T-231-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-231/02
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por práctica de prueba de
ADN
Reiteración de jurisprudencia
Referencia:
expediente T-529372
Acción de tutela incoada por Olga
Mariela Castillo Corredor Gil contra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., cuatro
(4) de abril de dos mil dos (2002).
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de
la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal
Municipal y por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito ambos de Bogotá,
al resolver sobre la acción de tutela, interpuesta por Olga Mariela Castillo
Corredor contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
I.       ANTECEDENTES
Olga Mariela
Castillo Corredor actuando en representación de su menor hija Diana Camila
Castillo Corredor interpuso acción de tutela contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al reconocimiento de la personería jurídica, de petición y a la igualdad, en
razón a que la demandada no ha  practicado una prueba de A.D.N a la demandante,
a su hija y al señor Javier Jiménez Campos ordenada por el Juzgado Sexto de
Familia de Bogotá, dentro de un proceso de reconocimiento de paternidad.
La solicitud de
amparo se sustenta en los siguientes hechos:
El 31 de octubre de
2000, fue radicado en la entidad demandada el oficio 2542 suscrito por el
Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, en donde se ordenó al ICBF la práctica de
la prueba de ADN a las personas antes mencionadas dentro del proceso de
reconocimiento de paternidad iniciado por la señora Castillo Corredor. Pasados
ocho meses, el demandado no dio respuesta alguna al requerimiento de juzgado,
por lo  que la accionante se dirigió por escrito a esa entidad el 4 de julio de
2001 solicitando le fuera practicada la prueba de ADN que había sido ordenada.
Hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela (agosto 17 de 2001) no
había recibido respuesta alguna de la entidad demandada.
Solicita en
consecuencia se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo determine una fecha para
acudir a esa entidad para la práctica de la prueba ordenada por el Juzgado
Sexto de Familia de Bogotá.
Intervención del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
El representante legal
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en oficio de fecha agosto 24 de
2001 dirigido al juez de primera instancia, informó que la asignación de los
turnos para la práctica de pruebas genéticas para la investigación biológica de
paternidad se rige por el debido respeto al derecho a la igualdad e indicó que
el turno asignado corresponde a la fecha de solicitud de la autoridad
competente y va en estricto orden cronológico, agregó que cualquier excepción a
la regla anterior debe contar con la autorización de la autoridad solicitante.
Informó además que: “…el
día 30 de diciembre de 1999, se suscribió el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No.
389 DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA, entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR, el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
y, la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
LA CULTURA – O.E.I., teniendo como objeto, aunar esfuerzos de orden
presupuestal, administrativo y técnico para la investigación biológica de la
paternidad, cuyo objeto se dirige al análisis de 13890 muestras y la
realización del muestreo poblacional de 10 marcadores de ADN, tipo STR, en 2300
individuos provenientes de 7 macroregiones del país (25 ciudades).
A través de la
ejecución de este Convenio, el ICBF se busca atender a nivel nacional, la
demanda de exámenes de paternidad que se encuentran represadas desde el año
1998, de acuerdo con el turno asignado a las solicitudes provenientes de
Despachos Judiciales y Defensorías de Familia, que observan como criterio
general, el estricto orden consecutivo de la fecha de expedición de las
solicitudes, con fundamento en la prevalencia del Derecho a la Igualdad como
garantía Constitucional consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política”.
Indicó que por lo
anterior y en razón a que la solicitud hecha por el Juez Sexto de Familia de
Bogotá fue presentada el 19 de octubre de 2000, esta no se encuentra registrada
en el sistema de datos del ICBF, y no fue remitida en el primer listado al
Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses  el 26 de julio de
2000. Concluyó afirmando que la comunicación suscrita por la demandante y
dirigida a esa entidad fue recibida el 4 de julio de 2001 y contestada por la
Subdirectora de Intervenciones Especializadas del ICBF el 31 de julio de 2000.
II.      DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
El Juzgado Cincuenta
y Ocho Penal Municipal de Bogotá, mediante providencia de 28 de agosto de 2001,
negó el amparo solicitado, consideró que en el presente caso la demandante
cuenta con otros medios de defensa judicial, pues si bien es cierto que de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional la infancia goza de una especial
protección esto no significa que las personas puedan obviar los mecanismos judiciales
regulares.
Impugnada la
anterior decisión, el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito confirmó la
decisión del a quo por las mismas consideraciones. Al respecto indicó
que: “En consecuencia está en curso un proceso dentro de la vía ordinaria
reclamando el derecho que se pretende y n o es competencia del juez de tutela
la definición del derecho reclamado RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD ni la
evacuación preferencial de una prueba sometida al rigor de un turno, caso
contrario el desorden imperaría. Así mismo tampoco se configura por no hallarse
probado la hipótesis prevista en el artículo 86 de la Carta Política relativa a
la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.”.
III.    PRUEBAS RELEVANTES
ALLEGADAS AL EXPEDIENTE
-
A folio 8, copia de la
carta suscrita por la demandante dirigida al ICBF con fecha de recibo julio 4
de 2000.
-
A folio 9, copia del
oficio del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá en el que ordena la práctica del
examen de ADN al ICBF.
-
A folios 7,
certificación de la Dirección Municipal del SISBEN que indica el puntaje y el
nivel al que pertenece el demandante.
-
A folio 16, copia del
oficio de respuesta al derecho de petición presentado por la demandante el 4 de
julio de 2001 ante el ICBF de fecha julio 31 de 2001.
IV.    PRUEBA
SOLICITADA POR LA CORTE
Mediante oficio
OPT-021/2002 del 28 de enero de 2002, el Magistrado Sustanciador solicitó al
ICBF informara a esta Corporación, si ya le había sido asignado turno a la señora
OLGA MARIELA CASTILLO, para la práctica de la prueba de ADN.
