T-802-04
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Sentencia T-802/04
ACCION DE TUTELA-Inmediatez/ACCION DE
TUTELA-Término de presentación
ACCION DE TUTELA-No se cumple la
inmediatez pues se interpuso la acción nueve años después de acaecido el hecho
JUEZ CONSTITUCIONAL-Análisis de los
motivos por los que la acción de tutela no se ejerció oportunamente
A pesar
de que, en principio, la tutela no procede en los eventos en los que no se
configura el presupuesto de la inmediatez, el juez constitucional al efectuar
el análisis de procedencia de la tutela, debe constatar “...si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes...”, es decir, si es predicable
la existencia de una justa causa por la cual la acción no se ejercitó de manera
oportuna. La Sala encuentra que en el expediente no se evidencia una justa
causa que explique los motivos por los cuales los actores no acudieron a la
acción de tutela de manera oportuna, dentro de un término razonable, prudencial
y adecuado, ni se infiere la ocurrencia de hechos nuevos que impusieran la
eventual protección del derecho fundamental invocado.
Referencia: expediente T-885053
Peticionario: Clodomiro Pulido Cifuentes y otros
Accionado: Caja de Vivienda Popular
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004)
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Rodrigo Uprimny Yepes, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy
Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias proferidas por el
Juzgado 20 Penal Municipal de Bogotá el doce (12) de diciembre de dos mil tres
(2003), y por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá el trece (13) de
febrero de dos mil cuatro (2004), que decidieron sobre la acción de tutela
instaurada por los ciudadanos Clodomiro Pulido Cifuentes, Orlando Rivera
Perdomo, Gloria Rojas Fajardo, José Nery Mosquera, Manuel Eduardo Obando
García, Antonio López Sánchez, Jesús Naranjo Antolinez, José del Carmen Bernal
Soriano, Gustavo Ríos Muñoz, Martha Lucía Bernal Aristizábal, Carlos Fernando Vélez
Morales, Luis Enrique Cobos Fonseca, Rosa Bernarda Hernández Gutiérrez, Arcelia
Vela de Ballesteros, María Graciliana Barreto de Prieto, Luis Guillermo López
Cadena, Buenaventura Castillo Millán y Víctor Julio Rodríguez, contra la Caja
de Vivienda Popular.
I. ANTECEDENTES
Fundamentos fácticos de la demanda
1.Manifiestan los peticionarios que para los años de 1996 y 1997, la
Caja de Vivienda Popular efectuó despido masivo de sus trabajadores sin
adelantar, previamente a la reestructuración, ningún procedimiento de
negociación voluntaria en torno a las condiciones del empleo con la
organización sindical, en contravía de lo establecido por el artículo 4 del
Convenio 98 de la OIT, para los trabajadores oficiales, y los artículos 7 y 8
del Convenio 151 de la OIT, para empleados públicos.
2. Relatan los actores, que el Presidente de la Unión de Servidores
Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia, UNES, presentó la
respectiva querella ante la Oficina Internacional del Trabajo donde se tramitó
bajo la designación de caso 2151 de marzo de 2003, el cual finalizó con un
pronunciamiento del 8 de abril de 2003 mediante el cual la entidad se lamentaba
de que no hubiera existido una concertación voluntaria con las organizaciones
sindicales antes de la reestructuración en diferentes entidades públicas. Al
respecto, estiman que tal omisión desconoce los convenios internacionales 98 y
97 suscritos por Colombia ante la OIT, ratificados mediante las Leyes 26 y 27
de 1976, a pesar de que son de obligatorio cumplimiento, según lo preceptuado
por los estatutos de dicha entidad, por el artículo 93 de la Constitución
Política -que consagra la prelación de los tratados internacionales sobre el
régimen interno tratándose de libertad sindical y de negociación colectiva-, y
por el artículo 53 superior -el cual establece que dichos convenios ratificados
hacen parte de la legislación interna-. Así mismo, indican que la omisión
aludida desconoce lo preceptuado por los artículos 7 y 8 del Convenio 151 de la
OIT, en la medida en que éste establece el deber de fomentar los procedimientos
de negociaciones entre las entidades y las organizaciones sindicales en lo
concerniente a las condiciones del empleo.
