T-318-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-318/04
PROCESO
DE PERTENENCIA-Existencia
de maniobra fraudulenta por haber dirigido demanda contra persona fallecida
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACCIONES U OMISIONES JUDICIALES-Procedencia
VIA DE
HECHO-Clases de defectos
La jurisprudencia ha indicado en varias oportunidades los casos excepcionales
en que el amparo procede la acción de tutela, indicando que se configura una
vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o
defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la
decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
procedimiento establecido. En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de
poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial.
PROCESO
DE PERTENENCIA Y RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-No se podía desestimar recurso con el
argumento que el cargo se estructuraba bajo otra causal
El
Tribunal omitió estudiar si en la demanda de pertenencia se habían realizado
voluntariamente declaraciones falsas, que, a su vez, modificarían el sentido de
la sentencia declarativa. Igualmente, no valoró expresamente las pruebas que se
aportaron al respecto. Por ejemplo, la sentencia que declaró infundado el
recurso de revisión no se detuvo a analizar la afirmación según la cual la
demandante en ese proceso, sí estaba enterada de la muerte de la propietaria
del inmueble. Por las razones anteriores, la Corte estima que la sentencia
dictada por el Tribunal Superior, incurrió en una vía de hecho por defecto
fáctico pues omitió valorar un hecho determinante acerca del eventual fraude
cometido por la demandante y prefirió “con excesivo rigorismo”, como la
advierte la propia Corte Suprema de Justicia –Sala Civil, desestimar el recurso.
PROCESO
DE PERTENENCIA-Al
concluirse que la demanda se basó en afirmaciones falsas juez debe vincular al
proceso a los propietarios del inmueble
Esta Corporación estima que en el caso
en el que se llegare a concluir que la demanda de pertenencia estuvo basada en
afirmaciones fraudulentas, el juez debe vincular al proceso a los propietarios
del inmueble. Obsérvese que el artículo 384 precitado señala que el juez debe
volver a dictar la sentencia “que en derecho corresponde.” De lo anterior se
deduce, que, en virtud del derecho de defensa y contradicción, el juez debe
vincular a las personas que considere se verán afectadas con la decisión
judicial. Por lo tanto, con el procedimiento mencionado el accionante de tutela
sí vería sus derechos protegidos.
Referencia:
expediente T-841910
Acción de tutela instaurada por John Jairo
Reid Roca contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla.
Magistrado Ponente:
Dr.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo
de dos mil cuatro (2004).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia del 11 de
diciembre de 2003, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, al resolver la acción de tutela instaurada por Jhon Jairo
Reid Roca contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. El Sr. John Jairo Reid Roca, accionante en el
presente proceso de tutela, dice ser el legítimo propietario de una casa y un
lote en el Municipio de Soledad (Atlántico), en vista de que es el único
heredero de su madre, Balbina Esther Roca Torres, quien falleció el 5 de
diciembre de 1992. Mientras el accionante cumplía la mayoría de edad, su
curador definitivo fue su abuelo materno, Hipólito Roca Roa.
1.2. Los bienes mencionados fueron arrendados por el
Sr. Roca Roa, mediante un contrato verbal con Néstor Federico Colina Varela,
celebrado el 3 de enero de 1993.
1.3. Dado que el arrendatario incumplió el pago de
varios cánones de arrendamiento, el Sr. Roca Roa instauró el 20 de septiembre
de 1995, demanda de restitución del inmueble. El día 3 de marzo de 1997, el
Juzgado Segundo Municipal de Soledad declaró terminado el contrato de
arrendamiento y ordenó al Sr. Colina Varela restituir el referido inmueble.
1.4. El 13 de febrero de 1996, momento en el cual se
encontraba en curso el proceso ordinario de restitución del inmueble, la Sra.
Nidia Isabel Sierra de Colina, cónyuge del Sr. Colina Varela, instauró ante el
Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, demanda de pertenencia por
el mismo bien. En la demanda, la Sra Sierra de Colina sostuvo (i) que había
sido poseedora de la casa durante el tiempo suficiente para declarar su
prescripción adquisitiva y (ii) que la demanda versaba sobre una vivienda de
interés social. Además, el abogado apoderado de la demandante afirmó que
desconocía la dirección residencial del propietario del inmueble. Durante el
proceso de pertenencia, el juez recibió declaraciones de dos personas, quienes
afirmaron que la Sra Sierra de Colina poseía el inmueble desde hacía más de
siete años.
