad en el presunto compromiso de los derechos fundamentales de la
parte accionante, lo que implica un análisis de fondo y no genera dudas
respecto de la vocación que tienen para ser convocadas al proceso.
Específicamente lo hicieron la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y
Crédito Público, que en calidad de autoridades tienen legitimación por pasiva.
Inmediatez[149]
12. Esta Corporación ha resaltado
que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución de Colombia, la
acción de tutela puede interponerse “(…) en todo momento” porque no
tiene término de caducidad[150].
No obstante, la Corte también ha sido clara al señalar que la
misma debe presentarse en un término razonable a partir del hecho que generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales[151].
El requisito de inmediatez pretende que exista “(…) una correlación
temporal entre la solicitud de tutela y el hecho (…) vulnerador”[152],
de manera que se preserve la naturaleza del amparo, concebido
como un remedio urgente que pretende la protección efectiva y actual de los
derechos fundamentales[153].
13. En el asunto concreto, la accionante denuncia
la falta de atención médica y una presunta omisión en la expedición del PEP,
para efectos de la afiliación de su núcleo familiar al sistema de seguridad
social en salud, que se habría registrado entre el momento en que ingresó a
territorio colombiano (28 de junio de 2019) y la presentación del escrito de
tutela (30 de julio de 2019), por lo que transcurrió un mes, lapso razonable y
compatible con el carácter inmediato de la presente acción.
Subsidiariedad[154]
14. El referido artículo 86 superior y el
Decreto 2591 de 1991 establecen expresamente que el amparo solo procede cuando
“(…) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”[155].
Su procedencia está condicionada por el principio de subsidiariedad, pues esta
acción no desplaza los recursos judiciales ordinarios o extraordinarios de
defensa[156], tampoco a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o
contencioso administrativa[157], ni a las autoridades administrativas que tengan competencias
jurisdiccionales[158].
El juez de tutela no puede sustituirles en el conocimiento de un asunto, a
menos que los mecanismos mencionados no sean efectivos para la protección o
que, incluso cuando existan, haya un perjuicio irremediable[159].
15. Entre las autoridades administrativas con facultades
jurisdiccionales en materia de salud está la Superintendencia Nacional de
Salud. El Legislador previó un trámite preferente y sumario ante esa entidad,
regulado por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007[160],
modificado por la Ley 1949 de 2019.
El
procedimiento consagrado en dicha norma, en su versión original, fue objeto de
pronunciamiento por parte de varias Salas de Revisión[161], en el
sentido de que, de conformidad con los hallazgos de la audiencia de seguimiento
celebrada el 16 de diciembre de 2018, no era idóneo porque tenía un término de
decisión que, dada la precariedad institucional de esa entidad a nivel
nacional, generó un retraso de entre dos y tres años para solucionar de fondo
las controversias[162].
Esta Corporación destacó que “(…) mientras persist[ieran] dichas
dificultades y de conformidad con las circunstancias concretas del caso
estudiado, el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud no es
un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de derechos fundamentales
de los usuarios del sistema de salud” [163].
Tras
esos hallazgos, pese a la expedición y vigencia de la Ley 1949 de 2019, aún no
se cuenta con información que permita concluir de forma objetiva que la
situación varió y fue superada[164].
Por ende, pese a la existencia del trámite ante la Superintendencia Nacional de
Salud, dadas las limitaciones operativas de esta[165], la
acción de tutela es el medio eficaz para proteger el derecho a la salud y el
requisito de subsidiariedad resulta satisfecho.
16. Ahora, en relación con la expedición del PEP y la regularización de
la estancia en Colombia, la acción de tutela sí es la única vía para lograrla,
pues no obstante la jurisprudencia ha señalado que en principio la vía judicial
para disputar un caso en contra de la administración pública es la contencioso
administrativa[166],
la accionante no cuenta con ningún acto de la administración que pueda
cuestionar a través de esa jurisdicción. Por el contrario, pretende que las
autoridades migratorias actúen, ante una presunta omisión de las mismas, de
modo que es la acción de tutela el mecanismo para promover el debate planteado.
Por ende, en relación con este componente, la Sala concluye que el requisito de
subsidiariedad se cumple.
17. Finalmente, es pertinente aclarar que, algunos de los intervinientes
destacaron que la accionante, antes de la formulación de esta acción de tutela,
no buscó la expedición de la autorización de su estancia en el país, pues no
acudió a las autoridades migratorias para regularizar su condición, como
tampoco al sector salud para reclamar la afiliación al sistema de seguridad
social, ni para buscar la atención médica que precisaba su hija. Estas
omisiones son determinantes para resolver el fondo del asunto, pero no tienen
ningún impacto desde el punto de vista de la subsidiariedad.
El principio de subsidiariedad deriva,
directamente, del inciso tercero del artículo 86 y del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, que establecen textualmente que el amparo “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.” De ese modo, la acción de tutela es un mecanismo residual
de defensa judicial de los derechos. Procede siempre que el interesado no disponga
de otra vía judicial o jurisdiccional para su protección, o cuando, a
pesar de haberla, esta no es idónea para salvaguardar los derechos
presuntamente comprometidos, en tanto no ofrece una protección oportuna[167] o
integral[168].
La valoración sobre el particular se contrae a establecer si la parte podía
reclamar lo que le solicita al juez de tutela, ante un juez ordinario[169] que
pudiera brindarle protección efectiva. No tiene en cuenta si la parte
accionante pudo desplegar otra actividad ante las entidades demandadas para
contener la vulneración que alega. Si el interesado solicitó, o no, lo que
ahora pretende por vía de tutela ante las accionadas, resulta irrelevante para
la definición del cumplimiento de este requisito. Sin embargo, es un elemento
trascendente para definir si hubo o no una conducta de la administración que
comprometió derechos fundamentales invocados. Por ese motivo, ese aspecto será
valorado con posterioridad al analizar si existió la lesión a los derechos, en
la forma propuesta por la actora.
18. Vistas las consideraciones hechas
hasta este punto y dada la satisfacción de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, la Sala pasará a considerar el fondo del asunto. A
continuación, formulará los problemas jurídicos correspondientes.
Formulación
de los problemas jurídicos
19. En esta oportunidad, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional formula los siguientes problemas jurídicos:
i) ¿La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la
Secretaría de Salud Departamental de Amarillo vulneraron los derechos a
la vida, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad
humana de los accionantes, al no otorgarles el permiso especial de permanencia
y no adelantar las actuaciones tendientes a su afiliación al sistema de
seguridad social en salud?
ii) ¿La Secretaría de Salud Departamental de Amarillo vulneró
el derecho a la salud de la menor de edad agenciada, al no autorizar las
consultas médicas especializadas para el tratamiento de su enfermedad?
20. Con el fin de abordar estas
cuestiones, la Sala reiterará las reglas sobre (i) los derechos y deberes de
las personas extranjeras en Colombia; (ii) el derecho fundamental a la salud y
a la atención de los extranjeros y en especial de los migrantes con estancia
irregular, a la luz del principio de solidaridad, de la noción de urgencia y de
la prestación de los servicios relacionados con ella; y (iii) el derecho a la
salud de los niños y niñas migrantes con estancia no regularizada en Colombia,
con arreglo a su interés superior. Finalmente, iv) resolverá este asunto
concreto.
Las personas extranjeras en Colombia.
Derechos y deberes
21. El fenómeno migratorio implica el
flujo de personas que optan por cruzar de un espacio geográfico-político a otro,
con el propósito de mejorar sus condiciones de vida[170]. En el
escenario de la globalización la movilidad humana entre un Estado y otro es un
fenómeno en auge[171],
que lleva a la configuración de los conceptos de nacionalidad y extranjeridad[172]. La
nacionalidad, es el vínculo político existente entre una persona y un Estado[173], mientras
la calificación de extranjero supone la identificación de la diferencia, en la
medida en que se cataloga como tal a toda persona que no puede reputarse
nacional de un país[174].
Sin embargo, en vista de la pluralidad prevista por el texto Constitucional,
esa alteridad debe ser objeto de inclusión social, en los términos señalados
por el ordenamiento jurídico colombiano, que acoge la figura del extranjero y
la hace parte de él[175].
Con el fin de asegurar las condiciones de vida y
los derechos de las personas que se trasladan a países diferentes a los de
origen, se ha configurado un marco normativo internacional[176] e
interamericano[177],
que asegura flujos migratorios en condiciones dignas, bajo la premisa de la
realización universal de los derechos humanos. El Estado colombiano ha
adquirido varios compromisos. Ellos apuntan al tratamiento equivalente entre
nacionales y extranjeros[178],
como a la necesidad de que cualquier persona reciba “(…) atención mínima del
Estado en casos de extrema necesidad y urgencia, en aras de atender sus
necesidades primarias y respetar su dignidad humana; un núcleo esencial mínimo
que el Legislador no puede restringir”[179],
sino ampliar, conforme el mandato de progresividad en materia de derechos
económicos, sociales y culturales[180].
Esa atención mínima no depende de la regularización de la situación migratoria[181], sino de
la condición humana.
22. De tal suerte, la
Constitución en su artículo 100, prevé que los nacionales y los extranjeros gozan
de los mismos derechos y garantías en territorio colombiano[182]. Adicionalmente,
de conformidad con “(…) lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta, prima
facie puede predicarse una igualdad entre unos y otros [[183]] ya
que el precepto superior al disponer que todas las personas tienen derecho a
recibir la misma protección y trato de las autoridades, prohíbe expresamente
establecer discriminaciones, entre otros motivos, por razones de origen
nacional”[184].
Sin embargo, el Legislador puede establecer límites y condiciones para el
ejercicio de las garantías constitucionales y legales de los extranjeros, pero
solo podrán fundarse en razones de orden público[185], es
decir, para “(…) salvaguardar las condiciones y presupuestos básicos de un
Estado Social de Derecho, que permitan garantizar el goce de los derechos
fundamentales”[186].
Una distinción entre nacionales y extranjeros que no está justificada por
razones de orden público podría requerir un análisis a partir del criterio sospechoso
de discriminación por origen nacional, puesto que al tenor de lo dispuesto en
el artículo 13 superior, está prohibida en el ordenamiento jurídico colombiano[187]; además
requiere la consideración del ámbito de la distinción pues “(…) no en todos
los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo
para los nacionales y los extranjeros”[188].
Sin embargo, la igualdad entre ellos no
solo se verifica en función de las garantías constitucionales y legales, sino
además de los deberes[189],
entre los cuales se considera el respeto por la Constitución y la ley. En esa
medida, nacionales y extranjeros se encuentran sometidos por el conjunto
normativo colombiano, y las instituciones y autoridades consagrados en él, que
deben ser respetadas[190].
23. Los extranjeros que
pretendan ingresar y/o permanecer en Colombia deben someterse a la política
migratoria del país receptor. Esta, según el numeral
2° del artículo 189 de la Constitución, es definida por el Presidente de la
República como Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales[191],
en el marco de la soberanía nacional. Sin embargo, incluso esta potestad, si
bien tiene un amplio margen de discrecionalidad[192],
se encuentra sometida al imperio de la Constitución y debe orientarse por el
respeto de los derechos fundamentales[193].
Los
extranjeros tienen el deber de acatar la regulación sobre los permisos de
ingreso y de permanencia en el país, de modo que uno de sus primeros deberes es
la regularización de estancia en Colombia[194], la cual se materializa a través de los canales
institucionales y de los requisitos previstos para ello. La regularización de
la estancia de la persona extranjera, le permite la protección institucional de
sus derechos, con los límites fijados por el Legislador. Por el contrario, el
migrante que ha llegado o permanecido en el territorio nacional sin el respaldo
del ordenamiento jurídico colombiano, se puede enfrentar a la exclusión
institucional, en la medida en que no cuenta con documentos de identificación
que le permitan la interacción formal en la sociedad.
24. Ahora bien, en los
últimos años, se ha registrado un flujo intenso de personas desde Venezuela
hacia otros países latinoamericanos, entre los que se encuentra Colombia; “[d]esde
el año 2015 se ha generado un fenómeno de migración masiva de ciudadanos
venezolanos a Colombia debido a la difícil situación económica, social y
política que actualmente afronta Venezuela, que con el paso del tiempo se
transformó en una situación de crisis humanitaria que se mantiene en la
actualidad”[195].
Los registros revelan que el ingreso al país, a través de los canales institucionales
o por zonas no previstas para ello, ha derivado en un alto número de personas
cuya estancia no está autorizada por las autoridades migratorias colombianas[196]. Los
extranjeros que, en cumplimiento de la normatividad migratoria, cuentan con el
permiso para permanecer en el país, al igual que los nacionales colombianos, disponen
de la oferta institucional. Sin embargo, los migrantes que no han regularizado
su situación, desde el punto de vista práctico, tienen restricciones “estructural[es]
en el acceso al bienestar, la protección social y el goce de los derechos
humanos, comenzando por la identidad jurídica. A su vez, el acceso al trabajo
formal y decente [y otros tantos servicios, como el de la salud,] tiene la
condición regular (…) como requisito indispensable”[197].
25. Respecto de los
migrantes provenientes de Venezuela, la Resolución 2 de 2018 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) destacó
que su numerosidad se explica por la crisis alimentaria y sanitaria que se ha
registrado durante los últimos años en ese país. Recordó que, en ese contexto,
la voluntariedad de los flujos transfronterizos es cuestionable, pues las
personas se trasladan y abandonan su país, para preservar el ejercicio de sus
derechos humanos, mediante “(…) canales clandestinos que provee la migración
irregular, a través de riesgosas rutas terrestres y marítimas”[198]. Tal
calidad no solo ha sido reconocida a los migrantes en suelo colombiano, sino
además a los migrantes colombianos en el exterior[199].
Según la Comisión, los migrantes de
origen venezolano son un grupo poblacional que se encuentra en condiciones
extremas de vulnerabilidad y debilidad, asociada a las dificultades que existen
para acceder a la oferta institucional de los países receptores, muchas veces
porque carecen de documentos de identificación[200]. En el
mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación, para destacar cómo “(…) los
migrantes indocumentados o en situación irregular son un grupo en situación de
vulnerabilidad, debido a que no viven en sus estados de origen y deben afrontar
barreras de idioma, costumbres y culturas, así como las dificultades
económicas, sociales y los obstáculos para regresar a su país de origen”[201]. Al
respecto y en la misma línea, la Sentencia T-295 de 2018[202]
señaló que “(…) los migrantes son sujetos de especial protección (…) en
razón a la situación de indefensión en la que comúnmente se encuentran y que se
deriva del desconocimiento de la forma en que opera el sistema jurídico local,
el idioma, la ausencia de lazos familiares y comunitarios, entre otros, como
también que los migrantes en situación de irregularidad son un grupo
vulnerable”.
Por su parte, la Sentencia T-143 de
2019[203]
destacó que los migrantes que pertenecen a sectores vulnerables de la población
son titulares de los mismos derechos que los nacionales colombianos, pero
además de una especial protección constitucional que les confiere ciertas
prerrogativas y un tratamiento diferenciado. No obstante, esta situación no
puede invocarse para incumplir los deberes previstos en la ley sobre el ingreso
y la permanencia en el territorio colombiano.
26. Ahora bien, dentro del
conjunto de personas migrantes sin estancia regularizada, existen grupos en condiciones
adicionales de debilidad manifiesta, que experimentan los riesgos de la
migración en condiciones diferenciales, tal como los niños y niñas. Ellos, ante
este tipo de fenómenos tienen implicaciones particulares, pues “la
pérdida de referentes afectivos (…) aumenta la probabilidad de que no reciban
el mismo cuidado de salud, alimentación ni la protección adecuada contra todas
las formas de violencia. (…) Otro efecto, cuando la migración no es regular, es
que muchos niños, niñas y adolescentes viven en los países de destino sin
documentación, violándose de esta forma sus derechos a una nacionalidad y a un
nombre, dificultándose su acceso a los servicios de educación y salud, y
haciéndolos más vulnerables [, por ejemplo,] a la trata y a las adopciones
ilegales”[204].
27. En
conclusión, en los mismos términos empleados por las Sentencias T-314 de
2016[205]
y T-421 de 2017[206]
se tiene que “los extranjeros: (i) deben ser tratados en condiciones de
igualdad respecto de los nacionales colombianos; (ii) tienen la obligación de cumplir
la Constitución Política y las leyes establecidas para todos los residentes en
Colombia; [y] (iii) tienen derecho a recibir un mínimo de atención por parte
del Estado en casos de urgencia con el fin de atender sus necesidades básicas”.
En aplicación de dichas subreglas y en aras de otorgar un tratamiento
igualitario entre nacionales y extranjeros, en especial de aquellos con
estancia irregular en territorio nacional, la jurisprudencia ha reconocido su
calidad de sujetos de especial protección[207]
y ha protegido su derecho a la educación[208],
al debido proceso[209],
a la familia[210],
a la nacionalidad y a la personería jurídica[211].
