T-969-10
Sentencia T-969/10
Sentencia T-969/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA ECOPETROL-Casos en que no reconoce estímulo al ahorro
económico como elemento integrante de salarios a trabajadores antiguos
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES-Improcedencia
general respecto a controversias sobre factores salariales/SUBSIDIARIEDAD DE
LA ACCION DE TUTELA-Parámetro de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES-Improcedencia
general respecto a controversias sobre factores salariales
ACCION DE
TUTELA-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial
Referencia:
expediente T-2.768.075
Acción de
Tutela instaurada por Gloria Inés Caballero Ariza, Rendy Ricardo Carvajal
García, Maritza Cristancho Durán, Jorge Enrique Fuentes Larreamendy, Alix Belén
Gamboa Orozco, Ingrid Cecilia Gutiérrez Castro y Edgar Orlando Uricoechea Rubio
contra ECOPETROL S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Colaboró: Javier Francisco Arenas Ferro
Bogotá, D.C., veintinueve
(29) de noviembre de dos mil diez (2010)
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión de
los fallos dictados por el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de
Bogotá, el diez (10) de junio de dos mil diez (2010), y por la Subsección “B”,
Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el primero (1º)
de julio de dos mil diez (2010), en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
El veinticuatro (24) de mayo de
dos mil diez (2010), Gloria Inés Caballero Ariza, Rendy Ricardo Carvajal
García, Maritza Cristancho Durán, Jorge Enrique Fuentes Larreamendy, Alix Belén
Gamboa Orozco, Ingrid Cecilia Gutiérrez Castro y Edgar Orlando Uricoechea
Rubio, instauraron acción de tutela contra ECOPETROL S.A. por considerar que
esta empresa conculcaba sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo,
en especial sus facetas de “(…) movilidad salarial, irrenunciabilidad del
salario, (…) favorabilidad (…), primacía de la realidad en materia laboral,
mínimo vital (…) [ y su ejercicio] en condiciones dignas y justas” (Cuad.
1, folio 1).
La acción de tutela fue admitida
por la autoridad judicial de primera instancia el veintiséis (26) de mayo de
dos mil diez (2010) (Cuad. 1, folio 93) y los hechos relatados por los
demandantes se resumen así:
1. Indicaron que a todos ellos,
salvo al demandante Fuentes Larreamendy, les reconocieron la pensión de
jubilación. Empero, este último se encuentra próximo a pensionarse.
2. Señalaron que en el dos mil
siete (2007), mediante una decisión adoptada por la Junta Directiva de
ECOPETROL S.A. – que consta en el Acta No 69 de 2007 – se transformó la empresa
a una sociedad de economía mixta. Entre las consecuencias de este acto, se
adoptó una política de compensación salarial, que tuvo por objeto “(…)
nivelar los salarios de los trabajadores directivos [en] el menos veinte (20%)
de la medida del sector petrolero mundial, con el fin de ofrecer una mayor
competitividad, haciéndola más atractiva en el mercado (…)” (Cuad. 1, folio
3).
3. Enfatizaron que al adoptarse
la referida política de compensación salarial, “(…) solamente los
trabajadores directivos menos antiguos pertenecientes al régimen de cesantías
sin retroactividad y que no se encuentran próximos a pensionarse, con
anterioridad al 31 de julio de 2010, perciben el salario completo en atención
al referente [del] menos veinte por ciento (20%) de la medida del sector
petrolero mundial, y en cambio, a los directivos antiguos como el caso de los suscritos
demandantes, se [les] obliga a recibir como salario una parte de lo que
realmente [reciben] por este concepto, mientras que la otra parte, [es
consignada por] la accionada (…) en un fondo de pensiones [como] estímulo al
ahorro (…) sin incidencia salarial alguna, para efectos pensionales” (Cuad.
1, folios 3 a 4).
4. Expusieron que el
reconocimiento como factor salarial del estímulo al ahorro, que se efectúa
solamente para los trabajadores directivos nuevos, afecta sus derechos
fundamentales, dado que por el mismo trabajo no se realiza el mismo pago
salarial a los trabajadores antiguos, “(…) pertenecientes al Régimen de
cesantías con retroactividad o que tienen la prerrogativa de pensionarse antes
del 31 de julio de 2010 (…)” (cuad. 1, folio 4).
5. Manifestaron que la empresa
les condicionó la entrega de tal beneficio,  como estímulo al ahorro, a que
reconocieran que no tendría ninguna incidencia salarial. Esto, a su juicio,
carece de validez y es una cláusula ineficaz e inexistente que atenta contra la
irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Además, conlleva a que “(…)
[reciban] menos de la mitad del salario de la (sic) que devengan los
trabajadores más recientes que desempeñan los mismos cargos y funciones, lo
cual [incide] en la liquidación de [sus] prestaciones sociales y en especial en
la pensión de jubilación” (Cuad. 1, folio 5 a 6).
6. Arguyeron que tal
problemática, que ha afectado a varios trabajadores de ECOPETROL, ha sido
demandada en diversas instancias judiciales, que han reconocido tal afectación
al principio de igualdad.
