SU454-16
Sentencia SU454/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
El
defecto procedimental se sustenta en el desconocimiento de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
este último caso, por obstaculizar su ejercicio y vulnerar el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental.
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO EN MATERIA
PROBATORIA Y SU INTERRELACION CON DEFECTOS FACTICO Y SUSTANTIVO
Para
esta Corporación, es innegable la intrínseca relación entre el exceso ritual
manifiesto y los defectos fáctico y sustantivo, cuando se trata de errores en
la valoración de elementos probatorios. De tal suerte que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto es el resultado de la aplicación
rigorista de las normas procesales, lo que en relación con el defecto fáctico
inciden en la interpretación del acervo probatorio contenido en el expediente y
provoca una visión distorsionada de la realidad procesal, que a su vez, afecta
gravemente los derechos fundamentales, por lo que su configuración hace
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta figura no
afecta la amplia libertad para valorar el acervo probatorio que tienen los
jueces, pero si exige que esta potestad sea ejercida en consideración a la
justicia material y a la prevalencia del derecho sustancial, puesto que su
desconocimiento incide en las resultas del proceso y en la vigencia de los
derechos fundamentales. Por su parte, existe una relación con el defecto
sustantivo cuando los jueces no aplican los principios que rigen los
procedimientos, puesto que se tratan de garantías sustanciales que se deben
observar en los procesos. Un claro ejemplo es el principio de equidad exigido
en los casos de reparación directa de conformidad con el artículo 16 de la Ley
446 de 1998 pues en el sentido de flexibilizar de los estándares probatorios y
ejercer las potestades judiciales en la materia a fin de lograr justicia
material.
DEFECTO SUSTANTIVO POR APLICAR UNA NORMA INAPLICABLE PARA EL CASO-Configuración
Cuando la actuación se funda
en una norma claramente no aplicable (por derogación y no producción de
efectos; por evidente inconstitucionalidad y no aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad; porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional; porque ha sido declarada inexequible por la Corte
Constitucional o, porque no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó)
DEFECTO SUSTANTIVO POR GRAVE ERROR DE INTERPRETACION-Configuración
Una
de las modalidades del defecto sustantivo, derivada de un grave error en la
interpretación, puede presentarse por la no aplicación de los principios que
guían no sólo a la administración de justicia en general, sino a ciertos
procesos, como sería la acción de reparación directa, en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, en donde la observancia del principio de
equidad consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, es obligatoria.
Estos principios se rigen como garantías sustanciales del proceso, por lo que
el juez se encuentra atado a su aplicación.
DERECHO DE PROPIEDAD-Concepto
PROPIEDAD PRIVADA-Derecho subjetivo
propio de los regímenes liberales
DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Se
requiere del título y el modo
Para que el derecho de
propiedad ingrese al patrimonio de una persona es necesario que concurran de
manera sucesiva dos actos jurídicos, el título como acto humano creador de
obligaciones o la ley que faculta al hombre para adquirir el derecho real
(compraventa, permuta, entre otros), y el modo que implica la ejecución del
título, es decir, el que permite su realización (ocupación, accesión,
tradición, prescripción entre otros).
DERECHO DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES-Se requiere que el título traslaticio de dominio sea solemne por
escritura pública
El título de dominio que contiene un
contrato de compraventa de inmueble es solemne, cuando se encuentra sometido a
ciertas formalidades especiales que le permiten desplegar todos sus efectos
civiles, que para el caso de bienes reales, implica su otorgamiento a través de
escritura pública. A su turno, la tradición como modo derivado y adquisitivo de
la propiedad de bienes inmuebles, está sometida al correspondiente registro de
instrumentos públicos. De esta suerte, una vez otorgada la escritura pública
que contiene el título, la tradición se realiza mediante su inscripción en la
oficina de registro de instrumentos públicos del lugar en el que se encuentre
ubicado el inmueble.
FUNCION REGISTRAL-Características/FUNCION
REGISTRAL-Se encuentra orientada por los principios de legalidad,
publicidad y buena fe
PROCESO DE INSCRIPCION DE TITULOS-Etapas
FUNCION NOTARIAL-Finalidad
PRUEBA DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES-Jurisprudencia de la Corte Suprema y del Consejo de Estado/PRUEBA
DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES-Cambio de jurisprudencia del
Consejo de Estado
La jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, en materia de prueba del derecho de propiedad de bienes inmuebles en
acciones reivindicatorias, mantiene la tesis tradicional de la exigencia de
acreditación del título y el modo, razón por la cual, el certificado de
libertad y tradición expedido por el registrador de instrumentos públicos, no
es suficiente, puesto que se necesita acreditar el correspondiente título. Por
su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera, mantenía una postura
jurisprudencial tradicional en materia de la prueba judicial de dominio, sin
embargo, desde el 13 de mayo de 2014, con base en la interpretación de los
derechos fundamentales a la confianza legítima y de acceso a la administración
de justicia y de los principios de legalidad y publicidad, modificó su posición
hacia la aceptación probatoria del registro público como acreditación del
derecho de propiedad de bienes inmuebles, con la salvedad de que la misma se
restringe a los procesos adelantados ante la jurisdicción contencioso
administrativa y que no versen sobre litigios en los que se debatan los
derechos, obligaciones o la validez y eficacia del título o de su registro, así
como aquellos procesos en donde la controversia se refiera a declarar quien
tiene mejor derecho sobre el predio.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Vulneración por exceso ritual manifiesto en materia de prueba del
derecho de dominio o de posesión sobre bien inmueble en proceso de reparación
directa
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
interrelacionado con defecto fáctico en materia probatoria del derecho de
propiedad de bienes inmuebles, en proceso de reparación directa
Referencia: Expediente T- 4.445.980
Acción
de tutela presentada por el señor Hernando Pinilla Pacheco, contra las
sentencias de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección
Tercera, Subsección B- y la de primera instancia del  Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección B-, dentro del proceso de
reparación directa instaurado contra el Instituto Nacional de Vías – INVIAS-.
Procedencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta.
Asunto: Acción de tutela contra providencias
judiciales. Vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia por exceso ritual manifiesto en materia probatoria.
Magistrada
Sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, quien la preside, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge
Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis
Ernesto Vargas Silva, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido
la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos adoptados por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta y por la Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta de esa misma Corporación, en
primera y segunda instancia respectivamente, dentro del proceso de tutela
promovido por el ciudadano Hernando Pinilla Pacheco, en contra de las
providencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección “B”,
dentro del proceso de reparación directa instaurado en contra del
Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.
De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número nueve de la Corte
Constitucional seleccionó, para efectos de su revisión[1], el asunto de
la referencia y lo asignó en su momento a la hoy Sala Quinta de Revisión.
En la sesión de la Corte Constitucional del 3 de diciembre de 2015,
la Sala Plena de esta Corporación, con fundamento en el artículo 61 del Nuevo Reglamento
Interno de la Corte (antes 54A), dispuso asumir el conocimiento y fallo del
presente asunto.
En virtud de lo consagrado en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991 y el artículo 61 del Nuevo Reglamento Interno de esta Corporación
(antes 54A), la Sala Plena procede, en consecuencia, a dictar la sentencia
correspondiente.
I.
ANTECEDENTES
El señor Hernando Pinilla
Pacheco, presentó por intermedio de apoderado, acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera, Subsección B-, y contra el Consejo de Estado -Sección Tercera,
Subsección B-, por considerar que tales Corporaciones, mediante los fallos
judiciales proferidos dentro de un proceso en ejercicio de una acción de
reparación directa en contra del INVIAS, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso (Art. 29 C.P.) y de acceso a la administración de justicia
(Art. 228 C.P.), con las determinaciones meramente formales que tomaron en su
caso.
A juicio del actor, las
providencias proferidas por estas corporaciones el 9 de abril de 2002 y el 28
de mayo de 2012, respectivamente, en un proceso iniciado por la ocupación de
hecho que realizó el Estado sobre un predio del actor, que fue utilizado para
la construcción de una vía pública sin que su valor le fuese pagado en forma
alguna al actor o fuese indemnizado, son sentencias que para el demandante desestimaron
palmariamente la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, al  fundarse en aspectos
meramente formales, cuyo cumplimiento sustancial estaba acreditado en el proceso
judicial, para desestimar a priori las pretensiones de reconocimiento de
una indemnización justa, por la pérdida de un bien de su propiedad.
En consecuencia, para el señor
Pinilla Pacheco, tales fallos judiciales incurrieron en defectos procedimental
absoluto y fáctico que violaron sus derechos fundamentales, en la medida en que
las decisiones de los jueces en tales instancias, en desmedro del principio
constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y la non
reformatio in pejus, entre otros, terminaron por avalar la indebida e
injusta ocupación de hecho de su predio por parte del Estado, pese a que
existía suficiente ilustración para una actuación efectiva del Estado ante la arbitraria
pérdida de su bien, sin indemnización alguna, por parte del INVIAS.
A.  Hechos,
pruebas y pretensiones
Los hechos presentados por el actor  en el
asunto de la referencia, pueden ser sintetizados de la siguiente manera:
Hechos que originaron el proceso contencioso administrativo[2]
1. El señor Hernando Pinilla
Pacheco, el 15 de enero de 1999, entregó en forma anticipada el predio
denominado “Lote Uno” de su propiedad, al Instituto Nacional de Vías, INVIAS,
para la ejecución de una vía pública,- la carretera La Caro-Zipaquirá-, teniendo
en cuenta que dentro de las etapas de expropiación previstas por la ley[3], las partes llegaron a
un acuerdo directo, contenido en el acta de entrega del mencionado inmueble,
sobre la adquisición del predio por parte del INVIAS y la fijación del precio
de compraventa con base en un avalúo que debía realizar la Federación Nacional
de Lonjas de Colombia, -FEDELONJAS-[4].
2. De acuerdo con el acta de "Entrega
de una Faja de Terreno" suscrita entre el señor Hernando Pinilla
Pacheco y el INVIAS[5],
las partes acordaron sustraer del proceso de expropiación adelantado en el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, el "Lote Uno"
de propiedad del actor, y negociar directa y voluntariamente la faja de terreno
requerida por la entidad expropiante.
El actor entregó
al INVIAS, - de manera "formal, material y real" y conforme al
acta a la que se alude[6]
-, el "Lote Uno", junto con sus anexidades (mejoras). El
apoderado de la entidad en mención[7]
lo recibió formalmente tal y como consta en el documento descrito, no sin realizar
previamente un inventario en el que se procedió a identificar la faja de
terreno respectiva, sus linderos, títulos, características y sus anexidades,
que incluían además, una "casa de habitación de dos plantas". La
descripción de la franja de terreno entregado, según el acta que se menciona,
es la siguiente:
"[U]na faja de terreno que hace parte del predio denominado
"Lote Uno" que al señor HERNANDO PINILLA PACHECO le fuera adjudicado
en el proceso divisorio entablado contra la señora ROSA ARDILA DE KURIMOTO, el
cual terminó con sentencia aprobatoria de la partición material, proferida el
13 de Noviembre de 1998, inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria
50N-612182, dando ocasión a la apertura del folio derivado 50N-20324416
asignado al predio adjudicado al señor Pinilla Pacheco"[8].
Las anexidades reconocidas, se
describieron a su vez en el acta, de la siguiente forma:
"Casa
de habitación de dos plantas en ladrillo rústico, cubierta de teja de Eternit y
Zinc; en la primera planta consta de un salón, una cocina y un baño y en la
segunda planta de un salón con piso de madera y una terraza o balcón. Cuenta
con los servicios públicos domiciliarios de agua, alcantarillado y energía
eléctrica y un tanque de agua elevado".
3. Siguiendo lo expresamente
mencionado en el acta de entrega correspondiente, se encuentra que se acordó por
las partes sobre la negociación directa, lo siguiente:
"[D]eclararon el señor HERNANDO PINILLA PACHECO y el apoderado
judicial del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, que la negociación directa de la faja
de terreno recibida se hará con base en el avalúo que rinda Fedelonjas de
acuerdo a las especificaciones dadas y la mesura que resulta del trabajo de
topografía, por lo cual el proceso de expropiación continuará sólo contra
la señora Rosa Ardila de Kurimoto en su calidad de propietaria del "Lote
2"[9]. (Las subrayas fuera del original).
4. Ahora bien, según relata el
actor, el terreno en mención le fue entregado al INVIAS de buena fe, siguiendo
las directrices del acta[10]
reseñada. Por esta razón, el actor no exigió, como propietario, escritura
alguna o pago monetario previo, en la medida en que ya se adelantaban los
trámites necesarios para suscribir el contrato de compraventa[11] definitivo. El bien,
por su parte, fue recibido en debida forma por el representante del INVIAS en
su momento, -Dr. Francisco Quiñones Ávila-, quien contaba con plenas facultades
para recibir predios objeto de trámites de expropiación[12] y continuar con el
cumplimiento de las negociaciones.
5. Con todo, a pesar de que el
Instituto Nacional de Vías, por sí mismo, mediante solicitud SMA No. 02887,
requirió el avalúo correspondiente a  Fedelonjas[13] y que éste resultó muy
parecido a uno previo realizado por Fedelonjas en 1998 en el que se incluía su
lote y el de la señora Rosa Ardila[14],
lo cierto es que luego de transcurrir un tiempo importante sin que la minuta de
compraventa se firmara por la entidad a pesar de que reposaba en la Notaría
Única de Madrid el avalúo descrito[15],
se hizo evidente para el actor que conocido el precio del bien propuesto por
Fedelonjas[16],
el INVIAS no iba a suscribir el contrato de compraventa correspondiente, porque
el precio del avalúo pactado le había parecido demasiado alto.
En efecto, en
febrero de 1999, Fedelonjas, expidió un certificado de avalúo sobre el predio identificado
con el código 423-A de propiedad del señor Hernando Pinilla Pacheco[17], en el que se incluyen
el terreno, la construcción, y las mejoras FTU y UME, y se llega a la
conclusión de que el predio tiene un valor de cuatrocientos cincuenta y cuatro
millones, ochocientos setenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos m/cte.
($ 454.873.583.oo)[18].
6. Ese avalúo, fue
pedido por el INVIAS, conocido por la entidad y aceptado a juicio del actor por
ella, en la medida en que en el oficio 13351 del Subdirector del Medio Ambiente
del INVIAS dirigido al señor Juan Mauricio Pinilla, hijo del actor, se deja en
claro que efectivamente el predio No 1, tiene un valor de cuatrocientos
cincuenta y cuatro millones, ochocientos setenta y tres mil quinientos ochenta
y un pesos m/cte., ($ 454.873.583.oo)[19].
En efecto, este oficio, firmado por Carlos Castaño Uribe, como Subdirector de
Medio Ambiente del INVIAS, dice lo siguiente:
"Distinguido señor Pinilla. En atención al derecho de petición
de la referencia, en el cual solicita el valor comercial de un predio de su
propiedad, identificado con la Matrícula inmobiliaria... cédula Catastral... de
la Oficina de Catastro de Chía, necesario para la construcción del Proyecto de
"Desarrollo Vial del Norte de Bogotá", ubicado en jurisdicción del
Municipio antes citado, comedidamente me permito informarle que de conformidad
con el avalúo de febrero de 1999, practicado por la firma FEDELONJAS, el valor
del predio denominado "Lote Uno", con extensión de 1423, 76 M2,
incluyendo mejoras, FTU y UME, su valor asciende a $454.873.581 pesos"[20].
7. El INVIAS, sin embargo, solicitó
unilateralmente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizar un nuevo
avalúo, para corroborar el valor real del terreno.
Para el actor, esta
decisión del INVIAS resultó contraria al acuerdo existente entre las partes,
especialmente porque esa entidad: (i) no había proferido acto
administrativo alguno que modificara la aceptación original del avalúo de
Fedelonjas[21],
conforme a lo pactado por el apoderado de la entidad en el acta de entrega del
inmueble[22];
y (ii) porque de acuerdo a la respuesta inicial del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, el avalúo de Fedelonjas en ese momento era válido por un año,
desde la fecha de su expedición, al encontrarse en firme, por no haber sido
impugnado[23].
Aunado a lo
anterior, la entidad demandada no controvirtió el valor del avalúo de Fedelonjas
en su momento, pudiendo hacerlo, conforme a lo estipulado en el artículo 15 del
Decreto 1420 de 1998[24]
que autoriza su revisión. Por ello, el avalúo original quedó en firme en los
términos del Decreto 1420 de 1998[25],
y en esa medida era obligatorio para las partes, tenerlo en cuenta para la
celebración de la compraventa que se había acordado.
8. Para el señor
Hernando Pinilla, en consecuencia, el actuar del INVIAS en estas circunstancias
implicó una gran "falta de seriedad"[26],
ya que habiendo recibido un bien para la realización de una obra pública en
unos términos y condiciones acordadas, ahora no quería "pagar lo debido"[27], a pesar de contar al
momento de la entrega del bien con dineros disponibles para el pago del precio
por parte de la entidad[28]
y con un avalúo jurídicamente válido y acordado.
9. Frente a los
requerimientos de cumplimiento de lo pactado por parte del actor, la actuación
del INVIAS se fue haciendo cada vez más difícil y dilatoria. La negativa de
celebrar el contrato de compraventa correspondiente, a pesar del  acuerdo entre
las partes sobre el valor del inmueble con el apoderado competente y la
estabilidad y validez jurídica del avalúo de Fedelonjas[29], - solicitado por la
misma entidad y al que ella no se opuso en los términos de ley[30]-, estaba causando un
daño importante al demandante, en la medida en que claramente no había recibido
"suma alguna derivada de la ocupación permanente del inmueble de su
propiedad por el INVIAS"[31]
y no se ofrecían salidas posibles a la situación.
Por esta razón,
el señor Hernando Pinilla Pacheco presentó peticiones[32] en los meses de mayo y
junio de 1999, con el propósito de conocer cuándo se celebraría el contrato, dada
la insistencia del INVIAS de que nunca hubo realmente un acuerdo entre las
partes sobre el precio inmueble, sin que los resultados de esas solicitudes
fuesen positivos.
La acción de
reparación directa
10. Inconforme con la situación y
teniendo en cuenta que para ese momento existía ya una ocupación de hecho
permanente del predio por parte del INVIAS, el señor Pinilla Pacheco presentó
demanda de reparación directa  en contra de esa entidad el 23
de julio de 1999, con el fin de lograr que se  declarara al INVIAS responsable
por la ocupación permanente de su predio, ubicado en la carretera nacional
entre Cajicá y Chía, y se diera entonces el consiguiente reconocimiento de los
daños y perjuicios causados, así como el pago de la indemnización
correspondiente[33].
A juicio del
demandante, la ocupación de hecho y la responsabilidad de la entidad accionada
estaban probadas en el caso, en la medida en que el acta de entrega del predio
permite corroborar que el inmueble estaba ya en manos de la Administración y
que había sido destinado, -como en efecto lo fue finalmente-, a la construcción
de la carretera que comunica a Chía con Cajicá. El INVIAS, a sabiendas de que
no podía ocupar un inmueble en los términos de ley sin cumplir con el requisito
de inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos[34], en todo caso lo ocupó,
"y, con clara violación de las normas legales, ejecutó entonces un
hecho administrativo generador de responsabilidad correlativa"[35]. Ese hecho
administrativo del INVIAS, de ocupar indebidamente el bien, causó un perjuicio
al actor, que involucra entre otras cosas no haber recibido el valor del bien, hecho
que impidió que el actor pudiera desarrollar otras actividades comerciales.
Para el actor,
contrario a lo afirmado por el INVIAS, estas circunstancias no se derivan de las
negociaciones realizadas, puesto que "el predio ya ha sido ocupado y
los trabajos públicos ya se habían realizado", y la administración
incurrió en una ocupación de hecho, con desconocimiento de la legalidad.  Por
ende, probados los tres elementos creadores de la responsabilidad, tales como
el hecho generador, el perjuicio y la relación de causalidad, a juicio del
actor, la entidad demandada debía resarcir los perjuicios causados por el hecho
administrativo realizado[36].
Bajo tales supuestos, el actor formuló, entre otras, las siguientes
pretensiones:
"1. Se declare que el Instituto Nacional de Vías... es
administrativamente responsable por los perjuicios causados al señor Hernando
Pinilla Pacheco al ocupar de manera permanente... el inmueble de su
propiedad...
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al
Instituto Nacional de Vías... a reconocer y a pagar al señor Hernando Pinilla
Pacheco la suma de ... ($454.873.581.oo) pesos que corresponden al valor del
inmueble ocupado y que fue acordado entre las partes.
3. Que como consecuencia de las declaraciones 1 y 2 se condene al
Instituto Nacional de Vías... a reconocer y a pagar a título de daño emergente,
los intereses moratorios que sobre la [misma] suma... se causen a partir de la
fecha de la diligencia de entrega del bien suscrita el 15 de enero de 1999 y
hasta el momento en que se cancele efectivamente la suma anotada...".
11. La demanda de reparación
directa, le correspondió entonces, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, -Sección Tercera Subsección “B”, quien la admitió y dio trámite a
la misma.
12. A su turno, el INVIAS, presentó
en su defensa dentro del proceso contencioso administrativo[37], los siguientes
argumentos, para desestimar su responsabilidad: (i) No es el responsable
de ocupar el predio del actor, en la medida en que el señor Pinilla Pacheco lo
entregó en su momento, de forma pública, voluntaria y libre, por lo que no hubo
ocupación de hecho en su contra[38].
(ii) Adicionalmente, al momento de la demanda desplegada por el actor,
no se había finalizado entre las partes la etapa de negociación directa de que
trata el Capítulo 7 de la Ley 388 de 1997, (iii) como el problema entre
ellas se había concentrado en que no habían podido llegar a un acuerdo
definitivo respecto al precio del inmueble, -en la medida en que lo único con
lo que contaban era con una mera expectativa de acuerdo frente al precio y no
de un pacto definitivo sobre el mismo-, la entidad se comprometía a dar por
terminado el proceso, pagando al actor el valor del predio correspondiente al
avalúo realizado por el IGAC. Por otra parte, (iv) frente a la inconformidad
existente ante el primer avalúo de Fedelonjas, se solicitó al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi un avalúo nuevo, en opinión del INVIAS, el oficio
del 30 de junio de 1999, firmado por el entonces Subdirector del Medio Ambiente
del INVIAS y dirigido al demandante, en el que se reconoce el avalúo de
Fedelonjas como el precio del bien para la fecha, fue una circunstancia que "tuvo
lugar de manera precipitada por aquel funcionario, ya que no se le había hecho
el análisis jurídico evaluativo" pertinente[39].
En consecuencia,
indicó el INVIAS, "que el Instituto está dispuesto a pagar el valor del
terreno afectado al señor Hernando Pinilla Pacheco, previo avalúo practicado
por el IGAC", y agregó que "en ningún momento se ha
desconocido por esta entidad la obligación de pagar la indemnización objeto del
contrato de compraventa... (porque) la adquisición del inmueble por enajenación
voluntaria no ha terminado"[40].
Finalmente sostuvo
la entidad accionada, (v) que el nuevo avalúo realizado en marzo de 2000
por parte del IGAC[41],
determinó como precio comercial del inmueble, la suma de $185.088.800.oo pesos[42]. Por esta razón, la
entidad sostiene que la pretensión de la demanda contenciosa del actor es
exorbitante y solicita a las autoridades judiciales acogerse al nuevo avalúo,
para revisar las pretensiones de la demanda[43].
13. En el avalúo del IGAC del año 2000 al que
alude INVIAS[44]
y que se adelantó entre otros, sobre el bien del demandante, el Instituto
Geográfico,  reconoce textualmente que, ajustándose a las solicitudes de esa
entidad, el avalúo se realizó tomando en cuenta las siguientes premisas:
"- No
se deben tener en cuenta las construcciones ni mejoras descritas en las
fichas prediales, pues estas desaparecieron con la construcción de la vía.
- Los
avalúos se deben practicar sin considerar la plusvalía o valorización
generada por la construcción de la vía.
- Para la
ejecución del avalúo comercial, de acuerdo con las premisas anteriores, se
procedió a considerar y  analizar la situación de los predios de mayor extensión
antes de la construcción de la segunda calzada de la vía La Caro- Zipaquirá.    Ubicación
cartográfica (...). Ubicación de los predios en fotografías aéreas. Con
la información anterior se procedió a analizar las condiciones de
accesibilidad, vocación económica y características generales de los predios de
mayor extensión"[45].
(Subrayas fuera del original).
