C-957-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-957/14
REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Sanciones
ACCION DE REPETICION CONTRA SERVIDOR
PUBLICO POR IMPOSICION DE MULTA DE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Desconocimiento
del artículo 90 de la Constitución Política
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Naturaleza
y alcance
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza jurídica/ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Condiciones para su ejercicio
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Rigor en el
juicio al examinar demanda no puede convertirse en un método tan estricto que
haga nugatorio el derecho de los ciudadanos
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda en
relación con el cargo relativo a violación del principio non bis in ídem
ACCION DE REPETICION CONTRA SERVIDOR
PUBLICO POR IMPOSICION DE MULTA DE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Sentido y
alcance
SOMETIMIENTO DEL REGIMEN DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICICLIARIOS A NORMAS DE DERECHO PRIVADO-Jurisprudencia constitucional
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Régimen
especial/EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Pueden ser
sociedades por acciones de carácter privado, público o mixto
REGIMEN
LABORAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Jurisprudencia
constitucional/EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Régimen jurídico aplicable a empleados/SERVIDORES
PUBLICOS-Contenido y alcance
PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS-Facultades especiales
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIVADAS O MIXTAS-Pueden ser obligadas a realizar funciones públicas o adoptar
decisiones cuya responsabilidad o control de legalidad está en cabeza de la
jurisdicción contencioso administrativa
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Antecedentes/RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Ambitos en que se
proyecta/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Competencia para conocer de acciones reparatorias
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Fundamento
constitucional
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Alcance
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Contenido actual
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Repetición contra el
agente/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y RESPONSABILIDAD PERSONAL
DEL AGENTE-Relación y
distinción
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Alcance de la norma
constitucional/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No es un criterio
restringido
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Régimen unificado
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Carácter
institucional
ESTADO-Organos de actuación/ESTADO-Actuación por
intermedio de instituciones públicas
ORGANOS DEL ESTADO-Reconocimiento de personalidad jurídica y sujeción al orden
institucional/ORGANOS DEL ESTADO-Personalidad jurídica y política/ORGANOS
DEL ESTADO-Centro de
imputación jurídica
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO
ANTIJURIDICO-Particulares en ejercicio de funciones públicas
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Particulares
responsables al ejercer funciones públicas con dolo o culpa grave
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Requisitos para su
configuración/REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL ESTADO-Jurisprudencia constitucional/REQUISITOS PARA QUE SE
CONFIGURE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo
de Estado
El artículo 90-1, establece claramente
dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial del Estado, a
saber: (a) que haya un daño antijurídico causado a un administrado; y (b) que
éste sea imputable al Estado- esto es, que se presente una relación de
causalidad material entre el daño antijurídico y el órgano estatal
correspondiente-, con ocasión de la acción u omisión de una autoridad pública.
La jurisprudencia constitucional en diversas sentencias, al hablar de las
exigencias para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado,
en ocasiones, señala no dos, sino tres requisitos derivados del artículo
constitucional en mención. En efecto, en la sentencia C-892 de 2001, se señaló
que la doctrina y la
jurisprudencia constitucional, exigen la presencia de tres requisitos para la
configuración de la responsabilidad mencionada: una acción u omisión de una
entidad pública, un daño antijurídico, y una relación de causalidad material
entre el primero y el segundo. En ese mismo sentido, la sentencia C-338 de 2006
señala que: “La responsabilidad patrimonial del
Estado se presenta cuando se produce i) un daño antijurídico que le sea
imputable, ii) causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas,
y iii) existe una relación de causalidad entre el daño antijurídico y la acción
u omisión del ente público”. Por su parte, la sentencia C-965 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil,  sostiene que uno de los presupuestos o requisitos sine qua non para
que surja la responsabilidad patrimonial de la administración, es la existencia
de una relación de causalidad material entre el daño antijurídico y la acción u
omisión de la entidad pública, por lo que una consecuencia natural de la
ausencia de dicha relación causal, es la imposibilidad jurídica de imputar al
Estado y a sus agentes la realización del daño y el reconocimiento de una
reparación o indemnización en favor de la víctima o perjudicado. En el caso de la jurisprudencia del
Consejo de Estado se destaca que de manera general, se proponen en estos casos
dos requisitos, que se describen  de la siguiente forma: “Según lo prescrito en
el artículo 90 de la Constitución Política, la cláusula general de la
responsabilidad del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño
antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la
administración pública, tanto por la acción, como por la omisión de un deber
normativo”. Para la Sala, independientemente de si se alegan dos o tres requisitos
derivados del artículo 90 superior, - que vistos en conjunto incluyen en ambos
casos las exigencias propias de esa disposición constitucional pero que se
presentan de manera diferente, -la determinación de la responsabilidad
patrimonial del Estado requiere para su demostración básicamente: la existencia
de un daño antijurídico, causado por la acción o
la omisión de las autoridades públicas, que le sea imputable al estado, y donde
exista una relación de causalidad entre el daño antijurídico y la acción u
omisión del ente público, que es de la que se desprende la imputabilidad
estatal.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Comprende la responsabilidad extracontractual, precontractual
y contractual
DAÑO ANTIJURIDICO-Concepto
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Fundamento en el daño antijurídico
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Actividad que lo
origina/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Indemnización
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDOR PUBLICO-Fundamentos constitucionales
RESPONSABILIDAD DE SERVIDOR PUBLICO-Manifestaciones diferentes
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Repetición contra el
agente
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SERVIDORES DEL
ESTADO-Fines preventivos y retributivos
La responsabilidad patrimonial de los
servidores del Estado establecida en el artículo 90 superior, tiene fines
preventivos y retributivos. En cuanto a los primeros, se ha señalado que el inciso segundo del artículo 90 de la
Carta, se enmarca dentro de artículos constitucionales propuestos por el
Constituyente, con el objetivo de: (i) promover una toma de conciencia en el
servidor público sobre la importancia de su misión, en el cumplimiento de los
fines del Estado y en el cumplimiento de sus tareas; de (ii) fortalecer el compromiso que debe tener el
servidor público con la función o labor que está llamado a desempeñar en
defensa del interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 2°) y
de (iii) garantizar el
fortalecimiento de principios
superiores como la moralidad pública, y la eficiencia y eficacia administrativa
(C.P. art. 209). En este punto, como lo ha sostenido precisamente esta
Corporación con anterioridad, sin los “mecanismos procesales para poder vincular a los
funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente
culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado
se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio
y para preservar la moralidad pública”. En cuanto a los segundos, se entiende que la
responsabilidad patrimonial de la que habla la segunda parte del artículo 90 en
mención, no tiene un carácter sancionatorio, sino reparatorio o resarcitorio,
en la medida que lo que se busca con esa disposición, es que se reintegre al Estado el valor de la condena que éste
tuvo que pagar como consecuencia del daño antijurídico causado a la víctima,
imputable al dolo o
la culpa grave del agente,  a fin de proteger de manera integral el patrimonio
público, ya que es por medio de este patrimonio, entre otros elementos, que se
obtienen los recursos para “la
realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho”.
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Servidores públicos y particulares que cumplen funciones pública/RESPONSABILIDAD
DE LOS PARTICULARES QUE TEMPORALMENTE DESEMPEÑAN FUNCIONES PUBLICAS-Sustento legal
CONDENA AL ESTADO A REPARACION POR DAÑO ANTIJURIDICO-Establecimiento de
conducta dolosa o gravemente culposa de agente suyo para repetición contra éste
ACCION DE REPETICION-No solo está circunscrita de manera
única y exclusiva a los casos en que exista sentencia condenatoria
ACCION DE
REPETICION-Definición
La acción de repetición
se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la
Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el
reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los
particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado.
ACCION DE REPETICION-Características
ACCION DE REPETICION-Acción
autónoma, de carácter obligatorio, que le compete ejercer exclusivamente al
Estado
ACCION DE REPETICION-Presupuestos
para que prospere
La acción de repetición, es una acción que para su prosperidad, según la
jurisprudencia de ésta Corte, exige los siguientes presupuestos: (a) la existencia de condena impuesta por la jurisdicción
contencioso administrativa para reparar los perjuicios antijurídicos causados a
un particular. (b) que el daño antijurídico haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, agente estatal o antiguo
funcionario público; y (c) que la entidad condenada haya pagado la suma
de dinero determinada por el juez en su sentencia, ya que es a partir de ese
momento que se considera causado el detrimento patrimonial del Estado. Ahora
bien, nótese que la primera de estas exigencias, puede encontrarse reseñada en
diversas providencias de esta Corporación que han revisado el tema, y en la
jurisprudencia reiterada de la jurisdicción contencioso administrativa. No
obstante, ya que frente a este aspecto la sentencia C-338 de 2006 antes
mencionada se pronunció, incluyendo la conciliación y las demás formas de
terminación de un conflicto establecidas por el Legislador como materialización
de ese requisito, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos deben
ser entendidos como supuestos válidos para la declaración de la responsabilidad
patrimonial del Estado y de la primera exigencia que aquí se propone. A este
respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado también, que
como en la acción de repetición la Administración obra en calidad de
demandante, le incumbe acreditar oportuna y debidamente los siguientes hechos:
(i) que surgió para el Estado la obligación de reparar un daño antijurídico,
bien sea por condena judicial debidamente ejecutoriada, por conciliación o por
otra forma de terminación de un conflicto, originada en el actuar de uno de sus
servidores, ex funcionarios o agente en ejercicio de funciones públicas; (ii)
que el Estado pagó totalmente la obligación, con el consecuente detrimento
patrimonial; (iii) que el demandado, a quien debe identificar de manera
precisa, es o fue agente del Estado, para lo cual debe acreditar tal calidad o
el cargo desempeñado; (v) que el funcionario que dio origen al pago actuó con
dolo o con culpa grave; (vi) que el daño antijurídico fue consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa del demandado.
ACCION
DE REPETICION-Pretensión resarcitoria o indemnizatoria
ACCION
DE REPETICION-No se está en presencia de responsabilidad objetiva
ACCION
DE REPETICION-Término de caducidad
El término de caducidad de la acción de repetición es
de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente al de la fecha en que se
hubiere realizado el pago total por parte de la respectiva entidad pública
(arts. 136 numeral 9° C. C. A. y 11 de la Ley 678 de 2001). Este plazo, fue
hallado constitucional por esta Corporación, en la sentencia C-831 de 2001, “bajo el entendido que el término de
caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que
efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del
plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso
Administrativo”.
Igualmente, en la sentencia C-394 de 2002 se especificó que si el pago se hace
en cuotas, "el término de caducidad comenzará a contarse  desde la fecha
del último pago”, observando que la caducidad en estos casos se cuenta
siguiendo el mismo condicionamiento establecido en la Sentencia C-832 de 2001.
ACCION DE REPETICION-Contenido y alcance
LLAMAMIENTO EN GARANTIA-Contenido y alcance
ACCION
DE REPETICION-Competencia de la jurisdicción contenciosa
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Contribuye
directamente a los fines sociales del Estado
REGULACION
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS-Forma de
intervención del Estado en la economía
El Legislador nacional es
a quien le compete definir el régimen general de los servicios públicos a
través de la ley (Art. 365 C.P). A su vez, el artículo 367 superior, indica que
“la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación,
y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos,
los de solidaridad y redistribución de ingresos”. De acuerdo con el artículo
369 siguiente, “la ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el
régimen de su protección y sus formas de prestación en la gestión y
fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio”. La misma
norma le impone al Legislador el deber de definir “la participación de los
municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten
servicios públicos domiciliarios”.
SERVICIOS PUBLICOS-Pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta, por
intermedio de comunidades organizadas o por particulares/SERVICIOS PUBLICOS-Regulación, control y vigilancia por el Estado
Los servicios públicos pueden ser prestados “por el
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares”, la prestación de esos servicios exige en general que el Estado se reserve para sí, la
regulación, el control y la vigilancia de dicha actividad  (art. 365 C.P.). Frente al tema de la regulación, la Ley 142 de 1994, “por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”, fue expedida por el Congreso de la República como respuesta al
mandato impuesto por el Constituyente previamente mencionado y  con  el
propósito de ser una ley especial, tendiente a desarrollar los fines sociales
de intervención del Estado en la prestación de estos servicios y alcanzar,
entre otros, los objetivos de calidad, cobertura, atención prioritaria de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico; garantizar su prestación continua, eficiente e ininterrumpida del
servicio público, proteger la libertad de competencia y prevenir la utilización
abusiva de la posición dominante; establecer mecanismos que garanticen a los
usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y
fiscalización de su prestación; así como  establecer un régimen tarifario
proporcional. En lo
concerniente al control y vigilancia en materia de servicios públicos, la Constitución fijó un reparto de
competencias, entre el Congreso y el Presidente de la República, que le permite
al primero, según el artículo 150 numerales 8 y 23, “expedir las normas a las
cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de
inspección y vigilancia que le señale la Constitución” y específicamente
“expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la
prestación de los servicios públicos”.
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SERVICIOS PUBLICOS-Reglas
Sobre el diseño de los mecanismos y funciones de
inspección, control y vigilancia administrativa en el ámbito de los servicios
públicos domiciliarios y los límites del Legislador a ese respecto, la
sentencia C-172 de
2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, arribó entre otras, a las siguientes
reglas relevantes: “…(iii)
La SSPD no es la única entidad que cumple funciones de inspección, control y
vigilancia en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios. Esa no fue la
voluntad del Constituyente; por el contrario, una interpretación sistemática de
la Carta Política demuestra que en ella se han previsto diferentes tipos de
control en relación con los servicios públicos. A modo simplemente enunciativo
se puede señalar el control político que ejercen tanto el Congreso como los
concejos municipales, el control fiscal a cargo de la Contraloría General y de
las contralorías territoriales, las atribuciones concurrentes de las entidades
territoriales, el control judicial indirecto, la facultad del Presidente de la
República para fijar –con sujeción a la ley- las políticas generales de
administración y control de eficiencia, las competencias de las Comisiones de
Regulación, entre otros.…(v) La Constitución dispuso directamente la existencia
de una entidad especializada a través de la cual el Presidente ejercerá las
funciones de inspección, control y vigilancia en el ámbito de los servicios
públicos domiciliarios –la SSPD-. Sin embargo, la propia Constitución aclara
que las funciones específicas de dicha entidad serán delimitadas por el
Legislador.… (vii) En todo caso, la delimitación de las competencias de la SSPD
y de cualquier otra autoridad debe fundarse en criterios objetivos
constitucionalmente legítimos; esto es, que atiendan parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad. En esa medida, el Presidente de la República
debe mantener inalterada su condición de suprema autoridad administrativa; la
regulación no puede llegar al extremo de vaciar de contenido las funciones
asignadas por la Carta Política –aunque de manera genérica- a la SSPD; ni puede
despojarse a cualquier otra autoridad de las competencias constitucionales
expresamente asignadas”.
POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION-Disposiciones
constitucionales
DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR-Constituye una expresión del poder jurídico necesario para la regulación
de la función administrativa y el cumplimiento de los fines del Estado
POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION-Manifestación del ius puniendi del Estado
POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION-Reglas
La potestad sancionatoria administrativa responde, según
la jurisprudencia constitucional, a las siguientes reglas: (i) La actividad
sancionatoria de la Administración tiene su fundamento en la búsqueda de la “realización
de los principios constitucionales” que “gobiernan la función pública, a los
que alude el artículo 209 de la Carta”. Por consiguiente, se trata de una potestad que
propende por el cumplimiento de los cometidos estatales y de los objetivos que ella se ha trazado en
el ejercicio de sus funciones. (ii) Uno de los objetivos de la potestad sancionatoria administrativa, en
consecuencia, es el de cuestionar el incumplimiento de los deberes,
prohibiciones y los mandatos del ordenamiento. La potestad se activa, a partir del desconocimiento
de las reglas preestablecidas, lo que le permite al Estado imponer sanciones
como “respuesta  a la inobservancia por parte de los administrados de las
obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para
el adecuado funcionamiento y marcha de la Administración” Esta potestad administrativa, por su
naturaleza, descarta de antemano la imposición de sanciones privativas de la
libertad. (iii) La
existencia de la potestad sancionatoria administrativa, tienen por demás, una
cierta finalidad preventiva. De hecho, “implica una amenaza latente para quien
sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones,
las infringe deliberadamente.” (iv) Esta potestad, se encuentra subordinada a
que se respeten las garantías del debido proceso y, en especial, el derecho de
defensa y la designación expresa de la autoridad competente para imponer la
sanción. Así, la
sanción que se imponga debe ser la consecuencia de un proceso transparente,
imparcial en el que se haya demostrado plenamente la comisión de la falta y se
haya garantizado el pleno y efectivo ejercicio del derecho de defensa, de
contradicción, de impugnación, por parte del implicado, y todos los demás que
rigen el debido proceso. También debe tener en consideración, los principios de legalidad,
tipicidad,  proporcionalidad – entre la sanción falta o infracción
administrativa-, independencia de la sanción penal y exclusión de
responsabilidad objetiva, como principio general. Ha explicado la Corte, sin
embargo, que estas exigencias no tienen la misma intensidad y rigurosidad que
en el ámbito penal por lo que se pueden dar atenuaciones en ciertas
circunstancias, vgr. en la presunción de inocencia o en el principio de
tipicidad, etc. (vi) Finalmente, está claro que la decisión sancionatoria
adoptada por la Administración está sujeta a control judicial ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
SANCIONES-Concepto según doctrina
Con respecto en concreto a las sanciones, éstas han
sido entendidas por la doctrina, como “un mal infringido por la Administración a un
administrado, como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo
de la sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, o
en la imposición de una obligación de pago.”
POTESTAD SANCIONATORIA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Contenido
POTESTAD SANCIONATORIA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Atribuciones
Entre las atribuciones que consagra el artículo 79 de
la mencionada ley en materia sancionatoria en favor de la SSPD, se encuentran
entre otras: (i) vigilar
y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento
afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados, y sancionar sus
violaciones; (ii) vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre
las empresas de servicios públicos y los usuarios, y sancionar sus violaciones;
(iii) sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada
las quejas de los usuarios. Incluso el artículo 80-4 de esa misma ley, habilita
a la SSPD también, para (iv) sancionar a las empresas que no respondan en forma
oportuna y adecuada las quejas de los usuarios. En cabeza específica del
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,  encontramos en virtud del
parágrafo 2 del artículo 79 de la Ley 142 de 1974, las siguientes atribuciones:
(i) sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar
de la comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que
presten en forma directa uno o más servicios públicos cuando incumplan las
normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o
cuando suspendan el pago de sus obligaciones, o cuando carezcan de contabilidad
adecuada o, cuando violen en forma grave las obligaciones que ella contiene.
(ii) Imponer las sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas,
en los términos de los artículos 81
de la Ley 142 de 1994 y 43
de la Ley 143 de 1994, sobre competencia y abuso de posición dominante.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Potestad
sancionatoria
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SANCION ADMINISTRATIVA-Amplitud
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SANCION ADMINISTRATIVA-Límites
MULTA IMPUESTA POR SSPD A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Perjuicio económico no genera daño antijurídico ni
responsabilidad patrimonial del Estado
MULTA IMPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-No es reconocimiento indemnizatorio propio de responsabilidad
patrimonial del Estado que se haya dado a través de formas de terminación del
proceso exigidas para procedencia de acción de repetición
Referencia: Expediente D-10279
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 81 parcial, de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el
régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
Demandante: Juan José Gómez Urueña
Magistrado ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C.,  Diez (10) de diciembre de dos mil catorce
(2014).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Martha Victoria Sáchica Méndez
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública prevista en los
artículos 40-6 y 242-1 de la Carta Política, el ciudadano Juan José Gómez Urueña, presentó acción pública de inconstitucionalidad contra
algunos apartes del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
Mediante auto del 20 de junio de 2014, el Magistrado
Sustanciador (E) para la fecha, el Dr. Andrés Mutis Vanegas, admitió la demanda
de la referencia y dispuso que por la Secretaría General se procediera a la
fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado de la demanda al
Procurador General de la Nación, para lo de su competencia. En dicha providencia,
se ordenó igualmente, que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2067 de
1991, se comunicara la iniciación del proceso al señor Presidente de la
República y al señor Presidente del Congreso  y que se informara de la admisión
de la demanda a los Ministros de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Ciudad y Territorio, y Vivienda, así
como al Director del Departamento Nacional de Planeación. Por último, se invitó
a las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, del
Rosario, Externado de Colombia, de los Andes, Pontificia Javeriana y a las
Universidades de Antioquia, UIS y del Norte, para que si lo estimaban
pertinente, expusieran sus razones sobre la exequibilidad o no de los segmentos
normativos acusados.
Cumplidos como están los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de actuaciones y previo concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la acción de
inconstitucionalidad de la referencia.
II.  NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto del artículo 81
de la Ley 142 de 1994, conforme a su publicación en el Diario Oficial N° 41.433 de 11 de julio de 1994, y se subraya el aparte
demandado, así:
“ARTÍCULO 81. SANCIONES. La Superintendencia de servicios
públicos domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen
las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de
la falta:
81.1. Amonestación.
81.2. Multas hasta por el equivalente a
2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al
impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al
factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el
monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años.
Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto,
dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le
aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al
patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en
materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral
79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes
hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La
repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad
con el artículo 90 de la Constitución.
81.3. Orden de suspender de inmediato
todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los inmuebles
utilizados para desarrollarlas.
81.4. Orden de separar a los
administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos
que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares,
hasta por diez años.
81.5. Solicitud a las autoridades para
que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor,
cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias
así como la aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.
81.6. Prohibición al infractor de prestar
directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años.
81.7. Toma de posesión en una empresa de
servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones
y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o
perjudiquen indebidamente a terceros.
Las sanciones que se impongan a personas
naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no
podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva”.
III.
LA DEMANDA
1.
El señor Juan José
Gómez Urueña demanda el aparte subrayado del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, por considerarlo contrario
al artículo 90 de la Constitución, al autorizar la aplicación de la acción de
repetición, ante multas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, pese a que las mismas, a su juicio, no configuran la existencia real
de un daño antijurídico ni una condena en contra el Estado, en los términos del
artículo 90 superior.
Para
el actor, la Corte
Constitucional ha señalado que la acción de repetición se define como el medio
judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública
para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios, el reintegro del monto de la
indemnización que el Estado ha debido reconocer a los particulares, “como
resultado de una condena de la jurisdicción contencioso administrativa por los
daños antijurídicos que les haya[n][sido] causado[s]”[1]. Por ende, siguiendo lo
enunciado por esta Corporación[2],
el actor  considera que para que la acción de repetición proceda, se deben
reunir los siguientes tres requisitos: (i) que una entidad pública haya sido
condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños
antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el
daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa
del funcionario o antiguo funcionario público y (iii) que la entidad condenada
haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.
2. De
acuerdo con el artículo 90 de la Carta y con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en consecuencia, la acción de repetición tan sólo procede
cuando exista como presupuesto, una decisión judicial de condena dictada por la
jurisdicción contencioso administrativa por daño antijurídico a un particular,
o por la conciliación en la que se dé el reconocimiento de una indemnización a
favor de un asociado, como consecuencia de un daño imputable al Estado. De este
modo, la multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (en adelante SSPD), no tiene como fundamento la existencia de un
daño antijurídico, ni su naturaleza obedece a la de una indemnización. Las multas
de la Superintendencia  se derivan principalmente del incumplimiento de
obligaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios – en
muchas ocasiones, sin que se afecten derechos de los usuarios-, lo que denota
su carácter meramente sancionatorio y no indemnizatorio o compensatorio, como
lo exige el artículo 90 superior. De acuerdo con el actor, el valor de la multa
se consigna por parte de la empresa prestadora en favor de la SSPD, sin que
dicha suma sea realmente trasladada a ningún usuario. De manera tal que no se
puede considerar que esa multa compensa daño alguno a un particular, como parece
ser el espíritu del artículo 90 de la Constitución Política. La infracción de
normas en materia de servicios públicos y la facultad sancionatoria de la
Superintendencia, no tienen entonces, como presupuesto, el daño ocasionado a un
particular según el demandante.
En
consecuencia, a su juicio, si no existe daño antijurídico causado a un tercero,
no es posible imputarle responsabilidad alguna al Estado, o en el caso de la
norma, a la empresa prestadora de servicios públicos sancionada. El requisito
previsto en el artículo 90 de la C.P., que establece que el Estado es
responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, es un
presupuesto que no se cumple en los aspectos destacados del artículo 81.2 de la
Ley 142 de 1994. Aún si la empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios es hallada responsable por infracción a las disposiciones de la
Ley 142 de 1994, no se trata en sí de un evento de responsabilidad patrimonial
del Estado por causa imputable al mismo.
3. Adicionalmente,
sostiene que aunque no se encuentra explícito en el artículo 90 superior la
finalidad constitucional de la repetición, ésta ha sido descrita por la Corte
Constitucional como la de salvaguardar el patrimonio del Estado cuando los
agentes del mismo por acción y omisión y con culpa grave o dolo, causan un daño
antijurídico que se indemniza a través de una decisión judicial o una
conciliación extrajudicial, para por esa vía mantener indemne el patrimonio
público. En ese orden de ideas, la responsabilidad administrativa que puede
declarar la SSPD en nada se asemeja a la responsabilidad patrimonial del Estado
consagrada en el artículo 90 de la Carta. La SSPD no ventila ni decide, la
responsabilidad patrimonial del Estado. Sólo controla el cumplimiento o
incumplimiento por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, de las obligaciones impuestas por la Ley 142 de 1994 y el
restante marco normativo en materia de servicios públicos domiciliarios. De
allí que cuando el artículo 90 superior establece que la repetición opera
contra el funcionario o ex funcionario en el evento en que “el Estado haya sido
condenado”,  ello supone la declaración de responsabilidad hecha a
través de una decisión judicial contencioso administrativa o conciliación,
situación que no sucede cuando la SSPD impone sanciones administrativas.
