C-952-01
Sentencia C-954/01
Sentencia C-952/01
DERECHO DE PARTICIPACION EN LA CONFORMACION, EJERCICIO Y CONTROL DEL
PODER POLITICO-Fundamental y de aplicación inmediata
DERECHO DE PARTICIPACION EN LA CONFORMACION, EJERCICIO Y CONTROL DEL
PODER POLITICO-Límites
FUNCION PUBLICA-Ingreso al ejercicio
REGIMEN DE INHABILIDADES-Finalidad moralizadora
La expedición de
un régimen de inhabilidades se convierte en un mecanismo determinante para
asegurar ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo
o función públicos en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar
con ese desempeño. Entre esas cualidades se encuentran la idoneidad, moralidad
y probidad de las personas para cumplir con determinadas responsabilidades. Por
lo tanto, el propósito moralizador del Estado que persigue alcanzar un régimen
de inhabilidades y cuyo sustento radica en la misma Carta Política, según se ha
analizado en numerosa jurisprudencia esta Corporación, logra hacerse efectivo,
precisamente, a través del desempeño de la funciones públicas en esos términos
de idoneidad, moralidad y probidad, pues de esta manera se asegura el
cumplimiento del interés general para el cual dicho cargo o función fueron
establecidos, por encima del interés particular que dicha persona pueda tener
en ese ejercicio.
REGIMEN DE INHABILIDADES EN ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Contraposición
del interés personal
Como
se desprende del texto jurisprudencial, el señalamiento de un régimen de inhabilidades
puede llegar a contraponer el ejercicio del interés personal del titular del
derecho político que pretende acceder al desempeño del cargo o función
públicos, con el interés general que se protege a través de las limitaciones al
mismo. De ahí que sea factible una regulación restrictiva del derecho político
aludido con reducción del ámbito de goce para su titular, bajo el entendido de
que prevalece la protección de ese interés general, concretado en la
moralización, imparcialidad y eficacia del funcionamiento del Estado
colombiano.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Fijación
legislativa de condiciones positivas y negativas
SERVIDOR PUBLICO-Ejercicio de funciones conforme a la Constitución,
ley y reglamento
FUNCION PUBLICA-Ejercicio conforme a la ley/REGIMEN DE
INHABILIDADES EN ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Competencia legislativa en
causales y permanencia en el tiempo
La
definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidad como de
su duración en el tiempo, son competencia del legislador y objeto de una
competencia discrecional amplia pero subordinada a los valores, principios y
derechos constitucionalmente reconocidos. Lo que indica que el resultado del
ejercicio de la misma no puede ser irrazonable ni desproporcionado frente a la
finalidad que se persigue, y mucho menos desconocer otros derechos
fundamentales estrechamente relacionados, como ocurre con el derecho a la
igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio.
REGIMEN DE INHABILIDADES EN ACCESO A CARGOS DE ELECCION POPULAR-Competencia
legislativa en causales y permanencia en el tiempo
INHABILIDADES-Determinación legislativa sujeta a la Constitución
INHABILIDADES PARA ALCALDE-Finalidad
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de concepto de
violación
ACCESO A CARGO DE ALCALDE-Condiciones negativas/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REGIMEN DE INHABILIDADES DEL ALCALDE-Alcance
Si bien el
legislador puede hacer uso de una amplia potestad de configuración normativa
para señalar el régimen de inhabilidades de los alcaldes, la vigencia de los
derechos fundamentales mencionados de los aspirantes a ese cargo impide que
cualquier circunstancia, hecho o conducta pueda ser señalada como causal de
inhabilidad. De manera que, la medida finalmente adoptada en ese sentido debe
ser razonable y objetiva, así como proporcionada con el fin que persigue y
respetuosa de los derechos fundamentales de las personas, de lo contrario
desconoce el ordenamiento superior.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REGIMEN DE
INHABILIDADES-Alcance
INHABILIDADES PARA ALCALDE-Delitos contra el patrimonio del Estado
INHABILIDADES-Intemporalidad
de causal
INHABILIDADES-Efecto
moralizador
INHABILIDADES EN ACCESO A CARGO DE ALCALDE-Probidad moral y ética para detentar con
dignidad
La exigencia del legislador a los
aspirantes al cargo de alcalde de lo que se podría denominar “una hoja de vida
sin tacha”, especialmente desde la perspectiva penal, no puede mirarse como una
sanción irredimible, sino como lo que es, una garantía a la sociedad de que el
comportamiento anterior al ejercicio del cargo fue adecuado y no perturbará el
desempeño del mismo, así como que el interés general se verá protegido  y podrá
haber tranquilidad ciudadana acerca de la idoneidad, moralidad y probidad de
quien ejercerá en propiedad el referido cargo.
INHABILIDADES-Intemporalidad
por sentencias condenatorias previas por delitos no políticos ni culposos
INHABILIDADES-Reproducción
por legislador de causal constitucional
REGIMEN DE INHABILIDADES-Razonabilidad
REGIMEN DE INHABILIDADES PARA ALCALDE-Reglas para transparencia de gestión municipal
REGIMEN DE INHABILIDADES-Análisis frente al cargo público
INHABILIDADES PARA ALCALDE-Condena por sentencia a pena privativa de libertad excepto
por delitos políticos o culposos
i) Quien pretenda desempeñarse en el cargo de
alcalde, el cual involucra una función tan delicada e importante nacionalmente
como son los destinos de los municipios y distritos, no puede presentar una
tacha en su comportamiento tan reprochable como sucede con las conductas
delictivas, pues no permite garantizar que su gestión pública cuente con la
legitimidad y la respetabilidad exigidas y necesarias por ejercer las funciones
y asumir las responsabilidades del respectivo cargo; ii.) la inhabilidad
acusada, forma parte del conjunto de requisitos exigidos por la ley para
desempeñar el cargo de alcalde, a manera de calidad negativa del candidato; iii.)
y la finalidad de la mencionada causal es otorgar prevalencia a los
principios de moralidad e igualdad en el ingreso al cargo de alcalde y
garantizar la idoneidad, moralidad y probidad de la persona durante el
desempeño del mismo, difiere de la sanción de inhabilidad para ejercer
funciones públicas que se impone en el proceso penal para resarcir el daño hecho
a la sociedad por la afectación de un bien jurídico protegido.
INHABILIDADES PARA ALCALDE-Intemporalidad de causal de condena por sentencia
La disposición
acusada establece una regulación que persigue asegurar la transparencia en el
ejercicio del cargo de alcalde municipal o distrital, mediante un mecanismo que
es razonable y proporcionado con el fin perseguido, como es asegurar la
idoneidad, moralidad y probidad de quienes lo desempeñen. Lo anterior, no sólo
tiene como norte la generación de un ambiente de confianza y legitimidad con
respecto del manejo de los asuntos de interés de la comunidad, sino que también
pretende hacer efectivos los resultados propuestos en materia de la moralización
del Estado colombiano, en términos que se ajustan a la Constitución y a la
jurisprudencia referenciada.  La intemporalidad de la causal de inhabilidad no
vulnera el principio de prescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad,
como tampoco el derecho de rehabilitación, pues se trata de figuras distintas
con finalidades diversas. Además, la causal no es ajena a la Constitución, como
se pudo establecer en esta providencia para otros cargos públicos. Tampoco
puede concluirse que la norma acusada quebranta los derechos de participación
en política de los candidatos a alcaldías municipales o distritales, pues éstos
están sometidos a la exigencia de una calidad personal para acceder a tan alta
dignidad en el ámbito local, con una restricción adicional a sus derechos a la
igualdad, al trabajo, y a escoger profesión u oficio razonable y proporcionada
a la prevalencia y defensa de un interés general.
Referencia: expediente D-3433
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 617 de 2000
Actor: León
Jaime Gallego Carmona
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO
TAFUR GALVIS
Bogotá D.C.,
cinco (5) de septiembre del año dos mil uno (2001).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
con observancia de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano León Jaime Gallego Carmona demandó el
artículo 37 (parcial) de la Ley 617 de 2000 “por la cual se reforma
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas
para la racionalización del gasto público nacional”.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.                                                             NORMA
DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de
la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No.