Además, y para lo que concierne a este asunto, ha resguardado su derecho a la
salud, como se detallará más adelante.
El derecho fundamental a la salud. Principio
de solidaridad y la atención a población extranjera
28. En consonancia con
lo anterior, el derecho a la salud es una garantía ius fundamental de la
que gozan las personas[212].
No se trata de un derecho a estar “sano”[213] o
desprovisto de enfermedades, sino de alcanzar el “más alto nivel posible
de salud que le permita vivir dignamente”[214].
29. La
Ley Estatutaria 1751 de 2015 reguló el derecho fundamental a la salud, orientó
la prestación del servicio público y definió las pautas que rigen el sistema.
Aquel es entendido como el “(…) conjunto articulado y armónico de principios
y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos;
facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información
y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del
derecho fundamental de la salud”[215]. Además, precisó los
elementos y los principios relacionados con el derecho a la salud, entre los
cuales se encuentran el de la solidaridad, entendido como “(…) la suma de
muchos esfuerzos individuales, esto es, de un esfuerzo colectivo”[216],
y el de la universalidad que sugiere que su prestación cobija a cualquier
habitante del territorio nacional en cuanto al “acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud”[217].
Para la Corte
Constitucional, en virtud del principio de solidaridad, la sociedad y el poder
público convergen para garantizar el ejercicio universal de los derechos. Por
un lado, este principio impone el deber de vincular el propio esfuerzo al de
los demás, para lograr fines colectivos y el ejercicio de los derechos de los demás,
sin distinción alguna. Tal deber surge para la persona “(…) por el solo
hecho de su pertenencia al conglomerado social”[218], e impone
al Estado obligaciones especiales de regulación y de intervención “(…) a
favor de los más desaventajados de la sociedad cuando éstos no pueden ayudarse
por sí mismos”[219].
30. Nacionales y
extranjeros residentes en el país deben hacer parte del Sistema de Seguridad
Social en Salud. Todos, a través de la afiliación en el régimen contributivo o en
el subsidiado, según sus posibilidades socioeconómicas, deben aportarle al
sistema y pueden obtener sus beneficios pues “[l]a afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes
en Colombia, salvo para aquellas personas que cumplan los requisitos para
pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos
legalmente”[220].
La afiliación al sistema de seguridad social le brinda al extranjero, en las
mismas condiciones que al nacional colombiano, la posibilidad de exigir la
disponibilidad[221],
la aceptabilidad[222],
la calidad e idoneidad profesional[223]
y la accesibilidad de los servicios de salud que requieran[224].
Adicionalmente, permite reclamar las prestaciones asociadas a la recuperación,
protección y prevención de la pérdida de los niveles de salud.
Sin embargo, la afiliación exige el
cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios [225], entre
los que se encuentra la presentación de un documento válido de identificación[226]. Para los
extranjeros se trata de la cédula de extranjería, el pasaporte, el carné
diplomático o el salvoconducto de permanencia, a los que solo es posible
acceder mediante la regularización previa de la estancia en el país[227]. Sin
alguno de estos mecanismos de identificación, no podrán concretar su
afiliación.
La afiliación al régimen subsidiado se
encuentra prevista para quienes no pueden estar en el contributivo, de excepción
o especial, y sean parte de ciertos grupos poblacionales vulnerables[228]. Uno de
esos grupos es la población migrante venezolana, cuando no tiene capacidad de
pago y se encuentra en condición de pobreza. Sin embargo, para ellos, es un
requisito contar con Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente y “(…) acreditar
su permanencia en el país, actualizando la información de su domicilio cada
cuatro (4) meses ante la entidad territorial municipal donde se encuentren
domiciliados”[229].
En esta última, radica el deber de verificación de las condiciones de los
migrantes venezolanos afiliados al régimen subsidiado y del reporte de
novedades ante el sistema de afiliación Transaccional[230]. Ahora,
la afiliación mediante el PEP exige a su vez la presentación de “pasaporte o
el Documento Nacional de Identidad (DNI)”[231].
31. La
atención en salud de aquellos migrantes que, por cualquier motivo, no
disponen de la autorización para permanecer en el país y que, en consecuencia, no
cuentan con documento de identificación ni están afiliados al sistema, no es
una posibilidad excluida. Por tal razón, “(…) son valorados como ‘población
pobre no asegurada’”[232].
Pese a la inexistencia de la afiliación y de conformidad con los compromisos internacionales
asumidos[233],
como de la igualdad entre nacionales y extranjeros consagrada en el texto
superior, el artículo 10º[234]
de la Ley 1751 de 2015 señala el derecho que tiene cualquier persona en el
país a recibir atención de urgencias, sin contraprestación alguna[235]. Lo
anterior, en consonancia con el referido deber de atención mínima que tiene el
Estado colombiano para con aquellas personas en su territorio que
requieran “(…) atención de urgencias, en tanto contenido mínimo del derecho
a la salud, entendiendo que (…) debe interpretarse a la luz del derecho a la
vida digna”[236].
Este solo opera cuando el interesado no cuenta con una póliza de seguro para
cubrir los servicios médicos correspondientes, ni con capacidad de pago,
individual o familiar, para asumir su costo.
En esa medida, la
atención en salud para las personas extranjeras que no han regularizado su
estancia en Colombia está condicionada por factores clínicos y socioeconómicos.
Tiene lugar ante una contingencia en salud, que implique una urgencia médica,
para cuya atención no exista contrato de seguro ni recursos por parte de quien
la padece. En esa medida, el concepto de urgencia juega un papel crucial en
casos como este.
La noción de
urgencia y la organización de los servicios relacionados con ella
32. La Ley 1751 de 2015 señaló que
entre los derechos que tienen las personas en el sistema de seguridad social en
salud está la atención inicial de urgencia que requieran y prohíbe la negación
de su prestación, que no puede condicionarse a su autorización administrativa.
33. El Decreto 780 de 2016, reglamentario del sector salud, señala las
directrices que rigen la atención de urgencia en entidades, públicas y
privadas, que prestan servicios de salud. Para su regulación, en consonancia
con el Decreto 866 de 2017, contiene un marco conceptual específico. Refiere
que la urgencia es “(…) la alteración de la integridad física y/o mental de
una persona, causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología
que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva tendiente a
disminuir los riesgos de invalidez y muerte”. Para responder a esta situación,
se prevén dos modalidades de atención: (i) la inicial de urgencia y (ii) la de urgencia.
La primera incluye a esta última[237].
Sin embargo, tal y como lo encontró la Sala Sexta de Revisión al proferir la Sentencia
T-210 de 2018[238]
“(…) la ‘atención de urgencias’ es más comprehensiva que la ‘atención
inicial de urgencias’”.
La atención inicial de urgencia se define como el conjunto de “(…) acciones (…)
que tiendan a estabilizar (…) signos vitales, realizar un diagnóstico de
impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de
atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención
inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que
determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud”[239].
Entre tanto, la atención de urgencia fue definida por ese mismo decreto como “el
conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente capacitado y
con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención
generada por las urgencias”.
34. La jurisprudencia de esta Corporación ha
conceptualizado la atención de urgencia desde una perspectiva constitucional y
a partir de aquella noción consolidada por el Gobierno Nacional[240], ha
destacado que se orienta no solo por la garantía a la vida (a través de la
estabilización de los signos vitales) sino a la dignidad de la persona y a la
contención de las secuelas de cualquier evento crítico.
La Sentencia
C-834 de 2007[241]
señaló que todos los extranjeros en Colombia tienen derecho a recibir un mínimo
de atención en caso de necesidad y urgencia. El propósito es la satisfacción de
sus necesidades más elementales y primarias en salud, sin perjuicio de que el Legislador
amplíe esta protección. Esta postura fue reiterada en la Sentencia T-314 de
2016[242].
Esa providencia precisó que, en el asunto estudiado, el mínimo de prestaciones
exigibles había sido efectivamente dispensado en favor de un ciudadano
argentino sin estancia regularizada en el país, y destacó que la atención de
urgencia “excluye la entrega de medicamentos y [la] continuidad en los
tratamientos.”
La Sala Plena de
esta Corporación, mediante Sentencia SU-677 de 2017[243],
estudió el caso de una madre gestante, migrante sin estancia regular en
territorio colombiano, que pretendía tener acceso a control prenatal. En
aquella oportunidad, destacó la necesidad de que el concepto de urgencia sea
definido en función de la vida digna, de modo que no se contraiga a evitar la
muerte, sino que se oriente a preservar las condiciones para llevar a cabo una
vida en condiciones de dignidad, para la cual la integridad física es
imprescindible[244].
En consonancia con ello, encontró lesionados los derechos de la accionante ante
la omisión en la práctica de los controles prenatales, pese a los riesgos
sufridos por la generalidad de las mujeres gestantes.
Posteriormente,
la Sentencia T-705 de 2017[245]
ordenó la continuidad del tratamiento de un menor de edad diagnosticado con
cáncer en el sistema linfático, entretanto se regularizaba su situación
migratoria. Esa medida fue sustentada en que la atención de la urgencia médica
trasciende la estabilización de los signos vitales del paciente y se orienta a
preservar su vida y a atender las necesidades básicas en salud, asociadas a la
urgencia médica presentada.
La Sentencia
T-210 de 2018[246]
reconoció que, si bien la atención de urgencia es un compromiso internacional
de los Estados, depende del concepto de ella que se haya adoptado en la
normativa interna y, en últimas, de la apreciación médica. Esa decisión enfatizó
que, en aras de impedir prácticas discriminatorias en la prestación del
servicio a la salud, en el ejercicio de definición de aquello que constituye
una urgencia, el tipo de estancia del migrante es irrelevante y no puede
constituirse en un criterio de exclusión. Hizo énfasis en que la atención de urgencias,
en eventos excepcionales, puede incluir el tratamiento de enfermedades
catastróficas cuando, para preservar la vida, sea indispensable e impostergable
otorgarla. La determinación de estos eventos le corresponde al médico tratante,
sin embargo, la providencia consideró el tipo de patología (cáncer) y el nivel
de avance de la enfermedad, para conceder el amparo. Adicionalmente, precisó
que mientras la afiliación en salud hace parte de un componente progresivo del
derecho, la atención de urgencia es de cumplimiento inmediato y es actualmente
exigible[247].
En consonancia con ello, la Sentencia
T-025 de 2019[248]
puntualizó que “(…) ante la presencia de casos ‘excepcionales’, para los que
su tratamiento no puede dar espera, como en los de las enfermedades catastróficas,
como cáncer o VIH-SIDA, la atención primaria de urgencia que incluye a toda la
población colombiana no asegurada o migrante sin importar su situación de
irregularidad, de acuerdo con las consideraciones vistas, debe prestarse
siempre que el médico tratante determine ese estado de necesidad o urgencia, es
decir se hace indispensable que, en virtud del criterio de un profesional en
salud, quien es el competente para determinar el estado del paciente conforme
su formación técnica, se constate y se ordene el procedimiento a seguir bajo
los protocolos establecidos para la materia”. Además, consideró que la
atención de urgencia, “dada la naturaleza catastrófica de la enfermedad del
paciente -Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH-, [incluye] la entrega de
medicamentos prescritos por el médico tratante, necesarios para evitar el
deterioro progresivo de su patología e inclusive la muerte”. Sin embargo, en
el caso analizado en aquella ocasión no fue necesaria una orden en ese sentido,
pues el accionante regularizó su estancia en el país durante el trámite
constitucional.
Luego de ello, la Sentencia
T-197 de 2019[249]
recordó que, conforme la jurisprudencia en la materia:
“(…) todos los extranjeros migrantes, incluidos aquellos que se
encuentran en situación de irregularidad en el país, tienen derecho a recibir
atención básica y de urgencias en el territorio nacional. Se trata de un
contenido mínimo esencial del derecho a la salud (…). Garantizar, como mínimo,
la atención que requieren con urgencia los migrantes en situación de
irregularidad tiene una finalidad objetiva y razonable y es entender que, en
virtud del principio de solidaridad, el Sistema de Salud no le puede dar la
espalda a quienes se encuentran en condiciones evidentes de debilidad
manifiesta. En esa medida, no es constitucionalmente legítimo ‘restringir el
acceso de [estos] extranjeros a esas prestaciones mínimas, en especial, en
materia de salud, garantizadas en diversas cláusulas constitucionales y
tratados internacionales sobre derechos humanos que vinculan al Estado
colombiano’ y que persiguen garantizar el más
alto nivel posible de bienestar. En aplicación directa de estos
postulados superiores, se ha consolidado -como regla de decisión en la materia-
que, cuando carezcan de recursos económicos, ‘los migrantes con permanencia
irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir atención de
urgencias con cargo [a las entidades territoriales de salud], y en subsidio a
la Nación cuando sea requerido, hasta tanto se logre su afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud’. Esta prestación deberá efectuarse sin
barreras irrazonables y a través de los convenios o contratos que se suscriban
con la red pública de salud del departamento o del distrito, según sea el caso.”
En ese contexto, dicha providencia
señaló que el concepto de urgencia no persigue tan solo evitar la muerte del interesado,
sino que, en aras de la materialización de la vida digna, implica una
protección de “(…) toda circunstancia que haga sus condiciones
de existencia insoportables e indeseables; y le impida desplegar adecuadamente
las facultades de las que ha sido dotado para desarrollarse en sociedad de
forma digna” y conlleva la
utilización de todos los medios disponibles para lograrlo. Además, precisó que
la existencia de un padecimiento catastrófico supone “(…) un compromiso y
una diligencia superior” por parte de los agentes del sistema de salud.
La Sentencia T-452 de 2019[250]
señaló que el bienestar de las personas, “(…) no solo debe limitarse al
simple hecho de tener una vida bióticamente hablando; sino más bien se extiende
a la posibilidad de poder existir en condiciones que permitan materializar la
dignidad del ser humano”, de modo que recordó que “[l]a atención mínima
a la que tienen derecho los extranjeros, cuya situación no ha sido
regularizada, va más allá de preservar los signos vitales y puede cobijar la
atención de enfermedades catastróficas o la realización de cirugías, siempre y
cuando se acredite su urgencia para preservar la vida y la salud del paciente”. Sin embargo,
enfatizó en que ello no exime al extranjero de la obligación de regularizar su
condición migratoria, y recordó que la jurisprudencia ha instado a los
migrantes a hacerlo.
Finalmente, la Sentencia T-565 de 2019[251] puntualizó las reglas reconocidas
hasta el momento de su emisión, conforme las cuales los migrantes con
permanencia irregular que tengan una condición económica precaria, reciben
atención de urgencia con cargo al departamento y, complementariamente, a la
Nación hasta que sean afiliados al sistema de seguridad social en salud. Dicha
atención, no solo busca la preservación de la vida, sino también la contención
de las consecuencias críticas permanentes o futuras, o de factores que hagan sus condiciones de
existencia intolerables. En tal sentido, no solo obedece a una “(…) perspectiva de derechos humanos, sino
también (…) [a] una perspectiva de salud pública, razón por la cual la misma
debe venir acompañada de una atención preventiva”.
35. La Resolución 3512 del 21 de diciembre
de 2019[252],
como lo había hecho la Resolución 5269 de 2017, complementa la definición
reglamentaria de atención de urgencia en consonancia con la noción
jurisprudencial, en el sentido de que es una “(…) modalidad intramural de
prestación de servicios de salud, que busca preservar la vida y prevenir
las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante
el uso de tecnologías en salud para la atención de usuarios que presenten alteración
de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier
grado de severidad que comprometan su vida o funcionalidad.” (Énfasis propio)
36. Ahora
bien, para que cualquiera de
estas atenciones de urgencia pueda ser asumida por una entidad territorial, con
cargo a los recursos con los que cuenta para la atención de migrantes sin
estancia regularizada, es necesario “1. [q]ue corresponda a una
atención inicial de urgencias en los términos aquí definidos. // 2. [q]ue la
persona que recibe la atención no tenga subsidio en salud en los términos del
artículo 32 de la Ley 1438 de 2011 ni cuente con un seguro que cubra
el costo del servicio. // 3. [q]ue la persona que recibe la atención no tenga
capacidad de pago. // 4. [q]ue la persona que recibe la atención sea nacional
de un país fronterizo. // [y] 5. [q]ue la atención haya sido brindada en la red
pública hospitalaria del departamento o distrito”[253]. En
cualquier caso, los entes territoriales deben asegurar la prestación cuando
aquel migrante reside en su jurisdicción, presenta una urgencia médica y cumple
con los mencionados requisitos[254].
Estos servicios médicos deben ser asumidos con cargo a los recursos del Sistema
General de Participaciones, o de aquellos destinados por el Gobierno Nacional como
complemento a los mismos, para la atención en salud de la población migrante en
zona de frontera[255].
Tal responsabilidad se extiende hasta tanto la persona beneficiada con la
medida se afilie al sistema de seguridad social en salud, a través de
cualquiera de sus regímenes[256],
por lo que corresponde a las autoridades incentivar a los migrantes a su
regularización y posterior afiliación.
