C-326-19
Sentencia C-326/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inhibición para emitir un
pronunciamiento de fondo por falta de competencia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de
la Corte Constitucional
CORTE
CONSTITUCIONAL-Incompetencia para conocer de normas por
haber operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional
FAMILIA-Concepto/FAMILIA-Naturaleza
del concepto
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Eventos en que se configura
CARGO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Exigencias
MUJER-Sujeto
constitucional de especial protección
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda
por la no estructuración de un verdadero cargo de inconstitucionalidad
Referencia:
Expediente D-13002
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos
2° (parcial) y 4 A (parcial) de la Ley 1361 de 2009, “por medio de la cual se crea
la ley de protección integral a la familia”.
Demandantes:
Sonia
Elizabeth Reyes Quintero y Juan Sebastián Bautista Arciniegas.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá,
D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los y las magistradas
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana
Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes
Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto Ley
2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Sonia Elizabeth Reyes Quintero y Juan Sebastián
Bautista Arciniegas formulan demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
2 parcial de la Ley 1361 de 2009,
por la supuesta vulneración del artículo 93 Superior, así como los artículos 1,
2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 5 de Convención
Americana sobre Derechos Humanos  y
el parágrafo del artículo  4 A parcial de la misma normatividad por la presunta
transgresión de los artículos 13 y 43 de la Constitución.
1.
NORMAS DEMANDADAS
A continuación,
se transcriben y se subrayan los apartes de las normas demandadas, de
conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 47.552 de 3 de
diciembre de 2009:
“LEY 1361 DE 2009
“Por medio de la cual se crea la Ley
de Protección Integral a la Familia.”
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)
“ARTÍCULO 2o.
DEFINICIONES. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
Familia. Es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla.
Asistencia social. Acciones dirigidas a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impiden a la familia su desarrollo
integral, así como su protección cuando se atente contra su estabilidad hasta
lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Integración social. Conjunto de acciones que realiza el Estado a través de
sus organismos, los Entes Territoriales y la sociedad civil organizada a fin de
orientar, promover y fortalecer las familias, así como dirigir atenciones especiales
a aquellas en condiciones de vulnerabilidad.
Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales,
biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas,
productivas y espirituales de las familias, permitiéndoles su desarrollo
armónico.
Política familiar. Lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de
propiciar ambientes favorables que permitan su fortalecimiento.”
(…)
“ARTÍCULO 4A. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley
1857 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Las acciones estatales
dirigidas a proteger a personas en situación de vulnerabilidad o de violación
de sus derechos deberán incluir atención familiar y actividades dirigidas a
vincular a los miembros de la familia a rutas de atención para acceder a
programas de subsidios, de salud, recreación, deporte y emprendimiento que
mejoren su calidad de vida donde se les brinde recursos que les permita
prevenir o superar condiciones de violencia o maltrato, inseguridad económica,
desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o negligencia, uso
de sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la atención de
alguno de sus miembros.
Las entidades encargadas de
la protección de las familias y sus miembros deberán conformar equipos
transdisciplinares de acompañamiento familiar y diseñarán y pondrán en
ejecución, en cada caso, un plan de intervención en el que se planeen las
acciones a adelantar y los resultados esperados.
PARÁGRAFO De las actividades desarrolladas se dejará constancia
en un documento reservado denominado historia familiar, en el cual se
registrarán cronológicamente las razones de la intervención y las acciones
ejecutadas.
Dicho documento es de
reserva y únicamente puede ser conocido por terceros en los casos previstos por
la ley.
En los casos de
violencia ejercida contra la mujer como violencia intrafamiliar, violencia
sexual o cualquier otro tipo que afecten su seguridad o la de sus hijos y/o
hijas, la mujer no estará obligada a participar en planes de intervención
familiar estipulados en el presente artículo.”
2.
LA DEMANDA
Los ciudadanos Sonia Elizabeth Reyes
Quintero y Juan Sebastián Bautista Arciniegas formularon demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2 parcial y el parágrafo del artículo
4 A parcial de la Ley 1361 de 2009, en el primer caso
por la supuesta vulneración del artículo 93 de la Carta Política, en
consonancia con artículos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y,
en el segundo, por la infracción de los artículos 13 y 43 de la Constitución.
De
manera puntual, los accionantes solicitan a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad condicionada de las normas demandadas por considerar que: (i) el
artículo 2 parcial de la Ley 1361 de 2009 vulnera el artículo 93 Superior, pues
limita la noción de familia a las constituidas por “un hombre y una mujer”,
sin considerar aquellas conformadas por parejas del mismo sexo, y (ii) el
parágrafo del artículo 4 A parcial de la misma disposición contraría los
artículos 13 y 43 Superiores toda vez que, incurre en omisión legislativa
relativa al excluir al hombre como víctima de la violencia intrafamiliar.
En
desarrollo del concepto de la violación advierten que el artículo 2 (parcial)
de la Ley 1361 de 2009 es inconstitucional, pues contraría el artículo 93 de la
Carta Política el cual le da vida jurídica al bloque de constitucionalidad,
precisando que dentro de las disposiciones vulneradas por la disposición
acusada se encuentran: (i) el artículo 28 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, (ii) el artículo 2.1. del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y (iii) el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Indican
que si bien es cierto que el artículo 2 de la Ley 1361 de 2009 reproduce el
concepto de familia dispuesto por la Carta Política en su artículo 42, la Corte
debe declarar la exequibilidad condicionada de la disposición en el entendido
que las parejas del mismo sexo pueden conformar familia con el fin de “armonizar
el ordenamiento interno con lo establecido en el bloque de constitucionalidad”[1]
En
sustento de dicha solicitud los demandantes se pronuncian en los siguientes
términos:
“La ley 1361 del 2009 en su
artículo 2do define a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla.
En oportunidades anteriores,
ciudadanos preocupados por la interpretación que se le ha dado ha dicho
artículo, demandaron la inconstitucionalidad de este, alegando la omisión
legislativa relativa, en cuanto excluyen a las parejas del mismo sexo del concepto
de familia; en sentencia C 577/2011, la corte constitucional se declara
inhibida para pronunciarse con respecto al artículo 2do de la ley 1361 del
2009, por cuanto es una transcripción idéntica de un precepto constitucional.
En esta oportunidad, plantearemos
otro enfoque en cuanto al concepto de violación, partiendo del postulado
constitucional del artículo 93 superior, que determina que los tratados
internacionales que versen sobre derechos fundamentales prevalecen sobre el
orden interno.
De todas formas, es importante
aclarar que nuestra intención con esta demanda de inconstitucionalidad no es la
declaración de inexequibilidad de la norma acusada por parte de la honorable
corte constitucional, ya que se estaría derogando un precepto constitucional
para lo cual la corte no es competente, sino por el contrario que se declare la
exequibilidad condicionada, en cuanto el concepto de familia incluya a las
parejas del mismo sexo.”
(…)
“Art. 42. La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla”.
Como puede apreciarse, tal
disposición normativa no solamente trata de una realidad fundamental humana,
sino que además posee una gran amplitud semántica en sus términos y una
redacción que puede resultar confusa en sí misma, cuando se intentan resolver
preguntas tan concretas como si las parejas homosexuales pueden o no conformar
familia en el sentido jurídico. Precisamente el debate en torno a dicho tema, y
a otros circundantes, ha impulsado la evolución interpretativa del fenómeno en
la Corte Constitucional.
La disposición referida, como se
verá, ha sido objeto de múltiples interpretaciones mediante diversos criterios
hermenéuticos: exegético, gramatical y teleológico-axiológico. Precisamente, en
atención al uso de tal multiplicidad de criterios, y en ocasiones aún en uso
del mismo criterio interpretativo, la Corporación ha arribado a distintas
conclusiones jurídicas, incluso contradictorias entre sí.
Lo expuesto anteriormente deja en
evidencia las obligaciones que tiene el estado colombiano al ser parte de los
tratados internacionales que protegen los derechos de las comunidades LGTBI.
Teniendo en cuenta lo anterior
queremos dejar al descubierto el trato discriminatorio que la legislación
colombiana le ha dado a las parejas del mismo sexo, al no reconocerles el
status de generadores de familia.
Si bien es cierto que en la parte
motiva de algunas sentencias que a continuación estudiaremos, la honorable
corte constitucional ha planteado argumentos que podrían llevar a la conclusión
que aprueban la conformación de familia por parte de parejas del mismo sexo, la
honorable corte nunca ha concluido en la parte resolutiva o en la ratio
decidendi de una de sus sentencias dicha conceptualización.
Por tal motivo encontramos de
profunda importancia, que la honorable corte constitucional dicte una sentencia
de exequibilidad condicionada, dándole el alcance necesario para que las
parejas del mismo sexo queden dentro del concepto de familia, interpretación de
suma importancia, ya que la familia es el eje central de nuestra sociedad.”
Seguidamente,
manifiestan que el artículo 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009 contraría las
disposiciones 13 y 43 del texto Superior, pues se incurre en una omisión
legislativa relativa al excluir al hombre como víctima de la violencia
intrafamiliar. Este cargo es desarrollado por los demandantes con base en tres
argumentos, a saber: (i) el principio de igualdad, (ii) la configuración de una
omisión legislativa relativa, y (iii) el test estricto de igualdad.
A continuación
dedican un apartado de la demanda al “concepto de igualdad”,
señalando que, conforme a la jurisprudencia constitucional, dicha disposición
se materializa en tres dimensiones: (i) la igualdad ante la ley, (ii) la “igualdad
de trato”[2]
y la igualdad de “gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades”[3].
Frente
a esta última dimensión, precisan que a su vez es sustantiva y positiva.
Sustantiva en tanto que parte de la comparación entre dos grupos diferentes,
con el fin de determinar si el tipo y el grado de protección constitucional que
reciben es desigual. Y positiva dado que, en caso de presentarse una desigualdad
sin razones objetivas, el Estado deberá proceder a adoptar las medidas
necesarias para garantizar igual protección.[4]
No
obstante, para que dicha función del Estado pueda llevarse a cabo, debe
determinarse el “grado efectivo de protección”[5] que
requiere el grupo de personas objeto de la comparación, pues si bien el juez
constitucional no tiene competencia para imponer niveles de protección, sí la
tiene para determinar si el legislador irrumpió los mínimos de garantía
constitucional, y si los márgenes de desprotección de un grupo son
injustificados y obedecen a una discriminación. De esta manera, señalaron que
el legislador excluyo injustificadamente al hombre bajo el argumento de que la
violencia intrafamiliar no puede ser ejercida por una mujer, razón socialmente
aceptada pero que no guarda correspondencia con los preceptos constitucionales.
Frente
a la omisión legislativa relativa, manifiestan que esta Corporación ha
determinado que tiene competencia para decidir de fondo sobre una acción del
legislador en la que se ha excluido un específico ingrediente o condición
jurídica que resulta necesaria dentro del texto normativo y para lo cual deben
cumplirse los siguientes requisitos: (i) Existencia de la norma sobre la cual
recae la supuesta omisión legislativa. En este caso del artículo parágrafo del
artículo 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009; (ii) Exclusión de casos similares
que deberían estar contemplados en el texto normativo objeto de estudio. La
norma excluye a los hombres de manera injustificada toda vez que tanto hombres
como mujeres pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar pues son miembros
del núcleo familiar; (iii) Que la exclusión carezca de justificación bajo lo
dispuesto por el principio de razón suficiente. Dado que la norma incurre en
una de las categorías sospechosas bajo las cuales se presume la conculcación
del texto constitucional toda vez que esta Corte ha señalado que: “son
discriminatorios los términos de comparación cuyo fundamento sea el sexo, la
raza, el origen social, familiar o nacional, la lengua, la religión y la
opinión pública o filosófica”[6]
En este sentido, los demandantes indicaron que no se vislumbran razones
suficientes, objetivas, concretas y claras que señalen que la exclusión de los
hombres del texto normativo es justificada; y, (iv) La desigualdad negativa
como resultado de la exclusión. Conforme a lo expuesto, en el requisito
anterior señalan que la exclusión referida en el artículo 4A de la Ley 1361 de
2009, hace parte de las categorías sospechosas pues se fundamenta en el sexo,
por lo que se presume en un tratamiento diferenciado discriminatorio.
Por
último, guardando correspondencia con lo señalado respecto de las categorías
sospechosas, los demandantes consideraron que es necesario efectuar el test
estricto de igualdad, toda vez que en el caso bajo estudio la regulación
demandada genera efectos negativos a un grupo poblacional, dejando de lado el
principio de efectividad. En este sentido, manifestaron que: (i) el fin de la
medida es ilegítimo pues se incurre en una violación de los derechos
fundamentales de los hombres, (ii) el medio escogido no es adecuado ni
conducente pues no tiene como fin la protección integral de la familia. Además,
no es necesario toda vez que la exclusión no cuenta con un sustento jurídico ni
fáctico, y (iv) no se supera la evaluación de proporcionalidad dado que no
existe una razón de orden público ni medidas razonables que sustenten la
exclusión.
Con
base en lo anterior, los demandantes solicitan a la Corte declarar la
constitucionalidad condicionada de la expresión demandada del artículo 2º (parcial)
de la Ley 1361 de 2009, en el sentido de que el concepto de familia incluye a
las parejas del mismo sexo, y respecto del artículo 4A (parcial) de la misma
ley, que se declare la configuración de una omisión legislativa relativa,
fundada en la desprotección a los hombres víctimas de violencia intrafamiliar.
Por
Auto del 7 de diciembre de 2018 se admitió la
demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2° (parcial) y 4A
(parcial) de la Ley 1361 de 2009, “por medio de la cual se crea la ley de
protección integral a la familia”, por la presunta vulneración de los
artículos 13, 43 y 93 Superiores, así como los artículos 1, 2 y 3 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 5 de Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
En
la misma providencia se corrió traslado al señor Procurador General de la
Nación para que rindiera concepto y se comunicó la iniciación de este proceso
al Presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de Representantes, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a la Defensoría del Pueblo y a
la Personería Distrital de Bogotá, para que intervinieran directamente o por
intermedio de apoderado designado para el efecto, mediante escrito presentado
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación
respectiva, indicando las razones que, en su criterio, justifican la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas demandadas.
Igualmente,
se invitó a las Facultades de Derecho de la Universidad de EAFIT de Medellín,
Universidad del Norte de Barranquilla, Universidad Autónoma de Bucaramanga,
Universidad del Cauca, Universidad la Gran Colombia de Armenia, Universidad del
Rosario, Universidad Libre, Universidad de La Sabana, Universidad de los Andes,
Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia y
Universidad Javeriana de Bogotá; así como a la Oficina de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Colombia, a las organizaciones Women’s Link
Worldwide, Sisma Mujer, Colombia Diversa, Profamilia, DeJusticia, Comisión
Colombiana de Juristas, Asociación Colombiana de Juristas Católicos, Nunciatura
Apostólica en Bogotá, Corporación Prodiversia, Asociación Lesbiápolis, para que
intervengan mediante escrito presentado dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de recibo de la comunicación respectiva, explicando las razones que
justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas demandadas.
Finalmente,
se fijó en lista el presente proceso en la Secretaría General de esta
Corporación, por el término de diez (10) días, para efectos de permitir la
intervención ciudadana.
II. INTERVENCIONES
1.
