T-352-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-352/12
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defectos que
configuran vía de hecho
ACCION
DE TUTELA CONTRA AUTOS INTERLOCUTORIOS-Procedencia
excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales de procedencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos especiales
de procedibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto
DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Estructuración
DERECHO
PROCESAL-Contribuir a la
realización de derechos subjetivos y fortalecer la obtención de una verdadera
justicia material
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico
DEBIDO
PROCESO-Desconocimiento
por defecto fáctico cuando valoración probatoria es arbitraria y abusiva
DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico
por omisión
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico
por acción
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y
positiva
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Violación
directa de la Constitución
COSA
JUZGADA-Presupuestos
para la existencia
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA COMO FUNCION PUBLICA-Finalidad
COSA
JUZGADA-Función positiva
y negativa
COSA
JUZGADA-Inexistencia
cuando resultan hechos distintos o aparece nueva prueba determinante para la
resolución del caso
COSA
JUZGADA DE DECISION JUDICIAL-Requisitos
DERECHO
DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Importancia de
prueba genética en proceso de investigación de paternidad
PRUEBA
ANTROPOHEREDOBIOLOGICA EN PROCESOS DE FILIACION-Reiteración de
jurisprudencia
INVESTIGACION
DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Prueba oficiosa de ADN ordenada por legislador
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional en caso
de existir otro medio de defensa judicial
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ DE LA ACCION DE TUTELA-Término razonable y prudencial
ACCION
DE TUTELA EN PROCESO DE FILIACION PARA INVESTIGACION DE PATERNIDAD-Procedencia por
falta de defensa técnica para agotar recursos de casación y revisión
ACCION
DE TUTELA EN PROCESOS DE FILIACION PARA INVESTIGACION DE PATERNIDAD-Procedencia por
falta de defensa técnica y vulneración de derechos de menor de edad que se
obligaría a permanecer con status de hija de quien biológicamente no lo es
ACCION
DE TUTELA EN PROCESOS DE FILIACION PARA INVESTIGACION DE PATERNIDAD-Defecto fáctico
al decidir al margen del material probatorio sobre prueba de ADN
ACCION
DE TUTELA EN PROCESOS DE FILIACION PARA INVESTIGACION DE PATERNIDAD-Defecto
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución al decidir al
margen de la Ley 721/01 sobre práctica y valoración de prueba de ADN
PRUEBA
ANTROPOHEREDOBIOLOGICA EN PROCESOS DE FILIACION-Primacía del
derecho sustancial sobre el procedimental
Referencia:
expedientes T-2864427 y T- 2899574
Acción de tutela
instaurada por William de Jesús Restrepo contra la Sala Cuarta de Decisión de
Familia del Tribunal Superior de Medellín y Juan contra la Sala de
Decisión de Familia del Tribunal Superior de Bogotá.
Derechos
tutelados-expediente T-2864427: debido proceso, acceso a la administración de
justicia, estado civil, personalidad jurídica, a tener una familia y formar
parte de ella y dignidad humana.
Derechos
tutelados-expediente T-2899574: debido proceso, acceso a la administración de
justicia, estado civil, personalidad jurídica y a la dignidad humana.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., quince (15) de mayo de dos mil doce (2012).
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto
Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el veintiuno (21) de
septiembre de 2010, mediante la cual confirmó el fallo de tutela proferido en
primera instancia, el cinco (5) de agosto de 2010, por la Sala de Casación
Civil de la misma Corporación, en el que se negó la tutela a los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad, invocados por el
demandante. Así mismo, de la sentencia del treinta (30) de septiembre de 2010,
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
negó el amparo de los derechos al debido proceso, a la vida digna, al buen nombre,
y a la igualdad, invocados por el peticionario.
El
expediente T- 2864427  fue seleccionado por auto del diecisiete
(17) de noviembre de dos mil diez (2010).
Por su parte, el expediente T- 2899574 fue seleccionado
por auto del diez (10) de diciembre de 2010,  y acumulada al expediente
T-2864427 por auto del diez (10) de marzo de 2011, por presentar unidad de
materia, para ser fallados en una sola sentencia.
En
consecuencia, la Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y las
decisiones judiciales de cada uno de los expedientes:
ACLARACIÓN
PREVIA
Teniendo
en cuenta que en el caso del expediente T- 2899574 se estudiará la
situación de una niña que fue declarada hija de una persona, quien impugna su
paternidad por la existencia de prueba de ADN que declara su incompatibilidad
genética con la menor de 18 años, la Sala advierte que como medida de
protección de su intimidad, ha ordenado suprimir de esta providencia el nombre de la
joven y el de sus familiares, al igual que los datos e informaciones que
permitan identificarla. En consecuencia, para efectos de identificarlos y para
mejor comprensión de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela de la
referencia, ha preferido cambiar los nombres reales de la adolescente y sus
familiares por los siguientes nombres ficticios[1]:
Camila:
madre
biológica de María.
Juan:
supuesto
padre de María y quien impugna su paternidad.
María:
niña
que fue declarada hija de Juan, y de quien se impugna la paternidad.
1.
ANTECEDENTES
1.1
EXPEDIENTE
T- 2864427
1.1.1.
Solicitud
1.1.1.1.
El
22 de julio de 2010, William de Jesús Restrepo interpuso acción de tutela
contra la Sala Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la filiación, a la familia, al libre
desarrollo de la personalidad y a la dignidad, debido a que declaró la
existencia de cosa juzgada en el proceso de filiación extramatrimonial que
inició contra Marco Emilio Zuluaga Velilla, pese a que en este nuevo proceso se
practicó una prueba de ADN que arrojó como resultado un 99,999999993% de
probabilidad de paternidad.
El
tutelante solicita al juez constitucional:(i) dejar sin efectos la
sentencia proferida por el tribunal demandado y, en consecuencia, (ii) ordenar
a dicha entidad proferir un nuevo fallo que resuelva el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante del proceso de filiación contra la decisión
de primera instancia.
La
demanda se sustenta en los siguientes hechos y argumentos de derecho.
1.1.2.
Hechos
y argumentos de derecho
1.1.2.1.
El
demandante relata que cuando era menor de 18 años, por intermedio de la
Defensoría de Menores, inició un proceso de filiación extramatrimonial contra Marco
Emilio Zuluaga Velilla, el cual culminó con sentencia absolutoria del Juzgado
Cuarto Civil de Menores de Medellín, el cuatro (4) de octubre de 1973.
1.1.2.2.
Indica
que en el año 2008, cuando ya era mayor de 18 años, promovió un nuevo proceso
de filiación extramatrimonial contra Marco Emilio Zuluaga Velilla, en el que
solicitó la práctica de una prueba de ADN para comprobar la paternidad, de
conformidad con el artículo 1° de la Ley 721 de 2001.
1.1.2.3.
Asegura
que el tres (3) de diciembre de 2009, el Juzgado Once de Familia de Medellín
dio por terminado este último proceso, por encontrar probada la excepción de
cosa juzgada, pese a que dentro del mismo se practicó una prueba de ADN que
arrojó como resultado un 99,999999993% de probabilidad de paternidad.
1.1.2.4.
Sostiene
que apeló esta decisión y que la Sala Cuarta  de Decisión de Familia del
Tribunal Superior de Medellín, por medio de sentencia del diecisiete (17) de
junio de 2010, confirmó el fallo de primera instancia con fundamento en la
misma argumentación.
1.1.2.5.
Para
el actor, el Tribunal acusado, al no revocar la decisión del juez de primera
instancia, vulneró su derecho fundamental a la filiación, reconocido en varias
disposiciones de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Además,
dio prevalencia a la seguridad jurídica sobre el principio de justicia material
y desconoció que en casos como el presente, el alcance de la cosa juzgada es
relativo.
1.3.
Traslado y contestación de
la demanda
Mediante auto
del 26 de julio de 2010, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia avocó conocimiento de la acción de tutela de la referencia y corrió
traslado a la Sala Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de
Medellín y al Juzgado 11 de Familia de la misma ciudad, para que ejercieran su
derecho de defensa.
Estas
autoridades judiciales guardaron silencio.
1.1.4.   Decisiones de instancia
1.1.4.1.      Sentencia de primera instancia
Mediante
sentencia del cinco (05) de agosto de 2010, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia negó la protección constitucional invocada, por
considerar que el demandante incurrió en grave descuido, ya que habiéndole sido
desfavorable a sus intereses el fallo dictado por el ad quem,
pretermitió interponer el recurso extraordinario de Casación previsto en el
artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1 de
la Ley 592 de 2000. A su juicio, dicho  mecanismo de cierre procedía contra tal
pronunciamiento, dado que en este caso tenía operatividad la regla cuarta del
precepto en cita, por tratarse de un asunto ordinario que versaba sobre el
estado civil. En consecuencia, aseguró que  revivir la decisión censurada a
través de esta herramienta jurídica (la tutela), deviene inviable, como quiera
que violaría el principio de preclusión consagrado en el artículo 118 del mismo
código.
1.1.4.2.
Impugnación
El dieciocho
(18) de agosto de 2010, el señor William de Jesús Restrepo presentó recurso de
impugnación contra la decisión de primera instancia, por considerar que la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia hizo prevalecer la seguridad jurídica y
la cosa juzgada sobre el derecho a la filiación, olvidando que según el
precedente de la Corte Constitucional, la filiación constituye un derecho
constitucional prevalente.
Además,
manifestó que cuando la seguridad jurídica y la cosa juzgada entran en colisión
con el principio de justicia material, que en el caso sub examine se
concreta en el derecho a la filiación y en la relevancia constitucional de la
prueba de ADN, debe limitarse la seguridad jurídica y la cosa juzgada en pro de
la justicia material, en virtud del  deber que tiene el Estado de promover la
vigencia de un orden justo.
Por otra parte,
manifestó que se debe tener en cuenta la sentencia T-584 de 2008, en la que la
Corte Constitucional reiteró la naturaleza iusfundamental del derecho a
la filiación, del cual se desprende la relevancia constitucional de la prueba
de ADN, mecanismo idóneo desde la perspectiva científica, para establecerla. Así
mismo, sostuvo que en la misma sentencia se determinó que debido al grado de
certeza científica de la prueba genética, ésta debe ser practicada y valorada
en los procesos en los cuales se debate la filiación, ya que de no ser así,
puede recurrirse a la tutela para tales efectos.
Por último,
expresó que la actuación judicial contraria a la Constitución, no puede
reclamar para sí la intangibilidad e inmunidad que proporcionan la seguridad
jurídica y la cosa juzgada. Lo contrario sería colocar al juez y a su decisión
por encima de la Constitución, en una suerte de posición supra normativa y
supra constitucional.
1.1.4.3.
Sentencia de segunda
instancia
Mediante fallo
del veintiuno (21) de septiembre de 2010, la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia resolvió confirmar la decisión impugnada, por considerar que la
acción de tutela resultaba improcedente por cuanto el accionante no utilizó los
recursos y mecanismos ordinarios que la ley le concede  para hacer valer sus
derechos dentro del respectivo proceso, lo que se traducía en presentar el
recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, el
cual era procedente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 366 del Código de Procedimiento Civil.
1.1.5.   Pruebas documentales
Se
encuentran en el expediente, entre otras, las siguientes pruebas:
1.1.5.1.
Copia de la providencia
proferida el tres (03) de diciembre de 2009, por el Juzgado Once de Familia de
Medellín, en el proceso de declaración de paternidad extramatrimonial incoado
por William de Jesús Restrepo contra Marco Emilio Zuluaga Velilla, en el que
declara probada la excepción de cosa juzgada y se desestiman las súplicas del
actor.
1.1.5.2.
Copia del recurso de apelación
interpuesto por William de Jesús Restrepo contra la sentencia proferida el tres
(03) de diciembre de 2009, por el Juzgado Once de Familia de Medellín.
1.1.5.3.
Copia de la Sentencia
proferida el diecisiete (17) de junio de 2010 por la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Medellín, en la que se resuelve el recurso de apelación en
el proceso de filiación extramatrimonial iniciado por William de Jesús Restrepo
contra Marco Emilio Zuluaga Velilla.
1.2.
EXPEDIENTE
T- 2899574
1.2.1.   Solicitud
El
veintitrés (23) de agosto de 2010, Juan interpuso acción de tutela
contra la Sala de Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la vida digna, al buen nombre, y a la igualdad, debido a
que se le imputó la paternidad de la niña María por cuestiones
procesales y no sustanciales, desconociéndose la finalidad de todo sistema
procesal, que es el de garantizar el derecho sustancial.
El
tutelante solicita al juez constitucional dejar sin efectos el fallo de segunda
instancia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, con fecha del
tres (03) de abril de 2009, en el que se decidió el proceso ordinario de
impugnación de la paternidad, por incurrir en vía de hecho, y, en consecuencia,
confirmar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Décimo de
Familia.
1.2.2.   Hechos y argumentos de derecho
1.2.2.1.
Afirma el accionante que el
veinte (20) de mayo de 2004, nació la niña llamada María, de quien la
madre Camila aduce ser fruto de su unión en matrimonio civil.
1.2.2.2.
Señala que el diecinueve (19)
de julio de 2004, dentro del término establecido en el Código Civil (sesenta
días después del nacimiento de Camila), interpuso acción de impugnación
de paternidad, demanda que fue admitida por el Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá mediante auto del veinticuatro (24) de agosto de 2004.
1.2.2.3.
Sostiene que el veinticinco
(25) de agosto de 2004, el laboratorio privado Servicios Médicos Yunis Turbay y
Cia. Instituto de Genética expidió el resultado de la prueba de ADN que se les
realizó a él y a la niña, en el que se establece que: “la paternidad del
señor Juan con relación a María es INCOMPATIBLE según los sistemas de
resultados en la tabla”.
1.2.2.4.
Indica que el veintinueve (29)
de agosto de 2006, se divorció de la señora Camila, y que el proceso fue
adelantado en el Juzgado Sexto de
1.2.2.5.
Expresa que el trece (13) de
abril de 2007, el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, en el marco del proceso
de impugnación de paternidad adelantado por él, decretó la práctica de una
nueva prueba de ADN.
1.2.2.6.
Manifiesta que el veintidós
(22) de julio de 2008, el Juzgado Décimo de Familia profirió fallo a su favor,
en virtud del resultado de la prueba de ADN, el cual manifestó una
incompatibilidad de la paternidad del señor Juan con relación a María.
Aduce que frente a esta decisión, la contraparte interpuso el recurso de
apelación aduciendo excepción de caducidad, y que la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en abril tres (03) de 2009,
revocó la decisión impugnada.
1.2.2.7.
Indica que el veintiséis (26)
de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró desierto el recurso de
Casación, por no haberse presentado dentro del término previsto legalmente para
ello, por lo que no le fue posible hacer uso del mismo, pues no contaba con los
recursos económicos para sufragar los gastos de un abogado.
1.2.2.8.
