C-657-96
Sentencia C-657/96
Sentencia
C-657/96
PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES-Regulación
legislativa
Por regla
general, la regulación  de las diversos procedimientos  judiciales  en la
medida que no hayan sido efectuada directamente por el constituyente,
corresponde al legislador y, para tal efecto, se le reconoce cierto margen de
acción que se inscribe  dentro de la denominada  libertad de configuración.
DEBIDO PROCESO EN
RECUSACION-Omisión
declaración de impedimento
Asiste razón
cuando se afirma que la imposición "de plano" quebranta el debido
proceso ya que la actuación anterior, regulada en el Código de Procedimiento
Penal, se orienta, primordialmente, a establecer si se configura la causal
alegada y no a deducir la responsabilidad del funcionario que, siendo cosa
totalmente diferente, debe dar lugar a un procedimiento en el que se le otorgue
y garantice  a quien, de acuerdo con lo alegado, se considere que ha debido
declararse impedido, por lo menos  la oportunidad de ser oído sobre ese
específico aspecto, lo cual no significa que se vuelva a  abrir el debate
acerca de la causal de impedimento, pues es claro que esa cuestión queda
definida al término del incidente promovido. Se trata es de garantizarle  al
funcionario la oportunidad procesal de exponer sus razones, ya que una actitud
contraria, como la que se deriva del aparte acusado, atenta contra  el debido
proceso, particularmente contra la presunción de inocencia y desconoce, además,
el principio constitucional de buena fe.
PRINCIPIO DE
DOBLE INSTANCIA-Excepciones
legales
La Constitución
Política faculta a la ley para establecer excepciones al principio general de
las dos instancias y no se trata, en el presente evento, de sentencias
condenatorias.
LEALTAD PROCESAL
EN RECUSACION
Quienes
intervienen en los procesos judiciales asumen, por ese hecho, cargas que
resultan indispensables al propósito de reclamar las prerrogativas y los
derechos que les atañen. Una de esas cargas es, justamente, la de obrar con la
debida lealtad prestando la colaboración necesaria para el desenvolvimiento
cabal y diligente de las diversas etapas, actuaciones y diligencias procesales.
Las maniobras encaminadas a obtener la paralización o el entorpecimiento del
proceso no son de recibo y atentan, además, contra los principios de  celeridad
y eficacia que deben orientar el cumplimiento de las tareas encomendadas a la administración
de justicia.  Al procesado y a su defensor, les asiste el derecho de proponer
la recusación y tal conducta debe estar enmarcada dentro de las finalidades
que  son inherentes a esa figura, y en ningún caso resulta
"proporcionado" recurrir a ella desvirtuando sus objetivos y con la
velada  intención de prolongar, en forma innecesaria, el proceso.
RECUSACION
INFUNDADA-Alcance de la
prescripción
La interrupción
de la prescripción frente  a la recusación infundada propuesta por el sindicado
o  por su defensor busca corregir la conducta reprochable  de quienes  formulan
la recusación guiados únicamente por el afán de dilatar los procesos.  El
segmento acusado entonces, contiene una pauta de coexistencia entre los
derechos de una de las partes, cuyo ejercicio serio y razonable no se
cuestiona, y los intereses del resto de los intervinientes y de la sociedad que
sufrirían notoria mengua  si se permitiera el ejercicio desmedido de la
recusación.  La parte acusada, sirve a la  finalidad de mantener el equilibrio
en las relaciones entre las partes y los demás intervinientes en el proceso
penal y los intereses sociales en juego.
DEFENSA TECNICA-Peticiones contradictorias con defensor
Ante las
contradicciones que pudieren presentarse, el concepto de defensa técnica, tan
caro a los postulados constitucionales, quedaría  desvirtuado si la actuación
del profesional del derecho quedara supeditada  al criterio de cualquiera otra
persona, incluído el sindicado que, por carecer de una adecuada versación en
materias jurídicas  no esté en condiciones de procurar el correcto ejercicio de
las prerrogativas  consagradas en el artículo 29 superior y en diversas normas
del estatuto procesal penal.  La defensa técnica adquiere toda su dimensión
cuando en aras de la vigencia de esas prerrogativas y garantías se le otorga el
predominio a los criterios del abogado, sustentados en el conocimiento de las
reglas y labores anejas al ejercicio de su profesión.
PROCESADO-Designación de un defensor/DEFENSOR DEL
PROCESADO-Suplencia
Cada procesado no
puede tener sino un defensor, lo cual no obsta  para que el defensor y el
apoderado de la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados
ante el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados
para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal. La
designación  de los suplentes se hace bajo la responsabilidad del defensor o
apoderado principal quien, así, es aval de la idoneidad y preparación
profesional del suplente habida cuenta de que la Carta Política "no
admite  excepciones al principio de la asistencia técnica del abogado para el
sindicado", y si bien es cierto, por esta razón, debe tenerse especial cuidado
en la aplicación de esta figura, ello no significa que sea inconstitucional,
porque, de otra parte, contribuye a sortear las dificultades en que pueda
encontrarse el defensor o  apoderado principal, propendiendo así el
cumplimiento y la observancia cabal del derecho de defensa, a lo cual no se
podría  proceder con la prontitud que determinadas circunstancias exigen, si la
designación de suplentes  estuviera rodeada de exigencias excesivas.
JUICIO DE
CONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza
El juicio de
constitucionalidad comporta la comparación de las normas demandadas con la
preceptiva superior, y no se funda en la confrontación de los postulados
constitucionales  con  prácticas  nocivas que la aplicación errada de una
disposición sea capaz de generar y tampoco en la pura sospecha de que el
objetivo de una norma  vaya  a ser desvirtuado en la fase de su aplicación.
TERCERO
INCIDENTAL-Naturaleza
El tercero
incidental es la persona que, sin estar obligada a responder patrimonialmente
por el delito, tiene un derecho económico afectado dentro de la actuación
procesal, como sería el caso, verbi gratia,  de los dueños de bienes que sean
indebidamente embargados  o secuestrados, quienes pueden intervenir mediante un
incidente especial que "podrá  promoverse en cualquier estado de la
actuación". La norma se limita a establecer la oportunidad en que, para
hacer valer sus específicas pretensiones, el tercero incidental promueve el
incidente respectivo, lo que puede hacer en cualquier momento dentro del
trámite procesal.
PRINCIPIO UNIDAD
DE MATERIA LEGISLATIVA-Observación
términos judiciales
El propósito que
subyace en  la norma  constitucional  que se acaba de citar no es otro que el
de la racionalización  y tecnificación  de todo el proceso legislativo, a
partir de una  adecuada delimitación  del tema de los proyectos de ley que
permita integrar, de manera coherente, el conjunto de disposiciones que lo
desarrollan, de modo que cada una de las normas, lejos de aparecer extraña a
ese tema general, guarde relación y conexidad con él. Esta exigencia, sin
embargo, no debe ser llevada a extremos tales que impliquen la anulación del
principio democrático. Para la Corte, una norma que recaba la observancia
estricta de los términos judiciales no es extraña a un código de procedimiento
que, entre otros asuntos, trata de la actuación judicial y de la manera como
ésta se debe orientar a lograr las finalidades del proceso. Su inclusión dentro
del Código  de Procedimiento Penal no afecta el principio de la unidad temática
sino que, por el contrario, contribuye a realizarlo, más aún si se tiene en
cuenta que el adelantantamiento  oportuno de las diversas actuaciones y etapas
procesales  es  un derecho de los intervinientes en el proceso penal y que,
tratándose de asuntos penales, la sociedad tiene  interés en que la
administración de justicia sea pronta, cumplida y eficaz. La realización de los
derechos y la búsqueda de una administración de justicia semejante no son
objetivos ajenos a un código de procedimiento y demuestran que disposiciones
mantienen una relación directa y estrecha con el objeto  de regulación de los
estatutos de procedimiento.
RECURSO DE
CASACION PENAL-Vulneración
de garantías fundamentales
Las causales de
casación fijadas en el Código de Procedimiento Penal son las únicas admisibles
y, por ello, el recurrente en casación debe indicar cuál es la causal que se
aduce y de qué manera está configurada en el contenido de la sentencia atacada.
Se abre la posibilidad de que la Corte proceda a casar la sentencia que, en forma
manifiesta, atente contra las garantías fundamentales. Lo que hace es propender
por  la vigencia de las garantías fundamentales, en lo cual la Corte no observa
el desconocimiento de la Constitución sino la posibilidad de la realización
concreta de sus postulados. La expresión "podrá" no hace referencia a
una especie de discrecionalidad absoluta de la Corte Suprema de Justicia por
cuya virtud, ante la violación de las garantías fundamentales por la sentencia
que examina en casación, estaría facultada por la norma para decidir a su
arbitrio si casa o no casa la sentencia. El correcto entendimiento de la norma
enseña que mediante la expresión "podrá", lo que el legislador
pretendió fue introducir una autorización para que la Corte case la sentencia
en la que se perciba ostensiblemente el vicio anotado, a lo cual procederá de
oficio, pues de lo contrario, se expondría ella misma a quebrantar esas
garantías.
DECLARACION DE
PERSONA AUSENTE-Naturaleza
La declaración de
persona ausente está, necesariamente, antecedida por el adelantamiento de las
diligencias y la utilización de los recursos y medios con el fin de comunicarle
al absuelto la existencia de la acción de revisión. En primer lugar, entonces,
es preciso intentar la notificación personal y en caso de no ser posible la
presencia del absuelto, luego del surtimiento de los trámites encaminados a
obtenerla, procede la declaración de persona ausente que, en esas condiciones
es una garantía que opera en favor del absuelto a quien se le designará
defensor de oficio que lo represente y vele por el respeto de sus derechos
mediante el ejercicio de las pertinentes facultades. La declaración de ausencia
permite armonizar los derechos del absuelto  y el cumplimiento de la función
confiada a la administración de justicia, que se vería entrabada si hubiera que
esperar, indefinidamente, a que el absuelto se entere o decida comparecer.
ALLANAMIENTO POR
FLAGRANCIA
La flagrancia
corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata
de las autoridades, cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa
de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las
circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente, ya que de
tenerse su presencia por obligatoria el aviso que debería cursársele impediría
actuar con la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia
requieren, permitiendo, de ese modo, la reprochable culminación de una conducta
delictiva que pudo haber sido suspendida merced a la penetración oportuna de la
autoridad al lugar en donde se desarrollaba, o la evasión del responsable,
situaciones éstas que se revelan contrarias a la Constitución Política que
autoriza a las autoridades policiales y sólo a ellas, para allanar un domicilio
sin orden judicial.
INVIOLABILIDAD DE
COMUNICACION PRIVADA-Necesidad
de orden judicial/INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-Prohibición
En todos los
casos que la ley establezca se requiere orden judicial para interceptar o
registrar las comunicaciones lo que "implica una clara y terminante
exclusión constitucional de la autoridad administrativa". Tanto es cierto
lo anterior en el caso que nos ocupa que ni siquiera en la Ley Estatutaria de
los estados de excepción, que se refiere a las facultades del gobierno durante
el estado de conmoción interior, se prescinde de la orden de autoridad judicial
competente.
Referencia:
Expediente D-1296
Acción pública de
inconstitucionalidad contra los artículos 114 (parcial) 115 (parcial), 117, 111
(parcial), 124 (parcial), 125 (parcial), 131 (parcial), 137 (parcial), 144
(parcial), 150 (parcial), 151, 158 (parcial), 177, 217 (parcial), 227
(parcial), 228 (parcial), 232 (parcial), 238 (parcial), 226 (parcial), 245
(parcial), 343 (parcial), 344 (parcial), 345, 351 (parcial), 352 (parcial),
355, 431 (parcial), 442 (parcial), 453 (parcial), 469 (parcial), 482 (parcial)
del Código de Procedimiento Penal.
Actor: Jaime Enrique
Lozano
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Santafé de Bogotá,
D.C., noviembre veintiocho (28) de mil novecientos noventa y seis (1996)
I. ANTECEDENTES
El ciudadano JAIME
ENRIQUE LOZANO, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Nacional, presentó
ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia contra los artículos
114 (parcial) 115 (parcial), 117, 111 (parcial), 124 (parcial), 125 (parcial),
131 (parcial), 137 (parcial), 144 (parcial), 150 (parcial), 151, 158 (parcial),
177, 217 (parcial), 227 (parcial), 228 (parcial), 232 (parcial), 238 (parcial),
226 (parcial), 245 (parcial), 343 (parcial), 344 (parcial), 345, 351 (parcial),
352 (parcial), 355, 431 (parcial), 442 (parcial), 453 (parcial), 469 (parcial),
482 (parcial) del Decreto 2700 de 1991 y Ley 81 de 1993.
Mediante auto de
fecha tres de mayo (3) de mil novecientos noventa y seis, el magistrado ponente
resolvió admitir la demanda de inconstitucionalidad únicamente en cuanto a los
artículos 111 parcial, 114 parcial, 115 parcial, 125 parcial modificado por el
artículo 19 de la ley 181 de 1993, 131 parcial modificado por el artículo 20 de
la ley 81 de 1993, 137 parcial, 144 parcial modificado por el artículo 23 de la
ley 81 de 1993, 151, 177, 217 parcial modificado por el artículo 34 de la ley
81 de 1993, 227 parcial, 228 parcial, 232 parcial, 238 parcial, 226 parcial,
245 parcial, 343 parcial, 344 parcial, 345, 351 parcial, 442 parcial, 453
parcial, 469 parcial y 482 parcial del Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991,
"por el cual se expiden las normas de procedimiento penal", y rechazo
la parte de la demanda que se dirigió contra los artículos 124, 150, 158, 352,
355, y 431 del Decreto Ley 2700 de 1993, en atención al hecho de que ya mediante
las sentencias C-150 de 1993, C-053 de 1993, C-010 de 1994, C-049 de 1996,
C-069 de 1996, esta Corporación se había pronunciado, con lo cual existía cosa
juzgada constitucional.
No obstante lo
anterior, mediante escrito de fecha ocho de mayo de 1996, el ciudadano de la
referencia, interpuso recurso de suplica contra el auto admisorio, el cual fue
confirmado por la Sala Plena de la Corporación mediante decisión de fecha 30 de
mayo de 1996.
De igual modo se
ordeno hacer las comunicaciones de rigor constitucional y legal, se fijó en
lista el negocio y simultáneamente se dió traslado al Despacho del Señor
Procurador General de la Nación, quien dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, rindió el concepto de su competencia.  También se ordenó hacer
las comunicaciones de rigor constitucional y legal al señor Presidente de la
República, al señor Ministro de Justicia y del Derecho y al señor Fiscal
General de la Nación.
Cumplidos como se
encuentran todos y cada uno de los trámites que corresponde para esta clase de
actuaciones esta Corporación, procede a adoptar su decisión.
II. EL TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
El texto de las
disposiciones acusadas en la demanda es del siguiente tenor:
DECRETO 2700 DE 1991
(Noviembre 30)
LEY 81 DE 1993
(Noviembre 2)
"Por medio de los cuales se expiden y
se reforman las normas de procedimiento penal"
"....
"Artículo
111. Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se presente la recusación, o se
manifieste el impedimento, hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá
el proceso.
La definición de la
situación jurídica o la libertad del imputado será resuelta por el funcionario
que tenga la actuación en el momento en que se formule la solicitud.
Cuando la
recusación propuesta por el sindicado o su defensor se declare infundada, no
correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la
decisión correspondiente.
Artículo 114.
Sanción al funcionario o empleado que omita declararse impedido. Cuando prospere la causal de recusación, se
impondrá al funcionario o empleado que no se declaró impedido, una multa hasta
el equivalente a diez meses de salarios mínimos.
La sanción será
impuesta de plano por su respectivo superior jerárquico, sin perjuicio
de las sanciones penales. La sanción prevista en el inciso anterior también se
aplicará cuando se demuestre que el impedimento es temerario.
Si se trata de
magistrado, la sanción será impuesta por los demás miembros de la Sala.
Artículo 115.