7. Apuntaron que la acción de
tutela debía ser tenida por procedente, dado que se trata del mecanismo de
defensa judicial más eficaz para “(…) resolver el reconocimiento y
reliquidación de los aludidos derechos (…)” (Cuad. 1, folio 9), si se
compara con las acciones ordinarias, que no son “(…) lo suficientemente
[eficaces] para el amparo inmediato de [los aludidos derechos], pues se trata
de personas pensionadas o próximas a serlo (…)” (Cuad. 1, folio 10). En
este sentido, indicaron que con su reclamación, no se desconocía el principio
de inmediatez, debido a que la afectación de sus derechos fundamentales
continuaba mes por mes desde el momento en que el mencionado factor fue
reconocido, pero desconocido como parte del salario.
8. Finalmente, reiterando que “(…)
el estímulo al ahorro constituye una contraprestación por los servicios
[prestados] y por consiguiente constituye FACTOR SALARIAL y no mera liberalidad
de la empresa (…) como lo señala el artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo (…)” (Cuad. 1, folio 14). Lo anterior, dado que sí se les reconoce
a los nuevos trabajadores, que desempeñan las mismas labores y ocupan los
mismos cargos directivos, pero que “(…) pertenecen al régimen de cesantías
sin retroactividad y no tienen la posibilidad de pensionarse próximamente (…)”
(Cuad. 1, folio 16), con más razón les debe ser reconocida a ellos.
2. Solicitud de tutela
Con fundamento en lo anterior,
solicitaron al juez de tutela que ordenara a ECOPETROL la inclusión como factor
salarial “(…) del estímulo al ahorro reconocido por la misma empresa (…)
debiendo efectuar la correspondiente reliquidación, (…) con incidencia en la
pensión de jubilación, y en las demás prestaciones legales y extralegales, en
las que no se incluyó dicho estímulo como factor salarial, debiendo reembolsar
retroactrivamente lo dejado de pagar, desde que comenzó a reconocerse el
estímulo al ahorro (…)” (Cuad. 1, folios 1 a 2).
3. Intervención de la parte
demandada
La empresa demandada, dentro del
término conferido por la autoridad judicial de primera instancia para ejercer
su derecho de defensa, se opuso a las pretensiones de los actores.
Argumentó que la política de
compensación salarial fue convenida con los trabajadores de ECOPETROL, quienes
le confirieron “(…) el carácter [de] no salarial a tales acuerdos conforme
con el artículo 15 de la ley 50 de 1990, y desde diciembre de 2007, sin
demostrar inconformidad en los pagos mensuales por más de dos años” (Cuad.
2, folio 2). De otro lado, a su parecer, no hubo discriminación alguna, pues se
dio un tratamiento disímil a situaciones diferentes, mientras que a aquellos
trabajadores en igualdad de condiciones, se les otorgó el mismo trato. Y sin
mayores precisiones agregó que la empresa “(…) determino (sic) grupos
poblacionales de trabajadores y a(sic)  cada uno de ellos se convino unas
condiciones salariales con base en [la mencionada ley] sin menoscabo de los
derechos fundamentales” (Cuad. 2, folio 3).
Finalmente, arguyó que la acción
de tutela debía ser declarada improcedente, debido a que existen mecanismos
ordinarios de defensa judicial y no se configuran las causales excepcionales
para que la misma sea procesalmente viable. Adicionalmente, no se observa el
acaecimiento de un perjuicio irremediable, dado que los actores esperaron más
de dos años después de celebrado el acuerdo para iniciar sus reclamaciones. En
este sentido, manifestó que los demandantes no acreditaron afectación alguna al
mínimo vital, que no debe tenerse por vulnerado, debido a que pertenecían a
cargos directivos. Así mismo, expresó que en varios procesos similares al
instaurado por los accionantes, las autoridades judiciales fallaron a favor de
ECOPETROL.
4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
a.     Copia
de sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el doce (12)
de febrero de dos mil diez (2010), en la causa instaurada por Carlos Guerrero
Ardila y otros contra ECOPETROL. En los hechos de la demanda, se expusieron
elementos similares a los enunciados en esta ocasión por los actores. La
autoridad judicial de segunda instancia resolvió revocar la decisión del a
quo y en su lugar amparar los derechos invocados. En consecuencia, ordenó a
la empresa reconocer y pagar el incentivo de ahorro con incidencia salarial
(Cuad. 1, folio 32 a 52).
b.     Copia
de sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cartagena, el siete (7) de abril de dos mil diez (2010), en la causa instaurada
por Carlos Eduardo Quezada Mesa y otros contra ECOPETROL. Los hechos de la
demanda son similares a aquellos esbozados en la acción de tutela que dio
origen a las sentencias que se revisan. La autoridad judicial de primera
instancia concedió el amparo deprecado y ordenó a la empresa demandada
reconocer el incentivo de ahorro como factor salarial y reliquidar las mesadas
pensionales de los actores (Cuad. 1, folio 53 a 66).
c.