Alega que en el fallo de
segunda instancia no se tuvo en cuenta la prueba “reina”, la cual era la
de ADN, reconociendo por encima de la misma la excepción propuesta por la
demandada, la cual se apoyó en que no se dio cumplimiento al artículo 90 del
Código de Procedimiento Civil, que manifiesta que para impedir la prescripción
y/o la caducidad en el correspondiente proceso, es menester que el auto
admisorio de la demanda sea notificado al demandado dentro del año siguiente al
día en que se notifique del mismo al demandante; es decir, en este caso se
debió producir antes del veintisiete (27) de agosto de 2005, y no el dieciocho
(18) de diciembre de 2006, como ocurrió.
1.2.2.9.
Por lo anterior, solicita el
amparo de sus derechos fundamentales, pues a pesar de existir una prueba
contundente que demuestra que no es el padre de la niña, es obligado a
pagar una cuota alimentaria por $1.100.000 mensuales. De igual manera,
considera que los derechos fundamentales de María también están siendo
transgredidos, pues dentro de sus garantías se encuentran la de saber quién es
su verdadero padre biológico y la de tener un estado civil conforme a la
realidad.
1.2.3.  Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto
del veintidós (22) de septiembre de 2010, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la acción de tutela de la
referencia, vinculó a las partes y a los intervinientes para que ejercieran el
derecho de defensa y contradicción, y solicitó a quien estuviera en poder del
expediente, remitirlo en calidad de préstamo.
Para la
notificación de los vinculados, comisionó al Juzgado décimo de Familia de
Bogotá para que rindiera el respectivo informe en el término de un (1) día.
Mediante Auto
del veinticuatro (24) de septiembre de 2010, el Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá dijo haber remitido en calidad de préstamo el expediente de que se
trata, pero la Sala encuentra que los fallos allegados no guardan relación con
el asunto que se estudia.
1.2.4.   Decisiones de instancia
1.2.4.1.
Sentencia de primera
instancia
Mediante
sentencia del treinta (30) de septiembre de 2010, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia decidió negar el amparo solicitado por considerarlo
impertinente ya que, aunque el accionante interpuso el recurso extraordinario
de casación contra la sentencia de segunda instancia, no presentó la demanda en
el término establecido por la ley, razón por la cual dicha Corporación,
mediante auto del 26 de agosto de 2009, lo declaró desierto acorde con lo
previsto en el inciso 3 del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.
También
consideró, con respecto a la aludida falta de recursos económicos del
accionante para formular la correspondiente demanda de casación,  que este
argumento no desvirtúa el carácter subsidiario de la tutela, toda vez que el
interesado tuvo a disposición herramientas jurídicas para propender por la
defensa de sus derechos.
Por último,
manifestó que con prescindencia de lo anterior, el reclamo resultaba
improcedente por desconocer el requisito de inmediatez que le asiste a la
acción de tutela, ya que entre la decisión debatida y la presentación de la
demanda de amparo de tutela media un lapso que supera el espacio de seis meses
establecido por la jurisprudencia de la Sala como proporcionado y racional.
1.2.4.2.
Impugnación
El diez (10) de
octubre de 2011, el señor Juan impugnó el fallo de primera instancia,
por considerar que si no se agotó el recurso extraordinario de casación, no fue
por su negligencia, mucho menos por falta de interés en la causa, sino por la
falta de recursos económicos para poder sufragar los honorarios del abogado
casacionista, quien en su momento le cobró $80.000.000.  Así las cosas, el
recurso lo interpuso el abogado dentro del término de ley, pero al no llegar a
ningún acuerdo económico, no lo sustentó, razón por la que la Corte Suprema lo
declaró desierto.
Afirmó que no es
cierto que por su profesión (médico) tenga que tener dinero para pagar los
honorarios de un abogado casacionista, pues esta profesión “es mal paga”.
Por otra parte,
alegó que no tenía conocimiento de que podía solicitar un amparo de pobreza,
pues los abogados casacionistas a los que acudió para interponer el recurso de
casación, nunca le informaron la existencia de esa figura. Agregó que es un
profesional de la medicina, por tanto no se le puede exigir conocimientos en
derecho, pues nadie está obligado a lo imposible.
Por otra parte,
expresó que si bien la tutela no fue creada para subsanar falencias procesales,
ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o términos fenecidos,
en el caso en comento, lo que se busca es subsanar los errores en los que ha
incurrido el Juzgado Décimo de Familia, con el fin de que se le protejan sus
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales son fundamentales en un Estado Social de Derecho.
En cuanto a la
falta de inmediatez alegada por el juez de instancia, sostuvo que la
vulneración a sus derechos fundamentales no se consumó en el momento del fallo
del juez de segunda instancia, por el contrario, se ha prolongado en el tiempo,
a tal punto que actualmente sigue siendo afectado por dicho fallo, más cuando
la madre de la niña, con fundamento en la decisión del Tribunal Superior de
Bogotá, lo denunció en el 2010 por inasistencia alimentaria
Mediante Auto
del dos (02) de noviembre de 2010, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia rechazó por extemporánea la impugnación interpuesta por el
accionante contra la providencia decisoria del amparo de tutela proferida el
treinta (30) de septiembre de 2010, por cuanto en la certificación de entrega
expedida por 472, consta que su notificación  se cumplió el siete (07) de
octubre de 2010 y el escrito con el cual recurrió el citado fallo fue radicado
ante la Secretaría de la Sala el trece (13) de octubre del mismo mes y año, es
decir, vencido el término de tres (03) días previsto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.
1.2.5.   Pruebas documentales obrantes en el expediente
Obran en el
expediente, entre otras, las siguientes pruebas
1.2.5.1.   Copia de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C el tres (03) de abril de 2009.
1.2.5.2.   Copia del informe de los estudios de paternidad e
identificación, emitido por Servicios Médicos Yunis Turbay y Cia S. en C.
Instituto de genética.
1.2.5.3.   Copia del acta de divorcio de Camila y Juan,
emitida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá.
1.2.5.4.   Copia del comprobante de pago a pensionados a nombre
del señor Juan, donde figura que el valor neto de la pensión corresponde
a $2.578.965.
1.2.5.5.   Copia del proceso penal por inasistencia alimentaria,
en contra del señor Juan, donde consta que éste fue archivado.
1.2.5.6.   Copia de la comunicación emitida por el Juzgado
Dieciocho de Familia de Bogotá, donde hace constar que en el auto del dieciséis
(16) de mayo 2008, se decretó como cuota alimentaria provisional a favor de la
niña María, la suma equivalente al 37% de la pensión mensual devengada
por el señor Juan.
2.
ACTUACIONES
SURTIDAS POR LA SALA DE REVISIÓN
2.1.
PRUEBAS
Y COMUNICACIONES ORDENADAS POR LA SALA DE REVISIÓN
2.1.1.   Mediante auto del veinticuatro (24) de febrero de
2011, el despacho del Magistrado Ponente, dados los hechos y pretensiones
referidos, consideró necesario:
“PRIMERO:
ORDENAR que
por Secretaría General de la Corte Constitucional, se oficie al Juzgado Décimo
de Familia de Bogotá, para que en el término de tres (3) días hábiles, contados
a partir de la notificación de esta providencia, allegue a esta Sala de
Revisión, 1) Copia de todas las actuaciones surtidas en la demanda instaurada
por Juan contra Camila, en el proceso de impugnación de paternidad.
SEGUNDO:
COMISIONAR al
Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, para que por su intermedio se vincule al
proceso de tutela de la referencia, a la señora Camila, toda vez que la Sala
observa que la decisión que se profiera en el presente caso podría tener
efectos sobre ella”.
2.1.2.  Mediante auto del diez (10) de  marzo de 2011, el
despacho del Magistrado Ponente, dados los hechos y pretensiones referidos,
consideró también necesario:
“PRIMERO:
ACUMULAR el expediente número T- 2´8
SEGUNDO: Por intermedio
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Sala
4° de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín que dentro del
término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de esta
providencia, remita a esta Corporación copia del expediente del proceso de
filiación iniciado por William de Jesús Restrepo contra Marco Emilio Zuluaga
Velilla.
TERCERO: Una vez
recibidas las pruebas solicitadas en el numeral anterior, por intermedio de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, PONER EN CONOCIMIENTO  de
Marco Emilio Zuluaga Velilla, la acción de tutela y los fallos de instancia
adoptados dentro del expediente T-2´864.427, para que dentro del término de
cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de esta
providencia, manifieste lo que estime conveniente. La comunicación deberá
enviarse a la dirección que aparezca en el expediente del proceso de filiación.
CUARTO:
SUSPENDER LOS TÉRMINOS de los procesos T- 2´864.427 y T-
2´899.574 de manera indefinida, de manera que sólo vuelvan a correr una vez
recibidas y evaluadas las pruebas solicitadas”.
2.2.
PRUEBAS
Y RESPUESTAS ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN
2.2.1.   El tres (03) de marzo de 2011, el Juzgado Décimo de
Familia de Bogotá, en cumplimiento a lo ordenado en providencia del
veinticuatro (24) de febrero de 2011, hizo llegar al despacho copia del proceso
ordinario de impugnación de paternidad iniciado por el señor Juan contra
Camila, representante de la niña María, del cual tuvo
conocimiento el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá.
2.2.2.   El dos (02) de
mayo de 2011, el Juzgado Décimo Primero de Familia de Medellín, en cumplimiento
a lo ordenado en el auto del doce (12) de abril de 2011, remitió a este
despacho copia auténtica del expediente del proceso de filiación
extramatrimonial promovido por el señor William de Jesús Restrepo en contra de
Marco Emilio Zuluaga Velilla.
3.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
3.1.     COMPETENCIA Y
OPORTUNIDAD
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma
establecida por el reglamento de la Corporación.
3.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
Corresponde
a esta Sala establecer si la Sala Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal
Superior de Medellín vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la filiación, a la familia, al libre
desarrollo de la personalidad y a la dignidad del señor William de Jesús
Restrepo, debido a que declaró la existencia de cosa juzgada en el proceso de
filiación extramatrimonial que inició contra Marco Emilio Zuluaga Velilla, pese
a que en este nuevo proceso se practicó una prueba de ADN que arrojó como
resultado un 99,999999993% de probabilidad de paternidad.
Así
mismo, la Sala debe determinar si la Sala de Decisión de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulnera los derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida digna y al buen
nombre del señor Juan, al imputarle la paternidad de la niña María
por cuestiones procesales, pese a existir una prueba de ADN que demuestra que
no es el padre biológico de la menor.
Para resolver
estos problemas jurídicos, la Sala analizará: i) la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; iii) los requisitos especiales de procedibilidad excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales; iv) el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto como causal específica de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; v) el defecto fáctico como causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; vi) la violación directa de la Constitución como causal específica
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; vii) los
presupuestos para la existencia de cosa juzgada; y viii) la importancia de la
prueba genética como expresión del derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia, búsqueda de la verdad y prevalencia del derecho
sustancial. Con fundamento en estas consideraciones se procederá a decidir el
caso concreto.
3.3.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
3.3.1. Fundamento
Constitucional
El artículo 86
de la Constitución señala que la acción de tutela procede contra toda “acción
o la omisión de cualquier autoridad pública”. Las autoridades judiciales
son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones deben ajustarse a
la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios,
deberes y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por esta
razón, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales que infringen los derechos fundamentales
de las partes, en particular el derecho al debido proceso, y que se apartan
notablemente de los mandatos constitucionales. Sin embargo, la Corte ha
precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser
excepcional, en atención a los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela.
En desarrollo
del artículo 86 constitucional, el Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad
de vulneración de derechos fundamentales por las autoridades judiciales en sus
decisiones. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-543 de 1992,
declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del decreto, los cuales se
referían  a la caducidad y la competencia especial de la tutela contra
providencias judiciales. En aquel momento, la Corte consideró que la acción de
tutela no había sido concebida para impugnar decisiones judiciales, y que
permitir su ejercicio contra tales providencias, vulneraría los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, además de transgredir la autonomía e independencia
judicial.
No obstante la
declaración de inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de
1991, la Corte mantuvo abierta la posibilidad de interponer acciones de tutela
contra providencias judiciales cuando éstas constituyeran manifiestas vías
de hecho. Así, a partir de 1992, esta Corporación comenzó a admitir la
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que constituyen vías de
hecho, es decir, decisiones manifiestamente arbitrarias porque, por ejemplo,
(i) se basan en normas evidentemente inaplicables (defecto sustantivo), (ii)
son proferidas con carencia absoluta de competencia (defecto orgánico), (iii)
se basan en una valoración arbitraria de las pruebas (defecto fáctico), o (iv)
fueron proferidas en un trámite que se apartó ostensiblemente del procedimiento
fijado por la normativa vigente (defecto procedimental). Con el paso del
tiempo, el Alto Tribunal en su jurisprudencia fue identificando otros defectos
constitutivos de vías de hecho.
Ahora bien, la
doctrina de las vías de hecho fue replanteada en la sentencia C-590 de 2005. En
este fallo, la Corte señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a
diferenciar dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales: unos requisitos generales de procedencia de
naturaleza estrictamente procesal, y unos requisitos específicos de
procedibilidad de naturaleza sustantiva que recogen los defectos que antes eran
denominados vías de hecho.
El concepto de
providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son
proferidos por las autoridades judiciales. Sin embargo, en materia de
decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte ha señalado que éstas,
por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios
que el legislador ha dispuesto para el efecto. Entonces, la acción de tutela
procederá solamente (i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante
otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional no será
procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos
ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados
en forma indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no
resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados;  o (iii)
cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio
irremediable.[2]
En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y los requisitos especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta
Corporación.
Ahora, pasa la
Sala a analizar los requisitos generales y los especiales que la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado como necesarios para que proceda la tutela
contra providencias judiciales.
3.3.2. Requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
Los requisitos
generales de procedencia señalados en la sentencia C-590 de 2005, son
condiciones de procedimiento que buscan hacer compatible la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, con la eficacia de principios
de estirpe constitucional y legal como la seguridad jurídica, la cosa juzgada,
la independencia y autonomía del juez, y la distribución jerárquica de
competencias al interior de la rama judicial.[3] Estos requisitos son los
siguientes:
“a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una  irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[9].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[10].
3.3.3. Requisitos
especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
En la sentencia
C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte
señaló los siguientes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Se trata de defectos sustanciales que por su
gravedad hacen incompatible la decisión judicial de los preceptos
constitucionales.[11]
“a. Defecto orgánico,
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[12] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”[13].
h.
Violación directa de la Constitución, que es el defecto que se deduce de
infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente
vinculables a la Constitución”[14].
