T-588-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-588/14
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Bloque de constitucionalidad/DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental
La Corte Constitucional
ha expresado que la seguridad social es un derecho fundamental cuyo desarrollo,
aunque ha sido confiado a entidades específicas que participan en el sistema
general de seguridad social,  tiene una configuración normativa ya
establecida, tanto en el texto constitucional, como en los tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, los cuales
dan cuenta de una categoría iusfundamental arraigada al derecho
fundamental de la dignidad humana.
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-La interpretación del
derecho a la seguridad social deberá ser realizada de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
El derecho a la
seguridad social se encuentra consagrado en diversos instrumentos de carácter
internacional sobre Derechos Humanos, ratificados por Colombia, razón por la
cual al pertenecer al bloque de constitucionalidad, evidentemente hacen parte
del ordenamiento interno colombiano, tal como se establece en el artículo 93 de
la Carta. Entre otros tratados, puede hacerse referencia al Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y al Protocolo de San Salvador.
PENSION
ESPECIAL DE VEJEZ DE MADRE O PADRE CON HIJO DISCAPACITADO-Finalidad
Las llamadas pensiones
especiales, reguladas en el parágrafo 4 del artículo 33 de la ley 100 de 1993,
tienen por objeto central la protección de manera prioritaria de aquellas
personas disminuidas física y sensorialmente, grupos vulnerables de la
población, exonerando al solicitante del cumplimiento del requisito de edad
contemplado en el numeral 1 del artículo 33 de la ley 100 de 1993, para acceder
a la pensión de vejez. Es decir, permite anticipar el goce de la
prestación pensional de vejez una vez se ha acreditado un determinado número de
semanas de cotización, independientemente de la edad que tenga el titular del
derecho. La pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad se
encuentra regulada en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
modificatoria del artículo 33 de la ley 100 de 1993.
PENSION
ESPECIAL DE VEJEZ DE MADRE O PADRE CON HIJO DISCAPACITADO-Requisitos
(i) Que la madre o padre de familia
de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado (menor o adulto), haya cotizado
al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el
régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; (ii) que
la discapacidad mental o física del hijo haya sido debidamente calificada;
y (iii) que exista dependencia económica entre quien sufre la
discapacidad y el afiliado al Sistema.
PRINCIPIO DE
LA BUENA FE, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO
PROPIO-Reiteración de jurisprudencia
El principio de buena fe,
en virtud del cual los particulares y la Administración deben ajustar sus
comportamientos a una conducta leal, honesta y conforme a las actuaciones que
podrían esperarse de una persona correcta, se encuentra ligado al principio de
la confianza legítima. En efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corte, un corolario de la buena fe consiste, en que el Estado no puede
súbitamente alterar unas reglas de juego ya establecidas que regulaban sus
relaciones con los particulares, postulado esencial del concepto de la
confianza legítima, pues este principio busca amparar unas expectativas
válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones
estatales prolongadas en el tiempo. Además de lo anterior, se concluye que de
conformidad con el principio de la confianza legítima, la Administración se
encuentra obligada a actuar conforme al respeto por el acto propio. Así, las
autoridades deben actuar de manera coherente con sus comportamientos pasados y,
en consecuencia, no pueden modificar sus actuaciones de manera abrupta en
detrimento directo de los intereses o derechos de un particular.
DERECHO A LA
PENSION ESPECIAL DE VEJEZ, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a
Colpensiones reconocer y pagar pensión especial de vejez por hijo en situación
de discapacidad
Referencia: expedientes T-4.327.326 y
T-4.314.623
Acciones de tutela instauradas por Myriam
Lemus Benítez y Luis Eduardo Hernández Gamboa contra Colpensiones.
Derechos fundamentales invocados: mínimo
vital, seguridad social, petición, debido proceso, vida digna.
Temas: Pensión especial de vejez por hijo
en situación de discapacidad, principio de confianza legítima, buena fe y acto
propio.
Problemas Jurídicos:
-¿Vulneró Colpensiones los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna del
señor Luis Eduardo Hernández Gamboa, por haberle negado el reconocimiento y
pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad en
razón a que no cumplió con la condición de encontrarse laborando al momento de
solicitar la mencionada prestación?
-¿Desconoció Colpensiones los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y a la
vida digna de la señora Myriam Lemus Benítez, al exigirle un número superior a
1200 semanas cotizadas para reconocerle la pensión especial de vejez por hijo en
situación de discapacidad, a pesar de que en el momento en que elevó dicha
solicitud se le informó que debía acreditar ese número de semanas?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil catorce
(2014)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la
preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos (i)
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de marzo de
2014 (Expediente T-4.432.326) y (ii) por el Juzgado 40 Civil del
Circuito, el 3 de marzo de 2014 (Expediente T-4.314.623).
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Cinco de la
Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.2.
EXPEDIENTE T-4.
314.623
1.2.1. Hechos
1.2.1.1. El señor Luis Eduardo Hernández Gamboa, de 53 años de
edad, es padre de Sandra Patricia Hernández Cruz, de 34 años, a quien se le
diagnosticó Atrofia Parenquimatosa por encima y por debajo del tenorio, lesión
y disfunción cerebral.
1.2.1.2.Indica que el 22 de abril de 2013, mediante
dictamen expedido por Colpensiones, Sandra Patricia Hernández Cruz fue
calificada con el 73.85 % de pérdida de capacidad laboral, con fecha de
estructuración del 12 de julio de 1985.
1.2.1.3.Señala que el último registro de cotización
al Sistema de Seguridad Social que realizó el accionante fue en el periodo
comprendido entre el 30 de agosto de 2011 y el 12 de julio de 2012.
1.2.1.4.Añade que su esposa falleció el 11 de
agosto de 2012, razón por la cual es el único responsable de su hija.
1.2.1.5.Afirma que el 30 de abril de 2013 solicitó
a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por
hijo en situación de discapacidad.
1.2.1.6.Aduce que mediante resolución No. 2013-2907827
del 7 de noviembre de 2013, Colpensiones negó la pensión solicitada,
argumentando que para obtener dicha prestación económica era requisito que el
solicitante se encontrara en servicio activo al momento de solicitarla,
condición que no cumplía el actor.
1.2.1.7.   Declara que ante la negativa de
Colpensiones, presentó recurso de reposición el 18 de noviembre de 2013 en
contra de la Resolución No. 2013-2907827 del 7 de noviembre de 2013, sin
obtener respuesta alguna.
1.2.1.8.Informa que cuenta con un total de 1.438
semanas cotizadas.
1.2.1.9.Indica también que es padre cabeza de
hogar, no tiene trabajo y su situación económica es precaria, pues no cuenta
con los recursos suficientes para sufragar los gastos de la manutención de su
hija.
1.2.1.10.
Aduce que debido a
la situación de discapacidad en que se encuentra su hija, no le es posible
dejarla sola para encontrar un empleo, pues se pondría en riesgo su salud y su
integridad personal.
En consecuencia, el actor solicita le sea
reconocida la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad y
le sean protegidos los derechos fundamentales de petición, a la seguridad
social, al mínimo vital, y al debido proceso.
1.2.2. Traslado y contestación de la demanda
Radicada la acción de tutela
el 25 de febrero de 2014  y mediante auto del 25 de febrero de 2014, el Juzgado
40 Civil del Circuito de Bogotá la admitió y ordenó correr traslado al Gerente
Nacional de Reconocimiento de Colpensiones para que ejerciera su derecho a la
defensa.
1.2.2.1. Respuesta de Colpensiones
La entidad accionada no presentó escrito
alguno pronunciándose sobre los hechos de la acción de tutela.
1.2.3. Pruebas y Documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.2.3.1.   Copia de la
Resolución No. 2013-2907828, por medio de la cual Colpensiones negó al
accionante el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en
situación de discapacidad[1].
1.2.3.2. Copia de la cédula de ciudadanía del señor
Luis Eduardo Hernández Gamboa[2].
1.2.3.3.Copia del Registro de Nacimiento de Sandra
Patricia Hernández Cruz[3].
1.2.3.4.Copia de la cédula de ciudadanía de Sandra
Patricia Hernández Cruz[4].
