T-370-15
Sentencia
T-370/15
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia de la acción de tutela para
evitar un perjuicio irremediable pese a existir otro medio de defensa judicial
ACCION
DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia
excepcional cuando prestan un servicio público o actividad de interés público
La
actividad aseguradora en una labor de carácter financiero que debe resolver sus
litigios en el marco de la jurisdicción ordinaria. No obstante, con este tipo
de compañías podrá ejercerse de manera excepcional la acción de tutela cuando
el juez constitucional logre demostrar que: (i) los mecanismos ordinarios no
son idóneos para proteger el derecho; (ii) el accionante está ante la amenaza
de un perjuicio grave e irremediable, cuya valoración deberá ser flexible en el
caso de sujetos con especial protección constitucional; (iii) cuando de la
relación contractual se observe que el actor se encuentra en estado de
indefensión; y (iv) que el accionante no cuenta con recursos económicos
para continuar con el pago de la deuda.
AGENCIA OFICIOSA
EN TUTELA-Requisitos
En relación con la
modalidad del agente oficioso, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
esta figura y establecido ciertos requisitos que deben ser considerados para
que una persona pueda agenciar a otra en la defensa de sus derechos
fundamentales, las cuales son: (i) que el demandante exprese actuar en
la condición de agente oficioso; y (ii) que de los hechos y pruebas
obrantes en el expediente se infiera que el representado no se encuentra en
condiciones para ejercer la acción de tutela. No obstante, la jurisprudencia ha
precisado que el cumplimiento de estos requisitos deberá ser valorado por el
juez constitucional de acuerdo a las circunstancias que observa en cada caso
concreto.
CONTRATO DE
SEGUROS-Modalidades
El desarrollo de
este contrato a lo largo de los años ha dado lugar a diversas modalidades,
entre las cuales se destacan los seguros: (i) terrestres, marítimos y aéreos,
que obedecen a la naturaleza de los riesgos asegurados; (ii) sociales e
individuales, de acuerdo a su objeto y adquirentes; y (iii) de daño  y de
persona, si recaen sobre el patrimonio del asegurado o su integridad física.
CONTRATO DE SEGURO
DE VIDA GRUPO DEUDORES-Naturaleza/CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
GRUPO DEUDORES-Elementos
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto de tomador como de
asegurador
RETICENCIA O
INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO
Es una
irregularidad en la manifestación de voluntad al momento de suscribir el
contrato de seguro. Se presenta cuando el adquirente, al instante de tomar la
póliza, rinde una declaración sobre su estado de riesgo que no se encuentra
ajustada a la realidad, con lo cual induce a la entidad aseguradora a expedir
una cobertura que no corresponde con su verdadera condición. El artículo 1058
del Código de Comercio establece que la reticencia se configura cuando el
tomador del seguro expone u omite unos hechos que, de haber sido conocidos por
la entidad aseguradora, se habría emitido una póliza más onerosa, por ello se
genera la nulidad relativa del seguro, a no ser que la inexactitud provenga de
un error inculpable o haya sido subsanada por la aceptación de la entidad.
CONFIGURACION
DE PREEXISTENCIAS POR PARTE DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS-Reglas
Este
fenómeno hace alusión a circunstancias que se presentaban con anterioridad a la
etapa contractual y constituyeron un factor determinante en el acaecimiento del
riesgo cubierto. Permite a la entidad aseguradora abstenerse de ejecutar el
pago de la póliza una vez haya verificado que el tomador sufría de
padecimientos previos al momento en que el contrato comenzó a surtir efectos, y
que además tuvieron relación directa con su fallecimiento.
ACCION
DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para
el pago de póliza cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional y los medios ordinarios no son idóneos
DERECHO A LA VIDA
DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora pague saldo insoluto
de las obligaciones crediticias adquiridas por el actor
Referencia:
Expediente T- 4.631.068 AC.
Acción
de Tutela instaurada por: (i) Martha Cecilia Gutiérrez de Díaz contra el Banco
BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. (T- 4.631.248); (ii) Carlos Alberto
Mendoza Cañas, contra el Banco DAVIVIENDA y Seguros Bolívar (T-4.631.068);
(iii) Rubén Darío Henao Marín contra el Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida
Colombia S.A. (T-4.642.240); y (iv) Rodrigo De Jesús Giraldo Aristizábal contra
Colmena Vida y Riesgos Laborales S.A. (T-4.631.344);  (v) Delia Mary Díaz
Torres contra FAMIEMPRESA Actuar Corporación Acción por el Tolima y Seguros de
Vida Suramericana –SURA- (T-4.632.824); (vi) Jorge Torres Hernández contra el
Banco de Bogotá y Seguros Alfa S.A. (T-4.644.917); (vii) Ángela Vita Chaparro contra
el Banco BBVA y Seguros BBVA (T-4.666.498); (viii) Luis Bernardo Montenegro
Sánchez contra Seguros de Vida Alfa S.A. y el Banco AV Villas (T-4.781.272);
(ix) Teresita de Jesús Vergara Acosta contra la Compañía de Seguros Bolívar
S.A., Torres Guarín y CIA. LTDA y la Secretaría de Educación de la Gobernación
de Cundinamarca (T-4.744.309); (x) Isnárdo Bacareo Calderón contra el Banco de
Bogotá y Seguros de Vida Alfa S.A. (T-4.669.050); (xi) Henry Jesús Toloza
Ortega contra el Banco BBVA y la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
(T-4.653.540); y (xii) José Raúl Martínez Campo contra la Compañía Aseguradora
Allianz Seguros de Vida S.A., Seguros de Vida Alfa S.A. y el Banco de Bogotá
S.A. (T-4.758.187).
Derechos
fundamentales invocados: Vida digna, mínimo vital, igualdad, vivienda digna,
debido proceso, protección al adulto mayor y otros.
Problema
jurídico: Determinar si las entidades bancarias y aseguradoras accionadas
vulneraron los derechos fundamentales de los peticionarios al negar la
ejecución de sus pólizas de seguro de vida por: (i) reticencia; y (ii)
preexistencia.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Myriam Ávila y Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de las sentencias: (i) del veintinueve (29) de
julio de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia en Oralidad del Socorro, Santander; (ii) del catorce (14) de
junio de dos mil catorce (2014), emitida por el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, Santander; (iii)
del día diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), pronunciada por el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas; (iv) del día catorce (14)
de julio de dos mil catorce (2014), fallada por el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bello, Antioquia; (v)
del día dieciséis (16) de julio de dos mil catorce (2014), resuelta por el Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva, Huila; (vi)
del día seis (06) de agosto de dos mil catorce (2014), sustanciada por el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta, Norte de Santander; (vii) del
día dos (02) de julio de dos mil catorce, resuelta por el Juzgado Octavo Penal
Municipal de Garantías de Bucaramanga, Santander; (viii) del día diez
(10) de julio de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Quinto Penal
Municipal de Villavicencio, Meta; (ix) del veintitrés (23) de septiembre
de dos mil catorce (2014), fallada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Cuarta – Subsección “A”; (x) del treinta (30) de
octubre de dos mil catorce (2014), emitida por el Juzgado Veinte Civil del
Circuito de Bogotá D.C.; (xi) del día treinta y uno (31) de julio de dos
mil catorce (2014), sustanciada por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Cúcuta, Norte de Santander; y (xii) del dieciocho (18) de noviembre de
dos mil catorce (2014), juzgada por el Juzgado Doce Civil del Circuito de
Oralidad de Santiago de Cali, Valle del Cauca.
Los
expedientes T- 4.631.248, T-4.631.068,
T-4.642.240, T-4.631.344, T-4.632.824, T-4.644.917, T-4.666.498, T-4.781.272,
T-4.744.309, T-4.669.050, T-4.653.540 y T-4.758.187 fueron seleccionados y
acumulados por presentar unidad de materia para ser fallados en una sola
sentencia.
En
consecuencia, la Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y las
decisiones judiciales de cada uno de los expedientes:
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, las
salas de selección que integran la Corte Constitucional escogieron, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.
EXPEDIENTE
T-4.631.248.
1.1.
SOLICITUD
La señora Martha Cecilia Gutiérrez de
Díaz solicita al juez de tutela la protección de los derechos fundamentales
a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la vivienda digna, al debido
proceso, a la protección al adulto mayor, entre otros, presuntamente
conculcados por el Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., sucursal
del Municipio de Socorro, Santander-. En consecuencia, reclama que estas
entidades respondan por la totalidad de las obligaciones consagradas en los
créditos hipotecarios No. 00130839009600104205 y No. 00130839009600121217.
1.1.1.  Hechos
1.1.1.1.
La
accionante manifiesta que adquirió con el Banco BBVA del Municipio de Socorro,
Santander, los créditos hipotecarios No. 00130839009600104205 y No.
00130839009600121217, así como la póliza de seguro de vida No. 0110043 con BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A.
1.1.1.2.
Asegura
que se desempeñaba como docente de preescolar en la Escuela Industrial del
Municipio de Oiba, Santander, momento en el cual cumplió con todas las
obligaciones generadas por el crédito y la póliza adquirida. Agrega que
posteriormente le diagnosticaron “Monoplejia Progresiva del Miembro Superior
Izquierdo, con pérdida de la fuerza, disminución de la movilidad y flexibilidad
de la extremidad”.
1.1.1.3.
Afirma
que por los continuos permisos, incapacidades y descuentos en su salario, no
pudo seguir respondiendo por los pagos y, hasta el momento, sólo ha podido
cumplir con el pago de la cuota del crédito hipotecario gracias a la ayuda y
caridad de una amiga.
1.1.1.4.
Declara
que, como consecuencia de su padecimiento, fue pensionada por invalidez con una
calificación del 96% de incapacidad total y permanente, según certificación
médica expedida por el médico cardiovascular tratante, el dictamen de Avanzar
Médico de la Clínica Linfedema de la Ardila Lule y la resolución expedida por
la Secretaría de Educación Departamental de Santander donde le conceden la
pensión de invalidez.
1.1.1.5.
Indica
que en el mes de febrero del año 2014, presentó una reclamación ante el Banco
BBVA del Socorro con el fin de obtener la condonación de sus dos deudas, basada
en que el seguro que ampara su crédito se hace efectivo por muerte del deudor o
por incapacidad permanente y total de éste. Añade que esta reclamación fue
remitida a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como dependencia compentente para
dar respuesta.
1.1.1.6.
Menciona
que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. dio contestación a la solicitud mediante
escrito en el cual se negó a otorgar la condonación de las cuotas, toda vez que
ella no había informado acerca de su padecimiento al momento de tomar el
seguro.
1.1.1.7.
Sostiene
que antes de perfeccionar el contrato ya se le había diagnosticado Cáncer
Mamario, Linfodema e Hipertensión Arterial, pero que al momento de adquirir el
crédito ya se había realizado el tratamiento y no tenía activas estas
enfermedades, razón por la cual omitió esta información al adquirir el seguro
de vida. Añade que, no obstante, las accionadas no tuvieron en cuenta que su
historia clínica reportaba la enfermedad base por la cual fue pensionada por
invalidez (Monoplejia Progresiva del Miembro Superior Izquierdo, con pérdida de
la fuerza, disminución de la movilidad y flexibilidad de la extremidad), la
cual no pudo ser declarada al momento de adquirir los créditos ya que no la
padecía para esa época.
1.1.1.8.
En
consecuencia, interpuso acción de tutela el día 15 de mayo de 2014.
1.1.2.  Argumentos
jurídicos de la tutela
1.1.2.1.    La
peticionaria sostiene que según la sentencia T-362 de 2013, la Corte
Constitucional expresó que si una persona con discapacidad mayor al 50%
interpone una acción de tutela, existe mayor riesgo de vulnerar sus derechos
fundamentales y por ende debe considerarse como un sujeto de especial
protección constitucional.
1.1.2.2.    Aduce
que la Corte Constitucional, en varios de sus pronunciamientos ha manifestado
que las personas en estado de invalidez han perdido en un alto porcentaje las
posibilidades de obtener recursos económicos para pagar las cuotas de sus
créditos, razón por la cual el juez debe determinar en cada caso concreto la
existencia de elementos relevantes con el propósito de evaluar si las cargas
procesales son o no excesivas para el peticionario.
1.1.2.3.    Alega
que en su caso convive con su esposo, quien es un adulto mayor que padece de
cáncer de piel y diabetes, enfermedades que les generan tener que trasladarse a
citas y exámenes médicos que representan gastos. Asimismo, agrega que debe
desplazarse todas las semanas a la ciudad de Bucaramanga con el fin de realizarse
una terapia de drenaje linfático, todos estos gastos que le impiden continuar
con el pago de las cuotas.
1.1.2.4.    Por
último, expone que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. realizó una incorrecta
valoración de la solicitud presentada para la condonación de las cuotas, toda
vez que negó la petición con base en enfermedades que ya no sufría y sin
analizar que en el año 2013 le concedieron la pensión de invalidez por “Monoplejia
Progresiva del Miembro Superior Izquierdo, con pérdida de la fuerza, disminución
de la movilidad y flexibilidad de la extremidad”.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la solicitud de protección
constitucional, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Socorro, Santander,
profirió auto con fecha del 26 de mayo de 2014, mediante el cual admitió la
acción de tutela y ordenó correr traslado a las partes.
1.2.1.  Respuesta
del Banco BBVA Colombia S.A.
1.2.1.1.
El
día 27 de mayo de 2014, esta entidad dio respuesta a la acción de tutela
mediante escrito en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo
que Banco BBVA Colombia S.A. carece de legitimación en la causa por pasiva en
este proceso debido a que no es la entidad aseguradora contratante, sino BBVA
Seguro de Vida Colombia S.A., la cual es una persona jurídica distinta a esta
entidad.
1.2.1.2.   Alegó
que la acción de tutela es improcedente ya que no está concebida para dirimir
conflictos propios de la jurisdicción ordinaria, así como tampoco para definir
controversias de carácter económico, pecuniario o patrimonial, sino sólo
asuntos que tengan relevancia constitucional, lo cual no es el tema de este
proceso.
1.2.1.3.   Sostuvo
que por sentencia T-642 de 2007, la Corte Constitucional señaló que en materia
de seguros no es posible hacer efectiva la póliza por medio de la acción de
tutela, razón por la cual la presente solicitud debe ser declarada
improcedente.
1.3.
DECISIONES
JUDICIALES
1.3.1.  Decisión
de primera instancia – Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Socorro,
Santander.
El día 10
de junio de 2014, este despacho profirió fallo de primera instancia en el cual
resolvió proteger los derechos fundamentales invocados, en consideración a que
la peticionaria es un sujeto de especial protección constitucional por ser
adulto mayor y tener una calificación de pérdida de la capacidad laboral en un
96% total y permanente, de manera que la renuencia en el desembolso del dinero
por parte de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para continuar con el pago de
las cuotas del crédito agravaría la condición que padece, más aún si se tiene
en cuenta que no recibe ayuda, ni cuenta con otro recurso. En este sentido,
ordenó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. reconocer el 100% de las
obligaciones contenidas en los créditos adquiridos por la accionante con el
Banco BBVA, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de dicha providencia.
1.3.2.  Impugnación.
Mediante escrito presentado el día 18 de
junio de 2014, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. decidió impugnar la decisión
de primera instancia, de conformidad a las siguientes razones:
1.3.2.1.    Adujo
que en virtud del numeral 1º del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que la actora contaba con la jurisdicción ordinaria para dirimir su
conflicto y jamás acudió a ella, así como tampoco aportó pruebas que
demostraran una afectación a sus derechos fundamentales.
1.3.2.2.    Aseguró
que no puede afirmarse la existencia de vulneración a derechos fundamentales en
este caso, puesto que la peticionaria está alegando una situación que involucra
en forma exclusiva intereses privados y una necesidad eminentemente personal.
Agregó que según las sentencias T-490 de 2009, T-152 de 2006 y T-905 de 2007,
la Corte Constitucional declaró que las compañías aseguradoras no prestan
servicio público y respecto de ellas no existe una relación de indefensión y
subordinación con el usuario financiero.
1.3.2.3.    Expuso
que la peticionaria fue reticente y no cumplió con la buena fe que debe regir
los contratos, pues omitió informar antes del contrato que sufría de Linfodema,
Hipertensión Arterial y Cáncer Mamario, lo cual afectaba las condiciones del
mismo según lo dispone el art. 1058 del C.Co.
1.3.3.  Decisión
de segunda instancia – Juzgado Segundo Promiscuo de Familia en Oralidad del
Socorro, Santander.
Mediante sentencia proferida el día 29 de
julio de 2014, este despacho decidió revocar en su integridad el fallo de
primera instancia y negar la protección de los derechos fundamentales
invocados, al considerar que la peticionaria no cumplió con el requisito de
subsidiariedad ya que contaba con la jurisdicción ordinaria como vía judicial
idónea para este tipo de reclamaciones. Asimismo, estimó que la accionante no
alcanza la edad de 78.5 años para ser considerado sujeto de especial protección
constitucional y, además, no se observan elementos que permitan inferir que sea
inminente e irreversible el daño que se pueda generar
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
1.4.1.  Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Martha Cecilia Gutiérrez de Díaz, (Cd. 1, Fl. 1).
1.4.2.  Copia de la
Resolución No. 00489, expedida por la Gobernación de Santander, mediante la
cual se retira del servicio de docencia a la peticionaria debido a su estado de
invalidez (Cd. 1, Fl. 2).
1.4.3.  Copia de oficio y
acta de calificación de invalidez de la accionante, expedida por la Fundación
Avanzar FOS, donde se determina como fecha de estructuración el día 08 de enero
de 2014 (Cd. 1, Fls. 3-6).
1.4.4.  Copia de
certificado expedido por el médico cardiovascular Alejandro Latorre Parra, del
Centro Médico Carlos Ardila Lulle, en el cual manifiesta que la señora Martha
Cecilia Gutiérrez presenta “linfedema secundario postratamiento de CA de
seno del MSizquierdo, de 8 años de evolución” el cual ha desencadenado en
un “plegia del miembro superior izquierdo, con pérdida de la fuerza,
disminución de la movilidad y flexibilidad de la extremidad” (Cd. 1, Fl.
7).
1.4.5.  Copia de oficio
emitido por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. dirigido al Banco BBVA Colombia
S.A. en el cual informan que luego de revisada la historia clínica de la peticionaria,
se encontró que la misma tiene antecedentes de Linfodema, Hipertensión Arterial
y Cáncer Mamario, las cuales no fueron declaradas el día 26 de agosto de 2011,
momento en que diligenció la solicitud de seguro de vida. Asimismo, expresan
que dentro del término legal se permiten objetar íntegra y formalmente la
reclamación de la peticionaria (Cd. 1, Fl. 9).
1.4.6.  Copia de póliza
No. 0110043 y sus anexos, por Seguro de Vida Grupo Deudores del BBVA Seguros de
Vida Colombia S.A., a favor de Martha Cecilia Gutiérrez de Díaz, con fecha de
contabilización del crédito el día 03 de febrero de 2010 (Cd. 1, Fls. 10-20).
1.4.7.  Copia de póliza de
seguro de incendio y terremoto No. 0110610 y sus anexos, por BBVA Seguros de
Vida Colombia S.A., a favor de Martha Cecilia Gutiérrez de Díaz, con fecha de
contabilización del crédito el día 03 de febrero de 2010 (Cd. 1, Fls. 21-36).
1.4.8.  Copia
de la historia clínica de la peticionaria (Fls. 37-137, Cd. 1).
2.
EXPEDIENTE
T-4.631.068.
2.1.
SOLICITUD
El señor Carlos Alberto Mendoza Cañas,
por intermedio de apoderado judicial solicita al juez de tutela la protección
de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la familia, a la
alimentación, a la salud y a la dignidad humana, presuntamente vulnerados por
el Banco DAVIVIENDA y la Compañía de Seguros BOLÍVAR S.A. En consecuencia,
reclama que Seguros BOLÍVAR haga efectivo el Seguro de Vida Grupo Deudores, con
el propósito de cancelar el saldo del crédito hipotecario adquirido en compañía
de su hermana Cecilia Mendoza Cañas (q.e.p.d.) con el Banco DAVIVIENDA.
2.1.1.  Hechos
2.1.1.1.
El
accionante menciona que cuenta con 56 años de edad y actualmente es trabajador
de la Gobernación de Norte de Santander, con una asignación salarial de
$1.300.000 mensuales. Agrega que su núcleo familiar se encuentra conformado por
su esposa, Ana Judith Cote Camacho, quien es ama de casa y depende
económicamente de él.
2.1.1.2.
Señala
que junto a su hermana, Cecilia Mendoza Cañas (q.e.p.d.), tramitó ante al Banco
DAVIVIENDA un crédito hipotecario cuyo número de asignación fue
5706067500094771, con fecha de desembolso el día 27 de junio de 2013 y
garantizado con una póliza de seguros de Seguros Bolívar. Añade que su hermana
falleció el día 24 de febrero de 2014.
2.1.1.3.
Declara
que el día 18 de marzo de 2014, presentó ante el Banco DAVIVIENDA la reclamación
del seguro de vida de su hermana fallecida, con el fin de cancelar el crédito
hipotecario que se había adquirido con ese propósito.
2.1.1.4.
Aduce
que el día 23 de abril de 2014, Seguros Bolívar dio respuesta mediante escrito
en el que negó hacer efectiva la póliza, debido a que se había presentado
reticencia al momento de suscribir el contrato de seguros.
2.1.1.5.
Indica
que la accionada tomó una enfermedad renal como causa de muerte de su hermana,
y también alegó otras enfermedades que nunca padeció, como Diabetes Mellitus.
Sostiene que, según el concepto del médico que atendió a su hermana, ésta
falleció por una asistolia en el corazón y su enfermedad renal sólo contribuyó
para ello.
2.1.1.6.
Manifiesta
que su hermana Cecilia Mendoza también había contraído un crédito por libranza
con el Banco Popular, dentro del cual se tomó el respectivo Seguro de Vida
Grupo Deudores y fue cancelado a tiempo.
2.1.1.7.
Alega
que la negativa de Seguros Bolívar en hacer efectiva la póliza de seguro le
ocasiona un gran perjuicio, ya que el salario que devenga no es suficiente para
pagar la totalidad del crédito y sustentar a su familia al mismo tiempo.
2.1.1.8.
En
consecuencia, interpuso acción de tutela el día 21 de mayo de 2014.
2.1.2.  Argumentos
jurídicos de la tutela
El actor alega que Seguros Bolívar abusa
de su posición en el mercado y por ende de su condición como sujeto en estado
de indefensión. Arguye que en la sentencia T-1018 de 2010, la Corte
Constitucional revocó las decisiones de instancia que habían declarado la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por un señor de 74 años de
edad a quien le habían negado el pago de la póliza de seguro de vida. Agrega
que la Corte declaró el hecho superado por cuanto en el trámite de la acción de
tutela la entidad demandada procedió a condonar las deudas del peticionario.
2.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El día 21 de mayo de 2014, el Juzgado
Quinto Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta profirió auto mediante el cual
admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la contraparte. Por un
lado, requirió al Banco DAVIVIENDA con el fin de informar lo siguiente: (i)
si la señora Cecilia Mendoza Cañas tomó póliza de vida con Seguros Bolívar para
respaldar el crédito hipotecario con esta entidad financiera; (ii) si el
reclamo de la póliza hecho por el peticionario había sido negado o aprobado; (iii)
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela. Por otro
lado, requirió igualmente a Seguros Bolívar con el fin de informar: (i)
si la señora Mendoza Cañas había tomado póliza de seguro de vida con esta
entidad; (ii) si el reclamo presentado por el accionante había sido
negado o aceptado; (iii) pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de
la acción de tutela.
2.2.1.  Respuesta
del Banco DAVIVIENDA S.A.
Mediante escrito presentado el día 23 de
mayo de 2014, el representante legal de esta entidad dio contestación a la
acción de tutela y manifestó lo siguiente: (i) que los señores Carlos
Alberto Mendoza Cañas y Cecilia Mendoza Cañas adquirieron crédito de vivienda
en el mes de junio del año 2013; y (ii) que la declaratoria de
asegurabilidad firmada por la finada asegurada al tomar el crédito fue
diligenciada faltando a la verdad, toda vez que se omitió indicar
preexistencias en su salud. En consecuencia, solicita la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela.
2.2.2.  Respuesta
de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.
2.2.2.1.
El
día 26 de mayo de 2014, el representante legal de esta entidad presentó escrito
en el que se opuso a la acción de tutela con base a las siguientes razones:
2.2.2.2.
En
primer lugar, adujo que la acción de tutela es improcedente, toda vez que la vía
constitucional no es el escenario adecuado para debatir los alcances de un
contrato privado, ya que esta vía no otorga el término idóneo para la práctica
de ciertas pruebas que requieren tiempo.
2.2.2.3.
En
segundo lugar, alegó que la señora Cecilia Mendoza Cañas no diligenció con
veracidad la declaratoria de asegurabilidad sino que omitió mencionar que tenía
padecimientos de salud previos al contrato.
2.3.
