T-496-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-496/02
DERECHO A LA
PENSION DE JUBILACION-Aplicación
inmediata
DERECHO A LA
PENSION DE JUBILACION-Pago
oportuno y completo de mesadas
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer pago de mesadas pensionales
DERECHO ADQUIRIDO
A LA PENSION-Porcentaje a
pagar no puede modificarse en detrimento del pensionado/VIA DE HECHO-Modificación
en porcentaje a pagar mesada en detrimento del pensionado
Referencia:
expedientes T-600776, T-600777, T-600781, T-600804, T-600805, T-600806,
T-600809, T-600811, y  T-600828.
Acciones de tutela
instauradas por Martha Jannette Lozano Zambrano y otros, contra la Fundación
San Juan de Dios.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de
dos mil dos (2002).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en los procesos de revisión de los fallos
adoptados por el Consejo de Estado, Sección Primera, Segunda, Tercera y Quinta,
en las acciones de tutela presentadas por Martha Jannette Lozano Zambrano, Nora
Alba Piernagorda Martínez, Ofelia Luna Riaño, Celia Cruz Gómez, Lucila García
González, Marlene Patricia Nieto Ramírez, Ana Janey Lozano Bermúdez, Martha Isabel
Silva Contreras, y Clara Consuelo Sánchez Avellaneda, en contra de la Fundación
San Juan de Dios.
Los expedientes llegaron a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Consejo, en virtud de lo ordenado por
el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección de Tutelas Número Seis
de la Corte, en auto de fecha 17 de junio de 2002, ordenó la revisión de los
casos de la referencia, así como su acumulación,  para ser decididos en una
sola sentencia, si la Sala de Revisión así lo consideraba pertinente.
Encuentra esta Sala de Revisión que por
existir identidad en los hechos que motivaron las nueve (9) acciones de tutela,
como en el ente que se acusa, es procedente la acumulación decretada por la
Sala de Selección No. 6, razón por la que se proferirá solamente un fallo para
resolver las acciones objeto de acumulación.
I. ANTECEDENTES.
La Corte, en sentencia T-471 de 18 de junio
de 2002, de esta misma Sala de Revisión, examinó estos mismos hechos, en 76
expedientes que fueron acumulados. Los hechos, en aquella providencia, fueron
presentados por los actores en un formato igual al de los expedientes que se
analizan ahora.
a) Hechos.
Los actores señalaron que en cumplimiento
del artículo 14 de la ley 100 de 1993, la entidad venía reajustando el primero
de enero de cada año, la mesada en los términos de ley y pagando la totalidad
del monto pensional, previo descuento del 5% para salud, conforme a los
términos estipulados en la convención colectiva de trabajo.
Sin embargo, en el mes de diciembre de
2001, de manera arbitraria e ilegal y sin justificación alguna, la entidad
demandada dejo de pagar el 100% de la pensión legalmente reconocida, disminuyó
el monto de las mesadas en distintos porcentajes, e incrementó el porcentaje
señalado como aporte para salud, desconociendo lo estipulado en la convención
colectiva. Consideran que esta situación es discriminatoria, pues a quienes se
pensionaron con anterioridad al año de 1994, se les viene cancelando su mesada,
sin mas descuento que el 5% establecido para la salud.
b) Las demandas de tutela.
En términos generales, los actores
solicitan la protección rápida y eficaz de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social y a la igualdad, por medio de una orden que
permita el pago completo de sus mesadas pensionales.
c) Trámite de las acciones de tutela.
Una vez admitidas las acciones de la
referencia, los distintos despachos judiciales, ordenaron su notificación a la
entidad demanda.
En respuesta dada por el interventor y
representante legal de la Fundación San Juan de Dios, al contestar las acciones
de tutela se argumentó que debido a la difícil situación de la Fundación, la
Superintendencia Nacional de Salud mediante resolución 1933 de 21 de septiembre
de 2001, decretó la intervención administrativa total. En dicha resolución de
dejó puntualizado que al año de 1999, la Fundación tenía 2607 trabajadores
activos, los cuales implicaban gastos mensuales por cerca de $2500 millones de
pesos, de igual manera se contaba con 1476 pensionados.