Por
estas razones, el ciudadano demandante considera que el Legislador confundió en
el artículo 81 acusado, la responsabilidad administrativa con la
responsabilidad patrimonial del Estado, y desconoció el requisito de existencia
del daño antijurídico, que no se hace presente en las decisiones sancionatorias
de la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo anterior, a su juicio, en
lugar de salvaguardar el patrimonio público como supuestamente se pretende,
genera posiciones jurídicas encontradas, que en muchos casos producen más
efectos adversos que positivos.
4. Sostiene
finalmente que su interés no es propugnar por la irresponsabilidad de los
funcionarios públicos frente a las sanciones impuestas por la Superintendencia
de Servicios Públicos. De hecho, a su juicio, en virtud de la actual posición
del Consejo de Estado[3],
es posible que el pago que hace una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios a la Superintendencia descrita, a título de multa, como consecuencia
de las acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas por parte de
funcionarios públicos, genere detrimento patrimonial, lo cual podría
ventilarse, debatirse y decidirse a través de un proceso de responsabilidad
fiscal que adelante la Contraloría.
Lo que
en su opinión no debería permitirse, es que a través de la acción de
repetición, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
reclamen frente a sus funcionarios públicos, el pago de las multas impuestas
por la Superintendencia señalada, porque dicha vía procesal es contraria a los
postulados, requisitos y espíritu del artículo 90 de la Constitución Política.
Además, el artículo 81.2 parcial de la Ley 142 de 1994, hace posible que en
contra de un funcionario que por su actuación u omisión dolosa o gravemente
culposa dio origen a la multa impuesta a la  empresa prestadora de servicios
públicos domiciliarios por la Superintendencia, se le puedan adelantar dos
acciones de manera simultánea, esto es la acción de repetición y la acción de
responsabilidad fiscal, lo cual vulnera el principio de non bis in ídem.
Para precisar la distinción entre estas dos acciones y su naturaleza, cita el
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 6 de
abril de 2006, en el que se destaca que ambos procesos, en principio, no pueden
promoverse indistintamente, porque uno se concentra en el daño antijurídico
ocasionado a un tercero imputable a dolo o culpa grave de un agente del Estado,
mientras que el de responsabilidad fiscal tiene que ver con daño directo al
patrimonio del Estado por el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de
ella[4].
5. Por
las anteriores razones, solicita que la Corte Constitucional declare la
inconstitucionalidad parcial del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, en lo
relacionado con la posibilidad que tienen las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios para ejercer la acción de repetición en contra de
servidores públicos, como consecuencia de la imposición de multas por parte de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
IV.
INTERVENCIONES.
1.
Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República intervino en el presente proceso, a fin de solicitar que la Corte
Constitucional declare EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 81.2
de la Ley 142 de 1994.
A juicio de esta entidad, los argumentos del
demandante parten de la premisa equivocada, de que toda acción de repetición es
consecuencia de una condena judicial. En su opinión y conforme con lo señalado
por la jurisprudencia constitucional en repetidas ocasiones, la responsabilidad
patrimonial del Estado no sólo se determina por sentencia judicial, sino por
cualquier otro mecanismo jurídico válido mediante el cual se desprenda que el
Estado es responsable del pago de una suma específica “a título de
indemnización o sanción por la producción de un daño antijurídico”.
De la lectura del artículo 90 superior se desprende
que el Estado es responsable del daño antijurídico que le sea “imputable”, sin
que ello implique que la imputación deba hacerse necesariamente por sentencia
judicial. Lo anterior puede entenderse mejor al revisar el artículo 2º de la
Ley 678 de 2001[5],
que regula precisamente la acción de repetición. La redacción de este artículo permite
comprender que la responsabilidad por la cual se habilita la acción de
repetición puede ser imputada por “cualquier medio de terminación de
conflicto”, uno de los cuales es, como resulta obvio, la multa, en un
proceso sancionatorio de la administración. La expresión anterior y entre
comillas, a la que también se refiere el artículo 2º enunciado, fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-338 de 2006, en la que
la Corte consideró que dicha expresión aludía a formas diversas de imputación
de responsabilidad al Estado por daño antijurídico. En esa providencia además dijo
la Corte que la fuente de responsabilidad estatal que habilita la acción de
repetición no sólo es la sentencia judicial, sino cualquier acto legítimo de
autoridad que así lo disponga. De hecho, a juicio de la entidad interviniente,
los cargos presentados en esta oportunidad por el actor, se parecen a los
consignados en la sentencia C-233 de 2008 (sic).
Así, ninguna previsión constitucional ni legal
restringe la habilitación de la acción de reparación directa a la existencia de
una sentencia judicial condenatoria contra el Estado. Por ende si una multa se
aplica como consecuencia de una acción u omisión del Estado, que genera un daño
antijurídico, por conducta dolosa o gravemente culposa del agente, es decir, si
la multa se impone con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo
90 de la Constitución, la entidad pública estará habilitada para iniciar la
acción de repetición a que se refiere la Ley 678 de 2001.
El equívoco del demandante consiste en considerar que
como la multa no implica la afectación del derecho de un tercero, el daño
antijurídico no existe y, por tanto, no se abre la compuerta para incoar la
acción de repetición. El demandante olvida sin embargo, que la multa puede
imponerse con ocasión de una acción u omisión lesiva de derechos de
particulares, no sólo por las transgresiones del ordenamiento normativo que no
generen daño a los particulares.
Así como no existe una relación de dependencia entre
la imputación de la multa y el daño que pueda causarse a un tercero, la acción
de repetición sí puede incoarse si la actuación irregular del Estado o de una
empresa de servicios públicos de naturaleza pública, en el caso de la ley que
se revisa, produce un daño antijurídico y ese daño es fruto de una actuación
dolosa o gravemente culposa de unos de sus agentes.
Las razones anteriores justifican la declaración de
exequibilidad de la norma acusada. No obstante, dicha exequibilidad debe
restringirse al cargo puntualmente analizado, pues la norma acusada regula
aspectos que no fueron abordados por el reproche de inconstitucionalidad y que
merecerían, por sí mismos, un estudio independiente, como es el caso de la
habilitación legal para incoar la acción de repetición contra personas que no
son servidores públicos.
2.
Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
solicita la EXEQUIBILIDAD del aparte demandado de la norma acusada,
porque los cargos presentados por el actor contra el artículo 81.2 parcial de
la Ley 142 de 1994, son en su opinión, apreciaciones subjetivas. La ley
acusada, a su juicio, no viola la igualdad (sic), ni presenta vicios de forma
(sic) o de fondo en su formación y para ello presenta abundante jurisprudencia
constitucional para apoyar la inexistencia de vicios de forma en la ley en
mención.
Por otra parte, considera el Ministerio “que los
hechos en que se funda la inconstitucionalidad, no obedecen al principio de
razonabilidad o lógica de lo razonable”, en la medida en que no existe ningún
argumento que demuestre la inconstitucionalidad de la norma por su oposición a
la Carta fundamental, sino que se trata sólo de argumentaciones subjetivas. Lo
enunciado por el actor desde la perspectiva de esa institución, carece entonces
de concepto de violación, por lo que no se cumplirían los requisitos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, exigidos por la
jurisprudencia constitucional en la demanda.
A renglón seguido, el Ministerio explica que la
Superintendencia de Servicios Públicos cuenta con la facultad discrecional para
aplicar sanciones pecuniarias a sus vigilados cuando han incurrido en irregularidades
en la prestación de servicios públicos. Luego se centra en señalar los
elementos de la dosimetría en la imposición de multas por parte de la SSPD,
apoyado en jurisprudencia del Consejo de Estado, y termina su intervención,
afirmando que no hay violación del principio de legalidad de la sanción que
puede imponer la SSPD (sic), porque en la aplicación de la sanción, se debe
seguir el debido procedimiento administrativo.
3. Ministerio de Minas y Energía.
El Ministerio de Minas y Energía solicita a la Corte
Constitucional que se declare INHIBIDA para decidir la demanda
presentada contra el artículo 81.2 (parcial) de la Ley 142 de 1994, por
ineptitud sustantiva de la demanda, o que en su defecto se declare su EXEQUIBILIDAD,
teniendo en cuenta que el actor se limitó a enunciar y transcribir la norma que
considera violada, sin precisar con argumentos contundentes su
inconstitucionalidad.
No obstante señala la entidad frente al tema general,
que lo primero que debe considerarse, es que por empresas de servicios públicos
domiciliarios en los términos de la Ley 142 de 1994, deben entenderse aquellas
sociedades por acciones -sean éstas públicas, mixtas o privadas- que participan
en la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica
conmutada y telefonía local móvil en el sector rural o en la realización de una
o varias de las actividades complementarias. Así, una empresa de servicios públicos
puede ser claramente del Estado, por lo que en ella pueden existir funcionarios
públicos que de conformidad con el artículo 90 de la C.P., responderán por dolo
o culpa grave por el perjuicio ocasionado a la empresa.
Quiso el Legislador mediante norma especial,
establecer la obligatoriedad de adelantar la acción de repetición con ocasión
de la imposición de una multa a una Empresa de Servicios Públicos contra
aquellas personas que tengan la calidad de servidores públicos, y cuyos actos u
omisiones hubieran dado lugar a la sanción.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado abordó este tema, indicando que según las Leyes 42 de 1993 y 610 de
2000, en concordancia con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, cuando una
entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una
suma de dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se
produce un daño patrimonial. Dicho daño, puede dar lugar a responsabilidad
fiscal del gestor comprometido, cuando en el proceso de responsabilidad se
pruebe que hubo una conducta dolosa o gravemente culposa y nexo causal entre ésta
y el daño. En ese mismo concepto se dijo entonces que el pago que una entidad y
organismo público efectúa por estos conceptos a otra de su misma naturaleza, es
presupuestal y contablemente un gasto que merma su patrimonio y no una mera
operación de transferencia de recursos entre entes públicos. Así, el daño
causado a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios está representado en
el valor de la multa causada por quien o quienes produjeron el incumplimiento
de la normatividad en materia de servicios públicos domiciliarios.
En ese sentido, a juicio del Ministerio, el actor omite
en su argumentación que la Constitución Política confirió la connotación de
interés social del Estado a la actividad de prestación de los servicios
públicos, estableciendo que los mismos son inherentes a la finalidad social del
Estado, por lo que es su deber asegurar su funcionamiento continuo, permanente
y eficiente. Acorde con esto, se establecieron las facultades del artículo
acusado, que no controvierten en nada el artículo 90 superior.
Finalmente, como los cargos de la demanda se fundan
más que todo en razonamientos subjetivos o de inconveniencia, solicita que la
Corte se declare inhibida, por ineptitud sustantiva de la demanda o en su
defecto, declare exequible la norma, por las razones expuestas.
4. Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, solicitó en su intervención que se declare EXEQUIBLE el
aparte acusado del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
-
No le asiste razón al
demandante al afirmar que la norma acusada quebranta la preceptiva del artículo
90 de la Carta, toda vez que si bien el artículo 376 constitucional faculta al
Presidente de la República para el ejercicio de las funciones de controlar,
inspeccionar y vigilar a las empresas que prestan servicios públicos a través
de la Superintendencia, ello no quiere decir que al Legislador le esté vedado
atribuir otras funciones a esa entidad, según el mandato del inciso 3 del
artículo 116 de la Carta.
-
En cuanto a la
acción de repetición, la Corte Constitucional reconoció que la competencia con
respecto a dicha acción no necesariamente quedó agotada con la expedición de la
Ley 678 de 2001, según la sentencia C-394 de 2002. De hecho, el Legislador
puede regular aspectos de la acción de repetición en otras normas, como lo hizo
con la acusada.
Por los argumentos expuestos, solicita a la Corte
Constitucional que declare la exequibilidad del aparte demandado del artículo
81 de la Ley 142 de 1994, por no desconocer la Carta, resaltando que a los
prestadores del servicio de telecomunicaciones, en cualquier caso, no les es
aplicable el régimen de servicios públicos, en atención a lo prescrito en el artículo
73 de la Ley 1341 de 2009.
5. Departamento Nacional de Planeación.
El Departamento Nacional de Planeación solicita que esta
Corporación se declare INHIBIDA para pronunciarse respecto de la norma
atacada, - por existir a su juicio, ineptitud sustantiva de la demanda-; o que
en su defecto se declare EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 8.2 de
la Ley 142 de 1994, por ser constitucional.
Luego de presentar un estudio acucioso sobre la
historia de los servicios públicos domiciliarios, de explicar la concepción
actual de servicio público domiciliario y de revisar constitucionalmente las
diferentes normas que dan cuenta de este tipo de servicios, el Departamento
Nacional de Planeación analiza el tema de la regulación de la prestación de los
servicios públicos por parte del Estado. Al respecto, sostiene que la Carta
Política ha establecido el imperativo de que en materia de servicios públicos
exista un régimen normativo especial, el cual encuentra como una de sus
características la facultad sancionatoria que se cuestiona.
A juicio del interviniente, el demandante pretende
equiparar dos situaciones que se encuentran inmersas en la norma demandada. Por
una parte, el derecho de repetir que le asiste a cualquier persona natural o
jurídica en contra de quien causó o dio origen a un pago o sanción y el deber
de repetir cuando se encuentra la situación enmarcada en los presupuestos de la
acción de repetición prevista en el artículo 90 de la Carta Política. La
primera parte de la disposición acusada se relaciona con las empresas a las que
se multe, que podrán repetir contra quienes hubiesen realizado los actos u
omisiones que dieron lugar a la sanción. Esta parte del texto, simplemente está
reconociendo la potestad que tiene el que paga de repetir el pago contra quien
lo originó. Disposición que no es novedosa y para probarlo, el interviniente
cita 8 artículos del Código Civil que permiten ese actuar bajo esa premisa y
solicitar el pago correspondiente.
Así, el hecho de que la norma establezca la
posibilidad de repetir contra el particular o el servidor público, no significa
a priori que exista una condena automática o anticipada en contra de los
repetidos con ocasión de la multa. En cada caso se deberán seguir las reglas de
ley. Y la segunda parte del texto acusado se refiere al servidor público, frente
a quien se podrá seguir la acción de repetición prevista en la Ley 678 de 2001.
Desde esta perspectiva para la entidad interviniente, el
demandante no cumplió con las exigencias de precisión, suficiencia y claridad
en su argumentación para lograr una real confrontación de la norma con la
Constitución, por lo que solicita que la Corte se declare inhibida para
pronunciarse, o que en su defecto, se declare exequible la norma demandada, por
las razones previamente indicadas.
6. Departamento de Derecho Administrativo. Universidad
Externado de Colombia.
El concepto enviado por el Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y realizado por el Grupo
de Investigación de Derecho Administrativo de esa Universidad, arribó a la
Corte Constitucional fuera del término de fijación en lista. No obstante, destaca
la Corte sucintamente que el Grupo en mención comparte la afirmación del actor
de considerar que las multas no encajan dentro de la generación
de un daño antijurídico en los términos del artículo 90 superior, y mucho menos
son una indemnización a cargo del Estado. Por este motivo, el Grupo solicita
que la expresión “La
repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de
conformidad con el artículo 90 de la Constitución”, sea declarada INEXEQUIBLE.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
Mediante concepto N° 5812 del 12 de agosto del 2014,
el Ministerio Público solicita que la Corte Constitucional “declare INEXEQUIBLE
la expresión “[l]a repetición será obligatoria cuando se trate de
servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución”.
Para sustentar estas consideraciones, la Vista Fiscal,
en  primer lugar, señala que los cargos de la demanda van dirigidos especialmente
contra la última expresión de la norma acusada, en la medida en que se refieren
sólo a la posibilidad de adelantar la acción de repetición contra servidores
públicos. En segundo lugar, sostiene que el cargo relacionado con la cuestión
de la aparente violación del principio de non bis in ídem, debe ser
desestimado por esta Corporación, en la medida en que la demanda no presenta
argumentos de naturaleza constitucional frente al tema, que justifiquen un
estudio de fondo relacionado con dicha afirmación. Por consiguiente, frente a
este punto, llega a la conclusión de que no existen cargos mínimos que permitan
demostrar las razones por las que se vulnera la Constitución. De allí que la Vista
Fiscal le solicite a la Corte, inhibirse de un pronunciamiento sobre este
punto.
En tercer lugar, partiendo del único cargo posible
relacionado con el artículo 90 superior, se pregunta la Procuraduría, entonces,
si la acción de repetición procedente respecto de los servidores públicos cuya conducta
ha dado lugar a una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, vulnera la cláusula general de responsabilidad del
Estado y los requisitos para la procedencia de la acción de repetición
previstos en el artículo 90 de la Constitución Política.
Para responder esa inquietud, la Vista Fiscal sostiene
que revisado el contenido y el contexto de la expresión normativa acusada, es
cierto que la conexión entre la cláusula general de responsabilidad del Estado
y la acción de repetición, se encuentran en el concepto de daño antijurídico.
Sobre el concepto de daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que
el elemento que lo define es que quien lo sufra, no tenga la obligación
jurídica de soportarlo, con independencia de que la acción que produjo el daño
sea o no contraria a derecho.
Esa exigencia del daño antijurídico como presupuesto
indispensable de la acción de repetición, no ocurre en la norma demandada por
tres razones principales: (i) porque la norma demandada parte de un
supuesto concreto: la acción de repetición es procedente en el caso de que la
SSPD imponga una multa. No obstante, el concepto de multa no es equiparable al
de daño antijurídico. (ii) La norma parcialmente demandada tampoco
cumpliría con el otro de los supuestos que configuran el daño antijurídico,
cual es la existencia de un daño real y cierto, en tanto que no resulta claro
cómo puede resultar un daño semejante de la imposición de una multa, por violar
el régimen legal al cual están sujetas las empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios. (iii) La acción de repetición procede como consecuencia
de que el Estado ha sido condenado al pago de una indemnización, lo cual no
ocurre en la norma acusada.
Además, las multas, en tanto actos administrativos,
son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; razón
por la cual dicha jurisdicción podría declarar su legalidad o ilegalidad, por conducto
de la acción de nulidad. En esta primera hipótesis, esto es que se declarara la
legalidad, la empresa podría iniciar la repetición, alegando que ha recibido un
menoscabo patrimonial. Sin embargo, con ello no se cumpliría con uno de los
presupuestos de la acción de repetición, en tanto que el presunto daño sufrido
por la empresa sería la consecuencia directa de la violación de normas. Por lo
tanto, sería contradictorio iniciar la acción de repetición contra el servidor,
sobre la base de la existencia para la empresa de un daño antijurídico que ella
"no estaba en la obligación de soportar".
En la segunda hipótesis posible, esto es, si se
declarara la ilegalidad de la multa, la improcedencia de la acción de
repetición sería más evidente, dado que la nulidad de la sanción conllevaría el
restablecimiento del derecho, que sería el reintegro de la suma con sus
intereses, pero no indemnización.
Por último, el concepto de multa no puede equipararse
con el de una condena judicial tal y como lo exige el artículo 90 de la
Constitución. Incluso si se revisa la interpretación ampliada que la Corte
Constitucional le ha dado al término de condena, ella en todo caso no extiende
el concepto al tema de las multas.
En conclusión, la Vista Fiscal afirma que la parte
acusada de la norma demandada no satisface los requisitos constitucionales para
adelantar una acción de repetición y que en consecuencia debe ser declarada
inconstitucional por violar el artículo 90 de la Carta. Lo anterior, sin que en
forma alguna se pretenda decir que el Legislador no puede establecer formas
específicas de acción, con una estructura diferente a la del artículo 90
superior. En virtud de lo enunciado, solicita entonces que se declare INEXEQUIBLE
solo la expresión “[l]a repetición será obligatoria cuando se trate de
servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 241,
numeral 4° de la Carta Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata
de una acusación de inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de
una ley de la República.
El asunto bajo revisión.
2.- El
actor solicita que la Corte Constitucional declare inexequibles los apartes
demandados del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, por considerarlos contrarios al artículo 90 de la Constitución, en la
medida en que a su juicio, tales apartes permiten indebidamente que las
empresas de servicios públicos domiciliarios, reclamen de sus servidores,
mediante la acción de repetición, el pago de los valores impuestos por parte de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de multas atribuidas
a dicha entidades. El reproche de constitucionalidad del actor se centra en que
las multas descritas, a su juicio, no configuran un daño antijurídico imputable
al Estado y por consiguiente no pueden dar lugar a la acción de repetición. Desde
su perspectiva, las multas impuestas por la Superintendencia de Servicios
Públicos – en adelante la SSPD-,  no implican una condena en contra del Estado atribuida
mediante sentencia o conciliación prejudicial, ni constituyen una indemnización
o compensación en favor de un tercero, ni son parte de la responsabilidad
patrimonial del Estado, según las exigencias del artículo 90 superior. En ese
sentido, al tratarse sólo de actuaciones administrativas sancionatorias que no dan
cuenta realmente de la responsabilidad patrimonial del Estado, no deberían dar
lugar a una acción de repetición, aunque sí, eventualmente, a una acción de
responsabilidad fiscal, de ser el caso.
Para
el actor, el artículo 81.2
(parcial) de Ley 142 de 1994, desconoce el alcance que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional le ha dado al artículo 90 de la Carta. Primero, porque la
repetición fundada en las multas de la SSPD, no cumple con los requisitos de
procedencia que frente a la acción de repetición ha exigido la jurisprudencia
constitucional en general. En segundo lugar, tampoco se trata de una indemnización
que se ha debido reconocer a los particulares, “como resultado de una
condena de la jurisdicción contencioso administrativa por los daños
antijurídicos que les haya causado”[6]
o de una conciliación prejudicial. En consecuencia, al no acogerse a los fines
y premisas del artículo 90 superior, la expresión acusada es a su juicio
inconstitucional, ya que el supuesto “daño antijurídico” imputable al Estado,
termina siendo derivado de la multa impuesta por la SSPD a una empresa de
servicios públicos de esa naturaleza.
Finalmente,
sostiene que el artículo 81.2 parcial de la Ley 142 de 1994, hace posible que
contra el funcionario causante de la multa, por una actuación u omisión dolosa
o gravemente culposa, se le puedan adelantar dos acciones de manera simultánea,
esto es, la acción de repetición y la acción de responsabilidad fiscal, lo cual
a su juicio vulnera el principio de non bis in ídem.
3.- Por
otra parte, algunas de las entidades públicas vinculadas al proceso,
solicitan que la Corte se declare inhibida para pronunciarse sobre los
aparentes cargos de esta demanda, alegando ineptitud sustantiva de la misma. A su
juicio, las afirmaciones del actor son subjetivas y carecen de la claridad,
suficiencia y pertinencia que se exige en los juicios de constitucionalidad
para un pronunciamiento definitivo de esta Corporación. Por lo tanto, solicitan
que la Corte se abstenga de tomar una decisión de fondo y que se declare
inhibida para pronunciarse sobre la demanda de la referencia.
4.- Otras
entidades públicas, por el contrario, consideran que sí hay un cargo
concreto contra la norma parcialmente acusada, por violación del artículo 90
superior, pero abogan por la exequibilidad de los apartes demandados, argumentando,
entre otras, las siguientes razones: (i) la existencia de un daño
antijurídico real, derivado de la imposición de una multa por parte de la SSPD,
cuyo fundamento es precisamente la misión de esa Superintendencia de proteger
el interés general y la adecuada prestación de los servicios públicos, y cuyo
origen es el incumplimiento de la ley, por parte de las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios. Quienes apoyan esta tesis, sostienen que la jurisprudencia
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha señalado, que
cuando una entidad pública paga a otra por concepto de multa una suma
determinada, se configura un daño patrimonial. Bajo esa premisa, consideran
que existiría en estos casos un daño antijurídico que justificaría la acción de
repetición en contra del servidor público responsable, en los términos del
artículo 90 de la Carta. En segundo lugar, insisten estas entidades en considerar,
(ii) que no es necesaria la existencia de una “condena” en concreto
contra el Estado, una conciliación prejudicial o un “proceso contencioso
administrativo” para que pueda hablarse de un daño antijurídico. Siguiendo esta
línea argumentativa, estiman que es posible que ese daño se evidencie en el
proceso sancionatorio de la Superintendencia de Servicios Públicos, y que
termine con una multa. En tales casos, a su juicio, la multa puede ser vista
precisamente como una “forma de terminación del conflicto” en los
términos del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, que regula la acción de
repetición. En tercer lugar, (iii) la competencia del Legislador en
materia de la acción de repetición, afirman, no se agotó con la expedición de
la Ley 678 de 2001. Ello significa, que el Congreso podía válidamente establecer
la obligatoriedad de adelantar la acción de repetición respecto de las multas interpuestas
en contra de las empresas de servicios públicos domiciliarios por parte de la
SSPD. Su imposición, en consecuencia, implica para la empresa sancionada, un
daño patrimonial, que puede ser repetido contra el servidor que, por culpa
grave o dolo, haya dado lugar a la imposición de la sanción.
5.-  La Procuraduría General de la Nación solicita,
por su parte, la inhibición frente al cargo del actor relacionado con la
posible existencia de una vulneración al principio de non bis in ídem,
teniendo en cuenta que para la Vista Fiscal, en este punto, la demanda es
inepta, ya que las razones que presenta el actor frente a este tema adolecen de
la claridad, suficiencia y pertinencia necesarias para adelantar un juicio
constitucional de fondo, con respecto a esa acusación.
