T-621-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-621/02
JUEZ-Deber de apreciar las pruebas en conjunto
Se impone al fallador la necesidad de
apreciar las pruebas allegadas al proceso en forma conjunta. Puede entonces el
juez apreciar sin restricciones los medios probatorios allegados al proceso,
con miras a formarse una convicción propia de los hechos que sucedieron y del
modo como acontecieron, pero esta libre apreciación deberá ser el resultado de
un razonamiento lógico y científico, que evidencie porqué unos hechos pudieron
ser y presentarse del modo considerado en la decisión, y otros no pudieron
darse, o no del modo como fueron presentados.
NULIDAD DE PLENO
DERECHO-Pruebas obtenidas
en contravención del debido proceso
REGLA DE
EXCLUSION-Elementos
PRUEBAS-Valoración parcial sobre la duración del
contrato
PRUEBAS-Valoración sobre el cumplimiento contractual
FALTA DE VALOR
PROBATORIO DE DOCUMENTO-Oficio
remitido por el Inurbe
POSESION O MERA
TENENCIA-Despojo
POSESION O MERA
TENENCIA-Restitución e
indemnización
El actor, en cuanto acudió ante las autoridades
competentes a denunciar el despojo del que fue víctima y obtuvo una declaración
de restablecimiento a su favor, dado que la fuerza ejercida contra él por el
gerente administrativo de la arrendadora para lograr la recuperación del inmueble
entregado en arrendamiento quedó demostrada, tenía derecho a mantenerse en el
inmueble, y además a ser indemnizado de todo perjuicio.
AUTONOMIA E
INDEPENDENCIA DEL JUEZ-No
comporta quebrantamiento del ordenamiento superior
Vale recordar a los Jueces de Instancia que
la autonomía e independencia de los jueces, prevista en el artículo 230 de la
Constitución Política no comporta el quebrantamiento del ordenamiento superior,
mediante la conculcación de los derechos fundamentales de las partes en contienda.
Como tampoco el desconocimiento de sus deberes constitucionales en torno de la
paz, la convivencia y la vigencia de un orden justo.
Referencia:
expediente T-450.276
Acción de tutela
instaurada por José Camilo Quintero contra la Sala Civil de Descongestión del
H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá, D.C., ocho
(8) de agosto de dos mil dos (2002).
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de la competencia que le ha
sido concedida por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y por
el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos adoptados por las Salas Civiles del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia, para decidir
la acción de tutela instaurada por José Camilo Quintero contra la Sala Civil de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
I.       ANTECEDENTES
1.      La
demanda
El señor José Camilo
Quintero, por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra
de la Sala Civil de Descongestión del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, porque considera que ésta vulneró su derecho al debido proceso al
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
dentro proceso Ordinario que el actor promovió en contra de la sociedad Herrera
Montoya Navarro y Compañía Limitada Equipo Universal LTDA., hoy Equipo
Universal y Cía. LTDA.
El tutelante
fundamenta su pretensión de amparo en el hecho de que la Sala accionada i) dio
plena eficacia a una prueba que no ha debido considerarse, porque además de
haber sido aportada irregularmente contradice las pruebas que fueron allegadas
al proceso legal y oportunamente, ii) dejó de valorar pruebas que de haber sido
estudiadas habrían conducido a una decisión diferente, y iii) avaló el despojo
violento, del que fue víctima, como mecanismo legal para terminar o interrumpir
la ejecución de un contrato de arrendamiento.
En consecuencia, el
señor Quintero recurre al Juez Constitucional con la pretensión de que se le
ordene a la Sala Civil de Descongestión del H. Tribunal Superior de Bogotá que
profiera nuevamente la sentencia de segunda instancia, dentro del Ordinario en
mención, sin quebrantar sus garantías constitucionales fundamentales.
2.      Los
hechos
Del acervo
probatorio se pueden tener como ciertos los siguientes hechos:
-El 14 de noviembre
de 1983, el Instituto de Crédito Territorial celebró con la sociedad Herrera
Montoya Navarro y Cía. Ltda. Equipo Universal LTDA. el contrato PC-No.
143/83-JUR, con el objeto de que ésta cofinanciara y construyera a precio y
plazo fijo, en terrenos de su propiedad, ubicados en esta ciudad, una
urbanización que contaría con 2.580 soluciones multifamiliares populares, obras
de urbanismo, y redes e instalaciones para conectar los servicios públicos, en
un término máximo de veinte meses, con entregas parciales a partir del cuarto
mes -folios 233 a 245, cuaderno 3, pruebas en trámite de revisión-[1]
-El
Instituto de Crédito Territorial y la sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía.
Ltda. Equipo Universal Limitada modificaron en varias oportunidades el contrato
en mención, entre otros aspectos, en lo atinente a la fecha de entrega de las
obras.[2]
-El 10 de enero de
1984, el señor José Camilo Quintero y el señor Hernando Navarro, este último
Gerente administrativo de la sociedad constructora, convinieron en que ésta
entregaría a título de arrendamiento al señor José Camilo Quintero una
edificación identificada como casino, ubicada dentro de la obra en mención, por
un canon mensual de $50.000.oo, con el fin de que el arrendatario suministrara
alimentos a los trabajadores de la arrendadora –folios 3 a 6, cuaderno 3-.
-El 11 de enero del
mismo año el señor Hernando Navarro le dirigió una comunicación al accionante,
en la que le informa que “la empresa Equipo Universal Ltda, lo autoriza para
que se posesione de la casa donde va ha funcionar el casino situado en la
diagonal 15 Sur No. 76-35, mientras se elabora el respectivo contrato de
arrendamiento.” –folio 27, cuaderno 3-.
-El 13 de enero de
1984 el señor Lisandro Barragán le presentó al actor un presupuesto referente a
algunas obras que se debían adelantar en el “CASINO TECHO DIAGONAL 15 SUR
N.76-35” –folios 26, cuaderno 3-.
-El 14 de enero
siguiente, una funcionaria de Equipo Universal & Cía.–firma ilegible-,
informó a ASESOCOLDA LTDA-Portería que José Camilo Quintero estaba autorizado “para
entrar a hacer las instalaciones del casino los días 14 y 15 de enero”
–folio 29, cuaderno 3-.
-El 13 de febrero
del año en cita, el señor Gabriel Rivero, representante legal de la entidad
recibió de Camilo Quintero a nombre de Equipo Universal Ltda. la suma de
cincuenta mil pesos ($50.000.oo) “por concepto de arriendo del 1 de febrero
al 1 de marzo de 1984 (CASINO)” –folio 28, cuaderno 3-.
-El 31 de marzo de
1984 Industrial de Gaseosas S.A. instaló en el inmueble de la Diagonal 15 Sur
N. 76-35 a título de préstamo, figurando como beneficiario José Camilo Quintero
“un Kiosco Fanta y un enfriador”. Y el 19 de junio siguiente la nombrada
le entregó al actor en el mismo lugar 45 cajas por 30 botellas de Coca-cola
9.6, y 5 cajas por 30 botellas de Fanta 9.6 –folio 64 y 65, cuaderno 3-.
-Entre enero de 1984
y abril del mismo año al señor Camilo Quintero le fueron suministrados por diversos
proveedores muebles y enseres por un valor aproximado de $800.000.oo pesos, que
le fueron entregados en el inmueble a que se hace referencia –folios 11 a 26,
cuaderno 3.-
-El 27 de julio de
1984, el señor Hernando Navarro ordenó cortar el suministro de agua al local
donde el señor Quintero adelantaba su actividad, y también dispuso desentejar
el inmueble y demoler parte del mismo –folios 86 a 87, 117 y 117A, cuaderno 3-.
-El 21 de agosto de
1984, el señor José Camilo Quintero presentó acción policiva contra Hernando
Navarro, con la pretensión de ser restablecido en la tenencia real y material
del inmueble, y poder adelantar en éste su actividad sin perturbaciones –folios
62 a 66, cuaderno 3-.
-El 24 de agosto
siguiente los señores Gabriel Montoya de Vivero y Hernando Navarro, Gerentes
General y Administrativo respectivamente de Equipo Universal Ltda. autorizaron
al señor Guillermo Martínez de COBASEC LTDA retirar de “nuestras
instalaciones: 1 Caseta Postobón, 1 Enfriador y 100 Cajas de envase vació.- CON
CARGO A CAMILO QUINTERO” –folios 27 y 28 cuaderno 3-.
-El 5 de septiembre
del año en cita el señor Hernando Navarro, en diligencia de descargos
adelantada ante la Inspección Octava C Distrital de Policía, sin apremio y sin
juramento, adujo, fundamentalmente lo siguiente:
“PREGUNTADO. Sírvase decir si usted es el
propietario del inmueble ubicado en la Diagonal 15 Sur No. 76-35 de este
ciudad. CONTESTO. no  soy el propietario. PREGUNTADO. Sírvase decir si sabe
quien o quienes son los propietarios de ese predio. CONTESTO. es  Equipos
Universal Ltda. PREGUNTADO. Sírvase decir si usted es empleado o en calidad de
que se encuentra en esa Empresa en el caso de ser afirmativo. CONTESTO. soy
asociado con ellos (..) PREGUNTADO. Sírvase decir si usted celebró contrato de
arrendamiento con el señor José Camilo Quintero (..).
CONTESTO. no existe ningún contrato. PREGUNTADO. Sírvase decir si por cuenta
suya se hizo el corte del servicio de agua y desentejar dicho predio. CONTESTO.
Si por orden del acueducto mandaron cortar el agua, esto lo hicieron personas a
las que yo ordené cortar el servicio por orden que me había dado el acueducto
ya que era un contrabando de agua, la desentechada fue por orden mía para tapar
las goteras. PREGUNTADO. Sírvase decir si todavía se encuentra el inmueble sin
el servicio de agua y sin el techo. CONTESTO. Si. PREGUNTADO. Sírvase decir si
usted tuvo permiso para hacer esos trabajos, por cuenta del señor José Camilo
Quintero. CONTESTO. el (sic) señor Quintero se le avisó con quince días de
anticipación que se iba hacer eso y se necesitaba el inmueble.  PREGUNTADO.
Sírvase decir que tiene que manifestar con respecto a la queja presentada por
el doctor Alvaro Cuesta Fernández, poderdante del señor José Camilo Quintero,
que le pone de presente. CONTESTO. en ese lote se está desarrollando un plan de
vivienda para el Instituto de Crédito Territorial de dos mil quinientos noventa
apartamentos y el señor Quintero se le dio el inmueble con el compromiso de
entregarlo cuando se necesitara por que (sic) por ahí pasa una vía y
para hechar (sic) esa vía hay que demoler el inmueble a el se le cedió
en calidad de préstamo con el objeto de dar el almuerzo a los obreros y se le
avisaría con el tiempo prudencial como se hizo, en cuanto a la querella que se
entregaron unos equipos de las Empresas (sic) de Postobón y Cocacola fue
después de probarme ellos según documentos que eran de propiedad de las
Empresas antes citadas y que simplemente el señor Quintero las tenía en calidad
de arriendo y el resto del equipo reposa en el mismo lado y no se ha tocado
nada”.
-El 11 de diciembre
del mismo año, la Inspectora 8C Distrital de Policía se presentó al inmueble
ubicado en la Diagonal 15 sur N° 76-35 de Bogotá, y pudo constatar:
“(..) que se trata de una edificación que
se encuentra en demolición, en el costado occidental se encuentra dos zanjas de
una profundidad aproximada de 2.10 metros que va del costado sur al costado
norte. Igualmente observó que en el costado norte al parecer existió una cocina
enchapada en azulejo blanco, en el centro del inmueble existen dos baños
enchapados en azulejo del mismo color; en el costado sur oriental se encontró
un salón con partes de la demolición y en el costado oriental se encontró una
alacena si mismo se dejó constancia que se encontraron los siguientes bienes:
una plancha lineal de dos puestos marca Pelsa, dos cilindros de gas SE ACLARA
son tres, ...un congelador, ... ocho mesas con base metálica, ...veintiocho
asientos, ... catorce canastas plásticas, ... una vitrina en acero inoxidable,
... una vitrina....”, Etc. Los bienes encontrados estaban ya en mal estado de
conservación y deteriorados a causa de la destechada.”
En la misma
diligencia “se decretó el STATU  QUO de las cosas”, y de la misma forma se
realizó el cuestionario para los señores peritos (..)”–folio 125, cuaderno
3-.
-El 15 de febrero de
1985, bajo la gravedad del juramento, ante la Inspección en mención, depusieron
los señores Jaime Malagón, Marco Aurelio Chaves Hernández y Lisandro Barragán
–folios 117 y 117A, cuaderno 3.
El señor Malagón al
ser interrogado sobre el contrato y la perturbación de que fue victima el
arrendatario respondió:
“(..) de contratos no se nada se que él
tenía un casino ahí o sea el señor Camilo no se que haya sucedido el casino se
demolió yo soy el maestro general y me ordenaron demoler el director de la obra
de nombre Francisco Wiesner, no recuerdo la fecha pero hace unos seis meses lo
hicimos diez personas más o menos.”; “(..) no tumbé (sic) el casino en general
si no (sic) la parte del comedor completa la demolición, porque el resto donde
estaban las cocinas y el comedor auxiliar se demolió hasta hace quince días
(..)”; “(..) se encuentra toda desbastada (..)”.
Los señores Marco
Aurelio Chaves y Lisandro Barragán, al ser interrogados por la Inspectora
Octava C Distrital de Policía, respondieron conocer la razón de su
comparecencia y reseñaron respectivamente:
“(..) el señor Camilo Quintero tenía un
casino en la obra tengo entendido el tomó en arrendamiento a la Compañía Equipo
Universal, no se si se hicieron contrato o no, yo conocí al señor Camilo
Quintero yo le hable a él que ahí se necesitaba un casino nos pusimos una cita
y se lo presenté al Ingeniero doctor Hernando Navarro y no sé que negocio
harían los dos, el casino estuvo funcionando como unos cuatro meses un viernes
cuando llegué a trabajar a las ocho de la mañana estaban desentejando no supe
más ni el motivo (..)”
“(..) más o menos en diciembre del año
antepasado o sea en el año 83 estábamos haciendo unos  trabajos que se iban a
hacer en la Urbanización Techo en donde iba a instalar un casino para hacerle
unos arreglos de pintura, tejado, arreglos de plomería, hacer un piso del cual
yo me contraté, posteriormente entré con la Compañía Equipo Universal a hacer
unos apartamentos don Camilo fundó su casino en donde yo le hice los arreglos,
posteriormente terminé mis trabajos y me retiré de la obra. (..) posteriormente pasé por una liquidación que me debían noté
que habían tumbado unas tejas no se quien las tumbó, ya que hay que pedir una
ficha a la entrada y no se puede estar por la obra”
El 28 de febrero
siguiente los señores Rafael Jiménez Robayo, y Alberto Rodríguez Pachón
presentaron a la Inspección en mención el dictamen que ésta les ordenara
rendir, en el que, entre otros aspectos, los expertos afirman:
“Por lo observado en la inspección ocular,
concluímos (sic) que si existe perturbación en
el local donde funciona el restaurante. En cuanto a los actos perturbatorios se
pudo ver en la primera diligencia y que fue suspendida, que la placa que cubría
el salón ubicado al costado occidental de la edificación fue destruída (sic)
los mismo que otro de los salones cubiertos de teja, fueron quitadas estas y en
general se estaba destruyendo la edificación. El día once de diciembre en la
continuación de la inspección ocular y que obra al folio 40, la destrucción del
local fue mayor, el salón del costado occidental no existía y en éste lugar se
abrió una zanja atravesando el salón de sur a norte. En lo referente a los
muebles, estufas, botelleros, embase (sic) de gaseosas, víveres (sic)
y todo lo concerniente para el funcionamiento de éste tipo de negocios, fue
botado a la interperie (sic).
(..)
Fuera de la destrucción de la edificación
el corte de servicios, los daños a muebles y enseres, la descomposición de los
viveres (sic) esparcidos dentro del inmueble (..)”.
-El 5 de marzo de
1985, durante la continuación de la diligencia de inspección ocular, la
Inspección de Policía en comento pudo constatar que la construcción había sido
demolida en integridad, no obstante la orden que la misma impartiera relativa a
que las cosas debían mantenerse en el estado en que se encontraban el 11 de
diciembre anterior.