Ejecución de sanciones. Las
sanciones a que se refieren los artículos anteriores, se impondrán por
providencia interlocutoria, contra la cual sólo procede el recurso de
reposición y se harán efectivas una vez esté ejecutoriado.
Artículo 117.
Improcedencia de la impugnación. Las decisiones que se profieran en el trámite de un
impedimento o recusación no tendrán recurso alguno.
Artículo 124.
Fiscales delegados ante el Tribunal Nacional. Corresponde a los fiscales delegados ante el Tribunal
Nacional: 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. cuando lo
considere necesario, investigar, calificar y acusar directamente desplazando a
los fiscales delegados ante los jueces regionales.
Artículo 125. Modificado Ley 81/93 art. 19. Fiscales
delegados ante los tribunales superiores de distrito. Corresponde a los
fiscales delegados ante el Tribunal Superior: 1. (...). 2. (...). 3. Cuando
lo considere necesario, investigar, calificar y acusar directamente desplazando
a los fiscales delegados ante los jueces del respectivo distrito, mediante
resolución motivada contra la cual no procede recurso alguno. 4.
(...). 5. (...).
Artículo 131. Modificado Ley 81/93 art. 20. Ministerio
Público. En defensa de los intereses de la sociedad el Ministerio
Público en el proceso penal será ejercido por el Procurador General de la
Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes. En la investigación
previa y en la instrucción podrá intervenir en todas las etapas de la
actuación, con plenas facultades de sujeto procesal. En el juzgamiento
intervendrá cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público o en los derechos y garantías fundamentales. (...).
Artículo 137.
Facultades del sindicado. Para
los fines de su defensa, el sindicado tiene los mismos derechos de su defensor,
excepto la sustentación del recurso de casación.  Cuando existan peticiones
contradictorias entre el sindicado y su defensor, prevalecerán estas últimas.
Artículo 144. Modificado Ley 81/93. Apoderados
suplentes. El defensor y el apoderado de la parte civil podrán designar
suplentes bajo su responsabilidad, quienes intervendrán en la actuación
procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que
contenga su designación.
El nombramiento de
suplente se entiende revocado cuando se designa a otra persona para estos
fines. Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera
simultánea.
Los apoderados
principales y suplentes podrán designar como auxiliares a estudiantes de derecho,
para conocer y enterarse de la actuación procesal. Estos auxiliares actuarán
bajo la responsabilidad de quien los designó y tendrán acceso al expediente,
entendiéndose  comprometidos a guardar la reserva correspondiente si es el caso.
Artículo 150. Definición.
Tercero incidental es toda
persona, natural o jurídica que sin estar obligada a responder penalmente por
razón del hecho punible, tenga un derecho económico afectado dentro de la
actuación procesal.
El tercero
incidental podrá personalmente o por intermedio de abogado, ejercer las
pretensiones que le correspondan dentro de la actuación.
Artículo 151. Oportunidad.
Los incidentes
procesales podrán promoverse en cualquier estado de la actuación.
Artículo 158.
Protección de la identidad de funcionarios. En los delitos de competencia de los jueces
regionales, los servidores públicos distintos del fiscal que intervengan en la
actuación pueden ocultar su identidad conforme lo establezca el reglamento,
cuando existan graves peligros contra su integridad personal.
Las providencias que
dicte el Tribunal Nacional, los jueces regionales o los fiscales delegados ante
éstos, deberán ser suscritas por ellos.  No obstante, se agregarán al
expediente en copia autenticada en la que no aparecerán sus firmas. El original
se guardará con las seguridades del caso.
Mecanismo análogo
se utilizara para mantener la reserva de los funcionarios de policía judicial
cuando actúen en procesos de competencia de los jueces regionales.
La determinación
acerca de la reserva de un fiscal será discrecional del Fiscal General de la
Nación.
Artículo 177.
Sanción por incumplimiento de términos. Los funcionarios que sin justa causa dejaren vencer
los términos, incurrirán en causal de mala conducta.
Artículo 217. Modificado Ley 81/93 art. 34. Competencia
del superior. La consulta permite al superior decidir sin limitación sobre
la providencia o la parte pertinente de ella; la apelación le permite revisar
únicamente los aspectos impugnados. Cuando se trate de sentencia condenatoria no
se podrá en caso alguno agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal o el
agente del Ministerio Público o la parte civil cuando tuviere interés para
ello, la hubieren recurrido.
Artículo 227.
Principio de no agravación. Cuando
se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo
que el fiscal, el Ministerio Público o la parte civil, cuando tuvieren interés,
la hubieren recurrido.
Artículo 228.
Limitación del recurso. En
principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a
las que han sido expresamente alegadas por el recurrente. Pero tratándose de la
causal prevista en el numeral 3o. del artículo 220, la Corte deberá declararla
de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que
la misma atenta contra las garantías fundamentales.
Artículo 232.
Procedencia. La acción de
revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. cuando mediante
pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio
jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.
Lo dispuesto en los
numerales 4o. y 5o se aplicará también en los casos de cesación de
procedimiento y preclusión de investigación.
Artículo 238.
Traslado. Vencido el
término probatorio, se dará traslado común de quince días a las partes para que
aleguen, siendo obligatorio para el demandante hacerlo.
Artículo 226.
Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará
desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal se origen. En caso
contrario se correrá traslado al Procurador Delegado en lo Penal por un término
de veinte días para que obligatoriamente emita concepto.
Artículo 245.
Notificación a los no recurrentes o no accionantes. Los no recurrentes o no accionantes serán
notificados personalmente del auto admisorio de la demanda; de no ser posible,
se les notificará por estado.  Si se tratare de absuelto, se le declarará
ausente y se le designará defensor de oficio con quien se surtirá el recurso.
Artículo 343.
Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un
bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra
orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con que se haya cometido
la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará
en providencia motivada, el correspondiente allanamiento y registro.
La providencia a
que se refiere el inciso anterior no requiere notificación.
Artículo 344.
Allanamiento sin orden escrita del fiscal. En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un
delito en lugar no abierto al público, la policía judicial podrá ingresar sin
orden escrita del fiscal, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando el
hecho.
Salvo casos de
flagrancia, el fiscal o un delegado suyo debe estar presente en los
allanamientos.
Artículo 345.
Allanamientos especiales. Para
el allanamiento y registro de las casas y naves, que conforme al derecho
internacional gozan de inmunidad diplomática, el funcionario pedirá su venia al
respectivo agente diplomático, mediante oficio en el cual rogará que conteste
dentro de las veinticuatro horas siguientes. Este oficio será remitido por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En caso de
registro de residencia u oficinas de los cónsules se dará aviso al cónsul
respectivo y en su defecto a la persona a cuyo cargo estuviere el inmueble
objeto de registro.
Artículo 351.
Interceptación de comunicaciones. El funcionario judicial podrá ordenar, con el único objeto de buscar
pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las
comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares, que se hagan o
reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para
los fines del proceso. Cuando se trate de interceptación durante la etapa de la
investigación, la decisión debe ser aprobada por la Dirección Nacional de
Fiscalías. En todo caso, la decisión deberá fundamentarse por escrito. Las
personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida
reserva.
Por ningún motivo se
podrán interceptar las comunicaciones del defensor.
El funcionario
dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas
entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al
proceso en grabación.
Tales grabaciones se
trasladarán al expediente, por medio de escrito certificado por el respectivo
funcionario.
En caso de
flagrancia las autoridades de policía judicial podrán interceptar y reproducir
las comunicaciones con el objeto de buscar pruebas.
Artículo 352. A
quien se recibe indagatoria. El
funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de antecedentes y
circunstancias consignadas en la actuación, o por haber sido sorprendido en
flagrante hecho punible, considere autor, o de partícipe, de la infracción
penal.
En los procesos
de competencia de los jueces regionales, conforme a las necesidades de la
investigación y cuando se trate de pluralidad de imputados, el fiscal podrá
diferir la vinculación de algunos al momento de la instrucción que considere
más oportuno de acuerdo con el desarrollo de la misma. Cuando considere
pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura.
Artículo 355.
Indagatoria sin defensor en casos excepcionales. Excepcionalmente podrá recibirse
indagatoria sin la asistencia del defensor cuando el imputado estuviere en
peligro de muerte y sea necesario interrogarlo para el descubrimiento de la
verdad que se investiga.
Artículo 431.
Lineamientos de la acción pública. En los casos señalados en el artículo anterior, toda
persona tiene derecho a las siguientes garantías:
1. Acudir ante
cualquier juez o magistrado del mismo lugar o del más cercano al sitio
donde se produjo el acto ilegal, para que decida a más tardar dentro de las
treinta y seis horas siguientes si decreta la libertad. La solicitud se puede
presentar ante cualquier funcionario judicial pero el trámite corresponde
exclusivamente al juez penal.
2.  A que la acción
pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
3. A que la
actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de
vacancia judicial.
Artículo 442.
Requisitos formales de la resolución de acusación. La resolución de acusación tiene carácter
interlocutorio y debe contener:
1. La narración
sucinta de los hechos investigados, con todas las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que los especifiquen.
2. La indicación y
evaluación de las pruebas allegadas a la investigación.
3. La calificación
jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título
correspondiente del Código Penal.
4. Las razones por
las cuales comparte o no los alegatos de las partes.
Artículo 453.
Dirección de la audiencia. Corresponde
al juez la dirección de la audiencia pública. En el curso de ella tendrá
amplias facultades para tomar las determinaciones que considere necesarias con
el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y evitar que las partes
traten temas inconducentes a los interesados que representan o que prolonguen
innecesariamente sus intervenciones con perjuicio de la administración de
justicia. Si es el caso amonestará al infractor y le limitará prudencialmente
el término de su intervención.
Así mismo, podrá
ordenar el retiro del recinto de quienes alteren el desarrollo de la diligencia
y si considera conveniente, el arresto inconmutable hasta por cuarenta y ocho
horas, decisión contra la cual no procede recurso alguno.
Artículo 469.
Investigación oficiosa de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, en ejercicio
de la función acusadora prevista por el artículo 178, numerales 3 y 4 de la
Constitución Nacional, puede investigar por sí o por medio de una comisión
de su seno, para los efectos de acusar o abstenerse de hacerlo, los
delitos y la conducta oficial de los servidores públicos respectivos.
Artículo 482.
Instrucción y calificación de la actuación. El Senado, por sí o por medio de una comisión de su
seno, instruirá la actuación y procederá a su calificación.
Si decreta cesación
de procedimiento ordenará el archivo definitivo de la actuación.
Si el Senado
formulare resolución de acusación por delitos comunes, surtida ésta, pondrá al
acusado a disposición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si la
resolución de acusación fuere por hechos cometidos en el ejercicio de funciones
públicas o en relación con las mismas, el Senado señalará fecha para la
celebración de audiencia pública. Dicha resolución se comunicará a la Cámara de
Representantes y se notificará personalmente al acusador y al acusado, haciendo
saber a éste el derecho que tiene de nombrar un defensor. La audiencia se
celebrará aunque el acusado no concurriere a ella. Si no fuere posible la
notificación personal se hará por estado".
IIl. LA DEMANDA
a. Normas
constitucionales que se consideran infringidas.
El demandante
considera que las disposiciones acusadas vulneran lo dispuesto en los artículos
1o, 2o, 4o, 5o, 13, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 116 inciso 2o, 121, 142, 143, 144,
228, 229, 230, y 235 numeral 2o de la Constitución Política.
b. Fundamentos de
la demanda.
En razón a la
multiplicidad de normas acusadas y teniendo en cuenta que respecto a cada una
de ellas el actor esgrime distintos cargos de inconstitucionalidad, se
mencionarán los cargos en relación con cada norma en particular.
Artículo 111
acusado
-      El actor
considera que el artículo mencionado es inconstitucional por cuanto hace más
gravosa la situación del sindicado al extender el lapso de una eventual
prescripción de la acción penal.
Artículo 114
acusado
Para el demandante
la expresión acusada es inconstitucional, por cuanto desconoce las garantías
fundamentales que el ordenamiento superior ha consagrado en materia punitiva.
Artículo 115
acusado
El demandante hace
extensivos contra la proposición acusada, los reproches expuestos a propósito
de la disposición precedente, y agrega que se viola el derecho a la doble
instancia.
Artículo 117
acusado
Aduce el impugnante
que la preceptiva atacada es violatoria de la Carta Política, por cuanto impide
el ejercicio de la facultad de recurrir la decisión adoptada por el superior en
relación con el trámite de los impedimentos y recusaciones.
Manifiesta además
que la norma es anfibológica en la medida en que no distingue si lo
inimpugnable es la decisión sobre los impedimentos y recusaciones o las
determinaciones sobre libertad, detención y medidas que dicta el funcionario
recusado.
Artículo 125 -
Modificado por la ley 81 de 1993
Estima el actor que
el supuesto demandado es violatorio del Estatuto Supremo, por cuanto el
desplazamiento de un fiscal delegado ante los juzgados del respectivo distrito
por parte de un fiscal delegado ante el tribunal superior,  si bien se efectúa
mediante resolución motivada, ésta no tiene recurso alguno.
Artículo 131
modificado por la ley 81 de 1993
El actor partiendo
de la distinción entre el sindicado no abogado y el sindicado abogado, llega a
la conclusión de que los segmentos impugnados son inconstitucionales, toda vez
que no tienen racionalidad ni proporcionalidad alguna el que un procesado,
siendo abogado, vea menguada su intervención en el proceso penal al no poder
sustentar el recurso de casación y quedar supeditado a la prevalencia que la
ley le confiere a las peticiones formuladas por su apoderado sobre las suyas,
en el evento en que sean contradictorias entre si.
Artículo 137
acusado
Considera que es
inconstitucional, porque no tiene racionalidad ni proporcionalidad alguna en
que el procesado, siendo también abogado, vea menoscabada su posición o criterio
en un proceso penal en el que es precisamente, el sujeto pasivo de la acción
estatal.
Artículo 144
acusado
Sostiene el actor
que los apartes destacados son inconstitucionales, por cuanto el apoderado
suplente no puede actuar dentro del proceso mientras no se le haya reconocido
personería jurídica, ni haya acreditado su idoneidad profesional.
Cuestiona además la
designación como auxiliares a estudiantes de derecho, pues en su sentir
constituye una forma de vulnerar la reserva de la investigación.
Artículo 151
acusado
Para el accionante
la norma demandada es inconstitucional, puesto que en su opinión los incidentes
sólo pueden proponerse dentro del proceso penal, y no en las etapas
preinvestigativa y post-investigativa.
Artículo 177
acusado
Aduce el actor que
la norma impugnada vulnera el artículo 158 de la Carta Política, puesto que
dicha regulación debe ser objeto de un estatuto disciplinario.
Artículo 217
acusado
Afirma el actor que
la norma atacada es inconstitucional, porque viola  debido proceso y de la reformatio
in pejus al posibilitar que el ad-quem empeore la situación del sindicado.
Artículo 227
acusado
El actor hace
extensivos al texto censurado, los reproches de inconstitucionalidad formulados
contra los apartes de la discusión del acápite precedente.
Artículo 228
acusado
Señala el actor que
la expresión acusada es contraria al Estatuto Supremo, por cuanto no obstante,
referirse a la facultad de la Alta corporación para cesar el fallo en la
hipótesis descrita, dicha facultad resulta inocua dado el carácter formalista
de la casación.
Artículo 232
acusado
Sostiene el
demandante que lo dispuesto en el precepto acusado es inconstitucional, puesto
que es anfibológico e inaplicable.
Artículo 238
acusado
Para el libelista el
aparte acusado es, además de inexequible, inconveniente e innecesario, porque
desconoce la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y traslada al tema una
carga desmesurada y desproporcionada consiente en repetir la argumentación.
Artículo 226
acusado
Sostiene el
libelista que la expresión acusada del artículo precedente es inexequible, por
cuanto constriñe indebidamente al procurador delegado respectivo a emitir
concepto, transgrediendo el canon 277 fundamental.