Teniendo
en cuenta que a juicio de la Sala se vislumbran relevantes: i) el defecto
procedimental, pues en los asuntos estudiados se aplican, al parecer,
taxativamente normas procesales y se desplaza el amparo de los derechos
fundamentales de los interesados; ii) el defecto fáctico, debido a que se
sugiere que los funcionarios judiciales dejaron de valorar pruebas que eran
determinantes para la resolución de los casos; y iii) la violación directa de la
Constitución, ya que se alega que los jueces ordinarios tomaron decisiones que
desconocen los principios y garantías constitucionales, se procederá a hacer
una breve caracterización de dichos defectos como causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.4.
EL
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
La causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto procedimental, encuentra su sustento en los
artículos 29 y 228 de la Constitución, que se refieren a los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, y al principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre el procesal.
En principio,
este defecto se materializa cuando se desconocen las formas propias de cada
juicio; pero también pude producirse por un exceso ritual manifiesto, en virtud
del cual se obstaculiza el goce efectivo de los derechos de los individuos por
motivos formales. Así, existen dos tipos de defectos procedimentales: uno
denominado defecto procedimental absoluto, y el otro que es un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
El defecto procedimental
absoluto se configura cuando “el funcionario judicial se aparta por completo
del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al
pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso”[15].
Por su parte, el
defecto procedimental puede estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando
“(…) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para
la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en
una denegación de justicia”; es decir:
“el
funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio
para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el
caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal,
(iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales”[16]. (Subrayado
fuera del texto).
A continuación
pasará la Sala a hacer mención de algunas sentencias en las que la Corte
reconoció la existencia de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
3.4.1. En la Sentencia T-1306 de 2001[17],
la Corte conoció el caso de un señor que solicitó su derecho a la pensión de
jubilación a través de una demanda laboral, la cual fue resuelta negativamente
por el juez de segunda instancia, bajo el argumento de no haber cumplido con
los requisitos establecidos en la ley. En Casación, si bien la Corte Suprema de
Justicia corrigió la doctrina utilizada por el Tribunal por considerarla
inaceptable, decidió no casar el fallo porque el actor había incurrido en
fallas técnicas en la presentación del recurso. Entonces, al revisar el asunto,
la Corte Constitucional decidió tutelar los derechos del accionante debido a
que:
“Los jueces deben
ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal
en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de
un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la
coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco
jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material.
Sin
embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva
realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal
haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del
cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando
a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la
efectiva realización del derecho material (art. 228).
De
lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual
manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una
inaplicación de la justicia material”.
3.4.2. Así mismo encontramos la
Sentencia T-974 de 2003[18],
en la que la Corporación conoció de un caso en el que se le atribuyó a la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de una Sociedad, como consecuencia de su
decisión de revocar un auto, proferido por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá (que aceptaba la justificación dada por el representante
legal de la sociedad demandante, por su no asistencia a la audiencia de
conciliación) y, en su lugar, decretar la perención del proceso ordinario de
responsabilidad contractual seguido por la mencionada Sociedad contra
Fiducolombia S.A., como sanción por la ausencia injustificada del suplente del
representante legal de la Sociedad en la audiencia de conciliación. Aquí la
Corte sostuvo:
“Por
consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material
emerge clara y objetivamente su existencia.
(…)
Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la
Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y,
por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que
en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos,
el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.
(…)
Por tanto, se
incurre en una vía de hecho en la interpretación judicial cuando el juez adopta
una decisión en desmedro de los derechos sustantivos en litigio”.
En esta
providencia, la Corte amparó los derechos fundamentales del accionante al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al concluir que el
juez,  al ignorar palmariamente una prueba cuya valoración tenía la capacidad
de modificar el sentido del fallo y, al hacer una interpretación incorrecta de
las normas aplicables al caso, había incurrido en una vía de hecho.
3.4.3. Por otra parte, encontramos la
Sentencia T-264 de 2009[19].
En ésta la Corte revisó un caso de un juez de segunda instancia que no decretó
las pruebas que según el material probatorio aportado por las partes resultaba
trascendental en el asunto debatido; lo que lo llevó a denegar la pretensión
del accionante, arguyendo que el interesado no había aportado las pruebas que
reconocían el parentesco que se quería acreditar. La Corte manifestó que:
“
(…) si
bien los jueces gozan de libertad para valorar las pruebas dentro del marco de
la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual
probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial (…).
(…)
la correcta administración de justicia supone:
(1º)
Que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra,
(i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las
pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su
conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su
valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material
probatorio emerge clara y objetivamente. (2º) Que en el desarrollo de la sana
crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios
constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas”.
Como resultado
de lo anterior, el Alto Tribunal decidió tutelar los derechos fundamentales del
accionante, debido a que el juez le dio prevalencia al derecho procedimental
antes que al sustancial, ya que solicitó la prueba del registro civil, aún
existiendo sentencias que demostraban que la peticionaria debió aportar a un
proceso penal las pruebas que hacían falta en el proceso de responsabilidad
civil extracontractual, lo cual es a todas luces contrario a los mandatos
constitucionales.
3.4.4. Por último, en la Sentencia T-327
de 2011[20],
se revisó un caso en el que el juez de segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia, como jueces de tutela,
decidieron negar el amparo solicitado por el accionante, por haber interpretado
erróneamente el dictamen pericial que se llevó a cabo en el marco del proceso.
El Alto Tribunal expresó que:
“el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto surge
cuando el juez no atiende el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial,
y en consecuencia de ello deniega o vulnera el derecho al acceso a la
administración de justicia.
Es importante precisar que esta causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, presenta una estrecha relación
con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, es decir,
con el denominado defecto fáctico”.
Entonces, con fundamento
en lo anterior, la Corte decidió tutelar los derechos fundamentales del
peticionario, con el fin de resguardar la prevalencia
del derecho sustancial y de garantizarle el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, ya que el Alto Tribunal no
comparte que, aunque se hayan constatado serias deficiencias e inconsistencias
en el dictamen pericial, en lugar de adoptar las medidas necesarias para suplir
esas deficiencias y para cumplir con su propósito de solucionar el conflicto
sometido a su consideración desde una base fáctica adecuada, el juez de segunda
instancia prefirió revocar la decisión del juez a quo y cerrar en forma
definitiva las puertas de la jurisdicción civil a los demandantes, quienes
acudieron a ella para determinar si su crédito estaba debidamente reliquidado.
3.4.5.  En esta medida, se puede entonces concluir, que es
innegable la importancia que tienen las formalidades o ritos dentro de los
procesos judiciales, pues dichas formas buscan garantizar el respeto de un
debido proceso. No obstante, en la aplicación de dichas formalidades no se
deben sacrificar injustificadamente derechos subjetivos, pues precisamente el
fin del derecho procesal es contribuir a la realización de los mismos y
fortalecer la obtención de una verdadera justicia material.
En efecto,
cuando se aplican de manera taxativa las normas procesales, y con ello se
desplaza el amparo de los derechos de las personas,  es decir, cuando la
aplicación de una norma procedimental se convierte en una forma adversa a los
derechos de los individuos, se configura un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto que hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos generales
para declarar su configuración. Entonces, el juez de tutela está en la
obligación de obviar el trámite formal en beneficio de tales garantías.
3.5.
EL
DEFECTO FÁCTICO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
De
acuerdo al artículo 2° de la Constitución, uno de los fines esenciales del
Estado Social de Derecho es garantizar a las personas el goce real y efectivo
de los principios y garantías fundamentales. El amparo de dichas garantías
compete a  todos los jueces de la República dentro de las etapas de cada uno de
los procesos judiciales.
Ahora
bien, con el fin  de llegar a una solución jurídica con base en elementos de
juicio sólidos, el juez debe desarrollar la etapa probatoria de acuerdo a los
parámetros constitucionales y legales, pues sólo así puede adquirir certeza y
convicción  sobre la realidad de los hechos que originan  una determinada
controversia.
Así las cosas, los jueces dentro de sus competencias, cuentan con
autonomía e independencia y en sus providencias gozan de la potestad de valorar
las pruebas allegadas al proceso, atendiendo las reglas de la sana crítica y
los parámetros de la lógica y la experiencia; sin embargo, esta
discrecionalidad no implica que tengan facultades para decidir arbitrariamente
los asuntos puestos a su consideración, ya que la libertad en la valoración
probatoria está sujeta, como ya se dijo, a la Constitución y a la ley[21].
En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que cuando la
valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva,
se configura un ostensible desconocimiento del debido proceso por la presencia
de un defecto fáctico, que hace procedente la tutela contra providencias
judiciales.
Al
respecto se pronunció la Corte en la sentencia C- 1270 de 2000[22], en la
que se estudió la constitucionalidad del inciso 2 del
artículo 83 del Código de Procedimiento del Trabajo, que preceptuaba que “cuando
en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada, se hubieren dejado
de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de
parte y en la primera audiencia, ordenar su práctica, como también las demás
que considere necesarias para resolver la apelación o consulta”.  El Alto
Tribunal manifestó al respecto que:
“debe
entenderse que el desarrollo del despliegue probatorio debe atender a los parámetros
relativos al debido proceso, puesto que de contravenirse este derecho se
incurriría en un defecto fáctico, que ha sido entendido por esta Corte como una
anomalía protuberante y excepcional que puede presentarse en cualquier proceso
judicial y se configura cuando “el apoyo probatorio en que se basó el
juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”.
(…) a pesar de que los jueces tienen un amplio
margen para valorar el material probatorio en el cual se debe fundar su
decisión y formar libremente su convicción “inspirándose en los principios
científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)[23],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria”.
Con
fundamento en lo precitado, y al no encontrar la Corte ninguna vulneración a la
Constitución de parte de la norma demandada, decidió declararla exequible.
En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
definido el alcance del defecto fáctico como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
estableciendo que éste se presenta i) cuando existe una omisión en el decreto
de pruebas que eran necesarias en el proceso, ii) cuando se da una valoración
caprichosa o arbitraria a las pruebas existentes, o iii) cuando no se valora en
su integridad el acervo probatorio.
Al
respecto se pronunció la
Corte en la sentencia T- 1065 de 2006[24],
en la que estudió el caso de una persona que inició proceso laboral para que le
fuera reconocida su pensión de invalidez, pero el juez de segunda instancia optó
por confirmar la sentencia apelada, y admitió que al accionante le asistía
derecho para acceder al reconocimiento y pago de dicha pensión, pero se abstuvo
de concederle el amparo por cuanto supuestamente al actor le había sido
reconocida y pagada la pensión sustitutiva. Aquí esta Corporación sostuvo que:
“se presenta defecto
fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo
anterior trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al proceso de
ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico
debatido’. Existe defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio,
cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea
porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera
ilícita”.
En
vista de las consideraciones realizadas a lo largo de  esta sentencia, la Corte
tuteló el derecho al debido proceso del accionante, por considerarlo vulnerado
por la
sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
quien interpretó de manera errónea el acervo probatorio.
Luego, en la
Sentencia T-417 de 2008[25],
la Corte revisó el caso de una persona que presentó demanda de reducción o pérdida
de intereses pactados contra el Banco Popular, y a quien el juez de segunda
instancia le negó su derecho por una interpretación errada del artículo 277 del
Código de Procedimiento Civil. La Corte estableció algunos eventos que pueden
dar lugar a la interposición de acciones de tutela contra providencias
judiciales por configurarse una vía de hecho por el acaecimiento de algunos
defectos, entre los cuales encontramos el defecto fáctico. Dichos eventos son:
“El primero, por omisión: sucede cuando sin razón
justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente
en el proceso. Nótese que esta deficiencia probatoria no sólo se presenta
cuando el funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora arbitrariamente
las pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes, sino también
cuando, ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el deber de
decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan justificadas. De
hecho, no debe olvidarse que aún en los procesos con tendencia dispositiva, la
ley ha autorizado al juez a decretar pruebas de oficio[26]
cuando existen aspectos oscuros o dudas razonables que le impiden adoptar una
decisión definitiva. Pero, incluso, existen ocasiones en las que la ley le
impone al juez el deber de practicar determinadas pruebas como instrumento
válido para percibir la real ocurrencia de un hecho.
Un
ejemplo de este tipo de defectos se encuentra en la
sentencia T-949 de 2003, en la cual se encontró que el juez de la causa decidió
un asunto penal sin identificar correctamente a la persona sometida al proceso
penal, y que además había sido suplantada. La Sala Séptima de Revisión concluyó
que correspondía al juez decretar las pruebas pertinentes para identificar al
sujeto activo del delito investigado y la falta de ellas constituía un claro
defecto fáctico que autorizaba a ordenar al juez competente la modificación de
la decisión judicial. En el mismo sentido, la sentencia T-554 de 2003, dejó sin
efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una investigación
penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se requería para
determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que se le imputaba
al sindicado. Igualmente, en sentencia T-713 de 2005, la Sala Quinta de
Revisión declaró la nulidad de una sentencia de segunda instancia porque el
juez no se pronunció respecto de la solicitud de práctica de pruebas que el
actor había formulado en ese momento procesal”.
En
el mismo pronunciamiento, la Corte explicó que “el defecto fáctico por
acción se presenta cuando a pesar de que las pruebas reposan en el
proceso hay: i) una errada interpretación de ellas, ya sea porque se da por
probado un hecho que no aparece en el proceso, o porque se examinan de manera
incompleta, o ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales o ineptas, o
iii) fueron indebidamente practicadas o recaudadas, de tal forma que se vulneró
el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte”.
Para terminar,
esta providencia resaltó que procede la protección de los derechos
fundamentales afectados con una sentencia ejecutoriada cuando el defecto
fáctico resulta determinante para la decisión, esto es, “cuando el error en
el juicio valorativo de la prueba sea de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia”.
En consecuencia
de lo anterior, la Corte consideró que los jueces de instancia incurrieron en
un defecto fáctico por omisión, al no valorar un concepto técnico que
aportó al proceso verbal sumario la parte demandante, lo que vulneró
el debido proceso y el derecho de defensa de la accionante. Por esa razón, la
acción de tutela prosperó.
Entonces, puede sostenerse que los defectos fácticos se presentan
en dos dimensiones a saber, y que corresponden a: una dimensión
negativa, que se presenta cuando el juez niega el decreto o la práctica de
una prueba o la valora arbitraria, irracional y caprichosamente. También cuando
omite su valoración[27], y cuando sin
una razón valedera, considera que no se encuentra probado el hecho que de la
misma deriva clara y objetivamente[28]; y a una dimensión
positiva, que generalmente se exterioriza cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar y al hacerlo desconoce la Constitución[29].