El avalúo
reconoce bajo esas limitaciones, para el año 2000, que el predio del actor se
encuentra "ocupado totalmente por la calzada oriental de la Vía La
Caro- Zipaquirá" y que su área total era de 1841 metros cuadrados. Sobre
la base de esas premisas y de la oferta de bienes en la zona, el valor comercial
del bien del actor en ese momento se taza en la suma de $185.088.800.oo pesos[46].
14. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, -Sección Tercera, Subsección “B”-, mediante providencia del 9
de abril de 2002[47],
resolvió en primera instancia, la demanda presentada por el señor Hernando
Pinilla. En su decisión, declaró de oficio la excepción de ineptitud del
líbelo del actor por improcedencia de la acción y denegó sus pretensiones
de la demanda, afirmando que la acción jurídica que debió iniciar el accionante
en su momento, era una de naturaleza eminentemente contractual (Art. 87 CCA) y
no la de reparación directa presentada, pues "los hechos narrados en el
escrito demandatorio (sic) y en los documentos que se aportaron en el
transcurso del proceso, se infiere que la causa de la litis no es en sí la
ocupación del inmueble del actor por parte del INVIAS, sino el incumplimiento
por parte de esta entidad, del precio supuestamente acordado"[48].
Para el
fallador, no existió entonces ocupación de hecho, teniendo en cuenta que
lo que se dio fue una diferencia entre las partes, en el proceso de negociación
directa. El a quo, en consecuencia, consideró que lo que se pretendía
con la demanda no era una indemnización de perjuicios, sino que se declarara
que el INVIAS había incumplido el pago del supuesto precio pactado por la
compra del inmueble correspondiente. De este modo, desde la perspectiva del
Tribunal:
“[E]l actor ha debido acudir ante esta jurisdicción por vía
de la acción contractual, entendiendo que el acta de entrega anticipada del
inmueble, podía servir de fundamento para declarar el incumplimiento de una
obligación por parte del Invías, o en su defecto elevar sus pretensiones por
vía de la acción de reparación directa, con base en los presupuesto (sic) del
enriquecimiento sin causa por parte de la entidad demandada.
Se puede concluir entonces que en el presente caso, no existió
ocupación del inmueble del demandante por parte del Invías, pues como se
viene explicando, lo que surgió fue una diferencia entre las partes dentro del
proceso de negociación directa que se adelantó, en relación con el precio del
inmueble afectado. Además, como lo manifestó el apoderado del INVIAS, dicha
entidad no ha desconocido su obligación de cancelar el precio justo del terreno
referido, y además al momento de la presentación de esta demanda la
negociación directa entre las partes aún no ha concluido, luego, mal podría
ordenar esta Sala el reconocimiento y pago de una suma que probablemente ya ha
sido cancelada en este momento, pues hacerlo iría en detrimento de los
intereses patrimoniales del Invías (…)”[49].
15. Mediante apoderado, el señor
Hernando Pinilla Pacheco, presentó recurso de apelación en contra de esa
determinación del Tribunal, en el que alegó: (i) que en la demanda
contenciosa presentada, había solicitado la declaración de responsabilidad del
INVIAS por ocupación permanente de su predio, así como el reconocimiento de los
daños y perjuicios causados por ese hecho, ya que la entidad había abusado de
su buena fe, al haber ocupado desde enero de 1999 su bien inmueble y llevar más
de 6 meses sin definir nada sobre su valor; mientras transcurría sin más el
término de caducidad para el ejercicio de la acción de reparación directa[50].
De este modo, (ii)
al desconocer la firmeza del avalúo, el INVIAS se había enriquecido sin causa, -generando
un empobrecimiento paralelo del demandante-, cuyo fundamento u origen era precisamente,
la ocupación permanente indicada[51].
En tercer lugar señaló
el actor que, (iii) las negociaciones con el INVIAS habían terminado en
enero de 1999, una vez la entidad ocupó el bien y se negó a cumplir con lo
acordado, por lo que evidentemente al momento de la presentación de la demanda no
existía negociación o acuerdo alguno entre las partes, como equivocadamente lo
había deducido el fallador. Respecto a este punto precisó el apoderado del
actor, que (iv) para que proceda la acción contractual como lo alega el a-quo,
es necesario que exista un contrato  solemne -contrato de compraventa de bien
inmueble, promesa de compraventa o transacción- o negociaciones entre las
partes. No obstante, tales circunstancias no son aplicables en este caso, en la
medida en que el contrato entre las partes nunca se perfeccionó[52], y los actos
pre-contractuales sólo pueden invocarse en contratos estatales que se adjudican
mediante licitación pública. Así, al no existir ni negociaciones ni contrato,
entre el INVIAS y el actor, no le quedaba al ciudadano ninguna otra posibilidad
para recuperar el valor del inmueble y de los perjuicios causados, que iniciar
una acción de reparación directa contra la entidad demandada[53].
En cuanto a las
pruebas, consideró el apoderado del demandante que la certeza de la ocupación
del inmueble, fuera de los demás elementos probatorios aportados, podía
evidenciarse claramente en la confesión expresa del apoderado de INVIAS al
contestar la demanda, y del Dr. Quiñones en el interrogatorio de parte. También
sostuvo que la entidad demandada nunca dio razones válidas para justificar por
qué consideraba que el avalúo de Fedelonjas era muy alto, ni se opuso al avalúo
original, por lo que no existió un argumento real que justificara su reticencia
a la celebración de la compraventa. De este modo, el incumplimiento de las
obligaciones legales de la entidad generó una responsabilidad extracontractual
correlativa, derivada de abusar de manera directa de la confianza legítima
desplegada por el actor y de recibirle de manera anticipada el bien, sin
cumplir con los requisitos de ley y con el pago. Por ende, en este caso, la
ocupación de hecho y el supuesto enriquecimiento sin causa, no debían ser
vistos -a su juicio-, como conceptos excluyentes[54].
16. El recurso de apelación presentado,
fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección “B”-,
mediante providencia del 28 de mayo de 2012[55], con ponencia
del Consejero Danilo Rojas Betancourth.
En esta
sentencia, (i) el Consejo de Estado inició su reflexión, restándole
valor probatorio a algunas copias simples que obraban en el expediente, entre
ellas, al certificado de avalúo sobre el proyecto vial del norte de Bogotá, La
Caro-Zipaquirá, realizado por la Federación Colombiana de Lonjas y
Asociaciones, Fedelonjas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254
del Código de Procedimiento Civil[56].
En segundo lugar, (ii) declaró como hechos probados en el expediente,
los siguientes:
"9. De conformidad con el material probatorio allegado al
proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como
ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:
9.1. Se encuentra inscrita una división material del bien inmueble identificado
con el número de matrícula inmobiliaria 612182, por "RESOLUCIÓN
ADMINISTR" del 8 de abril de 1997, expedida por el Juzgado 1 Civil del
Circuito de Zipaquirá y en virtud de la cual se abrieron las matriculas inmobiliarias
número 20324416 "LOTE UNO" y 20324417 "LOTE 2" (copia
auténtica del formulario de calificación constancia de inscripción; f, 33, c.
pruebas).
9.2. Se encuentra registrado que el señor Pinilla Pacheco adquirió
el bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no 50N-203244, Lote
Uno, mediante resolución proferida por el Juzgado 1 del Circuito de Zipaquirá,
lo cual obra en los siguientes términos:
TIPO DE PREDIO: SIN INFORMACION COD CATASTRAL (...)
DESCRIPCION CABIDA Y LINDEROS.
Contenidos en RESOLUCION ADMINISTRATIVA  Nro S.N. de fecha 08-04-97
en Juzgado 1. C. Cto de ZIPAQUIRA LOTE Uno con área de 1841,62 M2
(SEGUN DECRETO 1711 DE JULIO 6/84).
COMPLEMENTACION:// ARDILA DE KURIMOTO Y PINILLA PACHECO HERNANDO
ADQUIRIERON POR COMPRA A INVERSIONES GARCIA SANPEDRO LTDA, MEDIANTE ESCRUTURA
3716 DEL 04-07-91 NOTARIA 9A DE BOGOTA, ESTA ADQUIRIO POR COMPRA ESTE Y OTRO A
GUILLERMO GARCIA MERLANO. ESTE ADQUIRIO POR COMPRA A MARTINEZ ALONSO, MELO DE
MARTINES MARIA DEL CARMEN SEGUN ESCRITURA 252 DEL 15-09-47 NOTARIA UNICA DE CHIA
REGISTADA AL FOLIO DE MATRICULA 50N-609621//MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s)
SIGUIENTES: (En caso de integración y otros) //612182 (...) PERSONAS QUE
INTERVIENEN EN EL ACTO (...) DE: PINILLA PCHECO HERNANDO// DE: ARDILA DE
KURIMOTO ROA// A: PNILLA PACHECO HERNANDO (original del certificado de
tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá Norte; f, 34, c. pruebas)"[57].
En lo
concerniente al problema jurídico objeto de análisis en esa oportunidad, (iii)
los falladores de segunda instancia se preguntaron si resultaba
procedente el ejercicio de la acción de reparación directa por parte del
demandante, para obtener la declaratoria de responsabilidad del Estado y lograr
así la respectiva indemnización por ocupación de hecho, o si por el contrario
lo pertinente era haber acudido a la jurisdicción mediante la acción de
controversias contractuales, o la accio in rem verso, - como lo sugería
el a-quo-, como un mecanismo para obtener la compensación en el caso de
que se presente enriquecimiento sin causa.
Para resolver
estas inquietudes, (iv) la sentencia recordó que si se escoge una vía
inadecuada para demandar, lo procedente no es lo que realizó el juez de
instancia, sino el rechazo de la demanda si ésta no se ha admitido, o la
expedición de un fallo inhibitorio, cuando se presente ese defecto y el juez no
lo no haya advertido oportunamente.
No obstante,
para el caso concreto, (v) concluyó el Consejo de Estado, que si el daño
provenía de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de un inmueble, lo adecuado conforme a la
jurisprudencia era instaurar una acción de reparación directa. Bajo este
supuesto, la autoridad judicial se apartó entonces del criterio adoptado por el
Tribunal en primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, en la
medida en que a su juicio, la acción de reparación directa sí era la vía procesal
adecuada para el estudio de los hechos presentados por el actor en contra del
INVIAS, dado que la fuente del daño no fue en modo alguno el incumplimiento de
un contrato, - no existía ningún negocio jurídico entre las partes-, sino la
ocupación de hecho mencionada.
El Consejo de
Estado, presentó sobre este aspecto en particular, algunas consideraciones:
“11.3. En el caso concreto, la Sala se aparta del criterio adoptado
por el Tribunal a quo para negar las pretensiones elevadas por la parte
demandante con base en la “ineptitud de la demanda por indebida escogencia de
la acción”, aclarando que conforme a lo expuesto, debió haber proferido una
providencia mediante la cual se declarara inhibido de su conocimiento, toda vez
que la acción de reparación directa sí se constituye en la vía procesal
adecuada para el respectivo estudio de las mismas.
11.3.1. Por una parte, se observa que a diferencia de cómo fue
entendido por el a quo, la fuente del daño no se deriva de la actividad
contractual del Estado, pues si bien las peticiones del señor Pinilla Pacheco
se relacionan con la intentada enajenación voluntaria que decidió realizar de
una porción del predio denominado “Lote Uno”, no se celebró contrato alguno
entre las partes del cual se pueda demandar su incumplimiento y obtener la
respectiva indemnización de los perjuicios derivados del daño ocasionado con el
mismo (…)”.
(…) De esta manera, no resulta plausible entender que el demandante
debió de haber ejercido la acción de controversias contractuales prevista en el
artículo 87 del C.C.A., con el fin de que se declarara el incumplimiento de un
contrato celebrado con la administración, en específico el cumplimiento en el
pago del precio del contrato de compraventa del bien inmueble que fue entregado
de manera anticipada, en consideración a que no se encuentra acreditada la
existencia de dicho acuerdo y más aún, cuando es debido a su no celebración que
se acudió a la acción de reparación directa para obtener la indemnización de la
alegada ocupación permanente por parte de la administración, como quiera que es
posible inferir que ésta nunca adquirió el dominio del predio, y sin embargo,
inició la realización de obras públicas al entregarlo al contratista
respectivo.
16.1.
Ahora bien, el  Consejo de Estado (vi) tampoco
compartió la idea del a quo de que lo pertinente para el caso del actor
era el uso de la actio in rem verso, porque a su juicio las pretensiones
que se buscan con esa acción subsidiaria son compensatorias y no
indemnizatorias. Desde esta perspectiva, ese Tribunal señaló que lo pertinente,
era la acción de reparación directa, ya que lo pretendido por el actor mediante
la acción de reparación directa era obtener la indemnización de un daño causado
por la Administración en desarrollo de una actividad extracontractual y no otra
cosa. La actio in rem verso además, exige que no exista una acción
judicial posible para lograr las pretensiones propuestas, - subsidiariedad -,
por lo que existiendo la acción de reparación directa, no era posible proponer
la acción compensatoria. Sobre este punto, recordó el Consejo de Estado que:
" [S]e debe advertir que los requisitos de la procedencia de la
accio in rem verso, consisten en (i) que exista el enriquecimiento de un
patrimonio y el correlativo empobrecimiento de otro, (ii) que el
referido desequilibrio no se fundamente en una causa jurídica, (iii) que
quien pretenda obtener el restablecimiento de dicha situación carezca de una
acción judicial procedente para ello y (iv) que no se pretenda soslayar
la aplicación de una norma de carácter imperativo. De esta manera, teniendo en
cuenta que el tercer presupuesto referido establece la subsidiariedad de la
acción en comento, es claro para la Sala que el actor no estaba en la
obligación de acudir a él para el estudio de sus pretensiones, existiendo para
este fin una acción principal, la cual sería la reparación directa”.
16.2.
No obstante lo considerado hasta ese momento, el
Consejo de Estado (vii) confirmó el fallo de primera instancia. No sobre
la base de una presunta ineptitud de la demanda como se ha visto, sino por la
supuesta imposibilidad del actor de acreditar la causación del daño, ante la
aparente inexistencia de prueba cierta sobre la propiedad o posesión sobre el
inmueble. En efecto, ese Tribunal alegó en el caso concreto, la existencia de
una falta de legitimación en la causa por activa, porque al parecer el
demandante no había podido probar su derecho de dominio sobre el bien
presuntamente ocupado. La sentencia, dio cuenta de esta circunstancia, de la
siguiente forma:
"[E]l actor (...) únicamente (...) allegó al presente proceso
certificado de tradición y libertad del predio denominado "Lote Uno",
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Norte de
Bogotá, con el cual se acredita que se registró que el demandante adquirió
dicho bien como consecuencia de la partición material de un predio de mayor extensión
que realizó el Juzgado 1o Civil del Circuito de Zipaquirá mediante sentencia
judicial; pero no fue probada la existencia de ésta como tal. En consecuencia,
sólo se encuentra demostrado el modo pero no el título por medio del cual el
señor Hernando Pinilla Pacheco adquirió el derecho de dominio sobre el bien por
el cual demandó al INVIAS"[58].
Para el ad quem,
la calidad de propietario en materia contencioso administrativa, debía ser
acreditada, aportando como pruebas, tanto el título, como el modo
correspondiente. En efecto, en consonancia otras providencias del Consejo de
Estado[59]
que han acogido la tesis de la Corte Suprema de Justicia en la materia,
entiendió la Sala contenciosa que el título y el modo en materia de propiedad,
son dos conceptos diferenciados. El primero, cumple la función de servir de
fuente de obligaciones, - vgr. el contrato-, mientras que el segundo, guarda
relación con los mecanismos establecidos en la ley para adquirir un derecho
real de dominio, entre ellos, la ocupación, la tradición o la sucesión, por
ejemplo. Así, aunque el título no afecta el derecho real, el modo
tampoco es suficiente para demostrar el dominio. En el caso de la prueba de la
propiedad a juicio del Consejo de Estado se requiere del uno y del otro. En ese
sentido, según la sentencia que se reseña, la prueba de un título sobre un
inmueble sometido a la solemnidad del registro, no puede hacerse por medio de la
simple certificación del registrador. Desde luego, esa será la prueba de que se
hizo el registro, pero no demuestra el título, que sólo puede hacerse, mediante
la presentación del título en sí mismo[60].
Según la providencia
en mención, como el demandante en el proceso sólo aportó el certificado de
tradición y libertad en el que consta que "adquirió dicho bien como
consecuencia de una partición material de un predio de mayor extensión que
realizó el Juzgado 1o Civil del Circuito de Zipaquirá" mediante
sentencia judicial, pero no aportó la providencia en la que consta el título
correspondiente, el modo estaba debidamente demostrado, pero no así el título
de propiedad. Consideró esa Corporación que tampoco acreditó la posesión sobre
el inmueble, -probando la realización de actos materiales de señor y dueño
sobre la cosa poseída, por ejemplo-, por tal razón la sentencia concluyó que
para el caso del señor Hernando Pinilla:
"[N]o hay certeza de que el inmueble por el cual se está
demandando al Invías sea de propiedad o posesión del demandante, habida cuenta
de que éste no probó, teniendo la carga de hacerlo[61], (i)
título mediante el cual adquirió la propiedad del mismo, -estando sólo
acreditada su inscripción en el respectivo registro-; como tampoco (ii) una
relación material con el bien que permitiera inferir la existencia de los presupuestos
de la posesión (...). [Por lo tanto], resulta indiscutible que no es posible
tener por cierto el acaecimiento del daño aducido y por consiguiente se
denegarán las pretensiones de la demanda"[62].
"[D]ebido a que no se acreditó el daño, por no haberse probado
la condición de propietario o poseedor del señor Hernando Pinilla Pacheco, se
advierte igualmente que este carece de legitimación en la causa por activa
material, en consideración a que no tiene vínculo alguno con los hechos que originan
la presentación de la demanda".
En mérito de lo
expuesto, la sentencia del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en primera
instancia, que desestimó las pretensiones de la demanda.
17. El fallo anterior del Consejo
de Estado, contó, no obstante, con un salvamento de voto de la
magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, quien consideró que la decisión
mayoritaria estaba en contra del derecho al debido proceso y a la igualdad del
actor, en la medida en que a su juicio, las pruebas aportadas al proceso por el
demandante eran suficientes para que se profiriera una sentencia favorable a su
peticiones[63].
La Consejera se apartó de lo expuesto en la providencia mayoritaria, en
relación con el uso de copias simples en los procesos y a la forma de acreditar
la propiedad de los inmuebles, como sigue:
"En primer lugar... [c]omo ya he venido exponiendo en
anteriores ocasiones, considero que no es necesario esperar a que entre en
vigencia la Ley 1437 de 2011 para darle valor probatorio a las copias simples,
pues exigir una formalidad adicional sería tanto como invertir la presunción de
buena fe prevista en el artículo 83 superior. (...)
Además, debe considerarse que si bien el artículo 254 del C.P.C.
estipula las condiciones para que las copias tengan el mismo valor del original
- norma que data de 1989- el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, al momento de
modificar el artículo 252 del C.P.C, estableció nuevos estándares probatorios a
partir de los cuales (i) "El documento público se presume auténtico,
mientras no se compruebe lo contrario mediante la tacha de falsedad" y
(ii) "En todos los procesos, los documentos privados presentados por las
partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se
reputarán auténticos"
Así las cosas, aplicando la supremacía constitucional, se debe
concluir que la norma de las copias simples que data de 1989 fue modificada no
solo por el artículo 83 de la Carta de 1991 (...) sino también por la Ley 784
de 2003, a partir  de la cual los documentos públicos y privados, sin
distinguir entre originales o copias, se presumen auténticos".
(ii) Por último, me aparto de lo expuesto en el fallo sobre que el
demandante no acreditó la propiedad del inmueble ni su posesión, fundada (sic)
en que "únicamente se allegó al proceso el certificado de tradición y
libertad..." toda vez que la solemnidad de la prueba exigiría la
acreditación del título y modo, por separado, tratándolos como dos fenómenos
jurídicos distintos, cuando no lo son, aunque se sucedan en el tiempo.
[N]o se puede desconocer, como lo hace la providencia, en el punto
del que me aparto, que basta la incorporación del título al folio de matrícula
inmobiliaria, mediante la anotación correspondiente, para presumir la
existencia [del mismo], porque conforme a los artículos 22 a 27 del Decreto
1250 de 1970, el proceso de radicación, calificación e inscripción, en cuanto
tocan con la escritura, no dan lugar a sostener que el instrumento no se
otorgó, sino que por el contrario, que lo fue y que cumple los requisitos de
forma y fondo para transferir el derecho de que se trata, modificarlo o
gravarlo según el caso (...).
En suma si es la autoridad registral la llamada a certificar sobre
los derechos reales inmuebles, porque la función le ha sido confiada, ¿cómo sostener
que para probar la propiedad inscrita habrá también que acompañarse la
escritura?
No puede olvidarse que la prueba del modo de adquirir permite
suponer el título, al punto que resulta inadmisible, de cara a la sentencia
aprobatoria de la partición, exigirle al adjudicatario que pruebe su calidad de
heredero; tampoco a quien alega haber obtenido declaración de pertenencia a su
favor, que poseyó el inmueble como la ley lo exige. Basta entonces, la
incorporación regular al expediente del correspondiente certificado de libertad
y tradición, para tener por probado el derecho real que se desprende de la
anotación, amparada ésta con presunción de legalidad, sin perjuicio de las
acciones civiles y contencioso administrativas que bien pueden emprenderse para
desvirtuar el acto, como corresponde"[64].
B. La acción
de tutela contra las providencias judiciales expuestas
18. El ciudadano Pinilla Pacheco, por medio apoderado, interpuso acción
de tutela el 12 de septiembre de 2012 en contra de la providencia del
Consejo de Estado del 28 de mayo de 2012 y la del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 9 de abril del 2002, por estimar que tales fallos violaron finalmente
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, en la medida en que las sentencias mencionadas no hicieron prevalecer
el derecho sustancial sobre el formal y le exigieron una prueba de posesión del
predio innecesaria, en la medida en que dentro del trámite judicial estaba
plenamente acreditada la propiedad del actor sobre el bien ocupado.
18.1.
Para el actor, estas circunstancias hacen procedente
de manera general la tutela de la referencia porque, siguiendo la
jurisprudencia constitucional en la materia:
"A. La cuestión que se discute es de evidente relevancia
constitucional, porque afecta el derecho de Hernando  Pinilla Pacheco al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia (...).
B. Se agotaron todos los medios ordinarios para la defensa judicial,
puesto que en este caso se inició la acción contenciosa, se profirieron los
fallos de primera y segunda instancia, lo que da por finalizada la actuación
procesal, porque en este caso no procede la acción de revisión, ya que lo que
se alega... [son] hechos inherentes al mismo procedimiento y causados por el
Juez Contencioso.  Como puede verse la violación del derecho está en la
sentencia de segunda instancia contra la que no procede recurso alguno y en la
confirmación de la sentencia de primera instancia. Además, debe tenerse en
cuenta que este es el único medio que tiene mi cliente para obtener la
protección de sus derechos y que han pasado más de 10 años sin que existiese
decisión de fondo sobre el caso.
C. Se cumple plenamente con el requisito de inmediatez, pues se
interpone la tutela contra sentencias en un término razonable y proporcionado,
ya que la sentencia del Consejo de Estado quedó en firme el 6 de julio de 2012.
D. Las sentencias cuya revocatoria solicito, tienen un efecto
decisivo y determinante en los derechos de mi cliente porque la irregularidad
procesal que en ella se contiene causa una grave lesión a sus derechos
fundamentales, en especial al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
E. No se trata de una sentencia de tutela..."
18.2.
En cuanto a los requisitos específicos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, anota el actor que
en su caso se ha producido:
(i) Un defecto procedimental absoluto, por cuanto en la
práctica, (a) la sentencia del Consejo de Estado revocó la providencia
del Tribunal Contencioso Administrativo mencionada, al señalar que si existía
un error en la escogencia de la acción, porque lo procedente era una
providencia inhibitoria y no declarar la ineptitud de la demanda. En efecto, sostuvo
que no era pertinente la acción por controversias contractuales como lo alegaba
el a-quo, ni la acción in rem verso, sino la que fue
efectivamente presentada por el actor, esto es la acción de reparación directa.
En consecuencia,
en los términos del artículo 228 de la Constitución, lo que le correspondía al
juez de segunda instancia no era otra cosa diferente a decidir de fondo las
pretensiones de la demanda, haciendo prevalecer como lo indica la Carta, lo
sustancial, y no consideraciones formales no discutidas entre las partes,
frente a unas pretensiones sustantivas debidamente planteadas en la demanda.