La respuesta
recibida en esta corporación el día 7 de febrero, suscrita por el Doctor Juan
Manuel Urritia, Director General del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, dice así:
“En atención al
oficio de la referencia y dentro del término otorgado por esa Honorable
Corporación , me permito señalar que el día 30 de julio de 2002, a las 11 A. M.
deberá concurrir cada uno de los integrantes del grupo familiar de la
accionante, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el
objeto de practicar el examen de genética ordenado por el Juzgado Sexto de
Familia de Bogotá”.
V.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y por la escogencia del caso por la
Sala de Selección.
2. Sobre la
naturaleza del derecho que se discute y la incidencia de la prueba en los
derechos fundamentales. Hecho superado
Esta Corporación tuvo oportunidad de
resolver un caso similar a través de la sentencia T–183 de 2001, en donde se
definió si el derecho que se discute en estos casos es de carácter legal o
involucra derechos fundamentales. En lo pertinente, y que interesa también a
las consideraciones de este fallo, se dijo en aquella ocasión lo siguiente:
“La Corte Suprema
de Justicia, en la sentencia que se revisa, correspondiente a la segunda
instancia en el expediente T-399.636, consideró que el estado civil de las
personas es un atributo de la personalidad “reconocido como tal en el artículo
primero del Decreto 1260 de 19970, que reviste una naturaleza meramente legal,
en virtud de la cual se regula la situación jurídica de la persona en la
familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y
contraer ciertas obligaciones, y su asignación corresponde a la ley. Por otra
parte, el derecho a conocer la paternidad del hijo goza de igual categoría, en la medida en que se
encuentra contemplado en la ley 75 de 1968, derecho que posee una garantía
procesal como es la correspondiente acción de investigación de la paternidad,
que justamente fue ejercitada por las accionantes, tal y como ellas mismas lo
reconocieron”
De la misma
manera en la sentencia que en esta ocasión se reitera, T-183 de 2001,M. P. Dr.
Alfredo Beltrán Sierra, se determinó la naturaleza de la prueba solicitada y
sus efectos frente a la posible violación de derechos fundamentales, para ello,
se transcribieron  los conceptos del genetista Emilio Yunis que se traen  por
igual a este expediente:
“Las pruebas
científicas disponibles en el mundo, y en aplicación en Colombia, permiten
descartar en un 100% a los falsos acusados de paternidad y establecerla,
cualquiera sean los fundamentos que rodean a la pareja, con una probabilidad de
99.999999…
“La inclusión o
afirmación de la paternidad se expresa en términos probabilísticos porque se
fundamenta en la frecuencia de cada uno de los marcadores genéticos que se
analizan, en la población específica del país, región, departamento o
municipio, de acuerdo con la heterogeneidad de la misma. La aplicación de la
fórmula matemática al número de marcadores que se requieren para llegar a la
probabilidad señalada, que es la única que se acepta a nivel internacional,
aumenta la cola de nueves. Sólo en el caso –si llega a ocurrir, ya que hasta
ahora se considera innecesario- de estudiar la totalidad de la mitad genética
proveniente del padre, en el hijo –se considera que en el genoma humano hay entre 50.000 y 100.000
genes activos-, se podría hablar del 100%.
“Existe otra forma de plantear la inclusión
o afirmación de la paternidad como es la de hacerlo con cifras poblacionales,
es decir, señalar la probabilidad de encontrar una persona idéntica para los
marcadores genéticos estudiados siempre con relación al contenido étnico de la
población. Se puede hablar entonces, por ejemplo, de la probabilidad de
encontrar alguien idéntico entre 180 millones de individuos de raza negra, o
entre 200 millones de caucasoides, o entre 190 millones de mestizos.
“En documento
adicional le incluyo información sobre el poder de exclusión de los marcadores
genéticos. El documento no muestra tablas de inclusión porque dada la
heterogeneidad genética de nuestra población cada caso se analiza de acuerdo
con el origen regional y las características étnicas.
“En síntesis,
para la Ciencia, y en particular para la Genética Molecular, tanto la negación como la afirmación de la
paternidad son inobjetables en el momento actual, lo que hace innecesario
apelar a las nociones de tiempo en que pudo ocurrir la concepción, con las
imprecisiones que le son propias, aumentadas cuando los ciudadanos disponen de
opciones de embarazos diferidos en el tiempo, congelación de gametos y de
embriones, entre otras posibilidades tecnológicas, que le adicionan otros
embelecos al tema.”
En aquella ocasión, la Corte concedió la tutela
interpuesta igualmente contra el ICBF por considerar que al dilatar la práctica
de una prueba que define el estado civil de las personas, se viola el derecho
al debido proceso y los derechos de filiación de los menores que resulten
involucrados. Por ello  ordenó al ICBF que  informara sobre la fecha en que se
realizaría la prueba, anotando que no debían alterarse los turnos establecidos
para las demás solicitudes represadas, pero sí que la época en que se ordenara
hacerla correspondiera a un término razonable y oportuno.
En el presente caso, se observa que de
conformidad con la prueba transcrita, enviada por el Director General del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya se programó formalmente la cita
para la práctica de la solicitada prueba  y de esa manera la pretensión de la
demandante ya fue satisfecha. Por existir un hecho superado, esta Sala
confirmará la decisión de segunda instancia, en tanto que tal como lo ha
mencionado la jurisprudencia, cuando el hecho puesto en consideración de los
jueces de tutela, se encuentra superado, se hace improcedente la orden que el
juez constitucional pueda proferir en el asunto.
VI.    DECISIÓN
Con base en las consideraciones expuestas,
la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucional,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR por carencia actual de objeto, la
sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de
Bogotá.
Segundo. Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INEZ VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General