T-546-13
Sentencia T-546/13
Sentencia T-546/13
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO A LA
EDUCACION-Características y componentes
En el mundo actual el acceso al conocimiento y a la
formación académica constituyen los fundamentos esenciales para el desarrollo
de conocimientos científicos, históricos, morales, sociales, culturales,
geográficos, tecnológicos, entre otros, que propenden por el desarrollo
individual de cada persona, en aras a que pueda aportar a la sociedad el
respeto y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La
educación vista como derecho fundamental y como servicio público, ha sido
reconocida por la doctrina nacional e internacional como un derecho de
contenido prestacional que comprende cuatro dimensiones: a) disponibilidad del
servicio, que consiste en la obligación del Estado de proporcionar el número de
instituciones educativas suficientes para todos los que soliciten el servicio;
b) la accesibilidad, que consiste en la obligación que tiene que el Estado de
garantizar que en condiciones de igualdad, todas las personas puedan acceder al
sistema educativo, lo cual está correlacionado con la facilidad, desde el punto
de vista económico y geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación
de toda discriminación al respecto; c) adaptabilidad, que consiste en el hecho
de que la educación debe adecuarse a las necesidades de los demandantes del
servicio, y, que se garantice la continuidad en su prestación, y, d)
aceptabilidad, que hace referencia a la calidad de la educación que debe
brindarse.
DERECHO DE LOS NIÑOS A RECIBIR EDUCACION DE ACUERDO A
SUS NECESIDADES Y PREVALENCIA DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Educación y las Secretarías de Educación, está consolidando en todo el
territorio nacional una política de modelos pedagógicos apropiados para cada
necesidad de los niños, los cuales han demostrado ser una alternativa eficiente
y eficaz, puesto que “sus metodologías facilitan el aprendizaje de niños de
varios grados escolares, que atiende, además, de manera particular, las
necesidades de cada estudiante. Así mismo, los modelos buscan superar la
extraedad y nivelar a los pequeños y grandes de acuerdo con el nivel apropiado
de su desarrollo cognitivo y sicomotriz”. En conclusión, el interés superior del niño exige que la educación que
se les imparte se adapte a sus necesidades y realidades culturales y sociales.
TRABAJO INFANTIL-Marco jurídico/TRABAJO INFANTIL-Erradicación, garantizando
acceso a la educación
TRABAJO INFANTIL-Prohibición sobre menores de quince años/TRABAJO INFANTIL-Dada
la realidad social, económica y cultural permite que sea entre los 15 y 18 años
bajo ciertas condiciones
Pese a existir
la obligación de erradicación del trabajo infantil, dada su vocación
progresiva, el ordenamiento jurídico colombiano, en atención a la realidad
social,  económica y cultural  que involucra  a los menores de edad en el mundo
laboral, se ha encargado de regular su prestación, estableciendo una edad
mínima de admisión generalizada del menor al empleo. Tal admisión, al
considerarse incompatible con la garantía del derecho a la educación, no puede
darse antes de que el menor haya completado su escolaridad, es decir, hasta
antes de los 15 años. Sin embargo, dicha permisibilidad constitucional
como respuesta al contexto socioeconómico del país, exige la intervención del
Estado para regularizar y humanizar las condiciones de trabajo. En atención a
dicha circunstancia, la ejecución de actividades laborales por parte de menores
de edad entre los 15 y 18 años, se sujeta a las siguientes condiciones que
revisten el carácter de orden público, a saber: La prohibición de ejecutar
labores que desarrollen explotación laboral o económica, y trabajos riesgosos;
(ii) la flexibilidad laboral, la cual se hace efectiva en la reglamentación
apropiada de horarios y condiciones de trabajo; (iii) La autorización escrita
del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local
EDUCACION PARA ADULTOS-Regulación normativa/EDUCACION PARA ADULTOS-Requisito
de edad
La
obligación del Estado de proporcionar educación a todas las personas, conlleva
la de establecer un sistema especial de educación para los adultos, el cual
debe propender por la adaptabilidad, y responder a la realidad de los adultos
como personas que se encuentran activas laboralmente y que, en razón a su
actividad, requieren de una flexibilidad especial que posibilite el acceso al
sistema educativo, con el fin de que a estas personas, no se les niegue la
oportunidad de recibir una formación académica que consulte sus intereses y
particularidades, y los prepare para poder acceder a más y a mejores ofertas
laborales.
AGENCIA OFICIOSA EN PROCESOS DE TUTELA-Principios fundamentales/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Requisitos no tienen aplicación
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que se
pueden agenciar derechos ajenos, siempre y cuando quien actué en nombre de
otro: “i) exprese que está obrando en dicha calidad, ii) demuestre que el
agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de ejercer su propia
defensa, condición que puede ser acreditada de manera tácita o expresa, y que,
iii) se identifique plenamente a la persona por quien se intercede (…), como
quiera que la primera persona llamada para propender por el amparo de los
derechos aparentemente vulnerados es el propio afectado, en ejercicio de su
derecho a la autonomía y en desarrollo de su dignidad”. Así mismo la Corte ha
dicho que además de tener en cuenta los elementos que configuran la agencia
oficiosa, el análisis siempre debe ir guiado bajo tres principios
fundamentales: “(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, el
cual impone la ampliación de los mecanismos protectores de los derechos
fundamentales para los particulares y autoridades públicas; (ii) el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, que busca impedir que por
diseños artificiales de la norma, se deje de cumplir el fin último de ésta; y
(iii) el principio de solidaridad, la obligación de los miembros de la sociedad
de Colombia de velar no sólo por los derechos fundamentales propios, sino por
los del otro, en la imposibilidad que tiene éste de propender por la protección
de sus derechos”. No obstante lo anterior, la Corte ha precisado que cuando se
trata de agenciar derechos fundamentales de niños, niñas o adolescentes, los
criterios anotados en precedencia no tienen aplicación, por tratarse de sujetos
de especial protección constitucional, frente a los cuales el Estado, la
sociedad y la familia tienen la obligación de garantizar su prevalencia, en los
amplios términos del artículo 44 constitucional.
EDUCACION MEDIA PARA ADULTOS-Mayores de 18 años y haber aprobado grado noveno de la
educación básica
EDUCACION MEDIA PARA ADULTOS-Caso en que se negó cupo de menor de 18 años para
estudiar los sábados
DERECHO A LA EDUCACION Y AL TRABAJO-Se ordena a institución educativa otorgue cupo para el
grado once en el horario sabatino y en el horario semanal diurno, para que el
estudiante elija discrecionalmente el que más le convenga
EDUCACION MEDIA PARA ADULTOS-Aplicación de excepción de inconstitucionalidad para
la inclusión en circunstancias excepcionalísimas y especiales de menor de 16
años con necesidad de estudiar los sábados para cuidar de su hijo
En cuanto al caso de la niña, la Sala, frente
a las circunstancias especiales y excepcionalísimas en que ésta se encuentra-
como lo es tener 16 años y encontrarse en la necesidad de estudiar los sábados
para cuidar de su hijo, quien también es menor de edad, ya que no cuenta con la
ayuda de ningún familiar para atender al niño-, hace procedente la aplicación
de la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 16 y 17 del Decreto
3011 de 1997, pues el mero requisito de la edad en este caso, desconoce que la
menor de edad atraviesa por una situación particular que la obliga a tener que
asistir a un colegio con adultos, hasta tanto no se tomen medidas que le
permitan continuar con sus estudios en un ciclo de educación regular.
Referencia:
expedientes  T- 3873999 y T-3890853
Acción de Tutela
instaurada por Paola Andrea Jaramillo Figueroa, agente oficiosa de Michel
Steven Osorio Jaramillo, contra la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús
con sede en  Armenia y la Secretaría de Educación de Armenia; y, María Norela
Tamayo Tejada, agente oficiosa de Jineth Vanessa González Taborda, contra la
Secretaría de Educación de Bello y la Institución Educativa León XIII.
Derechos
fundamentales invocados: educación, trabajo y libre desarrollo de la
personalidad.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,
veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas
Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos
86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo proferido el 6 de marzo de 2013 por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Armenia, quien negó el amparo constitucional solicitado. Así
mismo, de la sentencia del 1° de marzo de 2013, proferida  por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Bello, quien negó el amparo solicitado.
Los expedientes T-
3873999 y T-3890853fueron seleccionados y acumulados por presentar unidad de
materia para ser fallados en una sola sentencia.
En consecuencia,
la Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales
de cada uno de los expedientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1
EXPEDIENTE
T-3873999
1.2
SOLICITUD
Paola Andrea
Jaramillo Figueroa, agente
oficiosa de Michel Steven Osorio Jaramillo, solicita al juez de tutela que
ampare sus derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la igualdad y
al libre desarrollo de la personalidad, los cuales considera vulnerados por la
demandada, como consecuencia de haberle negado un cupo escolar en el horario de
los sábados, aduciendo que para acceder a éste, era necesario tener 18 años,
dejando de lado que el agenciado trabaja de lunes a viernes para aportar en el
sustento de su familia. En
consecuencia, la accionante solicita que se le autorice a su hijo la matrícula
en el plantel educativo accionado, con base en los siguientes:
1.2.1    Hechos y
argumentos de derecho
1.2.1.1.
Manifiesta la accionante que
su hijo cumple la mayoría de edad el 16 de julio de 2013, y que está interesado
en cursar los grados décimo y once en el horario sabatino en la institución
educativa accionada, pues actualmente está trabajando de lunes a viernes en un
galpón de pollos y en un criadero de peces.
1.2.1.2.
Sostiene que es madre cabeza
de familia, que se encuentra desempleada y que atraviesa una difícil situación
económica, por lo que su hijo-agenciado-trabaja para contribuir en los gastos
de la casa.
1.2.1.3.
Indica la accionante que junto
con su hijo solicitaron un cupo en la Institución Educativa Santa Teresa de
Jesús de Armenia, en el horario de “los sábados de validación”, pero en
dicha institución les respondieron que “no era posible, que porque era un
requisito tener los 18 años cumplidos  y haber estado dos años por fuera de
esta institución educativa”.
1.2.1.4.
Alega que en virtud de que “es
de vital importancia que mi hijo estudie en esa jornada para poder que tenga
derecho al acceso a la educación y no interrumpa sus estudios y pueda proyectarse
económicamente a futuro” (SIC), solicitó a la Secretaría de Educación de
Armenia que interviniera para que a su hijo se le permitiera estudiar en la
jornada sabatina, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política
y al Decreto 3011 de 1997.
1.3.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Admitida la
solicitud de tutela, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia corrió
traslado de la misma a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y al
Colegio Ciudad de Armenia, a fin de que ejercieran los derechos de defensa y
contradicción.
La Secretaría de Educación Municipal de Armenia, mediante escrito adiado a 27 de febrero de 2013,
manifestó que lo pretendido por la accionante es vincular a su hijo a un
programa de educación de adultos contrariando las disposiciones y
reglamentaciones contenidas en el Decreto 3011 de 1997, las cuales, por el
contrario, han sido respetadas por la Secretaría de Educación y por la
institución educativa accionada, quienes han impedido la matrícula del menor de
edad, precisamente porque no cumple con el requisito de la edad establecido en
dicho decreto.
Así mismo, adujo que “el Decreto 3011 de 1997, al
establecer requisitos particulares y concretos con el fin de crear una barrera
que impida que aquellos menores que han desarrollado un CICLO EDUCATIVO FORMAL
CONTINUADO, sean desvinculados amañada y arbitrariamente por sus padres,
tutores o representantes, con el fin de desarrollar otro tipo de actividades
(laborales, familiares o de otro fin) garantizando la norma el amparo de los
derechos de los menores, especialmente en materia de escolaridad, para aquellos
que por distintas circunstancias, no han podido desarrollar un CICLO EDUCATIVO
FORMAL CONTINUADO. Esta herramienta legal no puede ser interpretada y
utilizada, por los padres, tutores o representantes legales de los menores
educandos, para vulnerar los derechos de formación que asisten a los menores
(…)”.
