T-452-17
Sentencia T-452/17
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Inaplicación cuando violación de derechos
persiste en el tiempo
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional
Respecto de la subsidiariedad,
esta Corporación ha manifestado que “el
juez constitucional puede avocar el conocimiento de demandas de tutela, por
medio de las cuales se pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez,
cuando se compruebe que el medio ordinario de defensa judicial carece de
idoneidad o eficacia para garantizar de manera oportuna la protección de los
derechos del accionante. Esta situación ocurre cuando, por ejemplo, (i) se
evidencia que dicha prestación es el único medio que tiene la persona en
situación de discapacidad para sobrevivir y garantizar para sí mismo y para su
familia una vida en condiciones de dignidad,
(ii) el beneficiario de la pensión en razón a que se encuentra en una situación
de debilidad manifiesta es titular de una especial protección constitucional,
(iii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos
invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales
invocados, (iv) [si] el
reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la
configuración de un perjuicio irremediable, y (v) cuando el actor ha acreditado
un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente
conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa
pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos
de reconocimiento del derecho reclamado”.
PENSION
ANTICIPADA DE VEJEZ-Procedencia de la acción de tutela para su
reconocimiento
En cuanto al análisis de subsidiariedad frente a
la solicitud de la pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas, la
Corte, al analizar un caso similar al aquí discutido pero en el régimen de
prima media con prestación definida, precisó que en esos eventos se siguen las
reglas generales de procedencia. Al respecto señaló: “Esta Corporación reitera las
reglas jurisprudenciales de procedencia de la acción de tutela, en las que se
establece que el amparo constitucional sólo procede en los casos en que (i) no
existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger los derechos
fundamentales invocados en la tutela y (ii) a pesar de que exista el mecanismo
idóneo, no resulta eficaz ante la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio
irremediable esto es, una afectación inminente, grave y urgente. En relación
con el segundo presupuesto, se reitera que el juez constitucional debe evaluar
las condiciones particulares de cada caso para verificar si el amparo
constitucional procede como mecanismo transitorio o definitivo. Asimismo, se
reitera que en los casos de acciones de tutela contra decisiones proferidas por
entidades administradoras de pensiones, el demandante debe demostrar: (i) que
ha realizado actuaciones para obtener la protección del derecho reclamado y
(ii) la afectación de su mínimo vital”.
PENSION DE
INVALIDEZ EN CASO DE ENFERMEDADES CRONICAS, DEGENERATIVAS O CONGENITAS-Jurisprudencia
constitucional
La Corte
Constitucional señaló que las administradoras de pensiones no pueden negar el
reconocimiento de la pensión de invalidez a una persona que sufre una
enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, tomando como fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral el día del nacimiento, uno
cercano a este, el momento en el que se presentó el primer síntoma o la fecha
del diagnóstico, desconociendo, en el primer caso, que para esa persona era
imposible cotizar con anterioridad a su nacimiento; y, en el segundo y tercero
que, pese a las condiciones de la enfermedad, la persona pudo desempeñar una
labor, y, de esa manera descartar las semanas aportadas con posterioridad al
momento asignado en la calificación. En lugar de ello, al fondo de pensiones le
corresponde verificar que los pagos realizados con posterioridad a
la estructuración de la invalidez, (i) hayan sido aportados en ejercicio
de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y (ii) que
éstos no se hubiesen efectuado con el único fin de defraudar el Sistema de
Seguridad Social. Lo anterior, a fin de determinar el momento a partir del cual
se debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 860 de
2003. Los fondos de pensiones tanto en el régimen de ahorro
individual con solidaridad como en el régimen de prima media con prestación
definida, deben contabilizar los aportes que realizan las personas calificadas
con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, con ocasión de
una enfermedad de tipo congénita, crónica y/o degenerativa con posterioridad a
la fecha de estructuración de su invalidez, cuando éstos hayan sido cotizados
en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual. En
consecuencia, el momento desde el que se debe proceder a verificar el requisito
de la Ley 860 de 2003 – 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores
a la fecha de estructuración – puede ser (i) la fecha de la calificación de la
invalidez, (ii) la fecha de la última cotización efectuada o (iii) la fecha de
la solicitud del reconocimiento pensional, dependiendo las circunstancias
particulares de cada caso en concreto.
PENSION ANTICIPADA DE VEJEZ
POR DEFICIENCIAS FISICAS EN REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL-Marco normativo
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Es un derecho fundamental y un
servicio público cuya prestación debe asegurar el Estado
PENSION
ANTICIPADA DE VEJEZ POR DEFICIENCIAS FISICAS-Requisitos
PENSION
ANTICIPADA DE VEJEZ POR DEFICIENCIAS FISICAS-Es al Legislador a quien corresponde definir
si prestación es aplicable a las personas vinculadas al régimen de ahorro
individual
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se reconoció
pensión de invalidez
PENSION DE
INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de
invalidez
PENSION DE
INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Orden a Fondo de Pensiones
indicar a accionante si existen otras alternativas para pensionarse y
requisitos que debe cumplir para el efecto y si así lo solicita, reconocer y
pagar pensión de invalidez
Referencia: Expedientes
T-6.040.890, T-6.049.696, T-6.064.355 y T-6.061.626
Acciones de
tutela interpuestas por Octavino Estupiñán Rodríguez, Osvaldo José Torres
Velásquez, Jesús Ríos Calderón contra la Administradora Colombiana de Pensiones
– COLPENSIONES (T-6.040.890, T-6.049.696 y T-6.064.355, respectivamente) y Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino contra la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES y la AFP Pensiones y Cesantías Protección S.A. (T-6.061.626).
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C.,  catorce (14) de julio de
dos mil diecisiete (2017).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Los expedientes que se estudian a
continuación fueron seleccionados y acumulados para revisión mediante el Auto
del 30 de marzo de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Tres de esta
Corporación.
Cabe
destacar que, por razones metodológicas, esta Sala de Revisión analizará en
último lugar el expediente T-6.061.626, toda vez que a
diferencia de los otros casos acumulados, sus pretensiones son distintas y,
además, se dirigen en contra de un fondo privado de pensiones.
I.
ANTECEDENTES
Expediente T-6.040.890
A. LA DEMANDA
DE TUTELA
1. El 7 de
octubre de 2016, el señor Octavino Estupiñán Rodríguez, a través de apoderado judicial[1],
interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad
social, la vida digna y el mínimo vital, dado que la entidad accionada se negó
a reconocer en su favor la pensión de invalidez, pese a que fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 63.5%.
Frente a lo anterior, el actor solicita al
juez de tutela que ordene a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez, tomando en consideración las semanas cotizadas entre la fecha de
estructuración de la invalidez y aquella en la que se emitió el dictamen, a fin
de cumplir con el requisito de las semanas requeridas en el artículo 1 de la
Ley 860 de 2003[2].
B. HECHOS RELEVANTES
En
síntesis, el demandante expuso los siguientes hechos:
2.
El 31 de octubre de 2014, el señor Octavino Estupiñán Rodríguez solicitó ante
COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez[3], pues
previamente había sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del
63.5%, de origen común, con fecha de estructuración del 8 de marzo de 2014[4].
3.
El 31 de julio de 2015, COLPENSIONES profirió la Resolución No. GNR232601
mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada,
en vista de que el peticionario no acreditó el requisito de las cincuenta (50)
semanas cotizadas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez[5].
4.
Cabe resaltar, que el señor Estupiñán Rodríguez tiene 70 años de edad[6],
se encuentra diagnosticado con “insuficiencia renal crónica terminal” y
“hemodiálisis interdiaria tres días a la semana, cuatro horas”[7],
entre otros padecimientos médicos, y tiene un total de 140.57 semanas cotizadas
al Sistema General de Pensiones, algunas de las cuales, 46.86 semanas, fueron
cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez[8].
C. RESPUESTA
DE LA ENTIDAD ACCIONADA
Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES
5. El 13 de octubre de 2016, el
Vicepresidente Jurídico y Secretario General de COLPENSIONES solicitó declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez que existe otro
medio de defensa judicial según lo previsto por el numeral 4 del artículo 2 del
Código Procesal del Trabajo, pues toda controversia que se presente en el marco
del Sistema de Seguridad Social entre afiliados, beneficiarios o usuarios,
empleadores y entidades administradoras debe ser conocida por la jurisdicción
ordinaria laboral.
Adicionalmente, destacó que el accionante
no controvirtió la decisión de la administradora que negó el reconocimiento y
pago de la pensión pretendida, razón por la cual, carece de toda competencia el
juez constitucional para realizar un análisis de fondo frente a la pensión de
invalidez requerida[9].
D. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
Decisión de instancia: Juzgado Tercero
Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali
6. El 24 de octubre de 2016, el despacho
judicial “negó por improcedente” la acción de tutela incoada por el señor
Estupiñán Rodríguez contra COLPENSIONES.
Al respecto, manifestó que el actor no
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, así como tampoco la
afectación de su mínimo vital por el no pago de la mesada pensional de
invalidez, afectación que no puede presumir el juez de tutela. Por tanto, estimó
que el señor Estupiñán Rodríguez dispone de otro mecanismo de defensa judicial
ante la jurisdicción ordinaria[10].
Trámite de impugnación
7. El 26 de octubre de 2016, se notificó de
manera personal al apoderado judicial del señor Octavino Estupiñán Rodríguez la
sentencia proferida el 24 de octubre de ese año[11].
El 2 de noviembre de 2016, el apoderado del
demandante impugnó la referida sentencia de tutela de primera instancia[12].
No obstante, el mismo día, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento de Cali consideró que tal recurso fue radicado de
manera extemporánea, razón por la cual no dio trámite al mismo[13].
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN
SEDE DE REVISIÓN
8. En desarrollo del trámite de revisión, el magistrado
sustanciador con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte
Constitucional”, consideró
necesario disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran esclarecer
la situación fáctica del asunto sometido a estudio. Para ello ordenó:
“PRIMERO.- Respecto del expediente T-6.040.890
OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación al señor Octavino Estupiñan Rodríguez,
para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo
de la notificación de esta providencia informe y allegue al despacho:
(i)
Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, cuál es la fuente de sus recursos económicos y de qué manera sufragan
los gastos familiares?
(ii)
¿Tiene personas a cargo? En caso positivo
indique ¿quiénes y cuántas?
(iii)
¿Es propietaria de bienes inmuebles o
muebles o, tiene alguna participación en sociedades? En caso positivo, ¿cuál es
su valor y la renta que puede derivar de ellos?
(iv)
Detalle su situación económica actual.
(v)
¿Actualmente cuenta con servicio de
salud?, de ser positiva la respuesta allegue certificado de afiliación, en caso
de ser negativo informe al despacho ¿Cómo cubre los gastos de sus tratamientos
médicos?
(vi)
Informe al despacho las actividades
labores que realizó con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez. Allegue copia de los correspondientes certificados laborales.
¿Cuál fue la
razón o razones para no interponer recursos en contra de la decisión de
COLPENSIONES que negó el reconocimiento de la pensión de invalidez?”[14].
9. En respuesta de las pruebas solicitadas[15],
el 30 de mayo de 2017, el apoderado del señor Estupiñán
Rodríguez informó que el accionante vive solo, no tiene ninguna persona a su
cargo y en la actualidad depende económicamente de la “colaboración y
caridad de sus allegados, con los cuales intenta sufragar sus gastos básicos”.
Igualmente, comunicó que no posee un mínimo
vital dado que no ha podido desempeñar actividad laboral alguna. Sin embargo,
aclaró que el señor Estupiñan Rodríguez cuenta con el servicio de salud en el
régimen subsidiado, por medio de la Asociación Mutual Empresa Solidaria de
Salud EMSSANAR E.S.S[16].
De otro lado, destacó que no presentó
ningún recurso en contra de la decisión de COLPENSIONES que negó el derecho
pensional de su representado, ya que esa administradora de pensiones ha
adoptado lineamientos conforme a los cuales  negaría nuevamente el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, su retroactivo e intereses
moratorios[17].
Expediente T-6.049.696
A. LA DEMANDA
DE TUTELA
10.
El 27 de julio de 2016, el señor Osvaldo José Torres Velásquez, a través de
apoderado judicial[18],
presentó acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo
vital, la salud y la vida, comoquiera que la entidad accionada negó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, pese a encontrarse calificado
con una pérdida de capacidad laboral del 80.29%.
Corolario de lo anterior, el actor solicita
al juez de tutela que ordene a COLPENSIONES reconocer la pensión de invalidez,
incluirlo en la nómina de pensionados desde el 19 de septiembre de 2012, pagar
las mesadas y primas pensionales de junio y diciembre causadas desde el 19 de
septiembre de 2012 y hasta la actualidad. Además, pidió que le sean cancelados
los intereses de que trata el artículo 41 de la Ley 100 de 1993[19].
B. HECHOS
RELEVANTES
En
síntesis, el demandante expuso los siguientes hechos:
11.
El 29 de julio de 2015, COLPENSIONES certificó al señor Torres Velásquez con
una pérdida de capacidad laboral del 80.29%, con fecha de estructuración 19 de
septiembre de 2012[20],
debido a que padece de una enfermedad que lo dejó completamente ciego[21].
12.
El 13 de abril de 2016, el señor Torres Velásquez solicitó a COLPENSIONES el
reconocimiento y pago de su pensión de invalidez[22]. Sin
embargo, el 8 de julio de ese año, la administradora de pensiones mediante la
Resolución No. GNR 201852 negó la prestación requerida, al estimar que el
demandante no cotizó cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez[23].
13.
Es preciso resaltar que el accionante tiene 64 años[24] y cotizó al Sistema
General de pensiones 875.30 semanas[25]
de las cuales, 51.43 semanas, fueron cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración de su invalidez.
C. RESPUESTA
DE LA ENTIDAD ACCIONADA
Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES
14. El 4 de agosto de 2016, el Vicepresidente Jurídico y Secretario General de COLPENSIONES sostuvo
que la acción de tutela presentada en su contra debe declararse improcedente,
dado que la solicitud sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez al
señor Osvaldo José Torres Velásquez no fue objeto de ningún recurso por parte del
accionante, pese a que se le informó sobre la posibilidad de interponer los
recursos de reposición y en subsidio apelación[26].
En consecuencia, aclaró que el juez constitucional carece de competencia para
realizar un análisis de fondo sobre un asunto que no cumple con los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad[27].
D. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera Instancia: Juzgado Quinto Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla
15. El 9 de agosto de 2016, la primera
instancia “negó por improcedente” la tutela formulada por el apoderado del
señor Torres Velásquez, al considerar que el demandante cuenta con medios de
defensa idóneos y expeditos, como la acción laboral ordinaria o contenciosa, en
las cuales puede atacar por vía judicial el acto administrativo que le negó la
pensión.
Además, mencionó que el accionante no había
recurrido en su oportunidad la decisión de COLPENSIONES, ni acreditó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la
tutela como mecanismo transitorio[28].
Impugnación
16. El 18 de agosto del 2016, el apoderado
del accionante precisó que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a
COLPENSIONES el reconocimiento de pensiones de invalidez dejando de lado la vía
ordinaria, en los eventos en los que este acreditado el perjuicio inminente del
solicitante, como en el caso del señor Torres Velásquez, quien es una persona
de la tercera edad y que debe valerse de la compañía de alguien debido a su
situación de discapacidad visual[29].
Segunda Instancia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal
17. El 27 de septiembre de 2016, la segunda
instancia confirmó el fallo proferido por el juez de primer grado.
Sobre el particular, señaló que a pesar de
que las circunstancias actuales del señor Torres Velásquez son realmente
difíciles, sus derechos fundamentales no se encuentran violentados ya que la
resolución que pretende dejar sin efecto, a través de la acción de tutela, solo
puede ser estudiada por los medios idóneos para tales fines, los cuales en todo
caso no son sustituidos por el mecanismo de amparo.
En este orden de ideas, indicó que no le
compete al juez de tutela inmiscuirse en los asuntos de los entes
administrativos, pues de cara a una correcta administración de justicia debe
respetarse la decisión de COLPENSIONES, la cual no fue objeto de ningún tipo de
recurso, para posteriormente controvertirse en un proceso ordinario que permita
la obtención de los derechos pensionales del demandante[30].
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN
SEDE DE REVISIÓN
18. En desarrollo del trámite de revisión, el
magistrado sustanciador con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015
“Por medio del cual se unifica y actualiza el
Reglamento de la Corte Constitucional”, consideró necesario disponer de mayores elementos de
juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del asunto sometido a
estudio. Para ello ordenó:
“SEGUNDO.-
Respecto del expediente T-6.049.696
OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación al señor Osvaldo José Torres Velásquez,
para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo
de la notificación de esta providencia informe y allegue al despacho:
(i)
¿Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, cuál es la fuente de sus recursos económicos y de qué manera sufragan
los gastos familiares?
(ii)
¿Tiene personas a cargo? En caso positivo
indique ¿quiénes y cuántas?
(iii)
¿Es propietaria de bienes inmuebles o
muebles o, tiene alguna participación en sociedades? En caso positivo, ¿cuál es
su valor y la renta que puede derivar de ellos?
(iv)
Detalle su situación económica actual.
(v)
¿Actualmente cuenta con servicio de
salud?, de ser positiva la respuesta allegue certificado de afiliación, en caso
de ser negativo informe al despacho ¿Cómo cubre los gastos de sus tratamientos
médicos?
(vi)
Allegue copia de historia clínica, así
como el dictamen de pérdida de capacidad laboral y de su cédula de ciudadanía.
(vii)
¿Cuál fue la razón o razones para no
interponer recursos en contra de la decisión de COLPENSIONES que negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez?
OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación a la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia allegue al
despacho:
(i)
La historia laboral del señor Osvaldo José
Torres Velásquez identificado con cédula de ciudadanía No. 7.474.067 de
Barranquilla, en la que se especifique las semanas cotizadas al fondo de
pensiones”[31].