DECISIONES
JUDICIALES
2.3.1.  Decisión
de primera instancia – Juzgado –Quinto Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta,
Santander.
El día 30 de mayo de 2014, el juzgado
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el peticionario no
agotó el requisito de subsidiariedad por omitir hacer uso de la acción
ordinaria de responsabilidad civil contractual, a través de la cual puede
obtener el reconocimiento y pago de daños y perjuicios. Asimismo, estimó que el
actor no demostró cómo habría de configurarse un perjuicio irremediable en su
caso.
2.3.2.  Impugnación.
El día 10 de junio de 2014, la parte
accionante presentó escrito de impugnación sin agregar razones a las ya
expuestas en el escrito de la acción de tutela.
2.3.3.  Decisión
de segunda instancia – Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Cúcuta, Santander.
Mediante sentencia proferida el día 14 de
junio de 2014, este despacho decidió confirmar en su integridad el fallo de
primera instancia y ratificar las razones expuestas en él.
2.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
2.4.1.  Poder especial
original otorgado por Carlos Alberto Mendoza Cañas a favor de Glendys Leonor
Marín Carrillo para interponer acción de tutela en contra del Banco DAVIVIENDA
y la Compañía de Seguros Bolívar S.A. (Cd. 1, Fl. 1).
2.4.2.  Copia de escrito
presentado el día 19 de marzo de 2014, por Carlos Alberto Mendoza Cañas ante el
Banco DAVIVIENDA mediante el cual anexó los documentos relacionados con el
trámite de reclamación del seguro de vida de la señora Cecilia Mendoza Cañas
(Cd. 1, Fl. 2).
2.4.3.  Copia de oficio
remitido por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. al Banco DAVIVIENDA en la que
manifiestan no acceder a la reclamación del seguro de vida presentada por
Alberto Mendoza Cañas, debido a que la señora Cecilia Mendoza fue reticente al
momento de diligenciar la solicitud de seguro de vida grupo deudores. Se anexa
copia de la declaración rendida por la seora Cecilia Mendoza Cañas (Cd. 1, Fls.
3 y 4).
2.4.4.  Copia de registro
civil de defunción de la señora Cecilia Mendoza Cañas, con fecha de
fallecimiento el día 24 de febrero de 2014 (Cd. 1, Fl. 5).
2.4.5.  Copia de la
declaración rendida por el médico de la Compañía Seguros Bolívar S.A. que
atendió a la señora Cecilia Mendoza Cañas, en la cual describe en términos
generales la historia clínica de la paciente y su último diagnóstico (Cd. 1,
Fl. 6).
2.4.6.  Copia de la
historia clínica de la señora Cecilia Mendoza Cañas (Cd. 1, Fls. 7-37).
3.
EXPEDIENTE
T-4.642.240.
3.1.
SOLICITUD
El señor Rubén Darío Henao Marín,
por conducto de apoderado judicial, solicita al juez de tutela la protección de
los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y al debido
proceso, presuntamente vulnerados por el Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida
Colombia S.A. En este sentido, reclama que las accionadas reconozcan la
extinción del crédito adquirido el día 22 de septiembre de 2010 y, como
consecuencia, se le reintegre el dinero cancelado por las cuotas causadas
después del fallecimiento de su cónyuge, Ligia Marina León de Moreno.
3.1.1.  Hechos
3.1.1.1.
El
actor expresa que el día 22 de septiembre de 2010, el Banco BBVA le otorgó su
compañera permanente, Ligia Marina León de Moreno, un crédito por valor de
$15.000.000, amparado con un seguro de vida de la Compañía BBVA Seguros
de Vida Colombia S.A. y cuyo pago se haría efectivo ante la muerte o
incapacidad total suya o de su compañera. Agrega que ambas circunstancias se
presentaron, toda vez que, por un lado, su compañera falleció y, por otro, él
perdió su capacidad laboral en un 64,20% y su visión en un 90%, según consta en
dictamen laboral del Instituto de Seguros Sociales.
3.1.1.2.
Declara
que para acceder al seguro tuvieron que tramitar unos formatos donde declaraban
su verdadero estado de salud, aunque el informe de la señora Ligia León fue diligenciado
por una representante de las accionadas que se encargaba de llenar los espacios
en blanco para luego presentar los formularios con el fin que fueran firmados
por los adquirentes.
3.1.1.3.
Señala
que ambos formatos fueron diligenciados en forma irregular, toda vez que, por
un lado, en su formulario aparecieron muchos datos de la señora Ligia León,
como el tipo de profesión, el peso y la estatura; mientras que, por otro, el
formulario de la señora Ligia León apareció con unas casillas y espacios en
blanco.
3.1.1.4.
Manifiesta
que, el día 31 de enero de 2013, la señora Ligia Marina León de Moreno falleció
en la ciudad de Bogotá, hecho después del cual presentó derecho de petición el
día 03 de abril de 2013 ante las accionadas, con el fin de solicitar la
extinción completa de la obligación contractual que adquirió su cónyuge con el
Banco BBVA.
3.1.1.5.
Indica
que el día 07 de mayo de 2013, el Banco BBVA dio respuesta a su solicitud
mediante escrito en el cual negó hacer efectiva la póliza, pues la señora Ligia
León había presentado reticencia al momento de diligenciar el formulario para adquirir
el seguro de vida, ya que de la histórica clínica se constató que ella
presentaba diabetes mellitus e insuficiencia hepática con anterioridad a la
declaración.
3.1.1.6.
Aduce
que el día 30 de enero de 2014 presentó derecho de petición ante el BBVA, en el
cual expuso que el formulario de la señora Ligia León fue mal diligenciado por
la funcionaria de esta entidad y que además BBVA nunca practicó exámenes
médicos para establecer el verdadero estado de salud de los adquirentes. Adicionalmente
solicitó, entre otras: hacer efectivo el seguro de vida grupo deudores de la
póliza No. 0110043, la cancelación de los saldos insolutos y copia auténtica de
la póliza y de la obligación con sus anexos.
3.1.1.7.
Relata
que el día 26 de febrero de 2014, BBVA dio contestación al derecho de petición
y negó acceder a las solicitudes del escrito ya que no se aportó el respectivo
poder que autorizara el reclamo. En este sentido, agrega que el día 05 de marzo
de 2014 presentó nuevamente derecho de petición ante BBVA, mediante el cual
solicitó una respuesta concreta pues los poderes sí se habían aportado, aunque
nuevamente BBVA negó la solicitud con fundamento en la reticencia de la señora
Ligia León.
3.1.1.8.
En
consecuencia, interpuso acción de tutela el día 19 de mayo de 2014.
3.1.2.  Argumentos
jurídicos de la tutela
El actor alega que las entidades
accionadas vulneran sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al
mínimo vital, toda vez que no tuvieron en cuenta los errores cometidos por la
funcionaria del BBVA al diligenciar los formatos para solicitar el seguro de
vida grupo deudores, así como tampoco las pruebas médicas donde consta la pérdida
de su capacidad laboral y de su visión.
3.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El día 19 de mayo de 2014, el Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Manizales profirió auto mediante el cual admitió la acción
de tutela y ordenó correr traslado a la contraparte para que ésta ejerciera su
derecho de defensa.
3.2.1.  Respuesta
del Banco BBVA Colombia S.A.
El día 22 de mayo de 2014, el
representante legal de esta entidad dio contestación a la acción de tutela y solicitó
el rechazo de la misma, por cuanto: (i) el Banco BBVA es una persona
jurídica distinta a BBVA Seguros de Vida y no le corresponde desarrollar la
actividad económica aseguradora, según lo dispuesto en de los arts. 2, 6 y 7
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; y (ii) el peticionario
busca el reconocimiento de un asunto económico y por ello la tutela debe ser
declarada improcedente, ya que no fue instituida para estos propósitos.
3.2.2.  Respuesta
de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
El día 26 de mayo de 2014, el
representante legal de esta entidad presentó escrito en el que se opuso a la
acción de tutela al estimar que la acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad, pues no se agotó la jurisdicción ordinaria y, además, no se evidencia
perjuicio irremediable para el peticionario y además no se aportó prueba de
ello en el trámite del proceso.
3.3.
DECISIONES
JUDICIALES
3.3.1.  Decisión
de primera instancia – Juzgado Cuarto Civil Municipal Manizales, Caldas.
El día 30 de mayo de 2014, este despacho
denegó por improcedente la acción de tutela al considerar que ésta no es el
mecanismo idóneo para realizar este tipo de reclamaciones y, además, por cuanto
el actor no demostró cómo habría de configurarse un perjuicio irremediable en
su caso para que la tutela fuera procedente en forma excepcional.
3.3.2.  Impugnación.
El día 11 de junio de 2014, el
peticionario presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de
primera instancia, a través del cual manifestó que: (i) carece de todo
sentido admitir la acción de tutela para luego rechazarla por improcedente; (ii)
el juez no analizó los elementos probatorios que demostraban su invalidez y los
errores cometidos por la funcionaria del BBVA; y (iii) el juez no
advirtió su condición como sujeto de especial protección constitucional por ser
adulto mayor con invalidez laboral y que además cuenta con un mínimo para su
subsistencia que se está viendo diezmado por el pago de una obligación que
debió terminar.
3.3.3.  Decisión
de segunda instancia – Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas.
Mediante sentencia proferida el día 17 de
julio de 2014, este despacho decidió confirmar en su integridad el fallo de
primera instancia al considerar lo siguiente: (i) la acción de tutela no
cumple con el requisito de inmediatez de la acción , toda vez que, por un lado,
el acta de calificación de invalidez data del mes de julio del año 2011 y, por
otro, el deceso de la señora León se presentó el 31 de enero de 2013, por lo
cual han transcurrido tres años desde el acta de calificación y uno desde el
fallecimiento de la compañera; y (ii) el actor cuenta con la vía
ordinaria como mecanismo idóneo para el reclamo del derecho en estos eventos.
3.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
3.4.1.  Copia del registro
civil de defunción de la señora Ligia Marina León de Moreno, con fecha de
deceso el día 31 de enero de 2013 (Cd. 1, Fl. 3).
3.4.2.  Copia de la
historia clínica del señor Rubén Darío Henao Marín, donde constan las
diferentes intervenciones oftalmológicas realizadas por el Instituto
Oftalmológico de Caldas, así como el dictamen de pérdida de la capacidad
laboral en un 64,20% emitido por el Instituto de Seguros Sociales (Cd. 1, Fls.
4-117).
3.4.3.  Copia de derecho
de petición presentado por Rubén Darío Henao Marín ante el Banco BBVA a través
del cual solicitó hacer efectiva la póliza adquirida por su difunta esposa
Ligia Marina León de Moreno (Cd. 1, Fl. 118).
3.4.4.  Copia de respuesta
a derecho de petición emitida por el Banco BBVA al peticionario, donde le
informan que la señora Ligia Marina León de Moreno presentó reticencia al
momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad contenida en la
solicitud del seguro de vida (Cd. 1, Fls. 119-120).
3.4.5.  Copia de derecho
de petición presentado por el peticionario ante el Banco BBVA el día 30 de
enero de 2014, mediante el cual solicitó nuevamente hacer efectivo el seguro de
vida (Cd. 1, Fls. 123-137).
3.4.6.  Copia de respuesta
a derecho de petición emitida por el Banco BBVA el día 25 de febrero de 2014,
por la cual informan que, por reserva bancaria, no pueden expedir a favor de un
tercero la información correspondiente al crédito adquirido por la señora Ligia
Marina León de Moreno hasta que no se aporte poder para este efecto (Cd. 1,
Fls. 121-122).
3.4.7.  Copia
de los formatos de solicitud de seguro de vida grupo deudores y sus anexos, con
póliza No. 0110043, diligenciado por los señores Rubén Darío Henao Marín y la
señora Ligia Marina León de Moreno (Cd. 1, Fls. 143-171).
3.4.8.
Copia de poder especial otorgado por Rubén Darío Henao Marín a
favor de Jesús David Tabares Sepúlveda, con el fin de interponer acción de
tutela en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. (Cd. 1, Fl. 172).
4.
EXPEDIENTE
T-4.631.344.
4.1.
SOLICITUD
La
señora María Noelia Alzate Ramírez, en calidad de agente oficiosa de su
esposo, Rodrigo De Jesús Giraldo Aristizábal, interpone acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus fundamentales a la dignidad humana,
a la vida, al mínimo vital y al debido proceso, presuntamente conculcados por Colmena
Vida y Riesgos Laborales S.A. En consecuencia, solicita se ordene a la
accionada hacer efectiva la póliza de seguro de vida grupo deudores y efectuar
el trámite necesario para pagar al Banco Caja Social el saldo insoluto de la
obligación adquirida por su esposo.
4.1.1.  Hechos
4.1.1.1.
Manifiesta
que en el año 2006, su esposo, Rodrigo de Jesús Giraldo Aristizábal, adquirió con
el Banco Caja Social: (i) un crédito hipotecario por valor de $10.000.000; (ii)
un crédito de libre inversión por valor de $10.000.000; y (iii) un seguro de
vida por muerte e invalidez con la empresa Colmena Vida y Riesgos Laborales
S.A.
4.1.1.2.
Asegura
que su esposo, al momento de pedir el préstamo, solventaba los gastos del hogar
ya que gozaba de buena salud y, además, tenía otros ingresos como conductor. No
obstante, en el mes de agosto del año 2013 sufrió un derrame cerebral como
consecuencia de un episodio de crisis vascular que lo llevo a la pérdida de
capacidad la laboral, la cual fue calificada por la Junta Central de
Calificación de Invalidez en un 68.80%.
4.1.1.3.
Refiere
que, luego de dicho suceso, el banco le informó que enviara la documentación
para que la aseguradora analizara el tema y obtuviera la condonación de las
cuotas; sin embargo, indica que la entidad accionada se pronunció y expresó que
no podía responder por el pago de las deudas ya que el señor Giraldo
Aristizábal fue reticente al momento de diligenciar la solicitud de póliza de
seguro de vida, al no haber declarado que tenía problemas vasculares con
anterioridad.
4.1.1.4.
Declara
que, en estos momentos, su esposo se encuentra en una cama postrado sin poder
valerse por sí mismo para sus necesidades básicas y sin ninguna posibilidad de
mejora, por lo cual le es necesario cuidarlo todo el tiempo. Menciona que tiene
53 años, es hipertensa y usa marcapasos, sus ingresos mensuales son de $500.000
(correspondientes a la pensión que recibe su esposo) con los cuales cubre los
gastos de alimentación, salud (medicamentos que no le da la E.P.S.), pagar
servicios públicos, vestuario, una ayudante para los cuidados del hogar y de su
esposo enfermo, además de la cuota de su crédito que a la fecha se encuentra
por un valor de $290.000.
4.1.1.5.
Indica
que, como consecuencia de lo anterior, su esposo no se encuentra en capacidad
de responder por las cuotas frente al Banco Caja Social, entidad que ha
manifestado su intención de proceder a embargar y rematar el bien si no se
continua con el pago de las cuotas. Asegura que esto configuraría un perjuicio
irremediable por el estado de salud de su esposo y, además, acudir a la
justicia ordinaria implicaría un desgaste de tiempo que podría ocasionar la pérdida
de su vivienda.
4.1.1.6.
En
consecuencia, interpuso acción de tutela el día 03 de julio de 2014.
4.1.2.  Argumentos
jurídicos de la tutela
4.1.2.1.    La
peticionaria sostiene que, según la sentencia T-832 de 2010, la Corte
Constitucional concedió la protección de los derechos invocados por el
peticionario, en un caso donde la aseguradora se negó a realizar el desembolso
del valor correspondiente al seguro de vida grupo deudores argumentando
preexistencia. Expresa que en este caso, la Corte estimó que la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para el reclamo de este tipo de pretensiones, en
cuanto no es relevante que los inicios de la enfermedad se hayan dado con
anterioridad a la compra del seguro, especialmente cuando el peticionario se
encuentra en un estado de debilidad manifiesta y es sujeto de especial
protección.
4.1.2.2.    Indica
que la Corte Constitucional, en relación con el perjuicio irremediable, en
varios de sus pronunciamientos ha manifestado que las personas que se
encuentren con características particulares, como es el caso de una persona de
la tercera edad, se encuentran cobijadas por un “tratamiento diferencial
positivo” que implica la ampliación del ámbito de los derechos
fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela.
4.1.2.3.   Arguye
que mediante sentencia T-772 de 2003, la Corte definió el mínimo vital como una
pre-condición  para el ejercicio de los derechos y libertades de la persona, la
cual es transversal para asegurar la digna subsistencia del ser humano y de su
familia, especialmente en lo relacionado con su alimentación, vestido,
educación, vivienda y seguridad social.
4.1.2.4.    Finalmente,
justifica lo solicitado al asegurar que su esposo, quien es una persona de la
tercera edad, sufre afectación a sus derechos fundamentales debido a la
conducta omisiva de la empresa accionada.
4.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la solicitud de protección
constitucional, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bello, Antioquia, profirió auto con fecha del 03 de julio de 2014,
mediante el cual admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a las
partes.
4.2.1.  Respuesta
de Colmena Vida y Riesgos Laborales.
4.2.1.1.
El
día 09 de julio de 2014, esta entidad dio respuesta a la acción de tutela
mediante escrito en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda.
Solicitó al juez negar por improcedente la acción de tutela en tanto no es el
mecanismo legalmente idóneo para reclamar el reconocimiento de la indemnización
de una póliza de seguro, ni tampoco para controvertir la objeción realizada.
4.2.1.2.    Sostuvo
que en sus sistemas de información se encuentra que el señor Rodrigo De Jesús Giraldo
Aristizábal adquirió dos créditos concedidos a su favor con los números
30507323926 y 299170604327, pero al momento de diligenciar la declaración  de
asegurabilidad fue reticente y omitió expresar su problema vascular y,
por tanto, esto constituye un evidente incumplimiento del contrato.
4.2.1.3.    Adujo
que la Corte Constitucional, mediante sentencias SU-713 de 2006, T-093 de 2008
y T-404 de 2008 ha señalado que la determinación del perjuicio irremediable en
el estudio de las acciones de tutela reside en el daño o menoscabo que sufrirá
el derecho fundamental que se solicita amparar, y no en la relación con las
consecuencias económicas que se derivan de los efectos nocivos del acto o
hecho. Asegura que ha actuado en el marco de la ley y ha objetado la
reclamación conforme a las condiciones contractuales pactadas.
4.3.
DECISIONES
JUDICIALES
4.3.1.  Decisión
de Única instancia – Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bello, Antioquia.
El día 14 de Julio de 2014, este despacho
profirió fallo de primera instancia en el cual resolvió denegar por
improcedente la acción de tutela, en consideración que, a pesar de la condición
de invalidez de la persona titular del derecho, la tutela gira en torno al
hecho de ordenar a la entidad demandada asumir el valor del pago de la deuda
por concepto de préstamos adquiridos por el señor Rodrigo Giraldo, relación
sobre la cual existe un contrato de seguro entre las partes que presenta una
disputa de carácter pecuniario y sobre la que no se evidencia la configuración
de un perjuicio irremediable.
4.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
4.4.1.  Copia de oficio
emitido por Colmena Vida y Riesgos Laborales dirigido al Banco Caja Social, en
el cual manifiestan que objetan de manera seria fundada la reclamación del
asegurado Rodrigo De Jesús Giraldo Aristizábal por cuanto fue reticente al
momento de diligenciar la solicitu de seguro de vida (Cd. 1, Fls. 12 y 13).
4.4.2.  Copia de la cedula
de ciudadanía de la señora María Noelia Alzate Ramírez (Cd. 1, Fl. 17).
4.4.3.  Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Rodrigo De Jesús Giraldo Aristizábal (Cd. 1, Fl.16).
4.4.4.  Copia del acta de
calificación de invalidez del señor Rodrigo De Jesús Giraldo Aristizábal,
expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia,
mediante la cual certifican un porcentaje de invalidez del 68,80 % (Cd. 1, Fls.
7-10).
4.4.5.  Copia de historia
clínica del señor Rodrigo De Jesús Giraldo Aristizábal (Cd. 1, Fls. 11, 14, 15,
31-38).
4.4.6.  Copia de la declaración
de asegurabilidad suscrita por el señor Rodrigo de Jesús Giraldo
Aristizábal el día 24 de Agosto de 2010 (Cd. 1, Fl. 29).
4.4.7.  Copia de la póliza
de seguro de vida No. 4600, suscrita por el señor Rodrigo De Jesús Giraldo
Aristizábal y Liberty Seguros S.A. (Cd. 1, Fl 30).
5.
EXPEDIENTE
T-4.632.824.
5.1.
SOLICITUD
La
Personería Municipal de Neiva interpone acción de tutela en representación de
la señora Delia Mary Díaz Torres con el fin de obtener la protección de
sus fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la vivienda digna,
presuntamente vulnerados por FAMIEMPRESA Actuar Corporación Acción por el
Tolima y Seguros de Vida Suramericana –SURA-. En este sentido, solicita se
ordene a las accionadas hacer efectiva la póliza de seguro de vida No. 0050973
con el fin de cancelar el saldo insoluto del crédito No. 4006820, así como
solicitar la terminación de cualquier acción judicial que se haya adelantado en
contra de la señora Díaz Torres.
5.1.1.  Hechos
5.1.1.1.
La
Personería Municipal de Neiva relata que el día 11 de noviembre de 2011, la
señora Delia Mary Díaz Torres adquirió un crédito con FAMIEMPRESA Actuar
Corporación Acción por el Tolima por el valor de $4.000.000, el cual soportó
con un seguro de deudores que tomó esta empresa con Seguros de Vida
Suramericana –SURA-, ejecutable en caso de muerte o incapacidad permanente por
un monto de $8.000.000.
5.1.1.2.
Narra
que el día 26 de julio de 2013, la señora Díaz Torres fue valorada por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Huila con una pérdida de la capacidad
laboral de un 75,05%, causada por una enfermedad llamada riñones polisquísticos.
Añade que por esta razón la señora Díaz no pudo continuar laborando en su
restaurante, actividad con la cual tenía ingresos.
5.1.1.3.
Aduce
que a raíz de lo anterior, la señora Díaz no pudo continuar con el pago del
crédito, por lo que solicitó a SURA cancelar el saldo restante de su obligación
crediticia. No obstante, mediante cartas de los días 26 de julio de 2013 y 06
de noviembre de 2013, SURA negó la solicitud y fundó su decisión en el hecho
que la señora Díaz no había informado sobre su padecimiento al momento de la
celebración del contrato de seguro, por lo cual se había generado la nulidad de
ese contrato.
5.1.1.4.
Alega
que los argumentos esgrimidos por SURA para rehusarse a cubrir la deuda no son
coherentes con las condiciones de la póliza adquirida por la señora Díaz, pues
al momento de diligenciar el formulario se indagaba específicamente sobre la
enfermedad “insuficiencia renal crónica”, la cual es una patología diferente a
los riñones poliquísticos que sufre la representada. De igual forma, reclama
que SURA no practicó un examen médico riguroso a la señora Díaz, ni le exigió
allegar algún análisis con anterioridad a la suscripción de la póliza para
establecer las patologías que sufría y determinar cuáles quedarían excluidas de
la cobertura.
5.1.1.5.
Arguye
que la señora Díaz, por su estado de salud conjugado con la negativa de SURA en
hacer efectiva la póliza, no pudo continuar con el pago de la obligación
crediticia adquirida con FAMIEMPRESA Actuar Corporación, razón por la cual
comenzó a recibir cartas de cobro donde se anunciaba la mora en que había
incurrido. Agrega que esto llevó a la señora Díaz a presentar derecho de
petición ante FAMIEMPRESA Actuar Corporación, en el cual expuso su estado de
salud y solicitó la condonación de los intereses moratorios causados, aunque el
mismo fue resuelto en forma negativa por parte de la accionada el día 02 de
enero de 2014.
5.1.1.6.
Manifiesta
que le día 31 de marzo de 2014, FAMIEMPRESA Actuar Corporación le informó a la
señora Díaz que debido al retraso en el pago de la cuotas procederían a
adelantar proceso judicial en su contra con las medidas de embargo y secuestro.
5.1.1.7.
Por
lo motivos expuestos, la Personería Municipal de Neiva, el día 02 de mayo de
2014, interpuso acción de tutela en representación de la señora Delia Mary Díaz.
5.1.2.  Argumentos
jurídicos de la tutela
5.1.2.1.    Sostiene
que mediante sentencias T-517 de 2005 y T-832 de 2010, la Corte Constitucional
estableció límites a la libertad de contratación en materias declaradas
constitucionalmente como de interés público, de manera que no es aceptable a la
luz de los derechos al mínimo vital y vida en condiciones dignas que la
negativa al reconocimiento y pago de una prestación derivada de un riesgo
asegurado por incapacidad total permanente se encuentre basada en una
interpretación íntegramente legal de la relación contractual.
5.1.2.2.    Indica
que la jurisprudencia constitucional, en sentencia T-480 de 2009, estableció un
principio de solidaridad en las relaciones contractuales del mercado que impide
la arbitrariedad en éstas, pues toda libertad se encuentra gobernada por la
Constitución Política bajo un principio de solidaridad social y prevalencia del
interés general.