Las obligaciones de los entes
territoriales en materia de salud y de atención inicial de urgencia se agotan
ante cada evento urgente con la prestación efectiva de los servicios
correspondientes a la atención inicial por urgencias, incluida la atención de
urgencia. El parágrafo del artículo 2° de la Resolución 5261 de 1994
prevé que los servicios de salud en los diversos entes territoriales se prestan
por niveles de complejidad. Ante requerimientos de salud que impliquen para un
paciente mayores niveles de atención, “(…) el médico deberá remitirlo al
centro de salud habilitado para prestársela, acompañado de la historia clínica
completa, con la especificación del motivo de la remisión y los tratamientos y
resultados previos”[257],
pues la “atención de urgencias (…) comprende la remisión a la entidad del
nivel de complejidad requerido”[258].
Cuando no se disponga de los recursos médico-científicos
necesarios para la atención de la urgencia médica, como consecuencia de los
distintos niveles de complejidad[259]
en la atención que existen en el país, es necesario remitir
inmediatamente al paciente a una entidad que cuente con ellos[260]. Solo
así aseguran su vida e integridad, pues dentro de los procesos o etapas de la
atención en urgencias se encuentran las remisiones pertinentes, de conformidad
con el artículo 45 de la precitada resolución.
En esa misma línea, la Sentencia
T-705 de 2017[261]
destacó que, cuando los servicios requeridos para llevar a cabo la atención de
urgencia no estén disponibles en el lugar en el que se precisa la atención, las
autoridades del sector salud deben gestionar la remisión del usuario a una
entidad que sí cuente con ellos, para asegurar la atención. En esa medida la
falta de disponibilidad de los recursos para concretar la atención no exime de
las obligaciones propias de la prestación del servicio de salud en la modalidad
de atención de urgencia. A su vez, la Sentencia T-403 de 2019[262]
reiteró la necesidad de remisión a instituciones de salud con el nivel
requerido dentro de la misma entidad territorial para la prestación de los
servicios de salud de urgencia que precisen los migrantes que no han
regularizado su estancia en el país. En esta última decisión se precisó que la “(…)
simple manifestación sobre la posibilidad de acudir a otra entidad (…) no se
ajusta a la subregla de asegurar que una entidad competente valore y fije el
tratamiento que una persona requiere en caso de urgencia, ni a los requisitos
que se siguen de tal actuación, consistentes en enviar a la entidad receptora
la historia clínica completa, con la especificación del motivo de la remisión y
los resultados previos de la atención realizada (Resolución 5261 de 1994)”[263],
de modo que compromete el derecho a la salud.
37. En suma, el derecho a la salud
de los migrantes que no cuentan con autorización de ingreso y permanencia en el
país se rige por reglas específicas. De un lado, su objetivo es asegurar la atención
de urgencia, como componente mínimo exigible en su favor, de suerte que ningún
prestador de atención en salud puede negarla[264]
ni solicitar la presentación de documentos como condición para suministrarla[265]. Sin
embargo, tal obligación solo surge en casos excepcionales en los que la
situación reviste tal gravedad (por el compromiso de la vida del interesado, por
el tipo de enfermedad y nivel de avance que presente), que (i) la intervención
clínica es imprescindible e impostergable y (ii) no existe otra vía, para
asegurar la atención médica, como el aseguramiento en salud o la asunción
directa de sus costos por parte del afectado o de su familia. Solo en esos
casos, las entidades territoriales deben asumir la atención con cargo a los
recursos del Sistema General de Participaciones o aquellos complementarios que
han recibido por parte del Gobierno Nacional. Ellas deben asegurar la
prestación de los servicios, inclusive en el evento en que requieran la
remisión a otro centro médico.
El derecho fundamental a la salud de
los niños y niñas migrantes no residentes en Colombia, y las implicaciones de
la aplicación del interés superior del menor de edad[266]
38. Los niños y niñas
son sujetos de especial protección constitucional en razón de su edad, lo que
implica que merezcan “(…) trato preferente y prevalente en el acceso [eficaz
y oportuno] a las prestaciones”[267]
a las que tienen derecho. El artículo 44 superior señala que
entre sus derechos fundamentales está el de la salud. Su materialización, es
deber de la familia, la sociedad y del Estado y tiene un objetivo específico:
lograr “(…) su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos”[268], como expresión de “(…) un derecho subjetivo fundamental a
recibir protección”[269]. Según esa misma norma, las garantías
previstas por el Constituyente a favor de los menores de edad prevalecen sobre
los derechos de los demás y, tanto las decisiones como las actuaciones que los
afecten, deben orientarse por su interés superior.
39. El denominado
interés superior del menor de edad ha sido reconocido como parte de la
transformación de la concepción sobre la infancia y su participación en la
democracia, a partir de la investigación científica sobre sus potencialidades y
capacidades. Deviene del reconocimiento de la condición de indefensión, en
razón de “(…) su desarrollo físico, mental y emocional [que] está en proceso
de alcanzar la madurez requerida para la toma de decisiones y participación
autónoma dentro de la sociedad”[270],
pues debido a ello los niños y niñas demandan una protección reforzada[271]. En el
contexto de la migración, este principio ha sido reconocido como una guía para
la acción estatal en relación con la población infantil, que persigue su “desarrollo
holístico”, lo que “significa que los intereses del niño tienen máxima
prioridad”[272].
En varias oportunidades, la Corte ha
caracterizado este principio. Inicialmente, en la Sentencia T-408 de 1995[273], destacó
que debe ser:
“(1) real,
en cuanto se relaciona con las
particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y
sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por
tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los
padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto
relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia
de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la
protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico
supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del
menor”.
40. Posteriormente, en las Sentencias T-502 y T-844 de 2011[274], esta
Corporación señaló que no se trata de una disposición abstracta, sino que se
concreta en cada caso particular, de conformidad con la caracterización y las
circunstancias que rodean a la población infantil en cada asunto. Para efecto
de identificarlos, la primera de esas providencias identificó varios elementos
orientadores. Ahora bien, en el marco de la gestión y la prestación del servicio de salud
a favor de los niños y niñas, es preciso considerar que todos los agentes que
intervienen en él, tanto públicos como privados[275], deben orientarse no solo al mantenimiento
del mayor nivel de salud posible, como para la generalidad de la población,
sino que deben perseguir el desarrollo infantil, como presupuesto para el
ejercicio de sus demás garantías constitucionales, en el presente y en el
futuro[276]. En
esa medida, las decisiones adoptadas en el sistema de seguridad social en
salud, siempre que se encuentre comprometido un menor de edad, debe atender a
su interés superior[277], como mecanismo para la consolidación de la dignidad humana infantil.
41. Ahora bien, en
relación con el interés superior del menor de edad que es extranjero, es
posible concluir, de cara a los fundamentos anteriormente expuestos en relación
con los derechos y deberes de los extranjeros, que ese grupo, al igual que la
población infantil nacional, es destinatario de dicho principio, el cual,
además, debe tenerse como un parámetro interpretativo en su favor[278].
Solución al caso concreto
42. La señora Carmen
busca la expedición del permiso especial de permanencia para ella y sus hijos, también
la afiliación al sistema de salud para los cuatro, tal y como lo consignó en
sus pretensiones. Según su postura, al no proceder con la gestión
administrativa que corresponde para ello, tanto la Unidad Administrativa
Especial de Migración Colombia, como la Secretaría de Salud Departamental de Amarillo,
comprometieron sus derechos.
Específicamente, en relación con una de
sus hijas, Juliana, el amparo busca la expedición del PEP y la afiliación
al sistema de seguridad social en salud, porque se le ha negado el acceso a una
consulta por cardiología pediátrica y cardiología pulmonar que, en criterio de
médicos, la niña precisa con urgencia. La accionante solicita también que, al
momento de proferirse la sentencia, se hagan las prevenciones dispuestas por el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
43. Pasa la Sala a determinar cada
una de sus solicitudes de protección, de conformidad con el marco normativo y
jurisprudencial expuesto hasta este punto.
Sobre la expedición
del Permiso Especial de Permanencia (PEP) y la afiliación al sistema de
seguridad social en salud
44. La señora Carmen
adujo que los derechos a la vida, igualdad, salud, seguridad social y dignidad
humana de ella y sus tres hijos fueron vulnerados como consecuencia de la
conducta de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la
Secretaría Departamental de Salud de Amarillo. Tal conducta está
descrita, en los términos empleados por la accionante en el escrito de tutela, como
“omisión y negligencia”[279]
al no otorgar autorización de estancia en Colombia, que les permita afiliarse y
obtener los beneficios en salud.
La Procuradora 24 Judicial II para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia llamó la
atención sobre el hecho de que la accionante no ofrecía ningún dato sobre las
gestiones que ella adelantó para obtener el permiso migratorio y la afiliación
en salud. Para esta funcionaria, el escrito de tutela no especificó una
conducta concreta, que se le atribuya a las demandadas sobre estos aspectos. En
esa misma línea, los jueces de instancia aseguraron que, dado que no puede concluirse
que la señora Carmen haya solicitado lo que ahora pide por tutela, directamente
a las entidades accionadas, no era posible que aquellas quedaran obligadas a
desplegar acciones en su favor. En vista de ello negaron el amparo.
Para la Sala, es claro que la accionante
no acudió a las demandadas para pedir el PEP y la afiliación en salud. Solo
ella conocía de la necesidad de aquellos, sin que se lo haya comunicado ni
solicitado a las autoridades competentes, para resolver la materia de su interés.
Por ende, no hay una conducta que pudiera esperarse de las dos accionadas. No
estaban enteradas de la situación, no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre
ella, de modo que no existe ninguna acción u omisión de su parte, y tampoco
podría catalogárseles como negligentes.
Cabe aclarar que, como se ha mencionado
a lo largo de esta providencia, la acción de tutela contrarresta la vulneración
de los derechos fundamentales que tenga origen en la actividad, o falta de
gestión, de las autoridades. Ahora bien, para que la administración se
pronuncie sobre la situación de personas concretas, en la mayoría de los casos,
en Colombia es necesaria una solicitud, a partir de la cual se abre un trámite
administrativo, que termina con una decisión. Cuando a pesar de la petición del
interesado la entidad no la emite, podría considerarse una omisión. Cuando la
administración resuelve o actúa para responderle, habría una acción. Pero en
este caso puntual, la falta de solicitud de la accionante, previa interposición
de la tutela genera que no haya conducta que lesione sus derechos y los de sus
hijos.
Por lo tanto, respecto de la expedición
del PEP y de la afiliación al sistema de salud, no se registra una conducta que
alerte a esta entidad sobre el compromiso de los derechos de la familia que
solicitó la protección. En esa medida, el amparo debe ser negado en relación
con los derechos a la vida, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y
a la dignidad humana. En tal sentido, la Sala confirmará la sentencia de
segunda instancia en este aspecto.
45. Por último, cabe
precisar que, aunque la accionante manifestó durante el trámite de revisión
haber solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores el reconocimiento de la
calidad de refugiada, no es claro cuándo lo hizo, cuál fue el resultado de
dicha gestión y si se encuentra pendiente de algún trámite. En esa medida, a
través de la información suministrada por ella, no se identifica ninguna
irregularidad al respecto.
Adicionalmente, pese a las fallas en el
sistema que encontró la peticionaria al tratar de acceder a los servicios
virtuales de Migración Colombia, tampoco es clara la afirmación y no se
desprende de ella una omisión de esa entidad sobre sus deberes de poner a
disposición de los migrantes canales de gestión de su condición migratoria. Sin
embargo, la accionante manifestó tener inconvenientes para acceder a los
canales de atención virtual o telefónica, en virtud de su condición
socioeconómica actual, como de las restricciones de acceso a tecnologías
informáticas, por lo que tiene como alternativa los canales de atención e
información presenciales referidos por esa entidad. No obstante, en este
momento en que las medidas para contener la pandemia por COVID-19 sugieren la
necesidad del aislamiento para prevenir el contagio, es preciso ordenar a
Migración Colombia que acompañe a la actora, a través de medios telefónicos o
de atención remota que sean concertados con ella, y le informe su estatus
migratorio, como el de sus hijos, y las alternativas de regularización con las
que cuenta en este momento de conformidad con su condición actual y sus
posibilidades particulares. Deberá ofrecerle una atención no presencial, con el
propósito de que la actora logre activar el procedimiento administrativo
correspondiente y obtenga una terminación de fondo al final del mismo. Ello permitirá
elevar las solicitudes a las que haya lugar, para permitirle a la accionante adelantar
el trámite migratorio correspondiente sin exponer a la niña al contagio.
46. Pese a la
inexistencia de una vulneración de los derechos de la tutelante y su familia, en
sentido de lo señalado en la acción de tutela, la Sala no puede pasar por alto
las manifestaciones de la tutelante y de los demás intervinientes, en el
sentido de que el otorgamiento del permiso especial de permanencia es inviable en
el caso de cada uno de los cuatro accionantes.
Por un lado, desde un plano material, la
accionante adujo no contar con pasaporte, al no haberlo sacado nunca en su
país, por cuanto no se había visto en la necesidad de salir de él. Además, por la
pérdida de su cédula de ciudadanía venezolana y por la imposibilidad de
tramitar su reexpedición, ante la insuficiencia de los recursos físicos de la
institución encargada de ello en Venezuela. Entonces, no solo la accionante no
dispone del PEP, sino de los documentos esenciales para tramitarlo, de forma
que la probabilidad de que pueda regularizar la situación migratoria es mínima.
De otro lado, Migración Colombia y el
Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que el ingreso de la señora Carmen
y sus hijos, por medio de trochas y sin registro alguno en los puestos de
control migratorio, tornan imposible la expedición de ese permiso de estancia,
en las condiciones en las que está previsto actualmente.
Por ende, para la Sala Sexta de Revisión
es necesario poner en conocimiento de la Presidencia de la República y al Ministerio
de Relaciones Exteriores esta situación para que, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales y con respeto de su ámbito de apreciación en el
manejo de asuntos internacionales, y en caso de ser o llegar a ser compatible
con la orientación de la política migratoria, evalúen si es necesario efectuar los
ajustes del caso, no solo porque ello podría implicar la exclusión de ciertos
grupos poblacionales sobre los que recae una especial protección constitucional,
ante la irregularidad de su ingreso y las barreras de acceso a la oferta
institucional que eso implica, sino porque puede reducir la información objetiva
sobre el estado actual de la situación y disminuir los márgenes de acción del
Gobierno Nacional.
Si como consecuencia de ello, se prevé
algún mecanismo que pueda llevar a la regularización de personas en las
condiciones de la señora Carmen y sus hijos, se instará a Migración
Colombia para que acompañe a la accionante también en el proceso administrativo
correspondiente, si para entonces ella aún se encontrara en condición
migratoria irregular.
Sobre el derecho a la salud de Juliana
47. En relación con este
derecho, la Sala aclara que el escrito de tutela tampoco visibiliza cuándo y en
qué condiciones las accionadas negaron la atención médica a la niña. Por el
contrario, luego de recaudadas las pruebas en sede de revisión, lo cierto es
que tan solo hay registro de que la madre acudió al servicio médico, una vez
formulada esta acción y como consecuencia de la medida provisional decretada en
el auto admisorio. Antes del 12 de agosto de 2019, no existe registro de una
consulta médica en el servicio de urgencias y la accionante tampoco manifestó
haber acudido al mismo entre el momento de su llegada a Colombia y el de la
radicación del amparo.
A pesar de que inicialmente no había
certeza sobre la afectación a los derechos de Juliana, la medida
cautelar derivó en la emisión de una serie de órdenes médicas que sugirieron la
necesidad de una consulta con especialista, misma que no se ha llevado a cabo.
Antes de la presentación de la acción de tutela se presentó un riesgo para el
ejercicio de los derechos de la niña y, en el curso del trámite, a partir de la
conducta de las accionadas, la vulneración se materializó, pues si bien la niña
ha recibido atención en salud en el servicio de urgencias, las mismas no son
suficientes para superar el déficit de protección al derecho a la salud, para
lo cual es indispensable el tratamiento de las enfermedades de alto costo que
le fueron diagnosticadas.
48. Queda claro que la
situación migratoria de los miembros de la familia nuclear de la señora Carmen
no ha sido regularizada. De ellos, Juliana ha sido llevada al servicio
de urgencias en varias oportunidades, ante síntomas como fatiga y cianosis,
asociadas principalmente a dos diagnósticos: enfermedad de pompe y Tetralogía
de Fallot. Estas patologías pueden tener relación con su cuadro de
desnutrición. Los dos diagnósticos se efectuaron por primera vez en Venezuela,
pero fueron confirmados en Colombia a través de los profesionales de la salud
que la han valorado desde agosto de 2019.
