T-509-20
Sentencia T-509/20
Referencia: Expediente
T-7.845.433
Acción
de tutela instaurada por Anggy Lizeth Cendales Fino contra la Fiscalía General
de la Nación.
Magistrado
ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá
D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020).
La
Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Richard S. Ramírez Grisales (e.), Alberto Rojas Ríos y José
Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos proferidos el 13 de noviembre de 2019 por el
Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y el 4 de
febrero de 2020 por la Subsección “A”, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera y segunda instancia.
I.
ANTECEDENTES
Anggy Lizeth Cendales Fino instauró acción
de tutela contra la Fiscalía General de la Nación, invocando la protección de
sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, intimidad, petición y habeas
data. Para sustentar la solicitud de amparo narró los siguientes hechos[1]:
1.  Informó que es madre
cabeza de familia, está desempleada, y que entre los años 2018 y 2019, se
inscribió a diferentes convocatorias de empleo en el sector asegurador. Durante
los procesos de selección, la sociedad Consultoría Seguridad Integral y
Compañía Limitada[2]
realizó estudios sobre sus circunstancias personales, académicas y
profesionales.
2.  Los resultados
quedaron plasmados en los análisis del 27 de diciembre de 2018[3] y 3 de
septiembre de 2019[4],
en los cuales Cosinte Ldta. Afirmó lo siguiente: “5. ANTECEDENTES: Consultadas
las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado, se confirmó [que]
registra antecedentes. (…) || CONCLUSIÓN: luego de consultadas las bases
de datos de los organismos de seguridad del Estado, se encontró que la evaluada
REGISTRA DOS PROCESOS EN SU CONTRA. Teniendo en cuenta lo anterior, se
considera que la candidata representa un nivel de riesgo MEDIO”[5].
3.  La accionante
indicó que, mediante llamada telefónica, un empleado de Cosinte Ldta. le
comunicó que había sido excluida del proceso de selección, sin expresarle las
razones que fundamentaron tal decisión. Posteriormente, la actora solicitó
información al respecto, a lo cual le respondieron que el motivo era que
figuraba en “la base de datos de la Fiscalía General de la Nación”[6].
4.  El 29 de agosto
de 2019, la actora radicó una petición ante la Fiscalía solicitando eliminar su
información de las bases de datos administradas por esa entidad.
5.  En oficio del 17
de septiembre de 2019[7],
la Fiscalía Local 308 Delegada ante los Jueces Penales de Bogotá le contestó
que en su contra existía una indagación bajo radicado 110016000013201115051 por
la presunta comisión del punible de lesiones personales, en hechos ocurridos el
29 de octubre de 2011. Sin embargo, dicha actuación fue archivada por
desistimiento de la querella y, en consecuencia, se registró la orden de
archivo en el “Sistema Misional de Información de la Fiscalía General de la
Nación -SPOA-, figurando el caso en estado INACTIVO”[8].
No obstante, la entidad señaló que no
era posible suprimir los datos que le conciernen, por cuanto la información
contenida en el SPOA cumple un rol administrativo, establecido para rendir
informes estadísticos, responder requerimientos de usuarios, y/o autoridades
administrativas o judiciales. Aclaró que dichas anotaciones no representan
antecedentes judiciales y que tal información no es de acceso público. Por
último, instó a la peticionaria a “[poner] en conocimiento de la Fiscalía
General de la Nación, el nombre de la empresa con la que adelantaba su proceso
de selección, para establecer la forma en la que se encuentra accediendo a
nuestra base de datos obteniendo información catalogada como reservada”[9].
6.  El 29 de octubre
de 2019, la accionante instauró acción de tutela contra la Fiscalía,
argumentado que la negativa de “actualizar, corregir o subsidiariamente,
eliminar el estado INACTIVO (…) y cambiar el estado de la investigación
a ARCHIVADO” vulnera sus derechos fundamentales al dificultarle encontrar
empleo. En ese sentido, sostuvo que la expresión “inactivo” “resulta
transgresora de las garantías de las personas, por cuanto permite que terceros
infieran la existencia de asuntos pendientes o en trámite con la justicia y,
por tanto debe ser reemplazada por ARCHIVADO o subsidiariamente eliminadas”[10]. Así
mismo, reprochó que la Fiscalía permita acceder a terceros a la información
sobre antecedentes.
7.  La actora
solicitó ordenar a la Fiscalía General de la Nación modificar “el sistema de
consulta en línea de antecedentes y anotaciones judiciales, de manera que al
ingresar la cédula del actor o el número de noticia criminal, aparezca la
leyenda: PRECLUIDO o ARCHIVADO”[11],
con el fin reflejar fielmente la situación jurídica de la persona objeto de
consulta.
Adicionalmente, y como consecuencia de
lo anterior, pidió “cancelar, corregir, actualizar o eliminar las
anotaciones que se hayan impuesto en mi contra en las bases de datos que,
normalmente utilizan los Frentes de Seguridad Empresarial, los funcionarios de
la Fiscalía General de la Nación, SPOA, SIAN y el Sistema de Antecedentes y
Anotaciones Judiciales, [y el] Sistema Operativo de la Policía”[12].
Trámite procesal
8.
Mediante
auto del 30 de octubre de 2019[13],
el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento
de la acción y corrió traslado al ente acusador para que se pronunciara frente
a los hechos y pretensiones[14].
Respuesta de la entidad accionada
9.  La Dirección
Seccional Bogotá de la Fiscalía indicó que la accionante figura vinculada en
las noticias criminales n.° 1100160000151212133 y 110016000013201115051, a
cargo de la Fiscalía 106 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de
Bogotá y la Fiscalía 308 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de
Bogotá. Por consiguiente, remitió las comunicaciones sobre la admisión de la
acción de tutela a esos despachos. En ese sentido, manifestó carecer de
legitimación en la causa[15].
10.  La Fiscalía
308 Local Delegada ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos de Bogotá expresó
que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados y carecer de
competencia para acceder a las pretensiones de la accionante, por tanto,
solicitó negar la acción. Para fundamentar lo anterior, adujo que el “SPOA”
es el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el
Sistema Penal Oral Acusatorio, al cual pueden acceder, remota o localmente, los
funcionarios de la entidad. Manifestó que la plataforma cumple una función
administrativa sin constituir una base de datos pública. Además, aseveró que
las anotaciones realizadas no configuran antecedentes penales.
En cuanto al reproche de la accionante
sobre el acceso de la sociedad Cosinte  al sistema de la Fiscalía, afirmó que “resulta
inquietante para este despacho, la forma en la que dicha empresa accedió a la
información del sistema misional de la Fiscalía General de la Nación”[16]. En
ese sentido, adujo que la sociedad que realizó el estudio de seguridad sobre
las condiciones personales de la actora es la responsable de la vulneración de
derechos al haber accedido a información sin autorización de su titular.
Sostuvo que no es posible reemplazar la descripción
“inactivo” por “archivado” ni eliminarla, pues el sistema SPOA
únicamente consagra las opciones “activo/inactivo”. Por lo cual,
cualquier cambio implicaría realizar una modificación en la plataforma a nivel
nacional. Destacó que la institución implementó un sistema de consulta pública
que es acorde con la protección de datos personales, por cuanto exige contar
con el número de radicación del proceso, y la información que arroja la
consulta refiere únicamente el despacho fiscal a cargo y el estado de la
actuación, sin suministrar el nombre o el documento de identidad de los
involucrados.
Por último, allegó un oficio suscrito
por la Coordinadora del Grupo de Administración y Soporte de los Sistemas SPOA
y SIJUF[17],
en el cual se informa que no es posible cambiar las opciones del SPOA, salvo
una restructuración ordenada por el Fiscal General de la Nación. De otro lado,
expresa que el estado “activo” se refiere a “noticias criminales que
no han tenido decisión que le cambie al estado Inactivo (archivos, sentencias
condenatorias, entre otras)”[18].
11.   La Fiscalía
45 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá -en apoyo de
la Fiscalía 106 Delegada Seccional- indicó que en el SPOA figuran dos
registros relacionados con la accionante, ambos con estado inactivo por
decisiones de archivo proferidas por los fiscales que instruyeron las
indagaciones, por lo cual, no se puede predicar la existencia de antecedentes
penales. Por otro lado, agregó que la eventual vulneración de derechos es
atribuible a “las empresas a las que [la actora] se ha postulado, las
que de manera ilegal han accedido a una información reservada”[19].
Afirmó carecer de competencia para modificar el sistema informático del SPOA, y
destacó que la Fiscalía cuenta con un sistema de consulta público acorde con la
protección de datos personales.
Sentencias objeto de revisión
Primera instancia[20]
12.
En
sentencia del 13 de noviembre de 2019, el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Bogotá negó el amparo. Manifestó que las anotaciones que la
accionante presenta en el SPOA figuran con estado “inactivo”, en tanto
las diligencias fueron archivadas, sin que constituyan antecedentes judiciales.
Por consiguiente, la información corresponde a la realidad. Mencionó que esta
circunstancia fue confirmada tras consultar el sistema de antecedentes penales
y requerimientos judiciales a cargo de la policía judicial. Así mismo, resaltó
que el SPOA no es una base de datos pública.
Relató que la accionante no acreditó que
la sociedad Cosinte Ltda. la hubiese excluido de los procesos de selección
laboral con base en los registros realizados en el sistema de información de la
Fiscalía General de la Nación. Finalmente, instó a esta última a verificar “la
forma como presuntamente la empresa en mención ha accedido, en caso de haber
sido así, a la información personal de la demandante”[21].
Impugnación[22]
13.
La
accionante impugnó el fallo. Después de reiterar los hechos y las pretensiones
expuestas en el escrito de tutela, solicitó la vinculación de la sociedad
Cosinte Ltda al trámite.
Actuaciones realizadas en sede de
segunda instancia
14.   Mediante auto
del 31 de enero de 2020, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vinculó a la sociedad Cosinte Ltda, corriéndole
traslado del escrito de tutela para que ejerciera el derecho de defensa y
contradicción[23].
Respuesta de la vinculada
15.   A
través del representante legal, la sociedad Cosinte adujo que no vulneró
los derechos de la accionante y, en consecuencia, solicitó negar el amparo.
Indicó que las empresas a las que presta sus servicios son las encargadas de
decidir si contratan a los aspirantes. Aseveró que el análisis sobre las
circunstancias de los candidatos se realiza a través de la información que
estos aportan en la hoja de vida, mediante visita domiciliaria que se efectúa a
los interesados, y de acuerdo al contenido de las bases de datos públicas, cuya
consulta cuenta con autorización previa.
Refirió que la accionante autorizó el tratamiento
de sus datos, y haber informado “en desarrollo de la visita domiciliaria la
existencia de dichos antecedentes, que tuvo problemas con la fiscalía y que
tiene procesos legales”. Como documento anexo, allegó dos estudios
realizados a la actora como aspirante a los cargos de asistente contable y
analista de cartera[24].
Sentencia de segunda instancia[25]
16.  En sentencia del
4 de febrero de 2020, la Subsección “A”, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo y, en su lugar, protegió los
derechos fundamentales al habeas data, debido proceso y buen nombre.
En consecuencia, le ordenó a la sociedad
Cosinte realizar un nuevo estudio de seguridad y confiabilidad, ofreciendo
información veraz sobre la existencia de antecedentes penales de la accionante,
y comunicar los resultados a las empresas que conocieron los análisis previos.
De otro lado, le ordenó a la Fiscalía General de la Nación modificar las
anotaciones de la actora, cambiando el estado “inactivo” “al que en
derecho corresponda según lo sucedido al interior de la actuación (archivado,
precluido, etc.)”[26].