1.2.3.5.Copia del Registro de Defunción de la
señora Clara Inés Cruz Alfonso, madre de Sandra Patricia Hernández según consta
en el registro civil citado[5]
1.2.3.6. Copia del dictamen de calificación de
pérdida de capacidad laboral de Sandra Patricia Hernández Cruz, en la cual se
determinó que la fecha de estructuración de la misma era de julio de 1985, y
que dicha calificación era del 73.85%.[6]
1.2.3.7.Copia de la historia clínica de Sandra
Patricia Hernández Cruz[7].
1.2.3.8.Copia de comunicación de Colpensiones del 31
de diciembre de 2013 en la cual se le informa al accionante que el recurso
interpuesto por el actor será atendido dentro de los términos fijados en la ley[8].
1.2.3.9.Información suministrada vía telefónica a
este despacho, en la que el actor señaló que Colpensiones nunca proporcionó
respuesta al recurso presentado por él ante dicha entidad el 18 de noviembre de
2013. El accionante añadió también que se encuentra en una situación precaria y
que requiere ayuda urgente para él y para su hija[9].
1.2.4. Decisiones Judiciales
1.2.4.1.   Decisión de única instancia -Juzgado Cuarenta
Civil del Circuito-
Mediante sentencia del 3 de marzo de 2014,
el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá decidió conceder el amparo en
el sentido de ordenar a Colpensiones resolver el recurso de reposición contra
la resolución GNR 295158,que había sido interpuesto por el accionante.
Adicionalmente, señaló que dicho recurso
había sido presentado el 18 de noviembre de 2013, y que al momento de la
presentación de la acción de tutela el actor no había obtenido respuesta
alguna. Por lo anterior, consideró que al no haberle dado trámite al mencionado
recurso de reposición dentro del término legal, Colpensiones vulneró el derecho
de petición del actor.
1.2.
EXPEDIENTE T-
4.327.326
1.2.1. Hechos
1.2.1.1.La señora Myriam Lemus Benítez, de 48 años
de edad,  afirma que ha cotizado más de 1.239 semanas al Sistema General de
Pensiones.
1.2.1.2.Indica que su hija, de 15 años, sufre de
autismo, y que tiene una pérdida de capacidad laboral del 69.30%, con fecha de
estructuración del 30 de diciembre de 1998.
1.2.1.3.Señala que el 16 de noviembre de 2011 solicitó
la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad ante el
Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Además pidió que dicha pensión
se le reconociera retroactivamente desde la fecha en que había elevado la
solicitud de reconocimiento.
1.2.1.4.Aduce que la accionada negó la mencionada petición
bajo el argumento de que la accionante no cumplía con los requisitos legales exigidos,
pues no reunía las 1200 semanas requeridas en el momento de la solicitud para
acceder a la mencionada pensión, pues sólo contaba con 1109.
1.2.1.5.Ante lo anterior, señala que, además de
seguir laborando, interpuso recurso de reposición en contra de la referida
decisión. Sin embargo, la determinación fue confirmada mediante resolución del
22 de julio de 2013, en la cual, se le indicó a la accionante que aunque para
tal fecha contaba con 1231,15 semanas cotizadas, el requisito para ese momento
era el cumplimiento de 1250, por lo que la solicitud debía negarse.
1.2.1.6.Al interponer el recurso de apelación, la
decisión fue confirmada mediante Resolución del 19 de noviembre de 2013 en la
cual se consideró que aunque la accionante contaba para ese momento con 1239
semanas cotizadas, no alcanzaba las 1250 requeridas para tal fecha.
1.2.2. Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto del 28 de enero de 2014, el
Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela y
ordenó vincular a Colpensiones para pronunciarse sobre los hechos de la
demanda.
1.2.3. Respuesta de Colpensiones
La entidad accionada no presentó
pronunciamiento alguno dentro del término legal.
1.2.4. Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.2.4.1.Resolución No. 10331 del 22 de marzo de
2012, mediante la cual la accionada niega a la accionante el reconocimiento y
pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad[10].
1.2.4.2.Copia del recurso de Reposición en contra
de la Resolución No. 10331 del 22 de marzo de 2012, interpuesto por la actora[11].
1.2.4.3.Copia de la
Resolución 187710 del 22 de julio de 2013, mediante la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la actora confirmando la
Resolución No. 10331 de marzo 22 de 2012[12].
1.2.4.4.Copia del recurso de apelación en contra de
la Resolución No. 10331 de la entidad accionada, interpuesto por la
accionante[13].
1.2.4.5.Copia de la
Resolución VPB 7006, del 19 de noviembre de 2013, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y que confirma la
Resolución No. 10331 de marzo 22 de 2012[14].
1.2.5. Decisiones Judiciales
1.2.5.1.  Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del 6 de febrero de
2014, el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá decidió negar la acción de
tutela, por cuanto consideró que en los actos administrativos cuestionados por
la actora, no se incurrió en vía de hecho alguna, toda vez que, a su juicio,
están acordes con la normatividad que regula la materia. Así, la tutelante
debía acreditar, para el año 2011, época en que realizó la solicitud, 1200
semanas cotizadas, y en efecto sólo acreditó 1.109.
Además de lo anterior, afirmó que la
accionante no es persona de la tercera edad  y en el escrito de tutela nunca
expuso que se encontrara en un delicado estado de salud o en una situación
económica difícil, de donde pudiera inferirse la urgencia manifiesta para
acudir a la acción de tutela y no hacer uso de los mecanismos judiciales
ordinarios establecidos para el logro de sus pretensiones.
1.2.5.2.   Impugnación
Mediante escrito del 19 de febrero de 2014,
la actora manifestó que según lo establecido en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, no le
puede ser exigido cumplir con la edad necesaria para acceder a la pensión de
vejez, y adicionalmente, en cuanto a las cotizaciones necesarias para obtener
la prestación económica que solicita, sólo debe cumplir con 1000 semanas de
aportes a la seguridad social.
Indicó que el estado de salud de su menor
hija es de alto riesgo, por lo cual requiere de su cuidado y compañía
permanente. Señaló además que se encuentra en una situación económica precaria,
la cual ha empeorado por cuanto no ha podido seguir laborando.
1.2.5.3. Decisión de Segunda Instancia
Mediante sentencia del 12 de marzo de 2014,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, confirmó el
fallo de primera instancia, por considerar que la decisión adoptada por la
accionada constituye una interpretación razonable de las normas que regulan la
materia, sin que el hecho de que no sea compartida por la accionante permita
calificarla como vía de hecho susceptible de ser examinada por el juez constitucional.
Señaló que se trata de una controversia conceptual entre el accionante y el
accionado, en cuanto a la interpretación de las normas aplicables al caso,
asunto que, a su juicio, en modo alguno compete dilucidar al juez
constitucional.
Adicionalmente, señaló que la tutela no es
un medio alternativo de defensa judicial para obtener lo que no se pudo o no se
intentó reclamar a través de los medios ordinarios de defensa, salvo su
utilización como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
lo cual, afirmó, no ocurre en el presente caso.
1.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
Con base en las facultades conferidas por
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de la referencia.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En atención a lo expuesto, corresponde a la
Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i)
¿Vulneró Colpensiones
los derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, al mínimo vital
y a la vida digna del señor Luis Eduardo Hernández Gamboa (Expediente T-
4.314.623),  por haberle negado el reconocimiento y pago de la pensión especial
de vejez por hijo en situación de discapacidad en razón a que no cumplió con la
condición de encontrarse laborando al momento de solicitar la mencionada
prestación?
(ii)
¿Desconoció
Colpensiones los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital,
y al debido proceso de la señora Myriam Lemus Benítez Expediente (T- 4.327.326), por exigirle un número
superior a 1200 semanas cotizadas para reconocerle la pensión especial de vejez
por hijo en situación de discapacidad a pesar de que en el momento en el que
elevó dicha solicitud se le informó que debía acreditar ese número de semanas?
Con el fin de dar solución a los problemas
jurídicos planteados, la Sala entrará a estudiar los siguientes temas: primero,
se analizará el contenido y la naturaleza jurídica del derecho a la
seguridad social, en particular, en lo relacionado con la pensión especial de
vejez por hijo en situación de discapacidad y segundo, el principio de
buena fe, confianza legítima  y respeto del acto propio.