Sin embargo, en la actualidad de acuerdo
con la información remitida por el departamento Financiero del Hospital, a
junio de 2001 éste contaba con 1393 empleados con los cuales se tiene una deuda
por cerca de $48.000 millones
Tanto los empleados como los pensionados se
encuentran amparados por la convención colectiva. Los trabajadores de las
Instituciones hospitalarias que se vincularon a la Institución antes del 31 de
diciembre de 1993, son beneficiarios del Fondo Pasivo Prestacional, pero
aquellos que se vincularon en fecha posterior no hacen parte del beneficio del
pasivo prestacional, aunque si están cotizando desde 1995 para salud y
pensiones.
En cumplimiento del artículo 33 de la ley
60 de 1993 y el decreto 530 de 1994 se suscribió un contrato de concurrencia
entre el Ministerio de Salud, el Distrito Capital y la Fundación, con el objeto
de garantizar el pago de la deuda prestacional, causada o acumulada a 31 de
diciembre de 1993, por concepto de cesantías y reserva para pensiones de
jubilación, cuya obligación se atribuya a la Nación. De acuerdo con información
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud del
Distrito Capital, los aportes de éstas entidades para el pago de la deuda
prestacional fueron realizados en su totalidad entre los años de  1995 y 2000.
Con relación a los casos concretos, afirma
que la disminución en el monto de la mesada es eminentemente transitoria y
operara solamente durante el lapso dentro del cual la Fundación carezca de
recursos para pagar los aportes al convenio de concurrencia, de manera tal que
en un futuro próximo superadas las dificultades financieras a los accionantes
se les deberá cumplir la diferencia no pagada.
Finalmente, señaló que los demandantes
reciben una suma superior al valor del salario mínimo legal mensual vigente, es
decir reciben mas del mínimo vital, razón por la que consideró que existen
otros mecanismos de defensa judicial para obtener el pago de lo adeudado,
solicitando se declaren improcedentes las tutelas incoadas.
d) Resumen de las sentencias de primera y
de segunda instancia, de los expedientes que se revisan.
De los casos objeto de revisión, conocieron
despachos judiciales diversos. Para una mayor compresión de su decisión, se
individualizarán los datos esenciales de las nueve (9) acciones de tutela
interpuestas en contra de la Fundación San Juan de Dios de Bogotá, a las que ha
de referirse esta providencia en el siguiente cuadro.
Expediente
Demandante
Descuento
Juez De 1ª Instancia
Decisión
Juez De 2ª  Instancia
Decisión
T-600776
Martha Jannette Lozano Zambrano
-29% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
4, Subsección B
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A
REVOCA
T-600777
Nora Alba Piernagorda Martínez
-33%Mesada
+12Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
4, Subsección A
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Primera
REVOCA
T-600781
Ofelia Luna Riaño
-17% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
2, Subsección A
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A
CONFIRMA
T-600804
Celia Cruz Gómez
-15% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
2, Subsección A.
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección Quinta.
CONFIRMA
T-600805
Lucila García González.
-38% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
2, Subsección D
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A
REVOCA
T-600806
Marlene Patricia Nieto Ramírez
-65% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
1, Subsección B
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección Primera
CONFIRMA
T-600809
Ana Janey Lozano Bermúdez
-83% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
2, Subsección D
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Quinta
REVOCA
T-600811
Martha Isabel Silva Contreras
-26% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
2, Subsección D
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Segunda
Subseccion A
REVOCA
T-600828
Clara Consuelo Sánchez Avellaneda
-25% Mesada
+12% Salud
Tribunal Admtvo de Cundinamarca. Sección
3, Subsección B
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección Tercera
CONFIRMA
- En los expedientes T-600776, T-600777,
T-600805, T-600809, T-600811, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de sus diferentes
secciones y subsecciones, al conocer en primera instancia consideraron que los
actores adquirieron mediante resolución el derecho a recibir en forma puntual y
completa el pago de su pensión de jubilación, sin mas descuento que el 5% estipulado
en la convención colectiva. Por tanto, los descuentos hechos de manera
unilateral  por parte de la entidad demandada, implican el menoscabo de la
situación familiar, personal y social de los pensionados.
En consecuencia, el Tribunal concedió
la protección del derecho al mínimo vital y ordenó al representante legal e
interventor de la Fundación San Juan de Dios que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, inicie los trámites tendientes a efectuar la liquidación y
pago del porcentaje disminuido a los actores a partir del mes de diciembre de
2001.