Copia de sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Bogotá, con fecha siete (7) de mayo de dos mil diez (2010), en la
causa instaurada por Sonia Báez Suárez y otros contra ECOPETROL. Los hechos
relatados son similares a los del caso objeto de revisión y la autoridad
judicial también concedió el derecho (Cuad. 1, folio 67 a 71).
d.     Copia
de sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, el ocho (8) de abril de dos mil diez (2010), en la causa
instaurada por Ana Betsabé Clavijo Escandón contra ECOPETROL. Los hechos de la
demanda son similares a aquellos que dieron origen a la acción de tutela que se
revisa en esta oportunidad. La autoridad judicial confirmó la decisión de
primera instancia, que declaró improcedente la petición de amparo (Cuad. 2,
folio 80 a 90).
e.
Copia de sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el diecinueve (19) de abril de dos mil diez
(2010), en la causa instaurada por Luis Hernán Mahecha González contra
ECOPETROL. Los hechos de la demanda son similares a aquellos que dieron origen
a la acción que se revisa en esta oportunidad y la autoridad judicial confirmó
la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la petición de
amparo (Cuad. 2 folio 92 a 108).
f.
Copia de petición presentada por “Trabajadores próximos a
pensionarse” al presidente de la empresa accionada, con fecha cuatro (4) de
septiembre de dos mil nueve (2009), en la cual indican que consideran que se
les está dando “(…) un tratamiento distinto (…) a quienes [tienen] la
posibilidad de [jubilarse] al 31 de julio de 2010 (…). Por esta situación
[reclaman] a la empresa que incluya el estímulo al ahorro económico mensual
como factor salarial (…). Este tratamiento quebranta el principio de igualdad,
puesto que para la aflicción de dicha política se establecieron una serie de
exigencias (...). [Entre ellas,] a quienes sí se hizo efectivo en su salario
básico, tomando la Administración como factor objetivo de esta decisión que (…)
no tienen la posibilidad de pensionarse a 31 de julio de 2010” (Cuad. 1, folio 80 a 83).
g.     Respuesta
de ECOPETROL dada a la anterior petición, con fecha del veintidós (22) de
septiembre de dos mil nueve (2009), en la cual se manifiesta que “(…) la
Política de Compensación (…) fue concebida con el propósito de (…) hacer [a la
empresa] más atractiva en el mercado laboral. [De igual modo] se hizo necesario
considerar los diferentes grupos de colaboradores resultantes de las disímiles
condiciones laborales existentes al interior de la Empresa, derivadas de los
regímenes de cesantías y pensiones aplicables (…). [Así las cosas,] la igualdad
sólo se viola si la desigualdad está desamparada de una justificación objetiva
y razonable, lo que no se presenta en este caso (…)”. De otro lado, se
enfatiza que el “(…) ingreso monetario del trabajador (…) no hace alusión de
manera exclusiva al salario básico, pues, como es sabido, está compuesto por
otros rubros, tales como retroactividad de cesantías (…)”. Finalmente, se
manifiesta que conforme con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, “(…) resulta plenamente
viable que las partes de una relación de trabajo pacten expresamente los
beneficios y auxilios que no constituyen salario para efectos de la liquidación
de prestaciones sociales” y que no existe igualdad entre las personas que
pertenecen a diferentes regímenes pensionales (Cuad. 1, folio 84 y 85).
h.     Copia
de consultoría, elaborada por la firma López y CIA Asociados para ECOPETROL,
con fecha catorce (14) de diciembre de 2007, que trata sobre el derecho de los
trabajadores al reajuste salarial con base en varias sentencias de la Corte
Constitucional. Por ello, el consultor concluye señalando que “(…) no
resulta recomendable para ECOPETROL abstenerse de hacer incremento en los salarios
de los trabajadores que se encuentran en las condiciones anotadas en la
consulta a cambio de concederles beneficio económico que no tendría ninguna
incidencia salarial (…)”. De otro lado, también se indica que es posible
una tensión con el derecho a la igualdad de todos los trabajadores, pues “(…)
no podría predicarse esa desigualdad por el simple hecho, por ejemplo, de
tenerse empleados cobijados por el antiguo régimen de cesantías frente a los
que no lo están, con el argumento de un mayor costo laboral, por cuanto la
imposición de un nuevo sistema de liquidaciones de las cesantías trajo para
unos y otros una serie de beneficios que el otro o viceversa (…)” (Cuad. 1,
folio 86 a 89).
i.
Complemento de consultoría, elaborada por la firma López y CIA Asociados
para ECOPETROL, con fecha veinticinco (25) de enero de dos mil ocho (2008), en
la cual se indica que la Sala de Casación Laboral “(…) admite la posibilidad
de tener ¨La diferenciación entre grupos de trabajadores según el régimen de
cesantías – por cuanto – tiene una base objetiva y es la incidencia del
porcentaje de incremento salarial en la remuneración total anual (…). El
problema radica (…) en la incertidumbre jurídica que se viene presentando entre
los pronunciamientos que hace la Corte Constitucional a través de fallos de
tutela (…), con un claro corte igualitarista que en poco o nada han ayudado a
propósitos como el que tiene en mente implementar ECOPETROL para la consecución
o conservación de sus ejecutivos y frente a una clara competencia que se viene”
(Cuad. 1, folio 90).
j.