El apoderado del
querellado explicó el proceder de la sociedad constructora en los términos que
se transcriben a continuación –folio 127, cuaderno 3-:
“(..) la situación a la que ha llegado
este problema se originó en un contrato de arriendo verbal en el cual se
estipularon las condiciones por las cuales el arrendatario debía desocupar el
bien para dar paso a la construcción de la obra programada, la compañía EQUIPO
UNIVERSAL es en este caso una ejecutora de las órdenes contenidas en citado
contrato con el INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL”
-El 3 de abril del mismo año, la
Inspectora Octava C Distrital de Policía resolvió amparar al querellante en la
tenencia real y material el inmueble ordenando al querellado restablecer las
cosas a su estado inicial.
El 15 de julio siguiente la funcionaria
en mención pudo constatar que la orden de restablecimiento no fue cumplida, en
consecuencia ordenó expedir copias para que la “Inspección 8C Penal”
adelantará el trámite correspondiente -folios 135 y 136, cuaderno 3-.
-El 13 de junio de
1985, los Doctores Alvaro Cuesta Fernández y Domingo Salinas Alvarado -quienes
apoderaron a José Camilo Quintero y a Hernando Navarro respectivamente, en la
Querella a que se hace mención- mediante un escrito presentado personalmente,
solicitaron al Inspector Octavo C de Policía dar por terminado el proceso por
transacción y compulsar copia de lo decidido al “Juzgado de Instrucción
Reparto”, para que cese toda actuación contra el señor Hernando Navarro
Donado –folios 137 a 140, cuaderno 3-.
-El 9 de agosto de 1985,
la Inspección Octava C Distrital de Policía dispuso el archivo de las
diligencias, en razón del convenio suscrito entre las partes –folio 140A,
cuaderno 3-.
-El 3 de agosto de
1987, el señor José Camilo Quintero instauró demanda Ordinaria en contra de la
sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía. Ltda. Equipos Universal Limitada, con
miras a que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
a) Que entre las partes existió un
contrato de arrendamiento que fue incumplido por la arrendadora.
b) Que esta última
está obligada a indemnizar los daños ocasionados al arrendatario, por tal
incumplimiento y que, en consecuencia, debe responder por los perjuicios
materiales e inmateriales ocasionados, tasados, principalmente, en lo que se
demuestre en el proceso y, subsidiariamente, en la suma de $20’000.000.oo
–folios 26 y 27, cuaderno 3-.
-Para el efecto el
apoderado del actor reseñó, principalmente, los hechos a los que la Sala ha
hecho referencia. Y, para demostrarlos, pidió, entre otras pruebas, un dictamen
pericial con el objeto de establecer el monto de los perjuicios que le fueron
causados a su cliente–folios 27 a 36, cuaderno 3-.
-Admitido el libelo
la sociedad demandada -quien para ese momento había cambiado su razón social a
Equipo Universal y Compañía Limitada- le dio contestación a través de
apoderado, proponiendo excepciones previas y de mérito –folios 145 a 161,
cuaderno 3-.
Adujo que las partes
transaron sus diferencias dentro del proceso policivo por perturbación, que
fuera adelantado en la Inspección 8ª C Distrital de Policía. Pero el Juzgado
del Conocimiento declaró infundada la excepción, por diferencia de partes y de
objeto entre la Querella policiva y el proceso Ordinario Civil en trámite.
Decisión que luego confirmó la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá –folios 1 a 60, cuaderno 4, pruebas en tramite de revisión-.
-También la
apoderada de la demandada, al contestar la demanda, a que se hace mención
arguyó i) que el contrato de arrendamiento no existió, ii) que su representada
pagó lo que debía, porque entregó algunos bienes y una suma de dinero al
demandante, dentro del proceso policivo, iii) que el demandante incumplió el
contrato de arrendamiento, porque desde marzo de 1984 no pagó el canon a que se
comprometió, y no entregó el inmueble en la oportunidad que había sido
acordada, y iii) que el demandante habría sido el causante, por abandono, del
daño que pretendía le fuera reparado.
-Cómo la
conciliación no fue posible -folio 166 y 167, cuaderno 3-, el Juez Veintinueve
Civil del Circuito dio inicio al periodo probatorio, mediante providencia del
12 de febrero de 1992, disponiendo i) tener como pruebas los documentos
aportados por las partes[3],
ii) recepcionar algunos testimonios[4],
iii) que se practique un dictamen pericial, iii) trasladar al proceso lo
actuado en la querella policiva, y iv) oficiar al Instituto Nacional de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE, para que allegara copia
auténtica del contrato que el Instituto de Crédito Territorial celebró con la
sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía Limitada y sus adiciones, para adelantar
la urbanización Techo. Además el contratista debía certificar la fecha en que
la sociedad contratista hizo entrega de la obra –folios 176 a 178 A, cuaderno
3-.
Por solicitud de la
parte actora fueron interrogados los señores Lisandro Barragán y Marco Aurelio
Chaves, quienes ya habían sido interrogados por la Inspección de Policía.
Los siguientes son,
en su orden, algunos aspectos no incluidos en las declaraciones rendidas ante
dicha autoridad -folios 7 a 18, cuaderno 5, pruebas en trámite de revisión-:
“(..) a mi lo que me consta es que a mi me
vendía para la gente entre unos veinte y veinticinco almuerzos para la gente
mía, las gaseosas y para la gente de los otros contratistas que eran entre
seiscientos y setecientos obreros. Valía el almuerzo entre ciento veinte,
ciento treinta o ciento cincuenta pesos desayunábamos y hasta comíamos porque a
veces teníamos horas extras y nosotros íbamos a comer.”; “(..) en esos días
estaba yo haciendo entrega de la obra, el propio amigo mío JAIME MALAGON con
los obreros de ellos de EQUIPO UNIVERSAL estaban demoliendo el casino, el señor
CAMILO QUINTERO se encontraba cerca de la valla o alambrado de toda la obra
tratando de entrar, creo que para recoger sus cosas, en esos momentos EQUIPO
UNIVERSAL no lo dejó entrar, se le veía pues como se encontraba Camilo y sus trabajadores
la gente que le colaboraba (..).”
“(..) [u]n
día jueves que llegamos a trabajar como de costumbre y estaban todo lo del
casino fuera, habían sacado todo eso, no se que sería el problema, por ahí
pasaba sí un alcantarillado, no sé que mas sería. Ese día lo habían desocupado
y al otro día, me parece que fue que empezaron a demolerlo. Los elementos del
casino duraron un poco de tiempo fuera y no sé que pasaría con ellos, era un
casino bastante grande para alimentar más de doscientas personas y habían
bastantes elementos. Dentro del casino en funcionamiento había visto como dos o
tres refrigeradores, unas estufas bastantes (sic) grandes y todos los
enseres para un restaurante o casino (..) mesas, asientos y todas esas cosas”.;
“(..) yo trabajaba era con Equipo Universal ahí y a mi me contrató el
doctor HERNANDO NAVARRO a quien distingo desde hace veinte años, en cuanto al
personal creo que habíamos como unos treinta, veintiocho o veinticinco
personas, trabajaríamos en total unas mil pesos (sic) fuera del equipo
de oficinas.” ; “(..) laboraban con CAMILO QUINTERO de quince a veinte
personas entre hombres y mujeres porque siempre era bastante la gente que el
alimentaba ahí.”; “(..) ese constaba de dos salones, la cocina y otro
cuarto como una bodega, creo que eso tenía como mil metros cuadrados,
aproximadamente.”; “ (..) habían unos kioscos ahí que eran de cuenta de
don CAMILO QUINTERO también, ahí vendían gaseosas, pan, salchichones para las
medias nueves y onces del personal, porque el casino quedaba retirado y en cada
kiosco trabajaban dos personas.”; “(..) pues yo cuando llegue ese día,
me parece que fue un jueves por la mañana, él estaba afuera y nos saludamos y
él dijo: mire don MARCOS lo que me hicieron. Le dije que pasó don CAMILO, me
dijo ahora no me dejaban ni entrar, me botaron todos los elementos, le habían
sacado todo del casino, queno (sic) lo dejaban entrar, yo me entré a la
obra, él se quedó afuera y no sé que más pasaría.”.
-El señor Evaristo
Chaves Hernández, también rindió declaración sobre los hechos de la demanda.
Los siguientes son los apartes más relevantes, a juicio de la Sala, de su
declaración –folios 2 a 7, cuaderno 5-.
“(..) [a] mi me consta que el señor CAMILO
QUINTERO pues era el dueño del casino y más o menos despachaba de unos
ochocientos a mil almuerzos porque laboramos ahí en la obra unos veinticinco
contratistas, cada uno teníamos como veinticinco o treinta obreros, los
almuerzos eran pagos por medio de vales, autorizados por la compañía Equipos
Universal, eso fue en el año 1984. También me consta que cuando fuimos a
laborar, eso fue más o menos a fines de julio o comienzos de agosto de 1.984,
el casino estaba totalmente demolido y no se expendían almuerzos ni desayunos
ni nada y la sorpresa grande para mi como contratista de la obra al ver todo el
reguero de enseres domésticos botados afuera al sol y a-lagua (sic) y el
casino totalmente demolido y buscamos a don CAMILO  y no lo encontramos (..)”;
“(..) que yo me acuerde habían entre 15 y 18 empleados y estaban bajo la orden
del señor CAMILO QUINTERO; “ (..) como la obra de techo era tan grande
existían casetas, más o menos entre seis y siete casetas, donde se expendían
empanadas, gaseosas, galletas, esas eran abiertas a las nueve de la mañana
donde despachaban medias-nueves y por la tarde a las tres y media de la tarde
despachaban las onces como era gaseosa, empanadas.”; “(..) que yo me
acuerde en cada caseta laboraban dos empleados y eran bajo las órdenes del
señor CAMILO QUINTERO. (..)”
-El señor Jairo
Enrique Espitia Velásquez, en declaración rendida a petición de la parte
actora, informó al despacho del conocimiento ii) haber suministrado al actor
artículos de panadería, en un promedio de trescientas unidades diarias, que se
vendían en el casino y en los kioscos, ii) que la demolición del inmueble lo
sorprendió con cuentas por cobrar y algunos elementos de su propiedad por
reclamar, y que iii) conoció el problema porque dada la importancia del cliente
atendía personalmente al actor –folios 19 a 24, cuaderno 5-.
-Los señores Isabel
Fajardo de Caicedo, Mauricio Mancipe Caicedo, Dimas Pulido Peñalosa y Ana Elvia
Caicedo Martínez, en declaración rendida ante el Juzgado Veintinueve Civil del
Circuito de Bogotá, al ser interrogados por los apoderados de las partes, sobre
los hechos de la demanda informaron al despacho, entre otros aspectos, i) que
trabajaron con el señor Camilo Quintero en el casino y en los kioscos que éste
atendía en la obra Techo, en el primer semestre de 1984, ii) que un día de
julio, a finales de la semana laboral, y a fin de mes, se presentaron a
trabajar como de costumbre, pero que los celadores de la obra no les
permitieron ingresar, iii) que el actor ocupaba alrededor de 20 trabajadores,
iv) que el actor no les canceló inmediatamente el valor de sus salarios y
prestaciones, porque debido a que los trabajadores de la urbanización pagaban
con vales que recogían a fin de mes, no tuvo dinero con que hacerlo, porque no
le permitieron ingresar a laborar y tampoco a recuperar la cartera –folios 25 a
33, cuaderno 5-.
-El siguiente es un aparte del
interrogatorio anexo al expediente absuelto por el señor Gabriel Jerónimo
Montoya de Vivero, en calidad de representante legal de la sociedad demandada,
solicitado como prueba anticipada por el apoderado del actor:
“(..) existía un sitio aparentemente
adecuado para un casino que fue dado verbalmente en arrendamiento por un
subalterno mío de nombre Hernando Navarro Donado, a una persona de la cual no
recuerdo el nombre, el valor es el correcto”, “[l]a persona que allí se instaló
no hizo ninguna clase de construcción, nunca entré al sitio, pero desde afuera
se podían ver aditamentos correspondientes a un casino, los cuales no eran de
nuestra propiedad”, “(..) la pretensión de instalación de un casino, salió de
la voluntad del señor Navarro antes mencionado, voluntad que fue aprobada por
mi, en el transcurso de la construcción de la obra”, “[l]o que entiendo que se
conversó con la persona que se instaló en el casino, fue de que, (sic) al
llegar las obras de infraestructura y construcción al sitio donde estaba o
estaría instalado el casino, se haría en ese instante demolido (sic), la fecha
exacta la desconozco, pero la demolición fue efectuada”, “[d]econozco si el
señor Navarro quien manejó siempre esta situación aviso al mencionado
arrendatario, lo que si sé es que esos implementos que allí dentro reposan
fueron llevados al almacén de materias primas y guardados”, “(..) el señor
Hernando Navarro, persona la cual hizo los contactos con el arrendatario del
citado establecimiento, fué (sic) llamado como persona natural a una querella
policiva, después de haberse demolido el mencionado casino (..)”,“[l]legado el
momento de demoler, ignoro si el señor Navarro encargado de esa actividad avisó
al inquilino para demoler, lo que si bien es cierto es que se sacaron todos los
elementos allí depositados y fueron trasladados al almacén de materias primas
de la empresa”.
-Por su parte el
señor Francisco Wiesner Duran, en declaración rendida ante el Juez del
conocimiento adujo i) tener conocimiento de los hechos objeto del proceso
porque “a fines de 1983 y comienzos de 1984 yo ya era director de la obra de
techo”, ii) que “(..) hacia junio de 1984 la constructora Equipo
Universal le solicitó a la parte demandada la entrega (..) del casino”,
iii) que para tal época “la parte demandante había prácticamente abandonado
dicho casino”, iv) “que conversé con las personas que digo
habrían el casino y les pregunté por qué el señor no venía a poner la cara para
resolver lo más rápidamente el problema de que nos desocuparan(..), v) que
para comenzar la demolición comisionó al jefe de servicios generales Joaquín
Montoya “para que hiciera un inventario real y físico de todos los
implementos habidos allí (..)” -folios 12 y 13 cuaderno 4-.
-El señor Hernando
Navarro, en audiencia adelantada por el Juez Veintinueve Civil del Circuito
depuso, fundamentalmente lo siguiente i) que conoció los hechos objeto del
proceso porque para la “época era director de la obra en ejecución”, ii)
que a finales de 1983 hizo “un arreglo con el señor demandante Quintero para
entregarle una casa vieja”, ii) que “[c]uatro o cinco meses después se
le dio aviso con tiempo de que debía desocupar”, y ii) que el actor “
(..) no volvió al sitio donde tenía ubicado un casino que él había instalado
para almuerzo de los obreros”.
-La abogada Ruth
Marina Hennessey de Hernández, a solicitud de la parte demandada, rindió
declaración en el proceso que se reseña, durante el trámite incidental propio
de las excepciones previas.
Adujo i) haber
intervenido, “cuando era abogada de la empresa EQUIPO UNIVERSAL”, con el
objeto de “colaborar con el abogado que llevaba el proceso” en el
trámite policivo que debió afrontar el señor Hernando Navarro por la
restitución de un inmueble, y en la transacción realizada al respecto; ii) que
“por información de casi todos los funcionarios me enteré que al señor
Quintero se le permitió instalar provisionalmente una caseta en el lote donde
se construiría la urbanización Techo”; iii) que la autorización dada por
Hernando Navarro a José Camilo Quintero consistió en haberle permitido utilizar
“una pequeña área del lote”; iv) que luego de la transacción verificó,
personalmente, la entrega de los elementos de propiedad de Quintero, los que se
encontraban en la bodega de la sociedad; v) que la sociedad ordenó arreglar los
desperfectos que habían sufrido algunos de éstos, y que el arreglo fue
adelantado antes de la entrega; vi) que el actor se presentó a las
instalaciones de la empresa y recibió personalmente sus bienes; vii) que como
faltaban algunos elementos el señor Hernando Navarro resolvió llegar a un
acuerdo con Quintero, convenio que consistió en la entrega de una suma de
dinero; y viii) que el señor Quintero, una vez recibidos los bienes y dos
cheques producto de la transacción, suscribió un recibo a nombre del querellado
Navarro declarándolo a paz y salvo –folios 21 a 29, cuaderno 4-.
-Mediante oficio de
9 de agosto de 1993, y luego de varios requerimientos, el INURBE remitió al
proceso copia auténtica de los documentos solicitados, incluyendo la relativa
al Acta de Entrega de la obra, que fue suscrita el 28 de agosto de 1985 –folios
200 a 245 del cuaderno 3-.