Por otra parte, en los expedientes
T-600781, T-600804, T-600806, T-600828, otras secciones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, decidieron en primera instancia denegar
la protección de los derechos de los actores, al considerar que los demandantes
no pertenecen al grupo de las personas de la tercera edad, presupuesto
indispensable y básico para conceder la acción de tutela, por lo que pueden
iniciar la acción ejecutiva laboral para recuperar el pago completo de sus
mesadas pensionales.
- En segunda instancia, las secciones
primera, segunda, tercera y quinta del Consejo de Estado decidieron revocar
las decisiones que venían concedidas en primera instancia y confirmar en
términos generales las acciones de tutela que fueron denegadas.
De manera general, se argumentó que la
acción de tutela procede como mecanismo judicial extraordinario para obtener el
pago de mesadas atrasadas, cuando se demuestra que constituyen la única fuente
de ingresos, para subvenir las necesidades básicas de manutención en
condiciones de dignidad y justicia y que por su falta de pago, compromete en
forma grave el mínimo vital del pensionado. Por tanto, el ad quem, señaló que
en los casos concretos, la situación de crisis por la que atraviesa la
Fundación, impide una orden en su contra, a fin de que se cancelen las sumas
debidas, pues no es dable obligar a nadie a hacer lo que es materialmente
imposible.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del decreto
2591 de 1991.
2. Lo que se debate. Reiteración de
jurisprudencia.
Los nueve expedientes bajo estudio
corresponden a acciones de tutela presentadas por pensionados de la Fundación
San Juan de Dios, a quienes de manera unilateral se les ha ido descontando,
indistintamente un porcentaje en el pago de su mesada pensional, a su vez, les
fue incrementado el porcentaje que se descontaba como aporte para salud, sin
tener en cuenta que de conformidad con lo estipulado en la convención colectiva
del trabajo, este solo puede ser del 5% .
Como se mencionó en los antecedentes, esta
misma acción de tutela, con actores distintos, fue examinada por esta
Corporación y por esta misma Sala de Revisión, en la sentencia T-471 de 18 de
junio de 2002.
Como todas las consideraciones hechas en
aquella ocasión son completamente válidas ahora, se transcribirán, y la
decisión en la sentencia bajo estudio, necesariamente, será coherente con lo
allí dicho.
3. Consideraciones de la sentencia T-471 de
2002:
“Tercera. El pago de las mesadas
pensionales, se constituye en un derecho de los pensionados y no puede
disminuirse o desconocerse, aún cuando la entidad encargada de hacerlo alegue
estar en déficit presupuestal.
3.1. Son numerosas
las providencias emitidas por las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional en donde se ha analizado, el cese o mora en el pago de salarios
o mesadas pensionales, por entidades de naturaleza publica o privada.
Ha sido criterio
constante de esta Corte, argumentar que en tratándose de la prolongación o
desconocimiento de las mesadas pensionales, si bien los diferentes mecanismos
ante la jurisdicción ordinaria laboral o contenciosa administrativa, podrían
considerarse idóneos o eficaces, someter a su trámite a los pensionados
resultaría desproporcionado y no guardaría equilibrio con los principios que
rigen el Estado de Derecho y con la protección misma de los derechos que por
esta omisión se consideran vulnerados.
3.2. Así, proteger
los derechos del pensionado, para la Corte se constituye en un derecho de
aplicación inmediata, pues se trata de la protección de personas cuya edad hace
incierta una virtual vinculación laboral y su desconocimiento compromete la
dignidad del titular, como quiera que el pensionado depende de la pensión para
satisfacer sus necesidades básicas.
“razones de
justicia material llevaron al constituyente a vincular al Estado con la
garantía de la dignidad de quienes, al término de su vida laboral, luego de
contribuir con su trabajo a la construcción de la riqueza nacional, merecen de
la sociedad, no sólo un justo reconocimiento sino una pensión equivalente a un
porcentaje de su salario, para asegurar una vejez tranquila. Frente a este
derecho, el Estado debe actuar con toda energía y prontitud, de manera tal que
quienes han adquirido, en virtud de su edad y años de trabajo, una
pensión de jubilación o vejez, no se vean, ni siquiera transitoriamente,
desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio Estado o de
los particulares que por ley estén obligados a asumir la prestación social”.
(Sentencia T-299 de 1997
M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz)
3.3. Entonces, el
derecho pensional debe entenderse como un derecho que lleva consigo el pago
integro de la pensión previamente reconocida a través de un acto
administrativo. Lo que quiere decir, que toda conducta que tienda a su
desconocimiento, va en contra de la protección que adquiere quien tiene el
status de pensionado.