19. En respuesta de las pruebas solicitadas, se
obtuvo la siguiente información:
- El 7 de
junio de 2017, el señor Osvaldo José Torres Velásquez informó que su núcleo
familiar lo compone él junto con la señora Miyereth Pérez Ciceri, de quien
depende, pues ella se encarga de proporcionarle alojamiento y alimentación,
dentro de sus posibilidades y limitaciones. Adicionalmente, manifestó que en
algunas ocasiones sus sobrinos y uno de sus hijos le envían dinero, pero este
es entregado a la señora Pérez Ciceri, a fin de colaborar con los gastos del
hogar.
De otro
lado, señaló que actualmente se encuentra afiliado al SISBEN y que debido a
ello tiene el servicio de salud, a través de la Mutual SER ESS E.P.S. del
régimen subsidiado en el distrito de Barranquilla - Atlántico[32].
También
afirmó que no interpuso los recursos administrativos en contra de la decisión
de COLPENSIONES que negó el reconocimiento de su pensión de invalidez, debido a
que el término para presentarlos se venció y carece de dinero para acudir a un
abogado[33].
Expediente
T-6.064.355
A.   LA DEMANDA DE TUTELA
20.
El 13 de octubre de 2016, el señor Jesús Ríos Calderón, a través de apoderada
judicial[34],
interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la vida digna.
Frente a lo anterior, el actor solicita al
juez de tutela que proceda a ordenar a COLPENSIONES el reconocimiento y pago,
con retroactivo, de la pensión de invalidez[35].
B.
HECHOS RELEVANTES
21. En el
año 1968, a sus cinco años, el señor Jesús Ríos Calderón fue diagnosticado con
“poliomielitis”[36].
22. El 8 de
julio de 1997, el Instituto de Seguros Sociales – ISS calificó la invalidez del
accionante con un total del 57.3% de pérdida de la capacidad laboral. Sin
embargo,  posterior a esa calificación se dedicó a la venta de frutas, de
manera ambulante[37]
y así pudo cotizar en el fondo de pensiones desde el año de 1997 hasta el 2004,
un total de 115.14 semanas[38].
23. El 19 de
octubre de 2010, el Instituto de Seguros Sociales – ISS nuevamente calificó la
pérdida de capacidad laboral del señor Ríos Calderón, pero en esta ocasión
encontró que había aumentado a un porcentaje del 71.90%, con fecha de
estructuración del 29 de septiembre de 1968[39].
24. El 12 de
abril de 2013, el accionante radicó ante COLPENSIONES solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. No obstante, el 17 de
septiembre de ese año, la entidad accionada a través de la Resolución No. GNR
234739 negó la pensión requerida por el señor Ríos Calderón, dado que“comenzó
a cotizar al sistema de pensiones el día 01 de octubre de 1997, fecha para la
cual, había tenido ocurrencia el siniestro que genera el pago de la prestación
aquí solicitada, pues la fecha de estructuración de invalidez es 29 de
septiembre de 1968, encontrándose así frente a un riesgo no asegurable”[40].
25. El señor
Jesús Ríos Calderón actualmente tiene 53 años de edad, se encuentra vinculado
al servicio de salud del régimen subsidiado y afirma que subsiste del cuidado
que le brinda su madre de 67 años de edad, quien es ama de casa y recibe la
ayuda de la tercera edad, ingresos que son los únicos que les permiten
mantenerse en precarias condiciones[41].
C. RESPUESTA
DE LA ENTIDAD ACCIONADA
Administradora
Colombiana de Pensiones – COLPENIONES
26. El 25 de octubre de 2016, el Vicepresidente Jurídico y Secretario General de COLPENSIONES manifestó
que el señor Ríos Calderón ante su desacuerdo frente a la decisión de no
reconocimiento de la pensión de invalidez debió agotar los procedimientos
administrativos y judiciales previstos para tal fin y no reclamar su pretensión
a través de la acción de tutela.
Al respecto, destacó que aunque la Corte
Constitucional ha tutelado de manera transitoria la pensión de invalidez en
otros casos, ello no es posible en el asunto aquí debatido, comoquiera que el
demandante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable[42].
D. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
Decisión de instancia: Juzgado Penal del
Circuito de Fresno Tolima
27. El 8 de
noviembre de 2016, el juez de instancia “negó por improcedente” la acción de
amparo formulada por la apoderada del señor Ríos Calderón. Al respecto, precisó
que el reconocimiento de la pensión de invalidez es un asunto ajeno a la
tutela, pues para ello está la jurisdicción ordinaria, la cual le brinda al
juez un panorama completo para adoptar una decisión con pleno conocimiento de
causa. Asimismo, advirtió que el accionante no agotó la vía administrativa, por
lo que la acción de tutela no cumple con el presupuesto de subsidiariedad y en
razón a ello, ni siquiera puede considerarse su procedencia de manera
transitoria.
Adicionalmente,
aclaró que tampoco concurren los elementos del perjuicio irremediable atinentes
a  la inminencia del daño y la impostergabilidad o irremediabilidad del mismo,
así como tampoco se explicó en la demanda el eventual perjuicio irremediable
que podría derivarse de la no atención oportuna de lo solicitado.
Finalmente,
arguyó que la acción de tutela no satisface el principio de inmediatez, toda
vez que el acto administrativo que negó al reclamante la pensión de invalidez,
fue expedido el 17 de septiembre de 2013 y la presente solicitud fue radicada
en el año 2016, tres años después de la vulneración alegada por el señor Ríos
Calderón[43].
28. El señor Jesús Ríos Calderón no presentó escrito
de impugnación en contra de la anterior decisión.
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
29. En desarrollo del trámite de revisión, el
magistrado sustanciador con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015
“Por medio del cual se unifica y actualiza el
Reglamento de la Corte Constitucional”, consideró necesario disponer de mayores elementos de
juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del asunto sometido a
estudio. Para ello ordenó:
“TERCERO.-
Respecto del expediente T-6.064.355
OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación al señor Jesús Ríos Calderón, para que
dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la
notificación de esta providencia informe y allegue al despacho:
(i)
¿Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, cuál es la fuente de sus recursos económicos y de qué manera sufragan
los gastos familiares?
(ii)
¿Tiene personas a cargo? En caso positivo
indique ¿quiénes y cuántas?
(iii)
¿Usted o sus padres son propietario de
bienes inmuebles o muebles o, tienen alguna participación en sociedades? En
caso positivo ¿cuál es su valor y la renta que puede derivar de ellos?
(iv)
Detalle su situación económica actual.
(v)
¿Actualmente cuenta con servicio de salud?,
de ser positiva la respuesta allegue certificado de afiliación, en caso de ser
negativo informe al despacho ¿Cómo cubre los gastos de sus tratamientos
médicos?
(vi)
Allegue copia del dictamen de pérdida de
capacidad laboral, de su cédula de ciudadanía y del  escrito o escritos,
mediante los cuales controvirtió la Resolución No. GNR234739 del 17 de
septiembre de 2013.
(vii)
Informe al despacho las actividades
labores que realizó con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez. Allegue copia de los correspondientes certificados laborales.
(viii)
¿Cuál fue la razón o razones para no
interponer recursos en contra de la decisión de COLPENSIONES que negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez?”[44].
30. En respuesta de las pruebas solicitadas, se obtuvo
la siguiente información:
- El 30 de
mayo de 2017, el señor Ríos Calderón afirmó que su grupo familiar está
integrado por él y su madre, de 68 años de edad. Asimismo informó que  sus
recursos económicos tienen origen en el subsidio de la tercera edad del que es
beneficiaria su progenitora, el cual asciende a un monto de doscientos
cincuenta mil pesos ($250.000) cada dos meses, y de los trabajos domésticos
ocasionales que realiza su madre, pues debido a su estado de salud, afirma el
señor Ríos Calderón, se encuentra impedido para desempeñar cualquier tipo de
labor.
De otro
lado, indicó que actualmente residen en la vereda “La Linda” de Fresno,
distante a una hora de la ciudad de Manizales, “en una pieza con huecos en
el techo, que me facilitó un conocido hace 2 años cuando supo que debíamos
entregar la casa [que les habían prestado y en la que no pagaban
arriendo]”. Insistió en que su situación económica es precaria. Sin embargo,
los vecinos ocasionalmente les regalan alimentos y ropa usada.
Señaló que
cuenta con el servicio de salud subsidiada, dado que está afiliado a COMPARTA
E.P.S.[45],
pero tal entidad no le provee los gastos de transporte ni viáticos, por lo que
debe recurrir a conocidos para pedir su colaboración.
Finalmente,
mencionó que no tenía forma de demostrar la interposición de los
correspondientes recursos en contra de la Resolución No. GNR 234739, ya que ese
trámite fue realizado mediante unos abogados de la ciudad de Ibagué, con los
que actualmente no tiene contacto[46].
Expediente T-6.061.626
A. LA DEMANDA
DE TUTELA
31. El 19 de
septiembre de 2016, el señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino interpuso
acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones y la AFP Pensiones
y Cesantías Protección S.A., al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la vida digna, el principio de progresividad y
el derecho a la seguridad social, dado que no le fue reconocida la pensión
anticipada de vejez por deficiencia física.
En vista de
lo anterior, el accionante solicita al juez de tutela que ordene (i) a la AFP
Pensiones y Cesantías Protección S.A. el reconocimiento y pago de la pensión
anticipada de vejez por deficiencia física, a partir del momento en que cumplió
los requisitos de ley para adquirir la misma, es decir, 26 de enero de 2012,
asimismo solicita reconozca en su favor el pago del retroactivo pensional y
(ii) a COLPENSIONES que proceda al traslado de los aportes realizados en dicho
fondo pensional[47].
B.   HECHOS RELEVANTES
32. El señor Sepúlveda Ceferino fue
cotizante activo del ISS hoy COLPENSIONES hasta el 31 de mayo de 1996, fecha en
que se trasladó a la AFP Pensiones y Cesantías Protección S.A., razón por la
cual cuenta con 1.152 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones (861.14
aportadas a COLPENSIONES[48]
y 290.86 a la AFP Pensiones y Cesantías Protección S.A.[49]), algunas de
las cuales fueron cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de
su invalidez.
33. El 16 de junio de 2016, la Comisión
Médico Laboral de la IPS SURA calificó al accionante con una pérdida de
capacidad laboral del 63.69% y dentro de esta una deficiencia del 34.99%, con
fecha de estructuración del 12 de julio de 2011[50], debido a
sus múltiples afecciones médicas entre las que se encuentran disfunción de
extremidades superiores, trastorno de postura y marcha de disco cervical con
mielopatía, diabetes mellitus e hipertensión arterial[51].
34. El 5 de mayo de 2015, el señor Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino radicó petición de reconocimiento de pensión de
invalidez ante el fondo de pensiones. Sin embargo, el 18 de julio de 2016
Protección negó tal solicitud, al considerar que el actor no cumple con el
requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas en los últimos tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pues solo cotizó 0.05
semanas en ese lapso. En consecuencia, reconoció el derecho a la devolución de
los dineros acreditados en la cuenta individual, por valor de nueve millones
dieciséis mil doscientos setenta y siete pesos ($9.016.277) al mes de julio de
2016, quedando pendiente el bono pensional[52].
35. El 27 de julio de 2016, el señor
Sepúlveda Ceferino presentó solicitud de reconsideración ante Protección, a fin
de que le fuera reconocida la pensión anticipada de vejez por deficiencia
física contemplada en el parágrafo cuarto del artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
dado que cumple con todos las exigencias para el efecto[53].
36. El 22 de agosto de 2016, la AFP Protección
informó al demandante que “la pensión especial consagrada en el primer
inciso del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, no cuenta con un desarrollo en el régimen de
ahorro individual con solidaridad (RAIS), es decir, estamos a la espera de que
sea expedido un decreto reglamentario que permita una aplicación concreta en el
RAIS”. En consecuencia, estimó que no existían hechos nuevos que
modificaran la decisión que negó la pensión de invalidez, por lo que procedió a
confirmarla[54].
37. Cabe destacar que el demandante tiene
60 años de edad[55],
dice ser padre cabeza de familia dado que su compañera permanente se encuentra
gravemente enferma[56]
y depende económicamente de él[57],
además tiene una hija menor de edad de la que es responsable económicamente[58],
se encuentra en el SISBEN con un puntaje del 21.42[59] y ostenta la
calidad de desplazado[60].
C.   RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONANDAS
Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Protección S.A.
38. El 23 de septiembre de 2016, la
representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones y Cesantías
Protección S.A. sostuvo que ha obrado de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales, por lo que no ha desconocido ninguno de los
derechos fundamentales alegados por el demandante.
Sobre el particular, manifestó que la
prestación solicitada por el señor Sepúlveda Ceferino no se encuentra prevista
para el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al que el mismo está
afiliado y en ese sentido fue respondida la petición elevada por el actor. De
ahí que, la presente acción, en su parecer, debe ser denegada por carencia
actual de objeto[61].
Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES
39. El 23 de septiembre de 2016, el Vicepresidente Jurídico y Secretario General de COLPENSIONES señaló
que el señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino nunca solicitó ante la entidad
la entrega del bono pensional. En consecuencia, consideró que no había
transgredido los derechos fundamentales del accionante. Así las cosas, indicó
que el actor puede radicar el correspondiente formulario ante el fondo
pensional, para que éste proceda a dar una respuesta de fondo, clara y concreta[62].
D.   DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera Instancia: Juzgado Séptimo de
Familia de Oralidad de Medellín
40. El 4 de octubre de 2016, declaró la
improcedencia de la acción de tutela al considerar que el señor Sepúlveda
Ceferino cuenta con la vía judicial ordinaria para hacer valer sus derechos, en
la cual mediante un proceso de tipo laboral, en el que se tiene la oportunidad
de presentar pruebas y ejercitar la defensa, sea el juez natural de la causa quien
determine la procedencia de la pensión anticipada de vejez por deficiencia
física[63].
Impugnación
41. El 20 de octubre de 2016, el señor
Sepúlveda Ceferino señaló que la pensión anticipada de vejez por deficiencia
física tiene cabida en ambos regímenes pensionales, pues no existe un
justificativo válido para que los afiliados al régimen de prima media puedan
acceder a la misma, mientras que los afiliados al régimen de ahorro individual
no, pues ello se torna en una violación del derecho a la igualdad.
Así las cosas, precisó que al existir una
duda razonable en relación a la interpretación de un supuesto legal debe
entenderse en favor del trabajador, sobre todo si como en el presente caso
existen condiciones especialísimas de salud y de vida que requieren de
protección, lo que hace posible al juez constitucional amparar aunque sea de
manera transitoria los derechos fundamentales[64].
Segunda Instancia: Tribunal Superior de
Medellín – Sala de Familia
42. El 3 de noviembre de 2016, confirmó el
fallo de primera instancia al considerar que de conformidad con las pruebas
obrantes en el expediente, el accionante no tenía ningún impedimento para
acudir al juez ordinario competente, a fin de que sea éste quien resuelva la
controversia suscitada entre la prestación pensional y su admisibilidad en el
régimen de ahorro individual con solidaridad, dado que ello requiere de un
amplio debate probatorio que no puede suplirse por vía de tutela[65].
E.   ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
43. En desarrollo
del trámite de revisión, el magistrado sustanciador con fundamento en el
artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del
cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, consideró necesario disponer de mayores
elementos de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del
asunto sometido a estudio. Para ello ordenó:
“CUARTO.- Respecto
del expediente T-6.061.626
OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación al señor Juan Evangelista Sepúlveda
Ceferino, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
al recibo de la notificación de esta providencia informe y allegue al despacho:
(i)
¿Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, cuál es la fuente de sus recursos económicos y de qué manera sufragan
los gastos familiares?
(ii)
¿Tiene personas a cargo? En caso positivo
indique ¿quiénes y cuántas?
(iii)
¿Es propietario de bienes inmuebles o
muebles o, tiene alguna participación en sociedades? En caso positivo ¿cuál es
su valor y la renta que puede derivar de ellos?
(iv)
Detalle su situación económica actual.
(v)
¿Actualmente cuenta con servicio de
salud?, de ser positiva la respuesta allegue certificado de afiliación, en caso
de ser negativo informe al despacho ¿Cómo cubre los gastos de sus tratamientos
médicos?”[66].
44. En respuesta
de las pruebas solicitadas, se obtuvo la siguiente información:
- El 30 de mayo de 2017, el señor Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino señaló que su grupo familiar está compuesto por
él, su compañera permanente la señora Esther Celia Quintero Gil y su hija menor
de edad, Elizabeth Sepúlveda Chica.
En relación con la fuente de sus recursos
económicos, informó que, aun cuando vive en la propiedad de su difunto padre de
la cual es heredero en compañía con sus hermanos, no cuenta con un sustento
estable, pues sus gastos básicos los solventa con la poca ayuda y solidaridad
de algunos familiares y vecinos. En razón a ello, manifiesta que en estos
momentos vive de la caridad y casi en situación de mendicidad.
De otra parte, precisó que tanto él como su
grupo familiar se encuentran vinculados al régimen subsidiado de salud, a
través de SAVIA SALUD E.P.S. Sin embargo, destacó que ante la imposibilidad de
contar con medios económicos para transportarse a las citas médicas, ni él ni
su compañera reciben atención para sus padecimientos de salud[67].
45. Intervención de COLPENSIONES
El 22 de junio de 2017, el Director de
Acciones Constitucionales de COLPENSIONES señaló que con el fin de optimizar el
proceso de seguimiento y aplicación del precedente judicial constitucional, se
hizo una verificación directa de los criterios jurídicos utilizados por la
entidad en las acciones de tutela seleccionadas para revisión constitucional,
lo que generó un nuevo análisis de las reclamaciones presentadas por los
señores Octavino Estupiñan Rodríguez, Osvaldo José Torres Velásquez y Juan
Evángelista Sepúlveda Ceferino[68].
Al respecto, encontró que (i) el primero cumple con el presupuesto de la Ley
860 de 2003, pues siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al
padecer el actor de una enfermedad “progresiva, degenerativa y congénita”, las
semanas exigidas por la norma se pueden contabilizar desde el momento en que
fue emitido el dictamen de pérdida de capacidad laboral, es decir, 15 de
octubre de 2014, y como efectuó cotizaciones por 70.56 semanas durante el
periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2011 y el 15 de octubre de 2014,
le fue reconocida la pensión de invalidez por un salario mínimo mensual legal
vigente ($737.717), a través de la Resolución No. SUB86704 de 2 de junio de
2017[69].