Así las cosas,
dentro de las conductas que configuran el defecto fáctico se encuentran: i) defecto
fáctico por omisión: cuando el juez se niega a dar por probado un hecho que
aparece en el proceso, lo que se origina porque el funcionario: a) niega,
ignora o no valora las pruebas solicitadas y b) tiene la facultad de decretar
la prueba y no lo hace por razones injustificadas, y ii) defecto fáctico por
acción: se da cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso, hay:
a) una errónea interpretación de ellas, bien sea porque se da por probado un
hecho que no aparece en el proceso, o porque se estudia de manera incompleta, o
b) cuando las valoró siendo ineptas o ilegales, o c) fueron indebidamente
practicadas o recaudadas, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa
de la contraparte; entonces, es aquí cuando entra el juez constitucional a
evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la
realidad probatoria del proceso; sin embargo, en esta misión el administrador
de justicia no puede convertirse en una instancia que revise el análisis
probatorio que realiza el juez ordinario, pues ello sería contrario al carácter
subsidiario de la acción  de tutela e implicaría invadir la competencia y la
autonomía de las otras jurisdicciones.
3.6.
VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN COMO REQUISITO ESPECÍFICO DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Este defecto se
presenta cuando el juez de la causa adopta una decisión que desconoce los
mandatos de la Carta Política. En principio, éste fue concebido por la Corte
como un defecto sustantivo[30].
Muestra de ello es la sentencia SU- 1722 de 2000, en la que esta Corporación,
al estudiar varias acciones de tutela  contra providencias judiciales en
materia penal, en las que se les agravó la pena a apelantes únicos bajo el
pretexto de que concurrían el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de
consulta, sostuvo que:
“aceptar
que el operador jurídico puede entrar a aumentar la condena en los casos de
apelante único por el sólo evento del grado de consulta, es introducir  una
cláusula interpretativa que no admite la norma del inciso 2º del artículo 31
constitucional, conforme al cual "el superior no podrá agravar la pena
impuesta cuando el condenado sea apelante único, lo que se convierte en la
existencia de un defecto sustantivo”.
Posteriormente
se le confirió autonomía e independencia[31]. Así,
en la sentencia T-949 de 2003, la Corte al estudiar una tutela contra
providencias penales que habían condenado a una persona erróneamente, como
resultado de una suplantación, reiteró lo dicho por la jurisprudencia con
respecto a los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, pero
incluyó un defecto adicional, que es el derivado del desconocimiento de una
norma constitucional aplicable al caso. Al respecto, el Alto Tribunal manifestó
que:
“todo
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y
(vi) violación directa de la Constitución”.
Esta
interpretación se reiteró en la citada sentencia C-590 de 2005[32]. En
esta providencia, la Corte, al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad
contra la disposición del Código de Procedimiento Penal que aparentemente
proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que:
“para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican: a. Defecto
orgánico; b. Defecto procedimental absoluto; c. Defecto fáctico; d. Defecto material
o sustantivo; f. Error inducido; g. Decisión sin motivación; h. Desconocimiento
del precedente;i. Violación directa de la Constitución” (SIC).
En un fallo
ulterior (sentencia T- 888 de 2010[33]),
la Corte, al revisar el caso de un señor que manifestó que sus derechos habían
sido vulnerados por el juez de la causa, tras decidir que la impugnación de la
paternidad presentada por él no estaba llamada a prosperar, porque no tenía
“interés actual” para actuar, pese a haber demandado dentro de los veinte (20)
días siguientes al conocimiento del resultado de la prueba de ADN que dictaminó
improbable que fuera padre de la niña que había reconocido como su hija, el
Alto Tribunal reconoció que si bien el desconocimiento de la Constitución
produce invariablemente la misma distorsión, no siempre se ocasiona de la misma
forma; es decir, que el desconocimiento del Estatuto Superior se puede
presentar con el acaecimiento de varios supuestos. En palabras de la
Corte:
"el
desconocimiento del Estatuto Superior se puede dar, al menos, en dos clases de
casos: (i) cuando las reglas o los principios que deben ser extraídos de su
texto son por completo desobedecidos y no son tomados en cuenta, en el
razonamiento jurídico (ni explícita ni implícitamente), o (ii) cuando las
reglas y los principios constitucionales son tomados en cuenta al menos
implícitamente, pero a sus prescripciones se les da un alcance insuficiente.
(i)
En
efecto, la manera más evidente de desconocer la Constitución es desatender por
completo lo que dispone, al punto incluso de ni siquiera tener en cuenta sus
prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico. Es el caso de una
providencia que interpretara que todo cuanto debe verificarse para determinar
si una relación es laboral, son las formalidades establecidas por los sujetos
jurídicos envueltos en el conflicto, y nada más. En este último caso, se
ignoraría por completo que la Constitución prescribe, en el artículo 53,
concederle primacía a la realidad sobre las formas estipuladas por los sujetos
de la relación laboral. De modo que una primera, y elemental, obligación de los
jueces de la República es la de tomar posición frente a la realidad conforme a
lo que proclaman las reglas y los principios establecidos en la Constitución.
(ii)
Esa
no es, sin embargo, la única exigencia derivada del carácter normativo de la
Constitución. Es necesario, conforme a ella, que el intérprete tome en cuenta
sus mandatos, prohibiciones y permisos, pero no basta con que les asigne cualquier
grado de eficacia. Aunque las reglas y los principios constitucionales pueden,
como es generalmente aceptado, entrar en conflicto con otras normas
constitucionales, la forma de resolver esos conflictos y, especialmente, los
resultados de esa resolución no son asuntos ajenos ni al carácter normativo ni
a la supremacía de la Constitución. Al contrario, por una parte, el carácter
normativo de la Constitución exige que todas sus normas sean optimizadas y, por
otra, la supremacía demanda que todas aquellas normas infra constitucionales
que satisfagan un derecho fundamental en grados inferiores al que sería óptimo,
sean consideradas inválidas. Lo cual quiere decir que no cualquier grado de
cumplimiento es legítimo, sino sólo el nivel de cumplimiento más alto posible (el
óptimo). De modo que si, por causa de un conflicto entre normas, un derecho
fundamental no puede ser satisfecho total y plenamente, quien está llamado a
resolver el conflicto no queda excusado de satisfacerlo en la mayor medida
posible. En consecuencia, la Constitución misma obliga al juez a verificar si
el conflicto se resolvió de tal manera que los principios en disputa se
satisficieron en la mayor medida posible, o si uno de ellos fue sacrificado más
allá de lo que era necesario y proporcionado”.
Así las cosas, la
Sala encuentra que existe violación directa de la Constitución cuando el juez
ordinario toma una decisión que desconoce o desobedece los principios y las
garantías consagrados en el Ordenamiento Superior, o cuando dichas reglas o
principios son tomados en cuenta, pero se les da un alcance insuficiente. En
efecto, debido al actual modelo de ordenamiento constitucional, que  reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, resulta factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados[34].
3.7.
PRESUPUESTOS
PARA LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA
La
administración de justicia como función pública, tiene la finalidad de
contribuir a la resolución de los conflictos que puedan suscitarse entre los
particulares, entre éstos y el Estado y/o entre las distintas entidades
estatales. Las decisiones que adoptan los jueces como administradores de
justicia, buscan poner punto final a las diversas controversias. Por tanto,
dichas soluciones hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, que una vez el juez
natural del asunto debatido tome una decisión, ésta resulta inmutable,
vinculante y definitiva, por consiguiente, los funcionarios judiciales no
pueden pronunciarse o decidir sobre un caso que previamente fue resuelto en el
marco de un proceso judicial.
En efecto, la
cosa juzgada propende por la seguridad jurídica y la certeza del derecho
debatido, en la medida en que evita que se reabra el estudio de un asunto que
anteriormente fue examinado y decidido por un juez de la República, y asegura
la estabilidad y certidumbre de los derechos que son declarados o reconocidos a
través de una sentencia en firme.
En este orden de
ideas, “no debe perderse de vista que el derecho, desde la modernidad
política, es la alternativa de legitimación del poder público y que tal
carácter se mantiene a condición de que resulte un instrumento idóneo para
decidir, de manera definitiva, las controversias que lleguen a
suscitarse pues sólo de esa forma es posible definir el alcance de los derechos
y crear las condiciones necesarias para su adecuado disfrute. De allí el
valor de cosa juzgada de que se rodean las sentencias judiciales y la
inmutabilidad e intangibilidad inherentes a tales pronunciamientos, pues de no
ser así, esto es, de generarse una situación de permanente incertidumbre en
cuanto a la forma como se han de decidir las controversias, nadie sabría el
alcance de sus derechos y de sus obligaciones correlativas y todos los
conflictos serían susceptibles de dilatarse indefinidamente. Es decir, el
cuestionamiento de la validez de cualquier sentencia judicial resquebrajaría el
principio de seguridad jurídica y desnudaría la insuficiencia del derecho como
instrumento de civilidad”[35].
(Negrilla en el texto).
Con fundamento
en estas características, la Corte ha señalado que la institución de la cosa
juzgada cumple al menos dos funciones: una negativa, que consiste en prohibir a
los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y
una función positiva, que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas[36].
Así las cosas,
para que se pueda hablar de la existencia de cosa juzgada, es necesario que la
controversia que se lleva hasta las instancias judiciales verse sobre los
mismos hechos y las mismas pretensiones discutidos previamente en un proceso
judicial, y que sean las mismas partes (demandante y demandado) quienes reabran
la discusión del asunto que fue fallado en una sentencia judicial en firme.
Ahora, si bien
se ha planteado que la cosa juzgada le da estabilidad a las relaciones
jurídicas, por lo que, ante las mismas partes, los mismos hechos y las mismas
pretensiones, no se puede hacer uso del aparato jurisdiccional para volver a
debatir un asunto que fue fallado previamente por un juez, lo cierto es que
resulta posible que, existiendo identidad de partes e identidad de pretensión,
si los hechos resultan distintos o nuevos, se abra la posibilidad de discutir
nuevamente el caso decidido.
Esto se ha
reconocido por la Corte Constitucional en diversas ocasiones. En muchos casos,
como los que se mencionarán a continuación, el Alto Tribunal si bien
explícitamente no hizo alusión a dicha figura, de manera implícita sí reconoció
que no existe cosa juzgada cuando posteriormente a la decisión tomada, aparece
una prueba que no se tuvo en cuenta para la resolución inicial del caso, lo
cual hace que el interesado vuelva a hacer uso del aparato jurisdiccional, y
obliga al juez a estudiar nuevamente la controversia.
A continuación
se pasará a mencionar los casos en los que la Corte ha reconocido
implícitamente que la aparición de una nueva prueba, puede y debe reabrir un
proceso decidido previamente a través de una sentencia judicial, cuando ésta
tenga el poder de cambiar el sentido del fallo. Lo anterior, en virtud de que
en estas situaciones no se configura la cosa juzgada pues se está frente a las
mismas partes y a las mismas pretensiones, más no frente a los mismos hechos,
ya que, precisamente, el nuevo material probatorio hace que las circunstancias
fácticas del caso cambien.
En la Sentencia
T- 411 de 2004[37],
la Corte examinó el caso de un señor que interpuso demanda de filiación
extramatrimonial en contra de su presunto padre, y en virtud de ello solicitó
el recaudo de la prueba genética para demostrar el vínculo parental. A pesar de
que el resultado de la prueba no se había allegado al proceso, el juez del
asunto resolvió declarar que no existía vínculo de sangre alguno entre el demandante
y el demandado, pese a que el resultado de la prueba genética dado a conocer de
forma extemporánea, arrojó como resultado que no se excluía la paternidad del
demandante y que la  probabilidad de paternidad era de 99.999%. A raíz de lo
anterior, el demandante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales. Aquí la
Corte precisó que:
“(…)
el hecho de que el actor dentro de la presente acción de tutela dejara de
interponer, en el proceso de filiación extramatrimonial, el recurso de
apelación al que tenía derecho contra la sentencia proferida por el Juzgado
Sexto de Familia de Cali el 4 de diciembre de 2002, debe ceder ante la
contundencia de la verdad científica y ante la trascendencia de los derechos
que se ponen en juego. De lo contrario, el señor Jairo Edmundo Pabón se
vería abocado de por vida a una situación de flagrante vulneración de sus
derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a su estado civil. De
igual manera, conociendo ahora sin posibilidad de duda la identidad de su
padre, si se le negara el derecho que tiene a establecer su filiación y su
estado civil, el señor estaría recibiendo menoscabo también en relación con su
dignidad como persona humana”. (Subrayado fuera del texto).
Las
consideraciones anteriores llevaron a que la Corte concediera el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al reconocimiento de
la personalidad jurídica del accionante, y en consecuencia, decretara la
nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Cali
dentro del proceso de filiación extramatrimonial, y ordenara  que  volviera a
pronunciarse de fondo sobre el asunto, pero ahora teniendo en cuenta la prueba
antropo-heredo-biológica.
De igual manera,
en la Sentencia T- 1226 de 2004 [38],
se revisó la tutela impetrada contra una providencia proferida por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de segunda instancia
en un proceso de investigación de la paternidad. Dicha sentencia había
confirmado el fallo de primera instancia, mediante el cual se declaraba al
actor padre extramatrimonial de una menor de 18 años con base en una prueba de
ADN, la cual había sido desvirtuada con posterioridad al fallo de segunda
instancia a través de la práctica de una nueva prueba, cuyo resultado excluyó
la paternidad del tutelante. Al examinar el caso concreto, el Alto Tribunal
consideró que:
“(…)
de acuerdo con los conocimientos científicos actuales el actor no puede, de
ninguna manera, ser considerado padre natural de la niña. Esa es la realidad a la
luz de exámenes de ADN (…)”.
Entonces, a
juicio de la sala de revisión,“(…) obligar al actor a tener como su hija a
una niña que no lo es – y a la menor a tener por padre a quien no lo es -
constituye una afectación de sus derechos a la filiación (C.P., art. 14), a la
familia (C.P., art. 42), al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16)
y a la dignidad (C.P., art. 1), además de su derecho de acceder a la justicia y
a la tutela judicial efectiva (C.P., art. 229) (…) Pero, además, también es claro
que la situación descrita constituye una afectación de los derechos de la
menor, quien no podrá establecer su verdadera filiación (C.P., art. 14), con
todas las repercusiones que ello podrá tener sobre sus derechos fundamentales
prevalentes como niña (C.P., art. 44), sobre el libre desarrollo de su
personalidad (C.P., art. 16) y sobre su dignidad (C.P., art. 1)”.
Entonces, dadas
las particularidades del caso concreto, la Corte resolvió  tutelar
transitoriamente el amparo deprecado[39].
De la misma
manera y bajo el precedente fijado en las sentencias antes citadas, en la
Sentencia T- 584 de 2008[40],
en la que estudió el caso de un señor que fue declarado padre extramatrimonial
de un niño por haberse rehusado a la práctica de la prueba de ADN, y quien
inició un proceso de impugnación de paternidad, el cual fue resuelto en su
contra por el juez de segunda instancia por haber encontrado probada la
excepción de cosa juzgada, la Corte consideró que:
“puede sostenerse
que la prueba de ADN que excluye la paternidad del Sr. Bernal Romero, al haber
sido practicada con posterioridad a la sentencia que declaró su paternidad
extramatrimonial, fue encontrada o hallada con posterioridad a la decisión del
Juzgado Segundo de Familia de Tunja, pues se trataba de un documento que no
existía al momento de proferirse el fallo atacado mediante el recurso
extraordinario de revisión.