3.Consideran que la omisión de realizar una negociación con la
organización sindical, de manera previa a su desvinculación, constituye una
violación a su derecho fundamental del debido proceso, al derecho al trabajo en
condiciones justas y a la libertad sindical. En consecuencia, solicitan se
ordene su reintegro o, en su defecto, la cancelación de las correspondientes
indemnizaciones desde la fecha en que fueron despedidos.
Pruebas relevantes dentro del proceso
1.Copia de
la comunicación del 8 de abril de 2003 en la que la Oficina Internacional del
Trabajo informa al Vicepresidente de la Unión de Servidores Públicos de los
Distritos y Municipios de Colombia –UNES- que el Comité de Libertad Sindical,
en su reunión de marzo de 2003, examinó la queja presentada por esa
organización acerca de violaciones de los derechos sindicales en Colombia.
Adjunta un ejemplar del 330° Informe del Comité en el que éste examina el caso.
2. Oficio
de fecha 3 de junio de 2003, dirigido al Vicepresidente de UNES Colombia, José
Cipriano León, suscrito por la Gerente General de la Caja de Vivienda Popular.
El oficio informa que, después de revisar los archivos de la entidad, se
encontró que durante los años 1997 y 1998 no hubo desvinculación de empleados
sindicalizados en la Caja de Vivienda Popular y que, en noviembre de 2000,
fueron desvinculados 13 funcionarios, habiendo quedado 32 sindicalizados y 21
no sindicalizados, como consecuencia de la reestructuración administrativa
efectuada por la Junta Directiva de la entidad durante aquel año.
La Gerente
de la entidad demandada agrega que, actualmente, en la planta de personal
figuran 50 personas vinculadas a la entidad pertenecientes al sindicato y 20 no
sindicalizadas, y precisa que la Caja de Vivienda Popular es un establecimiento
público por lo que la calidad que sus funcionarios ostentan es la de empleados
públicos.
Narra que,
como consecuencia de la vigencia de los Acuerdos del Concejo de Bogotá No. 7 de
1977 y No. 6 y 21 de 1987, las entidades del orden distrital, entre ellas la
Caja de Vivienda popular, suscribieron convenciones colectivas con sus
funcionarios, pero a partir de la declaratoria de nulidad de tales
disposiciones, la Caja retomó su naturaleza jurídica de establecimiento público
y, por tanto la calidad de sus funcionarios es de empleados públicos, por lo
cual, desde entonces, la Caja no volvió a suscribir convenciones colectivas.
En
conclusión, y en virtud de las reestructuraciones adelantadas por la entidad con
fundamento en precisas normas legales, los empleos de la planta de Personal de
la Caja son de dos tipos: de carrera administrativa y de libre nombramiento y
remoción. En este orden de ideas, indica que sus funcionarios ostentan la
calidad empleados públicos ante lo cual advierte que si bien la administración
“respeta el derecho constitucional de la libre asociación y los derechos
sindicales, no obstante, hace uso de las facultades legales para desvincular a
sus empleados públicos”.
3.Copia del Informe 330 rendido por la OIT, Comité de Libertad
Sindical, de abril de 2003, en el que se examina el caso 2151 relativo a
diversos actos de discriminación sindical alegados por diferentes
organizaciones sindicales, como consecuencia de los procesos de reestructuración
de más de 30 entidades públicas. En el párrafo 538 del informe expresa que “El
comité lamenta profundamente que en ciertos casos las autoridades no hayan
consultado o intentado llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales”,
razón por la cual en el párrafo 543, el Comité “insta al Gobierno a que tome
medidas para que en el futuro se realicen las debidas consultas con las
organizaciones sindicales correspondientes”.
Respuesta de la Entidad demandada
La
Representante legal de la caja de Vivienda Popular informó al Juzgado de
instancia que los señores Gustavo Ríos Muñoz y Jesús Naranjo Antolinez, tenían
contrato para prestar servicios de celaduría por el término de la duración del
programa Ciudad Bolívar, el cual se liquidó y terminó el 31 de diciembre de
1995.