No obstante, sí solicita la inexequibilidad de la
última parte del texto acusado en esta demanda, en particular, en lo
relacionado con los servidores públicos y la acción de repetición, por
considerar que la crítica constitucional del demandante es cierta. En efecto,
para la Procuraduría, las multas impuestas por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios: (i) son actos administrativos demandables ante
la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que dicha jurisdicción
podría determinar siempre, su legalidad o ilegalidad. De este modo, incluso si
se sortea la situación de que se trata de actos evidentemente controvertibles y
la multa se avala ante la jurisdicción contenciosa, las entidades prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios estarían obligadas de cualquier forma a
soportar la sanción pecuniaria impuesta, porque de lo contrario, “sería
contradictorio iniciar la acción de repetición”, bajo la idea de que habría
un daño antijurídico. Por otra parte, opina la Vista Fiscal que (ii) el
concepto de multa, no puede equipararse a una condena judicial para determinar
la responsabilidad estatal, y que en ese sentido, (iii) la idea de multa
no supera las exigencias que la jurisprudencia constitucional ha establecido
sobre lo que debe entenderse como daño antijurídico, en los términos del
artículo 90 de la Carta. Por consiguiente, a juicio de la Vista Fiscal, la
expresión “[l]a
repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de
conformidad con el artículo 90 de la Constitución”, debe ser declarada inconstitucional.
6.- Como se desprende de las consideraciones
anteriores, no existe unidad de criterio entre los intervinientes, sobre la
aptitud  o no de la demanda, ni una posición unívoca sobre la presunta inconstitucionalidad
de la expresión acusada del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994. En consecuencia,
la Sala resolverá en primer lugar, las inquietudes sobre los aspectos formales
antes mencionados, y una vez definido el marco constitucional de discusión, se
pronunciará de fondo sobre los cargos aptos en la presente acción de inconstitucionalidad.
Consideraciones previas.
Ineptitud sustantiva de la demanda frente al cargo
relativo a la violación del principio constitucional del non bis in ídem.
7.- El actor solicita la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo 81.2 (parcial) de la Ley 142 de 1994, alegando
que la expresión acusada vulnera el artículo 90 constitucional. No obstante, en
uno de los apartes de la demanda, sostiene además que el texto controvertido es
igualmente inexequible, por vulnerar el principio constitucional del non bis
in ídem, consagrado en el artículo 29 de la Carta.
Con todo, el actor limita sus observaciones en este
punto a precisar que los servidores pertenecientes a empresas prestadoras de
los servicios públicos a las que alude el artículo, podrían verse eventualmente
avocados a la posibilidad de una sanción por responsabilidad fiscal, de un lado
y/o a la de repetición, del otro, a partir de la misma multa impuesta por la
Superintendencia de Servicios Públicos, en virtud de la norma en mención. No
obstante, el actor no avanza en esta argumentación, más allá de las
afirmaciones previamente mencionadas.
Por esta razón, como lo destaca el Procurador, se
trata de un cargo que no fue desarrollado por el ciudadano siguiendo los
lineamientos de la jurisprudencia de esta Corporación para lograr la
efectividad del juicio de constitucionalidad, de manera tal que ésta Corte se
abstendrá de pronunciarse sobre él y se declarará inhibida frente a este punto.
8.- Al respecto, recuerda la Sala que la jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido reiteradamente[7],
que la acción pública de inconstitucionalidad
constituye una manifestación del derecho fundamental a la participación
ciudadana, convirtiéndose en un instrumento jurídico valioso, que le permite a
los ciudadanos defender el poder normativo de la Constitución y manifestarse
democráticamente frente al poder de configuración del Derecho que ostenta el Legislador
(artículos 150 y 114 CP)[8].
En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad permite que se dé un
diálogo efectivo entre el Congreso, - foro central la democracia representativa
-; los ciudadanos en ejercicio -de la democracia participativa-, y el Tribunal
Constitucional, -a quien se encomienda la guarda e interpretación de la
Constitución -[9],
permitiendo en parte el desarrollo
de los principios previstos en los artículos 1º, 2º y 3º de la Carta, que
definen a Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático y
participativo[10].
Ahora bien, aunque la acción de inconstitucionalidad es
pública,
popular[11], no requiere de
abogado[12] y tampoco exige
un especial conocimiento para su presentación, lo cierto es que el derecho político a interponer acciones
públicas como la de inconstitucionalidad (art. 40-6 C.P), no releva a los
ciudadanos de presentar unos argumentos y de observar unas cargas procesales
mínimas en sus demandas, que justifiquen debidamente sus pretensiones de inexequibilidad.
Estos requisitos, como se ha indicado, son mínimos, y buscan
promover el delicado balance entre la observancia del principio pro actione, -que impide el establecimiento de
exigencias desproporcionadas a los ciudadanos que hagan nugatorio en la
práctica el derecho a interponer la acción pública enunciada o el acceso a la
justicia -, y del otro, asegurar el cumplimiento de los requerimientos formales
mínimos exigibles conforme a la ley, en aras de lograr una racionalidad argumentativa que permita
el diálogo descrito[13]
y la toma de decisiones de fondo por parte de esta Corporación[14].
Desde esta
perspectiva, si bien es cierto que siguiendo el principio pro actione,
las dudas de la demanda
deben interpretarse en favor del accionante[15],
y la Corte debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria[16], también
es cierto que esta Corporación no puede corregir ni aclarar los aspectos
confusos o ambiguos que surjan de las demandas ciudadanas[17],"so
pretexto de aplicar el principio pro actione,
pues, se corre el riesgo de transformar una acción eminentemente
rogada, en un mecanismo oficioso"[18], circunstancia que desborda el
sentido del control de constitucionalidad por vía de acción, que le compete.
Por ende la exigencia
de los requisitos mínimos a los que se hace referencia, busca a través de un uso adecuado y
responsable de los mecanismos de participación ciudadana[19]: (i) evitar que la presunción
de constitucionalidad que protege al ordenamiento jurídico se desvirtué a
priori, en detrimento de la labor del Legislador, mediante acusaciones
infundadas, débiles o insuficientes; (ii) asegurar que éste tribunal no termine produciendo fallos
inhibitorios de manera recurrente, ante la imposibilidad de pronunciarse
realmente sobre la constitucionalidad o no de las normas acusadas,
comprometiendo así la eficiencia y efectividad de su gestión; y (iii) delimitar el ámbito de competencias
del juez constitucional, de manera tal que pueda adelantar un control concreto
y efectivo de las normas acusadas, ante la imposibilidad de adelantar un
control oficioso de constitucionalidad, ajeno a sus competencias. De hecho, conforme al artículo 241 de la
Constitución, no le corresponde a la Corte revisar oficiosamente las leyes,
sino examinar las que efectivamente demanden los ciudadanos, lo que implica que
esta Corporación pueda adentrarse en el estudio de fondo de un asunto, sólo una
vez se presente, en debida forma, la acusación ciudadana[20].
9.- Teniendo
en cuenta estos presupuestos, el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, fija las
condiciones o requisitos mínimos de procedibilidad de las demandas de
inconstitucionalidad, exigiéndole a los ciudadanos en la presentación de las
mismas, que (i) señalen las disposiciones legales contra las que dirigen
la acusación; (ii) las preceptivas constitucionales que considera
violadas y (iii) expliquen las razones o motivos por los cuales estiman
que tales normas superiores han sido desconocidas.
En lo concerniente al requisito relacionado con las “razones
o motivos por los cuales estiman que tales normas superiores han sido
desconocidas”, ésta Corporación ha precisado de manera consistente en su
jurisprudencia, que dichas razones deben ser conducentes para hacer posible el
diálogo constitucional que se ha mencionado. Ello supone el deber para los
ciudadanos de “formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo
de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez
establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional
y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal
de la ley y la Carta Política”.[21]
Siguiendo estas pautas jurisprudenciales, para que el
cargo que se presente  en contra de las normas acusadas tenga un debate
constitucional efectivo, debe estar apoyado en razones “claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes”[22]
que permitan controvertir a la luz de la Carta, la disposición legal que se
acusa. Esta Corporación ha descrito
las exigencias anteriores, de la siguiente manera:
(a)
La claridad, requiere que exista un hilo
conductor en la argumentación que se presenta, de manera tal que se pueda comprender
el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan[23]. Ello supone que las ideas expuestas, las razones
esbozadas, y los razonamientos presentados por el actor, se desarrollan en la
demanda de una manera lógica, coherente y congruente, a fin de que no presenten
confusión o ambigüedad[24].
(b) El que los cargos de inconstitucionalidad sean ciertos, implica que la
demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente en el ordenamiento, “y no simplemente [sobre una
disposición] deducida por el actor, o implícita”[25]; o sobre
normas que no son objeto de la demanda. En este sentido, los cargos serán ciertos si
las proposiciones jurídicas acusadas surgen objetivamente del “texto
normativo” acusado, y no se trata de inferencias o consideraciones subjetivas
del actor, frente a esas mismas normas. En ese orden de ideas, ha dicho la
jurisprudencia que los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las
sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma acusada, no
pueden constituir un cargo cierto contra ella[26].
(c)
Las razones son específicas, si los cargos de inconstitucionalidad contra una norma se
dirigen directamente contra la disposición acusada, definiendo con claridad la manera como ella desconoce
la Carta Política, y formulando “por lo menos un cargo constitucional concreto”
en su contra. Desde esta perspectiva, son inadmisibles los argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[27] contra las
disposiciones que se atacan, por no relacionarse de manera concreta y directa
contra las disposiciones que se acusan.
(d)
La pertinencia, por su parte, significa que el vicio que aparentemente
se desprende de la norma acusada debe ser de naturaleza constitucional,
es decir, debe estar fundado en la apreciación del contenido de la norma
acusada y de su contradicción parcial o total con el texto de la Carta. En
consecuencia, no son pertinentes los argumentos puramente legales y/o
doctrinales, o aquellos que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos o
de conveniencia, políticos, concepciones del bien o  contextuales o
personales del actor, ya que
frente a  ellos no es posible cotejar de manera objetiva, la incongruencia de
la norma acusada con la Constitución.
(e)
Por último, el requisito de suficiencia, guarda relación con la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto demandado,
de manera tal que se despierte por lo menos una duda mínima, sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada[28]. Para cumplir con esta exigencia, se deben exponer
razonamientos fundados, que propongan y den cuenta de un análisis lo suficientemente
sólido para desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del
ordenamiento jurídico.
De esta forma,
el éxito o no de un cargo en particular dentro del juicio de
constitucionalidad, dependerá en gran medida de que el actor tenga en consideración en su demanda, los requisitos
establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y la interpretación que
sobre ellos ha adelantado la Corte Constitucional, para que aporte razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, a fin de que se pueda
adelantar realmente un juicio de constitucionalidad efectivo.
10.- Ahora
bien, tomando en consideración los
criterios legales y jurisprudenciales a los que se ha hecho referencia y las
consideraciones de los intervinientes y de las autoridades públicas en este
proceso, encuentra la Corte que efectivamente, las razones aducidas por el
ciudadano Juan José Gómez Urueña contra el aparte acusado del  81 de la Ley 142
de 1994, por  violación del principio de non bis in ídem, carecen de certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia, como pasa a verse:
Especificidad, en la medida en que el actor presenta argumentos vagos
e indirectos sobre una situación que él mismo estima como “posible”, sin aducir
razones que permitan inferir esa eventualidad, de la expresión normativa que
estima inconstitucional. Sobre el particular, observa la Sala que la demanda
sólo plantea, a manera de una acusación genérica y vaga, una posible
incompatibilidad de la norma con el principio de non bis in ídem, pero
no precisa porqué motivo se presenta dicha situación o de dónde deriva esa
posible simultaneidad entre la responsabilidad fiscal y la acción de repetición
para el caso concreto de la norma acusada.
Si en gracia de discusión se partiera de la premisa de
la que el actor parte, esto es, de que los procesos de responsabilidad fiscal y
de repetición en este caso pueden ser impuestos de manera paralela a los
servidores públicos, sorprende que el mismo actor cite en su demanda
jurisprudencia del Consejo de Estado que parece concluir lo contrario, al encontrar
serias diferencias conceptuales entre una y otra figura. Por  ende, sus
afirmaciones básicas sobre la posible violación del non bis in ídem, parecen
contradecirse, al citar de manera descontextualizada la jurisprudencia contencioso
administrativa. En esa medida, las razones que el actor “parece” enunciar, carecen
de certeza, porque no se demuestra firmemente que tales afirmaciones
surjan realmente de la lectura efectiva de la norma.
Siguiendo estas consideraciones, tampoco manifiesta el
actor cómo es que la expresión acusada viola de manera directa el artículo 29
constitucional, y en particular, el principio de non bis in ídem. Bajo
esa óptica, el cargo carece de pertinencia, ya que parece limitarse a
apreciaciones subjetivas del ciudadano, sin entrar en la argumentación directa
de los pormenores de la dificultad constitucional propuesta.
Finalmente, las afirmaciones hechas por el demandante en
contra de la norma acusada por el cargo que débilmente se plantea, adolecen además
de suficiencia, por no proponer y probar todos los elementos de juicio
que son necesarios para constatar la violación del artículo 29 de la
Constitución Política que presuntamente aduce, sobre la base de la existencia
de una vulneración real del principio de non bis in ídem.
11.- En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el
asunto estudiado se enmarca dentro de las materias que hacen parte de la
libertad de configuración política del Legislador, y que el ciudadano no
presentó verdaderas razones de índole constitucional para cuestionar la
expresión “Las empresas a
las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u
omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando
se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución”, del
artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 por la vulneración del principio de non
bis in ídem, esta Corte se declarará inhibida para pronunciarse frente
a este aspecto puntual de su demanda.
Proposición normativa objeto de análisis constitucional
de fondo y problemas jurídicos a resolver.
12.- Debe resaltar la Corte de manera preliminar, que
los apartes acusados del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 que el actor
estima inconstitucionales, involucran para algunos, varios enunciados
normativos que aparentemente no fueron objeto de la demanda en esta oportunidad.
De ser esa la conclusión, lo procedente para esta Corporación sería inhibirse
de un pronunciamiento de fondo sobre normas que en sentido estricto no fueron
acusadas, y concentrarse en el estudio de los apartes que fueron efectivamente controvertidos
por el ciudadano. En sentido contrario, de no prosperar esta consideración, lo
pertinente sería adelantar un pronunciamiento de fondo sobre el texto acusado
en su conjunto, como lo proponen sin más, algunos de los intervinientes.
Estas diferentes opciones, que se desprenden de los
pronunciamientos de los participantes en este proceso constitucional, obligan a
la Sala a realizar  varias observaciones previas, para precisar el alcance de
la demanda objeto de análisis y de la decisión  constitucional que se derivará
de ella.
13.- En primer lugar, debemos recordar que el
accionante manifiesta que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad en contra
de la expresión, “[l]as
empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado
los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será
obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo
90 de la Constitución”, contenida
en el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994.
En ese orden de ideas, ante la expresión acusada,
algunos de los intervinientes plantean que los cargos del actor sólo se dirigen
contra la última parte del texto demandado, como parece considerarlo tanto la Vista
Fiscal como la Universidad Externado de Colombia, -quienes piden la
declaratoria de inconstitucionalidad de la última frase del texto -, así como el
Departamento Nacional de Planeación, que propone una diferenciación entre la
primera parte de la expresión acusada y la segunda. Otros, como el Ministerio
de Minas y Energía, por el contrario, solicitan la inexequibilidad de la
expresión demandada en su conjunto.
14.-
La Corte recuerda, al
respecto, que dicha expresión forma parte
del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que se refiere a las posibles sanciones
que puede imponer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a
quienes violen la ley, según la gravedad de su falta. Dentro de tales
facultades sancionatorias conferidas por el Legislador a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, existe la posibilidad de que esa entidad
pueda imponer multas a las empresas prestadoras de estos servicios, y a
la par, que ellas puedan repetir contra sus funcionarios responsables, en
virtud de las atribuciones que la misma ley les concede. En ese sentido, la
primera parte de la expresión acusada, autoriza de manera genérica a las empresas
de servicios públicos domiciliarios a repetir contra quienes hubieran realizado
los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción, mientras que la segunda
parte, se refiere particularmente a la situación enmarcada en los presupuestos
de la acción de repetición prevista en el artículo 90 de la Carta Política,
para el caso de los servidores públicos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que de conformidad con
los artículos 11.9[29]
y 32[30]
de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios se
rigen por reglas de Derecho privado en sus actos, contratos e incluso su
organización interna[31],
- salvo norma expresa de la Carta o de la Ley 142 de 1994 en contrario -, es
claro que la primera parte del texto acusado, al referirse a una potestad
genérica en favor de estas empresas de servicios públicos domiciliarios de
repetir en contra de quienes dieron lugar a la sanción, creó una regla general
que se rige en principio por las determinaciones del derecho privado, mientras
que la expresión, "[l]a repetición será obligatoria cuando se trate de
servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución”, constituye por su propia naturaleza, una
excepción al régimen privado, al referirse en particular a los servidores
públicos y a las reglas previstas por el artículo 90 superior, en materia
de repetición.
En
efecto, como lo reconoció la sentencia C-066 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz, "el
sometimiento del régimen de servicios públicos domiciliarios a normas del
derecho privado es consecuencia, de la facultad constitucional del legislador
para regular el tema que, además, garantiza un plano de igualdad tanto para las
empresas con carácter oficial, como para las de carácter privado".
Ese
deseo de igualdad en la regulación y de un régimen general de naturaleza
privada para estas empresas, puede percibirse en los antecedentes
legislativos de la Ley, en los que se propone la idea de un régimen novedoso y flexible
de gestión y contratación de las mismas, a fin de adecuarse de manera eficiente
a las exigencias propias de la competencia[32].
15.-
Sobre esa base, está claro que la interpretación de la primera parte del texto
demandado que se ha presentado en el punto anterior, no sólo responde al
artículo 30 del Código Civil[33]
y al espíritu de la Ley 142 de 1994, sino que es una interpretación conforme con los antecedentes legislativos de la misma Ley, en la
medida en que la frase, "l]as empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran
realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción", es una expresión que se incorporó desde un
primer momento en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno, sobre la base
de un perfil general de la ley fundado en el derecho privado[34], mientras que la
última expresión demandada, fue introducida por el Legislador en el último
debate en Cámara de Representantes, como un elemento expreso y particular en el
texto en discusión[35]
sobre la repetición, en el caso de los servidores públicos.
En ese orden de ideas, ya que la primera parte del
texto demandado se ciñe a las reglas del derecho privado y en particular por
las normas procesales y sustantivas de esa legislación, - entre otras, los
artículos 2341[36]
y 2349[37]
del Código Civil -, y que los cargos del actor en modo alguno se dirigieron a
controvertir los fundamentos concretos de esa expresión enunciada o su
contenido, la Corte se abstendrá de proferir pronunciamiento alguno sobre el enunciado “Las empresas a las que
se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones
que dieron lugar a la sanción” contenida en el artículo 81.2 de la Ley 142
de 1994, y se concentrará únicamente
en estudiar la expresión "[l]a repetición será obligatoria cuando se trate de
servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución”, de la misma ley, que es la que consagra de manera específica
la regla de repetición para el caso de los servidores públicos en caso
de multas impuestas por la Superintendencia correspondiente, y contra la que se
dirigen efectivamente, los cargos presentados por el accionante en su demanda.
Sentido y alcance de la norma acusada y problema
jurídico.
16.- La expresión acusada objeto de estudio en
esta oportunidad, tal y como se manifestó con anterioridad, reza lo siguiente:
"La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos,
de conformidad con el artículo 90 de la Constitución".
Esta expresión, que se encuentra consagrada en el
artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, una vez interpretada dentro del contexto
de la norma a la que pertenece, establece como se mencionó al inicio de la
providencia, la siguiente regla jurídica: el
deber de las empresas de servicios públicos domiciliarios, a
quienes se les impuso una multa por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos, de interponer la acción de repetición propia del artículo 90
de la Carta, en contra del servidor público responsable, por su acción u
omisión.
Este deber, le compete conforme a la ley indicada, a todas
las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando la acción u omisión
sea de un servidor público, consideración que es razonable, incluso
frente a las empresas de servicios públicos privadas y mixtas, con base en las
siguientes consideraciones:
(i)
Las empresas de servicios públicos domiciliarios, supervisadas por la
Superintendencia correspondiente, pueden ser sociedades por acciones[38] de carácter privado,
público o mixto[39],
en los términos de los artículos 14 a 17 de la Ley 142 de 1994[40]. Como lo precisó la
sentencia C-741 de 2003[41]:
“Con la Ley 142 de 1994, el Legislador estableció el régimen general de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural y, determinó, entre
otras cosas, quiénes los prestarían y bajo qué condiciones De conformidad con
esta Ley, pueden prestar servicios públicos domiciliarios:
1. Las empresas de servicios públicos (Artículo 15.1,
Ley 142 de 1994), [que] a su vez pueden ser:
a) Empresas oficiales de servicios públicos,
constituidas como sociedades por acciones en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales o las entidades descentralizadas del orden nacional o
territorial tienen el 100% de sus aportes. (Artículo 14.5, Ley 142 de 1994).
b) Empresas mixtas de servicios públicos, en cuyo
capital la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas
tengan aportes superiores o iguales al 50%. (Artículo 14.6, Ley 142 de 1994).
c) Empresas privadas de servicios públicos, cuyo
capital pertenece mayoritariamente a los particulares. (Artículo 14.7, Ley 142
de 1994)”.
(ii) Ahora bien, según el
artículo 41[42]
de la misma ley, las personas que presten sus servicios en las empresas de
servicios públicos privadas o mixtas, tienen el carácter de trabajadores
particulares, mientras que las personas que presten sus servicios en las demás
empresas de servicios públicos descritas, en particular las que se acojan a lo
dicho por el artículo 17, esto es, que se transformen en empresas industriales
y comerciales del Estado, se rigen por el del Decreto-Ley 3135 de 1968, lo que
supondría que en su caso se trata de trabajadores oficiales, que en principio,
son servidores públicos[43].
No
obstante a la luz de la misma Ley 142 de 1994, que es el régimen especial
que rige sobre todas las empresas de servicios públicos domiciliarios,
es posible darle el tratamiento de servidor público no sólo a los
trabajadores pertenecientes a las empresas oficiales, - circunstancia que en
principio no ofrece dudas -, sino también a los funcionarios de empresas de
servicios públicos privadas o mixtas, que siguiendo las directrices de esa
misma ley, cumplan funciones públicas.
(iii)
Sobre este punto recuerda la Sala
precisamente, que la Carta
incluye entre los servidores públicos[44],
no sólo a los miembros de las empresas industriales y comerciales del Estado
antes mencionados, cuyo
régimen aplicable es el previsto en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994[45], como ya se dijo, sino
también a los particulares
que desarrollan funciones públicas, en los términos que fije la ley.
Así, si bien la prestación de los servicios públicos,
en principio, no equivale necesariamente al ejercicio de una función pública[46], lo cierto
es que en la  sentencia C-066 de
1997 M.P. Fabio Morón, sí se reconoció que aunque los trabajadores regidos por
el régimen laboral en estas empresas cumplen sus funciones bajo las directrices
del Código Sustantivo del Trabajo, en realidad tienen una doble
responsabilidad, “propia del régimen mixto de
obligaciones que los cobija, pues a ellos no solamente se les
aplica los artículos 55, 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a
la ejecución del contrato de trabajo con buena fe y obligaciones y
prohibiciones para los trabajadores, sino, eventualmente, la Ley 200 de
1995 o Código Disciplinario Único, cuyo artículo 20 incluye a los
particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria
como destinatarios de la ley disciplinaria, estando cubiertos, entonces,
también por los deberes y prohibiciones propias de este régimen” . (La
negrilla fuera del original).
Lo
anterior, tiene una gran relevancia, en la medida en que permite reconocer que
en este régimen mixto del
que son parte tales empresas de servicios públicos y sus trabajadores, en
ocasiones los particulares pertenecientes a las mismas, o sus contratistas,
pueden verse obligados a desempeñar funciones públicas, caso en el cual podrían
ser compelidos a devolver las sumas pagadas por el Estado, al resarcir ante sus
acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, los daños antijurídicos que
les fueron imputados en el ejercicio de esas funciones, por medio de la acción
de repetición.
Lo
anterior puede verse además, reafirmado, para el caso de las empresas de
servicios públicos en general y sin distinción, por el artículo 33 de la Ley
142 de 1994, que reza lo siguiente:
“Artículo 33. Facultades Especiales por la Prestación de Servicios
Públicos. Quienes presten
servicios públicos tienen los
mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para
promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes
que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al
control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad
de sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de
tales derechos”. (Subrayas y
negrilla fuera del original).
(iii) El anterior artículo permite concluir
que a pesar del régimen privado que
cobija en principio las relaciones de las empresas de servicios públicos
privadas y mixtas en el escenario de competencia en el que se mueven, ellas
mismas pueden ser obligadas a realizar funciones públicas o a adoptar decisiones
cuya responsabilidad o control de legalidad está en cabeza de la
jurisdicción contencioso administrativa. Bajo ese supuesto, tendrían también el
deber, en los términos del artículo demandado,  “de interponer la acción de
repetición en contra del servidor público responsable” ante la
imposición de una multa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
17- La regla
jurídica que se deriva entonces del texto acusado, es demandada por el actor, porque las multas impuestas por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no configuran a su
juicio, la existencia real de un daño antijurídico ni una condena en contra el
Estado, en los términos del artículo 90 superior. Las multas de la Superintendencia surgen
principalmente del incumplimiento de obligaciones de las empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios, lo que denota su carácter meramente
sancionatorio y no indemnizatorio o compensatorio, como lo exige el artículo 90
superior. A su juicio, tales multas no compensan daño alguno a un particular,
por lo que en general la disposición acusada no responde al espíritu del
artículo 90 de la Constitución Política.
En
suma, de acuerdo con lo expuesto por algunos de los intervinientes y por el
Ministerio Público, el cargo por violación del artículo 90 de la Constitución,
sólo es predicable del segundo enunciado normativo, esto es, de la obligación
de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios de iniciar la
acción de repetición en contra de los servidores públicos que, por su acción u
omisión, hubieren causado la sanción impuesta por las autoridades competentes a
la empresa de servicios públicos. Por lo tanto, en esta oportunidad, la Sala
únicamente analizará el cargo por violación del artículo 90 superior, en contra
de la expresión  “La
repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de
conformidad con el artículo 90 de la Constitución”, contenida en el artículo parcialmente
acusado.