En cuanto (ii) al segundo, igual que en el caso anterior, se utilizó como fecha
para contabilizar las semanas exigidas por la Ley 860 de 2003, desde que se
emitió el dictamen de pérdida de capacidad laboral, 29 de julio de 2015, y por
tanto se comprobó que desde el 29 de julio de 2012 al 29 de julio de 2015 el
señor Torres Velásquez había cotizado 51.43 semanas, lo que lo hizo merecedor
de la pensión de invalidez con una mesada de un millón quince mil setecientos
ochenta y ocho pesos ($1.015.788), mediante la Resolución No. SUB84874 del 31
de mayo de 2017[70].
Finalmente, (iii) referido al tercero, aclaró que en vista de que el señor
Sepúlveda se encuentra debidamente afiliado a la AFP Pensiones y Cesantías
Protección S.A., dicho fondo es el competente para resolver las solicitudes
referentes a los riesgos de vejez, invalidez y muerte de sus afiliados.
Así las cosas, COLPENSIONES solicitó que
frente a los dos primeros casos se decrete la carencia actual de objeto por
hecho superado y respecto del último, sea desvinculada, en tanto carece de
legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo con la solicitud del escrito de
tutela[71].
II. CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
46.  Esta Corte es competente para conocer
de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 30 de marzo de 2017, proferido
por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de esta Corporación, que
decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.   CUESTIONES PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Legitimación por activa
47. El artículo 86 de la Constitución ha
previsto que cualquier persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección de los derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados.
Los señores Octavino
Estupiñan Rodríguez (T-6.040.890), Jesús Ríos Calderón (T-6.064.355) y Osvaldo
José Torres Velásquez (T-6.049.696), interpusieron
acción de tutela a través de apoderado judicial, razón por la cual, se encuentra acreditada la legitimidad para
promoverla. Por su parte, el señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino
(T-6.061.626) actúa en nombre propio, como titular de
los derechos invocados. De ahí que, también se encuentre legitimado para actuar dentro de la presente solicitud de amparo (C.P.
art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10°). En adición a ello, las
solicitudes de amparo se dirigieron en contra de a las entidades pensionales a
las que se encontraban afiliados los accionantes de manera que existe, al menos
en principio, una relación sustancial que los vincula.
Legitimación por pasiva
48. El artículo 5º del Decreto 2591 de
1991, establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental.
A su vez, el artículo 86 superior prevé que la acción de tutela es procedente
frente a particulares cuando: a) estos se encuentran encargados de la
prestación de un servicio público, b) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés
colectivo; o c) el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión frente al particular[72].
Las demandas de tutela T-6.040.890, T-6.064.355
y T-6.049.696 fueron promovidas en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES, empresa industrial y comercial del Estado del orden
nacional[73]. Por tanto, se entiende acreditado este requisito de
procedencia.
En cuanto a la acción de tutela T-6.061.626, además de dirigirse en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, fue
interpuesta en contra de la AFP Pensiones y Cesantías Protección S.A., ésta
última es una organización privada que se encarga de prestar el servicio
público de seguridad social y, por tanto, en
este caso también se entiende acreditado el requisito de legitimación por
pasiva.
Inmediatez
49. En lo que atañe al requisito de inmediatez, frente a casos de
solicitudes de pensión de invalidez[74], esta
Corte ha expuesto que “la solicitud de amparo será procedente aun habiendo trascurrido un
extenso lapso de tiempo entre la situación que dio origen a la transgresión
alegada y la presentación de la acción, siempre que analizadas las condiciones
específicas del caso concreto, el fallador advierta la presencia de una o
varias de las siguientes circunstancias: (1) La existencia de razones que
justifiquen la inactividad del actor en la interposición de la acción. (2) La permanencia en el tiempo de la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, esto es,
que como consecuencia de la afectación de sus derechos, su situación
desfavorable continúa y es actual. (3) La carga de la interposición de la
acción de tutela resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante; por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros”[75].
-
Expediente T-6.040.890
49.1. Los hechos que dieron origen a la presunta vulneración de
los derechos fundamentales alegados por el apoderado del accionante ocurrieron
el 31 de julio de 2015, día en el que COLPENSIONES le informó al señor Octavino
Estupiñan Rodríguez que no tenía derecho a la pensión de invalidez y la fecha
de interposición de la presente acción fue el 7 de octubre de 2016. Por tanto,
el término transcurrido entre los hechos y la presentación de la solicitud de
amparo es de un (1) año, dos (2) meses y siete (7) días, espacio de tiempo extenso que, por regla
general, no permitiría estructurar la inmediatez. No obstante, acorde  con lo
analizado en líneas anteriores, debe entenderse que en el presente caso se
cumple con este requisito de inmediatez, puesto que la vulneración alegada por
el demandante se ha mantenido en el tiempo, dado que se trata de una
reclamación que recae sobre una prestación periódica, como lo es la pensión de
invalidez y en razón a la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante producto de su grave estado de salud y su difícil
situación económica, circunstancias que impiden exigirle al actor celeridad en
la interposición de la acción de tutela.
-
Expediente T-6.064.355
49.2. En idéntica forma debe resolverse la solicitud de amparo elevada
por la apoderada del señor Jesús Ríos Calderón, pues aunque hasta el 13 de
octubre de 2016 fue radicada la misma, es decir, después de transcurridos tres
(3) años y veintiséis (26) días desde que COLPENSIONES le informó al actor que no tenía
derecho a la pensión de invalidez, situación que prima facie implicaría la ausencia de inmediatez
de la solicitud de amparo y además generaría la declaratoria de improcedencia,
la Sala considera que en este caso la vulneración alegada por el demandante se
ha mantenido en el tiempo, pues se trata de una reclamación que recae sobre una
prestación periódica y el accionante se encuentra incurso en una situación de
debilidad manifiesta producto de su grave estado de salud y su precaria
condición económica, circunstancias que impiden exigirle al actor celeridad en
la interposición de la acción de tutela, pues ello sería desproporcionado.
-
Expediente T-6.049.696
49.3. El señor Osvaldo José Torres Velásquez presentó la demanda
de tutela el 26 de julio de 2016, es decir, dieciocho (18) días después de la
expedición del acto administrativo que generó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales – Resolución No. GNR 201852 del 8 de julio de 2016 –, mediante la
cual COLPENSIONES negó la pensión de invalidez solicitada por el actor, término
que la Corte juzga prudente y razonable para reclamar la protección de los
derechos invocados.
-
Expediente T-6.061.626
49.4. El señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino presentó la
demanda de tutela el 19 de septiembre de 2016, es decir, veintiocho (28) días
después de la expedición de la decisión que generó la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales –respuesta a la petición de reconsideración presentada
el 29 de julio por el demandante–, mediante la cual el fondo de pensiones
Protección reiteró su negativa de reconocer la pensión de invalidez solicitada
por el actor y adicionalmente, le informó que tampoco tenía derecho a la
pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas. En vista de lo anterior, la
Corte juzga prudente y razonable el término para reclamar la protección de los
derechos invocados por el señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino.
Subsidiariedad
50. Respecto de la
subsidiariedad, esta Corporación ha manifestado que “el juez constitucional puede avocar el
conocimiento de demandas de tutela, por medio de las cuales se pretende el
reconocimiento de la pensión de invalidez, cuando se compruebe que el medio ordinario de
defensa judicial carece de idoneidad o eficacia para garantizar de manera
oportuna la protección de los derechos del accionante. Esta situación ocurre
cuando, por ejemplo, (i) se evidencia que dicha prestación es el único medio
que tiene la persona en situación de discapacidad para sobrevivir y garantizar
para sí mismo y para su familia una vida en condiciones de dignidad, (ii) el
beneficiario de la pensión en razón a que se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta es titular de una especial protección constitucional,
(iii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos
invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales
invocados, (iv) [si] el
reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la
configuración de un perjuicio irremediable, y (v) cuando el actor ha acreditado
un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente
conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa
pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos
de reconocimiento del derecho reclamado”[76](Negrilla fuera del texto).
Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal también ha dicho que
aun cuando la condición de los peticionarios no los exime de
tener algún grado de diligencia en la actividad dirigida a obtener la pensión
de invalidez, el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
no se condiciona al agotamiento de los recursos de la vía administrativa, toda
vez el artículo 9 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[n]o será
necesario interponer previamente la reposición u otro recurso administrativo
para presentar la solicitud de tutela”, máxime si se tiene en cuenta
que la acción de tutela es un mecanismo de defensa inmediato para
evitar la amenaza o vulneración actual de derechos fundamentales[77].
De otro lado, en cuanto al análisis de
subsidiariedad frente a la solicitud de la pensión anticipada de vejez por
deficiencias físicas, la Corte, al analizar un caso similar al aquí discutido pero
en el régimen de prima media con prestación definida, precisó que en esos
eventos se siguen las reglas generales de procedencia. Al respecto señaló:
“Esta
Corporación reitera las reglas jurisprudenciales de procedencia de la acción de
tutela, en las que se establece que el amparo constitucional sólo procede en
los casos en que (i) no existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz para
proteger los derechos fundamentales invocados en la tutela y (ii) a pesar de
que exista el mecanismo idóneo, no resulta eficaz ante la inminencia de la
ocurrencia de un perjuicio irremediable esto es, una afectación inminente,
grave y urgente. En relación con el segundo presupuesto, se reitera que el juez
constitucional debe evaluar las condiciones particulares de cada caso para
verificar si el amparo constitucional procede como mecanismo transitorio o
definitivo. Asimismo, se reitera que en los casos de acciones de tutela contra
decisiones proferidas por entidades administradoras de pensiones, el demandante
debe demostrar: (i) que ha realizado actuaciones para obtener la protección del
derecho reclamado y (ii) la afectación de su mínimo vital” [78].
-
Expediente T-6.040.890
50.1. En
principio, podría considerarse que el actor está facultado para cuestionar la
decisión emitida por COLPENSIONES, de no reconocer en su favor la pensión de
invalidez, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, al analizar en concreto las especiales circunstancias
de vulnerabilidad del accionante relativas a (i) su avanzada edad, 70
años, y a su complejo estado de salud – insuficiencia renal terminal con
hemodiálisis tres veces por semana–así como su calificación con una pérdida de
capacidad laboral del 63.5%, y a (ii) la falta de un ingreso básico propio que
le permita sufragar sus gastos mínimos de manutención, razón por la cual
depende económicamente de la colaboración y caridad de sus allegados, llevan a
la Sala a concluir que el mecanismo ordinario no es idóneo ni eficaz para
desatar la discusión planteada, pues de obligarse al actor a acudir a dicha
jurisdicción -dada su precaria situación económica actual, su estado de salud y
sin tener en cuenta que es un trámite que podría durar un tiempo considerable-
se tornaría imposible la protección de los derechos fundamentales invocados por
el demandante.
Asimismo, cabe destacar que aunque el señor
Estupiñán Rodríguez omitió agotar los recursos de la vía administrativa en
contra de la decisión del fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado,
ello no modifica la procedencia de la presente solicitud de amparo, toda vez
que el interesado es una persona en situación de debilidad manifiesta, sobre la
que existe una afectación actual de su derecho fundamental al mínimo vital generada
por el no reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
-
Expediente T-6.049.696
50.2. En idéntica forma se debe resolver la
solicitud de amparo elevada por el señor Osvaldo José Torres Velásquez, quien
tampoco agotó la vía administrativa contra COLPENSIONES, pero (i) tiene 64 años
de edad y padece de ceguera en ambos ojos, enfermedad de carácter progresivo[79],
razón por la que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 80.29%
y conforme a ello se vale totalmente de los cuidados que le brinda un tercero,
por lo que se encuentra imposibilitado para acceder al mercado laboral. Además,
(ii) actualmente carece de recursos económicos propios o de ayuda monetaria
habitual, pues según lo informado por el propio accionante, sus sobrinos y uno
de sus hijos eventualmente le envían algo de dinero, el cual es entregado a la
señora Miyereth Pérez Ciceri para colaborarle con los gastos de su manutención.
Por tanto, las condiciones en las que se
halla un sujeto de especial protección como el accionante, exigen la inmediata
intervención del juez de tutela de manera definitiva, lo que conlleva presumir
la falta de eficacia de los mecanismos ordinarios – medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho –.
-
Expediente T-6.064.355
50.3. Las mismas consideraciones aplican
para el caso del señor Jesús Ríos Calderón, quien pese a señalar que agotó los
recursos de la vía administrativa en contra de la decisión de COLPENSIONES, no
cuenta con pruebas para evidenciar tal proceder. La Sala no puede desconocer la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el actor, pues (i) a sus 53
años, debido a su difícil estado de salud – poliomielitis –fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 71.90%, lo que le ha impedido acceder al
mercado laboral, comoquiera que dos años atrás se dedicaba a la venta ambulante
de dulces[80];
en razón a ello (ii) carece de recursos económicos para satisfacer sus
necesidades básicas y debe vivir del subsidio de la tercera edad que recibe su
progenitora, así como de los trabajos ocasionales que ella realiza en casas de
familia. Además (iii) no cuenta con la propiedad del inmueble en el que reside
con su madre, ya que habitan un cuarto que les fue facilitado por un conocido. Por
consiguiente, el mecanismo ordinario - medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho -, no es eficaz para proteger
los derechos constitucionales que se discuten en sede de amparo, de cara a la
situación de vulnerabilidad del accionante y por tanto, se justifica la
procedencia de la acción de tutela de manera definitiva.
-
Expediente T-6.061.626
50.4. Referente al
caso del señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino, se advierte que el
accionante, en principio, podría acudir a la jurisdicción laboral ordinaria,
comoquiera que el procedimiento laboral es el escenario apropiado para
controvertir la actuación desplegada por el fondo privado de pensiones Protección
S.A., mediante la cual negó al accionante la pensión anticipada de vejez por
deficiencias físicas.
Sin embargo, tal
mecanismo judicial no es idóneo ni eficaz, pues no permite conceder el amparo
inmediato de los derechos que se invocan en esta oportunidad, toda vez que (i)
el actor tiene 60 años y con ocasión de sus múltiples padecimientos médicos,
entre ellos la disfunción de extremidades superiores, trastorno de postura y
marcha de disco cervical con mielopatía, diabetes mellitus insulino requiriente
e hipertensión arterial, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral
del 63.69%. Sin perjuicio de lo anterior (ii) acudió ante su administradora de
pensiones en dos oportunidades, (a) la primera, para solicitar el
reconocimiento de su pensión de invalidez y (b) la segunda, a fin de que el
fondo de pensiones reconsiderara su negativa al otorgamiento de tal prestación
y en su lugar, reconociera en su favor la pensión anticipada de vejez por
deficiencias físicas. Finalmente, la Sala advierte (iii) una grave afectación
del mínimo vital del actor, toda vez que carece de recursos económicos para
satisfacer sus necesidades básicas y las de su grupo familiar compuesto por su
compañera permanente, quien es ama de casa, y su hija menor de edad, por la cual
debe responder económicamente, pese a que actualmente no ejerce ninguna
actividad laboral debido a su situación de discapacidad. Ello ha generado que
tenga que acudir a la ayuda y solidaridad de algunos familiares y vecinos para
sustentar los gastos familiares. Aunado al hecho de que no cuenta con la propiedad del inmueble en el que reside, ni tiene
vehículo automotor, renta fija o muebles que le permitan percibir algún ingreso
económico.
C.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
51. Acorde con los fundamentos fácticos
expuestos en la Sección I de esta providencia, le corresponde a la Sala Tercera
de Revisión determinar (i) si COLPENSIONES vulneró los derechos fundamentales
al mínimo vital y a la vida digna de los señores Octavino Estupiñan
Rodríguez, Osvaldo José Torres Velásquez y Jesús Ríos Calderón, dado que a
través de las Resoluciones Nos. GNR232601 del 31 de julio de 2015, GNR 201852
del 8 de julio de 2016 y GNR 234739 del el 17 de septiembre de 2013, respectivamente,
les negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, pese a que los
accionantes -según afirman- padecen enfermedades congénitas, crónicas y/o
degenerativas y en virtud de ello, tienen capacidad laboral residual. Igualmente
(ii) esta Sala deberá precisar si en vista de que COLPENSIONES en el trámite de
la presente tutela reconoció la pensión de invalidez a los señores Octavino
Estupiñan Rodríguez y Osvaldo José Torres Velásquez, dio lugar a que se
configurara, respecto de las acciones de tutela interpuestas por los referidos
accionantes, el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.
De otro lado, (iii) la Sala también debe
establecer si COLPENSIONES y la AFP Pensiones y Cesantías Protección S.A.
vulneraron los derechos al mínimo vital y a la vida digna del señor Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino, dado que la última de las demandadas le
negó el reconocimiento de la pensión de invalidez y de la pensión anticipada de
vejez, al considerar que respecto de la primera no cumplía con los requisitos
para acceder a ella y en cuanto a la segunda, no estaba reconocida en el
régimen de ahorro individual con solidaridad.
52. Con el fin de resolver los problemas
jurídicos planteados, la Sala se referirá a la jurisprudencia sobre la pensión
de invalidez para personas con enfermedades congénitas, crónicas y/o
degenerativas (Sección D). Seguidamente analizará el régimen aplicable a la
pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas en el régimen de ahorro
individual con  solidaridad (Sección E) y, finalmente, resolverá
los casos concretos sometidos a estudio (Sección F).
