T-556-05
Sentencia T-556/05
PENSION-Cotización conforme a asignación que corresponde al cargo realmente
desempeñado/DERECHO A LA IGUALDAD EN SISTEMA DE PENSION-Cotización
conforme a asignación que corresponde al cargo realmente desempeñado/PENSION
DE JUBILACION
PENSION DE
JUBILACION DE FUNCIONARIO DIPLOMATICO-Cotización
conforme a la asignación correspondiente al cargo realmente desempeñado
Como quiera que existe una línea
jurisprudencial relacionada con en el hecho de que la liquidación de aportes
para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior
debe hacerse tomando como base el salario realmente devengado y nunca un
salario inferior, esta Sala tutelará los derechos fundamentales  a la seguridad
social y al debido proceso en conexidad con el derecho a la igualdad de la
accionante y ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores, que si aún no lo
ha hecho, remita a Caja Nacional de Previsión Social,  dentro del término de 48
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, la constancia
contentiva de los salarios que realmente la accionante devengó al servicio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, como persona inscrita en la Carrera
Diplomática y Consular, con base en la cual CAJANAL deberá expedir una nueva
resolución de pensión de vejez a la peticionaria.
Referencia:
expediente T-1059742
Acción de
tutela de la señora Sofía Salgado de Gómez, contra la Caja Nacional de
Previsión Social.
Magistrado
Ponente:
Dr. ALFREDO
BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de
dos mil Cinco (2005).
La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel
José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos
adoptados por el  Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal, los días quince (15) de
octubre y noviembre treinta (30) de 2004, respectivamente, dentro de la acción
de tutela presentada por  la señora Sofía Salgado de Gómez, en contra de la
Caja Nacional de Previsión Social.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá Sala Penal, el día diecinueve (19) de enero de 2005, en
virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES.
La señora Sofía Salgado de Gómez, por
intermedio de apoderado interpuso acción de tutela, por que considera que se le
están vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad,
dignidad, trabajo, debido proceso y mínimo vital, por cuanto la Caja Nacional
de Previsión Social reconoció y ordenó pagar  su pensión de vejez sin tener en
cuenta el promedio de la totalidad de los salarios realmente devengados al
servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Carrera Diplomática y
Consular.
A –HECHOS DE LA DEMANDA.
1- Manifiesta el apoderado de la
accionante, que la misma ingresó al Escalafón de la Carrera Diplomática y
Consular mediante Decreto 2.143 del 21 de noviembre de 1972 y ascendió al rango
de Ministra Consejera por Decreto No.1921 del 3 de diciembre de 1995.
2- Agrega, que al primero de abril de
1994, cuando entró en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral creado por
la Ley 100 de 1993 contaba con trece años y seis meses de servicios cumplidos y
tenía más de 40 años de edad, sin haber llegado a los cincuenta años, previstos
en la Ley 33 de 1985 para efectos de la pensión.
3- Afirma que se encuentra afiliada a la
Caja Nacional de Previsión Social bajo el régimen de prima media con prestación
definida y tiene reconocido el status jurídico de pensionado.
4-  Señala, que de acuerdo con los
artículos 3 del Decreto 813 de 1994, 17 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, el
ingreso base de liquidación de la pensión debe calcularse sobre el promedio del
salario real que devengó durante los últimos nueve años diez meses y diecinueve
días de servicio.
5. Afirma, que en desarrollo del
principio de alternación previsto en los artículos 35 y 40 del Decreto Ley 274
de 2000 que rige la Carrera Diplomática y Consular se desempeñó en la Planta
Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del primero de noviembre de
1995 al 13 de marzo de 1997 como Cónsul General Grado Ocupacional 4EX en el
Consulado General de Colombia en San Juan Puerto Rico. Del 15 de septiembre de
1998, al 24 de julio de 2001, como Consejero Grado Ocupacional 4EX en la Misión
Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas-ONU-, con
sede en New York-Estados Unidos de América.