44.188, del 9 de octubre de 2000, y se subraya lo demandado:
“LEY 617 DE 2000
(octubre 6)
por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de
1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
(…)
CAPITULO V
Reglas para la
transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital
Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley
136 de 1994, quedará así:
"Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser
inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o
distrital:
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la
vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del
ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de
funciones públicas.
(…)”
III.    LA DEMANDA
El actor estima que la norma acusada
vulnera los artículos 28 y 40 de la Constitución Política. Las razones en que
fundamenta esa acusación son las siguientes:
En primer término,
manifiesta que el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, como estaba redactado
antes de ser reformado por la disposición actualmente acusada, respetaba la
prohibición del artículo 28 constitucional de no establecer penas y medidas de
seguridad imprescriptibles. En efecto, según sostiene, dicho artículo 95
limitaba la inhabilidad para ser elegido alcalde, por razón de una condena por
más de dos años a pena privativa de la libertad, a un período de diez años
anteriores a la respectiva elección. En cambio, en el artículo 37 acusado de la
Ley 617 de 2000, aun cuando permanece la misma inhabilidad, no se establece un
límite en el tiempo, lo que, a su juicio, convierte dicha limitación en una
pena totalmente imprescriptible.
A lo anterior
agrega que, el legislador no puede dictar normas que vuelvan perpetuas las
sanciones, toda vez que el Constituyente no estableció excepciones al mandato
prohibitivo del artículo 28 superior. De modo que, en el caso concreto, el
legislador desbordó su competencia legislativa, dentro del marco fijado por la
Constitución Política y sobrepasó los límites que ella misma contiene respecto
de su primacía sobre las demás normas del ordenamiento jurídico, incluidas las
leyes (C.P., art. 4o.), en la medida en que no existe atribución alguna para
establecer un régimen de inhabilidad de por vida para acceder al cargo de
alcalde.
De otra parte, manifiesta que el derecho
a elegir y ser elegido (C.P., art. 40, num. 1º) corrobora el hecho de que la
Constitución no haya impuesto inhabilidades perpetuas, ni haya facultado al
legislador para hacerlo, en ejercicio de sus competencias constitucionales
establecidas en el artículo 150 constitucional. Para profundizar en este
argumento, el actor aclara que sólo cuando se ha perdido el ejercicio de los
derechos políticos, en virtud de una sentencia judicial en firme, es que la
persona se inhabilita para gozar de las prerrogativas y derechos que dimanan de
ese artículo 40. Sin embargo, aclara que esa pérdida es temporal porque los
derechos se vuelven a adquirir cuando la persona ha purgado las penas
impuestas, obteniendo así su rehabilitación para el ejercicio pleno de sus
derechos políticos, y en esas condiciones puede elegir y ser elegida.
Igualmente, añade
que bajo la vigencia de la Ley 136 de 1994, la inhabilidad armonizaba con la
Constitución, pues la persona que cumplía la pena impuesta en razón de la
comisión de un delito político o culposo, podía inscribirse y aspirar a ser
elegido alcalde, salvo que se hubiera afectado el patrimonio del Estado, caso
en el cual quedaba entonces comprendida en el período de los diez años que
traía la norma, lo que protegía su derecho político.
Para finalizar, el
demandante sostiene que si bien es cierto que “el aumento cada día de la gran
corrupción rampante de nuestros funcionarios y la descomposición social
reinante” obliga al Congreso a establecer inhabilidades, a este órgano sólo le
está permitido hacerlo dentro de los límites y atribuciones que le establece la
Constitución, y en este caso opina que los límites constitucionales fueron
transgredidos Por lo tanto, para que la norma acusada no viole el ordenamiento
superior es necesario adelantar una reforma constitucional.
IV.    INTERVENCIONES
1.      Intervención
del Ministerio del Interior
El representante de este Ministerio
interviene en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad
de la norma demandada. Manifiesta que ésta no presenta vicios de
inconstitucionalidad y se encuentra acorde con los mandatos superiores, con
sustento en las siguientes consideraciones:
1.1.   Con apoyo en las sentencias C-329
de 1995 y C-618 de 1997, las que trae en cita, sostiene que no pueden
confundirse las inhabilidades con las condenas, como aparentemente hace el demandante,
pues con las primeras no se niega el derecho a elegir y ser elegido, sino que
se exige a los aspirantes al cargo de alcalde el cumplimiento de ciertas
condiciones establecidas en la Constitución para el desempeño del mismo,
mediante un desarrollo legislativo, que tiene en cuenta los términos de las
inhabilidades para otros servidores públicos, como diputados y congresistas o
también mediante la creación de causales nuevas.
1.2.   De otra parte, el interviniente
estima que en el evento de aceptar que el principio de imprescriptibilidad se
aplica al caso de las inhabilidades, éste no es absoluto pues contempla
excepciones, como las establecidas en la Constitución Política en los artículos
122, 179-1 y 179-4. Tales inhabilidades limitan el derecho político de manera
permanente para el desempeño de funciones públicas, según afirma lo sostuvo la
Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado en sentencia del 6 de diciembre de
1995, C.P. Roberto Suárez Franco, de la cual trae en cita algunos apartes.
2.      Intervención del Ministerio de
Justicia y del Derecho
Este Ministerio participa en el presente
trámite, mediante apoderado, para justificar la constitucionalidad de la norma
enjuiciada y solicitar la declaratoria de exequibilidad de la misma, con base
en los argumentos que se resumen enseguida:
2.1.   Con la cita de la sentencia del 9
de junio de 1988, de la Corte Suprema de Justicia, indica que las inhabilidades
son circunstancias creadas por la Constitución o la ley, que impiden la
elección para un cargo público, con el objetivo primordial de garantizar la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de
los empleos públicos. De ahí que, en su sentir, resulte indispensable que se
prevean, ya sea en la propia Constitución o en la ley, requisitos, positivos y
negativos, para acceder a los mismos. Dentro de esos requisitos negativos se
encuentran las inhabilidades, las cuales implican una inelegibilidad de la
persona en quien concurren, para cuya definición habrá de tenerse en cuenta la
actividad de la persona, en razón del cargo que desempeña, todo lo cual, a su
juicio, comporta un trato diferente pero justificado de conformidad con los
superiores intereses públicos.
2.2.   Considera que la inhabilidad
establecida en la norma enjuiciada cumple con la voluntad del Constituyente, en
el sentido de que las personas que asuman el poder público y ejerzan las
respectivas funciones, deben reunir requisitos de idoneidad y moralidad, por la
especial dignidad del cargo. Así, a su modo de ver, accederán a cargos
públicos, únicamente, las personas que han demostrado a lo largo de su vida una
conducta intachable y un ejemplo de respeto a la ley, con lo que ofrecerán
seguridad a los administrados de ser personas de absoluta confianza, en el
manejo de asuntos públicos y fondos comunes.
En ese sentido, manifiesta que la
Constitución ha sido severa en el establecimiento de requisitos para ejercer
altas dignidades, de modo que “el legislador no podía dejar de lado la
tendencia del Constituyente de depurar la administración pública, dentro de lo
cual cobra importancia la ausencia absoluta de antecedentes penales para
otorgar tranquilidad y seguridad a la comunidad, a la que eventualmente tendría
que servir, en caso de resultar elegido.”. Sobre el particular cita la
sentencia C-194 de 1995 de esta Corporación, que se pronunció sobre la
exequibilidad de las inhabilidades establecidas en la Ley 136 de 1994.
2.3.   Por último,
concluye que la Constitución de 1991 estableció un régimen estricto de
inhabilidades e incompatibilidades para casi todos los cargos de elección
popular y que, el artículo 293 ibídem dispone que, sin perjuicio de lo
establecido en ella, la ley determinará las inhabilidades de los ciudadanos que
sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las
entidades territoriales. Por lo tanto, para el presente caso de los alcaldes,
como el Constituyente no previó una disposición expresa sobre el tema, el
legislador, en ejercicio de sus facultades constitucionales (art. 150-23),
puede acudir a lo establecido en los artículos 293 y 312 superiores, a manera
de parámetros para definir con libertad las inhabilidades para ser elegido
alcalde, tal como encuentra se hizo en la norma atacada.