D.   PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA PERSONAS CON
ENFERMEDADES CONGÉNITAS, CRÓNICAS Y/O DEGENERATIVAS. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
53. Acorde con el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860
de 2003, tendrá derecho a la pensión de invalidez quien (i) se encuentre
calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más[81]
y (ii) hubiese cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad o del
accidente. Este último requisito se exceptúa en dos casos (i) los menores de
veinte (20) años, quienes solo requieren haber cotizado veinticinco (25)
semanas en el año inmediatamente anterior al hecho que causó la situación de
discapacidad o a su declaratoria y (ii) el afiliado que hubiese cotizado el 75%
de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, quien solo requiere
cotizar veinticinco (25) semanas en los últimos tres años:
“Artículo
39.- Tendrá derecho a la pensión de invalidez el
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
2.
Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo
1. Los menores de veinte (20) años
de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75%
de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”.
Cabe destacar, que
las exigencias reseñadas en precedencia son aplicables al régimen de ahorro individual
por remisión expresa del artículo 69 de la mencionada Ley 100 de 1993[82].
54. Sin perjuicio
de lo anterior, esta Corte ha reconocido que las personas que sufren de
enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas calificadas con una pérdida
de capacidad laboral desde el día de su nacimiento, la fecha del primer síntoma
o del diagnóstico, pueden conservar una capacidad laboral residual, que les
permite desempeñar actividades laborales a pesar de su valoración, debido a que
sus padecimientos médicos son progresivos. Conforme a ello, los fondos de
pensiones están obligados a tomar en consideración los aportes cotizados en
virtud de esa efectiva y probada capacidad laboral residual, al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la pensión de invalidez
para su otorgamiento.
54.1. Al respecto,
la sentencia T-040 de 2015 al analizar dos casos de personas con VIH SIDA, con
pérdida de capacidad laboral superior al 50% y a los cuales sus respectivos fondos
privados de pensiones habían negado el reconocimiento de la pensión de
invalidez, pese a haber realizado cotizaciones al sistema pensional con
posterioridad a la fecha de estructuración de su situación de discapacidad, esta
Corte precisó que “las personas cuya pérdida de capacidad laboral es
producto de una enfermedad Crónica, degenerativa o congénita, tienen derecho a
que se consideren las semanas que continuaron cotizando después del dictamen
para efectos de establecer si cumplieron o no con el número de semanas de
cotización exigidas por la ley” y en razón a ello, amparó los derechos
fundamentales de los accionantes al evidenciar que, en el primer caso, dentro
de los tres años anteriores a la fecha del último aporte al sistema de
pensiones cumplía con los requisitos legales y en el segundo caso, tales
exigencias se observaban desde la fecha de emisión del dictamen de pérdida de
capacidad laboral.
54.2. De forma más
reciente, esta Sala de Revisión a través de la sentencia T-308 de 2016[83],
estudió el caso de una persona que fue diagnosticada desde su nacimiento con
algunas enfermedades degenerativas y conforme a ello fue calificada con una
pérdida de capacidad laboral del 72.75%, con fecha de estructuración desde ese
momento, pese a que el actor laboró durante algunos años y realizó cotizaciones
al fondo de pensiones Porvenir S.A. No obstante, tal entidad negó la pensión de
invalidez, alegando que el actor no cumplía con los requisitos para acceder a
la misma. En aquella ocasión, esta Sala decidió amparar el derecho a la
seguridad social y al mínimo vital del accionante, pues conforme con su
capacidad laboral residual, aportó las 50 semanas a su cuenta pensional dentro
de los tres años anteriores a la última fecha en la que hizo aportes al sistema
general de pensiones.
54.3. En el mismo
sentido, la Sala Plena a través de la sentencia SU-588 de 2016[84]
analizó el caso de una persona a la que COLPENSIONES le negó el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez, ya que no contaba con el número de semanas
requeridas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su
discapacidad, desconociendo así la capacidad laboral residual del accionante,
pues pese a que fue calificado con un 52.5% de pérdida de capacidad laboral
debido a su enfermedad congénita, aportó al Sistema General de Seguridad Social
durante varios años.
En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional señaló que las administradoras de pensiones no
pueden negar el reconocimiento de la pensión de invalidez a una persona que
sufre una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, tomando como fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral el día del nacimiento, uno
cercano a este, el momento en el que se presentó el primer síntoma o la fecha
del diagnóstico, desconociendo, en el primer caso, que para esa persona era
imposible cotizar con anterioridad a su nacimiento; y, en el segundo y tercero
que, pese a las condiciones de la enfermedad, la persona pudo desempeñar una
labor, y, de esa manera descartar las semanas aportadas con posterioridad al
momento asignado en la calificación. En lugar de ello, al fondo de pensiones le
corresponde verificar que los pagos realizados con posterioridad a la
estructuración de la invalidez, (i) hayan sido aportados en ejercicio de
una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y (ii) que
éstos no se hubiesen efectuado con el único fin de defraudar el Sistema de
Seguridad Social. Lo anterior, a fin de determinar el momento a partir del cual
se debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 860 de
2003.
55. Conforme con
la jurisprudencia reseñada en precedencia, los fondos de pensiones tanto en el régimen de ahorro
individual con solidaridad como en el régimen de prima media con prestación
definida, deben contabilizar los aportes que realizan las personas calificadas
con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, con ocasión de
una enfermedad de tipo congénita, crónica y/o degenerativa con posterioridad a
la fecha de estructuración de su invalidez, cuando éstos hayan sido cotizados
en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual. En
consecuencia, el momento desde el que se debe proceder a verificar el requisito
de la Ley 860 de 2003 – 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores
a la fecha de estructuración – puede ser (i) la fecha de la calificación de la
invalidez, (ii) la fecha de la última cotización efectuada o (iii) la fecha de
la solicitud del reconocimiento pensional, dependiendo las circunstancias
particulares de cada caso en concreto.
E.   PENSIÓN ANTICIPADA DE VEJEZ POR
DEFICIENCIAS FÍSICAS EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD
56. Acorde con el artículo 48 de la
Constitución Política, la seguridad social se encuentra prevista como un
derecho y, a la vez, como un servicio público irrenunciable, cuya organización,
dirección y prestación corresponde al Estado de acuerdo con los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad[85].
En desarrollo de ello, el Legislador expidió la Ley 100 de 1993 “Por la cual
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”, norma que estructuró el Sistema General de Pensiones[86],
a través de dos regímenes[87]:
(a) solidario de prima media con prestación definida y (b) de ahorro individual
con solidaridad, cuyo propósito es atender los riesgos derivados de la vejez,
invalidez y la muerte.
57. Posteriormente, el Legislador expidió
la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales” y en
su artículo 9 modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, disposición que
contempla los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de
prima media con prestación definida, principalmente sobre los requisitos
exigidos para acceder a tal prestación –edad y semanas cotizadas o tiempo de
cotización–. No obstante, dicha reforma también introdujo, en el parágrafo
cuarto, una pensión especial que anticipa el riesgo de vejez a las (i) personas
con deficiencias físicas, síquicas o sensoriales y (ii) a las madres o padres
con hijos en situación en discapacidad:
“PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los
requisitos establecidos en los numerales 1 y 2[88] del presente
artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial
del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma
continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social
establecido en la Ley 100 de 1993.
La madre trabajadora cuyo hijo
padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto
permanezca en este estado y continúe como dependiente de
la madre, tendrá derecho a
recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema
General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de
prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la
trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la
patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en
las condiciones establecidas en este artículo” (el vocablo madre fue declarado
exequible de manera condicionada).
En este orden de
ideas, para acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas
se requiere que el solicitante (i) padezca una deficiencia física, síquica o
sensorial del 50% o más, (ii) que haya superado los 55 años de edad y (iii) que
haya cotizado de forma continua o discontinua 1000 semanas o más al régimen de
seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.
58. Dado que en esta oportunidad se ha
discutido si la regulación contenida en la Ley 797 de 2003 en materia de
pensión anticipada de vejez es aplicable a las personas vinculadas al régimen
de ahorro individual con solidaridad, la Corte juzga necesario, para decidir
tal cuestión, establecer las razones que podrían apoyar una u otra
interpretación.
58.1. En favor de la posición según la cual
se trata de una pensión aplicable únicamente a los afiliados al régimen de prima
media con prestación definida se encuentran, en síntesis, las siguientes dos razones:
i) La pensión anticipada de vejez por deficiencias
físicas no es reconocida de manera expresa en el régimen de ahorro individual
con solidaridad. En efecto,  la disposición que la contiene se encuentra
ubicada dentro del marco regulatorio del régimen de prima media con prestación
definida, sin que en el régimen de ahorro individual con solidaridad se
disponga alguna remisión al parágrafo 4º que la contiene. Conforme a ello y
dado que el literal  c) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 prevé que el
Sistema General de Pensiones reconoce las pensiones de invalidez, vejez y
sobrevivientes, acorde con lo dispuesto en la ley, no podría admitirse una
pensión que extienda el régimen vigente previsto por el Legislador.
ii) Esta Corte mediante sentencia C-030 de
2009 al analizar la pensión especial por actividades de alto riesgo -contemplada en el Decreto 2090 de 2003 y en la Ley 860
del mismo año- cuyos requisitos son idénticos a los previstos para la pensión
anticipada de vejez por deficiencias físicas (tener 55 años de edad y cotizar
un mínimo de 1000 semanas), estimó que es razonable que exista una pensión
contemplada únicamente en el régimen de prima media con prestación definida, si
para acceder a la misma se requiere cumplir con cierta edad y un monto de
semanas cotizadas, pues tales exigencias corresponden al régimen de prima media
con prestación definida y no al régimen de ahorro individual con solidaridad,
en el que solo se requiere acumular un capital. Dijo en esa ocasión este Tribunal:
“Por
esto, teniendo en cuenta el amplio margen de configuración que tiene el
Legislador en esta materia, resulta razonable que en las disposiciones acusadas
sólo se consagre la pensión especial por actividades de alto riesgo a aquellas
personas que se encuentren afiliadas al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, ya que dicho régimen incorpora los requisitos de edad y semanas de
cotización para acceder a las pensiones, no así el Régimen de Ahorro
Individual.
Además,
obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones a reconocer pensiones
con fundamento en requisitos propios del Régimen de Prima Media
desnaturalizaría el Sistema General de Pensiones, puesto que cada régimen tiene
sus características propias y excluyentes entre sí. Como se ha dicho, en el
Régimen de Ahorro Individual se accede a la pensión de vejez cumpliendo
requisitos atinentes al capital acumulado, no a la edad del afiliado, pues éste
escoge la edad para pensionarse, ni a las semanas cotizadas, puesto que en este
régimen se pueden realizar aportes voluntarios con el fin de obtener una
pensión mayor o un retiro anticipado” (negrilla fuera del texto).
Con fundamento en las razones expuestas, la
pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas no se encontraría prevista
para el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues (i) no fue
incorporada expresamente en tal régimen y (ii) los requisitos que contempla la
norma para acceder a la misma son propios del régimen de prima media con
prestación definida –edad y semanas cotizadas–. De ahí que, de ordenar su
reconocimiento en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se
desnaturalizarían las características propias de este régimen pensional.
58.2. En contraste, a favor de la posición
según la cual la pensión anticipada de vejez podría solicitarse en el régimen
de ahorro individual con solidaridad, es posible considerar las siguientes
razones:
i) La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Laboral[89]
al analizar una solicitud de pensión especial de vejez para una madre con hijo
en situación de discapacidad -regulada en la misma disposición de la pensión
anticipada de vejez por deficiencias físicas- estimó que los regímenes que
componen el Sistema General de Pensiones deben cubrir los mismos riesgos y
contingencias – invalidez, vejez y sobrevivientes –, pues de no ser así no se
cumpliría el principio de integralidad que rige el Sistema General de Seguridad
Social. En ese sentido, aclaró que al no existir ninguna razón de orden
financiero, administrativo o referida a la estructura de los regímenes
pensionales que ameriten un trato diverso, no se justifica que un afiliado a un
régimen (prima media) goce de una protección a la que no pueda acceder el
afiliado del otro régimen pensional (ahorro individual). Sobre el particular
señaló:
“(…) la
Ley 797 de
2003 estuvo dirigida a reformar ciertos aspectos del Sistema General de
Pensiones, en algunos casos comunes para los dos regímenes; por esto se
explica que el artículo 9, que en
principio pareciera estar dirigido a modificar sólo temas del régimen de prima
media con prestación definida, pero que, como se verá, contiene disposiciones
para los dos regímenes, estableciera en el inciso segundo de su parágrafo 4 una
variante prestacional igual para ambos subsistemas, originalmente dirigida a
prestar amparo a las madres con hijos que padezcan minusvalía física o mental, con
el reconocimiento de una pensión especial a cualquiera edad, pero hoy,
luego de su examen de constitucionalidad, extensiva a los padres cabeza de
familia de hijos discapacitados y que dependan económicamente de él, según surge
de las sentencias de la Corte Constitucional C-989 de 2006 y
C- 227 de 2004.
(…)
(…) la pensión
especial de vejez que allí se regula no corresponde, en estricto sentido, a una
prestación nueva sino que se trata de la misma pensión de vejez que es común
en los dos regímenes aludidos, sólo que, por un motivo proteccionista, propio
de la seguridad social, su causación se anticipa por razón de la contingencia
familiar allí referida. No existe, a juicio de la Corte, se insiste,
una razón valedera para pensar que es exclusiva de uno de los dos
subsistemas de pensiones previstos por la ley, pues basta recordar que esos
regímenes no son antagónicos, ya que están concebidos como concurrentes para
brindar a los afiliados modalidades distintas para la causación de la pensión
de vejez, pero, en todo caso, para cubrir las contingencias a los
beneficiarios, así existan variantes en la forma como se otorga la prestación
económica, pues, obviamente, la modalidad de la prestación y su cuantía no
podrá ser exactamente la misma y dependerán ellas de las reglas específicas de
cada régimen.
Es cierto que,
de manera poco técnica, con el artículo 9 de la
Ley 797 de 2003 se  adicionó el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, que trata sobre la pensión de vejez en el régimen de prima
media con prestación definida y se ubica dentro del título de que trata ese
régimen. Pero esa circunstancia, que indiscutiblemente en otro contexto
podría servir como elemento que permitiría utilizar un criterio de
interpretación sistemático, en este caso específico  no puede llevar a
concluir que el derecho consagrado en la norma bajo análisis sea exclusivo de
los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, pues, en lo
que concierne con la pensión especial en comento, basta tomar en consideración
el propósito protector del derecho y la forma como está concebido, para
fácilmente percatarse de que pueden y deben acceder al mismo los afiliados a
cualquiera de los dos regímenes” (negrilla fuera del texto).
ii) La Corte Constitucional a través de la
sentencia C-758 de 2014, estudió la constitucionalidad del inciso segundo del
parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 9
de la Ley 797 de 2003 -referido a la pensión especial de vejez para la madre o
el padre con hijo en situación de discapacidad-. En esa ocasión concluyó que la
voluntad del Legislador fue crear un beneficio para las personas en situación
de discapacidad que dependen económicamente de sus padres, por lo que sería
contrario a la igualdad reconocer esta acción afirmativa en un régimen
pensional y en el otro no. Sobre el particular advirtió este Tribunal:
“(…) la Sala Plena
identifica que la disposición que contiene la expresión demandada, tiene una
doble finalidad claramente definida de forma unívoca. Por un lado, busca dar un reconocimiento y en ese
sentido, generar un beneficio para las madres y los padres con hijos en
situación de discapacidad, sin importar si ellos son o no menores de edad
pues lo que resulta relevante es la dependencia de su progenitor. Por otro, crea
una medida de acción afirmativa o discriminación positiva en favor de las
personas en situación de discapacidad, que pretende contribuir con ello a su
efectivo desarrollo, integración social y adecuada rehabilitación. Bajo el propósito que identifica la
Corte reiterando lo expuesto en su jurisprudencia, y a la luz del principio de
effet utile aplicado por esta Corporación, no encuentra la Sala Plena ninguna
justificación proporcionada y razonable para permitir una interpretación que
genere como resultado la restricción de la pensión especial de vejez por hijo
en situación de discapacidad a quienes hacen parte del Régimen de Prima Media,
dejando por fuera a una parte considerable de la población, que experimentando
la misma situación, lo hace del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Una interpretación que lleve a
que la pensión especial de vejez del inciso segundo del parágrafo 4º, se
aplique a unos y no a otros, resulta a todas luces contraria al principio de
igualdad, a la obligación de adoptar medidas a favor de las personas en
situación de discapacidad y, si el caso concreto corresponde, a los
derechos prevalentes del niño contenidos en la Constitución.
(…) en realidad no existe
ninguna razón de orden administrativo, estructural o financiero para que esa
prestación sólo deba estar a cargo de las administradoras de uno de los dos
regímenes, con mayor razón si se exige una densidad de cotizaciones que debe
ser suficiente para financiar la prestación” (negrilla fuera del texto).
iii) Finalmente, un examen de algunos de los
antecedentes legislativos de la Ley 797 de 2003 podrían sugerir que la pensión
anticipada de vejez (i) fue creada en favor de  personas en situación de
discapacidad con deficiencias físicas, síquicas o sensoriales y (ii) no se hizo
distinción alguna respecto del destino de los aportes, aludiendo en general a
los aportes al Sistema General de Pensiones  -tanto al fondo público como a los
fondos privados-[90].
59. En síntesis, concurren argumentos a favor y en
contra de reconocer la pensión anticipada de vejez en el régimen de ahorro
individual con solidaridad, pero para la Corte Constitucional, frente a los
mandatos del Acto Legislativo 01 de 2005, es al Legislador a quien corresponde
definir esta situación. La diversidad de interpretaciones en un asunto
fundamentalmente legal le impone importantes límites al juez constitucional
dado que la controversia debería ser resuelta, al menos prima facie, por
autoridades con competencia legislativa o, en su caso por la jurisdicción
ordinaria. Esta conclusión, que encuentra fundamento en el deber de preservar
la autonomía judicial y el principio democrático, adquiere un significado
especial cuando -como se verá que ocurre en este caso- están ya satisfechas las
condiciones para acceder a una pensión que, como la invalidez, garantiza
condiciones mínimas de existencia digna al accionante.
