T-106-06
Sentencia T-
Sentencia
T-106/06
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional
para obtener pago y reconocimiento de pensión de vejez
PENSION DE VEJEZ-Evaluación de la inminencia de perjuicio
irremediable en el caso de adultos mayores
ACCION DE TUTELA-Carácter residual y
subsidiario
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Requisitos
de procedibilidad
La
procedencia de la acción de tutela depende del cumplimiento de los requisitos
fijados por la jurisprudencia constitucional para la inminencia del perjuicio
irremediable.  La evaluación de ese perjuicio no es un asunto genérico, sino
que responde al análisis de los presupuestos fácticos propios del caso
concreto.  Adicionalmente, el estudio sobre la idoneidad de los mecanismos
judiciales ordinarios resulta atenuado para el caso de individuos que
pertenezcan a grupos de especial protección constitucional en los términos del
artículo 13 C.P.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Determinación
no constituye ejercicio genérico sino que debe consultar caso concreto
La
jurisprudencia constitucional sobre la materia ha previsto que la evaluación
del perjuicio irremediable no constituye un ejercicio genérico sino que, en
contrario, debe consultar las particularidades del caso concreto, a fin de
definir la falta de idoneidad del mecanismo judicial ordinario.  Por ende,
resulta válido afirmar que la intensidad de la evaluación sobre la inminencia
del perjuicio irremediable debe modularse en razón de las condiciones
personales de quien invoca la protección de sus derechos fundamentales. La sola
circunstancia de pertenecer a un grupo de especial protección constitucional no
era un motivo que per se justificara la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio.  No obstante, el hecho de ostentar tal condición sí
constituía un parámetro válido para disminuir la intensidad de la evaluación
sobre la existencia de un perjuicio irremediable, en la medida en que las
personas en situación de debilidad manifiesta, son beneficiarios de una
discriminación positiva en lo que tiene que ver con el acceso a los medios y
recursos judiciales ordinarios, acceso que debe calificarse en atención a las
condiciones del asunto sometido a estudio del juez de tutela, a fin de
conservar la igualdad material entre quienes aspiran a la solución
institucional de sus conflictos.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental por conexidad/DERECHO A LA
PENSION DE JUBILACION-Fundamental por conexidad
La Corte
Constitucional ha insistido en varias de sus decisiones acerca de relación
intrínseca entre el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación propia
del sistema general de seguridad social en salud y la adecuada protección de
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de
los adultos mayores. En efecto, cuando un trabajador arriba a una edad que le
impide continuar activo económicamente y, a su vez, concurre el número de
aportes al sistema previstos por la ley, resulta necesario que se prodigue la
prestación económica imprescindible para la adquisición de los bienes
materiales que garanticen la digna subsistencia y, con ello, el ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales.
DERECHO AL MINIMO VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA
EDAD-Retraso injustificado en
reconocimiento de pensión
PENSION DE VEJEZ-Inoponibilidad  de
mora patronal
Del
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, previo cumplimiento de los
requisitos legales, dependen la protección efectiva de los derechos
fundamentales de los adultos mayores, por lo que dicha prestación adquiere
especial relevancia constitucional; y habida cuenta esta relevancia, la mora
patronal en el pago de los aportes destinados a pensión no constituye motivo
suficiente para enervar el suministro de la pensión, amén de los instrumentos
previstos en el ordenamiento jurídico para que las entidades administradoras de
pensiones cobren las cotizaciones respectivas. Habida cuenta este procedimiento
para la cotización, surge la controversia sobre los efectos del incumplimiento
del empleador en sus obligaciones de pago de aportes a las administradoras de
pensiones. En relación con este particular, la Corte ha enfatizado, de forma
reiterada, que la Ley 100 de 1993 otorga distintas herramientas para que estas
entidades efectúen los cobros correspondientes, incluso coactivamente, con el
objeto de preservar la integridad de los aportes.  Bajo esa perspectiva, la
negligencia en el uso de dichas facultades no puede servir de sustento para
negar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, puesto que tal
actitud equivaldría a imputar al trabajador las consecuencias del
incumplimiento de las obligaciones legales del empleador y la correlativa falta
de acción de la entidad encargada del cobro de los aportes.
DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Razones
que justifican orden de reconocimiento a persona de la tercera edad
DERECHO A LA PENSION DE
JUBILACION-Entidad accionada
se niega a reconocer prestación social por mora en aportes
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expediente T-1221427
Acción de tutela interpuesta por Álvaro Peña Ortega
contra el Seguro Social – Pensiones.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil seis (2006).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
en el trámite de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado
Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal
Superior de la misma ciudad, que resolvieron la acción de tutela impetrada por
Álvaro Peña Ortega contra el Seguro Social, Departamento de Atención al
Pensionado – Seccional Cundinamarca y Distrito Capital.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos relevantes y acción de tutela interpuesta
El ciudadano Álvaro Peña Ortega, quien actualmente tiene 68 años de
edad, al considerar que había cumplido los requisitos legales para ello, elevó
el 31 de diciembre de 2001 una solicitud al Seguro Social, dirigida a obtener
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
En cumplimiento de la decisión de tutela adoptada el 25 de febrero
de 2004 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá D.C., que protegió
el derecho fundamental de petición del actor, la Gerente II del Centro de
Atención Pensiones del Seguro Social, Seccional Cundinamarca y Distrito
Capital, profirió la Resolución No. 005451 del 11 de marzo de 2004, por la cual
negó la prestación económica solicitada.  Para arribar a esta conclusión, la
entidad demandada consideró que, sumadas las cotizaciones realizadas al Seguro
Social como a otras instituciones de previsión social, el actor había efectuado
aportes por 983 semanas, esto es, diecinueve años, un mes y diecisiete días,
periodo que en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 resultaba
insuficiente para acceder a la pensión mencionada.