5.1.2.3.    Arguye
que a través de sentencias T-832 de 2010 y T-751 de 2012, la Corte determinó
que en relación con la compañías de seguros, a pesar que la vía ordinaria sea
el medio idóneo para resolver las controversias que con ellas surjan, es
procedente la acción de tutela siempre que exista una amenaza a los derecho
fundamentales de vida, salud o mínimo vital. Declara que igualmente la Corte ha
expresado que las aseguradoras se encuentran en la obligación de realizar
exámenes médicos previos a la celebración de contratos de seguros para
deudores, hecho que no ocurrió en el caso concreto, pues SURA jamás ordenó la
práctica de exámenes a la señora Díaz.
5.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El día 06 de mayo de 2014, el Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías profirió auto mediante
el cual admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la contraparte
para que ejerciera su derecho de defensa.
5.2.1.  Respuesta
de FAMIEMPRESA Actuar Corporación Acción por el Tolima.
El día 09 de mayo de 2014, esta entidad
dio respuesta a la acción de tutela mediante escrito en el cual se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó negar las pretensiones del libelo con
fundamento en las siguientes razones:
5.2.1.1.
En
primer lugar, declaró que el adelanto del cobro jurídico corresponde a un
actuar legal que se ejecuta en casos de incumplimiento en la obligación
contractual, por lo cual no hay razón para asegurar que éste hecho constituye
una vulneración de derechos fundamentales. Además, se han realizado acuerdos de
pago con la señora Díaz a la medida que ella pueda seguir abonando a la
obligación, tanto así que aún no se han iniciado acciones ejecutivas en su
contra.
5.2.1.2.
En
segundo lugar, mencionó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
para tratar de exonerarse de una obligación clara, expresa y exigible, donde
FAMIEMPRESA es un simple intermediario que no puede verse afectado por el
litigio entre la aseguradora y la señora Díaz.
5.2.1.3.
En
tercer lugar, expresó que en relación con la obligación contenida en el pagaré
No. 1006812, no se presentan las causales para terminación anormal de un
proceso judicial.
5.2.2.  Respuesta
de Seguros de Vida Suramericana –SURA-.
Mediante escrito presentado el día 13 de
mayo de 2014, esta entidad se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y
solicitó negar la protección de los derechos fundamentales mediante la
declaratoria de improcedencia del recurso judicial.
5.2.2.1.
En
primer lugar, adujo que es conflicto de intereses propuesto por la peticionaria
no es susceptible de ser debatido por vía de tutela, en la mediad que la
solicitud se basa en el pago de sumas de dinero, cuando existen otros
mecanismos judiciales para resolver este tipo de conflictos. Estimó que
mediante sentencia T-304 de 2009, la Corte Constitucional sostuvo que la acción
de tutela es un mecanismo de reclamo judicial residual y subsidiario.
5.2.2.2.
En
segundo lugar, alegó que sus actuaciones se han ajustado al marco normativo
establecido para contratos de seguro y pólizas de grupo deudores, además,
procedió a objetar en su momento la reclamación de la póliza.
5.2.2.3.
En
tercer lugar, declaró que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez ya que han trascurrido más de seis meses desde que se presentó la
objeción a la solicitud de pago.
5.3.
DECISIONES
JUDICIALES
5.3.1.  Decisión
de primera instancia – Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Neiva, Huila.
A través de sentencia de primera instancia
proferida el día 20 de mayo de 2014, este despacho resolvió declarar
improcedente la acción de tutela al estimar que: (i) no se cumple con el
requisito de inmediatez pues la actora dejó transcurrir más de seis meses desde
el 26 de julio de 2013, fecha en que SURA le notificó que nulitaba el contrato;
y (ii) mediante sentencia T-304 de 2009, la Corte Constitucional estableció que
la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar sumas de dinero, lo
cual es justamente lo que ocurre en este caso.
5.3.2.  Impugnación
El día 26 de mayo de 2014, la Personería
Municipal de Neiva presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de
primera instancia.
Consideró que, en relación con el
requisito de inmediatez de la acción, en la sentencia T-743 de 2008, la Corte
Constitucional destacó el carácter subjetivo de este requisito y estableció que
la tutela puede ser admitida siempre y cuando se demuestre que la afectación es
permanente en el tiempo, como en casos de indefensión o incapacidad física. En
este sentido, adujo que la causa que desencadenó el incumplimiento de la
obligación no fue la negativa de SURA, sino el padecimiento físico que empezó a
sufrir la señora Díaz y que la ha dejado sin posibilidad de generar más
ingresos.
5.3.3.  Decisión
de segunda instancia - Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Neiva, Huila.
En sentencia del día 16 de julio de 2014,
este juzgado decidió confirmar el fallo de primera instancia al estimar que la
peticionaria cuenta con la vía ordinaria para el reclamo de su derecho y además
no logró demostrar la configuración de un perjuicio irremediable en su caso.
Por lo demás, expuso las mismas razones esgrimidas por el a quo.
5.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
5.4.1.  Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Delia Mary Díaz Torres (Cd. 1, Fl. 9).
5.4.2.  Copia de relación
de créditos de la señora Delia Mary Díaz Torres con FAMIEMPRESA Actuar
Corporación (Cd. 1, Fls. 10-11).
5.4.3.  Copia de póliza de
seguro de vida grupo deudores No. 0050973 suscrita por la señora Delia Mary
Díaz Torres (Cd. 1, Fl. 12).
5.4.4.  Copia de factura de
venta No. 135092 expedida por FAMIEMPRESA Actuar a nombre de la señora Delia
Mary Díaz Torres (Cd. 1, Fl. 13).
5.4.5.  Copia del acta de
calificación de invalidez emitida por la Junta del Huila el día 29 de julio de
2013, en la cual expresan que la señora Delia Mary Díaz Torres fue calificada
con un 75,05% de pérdida de la capacidad laboral.
5.4.6.  Copia de derecho
de escrito presentado por la señora Delia Mary Díaz Torres ante SURA, en el
cual expresa su inconformismo por la negativa ante la petición presentada el
día 26 de julio de 2013 y expone su delicado estado de salud (Cd. 1, Fls.
19-21).
5.4.7.  Copia de la
respuesta de SURA a la petición de la señora Delia Mary Díaz Torres sobre hacer
efectiva la póliza de seguro de vida, en la cual niegan la ejecución por cuanto
hubo reticencia en la declaración para solicitud del seguro (Cd. 1, Fl. 22-23).
5.4.8.  Copia de derecho
de escrito presentado por la señora Delia Mary Díaz Torres ante SURA, en el
cual expresa su inconformismo por la negativa ante la petición presentada el
día 26 de julio de 2013 y solicita la condonación de los intereses moratorios
debido a su estado de salud (Cd. 1, Fls. 26-27).
5.4.9.  Copia de escrito
presentado por Delia Mary Díaz Torres ante la FAMIEMPRESA Actuar el día 27 de
diciembre de 2013, mediante el cual solicita la condonación de los intereses
moratorios del crédito No. 4006820 por motivos de salud (Cd. 1, Fl. 28).
5.4.10.  Copia de respuesta
emitida por FAMIEMPRESA Actuar a la señora Delia Mary Díaz Torres, en la cual
expresan que no es posible acceder a la condonación de los intereses moratorios
ya que estos suman el valor de $18.098 (Cd. 1, Fl. 29).
5.4.11.  Copia de cartas
enviadas por FAMIEMPRESA Actuar a la señora Delia Mary Díaz Torres, en las
cuales le manifiestan que se encuentra en mora (Cd. 1, Fls. 30-31).
5.4.12.  Copia de la cédula
de ciudadanía de Jesús Elías Meneses Perdomo, Personero Municipal de Neiva (Cd.
1, Fl. 33).
5.4.13.  Demás documentos
relacionados con la acción de tutela.
6.
EXPEDIENTE
T-4.644.917.
6.1.
SOLICITUD
El
señor Jorge Torres Hernández interpone acción de tutela con el propósito
de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente conculcado
por el Banco de Bogotá y/o Seguros Alfa S.A. En consecuencia, solicita se
ordene a las accionadas condonar la deuda adquirida el día 23 de febrero del
año 2011.
6.1.1.  Hechos
6.1.1.1.
El
peticionario menciona que el día 31 de enero de 2011 le encontraron un cáncer
de próstata. Agrega que el día 23 de febrero de ese mismo año, el Banco de
Bogotá le concedió un crédito por valor de $3.000.000 y una tarjeta de crédito
por $800.000, cuyo crédito estaba destinado a cancelarse en 37 cuotas.
6.1.1.2.
Relata
que para ese momento la enfermedad que padecía no le dificultaba para seguir
trabajando en sus labores diarias como mecánico diésel independiente, por lo
cual llegó a cancelar sin dificultad alguna 13 o 13 cuotas.
6.1.1.3.
Expresa
que, no obstante lo anterior, su enfermedad avanzó hasta el punto que le
impidió continuar laborando, especialmente por cuanto la Radioterapia,
Hornoterapia e inyecciones Leuprolide no le permitían moverse libremente ya que
producen cansancio corporal, estrés, ansiedad, entre otras consecuencias
físicas y emocionales.
6.1.1.4.
Expone
que el Banco de Bogotá solicitó a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Norte de Santander una valoración para determinar el grado de su
incapacidad, la cual arrojó como resultado un 50,00% de invalidez.
6.1.1.5.
Por
lo anterior, interpuso acción de tutela el día 17 de junio de 2014.
6.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante auto proferido el día 17 de junio
de 2014, el Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión para Asuntos de
Mínima Cuantía admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la
contraparte para que ejerciera su derecho de defensa.
6.2.1.  Respuesta
del Banco de Bogotá S.A.
En escrito presentado el día 20 de junio
de 2014, esta entidad se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y
solicitó negar la protección de los derechos fundamentales invocados en ella.
Arguyó que en esta ocasión la peticionaria está realizando un uso incorrecto de
la acción de tutela, ya que la misma no fue instituida para crear un sistema
paralelo de administración de justicia sino para proteger los derechos
fundamentales ante la amenaza de un perjuicio irremediable, circunstancia que
no se presenta en este proceso. Adicionalmente, estimó que según sentencia
T-384 de 1998, la Corte Constitucional estableció que el perjuicio debe ser
inminente o próximo a suceder, lo cual no fue demostrado por el peticionario.
6.2.2.  Respuesta
de Seguros Alfa S.A.
6.2.2.1.
A
través de correo electrónico remitido al juzgado sustanciador el día 24 de
junio de 2014, esta empresa dio respuesta a la acción de tutela y solicitó la
declaratoria de improcedencia de la misma.
6.2.2.2.
Adujo
que el día 26 de enero de 2011, al peticionario se le realizó una ecografía
transrectal de próstata en la que se detectó una sospecha en la estructura, de
manera que se llevaron a cabo once biopsias más incluyendo las áreas
sospechosas. Así las cosas, para el día 24 de febrero de 2011, fecha en que el
señor Torres Hernández ingresó a formar parte de la póliza de seguro, ya su
situación de salud se encontraba amenazada por esa lamentable enfermedad.
6.2.2.3.
Alegó
que el Art. 1602 del Código Civil establece que todo contrato es ley para las
partes, y a su vez, el Art. 1045 del mismo código consagra que uno de los
elementos esenciales del contrato de seguro es el riesgo asegurable, lo cual
nunca se presentó en el caso que expone el señor Torres Hernández.
6.2.2.4.
Estimó
que según el Art. 45 del Decreto 2591 de 1991, “no se podrá conceder la
tutela contra conductas legítimas de un particular”, lo cual es
perfectamente aplicable al caso que ya esta empresa ha actuado conforme al
marco legal vigente para los contratos de seguro.
6.2.2.5.
Finalmente,
aseguró que según la sentencia T-020 de 1997, la Corte Constitucional
estableció que la acción de tutela no es mecanismo idóneo para el reclamo de
sumas de dinero.
6.3.
DECISIONES
JUDICIALES
6.3.1.  Decisión
de primera instancia – Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión para
Asuntos de Mínima Cuantía de Cúcuta, Norte de Santander.
El día 02 de julio de 2014, este despacho
profirió sentencia de primera instancia mediante la cual resolvió negar la
protección de los derechos fundamentales invocados, al considerar que el
peticionario no agotó el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual
y tampoco aportó pruebas de cómo habría de generarse un perjuicio irremediable
en su caso. Asimismo, estimó que la situación de indefensión no se logró probar
pues ambas partes se sometieron voluntariamente a las estipulaciones
contractuales.
6.3.2.  Impugnación
A través de escrito presentado el día 08
de julio de 2014, el accionante impugnó la decisión de primera instancia por
considerar que: (i) agotó todos los recursos ordinarios que tenía a su
alcance, como derechos de petición, contestación de llamadas y respuestas donde
manifestó las causas por las cuales no le era posible continuar cancelando el
crédito, así como el no tener medios económicos para contratar a un abogado; (ii)
para el momento en que aceptó el crédito no existía certeza sobre la aparición
de un cáncer en su organismo, sino después que se aprobó fue que se tuvo
certeza del cáncer; (iii) dentro del formulario no declaró su
enfermedad, puesto que en esos momentos no existía certeza de ello y tampoco
tenía síntomas de gravedad que le impidieran continuar con el pago de las
cuotas, sino sólo después de empezar el tratamiento; (iv) la aseguradora
Alfa S.A. no exigió ni solicitó en algún momento una historia clínica donde
pudiera constatar su estado de salud conforme al Art. 34 de la Ley 23 de 1981;
y (v) se encuentra en una condición económica muy difícil y depende de
las ayudas que le da su hija.
6.3.3.  Decisión
de segunda instancia - Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Oralidad de Cúcuta, Norte de Santander.
El día 06 de agosto de 2014, este despacho
se pronunció sobre la impugnación presentada por la parte activa del proceso y
resolvió confirmar la sentencia de primera instancia por los mismos argumentos
expuestos por el a quo.
6.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
6.4.1.  Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Jorge Torres Hernández (Cd. 1, Fl. 1).
6.4.2.  Copia del resumen
de la historia clínica del señor Jorge Torres Hernández (Cd. 1, Fls. 2-5 y
10-13).
6.4.3.  Copia de respuesta
emitida el día 22 de abril de 2013 por el Banco Bogotá al derecho de petición
presentado por al accionante el día 21 de marzo de 2013, en la cual expresan
que a la fecha no han recibido reclamación alguna por incapacidad permanente
(Cd. 1, Fls. 8-9).
6.4.4.  Copia de respuesta
emitida el día 23 de mayo de 2014 por Seguros Alfa S.A. a la reclamación
presentada por el accionante, en la que manifiestan su objeción a la ejecución
de la póliza de seguro de vida debido a que hubo preexistencia en el caso (Cd.
1, Fls. 14-15).
6.4.5.  Copia de documento
expedido por el Banco Bogotá con información del Crédito de libre destino por
valor de $3.000.000 adquirido por el señor Jorge Torres Hernández.
6.4.6.  Copia de póliza de
seguro de desempleo o incapacidad total temporal con anexo de enfermedades graves
para prima mensual No. 67698, de Seguros Alfa S.A. a favor del señor Jorge
Torres Hernández (Cd. 1, Fl. 31).
7.
EXPEDIENTE
T-4.666.498.
7.1.
SOLICITUD
La
señora Ángela Vita Chaparro instaura acción de tutela contra el Banco
BBVA y Seguros BBVA por considerar que éstas entidades vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la salud, a la vida y a
vida digna, al negar la ejecución de la póliza de seguro de vida que cubría el
saldo insoluto de la deuda contraída.
7.1.1.  Hechos
7.1.1.1.
Indica
que desde el 01 de octubre de 1997, comenzó a desempeñarse como docente
adscrita a la Secretaría de Educación de Piedecuesta, Santander, tiempo durante
el cual comenzó a sufrir quebrantos de salud causados por diversos factores,
que la deterioraron lentamente.
7.1.1.2.
Menciona
que el día 22 de octubre de 2013, la entidad U.T. emitió concepto médico
laboral en el cual le determinaron una pérdida de la capacidad laboral de
origen profesional de un 96%, con fecha de estructuración el día 22 de octubre
de 2013.
7.1.1.3.
Relata
que el día 04 de noviembre de 2011, adquirió un crédito por libranza con el
Banco BBVA por valor de $17.000.000, destinado a mejorar la calidad de su
vivienda. Sin embargo, aduce que no pudo continuar con el pago de las cuotas
debido a su estado de salud, por ello el día 20 de enero de 2014, presentó
escrito ante el Banco BBVA en el cual solicitó la condonación de la deuda a
raíz de su invalidez, aunque del mismo recibió respuesta negativa pues en la
historia clínica del 07 de julio de 2009 encontraron que padecía antecedentes
de “disfonía crónica”.
7.1.1.4.
Asegura
que en la actualidad no cuenta con recursos para continuar con el pago de las cuotas
crediticias y además es madre soltera con dos hijas que dependen económicamente
de ella, a lo cual se suma el hecho que aún no le han reconocido la pensión de
invalidez. Asimismo, agrega que nunca indujo a error a la entidad ni firmó
declaración alguna sobre su estado de salud. En consecuencia, interpuso acción
de tutela el día 16 de junio de 2014.
7.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El día 17 junio de 2014, el Juzgado Octavo
Penal Municipal de Garantías de Bucaramanga profirió auto por medio del cual
admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la contraparte para
efectos de ejercer su respectivo derecho de defensa.
7.2.1.  Respuesta
del Banco BBVA Colombia S.A.
El día 19 de junio de 2014, esta entidad
financiera presentó escrito de contestación a través del cual se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela. Adujo que carece de legitimidad en la
causa por pasiva pues no es la entidad aseguradora contratante, sino BBVA Seguros
de Colombia S.A., que es una persona jurídica diferente. Agregó que a la
peticionaria no le asiste la razón cuando afirma no haber firmado documento
alguno sobre su estado de salud, toda vez que efectivamente sí suscribió la
Solicitud o Certificado Individual Seguro de Vida Grupo Deudores y Declaración
Personal de Salud, en los cuales es posible observar que la omitió informar
sobre sus antecedentes médicos antes de suscribir el contrato.
7.3.
DECISIONES
JUDICIALES
7.3.1.  Decisión
de única instancia – Juzgado Octavo Penal Municipal de Garantías de
Bucaramanga, Santander.
El día 02 de julio de 2014, este despacho resolvió
declarar improcedente la acción de tutela por considerar que la peticionaria
pretende obtener por la vía más rápida la condonación de una deuda adquirida en
forma libre y voluntaria.
7.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
7.4.1.  Copia de la Resolución
No. 256 del 26 de febrero de 2014, por la cual la Secretaría de Educación
Municipal de Piedecuesta, Santander, reconoció la pensión de invalidez de la
señora Ángela Vita Chaparro (Cd. 1, Fl. 9).
7.4.2.  Copia de la
Resolución No. E01605-1 del 22 de octubre de 2013, por la cual la Secretaría de
Educación Municipal de Piedecuesta, Santander, desvinculó del servicio
educativo a la señora Ángela Vita Chaparro a causa de su invalidez (Cd. 1, Fls.
12 y 13).
7.4.3.  Copia de escrito
dirigido al Banco BBVA Bucaramanga donde la señora Ángela Vita Chaparro solicita
la condonación de la deuda a raíz de su estado de invalidez (Cd. 1, Fl. 14).
7.4.4.  Copia de oficio
emitido por BBVA Seguros el día 23 de enero de 2014, en el cual informan al
Banco BBVA Bucaramanga que objetarán la solicitud de la señora Ángela Vita Chaparro
por en encontrarse que había omitido información sobre su estado de salud al
momento de diligenciar el formato para acceder a la póliza (Cd. 1, Fl.15).
8.
EXPEDIENTE
T-4.781.272.
8.1.
SOLICITUD
El
señor Luis Bernardo Montenegro Sánchez interpone acción de tutela contra
Seguros de Vida Alfa S.A. y el Banco AV Villas, al considerar que éstas
entidades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, a la vida digna, a la seguridad social y otros, al negar la ejecución de
la póliza de seguro de vida que había adquirido con ellas.
8.1.1.  Hechos
8.1.1.1.
El
accionante expresa que cuenta con 63 años de edad y reside en la ciudad de
Villavicencio con su esposa y sus tres hijos, quienes dependen económicamente
de él.
8.1.1.2.
Menciona
que laboró durante 30 años en el sector salud, y hace 18 comenzó a padecer
diabetes no incapacitante, aunque esto no le impidió continuar sus labores. No
obstante, el día 12 de junio de 2013, sufrió una caída que le produjo una
desestabilización en su estado de salud, de manera que tuvo que ser
hospitalizado por presentar falla cardiaca y deterioro progresivo de clase
funcional cardiaca respiratoria asociado a edema generalizado, así como otros
padecimientos. Agrega que fue dado de alta el día 27 de junio de 2013, con
incapacidad laboral.
8.1.1.3.
Manifiesta
que la Junta Regional de Calificación de Invalidez le realizó un dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, el cual dio como resultado una “deficiencia
del tracto urinario clase VI, hipertensión arterial clase IV con lesión cerebro
vascular y diabetes mellitus clase VI”, con un porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral del 76.50% y con fecha de estructuración del 12 de junio de
2013.
8.1.1.4.
Relata
que a raíz de lo anterior no pudo continuar con su trabajo, y además en la
actualidad debe asistir tres veces por semana a que le practiquen diálisis de
riñón. Agrega que el día 05 de diciembre de 2013, Colpensiones le reconoció su
pensión de vejez, la cual es el único sustento que tiene para él y su familia.
8.1.1.5.
Narra
que adquirió un crédito de consumo con el Banco Davivienda por valor de
$75.000.000, amparado bajo póliza de seguros de vida grupo deudores No. GRD
311, ejecutable en caso de muerte o invalidez total y permanente, el cual fue
endosado al Banco AV Villas el día 04 de enero de 2013. Sin embargo, aduce que
desde el mes de agosto de 2013 no pudo continuar con el pago de la cuota y por
ello solicitó al Banco la condonación de la deuda, aunque ésta petición fue
negada por dicha entidad financiera y también por Seguros Alfa, bajo el
argumento que había preexistencia desde el año 2010.
8.1.1.6.
En
consecuencia, interpuso acción de tutela el día 26 de junio del año 2014, por
considerar que las entidades demandadas han vulnerado sus derechos
fundamentales al no haber advertido que la fecha de estructuración de su
invalidez es del 26 de junio de 2013, posterior a la época en que adquirió el
crédito.
8.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El día 26 de junio de 2014, el Juzgado Quinto
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Villavicencio profirió auto
por medio del cual admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a las
entidades accionadas para ejercer su derecho de defensa.
8.2.1.  Respuesta
del Banco AV Villas.
Mediante escrito presentado el día 08 de
julio de 2014, esta entidad financiera solicitó declarar improcedente la acción
de tutela por hecho superado, toda vez que al accionante recibió respuesta
clara y oportuna por parte de Seguros Alfa S.A., de manera que su inconformidad
con la respuesta no puede ser interpretada como una vulneración a sus derechos
fundamentales.
8.2.2.  Respuesta
de Seguros de Vida Alfa S.A.
El día 11 de julio de 2014, esta entidad
presentó contestación a la acción de tutela, mediante escrito por el cual
solicitó la declaratoria de improcedencia de la misma. Alegó que luego de
realizar un examen de los documentos aportados para la afectación de la póliza,
se logró establecer que desde el día 08 de marzo de 2012 el actor padecía de
insuficiencia renal crónica y otras patologías, lo cual es anterior al 04 de
enero de 2013, fecha en la que entró a formar parte del grupo asegurado.
8.3.
DECISIONES
JUDICIALES
8.3.1.  Decisión
de única instancia – Juzgado Quinto Penal Municipal de Villavicencio, Meta.
El día 10 de julio de 2014, este despacho decidió
no tutelar lo derechos invocados por el accionante, bajo la consideración que aún
cuenta con la vía ordinaria para el reclamo de sus derechos, y además no
demostró cómo habría de configurarse un perjuicio irremediable en su caso.
8.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
8.4.1.  Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Luis Bernardo Montenegro Sánchez (Cd. 1, Fl. 9).
8.4.2.  Copia de la
Resolución No. 2013-5021898 de Colpensiones, por la cual se le reconoció y
ordenó el pago de una pensión de vejez al accionante (Cd. 1, Fls. 10-15).
8.4.3.  Copia de los
documentos relacionados con el dictamen de invalidez del accionante, donde la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Meta determinó un 76.50% de
pérdida de invalidez (Cd. 1, Fls. 16-20).
8.4.4.  Copia de la
historia clínica del accionante emitida por la Corporación Clínica de la
Universidad Cooperativa de Colombia (Cd. 1, Fls. 15-25).
8.4.5.  Copia de la
solicitud de condonación de obligación crediticia presentada por Luis Bernardo
Montenegro Sánchez ante el Banco AV Villas el día 18 de marzo de 2014 (Cd. 1,
Fls- 26 y 27).