3.      Intervención
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El apoderado especial de este Ministerio
acude al proceso de la referencia y solicita se declare la exequibilidad del
numeral acusado del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, de conformidad con los
siguientes argumentos:
3.1.   Estima que
es a través de las normas que gobiernan la organización del Estado y el
ejercicio de la función pública en la Constitución de 1991, así como las que
tratan sobre las incompatibilidades establecidas por ésta, para ejercer
determinados cargos, como el de congresista (arts. 170 y 180-1), las que
sustentan la constitucionalidad de la disposición acusada. También indica que
en la regulación específica de la rama ejecutiva está el artículo 209 sobre los
principios de la actuación administrativa, entre los que resalta los de
moralidad e imparcialidad, aplicados en la disposición acusada.
3.2.   Así mismo, considera que la
Constitución establece parámetros sobre inhabilidades, incompatibilidades,
prohibiciones, deberes e impedimentos, pero no los agota, de modo que
corresponde al legislador, en cada caso, desarrollarlos, bajo el parámetro de
una sana administración pública y cita algunos de estos casos: i.) los
artículos 42 y 43, sobre inhabilidades, y los artículos 40 y 41, sobre deberes
y prohibiciones, de los servidores públicos, de la Ley 200 de 1995, ii.)
el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, sobre inhabilidades, iii.) el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, respecto al desempeño de empleos públicos y
la imposibilidad de recibir doble remuneración, iv.) el artículo 3º de
la Ley 489 de 1998, relativo a los principios a los que debe ajustarse la
actuación administrativa y v.) el artículo 77 del Estatuto Financiero,
que establece un régimen estricto dirigido a impedir la colisión de intereses
para quienes participan en el sector financiero, en materia contractual.
3.3.   En concepto
del interviniente, las inhabilidades, constitucionales o legales, se refieren a
eventos en que el particular no puede desempeñar el cargo o permanecer en él,
pues configuran, al igual que las incompatibilidades, “circunstancias absolutas
para el servidor público.” Para aclarar lo antes mencionado, hace una
referencia al régimen de deberes y prohibiciones en la Ley 200 de 1995, así como
al “conflicto de intereses” que se maneja mediante el principio de
imparcialidad, dentro de las actuaciones administrativas, de conformidad con el
artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 25 y 37 de la
Ley 200 de 1995.
3.4.   Además,
agrega que nuestro sistema jurídico se fundamenta en el principio de legalidad,
porque sólo el legislador puede determinar los deberes, prohibiciones,
inhabilidades e impedimentos cuya realización daría lugar a una falta
disciplinaria. No obstante, indica que se han venido “entronizando” una serie
de valoraciones de conductas que han dado lugar a los denominados “impedimentos
morales”, relativos a comportamientos que debe tener el funcionario con
“criterios de moralidad, apetencias axiológicas de la opinión pública,
intereses de orden político y sectorial.” A propósito del concepto de
moralidad, cita la sentencia C-404 de 1998 de la Corte Constitucional y afirma
que las prohibiciones son aplicables para quienes tienen o tuvieron la calidad
de servidores públicos y no para quienes se disponen a acceder a un cargo. Y
añade que la inhabilidad constituye una circunstancia de acceso a la
administración de justicia, concepto éste para cuya definición se refiere a la
sentencia C-037 de 1996 de esta Corporación.
3.5.   Frente al
cargo de imprescriptibilidad, el mismo fue resuelto en la sentencia C-111 de
1998 de la Corte, con base en la cual concluye que la inhabilidad no es una
pena sino una condición de la persona que se constituye en la ausencia de un
requisito para acceder a un cargo.
3.6.   Dentro de
ese contexto, considera que la norma enjuiciada goza de razonabilidad, como
fiel desarrollo de un propósito ético en la construcción del Estado, el cual se
encuentra a lo largo de todo el ordenamiento jurídico. De igual modo, estima
que las causales de inhabilidad allí establecidas se refieren a situaciones que
analizadas obtienen en sí mismas una justificación suficiente.
3.7.   Por último, resalta el valor y la
dignidad que implica ejercer el cargo de alcalde como autoridad suprema
municipal, de ahí el rigor que deben tener las inhabilidades establecidas para
garantizar la significación del voto que se emite para elegir a la persona que
ocupará dicho cargo, con todas las responsabilidades que esto supone.
V.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación, mediante concepto No. 2531, recibido en la Secretaría de
la Corte Constitucional el 3 de mayo del año 2001, solicita a la Corte declarar
la constitucionalidad del numeral 1o. del artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
con base en las siguientes consideraciones:
Afirma que el
artículo 293 de la Constitución autoriza al legislador para regular el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades para los alcaldes, función que puede
ejercer dentro de una amplia discrecionalidad, siempre que tenga un criterio
objetivo y razonable, limitado únicamente por la propia Constitución, según
indica se establece en la sentencia C-194 de 1995. En ese sentido, debe
entenderse que el derecho a ser elegido para el desempeño de cargos públicos
(C.P., art. 40-7) no es absoluto, ya que tanto la Carta Política como la ley
pueden determinar las condiciones y los requisitos que debe reunir quien aspire
a desempeñar un determinado cargo o función pública.
Por lo tanto,
sostiene que la norma demandada encaja dentro de una interpretación sistemática
de los preceptos constitucionales relativos a la función pública, sobre las
calidades para ser Congresista, Fiscal General de la Nación, Contralor General de
la República, Gobernador y acerca de los requisitos para ser Presidente de la
República, Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, miembro del Consejo Nacional
Electoral y Diputado, entre otros, para los cuales se exige no haber sido
condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o
culposos (C.P., arts. 122 inc. final, 179-1, 197 inc. 2º, 232-3, 249, 264, 267
inc. 8º, 299 inciso 4º y 304 inciso 2º).
De otra parte,
manifiesta que esta Corporación, en la sentencia C-038 de 1996, diferencia los
conceptos de inhabilidad y de rehabilitación legal del condenado. Precisa que
si bien es cierto que la Carta establece que, en ningún caso habrá detención,
prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles, una interpretación sistemática de ese precepto y de los
artículos 122, 179-1 y 9 de la Constitución, permite concluir que la
prohibición de las penas no cobija a las inhabilidades, así éstas tengan
carácter sancionatorio. Lo anterior, toda vez que la inhabilidad establecida en
la norma demandada no se refiere a una pena sino a una imposibilidad de acceder
al cargo de alcalde cuando se ha cometido un delito.
En ese orden de ideas, considera que, de
acuerdo con el propósito moralizador de la Constitución, el legislador en
ejercicio de sus facultades ha establecido inhabilidades para acceder al cargo
de alcalde, exigiendo al aspirante una conducta intachable, con el fin de darle
seguridad a sus electores sobre su rectitud, moralidad y transparencia,
necesarias para el adecuado ejercicio de la función pública.
VI.       CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente para
conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de
conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.
2.     La materia sujeta a examen
El artículo 37 de
la Ley 617 de 2000 “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de
presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”, hace parte del Capítulo V que trata de la
transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital.
En los segmentos
controvertidos de dicha norma, el actor censura el señalamiento de una
inhabilidad predicable de los aspirantes al cargo de alcalde que hayan sido
condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos, por considerarla violatoria
del artículo 28 constitucional, que prohíbe las penas y medidas de seguridad
imprescriptibles, pues estima que la misma no está sujeta a un límite temporal,
así como del artículo 40, numeral 1o., que reconoce el derecho político a todos
los ciudadanos de elegir y de ser elegidos. En criterio del accionante la
inhabilidad impugnada, al constituir una pena intemporal, coarta la posibilidad
de rehabilitación de la persona en contra de quien ésta concurre.
Para los
representantes de los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho y de
Hacienda y Crédito Público, las disposiciones acusadas deben ser declaradas
ajustadas a la Constitución, por las siguientes razones:
i.) no pueden
confundirse el concepto de inhabilidad con el de pena o condena; ii.) si el
principio de imprescriptibilidad es aplicable a las inhabilidades, éste no es
absoluto pues tiene excepciones como las dispuestas en la Constitución Política
(Arts. 122, 179-1y 179-4); iii.) la inhabilidad establecida en la norma
demandada constituye un requisito de idoneidad y moralidad, por la especial
dignidad del cargo y iv.) el legislador, en ejercicio de sus facultades
constitucionales que le otorgan los artículos 150-23, 293 y 312, puede definir
con libertad las inhabilidades para ser elegido en el cargo de alcalde, tal
como lo establece la disposición acusada.