18.-
En mérito de lo expuesto, definido el texto legal objeto de estudio y revisado
su significado desde el contexto del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, le
corresponde a la Corte responder el siguiente problema jurídico: ¿la regla
establecida por el Legislador en la última frase del artículo 81.2 de la Ley
142 de 1994 según la cual la acción de repetición es procedente respecto de los
servidores públicos cuya conducta haya dado lugar a la interposición de una
multa por parte de la SSPD a empresas de servicios públicos domiciliarios, vulnera
la cláusula general de responsabilidad del Estado por daño antijurídico y los
requisitos para la procedencia de la acción de repetición, previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política?
Para responder este
interrogante, la Sala se concentrará inicialmente en el estudio de los
siguientes temas jurídicos que ilustrarán el análisis posterior del caso: (i)
la responsabilidad patrimonial del Estado y sus alcances; (ii) el entendimiento
del artículo 90 de la Carta; (iii) la responsabilidad de los agentes estales;
(iv) la acción de repetición y (v) la naturaleza de las multas en materia de
servicios públicos domiciliarios. Revisados estos asuntos, la Sala realizará el
análisis de los cargos planteados en la demanda para establecer la
constitucionalidad o no de la disposición acusada, en la parte final de esta
providencia.
A.     La Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Orígenes de la responsabilidad
patrimonial del Estado en el ordenamiento jurídico colombiano.
19.- Históricamente, la idea de la responsabilidad
patrimonial del Estado en nuestro país y su paulatina consolidación como
institución en el ordenamiento jurídico colombiano, fue el resultado de la
acuciosa labor hermenéutica de los jueces. En particular, de la Corte Suprema de Justicia[47] en sus orígenes, y más adelante, del
Consejo de Estado[48].
La idea de que el tema de la responsabilidad
patrimonial del Estado fuera de creación básicamente jurisprudencial, obedeció
a dos circunstancias históricas determinantes. En primer lugar, hasta
principios del siglo XX, la tradición clásica de soberanía que imperaba
en el campo jurídico y político, reforzaba y justificaba la idea de la potestad
absoluta del Estado en el ejercicio del poder, y su correspondiente “irresponsabilidad”,
por daños a terceros. En segundo lugar, ni en la ley, ni en la Carta Política anterior,
se establecía una cláusula expresa que consagrara este tipo de responsabilidad[49],
- en gran parte por la razón previamente enunciada -, lo que exigió respuestas
de los jueces, al actuar en casos concretos.
20.- Así, como lo ha destacado la
jurisprudencia constitucional en otras oportunidades[50],
los fundamentos de este tipo de responsabilidad se extractaron originalmente de
normas del Código Civil, en momentos en que las nuevas realidades económicas relacionadas
con un mayor intervencionismo, favorecían la idea de la responsabilidad estatal[51].
Se entendió entonces que la
responsabilidad patrimonial del Estado era un mecanismo de protección para los
administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual
podía ocasionar daños, que requerían una mayor garantía jurídica a la órbita
patrimonial de los particulares[52].
En consecuencia, bajo reglas de derecho
privado, la Corte Suprema de Justicia desarrolló entonces la jurisprudencia
inicial en estas materias, y tal y como lo destacó la sentencia C-644 de 2011
de esta Corporación, con la providencia del 22 de octubre de 1896, la Corte
Suprema de Justicia sostuvo por primera vez, que “ a pesar de que las
entidades estatales eran personas jurídicas, y por tanto, irresponsables
penalmente por los daños que ocasionaran a los ciudadanos, sí
se encontraban obligadas a las reparaciones civiles por los perjuicios que
resultaren de una conducta punible imputable a los funcionarios públicos” [53].
A partir de este momento, se fue
consolidando paulatinamente una jurisprudencia por parte de esa Corporación,
que puede describirse en tres etapas distintas, en las que el concepto de
responsabilidad estatal fue evolucionando paulatinamente, así: (a) el de
la responsabilidad indirecta del Estado, - que suponía que las personas de derecho público
respondían por las acciones u omisiones de sus agentes, bajo el entendido de
que se trataba del hecho de otro, ante el daño causado -[54]; (b) el de la responsabilidad directa, -que
admitía que quien provocaba
el daño finalmente, era la persona natural al servicio del Estado, lo cual
implicaba en últimas, que el verdadero causante del daño era la entidad pública
de manera directa[55]-, y
(c) el de la falla del servicio[56].
.
21.- Más adelante, con la expedición de la
Ley 167 de 1941 que le otorgaba al Consejo de Estado competencia para conocer
de acciones reparatorias dirigidas contra entidades públicas, se dio inicio a
un nuevo periodo en la evolución jurisprudencial del concepto de
responsabilidad estatal[57],
teniendo en cuenta que el Consejo de Estado creó partir de ese momento una
doctrina propia[58],
tratando de consolidar una teoría de derecho público que pudiera separarse de
los fundamentos extraídos de las instituciones del Código Civil[59].
El sostén normativo que adoptó entonces para
el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, se extrajo tanto de los artículos 2, 16 y 30 de la Constitución de
1886, - que consagraban respectivamente, el principio de legalidad, el deber
del estado de proteger la vida, honra y bienes de sus habitantes y la garantía
de los derechos adquiridos con justo título-, así como, más adelante, del
Código Contencioso Administrativo[60].
Con fundamento en estos presupuestos, el Consejo de Estado empezó a construir,
sobre la base de la idea de falla del servicio, el criterio de imputación de la
responsabilidad estatal[61],
superando la teoría civilista de la culpa[62],
fundada básicamente en la idea de daño, actuación dolosa o culposa y nexo
causal.
En consecuencia, el Consejo de Estado, en
su amplia jurisprudencia sobre la responsabilidad extracontractual del Estado y
centrándose en la idea de la falta o falla del servicio[63]
- eje básico, en principio, del en este periodo-, derivó la responsabilidad
estatal del acto administrativo, de la expropiación u ocupación de inmuebles en
caso de guerra, de trabajos públicos, del almacenaje, de las vías de hecho y
del daño especial[64].
En ese orden de ideas, antes de la
expedición de la Constitución de 1991, se le imputaba responsabilidad al Estado
básicamente, no por el hecho de otro, sino por el hecho propio, en razón a que
las acciones u omisiones de los agentes del Estado se consideraban
inescindiblemente vinculadas a la función pública que desempeñaban[65].
Fundamentos
de la responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución de
1991.
22.- Con la Carta de 1991 y en contraste con los
antecedentes arriba mencionados, el tema de la responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública adquirió nuevos matices. En primer lugar, a
diferencia de lo ocurrido con la constitución anterior, la Carta del 91 sí consagró
por primera vez un principio general de responsabilidad patrimonial de la
administración pública, en el artículo 90 de la Constitución.
No obstante, más allá de ese artículo, la Constitución
también reconoció otros principios
y derechos constitucionales que apoyan la idea de responsabilidad patrimonial
del Estado, como son la primacía de los derechos inalienables de la persona[66], la búsqueda de la
efectividad del principio de solidaridad[67]
(art. 1º CP), la idea de igualdad frente a las cargas
públicas (art. 13 C.P.), así como la obligación de proteger el patrimonio de
los asociados y de reparar los daños causados por el actuar del ente público[68], en atención a los
artículos 2, 58 y 90 de la Constitución[69].
La responsabilidad patrimonial del Estado, se entendió
entonces también, en su reconocimiento constitucional, como un mecanismo de
protección de los administrados, bajo
el supuesto de que el Estado "es el guardián de los derechos y garantías
sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima del
daño antijurídico causado”[70];
permitiendo concebir la idea
de la indemnización por los daños antijurídicos causados, incluso, frente a aquellos
daños fundados en la actividad lícita del Estado[71]. En
efecto, reiterada ha sido la jurisprudencia constitucional que reconoce esta
consagración de la responsabilidad
patrimonial del Estado en la Carta, como “una garantía constitucional de las
personas frente a los daños antijurídicos que puedan causar los distintos
órganos estatales en el ejercicio de los poderes de gestión e intervención[72].
Es más, ha dicho explícitamente esta Corporación que "la
responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene
como fundamento el principio de la garantía integral del patrimonio de los
ciudadanos"[73].
23.- En segundo lugar, el concepto de “daño
antijurídico” establecido en el artículo 90 superior, se transformó efectivamente
en el eje central de la idea de la responsabilidad de la administración pública
a partir de la Carta del 91, dándole un mayor énfasis a la idea de “daño”, que
a factores subjetivos como el dolo o la culpa.
Lo anterior significó en la práctica, el paso de una
idea clásica de responsabilidad patrimonial del Estado relacionada
tradicionalmente con la falla del servicio, esto es, con la idea de una
irregular actuación estatal bien sea por la no prestación del servicio, por la
prestación irregular o por la prestación tardía[74],
a una hipótesis de responsabilidad patrimonial del Estado más amplia, ligada al
daño antijurídico[75],
bajo las consideraciones indicadas.
24.- La responsabilidad
del Estado por el daño antijurídico consagrada en la Carta, se consideró
entonces, por muchos, como una responsabilidad particularmente objetiva, al
desplazar el concepto subjetivo de antijuridicidad de la acción, por un
concepto más objetivo de antijuridicidad del daño.
En efecto, bajo la idea de daño antijurídico, se incluyeron en la protección constitucional,
no sólo los daños causados por la actividad dolosa o culpable de la
Administración o de sus agentes, sino también los daños producidos por
actividades perfectamente lícitas de la Administración, que los ciudadanos, de
algún modo, no estaban llamados a soportar. Como lo expresó en su momento la sentencia C-043 de
2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra:
“…La superioridad jerárquica de las
normas constitucionales [consagrada en el artículo 90], impide al Legislador
diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los
daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o
materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La
responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un
imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino
también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del
Estado según la cláusula social, así lo exigen”[76].
25.- Para entender con mayor precisión los alcances de
la concepción constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, a
continuación revisará la Sala el contenido particular del artículo 90 de la
Constitución y sus alcances, junto con las reflexiones jurisprudenciales que
han acreditado las características más relevantes de este tipo de
responsabilidad.
B.
Contenido del artículo 90 de la Carta.
El inciso primero del
artículo 90: la responsabilidad patrimonial del Estado
26.- El
artículo 90 de la Constitución reza lo siguiente:
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
“En el evento de ser condenado el Estado a
la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá
repetir contra éste”. (Las negrillas se encuentran fuera del original).
Una lectura cuidadosa de la norma en mención, permite
evidenciar que en ella, hay dos premisas jurídicas distintas, aunque claramente
relacionadas entre sí: la primera trata de la responsabilidad patrimonial
del Estado, y del deber de responder por el daño antijurídico que le
sea imputable generado por la acción o la omisión de las “autoridades
públicas”; y la segunda, trata de la responsabilidad del servidor
público por el daño antijurídico causado con su conducta dolosa o
gravemente culposa como "agente estatal", y del deber del Estado
de actuar en repetición[77].
El fundamento de la responsabilidad
patrimonial del Estado a la que alude el primer inciso, se centra como hemos
visto, en el daño antijurídico, mientras que en el segundo, se trata de la responsabilidad
personal de sus agentes, que “sólo ocurre en aquellos eventos en que el daño
antijurídico y la condena sobreviniente [sean] consecuencia del obrar doloso o
gravemente culposo del agente” [78].
27.- Partiendo de estas diferencias, debemos
destacar del primer inciso del artículo 90 superior, varios elementos relevantes que caracterizan la responsabilidad
patrimonial del Estado desde el punto de vista constitucional,  así:
(i)
El mandato que propone el
inciso primero del artículo 90 constitucional, en primer lugar, es imperativo[79]: ordena al Estado responder patrimonialmente
por los daños antijurídicos que le sean imputables[80], concediendo
paralelamente a los asociados, la protección a sus derechos y la garantía de
una eventual indemnización, ante daños antijurídicos que pueda generarle el
Estado. La jurisprudencia de
esta Corporación ha reconocido esta garantía, al sostener que:
“...el actual régimen
constitucional establece la obligación jurídica a cargo del Estado de
responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la
acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez
causado el perjuicio antijurídico y que éste le sea imputable al Estado, se
origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima
por medio del deber de indemnización.”[81]
(Subrayas y negrilla fuera del original).
(ii)  En el mismo sentido, el
inciso primero del artículo 90 superior, consagra una cláusula general de responsabilidad
patrimonial del Estado[82], como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional y administrativa en varias oportunidades[83]. Ello supone que lo señalado en el
artículo 90-1 de la Carta, incluye en
principio, -o debería incluir-, "todos los daños antijurídicos causados
por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos"[84].
De
este modo, aunque existan diferencias
entre los distintos regímenes de responsabilidad del Estado propuestos por el Legislador[85] como lo
destacó la sentencia C-333 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero, esos diversos
regímenes a partir de la Carta de 1991, debe considerarse "englobados
por el Constituyente bajo la noción de daño antijurídico"[86].
(iii) Por otra parte, el inciso primero del artículo
constitucional descrito, no establece
distinciones frente a los diversos ámbitos de actuación de las autoridades
públicas[87].
En consecuencia, debe entenderse que la responsabilidad que plantea el artículo
constitucional se extiende a todas las autoridades estatales, siendo
ésta:
“…una responsabilidad de carácter institucional,
que abarca no sólo el ejercicio de la función administrativa, sino todas las
actuaciones de todas la autoridades públicas sin importar la rama del poder
público a que pertenezcan, lo mismo cuando se trate de otros órganos
autónomos e independientes creados por la Constitución o la ley para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado”[88].
Ahora bien, aunque el Estado desarrolla sus funciones por medio de
órganos a cargo de agentes, funcionarios o autoridades públicas, sus actos le resultan
siempre imputables directamente al ente público[89]. En efecto, la personalidad jurídica y política reconocida a los
órganos del Estado, le confieren capacidad para desarrollar y ejecutar sus
fines, y para constituirse en el centro de la imputación jurídica en lo que
tiene que ver con sus competencias, lo que le permite a los asociados formular
en su contra las pretensiones de responsabilidad patrimonial que le
correspondan[90].
Así
mismo, debe recordarse que la responsabilidad
patrimonial del Estado puede involucrar la acción u omisión de particulares que
ejercen funciones públicas. De hecho,
aunque la asunción de este
tipo de funciones por parte de los particulares, no modifique su estatus
jurídico ni les otorgue la categoría de servidores públicos[91], sí genera para ellos un incremento de sus
responsabilidades frente al Estado y la sociedad. Por ende, los particulares, en el ejercicio de tales funciones,
también pueden llegar a ser considerados responsables patrimonialmente por sus
conductas dolosas o gravemente culposas en el ejercicio de competencias. La Constitución
Política, en efecto, promueve y autoriza la participación de los particulares
en el cumplimiento de los fines del Estado y en el desarrollo de las funciones
públicas y administrativas (arts. 123 y 210 C.P.), de manera tal, que de acuerdo
con el régimen legal aplicable, también los particulares pueden llegar a ser
responsables patrimonialmente en ejercicio de sus funciones públicas, como si
se tratara de agentes estatales, si se acreditan las conductas de dolo y culpa
grave en el ejercicio de las mismas, que exige el ordenamiento[92].
(iv) El artículo 90-1, establece claramente dos requisitos
para que opere la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber: (a) que haya
un daño antijurídico causado a un administrado[93];
y (b) que éste sea imputable al Estado[94] - esto es, que se presente una relación de causalidad material[95] entre el daño antijurídico y el órgano estatal
correspondiente-, con
ocasión de la acción u omisión de una autoridad pública[96].
La jurisprudencia constitucional en
diversas sentencias, al hablar de las exigencias para la configuración de la responsabilidad
patrimonial del Estado, en ocasiones, señala no dos, sino tres requisitos
derivados del artículo constitucional en mención. En efecto, en la sentencia
C-892 de 2001[97],
se señaló que la doctrina y la
jurisprudencia constitucional, exigen la presencia de tres requisitos para la
configuración de la responsabilidad mencionada: una acción u omisión de una
entidad pública, un daño antijurídico, y una relación de causalidad material
entre el primero y el segundo.[98]
En ese mismo sentido, la sentencia
C-338 de 2006[99]
señala que:
“[La
[r]esponsabilidad patrimonial del Estado se presenta cuando se produce i) un
daño antijurídico que le sea imputable, ii) causado por la acción o la omisión
de las autoridades públicas, y iii) existe una relación de causalidad entre el
daño antijurídico y la acción u omisión del ente público”[100].
Por su parte, la sentencia C-965 de 2003.
M.P. Rodrigo Escobar Gil,  sostiene que uno de los presupuestos o requisitos sine
qua non para que surja la responsabilidad patrimonial de la administración,
es la existencia de una relación de causalidad material entre el daño
antijurídico y la acción u omisión de la entidad pública, por lo que una
consecuencia natural de la ausencia de dicha relación causal, es la
imposibilidad jurídica de imputar al Estado y a sus agentes la realización del
daño y el reconocimiento de una reparación o indemnización en favor de la
víctima o perjudicado.
En el caso de la jurisprudencia del
Consejo de Estado se destaca que de manera general, se proponen en estos casos
dos requisitos, que se describen  de la siguiente forma:
“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución Política, la
cláusula general de la responsabilidad […] del Estado tiene como fundamento la
determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la
imputación del mismo a la administración pública, tanto por la acción, como por
la omisión de un deber normativo”[101].
Para la Sala, independientemente de si se
alegan dos o tres requisitos derivados del artículo 90 superior, - que vistos
en conjunto incluyen en ambos casos las exigencias propias de esa disposición
constitucional pero que se presentan de manera diferente, -la determinación de
la responsabilidad patrimonial del Estado requiere para su demostración
básicamente: la existencia de un daño
antijurídico, causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas,
que le sea imputable al estado, y donde exista una relación de causalidad entre
el daño antijurídico y la acción u omisión del ente público, que es de la que
se desprende la imputabilidad estatal.
(v)
Por último, el inciso primero que se describe, no
limita la responsabilidad del Estado a un ámbito en particular, como puede ser
la responsabilidad extracontractual del Estado, por ejemplo. En efecto, la noción
de daño antijurídico es aplicable tanto al ámbito contractual y precontractual,
como al extracontractual, porque no se evidencian restricciones constitucionales
en la materia, y así lo ha entendido también la Corte Constitucional, al
señalar que:
“[E]l inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula
general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende, por ende, no
sólo la  responsabilidad extracontractual sino también el sistema de
responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa
precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de
carácter contractual”[102].
En este sentido, el Consejo de Estado ha
reconocido igualmente que el artículo 90 superior, "es el tronco en el que
encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado,
trátese de la responsabilidad contractual o de la extracontractual"[103].
Con todo, como el eje central de la
responsabilidad estatal prevista en el inciso primero del artículo 90
constitucional gira en torno a la noción de “daño antijurídico”, revisará la
Sala a continuación, lo que se ha entendido por este concepto, aunado a la
noción de “imputación” al Estado, que terminan siendo elementos determinantes
en la atribución de responsabilidad estatal.
El concepto de daño antijurídico
28.- La noción de daño antijurídico a la que se
refiere el artículo 90 superior, es un concepto normativo  parcialmente indeterminado, que no tiene,
lastimosamente, una definición explícita en la Carta. No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha dotado a la noción de un contenido normativo particular,
mediante una interpretación sistemática e histórica de la disposición
constitucional, que puede ser revisada, entre otras, en la Sentencia C-333 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Entre los elementos históricos y
originarios de análisis, la Corte encontró que la Asamblea Nacional
Constituyente tomó en consideración para la noción de daño antijurídico
propuesta en nuestra constitución, la expresión del artículo 106 de la
Constitución española que consagraba el derecho de los particulares a
ser indemnizados por toda lesión que sufrieran en sus bienes y derechos, por
parte del Estado, salvo fuerza mayor o el funcionamiento de los servicios
públicos. Siguiendo la doctrina española, la noción del daño antijurídico
se entendió en nuestro contexto, como el perjuicio que le es generado a una
persona y que ésta no tiene el deber jurídico de soportar, siendo la
indemnización correspondiente, no el resultado de un mecanismo sancionatorio
impuesto en contra del "agente estatal" que causa el daño, sino como
un reconocimiento dirigido a lograr la adecuada reparación de la víctima[104].
29.- Bajo tales supuestos, la Corte reconoció que la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado
de la que habla el artículo 90 de nuestra constitución, funda sus bases
particularmente  en la noción de daño antijurídico[105] imputable al Estado[106].
La doctrina revisada por esta Corporación[107] ha sostenido, que el
daño en mención, para que genere la responsabilidad patrimonial del Estado a la
que se alude el artículo 90 C.P., supone en primer lugar: (i) que el daño exista[108]; (ii) que  sea imputable
a la Administración, y (iii) que sea antijurídico[109]. Se denomina en consecuencia daño “antijurídico”,
no porque la conducta del autor de la lesión sea contraria al Derecho, sino
porque el sujeto que sufre el daño, - esto es, el asociado, la persona o la
víctima del Estado-, “no tiene el deber jurídico de soportar el
perjuicio que se le ha infringido, creándose
así una lesión injusta a su patrimonio"[110]que debe ser indemnizada.
La antijuricidad del daño, en consecuencia,
ocurre, en principio, cuando la actuación
del Estado no se encuentra justificada, bien sea porque (i) no existe un
título jurídico válido que autorice o admita el daño causado, -caso en el que el
Estado no está legitimado para producir la afectación correspondiente-, o (ii)
cuando el daño excede las cargas que normalmente un individuo en la sociedad
está obligado a soportar[111].
En ese orden de ideas, el daño antijurídico
se ha descrito por la jurisprudencia contencioso administrativa, como "la
lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima
no está en la obligación de soportar"[112].
30.- Ahora bien, para obtener la indemnización por un daño antijurídico
propinado por el Estado[113],
se requeriría además, que la lesión sea el resultado del cumplimiento regular o
irregular de las obligaciones estatales o del incumplimiento de las mismas[114]. En palabras de la
Corte, “en la responsabilidad del Estado, el daño no es sólo el resultado de
una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación
regular o lícita...”[115].
En efecto, no todo daño
antijurídico supone una conducta antijurídica de la Administración. Ésta
también puede ser legítima[116],
como se desprende del espíritu de la responsabilidad patrimonial del Estado,
consagrado en la Carta.
No obstante, un daño no es antijurídico y por
consiguiente no se derivará de él responsabilidad patrimonial por parte del
Estado, cuando se trata de una lesión o carga que los asociados están  obligados
a aceptar, teniendo en cuenta
que "puede existir un daño que (...) constituya (…) una molestia,
[pero] que, en beneficio del interés general, halle justificación
constitucional”[117].
En otras palabras, no
toda lesión o daño resulta antijurídico, ni debe ser reparado por el Estado. Con
todo, para determinar si un
daño es o no antijurídico, deben
revisarse en cada caso sus circunstancias, en especial, si existen causales de
justificación para la Administración que admitan que la persona, en virtud de normas legales u otros
factores, tiene el deber de
soportar el daño que se le infringió, según corresponda. Como lo recuerda la sentencia C-965 de 2003. M.P.
Rodrigo Escobar Gil:
“…cuando el daño no reviste el carácter de
antijurídico, en razón a que recae sobre un interés que no goza de la tutela
del derecho o que el sujeto pasivo tiene el deber jurídico de soportar en
detrimento de su patrimonio, no se configura la responsabilidad del Estado y
éste no se obliga a pagar una indemnización”. (Cursivas fuera del original).
31.- De cualquier modo, la concepción general del daño
antijurídico a partir de la idea de que éste se configura cuando quien lo
sufre no estaba obligado a soportarlo, constituye entonces según esta
Corporación[118],
otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la actividad
de la administración estatal debe respetar la igualdad frente a las cargas
públicas impuestas por el Estado (Art. 13 C.P.). Esta idea se traduce, entre
las causales de imputación, en el fundamento del “daño especial”, que
resalta que la sociedad está obligada a indemnizar el daño excepcional o
anormal ocurrido como consecuencia de la actividad lícita del Estado, cuando
una actividad  desplegada en interés de la colectividad puede lesionar sin más
a sólo algunos individuos de esa colectividad, afectándose con ello el
principio de equidad[119].
30.- Por último, aunque el daño antijurídico es un elemento sine qua non
de la responsabilidad patrimonial del estado,  no es el único requisito para que
se dé la obligación de reparación[120].
En efecto, aún existiendo un
daño antijurídico concreto, se debe acreditar, como vimos, la existencia de un vínculo causal entre el daño y la actividad pública
desplegada, de manera tal
que el mismo pueda ser atribuido a una actuación u omisión de la autoridad
pública, que pueda serle imputable al Estado.
Con todo, la imputación del daño, no debe
confundirse con su causación material[121].
De acuerdo con el principio de imputabilidad, la indemnización del daño
antijurídico le corresponde al Estado, cuando exista además, un título
jurídico de atribución, “es decir, cuando de la voluntad del constituyente o
del Legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública,
compromete al Estado con sus resultados”[122].
El inciso segundo del artículo 90
constitucional: La responsabilidad de los agentes estatales y de los
particulares que cumplen funciones públicas.
32.- El inciso segundo del artículo 90 superior, reza
lo siguiente: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir
contra éste”. (Las negrillas se encuentran fuera del original).
La disposición enunciada, da cuenta de
la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales cuando el Estado
sea condenado patrimonialmente por un daño antijurídico generado a
partir de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en
cuestión. También destaca la atribución que el Constituyente le da a la
Administración, de repetir el valor de la condena, frente al funcionario o
agente responsable.