También indicó la Secretaría de Educación de Armenia
que, del artículo 16 del Decreto 3011 de 1997 se deriva que el ingreso al
programa de educación para adultos es subsidiario, “y se prestará sólo si se
cumplen los requisitos específicos, debiendo los menores y demás personas, que
no cumplan dicha manifestación perentoria, sujetarse y vincularse a los
programas de educación formal”.
Por último, sostuvo la interviniente que “no existe
vulneración de derecho fundamental alguno a favor de los menores accionantes y
a cargo de la entidad pública, pues la demanda educativa que reclaman los
accionantes, se encuentra garantizada plenamente con la disposición de cupos,
sedes y demás elementos propios de la prestación del servicio educativo, dentro
de los programas de educación formal continuado”.
La Institución Educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia,
manifestó que “el estudiante
Michel Steven Osorio Jaramillo, se encontraba matriculado en la Institución
Educativa Bosques de Pinares y luego fue matriculado en esta Institución
durante el año lectivo 2013, como se puede observar en el SIMAT (Sistema
Integrado de Matrículas adoptado por el Ministerio de Educación Nacional para
todas las instituciones Educativas); de acuerdo a los decretos y leyes citadas
anteriormente (3011 de 1997 y Resolución N° 1025 de 2012), el estudiante no
cumple con la edad exigida, ni lleva dos años por fuera del sistema público
educativo formal. Además, no es muy claro para el grado al cual desea ingresar
el estudiante; pues se observa que en el año 2012 cursó el grado décimo, fue
matriculado para el grado undécimo en el año 2013 inicialmente y esta
institución no cuenta con ciclo VI (undécimo) para primer semestre  del
presente año lectivo 2013”.(SIC).
Así mismo,
expresó que el principal objetivo de la institución es erradicar el trabajo
infantil y unificar esfuerzos para que los niños vuelvan a las aulas,
permitiéndoseles el derecho a la educación como lo exige la Constitución
Política.
1.4.
DECISIONES DE INSTANCIA
1.4.1.
Sentencia única de
instancia
Mediante fallo
del 6 de marzo de 2013, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia negó el
amparo invocado, tras considerar que los mínimos de edad se explican en la
medida en que existe por parte del Estado, la obligación de garantizar y hacer
efectivo el derecho a la educación de los menores de edad, es decir, ofrecer
los medios para que en la infancia y la juventud se logre un desarrollo
integral; aspecto este que en gran parte se logra si existe una adecuada
formación, permitiendo que los menores en su edad escolar asistan a los centros
educativos que ofrecen un plan pedagógico integral. “En este contexto,
resulta lógico que la reglamentación de la educación para adultos excluya la
posibilidad de participación de los menores de edad en estos programas, por
cuanto la formación corresponde brindarla en forma conjunta a la familia y al
Estado, a través del sistema educativo formal”.
Continuó el a
quo afirmando que “la autorización para que los menores de edad accedan a
este tipo de educación, debe entenderse, lo ha dicho la Corte, con criterio
restrictivo y de ninguna manera general”.
Concluyó
afirmando que el derecho a la educación del menor de edad no ha sido vulnerado
por las entidades accionadas, menos aún por la institución educativa, quien
adujo razones válidas para negarle el cupo estudiantil; además, porque dicha
institución no cuenta con el ciclo educativo undécimo, al cual él pretende
ingresar.
1.5.   PRUEBAS
DOCUMENTALES
En el trámite de
la acción de amparo se aportó la siguiente prueba:
1.5.1.
Copia del reporte de
matrículas de Steven Jaramillo en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas).
1.6.
PRUEBAS ALLEGADAS EN SEDE
DE REVISIÓN
1.6.1.
El 9 de agosto de 2013,
mediante escrito allegado al despacho del magistrado sustanciador, la
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia, manifestó que “Michel
Steven Osorio Jaramillo fue matriculado en esa institución el 22 de marzo de
2013, para cursar el grado décimo nuevamente, ya que en el 2012 el estudiante
pasó en estado reprobado. (…) El estudiante ha asistido a clases normalmente
durante el segundo periodo, no presenta notas del primer periodo, la
institución le brindó la oportunidad para que presentara talleres y actividades
de recuperación con el fin de que le sean asignadas las notas valorativas para
el primer periodo. En este momento el estudiante se encuentra asistiendo
cumplidamente a las clases académicas en la jornada diurna en el horario
mañana”[1].
1.7.
EXPEDIENTE T-3890853
1.7.1.
SOLICITUD
María Norela
Tamayo Tejada, agente
oficiosa de Jineth Vanessa González Taborda, solicita al juez de tutela que
ampare su derecho fundamental a la educación, el cual considera vulnerado por
la demandada, como consecuencia de haberle negado un cupo escolar en el horario
de los sábados, aduciendo que para acceder a éste, era necesario tener 18 años,
dejando de lado que la agenciada trabaja para sostener a su hijo de 5 meses. En consecuencia,
la accionante solicita que se le autorice a su nuera la matrícula en el plantel
educativo accionado, con base en los siguientes:
1.7.2.
Hechos y argumentos de
derecho
1.7.2.1.
Manifiesta la accionante,
suegra de la menor de edad Jineth Vanessa González Cardona, que su nuera tiene
16 años de edad y tiene un hijo, el niño Emanuel Andrés Tamayo González.
1.7.2.2.
Expresa que solicitó al
Colegio León XIII, un cupo escolar en la jornada sabatina para Jineth Vanessa,
toda vez que necesita trabajar durante la semana para mantener a su hijo, pero
la directora de la institución educativa le manifestó que “no la puede recibir
por ser menor de edad y que cuando se gradúe tiene que salir con cédula, y la
menor cuando se gradúe saldría con tarjeta de identidad y por esta razón no la
reciben en dicha institución”.
1.7.2.3.
Aduce que acudió a la
Secretaría de Educación de Bello para que le dieran un permiso a su nuera para
poder estudiar en la Institución Educativa León XIII, pero allá le respondieron
que “no nos pueden dar ninguna autorización, que porque era para entrar a un
CLEI 5 o 6 y que ese permiso no me lo daría nadie”.
1.7.2.4.
Sostiene que dado que la
Secretaría de Educación de Bello no le otorgó el permiso requerido, acudió a la
Personería de ese municipio a solicitarlo, pero también le fue negado.
1.7.2.5.
Dice la accionante que su
nuera tiene buenas calificaciones, y que no es posible que por ser menor de
edad y tener la necesidad de trabajar en la semana, se le impida acceder a una
Institución Educativa, vulnerándosele su derecho a la educación.
1.8.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Primero
Civil Municipal de Bello, requirió a los accionados para que ejercieran su
derecho de defensa y contradicción.
La Institución Educativa León XIII, manifestó que el derecho a la educación de la menor de
edad no ha sido vulnerado, pues están dispuestos a recibirla en los programas
establecidos para los horarios de la semana, pues al ser menor de edad, no
puede ingresar a la jornada sabatina, pues ésta es para mayores de 18 años.
Así mismo, adujo que en el presente caso existe una
contraposición entre el derecho a la educación y el derecho al trabajo, la cual
debe ser resuelta en aras de proteger el derecho a la educación, ya que es
deber del Estado, en virtud de las directrices del Ministerio de Trabajo y de
los Convenios internacionales ratificados por Colombia, no propiciar el trabajo
infantil, especialmente cuando éste interfiere en los estudios de los niños y
adolescentes.
También enunció que el juez de tutela debe valorar que
asignarle el cupo a la menor de edad es “dejarla al servicio del empleo
informal, porque en ninguna empresa formalmente constituida la va a contratar
en su condición de menor de edad, poniendo en riesgo su integridad en las
calles del municipio debiendo estar ocupada en ese tiempo al estudio y a la
educación para un mejor porvenir” (SIC).
Por último, expresó que “el decreto 3011 de 1997,
establece claramente las condiciones y programas para la educación básica
formal de adultos. Por lo que la menor Jineth Vanessa González con 16 años de
edad, cursaría décimo y once de bachillerato los dos ciclos en un año,
terminando de 17 años de edad. Siendo requisito la mayoría de edad en esta
modalidad” (SIC).
La Secretaría de Educación de Bello, expresó que para ellos es prioridad garantizarles a todos
los niños y niñas de la municipalidad, el derecho a la educación, por lo que
han desplegado todos los mecanismos idóneos que tienen a su alcance para
proteger el mismo; pero ello, obedeciendo los parámetros ministeriales, y
actuando dentro de la normatividad vigente que los regula.
Además, sostuvo que “la menor González Taborda no
puede ingresar al programa de educación para adultos ya que como consta en el
sistema integrado de matriculas-SIMAT la menor para el año 2012 se encontraba
estudiando en la institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán y que por lo tanto
no cumple con el requisito del artículo 16 numeral 2 del decreto 3011 de 1997”.
1.9. DECISIONES
JUDICIALES
1.9.1.
Decisión única de instancia
Mediante fallo del 1° de marzo de 2013, el
Juzgado Primero Civil Municipal de Bello, negó el amparo solicitado,
argumentando que, si bien es cierto, la educación es un derecho fundamental, y
por lo tanto factible de protección a través de la acción de tutela, no siempre
hay que proceder a su concesión.
En adición de lo anterior, el a quo
expresó que “en la declaración vertida ante el despacho, la menor no informó
tener un trabajo realmente estable que permita determinar la necesidad de la
concesión de la acción de tutela, sólo labora esporádicamente como lo indicó,
arreglando uñas o ayudando a la abuela del padre de su hijo haciendo aseo.
Además tal como lo expresa la Institución Educativa León XIII, se necesita de
permiso especial cuando se trata de menores para laborar, situación que no
ocurre con Jineth Vanessa González Taborda”.
También estableció que la menor, a pesar
de haber tenido un hijo a temprana edad, aún está a tiempo de poder continuar
con sus estudios “en forma normal”.
1.10.
PRUEBAS DOCUMENTALES
OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran
en el expediente, entre otras, las siguientes pruebas:
1.10.1.  Copia del registro civil de nacimiento de Emmanuel
Andrés Tamayo González, hijo de la menor de edad  Jineth Vanessa González
Taborda.
1.10.2.  Declaración jurada que rindió “Jineth Vanessa
González Cardona” ante el Juzgado primero Civil Municipal de Bello, en la
que manifiesta, entre otras cosas que “quiero estudiar allá porque es
cerquita de donde vivo, dan descanso en horario del almuerzo y desayuno y puedo
ir a alimentar al niño” (…) “yo hay veces me voy con doña Norela a hacer
aseo en las casas, arreglo uñas” (…).
2.
ACTUACIONES SURTIDAS EN
SEDE DE REVISIÒN
2.1.Mediante auto del 19 de julio de 2013, el magistrado
sustanciador dados los hechos del presente caso, ordenó:
“PRIMERO. COMISIONAR al Juzgado Primero Civil
Municipal de Bello, Antioquia, para PRACTICAR interrogatorio a la niña Jineth
Vanessa González Cardona (Carrera 53 A N° 47 A-35, Barrio Central. Bello,
Antioquia), con el fin de verificar las condiciones económicas,
sociales y laborales en las que se encuentra. Durante la
inspección, el Juzgado deberá solicitar el acompañamiento de un Procurador
Delegado para Asuntos de Familia.
La
diligencia deberá realizarse dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a
la notificación del presente auto. La práctica de esta inspección deberá ser
notificada a todas las partes intervinientes en la presente acción. El escrito
que contenga la práctica de este interrogatorio, deberá ser enviado a la
Secretaría General de la Corte Constitucional al día siguiente de su
realización.