Como resultado de las atenciones médicas
que ha recibido en el departamento de Amarillo, los distintos profesionales
de la salud que la examinaron coinciden en la recomendación de una consulta por
cardiología pediátrica. En dos oportunidades esta fue calificada como un
servicio prioritario, mientras que el 4 de diciembre de 2019, el pediatra
sostuvo que se trataba de un procedimiento requerido con urgencia por la
condición de la niña. Sin embargo, el administrador temporal del sector salud
del departamento, insiste en que se trata de una atención prioritaria que no
debe asumir esa entidad territorial. Además, precisó que el servicio en favor
de Juliana no había sido suministrado por falta de esa especialidad en
su red pública de prestación de servicios.
49. Dada la
irregularidad de la estancia en Colombia de la menor de edad, la discusión gira
en torno al carácter urgente de su atención, pues de él depende que pueda
considerarse como parte las prestaciones asociadas a su derecho a la salud en
Colombia, y que sea responsabilidad de las autoridades colombianas brindarlo.
Sobre el particular, la Sala Sexta de
Revisión advierte que, en este asunto, sí se trata de una atención de urgencia
por dos razones. La primera es que las enfermedades diagnosticadas a la niña,
una catastrófica y otra huérfana de alto costo, permiten inferir la necesidad
de su atención urgente e integral, para la contención de los efectos de su
enfermedad y la garantía de su desarrollo armónico e integral. La segunda, es
que cuatro meses después de la interposición de la acción y de la atención
inicial de la niña, uno de los médicos a cargo de la atención de Juliana,
identificó como urgente una consulta médica por la especialidad de cardiología
pediátrica, lo que, en conjunto, basta para que la entidad territorial deba
asegurarle la atención médica, como se explicará más adelante.
50. Cabe recordar que la
niña fue diagnosticada con dos patologías derivadas de una cardiopatía
congénita: Tetralogía de Fallot y enfermedad de pompe. La primera, de
conformidad con los argumentos expuestos por el Ministerio de Salud y
Protección Social, es una enfermedad catastrófica, mientras la segunda es una
enfermedad huérfana cuyo tratamiento es de alto costo, según lo afirmó la administradora
temporal. Estas malformaciones implican una oxigenación precaria en la sangre y
dificultan la absorción de nutrientes en el cuerpo de la menor de edad, de modo
que presenta desnutrición asociada a ellas y, dicha condición, implica la
reducción de sus posibilidades de vida. Tal y como lo plantearon la Fundación
Cardio Infantil y la Universidad Nacional de Colombia, la niña presenta un
diagnóstico que, de entrada, supone un factor de riesgo alto para la vida y,
adicionalmente, su historia clínica registra condiciones asociadas (como la
desnutrición) que representan para ella, en particular, un mayor desafío, no
solo por la posibilidad latente de muerte, sino también por las implicaciones y
limitaciones funcionales que sugieren para su desempeño diario, en una fase de
desarrollo infantil. Ello coincide con las preocupaciones de la madre, quien
informó que la niña no camina, no habla y depende en todo aspecto de terceros,
como también lo encontró el médico que hizo las referencias señaladas. Según
los expertos, la condición de la infanta incide directamente en las
posibilidades de desarrollo, incluso neuronal. La naturaleza de las patologías
y las condiciones asociadas que agravan su condición, alertan a la Sala sobre
la necesidad de una atención de urgencia para la niña, con el fin de que
preserve la vida, recupere su salud y pueda desarrollarse en forma armónica,
como lo impone el interés superior de la menor de edad. Así, para la Sala es
imperioso que reciba la atención que precisa hasta tanto se constate que su
afección no representa ningún riesgo para su vida, su integridad o su
desarrollo
Además, el 4 de diciembre de 2019, cuatro
meses después de su primera valoración, el profesional de la salud que analizó
la situación de la niña registró en su historia clínica que se requería en
forma “urgente” una consulta por cardiología pediátrica. Este concepto
da cuenta de los efectos del paso del tiempo sobre la condición médica de Juliana,
que para entonces requirió servicios impostergables para cuidar su vida y
asegurar las condiciones para su desarrollo, pese a lo cual no le fueron
suministrados.  La atención de urgencia es procedente en este asunto, no solo
desde el punto de vista de las implicaciones de las enfermedades diagnosticadas
y desde una aproximación general a las mismas, sino porque la evolución de la
enfermedad de la niña derivó en la necesidad de una prestación de ese carácter.
51. Finalmente, cabe
destacar que conforme lo aseguró quien fungió como administrador temporal del
sector salud en el departamento de Amarillo, la entidad territorial
gestionó y trató de encontrar el servicio en su red pública. Afirmó que en ella
no dispone de la especialidad requerida. En esa medida, pese a las
aseveraciones sobre el carácter prioritario y no urgente de la consulta médica
prescrita, las actuaciones de la entidad territorial llevan a concluir que para
ella también se trató de un procedimiento urgente. Sin embargo, esa entidad no
aseguró su efectiva prestación, lo que puso en riesgo la vida y la integridad
de la niña. Desconoció sus responsabilidades con la población extranjera de condición
migratoria irregular, pese a que en las comunicaciones que aportó a este
trámite las reconoció. Sus actuaciones tampoco sugieren la orientación por el
interés superior de la menor de edad, pues ante el compromiso de la vida y el
desarrollo integral de la niña, la entidad territorial se contrajo a la
verificación de la falta de recursos en su territorio, sin propender por el
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la paciente.
En esa medida, para la Sala es claro que
el departamento de Amarillo comprometió los derechos a la vida, a la
salud, a la seguridad social, a la igualdad y a la vida digna de Juliana.
52. La entidad pretendió
justificar la negativa del servicio a partir de la ausencia de instituciones asociadas
a su red de prestadores que puedan brindar la atención requerida por la niña en
la red pública del departamento. El administrador temporal adujo que la entidad
territorial no cuenta con esa especialidad, por lo que le recomendó a la
tutelante dirigirse a otro departamento. La falta de disposición del servicio
fue empleada por ese funcionario no solo como alternativa para el tratamiento
de la niña, sino como factor eximente de su responsabilidad en este asunto, en
contra de la jurisprudencia de esta Corporación, que señala que las simples
indicaciones que tienden a enviar al paciente a otro prestador de salud, sin
efectuar las remisiones del caso, lesionan el derecho a la salud de las
personas migrantes en situación irregular[280].
Sobre el particular, es preciso recordar
que las disposiciones vigentes en materia de atención de urgencias suponen la vinculación
a una red, que permita la colaboración entre agentes del sistema de salud de
distintos niveles de complejidad, para asegurar los procedimientos y servicios
que se requieren para preservar la vida y la integridad funcional de las
personas[281].
En esa medida, la ausencia del servicio de cardiología pediátrica en Amarillo
no puede constituirse en un obstáculo para el ejercicio al derecho a la salud.
La entidad territorial debe asegurar la prestación del servicio, mediante la
coordinación interadministrativa y la remisión que corresponda, con cargo a los
recursos destinados para la atención de urgencia de la población migrante que
no ha regularizado su estancia en Colombia.
Además, la sugerencia de la búsqueda de
otra entidad territorial en la que se pudiera prestar el servicio de salud requerido
no solamente desconoce la situación de la familia de la accionante y la
condición de la menor de edad, sino también, las exigencias normativas al
respecto. Como quiera que la niña habita en Azul, es el departamento de Amarillo
y no otro, en el que puede cumplirse el requisito de residencia.
53. Así las cosas, para
la Sala es claro que se vulneró el derecho a la salud de la tutelante, como
quiera que requiere una atención inicial de urgencia para preservar su vida e
integridad, no tiene subsidio ni seguro alguno en salud, no cuenta con
capacidad de pago para asumir los costos médicos, es nacional de un país
fronterizo, y acudió a la red pública de prestación de servicios de salud en el
departamento de Amarillo. Las autoridades de esa entidad territorial no
le han brindado el servicio, en contravía de las indicaciones médicas y de la
naturaleza de sus diagnósticos. Por el contrario, le pidieron dirigirse a otro
municipio sin tener en cuenta las reducidas posibilidades socioeconómicas con
las que cuenta.
Por lo tanto, la Sala revocará la
decisión de instancia para conceder el amparo a la salud y a la vida digna de Juliana.
En consecuencia, la Secretaría Departamental de Salud de Amarillo, o
quien haga sus veces, deberá realizar las gestiones administrativas necesarias
para asegurar la atención que demanda su cardiopatía congénita, de conformidad
con la recomendación efectuada el 4 de diciembre de 2019 y la naturaleza
urgente que le otorgó su médico tratante. En caso de que la consulta deba
realizarse en otra entidad territorial, el departamento deberá cubrir los
gastos necesarios para llevarla a cabo y para el retorno de la niña y su
acompañante a la ciudad de residencia. Esta orden debe efectuarse en
cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad, para resguardar la
integridad de ambas personas.
Ahora, las distintas Salas de Revisión
que han asumido el conocimiento de casos en los que resulta comprometido el
derecho a la salud de un migrante cuya estancia no ha sido regularizada, han instado
a los actores a la regularización de su situación migratoria. La Sala Sexta de
Revisión lo hará también en este caso, en el sentido de instar a la señora Carmen
a atender el llamado de Migración Colombia y a concertar con esa entidad los
mecanismos telefónicos o de cualquier tipo, para recibir la asesoría
correspondiente e iniciar los trámites a los que haya lugar, en los términos
expuestos en el fundamento jurídico 45 de esta providencia.
Sobre la prevención solicitada por
la tutelante
54. Por último, la Sala
considera que es preciso efectuar las prevenciones dispuestas por el artículo
24[282]
del Decreto 2591 de 1991. La prevención que reclama la señora Carmen se
refiere a los casos en los cuales se advierte la carencia de objeto por hecho
superado o por daño consumado, o a aquellos en los que el juez considere
necesario proceder de ese modo, de conformidad con las particularidades del
caso concreto. En este asunto, pese a que no se presentó ninguna de las figuras
que sugieren la sustracción de la materia del debate constitucional, si se
encontró una conducta de las autoridades locales del sector salud que no es
congruente con el orden constitucional vigente. Entonces, para esta Sala de
Revisión es clara la necesidad de advertir a la Secretaría de Salud
Departamental de Amarillo que, en adelante, debe abstenerse de incurrir
en la conducta que dio origen a este amparo constitucional.
Conclusiones y órdenes por proferir
55. En esta oportunidad
la Sala analizó la solicitud de amparo promovida por la señora Carmen en
favor de ella, sus tres hijos, su madre, su hermana y un sobrino. Al valorar la
procedencia de la misma, la Sala encontró que la acción de tutela debía
declararse improcedente en lo que atañe a los últimos tres parientes de la
actora, en vista de que no hay ninguna circunstancia que les impida acudir al
juez de tutela por sí mismos, por lo que la accionante no tiene legitimación
por activa para reclamar esta protección en su favor. Únicamente la tiene para agenciar
la defensa de sus derechos y la de sus hijos, como su representante legal. Por
ese motivo, la Sala deberá revocar parcialmente la decisión de segunda
instancia que negó el amparo para, en su lugar, declarar improcedente esta
acción en relación con Teresa, como de María y Juan.
En cuanto a la legitimación por pasiva
la Sala encontró satisfecho el requisito en la medida en que las entidades
accionadas, como también las vinculadas, son de naturaleza pública y tienen
vocación para comparecer a este trámite, comoquiera que de ellas se predica la
afectación de los derechos fundamentales cuya protección aquí se reclama. En
relación con la subsidiariedad destacó, por un lado, que ante la inexistencia
de información que dé cuenta de la superación de las falencias encontradas por
la Corte en el trámite legalmente previsto ante la Superintendencia Nacional de
Salud, ese no es un mecanismo jurisdiccional idóneo con el que contara la
accionante para efectuar los reclamos en cuanto al derecho a la salud; por otro
lado, consideró que ella solo disponía de este mecanismo constitucional para
debatir lo que concierne a la condición migratoria de los miembros de su
familia.
Por último, en relación con la
inmediatez, señaló que entre el momento de la ocurrencia de los hechos narrados
en el escrito de tutela y la interposición de la acción transcurrió apenas un
mes, término que es razonable. Así, encontró satisfechos los requisitos de
procedencia en este asunto, respecto de Carmen, Juliana, Felipe
y Ana.
56. Establecido ello, la
Sala se orientó a precisar dos cuestiones. La primera, si ¿la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia y la Secretaría Departamental de Amarillo
vulneraron los derechos a la vida, a la igualdad, a la salud, a la seguridad
social y a la dignidad humana de los accionantes, al no otorgarles el permiso
especial de permanencia y no adelantar las actuaciones tendientes a su
afiliación al sistema de seguridad social en salud? Al respecto concluyó que no,
pues la demandante no ha iniciado ninguna actuación para regularizar su
situación migratoria, de modo que no se configuró una acción o una omisión
imputable a las accionadas. A raíz de ello, la Sala confirmará parcialmente la
decisión de segunda instancia, en el sentido de negar el amparo constitucional en
lo que respecta a la regularización de la situación migratoria de los actores.
Ahora bien, la Sala
encontró una particularidad en el asunto concreto, pues la accionante, dadas
las condiciones en las que ingresó al país, no cuenta con pasaporte ni tiene
probabilidades cercanas de obtenerlo, pues en Venezuela hay restricciones para
expedirlo. Además, no cuenta con documento de identidad venezolano, toda vez
que, según lo afirmado por ella, le fue hurtado. Ante este panorama, la Sala
pondrá en conocimiento de la Presidencia de la República y del Ministerio de
Relaciones Exteriores la situación de la tutelante y su familia, para que, en
el marco de sus competencias constitucionales y legales, y en caso de ser o
llegar a ser compatible con la orientación de la política migratoria que
aprecie conveniente, la considere para los efectos a los que haya lugar. Así
mismo, en el evento en que, a partir de ello, surja una posibilidad de
regularización para la familia de la accionante, a través de Migración
Colombia, se le contactará para brindarle la información correspondiente y se
le acompañará en el proceso de regularización a ella y a sus hijos. Adicionalmente,
dadas las condiciones actuales marcadas por la pandemia generada por el
COVID-19 y de las limitaciones de acceso a medios electrónicos de comunicación
por parte de la accionante, se le ordenará a Migración Colombia que la contacte
y acompañe en el proceso de regularización de su estancia en el país. Así mismo,
a la señora Carmen se le instará a atender el llamado de esa entidad y a
concertar con ella los medios a través de los cuales tendrá lugar dicho
acompañamiento.
57. La segunda
cuestión valorada fue si ¿la Secretaría Departamental de Amarillo
vulneró el derecho a la salud de la menor de edad agenciada, al no autorizar
las consultas médicas especializadas para el tratamiento de su enfermedad? La
Sala precisó que sí lo había hecho, pues con ello negó la atención de urgencia
que requería la niña, pese al carácter catastrófico y grave de su diagnóstico,
a la evolución de la enfermedad y a que el médico tratante, con el paso del
tiempo, ordenó llevar a cabo una consulta con especialista con carácter urgente.
Lo hizo bajo el argumento de que la entidad territorial no cuenta con esa
especialidad y sin efectuar las remisiones del caso. Todo ello puso en riesgo
la vida de Juliana y desconoció los deberes de atención mínima que tiene
el Estado para con los migrantes aún si no han regularizado su estancia en
Colombia. Además, evidenció el compromiso de la dimensión objetiva del derecho
a la salud de la población migrante que no ha regularizado su estancia en el
país.
Así las cosas, se ordenará que la
Secretaría Departamental de Salud de Amarillo, o a quien haga sus veces,
realice las gestiones administrativas necesarias para asegurar la consulta
médica por la especialidad cardiología pediátrica en favor de Juliana,
de conformidad con la recomendación efectuada el 4 de diciembre de 2019 y la
naturaleza urgente de sus diagnósticos. Así también procederá a la atención
médica que requiera para conjurar sus patologías actuales y los efectos
derivados de ellas, en vista de la gravedad de las mismas. En caso de que la
consulta deba realizarse en otra entidad territorial, deberá cubrir los gastos
necesarios para llevarla a cabo y para el retorno de la niña y su acompañante.
Esta orden debe efectuarse en cumplimiento de estrictos protocolos de
bioseguridad, para resguardar la integridad de ambas personas.
58. Ahora bien, para llegar a estas conclusiones la Sala
recordó las subreglas en relación con la igualdad de trato entre extranjeros y
nacionales, conforme la cual ambos tienen derechos y deberes, aunque distintos
en algunos aspectos e iguales en otros, su ámbito de protección se deriva de la
Constitución colombiana. Entre estos últimos, para los extranjeros, se
encuentra la posibilidad de que les sea autorizado su ingreso y permanencia en
el país. De ello depende que cuenten con un documento válido para identificarse
ante las autoridades colombianas y lograr la afiliación al sistema de seguridad
social en salud. Sin embargo, en aras del cumplimiento de los deberes
internacionales del Estado colombiano, este debe procurar una atención mínima
para la población migrante que no haya regularizado su estancia en Colombia,
cuando no exista póliza de atención en salud ni capacidad de pago por parte del
interesado o de su familia.