La procedencia de la
acción de tutela, en estos casos no puede limitarse a que se demuestre la
vulneración del mínimo vital, una edad avanzada o un perjuicio irremediable,
pues los pensionados, por la simple condición de haber adquirido este status,
tienen derecho a que se respete su nueva condición de vida, y esto implica el
pago oportuno y completo de las mesadas reconocidas.
3.4. La existencia
de otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral
o contenciosa administrativa, no hace que sea improcedente la acción de tutela,
ya que puede decirse que ningún otro mecanismo de defensa judicial, sería tan
eficaz e idóneo cuando de proteger los derechos del pensionado se trata, pues
ellos son personas que después de haber cumplido los requisitos para acceder en
forma legal al reconocimiento de su pensión, el pago que reciben de su mesada
garantiza sus condiciones de vida al constituirse en su única fuente de
ingresos. (ver sentencias T- 246 de 1992, T-063 de 1995; 437 de 1996, T- 01,
T- 087, T-273  de 1997, T- 11, T- 75 y T-366 de 1998, entre otras).
3.5. De igual
manera, ha sido criterio reiterado de esta Corporación, el señalar que la
crisis económica o presupuestal que pueda sufrir una entidad pública o privada,
no la exime de su principal obligación como empleadora: pagar oportunamente las
mesadas pensionales a que esté obligado (sentencias T-323 de 1996; T-124; T-171
y T-234 y 299 de 1997, T-399 de 1998, T-08,  T-020 y T-106 de 1999, entre
otras). Ni aún en aquellos eventos en que estas crisis no sean producto de la
negligencia o desidia de los llamados a responder (sentencia T-259 de 1999),
pues lo que se busca es la defensa de los derechos y no la definición de las
responsabilidades.
Dentro de este
contexto y siguiendo los parámetros hasta aquí expuestos, la Sala entra a
analizar los setenta y seis (76) casos objeto de revisión.
Cuarto. De los casos objeto de
revisión.
4.1. La Fundación
San Juan de Dios, viene presentado desde hace cinco años un alarmante deterioro
financiero. Desde el mes de septiembre de 2001, la situación de la entidad se
tornó tan traumática que la Superintendencia Nacional de Salud, decretó la
intervención administrativa total de la misma.
La ley 60 de 1993,
creó el Fondo Pasivo Prestacional para el Sector Salud como mecanismo de
financiación que cubriría las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral
por pensiones de jubilación causado hasta el 31 de diciembre de 1993. Para el
caso de la Fundación se suscribió un convenio mediante el cual el Ministerio de
Salud, la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación San Juan de Dios, a
través de sus hospitales concurrirían con aportes para atender el monto de las
mesadas pensionales causadas hasta el 31 de diciembre de 1993. Así, el Fondo
Pasivo Prestacional para el Sector Salud se alimenta de recursos del Estado y
de las entidades prestatarias de los servicios de salud.
La Nación y el
Distrito Capital han dado estricto cumplimiento a los giros del Pasivo
Prestacional, no así la Fundación San Juan de Dios, la cual registra en la
actualidad la cantidad de $18.853.384.269 como monto de la concurrencia debido
a la deficitaria situación económica.
4.2. Para el
interventor, la solución a esta situación, al evidenciar que la Fundación San
Juan de Dios no estaba cumpliendo con los  giros de dinero de que tratan los
contratos de concurrencia y sabiendo que los dineros que conforman el Fondo del
Pasivo Prestacional para los empleados y pensionados de la Fundación en sus
reservas contempla dineros oficiales, fue  impartir “diversas directrices para
la ordenación del gasto”, entre ellas disminuir el 100% de la mesada pensional
al considerar que ante la inexistencia de dineros por parte de la Fundación no
le es dable cubrir la totalidad del porcentaje.
4.3. En sentencia
T-307 de 2001[1], esta misma Sala
de Revisión, estudió diversas acciones de tutela presentadas por los
pensionados de la Fundación San Juan de Dios, a quienes se les adeudaba por
varios meses el pago completo de sus mesadas pensionales. En esa oportunidad,
la Sala previno al representante legal de la Fundación San Juan de Dios de
Bogotá, para que junto con el Ministerio de Salud y el Fondo Pasivo
Prestacional del Sector Salud,  asuma de manera permanente los
correctivos a fin de evitar la falta de disponibilidad de recursos que impida
el cabal cumplimiento de sus obligaciones pensionales, a efectos de que no
vuelva a incurrir en las omisiones ilegítimas que permanentemente comprometen
el mínimo vital de los pensionados.