8.4.6.  Copia de respuesta
emitida el día 27 de diciembre de 2013 por Seguros de Vida Alfa S.A. a la
petición de condonación presentada por el actor. En ella le informan que esta
entidad objeta la solicitud (Cd. 1, Fls. 28-31).
8.4.7.  Documentos
relacionados con el trámite de la acción de tutela
9.
EXPEDIENTE
T-4.744.309.
9.1.
SOLICITUD
La
señora Teresita de Jesús Vergara Acosta, por conducto de
apoderado judicial, interpone acción de tutela contra la Compañía de
Seguros Bolívar S.A., Torres Guarín y CIA. LTDA y la Secretaría de Educación de
la Gobernación de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales de petición, a la dignidad humana y a la vida, por cuanto no se
ha procedido a hacer efectiva la póliza de seguros de vida No. 382427.
9.1.
Hechos
9.1.1.  Declara que en su
calidad de docente del departamento de Cundinamarca, el 1º de noviembre de
2005, suscribió la póliza de seguro de vida No. 382427 con Seguros Bolívar
S.A., con autorización directa para que se realizara el descuento de la nómina
de la Secretaría de Educación de Cundinamarca – Gobernación de Cundinamarca.
9.1.2.  Menciona que al
suscribir la póliza de seguro de vida, quedaron establecidos como beneficiarios
de ésta, su cónyuge Carlos Hernán Bejarano Vergara en un 20% y sus hijos Sonia
Jazmín y Sergio Hernán Bejarano Vergara en un 40% cada uno, por una suma total
de amparo de $ 30.000.000.
9.1.3.  Aduce que el 30 de
octubre de 2012, realizó una modificación mediante la póliza No. 772832 al
primer contrato suscrito el 1 de noviembre de 2005, autorizando el aumento del
descuento que se venía realizando mensualmente en su nómina de $ 22.000 a $
61.000, y como consecuencia de ello, incrementar la suma de amparo de vida a $
50.000.000 y por enfermedad general $ 25.000.000.
9.1.4.  Indica que el 20
de mayo de 2014, manifestó a la compañía de Seguros Bolívar S.A., sobre su
diagnóstico de “Adenocarcinoma Difuso con Células  en Anillo de Sello” del
que tuvo conocimiento el 19 de mayo de 2014, recibiendo como respuesta por
parte de la funcionaria que recibió la solicitud que las pólizas suscritas se
encontraban canceladas porque no se realizaron los respectivos descuentos desde
el mes de enero del año 2013, por parte de la Secretaría de Educación -
Gobernación de Cundinamarca, y al encontrarse en mora, no podía acceder a  la
indemnización del valor asegurado por enfermedades graves.
9.1.5.  Narra que la
Compañía de Seguros Bolívar S.A., en ningún momento le informó que se
encontraba en mora desde el mes de enero de 2013, por lo que nunca se percató
de que se habían dejado de efectuar los respectivos descuentos en su nómina,
razón por la cual procedió a interponer un derecho de petición solicitando
respuesta frente a la cancelación de las pólizas suscritas del cual no obtuvo
respuesta dentro del plazo legalmente establecido.
9.1.6.  Afirma que el 21
de mayo de 2014, se acercó a la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, para obtener información sobre el motivo por el que se dejaron
de generar los descuentos mensuales en su nómina de empleado, obteniendo como
respuesta que el archivo mediante el cual se cambió el valor en la cuota a
descontar mensualmente  no traía en su estructura el valor acumulado tal y como
se exige por el sistema de nómina  y del cual la compañía aseguradora tiene
pleno conocimiento.
9.1.7.  Expresa que el 17
de junio de 2014, se acercó a la Compañía de Seguros Bolívar S.A- Torres Guarín
y Cía. Ltda., para obtener respuesta al derecho de petición impetrado, logrando
establecer comunicación con una de las funcionarias de la Compañía de Seguros,
quien le manifestó que aceptaban que existió un error por parte de la
aseguradora, al evidenciar que de 10 personas a 5 no se les estaba haciendo el
cargo respectivo.
9.1.8.  Añade que debido a
su diagnóstico de “Adenocarcinoma Difuso con Células en Anillo de Sello”, se
le practicó una cirugía de Gastrectomía Radical Total, y actualmente se
encuentra en tratamiento de quimioterapia y radioterapias, por lo que requiere
del dinero de la póliza de seguro de vida para poder sufragar los gastos que le
genera su enfermedad.
9.1.9.  Por lo
anteriormente mencionado, interpuso acción constitucional el día 4 de julio de
2014, por considerar que la Compañía de Seguros Bolívar S.A. – Torres Guarín Y
Cía. Ltda. Asesores de Seguros y la Secretaría de Educación de Cundinamarca han
vulnerado sus derechos al cancelar de manera arbitraria las pólizas del seguro
de vida, por errores atribuibles a la Compañía de Seguros.
9.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El día 8 de julio de 2014, el Juzgado
Diecisiete (17) Administrativo Oral de Bogotá – Sección Segunda profirió auto
mediante el cual admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a los
accionados para ejercer su derecho de defensa.
9.2.1. Respuesta de la
Compañía de Seguros de Bolívar S.A.
El día 16 de julio de 2014, la Compañía de
Seguros dio respuesta a la acción de tutela mediante escrito oponiéndose a las
pretensiones de la demanda, solicitando se negaran éstas con fundamento en los
siguientes argumentos:
9.2.1.1.
En
primer lugar, adujo que a la fecha de interposición de la acción de tutela no
se había presentado por parte de la señora Teresita de Jesús Vergara Acosta
reclamación por el anexo de enfermedades graves. Además, respecto al derecho de
petición presentado por la accionante, éste había sido contestado de forma
clara, precisa y concreta en lo concerniente a la solicitud realizada.
9.2.1.2.
En
segundo lugar, indicó que la accionante cuenta con otros medios de defensa
judicial para hacer valer sus derechos, máxime cuando en el caso no se acreditó
la vulneración de ningún derecho fundamental.
9.2.2. Respuesta de la
Gobernación de Cundinamarca.
Por medio de escrito presentado
extemporáneamente, argumentó que la accionante no ha solicitado en ningún
momento copia de sus desprendibles de pago, además, que el área de nómina de la
Secretaría de Educación solo evidencia el no descuento en la nómina de los
funcionarios cuando existe reclamación por parte de éstos.
9.2.3. Respuesta de
Torres Guarín y Cía. LTDA. Asesores de Seguros
Mediante escrito presentado el 18 de julio
de 2014, esto es de manera extemporánea, la entidad dio respuesta a la acción
de tutela, con fundamento en las siguientes consideraciones:
9.2.3.1.
En
primer lugar, arguyó que ésta empresa es solo una intermediaria, por lo tanto,
no es responsable de la aceptación, liquidación y pago de reclamaciones por
siniestros que afecten las pólizas de seguro, ya que esta es una función propia
del asegurador.
9.2.3.2.
En
segundo lugar, afirmó que en su labor de intermediario al evidenciar que se
dejan de practicar los respectivos descuentos para el pago de la póliza de
seguro, proceden a contactar telefónicamente al asegurado para informarle la
situación, ya que la solución debe ser brindada directamente por el asegurado.
9.2.3.3.
En
tercer lugar, mencionó que el pago de la prima mensual debe ser realizada por
la asegurada ya que esta es su principal carga contractual, y para el caso, los
descuentos se dejaron de evidenciar desde el año 2012, por lo que era
obligación de ésta buscar solución al respecto.
9.3.DECISIONES
JUDICIALES
9.3.1.  Decisión
de primera instancia – Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral de Bogotá –
Sección Segunda
Por medio de sentencia proferida el 18 de
julio de 2014, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que: (i) la accionante cuenta con otros medios para lograr la
indemnización por enfermedad grave tal como el proceso declarativo ante la
jurisdicción civil; (ii) mediante sentencia T- 642 de 2007, la Corte
Constitucional estableció que a pesar de que exista una enfermedad de alto
riesgo no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
9.3.2.  Impugnación
El día 24 de julio de 2014,  la accionante
por intermedio de apoderado presentó escrito de impugnación en contra de la
decisión proferida en primera instancia argumento que el fallador de primer
grado no tuvo en cuenta su grave diagnóstico médico, por lo que no está
obligada  a soportar un proceso ante la jurisdicción ordinaria. Además, no
valoró la afectación a su mínimo vital, puesto que a pesar de contar con un
salario al estar vinculada como docente, tiene que sufragar los gastos que
genera el tratamiento de su enfermedad. Por otro lado, no se tuvo en cuenta el
silencio en el que incurrieron algunas de las entidades accionadas, por lo que
se deben tener por ciertos los hechos de la demanda.
9.3.3.  Decisión
de segunda instancia – Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Cuarta – Subsección “A”.
Por medio de sentencia del 23 de
septiembre de 2014, confirmó el fallo de primera instancia al estimar que el
actuar de la Compañía de Seguros se encuentra ajustado a derecho, debido a que
la accionante incurrió en una de las causales de terminación del seguro de
vida, esto es la falta de pago de la prima, por lo que no existe vulneración
alguna sus derechos fundamentales.
9.4.PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
9.4.1.  Copia de la
escritura pública No. 1269, por el cual se otorga poder para actuar al señor
Sergio Hernán Bejarano Vergara. (Cd. 1, Fls. 15-21).
9.4.2.  Copia de la
tarjeta profesional de abogado del señor Sergio Hernán Bejarano Vergara. (Cd.
1. Fl. 22).
9.4.3.  Copia de la Cédula
de ciudadanía del señor Sergio Hernán Bejarano Vergara. (Cd. 1. Fl.23).
9.4.4.  Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Teresita de Jesús Vergara Acosta. (Cd. 1. Fl. 24).
9.4.5.  Copia de la Póliza
Educadores de Colombia – Seguro de Vida, expedida por Seguros Bolivar. (Cd. 1.
Fls. 26-36).
9.4.6.  Copia de la
solicitud – Certificado Individual de Seguro de Vida de Grupo No. 382427
suscrito por la señora Teresita de Jesús Vergara. Acosta (Cd. 1, Fl. 37).
9.4.7.  Copia de la
declaración de asegurabilidad con su respectivo anexo de enfermedades graves
suscrita por la señora Teresita de Jesús Vergara Acosta el día 14 de septiembre
de 2005. (Cd. 1, Fls. 38 - 39)
9.4.8.  Copia de
autorización de descuento de nómina otorgada por la señora Teresita de Jesús
Vergara Acosta a Seguros Bolívar. (Cd. 1, Fl. 40).
9.4.9.  Copia del derecho
de petición presentado el 20 de mayo de 2014, por la señora Teresita de Jesús
Vergara Acosta ante la Compañía de Seguros Bolívar S.A. – Torres Guarín Y Cía.
Ltda. Asesores de Seguros, solicitando la indemnización por enfermedad grave.
(Cd. 1, Fls. 41 - 42).
9.4.10.  Copia de la
respuesta de Seguros Bolívar a la petición de la señora Teresita de Jesús
Vergara Acosta, en la que se manifiesta que la póliza se encuentra cancelada
desde enero de 2013 por mora en el pago de la prima. (Cd. 1, Fls. 43- 49).
9.4.11.  Copia del correo
electrónico recibido por el señor Sergio Hernán Bejarano Vergara de la
Dirección de Personal de nómina de la Secretaría de Educación de Cundinamarca,
en el que se indica porque se dejaron de efectuar los descuentos en la nómina
de empleado. (Cd. 1, Fls. 50-53).
9.4.12.  Copia de
documentos médicos de la Clínica Palermo y otras entidades de salud, en los que
se evidencia el estado de salud de la señora Teresita de Jesús Vergara Acosta.
(Cd. 1, Fls. 55-59).
10.
EXPEDIENTE
T-4.669.050.
10.1.
SOLICITUD.
El
señor Isnárdo Bacareo Calderón instaura acción de tutela contra el Banco
de Bogotá y Seguros de Vida Alfa S.A., por considerar que las entidades
mencionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana y al
mínimo vital, al negar hacer efectivo el pago del seguro de vida por el
siniestro de incapacidad total, necesario para poder garantizar el pago del
crédito por libranza No. 156684888.
10.1.1. Hechos.
10.1.1.1.
Expresa
que el día 20 de diciembre de 2012, adquirió el crédito por libranza No.
156684888 con el Banco de Bogotá S.A., amparado con la póliza de seguro de vida
No. GRD - 460 de la compañía Seguros Alfa S.A., y cuyo pago se haría efectivo
ante la muerte o incapacidad total del suscriptor del seguro.
10.1.1.2.
Menciona
que el día 21 de agosto de 2013, la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional
le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 89.23% por enfermedades de
origen común y profesional.
10.1.1.3.
Arguye
que el 2 de julio de 2014, solicitó ante el Banco de Bogotá y Seguros Alfa
S.A., se hiciera efectivo el seguro de vida suscrito debido al siniestro de
incapacidad total dictaminado por la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, recibiendo respuesta negativa por parte de Seguros Alfa manifestando
que no podían acceder a la pretensión del pago de la póliza de seguros por existir
preexistencia al momento de suscribir el contrato de seguro de vida.
10.1.1.4.
Afirma
que no cuenta con los recursos económicos para cancelar el saldo de la deuda
adquirida con el Banco de Bogotá S.A. que al 10 de julio de 2014, era de
$7.528.878, por lo que se ve afectado su mínimo vital ya que su único sustento
es su pensión de invalidez y tiene a cargo su núcleo familiar dentro del que se
encuentra su hijo que es menor de edad.
10.1.1.5.
Añade
que luego de agotar los recursos ante las entidades y solicitar el seguimiento
de su caso ante la Superintendencia Financiera, las entidades accionadas siguen
manteniendo la negativa de hacer efectivo el seguro de vida para cubrir el
saldo de la deuda adquirida.
10.1.1.6.
Con
base en lo anteriormente mencionado, y con fundamento en la Sentencia T 751 de
2012, con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, interpuso
acción de tutela el 3 de septiembre de 2014, al considerar que las entidades
accionadas han vulnerado sus derechos a la dignidad humana y al mínimo vital,
al no hacer efectivo el pago del seguro de vida por el siniestro de incapacidad
permanente argumentando que en el caso se configuró la prexistencia al momento
de suscribirse el mencionado contrato.
10.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El día 4 de septiembre de 2014, el Juzgado
Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá profirió auto por medio del cual
admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la contraparte para
efectos de ejercer su respectivo derecho de defensa.
10.2.1.
Respuesta de Seguros de Vida Alfa S.A.
El día 15 de septiembre de 2014, a través
de su representante legal, se opuso a las pretensiones de la accionante.
Inicialmente, señaló que el señor Bacareo Calderón conocía plenamente su estado
de salud a la fecha de tomar la póliza No. VGD GRD 460 y omitió ponerlo en
conocimiento de esa compañía aseguradora, por lo que, actuó en contravía al
principio de la buena fe contractual. Así mismo, aseguró que el accionante
cuenta con otros medios de defensa judicial, lo cual deviene en que la acción
de tutela no sea el mecanismo idóneo para dirimir reclamaciones de carácter
eminentemente económico, máxime cuando el actor devenga una pensión por
invalidez.
10.3.
DECISIONES
JUDICIALES.
10.3.1. Decisión de
primera instancia – Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C.
El día 16 de septiembre de 2014, resolvió
negar la acción de tutela por considerar que: (i) El actor cuenta con la
acción ordinaria ante la jurisdicción civil para controvertir los hechos que se
mencionan en el escrito de tutela, que claramente son de índole contractual; (ii)
La pretensión del accionante es de carácter netamente económico, por lo que
no es susceptible de protección constitucional ya que no se evidencia en
el material probatorio perjuicio irremediable alguno que le impidan agotar las
acciones legales pertinentes.
10.3.2.Impugnación.
El día 19 de septiembre de 2014, la parte
accionante presentó escrito de impugnación sin agregar razones a las ya
expuestas en el escrito de la acción de tutela.
10.3.3.Decisión
de segunda instancia – Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá D.C.
Por medio de sentencia proferida el 30 de
octubre de 2014, confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cincuenta Tres
Municipal de Bogotá D.C., teniendo en cuenta las mismas consideraciones.
10.3.4.
10.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
10.4.1. Copia del escrito
dirigido al Banco de Bogotá donde el señor Isnárdo Bacareo Calderón solicita la
indemnización correspondiente a la póliza de seguro, debido a la incapacidad
dictaminada por la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional. (Cd. 1, Fl. 1).
10.4.2. Copia del dictamen
de pérdida de la capacidad laboral realizado por la Dirección de Sanidad del
Ejercito Nacional el día 21 de agosto de 2013, al señor Isnárdo Bacareo
Calderón. (Cd. 1, Fl. 2).
10.4.3. Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Isnárdo Bacareo Calderón. (Cd. 1, Fl. 54).
11.
EXPEDIENTE
T-4.653.540.
11.1.
SOLICITUD
El
señor Henry Jesús Toloza Ortega solicita al juez constitucional la
protección de su derecho fundamental al mínimo vital, presuntamente conculcado
por el Banco BBVA y la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., al negar
la ejecución de la póliza de seguro de vida No. 0110043 que cubría el saldo
insoluto de la deuda contraída.
11.1.1. Hechos
11.1.1.1.
El
accionante de 62 años de edad, afirma que adquirió un crédito con el Banco BBVA
por valor de $15.000.000, pero tiempo después la entidad bancaria le propuso la
compra de la cartera que tenía con el Banco Colpatria, por lo que, le
realizaron un nuevo crédito el 10 de septiembre de 2013, por valor de
$17.900.000.
11.1.1.2.
Menciona
que junto al del crédito adquirido suscribió la póliza de seguro de vida No.
0110043 asegurando la obligación por el valor de $17.900.000.
11.1.1.3.
Indica
que realizó una petición ante el Banco BBVA y la Aseguradora BBVA Seguros de
Vida Colombia S.A., solicitando el amparo establecido en la póliza de seguro de
vida No. 0110043, debido a su diagnóstico de cáncer de colon del cual se le
realizó intervención quirúrgica en el mes de octubre del año 2013.
11.1.1.4.
Relata
que la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., contestó su solicitud
manifestándole que no era posible hacer efectivo el desembolso de la póliza
debido a que incurrió en reticencia al omitir información respecto a su estado
de salud.
11.1.1.5.
Arguye
que si bien el 8 de mayo de 2013, se le realizó una ecografía por parte de IPS
Uba Coomeva y posteriormente se le ordenó una colonoscopia el 30 de agosto de
2013, al momento de tomar el seguro de vida no tenía conocimiento de su
enfermedad.
11.1.1.6.
Expresa
que a pesar de que se encontraba en incapacidad laboral debido a la práctica de
una cirugía el 21 de octubre de 2013, efectuó el pago de las respectivas cuotas
del crédito hasta el mes de diciembre de 2013, pero que posteriormente se
empezaron a llevar a cabo quimioterapias, que lo han mantenido en incapacidad
por 6 meses, lo que ha generado el retraso en el pago de las cuotas del crédito
de los meses de enero al momento de interposición de la acción de tutela.
11.1.1.7.
Asegura
que el 6 de mayo de 2014, llevó a cabo una conciliación con el abogado del
Banco BBVA, quien volvió a manifestarle que la póliza de seguro de vida no le
cubría la obligación crediticia, por omitir información al momento de suscribir
el seguro.
11.1.1.8.
Manifiesta
que el 29 de mayo de 2014, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Norte de Santander le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 51.59%
con fecha de estructuración 23 de octubre de 2013, por diagnósticos como “tumor
maligno del colon, hipoacusia neurosensorial”, entre otros, que le impiden
desarrollarse laboralmente, viendo afectado gravemente su mínimo vital debido a
que es cabeza de hogar.
11.1.1.9.
En
consecuencia, interpuso acción constitucional el día 18 de julio de 2014, por
considerar que las entidades demandadas han vulnerado su derecho al mínimo
vital al no hacer efectiva la póliza de seguro No. 0110043 con respecto al
crédito adquirido con el Banco BBVA, al haber incurrido en reticencia al
momento de suscribir el contrato.
11.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Juzgado Segundo Civil Municipal de
Cúcuta – Norte de Santander el día 21 de julio de 2014, profirió auto por medio
del cual admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a las entidades
accionadas para ejercer su respectivo derecho de defensa.
11.2.1.  Respuesta del
Banco BBVA S.A.
Por medio de escrito presentado el día 23
de julio de 2014, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y solicitó
negar la protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
En primer lugar, mencionó que carece de legitimación en la causa por pasiva
debido a que la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., es una persona
jurídica diferente a ésta. En segundo lugar, indicó que la acción de tutela no
se instituyó para dirimir conflictos que deben solucionarse por otras vías
judiciales. En tercer lugar, adujo que el amparo no se creó para definir
controversias económicas, pecuniarias o patrimoniales. Por último, resaltó que
respecto a las solicitudes elevadas por el actor, éstas fueron remitidas a la
Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., pues son ellos los encargados
de resolver dichas peticiones al respecto.
11.3.
DECISIONES
JUDICIALES.
11.3.1. Decisión de única
instancia – Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta – Norte de Santander.
El día 31 de julio de 2014, resolvió no
conceder el amparo solicitado por considera que: (i) El actor no
acreditó la configuración de un perjuicio irremediable para la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo transitorio, por lo que la vía idónea para
hacer valer sus derechos es la jurisdicción civil; (ii) en relación con
la afectación al mínimo vital, no se logró demostrar el detrimento patrimonial
a causa del pago de las cuotas pendientes.
11.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
11.4.1. Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Henry Jesús Toloza Ortega. (Cd. 1, Fl. 6).
11.4.2. Copia de la póliza
de seguro de vida No. 0110043, suscrita el día 10 de septiembre de 2013, por el
señor Henry Jesús Toloza Ortega. (Cd. 1, Fls. 7-10).
11.4.3. Copia de la
respuesta otorgada por la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al
Banco BBVA Colombia S.A., frente a la solicitud de afectación de amparo por
incapacidad total permanente del señor Henry Jesús Toloza Ortega. (Cd. 1, Fl.
11).
11.4.4. Original de la
respuesta de fecha 5 de junio de 2014, conferida por la Aseguradora BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A. al señor Henry Jesús Toloza Ortega, en la que se
le manifiesta que no hay lugar al pago de la póliza de seguro de vida al
incurrir en reticencia conforme a lo establecido en el artículo 1058 del Código
de Comercio. (Cd. 1, Fl. 12-13).
11.4.5. Copia de la
citación a audiencia de conciliación remitida por el Centro de Conciliación de
Cúcuta – Norte de Santander al representante legal de la Aseguradora Banco
BBVA. (Cd. 1, Fl. 14).
11.4.6. Original de la
constancia de acuerdo de conciliación No. 0047 del 6 de mayo de 2014, llevada a
cabo ante el Centro de Conciliación de Policía con sede en Cúcuta – Norte de
Santander por el señor Henry Jesús Toloza Ortega y el señor Ricardo Hernán
Rivera Mantilla como apoderado judicial del BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. (Cd.
1, Fl. 15).
11.4.7. Copia del reporte
de citas y tratamientos del señor Henry Jesús Toloza Ortega expedido por
Oncomedical I.P.S. (Cd. 1, Fl. 16).
11.4.8. Copia de las
incapacidades médicas otorgadas por Oncomedical I.P.S. al señor Henry Jesús
Toloza Ortega. (Cd. 1, Fl. 17-23).
11.4.9. Copia del dictamen
de pérdida de capacidad laboral realizado por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Norte de Santander al señor Henry Jesús Toloza Ortega el 29 de
mayo de 2014. (Cd. 1, Fl. 24-26).
12.
EXPEDIENTE
T-4.758.187.
12.1.    SOLICITUD
El
señor José Raúl Martínez Campo interpone acción de tutela contra la
Compañía Aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A., Seguros de Vida Alfa S.A. y
el Banco de Bogotá S.A. al considerar que éstas entidades vulneraron sus
derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, debido proceso y dignidad
humana, al negar la ejecución de la póliza de seguro de vida al saldo insoluto
de la obligación que contrajo con el Banco de Bogotá S.A.
12.1.1.Hechos
12.1.1.1.
El
accionante de 81 años de edad, expresa que el 16 de febrero de 2012, el Banco
de Bogotá S.A. le otorgó un crédito de libre inversión para la compra de un
repuesto de maquinaria pesada en razón a su trabajo como contratista en obras
de ingeniería civil.
12.1.1.2.   Menciona
que como exigencia del contrato suscribió la póliza No. 110903391 con la
entidad aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A.,
la que operaría por muerte del deudor o por incapacidad total y permanente
superior al 50%.
12.1.1.3.   Relata
que el día 9 de septiembre de 2013, fue calificado con una pérdida de la
capacidad laboral del 68.37%, otorgada por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Valle del Cauca, debido a diagnósticos como “linfoma,
hipertensión arterial y diabetes mellitus II” con fecha de estructuración 8
de abril de 2013.
12.1.1.4.   Manifiesta
que debido a lo anteriormente mencionado, dio a conocer al Banco de Bogotá su
estado de salud, allegando el dictamen médico realizado para obtener la
ejecución de la póliza de seguro de vida, quienes remitieron la solicitud a la
Compañía de Seguros Allianz por ser la entidad competente para dar contestación
al caso.