Adicionalmente, el Seguro Social aclaró que esta insuficiencia
persistía incluso ante la aplicación de lo previsto en el artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, “aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que exige
para tener derecho a la pensión, cumplir 55 años de edad, mujeres y 60 años de
edad, hombres; y haber cotizado 500 semanas dentro de los veinte años
anteriores al cumplimiento de la edad requerida o mil semanas en cualquier
época, exclusivas al ISS, concluyéndose que tampoco reúne el requisito de
tiempo cotizado, toda vez que acredita un total de 899 semanas de las cuales
467 fueron cotizadas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la
edad, esto es entre el 9 de diciembre de 1977 y el 9 de diciembre de 1997”.[1]
En vista de lo anterior, la entidad demandada señaló en la citada
Resolución que, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 37 de la Ley 100
de 1993, el actor tenía la posibilidad de, una vez manifestara su imposibilidad
de continuar con el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social,
acceder a la indemnización sustitutiva a la pensión de jubilación.
El ciudadano Peña Ortega, inconforme con la decisión adoptada por la
entidad demandada, presentó el 1º de abril de 2004 recurso de reposición y
subsidiario de apelación en contra del anterior acto administrativo.[2]  En criterio del actor,
el Seguro Social había contabilizado erróneamente las cotizaciones al sistema,
pues de conformidad con sus propios cálculos, había aportado desde 1967
cotizaciones equivalentes a diecinueve años, cuatro meses y trece días, lo que
suma 7.042 días, que traducidos a semanas corresponde a 1.006; cotización
suficiente para acceder a la prestación en los términos del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993.  Para sustentar el método de este cálculo, el demandante trajo
a colación lo previsto en el artículo 4º del Decreto 1748 de 1995 “Por el
cual se dictan normas para la emisión, redención y demás condiciones de los
bonos pensionales y se reglamentan los Decretos Leyes 656, 1299 y 1314 de 1994
y los Artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993”, disposición
según la cual “para los cálculos de bonos pensionales previstos en este
decreto, un año de cotización o tiempo de servicios, equivale a 365,25 días.
Igualmente el tiempo entre dos fechas se medirá en días exactos entre esas
fechas, ambas inclusive, teniendo en cuenta la ocurrencia de años bisiestos,
salvo cuando expresamente se determine lo contrario.”
En el mismo recurso, el actor realiza un análisis pormenorizado de
las cotizaciones efectuadas durante su vida laboral y adjunta algunos
documentos que, a su juicio, soportan la contabilización de 28,7 semanas
adicionales no tenidas en cuenta por el ente accionado.  Acerca de este
particular, es importante resaltar que el ciudadano Peña Acosta hace alusión a
las Resoluciones números 018193 de septiembre 8 de 1999 y 00180 del 23 de mayo
de 2000, a través de las cuales el Seguro Social le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por falta de cotizaciones suficientes; razón
por la que efectuó aportes como afiliado independiente entre el 28 de junio de
2000 y el 31 de diciembre de 2001.  Estas cotizaciones adicionales, junto con
“habilitaciones de tiempo patronales”, en su sentir completan un total de 7.185
días de cotización, equivalentes a 1.025,41, periodo acorde con el previsto en
la ley para el reconocimiento y pago de la prestación.
No obstante, la entidad demandada no dio respuesta alguna a los
recursos de vía gubernativa presentados por el ciudadano Peña Ortega.  En
consecuencia, el 4 de agosto de 2004 impetró, por intermedio de apoderado
judicial, acción de tutela en contra del Seguro Social, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y a la igualdad.
Con este fin reiteró que cumplía con los requisitos legales para el acceso a la
pensión de vejez, por lo que la negativa de la entidad demandada en reconocer
esa prestación vulneraba sus garantías constitucionales. Agregó que para su
caso particular resultaba aplicable el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que debía pagársele tanto la
prestación como el retroactivo correspondiente.
2. Respuesta de la entidad demandada
El Seguro Social guardó silencio durante el término de traslado de
la acción de tutela.  Sin embargo, con posterioridad a la sentencia de primera
instancia, la Gerente II del Centro de Atención Pensiones de la seccional
Cundinamarca y Distrito Capital envió copia de la Resolución 028691 del 15 de
septiembre de 2005, que negó la reposición de la Resolución 005451 de 2004
antes aludida.  Habida cuenta la importancia de este acto administrativo para
el presente trámite, la Sala transcribirá a continuación el apartado pertinente
del mismo:
“Que con el propósito de resolver la solicitud incoada, se procede a
efectuar un nuevo estudio de los documentos obrantes en el expediente,
estableciéndose:
Que a folio 6 del expediente obra Partida de Bautismo del asegurado
en donde se evidencia que nació el 09 de Diciembre de 1937, deduciéndose que
cumplió 60 años de edad el mismo día y mes del año 1997.
Que se le informa al asegurado que los conteos de tiempos con 365 o
366 días solo se tienen en cuenta para los independientes, empleados privados y
públicos que la hacían (sic) cotizaciones al ISS, hasta antes del 31 de
diciembre de 1994, situación de hecho que se ve reflejada en la Historia
laboral interna del ISS; circunstancia que cambió a partir del 01 de Enero de
1995, pues que desde esta fecha a todos los cotizantes para pensión del ISS,
también se les contabilizan tiempos de 360 días por año laborado porque en las
autoliquidaciones se paga un IBC a pensión por 30 días laborados por cuanto
estos representan los remunerados realmente al personal vinculado
estatutariamente, luego al multiplicar 30 días por 12 meses nos da un total de
360 días, todo lo anterior de acuerdo con lo consagrado en la sentencia del 10
de noviembre de 1982.