Universidad
Externado de Colombia
Por escrito
radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 25 de enero del 2019,
Íngrid Duque Martínez, actuando en calidad de docente del Departamento de
Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia, solicita a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad del artículo 2 (parcial) y la exequibilidad
condicionada del artículo 4A (parcial) de la Ley 1361 de 2009, con
fundamento en los siguientes argumentos:
En
primer término, señala que respecto del artículo 2 (parcial) de la Ley 1361 de
2009 hay cosa juzgada constitucional, al considerar: (i) que
jurisprudencialmente esta Corporación ha manifestado de forma clara y expresa
que las parejas conformadas por personas del mismo sexo tienen vocación plena
de constituir familia y, (ii) el artículo demandado, ya fue objeto de estudio
en la sentencia C-577 de 2011, pronunciamiento en el que se cuestionó la
constitucionalidad del aparte de la norma por considerar que el mismo resulta
restrictivo y discriminatorio con las parejas del mismo sexo al no tenerlas
previstas en su definición como forma constitutiva de familia, por ende dicha
decisión marcó el cambio de interpretación que hasta entonces se había dado del
concepto de familia, al abandonar la concepción tradicional, según la cual la
heterosexualidad es un requisito indispensable para la constitución de la
familia en Colombia y atribuir una dimensión sociológica fundada en el
pluralismo.
En
ese sentido, sostiene que las parejas del mismo sexo al estar llamadas a
constituir familia se les reconocen derechos y obligaciones correspondientes
con los principios y mandatos que giran en torno a la regulación de la familia
en Colombia, ya que la familia, más que una realidad jurídica, es una realidad
sociológica anterior al mismo Estado y su conformación “resulta flexible a
diversas maneras de relacionarse entre las personas, a las coyunturas
personales que marcan su carácter irremediable que marcan el acercamiento y el
distanciamiento de sus integrantes”[7].
Señala
que en la precitada providencia, de conformidad con el artículo 42 Constitucional,
los vínculos que dan lugar a la constitución de la familia son naturales o
jurídicos y que el cambio prohijado por la Corte ya no avala la comprensión
según la cual el vínculo jurídico es exclusivamente el matrimonio entre
heterosexuales, por lo que a la pareja homosexual también le asiste la vocación
para conformar familia.
Precisa
que en esta específica materia la jurisprudencia constitucional ha reconocido
paulatinamente los derechos fundamentales en cabeza de las parejas del mismo
sexo. Específicamente, refiere los pronunciamientos contenidos en las
sentencias SU-617 de 2014, C-683 de 2015 y SU-214 de 2016, mediante las cuales
la Corte reconoció en igualdad de condiciones deberes y derechos a las parejas
del mismo sexo en relación con la familia, hasta el punto de permitirles
adoptar y contraer matrimonio por el rito civil.
En
relación con el parágrafo del artículo 4A de la Ley 1361 de 2009, estima que el
hecho de restringir los efectos de la disposición normativa únicamente a los
casos en los que la mujer resulta ser víctima de violencia intrafamiliar, es
contrario a la Constitución, en sus disposiciones 13 y 43, por lo que solicita
a esta Corporación declarar la exequibilidad condicionada de la norma acusada
de tal manera que se incluya a los hombres como sujetos víctimas de la
violencia intrafamiliar.
En
sustento de dicha postura, explica que del ejercicio de confrontación entre las
disposiciones referidas y el contenido normativo del artículo demandado, se
infringe el principio de igualdad y no discriminación, toda vez que: (i) existe
una omisión legislativa no justificada en relación con el desconocimiento del
hombre como víctima de la violencia intrafamiliar, pues se le excluye del
ámbito de protección de la familia, y (ii) debe aplicarse el test estricto de
proporcionalidad, al involucrar el sexo como categoría sospechosa.
A
modo de conclusión, señala que la Ley 1361 de 2009 tiene como fin la protección
integral a la familia, y conforme a los preceptos constitucionales debe
aplicarse a todos y cada uno de los miembros que la constituyen, por lo que la
finalidad del aparte demandado resulta legítimo y constitucional en tanto busca
evitar que quienes hayan sido víctimas de violencia (en principio mujeres) no
se vean obligadas a reintegrarse la familia; sin embargo, la exclusión del
hombre del ámbito de previsión del contenido de la norma demandada como
víctima, no resulta adecuada ni conducente con las disposiciones
constitucionales que pregonan la igualdad y protección a todos los miembros de
la familia.
2.
Personería
de Bogotá, D.C.
Mediante
escrito radicado el 11 de enero de 2019 en la Secretaría General de esta
Corporación, Rosalba Jazmín Cabrales Romero, actuando en calidad de Personera
de la ciudad de Bogotá, D.C, se pronunció sobre las normas objeto de la demanda,
en los siguientes términos:
Primeramente,
respecto del artículo 2 parcial de la Ley 1361 de 2009 explica que la noción de familia ha sido objeto de estudio por parte de
varios Tribunales Internacionales los cuales han indicado que no existe un
modelo único de familia, por cuanto este puede variar en razón de aspectos
sociales y biológicos[8].
En este sentido, resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que la existencia de la familia no está al margen del desarrollo de
las sociedades, lo que hace que su conceptualización varíe y evolucione de tal
manera que, aunque ha sido regulada en diversos instrumentos internacionales[9], ninguno de los textos
contiene una definición de la palabra familia. A modo de ejemplo, referencia la
Declaración Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador los
cuales disponen que “toda persona” tiene derecho a constituir familia, sin
limitaciones de género, orientación sexual o modalidad de familia.
A
partir de lo anterior sostiene que una interpretación restrictiva del concepto
de familia que excluya el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo
frustraría el objeto y fin de la Convención Americana de proteger los derechos
fundamentales de los seres humanos, sin distinción alguna.
En
esa misma orientación indica que la Corte Constitucional ha sido recurrente en
señalar que no existe una razón constitucionalmente admisible para que las
parejas del mismo sexo no puedan conformar una familia, toda vez que en
atención a los principios de dignidad humana, igualdad y libertad, no pueden
admitirse distinciones fundadas en el origen racial, étnico, religioso, sexual
o cualquiera otra cualidad que pudiera dar lugar a un trato diferenciado entre
las personas.
En
este sentido, afirma que la Corte, por virtud de la sentencia C-577 de 2011,
replanteó el concepto de familia al reconocer que las parejas del mismo sexo
pueden conformar un núcleo familiar y advirtió la existencia de un déficit de
protección por lo que exhortó al Congreso a legislar dicha materia.
En
segundo lugar, respecto del artículo 4A (parcial) de la Ley 1361 de 2009,
señala que dicha norma se profirió en el marco de la discriminación histórica
que ha padecido la mujer al ser víctima de violencia intrafamiliar y violencia
sexual, por lo que la dimensión de protección que la norma prevé no discrimina
al hombre, sino que se le brinda a la mujer un camino jurídico especial para
acudir ante la jurisdicción.
3.
Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia
Mediante
escrito radicado en la Secretaría de esta Corporación el 24 de enero del 2019,
Alberto Brunori, obrando en calidad de Representante de la Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicita
a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artículo 2
(parcial) y la exequibilidad del parágrafo del artículo 4A (parcial) de la Ley
1361 de 2009, exponiendo para tal propósito las siguientes razones:
Primero,
respecto de los derechos de las parejas del mismo sexo a conformar una familia
y la posibilidad de contraer matrimonio indica que la Corte Constitucional en
la sentencia SU-214 de 2016 otorgó plena validez jurídica a los matrimonios
civiles celebrados entre parejas del mismo sexo y dejó claro que las normas
contentivas del concepto de familia y la celebración del matrimonio deben
interpretarse de forma armónica con los estándares internacionales.
En
este orden, explica que el Comité de Derechos Humanos reconoció los grandes esfuerzos
del Estado colombiano en relación con los derechos de las personas gais,
lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales, en particular de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la garantía de las
personas del mismo sexo para contraer matrimonio y adoptar.
En
concordancia con lo anterior, sostiene que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Duque contra Colombia reiteró sus precedentes sobre el
principio de no discriminación entra parejas del mismo sexo, así:
“(…) La orientación sexual y la
identidad de género de las personas son categorías protegidas por la
Convención. Por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o
práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de las personas. En
consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por
parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o
restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su
orientación sexual”.
En
esa misma línea argumentativa sostiene que en una opinión consultiva sobre
identidad de género e igualdad y no discriminación[10], la Comisión
Interamericana determinó que en los términos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos la familia puede estar conformada por personas con diversas identidades
de género y/o orientación sexual y que todas estas modalidades requieren de
protección por parte de la sociedad y el Estado.
Con
base en lo anterior, considera que el artículo 2 de la Ley 1361 de 2009 debe
ser interpretado en aplicación del principio de progresividad de los derechos,
de tal manera, que se ajuste a los avances del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos junto con los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional.
Segundo,
frente al artículo 4A de la Ley 1361 de 2009, manifestó que a la luz de los
estándares internacionales dicha disposición es una especial salvaguarda para
prevenir que las mujeres sean sometidas a espacios de revictimización en los
que se le vulnere su autonomía y su derecho a una vida libre de violencia.
Explica
que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su último
examen a Colombia en el año 2017, expresó preocupación por la persistente
desigualdad existente entre hombres y mujeres, especialmente a las que viven en
zonas rurales y, con base en dicho estudio, le recomendó al Estado colombiano
intensificar todos sus esfuerzos para eliminar la desigualdad.
A
partir de lo anterior, considera que la especial referencia que hace la norma
acusada en relación con las mujeres víctimas de violencia se ajusta los
estándares internacionales, pues establece para ellas una protección reforzada
necesaria y justificada en las circunstancias que afectan a las mujeres en
Colombia.
4.
Ciudadano
Marco Fidel Ramírez Antonio
Por escrito
radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 30 de enero de 2019,
Marco Fidel Ramírez Antonio, obrando en calidad de Concejal de la ciudad de
Bogotá, D.C., solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad
de los artículos 2 (parcial) y 4A (parcial) de la Ley 1361 de 2009.
Respecto
del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, precisó que existen dos teorías sobre el
poder constituyente, a saber el poder constituyente originario o primario y el
poder constituyente derivado. El primero, establece las instituciones que
sustentan el orden político y jurídico. El segundo, es aquel que no puede
sustituir ni desconocer instituciones esenciales, por lo que no puede reformar
la Constitución sin el cumplimiento previo del procedimiento establecido para
ello.
En
ese sentido, expuso que el poder constituyente de 1991 en el artículo 42
Superior diseñó y reconoció la institución de la familia como núcleo esencial
de la sociedad, conformado por la decisión libre de un hombre y una mujer;
unión de la cual se derivan una serie de derechos a favor de la protección de
la familia. De este modo, el artículo 2 de la Ley 1361 de 2009 reproduce
taxativamente lo dispuesto por el artículo 42 Superior, texto constitucional
que no puede ser objeto de sustitución, reinterpretación, ampliación, ni
reforma.
Adicionalmente,
manifestó que si bien existe un debate académico entre la prevalencia del
derecho internacional sobre el derecho interno o viceversa, lo cierto es que la
prevalencia del derecho interno es una manifestación del principio de la libre
autodeterminación de los pueblos, que no puede ser desconocido por parte del
ordenamiento internacional, especialmente en lo que se refiere al valor que
otorgó el constituyente de 1991 a la institución de la familia conformada por
un hombre y una mujer.
En línea
con lo antedicho, señala que a pesar de que el artículo 13 de la Carta Política
establece el derecho a la igualdad y consecuentemente le impone al Estado la
obligación de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, no
justifica que el Estado se ponga a disposición de un determinado grupo, ni se
incline ante un concepto ideológico o filosófico contrario a los valores
constitucionales. En esa medida, considera que el valor de la familia previsto
en la norma demandada no vulnera disposiciones constitucionales y no establece
situación de discriminación alguna.
Por
último, frente a la constitucionalidad del parágrafo del artículo 4A (parcial)
de la Ley 1361 de 2009, sostiene que la Corte Constitucional ha reconocido la
discriminación histórica a la que ha sido sometida la mujer[11] y, en consecuencia, ha
instado al Estado a promover acciones dirigidas a protegerlas. Por
consiguiente, afirma que no se configura omisión legislativa en relación con el
desconocimiento del hombre como víctima de violencia intrafamiliar, pues la
norma demandada es una representación de las medidas afirmativas establecidas
en favor de las mujeres que encuentra armonía con el ordenamiento
constitucional.
5.
Centro de Interés Público y Justicia –CIPJUS–
Mediante
escrito radicado en Secretaría General de la Corte Constitucional el 27 de
febrero de 2019, María de la Paz Bejarano, actuando en representación de la
Corporación Centro de Interés Público y Justicia –CIPJUS–, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad condicionada del artículo 2 (parcial) de la
Ley 1361 de 2009, en atención los argumentos que se sintetizan a continuación:
Señala
que la interpretación estricta del concepto de familia contemplada en el
artículo 2 de la Ley 1361 de 2009 es inconstitucional por desconocer el
carácter evolutivo del derecho, contrariar los preceptos constitucionales y los
instrumentos internacionales[12],
al configurarse como un trato discriminatorio a la familia por su origen o
conformación, sin tener en cuenta la realidad sociológica que ha modificado su
estructura y su concepto.
En
segundo lugar, refiere que el contenido del artículo demandado trasgrede (i) el
interés superior del menor consagrado en la Constitución Política, (ii) la Ley
1098 de 2006, (iii) la Convención de los Derechos de los Niños Niñas y
Adolescentes, y (iv) el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos;
por no hacer extensivo el contenido de la ley a todos los tipos de familia, lo
que genera una desprotección directa a los niños, niñas y adolescentes en
materia de asistencia social y desarrollo integral.
Con
fundamento en lo anterior, concluye que “…se hace imperativo realizar una
interpretación amplia del concepto de familia contemplado en el artículo 2 de
la Ley 1361 de 2009, con el único fin de dar cumplimiento al objeto de la norma
que es la protección integral de la familia”[13].
6.
Veedurías Ciudadanas sobre la Familia
Mediante
escrito radicado en Secretaría General de esta Corporación el 28 de enero de
2019, Esperanza Guerrero Oviedo, obrando en calidad de vocera de la sociedad civil
de las Veedurías Ciudadanas, solicita a la Corte declarar la exequibilidad
del artículo 2 (parcial) y 4A (parcial) de la Ley 1361 de 2009.
Para
tal efecto señala que el concepto de familia contenido en la norma demandada
corresponde al establecido en el artículo 42 Superior, razón por la cual, la
Corte Constitucional debe respetar el alcance que el legislador le confirió a
dicho concepto. Es decir, se deben regular las distintas formas de convivencia
humana con sus particularidades, sin que ello implique la modificación de la
noción de familia. En ese sentido advierte que en la sentencia C-577 de 2011 la
Corte ya se pronunció sobre el asunto bajo estudio, razón por la cual, el
análisis de las normas que contienen el concepto de familia hizo tránsito a
cosa juzgada.
7.
Cámara de Representantes
Por
oficio radicado en la Secretaria General de esta Corporación el 28 de enero de
2019, Navik Said Lamk Espinosa, actuando como apoderado de la Cámara de
Representantes, solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida
para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 2 parcial y del
parágrafo 4ª parcial de la Ley 1361 de 2009.