-Una vez puestos los
anteriores documentos en conocimiento de las partes, la apoderada de la
sociedad solicitó al Juez ordenar al INURBE especificar la fecha de entrega de
la obra que fuera adelantada en el espacio del inmueble que ocupó el actor.
Petición que fue negada, porque el Juez consideró que la respuesta del INURBE,
aunque no contenía tal información, se sujetó a la prueba decretada y pedida
por el demandante –folios 252 y 252A, cuaderno 3-
-El experticio que rindieron los señores
Juan Carlos García y Carlos Hernán Goyeneche, dentro del proceso Ordinario que
se reseña, comprendió i) las ganancias o utilidades que habrían sido obtenidas
por José Camilo Quintero, de haber podido disfrutar del inmueble entre julio de
1984 y la fecha en que la sociedad demandada entregó al INURBE la obra
terminada; ii) la estimación del valor comercial actual de los bienes, que
hicieron parte del local comercial, no fueron recuperados por el demandante, y
ii) el monto total de los perjuicios que le fueron ocasionados.
-Los expertos
determinaron que el perjuicio sufrido por el actor ascendió a la suma de $37.144.787.oo,
como quiera que el daño emergente fue valorado en $1.950.000.oo y el lucro
cesante en $35’199.787.oo -entre el 27 de julio de 1984, y el 26 de febrero de
1986, incluido un interés mensual del 6%-.
-Puesto el anterior
dictamen en consideración de las partes, la sociedad demandada descorrió el
traslado pidiendo a los peritos completar el experticio, en los siguientes
términos:
“1- De conformidad con los documentos
obrantes al folio 169 del expediente, planilla de programación y control de obra
de 1985, y los planos anexos al escrito de determinación de los puntos del
dictamen efectuada en concordancia con lo convenido entre las partes y el juez
en audiencia de conciliación, se servirán indicar hasta cual fecha era posible
mantener funcionando el casino, sin afectar la construcción de las obras
contratadas por Inurbe en el área del casino del que trata el presente proceso.
En el evento de que sus conocimientos le impidieren, por falta de la
especialidad requerida, determinar dicha fecha adjunto al presente el oficio #
2016 del 7 de octubre de 1993 expedido por la Dirección Regional de Santa Fe de
Bogotá del INURBE, el cual determina la fecha referida el día 7 de julio de
1984.
2- Con fundamento en los documentos
obrantes al folio 137 y 139 del expediente (recibo del 14 de junio de 1985 y
acta de entrega de bienes firmada por el señor apoderado del demandante Alvaro
Cuesta Fernández) y con base en la fecha a que se refiere el numeral precedente
de esta solicitud, se servirán recalcular los datos del dictamen proferido y
señalar concretamente las diferencias en los resultados de las evaluaciones si
las hubieren.
Sin perjuicio de esta solicitud de adición
me reservo el derecho de objetar el dictamen por error grave.”
El oficio que la
apoderada de la demandada acompañó a su escrito –folios 264 y 265, cuaderno 3-,
dice:
“Santafé de Bogotá, D.C. 7 OCT. 1993
Señores
EQUIPO UNIVERSAL & CIA
ATN. Ing. GABRIEL MONTOYA DE VIVERO
Ciudad
REF: CONTRATO PC-143/83 JUR URBANIZACIÓN TECHO
Para atender a la solicitud de su oficio
con fecha 15 de septiembre de 1993, atentamente le informamos que verificando
en nuestros archivos y el cronograma de obras entregado por Equipo Universal,
recibido y aprobado por el Instituto de Crédito Territorial (hoy INURBE) en
enero de 1984, figura como fecha de iniciación de las obras de la Etapa 6, el
día 7 de julio de 1984 y como fecha de terminación el 13 de enero de 1985. Es
importante hacer notar que el sitio en donde se encontraba ubicado el casino es
el lugar donde se construyeron las obras de la Etapa 6.
La entrega final del total de las obras
del programa de la Urbanización Techo se efectuó en el mes de Abril de 1985.
Cordialmente,
ELISA BERNAL DORNHEIM
Directora Regional Santafé de Bogotá”
-En sendas
providencias dictadas el 28 de abril de 1994, el juzgado del conocimiento i)
requirió a los peritos para que aclaren el experticio y ii) dispuso agregar al
expediente “la comunicación” antes trascrita, con el conocimiento de las
partes –folios 265A a 266A, cuaderno 3-.
-El apoderado del
señor José Camilo Quintero se refirió a las anteriores decisiones. Calificó la
comunicación acompañada por la apoderada de la demandada, antes trascrita, como
“ineficaz, extemporánea, inconducente y totalmente contradictoria”; en
consecuencia conceptuó que los peritos no debían tenerla en cuenta, y que
tampoco debían considerar el escrito de aclaración, porque “así debe
resolverlo el juzgado”.
Advierte el
profesional que en el expediente obran “actas oficiales suscritas por la
entidad contratante y por los contratistas que demuestran totalmente lo
contrario a lo que se dice en la nota acomodada, pedida y enviada en forma
privada a la sociedad interesada en controvertir la verdad”. Y manifiesta
su extrañeza “por la falta de seriedad de la parte demandada al referirse a
un pacto dentro de la conciliación que no existe” -folios 269 y 269ª,
cuaderno 3-.
-Mediante
providencia del 24 de mayo de 1994, el Juez Veintinueve Civil del Circuito
ordenó al “memorialista” “estarse a lo dispuesto en auto de abril
veintiocho del corriente año” -folio 270, cuaderno 3-.
-Los peritos
presentaron “aclaración y complementación” al dictamen ordenada.
Señalaron que de conformidad con el acta de recibo de mercancías del 13 de
junio de 1985, no hubo daño emergente; y que el valor del lucro cesante debía
ser calculado, entre el 27 de julio de 1984 y el 13 de enero de 1985, teniendo
en cuenta el documento adjunto a la solicitud de aclaración. De modo que el
monto de los perjuicios, conforme al experticio, disminuyó de $37.144.787.oo a
$14.836.455.oo –folios 271 a 274, cuaderno 3-.
-Presentada la
adición la apoderada presentó un escrito en el que dijo objetar el experticio
por error grave i) “puesto que el 27 de julio de 1984 debían estar libres
las zonas y por tanto demolidas las instalaciones del casino antes existente
para poder empezar las obras de los apartamentos”, y ii) porque los peritos
no consideraron que el apoderado del demandante recibió $500.000.oo, dentro del
proceso policivo. Y solicitó un nuevo dictamen considerando el oficio del
INURBE que acompañó al escrito en el que solicitó la aclaración –folios 275 y
276,cuaderno 3-.
-En uso del término
concedido para conocer el escrito de objeción, el apoderado del actor afirmó
que la objeción no debía ser atendida porque “la parte actora no encuentra
ninguna razón para atender ahora una objeción formulada sin ningún fundamento
jurídico y refiriéndose a una aclaración hecha oficiosamente por los peritos,
con base en una prueba totalmente ineficaz, que ya había sido negada por el
Juzgado, mediante providencia de fecha 2 de sept. de 1993” -
Y que “tanto la
solicitud de aclaración, complementación o adición del dictamen, como la
inexplicable actitud de los peritos al hacer la adición y aclaración al
dictamen sobre puntos ya resueltos por ellos mismos y sobre los cuales nada se
les pedía por parte de la apoderada de los demandados, así como la objeción que
ahora se presenta, CARECEN TOTALMENTE DE FUNDAMENTO LEGAL” –folios 277 y
277A, cuaderno 3-.
-En providencia del 17 de agosto de 1994,
el juez denegó por innecesaria la prueba que fuera solicitada por la sociedad
demandada al objetar el dictamen. Decisión que fue recurrida por la apoderada
de la demandada y modificada por el A quo en aplicación de lo previsto
en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
-Para la práctica de la nueva pericia
fueron designados los auxiliares de la justicia Alvaro López P y Víctor M.
Daza, quienes se posesionaron de su cargo los días 31 de octubre y 29 de
noviembre de 1994, respectivamente. Pero no rindieron el experticio, y debieron
ser reemplazados, también uno de los designados debió ser reemplazado porque no
se posesionó, en varias oportunidades –folios 277A a 299A, cuaderno 3-.
-En vista de lo
anterior, y ante la petición de la parte actora de que se integrara el equipo
de expertos para que rindieran el dictamen, y en razón de la petición del
apoderado del actor de continuar con el curso del proceso, el juzgado designó a
otro auxiliar de la justicia, mediante providencia del 3 de julio de 1996,
quien tampoco cumplió con su encargo –folios 302A a 309, cuaderno 3.
-En razón de lo
acontecido, mediante providencia de 3 de julio de 1997, el Juez del
conocimiento corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. En contra
de esta decisión la apoderada de la sociedad accionada interpuso los recursos
de reposición y, en subsidio, de apelación; pero la providencia fue mantenida y
la alzada negada –folios 315 a 317, 325 a 331, cuaderno 3-.
-El apoderado de la
parte actora alegó de conclusión que las pruebas legalmente aportadas
demostraron la existencia del contrato de arrendamiento, y evidenciaron la
responsabilidad por el incumplimiento del mismo. Y sobre el monto de los
perjuicios expuso:
“Los señores peritos rindieron un dictamen
aceptablemente fundamentado de acuerdo con el acervo probatorio que aparecía en
el expediente y avaluaron los perjuicios materiales en un total de DIEZ Y SEIS
MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.CTE. ($16.028.400).
La parte demandada solicitó
complementación o adición del dictamen con base en unos documentos, unos que ya
aparecían en el proceso y que habían sido tenidos en cuenta por los peritos en
su parte pertinente y otros que allegaba la parte que pedía la adición, aportación
extemporánea y contradictoria con otros documentos enviados oportunamente
por la misma entidad y con más fuerza de seriedad.
Los señores peritos, sin el más mínimo
fundamento y sin habérselo pedido o insinuado siquiera por la parte demandada
que solicitaba la adición del dictamen, MODIFICARON íntegramente el
dictamen con argumentos totalmente reñidos con la realidad procesal obrante
en el expediente, fijando un monto, en relación con los perjuicios materiales,
verdaderamente irrisorio, como se repite, totalmente infundamentado e ilegal,
digno de una actuación especial por tan extraño proceder.
El error de los peritos se produjo por
inducción del procedimiento de la parte demandada, quien no contenta con la
aclaración ilegal, objeta el dictamen, posiblemente buscando dejar en ceros los
perjuicios plenamente demostrados, cuya actitud, unida a la adoptada al pedir
la adición, así como la asumida posteriormente que trajo como consecuencia la dilatación
ilegal del trámite procesal, con la anuencia del juzgado, encaja dentro de
las conductas reprochables en el ejercicio profesional y a las cuales se
refiere el decreto 196 de 1971 en sus artículos 48 y ss.
El suscrito apoderado de la parte
demandante, ante la protuberante ilegalidad de la aclaración o adición
que los peritos hicieron del dictamen inicialmente rendido, se abstuvo de
formular objeción al considerar que, ante esa ilegalidad, la aclaración o
adición resultaba totalmente ineficaz, sin fuerza probatoria y que,
consecuencialmente, el dictamen inicialmente rendido continuaba sin sufrir
legalmente modificación alguna, ya que ante esa ilegalidad su contenido no debe
tenerse en cuenta por la no obligatoriedad en su aceptación por el juez y por
las partes, según reiterada jurisprudencia de los honorables Tribunales.
En consecuencia su Despacho deberá
apreciar el dictamen con base en lo estatuido en el art. 241 en concordancia
con el 238 del C. de P. C., dándole fuerza probatoria al dictamen inicialmente
rendido por los peritos.”                 –resaltado original, folios 311 a 314, cuaderno 3-.
-Por su parte, la
apoderada de la sociedad demandada adujo que la existencia del contrato de
arrendamiento no fue demostrada.
Y que el error grave
en que incurrieron los peritos al dictaminar sobre el monto de los perjuicios
debía considerarse al decidir, dado que fue alegado oportunamente y no pudo ser
demostrado por causas al proponente–folios 318 a 324A, cuaderno 3-.
-Finalmente, el
Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 16 de
enero de 1998, acogió las pretensiones de la demanda, declarando la existencia
del contrato de arrendamiento y la responsabilidad de la sociedad demandada por
el incumplimiento. En consecuencia condenó a esta última al pago de la suma de
$6’131.456.oo, “sometida a corrección monetaria”, por concepto de lucro
cesante.
Sobre la existencia
del contrato de arrendamiento, la forma de celebración y el término de duración
adujo:
“(..) Tratándose de un reclamo
indemnizatorio por responsabilidad contractual es obvio que la real existencia
del contrato pregonado debe darse indiscutible en los autos; sobre este tema la
demandada orienta una de sus defensas exceptivas a poner en evidencia la
“inexistencia del contrato de arrendamiento que aduce el actor” (f.151,C.1),
argumentándose como realidad una cierta oferta hecho al respecto por “alguien
no autorizado”, pero “sujeta a perfeccionamiento”, como aparece de la prueba documental
vista al folio 23, glosada allí como anexo de la demanda, de cuyo texto se
infiere que apenas lo del arriendo resultó ser una mera oferta hecha por una
persona extraña a la sociedad, mas no perfeccionada. Sin embargo, la misma
demandada, al proponer la excepción de “contrato no cumplido” (f.157, C.1),
sustentándola en la situación que dice sobre “falta de pago” de la renta, al
afirmar “que el demandante solo pagó tres (3) meses de arrendamiento”, parte
del supuesto, expresamente admitido, que equivale a confesión, según el
artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, de la existencia del contrato
mencionado, destruyendo de esta manera la proposición exceptiva que niega esa
convención, pudiéndose agregar a lo anterior la prueba documental del folio 24
(C.#1), emitida por la sociedad demandada, que reporta el recibo de un dinero
por concepto de arriendo. (..)”
El contrato de arriendo, ya antes quedó
comentado, se perfecciona por el solo acuerdo de los contratantes en cuanto a
cosa y precio por ser esto lo esencial para la existencia de esta índole
contractual; lo demás, v.gr., el término de duración, si bien es cuestión de su
misma naturaleza, no incide con relación a su eficacia jurídica; esto significa
que concertado el arriendo del local para el funcionamiento del casino,
mediante un acuerdo de voluntades, la prueba del pacto relativo al término de
su vigencia corresponde a aquel de los contratantes a quien interese
establecerlo; para el caso de autos es indiscutible que ese factor contractual
no fue reportado a los autos; en estas condiciones bien pudiera decirse que por
efectos de la confesión que prevé la ley (a.197 C.P.C.), el término de duración
se ajustó al tiempo de duración de los trabajos de construcción de la
urbanización, tal como se afirma en el punto 9º de la relación de hechos de la
demanda, ante ausencia de prueba que determine el pacto de un lapso menor, pues
sin esta observación bien pudiera decirse que el contrato aún se halla vigente;
así, como los peritos concretan esa finalización en el 26 de febrero de 1986,
debe recordarse cómo es que el demandante la señala en el mes de diciembre de
1985, en la redacción del hecho 29, configurándose así otra confesión de parte.
(..)
Ante lo anterior se impone desestimar lo
que pretende la demandada, que se orienta a poner presente que la vigencia del
arriendo lo fue hasta el 6 de julio de 1984 por cuanto para esa fecha ya se
requería, para las obras, utilizar el terreno donde se ubicaba el casino, según
lo expresa el “Inurbe” en la carta del folio 266, como quiera que esa prueba no
se produjo con sujeción a lo previsto en los artículos 174 y 183 de la
mencionada codificación de procedimiento; de la misma manera, debe ajustarse el
período de liquidación de perjuicios hasta diciembre de 1985, dándose por
significado que la pericia no fue legalmente impugnada.