Posteriormente, con base en dichos
presupuestos, abordará el caso concreto.
2.3.
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL
2.3.1. Consagración del derecho a la seguridad social
Dentro del ámbito constitucional, el
artículo 48 de la Carta Política consagra el derecho fundamental a la seguridad
social, y de manera particular, hace referencia a la seguridad social en
pensiones. Según la disposición en comento, la seguridad social es (i) un
servicio público de carácter obligatorio, cuya cobertura se debe ampliar de
manera progresiva  y se encuentra bajo la dirección, coordinación y control del
Estado y, (ii) un derecho irrenunciable que debe garantizarse a todos los
habitantes.
Adicionalmente, el artículo 53 de la
Constitución, regula los principios mínimos fundamentales de la relación
laboral, dentro de los cuales se encuentra la garantía a la seguridad social,
la cual implica la exigencia al Estado de garantizar el derecho al pago
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Al respecto, la
Corte Constitucional ha expresado que la seguridad social es un derecho
fundamental cuyo desarrollo, aunque ha sido confiado a entidades específicas
que participan en el sistema general de seguridad social,  tiene una
configuración normativa ya establecida, tanto en el texto constitucional, como
en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, los cuales dan cuenta de una categoría iusfundamental arraigada
al derecho fundamental de la dignidad humana.[15]
En lo concerniente al marco del derecho
internacional, cabe precisar que el derecho a la seguridad social se
encuentra consagrado en diversos instrumentos de carácter internacional sobre
Derechos Humanos, ratificados por Colombia, razón por la cual al pertenecer al
bloque de constitucionalidad, evidentemente hacen parte del ordenamiento
interno colombiano, tal como se establece en el artículo 93 de la
Carta. Entre otros tratados, puede hacerse referencia al Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y al Protocolo de San Salvador.
Del mismo modo,  el artículo 9 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[16]
establece que los Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda persona a
la seguridad social, incluso al seguro social.
Igualmente el artículo 9, del Protocolo
de San Salvador[17]
también hace alusión   al derecho estudiado, como un derecho del cual gozan
todas las personas a ser protegidas “contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa”.
En el mismo sentido, el artículo 22 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece:
“toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.”
Con la breve indicación de aquellas disposiciones
que consagran y obligan a garantizar el derecho a la seguridad social, puede
observarse que se trata de un derecho íntimamente ligado al derecho fundamental
a la dignidad humana, que prevé razonablemente que si por determinada
circunstancia, sea vejez, invalidez o muerte, una persona no puede continuar
trabajando, cuente con un recurso económico para garantizar su sustento y el de
su familia. En efecto, con el mencionado derecho se quiere asegurar que quienes
se encuentran en la situación descrita, reciban el dinero para su
sostenimiento, manteniendo así una vida digna.
Para concluir, el Estado es quien debe
fijar las condiciones necesarias para hacer efectiva la protección que implica
el derecho a la seguridad social  y para que, de manera progresiva, se amplíe
su cobertura.
Luego de haber expuesto lo relativo al
derecho a la seguridad social, se hará referencia a lo atinente a la pensión
especial de vejez por hijo en situación de discapacidad.
2.3.2.
La pensión
especial de vejez por hijo en situación de discapacidad
En el capítulo II del título II de la
Ley 100 de 1993, relativo a la pensión de vejez, el legislador consagró,
dentro de las prestaciones para cubrir dicha contingencia, entre otras, las
siguientes: (i) pensión ordinaria de vejez (art. 33.1); (ii)
pensión especial anticipada de vejez de persona inválida (art. 33. par. 4. inc.
1) y; (iii) pensión especial de madre o padre de hijo en situación de
discapacidad (art. 33. par. 4. inc. 2).
Las llamadas pensiones especiales,
reguladas en el parágrafo 4 del artículo 33 de la ley 100 de 1993, tienen por
objeto central la protección de manera prioritaria de aquellas personas
disminuidas física y sensorialmente, grupos vulnerables de la población,
exonerando al solicitante del cumplimiento del requisito de edad contemplado en
el numeral 1 del artículo 33 de la ley 100 de 1993, para
acceder a la pensión de vejez. Es decir, permite anticipar el goce de la
prestación pensional de vejez una vez se ha acreditado un determinado número de
semanas de cotización, independientemente de la edad que tenga el titular del
derecho.
Ahora bien, la pensión especial de vejez
por hijo en situación de discapacidad se encuentra regulada en el parágrafo 4
del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, modificatoria del artículo 33 de la ley
100 de 1993, de la siguiente manera[18]:
“La madre trabajadora cuyo hijo menor
de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y
hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre,
tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre
que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de
semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez.
Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza
laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad
del menor en situación de discapacidad, podrá pensionarse con los requisitos y
en las condiciones establecidas en este artículo”[19]
(Negrilla fuera del
texto).
Sobre este tema, resulta relevante poner de
presente lo establecido en la sentencia C-227 de 2004[20],
pues en dicho pronunciamiento se analizó la constitucionalidad y propósito de
la pensión especial de vejez, así como sus aspectos fundamentales. En esa
ocasión se precisó la interpretación que más se ajusta a la
Carta, y el objetivo de esta prestación social, así[21]:
“(…)es facilitarle a las madres el tiempo y
el dinero necesarios para atender a aquellos hijos que están afectados por una
invalidez física o mental, que no les permita valerse por sí mismos, y que
dependen económicamente de ellas. Con el beneficio creado por la norma se
espera que las madres puedan compensar con su cuidado personal las
insuficiencias de sus hijos, para impulsarlos en su proceso de rehabilitación o
para ayudarlos a sobrevivir en una forma digna”.
En cuanto a los requisitos para poder
acceder a la prestación económica en comento, la misma sentencia señaló los
criterios que deben ser tenidos en cuenta para que tal beneficio pueda ser
otorgado: i) la discapacidad
física o mental que afecte al hijo debe ser de tal entidad que le impida
valerse por sí mismo, es decir que no le permita subsistir dignamente en forma
autónoma; (ii) la dependencia de la persona inválida con respecto a su madre o
padre, debe ser de tipo económico, y; (iii) el beneficio económico no es
susceptible de ser reclamado cuando el hijo dependiente padezca una
discapacidad que le permita adquirir los medios económicos necesarios para
subsistir o cuando tenga bienes o rentas propios para mantenerse[22].
Posteriormente, al examinar la
constitucionalidad de la expresión “madre” del artículo 9 de la
Ley 797 de 2003, en la sentencia C-989 de 2006[23],
la Corte apuntó que “al reconocerse el beneficio
pensional previsto en la disposición legal acusada exclusivamente a la madre
cabeza de familia, se produce una violación del derecho a la igualdad del hijo
discapacitado que depende económicamente del padre cabeza de familia, por el
simple hecho de ser el hombre y no la mujer quien responde económicamente por
su manutención. Por lo anterior, se
declaró la exequibilidad condicionada de la expresión mencionada, “en el entendido, que
el beneficio pensional previsto en dicho artículo se hará extensivo al
padre cabeza de familia de hijos discapacitados y que dependan económicamente
de él”. (Énfasis en el original).
De la misma manera, en la nombrada
providencia, esta Corporación indicó que lo buscado con la prestación social
estudiada es proteger al hijo en situación de discapacidad. A este respecto,
señaló:
“(…) cuando se trata de madres a
cuyo cargo se encuentra el cuidado y la manutención de "hijos
discapacitados" se debe entender entonces que los beneficios previstos por
el Legislador en las normas vigentes tienen su razón de ser en la protección
específica que se busca brindar al hijo discapacitado por su condición de tal,
independientemente de que se trate de un menor o un adulto, 17 en
armonía con los tratados internacionales vigentes sobre la materia”.
Así mismo, en sentencia T-176 de 2010[24],
reiterando lo señalado en sentencia C-227 de 2004[25],
se afirma que se requiere, para conservar esta prestación, que (i) el
hijo afectado por la invalidez física o mental debe permanecer en esa condición
y continuar dependiendo de su madre o padre y; (ii) el padre o la madre de la
persona inválida, debe abstenerse de reingresar a la fuerza laboral.”