Respecto,
del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, recalca que la Corte Constitucional en
la sentencia C-557 de 2011 realizó un estudio de constitucionalidad de la Ley
1361 de 2009 y exhortó al Congreso de la República para legislar sobre los
derechos de las parejas del mismo sexo, por lo que se configura cosa juzgada ya
que en el texto de la demanda no se aportaron nuevos elementos que justifiquen
un nuevo análisis por parte de esta corporación.
Frente
al artículo 4A de la norma demandada, afirma que no se cumplen con los
requisitos para decretar la omisión legislativa relativa por excluir al hombre
como víctima de violencia intrafamiliar, pues dicha distinción lejos de configurarse
como una desigualdad negativa o discriminatoria es un avance en la protección
de los derechos de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, cuyo enfoque se
da por considerarse más vulnerable en la relación familiar.
8.
Conferencia Episcopal de Colombia
Por
escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación, el 28 de enero
de 2019, la Conferencia Episcopal de Colombia solicita a la Corte
Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad
del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009 y declare la exequibilidad de artículo 4A
de la misma ley, por las siguientes razones:
En
primer lugar, considera que se configura la institución de cosa juzgada dado
que la Corte ya se pronunció acerca de la constitucionalidad de la norma
acusada[14]
en la sentencia C-577 de 2011, mediante la cual resolvió declararse inhibida
por tratarse de una norma que reproduce textualmente un contenido
constitucional.
En
segundo lugar, manifiesta que la demanda de inconstitucionalidad presentada
incurre en “el vicio de inepta demanda” al no cumplir con los requisitos
establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 2° del Decreto Ley 2067 de
1991[15],
según los cuales deben especificarse las normas constitucionales que se
consideren infringidas y las razones por las cuales dichos textos se estiman
violados; situación que no se expone de manera clara en la demanda.
En
tercer lugar, pide a la Corte Constitucional que se pronuncie fondo acerca del
concepto de familia, dentro del cual se tenga en cuenta la jurisprudencia
desarrollada respecto al tema, sin desconocer que es una institución
heterosexual y que la Constitución Política no consagra la posibilidad de que
la misma se constituya por personas del mismo sexo[16].
Por
último, planteó que el cargo de violación directa al artículo 13 y 43
Superiores, por omisión legislativa relativa al excluir al hombre como víctima
de violencia intrafamiliar referido en la demanda, no está llamado a prosperar
por incumplimiento de los requisitos para la formulación de este tipo de
pretensiones. De manera subsidiaria, en caso de que la Corte decida estudiar de
fondo el contenido del artículo 4A de la Ley 1361 de 2009, solicita declarar
exequible, entendiéndose “al hombre incluido dentro de la protección que
otorga la norma”.
9.
Fundación Marido y Mujer
Por
escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 1° de
febrero de 2019, Javier Armando Suárez Pascagaza, actuando en calidad de
Representante Legal y Presidente de la Fundación Marido y Mujer, solicita a
esta Corporación negar las pretensiones sobre la solicitud de
inconstitucionalidad parcial o condicionada de los artículos 2 y 4A de la Ley
1361 de 2009.
En
sustento de dicha postura expresa que no comparte el planteamiento de los
accionantes, al carecer de fundamento real y material, dado que no se puede “pretender
producir normatividad por vía de jurisprudencia.”[17]
Señala
que la Corte debe reiterar la postura de exequibilidad del artículo 2 de la Ley
1361 de 2009, ya que su contenido reproduce lo establecido en la Carta
Política, lo que significa que la demanda está dirigida contra el texto
constitucional y por cuanto le corresponde exclusivamente al Congreso de la
República la función legislativa, toda vez que el constituyente del 1991
consagró el concepto de familia en el artículo 42 Superior, noción que fue
desarrollada por la norma demandada. Precisa que la noción de familia
conformada por un hombre y una mujer no vulnera el derecho fundamental a la
igualdad, pues la convivencia singular o plural de personas del mismo sexo no
constituye un vínculo familiar, dado que dicha relación eventualmente puede
surtir ciertos efectos jurídicos pero no constituye una unión propia de la
protección integral de la familia.
A partir de dicho análisis afirma que “la
pretensión de la demanda, está mal formulada pues no es posible estructurar una
pretensión ciudadana, cuando se trata de proponer la sustitución del texto
constitucional o del legislador para incluir un contenido normativo
axiológicamente ajeno a la voluntad del creador de la norma.”[18], y
solicita a la Corte se declare inhibida para decidir de fondo la demanda de
inconstitucional bajo estudio.
10.
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana –Profamilia–
Mediante
escrito[19]
radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 5 de febrero de
2019, Marta Robayo, obrando como Directora Ejecutiva de la Asociación
Probienestar de la Familia Colombiana –Profamilia–, solicita declarar la exequibilidad
condicionada del artículo 2 (parcial) y la exequibilidad del artículo 4A
(parcial) de la Ley 1361 del 2009.
Sostiene
que en atención a lo dispuesto en los artículos 5 y 42 Superiores respecto del
concepto de la familia como uno de los pilares de la sociedad colombiana que da
orden al contexto social, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que es
sujeto de protección legal y que su concepto es dinámico al definirlo como una
comunidad conformada por relaciones de hecho que surgen a partir de la
convivencia y el afecto. En este sentido, explica que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que la familia no puede entenderse como una
relación formal, sino como una institución que puede surgir a partir múltiples
vínculos que son propios del contexto social.
Indica
que un entendimiento distinto, habilitaría un escenario inadecuado que
reproduce un modelo único y tradicional de familia, conformado “por mamá, papá
e hijos”, el cual según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015 es
contrario a la realidad, ya que dicho estudio demuestra que el 36.5% de los
hogares en Colombia tienen jefatura femenina y los hogares unipersonales se han
incrementado de 9.5% en el 2010, hasta 11,2 en el 2015.[20]
Es
por ello por lo que considera que la Ley de Protección Integral a la Familia al
reconocer solamente a la familia como el vínculo constituido entre un hombre y
una mujer contraría los artículos 1, 13 y 93 Superiores, pues desconoce
aquellas familias constituidas por otro tipo de vínculo conforme a los
postulados de igualdad y no discriminación.
En
ese contexto, resalta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido el
derecho de las parejas del mismo sexo, que en el ejercicio de sus derechos sexuales
y derechos reproductivos deben ser protegidos a la hora de conformar una
familia.[21]
Precisamente por ello aduce que bien haría esta Corporación al hacer el examen
de constitucionalidad del artículo 2 (parcial) de la Ley 1361 de 2009, pues con
dicho análisis se propende a aumentar el nivel de progresividad y protección de
los derechos fundamentales de una población que ha sido históricamente
discriminada y para lo cual la Corte debe aplicar el método de interpretación
sistemática y teleológica de la norma acusada.
En
segundo lugar, respecto de la violación directa de los artículos 13 y 43 de la
Constitución Política por excluir al hombre como víctima intrafamiliar en el
parágrafo del artículo 4ª parcial de la Ley 1361 del 2009 señala que no existe
omisión legislativa relativa por tratarse de una norma que acoge los mandatos
constitucionales e internacionales frente a la protección de los derechos
fundamentales de la mujer.
Sobre
este aspecto normativo sostiene que la mujer goza de un fuero especial de
protección constitucional como resultado de las condiciones desiguales que
tiene frente al hombre, dado que “los roles de género establecidos por la
sociedad han impuesto en sus cuerpos una idea naturalizada de cuidado asociado
a la debilidad y a la ausencia de fuerza”[22]
Por
esa razón, explica que el género como construcción social de roles masculinos y
femeninos, desarrolla patrones que terminan justificando ciertos comportamientos
en la sociedad que atienden a opiniones o prejuicios generalizados sobre
ciertos atributos o características que tienen hombres y mujeres los cuales
determinan la función social que ambos desempeñan[23]. De este
modo, resalta que si bien los estereotipos de género tanto al hombre como a la
mujer, han tradicionalmente impuesto determinados roles y, particularmente, la
mujer ha sido sometida a una posición de sumisión y debilidad, no obstante la
norma acusada no excluye a los hombres como víctima de la violencia
intrafamiliar, sino que hace parte de las medidas de protección de las mujeres
víctimas de violencia de género.
A
partir de dicho análisis, solicita a esta Corporación declarar: (i) la
exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009 y, (ii) la
exequibilidad del artículo 4A de la Ley 1361 de 2009.
11.
Ciudadano Hernando Salcedo Tamayo
Por
escrito radicado en Secretaría General de la Corte Constitucional el 28 de enero
de 2019, el ciudadano Hernando Salcedo Tamayo solicita a esta Corporación
declarar la exequibilidad del artículo 2 (parcial) de la Ley 1361 de
2009, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación:
(i)
Que existe cosa juzgada sobre el asunto bajo estudio, toda vez que la Corte
Constitucional ya se pronunció de fondo sobre el tema, y que además conforme a
lo establecido por la Constitución Política, “es imposible que la corte
extienda o equipare en una igualdad supuesta a la familia conformada por
personas del mismo sexo”[24].
(ii)
No existe un tratado o convención internacional ratificado por Colombia que
imponga la obligación de incluir en el concepto de familia la comunidad
conformada por personas del mismo sexo.
(iii)
Conforme a lo establecido por la Carta Política, la familia se constituye por
la unión de un hombre y una mujer, de tal manera que la comunidad creada por
parejas del mismo sexo es una simple sociedad que no tiene efectos de núcleo
familiar.
(iv) A la Corte Constitucional no le
corresponde regular el asunto, pues esta función es propia del Senado de la
República.
(iv)
La inclusión de las parejas del mismo sexo dentro del concepto de familia
vulnera los derechos fundamentales de los niños a recibir educación por una
verdadera familia y contraría las reglas fiscales, poniendo en peligro de
insolvencia el sistema de seguridad social.
12.
Colombia Diversa y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia–
Mediante
escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 28 de enero de
2019[25],
Marcela Sánchez Buitrago, en calidad de Directora Ejecutiva, y Juan Felipe
Rivera Osorio, como abogado de Colombia Diversa; Diana Rodríguez Franco, en
calidad de Subdirectora del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad
–Dejusticia–, Mauricio Albarracín Caballero, María Ximena Dávila Contreras y
Maryluz Barragán González, como investigadores de la misma entidad, solicitan que
se declare: (i) “la existencia de cosa juzgada constitucional en virtud del
análisis del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, a la luz del artículo 42 de la
Constitución Política efectuado en Sentencia C-577 de 2011”; (ii) la
exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, en el
entendido que la interpretación del concepto de familia incluye a las parejas
del mismo sexo; y, (iii) la exequibilidad del artículo 4A parágrafo de
la Ley 1361 de 2009. Para tal efecto fundamentan su intervención en dos
argumentos centrales[26].
El
primero, relacionado con el análisis realizado a la sentencia C-577 de 2011,
mediante el cual la Corte se declaró inhibida y, el segundo, encaminado a la
exposición de cifras, para soportar la razón por la que las acciones
afirmativas del artículo 4A de la Ley 1361 de 2009 no implican una omisión
legislativa.
Con
respecto al primer argumento, señalan que contrario a lo relatado por los
demandantes, la Corte Constitucional sí ha reconocido diferentes tipos de
familia, tal como se muestra en la sentencia C-577 de 2011 en la cual: (i) se reconoció
el carácter dinámico y cambiante de dicha institución[27], y (ii)
distinguió dos tipos de familia, la primera, conocida como la tradicional,
conformada por un hombre y una mujer; y la segunda, integrada por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre “de un hombre y una
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla,
donde en esta última no hay distinción de sexo”[28].
En
ese sentido, aducen que, si bien la decisión de la Corte en la sentencia C-577
de 2011 fue declararse inhibida, los efectos de esta mantienen el debate
constitucional abierto, pues dicho fallo “(…) no responde a una ineptitud
sustantiva de la demanda sino que por el contrario, responde a la naturaleza de
la disposición de la demanda, esto es, un texto legal que replica el texto
constitucional”[29].
Por tal razón, consideran que las pretensiones de los demandantes guardan
similitud con las que ya habían sido objeto de estudio por la Corte
Constitucional en el año 2011.
Con
base en lo anterior, solicitan la aplicación del principio stare decisis, pues
la Corte Constitucional ya emitió pronunciamientos sobre el mismo tema. De esta
forma, aseguran que “(…) la aplicación de este principio puede traducirse en
dos opciones: (i) la declaración de una cosa juzgada o (ii) la declaración de
una exequibilidad condicionada que reitere las consideraciones de la C-577 de
2011 en el sentido que las parejas del mismo sexo constituyen familia (…)”[30].
En
esa medida, concluyeron que esas dos opciones, por un lado reiteran el
precedente y limitan el debate constitucional, al declarar la cosa juzgada
constitucional; por el otro, el artículo 42 Superior será analizado con base en
la precitada sentencia de constitucionalidad y con fundamento en la Opinión
Consultiva de la Corte IDH (OC-24/17)[31].
Finalmente,
en lo concerniente a la exequibilidad del artículo 4A de la Ley 1362 de 2009, explican
que la situación histórica de la mujer ha sido la principal causa por la cual
han sido consideradas sujetos de especial protección, es decir, la norma
demandada es una medida o acción afirmativa encaminada a la protección de los
derechos fundamentales de la mujer y no una omisión legislativa relativa.
13.
Partido Colombia Justa y Libre
A
través de escrito radicado en la Secretaria General de esta Corporación el 28
de enero de 2019[32],
el ciudadano Eduardo Cañas Estrada, en calidad de Copresidente del Partido
Colombia Justa y Libre, solicita la exequibilidad del artículo 2 de la
Ley 1361 de 2008 con fundamento en: (i) los artículos 1, 2, 4, 5, 42, 44 y 93
de la Constitución Política; (ii) los artículos 16 y 30 la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; y, (iii) el efecto de cosa juzgada que generó la sentencia C-577 de
2011.
Manifiesta
que de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 Superiores, la Corte tiene
el deber de respetar los principios constitucionales pues de lo contrario “(…)
estaría incumpliendo sus funciones sustituyendo las funciones del legislador
como la del constituyente e incumpliendo el artículo 93(…)”. Desde esa
perspectiva, afirma que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su artículo 16, la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que
como “base de la sociedad a (sic) que en los últimos años en los diferentes
países que se ha cambiado el artículo ha bajado el porcentaje de natalidad,
creando sociedades viejas y sin futuro”[33].
A la anterior consideración agrega que conforme a lo dispuesto por
el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la familia es
“el vínculo de un hombre y una mujer que da lugar justamente a su protección
y no determina otro tipo de interpretación”.
Finalmente,
advierte que la Corte está en presencia de una cosa juzgada absoluta “por
ser claro el argumento de la corte (sic) y frente a lo cual no ha habido ningún
cambio en ninguna de las opciones definidas por la misma corte (sic)[34]”; y
que en caso de emitir un fallo condicionado “sería evidente que la Corte
vulnera su propio desarrollo constitucional al intentar llenar de contenido una
disposición sobre la cual no tiene competencia para actuar”[35]
14.
Asociación Colombiana de Juristas Católicos
Mediante
escrito del 1° de febrero de 2019, el ciudadano Juan Carlos Novoa Buendía, en
calidad de Presidente de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos,
solicita a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento o
en su defecto que se declararan exequibles las normas demandadas.