La atención mínima que
se procura es la de urgencia, entendida como el conjunto de procedimientos y
servicios orientados a la preservación de la vida y de la dignidad de la
persona, para enfrentar una condición de salud que compromete la posibilidad de
sobrevivencia y para prevenir sus consecuencias críticas en el estado de salud.
Ello no solo desde la perspectiva biológica, sino desde el punto de vista de la
dignidad de la persona, de modo que debe orientarse por evitar condiciones de
existencia insoportables e indeseables. Cuando la causa de la condición de
salud es una enfermedad catastrófica, demanda una mayor gestión por parte de
las autoridades públicas concernidas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR
PARCIALMETE el fallo proferido el 29 de
noviembre de 2019, por el Tribunal Superior de Azul, que a su vez
confirmó la decisión emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del
mismo distrito judicial, únicamente en el sentido de NEGAR la protección
constitucional de los derechos invocados y reclamada en favor de Carmen,
Felipe y Ana, en lo que respecta a la regularización de su
condición migratoria.
SEGUNDO. REVOCAR PARCIALMENTE
la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Superior de Azul, que confirmó la decisión de negar el amparo adoptada
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del mismo distrito judicial. En su
lugar: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de Teresa,
María y Juan; y CONCEDER el amparo del derecho a la salud,
a la igualdad y a la vida digna de Juliana, por las razones expuestas en
esta providencia.
TERCERO. ORDENAR a la Secretaría Departamental de Salud de Amarillo, o a
quien haga sus veces, a través de su representante legal, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
realice las gestiones administrativas necesarias para asegurar la consulta
médica por la especialidad cardiología pediátrica en favor de Juliana, de
conformidad con la recomendación efectuada el 4 de diciembre de 2019 y la
naturaleza urgente de sus diagnósticos. Así también procederá en relación con
la atención de su padecimiento en la atención médica que requiera para conjurar
sus patologías y los efectos derivados de ellas. En caso de que la consulta
deba realizarse en otra entidad territorial, deberá cubrir los gastos necesarios
para llevarla a cabo y para el retorno de la niña y su acompañante. Esta orden
debe efectuarse en cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad, para
resguardar la integridad de ambas personas.
CUARTO. ADVERTIR a la Secretaría Departamental de Salud de Amarillo, o a
quien haga sus veces, a través de su representante legal, que en adelante
deberá abstenerse de incurrir en las prácticas que dieron origen a esta
protección constitucional.
QUINTO. A través de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, PONER EN CONOCIMIENTO de la Presidencia
de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la situación de la
tutelante y su familia, para que, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, y en caso de ser o llegar a ser compatible con la
orientación de la política migratoria que aprecie conveniente, la considere
para los efectos a los que haya lugar.
SEXTO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que,
en cumplimiento de sus deberes legales y, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, le informe a Carmen cuál
es su estatus migratorio y el de sus hijos, y cuál es el procedimiento que debe
seguir para regularizar su situación migratoria a partir de su situación
concreta. Para el efecto, Migración Colombia deberá utilizar los medios
telefónicos o informáticos a su disposición o aquellos que sean concertados con
la accionante. En consecuencia, INSTAR a la accionante a atender el llamado de Migración
Colombia y a convenir con esa entidad los mecanismos para recibir la asesoría
correspondiente e iniciar los trámites a los que haya lugar para regularizar su
estancia en territorio colombiano.
SÉPTIMO. INSTAR
a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia para que, tras la valoración efectuada por el Gobierno
Nacional con ocasión de la orden quinta de esta decisión, de ser del caso
acompañe a la accionante y a su familia en el proceso de regularización que
pueda derivar de ella y sus alternativas en el marco del mismo.
OCTAVO. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase,
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Se
trata de Ana y Felipe, Teresa, María y Juan.
[2] Efectuada
el 5 de diciembre de 2019.
[3] La decisión de excluir de cualquier publicación los
nombres originales de menores de edad implicados en procesos de tutela y los de
sus familiares ha sido adoptada en las sentencias T-523 de 1992 (M.P. Ciro
Angarita Barón), T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-420 de 1996
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-1390 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-1025 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-510 de 2003 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-544 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y
T-207 de 2020 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
[4] Cuaderno
1. Folio 2.
[5] Cuaderno
1. Folio 1.
[6] Ibídem.
[7] Ibidem. Ni
en la acción de tutela, ni en el escrito aportado por la accionante en sede de
revisión se discrimina la naturaleza de esta institución. Sin embargo, por el
contexto de las afirmaciones y por la fecha de los acontecimientos (previos al
ingreso de la señora Carmen al país), la Sala asume que se trata de una
entidad dedicada a la prestación de servicios de salud en territorio
venezolano.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Cuaderno
1. Folio 2.
[11] Ibidem.
[12] Ibidem.
[13] Sin
especificar desde cuándo. Información solicitada infructuosamente en sede de
revisión.
[14] Cuaderno
1. Folio 2.
[15] Cuaderno
1. Folio 8.
[16] Cuaderno
1. Folio 1.
[17] Cuaderno
1. Folio 8.
[18] Ibidem.
[19] Ibidem.
[20] Cuaderno
1. Folio 24.
[21] Cuaderno
1. Folio 25.
[22] Cuaderno
1. Folio 25 vto.
[23] Ibidem.
[24] Cuaderno
1. Folio 34.
[25] Cuaderno
1. Folio 41.
[26] Cuaderno
1. Folio 47.
[27] Cuaderno
1. Folio 53.
[28] Ibidem. En
el momento de la cita médica la niña presentaba “ORL boca azulada”.
[29] Cuaderno
1. Folio 54. “SS/ CITA PRIORITARIA POR CARDIOLOGIA PEDIATRICA- BETAMETASONA
+ CLOTRIMAZOL + NEOMICINA (…) ALBENDAZOL SUSP, DAR EL FRASCO COMPLETO DE 100
MG/ 5 ML EN UNA TOMA EN AYUNAS. VITAMINA A 4 TAB DE 50.000 UL DOSIS UNICA, DAR
DISUELTAS EN JUGO DE PREFERENCIA O AGUA. SULFATO FERROSO JARABE, DAR l CC VO
CADA DIA X 30 DIAS, LAVAR LOS DIENTES POSTERIOR A CADA TOMA. – ACIDO ASCORBICO
GOTAS, DAR 10 GOTAS CADA DIA”
[30] Cuaderno
1. Folio 54
[31] Cuaderno
1. Folio 61. Decisión adoptada el 13 de agosto de 2019. En ella el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Azul resolvió no tutelar los derechos
reivindicados por la accionante, pues el médico que la examinó llegó a la
conclusión de que necesitaba servicios prioritarios, pero no definió que
resultaran urgentes para ella. En relación con la situación migratoria de la
niña, encontró que su regularización es una condición de la afiliación al
sistema de salud y que las autoridades de ese sector no incurrieron en omisión
alguna en relación con la accionante.
[32] Cuaderno
2. Folio 27. La providencia del 23 de septiembre de 2019, dispuso “DECLARAR
la nulidad de toda la actuación surtida en primera instancia, a partir del auto
admisorio de la acción constitucional, a efectos de que se vincule a la
ALCALDIA DISTRITAL DE AZUL, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE AZUL, OFICINA DEL
SISBEN DE AZUL, CANCILLERÍA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”, en la tanto que “al no haberse
vinculado al trámite de la acción constitucional a los precitados interesados,
se ha incurrido en causal de nulidad por omitir la notificación de los mismos;
y siendo que se encuentran asistidos de interés jurídico en la decisión que se
adopte”.
[33] Cuaderno
1. Folio 107 vto.
[34] Cuaderno
1. Folio 108.
[35] Ibidem.
[36] Se
relacionarán las respuestas recibidas antes de la declaratoria de nulidad de la
sentencia del 13 de agosto de 2019, como las que la sucedieron. Ello según lo
dispuesto en el artículo 138 del Código General del Proceso, en virtud del cual
se “DECLARAR[Ó] la nulidad de toda la actuación (…) quedando a salvo lo
rituado respecto de las accionadas e intervinientes, y las pruebas
recaudadas” (Cuaderno 2. Folio 27vto.).
[37] Cuaderno
1. Folio 37.
[38] Cuaderno
1. Folio 35 y 38.
[39] Cuaderno 1. Folio 40.
[40] Cuaderno
1. Folio 40 vto.
[41] Cuaderno
1. Folio 40 vto.
[42] La
solicitud fue atendida de forma positiva mediante el auto del 12 de agosto de
2019. Esta decisión fue decretada nula y las vinculaciones deprecadas se
efectuaron posteriormente a través del auto admisorio del 26 de septiembre del
mismo año.
[43] Cuaderno
1. Folio 50.
[44] Cuaderno
1. Folio 51 vto.
[45] Cuaderno
1. Folio 55.
[46] Cuaderno
1. Folio 56.
[47] El
Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que, como lo establece el artículo
524 del Estatuto Tributario, las visas causan impuesto de timbre, que dicha cartera
ministerial debe recaudar.
[48] Cuaderno
1. Folios 127 y 128.
[49] Cuaderno
1. Folio 129.
[50] Cuaderno 1. Folio 87.
[51] Cuaderno
1. Folio 148.
[52] Cuaderno
1. Folio 142.
[53] Cuaderno
1. Folio 149.
[54] Cuaderno
1. Folio 149vto.
[55] Cuaderno
1. Folio 159. “PRIMERO. – NO TUTELAR los derechos fundamentales a la vida,
la salud, la dignidad humana y la igualdad en relación con el amparo
constitucional promovido por la señora CARMEN como agente oficiosa de la niña J,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. //
SEGUNDO.- No acceder a las peticiones formuladas en relación con los señores ANA,
FELIPE, TERESA, MARÍA Y JUAN.”
[56] Cuaderno
3. Folio 52.
[57] Artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-11517 del Consejo
Superior de la Judicatura: “Suspender los términos judiciales en todo el
país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos
judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos
penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada
de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se
exceptúa el trámite de acciones de tutela”.
[58] Artículo 1º, inciso 1º del Acuerdo PCSJA20-11518 del
16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura: “Suspensión de
términos. Mantener las medidas de suspensión de términos procesales en los
juzgados, tribunales y Altas Cortes, entre el 16 y el 20 de marzo. Se exceptúan
las acciones de tutela y los habeas corpus”.
[59] Artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-11519 del 16 de marzo
de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura: “Se suspenden los términos de
la revisión eventual de tutelas en la Corte Constitucional del 17 al 20 de
marzo de 2020. // Parágrafo. Los despachos judiciales no remitirán los
expedientes de acciones de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se
levanten las medidas adoptadas”.
[60] Acuerdos PCSJA20-11521 del 19 de marzo, PCSJA20-11521
del 22 de marzo, PCSJA20-11532 del 11 de abril y PCSJA20-11546 del 25 de abril
de 2020, PCSJA20-11567 de 2020 y PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020.
[61] Expediente
T-7.810.888. Auto del 4 de mayo de 2020. “Primero. LEVANTAR, de acuerdo con
la autorización prevista en el Auto 121 de 2020, la suspensión de términos en
el expediente de la referencia exclusivamente para adelantar las acciones
relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado en esta providencia, de
conformidad con las razones presentadas en su parte motiva.”
[62] “Segundo. OFICIAR a Carmen16 para que, en el término de
diez (10) días siguientes a la comunicación del presente auto, conteste cada
una de las siguientes preguntas: // Sobre el estado de salud de Juliana // a)
¿Desde el momento en que formuló la presente acción de tutela hasta la fecha,
su hija ha recibido atención médica? En caso afirmativo por favor especifique
la fecha, el lugar, narre las condiciones en que ello sucedió y aporte los
documentos que respalden sus afirmaciones. Precise si, a raíz de esa atención,
los diagnósticos de la niña cambiaron e indique las patologías que el médico ha
encontrado en su caso hasta el día de hoy. // b) ¿Desde que llegó a Colombia,
se ha visto en la necesidad de acudir al servicio de urgencias con su hija?
Informe cuántas veces, en qué fecha, en qué lugar y relate detalladamente los
hechos. Aporte los documentos que tenga para acreditarlo. // c) Luego de la
atención recibida el 12 de agosto de 2019, en el Hospital Paloma, ¿la niña ha
presentado alguno de los signos de alarma de los que la alertaron? En caso
afirmativo indique si ¿con ocasión de ellos acudió a algún centro médico? y
¿cuál fue la respuesta de este? // d) A partir de su experiencia ¿cómo cree
usted que incide la condición de salud de su hija en su cotidianidad? ¿cómo han
enfrentado las enfermedades diagnosticadas desde 2017? // e) Para el 30 de
julio de 2019, usted aseguró que llevaba ocho días sin ser remitida al
especialista que requiere su hija. Sobre esa aseveración aclare ¿a qué
autoridad del sector salud acudió antes de interponer esta acción de tutela y
cuál fue el resultado de esa gestión? ¿Le fue negada una solicitud de atención
hecha por usted? ¿quién se la negó? ¿le dieron alguna razón para negarla? y
¿cuál fue? Sobre su estatus migratorio y el de su familia // f) En la acción de
tutela, usted aseguró que hasta el 30 de julio de 2019, no había logrado
regularizar su situación. Informe a la Corte si ha adelantado alguna acción
sobre el particular a favor suyo o de su familia ¿qué trámites adelantó, cuándo
y ante qué autoridad colombiana los hizo? En caso de que al hacerlo haya tenido
alguna dificultad, especifíquenos cuál fue y narre los hechos o las exigencias
que le impidieron acceder al permiso. Si no ha adelantado trámite alguno,
explique la razón de ello. Sobre las condiciones de la familia de la menor de
edad // g) En la vivienda en que se ubica actualmente con la niña ¿cuál es el
estrato? ¿qué otras personas viven con ustedes? ¿permanecen en ella en
arriendo? ¿cuándo les cuesta el mismo? // h) ¿Quién asume los gastos de los
miembros de la familia? ¿cómo han asumido esos costos desde el momento en que
llegaron a Colombia? // i) Usted reclama el amparo para los miembros de su
familia, entre los cuales se encuentra su sobrino de 13 años, sin embargo, el
nombre que suministra en el escrito de tutela coincide apenas parcialmente con
el registro de nacimiento y se confunde con el nombre del padre del menor.
Aclare ¿cuál es el nombre completo de su sobrino? // Otras // j) Usted asegura
que la conducta de las accionadas lesiona el derecho a la salud de su hija,
pero al mismo tiempo afirma que genera ‘un riesgo para la pérdida definitiva de
mi ojo izquierdo’. Explíquenos por favor ese planteamiento y si también hay un
riesgo sobre su salud oftalmológica.”
[63] Cabe
aclarar que las dos líneas telefónicas suministradas por la accionante en el
escrito de tutela no son de ella sino de familiares y amigos, con los que se
tuvo contacto inicial, y quienes debieron citarse con la accionante para lograr
los datos de contacto. Así se conoció una tercera línea telefónica que, pese a
que tampoco era de la madre de la niña, permitió el contacto directo con la
tutelante quien manifestó que la remisión del cuestionario podía remitírsele al
correo electrónico maría@hotmail.com, cuya titular es una hermana de quien vive
cerca.
[64] Expediente T-7.810.888. Carmen. < Carmen@gmail.com>.
“Expediente T-7.810.888” [soporte físico CD]. Fecha de envío del
mensaje: mié., 8 jul. 2020 a las 11:22. Archivo adjunto: “Oficio a expediente
T-7.810.888.pdf” (11.2.).
[65] Ibidem.
[66] Ibidem.
[67] Ibidem.
[68] Ibidem.
[69] Ibidem. Al
respecto manifestó en forma textual: “La llevé en la mañana y nos pusieron
en observación para esperar al médico para la valoración, pero estuvimos hasta
las 4:000pm aproximadamente y ningún médico la revisó, por lo que comenté la
situación con una enfermera quien me informó que le darían el alta médica. Por tal
razón no tengo epicrisis o constancia que demuestre nuestra asistencia al
hospital ese día.”. Ello en relación con el Hospital Municipal de Azul.
Además, relató que “en el mes de marzo mi hija tuvo una afección en su oído,
secretando por él un fluido con mal olor. Nuevamente acudo al servicio de
urgencias y pido un turno para ser atendida, pero me informan que debía ir a
otro lugar, un servicio ambulatorio o puesto de salud que se conoce como ‘Los
Chorritos’. Al llegar a ese sitio, estaba cerrado y mi hija no fue valorada por
ningún médico o enfermera.”
[70] Ibidem.
[71] Expediente T-7.810.888. MENDIETA JARAMILLO, Luz
Myriam. <lmendieta@procuraduria.gov.co>. “Expediente T-7.810.888. Memorial para acción de tutela.
Carmen” [soporte físico CD]. Fecha de envío del mensaje: mar., 12 may. 2020 a las 17:28. Archivo adjunto: “Memorial. Acción de tutela. Exp.