4.4. Ahora, en los
casos objeto de revisión, bajo el argumento de dar “poco a todos y no todo a
unos pocos” la solución del interventor de la Fundación San Juan de Dios,
fue disminuir de manera arbitraria e ilegal el porcentaje de las mesadas
pensionales y aumentar el porcentaje de las cotizaciones en salud.
La disminución en el
monto pensional (ver cuadro) va en porcentajes que oscilan entre el 88% al 4% y
el incremento para la salud entre el 12% al 7%, hecho que desconoce lo
estipulado en la convención colectiva del trabajo y las respectivas
resoluciones mediante las cuales se reconoció el derecho pensional a cada
demandante, pues la disminución para el aporte en salud esta estipulada
únicamente en el 5%.
Esto significa que
los pensionados de esta Institución, continuarán privados de recibir el pago
completo de sus mesadas pensionales, lo que constituye un claro desconocimiento
de los derechos mínimos de éstos, pues quedan expuestos a que en un término no
definido, continúen recibiendo solo el pago parcial de sus mesadas, hasta que
se considere superada la crisis, o lo que peor, puede suceder que la crisis se
agrave y el porcentaje descontando sea cada vez mayor.
4.5. Queda claro
para esta Corporación, que la Fundación San Juan de Dios prestadora de servicio
público de salud en el hospital del mismo nombre, en forma que riñe con la
propia filosofía del Estado Social de Derecho se encuentra cerrada, de manera
que los sectores de la población, generalmente de pocos recursos económicos que
a él acudían se han visto seriamente afectados, lo mismo que sus trabajadores
activos y pensionados, en cuanto hace al pago de salarios y prestaciones
sociales, lo que significa que el asunto sometido a conocimiento de la Corte en
esta acción de tutela no es aislado de la situación descrita, la cual, a juicio
de la Corte exige un reexamen por parte de las autoridades públicas que en la
órbita de sus funciones permita la prestación del servicio de salud por una
Institución Hospitalaria que atienda las necesidades sociales que antes atendía
la Fundación San Juan de Dios, su adecuado funcionamiento administrativo y
financiero, para cumplir con uno de los objetivos del Estado Social de Derecho,
cual es el del servicio de salud y la seguridad social.
Las razones para
efectuar estos descuentos, como ya se dijo, la sustenta el liquidador en la
“situación de crisis” por la que atraviesa la Institución, pero mas allá de la
crisis que pueda existir, se pregunta esta Sala, ¿debe soportar este déficit el
pensionado?.
La respuesta a este
interrogante encuentra su fundamento en la propia Constitución, artículo 53 que
reconoce el derecho de los pensionados a recibir el pago puntual y el reajuste
periódico del monto de su pensión.
Además, ha sido
doctrina constitucional proteger sus derechos, por encima de la crisis
económica o presupuestal en que puedan estar incurso las entidades encargadas
de su pago, como es en este caso la Fundación San Juan de Dios (ver punto 3.5
de esta providencia), pues se reitera “las circunstancias mismas de carácter
económico por las que atraviesa el país y que se esgrimen para justificar el
incumplimiento en el pago de las mesadas pensionales,  deben ser tenidas  en
cuenta y evaluadas por el juez constitucional para reivindicar la importancia
que para el individuo pensionado tiene, en esa misma perspectiva,  el recibir
en tiempo ésta. Afirmar, por ejemplo, que si el pensionado al que no se le paga
su mesada desde hace varios meses no pertenece a la tercera edad, puede acudir
al ejecutivo laboral para obtener el pago de lo adeudado,  negándosele el
amparo de sus derechos porque su edad hace presumir que no se encuentra ante un
perjuicio irremediable,  o que aún puede soportar el coste de un proceso porque
puede obtener recursos a través de otras fuentes, incluso por medio de otro
empleo, es desconocer que hoy, en el país, existen mínimas posibilidades para
que una persona, cualquiera que sea su edad, pueda encontrar una ocupación o
fuentes diversas que le prodiguen un digno sostenimiento. Basta mirar los
últimos índices de desempleo, en los que se pone de presente que independiente
de la edad laboral, la demanda ha disminuido y la tasa de desempleo ha
aumentado, hecho que en si mismo hace fácil presumir que si para aquellas
personas que comienzan la vida laboral se hace dificultoso ubicar un plaza
laboral, cómo lo será para aquellas que si bien no están en lo que se ha
denominado “tercera edad”, resultan excluidas tácitamente del mercado laboral,
simplemente porque no se les tiene en cuenta, en razón a la edad misma”.