La Corte además
señaló: “Adicionalmente esta prueba no fue practicada en el curso del
proceso de investigación de la paternidad del menor por causas no
exclusivamente imputables al Sr. Bernal Romero (…)”, por lo que concedió el
amparo de manera definitiva, y ordenó a la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Tunja dictar una nueva providencia que
resolviera el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Sr. Bernal Romero
en el sentido expuesto en la tutela.
En síntesis, las
decisiones que frente a controversias jurídicas tomen los jueces, hacen
tránsito a cosa juzgada, por lo que en aras de la seguridad jurídica y la
certeza de los derechos de los interesados, resultan inmutables, intangibles,
vinculantes y definitivas.
Ahora bien, para
que una decisión judicial alcance el efecto de cosa juzgada, se requiere de i)
identidad de hechos, es decir, que entre la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben preexistir como sustento los mismos hechos; ii)
identidad de partes, lo que significa que al nuevo proceso deben concurrir las
mismas partes que resultaron vinculadas por la decisión que comporta cosa
juzgada, y iii) identidad de pretensiones, es decir, que lo pretendido en la
demanda y en la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada debe ser lo mismo.
Entonces, cuando
existe identidad de partes e identidad de pretensión, pero no de hechos, no hay
cosa juzgada, y se abre la posibilidad de discutir nuevamente la controversia.
En este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que esta hipótesis se
configura, entre otros supuestos, cuando aparece una prueba que no se tuvo en
cuenta para la resolución inicial del caso y que cambia por completo la
decisión tomada, lo cual hace posible que el juez vuelva a estudiar el asunto,
en aras de la protección de los derechos de los interesados.
3.8.
PROCESO
DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA GENÉTICA COMO
EXPRESIÓN DEL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
El acto por el
cual el padre reconoce a un hijo, por regla general, es libre y voluntario, y
emana de la razón humana por el hecho natural y biológico que supone la
procreación. A su vez, dicho acto se convierte en un deber de solidaridad que les
asiste a los progenitores, que consiste en auxiliar  y proteger a su
descendiente próximo, para ayudarle en sus múltiples necesidades y para
garantizarle un desarrollo armónico e integral.
Cuando el
proceso de reconocimiento de un hijo de parte de sus padres no se hace
voluntariamente, la intervención del Estado es necesaria, pues sólo así se
obliga a éstos a cumplir los deberes y responsabilidades que se derivan de su
condición[41].
Entonces, para
lograr la realización de los derechos de los hijos, el legislador, en materia
de reconocimiento de la paternidad y maternidad, ha dotado al juez de mecanismos
y herramientas procesales y probatorias para lograr el esclarecimiento de la
verdad y la posterior efectividad de las garantías constitucionales y legales.
Muestra de ello es la expedición de la Ley Ley 721 de 2001, que en su artículo 1°,
que modificó el artículo 7° de la Ley 75 de 1968, consagra que “en todos los
procesos para establecer  paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará
la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de
probabilidad superior al 99.9%”. Por su parte, el artículo 2° de la misma
ley preceptúa que “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores
posibilidades, se utilizará la técnica del DNA con el uso de los marcadores
genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el
presente artículo”.
Con base en las
normas citadas, la Corte Constitucional, cumpliendo con las funciones
encargadas por el Constituyente del 91, consistentes en la salvaguardia de la
supremacía e integridad de la Constitución, y la revisión de los fallos de
tutela  proferidos por todos los Jueces de la República para amparar los
derechos fundamentales de los individuos, al revisar casos en los que lo
debatido es la paternidad de un presunto padre y/o al estudiar diferentes
demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 721 de 2001, ha resaltado la importancia de la prueba de ADN en los procesos de filiación[42], la
cual se deriva no sólo del hecho de que dicha prueba permite que las personas
tengan una filiación acorde con la realidad, sino también en que conlleva la protección y
reconocimiento de derechos tales como: la personalidad jurídica, la dignidad
humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el derecho al
estado civil, y el derecho a conocer con certeza la identidad de los
progenitores.
Prueba de ello
es la sentencia T-997 de 2003[43],
en la que la Corte revisó el caso de un menor de 18 años que promovió un
proceso de investigación de paternidad en contra de su presunto padre, para que
éste fuera declarado como tal. Sin embargo, pese a que el juez de la causa
decretó la práctica de la prueba de ADN, el accionado nunca concurrió a su
realización, pasando más de 3 años sin que el juez de conocimiento hubiese
podido resolver el asunto. Aquí el Alto Tribunal sostuvo que en los procesos de
filiación, se presentan algunas particularidades en lo que tiene que ver con:
i) la necesidad de contar con la prueba genética de ADN, ii) con el papel del
juez para su consecución, y iii) los efectos que de la ausencia de ella se
derivan. En
palabras de la Corte:
“La idoneidad del
examen antropo-heredo-biológico ha sido reconocida por la comunidad científica
para rechazar con absoluta certeza a los falsos imputados de paternidad o
maternidad y para establecerla con una probabilidad del 99,999999% (…).
A
juicio de la Corte, el hecho de que el Legislador haya considerado como
obligatorio el decreto de esta prueba no obedece a su capricho sino, por el
contrario, responde a la necesidad de que las personas tengan una filiación
acorde con la realidad, según lo explicó esta Corporación en la sentencia C-109
de 1995, cuando sostuvo:
“A
partir de todo lo anterior, la Corte concluye que, dentro de límites razonables
y en la medida de lo posible, toda persona tiene derecho a acudir a los
tribunales con el fin de establecer una filiación legal y jurídica que
corresponda a su filiación real. Las personas tienen entonces, dentro del
derecho constitucional colombiano, un verdadero "derecho a reclamar su
verdadera filiación", como acertadamente lo denominó, durante la vigencia
de la anterior Constitución, la Corte Suprema de Justicia.
Desde
esta perspectiva, la realización del examen genético se encuentra estrechamente
ligada al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, la
búsqueda de la verdad y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal como
uno de sus principios fundantes. Es por ello que en los procesos de
investigación de paternidad o maternidad el juez de familia tiene un deber de
especial diligencia, aún más riguroso cuando se involucran derechos de menores.
Sobre este mismo aspecto, en la Sentencia C-807, de 2002 MP. Jaime Araújo
Rentaría, la Corte explicó que “también el legislador busca a través de su
obligatoriedad la efectividad de los derechos del niño y de cualquier persona a
conocer su origen, a saber quien es su verdadero progenitor y por ende a
definir su estado civil, posición en la familia, a tener un nombre y en suma a
tener una personalidad jurídica”. (Subrayado fuera del texto).
Ahora bien, con
respecto a los deberes y atribuciones del juez para obtener la prueba genética,
en el mismo fallo esta Corporación sostuvo que:
“Como director
del proceso y por expreso mandato legal el juez está en la obligación de
ordenar la prueba de ADN, pero su misión no se agota en ese momento sino que se
fortalece con miras a lograr su realización y en aras de los principios de
prevalencia del derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de
justicia. Para ello, el ordenamiento le ofrece algunos mecanismos a los cuales
puede apelar en procura de la verdad material, (…)”.
Por último,
haciendo alusión a los efectos que se derivan de la ausencia de la prueba de
ADN en los procesos de filiación, en esta misma sentencia la Corte retomó los
criterios expuestos en otras decisiones[44] y sostuvo que:
“por
mandato del Legislador en los procesos de investigación de la paternidad el
juez tiene la obligación de decretar la prueba antropo-heredo-biológica y de no
hacerlo incurre en violación al debido proceso por defecto procedimental que
más adelante se podría traducir en defecto fáctico, pues con ello anula la
oportunidad de contar con un valioso elemento de valoración para solucionar la
controversia (…)”.
En este orden de
ideas, a juicio de la Sala, en el caso objeto de revisión el Juzgado Primero de
Familia de Bogotá no vulneró el derecho al debido proceso, ni con ello los
demás derechos de la accionante y de su hijo, ya que su objetivo al decretar la
prueba no había sido otro que contar con el diagnóstico genético para resolver
la controversia con el soporte fáctico que en mejor forma apoyara su decisión y
se ajustara a la realidad. No obstante, teniendo en cuenta la duración del
proceso, la Corte consideró necesario hacer un llamado al juzgado de familia
para que, de persistir la renuencia del demandado a la práctica del examen
genético, hiciera uso de los demás mecanismos previstos en el ordenamiento para
tal fin, y decidiera  con base en las otras pruebas acopiadas durante el
proceso. Por estas razones confirmó la decisión del juez de segunda instancia,
en cuanto denegó el amparo solicitado.
En una decisión
posterior (sentencia T-411 de 2004[45]),
la Corte estudió
el caso de un señor que había iniciado proceso de filiación extramatrimonial
contra su presunto padre, pero a quien se le resolvió su situación sin el
recaudo de la prueba de ADN. Esta Corporación reiteró su posición en cuanto al
reconocimiento de que la trascendencia de la prueba antropo-heredo-biológica se
deriva del
simple hecho de establecer la realidad de la relación de filiación de las
personas. Más allá de esto, el Alto Tribunal evocó que la importancia de dicho
reconocimiento es que involucra el goce efectivo  de una serie de derechos
tales como: la personalidad jurídica, la dignidad humana, el derecho a tener
una familia y formar parte de ella, el derecho al estado civil, y el derecho a
conocer con certeza la identidad de los progenitores. Por tanto, en virtud de
lo anterior, la Corte decidió tutelar los derechos del peticionario y decretó la nulidad de
la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Cali, dentro del
proceso de filiación extramatrimonial, para que dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del fallo, se volviera a pronunciar de fondo,
teniendo en cuenta la prueba antropo-heredo-biológica.
En armonía con
lo establecido en la Ley 721 de 2001 y las decisiones nombradas
precedentemente, esta Corporación, en la sentencia T- 875 de 2007[46],
en la que estudió el caso de la demanda interpuesta por un señor contra el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que éste acreditara que
estaba cumpliendo con lo ordenado por el parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley
721 de 2001, el cual preceptúa que “todos los laboratorios de Genética
Forense para la investigación de la paternidad o maternidad deberán cumplir con
los requisitos de laboratorio clínico y con los de genética forense en lo que
se refiere a los controles de calidad, bioseguridad y demás exigencias que se
reglamenten en el proceso de acreditación y certificación”, la Corte, luego
de reiterar la importancia de la prueba de ADN en los procesos de filiación
para hacer efectivo el goce de los derechos de los interesados, concluyó
diciendo:
“Entonces se
tiene que i) la prueba antropo-heredo-biológica es obligatoria en los procesos
de filiación; ii) la realización de la prueba garantiza el goce efectivo de
los derechos a la dignidad, la personalidad jurídica, a tener una familia y
formar parte de ella y el derecho a tener un estado civil”. (Subrayado fuera
del texto).
Por último, en
la citada sentencia T- 888 de 2010[47],
la Corte avanzó en su posición, al estimar que, al establecerse la realidad de
la relación de filiación de las personas, no sólo se logra la efectividad de
los derechos consagrados en la Constitución en cuanto a los presuntos hijos,
sino que también se incide en las garantías de quienes son presentados como
padre o madre aparente. La Corporación sostuvo:
“cuando se
declara impróspera la impugnación de paternidad instaurada por una persona que,
gracias a una prueba de ADN, tiene certeza de no ser padre o madre de otra,
interfiere en el ámbito de protección prima facie de sus derechos fundamentales
a decidir libremente y en pareja el número de hijos que desea tener, a la
personalidad jurídica, a la filiación y a acceder a la administración de
justicia.
Una
decisión de esa naturaleza supone en la práctica forzar al demandante a aceptar
como hijo suyo a quien no lo es desde un punto de vista biológico. Dado que debe
ser en principio “la pareja” la que decida el número de hijos que ha de tener
una persona, y no el Estado, cuando la decisión adoptada por un juez de la
República supone que uno de los miembros de la pareja debe resignarse a aceptar
como hija suya a una persona que biológicamente no lo es, se interfiere en su
derecho a decidir en “pareja” y de manera “libre el número de hijos””.
Por
otra parte, se incide en los derechos de quienes son presentados como el padre
o madre (aparente) a la personalidad jurídica (art. 14, C.P.) y, más específicamente, a la filiación (art. 94, C.P.).
(…)
finalmente se incide también en el derecho del tutelante a “acceder a la
administración de justicia” (art. 229). Se trataría, en este caso, de una
incidencia en el derecho a acceder a la justicia efectiva. Es decir, en el
derecho a acceder a la administración de justicia para obtener, como lo dice la
Carta, “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución” (art. 2, C.P.) y la primacía “[d]el derecho sustancial” (art. 228, C.P.)”.
De conformidad
con lo anterior, la Corte sostuvo que era posible ofrecer interpretaciones
distintas del “interés actual”, pero que esos entendimientos no
conducían a desconocer la letra o el espíritu de la ley, ni a aceptar
menoscabos de los derechos del accionante a la libertad de decidir el número de
hijos, a la personalidad jurídica, a la filiación y a la administración de
justicia efectiva. Por tanto, concedió  el amparo impetrado por el ciudadano y
ordenó dejar
sin efectos las providencias emitidas por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Marinilla, Antioquia, y de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Antioquia, con el fin de que la primera  autoridad volviera a expedir sentencia
en el proceso de que por impugnación de paternidad inició el interesado.
De lo dicho se
tiene entonces, que dada la importancia que adquiere la prueba
antropo-heredo-biológica en los procesos de filiación, pues dicho examen ha
sido reconocido en el mundo científico como el medio con más alto nivel de
probabilidad para excluir y/o para establecer la paternidad o maternidad, la
autoridad judicial no puede omitir su decreto en los casos en los que se
pretenda la declaración o impugnación de dicha paternidad o maternidad.
Por
consiguiente, la importancia de la prueba radica no sólo en que puede
establecer los verdaderos vínculos de filiación de una persona, sino en el
efecto que de ello se deriva, que consiste en la protección efectiva de los
derechos del presunto hijo a la personalidad jurídica,  a tener una familia y
formar parte de ella, a tener un estado civil, y a la dignidad humana. De igual
manera, supone la protección de los derechos fundamentales del presunto padre o
madre a decidir libremente y en pareja el número de hijos que desea tener, a la
personalidad jurídica, a la filiación y al acceso efectivo a la administración
de justicia.
4.
CASO
CONCRETO
4.1.
RESUMEN
DE LOS HECHOS
4.1.1.