Para la Vista
Fiscal la disposición acusada debe ser declarada constitucional, con base en
los siguientes argumentos: i.) el legislador puede regular el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades para los alcaldes (C.P., art, 293); ii.) el
derecho a se elegido para desempeñar cargos públicos (C.P., art. 40-7) no es
absoluto y iii.) la prohibición constitucional relativa a la imprescriptibilidad
de las penas (art. 28), no cobija a las inhabilidades, así éstas tengan un
carácter sancionatorio.
Encuadrada la
controversia constitucional bajo estos precisos parámetros, la Corte deberá
definir la constitucionalidad material de la disposición demandada, a partir
del análisis del alcance de la potestad legislativa para fijar las
inhabilidades relativas a los cargos de elección popular, con el fin de
dilucidar si efectivamente la intemporalidad de la causal de la inhabilidad
impugnada es o no razonable frente a la finalidad propuesta con la misma y si
es o no proporcional con la restricción a la cual se ven sometidos los derechos
fundamentales de los candidatos al cargo de alcalde.
3.     Análisis del caso concreto
3.1. Consideraciones previas al estudio de la
constitucionalidad de la norma acusada
La Carta Política de
1991 establece en el artículo 40 el derecho de los ciudadanos a participar en
la conformación, ejercicio y control del poder político. Dentro de las varias
manifestaciones que adopta este derecho se encuentra la posibilidad de elegir y
ser elegido (num.1o.) así como de acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos (num. 7o.), salvo para aquellos colombianos que, por nacimiento o por
adopción, tengan doble nacionalidad, en los casos y de la forma que lo
establezca la respectiva reglamentación legal.
El derecho político
en mención ha sido reconocido como fundamental y de aplicación inmediata en el
texto constitucional (CP, arts. 40 y 85), dado el desarrollo que permite
alcanzar, no sólo en el patrimonio jurídico-político de los ciudadanos, sino
también en la estructura filosófico-política del Estado, al hacer efectivo el
principio constitucional de la participación ciudadana (C.P., art. 1o.). No
obstante, es posible someterlo a limitaciones[1]
en aras de la defensa y garantía del interés general, como sucede para efectos
del señalamiento de las condiciones de ingreso al ejercicio de un cargo o
función públicos.
En efecto, el ejercicio
de la función pública hace referencia al “conjunto de tareas y de
actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de
desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo,
asegurar la realización de sus fines”[2].
Dicha función debe realizarse según los principios orientadores de la función
administrativa puesta al servicio de los intereses generales y que se refieren
a la moralidad, igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad (CP, art. 209). En ese orden de ideas, el ingreso al ejercicio de la
función pública debe sujetarse a las condiciones que hagan efectivos dichas
reglas.
Para ello, la
expedición de un régimen de inhabilidades se convierte en un mecanismo
determinante para asegurar ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a
ejercer un cargo o función públicos en forma acorde con los intereses que se
pretenden alcanzar con ese desempeño[3].
Entre esas cualidades se encuentran la idoneidad, moralidad y probidad de las
personas para cumplir con determinadas responsabilidades. Por lo tanto, el
propósito moralizador del Estado que persigue alcanzar un régimen de inhabilidades
y cuyo sustento radica en la misma Carta Política, según se ha analizado en
numerosa jurisprudencia esta Corporación[4],
logra hacerse efectivo, precisamente, a través del desempeño de la funciones
públicas en esos términos de idoneidad, moralidad y probidad, pues de esta
manera se asegura el cumplimiento del interés general para el cual dicho cargo
o función fueron establecidos, por encima del interés particular que dicha
persona pueda tener en ese ejercicio.
Sobre este tema, es
pertinente resaltar que la Corte en la sentencia C-1412 de 2000[5] manifestó
que“ las personas elegidas para desempeñar un cargo público deben pretender la
satisfacción de los intereses de la comunidad y, para tal fin, se debe asegurar
el idóneo cumplimiento de sus funciones con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad (C.P. art. 209). Por tal razón, es necesario que los aspirantes a
desempeñar tales funciones cumplan con ciertos requisitos previamente
estatuidos, para asegurar sus aptitudes.[6]
De este modo, se pretende que no se confunda el interés privado del funcionario
con los intereses públicos, evitando así que éste obtenga, en uso de las
influencias inherentes a su función, alguna ventaja o beneficio particular”.
Como se desprende de este texto jurisprudencial, el señalamiento de un
régimen de inhabilidades puede llegar a contraponer el ejercicio del interés
personal del titular del derecho político que pretende acceder al desempeño del
cargo o función públicos, con el interés general que se protege a través de las
limitaciones al mismo. De ahí que sea factible una regulación restrictiva del
derecho político aludido con reducción del ámbito de goce para su titular, bajo
el entendido de que prevalece la protección de ese interés general, concretado
en la moralización, imparcialidad y eficacia del funcionamiento del Estado
colombiano.
La fijación de esas
condiciones positivas o negativas (inhabilidades e incompatibilidades) que
habrán de regir el acceso a un determinado cargo o función públicos, constituye
materia de la competencia del legislador de conformidad con los artículos 123 y
150-23, siempre y cuando no exista una determinación constitucional específica
sobre el particular.
En efecto, los
artículos 123 y 150-23 establecen lo siguiente:
“ARTICULO
123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
Los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La
ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. (Subraya la Sala).
“ARTICULO
150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
(...)
23. Expedir
las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la
prestación de los servicios públicos”.
De manera que, la
definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidad como de
su duración en el tiempo, son competencia del legislador y objeto de una
competencia discrecional amplia pero subordinada a los valores, principios y
derechos constitucionalmente reconocidos. Lo que indica que el resultado del
ejercicio de la misma no puede ser irrazonable ni desproporcionado frente a la
finalidad que se persigue[7],
y mucho menos desconocer otros derechos fundamentales estrechamente
relacionados, como ocurre con el derecho a la igualdad, al trabajo y a la
libertad de escoger profesión u oficio (C.P., arts. 13, 25 y 26)[8].
Estas
consideraciones son, igualmente, predicables respecto de la expedición de los
regímenes de inhabilidades aplicables a la elección de ciudadanos por votación
popular, en el ámbito de las entidades territoriales. En este evento, el
legislador está facultado según la interpretación sistemática de los mandatos
contenidos en los artículos 123, 150, numeral 23, 293, 299, 303 y 312 de la
Carta Política, como así se afirma en abundante jurisprudencia constitucional[9].
Para
el establecimiento de las inhabilidades que completan el régimen de elección y
ejercicio de la función de los alcaldes municipales o distritales, la
competencia del legislador viene atribuida por los aludidos artículos de la
Constitución Política 123 y 150-23 y por el 293 Ibidem[10], el cual dispone:
“ARTICULO
293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las
calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de
sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de
llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para
el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley
dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño
de funciones”.
Tal determinación
normativa se lleva a cabo bajo el mismo presupuesto básico antes enunciado
sobre el ejercicio de una competencia legislativa con carácter amplio y
discrecional[11],
pero restringida  a los parámetros constitucionales y a las pautas de
razonabilidad y proporcionalidad de la medida frente al fin perseguido de
moralización del Estado, que en este caso estaría circunscrito a los ámbitos
municipal y distrital.
Adicional a lo
antes descrito, no se puede ignorar la especial injerencia que tiene la
formulación de un régimen de inhabilidades en la respectiva entidad
territorial. De esta manera, se logra establecer una serie de reglas que, en
buena parte, fijan las condiciones en que se desarrollará el debate político
entre los aspirantes a constituirse en jefes de la administración municipal o
distrital respectiva y, por supuesto, se determinan las condiciones y calidades
de quien finalmente triunfe electoralmente y resulte elegido para desempeñar
dicho cargo.
Así las cosas, un
régimen de inhabilidades ha de permitir que se rodee de garantías el panorama
de las contiendas electorales, se defienda el derecho a la igualdad y los
derechos políticos de los ciudadanos aspirantes a ejercer el cargo o función
públicos, y se protejan los intereses supremos de la comunidad, entre los
cuales prima el propósito moralizador del Estado.