En
cuanto al artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, consideró que la Corte no puede
pronunciarse de fondo: (i) porque la norma demandada es idéntica a un precepto
constitucional[36]
por lo que “no se encuentra facultada para estudiar la constitucionalidad de
disposiciones de la propia carta política”[37];
(ii) en caso de estudiar el precepto demandado debe declararse su
exequibilidad porque no puede privilegiarse “una lectura extraña o
extraordinaria de la Carta Política o del bloque de constitucionalidad (…)[38]”
En
lo concerniente al artículo 4A de la Ley 1361 de 2009, sostiene que la Corte
debe declararse inhibida porque el cargo no cumple con el requisito de certeza,
al interpretar la norma como obligatoria, siendo que la participación en los
planes de intervención familiar son voluntarios. Sin embargo, en caso de que la
Corte decida pronunciarse de fondo, solicita fundamentarse en el principio de
libertad de configuración legislativa, ya que “el legislador tiene la
posibilidad de considerar la conveniencia y necesidad de dar una protección
determinada”[39].
Además considera que la no inclusión del hombre no implicaba un “déficit de protección”
dado que la norma es voluntaria y no obligatoria.
15.
Ciudadano Jaime Arturo Fonseca
Mediante
escrito recibido en la Secretaría de la Corte el 28 de enero de 2019, el
ciudadano Jaime Arturo Fonseca solicita que se declare la exequibilidad
de los artículos 2 parcial y 4A parcial de la Ley 1361 de 2009 al considerar
que existe cosa juzgada constitucional de acuerdo a lo decidido en la sentencia
C-577 de 2011 y “la pretensión Real (sic) de los demandantes, riñe con las
mayorías del pueblo Colombiano (sic)[40]”
porque el concepto de familia del artículo 42 de la Constitución Política es
inmodificable.
Asevera
que por virtud de la sentencia C-577 de 2011, la Corte Constitucional decidió
no modificar el artículo 42 de la Constitución Política y “determinó que con
su contenido no se afectan los tratados internacionales ratificados por el
Estado Colombiano (sic)[41]”
Es decir, que una “interpretación ampliada (sic) no cabe en la Constitución”[42]
De
otra parte, considera que la Corte Constitucional no puede reemplazar al
constituyente primario para modificar el concepto de familia, pues eso
implicaría “modificar la totalidad del contenido del artículo 42 superior y
eso sería un atentado (sic) contra el pueblo cristiano de Colombia de la
magnitud (sic) de la toma del palacio de Justicia y aún mayor”[43]
A
partir de lo anterior, indica que el concepto de familia contenido en el
artículo 42 de la Carta, “no puede ser abolido por una Corte, y menos a
través de la interpretación de una ley que es de rango inferior, toda vez que
esta capacidad legislativa es de autonomía exclusiva del Congreso de la
República”[44].
16.
Intervención de 106 ciudadanos
Por
medio de correos electrónicos allegados el día 23 de febrero de 2019, 106
ciudadanos[45]
solicitan a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del
artículo 2 de la Ley 1361 de 2009. Para tal efecto, consideran que la función
de la Corte es “interpretar la Constitución, pero NUNCA (sic)
reinterpretarla” ya que en caso de hacerlo “asumiría competencias
legislativas que no lo son propias de una injerencia competencia inaceptable”. De
esta manera, solicitan a la Corte respetar “la Constitución, el
matrimonio entre un hombre y una mujer y la protección de la familia.”
17.
Organización Human Solidarity International y la Plataforma Cívica Nueva
Democracia
Por
medio de escrito radicado en la Secretaria General de esta Corporación el 28 de
enero de 2019, María Camila Ospina, María Alejandra Gómez y Sergio Severiche
Velásquez, en representación de la Organización Human Solidarity International
y la Plataforma Cívica Nueva Democracia, solicitan desestimar la afirmación
realizada por los demandantes en el primer cargo de la acción de
inconstitucionalidad presentada, declarándose inhibida para resolver de
fondo.
Indican
que hasta el momento no hay ningún tratado internacional ratificado por
Colombia que sea vinculante para redefinir jurídicamente la palabra “familia”
o “matrimonio” en el sentido de incluir las relaciones de las
parejas del mismo sexo y que las pocas referencias que hay en torno al tema no
son obligatorias por encontrarse inmerso en instrumentos de derecho blando o soft
law. [46]
A
partir de lo anterior, manifiestan que el derecho internacional en relación con
los derechos humanos no genera per se un deber de regular el matrimonio
homosexual; por lo que los Estados Parte de los tratados internacionales no se
ven vinculados por dichos términos y al pretender crear obligaciones en este
asunto, se viola el principio de subsidiariedad, pues se estaría
desnaturalizando el carácter complementario de la labor de los Estados.
Igualmente,
consideran que imponer este tipo de obligaciones configuraría una nueva forma
de “colonialismo”, forzando a los Estados Parte a que acepten enfoques que no
solo se encuentran por fuera de la legislación, sino también por fuera de sus
prácticas culturales y religiosas. [47]
De allí que aunque se pretenda que esas opiniones jurídicas fueran
obligatorias, ningún organismo internacional puede interferir en los asuntos
internos de cada Estado, pues son estos quienes autónomamente deben establecer
las políticas que orientan el concepto de familia, teniendo en cuenta el
contexto democrático, religioso, político, social y cultural.
Concluyen
la intervención señalando que en el caso bajo examen debe operar la
figura de la cosa juzgada, toda vez que mediante sentencia C-577 de 2011, esta
Corporación decidió declararse inhibida, por lo que pronunciarse de fondo daría
lugar a valorar la validez constitucional de un precepto contenido directamente
en la Carta Política de 1991, siendo esta actuación improcedente porque dicha
competencia escapa a las atribuciones de la Corte.[48]
18. Organización Red Familia Colombia
Mediante
escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 28 de enero de
2019, María Fernanda Alarcón Salvat, obrando en calidad de represéntate legal
de la Organización La Red Familia Colombia, solicita a esta Corporación
declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre el artículo 2
parcial de la Ley 1361 de 2009, y de manera subsidiaria declarar exequibles las
normas demandadas desestimando la demanda.
En
primer lugar, advierte que la definición de familia contenida en el artículo 2
de la Ley 1361 de 2009 es una transcripción literal del concepto de familia
contenido en el artículo 42 de la Constitución Política, por lo que su
modificación es una facultad legislativa o del constituyente y que no es cierto
que los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia
contemplen un concepto de familia conformada por parejas homoparentales.
Para
efectos probatorios, transcribió las definiciones de familia contenidas en los
tratados internacionales como el de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de los
cuales extrae que estos no contienen la categoría de orientación sexual ni identidad
de género, ni son objeto de consideración constitucional respecto de la noción
de familia.
En
sustento de dicha postura cita dos casos, a saber: (i) Schalk y Kopf v. Austria
(2010) a través del cual el Tribunal de Derechos Humanos determina que los
Estados no están obligados en los términos de la Convención Europea de Derechos
Humanos a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo[49]; y, (ii) Heli
Hamalainen Vs. Finlandia (2014), por el cual el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos determina que los Estados no están obligados bajo la Convención Europea
de Derechos Humanos a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo[50].
En
segundo lugar, manifiesta que redefinir el concepto de familia y matrimonio
afecta los derechos de los niños y jóvenes, cercenando y aniquilando la
libertad de conciencia y el derecho de los padres a escoger la educación de sus
hijos basados en sus principios, valores y creencias.
También
indicó que las relaciones de parejas del mismo sexo solamente son otra forma de
convivencia humana que no constituye familia ni le son aplicables sus efectos “tales
como las asociaciones, grupos, creados de manera diversa a la familia, que no
se puede tratar como si ellos fueran familia”[51]
Concluye
la intervención refiriendo un estudio realizado por el Departamento de
Sociología de la Universidad Católica de América en Washington en el que se “concluye
que los hijos nacidos en el seno de parejas del mismo sexo son Victimas
invisibles, presentan un riesgo elevado de depresión.”[52]
19.
Defensoría del Pueblo
Mediante
oficio radicado en la Secretaría General el 24 de enero de 2019, Paula Robledo
Silva, Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, solicita a
esta Corporación, de una parte, respecto de la definición de familia contenida
en el artículo 2 parcial de la Ley 1361 de 2009 resolver conforme a lo
decidido en la sentencia C-577 de 2011 y, de otra, declarar la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 4A parcial de la misma ley, con
fundamento en los siguientes argumentos:
En
primer término, indica que la Constitución de 1991 otorgó protección a todas
las orientaciones sexuales,[53]
por lo que las personas del mismo sexo pueden constituir una familia en el
mismo sentido que las parejas heterosexuales y, por lo tanto, cualquier tipo de
trato desigual resulta discriminatorio. Sin embargo, advierte que el artículo 2
de la Ley 1361 de 2009 ya fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en
la sentencia C-577 de 2011, en la cual se concluyó que las normas legales
parcialmente demandadas, específicamente las expresiones “de un hombre y una
mujer”, reproducen preceptos constitucionales, por lo que no se hace necesario
pronunciarse nuevamente sobre lo mismo.
En
segundo lugar, frente a los cargos de constitucionalidad formulados en contra
del artículo 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009, sostiene que en la disposición
demandada no hay una omisión legislativa, sino que, por el contrario es la
materialización del enfoque de género, como consecuencia de la violencia que
han padecido a lo largo de la historia las mujeres en Colombia.
En
respaldo de sus argumentos, expone que según las últimas cifras publicadas por
el Observatorio de Violencia de Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, la cifra de mujeres que denunciaron violencia intrafamiliar por parte
de sus parejas para el año 2017 fue de 43.176, cifra equivalente al 86.22% del
total de agresiones de pareja denunciadas (50.072), y que al analizar las
cifras globales de violencia intrafamiliar, se advierte que de los 77.610 casos
denunciados, 59.639 (equivalente al 76.84%) corresponden a agresiones contra
mujeres.[54]
Sobre
la base de lo anterior, señala que la norma objeto de reproche comporta una
acción afirmativa del Estado a favor de las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar.
20.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
En
escrito radicado en la Secretaría General el 28 de enero del 2019, Mónica Alexandra
Cruz Omaña, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), solicita a la Corte Constitucional
declararse inhibida para pronunciarse en relación con la
constitucionalidad del artículo 2 (parcial) de la Ley 1361 de 2009 y declarar
la exequibilidad condicionada del artículo 4A (parcial) de la misma ley,
argumentando lo siguiente:
Con
respecto al artículo 2 parcial de la Ley 1361 de 2009 aduce que la Corte
Constitucional ha determinado que la cosa juzgada es una institución jurídico
procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de
constitucionalidad el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De tal
manera que cuando se configura el fenómeno de la cosa juzgada, surge una
prohibición “de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre
lo resuelto.”[55]
En
ese contexto, señala que la demanda carece de aptitud sustantiva, toda vez que
no es posible realizar un juicio de constitucionalidad sobre normas que
reproducen disposiciones superiores[56].
Adicionalmente, explica que a través de múltiples sentencias la Corte
Constitucional por vía de tutela (T-716 de 2011, T-717 de 2011, T-860 de 2011,
T-248 de 2012, T-357 de 2013) ha reiterado que el concepto de familia está
constituido por “vínculos naturales o jurídicos encontrando así familias
monoparentales, conformadas por un solo progenitor y sus hijos, las
ensambladas, las de crianza y las que surgen a través del matrimonio o de la
unión marital de hecho.” [57]
De
otra parte, frente a la existencia de una omisión legislativa en el artículo 4A
(parcial) de la Ley 1361 de 2009, manifiesta que la disposición vulnera el
principio de igualdad pues no tiene justificación o razón suficiente para
excluir a los hombres de dicha protección, ya que la finalidad de la norma debe
ser proteger a cualquier sujeto víctima de violencia familiar,
independientemente de su género u orientación sexual.
En
ese sentido, resalta que dicha previsión genera consecuencias negativas frente a
los hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar, quienes aun siendo los
sujetos pasivos de conductas violentas, están coaccionados a acudir a programas
de intervención familiar, sin tener una garantía legal de sus derechos
fundamentales.
III.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la
Constitución Política, el señor Viceprocurador General de la Nación, Juan
Carlos Cortés González, rindió el concepto número 6530 dentro de la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2 (parcial) y el artículo 4A
(parcial) de la Ley 1361 de 2009, solicitando a esta Corporación: (i) se
declare inhibida para decidir de fondo frente al cargo formulado contra
la definición de familia consagrada en el artículo 2 de la Ley 1361 de 2009; y,
(ii) declare la exequibilidad, sin condicionamiento, del inciso tercero del
parágrafo del artículo 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009.
En
primer término, respecto del cargo formulado contra el artículo 2 de la Ley
1361 de 2009, expuso que la Constitución Política en su artículo 42 define la
familia como “el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer
de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.”
En
ese sentido, señaló que esta Corporación ha determinado que la familia se
conforma de 4 modos: vínculos naturales, vínculos jurídicos, por matrimonio y,
además, por la decisión responsable de conformar familia, sobre la base de la
solidaridad, el respeto mutuo y la vocación de convivencia permanente, y en
razón a ello ha brindado una protección especial frente a los derechos
fundamentales de las parejas homosexuales con fundamento en la igualdad y el
libre desarrollo de la personalidad.
Lo
anterior, sumado a que en sentencia C-577 de 2011, al realizar el mismo estudio
sobre el concepto de familia plasmado en el artículo 2 de la Ley 1361 de 2009,
la Corte manifestó que la unión de personas del mismo sexo sí constituye
familia, de manera que se encuentran cobijadas por la definición contenida en
el artículo 42 Superior. De la anterior providencia, resalta tres aspectos
centrales: (i) el Tribunal Constitucional está imposibilitado para decidir de
fondo, pues el texto legal es la reproducción de un texto constitucional; (ii)
la aplicación de la norma debe hacerse en estricto cumplimiento de la
interpretación y alcance que le otorgue esta Corporación; y, (iii) las personas
del mismo sexo pueden conformar familia.[58]
Frente
al cargo propuesto por la violación del artículo 93 Constitucional, basado en
la existencia de tratados internacionales que imponen al Estado Colombiano
incluir y reconocer a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de familia
el Jefe del Ministerio Público señala: “esa mención se circunscribe a los
tratados genéricos suscritos y ratificados por el Estado, sin que haga mención
a alguno en particular que imponga la obligación de incluir en la definición de
familia a las uniones homosexuales”[59]
De
esta manera, frente a la ausencia de un tratado internacional que contenga la
obligación expresa de incluir a las parejas homosexuales en la definición de
familia, advierte que no existen circunstancias jurídicas ni sociales que
generen el cambio del precedente jurisprudencial fijado en la sentencia C-577
de 2011.
En
segundo lugar, frente al cargo propuesto por los demandantes contra el
parágrafo del artículo 4A parcial de la Ley 1361 de 2009, el Ministerio Público
considera que la Corte debe declarar la exequibilidad de la norma, toda vez que
la sociedad le otorgó a la mujer el rol de mantener la unidad familiar, razón
que la ha llevado a ser víctima de la violencia física, psicológica y sexual,
principalmente en el ámbito doméstico. En ese contexto sociológico, explica que
como política de Estado se profirieron la Ley 1257 de 2008, mediante la cual se
dictaron medidas de sensibilización prevención y sanción de las formas de
violencia y discriminación contra las mujeres y la Ley 1361 del 2009, en virtud
de la cual se propende por mantener la integridad de las víctimas, de tal forma
que en el artículo 4A, en protección de la mujer se permite su participación en
los planes de intervención.