Copia de cartas expedidas por ECOPETROL a los accionantes, con fechas
disímiles comprendidas entre el dieciocho (18) de diciembre de dos mil siete
(2007) y el treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), en las que les
indica que la empresa “(…) ha aprobado un estímulo al ahorro económico
mensual, a través de aportes voluntarios a la sociedad administradora de fondo
de pensiones (AFP) que usted[es] elijan (…). En este sentido, se somete a su
consideración la siguiente cláusula adicional a su contrato individual de
trabajo: (…) el estímulo al ahorro (…) no tiene carácter salarial para ningún
efecto (…). En señal de aprobación y con el propósito de perfeccionar el
reconocimiento, le agradecemos enviar a la Regional de Gestión Humana (…) copia
de la afiliación a la AFP de su elección (…)”. Adjuntas, se observan varias
respuestas de los actores a favor de recibir el estímulo en las condiciones
acordadas (Cuad. 2, folio 23 a 79).
k.     Documento
suscrito por el Vicepresidente Jurídico de ECOPETROL y por la Vicepresidenta de
Talento Humano de la misma empresa, en el cual se justifica y brinda un
contexto de la Política de Compensación. En este sentido, se indica que para
los años 2006 y 2007 varios trabajadores renunciaron “(…) debido a que otras
empresas del sector les ofrecían mejores esquemas de compensación (…). [Es
decir] estaba perdiendo su talento humano por la falta de competitividad frente
al resto de la industria petrolera (…)”. Otro de los problemas reseñados,
fue la próxima jubilación de talento humano con experiencia, debido al Acto
Legislativo 01 de 2005. Por ello, se diseñó un plan de compensación que tuvo “(…)
en cuenta las disímiles condiciones laborales existentes en la Empresa para
poder generar equidad (…) considerando que había casi un 40% de trabajadores
con condiciones laborales diferentes a la generalidad de los trabajadores de la
empresa, así como de la población laboral colombiana: por cuanto en ninguna
compañía del sector privado, y muy pocas del sector público, tenían
retroactividad de cesantías, y casi ninguna, condiciones extralegales para
pensión (…). [Adicionalmente se tuvo en cuenta que] no [se] debía promover el
incremento desmedido en el ingreso base de liquidación (IBL) del personal
próximo a jubilarse (…), pues esto, además de impactar financieramente a la
empresa, podría ser objeto de cuestionamiento por parte de los organismos de
control (…). [Por ello, para] garantizar el principio de igualdad entre grupos
de trabajadores con regímenes prestacionales diferentes (…) se tuvieron en
cuenta las distintas situaciones descritas (antigüedad, cesantías y jubilación)
(…). [Estos grupos fueron:] trabajadores sin retroactividad de cesantías y sin
posibilidad de jubilación bajo el régimen exceptuado de Ecopetrol[;]
Trabajadores sin retroactividad de cesantías y con posibilidades de jubilación
bajo el régimen exceptuado de Ecopetrol[;] Trabajadores con retroactivdad de
cesantías y sin posibilidad de jubilación bajo el régimen exceptuado de
Ecopetrol[;] Trabajadores con retroactividad de cesantías y con posibilidad de
jubilación bajo el régimen exceptuado de Ecopetrol (…)”. Una diferencia que
se señala, es que a aquellos trabajadores pertenecientes al segundo y cuarto
grupo se les liquidará la pensión “(…) sobre el 75% del salario promedio del
último año de servicios aumentado en un 2,5% por cada año adicional a los
primeros veinte (20) (…) [mientras que los] trabajadores [de los grupos] I y
III no cuentan con estos beneficios [-salud que cubre al trabajador y su
familia en medicina prepagada y educación financiada en el 90% hasta el nivel
universitario de sus hijos -] (…) y (…) el cálculo de su mesada pensional se
estimará con el IBL de los últimos diez (10) años (…)” (Cuad. 2, folio 110 a 114).
l.
Copia de liquidación de pensión de jubilación perteneciente a Rendy
Ricardo Carvajal, con un valor de pensión definitivo para el dos mil nueve
(2009) de $4..269.540 pesos y un total retroactivo de $8.681.398 pesos.
Adicionalmente, se observa que el accionante tiene 51 años (Cuad. 5, folio 1 y
2).
m.  Copia de
liquidación de pensión de jubilación de Gloria Inés Caballero Ariza, con un
monto mensual total a pagar para el dos mil nueve (2009) de $3.101.104 pesos y
un total retroactivo de $3.266.497 pesos (Cuad. 6, folio 1). Adicionalmente, en
la Afiliación a Skandia, consta que la demandante tiene 53 años de edad (Cuad.