3.2.   Inhibición por ausencia de formulación del
concepto de la violación con respecto de las causales identificadas con los
numerales ii, iii, iv del artículo 37 demandado de la Ley 617 de 2000
La norma acusada,
compuesta de varios contenidos normativos, sólo fue objeto de cuestionamiento
constitucional en relación con uno de ellos, de la manera que se expone
enseguida:
El artículo 37 de
la Ley 617 de 2000 modifica el numeral 1o. del artículo 95 de la Ley 136 de
1994. La disposición en el texto finalmente aprobado y sancionado, establece
varias causales de inelegibilidad para acceder al cargo de alcalde municipal o
distrital. Así las cosas, prohíbe la inscripción como candidato y la elección o
designación como tal, de las personas que incurran en las siguientes
situaciones: i.) quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos, ii.) quienes hayan perdido la investidura de congresista, o la de
diputado, o concejal, iii.) quien haya sido excluido del ejercicio de una
profesión o iv) quien se encuentre en interdicción para el ejercicio de
funciones públicas.
Como se deduce del
escrito de demanda, el actor dirige su cuestionamiento, exclusivamente, en
contra de la primera causal de inhabilidad para ser alcalde, es decir la que
tiene que ver con la existencia de una sentencia condenatoria a pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Para sustentar esta
acusación invoca la violación de los artículos 28 y 40-1 superiores y propone
como cargos de la misma, el desconocimiento de la prohibición de que existan
penas y medidas de seguridad imprescriptibles y el derecho a la rehabilitación.
Frente al artículo 40-1, solamente menciona que, como consecuencia de lo
anterior, se ignora el derecho a elegir y a ser elegido.
De esta forma, el
accionante excluye de su argumentación consideración alguna a favor o en contra
de los demás contenidos normativos que presenta el inciso demandado. Por lo
tanto, como quiera que no se ha formulado un concepto de la violación con
respecto de las causales identificadas con los numerales ii, iii, iv, la Corte
se inhibirá de proferir sentencia de mérito con respecto de ellas, y dirigirá
el examen de constitucionalidad, exclusivamente, frente a la causal
identificada con el numeral i., en la disposición acusada.
3.3.   Examen de
los cargos
3.3.1. Alcance
normativo de la disposición acusada
Como desarrollo de
la facultad legislativa, antes referida (punto 3.1.), el Congreso de la
República, expidió la Ley 136 de 1994[12]
que establece un régimen de calidades, inhabilidades e incompatibilidades para
distintos servidores públicos del orden municipal. El artículo 95 de dicha Ley
contiene las causales de inhabilidad para acceder al cargo de alcalde y su
numeral 1o., modificado por el artículo 37 acusado de la Ley 617 de 2000,
concretaba la inhabilidad a los siguientes aspectos:
“Artículo 95. INHABILIDADES. No podrá ser elegido ni designado alcalde
quien:
1. Haya sido condenado por más de dos años a pena privativa de la
libertad entre los diez años anteriores a su elección, excepto cuando se trate
de delitos políticos y culposos siempre que no hayan afectado el patrimonio del
Estado”
Según se deduce de
la anterior transcripción, la inhabilidad de acceso al cargo de alcalde se
dirigía a las personas condenadas a más de dos años de pena privativa de la
libertad por la comisión de un delito de naturaleza distinta a los políticos y
culposos, siempre que no hubiese afectado el patrimonio del Estado, y vigente
durante los diez años anteriores a la respectiva elección.
Mediante la
sentencia C-194 de 1995[13],
dicho numeral 1o. fue declarado exequible pues no se encontró que vulnerara los
derechos a la igualdad, al trabajo y a la participación en el ejercicio del
poder político, como lo afirmaba el respectivo actor. El sustento principal de
la decisión consistió en señalar que el legislador estaba debidamente facultado
para fijar los requisitos para ser alcalde y dictar el pertinente régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, y que la causal de inhabilidad
específicamente analizada armonizaba constitucionalmente, a través de una
interpretación sistemática de la Carta Política, como también la salvedad que la
misma traía para su inaplicación con respecto de los delitos políticos y
culposos. Esto se puede observar en los siguientes párrafos que se citan de
dicha providencia:
“-En lo referente
al artículo 95, numeral 1º, de la Ley 136 de 1994, según el cual no podrá ser
elegido alcalde quien haya sido condenado por más de dos años a pena privativa
de la libertad dentro de los diez años anteriores a su elección, excepto cuando
se trate de delitos políticos o culposos siempre que no hayan afectado el patrimonio
del Estado, caben las mismas razones de constitucionalidad ya expuestas.
En efecto,
corresponde al legislador fijar los requisitos para ser alcalde y dictar las
disposiciones referentes a inhabilidades e incompatibilidades, según el
artículo 293 de la Constitución.
La causal de
inhabilidad consistente en la previa condena por delitos no políticos o
culposos encaja perfectamente dentro de una interpretación sistemática de la
Constitución, como resulta de comparar  e integrar los artículos 122, 179
-numeral 1º-, 197 -inciso 2º-, 232 -numeral 3-, 249 y 264, entre otros, todos
los cuales exigen, como requisito para alcanzar las altas dignidades al
servicio del Estado, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad
por delitos políticos o culposos.
El delito
político, que difiere claramente del hecho punible común, no inhibe para el
futuro desempeño de funciones públicas, ya que puede ser objeto de perdón y
olvido, según las reglas constitucionales aplicables para instituciones como la
amnistía. Los procesos de diálogo con grupos alzados en armas y los programas
de reinserción carecerían de sentido y estarían llamados al fracaso si no
existiera la posibilidad institucional de una reincorporación integral a la
vida civil, con todas las prerrogativas de acceso al ejercicio y control del
poder político para quienes, dejando la actividad subversiva, acogen los
procedimientos democráticos con miras a la canalización de sus inquietudes e
ideales.
En lo referente al
delito culposo, su propia definición, que elimina el dolo y la intención
malsana como elementos determinantes en la concreción de la conducta ilícita,
convierte en exagerado e injusto todo impedimento para el ejercicio de las
funciones públicas”.
Estos argumentos
permanecen vigentes para el presente estudio. No obstante, es necesario avanzar
en el análisis de otros aspectos, pues la disposición actualmente impugnada
introdujo modificaciones al numeral 1o. del artículo 95, en el contenido que es
objeto de este proceso. En efecto, si bien en la disposición acusada subsiste
la regla básica que impide la inscripción como candidato, así como la elección
o la designación de aspirantes al cargo de alcalde, para aquellas personas que
hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, salvo por delitos
políticos o culposos, la vigencia de la misma fue extendida en forma
intemporal.
El texto de la norma
acusada presenta los siguientes contenidos normativos: i.) la
prohibición de la inscripción como candidato, la elección o la designación del
alcalde municipal o distrital cuando el candidato haya sido condenado
previamente, por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, ii.)
la excepción a la aplicación de ese mandato, cuando la condena verse sobre
delitos políticos o culposos y iii.) la regla de vigencia ilimitada en
la aplicación de la causal de inhabilidad.
El actor en el
libelo de demanda censura, precisamente, el último aspecto mencionado, es decir
que la inhabilidad no esté sujeta a un límite en el tiempo. Esto, a su modo de
ver, instaura una pena imprescriptible, a pesar de que la misma está proscrita
constitucionalmente, e impide la respectiva rehabilitación, lo que atenta
contra el derecho a elegir y ser elegido, transgrediendo así los preceptos
superiores 28 y 40-1.
3.3.2.  Razonabilidad de la causal de
inhabilidad censurada y del carácter intemporal de la misma
3.3.2.1.
Análisis de la causal de
inhabilidad censurada a través de un juicio de constitucionalidad leve
Para adelantar el
examen del presente caso, es necesario reiterar que el señalamiento de las
condiciones negativas de acceso al cargo de alcalde municipal o distrital
involucra dos aspectos esenciales, como son: la amplia posibilidad de
configuración con que cuenta el legislador para definir el régimen de
inhabilidades de los alcaldes y la afectación en los derechos fundamentales del
candidato al cargo público que resulta del ejercicio de esa potestad, como
sucede con los derechos a la igualdad, de acceso al desempeño de cargo o
función públicos, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u
oficio.
Si bien, como quedó
sentado con anterioridad, el legislador puede hacer uso de una amplia potestad
de configuración normativa para señalar el régimen de inhabilidades de los
alcaldes, la vigencia de los derechos fundamentales mencionados de los
aspirantes a ese cargo impide que cualquier circunstancia, hecho o conducta
pueda ser señalada como causal de inhabilidad. De manera que, la medida
finalmente adoptada en ese sentido debe ser razonable y objetiva, así como
proporcionada con el fin que persigue[14]
y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas, de lo contrario
desconoce el ordenamiento superior.