(b) En ese orden de ideas, las determinaciones adicionales tomadas por
el juez de segunda instancia sobre la exigencia de prueba de la posesión y la propiedad,
incumplieron las limitaciones de la apelación, como es la reformatio in
pejus, porque lo que se logró finalmente por el a-quo, fue hacer más
gravosa la situación del apelante único, sin respetar la congruencia
entre las pretensiones del actor, lo discutido en el proceso y la voluntad de
interponer el recurso de apelación. La sentencia de segunda instancia, en
consecuencia, no podía incluir puntos nuevos sin desconocer el artículo 31
superior y el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que recuerda que
"el superior no puede enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso".
Con base en lo
anterior, manifestó que el tema de la posesión fue un punto no contenido en la
demanda, ni en su contestación, ni en la sentencia de primera instancia. En
todo momento se aceptó por todas las partes procesales, sin discusión alguna,
la calidad de propietario del señor Hernando Pinilla Pacheco. En la tramitación
administrativa, como está comprobado en el expediente, nunca se discutió el
punto, ni lo discutió el INVIAS, en la medida en que en las distintas etapas
administrativas y judiciales, estaba probada la propiedad del inmueble por
parte del señor Hernando Pinilla y en consecuencia, se presume la posesión.
Todo lo anterior
implicó según el escrito de tutela, la violación de los derechos fundamentales
del actor, pues no se protegió su derecho sustancial a obtener una
indemnización a la que tenía derecho por la ocupación indebida de su inmueble
por parte de la Administración, sin indemnización alguna, y además se le
desconoció con la decisión judicial, el reconocimiento de lo probado en el
expediente, sobre la base de otros hechos no propuestos en la demanda ni discutidos
durante el proceso contencioso administrativo por las partes, los cuales no
fueron alegados en la apelación.
Estas
circunstancias, a juicio del apoderado han materializado en la realidad, más
que una expropiación sin indemnización en contra del actor, una verdadera
"confiscación", que se encuentra claramente prohibida por la
Constitución.
(ii) Un defecto fáctico. Porque se le exigió al actor una prueba que
no le correspondía demostrar, como era la posesión sobre el inmueble, en la
medida en que lo alegado y aceptado por todos en el proceso, era la calidad de
propietario del señor Hernando Pinilla Pacheco. La exigencia de prueba de una
posesión cuando ello es innecesario, porque se considera que no se comprobó el
modo de adquisición con la sentencia del Juzgado Segundo del Circuito de
Zipaquirá, es un claro defecto de la providencia, en especial porque la
acreditación de la calidad de propietario del actor se encontraba en el
expediente como lo acepta la misma sentencia, por lo que exigir además que se
"eleve a escritura pública" la partición cuando el estatuto
registral no lo exige, es un  requerimiento que lesiona los derechos del actor.
Para el
accionante, basta la incorporación del título al folio de matrícula
inmobiliaria, mediante la anotación correspondiente, para presumir que éste
existe. De acuerdo con los artículos 22 a 27 del Decreto 1250 de 1970, el
proceso de radicación, calificación e inscripción, en cuanto toca con la
escritura, no da lugar a sostener que el instrumento no se otorgó, sino por el
contrario, que lo fue y que cumple con los requisitos de fondo y forma para
transferir el derecho del que se trata.
En consecuencia,
ya que entre las pruebas obrantes en el expediente se encontraba acreditada
plenamente la calidad de propietario del actor y ese hecho era aceptado por
todos en el proceso, ello no debió ser motivo de análisis por el juez. El señor
Hernando Pinilla, en consecuencia, comparte la opinión de la Consejera que
salvó su voto en la providencia objeto de reproche en sede de tutela, en el
sentido de que la condición de propietario del bien inmueble estaba
suficientemente demostrada, puesto que “basta la incorporación del título al
folio de matrícula inmobiliaria, mediante la anotación correspondiente, para
presumir su existencia”.
Por
consiguiente, solicita el actor en la tutela, que se revoque tanto la decisión
del Consejo de Estado como la del Tribunal Contencioso Administrativo y que se
le protejan, en consecuencia, sus derechos fundamentales vulnerados con las
decisiones judiciales anteriores, ordenando al ad-quem, hacer las
declaraciones y condenas solicitadas.
C. Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas, al trámite de tutela
Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección "B"
19. El Magistrado Leonardo
Augusto Torres, contestó la acción de tutela de la referencia, invocando, en
primer lugar, la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
salvo la existencia de una "vía de hecho cometida en la decisión
judicial"; circunstancia que no se aprecia en este caso por cuanto el
actor solo demuestra su inconformidad frente a que las decisiones contenciosas que
no estudiaron de fondo su asunto y se incurrió en un aparente desconocimiento
de la reformatio in pejus en la segunda instancia, sin demostrarlo.
19.1.
La sentencia proferida el 9 de abril del 2002 no
vulneró los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y de acceso
a la justicia, pues (i) la sentencia fue proferida en ejercicio de los
principios de autonomía e independencia judicial y (ii) antes de
resolverse de fondo el asunto, era necesario estudiar los presupuestos
procesales de la acción; circunstancia que llevó al funcionario judicial a
considerar que la acción propuesta por el actor era indebida, pues no era la
ocupación en sí misma el problema, sino el incumplimiento del pago por parte de
la entidad. Por estas razones, y teniendo el cuenta que el proceso de negociación
directa entre las partes no había concluido, se desestimaron las peticiones de
la demanda.
Estos supuestos
permiten concluir que el fallador actuó conforme a sus competencias, por lo que
no se incurrió en modo alguno en la violación de los derechos fundamentales
invocados.
Instituto
Nacional de Vías - INVIAS-.
20. El INVIAS, actuando por
intermedio de apoderado, solicita que se desestime la acción de tutela de la
referencia. Para apoyar tales consideraciones la entidad en mención, considera,
en primer lugar, que no se puede poner en tela de juicio lo resuelto por el
Consejo de Estado, ya que en lugar de promover tutela, el apoderado del actor
debió "aportar al proceso los medios probatorios y de convencimiento
necesarios para obtener un resultado diferente al que hoy es cuestionado".
En segundo
lugar, son las autoridades judiciales quienes a través de las reglas de la sana
crítica pueden y deben darle valor al acervo probatorio y en esa medida las
actuaciones desplegadas en sede judicial se encuentran enmarcadas en criterios
de legalidad, sin que se observe de modo alguno una violación al debido proceso
del actor o a su derecho de acceso a la administración de justicia. Los
procesos que se adelantaron tanto en primera como en segunda instancia, no
fueron arbitrarios, caprichosos o contrarios al debido proceso, por lo que
buscar que el juez constitucional se ocupe de cuestiones litigiosas
expresamente reservadas a otra jurisdicción haciendo aseveraciones sobre el
actuar de los operadores jurídicos, desconoce que la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, es un mecanismo que puede ser implementado,
pero en casos muy excepcionales.
21. Por todo lo anterior,
solicita que se niegue protección constitucional que el actor invoca y que se
desestimen en consecuencia, sus pretensiones.
Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
22. El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, solicita que se desestimen las pretensiones del actor en la
tutela, ya que la entidad considera que no ha violado derecho alguno del actor,
por lo que reclama que se le desvincule del trámite constitucional en curso.
Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección "B"
23. El Magistrado Ponente
de la sentencia del 28 de mayo de 2012 del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección "B", Danilo Rojas, contestó la acción de tutela de la
referencia.
En el documento
correspondiente, el mencionado Consejero sostuvo que en este caso no se ha configurado
vía de hecho alguna, ni se han afectado los derechos fundamentales invocados
por el demandante, por las siguientes razones:
(i) No se configuró una vía de hecho, en principio, porque para
que dicha circunstancia tenga lugar se requiere que: (a) la
conducta del agente carezca de fundamento legal, (b) que la acción
obedezca a la voluntad subjetiva de la autoridad judicial; (c) que tenga
como consecuencia la violación de derechos  fundamentales de manera grave e
inminente, y que (d) no exista otro medio de defensa judicial. Como
ninguno de esos elementos se configuró en este caso, concluye ese despacho que no
procede la acción de tutela de la referencia.
Así, la
interpretación que hizo el demandante del fallo que se acusa, en el sentido de
que lo que en realidad se dio fue la revocatoria de la sentencia proferida por
el a-quo es inadecuada, toda vez que, aunque se puso de presente el
error de la primera instancia con respecto a lo que debía haberse decidido bajo
los supuestos presentados - fallo inhibitorio -, lo que en realidad había decidido
el Tribunal de primera instancia era una decisión denegatoria. En consecuencia,
ante esa realidad, lo procedente para el fallador de segunda instancia era
entonces, con fundamento en las consideraciones de la Sala, confirmar esa decisión
desestimatoria de las pretensiones del actor. Ello, por consiguiente, significó
una decisión de fondo frente a las pretensiones de la demanda.
(ii) El actor se equivocó al sostener que no le era posible a la Sala abordar
el estudio de su alegada propiedad sobre el bien inmueble que dio origen a la
presentación de su demanda, sobre la base de que dicho elemento no fue objeto
de discusión durante el proceso.
Si bien ello
efectivamente no constituyó un motivo de apelación o se discutió en la litis,
sí era un elemento que debía ser analizado por el juez para verificar si el
señor Pinilla Pacheco había sufrido un daño real por la ocupación de su bien,
así como para tener certeza de la legitimación en la causa por activa. El
estudio de la legitimación en la causa, es un deber de los jueces y una
valoración de oficio, que constituye un presupuesto procesal material de la
demanda. Por esta razón, la Sección Tercera, Subsección B, tenía la competencia
para hacerlo, y  no transgredió sus límites funcionales.
En lo
concerniente al recurso de apelación, ya que su pretensión era revocar
la sentencia denegatoria del a-quo, era competencia de la Sala verificar
también si era posible acceder o no a las pretensiones de la demanda, por lo
que establecer la calidad de propietario del actor era uno de los elementos a
valorar.
Finalmente,
tampoco se puede entender que se vulneró el principio de la non reformatio
in pejus por parte del Consejo de Estado, habida cuenta que la sentencia de
primera instancia denegó las pretensiones elevadas por el señor Hernando
Pinilla Pacheco y por ende, la decisión de segunda instancia no podría
considerarse como una vulneración del referido principio, en la medida en que
no hace más gravosa la situación del aludido señor.
(iii) A diferencia de lo sostenido por el demandante, éste no probó
realmente su propiedad sobre el inmueble objeto de la demanda de reparación
directa, de conformidad con la postura vigente en la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. Al respecto, citó de manera extensa la
sentencia del 28 de abril de 2010, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado[65],
en la cual se hizo referencia a la prueba del derecho del dominio en relación
con bienes inmuebles y para cuyo efecto se acogió lo entendido por la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia. Sobre el asunto,
es posible consultar asimismo las sentencias del 4 de febrero de 2010[66] y 9 de junio de 2010[67], proferidas por la
Sección Tercera de esta Corporación.
(iv) En cuanto al defecto fáctico, se debe señalar que no es acertada la
apreciación del demandante sobre la prueba de su calidad de poseedor. No escapó
a la Sala que el actor había alegado su calidad de propietario. Sin embargo el
análisis respectivo de la posesión se efectuó con la finalidad de que a pesar
de que no se hubiese demostrado su calidad de dueño del inmueble, fuera posible
advertir  la causación de un daño, como poseedor.
Por último, en
cuanto a las consideraciones de la doctora Stella Conto, recuerda el Magistrado,
que finalmente, el criterio que prevaleció en la Sala correspondiente sobre el
acervo probatorio, fue el mayoritario.
II. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
Instancia
24. El Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante providencia del 13
de marzo de 2014, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
resolvió en la primera instancia, denegar la tutela de la referencia.
Para esa Sala,
luego de aceptar que la tutela cumplía con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, decidió  concentrarse en la queja del demandante
sobre la existencia de defectos sustantivos y fácticos en las providencias
contencioso administrativas invocadas.
24.1.
En cuanto a la alegada existencia de un defecto
sustantivo en razón a la supuesta violación del principio de non
reformatio in pejus, la Sala reconoció que aunque las autoridades
judiciales en principio no pueden referirse a aspectos no planteados en dicho
recurso cuando existe un apelante único, en casos particulares si lo puede
hacer, cuando se demuestre que esos aspectos tienen íntima relación con la decisión
que se va a proferir, sin que por eso se vulnere la regla descrita[68]. Los argumentos fundamentales
del recurso de apelación fueron; (i) la acción pertinente  es la
reparación directa y no la acción contractual como lo entendió el tribunal y (ii)
de la actuación de la administración se sigue un enriquecimiento sin causa a su
favor y correlativamente un empobrecimiento del demandante. En consideración a
estos hechos, la decisión de segunda instancia en el proceso contencioso
administrativo no desconoció el principio de la non reformatio in pejus,
ya que el juez de segunda instancia no desmejoró la situación jurídica
particular del apelante; por el contrario, le dio la razón al recurrente  en el
sentido de compartir con él que la acción pertinente era la reparación directa.
El argumento del
actor respecto del supuesto deber del Consejo de Estado de pronunciarse de
fondo únicamente respecto de las pretensiones de la demanda y no analizar el
tema de la titularidad del inmueble porque es una condición que no fue
discutida por la entidad, desconoce el hecho de que para hacer un análisis
efectivo de fondo, era necesario revisar los presupuestos de la demanda, entre
otros, la legitimidad material de la causa por activa. Por eso, para la Sección
Cuarta,  fue adecuada la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado
de valorar esos elementos en la demanda, situación que no desconoció el
contenido normativo de la regla constitucional de la non reformatio in pejus.
24.2.
En lo concerniente al defecto fáctico,
consistente en que sí estaba acreditada aparentemente la calidad de propietario
del actor y que se le impuso al demandante la carga de demostrar que era
poseedor del citado bien, la Sección Cuarta llegó a la conclusión de que para
la época en la que se emitió la providencia, la postura mayoritaria de la
Sección Tercera "discrepaba" de la argumentación del tutelante. Según
esta, la propiedad se demostraba única y exclusivamente con el título y modo.
Con fundamento
en lo anterior, consideró esa Sala, que con la sentencia en mención no se
vulneraron de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la
actuación de juez de segunda instancia estuvo acorde con los precedentes de la
Sección y mal haría el juez de tutela en desconocerlos. A juicio de ese
Tribunal, "de admitirse una postura contraria por la Sala, se harían
nugatorios los principios de independencia y autonomía judicial, que amparan
prima facie la actuación del juez natural, y se desconocería el principio de
igualdad que pretende proteger el seguimiento del precedente judicial".
24.3.
En cuanto a la aparente carga de probar la
posesión del bien, entiende la Sala que contrario a lo expuesto por el
tutelante, no se le impuso una carga probatoria, sino que se trató de una
concesión hecha por el juez de segunda instancia, con el fin de garantizar los
derechos del señor Hernando Pinilla Pacheco. Como no quedó acreditada la
calidad de propietario, se intentó revisar si estaba acreditada la de poseedor
para efectos de analizar la responsabilidad de la administración, sin resultados
positivos.
24.4.
En consecuencia, concluyó la Sala, el actor no
pudo demostrar la existencia real de los defectos mencionados, en contra de las
sentencias acusadas.
Impugnación
25. El  apoderado especial del
actor Hernando Pinilla Pacheco, impugnó la decisión de primera instancia. En su
opinión, la sentencia del Consejo de Estado de segunda instancia, reconoce en
su página 17 que la existencia del certificado de registro de tradición y
libertad del inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No 50N-20324416
de propiedad de Hernando Pinilla. El título de tradición del inmueble no fue, entonces,
como consta en esta prueba documental, una compraventa entre partes, sino una
sentencia de división material, razón por la cual, lo que se registró fue la
primera copia de la sentencia y no la escritura, como sucede en la compraventa.
Así, en ese caso,  no hay escritura para aportar, sino sólo el registro de la
sentencia y de todo el expediente correspondiente. Por esta razón, considera el
apoderado que debió considerarse en su caso probada la propiedad del actor por
medio del certificado de registro que fue aceptado por el Consejo de Estado,
porque de lo contrario, se le exige una prueba imposible, ya que "no
puedo en este caso, aportar una escritura registrada porque la ley de registro
de instrumentos públicos, establece que no se registra para el caso especial de
una división material, una escritura, sino la sentencia aprobatoria de la división
y el expediente completo del proceso".
25.1.
Con respecto al defecto sustantivo, no comparte
el demandante el planteamiento del fallo de tutela, en cuanto a que no se
desmejoró la situación del apelante. Recuerda el apoderado, que la sentencia
del 9 de abril de 2002, en nada se pronunció sobre la prueba de la propiedad
del inmueble, por lo que la de segunda instancia no podía referirse a un punto
no considerado en primera instancia.
Además, en
reiteradas sentencias la Corte Constitucional ha establecido la primacía del
derecho material sobre el derecho formal y una sentencia que no reconoce las
pruebas aportadas y no las valora de acuerdo con la ley y la realidad material
del caso, -en especial si  además del registro existe una confesión expresa de
la entidad accionada en la contestación de la demanda en la que se reconoce la
ocupación y se indica que solo se debe pagar el precio-, rompe el principio
constitucional indicado, permitiendo que una ocupación real de un bien por el
Estado no obtenga sanción alguna. A su juicio, entonces, la providencia de
primera instancia no se pronunció en modo alguno sobre esta prevalencia
constitucional de lo material sobre lo formal, ni sobre el poder probatorio de
las copias simples, debiendo hacerlo.
25.2.
En lo referente al defecto fáctico, considera el
apoderado que el hecho de que una posición mayoritaria del Consejo de Estado al
momento en que se expidió la sentencia considerara necesaria la prueba del
título y modo, no es una consideración aplicable al caso del actor, porque el título,
para la situación del señor Pinilla Pacheco no era una compraventa, sino que el
título y el modo en su situación se unieron de manera inescindible al
certificado, que conllevó el registro de la sentencia y del expediente.
Por las
anteriores razones solicita que se conceda la tutela y se reconozca la
protección de los derechos fundamentales del actor.
Segunda
Instancia
26. La Sección Quinta del Consejo
de Estado, conoció de esta tutela en segunda instancia. Y mediante providencia
del doce (12) de junio de 2014, confirmó el fallo de primera instancia.
En efecto, para esa
Sala, una vez revisados los requisitos de generales de procedibilidad que le
permitían a esa Corporación entrar de fondo en el análisis de la tutela,
consideró que con fundamento en lo enunciado por el actor, no se dieron los
defectos alegados por el accionante.
Los argumentos
esgrimidos por la segunda instancia para avalar las providencias acusadas, son
entre otros, los siguientes: (i) las sentencias contenciosas se encuentran
enmarcadas en el principio de autonomía judicial e independencia. (ii)
Contrario a lo afirmado por el recurrente, no se le exigió al actor una prueba
imposible. Para acreditar la propiedad, no se le solicitaba aportar una
escritura pública, sino la sentencia de partición, exigencia probatoria que no
solo es respetuosa de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil[69]
vigente para la época de tramitación del proceso, sino también del precedente
que sobre la prueba de la propiedad ejercida sobre bienes inmuebles tenía el
Consejo de Estado en ese momento.  Por ende, a juicio de la Sala, no es dable
la protección de los derechos del actor, "máxime cuando no cumplió con
una carga procesal tan importante como era... la acreditación de la
legitimación material en la causa por activa". (iii) En
relación con el argumento referido a la vulneración del principio de la non
reformatio in pejus,  en el caso concreto ese principio no era aplicable,
toda vez que la sentencia de primera instancia no resultó favorable a las pretensiones
del actor. (iv) Finalmente, sobre el argumento esgrimido por el
accionante referido al desconocimiento de lo expuesto en el Salvamento de voto
suscrito por la magistrada Stella Conto, se advierte que se trató de una
posición que no fue acogida por la mayoría y que era ajena en su momento, al
precedente horizontal del Consejo de Estado en la materia.
Por las
anteriores razones, se consideró necesario confirmar la sentencia del a-quo
y denegar la protección de los derechos fundamentales invocados.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Es competente la Sala Plena de la Corte Constitucional para
revisar los fallos proferidos dentro de la acción de tutela número T-4.573.913,
con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución,  31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991 y el artículo 61 del Reglamento Interno de
la Corte Constitucional (antes 54A).
Cuestión previa a la formulación del problema jurídico
2. Previamente a la formulación del problema
jurídico, encuentra la Sala que debe ocuparse de los requisitos generales de
procedibilidad y su acreditación en la solicitud de amparo de la referencia
como cuestión previa. Así, procederá la Corte al análisis del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra autos y sentencias, para que, una vez se verifique su acreditación, si
es del caso, formule el respectivo problema jurídico que permita realizar el
estudio de las causales específicas de procedencia excepcional del amparo
contra providencias judiciales alegadas en el escrito de tutela.
Reglas jurisprudenciales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
3. La procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional[70]
y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Carta, que
establece su viabilidad cuando la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales se produce por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, incluidos los jueces de la República.
En sede de
convencionalidad, sustentan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, el numeral 1º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos[71]
y el literal a. del numeral 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[72].
Con la
sentencia C-590 de 2005[73],
la Corte Constitucional superó el concepto de  vías de hecho, utilizado
previamente en el análisis de la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, para dar paso a la doctrina de específicos supuestos de
procedibilidad. En la sentencia SU–195 de 2012[74], ésta Corporación
reiteró la doctrina establecida en la sentencia C–590 de 2005[75], en el
sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela al cumplimiento de
ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, agrupados en: i) requisitos
generales de procedencia y ii) causales específicas de procedibilidad.[76]
4. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: i) que la cuestión sea de relevancia
constitucional; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial
–ordinarios y extraordinarios -, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de
un perjuicio iusfundamental irremediable[77];
iii) la observancia del requisito de inmediatez, es decir, que la acción de
tutela se interponga en un tiempo razonable y proporcionado a la ocurrencia del
hecho generador de la vulneración[78];
iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la
providencia que se impugna en sede de amparo[79];
v) la identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de
derechos fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido
alegados en el proceso judicial[80];
y vi) que no se trate de una tutela contra tutela.[81]
Verificación en el presente asunto de las causales genéricas de
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
5. Consideró el actor que la solicitud de
amparo de la referencia cumple con los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, con base en la acreditación
de[82]:
i) Relevancia constitucional: puesto que las
actuaciones censuradas en sede de amparo presuntamente desconocieron sus
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; ii) agotamiento
de los medios judiciales de defensa: manifestó que contra las providencias
acusadas en sede de tutela no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios
como sería el de revisión, por lo que la actuación procesal en la jurisdicción
contenciosa administrativa culminó; iii) inmediatez: afirmó que desde la
presentación de la acción de tutela de la referencia han transcurrido menos de
tres meses desde la ejecutoria de la sentencia del 28 de mayo de 2012,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera; iv) efecto determinante de
la irregularidad procesal: adujo que las irregularidades procesales expuestas
tienen un efecto determinante en las decisiones judiciales objeto de censura constitucional,
en especial, causan una grave lesión a sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; v) no se trata de una
tutela contra tutela: las actuaciones judiciales censuradas no fueron
proferidas dentro de una acción de tutela, sino dentro de la acción de
reparación directa promovida por el señor Hernando Pinilla Pacheco contra el
Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Con base
en lo anterior, la Sala procede a verificar si los argumentos presentados por
el actor son suficientes para acreditar las causales genéricas de
procedibilidad de la presente acción de tutela.
6.
Así las cosas, para la Corte, tales presupuestos se cumplen en este caso, por
las razones que a continuación se especifican:
(i) Relevancia Constitucional.
La tutela
planteada tiene clara relevancia constitucional por cuanto se pretende
salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del actor, al defender la aplicación de principios
constitucionales como la primacía del derecho sustancial, sobre el formal
y la garantía del principio de la non reformatio in pejus entre
otros, en la toma de decisiones judiciales por parte de la jurisdicción
contencioso administrativa.
(ii) Agotamiento
de los mecanismos de defensa.
El
accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa para contrarrestar la
vulneración que alega en su demanda. Presentó en su momento los recursos
judiciales ordinarios contra la decisión de primera instancia, los cuales
fueron resueltos de forma negativa por el superior. En el proceso contencioso
administrativo no procede el recurso de súplica ni se podría estudiar este
asunto a través del recurso de revisión. Luego, en el caso concreto no es
posible interponer otras acciones adicionales contra la providencia de segunda
instancia.
(iii) Requisito de inmediatez
La importancia de la inmediatez
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se ha destacado en la jurisprudencia de esta Corporación, porque
cumple con la obligación de proteger la seguridad jurídica generada por el
carácter de cosa juzgada de las decisiones que adoptan los jueces.