5. De acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 5 de la Ley 04 de 1992 y en los Decretos Nos.60 de 1999, 1484 del 19
de julio de 2001 y 856 del 30 de abril de 2002, que han venido desarrollándola
del primero de noviembre de 1995, al 13 de marzo de 1997; y del 15 de
septiembre de 1998 al 24 de julio de 2001, devengó en su equivalente a pesos
moneda corriente, conforme a la tasa representativa del mercado vigente para la
época, certificada por el Banco de la República, según los certificados
adjuntos expedidos por el Coordinador de Nóminas y Prestaciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores, excluidos los ingresos que percibió por concepto de
prima de costo de vida y el subsidio por dependientes fijadas para la Planta
Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores
6- Sostiene, que la Subgerente de
Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social profirió la
Resolución No.9080 del 28 de abril de 2004, que fijó la pensión mensual
vitalicia por vejez en la suma de 2.148.460.30 pesos, sin haber tenido en
cuenta los salarios que la demandante realmente devengó durante el tiempo de
los servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, entre el
primero de noviembre de 1995, al 13 de marzo de 1997 y entre el 15 de
septiembre de 1998, al 24 de julio de 2001.
7. Considera el apoderado que la decisión
adoptada por la Caja Nacional de Previsión Social  le ocasionan a la accionante
una evidente disminución, grave e injusta de la pensión de vejez a la que tiene
derecho y que constituye su único recurso de subsistencia.
B. Pretensión.
Solicita el apoderado de la demandante
que a través de este mecanismo preferencial se tutelen a su representada los
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo, seguridad
social, mínimo vital y reconocimiento correcto de la pensión y
consecuencialmente se ordene a la entidad demandada se profiera el acto
administrativo, concediendo el reconocimiento de la reliquidación de la
pensión, tomando en cuenta, para establecer el salario base de liquidación, el
total de lo realmente devengado por la demandante y deberá comprender en su
equivalente en pesos moneda corriente a la tasa de la época, certificada por el
Banco de la República, lo que devengó cuando se desempeño como Cónsul General
de Colombia en San Juan de Puerto Rico y como Consejero de la Misión Permanente
en Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en New York.
C. Trámite  procesal
Una vez efectuado el reparto de la acción
de tutela de la referencia, el mismo, le correspondió al Juzgado Catorce Penal
del Circuito de Bogotá, quien el día primero de octubre de 2004, admitió la
demanda y corrió traslado a la Caja Nacional de Previsión Social.
D-Respuesta de la Caja Nacional de
Previsión Social.
La Caja Nacional de Previsión Social
afirma, que  no ha adoptado una interpretación arbitraria e irrazonable en la
forma como se debe calcular la cuantía de la pensión reconocida a la
accionante, como quiera que a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, la
misma contaba con más de 35 años de edad o 15 años de servicios, por lo tanto
se encuentra amparada según lo establecido en el régimen de transición, por lo
cual la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto pensional
serán los establecidos en la Ley 33 de 1985.
Agrega, que antes del primero de abril de
1994, la demandante no había cumplido con los requisitos para gozar de una
pensión de jubilación, es decir, no tenía ningún derecho pensional adquirido y
solo tenía una expectativa o probabilidad de obtener algún día ese beneficio,
razón por la cual el legislador bien podía modificar esas expectativas de
derecho, sin vulnerar norma constitucional alguna, situación que acaeció al ser
proferida la Ley 100 de 1993.
Sostiene, que a CAJANAL no fueron
efectuadas cotizaciones sobre el valor de lo percibido en dólares, o su
equivalente en pesos colombianos producto de las labores desempeñadas por la
accionante en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino
por los valores devengados en el cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2016
de 1968.
Reitera que CAJANAL no ha adoptado una
interpretación arbitraria o irrazonable en lo referente a la forma como se debe
calcular la cuantía de la pensión reconocida a favor de la demandante y por
ello si existe una controversia interpretativa sobre el particular, la misma
adquiere un carácter estrictamente litigiosos de competencia de la justicia
ordinaria o en su defecto de la jurisdicción contencioso administrativa, por lo
que en el evento en que ese recinto judicial acceda a las pretensiones de la
accionante, estaría asumiendo competencias de la justicia ordinaria o
especializada.