F.    SOLUCIÓN DE LOS CASOS CONCRETOS
La configuración de un hecho
superado en los expedientes T-6.040.890 y T-6.049.696
60. Esta Sala de
Revisión[91]
ha precisado que la carencia actual de objeto se configura cuando no existe
ningún objeto jurídico sobre el cual el juez de tutela pueda pronunciarse,
situación que se presenta en los casos de (i) daño consumado, (ii) hecho
superado o (iii) cualquier circunstancia
que haga inocuas las
pretensiones de la solicitud de amparo. Respecto del hecho superado, éste se da
cuando entre la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo, (a)
el agente transgresor satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, (b) el actor pierde interés jurídico sobre el asunto o (c)
existe sustracción de materia, razón por la cual la Corte se encuentra obligada
a verificar su ocurrencia y, de ser el caso, podrá abstenerse de emitir
cualquier orden en el asunto puesto a su conocimiento. Adicionalmente, le corresponde a la Corte determinar
si las decisiones de los jueces de instancia fueron adoptadas conforme a las
disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Expediente T-6.040.890
61. En el caso del señor
Octavino Estupiñan Rodríguez -T-6.040.890- el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si COLPENSIONES vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, al negarle la pensión de
invalidez, sin tomar en consideración la capacidad laboral residual del actor,
pese a que padece de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa.
Asimismo esta Sala de Revisión deberá definir si en el presente asunto operó el fenómeno de la carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que la entidad demandada en el trámite
de tutela reconoció al accionante la pensión de invalidez, a través de la
Resolución No. SUB86704 de 2 de junio de 2017[92].
Conforme con los
elementos probatorios aportados por las partes, se encuentra acreditado que (i)
el señor Estupiñan Rodríguez padece de una enfermedad de tipo crónico –
insuficiencia renal terminal – y en virtud de ello fue calificado, el 15 de
octubre de 2014, con una pérdida de capacidad laboral del 63.5%, con fecha de
estructuración del 8 de marzo de 2014. No obstante, con posterioridad a la
citada fecha de estructuración (ii) cotizó a COLPENSIONES durante todo el año
2014 y los primeros dos meses de año 2015[93],
por lo que (iii) solicitó a su fondo de pensiones el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez, petición que fue resuelta el 31 de julio de 2015, a
través de la Resolución No. GNR 232601, en el sentido de negar la prestación
requerida, al concluir que el señor Estupiñan Rodríguez no acreditaba cincuenta
(50) semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de su
invalidez – Ley 860 de 2003–.
En este orden de ideas, se
puede colegir que COLPENSIONES vulneró, en un primer momento, los derechos
fundamentales del señor Octavino Estupiñan Rodríguez, toda vez que no tuvo en
consideración la efectiva y probada capacidad laboral residual del actor, que
autoriza a contabilizar las semanas requeridas por la Ley 860 de 2003 desde la
fecha de emisión del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues aun cuando dentro
del expediente no obra ningún tipo de certificado laboral, sí se advierte que
(i) el demandante ha realizado cotizaciones desde 1978 hasta el año 2015, de
manera interrumpida, y que (ii) desde el año 2013 hasta la última fecha de su
cotización, quien realizó los aportes al sistema fue la empresa Techos y
Estructuras Moises S.A.S.[94], lo que
sugiere que desempeñó una labor u oficio en la misma. Por tanto, no existen razones
para considerar que con el proceder del demandante se defrauda al Sistema General
de Pensiones y, que en virtud de ello, no hay lugar a reconocer en su favor la
pensión de invalidez.
No obstante, durante el
trámite de revisión COLPENSIONES le informó a esta Sala que con ocasión de la
selección de la tutela de la referencia, estudió nuevamente el caso del señor
Estupiñan Rodríguez y acogiendo los criterios jurisprudenciales de esta
Corporación, determinó que “en los casos de personas que padecen una
enfermedad progresiva, degenerativa o congénita y que el marco normativo
aplicable sería el previsto en la Ley 860 de 2003, se debe acreditar 50 semanas
dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de emisión del
dictamen de la pérdida de capacidad laboral, presupuesto que se cumple en esta
ocasión, ya que el demandante efectuó cotizaciones durante el periodo
comprendido entre el 15 de octubre de 2014 y el 15 de octubre de 2011 (…) por
70.56 semanas”. Lo anterior, tomando en consideración que la fecha de
emisión del dictamen es del 15 de octubre de 2014. Por consiguiente, procedió a
reconocer la pensión de invalidez en favor del señor Estupiñan Rodríguez
mediante la resolución No. SUB 867004 del 2 de junio de 2017[95].
Así las cosas,
para esta Sala de Revisión quedó evidenciado que, previo a que el apoderado del
señor Estupiñan Rodríguez presentara la acción de tutela de la referencia,
COLPENSIONES, vulneró el derecho al mínimo vital del accionante. Sin embargo, dado
que durante el trámite de la presente acción de tutela COLPENSIONES a través de
la resolución No. SUB
867004 del 2 de junio de 2017, cesó la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por el demandante, satisfaciendo de manera íntegra la pretensión
perseguida por éste, al  reconocer y
ordenar el pago de la pensión de invalidez por el monto de un salario mínimo
mensual legal vigente, se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Advierte la Corte que la decisión de los jueces de
instancia de declarar la improcedencia de la acción de tutela resultó
equivocada, razón por la cual revocará sus fallos. Sin embargo, dado que en
este caso se han constatado los elementos que evidencian la existencia de un
hecho superado, la Corte procederá a declararlo en la parte resolutiva.
Expediente T-6.049.696
62. Respecto del señor Osvaldo
José Torres Velásquez, la Sala advierte que su situación es igual a la expuesta
en el asunto anterior, pues COLPENSIONES en un primer momento le negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez por no reunir los requisitos
previstos en la Ley 860 de 2003, pero durante el presente trámite de revisión,
mediante Resolución No. SUB 84874 del 31 de mayo de 2017 reconoció y ordenó el
pago de la misma, razón por la cual el problema jurídico a analizar en esta
ocasión es idéntico al señalado en la consideración número 61.
Sobre el particular, cabe
destacar que el señor Torres Velásquez (i) padece de ceguera en ambos ojos,
enfermedad degenerativa - progresiva[96], y con
ocasión de ello fue calificado, el 29 de julio de 2015, con una pérdida de capacidad
laboral del 80.29%, cuya fecha de estructuración se fijó el día 19 de
septiembre de 2012. Sin embargo, (ii) acorde con la información aportada por
COLPENSIONES, el señor Torres Velásquez realizó cotizaciones al sistema hasta
el año 2014 y en el año 2016 solicitó el reconocimiento de la pensión de
invalidez (iii) la cual le fue negada, por no acreditar 50 semanas dentro de
los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración según lo previsto en
la Ley 860 de 2003, por medio de la Resolución No. GNR 201852 del 8 de julio de
2016.
Conforme con lo expuesto en precedencia, esta Sala
concluye, igual que en el caso anterior, que COLPENSIONES vulneró, en un
primer momento, los derechos fundamentales del señor Osvaldo José Torres
Velásquez, toda vez que no tuvo en consideración la efectiva y probada
capacidad laboral residual del actor, que autoriza a contabilizar las semanas
requeridas por la Ley 860 de 2003 desde la fecha de emisión del dictamen de
pérdida de capacidad laboral, pues aun cuando dentro del expediente no obra
ningún tipo de certificado laboral, sí se advierte que (i) el demandante ha realizado
cotizaciones desde 1977 hasta el año 2014, de manera interrumpida, (ii) por
intermedio de varias sociedades y solo entre noviembre de 2013 y hasta la
última fecha de su última cotización – octubre de 2014 – aportó de manera
independiente, de lo que se puede inferir que el señor Torres Velásquez,
primero realizó algún tipo de labor u oficio en cada una de las sociedades que
aparecen como empleadores, y posteriormente, continuó aportando hasta que su
condición de salud se lo permitió[97]. Por
tanto, no existen razones para considerar que con el proceder del demandante se
defrauda al Sistema General de Pensiones y que en virtud de ello no hay lugar a
reconocer en su favor la pensión de invalidez.
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad demandada en
el trámite de revisión informó que, ocasión de la selección de la tutela de la referencia, estudió
nuevamente el caso del señor Osvaldo José Torres Velásquez y acogiendo los
criterios jurisprudenciales de esta Corporación, definió que “la
verificación de cumplimiento de las semanas de cotización para acceder a la
prestación reclamada, se puede hacer desde la fecha en la que se expidió el
dictamen de pérdida de capacidad labora, esto es, 29 de julio de 2015, [pues]
durante el periodo comprendido entre el 29 de julio de 2015 y el 29 de julio
de 2012 el actor reporta 51.43 semanas de cotización al sistema de pensiones,
por lo que a través de la Resolución SUB 84874 del 31 de mayo de 2017, fue
reconocida la pensión de invalidez”[98].
De ahí que, en el mismo sentido que en el caso
anterior, la Sala advierta que COLPENSIONES vulneró el derecho al mínimo vital
del señor Torres Velásquez debido a que no reconoció la pensión de invalidez en
el momento en el que fue solicitada, pese a que el accionante cumplía con los
requisitos para acceder a la misma. No obstante, en vista de que la aludida
administradora de pensiones corrigió su equivocación y ordenó el reconocimiento
y pago de la pluricitada prestación durante el trámite de tutela, se configuró
también en este caso una carencia actual de objeto por hecho superado.
De la misma manera en que ello ocurrió en el caso
anterior, los jueces de instancia  declararon la improcedencia de la acción de
tutela, a pesar de que ello resulta equivocado. Sin embargo, en este caso se
han constatado los elementos que evidencian la existencia de un hecho superado
y, por ello, se efectuará tal declaración.
63. Ahora bien, aun cuando ya no existe
fundamento para impartir una orden específica de protección de los derechos
fundamentales inicialmente vulnerados de los señores Octavino Estupiñan
Rodríguez y Osvaldo José Torres Velásquez, conforme con lo analizado en líneas
anteriores, ello no impide que la Sala advierta a la Administradora Colombiana
de Pensiones - COLPENSIONES que al momento de proferir una decisión sobre el
reconocimiento del derecho pensional de las personas con enfermedades
congénitas, crónicas y/o degenerativas, acoja las reglas reseñadas y unificadas
por la Corte Constitucional, en lugar de aplicarlas de manera exclusiva a los
casos seleccionados por esta Corporación, máxime si se toma en cuenta que a
través de sentencia SU-588 de 2016 ya se había ordenado a todos los fondos de
pensiones – tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en
el régimen de ahorro individual con solidaridad– acoger tales reglas
jurisprudenciales.
Pensión de invalidez en el expediente
T-6.064.355
64. En cuanto al señor Jesús Ríos Calderón, el
problema jurídico consiste en determinar si COLPENSIONES vulneró sus derechos fundamentales
a la vida digna y al mínimo vital al no tener en cuenta las semanas cotizadas
con posterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez, pese a que se
trata de una persona que padece de una enfermedad congénita, crónica y/o
degenerativa.
Acorde con los elementos probatorios aportados al
expediente, la Sala evidencia que (i) el señor Ríos Calderón padece desde los
cinco años de edad las secuelas de la “poliomielitis”; (ii) el 8 de
julio de 1997 fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 57.5%,
sin que se hubiese indicado fecha de estructuración; (iii) posteriormente, el 3
de marzo de 1998 empezó a realizar cotizaciones a COLPENSIONES hasta el 6 de
octubre de 2004[99], fecha de su último aporte; (iv)
el 19 de octubre de 2010, el actor fue calificado, nuevamente, con una pérdida
de capacidad laboral del 71.90% con fecha de estructuración el 29 de septiembre
de 1968, a los cinco años de edad del señor Ríos Calderón[100],
y (v) el 17 de septiembre de 2013, COLPENSIONES a través de la Resolución No.
GNR 234739 negó la pensión de invalidez al demandante dado que “comenzó a
cotizar al sistema de pensiones el 1 de octubre de 1997, fecha para la cual
había tenido ocurrencia el siniestro del pago de la prestación aquí solicitada…”[101].
En este orden de ideas, la Sala advierte que al señor
Ríos Calderón le fue establecida como fecha de estructuración de la invalidez,
el 29 de septiembre de 1968 a los cinco (5) años de edad, momento en que fue diagnosticado
con la enfermedad de poliomielitis o desde que tuvo su primer síntoma, padecimiento
que es de tipo crónico y degenerativo, pues acorde con su historia clínica
tiene  “múltiples patologías crónicas (…) con secuelas permanentes y
progresivas”[102]. En consecuencia,
contabilizar las semanas de cotización que exige la Ley 860 de 2003 desde esa
fecha, como en este caso lo hizo COLPENSIONES, sería desconocer que en este
tipo de enfermedades la pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva es
paulatina, pues la persona puede conservar capacidades funcionales que le
permitan desarrollar algún tipo de actividad laboral, a fin de realizar
cotizaciones al Sistema General de Pensiones[103].
Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación
mediante sentencia SU-588 de 2016 precisó que para personas con enfermedades
congénitas, crónicas y/o degenerativas, el cumplimiento de los aportes
correspondientes a 50 semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha
de estructuración puede establecerse tomando en cuenta (i) la fecha de
calificación de la invalidez, (ii) la fecha de la última cotización o (iii) la
fecha de solicitud del reconocimiento pensional, según sea más beneficioso para
el accionante. Ello, desde luego, bajo la condición de que dichos aportes hayan
sido realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual
del interesado, y  sin que se hubiesen efectuado con el único fin de defraudar
el Sistema General de Pensiones.
Es preciso resaltar que la
elección entre las fechas antes mencionadas tiene por objeto establecer el
momento en el que se estructura la pérdida de capacidad laboral de manera
permanente y definitiva, es decir, cuando se pueda presumir que el padecimiento
del actor se manifestó de forma tal que le impidió continuar siendo laboralmente
activo y surgió la imposibilidad de procurarse sus propios medios de
subsistencia[104]. Por
consiguiente, la selección de la fecha debe orientarse por aquella que, con
algún grado de seguridad, corresponda con la pérdida de capacidad laboral permanente
y definitiva.
En el caso particular del señor Ríos Calderón, la Sala
advierte que realizó aportes al fondo pensional desde el 3 de marzo de 1998
hasta el 6 de octubre de 2004, para un total de 115.14 semanas, es decir, con posterioridad
a la fecha de estructuración de su invalidez.
En este orden de ideas, el demandante no cumpliría con
el requisito exigido por la Ley 860 de 2003, si se toma como fecha de
referencia la de calificación de la invalidez – 19 de octubre de 2010 – o la de
solicitud del derecho pensional – 12 de abril de 2013[105]
– comoquiera que los tres años anteriores a esas fechas no realizó cotizaciones
al Sistema General de Pensiones. No obstante, si se analiza desde la última
fecha que realizó aportes a COLPENSIONES, en el año 2004, la Sala observa que
dentro de los tres (3) años anteriores a esta última tendría un total de 60
semanas cotizadas[106], es decir, más de las semanas requeridas
para acceder a la pensión de invalidez.
Asimismo, la Sala también evidencia que los aportes realizados por el
señor Ríos Calderón derivan de su efectiva y probada capacidad laboral
residual, y que además, éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el
Sistema de Seguridad Social. En primer lugar, el oficio desempeñado por el
accionante era de vendedor ambulante de frutas y, en virtud de ello,, se puede
apreciar en la historia laboral, que la mayoría de los aportes efectuados a
COLPENSIONES eran subsidiados -“pago como régimen subsidiado”- y en los
eventos en los que las cotizaciones no correspondían al subsidio, el señor Ríos
Calderón trataba de aportar así fuese de forma mínima o incompleta[107], circunstancia que da cuenta de la
precaria situación económica del demandante. A su vez, (ii) las semanas
cotizadas en el fondo de pensiones no se limitan a las requeridas por la Ley,
sino que son un poco más del doble de las exigidas.
Conforme a lo expuesto en precedencia el señor Jesús Ríos Calderón
fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 71.90% y con ocasión de su efectiva y
probada capacidad laboral residual cotizó al Sistema General de Pensiones más
de cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de
la última cotización efectuada a COLPENSIONES, sin que de ello se desprenda que
con esos aportes se pretende defraudar al Sistema General de Pensiones. Razón
por la cual le corresponde el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
En consecuencia,
la Sala tutelará los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna
del señor Jesús Ríos Calderón y revocará la sentencia proferida el 8 de
noviembre de 2016 por el Juzgado Penal del Circuito de
Fresno Tolima, mediante la cual se negó el derecho pensional del señor Jesús
Ríos Calderón. En su lugar, se ordenará a COLPENSIONES que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, reconozca y pague en favor del señor Jesús Ríos Calderón la
pensión de invalidez.
La pensión de invalidez y la pensión anticipada de
vejez por deficiencias físicas en el caso del accionante del expediente
T-6.061.626
65. 1. Acorde con
el artículo 69 que remite de manera expresa al artículo 39 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, tendrá derecho a la
pensión de invalidez quien (i) sea calificado con una pérdida de capacidad
laboral del 50% o más y (ii) hubiese cotizado cincuenta (50) semanas dentro de
los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
enfermedad o del accidente. Este último requisito se exceptúa en dos casos (i)
los menores de veinte (20) años, quienes solo requieren haber cotizado
veinticinco (25) semanas en el año inmediatamente anterior al hecho que causó
la situación de discapacidad o a su declaratoria y (ii) el afiliado que hubiese
cotizado el 75% de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, solo
requiere cotizar veinticinco (25) semanas en los últimos tres años.
En este orden de ideas, el actor fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 63.69%, cumpliendo con el primer requisito
de la norma, pero como bien lo señaló el fondo de pensiones no cotizó cincuenta
(50) semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración de su invalidez -12 de julio de 2011-, pues según su historia
de aportes solo cotizó entre el año 2010 y el año 2008 0.05 semanas. No
obstante, la sala advierte que cotizó más del 75% (975 semanas) de las semanas
mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez (1300 semanas), pues en
total tiene 1152 semanas cotizadas, pero
En vista de ello, y en atención a su difícil situación
económica dado que es padre cabeza de hogar, se encuentra registrado en el SISBEN[108]
y ostenta la calidad de desplazado[109],
solicitó a su fondo de pensiones, primero, el reconocimiento de la pensión de
invalidez y luego la pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas.