Al respecto, recuerda la Corte que los fundamentos para la adopción del
régimen de responsabilidad de los servidores públicos se encuentran consagrados
en diversos artículos de la Carta a saber: “en los artículos 6º -los servidores
públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, y por omisión
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones-; 90 –en los eventos en que
el Estado sea condenado a responder patrimonialmente, deberá repetir contra sus
agentes cuando el daño antijurídico haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de éstos-; 121 –ninguna autoridad del Estado podrá
ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley-;
123 –los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento-, y 124 –la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos
y la manera de hacerla efectiva”[123].
Como lo evidencian las anteriores
disposiciones constitucionales, en el sistema jurídico colombiano la
responsabilidad del servidor público tiene diferentes manifestaciones, que se
derivan de la necesidad de proteger de manera específica diferentes bienes
jurídicos[124].
En el caso concreto de la
norma que nos ocupa, relacionada con la responsabilidad de los agentes frente
al daño antijurídico imputable al Estado, al revisar el inciso segundo del
artículo 90 superior, la antijuridicidad que propone el artículo constitucional
para el caso de los servidores responsables, surge, en contraste con el primer
inciso, de la conducta de los agentes estatales, esto es, de un factor
subjetivo[125], y no del daño antijurídico
concreto propuesto en el primer inciso. La Corte al respecto ha sostenido, en
la sentencia C-338 de 2006.
M.P. Clara Inés Vargas, que si bien:
“[L]a institución
constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado se configura con
base en un criterio netamente objetivo, fundada en el daño antijurídico sufrido
por la víctima, no es menos cierto que el propio constituyente consagró
también un régimen de responsabilidad de los servidores públicos que se
estructura a partir de unos criterios normativos de imputación que le dan un carácter
subjetivo, como son la conducta dolosa o gravemente culposa
del servidor público”. (Cursivas y negrilla fuera del original).
33.- Del mandato del artículo 90 inciso 2, se extraen entonces
dos reglas, según lo ha reconocido esta Corporación:
"(i) el Estado se encuentra
obligado a repetir contra sus agentes, siempre que se dicte una
condena a su costa y cuando se hubiere acreditado que el agente que dio
lugar a ella actuó con dolo o culpa grave; y (ii) que los agentes estatales que
ocasionen un daño deben responder patrimonialmente, siempre y cuando la
administración pública haya resultado condenada y se demuestre la
culpa grave o el dolo del agente”[126].
(Cursivas  y negrilla fuera del original).
34.- Frente al inciso en comento además, se ha dicho en la
jurisprudencia constitucional, que la responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado establecida en
el artículo 90 superior, tiene fines preventivos y retributivos[127].
En cuanto a los primeros,
se ha señalado que el inciso
segundo del artículo 90 de la Carta, se enmarca dentro de artículos
constitucionales propuestos por el Constituyente, con el objetivo de: (i) promover
una toma de conciencia en el servidor público sobre la importancia de su misión,
en el cumplimiento de los fines del Estado y en el cumplimiento de sus tareas[128]; de (ii) fortalecer el compromiso que debe tener el
servidor público con la función o labor que está llamado a desempeñar en
defensa del interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 2°)[129]
y de (iii) garantizar el
fortalecimiento de principios superiores
como la moralidad pública, y la eficiencia y eficacia administrativa (C.P. art.
209)[130]. En
este punto, como lo ha sostenido precisamente esta Corporación con anterioridad,
sin los “mecanismos
procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar
si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta
por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la
defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad
pública”[131]
En cuanto a los segundos,
se entiende que la responsabilidad patrimonial de la que habla la segunda parte
del artículo 90 en mención, no tiene un carácter sancionatorio, sino reparatorio[132]
o resarcitorio[133],
en la medida que lo que se busca con esa disposición, es que se reintegre al Estado el valor de la condena que éste
tuvo que pagar como consecuencia del daño antijurídico causado a la víctima,
imputable al dolo o la culpa
grave del agente[134],  a fin de proteger de manera integral
el patrimonio público, ya que es por medio de este patrimonio, entre otros
elementos, que se obtienen los recursos para “la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de
Derecho”[135]. Estas consideraciones se expusieron en la
sentencia T-1257 de 2008. M.P. Jaime
Araujo Rentería, en la que se señaló expresamente que:
“…la responsabilidad patrimonial de los
servidores del Estado “no es de carácter sancionatorio (ni penal ni
administrativo), sino resarcitorio[136],
toda vez que la acción de reembolso que consagra el artículo 90 de la
Constitución está prevista “para que el Estado la ejerza con el único
propósito de reintegrar a las arcas públicas el valor de la condena que hubo
de pagar como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de sus
agentes”.[137]
(Negrillas y cursiva fuera del original).
35.- Cabe precisar, en todo
caso, que la responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a la que se alude el artículo en mención, siguiendo nuestro ordenamiento
constitucional, incluye a los particulares que cumplan funciones públicas[138]. También, según
lineamientos de la Corte Constitucional, deben ser incluidos en los alcances de
este inciso, los exfuncionarios públicos[139]
y los delegantes que actúan con dolo o culpa grave buscando escudarse en sus
delegatarios, en materia contractual[140].
36.- Por otra parte, como
la Carta no señala en concreto los mecanismos procesales por
medio de los cuales debe hacerse efectiva la repetición propuesta por el
artículo constitucional estudiado, el Legislador, en ejercicio de su libertad
de configuración[141]
y en desarrollo del inciso constitucional en mención, desplegó a través
de la acción de repetición,- y de otros medios relacionados-, mecanismos
procesales para dar cuenta de esta obligación estatal. La acción de repetición,
en consecuencia, tal y como lo resalta la sentencia C-285 de 2002, M.P.
Jaime Córdoba Triviño:
“[S]e orienta a la protección del
patrimonio del Estado; de allí que éste se halle legitimado para perseguir
una indemnización por parte de aquellos agentes estatales que se
han distanciado gravemente de sus deberes funcionales y que han generado
una condena reparatoria”[142],
en su contra.
37.- Por último, podría
suponerse de la redacción del artículo 90 constitucional en su inciso segundo, y
de lo mencionado hasta el momento en esta providencia y en las otras
providencias constitucionales que se han citado, que la exigencia de una condena
previa en contra del Estado, resulta ser un requisito sine qua non
para la prosperidad de la acción de repetición contra los agentes estatales
responsables. Esta interpretación pudo desprenderse originalmente de la Sentencia C-430 de 2000[143], en la
que se indicó “que sólo después de que se declare la responsabilidad y se
condene a la entidad pública, es cuando ésta puede repetir contra el
funcionario”.
Sin embargo, aunque la
jurisprudencia constitucional y administrativa alude reiteradamente al tema de
“condena” al estudiar este artículo, en la sentencia C-338 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas[144],
la Corte aclaró el alcance de esta expresión normativa y del precedente
anteriormente mencionado, al estudiar si la conciliación, como una forma de
terminación del conflicto propuesta por el Legislador, estaba realmente excluida
o no de la idea de “condena” del artículo 90 de la Constitución, como
fundamento de la acción de repetición. Por su importancia, se citan a
continuación  apartes relevantes de la sentencia en mención, así:
“En cuanto al primer cargo, atinente a la supuesta exigencia
constitucional de una condena como “conditio sine qua non” para el ejercicio de
la acción de repetición, encuentra la Corte que no le asiste razón al
accionante (…).
(…) Como lo que se pretende a través del ejercicio de la acción de
repetición es la recuperación, por parte del Estado, del monto de la indemnización
que ha tenido que reconocer y pagar en razón del daño antijurídico
derivado del comportamiento doloso o gravemente culposo de alguno de sus
agentes, ningún sentido tendría el circunscribir la posibilidad de repetir
contra tal agente a los eventos de existencia de una condena, cuando en el
ordenamiento jurídico existen otros mecanismos a través de los cuales se puede
establecer, en forma igualmente fehaciente y sin menoscabo alguno de las
garantías fundamentales, la cabal existencia del daño antijurídico,
e inclusive la concurrencia de un comportamiento doloso o gravemente culposo
del agente generador del mismo cuando.
En el trámite del presente proceso se ha hecho alusión a un
pronunciamiento de esta Corporación que, en principio, parecería dar la razón
al actor en el sentido de establecer que la existencia previa de una
condena constituiría requisito indispensable para el ejercicio de la acción de
repetición. Tal pronunciamiento está contenido en la Sentencia C-430 de 2000
(…).
(…) Sin embargo, no puede
perderse de vista el contexto dentro del cual se produjo dicha afirmación por
parte de la Corte (…).
(…)Se cuestionaba, en efecto, en la demanda que dio
lugar a tal pronunciamiento, la constitucionalidad del artículo 78 del Código
Contencioso Administrativo en cuanto comportaría una violación del artículo 90
superior ya que, de acuerdo con dicho precepto constitucional, sólo el Estado
es quien responde patrimonialmente en relación con los daños antijurídicos que
le sean imputables, luego las víctimas no podrían reclamar de sus agentes la
reparación patrimonial de los daños que hubieren padecido y que sea derivada de
una acción u omisión de los mismos.
Al pronunciarse sobre tal cargo de
inconstitucionalidad, la Corte hizo, en efecto, la aseveración citada, pero
agregó que “la demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad
responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no
contraviene el artículo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no
autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización
del Estado”.
No puede concluirse, en consecuencia, que la citada
afirmación de la Corte, en el sentido de que sólo puede perseguirse al
funcionario después de que se haya resuelto mediante sentencia la condena del
Estado, signifique que la
condena constituya un requisito insoslayable de procedibilidad en relación con
la acción de repetición, por cuanto, como se ha dicho, tal afirmación
estaba encaminada a precisar los fundamentos de la exequibilidad del precepto
contenido en el artículo 78 delo C.C.A., sin que ello impida que, como en
efecto ocurre, puedan existir otros mecanismos equivalentes a la
condena mediante sentencia e igualmente generadores de la posibilidad
legítima de ejercer dicha acción de repetición, tales como la conciliación
y demás formas de solución de conflicto autorizadas por la ley.
(…) la Corte encuentra que no le asiste razón al accionante en cuanto
tal limitación no puede deducirse siquiera de una interpretación literal de
la norma superior (en cuanto el constituyente no introdujo en el texto
término alguno que denote exclusividad o taxatividad).
Menos aún, puede deducirse la pretendida limitación de
una interpretación teleológica de la misma, en cuanto su sentido apunta a asegurar que, en todos
los casos de pronunciamiento de sentencia condenatoria (derivada de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente estatal), haya lugar al ejercicio de
la acción de repetición, sin que ello signifique, en manera alguna, que sólo
sea procedente la acción de repetición como consecuencia de una sentencia
condenatoria.
Existen, en efecto, en el ordenamiento vigente, otras
formas de determinación de la responsabilidad del Estado, igualmente
legítimas y expresamente reconocidas como mecanismos alternativos idóneos para
la solución de conflictos, caracterizados por su celeridad y, entre ellas,
precisamente la conciliación (prejudicial y judicial), que encuentra su
fundamento jurídico en el artículo 116 de la Constitución.
Cabe recordar, que en Sentencia anterior, la C-160 de
1999, esta Corporación ya había señalado que la conciliación en cuanto a sus
efectos puede equipararse a la sentencia judicial: “(…) Ello implica, por
consiguiente, que las actuaciones de los árbitros o de los conciliadores,
así como las respectivas decisiones, sean equiparables en cuanto sus efectos a
los de una sentencia judicial.(…)”. (Subrayas fuera
del original).
38.- De la sentencia anterior,
en consecuencia, pueden extraerse por el momento, las siguientes
consideraciones: (i) la “condena” en contra del Estado no es el único
requisito para la acción de repetición en los términos del artículo 90
constitucional, ya que (ii) existen
otras formas de determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado,
igualmente legítimas y expresamente reconocidas por la ley, como son los mecanismos
alternativos e idóneos para la solución de conflictos, que generan la
posibilidad válida de ejercer dicha acción de repetición a partir de ellos. (iii)
En el caso concreto, la conciliación se entendió como uno de dichos mecanismos
alternativos idóneos para la solución de conflictos, equivalentes a la condena.
39.- Una
vez revisados los alcances del inciso segundo del artículo 90 superior, resulta
pertinente analizar, el tema de los dispositivos procesales diseñados por el Legislador
para desarrollar la repetición de la que habla esta norma constitucional.
C. Naturaleza y alcance de la
Acción de Repetición.
40.- Teniendo en cuenta que la Carta no
estipuló de una manera expresa los mecanismos procesales por medio de los
cuales debía hacerse efectiva la repetición por parte del Estado, el Legislador,
en ejercicio de su libertad de configuración, dispuso en principio, algunas modalidades
procesales  de diferente orden, de las cuáles, la principal, es la acción de
repetición.
La acción de repetición, ha sido concebida como un mecanismo constitucional y legal, de carácter judicial[145], destinado
a obtener el reintegro[146], o “el resarcimiento del detrimento patrimonial
del Estado, como consecuencia del reconocimiento indemnizatorio
efectuado por éste, proveniente de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto[147],
por el daño antijurídico infringido a un tercero, causado por una
conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de un tercero en
desarrollo de funciones públicas”[148].
En la sentencia C-778 de 2003[149],
la Corte Constitucional se refirió a la mencionada acción, así:
“… La acción de repetición se define como el medio
judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la
indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado
de una condena de la jurisdicción contencioso administrativa por los
daños antijurídicos que les haya causado”. (Negrilla fuera del original).
41.- La jurisprudencia constitucional y administrativa ha reconocido
de manera genérica, algunas características propias de la acción de repetición
que pueden sintetizarse así:
(i) Se trata de una acción autónoma[150], de carácter
obligatorio[151],
que le compete ejercer exclusivamente al Estado. La Corte ha sostenido que, “…si
al Estado se le impone judicialmente condena porque se le declara
patrimonialmente responsable de un daño antijurídico respecto de la víctima,
esa sentencia es de obligatorio cumplimiento. En ese orden de ideas...el
artículo 90 superior le impone el deber de iniciar una acción de repetición
para obtener el reembolso de lo pagado.”[152]
La jurisprudencia contencioso administrativa, a este respecto ha sostenido a
este respecto que:
"El artículo 90 de la Constitución Política, contiene un
mandato imperativo, coercitivo y de carácter explícito, dirigido al Estado, al
ordenarle el inicio de la acción de repetición"[153].
La obligatoriedad que se describe, genera que sólo la
entidad pública declarada patrimonialmente responsable, pueda ejercer la acción
de repetición, lo que significa que ni los afectados, ni los ciudadanos, pueden
presentar directamente la demanda correspondiente.
(ii) La acción de
repetición, es una acción que para su prosperidad,
según la jurisprudencia de ésta Corte, exige los siguientes presupuestos: (a) la existencia de condena impuesta por la jurisdicción
contencioso administrativa para reparar los perjuicios antijurídicos
causados a un particular[154].
(b) que el daño antijurídico haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa del servidor, agente estatal o antiguo funcionario
público; y (c) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero
determinada por el juez en su sentencia[155],
ya que es a partir de ese momento que se considera causado el detrimento
patrimonial  del Estado. Ahora bien, nótese que la primera de estas exigencias,
puede encontrarse reseñada en diversas providencias de esta Corporación que han
revisado el tema, y en la jurisprudencia reiterada de la jurisdicción
contencioso administrativa. No obstante, ya que frente a este aspecto la
sentencia C-338 de 2006[156]
antes mencionada se pronunció, incluyendo la conciliación y las demás formas de
terminación de un conflicto establecidas por el Legislador como materialización
de ese requisito, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos deben
ser entendidos como supuestos válidos para la  declaración de la
responsabilidad patrimonial del Estado y de la primera exigencia que aquí se
propone.
A este respecto, la jurisprudencia del Consejo de
Estado[157]
ha precisado también, que como en la acción de repetición la Administración
obra en calidad de demandante, le incumbe acreditar oportuna y debidamente los
siguientes hechos: (i) que surgió para el Estado la obligación de reparar un
daño antijurídico, bien sea por condena judicial debidamente ejecutoriada, por
conciliación o por otra forma de terminación de un conflicto, originada en el
actuar de uno de sus servidores, ex funcionarios o agente en ejercicio de
funciones públicas; (ii) que el Estado pagó totalmente la obligación, con el
consecuente detrimento patrimonial; (iii) que el demandado, a quien debe
identificar de manera precisa, es o fue agente del Estado, para lo cual debe
acreditar tal calidad o el cargo desempeñado; (v) que el funcionario que dio
origen al pago actuó con dolo o con culpa grave; (vi) que el daño
antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del
demandado[158].
(iii) La repetición es una acción con pretensión resarcitoria o
indemnizatoria[159].
Se trata de una acción de reparación directa intentada por la administración en
contra del agente que ha causado el daño con  su actuación dolosa o gravemente
culposa. Así lo sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del 8 de
abril de 1994 (AR-001) al afirmar que ‘lo pretendido en últimas, es el
reembolso de lo pagado como consecuencia de un reconocimiento indemnizatorio
previamente decretado por la jurisdicción". Este carácter
indemnizatorio de la acción de repetición, es reconocido también por la jurisprudencia
constitucional, entre otras, por la sentencia C-778 de 2003 M.P. Jaime Araujo
Rentería.
(iv). En la acción de repetición, no se está en presencia de formas de
responsabilidad objetiva, como ya dijimos, teniendo en cuenta que es
precisamente la conducta del servidor público o del particular que
cumple funciones públicas, - esto es su culpa grave o dolo -, el objeto de
análisis en el proceso de acción de repetición o de llamamiento en garantía.[160] Bajo ese
supuesto, no se podrá determinar responsabilidad patrimonial del servidor
público o agente estatal, si no se establece que por su acción u omisión,
incurrió en una conducta constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en
ejercicio o con motivo de sus funciones[161].
(v)
El término de caducidad
de la acción de repetición es de dos años, que se cuentan a partir del día
siguiente al de la fecha en que se hubiere realizado el pago total por parte de
la respectiva entidad pública (arts. 136 numeral 9° C. C. A. y 11 de la Ley 678
de 2001). Este plazo, fue hallado constitucional por esta Corporación, en la
sentencia C-831 de 2001, “bajo
el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a
partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar,
desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4
del Código Contencioso Administrativo”.[162] Igualmente, en la sentencia C-394 de
2002 se especificó que si el pago se hace en cuotas, "el término de
caducidad comenzará a contarse  desde la fecha del último pago”, observando que
la caducidad en estos casos se cuenta siguiendo el mismo condicionamiento
establecido en la Sentencia C-832 de 2001[163].
(vi) Legalmente, el ordenamiento
jurídico colombiano ya había reconocido antes de la Ley 678 de 2001 que regula
a plenitud la acción de repetición, disposiciones relacionadas con la misma
figura. En efecto, tal y como
lo sostuvo la sentencia T-1257 de 2008.
M.P. Jaime Araujo Rentería:
"Con anterioridad a la Constitución Política de 1991,
distintos textos legales consagraron la acción de repetición: (i) los Decretos
150 de 1976 (arts. 194 y ss.) y 22 de 1983 (arts. 290 y 297), establecieron la
responsabilidad patrimonial de los agentes públicos en la actividad
contractual; (ii) el Decreto 01 de 1984 (arts. 77 y 78), Código Contencioso
Administrativo, fijó la responsabilidad genérica de los servidores públicos por
daños ocasionados con culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones;
(iii) los Decretos 1222 (art. 235) y 1333 de 1986 (art. 102), al adoptar los
Códigos de Régimen Departamental y Municipal, respectivamente, autorizaron a
los entes territoriales para repetir contra quienes hubieren efectuado
elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios[164].
En vigencia de la actual Constitución, la
Ley 80 de 1993 (art. 54), reguló la materia en el marco de la actividad
contractual del Estado[165];
la Ley 136 de 1994 (art. 5°), hizo lo propio en el ámbito de la administración
municipal;  la Ley 270 de 1996 (arts. 65[166],
71[167]
a 74), consagró el mecanismo en cuanto en lo que se refiere a funcionarios y
empleados judiciales;  la Ley 446 de 1998 (arts. 31, 42-8 y 44-9) estableció el
deber de promover la acción de repetición cuando las entidades públicas
resultaren condenadas, o hubieren conciliado, por una actuación administrativa
originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público[168].
(vii) En cuanto a las modalidades legales más relevantes y vigentes en
materia de  reconocimiento de la acción de repetición, tenemos en la actualidad
las siguientes:
(a) La acción de repetición, que hoy regula el artículo 142
de la Ley 1437 de 2011, - Nuevo Código Contencioso Administrativo-, expresamente
señala que cuando el Estado haya tenido que hacer un reconocimiento
indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra
forma de terminación del conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa
o gravemente culposa del servidor, ex servidor o particular en ejercicio de
funciones públicas, la entidad respetiva deberá repetir contra estos lo pagado[169].
(b) Una segunda forma, corresponde al llamamiento
en garantía de que trata el inciso 2 del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, Nuevo Código
Contencioso Administrativo[170].
Ese inciso sostiene que la pretensión de repetición,
también puede intentarse por el Estado mediante el llamamiento en garantía del
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones
públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.
En efecto, para la Corte no existe objeción
constitucional cuando en el proceso de responsabilidad patrimonial del Estado,
éste solicite la vinculación del servidor público mediante el llamamiento en garantía,
a fin de que se haga parte forzosa de la relación jurídico procesal y se decida
también sobre su responsabilidad dentro del mismo proceso. A esta conclusión
llegó la sentencia C-484 de 2002, con ocasión del antiguo Código Contencioso,
al señalar que es posible que:
“…en la misma sentencia en que se decida si el Estado
ha de ser condenado o no al pago por haber incurrido en una responsabilidad de
orden patrimonial respecto a la víctima […] también se decida sobre la
existencia de dolo o culpa grave del servidor público para imponerle o no la
obligación de reembolsar lo pagado por el primero"[171].
Ahora bien, la acción de repetición y el
llamamiento en garantía del Código Contencioso Administrativo, no son las
disposiciones que regulan de manera general la acción de repetición en nuestro
ordenamiento, sino que afirman la vigencia de esta acción, en los ámbitos de
aplicación  que les son propios[172].
(c) Por eso, en tercer lugar, merece especial mención
la acción de repetición ordinaria[173], que se
encuentra regulada por la Ley 678 de 2001, que desarrolla el inciso 2o del artículo 90 de la Constitución (art. 1).
46.- Así, concentrándonos en concreto en la Ley 678 de 2001, tenemos
que la acción de repetición es una acción de naturaleza civil, de carácter
patrimonial (art. 2), que puede ejercerse contra el servidor o ex servidor
público y los particulares que desempeñen funciones públicas (art. 1), como
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa que haya
dado lugar a que se condene al Estado a pagar una indemnización. Su
objeto es regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores
públicos y de los particulares que desempeñan funciones públicas, y según lo dispone el artículo 4º de la Ley
678 de 2001, es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de
repetición o el llamamiento en garantía, so pena de incurrir en falta
disciplinaria.
La Ley 678 de 2001, que se considera como la norma general en la
materia[174],
define e indica cuáles con las finalidades
de la acción de repetición (art.3);  dice en qué consisten las conductas dolosas y gravemente
culposas en que puede incurrir el agente, y señala en qué eventos tales
conductas se presumen (arts. 5
y 6[175]). Así
mismo establece los aspectos procesales aplicables (arts. 7 a 16)”[176] y los que son
pertinentes[177]
en el caso del llamamiento en garantía[178].
Determina además la competencia, señala
quiénes están legitimados para ejercer la acción,  así como el procedimiento
que se debe seguir, el término de caducidad, la viabilidad de la conciliación
judicial y extrajudicial y señala las reglas para la cuantificación de la
condena y su ejecución.
Asimismo,
dispone la ley que de la
acción de repetición conocerá la jurisdicción de lo contencioso administrativo
y que será competente el juez o tribunal ante el que se tramitó o se haya
tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado. La acción
de repetición se tramitará de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto
en el Código Contencioso Administrativo para el medio de control de reparación
directa[179]. Además, el artículo 14 de la citada Ley, alude al
pronunciamiento expreso que debe hacer la autoridad judicial acerca de la
concurrencia de dolo o culpa grave en la conducta generadora del perjuicio
causado al Estado[180].
Se trata en consecuencia, de una ley que en principio, reconoce para la acción
de repetición, la plenitud de las garantías procesales[181].
42.- Revisado el tema de la acción de repetición, pasa la Sala a analizar las
facultades consagradas por la Ley 142 de 1994 para  la Superintendencia de
Servicios Públicos en materia de sus potestades en la imposición de multas
administrativas.
D. La facultad sancionatoria de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El control y vigilancia en
materia de servicios públicos domiciliarios.
43.- La prestación de servicios públicos
domiciliarios, contribuye directamente al cumplimiento de los fines sociales
del Estado, previstos en los artículos 1º y 2º de la Constitución[182]. En
efecto, ante la marcada
incidencia que tienen los servicios públicos domiciliarios en la calidad de
vida y dignidad de las personas, así como en el desarrollo social y económico
del Estado[183],
es razonable que éste intervenga de manera directa en la prestación de estos
servicios públicos, para asegurar los objetivos que en estas materias ha
prescrito la Carta Política.
Sobre esa base, y como una de las formas de
intervención del Estado en la economía[184], el Legislador nacional es a quien
le compete definir el régimen general de los servicios públicos a través de la
ley (Art. 365 C.P). A
su vez, el artículo 367 superior, indica que “la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que
tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos”. De
acuerdo con el artículo 369 siguiente, “la ley determinará los deberes y
derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de
prestación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten
el servicio”. La misma norma le impone al Legislador el deber de definir “la
participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y
empresas que les presten servicios públicos domiciliarios”.
44.-
De otra parte, en los términos del artículo 365 de la Constitución, la
obligación de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a
todos los habitantes del territorio nacional, le corresponde al Estado[185]. Por lo
tanto, su garantía no fue encomendada a ninguna otra autoridad en concreto,
sino que se concibió como un deber institucional de todas las autoridades
involucradas directas o indirectamente con compromisos constitucionales en ese
sector[186].