En
el interrogatorio deberán hacerse las preguntas que de acuerdo a los hechos del
caso, consideren pertinentes el funcionario de la Procuraduría y del Juzgado
comisionado. Además, se deben hacer las siguientes:
1)
¿Si tiene conocimiento
de la tutela presentada por la señora María Norela Tamayo Tejada, en la que
solicita que a usted se le permita estudiar los sábados en la Institución
Educativa para adultos, León XIII?
2)
En los hechos de la
tutela la señora María Norela Tamayo Tejada indica que usted necesita estudiar
los sábados. ¿Es esto cierto? En caso de ser cierto, informe la razón de ello.
Además, indique las razones por las cuales usted no puede estudiar en un
colegio para niños en el horario de lunes a viernes, bien sea en las mañanas o
en las tardes.
3)
En caso de que la razón
de la respuesta anterior sea por cuestiones laborales, diga:
a)
El nombre de su (s)
empleador (es).
b)
Su horario laboral.
c)
El salario devengado.
d)
Las funciones que realiza.
4)
Refiera cuál es la
situación económica de su grupo familiar. Indique quién (es) aporta (n) para la
manutención del niño Emanuel Andrés Tamayo González y cuanto aporta (n).
5)
Indique cuántos años
tiene el niño Emanuel.
6)
Diga si el padre del
niño trabaja. De ser afirmativa la respuesta anterior, manifieste:
a)
El nombre de su (s)
empleador (es).
b)
Su horario laboral.
c)
El salario devengado.
d)
Las funciones que realiza.
e)
Cuánto aporta el padre del
niño para la manutención de su hijo, el niño Emanuel Andrés Tamayo González.
7)
En caso de que usted y
el padre del niño trabajen, diga quién cuida de él mientras ustedes laboran”.
2.2.
PRUEBAS ALLEGADAS EN SEDE
DE REVISIÓN
Mediante escrito adiado a 1° de agosto de
2013, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bello, Antioquia, como juzgado
comisionado, remitió a esta Corporación la narración jurada rendida por la
menor de edad Jineth Vanessa González Taborda, en la que manifiesta que:
i) Tiene conocimiento de la acción de
tutela presentada por la señora María Norela Tamayo; ii) necesita estudiar los
sábados para poder cuidar a su hijo, pues “yo soy la única que me encargo de
él toda la semana”; iii) “para la manutención del niño aporta el papá
Andrés Fernando que en este momento está trabajando y también por los laditos
cuando se necesita algo más, las hermanas ayudan; iv) Andrés en este momento
trabaja en construcción se gana $150.000 semanales; v) (…) Mi papá manda una
cuota mensual de $100.000, mi mamá coge una parte y yo la otra para aportar un
poquito donde doña Norela, mi mamá no me colabora, no puede”;vi) el papá
del niño estudió hasta mayo del presente año en el Colegio León XIII en el
horario sabatino, “pero se salió para trabajar tiempo completo”; vii)
no se quién cuidará al bebé si el papá y yo trabajamos, porque a mí ni me dejan
trabajar, yo cuando cumpla los 18 años que ya pueda trabajar, me imagino que en
la guardería, ya el bebé está más grande y se puede cuidar un poquito solo”; viii)“en
la actualidad no estoy estudiando. Yo estaba estudiando en el Jorge Eliecer
Gaitán, allá la jornada era por las mañanas y para los décimos había una media
técnica que era estudiar después de la jornada del colegio dos días a la semana
y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde, entonces, por ese motivo no
seguí estudiando porque eran muchas horas y por eso decidí buscar cupo en los
sabatinos”; iv) “no veo la hora en seguir estudiando”; x) “la señora
Norela manifestó que necesitaba estudiar los sabatinos para trabajar porque yo
sé arreglar uñas, y con lo que me hubiera ganado de esas uñas colaboraba con el
sustento, y como en esa época el papá del niño no trabajaba, con lo que me
ganara era para la manutención del niño. También tenía pensado pedir permiso
para trabajar en un almacén o algo así comercial pero no lo hice”;y xi) “la
Coordinadora de la Institución Educativa León XIII me ofreció la alternativa de
estudiar en la semana, me dijo que me daba el cupo de una, pero estudiando de 6
de la mañana a 12 del día todos los días, y no lo acepté”[2].
3.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3.1.
COMPETENCIA
La Corte es
competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y con el Decreto 2591 de 1991.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a esta Sala establecer si ¿las
instituciones educativas demandadas están vulnerando los derechos fundamentales
a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de
Michel Steven Osorio Jaramillo y de la menor de edad Jineth Vanessa González
Taborda, al negarles un cupo escolar en el horario sabatino por no tener 18
años de edad, desconociendo que deben trabajar durante la semana para el
sostenimiento de sus familias?
Para resolver el caso concreto la Sala hará alusión a:
i) la parte general del derecho fundamental a la educación; ii) el derecho de
los niños a recibir una educación de acuerdo a sus necesidades; iii) el marco
jurídico del trabajo infantil; iv) la regulación normativa de la educación para
adultos. Posteriormente se pasará a analizar y resolver el caso concreto.
3.3.
PARTE
GENERAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN
La Constitución de 1991 contempla en su
artículo 67 que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación,
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La
educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y
las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señale la Constitución y la ley”.
Del
artículo citado se evidencia que la educación tiene doble connotación. Como
derecho fundamental e inherente al ser humano, se constituye como la garantía
que propende por la formación de los individuos  en todas sus potencialidades,
pues a través de la educación el ser humano puede desarrollar y fortalecer sus
habilidades cognitivas, físicas, morales, culturales entre otras. Como servicio
público, la educación es inherente a la finalidad social del Estado, y se
convierte en una obligación de éste, pues él es quien tiene que asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Igualmente,
esta norma constitucional indica que será responsabilidad del Estado, la
sociedad y la familia, el garantizar el acceso a la educación, la cual será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad. Respecto a este
aspecto, la Corte Constitucional, dada la importancia de determinar desde qué
edad la educación es obligatoria y cuáles son los grados de instrucción
obligatorios que el Estado debe garantizar, ha sostenido:
“En relación con
la primera cuestión, la Corte ha sostenido que una interpretación armónica del
artículo 67 de la Carta, con el artículo 44 ibídem y con los tratados
internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano en la
materia, lleva a concluir que la educación es un derecho fundamental de todos
los menores de 18 años.
Lo
anterior, por cuanto, de una parte, el artículo 44 superior reconoce que la
educación es un derecho fundamental de todos los niños, y conforme al artículo
1° de la Convención sobre los derechos del niño - ratificada por Colombia por
medio de la Ley 12 de 1991- la niñez se extiende hasta los 18 años, y de otra
por que según el principio de interpretación pro infans–contenido también en el
artículo 44-, debe optarse por la interpretación de las disposiciones que menos
perjudique el derecho a la educación de los niños”[3].
En
este orden de ideas, esta Corporación ha precisado que[4]:
“(i)
que la edad señalada en el artículo 67 de la Constitución, interpretado a la
luz del artículo 44 ibídem, es sólo un criterio establecido por el
constituyente para delimitar una cierta población objeto de un interés especial
por parte del Estado; (ii) que el umbral de 15 años previsto en la
disposición aludida corresponde solamente a la edad en la que normalmente los
estudiantes culminan el noveno grado de educación básica, pero no es un
criterio que restrinja el derecho a la educación de los menores de edad, pues
de afirmar lo contrario, se excluirían injustificadamente del sistema educativo
menores que por algún percance –de salud, de tipo económico, etc.- no pudieron
terminar su educación básica al cumplir dicha edad, y (iii) que las
edades fijadas en la norma aludida no puede tomarse como criterios excluyentes
sino inclusivos”.
En
este sentido, es claro que los límites tanto de años mínimos que deben ser
garantizados por el Estado, como el rango de edades de la población estudiantil
a la cual está dirigida la educación básica, son límites formales, inclusivos y
no excluyentes a partir del cual debe el Estado desarrollar una política
organizada, consistente y continua en el tiempo, que haga efectivo el derecho a
la educación básica[5].
Pero no sólo la Carta Política reconoce expresamente
el derecho a la educación como fundamental, pues los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Colombia han hecho lo suyo al respecto. Tal es el
caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley
74 de 1968), el Protocolo adicional de San Salvador (Convención Americana de
Derechos Humanos),la Convención sobre los
derechos de los niños y niñas suscrita por Colombia en Nueva York el 20 de
noviembre de 1989, que en referencia al derecho a la educación de los
menores, establece que: “ésta es obligatoria, gratuita y compatible con la
dignidad humana, haciendo indispensable la garantía de su acceso como
componente esencial de este derecho(Subrayado fuera del texto), y, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 manifiesta
que: “Toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz”.
En esta perspectiva, concluye la Sala que, en el mundo
actual el acceso al conocimiento y a la formación académica constituyen los
fundamentos esenciales para el desarrollo de conocimientos científicos,
históricos, morales, sociales, culturales, geográficos, tecnológicos, entre
otros, que propenden por el desarrollo individual de cada persona, en aras a
que pueda aportar a la sociedad el respeto y protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
La educación
vista como derecho fundamental y como servicio público, ha sido reconocida por
la doctrina nacional e internacional como un derecho de contenido prestacional
que comprende cuatro dimensiones: a) disponibilidad del servicio, que consiste
en la obligación del Estado de proporcionar el número de instituciones
educativas suficientes para todos los que soliciten el servicio; b) la
accesibilidad, que consiste en la obligación que tiene que el Estado de
garantizar que en condiciones de igualdad, todas las personas puedan acceder al
sistema educativo, lo cual está correlacionado con la facilidad, desde el punto
de vista económico y geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación
de toda discriminación al respecto; c) adaptabilidad, que consiste en el
hecho de que la educación debe adecuarse a las necesidades de los demandantes
del servicio, y, que se garantice la continuidad en su prestación, y, d)
aceptabilidad, que hace referencia a la calidad de la educación que debe
brindarse[6].
Esta Corporación en varias oportunidades se ha referido
a lo anteriormente planteado. Dentro de sus pronunciamientos encontramos la
Sentencia T-1030 de 2006[7],
en la que se estudió el caso de una niña de cuatro años de edad a la que se le
negó el cupo en el grado jardín en una institución educativa del Departamento
de Sucre por mandato de una Circular de la Secretaría de Educación
Departamental. En este caso la Corte precisó que:
“la
educación es un derecho y un servicio de vital importancia para sociedades como
la nuestra, por su relación con la erradicación de la pobreza, el desarrollo
humano y la construcción de una sociedad democrática. Es por ello que la Corte
ha indicado en distintos pronunciamientos que ésta (i) es una herramienta
necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior,
en tanto potencia la igualdad de oportunidades; (ii) es un instrumento que
permite la proyección social del ser humano y la realización de sus demás
derechos fundamentales; (iii) es un elemento dignificador de las personas; (iv)
es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico; (v) es un
instrumento para la construcción de equidad social, y (vi) es una herramienta
para el desarrollo de la comunidad, entre otras características”.
Estas
razones llevaron al constituyente de 1991 a reconocer en el artículo 67 de la Carta, que la educación es un derecho fundamental y un servicio público, cuya
finalidad es lograr el acceso de todas las personas al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, y formar a
todos en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, entre
otros, y en el artículo 44 ibídem, que es un derecho fundamental de los niños
que prevalece sobre los derechos de los demás”.
En reiteración
de esta posición también se pronunció la Sentencia T- 329 de 2010[8],
que estudió el caso de unos niños que venían recibiendo clase de un docente
suministrado por el Municipio de Florencia Caquetá, y que después de
determinado tiempo, por falta de recursos del Municipio, no siguieron
accediendo al servicio de educación. En esta providencia se hizo referencia a
las cuatro dimensiones que comprende el derecho a la educación y que han sido
reconocidas por la doctrina nacional e internacional. La Corte dijo:
“Aunado a lo anterior, en la Sentencia T-1030 de
2006 se establecen cuatro dimensiones de contenido prestacional del derecho a
la educación, extraídas de la doctrina nacional e internacional. Al respecto
señala lo siguiente:
Como
derecho y como servicio público, la doctrina nacional e internacional han
entendido que la educación comprende cuatro dimensiones de contenido
prestacional (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede
resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes
instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su
ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del
servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del
Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema eludido,
la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para
acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la
adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a
las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en
la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la
calidad de la educación que debe impartirse”[9].