De manera preliminar, la Sala encuentra razones
suficientes para estimar que el señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino sí
ostenta la calidad de padre cabeza de hogar[110], pues según lo informado por el
accionante, tiene a su cargo el cuidado de su hija menor de edad[111]
quien no solo depende económicamente de él, sino que además reside en la misma
casa junto con la compañera permanente del actor. Esta última conforme con la
historia clínica[112] tiene algunos padecimientos
médicos actualmente en tratamiento y con ocasión de ellos no ejerce ninguna
actividad laboral. En ese sentido, se puede colegir que el sustento económico
del hogar se encuentra radicado en la cabeza del señor Sepúlveda Ceferino, lo
que sumado a su labor de cuidado y manutención de su hija menor de edad le
atribuyen el estatus de padre cabeza de hogar.
Ahora bien, en cuanto a las solicitudes pensionales
elevadas por el señor Sepúlveda Ceferino la Sala estima pertinente analizar
cada una de ellas, a fin de verificar si las mismas fueron negadas en debida
forma por el fondo de pensiones Protección.
Pensión de invalidez
65.1. Acorde con
el artículo 69, que remite de manera expresa al artículo 39 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, tendrá derecho a la
pensión de invalidez quien (i) sea calificado con una pérdida de capacidad
laboral del 50% o más y (ii) hubiese cotizado cincuenta semanas dentro de los
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
enfermedad o del accidente. Este último requisito se exceptúa en dos casos (i)
los menores de veinte años, quienes solo requieren haber cotizado veinticinco
semanas en el año inmediatamente anterior al hecho que causó la situación de
discapacidad o a su declaratoria y (ii) el afiliado que hubiese cotizado el 75%
de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, solo requiere cotizar
veinticinco semanas en los últimos tres años.
En este orden de ideas, el actor fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 63.69%, cumpliendo con el primer requisito
de la norma, pero como bien lo señaló el fondo de pensiones no cotizó cincuenta
(50) semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración de su invalidez -12 de julio de 2011-, pues según su historia
de aportes solo cotizó entre los años 2008 y 2010 0.05 semanas. No obstante, la
Sala advierte que cotizó más del 75% (975 semanas) de las semanas mínimas requeridas
para acceder a la pensión de vejez (1300 semanas), pues en total tiene 1152 semanas
cotizadas, pero tampoco cumple con el requisito de reunir las semanas exigidas en
la norma, si se computan desde los tres años anteriores a la fecha de
estructuración.
Al respecto, cabe destacar que pese a que la fecha de
estructuración de la invalidez es del 12 de julio del año 2011, el señor
Sepúlveda Ceferino trabajó hasta el 2013 conservando capacidad laboral
residual, pues dentro de los múltiples padecimientos que afectan su estado de
salud se incluyen enfermedades que pueden ser calificadas como congénitas,
crónicas y/o degenerativas, como la diabetes mellitus[113].
De otro lado, en cuanto a que dichos aportes hayan sido realizados en
ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado,
y que éstos no se hubiesen efectuado con el único fin de defraudar el Sistema
de Seguridad Social, la Sala encuentra dos argumentos: (i) acorde con la
historia laboral los aportes pensionales fueron realizados por intermedio de
varias sociedades, lo que supone que realizó algún tipo de labor u oficio en cada
una de las empresas que aparecen como sus empleadores y (ii) el actor ha
cotizado un número considerable de semanas.
En consecuencia, la fecha a
partir de la cual se deben contabilizar las semanas exigidas por la norma para
que el señor Sepúlveda Ceferino acceda a la pensión de invalidez, es desde su
última cotización al Sistema General de Pensiones, en razón de su efectiva y
probada capacidad laboral residual[114]. En ese
sentido, como desde el 15 de abril de 2013 (fecha de su última cotización)
hasta el mes de abril del año 2012 tiene 31 semanas cotizadas en total, cumple
así con las exigencias dispuestas por la normatividad aplicable para el
reconocimiento de la pensión de invalidez -25 semanas en los últimos tres años-.
Lo anterior, porque la
excepción contemplada en la norma, que se ajusta al caso en comento, debe ser
analizada a la luz de la capacidad laboral residual de las personas con
enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas, pues de no ser así (i) no
se tomaría en cuenta que este tipo de enfermedades son progresivas y les
permite desempeñar una labor a las personas hasta donde su condición médica lo
permita y (ii) se generaría un incentivo negativo, pues son personas que han
aportado un número de semanas considerables al sistema (75% de las exigidas
para pensionarse) pese a sus padecimientos médicos.
Pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas,
síquicas o sensoriales
65.2. Acorde con lo señalado en los numerales 57 y 58 de la parte considerativa de esta
sentencia, se colige que concurren argumentos a favor y en contra de reconocer
la pensión anticipada de vejez en el régimen de ahorro individual con
solidaridad. Sin embargo, para esta Sala de Revisión,
considerando las circunstancias del presente caso y, en particular, que el
accionante ha cumplido los requisitos para acceder a la pensión de invalidez,
no es procedente hacer un pronunciamiento sobre el particular, pues
considera la Sala que de hacerlo, desbordaría su competencia en sede de revisión,
la cual si bien “pretende aclarar el alcance
de un derecho, (…) también incluye dentro de su finalidad evitar un perjuicio
grave, lo que implica cualquier falta de protección de los derechos
fundamentales”[115].
Tal y como se indicó
en otro lugar de esta providencia (supra numeral 58), la diversidad de
interpretaciones en un asunto fundamentalmente legal, le impone importantes
límites al juez constitucional, frente a los mandatos del Acto Legislativo 01
de 2005, en tanto ello corresponde definirlo al Legislador. Esta conclusión
tiene fundamento en el deber de preservar el principio democrático y adquiere
un significado especial cuando, como ocurre en este caso, el accionante puede
acceder a una prestación que le garantiza condiciones mínimas de existencia
digna -la pensión de invalidez-.
Conforme con lo anterior, se revocará la
sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016 por el Tribunal Superior de
Medellín, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida
el 4 de octubre de 2016 por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de
Medellín que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su
lugar, la Corte ordenará al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (i)
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia le indique al accionante, de manera clara, precisa y por
escrito, si existen otras alternativas para pensionarse y los requisitos que
tendría que cumplir para el efecto. En adición a ello y si así lo solicita
el accionante, deberá el referido Fondo, en el término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a dicha solicitud, reconocer, incluir en nómina de
pensionados e iniciar el pago de la pensión de invalidez acorde con lo previsto
en la parte considerativa de esta sentencia.
G.  SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
66. Le correspondió a la Sala Tercera de Revisión examinar
cuatro casos de personas con padecimientos médicos congénitos, crónicos y/o
degenerativos, a quienes sus respectivos fondos de pensiones negaron el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez sin tener en cuenta su
capacidad laboral residual. Además, en el último caso también fue negada la
pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas al considerar que tal
prestación no estaba incluida en el régimen de ahorro individual con
solidaridad.
Como resultado de las sub-reglas
jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la
Sala lo siguiente:
a)
Eventualmente procede la solicitud de amparo para reconocer la
pensión de invalidez, aun habiendo trascurrido un extenso lapso de tiempo entre la
situación que dio origen a la transgresión alegada y la presentación de la
acción, siempre que se advierta la presencia de una o varias de las
siguientes circunstancias: (i) La existencia de razones que justifiquen la
inactividad del actor en la interposición de la acción; (ii) la permanencia en el tiempo de la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante; (iii) la
carga de la interposición de la acción de tutela resulte desproporcionada, dada
la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante; por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros.
b)    La condición de los peticionarios no los exime de
tener algún grado de diligencia en la actividad dirigida a obtener la pensión
de invalidez. Sin embargo, el requisito de subsidiariedad no se condiciona
al agotamiento de los recursos de la vía administrativa, toda vez el artículo 9
del Decreto 2591 de 1991 establece que “[n]o será necesario
interponer previamente la reposición u otro recurso administrativo para
presentar la solicitud de tutela”, máxime si se tiene en cuenta
que la acción de tutela es un mecanismo de defensa inmediato para
evitar la amenaza o vulneración actual de derechos fundamentales.
c)     La carencia actual de objeto se presenta
cuando no existe ningún objeto jurídico sobre el cual el juez de tutela pueda
pronunciarse, situación que puede configurarse a través (i) del daño consumado,
(ii) del hecho superado o (iii) de cualquier
circunstancia que haga inocua
las pretensiones de la solicitud de amparo. Respecto del hecho superado, éste
se da cuando entre la interposición de la acción de tutela y el momento del
fallo, (a) el agente transgresor satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo; (b) el actor pierde interés jurídico sobre el asunto o
(c) existe sustracción de materia, razón por la cual, la Corte Constitucional
se encuentra obligada a verificar su ocurrencia y, de ser el caso abstenerse de
emitir cualquier orden en el asunto puesto a su conocimiento. Adicionalmente, le corresponde a la Corte
Constitucional en sede de revisión determinar si las decisiones de los jueces
de instancia fueron conforme a las disposiciones constitucionales y legales
aplicables, y para ello debe constatar la vulneración de los derechos que
hicieran procedente la acción de tutela.
d)    Los fondos de pensiones tanto en el régimen
de ahorro individual con solidaridad como en el régimen de prima media con
prestación definida,  deben contabilizar los aportes que realizan las personas
calificadas con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, con
ocasión de una enfermedad de tipo congénita, crónica y/o degenerativa con posterioridad
a la fecha de estructuración de su invalidez, cuando éstos hayan sido cotizados
en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual. En
consecuencia, el momento desde el que se debe proceder a verificar el requisito
de la Ley 860 de 2003 – 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores
a la fecha de estructuración – puede ser (i) la fecha de la calificación de la
invalidez, (ii) la fecha de la última cotización efectuada o (iii) la fecha de
la solicitud del reconocimiento pensional, dependiendo las circunstancias
particulares de cada caso en concreto.
La elección entre las fechas antes mencionadas tiene por objeto
establecer el momento en el que se estructura la pérdida de capacidad laboral
de manera permanente y definitiva, es decir, cuando se pueda presumir que el
padecimiento del actor se manifestó de forma tal que le impidió continuar
siendo laboralmente activo y surgió la imposibilidad de procurarse sus propios
medios de subsistencia[116]. Por
consiguiente, la selección de la fecha debe orientarse por aquella que, con
algún grado de seguridad, corresponda con la pérdida de capacidad laboral
permanente y definitiva.
e)     La Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES debe tener en cuenta las reglas reseñadas y unificadas por la
Corte Constitucional sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez a las
personas que sufren de enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas, en
lugar de aplicarlas de manera exclusiva a los casos seleccionados por esta Corporación,
máxime si se toma en cuenta que a través de sentencia SU-588 de 2016 ya se
había ordenado a todos los fondos de pensiones – tanto en el régimen de prima media
con prestación definida como en el régimen de ahorro individual con solidaridad
– acoger tales reglas jurisprudenciales.
f)      Las reglas
reseñadas jurisprudencialmente sobre la capacidad laboral residual son
igualmente aplicables a la excepción contemplada en el artículo 39 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, según la cual el afiliado que hubiese cotizado el 75% de
las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, solo requiere cotizar
veinticinco (25) semanas en los últimos tres años.
g)     Concurren argumentos a favor y en contra de
reconocer la pensión anticipada de vejez en el régimen de ahorro individual con
solidaridad, pero para esta Sala de Revisión, frente a los mandatos del Acto
Legislativo 01 de 2005, es al Legislador a quien corresponde definir esta
situación. La diversidad de interpretaciones de un asunto fundamentalmente
legal le impone importantes límites al juez constitucional dado que la
controversia debería ser resuelta, al menos prima facie, por las
autoridades con competencia legislativa o, en su caso por la jurisdicción
ordinaria. Esta conclusión, que encuentra fundamento en el deber de preservar
la autonomía judicial y el principio democrático, adquiere un significado
especial cuando están ya satisfechas las condiciones para acceder a una pensión
que, como la de invalidez, garantiza las condiciones mínimas de existencia.
II.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias proferidas dentro de
los expedientes T-6.040.890 y T-6.049.696
y, en su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado.
SEGUNDO.- ADVERTIR a la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES que al momento de proferir una decisión sobre el
reconocimiento del derecho pensional de las personas con enfermedades
congénitas, crónicas y/o degenerativas, acoja las reglas reseñadas y unificadas
por la Corte Constitucional, en lugar de aplicarlas de manera exclusiva a los
casos seleccionados por esta Corporación, máxime si se toma en cuenta que a
través de sentencia SU-588 de 2016 ya se había ordenado acoger tales reglas
jurisprudenciales.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia proferida dentro del
expediente T-6.064.355 y, en su
lugar TUTELAR los derechos fundamentales
al mínimo vital y a la vida digna del señor Jesús Ríos Calderón.
CUARTO.-
ORDENAR a COLPENSIONES que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, reconozca, incluya en
nómina de pensionados y pague en favor del señor Jesús Ríos Calderón la pensión
de invalidez, acorde con la parte motiva de esta providencia.
QUINTO.- REVOCAR las sentencias proferidas dentro del
expediente T-6.061.626 y, en su lugar ORDENAR a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección
S.A., (i) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia le indique al accionante, de manera clara,
precisa y por escrito, si existen otras alternativas para pensionarse y los
requisitos que debe cumplir para el efecto. En adición a ello y si así lo
solicita el accionante, deberá el referido Fondo, en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha solicitud, reconocer, incluir en
nómina de pensionados e iniciar el pago de la pensión de invalidez acorde con
lo previsto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEXTO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
Con salvamento
parcial de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General
(e)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-452 DE 2017
ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-No era
necesario analizar la viabilidad de reconocer la pensión especial “por
deficiencias físicas” en el RAIS, por cuanto ello escapa al problema jurídico
objeto de estudio (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Se
restringió indebidamente la
competencia del juez de tutela respecto del reconocimiento de la pensión
especial de vejez “por deficiencias físicas” (Salvamento parcial de voto)
Era necesario que la Corte, en su función
de garante de la supremacía constitucional y de ente de unificación de las
interpretaciones normativas a la luz de la Carta, decidiera cuál era la
alternativa que debían aplicar los jueces de instancia en estos casos
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Las órdenes dictadas no garantizan adecuadamente el
derecho a la seguridad social del accionante (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expedientes T-6.040.890, T‑6.049.696,
T-6.064.355 y T-6.061.626.
Acciones de tutela
interpuestas por Octavino Estupiñán Rodríguez, Osvaldo José Torres Velásquez,
Jesús Ríos Calderón contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES (T-6.040.890, T-6.049.696 y T-6.064.355, respectivamente) y Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino contra la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES y la AFP Pensiones y Cesantías Protección S.A. (T-6.061.626).
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado respeto por
las providencias de la Corte Constitucional, a continuación, expongo las
razones que me conducen a salvar parcialmente mi voto en la Sentencia
T-452 de 2017, proferida por la Sala Tercera de Revisión en sesión del 14
de julio de 2017.
1. En
la decisión en comento, la Sala estudió cuatro expedientes de tutela
acumulados, cuya característica común es que los accionantes son personas con
enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, a quienes sus respectivos
fondos de pensiones les negaron el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez sin tener en cuenta su capacidad laboral residual. Particularmente,
en uno de los casos analizados se debatió acerca del derecho del actor a
acceder a la pensión anticipada de vejez “por deficiencias físicas”[117],
prevista en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
2. En
tres de los cuatro casos acumulados –correspondientes a los accionantes (i)
Octavino Estupiñán Rodríguez[118]
(ii) Osvaldo José Torres Velásquez[119]
y (iii) Jesús Ríos Calderón[120]–
la discusión giró en torno, principalmente, al derecho a acceder a la pensión
de invalidez cuando algunos de los aportes del trabajador se efectúan en
ejercicio de la capacidad laboral residual, por lo cual son posteriores a la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral originada en
enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas. En los tres casos,
COLPENSIONES negó las solicitudes pensionales de los actores, por considerar
que no acreditaron el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
Ante dicha negativa, acudieron a la acción de tutela para reclamar la
protección de sus derechos fundamentales.
3. A
su turno, en el cuarto expediente, correspondiente al accionante (iv) Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino[121], el peticionario solicitó en un primer momento la
pensión de invalidez, la cual fue negada por la AFP Protección por estimar que
el accionante no cumplió con las semanas de cotización requeridas para tener
derecho a dicha prestación, tal y como ocurrió con los demás casos acumulados.
No obstante, el factor que diferencia este caso de los demás es que el
tutelante presentó una nueva petición, en la cual solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión anticipada de vejez “por deficiencias físicas” contemplada
en el parágrafo cuarto del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Para sustentar este requerimiento, sostuvo que es
padre cabeza de familia dado que su compañera permanente se encuentra
gravemente enferma y tiene una hija menor de edad que depende económicamente de
él. Además, en el proceso de tutela indicó que se encuentra en el RUV debido a
su condición de víctima de desplazamiento y tiene un puntaje de 21.42 en el
SISBEN.
La AFP Protección
se negó a reconocer la prestación, por estimar que el primer inciso del
parágrafo cuarto del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 “no cuenta con un
desarrollo en el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), es decir,
estamos a la espera de que sea expedido un decreto reglamentario que permita
una aplicación concreta en el RAIS”.
4. En
sede de revisión, esta Corporación declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de los expedientes (i) T‑6.040.890[122] y
(ii) T-6.049.696[123], toda vez que COLPENSIONES ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez después de que los asuntos fueron seleccionados por la
Corte para su revisión pero antes de proferir la respectiva sentencia. Sin embargo, al constatar que su conducta
desconoció los derechos fundamentales de los actores, la Sala Tercera de
Revisión advirtió a la entidad accionada que, “al momento de proferir una
decisión sobre el reconocimiento del derecho pensional de las personas con
enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas, acoja las reglas reseñadas
y unificadas por la Corte Constitucional, en lugar de aplicarlas de manera
exclusiva a los casos seleccionados por esta Corporación (…)”.