2, folio 42).
n.     Copia
de liquidación de pensión de jubilación de Maritza Cristancho Durán para el dos
mil nueve (2009), con un valor total a pagar de $2.792.447 pesos y un total
retroactivo de $5.667.976 pesos. Adicionalmente, consta que al momento del
reconocimiento de la pensión tenía 50 años de edad (Cuad. 7, folio 58 y 59).
o.     Copia
de liquidación de pensión de jubilación de Ingrid Cecilia Gutiérrez Castro, con
un valor total de $4.240.530 pesos y un total retroactivo de $8.622.412 pesos.
Así mismo, se observa que la demandante tenía, al momento del reconocimiento de
la pensión, 47 años de edad (Cuad. 8, folio 2 y 4)
p.    Recibo
de pago de salarios y/o prestaciones sociales legales y extralegales, de Jorge
E. Fuentes Larreamendy, con fecha quince (15) de diciembre de dos mil nueve
(2009), en el que se observa un salario básico de $3.759.000 pesos.
Adicionalmente, consta que el demandante nació el nueve (9) de mayo de mil
novecientos sesenta y cinco (1965), por lo que a la fecha cuenta con 45 años de
edad (Cuad. 9, folio 1 y 16).
q.     Copia
de liquidación de pensión de jubilación de Alix Belén Gamboa Orozco, con un
valor definitivo mensual a pagar en dos mil diez (2010) de $3.398.313 pesos y
un retroactivo de $5.777.132 pesos (Cuad. 10. folio 22). Adicionalmente, en el
acervo probatorio, consta que la gestora del amparo tiene 51 años de edad
(Cuad. 2, folio 34).
r.
Copia de liquidación de pensión de jubilación de Edgar Orlando
Uricoechea Rubio, con un valor de pensión definitiva en el dos mil nueve (2009)
de $3.796.862 pesos y un total retroactivo a pagar de $7.846.849 pesos. Así
mismo, se observa que el demandante tenía 49 años de edad al momento del
reconocimiento de la pensión (Cuad. 11, folio 2 y 3).
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
1. Primera Instancia
Conoció de la causa en primera
instancia el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, que
mediante sentencia del diez (10) de junio de dos mil diez (2010) resolvió
declarar improcedente el amparo invocado.
Para sustentar su fallo, esta
autoridad judicial señaló que a pesar de que los demandantes alegaron una
transgresión del derecho a la igualdad, el asunto realmente se refiere al “(…)
reconocimiento o reclamación sobre prestaciones laborales (…)” (Cuad. 1,
folio 110), dado que se cuestiona si el incentivo al ahorro debe constituir un
factor salarial. En este sentido, tras referirse a múltiples sentencias
proferidas por esta Corporación – algunas de ellas también mencionadas por los
accionantes -, enfatizó que la acción de tutela tiene por características la
subsidiariedad y residualidad. Por ello, solo en casos excepcionales es
procedente para resolver asuntos como el que se estudia.
Así las cosas, inició por
analizar el acaecimiento de un perjuicio irremediable; el cual no encontró
probado o siquiera debidamente argumentado por los demandantes. A su juicio, en
el caso sub judice, ninguno de los actores pertenece a la tercera edad –
pues tienen edades entre los 45 y 53 años - o demostró que su mínimo vital se
viera amenazado; derecho fundamental que, por lo demás, se encuentra
garantizado por montos pensionales que se hallan entre las sumas de $2.792.447
pesos y $4.269.540 pesos. Esto último, también predicable del actor que para la
fecha de instauración de la demanda no se había pensionado. En este sentido,
arguyó que tampoco fue señalada alguna otra afectación a derechos fundamentales
que diera origen a una situación apremiante, como sería – por ejemplo – una
afectación a la salud. Por ello, en lo referente al perjuicio irremediable,
concluyó que “(…) no se cuenta con elementos de prueba que permitan predicar
que los y las demandantes se encuentran ante la posibilidad de sufrir
perjuicios inminentes y graves, que requieran de medidas de protección
inmediatas, urgentes e impostergables, pues ellos gozan de su pensión de
jubilación y de salario en el caso del señor Fuentes Larreamendy (…)”
(Cuad. 1, folio 113).
A continuación, el a quo
analizó la viabilidad como solución definitiva de la acción de amparo dada la
ausencia de idoneidad de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, para
concluir que estas últimas permitirían dilucidar y resolver a los demandantes –
sin implicar cargas desproporcionadas – el asunto que los aqueja. Para esto,
reiteró que son personas que no pertenecen a la tercera edad y reciben las
mesadas pensionales.
Adicionalmente, manifestó que se
está cuestionando la legalidad de un acuerdo que se realizó bajo el artículo 15
de la Ley 50 de 1990, “(…) debate enmarcado dentro de los principios y
reglas propias del derecho del trabajo, específicamente sobre el concepto de
salario, consagrado en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo (…)”
(Cuad. 1, folio 116). Asunto que se pretende cuestionar como violatorio de la
igualdad. Sin embargo, los accionantes no aportaron medios probatorios que se
refirieran o sustentaran el trato desigual como constitutivo de una
discriminación.
2. Apelación
Inconformes con la decisión de
primera instancia, los demandantes elevaron el recurso de alzada, que sustentaron
reiterando los mismos argumentos y términos esbozados en la acción de tutela.