Respecto del incumplimiento del contrato y
el daño causado consideró:
“(..) Con esto está suficientemente
establecido el cargo de incumplimiento que trae la demanda, atinente a la
perturbación o embarazo que por actos provenientes de la arrendadora, y de
terceros allegados a ella, impidieran al arrendatario el goce regular del bien
arrendado, ante el entendido de no hallarse en discusión ninguna situación
jurídica que tenga respaldo en eventual restitución que por parte del
arrendatario se le hubiera hecho a la arrendadora, pues así se pone en
evidencia que los actos de suspensión del servicio de agua, realizado por
Navarro Donado, y el desalojo seguido del desentechamiento y demolición del
local materia del arriendo, llevado a cabo la arrendadora, tuvieron ocurrencia
en momentos en que el contrato de arriendo se hallaba vigente y en plena
ejecución. Esta evidencia la respalda el dicho que de varios terceros aparece
recogido en las diferentes oportunidades de da cuenta el cuaderno #5, toda vez
que todos ellos concuerdan en el relato de los hechos que dicen sobre la
prohibición del acceso al local de comercio o casino, no solo de sus
trabajadores sino del arrendatario mismo, que obviamente configura un acto de
perturbación y embarazo que impide el libre ejercicio del derecho al uso y goce
de la cosa arrendada. En verdad que la prueba de tales hechos es innegable, de
donde se impone concluir que la sociedad demandada, desde su posición de arrendadora,
violó flagrantemente el contrato de arrendamiento, actitud esa perfectamente
susceptible de causarle daño al patrimonio económico del arrendatario; es más,
conforme la expresión jurisprudencial antes transcrita, la causación de
perjuicios se presume; en este caso, inferidos por la arrendadora a su
arrendatario.
“(..) La conducta de la sociedad
arrendadora, en el evento presente, ciertamente resulta bien censurable, porque
aún en el caso de haberse previsto interpartes la duración del arriendo hasta,
como se dejara relievado, la llegada de las “obras de infraestructura y
construcción al sitio donde estaba o estaría instalado el casino”, la
restitución del bien no se produce de modo arbitrario, a mano fuerte, como
quiera que si el arrendatario no cumple con esa parte del compromiso
contractual, a que lo obliga el artículo 2005 del Código Civil, para ello está
la intervención del Estado a través de la jurisdicción.
Sin duda, al no probarse, en concreto y de
manera fehaciente, que la vigencia del arriendo se sujetó a la tal llegada de
las obras al sitio del local, haciéndose necesaria su restitución para
continuarlas, resulta indiscutible que el desalojo del arrendatario,
privándosele de la tenencia y, por consiguiente, del goce del bien arrendado,
se dio por culpa de la arrendadora, en vigencia plena de la contratación.
Con relación al
monto de los perjuicios sostuvo:
“(..) En su demanda pide el arrendatario
la práctica de una pericia con el fin de establecer el valor de las “ganancias
o utilidades” dejadas de percibir durante el tiempo en que el arriendo pudo
haber dado lugar, desde el momento del desalojo, señalado como ocurrido el 27
de julio de 1984, a primera hora, hasta la terminación de las obras
urbanísticas, que se admite, por el actor, para el mes de diciembre de 1986, a
menos de probarse otra, así como también, el de los bienes muebles, enseres y
menaje, en general, que no se logró recuperar por el arrendatario, y aquello
relacionado con el daño moral.
Practicada la tasación mencionada, como
aparece a folios 258 a 263, se estableció por los respectivos peritos como daño
emergente la suma de $1’950.000 representada en los muebles, enseres y menaje;
y como lucro cesante, $35’199.787, representado en las utilidades no
percibidas, contabilizando 384 días laborables comprendidos entre julio 27 de
1984 y febrero 26 de 1986, más los intereses del valor de los muebles, todo
ello actualizado por vía de corrección monetaria, desde esta última fecha hasta
el 6 de abril de 1997, día en que fuera materializado el cálculo de la
indemnización.
(..)
Para la parte demandante el dictamen
inicial se encuentra “aceptablemente fundamentado”, según expresión contenida
en su alegato; esto significa que contra él no existe reparo ninguno; para este
Juzgado ese concepto ciertamente merece igual comentario, puesto que se basa en
los datos que pueden fácilmente establecerse de las pruebas del proceso en
cuanto al factor tiempo y existencia de la relación contractual, dentro de lo
cual se aplicó el cálculo de costos en la producción y mercadeo de alimentos
con su consiguiente utilidad. Por lo que hace al período de liquidación (julio
27/84 a febrero 26/86) ha de observarse que solamente la parte demandada pone
en discusión esa aplicación advirtiendo que la iniciación de las obras de la
etapa 6, como lo informa el “Inurbe” en comunicación del folio 266, comenzó en
julio 7 de 1984, precisando de esta manera la ausencia de daño. Según esto,
para la demandada no existe ningún inconveniente en darle a su conducta de
despojo y destrucción del bien arrendado la justificación de necesitarlo para
continuar con la obra urbanística (..)”.
Y en lo atinente a
la objeción del dictamen puntualizó:
“(..) Dentro del traslado otorgado por el
Juzgado a las partes, la demandada solicitó complementación o adición (fls. 264
y 265), que evacuaran los peritos en los términos del escrito glosado a folios
271 a 274 dando por resultado que los avaluadores reportaran una nueva
liquidación (fls. 271 a 174 –sic-), atendiendo las razones de la demandada, por
lo que redujeron el período del cálculo del lucro cesante constituido por la
ganancia no reportada, comprendiéndola sólo entre julio 27 de 1984 y enero 13
de 1985, según lo informado por el “Inurbe” en carta del folio 266, eliminando
lo correspondiente al daño emergente, sobre la base de habérsele restituido al
arrendatario los bienes muebles del casino, según constancia del 13 de junio de
dicho último año, habiendo sido objetada por la demandada sobre la base de un
error grave. Esta situación de conflicto creada por la demandada debe recibir
la siguiente analítica:
El artículo 238 del Código de
Procedimiento Civil dispone sobre la discusión de la experticia mediante
traslado de ella por tres días, dentro de los cuales se le puede objetar por
error grave y/o “pedir que se complemente o aclare”; como es fácil establecer,
la objeción permitida por el procedimiento es respecto de la
experticia y no de su complementación o aclaración; con esto se hace
precisión al caso presente, estableciéndose que la anunciada objeción no
procede, pues la complementación carece de impugnación de tal naturaleza.
Se ha de concluir, entonces, que no existe
objeción ninguna por definir, como quiera que la pericia inicial no fue
impugnada; es importante advertir, si, que el concepto de los peritos debe ser
estudiado con relación a la realidad procesal para establecer si se ajusta a
ella, sin tener en cuenta la producción conceptual emitida por los auxiliares
de la justicia a manera de complementación y aclaración en razón a que ello
resulta ser, en verdad, una enmienda del concepto inicial, lograda a
base de atenderle a la parte demandada sus glosas fácticas, ya que ello no está
contemplado en la ley procesal como vía de reposición, y menos si se basa en
elemento probatorio de extemporáneo recaudo, como es el indicado documento del
266. Veamos:
(..)
“(..) Hasta aquí traída la examinación de
lo fundamental de la litis ha quedado establecido que la prosperidad del
petitum se impone, remitido exclusivamente a la indemnización por el daño
económico, propiamente dicho, por lo que debe negarse la pretensión relativa al
daño moral. Y el valor de aquel daño ha de concretarse, para fecha del 27 de
diciembre de 1985, en la suma que se dejara reseñada al referirse la motivación
de esta sentencia al lucro cesante (..).” –folios
332 a 348, cuaderno 3-.
-La anterior decisión fue apelada por la
apoderada de la sociedad demandada, aduciendo que se resolvió sobre la
existencia del contrato de arrendamiento, sin que el actor hubiera formulado la
pretensión, y que con fundamento en un ella se condenó a su representada.
Respecto del monto de los perjuicios la
profesional del derecho arguyó i) que el Juez no podía desconocer el oficio
emitido por el INURBE, relativo a la fecha de inicio de las obras de la etapa 6
de la construcción, y en su lugar atribuir a su representada una supuesta
confesión, ii) que los testimonios no fueron valorados, y iii) que el Juez
interpretó indebidamente los numerales 5 y 6 del artículo 238 del C.P.C. sobre
la contradicción de la prueba pericial –folios 349 a 352, cuaderno 3-.
-El proceso fue remitido, mediante
providencia del 21 de octubre de 1999, a la Sala Civil de Descongestión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Acuerdo No. 582 de septiembre de 1999, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
-Concedido y aceptado el recurso de
apelación las partes se pronunciaron ante el Ad quem. El apoderado de la
parte demandante solicitó confirmar la sentencia y el apoderado de la demandada
revocarla.
El apoderado de la sociedad adujo que la
comunicación emitida por el INURBE ha debido considerarse i) por haber sido
aportada “al proceso oportunamente en una etapa probatoria legal”, ii)
debido a que “fue incorporado a los autos mediante providencia judicial”
y  iii) en razón de que “no se contradice con nada, ni es
impertinente, puesto que en él se determina la fecha de iniciación de la etapa
constructiva en el área supuestamente arrendada, fecha que no está señalada de
manera diferente en ninguna otra parte.
Agregó que así la presentación del
documento que solicita considerar hubiera sido ““extemporáneo”, dada su
importancia para enervar las pretensiones del actor, bien pudo ser
decretado “como prueba de oficio por el juzgador de primera instancia, antes
de proferir la respectiva sentencia, si el propósito de la justicia es el de establecer
la verdad real, pero aquel se limitó a eliminarlo como prueba de un brochazo
procesal (..)” –folios 8 a 19, cuaderno 5, pruebas en trámite de
revisión-.
-Mediante providencia del 24 de octubre
de 2000, la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primea instancia, absolviendo a la
demandada y condenando a la actora a responder por las costas causadas en la
primera instancia –folios 28 a 37 cuaderno 5-.
-De antemano advirtió el Fallador de
Segundo Grado sobre la congruencia de la sentencia con las pretensiones, por
cuanto el demandante solicitó con toda claridad que se declarara la existencia
del contrato de arrendamiento. Y sobre dicho contrato consideró:
“2. Tampoco llama a dudas la viabilidad de
tal declaración, pues como lo estimara acertadamente el a quo, la existencia
del contrato de arrendamiento no sólo se desprende de las manifestaciones del
extremo pasivo en su contestación, sino del recibo de cuenta de cobro, expedido
por la demandada el 13 de febrero de 1984, el cual en su oportunidad no fue
redargüido ni tachado de falso.
Sin embargo se
apartó de las consideraciones del Juez de Primera Instancia, relativas a la
duración del contrato de arrendamiento, en cuanto encontró probado que el
término del contrato dependía de una “condición potestativa de la
demandada”, como lo indican los siguientes apartes de la decisión:
“4. No obstante las aclaraciones que
preceden, la duración del contrato de arrendamiento estimada por el juez de
primer grado no puede compartirse en esta instancia, como quiera que ella se
basa únicamente en las manifestaciones contenidas en la demanda, huérfanas
ellas de soporte probatorio y carentes en sí mismas de la calidad de
indefinidas como para otorgarles valor demostrativo (artículo 177 del C. de
P.C.). Por el contrario, a juicio de este Tribunal, la terminación del contrato
de arrendamiento dependía de una condición potestativa de la demandada, como se
pasa a explicar.
Resulta oportuno destacar que quien sirvió
de intermediario en la celebración del contrato de marras, Hernando Navarro
Donado, al deponer en primera instancia manifestó: “a finales de 1983 hice un
arreglo verbal con el señor demandante de apellido QUINTERO para entregarle una
edificación vieja situada en un lote donde se iba a construir un plan de
vivienda para el Instituto de Crédito Territorial, con el compromiso de parte
de él de desocuparlo cuando la firma lo necesitara... por ese sitio pasaba
una vía principal de la urbanización y parte de los edificios que se iban a
construir” (fl. 17 cuad. 2).
Concuerda con la anterior lo manifestado
por el testigo Francisco de Paula Weisner Durán quien acerca del punto señaló:
“El gerente administrativo de la firma dio por contrato verbal, dio a la parte
demandante un sitio dentro de la obra para que fuese empleado como casino con
el objeto de dar cierta alimentación a los obreros, dicho sitio ya que
yo estaba presente en esa negociación, debería ser dado devuelto a la firma
constructora inmediatamente nosotros se lo solicitáramos debido a que allí
mismo se iban a construir parte de los edificios contratados... había que
tumbar dicha construcción para dar paso a la Avenida principal que divide en
este momento la urbanización, así mismo las redes de alcantarillado y
acueducto... entonces de acuerdo con la firma constructora y con la
interventoría del Instituto de Crédito Territorial, se dio la orden de demoler
dicha edificación” (fls.12 y 13 cuad. 2).
Valoradas en conjunta tales aseveraciones,
se infiere que el término de duración del contrato de arrendamiento estaba
sometido a una condición resolutoria de carácter potestativo, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 1534, 1536 y 2011 del Código Civil. Dicho de otra
forma, dependía de la voluntad de la arrendataria la extinción de los efectos
jurídicos del contrato de arrendamiento, en la medida en que necesitara, para
la continuación de la obra, los terrenos en los cuales se hallaba el casino que
se describió en la demanda.
5. Ahora bien, obran en el plenario
suficientes pruebas de las cuales se desprende que para la época en que
sucedieron los hechos, la demandada necesitó los terrenos en mención para la
continuación de las obras que se había comprometido a realizar.
En torno al punto Marco Aurelio Chávez
Hernández afirmó: “...habían sacado todo eso, no se qué sería el problema, por
ahí pasaba sí un alcantarillado... Ese alcantarillado lo estaba haciendo la
compañía porque se necesitaba, estaba demoliendo y de una vez venían con el
alcantarillado ahí” (fls. 7 y 9 cuad 3); Lisandro Barragán señaló: “Parece que
iba una vía por donde estaba el casino, cogía una parte del casino, no toda”
(fl. 6 cuad. 3); Jairo Enrique Espitia Velásquez adujo: “no recuerdo muy bien
pero fue la última parte que construyeron, porque venía la construcción para
ese lado” (fl. 11 cuad. 3); y Mauricio Mancipe Caicedo dijo: “Escuche algo así
que por donde estaba el casino iba a pasar una avenida” (fl. 18 cuad. 3).
Mención especial merece la comunicación
enviada por el INURBE (fl. 266 cuad. 1) en la cual se consignó que
“...verificados nuestros archivos y el cronograma de obras entregado por Equipo
Universal, recibido y aprobado por el Instituto de Crédito Territorial (hoy
INURBE)... figura como iniciación de las obras de la Etapa 6 el día 7 de julio
de 1984 y como fecha de terminación el 13 de enero de 1985... que el sitio
donde se encontraba ubicado el casino es el lugar donde se construyeron las
obras de la etapa 6”; dicho documento, agregado en debida forma a los autos
según da cuenta el proveído del 28 de abril de 1994 (fl. 266 anv. Cuad. 1),
proveniente de una entidad de carácter oficial, expedido para dar respuesta a
un oficio que se decretó como prueba según aparece en el proveído del 12 de
febrero de 1994 (fl. 177 cuad. 1) y que en su oportunidad no fue tachado ni
redargüido de falso, es susceptible de ser valorado en este proceso, y junto
con los anteriores medios de convicción, permite inferir que para la época en
que tuvieron ocurrencia los hechos que aquí se debaten, era requerido por la
demandada el lugar donde se levantaba el casino a fin de continuar las obras,
cumpliéndose así el hecho futuro e incierto al cual estaba sujeta la
terminación del arrendamiento, todo con arreglo al numeral 2 del artículo 2008
del Código Civil.
Y dijo haber
encontrado que “los requerimientos realizados para que se desocupara el
casino” estaban “acreditados”, aunque también el Fallador adujo que
“tal aviso se dio pero no con la antelación suficiente”.
Fundamentando las
anteriores afirmaciones en la declaración de Hernando Navarro, conforme con la
cual “ (..) a él se le avisó con quince o veinte días de anticipación que
debía desocupar la edificación puesto que era el compromiso con él, perdón, de
él de la desocupada para poder construir el plan de vivienda. A partir del
momento en que a él se le avisó, no volvió, y no hubo forma de hablar
nuevamente con él”, y en lo depuesto al respecto por Ruth Marina Hennesey
de Hernández, quien habría afirmado “Tuve conocimiento también de que al
llegar la obra al sitio donde se hallaba la” (sic).
Por cuanto para el Ad
quem los testimonios, antes referidos, aunque “(..)fueron tildados de
sospechosos por su vínculo con la demandada, sus apreciaciones en manera alguna
se tornan subjetivas o dan muestra de interés alguno en el resultado de la lid
procesal; contrario sensu, a juicio de la Sala ellos rindieron versiones
contestes, detalladas, responsivas y fundamentadas, que obedecen a su
conocimiento directo respecto de los aspectos que motivaron la controversia y
además, sus declaraciones en nada se vieron viciadas por circunstancias que
afecten razonablemente su credibilidad o imparcialidad. Además, tampoco obran
probanzas ni motivos ciertos que permitan desestimar el decir de esos testigos.
En consecuencia la Sala Civil de
Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial concluyó que la
demandada no incumplió con su obligación de permitir al actor el goce del
inmueble dado en arrendamiento.