Que lo anteriormente enunciado está en concordancia con lo
establecido por la sección segunda del Consejo de Estado dictada dentro del
expediente N. 3524 con ponencia del Magistrado Dr. Álvaro Orjuela Gómez, que a
su vez se encuentra en consonancia con el memorando del ISS N. 06557 del 18 de
Diciembre de 2002, en donde se expresa que el número de días que se deben
contabilizar por cada año cotizado o laborado para efectos del reconocimiento
de una pensión es de 360 días.
Que así mismo en la actualidad el conteo de tiempos con 365 días se
aplica solamente para el cálculo del bono pensional, conforme con lo
establecido en el Art. 4 del decreto 1748 de 1995, que dice (…)
Que para acreditar las semanas necesarias para la pensión se
presentan certificados sobre tiempo de servicios al sector público no cotizado
al ISS, así:
ENTIDAD
PERIODO
TOTAL DÍAS
Concejo de Bogotá
26-08-92 a
31-05-93
01-06-93 a
11-04-94
03-01-95 a
10-01-95
276
311
8
Que mediante Oficio VP.GNHLN.GIPA No. 1082 del 01 de Septiembre de
2003 el Coordinador de Historia Laboral del ISS indicó lo siguiente: “La
información que figura en la historia laboral del señor Peña, fue corregida en
su presencia con base en unos pagos que él hizo sobre la deuda que le aparecía
en el debido cobrar (sic). Quedó así porque además de él figurar como
patrón y como empleado, manifestó que se había desvinculado o retirado en
septiembre del 85”. (Folio 181), motivo por el cual se evidencia que ya se
efectuó la corrección de la historia laboral que argumenta el asegurado en su
recurso.
Que de conformidad con la historia laboral del afiliado, expedida
por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados, se pudo
establecer que el solicitante acredita un total de 4905 días válidamente
cotizados al ISS en el sistema de Semanas Tradicionales (Folios 189 a 194).
Que luego de realizar la imputación de pagos de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 29 del Decreto 1818 de 1996, en concordancia con el artículo 53
del Decreto 1406 de 1999, esto es cubrir los meses dejados de cancelar junto
con los respectivos intereses, así como los cancelados en mora, con los últimos
pagos efectivamente sufragados; se pudo establecer que el solicitante acredita
una total de 6887 días, equivalentes a 983 semanas cotizadas; 19
años, 1 mes y 17 días; no reuniendo el requisito de tiempo exigido para la
pensión, de conformidad con el conteo de tiempos e imputación de pagos (Folio
150).
Que este tiempo de servicios no permite la aplicación de la Ley
100 de 1993, la cual exige para el derecho a la pensión de vejez acreditar
55 años de edad la mujer o 60 años de edad el hombre y mínimo 1000 semanas cotizadas,
permitiendo contabilizar el tiempo laborado en entidades del estado y no
cotizado, las semanas cotizadas al seguro social y las semanas cotizadas a las
diferentes entidades de previsión del sector público de cualquier orden.
Que del mismo modo, se realizó el estudio con base en la Ley 71
de 1988, la cual exige para el derecho a la pensión acreditar 20 años de
aportes o cotizaciones y 60 años de edad el hombre y 55 la mujer y un 75% de
monto de la pensión.
Que de acuerdo con dicha norma el asegurado cumple con el requisito
de edad mínima exigida pero no así con el tiempo ya que tan sólo tiene
cotizados un total de 19 años, 1 mes y 17 días.” (Subrayas y negrillas
originales).
3. Decisiones judiciales objeto de revisión.
3.1. Primera instancia
Por medio de sentencia el 29 de agosto de 2005, el Juzgado Treinta y
Cuatro Civil del Circuito de Bogotá concedió la tutela del derecho fundamental
al debido proceso del ciudadano Peña Ortega.  Para ello, estimó que la entidad
demandada había pretermitido considerablemente los términos legales para
resolver los recursos de vía gubernativa presentados por el actor.  De este
modo, “ciertos que la interposición de recursos obedece a un mecanismo de
defensa de las personas afectadas o disgustadas con alguna decisión de un
funcionario estatal, y que por obedecer a un acto reglado por el acá tutelante
dentro de la oportunidad legal otorgada para el efecto, pues necesario es
colegir que efectivamente en el presente caso se está dando la violación al
debido proceso”.  Por tanto, ordenó al Seguro Social que en el término de
cuarenta y ocho horas resolviera de fondo los recursos citados.
Finalmente, en relación con la pretensión de reconocimiento y pago
de la pensión de vejez, el despacho judicial consideró que dicha decisión era
de competencia exclusiva del Seguro Social, sin que en el caso concreto
existieran elementos de juicio suficientes que acreditaran la vulneración del
derecho fundamental al mínimo vital del actor.
3.2. Segunda instancia
Impugnada la decisión por el apoderado del demandante, la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 4 de octubre de 2005,
confirmó el fallo de primera instancia al considerar que no concurrirían en el
asunto bajo estudio las condiciones de urgencia, gravedad, inminencia e
impostergabilidad fijadas por la jurisprudencia constitucional para el amparo
transitorio en lo relativo al reconocimiento y pago de la prestación.
No obstante, el Tribunal consideró que la protección ordenada por el
Juez del circuito resultaba insuficiente, en tanto no satisfacía a plenitud el
derecho a obtener una respuesta oportuna por parte de las autoridades, habida
cuenta que el Seguro Social había “rebasado ampliamente el término de 4
meses para resolver las solicitud de esta materia, de tal suerte que el amparo
debió concederse inclusive para que se diera una respuesta definitiva que
permitiera acudir a las instancias judiciales que sean menester.” En
consecuencia, adicionó el fallo en el sentido de ordenar a la entidad demandada
que en el término de veinte días resolviera el recurso de apelación en contra
de la Resolución 005451 de 2004.