El punto esencial en
este asunto se da desde el plano de los procesos de inconstitucionalidad de las
leyes, ya que muy a pesar del efecto limitativo que se produce en los derechos
fundamentales del aspirante a un cargo público por el señalamiento de una
causal de inhabilidad, el control que corresponde realizar a la Corte para
definir su constitucionalidad no procede en forma estricta. Esta situación
tiene lugar por respeto a esa amplia discrecionalidad del legislador para
definir un régimen de inhabilidades, de la cual ya se ha hecho mención, como en
el propósito moralizador del Estado que se pretende alcanzar con el mismo.
Sobre este particular la Corte  ha dicho:
“Sin
embargo, en la medida en que la propia Constitución atribuye a la ley la
posibilidad de regular esta materia, se entiende que el Congreso “tiene la
mayor discrecionalidad para prever dichas causales, sin más limitaciones que
las que surgen de la propia Carta Política”, puesto que corresponde a ese
órgano político “evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos,
situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad así como el
tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes
incurran en ellas”[15].
Así las cosas, a pesar de que una inhabilidad limita un derecho fundamental,
como es el derecho ciudadano a ser elegido a un determinado cargo, en estos
casos no procede efectuar un control estricto de constitucionalidad, por cuanto
la propia Carta ha atribuido al Congreso la función de establecer  esas
causales, con el fin de proteger la moralidad e imparcialidad de la
administración. Por ello, en principio sólo pueden ser declaradas inexequibles
aquellas inhabilidades para ser alcalde que en forma desproporcionada,
innecesaria o irrazonable limiten el derecho de las personas a ser elegidas
para ese cargo, por cuanto se estaría violando el derecho de todos los
ciudadanos a una igual participación política (CP arts 13 y 40) y la libertad
de configuración del Legislador, que como se dijo, en esta materia goza de un
amplio margen de discrecionalidad[16].
De manera que, la
regulación que al adoptarse aparezca irrazonable o desproporcionada al propósito
perseguido con la misma resulta inconstitucional, al igual que la que conlleva
una restricción injustificada de los derechos fundamentales de las personas que
pretenden convertirse en alcaldes.
3.3.2.2.
La causal de inhabilidad acusada
como desarrollo de un parámetro constitucional vigente
La causal de
inhabilidad para acceder al cargo de alcalde que trae la norma demandada, no
supone una creación innovadora del legislador, sino que tiene previsión expresa
y genérica en el texto constitucional, con respecto de todos los servidores
públicos que hayan cometido delitos contra el patrimonio del Estado, según lo
establece el artículo 122 superior.
Si bien es cierto
que esta disposición constitucional hace mención específica a una clase de
delitos, como son los relacionados con el patrimonio del Estado, también lo es
que el objetivo de esa especificación se dirige, exclusivamente, a intensificar
la protección del patrimonio público, pero no a impedir que la misma causal sea
referida a otra clase de delitos, cuando la propia Constitución en varias
situaciones la hace extensiva a todos los delitos, como ocurre frente a la
posible elección de los congresistas (CP, art. 179-1), del presidente de la
República (CP, art. 197) y del contralor general de la República (CP, art.
267).
Sobre el particular
esta Corporación ha señalado:
“Finalmente,
debe la Corte descartar cualquier violación del articulo 122 de la Carta, en el
sentido de que éste consagra la prohibición por sentencia judicial condenatoria
únicamente frente a delitos que afectan el patrimonio del Estado, en tanto que
la norma acusada la extiende a cualquier clase de hechos punibles –salvo los
políticos o culposos-, ya que, invocando el principio de interpretación sistemática
de la Constitución, puede concluirse que con la previsión contenida en el
referido artículo 122, lo que quiso el constituyente fue destacar y reforzar la
protección del patrimonio público, sin pretender limitar la inhabilidad a ese
sólo aspecto. De ahí que, por una parte, sea la propia norma la que disponga su
aplicación “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley” y, por
la otra, existan otros dispositivos constitucionales que hacen extensiva la
misma inhabilidad por sentencia condenatoria a todos los delitos excepto los
políticos o culposos (C.P. arts. 179-1, 197 y 267)[17].
Como puede deducirse
de lo antes expuesto, la causal de inhabilidad por la existencia de una condena
previa a pena privativa de la libertad, mediante sentencia judicial, excepto
por delitos políticos o culposos, presenta un respaldo constitucional, según se
pone de presente, entre otros pronunciamientos, en las Sentencias C-194 de
1995, C-038 de 1996, C-111 de 1998 y C-209 de 2000, proferidas por la Corte
Constitucional.
Es factible que el
legislador al observar en el ordenamiento superior la existencia de un
parámetro de regulación de las inhabilidades de los servidores públicos, en el
sentido destacado, haciendo uso de su discrecionalidad, pudiera reproducir el
respectivo contenido normativo y fijar el régimen de acceso al cargo de alcalde
municipal o distrital. Proferir una regulación legal en materia de
inhabilidades con el contenido normativo previamente fijado por la Constitución,
como en efecto se evidencia ha sucedido en la norma acusada, no es irrazonable
o desproporcionado. Recuérdese que esta misma Corporación ha señalado que“es
legítimo y obligado observar la pauta o valoración, positiva o negativa, que se
deriva de la Constitución. Es evidente que la apelación que el Legislador
haga a un criterio estigmatizado por la Constitución, puede significar la
inexequibilidad de la norma legal, de la misma manera que abona su
exequibilidad el empleo de un criterio prohijado por aquélla en una situación
semejante”.[18]
(Subraya la Sala).
3.3.2.3.       La intemporalidad de la causal de
inhabilidad acusada armoniza con la Constitución y con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional
1.      En este
punto, procede la Corte a analizar el segmento normativo que genera mayor
disconformidad en el actor, como es el de la intemporalidad de la causal de
inhabilidad acusada. Para ello es necesario recordar algunos criterios
recientemente pronunciados por esta Corte, al momento de analizar los
requisitos para ser Auditor General de la República, según los cuales :
“1.
La ley puede fijar requisitos y calidades para el desempeño de empleos
públicos, en los eventos en que el constituyente no lo haya hecho;
2.
Tales requisitos deben estar dirigidos exclusivamente a demostrar el mérito o
cualificación del aspirante o candidato para ejercer la función asignada;
3.
El derecho de acceso al desempeño de cargos públicos no se opone a la
fijación de requisitos y calidades para su ejercicio, siempre y cuando éstos no
excedan los límites de razonabilidad y proporcionalidad en relación con la
labor que a ese empleo le corresponde cumplir y la finalidad de la función
pública en general.
4.
En la fijación de tales requisitos el legislador debe respetar el principio
de igualdad y los demás derechos constitucionales. Por tanto, un requisito
"sólo será razonable si apunta a asegurar en el candidato la cualificación
técnica, profesional, empírica o académica requeridas para el idóneo desempeño
de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo o empleo, la probidad
moral y ética requeridas para detentar con dignidad tan encomiable investidura
y, en suma, para que el ejercicio de la función pública conduzca a realizar el
interés general y a efectivizar los derechos protegidos constitucionalmente."[19]”[20] (Subraya la
Sala).
Estos criterios
guían la premisa a partir de la cual se inicia el estudio del elemento de la
intemporalidad de la causal de inelegibilidad acusada. En efecto, las calidades
exigidas a los candidatos al cargo público de alcalde resultan importantes, no
sólo por el efecto depurador que puedan generar en el proceso de selección para
acceder al mismo, sino por el efecto moralizador que en virtud de las mismas se
permite alcanzar la administración municipal y distrital, lo que facilita el
cumplimiento de los cometidos y fines esenciales del Estado pretendidos con el
ejercicio de ese cargo.
Aunque resulta claro
que la calidad exigible a una persona aspirante a convertirse en jefe de la
administración municipal y distrital debe ser razonable y proporcionada y no
restringir injustificadamente sus derechos fundamentales, al mismo tiempo debe
asegurar en el candidato “la probidad moral y ética requeridas para detentar
con dignidad” la investidura de alcalde, toda vez que al carecer de esa calidad
el candidato deja de ofrecer la garantía necesaria del cumplimiento a cabalidad
de las respectivas funciones que le puedan ser asignadas.