Adicionalmente, le ordenó adoptar las medidas necesarias para preservar el uso
interno de la información registrada en el SPOA.
Como fundamento de lo anterior, mencionó
que las anotaciones efectuadas en el SPOA no representan antecedentes penales
y, en ese sentido, la sociedad Cosinte afirmó algo contrario a la realidad al
sostener que la accionante contaba con antecedentes. Además, agregó que esa
sociedad de alguna manera tuvo acceso a información reservada a la Fiscalía General
de la Nación, de ahí que esa entidad deba adoptar las medidas necesarias para
que los sistemas de búsqueda reflejen el estado real de las actuaciones -por
ejemplo, diferenciando entre actuaciones activas o archivadas-, de manera
que la información registrada no dé lugar a interpretaciones equívocas.
Pruebas que obran en el expediente
17.
Las
pruebas relevantes para resolver el caso de la referencia que obran en el
expediente, son las siguientes:
(i)      Copia
del oficio 2019-014 del 13 de junio de 2019, suscrito por el Fiscal Local 308
adscrito a la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar -Bogotá-, sobre las actuaciones
penales relacionadas con la accionante[27].
(ii)   Constancia
de antecedentes judiciales expedida por la Policía Nacional, según la cual la
accionante “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”[28].
(iii)  Respuesta de la
Fiscalía Local 308 adscrita a la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar -Bogotá-
a la petición elevada por la actora, en el sentido de suprimir los datos que le
conciernen, contenidos en el SPOA[29].
(iv)  Estudios de “confiabilidad
y financieros” realizados por la Sociedad Cosinte sobre la accionante, con
“fechas de entrega”: “2018-12-27” y “2019-09-03”[30]. Así
mismo, formatos diligenciados de autorización de tratamiento de datos
personales[31].
Actuaciones en sede de revisión
18.   La Dirección de
asuntos jurídicos de la Fiscalía General de la Nación solicitó la revisión del
proceso[32].
La
Sala de Selección número tres de la Corte Constitucional[33] en
auto del 28 de agosto de 2020[34],
escogió el presente asunto y fue repartido a este despacho.
19.  En proveído del 24
de septiembre de 2020, el magistrado sustanciador decretó pruebas tendientes a recaudar
elementos de juicio para el estudio del caso objeto de revisión[35]. Así,
solicitó lo siguiente:
(i)      A la
accionante le pidió informar acerca de las visitas domiciliarias realizadas por
la sociedad Cosinte, su condición laboral actual, y expresar si tiene conocimiento
de que la sociedad accionada haya cumplido el fallo de segunda instancia.
(ii)   A
Cosinte Ltda. le solicitó indicar cuál es su objeto social y en qué consisten
los servicios de análisis de confiabilidad, e informar si cumplió la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De otro lado, explicar
cuál es la metodología de recolección de datos de los aspirantes a empleos y
cuáles son las fuentes objeto de consulta. Por último, allegar los soportes de
los estudios efectuados a la accionante, y las constancias de las visitas
domiciliarias que le fueron realizadas.
(iii)  A la Fiscalía
General de la Nación le pidió hacer referencia a los protocolos de acceso,
administración y seguridad de la información contenida en el SPOA. Indicar si
existe algún tipo de investigación interna a causa de los hechos de la acción
de tutela. Finalmente, manifestar si cumplió el fallo de segunda instancia.
(iv)  Por último, el
despacho invitó a algunas instituciones de investigación y universidades para
que participaran en el presente caso, a través de un concepto acerca de la
presunta vulneración de derechos fundamentales y medidas a adoptar[36].
Respuestas
allegadas a partir del decreto probatorio
20.
En
respuesta del 13 de octubre de 2020[37],
la representante legal de la sociedad Cosinte Ltda. informó que su
objeto social está enfocado a la prestación remunerada de consultorías en temas
de seguridad, riesgos corporativos, y estudios de confiabilidad para la
selección de personal, entre otros. Señaló que cumplió el fallo de segunda
instancia realizando los nuevos estudios de confiabilidad, análisis que arrojó
como resultado “nivel de riesgo bajo”. Así mismo, informó que fueron remitidos
a las sociedades que conocieron la versión previa a la acción de tutela, esto
es, Adecco Colombia S.A., y Seguros S.A.[38].
Reiteró que no es la encargada de
decidir sobre la contratación de las personas a quienes les realiza el estudio
de confiabilidad, pues este es tan solo un servicio que se presta a otras
personas. Respecto a la metodología que implementa para la verificación y
recolección de datos que conforman los estudios de confiabilidad o financieros,
mencionó que consiste en la realización de las siguientes acciones: i)
visita domiciliaria en la dirección indicada por la persona; ii) verificación
de las referencias académicas, labores y personales expuestas en la hoja de
vida, y iii) consulta de las anotaciones hechas en bases de datos
públicas. Al respecto, agregó que en la visita domiciliaria se solicita a la
persona suscribir una autorización sobre tratamiento de datos personales y se
confronta la información suministrada con el fin de determinar el grado de
veracidad, y se analiza el entorno y las condiciones de vida del entrevistado.
Expresó que el 22 de diciembre de 2018 y
el 30 de agosto de 2019, le realizó visitas domiciliarias a la accionante,
escenario en el cual esta aludió a la existencia de procesos en la Fiscalía.
Sobre esto indicó que “dentro de lo consultado por Cosinte Ltda., no se
conoce que tipo de delitos, o noticias criminales ha cometido cada persona,
hechos y demás”.
Como documento anexo, allegó el estudio
de confiabilidad realizado a la accionante en cumplimiento de lo ordenado por
la Sección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
se identifica con fecha de entrega del “2020-02-11”[39]. Por
último, solicitó declarar la improcedencia de la acción por falta de
legitimación por pasiva, e inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales.
21.
En
comunicación del 14 de octubre del año en curso[40], la Fiscalía
General de la Nación, a través de la Directora de asuntos jurídicos (e.),
atendió lo solicitado por el Despacho. En primer lugar, expresó que mediante
Resolución n.° 4004 de 2013[41],
la entidad estableció los protocolos para garantizar la seguridad de la
información contenida en sus bases de datos, entre ellas, el SPOA. Mencionó que
esta normativa tiene por objetivo “proteger los activos informáticos de la
Fiscalía General de la Nación y garantizar un adecuado uso de la tecnología,
ante amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información”[42].
Aseveró que el SPOA tiene como finalidad
sistematizar el ejercicio de la acción penal y establecer valores estadísticos
de la actividad investigativa de la entidad. Señaló que las variables “activo”
e “inactivo” se utilizan para determinar si una noticia criminal se
encuentra en etapa de investigación o judicialización, o si cesó el ejercicio
de la acción penal. Agregó que no tiene la función de certificar la existencia
de antecedentes judiciales al no ser una base de datos pública, pues su acceso
se restringe a uso institucional. Por tanto, “la facultad de rectificación o
corrección, como uno de los contenidos mínimos que integran el derecho al habeas
data, debe exigirse dentro de las finalidades y características del                -SPOA-”[43].
Destacó que los protocolos de manejo y
administración de las bases de datos se sustentan en el diligenciamiento de los
formatos: “solicitud de acceso a servicios TI”, y “acuerdo de
confidencialidad de la información”.  Frente a los mecanismos de control o
de seguridad para acceder al SPOA, adujo que la entidad “tiene mecanismos de
protección mediante una plataforma de seguridad perimetral que protege los
sistemas de información frente a posibles ataques externos. Adicionalmente, el
sistema de información -SPOA- cuenta con mecanismos de autenticación para el
ingreso”[44].
De otro lado, expresó que al consultar a
la Dirección de control disciplinario, esa dependencia indicó que no existe
actuación disciplinaria adelantada de oficio o por petición de la accionante
respecto de los hechos relatados en la acción de tutela. Sin embargo, la
entidad afirmó que ordenó el inicio de una indagación preliminar con miras a
determinar si ocurrió una conducta disciplinable, así como al servidor
responsable. Así mismo, mencionó que se adelantan 18 procesos disciplinarios
relacionados con presuntas consultas irregulares en el SPOA, las cuales
presentan el siguiente estado procesal: 9 en investigación, 8 en investigación
preliminar, 1 en “prórroga”.
Manifestó que la información contenida
en el SPOA solo se administra a autoridades judiciales en ejercicio de sus
funciones, al titular del dato, sus causahabientes o terceros autorizados
expresamente por el titular. Sobre esto último, adujo que no todo conocimiento
de los datos contenidos en el SPOA implica que necesariamente su divulgación
provenga de la entidad, pues puede ocurrir que el titular del dato haya
autorizado a un tercero para acceder a la información que le concierne. En ese
sentido, consideró oportuno establecer si la accionante autorizó a la sociedad
Cosinte para consultar su información, conforme los términos de la Ley 1581 de
2012.
Indicó que las anotaciones relacionadas
con la accionante se ajustan a la realidad, pues se encuentran “inactivas”
por archivo y desistimiento de la querella. De ahí que la información contenida
en los sistemas misionales de la entidad “sea actual, íntegra y veraz, que
refleja las actuaciones penales adelantadas, incluso cuando el proceso ha
concluido; y en ningún caso constituyen antecedentes penales”. Al respecto,
recordó que la variable “inactivo” “puede darse por diversas
situaciones (archivo, preclusión, etc.), dentro de las cuales se encuentra la
inactividad por terminación del proceso por sentencia condenatoria (…)”.
22.
Por
otra parte, mencionó haber cumplido la orden de la sentencia de tutela de
segunda instancia, en palabras de la entidad:
“En
efecto, la Subdirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones,
junto con la Dirección de Planeación y Desarrollo de la FGN, conforme las
características y finalidades propias del -SPOA-, efectuaron las modificaciones
correspondientes a la mencionada herramienta institucional, de modo tal que se
ajustaran a la orden emitida en la sentencia del 4 de febrero de 2020,
proferida por la el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
–Subsección ‘A’-.
Actualmente,
la búsqueda de las noticias criminales relacionadas con la accionante en el
-SPOA-, arroja como resultado, la visualización del ESTADO en la categoría
binaria ACTIVO/INACTIVO, junto con la precisión del MOTIVO o la Causal para
categorizarlo en dicho estado”[45].
En ese sentido, expresó que, por
ejemplo, en el caso de la accionante, la modificación efectuada en el sistema
interno permite consultar lo siguiente:
n.° caso-noticia
Estado
Motivo
110016000013201115051
INACTIVO
Desistimiento de la querella por
inasistencia injustificada del querellante
110016000015201212133
INACTIVO
Archivo por inexistencia del hecho
art. 79 C.P.P
Así mismo, indicó que la página de
consulta pública de los procesos del sistema penal acusatorio también se
modificó con la implementación de la categoría binaria “activo/inactivo”
y la precisión del motivo o causal que justifica el estado del caso. En
conclusión, reiteró que los cambios efectuados en el SPOA permiten consagrar
información veraz, sin dar lugar a interpretaciones erróneas, por lo cual, no
se vulneran los derechos fundamentales de la accionada.
Intervenciones y conceptos académicos[46]
23.   La Universidad
Externado de Colombia atendió la invitación de la Corte, remitiendo el concepto
solicitado[47].
Expresó que la sentencia de segunda instancia debe ser confirmada. Señaló que el
asunto de la referencia suscita cuatro problemas jurídicos relacionados con las
dimensiones objetiva y subjetiva del derecho al habeas data[48].