Por ello aún admitiéndose de
manera excepcional la tutela contra providencias judiciales cuando se prueba la
existencia de las condiciones de procedibilidad, se requiere que la solicitud
del amparo no se dilate en el tiempo, para que no se desvirtúe la necesidad de
la protección inmediata de los derechos fundamentales invocados y se constate
la existencia de un perjuicio irremediable inminente que deba ser conjurado[83].
En el presente
caso, la tutela fue impetrada el 12 de septiembre de
2012, siendo presentada de manera oportuna, por
cuanto la decisión atacada es del 28 de mayo de 2012. Así las cosas, entre la fecha de la providencia cuestionada y la
presentación de la acción de tutela, mediaron menos de 4 meses, tiempo que
esta Corporación estima razonable para cumplir el presupuesto que se analiza.
7. Finalmente, en
sede de tutela, el demandante iv) identificó claramente las posibles
irregularidades en que incurrió la providencia atacada y especificó los
posibles hechos violatorios de los derechos fundamentales y la autoridad que
los produjo y v) evidentemente en este caso, presentó una acción que no va
dirigida contra un fallo de tutela, por lo que efectivamente cumplió con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra sentencias.
8. Una vez acreditada la procedibilidad general de la
acción de tutela contra las providencias judiciales censuradas, la Sala
procederá al estudio del asunto objeto de revisión y a formular el
correspondiente problema jurídico.
Asunto bajo
revisión y problema jurídico
9. El señor Hernando Padilla Pacheco
solicitó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por considerarlos
presuntamente vulnerados con las providencias proferidas por la jurisdicción
contencioso administrativa dentro de la acción de reparación directa presentada
por él contra INVIAS, en la medida en que tales decisiones, -a juicio del actor-,
incurrieron en defectos  procedimental absoluto y fáctico, que materialmente le
impidieron acceder a la indemnización de perjuicios que le correspondía, luego
de la ocupación de hecho de un predio de su propiedad por parte del INVIAS.
Esta
circunstancia, constituye para el actor una verdadera vulneración de sus derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por lo que
solicitó que a través de la tutela, se dejen sin efectos las sentencias
proferidas en el proceso de reparación directa, en particular la del 28 de mayo
de 2012 del Consejo de Estado, Sección Tercera. En su defecto, pidió que se
ordene a dichas entidades reconocer sus pretensiones de indemnización
originales, a fin de que no se materialice en la práctica una especie de confiscación
de sus bienes proscrita por la Constitución; circunstancia a la que teme verse abocado,
de quedar completamente en firme las decisiones judiciales descritas.
9.1.
El defecto procedimental fue invocado por el
actor en la modalidad de absoluto y lo sustentó con base en los siguientes
argumentos:
a. La sentencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la providencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, situación que le imponía la obligación procesal de decidir de
fondo sobre las pretensiones de la demanda. La declaratoria de falta de legitimación
en la causa por activa desconoció ese deber y vulneró el principio
constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental,
contenido en el artículo 228 de la Carta.
b. La actuación procesal desplegada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera desconoció el principio constitucional de
la non reformatio in pejus, puesto que se trataba de un apelante único y
el Superior no podía gravar más su situación, en el sentido de exigir
argumentos adicionales al recurso de apelación presentado, como fue la prueba
de su condición de poseedor.
c. Además de lo anterior, consideró el accionante que la sentencia
del 28 de mayo de 2012, desconoció el principio de congruencia al exigirle que
acreditara su condición de poseedor, cuando su demanda de reparación directa
fue presentada con fundamento en su calidad de propietario del bien objeto de
expropiación.
d. Estas irregularidades procesales más
que legitimar una expropiación sin indemnización, avalan una especie de
confiscación, la cual se encuentra prohibida por la Constitución, no obstante
el argumento no fue detallado en la tutela. En ese orden de ideas, como el
planteamiento relativo a la existencia de una confiscación no fue explicado por
el actor, no será estudiado por la Corte, si se tiene en cuenta que de aquel no
se vislumbra la violación de derechos fundamentales diferentes a los que serán
objeto de pronunciamiento en esta oportunidad.
9.2.
De otra parte, el actor alegó la existencia de
defecto fáctico en la providencia del 28 de mayo de 2012, con apoyo de las
siguientes razones:
a. El Consejo de Estado le exigió la
prueba de la posesión del bien objeto de expropiación administrativa, la cual
no era necesaria ya que la demanda de reparación directa fue presentada en
calidad de propietario y la misma se acreditó en el expediente.
b. El Tribunal accionado además, le
exigió la prueba del título de propiedad, no obstante al proceso fue allegado
certificado de libertad y tradición del bien inmueble objeto de expropiación
administrativa, en el que consta que el demandante era el propietario del inmueble.
Esa decisión de
la jurisdicción contencioso administrativa tuvo un impacto significativo en el
proceso, porque a partir de ese hecho, se declaró no probada la legitimación
en la causa por activa del señor Padilla Pacheco, bajo el supuesto de que
la propiedad del actor sólo podía ser aceptada con la concurrencia del título
y modo, conclusión que el demandante estima ajena a sus derechos
fundamentales, porque: (i) materialmente es el propietario del bien ocupado;
(ii) todas las partes procesales aceptaron ese hecho y nadie tachó de
falsedad el certificado de tradición y libertad aportado; (iii) ese
documento público fue reconocido como válido en la sentencia y en él se señala
como propietario y se reconoce la inscripción de título correspondiente; (iv)
la misma entidad confesó los hechos y el interés de pagar el precio "justo"
al actor por el bien en mención y (v) ninguna de las partes procesales,
ni el juez de primera instancia propuso duda alguna o desestimó la calidad de
propietario del actor.
De esta forma,
como el certificado de libertad original que se aportó al expediente daba
cuenta de la sentencia de partición que determinó las características del
predio, y ésta última debía ser registrada de oficio junto con el expediente
para consolidar el registro, - como en efecto ocurrió -, el actor considera que
la exigencia adicional del "título" - sentencia- como prueba definitiva
para dar cuenta de la certeza de la propiedad del actor sobre el bien
presuntamente ocupado, es un requisito en principio innecesario para acreditar
ese hecho, o por lo menos no suficiente para enervar por completo los demás
medios probatorios que evidencia que el actor es el propietario del inmueble
invocado.
10. Las autoridades judiciales accionadas
y en sede de tutela, por su parte, estimaron que en contraposición a lo dicho
por el actor, no se incurrió en violación alguna de sus derechos fundamentales con
las decisiones de instancia, en principio, porque no se acreditó la real
ocurrencia de los alegados defectos procesales o fácticos en la sentencia expedida
por del ad-quem.
En ese sentido,
las distintas autoridades judiciales señalaron que no existía defecto
procedimental, ante la aparente incongruencia planteada por el actor entre
el razonamiento de la providencia y la parte resolutiva, en segunda instancia, en
la medida en que, a pesar de las diferencias argumentativas entre las
autoridades judiciales sobre la procedencia de la acción, el Consejo de Estado
sí tenía motivos para confirmar la ausencia de prosperidad de las pretensiones
de la demanda presentada por el actor, esta vez, sin embargo, por unas razones
distintas a  las alegadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Además, en lo
que respecta al principio constitucional de la non reformatio in pejus, las
distintas autoridades judiciales involucradas desestimaron los argumentos del
actor en este punto, pues consideraron que el principio no se vulneró, en la
medida en que: (i) si bien el superior no podía afectar negativamente ningún
reconocimiento que hubiese hecho el a-quo en su providencia, ciertamente
en este caso esa situación no era posible, teniendo en cuenta que la primera
instancia desestimó del todo las pretensiones de la demanda y no concedió
reconocimiento alguno al actor.  Por otra parte, otros señalaron que (ii)
no era factible hablar de reformatio in pejus en este caso, en la medida
en que el Consejo de Estado en la providencia, lo que hizo fue afirmar
positivamente la procedencia de la acción de reparación directa y aceptar
claramente las razones de la demanda y la prosperidad de esa acción,
independientemente de la decisión final de la Sala sobre los hechos del caso.
Así las cosas, para algunos, la providencia realmente no actuó en contraposición
de los intereses del demandante, sino que reconoció sus razones, pero tuvo que
pronunciarse negativamente por la ausencia de pruebas.
Sobre el
aparente defecto fáctico de la providencia, varias autoridades judiciales
apoyaron su inexistencia, en la medida en que consideraron que (i) acompañar
el título al proceso y exigirlo, no era una carga procesal
desproporcionada para el demandante, quien además estaba en la obligación de aportarla
para apoyar sus pretensiones, y (ii) se trataba de una prueba  requerida
por el Consejo de Estado, conforme a los precedentes existentes en el momento en
que se profirió la providencia, que exigían el título para la prueba de la
acreditación de la propiedad, por lo que la exigencia y valoración probatoria
no fue caprichosa frente a los intereses particulares del actor.
Finalmente,
respecto de la aplicación del principio de prevalencia de lo sustancial sobre
lo formal, las autoridades judiciales en sede de tutela, realmente no
desarrollaron una argumentación profunda para explicar las razones por las que el
argumento del actor en este sentido no era válido, ante las implicaciones que
para su derecho a la propiedad había tenido la argumentación formal de las
sentencias contencioso administrativas.
11. Conforme a la solicitud de tutela, las respuestas de los
despachos judiciales accionados, las entidades públicas vinculadas y las
pruebas que obran en el expediente, considera la Sala que para efectos
metodológicos, delimitará la formulación del problema jurídico a partir de la
identificación que hace el actor del origen de las vulneraciones a los derechos
fundamentales acusadas, el cual giró en torno al análisis probatorio de la
calidad de propietario del accionante, que realizó el Consejo de Estado,
Sección Tercera, en la sentencia del 28 de mayo de 2012, puesto que, a partir
de estas consideraciones ese Tribunal: i) estimó que no se acreditó la
condición de propietario; ii) procedió de oficio al análisis de la posible
calidad de poseedor del demandante, la cual tampoco encontró probada; y iii)
ante la ausencia de acreditación de ambas situaciones jurídicas, confirmó la
sentencia de primera instancia, que en su momento declaró de oficio la
excepción de inepta demanda, esta vez, con fundamento en la falta de
legitimación en la causa por activa, lo que derivó además, en la imposibilidad
de tener por cierto el acaecimiento del daño aducido por el actor, puesto que
no tenía vínculo alguno con los hechos que originaron la presentación de la
demanda.
En ese orden de ideas, para el Consejo de Estado, conforme a su
precedente jurisprudencial[84],
la prueba de calidad de propietario de una persona sobre un bien inmueble,
contemplaba la obligación de acreditar tanto el título cómo el modo. En la
acción de reparación directa, el actor únicamente allegó al proceso el
certificado de tradición y libertad del predio denominado “Lote Uno”,
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Norte de
Bogotá, en el que se acreditó que el demandante adquirió dicho bien, más no se
aportó el título en sí mismo, por lo que solo se probó el modo pero no el
título por medio del cual el señor Hernando Pinilla Pacheco, adquirió el derecho
de dominio.
Para el actor, estas consideraciones le imponen una carga
adicional demostrativa, sobre un hecho que en su entender se encontraba
plenamente demostrado en el expediente, en la medida en que: i) la calidad de
propietario del bien inmueble del actor fue aceptada por todas las partes
procesales, sin discusión alguna, en especial por el INVIAS, quien no discutió
tal condición en ninguna de las etapas administrativas y judiciales; y ii)
basta la incorporación del título al folio de matrícula inmobiliaria, mediante
la anotación correspondiente, para presumir que el título existe.
Así las cosas, con fundamento en el principio iura novit curia[85], y en uso de
las facultades del juez constitucional para fallar ultra y extra
petita[86],
la Sala formula los siguientes problemas jurídicos tendientes a establecer si: ¿la
sentencia del 28 de mayo de 2012, incurrió en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto en materia probatoria interrelacionado con defecto fáctico,
por la forma en que analizó la prueba de la calidad de propietario de un bien
inmueble invocada por el actor en un proceso de reparación directa? y si además
con tal proceder ¿vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia invocados por el accionante?
12. Para dar respuesta a los problemas
jurídicos planteados, la Sala abordará previamente el estudio de los siguientes
asuntos: i) los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, con especial énfasis en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto en materia probatoria
interrelacionado con defecto fáctico; ii) el derecho a la propiedad, sus
elementos, el título y el modo, la función registral; y iii) la prueba de la
propiedad de bienes inmuebles y su evolución en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por último resolverá el caso
concreto.
Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
13.
Las causales especiales de procedibilidad persiguen el análisis sustancial del
amparo solicitado, así lo advirtió esta Corporación en la sentencia C-590 de
2005[87],
que además estableció que basta con la configuración de alguna de las causales
específicas, para que proceda el amparo respectivo. Tales causales han sido
decantadas por la jurisprudencia constitucional en forma de defectos, así:
- Defecto orgánico: ocurre cuando el
funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma
absoluta, de competencia.
- Defecto procedimental absoluto: surge
cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la
ley.
- Defecto fáctico: se presenta cuando
la decisión impugnada carece del apoyo probatorio, que permita aplicar la norma
en que se sustenta la decisión o cuando se desconocen pruebas que tienen
influencia directa en el sentido del fallo.
- Defecto material o sustantivo: tiene
lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales[88],
cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la
decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en caso o cuando se
otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene.
- El error inducido: acontece cuando
la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la
condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.
- Decisión sin motivación: se presenta
cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor
judicial incumplió su obligación de dar cuenta, de los fundamentos fácticos y
jurídicos que la soportan.
- Desconocimiento del precedente[89]: se
configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado
asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial
establecida. En estos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia
jurídica del derecho fundamental a la igualdad.
- Violación directa de la Constitución:
que se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce
a la Carta Política como un supuesto plenamente vinculante y con fuerza
normativa.
En este
caso, como lo indicó la Sala previamente, se identificó el objeto de las
vulneraciones en la valoración probatoria del derecho de propiedad de bienes
inmuebles, por estar en presencia de un presunto defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto interrelacionado con defecto fáctico, por tal razón a
continuación se presenta una breve caracterización del mismo.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en
materia probatoria y su interrelación con otros defectos
14. La jurisprudencia constitucional[90]
ha considerado que el defecto procedimental se funda en los artículos 29 y 228
de la Carta, puesto que se relaciona directamente con los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y
además, con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procedimental[91].
Efectivamente,
el desconocimiento del derecho al debido proceso, se materializa cuando el
funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea
porque se aparta del procedimiento aplicable al asunto o porque omite una etapa
sustancial del mismo. De otra parte, cuando se trata de la violación del
derecho de acceso a la administración de justicia, esta se produce por un
exceso ritual manifiesto que desconoce el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental, porque convierte los procedimientos judiciales
en obstáculos para la eficacia del derecho sustancial.[92]
Según lo expuesto, este defecto se configura[93]
cuando el juzgador viola derechos fundamentales al desconocer el derecho
sustancial[94],
ya sea por no aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento de que se
trate[95],
o cuando excede la aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un
derecho[96],
por lo que el mismo puede ser: procedimental absoluto; o ii) por exceso ritual
manifiesto. Al respecto, ha manifestado este Tribunal:
“… se desconocen las formas propias de cada juicio; pero
también puede producirse por un exceso ritual manifiesto, en virtud del cual
se obstaculiza el goce efectivo de los derechos de los individuos por motivos
formales. Así, existen dos tipos de defectos procedimentales: uno
denominado defecto procedimental absoluto, y el otro que es un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.” [97]
15. Así, para la Corte, el defecto procedimental
absoluto puede llegar a  configurarse cuando:
“…
el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a
un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, u
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso”[98].” [99]
16.  De otra parte, el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se configura cuando:
“… el juez “excede
la aplicación de formalidades procesales que hacen imposible la realización
material de un derecho”[100].
En garantía del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial
se considera que se vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia si como consecuencia de un apego excesivo a las
normas procesales, los operadores judiciales no cumplen sus deberes de impartir
justicia, búsqueda de la verdad procesal y omitir actuaciones que obstaculicen
el goce efectivo de los derechos constitucionales.”[101]
17. Esta Corporación en diferentes pronunciamientos ha
establecido una estrecha relación entre el defecto por exceso ritual manifiesto
y el defecto fáctico, cuando existen problemas en la interpretación de hechos y
la apreciación de pruebas que generan conclusiones procesales erradas por parte
del juez[102].
Así las
cosas, en la sentencia T-1306 de 2001[103]
precisó:
“[…] si el
derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un
derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle
prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular
quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las
normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización
del derecho material (art. 228).
De lo
contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual
manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en
una inaplicación de la justicia material.” (Negrillas  fuera de texto
original).
En sentencia
T-974 de 2003[104],
reiteró:
“Por
consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de
dicho material emerge clara y objetivamente su existencia.
(…) Cuando
el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la
Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y,
por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que
en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos,
el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.
(…)
Por tanto,
se incurre en una vía de hecho en la interpretación judicial cuando el juez
adopta una decisión en desmedro de los derechos sustantivos en litigio”.
Por su parte
en la sentencia T-264 de 2009 consideró que cuando existan:
“(…) en el
expediente serios elementos de juicio para generar en el juzgador la necesidad
de esclarecer algunos aspectos de la controversia y para concluir que, de no
ejercer actividades inquisitivas en búsqueda de la verdad, la sentencia
definitiva puede traducirse en una vulneración a los derechos constitucionales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
peticionaria, y en un desconocimiento de la obligación de dar prevalencia al
derecho sustancial y evitar fallos inocuos, en tanto desinteresados por la
búsqueda de la verdad”.[105]
Posteriormente,
en sentencias T-386 de 2010[106] y
T-637 de 2010[107]
la Corte estudió la interrelación entre los defectos por exceso ritual
manifiesto y fáctico[108]. Adicionalmente, también tiene conexión con problemas
sustanciales vinculados con la aplicación preferente de la Constitución cuando
los requisitos y formalidades legales amenazan la vigencia de los derechos
constitucionales[109].
Recientemente, en sentencia T-926
de 2014[110],
este Tribunal expresó que:
“(…) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es el
resultado de una concepción del procedimiento como un obstáculo para el derecho
sustancial con la consecuente denegación de justicia. Aunque los jueces gozan
de una amplia libertad para valorar el acervo probatorio de conformidad con las
reglas de la sana crítica, la justicia material y la prevalencia del derecho
sustancial son guías para adelantar este proceso valorativo. En ese sentido, no
existen requisitos sacramentales inamovibles en materia probatoria o procesal,
pues el juez debe valorar si procede desechar la prueba o decretarla de oficio,
según se protejan de mejor manera los derechos fundamentales, de acuerdo con
las particularidades de cada caso concreto.”
Ante esta situación, la Corte ha
considerado que la omisión del juez en el decreto oficioso de pruebas, por
estar sujeto a normas procesales de manera rigorista, desconoce los fines
esenciales del Estado y la obligación de maximizar la garantía de los derechos
fundamentales. En efecto, ante la incertidumbre sobre determinados hechos que
son definitivos para la decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere
razonablemente del acervo probatorio, el juez esta en la obligación de hacer
uso de sus poderes de dirección del proceso, en especial el de decretar pruebas
de oficio que le conduzcan a su demostración, so pena de configurar el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto[111].
18. Conforme a lo anterior, existe una relación intrínseca
entre los defectos procedimental y fáctico, entendido este último por la Corte
a partir de dos dimensiones:
“1)
Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa[112]
u omite su valoración[113]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[114]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[115].
2) Una dimensión
positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales
y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución"[116].
19. La jurisprudencia ha definido entonces que puede
incurrirse en el defecto fáctico descrito, cuando se produce: (i) omisión en el
decreto y la práctica de pruebas[117];
(ii) no se valoran las pruebas que obran en el proceso[118];
o (iii) se desconocen las reglas de la sana crítica en una situación[119].
Otras razones ajenas a las anteriores, desvirtúan  la valoración del juez
constitucional, pues a éste no le compete reemplazar al juzgador de instancia
en la valoración de las pruebas, desconociendo la autonomía e independencia
judicial que le corresponde, ni tampoco puede reemplazar el juez constitucional
al natural, en el examen exhaustivo del material probatorio.
Es por esto que la Corte también ha señalado que sólo es posible fundar
una solicitud de amparo por vía de hecho basada en un defecto fáctico, cuando
se observa que el error en la valoración de la prueba es “ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia”[120]
20. En cuanto a diferencias de valoración en la estimación de
una prueba la Corte ha precisado que no constituyen necesariamente errores
fácticos, pues ante interpretaciones diversas y razonables, es al juez natural
a quien corresponde establecer cuál se ajusta al caso concreto. “El juez, en
su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[121].
En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión
judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez
natural”[122].
21. A su vez, la Corte ha considerado
además, que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto guarda
estrecha relación con el defecto sustantivo, entendido este último como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial,
originados en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de tal entidad, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales[123].
La sentencia
T-476 de 2013[124]
recordó la reiterada jurisprudencia[125]
de esta Corporación que ha clasificado las condiciones de procedibilidad de la
acción de tutela por defecto sustantivo de dos formas: en primer lugar cuando
la actuación se funda en una norma claramente no aplicable (por derogación y no
producción de efectos; por evidente inconstitucionalidad y no aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad; porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional;
porque ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional o, porque no
se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó) y, en segundo lugar, por
grave error en la interpretación.[126]
Una
de las modalidades de este defecto, derivada de un grave error en la
interpretación, puede presentarse por la no aplicación de los principios que
guían no sólo a la administración de justicia en general, sino a ciertos
procesos, como sería la acción de reparación directa, en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, en donde la observancia del principio de
equidad consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, es obligatoria[127].
Estos principios se rigen como garantías sustanciales del proceso, por lo que
el juez se encuentra atado a su aplicación.
Recientemente
en sentencia SU-636 de 2015[128],
la Corte expresó que el defecto por procedimental por exceso ritual manifiesto
también guarda una interrelación con el defecto fáctico y se presenta entre
otros eventos, cuando: i) la autoridad judicial omite valorar una prueba
documental aportada en copia simple, pese a que pudo ser conocida y no
controvertida por las partes; y, ii) cuando no emplea su facultad inquisitiva
para ordenar que se alleguen los originales de los documentos y demás elementos
probatorios requeridos para establecer la verdad material.
22. En conclusión, el defecto procedimental se sustenta en el
desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, en este último caso, por obstaculizar su
ejercicio y vulnerar el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el procedimental.
Este
defecto se presenta bajo dos modalidades: i) absoluto: cuando el juez se aparta
por completo de las formas propias de cada juicio, bien porque aplica
procedimientos ajenos al asunto que conoce o porque pretermite instancias
sustanciales del juicio, en abierto desconocimiento del derecho al debido
proceso; y ii) por exceso ritual manifiesto: evento en el cual el operador
judicial impone trabas procedimentales que obstaculizan el ejercicio de acceso
a la administración de justicia.
Para
esta Corporación, es innegable la intrínseca relación entre el exceso ritual
manifiesto y los defectos fáctico y sustantivo, cuando se trata de errores en
la valoración de elementos probatorios. De tal suerte que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto es el resultado de la aplicación
rigorista de las normas procesales, lo que en relación con el defecto fáctico
inciden en la interpretación del acervo probatorio contenido en el expediente y
provoca una visión distorsionada de la realidad procesal, que a su vez, afecta
gravemente los derechos fundamentales, por lo que su configuración hace
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales.
Esta
figura no afecta la amplia libertad para valorar el acervo
probatorio que tienen los jueces, pero si exige que esta potestad sea ejercida
en consideración a la justicia material y a la prevalencia del derecho
sustancial, puesto que su desconocimiento incide en las resultas del proceso y
en la vigencia de los derechos fundamentales.
Por su parte,
existe una relación con el defecto sustantivo cuando los jueces no aplican los
principios que rigen los procedimientos, puesto que se tratan de garantías
sustanciales que se deben observar en los procesos. Un claro ejemplo es el
principio de equidad exigido en los casos de reparación directa de conformidad
con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 pues en el sentido de flexibilizar de
los estándares probatorios y ejercer las potestades judiciales en la materia a
fin de lograr justicia material.
Definición del derecho de propiedad
23. El concepto de
propiedad puede estudiarse a partir de dos visiones: una clásica-absoluta y
otra moderada-limitada. En la orilla clásica se encuentra el profesor VELÁSQUEZ
JARAMILLO para quien la propiedad “(…) es el derecho real por
excelencia, el más completo que se puede tener sobre un objeto. Los otros
derechos reales se deducen de él y son, por tanto, sus desmembraciones.”[129]. Por su parte,
WOLF considera que la propiedad “(…) es el más amplio derecho de
señorío que puede tenerse sobre una cosa.”[130]
El profesor VALENCIA ZEA expresaba que “La propiedad
privada representa el imperio de la libertad, esto es, el dominio más completo
de la voluntad sobre las cosas. Es más: el propietario no solo tiene libertad o
dominio sobre las cosas existentes, sino, especialmente, la de producir nuevas
cosas.”[131]
Esta definición, que para algunos autores es decimonónica[132], está contenida en el
artículo 669 del Código Civil, en el que se entiende el derecho de propiedad
como un “(…) derecho real en una cosa corporal, para gozar y
disponer de ella, no siendo
contra ley o contra derecho ajeno.”