1.5. Mediante sentencia proferida el día 29 de abril
de 1997, el Juez Noveno del Circuito de Barranquilla declaró la pertenencia del
inmueble a favor de Nidia Isabel Sierra de Colina.
1.6. El día 28 de enero de 1998, por medio de
apoderado judicial, Hipólito Roca Roa, curador definitivo del accionante,
interpuso, ante el Tribunal Superior de Barranquilla, recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 29 de abril de 1997. El recurrente solicitó
que se declarara la nulidad de la sentencia de pertenencia, con fundamento en
la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, referente a la
existencia de colusión o maniobras fraudulentas en la actuación de una de las
partes. Afirma que la demandante en el proceso de pertenencia sabía
perfectamente cómo ubicar a los propietarios de la casa, pues, además de estar
tramitándose en ese momento un proceso de restitución del mismo inmueble contra
su esposo, ésta había residido durante varios años en un lugar contiguo a la
vivienda de Balbina Esther Roca Torres, madre difunta del accionante. Además,
el recurrente sostiene que los testimonios fueron falsos.
2. Sentencia cuya declaración de vía de
hecho se solicita.
Por medio de sentencia proferida el día 29 de mayo de
2003, la Sala Segunda Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla,
declaró infundado el recurso de revisión.
El Tribunal consideró que, en razón a que el recurso
extraordinario de revisión está “subordinado a específicas
causales establecidas como un criterio limitante” y no puede servir como un mecanismo para “enmendar situaciones que hubieren podido evitarse por una gestión
oportuna y eficaz de la parte afectada.”[1]
Después de citar los criterios establecidos por la
Corte Suprema de Justicia para distinguir los casos en los cuales existe
colusión o maniobra fraudulenta[2],
el Tribunal estimó que
“[a]l analizar el
memorial de la demanda, (…) se establece que el demandante no está alegando
‘colusión’ entre las partes intervinientes en el proceso incial, sino la
realización de unas maniobras fraudulentas unilateralmente realizadas por la
allí demandante, señora Sierra de Colina, para llevar a engaño al juez del
conocimiento o para obtener la sentencia proferida en su favor, las cuales
consistirían en:
1. El haber
alegado que el inmueble objeto de la pertenencia tenía la calidad de vivienda
de interés social sin cumplir los requisitos legales correspondientes.
2. Al indicar
al juzgado del conocimiento que desconocían el domicilio de Balbina Roca Torres
cuando realmente sabían de la muerte de ésta y de la existencia de su heredero,
el menor a nombre del cual se instaura el presente proceso[3].
3. El haber instaurado ese proceso de
pertenencia a espaldas del proceso de restitución que cursó ante el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Soledad y a sabiendas de la existencia del mismo.
Al comparar cada una
de ellas con lo antes planteado se tiene:
1. La calidad de
vivienda de interés social alegada sobre el inmueble es un aspecto procesal que
debió ser analizado y controvertido al interior del proceso de pertenencia
antes mencionado y sobre el cual el funcionario de conocimiento tenía las
oportunidades y facultades para entrar a establecer o no la existencia de la
calidad en particular; por lo cual, no es procedente que esta circunstancia sea
válidamente planteada como maniobra fraudulenta; adicionalmente no fue
acreditado en este expediente lo contrario.
2. Si bien la señora
Balbina Roca Torres había fallecido con anterioridad a la instauración del
proceso de pertenencia antes mencionado y por ello no podía ser citada como
demandada al mismo y que ello implica una irregularidad con relación a la falta
de vinculación, en su lugar, a sus herederos incluyendo al ahora demandante,
tal circunstancia no puede ser considerada como una maniobra fraudulenta al
tenor del numeral 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, por
cuanto está expresamente consagrada como una causal independiente en el numeral
7º del mismo artículo y como tal debía ser enunciada en la demanda que se
formuló en esta oportunidad, lo cual no efectuó el apoderado del demandante.
Tal omisión, impide a esta Sala de Decisión entrar a considerar esos supuestos
de hecho para invalidar la sentencia del Juzgado Noveno Civil del Circuito.
