T-372-03
SENTENCIA T-
Sentencia T-372/03
DERECHO DE PETICION FRENTE AL SILENCIO
ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Deber
de resolver la solicitud
DERECHO DE PETICION FRENTE AL SILENCIO
ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Resolución
oportuna de recursos
DERECHO DE PETICION EN VIA GUBERNATIVA-Término para resolver recursos
Para solucionar los recursos interpuestos que permitan agotar la vía
gubernativa, debe ser aplicado el término de dos meses establecido en el
artículo 60 del Código Contencioso Administrativo y, en caso de que, se haya
elevado derecho de petición con el objeto de conocer el estado en que se
encuentra el recurso interpuesto, se debe resolver dentro de los 15 días
siguientes a la presentación de la petición, tal como lo señala el artículo 6º
del mismo estatuto administrativo.
Referencia: expediente acumulados
T-721.253, T-721.256, T-721.806, T-721.811 y T-721.812.
Acción de tutela instaurada por Martha Elsa
Oquedo de Caiza y otros, Carmen Elisa Roldan de Bustos, Gilma Teresa Ramón de
Suarez , Dario de Jesús García Franco y Luz Emma Pineda de Martínez contra la
Caja de Previsión Social Cajanal Seccional Bogotá.
Procedencia: Juzgado 12 Laboral del
Circuito de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil tres (2003).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel
José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos
adoptados en el mes de febrero del año dos mil tres (2003), por el Juzgado 12
Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de las acciones de tutela instauradas
por medio de apoderado por los señores Martha Elsa Oquendo de Caiza, Lyda María
Carvajal de Pacavita, Evangelina Tarquino Vergara, Luis Roberto Hernández y
Alfonso Quintero Torres (T-721.253), Carmen Elisa Roldán de Bustos (T-721.256),
Gilma Teresa Ramón de Suarez (T-721.806), Dario de Jesús García Franco
(T-721.811) y Luz Emma Pinedo de Martínez (T-721.812) contra la Caja de
Previsión Social -  Cajanal Seccional Bogotá.
La Sala de Selección No. 4 de la Corte Constitucional,
por auto de abril diez (10) del año en curso, seleccionó, para efectos de su
revisión, los fallos de la referencia.  Los expedientes llegaron a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado 12 Laboral del Circuito de
Bogotá, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
Los cinco (5) expedientes de tutela en referencia
fueron seleccionados y acumulados entre sí por medio del auto de selección de
abril diez (10) de dos mil tres (2003), para ser decididos en una sola
sentencia, si así lo considera pertinente la Sala de Revisión.
Esta Sala encuentra que, existe identidad en los
hechos y derechos fundamentales vulnerados que dieron origen a las presentes
acciones de tutela y, por ello es procedente la acumulación decretada por la
sala de selección, razón suficiente para proferir una sola sentencia.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
Los nueve actores actuando por medio de apoderado
solicitaron a Cajanal se atendiera las solicitudes relacionadas con sus
derechos pensionales, peticiones que fueron presentadas en distintas fechas,
tal como se relaciona en el cuadro siguiente:
Número de  tutela
Nombre del  actor
Fecha de presentación
Solicitud
T-721.253
Martha Elsa Oquendo de Caiza, Lida María Carvajal de
Pacavita, Evangelina Tarquino Vergara, Luis Roberto Hernández y Alfonso
Quintero Torres
Julio 18, noviembre 25, octubre 21, octubre 23 y
septiembre 16  de 2002, respectivamente.
Recurso de apelación contra el acto ficto presunto
negativo en relación con la petición de reliquidación y revisión de la
reliquidación pensional.
T-721.256
Carmen Elisa Roldan de Bustos
Julio 12 y octubre 12 de 2002
Recurso de apelación contra la resolución que le
reconoció pensión de jubilación y petición de Reconocimiento de factores
salariales.
T-721.806
Gilma Teresa Ramón de Suarez
Julio 11 y octubre 11 de 2002
Recurso de apelación contra la resolución que le
reconoció pensión de jubilación y petición de Reconocimiento de factores
salariales.