Respecto
de los demás actores, expresó que su desvinculación fue consecuencia de dos
reestructuraciones; la primera efectuada en 1996 y la segunda en el 2000.
Respecto de las desvinculaciones, advierte que se realizaron de conformidad con
la normatividad vigente y que, en la medida en que los peticionarios ostentaban
la calidad de empleados públicos no les eran aplicables las regulaciones
relativas a los despidos colectivos y negociaciones colectivas.
En torno a la naturaleza y poder vinculante de las recomendaciones
de la OIT, la entidad demandada manifestó que tales recomendaciones “no poseen
la entidad jurídica suficiente para ser catalogadas como mandatos legales, ni
judiciales”.
Por último, señaló que el amparo es improcedente, toda vez que los
peticionarios contaban con otro medio judicial para hacer valer sus
pretensiones, como lo es la acción laboral administrativa, y no se configuró
perjuicio irremediable alguno en la medida en que los demandantes cuestionan, a
través de la acción de tutela, actuaciones realizadas hace más de 8,7 y 3 años.
Así mismo,
la entidad demandada anexó copia de los siguientes pronunciamientos judiciales
emitidos por la jurisdicción laboral respecto de procesos instaurados por los
siguientes peticionarios, en los que se solicitaba como petición principal el
reintegro al cargo que desempeñaban o a uno de igual o superior categoría y,
como petición subsidiaria, la indemnización por despido injustificado:
:
María Graciliana Barreto de Prieto: El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito, mediante sentencia del 26 de junio de
2001, absolvió a la entidad demandada respecto de las pretensiones elevadas por
aquella trabajadora, decisión que fue confirmada en su integridad por parte de
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante
fallo del 28 de junio de 2002.
Gloria Rojas Fajardo: mediante sentencia
del 23 de noviembre de 2001, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito absolvió a
la entidad demandada, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá
mediante fallo del 25 de octubre de 2002.
Antonio López Sánchez: el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá en sentencia del 9 de febrero de 2001
absolvió a la entidad demandada respecto de las pretensiones elevadas por este
trabajador.
Martha Lucía Bernal Aristizabal: el
Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 23 de
febrero de 2001, confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali
en fallo del 9 de octubre de 2002, absolvió a la entidad demandada respecto de
las pretensiones elevadas por este trabajador.
Víctor Julio Rodríguez Birrayes: el
Juzgado Sexto Laboral en sentencia del 15de noviembre de junio de 2002
confirmada el 27 de enero de 2003 mediante fallo de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, absolvió a la entidad demandada respecto de las
pretensiones elevadas por este trabajador.
Carlos Fernando Vélez Morales: Juzgado
Tercero Laboral del Circuito mediante fallo del 23 de junio de 2000, confirmada
el 21 de marzo de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
absolvió a la entidad demandada respecto de las pretensiones elevadas por el
trabajador.
José del Carmen Bernal Soriano: El
Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante fallo
del 20 de octubre de 2000 condenó a la parte demandada al reajuste de la
indemnización y a la indemnización moratoria. confirmado parcialmente por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en cuya sentencia de fecha 31 de
agosto de 2001 se absolvió a la entidad del pago de indemnización por mora.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera Instancia
El Juzgado 20 Penal Municipal de Bogotá, mediante Sentencia del 12
de diciembre de 2003, negó el amparo por improcedente.
Considera el juez de instancia que se encuentra plenamente
acreditado que los accionantes María Graciliana Barreto de Prieto, Gloria Rojas
Fajardo, Antonio López Sánchez, Martha Lucía Bernal Aristizabal, Víctor Julio
Rodríguez, Carlos Fernando Vélez Morales y José del Carmen Bernal Soriano,
iniciaron proceso ordinario ante la jurisdicción laboral, a fin de determinar
la legalidad o no de la terminación de sus contratos de trabajo ante la
reestructuración adelantada por la Caja de Vivienda Popular, sin que se
encuentre la existencia de vía de hecho alguna, susceptible de análisis por
parte del juez de tutela.