12.1.1.5.   Indica
que el 8 de noviembre de 2013, la Compañía de Seguros Allianz dio respuesta al
Banco de Bogotá objetando la solicitud de pago de la indemnización porque al
momento de suscribir el contrato de seguro contaba con 78 años de edad,
superando la edad máxima de ingreso para el amparo de incapacidad total y
permanente, por lo que se abstiene de reconocer suma alguna de dinero.
12.1.1.6.   Afirma
que debido a su estado de invalidez no ha podido continuar trabajando, por lo
que no cuenta con los recursos suficientes para garantizar su mínimo vital y
mucho menos para efectuar el pago de las cuotas del crédito adquirido con el
Banco de Bogotá.
12.1.1.7.   Arguye
que en el mes de marzo de 2014, interpuso acción constitucional, solicitando al
Banco de Bogotá S.A. le hiciera entrega de todos los documentos alusivos al
crédito adquirido con ésta entidad bancaria, dentro de los que se encontraba la
póliza de seguro de vida, debido a que mediante derecho de petición no obtuvo
respuesta al respecto.
12.1.1.8.   Asegura
que el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con Función de Control  de Garantías
de Cali, mediante fallo del 28 de marzo de 2014, ordenó al Banco de Bogotá S.A.
dar respuesta a su solicitud; entidad que mediante comunicación de fecha 15 de
abril de 2014, allegó copia de las condiciones de cobertura de la póliza de
seguro de vida.
12.1.1.9.   Añade
que en ningún momento Allianz Seguros de Vida S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A.,
hicieron algún pronunciamiento u objeción al momento de suscribir el contrato
de seguro de vida, sino por el contrario, una vez adquirido el crédito de libre
inversión se comenzaron a generar los descuentos correspondientes.
12.1.1.10.   En
consecuencia, interpuso el amparo constitucional el día 6 de agosto de 2014,
por considerar que las entidades accionadas han vulnerado sus derechos
fundamentales al no hacer efectiva la póliza de seguro de vida No. 110903391 al
configurarse una incapacidad del 68.37%, argumentado que superó la edad máxima
de ingreso para el amparo de incapacidad total, sin hacer alusión a dicha exigencia
al momento de suscribir el seguro de vida en mención.
12.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El día 8 de agosto de 2014, el Juzgado
Décimo Civil Municipal de Santiago de Cali – Valle del Cauca profirió auto
mediante el cual admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a las
entidades demandadas para ejercer su derecho de defensa.
12.2.1.
Respuesta
de Seguros de Vida Alfa S.A.
Por
medio de escrito presentado el 15 de agosto de 2014, esta aseguradora solicitó
se negara el amparo constitucional, teniendo en cuenta los siguientes
argumentos:
12.2.1.1.   En
primer lugar, mencionó que el accionante al entrar hacer parte del seguro de
vida No. 110903391 se encontraba por fuera del rango establecido en las
condiciones particulares que limitan este tipo de seguros, por lo tanto,
determinaron que la solicitud no era procedente, debido a que no se dieron los
presupuestos para que procediera el pago.
12.2.1.2.   En
segundo lugar, afirmó que la acción de tutela no puede constituirse para la
reclamación de obligaciones de tipo comercial.
12.2.1.3.   En
tercer lugar, arguyó que la Compañía aseguradora actuó acorde con lo estipulado
en el contrato de seguros, informando al accionante las razones del por qué no
procedía el pago de la póliza de seguro de vida.
12.2.1.4.   Por
último, manifestó que la acción de tutela no es la vía idónea al existir otros
mecanismos de defensa judicial, máxime cuando lo que se pretende en el escrito
de tutela es de carácter eminentemente económico.
12.2.2.Respuesta
del Banco de Bogotá S.A.
El 19 de agosto de 2014, mediante escrito
solicitó se negara por improcedente la súplica invocada, considerando que no se
evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable que facultara al
accionante para impetrar acción constitucional, tal como se estableció en sentencia
T – 1316 de 2001. Por otro lado, hizo mención a que las pretensiones del actor
son de índole netamente patrimonial, y por lo tanto, no podían ser resueltas
bajo este excepcional mecanismo.
12.2.3.Respuesta
de Allianz Seguros de Vida S.A.
Mediante escrito presentado el día 21 de
agosto de 2014, esta entidad dio respuesta extemporánea a la acción de tutela,
con ocasión a la nulidad y nueva notificación que se surtió a las partes. Adujo
que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, por no cumplir los
presupuestos previstos en el contrato de seguro. Agregó que el accionante
contaba con otros medios de defensa judicial, como por ejemplo, la acción ante
la Superintendencia Financiera tal como lo establece la ley 1480 de 2011.
Afirmó que se evidenciaba un desconocimiento del principio de inmediatez, toda
vez, que en el caso bajo estudio la acción de tutela se impetró casi 9 meses
después de ocurridos los hechos. Por último, añadió que la entidad decidió
otorgar el amparo de incapacidad total y permanente supeditado a la persona que
contara con menos de 66 años al momento de ingresar a la póliza y para el caso
en concreto el señor Martínez Campos ingresó a la edad de 78 años.
12.3.    DECISIONES
JUDICIALES
12.3.1. Decisión de
primera instancia (declarada nula) – Juzgado Décimo Civil Municipal de Santiago
de Cali – Valle del Cauca.
El día 20 de agosto de 2014, declaró
improcedente el amparo deprecado por el accionante, considerando que: (i)
La acción de tutela solo procede cuando no existe otro mecanismo de defensa
judicial idóneo, salvo que se interponga de forma transitoria para evitar un
perjuicio irremediable; (ii) El asunto a debatir es de naturaleza
contractual y tal como lo establece la Sentencia T – 587 de 2003 no es
procedente el mecanismo constitucional para dirimir ésta clase de conflictos; (iii)
No se logró demostrar por parte del accionante la afectación al mínimo vital
que permita la procedencia de la acción de manera transitoria.
12.3.2. Decisión que
declaró nula la sentencia de fecha 20 de agosto de 2014 – Juzgado Doce Civil
del Circuito de Santiago de Cali.
El día 16 de septiembre de 2014, se
decidió declarar la nulidad de toda la actuación surtida en el proceso de
tutela, con posterioridad al auto admisorio proferido el 8 de agosto de 2014,
por el juez de primera instancia debido a que no se notificó en debida forma a
Allianz Seguros de Vida S.A., tal y como se evidenció al ser devuelto el oficio
No. 2106 del 8 de agosto de 2014 con destino a ésta entidad, ya que su entrega
se realizó en dirección diferente a la indicada.
12.3.3. Decisión de
primera instancia – Juzgado Décimo Civil Municipal de Santiago de Cali.
El día 30 de septiembre de 2014, este
juzgado negó por improcedente la acción de tutela, con base en los mismos
argumentos mencionados en la sentencia de fecha 20 de agosto de 2014, declarada
nula por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Santiago de Cali, esto es, que
el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial idóneos para
discutir las controversias que se plantearon, además de que no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable.
12.3.4. Impugnación
El accionante por intermedio de su
apoderada judicial allega escrito con el objeto de impugnar el fallo del juez
de primera instancia, sin manifestar argumento alguno al respecto.
12.3.5. Decisión de
segunda instancia – Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Santiago de
Cali.
Mediante sentencia proferida el día 18 de
noviembre de 2014, este despacho decidió confirmar el fallo de primera
instancia, conforme a las consideraciones tenidas en cuenta por el a quo.
12.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en
el expediente, entre otras, las siguientes:
12.4.1. Copia auténtica
del poder otorgado por el señor José Raúl Martínez Campo a la abogada Margarita
María Gómez Alarcón para actuar en la presente acción de tutela (Cd. 1, Fl. 1).
12.4.2. Copia de la
comunicación otorgada por el Banco de Bogotá S.A. a la gerente de la oficina
del Centro Comercial Jardín Plaza respecto a la reclamación del seguro de vida.
(Cd. 1, Fl. 2).
12.4.3. Copia de la
respuesta brindada por Allianz Seguros de Vida S.A. a la gerente de recursos
físicos del Banco de Bogotá, de fecha 8 de noviembre de 2013, respecto a la
reclamación de amparo de incapacidad total. (Cd. 1, Fls. 3 - 4).
12.4.4. Original de la
respuesta al derecho de petición dada por el Banco de Bogotá al señor José Raúl
Martínez Campo, en el que remiten copia de las condiciones y coberturas
particulares de la póliza de vida suscrita por el accionante. (Cd. 1, Fls. 5 –
14).
12.4.5. Copia del dictamen
que determinó una pérdida de la capacidad laboral al señor José Raúl Martínez
Campo del 68,37%, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Valle del Cauca el día 9 de septiembre de 2013. (Cd. 1, Fls. 15 – 21).
12.4.6. Copia de la
sentencia No. 040, proferida el 28 de marzo de 2014, por el Juzgado Veintiséis
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santiago de Cali –
Valle, por medio del cual se concedió el amparo al derecho de petición del
accionante ordenando resolver de fondo su solicitud respecto a la información
sobre el crédito de libre inversión y la copia de la póliza de seguros. (Cd. 1,
Fls. 22 – 27).
12.4.7. Copia de la cédula
de ciudadanía del señor José Raúl Martínez Campo. (Cd. 1, Fls. 94).
II.     CONSIDERACIONES
1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la
Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma
establecida por el reglamento de la Corporación.
2.
PROBLEMA
JURÍDICO
2.1.
Dentro
de los expedientes que han sido acumulados a esta sentencia, los peticionarios
consideran vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo
vital, a la igualdad, a la vivienda digna, al debido proceso, a la protección
al adulto mayor y otros. Relatan que adquirieron seguros de vida con las
entidades accionadas, aunque éstas negaron la ejecución de las pólizas con
fundamento en que se había presentado reticencia por parte de los declarantes
al momento de diligenciar los formatos para el perfeccionamiento del contrato.
2.2.
La
Sala Séptima de Revisión de esta Corporación debe entrar a determinar si las
entidades bancarias y aseguradoras accionadas vulneraron los derechos fundamentales
de los peticionarios al oponer como argumento que la declaratoria de voluntad
de éstos se encontraba viciada por: (i) reticencia; y (ii)
preexistencia.
2.3.
Para
ello, la Sala reiterará, en primer lugar, la jurisprudencia sobre los
requisitos de procedencia de la acción de tutela. En segundo término, se
observarán los elementos planteados por el precedente constitucional para
admitir la legitimidad por activa de un agente oficioso en una acción de tutela;
en tercer lugar, se analizarán las definiciones y elementos del contrato
de seguros de vida; y, finalmente, resolverá el caso concreto.
3.
PROCEDENCIA
DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
La
acción de tutela ha sido definida como un mecanismo constitucional subsidiario
y expedito que permite extender la protección judicial en aquellos eventos en
los cuales existe vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y
se requiriere de una intervención pronta e inmediata de la autoridad pública.
Puede ser ejercida por toda persona en defensa de sí misma o en representación
de un tercero cuando éste no se encuentre en condiciones físicas, mentales o
circunstanciales para la defensa de sus derechos fundamentales. A su vez, puede
interponerse contra personas naturales y jurídicas cuando exista violación o
amenaza a los derechos fundamentales de quien solicita la protección.
No
obstante lo anterior, el ejercicio de esta acción requiere que se reúnan
ciertos elementos, los cuales son:
3.1.
Subsidiariedad
Significa
que la acción de tutela es una herramienta residual del sistema jurídico, es
decir, que para valerse de la misma es necesario emplear previamente las demás
acciones que el ordenamiento ha previsto para cada situación jurídica concreta.
De esta forma, el desconocimiento de este requisito conlleva inexcusablemente,
por regla general, a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela
como consecuencia que emerge de haber desplazado las funciones de las otras
jurisdicciones del ordenamiento jurídico[1].
3.1.1.  A través de sentencia SU-599 de 1999[2], esta Corporación declaró que la subsidiariedad implica la
imposibilidad de ejercer la acción de tutela cuando: (i) no se hizo uso
de las herramientas jurídicas dispuestas por la legislación para el reclamo de
derechos en la situación concreta; (ii) se ejercieron en forma
extemporánea los mecanismos de defensa o reclamo jurídico; o (iii) con
el propósito de pretermitir las instancias ordinarias en busca de una pronta
respuesta de la justicia[3].
3.1.2.  De igual forma, mediante sentencia T-406 de 2005[4], esta Corte expresó que el fundamento constitucional de
este requisito consiste en evitar que la naturaleza restrictiva de la acción de
tutela se vea desnaturalizada por un uso ordinario y común que la convierta en
una herramienta principal de protección de derechos, toda vez que la
Constitución y la ley han estructurado todo un amplio sistema de competencias
para el empleo de la jurisdicción y la defensa de los derechos, el cual se
desarrolla en forma coherente con todo el cuerpo constitucional y ofrece
diversos mecanismos jurídicos de acuerdo a la naturaliza de cada asunto[5].
3.1.3.  Sin
embargo, el artículo 86 Superior estableció una excepción a la regla de
subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela, al permitir hacer uso de
éste mecanismo como herramienta transitoria para evitar la consolidación de un
perjuicio grave e irremediable para el actor[6]. Igualmente, el
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 adicionó otra excepción a la regla de
subsidiaridad, al considerar la procedencia de la acción de tutela cuando el
mecanismo de defensa ordinario no resulte idóneo para la protección de los
derechos fundamentales.
3.1.4. En suma, la acción de tutela es un mecanismo judicial
efectivo que se encuentra orientado a la protección de los derechos
fundamentales y cuyo ejercicio requiere de la utilización previa de todos los
mecanismos ordinarios con los cuales se cuenta para resolver cada caso
concreto. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado dos
eventos en los cuales es posible prescindir de este requisito, a saber: (i)
cuando el actor se encuentra en una situación apremiante por la posible
configuración de un perjuicio irremediable; y (ii) o porque los
mecanismos de reclamo judicial con los que cuenta no alcanzan a ser eficientes
para lograr una protección constitucional oportuna[7].
3.2.
Inmediatez
3.2.1. A partir de la lectura del artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico a favor de los
ciudadanos para el reclamo inmediato de sus derechos fundamentales, por ello se
enmarca dentro de un procedimiento expedito y sumario que busca proteger
derechos cuya vulneración representa una grave afectación a la integridad
física o mental de una persona. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un
término razonable, valorado desde la ocurrencia del hecho generador de la
afectación y la presentación de la solicitud ante la justicia, por medio del
cual el juez constitucional pueda advertir la existencia de una situación
apremiante para el actor y su urgente necesidad de recibir medidas frente a
ello[8]. En otras palabras, corresponde a cada juez observar las
particularidades de cada caso y determinar si la acción de tutela fue ejercida
oportunamente para la defensa de los derechos fundamentales[9].
3.2.2.  Sobre la razonabilidad del plazo, mediante sentencia
SU-961 de 1999[10],
que se constituye como la primera providencia en desplegar un análisis concreto
sobre el asunto, la Sala Plena
manifestó que la inexistencia de un término de caducidad para el ejercicio de
la acción de tutela no implica que ésta no deba presentarse en un plazo
razonable, es decir, dentro de un lapso que no afecte derechos de terceros y
evite desnaturalizar la acción. Este término se encuentra determinado por la
finalidad misma que persiga el escrito de tutela y será ponderado por el juez
constitucional de conformidad a las características de cada caso concreto[11].
De
igual forma, la Sala indicó que no es posible acceder a la admisión de una
acción de tutela en aquellos eventos en los que no se ejercieron oportunamente
los mecanismos de reclamo judicial ordinarios que ha contemplado la legislación
para la naturaleza jurídica de cada caso, por cuanto es procedente aplicar
analógicamente el principio establecido en la sentencia C-543
de 1992[12],
según el cual no puede alegarse en beneficio propio la omisión
3.2.3.  Posteriormente, la Sala Plena de esta Corte reiteró dicha
tesis mediante sentencia C-590 de 2005[13],
cuando definió los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela. Al respecto, sostuvo la Sala que las acciones de tutela deben
cumplir con un plazo inmediato, es decir, que deben presentarse dentro de un
lapsus proporcionado desde el momento en que se presentó la vulneración del
derecho para evitar que se afecten los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, ya que en sentido contrario se generaría una confusión en las
decisiones judiciales que opacaría la eficacia de las herramientas
institucionales para el reclamo y defensa de los derechos[14].
3.2.4.  En síntesis, la
Constitución Política y el precedente constitucional han establecido que la
acción de tutela se enmarca dentro de un procedimiento preferente y sumario,
dirigido a evitar o interrumpir la afectación que sufre un ciudadano respecto a
sus derechos fundamentales. De esta forma, el juez constitucional debe evaluar
en cada caso concreto la diligencia desplegada por el peticionario en relación
con la urgencia de la medida y establecer si el actor realmente se encuentra
ante una vulneración presente de sus derechos fundamentales[15].
3.3.
Procedencia
de la acción de tutela contra entidades aseguradoras.
En el
caso particular de estas entidades, su actividad se desarrolla en el marco del
sistema financiero pues su ejercicio radica en la captación, manejo e inversión
pública de grandes cantidades de dinero, por ello se encuentra calificada como
un servicio de interés público según los términos del artículo 335 de la
Constitución Política. De esta manera, dicha categoría las vuelve susceptibles
de ser sujetos pasivos de la acción de tutela, pues según el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, la solicitud de protección podrá presentarse contra
aquellos que prestan servicios públicos. Sin embargo, el contrato de seguros
encierra unas particularidades cuyo conocimiento es un tema propio de la
jurisdicción civil, razón por la cual, para ejercer la acción de tutela en
estos eventos será necesario agotar previamente las acciones ordinarias y ejecutivas
que el ordenamiento consagra ha dispuesto.
No
obstante lo anterior, como sucede en todos los eventos relacionados con
acciones de tutela que versan sobre asuntos de carácter ordinario, la
jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia excepcional de las
mismas cuando en ellas se encuentre demostrada: (i) que el mecanismo
judicial con el cual se cuenta no es eficaz o idóneo para lograr la protección;
y (ii) cuando sea para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
para el actor[16].
Además, la jurisprudencia ha reconocido que en los eventos en que se presentan
acciones de tutela por sujetos que gozan de especial protección constitucional,
la valoración sobre la ocurrencia del perjuicio irremediable debe ser más
comprensiva o flexibilizarse de acuerdo a las condiciones del peticionario[17].
Concretamente,
para el caso de acciones de tutela contra entidades aseguradoras, es necesario
precisar que los negocios que adquieren los particulares con estas empresas
encierran una relación contractual en la cual puede presentarse una relación de
desigualdad que rompe el sinalagma del acuerdo, por ello la jurisprudencia ha
añadido otro elemento, consistente en que el juez constitucional debe examinar
si existe un relación de desigualdad negocial que ubique al actor en un plano
de indefensión[18].
Así las
cosas, mediante sentencia T-136 de 2013[19], esta
Corporación conoció de una acción de tutela interpuesta por un peticionario que
había adquirido una póliza de seguro de vida para amparar un crédito
hipotecario, aunque su ejecución había sido negada por la entidad aseguradora
demandada pues había sobrepasado la edad de 69 años que debe tenerse para este
tipo de pólizas. En esta oportunidad, la Sala consideró que el accionante era
un sujeto de especial protección constitucional que se hallaba en estado de
indefensión frente a la entidad aseguradora, pues del contrato se había
demostrado que la entidad demandada nunca puso la edad de 70 años como límite
para hacer efectiva esta póliza y esto lo estaba colocando frente a un posible
perjuicio irremediable porque amenazaba con perder su casa.
Adicionalmente,
la jurisprudencia constitucional ha determinado que el beneficiario que el
accionante debe demostrar que no cuenta con recursos económicos suficientes
para continuar con el pago de la deuda[20]
En
síntesis, la actividad aseguradora en una labor de carácter financiero que debe
resolver sus litigios en el marco de la jurisdicción ordinaria. No obstante,
con este tipo de compañías podrá ejercerse de manera excepcional la acción de
tutela cuando el juez constitucional logre demostrar que: (i) los
mecanismos ordinarios no son idóneos para proteger el derecho; (ii) el
accionante está ante la amenaza de un perjuicio grave e irremediable, cuya
valoración deberá ser flexible en el caso de sujetos con especial protección
constitucional; (iii) cuando de la relación contractual se observe que
el actor se encuentra en estado de indefensión; y (iv) que el accionante
no cuenta con recursos económicos para continuar con el pago de la deuda.
4.
ACCIÓN
DE TUTELA INTERPUESTA POR AGENTE OFICIOSO
4.1.
La
jurisprudencia constitucional ha identificado tres modalidades en las cuales se
expresa la legitimidad por activa para el ejercicio de la acción de tutela, en
el sentido que la misma recae sobre: (i) el afectado; (ii) el
representante legal (menores de edad, incapaces, etc.); y/o (iii) el
agente oficioso[21].
La facultad de estos dos últimos se encuentra consagrada en los artículos 86 de
la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991[22],
diseñada como una modalidad de legitimación emanada, entre otros, del principio
de solidaridad consagrado en Preámbulo de la Constitución Política, a través de
la cual es posible solicitar la protección constitucional de un tercero
imposibilitado para ejercer la defensa de sus derechos y con ello brindarle la
posibilidad de gozar de igualdad material ante la ley.
4.2.
En
relación con la modalidad del agente oficioso, la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado esta figura y establecido ciertos requisitos que deben ser
considerados para que una persona pueda agenciar a otra en la defensa de sus
derechos fundamentales, las cuales son: (i) que el demandante exprese
actuar en la condición de agente oficioso; y (ii) que de los hechos y
pruebas obrantes en el expediente se infiera que el representado no se
encuentra en condiciones para ejercer la acción de tutela. No obstante, la
jurisprudencia ha precisado que el cumplimiento de estos requisitos deberá ser
valorado por el juez constitucional de acuerdo a las circunstancias que observa
en cada caso concreto[23].
4.3.
Frente
al primer requisito, el precedente constitucional ha flexibilizado su posición
y precisado que puede omitirse siempre que el juez pueda inferir que el
agenciado no cuenta con posibilidad de actuar ante el aparato judicial[24].
Por lo tanto, es posible advertir que en la representación por agencia
oficiosa, el requisito que por esencia define el ejercicio de esta facultad se
encuentra en la imposibilidad física o mental que tenga el agenciado para el
reclamo de sus derechos, circunstancia que deberá ser examinada por el juez
constitucional de acuerdo a cada caso concreto.
5.
EL
CONTRATO DE SEGURO.
5.1.
Contexto.
Es una
figura jurídica concebida como un acuerdo de voluntades por el cual una persona
llamada tomador –o beneficiario- se obliga al pago de un prima a favor de otra
llamada asegurador, con el fin que esta última cubra los daños causados por la
ocurrencia de riesgo –siniestro- que afecta la integridad física o el
patrimonio del primero. Su creación ha sido el producto de la evolución que han
sufrido las costumbres mercantiles en occidente, las cuales partieron de la
misma necesidad que tiene el ser humano por desarrollar mecanismos que le
brinden condiciones de protección y seguridad en cada uno de los aspectos de su
vida, para con ello obtener el mayor grado de prevención posible frente daños a
su integridad física, salud, patrimonio, bienes y demás factores que afectan su
existencia.
Las
primeras aproximaciones a este contrato tienen lugar en antiguas asociaciones que
formaron griegos y romanos, donde se previeron indemnizaciones por acaecimiento
de riesgos y formas societarias para que sus integrantes obtuvieran ayuda mutua
frente a las adversidades y contingencias que sufrieran. Un ejemplo de ellas
fue la Collegia Funeratica, que consistía en una modalidad de asociación
en la que sus miembros realizaban aportes a un fondo que atendía los gastos
funerarios de sus integrantes, el cual a su vez es un antecedente del contrato
de seguro de vida actual.
No
obstante lo anterior, fueron las tradiciones mercantiles del comercio marítimo
en la cuenca del Mediterráneo las que comenzaron a dar forma a este contrato,
pues ellas arrojaron como resultado una serie de prácticas que se volvieron ley
en este mercado, como lo fue el Código Marítimo de Rodas, que compiló
costumbres propias de este sector y previó una cuota por daños que sufriera la
nave o la mercancía, así como el pago de un flete que se encontraba condicionado
a la llegada de la mercadería a su lugar de destino, llamado Pecunia Trajectitia[25].
Más
adelante, en la Edad Media, gran parte de las prácticas y costumbres
mercantiles originadas en la antigüedad continuaron vigentes, como lo fue la Nauticum
Foenus, que consistía en un préstamo a la gruesa girado a favor del capitán
de la nave o del dueño de la mercancía, y cuya suma debía devolverse con el
pago de altísimos intereses al momento que se confirmara la llegada del navío a
su lugar de destino, de lo contrario se extinguía la obligación[26].
De esta forma, los conceptos que se habían incubado en la antigüedad se
desarrollaron y edificaron durante esta época, especialmente en el seno de las
tradiciones mercantiles italianas del siglo XIII, contexto donde surge el
contrato de seguros conocido actualmente, para luego extenderse a toda Europa[27].