T-721.811
Dario de Jesús García Franco
Agosto 9  y noviembre 26 de 2002
Recurso de apelación contra la resolución que le
reconoció pensión de jubilación y petición de Reconocimiento de factores
salariales.
T-721.812
Luz Emma Pinedo de martínez
Agosto 9  y noviembre 26 de 2002
Recurso de apelación contra la resolución que le
reconoció pensión de jubilación y petición de Reconocimiento de factores
salariales.
2. Pretensiones y derechos presuntamente vulnerados.
Solicitan los nueve actores que se proteja el derecho
de petición, ordenando a Cajanal Seccional Bogotá resuelva los derechos de
petición y los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que
les reconoció el derecho a la pensión de jubilación.
3. Sentencia de instancia que se revisa.
El Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá mediante
sentencias proferidas en el mes de febrero del año dos mil tres (2003), decide
negar el derecho de petición solicitado por los actores con ocasión del recurso
de apelación que presentaron en contra de las Resoluciones que reconocieron
derechos pensionales
El despacho judicial tomó como base el artículo 60 del
C.C.A., donde se establece que una vez transcurridos dos meses desde la
presentación del recurso sino se resuelve, se entenderá que la decisión es
negativa, en otras palabras la decisión inicial ha sido confirmada.
Considerando entonces, que una vez superado ese lapso se puede acudir a la
jurisdicción contenciosa en busca de la solución al conflicto.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala Segunda de Revisión es competente para decidir
sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 241, numeral 9°, de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de
1991.
Segunda. El asunto objeto de discusión.
Los actores consideran vulnerado el derecho de
petición  al tener que esperar por más de tres meses una solución a los
recursos de apelación interpuestos, sin que ello ocurra.  Razón por la cual, la
Sala Segunda de Revisión entra a decidir si, se vulneró o no el derecho de
petición o si, de acuerdo al silencio de Cajanal resulta procedente aplicar el
silencio administrativo negativo y por ende, acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa.
Tercera. Afectación del derecho de petición
cuando interpuestos los recursos en vía gubernativa, la administración
encargada de resolverlos, guarda silencio.  Reiteración de jurisprudencia y
caso concreto.
La Corte Constitucional ha establecido la
procedencia de la acción de tutela cuando interpuesto el recurso de apelación
en vía gubernativa, la administración guarda silencio[1].
Así mismo, se ha opuesto al criterio de que ocurrido el silencio, el afectado
pueda alegar el silencio administrativo negativo, ya que tal situación no
libera a la entidad de la obligación de dar respuesta, toda vez que el silencio
es la más concreta manifestación de la violación del derecho de petición.  De
esta manera se expresa en la sentencia T-785 de 2001 M.P. Dr. Alfredo Beltrán
Sierra: “La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de
petición, junto con el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, resultan vulnerados por la no-resolución oportuna a un recurso
interpuesto contra un acto administrativo, inclusive, se ha afirmado que si lo
que pretende la entidad al no emitir la respuesta correspondiente, es que
ocurra el fenómeno del silencio administrativo negativo, esto no impide que se
dé respuesta al peticionario, pues de lo contrario, se desnaturalizaría el
núcleo esencial del derecho de petición.”
Si bien es cierto, el silencio es una
manifestación negativa de la administración que da lugar acudir al juez
competente, tal como lo establece el código contencioso administrativo, también
resulta dilatorio e injustificado dirigirse a la jurisdicción administrativa  a
obtener solución a los recursos debidamente presentados en vía gubernativa,
porque le corresponde a la propia administración, resolver los recursos que
contra sus actuaciones y decisiones se presentan y no a los jueces. En este
sentido, entiende la Corte que el deber y la obligación de la administración es
resolver los derechos de petición respetuosos que los ciudadanos le presentan y
atender en término los recursos que interpongan contra los actos
administrativos proferidos por ella, sin que ninguna otra autoridad tenga
injerencia alguna.