Dice así el aparte pertinente de la
decisión:
“7. Ubicadas así las cosas, encuentra la
Sala que no es predicable incumplimiento de las obligaciones que reposaban en
cabeza de la sociedad demandada, toda vez que según lo convenido, entregó la
tenencia del casino de la Urbanización Techo al demandante, sin que aparezcan
probadas en el expediente perturbaciones a ella atribuibles antes del momento
en el cual necesitó el terreno para cumplir con el plan de la obra en
construcción. Así mismo, ante la extinción de los efectos jurídicos del
referido contrato, le asistía a la arrendadora el derecho de disponer de la
construcción arrendada, sin que ello conllevara arbitrariedad alguna, menos aún
cuando los elementos con los cuales fue dotado el casino a la postre se devolvieron
al demandante, como confirma la documental de los folios 43, 54, 55 (copias
simples), 138 y 140 anverso (copias auténticas).
Por ende, habiendo sido fijado previamente
y por las partes el tiempo para la duración del arriendo, al ser su duración
determinable por la necesidad de la demandada a fin de continuar la ejecución
de la construcción, demostrado como está el advenimiento del hecho que
originaba el fenecimiento de la relación contractual –inclusive con las
afirmaciones de testigos solicitados por el mismo demandante-, acreditados
también los requerimientos realizados para que se desocupara el casino, y a
falta de culpa predicable en la arrendadora, fácil es concluir la improcedencia
de la indemnización de daños deprecada, por no darse ninguno de los supuestos
del artículo 1987 del Código Civil.
8. De otro lado, aunque la luz del
artículo 2011 del estatuto en mención, en armonía con el artículo 1009 ibídem,
era tarea de la demandada dar aviso de la terminación del contrato con un mes
de anticipación –según el periodo de tiempo que regulaba los pagos-, y pese a
que pudo abrirse paso la indemnización prevista en el artículo 2013 ibídem
debido a que tal aviso se dio, pero no con la antelación suficiente, lo cierto
es que el demandante no solicitó reconocimiento alguno en ese sentido, razón
por la cual cualquier pronunciamiento sobre el particular rebasaría los límites
del thema decidendum.
9. En este orden de ideas, concluye la
Sala que no es imputable a la demanda el incumplimiento que se le achaca en el
libelo, menos aún cuando el promotor del juicio era conocedor precariedad de su
vínculo tenencial debido a las obras que en efecto se adelantaron en la zona
arrendada; por ende, las pretensiones de condena debieron ser denegadas en
vista de que revisten la calidad de consecuenciales y la petición principal de
la cual dependían, esto es la declaratoria de incumplimiento, estaba llamada al
fracaso según se expusiera líneas anteriores.
Atendiendo lo anterior y dado que el mero
reconocimiento de la existencia del contrato de arrendamiento enunciado en la
demanda resulta inane, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia
para en su lugar denegar todas las súplicas de la demanda (..)”.
-El apoderado de
José Camilo Quintero interpuso el recurso de casación en contra de la anterior
decisión, pero dicho recurso le fue negado por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 17 de
diciembre de 2000, de conformidad con lo establecido en el C.P.C. y en armonía
con la Ley 592 de 2000, por razón de la cuantía.
3.      Posición
de la accionada
La Sala Civil del H. Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, admitió la acción de tutela instaurada por el
señor José Camilo Quintero, por intermedio de apoderado, en contra de la Sala
Civil de Descongestión del mismo Tribunal y dispuso notificar a los integrantes
de la accionada, y a todas las partes del proceso Ordinario que dio lugar a la
acción.
No obstante, solamente el Juez Octavo
Civil del Circuito de Bogotá D.C., Jorge H. Navarro Plazas, quien hiciera parte
de la Sala demandada respondió indicando que la providencia que el accionante
acusa de constituir una vía de hecho reúne los requisitos legales de fondo y de
forma, como quiera que está debidamente motivada, concuerda con los hechos y se
funda en las pruebas legalmente recaudadas.
Así mismo, considera que la acción de
tutela no constituye una tercera instancia o un mecanismo paralelo para que los
abogados impugnen las decisiones que no les han sido favorables, y califica de
temeraria la movilización de la jurisdicción constitucional motivada en el
simple hecho de que una providencia judicial que resuelve un litigio no esté de
acuerdo con los intereses de una de las partes. En ese sentido, solicita que se
investigue disciplinariamente la actuación del abogado del accionante.
4.      Pruebas obrantes en el
expediente
El accionante
solicitó en su demanda de tutela que se allegara copia del expediente
contentivo del proceso ordinario llevado a cabo en contra de la sociedad
Equipos Universal Ltda., pero dicha prueba debió ordenarse e incorporarse en
trámite de revisión, como quiera que no fue ordenada por los Jueces de
Instancia -paquetes de 361, 43, 26, 60, 163 y 47 folios, cuadernos 3, 4, 5, 6-.
II.      DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1.      Sentencia
de primera instancia
La Sala Civil del H. Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia del 12 de febrero de
2001, negó la acción de tutela que se reseña al considerar que la sentencia
acusada no constituye vía de hecho.
Manifiesta el A quo que la acción de
tutela no puede ser utilizada como un recurso judicial alternativo para
combatir las decisiones judiciales, pues el debido proceso incluye el respeto
de las competencias establecidas en la Constitución y en la ley, de modo que el
juez constitucional no puede, bajo el pretexto de enmendar una situación
cualquiera, interferir en la “función natural” de los juzgadores introduciendo
correctivos a presuntas violaciones.
Así mismo, señala que dentro de los
procesos ordinarios se encuentran los mecanismos tendientes a corregir vicios
de procedimiento, no siendo la acción de tutela un mecanismo apto para
introducir nuevas interpretaciones de los hechos o de la ley, ni para
incorporar una nueva valoración de las pruebas, diferentes a las realizadas por
el juez competente.
En ese orden de ideas, y en referencia a la
decisión objeto de controversia, conceptúa que no constituye vía de hecho,
porque no es abiertamente irrazonable, ni se le pueden endilgar al Fallador
errores protuberantes u ostensibles, dado que se ajusta a una interpretación
apropiada, “protegida por ello de injerencias ajenas que podrían quebrantar
el principio de independencia del juez”.
2.      Impugnación
El accionante
impugnó la anterior decisión, reiterando los argumentos expuestos en la demanda
de tutela.
Además
destaca que el fallo proferido por el A quo no tiene respaldo alguno de
la ley, sino que, por el contrario, constituye el desconocimiento del estado de
derecho al convalidar el despojo violento del bien arrendado, del que fue
objeto por parte de la sociedad accionada, como una forma legítima de terminar
el contrato de arrendamiento, valiéndose para ello, además, de una prueba
irregularmente aportada al proceso, la que, además, había sido desconocida por
el Fallador de Primer Grado.
Y califica de
superficial el análisis realizado por el A-quo, en tanto no pudo
proferir la decisión con el fundamento debido, dado que no dispuso que se
anexara al expediente lo actuado en el proceso Ordinario.
3.      Sentencia de segunda instancia
La Sala de Casación Civil de la H. Corte
Suprema de Justicia, mediante providencia del 16 de marzo de 2001, confirmó el
fallo de primer grado señalando que la decisión de la Sala accionada no
requiere ser enmendada a través de la acción de tutela, como quiera que “se
encuentra debidamente motivada y no obedeció al capricho o arbitrariedad de sus
integrantes, sino a la valoración de las pruebas aportadas y decretadas en el
proceso y a la interpretación de las normas que consideraron aplicables al
asunto debatido”.
Así mismo, consideró que la conclusión
plasmada en la providencia –“que la terminación del contrato de
arrendamiento dependía de una condición potestativa de la demandada cual era la
de requerir el inmueble para adelantar las obras que se había comprometido a
adelantar con el Instituto de Crédito Territorial”- es fruto del racional
ejercicio hermenéutico que, por mandato de la Constitución, le es dado realizar
a los jueces en forma independiente y autónoma, sin que el juez de tutela pueda
“invalidar o retrotraer lo actuado tomando como fundamento de semejante
proceder, no la demostrada violación de los señalados derechos, sino la
inconformidad del accionante frente a una decisión que le resulta contraria a
sus intereses”.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia.
Esta Corte es competente para conocer de
los fallos que se reseñan, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y en virtud dela providencia del 7 de junio de 2001, proferido
por la Sala de Selección Número Seis de esta Corporación.
2.      Materia
sujeta a revisión
El señor José Camilo
Quintero instauró acción de tutela en contra de la Sala Civil de Descongestión
del H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, porque considera que
la Sala accionada incurrió en vía de hecho, conculcando su derecho fundamental
al debido proceso, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandada en contra de la sentencia del Juzgado Veintinueve Civil del Circuito
de esta ciudad, dentro del proceso Ordinario promovido por el actor contra la
sociedad Herrera Montoya Navarro y Compañía Limitada Equipo Universal LTDA.,
hoy Equipo Universal y Cía. LTDA.
El accionante basa
su pretensión de amparo en que la Sala demandada fundamentó su decisión en un
documento allegado al proceso por su contraparte de manera irregular, no
apreció en conjunto las pruebas legalmente decretadas y practicadas en el
proceso, y en que con la decisión se estaría avalando el despojo violento del
que fue víctima, como forma de restitución del inmueble que le fue entregado a
título de arrendamiento.
Por su parte, los
Jueces de Instancia consideran que la decisión tomada por la demandada fue
producto de un ejercicio interpretativo racional de las normas, de los hechos y
de las pruebas presentes en el expediente. De manera que, en aras de la
autonomía e independencia de los jueces descartan la injerencia en el asunto
del Juez Constitucional.
Corresponde entonces
a esta Sala determinar, con apoyo en el análisis de las actuaciones realizadas
en el trámite del proceso Ordinario a que se ha hecho referencia, si la Sala
demandada no apreció las pruebas en conjunto y si basó su decisión en una
prueba irregularmente practicada, quebrantando los derechos fundamentales del
actor.
Y si la Sala
accionada está avalando la violencia del que el actor fue víctima, para la
restitución de los inmuebles dados en arrendamiento, desconociendo el derecho
de ser restablecido en la tenencia del bien, en tanto la justicia decide lo en
derecho corresponda, que asiste a quien ha sido despojado violentamente de la
posesión o de la tenencia.
No obstante, previamente, dado el
carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, habrá de considerarse
si en el ordenamiento se encuentra previsto algún procedimiento para que el
actor pueda obtener el restablecimiento de sus derechos fundamentales
conculcados.
También habrá de reiterarse la
jurisprudencia constitucional relativa a la apreciación de las pruebas y a la
exclusión constitucional de las obtenidas en violación del debido proceso,
habida cuenta que los Jueces de Instancia consideraron improcedente la
protección, dada la autonomía e independencia de la Sala accionada, sin
analizar el procedimiento con el que fue aportado el documento objeto de
controversia.
3.
Consideraciones preliminares
3.1. El actor
carece de otro medio para el restablecimiento de su garantía constitucional al
debido proceso
Como quedó dicho la
petición de amparo instaurada por el actor se circunscribe a que su garantía
constitucional al debido proceso le sea restablecida, porque la Sala accionada
valoró una prueba irregularmente aportada y no apreció en conjunto el materia
probatorio, asuntos que podría resolver la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, si la cuantía del agravio inferido al actor así lo
permitiera[5].
Ahora bien, podría
argüirse que el actor bien pudo interponer el recurso de revisión para obtener
el restablecimiento de su derecho fundamental al debido proceso –artículos 142
y 380 C. de P. C.-, porque la Sala accionada incurrió en la nulidad prevista en
el inciso final del artículo 29 constitucional[6],
no obstante tal procedimiento resultaría ineficaz para el restablecimiento del
derecho constitucional que le fue conculcado al accionante, dado que mediante
el recurso extraordinario de revisión no es dable alegar la apreciación
indebida del material probatorio regularmente aportado al expediente, por
tratarse de un error de derecho, sólo alegable mediante el recurso
extraordinario de casación[7].
En consecuencia esta
Sala debe entrar a estudiar la demanda instaurada por el señor José Camilo
Quintero contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá,
a fin de establecer si la demandada al proferir la sentencia de 24 de octubre
de 2000 quebrantó el derecho fundamental del actor al debido proceso, habida
cuenta que el ordenamiento no tiene previsto otro procedimiento que pueda
infirmar la formalidad de la cosa juzgada que ampara a tal decisión[8].
3.2. Los jueces
debe apreciar las pruebas en conjunto. Y excluir aquellas obtenidas con
violación de debido proceso
3.2.1. El artículo
187 del Código de Procedimiento Civil impone al fallador la necesidad de
apreciar las pruebas allegadas al proceso en forma conjunta, exponiendo de
manera razonable el mérito que le asigna a todas y cada una de las probanzas
legal y debidamente practicadas -artículo 174 C. de P.C.-.
De ahí que la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga definido que las
pruebas oportuna y legalmente aportadas al proceso, no pueden apreciarse de
manera aislada sino haciendo un análisis comparativo que permita confirmar o
descartar las diversas hipótesis fácticas, dada la convergencia y divergencia
del material aportado[9].
Puede entonces el
juez apreciar sin restricciones los medios probatorios allegados al proceso,
con miras a formarse una convicción propia de los hechos que sucedieron y del
modo como acontecieron, pero esta libre apreciación deberá ser el resultado de
un razonamiento lógico y científico, que evidencie porqué unos hechos pudieron
ser y presentarse del modo considerado en la decisión, y otros no pudieron
darse, o no del modo como fueron presentados.
También resulta
posible para el fallador, luego de una ponderación responsiva y seria de las
declaraciones válidamente recibidas, excluir algunos testimonios y basar su
decisión en alguno o algunos que le merezcan más credibilidad; examen que
requiere un mayor esmero cuando quienes acudieron a declarar, dada su
vinculación con las partes o con el conflicto, pueden tener un interés en la
decisión superior al respeto por la verdad y por la solidaridad que reclama el
ordenamiento constitucional, para una correcta y proba administración de
justicia –artículos 95 C.P., 216, 217 y 218 C.P.C.-.
Ahora bien, no sólo
las disposiciones antes enunciadas condicionan la legalidad de las decisiones
judiciales en cuanto al análisis probatorio se refiere; el artículo 13
constitucional prevé que los asociados recibirán de las autoridades el mismo
trato, el 29 del mismo ordenamiento dispone que el debido proceso se observará
en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y el artículo 229 de
la Carta garantiza a todas las personas el acceso a la administración de
justicia.
De suerte que las
partes involucradas en un proceso pueden exigir que los hechos que relataron y
las alegaciones que presentaron sean igualmente considerados en la decisión,
mediante una comparación total de los medios probatorios legal y oportunamente
allegados al proceso, que reste eficacia a las declaraciones parciales y de
mayor credibilidad a los testimonios desprovistos de interés, para que las
decisiones judiciales que se adopten aseguren la convivencia pacífica, y la
vigencia de un orden justo.
Por ello esta Corte
ha considerado que las providencias judiciales pueden ser infirmadas por el
juez constitucional, cuando para resolver las cuestiones planteadas por las
partes el Juez del conocimiento haya recurrido a un análisis fragmentario de
las pruebas legalmente allegadas al proceso[10],
dejando de lado probanzas atinentes a la decisión[11], en cuanto tales
omisiones quebrantan el equilibrio procesal, y conculcan el derecho de las
partes a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
3.2.2. La
Corporación en reciente decisión[12]
analizó el inciso final del artículo 29 del ordenamiento superior, que dispone
la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida en contravención del debido
proceso.
Ahora bien, aunque
la sentencia que se reseña fue proferida para resolver sobre la configuración
de una vía de hecho en un asunto penal, porque el accionante alegaba haber sido
condenado con fundamento en una prueba obtenida con violación de la garantía
constitucional del debido proceso, sus consideraciones son pertinentes en el
asunto que se revisa; como quiera que la providencia consideró la aplicación
general de la previsión constitucional, pues dicha garantía debe operar en
todas las actuaciones judiciales y administrativas.
Vale recordar,
entonces, que, conforme a lo definido por la Corte en la providencia que se
reitera, el inciso en mención establece una “regla” aplicable “ante
cualquier violación de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución”, no sólo en caso de declaraciones sino también de cualquier
otro medio de prueba[13],
en cuanto constituye “el remedio constitucional para evitar que los derechos
de quienes participan en actuaciones judiciales o administrativas, sean
afectados por la admisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido
proceso.”.