Por su parte, ECOPETROL también
envió un escrito a la autoridad judicial de segunda instancia, solicitando que
la decisión del a quo fuera confirmada. Para ello, arguyó que no se
cumplen las causales para que la acción de tutela sea procedente, dado que no
se observa la ocurrencia de un perjuicio irremediable y los mecanismos
ordinarios de defensa judicial resultan idóneos para resolver controversias
como la presente. De igual modo, señaló que la empresa no transgredió el
derecho a la igualdad o los derechos de los trabajadores con la política de
compensación.
3. Segunda Instancia
Conoció de la causa en segunda
instancia la Subsección B, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que mediante sentencia del primero (1º) de julio de dos mil diez
(2010) decidió confirmar la providencia del a quo.
A juicio del ad quem, la
acción de tutela era improcedente, debido a que los medios de defensa judicial
ordinarios resultan idóneos para resolver el asunto en cuestión y no se observa
la ocurrencia de una situación apremiante que impele la actuación del juez
constitucional.
Así, señaló que los demandantes
realmente buscan cuestionar la validez del acuerdo celebrado con la empresa
bajo el amparo del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, pero que esta controversia
- a pesar de ser argumentada desde la premisa de una violación al derecho a la
igualdad (que, por lo demás, no fue acreditada como discriminatoria, dado que
ni siquiera se aportaron medios probatorios que permitieran inferir tal cosa) –
debe ser resuelta con la intervención del juez natural.
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Remitido el expediente a esta
Corporación, la Sala de Selección número Ocho, mediante Auto del veinticinco
(25) de agosto de dos mil diez (2010), dispuso su revisión por la Corte
Constitucional.
1. Competencia
Esta Corte es competente para
conocer de la revisión de los fallos materia de acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás
disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de
Selección.
2. Problema jurídico y esquema
de resolución
De los hechos narrados y probados
en el expediente, corresponde a esta Sala de Revisión determinar, en primer
lugar, si la acción de tutela resulta procesalmente viable para abordar de
fondo el caso objeto de análisis. Esto por cuanto, como bien lo señaló la
autoridad judicial de primera instancia, a pesar de que los demandantes alegan
una supuesta transgresión de su derecho fundamental a la igualdad, se observa
que pretenden la reliquidación de su mesada pensional. Solo en el evento de que
dicha cuestión sea resuelta afirmativamente, la Sala determinará si ECOPETROL
transgredió los derechos fundamentales de los actores al no tener en cuenta el
estímulo al ahorro como factor salarial para liquidar la mesada pensional.
Para atender el primer problema
jurídico, esta Corporación reiterará su jurisprudencia en torno a las (2.1)
condiciones de procedibilidad excepcional de la acción de tutela para obtener
la reliquidación o reconocimiento de la pensión. Posteriormente, con base en
las causales que se reiterarán, (2.2) se referirá al asunto objeto de
revisión.
2.1
Condiciones de procedibilidad excepcional de la acción de tutela para obtener
la reliquidación o reconocimiento de la pensión. Reiteración de Jurisprudencia.
2.1.1 Una de las características de la acción de tutela es
la subsidiariedad. Por esto, dentro de las causales de improcedencia de la
misma, contempladas tanto en la Constitución como en el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, se encuentra la existencia de otros  medios de defensa judicial[1].
Así, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial para
resolver las controversias jurídicas en torno al reconocimiento o reliquidación
de prestaciones sociales, ya que para tales efectos existen las jurisdicciones
ordinarias competentes[2].
2.1.2 En este orden de ideas, al ser la acción de tutela
subsidiaria, sólo es procedente cuando la persona no cuente con otro medio de
defensa judicial, o cuando el existente sea ineficaz o se instaure para evitar
el acaecimiento de un perjuicio irremediable. Pretender lo contrario, esto es,
reconocer la competencia principal del juez de derechos fundamentales para
resolver los conflictos relacionados con prestaciones sociales, es desconocer
el carácter extraordinario y residual que caracteriza al amparo constitucional.
2.1.3 Sin embargo, excepcionalmente, es posible la
intervención del juez de tutela para resolver el reconocimiento y reliquidación
de los aludidos derechos, no sólo cuando se ejerce como mecanismo transitorio -
para lo cual se requiere demostrar el acaecimiento de un perjuicio irremediable[3]
-, sino también cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo
suficientemente expedito para proteger los derechos de las personas, caso en el
cual operaría la acción de tutela de manera definitiva. En efecto, en sentencia
T-083 de 2004, esta Corporación indicó:
“(…) [P]uede concluirse que
la acción de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales, y
en particular los derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, en los siguientes casos. (i) Cuando no existe otro medio de defensa
judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso
concreto, eventos en los que la tutela procede como mecanismo principal de
defensa ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y
cierta por otra vía. Y (ii) cuando ésta se promueve como mecanismo transitorio,
debiendo acreditar el demandante que el amparo constitucional es necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de
protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad
judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado.”