En cuanto a los demás accionantes, esto es, Clodomiro Pulido
Cifuentes, Orlando Rivera Perdomo, José Nery Mosquera, Manuel Eduardo Obando
García, Jesús Naranjo Antolinez, Gustavo Ríos Muñoz, Luis Enrique Cobos
Fonseca, Rosa Bernarda Hernández Gutiérrez, Arcelia Vela de Ballesteros, Luis
Guillermo López Cadena y Buenaventura Castillo Millán, manifestó que la acción
de tutela resulta improcedente en la medida en que se encuentra acreditado en
el proceso que todos los peticionarios desvinculados de los cargos recibieron
la correspondiente indemnización. En este orden, señaló que los contratos de
trabajo a término indefinido son susceptibles de terminación ante los procesos
de reestructuración sin que ello implique la vulneración de derecho fundamental
alguno. Advierte que cualquier tipo de inconformidad ha debido ventilarse ante
la jurisdicción ordinaria previo agotamiento del trámite correspondiente, sin que
sea posible predicar la existencia de un perjuicio irremediable atendiendo “el
gran transcurso temporal que ha corrido desde la fecha en que se efectuaron los
despidos hasta la actualidad”.
Impugnación
Mediante
escrito radicado el 18 de diciembre de 2003, los actores impugnaron el fallo de
primera instancia. Consideran que el a quo no interpretó debidamente sus
peticiones, toda vez que analizó los casos en torno al derecho al trabajo como
si se tratara de una simple reestructuración de empresa, omitiendo analizar que
la acción se interpuso con ocasión de la supuesta vulneración del derecho al
debido proceso por indebida aplicación de lo dispuesto en los convenios
internacionales de la OIT, que de conformidad con el artículo 93 superior son
obligatorios en el régimen interno.
En
consecuencia, solicitan que el juzgador de segunda instancia se pronuncie sobre
la necesidad de que, previamente a la reestructuración, el empleador estimule
la realización de procedimientos voluntarios en cumplimiento de lo dispuesto
por los convenios de la OIT sobre la materia, así como respecto del caso 2151
adelantado ante dicha entidad, con el objeto de obtener una efectiva protección
a los derechos al debido proceso y a la libertad sindical, cuya vulneración es
considerada por los accionantes como “núcleo central del debate”.
Segunda instancia
Mediante fallo del 13 de febrero de 2004, el Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Bogotá confirmó la decisión del a quo, por considerar
que la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados no es
actual, lo cual impide concesión del amparo, en virtud del carácter subsidiario
y excepcional de la tutela.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el
presente fallo de tutela.
Oportunidad para interponer la acción de tutela. El principio de
inmediatez. Resolución del caso concreto.
2. De
conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional, la acción de tutela
se caracteriza por su “inmediatez”, es decir por su aplicación urgente que se
hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual de los
derechos constitucionales fundamentales objeto de violación o amenaza[1].
Al
respecto, la Sala reitera que el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito de procedibilidad de la acción de tutela[2], razón por la cual
ésta, como mecanismo expedito para la protección de los derechos fundamentales,
debe ser interpuesta dentro de un término razonable, de suerte que de un lado
se permita la protección inmediata de los derechos fundamentales que se
consideran vulnerados y, del otro, se evite el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de
los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.
Encuentra
la Sala que, de acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, los
hechos a los que aluden los actores, relativos a su desvinculación de la
entidad demandada, ocurrieron varios años antes de la fecha en que se
presentaron las acciones de tutela, no dándose el presupuesto de la inmediatez
que debe acompañar su ejercicio, a fin de lograr la oportuna protección a los
derechos fundamentales afectados.
En efecto, la desvinculación de los peticionarios Jesús Naranjo
Antolinez y Gustavo Ríos Muñoz, se efectúo en diciembre de 1995, esto es, cerca
de nueve años antes de la interposición de la acción de tutela.