3. No se acreditó en
este asunto que de forma personal la señora Nidia Sierra de Colina conociera la
existencia del proceso de restitución contra el señor Néstor Colina Varela
antes mencionado y en todo caso la formulación por si misma del proceso de pertenencia,
así éste hubiere sido iniciado después de ese proceso no constituye una
maniobra fraudulenta; y por el contrario, se aprecia que este señor Colina al
contestar esa demanda y proponer los recursos contra el auto admisorio de la
misma, en sus memoriales recibidos en febrero 27 de 1996, puso en conocimiento
del Juzgado Segundo Promiscuo de Soledad la existencia de la demanda de
pertenencia instaurada en ese mismo mes de febrero de 1996; situación que
permitía que el ahora demandante hubiera tenido conocimiento oportuno de la
existencia de ese proceso de pertenencia.
Por las razones
antes mencionadas ha de considerarse infundado el recurso de revisión propuesto
a través de la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.”[4]
3. Acción
de tutela, intervenciones y sentencias objeto de revisión.
3.1. El día
21 de octubre de 2003, John Jairo Reid Roca interpuso acción de tutela por
considerar que en la sentencia proferida el 29 de mayo de 2003 por el Tribunal
Superior de Barranquilla se había configurado una vía de hecho, la cual,
vulneraba sus derechos a la igualdad, a la personalidad jurídica, y al debido
proceso, específicamente a la defensa y contradicción.
El accionante
considera que no es posible que la demandante en el proceso de pertenencia
fuera poseedora del inmueble, en vista de (i) todas las actuaciones judiciales
en las que ella o su marido se habían visto involucrados a raíz del
arrendamiento de la casa, (ii) su relación social permanente con el accionante
de tutela propietario quien vivía en la casa vecina, y (iii) el hecho de que la
Sra Sierra de Colina estaba enterada de la muerte de la propietaria, pues había
asistido a su entierro. Por lo tanto, el Tribunal ha debido concluir que sí había
existido una maniobra fraudulenta en el proceso de pertenencia.
Adicionalmente,
afirma que, dado que en su condición de heredero no figuraba como propietario
del inmueble, nunca fue notificado del proceso de pertenencia en su contra.[5]
3.2. Alfredo de Jesús Castilla Torres,
Magistrado Ponente de la sentencia atacada en el presente proceso, intervino
para solicitar a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que denegara la
acción de tutela. El Magistrado argumentó que en la sentencia analizada no se
incurrió en una vía de hecho por las siguientes razones:
“[E]l recurso
extraordinario de revisión tiene unas particularidades especialísimas que
establecen una carga de técnica y redacción en el memorial de demanda, que
imponen al abogado accionado identificar la coincidencia entre las causales
legales invocadas y los sucesos fácticos que se alegan como soporte de la
decisión que se pretende en ese proceso.
Por ello, cuando el
apoderado correspondiente comete algún tipo de deficicencia en esa correlación
de causales y hechos, debe su cliente soportar las consecuencias adversas que
se derivan de esas circunstancias, puesto que el fallador no puede modificar lo
planteado en la demanda para corregirla y realizar la adecuación
correspondiente.
En el caso presente,
el único aspecto que fue fehacientemente probado en el expediente, fue el hecho
objetivo de la formulación de un proceso contra una persona después de acaecido
su fallecimiento, en lugar de dirigir esa demanda contra sus herederos, empero
que el apoderado no alegó la causal correspondiente a esa causal de nulidad
procesal.
A pesar de las
manifestaciones del apoderado en esa oportundiad, y de las actuales alegaciones
del accionante, no es procesalmente válido inferir que una persona tiene un
determinado conocimiento propio por las actuaciones relacionadas con su
cónyuge.”[6]
3.3. El día 7 de noviembre de 2003, la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió la acción de tutela contra
la providencia judicial atacada. Consideró que el Tribunal había omitido
considerar algunos elementos de juicio de los cuales podía concluirse la
existencia de una maniobra fraudulenta en la demanda de pertenencia. Se extraen
los siguientes párrafos de la sentencia de tutela de primera instancia:
“Es evidente que en
la demanda con la cual se interpuso el recurso extraordinario de revisión se
invocó como causal la sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil (…).
|| Sin embargo, como se lee en el fallo acusado, el Tribunal procediendo con
extremo rigorismo escindió la causal invocada cuando consideró que haber
instaurado el proceso de pertenencia contra una persona fallecida y no contra
sus herederos es una irregularidad que no puede ser considerada como maniobra
fraudulenta por cuanto está expresamente cosagrada como un motivo
independiente  de revisión en el numeral séptimo del mismo artículo. De esta
manera, con estrictez, cabe decir que sin más razonamiento que el acabado de
anotar, dejó de lado el estudio de ese hecho, cuando, bajo determinadas
circunstancias, es claro que puede ser constitutivo de maniobras fraudulentas,
a que se refiere la causal de revisión invocada.