24. Sin embargo, TERNERA
BARRIOS considera que contrario a lo afirmado anteriormente, existe una
visión moderada y limitada del concepto de propiedad en el sentido que el
derecho de dominio se ejerce dentro de diversos limites legales y
constitucionales[133].
A partir de lo anterior, la doctrina propone dos lecturas del concepto de
propiedad, la primera: concebida como la propiedad-libertad,
basada en el concepto clásico del mismo fundado en tres poderes dominicales: el
uso, goce y disposición, vistos como un conjunto de permisiones o libertades
heterogéneas ofrecidas exclusivamente a su titular. El segundo concepto
visualiza el dominio como propiedad-afectación a partir de su
función social y ecológica, puesto que la propiedad está sometida a intereses
generales y sociales, tales como el techo o vivienda, lo productos que
conforman la canasta familiar, servicios públicos, el medio ambiente, etc.[134]
25. En ese orden de
ideas, recientemente esta Corporación en sentencia C-410 de 2015[135] manifestó que la
propiedad privada es un derecho subjetivo que tiene una persona sobre una cosa
corporal o incorporal, que faculta a su titular para el uso, goce, explotación
y disposición de la misma, con pleno respeto de sus funciones sociales y
ecológicas.
Título y modo
26. La consolidación del derecho
de propiedad se encuentra sometida a las reglas del título y el modo como dos
elementos inescindibles al momento de concretar el derecho de propiedad de bienes
reales, que se traducen en la forma en que se crean las obligaciones y la
posterior ejecución de las mismas. A continuación se presentan algunas consideraciones
doctrinales al respecto:
27. Para el profesor VELÁSQUEZ
JARAMILLO desde “(…) la adquisición de un derecho real como el dominio
necesariamente tienen presencia dos fuerzas fundamentales: el acuerdo de
voluntades verbal o escrito, creador de obligaciones, y la ejecución de ese
acuerdo en un momento posterior diferente del inicial.”[136]
La teoría del título y el modo
tiene su origen en el derecho romano, principalmente en el Digesto y el Código
de Justiniano[137].
En el Digesto se afirmaba que “La nuda tradición nunca transfiere
el dominio, si no se hubiere precedido la venta, o alguna causa justa, por la
cual siguiese la entrega (41.1.31)”, mientras que en el Código se
consagraba que: “El dominio de las cosas se transfiere por tradición y
usucapión, no por simple pactos.”
Así las cosas, el título y el
modo encarnan la manera en que el derecho de propiedad hace parte del
patrimonio de una persona.
28. Según JOSE J. GÓMEZ el
título es el “Hecho del hombre generador de obligaciones o la sola ley que
lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa”[138], así, “(…)
el hombre es el encargado de poner en funcionamiento las fuentes por medio de
sus actos jurídicos. Las fuentes en funcionamiento generan el título, y este a
su vez crea obligaciones.”[139]
El título puede ser justo o
injusto. Será justo aquel título que: i) sea atributivo de
dominio, es decir, aquel que es apto para adquirir el dominio como la
permuta, la compraventa o la donación; ii) es verdadero, lo que implica
que debe existir realmente; y iii) debe ser válido, esto es, que no
adolezca de nulidad, como sería un vicio del consentimiento[140] o la
emisión de requisitos ad substanciam actus. El título es injusto cuando
no reúne los requisitos legales conforme al artículo 766 del Código Civil
Colombiano[141].
29. El modo es la “(…) forma jurídica mediante
la cual se ejecuta o realiza el título cuando este genera la constitución o
transferencia de derechos reales”[142].
Para ANGARITA GÓMEZ se trata de “(…) un hecho material y visible que,
por disposición de la ley, tiene la virtud de hacer ganar los derechos reales”[143].
El artículo 673 del Código Civil, establece
que “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la
tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.”
Así las cosas, se pueden identificar dos
clases de modos, entre otros, los originarios y derivados. Son originarios
cuando “(…) la propiedad se adquiere sin que exista una voluntad anterior o
precedente que la transfiera, como ocurre con la accesión, la ocupación y la
prescripción. Se presenta sobre objetos que no han tenido dominio, o que
habiéndolo tenido no existe una transferencia voluntaria de su primitivo dueño.”[144]
Son derivados cuando se realiza una
trasferencia o transmisión de la propiedad “(…) con fundamento en una
sucesión jurídica, como la tradición y la sucesión por causa de muerte o acto
de partición de una herencia.”[145]
30. En conclusión, para que el derecho de
propiedad ingrese al patrimonio de una persona es necesario que concurran de
manera sucesiva dos actos jurídicos, el título como acto humano creador de
obligaciones o la ley que faculta al hombre para adquirir el derecho real
(compraventa, permuta, entre otros), y el modo que implica la ejecución del
título, es decir, el que permite su realización (ocupación, accesión,
tradición, prescripción entre otros).
El derecho de propiedad de bienes inmuebles
31. Como ha quedado expuesto, para que el
derecho de dominio ingrese al patrimonio de una persona, se requiere del título
y el modo. Además, en materia de inmuebles se requiere que el título
traslaticio de dominio sea solemne[146],
esto es, debe otorgarse escritura pública como requisito ad substanciam
actus. En este sentido el artículo 1760 del Código Civil consagra:
“La falta de instrumento público no puede suplirse por otra
prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se
mirarán como no ejecutados o celebrados aún cuando en ellos se prometa
reducirlos a instrumento público, dentro de cierto plazo, bajo una cláusula
penal; esta cláusula no tendrá efecto alguno.
Fuera de los
casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia
del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado
si estuviere firmado por las partes” (lo énfasis agregado)
Ahora, si el título es la compraventa, el
artículo 1857 del Código Civil, establece:
“La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la
cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes:
La
venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no
se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública.
Los frutos y
flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un
edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al
suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a
esta excepción.”
En conclusión, el título de dominio que
contiene un contrato de compraventa de inmueble es solemne, cuando se encuentra
sometido a ciertas formalidades especiales que le permiten desplegar todos sus
efectos civiles, que para el caso de bienes reales, implica su otorgamiento a
través de escritura pública.
32. A su turno, la tradición como modo
derivado y adquisitivo de la propiedad de bienes inmuebles, está sometida al
correspondiente registro de instrumentos públicos. De esta suerte, una vez
otorgada la escritura pública que contiene el ti                         tulo,
la tradición se realiza mediante su inscripción en la oficina de registro de
instrumentos públicos del lugar en el que se encuentre ubicado el inmueble[147]. En efecto, el
artículo 756 del Código Civil dispone que:
Conforme a lo anterior, el artículo 756 del
Código Civil consagra:
“Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por
la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.”(Lo énfasis agregado)
En este mismo sentido, el
artículo 4º de la Ley 1579 de 2012, establece los actos jurídicos que deben
registrarse:
“Están sujetos a registro:
a) Todo
acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes
inmuebles;
b) Las
escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que
dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad
administrativa en los casos de ley;
c) Los
testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de
conformidad con la ley.
PARÁGRAFO
1o. Las actas de conciliación en las que se acuerde enajenar,
limitar, gravar o desafectar derechos reales sobre inmuebles se cumplirá y
perfeccionará por escritura pública debidamente registrada conforme a la
solemnidad consagrada en el Código Civil Escritura Pública que será suscrita
por el Conciliador y las partes conciliadoras y en la que se protocolizará la
respectiva acta y los comprobantes fiscales para efecto del cobro de los
derechos notariales y registrales.”
Para la Corte Suprema de
Justicia “no es necesaria la entrega material del inmueble vendido para
que se transfiera el dominio al comprador; basta el registro del título en la
respectiva oficina.”[148].
A esa conclusión llega por lo siguiente:
“(…) la
tradición no se efectúa con la simple entrega material, sino que, por expreso
mandato del artículo 756 del Código Civil, ella tiene lugar mediante la
inscripción del título en la respectiva oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, norma que guarda armonía con lo dispuesto por el artículo 749 del
mismo Código, que preceptúa que cuando la ley exige solemnidades especiales
para la enajenación no se transfiere el dominio sin la observancia de ellas.
Esto significa, entonces, que la obligación de dar que el vendedor contrae para
con el comprador respecto de un bien raíz, cumple por aquel cuando la escritura
pública contentiva del contrato de compraventa se inscribe efectivamente en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente a la ubicación del
inmueble, sin perjuicio de su entrega.”[149]
En resumen, la tradición de
derecho de dominio de bienes inmuebles no se efectúa con la entrega material
del bien, sino que se verifica una vez se realiza la inscripción del título en
la oficina de registro de instrumentos públicos, momento en el que se consolida
el bien en el patrimonio del comprador y desaparece del patrimonio del
vendedor, aunque conserve materialmente inmueble.
33. En conclusión, el derecho de
propiedad de bienes inmuebles requiere del título y el modo, pero estos a su
vez están sometidos a formalidades, puesto que el titulo requiere escritura
pública como una solenidad ab substanciam actus, mientras que el modo,
requiere que la tradición sea inscrita en la oficina de registro de
instrumentos públicos. Debido a la importancia de la función registral en
materia de propiedad de bienes inmuebles para resolver el presente asunto,
procede la Corte a presentar sus principales características.
La función registral
34. Para MORO SERRANO los primeros
antecedentes registrales se encuentran en Egipto y tenían como finalidad servir
a la tributación[150].
TERNERA BARRIOS por su parte, destaca la existencia de los siguientes
sistemas registrales: Torrens o anglosajón; modelo Francés o sistema de
la transcripción; y el prusiano o sistema de la inscripción[151]. Colombia se ubica en
el último de los sistemas expuestos, que según la doctrina es conocido como el
“(…) el prototipo de sistema con efectos de exactitud de lo registrado.”,
puesto que sigue el método de folio oral, es decir, una hoja registral propia para
cada predio, en la que constan los actos jurídicos que lo afectan.[152]
35. Los fines del registro se concretan en[153]: i) Servir de medio
de tradición de los derechos reales sobre bienes inmuebles, incluido el
dominio, conforme al artículo 756 del Código Civil; ii) otorgar publicidad a
los actos jurídicos que contienen derechos reales sobre bienes inmuebles; iii) brindar
seguridad del tráfico inmobiliario, es decir protección a terceros adquirentes;
iv) fomentar el crédito; y v) tener fines estadísticos.
36. Las principales características de la
función registral son expuestos por el profesor VALENCIA ZEA con base en
las siguientes orientaciones[154]:
a. La Regla de la especialidad: es
vista en dos sentidos, de una parte, se deben registrar los inmuebles por
naturaleza (bienes principales), mientras que aquellos por adherencia o por
destinación no tienen inscripción independiente de aquel principal[155]. De otra parte, este
principio exige que sólo se inscriben la propiedad privada y los demás derechos
reales, así como las situaciones jurídicas que los graven o los limiten.
b. La inscripción como acto constitutivo:
puesto que sólo la inscripción del título permite la transmisión de la
propiedad inmueble y demás derechos inmobiliarios.
c. Rogación: el Registrador no actúa de oficio sino a petición de parte.
d. Prioridad registral: las inscripciones realizadas por el
registrador deben realizarse en el orden en que le sean solicitadas, por lo que
no se pueden alterar los turnos. En otras palabras, la inscripción se realiza
conforme al orden de radicación (art. 3 de la Ley 1579 de 2012)[156].
e. Legalidad: es entendida como función calificadora, puesto que
el registrador debe examinar y calificar tanto el documento como el respectivo
folio registral, solo cuando la inscripción se ajuste a la ley, podrá
autorizarlo. Bajo ese entendido, el notario al otorgar el título y el registrador
al inscribirlo, deben confrontar los títulos con la normativa aplicable al caso[157].
f. Tracto sucesivo: cada inscripción debe ser derivación de
la anterior y asi sucesivamente.
g. Publicidad: el registro debe ser público, es decir, conocido por
las partes y los terceros interesados.
h. Legitimación registral: se presume que el derecho inscrito existe
en favor de quien aparece anunciado como tal y la titularidad del registro
cancelado se encuentra extinguido. De tal suerte que son veraces y exactos
mientras no se demuestre lo contrario[158].
i. Fe pública: se reconoce como titular del dominio a la persona inscrita en la
matrícula inmobiliaria, por lo que sólo él tendrá la facultad de enajenar el
dominio u otro derecho real sobre un inmueble[159].
37. El sistema de registro en Colombia
inicialmente fue regulado por el Título 43 del Libro 4º (artículos 2637 a 3682)
del Código Civil. En el año 1932, la Ley 40 de esa misma fecha, organizó la
matrícula de la propiedad inmueble. Esta disposición tuvo vigencia hasta el año
1970, momento en que fue expedido el Decreto 1250 de 1970.
Esta norma rigió hasta el 1º de octubre de
2012, tras la expedición de la Ley 1579 de 2012, actualmente vigente.
Desde el año de 1970 hasta la fecha, las
etapas que han gobernado el proceso de inscripción de títulos son las
siguientes:
a. Radicación o asiento de presentación
del título: el Decreto 1250 de 1970 regulaba esta etapa en el artículo 23. Actualmente
la Ley 1579 de 2012, lo reglamenta en su artículo 14, así:
“Recibido el instrumento público por medios electrónicos y con firma
digital de las Notarías, Despachos Judiciales o Entidades Públicas o en medio
físico o documental presentado por el usuario, se procederá a su radicación en
el Diario Radicador, con indicación de la fecha y hora de recibo, número de
orden sucesivo anual, naturaleza del título, fecha, oficina y lugar de origen,
así como el nombre o código del funcionario que recibe.
Las Notarías y autoridades que envíen vía electrónica los instrumentos,
se les dará constancia escrita de recibido por el mismo medio y con las mismas
seguridades.
A quien lo presente para su registro se le dará constancia escrita del
recibo, fecha, hora y número de orden. Estas circunstancias se anotarán tanto
en el documento electrónico que se le comunique a la Notaría o autoridad de
origen o al interesado en el instrumento que se le devuelva, como en el
ejemplar destinado al archivo de la Oficina de Registro.
PARÁGRAFO 1o. Para radicar físicamente cualquier
instrumento público que debe inscribirse en el registro, el interesado deberá
aportar otro ejemplar original o una copia especial y autentica expedido por el
Despacho de origen, destinado al archivo de la Oficina de Registro, sin el cual
no podrá recibirse para su radicación.
PARÁGRAFO 2o. En aquellas Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos donde se garantice el manejo de imágenes digitales con la
debida seguridad jurídica de las mismas y/o que reciban los documentos sujetos
a registro por medios electrónicos sea de Notarías, Despachos Judiciales y
Entidades Públicas con firma digital, previa concertación de la integración a este
servicio no será necesaria la presentación de otro ejemplar del instrumento
para archivo, siempre y cuando se garantice la reproducción total y fiel del
mismo que sirvió de base para hacer el registro.”
En esta etapa, para VALENCIA ZEA concurre
el principio de prioridad, conforme al cual: “(…) el título registrable que
primeramente se presente al registro, se antepone, con preferencia excluyente o
superioridad de rango, a cualquiera otro título que se presente con
posterioridad, aunque se haya otorgado o expedido con fecha anterior.”[160]
b. Calificación registral del título:
el artículo 24 del Decreto 1250 de 1970, regulaba en su momento esta etapa.
Actualmente el artículo 16 de la Ley 1579 de 2012, establece:
“Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su análisis
jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder
al registro.
PARÁGRAFO 1o. No procederá la inscripción de documentos
que transfieran el dominio u otro derecho real, sino está plenamente
identificado el inmueble por su número de matrícula inmobiliaria, nomenclatura
o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los intervinientes por
su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas parciales
deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante,
con excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación
predial. También se verificará el pago de los emolumentos correspondientes por
concepto de los derechos e impuesto de registro.
PARÁGRAFO 2o. El registro del instrumento público del
cual pudiere exigirse el cumplimiento de una obligación, solo se podrá cumplir
con la primera copia de la escritura pública que presta mérito ejecutivo o con
la copia sustitutiva de la misma en, caso de pérdida, expedida conforme a los
lineamientos consagrados en el artículo 81 del Decreto-ley 960 de 1970, salvo que las
normas procesales vigente concedan mérito ejecutivo a cualquier copia, con
independencia de que fuese la primera o no.” (negrillas fuera de texto)
En esta etapa se hace efectivo el principio
de legalidad que permite presumir que las inscripciones son exactas y
corresponden a la realidad jurídica. En desarrollo de esta función, el
registrador tiene en cuenta dos elementos esenciales: i) el documento o título
que se presenta para la inscripción; y ii) los asientos o inscripciones que
existan en el folio de matrícula inmobiliaria[161]. Por lo tanto, el
registrador debe limitarse a examinar la legalidad de las formas extrínsecas y
la capacidad de los otorgantes del título. Además, debe observar si de acuerdo
con los asientos que reposan en el folio real, puede o no inscribirse[162].
c. Inscripción propiamente dicha y
expedición de la constancia de su realización: el artículo 20 de la Ley
1579 de 2012 establece que:
“Hecho el estudio sobre la pertinencia de la calificación del documento
o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo con todo
rigor el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto
a inscribir, distinguida con el número que al título le haya correspondido en
el orden del Radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales.
Posteriormente se anotará la fecha de la inscripción, la naturaleza del título,
escritura, sentencia, oficio, resolución, entre otros, su número distintivo, si
lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en forma
breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables.
El funcionario calificador señalará las inscripciones a que dé lugar.
Si el título fuere complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades
que deban ser registradas, se ordenarán las distintas inscripciones en el lugar
correspondiente.
PARÁGRAFO 1o. La inscripción no convalida los actos o
negocios jurídicos inscritos que sean nulos conforme a la ley. Sin embargo, los
asientos registrales en que consten esos actos o negocios jurídicos solamente
podrán ser anulados por decisión judicial debidamente ejecutoriada.
PARÁGRAFO 2o. Se tendrá como fecha de inscripción, la
correspondiente a la radicación del título, documento, providencia judicial o
administrativa.
En relación con la constancia de
inscripción, el artículo 21 de la mencionada ley consagra:
“ARTÍCULO 21. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. Cumplida la inscripción, de ella se emitirá
formato especial con expresión de la fecha de inscripción, el número de
radicación, la matrícula inmobiliaria y la especificación jurídica de los actos
inscritos con la firma del Registrador que se anexará, tanto en el ejemplar del
documento que se devolverá al interesado, como en el destinado al archivo de la
Oficina de Registro. Posteriormente, se anotará en los índices.”
38. En conclusión, la función notarial en
Colombia cumple con unos fines específicos entre los que se encuentran la
publicidad y la seguridad del tráfico inmobiliario. Así mismo, está regida por
los principios de legalidad y de buena fe. El registro, entonces, ha sido
objeto de regulación por el Código Civil, la Ley 40 de 1932, el Decreto 1250 de
1970 y actualmente por la Ley 1579 de 2012.
De otra parte, las etapas de la inscripción
de los títulos son: i) radicación; ii) calificación; iii) inscripción
propiamente dicha; y iv) la expedición de las constancias y certificados de la
inscripción, proceso que denota una actividad cognoscitiva del Registrador en
materia de títulos de propiedad y no meras funciones mecánicas de registro.
Prueba del derecho de propiedad de bienes
inmuebles en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado
39. La prueba de la propiedad de bienes
inmuebles ha sido abordada desde una perspectiva clásica, en la que el titular
del derecho de dominio debe acreditar tanto título como el modo. De esta
manera: “Tanto en el tráfico jurídico inmobiliario como en el proceso, la
presencia indubitable de la escritura pública que sirvió de título a la
transferencia como del respectivo certificado de registro expedido por la
oficina de instrumentos públicos contribuyen coetáneamente a identificar la
titularidad dominical.”[163]
La Corte Suprema de Justicia ha
sostenido de manera reiterada que la prueba de la propiedad, en especial, en
aquellos casos en los que se ejerce la acción reivindicatoria, es decir, en la
que el objeto del proceso es el derecho de dominio, debe contemplar la
acreditación del título y el modo. En efecto, en sentencia del 19 de mayo de
1947, la Sala de Casación Civil de ese Tribunal manifestó:
“(…) bien es verdad que son cosas todas que ni se
barruntan con su sola referencia en el certificado del registrador. Éste es
idóneo, (…) para comprobar “las sucesivas tradiciones de un inmueble, los
gravámenes que sobre él pesan y su situación jurídica, como embargos, demandas,
etc. Pero por sí mismos no demuestran la existencia de los actos jurídicos a
que ellos se refieren.”[164]
En sentencia del 12 de febrero de 1963,
esa Corporación adujo:
“(…) la prueba de un título sobre inmuebles,
sometido a solemnidad del registro, no puede hacerse por medio de una simple
certificación del registrador [puesto que esta] será prueba de haberse hecho la
inscripción del título, pero no demuestra el título en si mismo, cuando este ha
de acreditarse, lo cual sólo puede hacerse mediante la aducción del propio
título, esto es, de su copia jurídicamente expedida.”[165]
En sentencia del 16 de diciembre de
2004, expediente 7870[166],
esa misma Corporación, al decidir sobre una acción reivindicatoria, expresó que:
“Desde esta perspectiva, fácilmente se comprende que
para acreditar la propiedad sea necesaria la prueba idónea del respectivo
título, aparejada de la constancia – o certificación- de haberse materializado
el correspondiente modo. No el uno o el otro, sino los dos, pueda cada cual dar
fe de fenómenos jurídicos diferentes, lo que se hace más incontestable cuando ambos
son solemnes, como acontece tratándose de inmuebles, dado que la prueba de
haberse hecho la tradición no da cuenta del título, que necesariamente debe
constar en escritura pública (C.C., art. 1857, inc. 22 y decr. 960 de 1970 art.
12), ni la exhibición de dicho instrumento público, sin registrar, puede
acreditar aquel modo, que reclama la inscripción del título en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. Por eso el artículo 265 del C. de P.C.,
establece que “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra
prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad” norma
que se complementa con lo previsto en los artículos 256 del C. de P.C. y 43 del
decreto 1250 de 1970, el último de los cuales precisa que “Ninguno de los títulos
o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no
ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina.
(…)
Y es que la inscripción de un título traslaticio en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no puede, ni por asomo, servir de
prueba del mismo título – menos aun si este consiste o se traduce en un
contrato solemne-, como quiera que una cosa es acreditar la existencia de la
obligación de dar, y otra bien distinta demostrar que el deudor cumplió con su deber
de prestación. La certificación que expida el registrador, en el sentido de
haberse tomado nota en el respectivo folio de matrícula de un negocio jurídico
que haya implicado la traslación o extinción del dominio u otro derecho real
principal o accesorio sobre bienes raíces (decr. 150 de 1970, art. 2º, núm.
1º), únicamente demuestra, en el caso de la transferencia del derecho de
propiedad, que operó la tradición, pero nada más. En palabras del legislador,
tales certificaciones, como es propio de un registro que –en lo fundamental-
cumple funciones de tradición y de publicidad (XL, pag. 335), ilustran “sobre
la situación jurídica de los bienes sometidos a registro” (decr. 1250 de 1970,
art. 54), pero no suplen la prueba de los actos y contratos que se mencionen en
ellas.”
Recientemente, en sentencia del 19 de
mayo de 2015[167],
la Corte Suprema reiteró:
“(…) si en casos como el que muestran estos autos o en aquellos
en donde las partes se ven enfrentadas en la disputa de una propiedad que
acredita cada uno con sendas cadenas diferentes de títulos, se subraya,
la controversia se centra justamente en los títulos, y cuando son ellos
solemnes, deben ser aportados conforme lo exige la ley sustancial, no pudiendo
ser suplidos por otras pruebas, por ejemplo, el certificado de tradición y
libertad en donde se acredite su registro y se anote por consiguiente la existencia
del mismo. Es lo que ordena, por lo demás los artículos 1760 del Código Civil y
265 del Código de Procedimiento Civil.”