Mencionó que, para el momento de los
fallos de los jueces de instancia, la información contenida en el SPOA era
problemática, por cuanto “distintas interpretaciones sobre unos mismos
hechos pueden alterar la relación de concordancia entre la ‘realidad’ de los
hechos y la realidad que la información registrada revela”. Bajo ese
entendido, adujo que la expresión “inactivo” no descarta la inminencia
del cambio de estatus a “activo”, aunado a las consecuencias que
implicaría la revelación de la información a terceros. Por lo cual, defendió la
utilización de los términos técnicos del derecho penal, los cuales honrarían de
forma más eficaz la realidad de los hechos y eliminarían las ambigüedades y
posibles interpretaciones desfavorables para la persona concernida por el dato.
Puso en duda la legitimidad de la
permanencia de la información que permite relacionar a una persona con el
actuar de la Fiscalía cuando el ejercicio de la acción penal cesó, teniendo en
cuenta que se trata de información personal negativa, y los principios
constitucionales que rigen la administración de datos personales,
específicamente, finalidad y necesidad. En relación con esto, sostuvo que es
preciso analizar la normativa que rige la recolección y permanencia de la
información que reposa en las bases de datos de la Fiscalía. Sin embargo,
mencionó que no son fáciles de identificar[49].
De otro lado, expresó que el registro
indefinido de información que permita vincular a una persona con un proceso
penal que terminó de forma anómala, “puede dar lugar a conductas de corte
discriminatorio, a la construcción de sesgos cognitivos, o de prejuicios
respecto del carácter o de las condiciones personales de la persona así
reseñada”. Por consiguiente, sostuvo que, al no advertirse la satisfacción
del principio de finalidad, el mantenimiento de ese tipo de información en el
SPOA es inconstitucional y vulnera el derecho al habeas data en su
dimensión objetiva. Igualmente, indicó que, en caso de cumplirse ese postulado
y el de necesidad, no se advierte la existencia de una disposición que concrete
el principio de caducidad.
En cuanto a las órdenes a adoptar,
sugirió las siguientes alternativas: i) en caso de considerar que no se
cumplen los principios de finalidad y necesidad, ordenar a la Fiscalía suprimir
la información que posee de la accionante. Al respecto, adujo que la entidad
podría mantener la información con fines estadísticos, pero salvaguardando el
anonimato; ii) en caso estimarse cumplidos esos principios, confirmar la
decisión de segunda instancia, y estimar la posibilidad de incluir un término
de caducidad de la información; y iii) invitar al legislador a regular
la materia.
Del traslado probatorio
24.
El 9
de noviembre del año en curso, durante el término de traslado probatorio, la
sociedad Cosinte allegó un escrito en cual reiteró no haber accedido al sistema
informático SPOA, señalando que fue la accionante quien, en desarrollo de la
visita domiciliaria, informó la existencia de procedimientos que la vinculaban
con el actuar de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, adujo que los
estudios de confiabilidad que realiza se centran en verificar  la información
aportada por en la hoja de vida del interesado y analizar sus condiciones de
vida mediante la visita domiciliaria[50].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.  La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar las decisiones
proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9
de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Problemas jurídicos
2.  Con base en los
hechos descritos, le corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar, en
primer lugar, si la acción de tutela es procedente para verificar la presunta
vulneración de derechos invocados por la accionante. En caso de superar el
examen de procedibilidad, deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La Fiscalía General de la Nación
vulnera el derecho al habeas data de la accionante al registrar en el
SPOA las anotaciones que le conciernen bajo las categorías “activo/inactivo”,
sin hacer ninguna precisión sobre el estado procesal de la actuación?
Así mismo, a partir de lo expuesto por
las partes y la información recaudada en sede de revisión, la Corte analizará
si ¿es procedente solicitar la supresión de los registros de las actuaciones
que hayan concluido por una de las formas anormales de terminación del proceso
penal -archivo, preclusión, aplicación del principio de oportunidad-?
Por último ¿la sociedad Cosinte vulneró
el derecho al buen nombre de la accionante al distribuir información imprecisa sobre
ella, respecto a la existencia de antecedentes penales?
Con el fin de responder estas
cuestiones, la Corte abordará los siguientes temas: i) ámbito de
protección del derecho fundamental al habeas data; ii) el derecho
fundamental al buen nombre; iii) los antecedentes penales y anotaciones en
los sistemas informáticos de la Fiscalía General de la Nación; y iv) el
caso concreto.
Ámbito de protección del derecho
fundamental al habeas data. Reiteración jurisprudencial
3.  El derecho al habeas
data está instituido en el artículo 15 de la Constitución, según el cual “[t]odas
las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas”. Conforme a la jurisprudencia de
esta Corporación, ante el robustecimiento del poder informático -característico
de la sociedad de información-, “el habeas data  surge como un
cuerpo normativo singular orientado a proteger las libertades individuales”[51].
Por “poder informático” se
entiende una especie de dominio social sobre el individuo[52], que
consiste en “la posibilidad de acumular informaciones en cantidad ilimitada.
De confrontarlas y agregarlas entre sí, de hacerle seguimiento en una memoria
indefectible, de objetivizarlas y trasmitirlas como mercancía (…)”[53]. En
este contexto, el habeas data también ha sido denominado: “derecho a
la autodeterminación informática”[54],
en tanto instrumento que permite a la persona titular del dato tener control del
uso que sobre el mismo se haga en los diferentes repositorios de información.
4.  En sentencia
T-729 de 2002, la Corte indicó que el concepto “dato personal” presenta
las siguientes cualidades: i) se refiere a aspectos exclusivos y
propios de una persona natural, ii) permite identificar a la persona, en
mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo
y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular
del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero
de manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento -captación,
administración y divulgación- está sometido a determinados principios.
5.  Esta Corporación
ha señalado que el derecho al habeas data es de naturaleza dúctil o
proteica, por cuanto tiene doble naturaleza. Por una parte, goza del
reconocimiento constitucional como derecho autónomo y, por la otra, ha sido
considerado como una garantía de otros derechos[55]. A
partir de estas características se ha dicho que el ámbito de acción u
operatividad de esta prerrogativa se enmarca en el contorno en el cual se
desarrollan los procesos de administración de bases de datos personales[56].
6.  Es necesario
destacar que el ámbito de protección del derecho en comento no se reduce a las
posibilidades de “conocer, actualizar y rectificar”. A partir del
mandado del artículo 15 superior y su desarrollo jurisprudencial, este Tribunal
Constitucional también ha establecido una dimensión subjetiva del derecho al habeas
data, la cual consiste en las alternativas de “autorizar, incluir,
suprimir y certificar”[57].
7.  Así mismo, es
posible diferenciar entre un régimen constitucional y legal de protección del
derecho al habeas data. El primero está dado en los llamados “principios
de la administración de datos personales”. El segundo, está conformado por
la normatividad contenida en las Leyes 1266 de 2008[58], 1581
de 2012[59],
y 1621 de 2013[60].
De cara a la importancia que representa para la decisión del caso de la
referencia, se hará una cita in extenso de la sentencia       T-729 de
2002, sobre los principios constitucionales de la administración de datos
personales:
“Según
el principio de libertad, los datos personales sólo pueden ser
registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del
titular, de tal forma que se encuentra prohibida la obtención y divulgación de
los mismos de manera ilícita (ya sea sin la previa autorización del titular o
en ausencia de mandato legal o judicial). En este sentido por ejemplo, se
encuentra prohibida su enajenación o cesión por cualquier tipo contractual.
Según
el principio de necesidad, los datos personales registrados deben ser
los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades
perseguidas con la base de datos de que se trate, de tal forma que se encuentra
prohibido el registro y divulgación de datos que no guarden estrecha relación
con el objetivo de la base de datos.
Según
el principio de veracidad, los datos personales deben obedecer a
situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida
la administración de datos falsos o erróneos.
Según
el principio de integridad, estrechamente ligado al de veracidad, la
información que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos
personales debe ser completa, de tal forma que se encuentra prohibido el
registro y divulgación de datos parciales, incompletos o fraccionados. Con
todo, salvo casos excepcionales, la integridad no significa que una única base
de datos pueda compilar datos que, sin valerse de otras bases de datos,
permitan realizar un perfil completo de las personas.
Según
el principio de finalidad, tanto el acopio, el procesamiento y la
divulgación de los datos personales, debe obedecer a una finalidad constitucionalmente
legítima, definida de manera clara, suficiente y previa; de tal forma que queda
prohibida la recopilación de datos sin la clara especificación acerca de la
finalidad de los mismos, así como el uso o divulgación de datos para una
finalidad diferente a la inicialmente prevista.
Según
el principio de utilidad, tanto el acopio, el procesamiento y la
divulgación de los datos personales, debe cumplir una función determinada,
como expresión del ejercicio legítimo del derecho a la administración de los
mismos; por ello, está prohibida la divulgación de datos que, al carecer de
función, no obedezca a una utilidad clara o determinable.
Según
el principio de circulación restringida, estrechamente ligado al de
finalidad, la divulgación y circulación de la información está sometida a los
límites específicos determinados por el objeto de la base de datos, por la
autorización del titular y por el principio de finalidad, de tal forma que
queda prohibida la divulgación indiscriminada de los datos personales.
Según
el principio de incorporación, cuando de la inclusión de datos
personales en determinadas bases, deriven situaciones ventajosas para el titular,
la entidad administradora de datos estará en la obligación de incorporarlos, si
el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exija para tales efectos,
de tal forma que queda prohibido negar la incorporación injustificada a la base
de datos.
Según
el principio de caducidad, la información desfavorable al titular debe
ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de
razonabilidad y oportunidad, de tal forma que queda prohibida la conservación
indefinida de los datos después que han desaparecido las causas que
justificaron su acopio y administración.
Según
el principio de individualidad, las administradoras deben mantener
separadamente las bases de datos que se encuentren bajo su administración, de
tal forma que queda prohibida la conducta dirigida a facilitar cruce de datos a
partir de la acumulación de informaciones provenientes de diferentes bases de
datos”.
8.  A manera de
colofón, el habeas data, como derecho autónomo o instrumento para
proteger otras prerrogativas, es una garantía que salvaguarda la libertad de la
persona, entendida no como posibilidad de locomoción sin restricciones, sino
como la extensión que se hace de ella en medios virtuales o físicos de acopio
de datos personales, en los cuales se construida o proyectada a través de la
diferente información que se ha recogido de sí. De ahí que también reciba el
nombre del derecho a la “autodeterminación informática”.
Derecho fundamental al buen
nombre[61].
Reiteración jurisprudencial
9.  El artículo 15
de la Constitución dispone que “[t]odas las personas tienen derecho (…)
a su buen nombre”. También se encuentra establecido en el artículo 11-2 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, al señalar que “[n]adie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra y reputación (…)”.
10.
El
derecho al buen nombre ha sido entendido como “la reputación, o el concepto
que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas
o informaciones falsas o tendenciosas”[62]. En ese
sentido, constituye “uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral
y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe
ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”[63].
La
Corte ha sostenido que “se atenta contra este derecho, cuando sin
justificación ni causa  cierta y real, es decir, sin fundamento, se
propagan  entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a
través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas
que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta
del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula
la opinión general  para desdibujar su imagen”[64].
En sentencia T-050 de 2016, esta
Corporación sostuvo que el buen nombre tiene una cercana relación con la dignidad
humana, en la medida que, al referirse a la reputación, protege a la persona
contra ataques que restrinjan su proyección en el ámbito público o colectivo[65].
11.  En definitiva, el
ámbito de protección de este derecho protege a la persona contra ataques
externos que tienen afectar o desmejorar su reputación, a través de información
falsa o errónea que distorsionan el concepto o la confianza que de él alberga
el entorno social o colectivo, en razón de su comportamiento.
Antecedentes penales y anotaciones
en los sistemas informáticos de la Fiscalía General de la Nación
12.  El artículo 248
de la Constitución consagra que “[ú]nicamente las condenas proferidas
en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes
penales”. Bajo ese entendido, estos últimos son una especie de dato personal
negativo al representar situaciones “no queridas, perjudiciales, socialmente
reprobadas o simplemente desfavorables”[66].