Artículo 245
acusado
Expresa el actor que
la parte acusada es inconstitucional, puesto que la designación al absuelto de
un defensor de oficio puede dar al traste con su derecho de defensa.
Artículo 343
acusado
Aduce el actor que
el texto acusado es inconstitucional, puesto que la decisión que ordena el
allanamiento al no ser notificable no es susceptible de ser impugnada y por tal
razón carece de control judicial.
Artículo 344
acusado
Para el actor los
apartes acusados son inexequibles, por cuanto el fiscal, por virtud del
principio de la inmediación de la prueba, debe estar presente cuando efectúa
dicha diligencia, sin que sea admisible su delegación.
Artículo 345
acusado
Para el libelista,
la norma es inexequible puesto que en su opinión resulta absurda, antitécnica e
inaplicable y violatoria de los tratados internacionales.
Artículo 351
acusado
Para el actor, el
texto acusado es inconstitucional, puesto que en su perspectiva es
imprescindible que aún en casos de flagrancia el fiscal o juez autorice la
prueba.
Artículo 442
acusado
Para el libelista el
texto acusado vulnera el Estatuto Superior,  por cuanto en su opinión la no
especificación de las normas presuntamente infringidas, contraria los derechos
y garantías fundamentales del debido proceso y derecho de defensa.
Artículo 453
acusado
Estima el actor que
el aparte acusado es inconstitucional, en la medida en que vulnera el debido
proceso del sancionado.
Artículo 469
acusado
Para el actor los
apartes demandados son inconstitucionales, por cuanto es exclusiva de la Cámara
en pleno y no puede ser llevada a cabo por una comisión de  su seno.
Artículo 482
acusado
El accionante hace
extensivos a los apartes cuestionados los reproches formulados a la disposición
precedente.
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO
El señor Procurador
General de la Nación (E), rindió en término el concepto fiscal de su
competencia, y en él solicitó a la Corte Constitucional que declare en relación
con las disposiciones acusadas lo siguiente:
- Declarar
exequibles, en lo acusado, los artículos 111; 114; 115; !17; 125, modificado
por el artículo 20 de la ley 81 de 1993; 131, modificado por el artículo 20 de
ley 81 de 1993; 137; 144, modificado por el artículo 23 de la ley 81 de 1993;
151; 177; 217, modificado por el artículo 34 de la ley 81 de 1993; 227; 228;
232; 238; 226; 245; 343; 344; 345; 351; 442; 453; 469; y 482 del Decreto 2700
de 1991.
El despacho del
Procurador General de la Nación, fundamenta su solicitud dentro de este
proceso, en las consideraciones que se resumen, entre otras, las siguientes:
Artículo 111
acusado
El despacho
considera que el texto impugnado es constitucional, puesto que si bien es
cierto que siendo la prescripción de la acción un instituto de orden público,
por virtud del cual el estado cesa su potestad punitiva por el cumplimiento del
termino señalado en la ley, no lo es menos que en los eventos descritos, en
supuesto normativo del artículo 111, donde con la manifestación de impedimento
o la interposición de la recusación se suspende el proceso penal, el inciso
impugnado pretende preservar para el estado el ejercicio de su potestad
punitiva de maniobras o situaciones del sindicado o su apoderado tendientes a
dilatar y a enervar la causa represora con la utilización indebida de la figura
jurídica subexamine.
De otra parte
considera que dicha disposición busca moralizar y dignificar la administración
de justicia, de manera que su ejercicio comporte para los sujetos procesales y
en especial para el sindicado y su apoderado la observancia estricta de los
principios de la lealtad procesal y buena fe, en cumplimiento del mandato
superior que impone como deber el colaborar para el buen funcionamiento de la
administración.
Artículo 114
acusado
La expresión "de
plano" según el diccionario de la lengua española denota adoptar una
resolución judicial sin trámite alguno; es evidente, que la sanción impuesta al
funcionario renuente emerge del agotamiento previo del incidente de recusación,
conforme a los presupuestos previstos en los artículos 103 y siguientes del C.P.P.,
como son su formulación por escrito ante el funcionario que conoce del asunto,
aducción de las pruebas respectivas y la expedición de motivos.
Considera que la
expresión "de plano" debe entenderse como una alusión a la
sumariedad del procedimiento recusatorio en aras de cumplir con los fines que
persigue el proceso penal, es decir, la obtención de la pronta y cumplida
justicia, sin que ello signifique en modo alguno el detrimento de los derechos
y garantías fundamentales del sancionado.
Artículo 115
acusado
En opinión del señor
Procurador el enunciado acusado no conculca el principio de la doble instancia,
ni el derecho de defensa de los encartados, porque como bien lo ha sostenido la
Corte Constitucional, esta clase de medidas correccionales no tienen el
carácter de condena y además es bien claro que la doble instancia no pertenece
al núcleo esencial del debido proceso.  Así mismo, es de reiterar que el
derecho de defensa no se ve afectado en su intangibilidad cuando se le concede
al sancionado la oportunidad de recurrir la decisión.
Artículo 117
acusado
Considera que la
regulación y modulación del proceso penal es del resorte exclusivo del
legislador, quien atendiendo a la particular naturaleza de la cuestión
incidental que se debate ha determinado, consultando el principio tantas veces
aludido de la pronta y cumplida justicia, prescindir de la posibilidad de
impugnar las decisiones referentes a la recusación o impedimento, como quiera
que éstas no tienen ningún carácter condenatorio o sancionatorio, sino por el
contrario buscan separar del conocimiento del asunto a aquel funcionario que se
encuentre incurso en las causales de recusación e impedimento, a fin de
preservar la imparcialidad del aparato judicial.
Artículo 125-
modificado por Ley 81 de 1993, artículo 19
Sobre el particular
el señor procurador considera pertinente mencionar  que la Corte
Constitucional, en la sentencia C-150 de 1993, declaró exequible el artículo
124 del C.P.P., referente a las atribuciones de los fiscales delegados ante el
Tribunal Nacional entre las cuales se encuentra la del desplazamiento de los
fiscales ante los jueces regionales, por considerar que estas facultades son
funciones típicas de la Fiscalía General de la Nación al tenor de lo dispuesto
en los artículos 249 y 250 de la Carta.
Por lo tanto,
concluye que tales consideraciones son igualmente válidas para predicar la
constitucionalidad del aparte demandado del artículo 125 del C.P.C.
Articulo 131,
modificado por Ley 81 de 1993, articulo 20.
Señala que no
comparte lo expresado por el actor respecto a los personeros  municipales, como
quiera que el artículo 131A modificado por el 21 de la ley 81 de 1993  y el 93
de la ley 201 de 1995, consagran que los personeros municipales cumplirán las
funciones del Ministerio Publico en los asuntos de competencia de los juzgados
penales y promiscuos municipales y de los fiscales delegados ante los jueces
del circuito, municipales, y promiscuos, sin perjuicio de que las mismas sean
asumidas directamente por los funcionarios de la procuraduría.
Artículo 137
acusado
Para el despacho es
claro que el texto impugnado se aviene con los principios superiores, pues
resulta apenas lógico a fin de salvaguardar la intangibilidad de la defensa
técnica consagrada en el canon 29 superior, pues no se concibe que un lego en
materias jurídicas y sin la aptitud legal para ejercer la abogacía, pueda
sustentar válidamente un recurso de casación o buscar el predominio de sus
peticiones, cuando éstas se encuentran en franca contradicción con las
esgrimidas por su defensor.
Por el contrario,
cuando el sindicado es abogado, la ley procesal expresamente le permite
sustentar el recurso de casación, dado que al ostentar el titulo de idoneidad
profesional quedan satisfechas las exigencias fundamentales de la defensa
técnica.
En cuanto hace a la
oposición entre las peticiones del sindicado y su defensor, ha querido la ley
proteger la condición de este ultimo quien funge como colaborador en la
investigación de la verdad histórica real, de manera que aún en el caso de que
el sindicado sea abogado es admisible la prevalecía de los criterios y
peticiones del defensor, quedando a salvo en todo caso la facultad que le
asiste al poderdante de revocar el mandato judicial en caso de inconformidad
con la representación, puesto que de lo contrario se infringiría el mandato
superior que obliga a preservar la incolumnidad de la defensa técnica.
Artículo 144
acusado
Considera que la
designación de los abogados suplentes busca efectivizar el derecho a la defensa
técnica en razón a que tal figura está enderezada a proporcionarle al sindicado
una representación legal adecuada y eficiente como quiera que el defensor
principal se encuentra ocupado con otros intereses que le impiden estar en forma
permanente al frente de un determinado proceso penal.
Artículo 151
acusado
El criterio
censurado es exequible teniendo en cuenta que su cabal inteligencia debe ser
comprendida dentro del capítulo VI del título III del Decreto 2700 de 1991, de
manera que su interposición se circunscribe únicamente a los precisos marcos
delineados en el precepto acusado.
En efecto, el
tercero incidental como sujeto procesal tiene derecho a intervenir validamente
dentro de la actuación penal, a fin de que se le reconozcan sus pretensiones
por medio de la vía incidental, pues de lo contrario se harían nugatorios sus
derechos afectados, lo cual resultaría contrario a la Carta.
Por ello, es
evidente que para que el tercero incidental haga valer sus pedimentos se haya
trabado previamente la relación procesal, puesto que de lo contrario no sería
posible hacer la reclamación correspondiente, si todavía no se ha determinado
este presupuesto fundamental.
Artículo 177
acusado
Considera que la
norma acusada simplemente modula las obligaciones procesales de los
funcionarios judiciales, quienes tienen el imperativo de observar estrictamente
el cumplimiento de los términos procesales, que deba su perentoriedad, están
enderezados a racionalizar el proceso penal con el único fin de salvaguardar
las garantías fundamentales del  investigado.
Entonces, su
incumplimiento comporta para el funcionario negligente causal de mala conducta,
sancionable disciplinariamente de conformidad con lo preceptuado por el
artículo 40-28 de la ley 200 de 1995.
Artículo 217
acusado
No comparte la tacha
formulada a la disposición acusada, por cuanto la apelación hace parte de la
garantía universal de impugnación que se otorga a quienes están legitimados
para interponerla a fin de obtener la protección de un interés jurídico propio,
con el propósito de que el superior jerárquico revise los errores jurídicos in
procedendo o in judicando cometidos por el a-quo.
Artículo 238
acusado
Tampoco acepta los
reproches impetrados contra dicha disposición, debido a que no hay como lo cree
el actor, continuidad procesal predicable, sino un nuevo proceso sobre el ya
fenecido.
Por lo tanto,
considera que no es cierto que se repita la alegación, sino que se propone una
nueva, puesto que se trata de otro proceso.
Artículo 343
acusado
Considera que el
allanamiento como medio legal por virtud del cual la autoridad pública penetra
en determinados lugares que gozan de protección jurídica, en contra de la
voluntad de sus moradores, con el fin de producir determinados resultados, como
la captura de alguna persona el decomiso de una cosa , etc., no puede ser
notificable dada la naturaleza de medida cautelar, que devendría inane en el
evento de notificar su realización, pues es precisamente el factor sorpresa el
elemento que hace parte de su ontología y que garantiza el éxito.
Artículo 344
acusado
Manifiesta que es
requisito previo de validez del allanamiento, la presencia del fiscal o su
delegado a fin de preservar la intangibilidad de las garantías fundamentales, pero
resulta apenas lógico que en los casos de flagrancia su presencia no sea
obligatoria, pues evidentemente este instituto se configura cuando la persona
es sorprendida con objetos, instrumentos, o huellas de los cuales aparezca
fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en
él, o cuando es perseguida por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se
pide la captura.
Por ello, considera
que dicha figura se ajusta al artículo 32 de la Carta que faculta a las
autoridades como a cualquier persona a aprehender al delincuente sorprendido en
flagrancia.
Artículo 345
acusado
Manifiesta que este
tipo de allanamientos especiales, por recaer sobre bienes muebles e inmuebles
sometidos por virtud del principio de extraterritorialidad de la ley a una
jurisdicción extranjera que los hace inmunes al ordenamiento del país en que se
encuentren, no obstante encontrarse en territorio extranjero, deben respetar
los trámites previstos en la disposición censurada de conformidad con lo preceptuado
por el derecho internacional y los tratados idem ratificados por Colombia.
Artículo 442
acusado
Considera que la
disposición acusada es exequible, toda vez que su calificación jurídica
provisional no implica inseguridad en los cargos atribuidos al procesado, o
discrecionalidad del funcionario para modificar caprichosamente la adecuación
típica del comportamiento concreto en la resolución.
La calificación
provisional pretende darle relevancia al acervo probatorio recaudado en la
etapa del juzgamiento y evitar que sea declarado nulo por error en la
denominación jurídica.
Por manera que el
señalamiento del tipo penal en la resolución de acusación constituye su
frontera, y consecuencialmente la pauta orientadora para el correcto ejercicio
del derecho de defensa.
La adecuación típica
es provisional y puede ser modificada por quien formuló los cargos, de
conformidad con los artículos 446 in fine y 448 incs. 2o. y 3o del C.P.C., pero
se torna inmodificable, cuando en la etapa de juzgamiento quien tiene a su
cargo la promoción de la acción penal no le introduce cambios.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera: La
competencia
Esta Corporación es
competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra
algunas partes del Decreto-Ley 1299 de 1994 y del Decreto-Ley 1314 de 1994, en
atención a lo dispuesto por el artículo 241 numeral 4o. de la Constitución Política
en concordancia con el Decreto 2067 de 1991.
Segunda:  El
examen de las disposiciones acusadas
La cosa juzgada
(artículos 124, 150, 158, 352, 355,  431 y 469)
De acuerdo con lo
indicado en la parte que corresponde a los antecedentes de esta providencia, el
magistrado sustanciador  mediante auto fechado el 3 de mayo del año en curso,
resolvió rechazar la demanda  presentada  en la parte que se  dirige contra los
artículos 124, 150, 158, 352, 355 y 431 del  Decreto Ley 2700 de 1991, por
haber sido objeto de estudio y decisión en sentencias de  constitucionalidad
proferidas por esta Corporación, en ejercicio de sus competencias, y que han
hecho transito a cosa juzgada.
Así pues, importa
precisar que en relación con los artículos 124 y 352 inciso final del Código de
Procedimiento Penal, la Corte profirió  la Sentencia C-150 de 1993, en la que
los declaró exequibles. De igual manera, por sentencia C-053 de 1993 se declaró
la exequibilidad de los artículos 158 y 293 y en sentencia C-010 de 1994,  se declaró
exequible  "la parte que dice 'pero el trámite corresponde exclusivamente
al juez penal',  del numeral primero del artículo 431 del Decreto 2700 de
1991,  'por el cual se expiden  las normas  de procedimiento penal, sin
perjuicio de lo previsto por el artículo 430 del C.P.P.,  modificado por el
artículo 2o. de la ley 115 de 1992, declarado exequible en sentencia C-301 de
1993."
Así mismo,
tratándose del artículo 355, también acusado  en algunos  de sus apartes por el
actor, cabe apuntar que mediante sentencia C-049 de 1996, la Corte declaró la
exequibilidad de "los artículos 34 del Decreto 196 de 1971, el inciso
primero del artículo 148 y el artículo 355 de Decreto 2700 de 1991".
Finalmente, sobre el artículo 150 demandado, recayó la declaración de exequibilidad
contenida en la sentencia C-069 de 1996 y el artículo 469 fue declarado
exequible por sentencia C-563 del año en curso.
b.      La
recusación en el proceso penal (Artículos 114,115,117 y 111).
Con el propósito de
asegurar la imparcialidad que deben observar quienes  tienen a su cargo la
función de administrar justicia, de  modo que las decisiones  que adopten
durante el curso de los  procesos  que ante ellos se adelanten, particularmente
en  el caso de los jueces respondan a  la independencia que constitucionalmente
se les reconoce y  se ajusten al “imperio de la ley“ (art. 230 C.P), se han
plasmado normativamente  situaciones susceptibles de influir en el ánimo de
los  funcionarios  judiciales y de afectar el sentido de sus determinaciones,
que, al configurarse, imponen la separación del funcionario en el conocimiento
y trámite del  asunto pertinente .