Puesto que el
análisis del mencioando hecho invocado en la demanda de revisión, en el entorno
coyuntural en que se desarrolló, puede llegar a estructurar la causal 6ª del
artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, no haberlo hecho se convierte
en conducta que carece de fundamento jurídico y por tanto, es constitutiva de
vía de hecho atentatoria del derecho constitucional fundamental al debido
proceso.
En consecuencia, se
impone la prosperidad del amparo invocado para que el Tribunal amplíe su examen
sobre el hecho invocado de haber sido dirigida la demanda de pertenencia contra
la señora Balbina Esther Roca Torres cuando ya había fallecido, con miras a
determinar si del mismo resulta estructurada la causal 6ª del artículo 380 del
Código de Procedimiento Civil.” [7]
Por las razones anteriores, la Sala
ordena al Tribunal que “reexamine” el fallo de revisión, con el objetivo
de determinar si haber dirigido la demanda a una persona fallecida podía, en
dicho caso, consistir en una maniobra fraudulenta de acuerdo al numeral 6º del
artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.
3.4. Mediante escrito radicado el 24 de
noviembre de 2003, Alfredo de Jesús Castilla Torres impugnó el fallo de tutela
de primera instancia. El interviniente consideró que en la providencia dictada
el día 29 de mayo de 2003 no se había configurado una vía de hecho, pues se
había dado una aplicación correcta a las normas que regulan el recurso
extraordinario de revisión. El impugnante manifestó lo que se cita a
continuación:
“Nuestro legislador,
en concordancia con el contenido específico de cada una de las causales de
revisión consagradas en el artículo 380, procedió a definir el alcance de la
decisión que se puede tomar en cada caso, en sede de recurso de revisión, y la
establecida para el numeral 6º es completamente diferente y disímil con la que
se puede proferir cuando prospera el numeral 7º.
Para el primer caso,
indican los dos primeros numerales, del artículo 384, que de prosperar la
causal invocada de conformidad con el numeral 6º, el Tribunal procederá a
invalidar la sentencia recurrida para proferir la que corresponde, previo el
paso de ordenar la práctica de las pruabas que se omitieron por causa de esas
‘maniobras’; en cambio, para el caso del numeral 7º, se señala que se declarará
la nulidad del proceso, debe entenderse, para que el Juzgado del conocimiento
rehaga toda la actuación correspondiente.
Al intentar cumplir
lo ordenado en la sentencia impugnada y en el eventual caso, que la Sala decida
que puede prosperar por este aspecto la citada causal 6ª, no se adecúa a la
norma antes mencionada la posibilidad de retrotraer lo actuado para poder darle
al accionante la corrrespondiente oportunidad del término de traslado de la
demanda para que ejerza los medios de defensa que le corresponderían en su
oportundiad, lo que si tendría al tenor de la regulación específica de la
causal 7ª; consecuencialmente, el actor no obtendría, realmente, la cabal
protección del derecho que alega se le vulneró inicialmente en ese proceso de
pertenencia.”[8]
3.5. El día 11 de diciembre de 2003, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia porferida por
la Sala Civil y negó la acción de tutela de la referencia, bajo el único
argumento según el cual no pueden existir tutelas contra providencias
judiciales. La anterior sentencia fue remitida a la Corte Constitucional y
seleccionada para revisión por la Sala de Selección número dos, mediante auto
del día 5 de febrero de 2004, correspondiendo a la Sala Tercera de Revisión su
conocimiento.