En este sentido, la jurisprudencia del Alto Tribunal
Constitucional ha señalado que ante la restricción de alguno de los criterios
anotados anteriormente, que obedezcan a causas no justificadas debidamente y
que no estén probadas, se produce un nivel de arbitrariedad que hace que la
acción de tutela junto con las demás herramientas jurídicas se conviertan en
los mecanismos idóneos a los cuales el afectado puede  acudir para exigir el
cese inmediato de la vulneración.
Mucho más, cuando quiera que los perturbados por las
medidas sean niños, caso en el cual adquiere una mayor trascendencia el evitar
que su acceso al sistema educativo sea restringido por trabas, requisitos u
obstáculos adicionales[10],
ya que los derechos de los niños se encuentran en un nivel superior a los
derecho de los demás. Precisamente, el lugar que los niños y sus derechos
ocupan  en el ordenamiento jurídico colombiano y en la Constitución de 1991 fue
tema de las intervenciones al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, y
que fueron citadas en la Sentencia C- 170 de 2004[11], en la
que se estudió el Decreto 2737 de 1998, “Por el cual se expide el Código del
Menor”. En la sentencia la Corte manifestó que:
“(...)
El artículo propuesto se presenta en una forma sencilla, de fácil
identificación y comprensión, para que todas las personas ejerzan tutela sobre
los derechos del niño y puedan exigir su cumplimiento, porque el ejercicio de
estos derechos involucra a la sociedad entera, pues los niños dependen de la
solidaridad de ésta para crecer, formarse y ser adultos.
(…)
““Igualmente
el articulado concreta la responsabilidad primigenia de los padres y de la
familia, en lo que se refiere a la asistencia, educación y cuidado de los
niños; de la sociedad, porque éstos requieren de ésta para su formación y
protección; y del Estado para suplir la falta de los padres o para ayudar cuando
éstos no puedan proporcionar al niño los requisitos indispensables para llevar
una vida plena””.
No
es posible, en un Estado Social y Democrático de Derecho que el legislador
transmute la protección especial que deben asumir las autoridades públicas frente
a los niños, hacía ellos mismos, por cuanto, un actuar de dicha manera, implica
la cesación del Estado en el cumplimiento de las condiciones esenciales que
derivan del contrato social y que, en cualquier Estado democrático, constituyen
los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa, fundada
en la dignidad humana y en el progreso social.
(…)
Esta
Corporación, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 Superior, y en
armonía con lo expuesto, ha señalado que: “las razones básicas de esta
protección a los niños y a los adolescentes son, por una parte, su naturaleza
frágil o vulnerable, por causa del desarrollo de sus facultades y atributos
personales, en grado inverso a su evolución, en la necesaria relación con el
entorno tanto natural como social y, por otra parte, el imperativo de asegurar
un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la integridad,
salud, educación y bienestar de los mismos”.
3.4.
EL DERECHO DE LOS NIÑOS A
RECIBIR EDUCACIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
Como ya se precisó, por mandato expreso de la
Constitución, los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, por
lo que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y
protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el
ejercicio pleno de sus derechos (Art. 44).
La educación
como derecho fundamental de los niños está supeditada al principio del interés
superior, conforme al cual, las medidas que conciernan a su formación educativa,
deben atender al reconocimiento y protección de sus derechos, intereses, y
particularidades, de forma que se propenda por su desarrollo integral y
armónico como miembro de la sociedad.
En la Observación General No. 1, el Comité de
Derechos de los Niños, al precisar la importancia y alcance de del parágrafo 1°
del artículo 29 de la Convención sobre los derechos de los niños, estableció
que los Estados deben “promover, apoyar y proteger el valor supremo de la
dignidad humana y los derechos del niño, habida cuenta de sus necesidades
especiales de desarrollo y las diversas capacidades en evolución”.
Dicha observación también insiste en la necesidad de que la educación gire en
torno al niño, le sea favorable y lo habilite para la vida cotidiana, lo cual
se logra fortaleciendo sus capacidades, desarrollando sus aptitudes, su
aprendizaje, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este
contexto, la observación determinó que para lograr esta finalidad es necesario
adoptar medidas que posibiliten la realización del contenido de adaptabilidad
como característica elemental del derecho a la educación, entre las cuales se
encuentra “propender por el desarrollo de la personalidad de cada niño, de
forma tal que tome en cuenta sus dotes naturales, características, intereses y
capacidades únicas, y necesidades de aprendizaje propias. Por lo tanto, el
programa de estudios debe guardar una relación directa con el marco social,
cultural, ambiental y económico del niño y con sus necesidades presentes y
futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en evolución del niño; los
métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades de los
distintos niños”.
Del anterior postulado, ha de inferirse que el Estado
tiene la obligación constitucional de poner a disposición de los posibles
educandos, una infraestructura y un plan de educación orientado inicialmente a
cubrir sus expectativas educativas conforme a criterios tales como su edad, sus
necesidades comunes y específicas, sus diversidades culturales, sus
expectativas de vida, sus capacidades excepcionales, entre otros.
Dentro de esta lógica, el Gobierno Nacional, a través
del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación, está consolidando
en todo el territorio nacional una política de modelos pedagógicos apropiados
para cada necesidad de los niños, los cuales han demostrado ser una alternativa
eficiente y eficaz, puesto que “sus metodologías facilitan el aprendizaje de
niños de varios grados escolares, que atiende, además, de manera particular,
las necesidades de cada estudiante. Así mismo, los modelos buscan superar la
extraedad y nivelar a los pequeños y grandes de acuerdo con el nivel apropiado
de su desarrollo cognitivo y sicomotriz”[12].
En conclusión,
el interés superior del niño exige que la educación que se les imparte se
adapte a sus necesidades y realidades culturales y sociales.
3.5.
MARCO JURÍDICO DEL TRABAJO
INFANTIL
El trabajo infantil ha sido una
problemática que afecta a niños y niñas en distintos países del mundo[13],
y es la causa determinante que restringe o impide el goce efectivo de sus
derechos, entre ellos, el derecho a la educación.
Según la OIT, “no
todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo
infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o
los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo
personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva”. Entre
otras actividades, la OIT cita “la ayuda que prestan a sus padres en el
hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera
del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo.
Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y
el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y
les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad
adulta”[14].
Bajo este sentido, el trabajo infantil ha
sido definido por la OIT como “todo
trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es
perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al
trabajo que: i) es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o
moral del niño; ii) interfiere con su escolarización puesto que; iii) les priva
de la posibilidad de asistir a clases; iv) les obliga a abandonar la escuela de
forma prematura; o v) les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que
insume mucho tiempo”[15].
UNICEF define el trabajo infantil como “cualquier
trabajo que supere una cantidad mínima de horas, dependiendo de la edad del
niño o la niña y de la naturaleza del trabajo. Este tipo de trabajo se
considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse”.
En atención a que el trabajo infantil es
la causa determinante que restringe los derechos de los niños y niñas, pues en
muchas ocasiones pone en peligro su vida, integridad física y personal, su
salud, su formación, su educación, desarrollo y porvenir, las normas
constitucionales y las disposiciones internacionales propenden por la abolición
de éste, precisamente porque perpetúa la pobreza y compromete el crecimiento
económico y el desarrollo equitativo del país[16].
Muestra de ello es:
1.
El trabajo realizado por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social,
celebrada en Copenhague en marzo de 1995, en la que se señaló que la
eliminación del trabajo infantil es un elemento clave para el desarrollo social
sostenible y la reducción de la pobreza. Y, en el mismo sentido, el Convenio
No. 138[17]de
la OIT “sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo”, en el que se
confirmó que la abolición efectiva del trabajo infantil constituye uno de los
principios relativos a los derechos fundamentales que deben respetar los
Estados Partes de la OIT, incluso si no han ratificado los convenios
fundamentales.
2.
En
el artículo 1° de dicho Convenio, se establece que:
“Todo
miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir
una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los
niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo
a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los
menores”.
3.
La Declaración de los Derechos del
Niño, la cual fue acogida por los Estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas de la cual hace parte
Colombia, que en el principio No. 9 consagra que “no deberá permitirse al
niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará
ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda
perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o
moral”.
4.
El preámbulo del Convenio No. 182
de la OIT[18]
que determinó que: “(...) Considerando que la eliminación efectiva de las
peores formas de trabajo infantil, requiere una acción inmediata y general que
tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad
de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su
rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades
de su familia (...).
5.
La Convención sobre los Derechos
del Niño[19]que
en su artículo 32 consagra que “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los Estados Partes
adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en
cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los
Estados Partes, en particular: a) Fijarán una edad o edades mínimas para
trabajar; b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y
condiciones de trabajo; c) Estipularán las penalidades u otras sanciones
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo”.
Así
las cosas, se tiene que en desarrollo del propósito de erradicar el trabajo
infantil, el principal instrumento que tienen las normas nacionales e
internacionales para ello ha sido la determinación de una edad mínima para
ingresar a la vida productiva. Sobre el particular, el artículo 1° de la Convención
sobre los Derechos del Niño, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991,
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 27 de 1977, se
entiende por niño, “todo ser humano menor de dieciocho años”.
El Convenio 138 de la OIT aprobado por Colombia
mediante la Ley 515 de 1999 establece en su artículo 3 que “La edad mínima
de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la
seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho
años”.  No obstante lo anterior, el artículo 2, literal 4 expresa que “el
Miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente
desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesados, si tales organizaciones existen, especificar
inicialmente una edad mínima de catorce años”.
Por su parte, el artículo 3, numeral 3 de la misma ley
consagra que “la legislación nacional o la autoridad competente, previa
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados,
cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo
a partir de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente
garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que
éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica
en la rama de actividad correspondiente”.
Del análisis de los tratados internacionales antes
enunciados, se puede deducir que éstos proscriben el trabajo infantil, hasta el
punto que exigen de parte de los Estados la adopción de medidas para asegurar
su erradicación progresiva, por cuanto el trabajo infantil es la mayor causa de
inasistencia y deserción escolar.
Haciendo casos a las directrices planteadas
por dichos instrumentos internacionales, el ordenamiento superior, teniendo en
cuenta la realidad social, económica y cultural que incluye tempranamente a los
menores de edad en el mundo laboral, regula su prestación, con el fin de velar
por la efectiva protección de los derechos de los niños[20].
En virtud de ello, el artículo 67 Constitucional que
establece una primera medida de protección a favor de los niños, consistente en
la obligación que le asiste al Estado de brindarles educación, la cual es
obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, se convierte a la vez en otra medida
de protección a favor de los menores de edad que se ven obligados a trabajar.
Ello es así por cuanto, al señalar la norma constitucional que hasta los 15
años obligatoriamente tienen que estudiar, les está cerrando la posibilidad de
acceder a la vida productiva antes de cumplir dicha edad, por cuanto, como ya
se dijo, en ella existe la obligación de complementar los niveles de
escolaridad básica. De suerte que, en derecho, para los menores de 15 años,
sólo existe la posibilidad de estudiar[21].
En concordancia con lo anterior encontramos el
artículo 35 de la Ley 1098 de 2006, que establece que “la edad mínima de
admisión al trabajo es los 15 años. Para trabajar, los adolescentes entre los
15 y los 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el inspector
de trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local (…).
Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir
autorización de la inspección de trabajo, o en su defecto del ente territorial
local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo
y deportivo (…) En ningún caso el permiso excederá las 14 horas semanales”.