Para lograr esas premisas, no obstante, y teniendo en
cuenta que los servicios públicos pueden ser prestados “por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares” [187], la
prestación de esos servicios[188] exige en general que el Estado se reserve
para sí, la regulación, el control y la vigilancia de dicha actividad  (art.
365 C.P.).
45.-
Frente al tema de la regulación, la
Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fue expedida por el Congreso de
la República como respuesta al mandato impuesto por el Constituyente[189]
previamente mencionado y  con
el propósito de ser una ley especial, tendiente a desarrollar los fines
sociales de intervención del Estado en la prestación de estos servicios y
alcanzar, entre otros, los objetivos de calidad, cobertura, atención
prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable
y saneamiento básico; garantizar su prestación continua, eficiente e
ininterrumpida del servicio público, proteger la libertad de competencia y
prevenir la utilización abusiva de la posición dominante; establecer mecanismos
que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en
la gestión y fiscalización de su prestación; así como  establecer un régimen
tarifario proporcional[190].
46.-
En lo concerniente al control y vigilancia en materia de servicios
públicos, la Constitución fijó
un reparto de competencias, entre el Congreso y el Presidente de la República,
que le permite al primero, según el artículo 150 numerales 8 y 23, “expedir las
normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia que le señale la Constitución” y
específicamente “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones
públicas y la prestación de los servicios públicos”.
Por su parte, el artículo 189-22 de la Carta, señala que le corresponde al
Presidente de la República ejercer la inspección y vigilancia de la prestación
de los servicios públicos. Mientras que el artículo 370 de la Constitución, para
el caso de los servicios públicos domiciliarios, establece que le compete al
Primer Mandatario con sujeción a la ley, ejercer por medio de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, precisamente, el control,
la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.
Así, sobre el diseño de los mecanismos y funciones de
inspección, control y vigilancia administrativa en el ámbito de los servicios
públicos domiciliarios y los límites del Legislador a ese respecto, la sentencia
C-172 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, arribó entre
otras, a las siguientes reglas relevantes:
“…(iii) La SSPD no es la única entidad
que cumple funciones de inspección, control y vigilancia en el ámbito de
los servicios públicos domiciliarios. Esa no fue la voluntad del Constituyente;
por el contrario, una interpretación sistemática de la Carta Política demuestra
que en ella se han previsto diferentes tipos de control en relación con los
servicios públicos. A modo simplemente enunciativo se puede señalar el control
político que ejercen tanto el Congreso como los concejos municipales[191],
el control fiscal a cargo de la Contraloría General y de las contralorías
territoriales[192],
las atribuciones concurrentes de las entidades territoriales[193],
el control judicial indirecto[194],
la facultad del Presidente de la República para fijar –con sujeción a la ley-
las políticas generales de administración y control de eficiencia[195],
las competencias de las Comisiones de Regulación[196],
entre otros.
…(v) La Constitución dispuso directamente
la existencia de una entidad especializada a través de la cual el Presidente
ejercerá las funciones de inspección, control y vigilancia en el ámbito de los
servicios públicos domiciliarios –la SSPD-. Sin embargo, la propia Constitución
aclara que las funciones específicas de dicha entidad serán delimitadas por el Legislador[197].
… (vii) En todo caso, la delimitación de
las competencias de la SSPD y de cualquier otra autoridad debe
fundarse en criterios objetivos constitucionalmente legítimos; esto es, que
atiendan parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. En esa medida, el
Presidente de la República debe mantener inalterada su condición de suprema
autoridad administrativa; la regulación no puede llegar al extremo de vaciar de
contenido las funciones asignadas por la Carta Política –aunque de manera
genérica- a la SSPD[198]; ni puede despojarse a cualquier otra
autoridad de las competencias constitucionales expresamente asignadas”[199].
La potestad sancionatoria de la SSPD
47. Revisado el marco institucional de control y
vigilancia de la SSPD, debe recordar la Corte que el ejercicio concreto de las
atribuciones de esta institución en materia sancionatoria, forma parte de lo
que ha sido entendido como la potestad sancionatoria de la Administración.
La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado,
que la potestad sancionatoria administrativa, encuentra su fundamento en
los artículos 2º, 4º, 29º, y en general en los artículos 150-8, 189 numerales a 21 a 26, 209,
334, 365, 366 y 370 de la Carta[200].
Esta potestad, -y en general el Derecho administrativo sancionador-,
constituye una expresión de poder jurídico necesario para la regulación de la
función administrativa y el cumplimiento de los fines del Estado, en la medida
en que resulta ser un complemento de la potestad de
mando institucional, contribuyendo en
la preservación del orden jurídico[201],
al funcionamiento adecuado de
la Administración y al cumplimiento de las decisiones administrativas[202].
Dicha potestad, es producto de una clara manifestación
del ius puniendi del Estado[203]
y se estructura, además,  a través de la asignación
de competencias a la Administración que “la habilitan para imponer a sus
propios funcionarios y a los particulares, el acatamiento […] de una disciplina
cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos”[204].
48.- La potestad sancionatoria administrativa responde,
según la jurisprudencia constitucional, a las siguientes reglas:
(i)
La actividad
sancionatoria de la Administración tiene su fundamento en la búsqueda de la “realización
de los principios constitucionales”[205]
que “gobiernan la función pública, a los que alude el artículo 209 de la
Carta”.[206]
Por consiguiente, se trata de
una potestad que propende por el cumplimiento de los cometidos estatales[207] y de los objetivos que ella se ha trazado en
el ejercicio de sus funciones.
(ii) Uno de los objetivos de la potestad sancionatoria administrativa, en consecuencia, es el de cuestionar el
incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos del ordenamiento[208]. La potestad se activa, a partir del desconocimiento de
las reglas preestablecidas[209],
lo que le permite al Estado imponer sanciones como “respuesta  a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración”.[210] Esta potestad administrativa, por su
naturaleza, descarta de antemano la imposición de sanciones privativas de la
libertad.[211]
(iii) La existencia de la potestad sancionatoria administrativa, tienen por
demás, una cierta finalidad preventiva. De hecho, “implica una
amenaza latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al
cumplimiento de tales prescripciones, las infringe deliberadamente.”[212]
(iv) Esta potestad, se encuentra subordinada a que
se respeten las garantías del debido
proceso y, en especial, el derecho de defensa y la designación
expresa de la autoridad competente para imponer la sanción. Así, la sanción que se imponga debe ser la
consecuencia de un proceso transparente, imparcial en el que se haya demostrado
plenamente la comisión de la falta y se haya garantizado el pleno y efectivo
ejercicio del derecho de defensa, de contradicción, de impugnación, por parte
del implicado, y todos los demás que rigen el debido proceso[213]. También debe tener en consideración, los principios de legalidad, tipicidad,  proporcionalidad – entre la sanción falta o infracción administrativa-[214], independencia de la sanción penal y exclusión de responsabilidad
objetiva, como principio general[215]. Ha explicado la Corte, sin embargo, que estas
exigencias no tienen la misma intensidad y rigurosidad que en el ámbito penal[216] por lo
que se pueden dar atenuaciones en ciertas circunstancias, vgr. en la presunción
de inocencia[217]
o en el principio de tipicidad[218],
etc.
(vi) Finalmente, está claro que la decisión sancionatoria adoptada por la
Administración está sujeta a control judicial ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.[219]
49.- Con respecto en concreto a las sanciones, éstas
han sido entendidas por la doctrina, como  “un mal infringido por la Administración a un
administrado, como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo
de la sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, o
en la imposición de una obligación de pago [...].”[220]
Algunas de esas sanciones, en efecto,  pueden ser
multas, que son concebidas en materia administrativa, como “la sanción
prototípica”[221],
claramente de carácter pecuniario y concebidas en protección del orden jurídico
general.
50.- En el caso particular de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Ley 142 de 1994 regula sus funciones de
control y vigilancia en materia de servicios públicos y la habilita para
imponer sanciones ante las infracciones de la ley. La potestad
administrativa sancionatoria de la Superintendencia, se consagra en los
artículos 79 a 83 de la Ley 142 de 1994, concediéndole tanto a la
Superintendencia como al Superintendente, funciones específicas.
Entre las atribuciones que consagra el artículo 79 de
la mencionada ley en materia sancionatoria en favor de la SSPD, se encuentran
entre otras: (i) vigilar y
controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén
sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en
forma directa e inmediata a usuarios determinados, y sancionar sus violaciones;
(ii) vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de
servicios públicos y los usuarios, y sancionar sus violaciones; (iii) sancionar
a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los
usuarios. Incluso el artículo 80-4 de esa
misma ley, habilita a la SSPD también, para (iv) sancionar a las empresas que
no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.
En cabeza específica del Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios,  encontramos en virtud del parágrafo 2 del artículo 79
de la Ley 142 de 1974, las siguientes atribuciones: (i) sancionar, en defensa
de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, a los
alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten en forma directa
uno o más servicios públicos cuando incumplan las normas de calidad que las
Comisiones de Regulación exijan de modo general, o cuando suspendan el pago de
sus obligaciones, o cuando carezcan de contabilidad adecuada o, cuando violen
en forma grave las obligaciones que ella contiene. (ii) Imponer las
sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, en los
términos de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley 143 de 1994, sobre competencia
y abuso de posición dominante.
51.- El artículo 81 de la Ley 142 de 1994, le otorga a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la facultad de imponer
a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, sanciones como
amonestación, multas, cierres de inmuebles, suspensión de actividades,
orden de separar administradores o empleados; solicitar el decreto de la
caducidad de contratos, prohibir prestar servicios, etc.,  según la naturaleza
y la gravedad de la falta.
En cuanto a las multas, el artículo 81-2 de la Ley 142
de 1994 sostiene que la Superintendencia podrá imponer multas hasta por el
equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales y que la multa podrá ser graduada
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio
público. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo
previamente indicado, podrá multiplicarse por el número de años. También
se dice que  las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención
de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el
caso al que se refiere el numeral 79.11.
En el artículo 79-12 de la Ley 142 de 1994, se le
conceden atribuciones a la Superintendencia para adjudicar a las personas que
iniciaron, impulsaron o colaboraron en un procedimiento administrativo,
tendiente a corregir violaciones de las normas relacionadas especialmente con
los servicios públicos, una parte de las multas a la que se refiere el numeral
81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, para resarcirlos por el tiempo, el
esfuerzo y los gastos y costos en que hayan incurrido o por los perjuicios que
se les hayan ocasionado. Esta adjudicación será obligatoria cuando la
violación haya consistido en el uso indebido o negligente de las facturas de
servicios públicos, y la persona que inició o colaboró en el
procedimiento haya sido el perjudicado[222].
52- Una vez analizadas las características y
antecedentes jurisprudenciales principales de la responsabilidad patrimonial
del Estado y de la acción de repetición, junto con las competencias de la SSPD
en materia sancionatoria, entra la Corte a revisar los cargos presentados por
el actor en  la demanda de la referencia contra la última frase del artículo
81.2 de la Ley 142 de 1994.
Análisis del cargo.
El Legislador autorizó a las empresas de servicios
públicos, a interponer la acción de repetición del artículo 90 superior, frente
a las multas impuestas por la SSPD, cuando ellas fueran el resultado de la
actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor público o agente.
53.- Las multas impuestas por la SSPD, son una de las
sanciones administrativas prevista para las empresas de servicios públicos
domiciliarios, ante el incumplimiento de las normas a las que deben estar
sujetas, de acuerdo con la Ley 142 de 1994.
En materia de
sanciones administrativas, el margen de configuración del Legislador es amplio,
habida cuenta de la gran variedad de sanciones posibles así como la diversidad
de campos de la actividad social en donde éstas pueden ser aplicadas. La
existencia de multas como parte de la potestad sancionatoria de la Administración
en materia de servicios públicos, resulta compatible con la Carta, ya que como vimos,
tanto la regulación en servicios públicos, como la delimitación de las
atribuciones de la Superintendencia y claramente, la definición de las expresas
facultades sancionatorias de la entidad[223],
son competencia del Legislador.
Ciertamente, en
virtud de la cláusula general de competencia consagrada en los numerales 1° y
2° del artículo 150 de la Carta Política, al Legislador le corresponde regular
en todos sus aspectos los regímenes aplicables a la totalidad de
procedimientos, acciones y demás actuaciones judiciales y administrativas; y
para los efectos de ejercer dicha competencia, goza de un amplio margen de
autonomía y libertad de configuración política, suficiente para evaluar y
definir con independencia, sus etapas, características, formas, plazos, términos
y demás condiciones de acceso, trámite y conclusión.
De hecho, es al Legislador a quien
corresponde fijar también el régimen de responsabilidad aplicable a la
prestación de funciones públicas, por los servidores públicos y por los
particulares[224].
54.- Ello no significa, sin embargo, que el Legislador
no esté limitado por el ordenamiento constitucional en el ejercicio de sus
atribuciones o por los criterios de razonabilidad y proporcionalidad[225] a la hora
de establecer las competencias legales que son de su responsabilidad. De hecho, la autonomía legislativa es
amplia en estos temas, pero no es absoluta. Está limitada por el respeto a los
preceptos, principios y valores constitucionales.
55.- En el
tema que nos ocupa, las multas de la SSPD, son el motivo de la inconformidad del
actor, porque a su juicio son la “fuente” que atribuye o que “declara” en esta
circunstancia concreta, la “responsabilidad patrimonial del Estado” de
la que da cuenta el artículo 90 superior, en la medida en que es a partir de
ellas que el Legislador habilitó el uso de la acción de repetición propia de
esa norma constitucional, para obtener el resarcimiento patrimonial derivado de
esas multas impuestas por la SSPD, en favor de las empresas de servicios
públicos domiciliarios.
Partiendo de
esta realidad, surge de nuevo nuestro problema jurídico inicial relacionado con
la necesidad de establecer si la regla
objeto de estudio, vulnera o no la cláusula general de responsabilidad del
Estado por daño antijurídico y los requisitos para la procedencia de la acción
de repetición, previstos en el artículo 90 de la Constitución Política.
Partiendo de
esa premisa, trataremos de llegar a algunas conclusiones a continuación.
El perjuicio económico en el que incurren
las empresas de servicios públicos a quienes se les impone una multa de la
SSPD, no genera un daño antijurídico ni responsabilidad patrimonial del
Estado.
56.- Recordemos que el artículo 81.2 parcial de la Ley 142 de 1994
acusado, establece el deber que
tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios, a las que se les
impuso una multa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de
interponer la acción de repetición en contra del servidor público
subjetivamente responsable. La norma es acusada de ser contraria  al artículo 90 constitucional, por
desconocer los fundamentos de la responsabilidad
patrimonial del Estado y los requisitos del daño antijurídico, que son la causa
de la acción de repetición.
Para dar
respuesta a esas y otras preguntas, es necesario partir de dos premisas
iniciales sobre el entendimiento que puede tener la regla del artículo 81.2
parcial  acusada, en relación con el artículo 90 superior.
La primera  premisa,
parte del supuesto de que el Legislador entendió en el artículo acusado, que la
multa impuesta por la SSPD, en sí misma, podía ser considerada como un "daño
antijurídico" para la empresa de servicios públicos, que ella no
estaba obligada a soportar, habilitando en consecuencia la repetición contra
sus agentes subjetivamente responsables. La segunda premisa posible, por el
contrario, parte del supuesto propuesto por algunos intervinientes, de que la
multa es finalmente otra forma de "terminación del conflicto
administrativo" en los términos del artículo 2o de la Ley 678 de 2001,
y que en virtud de ello, se cumplirían los requisitos para la acción de
repetición.
57.- Si se
trata del primer caso, esto es, de considerar la multa impuesta por la SSPD en
sí misma, como una expresión de un "daño antijurídico" que habilita
la acción de repetición, lo cierto es que ello desconocería abiertamente el
artículo 90 de la Constitución.
La responsabilidad
patrimonial del Estado, como vimos, está soportada en la idea clásica de
proteger el patrimonio de los asociados de los daños causados por el Estado,
bajo las premisas de la existencia de un daño antijurídico, esto es, un
daño no justificado y que además el ciudadano no está llamado a soportar,
el cual, siendo imputable a la Administración  -es decir, producto de su
actividad y en conexidad con ella-, da cuenta de la responsabilidad del Estado
y le asegura el derecho a una indemnización patrimonial.
Visto lo
anterior, debería la Corte determinar: (i) si el pago de una multa impuesta por la
Superintendencia de Servicios Públicos constituye un perjuicio patrimonial que
jurídicamente “un asociado” no esté llamado a soportar, de manera que pueda ser
considerado como un daño antijurídico en los términos descritos y (ii)
si dicha multa constituye una imputación al Estado de responsabilidad
patrimonial.
Se destaca entonces que el daño antijurídico,
bajo los supuestos discutidos hasta el momento, debe recaer en principio, sobre
un sujeto pasivo que en general, es una persona natural o jurídica, descrita
por la jurisprudencia y la doctrina constitucional, como un particular, un
asociado, un ciudadano, un administrado o una víctima del Estado. En efecto,
tomando en consideración que en sus orígenes, la responsabilidad patrimonial
del Estado fue pensada como un
mecanismo de protección para los administrados frente al aumento de la
actividad del poder público, no es ajeno a la responsabilidad patrimonial que
sus premisas se estructuren sobre la base de asegurar esa protección ciudadana.
Las normas constitucionales relacionadas con la responsabilidad estatal van precisamente
dirigidas a asegurar ese tipo de protección de los ciudadanos.
En ese orden de ideas, tenemos que el daño o perjuicio previsto aquí por el Legislador,
desde esta perspectiva, es en realidad un menoscabo económico sufrido por quien
hace la erogación correspondiente o paga la multa, que en este caso, es la
empresa de servicios públicos. Claramente ello no genera un daño antijurídico
en el sentido en que el concepto ha sido definido por la doctrina y la
jurisprudencia relativa a la responsabilidad patrimonial del estado.
Como se puede
ver de las consideraciones anteriores, una multa impuesta por el Estado a una
empresa de servicios públicos, en ejercicio del deber legal de asegurar que se
respete el ordenamiento jurídico, siendo éste un mandato incumplido por la
misma empresa sancionada, difícilmente puede ser considerado como la expresión
de un daño "antijurídico" que de origen a responsabilidad
patrimonial del Estado. El
daño antijurídico es aquel que, quien lo sufre, no está obligado
jurídicamente a soportarlo, es decir que carece de un título jurídico válido
que lo soporte. Ello no ocurre cuando, en gracia de discusión,  se le impone a
una entidad  de este tipo una multa, por el incumplimiento de sus obligaciones
legales y constitucionales, que claramente son de su competencia.
Tal daño no cae
bajo los supuestos que regula el artículo 90 superior, y por lo tanto, tampoco
por este aspecto debe ser objeto de forzosa reparación en los mismos términos.
Si bien la multa y su imposición pueden ser imputables al Estado, el daño
derivado de la multa para la empresa de servicios públicos, no es antijurídico,
lo que impide que se consolide responsabilidad patrimonial alguna por parte del
Estado.
De este modo, no puede ser la misma multa percibida como
un "daño antijurídico" en sí mismo considerado, que signifique
responsabilidad patrimonial del Estado, porque: (a) no existe un
daño a un asociado en términos reales, sino un debate entre dos empresas con
posición de autoridad, por el cumplimiento o incumplimiento de la ley; y  aún
en gracia de discusión que pudiera predicarse en favor de la empresa de
servicios públicos, (b) el daño no es antijurídico, porque la
multa fue impuesta en cumplimiento de un deber legal que le daba justificación
material al Estado para imponer la multa, por lo que en cualquier caso el
afectado - si se entiende por él a la empresa de servicios públicos -,  "estaba
llamada a soportarlo"  ya que no se trató de una lesión injusta a su
patrimonio, sino de una sanción que estaba obligada a asumir, en aras de
proteger el interés general de la sociedad y el ordenamiento jurídico y los
fines propios de la prestación de servicios públicos.
58.- A su vez, la acción de repetición que se
deriva de la habilitación que autorizó el Legislador en la norma que se acusa,
no está entonces realmente soportada en un reconocimiento indemnizatorio que
debió cumplir el Estado o que el Estado pagó a un tercero por un daño
antijurídico, porque independientemente de que se haya impuesto la multa, el
daño antijurídico no se dio, de manera tal que su fuente necesariamente está
desligada del artículo 90 superior.
En ese orden
de ideas, si la multa no es una expresión de un daño antijurídico en los
términos descritos, y la repetición que autoriza el Legislador, sobre la base
de haber realizado un pago aparentemente indemnizatorio, nunca se dio,
la repetición a la que se alude en este caso concreto carece del fundamento
constitucional requerido en los términos del artículo 90 superior. Si ello es
así, la hipótesis acusada por el demandante en esta oportunidad debe ser
declarada inexequible, porque el Legislador utiliza indebidamente la acción de
repetición bajo fundamentos ajenos a los previsto en el artículo 90 superior, para
dar cuenta de una responsabilidad patrimonial del Estado que no existe y que no
puede ser soportada sobre la base del artículo 90 constitucional.
La multa
impuesta por la SSPD no  es un reconocimiento indemnizatorio  propio de
la responsabilidad patrimonial del Estado, que se haya dado a través de una de
las formas de "terminación del proceso" exigidas para la procedencia
de la acción de repetición.
59.- Con todo,
una segunda premisa sobre la hipótesis demandada debe ser objeto de análisis,
porque a ella acuden algunos de los intervinientes para sustentar la
constitucionalidad de la norma. En efecto, se aduce que la multa administrativa
impuesta por la SSPD, refleja válidamente los términos descritos por la
Constitución con respecto a  la responsabilidad patrimonial del Estado, al
ser el resultado o una de las formas de expresión de "la
terminación del conflicto" de las que habla el artículo 2o de la Ley
678 de 2000[226]
y eventualmente tener fundamento en perjuicios causados a terceros. Con el
propósito de indagar sobre este aspecto en particular y a título meramente
ilustrativo, presenta la Sala el siguiente cuadro comparativo, para evaluar si
la multa impuesta por la SSPD puede llegar a expresar realmente la responsabilidad
patrimonial del Estado, en los términos del artículo 90 superior.  El
propósito es establecer si el proceso que termina con la multa, efectivamente
puede dar cuenta de las exigencias requeridas por el artículo 90 superior en
materia de responsabilidad del Estado, como sigue:
Multa
de la SSPD
Responsabilidad Patrimonial del Estado
Origen
Ley especial
en materia de servicios públicos.
Art. 90
Constitucional.
Objetivo
Sancionatorio/
preventivo.
Protección
de los derechos patrimoniales de los asociados
Naturaleza
Sancionatoria
no indemnizatoria.
Indemnizatoria/
resarcitoria
Partes
en el "conflicto"
Estado vs. Estado;  o Estado vs. Particulares
investidos de autoridad.
Particulares vs. Estado
Forma de
resolución del "conflicto"
Acto Administrativo de Superintendente
-Sentencia, Conciliación u otras formas de
terminación del conflicto.
Reconocimiento
que se concede
a. Declaración de violación o incumplimiento
de las normas a las que "deben estar sujetas" las empresas, en
los términos de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994.
b. Sanción y monto.
Nótese que aquí no es necesario acreditar, ni
siquiera un daño a terceros, así no sea antijurídico. Mucho menos el antijurídico.
a. Declaración de la existencia de daño
antijurídico imputable al Estado.
b. Indemnización.
Tipo de reconocimiento
Administrativo
Judicial o con efectos judiciales
Firmeza del
acto
Puede ser
demandado ante lo contencioso administrativo.
Presta mérito ejecutivo./ cosa juzgada.
Producto
Sanción
pecuniaria que ingresa al patrimonio de la Nación, para la atención de
programas de inversión social en materia de servicios públicos (Art. 81 Ley
142 de 1994).
Nótese que
de aquí no se deriva obligación de indemnizar (Art. 79-12 de la Ley 142 de
1994).
Declaración de responsabilidad patrimonial del
Estado y obligación de indemnizar, que al momento del pago, ingresa al
patrimonio del asociado.
Afectación
que controla
Violación
del ordenamiento jurídico y/o tercero (daño).
¿Estaba el
tercero obligado a soportar o no el daño?
Esa no es
una valoración que deba hacerse en el proceso que termina en multa. Basta el
incumplimiento normativo. En el proceso administrativo, no se está obligado a
saber si hay o no daño antijurídico.
Daño
antijurídico causado a una persona, ciudadano o  asociado que este no estaba  obligado
de soportar.
Acción
de repetición
Si. Para
obtener el reintegro de la multa.
Ley 142 de
1994
Si. Para
obtener el reintegro del pago por la indemnización ante el  daño
antijurídico. (Art. 90 C.P)
60.- En
mérito de lo expuesto, es evidente que a través del proceso administrativo
establecido en la Ley 142 de 1994 que genera la multa de la que habla el
artículo 81.2 de la misma ley, hoy acusada, no es posible que se determine la
existencia o no de un daño antijurídico, ni se verifique la  imputabilidad
al Estado, ni se establezca si debía o no ser soportado el daño por el
ciudadano, en el hipotético caso en que, con un incumplimiento normativo,
exista un perjuicio para algún asociado en los actos que dieron origen a las
multas.
Tampoco es el
escenario para que un tercero presuntamente afectado pueda acreditar la
vulneración real de sus derechos patrimoniales, ni exigir el pago de la
indemnización correspondiente. En el procedimiento administrativo
sancionatorio en el que la SSPD expide una multa, no se resuelve en estricto
sentido un "conflicto" que, en el caso de la responsabilidad
patrimonial del Estado surge entre el Estado y los particulares. Este
procedimiento, busca simplemente establecer el cumplimiento o incumplimiento de
normas, por lo que no se trata de un conflicto en sentido pleno, sino de la atribución
reglada que la SSPD tiene, para imponer sanciones administrativas. Y la razón
de esta realidad, es sencilla: todos los aspectos anteriormente expuestos y
relacionados con la acreditación del daño antijurídico, no son el objetivo a
desarrollar y promover en la facultad sancionatoria asignada a la Superintendencia
en las normas que se estudian, ya que esa actuación no fue pensada para el
efecto.