Fue así como a mediados del siglo XVII, el desarrollo de las ciencias exactas
permitió crear fórmulas actuariales para cuantificación de riesgos, con lo cual
se dejaron atrás las valoraciones empíricas de la antigüedad y se establecieron
relaciones entre el riesgo y el costo. Esta nueva realidad introdujo mejoras
que perfeccionaron la estructura actual del contrato de seguro, y además
condujo a la creación de las primeras compañías aseguradoras en Inglaterra,
Holanda y Francia[28].
Así las cosas, esta descripción muestra cómo el contrato de seguro se formó
desde la idea de prevención o indemnización de perjuicios generados por el
acaecimiento de un riesgo, es decir, de un hecho siniestro no deseado que
afecta alguno de los elementos que influyen en la vida del ser humano.
En Colombia, este contrato tuvo uno de sus primeros
antecedentes en la Ley 27 de 1.888, mediante la cual se previó que para los
contratos de transporte terrestre se podía sumar el valor del flete, de las
comisiones y de las utilidades sobre el monto asegurado. Sin embargo, su construcción
formal dentro del sistema jurídico nacional se produjo con la entrada en
vigencia del actual Código de Comercio que, en el Título V del Libro IV,
enmarcó los lineamientos sobre los cuales este contrato despliega sus efectos,
y estableció unas características a partir de las que es posible determinar su
definición, pues el ordenamiento nacional aún no ha
desarrollado una al respecto. En este sentido, de la lectura de las normas
dispuestas por dicho acápite, es posible definir que el seguro es un
contrato consensual, bilateral, oneroso,
aleatorio y sucesivo (art. 1036), perfeccionado por la voluntad de un
asegurador –quien asume los riesgos- y de un tomador –quien traslada los
riesgos- (art. 1037), cuya prestación consiste en el pago de una prima, que
tiene como propósito ejecutar una póliza que habrá de cubrir los daños
ocasionados en caso que acontezca un riesgo previsto en el contrato.
Ahora bien, el desarrollo de este contrato
a lo largo de los años ha dado lugar a diversas modalidades, entre las cuales
se destacan los seguros: (i) terrestres, marítimos y aéreos, que
obedecen a la naturaleza de los riesgos asegurados; (ii) sociales e
individuales, de acuerdo a su objeto y adquirentes; y (iii) de daño[29]
y de persona, si recaen sobre el patrimonio del asegurado o su integridad
física. Estas categorías, a su vez se ramifican en otras variedades de seguros,
pero en esta ocasión la Sala abordará el estudio de la última de ellas, pues en
los seguros de personas se encuentra incorporado el seguro de vida, el cual es
precisamente la modalidad adquirida por los accionantes dentro de este proceso
5.2.
El contrato de seguro de
vida.
5.2.1.  Esta modalidad contractual hace referencia al acuerdo
de voluntades que realizan el tomador de póliza y la entidad aseguradora, donde
el primero se obliga al pago de una prima destinada a integrar un fondo que, en
caso de invalidez o muerte, habrá de amparar los perjuicios que sufran aquellos
que estaban a su cargo, que serán llamados beneficiarios de la póliza. El
desarrollo legal de este contrato se enmarca dentro del régimen establecido en
los artículos 1151 a 1162 del Código de Comercio. Igualmente, el artículo 1045
del mismo estatuto menciona los elementos que integran esta modalidad de
contrato, discriminados así: (i) el interés
asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o precio
del seguro, y (iv) la obligación condicional del asegurador.
5.2.2.  El interés asegurable hace referencia a la
disposición que presentan las partes al momento de manifestar las condiciones y
posibilidades del contrato. Por un lado, la entidad aseguradora, una vez
conocida la declaratoria de riesgo del interesado, valorará sus condiciones y
determinará si accede o no a cubrir el riesgo expuesto, o bajo qué términos lo
haría. Por otro lado, el interesado examinará la propuesta y resolverá
obligarse al monto que indique la aseguradora.
5.2.3.  El riesgo asegurable es aquel siniestro
posible o probable que se pretende cubrir con el pago de la póliza. Su
valoración se hará de conformidad a los hechos y circunstancias declaradas por
el interesado al momento de exponer su estado de riesgo, por ello es importante
que la manifestación que éste realice sea ajustada a la verdad, pues de acuerdo
a ella la entidad aseguradora podrá precisar el monto a cubrir.
5.2.4.  La prima o precio del seguro hace
referencia a la suma o importe que deberá cancelar el asegurado para obtener la
cobertura del riesgo valor. Resulta como producto de la determinación que
realiza la entidad aseguradora sobre los hechos y circunstancias expuestas por
el tomador de la póliza.
5.2.5.  El último de los elementos que integran el
contrato de seguro es la obligación condicional del asegurador, la cual implica
que dentro de este contrato el asegurador establece un marco delimitado de
acción sobre el cual se desarrolla la ejecución de la póliza adquirida, de
manera que únicamente serán cubiertos los daños ocasionados por los siniestros
determinados en el contrato, es decir, que la obligación de hacer efectiva la
póliza surgirá al momento en que acontezca alguno de los riesgos que se
estipularon en el contrato de seguro. En este sentido, el asegurador no se
encuentra obligado a pagar cualquier tipo de perjuicio que acaece sobre el
tomador de la póliza, sino sólo en aquellos eventos discriminados y
seleccionados por la entidad aseguradora dentro del contrato estipulado.
5.2.6.  En este orden de ideas, cabe precisar que
los elementos descritos deben desenvolverse sobre el plano que extiende el
principio de buena fe en los contratos, pues en todos ellos es esencial
que la declaratoria de voluntad se encuentre libre de vicios de voluntad para
poder guardar el equilibrio de la relación. Así las cosas, el contrato de
seguros se rige por un estricto cumplimiento del principio de buena fe entre
las partes, toda vez que a partir de la declaración de voluntad emitida por el
adquirente, el asegurador puede identificar los márgenes sobre los cuales se desplegarán
los efectos de la póliza adquirida, y a su vez establecer la modalidad y el
monto que debe pagar el adquirente. Por esta razón, la declaración que rinde el
tomador del seguro al momento de contratar con la entidad aseguradora debe
ajustarse a los términos de la verdad y mostrar la real condición de quien la
obtiene, de lo contrario esto generaría una nulidad dentro del contrato que
haría inviable la ejecución de la póliza.
No obstante lo anterior, al momento de
presentarse la declaratoria de estado de riesgo por parte del interesado en la
póliza, es posible que se presenten alteraciones en los hechos y circunstancias
expuestas que pueden dar lugar a un desequilibrio contractual. En este sentido,
se ha logrado identificar dos escenarios en los que puede ocurrir esta
anomalía, precisados en las figuras de reticencia y preexistencia.
5.2.7.  Reticencia
o inexactitud.
5.2.7.1.
Es
una irregularidad en la manifestación de voluntad al momento de suscribir el
contrato de seguro. Se presenta cuando el adquirente, al instante de tomar la
póliza, rinde una declaración sobre su estado de riesgo que no se encuentra
ajustada a la realidad, con lo cual induce a la entidad aseguradora a expedir
una cobertura que no corresponde con su verdadera condición[30].
El artículo 1058 del Código de Comercio establece que la reticencia se
configura cuando el tomador del seguro expone u omite unos hechos que, de haber
sido conocidos por la entidad aseguradora, se habría emitido una póliza más
onerosa[31],
por ello se genera la nulidad relativa del seguro, a no ser que la inexactitud
provenga de un error inculpable o haya sido subsanada por la aceptación de la
entidad. En este sentido, la lectura de este artículo permite extraer las
siguientes anotaciones sobre las singularidades jurídicas de esta conducta:
5.2.7.2.
En
primer lugar, el contrato de seguro se rige por el principio de buena fe entre
los contrayentes, el cual impone a la parte adquirente la obligación de rendir
una declaración sobre su estado de riesgo que sea ajustada a la realidad, sin
importar que haya sido a través de cuestionario o exposición oral. De esta
forma, la entidad aseguradora podrá expedir una póliza conforme a las
circunstancias y extensión de los acontecimientos que se pretenden asumir.
5.2.7.3.
En
segundo lugar, en caso que la manifestación de voluntad haya incurrido en
inexactitudes o reticencia (por omisión de datos) que recaigan sobre aspectos
esenciales para determinar la disposición de la entidad aseguradora a
contratar, o la onerosidad de la póliza a expedir, se configurará un vicio en
la voluntad que dará lugar a nulidad relativa del contrato. En este evento la
entidad aseguradora podrá adelantar el respectivo reclamo judicial por nulidad
contractual y retener, a título de pena, el total de la prima.
No
obstante lo anterior, el último párrafo del artículo 1058 C.Co estipula que
dichas sanciones no procederán cuando el asegurador ha conocido o debido
conocer las circunstancias que generaron vicio en la declaración, o, en caso de
haberlas conocido posteriormente, las subsane mediante su aceptación expresa o tácita.
5.2.7.4.
En
tercer lugar, en caso que la reticencia o inexactitud provengan de un error
inculpable del tomador de la póliza (quien actuó de buena fe), el contrato será
válido sólo en relación con aquellos aspectos asegurados que mantienen el
equilibrio contractual. En el caso concreto de los seguros de vida, el artículo
1160 del Código de Comercio indica que: “[t]ranscurridos dos años en vida
del asegurado, desde la fecha del perfeccionamiento del contrato, el valor del
seguro de vida no podrá ser reducido por causa de error en la declaración de
asegurabilidad. Esto quiere decir que, en el caso particular de aquellos
adquirentes que omitieron información relevante al momento de manifestar su estado
de riesgo, pero sobre la cual tenían desconocimiento, la compañía de seguros no
podrá demandar la nulidad del contrato, sino que deberá reducir el monto de la
prestación asegurada para garantizar el equilibrio del mismo, a excepción de
los seguros de vida, en los que una vez transcurridos dos años desde la
expedición de la póliza, no podrá reducirse el monto de la prestación.
En
este orden de ideas, el artículo 1161 del Código de Comercio establece que en
caso de presentarse reticencia al momento de adquirir un seguro de vida, será
necesario tener en cuenta lo siguiente: (i) si la edad del tomador
supera los límites autorizados por la tarifa del asegurador, el contrato se sancionará
conforme a lo dispuesto anteriormente (Art. 1058); (ii) si la edad del
tomador supera la edad declarada, el seguro se reducirá a una proporción que
guarde relación matemática con la prima anual que debe cancelar el adquirente;
y (iii) si la edad del tomador es menor que la declarada, el valor del
seguro se reducirá igualmente a una proporción que tenga relación matemática
con la prima que deba cancelarse[32].
5.2.7.5.
Ahora bien, en relación con este tema, la jurisprudencia
constitucional no ha sido omisa, sino que se ha pronunciado al respecto. Sobre
el particular, mediante sentencia C-232 de 1997[33],
la Sala Plena de esta Corporación analizó una demanda de inconstitucionalidad parcial contra el
mencionado artículo 1058 del Código de Comercio. En esta oportunidad, la Sala
determinó que el tomador tiene una carga precontractual, consistente en exponer
unos hechos y circunstancias ajustados a la verdad para lograr el equilibrio
del contrato, de lo contrario se comete un incumplimiento por inexactitud o
reticencia, es decir, por incurrir en falta de la debida puntualidad o
fidelidad en las respuestas o el relato, o por callar, total o parcialmente, lo
que debiera decirse[34]. En este mismo sentido, explicó cómo, en materia de seguros, el Código de Comercio
adoptó la recisión de los contratos propia del derecho civil y estableció la
posibilidad de acudir a esta figura cuando el contrato se encuentra fundado
sobre inexactitudes o errores producidos por reticencias que, de no haberse
presentado, habrían dado lugar a estipular condiciones más onerosas para el
tomador[35]. Asimismo, la Sala sostuvo que es igualmente
posible solicitar la nulidad del contrato cuando se expidió una póliza de
seguros de buena fe y los datos omitidos dentro de la declaración guardan
estrecha relación con el siniestro acontecido[36].
Igualmente, a través de sentencia T-086 de 2012[37], la Sala Octava de Revisión de esta
Corporación analizó una acción de tutela presentada por un ciudadano a quien le
habían diagnosticado invalidez total y permanente, pero la ejecución de su póliza
de seguro de vida había sido negada por la aseguradora demandada. En esta
ocasión, la Sala sostuvo que por virtud del principio de buena fe en los
contratos, las partes se encuentran obligadas a mostrar honradez al momento de
perfeccionar de pactar las condiciones del acuerdo, pues este elemento es
esencial para interpretar las cláusulas del contrato, más aún si se tiene en
cuenta que no sólo indica la manera como debe analizarse la conducta de las
partes frente al cumplimiento de sus obligaciones, sino también la eficacia del
mismo[38]. En este mismo sentido, en relación con la reticencia, citó las
sentencias T-171 de 2003[39] y T-196 de 2007[40],
a partir de las cuales explicó que consiste en una inexactitud en la
declaración del estado de riesgo del tomador de la póliza, la cual vicia el
consentimiento y es sancionada con nulidad relativa del seguro.
De esa
misma forma, mediante sentencia T-902 de 2013[41],
la Sala Primera de Revisión de esta Corte conoció de la acción de tutela
interpuesta por unas accionantes que reclamaban la ejecución de las pólizas de
seguros de vida adquiridas con la entidad aseguradora demandada, las cuales
garantizaban el pago del saldo insoluto de los créditos por muerte, enfermedad
grave o incapacidad total y permanente. En esta ocasión, la ejecución de las
pólizas había sido negada por cuanto: (i) el certificado de invalidez de
una de las accionantes había sido emitido por la Junta de Calificación de
Invalidez del Seguro Social; y (ii) frente a la otra peticionaria se
había configurado la prescripción, pues había trascurrido más de 4 años desde
la ocurrencia del siniestro.
En esta
sentencia, la Sala expuso que los contratos de seguros pueden contener
cláusulas vagas y ambiguas que llevan a una indeterminación de los conceptos
respecto de situaciones fácticas particulares, casos en los cuales, opera el
principio de interpretación favorable al consumidor por virtud del artículo
1624 del Código Civil, el cual establece que: “(…) las cláusulas ambiguas
que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora,
se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de
una explicación que haya debido darse por ella”. De esta misma forma,
indicó que el principio de buena fe rige las relaciones contractuales sobre las
cuales se desenvuelve este tipo de contratos.
Por lo
anterior, la Sala manifestó que las relaciones contractuales en temas de
seguros tienden a ubicar en una posición dominante a la empresa aseguradora
frente al adquirente, razón por la cual, la parte que redacta e impone las
condiciones del contrato debe cumplir, por lo menor, con los siguientes
requisitos: (i) no estipular condiciones indeterminadas,
ambiguas o vagas que actúen en contra de los intereses del asegurado; y si las
integran al contrato, (ii) deberán interpretarlas a favor del adquirente
por virtud del principio pro costumatore, el cual es una figura que
permite proteger a los usuarios de los contratos de seguro y propender por la
eliminación de todos los elementos que generan inseguridad en la ejecución del
contrato[42].
Además,
la Sala sostuvo que la entidad accionada había vulnerado los derechos
fundamentales de las peticionarias, pues: (i) eran sujetos de especial
protección constitucional; (ii) ambas atravesaban una difícil situación
a raíz del acaecimiento del siniestro; (iii) ambas se encontraban ante
la amenazada de un perjuicio irremediable, pues como consecuencia de sus
afecciones físicas no podían continuar con el pago del saldo insoluto.
5.2.8.  Preexistencia.
5.2.8.1.
Este
fenómeno hace alusión a circunstancias que se presentaban con anterioridad a la
etapa contractual y constituyeron un factor determinante en el acaecimiento del
riesgo cubierto. Permite a la entidad aseguradora abstenerse de ejecutar el
pago de la póliza una vez haya verificado que el tomador sufría de
padecimientos previos al momento en que el contrato comenzó a surtir efectos, y
que además tuvieron relación directa con su fallecimiento.
5.2.8.2.
Mediante
sentencia T-015 de 2012[43],
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional analizó una acción de
tutela interpuesta por una viuda que había sido amparada por póliza de seguro
de vida adquirida por su esposo en vida. En esta ocasión, la Sala indicó que la
preexistencia se refiere a la posibilidad que
tiene la entidad aseguradora de establecer una exclusión sobre aquel asegurado
que padezca una enfermedad con anterioridad a la fecha en que la cobertura
empezó a desplegar sus efectos y, además, su muerte sea consecuencia de dicha
enfermedad[44].
5.2.8.3.
Por
su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un
fallo del día 21 de abril de 2015[45],
expuso que la preexistencia es un fenómeno definido por la RAE como: “existencia
anterior, con alguna de las prioridades de naturaleza u origen”, que al ser
aplicado al concepto de contrato de seguro, se refiere a una situación previa
al perfeccionamiento del seguro que no encaja como un “hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda”. En este mismo sentido, explicó
que no basta la simple preexistencia del hecho para que la entidad aseguradora
pueda abstenerse de ejecutar la póliza, sino que resulta necesario establecer
el nexo causal entre la afección preexistente y la muerte del tomador.
5.3.
Ahora
bien, los conceptos mencionados anteriormente sobre reticencia y preexistencia
guardan ciertas diferencias que resulta necesario precisar en esta ocasión.
Sobre el particular, a través de sentencia T-222 de 2014[46],
la Sala Novena de Revisión de esta Corporación examinó varias tutelas acumuladas,
en la que los peticionarios alegaban que les habían sido negadas sus pólizas de
seguro de vida por preexistencia al momento de contraer las obligaciones. En
esta oportunidad, la Sala expuso varias consideraciones en relación con dichos
conceptos:
5.3.1.1.
En
primer lugar, explicó que la preexistencia es un concepto objetivo, mientras
que la reticencia es un concepto subjetivo.
5.3.1.2.
En
segundo lugar, mencionó que la reticencia se refiere a una inexactitud en la
información presentada por el tomador de la póliza al momento de celebrar el
contrato, la cual es castigada con nulidad relativa como sanción a la mala fe.
5.3.1.3.
En
tercer lugar, manifestó que en ciertos eventos la preexistencia puede
considerarse como una reticencia, como en aquellos en donde el tomador tiene
conocimiento de hechos que pueden hacer más onerosa la póliza y en este sentido
se abstiene de declararlos.
5.3.1.4.
En
cuarto lugar, expuso que existen eventos en los que el tomador de la póliza no
declara hechos preexistentes por no tener conocimiento de ellos, como aquellos
relativos a enfermedades silenciosas o progresivas, en los que el adquirente no
tenía posibilidad de tener pleno conocimiento de las circunstancias. En estos
casos, la sentencia asegura que el tomador no actuó de mala fe y por ello sería
desproporcionado imponerle una carga que no puede cumplir, como lo es informar
sobre hechos desconocidos.
5.3.1.5.
En
quinto lugar, arguyó que en casos donde se presentó mala fe, la carga de la
prueba corresponde a la entidad aseguradora, pues es la única que puede
informar con certeza sobre: (i) el sobrecosto del contrato por los
hechos omitidos; y (ii) que se abstendrá de celebrar el contrato[47].
5.4.
En
síntesis, el contrato de seguro de vida es una modalidad de contrato por la
cual el tomador de la póliza se obliga al pago de una prima destinada a
integrar un fondo que, en caso de invalidez o muerte del adquirente, entrará a
cubrir el daño sufrido por quienes estaban a su cargo. Este contrato se
desarrolla dentro del marco establecido por el principio de buena fe de los
contratantes, el cual, por un lado, obliga a la entidad aseguradora a presentar
cláusulas claras y expresas en el contrato y, por otro, obliga al tomador a
presentar una declaratoria sobre su estado de riesgo ajustada a la verdad y a
sus antecedentes médicos. No obstante, existen eventos en los que el tomador de
la póliza omite exponer hechos esenciales para determinar el interés de la
entidad aseguradora o el monto de la póliza a expedir, los cuales, configuran
una reticencia cuando el adquirente tenía conocimiento de circunstancias
anteriores al contrato y omitió declararlas en su estado de riesgo, de manera
que el contrato estará viciado de nulidad relativa y la entidad aseguradora
podrá, a título de sanción, retener el monto que ya se había cancelado;
mientras que, en otros eventos, a pesar de existir hechos determinantes
anteriores a la adquisición de la póliza, no se constituirá mala fe del tomador
por cuanto éste no tenía conocimiento de los hechos, casos en los cuales
corresponderá a la aseguradora demostrar lo contrario.
3.
CASOS
CONCRETOS
3.1.
BREVE
RESUMEN DE LOS HECHOS
3.1.1.  Los accionantes
solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo
vital, al debido proceso y toros, presuntamente conculcados por las distintas
entidades aseguradoras demandadas, las cuales negaron la ejecución de las
pólizas de seguro de vida adquiridas bajo el argumento que existía reticencia
por parte de los peticionarios al momento de pactar las condiciones del
contrato.
Como
quedó expuesto en la parte considerativa de esta providencia, los asuntos que
involucran contratos de seguros conciernen ciertas particularidades que son
objeto de estudio de la jurisdicción ordinaria. Concretamente, en estos eventos
los demandantes cuentan con la acción de responsabilidad civil contractual para
el reclamo y defensa de sus derechos, razón que conduce a determinar que en
estos eventos la acción de tutela se torna improcedente. No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha procedido a valorar este tipo de solicitudes
cuando en ellas sea posible advertir que el peticionario reúna las siguientes
condiciones: (i) que los mecanismos ordinarios no son
idóneos para proteger el derecho; (ii) que el accionante está ante la
amenaza de un perjuicio grave e irremediable, cuya valoración deberá ser
flexible en el caso de sujetos con especial protección constitucional; (iii)
cuando de la relación contractual se observe que el actor se encuentra en
estado de indefensión; y (iv) que el accionante no cuenta con recursos
económicos para continuar con el pago de la deuda.
Igualmente,
cabe señalar que los contratos de seguros se perfeccionan y desarrollan sobre
el principio de buena fe de los contratantes, razón por la cual es esencial que
de la declaración de voluntad de las partes al momento de pactar el contrato se
encuentre libre de vicios y sea los más precisa posible. Sin embargo, ante la
existencia de expresiones y términos ambiguos en el acuerdo, la misma
naturaleza de este tipo de contratos y la forma como se desarrollan conduce al
juez constitucional a valorar las mismas a través del principio pro
costumatore, el cual permite brindar una interpretación favorable al
usuario para evitar que la entidad aseguradora recline sobre él todo su peso
empresarial e induzca la aparición de un estado en el que se vulneran derechos fundamentales.
3.2.
Análisis
y decisión frente a cada expediente.
3.2.1.  Expediente
T-
4.631.248.
En este
proceso
la Sala admitirá la procedencia de la acción de tutela y a su vez declarará la
vulneración a los derechos fundamentales de la peticionaria, toda vez que de la
lectura del expediente se desprenden las siguientes observaciones:
En
primer lugar, la señora Martha Cecilia Gutiérrez de Díaz es un sujeto de
especial protección constitucional, pues supera los 60 años de edad y además ha
logrado probar su estado de invalidez en un grado del 96% (Fls. 1-7).
En
segundo lugar, a raíz de su estado de salud tuvo que ser retirada del servicio
de docencia pública mediante una pensión de invalidez, razón por la cual sus
ingresos no sólo continúan siendo moderados, sino que se les ha reducido
considerablemente la oportunidad para ser aumentados. Por este motivo, la
señora Gutiérrez ha perdido las condiciones en las cuales reposaba su confianza
al momento de adquirir los créditos con el Banco BBVA, de manera que
actualmente se encuentra en estado de indefensión frente al banco y la
aseguradora al no poder contribuir a la obligación de la misma forma en que lo
venía haciendo.
En
tercer lugar, la Sala observa que no existió reticencia por la parte de la
accionante al momento de adquirir la póliza de seguro, pues del expediente se
logra advertir que las enfermedades alegadas por la defensa como subsistentes
al momento de pactar el contrato, no corresponden a la enfermedad por la cual
la señora Gutiérrez fue declarada con invalidez total y permanente, toda vez
que la accionada opone las afecciones de Cáncer Mamario,
Linfodema e Hipertensión Arterial, mientras que la actora obtuvo su pensión a
causa de “Monoplejia Progresiva del Miembro Superior Izquierdo, con pérdida
de la fuerza, disminución de la movilidad y flexibilidad de la extremidad”.
Por
estas razones, la Sala procederá a revocar la sentencia del día 29 de
julio de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia en
Oralidad del Socorro, Santander, que negó la protección de los derechos
fundamentales invocados. En su lugar, se confirmará la sentencia del día 10 de
junio de 2014, pronunciada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Socorro, Santander, que en primera instancia tuteló los derechos fundamentales de
la accionante y ordenó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. reconocer el 100%
de las obligaciones contenidas en los créditos adquiridos por la accionante con
el Banco BBVA, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de dicha providencia.
3.2.2.  Expediente
T-4.631.068.
En este
proceso la sala declarará improcedente la acción de tutela, pues el accionante
no es un sujeto de protección constitucional y no logra demostrar cómo habría
de configurarse un perjuicio irremediable en su caso, de manera que aún cuenta
con los mecanismos de la vía ordinaria para el reclamo de sus derechos
fundamentales.