T-7.810.888 Carmen” (1.2.).
[72] “Cuarto. OFICIAR a la Secretaría de Salud Departamental
de Amarillo y a la Administradora Temporal del Sector Salud de la misma entidad
territorial para que, en el término de diez (10) días siguientes a la
comunicación del presente auto, respondan en forma detallada todas y cada una
de las preguntas planteadas en los siguientes literales: a) Con la emisión del
auto del 31 de julio de 2019, se profirió una medida provisional que derivó en
la remisión de Juliana al Hospital Paloma el 12 de agosto de 2019. Sin embargo,
el auto fue anulado y al rehacer el trámite, el 26 de septiembre del mismo año,
nuevamente se dictó una medida provisional. ¿Qué gestiones hizo para el
cumplimiento de la nueva medida provisional? Si no desplegó ninguna acción en
relación con ella, ¿cuál fue la razón? b) En relación con la atención
suministrada el 12 de agosto de 2019 precise ¿cuál fue la instrucción
específica emitida al profesional de la salud? ¿qué profesional de la salud
atendió a la niña ese día? y ¿qué especialidad tiene? c) Producto de la
revisión clínica a la que fue sometida Juliana, el médico planteó la necesidad
de una cita con especialista y le otorgó carácter prioritario ¿Cuándo se llevó
a cabo la misma? ¿con qué especialista? y ¿cuál fue el resultado de la
consulta? En el evento en que no se haya prestado ese servicio, explique en forma
minuciosa la razón de esa abstención. Haga lo mismo para la consulta por
odontología que se recomendó. d) En relación con los medicamentos prescritos
por el médico que revisó el caso de la accionante, ¿ya fueron entregados en su
totalidad?, ¿cuándo? e) ¿La niña ha acudido al servicio de urgencias para
recibir atención médica luego de haber interpuesto esta acción de tutela? ¿cuál
fue su respuesta ante la solicitud del servicio médico? ¿Tiene la historia
clínica de la menor de edad? En caso afirmativo, apórtela. f) ¿Previamente a la
interposición de la acción de tutela la accionante había solicitado atención
médica? ¿cuál fue la respuesta institucional al respecto? g) ¿El conjunto de
las patologías que se diagnosticaron el 12 de agosto de 2019, sugiere que puede
haber riesgo para la vida, la integridad física o intelectual y/o el desarrollo
de la niña? ¿se encuentra en riesgo de deterioro clínico y de secuelas en su
estado de salud? h) ¿El Departamento recibe recursos del Ministerio de Salud y
la Protección Social con el objetivo de atender las necesidades en salud de la
población migrante? i) En la contestación de la acción de tutela planteó la
falta de responsabilidad del Departamento, en la medida en que la accionante
podía acudir a otra entidad territorial a buscar el servicio que pretende. (i)
Amplíe su respuesta y especifique si (ii) dispone en todo su territorio de la
especialidad en cardiología pediátrica y/o (iii) cuenta con directrices sobre
la atención de urgencia para migrantes en condiciones de permanencia no
regularizada en su territorio. j) En su concepto, ¿un procedimiento prescrito
en calidad de prioritario sugiere algún nivel de urgencia o de tratamiento
diferenciado? Explique la respuesta. k) ¿Existe algún sistema de priorización o
preferencia de la atención de urgencias que se suministra a las personas
migrantes con situación no regular, para los menores de edad? l) ¿Los
diagnósticos que se encontraron en el caso de la menor de edad, sugieren que
ella padece enfermedades huérfanas, como lo sugirió el Ministerio de Relaciones
Exteriores? ¿sus patologías son degenerativas, catastróficas, de alto costo o
crónicas? Explique cada una de las respuestas. m)Precise, a través de los
profesionales de la salud que emitieron el concepto médico el 12 de agosto de
2019 y el que respondió a la medida provisional de septiembre de ese mismo año,
si (i) ¿la niña tiene una condición clínica que pone en riesgo su vida, su
integridad o su desarrollo?; (ii) ¿tal condición amerita la contención de
dichos riesgos a través de un tratamiento, para preservar su vida o su
desarrollo?; (iii) ¿el riesgo sobre ella es inminente? explique de qué se
trata. Finalmente, los médicos deberán precisar (iv) si ¿las remisiones
prioritarias, clínicamente, responden a una atención urgente?, ¿cuáles son sus
semejanzas y diferencias, desde el punto de vista médico? Las entidades
oficiadas en este numeral pueden agregar todo aquello que consideren pertinente
para fundamentar su respuesta, así como aportar la documentación que estimen oportuna.
En caso de que las valoraciones médicas efectuadas hasta el momento sean
insuficientes para dar cuenta de esta información y precisen de una nueva
evaluación médica, o de una más especializada, la agendará y practicará, sin
ampliación del término inicialmente conferido; para hacerlo fijará una cita de
atención domiciliaria con todas las condiciones de bioseguridad, con el fin de
no interrumpir el aislamiento obligatorio que cumplen actualmente la niña y su
núcleo familiar, y no someterlos al riesgo de contagio del Coronavirus
(COVID-19). En ese último evento remitirá todos los documentos asociados a la
consulta que sea del caso llevar a cabo. Para comunicarse con la madre de la
menor de edad, puede tener en cuenta los datos suministrados en la nota pie de
página 16, de este auto”.
[73] Expediente T-7.810.888. GAMBOA PARDO, Javier Enrique
<javierchamber@hotmail.com>. “Ref: respuesta al auto proferido en el
expediente T-7.810.888 Revisión Acción de tutela: Carmen, en rep. hija Juliana”
[soporte físico CD]. Fecha de envío del mensaje: vie., 22 may. 2020 a las
10:43. Archivo adjunto: “10. Respuesta Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional.pdf” (9.5).
[74] Ibidem.
[75] Ibidem.
[76] Ibidem.
[77] Ibidem.
[78] Ibidem.
[79] Ibidem.
[80] Ibidem.
[81] Ibidem.
[82] Ibidem.
[83] Ibidem.
[84] Ibidem.
[85] “Sexto. OFICIAR al Ministerio de Salud y la Protección
Social para que, en el término de diez (10) días siguientes a la comunicación
del presente auto, responda las preguntas planteadas a continuación: a) ¿Entre
las entidades territoriales a las que ha suministrado recursos para la atención
por urgencia de las personas migrantes que aún no regularizan su situación,
está el Departamento de Amarillo? ¿cuáles son las pautas para atender las
necesidades médicas de atención inicial de urgencias? ¿cuáles son las
directrices para las atenciones prioritarias que se requieran? b) ¿Existe algún
sistema de priorización o preferencia para la atención de urgencias que se
suministra a los menores de edad migrantes en situación no regularizada? ¿qué directrices
ha emitido al respecto? ¿hay un esquema diferencial a favor de los niños y las
niñas? c) ¿Las atenciones prioritarias y de urgencia son incompatibles entre
sí? ¿cuál es el rasgo distintivo entre ellas? Explique su respuesta. d) En el
marco del trámite constitucional se aseguró que la atención prioritaria solo se
da en relación con enfermedades de baja complejidad, ¿está de acuerdo con esa
afirmación? Por favor explique su respuesta.”.
[86] Expediente T-7.810.888. Ministerio de Salud y
Protección Social. Envíos Ministerio de Salud <envios@minsalud.gov.co>. “Radicado
No. 202042300700992 Ministerio de Salud y Protección (sic.)” [soporte
físico CD]. Fecha de envío del mensaje: vie., 22 may. 2020 a las 8:56. (8.2.)
[87] Ibidem.
[88] Ibidem.
[89] Ibidem.
[90] Ibidem.
[91] Ibidem.
[92] Ibidem.
[93] Ibidem.
[94] Según lo afirmó el Ministerio, el “Plan de
respuesta del sector salud al fenómeno migratorio” está disponible para
consulta en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/plan-respuesta-salud-migrantes.pdf
[95] Ibidem.
[96] Ibidem.
[97] Ibidem.
[98] Ibidem.
[99] Ibidem.
[100] Ibidem.
[101] “Séptimo. INVITAR a las facultades de medicina de las
Universidades Nacional de Colombia y los Andes, a la Fundación Cardio Infantil,
a la Sociedad Colombiana de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular, a la
Sociedad Colombiana de Pediatría y a la Academia Colombiana de Pediatría y
Puericultura, si así lo consideran voluntariamente, a participar en el
esclarecimiento de los elementos científicos en el debate constitucional que asume
la Corte Constitucional en el expediente de la referencia, a través de las
aclaraciones y las respuestas a las siguientes cuestiones: a) ¿La malformación
cardiaca en la modalidad de tetralogía de Fallot con mala anatomía de la
arteria pulmonar y sus ramas, estenosis valvular pulmonar severa,
miocardiopatía hipertrófica septal simétrica o una posible enfermedad de pompe,
suponen riesgos para la (i) vida, (ii) integridad física o intelectual o (iii)
para el desarrollo de un menor de 5 años? b) ¿Qué retos en el diario vivir
puede suponer el conjunto de patologías descritas en el literal anterior? Por
favor, explique su respuesta. c) ¿Qué implica la relación entre la desnutrición
y las enfermedades cardiacas? ¿Implica un riesgo adicional para la salud, la integridad
y el desarrollo de los menores de 5 años? Por favor, explique su respuesta. d)
¿El espectro de patologías descritas en el literal b), amerita una atención
preferente, continua y/o permanente por parte del sistema de salud para
aminorar la amenaza que representa para un menor de edad? ¿Qué consecuencias
puede tener la falta de tratamiento en una niña de 5 años? e) ¿Las atenciones
prioritarias y de urgencia son incompatibles entre sí? ¿cuál es el rasgo
distintivo entre ellas? ¿es posible asumir, desde el punto de vista de la
práctica médica, que la prescripción de un servicio prioritario alerte sobre la
urgencia de las medidas que se asumen dentro del tratamiento médico?”
[102] Expediente T-7.810.888. Sociedad Colombiana de
Pediatría <info@scp.com.co>. “Re: Oficio Auto del 4 de mayo de 2020
T-7810888” [soporte físico CD]. Fecha de envío del mensaje: vie., 15 may.
2020 a las 8:11. Archivo adjunto: “Respuesta Corte Constitucional”
(2.2.).
[103] Expediente T-7.810.888. Universidad Nacional.
Peritajes De Vicedecanatura De Investigación Y Extensión De La Facultad De
Medicina <peritajes_fmbog@unal.edu.co>. “Respuesta a Oficio No. OPT-A
1052/2020- Acción de tutela” [soporte físico CD]. Fecha de envío del
mensaje: mié., 20 may. 2020 a las 17:41. Archivo adjunto: “OFICIO JUDICIAL
CORTE CONSTITUCIONAL TUTELA JULIANA” (3.3.).
[104] Ibidem.
[105] Ibidem.
[106] Expediente T-7.810.888. Fundación Cardio Infantil.
Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@cardioinfantil.org>. “Respuesta
invitación de esclarecimiento de elementos científicos / Expediente T-7810888”
[soporte físico CD]. Fecha de envío del mensaje: jue., 21 may. 2020 a las
13:04. Archivo adjunto: “FCI-JUR-0367-20” (5.2.).
[107] Ibidem.
[108] Ibidem.
[109] “Octavo. OFICIAR a la Unidad Administrativa de Migración
Colombia28 para que, dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación
de esta decisión, responda el siguiente cuestionario: a) ¿La accionante o
alguno de sus familiares ha solicitado la regularización de su situación
migratoria a través de los distintos mecanismos que la entidad ha dispuesto
para ello? En caso afirmativo, ¿cuándo, mediante qué mecanismo y en qué estado
se encuentra el trámite? b) ¿Qué utilidad tiene actualmente el Registro Administrativo
de Migrantes Venezolanos para conferir o negar un permiso especial de
permanencia? ¿operativamente, es determinante la inclusión en él para acceder a
dicho documento? ¿tienen acceso a él las personas que ingresaron al país luego
de la recolección de los datos que lo integran, por qué si o por qué no? ¿qué
otros mecanismos de identificación de la población migrante de nacionalidad
venezolana existen actualmente con el fin de caracterizarlos y determinar sus
demandas de atención, para prestarles asistencia en salud? c) ¿La información
registrada en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos se actualiza
periódicamente? d) ¿Cuáles son los mecanismos de acceso al PEP que tienen las
personas que ingresaron al país en condiciones irregulares? ¿al igual que las
visas puede solicitarse en forma virtual? ¿La entidad dispone de un punto de
atención en Azul y entre ellos alguno de los Centros Facilitadores de Servicios
Migratorios? En caso de que la respuesta sea negativa ¿a qué distancia y tiempo
de traslado queda el más próximo? e) ¿Qué medidas de promoción y publicidad de
los medios para tramitar el PEP existen en el Departamento de Amarillo? f) ¿El
trámite de otorgamiento del PEP contempla algún tratamiento diferencial para
menores de edad y, especialmente, para aquellos que requieran atención médica
prioritaria? Explique las razones. g) ¿El análisis de la posibilidad de brindar
un PEP tiene actualmente algún costo? ¿cuál es para los nacionales venezolanos?”
[110] Expediente T-7.810.888. Hurtado Giraldo, María
Fernanda <maria.hurtado@migracioncolombia.gov.co>. “RESPUESTA
REQUERIMIENTO OFICIO No OPT –A-1058/2020. Expediente No T-7810888 Accionante: CARMEN
en representación de su hija JULIANA” [soporte físico CD]. Fecha de envío
del mensaje: vie., 22 may. 2020 a las 16:40. Archivo adjunto: “RESPUESTA
REQUERIMIENTO CORTE CONSTITUCIONAL CARMEN-VBO.pdf” (10.2).
[111] Ibidem.
[112] Ibidem.
[113] Ibidem.
[114] Ibidem.
[115] Expediente T-7.810.888. MENDIETA JARAMILLO, Luz Myriam
<lmendieta@procuraduria.gov.co>. “Memorial. Oficio OPT-A-1113/2020.
Expediente T-7.810.888. Carmen” [soporte físico CD]. Fecha de envío del
mensaje: mar., 14 jul. 2020 a las 8:19. Archivo adjunto: “Memorial.
Expediente T-7.810.888 Carmen.pdf” (12.1).
[116] Expediente T-7.810.888. OSPINA LOZANO, Viany Lizeth
<Viany.Ospina@icbf.gov.co>. “Respuesta requerimiento EXPEDIENTE
T-7810888. ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA POR CARMEN” [soporte físico CD].
Fecha de envío del mensaje: mié., 15 jul. 2020 a las 0:11. Archivo adjunto: “202048300000023891
Carmen.pdf” (13.2).
[117] Expediente T-7.810.888. Sociedad Colombiana de
Pediatría <info@scp.com.co>. “Re: OFICIO OPT-A-1122-2020 T-7810888”
[soporte físico CD]. Fecha de envío del mensaje: mié., 15 jul. 2020 a las 9:52.
Archivo adjunto: “Respuesta Corte Constitucional -Republica de Colombia.pdf”
(14.2).
[118] Expediente T-7.810.888. Ministerio de Salud y
Protección Social. Envíos Ministerio de Salud <envios@minsalud.gov.co>. “Radicado
No. 202042301105422 Ministerio de Salud y Protección (sic.)” [soporte
físico CD]. Fecha de envío del mensaje: mié., 15 jul. 2020 a las 14:05. Archivo
adjunto: “1202042301105422_00002.pdf” (15.2).
[119] “Artículo
1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. El levantamiento de
términos judiciales y administrativos previsto a partir del 1º de julio de 2020
se sujeta a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 y en el presente
Acuerdo. // Parágrafo 1. Se mantienen suspendidos los términos en la Corte
Constitucional para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad y la
eventual revisión de acciones de tutela hasta el 30 de julio de 2020; en
consecuencia, los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones
de tutela a dicha corporación.”
[120] “Por el cual se dictan disposiciones especiales
sobre el levantamiento de términos previsto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de
2020”.
[121] Consolidado
a partir de las consideraciones de la Sentencia T-207 de 2020. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[122] Sentencias
T-172 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-380 de 1998 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz), T-269 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-1088 de
2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-314 de 2016 (M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado), SU-677 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-210 de
2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[123] Cuaderno
1. Folios 11, 12 y 15, en donde reposa copia simple de las actas de nacimiento
de cada uno de ellos, expedida al parecer en territorio venezolano.
[124] Sentencia T-409 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado. “En relación con la representación legal que ejercen los padres en
las acciones de tutela cuando las promueven para la protección de los derechos
fundamentales de sus hijos, esta Corporación ha precisado que aquellos se
encuentran legitimados por activa en razón de los deberes de defensa y las
‘facultades que se derivan del ejercicio pleno de la patria potestad’, entre
las cuales se encuentra la representación judicial y extrajudicial del hijo”.
[125] Cuaderno
1. Folio 10.
[126] Ibidem.