4. Documentos allegados en la etapa de revisión y pruebas
practicadas en sede revisión por la Corte Constitucional
Con posterioridad al envío del expediente a la Corte para su
eventual revisión, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá adjuntó copia
del acto administrativo remitido por la Gerencia Seccional de Cundinamarca y
Distrito Capital, que resolvió la apelación de la Resolución 005451 de 2004, a
través de la Resolución 001148 del 27 de octubre de 2005.
Este acto administrativo, en esencia, reitera los argumentos
expuestos en la Resolución 028691 de 2005.  Empero, incorpora nuevos elementos
al caso, especialmente la exposición pormenorizada de los aportes realizados al
Seguro Social durante la vida laboral del actor, al igual que algunas
consideraciones sobre el régimen que la entidad demandada considera aplicable
para el presente asunto.  En la sección pertinente, el Seguro Social expuso lo
siguiente:
“Que la imputación de pagos prevista en el artículo 29 el Decreto
1818 de 1.996, modificado por el artículo 53 del Decreto 1406 del 1.999,
consiste en el descuento de días cotizados como consecuencia de la no
cancelación de algunos periodos así como de la extemporaneidad en el pago de
los otros sin que se haya pagado el interés respectivo.
Que al efectuar la mencionada imputación de pagos se pudo establecer
que el asegurado cotizó al ISS los siguientes periodos:
Empresa                                   Periodo                         Días
Bavaria S.A. dirección              01.01.1967 – 02.09.1968                611
03.09.1968 – 07.02.1972                1253
AVESCO Ltda.                        24.05.1976 – 31.12.1977                587
01.01.1978 – 02.03.1980                792
Foto Casa Suiza Ltda.              10.03.1980 – 31.05.1980                83
Sin nombre                      05.08.1980 – 01.03.1982                574
CONDISA S.A.                        03.05.1982 – 30.07.1982                89
16.07.1982 – 12.09.1982                44
(-15 días simultáneos)
CONALFI Ltda.              15.05.1983 – 30.11.1983                200
Álvaro Peña Ortega                  29.05.1984 – 31.03.1986                672
Concejo de Bogotá          11.01.1995 – 06.02.1995                26
Secretaría de Tránsito y
Transporte                      01.07.1995 – 14.09.1997                794
Independiente                           03.06.2000 – 30.12.2001                568
Que en el Sistema de Facturación expedido por el ISS se verificó que
existe una deuda por parte del Empleador CONDISA S.A. desde el 01.04.1994 al
31.08.1994 y del 01.09.1984 al 31.12.1994,[3]
la cual no ha sido cancelada.
Que así las cosas se concluye que el asegurado acredita 983 semanas,
lo cual corresponde a 6887 días.
Que según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
régimen de transición se aplica a quienes al momento de entrar en vigencia el
nuevo Sistema General de Pensiones tenían 35 años de edad o más la mujer o 40
años de edad o más el hombre o 15 años o más de servicios cotizados.
Que del mismo modo el artículo 36 mencionado precisa que a las
personas que se encuentren protegidas por el régimen de transición se les
aplicará la edad, el tiempo y el monto de pensión de vejez del régimen anterior
al cual se encuentren afiliados.
Que revisada la carpeta personal del asegurado se verifica que el
régimen que traía al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, no era el
régimen del Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta que a primero de abril de
1994 venía vinculado al Concejo de Bogotá, y para poder aplicar el régimen del
Decreto 758 de 1990, es requisito indispensable que se traiga el régimen a la
entrada en vigencia al Sistema General de Pensiones, lo cual se presenta
únicamente si viene cotizando al ISS para ese fecha o si la última cotización
para el Sistema la hubiese efectuado a éste Instituto antes de 01 de abril de
1994, situación que no se presenta en caso bajo estudio debido a que, como ya
se mencionó, el recurrente venía activo con una Entidad del Sector Público, y
su última cotización al ISS antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 fue
realizada el 31 de marzo de 1986, como se puede constatar en el Sistema de
Facturación del ISS.
Que por lo anterior, y conforme a la situación fáctica del caso, la
norma aplicable para el reconocimiento de la prestación, teniendo en cuenta el
tiempo cotizado y laborado por el asegurado, es la Ley 100 de 1993, según lo
dispuesto por el artículo 33 que exige acreditar 55 años de edad la mujer o 60
años de edad el hombre y mínimo 1050 semanas cotizadas para el año 2005,
permitiendo contabilizar el tiempo laborado en entidades del estado y no
cotizado y las semanas cotizadas a las diferentes entidades de previsión del
sector público de cualquier orden.
Que es evidente que el asegurado acredita el requisito de edad al
haber nacido el 09 de diciembre de 1937, no así del tiempo mencionado en la
norma anterior, razón por la cual no procede el reconocimiento de la pensión
contemplado en la misma.
Que así mismo el asegurado es beneficiario del régimen establecido
en la Ley 71 de 1988 que exige 20 años de servicio exclusivo al estado y 55
años de edad, acreditando el asegurado el requisito de edad establecido en las
dos normas mencionadas pero no el de tiempo que ellas mismas exigen.”