Ahora bien,
respecto a los niños mayores de 15 años es que surge  la segunda medida de
protección constitucional, referente al mandato según el cual “es
indispensable que las labores que desarrollen no se presten ni para la
explotación laboral o económica, ni para la asunción de “trabajos riesgosos”,
en los términos previstos por el artículo 44 Superior.
En
este sentir se encuentra que la Resolución N° 01677 de 2008[22]
consagra que ningún niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad podrá
trabajar en labores que impliquen peligro o que sean nocivas para su salud e
integridad física o psicológicas, por lo que se enumeran algunas actividades
prohibidas a ser realizadas por menores de edad, dentro de las cuales se
encuentran: los trabajos de agricultura, ganadería, caza, pesca, explotación de
minas, industria manufacturera, suministro de electricidad, agua y gas,
construcción, transporte y almacenamiento, defensa, trabajos no calificados
como labores en hogares de terceros, servicio doméstico,
limpiadores, lavanderos y planchadores, entre otros.
Bajo esta condición, se encuentran prohibidos (i) los
trabajos que pongan en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya
sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza (Trabajos
Peligrosos); y (ii) toda forma de explotación como la esclavitud, trata de
personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso,
reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución y
pornografía infantil y, en general, todas aquellas actividades consideradas como
ilícitas.
Conforme a lo expuesto se pude concluir
que las autoridades públicas tienen la obligación de propender por la abolición
del trabajo infantil, mediante la elevación progresiva de la edad mínima de
admisión al empleo (art. 1° del Convenio No. 138 de la OIT), para lo cual deben
asumir el compromiso de ampliar las alternativas económicas de las familias,
con el fin de que éstas aumenten sus ingresos y, por lo mismo, no se vean
compelidas a forzar a sus hijos menores a ingresar al mundo laboral.
Pese
a existir la obligación de erradicación del trabajo infantil, dada su vocación
progresiva, el ordenamiento jurídico colombiano, en atención a la realidad
social,  económica y cultural  que involucra  a los menores de edad en el mundo
laboral, se ha encargado de regular su prestación, estableciendo una edad
mínima de admisión generalizada del menor al empleo. Tal admisión, al
considerarse incompatible con la garantía del derecho a la educación, no puede
darse antes de que el menor haya completado su escolaridad, es decir, hasta
antes de los 15 años.
Sin embargo,
dicha permisibilidad constitucional como respuesta al contexto socioeconómico
del país, exige la intervención del Estado para regularizar y humanizar las
condiciones de trabajo. En atención a dicha circunstancia, la ejecución de
actividades laborales por parte de menores de edad entre los 15 y 18 años, se
sujeta a las siguientes condiciones que revisten el carácter de orden público,
a saber:
i)
La prohibición de ejecutar labores
que desarrollen explotación laboral o económica, y trabajos riesgosos[23].
ii)
La flexibilidad laboral, la cual
se hace efectiva en la reglamentación apropiada de horarios y condiciones de
trabajo.
(iii)
La autorización escrita del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la
primera autoridad local.
3.6.
REGULACIÓN NORMATIVA DE LA
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Al
consagrar la Constitución Política la educación
como un derecho de todas las personas, y al asignarle al Estado la obligación
de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, indirectamente crea,
en cabeza de éste, el deber de establecer las condiciones de asequibilidad
a la educación para las personas mayores de edad.
Dicha
obligación ha sido desarrollada por el legislador en diversas disposiciones,
las cuales plasman el deber de elaborar planes de estudio y sistemas idóneos
para alumnos de todas las edades, con el fin de que toda la población
colombiana tenga acceso
a una formación académica que les permita alcanzar mejores condiciones de vida,
en la medida en que el conocimiento facilita el acceso a mejores niveles de
ocupación laboral.
Es
así como el artículo 50 de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la ley
general de educación”, establece que: “La educación de adultos es
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público
educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios”.
Dentro
de los objetivos específicos de la educación para adultos se encuentran: “a)
Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos
niveles educativos; b) Erradicar el analfabetismo; c) Actualizar los
conocimientos, según el nivel de educación, y d) Desarrollar la capacidad de
participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria”[24].
Para
conseguir dichos objetivos, el Estado “ofrecerá a los adultos la posibilidad
de validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación
superior, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley”[25].
Por
su parte, el Decreto 3011 de 1997, “por el cual se establecen normas para el
ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones”,
en su artículo 2° consagra que “la educación de adultos es el conjunto de
procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular
las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas
circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo,
durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas
que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus
competencias técnicas y profesionales”.
Así
mismo, en su artículo 3°, el citado decreto establece que son principios básicos
de la educación de adultos, entre otros, los siguientes:
“a)
Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto,
independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como edad,
género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en permanente
evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo
habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con
aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida; (…) c) Flexibilidad,
según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se establezcan
deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así
como a las características de su medio cultural, social y laboral”.
Los artículos 16 y 17 del mismo decreto, que regulan la educación
básica formal de adultos, consagran que: “Artículo 16. Podrán ingresar a la
educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales
integrados: 1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han
ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado
como máximo los tres primeros grados. 2. Las personas con edades de quince
(15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria y
demuestren que han estado por fuera del servicio público educativo formal, dos
(2) años o más. Artículo 17. Las personas menores de trece (13) años que no
han ingresado a la educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por
dos (2) años académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los
establecimientos educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares,
mediante programas especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 8º y 38 del Decreto 1860 de 1994 o las normas que
lo modifiquen o sustituyan”.
Por su parte, el artículo 23 del citado
decreto, que regula la educación media de adultos, manifiesta que “La
educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos especiales
integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de estudios del
bachillerato básico de que trata el artículo 22 del presente decreto o a las
personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el noveno
grado de la educación básica. El ciclo lectivo especial integrado de la
educación media académica corresponde a un grado de la educación media formal
regular y tendrá una duración mínima de veintidós (22) semanas lectivas. La
semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) horas efectivas de trabajo
académico”.
De conformidad
con las normas reseñadas, se puede concluir que la obligación del Estado de
proporcionar educación a todas las personas, conlleva la de establecer un
sistema especial de educación para los adultos, el cual debe propender por la
adaptabilidad, y responder a la realidad de los adultos como personas
que se encuentran activas laboralmente y que, en razón a su actividad,
requieren de una flexibilidad especial que posibilite el acceso al sistema
educativo, con el fin de que a estas personas, no se les niegue la oportunidad
de recibir una formación académica que consulte sus intereses y
particularidades, y los prepare para poder acceder a más y a mejores ofertas
laborales.
4.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA
4.1.1.
Legitimación en la causa
por activa
De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política la
acción de tutela se podrá promover en nombre propio o en representación de
otros, en los siguientes términos: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
En desarrollo de la reglamentación de la acción de
tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, estableció la legitimidad para
actuar así: “La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
La Corte Constitucional ha advertido sobre la
legitimidad por activa para interponer acción de tutela, y ha precisado que las
diferentes posibilidades son: “i) la del ejercicio directo de la acción.
(ii) La de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en
el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al
escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto
el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente
oficioso”[26].
En este orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que se pueden agenciar derechos ajenos, siempre y
cuando quien actué en nombre de otro: “i) exprese que está obrando en dicha
calidad, ii) demuestre que el agenciado se encuentra en imposibilidad física o
mental de ejercer su propia defensa, condición que puede ser acreditada de
manera tácita o expresa, y que, iii) se identifique plenamente a la persona por
quien se intercede (…), como quiera que la primera persona llamada para
propender por el amparo de los derechos aparentemente vulnerados es el propio
afectado, en ejercicio de su derecho a la autonomía y en desarrollo de su
dignidad”.
Así mismo la Corte ha dicho que además de tener en
cuenta los elementos que configuran la agencia oficiosa, el análisis siempre
debe ir guiado bajo tres principios fundamentales: “(i) el principio de
eficacia de los derechos fundamentales, el cual impone la ampliación de los
mecanismos protectores de los derechos fundamentales para los particulares y
autoridades públicas; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre la forma, que busca impedir que por diseños artificiales de la norma, se
deje de cumplir el fin último de ésta; y (iii) el principio de solidaridad, la
obligación de los miembros de la sociedad de Colombia de velar no sólo por los
derechos fundamentales propios, sino por los del otro, en la imposibilidad que
tiene éste de propender por la protección de sus derechos”[27].
No obstante lo anterior, la Corte ha precisado que cuando
se trata de agenciar derechos fundamentales de niños, niñas o adolescentes, los
criterios anotados en precedencia no tienen aplicación, por tratarse de sujetos
de especial protección constitucional, frente a los cuales el Estado, la
sociedad y la familia tienen la obligación de garantizar su prevalencia, en los
amplios términos del artículo 44 constitucional. En palabras del Alto Tribunal:
“La corresponsabilidad de todos en la protección de este grupo, permite que
cualquier persona pueda exigir de la autoridad competente el cumplimiento y
garantía de sus derechos, como expresamente lo consagra el precepto
constitucional en cita. Por tanto, es deber de todo individuo en nuestra
sociedad actuar como agente oficioso de los derechos y garantías de los niños,
niñas y adolescentes ante la vulneración o amenaza de sus derechos en donde es
irrelevante si tiene o no un representante legal, porque se repite, la
Constitución impuso la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia
en su efectiva protección, lo que se traduce en que fue el mismo Constituyente el
que estableció la legitimación en la causa de cualquier persona para actuar en
nombre de los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en estado de riesgo
o vulneración de sus derechos”[28].
En el caso del expedienteT-3890853 se
encuentra acreditado que la niña a favor
de quien se instauró la presente acción de tutela tiene menos de 18 años, por
lo que cualquier persona puede acudir ante el juez constitucional para agenciar
sus derechos. En consecuencia, más allá de la existencia o no de los lazos de
consanguinidad entre la accionante y la niña, es claro que hay legitimación en
la causa por activa para invocar el amparo y, en consecuencia, procede el
análisis de los hechos que le dieron origen para determinar si existe o no la
vulneración que se alega.
En cuanto al caso del expediente T-3873999, se encuentra que si bien durante el trámite de esta tutela el agenciado cumplió
la mayoría de edad[29],
se encuentra acreditado que cuando se interpuso la presente acción de tutela (22
de febrero de 2013[30])
Michel Steven tenía 17 años de edad, por lo que su madre podía
acudir ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus derechos.
4.1.2.
Legitimación por pasiva
Con respecto a quién va dirigida la acción de tutela,
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 expresa que: “se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)”.
En el caso del expediente 3873999 se demandó al
Colegio Ciudad Armenia y la Secretaría de Educación de Armenia, y en el caso
del expediente T- 3890853 se demandó a la Secretaría de Educación de Bello y la
Institución Educativa León XIII, lo cual
es a todas luces acertado, pues éstas son quienes deben controvertir la
reclamación delos peticionarios.
4.1.3.
Examen de inmediatez
La inmediatez es
una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el
propósito de la Carta Política de hacer de la acción de tutela un medio de
amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y
eficaz.
Por ello, es
indispensable que la acción sea promovida dentro de un término razonable,
prudencial y cercano a la ocurrencia de los hechos que se consideran
vulneratorios de derechos fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso
del tiempo desvirtúe la transgresión o amenaza de los derechos.
En cuanto al
caso del expedienteT-3890853, se tiene que los hechos que
presuntamente vulneraron los derechos de la menor de edad ocurrieron en enero
de 2013[31],
pues en esa fecha recibió la negativa del suministro del cupo escolar en
horario sabatino de parte de la Institución Educativa León XIII, y la tutela se
interpuso el 18 de febrero de la misma anualidad, es decir, se acudió a la
tutela máximo un mes después de la ocurrencia de los hechos.Por tanto, el
término transcurrido entre los hechos y la presentación de la acción es
razonable y, evidencia que la transgresión era actual en el momento en que se
hizo uso de la tutela para el amparo de los derechos.