40. Por su parte, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, coincidió con la tesis expuesta por la Corte Suprema de
Justicia en torno a la prueba de la propiedad de un bien inmueble, en el
sentido de considerar el título y el modo como una dualidad inescindible que
debe ser comprobada en los procesos judiciales en los que se debata un derecho
sobre una propiedad raíz. Ante la falta de prueba de uno de los dos elementos
mencionados, genera la ausencia de acreditación del dominio y la falta de
legitimación en la causa por activa. En efecto, en sentencia del 10 de junio
de 2009, Exp. 17838, esa Corporación expresó:
“Advierte la
Sala que el demandante no acreditó la legitimación en la causa para presentar
la demanda de la referencia por razón de la ocupación de que fue objeto el
inmueble respecto del cual el peticionario alegó ser el propietario, puesto que
no se probó en debida forma uno de los elementos necesarios para tener por
cierto que quien formuló la acción era el titular del derecho real que estima
vulnerado como consecuencia de una falla imputable a la Administración,
consistente en el título de adquisición, pues, como se indicó, no se aportó la
escritura pública de compraventa.
Debe señalarse
que cuando una persona pretende la declaratoria de responsabilidad de una
entidad pública por razón de unos daños causados a un inmueble de su propiedad
está obligado a acreditar, en primer lugar, que es el titular del derecho de
propiedad, para lo cual debe aportar las pruebas idóneas del título de
adquisición y del modo traslaticio de dominio, pues de lo contrario, esto es
ante la falta de acreditación de alguno de estos requisitos, sólo será posible
concluir que quien demanda carece de interés por no ser el propietario del bien
y, en consecuencia, debe decirse que no está legitimado para formular
pretensión alguna por ese concepto.
En este orden de ideas y dado que no se acreditó la condición
de propietario alegada por el señor Eduver Torres Gutiérrez, pues no aportó el
documento público que sirve para establecer el título traslaticio de dominio de
bienes inmuebles –en este caso la escritura pública de compraventa–, carga
probatoria que ha debido ser asumida en debida forma por el actor de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento
Civil y que tratándose de documentos públicos no puede ser sustituida por otro
medio distinto de prueba, tal como lo prescribe el artículo 265 del Código de
Procedimiento Civil y en razón a que se trata de un verdadero requisito ad
substantiam actus, se impone negar las súplicas de la demanda.”
La Sección Tercera del Consejo de Estado,
en sentencia del 28 de abril de 2010 (18615)[168], se pronunció en
relación con la ineficacia probatoria de la inscripción del título en el registro
de instrumentos públicos, pues tal acto solo demuestra la transferencia del
derecho de dominio, es decir, la tradición. En ese orden de ideas, esa
Corporación reiteró:
“Y es que la inscripción de un título traslaticio en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, no puede, ni por asomo, servir de prueba del
mismo título –menos aún si este consiste o se traduce en un contrato solemne-,
como quiera que una cosa es acreditar la existencia de la obligación de dar, y
otra bien distinta demostrar que el deudor cumplió con su deber de prestación.
La certificación que expida el registrador, en el sentido de haberse tomado
nota en el respectivo folio de matrícula de un negocio jurídico que haya
implicado la “traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal
o accesorio sobre bienes raíces” (num. 1, art. 2º, Decreto 1250 de 1970),
únicamente demuestra, en el caso de la transferencia del derecho de propiedad,
que operó la tradición, pero nada más. En palabras del legislador, tales
certificaciones, como es propio de un registro que –en lo fundamental- cumple
funciones de tradición y de publicidad (XLV, pág. 335), ilustran “sobre la
situación jurídica de los bienes sometidos a registro” (art. 54, Dec. 1250/70),
pero no suplen la prueba de los actos y contratos que se mencionen en ellas”[169].”
La posición jurisprudencial de la falta de
acreditación de la legitimación en la causa por activa por la ausencia de
prueba del título de cuya propiedad reclama la reparación, puesto que la mera
adjunción del certificado de libertad y tradición no sería suficiente para
acreditar el título,  fue reiterada por el Consejo de Estado en sentencia
del 18 de marzo de 2010. Exp. 19099[170],
providencia en la que precisó:
“3. Conforme a
lo solicitado en la demanda, la parte actora reclama los perjuicios ocasionados
a unos predios de su propiedad, y para demostrar esa calidad, Manuel Francisco
Petro Luna allegó copia simple de la escritura pública No. 1195 del 31 de
agosto de 1984 de la Notaría Segunda de Montería, por medio de la cual el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, le adjudicó un terreno
baldío denominado “El Rescate”. Respecto del folio de matrícula inmobiliaria,
si bien no se allegó con la demanda, se solicitó como prueba a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, entidad que remitió el folio de matrícula correspondiente
a los accionantes Manuel Francisco Petro Luna y Clímaco Durango Guzmán. En
relación con este último demandante, no se aportó la escritura pública por
medio de la cual le fue transferida la propiedad del terreno afectado con las
inundaciones.
(…)
Del acervo
probatorio allegado y de lo expuesto, se tiene que los demandantes Manuel
Francisco Petro Luna y Clímaco Durango Guzmán, no acreditaron la condición de
dueños de los inmuebles supuestamente afectados, toda vez que en el proceso, si
bien obra copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria en el que consta
la inscripción del acto de adjudicación del baldío respecto del primero y el
acto de adjudicación por sucesión respecto del segundo, la copia de la
escritura pública que demostraría la transferencia de la propiedad al señor
Petro Luna está en copia simple y la del señor Durango Guzmán no se allegó al
expediente. En consecuencia, para la Sala no existe prueba del título, que se
requería además del modo para dar por probada la condición en la que los
demandantes se han presentado a este proceso, respecto de los bienes que dicen
ser de su propiedad.”
En conclusión, la posición
tradicional del Consejo de Estado en relación con la prueba del derecho de
dominio sobre bienes inmuebles, según los artículos 1760 del Código Civil y 265
del Código de Procedimiento Civil, parte de que el título está sometido a
solemnidad ab substanciam actus (Escritura
pública) por lo que la presencia de este requisito resulta indispensable para
probar el dominio sobre el bien. Así, el propietario que alegue esa condición
en un juicio, necesariamente, debía aportar la referida escritura pública y el
certificado de inscripción de dicho título en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.[171]
41. Sin embargo, esta posición jurisprudencial
tradicional fue modificada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante sentencia
del 13 de mayo de 2014[172],
en la cual tras analizar la función del registro público a la luz de los
principios de legalidad y publicidad concluyó que el certificado que expida el
Registrador de instrumentos públicos, en el cual aparezca la situación jurídica
de un determinado inmueble, incluido el derecho de propiedad de quien promueve
la demanda, constituye plena prueba de ese derecho y es suficiente para
acreditar la legitimación en la causa por activa, en los procesos que se
adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa.  Al respecto, manifestó:
“(…) la decisión
de no encontrar acreditada la legitimación en la causa por activa, alegando la
propiedad sobre un bien inmueble, por no haberse aportado la escritura pública
correspondiente, constituye a su vez una vulneración al principio de confianza
legítima y al derecho fundamental de Acceso a la Administración de Justicia,
puesto que si el Estado asume directamente la prestación del servicio público
registral y, para tal efecto, dispone un conjunto de instituciones y un
procedimiento estricto, a través del cual le exige a los interesados someterse
a éstas actuaciones, puesto que de lo contrario no pueden obtener los efectos
jurídicos que se originan a partir del registro –constitución de derechos
reales y publicidad de los mismos-; y, si para lograr este resultado
necesariamente debe presentar ante la autoridad competente –que no es otra que
el Registrador de instrumentos públicos- el título que le da derecho a obtener
el registro, instrumento que, a su vez, es sometido a un análisis de legalidad
por parte de esa autoridad, necesariamente, luego de surtir cada una de estas
etapas, al beneficiario del registro se le genera la confianza de que si la
autoridad competente autorizó la inscripción, es porque ese documento reunía
los requisitos para que se produjera ese acto, razón por la cual representaría
un desconocimiento de esa confianza que se le exigiera nuevamente someterse a
un nuevo procedimiento para acreditar lo que una autoridad pública en ejercicio
de sus funciones y competencias ya verificó y prestó su fe pública en ello.
En consecuencia,
para la Sala, un nuevo análisis de las normas que regulan la forma como se
adquieren y se transmiten los derechos reales -entre ellos el de la propiedad-
en nuestro ordenamiento, conducen a la conclusión de que el certificado que
expida el registrador de instrumentos públicos en el cual aparezca la situación
jurídica de un determinado inmueble y en el cual se identifique como
propietario –por la correspondiente inscripción del título que dio lugar a
ello- la persona que alegue esa condición en un juicio que se adelante ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efectos de acreditar la
legitimación en la causa por activa, constituye plena prueba de ese derecho.”
Las nuevas reglas probatorias
implementadas por el Consejo de Estado se encuentran restringidas a los
procesos judiciales adelantados ante esa Corporación y en los que no exista
debate litigioso sobre la existencia, validez o eficacia del título o del
cumplimiento del contrato, o el del mismo registro, o cuando la controversia
gira en torno a quien tiene mejor derecho sobre el inmueble. A tales efectos,
dicha providencia explicó:
“Debe indicarse
que el cambio jurisprudencial que mediante esta providencia se está adoptando
está llamado a ser aplicable únicamente encuentra aplicación (sic) en aquellos
eventos en los cuales se pretenda acreditar la propiedad de un inmueble cuando
se trate de un proceso que se adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, lo cual obliga a precisar que si lo que se discute en el
proceso correspondiente es la existencia, la validez o la eficacia del título o
el cumplimiento del contrato o el del mismo registro o existe el conflicto
acerca de quién tiene mejor derecho sobre el bien objeto de proceso –llámese
acción reivindicatoria, por ejemplo- necesariamente deberá adjuntarse la
respectiva escritura pública o el título correspondiente, actuaciones que no
tendrían otra finalidad que desvirtuar la presunción de legalidad y la
legitimación registral que recae sobre el acto administrativo de inscripción,
caso en el cual deberán adelantarse los procedimientos que para estos efectos
dispone la ley y deberán surtirse ante la autoridad judicial respecto de la
cual se ha asignado esta competencia.
Iguales
consideraciones deben predicarse, esto es habrá necesidad de aportar al
respectivo proceso el título correspondiente cuando se trate de litigios
contractuales, esto es cuando lo que se discuta en el mismo sea, por el
ejemplo, el incumplimiento de una obligación que se derive del citado documento
–contrato estatal o acto administrativo- puesto que el problema jurídico en
estos eventos se circunscribe al análisis fáctico y jurídico del mismo del
título y, por ello será necesario entonces que obre en el expediente con el fin
de que el Juez competente haga las valoraciones a que haya lugar.
Debe precisarse,
aunque resulte verdad de Perogrullo, que si bien con el sólo certificado de
Registro de Instrumentos Públicos puede probarse la propiedad o la titularidad
de un derecho real sobre el bien objeto del respectivo folio de matrícula, lo
cierto es que la persona interesada debe acreditar, a su vez, que ese bien
respecto del cual figura como titular en el referido certificado corresponde a
aquél que pretende hacer valer en un juicio que se adelante ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, para efectos de demostrar la
legitimación en la causa.
Resulta
pertinente agregar que la postura jurisprudencial que se modifica mediante la
presente providencia [tiene] relación únicamente respecto de la prueba de la
legitimación por activa cuando se acude a un proceso que se adelanta ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa en calidad de propietario de un bien
inmueble, que no sobre la forma y los presupuestos, previstos en la ley, para la
adquisición, transmisión o enajenación de derechos reales, para cuyo propósito,
como no podía ser de otra forma, se requerirá de los correspondientes título y
modo en los términos en que para la existencia y validez de estos actos
jurídicos lo exige precisamente el ordenamiento positivo vigente.
Finalmente conviene aclarar que lo antes expuesto de
manera alguna supone que en adelante única y exclusivamente deba aportarse el
certificado o la constancia de la inscripción del título en el Registro de
Instrumentos Públicos, puesto que si los interesados a bien lo tienen, pueden
allegar el respectivo y mencionado título y será el juez el que en cada caso
concreto haga las consideraciones pertinentes; se insiste, la modificación en la
jurisprudencia que se realiza en esta providencia [tiene] relación únicamente
con la posibilidad de probar el derecho real de dominio sobre un bien inmueble
con el certificado del Registro de Instrumentos Públicos en el cual conste que
el bien objeto de discusión es de propiedad de quien pretende hacerlo valer en
el proceso judicial correspondiente.”
42. Todo lo anterior muestra con claridad que
la actual posición jurisprudencial que sostienen la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado en torno a la prueba del derecho de propiedad de bienes
inmuebles es coincidente cuando se trata de procesos en los que el objeto de
litigio es el derecho de dominio. En efecto, la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, en materia de prueba del derecho de propiedad de bienes
inmuebles en acciones reivindicatorias, mantiene la tesis tradicional de la
exigencia de acreditación del título y el modo, razón por la cual, el
certificado de libertad y tradición expedido por el registrador de instrumentos
públicos, no es suficiente, puesto que se necesita acreditar el correspondiente
título. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera, mantenía una
postura jurisprudencial tradicional en materia de la prueba judicial de
dominio, sin embargo, desde el 13 de mayo de 2014, con base en la
interpretación de los derechos fundamentales a la confianza legítima y de
acceso a la administración de justicia y de los principios de legalidad y
publicidad, modificó su posición hacia la aceptación probatoria del registro
público como acreditación del derecho de propiedad de bienes inmuebles, con la
salvedad de que la misma se restringe a los procesos adelantados ante la
jurisdicción contencioso administrativa y que no versen sobre litigios en los
que se debatan los derechos, obligaciones o la validez y eficacia del título o
de su registro, así como aquellos procesos en donde la controversia se refiera
a declarar quien tiene mejor derecho sobre el predio.
Análisis y resolución del caso
concreto
43. El señor Hernando Pinilla Pacheco, presentó por intermedio de
apoderado, acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección B-, y contra
el Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B-, por considerar que tales
entidades, mediante los fallos proferidos dentro de un proceso en ejercicio de la
acción de reparación directa en contra del INVIAS, vulneraron su derecho al
debido proceso (Art. 29 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (Art.
228 C.P.), con las determinaciones meramente formales que tomaron en su caso.
A juicio del actor, las providencias
proferidas por esas corporaciones el 9 de abril de 2002 y el 28 de mayo de
2012, respectivamente, en un proceso iniciado por la ocupación de hecho de un
predio del accionante por parte del Estado, que fue utilizado para la
construcción de una vía pública sin que su valor le fuese pagado en forma
alguna al actor o fuese indemnizado, son sentencias que para el demandante
desestimaron palmariamente la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al fundarse en
aspectos meramente formales, cuyo cumplimiento sustancial estaba acreditado en
el proceso judicial, para desestimar a priori las pretensiones de
reconocimiento de una indemnización justa, por la pérdida de un bien de su
propiedad.
En consecuencia, para el señor
Pinilla Pacheco, tales decisiones judiciales incurrieron en defectos
procedimental absoluto y fáctico que violaron sus derechos fundamentales, en la
medida en que no dieron prevalencia a lo sustancial sobre lo formal,
desconocieron la non reformatio in pejus y el principio de congruencia, pues,
terminaron por avalar la indebida e injusta ocupación de hecho de su predio por
parte del Estado, pese a que existía suficiente ilustración para una actuación
efectiva del Estado ante la arbitraria pérdida de su bien, sin indemnización
alguna, por parte del INVIAS.
No obstante lo anterior, la Corte para efectos
metodológicos, tuvo en cuenta que el tutelante identificó que el origen de las
vulneraciones a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se debía al análisis probatorio de la calidad de
propietario de bien inmueble del accionante que realizó el Consejo de Estado,
Sección Tercera, en la sentencia del 28 de mayo de 2012, en el sentido de
exigir que la prueba del derecho de dominio de una persona sobre un bien
inmueble, contemplaba la obligación de acreditar tanto el título cómo el modo.
Por tal razón, esa Corporación concluyó que no se probó la legitimación en la
causa por activa y no logró establecerse una conexión material con el daño
acusado, por tal razón fueron negadas las pretensiones de la demanda.
Afirmó el accionante que esta valoración probatoria resultó excesiva
puesto que: i) la calidad de propietario del bien inmueble del actor fue
aceptada por todas las partes procesales, sin discusión alguna, en especial por
el INVIAS, quien no dudó de tal condición en ninguna de las etapas
administrativas y judiciales; y ii) basta la incorporación del título al folio
de matrícula inmobiliaria, mediante la anotación correspondiente, para presumir
que aquel existe.
Bajo esta perspectiva, la Corte formuló el problema jurídico tendiente a
establecer si tal análisis probatorio de la calidad de propietario de un bien
inmueble incurrió en defectos procedimental por exceso ritual manifiesto en materia
probatoria interrelacionado con defecto fáctico, que además, vulneró el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso del
accionante.
Planteado así el asunto bajo
revisión, procede la Corte a resolver el problema jurídico en el caso concreto.
Acreditación
del defecto procedimental interrelacionado con defecto fáctico por exceso
ritual manifiesto en materia de prueba judicial de la calidad de propietario de
bien inmueble
44. La Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de
mayo de 2012, consideró inicialmente que el actor acertó en formular la acción
de reparación directa, pues no le era exigible haber acudido a la acción
contractual ante la inexistencia de un contrato estatal, ya que el único acto
jurídico existente fue el acta de entrega anticipada del inmueble a la entidad
demandada. Si embargo, denegó las pretensiones de la demanda de reparación
directa formulada por el señor Pinilla Pacheco con base en un argumento: la
falta de acreditación probatoria del actor como propietario o poseedor del
predio denominado “Lote Uno”, entregado de forma anticipada al INVIAS
para la ejecución de una vía pública –la carretera La Caro-Zipaquirá. Los
argumentos del despacho accionado fueron los siguientes:
“En relación con el derecho de dominio del actor sobre el bien
inmueble correspondiente, únicamente se allegó al presente proceso certificado
de tradición y libertad del predio denominado “Lote Uno”, expedido por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Norte de Bogotá, con el cual
se acredita que se registró que el demandante adquirió dicho bien como consecuencia
de la partición material de un predio de mayor extensión, que realizó el
Juzgado 1 Civil del Circuito de Zipaquirá mediante sentencia judicial, pero no
fue probada la existencia de ésta como tal. En consecuencia, sólo se encuentra
demostrado el modo pero no el título por medio del cual el señor Hernando
Pinilla Pacheco hubiere adquirido el derecho de dominio sobre el bien por el
cual demandó al INVIAS.
En relación con lo anterior, cabe precisar que para tener certeza de
la calidad de propietario de una persona respecto de un bien inmueble, la Sala
ha entendido que deben encontrarse acreditados tanto el título como el modo que
constituyeron en cabeza de aquella el derecho de propiedad o dominio.”[173]
De otra parte,
el Consejo de Estado procedió a verificar de oficio la posesión sobre el predio
por parte del demandante. Edificó su argumentación a partir de la definición de
los elementos de la posesión: de una parte, i) El animus: entendida como
la concepción y conducta que tiene el poseedor de ser el señor y dueño de la
cosa; y de otra, ii) el corpus: que consiste en la relación material o
física que se tiene con la cosa que posee[174].
Con base en lo expuesto concluyó que el accionante no probó su condición de
poseedor, pues no demostró “(…) la existencia de una relación material con
el bien que permitiera inferir la existencia de los presupuestos de la posesión
y por consiguiente, aquella –toda vez que no obra testimonio alguno que de fe
de la misma, o comprobante sobre la realización de obras o explotación del
predio por su parte-, resulta indiscutible que no es posible tener por cierto
el acaecimiento del daño (…)”[175],
por lo que:
“(…) no hay certeza de que el inmueble por el cual se está
demandando al Invías sea de propiedad o posesión del demandante, habida cuenta
de que éste no probó, teniendo la carga de hacerlo, (i) el título mediante el
cual adquirió la propiedad el mismo –estando sólo acreditada su inscripción en
el respectivo registro- (…)”[176]
Así las cosas, el argumento medular del Consejo de Estado fue la
falta de acreditación por parte del actor de su condición de propietario o poseedor.
En ese orden de ideas, la demostración del derecho de dominio estuvo limitada a
la prueba del modo, a través de un certificado de libertad y tradición en la
que constaba el registro de que el demandante adquirió el bien mediante providencia
del Juzgado 1º Civil del Circuito de Zipaquirá, pero no acreditó el título es
decir, la existencia en si misma de aquella decisión.
En otras palabras, con fundamento en la posición tradicional de la
prueba del derecho de propiedad de bienes inmuebles, vigente en la
jurisprudencia de la época en que se profirió el fallo, el Consejo de Estado
consideró que la certeza de la calidad de propietario depende de la
acreditación del título y el modo.
De otra parte, en relación con la verificación oficiosa de la
posesión, adujo que la misma no fue acreditada, pues no se demostró la
existencia de una relación material entre el accionante y el bien, que
permitiera inferir la existencia de los presupuestos de la posesión, pues no
fueron aportados al expediente testimonios que dieran fe de la misma o
comprobantes sobre la realización de obras o explotación del predio por parte
del actor.
45. Analizada la
actuación administrativa y procesal de las partes y las pruebas aportadas al
proceso, encuentra la Sala que: i) acertó el Consejo de Estado al avalar la
formulación de la acción de reparación directa y no la contractual por parte
del actor, pues nunca existió contrato de compraventa celebrado entre el señor
Pinilla Pacheco y el INVIAS. Sin embargo, ii) el estudio probatorio en el caso
concreto del proceso contencioso administrativo del señor Pinilla Pacheco, configuró
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en materia probatoria interrelacionado
con defecto fáctico, que desconoció el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia del accionante, puesto que de la actuación
administrativa y judicial del INVIAS, que no discutió la calidad de propietario
del actor y el objeto del proceso contencioso administrativo se sustentó en
pretensiones reparatorias de un daño antijurídico desconocidas por el demandado,
se establece que las exigencias de acreditación probatoria presentadas por el
Consejo de Estado con base en la jurisprudencia vigente de ese Tribunal para la
época son excesivas y desproporcionadas, como pasa a verse a continuación:
a. El INVÍAS no
discutió la propiedad del señor Hernando Pinilla Pacheco en sede administrativa
y judicial
El Instituto Nacional de Vías – INVIAS durante el trámite
administrativo de expropiación, pues negoció directamente con el actor la
entrega anticipada del predio y acordó la forma para establecer el precio del
mismo, y posteriormente como parte pasiva de la demanda de reparación directa, no
formuló cuestionamiento alguno en contra del derecho de propiedad del señor
Hernando Pinilla Pacheco sobre el predio denominado “Lote Uno”.
En efecto, el INVIAS al contestar la demanda de reparación directa,
focalizó su defensa judicial en el valor de la indemnización que debía recibir
el demandante, pues se fundamentaba en el avalúo que practicara el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi[177].
Luego el tema del derecho de propiedad del señor Pinilla Pacheco no era un
asunto en discusión para la parte pasiva.
b. El objeto de la
demanda de reparación directa presentada al conocimiento de la jurisdicción
contenciosa administrativa era la de reparar un daño antijurídico
El señor
Hernando Pinilla Pacheco en ejercicio de la acción de reparación directa,
solicitó que se declarará extracontractual y patrimonialmente responsable al
INVÍAS, con la consecuente condena de indemnización de los perjuicios causados,
con ocasión de la ocupación de hecho permanente del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 50N-20324416[178].
En ese orden de
ideas, el objeto del proceso no era la discusión sobre la existencia, validez y
eficacia del título del derecho de propiedad del actor sobre el bien inmueble
mencionado anteriormente. Sus pretensiones estaban dirigidas a discutir la
existencia de un daño indemnizable producido por el Estado.
Esta situación
es corroborada por el INVIAS como parte pasiva del proceso, pues como se
advirtió, no discutió en ningún momento el derecho de dominio del señor Pinilla
Pacheco.
c. Las pruebas
aportadas al proceso por Hernando Pinilla Pacheco
El Consejo de Estado refiere en la sentencia objeto de censura que
encontró como hecho cierto el registro que da cuenta que el señor Pinilla
Pacheco adquirió el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
50N-20324416, “Lote Uno”, mediante providencia del Juzgado 1º del circuito
de Zipaquirá. Tal hecho está acreditado con el original del certificado de
tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá Norte (f.34, c pruebas)[179].
Conforme a lo expuesto, el accionante probó el modo de adquisición
del dominio, es decir, la inscripción del título en la respectiva Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, en la que dicho funcionario certificó el
derecho de propiedad del señor Pinilla Pacheco sobre el predio denominado “Lote
Uno”.