[127] Sentencia T-452 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[128] Sentencia SU-677 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[129] “Usted
reclama el amparo para los miembros de su familia, entre los cuales se
encuentra su sobrino de 13 años, sin embargo, el nombre que suministra en el
escrito de tutela coincide apenas parcialmente con el registro de nacimiento y
se confunde con el nombre del padre del menor. Aclare ¿cuál es el nombre
completo de su sobrino?”
[130] Cuaderno
1. Folio 8.
[131] Apartado
sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-279 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[132] Sentencias T-373 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y T-416 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández.
[133] Sentencia
T-416 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández.
[134] Para
efectos de recordar, se trata de “la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, (…) la Administradora Temporal del Sector Salud en el
Departamento de Amarillo, [e]l Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría
Regional del Pueblo, al Alcalde Distrital de Azul, (…) la Secretaría de Salud
de este Distrito, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud
y Protección Social, (…) la Presidencia de la República, Cancillería de
Colombia, Oficina de Sisbén (sic.) de Azul, al defensor de familia y al
Procurador de Familia de esta ciudad”, como consta en el auto admisorio del
presente trámite constitucional (Cuaderno 1. Folio 107 vto.)
[135] DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional
de Política Económica y Social. Documento CONPES 3883. Versión aprobada.
Bogotá, D.C., 21 de febrero de 2017. En:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3883.pdf
[136] Ibidem.
[137] “13.3. Asunción temporal de competencia. En el
evento en que el municipio incumpla el plan de desempeño con los ajustes a que
se refiere el artículo 12 del presente Decreto, la competencia para asegurar la
prestación del servicio la asumirá temporalmente el departamento, y en el caso
de los departamentos o distritos, la Nación, de acuerdo con las siguientes
disposiciones: // 13.3.1. El departamento o la Nación, según el caso, ejercerán
las atribuciones referentes a la programación presupuestal, ordenación del
gasto, competencia contractual y nominación del personal en relación con los
recursos del Sistema General de Participaciones asignados para la financiación
del correspondiente servicio. En este evento, el departamento o la Nación,
están facultados para determinar quien tendrá a su cargo la administración del
servicio y para celebrar los contratos con terceros para este fin. // El
administrador o el tercero contratado para estos efectos tendrá las facultades
propias del jefe del organismo intervenido para la administración del servicio
público y podrá disponer para tal fin de los recursos del Sistema General de Participaciones
como ordenador de gasto y nominador dentro de los límites de la ley. Lo
anterior, sin perjuicio del proceso de certificación de competencia sectorial
previsto en las disposiciones vigentes en relación con los recursos del Sistema
General de Participaciones, de lo previsto en el numeral 73.15 del artículo 73
de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 98 de la Ley 1151 de 2007 y
lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007. // 13.3.2. El departamento o la Nación,
según el caso, adoptarán las medidas administrativas, institucionales,
presupuestales, financieras y contractuales, necesarias para asegurar la
continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios y la
ejecución de los recursos dispuestos para su financiación, para lo cual se le
girarán los respectivos recursos del Sistema General de Participaciones. //
13.3.3. El departamento o la Nación, según el caso, tendrán derecho, conforme a
las normas vigentes, a utilizar la infraestructura pública existente en la
respectiva entidad territorial, con el fin de asegurar la prestación eficiente
de los servicios públicos y la ejecución de esos recursos. // Parágrafo: La
asunción de la prestación del servicio y la ejecución de los recursos
dispuestos para su financiación, tendrá vigencia hasta por un término máximo de
cinco años, sin perjuicio de solicitar a la Unidad Administrativa Especial de
Monitoreo, Seguimiento y Control el levantamiento de la medida. En el evento de
reasumir la competencia para la prestación del servicio, el respectivo departamento,
distrito o municipio deberá respetar los contratos celebrados por la Nación o
el departamento.”
[138] “Por
medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control
integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de
Participaciones”.
[139] “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público.”
[140] Según el Documento CONPES referido, se trataba de “(i) la dirección del sector de salud en el
ámbito departamental, (ii) la prestación de servicios de salud, (iii) la salud
pública, y (iv) el aseguramiento de la población al Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Finalmente, el Ministerio de Salud y Protección
Social, a través del administrador temporal designado para este efecto, también
ejercerá durante la vigencia de la medida correctiva de asunción temporal, las
competencias definidas en el artículo 13, numeral 13.3 del Decreto 028 de 2008,
los artículos 2.6.3.4.2.18 a 2.6.3.4.2.21 del Decreto 1068 de 2015 y el artículo
18 de la Ley 1450 de 2011”
[141] “ARTÍCULO 43. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN
SALUD. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones
legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el
sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio
de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia.
Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: // 43.1. De
dirección del sector salud en el ámbito departamental. // 43.1.1. Formular
planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en armonía con las disposiciones del orden
nacional. // 43.1.2. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el
ámbito departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
que formule y expida la Nación o en armonía con éstas. // 43.1.3. Prestar
asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que
prestan servicios de salud, en su jurisdicción. // 43.1.4. Supervisar y
controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los cedidos por
la Nación y los del Sistema General de Participaciones con destinación
específica para salud, y administrar los recursos del Fondo Departamental de
Salud. // 43.1.5. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas
técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de Salud, así
como las actividades que desarrollan los municipios de su jurisdicción, para
garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y
vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes. // 43.1.6. Adoptar,
implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del sistema
integral de información en salud, así como generar y reportar la información
requerida por el Sistema. // 43.1.7. Promover la participación social y la
promoción del ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en
materia de salud y de seguridad social en salud. // 43.1.8. Financiar los
Tribunales Seccionales de Ética Médica y Odontológica y los Tribunales Departamentales
y Distritales Éticos de Enfermería y vigilar la correcta utilización de los
recursos. // 43.1.9. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en
salud para su inclusión en los planes y programas nacionales. // 43.1.10.
Ejecutar las acciones inherentes a la atención en salud de las personas
declaradas por vía judicial como inimputables por trastorno mental o inmadurez
psicológica, con los recursos nacionales de destinación específica que para tal
efecto transfiera la Nación. // 43.2. De prestación de servicios de salud
// 43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera
oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras
de servicios de salud públicas o privadas. // 43.2.2. [Numeral derogado desde
el 31 de diciembre de 2019 por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019] //
43.2.3. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la Política de
Prestación de Servicios de Salud, formulada por la Nación. // 43.2.4.
Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud públicas en el departamento. // 43.2.5. Concurrir en la
financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y
administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a
su cargo. // 43.2.6. Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores
públicos y privados de servicios de salud, recibir la declaración de requisitos
esenciales para la prestación de los servicios y adelantar la vigilancia y el
control correspondiente. // 43.2.7. Avalar los Planes Bienales de Inversiones
Públicas en Salud, de los municipios de su jurisdicción, en los términos que
defina el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con la política de
prestación de servidos de salud, cuyo consolidado constituye el Plan Bienal de
Inversiones Públicas Departamentales. // 43.2.8. Vigilar el cumplimiento de las
normas técnicas dictadas por la Nación para la construcción de obras civiles,
dotaciones básicas y mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de
servicios de salud y de los centros de bienestar de anciano. // 43.2.9 [Entró
en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 - Ley 1955 de 2019] Garantizar la
contratación y el seguimiento del subsidio a la oferta, entendido como la
cofinanciación de la operación de la prestación de servicios y tecnologías
efectuada en zonas alejadas o de difícil acceso, a través de instituciones
públicas o infraestructura pública administrada por terceros ubicadas en esas
zonas, que sean monopolio en servicios trazadores y no sostenibles por venta de
servicios, de conformidad con los criterios establecidos por el Gobierno
nacional. Los subsidios a la oferta se financiarán con recursos del Sistema
General de Participaciones y con los recursos propios de la entidad
territorial. // 43.2.10 [Entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 -
Ley 1955 de 2019] Realizar la verificación, control y pago de los servicios y
tecnologías no financiados con cargo a la UPC de los afiliados al régimen
subsidiado de su jurisdicción, prestados hasta el 31 de diciembre de 2019. //
43.2.11 [Entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 - Ley 1955 de 2019]
Ejecutar los recursos que asigne el Gobierno nacional para la atención de la
población migrante y destinar recursos propios, si lo considera pertinente. // 43.3.
De Salud Pública // 43.3.1. Adoptar, difundir, implantar y ejecutar la
política de salud pública formulada por la Nación. // 43.3.2. Garantizar la
financiación y la prestación de los servicios de laboratorio de salud pública
directamente o por contratación. // 43.3.3. Establecer la situación de salud en
el departamento y propender por su mejoramiento. 43.3.4. Formular y ejecutar el
Plan de Intervenciones Colectivas departamentales. // 43.3.5. Monitorear y
evaluar la ejecución de los planes y acciones en salud pública de los
municipios de su jurisdicción. // 43.3.6. Dirigir y controlar dentro de su
jurisdicción el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. // 43.3.7. Vigilar y
controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, y el Fondo Nacional de Estupefacientes, la
producción, expendio, comercialización y distribución de medicamentos,
incluyendo aquellos que causen dependencia o efectos psicoactivos
potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. //
43.3.8. Ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los
factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana, y de control de
vectores y zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las
autoridades ambientales, en los corregimientos departamentales y en los
municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. de su jurisdicción. // 43.3.9. Asistir
técnicamente y supervisar a los municipios, en la prestación del Plan de
Intervenciones Colectivas, y las acciones de salud pública individuales que se
realicen en su jurisdicción. El Ministerio de la Protección Social reglamentará
el proceso de asistencia técnica, con recursos financieros, tecnológicos,
humanos, gestión de procesos y resultados esperados. // 43.3.10 Coordinar y
controlar la organización y operación de los servicios de salud bajo la
estrategia de la Atención Primaria en Salud a nivel departamental y distrital.
// 43.4. De Aseguramiento de la Población al Sistema General de Seguridad
Social en Salud // 43.4.1. Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el
control del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
en los regímenes de excepción definidos en la Ley 100 de 1993. // 43.4.2.
[Derogado Ley 1438 de 2011] // 43.4.3 Cofinanciar la afiliación al Régimen
Subsidiado de la población pobre y vulnerable.”
[142] DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional
de Política Económica y Social. Documento CONPES 3984. Versión aprobada.
Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2020. En:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3984.pdf “A pesar de los avances alcanzados por los gobiernos
territoriales, persisten riesgos y rezagos en el desarrollo de la medida
prevista en el Documento CONPES 3883 que justifican la extensión de la vigencia
de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia en el servicio
de salud, educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico
en el departamento de Amarillo, por un término de hasta dos años (…) sin
perjuicio de solicitar a la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el levantamiento de la medida durante
su vigencia (previo al vencimiento) cuando las condiciones y mejora de la
prestación del servicio lo permitan, según el seguimiento que se realice.”
[143] Decreto Legislativo 538 de 2020. Artículo 27.
[144] “Artículo 27. Sustitución de la medida de asunción
temporal de competencias. Adiciónese un parágrafo al artículo 13 del Decreto
Ley 028 de 2008, el cual quedará así: "La autoridad que en el marco de
lo dispuesto en este artículo asuma temporalmente las competencias de una
entidad territorial para la programación presupuestal, ordenación del gasto,
competencia contractual y nominación del personal, en relación con los recursos
del Sistema General de Participaciones en Salud, en caso de emergencia
sanitaria, podrá sustituir dicha medida por una de seguimiento. La
sustitución de la medida deberá ser solicitada por el representante legal de la
entidad territorial a la que se le haya decretado la asunción temporal de las
competencias, ante el representante legal de la entidad a la que se le hubiere
encargado dicha función, quien definirá los términos en los que se ejercerá la
medida sustituta, los cuales deberá ser incorporados en un plan de acción
suscrito por el representante legal de la entidad territorial y aprobado por el
representante legal de la autoridad que aceptó la sustitución de la medida.”
[145] “Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los
servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”. Dicho
decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-152
de 2020.
[146] Resolución
1114 del 2 de julio de 2020.
[147] Sentencia
T-673 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Al resolver la legitimación
por pasiva, esa providencia destacó que “La solicitud de amparo se dirigió
inicialmente contra la institución de derecho privado CAFESALUD y durante el
trámite de la misma, esta Sala de Revisión pudo constatar que se produjo un
plan de reorganización empresarial de la mencionada entidad que dio como
resultado la creación de una nueva EPS denominada MEDIMAS a quien le fueron
cedidos los activos, los pasivos, los contratos y los afiliados de CAFESALUD.”
Se encontró que “MEDIMAS asumió la posición de parte de CAFESALUD EPS en el
plano sustancial relacionado con la prestación del servicio público de salud y,
además, sus efectos se proyectaron a los procesos en los que esta última era
demandada, especialmente en la acción de tutela de la referencia, en virtud del
artículo 68 del Código General del Proceso (…) pues como se ha advertido, entre
ambas entidades se avaló una cesión completa e íntegra de activos, de pasivos,
de contratos y de usuarios”. Así, en calidad de cesionaria sucedió
procesalmente a CAFESALUD EPS, y así encontró acreditado “el requisito de
legitimación por pasiva de MEDIMAS en atención a que los efectos de la cesión
celebrada con CAFESALUD se proyectaron en la presente acción de tutela y
generaron la alteración procesal de la parte accionada y la asunción del
trámite judicial en el estado en el que se encuentra.”
[148] Ibidem.
[149] Apartado
sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-279 y T-345 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[150] Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[151] Sentencia T-038 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[152] Sentencia SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[153] Sentencia T-091 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[154] Apartado
sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-409 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[155] Decreto 2591 de 1991. Artículo 6. Numeral 1°.
[156] Sentencia T-480 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[157] Sentencia SU-424 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[158] Sentencia
T-409 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[159] Sentencia T-170 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado. “La jurisprudencia
constitucional ha establecido que para la configuración de un perjuicio
irremediable es necesario que concurran los siguientes elementos: ‘(i)
inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o
menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado
relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la
acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad’”.
[160] Adicionado por la Ley
1438 de 2011 en su artículo 126.
[161] Al respecto las Sentencias T-170 y T-192 de 2019 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado advirtieron que “la determinación de la
idoneidad y la eficacia del mecanismo de protección de los derechos de los
usuarios del sistema de salud a cargo de la Superintendencia de Salud debe
tomar en consideración los elementos de juicio recolectados en el marco del
seguimiento que ha realizado esta Corporación a la Sentencia T-760 de 2008, a
través de su Sala Especial de Seguimiento.”
[162] Sentencia T-170 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[163] Ibidem.
[164] Sentencias SU-074 de 2020 y T-207 de 2020. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[165] Sentencia
T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos. “[L]a estructura de su procedimiento
tiene falencias graves como (i) la no definición del término de pronunciamiento
en segunda instancia, (ii) la falta de herramientas para persuadir el
acatamiento de lo ordenado, (iii) el incumplimiento del término para proferir
los fallos, y (iv) la carencia de sedes o dependencias de la Superintendencia
Nacional de Salud a lo largo del territorio nacional”.
[166] Sentencia
T-250 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[167] Sentencia T-959 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[168] Sentencias T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
T-298 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-133 y SU-136 de 1998
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T- 388 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz),
T-1010 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa) y SU-123 de 2018 (MM.PP.
Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes).
[169] Sentencia T-417 de 2010. M.P. María Victoria Calle
Correa: “(…) no será procedente cuando la demanda pueda ser resuelta de
manera idónea por el juez ordinario de la causa”.
[170] SASSEN, Saskia. Una sociología de la globalización.
Katz editores. Buenos Aires, 2007. pp. 167 y ss. La autora identifica como
factores de expulsión y atracción, la pobreza y el desempleo, como la
posibilidad de superarlos, con explicaciones diversas en fenómenos individuales
y masivos. Si bien explora factores motivacionales, lo hace desde la
perspectiva de los flujos poblacionales aislados. De conformidad con la
Sentencia T-421 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo), este ánimo es
el que distingue al refugiado del migrante: “Los extranjeros presentes en un
Estado pueden ser de diferentes tipos: migrantes o refugiados. De acuerdo con
la ACNUR, los primeros son aquellos que ‘eligen trasladarse no a causa de una
amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus
vidas al encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, o por otras
razones. (…)’. Los segundos son ‘personas que huyen de conflictos armados o
persecución. (…). Son reconocidos como tal, precisamente porque es muy
peligroso para ellos volver su país y necesitan asilo en algún otro lugar’”
[171] GUTIÉRREZ, José Manuel, et al. Migración: contexto,
impacto y desafío. Una reflexión teórica. Revista de ciencias sociales, 2020,
vol. 26, no 2, p. 300.