Respecto al caso
contenido en el expediente T- 3873999, se encuentra que: i) la agente
oficiosa manifiesta que “estuvimos buscando cupo en la institución educativa
accionada en el horario de los sábados de validación, y nos dijeron que no era
posible, que porque era un requisito tener los 18 años cumplidos”[32];
ii) también expresó que “mi hijo tiene actualmente 17 años, cumple su
mayoría de edad el 16 de julio del presente año y está interesado en cursar
décimo y once en el horario sabatino”; iii) cuando la agente oficiosa
alude  que “mi hijo cumple la mayoría de edad el 16 de julio del presente
año”, hace referencia al 16 de julio de 2013, según consta en la tarjeta de
identidad de Michel Steven[33];
iv) la acción de tutela fue interpuesta el 22 de febrero de 2013[34],
precisamente porque el cupo escolar solicitado le fue negado, lo cual se
evidencia en que la agente oficiosa expresa que “dígnese señor juez declarar
vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, libre desarrollo de la
personalidad, a la educación, servicio público educativo por parte del Colegio
Ciudad Armenia”[35].
Entonces, de los
hechos narrados en la acción de tutela, se puede inferir que la solicitud del
cupo escolar en horario sabatino se allegó ante la institución educativa
accionada a principio de este año, es decir, en el mes de enero o febrero de
2013, y la interposición de la acción de tutela fue el 22 de febrero de la
misma anualidad, por lo que el término transcurrido entre los hechos y la
presentación de la tutela es máximo de un mes, lo que evidencia que la
transgresión era actual en el momento en que se hizo uso de este mecanismo para
el amparo de los derechos.
4.1.4.
Principio de subsidiariedad
Conforme al artículo 86 de la Carta, se
tiene que la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario, esto
es, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia, que puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales cuando: a) no exista otro  medio judicial a través del
cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un
derecho fundamental, b) cuando existiendo otras acciones, éstas no resultan
eficaces o idóneas para la protección del derecho de que se trate, o, c) cuando
existiendo acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de
tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable.
En este sentido, la subsidiariedad y
excepcionalidad de la acción de tutela reconocen la eficacia de los medios
ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos para la salvaguarda
de los derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir
preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz
protección constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. De
allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por esta vía,
debe haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el
efecto, exigencia que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea
considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador[36].
Es claro para la Sala que las acciones de tutela proceden en estos casos, debido
a que es el mecanismo idóneo para amparar los derechos de los aquí interesados,
pues a través de ésta se protegen de manera  oportuna el derecho
invocado. Además, uno de los casos versa sobre los derechos de una niña, quien
es un sujeto de especial protección constitucional, situación que pone en
evidencia la necesidad de la intervención del juez constitucional.
5.
CASO CONCRETO
5.1.
Resumen de los
hechos-Expediente T-3873999
Paola Andrea Jaramillo Figueroa, actuando como agente
oficiosa de su hijo Michel Steven Osorio Jaramillo, menor de edad para la época
de interposición de la presente acción de tutela, manifiesta que él está
interesado en cursar los grados décimo y once en el horario sabatino en la
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia, pues actualmente está
trabajando de lunes a viernes en un galpón de pollos y en un criadero de peces.
Aduce que una
vez hecha la solicitud al colegio accionado, sus directivas respondieron que no
era posible, ya que “para ingresar a ese horario era necesario tener 18 años
cumplidos y haber estado 2 años por fuera del servicio público educativo, tal
como lo establece el artículo 16 del Decreto 3011 de 1997”.
5.1.1.
Hechos probados
En el reporte
del SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas) se encuentra que: “Michel Steven
Osorio Jaramillo fue matriculado el 11 de diciembre de 2012 en la Institución
Educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia, en el grado once. En enero de 2013
fue trasladado al Colegio Bosques de Pinares de la ciudad de Armenia, en el
grado décimo. En febrero de 2013 fue trasladado a la Institución Educativa
Santa Teresa de Jesús con sede en Ciudad de Armenia, para cursar el décimo
grado”[37].
En comunicación telefónica sostenida los días 8 y 9 de
agosto de 2013 con la señora Carolina Giraldo, Auxiliar Administrativa de la
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia, se precisó que: “Michel
Steven Osorio Jaramillo cursó el grado décimo en el año 2012 en esta
institución. El 11 de diciembre de 2012 los colegios debían ingresar en el
SIMAT el reporte de los alumnos a quienes se les daban cupos para el año 2013,
pero como en esa fecha aún no se sabía si el joven había ganado o perdido el
año décimo, se procedió a hacer su reporte en el SIMAT como si fuera para once,
pues lo importante era asegurar su cupo estudiantil. A mediados de diciembre de
2012 se supo que Michel Steven había reprobado décimo grado, por lo que en enero
de 2013 se trasladó al Colegio Bosques de Pinares a repetir el grado décimo,
pero allá no estudió. En febrero de 2013 solicitó nuevamente cupo en la
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús con sede en Ciudad de Armenia, pero
esta vez para el Ciclo V y VI, es decir, para cursar décimo y once en el
horario sabatino. Como en ese momento Michel Steven era menor de edad y no
había cupo en ese horario, se dejó en lista de espera, por lo que él decidió
matricularse para cursar el grado décimo en el horario diurno de lunes a
viernes”.
El 9 de agosto de 2013, la Institución Educativa Santa
Teresa de Jesús de Armenia, manifestó que “Michel Steven Osorio Jaramillo
fue matriculado en esa institución el 22 de marzo de 2013, para cursar el grado
décimo nuevamente, ya que en el 2012 el estudiante pasó en estado reprobado. En
este momento el estudiante se encuentra asistiendo cumplidamente a las clases
académicas en la jornada diurna en el horario mañana”[38].
5.2.
Resumen de los
hechos-Expediente T- 3890853
María Norela Tamayo Tejada, actuando como agente
oficiosa de su nuera de 16 años de edad, Jineth Vanessa González Taborda, manifiesta
que solicitó para la niña un cupo escolar en el Colegio León XIII de Bello en
la jordana sabatina, toda vez que “necesita trabajar durante la semana para
mantener a su hijo también menor de edad”.
Expresa que la directora de la institución educativa
le negó el cupo escolar solicitado, aduciendo que “no la podía recibir por
ser menor de edad”.
En respuesta a la presente acción de tutela, la
Secretaría de Educación de Bello expresó que el cupo escolar de la menor de
edad debía ser negado por cuanto el Decreto 3011 de 1997 establece en su
artículo 16 que “podrán ingresar a la educación básica para adultos las
personas con edades de 15 años o más que hayan finalizado el ciclo de educación
básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público
educativo formal 2 años o más”, y “como consta en el SIMAT, la menor
para el año 2012 se encontraba estudiando en la Institución Educativa Jorge
Eliecer Gaitán, por lo tanto no cumple con el requisito del artículo 16”.
5.2.1.
Hechos probados
Mediante declaración jurada
rendida ante el Juez Primero Civil Municipal de Bello y ante el delegado del
Ministerio Público, la niña Jineth Vanessa expresó que requiere el cupo escolar
en el horario sabatino, “no para trabajar, pues no tengo autorización para
hacerlo, sino para terminar mis estudios y poder cuidar todos los días a mi
hijo de 10 meses de edad. Aunque vivo con otras personas como las hijas de doña
Norela, el papá del niño, sus nietas, su mamá y su hermano, ninguno de ellos
puede colaborarme, porque doña Norela, el papá del niño y las hermanas trabajan
todo el día, las niñas van a estudiar, la abuela por su edad no me puede ayudar
y el hermano de la señora sale todo el día”[39].
5.3.
EXAMEN DE LA PRESUNTA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALESDE LOS AGENCIADOS
5.3.1.
Expediente T- 3873999
De los supuestos de hecho descritos en
precedencia, la Sala pone de manifiesto el hecho de que la Institución
Educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia y la Secretaría de Educación de esa
ciudad, hayan alegado que Michel Steven Osorio Jaramillo no podían acceder al
cupo escolar para cursar los grados décimo y once en el horario sabatino, por
no tener 18 años y por no llevar 2 años por fuera del sistema educativo
público, ello en virtud de lo consagrado en el artículo 16 del Decreto 3011 de
1997.
A saber, dicho decreto, “por el cual se establecen normas para el ofrecimiento
de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones”, regula en sus artículos 16 y 17 el acceso de los
adultos a la educación básica y en el 23, la educación media de adultos.
Así las cosas, se tiene que los artículos
16 y 17 consagran que: “Artículo 16. Podrán ingresar a la educación
básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados: 1.
Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún
grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los
tres primeros grados. 2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que
hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que han
estado por fuera del servicio público educativo formal, dos (2) años o más. Artículo
17. Las personas menores de trece (13) años que no han ingresado a la
educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años
académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los establecimientos
educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante programas
especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 8º y 38 del Decreto 1860 de 1994 o las normas que lo modifiquen o
sustituyan”.
Entonces, según lo manifestado en
precedencia se tiene que, cuando se trata de educación básica para adultos (la
educación básica es aquella que tiene una duración de nueve grados que se
desarrollan en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco grados y la
educación básica secundaria de cuatro grados[40]), podrán ingresar a las
instituciones educativas que impartan dichos niveles escolares, niños desde los
13 años de edad, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos en él
establecidos.
Pero, debe tenerse en cuenta que en el
caso sub examine el cupo escolar solicitado es para que Michel Steven
curse los grados décimo y once, es decir, el asunto versa sobre el acceso a la
de educación media, por lo que se debe traer a colación el artículo 23 del
mismo decreto, que manifiesta que “La educación media académica se ofrecerá
en dos (2) ciclos lectivos especiales integrados, a las personas que hayan
obtenido el certificado de estudios del bachillerato básico de que trata el
artículo 22 del presente decreto o a las personas de dieciocho (18) años o
más que acrediten haber culminado el noveno grado de la educación básica. El
ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a
un grado de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de
veintidós (22) semanas lectivas. La semana lectiva tendrá una duración promedio
de veinte (20) horas efectivas de trabajo académico”.
En otras palabras, cuando se trata de
educación media para adultos, la citada normativa contempla como aptos para
ingresar a instituciones educativas que impartan educación para adultos, a las
personas que tengan más de 18 años y hayan culminado el noveno grado de la
educación básica, o que hayan aprobado el último Ciclo Lectivo Especial
Integrado de la educación básica de adultos-CLEI[41].
En este sentido, la Sala encuentra que le
asiste razón a la Secretaría de Educación de Armenia y a la Institución
Educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia, cuando a principios del año 2013
manifestaron que Michel Steven no podía acceder al cupo escolar para cursar
décimo y once en el horario sabatino, por cuanto era menor de 18 años,
actuación que se ajusta al mandato del artículo 23 del decreto citado. Lo
contrario sucede con la imposición del requisito consistente en demostrar que
ha estado por fuera del servicio público educativo formal por 2 años o más,
pues de la simple lectura del artículo 16 del Decreto 3011 de 1997 se deduce
que ese requerimiento es para ingresar a la educación básica para adultos y no
a la media, que se reitera, es lo solicitado en el presente caso.
Precisado lo anterior, se debe traer a
colación el hecho de que Michael Steven Osorio Jaramillo cumplió la mayoría
de edad el 16 de julio de 2013[42],
por lo que en la actualidad cumple los requisitos de edad y de aprobación del
noveno grado de educación básica para acceder al cupo escolar en horario
sabatino. No obstante, de las pruebas obrantes en el expediente se tiene
que el interesado ya se encuentra cursando el décimo grado en la institución
educativa accionada en el horario diurno, por lo que la Sala se ve en la
necesidad de plantear algunas consideraciones al respecto.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la
pretensión perseguida con la presente acción de tutela era que se le permitiera
a Michel Steven estudiar en el horario de los sábados con las personas adultas,
con el fin de que pudiera desarrollar sus actividades laborales durante la
semana. Pese a ello, el agenciado accedió a cursar décimo grado en el horario
diurno porque no cumplía con el requisito de edad exigido para acceder al
horario sabatino y, en la actualidad está asistiendo cumplidamente a sus
clases.