El anterior
fundamento denota la necesidad de efectuar un análisis cualitativo de las
personas aspirantes a la elección de alcalde y que la misma Corte
Constitucional avala, puesto que la exigencia del legislador a los aspirantes
al cargo de alcalde de lo que se podría denominar “una hoja de vida sin tacha”,
especialmente desde la perspectiva penal, no puede mirarse como una sanción
irredimible[21],
sino como lo que es, una garantía a la sociedad de que el comportamiento
anterior al ejercicio del cargo fue adecuado y no perturbará el desempeño del
mismo, así como que el interés general se verá protegido  y podrá haber
tranquilidad ciudadana acerca de la idoneidad, moralidad y probidad de quien
ejercerá en propiedad el referido cargo.
En esa misma
dirección argumentativa se pronunció la Corte al declarar exequible el artículo
40 de la Ley 200 de 1995 (CDU) que establecía como causal de inhabilidad para
desempeñar cargos públicos “[h]aber sido condenado por delito sancionado con
pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o
culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública”,
como se observa en seguida:
“
(...) ya la Corte ha definido que la preexistencia de condenas por delitos,
concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sin
límite de tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la
Constitución -que prohibe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de
seguridad-, puesto que el objeto de normas como la demandada, más allá de
castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que
prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio,
mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de
prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de
no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del
ejercicio profesional.
Los
preceptos de esa índole deben apreciarse desde la perspectiva del requisito que
exige el cargo, en guarda de la inobjetabilidad del servidor público
(especialmente en cuanto se trate de funciones de gran responsabilidad) y como
estímulo al mérito, para que la sociedad sepa que quienes conducen los asuntos
colectivos, o cumplen una actividad de manejo de intereses generales, no han
quebrantado el orden jurídico, lo que permite suponer, al menos en principio,
que no lo harán en el futuro”.[22]
Las anteriores
consideraciones fueron reiteradas por esta Corporación al declarar exequible el
numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que establecía como
inhabilidad para ser concejal a “[q]uien haya sido condenado, a la fecha de la
inscripción por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto
por delitos políticos o culposos, salvo que estos últimos hayan afectado el
patrimonio del Estado”, de la forma que se resalta a continuación:
“En
realidad, las normas que prohiben el ejercicio de cargos públicos a quienes han
sido condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo –lo ha
dicho la Corte-, antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al
ciudadano, deben evaluarse desde la perspectiva de la exigencia que se impone al
ejercicio del cargo, pues de este modo no sólo se logra conservar incólume la
idoneidad del servidor público en lo que toca con el desarrollo y ejecución de
sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad un cierto grado
de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues
hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo
comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno”[23].
2.      Ahora bien,
del examen del texto de la Carta Política se hace evidente que la figura de la
intemporalidad de la causal de inhabilidad por sentencias condenatorias previas
por delitos no políticos ni culposos, no configura una creación original
resultante del ejercicio de la potestad legislativa. A esa conclusión se arriba
al analizar los artículos superiores 179, numeral 1o., 197, inciso 2o., 232,
numeral 3o., 249, 264 y 267, entre otros, en los cuales se consagra dicha
causal de inhabilidad “en cualquier tiempo” para: los Congresistas, el
Presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia y los Consejeros de Estado, el Fiscal General de la
Nación, los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Contralor General
de la República.
Existiendo en el
ordenamiento superior un parámetro normativo de esa naturaleza, no es posible
censurar al legislador por reproducir la misma causal para una situación
análoga, como es el acceso al cargo de alcalde en los términos intemporales de
la norma examinada. En ese orden de ideas, la Corte en otras oportunidades
ha aceptado que el legislador “pueda llevar
adelante el ideario del Constituyente y establecer, para los concejales y
alcaldes, una inhabilidad que se aplica a los congresistas y diputados, máxime
si en su caso persiste el mismo motivo que la origina. Se trata, en últimas, de
atender una exigencia de coherencia y armonía en el nivel normativo en modo
alguno ajena al legislador”.[24]
No contradice, entonces, ni la Carta ni
la jurisprudencia constitucional que el legislador haya acudido a la pauta
constitucional vigente sobre intemporalidad de la causal de inhabilidad por la
existencia de condena previa por la comisión de delitos, para expedir la
inhabilidad censurada. La reproducción por el legislador de esa regla en el
ámbito legal dependía, entonces, de la existencia de un patrón de comparación
equiparable consistente en la finalidad pretendida con la medida. De
conformidad con lo establecido en la Sentencia C-038 de 1996[25], dicha finalidad
se refería para la inhabilidad constitucional permanente por sentencia
condenatoria por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, en un
propósito moralizador del manejo de los asuntos públicos, dirigido a la
protección del erario público, propósito en el cual también se sustenta la
disposición acusada.
Efectivamente, la norma acusada forma
parte de una normatividad con la que pretendió fortalecerse el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores, alcaldes, diputados y
concejales, a través del establecimiento de unas “reglas para la transparencia
de la gestión departamental y municipal”, como así se informó por el gobierno nacional
en la respectiva exposición de motivos[26]
del proyecto que finalmente se convertiría en la Ley 617 de 2000. De esa forma
se pretendió abordar los distintos aspectos que afectaban el saneamiento de las
finanzas de las entidades territoriales, objetivo final de la referida ley. Por lo tanto, resultaba totalmente posible que el
legislador reiterara el patrón o criterio de intemporalidad fijado por las
normas constitucionales para la causal de sentencia condenatoria previa, pues
su utilización aparecía en todo razonable y proporcionada con la finalidad
perseguida y en todo comparable.
3.      De otra
parte, las inhabilidades deben ser analizadas frente al cargo público que
restringen y califican[27].
Para ello deben examinarse las características del ejercicio, esto es las
responsabilidades, funciones y obligaciones del mismo.
Para el caso en
estudio, debe tenerse presente que la gestión de los alcaldes, como jefes de la
administración municipal y representantes legales del municipio, tiene además
de una gran trascendencia en el ámbito de los asuntos públicos de esos órdenes
territoriales, una importante incidencia en el desarrollo de los intereses
nacionales. Precisamente, esta interrelación es consecuencia de la estructura
estatal adoptada a partir de la Carta Política de 1991, según la cual, los
municipios constituyen las entidades fundamentales de la división
político-administrativa del Estado.
Para adelantar esa
tarea, los alcaldes en su función administradora cuentan con una serie de
prerrogativas, coherentes con la autonomía política, fiscal y administrativa
que tienen los municipios y distritos para la gestión de sus intereses (C.P.,
arts. 287 y 311). Esto supone trascendentales funciones y obligaciones que,
como lo señala el mismo texto constitucional, se refieren, entre otras
materias, a la prestación de los servicios públicos que determine la ley, la
construcción de obras que demanda el progreso local, la ordenación del
territorio, la promoción de la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y otras que señalen la Constitución y la
ley (C.P., art. 311).
De manera que el
cumplimiento de los fines estatales y la protección de los intereses
municipales y distritales, de los cuales depende el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, son garantizados por la
labor del alcalde. Así pues, los destinos políticos, económicos y
administrativos locales deben quedar en manos de personas cuyo comportamiento
personal no se encuentre en entredicho ni  tachado por comportamientos
anteriores reprochables que someten a incertidumbre y desconfianza la opinión
ciudadana sobre los resultados de gestión tan importante como la que se les
encomienda.
Ya la
Corte dijo, en relación con los aspirantes a diputados y concejales, que  es necesario que
quienes pretendan desempeñarse en esos cargos “sean personas de intachable
conducta individual, social y profesional, de modo que generen un alto grado de
confianza y legitimidad en el ejercicio de las delicadas labores públicas que
se les confían hace razonable el establecimiento de la aludida inhabilidad”[28].