El Código de
Procedimiento Penal  establece, a partir de su artículo 103, las causales de
impedimento y de recusación, así como los trámites  que se generan en uno y
otro caso. El actor, en la demanda que ahora ocupa la atención de la Corte,
pretende la declaración de inconstitucionalidad de la expresión “de plano”,
contenida en el  artículo 114 que se refiere a la sanción  imponible por el
superior  jerárquico al funcionario o empleado que omita declararse impedido;
además, ataca el aparte del artículo 115 que señala que en contra de la
providencia mediante  la cual se impone la respectiva sanción ”sólo procede el
recurso de reposición” y  el artículo 117, de acuerdo con cuyas voces ”las
decisiones que se profieran en el trámite de un impedimento o recusación no
tendrán recurso alguno”.
Estima el actor que
las expresiones  acusadas vulneran las garantías fundamentales  propias del
debido proceso y,  concretamente, el derecho a impugnar y a acceder,  por ese
medio, a la segunda instancia.
En primer término,
es necesario puntualizar que por regla general, la regulación  de las diversos
procedimientos  judiciales  en la medida que no hayan sido efectuada
directamente por el constituyente, corresponde al legislador y, para tal
efecto, se le reconoce cierto margen de  acción que se inscribe  dentro de la
denominada  libertad de configuración.
La  imposición  “de
plano” de una multa, hasta el equivalente a diez meses de salarios mínimos”,
que como sanción  contempla  el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal,
en  contra del funcionario o empleado  que omita  declararse impedido tiene
lugar “cuando  prospere la  causal de recusación”,  y ello supone el
adelantamiento previo del trámite pertinente  que, de conformidad con lo
normado por el Decreto ley 2700 de 1991, comprende proposición por escrito
(i),  realizada ante el funcionario que  está conociendo del asunto (ii),  con
prueba de los hechos  en que se  funde (iii) y con exposición de motivos sobre
ellos (iv) (Art. 108 C. de  P.P.).  Es conveniente anotar que  el funcionario
recusado puede aceptar los motivos aducidos  y disponer  que el  expediente
pase al funcionario que le sigue  en turno,  o por  el contrario estimar  que
no se presenta la causal alegada e incluso de acuerdo con la  doctrina, que no
está debidamente  probada,  debiendo,  entonces  enviar el expediente al
superior.
Sin embargo, pese a
que la decisión de imponer la referida  multa está precedida del respectivo
trámite incidental, la Corte considera que asiste razón al demandante cuando
afirma que la imposición "de plano" quebranta el debido proceso ya
que la actuación anterior, regulada en el Código de Procedimiento Penal, se
orienta, primordialmente, a establecer si se configura la causal alegada y no a
deducir la responsabilidad del funcionario que, siendo cosa totalmente
diferente, debe dar lugar a un procedimiento en el que se le otorgue y
garantice  a quien, de acuerdo con lo alegado, se considere que ha debido
declararse impedido, por lo menos  la oportunidad de ser oído sobre ese
específico aspecto, lo cual no significa que se vuelva a  abrir el debate
acerca de la causal de impedimento, pues es claro que esa cuestión queda
definida al término del incidente promovido.
Así las cosas, de lo
que se trata es de garantizarle  al funcionario la oportunidad procesal de
exponer sus razones, ya que una actitud contraria, como la que se deriva del
aparte acusado, atenta contra  el debido proceso, particularmente contra la
presunción de inocencia y desconoce, además, el principio constitucional de
buena fe,  contemplado en el artículo 83 superior.
El cargo formulado
en contra de la expresión  ”de plano”  contenida en el artículo 114 del Código
de Procedimiento Penal está llamado a prosperar.
Resta, entonces,
analizar la tacha de inconstitucionalidad que el actor  funda en la
inexistencia de recursos en contra de las decisiones proferidas en el trámite
de un impedimento o recusación y en  la falta de previsión del recurso de
apelación en contra de la providencia interlocutoria por medio de la cual se
imponen sanciones.
En sentencia  No.
C-019 de 1996, la Corte puso de presente que “La Constitución sólo
excepcionalmente se ocupa de los recursos contra las providencias judiciales.
Así, en el artículo 29 se prevé el derecho 'a impugnar la sentencia
condenatoria; en el 31 se establece que "Toda sentencia judicial podrá ser
apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley; y en el 235 se
alude al recurso extraordinario de casación". Hizo énfasis la Corte en que
los recursos hacen parte del trámite de los procesos, establecido en los
códigos de procedimiento y que la Carta Política en ninguna de sus normas determina
lo relativo a los recursos contra autos.[1]
No encuentra la
Corte contrario a la Carta que, en relación con los autos a los que se refiere
el artículo 115 del Decreto Ley 2700 de 1991, el legislador sólo haya previsto
el recurso de reposición, y tampoco juzga reñido con los preceptos superiores
lo plasmado en el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal, pues es claro
que el propio artículo 31 de la Constitución Política faculta a la ley para
establecer excepciones al principio general de las dos instancias y no se
trata, en el presente evento, de sentencias condenatorias.  "Si el
legislador ha dispuesto que contra los autos previstos en las normas señaladas
por el actor, no procede recurso alguno, enseña la Corte que lo ha hecho
teniendo en cuenta principios superiores en los cuales se basa la
administración de justicia, como son los de eficacia y la celeridad. De tiempo
atrás se ha buscado, con razón, evitar las trabas y dilaciones que traen
consigo la interposición de recursos y la proposición de incidentes con el
único fin de entorpecer el proceso. Estrategia propia de quienes abusan del
derecho de litigar, es la de dilatar el proceso"[2].
En otra oportunidad,
consideró la Corte:
"Ciertamente,
una razonable apreciación de la dimensión de la recusación permite establecer
que se trata de un pequeño litigio dentro de la controversia de fondo. Una
ponderación desmesurada de tal incidente podría conducir a dilatar
injustificada y excesivamente un proceso, perjudicándose tres bienes jurídicos
tutelados por la Carta: los derechos de la contraparte a acceder (art. 228
C.P.) y a acceder con celeridad (arts. 2o. y 209 idem) a la administración de
justicia; los derechos de la sociedad al cumplimiento efectivo y eficaz de los
deberes del Estado (art. 2º) y los derechos del Estado -Rama Judicial- a
ahorrar costos innecesarios en su funcionamiento (art. 209).
"Es por ello
que, puestos sobre la balanza los derechos de los recusantes frente a los
derechos de terceros, de la sociedad y el Estado, existe un punto medio
razonable de coexistencia de los derechos, que se traduce en la posibilidad de
alegar y demostrar una recusación pero en forma sumaria, breve y certera. La
ausencia de recusación o su ejercicio desmedido y prolongado atentan por igual
contra tal equilibrio y, por esa vía, contra los valores constitucionales
superiores de la justicia y la equidad..." [3].
Los anteriores
argumentos sirven, adicionalmente, para justificar la constitucionalidad del
segmento acusado del artículo 111 del decreto ley 2700 de 1991, que reza:
"Cuando la recusación propuesta por el sindicado o su defensor se declare
infundada no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la
petición y la decisión correspondiente".
Aduce el demandante
que la interrupción de la prescripción implica "un peso adicional y
desproporcionado como es el de maximizar el lapso de una eventual prescripción
de la acción penal".
Quienes intervienen
en los procesos judiciales asumen, por ese hecho, cargas que resultan
indispensables al propósito de reclamar las prerrogativas y los derechos que
les atañen. Una de esas cargas es, justamente, la de obrar con la debida
lealtad prestando la colaboración necesaria para el desenvolvimiento cabal y
diligente de las diversas etapas, actuaciones y diligencias procesales. Las
maniobras encaminadas a obtener la paralización o el entorpecimiento del
proceso no son de recibo y atentan, además, contra los principios de  celeridad
y eficacia que deben orientar el cumplimiento de las tareas encomendadas a la
administración de justicia.  Al procesado y a su defensor, les asiste el
derecho de proponer la recusación y tal conducta debe estar enmarcada dentro de
las finalidades que  son inherentes a esa figura, y en ningún caso resulta
"proporcionado" recurrir a ella desvirtuando sus objetivos y con la
velada  intención de prolongar, en forma innecesaria, el proceso.
La interrupción de
la prescripción frente  a la recusación infundada propuesta por el sindicado o
por su defensor busca corregir la conducta reprochable  de quienes  formulan la
recusación guiados únicamente por el afán de dilatar los procesos.  El segmento
acusado entonces, contiene una pauta de coexistencia entre los derechos de una
de las partes, cuyo ejercicio serio y razonable no se cuestiona, y los
intereses del resto de los intervinientes y de la sociedad que sufrirían
notoria mengua  si se permitiera el ejercicio desmedido de la recusación.  La
parte acusada del artículo 111, sirve  a la  finalidad de mantener el
equilibrio  en las relaciones entre las partes y los demás intervinientes en el
proceso penal y los intereses sociales en juego.
En armonía con lo
expuesto, se declarará la exequibilidad de los apartes acusados de los
artículos 111, 114  y 115 y del artículo 117 del Código de Procedimiento Penal
.
La competencia de
los Fiscales Delegados ante los Tribunales Superiores de Distrito (artículo
125, numeral 3)
El actor plantea en
su demanda similar acusación en contra del numeral 5 del artículo 124 y del
numeral tercero del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal.   La
primera de estas normas se refiere a la competencia de los  fiscales delegados
ante el Tribunal Nacional para investigar, calificar y acusar directamente,
cuando lo consideren necesario, a los fiscales delegados ante los jueces
regionales, mientras que la segunda disposición alude a la competencia de los
fiscales delegados ante los Tribunales  Superiores para investigar, calificar y
acusar, directamente y siempre que lo estimen necesario "a los fiscales
delegados ante los jueces del respectivo distrito  mediante resolución motivada
contra la cual no procede recurso alguno."
El demandante juzga
que estas competencias son desmesuradas y desproporcionadas y apunta que, en la
práctica, implican una "inadmisible restricción de los derechos y
garantías para los sujetos  procesales y especialmente para el procesado"
y aboga por la revisión, en segunda instancia, de la decisión de desplazar a
los fiscales delegados ante los jueces regionales y ante los jueces del
respectivo distrito.
Debe recordarse que
la Corte Constitucional, mediante sentencia No. C-150 de 1993, declaró la
exequibilidad del artículo  124 del Código de Procedimiento Penal y que las
consideraciones que sirvieron de fundamento para proceder a dicha declaración,
son plenamente aplicables para efectuar el examen de constitucionalidad de la
competencia que en favor de los fiscales delegados ante los Tribunales
Superiores  de Distrito consagra el numeral 3 del artículo 125  del C. de P.P.,
acusado en esta ocasión.  Por tanto, conviene reiterar  que tratándose de esa
específica facultad "esta Corporación no  encuentra reparo alguna de
constitucionalidad, ya  que la existencia de dichos funcionarios tiene
fundamento constitucional  según se desprende de lo dispuesto por los artículos
249 y 250 de la Constitución Nacional"  y la disposición acusada se
refiere a una función que "debe desempeñar la Fiscalía General  de la
Nación a través de sus delegados" y se  ejerce ante despachos judiciales
que tienen "fundamento y existencia legal antecedente".[4]
En lo que atañe a la
no previsión de recursos y a la consiguiente falta de la segunda instancia, se
remite la Corte a lo considerado más arriba acerca de este aspecto.  Se
desestima el cargo formulado y por ello se declarará la exequibilidad del
numeral 3o. del artículo 125 del C. de P.P..
La intervención
del Ministerio Público en el proceso penal (artículo 131)
Establece el
artículo 131 del  Código de Procedimiento Penal, en la parte que es objeto de
acusación, que  el Ministerio Público "en la investigación previa y en la
instrucción  podrá intervenir  en todas las etapas de la actuación, con plenas
facultades de sujeto procesal" y  que en el juzgamiento intervendrá
"cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público o en (sic) los derechos y garantías fundamentales".
Para el actor estos apartes comportan el recorte y la desnaturalización de las
facultades constitucionales  del Procurador y de sus agentes,  ya que, a su
juicio, por virtud   de la norma demandada, el ejercicio  de esas facultades no
es idéntico en todas las etapas procesales y, en algunas de ellas, aparece
notablemente cercenado, siendo que la regulación  constitucional  no impone
limitaciones  ni distinciones de esa índole.
Advierte la Corte
que el segmento demandado ha sido derogado por la ley 201 de julio 28 de 1995,
"por la cual se establece la estructura y la organización de la
Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", que,
en su artículo 85 preceptúa:
"ARTICULO 85.
Intervención judicial. En materia penal el Ministerio Público intervendrá como
sujeto procesal cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales".
La Corte se pronunciará
sobre la norma que se acaba de citar y para tal efecto advierte que  reproduce
en su esencia, el artículo 272 numeral 7 de la Constitución que asigna  al
Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados  y
agentes, "la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas en defensa del orden jurídico, del patrimonio
público o de los derechos y garantías fundamentales".  La Corporación
declarará la exequibilidad del artículo 85 de la Ley 201 de 1995, remitiéndose,
para ello a las consideraciones consignadas en la sentencia No. C-479 de 1995,
así:
"El artículo
277 superior señala, entre otras, las siguientes funciones al Ministerio
Público, en cabeza de su supremo director -el procurador- o de sus delegados y
agentes:
'1.       Vigilar el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los
actos administrativos".
'3.       Defender
los intereses de la sociedad.
'4.       Defender
los intereses colectivos, en especial el ambiente".
'7.       Intervenir
en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea
necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los
derechos y garantías fundamentales". (Negrillas fuera del texto
original).
Como se observa, los
numerales 1, 3 y 4 citados, hallan su punto de concreción en el numeral siete
(7); por ello es conveniente hacer un somero análisis de cada uno de ellos,
para luego hacerlo con el numeral séptimo y cotejarlo con la norma acusada en
la demanda.
El numeral primero
le impone al Ministerio Público el deber  de vigilancia del cumplimiento de la
Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos,
lo cual supone que debe tener una conducta diligente hacia el cumplimiento del orden
social justo en cada una de las esferas de actividad del Estado. Nada obsta
para que en el cumplimiento de dicha vigilancia actúe como sujeto procesal,
pues el orden jurídico -por el cual vela- se lo puede exigir en determinados
momentos y bajo ciertas circunstancias. Para asegurar, precisamente, el
cumplimiento del orden jurídico, puede intervenir ante una autoridad judicial,
como vocero del interés social y en defensa siempre del bien común.
El numeral tercero
le impone el deber de defender los intereses de la sociedad. Como ya se ha
enunciado, dicha acción de defensa puede ser de prevención o de impulsión;
entonces, está facultado para intervenir como sujeto procesal, bien coadyuvando
la acusación, o bien solicitando sentencia absolutoria, con fundamento en el
interés social que hay en el cumplimiento de la justicia. La defensa de ésta
será el título jurídico de su intervención ante las autoridades, avalado por el
texto constitucional.
El numeral cuarto
habla de los intereses colectivos. Cabe preguntar: Qué más interés colectivo
que el que recae sobre la pulcritud de la función pública? Lo público es lo que
en cierta manera pertenece a la colectividad, en su conocimiento, en su uso, en
su patrimonio, o en su resultado. La función pública es propia de la
colectividad, pero se expresa a través de sus representantes. Luego es apenas
obvio que el Ministerio Público defienda el interés común como sujeto procesal,
no sólo en representación de la sociedad, sino como defensor del interés
colectivo, es decir, del legítimo interés que la comunidad tiene en la
moralidad de los funcionarios, especialmente de aquellos que, por su rango,
ostentan un alto grado de representatividad de la ciudadanía.