Debe precisarse que esta prestación social
está encaminada al amparo de los derechos de la persona que se encuentra en
situación de discapacidad, y que por lo mismo, es sujeto de especial protección
constitucional, así como lo afirma la sentencia T-563 de 2011[26],
la cual reitera lo dicho por la Corte en la sentencia C-986-2006[27]
a ese respecto. En tal ocasión, esta Corporación manifestó lo siguiente:
En conclusión, en el caso
concreto del inciso 2°
del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 –modificado por el
artículo 9º de la Ley 797 de 2003-, la protección que allí se establece está
encaminada en forma directa a beneficiar al niño o adulto discapacitado que por
sus condiciones físicas o mentales no puede valerse por sí mismo, razón por la
cual se torna en un sujeto de protección espacialísima al cual el Estado le
debe brindar todas las garantías necesarias para el goce efectivo de sus
derechos, de allí la necesidad de que indistintamente de que se trate de la
madre o el padre, siempre que i) como lo dispone la norma la discapacidad del
menor esté debidamente calificada y que ii) se hayan cotizado al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones el mínimo de semanas requeridas en el
régimen de prima media para obtener la pensión de vejez, se deba conceder el
beneficio pensional allí previsto, de forma tal que, se pueda dar efectivo
cumplimiento al propósito de la disposición legal ibídem, que no es otro que
otorgarle de manera anticipada recursos económicos al progenitor a cuyo cargo
se encuentre el niño o el adulto incapaz, con el fin de permitirle dedicar su
tiempo a la adecuada rehabilitación de éste. (…)”
En el mismo pronunciamiento, y
en cuanto al requisito de las semanas cotizadas necesarias para acceder a la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, esta
Corporación  precisó que “para
la Corte Constitucional este tipo de privilegio constituye una excepción a la
regla general contenida en la normatividad que regula la materia pensional, en
la medida que se suprime el requisito de la edad, actualmente 60 años para los
hombres y 55 para las mujeres, dejando sólo el referido a las semanas mínimas
de cotización al Sistema. Entonces, según la jurisprudencia
constitucional los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez son:
1) que la madre (o el padre) haya cotizado
al Sistema General de Pensiones cuanto menos el mínimo de semanas exigido en el
régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;
2) que el hijo sufra una invalidez física o
mental, debidamente calificada;
3) que la persona discapacitada sea
dependiente de su madre – o de su padre, si fuere el caso.”
En efecto, en cuanto a los casos en los
cuales las Administradores de Fondos de Pensión exigen requisitos adicionales a
los ya mencionados, para reconocer la pensión especial de vejez por hijo en
situación de discapacidad, los cuales resultan gravosos para los solicitantes, la
Corte manifestó, en sentencia 962 de 2012[28],
lo siguiente:
“(…)la exigencia de requisitos gravosos,
tal como la prueba de dependencia económica a menores de edad, respecto a los
cuales se debe entender conviven y subsisten con sus padres en razón a su
condición de menores, configura una acción vulneratoria de los derechos tanto
del afiliado o del pensionado así como de su hijo en situación de discapacidad.
En el caso de menores de edad es de vital importancia recordar la especial
protección iusfundamental que de sus derechos consagra la
Constitución plasmado en el artículo 44 superior.”
En síntesis, luego de analizar las sentencias
citadas, puede concluirse que la pensión especial de vejez por hijo en
situación de discapacidad es una prestación social a la cual se accede cuando
se cumple con los siguientes requisitos: (i) que la madre o padre de
familia de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado (menor o adulto), haya
cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo de semanas
exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; (ii)
que la discapacidad mental o física del hijo haya sido debidamente calificada;
y (iii) que exista dependencia económica entre quien sufre la
discapacidad y el afiliado al Sistema[29].
Luego de haber estudiado lo atinente a la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, y teniendo en
cuenta que en el caso de la señora Myriam Lemus Benítez (Expediente T- 4.327.326)
lo que se debate es el cumplimiento de las semanas exigidas para acceder a
dicha prestación, resulta oportuno referirse al principio de buena fe, de confianza
legítima y al acto propio, pues la exigencia que Colpensiones le hace a la
accionante para acceder a la prestación económica puede contravenir los mismos.
2.4.
PRINCIPIO DE BUENA
FE, LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y EL ACTO PROPIO
En artículo 83 de la Constitución Política establece
que “[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”
Esta Corporación, tanto en sede de control abstracto[30],
como de control concreto de constitucionalidad se ha pronunciado con respecto
al significado, alcance y contenido de este postulado superior[31],
considerando que la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho
para transformarse en un postulado constitucional. Así mismo, ha señalado que su
aplicación ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función
integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los
particulares y entre estos y el Estado[32].
Conforme a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional ha definido el principio de buena fe como “aquel que exige a
los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una “persona correcta (vir bonus)”[33]. En
este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada”[34]
Asimismo, la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se
presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente”[35]
En efecto, dicho concepto se encuentra ligado a aquel
de la confianza legítima, por lo cual la Corte Constitucional[36]
ha afirmado que el mismo constituye una proyección del principio de la buena fe[37].
Esa confianza legítima, la cual se fundamenta en los principios de seguridad
jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.), respeto al acto propio y de la buena fe
(artículo 83 C.P.), es, según la jurisprudencia de esta Corte, jurídicamente
exigible. Además, se trata de un principio que  adquiere una identidad propia
en virtud de las reglas especiales que se imponen en la relación entre
administración y administrado[38]. Al respecto
la Corte ha dicho:
"Este principio, que fue desarrollado por la
jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la
sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy
autorizada, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios
bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de
situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho
adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin
embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad
de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su
situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales
casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al
afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso
sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una
actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber
del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política.[39]
"
En efecto, en abundante jurisprudencia, esta
Corporación ha aplicado el principio de confianza legítima, principio que ha
sido definido por esta Corporación así:
“(…)un corolario de la buena fe [que] consiste en
que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban
sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un
periodo de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación
jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos,
sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se
habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el
tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la Administración
pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De
igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser
ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda
del interés general y el principio democrático”[40].
Este principio se erige como un límite a la actuación
de la Administración, razón por la cual, cuando debido a hechos objetivos de
las autoridades se le genera al particular “la convicción de estabilidad en el
estado de cosas anterior”[41] y
la convicción de que su actuar tiene una imagen de aparente legalidad[42],
estas no pueden crear cambios sorpresivos que afecten al particular, por lo
cual deben ofrecerle tiempo y medios para que se pueda ajustar a la nueva
situación.
Para ilustrar lo anterior, cabe hacer referencia a lo
establecido en la Sentencia T-078 de 2008[43],
en la cual una persona de 69 años elevó solicitud de reconocimiento de la
pensión de vejez al ISS el 6 de agosto de 2004, petición que le fue negada bajo
el argumento de que si bien la actora cumplía con el requisito de la edad, sólo
cumplía con 995 semanas cotizadas y no con las 1000 exigidas para acceder a
dicha pensión. Ante tal situación, la actora siguió cotizando al Sistema General
de Pensiones tres meses más con el fin de completar las semanas que le hacían
falta, según lo indicado por el ISS, para acceder a la prestación solicitada.
Así, en el momento en que completó las 1000 semanas, es decir el 4 de noviembre
del 2005, la tutelante solicitó nuevamente la pensión, obteniendo, una vez más,
respuesta negativa en razón a que conforme a la Ley 797 de 2003, a partir del 1
de enero del año 2005, se incrementó 50 semanas a las 1000 mínimas exigidas, y
25 más por cada año que pase hasta el año 2015.