Son situaciones distintas, el hecho de
resolver el recurso interpuesto dentro de los parámetros legales establecidos
en el artículo 60 del C.C.A. y otra, la obligación de responder el derecho de
petición, que se constituye en el deber de informar el estado del recurso y la
fecha probable en que se resolverá.  Este derecho de petición como lo indica la
jurisprudencia constitucional, debe resolverse en el plazo señalado en el
artículo 6º del mismo ordenamiento administrativo, que es de 15 días, dentro
del cual y para el caso concreto, se establecerá cuanto tiempo se tomará la
administración para resolver el asunto y el plazo dentro del cual lo hará.
Luego de toda la jurisprudencia emitida por
la Corte Constitucional en el sentido de proteger el derecho de petición frente
a la omisión en resolver los recursos impuestos para agotar la vía gubernativa[2],
cuando la administración guarda silencio, no se entiende porque aún tanto las
entidades a quien se les presenta una petición y los jueces que asumen el
conocimiento de una acción de tutela, continúan desconociendo los principios
constitucionales del derecho de petición que consagra “obtener pronta
resolución”, esto es actuar con celeridad, eficacia y dentro del la oportunidad
legal.
En sentencia T-965 de 2001 M.P. Dr. Alfredo
Beltrán Sierra, tratando un caso similar al que hoy ocupa la atención de la
Sala, se dijo: “al analizar las sentencias proferidas por los jueces de
instancia, encuentra la Sala que una vez más, en estos dos casos, sus
decisiones desconocen la jurisprudencia constitucional, manifestando que es
improcedente la protección del derecho de petición al ocurrir el fenómeno del
silencio administrativo negativo. Hecho éste que no puede considerarse como un
pronunciamiento de la administración, por cuanto no resuelve ni material, ni
sustancialmente la solicitud presentada ante ella.”
En estas condiciones, la Sala de Revisión reitera que para
solucionar los recursos interpuestos que permitan agotar la vía gubernativa,
debe ser aplicado el término de dos meses establecido en el artículo 60 del
Código Contencioso Administrativo y, en caso de que, se haya elevado derecho de
petición con el objeto de conocer el estado en que se encuentra el recurso
interpuesto, se debe resolver dentro de los 15 días siguientes a la
presentación de la petición, tal como lo señala el artículo 6º del mismo
estatuto administrativo.
Los nueve actores hacen referencia en sus
demandas de tutela a la omisión en que ha incurrido Cajanal Seccional Bogotá,
en resolver tanto recursos de apelación interpuestos contra decisiones
administrativas relacionadas con pensiones, como derechos de petición que
fueron elevados con el fin de conocer el estado de dichos recursos, los cuales
no han sido resueltos.
Entonces, en consecuencia con las
consideraciones esbozadas por la Sala, se entiende que la entidad demandada ha
vulnerado el derecho fundamental de petición de cada uno de los actores y por
tanto, se revocará la decisión tomada por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de
Bogotá para que en su lugar sea concedido el derecho pretendido.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR los fallos proferidos en el mes de febrero de
dos mil tres (2003), por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro
de las acciones de tutela instauradas por los señores Martha Elsa Oquendo de
Caiza, Lyda María Carvajal de Pacavita, Evangelina Tarquino Vergara, Luis
Roberto Hernández y Alfonso Quintero Torres (T-721.253), Carmen Elisa Roldán de
Bustos (T-721.256), Gilma Teresa Ramón de Suarez (T-721.806), Dario de Jesús
García Franco (T-721.811) y Luz Emma Pinedo de Martínez (T-721.812) contra la
Caja de Previsión Social -  Cajanal Seccional Bogotá y en su lugar, CONCEDE
el derecho de petición invocado por los actores de acuerdo a las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo.
Segundo: ORDENAR al gerente de Cajanal Seccional Bogotá, o quien haga
sus veces, proceda en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de la presente decisión, sino se hubiere hecho,
proferir los actos administrativos que resuelvan de fondo los recursos de
apelación interpuestos por los actores y los derechos de petición elevados.
Tercero: Por Secretaria General, líbrense las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Ver
entre otras, las sentencias T-425 y T-381 de 2002, T-276, T-911 y T-1160A de
2001 y T-1743 de 2000.
[2]
Sentencias T-084 y T-795 de 2002, T-574, T-788, T-785, T-965 y T-1076 de 2001 y
T-304 de 1994.