En cuanto al numeral
séptimo, cabe hacer cuatro anotaciones en aras de la claridad en el asunto que
ocupa la atención de la Corte: en primer lugar, la intervención no es
facultativa, sino imperativa, es decir, por mandato de la Constitución. En
segundo lugar, se refiere a su actuación como sujeto procesal. En tercer lugar la
actuación no es por capricho del procurador, sino cuando sea necesaria, y dicha
necesidad puede ser fijada por la voluntad general a través de la ley.  Y por
último, interviene en defensa del orden jurídico, o del patrimonio público, o
de los derechos y garantías fundamentales. Por orden jurídico, como se dijo, se
entiende el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos, es decir, la armonía social que se
logra mediante la observancia de las normas jurídicas tanto en el campo del
derecho público como del derecho privado. Por patrimonio público, en sentido
amplio se entiende aquello que está destinado, de una u otra manera, a la
comunidad, y que está integrado por los bienes y servicios que a ella se le deben
como sujeto de derechos.
También interviene
el Ministerio Público en defensa de los derechos y garantías fundamentales, es
decir, asume el deber constitucional de defender el fundamento de legitimidad
del orden jurídico dentro del Estado; es decir, siempre actuará en favor de los
bienes y garantías inherentes a la persona, sea natural o jurídica, como
función natural suya. No en vano el Estado debe ser humanista y humanitario, es
decir, un Estado de derecho que actúa para el bien de toda la sociedad en los
aspectos más sustanciales de su estructura ética, jurídica y política."[5]
En cuanto al reparo
que el demandante plantea cuando afirma que se materializa exclusivamente en la
Procuraduría General de la Nación la representación del Ministerio Público en
el proceso penal, con olvido de la representación que, en ciertos eventos,
ejercen las personerías municipales, basta precisar que el articulo 131A del
Código de Procedimiento Penal, adicionado por el articulo 21 de la ley 81 de
1993, señala que "los personeros municipales cumplirán las funciones del
Ministerio Público en los asuntos de competencia de los juzgados penales y
promiscuos municipales y de los fiscales delegados ante los jueces de circuito,
municipales y promiscuos, sin perjuicio de que los mismos sean asumidos
directamente por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación".
Por su parte, la ley 201 de 1995, en su articulo 93 indica que "los
personeros municipales en asuntos penales, ejercerán las funciones asignadas
por el Código de Procedimiento Penal" y en el articulo 84 incluye a los
personeros entre los llamados a ejercer el ministerio publico en materia
penal.
El Derecho a la defensa
técnica (artículos 137 y 144)
Es amplia la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha producido alrededor del derecho
fundamental a la defensa técnica, garantizado por el artículo 29 superior y que
adquiere especial relevancia en el ámbito penal, pues la propia Carta en la
norma citada  advierte  que "Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento".
De acuerdo con la
Corte, esa voluntad  expresa  del Constituyente  de 1991, "compromete con
carácter  imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces"[6], de ahí que la función
de defensa no pueda ser encomendada a personas que carezcan de la habilitación
técnica y científica para emprenderla.  La idoneidad del defensor exige la
presencia de un profesional del derecho, es decir, de "aquella persona que
ha optado al título de abogado y, por consiguiente,  tiene los conocimientos
jurídicos para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de
garantizar al procesado su derecho de defensa".[7]
El artículo 137 del
Código de Procedimiento Penal otorga al sindicado, "para los fines de su
defensa",  los mismos derechos de su defensor, de donde se desprende que
el sindicado está autorizado, por ejemplo, para conocer el expediente,
interponer  recursos, recusar a los funcionarios, solicitar pruebas, pedir la
excarcelación, la libertad provisional o el otorgamiento de subrogados penales,
etc., empero también dispone el artículo comentado que "cuando existan
peticiones contradictorias entre el sindicado y su defensor, prevalecerán estas
últimas", aparte que aparece demandado y en el cual la Corte no
encuentra vicio que afecte su constitucionalidad ya que, ante las
contradicciones que pudieren presentarse, el concepto de defensa técnica, tan
caro a los postulados constitucionales, quedaría  desvirtuado si la actuación
del profesional del derecho quedara supeditada  al criterio de cualquiera otra
persona, incluído el sindicado que, por carecer de una adecuada versación en
materias jurídicas  no esté en condiciones de procurar el correcto ejercicio de
las prerrogativas  consagradas en el artículo 29 superior y en diversas normas
del estatuto procesal penal.  La defensa técnica adquiere toda su dimensión
cuando en aras de la vigencia de esas prerrogativas y garantías se le otorga el
predominio a los criterios del abogado, sustentados en el conocimiento de las
reglas y labores anejas al ejercicio de su profesión.
Así pues, en
palabras de la Corte, "el derecho a la defensa técnica como una
modalidad  específica del debido proceso penal constitucional se aplicará  en
todo caso en que exista sindicado de un delito, ya que, además, aquella es una
regulación categórica y expresa de carácter normativo y de rango superior en
las que se establecen  las principales reglas de carácter constitucional que en
todo caso deben regir la materia del proceso penal; de manera que todas las
disposiciones que sean objeto de regulación contraria deben ceder al vigor
superior de la Constitución."[8]
La parte cuestionada
del artículo  137 lejos de contrariar el mandato constitucional lo que hace es
desarrollarlo  a cabalidad y dentro de este contexto, tampoco es de recibo lo
argumentado por el demandante en el sentido de que lo acusado es
inconstitucional siempre que  el sindicado sea abogado y  sus peticiones sean
opuestas a las de su defensor, que según lo anotado, también debe ser abogado.
Acerca de este tópico comparte la Corte el criterio del señor Procurador
General de la Nación que en su concepto señala "...aún en el caso de que
el sindicado sea abogado es admisible la prevalencia de los criterios y
peticiones del defensor, quedando a salvo en todo caso, la facultad que le
asiste al poderdante de revocar el mandato judicial  en el caso de
inconformidad con la representación, puesto que de lo contrario se infringiría
el mandato superior que obliga a preservar la incolumidad de la defensa
técnica".
Es de mérito
destacar que el artículo 222 del C. de P.P. concede al procesado la facultad de
interponer el recurso de casación y que, en armonía  con el artículo 137 de la
misma codificación, preceptúa que no podrá  sustentarlo, introduciendo en la
última hipótesis una salvedad en favor del  procesado que  sea abogado
titulado.
De otra parte,
conviene indicar que cada procesado no puede tener  sino un defensor, lo cual
no obsta  para que,  de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del
Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil
puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad
de observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa
mas no conjuntamente, en la actuación procesal.  El actor en la demanda que se
examina estima que el suplente debe acreditar la "legitimación de su
personería" y la "calidad de abogado",  requisitos sin los
cuales no podría  actuar.  La Corte considera que exigencias como las
planteadas por el demandante acusan un alto grado de formalismo que no resulta
indispensable en la hipótesis analizada, por cuanto la designación  de los
suplentes se hace bajo la responsabilidad del defensor o apoderado principal
quien, así, es aval de la idoneidad y preparación profesional del suplente
habida cuenta de que la Carta Política "no admite  excepciones al
principio de la asistencia técnica del abogado para el sindicado"[9], y si bien es cierto,
por esta razón, debe tenerse especial cuidado en la aplicación de esta figura,
ello no significa que sea inconstitucional, porque, de otra parte, contribuye a
sortear las dificultades en que pueda encontrarse el defensor o  apoderado
principal, propendiendo así el cumplimiento y la observancia cabal del derecho
de defensa, a lo cual no se podría  proceder con la prontitud que determinadas
circunstancias exigen, si la designación de suplentes  estuviera rodeada de
exigencias excesivas.
Es importante tener
en cuenta que el derecho de defensa debe estar garantizado en todas las etapas
de la actuación procesal.  Ya la Corte puntualizó que "En este sentido
asiste razón al Procurador General quien manifiesta que la alocución 'toda'
consignada en el mandato superior en cita (art. 29 C.P.) debe ser entendida
como comprensiva de todo el itinerario en que se vierte la  actuación judicial
en el campo penal", y a la concreción de ese propósito contribuye la
figura de los suplentes.
Ahora bien, ha
aceptado la jurisprudencia constitucional que en algunas circunstancias no es
posible contar con abogado titulado que asuma la defensa de oficio en asuntos
penales y que, cuando esa situación excepcionalísima se presenta, la ley puede
habilitar defensores que sean egresados o estudiantes de derecho pertenecientes
a un consultorio jurídico; supuesto éste que no puede  confundirse con la
figura de  los estudiantes de derecho que, al tenor del artículo 144 del Código
de Procedimiento Penal pueden ser designados, por los apoderados principales y
suplentes, como auxiliares que les informarán sobre el curso del proceso, toda
vez que tienen acceso al expediente.
No observa la Corte
motivos que sirvan de soporte a una declaración de inconstitucionalidad  del
aparte normativo glosado y entiende  que la simple  preocupación consistente en
la violación  de la reserva  sumarial no da pie para retirarlo  del
ordenamiento, puesto que el juicio de constitucionalidad comporta la
comparación de las normas demandadas con la preceptiva superior, y no se funda
en la confrontación de los postulados constitucionales  con  prácticas  nocivas
que la aplicación errada de una disposición sea capaz de generar y tampoco en
la pura sospecha de que el objetivo de una norma  vaya  a ser desvirtuado en la
fase de su aplicación.  Fuera de lo anterior, el inciso final del artículo 144
del Código de Procedimiento Penal prevé que "los auxiliares actuarán bajo
la responsabilidad de quien los designó (...) entendiéndose comprometidos a
guardar la reserva correspondiente  si es el caso", lo que  disipa la duda
esgrimida por el demandante, a todo lo cual se suma que la buena fe se presume
en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades.
(Art. 83 C.P.).
En virtud de lo
expuesto, se declarará la exequibilidad de los segmentos cuestionados que hacen
parte de los artículos 137 y 144 del Decreto 2700 de 1991.
El tercero
incidental   (art.  151)
El tercero
incidental es la persona que, sin estar obligada a responder patrimonialmente
por el delito, tiene un derecho económico afectado dentro de la actuación
procesal (art.  150 C.P.P.), como sería el caso, verbi gratia,  de los dueños
de bienes que sean indebidamente embargados  o secuestrados, quienes pueden
intervenir mediante un incidente especial que, según el artículo 151 acusado,
"podrá  promoverse en cualquier estado de la actuación".
El demandante se
refiere en la ambiguedad de la norma que, a su juicio, no señala con nitidez
qué se entiende por actuación, introduciendo un motivo de incertidumbre acerca
de las etapas en que es viable plantear el incidente.  La Corte no aprecia en
el contenido de la disposición acusada contradicción con las normas
constitucionales, pues se limita a establecer la oportunidad en que, para hacer
valer sus específicas pretensiones, el tercero incidental promueve el incidente
respectivo, lo que puede hacer en cualquier momento dentro del trámite
procesal, siendo, como lo considera el señor Procurador General de la Nación,
"de elemental lógica que para que el tercero incidental haga valer sus
pedimentos se haya trabado previamente la relación procesal, puesto que de lo
contrario no sería posible hacer la reclamación correspondiente, si todavía no
se ha determinado este presupuesto fundamental".   El artículo 151, será
declarado exequible.
El principio de
unidad de materia legislativa y la sanción por el incumplimiento de términos
(art.  177)
El ciudadano
demandante estima que el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal es
extraño a la  materia de la que se ocupa el estatuto procesal penal pues, al
establecer que "los funcionarios que sin justa causa dejaren vencer  los
términos, incurrirán en causal de mala conducta", introduce una regulación
que es propia de un estatuto disciplinario especial, vulnerando, de ese modo,
el artículo 158 de la Constitución Política, de acuerdo con cuyas voces
"Todo proyecto de ley debe referirse a una materia y serán inadmisibles
las disposiciones  o modificaciones que no se relacionen con ella".
El propósito que
subyace en  la norma  constitucional  que se acaba de citar no es otro que el
de la racionalización  y tecnificación  de todo el proceso legislativo, a
partir de una  adecuada delimitación  del tema de los proyectos de ley que
permita integrar, de manera coherente, el conjunto de disposiciones que lo
desarrollan, de modo que cada una de las normas, lejos de aparecer extraña a
ese tema general, guarde relación y conexidad con él.
Esta exigencia, sin
embargo, no debe ser llevada a extremos tales que impliquen la anulación del
principio democrático, "solamente aquellos  apartes, segmentos o
proposiciones de una ley respecto de los cuales razonable y  objetivamente no
sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática
o sistemática con la materia dominante de la misma, deben  rechazarse como
inadmisibles si están incorporados  en el proyecto o declararse inexequibles
si integran el cuerpo de la ley."[10]
Para la Corte, una
norma que recaba la observancia  estricta de los términos judiciales no es
extraña a un código de procedimiento que, entre otros asuntos, trata de la
actuación judicial y de la manera como ésta se debe orientar a lograr las
finalidades del proceso. La norma demandada desarrolla el artículo 228
superior, de conformidad con el cual "los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado"  y su
inclusión dentro del Código  de Procedimiento Penal no afecta el principio de
la unidad temática sino que, por el contrario, contribuye a realizarlo, más aún
si se tiene en cuenta que el adelantantamiento  oportuno de las diversas
actuaciones y etapas procesales  es  un derecho de los intervinientes en el
proceso penal y que, tratándose de asuntos penales, la sociedad tiene  interés
en que la administración de justicia sea pronta, cumplida y eficaz.
La realización de
los derechos y  la búsqueda de una administración de justicia semejante no son
objetivos ajenos a un código de procedimiento y demuestran que disposiciones
como la que es objeto de tacha mantienen una relación directa y estrecha con el
objeto  de regulación de los estatutos de procedimiento.  El artículo 177,
acusado,  tiene un vínculo causal, teleológico y sistemático con la materia
regulada por el Decreto ley 2700 de 1991, y, si pese a lo anotado, todavía
subsisten las dudas que expresa el demandante, conviene no perder de vista que,
según la jurisprudencia constitucional, la interpretación del alcance del  tema
tratado por una ley no es restrictiva sino amplia y comprensiva de diversos
aspectos "cuyo límite es la  coherencia que la lógica y la técnica
jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley".[11]
El artículo 177
acusado no es contrario al artículo 158 superior ni a ninguna otra norma
constitucional; en consecuencia, se impone declararlo exequible.
La prohibición de
la "reformatio in pejus"  (artículos 217 y 277)
Una de las garantías
procesales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico es el  principio de la
no reformatio in pejus que  hace parte del derecho fundamental al debido
proceso.  La Constitución de 1991 le otorgó  expresión a esta garantía al
prescribir en su artículo  31, inciso segundo, que "El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando  el condenado  sea  apelante único".  El
Código de Procedimiento Penal consagra esa prohibición tanto  en las instancias
como en el recurso extraordinario de casación.  Tratándose de la apelación, el
artículo 217  preceptúa  que sólo  permite revisar los aspectos impugnados y
que "Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá en caso alguno
agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal o el agente del Ministerio
Público o la parte civil cuando tuviere interés para ello, la hubieren recurrido",
salvedad que también aparece plasmada en el artículo 227 que regula el
principio de no agravación  en referencia al recurso extraordinario de
casación  y que  ahora es objeto de acusación por el ciudadano demandante,
bajo el entendido de que comporta violación del artículo 31 de la Constitución
Política ya que  permite  el empeoramiento de la situación del sindicado.
Debe acotarse, en
primer término que cuando los artículos  217  y 227 del Decreto 2700 de 1991 se
refieren al fiscal, al  agente del Ministerio Público y a la parte civil,  se
limitan a enunciar las partes que fuera del acusado, tienen  el derecho de
interponer la apelación o de recurrir en casación, hallándose legitimadas para
ello, en lo cual la Corte  no percibe los motivos de inconstitucionalidad  que
alega el demandante.