(Sentencia T-606 de 1999)
4.6. Por tanto, no
es válida constitucionalmente ninguna argumentación que permita como solución a
una época de crisis descontar en un porcentaje el monto de la pensión
previamente reconocida, tampoco puede afirmarse que por recibir el pago parcial
de la mesada pensional que en muchas ocasiones es mas que el mínimo legal, no
se está afectando el mínimo vital del pensionado, ha de tenerse en cuenta que
los demandantes laboraron y cumplieron los requisitos para acceder a la
pensión, el monto y el pago de este derecho fue reconocido previamente de
conformidad con la ley, y no se puede por una situación apremiante desconocerse
o descontarse en el porcentaje que de manera arbitraria considere el
Interventor de la Fundación, pues no existe ningún supuesto que justifique
cuanto se debe pagar o hasta donde debe pagarse.
En consecuencia, el
derecho a recibir la pensión es un derecho que se adquiere por cumplir una
serie de condiciones y requisitos y el porcentaje al que se ha accedido de
conformidad con estos requisitos, no puede ser cambiado en detrimento del
pensionado.
4.7. Asimismo, nota
esta Sala que los jueces de instancia, no se detienen a analizar cada situación
en particular, incluso, existen fallos contradictorios desconociendo el derecho
a la igualdad de quienes se encuentran en una misma situación y sin embargo,
reciben de un mismo juez constitucional una decisión diferente, en razón a la
división de secciones o salas, por ejemplo la sección cuarta del Consejo de
Estado, es la única que concede la protección de los derechos reclamados, pese
a que los supuestos de hecho que originaron las acciones de tutela presentadas
ante la sección primera y la sección tercera son iguales.
Igualmente, la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en dos ocasiones, y sin mayores
consideraciones protegió los derechos de los demandantes (expediente
T-581938 y T-582342), cuando la mayoría de sus decisiones se encaminaron a
negar el amparo solicitado. Sobre este aspecto, cabe recordar que la
Corte ha dicho que la división de una Corporación en salas o secciones no es
razón suficiente para que admitan fallos diversos frente a supuestos de hechos
sustancialmente iguales. (sentencias T-125 de 1993, C-036 de 1996, C-447 de
1997, T-321 de 1998, y T-606 de 1999  entre otros).
4.8. Por otra parte,
el porcentaje descontado a un demandante es del 88% (expediente T-584068),
lo que significa que la suma que se cancela no es ni siquiera la mitad de la
suma a la que se tiene derecho, por haber sido previamente reconocida, aquí
además de ponerse en peligro la vida y la integridad de quienes se hallan
sujetos a estos pagos para subsistir, es un tercero quien decide en forma
arbitraria cuanto le paga a cada pensionado, suponiendo que mientras se cancele
el salario mínimo legal esa persona tendrá lo suficiente para subsistir.
En el expediente T-585371,
quien reclama la protección de los derechos pensionales es un enfermo de sida
que posee una pensión de invalidez, a la que se le descuenta el 26%. En este
caso, el juez de conocimiento simplemente niega la protección de los derechos,
sin analizar que esa persona afirma necesitar el pago completo de su pensión
para cubrir los gastos que su enfermedad demandan.
En general, puede
decirse que existe una vía de hecho, al descontar el monto pensional, por
cuanto se está incumpliendo el acto administrativo que ordenó su reconocimiento
a cada demandante al ser modificado, al arbitrio del interventor su contenido
para cada pensionado, sin considerar que todos y cada uno de los pensionados se
encuentra en una situación de inferioridad, frente a esta conducta, pues no es
de recibo que se descuente el monto de una pensión legalmente reconocida.
4.9. Estos hechos,
hacen necesario exhortar al Gobierno Nacional, para que en el ámbito de sus
competencias y de conformidad con la ley, adopte las decisiones necesarias para
procurar la prestación de un servicio de salud por una Institución
Hospitalaria, que atienda las necesidades sociales que antes atendía el
Hospital San Juan de Dios, poniendo en marcha las correspondientes acciones y
políticas, para la prestación del servicio de salud, sin desconocer los
derechos de los trabajadores activos y pensionados de la Institución.