Frente a dicha situación, la Corte Constitucional
decidió tutelar los derechos invocados por la accionante y  señaló lo
siguiente:
“(…) la entidad accionada vulneró el derecho al
debido proceso de la demandante al desconocer los principios de buena fe,
confianza legítima y respeto del acto propio, ya que en la primera respuesta
que emitió el ISS sobre el reconocimiento de la pensión de la señora Echeverri
el día 8 de febrero de 2005, se indicó que tenía 995 semanas cotizadas, por lo
que: “No es procedente reconocer la pensión solicitada pues aunque cumple con
uno de los requisitos que establece la Ley 100 de 1993 artículo 33, el cual es
acreditar la edad de 55 años de edad no acredita el número de semanas cotizadas
(1000 semanas). Que no obstante lo anterior, es preciso recomendarle al
asegurado(a) Myriam Echeverry de Bravo, si es su deseo, continúe cotizando al
Sistema General de Pensiones hasta completar las semanas requeridas por la Ley,
o en su defecto solicite la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
una vez manifieste su imposibilidad de continuar cotizando.
Con base en esta respuesta, la accionante cotizó tres
meses más[44] para
completar las 1000 semanas que señaló el ISS en su resolución del 8 de febrero
de 2005. Sin embargo, en la resolución No. 05171 del 20 de abril de 2007, la
entidad accionada, a pesar de reconocer que la actora ha cotizado 1000 semanas
al Sistema General de Pensiones, le exige un número mayor de semanas cotizadas,
amparándose en la modificación que introdujo la Ley 797 de 2003 que ya estaba
vigente para la fecha en que el ISS emitió la primera respuesta, es decir, 8 de
febrero de 2005, desconociendo la primera resolución donde se reconoció que el
número mínimo de semanas cotizadas era de 1000.”
De otro lado, como se indicó en la Sentencia T-210 de 2010[45],
esta Corporación ha manifestado que para que pueda aplicarse este
principio, deben concurrir los siguientes presupuestos[46]:
“a) la necesidad de preservar de manera perentoria el
interés público[47]; b) la
demostración de que el particular ha desplegado su conducta de conformidad con
el principio de la buena fe[48]; c) la
desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la Administración
y el particular[49] y,
finalmente; d) la obligación de adoptar medidas transitorias para que el
particular se pueda acomodar a la nueva situación creada por el cambio
intempestivo de actitud por parte de la Administración[50].”
De tal manera se evidencia que  en virtud del principio
de la confianza legítima, la Administración se encuentra en la obligación de
actuar conforme al respeto por el acto propio, concepto que esta Corporación ha
definido en los siguientes términos[51]:
"Un tema jurídico que tiene como sustento el
principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual,
las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio Constitucional, que sanciona
como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con
respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una
limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser
ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso,
dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una
anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar,
porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una
extralimitación del propio derecho”[52].
En ese sentido, en tal providencia se indicó que “Esta
Corporación también afirmó[53] que el
principio de respeto al acto propio, opera cuando una autoridad ha emitido un
acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de
otro. Tal principio le impide a esa autoridad modificar unilateralmente su
decisión, pues la confianza del administrado no se genera por la convicción de
la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber
obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que creó
situaciones particulares y concretas a su favor.
De ello se desprende que el respeto al acto propio
comprende una limitación del ejercicio de las potestades consistente en la
fidelidad de las autoridades a las decisiones que toman, sin que puedan
revocarlas por sí mismas, cuando afectan a particulares y sin seguir el debido
proceso para ello, más aún cuando el acto posterior este fundado en criterios
irrazonables, desproporcionados o extemporáneos[54].”
En suma, el principio de buena fe, en virtud del cual
los particulares y la Administración deben ajustar sus comportamientos a una
conducta leal, honesta y conforme a las actuaciones que podrían esperarse de
una persona correcta, se encuentra ligado al principio de la confianza legítima.
En efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte, un corolario de
la buena fe consiste, en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas
de juego ya establecidas que regulaban sus relaciones con los particulares,
postulado esencial del concepto de la confianza legítima, pues este principio
busca amparar
unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en
acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo.
Además de lo anterior, se concluye que de conformidad
con el principio de la confianza legítima, la Administración se encuentra
obligada a actuar conforme al respeto por el acto propio. Así, las autoridades
deben actuar de manera coherente con sus comportamientos pasados y, en
consecuencia, no pueden modificar sus actuaciones de manera abrupta en
detrimento directo de los intereses o derechos de un particular.
3.
CASO CONCRETO
3.1.
Expediente
T-4.314.623
3.1.1.
Resumen de los
hechos
De los hechos narrados en el
escrito de tutela y según se evidencia de los documentos aportados en el
trámite de la acción, la Sala encuentra probados los siguientes sucesos:
(i)
El señor Luis Eduardo
Hernández Gamboa, padre cabeza de familia, solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión especial de vejez por hijo discapacitado el 30 de abril de 2013 ante
Colpensiones.
(ii)
La hija del accionante,
mayor de edad, se encuentra en situación de discapacidad, pues sufre de Atrofia
Parenquimatosa por encima y debajo del tentorio, y su pérdida de capacidad
laboral fue calificada con el 73.85%, el 12 de julio de 1985.
(iii)
El actor dejó de
laborar desde el 28 de febrero de 2012, por lo que al momento de solicitar la
mencionada pensión no se encontraba trabajando.
(iv)
La esposa del
accionante falleció el 11 de agosto de 2012, lo cual lo obligó a hacerse
responsable de su hija.
(v)
Mediante Resolución de
Colpensiones del 7 de noviembre de 2013 le fue negada la nombrada prestación al
accionante, bajo el argumento de que para el reconocimiento de la misma es
requisito encontrarse laborando al momento de presentar la solicitud, con el cual
no cumplía el actor.
(vi)
Ante la negativa de
Colpensiones, el accionante presentó recurso de reposición contra la decisión
mencionada el 18 de noviembre de 2013, sin obtener respuesta por parte de la
accionada.
(vii)
El tutelante no se
encuentra laborando actualmente, razón por la cual su situación económica es
precaria. Además, debido a la situación de salud de su hija, no puede volver al
campo laboral, pues debe velar por su cuidado, ya que no puede cuidarse por sí
misma.
3.1.2. Las decisiones administrativas estudiadas constituyen
una vulneración de los derechos del accionante.
Esta Corporación debe pronunciarse sobre
la posible vulneración de los derechos de petición, a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna del accionante por parte de Colpensiones, al
haberse negado a reconocerle la pensión especial de vejez por hijo en situación
de discapacidad en razón a que el accionante no se encontraba trabajando en el
momento en el cual solicitó la citada prestación económica.
En efecto, como ya se anotó, los
requisitos legales, exigidos para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, son: (i) que la
madre o padre de familia de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado (menor o
adulto), haya cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo
de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de
vejez; (ii) que la discapacidad mental o física del hijo haya sido
debidamente calificada; y (iii) que exista dependencia económica entre
quien tiene la discapacidad y el afiliado al Sistema.
En ese caso, es claro que Colpensiones
hizo más gravosos los requisitos que debía cumplir el señor Luis Eduardo Hernández
Gamboa, al exigirle que se encontrara laborando en la fecha de la solicitud de
la pensión especial citada, pues no tuvo en cuenta la especial situación de la hija
del actor, quien por su enfermedad, requiere contar con el cuidado de su
padre. Ante la situación de discapacidad y el alto porcentaje de pérdida de
capacidad laboral, la hija del accionante es sujeto de protección
constitucional, pues como se indicó antes, se trata de  una persona que no
puede valerse por sí misma, y que necesita de manera permanente la presencia de
alguien que se dedique a cuidarla.
Además debe tenerse en cuenta que la
esposa del actor falleció y que por tal razón  se vio obligado a dejar de
trabajar, y por lo mismo, a dejar de recibir el salario con el que
anteriormente contaba.
Ahora, llama la atención de esta Sala que
el señor Luis Eduardo Hernández Gamboa realizó la solicitud de la
pensión después de su retiro del mundo laboral, pero no puede desconocerse que
ello tuvo un motivo plausible que fue dedicarse exclusivamente al cuidado de su
hija.
Cabe anotar que el fin esencial de la
norma que establece la pensión especial de vejez por hijo en situación de
discapacidad, es buscar la protección específica al hijo en situación de
discapacidad, y que dada su calificación de pérdida de capacidad laboral, en
caso de que se acrediten, los demás requisitos, tiene la expectativa de acceder
a la prestación económica aludida con lo cual pueda cubrir sus necesidades
básicas.