Sin embargo, los antecedentes penales constituyen información pública, al estar
permitido conocer algunos aspectos propios del proceso penal, por ejemplo, las
circunstancias en las que ocurrieron los hechos, las razones jurídicas
sustantivas y procesales que fundamentan la responsabilidad penal, y el monto
de la pena[67].
A tono con lo
anterior, el artículo 166 de la Ley 906 de 2004[68]
ordena a los funcionarios judiciales informar a diferentes autoridades sobre la
ejecutoria de una sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, entre
ellas, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y “demás organismos que tengan funciones de policía judicial y
archivos sistematizados”. Así mismo, prescribe dar cuenta de las sentencias
absolutorias en firme a la Fiscalía General de la Nación “con el fin de
realizar la actualización de los registros existentes en las bases de datos que
se lleven, respecto de las personas vinculadas en los procesos penales”. En
la actualidad, la Policía Nacional es la entidad encargada de administrar la
base de datos personales sobre antecedentes judiciales[69].
13.  Así las cosas, las
anotaciones o registros que realiza la Fiscalía en sus bases de datos no constituyen
antecedentes penales pues, reitérese, no se derivan de sentencias condenatorias
en firme. Entre los repositorios de información administrados por esa entidad se
encuentran el SIJUF[70]
y el SPOA. Este último es en una herramienta operativa del Sistema Penal Oral Acusatorio,
al cual pueden acceder los funcionarios de la Fiscalía de forma local o remota,
con el fin de indagar sobre aspectos relacionados con las diferentes
indagaciones o investigaciones que adelante la institución, atendiendo las
directrices establecidas en la materia.
Bajo ese
contexto, el contenido del SPOA -llámese anotaciones o registros- se
refiere a información sobre el desarrollo de las actuaciones penales, por
ejemplo, el estado procesal y la identificación de las personas que en ella
participan. Estos registros facilitan el funcionamiento administrativo que
implica el ejercicio de la acción penal, esto es, la investigación y acusación de
los hechos que revistan las características de un delito -art. 250 C. Pol-.
14.  En tanto
repositorio de información personal, la administración del SPOA debe atender el
régimen constitucional y legal de protección de datos personales -ver supra núm.
7-. Entre las reglamentaciones internas de la Fiscalía General de la Nación
se encuentra la Resolución n.° 4004 de 2013[71],
la cual consagra el alcance de la política de seguridad, la regulación del
acceso a los sistemas administrativos misionales y las consecuencias que puede
acarrear su infracción[72].
15.  En conclusión, los
antecedentes penales y los diferentes registros que adelanta la Fiscalía
General de la Nación, en ejercicio de sus funciones, comparten la cualidad de
ser datos personales. Sin embargo, ambos presentan diferencias respecto a su
publicidad y administración.
Caso concreto
Cuestión
preliminar: solicitud de nulidad
16.  En la solicitud
de selección del proceso de la referencia, de forma subsidiaria, la Fiscalía pidió
declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio por indebida
integración del contradictorio. Al efecto, adujo que las pretensiones de la
accionante no se concretaron únicamente sobre esa entidad, sino que también se
extendieron a los “Frentes de Seguridad Empresarial, (…) el Sistema
de Antecedentes y Anotaciones Judiciales -Sistema operativo de la
Policía Judicial, denominado SIOPER-”. Además, mencionó que el fallo de
segunda instancia hizo alusión a bases de datos de los organismos de seguridad
del Estado. Por consiguiente, era necesario vincular a la Policía Nacional y a
la Dirección Nacional de Inteligencia.
La Sala considera que no es necesario
declarar la nulidad solicitada teniendo en cuenta que, conforme el relato
expuesto por la accionante y las pruebas allegadas al proceso, es posible
identificar que la controversia gira en torno a las anotaciones realizadas en
las bases de datos operadas por la Fiscalía General de la Nación -específicamente
el SPOA- y ante una presunta divulgación irregular de los datos que le
conciernen.
Bajo ese entendido, entre las pruebas
allegadas en el escrito de tutela, obra una constancia de antecedentes
judiciales proferido el SIOPER que señala que la accionante “no tiene
asuntos pendientes con las autoridades judiciales”[73], lo
cual demuestra que las bases de datos operadas por la Policía Nacional no
contienen información que relacione a la accionante con la existencia de
antecedentes penales. De ahí que no sea necesaria la vinculación de esa
institución.
De otro lado, frente a la supuesta
necesidad de vincular a la Dirección Nacional de Inteligencia, a juicio de la Sala,
la controversia que suscita el caso objeto de revisión se concreta en la
actuación de la Fiscalía y de la sociedad Cosinte frente al manejo de datos
personales o información referida a la accionante, sin que se desprenda de los
hechos y documentos allegados que los organismos de inteligencia del Estado
hayan tenido alguna participación al respecto. Además, la accionante, en sus
pretensiones, no hizo alusión a instituciones de esa naturaleza. Luego, no era
procedente vincular a la Dirección Nacional de Inteligencia.
En esos términos, al haberse vinculado
como accionadas a la Fiscalía General de la Nación y la sociedad Cosinte Ltda,
el contradictorio se integró adecuadamente, sin perder de vista que les fue
garantizado el derecho al debido proceso. En consecuencia, no hay lugar a
declarar la nulidad. Así las cosas, se continuará con el desarrollo de los
problemas jurídicos atrás planteados.
Análisis
de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
Antes de abordar el fondo del asunto, la
Sala analizará el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la
acción de tutela. Para ello, de forma concreta se establecerá si se cumplen los
requisitos de: i) legitimación por activa y pasiva; ii) inmediatez;
y iii) subsidiariedad.
(i)      Legitimación
por activa y por pasiva
17.  La legitimación
por activa exige que quien promueva el mecanismo de tutela sea el titular de
los derechos conculcados o un tercero que actúe en su representación
debidamente acreditado para tal fin; mientras que la legitimación por pasiva
hace alusión a la autoridad o el particular contra quien se dirige la acción. Sobre
este último aspecto, el artículo 86 de la Constitución establece que la acción
de tutela procede contra particulares en los siguientes casos: i) cuando
tengan a cargo la prestación de un servicio público; ii) que su conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo; y iii) frente a
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
18.
La
jurisprudencia constitucional diferenciado estos dos conceptos. La
subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia[74];
mientras que la indefensión hace referencia a una relación de dependencia
de una persona respecto de otra, derivada de situaciones de naturaleza fáctica
en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida
como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se
trate[75].
19.  Teniendo en
cuenta los anteriores parámetros, la legitimación por activa se cumple, pues Anggy
Lizeth Cendales Fino instauró la acción de tutela a nombre propio al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales. Por otro lado, este requisito por pasiva
también se satisface al haberse vinculado al trámite a la Fiscalía General de
la Nación, toda vez que, en criterio de la accionante, esa entidad vulneró su
derecho al habeas data al administrar de forma inadecuada los datos que
le conciernen contenidos en el SPOA.
Además, en segunda instancia fue
vinculada la sociedad Cosinte, institución de carácter privado que tiene por
objeto social realizar estudios de confiabilidad y/o de seguridad para la
selección de personal[76],
entre otros. A juicio de la Sala, esta labor pone en situación de indefensión a
las personas examinadas, en razón a que la compañía tiene la facultad de
estructurar el análisis, es decir, determinar los aspectos que deberán ser
informados por el participante (p. ej., nivel educativo, experiencia
profesional, situación socioeconómica), cuya valoración concluirá en la
asignación de un nivel de riesgo (bajo, medio, alto), lo cual, en la práctica,
incide en la posibilidad de contratación del evaluado ante la empresa que solicitó
el estudio.
Además, de acuerdo con los informes y
pruebas que obran en el expediente, los conceptos de confiabilidad o seguridad
no son conocidos por los examinados, por consiguiente, estos no cuentan con la
oportunidad de solicitar la corrección de información equivocada o imprecisa
que podría concluir en la exclusión del proceso de selección laboral. En ese
orden, la Corte encuentra que existe una relación de indefensión entre la
accionante y la sociedad Cosinte, que habilita la procedencia de la acción de
tutela frente a particulares. Así las cosas, a juicio de la Sala, la mentada
sociedad comercial tiene legitimación por pasiva dentro del presente trámite.
(ii)
Inmediatez
20.
La
jurisprudencia constitucional ha indicado que, en virtud del requisito de
inmediatez, la interposición de la acción de tutela debe hacerse dentro de un
plazo razonable y oportuno[77],
contado a partir del momento en que ocurre la situación violatoria o amenazante
de los derechos fundamentales, pues hacerlo después de haber transcurrido un
tiempo considerable desnaturalizaría la esencia y finalidad del mecanismo de
amparo, además de generar inseguridad jurídica.
El requisito de
inmediatez se supera en este asunto, ya que entre el momento en el que la
Fiscalía General de la Nación respondió la petición de la actora -17 de
septiembre de 2019- y la radicación de la acción de tutela -29 de
octubre de 2019-, trascurrieron menos de 3 meses, término que se considera razonable.
(iii)      Subsidiariedad
21.  Conforme al
artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede ante la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales “por la acción o la omisión” de
cualquier autoridad pública o de particulares en ciertos casos. Esa disposición
establece que solo procederá cuando el afectado no cuente con otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
22.  Quiere decir lo
anterior que en virtud del requisito de subsidiariedad, para que proceda la
acción de tutela es necesario que se hayan agotado todos los medios de defensa
judiciales consagrados en el ordenamiento para la protección de los intereses
fundamentales en disputa, salvo que estos no resulten idóneos o eficaces[78]
para la salvaguarda de los derechos, caso en el cual el amparo a conceder será
definitivo. De otro lado, puede invocarse como mecanismo transitorio cuando se
pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[79],
escenario en el que la protección será transitoria hasta tanto el juez natural
adopte la decisión de fondo que corresponda.
23.  En relación con
la protección al habeas data, la Corte ha señalado que la acción de tutela
es el mecanismo judicial procedente para solicitar la supresión de información
contenida en bases de datos, siempre y cuando, el interesado lo haya solicitado
previamente ante el sujeto responsable de su administración[80],
conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012[81].
Al respecto, recuérdese
que el 29 de agosto de 2019, la accionante radicó una petición ante la Fiscalía
solicitando la supresión de sus datos de las bases manejadas por esa institución.
La entidad le respondió que no era posible debido a las funciones que desempeña
el SPOA, relacionadas con la elaboración de informes estadísticos, atender
requerimientos de usuarios y/o autoridades administrativas o judiciales[82] -ver
hechos 4 y 5-. Por consiguiente, en este caso la acción de tutela procede
para solicitar el amparo del derecho al habeas data. Por
último, valga precisar que la Sala se pronunciará más adelante acerca del
diseño de la plataforma del SPOA, y la permanencia de los datos allí contenidos.
Breve presentación del asunto.
24.  Anggy Lizeth
Cendales Fino promovió acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación
al considerar que vulneró sus derechos fundamentales al no actualizar o
suprimir las anotaciones que sobre ella reposan en el SPOA, lo cual podría
estar afectando sus posibilidades de encontrar empleo. Al trámite
constitucional fue vinculada la sociedad Cosinte como institución presuntamente
responsable de divulgar información imprecisa de la actora, mediante la
realización de estudios sobre sus circunstancias socio-económicas y
judiciales.