Advierte
que los demandantes parten de un supuesto errado al interpretar de manera
literal la norma acusada, pues deducen que otorgarle a la mujer la posibilidad
de participar en los planes precitados, conlleva la desprotección del hombre
víctima de la violencia[60],
sin tener en cuenta que el trato diferenciado que se le otorga a la mujer se
justifica en el enfoque de género requerido. Adicionalmente, sobre este cargo
afirma que si bien los accionantes señalan que el legislador incurrió en
omisión legislativa relativa al no incluir a los hombres en el contenido de la
norma demandada, al verificar los requisitos decantados por la jurisprudencia
constitucional para tal efecto, no se verifica el cumplimiento de los mismos,
pues el legislador mediante la norma parcialmente demandada incorporó acciones
afirmativas propias del enfoque diferencial impuesto por la Carta Política[61],
otorgándole la posibilidad a la mujer víctima, lo que encuentra justificación
en su calidad de sujeto de especial protección constitucional.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
La
Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2 (parcial) y
el parágrafo del artículo 4A (parcial) de la Ley 1361 de 2009, “por medio de
la cual se crea la ley de protección integral a la familia”, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución Política.
2.
Cuestiones preliminares (Normas que replican contenidos constitucionales y
aptitud sustantiva)
Antes de proceder al estudio de mérito, en atención
a que varios intervinientes[62],
así como el señor Procurador General de la Nación solicitan a la Corte abstenerse
de emitir un pronunciamiento de fondo con base en la ineptitud sustantiva de la
demanda. Esta postura se sustenta en que esta Corporación no está facultada
para juzgar normas que repliquen contenidos constitucionales y en que una de
las disposiciones demandadas fue objeto de pronunciamiento en la sentencia
C-577 de 2011.
Así mismo, en
relación con el parágrafo del artículo 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009
varios intervinientes aseveran que no se cumplen los requisitos decantados por
la jurisprudencia para demandar por una omisión legislativa relativa.
En
atención a estas posturas del Procurador y de algunos intervinientes, es
preciso hacer referencia, de una parte, a la competencia de la Corte
Constitucional para la revisión de constitucionalidad de las normas demandadas
y el efecto de la cosa juzgada constitucional y, de otra, al estudio de las
condiciones jurisprudenciales de admisión de la demanda.
2.1. Revisión
de normas que replican contenidos constitucionales
En primer término, es oportuno recordar
que al proceso de constitucionalidad fueron allegadas diversas posturas por
parte de los intervinientes, así solicitan la declaratoria de (i) exequibilidad
de las normas demandadas: las Veedurías Ciudadanas sobre la Familia, la
Fundación Marido y Mujer, Colombia Diversa y el Centro De Estudios De Derecho
Justicia y Sociedad -De Justicia-, Partido Colombia Justa y Libre, los
ciudadanos Marco Fidel Ramírez Antonio, Hernando Salcedo Tamayo, Jaime Arturo
Fonseca y 106 ciudadanos más; (ii) exequibilidad condicionada: la
Universidad Externado de Colombia, la Personería de Bogotá, la Oficina del Alto
Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia, la Corporación Centro de Interés Público y Justicia, y Profamilia; e,
(iii) inhibición: la Cámara de Representantes, la Conferencia Episcopal
de Colombia, la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, la Organización
Human Solidarity International y de la Plataforma Cívica Nueva Democracia, la
Organización Red Familia Colombia y la Defensoría del Pueblo. Dichos conceptos
fueron detalladamente reseñados en el acápite de las intervenciones.
En sustento de las posturas
anteriormente reseñadas, los intervinientes y el Procurador enriquecieron el
trámite de constitucionalidad planteando argumentos de diversa índole que
convergen en el estudio de la concepción de la familia y sobre la cual se
observa una comprensión muy disímil. Así, quienes piden la declaratoria de
exequibilidad de la norma demandada se valen de una interpretación literal y
formalista del artículo 42 de la Constitución[63],
para señalar que esta institución está definida como una comunidad
exclusivamente constituida por un hombre y una mujer y fundada sobre la
existencia en el amor, el respeto y la solidaridad[64].
En cambio para otros, quienes en su generalidad
solicitan condicionar la norma, a la luz de una
interpretación sistemática de la Carta Política y, su consecuente desarrollo
jurisprudencial[65]
sobre la materia, entienden que la noción de familia es el resultado de la
constante evolución sociológica y pluricultural, como presupuesto fundamental
del Estado Social de Derecho que tiene un carácter cambiante y que, por ende,
le permite ser definida bajo diferentes modalidades, sin que ello reste su
condición de núcleo familiar.
Finalmente,
quienes solicitan
a la Corte abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo con base en la
ineptitud sustantiva de la demanda, como ya se explicó líneas atrás, sostienen
que la Corte no está facultada para juzgar normas que repliquen contenidos
constitucionales y en que el segmento demandado del artículo 2 de la Ley 1361
de 2009 fue objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en la
sentencia C-577 de 2011, por lo que ha operado el efecto procesal de la cosa
juzgada constitucional, en los términos del artículo 243 de la Carta Política.
Pues bien, el artículo 40, numeral 6 de la
Constitución dispone que “todo ciudadano” tiene derecho a “interponer acciones
públicas en defensa de la Constitución”. En concordancia con lo anterior, el
artículo 241, en sus numerales 1, 4 y 5, establece que la Corte Constitucional
es competente para decidir sobre las acciones presentadas por “los ciudadanos”
contra los actos de reforma constitucional, las leyes y los decretos con fuerza
de ley.  De manera complementaria, el artículo 242, numeral 1° dispone que
“cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el
artículo precedente”.
En desarrollo de estos mandatos constitucionales, el
artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991 establece que cuando los ciudadanos
acuden a la jurisdicción constitucional mediante acción pública de
inconstitucionalidad deben señalar: (i) el objeto demandado, (ii) las normas
constitucionales que se reputan quebrantadas, (iii) el concepto de la
violación, (iv) el trámite impuesto por la Carta Política para la expedición
del acto demandado, así como la forma en que fue quebrantado, y, (v) la razón
por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
Con
respecto al primer presupuesto de procedibilidad, esto es, el objeto demandado,
en el presente caso cabe señalar que la expresión “entre un hombre y una
mujer” contenida en el artículo 2 parcial de la Ley 1361 de 2009 fue objeto
de pronunciamiento inhibitorio en la sentencia C-577 de 2011. En dicha
oportunidad, la Corte fundamentó la decisión inhibitoria en que no está
facultada[66]
para ejercer control de constitucionalidad sobre normas que replican un
contenido idéntico al de la Carta Política. Al respecto, esta Corporación se
pronunció en los siguientes términos:
“En la demanda D-8376 los
demandantes también dirigen sus acusaciones en contra de la expresión “de un
hombre y una mujer”, contenida en los artículos 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º
de la Ley 1361 de 2009, leyes que, respectivamente, se ocupan de la violencia
intrafamiliar y de la protección integral de la familia.
Característica
especial de las disposiciones a las cuales pertenece la referida expresión es
que reproducen textualmente el primer inciso del artículo 42 de la
Constitución, pues en la parte pertinente coinciden en señalar que la familia
“se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla”.
Sobre el particular la Corte ha indicado que cuando
las disposiciones demandadas reproducen textualmente la Constitución, “su
validez sustantiva o validez en estricto sentido, entendida como el hecho de
que una norma de inferior jerarquía no contradiga las disposiciones superiores,
en principio está fuera de discusión”, porque “no puede haber contradicción
entre dos normas, cuando una es idéntica a la otra”, por lo cual “la identidad
excluye lógicamente la contraposición” y la eventual declaración de
inconstitucionalidad equivaldría a la inexequibilidad del precepto
constitucional[67].
Siendo
así, el examen de constitucionalidad realmente debería efectuarse sobre el
texto constitucional reproducido, lo que es improcedente, razón por la cual,
dado que en este caso las normas legales parcialmente demandadas reproducen preceptos
constitucionales, la Corte se inhibirá, sin perjuicio de lo cual se advierte
que la interpretación del primer inciso del artículo 42 superior es la adoptada
en esta sentencia.” (Subrayas y negrillas fuera de texto)
Con
fundamento en las consideraciones transcritas, en el ordinal tercero de la
parte resolutiva de la sentencia C-577 de 2011 la Corte decidió :
“TERCERO.-
Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la expresión
“de un hombre y una mujer” contenida en los artículos 2º de la Ley 294 de 1996
y 2º de la Ley 1361 de 2009, por cuanto estas normas legales reproducen
preceptos constitucionales.”
Como se puede evidenciar, una
de las disposiciones objeto de censura (artículo 2 parcial de la Ley 1361 de
2009) replica literalmente el texto del inciso 1º del artículo 42 de la
Constitución, razón por la cual la Corte no tiene competencia para pronunciarse
sobre la constitucionalidad del aparte demandado. En otros
términos, la ineptitud sustantiva de la demanda se suscita en tanto la Corte
Constitucional no tiene competencia para realizar control abstracto de
constitucionalidad sobre normas que repliquen textualmente contenidos
constitucionales pues, conforme se señaló en la sentencia C-577 de 2011, esto
implicaría admitir que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad pueda
conllevar a la inexequibilidad del precepto constitucional y el control
recaería entonces sobre este último, lo cual es improcedente.
En
virtud de lo anterior, la Corte se declarará inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo con respecto a la demanda formulada contra el artículo
2 parcial de la Ley 1361 de 2009.
2.2.
Ineptitud sustantiva de la demanda formulada contra el parágrafo del artículo 4
A parcial de la Ley 1361 de 2009
En lo concerniente a
la demanda formulada contra el parágrafo del artículo 4 A parcial de la Ley
1361 de 2009, cabe recordar que en relación con las demandas
dirigidas a cuestionar la ausencia de legislación en torno a una determinada
materia, esta Corporación ha precisado que dicho fenómeno debe ser diferenciado
según se trate de omisiones legislativas absolutas o relativas. Para situar correctamente la cuestión, desde la emisión
de las sentencias C-073 y
C-543 de 1996, la Corte señaló que la demanda no
procede cuando existe ausencia total de legislación, puesto que carece de
competencia para llenar dicho vacío y, por ende, es al legislador a quien corresponde
regular la materia[68].
En contraste, la Corte tiene la potestad de evaluar la
existencia de omisiones legislativas relativas, circunstancia que se presenta
en los eventos en los que el legislador al regular una determinada institución
omite una condición o un elemento que era indispensable de conformidad con la
Constitución. La Corte ha señalado que este fenómeno ocurre por ejemplo: “(i)
cuando expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la
Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando
adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero
excluye expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que
otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una
condición o un elemento esencial exigido por la Constitución”[69].
En desarrollo de lo anterior, mediante las sentencias
C-833 de 2013 y C-291 de 2015, la Corte precisó que los presupuestos[70] de admisión de una demanda[71] de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa son diversos de los exigidos
en un juicio de conformidad, puesto que requieren argumentar: (i) la existencia de una norma sobre la cual se
predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto normativo
omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución,
resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta;
(iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de
razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para
los excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que
se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión
sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el
Constituyente al Legislador.
A
partir de la verificación de cada una de las precitadas condiciones en relación
con el contenido de la demanda instaurada contra el parágrafo del artículo 4 A
de la Ley 1369 de 2009 sometida a estudio, se debe determinar si
en el presente caso se estructura un cargo por omisión legislativa relativa.
2.2.1. Que exista una norma sobre la cual se
predique necesariamente el cargo
La
demanda de inconstitucionalidad se dirige contra el parágrafo del artículo 4 A
parcial de la Ley 1361 de 2009 que dispone que en los casos de violencia
intrafamiliar, sexual o cualquier otro tipo de violencia ejercida contra la
mujer o afecten la seguridad de sus hijas o hijos, la mujer no estará obligada
a participar en planes de intervención familiar previstos en dicho artículo.
Sobre este primer presupuesto, es indiscutible que existe una norma explícita
sobre la cual recaen los cargos de inconstitucionalidad expuestos en la
demanda.
2.2.2. Que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto normativo omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta
En
el presente caso, la Corte debe evaluar si realmente
existe equiparación posible entre las categorías de hombre y mujer. Sobre este aspecto, la Sala Plena encuentra que no existe asimilación
posible, al menos por dos razones medulares, a saber: (i) la Constitución y la
ley en su desarrollo prevén diversas normas que establecen una diferencia de
trato entre el hombre y la mujer. En especial, el tratamiento de la mujer como
sujeto de especial protección constitucional, por ejemplo, frente a la participación
de la mujer en política –CP Art. 40 inc. final- o la protección de la mujer en estado
de embarazo –CP Art. 43, solo para citar algunos aspectos; y, (ii) la
jurisprudencia constitucional[72]
ha identificado en el comportamiento de la sociedad y en las diversas
instituciones un patrón de discriminación hacia las mujeres que ha sido
históricamente comprobado.
Estas
circunstancias implican que el hombre y la mujer no son sujetos asimilables,
tal y como lo exige dicho requisito, por lo que al no ser posible equiparar
tales categorías, no se cumplen las condiciones
decantadas por la jurisprudencia constitucional para suscitar un juicio por una
omisión legislativa relativa. Al no cumplirse la segunda de las condiciones
jurisprudencialmente requeridas para suscitar un juicio de constitucionalidad
por una presunta omisión legislativa relativa, se hace innecesario pasar al
estudio de los restantes presupuestos anunciados.
En
virtud de lo anterior, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse de
fondo en relación con el parágrafo del 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009.
3. Conclusión
(Inhibición
para emitir un pronunciamiento de fondo con respecto a la demanda
formulada contra el artículo 2 parcial y el parágrafo del artículo 4 A parcial
de la Ley 1361 de 2009)
A
pesar de que la demanda prima facie fue admitida, puede ocurrir que la
Corporación decida inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo, ya que
esta clase decisión debe ser adoptada por la Sala Plena, quien es la autoridad
judicial encargada de examinar la ponencia elaborada por el magistrado
sustanciador, la cual puede ser avalada integralmente, modificada o denegada. De
este modo, el auto admisorio no constituye un prejuzgamiento y entre lo
resuelto en dicha providencia y lo decidido al momento de proferir la
respectiva sentencia, pueden presentarse circunstancias que incidan en el
examen sobre los argumentos de inconstitucionalidad expresados por el actor,
los cuales pueden en algunos casos, llevar a la Sala Plena a determinar que las
razones expuestas no cumplen los presupuestos de procedibilidad para suscitar
un juicio sobre el fondo de la cuestión planteada. Al respecto, esta
Corporación en Sentencia C-841 de 2010 se pronunció en los siguientes términos:
“Ha explicado
esta Corporación que aun cuando en principio la oportunidad para definir si la
demanda se ajusta a los requerimientos de ley es la etapa de admisión, a través
del respectivo auto admisorio, ese primer análisis que responde a una
valoración apenas sumaria de la acusación, llevada a cabo por cuenta del
Magistrado Ponente, no puede comprometer ni limitar la competencia del Pleno de
la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes
y los decretos con fuerza de ley, siendo así la Corte en pleno, al momento de
proferir sentencia, la capacitada para establecer si la demanda fue presentada
en legal forma, esto es, si cumple con los requisitos mínimos de
procedibilidad, de lo que depende su competencia para emitir pronunciamiento de
fondo.”