46. El análisis probatorio
desplegado por el Consejo de Estado, lo realizó con base en la línea
jurisprudencial vigente en ese momento, por lo que no se configura un defecto
por desconocimiento del precedente de esa misma Corporación. Sin embargo, no
tuvo en cuenta que la función registral se encuentra orientada por los
principios de legalidad, publicidad y buena fe, en especial, cuando en la etapa
del registro se realiza la calificación de los instrumentos para determinar si
pueden ser registrados o no. Este modelo de registro cuyo origen es prusiano,
se conoce como un “sistema con efectos de exactitud de los registrado”[180], puesto que el
Registrador si bien no entra a definir situaciones sustanciales de los
instrumentos públicos sometidos a su conocimiento, en su estudio debe tener en
cuenta dos elementos esenciales: i) el documento o título que se presenta para
la inscripción; y ii) los asientos o inscripciones que existan en el folio de
matrícula inmobiliaria[181].
En ese orden de ideas, el Registrador debe limitarse a
examinar la legalidad de las formas extrínsecas y la capacidad de los
otorgantes del título. Además, está en la obligación de observar si de acuerdo
con los asientos que reposan en el folio real, puede o no inscribirse. Por lo
que existe una verificación sobre la legalidad formal de los títulos y su
posibilidad de inscripción en el registro, lo que le otorga seguridad jurídica
al tráfico comercial de los bienes inmuebles.
En
otras palabras, el Registrador verifica la existencia real y jurídica del
título previamente a su registro, situación que sustenta las garantías de
legalidad, publicidad y buena fe de la función registral, confiriéndole a su
labor exactitud y seguridad jurídica en las inscripciones que realice en
relación con el derecho de propiedad de bienes inmuebles.
Así las cosas, en asuntos como el de la referencia, en el que no se
discute el derecho de dominio, el certificado de libertad y tradición de un
bien inmueble constituye prueba suficiente de la calidad de propietario de
quien lo invoca judicialmente.
47. En consecuencia,
la Sala precisa que la exigencia de la acreditación del título y el modo para
probar judicialmente el derecho de propiedad de bienes inmuebles en la acción
de reparación directa en donde no existe debate litigioso sobre el dominio de
un bien inmueble, constituye un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto interrelacionado con defecto fáctico porque: i) el requerimiento se
hace por parte de la autoridad judicial dentro de un proceso en el que su
objeto no es la existencia, validez o eficacia del título en sí mismo, es
decir, no se discute la propiedad del bien inmueble sino que la controversia
gravita en otros aspectos, como serían pretensiones de tipo indemnizatorias; de
tal suerte que ii) el certificado de libertad y tradición expedido por el
Registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos, es suficiente para
demostrar el derecho de dominio del predio, puesto que allí se encuentra
inscrito el título, el cual ha sido sometido a una calificación jurídica por
parte de dicho funcionario.
48. Conforme a lo
expuesto, la exigencia del despacho judicial accionado en el sentido de que el
demandante, no obstante haber aportado el certificado de tradición y libertad y
de no haberse discutido nunca su condición de propietario, debió probar el
título de adquisición del derecho de dominio, que en este particular caso lo
constituía una providencia del Juzgado 1 Civil del Circuito de Zipaquirá, sin
considerar que existía constancia de su registro en la correspondiente oficina
de Registro de Instrumentos Públicos, que daba cuenta de su existencia
jurídica, debido al estudio que del mismo realizó el Registrador para ordenar
su inscripción, configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
en materia probatoria interrelacionado con defecto fáctico, puesto que
estableció un requisito demostrativo desproporcionado que implicó el sacrificio
de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues su
derecho de propiedad se encontraba acreditado.
A tal conclusión llega la Sala con fundamento en que: i) el INVÍAS
no discutió su calidad de titular del derecho de dominio en sede administrativa
y judicial; ii) el objeto del proceso contencioso administrativo no gravitó en
litigio alguno sobre el título de propiedad del bien inmueble, es decir, sobre
su existencia, validez o eficacia, por lo que la prueba de la sentencia
judicial contentiva del título de dominio nada aportaba al proceso; y, iii) si
bien el título no fue aportado al proceso, la existencia del mismo, se insiste,
fue certificada por el Registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos al
momento de expedir el correspondiente certificado de inscripción del mismo.
Ahora bien, si ante la evidencia contenida en el expediente en
relación con la calidad de propietario del demandante persistían dudas sobre la
legitimación por activa para el despacho accionado, aquel debió hacer uso de su
facultad inquisitiva y solicitar las pruebas necesarias para alcanzar el grado
de certeza sobre los hechos expuestos según la jurisprudencia en vigor para
aquel momento, actividad oficiosa que no desplegó y que además refuerza la configuración
del defecto expuesto previamente.
Así las cosas, tal apego al ritualismo propio de las formas derivada
de la jurisprudencia tradicional en vigor, tuvo un efecto directo en la
decisión objeto de censura, pues se impuso como una rémora injustificada y
excesiva para el  derecho sustancial evidentemente acreditado en el expediente
y devino en la configuración de obstáculos al derecho de acceso a la
administración de justicia que le impidieron al accionante obtener una
sentencia de fondo que resolviera sus pretensiones, puesto que el Consejo de
Estado declaró falta de legitimación por activa y ausencia de acreditación del
daño.
49. De otra parte, considera la Corte que el
análisis realizado por el Consejo de Estado en relación con el análisis
oficioso sobre la acreditación de la posesión por parte del demandante, también
configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
interrelacionado con defecto fáctico que afectó su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia.
En efecto, consideró el despacho judicial accionado que no encontró
acreditados el animus y el corpus, elementos que configuran la
posesión, ya que el actor no probó la existencia de una relación material con
el bien inmueble. Sin embargo, esta Corporación se aparta de esos argumentos
con base en que estaba plenamente probado en el expediente la posesión del
actor sobre el bien inmueble denominado “Lote Uno”, puesto que el señor
Pinilla Pacheco tenía la conciencia del dominio sobre la cosa (animus) y
guardaba una relación material con el bien, pues realizó actos de señor y dueño
materializados en la entrega formal y material del predio al INVIAS y el
posterior acuerdo directo sobre la forma de establecer el precio del bien
inmueble (corpus).
Para la Corte, en el expediente estaba acreditado un genuino acto de
posesión, configurado en el ejercicio del derecho de disposición de la cosa
realizado por el actor, contenido en el acta de “Entrega de una Faja de
Terreno” celebrado entre el señor Hernando Pinilla Pacheco y el INVIAS[182], en la que se da
cuenta de: i) la sustracción del proceso de expropiación adelantado en el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá del predio “Lote Uno”;
ii) la entrega anticipada del inmueble por parte del señor Hernando Pinilla
Pacheco; y iii) la negociación directa entre el actor y el INVIAS y la forma de
establecer el precio del bien a través del avalúo que para tal efecto rindiera
FEDELONJAS.
Esta situación no fue tenida en cuenta por el Consejo de Estado al
momento de analizar de oficio la condición de poseedor del demandante, pues su
estudio lo restringió a testimonios o comprobantes de realización de obras o
explotación del predio, por lo que condicha actuación reafirmó la configuración
del defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto
interrelacionado con defecto fáctico, que además desconoció el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del actor.
50. Conforme a lo expuesto, el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia ha sido entendido por
esta Corporación como: “(…) la posibilidad reconocida a todas las
personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante
los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden
jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en las leyes.[183]
Sin embargo, tal derecho no se agota en la posibilidad que tienen
las personas de presentar sus peticiones o plantear sus pretensiones ante los
jueces de la República, sino que:
“(…) el efectivo acceso a la administración de
justicia, como lo ha precisado esta Corporación, se logra, “...cuando, dentro de
determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza igualdad
a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la
Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y realización de
los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la Corte
Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho al que hace alusión la
norma que se revisa -que está contenida en los artículos 29 y 229 de la Carta
Política- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protección
jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en
el artículo 86 superior.” (Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.)”[184]
51. En otras palabras, ese derecho
fundamental “(…) no implica
solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la
normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que
se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la
debida ejecución de ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido
proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos
puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno
desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios.”[185]
52. En resumen, el análisis
probatorio de la calidad de propietario y poseedor del señor Pinilla Pacheco
realizado por el Consejo de Estado, configuró una violación de su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, porque con base en
consideraciones excesivamente formalistas en materia de prueba del derecho de
dominio o de posesión, negó la posibilidad de una real y oportuna decisión
judicial sobre sus pretensiones.
En este caso, el operador judicial se apartó de manera
consciente de la verdad objetiva y evidente contenida en el expediente de la
referencia, que daba cuenta de la calidad de propietario o eventualmente de
poseedor del demandante. Tal situación incidió de manera directa en la decisión
objeto de censura, puesto que negó las pretensiones de la demanda e impidió que
se profiriera una sentencia que consultara la justicia material.
Cuestión
final
53. El análisis realizado por la Corte y
las reglas jurisprudenciales fijadas en torno al caso concreto, no implican un
desconocimiento del precedente fijado por esta Corporación en la sentencia
SU- 636 de 2015[186],
en relación con la prueba del derecho de propiedad de los demandantes.
En
efecto, en aquella oportunidad este Tribunal analizó el problema jurídico
relacionado con la configuración de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto cuando una decisión judicial niega las
pretensiones formuladas en una demanda de reparación directa, bajo el argumento
que los demandantes carecen de legitimación material por activa, porque
concurrieron al proceso en calidad de propietarios pero no acreditaron en
debida forma el derecho de dominio sobre los bienes cuya indemnización
reclaman.
La discusión en ese momento
gravitó en torno a que los demandantes acudieron al proceso de reparación
directa únicamente con el título del derecho de dominio (escritura pública),
sin que resultara probado la inscripción del mismo en la correspondiente
oficina de instrumentos públicos, es decir, no acreditó el modo (tradición).
Frente a esta situación, la Corte concluyó que no había
exceso ritual manifiesto en la valoración probatoria realizada por el Consejo
de Estado, porque: i) la calidad de propietarios fue controvertida desde el
inicio del proceso por las entidades demandadas en la acción de reparación
directa; (ii) los accionantes no mostraron una actitud diligente para
satisfacer la carga probatoria que les correspondía, esto es, la respectiva
inscripción de la escritura pública ante el funcionario de registro de
instrumentos públicos competente, además,  en modo alguno explicaron o
justificaron dentro del proceso las razones para no aportar los elementos
demostrativos requeridos para acreditar su calidad de propietarios de manera
oportuna, ni solicitaron su práctica dentro de las oportunidades probatorias
correspondientes, entre otros.
Ahora bien, este precedente no le era aplicable al asunto de
la referencia, pues no existe identidad fáctica entre ambos asuntos, ya que en
el presente caso: i) no existía debate ni en sede administrativa ni judicial
sobre la calidad de propietario del señor Hernando Pinilla Pacheco; y ii) el
accionante acreditó el título y el modo a través del certificado de tradición y
libertad expedido por la oficina de Registro correspondiente, el cual fue
aportado oportunamente al proceso.
Conclusiones
54. La Sala dio
respuesta a los problemas jurídicos formulados de la siguiente manera:
a. Se reiteraron los
requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
b. El defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto tiene una dimensión probatoria que
se interrelaciona con el defecto fáctico, la cual se configura cuando surge un
exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial, por
lo que el operador jurídico renuncia de manera consciente a la verdad jurídica
objetiva y evidente en los hechos, debido a la exigencia de requisitos
sacramentales inamovibles en materia de valoración probatoria, que lo aparta de
los criterios de la sana crítica y la justicia material.
c. El Consejo de
Estado en materia de prueba del derecho de propiedad de bienes inmuebles,
mantuvo hasta el año 2014, una posición jurisprudencial tradicional que exigía
como demostración de tal derecho la acreditación del título y el modo, por lo
que el certificado de libertad y tradición no era suficiente para tener por
cierta dicha la condición de propietario del predio. Desde aquel momento, con
base en la interpretación de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia y de los principios de legalidad, publicidad
y confianza legítima, esa Corporación modificó su posición jurisprudencial
hacia la aceptación probatoria del registro público como acreditación del
derecho de propiedad de bienes inmuebles, con algunas restricciones, como es
que el litigio sea de conocimiento de la jurisdicción contenciosa
administrativa, y que además, no verse sobre la existencia, validez y eficacia
del título en sí mismo. Dicho en otros términos, a pesar de que el Consejo de
Estado dio aplicación a la jurisprudencia de ese Tribunal vigente para ese
momento, la misma fue desproporcionada e implicó una interpretación probatoria
que hace prevalecer el derecho formal sobre el sustancial.
d. En el caso
concreto, el accionante propuso un análisis constitucional a partir de la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, así como de los principios de no reformatio in
pejus y prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental. Sin
embargo, la Sala delimitó su estudio a partir de la identificación del origen
de las vulneraciones acusadas, esto es, de la interpretación y valoración
probatoria del derecho de propiedad del bien inmueble del actor realizada por
el Consejo de Estado. Con base en lo anterior, la Corte verificó que esa
Corporación incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en
materia probatoria interrelacionado con defecto fáctico, puesto que al momento
de valorar las pruebas que buscaban acreditar la calidad de propietario del
señor Pinilla Pacheco, exigió la acreditación del título del derecho de dominio
no obstante que era evidente en el expediente que: i) El INVÍAS no cuestionó en
sede administrativa ni judicial la calidad de propietario del actor; ii) el
objeto del proceso contencioso administrativo no gravitó en torno a la existencia,
validez o eficacia del título en sí mismo, sino que tenía como fundamento
pretensiones dirigidas a reparar el posible daño antijurídico causado por el
Estado; y iii) el accionante aportó un certificado de libertad y tradición del
predio, en el que se daba cuenta de la inscripción del derecho de propiedad del
demandante, sobre el predio denominado “Lote Uno”, actuación
administrativa que exigió del Registrador un ejercicio de calificación jurídica
sobre la existencia del título sometido a su conocimiento.
Frente a esta
situación, la Sala consideró que dicha exigencia configuró la prevalencia de
requisitos sacramentales con vocación de perpetuidad que desconoció la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas y además, vulneró el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia del señor Pinilla Pacheco, puesto
que:
1. No existió debate
en sede administrativa y judicial en relación con el derecho de propiedad del
actor sobre el predio denominado “Lote Uno”.
2. La prueba del
título, para este caso concreto, no aportaba nada a la solución de la demanda
de reparación directa formulada por el señor Pinilla Pacheco.
3. Ante las
persistentes dudas del Consejo de Estado en relación con la calidad de
propietario y poseedor, ese Tribunal omitió utilizar sus poderes inquisitivos
para decretar pruebas de oficio necesarias para alcanzar la verdad material.
e. El Consejo de
Estado, al analizar de oficio la calidad de poseedor del actor, desconoció que
el señor Pinilla Pacheco realizó actos genuinos de señor y dueño, como el
acuerdo directo con el INVIAS para entregar de manera anticipada el inmueble y
fijar el precio de venta conforme al avalúo de FEDELONJAS, lo que además
reafirmó la configuración del defecto alegado por el accionante.
f. Se desconoció el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del actor, debido
a que la aplicación restrictiva de reglas jurisprudenciales en materia
probatoria del derecho de propiedad de bienes inmuebles, que no tuvieron en
cuenta la evidencia demostrativa contenida en el expediente, generó la negativa
del Consejo de Estado de estudiar las pretensiones del actor y de obtener una
sentencia real y oportuna.
g. Con base en lo
anterior, la Sala dejará sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, para que
sea el juez natural quien profiera un nuevo fallo que analice las pretensiones
de la demanda.
Decisión
Con
fundamento en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR los
términos suspendidos en el presente proceso.
Segundo.-
REVOCAR las sentencias proferidas por las Secciones
Cuarta y Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado,
del 13 de marzo y del 12 de junio ambas del año 2014, respectivamente, que
negaron la acción de tutela presentada por el señor Hernando Pinilla Pacheco.
Para en su lugar, CONCEDER el amparo invocado por el accionante a su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS
la sentencia del 28 de mayo de 2012, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
Cuarto.-
ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B que en el improrrogable término
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la notificacion de
esta providencia, profiera una nueva sentencia de fondo, en la que deberá tener
en cuenta lo expuesto en esta sentencia.
Quinto.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
Ausente
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de
voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Ausente
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
SU454/16
DERECHO DE DOMINIO-Para adquirir se
requiere la concurrencia del título y el modo (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió declarar la improcedencia por cuanto no era admisible
realizar una interpretación parcial del derecho de dominio por cuanto se
desconoce las previsiones hechas por el legislador y normas jurídicas aplicables
(Salvamento de voto)
Referencia: Referencia:
Expediente T- 4.445.980. Acción de tutela presentada por el señor Hernando
Pinilla Pacheco, contra las sentencias de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B- y la de primera instancia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección B-,
dentro del proceso de reparación directa instaurado contra el Instituto
Nacional de Vías - INVIAS-. Procedencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Asunto: Acción de tutela contra providencias
judiciales. Vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia por exceso ritual manifiesto en materia probatoria.
Magistrada Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones que adopta esta Corporación, me permito hacer
explícitas las consideraciones que me llevaron a discrepar del fallo de
mayoría, y que en esta oportunidad se concretan en que, a mi juicio, no se
configuraba el defecto fáctico y procedimental alegado por el accionante y por
tanto no procedía, conceder el amparo constitucional solicitado.
En este caso
subyacía una discusión acerca de que si la vía procesal correcta para
dilucidarla era acudir al medio de control de reparación directa o al medio de
control de controversias contractuales, lo cual cambia la perspectiva desde la
cual, se debía analizar si el Consejo de Estado incurrió en un exceso ritual
manifiesto al exigirle al actor el título para acreditar la propiedad sobre el
predio en torno al cual giraba la controversia contencioso administrativa.
A mi juicio, no
puede considerarse que el Consejo de Estado haya actuado de manera arbitraria
al exigir la presentación del título de propiedad, en el caso concreto.
Por lo tanto,
considero que la Sala no tuvo en cuenta, una serie de normas y figuras
jurídicas, sobre las cuales se ha sustentado de forma sólida y justificada el
derecho probatorio en general y el aspecto controvertido en particular.
Por la
importancia de los efectos jurídicos que surgen del consentimiento de las
partes, resultaba necesario efectuar, para el caso, una interpretación
sistemática con integración de las normas civiles en materia de prueba del
derecho de propiedad y dominio y, los preceptos constitucionales, a fin de que
se tuviera en cuenta que el ordenamiento superior en los artículos 58 y 150
numerales 2o y 10, garantiza las relaciones y derechos patrimoniales
adquiridos conforme a la legislación civil, por consiguiente, el consentimiento
plasmado en un título constituye un principio regulador de los mismos, por lo
tanto, la Corte Constitucional estaba llamada a protegerlos. Verbi gracia, en
el derecho civil colombiano, es válida la venta de cosa ajena, precisamente,
porque la venta por sí sola no está llamada a traspasar el dominio, sino a
servir de título para la transferencia que debe efectuar el deudor, como
cumplimiento de su obligación de trasladar la propiedad de la cosa al
comprador, y aunque el vendedor se viera en la imposibilidad de realizar la
tradición, ello no invalida el contenido del título.
En las normas,
jurisprudencia y doctrina, no existe duda que para adquirir y probar el derecho
de dominio, se requiere la concurrencia del título y el modo, tal y como lo ha
sentado la jurisprudencia lineal y reiterada de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia de 23 de mayo de 2002, Exp.
6277.
"Para la
cabal comprensión de la cuestión parece necesario recordar que el Código Civil
Colombiano adoptó en materia de la adquisición y transmisión de los derechos
reales el sistema del título y el modo cuyo antecedente histórico debe
encontrarse en la "traditio " romana, pero cuya elaboración
doctrinaria suele atribuirse a los expositores de la edad media, quienes la
extendieron a los demás derechos reales, amén de que, apoyándose en los
conceptos escolásticos de la causa próxima y la causa remota, concibieron los
conceptos de título y modo para identificar dos fenómenos disímiles aunque
estrechamente ligados por una relación de causalidad: mediante el título el
interesado adquiere la mera posibilidad de que la transferencia del derecho se
produzca, es decir que se erige en condición necesaria para que ese traspaso,
apenas latente, se haga efectivo; en cambio, como la tradición concretaba o
hacía efectiva esa transmisión, se le denominó como el modo ".
"De suerte
que en el ordenamiento patrio, el título no transfiere por sí mismo el dominio,
por supuesto que éste únicamente genera para el acreedor el derecho a obtener
la propiedad del bien que constituya el objeto de la prestación y para el
deudor el deber de hacer la tradición prometida, tradición que deviene,
entonces, como aquella convención que hace efectiva la transferencia debida
mediante la entrega que del bien hace el dueño al acreedor, "habiendo por
una parte facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la
capacidad e intención de adquirirlo " (art 740 ejusdem), definición a la
que restaría solamente añadirle que por mandato del artículo 756 ibídem, si de
inmuebles se trata, aquella se efectúa por la inscripción del título en la
oficina de registro de instrumentos públicos ".
Ahora bien, de
conformidad con el artículo 756 del Código Civil, la tradición de bienes raíces
se efectúa por la inscripción del título en la oficina de registro de
instrumentos públicos, lo cual significa, que si el título no se registra no se
transmite el derecho, allí uno de los motivos de relevancia de la exhibición y aporte
del título en el trámite del proceso judicial que se requiera, puesto que en el
titulo está desembocada le expresión de voluntad de las partes, y ello
constituye una de las constancias de que quienes participaron en el negocio
jurídico si son quienes detentan el derecho de posesión y dominio sobre el bien
inmueble, así mismo, se prevé que "la publicidad que se le da al titular o
titulares del derecho de dominio y a la situación jurídica en que se encuentra
determinado inmueble mediante el registro, es oponible a terceros"[187].
En este orden de
ideas también se ha desarrollado la jurisprudencia reiterada, del Consejo de Estado,
en el trámite de los procesos atribuidos a su competencia jurisdiccional:
"En armonía
con esta disposición, el artículo 2 del decreto 1250 de 1970 establece que
están sujetos a registro: Yodo acto, contrato, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre, bienes
raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario'.
Pero, la copia de
dicha inscripción o la certificación que sobre su existencia expida el
registrador no sirve de prueba de los títulos traslaticios o declarativos del
dominio sobre los inmuebles. Así lo consideró la Corte Suprema de Justicia en
sentencia de 16 de diciembre de 2004, jurisprudencia que esta Sala acoge, por
considerar que constituye una interpretación integral de las normas que rigen
la materia.
El folio de
matrícula inmobiliaria tampoco es prueba de la posesión, dado que en el derecho
colombiano la posesión demanda acreditar actos materiales. El artículo 762 del
Código Civil define la posesión como "la tenencia de una cosa determinada
con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa
por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él".
Definición con fundamento en la cual se distinguen dos elementos como
integrantes de la posesión: el corpus, esto es, el ejercicio material del
derecho y el animus, es decir, la voluntad de considerarse titular del derecho[188] ".
Por otra parte,
la decisión de la que discrepo, tomó como uno de sus argumentos principales un
supuesto cambio jurisprudencial del criterio del Consejo de Estado, sin
embargo, tal apreciación olvida que por el contrario ese mismo criterio de
unificación advirtió que "no se debía mal entender su postura, advirtiendo
que lo expuesto de manera alguna supone que en adelante única y exclusivamente
deba aportarse el certificado o la constancia de la inscripción del título en
el Registro de Instrumentos Públicos, puesto que los interesados, si a bien lo
tienen, pueden allegar el respectivo y mencionado título y será el juez el que
en cada caso concreto haga las consideraciones pertinentes"[189].
Es así como, del
análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado, cabría concluir, que
resulta riesgosa la forma en que en esta oportunidad la Sala invadió las
esferas del juez natural, por cuanto desestimó la minuciosa labor de valoración
probatoria desplegada por el alto tribunal de cierre de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo, quien concluyó que en el expediente no obraba
prueba cierta sobre la propiedad o posesión sobre el inmueble, dejando a un
lado la complejidad de los efectos jurídicos que en materia civil se predican
de figuras como el derecho de posesión, la prescripción adquisitiva o extintiva
de dominio, la validez de la venta de cosa ajena, entre otras, las cuales
inciden como es lógico en los procesos contencioso administrativos, ya sea que
se trate del medio de control de reparación directa o del medio de control de
controversia contractuales, según el caso.
Por lo expuesto,
no era admisible realizar una interpretación parcial del derecho de dominio,
sino considerar de forma sistemática todo el conjunto de normas, y fenómenos
jurídicos que pudieran llegar a afectar los derechos patrimoniales de los
ciudadanos, pues al darle paso de manera incompleta a la forma en que se deben
probar en un proceso jurisdiccional el derecho de dominio y posesión sobre un
inmueble, se desconocen las previsiones hechas por el Legislador y el fin mismo
de las normas jurídicas aplicables.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Auto
del veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014) que fue repartido al
Despacho, en octubre de 2014.