II. Consideraciones y Fundamentos
1. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Reiteración de jurisprudencia,
procedencia excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones
judiciales
2.1. En el presente caso, la Corte se pronunciará
acerca de la discrepancia entre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, que concedió la tutela contra la sentencia demandada, y la Sala de
Casación Laboral, que decidió negar la solicitud de amparo por considerar que la
acción tutela es improcedente contra providencias judiciales. Al respecto, la
Sala de Revisión estima necesario reiterar lo abordado ampliamente por la
jurisprudencia constitucional, a saber: la acción de tutela sí procede contra
una providencia judicial en la que se configura una vía de hecho,
afectándose de manera grave los derechos fundamentales. Para esto, a
continuación la Sala de revisión insiste en lo dicho en la sentencia T-800A de
2002[9].
2.2. En la sentencia C-543 de 1992[10], citada como
precedente aplicable al caso por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, se estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12
del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de
tutela contra sentencias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar
inexequibles las disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el
principio de seguridad jurídica.
No obstante, la decisión de la Sala Plena de la Corte
Constitucional no fue absoluta, pues matizó sus efectos al prever casos en los
cuales, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente contra
actuaciones que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas,
en realidad implicaran una vía de hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la
sentencia C-543 de 1992,
“(…) nada obsta para
que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un per­juicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).   En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra
la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia.”
Esta decisión ha sido interpretada por la
jurisprudencia constitucional la cual ha venido desarrollando el tema. Así, en
la sentencia T-079 de 1993[11]
se consideró, con base en la sentencia C-543 de 1992 lo siguiente:
“Una actuación de la
autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control
constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
Carece de fundamento
objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley.
La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación
objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las
funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos
públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los
servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es
constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las
funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP
art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter
razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de
los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden
interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar
el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de
hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.”[12]
Las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de
constitucionalidad erga omnes, decide entonces aplicar en los casos
concretos el precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-543 de
1992. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia T-158 de 1993, en la que la
Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo de tutela
solicitado por el accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido
proceso al negar el recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente
en el Código de Procedimiento Civil.[13]
Al respecto también es preciso citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con
ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la
sentencia C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente,
“Siendo providencias
judiciales los actos contra los cuales se intentó la acción, se impone
verificar la procedencia de ésta, que no es general sino excepcional, a la
luz de las normas fundamentales.
(…)
Según la doctrina de
la Corte, expresada en varias de sus decisiones, particularmente en la
Sentencia No. C-543 proferida por la Sala Plena el 1º de octubre de 1992, la
acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión
o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los
jueces a objeto de lograr la protección que haga efectivos los mandatos
constitucionales en defensa de la persona.
(…)
"Así, pues -ha
concluido la Corte-, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas
por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria".
Ha agregado que, por
tanto, "...en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción
la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros
llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los
derechos, es decir, constituyen otros medios de defensa judicial" que, a
la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción
de tutela".
(…)
No obstante, la
regla general de la que se viene tratando no es absoluta y, por tanto, admite
excepciones que han sido reconocidas y precisadas por la Corte Constitucional
en la misma sentencia referida y en fallos posteriores.
(…)
En ese orden de
ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez,
aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede
ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Acento fuera del texto)
Esta doctrina constitucional ha sido
precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la
Sala Plena de la Corte Constitucional. Por ejemplo, recientemente en la
sentencia SU-1184 de 2001[14]
se dijo,
“La Corte Constitucional
ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de tutela contra
providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo que se ha
denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en particular
hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar que sus
elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[15], en la
que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro
defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”
2.3. Por lo tanto, coincide parcialmente esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en
reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las
sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992,
pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que
era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de
tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía
de hecho, o conlleve la amenaza de un perjuicio irreme­diable.
Esta Sala de Revisión subraya que el
artículo 86 de la Constitución dice que la tutela procede cuando los derechos
fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas y sus
providencias constituyen su principal forma de acción.
Además, la Corte Constitucional en sus salas de
revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra
providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho.
No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia,
como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien interpreta con
autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia Corte
Constitucional, así como esta Corporación ha reconocido que quién interpreta
con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte
Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al alcance de las
leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria” (artículo 234 C.P.), constituye un derecho viviente.[16]
2.4. Ahora bien, la jurisprudencia ha indicado en
varias oportunidades los casos excepcionales en que el amparo procede la acción
de tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al
menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una
norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio
suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los
que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. En
criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del
otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su
descalificación como acto judicial.[17]
Como conclusión, la Corte Constitucional
se encuentra de acuerdo con la posición asumida por la Sala de Casación Civil,
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales en los casos excepcionales en los que en éstas se configura una vía
de hecho.