Adicionalmente, con el fin de contar con mayores elementos de juicio
para decidir el presente asunto, la Sala ordenó, por medio de auto del 19 de
enero de 2006, que la entidad demandada remitiera a la Corte copia íntegra del
expediente administrativo relacionado con la solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión de vejez del ciudadano Peña Ortega.  No obstante, dentro del
término probatorio concedido para el efecto, no se obtuvo respuesta alguna por
parte del Seguro Social.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes expuestos, debe la Sala determinar
si la negativa del Seguro Social en conceder el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez al actor vulnera su derecho fundamental al mínimo vital.  Con
este fin, reiterará las reglas fijadas por la jurisprudencia de esta
Corporación sobre (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela
para obtener el pago de prestaciones del sistema de seguridad social; y (ii)
la imposibilidad de negar la pensión de vejez de los afiliados al Sistema
mencionado en aquellos casos en que concurre la mora patronal en el pago de
aportes.  Luego, con base en esta argumentación, decidirá el caso sometido a
estudio.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez.  Evaluación de la inminencia de perjuicio irremediable en el
caso de los adultos mayores.  Reiteración de jurisprudencia
De manera
preliminar y analizados los presupuestos fácticos del caso y el problema
jurídico que de ellos surge, la Sala advierte que el actor cuenta con los
instrumentos procesales propios de la jurisdicción ordinaria para solucionar la
controversia jurídica propuesta.  En ese sentido, para que la acción de tutela
impetrada resulte procedente, deberá estarse ante la inminencia de un perjuicio
irremediable que permita conceder el amparo deprecado.  Esta materia ha sido
estudiada reiteradamente por la Corte, por lo que existe un precedente
consolidado sobre la materia.  Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, la Sala sintetizará los aspectos más
relevantes de esta jurisprudencia y remitirá a las sentencias que desarrollan
en extenso dicha doctrina.
La acción de tutela, en los términos fijados por el Constituyente,
es una herramienta judicial de carácter subsidiario para la protección de los
derechos fundamentales.  Este hecho se explica en tanto “1º) Los medios y
recursos judiciales ordinarios constituyen los mecanismos preferentes a los
cuales deben acudir las personas para invocar la protección de sus derechos;
2º) En los procesos ordinarios se debe garantizar la supremacía de los derechos
constitucionales y la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P.
arts. 4º y 5º); 3º) La tutela adquiere el carácter de mecanismo subsidiario
frente a los restantes medios de defensa judicial; su objeto no es desplazar
los otros mecanismos de protección judicial, “sino fungir como último recurso
(...) para lograr la protección de los derechos fundamentales”[4]; y
4º) La protección de derechos constitucionales fundamentales es un asunto
reservado a la tutela, en la medida que el ordenamiento jurídico no ofrezca al
afectado otros medios de defensa judicial”[5].
El reconocimiento de la aplicación general de los medios y recursos
judiciales ordinarios para la protección de los derechos fundamentales
justifica, entonces, la exigencia de requisitos definidos para la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo transitorio.  De este modo, en el caso
concreto se debe estar ante la inminencia de un perjuicio irremediable.  Para
que concurra esta condición, la jurisprudencia constitucional considera que “En
primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige
un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse
medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble
perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio,
y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último,
las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable.”[6]
Igualmente, la jurisprudencia constitucional sobre la materia ha
previsto que la evaluación del perjuicio irremediable no constituye un
ejercicio genérico sino que, en contrario, debe consultar las particularidades
del caso concreto, a fin de definir la falta de idoneidad del mecanismo
judicial ordinario.  Por ende, resulta válido afirmar que la intensidad de la
evaluación sobre la inminencia del perjuicio irremediable debe modularse en
razón de las condiciones personales de quien invoca la protección de sus
derechos fundamentales.  Esta fue la posición adoptada por la Corte en la
sentencia T-1316/01, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, que estudió el caso de un
grupo de adultos mayores, quienes pretendían obtener a través de la acción de
tutela la reliquidación de sus mesadas pensionales.  Dicha decisión partió de
considerar que la sola circunstancia de pertenecer a un grupo de especial
protección constitucional no era un motivo que per se justificara la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.  No obstante,
también estimó que el de hecho de ostentar tal condición sí constituía un
parámetro válido para disminuir la intensidad de la evaluación sobre la
existencia de un perjuicio irremediable, en la medida en que las personas en
situación de debilidad manifiesta, entre ellas las pertenecientes a los grupos
mencionados, son beneficiarios de una discriminación positiva en lo que tiene
que ver con el acceso a los medios y recursos judiciales ordinarios, acceso que
debe calificarse en atención a las condiciones del asunto sometido a estudio
del juez de tutela, a fin de conservar la igualdad material entre quienes
aspiran a la solución institucional de sus conflictos.  Para la sentencia,
entonces, “tratándose de sujetos de especial protección, el
concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más
amplia y desde una doble perspectiva.  De un lado, es preciso tomar en
consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos
que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es
necesario atender las particularidades de la persona individualmente
considerada, esto es, en el caso concreto”.
En conclusión,
la procedencia de la acción de tutela depende del cumplimiento de los
requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional para la inminencia del
perjuicio irremediable.  La evaluación de ese perjuicio no es un asunto
genérico, sino que responde al análisis de los presupuestos fácticos propios
del caso concreto.  Adicionalmente, el estudio sobre la idoneidad de los
mecanismos judiciales ordinarios resulta atenuado para el caso de individuos
que pertenezcan a grupos de especial protección constitucional en los términos
del artículo 13 C.P.
Inoponibilidad
de la mora patronal para el reconocimiento de la pensión de vejez.  Reiteración
de jurisprudencia
La Corte
Constitucional ha insistido en varias de sus decisiones acerca de relación
intrínseca entre el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación propia
del sistema general de seguridad social en salud y la adecuada protección de
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de
los adultos mayores.[7]
En efecto, cuando un trabajador arriba a una edad que le impide continuar
activo económicamente y, a su vez, concurre el número de aportes al sistema
previstos por la ley, resulta necesario que se prodigue la prestación económica
imprescindible para la adquisición de los bienes materiales que garanticen la
digna subsistencia y, con ello, el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales.
En relación con
esta materia, uno de los problemas jurídicos estudiados por la Corte consiste
en determinar si la falta de pago de los aportes a la seguridad social a cargo
del empleador constituye un motivo suficiente para negar el reconocimiento y
pago de la prestación correspondiente.