Agrega que la accionante en la actualidad
se encuentra laborando y una vez sea retirada del servicio oficial comenzará a
percibir mesadas por concepto de la pensión de vejez reconocida por CAJANAL,
por tanto no se está frente a un perjuicio irremediable, en razón a que en el
evento de que dicha prestación social se haya reconocido por un monto menor a
lo esperado, no es claro y evidente que en este caso se le esté vulnerando el
mínimo vital,  por cuanto la demandante cuenta con ingresos para suplir sus
necesidades fundamentales y procurarse una subsistencia digna. Además la
interesada no especifica en qué grado, esa suma de dinero le impide llevar una
vida digna o desarrollar en condiciones normales las actividades propias de una
persona perteneciente a la tercera edad o no le alcance para cubrir sus
necesidades personales o familiares.
II- FALLOS OBJETO DE REVISION
Sentencia de primera instancia.
El Juzgado Catorce Penal del Circuito de
Bogotá, negó el amparo a la demandante, considerando que del análisis de la
documentación obrante en el expediente, no observó el Despacho, que al liquidar
la asignación pensional la entidad demandada haya incurrido en vías de hecho,
profiriendo una decisión contraria a derecho, pues en primer término, si bien
es cierto que la entidad, al emitir el respectivo acto administrativo no tuvo
en cuenta algunos factores salariales a que se hace referencia en la tutela y
no las sumas devengadas en dólares americanos por la demandante, la entidad
demandada emitió los actos administrativos con fundamento en la normatividad
vigente.
Por otra parte, el Despacho sostuvo que
no apreció que la entidad demandada haya atentado contra los derechos
fundamentales de la accionante, como el mínimo vital, pues se tiene
conocimiento que la accionante aún labora en el Ministerio de Relaciones
Exteriores percibiendo un salario de 3.251.668 pesos y no existen elementos de
juicio que demuestren que la referida suma no le alcance para asumir sus gastos
de manutención y sostenimiento y por ende no sean suficientes para cubrir sus
mínimas necesidades y que por tanto, esté afrontando actualmente una situación
precaria que atente contra el derecho a la dignidad humana que le asiste.
Demás afirma que a la demandante le fue
reconocida una asignación pensional de 2.148.460.30 pesos la cual en principio
no aprecia el Despacho que sea una suma ínfima, que no sea suficiente para
atender los gastos y necesidades que deba afrontar en un futuro la demandante.
Continúa diciendo que no obstante si la demandante considera que ha habido un
error en torno a la liquidación de su pensión de vejez, una vez agotada la vía
gubernativa, debe acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para
que sea en dicha instancia donde se dirima el asunto materia de debate.
Sentencia de Segunda Instancia
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala  de Decisión Penal confirmó el fallo de primera
instancia, considerando que no existe claridad en torno, a si la demandante la
cobija el régimen especial de pensiones conforme al artículo 36 de la Ley 100
de 1993, Ley 33 de 1985 y artículo 5 de la Ley 4 de 1992, al haber laborado
como funcionaria del servicio del Estado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, desde el primero de  octubre de 1980; o si por el contrario se le aplica
diferente normatividad conforme a lo previsto en la motivación contenida en los
actos administrativos cuestionados por la accionante. Por ende, afirma que no
corresponde al fallador de tutela pronunciarse en torno al reconocimiento de la
pensión vitalicia por vejez de la demandante en las condiciones aludidas en la
demanda, es decir, ordenando que la liquidación de la misma contemple el
promedio de lo realmente devengado en dólares, cuando los aportes de la
cotizante fueron siempre reportados a la entidad demandada en pesos, amén de
los demás factores aludidos en la demanda.
Concluye afirmando, que al no
evidenciarse la trasgresión de ningún derecho fundamental, no es procedente la
tutela, debiendo la accionante acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para reclamar sus derechos ante la emisión de las resoluciones
9080 y 16457 de 2004 por parte de la Caja Nacional de Previsión, cuya legalidad
se presume, aspectos que se convierten en causales para denegar las pretensiones
de la accionante, en la medida que este mecanismo no puede convertirse en
subsidiario de otras instancias.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala es competente para decidir, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9o., de la
Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se debate.