En este caso, se trata de una mujer, con
pérdida del 73.85% de su capacidad laboral, que no puede cuidarse por sí misma,
y que depende económicamente de su padre, quien es cabeza de familia y se vio
obligado a dejar de trabajar para hacerse cargo de todas las necesidades de su
hija.
De otra parte, el hecho de haber
solicitado la pensión luego de haber renunciado, no significa que el actor no
haya cumplido con los requisitos para acceder a tal prestación en el momento
del retiro, pues la situación fáctica que ameritaba el reconocimiento de la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad según la norma,
ya existía desde antes de la presentación de la solicitud y persiste
actualmente.
Así, teniendo en cuenta lo explicado
acerca de la especial protección constitucional que debe ser brindada a las
personas en estado de discapacidad, es necesario pronunciarse acerca del
efectivo cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión especial de
vejez por parte del actor.
En lo referente al primer requisito,
atinente a que la madre o padre de
familia de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado (menor o adulto) haya
cotizado al sistema general de pensiones, cuando menos el mínimo de semanas
exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez, cabe
anotar que para el  año 2012, es decir para el momento en que el tutelante
renunció a su trabajo para hacerse cargo de su hija, las semanas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, para una persona no cobijada dentro del
régimen de transición, como es el caso del actor eran, según el artículo 9 de la
Ley 797 de 2003[55], 1225.
Al respecto, la
Resolución No. GNR 295158
del 7 de noviembre de 2013, la entidad accionada indicó que el accionante cuenta
con 1.438 semanas cotizadas, por lo cual cumple cabalmente con el referido
requisito.
En cuanto al segundo de los requisitos
exigidos para acceder a la pensión especial de vejez por hijo en situación de
discapacidad, es decir, a la debida calificación de  la discapacidad mental o física del hijo, en el
presente caso, la pérdida de capacidad de la joven Sandra Patricia Hernández
Cruz fue efectivamente calificada con el 73.85% el 12 de julio de 1985,
cumpliéndose así con la mencionada condición.
Finalmente, con relación al tercer requisito,
referente a la dependencia económica entre quien tiene la discapacidad y una
pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y el afiliado al Sistema, debe
ponerse de presente que a la joven Sandra Patricia Hernández Cruz no le
es posible trabajar debido a su situación actual. Esto es, tiene atrofia
Parenquimatosa por encima y por debajo del tentorio, lesión y disfunción
cerebral y una pérdida de capacidad laboral del 73.85%. Adicionalmente, se
encuentra viviendo con su padre, quien es cabeza de familia, siendo la persona
que se ocupa de sufragar las necesidades de su hija.
Por lo anterior, se puede afirmar que el accionante
efectivamente cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión
especial de vejez por hijo en situación de discapacidad.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el
accionante presentó recurso de reposición contra la decisión que le negaba la
mencionada pensión, y aún así no ha recibido dicha prestación económica ni una
respuesta válida que justifique la negativa.
En suma, la Sala concluye que en este caso se
encuentra probada la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad
social, a la vida digna, al mínimo vital y de petición del accionante, en
razón a que la accionada le negó el reconocimiento y pago de la pensión
especial de vejez al exigirle un requisito adicional a los establecidos por la ley.
3.2.
Expediente T-4.327.326
3.2.1. Resumen de los hechos
De los hechos narrados en el escrito de tutela y los
documentos aportados en el trámite de la acción, la Sala encuentra probados los
siguientes sucesos:
(i)      La señora Myriam Lemus Benítez es madre de una menor
de edad[56], quien sufre
de autismo, y cuya pérdida de capacidad laboral es equivalente al 69.30%, lo
cual fue calificado el 30 de diciembre de 1998.
(ii)   El 16 de noviembre de 2011 la accionante solicitó ante
el ISS, la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad,
pues al haber dejado de laborar, requería obtener tal prestación económica.
Dicha petición que le fue negada, mediante Resolución GNR 10331 del ISS del 22
de marzo de 2012 bajo el argumento de que para acceder a la prestación
mencionada, debía cumplir con 1200 semanas, de las cuales la actora sólo había
cotizado 1109.
(iii) Ante dicha situación la actora continuó cotizando, e interpuso recurso
de reposición el 25 de mayo de 2012 contra la decisión mencionada.
(iv) Mediante respuesta del 22 de julio de 2013, Colpensiones confirmó la
decisión e indicó que en tal fecha la actora contaba con 1231,b15 semanas,
cantidad que no le era suficiente para acceder a la pensión solicitada, pues
para el año 2013 el requisito ya no era de 1200 semanas, como se le indicó en
una primera oportunidad, sino de 1250.
(v)   Posteriormente, la accionante interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por Colpensiones el 19 de noviembre de 2013 en
el sentido de confirmar la decisión, pues consideró que aunque para dicha fecha
la actora ya contaba con 1239 semanas cotizadas, el requisito en ese momento
era de 1250. Indicó que a la fecha de la solicitud, es decir en noviembre de
2011, sólo contaba con 1109 de las 1200 exigidas.
3.2.2. Las decisiones administrativas estudiadas constituyen una
vulneración de los derechos de la accionante.
Esta Corporación debe pronunciarse sobre la posible
vulneración de los derechos a la seguridad social, y al debido proceso de la
accionante, por parte de Colpensiones, al haberse negado a reconocerle la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad en razón a que no
cumplía con el número de semanas cotizadas requeridas para acceder a dicha
prestación.
En efecto, debe tenerse en cuenta que en la respuesta
negativa que obtuvo la señora Myriam Lemus Benítez al solicitar en el año 2011
la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, el
argumento que se esgrimió fue específicamente que para poder acceder a dicha
prestación era necesario reunir las semanas cotizadas exigidas para el momento
de la solicitud, es decir 1200, único requisito que no cumplía en ese entonces,
pues sólo contaba con 1109 semanas.
Ante dicha situación, la accionante siguió cotizando
con el fin de alcanzar el número de semanas que le hacían falta para cumplir
con la exigencia de la entidad accionada, quien le había informado que le
faltaban 91 semanas para alcanzar las 1200. Así, para julio 22 de 2013, contaba
con un total de 1231,15 semanas, lo cual indica que no solo alcanzó, sino que
superó las semanas de cotización exigidas.
Sin embargo, en el año 2013, cuando presentó recurso
de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión de
Colpensiones que le negaba la pensión solicitada, se le indicó que
efectivamente había cotizado más de 1200 semanas pero que ahora, el requisito
ya no era el mismo, pues para ese año las semanas de cotización requeridas habían
aumentado a 1250 y teniendo en cuenta que la accionante sólo había alcanzado
1239 para noviembre de 2013, la prestación solicitada debía serle negada.
Con lo anterior se evidencia que la accionante actuó en
consonancia con lo que le había sido informado por parte de la entidad
accionada cuando le fue negada la pensión, y por lo tanto siguió laborando y
cotizando al sistema con el fin de cumplir con la cantidad de semanas cotizadas
que le habían sido exigidas en una respuesta inicial, pues contaba con la
expectativa de que de alcanzar 1200 semanas de cotización, sería beneficiada
con la pensión solicitada.
Al respecto, resulta necesario referirse al principio
de confianza legítima, al que se hizo referencia en la parte considerativa de
esta sentencia y a la luz del cual el Estado debe amparar las expectativas
válidas que los particulares se habían tomado con base en acciones u omisiones
estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos
o pasivos de la Administración pública, regulaciones legales o interpretaciones
de las normas jurídicas.
En efecto, como se mencionó en las consideraciones de
esta sentencia, en virtud del principio de confianza legítima, cuando debido a
hechos objetivos de las autoridades se le genera al particular “la convicción
de estabilidad en el estado de cosas anterior” o la convicción de que su actuar
tiene una imagen de aparente legalidad, estas no pueden crear cambios
sorpresivos que afecten al particular, por lo cual deben ofrecerle tiempo y
medios para que se pueda ajustar a la nueva situación.
De la misma manera, se afirmó en esta sentencia que
conforme al principio de la confianza legítima, la Administración se encuentra
en la obligación de actuar conforme al respeto por el acto propio.
Así, en este caso, la accionante tenía la expectativa
válida de acceder a su pensión cuando alcanzara 1200 semanas de cotización, tal
como se lo hizo saber de manera clara y expresa Colpensiones mediante le
Resolución 10331 del 22 de marzo de 2012. De tal forma, dicha entidad generó en
la accionante, mediante su actuar, la convicción de que si actuaba conforme a
lo que le había sido informado en la mencionada resolución, cumpliría con los
requisitos para acceder a la prestación solicitada.
Por tal razón, resulta violatorio del principio de
confianza legítima el hecho de que, luego de crear en la accionante esa
convicción, le fuera negado su derecho a obtener la mencionada pensión y le
fueran exigidos requisitos más gravosos a los inicialmente pedidos.
A ese respecto, resulta necesario hacer referencia a
un caso similar al estudiado, el cual ya fue citado en las consideraciones de
esta providencia, en el que una persona de 69 años elevó solicitud de
reconocimiento de la pensión de vejez al ISS el 6 de agosto de 2004, la cual le
fue negada bajo el argumento de que si bien la actora cumplía con el requisito
de la edad, sólo cumplía con 995 semanas cotizadas y no con las 1000 exigidas
para acceder a dicha pensión. Ante tal situación, la actora siguió cotizando al
Sistema General de Pensiones tres meses más, con el fin de completar las
semanas que le hacían falta, según lo indicado por el ISS para acceder a la
prestación solicitada. Así, en el momento en que completó las 1000 semanas, es
decir el 4 de noviembre del 2005, la tutelante solicitó nuevamente la pensión,
obteniendo, una vez más, respuesta negativa en razón a que conforme a la Ley
797 de 2003, a partir del 1 de enero del año 2005, se incrementó 50 semanas a
las 1000 mínimas exigidas, y 25 más por cada año que pase hasta el año 2015.
En esa oportunidad la Corte consideró que a la
accionante le había sido vulnerado el derecho al debido proceso por cuanto con
base en la primera respuesta, la accionante cotizó tres meses más para
completar las 1000 semanas que señaló el ISS en su resolución del 8 de febrero
de 2005. Sin embargo, en resolución posterior, la entidad accionada, a pesar de
reconocer que la actora ha cotizado 1000 semanas al Sistema General de
Pensiones, le exige un número mayor de semanas cotizadas, amparándose en la
modificación que introdujo la Ley 797 de 2003 que ya estaba vigente para la
fecha en que el ISS emitió la primera respuesta, es decir, 8 de febrero de
2005, desconociendo la primera resolución donde se reconoció que el número
mínimo de semanas cotizadas era de 1000. Aunque en tal asunto se trató de un
cambio en la normatividad aplicable al caso de la accionante, la decisión de la
Corte se basó en el concepto de confianza legítima, el cual debe ser tenido en
cuenta igualmente en el proceso estudiado.
En efecto, en el presente caso la accionada desconoció
lo informado a la actora en una primera respuesta, por lo que resulta claro
que, por un lado, se vulneró el derecho al debido proceso, y por otro, al
actuar en contra del acto propio, se violó el principio de confianza legítima.
En ese orden, también es necesario tener en cuenta que
la naturaleza de la norma aquí estudiada, atinente a la pensión especial de
vejez por hijo en situación de discapacidad,  implica la protección a aquella
persona trabajadora que diligentemente ha cotizado al Sistema General de
Pensiones, y que por tener un hijo o hija en situación de discapacidad y una
pérdida de capacidad laboral superior al 50%, puede tener derecho a gozar de
una pensión especial, una prestación que se le otorga obedeciendo a sus
especiales condiciones.
Así, el hecho de imponer requisitos más gravosos al
peticionario, incluso desconociendo el acto propio, no sólo desconoce la
naturaleza y fin de la norma, sino que además, de continuar, año tras año,
exigiendo un número mayor de semanas cotizadas a la accionante, esta jamás las
alcanzaría y en consecuencia, nunca llegaría a obtener la pensión en estudio. En
efecto, se le estaría imponiendo a la accionante un requisito imposible de
cumplir, pues la actora seguirá laborando y cotizando sin poder alcanzar el
número de semanas que periódicamente aumentaría.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario también pronunciarse
acerca del  efectivo cumplimiento, por parte de la actora, de todos los
requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por hijo en situación de
discapacidad.
En lo referente al primer requisito, es decir,
a que la madre o padre de familia de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado
(menor o adulto) haya cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el
mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la
pensión de vejez, cabe anotar que como ya se estableció, para noviembre de 2013
la accionante reunía 1239 semanas cotizadas, es decir que las 1200 que le
fueron exigidas para el momento en que la actora presentó la única solicitud en
el año 2011, fue satisfecho.
En cuanto al segundo de los requisitos para
acceder a la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad,
es decir a la debida calificación de la discapacidad mental o física del hijo,
en el presente caso, la pérdida de capacidad de la menor hija de la accionante
fue efectivamente calificada con el 69.30% el 30 de diciembre de 1998,
cumpliéndose así la mencionada condición.
Finalmente, con relación al tercer requisito,
referente a la dependencia económica entre quien sufre la discapacidad y el
afiliado al Sistema, debe ponerse de presente que la hija de la accionante cuenta
con 15 años de edad y que, además de eso, tiene una discapacidad, y una pérdida
de capacidad laboral superior al 50% lo cual la pone necesariamente en una
situación de dependencia económica.
Por lo anterior, se puede afirmar que la accionante
efectivamente cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión
especial de vejez por hijo en situación de discapacidad.
Luego de analizado todo lo anterior, se concluye que
Colpensiones actuó en contravención del principio de la confianza legítima,
violando los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social de la accionante.
4.  CONCLUSIÓN
Y DECISIÓN A ADOPTAR
4.1. Expediente T-4.314.623
La Sala concluye que Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales de petición, al mínimo vital, a la seguridad social, y a la vida
digna, del señor Luis Eduardo Hernández Gamboa por cuanto le negó el
reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de
discapacidad aún cuando cumplía con las exigencias necesarias para tal efecto,
pues le impuso un requisito adicional con el cual el accionante no cumplía.
En consecuencia, la sala revocará la sentencia proferida
el 03 de marzo de 2014 del Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, que  negó
la pretensión de amparo invocada por el accionante.
Igualmente, la Sala ordenará a Colpensiones que en el
término de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, reconozca la pensión especial de vejez por hijo en situación de
discapacidad del señor Luis Eduardo Hernández Gamboa, y en un plazo no
mayor a treinta (30) días realice el pago de dicha prestación y de las mesadas
sobre las cuales no haya operado el fenómeno de la prescripción.
4.2. Expediente T-4.327.326
En este caso, la Sala determinó que Colpensiones
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de
la señora Myriam Lemus Benítez al negarle el reconocimiento y pago de la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, pues luego de que
la accionante cumplió con los requisitos indicados inicialmente por tal
entidad, en una segunda comunicación, esta le impuso nuevos requisitos, más
gravosos, que le impedían a la actora acceder a dicha prestación.
En consecuencia, la sala revocará la sentencia
proferida el 12 de marzo de 2014 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá que negó el amparo invocado.
Igualmente, la Sala ordenará a Colpensiones que en el
término de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, reconozca la pensión especial de vejez por hijo en situación de
discapacidad de la señora Myriam Lemus Benítez, y en un plazo no mayor a
treinta (30) días realice el pago de dicha prestación y de las mesadas sobre las
cuales no haya operado el fenómeno de la prescripción.
5.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Cuarenta Civil
del Circuito de Bogotá el 3 de marzo de 2014, dentro del trámite de la acción
de tutela promovida por Luis Eduardo Hernández Gamboa contra Colpensiones, y en
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de petición, a
la seguridad social, al mínimo vital, y a la vida digna (Expediente T-4.314.623).