3. Configuración de una vía de hecho en la
sentencia acusada.
3.1. En cuanto a si la sentencia proferida
el día 29 de mayo de 2003 por el Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en
una vía de hecho, la Corte también coincide con los planteamientos y la
decisión adoptada por la Sala de Casación Civil.
La Corte Suprema de Justicia – Sala Civil
consideró que el Tribunal de Barranquilla había incurrido en una vía de hecho,
pues en la sentencia analizada dicha autoridad había desestimado la existencia
de una maniobra fraudulenta en la interposición de una demanda de pertenencia a
sabiendas del fallecimiento de la propietaria, bajo el único argumento de que
dicho cargo se estructuraba bajo otra causal de revisión. La Sala Civil
concluyó que había exceso de rigorismo en la providencia del Tribunal.
3.2. Esta Corporación comparte esta
consideración, máxime si en el memorial mediante el cual el apoderado del
accionante interpuso el recurso de revisión (i) se sostenía claramente que los
demandantes conocían personalmente a los propietarios del inmueble, y (ii) se
solicitaba tener en cuenta varios testimonios que probaban dicha afirmación. A
pesar de que el Tribunal decretó dichas pruebas[18], no hizo referencia a
ellas al desestimar el cargo.
En este orden de ideas, el Tribunal omitió
estudiar si en la demanda de pertenencia se habían realizado voluntariamente
declaraciones falsas, que, a su vez, modificarían el sentido de la sentencia
declarativa. Igualmente, no valoró expresamente las pruebas que se aportaron al
respecto. Por ejemplo, la sentencia que declaró infundado el recurso de
revisión no se detuvo a analizar la afirmación según la cual la Sra. Sierra
Colina sí estaba enterada de la muerte de la propietaria del inmueble.
Por las razones anteriores, la Corte estima
que la sentencia dictada por el Tribunal Superior, incurrió en una vía de hecho
por defecto fáctico pues omitió valorar un hecho determinante acerca del
eventual fraude cometido por la demandante y prefirió “con excesivo
rigorismo”, como la advierte la propia Corte Suprema de Justicia –Sala
Civil, desestimar el recurso.
3.3. De otra parte, la Corte encuentra que
no son de recibo los argumentos alegados en la impugnación interpuesta por el
Magistrado Ponente de la sentencia analizada.
Como se observó en los antecedentes de esta
sentencia, el mencionado interviniente sostuvo que, son diferentes las
consecuencias jurídicas de encontrar fundado el recurso de revisión en relación
con la causal 6ª o 7ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. De
acuerdo al artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, si se encuentra
fundada la causal 7ª, el juez debe declarar la nulidad de lo actuado. Por su
parte, si la causal que prospera es la 6ª, se debe invalidar la sentencia
revisada “y dictar la que en derecho corresponde”. Sostiene el
impugnante que en el caso en el que se llegare a encontrar que el haber
dirigido la demanda de pertenencia contra una persona fallecida constituyó una
maniobra fraudulenta, no conlleva a que el actual propietario pueda ser
constituido como demandado del proceso de pertenencia, por lo que “no
obtendría, realmente, la cabal protección del derecho que alega se le vulneró
inicialmente en ese proceso.”
Esta Corporación estima que en el caso en
el que se llegare a concluir que la demanda de pertenencia estuvo basada en
afirmaciones fraudulentas, el juez debe vincular al proceso a los propietarios
del inmueble. Obsérvese que el artículo 384 precitado señala que el juez debe
volver a dictar la sentencia “que en derecho corresponde.” De lo
anterior se deduce, que, en virtud del derecho de defensa y contradicción, el
juez debe vincular a las personas que considere se verán afectadas con la
decisión judicial. Por lo tanto, con el procedimiento mencionado el accionante
de tutela sí vería sus derechos protegidos.
En consecuencia, la Corte confirmará la
sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión,
R E S U E L V E
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 11 de diciembre
de 2003 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que
estimó improcedente la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Segundo.- CONFIRMAR, la sentencia de tutela proferida por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de noviembre de
2003.
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]
Folio 82 del expediente. El Tribunal cita a la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia en sentencia de 18 de febrero de 1974.
[2]
Ver sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de 11 de
octubre de 1990, 6 de diciembre de 1991 y 4 de octubre de 1999.