La demandante considera que la Caja
Nacional de Previsión Social le está vulnerando los derechos  fundamentales a
la igualdad, debido proceso, trabajo, seguridad social y al mínimo vital, al
no reconocerle la pensión, tomando en cuenta el salario base de liquidación del
total de lo realmente devengado cuando desempeñó el cargo de Cónsul General de
Colombia en San Juan de Puerto Rico y como Consejera de la Misión Permanente de
Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en New York.
Corresponde a esta Sala determinar si
CAJANAL vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social,
debido proceso a la accionante, al liquidarle la pensión de vejez teniendo en
cuenta la asignación básica de un funcionario de la planta interna Ministerio
de Relaciones Exteriores, y no el ingreso base de lo realmente percibido por la
demandante en los cargos de Carrera Diplomática y Consular en el  exterior.
Tercera. REITERACIONDE JURISPRUDENCIA
La Corte Constitucional mediante
Sentencia C-173 de 2004, (MP Dr. Eduardo Montealegre Lynett), declaró la
inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 797 de 2003  “Por la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales”. Que establecía que el ingreso base de
cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa
del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación
básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para
los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base
de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas
vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en
cuenta los topes de pensión que sean aplicables.
Al respecto la mencionada Sentencia C-173
de 2004 señaló lo siguiente:
“Conforme
lo expuso esta Corporación con suficiente amplitud en algunos de los fallos
antes citados, la aplicación de la equivalencia para cotizar y liquidar los
aportes a pensión resulta abiertamente discriminatoria ya que permite que sólo
a cierto sector de trabajadores estatales: los que laboran en el servicio
exterior, se les liquiden sus prestaciones sociales, particularmente la pensión
de jubilación, de acuerdo con el salario percibido por otros servidores que
reciben sumas inferiores. Así, mientras el monto de las prestaciones para la
generalidad de trabajadores de los sectores público y privado es calculado de
conformidad con el salario causado, el tratamiento recibido por quienes hacen
parte del servicio exterior es sustancialmente diferente, sin que exista una
justificación constitucionalmente razonable que ampare tal distinción. Así,
incluso la finalidad perseguida por la norma se perfila como inconstitucional,
pues pretende desconocer el salario como base para liquidar la pensión, así
como para determinar las cotizaciones. Cabe reiterar entonces que el criterio
aportado por el monto del salario realmente devengado es insoslayable, pues la
pensión debe reflejar la dignidad del cargo desempeñado, ya que éste también
estuvo acompañado de cargas y responsabilidades que el funcionario desempeñó de
manera satisfactoria, hasta el punto de obtener su derecho pensional en el tal
profesión.
19- Cabe
agregar que la Ley 100 de 1993 (arts. 17 y 18) en forma sistemática promueve el
derecho a la igualdad de los trabajadores en materia prestacional, pues es
desarrollo del querer del Constituyente, ya que la Carta consagra la igualdad
como un principio fundante del Estado (art 13 C.P.) y la universalidad como un
principio esencial del derecho a la seguridad social (art. 48 C.P.). Concluye
entonces la Corte que para que se entienda garantizado el principio de igualdad
y los objetivos superiores que informan el derecho a la seguridad social, la
liquidación de aportes para pensión debe llevarse a cabo con base en el salario
real recibido por el trabajador y en ningún caso con base en un salario
inferior, por lo anterior se impone declarar la inconstitucionalidad de los
apartes acusados.
20- La
inexequibilidad de estos apartes corrige además la reiterada violación a la
igualdad que se ha venido presentando. Así, todas las acciones de tutela
presentadas por antiguos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores
demuestran la magnitud del problema constitucional que se ha generado con estas
medidas discriminatorias. Además, esta declaratoria de inconstitucionalidad
permite que el monto de cotización y el de liquidación de la pensión sean
calculados con base en lo realmente devengado, lo cual garantiza el equilibrio
del sistema pensional, pues las cotizaciones y las liquidaciones ya no se
realizarán con base en ingresos inferiores a los que estos funcionarios
perciben, ya sea que estén en la planta interna o en la externa, pues en cada
caso se hará la cotización y la liquidación con base en el salario real.
Encuentra
pues la Corte que los apartes acusados son violatorios de la igualdad y por
tanto habrán de ser declarados inexequibles, pues el trato distinto impuesto
por la norma es discriminatorio ya que implica que la cotización y liquidación
de la pensión se hacen con base en un salario que no corresponde al realmente
devengado. Y es que no es constitucionalmente admisible reducir el salario de
un servidor público para efectos del cálculo de su pensión.”