2.1.4 En suma, la jurisprudencia
de esta Corporación ha indicado, como regla general, la improcedencia de la
acción de tutela para el reconocimiento y reliquidación de la pensión. No
obstante, y según las circunstancias del caso, la Corte ha establecido la
procedencia de la acción de tutela de manera excepcional cuando sea necesario
para evitar un perjuicio irremediable, como la afectación al mínimo vital, o
cuando, a pesar de que existan los  mecanismos ordinarios de defensa judicial,
no resulten idóneos para proteger los derechos en riesgo.
2.2. Caso concreto
2.2.1 Para esta Sala de Revisión,
el asunto objeto de estudio no puede ser resuelto a través de la acción de
tutela, pues no es un mecanismo judicial que – bajo las circunstancias del caso
– resulte procesalmente viable. En efecto, tal y como fue indicado por la
autoridad judicial de primera instancia, tras efectuar un análisis amplio sobre
la materia, los demandantes buscan obtener la reliquidación de su mesada
pensional, para lo que alegan la trasgresión de su derecho fundamental a la
igualdad. Violación que, por lo demás, no fue demostrada dentro del proceso,
dado que no aportaron medios probatorios que así lo acreditaran o que
demostraran que el trato diferente, dado a ciertos trabajadores de la empresa,
resultara discriminatorio.
Para demostrar lo anterior, en
primer lugar, basta con observar la pretensión elevada por los gestores del
amparo al momento de instaurar la solicitud de amparo, pues pidieron que se
ordenara a ECOPETROL la inclusión como factor salarial “(…) del estímulo al
ahorro reconocido por la misma empresa (…) debiendo efectuar la correspondiente
reliquidación, (…) con incidencia en la pensión de jubilación, y en las demás
prestaciones legales y extralegales, en las que no se incluyó dicho estímulo
como factor salarial, debiendo reembolsar retroactrivamente lo dejado de pagar,
desde que comenzó a reconocerse el estímulo al ahorro (…)” (Cuad. 1, folios
1 a 2). Es decir, buscaron siempre obtener la reliquidación en comento y
alegaron la supuesta afectación a la igualdad una vez fue reconocida la pensión
de vejez y no durante el término en el cual trabajaron para la empresa. Esto
último es relevante, no solo desde el punto de vista de la valoración objetiva
de la acción de tutela, en términos de establecer si efectivamente se plantea
una transgresión a la igualdad debido a un trato disímil carente de
justificación constitucional, sino también respecto al estudio de la idoneidad
y eficacia de los mecanismos de defensa judicial existentes.
En segundo lugar, el derecho a la
igualdad, reconocido en la Constitución, implica que las situaciones similares
deben ser tratadas de la misma manera. Por el contrario, aquellas disímiles no
requieren un trato igualitario. Para el caso objeto de estudio, los gestores
del amparo no aportaron ningún medio probatorio del que pudiera desprenderse un
trato discriminatorio. De hecho, lo único que hicieron fue adjuntar copias de
diversas sentencias proferidas por diferentes autoridades judiciales, algunas
de las cuales concedieron el amparo (Cuad. 1, folio 32 a 52; 53 a 66; 67 a 71). A su turno, la empresa demandada aportó otras en las cuales los jueces
denegaron las pretensiones elevadas (Cuad. 2, folio 80 a 90; 92 a 108). Cabe recordar que las decisiones de instancia son inter partes, por lo que
mal puede alegarse que alguna de ellas deba ser extendida a otras personas.
Aunado a lo anterior, y sin que
esto sea una razón para la adopción de una decisión en este caso, para la Sala
no resulta discriminatoria –prima facie – la aplicación de regímenes
salariales diferentes para trabajadores de ECOPETROL. En efecto, a primera
vista, resulta legítimo un trato diferente entre trabajadores nuevos y próximos
a pensionarse con el fin de hacer más atractiva la empresa en el mercado
laboral, máxime si se tiene en cuenta que se utilizó el “estímulo al ahorro”
como un mecanismo para establecer determinada equidad entre unos y otros.
En este sentido, es importante
enfatizar que la parte demandada fue la única que aportó medios probatorios que
permiten justificar el por qué de un trato disímil entre diferentes
trabajadores, unos de los cuales se hallaban en las postrimerías de su relación
laboral para con ECOPETROL. Así, en el documento suscrito por el Vicepresidente
Jurídico de la empresa, se relacionan problemas laborales que tuvo que
enfrentar la entidad demandada, concernientes a que varios trabajadores renunciaron
“(…) debido a que otras empresas del sector les ofrecían mejores esquemas de
compensación (…). [Es decir] estaba perdiendo su talento humano por la falta de
competitividad frente al resto de la industria petrolera (…)”.
Adicionalmente, justificó en razones objetivas el trato diferente, pues
manifestó que se tuvieron “(…) en cuenta las disímiles condiciones laborales
existentes en la Empresa para poder generar equidad (…) considerando que había
casi un 40% de trabajadores con condiciones laborales diferentes a la
generalidad de los trabajadores de la empresa (…) [Por ello, para] garantizar
el principio de igualdad entre grupos de trabajadores con regímenes
prestacionales diferentes (…) se tuvieron en cuenta las distintas situaciones
descritas (antigüedad, cesantías y jubilación) (…)” (Cuad. 2, folio 110 a 114). Así las cosas, de los medios probatorios obrantes en el expediente no puede aducirse, en
principio, que el trato diferente sea violatorio del derecho a la igualdad.