[172] RANGEL, Marta. “Protección social y migración: el
desafío de la inclusión sin racismo ni xenofobia”, serie Políticas
Sociales, N° 232 (LC/TS.2019/127), Santiago, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
[173] Sentencia
C-1259 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[174] Sentencia
T-774 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[175] Sentencia
T-210 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Diferentes “(…) cláusulas
constitucionales se refieren a los derechos de los extranjeros en Colombia: el
artículo 4º, por ejemplo, dispone que ‘es deber de los nacionales y de los
extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades’; el artículo 36 constitucional establece el derecho
de asilo ‘en los términos previstos en la ley’; el artículo 40 dispone que le
corresponde al Legislador reglamentar en qué casos los colombianos, por
nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad, no podrán acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos; el artículo 48 establece que ‘se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social’; el artículo 49 de la Carta Política dispone, a su vez, que ‘la ley
señalará los términos en los cuales la atención básica [en salud] para todos
los habitantes será gratuita y obligatoria’. De igual manera, la Carta Política
en su artículo 96 establece, entre otras cosas, que son nacionales colombianos
por nacimiento ‘los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en
tierra extranjera y luego se domiciliaren en la Republica’.” Así mismo, la
Sentencia C-1259 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) destacó que además “proscribe
que aquellos que estén domiciliados en nuestro país sean obligados a tomar las
armas contra su país de origen (Artículo 97)”.
[176] Sentencia
T-452 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[177] P. ej. Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Artículo
1. Obligación de Respetar los Derechos. Los Estados Partes en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”. Para ver un abordaje más amplio al respecto, Sentencia T-452 de
2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[178] P. ej. Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 2. “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no
se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación
de soberanía.” Para ver un abordaje más amplio al respecto, Sentencia T-452
de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[179] Sentencia
T-210 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[180] Ibidem.
[181] Sentencia
T-215 de 1996 (M.P. Fabio Morón Diaz) y T-338 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[182] Sentencia C-622 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[183] Sentencia
T-380 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[184] Sentencia C-070 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[185] Sentencias C-049 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía),
C-385 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C- 1259 de 2001 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), C-725 de 2015 (M.P. Myriam Ávila Roldán), C-469 de 2017 (M.P.
Cristina Pardo Schlesinger) y T-051
de 2019 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
[186] Sentencia
C-311 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[187] Sentencia
C-1058 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño. “Entre los criterios sospechosos
mencionados en el inciso 1° del artículo 13 se encuentra el del origen nacional.
Este criterio también hace relación a los extranjeros. Sin embargo, con
respecto a este grupo de personas debe aclararse que el artículo 100 de la
Constitución autoriza la limitación o supresión de algunos de sus derechos y
garantías. Es así como la mencionada norma permite la restricción o denegación
de algunos de sus derechos civiles, siempre y cuando medien razones de orden
público. Asimismo, el artículo señala que la Constitución y la ley podrán
limitar el ejercicio por parte de los extranjeros de las garantías concedidas a
los nacionales e, igualmente, precisa que los derechos políticos se reservan a
los nacionales, aun cuando se admite que la ley podrá autorizar la
participación de los extranjeros residentes en Colombia en las elecciones del
orden municipal o distrital. Es decir, el mismo artículo 100 de la Constitución
atenúa la fuerza de la expresión “origen nacional” contenida en el artículo 13,
cuando ella se aplica a las situaciones en que estén involucrados los
extranjeros.” Al respecto la Sentencia C- 913 de 2003 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández) precisó que “[e]l derecho a la igualdad no presenta, en
todos los casos, el mismo alcance para los extranjeros que para los nacionales.
En efecto, cuando el legislador establezca un trato diferente entre el
extranjero y el nacional, será preciso examinar i) si el objeto regulado
permite realizar tales distinciones; ii) la clase de derecho que se encuentre
comprometido; iii) el carácter objetivo y razonable de la medida; iv) la no
afectación de derechos fundamentales; v) la no violación de normas
internacionales y vi) las particularidades del caso concreto.”
[188] Sentencia
T-1088 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[189] Sentencia T-705 de 2017. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[190] Constitución
de 1991. Artículo 4.
[191] Sentencia
C-469 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[192] Sentencia
T-051 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[193] Sentencia
C-1259 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-321 de 2005 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto). En el mismo sentido: Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs.
Panamá. Sentencia de 23 de noviembre de 2010.
[194] Sentencias SU-677 de 2017 y T-210 de 2018. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[195] Sentencia
SU-677 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[196] Ibidem.
[197] MALDONADO VALERA, Carlos et al. Protección social y
migración: Una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la
migración y de la vida de las personas. Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), 2018.
[198] CIDH. Resolución
02 de 2018. En:
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-2-18-es.pdf
[199] Sentencia C-416 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[200] Sentencia
T-452 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[201] Sentencia
T-956 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[202] Sentencia
T-295 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[203] M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[204] LIWSKI, Norberto. Migraciones de niñas, niños y
adolescentes bajo el enfoque de derechos. En Special Forum on Migration Issues,
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Comisión
Especial de Asuntos Migratorios. Foro de Alto Nivel sobre Asuntos Migratorios.
Washington, D.C. 2008.
[205] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[206] M.P.
Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[207] Sentencias T-210 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), T-178 de 2019. (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-197 de 2019 (M.P.
Diana Fajardo Rivera) y T-565 de 2019 (M.P. Alberto Rojas Ríos) en la que se
afirmó de las accionantes que “son sujetos de protección constitucional,
dada la extrema condición de vulnerabilidad en la que se encuentran por la bien
conocida difícil situación económica que afrontan, su calidad de migrantes”.
[208] Sentencia
T-416 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-774 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra) y T-660 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[209] Sentencia T-956 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva) y T-500 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera)
[210] Sentencias
T-215 de 1996 (M.P. Fabio Morón Diaz), y T-338 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[211] Sentencia
T-421 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[212] Sentencia
C-313 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[213] En esa
misma línea la Sentencia T-579 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
sostuvo que “(…) el derecho fundamental a la salud no puede ser entendido
como el simple goce de unas ciertas condiciones biológicas que aseguren la
simple existencia humana o que esta se restrinja a la condición de estar sano”.
[214] Organización
de Naciones Unidas. Observación General N°14. El derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud.
[215] Ley
1751 de 2015. Artículo 4.
[216] Sentencia
C-529 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.
[217] Sentencia
T-314 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[218] Sentencias T-025 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), C-767 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-342 de
2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-529 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-309 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo).
[219] Sentencia
C-767 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) con
apoyo en la T-225 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[220] Decreto
780 de 2016. Artículo 2.1.3.2.
[221] La disponibilidad se refiere a la existencia de
suficientes servicios, tecnologías e instituciones para asegurar prestaciones
en salud en condiciones sanitarias adecuadas, así como de programas de salud,
medicamentos, personal médico y profesional competente
[222] La aceptabilidad implica que todos los agentes
del sistema deben respetar la ética médica, la diversidad de género y las
diferencias culturales y etarias entre las personas. Para asegurarlo, debe
permitirse la participación de los usuarios en las decisiones que les afecten y
garantizar la confidencialidad de su información.
[223] La calidad e idoneidad profesional atañe a la
necesidad de que el servicio responda a conceptos médicos y técnicos, como a
estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas, lo que conduce
a la necesidad de que se preste con “personal médico capacitado,
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado,
agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas” (Ley 1751 de 2015. Artículo 4).
[224] Decreto
780 de 2016. Artículo 2.1.3.4.
[225] Ley
100 de 1993 (Artículo 153) y Decreto 780 de 2016 (artículos 2.1.3.2 y 2.1.3.4).
[226] Decreto 780 de 2016. Artículo 2.1.3.5. “Documentos
de identificación para efectuar la afiliación y reportar las novedades. Para
efectuar la afiliación y reportar las novedades, los afiliados se identificarán
con uno de los siguientes documentos: // 1. Registro Civil de Nacimiento o en
su defecto, el certificado de nacido vivo para menores de 3 meses. // 2.
Registro Civil de Nacimiento para los mayores de 3 meses y menores de siete (7)
años de edad. // 3. Tarjeta de identidad para los mayores de siete (7) años y
menores de dieciocho (18) años de edad. // 4. Cédula de ciudadanía para los
mayores de edad. // 5. Cédula de extranjería, pasaporte, carné
diplomático o salvoconducto de permanencia, según corresponda, para los
extranjeros. // 6. Pasaporte de la Organización de las Naciones Unidas
para quienes tengan la calidad de refugiados o asilados. // Los afiliados están
obligados a actualizar el documento de identificación cuando se expida un nuevo
tipo de documento; sin embargo, la demora en la actualización del nuevo
documento no dará lugar a la suspensión de la afiliación y por tanto habrá
reconocimiento de UPC. Las EPS adoptarán campañas para garantizar que sus
afiliados conozcan esta obligación y mantengan su información actualizada. //
Parágrafo. Los documentos de identificación deberán ser aportados una sola vez
por el afiliado si estos son requeridos. El Sistema de Afiliación Transaccional
preverá los mecanismos para que cualquier verificación posterior pueda ser
efectuada por este medio.” Ver también Sentencia T-576 de 2019. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
[227] Sentencia
T-074 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. “el Decreto 1067 de 2015
(…) define en qu[é] eventos se entiende que una persona se encuentra en
situación de permanencia irregular, a saber: (i) cuando haya ingresado de forma
irregular al país (por lugar no habilitado; por lugar habilitado, pero con
evasión y omisión del control migratorio; o sin la documentación necesaria o
con documentación falsa); (ii) cuando habiendo ingresado legalmente, permanece
en el país una vez vencido el término concedido en la visa o permiso
respectivo; (iii) cuando permanece en el territorio nacional con documentación
falsa; y (iv) cuando el permiso que se le ha otorgado haya sido cancelado por
las razones que se contemplan en la ley”.
[228] (i) Personas en los niveles I y ll del SISBÉN, y
aquellas en el nivel III que a la vigencia de la Ley 1122de 2007, se
encontraban afiliados al Régimen Subsidiado. También (ii) quienes dejen de ser
madres comunitarias o sustitutas y sean beneficiarias del subsidio de la
Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional; (iii) Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Proceso Administrativo para el
Restablecimiento de sus derechos, y población perteneciente al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes; (iv) Menores desvinculados del
conflicto armado; (v) Población infantil vulnerable bajo protección en
instituciones diferentes al ICBF; (vi) Comunidades Indígenas; (vii) Población
desmovilizada y su familia, en caso de muerte; (viii) Adultos mayores en
centros de protección; (ix) Población Rom; (x) Personas incluidas en el
Programa de Protección a Testigos; (xi) Víctimas del conflicto armado y que se
encuentren en el Registro Único de Víctimas; (xii) Población privada de la
libertad a cargo de las entidades territoriales del orden departamental,
distrital o municipal que no cumpla las condiciones para cotizar a/ Sistema
General de Seguridad Social en Salud e inimputables por trastorno mental en
cumplimento de medida de seguridad; (xiii) Población migrante colombiana
repatriada o que ha retornado voluntariamente al país o han sido deportados o
expulsados de la República Bolivariana de Venezuela y su núcleo familiar; (xiv)
Población habitante de calle; (xv) Los voluntarios acreditados y activos de la
Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana y cuerpos de bomberos, así como
su núcleo familiar; (xvi) Personas con discapacidad en centros de protección; y
(xvii) Migrantes Venezolanos. (Decreto 780 de 2016. Artículo 2.1.5.1.
Modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2083 de 2016, el artículo 1
del Decreto Nacional 2228 de 2017 y por el art. 3 del Decreto Nacional 064 de
2020).
[229] Decreto
780 de 2016. Artículo 2.1.5.1. Parágrafo 5. Modificado por el artículo 1 del
Decreto Nacional 2083 de 2016, el artículo 1 del Decreto Nacional 2228 de 2017
y por el art. 3 del Decreto Nacional 064 de 2020.
[230] Decreto
780 de 2016. Artículo 2.1.5.5 Adicionado por el art. 5, Decreto Nacional 064 de
2020.
[231] Sentencia
T-576 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[232] Sentencia
T-210 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[233] Observación General Nº14 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados deben garantizar, en condiciones
de igualdad, el derecho a la salud de todas las personas, incluso de “los
solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales”.
[234] “Las
personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio
de salud: (…) b) Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la
oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible documento o
cancelación de pago previo alguno”.
[235] Ley 100 de 1993, artículo 168, reiterado en el
artículo 67 de la Ley 715 de 2001. “La atención inicial de urgencias debe
ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas
que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la
capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa. El costo
de estos servicios será pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía en los
casos previstos en el artículo anterior, o por la Entidad Promotora de Salud al
cual esté afiliado, en cualquier otro evento. // PARÁGRAFO. Los procedimientos
de cobro y pago, así como las tarifas de estos servicios serán definidos por el
gobierno nacional, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud”. Así mismo el parágrafo del artículo 20 de la
Ley 1122 de 2007 señala: “Se garantiza a todos los colombianos la atención
inicial de urgencias. Las EPS o las entidades territoriales responsables de la
atención a la población pobre no cubierta por los subsidios a la demanda, no
podrán negar la prestación y pago de servicios a las IPS que atiendan sus
afiliados, cuando estén causados por este tipo de servicios, aún sin que medie
contrato”.
[236] Sentencia
T-298 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[237] Decreto 866 de 2017, por virtud del cual el artículo
2.9.2.6.2 del Decreto 780 de 2016, se modificó para precisar que “(…) se
entiende que las atenciones iniciales de urgencia comprenden, además, la
atención de urgencias”.
[238] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[239] Decreto 780 de 2016
[240] Así lo
enfatizó la Sentencia T-210 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[241] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[242] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Analizó el caso de
un ciudadano extranjero de nacionalidad argentina que no había definido su
situación migratoria, por lo que no fue encuestado por el SISBÉN, de modo que
tampoco contaba con afiliación al sistema de seguridad social en salud.
Requirió intervenciones quirúrgicas en sus extremidades como consecuencia de
una diabetes. Como consecuencia de ello requería terapias y medicamentos para
atender su condición de salud, que solicitó al juez de tutela.
[243] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[244] Reiterado
en la Sentencia T-074 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), pese a la
carencia actual de objeto que se encontró en el momento de la emisión de la
sentencia.
[245] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[246] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[247] En el
mismo sentido, Sentencia T-178 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[248] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[249] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[250] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[251] M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[252] Si bien, la Resolución se refiere a procedimientos
cubiertos por el sistema de salud con cargo a la UPC, que no aplicaría en el
caso de los migrantes con estancia no regularizada, la definición complementa
las disposiciones del Decreto 780 de 2016.
[253] Sentencia T-210 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[254] Sentencias
T-705 de 2017 (M.P. José
Fernando Reyes Cuartas) y T-210
de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[255] Sentencia
SU-677 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[256] Sentencias
T-705 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[257] Sentencia
T-403 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[258] Ibidem.
[259] Resolución 5261 de 1994.
[260] Sentencia
T-403 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[261] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[262] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[263] Sentencia T-403 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[264] Sentencia
T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[265] Sentencia
T-239 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[266] Apartado
sustentado parcialmente en las consideraciones de la Sentencia T-207 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[267] Sentencia
T-544 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[268] Sentencia
T-170 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.
[269] Sentencia
C-507 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[270] Sentencia
T-844 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[271] Sentencias
T-503 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y T-397 de 2004 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[272] Organización
de Naciones Unidas. Observación general conjunta núm. 3 (2017) del Comité de
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares y núm. 22 (2017) del Comité de los Derechos del Niño sobre los
principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el
contexto de la migración internacional. Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares. Convención sobre los Derechos del Niño.
[273] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[274] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[275] Sentencia
T-089 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Además la Sentencia T-907 de
2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) señaló que: “Es deber de las
autoridades relacionadas con la prestación de servicios de salud, entre las
cuales se cuenta el Director General de Sanidad Militar contra quien se dirigió
la acción de tutela de la referencia, tener en cuenta en todos los casos que
involucren niños que la protección, preservación y promoción de su interés
superior y prevaleciente en materia de salud es el norte de cualquier actuación
que les concierna, desde la interpretación del alcance de las propias
competencias y de las normas que rigen los servicios de salud, hasta la
ejecución material, el seguimiento, el control y la supervisión de su
prestación. Si los funcionarios que gestionan y materializan en la práctica la
prestación de los servicios de salud no obran en estos casos de tal manera que
los derechos e intereses del menor involucrado sean sus objetivos prioritarios,
desconocen las normas constitucionales, internacionales, legales y
reglamentarias que gobiernan el ejercicio de sus funciones, amenazando o
violando con ello los derechos fundamentales prevalecientes que están en
riesgo”.
[276] Sentencia
T-207 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[277] UNICEF, et al. Convención sobre los Derechos del Niño.
1989. Artículo 3. También ver Sentencia T-010 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[278] Así lo
establecieron las sentencias T-210 de 2018 y T-565 de 2019, entre otras.
[279] Cuaderno
1. Folio 1.
[280] Sentencia T-403 de 2019 M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez
[281] Decreto
780 de 2016. Artículo 2.5.3.2.3., numeral 5.
[282] “ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela
hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en
forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo
sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. // El juez
también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere
adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.”