Expediente
T- 2864427
El
demandante estima vulnerados sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la filiación, a la familia, al libre desarrollo
de la personalidad y a la dignidad humana, por la decisión adoptada por la Sala
Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en el sentido
de confirmar el fallo del Juzgado Once de Familia de Medellín, que negó su
reconocimiento como hijo del señor Marco Emilio Zuluaga Velilla, bajo el
argumento de encontrarse probada la excepción de cosa juzgada, ya que sobre el
caso existía sentencia del Juzgado Cuarto Civil de Menores de Medellín del
cuatro (04) de octubre de 1973.
Sostiene
el peticionario que estas decisiones infringen sus derechos fundamentales, toda
vez que no tuvieron en cuenta que en el nuevo proceso se aportó prueba de ADN que
arrojó como resultado la paternidad del accionado frente al accionante.
Ante
la vulneración de sus derechos, el demandante interpuso acción de tutela contra
la decisión proferida el dieciocho (18) de junio de 2010, por la Sala Cuarta de
Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, la cual fue resuelta el
cinco (05) de agosto de 2010 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, que negó el amparo solicitado por no haberse agotado el recurso de
casación.
Ante
la impugnación de la decisión anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante fallo del veintiuno (21) de septiembre de 2010, resolvió
confirmar la decisión impugnada con base en los mismos argumentos.
4.1.2.
Expediente
T- 2899574
El
accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso, al buen nombre
y a la vida digna, por la decisión tomada por la Sala de Decisión de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, debido a que revocó el
fallo del Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, que había desvirtuado su
paternidad de la niña María.
Así
las cosas, el Tribunal argumentó que era menester que el auto admisorio
de la demanda fuera notificado al demandado dentro del año siguiente al día en
que se notificó al demandante. Entonces, dado que en el presente caso la
notificación del demandante ocurrió el veintiséis (26) de agosto de 2004, la
vinculación del demandado debió ser el veintisiete (27) de agosto de 2005 y no
el dieciocho (18) de diciembre de 2006, razón por la que declaró que había sido
extemporánea.
Ahora
bien, por encontrarse en desacuerdo con la decisión antes nombrada, el
accionante hizo uso del recurso extraordinario de casación, pero la Corte
Suprema de Justicia, mediante auto del veintiséis (26) de agosto de 2009, lo
declaró desierto, debido a que el recurso no se presentó en el término que
establece el Código de Procedimiento Civil. En contradicción con lo anterior,
el accionante manifiesta que sí se presentó dentro del término correspondiente,
pero “no fue argumentado” porque no contó con la defensa técnica de un
abogado, ya que no tenía $80.000.000 para pagarle los honorarios.
Por
considerar violados sus derechos, el demandante interpuso acción de tutela
contra la decisión proferida el tres (03) de abril de 2009 por la Sala de
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La tutela fue
resuelta el treinta (30) de septiembre de 2010 por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, quien negó el amparo solicitado por no haberse
agotado el recurso de casación. El dos (02) de noviembre del mismo año, este
Tribunal rechazó por extemporánea la impugnación de la decisión anterior.
Así
las cosas, sustenta el peticionario que las decisiones atacadas en sede de
tutela son transgresoras de sus derechos fundamentales, toda vez que le dieron
prevalencia a las cuestiones procesales y no a las  sustanciales, desconociendo
la finalidad del sistema procesal, el cual es garantizar el derecho sustancial.
Ahora bien,  antes de abordar
la cuestión planteada, la Sala Séptima de Revisión debe examinar si en estos
casos se cumplen los requisitos de procedencia y  procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales señalados en la parte motiva de esta
providencia.
4.2.
REQUISITOS
GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES
(i)
El
asunto debatido reviste relevancia constitucional
La Sala
considera que las cuestiones que los tutelantes discuten, cumplen con este
requisito de procedibilidad, debido a que dichas controversias versan sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la familia y al libre
desarrollo de la personalidad, generada con las decisiones judiciales que no
tuvieron en cuenta las pruebas de ADN como mecanismos probatorios idóneos en
los procesos de filiación.
Entonces, en
principio, los cargos presentados son suficientes para abordar el estudio de la
posible vulneración de derechos por parte de los fallos dictados por la Sala
Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín  y la Sala de
Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
(ii)       Los tutelantes
agotaron todos los medios de defensa judicial a su alcance
Con respecto al
requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha restringido la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a la
ocurrencia de una de las hipótesis que a continuación se nombran:
“a)
Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa
previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se
pretende controvertir mediante tutela.  Con ello se busca prevenir la
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos
de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos observen un mínimo
de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de
enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades
vencidas al interior de un proceso judicial.
b)
Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por
causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la
posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la
procedencia de la acción. (Subrayado fuera del texto).
c)
Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias
judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional”[48].
Observa la Sala
que en el proceso adelantado por el señor William de Jesús Restrepo (expediente
T- 2864427), procedía el recurso extraordinario de casación contra la sentencia
de la Sala Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, ya
que el numeral 4 del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil establece
que este recurso procede contra “las sentencias de segundo grado dictadas
por los Tribunales Superiores en procesos ordinarios que versen sobre el estado
civil (…)”.
No obstante la
procedencia del recurso, mediante comunicación sostenida con el accionante[49],
éste alegó que su abogado nunca le informó que podía interponerlo; por el
contrario, al agotar la segunda instancia, le recomendó hacer uso de la acción
de tutela como el único mecanismo procedente ante la vulneración de sus
derechos fundamentales; es decir, el accionante no tuvo la posibilidad de
agotar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial por
causas extrañas y no imputables a él.
Por su parte, el
abogado del accionante, en escrito enviado a esta Corporación vía fax el
dieciséis (16) de abril de 2012, sostuvo que no agotó los recursos
extraordinarios “por la sencilla razón de que en el caso concreto de dicha
sentencia, no se configuraba ninguna de las causales de casación o de revisión
previstas en el código de procedimiento civil. Como no tenía a mi favor estos
mecanismos de defensa judicial (casación o revisión) acudí entonces a la acción
de tutela y por autorización constitucional y legal, obviamente después de
agotar con respecto a la mencionada sentencia, el único medio de defensa judicial
de que disponía (apelación)”[50].
Entonces,
encuentra la Sala que en el caso sub examine existe falta de defensa
técnica del accionante, pues aun contando con la asesoría de un profesional del
derecho, no interpuso los recursos mencionados porque su abogado le dijo que no
procedían, lo cual es a todas luces desacertado, pues de la simple lectura de
los artículos 366, 380 y 381 del Código de Procedimiento Civil, se vislumbra
que sí eran procedentes. Por consiguiente, lo esgrimido anteriormente es el
fundamento del por qué el accionante solicitó directamente el amparo
constitucional.
Ahora bien, se
debe tener en cuenta que la casación y la revisión son recursos extraordinarios,
los cuales proceden cuando se cumplen cabalmente los requisitos definidos en la
ley. Entonces, por ser el accionante comerciante y no contar con ninguna
formación jurídica, no se le puede exigir el conocimiento adecuado para hacer
uso de éstos, recayendo esa responsabilidad en su abogado, quien no ejerció
adecuadamente la defensa de los intereses de su defendido. Adicionalmente, la
Sala encuentra que los errores jurídicos del mandatario del accionante, y las
consecuencias que de ello se deriven, no deben trasladarse a este último; por
lo que no se pueden desconocer sus derechos basándose en faltas no imputables a
sus propias actuaciones.
Por
consiguiente, el abogado del accionante es quien debe asumir las consecuencias
de sus errores y de su mala defensa técnica, pues el interesado confió
plenamente en que al estar asesorado por un profesional del derecho, sus
actuaciones iban a ser conformes a los mandatos constitucionales y legales. Por
esta razón, si bien la Sala considera que en este caso el no agotamiento del
recurso de casación no es imputable al demandante, compulsará copias para que
se investiguen las eventuales faltas disciplinarias en las que haya incurrido
su apoderado judicial.
Por otra parte,
en el proceso contenido en el expediente T- 2899574, procedía el recurso
extraordinario de casación[51],
por lo que el veintisiete (27) de abril del 2009[52], el
apoderado del accionante interpuso dicho recurso contra la sentencia del tres
(03) de abril de mismo año proferida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual fue concedido el once (11) de
mayo del 2009[53],
y admitido el primero (01) de julio del mismo año[54], por
cumplir con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 366 del Código de
Procedimiento Civil, y por haberse interpuesto en el tiempo determinado en la
ley[55].
No obstante lo anterior, el veintiséis (26) de agosto de 2009, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo declaró desierto por no
haberse sustentando dentro del término legal[56].
Dado lo
anterior, el accionante hizo uso de la acción de tutela para que se revocara la
decisión del Tribunal, pero la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia decidió negar el amparo porque no se había agotado el recurso de
casación.  El peticionario alega que si no se agotó el recurso, no fue por su
negligencia, mucho menos por falta de interés en la causa, sino por la falta de
recursos económicos para sufragar los honorarios del abogado casacionista,
quien en su momento le cobró $80.000.000; además, asegura que no sabía que
podía solicitar amparo de pobreza. Así las cosas, “el recurso lo interpuso
el abogado dentro del término de ley, pero al no llegar a ningún acuerdo
económico, no lo sustentó, razón por la que la Corte Suprema lo declaró
desierto”.
Entonces,
encuentra la Sala que en el caso sub examine existe falta de defensa
técnica del accionante, y que éste es el fundamento del por qué si bien se
interpuso el recurso de casación, fue declarado desierto.
Así mismo, para la
Sala es necesario tener en cuenta que la casación es un recurso extraordinario
que procede cuando se cumplen íntegramente los requisitos definidos en la ley.
Entonces, al no contar el accionante con ninguna formación jurídica, no se le
puede exigir el conocimiento adecuado para interponerlo y sustentarlo,
recayendo esa responsabilidad en su abogado, quien no ejerció adecuadamente la
defensa de los intereses de su defendido, porque no se le cancelaron sus
honorarios.
Por otro lado,
llama la atención de la Sala que en este caso concurren cuatro circunstancias
que refuerzan la posición de procedencia del amparo, como lo son: (1) el
accionante sí acudió al recurso extraordinario de casación, lo que demuestra
que no hubo falta de interés de su parte; (2) el accionante aportó documento en
el que explicaba porque el recurso de casación fue declarado desierto; (3) el
caso involucra una niña, quien por ser sujeto de especial protección
constitucional, tiene derecho a que el juez de tutela haga prevalecer sus
derechos, entre ellos, el de filiación, y (4) no se puede dar prevalencia a las
formas procesales,  haciendo nugatorio un derecho fundamental de un sujeto de
especial protección constitucional.
Así las cosas,
se tiene que en los casos aquí revisados, existe razón suficiente que
justifique el no agotamiento de los recursos de casación y revisión, por lo que
los demandantes no disponen de otros mecanismos judiciales de defensa de sus
derechos fundamentales más idóneos y eficaces que la acción de tutela para
controvertir las decisiones adoptadas por la Sala Cuarta de Decisión de Familia
del Tribunal Superior de Medellín y por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente. Además, en vista de
la falta de defensa técnica y de la ausencia de otros mecanismos judiciales de
defensa, negar la procedencia de la acción de tutela sería acabar
definitivamente con la posibilidad de que estas personas tengan un estado civil
conforme a la realidad, y las consecuencias que de ello se derivan, en
detrimento del principio de prevalencia del derechos sustancial sobre el
procedimental.
(iii)    Existió
inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela
La inmediatez es
una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el
propósito de la Carta Política de hacer de esta acción un medio de amparo de
derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.
Por ello, es
indispensable estudiar en cada caso en concreto, si la tutela es presentada
cuando aún es vigente la vulneración, toda vez que es necesario que la acción
sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la
ocurrencia de los hechos que se consideran vulneratorios de derechos
fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la
transgresión o amenaza de los derechos. En consecuencia, ante la injustificada
demora en la interposición de la acción, se vuelve improcedente el mecanismo
extraordinario.
Entonces, en
cuanto al caso del señor William de Jesús Restrepo contra la Sala de Decisión
de Familia del Tribunal Superior de Medellín (expediente T- 2864427), se tiene
que cumple con el requisito de inmediatez, pues los hechos considerados
vulneradores de los derechos fundamentales del accionante y que dieron origen a
la presentación de la acción, ocurrieron el diecisiete  (17) de junio de 2010,
pues en esa fecha dicha Sala confirmó el fallo proferido por el Juzgado Once de
Familia de Medellín, en el sentido de no reconocer como padre del accionante al
señor Marco Emilio Zuluaga Velilla,  y la presentación de la acción de tutela
fue el veintidós (22) de julio de 2010. Por tanto, el término transcurrido
entre los hechos y la presentación de la acción es razonable, y evidencia que
la transgresión era actual en el momento en que se hizo uso de la tutela para
el amparo de los derechos.
En el asunto del
señor Juan contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá (expediente T- 2899574), la Sala considera que se cumple con
el requisito de inmediatez, pues los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos del accionante y que dieron origen a la presentación de la acción,
ocurrieron el tres (03) de abril de 2009, pues en esa fecha dicha Sala revocó
la decisión proferida por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, y negó que el
accionante era padre de la niña. Por su parte, el veintiséis (26) de agosto de
2009, la Corte Suprema de Justicia declaró desierto el recurso de casación, por
lo que el accionante interpuso acción de tutela contra la decisión del Tribunal
el veintitrés (23) de agosto del 2010.
Por tanto, si
bien el término transcurrido entre los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos del accionante, y la interposición de la tutela, es mayor al que
usualmente establece esta Corporación como el razonable para la procedencia de
esta acción contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en el caso
que ahora nos ocupa, dicho requisito se debe flexibilizar, pues lo debatido no
es sólo la pertinencia del amparo de los derechos del señor Juan, sino
los de la niña María, quien por mandato constitucional goza de una
especial protección.
Así las cosas,
se debe tener en cuenta que si se llegara a declarar improcedente el amparo
deprecado, por no cumplirse con el requisito de inmediatez, se incurriría en
una vulneración continua y permanente de las garantías fundamentales de la niña
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al estado civil,
a la personalidad jurídica y a tener una familia y formar parte de ella, pues
se le obligaría a permanecer con el estatus de hija del señor Juan, sin
que biológicamente sea así, con las consecuencias que de ello se deriva.
(iv)
Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados
Los accionantes
han identificado razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración,
como los derechos vulnerados.
(v)
La
tutela no se dirige contra una sentencia de tutela
Las presentes
acciones de tutela se dirigen contra sentencias adoptadas en procesos de
filiación y  no contra un fallo de tutela.
En conclusión,
encontramos que los casos que aquí se estudian, cumplen con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Pasará la Sala a revisar si sucede lo mismo con los requisitos especiales.
4.3.
ANÁLISIS
DE LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
4.3.1. Expediente T-
2864427
Tal como se
expuso precedentemente, el defecto fáctico se presenta, entre otras
circunstancias, cuando se deja de valorar una prueba aportada o practicada en
debida forma, y que es determinante para la resolución del caso.