Así, la
facultad sancionatoria que tiene la Superintendencia con estas multas, no tiene
como propósito resolver "conflictos" ni dar respuesta a necesidades
indemnizatorias, por lo que no se le puede exigir a un procedimiento específico
y reglado, actuar en contra de su propia naturaleza. Menos aún, concederle a un
proceso administrativo orientado a otros resultados, la potestad de dar
declaraciones sobre la "responsabilidad patrimonial del Estado"
a motu propio, desconociendo el rigor de las exigencias planteadas en el
artículo 90 de la Constitución.
Pero hay más,
la finalidad de los procesos prescritos por el Legislador, es la realización
del derecho sustancial. En el caso de la responsabilidad patrimonial del
Estado, los derechos en juego son los patrimoniales de los ciudadanos, por lo
que las exigencias procesales para garantizar esos derechos deben estar
soportadas en mecanismos jurídicos y procesales  que respeten las garantías
mínimas del proceso y aseguren la real protección de los derechos ciudadanos.
Las
debilidades del proceso administrativo en mención son elocuentes. Y pueden
demostrarse ante el hipotético caso de la existencia real de un daño
antijurídico que un ciudadano no ha debido soportar, con la acción u omisión
dolosa o gravemente culposa de una autoridad pública, causado por una empresa
de servicios públicos domiciliarios. De ser ese el caso, es posible que la
Superintendencia decida ponerle una multa a la entidad acusada por
incumplimiento normativo. Pero incluso si lo hace, nos preguntamos: ¿esa multa
relevaría al ciudadano de la necesidad de demandar la reparación del daño
antijurídico del que fue víctima por parte del Estado por los medios procesales
habilitados para el efecto? La respuesta es negativa. En virtud del artículo 90
superior, el ciudadano está habilitado perfectamente para obtener la
indemnización correspondiente si logra probar la responsabilidad patrimonial
del Estado. Pero ¿podría el Superintendente, además de la multa, decretar una
indemnización en favor del ciudadano al ser evidente el daño antijurídico por
la empresa multada? La respuesta también es negativa a esa inquietud porque las
autoridades administrativas tienen sus competencias regladas, están obligadas a
realizar únicamente lo autorizado por la ley y en el caso de la SSPD,  su
facultad es eminentemente sancionatoria.
Por ende, no
puede hallársele razón a los intervinientes que alegan que es posible a través
de esta multa, cumplir con los propósitos del artículo 90 superior, teniendo en
cuenta que: (a) su propia naturaleza es ajena a las exigencias que deben
acreditarse para invocar la responsabilidad patrimonial del Estado en los
términos constitucionales descritos; y (b) el proceso administrativo
sancionatorio no tiene como eje central analizar esa responsabilidad
patrimonial del Estado, por lo que es muy difícil concluir como lo hacen
algunos, que la multa es expresión o es una declaración, precisamente, de esa
"responsabilidad patrimonial del Estado" y que por ende es pertinente
la repetición correspondiente.
61.- Aunado a
lo anterior, no es la multa, ni el proceso administrativo sancionador del que
ella se desprende, un proceso que pueda ser concebido como una forma de "terminación
del conflicto" que autorice la acción de repetición en los términos
enunciados por el artículo acusado. El artículo 2o de la Ley 678 de 2001, - que
tiene fundamento en el artículo 90 superior- , reconoce que para que proceda la
repetición debe haberse dado un "reconocimiento indemnizatorio"
proveniente de una condena, conciliación o una otra forma de "terminación
del conflicto". La multa en modo alguno, es un reconocimiento
indemnizatorio, pero si en gracia de discusión se piensa en ella como forma de
terminación del conflicto, también hay dificultades en esa conclusión.
En efecto, la
multa no puede entenderse como una forma de terminación de un conflicto
relacionado con la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando los
particulares en estos procesos, son los denunciantes de las irregularidades  o
los afectados, pero difícilmente las partes mismas del proceso sancionatorio.
Los mecanismos
alternativos de solución de conflictos como la conciliación o los
designados para la "terminación de un conflicto", antes que nada,
deberían  ser recursos efectivos para garantizar los derechos que se busca
proteger en cada caso, con su creación.  Como vimos  en esta providencia, la
tradición jurisprudencial es amplia en materia de protección y garantía de los
derechos patrimoniales de los asociados frente a los daños antijurídicos
generados por el Estado, por lo que las exigencias frente a esos  mecanismos
alternativos de resolución de conflictos o de terminación de los mismos, deben
ir dirigidas a que puedan cumplir  de manera efectiva con el propósito para el
cual son creados, que en el caso de la  responsabilidad patrimonial del
Estado, tiene que ver con la declaración de la responsabilidad estatal y la
determinación de la indemnización correspondiente, que debe costear el Estado,
por el daño antijurídico que le sea imputable.
Por consiguiente
las forma de "terminación del conflicto", deben ser mecanismos
propuestos por el Legislador que puedan mínimamente lograr de manera efectiva
ese propósito sustantivo y no otro.
En ese orden
de ideas, como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación, el derecho al
acceso a la justicia no cumple su finalidad con la sola consagración formal de
recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos recursos resulten
realmente idóneos y eficaces. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al afirmar que:
“(...) la inexistencia de un recurso efectivo contra
las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una
transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación
tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista,
no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea
formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer
lo necesario para remediarla”. [227]
No pueden
considerarse efectivos, en consecuencia, según la Corte Interamericana de
Derechos Humanos refiriéndose al artículo 25.1 de la Convención Americana de
Derechos Civiles y Políticos:
“...aquellos recursos que, por las condiciones
generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso
dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su
inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder
Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o
porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra
situación que configure un cuadro de denegación de justicia.”[228]
62.- Evidentemente,
la condena emitida en un proceso contencioso administrativo, no es el único
medio para corroborar esa responsabilidad patrimonial del Estado, conforme a lo
señalado por la jurisprudencia de esta Corporación y lo reconocido por el Legislador,
al admitir otras formas de "terminación del conflicto", como fuente
válida de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial estatal y por
consiguiente de una "condena" por daño antijurídico que pueda dar
lugar a una repetición. Sin embargo, el medio que se establezca para dar cuenta
de la responsabilidad patrimonial del Estado, si debe cumplir con ese propósito
material.
Siendo ello
así, ya que la justicia estatal formal no siempre es suficiente para la
resolución pacífica de los conflictos, la Constitución también ha permitido el uso de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos[229],
autorizando por ejemplo a los particulares a solucionar las controversias a
través de personas que revestidas transitoriamente de la función de administrar
justicia, actúen en la condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para que profieran decisiones en derecho o en
equidad, en los términos que la misma ley señale. (C.P., art. 116)[230].
Los mecanismos alternos de resolución de conflictos,
en efecto: (i) buscan hacer efectivo uno de los fines constitucionales como es
el de la convivencia pacífica; (ii) permiten la participación directa de los
interesados en la resolución de sus conflictos; (iii) son otra forma de hacer
efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia; y (iv)  son un
buen mecanismo para lograr la descongestión judicial, pero éste no se debe
tener su fin único o esencial[231].
Así, los
mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación, son
importantes opciones de justicia autocompositiva que complementan las iniciativas
vigentes a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas.
Por ello, "mecanismos como la mediación y la conciliación, más que medios
para la descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el acceso
efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos"[232].
63- De lo anterior  se concluye, que ni la
multa propuesta por la SSPD, ni  el procedimiento sancionatorio del que deriva,
tuvieron el propósito indemnizatorio que se exige en virtud del artículo 90
superior para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado.
En ese sentido, tampoco fueron concebidos como formas de terminación de un
conflicto en los términos del artículo 90 y en consecuencia, no constituyen un mecanismo
válido de declaratoria de responsabilidad patrimonial que justifique o autorice
una acción de repetición por parte de las empresas sancionadas.
Conclusión:
La inexequibilidad de la expresión analizada del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994.
64.- En ese orden de ideas, entiende la Corte que es competencia del Legislador,
de acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las
formas para la solución de los conflictos y de los mecanismos alternativos
correspondientes, - incluso que puedan no implicar el ejercicio de la
administración de justicia[233]-, sobre la base de que aseguren las garantías y
expectativas sustanciales que esos procesos representan.
Con todo, dado que el Congreso no puede configurar a
su arbitrio o de manera caprichosa tampoco los procesos, cuando existen determinaciones
constitucionales específicas como ocurre en el caso de la responsabilidad
patrimonial de la administración[234],
deberá la Corte en esta oportunidad declarar inexequible la expresión "La repetición será obligatoria cuando se
trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución", por
desconocer precisamente la naturaleza de la acción de repetición y su
dependencia de la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del
artículo 90, que garantizan la acción frente a los daños antijurídicos
imputables al Estado.
Esta decisión en
esta oportunidad, no busca impedir que el Congreso defina formas de
responsabilidad para los servidores públicos conforme a sus competencias o que
incluso genere otros mecanismos procesales para lograr las expectativas que
tiene frente a actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus autoridades. Lo
importante por lo pronto es que  se ajuste a las opciones del artículo 90
superior en el proceso correspondiente o se desligue del todo de ellas, cuando
le sea imposible regular aspectos limitados por la Constitución bajo ciertos
ejes sustantivos. En consecuencia, hacia futuro, podrá regular las formas en
que los funcionarios responsables podrán compensar a la Administración ante
reconocimientos patrimoniales que ellas deban sortear.
Por lo
anterior, las determinaciones
de la Corte en esta providencia se limitan a los asuntos relacionados con la
responsabilidad patrimonial del Estado y la acción de repetición en lo que
respecta a las multas impuestas por la SSPD. Se recuerda que el legislador es
plenamente competente para regular, de la forma en que estime conveniente sin
violar los derechos y garantías constitucionales, el tema de la responsabilidad
de los empleados y funcionarios pertenecientes a las empresas de servicios
públicos domiciliarios, mientras no utilice las acciones derivadas del artículo
90 de la Carta, para asuntos diversos a la responsabilidad patrimonial del
Estado. Para el caso de los
funcionarios responsables subjetivamente que no puedan ser requeridos al pago
de las multas a partir de esta providencia, perviven en todo caso las sanciones
administrativas que sean del caso.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión "La
repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de
conformidad con el artículo 90 de la Constitución", por desconocer el mandato
constitucional del artículo 90 descrito, en los términos enunciados en esta
providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA       MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrada
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ     GABRIEL
E. MENDOZA MARTELO
Magistrado                                                 Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO        JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB      MARTHA
SACHICA MENDEZ
Magistrado
Magistrada (E)
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Cursivas fuera del original.
[2] Ibídem.
[3] Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil. Concepto No 1852 del 15 de noviembre de 2007, M.P. Gustavo
Aponte Santos.
[4] Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil. Concepto del 6 de abril de 2006, Radicado:
11001-03-06-000-20006-00015-00(1716)
[5] Ley 678 de 2001. Artículo 2o. Acción de Repetición. “La
acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá
ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de
su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma
de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma
dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (…)”. (Subraya fuera
del original).
[6] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Cursivas fuera del original.
[7] Ver entre otras las sentencias C-1095 de 2001, C-1143 de 2001,
C-041 de 2002, A. 178 de 2003, A. 114 de 2004,  C-405 de 2009, C-761 de 2009 y
C-914 de 2010.
[8] Corte Constitucional. Sentencia C-330 de
2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] Corte Constitucional. Sentencia C-330 de
2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[10] Corte Constitucional. Sentencia C-128 de
2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11] Corte Constitucional. Sentencia C-358 de
2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[12] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C -978 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[13] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-405 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] Cfr. Sentencia C-533 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-100
de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa y C-978 de 2010 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[16] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C -978 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver también la
sentencia C-533 de 2012. M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[17] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-358 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[18]
Corte Constitucional. Sentencia C-304 de 2013,
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[19] Corte Constitucional. Sentencia C-856 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas
[20] Corte Constitucional. Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro
Martínez Caballero  y C-641 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[21]Sentencia C-561 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22]Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también la sentencia C-568 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, C-856 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas y más recientemente la sentencia
C-503 de 2014 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
[23] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Cfr. A-122 de 2008. M.P. Jaime Araujo
Rentería
[25] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Cfr. A-122 de 2008. M.P. Jaime Araujo
Rentería
[27] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[29] Artículo 11. Función Social de la Propiedad en las Entidades
Prestadoras de Servicios Públicos. Para
cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades
que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones: (...) 11.9.
Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios
ocasionados a los usuarios y están en la obligación de repetir contra los administradores,
funcionarios y contratistas que sean responsables por dolo o culpa sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. (Subrayas fuera del
original).
[30] Artículo 32. Régimen de Derecho
Privado para los Actos de las empresas. "Salvo
en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo
contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios
públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en
esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.
//La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que
las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus
aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o
del derecho que se ejerce. (...)" (Subraya fuera del original).
[31] Artículo 19. Régimen Jurídico  de las Empresas de
Servicios Públicos. Las
Empresas De Servicios Públicos Se Someterán Al Siguiente Régimen Jurídico://
19.8. Las empresas podrán funcionar aunque no se haya hecho el registro
prescrito en el artículo 756 del Código Civil para
los actos relacionados con la propiedad inmueble, relacionados con su
constitución (...) // 19.15. En lo demás, las empresas de servicios públicos
se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades
anónimas".
[32] Ver Ponencia para Primer Debate Senado, del Proyecto de Ley No
187 de 1992. Gaceta No 121 del 7 de mayo de 1993 y Ponencia Primer Debate en
Cámara, Gaceta No 57 del 23 de mayo de 1994, en lo correspondiente a los
alcances del artículo 32 en mención.
[33] "Articulo 30 CC. Interpretación por Contexto.
El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus
partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y
armonía. (...)". (Subrayas fuera del original).
[34] Ver Ponencia para Primer Debate Senado, del Proyecto de Ley No
187 de 1992. Gaceta No 121 del 7 de mayo de 1993.
[35] Ver Ponencia para segundo Debate en Cámara. Gaceta No 61 del 27
de mayo de 1994.
[36] Artículo 2341 del C. Civil.
"Responsabilidad Extracontractual. El
que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a
la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la
culpa o el delito cometido".
[37] Artículo 2349 del C. Civil. <Daños
Causados Por Los <Trabajadores>. Los
<empleadores> amos responderán del daño causado por
sus <trabajadores> criados o sirvientes, con ocasión
de servicio prestado por éstos a aquéllos; pero no responderán si se probare o
apareciere que en tal ocasión los <trabajadores> criados o
sirvientes se han comportado de un modo impropio, que los
<empleadores> amosno tenían medio de prever o impedir
empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente; en este caso recaerá
toda responsabilidad del daño sobre dichos <trabajadores> criados
o sirvientes
[38] Ver sentencia C-741 de 2003. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. En esa oportunidad la expresión “sociedad por acciones”
se demandó bajo el cargo de violación de la igualdad.
[39] Las empresas de servicios públicos mixtas vienen a ser una nueva
categoría de entidades descentralizadas que se diferencian de las sociedades de
economía mixta, y no constituyen tampoco una especie dentro del género de
éstas. Al respecto puede verse lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado,  en los Conceptos Nos. 1141 y 1171 del 11 de septiembre
de 1998 y el 28 de enero de 1999, respectivamente.
[40] Según el artículo
14 de la Ley 142 de 1994, una Empresa de Servicios Públicos Oficial, es
aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades
descentralizadas de aquella o estas, tienen el 100% de los aportes. Una
Empresa de Servicios Públicos Mixta, es aquella en cuyo capital la Nación,
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o
éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%; y una Empresa de Servicios
Públicos Privada, es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a
particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen
someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los
particulares.
[41] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[42] Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo
Del Trabajo. Las personas que presten sus servicios a las empresas de
servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de
trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código
Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que
presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta
Ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17o., se
regirán por las normas establecidas en el inciso primero del artículo 5o. del
Decreto-Ley 3135 de 1968.
[43]El artículo 41 de la Ley 142 de 1994
consagró el régimen al que deben someterse las personas que se vinculen
laboralmente a las empresas de servicios públicos así: quienes trabajen en
aquellas empresas que adopten la forma de sociedades por acciones, privadas o
mixtas, se consideran trabajadores particulares y se someten en su
relación laboral a las prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo
y a las normas especiales consagradas en la Ley 142 de 1994. Por otra parte, y
en concordancia con el artículo 17 de la misma ley, quienes laboren para las empresas
industriales y comerciales del Estado que presten servicios públicos
domiciliarios, éstas "se regirán por las normas establecidas en el
artículo 5o. del Decreto Ley 3135 de 1968”. A partir de la Sentencia C-253
de 1996 de esta Corporación, tienen la categoría laboral general, de trabajadores
oficiales, los servidores de las empresas industriales y comerciales del
Estado que presten servicios públicos. Aunque siguiendo los señalado por el
artículo 5º del Decreto Ley 3135 de 1968 al que alude la ley 142 de 1994, en los estatutos de dichas empresas se pueden precisar qué
actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que
tengan la calidad de empleados públicos.
[44] Artículo 123 C.P. Son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. //Los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones
en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. // La ley
determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.
[45]Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y
Servicio Civil. Consejero Ponente: Gustavo Aponte Santos. Bogotá D. C., treinta
y uno (31) de enero de dos mil siete  (2007). Radicación número:
11001-03-06-000-2007-00002-00(1799)
[46] Ver sentencia C-037 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[47] Corte Suprema de Justicia. Ver Sentencia
del 22 de octubre de 1896, citada por la sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[48] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de
1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero
[49] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[50] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[51] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[52] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de
1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero
[53] Corte Constitucional. Sentencia C-644 de
2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[54] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. El sostén original de esta tesis parte de la
idea de culpa en contra de la persona jurídica, pues se supone que ésta  ha
debido de elegir bien  a sus agentes (culpa in eligiendo) o ha debido
vigilarlos diligentemente (culpa in vigilando).
[55] Cfr. sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[56] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del
Junio 30 de 1962. M.P. José J. Gómez. La tesis de
falla del servicio público o culpa de la administración, se estructuró bajo el
supuesto de que  “entre  los deberes sociales del estado sobresale el de
prestar a la colectividad servicios públicos eficientes, así que fallando
éstos, deja de cumplir el ordenamiento constitucional y debe reparar el daño”.
Como lo reconoció esta Corte previamente en la sentencia C-285 de 2002[56],
la responsabilidad indirecta del Estado se sustentó por la Corte Suprema
de Justicia básicamente, en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil,
mientras que la responsabilidad directa, lo hizo en el artículo 2341 de
ese mismo estatuto, incorporando la teoría de la culpa de la administración a
la explicación de los fundamentos de la responsabilidad patrimonial del Estado
[57] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-644 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[58] El Decreto Ley 528 de 1964 trasladó a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo las competencias que  anteriormente detentaba la
Corte Suprema de Justicia, en asuntos concernientes a la responsabilidad
contractual y extracontractual del Estado.
[59] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[60] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-285 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[61] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[62] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-644 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[63] En términos generales, la falla del
servicio puede ser descrita así: si como consecuencia
de un mal funcionamiento del servicio, su no funcionamiento o el funcionamiento
tardío del mismo se causa una lesión o un daño, el Estado es responsable, y por
consiguiente está  en la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados.
[64] El Consejo de Estado aplicó por primera vez el régimen de
responsabilidad objetiva fundada en la noción de daño especial,  en la
sentencia del  29 de Julio de 1947, en el  caso del periódico “El Siglo S.A”.
En esa sentencia se indicó, con fundamento en el principio de igualdad de los
ciudadanos ante las cargas públicas, que si un ciudadano, como consecuencia del
obrar de la administración se veía obligado a soportar una carga más onerosa que
la que correspondía soportar a los demás ciudadanos y sufría un perjuicio por
ese actuar, tenía derecho a ser indemnizado. Ver adicionalmente, Corte Constitucional. Sentencia C-285 de 2002. M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[65] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[66] Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[67] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[68] Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[69] Corte Constitucional.Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia C-778 de 2003. M.P. Jaime
Araujo Rentería
[70] Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[71] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1996 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[72] Sentencia C-428/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia
C-619 de 2002 Ms. Ps. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo
Escobar Gil.
[73] Corte Constitucional.Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[74] Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[75] Pueden revisarse sobre esta afirmación, en particular, las
sentencias C-381 de 2001, M.P Rodrigo Escobar Gil y la sentencia  C-285 de
2002, M.P Jaime Córdoba Triviño. Adicionalmente pueden consultarse las
sentencias C-04-96, C-037-96, C-333-96, C-358-96, C-274-98, C-088-00, C-430-00,
C-100-01, C-832-01, C-840-01, C-892-01 y C-1149-01, entre otras.
[76] Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004. MP Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[77] Corte Constitucional. Sentencia C-778 de 2003. M.P. Jaime
Araujo Rentería
[78] Corte Constitucional. Sentencia C-285 de
2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[79] Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[80] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[81] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1996, M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero
[82] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1996, M.P.
Alejandro Martínez Caballero. Se destaca de esta
sentencia precisamente, que la Corte consideró que el artículo 90 de la Carta
era una cláusula general de responsabilidad estatal, lo que significa que la
idea del daño antijurídico incluye los diferentes tipos de responsabilidad en
los que puede incurrir el Estado, entre otros, la responsabilidad contractual y
extracontractual. Al respecto puede verse también la sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[83] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera Sub Sección A. Consejera Ponente (E): Gladys
Agudelo Ordoñez Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero dos mil once (2011).Radicación número:
73001-23-31-000-1998-00842-01(16484)
[84] Corte  Constitucional. Sentencia C-892 de 2001, M.P. Dr.
Rodrigo Escobar Gil
[85] En la Sentencia C-892 de 2001, por
ejemplo, la jurisprudencia sostuvo que, en el orden constitucional vigente, el
instituto resarcitorio de la mora también encuentra sustento jurídico en el
principio de responsabilidad patrimonial de la administración pública (C.P.
art. 90). En la Sentencia C-965 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil,
en el campo de la responsabilidad contractual, aclaró la
Corte,  que la obligación estatal de pagar intereses de mora es a su vez
consecuencia del carácter sinalagmático de las prestaciones recíprocas del
contrato y de la naturaleza objetiva de la responsabilidad patrimonial del
Estado, representado en el daño antijurídico que sufre el contratista al no poder
disponer a tiempo de los recursos que ha adquirido con justo título. Ello
justifica que la mora se reconozca como un derecho irrenunciable del
contratista particular afectado con el incumplimiento estatal.
[86] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[87] Corte Constitucional. Sentencia  C-333 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[88] Corte Constitucional. Sentencia C-484 de 2002. M.P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[89] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2006. M.P.
Clara Inés Vargas.
[90] Corte Constitucional. Sentencia C-619 de 2002 M. P. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil.
[91] Cfr., entre otras, las Sentencias C-563 de 1998. M.P. Antonio
Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz y C-233 de 2002 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[92] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[93] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del trece (13) de abril de dos mil once (2011). (CP. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa). Radicación número: (22679).
[94] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[95] Corte Constitucional. Sentencia C-965 de
2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[96] Al respecto, ver la Sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar
Gil y la Sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[97] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[98] Al respecto, Cf. Sentencia C-892 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[99] M.P. Clara Inés Vargas.
[100] Al respecto también puede verse la Sentencia C-619 de 2002.M.P. Jaime
Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar.
[101] Consejo de Estado. Sentencia del ocho (8) de abril de dos mil
catorce (2014). Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  Radicación
número: 73-00-123-31-000-2000-02837-01 (28318) Actor: Rubia Yaneth Díaz Rocha
[102] En la sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, la Corte  estudió una demanda en contra del artículo 50 de
la Ley 80 de 1993, que consagraba “el deber de las entidades públicas de
responder por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones
antijurídicas que les fueran imputables y que causaran perjuicio a los
contratistas”. La demanda se centraba en que la norma violaba el artículo 90
superior, porque la disposición acusada consagraba una
responsabilidad contractual limitada del Estado, que dependía de la
legitimidad de la conducta que el agente del Estado desplegara, y no de la
existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, independientemente de
que fuera fruto de una actuación regular o irregular de la administración,
conforme al artículo 90 superior. La Corte concluyó que la norma era exequible
siempre y cuando se entendiera que ella no excluye la aplicación directa del
artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. Porque la disposición
impugnada podía generar situaciones inconstitucionales si se concluyera que el
artículo 50 de la Ley 80 de 1993, es el único fundamento de la responsabilidad
patrimonial del Estado en materia contractual, por cuanto ello implicaría una
ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que consagra una cláusula
general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes en la materia.
Por ello la Corte declaró la expresión exequible, pero de manera condicionada,
precisando que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 no constituye el fundamento
único de la responsabilidad  patrimonial del Estado en el campo contractual, ya
que el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo.
[103]Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163. Consejero Ponente
Juan de Dios Montes Hernández
[104] Corte Constitucional Sentencia C-333 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[105] Corte Constitucional Sentencia C-
254 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[106] Corte Constitucional. Sentencia C-285 de
2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[107] Corte Constitucional Sentencia
C-043 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[108] Un ejemplo de la posible causación de un daño antijurídico puede
verse en la sentencia T- 824 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
En un caso en el que se discutía la colocación de unas antenas eléctricas en un
predio privado la Corte sostuvo, citando la sentencia C-864 de 2004 M.P. Jaime
Araujo, que “cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con
fundamento en lo dispuesto en el Art. 90 de la Constitución, debe responder
patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del
derecho de propiedad privada, por el daño antijurídico causado, es decir,
por el daño que no tenía el deber de soportar”. Con fundamento en lo
anterior dijo la Corte que: (i) no le es dable a las entidades prestadoras de
servicios públicos, ocupar bienes de propiedad privada “por la vía de los
hechos” y que si ello llegara a suceder deberán “responder patrimonialmente e
indemnizar de forma plena y completa al titular de la propiedad privada, por el
daño antijurídico causado, es decir, el daño que no tenía la obligación de
soportar” y, (ii) que corresponde a la jurisdicción ordinaria, con fundamento
en la normatividad civil, resolver las pretensiones de restablecimiento de los
afectados.