5. En
el caso del señor (iii) Jesús Ríos Calderón[124],
la Sala Tercera de Revisión aplicó las reglas contenidas en la Sentencia
SU-588 de 2016[125]
y determinó que los aportes hechos por el accionante –quien padece de
poliomielitis desde los 5 años y se desempeñaba como vendedor informal– fueron
efectuados en ejercicio de su capacidad laboral residual.
En este sentido, la
Corte estimó que el accionante cumplía los requisitos para acceder a la pensión
de invalidez, en la medida en que aportó 60 semanas en los tres años anteriores
a la última cotización efectuada. En consecuencia, revocó la decisión de
instancia y ordenó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago al tutelante de la
pensión de invalidez.
6. Finalmente,
en el caso del señor (iv) Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino[126],
la Sala analizó detalladamente la viabilidad de reconocer la pensión anticipada
de vejez “por deficiencias físicas” en el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS) y concluyó que “concurren argumentos a favor y en contra
de reconocer la pensión anticipada de vejez en el régimen de ahorro individual
con solidaridad”[127].
Sin embargo, estimó que “es al [L]egislador a quien corresponde definir esta
situación. La diversidad de interpretaciones en un asunto fundamentalmente
legal le impone importantes límites al juez constitucional dado que la
controversia debería ser resuelta, al menos prima facie, por las autoridades
con competencia legislativa o, en su caso por la jurisdicción ordinaria”[128].
Con todo, la
extensa argumentación acerca del reconocimiento de la pensión anticipada de
vejez “por deficiencias físicas” en el RAIS no fue aplicada en el caso
concreto, dado que la Sala consideró que el señor Sepúlveda Ceferino cumplía
con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. En consecuencia, la Sentencia
T-452 de 2017 sostuvo que “no es procedente hacer un pronunciamiento
sobre el particular, pues considera la Sala que de hacerlo, desbordaría su
competencia en sede de revisión”[129].
Por lo tanto, esta
Corporación ordenó a la AFP Protección: (i) indicar al accionante, de manera
clara, precisa y por escrito, si existen otras alternativas para pensionarse y
los requisitos que tendría que cumplir para el efecto; y (ii) reconocer y pagar
la pensión de invalidez, en caso de que el accionante lo solicite.
7. Así,
aunque estoy plenamente de acuerdo con las decisiones de la Sala en los
expedientes (i) T‑6.040.890[130],
(ii) T-6.049.696[131]
y (iii) T-6.064.355[132],
me aparto de los fundamentos que presentó la Sala Tercera de Revisión en
relación con el expediente (iv) T-6.061.626[133].
En efecto, aunque coincido con la mayoría en que se encuentra acreditado el
derecho del accionante Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino al reconocimiento y
pago de su pensión de invalidez, dicha circunstancia precisamente implica que
era innecesario presentar argumentos tan variados y amplios en torno al deber
de garantizar la pensión anticipada de vejez “por deficiencias físicas” en el
presente asunto.
8. Así,
estas consideraciones (i) se encuentran por fuera del ámbito del problema
jurídico y, además, (ii) asumen una posición que no comparto y que resulta
discutible proponer en un obiter dictum, dado que contradice los
artículos 49 y 53 Superiores, como lo desarrollaré posteriormente. Por último,
(iii) estimo que las órdenes dictadas por la Sala respecto del expediente
T-6.061.626[134] no garantizan
adecuadamente el derecho a la seguridad social del accionante.
Primer
desacuerdo: No era necesario analizar la viabilidad de reconocer la pensión
especial “por deficiencias físicas” en el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, por cuanto ello escapa al problema jurídico objeto de estudio
9. Como
lo expuse anteriormente, estimo que el señor Juan Evangelista Sepúlveda
Ceferino[135]
cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y, por
consiguiente, el estudio de la Sala debió circunscribirse a este aspecto. En
contraste, la mayoría avaló un análisis extensivo sobre la viabilidad de la
pensión especial de vejez “por deficiencias físicas” que se encuentra por fuera
del ámbito del problema jurídico discutido en esta oportunidad, y que, en
consecuencia, no era necesario, pues lo que se debate en el caso es la
vulneración de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del
accionante, quien reclamó en un primer momento la pensión de invalidez derivada
de una enfermedad crónica y progresiva.
10.
De este modo, como lo reconoce la propia decisión de la cual me aparto
parcialmente[136],
no era pertinente realizar pronunciamiento alguno respecto de la pensión
especial de vejez “por deficiencias físicas”, precisamente porque la Sala se
abstuvo de evaluar si el accionante cumplía o no con los requisitos para acceder
a aquella prestación. En consecuencia, no cabía analizar en abstracto la
posibilidad de reconocer la mencionada prestación económica en el RAIS, cuando
ni siquiera se estudió este aspecto en el caso concreto.
Como es un obiter
dictum que no se dirige a fundamentar la decisión de la Sala sino que, por
el contrario, puede generar confusión o efectos adversos en eventuales fallos
futuros, lo que correspondía hacer era eliminar ese aspecto evaluado de la
providencia. De esta manera, podría generarse un prejuzgamiento respecto de la
situación pensional del accionante o podrían generarse lecturas equivocadas que
concluyan que si la Corte se abstuvo de reconocer esta prestación es porque el
accionante no tenía derecho a ella.
En tal sentido, al
asegurar la posibilidad de que el tutelante acceda a la pensión de invalidez se
protegen los derechos fundamentales invocados, por lo cual no resulta necesario
que la Corte Constitucional se pronuncie en un obiter dictum acerca de
una cuestión que, posteriormente, podría ser objeto de análisis en sede de
tutela o de constitucionalidad.
Segundo
desacuerdo: La Sentencia T-452 de 2017 restringe indebidamente la competencia
del juez de tutela respecto del reconocimiento de la pensión especial de vejez
“por deficiencias físicas”
11. La decisión mayoritaria sostiene erradamente que, aunque concurren argumentos a favor y en contra del reconocimiento
de esta pensión en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, “es al
Legislador a quien le corresponde definir esta situación”. En mi criterio,
la Corte, en su rol de juez constitucional tiene el deber de utilizar las
fuentes de derecho obligatorias y, por tanto, de interpretar las normas legales
y decidir sobre su aplicación en los casos concretos.
Así,
la existencia de varias posturas interpretativas en torno a una ley no
limita la competencia de esta Corporación en sede de revisión ni implica
que deba abstenerse de pronunciarse acerca del sentido de una norma jurídica,
cuando ello es indispensable para resolver la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
12.
En tal sentido, me aparto de la postura expuesta en la Sentencia T-452 de
2017, por cuanto es indispensable distinguir entre el margen de
configuración del Legislador para definir las reglas de conducta en sociedad
–que es bastante amplio en esta materia– y el deber de la Corte Constitucional
de interpretar armónicamente el ordenamiento jurídico para garantizar los
derechos fundamentales de las personas, sin que pueda alegarse que la
interpretación de algunas normas legales es un espacio vedado para el juez
constitucional, por tratarse de una función que solo le corresponde al
Legislador o a la jurisdicción ordinaria.
De hecho, las
decisiones de tutela tienen un carácter inter partes y el Congreso de la
República puede reformar e interpretar las leyes con un alcance general, por lo
cual no se evidencia una confrontación entre la actuación interpretativa de la
Corte y la preservación del principio democrático, como parece suponerlo la providencia
respecto de la cual salvo mi voto.
13.
De igual manera, estimo que esta Corporación no puede simplemente constatar la
existencia de dos interpretaciones posibles sin tomar partido por alguna de
ellas, pues en materia pensional rige el principio de favorabilidad.
Dicho mandato constitucional es vinculante y obligatorio para todas las
autoridades y, en mayor medida, para el juez de tutela, en concordancia con los
artículos 49 y 53 de la Constitución Política.
De acuerdo con lo
dicho, dado que el fallo del cual me aparto decidió analizar la viabilidad del
reconocimiento de la pensión especial de vejez “por deficiencias físicas” en el
RAIS, era necesario que la Corte, en su función de garante de la supremacía
constitucional y de ente de unificación de las interpretaciones normativas a la
luz de la Carta, decidiera cuál era la alternativa que debían aplicar los
jueces de instancia en estos casos.
Sin embargo, la
propuesta por la que optó la mayoría no solo genera confusión respecto de la
posibilidad de reconocer la pensión especial de vejez “por deficiencias
físicas” o abstenerse de hacerlo, sino que puede originar decisiones
contradictorias entre los jueces de instancia que, de acuerdo con la postura
establecida por la Corte, podrían acoger una u otra posibilidad, dada la
existencia evidente de la ley que regula la materia.
Tercer
desacuerdo: Las órdenes dictadas por la Sala respecto del expediente
T-6.061.626 no garantizan adecuadamente el derecho a la seguridad social del
accionante
14.
Pese a que en el expediente T-6.061.626 la Sala constató que el accionante
cumplía a cabalidad con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez,
se abstuvo de ordenar directamente su reconocimiento y pago, como ocurrió con
los demás casos analizados. En efecto, dispuso que la AFP Protección debía
informarle al actor “si existen otras alternativas para pensionarse” y,
en caso de que aquel lo solicitara, otorgarle la pensión de invalidez.
No obstante, dicha orden no se sustentó en la parte motiva
de la decisión, pues no se presentó un fundamento para este trato desigual
respecto de los demás accionantes que estaban en una situación idéntica y a
quienes se les otorgó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. De
este modo, la Sentencia T-452 de 2017 no explicó las razones por las cuales
resultaba necesario que la AFP Protección suministrara dicha información como
condición previa al reconocimiento de la prestación económica a la que tiene
derecho.
15. En este
sentido, podría deducirse que el objetivo de esta orden es que la AFP accionada
se pronuncie nuevamente sobre la viabilidad de reconocerle al actor la pensión
especial de vejez por invalidez. Sin embargo, el fallo del cual me aparto no
precisó el alcance de la orden de información dictada y, por consiguiente,
la entidad demandada no está obligada a analizar si, en el caso del accionante,
resulta aplicable la pensión especial de vejez “por deficiencias físicas” o no.
Con todo, aún si la AFP Protección decidiera estudiar dicha
circunstancia, la decisión mayoritaria sostuvo que “concurren argumentos a
favor y en contra de reconocer la pensión anticipada de vejez en el régimen de
ahorro individual con solidaridad”[137].
Por lo anterior, al afirmar que no existe una postura uniforme acerca de la
viabilidad de reconocer esta prestación en el RAIS, implícitamente reconoció
que la entidad accionada no tiene el deber de garantizar esta prestación. En
consecuencia, la medida orientada a garantizar que el accionante cuente con la
información suficiente para optar por distintas alternativas al momento de
acceder a su pensión resulta inocua.
16.
Por último, la orden de presentar las distintas alternativas para acceder a la
pensión presume que el accionante no contaba con la información adecuada al
momento de solicitar la pensión de invalidez. Sin embargo, dicha circunstancia
no fue objeto de análisis dentro de la providencia, por lo cual no se sustentó
debidamente esta medida.
17. En
suma, aunque comparto la decisión de la Sala Tercera de Revisión respecto de
los expedientes T-6.040.890, T-6.049.696 y T-6.064.355, estoy en desacuerdo con
la motivación propuesta en el marco del expediente T-6.061.626 y con las
órdenes proferidas dentro del mismo, por cuanto: (i) no era necesario analizar
la viabilidad de la pensión especial “por deficiencias físicas” en el Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad, en la medida en que ello desbordaba el
problema jurídico objeto de estudio;  (ii) las consideraciones contenidas en la
sentencia restringen indebidamente la competencia del juez de tutela
(particularmente de la Corte Constitucional) en lo concerniente al reconocimiento
de la pensión especial de vejez “por deficiencias físicas”, consagrada por el
Legislador; y (iii) las órdenes dictadas no garantizan adecuadamente el derecho
a la seguridad social del accionante.
De esta manera, expongo las razones que me conducen a salvar
parcialmente mi voto respecto de la decisión que, en esta oportunidad, ha
tomado la Sala Tercera de Revisión, en Sentencia T-452 de 2017.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folio 1 cuaderno No.
1. Exp. T-6.040.890. Obra poder conferido al abogado Carlos Andrés Ortiz
Rivera.
[2] Folio 40 – 44 cuaderno
No. 1. Exp. T-6.040.890.
[3] Ibíd. Acorde con lo
señalado por el accionante en la demanda de tutela.
[4] Ver folio 8 – 10
cuaderno No. 1. Exp. T-6.040.890. El dictamen de pérdida de capacidad laboral
fue emitido el 15 de octubre de 2014, cuyo motivo de calificación es por
insuficiencia renal terminal y diálisis renal.
[5] Folio 3 – 4 cuaderno
No. 1. Exp. T-6.040.890.
[6] Folio 2 cuaderno No.
1. Exp. T-6.040.890, se advierte cédula de ciudadanía del accionante, en la que
consta que su fecha de nacimiento fue el 19 de abril de 1947.
[7][7] Folio 17 – 37 cuaderno No.
1. Exp. T-6.040.890.
[8] Folio 38 – 39 cuaderno
No. 1. Exp. T-6.040.890, se advierte historial de cotizaciones emitido por
COLPENSIONES.
[9] Folio 69 – 71 cuaderno
No. 1. Exp. T-6.040.890.
[10] Folio 73 – 80
cuaderno No. 1. Exp. T-6.040.890.
[11] Folio 83 cuaderno No.
1. Exp. T-6.040.890.
[12] Folio 85 – 87
cuaderno No. 1. Exp. T-6.040.890.
[13] Folio 89 cuaderno No.
1. Exp. T-6.040.890.
[14] Folio 16-17 cuaderno
principal.
[15] Folio 81 del cuaderno
principal, se advierte oficio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, mediante el cual se informa al despacho las pruebas aportadas
al expediente.
[16] Folio 30 y 35
cuaderno principal.
[17] Folio 29 y 33 – 34
cuaderno principal.
[18] Folio 4 cuaderno No.
1. Exp. T- 6.049.696.
[19] Folio 1 – 3 cuaderno
No. 1. Exp. T- 6.049.696.
[20] Folio 43 – 44
cuaderno principal.
[21] Acorde con el
dictamen de pérdida de capacidad laboral el señor Torres Velásquez padece
“ceguera de ambos ojos”. Ver folio 3 del cuaderno principal.
[22] Acorde con lo
informado en la demanda.
[23] Folio 5 – 6 cuaderno
No. 1. Exp. T- 6.049.696.
[24] Acorde con lo
informado en la demanda y en el dictamen de pérdida de capacidad laboral,
también consta que su fecha de nacimiento fue el 15 de diciembre de 1952.
[25] Folio 47 – 49
cuaderno principal, se advierte historia laboral emitida por COLPENSIONES con
el número de semanas cotizadas.
[26] Folio 40 cuaderno No.
1. Exp. T- 6.049.696, se advierte notificación de la resolución que negó la pensión
de invalidez al actor, en la que se le informa la posibilidad de tramitar los
recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de esa decisión.
[27] Folio 34 – 36
cuaderno No. 1. Exp. T- 6.049.696.
[28] Folio 42 – 46
cuaderno No. 1. Exp. T- 6.049.696.
[29] Folio 53 - 57
cuaderno No. 1. Exp. T- 6.049.696.
[30] Folio 3 – 13 cuaderno
No. 2. Exp. T- 6.049.696.
[31] Folio 17 cuaderno
principal.
[32] Folio 7 cuaderno
principal, se advierte afiliación a la E.P.S. del régimen subsidiado.
[33] Folio 42 cuaderno
principal.
[34] Folio 6 cuaderno
No.1. Exp. T-6.064.355.
[35] Folio 1 – 5 cuaderno
No.1. Exp. T-6.064.355.
[36] Folio 15 – 23
cuaderno No.1. Exp. T-6.064.355, se advierte la historia clínica del señor Ríos
Calderón en la que consta que actualmente padece de secuelas severas,
permanentes y progresivas de la poliomielitis, entre otras patologías, por lo
que se encuentra muy limitado para laborar y realizar todas las actividades de
la vida diaria.
[37] Acorde con lo
informado en la tutela (ver folio 56 cuaderno principal) y en la historia
clínica (ver folio 17 – 19 cuaderno No. 1. Exp. T- 6.064.355).
[38] Folio 12 – 14
cuaderno No.1. Exp. T-6.064.355, se advierte reporte de semanas cotizadas en
COLPENSIONES
[39] Folio 66 cuaderno
principal.
[40] Folio 26 – 27
cuaderno No.1. Exp. T-6.064.355.
[41] Conforme con lo
señalado en el escrito de demanda.
[42] Folio 34 cuaderno
No.1. Exp. T-6.064.355.
[43] Folio 36 – 47
cuaderno No. 1. Exp. T-6.064.355.
[44] Folio 17 – 18
cuaderno principal.
[45] Folio 60 cuaderno
principal, se advierte constancia expedida por el FOSYGA en la que se advierte
que el señor se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud, desde el 31
de julio de 2013. No obstante, tal certificación indica que el accionante es cabeza
de familia.
[46] Folio 55 – 58
cuaderno principal.
[47] Folio 1 – 15 cuaderno
No. 1. Exp. T-6.061.626.
[48] Folio 18 – 21
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[49] Folio 22 – 26
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[50] Folio 27 – 33
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626. Cabe destacar que dentro del expediente solo
fue aportado el mencionado dictamen de pérdida de capacidad laboral, por lo que
no obra constancia sobre la interposición de algún recurso en su contra. Sin
embargo, el dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Sepúlveda
Ceferino no fue controvertido dentro del proceso de la referencia por parte de
la entidad demandada.
[51] Folio 47 – 63
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626, se advierte historia clínica del señor
Sepúlveda Ceferino.
[52] Folio 34 – 35
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[53] Folio 36 – 38
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[54] Folio 39 – 40
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[55] Folio 16 cuaderno No.
1. Exp. T-6.061.626, obra cédula de ciudadanía del señor Juan Evangelista
Sepúlveda Ceferino en la que consta que su fecha de nacimiento fue el 25 de
enero de 1957.