En virtud de lo
anterior,
este Tribunal concluye que la demanda, de una parte, recae sobre un contenido
que replica la Constitución, y, de otra,  no satisface los mínimos
argumentativos requeridos para suscitar un juicio de constitucionalidad y, en
consecuencia, se
declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación el artículo 2 parcial y el parágrafo del
artículo 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009.
4.
Síntesis de la decisión
4.1. La demanda
En el presente caso se formuló
demanda contra los artículos 2 parcial y 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009, en
el primer caso, por la supuesta vulneración del artículo 93 de la Carta
Política, en consonancia con los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, y el artículo 5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y, en el segundo, por la infracción de los artículos 13 y 43
de la Constitución.
De
manera puntual, los accionantes solicitan a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad condicionada de las normas demandadas por considerar que: (i) el
artículo 2 parcial de la Ley 1361 de 2009 vulnera el artículo 93 Superior, pues
limita la noción de familia a las constituidas por “un hombre y una mujer”,
sin considerar aquellas conformadas por parejas del mismo sexo, y (ii) el
parágrafo del artículo 4 A parcial de la misma disposición por contrariar los
artículos 13 y 43 Superiores toda vez que, incurre en omisión legislativa
relativa al excluir al hombre como víctima de la violencia intrafamiliar.
4.2. Cuestión preliminar
Antes de entrar
en el estudio de mérito, en atención a que varios intervinientes[73], así como
el señor Procurador General de la Nación solicitaron a la Corte abstenerse de
emitir un pronunciamiento de fondo con base en la supuesta ineptitud sustantiva
de la demanda, fue necesario que la Corte se pronunciara sobre las condiciones
de admisibilidad.
En
lo que respecta al artículo 2 parcial de la Ley 1361 de 2009, se determinó que
la ineptitud sustantiva de la demanda se suscita en tanto la Corte
Constitucional no tiene competencia para realizar control abstracto de
constitucionalidad de normas que repliquen textualmente contenidos
constitucionales pues, conforme se señaló en la sentencia C-577 de 2011, esto
implicaría admitir que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad pueda
conllevar a la inexequibilidad del precepto constitucional y el control
recaería entonces sobre este último, lo cual es improcedente.
De
otra parte, en relación con la demanda formulada contra el parágrafo del
artículo 4 A parcial de la Ley 1361 de 2009, la Corte reiteró que la configuración
de una omisión legislativa relativa exige la verificación de cinco requisitos,
a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el
cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos
que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo
cuestionado, o que el precepto normativo omita incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los
casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la
falta de justificación y objetividad genere para los excluidos de la regulación
legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma; y, (v) que la omisión sea el resultado del
incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente al
Legislador.
Al
verificar cada una de las precitadas condiciones, la Sala Plena determinó que
no se cumple en el caso bajo estudio el segundo requisito enunciado, por no
existir asimilación posible entre la categoría de hombres y mujeres y, por
consiguiente, de la demanda presentada no es posible derivar un cargo por
omisión legislativa relativa. En efecto, la Sala Plena estima que no existe
asimilación posible, al menos por dos razones, a saber: (i) la Constitución y
la ley en desarrollo de ésta prevén diversas normas que establecen una
diferencia de trato entre el hombre y la mujer. En especial, el tratamiento de
la mujer como sujeto de especial protección constitucional, por ejemplo, frente
a la participación de la mujer en política –CP Art. 40 inc. final- o la
protección de la mujer en estado de embarazo –CP Art. 43, entre otras normas;
y, (ii) la jurisprudencia constitucional, ha identificado en la sociedad y en
las instituciones un patrón de discriminación hacia las mujeres que sido
históricamente reconocido.
Estas
dos circunstancias implican que el hombre y la mujer no sean sujetos
asimilables, tal y como lo exige dicho requisito. De allí que al no ser posible
equiparar las categorías de hombre y mujer, no se cumplen las condiciones
decantadas por la jurisprudencia constitucional para suscitar un juicio de
constitucionalidad por una omisión legislativa relativa.
En
virtud de lo anterior, la Sala Plena se declaró inhibida para pronunciarse de
fondo en relación con el artículo 2 parcial y el parágrafo del artículo 4 A
parcial de la Ley 1361 de 2009.
V.- DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declararse INHIBIDA
para realizar un pronunciamiento de mérito en relación con el segmento
“Familia. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” del artículo
2 parcial de la Ley 1361 de 2009.
Segundo.- Declararse INHIBIDA para realizar un
pronunciamiento de fondo en relación con el apartado “En los casos de violencia
ejercida contra la mujer como violencia intrafamiliar, violencia sexual o
cualquier otro tipo que afecten su seguridad o la de sus hijos y/o hijas, la
mujer no estará obligada a participar en planes de intervención familiar
estipulados en el presente artículo.”, del parágrafo del artículo 4 A de la Ley
1361 de 2009.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Presidenta
Con salvamento
parcial de voto
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
Con salvamento
parcial de voto
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
Con aclaración
de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA
C-326/19
NORMA
JURIDICA-Exequibilidad (Salvamento parcial de voto)
DERECHO A LA IGUALDAD EN SENTIDO
MATERIAL-Acciones afirmativas a cargo del Estado (Salvamento parcial
de voto)/IGUALDAD FORMAL-Pilar
fundamental del Estado Social de Derecho (Salvamento parcial de
voto)
DERECHO
A LA IGUALDAD-Medidas de discriminación positiva en
materia de género (Salvamento parcial de voto)
ACCIONES AFIRMATIVAS Y MEDIDAS DE
DISCRIMINACION INVERSA O POSITIVA-Distinción (Salvamento
parcial de voto)
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE
Y MUJER-Discriminación por razón del sexo (Salvamento
parcial  de voto)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia (Salvamento
parcial de voto)/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Carga argumentativa (Salvamento parcial de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-Pronunciamiento
de fondo (Salvamento parcial de voto)
DERECHO A LA IGUALDAD-No
exige por si solo extender a un hombre un beneficio a favor de las mujeres
(Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente D-13002
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial) y 4ª de la Ley 1361 de
2009 “por medio de la cual se crea la ley de protección integral a la
familia”.
Demandantes:
Sonia Elizabeth Reyes Quintero y Juan Sebastián Bautista Arciniegas
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
1.
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento
a continuación las razones por las cuales salvo parcialmente mi voto en la
decisión que adoptó la Sala Plena en sesión del 24 de julio del 2019, en la
cual se profirió la Sentencia C-326 de 2019.
La providencia
de la que me aparto parcialmente se inhibió respecto al cargo planteado contra
el artículo 2º de la Ley 1361 de 2009 por existir cosa juzgada constitucional
respecto de la Sentencia C-577 de 2011, en la cual se había decidido que al
haberse acusado un texto que reproduce la Constitución no era posible
pronunciarse sobre posibles contradicciones, por ser textos idénticos. No
obstante, reiteró el alcance al que se le dio al concepto de familia en esa
decisión, con fundamento en la jurisprudencia vigente. De otra parte, también
se declaró inhibida de pronunciarse respecto del cargo de omisión legislativa
relativa planteado contra el artículo 4ª de la misma normativa. Es precisamente
respecto a esa decisión que me aparto de lo determinado por la mayoría.
2.
En
mi concepto, el cargo era apto y la norma debió declarase exequible. El
artículo 4ª de la Ley 1361 de 2009 contiene una acción afirmativa
que reconoce y visibiliza los especiales e históricos casos de discriminación
contra la mujer, asociados a las violencia intrafamiliar y sexual. Por esta
razón, dicho trato diferenciado se ajusta a la Constitución ya que reconoce la
autonomía y libertad de la mujer para decidir si acepta participar en los
planes de intervención familiar estipulados en el precepto demandado.
En
mi opinión, es esencial visibilizar y reconocer que la violencia contra la
mujer requiere de una especial atención del Estado y de un tratamiento jurídico
que reconozca su existencia y diseñe políticas públicas exclusivas para ellas,
de modo que permita la superación de la violencia de género en la sociedad.
Las acciones
afirmativas
3.
Como
se ha advertido en múltiples oportunidades en la jurisprudencia, de los incisos
segundo y tercero del artículo 13 de la Constitución se desprende el mandato de
acciones afirmativas en favor de grupos discriminados y/o marginados. Este
deber responde a una obligación positiva del Estado que tiene como objetivo
alcanzar la igualdad sustantiva o material. Tal acercamiento se aparta de la
idea de igualdad formal que supone que todos deben ser tratados de forma igual,
para entender que existen diferencias de trato que no solo son admisibles en
términos constitucionales, sino deseables y obligatorias, en tanto responden a
desigualdades de hecho. Se trata entonces de una compensación que pretende
corregir situaciones de marginalidad o inferioridad por situaciones de índole
social, económica o cultural[74].
4.
La
Sentencia C-115 de 2017[75], al analizar
una norma que ordenaba el diseño y la formalización de un programa de
microcrédito y crédito para personas menores de 28 años, se refirió a estas
acciones y puntualizó que la constitucionalidad de las mismas dependía de su
razonabilidad. Así, reiteró lo dicho por la jurisprudencia sobre que este tipo
de medidas son formas de discriminación positiva, “es decir,
aquel trato diferente que propende por materializar la igualdad real, a través
de acciones afirmativas de igualdad que recurren a criterios tradicionalmente
utilizados para profundizar o al menos perpetuar la desigualdad, tales como el
origen racial, el sexo o las preferencias sexuales[76]
(discriminación negativa), pero son utilizados, por el contrario, para romper
esa situación de desigualdad o, al menos, para estrechar la brecha de la
desigualdad no formalmente jurídica, aunque presente en la sociedad. Por lo
tanto, se trata de medidas transitorias cuyo desmonte resulta del análisis de
su eficacia en la superación de la desigualdad que combate[77]”.
5.
En
el mismo sentido, la Sentencia C-371 de 2000[78] dijo
que las acciones afirmativas, que incluyen medidas de discriminación inversa,
son políticas o medidas que buscan favorecer ciertos grupos o personas
con dos objetivos: (i) eliminar o reducir desigualdades sociales, económicas o
culturales; y (ii) lograr que un grupo subrepresentado tenga mayor
representación. En este orden de ideas, las acciones de discriminación inversa
se diferencian de las primeras“1) porque toman en consideración
aspectos como el sexo o la raza, que son considerados como criterios
sospechosos o potencialmente prohibidos, tal y como se explicará más adelante,
y 2) porque la discriminación inversa se produce en una situación de especial
escasez de bienes deseados, como suele ocurrir en puestos de trabajo o cupos
universitarios, lo que lleva a concluir que el beneficio que se concede a
ciertas personas, tiene como forzosa contrapartida un perjuicio para otras[79].
El parágrafo del
artículo 4ª (parcial) de la Ley 1361 de 2009
6.
El
artículo 4ª de la Ley 1361 de 2009 establece que las acciones estatales que
buscan proteger situaciones de vulnerabilidad o de violación de derechos deben
incluir atención familiar en todos los aspectos para prevenir y superar
situaciones de “violencia o maltrato, inseguridad económica,
desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o negligencia, uso
de sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la atención de
alguno de sus miembros”. Adicionalmente, señala que las entidades
encargadas de proveer protección para las familias y sus miembros deben
conformar un equipo interdisciplinario. Por su parte, el parágrafo de la disposición
establece que debe dejarse constancia de las actividades de intervención con
reserva y da la posibilidad de que en los casos de violencia (intrafamiliar,
sexual o cualquier otro tipo) contra la mujer o sus hijos, “la mujer no
est[é] obligada a participar en planes de intervención familiar estipulados en
el presente artículo”.
De la anterior descripción se desprende que la obligación del
Estado de intervenir para la protección de las familias y sus miembros se
incluye a toda la población. No obstante, el parágrafo determina que en el caso
especifico de violencia contra la mujer, estas no están obligadas a participar
de esas actividades, si ellas no lo desean.
7.
El cargo propuesto contra el parágrafo (parcial), argumentaba
una omisión legislativa relativa, por no contemplar a los hombres en la
excepción. La sentencia estableció que no era posible llevar a cabo el análisis
de fondo, pues no podía asimilarse a los hombres y a las mujeres con fundamento
en que las Constitución y la ley contemplaba diversas normas que consignaban
una diferencia de trato entre éstos, en razón a que la mujer es considerada un
sujeto de especial protección y porque la jurisprudencia ha identificado
patrones de discriminación históricos en contra de ésta.
8.
Me aparto del anterior razonamiento, pues considero que
afirmar que los hombres y las mujeres no son asimilables y que, por ello, no es
posible analizar un cargo por violación del derecho a la igualdad es
equivalente a afirmar que no es posible estudiar la razonabilidad de las
acciones afirmativas en favor de las mujeres. Considero que, justamente, al ser
la igualdad un concepto relacional la posición de grupo discriminado que
históricamente han ocupado las mujeres se da en comparación con los hombres.
Por ello, un cargo como el planteado no podía despacharse mediante una decisión
de inhibición, sino que debía abordarse el fondo, para concluir que justamente
la posición que han ocupado las mujeres en relación con los hombres justifica
la acción afirmativa que contempla la disposición.
9.
A mi juicio, los demandantes cumplieron la carga establecida
para presentar cargos por omisiones legislativas relativas[80]. En tal sentido, (i) identificaron una norma que desarrolla
un deber impuesto por la Constitución, es decir, el parágrafo del artículo 4ª
de la Ley 1361 de 2009; (ii) argumentaron que la misma excluía a los hombres de
una protección particular y, en efecto, la disposición atacada se dirige a
proteger a las mujeres y no a los hombres; (iii) Sostuvieron que no existía
razón para excluir a los hombres, quienes también son víctimas de violencia
intrafamiliar. Finalmente, (iv) afirmaron que esa distinción generaba una
desigualdad negativa; y (vi) la omisión excluía a los hombres en el marco de la
violencia intrafamiliar, cuya erradicación y prevención se deriva de los
derechos a la integridad personal y a la salud.
Aun cuando la providencia asevera que se incumple el segundo
de los requisitos, porque los hombres no son asimilables a las mujeres, no
considero que esa aseveración genere un incumplimiento del requisito para
formular la comparación, sino, por el contrario, obligaba a la Corte a proferir
una sentencia de fondo que reconociera que, en efecto, para evaluar la
discriminación a que es sometida la mujer cuando se trata de la violencia de
género, son asimilables y de esa forma se abordara la razonabilidad de la medida
bajo la figura de las acciones afirmativas.
10.
Por ejemplo, en la Sentencia C-117 de 2018[81]
se analizó un cargo por violación de la igualdad tributaria en el cual se
alegaba que el impuesto al valor agregado a las toallas higiénicas y a los
tampones incurría en violación del derecho a la igualdad de las mujeres,
respecto de los hombres, al gravar productos que solo ellas requieren. La
decisión, al estudiar si se cumplía la carga específica para los casos de
cargos de igualdad, concluyó, entre otras cosas, que en la medida en que los
dos sujetos pagaban impuestos eran asimilables y, por lo tanto, procedía el
estudio de fondo.