[109]Un ejemplo de inexistencia de daño
antijurídico puede verse en la sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, en la que se discutió el tema de si la condena en costas,
constituía o no un daño antijurídico en términos del artículo 90 superior. En
esa sentencia se acusaba al artículo 171 parcial del Código Contencioso
Administrativo de inconstitucional, porque al indicar que el juez “podrá”
condenar en costas a la parte vencida en el proceso, “teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes”, según el actor, ello implicaba para el
caso del Estado, excluir en su favor algún aspecto de la condena allí
establecida en desconocimiento del art. 90 superior. Para el actor, el Estado
dejaría con esa norma de responder eventualmente por los daños antijurídicos
que cause, frente al tema de las costas. En esta sentencia la Corte tuvo que
evaluar si la condena en costas podía ser considerada un daño antijurídico en
los términos del artículo 90 superior. Concluyó la Corte, haciendo una
distinción entre responsabilidad sustancial del Estado y responsabilidad
procesal, que: “la responsabilidad que esta disposición constitucional
regula  [art. 90], es la derivada de las normas sustanciales, al paso
que aquella a la que se refiere el artículo acusado es la derivada de las
normas procedimentales que regulan el proceso contencioso administrativo. Y,
además, porque la lesión económica que pueda sufrir la parte vencedora en el
proceso surtido en contra del Estado por el hecho de que no se produzca condena
en costas, no es un daño que pueda ser calificado de antijurídico, ya que la
mengua patrimonial responde a una obligación procesal a cargo de esa
parte triunfadora, definida por el Legislador en uso de libertad que le asiste
de regular los procesos judiciales”. En ese orden de ideas, desestimando
los cargos por violación del artículo 90 e igualdad, la Corte declaró exequible
la expresión acusada.
[110] Cfr., entre otras, las sentencias C-333 de 1996 y C-892 de 2001.
[111] Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[112] Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 1993.  Citada por
la sentencia C- 043 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[113] El daño antijurídico origina ciertamente
un derecho de resarcimiento. Este es un derecho sustancial para cuya reparación
el lesionado acude ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (si el daño es causado por
un acto administrativo), de la acción de reparación directa (si el daño es
causado por un hecho, omisión o una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos) o de la
acción contractual (si el daño proviene del incumplimiento de un contrato). Del
resultado de la interposición de estas acciones, este derecho sustancial a ser
indemnizado, a pesar de que sea cierto, puede hacerse efectivo o no
[114] Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[115] Sentencia C-430 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell y
C-965 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[116] Corte Constitucional. Sentencia C-333 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[117] Cfr. Sentencia C-484 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y Sentencia C- 338 de 2006. M.P. Clara Inés
Vargas.
[118] Corte Constitucional. Sentencia C- 254 de 2003. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[119] Corte Constitucional. Sentencia C- 254 de 2003. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[120] Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[121] Corte Constitucional. Sentencias C- 254 de 2003. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra y C-333 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[122] Corte Constitucional. Sentencia C-254 de 2003. MP Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[123] Corte Constitucional. Sentencia C-372 de
2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[124] Corte Constitucional. Sentencia C-233 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis
[125] Corte Constitucional. Sentencia C-254
de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[126] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[127] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés
Vargas citando  Ley 678 de 2001, art. 3º.
[128] Ver  Gaceta Constitucional lunes 22 de abril  de 191. Informe
Ponencia Mecanismos de protección  del orden jurídico y de los particulares.
[129] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de
2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[130] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de
2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[131] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 2001  M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[132] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de
2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[133] Corte Constitucional. Sentencia C-484 de
2002 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[134] Cfr. las sentencias C-309 de 2002 y C-484 de 2002 y sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[135] Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C-619 de 2002.
[136] Corte Constitucional. C-484 de 2002 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[137] Corte Constitucional. C-484 de 2002. M. P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[138] En el caso
concreto de los particulares, debe recordarse que de acuerdo con la sentencia
C-644 de 2011 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio,
dentro del concepto de
derecho-deber a la participación ciudadana (arts. 2 y 95 C.P.), se dijo que
existe la posibilidad de que los particulares  contribuyan al cumplimiento
eficiente de las tareas públicas, participando por ejemplo en el control de la
gestión pública (art. 270 C.P.), contratando con el Estado (150, inciso final
C.P.), o colaborando en la prestación de servicios antes reservados a la esfera
estatal (art. 365 C.P.). En este marco constitucional, la Carta estableció la
posibilidad de que los particulares participen en el ejercicio de funciones públicas,
en los artículos 123 y 210 superiores. La atribución de funciones
administrativas a particulares implica la posibilidad de que éstos puedan
participar en la gestión de los asuntos administrativos, en las condiciones y
bajo los parámetros señalados por la Constitución, la ley y los reglamentos. De
allí que exista también para ellos, la posibilidad de responder
patrimonialmente por los daños antijurídicos generados con ocasión de su acción
u omisión, por dolo o culpa grave.
[139] En la Sentencia C-778 de 2003. M.P.
Jaime Araujo Rentería, se demandó el Art.
1º de la Ley 678 de 2001 que tiene por objeto regular la responsabilidad
patrimonial de los servidores públicos, los ex servidores públicos y los
particulares que desempeñen funciones públicas. Se dijo que violaba el Art. 90
superior, pues éste trataba únicamente de las autoridades públicas, es decir,
de quienes estén en ejercicio de sus funciones, y no comprende a los ex
servidores públicos. Dijo la Corte que el aparte
acusado del Art. 1º de la Ley 678 de 2001 no vulneraba el Art. 90 de la
Constitución. Según esta Corporación, el Legislador aplicó el criterio de
razonabilidad exigido por la jurisprudencia constitucional en la expedición de
las leyes, en cuanto desde el punto de vista lógico no existe ninguna razón
para exonerar de responsabilidad patrimonial al servidor público que ha cesado
en el ejercicio de sus funciones, por hechos acaecidos en dicho ejercicio.
[140] Corte Constitucional. Sentencia C-372 de 2002. M.P.
Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la Corte estudió una
demanda contra el parágrafo 4º del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 que regula
la acción de repetición y contra el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, por
considerar que tales normas relacionadas con la responsabilidad del
delegante por hechos del delegatario en materia contractual, en especial
los artículos 29 y 90 de la Carta. En efecto se acusaban las normas de avalar la consagración de una modalidad de responsabilidad
objetiva, al penalizar la delegación en materia contractual, en la medida en
que a pesar de que la delegación se verifique y ocurra, el delegante puede ser
llamado a responder solidariamente por un hecho ajeno, librado sin su concurso,
y por consiguiente no imputable objetivamente a su acción u omisión. La Corte,
consideró que era exequible, en la medida en que materia contractual, cuando el
delegante actúe con dolo o culpa grave en la producción del daño antijurídico,
por el cual el Estado se haya visto obligado a reparar, la delegación no
constituye un escudo de protección ni de exclusión de responsabilidad para
aquél en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía, así no
aparezca formalmente como el funcionario que vinculó con su firma al Estado en
la relación contractual o que lo representó en las diferentes etapas del
proceso contractual. Todo lo contrario, si el delegante participó a título de
dolo o culpa grave deberá ser vinculado en el proceso de acción de repetición o
llamamiento en garantía.
[141] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de
2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[142] Corte Constitucional. Sentencia C-285 de
2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[143]Corte Constitucional. Sentencia C-430 de 2000 M P. Antonio
Barrera Carbonell.  En este pronunciamiento, la Corte declaró la
exequibilidad de varios apartes demandados del artículo 78 del Código
Contencioso Administrativo indicando que si bien ese artículo autoriza que la
demanda pueda promoverse contra la entidad comprometida en el daño, o contra
ésta y el funcionario, esa norma  “debe ser entendida bajo la idea de que
sólo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad
pública, es cuando ésta puede repetir contra el funcionario”.
[144] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2006, M.P.
Clara Inés Vargas. La Corte estudio una demanda contra la expresión “conciliación
u otra forma de terminación del conflicto” de los artículos 2º  y 8º de la
Ley 678 de 2001 y contra la expresión “hubieren conciliado por una actuación
administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor
público que no estuvo vinculado al proceso respectivo” del artículo 31 de
la Ley 446 de 1998, porque según el actor, tales expresiones desconocían los
artículos 4, 29 y 90 de la Constitución, en la medida en que el constituyente
consagró que sólo procede la acción de repetición en contra del agente estatal
cuando el Estado fuere “condenado”, es decir, vencido en juicio y no por
conciliación o terminación del conflicto por otro medio. La conciliación
judicial o extrajudicial no es equivalente a una condena judicial, ni tampoco
cualquier otra forma de terminación del conflicto.
[145] Ver sentencias C-778 de 2003, C-484 de 2002, C-832 de 2001; Auto del
8 de abril de 1994, expediente AR -001, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
[146] Corte Constitucional. Sentencias T-1257 de 2008. M.P.
Jaime Araujo Rentería y C-832 de 2001 M. P. Rodrigo Escobar
Gil.
[147] La idea de que ese reconocimiento indemnizatorio puede
darse a través de otra forma de terminación del conflicto, distinta a la
condena o conciliación, se encuentra regulada por el Legislador en el artículo
2o de la Ley 678 de 2001.
[148] Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodriguez Arce. Bogotá D. C., Seis (6) De Abril De Dos
Mil Seis (2006). Radicación Número:
11001-03-06-000-2006-00015-00(1716) (Negritas fuera del original).
[149] M.P. Jaime Araujo Rentería
[150]Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera Subsección C. Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Bogotá 9 de mayo de
2012. Radicación (32335).
[151] De acuerdo con el artículo 48-36 de la Ley 734 de 2002, Código
Disciplinario Único, la omisión de este deber constituye falta disciplinaria
gravísima, sancionable con destitución.
[152] Corte Constitucional. Sentencia C-484 de
2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[153] Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodriguez Arce. Bogotá D. C., Seis (6) De Abril De Dos
Mil Seis (2006). Radicación Número:
11001-03-06-000-2006-00015-00(1716)
[154] Corte Constitucional. Sentencia C-619 de 2002;  C-965 de 2003 y C-832 de 2001. M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[155] Ibídem.
[156] M.P. Clara Inés Vargas.
[157] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre 4 de 2007,
C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
Rad. 730012331000200001069-01 (24.415). Ver adicionalmente las sentencias del
Consejo  de Estado siguientes: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera, Subsección C. Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz. Bogotá
23 de mayo de 2012; Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección C. Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Bogotá 9 de mayo de 2012.
Radicación (32335).
[158] Consejo de Estado. Sala de lo contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Bogotá
11 de noviembre de 2009. Radicación 35529.
[159] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera Subsección C. Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Bogotá 9 de mayo de
2012. Radicación (32335).
[160] Corte Constitucional. C-233 de 2002. M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[161] Ha dicho la sentencia C-778 de 2003 M. P. Jaime Araujo Rentería,
que cuando la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición
provienen de la expedición de un acto administrativo, la
declaración de nulidad no acarrea automáticamente la responsabilidad
patrimonial del agente público, puesto que siempre se requerirá la
demostración de su culpabilidad, por dolo o por culpa grave, siendo
ostensible que las otras modalidades de culpa (leve y levísima) no generan
responsabilidad patrimonial del agente estatal
[162] En la sentencia C-832 de 2001 M.P.
Rodrigo Escobar Gil,  la Corte Constitucional estudió si el término de caducidad
de la acción de repetición, de dos años contados a partir del día siguiente
al pago total efectuado por la entidad condenada, consagrado en el Código
Contencioso Administrativo, lesionaba efectivamente el derecho de defensa del
funcionario público, porque a juicio del actor, el paso del tiempo postergaba
el momento del pago y hacía débil y ineficaz la defensa del servidor público.
La Corte consideró que el aparente grado de indeterminación de la fecha a
partir de la cual se contaba la caducidad de la acción según el demandante, no
era cierto, en la medida en que conforme a la ley, se contaba con 18 meses para
realizar los trámites de pago de las condenas. En consecuencia, como uno de los
requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena sufrida por la
Administración y la entidad no puede determinar a su arbitrio el momento del
pago porque tiene que cumplir obligaciones presupuestales respetando el
principio de legalidad del gasto, se estimó que lo dicho por el Legislador era
proporcional y razonable y no violatorio del debido proceso.
[163] Sentencia C-394 de 2002. M.P. Álvaro
Tafur Galvis. El actor demandó el artículo 11 de la
Ley 678 de 2001 sobre la caducidad de la acción de repetición, ya que a su
juicio el  artículo 90 superior no establece para la acción de
repetición ningún  término de caducidad, por lo que debe
entenderse  que  la Constitución Política “no  autoriza  a
imponer prescripción o caducidad al respecto”. Dijo la Corte que el artículo 11
acusado era exequible, porque el Legislador simplemente estaba haciendo uso de
su potestad de configuración al establecer un término de caducidad para la
acción de repetición, y que en ejercicio de dicha potestad no desbordó en
manera alguna los principios constitucionales aplicables en este campo y mucho
menos el artículo 90  de la Carta. Frente al segundo
inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la Corte condicionó su
constitucionalidad, al entendido de que la expresión “Cuando el pago se haga en
cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse  desde la fecha del último
pago” contenida en él, se somete al mismo condicionamiento establecido en la
Sentencia C-832 de 2001, es decir, que el término de caducidad de la acción
empieza a correr, a partir  de la fecha en que efectivamente  se realice el
pago, o, a más tardar, desde el vencimiento  del plazo de  18 meses previsto
en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.
[164] Corte Constitucional. T-1257 de 2008. M.P. Jaime Araujo
Rentería
[165] En materia contractual, la acción de repetición se encuentra
consagrada en el artículo 54 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que en caso
de ser condenada una entidad  por hechos u omisiones imputables a título de
dolo o culpa grave de un servidor público, la entidad, el ministerio público,
cualquier persona o el juez competente, podrán iniciar la respectiva acción de
repetición siempre y cuando no se hubiere llamado en garantía al servidor
dentro del proceso.
[166] En la sentencia C-037/96. MP Vladimiro Naranjo Mesa, la
Corte conoció de una demanda en contra del artículo 65 de la Ley
estatutaria de la administración de justicia, porque se consideró que el artículo imponía una limitación al alcance del artículo 90 de la
Constitución Política, al restringir la responsabilidad del Estado, para el
caso de la función pública de administrar justicia, a la falla en el servicio. La Corte, al declarar la exequibilidad del artículo 65 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia[166], dijo: "La
Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si
bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado -a través de sus agentes
judiciales- por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir,
la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de
justicia. En efecto,  sin tener que entrar a realizar análisis alguno
acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus diversas
modalidades -por escapar ello a los fines de esta providencia-, baste
señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado, según el
cual todo daño antijurídico del Estado -sin importar sus características-
ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser
limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley
estatutaria. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto,
obliga a una interpretación más amplia que, se insiste en  no descartar
la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política”.
[167]Se presume que constituye culpa grave o dolo  la violación de normas
de carácter procesal o sustancial determinada por error inexcusable, proferir
una decisión sobre la libertad de una persona por fuera de lo ordenado por la
ley y el incumplimiento injustificado de los términos judiciales.
[168] Corte Constitucional. T-1257 de 2008. M.P. Jaime Araujo
Rentería
[169]  Nuevo
Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. Artículo
142. Repetición.” Cuando el Estado haya debido
hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación
u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular
en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir
contra estos por lo pagado. //La pretensión de repetición también podrá
intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor
público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso
de responsabilidad contra la entidad pública. //Cuando se ejerza la pretensión
autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor
público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el
pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de
repetición contra el funcionario responsable del daño”.
[170] Ibídem.
[171] Sentencia C-338 de 2006. M.P.
Clara Inés Vargas.
[172] Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas.
[173] Sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[174] Corte Constitucional. Sentencia C-394 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Artículo 2 (...) Parágrafo 3. La acción de
repetición  también se ejercerá  en contra de los funcionarios de la Rama
Judicial y de la Justicia Penal Militar, de conformidad con lo dispuesto en la presente
ley y en las normas que sobre la materia  se contemplan  en la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia.
[175] En la sentencia C-285 de 2002 M.P. Jaime Córdoba
Triviño, se estudió una demanda contra el artículo 6º de la Ley 678 de 2001
que regula la acción de repetición, acusado bajo la hipótesis de que las
conductas definidas como gravemente culposas en ese artículo, restringían el
fundamento de la responsabilidad del artículo 90 de la Carta. Para el
demandante  limitar la culpa grave a la infracción directa de la Constitución o
de la ley o a la inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las
funciones, afectaba el artículo 90, cuyo fundamento era simplemente el daño
antijurídico. Además alegaba el actor que la exclusión de los asuntos
jurisdiccionales de la presunción de la conducta gravemente culposa de la
disposición acusada, contrariaba el derecho al debido proceso, el principio de
buena fe y el derecho al acceso a la administración de justicia. La Corte
concluyó, sin embargo, que la norma acusada era exequible, porque no estaba
restringiendo el fundamento de la responsabilidad del Estado en ningún sentido,
ya que la responsabilidad patrimonial del estado era diversa a la
responsabilidad personal de sus agentes y la disposición acusada se limitaba al
segundo supuesto y no al primero. Sobre la exclusión de los actos
jurisdiccionales, señaló la Corte que el error judicial como causal de daño
antijurídico estaba consagrado en ley especial que era la ley estatutaria de la
Administración de justicia.
[176] Corte Constitucional. Sentencia C-394 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[177] En la sentencia C-233 de 2002 M.P. Álvaro Tafur
Galvis, estudió la Corte si el artículo 17 y 18 de la Ley  678 de 2001, que
reglamenta la acción de repetición, desbordaba realmente el mandato del
artículo 90 y violaba la unidad de materia de la acción de repetición, al
imponer sanciones de desvinculación del servicio, terminación del contrato
existente, caducidad e inhabilidad hasta por 5 años,  al servidor que hubiese
sido condenado al pago mediante una acción de repetición. En esa
oportunidad se dijo que el Legislador dentro de su potestad de configuración, y
sin violar el mandato del artículo 90 constitucional, podía establecer
consecuencias de carácter sancionatorio derivadas de los mandatos superiores
del artículo 123, 124, 150-23 y 210 o de la cláusula general de competencia de
los artículos 114 y 150 superiores, frente a la existencia de acción de
repetición. No obstante, encontró que las sanciones propuestas en los artículos
acusados eran desproporcionadas frente a los fines que el Legislador quería
proteger y por ende declaró su inconstitucionalidad.
[178] En la sentencia C-965 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil la
Corte conoció de una demanda contra del artículo 19 (parcial) de la Ley 678 de
2001, porque se establecen según el actor, limitaciones a la figura del
llamamiento en garantía, vulnerando el mandato general del constituyente de
repetir contra el servidor público que comprometa la responsabilidad del Estado
con actuaciones dolosas  o gravemente culposas. Así, al decir “relativos a
controversias contractuales, reparación directa y restablecimiento del derecho”,
se restringían los procesos en los cuáles la entidad demandada podía llamar en
garantía al funcionario que se consideraba causó el daño.  La Sala declaró
exequible la norma, porque “dicha limitación resulta apenas lógica, del todo
coherente y consecuente con el proceder de la administración, pues en los
eventos en que ésta excusa su responsabilidad en la culpa exclusiva de la
víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor o el caso fortuito, la
estrategia de defensa se dirige a demostrar que la responsabilidad total del
daño que se ha ocasionado es imputable a un sujeto distinto de sus agentes o a
un fenómeno extraordinario"; de forma tal que de llegarse a demostrar en
el proceso uno de esos hechos, el Estado no sería condenado.
[179] Corte Constitucional. Sentencia
C-338 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas. Ver también
sentencia C-372 de 2002. Cfr. Ley 678 de 2001, arts. 7
y 10.
[180] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés
Vargas.
[181] Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés
Vargas.
[182] Corte Constitucional. Sentencia T- 707 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[183] Corte Constitucional. Sentencia C- 263 de 2013. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
[184] Corte Constitucional. Sentencia C- 172   de 2014. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[185] Corte Constitucional. Sentencia C-172 de
2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[186] Corte Constitucional. Sentencia C-172 de
2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[187] Ley 142 de 1994, artículo 14, numerales 14.5, 14.6 y 14.7.
[188] La prestación de servicios públicos por intermedio de
particulares, está constitucionalmente soportada, sobre la base  no sólo por el
artículo 365 sino en atención a las garantías de la libertad de empresa, la
iniciativa privada y la libre competencia económica, en los términos del
artículo 333 de la Carta Política. Sin embargo, la Constitución reconoce
límites a estas libertades  en atención al interés general y social, que le
impone al Estado el deber de intervenir en ellas.
[189] Exposición de motivos de la
Ley 142 de 1994, publicada el 17 de noviembre de 1992 en la
Gaceta del Congreso.
[190] Corte Constitucional. Sentencia C-172 de
2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[191] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-107 de 2013.
[192] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-290 de 2002.
[193] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-599 de 1996, 107 de 2013.
[194] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-107
de 2013.
[195] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-1162 de 2000.
[196] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-1162 de 2000, C-389 de 2002, C-263 de 2013.
[197] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-199 de 2001 y C-305 de 2004.
[198] Corresponde al Presidente de la República
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por
medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control,
la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.
[199] Corte Constitucional. Sentencia C-172 de
2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[200] Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. Luis Ernesto Vargas Silva.
[201] Sentencia C-089 de
2011. Luis Ernesto Vargas Silva.
[202] Sentencia C-214 de 1994.
[203] Sentencia C-089 de 2011. Luis Ernesto Vargas Silva.
[204] Sentencia C-748 de 2011. M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
[205] Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[206] Sentencia C-506 de 2002. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra
[207] Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[208] Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[209] Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[210] Ibídem.
[211] Sentencia C-506 de 2002. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra
[212] Sentencia C-597 de 1996
[213] Sentencia C-921 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería
[214] Cfr.
sentencia C-401 de 2010. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[215] la jurisprudencia de esta Corporación, en casos excepcionales, ha
avalado la responsabilidad objetiva en materia de infracciones cambiarias Ver
por ejemplo la Sentencia C-595 de 2010,
M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio, en donde la Corte analiza las sanciones en
materia ambiental,
[216] Sentencia C-089 de
2011. Luis Ernesto Vargas Silva.
[217] Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[218] Ver Sentencia C-595 de 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Ver también la Sentencia C-616 de 2002.
[219] Ibídem.
[220] Curso de Derecho Administrativo II. Eduardo García de Enterría y
Tomás-Ramón Fernández. Novena Edición. Thomson. Civitas. 2004. Pág. 163.
[221] Sentencia C-827 de 2001.
[222] Las decisiones respectivas podrán ser consultadas a la Comisión
de Regulación del servicio público de que se trate, de acuerdo con el mismo
artículo.
[223] Corte Constitucional sentencia C-616 de 2002 Sentencia C-527/94
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[224] Corte Constitucional. Sentencia C-233 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Gal vis.
[225]
Por ejemplo en la sentencia C-233 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Gálvis,
estudió la Corte si el artículo 17 de la Ley  678 de 2001, que reglamenta la
acción de repetición, desbordaba realmente el mandato del artículo 90 y violaba
la unidad de materia de la acción de repetición, al imponer sanciones de
desvinculación del servicio, terminación del contrato existente, caducidad e
inhabilidad hasta por 5 años,  al servidor que hubiese sido condenado al pago
mediante una acción de repetición. En esa oportunidad se dijo que el Legislador
dentro de su potestad de configuración, y sin violar el mandato del artículo 90
constitucional, podía establecer consecuencias de carácter sancionatorio
derivadas de los mandatos superiores del artículo 123, 124, 150-23 y 210 o de
la cláusula general de competencia de los artículos 114 y 150 superiores,
frente a la existencia de acción de repetición. En este caso se consideró sin
embargo que las sanciones eran desproporcionadas.
[226]ARTÍCULO 2o. ACCIÓN DE REPETICIÓN. La acción de repetición es una acción civil
de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex
servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado,
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma
dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.
[227] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en
Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9,
párr. 24.
[228] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en
estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9,
párr. 24.). Esta opinión ha sido reiterada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos,  en los Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís
Corrales y Godínez Cruz.
[229] Ver entre otras las sentencias de la
Corte Constitucional T-268 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell,  C-037 de
1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa, SPV. José Gregorio Hernández Galindo,
Vladimiro Naranjo Mesa, Alejandro Martínez Caballero, Hernando Herrera Vergara.
SV. José Gregorio Hernández Galindo. AV. Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio
Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa), C-215 de
1999, MP Martha Victoria Sáchica Méndez, C-163 de 1999,  MP: Alejandro Martínez
Caballero, SU-091 de 2000 (MP: Álvaro Tafur Galvis, SV. Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-330 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[230] Sentencia C-222 de 2013. María Victoria Calle
[231] Cfr. Sentencias C-594 de 1992; C-160 de 1999, C-037 de 1996, (MP.
Vladimiro Naranjo Mesa, SPV. José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo
Mesa, Alejandro Martínez Caballero, Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio
Hernández Galindo. AV. Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández
Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa), C-893 de 2001,
(MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar
Gil, Eduardo Montealegre Lynett, Jaime Córdoba Triviño y Marco Gerardo Monroy
Cabra. C-1195 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy
Cabra. AV. Rodrigo Uprimny Yepes y Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo
Uprimny Yepes, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán
Sierra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández y C-204 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Galvis. SPV. Jaime Araujo Rentería), entre otras.
[232] Sentencia C- 1195 de 2001.
[233] Sentencia C-037 de 1996.
[234] Ver, entre otras, las sentencias C-537 de
1993 y C-373 de 1995.