Esta Corporación ha
abordado en reiterada jurisprudencia el principio  de la "no reformatio
in pejus" que, se repite, impide al juez de segunda  instancia hacer
más gravosa la situación  del procesado siempre que el recurso de apelación sea
interpuesto, únicamente, por éste o por su defensor.  El fundamento sobre el
que se edifica este principio, en la mayoría de los casos, es la existencia de
una condena en relación con la cual  el afectado pretende la revocación o cuando
menos  la disminución.  De ahí que "la apelación siempre se entiende
interpuesta en lo desfavorable" y que  mediante el recurso interpuesto por
el condenado  en condición de apelante único se busque una definición
favorable, lo que  implica la imposibilidad de afectar la parte benéfica de la
decisión apelada, en otras palabras, el superior llamado a  decidir el recurso
tiene vedada la posibilidad de empeorar la situación del condenado que actúa
como apelante único.
El panorama que se
deja reseñado varía si junto con el procesado o su defensor apelan otras
partes, hipótesis que autoriza al superior  para modificar en un sentido o en
otro la providencia impugnada, siempre que haya lugar a ello.
De acuerdo con su
jurisprudencia, la Corte  estima de importancia precisar que el principio
comentado "opera sólo en favor del imputado y no de los demás sujetos
procesales, por eso, aunque el condenado no recurra y la sentencia sólo sea
apelada por la parte acusatoria, el Ministerio Público o la parte civil, el juez
de segundo grado debe dictar sentencia  absolutoria si encuentra que el hecho
no constituye delito o no existe certeza sobre la existencia del mismo o sobre
la responsabilidad  del procesado."[12]
Es de interés
aclarar, también con fundamento en la jurisprudencia  constitucional, que
"frente a un fallo de contenidos ilegales, cuando el mismo parece tocar
los intereses legítimos del Estado o de la sociedad, la impugnación del mismo
corresponde, a través del recurso de apelación  o de casación, al fiscal y al
Ministerio Público", y, en caso de que estos sujetos procesales no hagan
uso de los recursos oportunamente, revelan la conformidad del titular de la
pretensión punitiva con los términos del fallo, e implican la preclusión de la
oportunidad que el Estado tenía de revisar su propio acto, sin que le sea dable
al fallador suplir tales omisiones recurriendo al desconocimiento de la
garantía de la no reformatio in pejus[13].
Por último, e
igualmente con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional cabe
ratificar que el concepto de apelante único no puede interpretarse en sentido
formal, pues no hace relación exclusiva al número de recurrentes de la
sentencia condenatoria sino que atiende a la naturaleza de las pretensiones
deducidas por los sujetos procesales.
Sobre el particular,
la Corte dijo:
"En el proceso
penal actual son claramente distinguibles cuatro partes procesales: el acusado,
la parte civil, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación.
Cualquiera de las tres últimas mencionadas, puede pretender legítimamente la
condena del acusado; sin embargo, cuando las pretensiones de una de las partes
se restringen al plano o interés económico y son, por lo tanto, pretensiones de
carácter civil, el ejercicio de recursos en contra de la sentencia condenatoria
no conduce a inobservar la interdicción peyorativa o reformatio in pejus, salvo
en lo relacionado con dicha pretensión. No basta que el juez ad quem se limite
a contabilizar el número de partes recurrentes para concluir, ipso, la
inexistencia de la prohibición constitucional, por registrarse una pluralidad
de apelantes. Por el contrario, el juzgador debe establecer la naturaleza de
las pretensiones esgrimidas y conformar sus facultades decisorias a lo
estrictamente permitido por la Constitución. Sería absurdo, y a la vez
inconstitucional, acabar agravando la condena de privación de la libertad del
procesado, si habiendo apelado la sentencia, el juez decide finalmente aumentar
la pena principal por efecto de la pretensión concurrente, pero de naturaleza
estrictamente económica, elevada por la parte civil"[14].
Hecho este breve
recorrido por la jurisprudencia que desarrolla el principio contemplado en el
artículo 31 de la Constitución Política, la Corte no acierta a deducir
infracción alguna de este precepto superior por las partes acusadas de los
artículos 217 y 227 del Código de Procedimiento penal, que serán declaradas
exequibles.
- La violación
ostensible de las garantías fundamentales por la sentencia que se recurre en
casación (artículos 228 y 226).
Regula el artículo
228 del Código de Procedimiento Penal la limitación del recurso de casación y,
para tal efecto, dispone que la Corte Suprema de Justicia no podrá tener en
cuenta causales distintas a las expresamente alegados por el recurrente,
excepto tratándose de la causal prevista en el numeral 3 del artículo 220
eijusdem, en cuyo caso, la Corte deberá declararla de oficio. La norma agrega
que "Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que
la misma atenta contra las garantías fundamentales".
El demandante dirige
su acusación en contra del término "podrá" incluido dentro del
segmento normativo transcrito ya que, en su criterio, "deja un inmenso
vacío de coerción" que se torna más notorio si se procede a analizar el
carácter "formalista" y "técnico" que la jurisprudencia de
la Honorable Corte Suprema de Justicia exige para que resulte viable el recurso
de casación. En opinión del actor, al leer el artículo completo "sin dicho
término, quedaría obligada la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia a casar oficiosamente un fallo condenatorio cuando el mismo atente, de
manera ostensible y evidente, contra garantías o derechos fundamentales del
procesado...".
La Constitución
Política de 1991 consagró, dentro del catálogo de las atribuciones de la Corte
Suprema de Justicia, la competencia para "actuar como Tribunal de Casación
(art. 231 num. 1 C.P.) y, al hallarse este recurso extraordinario ordenado de
manera directa y clara en la Carta Política, "corresponde a la ley como a
la jurisprudencia la adecuación del clásico instrumento jurídico al nuevo orden
superior.[15]
No se remite a dudas
de ninguna índole que el nuevo ordenamiento superior confiere a la persona
humana todos los derechos y garantías, que definen su especial status jurídico,
una posición axial dentro del conjunto de principios y de valores que lo
sustentan y que a esa opción personalista la acompaña la vocación para permear
e impregnar el ordenamiento jurídico entero.
El Código de
Procedimiento Penal de 1991, en desarrollo de la aludida perspectiva
constitucional, introdujo normaciones encaminadas a definir con mayor precisión
la vigencia ineludible de los derechos y garantías fundamentales y, en el caso
del recurso extraordinario de casación, autoriza a la Corte para que case la
sentencia en el supuesto, de que atente, contra las garantías fundamentales.
El análisis del
término "podrá", incluido en la parte final del artículo 228, en el
contexto de la norma a la cual pertenece, le quita todo fundamento a las
apreciaciones vertidas por el actor en su demanda. En efecto, las causales de
casación fijadas en el Código de Procedimiento Penal (art. 220) son las únicas
admisibles y, por ello, el recurrente en casación debe indicar cuál es la
causal que se aduce y de qué manera está configurada en el contenido de la
sentencia atacada. Resulta nítida, entonces, la razón por la que el artículo
228 del decreto 2700 de 1991 indica que la Corte "no podrá tener en cuenta
causales de casación distintas a las que han sido expresamente alegadas por el
recurrente", aserto que, según la norma glosada, es válido "en
principio", puesto que ella misma abre la posibilidad de que la Corte
proceda a casar la sentencia que, en forma manifiesta, atente contra las
garantías fundamentales.
Así las cosas, el
artículo 228 al autorizar a la Corte para casar las sentencias, en el supuesto
al que se acaba de hacer referencia, lo que hace es propender por  la vigencia
de las garantías fundamentales, en lo cual la Corte no observa el
desconocimiento de la Constitución sino la posibilidad de la realización
concreta de sus postulados.
A juicio de la Corte
la expresión "podrá" no hace referencia a una especie de
discrecionalidad absoluta de la Corte Suprema de Justicia por cuya virtud, ante
la violación de las garantías fundamentales por la sentencia que examina en
casación, estaría facultada por la norma para decidir a su arbitrio si casa o
no casa la sentencia. El correcto entendimiento de la norma enseña que mediante
la expresión "podrá", lo que el legislador pretendió fue introducir
una autorización para que la Corte case la sentencia en la que se perciba
ostensiblemente el vicio anotado, a lo cual procederá de oficio, pues de lo
contrario, se expondría ella misma a quebrantar esas garantías desconociendo
que la casación "tiene por fines primordiales la efectividad del derecho
material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la
actuación penal...." (art. 219 C.P.P).
En cuanto hace a las
críticas al formalismo y a la "técnica de la casación", la Corte
observa que el reproche se dirige más a la interpretación y a la práctica
judicial del recurso de casación que al propio tenor literal de la norma, de
modo que por este aspecto el cargo formulado tampoco está llamado a prosperar.
Se declarará la exequibilidad del aparte demandado del artículo 228 del Decreto
Ley 2700 de 1991.
También será
declarada exequible la palabra "obligatoriamente" que se refiere al
carácter del concepto del Procurador Delegado en lo penal, exigible cuando se
admite el recurso de casación, según lo preceptuado por el artículo 226 del
Código de Procedimiento Penal.
Manifiesta el
demandante que el carácter obligatorio del concepto desconoce el artículo 277
de la Carta y "constriñe indebidamente" al procurador  delegado a
emitir un concepto.  La Corte estima que la norma se limita a regular en forma
imperativa  una función y que al hacerlo no quebranta preceptos superiores
porque, como se anotó, al legislador corresponde la regulación atinente a los
diversos procesos, y el referido concepto obligatorio se halla enmarcado dentro
del propósito protector del ordenamiento jurídico y de las garantías
fundamentales que, de acuerdo con el texto constitucional, guían la
participación del Ministerio Público, que es obligatoria según tuvo ocasión de
exponerlo la Corte  en la sentencia No. C-479 de 1995.
La acción de
revisión (Artículos 232, 238 y 245)
La denominada acción
de revisión es un recurso extraordinario que permite volver a examinar
decisiones que han hecho tránsito  a cosa juzgada, con la finalidad de
analizar, primordialmente, la justicia de las mismas.  El artículo 232 del
Código de Procedimiento Penal enumera las causales de revisión y en el numeral
sexto consagra que ella es procedente contra las sentencias ejecutoriadas
"Cuando mediante  pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado
favorablemente el criterio jurídico que sirvió  para sustentar la sentencia
condenatoria".  El actor considera que esta causal es anfibológica,
innecesaria e inaplicable porque, según él, son muchos los pronunciamientos de
la Corte Suprema de Justicia "contrarios a los postulados  iusfilosóficos
de la Carta Política" por lo cual la jurisprudencia que debería tenerse en
cuenta para la cabal operancia de la causal, no es sólo la de la Corte Suprema
de  Justicia sino también la de la Corte Constitucional y la producida por el
Consejo de Estado "siempre que se refieran a materias aplicables al
proceso penal".
Una vez más reitera
la Corte que es  al legislador a quien atañe regular lo concerniente a los
distintos procedimientos y que la oscuridad  de una norma, las dificultades
para desentrañar su sentido o  para proceder a su aplicación, no son motivos
que permitan, por sí solos, derivar la inconstitucionalidad que sólo se declara
cuando el precepto normativo acusado contradice la Constitución Política.  Por
lo demás, es de mérito destacar que la jurisprudencia emanada de la Sala de
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha empezado a  fijar
los criterios para la aplicación de la causal acusada; así, en reciente
sentencia, dijo:
"La
introducción de esta causal de revisión al sistema procesal  colombiano obliga
a exponer el entendimiento que debe guiar su aplicación.  Así, aun cuando
parezca elemental,  conviene aclarar que, de acuerdo con los términos de la
preceptiva, el cambio de criterio jurídico válido para la estructuración  del
motivo de revisión es aquel que provenga de la Corte Suprema  de Justicia;
ello por cuanto, en su especialidad penal, es la máxima autoridad judicial y
sus pronunciamientos son unívocos, lo que no necesariamente sucede al nivel de
tribunales superiores o juzgados."
"La anterior
afirmación no surge simplemente como una reflexión jurisprudencial sino que es
decisión de carácter legislativo cuando en el artículo 219 del Código de
Procedimiento Penal se señala entre los fines primordiales de la Casación
'...la unificación de la jurisprudencia nacional'.
"Igualmente es
importante recordar el contenido del segundo inciso del artículo 230 de la
Carta de derechos que indica que entre los criterios de la actividad judicial
se encuentra la jurisprudencia.
"Y,
principalmente lo que se dispone en el numeral 6o. del artículo 232 del Código
de Procedimiento Penal, al contemplar como causal de revisión cuando... la
Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para
sustentar la sentencia condenatoria'.
"Encontramos
entonces una clara concordancia entre una de las finalidades de la Casación
-Unificación de la Jurisprudencia- y que el mismo contenido de las decisiones
se convierta en un instrumento interpretativo en la actividad jurisdiccional,
que toma primordial trascendencia en cuanto a que como causal de revisión el
cambio de jurisprudencia que tuvo como fundamento la condena puede llegar a
remover la cosa juzgada"[16].
Adicionalmente, el
ciudadano demandante apunta que "el artículo 230 de la Constitución le
otorga a la jurisprudencia un carácter de criterio meramente auxiliar en la
función del operario judicial, contrariamente a la índole casi 'legal' que se
le otorga en la preceptiva acusada. Para desvirtuar el cargo, basta transcribir
los siguientes planteamientos de la Corte Constitucional:
"El juez,
vinculado tan sólo al imperio de la ley (C.P. art. 230), es enteramente libre e
independiente de obrar de conformidad con su criterio. Sin embargo, un caso
especial se presenta cuando el término de comparación está constituido por una
sentencia judicial proferida por un órgano judicial colocado en el vértice de
la administración de justicia cuya función sea unificar, en su campo, la
jurisprudencia nacional. Si bien sólo la doctrina constitucional de la Corte
Constitucional tiene el carácter de fuente obligatoria (Corte Constitucional,
sentencia C-083 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz), es importante
considerar que a través de la jurisprudencia -criterio auxiliar de la actividad
judicial -de los altos órganos jurisdiccionales, por la vía de la unificación
doctrinal, se realiza el principio de igualdad"[17].
Luego la
jurisprudencia de unificación contribuye a la efectividad de los postulados de
la Carta y particularmente del principio de igualdad en la aplicación del
derecho que resulta realizado por la norma acusada, pues de no existir la
posibilidad de aplicar a situaciones decididas mediante sentencia, que sigue
surtiendo efectos, una nueva jurisprudencia que introduzca un parámetro de
comparación que, en relación con la jurisprudencia anterior que sirvió de base
a una sentencia condenatoria, sea más favorable, se estaría propiciando la
violación del derecho a la igualdad del condenado mediante una sentencia cuyo
criterio fue cambiado posteriormente en sentido más benigno, y su situación se
vería injustamente mermada frente a quien, hallándose en el mismo supuesto,
habría obtenido un mejor tratamiento. Si el recurso de revisión, merced a la
causal examinada, sirve al objetivo de lograr que cese la vulneración del
derecho a la igualdad, esta es una razón de más para proceder a declarar la
constitucionalidad del numeral 6o. del artículo 232 del Decreto 2700 de 1991,
desestimando los cargos formulados.
La acción de
revisión da origen a un trámite, dentro del cual, una vez vencido el término
probatorio se da traslado a las partes para que aleguen "siendo
obligatorio para el demandante hacerlo".
El actor arguye que
esa obligatoriedad dispuesta por el artículo 238 del Código de Procedimiento
Penal es una carga "desmesurada y desproporcionada" que favorece,
innecesariamente, la repetición de actuaciones. Para la Corte el aparte
normativo acusado no contradice norma constitucional alguna y responde, como
tantas veces se ha consignado a lo largo de esta providencia, a la competencia
que asiste al legislador para regular los diferentes procedimientos, pudiendo
establecer determinadas cargas procesales que la parte llamada a cumplirlas
debe observar, para estar en condiciones de hacer valer los derechos
involucrados dentro de la actuación judicial de que se trate.
La iniciación del
trámite a que da lugar la acción de revisión deber ser notificada personalmente
a quienes no promueven el recurso y de no ser posible la notificación personal
se procederá a notificar por estado. El artículo 245 del Código de
Procedimiento Penal indica que "si se tratare del absuelto, se le
declarará ausente y se le designará defensor de oficio con quien se surtirá el
recurso", prescripción ésta que para el demandante constituye un mandato
"perentorio" para que el absuelto sea declarado ausente sin que medie
ninguna otra actuación enderezada a lograr su comparecencia.