SEGUNDO. ORDENAR a Colpensiones que en el término de los quince (15)
días siguientes a la notificación de esta providencia, reconozca la pensión
especial de vejez por hijo en situación de discapacidad al señor Luis Eduardo
Hernández Gamboa, (Expediente T-4.314.623) y en un plazo no mayor a treinta
(30) días realice el pago de las mesadas correspondientes, incluyendo aquellas
sobre los cuales no haya operado el fenómeno de la prescripción.
TERCERO. REVOCAR la decisión adoptada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de marzo de 2014, dentro del trámite de
la acción de tutela promovida por Myriam Lemus Benítez contra Colpensiones, y
en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso (Expediente T-4.327.326).
CUARTO. ORDENAR a Colpensiones que en el término de los quince (15)
días siguientes a la notificación de esta providencia, reconozca la pensión
especial de vejez por hijo en situación de discapacidad a la señora Myriam Lemus
Benítez (Expediente T-4.327.326), y en un plazo no mayor a treinta (30) días
realice el pago de las mesadas correspondientes, incluyendo aquellas sobre los
cuales no haya operado el fenómeno de la prescripción.
QUINTO. Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SONIA VIVAS PINEDA
Secretaria General
[1] Folio 1-4,
Cuaderno de Primera Instancia
[2] Folio 7, Cuaderno de Primera Instancia
[3] Folio
8, Cuaderno de Primera Instancia
[4] Folio 9, Cuaderno de Primera Instancia
[5] Folio
10, Cuaderno de Primera Instancia
[6] Folio 11, Cuaderno de Primera Instancia
[7] Folios
21-65, Cuaderno de Primera Instancia
[8] Folio
20, Cuaderno de Primera Instancia
[9] Con base
en los principios de
celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que gobiernan la gestión del
juez constitucional; esta Corporación, en el ejercicio de su función de
revisión de fallos de tutela, ha considerado que en ocasiones, para lograr un
protección efectiva de los derechos fundamentales, resulta menester requerir información
por vía telefónica sobre algunos aspectos fácticos específicos del caso que
requieran mayor claridad al interior del trámite de la acción. En lineamiento
con lo anteriormente dicho, se pueden revisar entre otras providencias, las
sentencias T-603 de 2001, T-476 de 2002, T-341de 2003, T-.643 de 2005, T-219 de
2007 y T-726 de 2007.
[10] Folio
1, Cuaderno de Primera Instancia
[11] Folio 6-7, Cuaderno de Primera Instancia
[12] Folio 19-20,
Cuaderno de Primera Infancia
[13] Folio 4-5, Cuaderno de Primera Instancia
[14] Folio
21-23, Cuaderno de Primera Instancia
[15] Al respecto, ver la
Sentencia T-658 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[16] Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969.
[17] Protocolo
Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Economicos, Sociales y Culturales.
[18]
Al respecto, ver Sentencia T-176 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19]“La Corte Constitucional en sentencia C-227 de 2004, declaró (i) condicionalmente
exequible el inciso en cita, en el entendido de que la dependencia del hijo con
respecto a la madre es  de carácter económico y; (ii) inexequible el
aparte tachado. Posteriormente, en sentencia C-989 de 2006, los apartes
subrayados fueron declarados condicionalmente exequibles por el cargo
analizado, en el entendido que el beneficio pensional previsto en dicho
artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados y
que dependan económicamente de él.”
[20]M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21]
Al respecto, ver Sentencia T-176 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[22]
Sentencia T-176 de 2010,
M.P.Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[24] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26]
M.P. Humberto Sierra Porto
[27] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[28] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29]Al respecto, ver Sentencia T-176 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] Ver entre
otras las sentencias C-1256-2001; C-1287-2001; C-007-2002; C-009-2002;
C-012-2002; C-040-2002; C-127-2002; C-176-2002; C-179-2002; C-182-2002;
C-184-2002; C-199-2002; C-251-2002; C-262-2002
[31] Al respecto, ver Sentencia C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[32] Al
respecto, ver sentencia C-071 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-1194 de
2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[33] Ver
Sentencia T-475 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes  Muñoz
[34] Ver
Sentencia T-475 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes  Muñoz y C-1194 de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[35] Sentencia
C-253 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara
[36] Ver
entre otras Sentencia T-693 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y
Sentencia T- 075 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] Ver
entre otras sentencias T-617 de 1995, T-438 de 1996, T-396 de 1997, T398 de
1998 y SU-250 de 1998.
[38] Al respecto, ver Sentencia T- 075 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[39]“Sentencia
C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sobre este tema también
pueden consu1tarse las sentencias T-398 de 1997, T-576 de 1998 y SU-260 de 1998.”
[40] Sentencia
C-957 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[41] Sentencia
T-079 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[42] Al
respecto, ver Sentencia T-210 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[43] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[44]“La actora
cotizó los meses de noviembre y diciembre de 2005 y septiembre de 2006”
[45] M.P. Juan
Carlos Henao Pérez
[46]
Respecto a los presupuestos del principio de confianza legítima, se pueden
consultar, entre otras, las siguientes sentencias : SU.360 de 1999, T-364 de
1999, SU.601 de 1999, T-706 de 1999, T-754 de 1999, T-961 de 2001, T-046 de
2002, T-660 de 2002, T-807 de 2003, T-034 de 2004, C-131 de 2004, T-483 de
2004, T-642 de 2004, T-1204 de 2004, T-892 de 2006 y T-021 de 2008.
[47]
“El interés público es un concepto jurídico indeterminado cuyo
contenido y alcance debe ser concretizado en cada caso concreto. Así, GARCIA DE
ENTERÍA afirma que  “se trata de conceptos con los que las leyes definen
supuestos de hecho o áreas de intereses o actuaciones perfectamente identificables,
aunque lo hagan en términos indeterminados, que luego tendrán que concretarse
en el momento de su aplicación” (citado por HUERTO OCHA, Carla, El concepto de
interés público y su función en materia de seguridad nacional, in
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2375/8.pdf). En esta medida, corresponde
al funcionario administrativo, en cada caso concreto, señalar el contenido del
concepto de interés público que justifica la actuación administrativa pues su
ausencia desvirtúa la legitimidad de la actuación de la Administración.”
[48]
“En este sentido, en la sentencia T-499 de 1999, en la que se estudió
el caso de varios vendedores ambulantes que fueron desalojados del espacio
público, la Corte afirmó que “constituyen  pruebas de la buena fe de los
vendedores informales: las licencias, permisos concedidos por la
administración; promesas incumplidas; tolerancia y permisión del uso del
espacio público por parte de la propia administración. Por ello, se tiene que
los actos y hechos administrativos que autorizan el ejercicio del comercio
informal no pueden ser revocados o modificados unilateralmente por la
administración, sin que se cumpla con los procedimientos dispuestos en la ley”.
[49]
“Este requisito se explica en la medida en la que, para que se
configure el principio de confianza legítima, el particular debe verse
sorprendido por el cambio de actitud de la Administración pues si no se ve
sorprendido, tampoco se ve perjudicado y, por lo tanto, en las hipótesis en las
que no hay desestabilización de la relación entre particular y Administración,
no existe ningún derecho que proteger.”
[50]Este
requisito es la consecuencia lógica de los anteriores. En efecto, la protección
de la confianza legítima se materializa en la obligación de la Administración
de ofrecer medios y tiempo para que no se le genere un daño al particular como
consecuencia de la nueva situación. En este contexto, la Corte ha manifestado
que en virtud del concepto de Estado Social de Derecho: “corresponde a las
autoridades encargadas de llevar a cabo las diligencias de recuperación [del
espacio público], no sólo avisar previamente a las personas afectadas sobre los
cambios que las medidas adoptadas por la Administración traerán consigo, sino
además, ofrecer alternativas para proteger a la población afectada con las
diligencias de restitución del espacio público”(Sentencia T-200 de 2009).
[51] Al respecto, ver Sentencia T-075 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[52] Sentencia
T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[53] Ver
Sentencia T-083 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] Ver Sentencia T-475 de 1992  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[55] “Artículo 33. Requisitos para obtener la
Pensión de Vejez: Para tener el derecho a la
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre.
A partir del
1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años
de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber
cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.”
A partir del 1o.
de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir
del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a
1.300 semanas en el año 2015.”
[56] La hija de la accionante tiene 15 años de edad.