Por lo
anterior, la Sala confirmará la sentencia del día 14 de junio de 2014,
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Cúcuta, Santander.
3.2.3.  Expediente T-4.642.240.
En este
expediente la Sala observa lo siguiente:
En
primer lugar, la acción de tutela es procedente, pues el señor Rubén Darío
Henao Marín no sólo logró demostrar que cuenta con un grado de invalidez del
64,20%, sino que también ha perdido el 90% de su visión, hecho que le ubica
como persona en condición de discapacidad. Además, esta circunstancia fue
sobreviniente en el contrato y ha ocasionado que no cuente con las mismas
capacidades para continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
hecho que asimismo lo pone en condición de indefensión frente a las compañías
financieras demandadas. En este mismo sentido, frente al supuesto
incumplimiento del requisito de inmediatez alegado por el juez de segunda instancia,
para esta Sala es claro que mientras se logre evidenciar que pueden persistir presuntas
condiciones de afectación sobre el solicitante, la acción de tutela siempre
será procedente.
En
segundo lugar, frente al reclamo de la póliza por muerte de la señora Ligia
León, la Sala encuentra que omitió declarar que ella padecía de Diabetes Mellitus
e Insuficiencia Hepática con anterioridad a la declaración. Además, la Sala no
tiene elementos para advertir una situación contraria.
En
tercer lugar, BVA Seguros afirmó en su respuesta que hasta la presentación de
la acción de tutela no tuvo conocimiento de la invalidez y padecimiento
oftalmológico del accionante, por lo cual éste debe acercarse a realizar el
respectivo trámite sobre el asunto. En este punto, para la Sala es igualmente
necesario que el peticionario adelante el trámite correspondiente para el
reclamo de la póliza ante la entidad accionada, pero con la advertencia que en
esta providencia ha quedado demostrado que él: (i) es sujeto de especial
protección constitucional; (ii) se encuentra en estado de indefensión
frente al Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.; (iii) ha
demostrado que padece un grado de invalidez del 64,20% y un 90% de ceguera; y (iv)
que para esta Corte los certificados médicos del Instituto de Seguros Sociales
y del Instituto Oftalmológico de Caldas deberán ser aceptados por BBVA Seguros
de Vida para efectos de la valoración sobre la ejecución de la póliza.
Por lo
descrito, esta Sala procederá a revocar la sentencia del día 17 de julio de
2014, emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas, que
declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, se concederá
parcialmente la protección al derecho fundamental al mínimo vital.
Igualmente,
se ordenará a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
adelante oportunamente todos los trámites correspondientes a la ejecución de la
póliza de seguro de vida por invalidez del señor Rubén Darío Henao Marín,
teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente.
3.2.4.  Expediente
T-4.631.344.
En este
caso, la Sala encuentra lo siguiente:
En
primer lugar, la peticionaria se encuentra facultada para ejercer la acción de
tutela como agente oficiosa de su cónyuge, pues se tendrán en cuenta las afirmaciones
por las cuales éste no puede ejercer por sí mismo la presente acción a raíz de
su estado de salud.
En segundo
lugar, la Sala advierte que el señor Rodrigo de Jesús Giraldo Aristizábal es un
sujeto de especial protección constitucional en virtud de sus 72 años de edad.
Además, es notorio que a raíz de su padecimiento e invalidez se ha visto
disminuido para seguir aportando al crédito en las mismas condiciones en las
cuales lo venía haciendo, hecho que lo ubica en una posición de indefensión
frente al Banco Caja Social y a Colmena Seguros de Vida y Riesgos Laborales
S.A.
En
tercer lugar, y a pesar de lo anterior, dentro del expediente aparece prueba
médica en la cual se evidencia que el señor Rodrigo de Jesús Giraldo
Aristizábal sufría de Hipertensión Arterial y Aneurisma roto desde el año 2003
(Cd. 1, Fl. 32), es decir, 7 años antes de haber tomado la póliza. Además,
dichos padecimientos guardan estrecha relación con el sistema vascular del ser
humano y pudieron haber contribuido al derrame sufrido, pues según el
certificado médico expedido por la Comunidad Hermanas Hospitalirias del
SAG-Clínica Psiquiatrica Nuestra Señora del SC, expedido el día 25 de abril de
2014, el derrame cerebral es un “evento vascular”[48].
Por esta razón, asiste la razón a la entidad aseguradora, pues no existen
elementos para inferir que el padecimiento subsistente al momento de adquirir
la póliza consistía en una afección que no guardaba relación alguna con el
derrame cerebral sufrido.
Sin
embargo, a raíz de la situación de indefensión que afronta el accionante, esta
Sala considera pertinente ordenar a la compañía Colmena Vida y Riesgos
Laborales S.A. flexibilizar y acomodar sus condiciones y términos contractuales
a las capacidades financieras que puede ofrecer Rodrigo De Jesús Giraldo
Aristizábal, sin que ello represente un aumento del valor por concepto de
intereses e indexación, para que de esta forma pueda cubrir el saldo insoluto
de la obligación sin afectar el sustento a su mínimo vital y el de su familia.
A
partir de lo expuesto, esta Sala procederá a revocar la sentencia del día 17 de
julio de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Bello, Antioquia, que declaró improcedente la acción
de tutela. En su lugar, se concederá parcialmente la protección al derecho
fundamental del mínimo vital.
3.2.5.  Expediente
T-4.632.824.
En este
proceso, la Sala observa que la acción de tutela es procedente, pero no se
encuentran vulnerados los derechos fundamentales de la peticionaria. Al
respecto, se hacen las siguientes precisiones:
En primer
lugar, la señora Delia Mary Díaz Torres es un sujeto de especial protección
constitucional, como consecuencia de su estado de invalidez del 75,05%. Así
también, es notorio que a raíz de su estado de salud tuvo que abandonar el
restaurante donde laboraba y por ello sus ingresos disminuyeron
considerablemente hasta no poder continuar con el pago del crédito adquirido,
razón por la cual se encuentra en estado de indefensión frente a las entidades
demandadas. En este mismo sentido, a pesar de haberse interpuesto la acción de
tutela seis años después del rechazo a la solicitud de ejecución de póliza, la
Sala observa que la condición de indefensión de la accionante persiste en el
tiempo y por ello aún se encuentra vigente el ejercicio de la acción.
En
segundo lugar, no obstante lo descrito, le asiste la razón a la entidad
accionada cuando niega la ejecución de la póliza por reticencia en el contrato.
La Sala observa que en la declaración sobre el estado de riesgo, la señora
Delia Mary Díaz Torres omitió informar que padecía de insuficiencia renal
crónica[49],
sin consideración a que dentro de la misma historia clínica por ella aportada,
la Cruz Roja del Huila advierte: (i) 03 feb 2011, “Paciente con ERC
secundaria a enfermedad poliquistica”; (ii) 22 de septiembre de
2011, “Paciente con ERC e-2 por ER poliquística, HTA, HB positiva”; (iii)
13 de septiembre de 2011, “Eco renal:Riñones poliquísticos”; (iv)
09 de mayo de 2012, “paciente en control de poliquistosis renal sin
deterioro evolutivo de la función renal”; (v)  “INSUFICIENCIA
RENAL NO ESPECIFICADA”[50].
Así las cosas, la peticionaria tenía conocimiento que padecía problemas
poliquísticos y renales con anterioridad al perfeccionamiento del contrato de
seguro.
En
tercer lugar, es notorio que el estado de invalidez en el cual se encuentra la
señora Díaz Torres le genera unas condiciones difíciles para poder continuar
con el pago oportuno de la obligación adquirida, razón por la cual, esta Sala
ordenará a FAMIEMPRESA Actuar Corporación Acción por el Tolima y Seguros de
Vida Suramericana –SURA- forzar sus términos y condiciones para que éstos se
acomoden a las circunstancias que afronta la peticionaria, de manera que pueda
cumplir su obligación de conformidad con la capacidad económica que pueda
ofrecer, y sin que las cuotas que deba aportar representen una afectación sobre
el sustento que garantiza su mínimo vital.
Por lo
expuesto, esta Sala procederá a revocar la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva, Huila,
el día 16 de julio de 2014, que declaró improcedente la acción de tutela. En su
lugar, se concederá parcialmente la protección al derecho fundamental al mínimo
vital.
3.2.6.  Expediente
T-4.644.917.
En
este expediente, la Sala procederá a confirmar las decisiones de instancia que
negaron la protección de los derechos invocados, toda vez que, a pesar del
accionante superar los 60 años de edad, no logró demostrar su situación de
indefensión, sino que aseguró haber podido continuar con el pago de
aproximadamente 13 cuotas en medio de su tratamiento médico. Asimismo, tampoco
expone cómo habría de configurarse un perjuicio irremediable en su caso, y
además tenía pleno conocimiento del cáncer de próstata que sufría antes de
adquirir la póliza de seguro de vida.
Por dichas razones, la Sala procederá a
confirmar la sentencia del 06 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Séptimo
Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta, Norte de Santander, que en segunda
instancia confirmó la negativa de protección a los derechos invocados.
3.2.7.  Expediente
T-4.666.498.
Sobre
este caso la Sala presenta las siguientes anotaciones:
En
primer lugar, procede en esta oportunidad la acción de tutela, pues la
accionante: (i) es madre cabeza de familia; (ii) padece de grado
de invalidez calificado en un 96%; y (iii) en la actualidad no cuenta
con ingresos y por ello se encuentra ante la amenaza de un perjuicio
irremediable. En este mismo sentido, dichas circunstancias han ocasionado un
cambio drástico en las condiciones iniciales por las cuales pactó el contrato
de seguro de vida, por ello se encuentra en estado de indefensión frente al Banco
BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia.
En
segundo lugar, a pesar que en el expediente no obra prueba donde conste el
padecimiento por el cual la peticionaria fue calificada con 96% de invalidez,
la descripción que ella presenta dentro de los antecedentes expone problemas
relacionados con su voz, pues sostiene que “empecé a sufrir quebrantos de
salud deteriorándose lentamente debido a diversos factores, inclusive a perder
la voz por tiempos de intervalos de dos y tres días”. Esta declaración es
coherente con la respuesta emitida por la entidad aseguradora al momento de contestar
la petición por la cual se solicitó la ejecución de póliza, pues en ella se
consigna que por verificación de la historia clínica expedida por la FOSCAL el
día 07 de julio de 2009, se logró comprobar que: (i) desde el año 2008
la señora Vita Chaparro “presenta antecedentes de disfonía crónica
recurrente desde hace 1 año”; y (ii) que el día 02 de octubre de
2009, es decir, dos años y 32 días antes de adquirir la póliza, había sido había
sido calificada con diagnóstico de disfonía crónica recurrente[51].
Por esta razón, la Sala no puede acceder a la protección de los derechos
fundamentales invocados en esta ocasión, pues no existen elementos para desvirtuar
que efectivamente la accionante no sufría de padecimiento alguno y, además, que
no tenía conocimiento de ellos.
En
tercer lugar, no obstante lo anterior, la Sala advierte que la señora Ángela
Vita Chaparro padece un grado casi absoluto de invalidez y afronta una
situación difícil al no haberle sido reconocida aún su pensión de invalidez. De
esta forma, en virtud del estado de indefensión en el cual se encuentra la
peticionaria, esta Sala procederá a ordenar al Banco BBVA y
BBVA Seguros de Vida Colombia suspender cualquier tipo de cobro o ejecución
contra la accionante, hasta tanto no le sea reconocida la pensión de invalidez
que será su sustento de vida. Además, estas entidades deberán flexibilizar y
acomodar sus condiciones y términos contractuales a las capacidades financieras
que puede ofrecer la señora Ángela Vita Chaparro, sin que ello represente un
aumento del valor por concepto de intereses e indexación, para que de esta
forma pueda cubrir el saldo insoluto de la obligación sin afectar el sustento a
su mínimo vital y el de su familia.
Por lo descrito, la Sala procederá revocar
la sentencia del día 02 de julio de 2014, pronunciada por el Juzgado Octavo
Penal Municipal de Garantías de Bucaramanga, Santander, que declaró improcedente
la acción de tutela. En su lugar, se concederá parcialmente la protección al
derecho fundamental al mínimo vital de la accionante.
3.2.8.  Expediente
T-4.781.272.
Para
este expediente la Sala presenta las siguientes observaciones:
En
primer lugar, la acción de tutela es procedente, ya que el accionante supera
los 60 años de edad y además tiene un grado de invalidez del 76,50%. Además,
las condiciones físicas del actor han cambiado considerablemente desde que se
perfeccionó el contrato, por ello no cuenta con las mismas posibilidades de
continuar con el cumplimiento oportuno del pago de la obligación, hecho que lo
ubica en estado de indefensión frente al Banco AV Villas y Seguros de Vida Alfa
S.A.
En
segundo lugar, el día 26 de diciembre de 2012, el peticionario declaró su
estado de riesgo ante la entidad demandada, donde manifestó que su estado de
salud era normal y negó haber recibido intervenciones o tratamientos por
concepto de padecimientos físicos. Sin embargo, a pesar de las difíciles
condiciones que afronta el actor, de la lectura del expediente se desprende que
con anterioridad a la adquisición de la póliza de seguros de vida, ya el
accionante tenía conocimiento de sus afecciones, particularmente sobre la Diabetes
(lo cual fue reconocido en los hechos de la tutela) y sobre la insuficiencia
renal crónica terminal, según se desprende del examen practicado el día 08 de
marzo de 2012 por el Servicio de Nefrología-Unidad Renal de Villavicencio[52].
Por lo tanto, asiste la razón a la entidad aseguradora en no poder acceder a la
ejecución de la póliza por preexistencia.
En
tercer lugar, la Sala observa que el peticionario responde por las necesidades básicas
de su hogar y actualmente asiste tres veces por semana a practicarse diálisis.
Además, su padecimiento ha generado su abandono del trabajo y en ese sentido ha
perdido oportunidades para incrementar su patrimonio. Así las cosas, en
atención al estado de indefensión en el cual se encuentra el actor, la Sala
procederá a ordenar que el Banco AV Villas y Seguros de Vida Alfa S.A.
flexibilizar y acomodar sus condiciones y términos contractuales a las
capacidades financieras que puede ofrecer en estos momentos el señor Luis
Bernardo Montenegro Sánchez, sin que ello represente un aumento del valor por
concepto de intereses e indexación, de manera que éste pueda cubrir el saldo
insoluto de la obligación sin afectar el sustento a su mínimo vital y el de su
familia.
Por lo
expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia del día 10 de julio de 2014,
emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Villavicencio, Meta, que negó
la tutela invocada en esta ocasión. En su lugar, se concederá parcialmente la
protección al derecho fundamental al mínimo vital.
3.2.9.  Expediente
T-4.744.309.
En este
proceso, la Sala encuentra que la acción de tutela es procedente y además se
configuró vulneración a los derechos fundamentales de la señora Teresita de
Jesús Vergara Acosta, en virtud de las siguientes razones:
En
primer lugar, Para esta Sala la peticionaria es un sujeto de especial
protección constitucional al ostentar 69 años de edad, condición que se ve
reforzada con el hecho que actualmente se encuentra en un tratamiento de
quimioterapia que implica grandes gastos para el paciente y frente al cual, la
acción de responsabilidad civil contractual podría ser ineficiente.
En
segundo lugar, la negativa en la ejecución de la póliza adquirida por la señora
Vergara radica en un error cometido y admitido por la misma empresa
aseguradora, quien manifestó a la accionante que por 10 personas registradas en
el sistema, a 5 de ellas no se les estaba haciendo el cargo respectivo. Para
esta Sala es inconcebible que una compañía aseguradora, como en este caso lo es
la Compañía de Seguros Bolívar, haya negado la ejecución de una póliza de
seguro de vida con un argumento que parte de un error por ella cometido, lo
cual es un hecho que permite advertir la existencia de vulneración a los
derechos fundamentales de una usuaria que venía cumpliendo puntualmente con el
pago de sus cuotas.
Por lo
descrito, esta Sala procederá a revocar la sentencia del día 23 de septiembre
de 2014, pronunciada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Cuarta – Subsección “A”, que confirmó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela. En su lugar, se concederá la protección a los derechos
fundamentales invocados por la accionante y se ordenará a la Compañía de
Seguros Bolívar S.A. para que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a hacer efectiva la
póliza adquirida por la señora Teresita de Jesús Vergara Acosta.
3.2.10.  Expediente
T-4.669.050.
Para
este proceso, la Sala presenta las siguientes observaciones:
En
primer lugar, la acción de tutela es procedente, pues el actor es padre cabeza
de familia y debe responder por las necesidades del hogar, lo cual es una
circunstancia que se ve agravada con el hecho que ostenta un 89,23% de
invalidez. Además, actualmente subsiste gracias a una pensión que le reporta un
monto moderado que no puede aumentar como consecuencia de su estado de salud,
de manera que al perder las condiciones en las cuales pactó el contrato de
seguro se encuentra en un estado de indefensión frente al Banco de Bogotá y
Seguros de Vida Alfa S.A.
En
segundo lugar, la Sala observa que el día 20 de diciembre de 2012 comenzaron a
correr los efectos del contrato de seguro de vida adquirido por el señor
Bacareo Calderón. Posteriormente, el día 16 de julio de 2014 solicitó hacer
efectiva dicha póliza, toda vez que mediante dictamen médico expedido el día 21
de agosto de 2013 por la Junta Médico Laboral Militar, se le había calificado
con incapacidad total y permanente del 89,23%[53]. Sobre el
particular, la Sala observa que a partir de la lectura del dictamen expedido
por dicha junta médica, es posible advertir que, previo a la adquisición del
seguro de vida, el señor Bacareo venía sufriendo diversas afecciones de salud que
no fueron reportadas al momento de suscribirse la póliza obtenida, como: (i)
dolor lumbar con 8 años de evolución posterior al trauma contundente; (ii)
servicio de neurocirugía por presentar caída de su propia altura hace
aproximadamente 10 años; (iii) antecedente por herida de arma de fuego
en la región inguinal izquierda desde el año 1995; y otras. Igualmente, dentro
de la misma acta de calificación de invalidez, la junta médica certifica que: “EL
PACIENTE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LOS CONCEPTOS EMITIDOS POR LOS
ESPECIALISTAS”[54]
Por esta razón, asiste la razón a la entidad aseguradora cuando presenta
objeción a la ejecución de la póliza adquirida.
En
tercer lugar, no obstante lo anterior, la Sala advierte que el señor Bacareo es
un sujeto de especial protección constitucional que afronta una difícil
condición de salud, razón por la cual, esta Corte procederá a ordenar al Banco
de Bogotá y Seguros de Vida Alfa S.A. flexibilizar y acomodar sus condiciones y
términos contractuales a las capacidades financieras que puede ofrecer en estos
momentos el señor Isnárdo Bacareo Calderón, sin que ello represente un aumento
del valor por concepto de intereses e indexación, de manera que éste pueda
cubrir el saldo insoluto de la obligación sin afectar el sustento a su mínimo
vital.
En
virtud de lo expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia del día 30 de
octubre de 2014, proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá
D.C., que confirmó en segunda instancia negar la protección de los derechos
invocados. En su lugar, se concederá parcialmente la protección al derecho
fundamental al mínimo vital y en este sentido se ordenará al Banco
de Bogotá y Seguros de Vida Alfa S.A. flexibilizar y acomodar sus condiciones y
términos contractuales a las capacidades financieras que puede ofrecer en estos
momentos el señor Isnárdo Bacareo Calderón, sin que ello represente un aumento
del valor por concepto de intereses e indexación, de manera que éste pueda
cubrir el saldo insoluto de la obligación sin afectar el sustento a su mínimo
vital.
3.2.11.  Expediente
T-4.653.540.
Para
este caso, la Sala observa que la acción de tutela es procedente y además en
ella se encuentra incorporada la vulneración a los derechos fundamentales del accionante,
toda vez que:
En
primer lugar, el señor Henry Jesús Toloza Ortega entra dentro de la categoría
de sujeto de especial protección constitucional, no sólo por sobrepasar los 60
años de edad, sino también porque se encuentra en estado de invalidez e
indefensión frente al Banco BBVA y la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia
S.A., pues si bien logró cancelar las cuotas a pesar de habérsele diagnosticado
cáncer, las mismas fueron dejadas de cancelar una vez inició el tratamiento de
quimioterapia, lo que le reportó una mora de seis meses respecto de la cual
tuvo que llegar a un acuerdo de pago con el banco.
En
segundo lugar, la Sala encuentra que del expediente se logra advertir que el
señor Toloza aún no tenía certeza sobre el padecimiento que sufría al momento
de adquirir el seguro de vida, pues si bien 6 días antes de adquirir el mismo
fue sometido a unos exámenes médicos, éstos aún no habían arrojado el resultado
de la patología. Por lo tanto, en esta ocasión no puede oponerse reticencia de
un usuario que para el momento de adquirir el seguro de vida no tenía certeza
sobre qué tipo de patología se encontraba sufriendo.
Por lo
descrito, esta Sala procederá a revocar la sentencia pronunciada por el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Cúcuta – Norte de Santander el día 31 de julio de
2014, que negó la tutela de los derechos invocados. En su lugar, se concederá
la protección al derecho fundamental del accionante al mínimo vital, y se
ordenará a la compañía Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para que,
dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, proceda a hacer efectiva la póliza de seguro de vida adquirida por
el señor Henry Jesús Toloza Ortega.
3.2.12.  Expediente
T-4.758.187.
En este
proceso, la Sala declarará procedente la acción de tutela y sentenciará la
vulneración a los derechos fundamentales del accionante, con fundamento en las
siguientes razones:
En
primer lugar, la presente solicitud es procedente, pues el señor José
Raúl Martínez Campo es un sujeto de especial protección constitucional al tener
81 años de edad y ver su situación agravada a estas alturas de la vida con un
porcentaje de 68,37% de invalidez. En este mismo sentido, la Sala observa que
el peticionario se encuentra en estado de indefensión frente a la Compañía
Aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A., Seguros de Vida Alfa S.A. y el Banco
de Bogotá S.A., toda vez que raíz de su estado de salud no pudo continuar con
su trabajo y por ello se ha visto insolvente para cumplir en los mismos
términos de antes con la obligación adquirida.
En
segundo lugar, la razón principal por la cual fue negada la ejecución de la póliza
de seguro adquirida por el señor Martínez, radica en que el mismo sobrepasó los
78 años de edad como límite amparado por este tipo de contratos. En este
sentido, como quedó expuesto en la parte considerativa de esta providencia, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que el requisito de edad para este
tipo de contratos debe estar expresamente señalado en el mismo y correctamente
notificado al usuario, en caso contrario no podrá oponerse para negarse la
ejecución de la póliza.
Sin
embargo, a pesar que en el expediente se observa copia de las condiciones
particulares de renovación del contrato, en las cuales se expresa que no aplica
para mayores de 70 años de edad, en el literal d) del mismo documento es
igualmente visible la disposición por la cual se establece la posibilidad que
tienen dichas personas para acceder a estas pólizas con la autorización de la
compañía aseguradora, previo análisis de los requisitos de asegurabilidad.
Así
las cosas, la Sala encuentra que si el señor Martínez Campo pudo acceder a la
póliza de seguro a pesar de tener más de 70 años de edad, ésta anomalía quedó
subsanada por la misma autorización que dio la entidad aseguradora al momento
en que aceptó al accionante como persona sujeta a amparo, circunstancia que además
da a entender que se realizaron estudios y análisis previos por los que se
autorizó la suscripción de la póliza. De esta manera, la razón expuesta por las
demandadas para negar la ejecución de la póliza carece de fundamento, pues
claramente en este contrato se aplicó lo dispuesto en el literal d) de las
condiciones particulares de renovación del contrato.
Por lo anterior, la Sala procederá a
revocar la sentencia del día 18 de noviembre de 2014, proferida por el Juzgado
Doce Civil del Circuito de Oralidad de Santiago de Cali, que confirmó la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, se concederá
la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor José Raúl
Martínez Campo, y en este sentido se ordenará a la compañía Allianz Seguros de
Vida S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. hacer efectiva la póliza de seguro de
vida adquirida por el accionante.
5.  DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.
Dentro
del expediente
T-
4.631.248, REVOCAR la sentencia del día 29 de
julio de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia en Oralidad
del Socorro, Santander, que negó la protección de los derechos fundamentales
invocados. En su lugar, CONFIRMAR la sentencia del día 10 de junio de
2014, pronunciada en primera instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Socorro, Santander, que en tuteló los derechos fundamentales de la
accionante y ordenó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. reconocer el 100% de
las obligaciones contenidas en los créditos adquiridos por la accionante con el
Banco BBVA, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de dicha providencia.
SEGUNDO:
Dentro
del expediente T-4.631.068, CONFIRMAR la sentencia del día 14
de junio de 2014, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, Santander.