[3]
“Empero, esta situación que correspondería a una indebida notificación,
tiene su propia causal en el numeral 7º del citado artículo 380.”
[4]
Folios 83 y 84 del expediente.
[5]
Como pruebas, el accionante aportó copia de su cédula de ciudadanía, partida de
bautismo de su tío materno, cuyos padrinos fueron los dos hermanos del Sr.
Colina Varela, registro civil de nacimiento y los certificados de defunción de
sus padres. Ver folios 9 a 12 del expediente.
[6]
Folio 61 del expediente.
[7]
Folios 100 y 101 del expediente.
[8]
Folio 108 del expediente.
[9]
MP Manuel José Cepeda Espinosa. Esta sentencia confirmó un fallo de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Constitucional que había negado una acción de
tutela contra otro fallo, argumentando que no eran procedentes las tutelas
contra providencias judiciales. Sin embargo, la Corte refutó la anterior
argumentación y estableció que en caso de existir vía de hecho sí es procedente
la tutela contra providencias judiciales, pero que en el caso bajo estudio no
se denotaba la presencia de este fenómeno.
[10]
MP José Gregorio Hernández Galindo.
[11]
MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[12]
En la sentencia T-079 de 1993 la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela
estudiado, mediante el cual confirmó la decisión que había adoptado el juez de
tutela de primera instancia (Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena).
Para la Sala de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, ya que las declaraciones allegadas
al expediente del proceso acusado, no podían ser fundamento de la decisión por
haber sido rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad
del juramento, según las exigencias de los artículos 175 C.P.C. y 55 del Código
del Menor. La Corte Suprema agregó, además, que las pruebas testimoniales
debían ser ordenadas mediante auto del funcionario instructor, con el fin que
contra ellas fuera posible ejercer el derecho de contradicción.
[13]
En la sentencia T-158/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró: “Aunque
esta Corte declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 19912, la doctrina acogida por esta misma
Corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela cuando se ejerce
para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho
vulneren o amenacen derechos fundamentales. El caso que nos ocupa enmarca
cabalmente dentro de los parámetros de esta excepción, por cuanto existe en él
evidencia de una flagrante violación de la ley, constitutiva de una vía de
hecho, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso. (…) El proceso
es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y como es
evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para que un
proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la justicia;
Segunda, que proceda de la autoridad competente;  Tercera, que se profiera  de
acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se coteje
integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente el derecho
de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas que no
están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales.
Siempre que faltaren estas condiciones,  o alguna de ellas, el juicio será
vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de
justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque
si el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley, estaría
extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de
la razón jurídica.”
[14]
MP Eduardo Montealegre Lynett.
[15]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16]
En la sentencia C-557 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideró al
respecto lo siguiente: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas
es un control abstracto porque no surge de su aplicación en un pro­ceso
particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse
sin tener en cuenta el con­texto dentro del cual la norma fue creada (i.e.
su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha
vi­vido). En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jurídica depende
del contexto dentro del cual es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples
dimensiones de ese contexto –bien sea la lingüística, que permite fijar su
sentido natural, o bien la sociológica, que hace posible apreciar sus funciones
reales- se destaca la actividad de los expertos que han interpretado los
conceptos técnicos que ella contiene y que los han aplicado a casos concretos.
Obviamente, esos expertos son los jueces y los doctrinantes especializados en
la materia tratada en la norma; dentro de ellos, una posición preeminente la
ocupan los órganos judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una
jurisdicción. Así lo ha establecido la Constitución al definir al Consejo de
Estado como “tribunal supremo de lo contencioso administrativo” (art. 237- 1 de
la CP) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria” (art. 234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de
ambos órganos es un referente indispensable para apreciar el significado
viviente de las normas demandadas. Al prestarles la atención que su ubicación
institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor
hermenéutica dentro de un mismo sistema jurídico. Obviamente, cuando no exista
jurisprudencia sobre las normas objeto del control constitucional, la Corte
Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar
los artículos demandados.”
[17] Sentencia T-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[18]
En efecto, en la sentencia de 29 de mayo de 2003, se afirma que las pruebas
solicitadas por el recurrente fueron dictadas. Sin embargo, no se vuelve a
hacer referencia a ellas.