Así mismo la desvinculación de los accionantes Clodomiro Pulido
Cifuentes, Orlando Rovera Perdomo, Gloria Rojas Fajardo, José Nery Mosquera,
Manuel Obando García, Antonio López Sánchez, José del Carmen Bernal, Martha
Lucía Bernal Aristizabal, Carlos Fernando Vélez Morales, Luis Enrique Cobos
Fonseca, Rosa Bernarda Hernández Gutiérrez, Arcelia Vela de Ballesteros, María
Graciliana. Barreto de Prieto, Luis Guillermo López Cadena, y Víctor Julio
Rodríguez, se produjo en marzo de 1996 como consecuencia de la reestructuración
de la entidad, es decir, que la tutela se interpuso aproximadamente ocho años
después de la ocurrencia de los hechos que motivan la solicitud de amparo.
Finalmente, respecto del peticionario Buenaventura Castillo Millán,
quien fue desvinculado en diciembre de 2000 como consecuencia de una nueva
reestructuración a la entidad, los hechos que motivaron la interposición de la
tutela ocurrieron cerca de tres años antes, de la invocación del amparo.
En consecuencia, pretender acudir a la acción de tutela varios años
después de que han ocurrido los hechos violatorios de los derechos fundamentales
sin que exista un motivo válido que justifique la inactividad de los
peticionarios, rompe con el principio de inmediatez y desvirtúa el posible
perjuicio irremediable que se hubiere causado[3].
Así entonces, si los peticionarios consideraron que las omisiones de
dar curso a negociaciones previas con la organización sindical y, en consecuencia,
las desvinculaciones efectuadas por la entidad demandada en los años 1995, 1996
y 2000, obedecieron a un desconocimiento de sus derechos fundamentales a la
asociación sindical y al debido proceso, debieron haber hecho uso oportuno de
la acción de tutela a fin de evitar que se consumara el supuesto daño.
Respecto de la consumación del daño, a propósito del principio de
inmediatez en casos de presunto desconocimiento del derecho de asociación
sindical, la sentencia T -448 de 2004[4],
al analizar las hipótesis del daño consumado a la luz de la jurisprudencia de
esta Corporación, incluyó el evento en que un “trabajador es despedido y
solamente tres años después interp[one] acción de tutela para la protección de
sus derechos fundamentales a la libertad de asociación sindical, esto en razón
a que, por el paso del tiempo, se presenta discontinuidad entre la acción u
omisión que supuestamente engendró la vulneración y el hecho de la vulneración.[5]”
En el caso
concreto, el amparo fue interpuesto cerca de ocho y tres años después ocurridos
los hechos, razón por la cual, en el evento de que las desvinculaciones se
hubieran producido desconociendo los derechos a la libertad sindical, al debido
proceso y al trabajo de los peticionarios, para el año de 2003 en el que se
interpuso la tutela, ya se habría configurado una discontinuidad entre la
acción u omisión que supuestamente engendró la vulneración y el hecho de la
vulneración, con lo cual la tutela se hace improcedente.
Así las
cosas, en este caso se incumple con el presupuesto de inmediatez de la tutela,
el cual, como se anotó con anterioridad, constituye un requisito de
procedibilidad de la acción.
De otro
lado, la Sala precisa que, a pesar de que, en principio, la tutela no procede
en los eventos en los que no se configura el presupuesto de la inmediatez, el
juez constitucional al efectuar el análisis de procedencia de la tutela, debe
constatar “...si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes...”[6],
es decir, si es predicable la existencia de una justa causa por la cual la
acción no se ejercitó de manera oportuna.
La Sala encuentra que en el expediente no se evidencia una justa
causa que explique los motivos por los cuales los actores no acudieron a la
acción de tutela de manera oportuna, dentro de un término razonable[7], prudencial y adecuado,
ni se infiere la ocurrencia de hechos nuevos que impusieran la eventual
protección del derecho fundamental invocado.