El juez de
primera instancia no concedió el amparo de los derechos al considerar que el
SPOA no era una base de datos pública, y al no haberse probado la relación
entre la exclusión de oportunidades laborales y los registros adelantados por
la Fiscalía. En cambio, la segunda instancia protegió los derechos, por
consiguiente, ordenó a la Fiscalía complementar la información registrada sobre
la situación procesal de la accionante, y a la sociedad Cosinte Ltda. realizar
nuevos estudios en los cuales aludiera a la inexistencia de antecedentes
penales.
Análisis de
fondo de la vulneración de los derechos al habeas data y
buen nombre de la señora Anggy Lizeth Centrales Fino
25.  De manera
preliminar, la Sala considera necesario precisar que el análisis se centrará
sobre la presunta vulneración de los derechos al habeas data y al buen
nombre de la accionante, toda vez que de la narración de los hechos es posible
advertir que estas garantías pudieron verse comprometidas ante las actuaciones que
la accionante reprochó a la Fiscalía General de la Nación               -negativa
de actualizar o suprimir los datos- y de la sociedad Cosinte -divulgar
información inexacta sobre la existencia de antecedentes-.
26.  Bajo ese entendido,
no se hará un pronunciamiento en torno a los derechos fundamentales de
petición, a la honra y a la intimidad. El primero, por cuanto de las pruebas
documentales que obran en el proceso, se avizora que la Fiscalía respondió la
petición radicada por la actora el 29 de agosto de 2019, pronunciamiento que
atendió el fondo de las cuestiones. Al respecto, es necesario recordar que la
garantía del derecho de petición no consiste en ofrecer una respuesta
afirmativa o acceder a lo solicitado, basta con que la respuesta atienda las
características establecidas por la jurisprudencia constitucional[83].
27.  Frente a los
derechos a la intimidad y a la honra, considera la Sala que, en cuanto a la
primera prerrogativa, si bien pudo haberse accedido de forma irregular o divulgado
información reservada relacionada con la accionante, esta controversia guarda
mayor injerencia con el derecho al habeas data. Por otro lado, esta
providencia hará referencia a la presunta circulación de información imprecisa
o falsa sobre la accionante, lo cual repercute con mayor énfasis en su
reputación -buen nombre- que en su amor propio.
Así las cosas, debe
la Corporación analizar la incidencia que las actuaciones de la Fiscalía y la
sociedad Cosinte tuvieron en los derechos fundamentales de la actora.
Análisis de la actuación desplegada por la Fiscalía
General de la Nación
28.  La accionante le
solicitó a la Fiscalía actualizar o corregir la información que sobre ella
reposa en el en sistema misional del sistema penal acusatorio                -SPOA-,
cambiando el estado “inactivo” a “archivado” o suprimir sus datos
de las bases manejadas por esa institución. La entidad no accedió, argumentando
que la información contenida en ese sistema cumple un rol administrativo
establecido para rendir informes estadísticos y responder requerimientos de
usuarios o autoridades administrativas o judiciales. Así mismo, aclaró que las anotaciones
no representan antecedentes judiciales, y tampoco es de acceso al público.
29.  Bajo ese
contexto y antes de desarrollar los problemas jurídicos atrás planteados, la
Sala considera pertinente aclarar algunos presupuestos sobre el SPOA: i)
más allá de representar una plataforma informática de recopilación de
información del sistema penal acusatorio, esencialmente es una base de datos
que permite relacionar a una persona con investigaciones que en su contra lleva
a cabo la Fiscalía General de la Nación; ii) es diferente al sistema de
consulta pública implementada por esa institución para indagar el estado
procesal de las querellas, denuncias o investigaciones promovidas de oficio.
Sobre el segundo
aspecto, es posible establecer que el SPOA cuenta con dos modalidades de
consulta: una reservada a funcionarios de la Fiscalía, y otra de carácter
público. Según lo indicado por esa Entidad, la primera tiene por objeto brindar
información para llevar a cabo informes estadísticos sobre la operatividad
institucional, resolver solicitudes de usuarios o de autoridades. Además,
cuenta con datos detallados sobre la actuación procesal, de ahí que su acceso
esté limitado a los servidores quienes deben seguir el procedimiento interno a
efectos de hacer consultas, para lo cual deben diligenciar los siguientes formatos:
“solicitud de acceso a servicios TI”, y “acuerdo de confidencialidad
de la información”[84].
Por otro lado,
el sistema de consulta ubicado en la página web de la entidad[85] es de
acceso público, siempre y cuando el interesado cuente con el número de veintiún
dígitos que identifica a la actuación objeto de indagación o investigación. Esta
plataforma señala en qué etapa procesal se encuentra la actuación y cuál es la
delegada fiscal a cargo, sin comprometer datos que permitan identificar a los
participantes.
30.  Así las cosas, una
vez hecha la anterior precisión, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela
objeto de revisión se concreta frente al sistema de consulta SPOA de uso
institucional o restringido. Recuérdese que la Fiscalía informó que la
descripción “inactivo” hace referencia a actuaciones que se encuentran
archivadas, precluidas o con sentencia. Por lo cual, la expresión o el estado “activo”
corresponde a los trámites en curso.
31.  Una primera
cuestión jurídica relevante que suscita el presente asunto es definir si las
anotaciones que reposan en el SPOA vulneran el derecho al habeas data de
las personas concernidas con la información. Así las cosas, a primera vista, la
Sala considera que la respuesta a ese planteamiento es negativa, teniendo en
cuenta el fin institucional que cumple tal repositorio en el quehacer
constitucional a cargo de la Fiscalía General de la Nación, específicamente
frente a la operatividad del sistema procesal penal de corte acusatorio implementado
en el ordenamiento a través de la enmienda constitucional 03 de 2002,
desarrollado mediante la Ley 906 de 2004[86].
Bajo ese entendido, los registros
efectuados en esa plataforma satisfacen los principios constitucionales de
finalidad, utilidad, y circulación restringida, los cuales gobiernan la
administración de datos personales (este punto será desarrollado con mayor
profundidad en los numerales 32, 35 y 36).
Así mismo, debe precisarse que si bien
el registro, per se, no vulnera el derecho al habeas data, no
significa que el ciclo del dato (recolección, tratamiento y circulación)[87] desatienda
los parámetros decantados por la jurisprudencia relacionados con la administración
de información personal, entre los que se encuentran los principios de
finalidad, utilidad, veracidad. En tanto este planteamiento fue desarrollado
durante el trámite de tutela, a continuación, se hará referencia a las
actuaciones surtidas en primera y segunda instancia y, con base en ello, la
Sala analizará si las medidas adoptadas fueron adecuadas para proteger los
derechos fundamentales de la accionante o si es necesario proferir otro correctivo
judicial.
En ese sentido,
se tiene que ante el juez de primera instancia la Fiscalía expresó que en el
SPOA figuraban con dos registros sobre la actora, ambos con estado “inactivo”
sin que fuera posible actualizar o corregir dicha descripción a “archivado”,
puesto que la plataforma virtual solo permitía las alternativas
activo/inactivo.
Posteriormente, y en cumplimiento de lo
ordenado por el juez de segunda instancia, la Fiscalía adelantó las gestiones
necesarias para que el sistema incluyera una descripción adicional sobre el
estado procesal específico en el que se halla la actuación. En ese orden de
ideas, en sede de revisión, el ente acusador manifestó que el SPOA presenta las
siguientes anotaciones respecto de la accionante[88]:
n.° caso-noticia
Estado
Motivo
110016000013201115051
INACTIVO
Desistimiento de la querella por
inasistencia injustificada del querellante
110016000015201212133
INACTIVO
Archivo por inexistencia del hecho
art. 79 C.P.P
32.  A juicio de la
Sala, este cambio operativo se ajusta al principio de veracidad, como uno de
los postulados que rigen la administración de las bases de datos. Según este
principio la información contenida en repositorios de datos debe ser completa,
exacta y comprensible. Además, exige que el registro y la divulgación de datos no
conduzca a error[89].
Esto último concuerda con lo afirmado por la accionante y la Universidad
Externado al sostener que la expresión “inactivo” permite hacer
interpretaciones que no corresponden a la realidad.
Bajo esa idea y conforme la
jurisprudencia constitucional, los principios de administración de información
personal aplican para todas las bases de datos, con independencia de si son de
acceso público o restringido. Por lo cual, para esta Corporación no es de
recibo lo afirmado por la Fiscalía en el sentido de que “la
facultad de rectificación o corrección, como uno de los contenidos mínimos que
integran el derecho al habeas data, debe exigirse dentro de las
finalidades y características del -SPOA-”. Al respecto, resulta oportuna una
de las afirmaciones expuestas en la intervención allegada a la Corte, según la
cual “[e]l diseño o la arquitectura del sistema no puede tiranizar el
ejercicio de los derechos”[90].
33.  En estos
términos, deviene adecuada la orden proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y su cumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Por consiguiente, al haberse adoptado un remedio judicial acorde con la
protección de derechos fundamentales, la Corte no hará ningún pronunciamiento
al respecto y, por consiguiente, confirmará el fallo de segunda instancia. Sin
embargo, es necesario precisar que el ad quem amparó el derecho al
debido proceso sin explicar en qué consistió su vulneración. Al no advertir que
la accionante estuviera en medio de una actuación judicial o administrativa, la
Sala considera que tal derecho no fue vulnerado pues, reitérese, la
controversia giró en torno a los derechos al habeas data y al buen
nombre, por tanto, no será objeto de protección.
34.  Efectuado el
anterior análisis, corresponde desarrollar el segundo problema jurídico que
atañe a la Fiscalía General de la Nación. Esto es, establecer si es procedente
solicitar la supresión del registro de actuaciones que hayan concluido por
alguna de las formas anormales de terminación del proceso penal, por ejemplo:
el archivo o la preclusión.
Al efecto, reitérese que, según el ente
acusador, el SPOA contribuye a realizar funciones administrativas, y a resolver
solicitudes y requerimientos de usuarios y autoridades. Por su parte, la
intervención de la Universidad Externado puso en duda el cumplimiento de los
principios de finalidad y necesidad respecto de la permanencia de datos
personales en la plataforma de consulta de la Fiscalía, teniendo en cuenta que
se trata de información negativa, y que la entidad puede realizar los análisis
estadísticos conservando el anonimato de las personas. Así mismo, sugirió a la
Corte establecer un término de caducidad para ese tipo de datos.
35.  A juicio de la
Sala, se identifica una finalidad legítima en la conservación de las
anotaciones o registros relacionados con actuaciones que se encuentren en
estado “inactivo”, de cara al propósito que el Constituyente de 1991 le
encargó a la Fiscalía General de la Nación consistente en “adelantar el
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito” -art. 250 C. Pol.-.
36.  La permanencia
de esa información incide en algunas actuaciones del sistema procesal penal acusatorio
consagrado en la Ley 906 de 2004 y en el diseño de la política criminal. Por
ejemplo, el desarchivo, evitar dobles juzgamientos ante hechos en los que se declaró
la preclusión, y el reconocimiento de la indemnización integral, como pasa a
explicarse:
Conforme el artículo 79 de la mentada
ley, la Fiscalía puede disponer el archivo de la actuación cuanto “tenga
conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen
su posible existencia como tal”. Sin embargo, acto seguido, la disposición
establece que “si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se
reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal”.
Esto significa que los registros en el
SPOA de actuaciones en las que se dispuso el archivo, facilitan analizar el
mérito de reanudar la indagación, pues las anotaciones virtuales permiten a los
funcionarios conocer los pormenores del caso, por ejemplo, identificar las
razones por las cuales se ordenó el archivo, y el relato fáctico de la noticia
criminal, cuya temporalidad podría incidir en el término de prescripción de la
acción penal. Lo anterior, sin necesidad de localizar el expediente físico para
revisar estos detalles, agilizándose así la labor del ente acusador y, por
ende, la atención a la ciudadanía.