La interpretación
prohijada por el actor es, a juicio de la Corte, el fruto de una lectura
aislada del aparte cuestionado, cuya adecuada comprensión impone relacionarlo
con lo preceptuado por el segmento que no fue objeto de tacha.
Merced a ese
ejercicio y sin necesidad de incurrir en complejas reflexiones interpretativas,
es posible arribar a la conclusión de que la declaración de persona ausente
está, necesariamente, antecedida por el adelantamiento de las diligencias y la
utilización de los recursos y medios con el fin de comunicarle al absuelto la existencia
de la acción de revisión. En primer lugar, entonces, es preciso intentar la
notificación personal y en caso de no ser posible la presencia del absuelto,
luego del surtimiento de los trámites encaminados a obtenerla, procede la
declaración de persona ausente que, en esas condiciones es una garantía que
opera en favor del absuelto a quien se le designará defensor de oficio que lo
represente y vele por el respeto de sus derechos mediante el ejercicio de las
pertinentes facultades. La declaración de ausencia permite armonizar los
derechos del absuelto  y el cumplimiento de la función confiada a la
administración de justicia, que se vería entrabada si hubiera que esperar,
indefinidamente, a que el absuelto se entere o decida comparecer.
Serán declarados
exequibles los apartes demandados de los artículos 238 y 245 del Código de
Procedimiento Penal.
El allanamiento
(artículos 343, 344 y 345).
El artículo 28 de la
Constitución Nacional recoge el principio de la inviolabilidad del domicilio.
"Nadie puede ser molestado -dice la norma- ni reducido a prisión o
arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley".
Por inviolabilidad
del domicilio, ha dicho la Corte, "se entiende en general el respeto a la
casa de habitación de las personas, lo cual muestra que el concepto de
domicilio a nivel constitucional no corresponde a su acepción en el derecho
civil. En efecto, la definición constitucional de domicilio excede la noción
civilista y comprende, además de los lugares de habitación, todos aquellos
espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera inmediata su
intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad.[18]
El allanamiento, por
su parte, franquea a la autoridad pública  el acceso a determinados lugares
amparados por protección jurídica, con la finalidad de obtener ciertos
resultados: una captura, unas pruebas, el decomiso de  un bien, etc..
La Corporación, en
la sentencia que se acaba de citar, puntualizó que para el registro del
domicilio son tres los requisitos exigidos a las autoridades; a saber: la
existencia de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, el respeto
a las formalidades legales y un motivo previamente definido en la ley.
De estos requisitos,
según la jurisprudencia, se desprenden las siguientes consecuencias: el respeto
al debido proceso que debe presidir la expedición de una orden de allanamiento
y su práctica, la reserva legal pues sólo la ley puede establecer los eventos en
los cuales es posible el registro del domicilio y por último, una reserva
judicial ya que una orden de esta naturaleza proviene, según el nuevo
ordenamiento constitucional, exclusivamente de las autoridades judiciales y
cabe aclarar que, en el ámbito penal, esas autoridades son la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, las Salas Penales de los Tribunales
Superiores, los jueces de la República en lo penal, la Fiscalía General de la
Nación y el Senado cuando ejerce las funciones de juzgamiento.
Empero, el régimen
constitucional que,  tratándose de la inviolabilidad del domicilio, impone la
reserva judicial, es exceptuado por la misma Carta en dos hipótesis: las
situaciones de detención preventiva administrativa y de flagrancia. Así,
conforme al artículo 32 superior, si la persona sorprendida en flagrancia se
refugiare en su propio domicilio, los agentes de la autoridad podrán penetrar
en él para el acto de aprehensión. Y, si se refugiare en domicilio ajeno los
agentes de la autoridad podrán penetrar sin necesidad de orden judicial pero
previo requerimiento al morador.
"La flagrancia
-explica la Corte- se refiere a aquellas situaciones en donde una persona es
sorprendida y capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando es
sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales
aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible"[19].
El artículo 343 del
Código de Procedimiento Penal preceptúa que "cuando hubiere serios motivos
para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna
persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos
con que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución el
funcionario judicial ordenará en providencia motivada, el correspondiente
allanamiento y registro".
El inciso segundo de
este artículo señala que "la providencia a que se refiere el inciso
anterior no requiere notificación" y es acusado por el demandante, quien
estima que esa providencia, al no ser notificada, no es susceptible de control
mediante el ejercicio de los respectivos recursos.
No comparte la Corte
estas apreciaciones porque la efectividad de la diligencia se vería seriamente
comprometida si tuviera que procederse a notificar la providencia que la adopta
y a surtir el trámite de unos recursos. Como lo anota el Procurador General de
la Nación el allanamiento "devendría inane en el evento de notificar su
realización, pues es precisamente el factor sorpresa el elemento que hace parte
de su ontología y que garantiza su éxito".
No significa lo
anterior la absoluta falta de controles sobre la diligencia que, según el
transcrito artículo 343 del C. de P.P., opera cuando "haya serios
motivos", frase que es indicativa de la ocurrencia indispensable de
motivos fundados que por serlo, excluyen la arbitrariedad y abren la
posibilidad al ejercicio de los controles provenientes por ejemplo, de los
organismos de vigilancia y control del Estado y aún de los superiores del
funcionario que procede a su práctica. Las simples sospechas que no permitan
inferir objetivamente la configuración de los supuestos que la norma acusada
consagra, no sirven de base para la adopción de la medida.
Fuera de lo
anterior, se tiene que la decisión de efectuar el allanamiento es adoptada
"por funcionario judicial" y mediante "providencia
motivada", lo que es indicativo de la observancia cabal de los requisitos
constitucionales a los que se aludió más arriba.
De otra parte, el
artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, preceptúa que "salvo
casos de flagrancia el Fiscal o un delegado suyo debe estar presente
en los allanamientos", los apartes subrayados son cuestionados por el
actor debido a que, en su criterio, aún en los casos de flagrancia, el fiscal
debe estar presente y a que no se encuentra facultado para delegar esta
función.
La flagrancia
corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata
de las autoridades, cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa
de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las
circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente, ya que de
tenerse su presencia por obligatoria el aviso que debería cursársele impediría
actuar con la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia
requieren, permitiendo, de ese modo, la reprochable culminación de una conducta
delictiva que pudo haber sido suspendida merced a la penetración oportuna de la
autoridad al lugar en donde se desarrollaba, o la evasión del responsable,
situaciones éstas que se revelan contrarias a la Constitución Política que en
su artículo 32 autoriza a las autoridades policiales y sólo a ellas, para
allanar un domicilio sin orden judicial, en hipótesis como la analizada.
En cuanto a la
presencia de un delegado del Fiscal en las diligencias de allanamiento, la
Corte considera que esta previsión tiene asidero en las funciones que el
artículo 250 de la Constitución encarga a la Fiscalía General de la Nación que,
de acuerdo con la Corte son distintas de las que atañen al Fiscal General de la
Nación en los términos del artículo 251 superior. "Debe repararse -enseña
la Corte- que la Constitución distingue claramente las funciones de la Fiscalía
General de la Nación de las del Fiscal General de la Nación. Las primeras,
contempladas en el artículo 250 superior, comprometen a todos los funcionarios
de esa entidad, incluyendo al señor Fiscal. En cambio, las segundas, señaladas
en el artículo 251 citado, obligan únicamente al señor Fiscal General de la Nación
y no a sus subalternos. Esta diferenciación entre atribuciones del órgano y
responsabilidades de un funcionario específico, es lo que permite que
jurídicamente, en este caso, se puedan delegar los primeros y tenga que asumir
personal y directamente las segundas."
En cuanto al
allanamiento especial previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento
Penal, la Corte considera acertadas las apreciaciones del señor Procurador
General de la Nación en el sentido de que por recaer la orden de allanamiento
"sobre bienes muebles e inmuebles sometidos por virtud del principio de
extraterritorialidad de la ley a una jurisdicción extranjera que los hace
inmunes al ordenamiento del país en que se encuentren, no obstante hallarse en
territorio extranjero, deben respetarse los trámites previstos en la
disposición censurada de conformidad con lo preceptuado por el derecho
internacional y los tratados idem ratificados por Colombia".
Se declararán
exequibles el artículo 345 y los apartes demandados de los artículos 343 y 344
del Decreto 2700 de 1991.
Interceptación y
reproducción de comunicaciones  (art.  351)
El artículo 351 del
Código de Procedimiento Penal indica que "En caso de flagrancia las
autoridades de Policía Judicial podrán interceptar y reproducir las
comunicaciones con el objeto de buscar pruebas", regulación que el
demandante considera inconstitucional pues, a su juicio, nadie, sin previa
orden judicial está autorizado "para violar la correspondencia y comunicaciones".
La Constitución
Política, en su artículo 15 establece que "La correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o
registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que
establezca la ley".
"El secreto de
las comunicaciones -manifiesta la Corte- garantizado por el precepto
constitucional en cita, es considerado por la doctrina como un derecho
individual resultado del status libertatis de la persona, que, como ya se dijo,
garantiza a ésta un espacio inviolable de libertad y privacidad frente a su
familia, a la sociedad y al Estado"[20]
y de acuerdo con lo señalado en el artículo 15, inciso 3o. de la Carta Política
para que las comunicaciones privadas puedan ser interceptadas o registradas
deben cumplirse tres condiciones: que haya orden judicial, que exista una ley
en la que se contemplen los casos en los cuales procede tal medida y que se
cumplan las formalidades fijadas en la ley.
El segmento
normativo demandado autoriza a las autoridades de policía judicial para que, en
casos de flagrancia, intercepten y reproduzcan comunicaciones, sin que se
requiera la orden judicial que el artículo 15 superior prevé.
En acápites anteriores
se puso de presente que exigencias similares contempla el artículo 28 de la
Constitución que al regular la libertad individual y la inviolabilidad del
domicilio introduce una reserva legal y otra judicial; régimen que, sin
embargo, la propia Carta Política exceptúa en el caso de los supuestos normados
por los artículos 28, inciso 2 y 32  superiores, tal como fue brevemente
explicado.
Es claro que también
el artículo 15 en su inciso tercero consigna en relación con la correspondencia
y con las demás formas de comunicación las aludidas reservas legal y judicial;
empero, se echa de menos en la disciplina constitucional de estas materias la
consagración de excepciones al perentonio requisito de la orden judicial para
proceder a interceptar o registrar y tampoco aparece en la Carta, autorización
al legislador para establecerlas.  Así las cosas y por ser las excepciones de
interpretación estricta, no es acertado ni jurídico pretender una extensión de
lo plasmado en el artículo 32 de la Carta cuyo tenor literal es por lo demás
nítido, para cobijar por la excepción allí contemplada, los supuestos regulados
por el artículo 15 superior cuyo texto, destacado más arriba en la parte
pertinente, utiliza el adverbio "solo" para significar que en ningún
evento podrá procederse a interceptar o a registrar la correspondencia y las
demás formas de comunicación privada sin que medie la orden judicial. Lo que
corresponde al dominio legal es el señalamiento los casos y del procedimiento,
más no está autorizada la ley para dispensar de la orden judicial.
En todos los casos
que la ley establezca se requiere, entonces, orden judicial para interceptar o
registrar las comunicaciones lo que "implica una clara y terminante
exclusión constitucional de la autoridad administrativa". Tanto es cierto
lo anterior en el caso que nos ocupa que ni siquiera en el artículo 38 de la
Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción, que se refiere a las
facultades del gobierno durante el estado de conmoción interior, se prescinde
de la orden de autoridad judicial competente. En efecto, de acuerdo con el
literal e) el Gobierno puede adoptar la siguiente medida:
(....)
"e) Disponer con
orden de autoridad judicial competente, la interceptación o registro de
comunicaciones con el único fin de buscar pruebas judiciales o prevenir la
comisión de delitos.
"Cuando existan
circunstancias de urgencia insuperables y sea necesario proteger un derecho
fundamental en grave e inminente peligro, la autorización judicial
previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente".
Al examinar la
constitucionalidad de este artículo la Corte apuntó:
"De ahí que el
Constituyente haya confiado de manera privativa a los jueces, como funcionarios
encargados de administrar justicia la tarea de ordenar la interceptación o
registro de correspondencia, para evitar la arbitrariedad y el abuso en que
pudieron incurrir autoridades administrativas encargadas de ejecutar esas
medidas, protegiendo a la vez los derechos a la intimidad, a la libertad y a la
tranquilidad que son precisamente los que se verían amenazados o
vulnerados".[21]
El aparte acusado
del artículo 351 del Decreto 2700 de 1991, viola el artículo 15 de la
Constitución y será declarado inexequible.
La calificación
jurídica provisional en la resolución de acusación.
El  actor cuestiona
la constitucionalidad de un segmento del numeral 3o. del artículo 442 del
Código de Procedimiento Penal, que al fijar los requisitos formales de la
resolución de acusación, señala que esta providencia debe contener la
calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del
título correspondiente del Código Penal, aduciendo la carencia de
especificidad pues, a su juicio, "la falta de precisión en los cargos
dificulta enormemente la defensa del acusado, ya que no sabe con certeza de qué
cargos concretos deberá defenderse en la etapa del juicio en el proceso
penal."
La estructura del
proceso penal está delineada por la Constitución que en diversas normas se
refiere a sus dos grandes etapas: la acusación y el juzgamiento. El artículo 29
de la Carta, por ejemplo, hace referencia al derecho a la defensa técnica
"durante la investigación y el juzgamiento", fases que no es posible
suprimir ni modificar durante los estados de excepción (artículos 212 y 213
C.P.). El artículo 250 superior encarga a la Fiscalía General de la Nación de
"investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los
juzgados y tribunales competentes".
La acusación,
entonces, corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las
normas de la Constitución que se limita a fijar la función y a atribuir su
ejercicio, primordialmente a la Fiscalía, sin entrar a determinar los
requisitos para su cumplimiento, materia que, por ende, es del resorte del
legislador ordinario.
Adelantada la etapa
investigativa el Fiscal, dentro de los procesos ordinarios, formula una
acusación que se concreta en la denominada resolución de acusación, providencia
que delimita el objeto de la relación jurídico procesal y uno de cuyos
elementos es la calificación jurídica provisional, con señalamiento del
capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal, lo cual no implica
inseguridad en la formulación de los cargos ni autoriza la discrecionalidad del
funcionario para variar, a su antojo, la calificación correspondiente. El
objetivo que se persigue mediante la calificación provisional, hecha en los
términos del artículo 442 numeral 3 del C. de P.P. es, de una parte, otorgarle
sentido a la prueba practicada en la etapa del juzgamiento que resultaría inane
si la calificación dada en la resolución acusatoria tuviera carácter definitivo
y, de otro lado, evitar la nulidad a que pudiere haber lugar en caso de error
en la denominación jurídica.
Así lo sostuvo la
Corte, en reciente sentencia, al examinar la constitucionalidad del vocablo
"provisional" contenido en el numeral 3 del artículo 442 del C. de
P.P. cuya declaración de inconstitucionalidad se solicitó a esta Corporación
por motivos similares a los que se aducen en la presente causa, y en particular
por la dificultad para ejercer el derecho de defensa, propiciada, según los
demandantes, por la provisionalidad de la calificación jurídica en la
resolución de acusación.
Los argumentos que
sirvieron entonces para desechar los cargos, resultan aplicables ahora y, en
consecuencia, la Corte los reitera:
"A juicio de la
Corte, por el contrario, el derecho de defensa tiene su realización en el
establecimiento y práctica de las condiciones objetivas y verificables de que
el proceso no se adelantará sin la participación del sindicado ni de suerte que
se lo prive de acudir a lo necesario, dentro de las reglas de la ley, para
hacer valer sus derechos.