Para la Corte, el artículo 7 de la Ley
797 de 2003, contiene una discriminación en cuanto a la asignación de las
pensiones entre categorías de funcionarios iguales, los servidores públicos,
permitiendo que la asignación pensional de los funcionarios de la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores sea calculada de manera
diferente a la del resto de servidores públicos. En efecto, mientras que  la
pensión se calcula con base en el salario efectivamente devengado por el
funcionario, en este caso se establece que, para los períodos en que la persona
prestó sus servicios en la planta externa, tanto la cotización como el monto de
la pensión se calcularán con base en el salario previsto para los cargos
equivalentes en la planta interna.
Esta
Corte ya se había referido al asunto planteado en esta oportunidad en
diferentes ocasiones[1].
Así, en varias acciones de tutela, un grupo de funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la
seguridad social, a la igualdad, a la subsistencia digna y al mínimo vital, por
cuanto el mencionado ministerio había liquidado los aportes al sistema de
pensiones sobre un ingreso base de cotización que no correspondía al que
realmente devengaron cuando se desempeñaron como funcionarios públicos en el
servicio exterior. Tal es el resultado del establecimiento de equivalencias
entre los cargos de planta interna y los de planta externa, y específicamente
al punto de las equivalencias salariales.
La
jurisprudencia de esta Corporación entonces, en reiteradas ocasiones señaló que
las cotizaciones para pensión deben hacerse tomando en consideración la
asignación que corresponde al cargo realmente desempeñado, pues resulta discriminatorio
hacerlo a partir de una asignación distinta o supuestamente equivalente.
Si
se acogiera un criterio distinto al determinado jurisprudencialmente, se
tendría que aquellos trabajadores que han devengado un mayor salario van a
recibir prestaciones sociales que en realidad pertenecen a labores de menor
asignación, desarrolladas por trabajadores que generalmente cumplen distintas
funciones a consecuencia también de su nivel de preparación, quienes además
ostentan otras responsabilidades concordantes con su cargo. Es decir, lo
recibido no equivaldría al empleo, ni a las funciones, ni a las cargas propias
del trabajo
Es así como en la sentencia T-1016 de
2000 (MP Dr.Alejandro Martínez Caballero), la Corte concedió el amparo a un
ciudadano en una acción interpuesta contra el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por cuanto consideró que la liquidación de su pensión no se hizo
con base en la remuneración que efectivamente recibió, sino en un salario menor
correspondiente a una función diferente. Al efecto, la Corte ordenó al
Ministerio de Relaciones Exteriores enviar a los Seguros Sociales la
información veraz sobre la base legal para la pensión de vejez del accionante,
a saber: los salarios que él devengo en su cargo de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario en el Japón, haciendo como es lógico la conversión de los
yenes a moneda colombiana para que este nuevo elemento de juicio fuera tenido
en cuenta por los Seguros Sociales en una correcta liquidación de la pensión de
vejez
En aquella oportunidad el actor ya había
solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el ejercicio del
derecho de petición, una nueva certificación sobre el ingreso base de
liquidación y éste había mantenido intangible su decisión de basarse en las
equivalencias.
De otro lado, mediante Sentencia T-534 de
2001 (MP Jaime Córdoba Triviño) amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y el derecho  a la seguridad social en conexidad con el derecho a la
igualdad y a la subsistencia digna, analizando la situación pensional de un
exembajador. En aquella oportunidad el peticionario ya había interpuesto los
recursos de reposición y apelación ante el Seguro Social, y en ellos cuestionó,
entre otros asuntos, la determinación del salario base de liquidación para los
servidores públicos en el exterior. En esa ocasión se tutelaron los derechos
del peticionario pues, a pesar de los reclamos elevados, el monto de
liquidación de su pensión no había sido corregido.
