T-058-14
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencias
T-058/14
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA
PARTICULAR DEL SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR-Caso en que banco y entidad aseguradora niegan la
condonación de los saldos del crédito amparado mediante una póliza de seguro de
vida deudores
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia
excepcional cuando prestan un servicio público o actividad de interés público
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Idoneidad y eficacia/JUEZ-Debe
valorar si el medio de defensa judicial existente cumple con los requisitos de
idoneidad y eficacia
Uno de los factores de procedencia de la acción de
tutela, radica en la inexistencia o ineficacia de un medio de defensa judicial
ordinario, situación que podrá determinarse por el juez de tutela en el caso
concreto, apreciados los hechos y el material probatorio correspondiente.
LIBERTAD CONTRACTUAL-Límites constitucionales en el ejercicio
de actividades que involucren un interés público
La
carta política establece que el ejercicio de la libertad económica y la
iniciativa privada deben desarrollarse dentro de los límites del bien común
(art. 333 Const.), en atención a los principios de respeto a la dignidad
humana, solidaridad y prevalencia del interés general sobre el privado, que
deben regir en Colombia como Estado social de derecho que es. La jurisprudencia
constitucional permite establecer entonces unos límites a las
actividades financiera y aseguradora, constitucionalmente declaradas de interés
público, que en esa medida gravitan dentro de la libertad contractual y la
autonomía privada, pero deben desarrollarse en acatamiento de los valores y
principios consagrados en la Constitución.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA VIDA
DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden
a aseguradora pagar saldo insoluto
Referencia: Expediente T-4066708
Acción de tutela instaurada por Sonia
Rosa Sánchez García, contra BBVA y BBVA Seguros
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra,
Santander
Magistrado ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.
C.,  tres (3) de febrero de dos mil catorce (2014)
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo dictado en
segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra, Santander,
dentro de la acción de tutela instaurada por Sonia Rosa Sánchez García, contra
el Banco BBVA y BBVA Seguros.
El asunto llegó a la
Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado despacho judicial,
según lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; en septiembre 26
de 2013, la Sala Novena de Selección lo eligió para revisión.
I. ANTECEDENTES
A. Hechos y narración contenida en la
demanda
1. La actora indicó que en julio 26 de 2011 adquirió un
crédito con el BBVA, por 40.000.000 y simultáneamente una póliza de seguro de
vida con la entidad BBVA Seguros, para que en caso de muerte o por incapacidad total y permanente, la
entidad aseguradora asumiera los saldos insolutos de las deudas a la fecha de
la ocurrencia del siniestro.
2. Manifestó que el pago de dicho crédito
estaba amparado con una libranza, ya que para la fecha de otorgamiento del
crédito laboraba como docente en el Colegio Integrado del Carare, en Cimitarra.
3. Afirmó que en octubre 19 de 2011, le
practicaron una “gammagrafía” y se le diagnosticó afectación de la
glándula salival, compatible con “síndrome de Sjögren”.
4. Indicó que en agosto 24 de 2012 se
confirmó que “no puedo continuar laborando como docente, puesto que no puedo
producir saliva”.
5. Aseveró que desde septiembre 23 de
2012, le reconocieron incapacidad por 60 días, la cual fue prorrogada
consecutivamente por 90 días y finalmente se declaró la pérdida de capacidad laboral
del 96% por enfermedad de origen común, concepto emitido por medicina laboral
de la fundación Avanzar FOS.
6. Indicó que dada su incapacidad, solicitó
a las demandadas condonar la deuda, pero estas lo consideraron improcedente, en
respuesta dada en marzo 6 de 2013, al deducir de la documentación que soporta el
caso, que “tiene diagnóstico de síndrome de Sjögren de muchos años de evolución y en historia
clínica de Avanzar Médicos de noviembre 21 de 2013, tiene diagnóstico de
disfonía crónica, artritis reumatoide, fibromialgia y hernia discal”
(f. 74 ib.).
7. Reiteró la demandante que el crédito
lo adquirió antes que los médicos le informaran que padecía el “síndrome de Sjögren”
y “fue hasta finales del año 2012, que me enteré que
sufría este padecimiento, el cual ha tenido graves consecuencias en mi vida
personal, hasta el retiro de mi empleo y ha hecho que mi economía desquebraje” (f. 6 ib.).
8. La accionante realzó su inconformidad
al comparar que la misma solicitud la efectuó a la
Cooperativa de Profesores, Cooprofesores, que sí reconoció la póliza de seguros
y dio por terminada la obligación (f. 6 ib.).
9. Además, informó que “debe asumir
los gastos de hogar y la educación de su hija, quien actualmente estudia en la
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y de mi señora madre, quien dada su
avanzada edad, no puede trabajar, he tenido que incurrir en créditos con
personas particulares, y al pago de intereses altos” (f. 4 ib.).
10. La actora solicitó tutelar sus
derechos al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad y el derecho de
petición, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y,
en consecuencia, ordenar a las empresas demandadas condonar los saldos del
crédito, en cumplimiento de la póliza de seguro adquirida, que la ampara por la
incapacidad que ahora afronta.
B. Documentos relevantes cuya copia obra
en el expediente
1. Cédula de ciudadanía 28.253.411 de
Mogotes, correspondiente a la señora Sonia Rosa Sánchez García, nacida el 21 de
febrero de 1963 (f. 14 ib.).
2. Póliza de seguro de vida deudores
0110043, expedida por BBVA Seguros en julio 26 de 2011, con vigencia hasta el fin
del crédito (fs. 15 a 19 ib.).
3. Incapacidades médicas
desde septiembre 10 de 2012 hasta septiembre 20 de 2012 (f. 22 ib.); desde
septiembre 23 de 2012 hasta noviembre 21 de 2012 (f. 20 ib.); y desde noviembre
22 de 2012 hasta febrero 19 de 2013 (f. 21 ib.).
4. Calificación de pérdida de capacidad laboral de
febrero 21 de 2013, mediante la cual se le reconoció en 96%, de origen común (f.
23 ib.).
5. Examen de gammagrafía de glándulas
salivares, en el cual consta el diagnóstico “síndrome
de Sjögren” (f. 55 ib.).
6. Historia clínica de la accionante, a
diciembre 10 de 2012, donde consta el diagnóstico “síndrome seco Sjögren” (f. 59 ib.).
7. Resolución 003846 de febrero 28 de
2013, mediante la cual la Secretaría de Educación de Santander retiró a la
actora del servicio como docente del Colegio Integrado del Carare, de
Cimitarra, desde febrero 20 del mismo año (f. 72 ib.).
8. Derecho de petición dirigido por la
actora a BBVA Seguros, solicitando “hacer efectivo el cumplimiento del
seguro en la cancelación del crédito total”.
9. Respuesta negativa de BBVA Seguros, en
marzo 6 de 2013, anotando que la ahora demandante “tiene diagnóstico de
síndrome de Sjögren de muchos años de
evolución”, que al diligenciar la solicitud del certificado individual “omitió declarar”, estando obligada a hacerlo según
lo dispuesto en el artículo 1058 del Código de Comercio (fs. 74 y 75 ib.).
II. ACTUACIONES
PROCESALES
A. Respuesta de BBVA Seguros
En escrito de abril 25 de 2013, el
representante legal de BBVA Seguros afirmó que esta acción de tutela no resulta
procedente, pues no se está causando un perjuicio irremediable, ya que las
relaciones entre los particulares se rigen por la teoría de la voluntad y existen
otros medios judiciales de defensa, como el proceso ordinario ante los jueces
civiles, para dirimir esta clase de conflictos.
Igualmente, señaló que la actora fue
reticente, pues omitió referir que sufría síndrome de Sjögren de muchos años de evolución,
además de disfonía crónica, artritis reumatoide, fibromialgia y hernia discal,
según la historia clínica de Avanzar Médicos de noviembre 21 de 2010, afecciones
que no fueron reportadas en la declaración de asegurabilidad respectiva (f. 110
ib.).
Manifestó
también que la accionante funda su petición en la pérdida de capacidad laboral,
pero las normas propias de dicha calificación hacen parte del Sistema de
Seguridad Social, las cuales no son aplicables a las pólizas de seguros, sino al
reconocimiento o no de las prestaciones económicas derivadas de la invalidez.
B. Decisión objeto de revisión
1. Sentencia de primera instancia
En fallo de mayo 6 de 2013, el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Cimitarra, Santander, resolvió declarar improcedente la
acción interpuesta, al considerar que no se evidencia un perjuicio
irremediable, por cuanto como se pudo constatar “ya le fue reconocida una
pensión por invalidez, la cual protege en cierta forma su diario vivir” (f.
129 cd. inicial).
Agregó que la pretensión es de carácter
económico, por lo cual se debe definir ante la jurisdicción ordinaria civil; actuar
de otra manera sería conferirle al amparo una finalidad diferente y resolver
por esta vía extraordinaria un asunto que no compete al juez de tutela.
2. Impugnación
Mediante escrito de mayo 8 de 2013, la actora
impugnó ese fallo, exponiendo que si bien es cierto que se le reconoció pensión
de invalidez, hasta el momento no se le ha pagado la primera mesada pensional y
por sus condiciones de salud no puede trabajar, careciendo de ingresos para su
sustento diario, de manera que en los “últimos meses he tenido que acudir a
créditos particulares, para poder continuar cancelando las cuotas del banco y
no dañar mi historia crediticia y para sufragar mis gastos y los de mi familia”
(fs. 133 y 134 ib.).
3. Sentencia de segunda instancia
En junio 18 de 2013, el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Cimitarra confirmó la decisión recurrida, anotando que, además,
media hecho superado frente al reclamado derecho de petición (f. 19 cd. 2).
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia
La Corte Constitucional es competente para analizar, en Sala de Revisión, el fallo
proferido dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los
artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se analiza
Corresponde a esta Sala de
Revisión determinar si los derechos al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad y de petición, invocados por Sonia Rosa Sánchez García, fueron vulnerados por el Banco BBVA y BBVA Seguros, al negar la condonación de los saldos
del crédito amparado mediante una póliza de seguro de vida deudores, que reclama
la accionante asumiendo como siniestro la pérdida de su capacidad laboral en 96%,
como consecuencia del síndrome
de Sjögren que
padece, que se le ha negado aduciendo preexistencia de dicha enfermedad a
cuando se adquirió la obligación crediticia y fue tomado el seguro.
Tercera. Procedencia de la acción
de tutela contra empresas particulares del sistema financiero y asegurador -
Reiteración de jurisprudencia
3.1. Toda persona está facultada para
presentar acción de tutela, por sí misma o por representante o agente oficioso,
con el fin de reclamar ante los jueces de la
República la protección inmediata de sus derechos fundamentales, que estén
siendo vulnerados o amenazados por acciones u omisiones de una autoridad
pública, al igual que por particulares “encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión”[1].
3.2. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Decreto 663 de 1993 y normas que lo complementan y reforman, establece que la
estructura de dicho sistema y del asegurador está conformada por los
establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y de
capitalización, las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros y
reaseguros[2].
3.3. De la jurisprudencia constitucional
se concluye que el estado de indefensión se materializa también en la relación
entre los usuarios de las empresas que conforman los sistemas financiero y
asegurador y estas, que gozan de una posición dominante en el mercado frente a quienes
a ellas acuden.
3.3.1. Por ejemplo, en la sentencia
T-1085 de diciembre 5 de 2002, M. P. Jaime Araújo Rentería, esta Corte expresó
que las entidades bancarias ostentan una posición dominante frente a los
usuarios del sistema financiero, en la medida en que son “ellas quienes fijan los requisitos y
condiciones de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización, etc..
Son ellas las depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan,
y sus actos gozan de la presunción de veracidad por parte de los clientes”[3].
3.3.2. Frente a las aseguradoras como
sujetos pasivos de la acción de tutela, en la sentencia T-152 de febrero 27 de 2006,
M. P. Rodrigo Escobar Gil, se resolvió el caso de quien adquirió una póliza de
seguro familiar, pero un año después la compañía demandada se negó a autorizarle
la realización de una cirugía de varicocele izquierdo ordenada por el médico
tratante, endilgando al actor mala fe en la declaración de su estado de salud
al momento de la suscripción del contrato, debido a que no refirió el
padecimiento de dicha enfermedad.
Se explicó entonces que el estado de
indefensión es la
imposibilidad de una persona para reaccionar o responder de manera eficaz a la
violación de sus derechos fundamentales, pues “no cuenta con recursos
efectivos para oponerse a la actitud de la aseguradora respecto a la negativa
de dar visto bueno para la cirugía requerida, lo cual vulnera el estado de
salud del petente”, resultando obligatorio para las aseguradoras dejar
constancia de las preexistencias y de la exclusión de alguna cobertura, al
inicio del contrato, para evitar en un futuro ambigüedades dentro de las cláusulas
que ellas mismas han elaborado.
Así, en ese caso se determinó que la
cirugía ordenada por el médico tratante no fue excluida al suscribir la póliza,
ni obró prueba de que se hubiese practicado algún tipo de examen específico,
concluyéndose que “la carga de las preexistencias está en cabeza de la
entidad aseguradora o de medicina prepagada y no del asegurado,
constituyéndose en un imperativo jurídico que consten en el contrato” (no
está en negrilla en el texto original).
3.3.3. Igualmente, en fallo T-490 de
julio 23 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, la
Corte concedió el amparo de los derechos al mínimo vital, a la salud y a la
dignidad humana, de un señor que se desempeñaba de manera independiente como
fumigador y en 2007, después de haberse sometido a una cirugía de rodilla, necesitaba
muletas para desplazarse. En agosto de 2008, la
Junta Regional de Calificación de Invalidez determinó pérdida de 59.31% de su
capacidad laboral, estableciéndose como fecha de la estructuración la misma de
aquella cirugía.
El entonces actor, que no cotizaba al
sistema general de pensiones, había adquirido una póliza de seguro de vida que
cobijaba la muerte y la incapacidad “permanente total por enfermedad o accidente”, pero la compañía de seguros negó el
reconocimiento de la indemnización estipulada, aduciendo que no estaba impedido
para desempeñar un trabajo remunerado.
En esa ocasión la
Corte reiteró que “al
elaborar la reclamación para el pago de la prestación derivada del amparo por
incapacidad total permanente que había contratado mediante el seguro de vida
grupo y serle la misma negada, se configura una dominación de la aseguradora
proveniente de una situación de hecho contractual frente a la cual el
accionante afectado no pudo oponerse de manera efectiva, viendo drásticamente
afectados sus derechos fundamentales”.
3.3.4. También, en sentencia T-832 de
octubre 21 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, esta corporación igualmente concedió
el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de petición de una docente, cuando la empresa demandada negó hacer efectivo el contrato de seguro de “vida grupo deudores”, que amparaba una obligación crediticia, aduciéndosele
que padecía, con anterioridad a la vigencia de la póliza, la enfermedad que
ocasionó la
pérdida de 77.5% de su capacidad laboral.
Se indicó entonces que la empresa “fue negligente al
omitir realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos
recientes, para así determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese
motivo, no es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que
la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la señora… a la póliza
de vida grupo deudores”.
3.3.5. Después, frente a un par de asuntos
equiparables a los anteriormente expuestos y al que se revisa, en sentencia
T-751 de septiembre 26 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa, fueron
tutelados los derechos fundamentales de las accionantes, una de ellas con pérdida de
capacidad laboral calificada en 91,15%, por padecimientos asociados a esquizofrenia
y alteraciones emotivas y la otra, cónyuge supérstite de quien había perdido su
capacidad laboral en 85.50%, a raíz de un accidente cerebro vascular, además de
sufrir diabetes mellitus tipo II, hipotiroidismo y depresión.
En ambos casos las demandantes reclamaron
a las compañías aseguradoras el pago de los saldos insolutos de los créditos
adquiridos con unas entidades financieras, pero las empresas demandadas se negaron
hacer efectivas las pólizas de seguro de vida grupo deudores que amparaban las
respectivas obligaciones crediticias adquiridas, argumentando que los
asegurados fueron reticentes al momento de firmar la declaración de
asegurabilidad, pues omitieron informar las enfermedades que padecían con
anterioridad a la suscripción de los respectivos contratos de seguros.
En el primer asunto se concluyó que “ante
la duda sobre el conocimiento de una preexistencia por parte de la peticionaria
al momento de declarar, debe adoptarse la posibilidad hermenéutica de la
situación fáctica que le conceda un mayor rango de eficacia a sus derechos
(principio pro hómine), especialmente si se toma en cuenta que el crédito que
respalda la póliza de seguros en cuestión es de carácter hipotecario y que
actualmente no cuenta con posibilidad de acceder a puestos de trabajo, en
virtud de su discapacidad”. Además, “no se demostró que la peticionaria
hubiera mentido y, por lo tanto, incurrido en reticencia al momento de
suscribir la póliza de seguros. En consecuencia, la objeción de la aseguradora
accionada a la reclamación carece de sustento”.
En lo que respecta al segundo suceso, se reafirmó
que “la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para resolver la controversia aquí
debatida, toda vez que la objeción realizada por las compañías aseguradoras
carece de fundamento, se basa en una interpretación del contrato de seguros que
descuida las condiciones particulares de cada una de las pólizas suscritas, y
en una interpretación de los hechos que no se compadece con los hechos probados
en el expediente observados desde la perspectiva del principio constitucional
de buena fe”.
3.4. Puede concluirse entonces,
adicionalmente a la procedencia de la acción de tutela contra los establecimientos
privados que sacan provecho de los sistemas financiero y asegurador, que frente
al mercado que cubren y los servicios que prestan, a los que ordinariamente se
accede por adhesión, los usuarios suelen encontrarse en estado de indefensión.
Cuarta. Por regla general, la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial hace improcedente el amparo constitucional, salvo
que ese otro mecanismo no sea idóneo, expedito u oportuno, o que exista un
perjuicio irremediable - Reiteración de jurisprudencia
Uno de los factores de procedencia de la
acción de tutela, radica en la inexistencia o ineficacia de un medio de defensa
judicial ordinario, situación que podrá determinarse por el juez de tutela en
el caso concreto, apreciados los hechos y el material probatorio correspondiente[4].
El inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución somete la acción de tutela al principio de subsidiariedad, esto
es, que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En desarrollo de tal norma superior, el artículo 6º del Decreto
2591 de 1991 enunció las causales de improcedencia de la acción de tutela.
La Corte Constitucional ha sostenido que, existiendo fundamento fáctico para
otorgar el amparo, la tutela puede ser procedente si el medio de defensa
judicial común no es eficaz, idóneo o expedito para lograr la protección, o esta
llegaría tarde, encontrándose la persona en una circunstancia de debilidad
manifiesta o en insubsanable apremio en su mínimo vital.
La tardanza en la definición de los
conflictos mediante los procedimientos ordinarios de defensa, relativos al
reconocimiento de prestaciones a favor de quienes se encuentren imposibilitados
para el ejercicio de una actividad que los provea de los recursos económicos
necesarios para solventar una vida digna, no permitiría proteger oportuna y
eficientemente las afectaciones a los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social, a la salud, a la vida digna e incluso a la pervivencia.
De tal manera, ante la situación
concreta, se justifica la intervención cabal del juez de tutela, incluso de
manera permanente y conclusiva, precisamente porque otro mecanismo resultaría
tardío y la acción de tutela es un procedimiento judicial preferente, breve y
sumario de protección de derechos fundamentales[5], especialmente cuando el amparo se
requiera con urgencia.
Quinta. Límites
constitucionales a la libertad contractual en el ejercicio de actividades que
involucren un interés público - Reiteración de jurisprudencia
La carta política establece
que el ejercicio de la libertad económica y la iniciativa privada deben
desarrollarse dentro de los límites del bien común (art. 333 Const.), en
atención a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad y
prevalencia del interés general sobre el privado, que deben regir en Colombia
como Estado social de derecho que es (art. 1º ib.).
De igual forma, el artículo
335 superior determina que las actividades “financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de
captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150,
son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del
Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del
Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito” (no está en negrilla en el texto
original).
Ese interés público va aparejado a
que se materialice el bienestar general de la comunidad, con equilibrio,
debiendo convertirse en realidad que la empresa, “como base del desarrollo, tiene
una función social que implica obligaciones” y evitarse “cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional” (artículo 333 ib., tampoco está en negrilla en el original),
implicando que la libertad empresarial deba restringirse
“cuando están de por medio valores y principios
constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales, o
consideraciones de interés general”[6].
En este sentido, referente a la actividad
aseguradora, en el recién citado fallo T-517 de 2006 se definió el caso de una
señora que demandó a tres aseguradoras porque se negaron a venderle una póliza,
a manera de caución ante la constitución de una compañía como tercero
civilmente responsable en un proceso penal. Fueron entonces amparados por esta Corte los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, frente a un estado de indefensión[7]
y precisándose que si bien la libertad de contratación tiene raigambre contractual,
no puede ejercerse de manera arbitraria.
Igualmente, esta corporación en la precitada
sentencia T-490 de 2009 indicó:
“Es evidente que la propia Constitución
prevé que la ley señale un régimen que sea compatible con la autonomía de la
voluntad privada y el interés público proclamado, régimen que no puede anular
la iniciativa de las entidades encargadas de tales actividades y naturalmente
en contrapartida ha de reconocerse a éstas una discrecionalidad en el recto
sentido de la expresión, es decir, sin que los actos de tales entidades puedan
responder a la simple arbitrariedad.
…   …   …
Para la Sala resulta claro que la
jurisprudencia constitucional permite establecer límites a la libertad de
contratación en materias declaradas constitucionalmente como de interés público
y por tanto, no es aceptable, a la luz de los derechos fundamentales de mínimo
vital y vida en condiciones dignas, que la negativa al reconocimiento y pago de
una prestación derivada de un riesgo asegurado por incapacidad total
permanente, se fundamente exclusivamente en la libertad de contratar y en una
interpretación netamente legal del clausulado contractual. Nótese que la
libertad contractual si bien permite a la persona tomar decisiones en el
mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda libertad está
gobernada por el marco axiológico de la
Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad
social y la prevalencia del interés general.”
La jurisprudencia constitucional[8] permite
establecer entonces unos límites a las actividades financiera y aseguradora, constitucionalmente
declaradas de interés público, que en esa medida gravitan dentro de la libertad
contractual y la autonomía privada, pero deben desarrollarse en acatamiento de
los valores y principios consagrados en la
Constitución.
Sexta. Análisis del caso
concreto
6.1. El asunto analizado
atiende la situación de la señora Sonia Rosa Sánchez García, de 51 años de edad, a quien en noviembre
del 2012 le fue diagnosticado “síndrome de Sjögren” y considera que la compañía BBVA
Seguros le conculcó sus derechos fundamentales al debido proceso, la vida digna, la
igualdad y de petición, al no respetar el
contrato de seguro de vida grupo deudores que ampara una deuda suya, alegando
que con anterioridad a su suscripción la señora padecía la enfermedad que
ocasionó la pérdida del 96% de su capacidad laboral.
Por ello incoó acción de tutela, que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Cimitarra le negó, estimando, entre otras razones, que lo solicitado tiene carácter
eminentemente económico, para cuya satisfacción existen otros medios de defensa
judicial, como la acción civil ordinaria, decisión que impugnó, pero el Juzgado
Promiscuo del Circuito de la misma población la confirmó, al concluir que el
hecho que motivó a la accionante a demandar la tutela desapareció, al serle
atendido el derecho de petición, al cual se circunscribe, deduciendo que de
allí se deriva un hecho superado.
6.2. Resulta incuestionable que la acción
de tutela sí es procedente contra BBVA Seguros, no
sólo porque desarrolla una actividad de interés público, sino porque la demandante
se encuentra en estado de indefensión y de debilidad manifiesta, dada la
pérdida del 96% de su capacidad laboral y el adicional quebrantamiento de su
mínimo vital, hasta ahora agravado pues aún no recibe la pensión de invalidez, reconocida
pero que no se había empezado a pagar al momento de impetrarse la presente acción.
Atendiendo las condiciones
generales del contrato, que allegó la aseguradora demandada, se establece que el objeto del seguro de vida grupo
deudores es “amparar contra el riesgo de muerte, y contra el de Incapacidad
Total y Permanente por enfermedad o accidente si se hubiere contratado, hasta
por el saldo insoluto de la deuda a los deudores de un mismo acreedor
(Tomador)”.
Simultáneamente a la
adquisición del crédito, la ahora accionante llenó un formulario para tomar la
póliza como deudora y garantizarle a la entidad bancaria BBVA, por
determinación de esta, que en caso de muerte o por sobrevenir incapacidad total
y permanente, BBVA Seguros se hacía cargo del saldo insoluto de la deuda, que luego
la aseguradora se niega a asumir, sin que exámenes médicos que hubiera
dispuesto realizar, como es de su responsabilidad, o pedido a la asegurable que
los allegara, le permitan colegir, con base seria y no por mera suposición a
discreción o por conveniencia, que el                                                                                             “síndrome
de Sjögren” preexistía al ingreso de la señora Sonia Rosa Sánchez García a
la póliza de vida grupo deudores y si ella obró con reticencia.
Es conveniente reiterar lo
expuesto en el ya citado fallo T-490 de 2009, acorde con el cual la autonomía
contractual no es absoluta y debe desarrollarse acatando los principios y
valores constitucionales, cuyo desconocimiento “supone la inobservancia del marco legal
en el que las referidas condiciones contractuales pueden hacerse efectivas y
trae como consecuencia privilegiar en su aplicación tales acuerdos de
voluntades frente a los principios constitucionales, aún a costa de las
garantías y respeto de los derechos fundamentales que puedan verse
comprometidos. Esa situación a la luz de la
Constitución resulta impropia, ya que el Estado debe proteger los derechos
básicos de los individuos que conforman su conglomerado social”.
6.3. Ahora bien, la demandante
planteó que también se le había conculcado su derecho de petición, que en
realidad no le fue lesionado, pues sus solicitudes sí le fueron contestadas,
aunque en forma injustificadamente negativa.
6.4. En consecuencia, la
Sala revocará el fallo dictado en junio 18 de 2013 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra,
que en su momento confirmó el proferido en mayo 6 del mismo año por el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de dicha población, negando la tutela solicitada por la señora Sonia Rosa Sánchez García, contra BBVA y BBVA Seguros.
En su lugar, serán tutelados
de manera definitiva los derechos al debido proceso, la vida digna y el mínimo
vital de la mencionada señora, identificada con cédula de ciudadanía 28.253.411
de Mogotes y se ordenará a BBVA Seguros, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, cumpla el amparo por la
incapacidad total y permanente de la señora Sonia Rosa Sánchez García, acordado
mediante el seguro de vida
grupo deudores y asuma el
saldo insoluto del crédito que a ella concedió BBVA.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR el fallo proferido en junio 18 de 2013 por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Cimitarra, que confirmó el dictado en mayo 6 del
mismo año por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la misma población, negando
el amparo de los derechos al debido proceso, la vida
digna y el mínimo vital de la señora Sonia Rosa Sánchez García, identificada con cédula de ciudadanía
28.253.411 de Mogotes, que en su lugar se dispone TUTELAR de manera
definitiva.
Segundo. ORDENAR,
en consecuencia, a BBVA Seguros, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, cumpla
el amparo por la incapacidad total y permanente de la
señora Sonia Rosa
Sánchez García, acordado mediante el seguro de vida grupo deudores y se haga cargo del saldo insoluto del crédito que a
ella concedió BBVA.
Tercero. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Artículo 86 Const. (no está en negrilla en el texto original),
precepto desarrollado por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[2] Acorde con el numeral 2º del Decreto 663 de 1993, los
establecimientos bancarios son “las instituciones financieras que tienen por
función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así
como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el
objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito”. Por otra
parte, el numeral 1º del artículo 5º del mismo Decreto indica que son entidades
aseguradoras “las compañías y cooperativas de seguros y las de reaseguros”.
[3] Cfr. también C-314 de mayo 5 de 2009 y C-909 de noviembre 7 de
2012, en ambas M. P. Nilson Pinilla Pinilla; T-323 de abril 24 de 2003,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-281 de marzo 25 de 2004,
M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-018 de enero 20 de 2005,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-608 de junio 17 de 2004,
M. P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-863 de agosto 18 de 2005,
M. P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
[4] Cfr. T-1019 de octubre 17 de 2008,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[5] Cfr. T-083 de febrero 4 de 2004,
M. P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[6] Entendido el interés público como “un concepto que conlleva
atender el interés general o el bien común, y no sólo tener en cuenta
consideraciones de interés patrimonial”, T-517 de julio 7 de 2006,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7] La “situación de indefensión
es una noción de carácter fáctico que se presenta cuando una
persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de
modo que, debido a las circunstancias que rodean el caso, no puede defenderse
ante la agresión de sus derechos”, sentencia
T-1008 de diciembre 9 de 1999, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, citada en
la T-517 de 2006, referida inmediatamente antes.
[8] Cfr. también T-1165 de noviembre 6 de 2001,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-517 de 2006, ya citada; y T-416 de mayo 24 de 2007,
M. P. Álvaro Tafur Galvis.