En cuanto a la
aplicación de la regla de exclusión constitucional de la prueba obtenida con violación
del debido proceso y su alcance, en la sentencia en mención, la Corte advirtió
i) que el desarrollo legal “por ahora parcial, de esta regla se encuentra
principalmente en los códigos de procedimiento penal y civil, en especial en
las normas que regulan las nulidades procesales y la obtención de pruebas”;
ii) que “(..) el mandato constitucional de exclusión de las pruebas
obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario judicial de
manera expresa determine que la prueba viciada no puede continuar formando
parte del expediente.(..)”; y iii) que “la cuestión de sí la nulidad de
la prueba obtenida con violación del debido proceso afecta o no el proceso, no
se puede responder en abstracto. El criterio fijado por la Corte es que la nulidad
sólo afecta la prueba, salvo que no existan, dentro del proceso, otras pruebas
válidas y determinantes con base en las cuales sea posible dictar sentencia,
caso en el cual habría que concluir que la sentencia se fundó solamente, o
principalmente, en la prueba que ha debido ser excluida”.
Como lo indica el
siguiente aparte de la decisión:
“Si bien la Carta
señala que dicha prueba es “nula de pleno derecho”, de los antecedentes en la
Asamblea Constituyente y de la finalidad de la norma constitucional, se infiere
que los derechos y principios constitucionales son efectivamente garantizados
cuando hay una decisión explícita de exclusión que ofrezca certeza sobre las
pruebas que no podrán usarse en el proceso y que no pueden ser fundamento ni de
la acusación ni de la sentencia. La exclusión de la prueba viciada exige que
ésta no forme parte de la convicción, de tal manera que el funcionario no puede
considerarla. Las cuestiones relativas a la manera como debe realizarse desde
el punto de vista material la exclusión de la prueba viciada, al instrumento
procesal para exigir su exclusión y a la situación del funcionario judicial que
haya mantenido la prueba viciada, así como otras sobre esta materia, se
encuentran dentro del ámbito de la potestad de configuración del legislador.
Cuando éste decida ejercerla en el futuro, habrá de hacerlo obviamente de
conformidad con la Constitución.
4.      El caso
concreto. La Sala accionada quebrantó la garantía constitucional del debido
proceso del actor, y desconoció disposiciones imperativas de la legislación
civil
Como lo demuestran
los antecedentes, la Sala Civil de Descongestión del H. Tribunal Superior
revocó la sentencia que había sido proferida por el Juzgado Veintinueve Civil
del Circuito de Bogotá, dentro del proceso Ordinario promovido por el actor en
contra de la sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía. Ltda. Equipos Universal
Limitada, porque las partes habrían previsto la terminación del contrato y la
arrendadora acreditado el desahucio que le correspondía hacer para dar por
terminada la relación jurídica que los mantuvo vinculados; de manera que la
arrendadora no estaría obligada a reparar los perjuicios que le fueron causados
al señor Quintero, no obstante haberse beneficiado con el despojo del que aquel
fue victima, como lo denota el siguiente aparte de la decisión:
“(..) habiendo sido fijado previamente y
por las partes el tiempo para la duración del arriendo, al ser su duración
determinable por la necesidad de la demandada a fin de continuar la ejecución de
la construcción, demostrado como está el advenimiento del hecho que originaba
el fenecimiento de la relación contractual –inclusive con las afirmaciones de
testigos solicitados por el mismo demandante-, acreditados también los
requerimientos realizados para que se desocupara el casino, y a falta de culpa
predicable en la arrendadora, fácil es concluir la improcedencia de la
indemnización de daños deprecada, por no darse ninguno de los supuestos del
artículo 1987[14]
del Código Civil.”.
Para llegar a la
anterior conclusión, además de los dichos de algunos testigos, la Sala en cita
dijo apoyarse en la comunicación enviada por el INURBE a la arrendadora
-estando en curso el proceso y finiquitada la oportunidad probatoria-, de la
que el Fallador pudo colegir “para la época en que tuvieron ocurrencia los
hechos que aquí se debaten, era requerido por la demandada el lugar donde se
levantaba el casino a fin de continuar las obras, cumpliéndose así el hecho
futuro e incierto al cual estaba sujeta la terminación del arrendamiento, todo
con arreglo al numeral 2 del artículo 2008 del Código Civil [15]”.
Para el efecto, y
atendiendo a la exclusión que hiciera el Juez de Primera instancia de la comunicación
anterior, la Sala accionada adujo, refiriéndose a la comunicación en mención “es
susceptible de ser valorado en este proceso, y junto con los anteriores medios
de convicción”, porque i) fue agregado “en debida forma a los autos
según da cuenta el proveído del 28 de abril de 1994”; ii) “proveniente
de una entidad de carácter oficial”, iii) fue “expedido para dar
respuesta a un oficio que se decretó como prueba”, y iv)  “que en su
oportunidad no fue tachado ni redargüido de falso”.
Y, con fundamento en
la necesidad que la arrendadora tenía del inmueble resolvió absolverla de toda
culpa, como quiera que “el promotor del juicio era conocedor de la
precariedad de su vínculo tenencial debido a las obras que en efecto se
adelantaron en la zona arrendada.”
De suerte que para resolver la Sala deberá
analizar las pruebas que obran el expediente a fin de establecer si fueron
apreciadas por la Sala accionada como debía hacerlo, deteniéndose en la
incidencia real que en la decisión puede tener la comunicación del INURBE, y en
el mérito dado en la providencia a las actuaciones adelantadas por el actor
ante la Inspección Octava C Distrital de Policía, tendientes a restablecer al
actor en la tenencia del inmueble.
4.1. La valoración probatoria
a) Apreciación de las pruebas atinentes a
la duración del contrato
La Sala accionada encontró probado i) que
las partes convinieron en que la terminación del contrato de arrendamiento sería
decidida por la arrendadora, ii) que la necesidad de adelantar obras en el
terreno ocupado por el casino determinaría tal decisión, y iii) que la sociedad
puso al tanto al arrendatario del advenimiento de la condición. Convencimiento
que explicó en los siguientes términos:
“(..) se infiere que el término de
duración del contrato de arrendamiento estaba sometido a una condición
resolutoria de carácter potestativo, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 1534, 1536 y 2011 del Código Civil[16].
Dicho de otra forma, dependía de la voluntad de la arrendataria la extinción de
los efectos jurídicos del contrato de arrendamiento, en la medida en que
necesitara, para la continuación de la obra, los terrenos en los cuales se
hallaba el casino que se describió en la demanda.
(..)
Por ende, habiendo sido fijado previamente
y por las partes el tiempo para la duración del arriendo, al ser su duración
determinable por la necesidad de la demandada a fin de continuar la ejecución
de la construcción, demostrado como está el advenimiento del hecho que
originaba el fenecimiento de la relación contractual –inclusive con las
afirmaciones de testigos solicitados por el mismo demandante-, acreditados
también los requerimientos realizados para que se desocupara el casino, y a
falta de culpa predicable en la arrendadora, fácil es concluir la improcedencia
de la indemnización de daños deprecada, por no darse ninguno de los supuestos
del artículo 1987 del Código Civil.
8. De otro lado, aunque la luz del
artículo 2011 del estatuto en mención, en armonía con el artículo 2009[17]
ibídem, era tarea de la demandada dar aviso de la terminación del contrato con
un mes de anticipación –según el periodo de tiempo que regulaba los pagos-, y
pese a que pudo abrirse paso la indemnización prevista en el artículo 2013
ibídem[18]
debido a que tal aviso se dio, pero no con la antelación suficiente, lo cierto
es que el demandante no solicitó reconocimiento alguno en ese sentido, razón
por la cual cualquier pronunciamiento sobre el particular rebasaría los límites
del thema decidendum.”.
Para llegar a tales conclusiones la
accionada adujo haber valorado “en conjunto” los testimonios rendidos
por Hernando Navarro, Francisco de Paula Wiesner, Marco Aurelio Chávez y
Mauricio Mancipe Caicedo, y tenido en cuenta la comunicación que el INURBE el
enviara a la arrendadora, estando en curso el proceso, por cuanto este
documento “junto con los anteriores medios de convicción, permite inferir
que para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos que aquí se debaten,
era requerido por la demandada el lugar donde se levantaba el casino a fin de
continuar las obras (..)”.
Pero la anterior apreciación fue aislada,
porque la accionada no valoró, como ha debido hacerlo, los testimonios rendidos
por Evaristo Chávez, Jairo Enrique Espitia, Isabel Fajardo, Dimas Pulido, Ana
Elvia Caicedo, Mauricio Mancipe y Ruth Marina Hennessey de Hernández, no tuvo
en cuenta la prueba documental legalmente aportada. Y no explicó su proceder.
Ahora bien, esta Sala no puede pasar por
alto la apreciación parcial del material probatorio realizada por la accionada
en torno i) de lo acordado por el señor Hernando Navarro –autorizado por la
arrendadora- y el actor sobre la duración del contrato de arrendamiento, ii)
del advenimiento de la condición resolutoria, y iii) de la realización del
desahucio.
Por cuanto, para afirmar -como lo hace la
tutelada- que “la terminación del contrato de arrendamiento dependía de una
condición potestativa de la arrendadora (..)” resultaba ineludible
confrontar todo el material probatorio aportado, a fin de aceptar o descartar
la afirmación de la demanda, conforme con la cual “el contrato de
arrendamiento se celebró por un término igual al de la duración de la totalidad
de la construcción de la unidad de vivienda llamada urbanización Techo
(..)”.
La Sala también ha debido evaluar,
entonces, i) que a tiempo de su desalojo el arrendatario ocupaba otros espacios
en la obra, distantes del casino, que eran atendidos por personal bajo su
dependencia y subordinación, ii) que en tales espacios fueron instaladas casetas,
desde los inicios del contrato, y iii) que las casetas debieron ser restituidas
por la arrendadora a sus prestatarias, después de los hechos, sin intervención
del arrendatario y prestatario de las mismas.
Además, la prueba documental y testimonial
no valorada indica que la sociedad arrendadora le autorizó al actor, “hacer
las instalaciones del casino”, las que el señor Quintero realizó por su
cuenta, dado que obran en el expediente sendas facturas de muebles y enseres,
que así lo confirman, quien realizó las obras lo aseguró ante el Juzgado
Veintinueve Civil del Circuito, y el representante de la arrendadora debió
reconocerlo al afirmar, ante el mismo Fallador, que en el casino existían “aditamentos”
que no eran de propiedad de su representada.
También la accionada requería, para
sostener que “para la época en que sucedieron los hechos, la demandada
necesitó los terrenos en mención para la continuación de las obras que se había
comprometido a realizar”, apreciar previamente i) que según la contestación
de la demanda la arrendadora habría necesitado el espacio ocupado para el
casino, para construir “unos apartamentos”; ii) que Hernando Navarro
aseguró ante la Inspección Octava C Distrital de Policía que los actos
perturbatorios obedecieron a la orden impartida por el “acueducto (..) ya
que era un contrabando de agua”; la “destechada” del inmueble a la
necesidad de “(..) tapar las goteras”; y la demolición adelantada en el
mismo a que en el sitio ocupado por el casino debía construirse una “vía”;
iii) que la Inspección 8C Distrital de Policía comprobó, seis meses después de
los hechos –11 de diciembre de 1984-, que en un costado del lugar que ocupó el
señor Quintero con el casino, se había construido una “zanja” –versión
confirmada por los peritos designados por la misma-, y v) que el señor Malagón
–testigo de la arrendadora y quien ejecutó la orden de demolición- sostuvo que
la demolición del casino concluyó hasta febrero de 1985.
Y, para que el Fallador hubiere podido
colegir “que al demandante se le dio aviso para que entregara el bien con
antelación suficiente, debido al acaecimiento del hecho que condicionó la
terminación del vinculo tenencial”, dado que Hernando Navarro afirmó
haberlo hecho con “quince o veinte días de anticipación”; resultaba
imperativo haber desvirtuado, con antelación, la validez del recibo expedido
por el Gerente General de la arrendadora, según el cual el periodo que reguló
el pago del canon acordado fue mensual.
Es más para darle total credibilidad a la
afirmación del señor Navarro, se requería dilucidar la contradicción que se
vislumbra entre su dicho, la afirmación del representante legal de la
arrendadora, y lo atestiguado por el señor Wiesner Durán; porque el señor
Montoya de Vivero adujo ignorar “si el señor Navarro encargado de esa
actividad avisó al inquilino para demoler”, en tanto quien dijo ser el
director de la obra sostuvo que fue  “la constructora Equipo Universal” quien
“hacia junio de 1984 le solicitó a la parte demandada la entrega del
inmueble”.
Finalmente, para inferir del comunicado del
INURBE “que para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos que aquí se
debaten, era requerido por la demandada el lugar donde se levantaba el casino,
a fin de continuar las obras”, la accionada también tenía que considerar el
abundante material probatorio cual indica que el cronograma a que alude la
mentada comunicación no se cumplió; porque el 13 de enero de 1985 -fecha
programada para la culminación de las obras en la etapa seis de la
urbanización, según dicha misiva- la demolición del inmueble no había concluido
–declaración de Jairo Malagón y actuación adelantada por la Inspección Octava C
Distrital de Policía-.
b) La apreciación de las pruebas relativas
al cumplimiento contractual
De conformidad con las consideraciones que
llevaron a la accionada a absolver a la sociedad Equipo Universal y Cía. Ltda.
en el proceso Ordinario que le fuera promovido por el actor por incumplimiento
del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, al que la Sala hace
referencia, i) la arrendadora entregó la tenencia del casino a la arrendataria
tal como fuera convenido, ii) no aparecen probadas perturbaciones anteriores al
“momento en el cual necesitó el terreno para cumplir con el plan de la obra
en construcción, y iii) “los elementos con los cuales fue dotado el
casino a la postre se devolvieron al demandante” –se resalta-.
También el Ad quem absolvió a la
arrendadora de toda culpa en el “fenecimiento de la relación contractual”;
y de responder por la indemnización prevista en el artículo 2.013 del Código
Civil -aunque en este punto debió reconocer que la obligada no desahució a la
arrendataria con la antelación requerida-.
Ahora bien, la demandada adoptó las
anteriores decisiones de manera consecuente con el análisis probatorio a que se
hizo referencia en el punto anterior, en cuanto adujo que estando probado el
acuerdo sobre la condición resolutoria potestativa y habiendo demostrado la
arrendadora que requería el inmueble para continuar con las obras, la entrega
necesariamente debía acontecer.
No obstante, al parecer de la Sala, en
punto a la configuración de la culpa y la indemnización de perjuicios, la Sala
Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá tenía que apreciar:
-Que mediante decisión administrativa en
firme, legalmente aportada al expediente y suficientemente contradicha, la
Inspectora Octava C Distrital de Policía le ordenó al señor Hernando Navarro
mantener las cosas en el estado advertido por la funcionaria, dentro de la
querella iniciada contra el mismo por el señor Quintero con ocasión de los
hechos que generaron la entrega del inmueble.
-Que el nombrado a tiempo de los hechos era
“asociado a la arrendadora”, “Gerente Administrativo” y “Director de la obra”;
además de haber sido el intermediario en la celebración del contrato, quien
aparentemente realizó el desahucio, y aquel que, por razón de una transacción,
no compareció a la justicia penal a responder por su conducta.
-Que los testimonios no considerados y las
actuaciones adelantadas por la Inspección Octava C Distrital de Policía indican
que los muebles y enseres de propiedad del actor estuvieron esparcidos a la
intemperie durante un tiempo superior a los seis meses siguientes al desalojo;
al punto que la profesional del derecho –vinculada a la arrendadora-, reconoció
que algunos bienes debieron ser reparados para entregarlos al afectado, y dar
lugar a la transacción, a la que se hizo mención.
c) La tacha de testigos, también debió
evaluarse conforme los dictados de la sana crítica
El apoderado
de la parte actora tachó los testimonios Hernando Navarro, Francisco Wiesner
Durán y de Ruth Hennesey de Hernández, por tratarse de personas vinculadas a la
demanda como “socios o empleados” ; no obstante el Fallador de
Segundo Grado les dio a los dos primeros toda credibilidad y no expuso los
razonamientos que lo llevaron a omitir cualquier referencia a lo dicho por la
señora Hennessey de Hernández, como quiera que consideró:
“(..) Es oportuno poner de presente que si
bien es cierto los anteriores deponentes fueron tildados de sospechosos por su
vínculo con la demandada, sus apreciaciones en manera alguna se tornan
subjetivas o dan muestra de interés alguno en el resultado de la lid procesal;
contrario sensu, a juicio de la Sala ellos rindieron versiones contestes,
detalladas, responsivas y fundamentadas, que obedecen a su conocimiento directo
respecto de los aspectos que motivaron la controversia y además, sus
declaraciones en nada se vieron viciadas por circunstancias que afecten razonablemente
su credibilidad o imparcialidad. Además, tampoco obran probanzas ni motivos
ciertos que permitan desestimar el decir de esos testigos.