De otro lado, conforme lo expuesto por
esta Corporación en la sentencia C-920 de 2007, la aplicación de la preclusión por
el juez de conocimiento -por tratarse de una decisión típicamente
jurisdiccional que pone fin a la acción penal- hace tránsito a cosa
juzgada. De esta manera, tener conocimiento de las indagaciones o
investigaciones que han sido objeto de preclusión, evita que se adelanten
nuevas actuaciones por los mismos hechos. Por último, conocer las actuaciones
que han terminado por preclusión también incide en la extinción de la acción
penal por indemnización integral -propia de la Ley 600 de 2000- para
casos inmersos en la Ley 906 de 2004[91].
Por consiguiente, estos actos procesales
demuestran que la permanencia de las anotaciones relacionadas con actuaciones
que hayan concluido por alguna de las formas de terminación anormal del proceso
penal -archivo, preclusión, etc., son útiles para la operatividad del
sistema procesal penal de corte acusatorio. Así mismo, su supresión, en
términos del principio de caducidad del dato negativo, no es procedente, pues
los anteriores ejemplos demuestran la razonabilidad de su conservación.
Como argumento adicional, aunque la Sala
concuerda con el interviniente al señalar que las anotaciones del SPOA
representan datos negativos, pues permiten asociar
a la persona con la existencia presente o pasada de un proceso penal[92], no puede
perderse de vista que tal anotación o registro no constituye un antecedente penal.
Además, el acceso a esta información es, en principio, restringido a los funcionarios
de la Fiscalía General de la Nación y a las personas que cuenten con el número
de radicado de la querella o denuncia interpuesta ante el ente acusador, en
caso de consultar la plataforma pública del SPOA.
37.  Al respecto, según
la información allegada por la Fiscalía, son posibles los ingresos o consultas
irregulares al SPOA. Recuérdese que por este hecho esa entidad adelanta 19
investigaciones disciplinarias[93]
sin contar la iniciada de oficio con ocasión de la acción de tutela de la
referencia.
38.  Frente a las medidas
de seguridad con las que cuenta la Fiscalía para acceder a las bases de datos
que administra, esa institución indicó que el manejo del SPOA sigue las pautas
establecidas en la Resolución n.° 4004 de 2013. Al respecto, el artículo quinto
y el numeral 5.5.5 consagran el alcance de la política de seguridad y la
regulación sobre el acceso a los sistemas administrativos misionales. El tenor
literal de las disposiciones es el siguiente:
“Artículo
Quinto. DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD. Todos los empleados y funcionarios
de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, así como terceros que deban realizar
labores por medios lógicos o físico que involucren el manejo de información de
la Entidad, deben velar por la disponibilidad, confidencialidad e integridad de
los activos informáticos[[94]],
cumpliendo con las políticas de seguridad establecidas y las correspondientes
cláusulas de confidencialidad de la información que para su caso aplique”.
“5.5.5.
Acceso a los sistemas administrativos y misionales:
a)
Tendrá acceso a los sistemas administrativos solo el personal de la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION o la persona que tenga la autorización por parte de la
Oficina de informática.
b) El
manejo de información administrativa que se considere de uso restringido deberá
ser cifrado con el objeto de garantizar su integridad.
c) Se
prohíbe el acceso de personal no autorizado a los servidores de bases de datos,
excepto para el personal autorizado de la Oficina de Informática.
d) El
servidor o funcionario de la Entidad deberá diligenciar el formato
correspondiente para que le sea asignada una cuenta de acceso a los sistemas
administrativos y misionales.
e) El
usuario se compromete a mantener la confidencialidad de su contraseña de acceso
y de los datos consultados de carácter reservado, privado o confidencial”[95].
39.  Estas
disposiciones enfatizan que solo los funcionarios de la Fiscalía tienen acceso
a los sistemas informáticos de la institución y en el deber de confidencialidad
e integridad de los activos informáticos. De otra parte, en los considerandos
de la Resolución, la entidad especificó cuál es la normativa que guía la
política de seguridad informática, así:
“Que
las normas y políticas de seguridad informática en la Fiscalía General de la
Nación se encuentran enmarcadas en preceptos Constitucionales, Leyes, Decretos,
Convenios Internacionales, así como en Resoluciones, Circulares y Memorandos
proferidos por la Entidad, Entre las que se encuentran:
a.   Ley
de Delitos informáticos: Ley 1273 de enero de 2009.
b.  Ley de Correo
Electrónico: Ley 527 de 1999.
c.   Decreto
1747 del 2000: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999.
d.  Ley General del Archivo:
Ley 594 de 2000 – El Párrafo 1 del artículo 19… ‘están en la obligación de
garantizar la autenticidad, integridad y la inalterabilidad de la información
allí consignada…’
e.   Código
de Ética y Buen Gobierno: Adoptado mediante Resolución (…).
f.    Código
sustantivo del trabajo: Artículo 58 –Obligaciones Especiales del Trabajador,
3ª… ‘Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los
instrumentos y útiles que le hayan sido facturados y las materias primas
sobrantes…’.
g.   Ley
de Derechos de Autor: Ley 23 de 1982.
h.  Ley de habeas
data: Ley 1266 de Diciembre de 2008”[96].
40.  A juicio de la
Sala, este listado de leyes permite advertir que la normativa que guía la
política de seguridad al interior del ente acusador va encaminada, en mayor
medida, a la protección de los objetos, enseres materiales o inmateriales,
llámese la “infraestructura de TIC” -hardware y software-, más
que hacia la protección del derecho al habeas data de las personas
registradas o reseñadas en sus sistemas informáticos. Valga precisar que a
pesar que la lista menciona la Ley Estatutaria del derecho al habeas data
-Ley1266 de 2008-, la regulación de la Resolución 4004 de 2013 no hace
ninguna alusión a los principios de la administración de datos personales, ni siquiera
menciona el derecho al habeas data.
41.  Por
consiguiente, la Sala le ordenará a la Fiscalía General de la Nación, en cuanto
entidad que administra bases de datos, velar por la protección del derecho al habeas
data de las personas objeto de anotaciones o registros en los diferentes
sistemas informáticos con los que opera esa institución, para lo cual deberá
tener en cuenta los principios constitucionales y legales que guían la administración
de datos personales.
Así mismo, se remitirá
copia del fallo de revisión a la Procuraduría General de la Nación para que, en
el ámbito de sus competencias, realice un seguimiento de las indagaciones e investigaciones
disciplinarias realizadas al interior de la Fiscalía relacionadas con ingresos
o divulgación irregular de información reservada. Igualmente, para que adelante
las acciones a las que haya lugar en caso de encontrar mérito.
Análisis de la actuación desplegada por
la sociedad Cosinte Ltda
42.  La accionante consideró
que la sociedad Cosinte vulneró su derecho al habeas data, al señalar: “niego
que, en momento alguno haber otorgado mi consentimiento para que se ingresaran
a su información de carácter restringido de esa entidad [Fiscalía General
de la Nación]”[97].
Al respecto, es necesario reiterar que el diseño de la plataforma del SPOA
ocasionó la vulneración al derecho al habeas data al clasificar el
estado de las actuaciones como “activas/inactivas” sin hacer ninguna
otra precisión. Sin embargo, esta situación se remedió con el fallo de segunda
instancia, conforme a lo atrás indicado. Así las cosas, a partir de lo
acreditado durante el trámite de la referencia, es necesario analizar si
Cosinte Ltda. vulneró el derecho al buen nombre de la accionante.
43.  Al efecto, en
los estudios realizados a la accionante “con fecha de entrega” del “2018-12-27”
y el “2019-09-03”, Cosinte expresó:
“5.
ANTECEDENTES: Consultadas las bases de datos de los organismos de seguridad del
Estado, se confirmó registra antecedentes. (…) || CONCLUSIÓN:
Luego de consultadas las bases de datos de los organismos de seguridad del
Estado, se encontró que la evaluada REGISTRA DOS PROCESOS EN SU CONTRA.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la candidata representa un
nivel de riesgo MEDIO”. (Se subraya por la Corte) [98].
De otro lado, a
partir de los documentos solicitados en sede de revisión, la sociedad allegó
copia del estudio de confiabilidad realizado a la accionante, con “fecha de
entrega 2020-02-11”, en el cual dejó constancia de los siguiente:
“4.
VISITA DOMICILIARIA: (…) Señala que cuenta con dos
procesos en la fiscalía por hurto y lesiones personales, afirma que los
procesos se encuentran inactivos. (…)
5. ANTECEDENTES: Consultadas las
bases de datos públicas disponibles, se pudo evidenciar que la persona evaluada
no registra anotaciones; sin embargo, ella manifiesta que cuenta que dos
procesos en la Fiscalía por los delitos de hurto y lesiones
personales, los cuales afirma se encuentran inactivos. (…)
CONCLUSIÓN: El presente
estudio de seguridad y confiabilidad, se modifica en cumplimiento de la orden
impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
- Subsección “A” de acuerdo a la impugnación de tutela N° AT-2019-00432,
con fecha 05 de febrero de 2020 lo anterior, como mecanismo de restablecimiento
al buen nombre de la accionante. Una vez hecha la anterior observación,
se emite un nivel de riesgo BAJO”[99]. (negrilla
añadida por la Sala).
44.  Al comparar los
estudios realizados con anterioridad a la presentación de la acción de tutela,
y el realizado en cumplimiento del fallo de segunda instancia, la Sala
considera relevante destacar tres aspectos:
i) Los dos
primeros análisis incurrieron en una falsedad al establecer que la accionante “registra
antecedentes” [100], equiparando
las anotaciones o registros con antecedentes penales;
ii) Tal distorsión
de la verdad, tuvo la entidad de afectar el derecho al buen nombre de la
accionante, por cuanto la información que vincula a una persona con el
ejercicio del ius puniendi en cabeza de la Fiscalía General de la
Nación, constituye un dato negativo, dadas las circunstancias perjudiciales o
desfavorables que de él se derivan. Además, afectó su reputación al ser una
información imprecisa[101],
cuyos efectos tienen la entidad suficiente para proyectarse e incidir en el
ámbito público o colectivo[102].
Afirmar que una persona registra antecedentes penales
equivale a decir que un día cometió un delito/contravención, que por ella fue
procesada y el Estado le impuso una pena.
iii) Aunque el
último estudio establece que la actora no registra anotaciones         -antecedentes-,
acto seguido indica que cuenta con dos procesos en la Fiscalía en estado
inactivo[103]. A
pesar que esto último es veraz, incurre en la falencia identificada en la
sentencia de segunda instancia frente al diseño del SPOA, y sobre lo cual la
Sala se pronunció párrafos atrás -ver supra núms. 25-28-.
45.  Por consiguiente,
teniendo en cuenta que el estudio refiere que la accionante cuenta con dos
procesos judiciales en estado “inactivo”, y que las anotaciones o
registros en las bases de datos a cargo de la Fiscalía constituyen un dato
negativo con capacidad de someter al sujeto concernido por el dato a
condiciones de discriminación o exclusión, la Sala le ordenará a la sociedad
Cosinte Ltda que en próximos estudios que realice de la accionante, omita referir
actuaciones penales con estado “inactivo” o, en caso de mencionarlas,
especifique la situación procesal que sustenta esa descripción -el archivo,
desistimiento de la querella, preclusión-.
46.  De otro lado, a
partir de lo evidenciado en el desarrollo de este trámite, se tiene que Cosinte
vulneró el derecho al buen nombre de la accionante, por lo que se adoptarán
órdenes tendientes a su reivindicación. Sin embargo, no se descarta que la
afectación causada sea susceptible de ser reparada, empero, dada la naturaleza
jurídica de la acción de tutela cuyo fin esencial es salvaguardar las garantías
superiores -es decir que, en principio, no persigue la indemnización de
perjuicios[104]-,
se advierte a la actora que puede ejercer la acción de responsabilidad civil
extracontractual si así lo considera.