Entonces, la Sala encuentra que al
permitírsele al agenciado estudiar en el horario diurno, se le está brindado la
oportunidad de acceder al servicio de educación pública.
En segundo lugar y sin perjuicio de lo
anterior, se advierte que la Sala no puede ser indiferente ante tres
circunstancias importantes, y que por tanto, deben ser tenidas en cuenta para
resolver el caso concreto. Éstas son: i) la pretensión de la presente acción de
tutela fue que se le permitiera a Michel Steven trabajar y estudiar al mismo
tiempo, pero como sólo se le ha amparado su derecho a la educación, se puede
decir que actualmente está recibiendo un servicio incompatible con sus
necesidades económicas; ii) Michel Steven y su madre atraviesan una difícil
situación económica, pues él era quien trabajaba durante la semana para el
sustento de los dos, ya que ella, quien es madre cabeza de familia, se
encuentra desempleada; y iii)a pesar de que en la acción de tutela la agente
oficiosa manifestó que el agenciado no podía estudiar en el horario diurno por
razones de trabajo, en la actualidad el accionante asiste cumplidamente a sus
clases en dicho horario.
En virtud de las consideraciones
anteriores, y teniendo en cuenta que en el presente caso se le pueden proteger
ambos derechos fundamentales al agenciado, es decir, el derecho a la educación
y el derecho al trabajo, como garantías constitucionales que gozan de especial
protección, la Sala procederá a tutelar estos derechos, ordenándole a la
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús con sede en Ciudad de Armenia que
le otorgue, para el siguiente periodo lectivo, un cupo para el grado once en el
horario sabatino y en el horario semanal diurno al joven Michel Steven Osorio
Jaramillo, para que discrecionalmente elija entre seguir estudiando en la
jornada diurna o si por el contrario quiere hacerlo en el horario sabatino.
En virtud de las anteriores
consideraciones, la Sala revocará el fallo del 6 de marzo de 2013, proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de
Armenia, en la medida en que negó el amparo invocado. En su lugar, concederá el
amparo al derecho fundamental a la educación y al trabajo de Michel Steven
Osorio Jaramillo, por lo que ordenará a la Institución Educativa Santa Teresa
de Jesús con sede en Ciudad de Armenia que le
otorgue, para el siguiente periodo lectivo, un cupo para el grado once en el
horario sabatino y en el horario semanal diurno, para que discrecionalmente
elija entre seguir estudiando en la jornada diurna o si por el contrario quiere
hacerlo en el horario sabatino.
5.3.2.
Expediente T- 3890853
Tal como se dijo en precedencia, la educación básica de adultos, regulada en el
artículo 16 del Decreto 3011 de 1997, se dirige a personas de más de trece años
que nunca ingresaron a la escuela o que han cursado menos de los tres primeros
grados de educación básica, o a las personas de más de quince años que hayan
finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado
por fuera del servicio público educativo formal dos años o más.
Por su parte, la educación media, regulada en el
artículo 23 del Decreto 3011 de 1997, se dirige a quienes tengan más de 18 años
y hayan acreditado haber culminado el noveno grado de la educación básica, o a
quienes hayan aprobado el último Ciclo Lectivo Especial Integrado de la
educación básica de adultos-CLEI[43].
Así las cosas, se tiene que en el presente caso la
agente oficiosa de la niña Jineth Vanessa González Taborda solicitó un cupo
escolar en el horario sabatino, para los grados décimo y once[44], es
decir, educación media, por lo que los requisitos a cumplir son: tener más de 18 años y acreditar haber culminado el
noveno grado de la educación básica, o haber aprobado el último Ciclo Lectivo
Especial Integrado de la educación básica de adultos.
En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente se
tiene que la menor de edad no cumple con los requerimientos antes mencionados,
pues tiene 16 años y aprobó el noveno grado de educación básica  en un colegio
de educación regular para niños, como lo es el Colegio Jorge Eliecer Gaitán de Bello,
Antioquia, al cual asistía en el horario de lunes a viernes de 6:15 am hasta
las 12:15 pm[45].
Por consiguiente, en una primera mirada, le asiste razón al colegio accionado
cuando afirmó que la niña Jineth Vanessa González Taborda no podía ser
matriculada en el horario sabatino con los adultos, por cuanto no tiene 18
años.
No obstante lo anterior, para resolver el caso sub
examine se debe tener en cuenta la circunstancia particular en la que se
encuentra la niña agenciada, las cuales corresponden a: i) es una menor
de edad (16 años); ii) tuvo que dejar sus estudios para hacerse cargo
del cuidado de su hijo de 10 meses de edad. En este punto, se aclara que la
niña, a pesar de vivir con el padre del niño, su suegra, sus cuñadas, las
primas del niño, la bisabuela del menor de edad, y un tío del padre de Emanuel,
no tiene quien le colabore en el cuidado de su hijo, ya que  los primeros
trabajan tiempo completo para sostener a la familia, las niñas estudian todos
los días, la bisabuela del niño no puede ayudarla por su avanzada, y el tío del
padre de Emanuel sale todos los días[46];
iii) su papá la ayuda económicamente con lo que puede ($100.000
mensuales que debe dividirlos con su mamá), pero ni él ni su progenitora le
colaboran con el cuidado del niño, pues trabajan y cuidan a sus demás hijos que
también son menores de edad; y iv)quiere regresar a una institución
educativa para terminar su proceso de formación escolar.
En este sentido, la
Sala es consciente de que el ideal en materia de educación para niños, es que
éstos puedan asistir a instituciones educativas en las que se les imparta una
formación conforme a sus edades, necesidades y capacidades, por lo que en
virtud de ello, la Sala procederá a tutelar el derecho a la educación de Jineth
Vanessa González Taborda, ordenándole a la Secretaría de Educación de Bello que
evalúe y ofrezca a la menor de edad, para el próximo periodo lectivo,
diferentes opciones que le permitan terminar sus estudios en el Colegio León
XIII en el ciclo de educación regular. Por ejemplo, puede otorgarle un cupo en
una guardería oficial a Emanuel Andrés Tamayo González, y acordar con las
directivas del Colegio León XIII, un plan de estudios con flexibilidad horaria
para la niña, con el fin de que se le facilite el cuidado de su hijo y pueda
seguir estudiando.
Sólo si es imposible
encontrar otra alternativa que garantice que la niña continúe en el ciclo de
formación regular, la Secretaría de Educación de Bello le concederá, para el
próximo periodo lectivo, un cupo para cursar el grado décimo en el horario
sabatino en el Colegio León XIII de Bello, Antioquia.
Frente al particular,
para la Sala los requisitos establecidos en el Decreto 3011 de 1997, referidos
a la no inclusión de niños en la educación para adultos, si bien contribuye en
la erradicación del trabajo infantil, rompe con los preceptos de la Carta y los
tratados internacionales en cuanto a la protección especial de los derechos de
aquellos niños que, por circunstancias excepcionalísimas, deben
trabajar,-concretamente el derecho a la educación-, razón por la que, en esos
eventos, se bebe permitir el acceso de los menores de edad al servicio de
educación, sin importar si es con personas adultas.
En este sentido,
dichos requisitos rompen abiertamente con los derechos fundamentales contenidos
en la Carta y los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que
hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad, relacionados con: (i) los
derechos de los niños establecidos en el artículo 44 de la Carta y en la
Convención de Derechos del Niño, y (ii) la protección especial al derecho a la
educación de los niños otorgada por la Constitución, el cual debe ser
interpretado de conformidad con los Convenios y Tratados de derechos humanos
ratificados por Colombia frente al tema de la educación como elemento
determinante de la integración social, ampliamente desarrollado por la
jurisprudencia constitucional.
En el caso objeto de
estudio, la Sala advierte una condición excepcional, ya que como se indicó, la
agenciada es una niña de 16 años que no está estudiando por tener
obligaciones de cuidar a su hijo, quien también es menor de edad,
situación que faculta al juez de tutela para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, figura muchas veces usada por la jurisprudencia
constitucional de esta Corporación para darle real y efectiva aplicación a los
mandatos constitucionales, en el sentido que “el funcionario público
encargado de la ejecución de un acto administrativo, tiene la obligación de
inaplicarlo cuando en el caso concreto resulte abiertamente contrario a la
Carta Política y más aún a los derechos fundamentales en ella contenida”[47],
ello para salvaguardar la supremacía de los mandatos constitucionales sobre
cualquier otra norma jurídica[48].
Tal y como se
desarrolló ampliamente en la parte motiva de esta providencia, la Carta
Política protege el derecho fundamental a la educación como un medio para que
el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su
especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas
en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. Por
tanto, establecer barreras en virtud de las cuales se le impida a la agenciada
acceder al servicio de educación, pese a que sólo le hacen falta 2 años para
terminar la secundaria, desconoce su derecho fundamental a la educación  y a
que sus garantías tienen una vocación de superioridad por mandato
constitucional.
CONCLUSIONES
i)
Las normas que regulan la no inclusión de niños en los establecimientos
educativos para adultos, bien sea en el ciclo de educación básica o media
(artículos 16, 17 y 23 del Decreto 3011 de 1997), contienen requisitos que
persiguen, por regla general, un fin constitucional, el cual es garantizar que
los menores de edad reciban una educación acorde a sus necesidades y realidades
culturales y sociales.
ii)
Debido a que el trabajo infantil debe erradicarse, y una forma de
trabajo infantil es todo aquel que interrumpe la escolarización de los niños, o
que toma más tiempo o es más pesado que el ciclo escolar, entonces, prima
facie,  la autorización para que un niño trabaje la mayor parte del tiempo
y apenas valide los cursos en ciclos acelerados de enseñanza, no se debe
permitir. Esto, salvo que en un ejercicio concreto de ponderación, se demuestre
que impedirlo vulneraría gravemente la supervivencia del niño.
iii)
Sin embargo, cuando se trate de menores de edad inmersos en circunstancias
excepcionalísimas y especiales, se les debe permitir el acceso al
servicio de educación, sin importar si es con personas adultas. Ello por cuanto
se debe preferir que estos niños estudien, aunque sea en un ciclo de formación
de adultos, a que no lo hagan.
Respecto a este punto,
la Sala aclara que frente al caso de Michel Steven Osorio Jaramillo (expediente
T-3873999), si bien se precisó la circunstancia excepcional y especial que
hacía procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del
artículo 23 del Decreto 3011 de 1997-la cual es la necesidad que tiene de trabajar
durante la semana para sostener a su familia, pues su madre es cabeza de
familia y se encuentra desempleada-, ésta no se aplicó por cuanto Michel Steven
ya cumplió la mayoría de edad, evento que le permite acceder al cupo en el
horario sabatino sin ningún problema.
En cuanto al caso de
la niña Jineth Vanessa (expediente T-3890853), la Sala, frente a las
circunstancias especiales y excepcionalísimas en que ésta se encuentra- como lo
es tener 16 años y encontrarse en la necesidad de estudiar los sábados para
cuidar de su hijo, quien también es menor de edad, ya que no cuenta con la
ayuda de ningún familiar para atender al niño-, hace procedente la aplicación
de la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 16 y 17 del Decreto
3011 de 1997, pues el mero requisito de la edad en este caso, desconoce que la
menor de edad atraviesa por una situación particular que la obliga a tener que
asistir a un colegio con adultos, hasta tanto no se tomen medidas que le
permitan continuar con sus estudios en un ciclo de educación regular.
iv)
Finalmente, las circunstancias especiales y excepcionalísimas en que se
encuentren los menores de edad que soliciten estudiar en instituciones u
horarios en los que se imparta educación para adultos, deben ser valoradas muy
cuidadosamente por las diferentes autoridades estatales y por los jueces de la
República, pues se debe recordar que el Estado debe hacer todo el esfuerzo
porque los niños terminen su ciclo de educación en la jornada regular para su
edad.