11.
Como lo advertí, el análisis en los casos en que se alegan
violaciones del derecho a la igualdad es relacional y, en general, para el caso
de las mujeres como grupo históricamente discriminado, parte de su comparación
respecto al trato que tradicionalmente han tenido respecto a los hombres. De
este modo, la visibilidad de la situación de las mujeres y, con ello, la
adopción de fórmulas para superar tal circunstancia supone comparar los
privilegios que han tenido los hombres, como, por ejemplo, el mejor salario por
el mismo trabajo, el acceso a cargos públicos de poder decisorio o incluso de
elección popular, entre muchos otros escenarios. De este modo, en mi criterio,
no es posible aseverar que la calidad de sujeto de especial protección
constitucional, al igual que las garantías que prevé la Constitución para las
mujeres imposibilite la comparación entre hombres y mujeres.  Ahora bien, un
asunto diferente es que precisamente las diferencias de su posición en la
sociedad permitan que se den tratos dispares, con base en la diferencia en la
posición social, económica y cultural de estas últimas. En mi concepto, ese
juicio hace parte del análisis de fondo de la demanda y debió estudiarse.
En este caso, la disposición acusada incluye una acción
afirmativa en un contexto en el que las mujeres han sido especialmente
afectadas: las violencias sexual e intrafamiliar. Es indudable que en distintos
momentos de la historia las mujeres han sido víctimas de violencia en todos los
espacios de la vida en una mayor proporción que los hombres, lo cual se deriva
justamente de su situación de discriminación en el contexto social y cultural.
Esta situación, respecto a la cual no existe cuestionamiento alguno, ha tratado
de corregirse mediante la adopción de todo tipo de instrumentos jurídicos y
medidas que responden al deber de diligencia de los Estados de prevenir,
investigar, perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. Dos ejemplos
clarísimos de lo anterior son la adopción de la Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem
do Pará, que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Por esas razones considero que el cargo formulado en esta
ocasión debió estudiarse y concluir que, por tratarse de una acción afirmativa
en el contexto de las violencias contra las mujeres, la medida no violaba el
derecho a la igualdad ni incurría en una omisión legislativa relativa.
12.
De esta manera, expongo las razones
que me conducen a salvar parcialmente mi voto sobre lo decidido en la Sentencia
C-326 de 2019, en cuanto se inhibió de estudiar de fondo la demanda contra
el artículo 4° de la Ley 1361 de 2009.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
A LA SENTENCIA
C-326/19
CORTE CONSTITUCIONAL-Pronunciamiento
de fondo (Salvamento parcial de voto)/NORMA JURIDICA-Exequibilidad
(Salvamento de voto)
DERECHO A LA IGUALDAD EN SENTIDO MATERIAL-Acciones
afirmativas a cargo del Estado (Salvamento parcial de voto)
DERECHO A LA IGUALDAD-Medidas
de discriminación positiva en materia de género (Salvamento parcial de voto)
Ref.: expediente D-13.002
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
2 y 4A (parcial) de la Ley 1361 de 2009, «Por medio de la cual se crea la Ley
de Protección Integral a la Familia».
Magistrado
ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con
el debido respeto por las decisiones de la Sala Plena, salvo mi voto respecto
de la decisión de inhibición tomada por la mayoría, en relación con la aptitud
del cargo de inconstitucionalidad formulado contra el inciso final del
parágrafo del artículo 4A
(parcial) de la Ley 1361 de 2009. Lo anterior, en
virtud de las siguientes razones:
El
aparte censurado establece que en los casos de violencia ejercida contra la
mujer como violencia intrafamiliar, violencia sexual o cualquier otro tipo que
afecten su seguridad o la de sus hijos o hijas, la mujer no estará obligada a
participar en los planes de intervención familiar estipulados en el artículo 4A
ejusdem.
A
juicio del demandante, esta norma incurrió en una omisión legislativa relativa
que contradice lo dispuesto en los artículos 13 y 43 de la Constitución, pues
excluye de sus consecuencias jurídicas, sin justificación, a los hombres
víctimas de violencia intrafamiliar.
La
Corte decidió declararse inhibida para pronunciarse de fondo, por considerar
que la demanda no cumplió uno de los requisitos para que se configure una
omisión legislativa relativa. Al respecto, explicó que conforme a la
jurisprudencia constitucional, la norma sobre la cual se predica la omisión
debe excluir aquellos casos que, por ser asimilables, deben estar allí
contenidos. En este sentido, la mayoría de la Sala determinó que no existe
asimilación posible entre las categorías de hombre y mujer, «por lo que al
no ser posible equiparar tales categorías, no se cumplen las condiciones
decantadas por la jurisprudencia constitucional para suscitar un juicio por una
omisión legislativa relativa».
Me
aparto de esta decisión porque considero que la Sala Plena debió adelantar el
estudio de fondo del cargo formulado y declarar la exequibilidad del inciso
final del parágrafo del artículo 4A (parcial) de la Ley 1361 de 2009.
En mi opinión,
la norma contiene una acción afirmativa que materializa el deber del Estado de
otorgar un trato diferenciado a favor de las mujeres que son víctimas de
violencia. Esta disposición reconoce que históricamente las mujeres han
padecido discriminación y que por ello es necesario promover y adoptar medidas
de protección para garantizar que la igualdad sea real (artículo 13 superior).
Así, el inciso
final del parágrafo del artículo 4A
(parcial) de la Ley 1361 de 2009 toma en consideración que, por regla general,
son las mujeres quienes padecen la violencia intrafamiliar y la violencia
sexual y que en su caso, dadas las condiciones sociales en las que estas se
reproducen, las consecuencias para sus vidas son más ominosas e insuperables.
Desde esta perspectiva,
la norma da un tratamiento distinto a situaciones distintas y concede
relevancia jurídica a la situación de las mujeres que padecen estos vejámenes,
mediante el reconocimiento de su autonomía y libertad personales para decidir
si quieren o no participar en los planes de intervención familiar que prevé la
disposición acusada.
Por lo anterior,
a mi juicio, la norma tiene una finalidad correctiva y compensadora, por lo que
la falta de inclusión de la categoría hombres tiene un fundamento justificado y
razonable que persigue un fin constitucionalmente legítimo como lo es alcanzar
la igualdad sustancial.
En estos términos dejo expresadas las
razones de mi discrepancia.
Fecha ut supra
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A LA
SENTENCIA C-326/19
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, me permito expresar las razones que me llevan a apartarme
parcialmente de la posición adoptada por la mayoría.
1. En la sentencia C-326 de 2019, la Sala Plena estudió la demanda de
inconstitucionalidad formulada contra el artículo 2º y el parágrafo del
artículo 4A de la Ley 1361 de 2009[82]. Los ciudadanos
señalaron que: (i) el artículo 2° parcial[83]
vulneraba el artículo 93[84] superior, al limitar la noción de familia a las constituidas
por “un hombre y una mujer”, sin considerar aquellas
conformadas por parejas del mismo sexo; y (ii) el parágrafo del artículo
4A parcial[85] contrariaba los artículos 13 y 43
de la Constitución, toda vez que incurría en omisión legislativa relativa al
excluir de sus consecuencias jurídicas a los hombres víctimas de violencia
intrafamiliar.
2. Mi desacuerdo se contrae a la decisión de la Corte de inhibirse
respecto de la acusación en contra del parágrafo del artículo 4A parcial. Según
la sentencia, el cargo formulado por los demandantes no satisfizo las
condiciones para motivar una decisión de fondo por parte de este tribunal. En
efecto, la Sala Plena sostuvo que no se evidenciaba el cumplimiento del segundo
presupuesto de procedencia de la omisión legislativa relativa, consistente en
que la disposición de la que se predica dicho defecto excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en ella.  De acuerdo con la decisión de la mayoría, las
categorías de hombre y mujer no son equiparables o asimilables, al menos por
dos razones: (i) la Constitución y la ley prevén diversas
normas que establecen una diferencia de trato entre el hombre y la mujer, en
especial, el tratamiento de la mujer como sujeto de especial protección
constitucional; y (ii) la
jurisprudencia constitucional ha identificado en la sociedad y en las
instituciones un patrón histórico de discriminación hacia las mujeres. A partir
de dicho argumento, la Sala estimó que era innecesario
adelantar el estudio de los restantes presupuestos de la omisión legislativa
relativa.
3. Considero
que el cargo propuesto contra el artículo 4A de la Ley 1361 de 2009 por omisión
legislativa relativa era apto, pues los accionantes lograron estructurar un
reproche constitucional en ese sentido y, en consecuencia, la Corte debió
declarar su exequibilidad, en tanto la norma se ajusta a la Carta Política. A continuación,
fundamento estas conclusiones.
4. En numerosos pronunciamientos este Tribunal ha explicado que al
ejercer la acción pública de inconstitucionalidad los ciudadanos deben
satisfacer una carga de argumentación básica, lo que implica la exigencia de
estructurar la demanda bajo razones “claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes”[86]. Tratándose de omisiones
legislativas relativas[87], es decir, aquellas que se presentan “cuando [el congreso] lleva a
cabo la regulación de una determinada materia en forma imperfecta e incompleta”[88], la Corte ha indicado que el demandante debe ofrecer razones
encaminadas a demostrar, entre otras cosas, que la disposición “excluye de
sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado”.
5. Conforme a lo expuesto, la acusación en contra del parágrafo del
artículo 4A de la Ley 1361 de 2009[89] reunía los requisitos indispensables
para el estudio de fondo del cargo. En efecto, la demanda (i) indicaba que la
referida disposición trasgredía los artículos 13 y 43 de la Constitución
Política, al desconocer el derecho de los hombres a ser protegidos frente a la
violencia intrafamiliar[90]; y (ii) explicaba que la Ley 1361 de
2009 tiene como pretensión principal proteger a la familia y, sin embargo, el
artículo 4A no incluye a los hombres en el régimen previsto en la disposición.
Según los demandantes (iii) el trato discriminatorio denota toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia fundada en motivos de raza, sexo, linaje,
origen nacional o étnico, entre otros, que tenga por objeto anular o menoscabar
el reconocimiento, goce efectivo o ejercicio en condiciones de igualdad de los
derechos y libertades fundamentales. Con fundamento en ello, (iv) precisaron
que el canon cuestionado no refleja una regulación amplía e incluyente que
involucre por igual los derechos de los hombres, limitándose a regular la
situación de las mujeres, lo que daría lugar a un “tratamiento infra
exclusivo, discriminatorio y, por ende, injustificado bajo la lógica de
igualdad de derechos”[91] contenida en los mencionados
artículos 13 y 43.
6. La sentencia confunde dos planos. El relativo al cumplimiento de
los requisitos para la debida formulación de un cargo por omisión legislativa y
el correspondiente a la configuración material de dicho defecto. En este caso,
para descartar el cumplimiento de los requisitos de la demanda, la Corte
presenta un argumento que demostraría, en realidad, que no existe la omisión
alegada, dado que no pueden asimilarse los hombres a las mujeres en el contexto
de la disposición analizada. La sentencia no afirma que la demanda hubiere
guardado silencio sobre los grupos de comparación o el criterio de comparación
relevante y, en su lugar, indica que hombres y mujeres no son comparables desde
la perspectiva de los fines de la disposición. Ello no debería conducir a una decisión
inhibitoria sino, precisamente, a una de fondo que garantizara el acceso a la
administración de justicia y el derecho a defender la supremacía de la
Constitución.
7. Precisado que la demanda cumplía los requisitos para hacer posible
una decisión de mérito la Corte ha debido emprender el examen de fondo. Dicho
examen permitía concluir que el artículo 4A de la Ley 1361 de 2009 se
ajusta a la Constitución y procedía declararlo exequible. En efecto, las
mujeres han padecido históricamente una situación de desventaja, discriminación
y violencia debido a su género y a la asignación de roles y estereotipos, que
se ha extendido especialmente a ámbitos como la familia, la educación y el
trabajo. Poco a poco, como resultado de las luchas sociales libradas por lograr
la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, ha sido posible la adopción de
medidas públicas que destacan el papel que la mujer desempeña en la sociedad[92].
8. El
Estado no se ha mostrado ajeno a esta realidad y, por ello, a partir del año
1991 a las mujeres les fue reconocida una posición central en el texto
constitucional “no sólo por el hecho natural de hacer parte de los seres
humanos , no sólo por el hecho de hacer parte del pueblo colombiano, no sólo
por el hecho de ser nacionales colombianas, no sólo por el hecho de ser
ciudadanas colombianas, sino primordialmente por el hecho de pertenecer al
género femenino, las más de las veces despreciado en nuestra historia
constitucional”[93].
El artículo 43 prevé  que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades”, y que “no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación”; precepto que debe ser leído de manera sistemática con el
artículo 13 ejusdem que consagra que todas las personas “gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo (…)”, por lo que se promoverán  “las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptarán las medidas en favor de grupos
discriminados o marginados”.
9. A
pesar del notable incremento de la incidencia de las mujeres en la definición e
implementación de transformaciones sociales y políticas de gran magnitud, la
desigualdad de género sigue siendo un asunto no superado que se evidencia,
entre otras cosas, en las numerosas expresiones y altos índices de violencia
que persisten en contra de la mujer[94].
10. De
acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), en el año 2011 en nuestro país prevalecía un alto nivel de agresiones
de género, especialmente con carácter sexual y doméstico[95]. Por su
parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2015, mostró que la
violencia física recae en mayor proporción sobre las mujeres; el 31.9% de ellas
reportó haber sido víctima de violencia física por parte de su expareja, frente
al 22.4% de los hombres[96].
El informe Forensis 2018, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, refirió que frente a cada hombre que denuncia ser víctima de
violencia doméstica, 6 mujeres lo hacen[97];
además, advirtió que el lugar más común donde se puede presentar la agresión es
la vivienda. A la par, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su informe país del año 2017 expresó su preocupación
por la persistente desigualdad entre hombres y mujeres en Colombia, por lo cual
recomendó intensificar los esfuerzos para superar dicha situación.
11. La
Constitución impone a las autoridades públicas el deber de adoptar medidas
afirmativas que permitan aminorar el efecto de las prácticas sociales que han
ubicado a las mujeres en posiciones desfavorables, garantizando su igualdad
frente a los hombres desde un punto de vista material, no meramente formal[98].
El Estado debe establecer las medidas administrativas, judiciales o
legislativas necesarias para superar cualquier forma
de discriminación de género, a través de mecanismos de sensibilización,
prevención y sanción de todo tipo conductas vulneratorias ejercidas en contra
de las mujeres, especialmente, en casos de violencia. En esa dirección la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer “Convención de Belem do Para”, adoptada a través de la Ley 248 de 1995, en su artículo 7° determinó
que los Estados deben:
“a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra
la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer;
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y;
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida
de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su
propiedad;
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de
tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia
o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f) Establecer procedimientos legales y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo
a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces, y
h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que
sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”. (Énfasis añadido).