47.  Por último, en
consideración a que la sociedad Cosinte está sometida a las funciones de
inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada[105],
la Sala le remitirá copias de la presente decisión a esa entidad para que, en
el ámbito de sus funciones[106],
indague si la sociedad pudo haber incurrido en alguna actuación irregular en el
acopio de los datos personales de la accionante, y si tal situación puede dar
lugar a alguna de las sanciones establecidas en el artículo 76 del Decreto Ley
356 de 1994[107].
III. SÍNTESIS DE
LA DECISIÓN
La Sala revisó la
acción de tutela formulada contra la Fiscalía General de la Nación, trámite al
que fue vinculada la sociedad Cosinte Ltda. La accionante consideró que la
Fiscalía vulneró su derecho al habeas data al no actualizar las anotaciones
que reposan sobre ella con estado “inactivo” en el SPOA o suprimir esa
información. Por otro lado, esta Corporación analizó si la segunda vulneró el
derecho al buen nombre al divulgar información imprecisa sobre la existencia de
antecedentes penales a través de estudios de confiabilidad y/o financieros.
La Corporación acreditó
que las opciones de consulta “activo/inactivo” con las que opera el SPOA
-de uso restringido o institucional- contraría las reglas de
administración de datos personales, específicamente, el principio de veracidad,
según el cual la información recopilada debe ser completa, exacta y compresible.
Sin embargo, esta situación se superó con lo ordenado en el fallo de segunda
instancia, al haberse modificado esa plataforma virtual indicando con mayor
precisión el estado procesal de la actuación penal. Por consiguiente, la Sala
confirmó esa decisión. Por otro lado, respecto a la petición de suprimir los
datos relacionados con actuaciones “inactivas”, la Sala consideró que no
era procedente al advertir que la permanencia de la información atiende los
principios de finalidad y necesidad.
De otro lado, se
adoptó una orden adicional al remitir copia de la presente decisión a la
Procuraduría General de la Nación para que lleve a cabo seguimiento de las
investigaciones disciplinarias al interior de la Fiscalía por ingresos
irregulares al SPOA.
Frente a la
sociedad Cosinte Ltda., se constató que vulneró el derecho fundamental al buen
nombre de la accionante al divulgar información imprecisa sobre ella
relacionada con la existencia de antecedentes. Si bien se probó que la sociedad
realizó nuevos estudios corrigiendo la información, estos fueron imprecisos al
hacer referencia a actuaciones “inactivas”, es decir, sin mencionar las
circunstancias que sustentan esa descripción. Así mismo, la Corte decidió
remitir copia de esta sentencia a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada para que, en ejercicio de sus competencias, verifique si Cosinte Ltda. pudo
haber incurrido en una conducta irregular en el acopio de datos personales de
la accionante.
VI. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR
la sentencia del 4 de febrero de 2020 de la Subsección “A”, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que protegió los derechos al habeas
data y al buen nombre de Anggy Lizeth Cendales Fino, vulnerados por la
Fiscalía General de la Nación y la Sociedad Consultoría Seguridad
Integral y Compañía Limitada -Cosinte Ltda.-, conforme las
razones expuestas en esta providencia. Adiciónese las siguientes disposiciones:
Segundo. ORDENAR a la
Fiscalía General de la Nación, en cuanto entidad que administra bases de
datos, velar por la protección del derecho al habeas data de las
personas objeto de anotaciones o registros en los diferentes sistemas
informáticos con los que opera esa institución, para lo cual deberá tener en
cuenta los principios constitucionales y legales que guían la administración de
datos personales, de conformidad con lo señalado en esta decisión.
Tercero. ORDENAR
a
la Sociedad Cosinte Ltda. que en los próximos estudios que realice
de Anggy
Lizeth Cendales Fino, OMITA referir actuaciones judiciales de
carácter penal con estado “inactivo” o, en caso de mencionarlas,
especifique la situación procesal da lugar a esa descripción, de acuerdo con la
parte motiva de esta sentencia.
Cuarto. REMITIR
copia del presente fallo a la Procuraduría General de la Nación para que, en el
ámbito de sus competencias, realice seguimiento de las investigaciones
disciplinarias realizadas al interior de la Fiscalía relacionadas con ingresos
o divulgación irregular de información reservada. Igualmente, para que adelante
las acciones a las que haya lugar en caso de encontrar mérito.
Quinto. REMITIR
copia del presente fallo a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada para que, en el ámbito de sus funciones de inspección, control y
vigilancia, verifique si la Sociedad Cosinte Ltda. pudo haber incurrido en
alguna actuación irregular en el acopio de los datos personales de la
accionante. Lo anterior, con base en lo expuesto en este proveído.
Sexto. LÍBRENSE por
Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
RICHARD S.
RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e.)
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La narración de los
hechos se complementó a partir de los diferentes documentos que obran en el
expediente con la finalidad de facilitar el entendimiento del caso.
[2] De ahora en adelante:
“Consinte Ltda.” o “la sociedad Cosinte”.
[3] Cuaderno de segunda
instancia, folio 19. Cargo a ocupar: Asistente contable.
[4] Idem, folio 21. Cargo
a ocupar: Analista de cartera.
[5] Idem, folios 19 vto y
21 vto.
[6] Cuaderno de primera
instancia, folio 1.
[7] Idem, folio 9.
Inicialmente, la petición fue radicada ante la Dirección Seccional de Fiscalías
Bogotá, la cual la remitió por competencia, ver cuaderno de primera instancia
folio 6.
[8] Idem.
[9] Idem, folio 10.
[10] Idem, folio 3.
[11] Idem, folio 3.
[12] Idem.
[13] Cuaderno de primera instancia,
folio 14.
[14] En el auto admisorio,
la autoridad judicial aclaró lo siguiente: “[h]ágase la salvedad referente a
que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de
la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad,
informando tal situación al Despacho”.
[15] Cuaderno de primera
instancia, folio 20.
[16] Idem, folio 25.
[17] Sistema de
Información Judicial de la Fiscalía, Ley 600 de 2000.
[18] Cuaderno de primera
instancia, folio 29.
[19] Idem, folio 40.
[20] Idem, folios 41-44.
[21] Idem, folio 6.
[22] Cuaderno de primera instancia,
folios 149-153.
[23] Cuaderno de segunda
instancia, folio 11.
[24] Idem, folios 19 y 21.
[25] idem, folios 25-34.
[26] Idem, folio 33.
[27] Cuaderno de primera
instancia, folios 7 y 8.
[28] Idem, folio 9.
[29] Idem, folio 10.
[30] Cuaderno de segunda
instancia, folios 19 y 21, respectivamente.
[31] Idem. Folios 20 y 22.
[32] La Entidad solicitó
la selección de la acción de tutela y, de forma subsidiaria, pidió declarar la
nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio por indebida integración del
contradictorio. Este último aspecto será abordado como cuestión preliminar al
analizar el caso concreto.
[33] Conformada por la
Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado José Fernando Reyes
Cuartas.
[34] Cuaderno de la Corte,
folios 19 a 32 vto.
[35] Cuaderno de la Corte,
folio 36.
[36] Al respecto, el
Despacho invitó al Observatorio Ciro Angarita Barón de la Universidad de los
Andes, la Fundación Karisma, y los departamentos de derecho constitucional de
las Universidades Externado, de Caldas y Nacional -sede Bogotá-.
[37] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “Expediente T-7.845.433
–Oficio N. OPTB -618-20- (…)”.
[38] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “2 Y 3. ANEXOS RESPUESTA
INCIDENTE DE DESACATO (…)”.
[39] El
documento señala que la accionante presenta un “nivel de riesgo bajo”.
Así mismo, hace una descripción de sus condiciones personales, familiares,
académicas, y labores. Otro de los puntos se refiere a las observaciones
realizadas en la visita domiciliaria, acápite que da cuenta de los hábitos de
la entrevistada, de las características que presenta la residencia y del
entorno en el que está ubicada. Por último, establece que “no registra
anotaciones”. Sin embargo, señala que la accionante manifestó contar con
dos “procesos” “inactivos” en la Fiscalía. Ver cuaderno de la
Corte, folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “5. Estudios de
confiabilidad y análisis de información financiera”.
[40]
Cuaderno de la Corte, folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe
secretarial sobre el decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “v.d.
20201014RTA AUTO DE PRUEBAS TUTELA ANGGY CENDALES”.
[41] “Por la cual se
actualizan las políticas de seguridad de la información, emitidas mediante la
Circular DFGN-0001, mayo 6 de 2006 del Fiscal General de la Nación”.
[42] Resolución 4004 de
2013, artículo 1.
[43]
Cuaderno de la Corte, folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe
secretarial sobre el decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “v.d.
20201014RTA AUTO DE PRUEBAS TUTELA ANGGY CENDALES”, pág. 7.
[44] Idem, pág. 3.
[45] Idem, pág. 7.
[46] A pesar de la
invitación realizada en el auto de pruebas, la Corte solo recibió la
intervención de la Universidad Externado de Colombia.
[47] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “Intervención ciudadana
Universidad Externado de Colombia”, el documento está suscrito por el
docente Juan Carlos Upegui Mejía.
[48]
Respecto de la dimensión objetiva del derecho al habeas data, el
concepto señala los siguientes dos planteamientos: “a) Si la actora tiene
derecho a obtener la rectificación de la información contenida en la base de
datos del SPOA consistente en la calificación de inactivo de un proceso penal
en su contra, cuando este ha concluido por una de las formas anormales de
terminación del proceso penal, y por ende de cesación del ejercicio de la
acción penal (desistimiento de la querella, archivo, preclusión) con el
propósito de que dicha información se acerque en la mayor medida de lo posible
a la realidad procesal del caso”, y “b) Si la actora tiene derecho a
obtener la eliminación definitiva de la información contenida en la base de
datos del SPOA consistente en la calificación de inactivo de un proceso penal,
cuando este ha concluido por una de las formas anormales de terminación del
proceso penal, y por ende de cesación del ejercicio de la acción penal
(desistimiento de la querella, archivo, preclusión) si no existe una finalidad
constitucionalmente legítima que habilite conservar esta información en el SPOA”.
En relación con la dimensión subjetiva:
“c) Si la Fiscalía General de la Nación desconoce el derecho fundamental al habeas
data en su dimensión objetiva si, dentro de los criterios de administración
de la base de datos del SPOA, no existen normas con fuerza formal de ley, que
precisen que el mantenimiento de información relacionada con procesos penales
en los que ha cesado el ejercicio de la acción penal, y por tanto han terminado
de forma anómala (por desistimiento de la querella, archivo o preclusión) cumple
con una finalidad constitucionalmente legítima y es por tanto necesaria para el
cumplimiento o la satisfacción de dicha finalidad” y, por último “d) si
la Fiscalía General de la Nación desconoce el derecho fundamental al habeas
data en su dimensión objetiva si ha facilitado o no ha impedido el acceso a
la información personal contenida en el SPOA a terceras personas no legitimadas
para ello, y por tanto ha desconocido los principios de circulación restringida
y de seguridad de la información personal”.
[49] Al respecto, el
interviniente afirmó que los Decretos Ley 016 de 2014 -Por el cual se
modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de
la Nación-, y 898 de 2017, que lo adiciona, subroga y deroga parcialmente,
no hacen referencia a un registro, sistema de información o base de datos que
se relaciones con el sistema penal oral y acusatorio.