De ninguna manera ha
de entenderse que la defensa del procesado resida en su certidumbre acerca de
que la administración de justicia permanezca en el error. Si las diligencias
iniciales dentro del proceso daban lugar para pensar algo que en el curso del
mismo se demuestra equivocado o susceptible de ser corregido, la obligación del
juez al adoptar decisión de mérito es la de declarar que el equívoco o la
inexactitud existieron, dilucidando el punto y resolviendo de conformidad con
lo averiguado, y en ello no se ve comprometida la defensa de la persona
sometida a juicio, quien accede a la justicia precisamente para que se defina
su situación, fundada en la verdad real y no apenas en calificaciones formales
ajenas a ella.
La norma
enjuiciada consagra los requisitos formales de la resolución de acusación,
entre los cuales está la calificación jurídica provisional del caso, con
señalamiento del lugar que tiene el delito motivo de proceso dentro de la
normatividad del Código Penal.
La provisionalidad
de la calificación -que, por supuesto implica la posterior facultad judicial de
modificarla- cobra sentido en esta etapa procesal por cuanto mediante la
resolución de acusación se da lugar al juicio, con base en unos motivos
estimados suficientes por la Fiscalía a la luz de las reglas procesales
aplicables y como resultado de la investigación, pero no se decide, lo
cual corresponde al juez, de acuerdo con la estructura del proceso penal en el
sistema acusatorio previsto por la Constitución.
En efecto, según el
artículo 250 de la Carta, compete a la Fiscalía General de la Nación, de oficio
o mediante denuncia o querella, "investigar los delitos y acusar a los
presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes",
"asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley
penal", "calificar y declarar precluidas las investigaciones
realizadas", funciones éstas que llevan implícita la atribución, propia
del juez, de definir, al administrar justicia, sobre el material, fruto de la
investigación, que le entrega la Fiscalía.
De acuerdo con el
artículo 252 Ibidem, ni siquiera durante los estados de excepción
(artículos 212 y 213 C.P.) es posible suprimir ni modificar los organismos ni
las funciones básicas de acusación y juzgamiento. Sería inconstitucional,
entonces, refundir tales atribuciones y obligar a los fiscales a que, cuando
formulan resolución de acusación, resuelvan, de manera definitiva, todo lo
atinente a la calificación jurídica de los hechos investigados, puesto que, si
así pudieran hacerlo, desplazarían al juez, quien estaría llamado tan sólo a
refrendar la calificación de la Fiscalía, en abierta transgresión a los
preceptos constitucionales.
La calificación a
cargo de dicho organismo debe, entonces, ser provisional -por su misma
naturaleza intermedia, sujeta a la posterior decisión del juez- y el sólo hecho
de serlo no deja al procesado en indefensión, ya que, no obstante la
posibilidad de que se haya preparado para su defensa con base en los datos y
criterios iniciales que la hayan inspirado, aquél siempre podrá, supuestas
todas las condiciones y garantías del debido proceso, velar por la real
verificación de los hechos y hacer efectivos los mecanismos jurídicos
tendientes a la búsqueda de la verdad, con miras a la genuina realización de la
justicia. Lo que entre en colisión con tales valores no puede entenderse
incorporado al debido proceso ni erigirse en parte inseparable del derecho de defensa.
De otra parte, el
carácter provisional de la calificación se aviene con la garantía consagrada en
el artículo 29 de la Constitución, toda vez que sostiene la presunción de
inocencia del procesado en cuanto al delito por el cual se lo acusa, presunción
únicamente desvirtuable mediante sentencia definitiva. Si, por el contrario, la
calificación fuera inmodificable, se mantendría lo dicho en la resolución de
acusación, aunque en el curso del juicio se demostrara que ella, en su base
misma, era deleznable, lo cual carece del más elemental sentido de justicia.
Téngase en cuenta,
adicionalmente, que si esta Corte accediera a declarar inexequible el vocablo
acusado, provocando así que se hiciera definitiva la calificación del Fiscal en
la resolución acusatoria, cualquier inexactitud en que incurriera la
Fiscalía al proferir dicha providencia llevaría a la nulidad del proceso penal,
dando paso a la impunidad, ya que, con arreglo al principio non bis in idem (artículo
29 C.P.), no cabría nueva actuación procesal por los mismos hechos.
Basta sugerir, a
título de ejemplo, lo que acontecería si -en el  supuesto de una norma legal
como la quiere la demandante-, calificado el hecho punible bajo un determinado
tipo legal en la resolución de acusación y hallado en el curso del proceso que
el sindicado no cometió ese delito, sino otro, plenamente probado, fuera
imposible para el juez proferir el fallo de condena en cuanto le estuviera
vedado modificar la calificación jurídica inicial. El delito, entonces, por mal
calificado, quedaría impune, frustrándose el postulado constitucional que
obliga al Estado a realizar un orden justo". [22]
Artículo 453.
El artículo 453 del
Código de Procedimiento Penal se refiere, en su inciso segundo, a la sanción de
"arresto inconmutable hasta por cuarenta y ocho horas "que puede
imponer el juez a quienes alteren el desarrollo de la audiencia pública,
siempre y cuando lo considere conveniente.
Es útil anotar que
el actor no dirige su reproche en contra de la parte que se acaba de reseñar
sino de la frase que reza: "decisión contra la cual no procede recurso
alguno", por estimar que el legislador ha debido prever recursos para
controvertir esa decisión.
El cargo esgrimido
es, en esencia, idéntico al planteado a propósito de otras normas cuestionadas
en esta demanda por la misma causa, resultando indispensable recordar, una vez
más, que la regulación de los diferentes procedimientos es materia confiada al
legislador en los aspectos no establecidos directamente por la Constitución
Política y que el Estatuto Superior no se ocupa de determinar la existencia de
recursos contra decisiones de esta índole, que tampoco son sentencias
condenatorias, evento este en que la Carta garantiza la doble instancia.
Por último, cabe
advertir que el segmento acusado hace parte de una norma que es especial y por
lo tanto no contradice en este punto, la ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, norma general "aplicable en todo caso cuando
los respectivos códigos de procedimiento no hayan establecido una regulación
especial"[23].
Juicios ante el
Senado (artículo 482)
Habida cuenta de que
como se indicó el artículo 469 del Código de Procedimiento Penal fue declarado
exequible por sentencia No. 563 de 1996, que ha hecho tránsito a cosa juzgada,
se refiere la Corte, finalmente, a los cargos formulados en contra de las
frases, "o por medio de una comisión de su seno" y "la audiencia
se celebrará aunque el acusado no concurriere a ella", que hacen parte del
artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, no sin antes precisar que, al
analizar la Corte la constitucionalidad del artículo 183 de la Ley 170 de 1996,
estatutaria de la administración de justicia, aclaró que los artículos 467 a
499 del Código de Procedimiento Penal, mantienen su vigencia.[24]
El reproche que el
demandante hace en contra de las frases citadas del artículo 482 del Código de
Procedimiento Penal se funda en que la comisión de Instrucción del Senado
desempeña funciones "exclusivas de la Corporación en pleno", fuera de
lo cual no es necesaria su existencia ya que el Senado sólo puede autorizar "el
seguimiento del proceso en la Corte Suprema de Justicia" autoridad que es,
según el actor, la llamada a investigar y juzgar. Además, estima el libelista
que la no concurrencia del acusado a la audiencia pública vulnera las garantías
propias del debido proceso.
El examen que
adelanta la Corte se circunscribe a los fragmentos acusados. Los cargos
formulados contra el primero de ellos que reza "o por medio de una
comisión de su seno" deben rechazarse pues tal como lo puso de manifiesto
la Corte, la Comisión de Instrucción del Senado de la República, es una célula
"cuyo origen se encuentra en el numeral 4 del artículo 175 de la Carta y
cuyas funciones, mientras estén dirigidas a sustanciar el trabajo del pleno en
los casos en que haya acusación de la Cámara de Representantes, serán acordes
con las voluntad expresada por el Constituyente; en esta norma se establece,
como es obvio, que la Comisión estudie y decida sobre el proyecto que presente
el Senador Instructor, sin que se desprenda de su contenido que se le faculte para
tomar una decisión definitiva en algún sentido".
El numeral 4 del
artículo 175 de la Constitución Política preceptúa que "El Senado podrá
cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose
el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública,
por los dos tercios, al menos, de los votos de los senadores presentes".
Es evidente que la
Comisión a la que se refiere el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal
encuentra asidero constitucional y que como lo apuntó la Corte, las actuaciones
que ante ellas se cumplen tienen la categoría de función judicial, sin que
pueda interpretarse lo anterior como un desconocimiento de las competencias
atribuidas a la Corte Suprema de Justicia, en los juicios por delitos comunes,
en los cuales las Cámaras no imponen sanciones, siendo su labor un
prerrequisito de procedibilidad para el desarrollo del proceso penal. Así pues,
"una vez cumplidas las exigencias constitucionales a que están sujetos la
Cámara de Representantes y el Senado de la República es claro que aquella
Corporación adelanta el juicio que le corresponde en forma independiente,
autónoma y sin depender ni de la calificación ni de las reglas procesales
cumplidas ante el Congreso, debiendo fundamentarse en las pruebas suficientes y
objetivamente recaudadas por ella misma, y atendiendo a los principios y
garantías del debido proceso penal".[25]
Es de interés
destacar que el inciso del que forma parte la frase "La audiencia se
celebrará aunque el acusado no concurriere a ella", fue reproducido en el
artículo 347 de la Ley 5 de junio 17 de 1992, "Por la cual se expide el
reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes", lo que,
a juicio de la Corte, constituye una subrogación y por ello el examen de
constitucionalidad recaerá sobre la parte acusada en la forma como fue
reproducida en la Ley 5 de 1992.
Considera la Corte
que no le asiste razón al demandante en el reparo que plantea en contra de la
frase "La audiencia se celebrará aunque el acusado no concurriere a
ella", contemplada en el mencionado artículo 347 de la Ley 5 de 1992, que
regula aspectos relativos a la audiencia que se celebra cuando el Senado de la
República, profiere resolución de acusación "por hechos cometidos en el
ejercicio de funciones públicas o en relación con las mismas".
Para el actor, la
eventualidad de que el acusado no concurra a la audiencia implica una palmaria
violación del derecho de defensa y de las garantías del debido proceso,
consagradas en el artículo 29 superior y ese entendimiento tendría asidero de
no ser porque la misma norma prevé que la resolución de acusación se comunicará
a la Cámara de Representantes y se notificará personalmente al acusador y al
acusado a quien, se le hace saber del derecho a designar un defensor.
Aparece, entonces,
con claridad que el segmento demandado no impide la concurrencia del acusado
que es de todas maneras libre de presentarse o no a la audiencia, limitándose a
prever lo que sucede en caso de que el acusado no concurra, situación que no
enerva a la actuación el defensor nombrado por éste. En esas condiciones, el
cargo formulado no está llamado a prosperar.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del Pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar exequibles los artículos 117,
151, 177 y 345 del Código de Procemiento  Penal.
Segundo.  Declarar exequibles los apartes
acusados de los siguientes artículos:
-        El último
inciso del  artículo 111 que dice:
"Cuando la
recusación propuesta por el sindicado o su defensor se declare infundada, no
correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la
decisión correspondiente."
-        Del
Artículo 115  la expresión "contra la cual sólo procede el recurso de
reposición"
-        El numeral
3º del artículo 125, que dice:
"3º Cuando lo
considere necesario, investigar, calificar y acusar directamente desplazando a
los fiscales delegados ante los jueces del respectivo distrito, mediante
resolución motivada contra la cual no procede recurso alguno"
-        Del
artículo  137  la expresión: "..excepto la sustentación del recurso de
casación.  Cuando existan peticiones contradictorias entre el sindicado y su
defensor, prevalecerán estas últimas."
-        Del
artículo 144  la expresión "a partir del momento en que se presente al
despacho el escrito que contenga su designación", y el último inciso que
dice:
"Los apoderados
principales y suplentes podrán designar como auxiliares a estudiantes de
derecho, para conocer y enterarse de la actuación procesal. Estos auxiliares
actuarán bajo la responsabilidad de quien los designó y tendrán acceso al
expediente, entendiéndose comprometidos a guardar la reserva correspondiente si
es el caso."
-        Del
artículo  217 la expresión:
"salvo que el
fiscal o el agente del Ministerio Público o la parte civil cuando tuviere
interés para ello, la hubieren recurrido."
-        Del
artículo 227 la expresión  "salvo que el fiscal, el Ministerio Público o      la
parte civil, cuando tuvieren interés, la hubieren recurrido."
-        Del
artículo 228 la palabra:  "podrá", contenida en la frase
"Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible de la
misma atenta contra las garantías fundamentales".
-        Del
artículo 232 el numeral 6 que dice:
"Cuando
mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el
criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria."
-        Del
artículo 238 la expresión "siendo obligatorio para el demandante
hacerlo."
-        Del
artículo 226 la palabra "obligatoriamente".
-        Del
artículo 245  el aparte que dice "Si se tratare de absuelto, se le
declarará ausente y se le designará defensor de oficio con quien se surtirá el
recurso".
-        Del
artículo 343 el inciso segundo que dice "La providencia a que se refiere
el inciso anterior no requiere notificación".
-        Del
artículo 344 las expresiones:  "Salvo casos de flagrancia.....o un
delegado suyo".
-        Del
artículo 442  la expresión  "....con señalamiento del capítulo dentro del
título correspondiente del Código Penal".
-        Del
artículo 453 la expresión "decisión contra la cual no procede   recurso
alguno."
-        Del
artículo 482 la expresión  "... o por medio de una comisión de su
seno".
-        Del
artículo 347 de la ley 5 de 1992, la frase "La audiencia se celebrará
aunque el acusado no concurriere a ella".
-        El
artículo 85 de la Ley 201 de 1995.
Tercero. Declarar
inexequibles los segmentos demandados de los siguientes  artículos:
-        Del
artículo 114 la expresión "de plano" contenida en el inciso     primero.
-        Del
artículo 351 el último inciso que dice:
"En caso de
flagrancia las autoridades de policía judicial podrán interceptar y reproducir
las comunicaciones con el objeto de buscar pruebas."
Cuarto.  Estarse
a lo resuelto en la sentencia No. C-563 de 1996, en relación con el artículo
469 del Decreto ley 2700 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívase el expediente.
CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO
MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]   Cfr.  Sentencia no. C-019/96  M.P. Dr.  Jorge Arango Mejía
[2]  Ibidem
[3] Cf. Sentencia No. C-390/93 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
[4]   Cfr.  Sentencia  No. C-150 de 1993.  M.P.  Dr.  Fabio Morón
Díaz
[5]  Cfr.  Sentencia  No. C-479 de 1995. M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa
[6]    Cfr.  Sentencia  No.  C-592/93.  M.P.  Dr. Fabio Morón Díaz
[7]    Cfr.  Sentencia  No.  C-071/93.  M.P.  Dr. Carlos  Gaviria
Díaz
[8]   Cfr.   Sentencia  No. C-592 de 1993.  M.P.  Dr. Fabio Morón
Díaz
[9]    Cfr.  Sentencia No. C-049/96.  M.P.  Dr.  Fabio Morón Díaz
[10]   Cfr.  Sentencia   C-025 de 1993. M.P.  Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[11]    Cfr.  Sentencia  No. C-523 de 1995.  M.P.  Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[12]   Cfr.  Sentencia   SU-327 de 1995  M.P.  Dr. Carlos Gaviria
Díaz.
[13] Ibidem
[14]  Cf. Sentencia C-474 de 1992 M.P. Dres. Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero
[15]  Cf. Sentencia C-215 de 1994 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz
[16]   Cfr.  Sentencia  C-123 de 1995.  M.O.  Dr.  Eduardo Cifuentes
Muñoz
[17] Cf. Sentencia C-123 de 1995 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
[18] Cf. Sentencia C-024 de 1994 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
[19] Ibidem
[20] Cf. Sentencia T-349 de 1993 M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo
[21] Sentencia No. C-179 de 1995 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
[22]  Cf. Sentencia C-491 de 1996 M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo
[23] Cf. Sentencia C-218/96 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz
[24] Cf. Sentencia C-037/96 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
[25]Cf. Sentencia C-222/96 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz