C-261-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-261/11
TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS TLT Y REGLAMENTO-Objeto y contenido
El Tratado sobre Derecho de Marcas busca uniformizar y agilizar
los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas, a través de
la simplificación y armonización de determinados aspectos de esos
procedimientos, de forma que la presentación de solicitudes de registro de marcas
y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten menos
complicadas y más predecibles; en tanto que su reglamento, contiene reglas
relativas a expresiones abreviadas, forma de indicar los nombres y direcciones
y detalles relativos a la solicitud, representación, fecha, firma y forma de
identificación, duración y renovación, así como la lista de formularios
internacionales tipo. La gran mayoría de las disposiciones del TLT se
relacionan con el procedimiento ante las oficinas de registro de marcas de los
Estados parte, que puede dividirse en tres fases principales: (i) la solicitud
de registro marcario, (ii) los cambios en el registro marcario referidos a
cambios en los nombres o en los titulares del registro, al igual que
previsiones relativas a correcciones de errores; y (iii) la renovación del
registro, evento para el cual el TLT estandariza la duración, tanto del periodo
inicial de registro, como de cada renovación, en diez años.
TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS TLT Y REGLAMENTO-Prevalencia de las disposiciones del tratado sobre las
del reglamento
TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS TLT-Revisión por parte de una conferencia diplomática
mediante protocolos
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI-Objetivo y actividades que impulsa/ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI-Administradora del tratado sobre
derecho de marcas TLT
PROPIEDAD INTELECTUAL-Alcance del concepto
Esta Corporación ha puesto de presente que en el concepto de propiedad intelectual está comprendida
la propiedad industrial que se refiere esencialmente a la protección de las
invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el
nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión
de la competencia desleal.
TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS TLT-Adhesión
El Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT fue concluido el 27 de
octubre de 1994 en Ginebra, Suiza y está abierto a todos los Estados parte en
el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI,
al igual que a ciertas organizaciones intergubernamentales, mediante el depósito
de un instrumento de ratificación, en los casos en que hayan firmado el
tratado, o un instrumento de adhesión, si no lo han firmado, instrumentos éstos
que deben depositarse ante el Director General de la OMPI. En el caso
colombiano, como Colombia
no suscribió el Tratado, su exequibilidad haría procedente adherir a ese
Tratado de acuerdo con lo previsto en su artículo 19, que establece que para
ser parte del mismo el Estado deberá depositar el respectivo instrumento de
adhesión en el evento en que no lo haya firmado.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Características
El control que ejerce la Corte Constitucional sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban, se
caracteriza, según la jurisprudencia de esta Corporación, por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación de la ley por
parte del Congreso y a la sanción presidencial; (ii) automático, ya que la ley
debe ser remitida por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional dentro de
los seis días siguientes a la sanción; e (iii) integral, dado que la Corte debe
analizar los aspectos formales y materiales del tratado internacional y de su
ley aprobatoria a la luz del texto constitucional, revisión que comprende tanto
el proceso de negociación y celebración del instrumento en el plano
internacional como el trámite legislativo desarrollado en el Congreso.
REVISION FORMAL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Aspectos
que comprende
La Corte Constitucional ha señalado que, salvo la exigencia de
iniciar su trámite en el Senado de la República, los proyectos de leyes
aprobatorias de tratados internacionales no se encuentran sometidos a un
trámite especial, por lo que para su discusión y aprobación debe seguirse el
que rige para las leyes ordinarias. En consecuencia el trámite legislativo se
inicia con la presentación del proyecto en el Senado de la República y su
asignación a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de relaciones
internacionales, comercio exterior y defensa nacional, como lo exige la Ley 3ª
de 1992; las publicaciones oficiales, conforme lo establece el numeral 1° del
artículo 157 Superior y demás normas concordantes antes de darle curso en la
respectiva Comisión, las ponencias para primer debate en la respectivas
comisiones y las ponencias para segundo debate en las respectivas plenarias,
cumpliendo en consecuencia con cuatro debates; los anuncios previos, previsto
en el artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que adicionó el artículo
160 de la Constitución, y conforme al cual ningún  proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado; los términos previstos en el inciso 1° del artículo 160 de la
Constitución, de 8 días que deben mediar entre el primero y el segundo debate
en una misma Cámara, como el de los 15 días que deben transcurrir entre la
aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra; la
discusión y aprobación, conforme al quórum y a las mayorías exigidas por los
artículos 146 y 147 de la Carta y el Reglamento del Congreso y la consideración
del proyecto en máximo dos legislaturas, como lo exige el Artículo 162 de la
Carta Política.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio subsanable
La
Corte conforme a estudio de constitucionalidad
efectuado respecto de la ley 1343 de 2009, “por medio de la cual se aprueba el
tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994”, concluyó que durante el procedimiento de formación de la misma se había incurrido en un vicio,
relacionado con el incumplimiento del requisito de anuncio previo a la
discusión y votación del proyecto de ley, durante el trámite en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes y verificado el carácter subsanable de
vicio, dio cumplimiento a lo previsto en el parágrafo del artículo 241 C.P. y mediante Auto 127 del 16 de junio de 2010 ordenó devolver la Ley al Congreso, con el fin
de que enmendara el procedimiento, concediendo para el efecto el término
de 60 días, contados a partir de la notificación del auto para que subsane el
vicio detectado y hasta el 16 de diciembre de 2010, para cumplir las etapas
posteriores del proceso legislativo.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Subsanación del vicio advertido
SUBSANACION DE VICIO EN TRAMITE LEGISLATIVO-Conservación del número de ley inicialmente asignado
El Proyecto de Ley que culminó con la expedición de la Ley 1343 de
2009, obtuvo las correspondientes sanciones presidenciales, el 31 de julio de
2009 y una vez subsanado el vicio de procedimiento detectado, el proyecto fue
nuevamente sancionado el 8 de noviembre de 2010, conservándose tanto el número
como la fecha originales de sanción de la Ley 1343 de 2009, tal como se dispuso
en el Auto 127 de 2010.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO-No se rompe la cadena de
anuncios cuando para el día señalado no se realiza ninguna sesión y la discusión
y votación se traslada a la primera sesión después del anuncio
La jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando en el día
señalado en el anuncio no se hace la votación sobre el proyecto, porque en esa
fecha no se realizó sesión, el orden del día fijado para ese día se traslada a
la primera oportunidad en que vuelva a sesionar la respectiva célula
legislativa. En esa eventualidad la discusión y votación del proyecto se lleva
a cabo en la primera sesión realizada después del anuncio, es decir, en la
“próxima sesión”, lo cual indica que no se vulnera el principio de la
consecutividad en el anuncio de la discusión y votación del proyecto, por
cuanto el orden del día que se había previsto se desarrolla en la primera
ocasión en que pudo sesionar la corporación legislativa.
TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS TLT Y REGLAMENTO-Exequibilidad
Examinado el contenido material de los instrumentos
internacionales a los que Colombia se propone adherir, aprobados por Ley 1343
de 2009, considera la Corte, que ellos resultan acordes y pertinentes con los
objetivos de protección de la propiedad intelectual, internacionalización e
integración económica y, por consiguiente, son compatibles con las
disposiciones constitucionales vigentes sobre la materia, advirtiendo que
siendo el TLT un
acuerdo de carácter general, abierto a los distintos Estados que forman parte
de la OMPI, en el que la adhesión al mismo  se desarrolla de acuerdo con los
principios
de soberanía nacional y de
autodeterminación y su operación responde a los principios de equidad y
reciprocidad, sin afectar la autonomía de los distintos Estados, ni imponerles
procedimientos específicos, y siendo la agilización de los procedimientos de
registros marcarios su orientación y su finalidad la de asegurar una adecuada
protección de la propiedad industrial, el TLT y su reglamento se encuentran en
armonía con el mandato del artículo 61 de la Constitución.
Referencia: expediente LAT-349
Asunto: Revisión
constitucional de la Ley 1343 de 31 de julio 2009, por medio de la cual “Se
aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de
octubre de 1994.”
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., seis (6) de
abril de dos mil once (2011).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de
la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el artículo 241,
numeral 10, de la Constitución Política, envió fotocopia auténtica de la Ley
número 1343 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual “[s]e aprueba el
tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994”.
En Auto del siete de
septiembre de 2009, el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el
conocimiento del presente asunto. En la misma providencia, solicitó a las
Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en
revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de
las votaciones. Así mismo, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la
certificación de los plenos poderes de la persona que intervino en la
suscripción del tratado y si sus actos fueron confirmados ante el Presidente de
la República.
Adicionalmente, se ordenó
la fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se
dispuso la comunicación de la iniciación del presente proceso al Presidente del
Congreso para los fines del artículo 244 de la Constitución Política, al
Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro del Interior y de Justicia y al
Fiscal General de la Nación para los efectos señalados en el artículo 11 del
Decreto 2067 de 1991.
Finalmente, se dio
traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto
de su competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites
previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corporación a decidir sobre
la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
II.      TEXTO DE LA LEY Y DEL TRATADO OBJETO DE
REVISIÓN
A
continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión:
LEY 1343 DE 2009
(julio 31)
Diario Oficial No. 47.427 de 31 de julio de 2009
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el
Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Tratado sobre el Derecho de
Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994.
(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro de los instrumentos internacionales mencionados)[1].
TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS
Lista de artículos
Artículo 1o. Expresiones abreviadas.
Artículo 2o. Marcas a las que se aplica el Tratado.
Artículo 3o. Solicitud.
Artículo 4o. Representación; domicilio legal.
Artículo 5o. Fecha de presentación.
Artículo 6o. Registro único para productos y/o servicios
pertenecientes a varias clases.
Artículo 7o. División de la solicitud y el registro.
Artículo 8o. Firma.
Artículo 9o. Clasificación de productos y/o servicios.
Artículo 10. Cambios en los nombres o en las direcciones.
Artículo 11. Cambio en la titularidad.
Artículo 12. Corrección de un error.
Artículo 13. Duración y renovación del registro.
Artículo 14. Observaciones en caso de rechazo previsto.
Artículo 15. Obligación de cumplir con el Convenio de París.
Artículo 16. Marcas de servicio.
Artículo 17. Reglamento.
Artículo 18. Revisión; protocolos.
Artículo 19. Procedimiento para ser parte en el Tratado.
Artículo 20. Fecha efectiva de las ratificaciones y
adhesiones.
Artículo 21. Reservas.
Artículo 22. Disposiciones transitorias.
Artículo 23. Denuncia del Tratado.
Artículo 24. Idiomas del Tratado; firma.
Artículo 25. Depositario.
ARTÍCULO 1o. EXPRESIONES ABREVIADAS.
A
los efectos del presente Tratado y salvo indicación expresa en contrario:
i)
se entenderá por “Oficina” el organismo encargado del registro de las marcas
por una Parte Contratante;
ii)
se entenderá por “registro” el registro de una marca por una Oficina;
iii)
se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;
iv)
el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a
una persona jurídica;
v)
se entenderá por “titular” la persona indicada en el registro de marcas como
titular del registro;
vi)
se entenderá por “registro de marcas” la recopilación de los datos mantenida
por una Oficina, que incluye el contenido de todos los registros y todos los
datos inscritos respecto de dichos registros, cualquiera que sea el medio en
que se almacene dicha información;
vii)
se entenderá por “Convenio de París” el Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su forma
revisada y modificada;
viii)
se entenderá por “Clasificación de Niza” la clasificación establecida por el
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de
1957, en su forma revisada y modificada;
ix)
se entenderá por “Parte Contratante” cualquier Estado u organización
intergubernamental parte en el presente Tratado;
x)
se entenderá que las referencias a un “instrumento de ratificación” incluyen
referencias a instrumentos de aceptación y aprobación;
xi)
se entenderá por “Organización” la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual;
xii)
se entenderá por “Director General” el Director General de la Organización;
xiii)
se entenderá por “Reglamento” el Reglamento del presente Tratado a que se
refiere el artículo 17.
ARTÍCULO 2o. MARCAS A LAS QUE SE APLICA EL TRATADO.
1)
[ Naturaleza de las marcas ]
a)
El presente Tratado se aplicará a las
marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que solo las Partes
Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán
obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.
b)
El presente Tratado no se aplicará a
los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en
particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.
2)
[Tipos de marcas]
a)
El presente Tratado se aplicará a las
marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de
servicio), o relativas a productos y servicios.
b)
El presente Tratado no se aplicará a
las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.
ARTÍCULO 3o. SOLICITUD.
1)
[Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasa]
a)
Cualquier Parte Contratante podrá
exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos
siguientes:
i)
una petición de registro;
ii)
el nombre y la dirección del solicitante;
iii)
el nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de
algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia,
si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;
iv)
cuando el solicitante sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha
persona jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial
dentro de ese Estado, en virtud de cuya legislación se haya constituido la
mencionada persona jurídica;
v)
cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la dirección de ese
representante;
vi)
cuando se exija un domicilio legal en virtud de lo dispuesto en el artículo
4.2) b), dicho domicilio;
vii)
cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud
anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de dicha
solicitud anterior, junto con indicaciones y pruebas en apoyo de la declaración
de prioridad que puedan ser exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4o del Convenio de París;
viii)
cuando el solicitante desee prevalerse de cualquier protección resultante de la
exhibición de productos y/o servicios en una exposición, una declaración a tal
efecto, junto con indicaciones en apoyo de esa declaración, tal como lo
requiera la legislación de la Parte Contratante;
ix)
cuando la Oficina de la Parte Contratante utilice caracteres (letras y números)
que se consideren estándar y el solicitante desee que la marca se registre y se
publique en caracteres estándar, una declaración a tal efecto;
x)
cuando el solicitante desee reivindicar el color como característica distintiva
de la marca, una declaración a tal efecto, así como el nombre o nombres del
color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las
partes principales de la marca que figuren en ese color;
xi)
cuando la marca sea tridimensional, una declaración a tal efecto;
xii)
una o más reproducciones de la marca;
xiii)
una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca;
xiv)
una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca;
xv)
los nombres de los productos y/o servicios para los que se solicita el
registro, agrupados de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza,
precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca
ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de
dicha Clasificación;
xvi)
una firma de la persona especificada en el párrafo 4);
xvii)
una declaración de intención de usar la marca, tal como lo estipule la
legislación de la Parte Contratante.
b)
El solicitante podrá presentar en
lugar o además de la declaración de intención de usar la marca, a que se hace
referencia en el apartado a)xvii), una declaración de uso efectivo de la
marca y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislación de la Parte
Contratante.
c)
Cualquier Parte Contratante podrá
solicitar que, respecto de la solicitud, se paguen tasas a la Oficina.
2)
[Presentación]
Por
lo que se refiere a los requisitos de presentación de la solicitud, ninguna
Parte Contratante rechazará la solicitud,
i)
cuando esta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo
dispuesto en el párrafo 3), en un formulario correspondiente al Formulario de
solicitud previsto en el Reglamento,
ii)
cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la
Oficina por telefacsímile y la solicitud se transmita de esta forma, si la
copia en papel resultante de dicha transmisión corresponde, con sujeción a lo
dispuesto en el párrafo 3), al formulario de solicitud mencionado en el punto
i).
3)
[Idioma]
Cualquier
Parte Contratante podrá exigir que la solicitud se presente en el idioma o en
uno de los idiomas admitidos por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un
idioma, podrá exigirse al solicitante que cumpla con cualquier otro requisito
en materia de idioma aplicable respecto de la Oficina, a reserva de que no
podrá exigir que la solicitud esté redactada en más de un idioma.
4)
[Firma]
a)
La firma mencionada en el párrafo 1)a)xvi)
podrá ser la firma del solicitante o la firma de su representante.
b)
No obstante lo dispuesto en el
apartado a), cualquier Parte Contratante podrá exigir que las
declaraciones mencionadas en el párrafo 1)a)xvii) y b) estén
firmadas por el propio solicitante incluso si tiene un representante.
5)
[Solicitud única para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases
]
La
misma solicitud podrá referirse a varios productos y/o servicios
independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación
de Niza.
6)
[ Uso efectivo ] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, cuando se
haya presentado una declaración de intención de usar la marca en virtud del
párrafo 1)a)xvii), el solicitante presente a la Oficina, dentro de un
plazo fijado por la ley y con sujeción al plazo mínimo prescrito en el
Reglamento, pruebas del uso efectivo de la marca, tal como lo exija la
mencionada ley.
7)
[ Prohibición de otros requisitos ]
Ninguna
Parte Contratante podrá exigir que se cumplan respecto de la solicitud
requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4) y 6). En
particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras esté en
trámite:
i)
que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de
comercio;
ii)
que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial,
ni que se presenten pruebas a tal efecto;
iii)
que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los
productos y/o servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas
a tal efecto;
iv)
que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el
registro de marcas de otra Parte Contratante o de un Estado parte en el
Convenio de París que no sea una Parte Contratante, salvo cuando el solicitante
invoque la aplicación del artículo 6quinquies del Convenio de París.
8)
[ Pruebas ]
Cualquier
Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina durante el
examen de la solicitud, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud.
ARTÍCULO 4o. REPRESENTACIÓN; DOMICILIO LEGAL.
1)
[ Representantes admitidos a ejercer ] Toda Parte Contratante podrá
exigir que una persona nombrada representante a los efectos de cualquier
procedimiento ante la Oficina sea un representante admitido a ejercer en la
Oficina.
2)
[ Representación obligatoria; domicilio legal ]
a)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, toda persona que
no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y
efectivo en su territorio esté representada por un representante.
b)
Toda Parte Contratante, en la medida
en que no exija la representación de conformidad con el apartado a),
podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, la
persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o
comercial real y efectivo en su territorio tenga un domicilio legal en ese
territorio.
3)
[ Poder ]
a)
Cuando una Parte Contratante permita
o exija que un solicitante, un titular o cualquier otra persona interesada esté
representada por un representante ante la Oficina, podrá exigir que el
representante sea nombrado en una comunicación separada (denominada en adelante
“poder”), indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra
persona, según proceda, y firmada por el mismo.
b)
El poder podrá referirse a una o más
solicitudes y/o registros identificados en el poder o, con sujeción a cualquier
excepción indicada por la persona designante, a todas las solicitudes y/o
registros existentes o futuros de esa persona.
c)
El poder podrá limitar las facultades
del representante a ciertos actos. Cualquier Parte Contratante podrá exigir que
todo poder en virtud del cual el representante tenga derecho a retirar una
solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicación expresa a tal
efecto.
d)
Cuando se presente en la Oficina una
comunicación de una persona que se designe en la comunicación como un
representante, pero en el momento de recibir la comunicación la Oficina no
estuviera en posesión del poder necesario, la Parte Contratante podrá exigir
que el poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte
Contratante, con sujeción al plazo mínimo establecido en el Reglamento.
Cualquier Parte Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido
presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte Contratante, la
comunicación realizada por dicha persona no tendrá ningún efecto.
e)
Por lo que se refiere a los
requisitos de presentación y contenido del poder, ninguna Parte Contratante
rechazará los efectos del poder,
i)
cuando el poder se presente por escrito en papel si, con sujeción a lo
dispuesto en el párrafo 4), se presenta en un formulario correspondiente al
Formulario de poder previsto en el Reglamento,
ii)
cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la
Oficina por telefacsímile y el poder se transmita de esa forma, si la copia en
papel resultante de dicha transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto
en el párrafo 4), al Formulario de poder mencionado en el punto i).
4)
[ Idioma ]
Cualquier
Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en el idioma o en uno
de los idiomas admitidos por la Oficina.
5)
[ Referencia al poder ]
Cualquier
Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación a esa Oficina
efectuada por un representante a los fines de un procedimiento ante esa
Oficina, contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa el
representante.
6)
[ Prohibición de otros requisitos ]
Ninguna
Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los
referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos
párrafos.
7)
[ Pruebas ]
Toda
Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando la
Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación
contenida en cualquiera de las comunicaciones referidas en los párrafos 2) a
5).
ARTÍCULO 5o. FECHA DE PRESENTACIÓN.
1)
[ Requisitos permitidos ]
a)
Con sujeción a lo dispuesto en el
apartado b) y en el párrafo 2), una Parte Contratante asignará como
fecha de presentación de la solicitud la fecha en que la Oficina haya recibido
las siguientes indicaciones y elementos en el idioma previsto en el artículo
3.3):
i)
una indicación expresa o implícita de que se pretende registrar una marca;
ii)
indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
iii)
indicaciones suficientes para entrar en contacto por correo con el solicitante
o con su representante, si lo hubiere;
iv)
una reproducción suficientemente clara de la marca cuyo registro se solicita;
v)
la lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro;
vi)
cuando sea aplicable el artículo 3.1)a)xvii) o b), la declaración
a que se hace referencia en el artículo 3.1)a)xvii) o la declaración y
las pruebas a que se hace referencia en el artículo 3.1)b),
respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante,
debiendo estas declaraciones, si la mencionada legislación así lo estipula,
estar firmadas por el propio solicitante incluso si tiene representante.
b)
Cualquier Parte Contratante podrá
asignar como fecha de presentación de la solicitud la fecha en la que la
Oficina reciba solo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos
mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del
exigido en virtud del artículo 3.3).
2)
[ Requisito adicional permitido ]
a)
Una Parte Contratante podrá prever
que no se asignará ninguna fecha de presentación mientras no se hayan pagado las
tasas exigidas.
b)
Una Parte Contratante solo podrá
exigir el cumplimiento del requisito mencionado en el apartado a) si
exigía su cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado.
3)
[ Correcciones y plazos ] Las modalidades y plazos para las correcciones
previstas en los párrafos 1) y 2) se prescribirán en el Reglamento.
4)
[ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contratante podrá
pedir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1)
y 2) respecto de la fecha de presentación.
ARTÍCULO 6o. REGISTRO ÚNICO PARA PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS PERTENECIENTES A VARIAS CLASES.
Cuando
se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que
pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará
por resultado un registro único.
ARTÍCULO 7o. DIVISIÓN DE LA SOLICITUD Y EL
REGISTRO.
1)
[ División de la solicitud ]
a)
Toda solicitud que enumere varios
productos y/o servicios (denominada en adelante “solicitud inicial”) podrá,
i)
por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca,
ii)
durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina
de registrar la marca,
iii)
durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al
registro de la marca, ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos
o más solicitudes (denominadas en adelante “solicitudes fraccionarias”),
distribuyendo entre estas últimas los productos y/o servicios enumerados en la
solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de
presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad,
si lo hubiere.
b)
Con sujeción a lo dispuesto en el
apartado a), cualquier Parte Contratante tendrá libertad para establecer
requisitos para la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.
2)
[ División del registro ] El párrafo 1) será aplicable, mutatis
mutandis, respecto de la división de un registro. Dicha división deberá
permitirse
i)
durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del
registro ante la Oficina,
ii)
durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la
Oficina durante los procedimientos anteriores, con la salvedad de que una Parte
Contratante podrá excluir la posibilidad de la división del registro, si su
legislación nacional permite a terceros oponerse al registro de una marca antes
de que se registre la misma.
ARTÍCULO 8o. FIRMA.
1)
[ Comunicación en papel ] Cuando una comunicación a la Oficina de una
Parte Contratante se presente en papel y sea necesaria una firma, esa Parte
Contratante
i)
deberá, con sujeción al punto iii), aceptar una firma manuscrita,
ii)
tendrá libertad para permitir, en lugar de una firma manuscrita, la utilización
de otros tipos de firma, tales como una firma impresa o estampada, o la
utilización de un sello,
iii)
podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando
la persona natural que firme la comunicación posea su nacionalidad y dicha
persona tenga su dirección en su territorio,
iv)
cuando se utilice un sello, podrá pedir que el sello vaya acompañado de la
indicación en letras del nombre de la persona natural cuyo sello se utilice.
2)
[ Comunicación por telefacsímile ]
a)
Cuando una Parte Contratante permita
la transmisión de comunicaciones a la Oficina por telefacsímile, considerará
que la comunicación ha sido firmada si, en la impresión producida por
telefacsímile, aparece la reproducción de la firma, o la reproducción del
sello, acompañada, cuando se exija en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) iv),
de la indicación en letras del nombre de la persona natural cuyo sello se
utilice.
b)
La Parte Contratante mencionada en el
apartado a) podrá exigir que el documento cuya reproducción haya sido
transmitida por telefacsímile sea presentado en la Oficina dentro de cierto
plazo, con sujeción al plazo mínimo prescrito en el Reglamento.
3)
[ Comunicación por medios electrónicos ] Cuando una Parte Contratante
permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por medios electrónicos,
deberá considerar firmada la comunicación si esta Oficina identifica al
remitente de la comunicación por medios electrónicos, tal como lo haya
prescrito la Parte Contratante.
4)
[ Prohibición del requisito de certificación ] Ninguna Parte Contratante
podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación,
legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de
identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la
firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte
Contratante así lo estipula.
ARTÍCULO 9o. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS.
1)
[ Indicaciones de productos y/o servicios ] Cada registro y cualquier
publicación efectuados por una Oficina que se refiera a una solicitud o a un
registro y en que se indiquen productos y/o servicios, deberá designar los
productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la
Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la
clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios
y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación.
2)
[ Productos y/o servicios en la misma clase o en varias clases ]
a)
Los productos o servicios no podrán
considerarse similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o
publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de
Niza.
b)
Los productos o servicios no podrán
considerarse diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o
publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de
Niza.
ARTÍCULO 10. CAMBIOS EN LOS NOMBRES O EN LAS
DIRECCIONES.
1)
[ Cambios en el nombre o en la dirección del titular ]
a)
Cuando no haya cambio en la persona
del titular, pero sí lo haya en su nombre y/o en su dirección, toda Parte
Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina
en su registro de marcas se formule mediante una comunicación firmada por el
titular o su representante, y en la que se indique el número del registro en
cuestión y el cambio que se ha de registrar. Por lo que se refiere a los
requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará
la petición
i)
cuando esta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo
dispuesto en el apartado c), en un formulario correspondiente al
Formulario de petición previsto en el Reglamento,
ii)
cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la
Oficina por telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia
en papel resultante de dicha transmisión corresponde, con sujeción a lo
dispuesto en el apartado c), al Formulario de petición referido en el
punto i).
b)
Cualquier Parte Contratante podrá exigir
que la petición indique
i)
el nombre y la dirección del titular;
ii)
cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese
representante;
iii)
cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.
c)
Cualquier Parte Contratante podrá
exigir que la petición se formule en el idioma o en uno de los idiomas
admitidos por la Oficina.
d)
Cualquier Parte Contratante podrá
exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la Oficina.
e)
Bastará con una petición única aun
cuando la modificación se refiera a más de un registro, siempre que en la
petición se indiquen los números de todos los registros en cuestión.
2)
[ Cambio en el nombre o en la dirección del solicitante ] El párrafo 1)
se aplicará, mutatis mutandis, cuando el cambio se refiera a una
solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un registro o
registros, a condición de que, cuando el número de cualquier solicitud aún no
se haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se
identifique de otro modo la solicitud en la petición, tal como lo prescriba el
Reglamento.
3)
[ Cambio en el nombre o en la dirección del representante o en el domicilio
legal ] El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, a cualquier
cambio en el nombre o en la dirección del representante, en su caso, y a
cualquier cambio relativo al domicilio legal, en su caso.
4)
[ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contratante podrá
exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos
1) a 3) respecto de la petición mencionada en este artículo. En particular, no
podrá exigir que se le proporcione ningún tipo de certificado relativo al
cambio.
5)
[ Pruebas ] Cualquier Parte Contratante podrá pedir que se presenten
pruebas a la Oficina cuando esta pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicación contenida en la petición.
ARTÍCULO 11. CAMBIO EN LA TITULARIDAD.
1)
[ Cambio en la titularidad del registro]
a)
Cuando se haya producido un cambio en
la persona del titular, toda Parte Contratante aceptará que la petición de
inscripción del cambio por la Oficina en su registro de marcas se haga en una
comunicación firmada por el titular o su representante, o por la persona que
haya adquirido la titularidad (denominado en adelante el “nuevo propietario”) o
su representante, y en la que se indique el número del registro en cuestión y
el cambio que se ha de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de
presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición
i)
cuando esta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo
dispuesto en el párrafo 2)a), en un formulario correspondiente al
Formulario de petición previsto en el Reglamento,
ii)
cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la
Oficina por telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia
en papel resultante de dicha transmisión corresponde, con sujeción a lo
dispuesto en el párrafo 2)a), al Formulario de petición referido en el
punto i)
b)
Cuando el cambio de titularidad sea
el resultado de un contrato, toda Parte Contratante podrá exigir que la
petición indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte
peticionaria, de uno de los siguientes elementos:
i)
una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se certifique, por un
notario público o cualquier otra autoridad pública competente, que está en
conformidad con el contrato original;
ii)
un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo
extracto podrá exigirse que se certifique por un notario público o cualquier
otra autoridad pública competente;
iii)
un certificado de transferencia no certificado en la forma y con el contenido
establecidos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario;
iv)
un documento de transferencia no certificado en la forma y con el contenido
establecidos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario.
c)
Cuando el cambio de titularidad sea
el resultado de una fusión, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición
indique ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que haya sido
emitido por la autoridad competente y pruebe la fusión, como una copia de un
extracto de un registro de comercio, y que esa copia esté certificada por la
autoridad que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra
autoridad pública competente, en el sentido de que está en conformidad con el
documento original.
d)
Cuando haya un cambio en la persona
de uno o varios cotitulares, pero no de la totalidad, y tal cambio de
titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, cualquier Parte
Contratante podrá exigir que cualquier cotitular respecto del que no haya
habido cambio en la titularidad dé su consentimiento expreso al cambio de
titularidad en un documento firmado por él.
e)
Cuando el cambio de titularidad no
sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino que resulte, por
ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, toda Parte
Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de
una copia de un documento que pruebe el cambio, y que esa copia esté
certificada en el sentido de que está en conformidad con el documento original
por la autoridad pública que emita el documento, por un notario público o por
cualquier otra autoridad pública competente.
f)
Cualquier Parte Contratante podrá
exigir que la petición indique
i)
el nombre y la dirección del titular;
ii)
el nombre y la dirección del nuevo propietario;
iii)
el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo propietario, si este es
nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el nuevo propietario
tenga su residencia, de tenerla, y el nombre de un Estado en que el nuevo
propietario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de
tenerlo;
iv)
cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de
dicha persona jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad
territorial dentro de ese Estado, en virtud de cuya legislación se haya
constituido la mencionada persona jurídica.
v)
cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese
representante;
vi)
cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
vii)
cuando el nuevo titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese
representante;
viii)
cuando se exija que el nuevo titular tenga un domicilio legal en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4.2)b), dicho domicilio.
g)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que, respecto de una petición, se pague una tasa a la Oficina.
h)
Bastará con una petición única aun
cuando el cambio se refiera a más de un registro, a condición de que el titular
y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y siempre que se
indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión.
i)
Cuando el cambio de titularidad no
afecte a todos los productos y/o servicios relacionados en el registro del
titular, y la legislación aplicable permita el registro de tal cambio, la
Oficina creará un registro separado relativo a los productos y/o servicios
respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.
2)
[ Idioma; traducción ]
a)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que la petición, el certificado de transferencia o el documento de
transferencia referidos en el párrafo 1) se presenten en el idioma o en uno de
los idiomas admitidos por la Oficina.
b)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que, si los documentos referidos en el párrafo 1)b)i) y ii), c) y
e) no figuran en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la
Oficina, la petición se acompañe de una traducción o de una traducción
certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los idiomas
admitidos por la Oficina.
3)
[ Cambio en la titularidad de la solicitud ] Los párrafos 1) y 2) se
aplicarán mutatis mutandis cuando el cambio de titularidad se refiera a
una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un registro o
registros, a condición de que, cuando el número de cualquier solicitud aún no
se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se
identifique de otro modo esa solicitud en la petición, tal como lo prescriba el
Reglamento.
4)
[ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contratante podrá
exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos
1) a 3) respecto de la petición referida en este artículo. En particular, no se
podrá exigir:
i)
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1)c), que se presente un
certificado o un extracto de un registro de comercio;
ii)
que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad industrial o
comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;
iii)
que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad que corresponde a
los productos y/o servicios afectados por el cambio de titularidad, ni que se
presenten pruebas a cualquiera de estos efectos;
iv)
que se indique que el titular transfirió, total o parcialmente, su negocio o el
activo intangible pertinente al nuevo propietario, ni que se presenten pruebas
a cualquiera de estos efectos.
5)
[ Pruebas ] Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas
a la Oficina, o pruebas adicionales si fuese aplicable el párrafo 1)c) o
e), cuando esa Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier otro documento
mencionado en el presente artículo.
ARTÍCULO 12. CORRECCIÓN DE UN ERROR.
1)
[ Corrección de un error respecto de un registro ]
a)
Cada Parte Contratante deberá aceptar
que la petición de corrección de un error que se haya cometido en la solicitud
o en otra petición comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro de
marcas y/o en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una
comunicación firmada por el titular o su representante, en la que se indique el
número del registro en cuestión, el error que se ha de corregir y la corrección
que se ha de efectuar. En cuanto a los requisitos de presentación de la
petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición
i)
cuando esta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo
dispuesto en el apartado c), en un formulario correspondiente al
Formulario de petición previsto en el Reglamento,
ii)
cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la
Oficina por telefacsímile y la petición se presente de esa forma, si la copia
en papel resultante de dicha transmisión corresponde, con sujeción a lo
dispuesto en el apartado c), al Formulario de petición mencionado en el
punto i).
b)
Cualquier Parte Contratante podrá
exigir que la petición indique:
i)
el nombre y la dirección del titular;
ii)
cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese
representante;
iii)
cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.
c)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que la petición se formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la
Oficina.
d)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que, respecto de la petición, se pague una tasa a la Oficina.
e)
Bastará con una petición única aun
cuando la corrección se refiera a más de un registro de la misma persona,
siempre que el error y la corrección solicitada sean los mismos para cada
registro, y que se indiquen en la petición los números de todos los registros
en cuestión.
2)
[ Corrección de un error respecto de las solicitudes ] El párrafo l )
será aplicable mutatis mutandis cuando el error se refiera a una
solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un registro o
registros, siempre que, cuando el número de cualquier solicitud aún no se haya
publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se identifique
de otro modo esa solicitud, tal como se establece en el Reglamento.
3)
[ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contratante podrá
exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 1 )
y 2) respecto de la petición mencionada en este artículo.
4)
[ Pruebas ] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presenten
pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda dudar razonablemente que el
presunto error sea efectivamente un error.
5)
[ Errores de la Oficina ] La Oficina de una Parte Contratante corregirá
sus propios errores, ex officio o previa solicitud, sin tasa.
6)
[ Errores que no podrán corregirse ] Ninguna Parte Contratante estará
obligada a aplicar los párrafos 1), 2) y 5) a cualquier error que no pueda
corregirse en virtud de su legislación.
ARTÍCULO 13. DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO.
1)
[ Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la
acompañen; tasas ]
a)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que la renovación de un registro esté sujeta a la presentación de una petición
y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:
i)
una indicación de que se solicita una renovación;
ii)
el nombre y la dirección del titular;
iii)
el número del registro en cuestión;
iv)
a elección de la Parte Contratante, la fecha de presentación de la solicitud
que dio lugar al registro en cuestión o la fecha del registro en cuestión;
v)
cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese
representante;
vi)
cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
vii)
cuando la Parte contratante permita que se efectúe la renovación de un registro
solo respecto de algunos de los productos y/o servicios inscritos en el
registro de marcas y cuando se pida esa renovación, los nombres de los
productos y/o servicios inscritos en el registro para los cuales se pida la
renovación, o los nombres de los productos y/o servicios inscritos en el
registro para los cuales no se pida la renovación, agrupados según las clases
de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de
esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y
presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;
viii)
cuando una Parte Contratante permita que se presente una petición de renovación
por una persona distinta del titular o su representante y la petición se
presente por tal persona, el nombre y la dirección de esa persona;
ix)
una firma del titular o de su representante o, cuando sea aplicable el punto
viii), una firma de la persona mencionada en ese punto.
b)
Toda Parte Contratante podrá exigir
que, respecto de la petición de renovación, se pague una tasa a la Oficina. Una
vez que se haya pagado la tasa respecto del período inicial del registro o de
cualquier período de renovación, no podrá exigirse pago adicional para el
mantenimiento del registro respecto de ese período. Las tasas asociadas con el
suministro de una declaración y/o prueba de uso, no se considerarán, a los
fines de este apartado, como pagos exigidos para el mantenimiento del registro
y no estarán afectadas por este apartado.
c)
Cualquier Parte Contratante podrá
exigir que se presente la petición de renovación, y se pague la tasa
correspondiente mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del
período fijado por la legislación de la Parte Contratante, con sujeción a los
períodos mínimos prescritos en el Reglamento.
2)
[ Presentación ] Por lo que respecta a las exigencias relativas a la
presentación de la petición de renovación, ninguna Parte Contratante podrá
rechazar la petición,
i)
cuando la petición se presente por escrito en papel si, con sujeción a lo
dispuesto en el párrafo 3), se presenta en un formulario correspondiente al
Formulario de petición previsto en el Reglamento,
ii)
cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina
por telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel
resultante de tal transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 3), al Formulario de petición mencionado en el punto i).
3)
[ Idioma ] Toda Parte Contratante podrá exigir que la solicitud de
renovación se formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la
Oficina.
4)
[ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contratante podrá
exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos
1) a 3) respecto de la petición de renovación. En particular, no se podrá
exigir:
i)
ninguna reproducción u otra identificación de la marca;
ii)
que se presenten pruebas a los efectos de que se ha registrado la marca, o que
se ha renovado su registro, en el registro de marcas de cualquier otra Parte
Contratante;
iii)
que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en relación con el
uso de la marca.
5)
[ Pruebas ] Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas
a la Oficina durante el examen de la petición de renovación, cuando dicha
Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o
elemento contenido en la petición de renovación.
6)
[ Prohibición del examen substantivo ] A los fines de efectuar la
renovación, ninguna Oficina de una Parte Contratante podrá examinar el registro
en cuanto a su fondo.
7)
[ Duración ] La duración del período inicial del registro y la duración
de cada período de renovación será de 10 años.
ARTÍCULO 14. OBSERVACIONES EN CASO DE RECHAZO
PREVISTO.
Una
solicitud o una petición formulada en virtud de los artículos 10 a 13 no podrá ser rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a
la parte peticionaria, según sea el caso, la oportunidad de formular
observaciones sobre el rechazo previsto en un plazo razonable.
ARTÍCULO 15. OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON EL CONVENIO
DE PARÍS.
Cualquier
Parte Contratante deberá cumplir con las disposiciones del Convenio de París
que afecten a las marcas.
ARTÍCULO 16. MARCAS DE SERVICIO.
Cualquier
Parte Contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las
disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto.
ARTÍCULO 17. REGLAMENTO.
1)
[ Contenido ]
a)
El Reglamento anexo al presente
Tratado establecerá reglas relativas:
i)
a cuestiones que el presente Tratado disponga expresamente que serán “prescritas
en el Reglamento”;
ii)
a cualquier detalle útil para la aplicación del presente Tratado;
iii)
a cualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos administrativos.
b)
El Reglamento también contendrá
Formularios internacionales tipo.
2)
[ Conflicto entre el Tratado y el Reglamento] En caso de conflicto entre
las disposiciones del presente Tratado y las del Reglamento, prevalecerán las
primeras.
ARTÍCULO 18. REVISIÓN; PROTOCOLOS.
1)
[ Revisión ] El presente Tratado podrá ser revisado por una conferencia
diplomática.
2)
[ Protocolos ] A los fines de desarrollar una mayor armonización del
derecho de marcas, podrán adoptarse protocolos por una conferencia diplomática
en tanto que dichos protocolos no contravengan las disposiciones del presente
Tratado.
ARTÍCULO 19. PROCEDIMIENTO PARA SER PARTE EN EL
TRATADO.
1)
[ Elegibilidad ] Las siguientes entidades podrán firmar y, con sujeción
a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) y en el artículo 20.1) y 3), ser parte
en el presente Tratado:
i)
todo Estado miembro de la Organización respecto del que puedan registrarse
marcas en su Oficina;
ii)
toda organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que puedan
registrarse marcas con efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado
constitutivo de dicha organización intergubernamental, en todos sus Estados
miembros o en aquellos de sus Estados miembros que sean designados a tal fin en
la solicitud pertinente, a condición de que todos los Estados miembros de la
organización intergubernamental sean miembros de la Organización;
iii)
todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan
registrarse marcas por conducto de la Oficina de otro Estado especificado que
sea miembro de la Organización;
iv)
todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan
registrarse marcas por conducto de la Oficina mantenida por una organización
intergubernamental de la que sea miembro ese Estado;
v)
todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan
registrarse marcas por conducto de una Oficina común a un grupo de Estados
miembros de la Organización.
2)
[ Ratificación o adhesión] Toda entidad mencionada en el párrafo 1)
podrá depositar:
i)
un instrumento de ratificación, si ha firmado el presente Tratado,
ii)
un instrumento de adhesión, si no ha firmado el presente Tratado.
3)
[ Fecha efectiva de depósito ]
a)
Con sujeción a lo dispuesto en el
apartado b), la fecha efectiva del depósito de un instrumento de
ratificación o adhesión será,
i)
en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)i), la fecha en la que se
deposite el instrumento de ese Estado;
ii)
en el caso de una organización intergubernamental, la fecha en la que se haya
depositado el instrumento de dicha organización intergubernamental;
iii)
en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iii), la fecha en la que se
cumpla la condición siguiente: ha sido depositado el instrumento de ese Estado
y ha sido depositado el instrumento del otro Estado especificado;
iv)
en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iv), la fecha aplicable en
virtud de lo dispuesto en el punto ii) supra;
v)
en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados mencionado en el párrafo
1)v), la fecha en la que hayan sido depositados los instrumentos de todos los
Estados miembros del grupo.
b)
Todo instrumento de ratificación o de
adhesión (denominado en este apartado “el instrumento”) podrá ir acompañado de
una declaración que condicione la efectividad del depósito de dicho instrumento
al depósito del instrumento de un Estado o de una organización
intergubernamental, o a los instrumentos de otros dos Estados, o a los
instrumentos de otro Estado y de una organización intergubernamental,
especificados por su nombre y calificados para ser parte en el presente
Tratado. El instrumento que contenga tal declaración será considerado
depositado el día en que se haya cumplido la condición indicada en la
declaración. No obstante, cuando el depósito de un instrumento especificado en
la declaración también vaya acompañado por una declaración de esa naturaleza,
dicho instrumento será considerado depositado el día en que se cumpla la
condición especificada en la segunda declaración.
c)
Toda declaración formulada en virtud
del apartado b) podrá ser retirada en cualquier momento, en su totalidad
o en parte. El retiro de dicha declaración será efectivo en la fecha en que el
Director General reciba la notificación del mismo.
ARTÍCULO 20. FECHA EFECTIVA DE LAS RATIFICACIONES Y
ADHESIONES.
1)
[ Instrumentos que se tomarán en consideración ] A los fines de lo
dispuesto en el presente artículo, solo se tomarán en consideración los
instrumentos de ratificación o de adhesión que sean depositados por las
entidades mencionadas en el artículo 19.1), y que tengan una fecha efectiva con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 19.3).
2)
[ Entrada en vigor del Tratado ] El presente Tratado entrará en vigor
tres meses después de que cinco Estados hayan depositado sus instrumentos de
ratificación o adhesión.
3)
[ Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones posteriores a la
entrada en vigor del Tratado ] Cualquier entidad no incluida en el párrafo
2) quedará obligada por el presente Tratado tres meses después de la fecha en
la que haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
ARTÍCULO 21. RESERVAS.
1)
[ Tipos especiales de marcas ] Cualquier Estado u organización
intergubernamental podrá declarar mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto
en el artículo 2.1)a) y 2)a), cualquiera de las disposiciones
contenidas en los artículos 3.1) y 2), 5, 7, 11 y 13 no será aplicable a las
marcas asociadas, a las marcas defensivas o a las marcas derivadas. Dicha
reserva deberá especificar a cuáles de las disposiciones mencionadas se refiere
la reserva.
2)
[ Modalidades ] Cualquier reserva formulada en virtud del párrafo 1)
deberá efectuarse mediante una declaración que acompañe el instrumento de
ratificación o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización
intergubernamental que formule la reserva.
3)
[ Retiro ] Cualquier reserva en virtud del párrafo 1) podrá ser retirada
en cualquier momento.
4)
[ Prohibición de otras reservas ] No se podrá formular ninguna reserva
al presente Tratado, salvo la permitida en virtud del párrafo 1).
ARTÍCULO 22. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
1)
[ Solicitud única para productos y servicios pertenecientes a varias clases;
división de la solicitud ]
a)
Cualquier Estado u organización
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el artículo
3.5), una solicitud solo podrá presentarse en la Oficina respecto de productos
o servicios que pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza.
b)
Cualquier Estado u organización
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el artículo
6o, cuando se hayan incluido productos y/o servicios pertenecientes a varias
clases de la Clasificación de Niza en una misma solicitud, tal solicitud dará
lugar a dos o más registros en el registro de marcas, a condición de que cada
uno de tales registros contenga una referencia a todos los demás registros
resultantes de dicha solicitud.
c)
Cualquier Estado u organización
intergubernamental que haya formulado una declaración en virtud del apartado a)
podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el artículo 7.1), no podrá
dividirse una solicitud.
2)
[Poder único para más de una solicitud y/o registro ] Cualquier Estado u
organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en
el artículo 4.3)b), un poder solo podrá referirse a una solicitud o a un
registro.
3)
[ Prohibición del requisito de certificación de firma en un poder y en una
solicitud ] Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá
declarar que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8.4), podrá requerirse
que la firma de un poder o la firma por el solicitante de una solicitud sea
objeto de una atestación, certificación por notario, autenticación,
legalización u otra certificación.
4)
[ Petición única en más de una solicitud y/o registro con respecto a un
cambio de nombre o dirección, un cambio en la titularidad o la corrección de un
error ] Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar
que, no obstante lo dispuesto en el artículo 10.1)e), 2), y 3), el
artículo 11.1)h) y 3) y el artículo 12.1)e) y 2), una petición de
inscripción de un cambio de nombre y/o de dirección, una petición de
inscripción de un cambio de titularidad o una petición de corrección de un
error solo podrá referirse a una solicitud o a un registro.
5)
[ Presentación, con ocasión de la renovación, de declaración y/o pruebas
relativas al uso ] Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá
declarar que, no obstante lo dispuesto en el artículo 13.4)iii), requerirá, con
ocasión de la renovación, que se presente una declaración y/o prueba relativas
al uso de la marca.
6)
[Examen substantivo con ocasión de la renovación ] Cualquier Estado u
organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en
el artículo 13.6), con ocasión de la primera renovación de un registro que
cubra servicios, la Oficina podrá examinar dicho registro en cuanto al fondo,
con la salvedad de que dicho examen se limitará a la eliminación de registros
múltiples basados en solicitudes presentadas durante un período de seis meses
siguientes a la entrada en vigor de la ley de dicho Estado u organización que,
antes de la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la
posibilidad de registrar marcas de servicios.
7)
[ Disposiciones comunes ]
a)
Un Estado o una organización
intergubernamental solo podrá hacer una declaración de conformidad con los
párrafos 1) a 6) si, en el momento de depositar su instrumento de ratificación
o adhesión al presente Tratado, la aplicación continuada de su legislación, sin
dicha declaración, sería contraria a las disposiciones pertinentes del presente
Tratado.
b)
Cualquier declaración formulada en
virtud de los párrafos l) a 6) deberá acompañar al instrumento de ratificación
o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización
intergubernamental que formule la declaración.
c)
Cualquier declaración formulada en
virtud de los párrafos l) a 6) podrá ser retirada en cualquier momento.
8)
[ Pérdida de efectos de una declaración ]
a)
Con sujeción a lo dispuesto en el
apartado c), cualquier declaración efectuada en virtud de los párrafos
1) a 5) por un Estado considerado país en desarrollo de conformidad con la
práctica establecida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o por una
organización intergubernamental de la que cada uno de sus miembros sea uno de
dichos Estados, perderá sus efectos al final de un plazo de ocho años a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado.
b)
Con sujeción a lo dispuesto en el
apartado c), cualquier declaración efectuada en virtud de los párrafos
1) a 5) por un Estado distinto de los Estados mencionados en el apartado a),
o por una organización intergubernamental distinta de las organizaciones
intergubernamentales mencionadas en el apartado a), perderá sus efectos
al final de un plazo de seis años a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Tratado.
c)
Cuando una declaración efectuada en
virtud de los párrafos 1) a 5) no haya sido retirada en virtud de lo dispuesto
en el párrafo 7)c), o no haya perdido sus efectos en virtud de lo dispuesto
en los apartados a) o b), antes del 28 de octubre de 2004,
perderá sus efectos el 28 de octubre de 2004.
9)
[ Procedimiento para ser parte en el Tratado ] Hasta el 31 de diciembre
de 1999, cualquier Estado que, en la fecha de adopción del presente Tratado,
sea miembro de la Unión Internacional (de París) para la Protección de la
Propiedad Industrial sin ser miembro de la Organización, no obstante lo
dispuesto en el artículo 19.1)i), podrá ser parte en el presente Tratado si
pueden registrarse marcas en su propia Oficina.
ARTÍCULO 23. DENUNCIA DEL TRATADO.
1)
[ Notificación ] Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente
Tratado mediante notificación dirigida al Director General.
2)
[ Fecha efectiva ] La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha
en la que el Director General haya recibido la notificación. La denuncia no
afectará a la aplicación del presente Tratado a ninguna solicitud pendiente o a
ninguna marca registrada, en la Parte Contratante denunciante o respecto de la
misma, en el momento de la expiración del mencionado plazo de un año, con la
salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras la expiración de dicho
plazo de un año, podrá dejar de aplicar el presente Tratado a cualquier
registro a partir de la fecha en la que deba renovarse dicho registro.
ARTÍCULO 24. IDIOMAS DEL TRATADO; FIRMA
.
1)
[ Textos originales; textos oficiales ]
a)
El presente Tratado se firmará en un
solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso,
considerándose igualmente auténticos todos los textos.
b)
A petición de una Parte Contratante,
el Director General establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en
el apartado a) que sea idioma oficial de esa Parte Contratante, previa
consulta con dicha Parte Contratante y con cualquier otra Parte Contratante
interesada.
2)
[ Plazo para la firma ] El presente Tratado quedará abierto a la firma
en la Sede de la Organización durante un año a partir de su adopción.
ARTÍCULO 25. DEPOSITARIO.
El
Director General será el depositario del presente Tratado.
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébanse el “Tratado sobre el Derecho
de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su
“Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994, que por el artículo primero
de esta Ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA.
El Secretario General (E) del Honorable Senado de la
República,
SAÚL CRUZ BONILLA.
El Presidente de la Honorable Cámara de
Representantes,
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ.
El Secretario General de la Honorable Cámara de
Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
* * *
LEY NÚMERO 1343 DE 2009
(julio 31)
por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el
Derecho de Marcas”, y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Auto 127 del 16
de junio de 2010, Expediente LAT-349, de la Sala plena de la Corte
Constitucional, que en su parte pertinente señaló:
“(…)
Sobre este último particular, debe anotarse que la
sanción presidencial, en tanto se refiere al mismo acto aprobatorio sujeto a
análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En ese
sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento
de ejercer la competencia prevista en el artículo 8o del Decreto 2719 de 2000,
conservará el número de Ley 1343 del 31 de julio de 2009. Lo anterior debido a
que, como lo ha sostenido esta corporación, la subsanación de un vicio en el
trámite legislativo por parte del Congreso no contrae modificación alguna en lo
relativo a la identificación nominal del proyecto y de la ley aprobatoria
resultante.”, en la fecha se sancionará nuevamente el Proyecto de ley número 07
de 2008 Senado, 230 de 2008 Cámara, por medio de la cual se aprueba el “Tratado
Sobre el Derecho de Marca” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de
1994, en consecuencia se sanciona aquí la Ley 1343 del 31 de julio de 2009,
conservando su numeración y fechas iniciales.
República de Colombia - Gobierno Nacional
Comuníquese y cúmplase
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2010
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores, Encargada de
las Funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
CLEMENCIA FORERO UCRÓS.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
SERGIO DÍAZ GRANADOS GUIDA.
III.    INTERVENCIONES
3.1.
Superintendencia
de Industria y Comercio
La
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que, de acuerdo con el
Decreto 3523 de 2009, es la oficina nacional competente encargada de
administrar el sistema de propiedad industrial en Colombia, intervino, a través
del Superintendente, para solicitar a la Corte que declare la exequibilidad de la
Ley 1343 de 31 de julio de 2009, por medio de la cual se aprueban el Tratado
sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994.
En un
acápite introductorio, el interviniente hace una exposición sobre la propiedad
industrial como una forma de propiedad reconocida en el ordenamiento jurídico
colombiano, para destacar su fundamento constitucional. Se refiere también al
papel que le corresponde al individuo como consumidor y empresario en el
contexto del sistema de propiedad industrial, del cual afirma, es un
instrumento necesario para que la libre competencia pueda desarrollarse.
Destaca, así mismo, el papel que cumple la propiedad industrial como herramienta
para el crecimiento económico de países en desarrollo e industrializados. El
interviniente concluye esta parte de su escrito con un breve recuento sobre el
régimen de marcas en Colombia, en el cual se indica que, en esta materia,
Colombia se rige por la Decisión Andina 486 de 2000, la cual fue concebida en
un marco jurídico internacional para la protección de la propiedad industrial,
conformado por los siguientes instrumentos internacionales de los que hace parte
Colombia: (i) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, concertado en 1883 y revisado y enmendado en diversas oportunidades
y (ii) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio,
negociado en la Ronda Uruguay entre los años 1986 a 1994.
A
continuación el interviniente presenta una síntesis sobre el contenido del
Tratado, dentro de la cual cabe destacar la consideración conforme a la cual el
TLT no establece procedimientos completamente uniformes para los Estados Parte,
sino que fija unos requisitos máximos que es posible exigir, pero dentro de los
cuales los distintos países pueden optar por exigencias menores.  Agrega que
esa previsión busca garantizar al solicitante de un registro de marca, que,
cumplidas esas exigencias máximas,  su solicitud cumplirá con los requisitos de
registro en cualquiera de los estados miembros del tratado. Del mismo modo,
indica que los requisitos formales incluidos en el TLT coinciden con los
consagrados en la norma andina.
A
renglón seguido se realiza un análisis sobre el trámite de la ley aprobatoria,
a partir del cual se concluye que el mismo se adelantó con el cumplimiento de
todos los requisitos constitucionales y legales.
En
cuanto hace a la constitucionalidad del tratado desde la perspectiva material
el interviniente expresa que  el Tratado sobre Derecho de Marcas se ajusta a la
Constitución y a la ley,con base en las siguientes consideraciones:
a.       Es
una manifestación del respeto de la soberanía nacional, a la autodeterminación
de los pueblos y al reconocimiento de los principios del Derecho Internacional
aceptados por Colombia.
b.      Constituye
ejercicio de competencias constitucionales, contenidas en los artículo 150,
numeral 16, y 189, numeral 2, de la Carta, en virtud de los cuales el Estado
debe promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y
sociales sobre la base de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, así
como la integración, social y política con las demás naciones.
c.       Concuerda
con la necesidad de la promoción de las relaciones económicas y sociales, y de
la integración con las demás naciones, atendiendo los criterios de la
reciprocidad y conveniencia nacional.
d.      Guarda
interrelación con la normatividad comunitaria que constituye el régimen de
propiedad industrial y es armónico con ella, toda vez que persigue un mismo
objetivo como es la protección de la propiedad industrial. Al respecto, está
previsto que mediante tratados internacionales se fortalezcan los derechos de
propiedad industrial que confiere la norma supranacional que consagra el
régimen de propiedad industrial, incluido el de marca.
Por
las razones expuestas, el interviniente considera que las disposiciones
contenidas en el Tratado sobre Derecho de Marcas no contrarían los preceptos de
la Constitución Nacional.
3.2.
Intervención
del Ministerio de Relaciones Exteriores
El
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito presentado por la
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales, manifestó que se adhiere al
escrito único de defensa de la constitucionalidad del Tratado que,  en nombre
del Gobierno Nacional, presentará el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, manifestando así que no tiene objeciones de carácter jurídico para que
se declare la constitucionalidad del Tratado y de su ley aprobatoria.
3.3.
Intervención
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
En
escrito allegado a esta Corporación, el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del Tratado Internacional
sobre el Derecho de Marcas y de su reglamento, así como la de su ley
aprobatoria número 1343 de 2009.
3.3.1. El
Ministerio empieza por hacer un análisis sobre el trámite de la ley aprobatoria
del Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, a partir del cual
concluye que el mismo se cumplió con sujeción a la Constitución Política y a
las normas de procedimiento señaladas en la Ley 5ª de 1992. Puntualizaque en
dicho trámite se llevaron a cabo los debates requeridos y se hicieron las
publicaciones de las ponencias; se observaron en debida forma los plazos que se
requieren en cada uno de los debates y se cumplió con las mayorías requeridas
para la aprobación del proyecto en cada unas de la sesiones en Senado y Cámara.
Expresa
que, por  consiguiente, la Ley 1343 de 2009 expedida por el Congreso de la
República y sancionada por el Presidente de la República, aprobatoria del
Tratado sobre Derechos de Marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de
1994, cumplió con todos los requisitos exigidos por la Constitución para los
efectos de la tramitación de las leyes aprobatorias de los tratados
internacionales, razón por la cual, solicita respetuosamente a la Corte
declarar su exequibilidad desde el punto de vista formal.
3.3.2. Para
abordar el análisis material del Tratado, el Ministerio hace unas
consideraciones preliminares sobre “(…) las relaciones internacionales y su
reconocimiento constitucional (…)”, y presenta unas generalidades sobre el
TLT y su reglamento, que incluyen una relación de sus antecedentes y una
descripción del Acuerdo y de su reglamento, detallando su contenido. También se
refiere a las características que, de acuerdo con la jurisprudencia, tiene el
análisis de constitucionalidad de los tratados internacionales.
A
continuación, como razones sustantivas que fundamentan la constitucionalidad
del tratado sobre el Derecho de Marcas y de su Reglamento, aprobados mediante
Ley 1343 de 2009, expone las siguientes:
3.3.2.1.
De conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política, es deber del
Estado la protección de la propiedad intelectual, y puede decirse que la
protección marcaria a través de la adhesión al Acuerdo, es desarrollo de ese
mandato constitucional.
Para
fundamentar la anterior conclusión el Ministerio se refiere a diversos
pronunciamientos de la Corte en los que se fija el alcance de la protección
constitucional a la propiedad intelectual y se puntualiza que la misma incluye
los temas marcarios[2],
aspecto que, agrega, se encuentra en consonancia con la definición de la OMPI
conforme a la cual la Propiedad Intelectual se extiende a, entre otros
aspectos, las “marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los
nombres y denominaciones comerciales.”
3.3.2.2.
El Tratado constituye un mecanismo idóneo para hacer efectivos los fines
esenciales del Estado Social de Derecho, puesto que contribuye a promover la
prosperidad general (Art. 2 C.P.) y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población (Art. 366 C.P.), en la medida en que, al ser un instrumento
internacional orientado a armonizar los procedimientos de registro marcario,
conduciría a fortalecer los canales productivos y comerciales del país con
miras a mejorar sus condiciones internas y promover la competitividad a nivel
internacional.
Señala
el Ministerio que las políticas tendientes a celebrar tratados y acuerdos de
carácter comercial, ayudan a impulsar un ciclo de desarrollo fundamentado en el
aumento de los flujos de comercio, lo que incrementa la demanda de productos
nacionales, generando nuevos empleos, bienestar de la población y reducción en
los índices de pobreza.
3.3.2.3.
El Tratado y el Reglamento resultan ajustados al artículo 2º de la
Constitución, por cuanto procuran garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta Política, en lo que respecta a la
obligación del Estado de promover la internacionalización de las relaciones
económicas y comerciales.
3.3.2.4.
La adhesión al Acuerdo es desarrollo del reconocimiento constitucional sobre la
función social de la empresa, uno de cuyos presupuestos es la garantía de la
libertad de la actividad económica y la iniciativa privada.
3.3.2.5.       El
Ministerio presenta también una serie de consideraciones específicas en
relación con los procedimientos previstos en los artículos 1 a 17 del tratado y en su correspondiente reglamento, para concluir que los mismos respetan los
mandatos constitucionales que tienen que ver con la protección de la propiedad
intelectual; el acceso a la administración de justicia, en cuanto contempla
aspectos sobre el domicilio y los eventos en los cuales se requiere el
otorgamiento de poderes para adelantar trámites ante la Oficina de las Partes
Contratantes, así como los casos en los cuales podrá hacerse sin representación
de un abogado; los principios de la función administrativa, en la medida en
que, al agilizar los trámites, contribuye, dentro de un marco de igualdad,
equidad y reciprocidad, a la transparencia, la celeridad y la imparcialidad; el
debido proceso y la seguridad jurídica.
Indica
que la adhesión del Estado Colombiano al Acuerdo, es manifestación de la
soberanía nacional pues, en virtud del TLT las partes se obligan
internacionalmente a cumplir con deberes  y obligaciones recíprocos contenidos
en el instrumento de carácter internacional. Por esa razón, considera que la
adhesión de Colombia se ajusta a lo estipulado en el artículo 9 de la
Constitución Política.
3.3.2.6.       Finalmente,
el Ministerio se refiere a los artículos relacionados con las vicisitudes del
Tratado a la luz del Derecho Internacional Público (Artículos 18 a 25), para expresar que la inclusión de aspectos instrumentales no se opone a la Constitución
sino que, por el contrario, la incorporación en el TLT de disposiciones
relativas a la adhesión, ratificación, denuncia, disposiciones transitorias,
idiomas, firmas y depósito del Acuerdo, guardan relación con la Convención de
Viena de 1969, debidamente aprobada por el Congreso de la República mediante la
Ley 32 de 1985.
3.3.3. Por
todo lo señalado, el Ministerio manifiesta que, a juicio de esa institución, el
texto del Acuerdo objeto de análisis por esta Corporación se ajusta en su
totalidad al ordenamiento constitucional colombiano.
IV.    CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuradora General de
la Nación (E), en concepto No. 4904, solicita a la Corte declarar la exequibilidad
del tratado sobre el derecho de  marcas y de su reglamento, adoptados el 27 de
octubre de 1994, y de su ley aprobatoria, la “Ley 1343 del 31 de julio de 2009”.
Después de un
pormenorizado recuento del trámite legislativo, el Ministerio Público concluye
que se cumplieron todas las exigencias constitucionales aplicables.
En relación con el
análisis material,  la Vista Fiscal expresa que el Tratado sobre el Derecho de
Marcas, es un instrumento administrado por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI),[3]
agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada al desarrollo de un
sistema internacional de propiedad intelectual, cuyo principal objetivo es
simplificar y armonizar los requisitos formales para el registro de marcas, es
decir, para hacer más fácil el registro.
Pone de presente el
Ministerio Público que el tratado tiene como objetivo unificar y agilizar los
procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas mediante la
simplificación y armonización de los procedimientos. A continuación hace una
breve síntesis de los 25 artículos de los que consta el tratado, así como del
documento que contiene el Reglamento, junto con los formularios tipo.
Igualmente presenta un recuento sobre los antecedentes del Tratado en el marco
de los objetivos planteados desde 1967 en el Convenio que establece la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI (firmado en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979), del cual
Colombia es parte desde 1979.
A partir de las
anteriores consideraciones, la Vista Fiscal concluye que el Tratado sobre el
derecho de Marcas y su reglamento constituyen un desarrollo del mandato
constitucional contenido en el artículo 2º de la Carta Política, puesto que
contribuye a promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Para el Ministerio
Público los procedimientos y los recursos establecidos en el tratado y en su
reglamento contienen unos requisitos sencillos que respetan el debido proceso
consagrado en el artículo 29 Superior.
Agrega que, por otra
parte, en consonancia con el relieve que la jurisprudencia constitucional le ha
atribuido a la protección de la propiedad intelectual, el Tratado constituye un
elemento importante en el contexto de la cooperación comercial internacional,
lo que permite el desarrollo económico del país y además, en la medida en que
contiene un régimen de protección de marcas que tiene como finalidad otorgar el
amparo previsto en el artículo 61 de Carta Política, dentro del cual está
comprendido el relativo a los derechos de propiedad industrial.
Para el Ministerio Público, el
Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento desarrollan los preceptos
consagrados en la Carta Política,pues respetan la
soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de
los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia (Art. 9, inc. 2
de la Constitución Política).
Señala que el Tratado
promueve el desarrollo de las relaciones económicas y sociales y la integración
con las demás naciones, atendiendo los criterios de reciprocidad y conveniencia
nacional.
Indica que el Tratado,
como instrumento internacional, respeta los límites de la acción estatal bajo
el cumplimiento de los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, a
través de los cuales se promueve la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases establecidas de
equidad, reciprocidad y de conveniencia nacional.
Por las razones
anteriormente expuestas, la Procuraduría General de la Nación solicita a esta
Corporación declarar la exequibilidad del Tratado sobre Derecho de Marcas y su
Reglamento así como la de su Ley aprobatoria 1343 del 31 de julio de 2009.
V. VICIO DE PROCEDIMIENTO
EN LA FORMACIÓN DE LA LEY. TRAMITE PARA SUBSANARLO
Con el fin de que la
Corte ejerciera el control automático de constitucionalidad previsto en el
artículo 241-10 de la Carta Política, la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República envió a esta Corporación el texto de la Ley número 1343 del 31
de julio de 2009, por medio de la cual “Se aprueba el tratado sobre derecho
de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994”.
Una vez adjuntado el
expediente legislativo correspondiente por parte del Congreso, la Corte asumió
el estudio de constitucionalidad de la citada norma y concluyó que durante el
procedimiento de formación de la ley se había incurrido en un vicio,
relacionado con el incumplimiento del requisito de anuncio previo a la
discusión y votación del proyecto de ley (Art. 160 C.P.), durante el trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Igualmente, la
Sala Plena verificó que el vicio tenía carácter subsanable, razón por la cual
dio cumplimiento a lo previsto en el parágrafo del artículo 241 C.P. y ordenó devolver la Ley al Congreso, con el fin de que enmendara el procedimiento.  Al
respecto, la parte resolutiva del Auto 127 del 16 de junio de 2010 dispuso lo
siguiente:
Primero.- Por
la Presidencia de la República, DEVUÉLVASE a la Presidencia de la Cámara
de Representantes la Ley 1343 de 31 de julio 2009, por medio de la cual “Se
aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de
octubre de 1994”, con el fin de que
tramite la subsanación del vicio de procedimiento identificado en esta
providencia.
Segundo.- CONCÉDASE a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes el término de 60 días, contados a partir de la notificación de
este auto a la Presidencia de la misma, para que subsane el vicio detectado en
esta providencia.
Tercero.- Una
vez subsanado el vicio a que se refiere la parte considerativa de esta
providencia, la Cámara de Representantes dispondrá hasta el 16 de diciembre de
2010, para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo. Luego, el
Presidente de la República tendrá el plazo establecido en la Carta para
sancionar el proyecto de ley.
Cuarto.- Cumplido
el trámite anterior, la Presidencia de la República  remitirá a la Corte la Ley
1343 de 2009, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.[4]
En cumplimiento de lo
dispuesto en esta decisión, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, atendiendo lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución Política, envió fotocopia auténtica de la Ley número 1343 del 31
de julio de 2009, por medio de la cual “Se aprueba el tratado sobre derecho
de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994”, sancionada nuevamente por el Presidente de la República el 8 de noviembre de 2010.[5]
Una vez adjuntado el
expediente legislativo contentivo de la subsanación del vicio de trámite, la
Sala procede a adoptar decisión definitiva sobre la constitucionalidad del
tratado internacional y de su ley aprobatoria.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.      Competencia de la
Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados
De acuerdo con el numeral
10 del artículo 241 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional le
corresponde definir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de
las leyes que los aprueben, control que según la jurisprudencia de esta
Corporación se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado,
pero posterior a la aprobación de la ley por parte del Congreso y a la sanción
presidencial; (ii) automático, ya que la ley debe ser remitida por el Gobierno
Nacional a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción[6];
e (iii) integral, dado que la Corte debe analizar los aspectos formales y
materiales del tratado internacional y de su ley aprobatoria a la luz del texto
constitucional, revisión que comprende tanto el proceso de negociación y
celebración del instrumento en el plano internacional como el trámite
legislativo desarrollado en el Congreso[7].
2.
Análisis
formal
2.1.
Remisión
del Tratado y de su Reglamento, junto con la Ley Aprobatoria, por parte del
Gobierno Nacional
El 11 de agosto de 2009,
el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta
Corporación copia auténtica de la Ley 1343 de 2009, por medio de la cual se aprueban “(…)
el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre
de 1994”,con lo cual dio cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política, en el
sentido de que el Gobierno debe remitir a la Corte Constitucional el texto del
tratado internacional y de su ley aprobatoria dentro de los seis días
siguientes a la sanción. En efecto, la Ley 1343 fue sancionada, por primera
vez, por el Presidente de la República el 31 de julio de 2009 y remitida a esta
Corporación el 11 de agosto del mismo año, dentro del término previsto en la
norma constitucional referida.
Dicho requisito también
se cumplió en el trámite de subsanación del vicio de procedimiento encontrado
por la Corte, como quiera que el proyecto de ley fue nuevamente sancionado por
el Presidente de la República el 8 de noviembre de 2010 y recibido en la Corte
el día 16 del mismo mes.
2.2.   Adopción del
Tratado
El Tratado sobre el
Derecho de Marcas,en adelante TLT, por sus siglas en inglés[8], junto con su
Reglamento, fue concluido el 27 de octubre de 1994 en Ginebra, Suiza.El TLT
está abierto a todos los Estados parte en el Convenio que establece la OMPI[9]
y, hasta el 31 de diciembre de 1999,  lo estuvo para cualquier otro Estado que,
a 27 de octubre de 1994, fuese parte en el Convenio de París y en cuya Oficina
de Marcas fuese posible registrar marcas. Asimismo, está abierto a ciertas
organizaciones intergubernamentales. Las entidades habilitadas para ser partes
del Tratado podrán depositar i) un instrumento de ratificación, si han firmado
el Tratado, o ii) un instrumento de adhesión, si no lo han firmado.Los instrumentos
de ratificación o adhesión deben depositarse ante el Director General de la
OMPI.[10]
Como Colombia no
suscribió el Tratado, tal como se expresa por el Director de Asuntos Jurídicos
Internacionales (E) del Ministerio de Relaciones Exteriores en comunicación
dirigida a la Corte el 23 de septiembre de 2009, “… de ser declarado
exequible el instrumento en mención por la Honorable Corte Constitucional,
sería procedente adherir a ese Tratado de acuerdo con lo previsto en su
artículo 19, el cual establece que para ser parte del mismo el Estado deberá
depositar el respectivo instrumento de adhesión en el evento en que no lo haya
firmado.”[11]
Con la Aprobación
Ejecutiva, el Presidente de la República dispuso someter el citado Tratado a la
consideración del Congreso de la República, para los efectos constitucionales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la
Constitución Política, lo cual se cumplió el 20 de julio de 2008.[12]
Cabe observar que el
Tratado sobre el Derecho de Marcas adoptado en 1994 fue revisado en el año
2006, cuando se suscribió un nuevo tratado en Singapur, el cual todavía no se
ha incorporado a la legislación colombiana. En las discusiones de ese nuevo
tratado se había previsto que a partir de la entrada en vigor del Tratado de
Singapur ya no sería posible adherir al Tratado de Marcas de 1994, sin embargo,
en el Tratado finalmente adoptado en Singapur,no se acogió esa propuesta y se
dispuso una forma de armonización entre los países signatarios o adherentes de
uno o de otro tratado o de ambos.[13]
2.3.
Trámite en el
Congreso de la República de la Ley número 1343 del 31 de julio de 2009, por
medio de la cual “Se aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su
reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994”.
La Corte Constitucional
ha señalado que, salvo la exigencia de iniciar su trámite en el Senado de la
República, los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales no
se encuentran sometidos a un trámite especial, por lo que para su discusión y
aprobación debe seguirse el que rige para las leyes ordinarias.[14]
De acuerdo con las
certificaciones que fueron remitidas por el Senado de la República y la Cámara
de Representantes, los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las
Gacetas del Congreso, la Corte pudo determinar que el trámite surtido en esa
Corporación para la expedición de la Ley 1343 de 2009 fue el siguiente:
2.3.1. Trámite en el
Senado de la República
2.3.1.1.       Radicación
y publicación del proyecto de ley y la exposición de motivos
El proyecto de ley
aprobatoria del “Tratado sobre Derecho de Marcas” y del  “Reglamento
del Tratado sobre Derecho de Marcas”, adoptados el 27 de octubre de 1994 en
Ginebra Suiza, inició su trámite en el Senado de la República. El mismo fue
radicado en la Secretaría General de esa Corporación, el día 20 de julio de
2008, por el Gobierno Nacional, por conducto de los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, correspondiéndole el número de
radicación 07 de 2008 Senado, tal como consta en la certificación expedida por la
Secretaría General del Senado de la República conforme con la cual el referido
proyecto se radicó en ese despacho, “... con todos y cada uno de los
requisitos constitucionales y legales por el Ministro de Relaciones Exteriores
y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.”[15]
El proyecto fue repartido
a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de relaciones internacionales,
comercio exterior y defensa nacional. inas 9 y 28.n
la Gaceta No, 178 de 2008, p a esa fecha y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 178_______________________
El texto original del
proyecto y su correspondiente exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta
del Congreso No. 460 del 28 de julio de 2008.
2.3.1.2 Ponencia para
primer debate
La ponencia favorable
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue
presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave (Coordinador
Ponente); Jairo Clopatofsky Ghisays, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Juan
Manuel Galán Pachón, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Jesús Enrique Piñacué
Achicué, Alexandra Moreno Piraquive y Luzelena Restrepo Betancur y publicada en
la Gaceta del Congreso No. 648 del 19 de septiembre de 2008. En dicho texto, se
propone a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer
debate “(…) el Proyecto de ley número 07 de 2008 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, adoptados
en Ginebra el 27 de octubre de 1994, sin ninguna enmienda o declaración anexa,
con el texto igual al presentado por sus autores.”
2.3.1.3 Anuncio para
votación en primer debate
En cumplimiento del
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 07
de 2008 Senado, por parte de la Comisión Segunda del Senado, fue inicialmente
anunciada el 23 de septiembre de 2008 y luego reiterada el 24 del mismo mes,
para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 30 de
septiembre de 2008, tal como consta en el Acta No. 13 del 24 de septiembre de
2008, publicada en la Gaceta No. 332 del 19 de mayo de 2009. El siguiente es el
texto del anuncio:
“Anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley por instrucciones del Presidente de
la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación
de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003)
1. Proyecto
de ley número 07 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento”, adoptados el 27 de
octubre de 1994.
Autores:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Ponentes:
Honorables Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave (Coordinador), Carlos
Emiro Barriga Peñaranda, Jairo Clopatofsky Ghisays, Juan Manuel Galán Pachón, Luzelena
Restrepo Betancur, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Jesús Enrique Piñacué
Achicué y Alexandra Moreno Piraquive.
Publicaciones:
Proyecto de
ley: Gaceta número 460 de 2008.
Ponencia
primer debate: Gaceta número 648 de 2008.”
Al final de la sesión el
señor Presidente de la Comisión Segunda del Senado,  Manuel Ramiro Velásquez
Arroyave, convocó para “(…) el próximo martes a las 10:00 a. m.”
El martes siguiente, 30
de septiembre, tuvo lugar una sesión conjunta de las comisiones segundas de
Senado y Cámara. En dicha sesión no se debatió ni aprobó el Proyecto 07 Senado,
el cual fue anunciado para la próxima sesión, en los siguientes términos:
El señor
Presidente de la Comisión Segunda del Senado Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:
Muchas
gracias, existiendo quórum deliberatorio por ahora en la Comisión Segunda del
Senado y quórum decisorio en la Comisión Segunda de la Cámara, nos permitimos
dar lectura, no sólo al Orden del Día, sino en la Comisión Segunda del Senado,
previendo que más tarde de pronto no vamos a avanzar con el debate que tenía
previsto el Senador Juan Manuel Galán, queremos anunciar proyectos para el día
de mañana.
(…)
IV
Anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley para la Comisión Segunda del Senado
por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).
(…)
2. Proyecto
de ley número 07 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre
el Derecho de Marcas y su Reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994. Autores:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Ponentes
honorables Senadores: Manuel Ramiro Velásquez Arroyave (Coordinador),
Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Jairo Clopatofsky Ghisays, Juan Manuel Galán
Pachón, Luzelena Restrepo Betancur, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Jesús
Enrique Piñacué Achicué y Alexandra Moreno Piraquive.
Publicaciones:
Proyecto de
ley Gaceta del Congreso número 460 de 2008.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 648 de 2008.
(…)
VI
Lo que
propongan  los honorables Congresistas
En cuanto al
anuncio de proyectos, siguiendo sus instrucciones señor Presidente, me permito
informar que en el Orden del Día que se encuentra en los escritorios de los
honorables Senadores y Representantes, se encuentra la información completa en
cuanto a números, título, publicaciones, ponentes, autor y publicaciones de
ponencias de los proyectos de ley. Se trata de los Proyectos de ley números 101
de 2008 Senado; 07 de 2008 Senado; 54 de 2008 Senado; 53 de 2008 Senado; 51 de
2008 Senado; 266 de 2008 Senado y 095 de 2007 Cámara; 325 de 2008 Senado y 251
de 2008 Cámara. Se encuentran en el Orden del Día a consideración de los
honorables Senadores y Representantes para su aprobación posterior.
El señor
Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:
Muchas
gracias, todavía no le damos aprobación al Orden del Día, por cuanto falta el
quórum decisorio del Senado de la República, (…)”
(…)
En el
transcurso de la sesión se hacen presentes los honorables Senadores:
Jairo
Clopatofsky Ghisays
Manuel
Enríquez Rosero
Jesús Enrique
Piñacué Achicué
Juan Manuel
Galán
Luzelena
Restrepo Betancur
Marta Lucía
Ramírez de Rincón
Carlos Emiro
Barriga Peñaranda
Nancy
Patricia Gutiérrez Castañeda.
Interpelación
del Señor Presidente de la Comisión Segunda de Senado Senador Manuel Ramiro
Velásquez Arroyave:
Señor
Canciller me disculpa que lo interrumpa, ya tenemos el quórum decisorio, por
parte de los honorables Senadores de la República, por lo tanto quiero
preguntarle a los Senadores de la Comisión del Senado: ¿Aprueban el Orden del
Día propuesto?
El señor
Secretario de la Comisión Segunda de Senado doctor Felipe Ortiz:
Responde a la
Presidencia que ha sido aprobado el Orden del Día en la Comisión Segunda de
Senado.
(…)
Al final de la sesión el
Presidente de la Comisión Segunda del Senado expresó:
“Muchas
gracias a todos, levantamos la sesión y se convoca a la Comisión Segunda del
Senado para mañana a las 10:00 a. m. y hacemos eco de la convocatoria del
Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara también para mañana a las 10:00
a. m. muchas gracias.
Se levanta la
sesión.”
2.3.1.4 Aprobación en
primer debate
En la sesión de la
Comisión Segunda del Senado de la República, del 7 de octubre de 2008, tuvo
lugar la discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de Ley 07 de
2008 Senado, de conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión del 30
de septiembre de 2008, como quiera que, como se establecerá más adelante, entre
el 30 de septiembre  y el 7 de octubre no hubo otra sesión de la Comisión
Segunda del Senado de la República. El proyecto fue aprobado por votación
unánime de los once senadores presentes, de los trece senadores que conforman
la citada Comisión, tal y como consta en el Acta No. 14 de 2008, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 333 del 19 de mayo de 2009.
Respecto de los quórum
deliberatorio y decisorio, el Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado le informó a esta Corporación que: “en relación al quórum
deliberatorio y decisorio, se informa que al no haber existido solicitud de
verificación de quórum deliberatorio y decisorio durante la discusión del
referido Proyecto de Ley, éste quedó integrado por once (11) de los trece (13)
Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales
contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes
durante el transcurso de la misma”.[16]
Como se anotó, la
aprobación del proyecto se destaca en el Acta No. 14, en los siguientes
términos:
“El señor
Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:
Pide al señor
Secretario dar lectura a la proposición con que termina la ponencia.
Toma la
palabra el señor Secretario:
Proposición
Apruébese en
primer debate el Proyecto de ley número 07 de 2008 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptados en
Ginebra el 27 de octubre de 1994, sin ninguna enmienda o declaración anexa con
el texto igual al presentado por sus autores.
El señor
Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:
Pone en
consideración la proposición con que termina el informe de ponencia. ¿La
aprueba la Comisión?
El señor
Secretario responde:
Que ha sido
aprobado el informe de ponencia.
El señor
Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:
Lectura del
articulado, la Comisión quiere que se lea o que se omita.
El señor
Secretario:
Informa que
hay solicitud de omisión de lectura del articulado.
El señor
Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:
En
consideración el articulado del proyecto. Lo aprueba la Comisión.
El señor
Secretario:
Responde que
ha sido aprobado el articulado del proyecto.
Título del
proyecto.
El señor
Secretario da lectura al título: Por medio de la cual se aprueba el Tratado
sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptados en Ginebra el 27 de
octubre de 1994.
El señor
Presidente:
Somete a
consideración el título del proyecto, y pregunta si lo aprueba la Comisión.
El señor
Secretario:
Responde que
ha sido aprobado el título del proyecto.
El señor
Presidente:
Pregunta si la
Comisión quiere que este proyecto tenga segundo debate.
El señor
Secretario:
Responde que
sí lo quiere.
El señor
Presidente:
Informa que
se nombran como ponentes los mismos Senadores y Senadoras de la presente
ponencia para primer debate (…)”[17]
2.3.1.5 Ponencia para
segundo debate
La ponencia para segundo
debate en la Plenaria del Senado de la República fue presentada por los
senadores Manuel Ramiro Velásquez (Coordinador Ponente); Jairo Clopatofsky
Ghisays, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Juan Manuel Galán Pachón, Nancy
Patricia Gutiérrez Castañeda, Jesús Enrique Piñacué Achicué, Alexandra Moreno
Piraquive y Luzelena Restrepo Betancur y aparece publicada en la Gaceta del
Congreso No. 868 del 27 de noviembre de 2008.
2.3.1.6 Anuncio para
votación en segundo debate
En cumplimiento del
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 07
de 2008 Senado, por parte de la Plenaria del Senado, fue anunciada el día 1 de
diciembre de 2008, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la
sesión que debía llevarse a cabo el 2 de diciembre  de 2008, tal como consta en
el Acta No. 31, publicada en la Gaceta del Congreso No. 116 del 12 de marzo de
2009. El texto del anuncio es el siguiente:
“Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima sesión.
Proyectos
para discutir y votar en la próxima Sesión Plenaria del Senado de la República.
(…)
Proyectos de
ley para Segundo Debate
(…)
Proyecto de
ley número 07 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre
el Derecho de Marcas y su Reglamento, adoptados en Ginebra el 27 de octubre de 1994.”
Más adelante, en la misma
acta, se lee:
“Siendo las
7:48 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 2 de
diciembre de 2008, a las 3:00 p.m.”
2.3.1.7 Aprobación en
segundo debate
Debido a que, según se
desprende del consecutivo de las actas, el 2 de diciembre de 2008 no sesionó la
Plenaria del Senado de la República,  la aprobación del Proyecto de Ley 07 de
2008 Senado en esa Corporación se produjo en la sesión del 3 de diciembre de
2008, tal y como consta en el Acta número 32 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 148 del 19 de marzo de 2009. De acuerdo con la
información allegada por el Secretario General del Senado, mediante
comunicación del 14 de septiembre de 2009, se tiene que la aprobación se llevó
a cabo por votación unánime de los noventa y ocho senadores presentes, de los
ciento dos senadores que conforman la Corporación, dado que no se pidió
verificación del quórum ni se solicitó votación nominal.
El acta consigna la
aprobación del proyecto de la siguiente manera:
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto de ley
del Orden del Día.
PROYECTO
DE LEY NUMERO 07 DE 2008 SENADO “por medio de la cual se aprueba el tratado sobre
el Derecho de Marcas y su Reglamento, adoptados en Ginebra el 27 de octubre de 1994.”
La Presidencia concedió
el uso de la palabra al Senador Ponente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, quien
realizó una breve exposición sobre los alcances del tratado. A continuación se
solicitó a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el
informe ponencia:
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída, y
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
SE ABRE
SEGUNDO DEBATE
Por solicitud
del honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, la Presidencia pregunta a
la plenaria si acepta la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su
discusión, esta responde afirmativamente.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y
cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? y
esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 07 de 2008
Senado, “por medio de la cual se aprueba el tratado sobre el Derecho de Marcas
y su Reglamento, adoptados en Ginebra el 27 de octubre de 1994”
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le
imparten su aprobación.
Cumplidos los
trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la
República? Y estos responden afirmativamente.”[18]
2.3.2. Trámite en la
Cámara de Representantes
Como se indicó en el
apartado V de esta providencia, la Corte identificó la existencia de un vicio
en el trámite legislativo, relacionado con el incumplimiento del requisito del
anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso de
la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Con el fin de subsanar
dicha irregularidad y de acuerdo con lo ordenado por la Sala en el Auto 127/10,
la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sometió nuevamente a
consideración el proyecto de ley, razón por la cual, a continuación se examina
nuevamente el trámite en la Cámara de Representantes remitiéndose  al proceso
seguido para la subsanación del vicio.
2.3.2.1. Radicación del
proyecto de ley en la Cámara de Representantes
El Proyecto de ley número
07 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueban el Tratado sobre el Derecho
de Marcas y su Reglamento, adoptados en Ginebra el 27 de octubre de 1994, fue radicado en la Cámara
de Representantes, el día 10 de diciembre de 2008, con el número 230 de 2008
Cámara.[19]
2.3.2.2. Ponencia para
tercer debate
La ponencia para tercer
debate del Proyecto de Ley número 07 de 2007 Senado 230  de 2008 Cámara, fue
presentada  ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el
Representante Luis Felipe Barrios y aparece publicada en la Gaceta del Congreso
No. 213 del 15 de abril de 2009.
2.3.2.3. Anuncio para
votación en tercer debate
En cumplimiento del
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, y de acuerdo con lo dispuesto en
el Auto 127 de 2010 de la Corte Constitucional que ordenó subsanar el vicio de
procedimiento encontrado en esta etapa del procedimiento legislativo,  la
votación del Proyecto de Ley 07 de 2007 Senado, 230 de 2008 Cámara, por parte
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue anunciada en la
sesión del 1 de septiembre de 2010, tal como se puede apreciar en el Acta No.
07 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 716 del 30 de septiembre de 2010:
Hace uso
de la palabra el Presidente (E) Pedro Pablo Pérez Puerta:
Sírvase
verificar el quórum.
Hace uso
de la palabra la señora Secretaria General de la Comisión, doctora Pilar
Rodríguez Arias:
Continuamos
con quórum deliberatorio, si su señoría piensa levantar, le pido el favor que
me ordene hacer el anuncio correspondiente del proyecto de ley que tenemos
pendiente para una próxima sesión o con fecha determinada.
Les recuerdo
que el próximo martes por petición del doctor Luis Felipe Barrios, también
quiero dejar constancia en el acta que aquí está presente el doctor Luis Felipe
Barrios, ponente del proyecto y está el doctor Jean Carlo de la
Superintendencia y las personas que han sido invitadas por la Mesa Directiva y
que figuran en el Orden del Día, la doctora Angélica Guerra, asesora de la
Dirección de inversión extranjera del Ministerio de Comercio. Eso es bien
importante dejar esa constancia porque nos encontramos en términos de la Corte
Constitucional para subsanar el proyecto.
Hace uso
de la palabra el Presidente (E) Pedro Pablo Pérez Puerta:
Por favor
anunciar los proyectos.
Hace uso
de la palabra la señora Secretaria General de la Comisión, doctora Pilar
Rodríguez Arias:
Proyecto
número 7/08 Senado, 230/08 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre
el derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994.
Autores:
Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Jaime Merizalde, Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, doctor Luis Guillermo Plata Páez.
Ponente: Luis
Felipe Barrios.
Publicaciones
del Proyecto.
Texto: Gaceta
número 460/08.
Ponencia
primer debate Senado: Gaceta número 648/08.
Ponencia
segundo debate Senado: Gaceta número 868/08.
Ponencia
primer debate Cámara: Gaceta número 213/09.
Ponencia
segundo debate Cámara: 384/09.
Este proyecto
está devuelto por la Corte Constitucional, a fin de subsanar un vicio de
procedimiento. LAT 349 de la Ley 1343 de 2009, según lo ordenado por auto de
sala plena 127 de 2010.
También
quiero informarles que este anuncio se hace dando cumplimiento formal al
artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 señor Presidente para cuándo
usted hace el anuncio de este proyecto para ser debatido y votado.
Hace uso
de la palabra el Presidente (E) Pedro Pablo Pérez Puerta:
Para el día
martes 7 de septiembre.
Agradecerle a
los funcionarios que nos acompañaron, al igual a los funcionarios del alto
Gobierno.
Se levanta la
sesión a las 11:10.
El
Vicepresidente Comisión Segunda Constitucional,
Pedro
Pablo Pérez Puerta.
La Secretaria
General de Comisión, Comisión Segunda Constitucional,
Pilar
Rodríguez Arias.
2.3.2.4. Aprobación en
tercer debate
La aprobación del
Proyecto de Ley 07 de 2008 Senado 230 de 2008 Cámara, por parte de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, se produjo en la sesión del 7 de
septiembre de 2010, según consta en el Acta No. 8 publicada en la Gaceta del
Congreso 782 del 15 de octubre de 2010.
De igual manera, obra en
el expediente legislativo certificación de la Secretaría General de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, conforme con la cual el Proyecto en
mención fue aprobado por votación unánime de 13 Representantes que asistieron a
la sesión.[20]
Con base en esta
constatación se tiene que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,
dentro del término de 60 días fijado por la Corte, realizó nuevamente el
anuncio para la discusión y votación del proyecto de ley, esta vez ajustándose
a las condiciones contempladas por la jurisprudencia constitucional, señaladas
en el Auto127/10.  En efecto, el aviso fue realizado para una fecha
determinada, en la que efectivamente fue debatida y aprobada la iniciativa
correspondiente.
2.3.2.5. Ponencia para
cuarto debate
La ponencia para cuarto
debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, del Proyecto de Ley
número 07 de 2007 Senado – 230 de 2008 Cámara, fue presentada por el
Representante Luis Felipe Barrios y aparece publicada en la Gaceta del Congreso
711 del 30 de septiembre de 2010.
2.3.2.6. Anuncio para
votación en cuarto debate
De acuerdo con
certificación de la Secretaría General de la Cámara de Representantes certifica
que el anuncio previo para la discusión y aprobación del proyecto se verificó
en la sesión plenaria del 29 de septiembre de 2010, contenida en el Acta de
Plenaria No. 19, publicada en la Gaceta del Congreso 889 del 11 de noviembre de
2010.  En ese documento se observa lo siguiente:
Dirección
de la Presidencia doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
(…)
Señor
Secretario, sírvase leer los proyectos para el día martes a las dos de la tarde
(…)
Señora
Secretaria, leamos proyectos.
Subsecretaria
General doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Se anuncian
los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día 5 de octubre de 2010 o
para la siguiente Sesión Plenaria, en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo número 1 de julio 3 de 2003,
artículo 8°.
Proyecto
para segundo debate.
Corrección
vicio de procedimiento, numeral 2, artículo 2° de la Ley 5ª del 1992.
Proyecto
de ley 230 de 2008 Cámara, 007 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado sobre el derecho de marca, y su reglamento, adoptado el 27 de octubre
de 1994.
(…)
Señor
Presidente, han sido anunciados los proyectos para el próximo martes 5 de
octubre, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 8°.
Dirección
de la Presidencia doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz
Se levanta la
Sesión, y se convoca para el martes a las 2:00 de la tarde.
2.3.2.7 Aprobación en
cuarto debate
La aprobación del
Proyecto de Ley 07 de 2007 Senado - 230 de 2008 Cámara, por parte de la
Plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo lugar el 5 de octubre de 2010,
tal como consta en el Acta No. 20 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso número 947 del 23 de noviembre de 2010.
Según certificación del
Secretario General de la Cámara de Representantes,[21] el proyecto
de ley fue considerado en la sesión plenaria del 5 de octubre de 2010 y
aprobado  mediante votación ordinaria con 85 votos por el si y 0 votos por el
no.
2.4.   Sanción
Presidencial
Cumplido en el Congreso de la
República, el trámite de subsanación Proyecto de Ley No. 07 de 2008 Senado y
No. 230 de 2008 Cámara, el Presidente de la
República, el 8 de noviembre de 2010, sancionó nuevamente la Ley 1343por medio
de la cual “Se aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento,
adoptados el 27 de octubre de 1994”.
2.5. Conclusiones en
relación con el trámite legislativo surtido en el Congreso de la República
A partir del anterior
recuento del trámite legislativo, incluido el que se llevó a cabo para subsanar
el vicio de procedimiento declarado por la Corte Constitucional, es posible
concluir que el Proyecto de Ley 07 de 2008 Senado – 230 de 2008 Cámara, que dio
lugar a la expedición de la Ley 1343 de 2009, cumplió con los requisitos
formales exigidos por la Constitución Política, tal como se expone a
continuación:
2.5.1. El proyecto de ley
inició su trámite en el Senado de la República, conforme lo dispone el artículo
154 de la Carta, y fue asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente
de relaciones internacionales, comercio exterior y defensa nacional, como lo
exige la Ley 3ª de 1992.
2.5.2. Se efectuaron las
publicaciones oficiales, conforme lo establece el numeral 1° del artículo 157
Superior y demás normas concordantes. En efecto, las publicaciones se dieron de
la siguiente manera: (1) Antes de darle curso en la respectiva Comisión del
Senado, el proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la
Gaceta del Congreso No. 460 del 28 de julio de 2008;  (2)  La ponencia para
primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 648 del 19 de septiembre de 2008; (3) la ponencia para segundo
debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 868 del 27 de noviembre de 2008; (4) La ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la
Gaceta No. 213 del 15 de abril de 2009; y (5) la ponencia para segundo debate
en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 710 del 30 de septiembre de 2010.
2.5.3. El proyecto de ley
cumplió, en sus cuatro debates, con el requisito del anuncio previo, previsto
en el artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que adicionó el artículo
160 de la Constitución, y conforme al cual “Ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”, tal como se constata a continuación:
2.5.3.1. En el primer debate en la
Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció debidamente el proyecto al
emplearse las expresiones “anuncio de discusión y votación de proyectos de
ley”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (30 de septiembre de
2008) y previa a la votación (7 de octubre de 2008); (iii) la fecha de la
votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “para
la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión
indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 30 de septiembre de 2008, para
llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 7 de octubre de
2008, en la que efectivamente se votó.
Advierte la Corte que,
aunque en la sesión conjunta de las comisiones segundas de senado y Cámara del
30 de septiembre de 2008, el anuncio de los proyectos se realizó “para la
próxima sesión” y que al finalizar la sesión se convocó a la Comisión
Segunda  del Senado “para mañana”, la aprobación del Proyecto de Ley 07
de 2008 Senado – 230 de 2008 Cámara se produjo en la sesión del 7 de octubre. Al
revisar las actas de las sesiones de la Comisión se puede apreciar que existe
una doble numeración consecutiva, la que corresponde a las sesiones ordinarias
de la Comisión Segunda del Senado, y la propia de las sesiones conjuntas de las
Comisiones Segundas de Senado y Cámara. El orden consecutivo de las actas de
las sesiones ordinarias de la Comisión Segunda del Senado muestra que entre la
sesión ordinaria realizada el día 24 de septiembre de 2008, que consta en el
Acta No. 13 y la sesión ordinaria efectuada el 7 de octubre de 2008, reseñada
en el acta No. 14, no se produjo reunión ordinaria de la Comisión Segunda del
Senado. Por su parte, a la sesión conjunta de las comisiones segundas de Senado
y Cámara del 30 de septiembre de 2008 corresponde el Acta No. 1 de ese tipo de
sesiones y el Acta No. 2 da cuenta de que la siguiente reunión conjunta de las
comisiones segundas se produjo el día 26 de noviembre de 2008. De este modo se
puede advertir que, entre el 30 de septiembre de 2008, cuando se reiteró el
anuncio para discusión y aprobación del proyecto, y el 7 de octubre de 2008,
cuando efectivamente se discutió y aprobó, no se produjo sesión ordinaria de la
Comisión Segunda del Senado, ni tampoco hubo sesiones conjuntas de las
comisiones segundas de Senado y Cámara. Así, la aprobación del proyecto en la
Comisión Segunda del Senado se produjo en la sesión inmediatamente siguiente a
aquella en la que fue anunciada su discusión y votación.
Sobre este particular, la
jurisprudencia constitucional[22]
ha señalado que cuando en el día señalado en el anuncio no se hace la votación
sobre el proyecto, porque en esa fecha no se realizó sesión, el orden del día
fijado para ese día se traslada a la primera oportunidad en que vuelva a
sesionar la respectiva célula legislativa. En esa eventualidad la discusión y
votación del proyecto se lleva a cabo en la primera sesión realizada después
del anuncio, es decir, en la “próxima sesión”,lo cual indica que no se vulnera
el principio de la consecutividad en el anuncio de la discusión y votación del
proyecto, por cuanto el orden del día que se había previsto se desarrolla en la
primera ocasión en que pudo sesionar la corporación legislativa. De esta
manera, concluye la Corte, en una situación como esa, sí se cumple con el
objetivo del precepto constitucional, cual es el de darle certeza al orden del
día de la siguiente reunión, con el fin de que los miembros de las Comisiones o
de las Plenarias estén al tanto de lo que se va a debatir y a votar en cada
sesión, y no sean sorprendidos con la inclusión de proyectos cuya consideración
y votación no había sido anunciada. En el mismo sentido, la Corte ha señalado
que, cuando entre la sesión en que se hizo el anuncio y la sesión en que
finalmente ocurrió la votación no ha mediado ninguna sesión de la
correspondiente corporación legislativa,  ésta no incumplió con el deber de
renovar el anuncio que se presenta cuando el día previsto para la votación esta
no se realiza.[23]
2.5.3.2.En segundo debate en la
Plenaria del Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó a cabo en forma
debida, al utilizarse las expresiones “anuncia los proyectos de ley que se
discutirán y aprobaran”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (1
de diciembre de 2008) y previa a la votación (3 de diciembre de 2008); (iii) la
fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la
expresión “en la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en
la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 1 de diciembre de
2008, para llevarse a cabo en la próxima sesión, la cual tuvo lugar el 3 de
diciembre de 2008, donde efectivamente se votó.
Advierte la Corte que,
aunque en la sesión del 1 de diciembre de 2008 se convocó para “el día
martes 2 de diciembre de 2008” ese día no hubo sesión plenaria del Senado
de la República[24],
la cual tuvo lugar al día siguiente, razón por la cual, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, no había necesidad de repetir el anuncio, por
cuanto se procedió a votar el proyecto en la primera ocasión en que se
reanudaron las sesiones para debate y aprobación de proyectos.
2.5.3.3. En el tercer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, (i) se anunció debidamente el
proyecto, puesto que en la sesión del 1 de septiembre, el Secretario de la
Comisión expresó que se procedía con los anuncios y, después de leer el título
del proyecto, expresó que “(…) este anuncio se hace dando cumplimiento
formal al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 señor Presidente
para cuándo usted hace el anuncio de este proyecto para ser debatido y votado”,
a lo cual el Presidente dela Comisión respondió que el anunció se hacía para el
día martes 7 de septiembre, y (ii) la votación se llevó a cabo en la sesión
indicada en el anuncio.
2.5.3.4.    En el cuarto debate
en la Plenaria de la Cámara de Representantes, (i) también se anunció
debidamente el proyecto, al emplearse las expresiones “Se anuncian los
siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día 5 de octubre de 2010 o
para la siguiente Sesión Plenaria, en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo número 1 de julio 3 de 2003,
artículo 8°”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (17 de junio de
2009) y previa a la votación (5 de octubre de 2010); (iii) la fecha de la
votación se señaló de manera expresa; y (iv) la votación se llevó a cabo en la
sesión indicada en el anuncio.
2.5.4. Se cumplieron los
términos previstos en el inciso 1° del artículo 160 de la Constitución. Tanto
el de los 8 días que deben mediar entre el primero y el segundo debate en una
misma Cámara, como el de los 15 días que deben transcurrir entre la aprobación
del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra.
2.5.4.1. El  primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la República se realizó el día 7 de octubre de
2008 y el segundo debate en la Plenaria del Senado se llevó a cabo el 3 de
diciembre de 2008, con más de 8 días de diferencia. En la Cámara de
Representantes, el primer debate en Comisión se cumplió el 7 de septiembre de
2010 y el segundo debate en Plenaria se efectuó el 5 de octubre de 2010, con
una diferencia de más de 8 días.
2.5.4.2.Por otra parte, entre la
aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la República, que tuvo
lugar el 3 de diciembre de 2008, y la iniciación del debate en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, el 28 de abril de 2009, transcurrió un
tiempo notoriamente superior al de quince días que exige la Constitución. Debe
tenerse en cuenta que, a partir de la ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el trámite legislativo se rehizo
para subsanar el vicio de procedimiento declarado por la Corte, y el debate se
cumplió el 7 de septiembre de 2010.
2.5.5.   El proyecto fue discutido
y aprobado en cuatro debates, en Comisiones y Plenarias de ambas Cámaras, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 157 Superior. En cuanto a su
discusión y aprobación, fue conforme al quórum y a las mayorías exigidas por
los artículos 146 y 147 de la Carta y el Reglamento del Congreso. Su aprobación
se produjo, en todos los casos, mediante votación ordinaria, por unanimidad de
los congresistas asistentes, tal como consta en las Actas referenciadas en el
acápite anterior, y como lo ratifican las certificaciones expedidas por los
respectivos secretarios generales de las comisiones y plenarias anexas al
expediente.
2.5.6.   El proyecto fue
considerado en máximo dos legislaturas, tal como lo exige el Artículo 162 de la
Carta Política. Lo anterior se constata al observar la fecha en la que el
proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, lo cual tuvo
ocurrencia el día 20 de julio de 2008, y la fecha en que fue inicialmente
aprobado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, lo que sucedió
el día 18 de junio de 2009. Así, se tiene que el proyecto inició su trámite en
la legislatura que comenzó el 20 de julio de 2008 y concluyó el 20 de junio de
2009, y fue aprobado durante esa misma legislatura. Con posterioridad, la
subsanación del vicio de procedimiento se produjo dentro del término fijado por
la Corte Constitucional para el efecto.
2.5.7. Como se indicó previamente,
el Proyecto de Ley que culminó con la expedición de la Ley 1343 de 2009, obtuvo
la correspondiente sanción presidencial, el 31 de julio de 2009. Una vez
subsanado el vicio de procedimiento, el proyecto fue nuevamente sancionado el 8
de noviembre de 2010, conservándose tanto el número como la fecha originales de
sanción de la Ley 1343 de 2009, tal como se dispuso en el Auto 127 de 2010. De
esta manera se cumplió con lo previsto en el numeral 4 del artículo 157
Superior.
2.5.8. En los términos
señalados, la Corte concluye que la Ley 1343 de 31 de julio 2009, por medio de la cual “Se
aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de
octubre de 1994”,  cumplió con los requisitos
formales impuestos por la Constitución Política para la aprobación de las
leyes.
Procede la Corte a
examinar si los instrumentos internacionales aprobados mediante Ley 1343 de
2009se ajustan, desde el punto de vista material, a la Constitución.
3.      Análisis material
del Tratado de Marcas y de su Reglamento
El Tratado sobre Derechos de Marcas, busca uniformizar y
agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas, a
través de la simplificación y armonización de determinados aspectos de esos
procedimientos, de forma que la presentación de solicitudes de registro de
marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten
menos complicadas y más predecibles.[25]
3.1.   Contenido del Tratado
En el texto del tratado se incluye el siguiente listado de su
articulado:
Tratado sobre el Derecho de Marcas
Lista de artículos
Artículo 1°.
Expresiones abreviadas.
Artículo 2°.
Marcas a las que se aplica el Tratado.
Artículo 3°.
Solicitud.
Artículo 4°.
Representación; domicilio legal.
Artículo 5°.
Fecha de presentación.
Artículo 6°.          Registro único
para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.
Artículo 7°.
División de la solicitud y el registro.
Artículo 8°.
Firma.
Artículo 9°.
Clasificación de productos y/o servicios.
Artículo 10.
Cambios en los nombres o en las direcciones.
Artículo 11.
Cambio en la titularidad.
Artículo 12.
Corrección de un error.
Artículo 13.
Duración y renovación del registro.
Artículo 14.
Observaciones en caso de rechazo previsto.
Artículo 15.
Obligación de cumplir con el Convenio de París.
Artículo 16.
Marcas de servicio.
Artículo 17.
Reglamento.
Artículo 18.
Revisión; protocolos.
Artículo 19.
Procedimiento para ser parte en el Tratado.
Artículo 20.
Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones.
Artículo 21.
Reservas.
Artículo 22.
Disposiciones transitorias.
Artículo 23.
Denuncia del Tratado.
Artículo 24.
Idiomas del Tratado; firma.
Artículo 25.
Depositario.
3.1.1. La gran mayoría de las disposiciones del TLT se
relacionan con el procedimiento ante las oficinas de registro de marcas de los
Estados parte, que puede dividirse en tres fases principales: (i) la solicitud
de registro, (ii) los cambios después del registro y (iii) la renovación del
registro. Las reglas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera
que se sepa claramente cuales son los requisitos que una oficina de marcas
puede exigir del solicitante o del titular.
3.1.1.1.   En cuanto hace a la primera fase -la solicitud de
registro- el TLT limita los requerimientos que se pueden hacer para una
solicitud, al establecer que, como máximo, las oficinas de registro de los
Estados parte podrán exigir: Un formato de solicitud diligenciado, el nombre y
dirección y otras indicaciones relativas al solicitante o a su representante;
algunos elementos de la marca, incluyendo un número de representaciones de la
misma; la indicación de los bienes y servicios para los cuales aplica la
solicitud de registro,  de acuerdo con la clasificación pertinente[26],
y, cuando sea aplicable, una declaración de intención de uso de la marca. Se
establece, así mismo, que las Partes Contratantes deben permitir que una
solicitud guarde relación con productos y/o servicios que pertenezcan a varias
clases de la Clasificación Internacional de Niza. Dado el carácter taxativo de
los requisitos que pueden establecer los Estados parte, éstos no podrán exigir
nada que sea diferente a lo que el TLT les permita expresamente. De ahí, por
ejemplo, que no puedan exigir que el solicitante presente un extracto de un
registro de comercio o que indique que realiza cierta actividad comercial o
bien que presente pruebas en el sentido de que la marca ha sido incluida en el
registro de marcas de otro Estado.
A esta primera fase corresponden los artículos 1 a 9 del tratado, los cuales desarrollan temas diversos que se detallan a continuación:
El artículo 1 del Tratado establece el sentido de un conjunto
de expresiones abreviadas que, salvo indicación expresa en contrario, se tendrá
en cuenta a los efectos del mismo.Esa
definición atiende a objetivos de precisión y de certeza y contribuye a la
realización del principio de seguridad jurídica.
En el artículo 2 se identifican las marcas a las que se
aplica el Tratado, señalando que, desde la perspectiva de su naturaleza, se
aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, salvo los hologramas y
excluyendo las marcas sonoras y olfativas, y que desde el punto de vista de los
tipos de marca, se aplicará únicamente a las marcas de productos y/o servicios,
dejando por fuera las marcas colectivas, de certificación y de garantía.
El artículo 3 contiene las indicaciones o elementos que podrá
contemplar una solicitud de protección de marcas y que debe acompañar cada
Parte.  Respecto al idioma, el Acuerdo indica que la parte podrá exigir que la
solicitud se presente en un idioma que  la Oficina admita. En relación con los
productos y/o servicios pertenecientes a varias clases de la Clasificación de
Niza, el TLT permite que se presente la misma solicitud. El Acuerdo relaciona
los requisitos que deben ser satisfechos por los solicitantes, los cuales deben
ser acogidos por las Oficinas.
El artículo 4, titulado de la Representación y el domicilio
legal señala que toda Parte podrá exigir que la Oficina admita a los
Representantes que adelanten procedimientos en ella;  de igual manera, respecto
de aquellas personas sin residencia o establecimiento industrial o comercial
real y efectivo en su territorio esté representada por un representante.
Una Parte Contratante podrá permitir o exigir que un
solicitante, titular o cualquier otra persona esté representada ante la Oficina
por un representante y sea nombrada en una comunicación separada o poder.  Con
relación al poder de representación, se prevé que éste puede ser referido a una
o más solicitudes y/o registros en él identificados, existentes o futuros, así
mismo, el retiro o la renuncia a la misma; el idioma admitido y  las facultades
del representante a ciertos actos y la presentación en la Oficina dentro del
plazo fijado con sujeción al establecido en el Reglamento para que tenga
efecto.
El artículo 5 contempla aspectos relacionados con la fecha de
presentación de las solicitudes de protección donde se permita establecer la
identidad del solicitante, la indicación expresa de la marca que se pretenda registrar,
la reproducción suficiente de la marca cuyo registro se solicita, la lista de
los productos y/o servicios que se van a registrar, el pago de la tasa y las
modalidades y plazos para las correcciones conforme al Reglamento.
El artículo 6 prevé los registros únicos para productos y/o
servicios pertenecientes a varias clases de la Clasificación de Niza, caso en
el cual la Oficina de la Parte Contratante dará un registro único, y el
artículo 7 se refiere a la posibilidad de dividir la solicitud y el registro
cuando en una solicitud se enumeran varios productos y/o servicios, con la
salvedad de que una Parte Contratante podrá excluir la posibilidad de la
división, si su legislación nacional permite a terceros oponerse al registro de
una marca antes de que se registre la misma.
En el artículo 8 establece los aspectos relacionados con la
firma en los medios de comunicación a utilizar (escrito, telefax o
electrónico), y a su vez prescribe las prohibiciones del requisitos de
certificación, como es la certificación por notario, autenticación,
legalización o cualquiera otra certificación de una firma u otro medio de
identificación personal antes referido.
En el 9, se refiere al contenido de los registros y
publicaciones de la Oficina en donde se realizó las solicitudes o registro de
productos y/o servicios conforme a las clases de la Clasificación de Niza, caso
en el cual cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa
clasificación a que pertenezca ese grupo de productos y/o servicios.
3.1.1.2.   El segundo aspecto del procedimiento de registro
marcario cubierto por el TLT se refiere a los cambios en los nombres o en los
titulares del registro. En este campo también se aplica el criterio según el
cual los requisitos de forma que pueden exigirse están enunciados de manera
taxativa en el Tratado. También pueden incluirse aquí las previsiones relativas
a las correcciones de errores en el registro, en relación con las cuales operan
criterios similares a los ya enunciados.
A este segundo componente del tratado se refieren los
artículos 10, 11 y 12 del mismo.
3.1.1.3.   En cuanto hace al tercer aspecto,  el TLT
estandariza la duración, tanto del periodo inicial de registro, como de cada
renovación, en diez años, tal como se contempla en su artículo 13.
3.1.2. El tratado también se refiere a la posibilidad de
presentar observaciones en caso de rechazo de una solicitud de registro (Art.
14); el compromiso de cumplir con el Convenio de París en lo que tenga que ver
con marcas (Art. 15); y la obligación de registrar las marcas de servicio,aplicando
las mismas disposiciones del Convenio de Paris relativas a las marcas de
producto(Art. 16).
3.1.3. El artículo 17 regula el contenido del Reglamento
anexo al TLT en donde establece las reglas relativas a su aplicación, acordando
que en caso de conflicto entre las disposiciones del Tratado y las del
Reglamento, prevalecerán las primeras.
3.1.4.    En el artículo 18 se establece que el Tratado podrá
ser revisado por una conferencia diplomática y que “[a] los fines de
desarrollar una mayor armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse protocolos
por una conferencia diplomática en tanto que dichos protocolos no contravengan
las disposiciones del presente Tratado.”
3.1.5.   Adicionalmente, el Tratado contiene una serie de
previsiones relativas al Procedimiento para ser parte en el Tratado (Art. 19);
fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones (Art. 20); reservas (Art.
21); disposiciones transitorias (Art. 22); denuncia del Tratado (Art. 23);
idiomas del tratado y firma del mismo (Art. 24) y depositario (Art. 25)
3.1.6. El reglamento del tratado, a su vez, contiene reglas
relativas a expresiones abreviadas, forma de indicar los nombres y las
direcciones, detalles relativos a la solicitud, detalles relativos a la
representación, detalles relativos a la fecha de presentación, detalles
relativos a la firma, forma de identificación de una solicitud sin su número de
solicitud, detalles relativos a la duración y a la renovación, así como la
lista de formularios internacionales tipo.
3.2.   Compatibilidad del
Tratado con la Constitución Política
Examinado el contenido
material de los instrumentos internacionales a los que Colombia se propone
adherir, aprobados por Ley 1343 de 2009, considera la Corte, de manera general,
que ellos resultan acordes y pertinentes con los objetivos de protección de la
propiedad intelectual, internacionalización e integración económica a los que
se aludió en el anterior apartado de esta providencia y que, por consiguiente, son
compatibles con las disposiciones constitucionales vigentes sobre la materia.
De este modo, resalta esta Corporación, que no existe oposición visible entre
ninguna de las disposiciones estudiadas y los preceptos de la Constitución
colombiana.
Advierte la Corte que el TLT es un acuerdo de carácter
general, abierto a los distintos Estados que forman parte de la OMPI y que, por
lo tanto, la adhesión al mismo se desarrolla de acuerdo con los principios de
soberanía nacional y de autodeterminación, en los que, conforme al artículo 9º
Superior, se fundamentan las relaciones exteriores del Estado. La operación del
tratado, a su vez, por la misma razón, responde a los principios de equidad y
reciprocidad, en la medida en que todos los Estados parte acuerdan someterse a
unas reglas uniformes que, sin afectar la autonomía de los distintos Estados,
ni imponerles procedimientos específicos, permiten agilizar los registros
marcarios.
En razón de su objetivo central, el Tratado y su reglamento
se inscriben dentro del mandato constitucional que impone al Estado la
obligación de proteger la propiedad intelectual. Ese objetivo, a su vez, se
enmarca dentro de los que desde 1967 han sido planteados en el Convenio que
establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI (firmado
en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979),
del cual Colombia es parte desde 1979, y entre los cuales se cuenta el de
fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la
cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier
otra organización internacional. Para alcanzar esa finalidad, en el convenio de
la OMPI se contempla que, entre otras actividades, la Organización fomentará la
adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad
intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre
esta materia, y
favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional
destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que de acuerdo
con el artículo 61 de la Constitución, a cuyo tenor“[e]l Estado protegerá la
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca
la ley”, es un imperativo del Estado brindar protección a la propiedad
intelectual y  corresponde al legislador establecer el tiempo durante el cual
se confiere esa protección y las condiciones en las que la misma se
desenvuelve.[27]
Así mismo, ha puesto de presente esta Corporación que en el concepto de propiedad intelectual
está comprendida la propiedad industrial que se refiere esencialmente a la
protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños
industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña y el
control y represión de la competencia desleal.[28]
De este modo, en cuanto se orientan a agilizar los procedimientos
de registro marcario, que tienen como finalidad asegurar una adecuada
protección de la propiedad industrial, el TLT y su reglamento se encuentran en
armonía con el mandato del artículo 61 de la Constitución.
Como se expresa en las conclusiones de la exposición de
motivos del proyecto de ley que concluyó con la aprobación de la Ley 1343 de
2009,el TLT es un instrumento de armonización, no de registro, lo cual quiere
decir que su objetivo es buscar puntos comunes a fin de que los Estados tengan
en cuenta unos parámetros uniformes para el registro de marcas ante las
oficinas nacionales correspondientes, sin requerir la modificación de su
legislación  interna. De este modo, el TLT deja en la libertad a los estados
miembros para que establezcan la forma de desarrollarlo o implementarlo, sin
que, per se, implique modificaciones al sistema registral o al derecho
notarial de las partes.
Se reitera que el TLT procura limitar las divergencias que
pudieran existir entre los requisitos de forma exigibles por las diferentes
oficinas nacionales o regionales de marcas. Sus normas garantizan ciertos
estándares mínimos en favor de los solicitantes y titulares de registros de
marcas, lo cual refuerza la seguridad jurídica para las personas que necesitan
registrar sus marcas en el extranjero.
En ese contexto, el TLT contribuye a fomentar las
oportunidades comerciales y empresariales de los Estados que son parte del
mismo.
Por otra parte, observa la Corte que el tratado, en su
artículo 18, dispone que el mismo podrá ser revisado por una conferencia
diplomática. Es claro que toda revisión adoptada en conferencia diplomática,
debe suscribirse por plenipotenciarios de los Estados que hagan parte de la
misma o que luego adhieran a ella, y para que sea vinculante requerirá el
cumplimiento de todos los requisitos constitucionales previstos en cada Estado,
de acuerdo con lo que sobre el particular se dispone en la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados.[29]
4. Conclusión
Después de completar el
análisis de la Ley 1343 del 31 de julio 2009, por medio de la cual “Se
aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de
octubre de 1994”,tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que, tanto
la ley como los instrumentos internacionales por ella aprobados, se ajustan a
los preceptos constitucionales.
En efecto, tal como se
pudo establecer en esta providencia, por una parte, en el trámite de la ley
aprobatoria se cumplió con la totalidad de los requisitos procedimentales
previstos por la Constitución y por la ley, y por otra, el contenido de los
instrumentos internacionales sometidos a control constitucional es compatible
con los mandatos superiores del ordenamiento jurídico y puede considerarse como
un desarrollo de preceptos consagrados en la Constitución Política, como quiera
que se orienta a agilizar el trámite del registro marcario como una manera de
proteger la propiedad intelectual, en condiciones de reciprocidad y equidad;
sus previsiones respetan el debido proceso, y, en general, promueven la libre
competencia y la integración internacional.
VII.
DECISION
En mérito
de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:    Declarar
EXEQUIBLE el Tratado sobre Derecho de Marcas y su reglamento, adoptados
el 27 de octubre de 1994.
Segundo: Declarar
EXEQUIBLE la Ley 1343 de 31 de julio 2009, por medio de la cual “Se
aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de
octubre de 1994.”
Tercero: Disponer
que se comunique esta Sentencia al Presidente de la República para lo de su
competencia, así como al Presidente del Congreso de la República.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]    Debido a la extensión del texto del reglamento del tratado,
que contiene reglas relativas aexpresiones
abreviadas, forma de indicar los nombres y las direcciones, detalles relativos
a la solicitud, detalles relativos a la representación, detalles relativos a la
fecha de presentación, detalles relativos a la firma, forma de identificación
de una solicitud sin su número de solicitud, detalles relativos a la duración y
a la renovación, así como la lista de formularios internacionales tipo, el mismo puede consultarse en el Diario OficialNo. 47.427 de 31 de
julio de 2009.
[2]    El interviniente cita las sentenciasC-002 de 1996,  C-975 de
2002,C- 509 de 2004 y C-833 de 2007
[3]La Corte Constitucional, en Sentencia C-1183 de
2000 declaró exequible la Ley 565 de 2000, por medio de la cual se aprueba el
“Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor”
[4]  En ejecución de este auto, mediante oficio de  11 de agosto de
2010 la Secretaría General de la Corte Constitucional devolvió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República el texto de la Ley 1343 de julio 31 de 2009, para que por la Cámara de Representantes se subsane el vicio de procedimiento detectado por la Corte. (Folio 69 Cuaderno de pruebas) La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República dio traslado de la anterior comunicación  a la Presidencia de la Cámara de Representantes  el día 12 de agosto de 2010, con radicación en
esa Corporación del 13 de agosto de 2010. (Folio 170)
[5]Como
se analizará más adelante, la decisión de la Corte fue notificada a la Cámara de Representantes el 13 de agosto de 2010 y la aprobación del proyecto en la Comisión Segunda de esa Corporación se cumplió el día 7 de septiembre de 2010, dentro del
plazo de 60 días concedido por la Corte. Así mismo, la sanción presidencial se
produjo el día 8 de noviembre de 2010, antes de que expirara el término fijado
por la Corte, que vencía el 16 de diciembre de 2010.
[6]
Art. 241, num. 10 de la Constitución Política
[7]Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias C-721 de 2007 y C-468 de 1997
[8]Trademark
Law Treaty (TLT)
[9]Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
[10]  De acuerdo con los artículos 19 y 22 del Tratado
[11]
Folio 84 del cuaderno principal del expediente.
[12]
Folio 262 del cuaderno de pruebas No. 4
[13]
En efecto, en al artículo 27 del  Proyecto de tratado sobre
el derecho de marcas (TLT) REVISADO, preparado por la Secretaría delComité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de marcas,
dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, en su numeral
4, se proponía:  “4)[Imposibilidad de adherirse al Tratado
sobre el Derecho de Marcas de 1994]  No podrá depositarse ningún
instrumento de ratificación o de adhesión al Tratado sobre el Derecho de Marcas
de 1994 después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 2).
[14]
Ver Sentencia C-387 de 2008
[15]   Gaceta del Congreso 460 de 2008
[16]Folios 1 y 2, Cuaderno de pruebas No. 5.
[17]Gaceta
del Congreso No. 333 de 2009, Pág. 4.
[18]Gaceta
del Congreso No. 148, Págs. 7 y 48.
[19]  Folio 390 del cuaderno de pruebas No. 4
[20]    P. 1 del cuaderno de pruebas  No. 3
[21]Folio
2 del cuaderno principal 3.
[22]
Cfr. Sentencia C-502 de 2007
[23]
Sentencia C-309 de 2007
[24]
En señal de duelo por el fallecimiento de un Senador y ex
Representante.
[25] Ver resumen en inglés publicado en la página Web de la  World Intellectual Property Organization (OMPI
en español), http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/index.html
[26]Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods
and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957)
[27]
Sentencia C-833 de 2007
[28]    Ver sentencias C-276 de 1996 y C-975 de 2002.
[29]  La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en su  Parte
IV, sobre enmienda y
modificación de los tratados, dispone: //  39. Norma general concerniente a la
enmienda de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre
las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa. // 40. Enmienda de los
tratados multilaterales. 1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la
enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.
//  2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones
entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los Estados
contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar: //  a) en la
decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta:
//  b) en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por
objeto enmendar el tratado. //  3. Todo Estado facultado para llegar a ser
parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el
tratado en su forma enmendada. //  4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende
el tratado no obligará a ningún Estado que sea ya parte en el tratado que no
llegue a serlo en ese acuerdo, con respecto a tal Estado se aplicará el apartado
b) del párrafo 4 del artículo 30. //  5. Todo Estado que llegue a ser parte en
el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se
enmiende el tratado será considerado, de no haber manifestado ese Estado una
intención diferente: //  a) parte en el tratado en su forma enmendada; yb)
parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tratado que no
esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado. // 41.
Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes
únicamente. 1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar
un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus
relaciones mutuas: // a) si la posibilidad de tal modificación esta prevista
por el tratado: o // b) si tal modificación no está prohibida por el tratado. a
condición de que: // i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás
partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones: y // ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificación
sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado
en su conjunto. // 2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del
párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán
notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la
modificación del tratado que en ese acuerdo se disponga.