Como se indicó
anteriormente, para que surja la obligación de las entidades administradoras de
pensiones de conceder la pensión de vejez deben concurrir los requisitos de
edad y monto de cotizaciones previstos por la Ley.  Respecto de este segundo
requisito, las disposiciones legales aplicables determinan que para el caso de
los trabajadores dependientes, el aporte está conformado por un porcentaje
asumido por el empleado y otro por el empleador, de forma tal que éste tiene la
obligación de descontar del salario el monto correspondiente, sumar su porción
de la cotización y reportar el pago a la entidad administradora de pensiones a
la que el trabajador se encuentre afiliado.[8]
Habida cuenta
este procedimiento para la cotización, surge la controversia sobre los efectos
del incumplimiento del empleador en sus obligaciones de pago de aportes a las
administradoras de pensiones.  En relación con este particular, la Corte ha
enfatizado, de forma reiterada, que la Ley 100 de 1993 otorga distintas
herramientas para que estas entidades efectúen los cobros correspondientes,
incluso coactivamente, con el objeto de preservar la integridad de los
aportes.  Bajo esa perspectiva, la negligencia en el uso de dichas facultades
no puede servir de sustento para negar el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación, puesto que tal actitud equivaldría a imputar al trabajador las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales del empleador y la
correlativa falta de acción de la entidad encargada del cobro de los aportes.
Esta conclusión
fue expuesta por la Corte en la sentencia T-363/98, M.P. Fabio Morón Díaz,
reiterada recientemente, entre otros, en los fallos T-165/03, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y T-1106/03, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, que estudiaron
casos similares al asunto sometido a revisión en esta oportunidad.  Sobre el
particular, dicha decisión señaló lo siguiente:
“No debe perderse de vista que de acuerdo con la
Sentencia C-177 de 1998 la hipótesis derivada del incumplimiento por mora del
patrono en los aportes para pensión se resuelve - a la luz de lo dispuesto por
el artículo 53 de la ley 100 de 1993- ordenando a la EAP a asumir las
consecuencias de su incuria dada la amplísima gama de atribuciones con que
cuenta para asegurar el efectivo cumplimiento de lo previsto en la ley. Además
de tener la posibilidad de acudir al expediente del cobro coactivo al tenor de
lo previsto por el artículo 57 eiusdem.
En efecto, allí se dijo:
“Es pues necesario separar jurídicamente el vínculo entre el patrono
y la EAP y la relación entre la EAP y el trabajador. Por ende, en esta primera
hipótesis, la Corte concluye que exigir el traslado efectivo de las
cotizaciones para que se puedan reconocer las semanas o tiempos laborados por
el trabajador constituye un requisito innecesariamente gravoso para el
empleado, pues la propia ley confiere instrumentos para que la entidad
administradora de pensiones pueda exigir la transferencia de los dineros,
mientras que el trabajador carece de esos mecanismos. En efecto, en este
caso, la EAP tiene las potestades y los deberes para vigilar que el patrono
cumpla con la obligación de efectuar la correspondiente cotización y traslado
de los dineros. Así, en particular, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993
precisa que estas entidades “tienen amplias facultades de fiscalización e
investigación sobre el empleador o agente retenedor de las cotizaciones al
régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de la presente ley”, entre las
cuales figura la posibilidad de (i) verificar la exactitud de las cotizaciones
y aportes u otros informes; (ii)adelantar las investigaciones que estimen
convenientes para verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
no declarados; (iii) citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores
de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes; (iv)
exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen,
o a terceros, la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando
unos u otros estén obligados a llevar libros registrados; (v)ordenar la
exhibición y examen de los libros, comprobantes y documentos del empleador o
agente retenedor de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias
necesarias para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones.
Además, la misma ley, en su artículo 24 precisa que para que esas entidades
puedan adelantar las acciones de cobro, se entiende que “la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.” Por su parte, el artículo 57 confiere las entidades administradoras
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida la posibilidad de establecer
el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos. En tales condiciones, y
con ese abanico de facultades, resulta inaceptable que una EAP invoque su
negligencia en el cumplimiento de sus funciones para imponer una carga
desproporcionada a la parte más débil de esta relación triangular, esto es, al
trabajador. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que en muchos
casos estas situaciones afectan negativamente a personas de la tercera edad,
las cuales merecen una especial protección del Estado (CP arts 13 y 46).
(…)
Conforme a todo lo anterior, y reiterando sus criterios
jurisprudenciales, la Corte concluye que en esta primera hipótesis, esto es, en
aquellos eventos en que ya se encuentra estructurada la obligación del patrono
de cotizar a una determinada entidad administradora de pensiones (EAP), resulta
contrario al derecho al reconocimiento y pago oportuno de las pensiones (CP art.
53) exigir el traslado efectivo de las sumas del empleador a la EAP para que el
trabajador pueda acumular esas semanas cotizadas.”(Sentencia
C-177 de 1998 MP Alejandro Martínez Caballero)
Vistas así las cosas, y teniendo en cuenta que (…) el Seguro, no
obstante la mora del patrono en materia de aportes por concepto de pensión, no
tomó las medidas que la ley le brinda para conminarlo a cumplir con sus
obligaciones y sin desconocer la reprochable actitud de la empresa demandada,
no ve la Sala por qué deba la demandante correr con las consecuencias de las
omisiones tanto del antiguo empleador como del Seguro Social.(…)” (Subrayas
no originales).
Con base en los
argumentos anteriormente enunciados, la Sala colige que (i) del
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, previo cumplimiento de los
requisitos legales, dependen la protección efectiva de los derechos
fundamentales de los adultos mayores, por lo que dicha prestación adquiere
especial relevancia constitucional; y (ii) habida cuenta esta relevancia,
la mora patronal en el pago de los aportes destinados a pensión no
constituye motivo suficiente para enervar el suministro de la pensión, amén de
los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para que las entidades
administradoras de pensiones cobren las cotizaciones respectivas.