12. En
concordancia con lo expuesto, la disposición demandada excluye de la obligación
de participar en los planes de intervención familiar a la mujer que hubiera
sido afectada en un contexto de violencia intrafamiliar. La lectura integral
del artículo del que hace parte el enunciado demandado permite concluir que
introduce un enfoque de género al reconocer el derecho de las mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar o sexual, a no enfrentar a sus agresores en el marco
del plan de intervención familiar. Así entonces, la exclusión del hombre del
ámbito de protección de la norma demandada no configura una omisión legislativa
relativa, sino que, por el contrario, (i) toma nota de las relevantes y
significativas diferencias que se presentan entre hombre y mujer en los
supuestos a los que se refiere la disposición demandada y (ii) materializa una
acción afirmativa, desarrollando los mandatos superiores que ordenan la
superación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Es también,
dicho de otra forma y utilizando una expresión de la jurisprudencia
constitucional, una manifestación de la cláusula constitucional de erradicación
de las injusticias presentes.
13. De
esta forma, la disposición atacada persigue un fin constitucionalmente
imperioso, en tanto otorga una salvaguarda especial y reforzada a la mujer
víctima de violencia y previene que esta se vea sometida a espacios de
revictimización en los que se vulnere su autonomía. La interpretación de los
demandantes constituye una aproximación parcial a la igualdad, anclada en una
visión acentuadamente formal y dejando de lado que la mujer es un sujeto de
especial protección constitucional y, en esa medida, requiere de atención
fija y reforzada por parte las autoridades estatales. Es claro que, a menos que
exista una justificación suficiente, un precepto jurídico no puede efectuar
regulaciones diferentes ante supuestos iguales; sin embargo, en este caso existen
razones suficientes para establecer un trato diferenciado y, en consecuencia,
no existe discriminación.
14. Por
tal motivo, la norma acusada encuentra respaldo en el texto superior y en los
instrumentos internacionales que ordenan una amplia protección a la mujer, de
manera que se debió declarar ajustada a la Constitución.
Bajo las razones expuestas, dejo sentado mi salvamento de voto a
la sentencia C-326 de 2019.
Fecha ut supra,
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Folio 15. Cuaderno
1.
[2] Folio 16. Cuaderno
1.
[3] Ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Ibídem.
[6] Folio 26. Cuaderno
1.
[7] Sentencia C-577 de
2011.
[8] En el caso X, Y Z,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguiendo el concepto amplio de
familia, reconoció que un transexual, su pareja mujer un niño pueden configurar
familia.
[9] Declaración
Americana de los Derechos del Hombre, Protocolo de San Salvador, Declaración
Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
[10] Opinión Consultiva
del 24 de noviembre de 2017.
[11]Sentencia T-878 de
2014
[12] Declaración
Universal de los Derechos Humanos , art 16 ordinal 3; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos , artículos 11,17 y 19; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículos 7, 10 y 11.
[13] Folio 380.
[14] Artículo 2° de la
ley 1361 de 2009.
[15] Decreto 2067 de
1991  art. 2° ” Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad
se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: (i)El señalamiento de
las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por
cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mimas;(ii)El
señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas;
(iii)Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;(iv)Cuando
fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para
expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v)La razón
por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.
[16] Folios 190 y 191
[17] Folio 322.
[18] Folio 325.
[19] Folios 328-336.
[20] Folio 330.
[21] Folio 331.
[22] Folio 332.
[23] Folio 334.
[24] Folio 207.
[25] Folios 136 al 148.
[26] Folio 136.
[27] Folio 138.
[28] Ibídem.
[29] Folio 142.
[30] Folio 143.
[31] Ibídem. Citando la
OEA. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 de noviembre de 2017.
[32] Folios 124 al 135.
[33] Folios 128, 129.
[34] Folio 135.
[35] Ibídem.
[36] En la
argumentación, el ciudadano se fundamenta en lo explicado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-577 de 2011.
[37] Folio 318.
[38] Folio 319.
[39] Ibídem.
[40] Folio 121.
[41] Ibídem.
[42]Ibídem.
[43] Ibídem.
[44] Folio 122.
[45] Julio Gutiérrez,
Jaime Hernández, Fredy Jara Gutiérrez, Patricia Meichtry, José Ignacio Arregui
Pagola, Pepi Steve Valle, Carlos Ortiz, Omar López, Juan Sánchez Ruiz, Diana
Pereira, Jonathan Magi, María Piedad Fonseca Madrigal, Paula Andrea Mosquera
Guacaneme, Camilo Andrés Contreras Caicedo, José Hector Alvarez, Cindy Paola
Franco Morales, Abril Bayona, Soraida Jaramillo, Martha Cecilia Castaño, Esther
Baccifava, Nora Betty Arboleda Villegas, Javier Iglesias, Ruth Pérez Ball, Aura
Libia Coral Rosero, Angélica Flores, Ismael Mejía, Catalina Garzón, Olga Amada
Pinto Guerrero, Judith Montalvo, Manolo Estelles, Angélica Guevara, Esthela
Arreo, Angél María Ortiz Pinto, Miguel Motta, Diego Doncel, Héctor Hoyos Pérez,
Mariana Osorio, Fidel Trvilla, Eva Rodríguez, Alejandra Godiez Quiroz, Marina
Gonzáles, Pauline Nadeau, Andrés Escobar Quintero, Ruperto Cisneros, Paquita
Acosta Grijalba, Gustavo Hurtado, Luis Herrera, Aydde Álzate, Adolfo Ramírez,
José Kumul, José San Juan, Karla Ortiz, Dalia Suarez, Cesar Castillo, Esther
Serrano, Gustavo Ruiz Muñoz, Carles María Batle Prats, Leidy Ramiréz, Sofía
Ayora, Bárbara Bravo, Miguel Ángel Pulido Cuervo, Alejandro García Gamboa,
Misael Calderón Ortega, Luz Elena Londoño, Mariella Valderrama, Marisol
Gonzáles, Victoria Eugenia Lemos Giraldo, Oscar Avendaño, Nidia García, Marisol
Solís, Ricardo León, Mauricio Salazar Valencia, Bárbara Gordillo Bravo, Karina
Almeida, Mónica Ramírez, Cecilia Noemí Pacheco, Víctor Hugo Serrano Alvarado,
David Aké Canul, Alma Delia Domezain Cime, Sonia Aranda, María Cristina
González Robledo, Iliana Andrea Díaz Martínez, Mónica Grado, Noemí Yolanda
Gonzáles Peña, Altia Legters, Jorge Moreno, Héctor Carrillo, Marisol Goff, José
Luaces Jiménez, Carlos Antonio Granja, Dora Zapata, Beatriz Novelo, María
Cristina Ploqueme Solis, Andrés García Gamboa, José Luis Vales Lara, María
Ofelia Rosado Hagar, Carlos Pavón, Mónica Fernández, Isabel Castellot
Mondragón, Geny Cáceres, María Cristina Ciro Salazar, Marisol Gonzáles, Mariana
Echevarría, Guadalupe Lombera Acosta y María Candelaria de Colle.
[46] Folio 218.
[47] Ibidem.
[48] Folio 219.
[49] Folio 161.
[50] Folio 162.
[51] Folio 162.
[52] Folio 163.
[53] Folio 105.
[54] Folio 107.
[55] Folio 199.
[56] Folio 200.
[57] Folio 202.
[58] Folio 352.
[59] Ibídem.
[60] Folio 353.
[61] Folio 354.
[62] Cámara de
Representantes, Conferencia Episcopal de Colombia, Asociación de Juristas
Católicos, Human Solidarity, Red Familias Colombia, Defensoría del Pueblo, ICBF
y el Procurador General de la Nación.
[63] Artículo 42. La
familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
[64] Sentencias T-298 de 2994, T-199
de 1996 y, T-586 de 1999.
[65] Sentencias T-292 de 2004, T-900
de 2006, C-577 de 2011, T-942 de 2014, C- 456 de 2016 y, SU-214 de 2016.
[66] En
virtud de la sentencia C-1287 de 2001, esta Corporación se pronunció en torno a
demandas de inconstitucionalidad formuladas contra normas que reproducen
textualmente la Constitución, las cuales no pueden ser declaradas
inconstitucionales, pues ello significaría declarar, de contera, la
inexequibilidad de la disposición constitucional reproducida, cuestión que esta
fuera de la órbita de competencia de este Tribunal. Sin embargo, en la misma
providencia judicial la Corte señaló que sí está facultada, en virtud de su
función de guardiana de la Carta Política, interpretar las normas que han sido
objeto de acusación, a fin de fijar el sentido en que mejor desarrollan los
postulados superiores en el momento de su aplicación. En dicha
oportunidad, la Corte se pronunció en los siguientes términos: “Las
normas demandadas reproducen textualmente la Constitución, y en tal virtud no
pueden ser declaradas inconstitucionales. Su validez sustantiva o validez en estricto sentido, entendida como el hecho de
que una norma de inferior jerarquía no contradiga las disposiciones superiores,
en principio está fuera de discusión. No puede haber contradicción entre dos
normas, cuando una es idéntica a la otra. La identidad excluye lógicamente la
contraposición. De otro lado, la declaratoria de inconstitucionalidad de
los artículos acusados significaría declarar, de contera, la inexequibilidad
del propio artículo 33 de la Constitución, cosa que no cae bajo la competencia
de esta Corporación. Sin embargo, la
Corte sí puede, en virtud de su función de guardiana de la Carta, interpretar
sus normas; y también puede estudiar aquellas que han sido objeto de acusación,
a fin de fijar el sentido en que mejor desarrollan los postulados superiores en
el momento de su aplicación. Y al hacerlo, entiende que todas las disposiciones
superiores deben ser tenidas en cuenta en su integridad, eludiendo la
hermenéutica descontextualizada de normas aisladamente consideradas. Debe, por
lo tanto, hacer una lectura de la preceptiva superior que integre todas las
disposiciones, a fin de obtener un entendimiento sistemático y coherente del
estatuto fundamental.”
[67] Cfr. Sentencia
C-1287 de 2001.
[68] Sentencia C-489 de
2012 y sentencia C-005 de 2017.
[69] Sentencia C-767 de
2014
[70]
“Estos criterios han sido desarrollados, entre otros, en las sentencias C-427
de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1549 de 2000 (MP. Martha Victoria
Sáchica Méndez), C-1255 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), C-041 de 2002 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra), C-185 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-285 de
2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), C-371 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño),
C-865 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-100 de 2011 (MP. María Victoria Calle
Correa, SV. Humberto Sierra Porto, SV. Mauricio González Cuervo).” Cita tomada
de la sentencia C-833 de 2013.
[71] “Así, entre
otras, en las sentencias C-371 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño), C-800 de
2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra, SV. Álvaro Tafur Galvis, SV. Rodrigo Escobar
Gil), C-100 de 2011 (MP. María Victoria Calle Correa, SV. Humberto Sierra
Porto, SV. Mauricio González Cuervo).” Cita tomada de la sentencia C-833 de
2013.
[72] Sentencia C-355 de 2006.
[73] Cámara de
Representantes, Conferencia Episcopal de Colombia, Asociación de Juristas
Católicos, Human Solidarity, Red Familias Colombia, Defensoría del Pueblo, ICBF
y el Procurador General de la Nación.
[74] Ver al respecto Sentencia C-371 de 2000. M. P. Carlos Gaviria
Díaz.
[75] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[76] La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de una
norma que tipificaba como falta disciplinaria del personal docente el
“homosexualismo”: Corte Constitucional, sentencia C-481/98.
[77] “Las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una vez
alcanzada la "igualdad real y efectiva" pierden su razón de ser”:
Corte Constitucional, sentencia C-371/00.
[78] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[79]Sentencia C-371 de 2000. M. P. Carlos Gaviria Díaz que a su vez
señala: “Ver, Alfonso Ruiz Miguel, Op. Cit”. esta referencia se reiteró
en la Sentencia C-044 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[80] Sentencia C-291 de 2015 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. 21. “Aunque existen diversas formulaciones de
los requisitos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad por omisión
legislativa relativa, la Sentencia C-833 de 2013 hace una lista detallada de la
siguiente forma:
“(i) Que exista una norma sobre
la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tendrían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador. Además de los anteriores criterios, en algunos
pronunciamientos la Corte ha precisado que también es menester tener en cuenta:
(vi) si la supuesta omisión emerge a primera vista de la norma propuesta, o
(vii) si se está más bien, ante normas completas, coherentes y suficientes, que
regulan situaciones distintas”.
[81] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[82] “Por medio de la cual se crea la ley de protección integral a
la familia”.
[83] Conforme al cual “[e]s el núcleo fundamental de la
sociedad” y “[s]e constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla”.
[84] En consonancia con los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el artículo 5° de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
[85] Conforme al cual “[e]n los casos de violencia ejercida contra
la mujer como violencia intrafamiliar, violencia sexual o cualquier otro tipo
que afecten su seguridad o la de sus hijos y/o hijas, la mujer no estará
obligada a participar en planes de intervención familiar estipulados en el
presente artículo”.
[86] Sentencia C-1052 de 2001.
[87] Esta Corporación ha identificado dos tipos de omisiones
legislativas; las absolutas, es decir, cuando existe una ausencia total
de legislación, caso en el que la Corte carece de objeto sobre el cual realizar
el análisis constitucional; y las relativas, o aquellas que tienen lugar
cuando el legislador regula una determinada materia de forma incompleta o
defectuosa. Cfr. sentencias C-185 de 2002 y C-083 de 2018, entre otras.
[88] Sentencias C-083 de 2018 y C-185 de 2002, entre otras.
[89] “En los casos de violencia ejercida contra la mujer como
violencia intrafamiliar, violencia sexual o cualquier otro tipo que afecten su
seguridad o la de sus hijos y/o hijas, la mujer no estará obligada a participar
en planes de intervención familiar estipulados en el presente artículo”.
[90] Numerales 1, 2 y 3 del artículo 2 del Dto. Ley 2067: “1. El
señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción
literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las
mismas; // 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren
infringidas; // 3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados
(…)”.
[91] Demanda de inconstitucionalidad, pág.
24.
[92] Sentencias T-874 de 2014 y T-311 de 2018.
[93] Sentencia C-667 de 2006.
[94] Sentencias T-145 de 2017 y T-311 de 2018. En particular, la Corte
ha indicado que “la violencia contra la mujer suele estar vinculada con
causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y
políticas, las cuales operan en conjunto o aisladamente en desmedro de la
dignidad y el respeto que se debe a quien es considerada como una persona
vulnerable y, en esa medida, sujeto de especial protección tanto en el derecho
internacional, como en el ordenamiento jurídico interno de los Estados” Así mismo, ha precisado que la agresión puede provenir de ámbitos
laborales, afectivos, familiares, y tener consecuencias para su integridad
física, moral o psicológica, por lo que en virtud del deber de protección
reforzada, le corresponde al Estado evitar y erradicar toda forma de violencia
contra la mujer.
[95] Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Informe alternativo presentado en el año 2013: “Una mirada a los
derechos de las mujeres en Colombia”, disponible en el siguiente link: https://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/cedaw2013.pdf
[96] Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Tomo II. Disponible
en el siguiente enlace: https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf. Pág. 398.
[97] Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Informe “Forensis 2018: datos para la vida”. Disponible en
el siguiente enlace: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60. Pág. 201.
[98] Ib. Recuérdese que la Corte ha enfatizado que el derecho a la
igualdad debe valorarse de cara a la “identidad entre los iguales y de
diferencia entre los desiguales”, lo que implica justificar ciertas diferenciaciones
cuyo fin es lograr la igualdad real.