Entonces,
encuentra la Sala que el Juzgado Once de Familia de Medellín y la Sala Cuarta
de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, incurrieron en un defecto
fáctico, al tomar una decisión al margen del material probatorio que obraba
en el expediente, pues aunque existía prueba de ADN que reconocía como padre
del señor William de Jesús Restrepo a Marco Emilio Zuluaga Velilla, ésta no fue
tenida en cuenta en la resolución del caso. Por tanto, al negar la calidad de
hijo del accionante al margen del sustento probatorio, se configura este
defecto.
Adicionalmente,
ha de resaltarse que el artículo 1 de la Ley 721 de 2001 establece como
mandato legal que “en
todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio,
ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de
probabilidad superior al 99.9%”,  y que “mientras los
desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica
del DNA”;
entonces, en el presente caso, también se configura el defecto procedimental
absoluto, el cual, como ya se dijo, consiste en que el juez actúa
completamente al margen del procedimiento establecido en las leyes y en la
Constitución, que para los procesos de filiación, consiste en la práctica y
posterior acatamiento del resultado de la prueba de ADN. Es decir que, debido a
que es obligación del juez de la causa ordenar la práctica del examen de ADN y
valorar su resultado, y al no haber actuado conforme al mandato legal, la
actuación del administrador de justicia configuró un defecto procedimental.
Ahora bien,
además de la presencia del defecto fáctico y procedimental, en el caso sub
examine aparece una violación directa de la Constitución, ya que se
desobedecieron y no se tomaron en
cuenta (ni explícita ni implícitamente) las reglas o los principios que deben
ser extraídos de su texto. Así las cosas, las providencias atacadas para
verificar la paternidad del señor Marco Emilio Zuluaga Velilla con respecto al
señor William de Jesús Restrepo, sólo tuvieron en cuenta que existía una
decisión del cuatro (04) de octubre de 1973 del Juzgado Cuarto Civil de Menores
de Medellín, que en su parecer estudió los mismos hechos y las mismas
pretensiones alegadas por las mismas partes, con respecto a la estudiada por
ellos en el 2009 y 2010 respectivamente. Es decir, que los fallos rebatidos no
revisaron de fondo el asunto planteado por el accionante, sino que se dedicaron
a determinar la ocurrencia de cosa juzgada, olvidando el principio
constitucional de la primacía del derecho sustancial sobre el procedimental
(que se presentó cuando ante una prueba de ADN que concluyó que había relación
de paternidad entre el accionante y el accionado, los jueces de instancia
decidieron darle mayor importancia al asunto procedimental), y obviando que las
formalidades procesales no pueden ni deben anteponerse a la protección real y
efectiva de los derechos fundamentales de los individuos.
Por otra parte, la
Sala encuentra la necesidad de referirse a si existe o no cosa juzgada en el
caso que se estudia. Para ello, parte de recordar lo esgrimido anteriormente y
que ha sido materia de estudio de muchas sentencias de esta Corporación; se
trata de los requisitos que deben acaecer para que se pueda sostener que se
está frente a la figura de cosa juzgada. Dichos requisitos son: i) que haya identidad de
hechos; ii) que haya identidad de partes; y iii) que haya identidad de
pretensiones.
Así las cosas, la
Sala considera que no existe cosa juzgada en este caso, debido a que si bien se
trata de iguales sujetos y de iguales pretensiones, los hechos no son los
mismos, ya que: i) en 1973 (fecha en que se llevó a cabo el primer proceso) no
existía la prueba de ADN, pues los avances científicos en materia genética no
habían llegado hasta su descubrimiento; ii) el ordenamiento jurídico se regía
bajo los mandatos de la Constitución de 1886; por tanto, fue hasta 1991 cuando
se logró afianzar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el
procesal, como garantía de la materialización y protección real de los derechos
de los individuos; y iii) no se había expedido la Ley 721 de 2001, que fue la
que determinó que era obligatoria la prueba de ADN en los procesos de
filiación, mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores
posibilidades.
En este orden de
ideas, la Sala observa que el Juzgado Once de Familia de Medellín y la Sala
Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín incurrieron en
un defecto fáctico, procedimental absoluto y en una violación directa de la
Constitución, causales estas que configuran la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Lo anterior por no haber tenido en cuenta una
prueba que fue practicada y aportada en debida forma al proceso y que era
determinante a la hora de declarar la paternidad del accionado; por actuar al
margen del procedimiento establecido en la Ley 721 de 2001, la cual establece
que el procedimiento a seguir en los procesos de filiación es la práctica y
valoración de la prueba de ADN; y por darle prevalencia al derecho procesal
antes que al sustancial, al dedicarse sólo al estudio de la existencia de cosa
juzgada, dejando de lado la contundencia de la prueba de ADN, la cual mostró
con probabilidad del 99.99993% que el señor Marco Emilio Zuluaga Velilla es
padre de William de Jesús Restrepo.
Con fundamento
en las consideraciones expuestas, la Sala estima que las decisiones que se
revisan representan una violación a los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al estado civil, a la
personalidad jurídica, a tener una familia y formar parte de ella y a la
dignidad humana del accionante.
En virtud de lo
mencionado, la Sala revocará la sentencia de tutela proferida el veintiuno (21)
de septiembre de 2010 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
la cual confirmó la decisión del cinco (05) de agosto de 2010 proferida por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar,
concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, al estado civil, a la personalidad jurídica, a
tener una familia y formar parte de ella y a la dignidad humana del señor
William de Jesús Restrepo. En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del
diecisiete (17) de junio de 2010 proferida por la Sala Cuarta de Decisión de
Familia del Tribunal Superior de Medellín, que confirmó la decisión del tres
(03) de diciembre de 2009 proferida por el Juzgado Once de Familia de Medellín.
4.3.2. Expediente T-
2899574
La Sala
encuentra que una de las causas de la configuración del defecto
procedimental, es el exceso ritual manifiesto, que en este caso se
presenta, pues el
juez renunció conscientemente
a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados (como lo es que entre
el señor Juan y a la niña María no existe compatibilidad
genética), para aplicar de manera taxativa las normas procesales según las
cuales el auto admisorio de la demanda debió notificarse al demandado dentro
del año siguiente a la notificación del demandante, so pena de que no se
interrumpiera el término para la prescripción y que no se impidiera la
caducidad. Entonces, con esta actuación, el Tribunal desplazó el amparo de los
derechos del accionante para dar aplicación a una norma procedimental, que hace
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales.
Por otra parte,
tal como se manifestó precedentemente, por mandato del legislador, el juez en
los procesos de investigación de la paternidad tiene la obligación de decretar
y valorar la prueba antropo-heredo-biológica, pues de no hacerlo, incurre en
violación al debido proceso por defecto procedimental, que más adelante
se podría traducir en defecto fáctico, pues con ello anula la
oportunidad de contar con un valioso elemento de valoración para solucionar la
controversia.
Así las cosas, ha de resaltarse
que en el caso que se estudia, el juez de segunda instancia, al actuar al
margen del procedimiento establecido en la Ley 721 de 2001, que establece en su
artículo 1 que “en
todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio,
ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de
probabilidad superior al 99.9%”,  y que “mientras los
desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la
técnica del DNA”, configuró
el defecto procedimental absoluto, que hace procedente la tutela contra
providencias judiciales.
Es decir, ante
la omisión de acudir al procedimiento establecido por el legislador para
determinar la filiación entre un presunto padre e hijo, el cual según la Ley
721 de 2001 consiste en decretar y valorar la prueba de ADN, el juez de la
causa incurrió, en primer lugar, en un defecto procedimental, y en segundo
lugar, en un defecto fáctico, ya que se omitió valorar una prueba que era
necesaria para la solución del caso.
Así mismo,
considera la Sala que el
hecho de que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá se rehusara a dar por probado un hecho que
aparece claramente demostrado en el proceso; es decir, que no hubiere
tenido en cuenta el resultado de la prueba de ADN en el proceso debatido,
conlleva que se considere que la decisión fue tomada sin el apoyo probatorio
necesario;
y ésta, precisamente, es una de las causales que hace que se configure el defecto
fáctico de que trata la jurisprudencia de esta Corporación.
Además de los
defectos antes descritos, en el caso que se estudia aparece una violación
directa de la Constitución, ya que se quebrantaron y no se tomaron en
cuenta (ni explícita ni implícitamente) los principios de la Carta Política. En
efecto, la sentencia atacada sólo tuvo en cuenta que el auto admisorio de la
demanda no fue notificado al demandado en el término establecido en el Código
de procedimiento Civil. Es decir, el fallo debatido no revisó de fondo el
asunto planteado por el accionante, sino que se dedicó al estudio de aspectos
procedimentales, olvidando el principio constitucional de la primacía del
derecho sustancial sobre el procedimental. Este principio se quebrantó cuando
ante una prueba de ADN que acertadamente concluyó que no había relación de
paternidad entre el accionante y la niña María, el juez de instancia
decidió darle mayor importancia al asunto procedimental,  obviando que debe
prevalecer la protección real y efectiva de los derechos de los individuos, en
particular los de los niños.
En este orden de
ideas, la Sala observa que la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá incurrió en un defecto fáctico, en un exceso ritual
manifiesto y en una violación directa de la Constitución, causales éstas que configuran
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Ciertamente, dicho Tribunal: i) no tuvo en cuenta una prueba que fue practicada
y aportada en debida forma al proceso y que era determinante a la hora de
declarar la no paternidad del accionado; ii) actuó al margen del procedimiento
establecido en la Ley 721 de 2001, la cual establece que en los procesos de
filiación es obligatoria la práctica y valoración de la prueba de ADN; y iii)
dio prevalencia al derecho procesal sobre el sustancial, al dedicarse sólo al
estudio de si la notificación del demandado había sido dentro de los términos
establecido en el Código de procedimiento Civil[57],
dejando de lado la contundencia de la prueba de ADN, la cual mostró con probabilidad
del 99.99993% que el señor Juan no es padre de la niña María.
Con fundamento
en las consideraciones expuestas, la Sala estima que la decisión que se revisa
representa una violación a los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al estado civil, a la personalidad
jurídica y a la dignidad humana del accionante.
Así mismo,
considera la Sala que, con su decisión, la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, vulneró los derechos de la niña, al negarle la
posibilidad de saber quien es su verdadero padre y de tener un estado civil
conforme a la realidad. Entonces, al accionante y a la niña se les condenó de por
vida a una situación de flagrante vulneración de sus derechos fundamentales a
la personalidad jurídica y a su estado civil, situación que debe ser modificada
por el juez de tutela.
En virtud de lo
mencionado, la Sala revocará la sentencia de tutela proferida el treinta (30)
de septiembre del 2010 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al estado civil, a
la personalidad jurídica y a la dignidad humana del señor Juan. En
consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del tres (03) de abril de 2009
proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, y dejará en firme el fallo proferido en primera instancia por el
Juzgado Décimo de Familia de Bogotá el veintidós (22) de julio de 2008.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR
la suspensión de términos contenida en Auto de fecha del diez (10) de  marzo de
2011, proferido por la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación.
SEGUNDO.- REVOCAR,
por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida
el veintiuno (21) de septiembre de 2010 por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la decisión del cinco (05) de
agosto de 2010 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
estado civil, a la personalidad jurídica, a tener una familia y formar parte de
ella y a la dignidad humana del señor William de Jesús Restrepo.
TERCERO.- En consecuencia,
DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones esgrimidas en esta
providencia, la Sentencia del diecisiete (17) de junio de 2010, proferida por la
Sala Cuarta de Decisión Familia del Tribunal Superior de Medellín, que confirmó
la decisión del tres (03) de diciembre de 2009 proferida por el Juzgado Once de
Familia de Medellín.
CUARTO.-
COMPULSAR copias
del expediente T-2864427 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con el fin de que se investigue la
conducta del señor Luis Alfonso Marín Vásquez, con T.P. número 27.976, abogado
del accionante en el proceso de la referencia, quien al parecer no brindó
debida defensa técnica a su representado.
QUINTO.- REVOCAR,
por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el
treinta (30) de septiembre del 2010 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
estado civil, a la personalidad jurídica y a la dignidad humana del señor Juan.
SEXTO.- En consecuencia,
DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones esgrimidas en esta
providencia, la Sentencia del tres (03) de abril de 2009 proferida por la Sala
de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en
consecuencia, DEJAR EN FIRME el fallo proferido en primera instancia por
el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá el veintidós (22) de julio de 2008.
SÉPTIMO.-
LÍBRESE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Auto
205/12
Referencia: solicitud de
aclaración de la sentencia T-352 de 2012 (Expedientes T-2864427 y T- 2899574)
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012).
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, profiere el siguiente auto, con
base en las siguientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1.
En
escrito dirigido a esta Corporación el dieciséis (16) de agosto de 2012, el
Magistrado de la Sala Familia del Tribunal Superior de Medellín, Antonio Pineda
Rincón, solicitó que la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
aclarara si era o no necesario que el Tribunal en mención adoptara una nueva
decisión con respecto a su sentencia del diecisiete (17) de junio de 2010, la
cual resultó contraria a la expedida por el Alto Tribunal el quince (15) de
mayo de 2012 (sentencia T-352 de 2012-expediente T-2864427).
1.2.
En
la Sentencia T-352 de 2012, con respecto al expediente T-2864427, se resolvió
conceder el amparo por cuanto se determinó que la decisión revisada
representaba una violación de los derechos del accionante al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al estado civil, a la personalidad
jurídica, a tener una familia y formar parte de ella y a la dignidad humana. A
juicio de la Sala Séptima,  el juez de la causa le dio prevalencia al derecho
procesal antes que al sustancial, al dedicarse sólo al estudio de la existencia
de cosa juzgada, y dejó de lado la contundencia de la prueba de ADN, la cual
mostró con probabilidad del 99.99993% que el señor Marco Emilio Zuluaga Velilla
es padre de William de Jesús Restrepo.
1.3.
Expresa
el peticionario que se debe aclarar y/o adicionar la citada providencia, por
cuanto en la parte motiva y en la resolutiva sólo se estableció que se dejaba
sin efectos la sentencia emitida por la Sala Cuarta de Decisión Familia del
Tribunal Superior de Medellín, que confirmó la pronunciada por el Juzgado Once
de Familia de esa misma ciudad el tres (03) de diciembre de 2009, sin disponer
si es o no necesario el proferimiento por el Tribunal en mención, de una nueva
decisión que remplace la anterior.
2.
CONSIDERACIONES
2.1.       La Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-113 de 1993, declaró inexequible el inciso
cuarto del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que contemplaba la posibilidad
de solicitar la aclaración de las sentencias dictadas por este Alto Tribunal.
Allí se expresó:
“La
Corte Constitucional ha expresado de manera reiteradaque los fallos
pronunciados en virtud de la facultad dispuesta en el artículo 241, numeral 9
de la Constitución Política, en principio no son susceptibles de aclaración,
pues las decisiones adoptadas hacen tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, no
hay posibilidad para debatir aspectos considerados en una sentencia o extender
los efectos definidos en ella.