TERCERO: Dentro
del expediente T-4.642.240, REVOCAR la sentencia del día 17 de
julio de 2014, emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales,
Caldas, que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER parcialmente
la protección al derecho fundamental al mínimo vital del señor Rubén Darío
Henao Marín, y en consecuencia ordenar a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, adelante oportunamente todos los trámites correspondientes
a la ejecución de la póliza de seguro de vida por invalidez del accionante,
teniendo en cuenta que: (i) es sujeto de especial protección
constitucional; (ii) se encuentra en estado de indefensión frente al
Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.; (iii) ha demostrado que
padece un grado de invalidez del 64,20% y un 90% de ceguera; y (iv) que
para esta Corte los certificados médicos del Instituto de Seguros Sociales y
del Instituto Oftalmológico de Caldas deberán ser aceptados por BBVA Seguros de
Vida Colombia S.A. para efectos de la valoración sobre la ejecución de dicha
póliza.
CUARTO. Dentro
del expediente T-4.631.344, REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva,
Huila, el día 16 de julio de 2014, que declaró improcedente la acción de
tutela. En su lugar, CONCEDER parcialmente la protección del derecho
fundamental al mínimo vital del señor Rodrigo de Jesús Giraldo Aristizábal, y
en consecuencia, ORDENAR a la compañía Colmena Vida y Riesgos Laborales
S.A. flexibilizar y acomodar sus condiciones y términos contractuales a las
capacidades financieras que puede ofrecer Rodrigo De Jesús Giraldo Aristizábal,
sin que ello represente un aumento del valor por concepto de intereses e
indexación, para que de esta forma pueda cubrir el saldo insoluto de la
obligación sin afectar el sustento a su mínimo vital y el de su familia..
QUINTO.
Dentro
del expediente T-4.632.824, REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva,
Huila, el día 16 de julio de 2014, que declaró improcedente la acción de
tutela. En su lugar, CONCEDER parcialmente la protección del derecho
fundamental al mínimo vital de la señora Delia Mary Díaz Torres, y en
consecuencia, ORDENAR a FAMIEMPRESA Actuar Corporación Acción por el
Tolima y Seguros de Vida Suramericana –SURA- forzar sus términos y condiciones
para que éstos se acomoden a las circunstancias que afronta la peticionaria, de
manera que pueda cumplir su obligación de conformidad con la capacidad
económica que pueda ofrecer, y sin que las cuotas que deba aportar representen
una afectación sobre el sustento que garantiza su mínimo vital.
SEXTO. Dentro
del expediente T-4.644.917. CONFIRMAR la sentencia del
06 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Oralidad de Cúcuta, Norte de Santander, que negó la protección de derechos
invocados.
SÉPTIMO.
Dentro
del expediente T-4.666.498, REVOCAR la sentencia del día 02 de
julio de 2014, pronunciada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Garantías
de Bucaramanga, Santander, que declaró improcedente la acción de tutela. En su
lugar, CONCEDER parcialmente la protección al derecho fundamental al
mínimo vital de la señora Ángela Vita Chaparro, y en consecuencia, ORDENAR
al Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia suspender cualquier tipo de cobro
o ejecución contra la accionante, hasta tanto no le sea reconocida la pensión
de invalidez que será su sustento de vida, así como flexibilizar y acomodar sus
condiciones y términos contractuales a las capacidades financieras que puede
ofrecer la señora Ángela Vita Chaparro, sin que ello represente un aumento del
valor por concepto de intereses e indexación, para que de esta forma pueda
cubrir el saldo insoluto de la obligación sin afectar el sustento a su mínimo
vital y el de su familia.
OCTAVO.
Dentro
del expediente T-4.781.272, REVOCAR la sentencia del día 10 de julio de
2014, emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Villavicencio, Meta, que
negó la tutela invocada en esta ocasión. En su lugar, CONCEDER
parcialmente la protección del derecho fundamental al mínimo vital del señor
Luis Bernardo Montenegro Sánchez, y en consecuencia, ORDENAR que el
Banco AV Villas y Seguros de Vida Alfa S.A. flexibilizar y acomodar sus
condiciones y términos contractuales a las capacidades financieras que puede
ofrecer en estos momentos el señor Luis Bernardo Montenegro Sánchez, sin que
ello represente un aumento del valor por concepto de intereses e indexación, de
manera que éste pueda cubrir el saldo insoluto de la obligación sin afectar el
sustento a su mínimo vital y el de su familia.
NOVENO. Dentro
del expediente T-4.744.309, REVOCAR la sentencia del
día 23 de septiembre de 2014, pronunciada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Cuarta – Subsección “A”, que confirmó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER la
protección a los derechos fundamentales invocados por la señora Teresita de
Jesús Vergara Acosta, y en consecuencia, ordenar a la Compañía de Seguros
Bolívar S.A. hacer efectiva la póliza de seguro de vida adquirida por la
peticionaria dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia.
DÉCIMO.
Dentro
del expediente
T-4.669.050, REVOCAR la sentencia del día 30 de octubre de 2014,
proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá D.C., que confirmó
en segunda instancia negar la protección de los derechos invocados. En su
lugar, CONCEDER parcialmente la protección al derecho fundamental al
mínimo vital del señor Isnárdo Bacareo Calderón, y en consecuencia, ORDENAR
al Banco de Bogotá y Seguros de Vida Alfa S.A. flexibilizar y acomodar sus condiciones
y términos contractuales a las capacidades financieras que puede ofrecer en
estos momentos el accionante, sin que ello represente un aumento del valor por
concepto de intereses e indexación, de manera que éste pueda cubrir el saldo
insoluto de la obligación sin afectar el sustento a su mínimo vital.
UNDÉCIMO.
Dentro
del expediente T-4.653.540, REVOCAR la sentencia pronunciada
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta – Norte de Santander- el día
31 de julio de 2014, que negó la tutela de los derechos invocados. En su lugar,
CONCEDER la protección al derecho fundamental al mínimo vital del señor Henry
Jesús Toloza Ortega, y en consecuencia, ORDENAR a la compañía
Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. hacer efectiva la póliza de
seguro de vida adquirida por el actor, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia.
DUODÉCIMO. Dentro
del expediente T-4.758.187, REVOCAR la sentencia del
día 18 de noviembre de 2014, proferida por el Juzgado Doce Civil
del Circuito de Oralidad de Santiago de Cali, que confirmó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, debido
proceso y dignidad humana del señor José Raúl Martínez Campo, y en
consecuencia, ORDENAR a la compañía Allianz Seguros de Vida S.A. y
Seguros de Vida Alfa S.A. hacer efectiva la póliza de seguro de vida adquirida
por el accionante.
DECIMOTERCERO. Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrese la comunicación de que
trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHLAJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MYRIAM
ÁVILA ROLDÁN
Magistrada
(E)
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Ver, entre otras sentencias: T-290 de
1993 y T-482 de
1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-513 de
1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-083 de
1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-139 de
1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-232 de
1994, M.P. Fabio Morón Díaz; T-340 de
1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-077 de
1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-164 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-100 de
1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; SU-111 y T-119 de 1997, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-331 de
1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-618 y
T-619 de
1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-627 y T-628 de 1999, M.P. Carlos Gaviria
Díaz;  SU-646 de
1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-649 de
1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-716 de
1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-728 de
1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-731 de
1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-736 de
1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-788 de
1999, M.P. Fabio Morón Díaz; T-871 y
T-981 de
1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-976 de
1999, M.P. Fabio Morón Díaz; SU-913 de 2001, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; SU-713 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[3] “Ha recalcado en su jurisprudencia esta Corporación que la
acción de tutela no puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio
al cual se pueda acudir cuando se dejaron de ejercer los medios ordinarios de
defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma
extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el
agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción. Su
naturaleza es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que
sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a
pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
[4] M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[5] “El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección
de los derechos fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en
el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de
tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de
las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.
[6] La sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
estableció ciertos elementos que deben configurarse para estimar la existencia
de un perjuicio irremediable, a saber: (i) un perjuicio inminente, (ii)
medidas que deben adoptarse de manera urgente frente al mismo; y (iii)
que el peligro emergente sea grave; de ese modo la protección de los derechos
fundamentales se tornaría impostergable.
[7] Ver sentencia T-003 de 1992, M.P.
Alejandro Martínez Caballero: “(…) tiene que ser suficiente para que a
través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su
amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de
defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio
debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la
Constitución cuando consagra ese derecho”.
[8] Ver entre otras sentencias: T-086, T-743
y T-825 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-808 de
2007, M.P. Catalina Botero Marino;  T-055
de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-766 y
T-095 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-189 de
2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-265 de
2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-301 de
2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T-965 de
2009, M.P. María Victoria Calle Correa; T-883 de
2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-1003 de
2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[9] Existen variables metodológicas acerca de los
términos de inmediatez, como en acciones de tutela que se presentan por
presuntos errores judiciales en procesos ejecutivos hipotecarios, en los cuales
se entiende que el peticionario cuenta con la posibilidad de ejercer la acción
de tutela hasta tanto el proceso ejecutivo no haya culminado mediante
sentencia. Ver entre otras sentencias: T-282 y
T-495 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-294, T-444, T-918, T-909 y T-700A de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1009 de
2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-178 de
2012, M.P. María VictoriaCalle Correa; T-357 de
2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[10] M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad
entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede
significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad
misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo
con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de
tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice
la acción”.
[12] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[13] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[14] En los términos del Magistrado sustanciador: “Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración.  De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos”.
[15] Con excepción de aquellos eventos en que la jurisprudencia
constitucional ha determinado concretamente hasta cuándo caduca el plazo de
inmediatez, como el descrito anteriormente en relación con procesos ejecutivos
hipotecarios.
[16] En relación con el perjuicio
irremediable, la sentencia T-225 de 1993 estableció ciertos elementos que deben
configurarse para estimar la consolidación de esta afectación, a saber: i) un
perjuicio inminente, ii) medidas que deben adoptarse de manera urgente frente
al mismo; y iii) que el peligro emergente sea grave; de ese modo la protección
de los derechos fundamentales se tornaría impostergable.
[17] Ver sentencia T-738 de 2011, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[18] Ver sentencia T-222 de 2004, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[19] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[20] Ver sentencias T-642 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
T-086 de 2012, Humberto Antonio Sierra Porto; T-751 de 2012, M.P. María
Victoria Calle Correa; y otras.
[21] Sentencia T-608 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: “(i)
la acción directa por parte del afectado, (ii) el ejercicio de la acción a
través de representantes legales (para menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), (iii) el ejercicio de
este mecanismo de protección por medio de apoderado judicial, y (iv) la
interposición de la acción de tutela por parte de un agente oficioso. // Ahora
bien, la configuración de la agencia oficiosa se halla en principios
constitucionales, entre los que se encuentran, i) la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.), cuyo objetivo principal es
hacer efectiva la protección de los derechos de las personas e impedir se
presenten circunstancias y requisitos superfluos; ii) el principio de eficacia
de los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), el cual vincula tanto a las
autoridades públicas como a los particulares; iii) el principio de solidaridad
(artículo 95 C.P.), que exige velar por la defensa no sólo de los propios
derechos, sino también de los ajenos cuando los titulares se encuentren en
imposibilidad de hacerlo por sí mismos”.
[22]
Constitución Política de 1991, Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.”
Decreto
2591 de 1991, Artículo
10: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales”.
[23] Ver sentencia T-493 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. “4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la
presentación de la solicitud de amparo a través de agente oficioso, tiene lugar
cuando: (i) el agente oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii)
de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el
titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en
circunstancias físicas o mentales que le impiden su interposición directa (…) 4.8
Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo caso, el cumplimiento de las
condiciones normativas y jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la
agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser valoradas por el juez
constitucional a la luz de las circunstancias particulares del caso puesto a su
consideración”. En este mismo sentido, ver
entre otras sentencias: Sentencias T-573 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra; T-452 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda; T-623 de 2005 M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T-693 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-659 de 2004, M.P. Dr.
Rodrigo Escobar Gil; T-294 de 2004, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa; T-452
de 2001, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Sentencia T-1012 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En esta
sentencia la Corte manifestó: “(…) son dos los requisitos exigidos para la
prosperidad de la agencia oficiosa: la manifestación de que se actúa como
agente oficioso de otra persona y, la imposibilidad de ésta de promover
directamente la acción constitucional. ¿Pero qué sucede si en el escrito de
tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de
personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a un proceso que afecta
sus derechos, circunstancia ésta que se encuentra debidamente acreditada en el
caso sub examine, pero, del contenido mismo de la demanda de tutela, se
concluye que se actúa en nombre de otro? Considera la Corte que al juez
constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una
interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección
efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Precisamente,
uno de los avances más relevantes de la Constitución Política, consiste en
hacer prevalecer la realidad sobre las formas, con el fin  de evitar que los
derechos fundamentales y las garantías sociales, se conviertan en enunciados
abstractos, como expresamente lo ordena la Carta Política en su artículo 228”.
[25] Comparar: CUERVO M., Alfonso, El
Contrato de Seguros en Colombia, Universidad Javeriana, Bogotá 1980, p. 17.
[26] Ibíd.
[27] Comparar: http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/viewFile/277/211
[28] Ibíd. CUERVO M. Alfonso.
[29] El seguro de daño busca indemnizar el
perjuicio causado por el acaecimiento de un siniestro sobre los bienes o el
patrimonio del beneficiario, y se encuentra integrado por los seguros: (i)
de incendio (art. 1113); (ii) de transporte (art. 1117); (iii) de
responsabilidad (art. 1127); y (iv) de reaseguro (art. 1134).
[30] El
tratadista J. Efrén OSSA, en su libro Teoría General del Seguro: El Contrato,
expone que: “La inexactitud o la reticencia en la medida en que, conforme a
los criterios expuestos, sean relevantes ‘producen la nulidad relativa del seguro’.
Generan vicio en el consentimiento del asegurador, a quien inducen en error en
su declaración de voluntad frente al tomador. No importa que aquél no reúna las
características que lo tipifican a la luz de los arts. 1510, 1511 y 1512 del
Código Civil. Se trata, como hemos visto, de un régimen especial, más exigente
que el del derecho común, concebido para proteger los intereses de la entidad
aseguradora y, con ellos los de la misma comunidad asegurada, en un contrato
que tiene como soporte la buena fe en su más depurada expresión y que, por lo
mismo, se define unánimemente como contrato de uberrimae fidei”. (Teoría
General del Seguro: El Contrato, Ensayo
de Interpretación Del Título V, Libro Cuarto, Del Código de Comercio de la
República de Colombia,
Volumen 2, Ed. Temis, 1984. Pg. 296).
[31] Código
de Comercio, artículo 1058: “El
tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro.
Si
la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la
reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado
del riesgo.
Si
la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el
contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de
siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que
la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa
o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el
artículo 1160.
Las
sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de
celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o
circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya
celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente”.
[32] Código de Comercio,
artículo 1162: “Si respecto a la edad del
asegurado se comprobare inexactitud en la declaración de asegurabilidad, se
aplicarán las siguientes normas:
1)
Si la edad verdadera está fuera de los límites autorizados por la tarifa del
asegurador, el contrato quedará sujeto a la sanción prevista en el Artículo 1058;
2)
Si es mayor que la declarada, el seguro se reducirá en la proporción necesaria
para que su valor guarde relación matemática con la prima anual percibida por
el asegurador, y
3)
Si es menor, el valor del seguro se aumentará en la misma proporción
establecida en el ordinal segundo”.
[33] M.P. Jorge Arango Mejía.
[34] Sentencia
C-232 de 1997: “Con base en
la redacción de la norma y en las actas números 12, 13, 14, 17, 18, 52, 73, 74,
90 y 91 del Subcomité de Seguros del Comité Asesor para la Revisión del Código
de Comercio (publicadas en 1983 por la Asociación Colombiana de Derecho de
Seguros “Acoldese”, Bogotá, Unión Gráfica Ltda., páginas 91 a 99), que al decir
del profesor J. Efrén Ossa G. (q.e.p.d.), “constituyen útil material
informativo para el exégeta que desee aproximarse a la raíz de las normas
legales que, conforme al Título V del Libro Cuarto del Código de Comercio,
gobiernan el Contrato de Seguro”, es posible afirmar que del artículo 1058 del
Código de Comercio, surge un régimen estructurado sobre las siguientes
bases:
a) El tomador del seguro tiene la carga precontractual de declarar
sinceramente los hechos o circunstancias significativos que determinan el
estado del riesgo;
b) La declaración puede hacerse con o sin cuestionario preparado
por el asegurador;
c) La carga de declarar correctamente el estado del riesgo se
incumple por inexactitud o reticencia, es decir, por incurrir en falta de la
debida puntualidad o fidelidad en las respuestas o el relato, o por callar,
total o parcialmente, lo que debiera decirse;
d) Como protección del asegurador contra el error y el dolo y, por
ende, en defensa de la mutualidad de los asegurados, las inexactitudes o
reticencias frente al cuestionario, están sancionadas con la nulidad relativa
del contrato, siempre y cuando recaigan sobre hechos o circunstancias
relevantes o influyentes respecto del riesgo, o sea, de aquéllos que, de haber
sido conocidos por el asegurador, lo habrían retraído de contratar u obligado a
exigir condiciones más onerosas;
e) Como la norma, en tratándose de la absolución del cuestionario,
no contempla distinciones sobre el particular, la nulidad relativa se origina
en las inexactitudes o reticencias que graviten tanto sobre el riesgo moral o
subjetivo (referente a cualidades personales del tomador o asegurado), como
sobre el riesgo físico u objetivo del bien asegurado ( relativo a las
particularidades físicas o materiales del objeto del seguro);
f) Cuando media un cuestionario, la nulidad tiene lugar por el
solo acaecimiento de la inexactitud o reticencia, ya sea fruto de dolo o culpa
del tomador;
g) Si la declaración es libre o espontánea, esto es, no sujeta a
cuestionario alguno, las reticencias o inexactitudes dolosas o culposas
conducen también a la nulidad relativa, pero, por manifestación expresa de la ley,
sólo en lo que atañe al riesgo objetivo o físico del bien asegurado;
h) No habrá nulidad si las inexactitudes o reticencias relevantes
provienen de error inculpable del tomador. Pero el siniestro que en tales casos
se produzca, sólo obliga al asegurador a pagar una parte de la prestación
asegurada, directamente proporcional a lo que la tarifa o prima pactada
represente en relación con la tarifa o prima correspondiente al verdadero
estado del riesgo, con la excepción, claro está, del principio de incontestabilidad
que, en materia de seguros de vida, consagra el artículo 1160 del Código de
Comercio;
i) La nulidad relativa y la disminución de la prestación asegurada
no tienen aplicación si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha
conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración, o si, celebrado el contrato de seguro, los subsana o
acepta expresa o tácitamente;
j) Como se deduce del acta número 73, para que la nulidad relativa
pueda declararse “(...) no
hay necesidad de establecer relación ninguna de causalidad entre el error o la
reticencia y el siniestro”.
[35] Ibíd. C-232/97: “En el contrato de seguro, salvo lo dispuesto para los errores
inculpables, el legislador, en lo que se refiere a la anulabilidad del negocio,
consagró un tratamiento especial, más severo, de los vicios del consentimiento
del asegurador, causados por las reticencias o inexactitudes culposas o dolosas
del tomador en la declaración del estado del riesgo. En materia de seguros, la
ley comercial se separó de la reglamentación común sobre nulidad relativa por
error accidental en la calidad del objeto, contemplada en el Código Civil. La
posibilidad de rescindir el contrato según el Código Civil, se amplió para los
aseguradores, según las voces del Código de Comercio, pues esta norma, a
diferencia del derecho civil, incluyó también, como causal de nulidad relativa,
el error derivado de las reticencias o inexactitudes que impidieron que el
aseguramiento se estipulara en condiciones más onerosas para el tomador. En lo
tocante al derecho del asegurador de lograr la rescisión del seguro por dolo
del tomador en la declaración del estado del riesgo, el Código de Comercio
también ensanchó los límites previstos por el Código Civil. Como la norma
comercial permite la declaración de nulidad relativa, aun en el evento en que
las reticencias o inexactitudes habrían inducido a la compañía aseguradora a
estipular condiciones más onerosas, pero no a abstenerse de celebrar el
contrato, por fuerza hay que aceptar que la regulación civil tiene un campo de
acción más restringido”.
[36] Ibíd. C-232/97: “Cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de
declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el
estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la
obligación asegurativa está fundada en el error y, por tanto, es justo que, tarde
o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa,
salga del ámbito jurídico. Esto, con prescindencia de extemporáneas
consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga
relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente
porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual
roto ab initio, en el momento de celebrar el
contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relación causal que
importa y que, para estos efectos, debe existir, no es la que enlaza la
circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la
que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador”.
[37] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[38] Sentencia T-086 de 2012: “En aplicación
del principio de la buena fe, se puede concluir que este es un postulado de
doble vía, que obliga a las partes a comportarse con probidad en el desarrollo
de la relación contractual siendo esta una particularidad  fundamental
para efectos de interpretación de las cláusulas que lo rigen. Esta buena fe en
el contrato de seguro, no sólo indica la manera como debe analizarse la
conducta de las partes frente al cumplimiento de los deberes contractuales,
sino también de algún modo la eficacia del mismo contrato”.
[39] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[40] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[41] M.P. María Victoria Calle Correa.
[42] Ibíd. “La relación de aseguramiento, se caracteriza principalmente por
imponer límites al poder de la parte dominante. En este sentido, la parte que
redacta e impone las condiciones del contrato debe cumplir, al menos, los
siguientes parámetros: (i) no estipular condiciones indeterminadas, ambiguas o vagas que
actúen en contra de los intereses del asegurado; y si las integran al contrato,
(ii) deben interpretarlas a favor delusuario, en virtud del principio pro costumatore o pro homine. La Constitución protege de
esta forma la posición de losusuarios de los contratos de seguros
como manifestación del principio de la buena fe (art. 83, CP), el cual propende
por el equilibrio de la relación de aseguramiento y la eliminación de todas aquellas condiciones
que generan inseguridad jurídica en la ejecución del contrato”.
[43] M.P. María Victoria Calle Correa.
[44] Sentencia T-015 de 2012: “las preexistencias hacen alusión a las
exclusiones al amparo de un seguro de vida que las aseguradoras pueden
establecer cuando el asegurado padezca una enfermedad con anterioridad a la
fecha de iniciación de la cobertura y la muerte de éste se produzca como
consecuencia de dicha enfermedad”.
[45] M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez, Rad. 11001-31-03-023-2007-00600-02.
[46] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[47] Sentencia
T-222 de 2014: “En criterio de esta Sala, la preexistencia puede ser
eventualmente una manera de reticencia. Por ejemplo, si una persona conoce un
hecho anterior a la celebración del contrato y sabiendo ésto no informa al
asegurador dicha condición por evitar que su contrato se haga más oneroso o
sencillamente la otra parte decida no celebrar el contrato, en este preciso
evento la preexistencia sí será un caso de reticencia. Lo mismo no sucede
cuando una persona no conozca completamente la información que abstendría a la aseguradora
a celebrar el contrato, o hacerlo más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente,
casos en los que existan enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos
eventos, el actuar del asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía
posibilidad de conocer completamente la información y con ello, no es posible
que se deje sin la posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación
sería imponerle una carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es
desproporcionado exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene la posibilidad de conocerlo. Mucho menos, para
el caso del seguro de vida grupo de deudores, suministrar con preciso detalle
su grado de discapacidad.
Ahora bien,
¿quién debe probar la mala fe? En concepto de esta Corte, deberá ser la
aseguradora. Y es que no puede ser de otra manera, pues solo ella es la única
que puede decir con toda certeza (i) que por esos hechos el contrato se haría
más oneroso y (ii), que se abstendrá de celebrar el contrato. Precisamente, la
Corte Suprema también ha entendido que esta carga le corresponde a la
aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del once (11) de abril del 2002, sostuvo
que “las inexactitudes u omisiones del asegurado en la declaración del
estado de riesgo, se deben sancionar con la nulidad relativa del contrato de
seguro, salvo que, como ha
dicho la jurisprudencia, dichas circunstancias hubiesen sido conocidas del
asegurador o pudiesen haber sido conocidas por él de haber desplegado ese deber
de diligencia profesional inherente a su actividad” (subraya por fuera del texto)[42]. Lo anterior
significa que la reticencia solo existirá siempre que la aseguradora en su
deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos. Si fuera de otra manera podría, en la
práctica, firmar el contrato de seguro y solo cuando el tomador o beneficiario
presenten la reclamación, alegar la reticencia. En criterio de esta Sala, no es
posible permitir esta interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de
mala fe.
En síntesis, la
reticencia significa la inexactitud en la información entregada por el tomador
del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la
nulidad relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el comportamiento
del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los casos de
preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es objetivo
mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la
aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella es
la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del contrato
o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el asegurador
conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia”.
[48] Fl. 14.
[49] Fl. 12.
[50] Fl. 55-57.
[51] Fl. 15.
[52] Fl. 84.
[53] Cd. 1, Fls. 2-4.
[54] Cd. 1, Fl. 56.