Así las cosas, conforme a lo expuesto en
precedencia, la Sala ordenará:
i)
A la Institución Educativa Santa
Teresa de Jesús con sede en Armenia, que le otorgue para el siguiente periodo
lectivo, un cupo para el grado once en el horario sabatino y en el horario
semanal diurno al joven Michel Steven Osorio Jaramillo (expediente T-3873999),
para que discrecionalmente elija entre seguir estudiando en la jornada diurna o
si por el contrario quiere hacerlo en el horario sabatino.
ii)
A la Secretaría de Educación de
Bello (expediente T-3890853), que evalúe y ofrezca a la menor de edad, para el
próximo periodo lectivo, diferentes opciones que le permitan terminar sus
estudios en el Colegio León XIII en el ciclo de educación regular. Sólo si es
imposible encontrar otra alternativa que garantice que la niña continúe en el
ciclo de formación regular, la Secretaría de Educación de Bello le concederá,
para el próximo periodo lectivo, un cupo para cursar el grado décimo en el
horario sabatino en el Colegio León XIII de Bello, Antioquia.
iii)
Las órdenes dictadas deben hacerse
efectivas en el siguiente periodo lectivo, por cuanto este año escolar está
próximo a culminarse, entonces, mal haría la Sala si ordenara la inclusión como
estudiantes, bien sea en el ciclo de educación regular o en el ciclo de
educación para adultos-en el horario sabatino- a los agenciados, pues ello
implicaría que tendrían que acoplarse a un curso que está avanzado respecto a
las actividades curriculares.
iv)
Respecto al caso de la niña Jineth
Vanessa González Taborda (expediente T-3890853), la Sala precisa que, dado que
lo pretendido es salvaguardar su derecho fundamental a la educación, lo que
indirectamente repercute en las garantías fundamentales del niño Emanuel Andrés
Tamayo González, se instará al ICBF y a la Defensoría del Pueblo que acompañen
a la Secretaría de Educación de Bellopara que tome las medidas necesarias para
que preferentemente la niña Jineth Vanessa termine sus estudios en el ciclo de
educación regular. Sólo ante la imposibilidad de ello, se permita su asistencia
a la jornada sabatina con las personas adultas.
v)
Por otra parte, como se encuentra demostrado en el curso del proceso, la
menor de edad Jineth Vanessa González Taborda no se encuentra trabajando por
cuanto no ha solicitado el respectivo permiso ante la autoridad competente, y
la decisión que aquí se toma busca proteger su derecho a la educación, más no
arraigar el trabajo infantil, por lo que se aclara que este fallo no autoriza
que la menor de edad acceda a la vida laboral, sino que pueda terminar su
proceso educativo, permitiéndosele a su vez cumplir sus obligaciones como
madre, pues tal como quedó demostrado, ningún integrante de su grupo familiar
puede colaborarle con las labores de atención y cuidado de su hijo.
En virtud de lo
esgrimido en precedencia, esta Sala, en el caso del expediente T- 3873999,
revocará el fallo del 6 de marzo de 2013 proferido por el Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Armenia, en la medida en que negó el amparo invocado. En su
lugar concederá, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia, el amparo al derecho fundamental a la educación y al trabajo de
Michel Steven Osorio Jaramillo.
En cuanto al asunto
del expediente T- 3890853, la Sala revocará el fallo del 1° de marzo de
2013, proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bello, en el sentido
en que negó el amparo solicitado. En su lugar, se concederá la protección del
derecho a la educación de la menor de edad Jineth Vanessa González Taborda, por
lo que se ordenará al Colegio León XIII de Bello, Antioquia, que para el
próximo periodo lectivo le otorgue un cupo para cursar el grado décimo en el
horario sabatino.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo del 6 de marzo de
2013, proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia, en la medida
en que negó el amparo invocado. En su lugar, CONCEDER, según las
consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia, el amparo al derecho fundamental a la
educación y al trabajo de Michel Steven Osorio Jaramillo.
SEGUNDO.- ORDENAR a la
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús con sede en Armenia que le otorgue, para
el siguiente periodo lectivo, un cupo para el grado once en el horario sabatino
y en el horario semanal diurno al joven Michel Steven Osorio Jaramillo, para
que discrecionalmente elija entre seguir estudiando en la jornada diurna o si
por el contrario quiere hacerlo en el horario sabatino.
TERCERO.- REVOCAR
el fallo del 1° de
marzo de 2013, proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bello, en el
sentido en que negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER, según
las consideraciones expuestas en  la parte motiva de esta sentencia, la
protección del derecho a la educación de la menor de edad Jineth Vanessa
González Taborda.
CUARTO.- ORDENAR
a
la Secretaría de Educación de Bello, que evalúe y ofrezca a la menor de edad,
para el próximo periodo lectivo, diferentes opciones que le permitan terminar
sus estudios en el Colegio León XIII en el ciclo de educación regular. Sólo si
es imposible encontrar otra alternativa que garantice que la niña continúe en
el ciclo de formación regular, la Secretaría de Educación de Bello LE
CONCEDERÁ, para el próximo periodo lectivo, un cupo para cursar el grado
décimo en el horario sabatino en el Colegio León XIII de Bello, Antioquia.
QUINTO.- INSTAR al
ICBF y a la Defensoría del Pueblo, que acompañen a la Secretaría de Educación
de Bello, para que tome las medidas necesarias para que preferentemente la niña
Jineth Vanessa González Taborda termine sus estudios en el ciclo de educación
regular. Sólo ante la imposibilidad de ello, SE PERMITA su asistencia a
la jornada sabatina con las personas adultas.
SEXTO.- Por
secretaría general librar las comunicaciones de que trata el Decreto 2591 de
1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase,
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Ver folios 10-14
del cuaderno 1.
[2] Ver folios 24-27
del cuaderno 1.
[3] Sentencia T-263 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] Sentencia T-805 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[5] Ibídem.
[6] Véase: Informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación el 13
de enero de 1999, y Sentencia T- 781 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[7] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[8]M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[9] Véase las
Sentencias T- 1030 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T- 1259 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Sentencia T- 1259
de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[11] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[12]http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87346.html
[13] Ver Trabajo
Infantil. Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm. En la actualidad,
cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, muchos a tiempo completo.
Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben
alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños.
Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo
infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de
trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y
prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.
[14]
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
[15]Ibídem.
[16]Sentencia C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[17] Aprobado por la Ley 515 de 1999.
[18]Aprobado por la Ley 704 de 2001.
[19]Aprobado por la Ley 12 de 1991.
[20] Sentencia C-170 de 2004. M.P. Rodrigo escobar Gil.
[21] Ibídem.
[22] Ministerio de la Protección Social.
[23] “Es decir, la
relación jurídica laboral se sujeta - en exclusiva- al desarrollo de trabajos
normales (véase: artículo 3° del Convenio No. 182 de la OIT, “sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación”.
Sentencia C-170 de 204. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[24]Artículo 51 de la Ley 115 de 1994.
[25]Artículo 52 de la Ley 115 de 1994.
[26] Ver entre otras las
sentencias T- 531 de 2002,  T-1259 de 2008, T- 1259 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T- 329 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[27]Sentencia T-677 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[28]Sentencia T-844 de 2011. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub.
[29]Nació el 16 de julio de 1995. Ver
folio 3 del cuaderno 2.
[30] Ver folio del 4 al 8 del cuaderno 2.
[31]Ver folio 1 del cuaderno 2.
[32]Vero folio 4 del cuaderno 2.
[33]Ver folio 3 del cuaderno 2.
[34]Ver folio 8 del cuaderno 2.
[35] Ver folio 7 del
cuaderno 2.
[36] Sentencia T- 417
del 25 de mayo de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[37]Ver folio 20 del cuaderno 2.
[38] Ver folios 10- 14
del cuaderno 1.
[39] Ver folios 24-27
del cuaderno 1. En la declaración la niña también manifestó que su suegra dijo
en el escrito de tutela que necesitaba el cupo en el horario sabatino para
trabajar, porque ella sabe arreglar uñas, pero nadie la contrata porque no
tiene la autorización del Inspector de Trabajo. También indicó que no puede
trabajar en este momento porque tendría que dejar al niño en una guardería.
[40]http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233834.html
[41] Artículo 22 del
Decreto 3011 de 1997.
[42]Ver folio 3 del cuaderno 2.
[43] Artículo 22 del
Decreto 3011 de 1997.
[44] Ver folio 13 del
cuaderno 1.
[45] Ver folio 15 del
cuaderno 2.
[46]Ver folios 24-27 del cuaderno 1.
[47]Sentencia T-1015 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[48]En
efecto, aunque, según el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, no
cabe la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y
abstracto, ésta debe proceder en los casos en que se persigue la inaplicación
en el caso concreto de un acto abiertamente contrario a los derechos
fundamentales[48].
Así las cosas, lo que se busca con la acción de amparo es que se
apliquen las prescripciones fundamentales y no las reglas inferiores
incompatibles con ellas. En estos términos se pronunció la Sentencia T-1290 de 2000[48], en la que la Corte inaplicó una disposición contenida en el Decreto 3011 de 1997 que establecía restricciones
al acceso de la educación especial para adultos, considerando que con ella se
desconocían derechos fundamentales establecidos en la Carta:
“Se trata, en realidad, de que -como sucede en el presente caso-
la ostensible oposición entre la disposición a acto y la Carta Política, que debe llevar según el artículo 4 de la misma a que se apliquen las
prescripciones fundamentales y no las reglas inferiores incompatibles con
ellas, está unida en el caso concreto a la vulneración efectiva de derechos
fundamentales a partir de la aplicación que una autoridad, institución o
persona haga del mandato inconstitucional. En tales casos, es preciso inaplicar
la norma o acto y, en consecuencia, otorgar la protección judicial.
Siguiendo estos criterios, es menester concluir en el presente
proceso que, si bien -como dicen los jueces de instancia-mal podría admitirse
la viabilidad de la acción de tutela para que el juez correspondiente o la Corte resolvieran sobre la validez total o parcial del Decreto 3011 de 1997, pues ello habrá
de corresponder a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dada la
naturaleza del acto, éste -en su parte pertinente- debe ser inaplicado en los
casos específicos materia de examen, dado que la exigencia de permanecer dos
años por fuera del sistema educativo como condición para el acceso al mismo en
la modalidad de los programas nocturnos resulta incompatible con la garantía
del derecho a la educación como fundamental y en el carácter de servicio
público que le corresponde según la Carta Política.”
Como puede
concluirse, a pesar de que exista una decisión administrativa adoptada de
conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por presunción de
legalidad y de constitucionalidad, la Constitución debe prevalecer en el caso de incompatibilidad con la misma.
Debe
tenerse en cuenta, sin embargo, que la vigencia de la norma no se controvierte;
por tanto, los efectos de su inaplicabilidad no se traducen en nulidad. Apenas
ocurre que, con repercusión exclusiva en la situación particular que ahora se
estudia, se ha desvirtuado la presunción de constitucionalidad, pero ella
seguirá operando mientras no se profiera un fallo del tribunal competente que
defina el punto por vía general.
Volviendo
al caso concreto, se tiene que el Decreto 3011 de 1997 goza de un carácter
general y abstracto, por lo que en principio la acción de tutela no procede
contra dichos actos; no obstante, éstos deben ser inaplicados cuando en su
ejecución, y referidos únicamente al caso en concreto, se observe por parte del
funcionario una evidente contradicción entre los preceptos contenidos en la Carta y la norma que se pretende ejecutar, mediante la excepción de inconstitucionalidad.