Caso concreto
El ciudadano
Peña Ortega solicitó en diciembre de 2001 que el Seguro Social reconociera y
pagara su pensión de vejez.  Luego de más de dos años y en cumplimiento de una
orden de tutela, la entidad demandada negó la prestación con el argumento de la
insuficiencia de las semanas de cotización exigidas por la ley.  El actor
interpuso contra esta decisión los recursos de vía argumentativa, los cuales
fueron resueltos de manera desfavorable.
De conformidad
con las reglas jurisprudenciales estudiadas anteriormente, el primer asunto que
debe resolverse de la procedencia de la acción impetrada como mecanismo
transitorio.  Al respecto, la Sala advierte que el actor es un adulto mayor,
cuya edad avanzada le impide continuar con el ejercicio de la actividad
laboral.  En igual sentido, dentro del expediente no concurre elemento
probatorio alguno que permita concluir que cuenta con algún otro ingreso
distinto del salario que devengó mientras que ostentó la condición de
trabajador, de forma tal que puede inferirse razonablemente que de la pensión
de jubilación reclamada depende su subsistencia.  Por último, debe tenerse en
cuenta que el Seguro Social ha actuado de forma negligente en el trámite
expuesto, puesto que excedió en buena medida los términos impuestos por la Ley
para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento y pago de pensión.[9] Esta circunstancia hace
concluir que el actor ha sido privado por un largo periodo de tiempo de la
prestación a la que cree tener derecho.
Vistos los
presupuestos fácticos anotados, la Corte concluye que en el presente asunto se
encuentran cumplidos los requisitos fijados por la doctrina constitucional
sobre la figura del perjuicio irremediable.  Por ende, la ausencia de la
pensión de jubilación deja al actor ante la ausencia del ingreso económico
necesario para la preservación del mínimo vital, situación que acarrea una
amenaza inminente y grave de sus derechos fundamentales, la cual debe
conjurarse a través de medidas que no pueden postergarse.  De este modo, la
acción impetrada resulta procedente, lo que permite a la Sala emitir un
pronunciamiento de fondo sobre el caso concreto.
La controversia
jurídica sometida a estudio de la Sala radica, en esencia, en que mientras el
Seguro Social considera que el actor no tiene derecho a la pensión de
jubilación, puesto que las semanas de cotización no son suficientes para
acceder a esa prestación, el demandante sostiene que los aportes efectuados
alcanzan el mínimo legal, una vez sean contabilizados según lo previsto en el
artículo 4º del Decreto 1748 de 1995.
No obstante, al
margen de la discusión de la manera como deben calcularse los aportes efectuados,
cuya resolución es un asunto propio de la jurisdicción ordinaria, en el caso se
advierte una circunstancia adicional que adquiere especial relevancia para
decidir el presente asunto.  En efecto, el acto administrativo que resolvió el
recurso de apelación en contra de la Resolución que negó el reconocimiento y
pago de la pensión realizó un estudio pormenorizado de las cotizaciones
efectuadas por el actor, a partir del cual concluyó la existencia de aportes
equivalentes a 983 semanas.  A reglón seguido, la misma Resolución señaló que
en el sistema de facturación expedido por el Seguro Social se verificó la
presencia de una deuda por parte del empleador CONDISA S.A. desde el 1º de
abril de 1994 al 31 de agosto de 1994 y del 1º de septiembre al 31 de diciembre
del mismo año, periodos que, por tanto, no fueron contabilizados como parte de
los aportes existentes.
La aplicación al
presente asunto de la regla jurisprudencial anteriormente estudiado sobre la
inoponibilidad de la mora del empleador en el pago de cotizaciones, permite
inferir que, en principio, los argumentos empleados por el Seguro Social para
negar la prestación resultan desvirtuados.  Nótese que la entidad
administradora de pensiones reconoce la existencia de un periodo equivalente a
36 semanas en mora, aportes que debieron cobrarse al empleador a través de los
instrumentos jurídicos que posee el Seguro Social para el efecto, lo cual no se
llevó a cabo.  Por tanto, la omisión de la entidad demandada en el cobro de
estos aportes, con cuya adición a las semanas efectivamente cotizadas se
completaría el total requerido para el reconocimiento de la pensión, no es una
razón válida y constitucionalmente admisible para dejar de otorgar ese derecho.
Al respecto debe
resaltarse que la entidad demandada tenía conocimiento de la mora de la empresa
Condisa S.A. en el pago de los aportes para pensión desde 1994 y, empero, no
efectuó acción alguna destinada a recuperar esos aportes.  Este hecho, aunado a
la demora excesiva para resolver las solicitudes de reconocimiento y pago de la
prestación y la ausencia de respuesta al decreto de pruebas efectuado por esta
Corporación, demuestra la falta de compromiso del Seguro Social en lo que tiene
que ver con la protección de los derechos fundamentales de sus afiliados y con
la colaboración que la Constitución Política le exige para con las autoridades
judiciales.
Queda por
analizar el tema de la naturaleza de la orden de protección.  Al respecto,
argumentos expuestos en apartados precedentes insisten en la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo transitorio para aquellos eventos en que existe
otro mecanismo de defensa judicial, pero tal instrumento pierde su idoneidad
para el caso concreto.  No obstante, esta conclusión carece de carácter
absoluto, pues la jurisprudencia constitucional también ha previsto que, de
manera excepcional, y ante las graves e innegables condiciones de debilidad
manifiesta del afectado, las acciones judiciales ordinarias no sólo dejan de
ser efectivas, sino que se tornan en plenamente ineficaces.  En estos eventos,
la Corte ha procedido a conceder la protección de los derechos de forma
definitiva.