[50] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “Expediente T-845.433
–Oficio N. OPTB 723-20 (…)”.
[51] Sentencia SU-458 de
2012.
[52] Sentencia T-414 de
1992.
[53] Idem.
[54] La sentencia T-414 de
1992 lo definió “derecho a la libertad informática”, y la sentencia
SU-082 de 1995 lo denominó “derecho a la autodeterminación informática”.
[55] Sentencia SU-458 de
2012.
[56] Sentencia T-729 de
2002. En esta providencia, la Corte expresó que el contexto material de este
derecho está dato por “el
objeto o la actividad de las entidades administradoras de bases de datos, las
regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la recopilación,
procesamiento, almacenamiento, seguridad y divulgación de los datos personales
y la reglamentación sobre usuarios de los servicios de las administradoras de
las bases de datos”.
[57] Sentencia SU-458 de
2012.
[58] “Por la cual se
dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se
dictan otras disposiciones”. Valga
referir que la sentencia C-1011 de 2008, consideró que los principios
contenidos en la ley estatutaria de habeas data financiero eran
constitucionales y que, además, su aplicación era extensiva a todas las bases
de datos personales sin importar que la regulación estudiada tenía un marcado
carácter sectorial, reiterado de la sentencia SU-458 de 2012.
[59] “Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
[60] “Por medio de la
cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los
organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia
cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.
[61] Algunas de las
consideraciones de este acápite son reiteradas de la sentencia SU-274 de 2019.
[62] Sentencia C-489 de
2002. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
[63] Sentencia T-977 de
1999. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
[64] Sentencia T-471 de
1994.
[65] La jurisprudencia
constitucional ha diferenciado los derechos a la honra y al buen nombre. Aunque
que guardan una relación de interdependencia, “el primero responde a la
apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad y
comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo se
refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales
ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad”, sentencia
C-452 de 2016.
[66] Sentencia C-185 de
2003.
[67] Sentencia SU-458 de
2012.
[68] Código de
Procedimiento Penal.
[69] De conformidad con
los Decretos 4057 de 2011 y 233 de 2012.
[70] Las siglas “SIJUF”
significan: Sistema de Información Judicial de la Fiscalía Ley 600.
[71] “Por la cual se
actualizan las políticas de seguridad de la información, emitidas mediante la
Circular DFGN-0001, mayo 6 de 2006 del Fiscal General de la Nación”.
[72] Al
respecto, la sección 5.2. establece lo siguiente: “Responsabilidades de los
usuarios. Todos los servidores de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán
conocer, entender y asumir sus responsabilidades con respecto al cumplimiento
de las políticas de seguridad de la información, así como: a) El incumplimiento
de algunas de las políticas o normas estipuladas en este documento que conlleve
a un incidente de seguridad, implicará el proceso respectivo por parte de la
entidad para establecer la responsabilidad del usuario involucrado. (…)”.
[73] Cuaderno de primera
instancia, folio 9. El documento precisa que, en cumplimiento de la sentencia
SU-458 de 2012, dicha descripción aplica “para todas aquellas personas que
no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya
decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena”.
[74]
En sentencia T-233 de 1994, la Corte indicó que la
subordinación se ha entendido como “el acatamiento y sometimiento a órdenes
proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para
impartirlas’[74],
encontrándose entre otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato de
trabajo; (ii) las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel
educativo; (iii) las relaciones de patria potestad originadas entre los hijos
menores y los incapaces respecto de los padres, o (iv) las relaciones entre los
residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los
mismos”, (pronunciamiento reiterado en las sentencias T-188 de 2017 y T-043
de 2020).
[75] La jurisprudencia
constitucional también ha establecido que relaciones de indefensión se pueden
constituir en las siguientes situaciones: “(i) [l]a falta, ausencia o
ineficacia de medios de defensa legales, materiales o físicos, que le permitan
al particular que instaura la acción contrarrestar los ataques o agravios, que
contra sus derechos sean inferidos por el particular contra el cual se impetra
la acción; (ii) La imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital,
por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada en la que un particular
ejerce una posición o un derecho del que es titular; (iii) La existencia de un
vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de
acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de
las partes; (iv) En el uso de medios o recursos que buscan, por medio de la
presión social, que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro,
por ejemplo la publicación de la condición de deudor de una persona por parte
de su acreedor en un diario de amplia circulación, o la utilización de personas
con determinadas características para efectuar el cobro de acreencias”, sentencia
T-181 de 2017, reiterada en la sentencia T-030 de 2018.
[76] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “1. Camara de comercio
Cosinte Ldta”, pág. 3.
[77] Sentencias T-834 de
2005 y T-887 de 2009.
[78] En sentencia T-313 de
2017, la Corte adujo que una acción judicial es idónea “cuando es
materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales” y
efectiva “cuando
está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o
vulnerados”.
De otro lado, autores nacionales han identificado la idoneidad como “la
capacidad o aptitud del medio para dar una respuesta a la pregunta
constitucional”, situación en la que se valora, por ejemplo, la aceptación
de las posturas adoptadas por la Corte a través de su jurisprudencia o la
formalidad exigida en el mecanismo judicial. Frente a la eficacia aducen
que “los criterios claves para la evaluación son la oportunidad e
integralidad de la respuesta”, en este punto deben ser valoradas las
categorías de “sujeto de especial protección”, “tercera edad”, “expectativa
promedio de vida”, entre otras. (Luis Manuel Castro Novoa y Cesar Humberto
Carvajal Santoyo, en “Acciones Constitucionales. Módulo I, acción de tutela”
2017).
[79]
La jurisprudencia constitucional ha establecido que la configuración de un
perjuicio irremediable requiere que este sea: “(i) inminente, es
decir, por estar próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o menoscabar
material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante; (iii)
urgente, que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la
acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad” (Sentencia
T-326 de 2013, reiterada en la sentencia T-328 de 2017) (resalto añadido).
[80] Sentencias T-176A de
2014, y T-490 de 2018, entre otras.
[81]
Ley 1581 de 2012, Art. 15. Reclamos. “El
Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una
base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes
contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del
Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado bajo las
siguientes reglas: 1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al
Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la
identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al
reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer.
Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los
cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las
fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que
el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido
del reclamo. En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para
resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2)
días hábiles e informará de la situación al interesado. 2. Una vez recibido el
reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo
en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 3.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado
los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento
del primer término”. Cfr.
Sentencias T-022 de 2017, T-032 de 2017 y T-167 de 2015.
[82] Cuaderno de primera
instancia, folio 9.
[83] Al respecto, en
sentencia T-2016 de 2018, la Corte reiteró que el derecho de petición garantiza
una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado.
[84] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “v.d. 20201014 RTA AUTO
PRUEBAS TUTELA ANGGY CENDALES”.
[85] “https://www.fiscalia.gov.co/colombia/”
ventana: “Casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral
Acusatorio (SPOA)”.
[86] “Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”.
[87] La expresión “ciclo
del dato” se deriva del segundo inciso del artículo 15 Superior, según el
cual “[e]n la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán
la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”.
[88] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “v.d. 20201014 RTA AUTO
PRUEBAS TUTELA ANGGY CENDALES”.
[89] Sentencia T-238 de
2018.
[90] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “Intervención ciudadana
Universidad Externado de Colombia”, pág. 4.
[91] Al
respecto, en Auto AP210-2015 del 21 de enero de 2015 (rad. 45.114), la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente: “La Sala
(CSJ AP, 13 abril 2011, Rad. 35946), la Sala al analizar la figura de la
indemnización integral estableció que pese a no estar prevista en la Ley 906 de
2004, era dable su aplicación para casos regidos por tal normativa, en virtud
del principio de favorabilidad acudiendo para ello al artículo 42 de la Ley 600
de 2000 que sí lo regula. || Efectivamente la Corporación, tras analizar el
principio de aplicación favorable de la ley el cual tiene cabida no sólo cuando
se trata de preceptos de contenido sustancial, sino también procesal con
proyección sustancial, enfatizó que era también viable con ocasión de la
coexistencia normativa de los dos ordenamientos procesales penales (Ley 600 y
906). (…). || Con esa arista la Sala ha admitido la extinción de la
acción penal por indemnización integral para casos propios del sistema procesal
acusatorio, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 42 de la Ley
600 de 2000, respecto de la naturaleza del delito, esto es, correspondan a los
allí enumerados, se repare integralmente el daño ocasionado y que dentro de
los cinco años anteriores no se haya proferido en otro proceso preclusión de la
investigación o cesación de procedimiento en favor del procesado por el
mismo motivo”. (Negrilla añadida).
[92] En
sentencia C-185 de 2003, la Corte indicó que la información negativa u odiosa
es “aquella que asocia una situación (no querida, perjudicial, socialmente
reprobada o simplemente desfavorable) al nombre de una persona (…)”. De
otro lado, en sentencia SU-458 de 2012, señaló que los antecedentes penales
constituyen un dato negativo, por cuanto asocian el nombre de una persona con “la
ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas,
con la violación de los bienes jurídicos fundamentales”.
[93] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “v.d. 20201014 RTA AUTO
PRUEBAS TUTELA ANGGY CENDALES”, pág. 4.
[94]
Conforme al artículo tercero, la expresión “Activo informático” se
refiere a la “infraestructura de TIC y todo lo relacionado con esta”.
[95] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “RESOLUCION 0-4004- 13
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”.
[96] Idem.
[97] Cuaderno de primera
instancia, folio 3.
[98] Cuaderno de segunda
instancia, folios 19 y 21.
[99] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el decreto
y traslado probatorio. Archivo denominado “6. Estudios de confidencialidad y
análisis de información financiera 2020”, pág. 2.
[100] Cuaderno de segunda
instancia, folios 19 y 21.
[101] Sentencias C-489 de
2002, y T-022 de 2017, reiteradas en la SU-274 de 2019.
[102] Sentencia T-050 de
2016, reiterada en la SU-274 de 2019.
[103] Cuaderno de la Corte,
folio 44. Ver disco compacto allegado en el informe secretarial sobre el
decreto y traslado probatorio. Archivo denominado “6. Estudios de
confidencialidad y análisis de información financiera 2020”, pág. 2.
[104] Al
respecto, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente: “INDEMNIZACIONES
Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y
la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la
potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si
ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el
pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante
el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses
siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá
inmediatamente copia de toda la actuación. || La condena será contra la entidad
de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que
ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ellos sin perjuicio de las
demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya
incurrido. || Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste
condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que
incurrió en temeridad”. (Resalto añadido por la Sala)
[105]
Al efecto, el artículo 1.2.1.1.1 del Decreto 1070 de 2015 “Por el cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”,
dispone que a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le
corresponde “ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria
y los servicios de vigilancia y seguridad privada”. De otro lado, al
consultar el portal web de la compañía
Cosinte                                      -cosinte.com-, se advierte
que, mediante Resolución n.° 03667 del 30 de noviembre de 2018, dicha
Superintendencia le otorgó la licencia de funcionamiento (consultado el 20 de
noviembre de 2020).
[106] Conforme lo dispuesto
en el Decreto Ley 356 de 1994 y el Decreto 1070 de 2015, sin perjuicio de
cualquier otra normativa aplicable en la materia.
[107] “ARTÍCULO 76. SANCIONES. La Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada impondrá a los vigilados que infrinjan lo
dispuesto en este Decreto y en especial lo dispuesto en los títulos V y VII de
este Decreto, las siguientes sanciones: 1. Amonestación y plazo perentorio para
corregir las irregularidades. || 2. Multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes. || 3. Suspensión de la licencia de
funcionamiento o credencial hasta por 6 meses. || 4. Cancelación de la licencia
de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las
credenciales respectivas”.