El Código de
Procedimiento Civil faculta al juez para decretar, aún de oficio, los
testimonios de las personas vinculadas a las partes, toda vez que en muchos
casos éstas pueden ser los únicos o los mejores testigos de los hechos objeto
de controversia; pero el mismo estatuto le impone al fallador la obligación de
valorar estos testimonios con sumo cuidado, atendiendo las circunstancias que
rodearon el caso y el contenido de las declaraciones, para desechar los dichos
sospechosos, conforme lo disponen las reglas de la sana crítica –artículos 216,
217, 218 y 187 C.P.C-.
Francisco
Wiesner Durán y Hernando Navarro reconocieron estar vinculados a la demandada a
tiempo de su declaración, es más Navarro adujo ante la Inspección de Policía
estar asociado a la arrendadora. De modo que la Sala accionada ha debido
ponderar sus dichos con las exposiciones de los demás testigos y la prueba
documental allegada legalmente al expediente, para acogerlos, prescindir de
ellos, o restarles eficacia.
Lo anterior,
porque esta Sala observa que el señor Wiesner Durán, en declaración rendida ante
el Juez de Primera Instancia, en el proceso Ordinario al que se hace referencia
afirmó:
a) Haber
estado presente en la negociación de la tenencia de una casa vieja, ubicada en
la urbanización Techo, adujo que la negociación fue adelantada por el Gerente
Administrativo de la sociedad con José Camilo Quintero, y que conforme a lo
acordado por las partes el inmueble debía ser restituido por el arrendatario,
cuando la arrendadora lo necesitara. Pero no expuso la ciencia de su dicho.
No obstante,
Hernando Navarro afirmó haber acordado a finales de 1983 con José Camilo
Quintero, después de cuatro meses de negociación, con la tácita autorización de
la arrendadora, la entrega de una casa vieja, pero no mencionó testigos de la
negociación.
b) Que el
inmueble fue entregado al arrendatario en el mes de enero de 1984, y que el
arrendatario sólo canceló el primer canon; pero en el expediente obra el recibo
del pago del canon correspondiente al periodo febrero-marzo de 1984 suscrito
por el representante legal de la arrendadora.
c) Que el
casino estuvo abandonado durante los dos meses anteriores al día en que el
deponente destinó una cuadrilla de obreros para proceder a su demolición.
Sin embargo,
la prueba documental y testimonial que obra en el expediente demuestra que el
actor, con personal bajo su dependencia, desarrolló actividades mercantiles
permanentes en el casino y otros lugares de la urbanización hasta el 27 de
julio de 1984; al respecto, vale resaltar, que Hernando Navarro reconoció
haberle entregado al actor $500.000.oo a título de transacción por razón de los
víveres que se encontraban en el inmueble el día de los hechos, y que el
afectado no pudo recuperar.
d) Que la
orden de demoler fue impartida por la firma constructora de común acuerdo con
la interventoría del Instituto de Crédito Territorial.
Pero el
representante de la arrendadora en la declaración que rindió ante el Juez de
Primera Instancia no mencionó tal acuerdo, y nada dijo al respecto el apoderado
de la arrendadora en la contestación de la demanda. Tampoco el acuerdo fue
mencionado por el querellado y sus abogados ante la Inspección Octava C
Distrital de Policía.
e) Que antes
de proceder a la demolición él le impartió instrucciones al señor Joaquín
Montoya, Jefe de Servicios Generales de la arrendadora, para que se hiciera un
inventario físico de los muebles y enseres de propiedad del actor y se
procediera a su almacenamiento.
No obstante
el inventario no fue mencionado en las diligencias administrativas, no aparece
anexo al expediente y nada se dijo sobre él en la contestación de la demanda;
además la versión del almacenamiento no concuerda i) con el esparcimiento de
los mismos a la intemperie que pudo ser constatada por la Inspección Octava C
Distrital de Policía, ii) con la declaración de la profesional del derecho
Hennessey de Hernández quien reconoció que la arrendadora (su representada)
debió reparar los bienes de propiedad de Quintero para proceder a su entrega, y
iii) con los testimonios rendidos por Lisandro Barragán, Evaristo y Marco
Aurelio Chávez.
g) Que a
tiempo del despojo el arrendatario “abría pero no vendía absolutamente
nada”.
No obstante
Lisandro Barragán, Marco Aurelio y Evaristo Chávez, Isabel Fajardo,
Mauricio Mancipe, Dimas Pulido y Ana Elvia Caicedo afirman lo contrario. Jairo
Enrique Espitia, por ejemplo, afirma haberle suministrado al actor, hasta el 27
de julio de 1984, un promedio de trescientas unidades diarias en artículos de
panadería. Y en el expediente costa que Industrial de Gaseosas S.A. entregó al
señor Quintero, en el inmueble que éste ocupaba a título de tenencia, 45 cajas
por 30 botellas de Coca-cola y 5 cajas por 30 botellas de Fanta.
h) Que
conversó con las personas que atendían el casino para resolver el problema de
la ocupación, “ya que la obra avanzaba a un ritmo muy acelerado (..)”,
quienes “aducían que el señor vivía muy lejos y de que (sic) ellos no tenían
la oportunidad de verse con él”.
Pero
desalojado el inquilino sólo fue construida una zanja, puesto que la demolición
de la edificación concluyó en siete meses.
Además
Lisandro Barragán, Marco Aurelio y Evaristo Chávez, Isabel Fajardo, Mauricio
Mancipe, Dimas Pulido y Ana Elvia Caicedo aseguran que el actor se encontraba
en el lugar, el día en que se dio comienzo a la perturbación, y que tanto a él,
como a sus trabajadores les fue negado el ingreso al inmueble.
El señor
Hernando Navarro, por su parte, en las dos oportunidades que rindió declaración
respecto de los mismos hechos referidos por Wiesner Durán–sin apremio, ante el
Inspector de Policía y bajo juramento en diligencia adelantada por el Juez
Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá- dio versiones distintas sobre las motivaciones
que tuvo para perturbar la tenencia de Quintero en el inmueble.
Y los relatos
de los declarantes, relativos a los términos en que se habría dado al
arrendatario el aviso de entrega, no coinciden.
Ahora bien,
aunque los testimonios de Wiesner y Navarro condicen i) en que la demolición
fue convenida con la interventoría del Instituto de Crédito Territorial, ii) en
que para proceder a la demolición la arrendadora habría ordenado y elaborado un
inventario de los bienes de propiedad del actor, y iii) en que los muebles y
enseres de propiedad del inquilino se habrían almacenado hasta su entrega.
Las pruebas
dejadas de analizar indican que los aspectos en que coinciden las declaraciones
de los testigos aportados por la arrendadora, muy probablemente no ocurrieron.
d) El oficio remitido por el INURBE a la
sociedad demandada, carece de valor probatorio, pero no aporta a la decisión
Como quedó descrito
en los apartes de esta providencia destinados a los antecedentes, el apoderado
del señor José Camilo Quintero solicitó en la demanda que dio inicio al proceso
Ordinario contra Equipos Universal Ltda. la práctica de un dictamen pericial,
con miras a determinar el monto de los perjuicios causados a su representada
por la sociedad demandada, y ésta pidió al despacho oficiar al INURBE para que
allegara copia del Contrato PC-No. 143/83-JUR y de sus adiciones, y certificara
sobre la fecha de la entrega de la obra.
Probanzas que fueron
ordenadas por el juez de conocimiento en providencia del 12 de febrero de 1992
y practicadas oportunamente, toda vez que la entidad estatal remitió copias del
Contrato y de sus adiciones y, aunque no expidió la certificación tal como
fuera ordenada, envió copia del Acta de Finalización de obras del Contrato
antes nombrado, suscrita por las partes el 26 de febrero de 1986.
Y los peritos
rindieron el experticio ordenado, el que no fue objetado en el término previsto
en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, la
apoderada de la demandante acompañó al escrito en el que pidió la adición o
complementación del dictamen la comunicación 2016, que le dirigiera la
Directora Regional para Bogotá del INURBE a su representada el 7 de octubre de
1993, relativa al cronograma de obras que la arrendadora le presentó al
Instituto de Crédito Territorial en enero de 1984. Con miras a que los peritos
indicaran “hasta cual fecha era posible mantener funcionando el casino, sin
afectar la construcción de las obras contratadas por Inurbe en el área del
casino del que trata el presente proceso”, “[e]n el evento
de que sus conocimientos –de los peritos- les impidieren, por falta de
la especialidad requerida, determinar dicha fecha”-.
Y el Juez
Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá inicialmente agregó el escrito a los
autos, y desconoció el probatorio del documento en la sentencia que desató la
litis en primera instancia, como lo indica el siguiente aparte de la decisión:
“(..) se impone desestimar lo que pretende
la demandada, que se orienta a poner presente que la vigencia del arriendo lo
fue hasta el 6 de julio de 1984 por cuanto para esa fecha ya se requería, para
las obras, utilizar el terreno donde se ubicaba el casino, según lo expresa el
“Inurbe” en la carta del folio 266, como quiera que esa prueba no se produjo
con sujeción a lo previsto en los artículos 174 y 183 de la mencionada
codificación de procedimiento;(..)”.
Consideración de la
que se apartó la Sala accionada, dijo ésta al resolver la alzada:
“Mención especial merece la comunicación
enviada por el INURBE (fl. 266 cuad. 1) en la cual se consignó que
“...verificados nuestros archivos y el cronograma de obras entregado por Equipo
Universal, recibido y aprobado por el Instituto de Crédito Territorial (hoy
INURBE)... figura como iniciación de las obras de la Etapa 6 el día 7 de julio
de 1984 y como fecha de terminación el 13 de enero de 1985... que el sitio
donde se encontraba ubicado el casino es el lugar donde se construyeron las
obras de la etapa 6”; dicho documento, agregado en debida forma a los autos
según da cuenta el proveído del 28 de abril de 1994 (fl. 266 anv. Cuad. 1),
proveniente de una entidad de carácter oficial, expedido para dar respuesta a
un oficio que se decretó como prueba según aparece en el proveído del 12 de
febrero de 1994 (fl. 177 cuad. 1) y que en su oportunidad no fue tachado ni
redargüido de falso, es susceptible de ser valorado en este proceso (..)”.
Lo cierto es que no
figura ninguna providencia en la que el Juez Veintinueve Civil del Circuito
hubiera ingresado la comunicación 2016 de 1993 proveniente del INURBE al
material probatorio que obra en el expediente; tampoco aparece que la entidad
hubiera expedido el documento por solicitud del A quo,  y no puede
afirmarse que éste la hubiera solicitado. En consecuencia no es dable afirmar
que la parte demandada no lo tachó de falso, pues lo realmente ocurrido fue que
no tuvo oportunidad de contradecirlo.
Sin embargo, para la Sala, el debate en
torno a la validez probatoria del documento carece de importancia, porque de
aceptarse, en gracia de discusión, que en los cuatro meses en que duró la
negociación del contrato de arrendamiento entre Hernando Navarro -con la
autorización del representante legal de Equipo Universal y Cía. Ltda.- y José
Camilo Quintero las partes tuvieron presente el cronograma de obras para
establecer la duración del contrato, no puede haber sido la programación
referida en la comunicación 2016 de 1993 emitida por el INURBE, simplemente
porque en ésta “figura como fecha de iniciación de las obras en la Etapa 6,
el día 7 de julio de 1984 y como fecha de terminación el 13 de enero de 1985.
Pero el 7 de julio de 1984 el
arrendatario gozaba del inmueble sin perturbaciones, y el 15 de enero del año
siguiente la edificación aún no se había demolido.
De suerte que, como
la exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso sólo
procede ante la pertinencia de las mismas, la Sala no impartirá ninguna orden
al respecto, pero ordenará que la actuación de la Sala accionada sea
investigada como corresponde.
4.1 La Sala
accionada no tuvo en cuenta normas imperativas de derecho sustancial que
excluyen la violencia de las relaciones jurídicas, y que protegen la actividad
mercantil
a) La violencia
no crea derechos, ni estados jurídicos
El artículo 984 del Código Civil dispone que todo aquel
que haya sido despojado sea de la posesión, sea de la mera tenencia, tendrá
derecho a exigir que su situación sea restablecida, sin que para el efecto
tenga que probar más que el despojo violento.
Pretende el legislador con la disposición antedicha que la
violencia no se convierta en un modo para adquirir derechos o estados
jurídicos, habida cuenta que siendo la fuerza negación del derecho debe ser
repudiada por la sociedad entera, y sólo puede ser condonada por quien la sufre
–Preámbulo artículos 2°, 22, y 95 C.P.; 772, 773, 774, 778 C.C.-
De manera que el actor, en cuanto acudió ante las
autoridades competentes a denunciar el despojo del que fue víctima y obtuvo una
declaración de restablecimiento a su favor, dado que la fuerza ejercida contra
él por el gerente administrativo de la arrendadora para lograr la recuperación
del inmueble entregado en arrendamiento quedó demostrada, tenía derecho a
mantenerse en el inmueble, y además a ser indemnizado de todo perjuicio.
Así las cosas la accionada, al resolver la alzada,
prescindiendo de que la arrendadora y su arrendatario hubieren convenido en
torno a la entrega y la necesidad del inmueble, ha debido considerar que el
despojo del que el inquilino fue víctima y disponer su restablecimiento y la
indemnización correspondiente, porque el agredido por causa de la tenencia de
un inmueble puede demandar que las cosas vuelvan al estado anterior y ser
indemnizado de todo perjuicio, sin perjuicio de las penas previstas en el
Código Penal. Como lo disponen los artículos 982 y 983 del Código Civil.
b) La condición de comerciante y carácter
del inmueble en que el actor realizaba su actividad han debido considerarse
El artículo 516 del Código de Comercio
enumera los elementos que integran el establecimiento de comercio, entre ellos
el contrato de arrendamiento, el mobiliario, las instalaciones y los derechos y
obligaciones derivados de las actividades propias del establecimiento.
Ahora bien, aunque en el proceso Ordinario
quedó demostrado que el señor Camilo Quintero mantuvo en el inmueble de
propiedad de la sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía. Ltda. Equipo Universal
LTDA. un conjunto de bienes, y que la organización dada a los éstos le permitía
adquirir alimentos y bebidas a título oneroso con destino a enajenarlos, nada
significó para la accionada la interrupción abrupta de la actividad empresarial
del arrendatario, ocasionada por la arrendadora.
Porque nada dijo sobre la situación de
Quintero frente a los terceros proveedores del casino y de las casetas, ninguna
importancia le dio a la mengua del prestigio comercial del arrendatario, y no
le pareció trascendente que con su acción la arrendadora le hubiera impedido al
arrendatario la recuperación de su cartera.
5. Conclusión
La Sala deberá
revocar las decisiones de instancia para, en su lugar, disponer que la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la impugnación interpuesta por
la demandada contra la sentencia proferida por el Juez Veintinueve Civil del
Circuito de Bogotá, en el proceso Ordinario promovido por José Camilo Quintero
contra la sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía. Ltda. Equipo Universal Ltda.
apreciando todas las pruebas oportuna y legalmente aportadas al proceso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Civil.
Y valorando la
veracidad de los testimonios rendidos por el señor Francisco Wiesner y Hernando
Navarro en conjunto y con gran celo; a fin de establecer si sus dichos pueden
ser tomados como elementos de convicción, dado el posible interés de los
declarantes en la decisión, en razón de su vinculación con la demandada.
Porque constituye
requisito ineludible para hacer efectiva la garantía constitucional del debido
proceso y para la realización de un orden justo, que los jueces resuelvan los
conflictos que llegan a su conocimiento con plena convicción de que los hechos
acontecieron y de la manera como sucedieron, que no se logra sino con la
evaluación de todas las pruebas que obran en el expediente.
No obstante, en el
caso sub examine -como quedó explicado-, la accionada se limitó a
valorar algunos testimonios, nada dijo sobre los restantes, y ninguna
consideración le mereció la prueba documental válidamente allegada a los autos,
salvo la comunicación 2016 dirigida por la Directora Regional del INURBE el 7
de octubre de 1993 a la demandada, la que, sin perjuicio de no haber sido
solicitada, decretada y contradicha, le mereció total credibilidad.