Igualmente,
en la sentencia T-083 de 2004 (MP Dr.Rodrigo Escobar Gil) la Corte concedió la
acción de tutela interpuesta por otro ciudadano y ordenó al Ministerio de
Relaciones Exteriores enviar nuevamente al Seguro Social la información que
constitucionalmente corresponde para la pensión de vejez del señor Carlos Villamil
Chaux, como son los salarios que realmente él devengo en su cargo de Cónsul
General de Colombia en Berlín -, pues los salarios que él realmente devengó
cuando se desempeñaba dicho cargo, no fueron tenidos en cuenta al momento de
liquidar la pensión en virtud de las equivalencias.
Por ese
motivo, esta Corte ya ha anotado que las normas que respaldan este tipo de
prácticas frente a cierto grupo de trabajadores son inconstitucionales y deben
ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los principios de dignidad humana e
igualdad, y violatorias de los derechos al mínimo vital y a la seguridad
social, derechos que tienen un fundamento constitucional expreso (C.P. arts.
48, y 53).
Sobre este
particular la Sentencia T-1016 de 2000 mencionada expresó lo siguiente:
“...se afecta
ostensiblemente la igualdad si a todos los trabajadores se les liquida la
pensión según el salario devengado y por el contrario a unos servidores del
Estado se les computa con base en el salario de otros funcionarios que reciben
sumas muy inferiores a la que percibe el aspirante a pensionado. No sirve de
argumento que se hubiere laborado en el exterior porque como bien lo dice la
Corte Suprema:
‘Es válido que
el empleador reconozca una pensión de jubilación, computando el tiempo laborado
por el trabajador en territorio colombiano, con el laborado en otro país y en
desarrollo de un contrato de trabajo diferente, pues es lícito variar las
condiciones de tiempo, modo y lugar’ (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,
abril 15 de 1997). Jurisprudencia que es válida también para funcionarios del
Estado.” (Sentencia T-1016 de 2000).
IV- Análisis del caso concreto.
En el presente caso la Caja Nacional de
Previsión Social mediante Resolución 9080 del 28 de abril de 2004, reconoció la
pensión vitalicia de vejez a la señora Sofía Salgado de Gómez, por un valor de
2.148.460.80 pesos.
Recurrida la misma, mediante escrito del
7 de junio de 2004 la demandante solicitó requerir al Ministerio de Relaciones
Exteriores para que remitiera la información completa y detallada de todo lo
devengado en el país y en el exterior, sueldos y primas de toda especie desde
el primero de abril de 1994 y el 29 de febrero de 2004.
Solicita la demandante que la resolución
9080 mencionada se modifique y en su lugar se profiera la que determine como
ingreso base de liquidación la pensión mensual vitalicia a su favor la suma que
resulte de promediar el total real devengado en el país y en el exterior,
teniendo en cuenta que lo percibido en el exterior fue en dólares de los
Estados Unidos de América según las asignaciones y demás factores salariales
determinados en cada caso en la Planta Externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores y que tales sumas convertirlas a moneda corriente a la tasa
representativa del mercado certificada para la respectiva época del Banco de la
República.
La Caja Nacional de Previsión Social
mediante Resolución 16457 de 2004 confirmó la resolución impugnada,
considerando que los aportes con destino a la pensión efectuados a esa entidad
se realizaron tomando como ingreso base de cotización el sueldo devengado del
cargo equivalente a la planta interna, esto es, en pesos colombianos y no en
dólares.
Agrega, que la demandante fue incorporada
al nuevo Sistema de Seguridad Social en Pensiones, toda vez que era funcionaria
activa para la vigencia de la ley 100 de 1993, esto es, al primero de abril de
1994, en virtud de lo cual la interesada no fue exceptuada del nuevo Sistema,
pues la norma mencionada no lo menciona expresamente como funcionario cobijado
por un régimen especial, razón por la cual se han aplicado todas las
disposiciones del régimen común para los servidores públicos y no habrá de
darse un tratamiento especial por su calidad de diplomático
Según
lo expresado anteriormente, en diversos procesos de tutela, la Corte tuteló los
derechos a antiguos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que
consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
igualdad, a la subsistencia digna y al mínimo vital, por cuanto el mencionado
Ministerio había liquidado los aportes al sistema de pensiones sobre un ingreso
base de cotización que no correspondía al que realmente ellos devengaron cuando
se desempeñaron como funcionarios públicos en el servicio exterior.