El
principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, considerados
como pilares de la actividad judicial, resultarían conculcados si la Corte
Constitucional reabriera el debate sobre asuntos decididos en forma definitiva.
Los fallos pronunciados por las Salas de Revisión deben ser acatados en los
términos expresados por la Corporación”[58].
2.2.       No obstante lo
anterior, de manera excepcional esta Corporación ha admitido la procedencia de
oficio o a solicitud de parte de la aclaración de sus sentencias, cuando en
éstas existan “conceptos que ofrezcan verdaderos motivos de duda, siempre
que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en
ella”[59].
2.3.
Conforme
a lo anterior, esta excepción va dirigida específicamente a que “se aclare
lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar
perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de
los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella”[60].
Así, se procederá a aclarar cualquier expresión que pueda tornarse imprecisa,
siempre y cuando esté contenida únicamente en la parte resolutiva.
2.4.
Así
mismo, el Alto Tribunal
también ha admitido la procedencia de la adición de sus fallos “cuando en
éstos se omita la resolución de cualquier punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento”[61].
2.5.
Ha
sido pues sobre esa base que esta Corporación ha dispuesto de manera
excepcional, y “con el único propósito de posibilitar la ejecución de sus
decisiones y asegurar la protección de los derechos fundamentales”, que
proceda una solicitud de aclaración o corrección de sus fallos, siempre y
cuando se respeten los precisos términos de los artículos 309 y 311 del Código
de Procedimiento Civil”[62],
los cuales, respectivamente establecen que:
“Artículo 309: La sentencia no
es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del
término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en
auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que
influyan en ella. La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término
de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término. El
auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.
Artículo
311:Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la
litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto
de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada
dentro del mismo término (…)”.
2.6.
Así
las cosas, se tiene entonces que la aclaración de una decisión dictada por esta
Corporación es procedente si cumple con los requisitos de:
“(i)
oportunidad, ya que debe hacerse dentro del término de ejecutoria del auto, es
decir, dentro de los tres días siguientes a su notificación, sin importar si se
trata de una aclaración de oficio o a petición de parte;
(ii)
legitimación activa en el caso de que se trate de una aclaración a petición de
parte pues ésta debe provenir, precisamente, de una de las partes del proceso[63]”.
Adicionalmente a los requisitos de
procedencia, la jurisprudencia constitucional ha determinado que “la
aclaración sólo podrá hacerse si se refiere a conceptos o frases que:
(i)
ofrezcan verdadero motivo de duda y
(ii)
estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella[64]”.
3.
CASO
CONCRETO
Expuesto lo
anterior, la Sala entrará a determinar si, en efecto, en la parte resolutiva de
la sentencia T-352 de 2012, con respecto al expediente T-2864427, se encuentran
conceptos que son motivo de duda o no se resolvieron asuntos que debían ser
objeto de pronunciamiento.
3.1.
La
Sentencia T-352 de 2012
Mediante la
Sentencia T-352 de 2012, la Corte Constitucional resolvió, entre otra, la
solicitud de amparo presentada por el señor William de Jesús Restrepo, quien
consideraba vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la filiación, a la familia, al
libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad, por la Sala Cuarta de
Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, específicamente por
sentencia que dicha corporación emitió dentro del proceso de filiación
extramatrimonial que inició contra Marco Emilio Zuluaga Velilla.
En esa
sentencia, luego de determinar que el Tribunal en mención incurrió en un
defecto fáctico, en un defecto procedimental absoluto y en una violación
directa a la Constitución, la Corte procedió a amparar los derechos del peticionario
que fueron conculcados.
Como
consecuencia de lo anterior, ordenó:
“PRIMERO: LEVANTAR
la suspensión de términos contenida en Auto de fecha del diez (10) de  marzo de
2011, proferido por la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación.
SEGUNDO:REVOCAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el veintiuno
(21) de septiembre de 2010 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, la cual confirmó la decisión del cinco (05) de agosto de 2010
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al estado civil, a la
personalidad jurídica, a tener una familia y formar parte de ella y a la
dignidad humana del señor William de Jesús Restrepo.
TERCERO:
En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones
esgrimidas en esta providencia, la Sentencia del diecisiete (17) de junio de
2010, proferida por la Sala Cuarta de Decisión Familia del Tribunal Superior de
Medellín, que confirmó la decisión del tres (03) de diciembre de 2009 proferida
por el Juzgado Once de Familia de Medellín.
CUARTO:
COMPULSAR copias
del expediente T-2864427 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con el fin de que se investigue la
conducta del señor Luis Alfonso Marín Vásquez, con T.P. número 27.976, abogado
del accionante en el proceso de la referencia, quien al parecer no brindó
debida defensa técnica a su representado”.
3.2.
Procedencia
de la solicitud de aclaración.
Con base en las
consideraciones expuestas y en la parte resolutiva de la providencia, la Sala
advierte que le asiste razón al peticionario respecto a que debe aclararse si
es necesario o no que la Sala Cuarta de Decisión Familia del Tribunal Superior
de Medellín dicte una nueva sentencia que remplace la del diecisiete (17) de
junio de 2010.
La Sala
considera necesario explicar que la sentencia en comento está encaminada a
salvaguardar los derechos fundamentales cuya protección fue invocada por el
accionante, pero esta protección no podrá materializarse si la Sala Cuarta de
Decisión Familia del Tribunal Superior de Medellín no dicta un nuevo fallo en
el que corrija los defectos en los que incurrió, y a los que se hace alusión en
la parte motiva de la Sentencia T-352 de 2012.
Por
todo lo anterior, la Sala procede a aclarar el fallo de la referencia, de modo
que, en pro de la efectiva tutela judicial de los derechos fundamentales del
señor William de Jesús Restrepo, el numeral tercero de la sentencia T-352 de
2012 quedará así:
“En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones
esgrimidas en esta providencia, la Sentencia del diecisiete (17) de junio de
2010, proferida por la Sala Cuarta de Decisión Familia del Tribunal Superior de
Medellín, que confirmó la decisión del tres (03) de diciembre de 2009 proferida
por el Juzgado Once de Familia de Medellín. En su lugar, la Sala Cuarta de
Decisión Familia del Tribunal Superior de Medellín deberá expedir una nueva
sentencia en la que corrija los defectos en los que incurrió.”
4. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.-
ACLARAR el
numeral tercero de la parte resolutiva de la Sentencia T-352 de 2012, en el
entendido de que “al DEJAR SIN EFECTOS, con base en las
consideraciones esgrimidas en la providencia, la Sentencia del diecisiete (17)
de junio de 2010, proferida por la Sala Cuarta de Decisión Familia del Tribunal
Superior de Medellín, que confirmó la decisión del tres (03) de diciembre de
2009 proferida por el Juzgado Once de Familia de Medellín”, la Sala Cuarta
de Decisión Familia del Tribunal Superior de Medellín deberá expedir una nueva
sentencia en la que corrija los defectos en los que incurrió.
Comuníquese y
cúmplase,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA SACHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA T-352/12
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional cuando se configura defecto fáctico por falta de defensa técnica
(Aclaración de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No cualquier error atribuible a
los abogados invalida la actuación de la administración de justicia ni puede
ser considerada como falta (Aclaración de voto)
Decidí acompañar
a la mayoría en la decisión de dejar sin efecto las sentencias sometidas a revisión,
toda vez que vulneraban el derecho al debido proceso y a la identidad. En
efecto, en los dos expedientes se hizo evidente que por ritualidades excesivas,
los jueces de la especialidad de familia dejaron de reconocer los resultados de
las pruebas de ADN que sustentaban la filiación, en uno de los casos, y a la
ausencia de paternidad, en el otro.
No obstante,
quiero aclarar que no comparto el argumento acogido por la Sala para llegar a
la conclusión de que era justificable, desde el punto de vista de la
subsidiariedad, que los accionantes dejaran de interponer el recurso de
casación. Este consistió, de acuerdo con la sentencia, en que los dos
demandantes pudieron acudir a dicho recurso, pero ninguno de los dos contó con
defensa técnica para hacerlo. En el primer caso, el accionante llevaba el
proceso de filiación a través de un abogado que nunca le informó que podía
interponer la casación, y en el segundo caso, el abogado del proceso de
impugnación de la paternidad le dijo que su situación no se encuadraba en las
causales previstas en el Código de Procedimiento Civil.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional es pacífica al reconocer que uno de
los eventos excepcionales para intervenir en una decisión judicial es la
configuración de un defecto por ausencia de defensa técnica. Pero ha dejado
claro que no cualquier error que se les atribuya a los abogados invalida la
actuación de la administración de justicia ni puede ser considerada una falta
de estos profesionales. Antes de llegar a una conclusión en este sentido debe
verificarse que la pretendida falla i) no pueda imputarse directa o
indirectamente al defendido; ii) haya
afectado otros derechos del afectado; iii) no tenga o pueda haber tenido como
fundamento la estrategia de defensa del abogado, y que iv) tenga o pueda haber
tenido un efecto en la providencia cuya constitucionalidad se cuestiona[65].
Cuando no se verifican estos mínimos parámetros decantados
por la jurisprudencia, se corre el riesgo (innecesario por demás, en este caso)
de que las providencias de la Corte carezcan de una motivación suficiente que
las haga susceptibles de contradicción y de análisis por parte de todos sus
destinatarios. Del mismo modo, pueden terminarse profiriendo acusaciones
infundadas en contra de los abogados e interviniendo injustificadamente en el
ámbito autónomo e independiente de los jueces.
Fecha ut
supra.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]La decisión de excluir de cualquier publicación los nombres
originales de menores de 18 años implicados en procesos de tutela, así como los
de sus familiares, en tanto medida de protección, ha sido adoptada -entre
otras- en las siguientes sentencias: T-523 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón);
T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-420 de 1996 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa); T-1390 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-1025 de
2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); T-510 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa); y T- 844 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), y en el
artículo 55 del Reglamento Interno de la Corte.
[2] Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[3]Ver
al respecto la sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] “Sentencia 173/93.”
[5] “Sentencia T-504/00.”
[6] “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05”
[7] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”
[8] “Sentencia T-658-98”
[9] “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”
[10] Cfr. Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[11]Ver
al r especto la sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[12]  «Sentencia T-522/01 »
[13] “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.”
[14] Cfr. Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[15]Sentencia
T-327 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[16] Sentencia T- 429 de 2011: M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[17]M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra
[18]M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[19] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva
[20]M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[21]
Sentencia T- 732 de 2011. M.P. Jorge Ignacio pretelt Chaljub
[22] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[23] Corte Constitucional, Sentencia T-949 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett
[24] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[25] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[26] Los artículos 180 del Código de Procedimiento Civil, 54 del Código
Procesal del Trabajo y 169 del Código Contencioso Administrativo autorizan la
práctica de pruebas de oficio. Obviamente esta facultad dependerá de la
autorización legal para el efecto, pues en el caso, por ejemplo, de lo
dispuesto en el artículo 361 de la Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal
de conocimiento no puede decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento,
no es posible exigirle al juez algo distinto a lo expresamente permitido. En
este aspecto, puede verse la sentencia C-396 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[27]Sentencia T-239 de 1996.M. P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[28] Sentencia T-576 de 1993. M. P. Jorge Arango Mejía.
[29] Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell
[30]Sentencia SU- 1722 de
2000. M.P. (E) Jairo Charry Rivas
[31]sentencia T-949 de 2003.M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[32]M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[33]M.P.
María Victoria Calle Correa
[34]Sentencia
T- 934 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[35]Sentencia
T-745 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[36]Sentencia
C- 220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[37]M.P.
Jaime Araujo Rentería
[38] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[39]La Corte amparó
transitoriamente los derechos del accionante, debido a que las sentencias de
primera y de segunda instancia se basaron en el resultado de una prueba de ADN
producida por el Laboratorio de Genética del ICBF, en la que se expresó que
existía compatibilidad genética entre la niña y el demandado. Pero tiempo
después, el actor, la niña y su madre se sometieron a otro examen en el
Laboratorio de Genética de la Universidad Industrial de Santander, y el dictamen dio como resultado que el señor Garavito quedaba excluido de la posibilidad de
ser padre de la niña. Con base en este resultado, el señor Garavito instauró
una denuncia penal contra la directora del Laboratorio de Genética del ICBF
para la época del primer examen. Ante esto, la Fiscalía ordenó la práctica de una nueva prueba de ADN en el Instituto de Medicina Legal, y
el resultado confirmó que el señor Garavito no podía ser el padre de la niña.
Luego, la Fiscalía decidió precluir la investigación contra la directora del
Laboratorio de Genética del ICBF. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación profirió, el día 13 de octubre de 2004, resolución de acusación
contra la madre de la menor por el delito de fraude procesal. En presencia de
los hechos narrados y de los argumentos expuestos, la Sala resolvió tutelar transitoriamente los derechos del accionante y ordenó disponerla
suspensión temporal de los efectos jurídicos del registro civil de la niña en
relación con el accionante, mientras el juez penal, en el proceso que se
adelanta contrala madre de la niña, adopta una decisión definitiva.
[40] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[41]Sentencia
C-145 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[42] Ver entre otras las sentencias C- 808 de 2002, T- 997 de 2003, T- 363
de 2003, T-307 de 2003 y T- 305 de 2003.
[43]M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[44] Sentencia T-488 de 1999 MP. Martha Victoria Sáchica y T-346 de 2002,
MP. Jaime Araújo Rentaría
[45]M.P.
Jaime Araujo Rentería
[46] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[47]M.P.
María Victoria Calle Correa
[48] Sentencia T- 598 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[49] El viernes 23 de marzo a las 3:00 PM
[50] Ver
folio 18 del cuaderno 1.
[51] Pues se trataba de una sentencia de segundo grado dictada por la Sala de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que versaba sobre el estado civil de una persona, cumpliendo con la hipótesis del
numeral 4, del artículo 366, del Código de procedimiento Civil
[52] Ver folios 47 y 48 del cuaderno 3
[53] Ver folios 50 y 51 del cuaderno 3
[54]Ver
folio 3 del cuaderno 4
[55] Ver folio 48 del cuaderno 3
[56] Ver folio 52 del cuaderno 3 y 8 del cuaderno 4
[57]Folio 43 del cuaderno
3
[58]Cfr.
Corte Constitucional, Autos 053 de 1997, 019 de 1998 y 135 de 2000.
[59]Auto
004 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[60] Auto
004 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[61] Ibíd.
[62] Auto
087 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[63]Auto 085 A de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[64]Ibíd.
[65] Ver,
entre otras, las sentencias T-1049/12 M.P Vargas Silva, T-737/07 M.P Córdoba
Triviño, T-066 de 2005 M.P Escobar Gil y T-567/98 M.P Cifuentes Muñoz.