[56] Folio 70 – 89
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626, se observa cédula de ciudadanía de la señora
Esther Celia Quintero Gil, en la que consta que su fecha de nacimiento es el 28
de marzo de 1971, es decir, que actualmente tiene 46 años. Adicionalmente, obra
la historia clínica de la señora Quintero Gil, en la que se advierte
diagnóstico de miomatosis uterina.
[57] Folio 41 cuaderno No.
1. Exp. T-6.061.626, se encuentra visible una declaración extraproceso realizada
por los señores Gustavo de Jesús Restrepo Quintero y Carlos Andrés Vélez
Escudero, en su calidad de vecinos y amigos del señor Juan Evangelista
Sepúlveda Ceferino y su compañera permanente la señora Esther Celia Quintero
Gil, quienes afirmaron que la referida pareja convive en unión marital de hecho
desde hace ocho (8) años y que la señora es ama de casa, por lo que depende
económicamente de su compañero, quien le brinda todo lo necesario para vivir,
en cuanto a salud, techo y alimentación.
[58] Folio 44 - 45
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626, se observa registro civil de nacimiento y
tarjeta de identidad de la menor Elizabeth Sepúlveda Chica, cuyo padre es el
señor Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino.
[59] Folio 64 cuaderno No.
1. Exp. T-6.061.626.
[60] Folio 68 – 69
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626, se observa la Resolución No. 2013-45250 del
11 de enero de 2013, mediante la cual la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas al señor Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino.
[61] Folio 93 – 130
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[62] Folio 131 – 132
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[63] Folio 133 – 140
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[64] Folio 147 – 149
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626.
[65] Folio 3 – 8 cuaderno
No. 2. Exp. T-6.061.626.
[66] Folio 18 cuaderno
principal.
[67] Folio 69 cuaderno
principal.
[68] Cabe destacar que
COLPENSIONES no se refirió a la reclamación elevada por el señor Jesús Ríos
Calderón.
[69] Folio 92 – 96
cuaderno principal.
[70] Folio 97 – 100
cuaderno principal.
[71] Folio 84 – 91
cuaderno principal.
[72] Ver sentencia C-378
de 2010. En esa ocasión la Corte Constitucional estudió la demanda de
inconstitucionalidad contra el  numeral 3º (parcial) del artículo 42 del
Decreto Ley 2591 de 1991, “por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política” y al respecto señaló: “Son tres las hipótesis
previstas por el Constituyente respecto de la procedencia de la acción de
tutela en el caso de acciones u omisiones de particulares, a saber: a)
Cuando el particular presta un servicio público; b) Cuando la conducta del
particular afecta grave y directamente el interés colectivo; y c) Cuando el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular.” (Destaca la Sala).
[73] Ley 1151 de 2007. Artículo
155. “(…) Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado
del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social,
denominada Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, cuyo objeto
consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación
definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de
que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la
ley que los desarrolle (…)”.
[74] Acorde con las
sentencias T-514 de 2016, y T-081 de 2017, entre otras, se ha sostenido que existe una obligación a cargo del
Estado de proteger a aquellas personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, como es el caso de las personas en situación de
discapacidad. En virtud de ello, la
Corte ha señalado que en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad es
necesario ofrecer un tratamiento diferencial positivo en el sentido de
analizar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela
desde una óptica más flexible.
[75] Ver sentencias T-717
de 2016, T-435 de 2016 y T-081 de 2017.
[76] Ver T-081 de 2017.
Las notas citadas dentro del texto pertenecen a la referida sentencia.
[77] Ver T-235 de 2015.
[78] Ver T-462 de 2016. En
esa ocasión, la Corte analizó el caso de un señor de 64 años de edad,
calificado con una pérdida de capacidad laboral del 64.40%, a quien
COLPENSIONES le negó el reconocimiento de dicha prestación.
[79] Acorde con el escrito
presentado el 22 de junio de 2017 por COLPENSIONES: “según lo informado por el
área de medicina laboral de ésta entidad, la enfermedad que padece el accionante
es de carácter progresivo (…)”. Ver folio 89 del cuaderno principal.
[80] Folio 56 cuaderno
principal. Acorde con lo informado en sede de revisión por el accionante.
[81] ARTÍCULO
38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para
los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50%
o más de su capacidad
laboral.
[82] ARTÍCULO
69. PENSIÓN DE INVALIDEZ. El
estado de invalidez, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, el
monto y el sistema de su calificación en el régimen de ahorro individual con
solidaridad, se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente Ley.
[83] “22.3.    Una vez el fondo de pensiones verifica que la
invalidez se estructuró como consecuencia de una enfermedad congénita, crónica o degenerativa y que la fecha de estructuración no coincide con la realidad
fáctica del momento en el cual el peticionario perdió de manera permanente y
definitiva su capacidad laboral -acorde con las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración-, el fondo de pensiones deberá tener en cuenta la fecha de la última cotización efectuada por el afiliado para, a
partir de allí, contabilizar si cuenta con 50 semanas cotizadas dentro de los
tres años anteriores a dicha fecha. En este caso, se aplica una especie de excepción de
inconstitucionalidad a la regla legal que fija como referente la fecha de
estructuración. (…) Se reitera que no es razonable fijar la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de una persona que
sufre una enfermedad congénita el día de nacimiento o en una fecha posterior
cercana en la cual la persona fácticamente no podía cotizar, desconociendo
todas las semanas que la persona cotizó cuando empezó su vida laboral y en uso
de la capacidad laboral residual con la cual contó a pesar de sus diagnósticos”
(negrilla fuera del texto).
[84] “31.3. Una vez el
fondo de pensiones verifica (i) que la invalidez se estructuró como
consecuencia de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa y, (ii) que existen aportes
realizados al sistema por parte del solicitante en ejercicio de una efectiva y
probada capacidad laboral residual, debe determinar el momento desde el cual
verificará el cumplimiento del supuesto establecido en la Ley 860 de 2003, es
decir que la persona cuenta con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración. Al respecto, esta Corte
ha considerado que ni el
juez constitucional, ni la Administradora de Fondos de Pensiones pueden alterar
la fecha de estructuración que definieron las autoridades médicas competentes.
Por lo tanto, para determinar el momento real desde el cual se debe realizar el
conteo, las distintas Salas de Revisión han tenido en cuenta la fecha de
calificación de la invalidez o la fecha de la
última cotización efectuada, porque
se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le
impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de
sustento económico o, inclusive, la
fecha de solicitud del reconocimiento pensional” (negrilla fuera del texto).
[85]  Sentencias T-207 de 1995, T- 409 de
1995 y C-577 de 1995.
[86] Art. 10.-“Objeto
del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de
población no cubiertos con un sistema de pensiones”.
[87] Art.12.- “Regímenes
del sistema general de pensiones.   El sistema general de
pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que
coexisten, a saber: a)  Régimen solidario de prima media con prestación
definida, y b)  Régimen de ahorro individual con solidaridad”.
[88] Los numerales 1 y 2
del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establecen lo siguiente: “1. Haber cumplido cincuenta y cinco
(55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del
1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años
de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber
cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o.
de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del
1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas
en el año 2015”.
[89]Sentencia proferida el
18 de agosto de 2016, radicado No. 32204, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
[90] Así en la ponencia para el primer debate
del proyecto de ley, realizada el 15 de noviembre de 2002, se precisó lo
siguiente: “Lo
dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores
públicos afiliados al Sistema General de Pensiones o a cualquier
régimen exceptuado o especial. // Parágrafo
4°. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del
presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o
sensorial del 50% o más, que cumplan 50 años de edad si son mujeres y 55 años
de edad si son hombres, y que hayan cotizado en forma continua o discontinua
1.000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de
1993. // Así mismo, la madre trabajadora
cuyo hijo menor de 18 años padezca minusvalía física o mental, debidamente
diagnosticada por la Empresa Promotora de Salud a la cual se encuentre
afiliada, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier
edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones un mínimo de
1.000 semanas. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del
menor discapacitado, podrá pensionarse en las condiciones establecidas en este
artículo” (negrilla fuera del texto). Posteriormente, en la sesión conjunta realizada el
día 18 de diciembre de 2003, en el curso del segundo debate, se indicó: “Acta
de Comisión: Honorable
Senador Gustavo Sosa: // Presenta una proposición
sustitutiva o modificativa que dice, el artículo 33, de la Ley 100 de 1993, tendrá
el siguiente parágrafo: //
Parágrafo 4º.
En atención a lo preceptuado en los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución
Política, las personas con limitaciones físicas y metales y total limitación
visual y auditiva o auditiva, tendrán derecho a pensión de vejez en
cualesquiera de los siguientes casos: a) Que hayan cotizado mil (1000) semanas al Sistema General de
Pensiones, sin importar la edad, sean hombres o mujeres; b) Que hayan cotizado setecientas
cincuenta (750) semanas y tengan cincuenta (50) años o más de edad, sean
hombres o mujeres; c) Que hayan cotizado
quinientas (500) semanas y cumplido (55) años de edad, sean hombres o mujeres y
no gocen de ningún tipo de pensión. En este caso, la persona tendrá derecho al
(50%), cincuenta por ciento de un salario mínimo mensual vigente el cual estará
a cargo del Fondo de Solidaridad Pensional, el Gobierno nacional reglamentará
dentro de los (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley las
condiciones, requisitos y procedimientos para que se reconozca este derecho. // Presidente: // Les aclara a los Senadores Avellaneda y Sosa, que el parágrafo
4º, que ha sido aprobado, va en ese mismo sentido, bajo unas
consideraciones un poco diferentes, de igual manera, están amparando a las
personas vulnerables y discapacitadas. Si desean lo pueden dejar como
constancia para el segundo debate en la Plenaria, y considerar si pueden
fusionar los dos (2) artículos y buscar cuál es la mejor concertación. // Presidente del Seguro: // Desea aclarar, quién va a pagar, si es el
Fondo de Solidaridad o es el ISS, o son los Fondos Privados de Pensiones,
porque no hay claridad sobre esto. // Honorable Representante Manuel Enríquez: // Le informa al Senador Gustavo Sosa, que
van a redactar ese parágrafo incluyendo la parte por él presentada, con la que
ya fue aprobado y la presentan a las plenarias, que perfectamente pueden
hacer un parágrafo bien sustentado con esos términos, o sea, más ampliado”. Asimismo, en la sesión extraordinaria del 20 de diciembre
de 2002, mediante acta de plenaria No. 43, se precisó que la pensión anticipada
de vejez es una prestación distinta a la pensión de invalidez, pues se dirige a
un grupo de personas en una situación de discapacidad diferente al previsto en
el artículo 38[90] de la Ley 100 de
1993, el cual es aplicable al régimen de ahorro individual con solidaridad por
remisión expresa del artículo 69 de la misma ley: “Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona: (…) ocurre que en el parágrafo 4 se
está construyendo una pensión especial con unos requisitos especiales, se trata
del caso en que una persona tenga 55 años, 1000 semanas cotizadas y se
encuentre en estado de invalidez, entonces lo que yo pregunto es si esa pensión
que se está creando hoy, con esos requisitos especiales no sustituye la pensión
común y corriente que nosotros tenemos, yo lo que quiero entender así
honorable senador Angarita y doctor Dieb, es que no sustituye, que no reemplaza
la clásica pensión de invalidez que tenemos ya,(…), porque sino estaríamos
cometiendo una tremenda injusticia, ahí casi eliminando la pensión de invalidez,
(…), si es así yo estoy de acuerdo porque ahí genera una posibilidad
de aplicación favorable o por la pensión esta de acá o por pensión de invalidez,
pero generalmente la pensión de invalidez resulta ser menor que se
constituiría aquí especial de vejez para esos inválidos en esas circunstancias,
(…) con esa claridad, bien no formularía ninguna proposición aditiva porque yo
estaba colocando siempre que está fuere más favorable que la pensión de
invalidez reglamentada por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, si la
intención es esa y queda claramente en los anales no tengo ningún inconveniente
en votarlo ya (…). // Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Dieb Nicolás Maloof Cusé: // (…) el parágrafo 4 está bien definido
sobre las personas que están en este momento discapacitadas con deficiencias
físicas, síquicas o sensoriales y está claro y conciso (…)” (negrilla
fuera del texto).
[91] Ver sentencia T-238
de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[92] Folio 92 – 96
cuaderno principal.
[93] Folio 5 cuaderno No.
1. Exp. T-6.040.890.
[94] Acorde con el reporte
emitido por COLPENSIONES. Ver folio 58 – 59 cuaderno No. 1. . Exp. T-6.040.890.
[95] Folio 84 – 108
cuaderno principal.
[96] Así lo establece el
dictamen de pérdida de capacidad laboral (folio 3 cuaderno principal) y también
lo informó el Área de Medicina Laboral de COLPENSIONES: “la enfermedad que
padece el accionante es de carácter progresivo (…)”.
[97] Al respecto se puede
consultar el informe de cotizaciones aportado por COLPENSIONES, visible en el
folio 54 del cuaderno principal.
[98] Ver cita 89.
[99] Ver historia laboral
emitida por COLPENSIONES, folio 12 – 14 del cuaderno No. 1. Exp. T-6.064.355.
[100] Acorde con la cédula
de ciudadanía del accionante, que obra a folio 63 del cuaderno principal, nació
el 26 de septiembre de 1963.
[101] Folio 26 – 27
cuaderno No. 1. Exp. T-6.064.355.
[102]Acorde con la
historia clínica ocupacional “paciente con secuelas permanentes, progresivas y
deformantes de poliomielitis (…) que lo incapacita en todas las actividades de
la vida diaria y laboral”. Ver folios 9 – 11 y 15 – 23 cuaderno No.1. Exp.
T-6.064.355.
[103] SU – 588 de 2016.
[104] Ver sentencias T-561
de 2010, T-153 de 2016, T-308 de 2016 y T-608 de 2016, entre otras. Todas las
anteriores refieren a personas con enfermedades congénitas, crónicas y/o
degenerativas.
[105] Acorde con lo
informado por COLPENSIONES, mediante Resolución No. GNR 234739 del 17 de
septiembre de 2013.
[106] Ver folio 12
cuaderno no. 1. Exp. T-6.064.355.
[107] Ibídem.
[108] Folio 64 cuaderno
No. 1. Exp. T-6.061.626.
[109] Folio 68 – 69
cuaderno No. 1. Exp. T-6.061.626, se observa la Resolución No. 2013-45250 del
11 de enero de 2013, mediante la cual la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas al señor Juan
Evangelista Sepúlveda Ceferino.
[110] Acorde con la
sentencia SU-389 de 2005, los criterios jurisprudenciales para considerar a un
hombre como padre cabeza de hogar son: (i) Que sus hijos propios, menores o
mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan
económicamente de él y que realmente sea una persona que les  brinda el
cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento;
que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente
asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y
demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales
compromisos. (ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de
una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que
en el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada
física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia
resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos,
discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre. (iii) Lo
anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los mismos requisitos
formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para
demostrar tal condición”.
[111] Registro civil de
nacimiento visible a folio 70 – 71 cuaderno principal.
[112]Folio
[113] La sentencia T-013
de 2015 dispuso: “la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no
utiliza eficazmente la insulina que produce”.
[114] En el mismo sentido
se puede consultar la sentencia T-080 de 2016, mediante la cual la Corte reconoció
la pensión de invalidez a un señor, con una enfermedad degenerativa,  conforme
con el parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, tomando como fecha para contabilizar las
semanas exigidas por la norma desde el último aporte que realizó al sistema
pensional:
“(iv) Por
fuera de lo anterior, conviene anotar que el accionante cuenta con más de 25
semanas cotizadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha
en la que, se asume, perdió de manera permanente y definitiva su capacidad
laboral, lo cual hace relación al 31 de agosto de 2012, que en este caso debe
tomarse como referente para la determinación del derecho pensional, habida
cuenta de que la fecha de estructuración de su invalidez fue dictaminada el 5
de julio de 1954, cuando apenas contaba con 11 meses de edad y era
materialmente imposible que desarrollara actividad laboral alguna. Por manera
que, en función de la ya señalada capacidad laboral residual que le permitió mantenerse
activo productivamente por un interregno superior a los 20 años y dadas las
especiales circunstancias de sus padecimientos, excepcionalmente, habrá de
tomarse como fecha para establecer su derecho pensional aquella que, como ya se
dejó expuesto, concuerda con el último día en que realizó aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones como afiliado activo” (negrilla fuera del texto).
[115] Al respecto ver
sentencia T-307 de 2015.
[116] Ver sentencias T-561
de 2010, T-153 de 2016, T-308 de 2016 y T-608 de 2016, entre otras. Todas las
anteriores refieren a personas con enfermedades congénitas, crónicas y/o
degenerativas.
[117] Considero que la
denominación que la ley utiliza para referirse a este tipo de pensiones
contiene un mensaje estigmatizante y contrario a la Constitución porque concibe
las diferencias físicas como imperfecciones o defectos. Por esa razón y en
vista de que ese es un tipo especial de pensión, la referencia que en este
salvamento de voto se haga a ella, se tomará en forma textual de la ley.
[118] Expediente T-6.040.890.
[119] Expediente T-6.049.696.
[120] Expediente T-6.064.355.
[121] Expediente T-6.061.626.
[122] Accionante Octavino Estupiñán Rodríguez.
[123] Accionante Osvaldo José Torres Velásquez.
[124] Expediente T-6.064.355.
[125] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[126] Expediente T-6.061.626.
[127] Sentencia T-452 de 2017. Fundamento jurídico 65.2.
[128] Sentencia T-452 de 2017. Fundamento jurídico 65.2.
[129] Sentencia T-452 de 2017. Fundamento jurídico 65.2.
[130] Accionante Octavino Estupiñán Rodríguez.
[131] Accionante Osvaldo José Torres Velásquez.
[132] Accionante Jesús Ríos Calderón.
[133] Accionante Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino.
[134] Accionante Juan Evangelista Sepúlveda Ceferino.
[135] Expediente T-6.061.626.
[136] Sentencia T-452 de 2017. Fundamento jurídico 65.2.
[137] Sentencia T-452 de 2017. Fundamento jurídico 65.2.