Un ejemplo de la aplicación de esta doctrina se encuentra en la
sentencia T-401de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que la Sala Quinta de
Revisión analizó el caso de una persona adulta mayor y discapacitada, a quien
no se le había reconocido la pensión de sobrevivientes, pese a haber acreditado
los requisitos legales para ello.  En ese caso, la Corte ordenó la protección
definitiva de los derechos invocados en razón de las condiciones extremas que
presentaba el accionante. Al respecto, la decisión en comento señaló:
“Bajo las anteriores consideraciones, es menester anotar que el
presente caso pocas dudas deja respecto de la débil y disminuida situación de
salud que padece el demandante, pues las especificaciones de su situación
podrían definirse de la siguiente  manera: persona de la tercera edad, con
retardo mental congénito por hidrocefalia perinatal y macrocefalia, no puede
decidir por sí mismo, fue declarado inválido permanente según evaluación de la
Caja Nacional de Previsión y tiene como curadora a su hermana como resultado de
un proceso de interdicción judicial.
Igualmente, su precaria condición económica se evidencia con las
declaraciones de su hermana, cuando manifiesta que es urgente contar con la
mencionada pensión por cuanto se amenaza la subsistencia de su hermano y se
empeoran sus condiciones mínimas de vida ante la carencia de medios para su
manutención. Ello deja ver otra vulneración grave a entidades constitucionales
como el derecho a la dignidad, en la medida en que tratándose de una persona
que no cuenta con ninguna fuente de ingresos y que no tiene la capacidad de
operar en el mercado laboral, negarle una pensión de invalidez, equivale a
someter arbitrariamente su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras
personas, lo que compromete seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía.
Al respecto, esta Corporación ha considerado que el principio de dignidad
humana resulta vulnerado cuando se somete a una persona a vivir de la caridad
ajena, existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos
propios que le permitan subvenir algunas de sus necesidades básicas.[10]
De este modo, la Sala reitera la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que ha señalado que el titular de un derecho fundamental en
condiciones de debilidad manifiesta requiere el amparo urgente de sus derechos,
dada la gravedad del perjuicio que afronta[11].
En consecuencia, lo procedente en este caso es revocar las decisiones de
instancia, que se apartaron de los dictados constitucionales, y en tanto se
trata de un discapacitado de la tercera edad, se concederá la tutela como
mecanismo definitivo, para que la entidad accionada revoque la resolución de 29
de abril de 2002 y profiera acto administrativo mediante el cual resuelva
nuevamente y de manera favorable el derecho que le asiste al [actor]”
Consideraciones similares son aplicables para el asunto bajo
estudio.  En efecto, el actor es un adulto mayor, que requiere del pago de la
pensión de vejez como presupuesto indispensable para su subsistencia,
circunstancia que lo pone ante condiciones de debilidad manifiesta en tanto se
encuentra comprometido seriamente su derecho fundamental a su mínimo vital y,
como se demostró en esta sentencia, es posible inferir válidamente que los
requisitos legales para el reconocimiento de la prestación fueron debidamente
cumplidos por el demandante  Conforme con lo anterior, imponer al actor la
obligación de reclamar ante la jurisdicción ordinaria la prestación, constituiría
una carga desproporcionada, contraria a la eficacia material de los derechos
fundamentales invocados.  Por lo tanto, se impone conceder el amparo
constitucional como mecanismo definitivo.
Ante las
circunstancias planteadas, la Sala concluye que las decisiones adoptadas por el
Seguro Social afectaron, de forma cierta y comprobable, la posibilidad de
subsistencia en condiciones dignas del ciudadano Peña Ortega.  En tal razón,
concurren elementos de juicio suficientes para conceder el amparo de sus
derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR las sentencias
proferidas por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá el 29
de agosto de 2005 y por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad
el 4 de octubre de 2005.  En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del ciudadano
Álvaro Peña Ortega.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR, al
representante legal del Seguro Social - Pensiones que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia,
proceda a reconocer y pagar a favor del ciudadano Peña Ortega la pensión de
jubilación.
TERCERO: Por Secretaría General,
líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
Presidente
de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Cfr. Folios 2 al 4 del cuaderno
de primera instancia
[2]
Cfr. Folios 21 al 27 del
cuaderno de primera instancia.
[3]
Con base en la información sobre cotizaciones efectuadas por
el actor, la Sala advierte que el Seguro hace referencia al periodo comprendido
entre el 01-09-1994 y el 31-12-1994.
[4]
Corte Constitucional. Sentencia SU-544-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[5]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-1070/03.  En este caso la Sala
Plena de la Corte se ocupó de la procedencia de la acción de tutela para
resolver controversias generadas de la ejecución de contrato de concesión destinado
a la construcción de obras viales.
[6] Cfr.
Corte Constitucional,
Sentencia T-1316/04, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.  Esta sentencia sintetiza la
regla jurisprudencial reiterada por la Corte a partir del análisis efectuado en
la decisión T-225/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la cual estudió a
profundidad los elementos que integran las condiciones de inminencia, urgencia,
gravedad e impostergabilidad propios del perjuicio irremediable. Sobre este
particular, la sentencia en comento indicó: “Al
examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
A).El perjuicio ha
de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un
posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real
en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar
algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo
cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica,
aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación
natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que
oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la
causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una
causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la
causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que
se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de
la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la
oportunidad de la urgencia.
C).   No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a
la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la
amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte
de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad,
sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la
persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe
ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente.
D).La urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz
por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no
cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de
precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la
actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de
los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De
acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce
que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se
encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un
bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.”
[7]
Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-177/98, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; SU-430/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
SU-1354/00, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-631/02, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[8]
Cfr. Artículos 17 y siguientes
de la Ley 100 de 1993.
[9]
Cfr. Ley 100 de 1993, Art. 33.
Modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.
[10] T-378 de 1997, M. P.  Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11] T-143 de 1998, T-417 de 1997, T-515 de 1997 y
T-762 de 1998 entre otras.