Por tal razón la Corte consideró que la
liquidación de sus pensiones no fueron realizadas con base en la remuneración
que efectivamente recibieron los accionantes, sino que el Ministerio de
Relaciones Exteriores tomó en cuenta el salario menor correspondiente a una
función distinta a la desarrollada por ellos.
Conforme lo expuso esta Corporación con
suficiente amplitud en los fallos antes citados, la aplicación de la
equivalencia para cotizar y liquidar los aportes a pensión resulta abiertamente
discriminatoria ya que permite que sólo a cierto sector de trabajadores
estatales: los que laboran en el servicio exterior, se les liquiden sus
prestaciones sociales, particularmente la pensión de jubilación, de acuerdo con
el salario percibido por otros servidores que reciben sumas inferiores.
Así, mientras el monto de las
prestaciones para la generalidad de trabajadores de los sectores público y
privado es calculado de conformidad con el salario causado, el tratamiento
recibido por quienes hacen parte del servicio exterior es sustancialmente
diferente, sin que exista una justificación constitucionalmente razonable que
ampare tal distinción.
Se reitera entonces, que el criterio
adoptado por el monto del salario realmente devengado es insoslayable, pues la
pensión debe reflejar la dignidad del cargo desempeñado, ya que éste también
estuvo acompañado de cargas y responsabilidades que el funcionario desempeñó de
manera satisfactoria, hasta el punto de obtener su derecho pensional en tal
profesión.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el
problema jurídico que suscita la presente acción de tutela ya ha sido objeto de
otros pronunciamientos por parte de esta Corporación, esta Sala decide reiterar
lo dispuesto por la jurisprudencia para este tipo de casos.
En consecuencia, como quiera que existe
una línea jurisprudencial relacionada con en el hecho de que la liquidación de
aportes para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el
exterior debe hacerse tomando como base el salario realmente devengado y nunca
un salario inferior, esta Sala tutelará los derechos fundamentales  a la
seguridad social y al debido proceso en conexidad con el derecho a la igualdad
de la accionante y ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores, que si aún
no lo ha hecho, remita a Caja Nacional de Previsión Social,  dentro del término
de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, la
constancia contentiva de los salarios que realmente la accionante devengó al
servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, como persona inscrita en la
Carrera Diplomática y Consular, con base en la cual CAJANAL deberá expedir una
nueva resolución de pensión de vejez a la señora Sofía Salgado de Gómez.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Catorce Penal del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala
Penal, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Sofía Salgado de
Gómez, en contra de la Caja Nacional de Previsión Social. En consecuencia, se CONCEDE
el amparo a los derechos fundamentales a la dignidad, seguridad social,
mínimo vital y debido proceso en conexidad con el derecho a la igualdad.
Segundo: ORDENAR al Ministerio de Relaciones
Exteriores que, si aún no lo ha hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta Sentencia, proceda a enviar a la Caja Nacional de
Previsión Social, la información que constitucionalmente corresponde para la
pensión de vejez de la señora Sofía Salgado de Gómez, como son los salarios que
realmente ella devengó al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
para que esta nueva circunstancia material sea tenida en cuenta por CAJANAL en
una correcta liquidación de la pensión de vejez de la actora.
Igualmente, considerando que los aportes
remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores a CAJANAL correspondieron
a un salario menor al devengado por la señora Sofía Salgado de Gómez, la misma
tiene derecho a que se le remitan los aportes bien liquidados según el salario
real del trabajador, obligación compartida por el empleador y el trabajador, DISPONER
que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la señora Sofía Salgado
de Gómez quedan obligados a cancelar a CAJANAL, en la proporción que les
corresponda, la parte no aportada de las cotizaciones, a lo cual procederán una
vez CAJANAL indique a cada uno la suma que adeudan por concepto de aportes, sin
que dicha suma incluya valores correspondientes a sanciones ni a intereses de
mora.
Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial
consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para
pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe
hacerse tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario
inferior, se PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus
efectos vinculantes, para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en
casos semejantes.
Cuarto: LIBRENSE, por la Secretaría General de
esta Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Ver sentencias T-1016 de 2000, T-534 de 2001, T-1022 de 2002 y T-083
de 2004.