En tercer lugar, no se observa la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, tal y como lo señalaron ambas
autoridades judiciales de instancia, pues – amén de no ser alegado – no se
constata una violación a derechos fundamentales que impongan una situación
apremiante que impele al juez constitucional a actuar para evitar la afectación
de los mismos. Y es que, de una parte, se trata de personas relativamente
jóvenes, que no pertenecen a la tercera edad, y cuyas edades se hallan entre
los 45 y 53 años. De otra parte, todos ellos tienen garantizado su mínimo vital
con los montos que reciben por pensión de vejez y que oscilan entre los $2.792.447
pesos y los $4..269.540 pesos. Cosa que opera incluso para el señor Fuentes
Larreamendy, que para el momento de solicitar la pensión de vejez contaba con
un salario básico de $3.759.000 pesos (Cuad. 5, folio 1 y 2; Cuad. 6, folio 1 y
Cuad, 2 folio 42; Cuad. 7, folio 58 y 59; Cuad. 8, folio 2 y 4; Cuad. 9, folio
1 y 16;  Cuad. 10. folio 22 y Cuad. 2, folio 34; y Cuad. 11, folio 2 y 3 ). Por
ello, no es viable la utilización de la acción de tutela como mecanismo
transitorio.
Sumado a lo anterior, tal y como
lo señalaron las autoridades judiciales de instancia, nada en el expediente
permite considerar que los mecanismos ordinarios no resulten eficaces para
resolver el asunto que aqueja a los demandantes, que, por cierto, versa
realmente sobre la validez de un acuerdo celebrado bajo el imperio del artículo
15 de la Ley 50 del 90, en virtud del cual se excluyó determinado pago del
concepto de salario. Así las cosas, no hay duda, en consideración de los medios
probatorios obrantes en el expediente, que tal debate debe ser analizado por el
juez natural en la jurisdicción ordinaria laboral. De modo que tampoco es
procesalmente viable la utilización de la acción de tutela como mecanismo
definitivo.
2.2.2 Por otro lado, la Corte
considera que en el asunto realmente no se está cuestionando la diferencia
salarial de unos trabajadores frente a otros, pues los demandantes – salvo el
señor Fuentes Larreamendy – ya eran pensionados al momento de instaurar la
acción de tutela alegando la trasgresión de sus derechos fundamentales. Por
ello, mal podría considerarse, en principio y por la presente vía procesal, que
se está afectando el principio de igual remuneración para el mismo trabajo,
consagrado en el artículo 53 de la Carta, pues la aplicación del mismo supone
la prestación efectiva de la fuerza de trabajo para determinada actividad y no
la remuneración correspondiente a la mesada pensional, que busca satisfacer las
necesidades de la persona una vez se haya retirado del mundo laboral. Esto,
refuerza aún más la improcedencia de la acción de tutela.
2.2.3 En suma, como quiera que en
el asunto objeto de revisión no se observa que la acción de tutela sea
procesalmente viable para analizar el problema jurídico de fondo, dado que los
mecanismos ordinarios de defensa son idóneos para cuestionar la validez del
acuerdo celebrado entre las partes y no se vislumbra una situación apremiante
que conlleve la actuación del juez constitucional para evitar la consolidación
de un perjuicio irremediable, la Sala confirmará las decisiones de instancia
que declararon improcedente el amparo deprecado.
IV DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR, la
sentencia proferida por  Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de
Bogotá, el diez (10) de junio de dos mil diez (2010), que declaró IMPROCEDENTE
el amparo solicitado por Gloria Inés Caballero Ariza, Rendy Ricardo
Carvajal García, Maritza Cristancho Durán, Jorge Enrique Fuentes Larreamendy,
Alix Belén Gamboa Orozco, Ingrid Cecilia Gutiérrez Castro y Edgar Orlando
Uricoechea Rubio contra ECOPETROL, y que a su vez fue confirmada por la
Subsección “B”, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el primero (1º) de julio de dos mil diez (2010).
Segundo. LÍBRESE
por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
Ponente
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] En efecto, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Por su parte, el
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 contempla: “(…) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante (…)”.
[2] Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias
T-205 de 2010, T-400 de 2009 y T-184 de 2009.
[3] El perjuicio irremediable ha sido comprendido por la
jurisprudencia de esta Corporación como aquél que reúna las siguientes
condiciones: debe ser inminente, grave, requerir medidas urgentes y, por lo
tanto, impostergables. Así las cosas, se constata un perjuicio irremediable cuando
se evidencie que se corre el riesgo de que cualquier medida a adoptar sea
ineficaz por inoportuna y tardía ante la consumación del daño antijurídico. Al
respecto, puede consultarse la sentencia SU- 544 de 2001.