Sin embargo, podría pensarse que el Informe de la Oficina
Internacional del Trabajo No. 330, constituye un nuevo hecho que puede llegar a
implicar la necesidad de otorgar una eventual protección del derecho
fundamental a la asociación sindical. Al respecto, la Sala estima importante
precisar que tal hipótesis no se configura en el caso concreto, toda vez que
los procesos de reestructuración adelantados en la entidad demandada durante
los años de 1996 y 2000, no fueron objeto de estudio del Comité de Libertad
Sindical en el caso 2151. Por esta razón, no es posible afirmar que el Informe
330 constituya un hecho nuevo, en la medida en que las actuaciones de la Caja
de Vivienda Popular, cuestionadas en este proceso, no hicieron parte del
análisis realizado por Comité de Libertad Sindical en el caso 2151 y, en
consecuencia, no puede la Sala de Revisión pronunciarse sobre recomendaciones
cuya causa no incluyó omisión o acción alguna imputable a la entidad demandada.
En efecto, el numeral 531 del informe del Comité al reseñar los
alegatos presentados por las organizaciones sindicales de la Unión de
Servidores Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia (UNES), la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Internacional de Servicios públicos
(ISP), no menciona, dentro de las entidades públicas cuyas actividades en
materia de reestructuración son cuestionadas, a la Caja de Vivienda Popular:
“Concretamente, las organizaciones sindicales presentan los
siguientes alegatos:
a)
despidos masivos de miles de trabajadores, entre
los cuales se cuenta un elevado número de afiliados sindicales (Alcaldía de
Bogotá, Secretaría de obras Públicas del distrito Capital, Instituto de
Desarrollo Urbano, Empresa Distrital de Servicios Públicos, Departamento
Administrativo Distrital de Acción Comunal, Secretaría de Educación, Secretaría
de Tránsito, Secretaría de Hacienda, Secretaría General, Secretaría de
Gobierno, Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Departamento
Administrativo de Catastro Distrital, Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, Departamento Administrativo de Servicio Civil, Instituto IDEP,
Instituto de Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Cultura y Turismo,
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez, Corporación la Candelaria,
Orquesta Filarmónica, Fondo de Ahorro y Vivienda, Jardín Botánico, Contraloría
Distrital, Concejo de Bogotá, Beneficencia de Cundinamarca, Departamento
Administrativo de Bienestar Social del Distrito Capital, Secretaría de Obras
Públicas, Agricultura y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Caja de Previsión
Social del Distrito Capital, Hospital San Blas, Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá, Trabajadores Oficiales del Departamento del Tolima, Hospital La
Victoria III y Hospital Vista Hermosa, Universidad del Valle, Caja de Previsión
Social.”
En este orden de cosas, y en la medida en que la tutela se hace
improcedente ante la ausencia de configuración en el caso concreto del
principio de inmediatez, la Sala no se pronunciará respecto de los argumentos
de los accionantes concernientes al poder vinculante de las recomendaciones de
la OIT y, específicamente, de la recomendación relativa a la conveniencia de
efectuar negociaciones previas con las organizaciones sindicales en los
procesos de reestructuración contenida en 330° Informe del Comité de Libertad
Sindical y a la aplicación de tales recomendaciones para la protección del
derecho fundamental de asociación sindical de los peticionarios. En este orden,
la Sala procederá a confirmar, por las razones anotadas, la sentencia del Juez
de instancia.
IV. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones
expuestas en esta providencia, el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal
del Circuito el 13 de febrero de 2004, dentro de la tutela instaurada por los
ciudadanos Clodomiro Pulido Cifuentes, Orlando Rivera Perdomo, Gloria Rojas
Fajardo, José Nery Mosquera, Manuel Eduardo Obando García, Antonio López
Sánchez, Jesús Naranjo Antolinez, José del Carmen Bernal Soriano, Gustavo Ríos
Muñoz, Martha Lucía Bernal Aristizábal, Carlos Fernando Vélez Morales, Luis Enrique
Cobos Fonseca, Rosa Bernarda Hernández Gutiérrez, Arcelia Vela de Ballesteros,
María Graciliana Barreto de Prieto, Luis Guillermo López Cadena, Buenaventura
Castillo Millán y Víctor Julio Rodríguez, contra la Caja de Vivienda Popular.