Además se limitó a
calificar los testimonios rendidos por las personas vinculadas a una de las
partes como contestes, detallados, responsivos y fundamentados sin
confrontarlos con las probanzas que los contradicen, en especial con los hechos
que por haber sido constatados por la Inspección Octava C Distrital de Policía,
con audiencia e intervención de ambas partes, están libres de toda sospecha.
Para concluir vale
recordar a los Jueces de Instancia que la autonomía e independencia de los
jueces, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política no comporta el
quebrantamiento del ordenamiento superior, mediante la conculcación de los
derechos fundamentales de las partes en contienda. Como tampoco el
desconocimiento de sus deberes constitucionales en torno de la paz, la
convivencia y la vigencia de un orden justo.
De suerte que la
Sala accionada no podía desconocer, como efectivamente aconteció, que el
arrendador se hizo a la tenencia del inmueble dado en arrendamiento con el uso
de la fuerza, y que para ello no le importó destruir la riqueza incorporada por
el arrendatario al inmueble, el prestigio del empresario y su organización
económica.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Revocar los fallos proferidos por las Salas Civiles
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y de la Corte Suprema de
Justicia, el 12 de febrero y el 16 de marzo de 2001 respectivamente, dentro de
la acción de tutela instaurada por José Camilo Quintero en contra de la Sala
Civil de Descongestión del Tribunal mencionado, y en su lugar conceder al señor
José Camilo Quintero el amparo invocado.
Segundo. En consecuencia, dejar sin valor ni efecto
la sentencia proferida por la accionada dentro del proceso Ordinario promovido
por José Camilo Quintero contra la sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía Ltda.
Equipo Universal Ltda. el 24 de octubre de 2000, y ordenar a la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a la que le corresponda el asunto,
resolver en los diez días siguientes a la notificación de esta providencia el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito el 16 de enero de 1998,
dentro del mismo asunto.
Tercera. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación las actuaciones adelantadas en el proceso Ordinario promovido por el
actor contra la sociedad Herrera Montoya Navarro y Cía Ltda. Equipos Universal
Ltda., para que se inicie la investigación correspondiente, si fuere del caso.
Ofíciese y remítase copia de todo lo actuado.
Cuarto. Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia T-621/02
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO-Está
sometido a término o condición (Salvamento de voto)
No es cierto como lo afirma la sentencia
que un contrato de arrendamiento siempre este sometido a término (hecho
futuro), ya que puede estar sometido a condición. Esto fue lo que sucedió en el
caso concreto, donde el arrendatario estaba obligado a entregar el bien una vez
la obra llegase a cierto sitio. En el caso concreto el arrendador al llegar al
sitio donde debía de terminar el contrato de arrendamiento, dio adicionalmente
un plazo para el desalojo.
NULIDAD SETENCIA
DE TUTELA-No valoración
suficiente de las pruebas (Salvamento de voto)
Referencia: expediente
T-450276
Acción de tutela
instaurada por José Camilo Quintero contra la Sala Civil de Descongestión de H.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. Alvaro Tafur
Galvis
Con el debido respeto por las decisiones de
la Corte Constitucional, el suscrito magistrado salva el voto, por las razones
que van a expresarse:
1. No es cierto como lo afirma la sentencia
que un contrato de arrendamiento siempre este sometido a término (hecho
futuro), ya que puede estar sometido a condición. Esto fue lo que sucedió en el
caso concreto, donde el arrendatario estaba obligado a entregar el bien una vez
la obra llegase a cierto sitio; esta clase de obligaciones es posible pactarlas
a la luz del artículo 1534 del Código Civil, que permite las condiciones
mixtas. En el caso concreto el arrendador al llegar al sitio donde debía de
terminar el contrato de arrendamiento, dio adicionalmente un plazo para el
desalojo.
2. Esta sentencia esta viciada de nulidad,
por cuanto contraría la jurisprudencia de la Sala Plena, jurisprudencia sentada
en la sentencia de unificación SU.159 de 2002 que resolvió el caso del doctor
Saulo Arboleda, ya que en esa providencia la mayoría de la Corte (de la que el
suscrito se separó, pero no los dos magistrados que firman esta tutela),
sostuvo: a) Que por regla general la Corte Constitucional no puede por vía de
tutela entrar a examinar las pruebas y b) Que sí existe respaldo probatorio
para dictar una sentencia, aunque la sentencia se haya fundamentado en una
prueba ilícita, la existencia de las demás pruebas sirven para fundar la
sentencia y además, no la vicia de nulidad. Si esta fue la posición de la
mayoría, frente a una sentencia que se fundaba expresamente en una prueba
ilícita, con mayor razón debe mantenerse la sentencia cuando una prueba no ha
sido valorada, o no lo ha sido suficientemente; que fue lo que sucedió en este
caso. Como esta providencia contraría la jurisprudencia de la Corte
Constitucional de Sala Plena, está afectada de nulidad.
En los anteriores términos, respetuosamente
dejo consignado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1]El artículo 3.04. del
contrato dice: “El INSTITUTO  y el COFINANCIADOR convienen liquidaciones parciales
definitivas, escrituración y entrega de las viviendas, en grupos no menores, de
acuerdo a la siguiente programación:
Primera entrega de 150
soluciones al 4º mes.
Segunda entrega de 250
soluciones al 6º mes.
Tercera entrega de 250
soluciones al 8º mes.
Cuarta entrega de 250
soluciones al 10º mes.
Quinta entrega de 250
soluciones al 12º mes.
Sexta entrega de 250
soluciones al 14º mes.
Séptima entrega de 350
soluciones al 16º mes.
Octava entrega de 400
soluciones al 18º mes.
Novena entrega de 430
soluciones al 20º mes.”
[2] -El contrato
modificatorio No. 1, entre otros aspectos modificó el artículo 1.01, como
sigue: “El presente contrato tiene por objeto la cofinanciación y
construcción a precio y plazo fijo en terrenos de propiedad del COFINANCIADOR
de 2.412 soluciones multifamiliares populares II, 104 apartamentos de vivienda
y comercio, 99 locales comerciales; 17 locales comunales; 78 garajes cubiertos
y 26 depósitos comerciales (...)”. El artículo 3.04 se modificó así: “EL
INSTITUTO y el COFINANCIADOR, convienen liquidaciones parciales definitivas,
escrituración y entrega de las viviendas en grupos no menores de acuerdo a la
siguiente programación: PRIMERA ENTREGA: 17 de septiembre de 1984.-490
viviendas. Segunda entrega: 27 de noviembre de 1984 –440 viviendas. Tercera
entrega: 03 de enero de 1985 – 240 viviendas. Cuarta entrega: 07 de marzo de
1985 – 280 viviendas. Sexta entrega 28 de julio de 1985- 900 viviendas”.
-El 13 de marzo de
1985 se celebró el contrato modificatorio No. 2, en donde se varió la forma del
pago del precio del contrato y se amplio la garantía de cumplimiento del mismo,
entre otros.
-El 26 de julio de
1985 se celebró el contrato adicional No. 3, por medio del cual se prorrogó el
plazo de cumplimiento en 30 días, contados a partir del 29 de julio de 1985.
-El 26 de agosto de
1985 se celebró el contrato adicional No. 4, por medio del cual se prorrogó el
plazo de cumplimiento en 45 días, contados a partir del 29 de agosto de 1985.
-El 11 de octubre de
1985 se celebró el contrato adicional No. 5, por medio del cual se prorrogó el
plazo de cumplimiento en 15 días, contados a partir del 12 de octubre de 1985.
-El 28 de octubre de
1985 se celebró el contrato adicional No. 6, por medio del cual se prorrogó el
plazo de cumplimiento en 19 días, contados a partir del 28 de octubre de 1985.
-El 15 de noviembre de
1985 se celebró el contrato adicional No. 7, por medio del cual se prorrogó el
plazo de cumplimiento en 46 días, contados a partir del 16 de noviembre de
1985.
-El 30 de diciembre de
1985 se celebró el contrato adicional No. 8, por medio del cual se prorrogó el
plazo de cumplimiento en 46 días, contados a partir del 31 de diciembre de
1985.
[3] El apoderado de la
parte actora anexó copia autentica del interrogatorio extraproceso rendido por
el representante legal de la demandada en forma anticipada, 16 fotocopias
autenticas de facturas de compra de elementos y equipos para cocina y
restaurante, copia autentica de las comunicaciones relativas a la entrega del
inmueble a nombre de Camilo Quintero y a la autorización para el ingreso al
mismo, para adelantar obras de adecuación, ya relacionadas. Y un recibo por
$50.000.oo expedido por el representante legal de la demandada a nombre de
Camilo Quintero.
La apoderada de la
parte demanda, por su parte, solicitó tener como pruebas lo actuado en
la querella policiva y en el sumario 1928 adelantado contra Hernando Navarro
por el delito de hurto por denuncia presentada por Camilo Quintero, por los
hechos de  perturbación de que éste fue objeto por el primero. Pero las copias
del sumario no fueron aportados, porque, al decir de la apoderada de la
demandada, no apareció “en los archivos de la fiscalía a pesar de que en la
fiscalía 92 aparece en el listado adjunto del paquete número 01 archivo
definitivo de 1987 (..) –folio 251, cuaderno 3.
[4] Los testimonios de Ruth Hennesy
de Hernández, de Hernando Navarro y de Francisco Wiesner fueron tachados por el
apoderado del demandante como sospechosos, por tratarse de personas vinculadas
a la sociedad demandada. La primera reconoció haber asesorado a la empresa
demandada y al señor Hernando Navarro en la querella que le fuera promovida a
éste por Camilo Quintero, y respecto de la transacción que impidió que el
asunto del incumplimiento de la orden policial fuera ventilado ante la
jurisdicción penal. Hernando Navarro y Francisco Wiesner, por su parte,
adujeron ser directores de la obra que adelantaba la sociedad Herrera Montoya
Navarro y Cía Ltda. para la época de los hechos. No obstante Navarro, a la
pregunta “Sírvase decir si usted es empleado o en calidad de que se
encuentra en esa empresa” que le formulara la Inspectora 8C Distrita de
Policía, el 5 de septiembre de 1984 contestó: “soy asociado con
ellos”.
[5] En la sentencia C-596 de 2000 la Corte consideró
posible que se funde un cargo en casación por violación de las normas
constitucionales, y también adujo que “(..) en razón de la primacía que se
reconoce a los derechos constitucionales fundamentales es obligatorio para el
tribunal de casación pronunciarse oficiosamente sobre la violación de éstos,
aun cuando el actor no formule un cargo específico en relación con dicha
vulneración”. En igual sentido, entre otras, C-83 de1995 y C-739 de 2201.
Y la procedencia del
recurso de casación en materia civil por razón de la cuantía del perjuicio fue
declarada constitucional en la sentencia C-1046 de 2001 M.P. Eduardo
Montealegre Lynnett.
[6] Mediante la sentencia C-491 de
1995 esta Corporación advirtió que la nulidad prevista en el artículo 29
constitucional puede alegarse en los procesos civiles, aunque no se encuentre
relacionada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
[7] La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia ha considerado que constituye error de derecho
susceptible de ser estudiado en por esa corporación la falta de apreciación de
las pruebas en conjunto. Entre otras, sentencias de marzo 3 de 1998 M.P. Rafael
Romero Sierra, de 5 de mayo de 19888 Exp. 4959 M.P. Carlos Esteban Jaramillo,
de 10 de diciembre de 1999 Exp. 5367 M.P. Carlos Ignacio Jaramillo, de 10 de
marzo de 2000 y 15 de marzo de 2001Exp(s) 6188 y 6495 M.P. Jorge Santos
Ballesteros.
[8] Sobre el carácter subsidiario y
residual de la acción de tutela consultar, entre otras, T-001 de 1992, T-575 de
1997, T-1655 de 2000 , T-069, T-1221, T-1271, y T-1273 de 2001, T-135 de 2002.
[9] Sala de
Casación Civil, sentencia del 4 de marzo de 1991.
[10] Sentencias T-576 de 1993, T-442
y T-538 de 1994, T- 239 de 1996, T-589 de 1999, T-008/98, Su-1300 de 2001.
[11] Esta Corte ha
condicionado la prosperidad de la acción de tutela, por quebrantamiento de la
garantía constitucional del debido proceso en materia probatoria, a la
circunstancia de que las pruebas dejadas de valorar o valoradas indebidamente
incidan necesariamente en la decisión, entre otras, sentencias T-393 de 1994
M.P. Antonio Barrera Carbonell, SU-087 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, T-488 de 1999 M.P.Martha Sáchica Méndez, y T-025 de 2001 M.P. Eduardo
Montealegre Lynnett.
[12] Sentencia
SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza
[13] El siguiente aparte
de la providencia que se reseña explica porqué la Corte llegó a la a anterior
conclusión: “La historia de la norma muestra, entonces, que la principal
preocupación de los delegatarios de la Comisión Primera era evitar que ciertos
medios de prueba fueran obtenidos con violación de los derechos fundamentales,
en particular a través de la tortura. Su objetivo fue el de incluir en la Carta
Política una restricción que disuadiera a los agentes del Estado y a cualquier
persona, de recurrir a medios violentos, inhumanos, crueles y degradantes, como
métodos para obtener información sobre la comisión de delitos.(..) Sin embargo,
tal como se dijo en la Comisión Primera de la Asamblea, ante el temor de abrir
paso a una eventual interpretación de la norma, según la cual se pudiese
torturar con la única sanción de la validez de la declaración o confesión se
prefirió una redacción más genérica en dos sentidos: (i.) la nulidad se genera
no sólo cuando hay torturas o tratos inhumanos o degradantes, sino ante
cualquier violación de los derechos y garantías establecidos en la Constitución
y (ii.) la nulidad no se predicaría sólo de declaraciones, sino también de
cualquier otro medio de prueba”.-sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José
Cepeda Espinoza.
[14] “ART.
1987.—Si fuera de los casos previstos en el artículo precedente*, el
arrendatario es turbado en su goce por el arrendador o por cualquiera persona a
quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho a indemnización de perjuicios”.
*ART.
1986.—El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario de
toda turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del arrendatario,
mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras o trabajos algunos
que puedan turbarle o embarazarle el goce de ella.
Con
todo, si se trata de reparaciones que no pueden sin grave inconveniente
diferirse, será el arrendatario obligado a sufrirlas, aun cuando lo priven del
goce de una parte de la cosa arrendada; pero tendrá derecho a que se le rebaje
entre tanto el precio o renta, a proporción de la parte que fuere.
Y si
estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa, que el resto no
aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo, podrá el
arrendatario dar por terminado el arrendamiento. El arrendatario tendrá,
además, derecho para que se le abonen los perjuicios, si las reparaciones
procedieren de causa que existía ya al tiempo del contrato y no era entonces
conocida por el arrendatario, pero lo era por el arrendador, o era tal que el
arrendador tuviese antecedentes para temerla, o debiese por su profesión
conocerla.
Lo
mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce de la cosa
demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arrendamiento sin grave
molestia o perjuicio del arrendatario”.
[15] “ART.
2008 El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros
contratos, y especialmente: 2. Por la expiración del tiempo estipulado para la
duración del arriendo”.
[16] “ART.
1534.—Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor
o del deudor; casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso;
mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la
voluntad de un tercero o de un acaso.
ART.
1535.—Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que
consista en la mera voluntad de la persona que se obliga.
Si la
condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá.
ART.
1536.—La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la
adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se
extingue un derecho.
ART.
2011.—Si se ha fijado tiempo forzoso para una de las partes, y voluntario para
la otra, se observará lo estipulado, y la parte que puede hacer cesar el
arriendo a su voluntad, estará, sin embargo, sujeta a dar la noticia anticipada
que se ha dicho.”
[17] “ART.
2009.—Si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si el tiempo
no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada
por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar sino
desahuciando a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente.
La
anticipación se ajustará al período o medida del tiempo que regula los pagos.
Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio será respectivamente
de un día, de una semana, de un mes.
El
desahucio empezará a correr al mismo tiempo que el próximo período”.
[18] “ART.
2013.—Cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio de cualquiera
de las partes, o por haberse fijado su duración en el contrato, el arrendatario
será obligado a pagar la renta de todos los días que falten para que cese,
aunque voluntariamente restituya la cosa antes del último día.”