[2]
Los hechos que se presentan a continuación, se han configurado tomando en
consideración la demanda contencioso administrativa presentada por el señor
Hernando Pinilla Pacheco, por intermedio de apoderado, ante la jurisdicción
contencioso administrativa (Cuaderno No 1, folios 221 a 242); la contestación
de la demanda respectiva por parte del INVIAS (Cuaderno No 1, folios 247 a 252)
y los alegatos de conclusión de ambas partes, dentro del proceso contencioso
administrativo de reparación directa.
[3]
Ley 9 de 1979 y Ley 388 de 1997. Copia de la resolución No 004687 de 1998 del
INVIAS, que ordena por motivos de utilidad pública e interés social, la
iniciación del trámite judicial de expropiación del predio del actor (Cuaderno
No 1, folios 105 a 107), así como de la notificación de afectación del predio
dirigida al actor, a partir de la declaración de bien de utilidad pública.
Cuaderno No 1 folio 57.
[4]
Alegatos de conclusión presentados por el demandante en el proceso contencioso
administrativo, primera instancia. Cuaderno 1, Pág. 2.
[5]
"Acta de entrega de una Faja de Terreno" suscrita entre el actor y el
INVIAS. Cuaderno 1, pág. 253.
[6]
"Acta de entrega de una Faja de Terreno" suscrita entre el
actor y el INVIAS. Cuaderno 1, pág. 254.
[7][7]
Dr. Francisco Quiñones Ávila.
[8]
"Acta de entrega de una Faja de Terreno" suscrita entre el
actor y el INVIAS. Cuaderno 1, pág. 2. Nótese que al expediente de tutela se
adjunta copia de la demanda presentada por el señor Hernando Pinilla Pachón
contra la señora Rosa Ardila de Kurimoto en el proceso divisorio
correspondiente (Cuaderno No 1 folio 52).
[9]
"Acta de entrega de una Faja de Terreno" suscrita entre el
actor y el INVIAS. Cuaderno 1, pág. 254.
[10]
El acta de entrega auténtica se adjuntó al proceso contencioso según se indica
por el actor. Cuaderno 2, Pág. 10.
[11]
Alegatos de Conclusión del Actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, Pág. 12.
[12]
Alegatos de Conclusión del Actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, Pág. 11.
[13]
Hechos narrados en Derecho de Petición presentado por el actor al INVIAS.
Cuaderno 1, folio 78.
[14]
Demanda de reparación directa
[15]
Certificado de la Notaría que señala que sólo está pendiente la firma del
Representante Legal del INVIAS en la minuta de venta traída a la Notaría.
Cuaderno No 1, folio 111. Se adjunta copia de la minuta que el demandante
alcanzó a firma en la que aparece en la Clausula Octava, como valor del predio,
la suman de $454.873.581.oo pesos. (Cuaderno1, folio 121).
[16]
Copia del Avalúo de Fedelonjas. Cuaderno 1 folio 62.  El Avalúo incluye el
terreno y las mejoras. Certificado de Avaluó de Fedelonjas por
más de 484 millones de pesos. Cuaderno 1, Pág. 13.
[17]
Copia del Certificado proferido en febrero de 1999 por valor de 454.873.581.oo
pesos m/cte. Cuaderno 1, folio 87.
[18]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 14
[19]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 14.
[20]
Cuaderno No 1, folio 110.
[21]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 10.
[22]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 11.
[23]
De hecho en la respuesta del IGAC al INVIAS, del 19 de mayo de 1999, se le
informa a esa entidad que si el marco jurídico de los avalúos solicitados es la
Ley 388, se le debe informar si existen otros avalúos ya realizados,  toda vez
que según el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998, "dentro del término
de la vigencia del avalúo, no se podrá solicitar el avalúo a otra entidad
autorizada, salvo cuando haya vencido el plazo legal para elaborar el avalúo
contratado". Cuaderno 1, folio 88.
[24]
Según ese decreto en su artículo 1º,  las disposiciones contenidas en el mismo,
tienen por objeto señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios
para la elaboración de los avalúos por los cuales se determinará el valor
comercial de los bienes inmuebles, en los casos de adquisición de inmuebles por
enajenación forzosa o en los casos de adquisición de inmuebles por enajenación
voluntaria. En el artículo 15 se dice lo siguiente: "La entidad
solicitante podrá pedir la revisión y la impugnación al avalúo dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha en que la entidad que realizó el avalúo se
lo ponga en conocimiento. La impugnación puede proponerse directamente o en
subsidio de la revisión".  El Artículo 16° señala además: “Se
entiende por revisión el trámite por el cual la entidad solicitante, fundada en
consideraciones técnicas, requiere a quien practicó el avalúo para que
reconsidere la valoración presentada, a fin de corregirla, reformarla o confirmarla.
La impugnación es el trámite que se adelanta por la entidad solicitante del
avalúo ante el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, para que éste examine el
avalúo a fin de corregirlo, reformarlo o confirmarlo".
[25]
Alegatos de conclusión del actor. Primera instancia contenciosa. Cuaderno 1,
pág. 12.
[26]
Alegatos de conclusión del actor. Primera instancia contenciosa. Cuaderno 1, pág.
12.
[27]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 10.
[28]
En el derecho de petición presentado por el actor a la entidad en mayo de 1999,
se sostiene que existe un  certificado de disponibilidad presupuestal expedido
por el representante legal de la Fiduciaria del Estado, para la fecha de
entrega del inmueble. Cuaderno No 1 Folio 77.  En efecto, copia de ese
certificado reposa en el Cuaderno 1, folio 101 del expediente.
[29]
Sobre este aspecto, en audiencia celebrada el 6 de julio de 2000 dentro de la
primera instancia contencioso administrativa, en la declaración del señor
Francisco Samuel Quiñones Ávila, quien obraba como apoderado especial del
INVIAS para el momento en que se adelantaba la negociación directa con el
actor, éste manifestó: "A mí me entregaron dichos avalúos, producidos
por ...FEDELONJAS, si mi memoria me ayuda hacia febrero o marzo de 1999 y con
base en el avalúo de la parte correspondiente al señor Hernando Pinilla procedí
a elaborar, para su estudio y consideración interna del INVIAS, la
correspondiente promesa de compraventa, en la cual se pactó como precio de
compraventa el avalúo fijado por Fedelonjas. (...) Llegado dicho documento al
Instituto la subdirección del medio ambiente lo estudió en asocio con la
oficina jurídica y por su valor lo sometió al director general de la entidad.
Pasado algún tiempo sin que el documento me fuera devuelto, indagué por él y me
enteré que la nueva administración de la entidad, por circunstancias económicas
que vivía el país y que afectaron profundamente el mercado inmobiliario,
estimaba que el avalúo rendido por FEDELONJAS excedía en forma muy notable el
valor comercial de la faja de terreno y que por esta circunstancia parecía
conveniente someter a revisión del IGAC la determinación de dicho valor".
Cuaderno No 1, folio 126
[30]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 14
[31]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 17
[32]
Copia del Derecho de Petición presentado por el actor al INVIA en mayo de 1999.
Cuaderno 1, folios 76 a 78 y 81 a 84.
[33]
Alegatos de conclusión del actor. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 9.
[34]
Demanda contenciosa presentada por el actor. Cuaderno 1, folio 236.
[35]
Demanda contencioso administrativa presentada por el actor. Cuaderno No 1,
folio 236
[36]
Demanda contenciosa presentada por el actor. Cuaderno 1, folio 229 y Alegatos
de conclusión del actor. Primera Instancia contenciosa, Cuaderno
1, pág. 18.
[37]
Contestación de la demanda por parte del INVIAS, Cuaderno No 1, folio 247 a
252.
[38]
Contestación de la demanda por parte del INVIAS, Cuaderno No 1, folio 247
[39]Alegatos
de conclusión del INVIAS. Primera Instancia contenciosa, Cuaderno
1, pág. 21.  Ver el documento en el cuaderno 1, folio 110.
[40]
Transcripciones de la sentencia de primera instancia del 9 de abril de 2002.
Cuaderno 1, folio 142.
[41]
Se acompaña al expediente copia del avalúo del IGAC del año 2000 que presenta
el INVIAS. Cuaderno 1, folios 24 a 48.
[42]Alegatos
de conclusión del actor. Primera Instancia contenciosa, Cuaderno
1, pág. 15. Sobre las excepciones del INVIAS.
[43]
Alegatos de conclusión del INVIAS. Primera Instancia
contenciosa, Cuaderno 1, pág. 222.
[44]
Cuaderno 1, folios 24 a 48.
[45]
Avalúo del IGAC. Cuaderno 1, folio 27.
[46]
Cuaderno 1, folio 39.
[47]
M.P. Leonardo Augusto Torres Calderón.
[48]
Sentencia del 9 de abril de 2002 M.P. Leonardo Augusto
Torres Calderón. Cuaderno 1, folio 143
[49]
Sentencia del 9 de abril de 2002 M.P. Leonardo Augusto
Torres Calderón. Cuaderno 1, folio 143
[50]
Recurso de Apelación. Cuaderno No 1, folios 148 a 155.
[51]
Recurso de Apelación. Cuaderno No 1, folios 148 a 155.
[52]
El artículo 41 de la Ley 80 de 1993, ordena para el perfeccionamiento del
contrato estatal, el acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y que se
eleve por escrito. Además en los contratos de compraventa de inmuebles se
necesita la solemnidad de la escritura pública.
[53]
Recurso de Apelación. Cuaderno No 1, folios 148 a 155.
[54]
Recurso de Apelación. Cuaderno No 1, folios 148 a 155.
[55]
M.P. Danilo Rojas Betancourt. Cuaderno 1, folio 200.
[56] ARTÍCULO 254. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS.
<Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de
2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos
del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1,
numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las
copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:
//1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina
administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del
juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. //2. Cuando sean
autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que
se le presente. //3. Cuando sean compulsadas del original o de copia
autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra
cosa.
[57] Consejo de Estado, sentencia del 28 de mayo de 2012, cuaderno 1,
folio 204.
[58]
Consejo de Estado. Sentencia del 28 de mayo de 2012.
Expediente 22976. C.P. Danilo Rojas. Cuaderno No 1,  pág. 215.
[59]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección  Tercera, sentencia de abril de 2010. Exp (18615) C.P. Ruth Stella
Correa Palacio.
[60]
Consejo de Estado. Sentencia del 28 de mayo de 2012.
Expediente 22976. C.P. Danilo Rojas. Cuaderno No 1,  pág. 217.
[61]
Art. 177 del C.P.C.
[62]
Consejo de Estado. Sentencia del 28 de mayo de 2012.
Expediente 22976. C.P. Danilo Rojas. Cuaderno No 1,  pág. 220.
[63]
Acción de Tutela. Cuaderno 1, folio 281 y copia del Salvamento de Voto,
cuaderno No 1, folio 217.
[64]
Salvamento de Voto de la Consejera Stella Conto. Folios 217 a 219.
[65]Consejo
de Estado. Sentencia Sección Tercera. C.P.: Ruth Stella Correa. Exp (18615)
Actor; Jorge Iván Rojas Arbeláez y Otros.
[66]
Consejo de Estado. Sentencia Sección Tercera. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Actor: Ulises Manuel Julio Franco, Exp: (17720).
[67]
Consejo de Estado. Sentencia Sección Tercera. M.P. (e) Gladys Agudelo Ordoñez.
Actor: Ulises Manuel Julio Franco, Exp: (18155).
[68] Según la Sala correspondiente, esa regla
en el ámbito de las actuaciones contencioso administrativas, encuentra de una
disposición especial aplicable de manera preferencial  a la regla contemplada
en el CPC, conforme al Código Contencioso Administrativo anterior, en lo
concerniente a las excepciones de fondo,  así: "ARTICULO
164.  EXCEPCIONES DE FONDO. <Código
derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.Rige a partir del
dos (2) de julio del año 2012. El
texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> En todos los procesos
podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda
cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás
casos. //En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. //Son excepciones
de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. //El silencio
del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus."
[69] "ARTÍCULO 177.
CARGA DE LA PRUEBA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.
Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del
numeral 6) del artículo 627> Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. //Los
hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba".
[70] T-006 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, T-223 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-413 de 1992 M.P. Ciro Angarita
Barón, T-474 de 1992 Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[71] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[72] “Toda persona cuyos derechos o
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.”
[73] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este
fallo se declaró inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de
2004, que impedía el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra
las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[74]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[75]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[76]
Tomado de la sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, ver también sentencia T-610 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[77] Sentencia T-504 de 2000
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[78] Sentencia T-315 de 2005
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[79] Sentencias T-008 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[80] Sentencia T-658 de 1998
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[81]
Tomado de la sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado
[82]
Folios 291-292 cuaderno principal.
[83]
Sentencia T-443 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo
[84]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, exp.
05001-23-26-000-1995-00565-01 (18615), actor Jorge Iván Rojas Arbeláez y otros.
C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
[85] Sentencia T–851 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[86] Sentencia T–686 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[87]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[88] Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[89] Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de
2001; T-1031 de 2001 todas con ponencia del Dr. Eduardo Montealegre Lynnett;
T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[90]
Sentencia T-926 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[91]
Sentencia SU-773 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[92]
Al respecto consultar la sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. Adicionalmente se pueden consultar las sentencias T-950 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-158 de 2012
M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-213 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, ver recientemente sentencia T-926 de 2014 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[93]
Sentencia T-926 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[94]
Cfr. sentencias T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-301 de 2010
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-893 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[95]
Cfr. sentencias T-389 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1267 de 2008
M.P. Mauricio González Cuervo y T-386 de 2010
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[96]
Cfr. sentencias T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-591 de 2011
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[97]
Ibídem.
[98]Sentencia
T-327 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[99]
Ibídem.
[100] Sentencia T-363 de 2013.
[101]
Sentencia SU-774 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
[102]
Sentencia T-926 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[103]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[104]M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[105] “esta
corporación encontró razones suficientes para señalar que al juez civil le
asiste el deber de decretar pruebas de oficio, con el objetivo de dar
prevalencia al derecho sustancial en las actuaciones judiciales y de
materializar el compromiso constitucional que se tiene con la verdad y la
justicia, y en consecuencia ordenó  al juez natural decretar un nuevo período
probatorio en donde haría uso de sus facultades oficiosas.” Cita tomada de la sentencia T-264 de 2009.
[106]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En esa oportunidad  la
Corte revisó la acción de tutela que interpuso una ciudadana contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien dentro de un proceso de reparación
administrativa incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
toda vez que estimó, al igual que el juzgado a-quo, que el registro
civil de nacimiento de un menor demandante, al haber sido aportados en copias
simples, carecían de valor probatorio y, por ende, no existía legitimación en
la causa para demandar. Esta Corporación tuteló el derecho al debido proceso y
dispuso que se dictara un nuevo fallo haciendo una adecuada valoración
probatoria.
[107]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[108]
En la sentencia SU-817 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto sentencia
SU-447 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo, Concretamente respecto al defecto
fáctico por dimensión negativa, se han identificado tres escenarios de
ocurrencia (sentencias T-654 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa y T-386
de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras): el primero, por ignorar o no
valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; y,
el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el
juez esté legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
[109]
Cfr. Sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-591 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[110]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[111]
Ibídem.
[112] Ibíd.
[113] Sentencia T-239 de 1996 MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
[114] Sentencia T-576 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía
[115] Sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera
Carbonell
[116] Sentencia T-538 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[117] “se presenta cuando el funcionario judicial omite el
decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la
debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para
la solución del asunto jurídico debatido”T-458
de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[118] “se
presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan
elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no
los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el
caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”T-458 de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[119]Se observa “cuando el funcionario judicial, en contra
de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido, es
el defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio; o cuando
a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en
ellas fundamenta la decisión respectiva” T-458
de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[120]
Sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell ratificada en las
sentencias SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-086 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[121]
“En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia
T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[122] Sentencia T-737 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[123]
Tomado de la sentencia T-926 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado
[124]
M.P. María Victoria Calle.
[125] Sentencia T-018 de 2008 M.P Jaime Córdoba Triviño. En esta ocasión, la Corte estudió una
acción de tutela presentada contra la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al considerar que esa Corporación
había incurrido en una vía de hecho, al casar la sentencia proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira que confirmaba la providencia de
primer grado, mediante la cual se le había reconocido la pensión de invalidez
al accionante. La Corte, luego de reiterar los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, consideró que la autoridad
accionada, ante el conflicto normativo que los intervinientes en el trámite de
casación habían planteado, incurrió en un error sustantivo producto de la
omisión en la aplicación de los efectos materiales de la cosa juzgada
constitucional (243 C.P.), el principio de progresividad  de los derechos
sociales y el principio de favorabilidad en materia laboral (Art. 53
C.P.) al omitir optar por la situación más beneficiosa al trabajador para
solventar las dudas que surgieran en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia
objeto de discusión.
[126] Sentencia T-343 de 2010 M.P Juan Carlos Henao Pérez.
En esta oportunidad el problema jurídico iba encaminado a determinar si la
decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se
había resuelto anular la elección del ciudadano Ferney Humberto Lozano Camelo
como alcalde del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca y en consecuencia se
había ordenado la realización de nuevas elecciones en dicho municipio, había
incurrido en una vía de hecho por defecto sustantivo al interpretar de manera
errónea las normas aplicables conforme los presupuestos fácticos del caso. La
Corte consideró que la interpretación realizada por la autoridad judicial
accionada “no se puede considerar como una interpretación errónea de la
norma que implique una ruptura del nexo causal entre el supuesto de hecho de la
norma y los elementos fácticos del caso,” sumado a que esta no fue
arbitraria y se ciñó no solo a la normatividad prevista para resolver el caso
sino también al desarrollo jurisprudencial y el precedente. Por esta razón, la
Corte confirmó la sentencia que negó el amparo invocado.
[127]
Tomado de la sentencia T-924 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz.
[128]
M.P. María Victoria Calle Correa
[129]
Velásquez Jaramillo L.G. Bienes. Duodécima Edición. Editorial
Temis. Bogotá. 2010. Pág. 199.
[130]
Wolf. M. Tratado de derecho civil alemán. T.III, Vol1, Derecho
de cosas, Barcelona, Bosch casa editorial, pág. 13. Citado en Velásquez
Jaramillo, Ob. Cit. Pág. 199.
[131]
Valencia Zea A. y Ortiz Monsalve A. Derecho Civil, Derechos
reales Tomo II, Décima Edición. Temis. Bogotá. 1999, Pág. 118.
[132]
La expresión es utilizada por el autor Francisco Ternera
Barrios en la obra bienes, segunda edición, Editorial Universidad del Rosario.
Bogotá, 2013 Pág. 135.
[133]
Ternera Barrios F. Bienes, Segunda Edición, Editorial Universidad del Rosario.
Bogotá, 2013, pág. 135-137.
[134]
Ibídem. páginas 137 a 146.
[135]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[136]
Ibídem. Pág. 264.
[137]
Ibídem. pág. 263.
[138]
Citado en Velásquez Jaramillo Op. Cit. Páginas 274-275.
[139]
Ibídem pág. 275.
[140]
Ibídem. pág. 276.
[141] El mencionado artículo establece:
No es justo título:
1o.)
El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende.
2o.)
El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de
otra, sin serlo.
3o.)
El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación, que debiendo ser
autorizada por un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido.
4o.)
El meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad
heredero; el del legatario, cuyo legado ha sido revocado por un acto
testamentario posterior, etc.”
[142]
Gómez José J. citado por Velásquez Jaramillo OP. Cit. Pág.
282.
[143]
Gómez Angarita J. Derecho Civil. TII, Bogotá, Edit. Temis,
1980 pág. 115. Citado en Velasquez Jaramillo Op. Cit. Pág. 282.
[144]
Velasquez Jaramillo Op. Cit. Pág. 283.
[145]
Ibídem.
[146]
El artículo 1500 del Código Civil establece: “El
contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la
cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de
ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún
efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo
consentimiento.”
[147]
Ternera Barrios. Op. Cit. Pág. 400.
[148]
Corte Suprema de Justicia. GJ. XLIX. Pág. 55. Citada en
Ternera Barrios. Op. Cit. Pág. 400.
[149]
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 29 de septiembre de
1998. Rad. 5169-98 M.P. Predro Lafont Pianetta. Citado en Tenera Barrios Op.
Cit. Pág. 401.
[150]
Moro Serrano A. “Los orígenes de la publicidad inmobiliaria”.
Revista crítica de Derecho Inmobiliario, No. 603, 1991. Pa´g. 537 y ss. Citado
en Ternera Barrios. Op. Cit. 402.
[151]
Ternera Barrios Op. Cit. Pág. 401.
[152]
Jiménez París Teresa Asunción. La publicidad de los derechos
reales y el registro de la Propiedad en España. Disponible en http://eprints.ucm.es/35416/1/La%20publicidad%20de%20los%20derechos%20reales%20y%20el%20Registro%20de%20la%20Propiedad%20en%20Espa%C3%B1a.pdf, consultado el 22 de febrero de 2016.
[153]
Ternera Barrios Op. Cit. pág. 404.
[154]
Valencia Zea. Op. Cit. Pág. 472-473. Estos principios también
están contenidos en el artículo 3º de la Ley 1579 de 2012.
[155]
Ternera Barrios. Op. Cit. Pág. 406.
[156]
Ternera Barrios Op. Cit. Pág. 405.
[157]
Ibídem. Pág. 406.
[158]
Ibídem.
[159]
Ibídem.
[160]
Valencia Zea. Op. Cit. Pág. 490.
[161]
Valencia Zea Op. Cit. pág. 496.
[162]
Ibídem pág. 497.
[163]
Velasquez Jaramillo Op. Cit. Pág. 286.
[164]
Citada en la sentencia del 9 de diciembre de 1999, Exp. 5352,
M.P. Manuel Ardila Velásquez.
[165]
G.J., T. CI, págs. 100-102.
[166]
M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
[167]
Sala de Casación Civil, radicación 11001-31-03-034-2002-00485-01.
M.P. JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
[168]
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril
de 2010, exp. 05001-23-26-000-1995-00565-01 (18615), actor Jorge Iván Rojas
Arbeláez y otros. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
1 Sentencia de 16 de diciembre de 2004, exp: 7870. La
sentencia reitera la jurisprudencia que esa Corporación viene sosteniendo sobre
la materia desde mediados del siglo pasado, entre las que se cita: sentencias
de 19 de mayo de 1947, de 13 de junio de 1983 y 9 de diciembre de 1999, exp.
5352. Por ejemplo, en la segunda de las providencias citadas se dijo: “Cuando
este precepto (el artículo 2640, ordinal 4º, del C.C.) confiere a los
registradores la atribución de ‘certificar’, con vista en los respectivos
libros, acerca del estado o situación en que se encuentren los inmuebles
existentes en el lugar, esa función está circunscrita en el texto a la concreta
finalidad de informar sobre esa situación a quienes, interesados en conocerla,
soliciten los certificados pertinentes; pero, el precepto no le atribuye a
estas certificaciones la virtud de servir, en juicio, de prueba de los títulos
traslaticios o declarativos del dominio sobre inmuebles. Quiere decir que las
certificaciones del registrador, en estos casos, son prueba de haberse hecho la
inscripción del título mismo, cuando ésta ha de acreditarse, lo cual sólo puede
hacerse mediante la aducción del propio título, esto es, de su copia
formalmente expedida”.
[170]
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2010. Exp.
19099. C.P. Enrique Gil Botero
[171]
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de mayo
de 2014. Exp. 23128. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
[172]
M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
[173]
Folios 211-211v cuaderno principal.
[174]
Folios 212 y 213 cuaderno principal.
[175]
Folio 214 cuaderno principal.
[176]
Folios 213v y 214 cuaderno principal
[177]
Folios 201v y 202 cuaderno principal.
[178]
Folio 200 v cuaderno principal.
[179]
Folios 205v y 206 cuaderno principal.
[180]
Jiménez Paris. Ob. Cit.
[181]
Ibídem pág. 496.
[182]
Folio 253 del cuaderno principal.
[183] Sentencia C-426 de
2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[184]
Sentencia T-476 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz.
[185]
Sentencia T – 329 de 1994. Ver también T – 554 de 1992, T – 553 de 1993
[186]
M.P. María Victoria Calle Correa
[187]
Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24
de agosto de 2000, expediente No. 10.821.
[188]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, exp.
05001-23-26-000-1995-00565-01 (18615), actor Jorge Iván Rojas Arbeláez y otros
C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
[189]
Consejo de
Estado. Sentencia 2009-00042-40374 de julio 14 de 2016.