SEGUNDO: Para los efectos del artículo
36 del decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las
notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta
sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
RODRIGO UPRIMNY YEPES
Magistrado (e)
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Como se ha dicho por esta Corporación en reiteradas
ocasiones, la acción de tutela no tiene término de caducidad para su ejercicio;
sin embargo, la Corte Constitucional también ha precisado que la solicitud de
amparo debe ser interpuesta dentro de un término razonable que permita al juez
de tutela valorar la oportunidad y procedencia de la protección solicitada ante
la vulneración de derechos fundamentales para la protección urgente e inmediata
de éstos. Consultar, en este sentido, las Sentencias T-01 de 1992, SU-961 de
1999, T- 461 de 2001, T-105 2002, T-173 de 2002, T-728 de 2003, T-728 de 2003 y
T-764 de 2003.
[2] Sobre el principio constitucional de la inmediatez, como
presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela, pueden verse, entre
otras, las Sentencias C-542 de 1992, SU-961 de 1999,  T-575 de 2002, y,
recientemente, las Sentencias T-324 de 2004, T-497, T- 450 y T-448 de 2004.
[3] En este sentido esta Corporación, en la
Sentencia T-450 de 2004, encontró que era impredicable la procedencia de la
acción de tutela, por la aplicación de la regla de la “inmediatez”, toda vez
que el actor interpuso la acción de tutela nueve (9) años, siete (7) meses,
veintiocho (28) días después de notificado el acto administrativo que
consideraba lesivo de sus derechos, esto es, la Resolución No. 2110 de 1993 de
la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Santiago de
Cali (Valle del Cauca), mediante la cual no se tuvo en cuenta el valor correspondiente
a la prima técnica para la liquidación parcial de sus cesantías, sin que
existiera en el expediente razón o causa válida que justifique la demora en el
ejercicio de la acción de tutela. Así mismo, en la sentencia T-497 de 2004 la
accionante, quien laboró en una de las Comisarías de Familia del Distrito,
reclamaba por medio de la acción de tutela el pago de unas acreencias laborales
(recargos dominicales, nocturnos, y festivos) de vieja data, correspondientes a
los años de 1996 a 1999, frente a lo cual aduce la violación de sus derechos al
mínimo vital y a la igualdad. En este caso, la Corte Constitucional encontró
que como la peticionaria promovió la acción de tutela cuatro (4) años después
de acaecido el hecho que motivó la interposición de la tutela, quedó
desvirtuada la inminencia de un perjuicio irremediable y la posible afectación
de sus derechos fundamentales. En el mismo sentido, en la sentencia T-733 de
2001 la Corte consideró que la eventual vulneración de los derechos
fundamentales invocados ya se había consumado porque en el momento de
presentación de la tutela no existía continuidad hipotética entre la acción u
omisión violatoria del derecho, porque, en efecto, en dicho caso el retiro del
servicio de los accionantes se produjo en el primer semestre de 1997 y
transcurrieron más de 3 años para que optaran por instaurar la acción de
tutela, con lo cual no se cumple el principio de la inmediatez que se exige
para reconocer la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuya
vulneración incluso ya había sido consumada, lo cual constituye una causal de
improcedencia de la acción de tutela.
[4] En esta sentencia la Corte realizó un importante análisis y
síntesis respecto de la interpretación jurisprudencia del artículo 6 numeral 4
del Decreto 2591 de 1991 y las hipótesis por la cuales procede la tutela o no
procede frente a los elementos del daño consumado.
[5]  Cfr. Sentencia  T-733 de 2001.
[6] Cfr. SU
961 de 1999.
[7] En este sentido la Sentencia T-173 de 2002
señaló, en torno de lo razonabilidad del término, que la "(…)
razonabilidad en el término no conlleva necesariamente la inmediatez en el
ejercicio de la acción debiéndose interponer enseguida o sin tardanza alguna la
tutela so pena de que ésta no prospere encontrándose aún vulnerado o en peligro
de vulneración el derecho fundamental. Entender la característica de la
inmediatez de la tutela de otra manera, sería establecer una caducidad a la
acción que a todas luces contraría la Constitución."