Por las razones
expuestas, habrán de revocarse las decisiones proferidas por el Juzgado 29
Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado
64 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá,
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Civil y Consejo de Estado que denegaron la protección de los derechos
fundamentales invocados.
En su lugar, se
concederá la protección de los derechos de los demandantes en el sentido de
ordenar a la Fundación San Juan de Dios, y a la Superintendencia de Salud, a
través de su representante, o a quien haga sus veces que en el término máximo
de dos (2) meses, siguientes a la notificación de este fallo, inicie los
trámites y gestiones necesarios para obtener los recursos que permitan
garantizar el pago del 100% de la mesada pensional, a las que puedan tener
derecho los actores en el futuro, menos el descuento para la salud previamente
estipulado.
De igual manera, se
confirmaran las decisiones proferidas por el Juzgado 9 Penal del Circuito de
Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial, Sala Civil y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que
concedieron la protección de los derechos reclamados, pero la orden emitida
será igual para todos los casos, no como en algunas ocasiones lo consideró
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (expedientes T-582578, T-582579, y
T-582581) en forma transitoria,  ordenando el pago completo únicamente de la
mesada correspondiente al mes de diciembre de 2001 (expediente T-585416).
La decisión
proferida por esta Corporación será la de proteger los derechos reclamados en
los 76 casos objeto de revisión y ordenar a la Fundación San Juan de Dios, a
través de su representante, o a quien haga sus veces que en el término máximo
de dos (2) meses, siguientes a la notificación de este fallo, inicie los
trámites y gestiones necesarios para obtener los recursos que permitan
garantizar el pago del 100% de la mesada pensional, a las que puedan tener
derecho los actores, menos el descuento para la salud previamente estipulado.” (
Sentencia T-471 de 2002, M.P., dr. Alfredo Beltrán Sierra).
En los nueve procesos bajo estudio, una vez
mas la Fundación San Juan de Dios, desconoce los derechos de los demandantes
descontándoles el pago de su mesada pensional en porcentajes que van desde el
83% al 15%, sin tener en cuenta que el monto de la pensión debe ser pagada de
conformidad con cada acto administrativo que ordenó su reconocimiento, es decir
sin mas deducciones que las previamente estipuladas.
Por consiguiente, la Sala considera que la
orden que se proferirá para estos casos, debe ser igual a la dada en la
sentencia transcrita, por ser igual la situación, razón por la que se revocarán
las decisiones objeto de estas acciones de tutela, y se concederá la protección
de los derechos invocados.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero: REVÓCANSE las sentencias proferidas por la Sección
Primera, Segunda, Tercera y Quinta del Consejo de Estado, a que se refieren los
expedientes, radicados en esta Corporación bajo los números T-600776, T-600777,
T-600781, T-600804, T-600805, T-600806, T-600809, T-600811 y T-600828, que
denegaron la protección de los derechos fundamentales invocados, en las
acciones de tutela interpuestas en contra de la Fundación San Juan de Dios y/o
la Superintendencia de Salud.
Segundo: En su lugar, CONCÉDASE la protección de los
derechos de los demandantes y ORDENASE a la Fundación San Juan de Dios,
y a la Superintendencia de Salud, a través de sus representantes, o a quien
haga sus veces que en el término máximo de dos (2) meses, siguientes a la
notificación de este fallo, inicien los trámites y gestiones necesarios para
obtener los recursos que permitan garantizar el pago del 100% de la mesada
pensional, a las que puedan tener derecho los actores en el futuro, menos el
descuento para la salud previamente estipulado.
Tercero: EXHÓRTESE al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Salud  para que en el ámbito de sus competencias y de conformidad
con la ley, adopte las decisiones necesarias para procurar la prestación de un
servicio de salud por una Institución Hospitalaria, que atienda las necesidades
sociales que antes atendía el  Hospital San Juan de Dios, poniendo en marcha
las correspondientes acciones y políticas, para la prestación del servicio de
salud, sin desconocer los derechos de los trabajadores activos y pensionados de
la Institución.
Cuarto: ENVÍESE copia de este fallo a las autoridades mencionadas en
el numeral anterior.
Quinto: Por Secretaría General líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de al Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. doctor Alfredo
Beltrán Sierra. (Sala Segunda de Revisión)