4.      De manera
que, la Corte prohijando algunos criterios establecidos en la Sentencia C-509
de 1997 que estudió la constitucionalidad de una causal de inhabilidad similar
a la que se viene examinando, pero aplicable a los contralores departamentales
(literal e) del artículo 6o. de la Ley 330 de 1996, declarado exequible), se
concluye lo siguiente:
i.) que quien pretenda desempeñarse en el
cargo de alcalde, el cual involucra una función tan delicada e importante
nacionalmente como son los destinos de los municipios y distritos, no puede
presentar una tacha en su comportamiento tan reprochable como sucede con las
conductas delictivas, pues no permite garantizar que su gestión pública cuente
con la legitimidad y la respetabilidad exigidas y necesarias por ejercer las
funciones y asumir las responsabilidades del respectivo cargo; ii.) que
la inhabilidad acusada, forma parte del conjunto de requisitos exigidos por la
ley para desempeñar el cargo de alcalde, a manera de calidad negativa del
candidato; iii.) y que la finalidad de la tantas veces mencionada
causal es otorgar prevalencia a los principios de moralidad e igualdad en el
ingreso al cargo de alcalde y garantizar la idoneidad, moralidad y probidad de
la persona durante el desempeño del mismo, difiere de la sanción de inhabilidad
para ejercer funciones públicas que se impone en el proceso penal para resarcir
el daño hecho a la sociedad por la afectación de un bien jurídico protegido.
5.      Para
concluir se tiene que, la violación constitucional por la falta de restricción
temporal en la causal de inhabilidad del artículo acusado y el desconocimiento
de un presunto derecho de rehabilitación que se deriva de la temporalidad de la
causal de inhabilidad, no son ciertos. La disposición acusada establece una regulación
que persigue asegurar la transparencia en el ejercicio del cargo de alcalde
municipal o distrital, mediante un mecanismo que es razonable y proporcionado
con el fin perseguido, como es asegurar la idoneidad, moralidad y probidad de
quienes lo desempeñen. Lo anterior, no sólo tiene como norte la generación de
un ambiente de confianza y legitimidad con respecto del manejo de los asuntos
de interés de la comunidad, sino que también pretende hacer efectivos los
resultados propuestos en materia de la moralización del Estado colombiano, en
términos que se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia referenciada.
La intemporalidad de
la causal de inhabilidad contenida en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 no
vulnera el principio de prescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad
(C.P., art. 28), como tampoco el derecho de rehabilitación, pues se trata de
figuras distintas con finalidades diversas. Además, la causal no es ajena a la
Constitución, como se pudo establecer en esta providencia para otros cargos
públicos. Tampoco puede concluirse que la norma acusada quebranta los derechos
de participación en política (C.P., art. 40) de los candidatos a alcaldías
municipales o distritales, pues éstos están sometidos a la exigencia de una
calidad personal para acceder a tan alta dignidad en el ámbito local, con una
restricción adicional a sus derechos a la igualdad, al trabajo, y a escoger
profesión u oficio razonable y proporcionada a la prevalencia y defensa de un
interés general.
Por lo tanto, el entendimiento del
carácter permanente de la causal de inhabilidad contenida en la disposición
demandada, bajo las consideraciones previamente establecidas, las cuales fueron
compartidas por los intervinientes y, especialmente, por la Vista Fiscal, la
Sala Plena de esta Corporación concluye el estudio de constitucionalidad en
favor de la exequibilidad del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en lo acusado,
como así lo declarará en la parte resolutiva de este fallo.
VII.   DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE la parte demandada del artículo 37 de la Ley 617 de
2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.-
Declararse INHIBIDA para decidir sobre los demás contenidos normativos
demandados de la norma acusada, por ausencia de concepto de la violación
constitucional.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia C-952/01
Como quiera que en relación con las
Sentencias C-540 y 579 del presente año en las cuales se declaró la
exequibilidad de la Ley 617 de 2000 y de algunas de sus disposiciones por los
cargos formulados por los actores en las demandas respectivas el suscrito
magistrado salvó su voto, en esta ocasión, en relación con la Sentencia C-952
de 5 de septiembre de 2001, en razón del obligatorio acatamiento a la cosa
juzgada sobre el particular, me veo precisado a aclararlo por cuanto continúo
considerando que dicha ley ha debido declararse inconstitucional, en su
totalidad pero no puedo desconocer que ya existe sentencia anterior sobre el
asunto.
Fecha ut supra.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Aclaración de voto
a la Sentencia C-952/01
REF.:
EXPEDIENTE No. D-3433
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 617 de 2000.
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, procedo a aclarar mi voto,
por las mismas razones que expuse en los correspondientes salvamentos
contenidos en las sentencias C-540, C-579 y C-837 del presente año.
fecha ut supra.
JAIME ARAUJO
RENTERIA
Aclaración de voto a la Sentencia C-952/01
INHABILIDADES-Criterio de razonabilidad (Aclaración de voto)
TEST DE RAZONABILIDAD EN REGIMEN DE INHABILIDADES-Alcance
(Aclaración de voto)
TEST DE RAZONABILIDAD EN DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Distinción en
grados de intensidad (Aclaración de voto)
TEST DE RAZONABILIDAD EN INHABILIDADES PARA ALCALDE-Intensidad
estricta (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-3433
Demanda de
inconstitucionalidad contra
el artículo 37
(parcial) de la Ley 617 de 2000
Actor:
León Jaime Gallego Carmona
Magistrado
ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el debido
respeto, manifiesto brevemente por qué compartí la parte resolutiva y la parte
motiva de esta sentencia aunque en ella no se aplica un test de razonabilidad
intermedio o estricto para analizar la cuestión constitucional planteada.
1. Estimo que
esta sentencia representa un avance en la jurisprudencia de la Corte porque
aplica criterios de razonabilidad para analizar la constitucionalidad de una
inhabilidad. En fallos anteriores la Corte rara vez empleaba éste método de
análisis constitucional cuando la norma demandada limitaba el derecho a acceder
a cargos públicos. Por esta razón, aclaré el voto en una sentencia en la cual
dicho derecho era limitado mediante el establecimiento de ciertas calidades de
orden profesional y de otro tipo puesto que la Corte no recurrió a este método
de análisis para ponderar los derechos e intereses públicos protegidos por la
Constitución[29].
2. Una cuestión
adicional es si el test de razonabilidad debe tener unas características que
correspondan a la naturaleza del derecho limitado, al tipo de limitación, al
cargo respectivo y al origen de la limitación, así como al contexto normativo e
interpretativo de la norma demandada. En materia de derecho a la igualdad la
Corte ha distinguido entre diversos niveles de intensidad en el análisis
constitucional. Estimo que en relación con el derecho a acceder a cargos
públicos también es necesario diferenciar entre grados de intensidad del test
de razonabilidad, sin que ello implique necesariamente trasladar la
jurisprudencia sobre la materia del campo del derecho a la igualdad al ámbito
del derecho a acceder a cargos públicos. Interpreto los salvamentos de voto a
la presente sentencia de algunos de mis colegas como una manifestación de un
enfoque analítico más estricto y por eso considero que una análisis expreso de
cuando el test de razonabilidad debe ser más severo hubiera facilitado un mayor
consenso.
3. No obstante,
una aproximación al problema constitucional planteado por el presente proceso
que hubiera aplicado un test estricto de razonabilidad habría representado un
cambio sustancial en la jurisprudencia de esta Corte. Para que ello ocurra es
necesario que la Corte cumpla con una carga de argumentación que demuestre con
razones poderosas que dicha modificación es necesaria. Como en Sala no se llenó
dicha carga, el análisis constitucional efectuado en la sentencia no tenía que
ser más estricto.
En efecto,
cuando la Corte se ha ocupado del tema de las prohibiciones relativas a cargos
públicos, sean estas incompatibilidades o inhabilidades, no ha aplicado un test
de razonabilidad y en las pocas sentencias en las cuales lo ha hecho ha partido
de la premisa de que en esta materia el legislador  goza de un amplio margen de
configuración.
La
Corte ha expresado que el Congreso de la República es el órgano competente para
reglamentar dentro de un margen suficiente de configuración lo relativo a las
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los servidores
públicos de las entidades territoriales:
"En efecto,  el  Constituyente  no  ha  entrado
a  definir  en  el propio texto de la Constitución Política todas las
incompatibilidades e inhabilidades aplicables a los distintos cargos públicos.
Buena parte de ellas son del exclusivo resorte del legislador, por disposición
expresa de la misma Constitución o por cláusula general de competencia.
La atribución constitucional del legislador es clara a
ese respecto en el caso de los personeros municipales.
El artículo 118 de la Carta Política señala que el
Ministerio Público será ejercido, entre otros funcionarios, por los personeros
municipales, quienes serán elegidos por los concejos para el período que fije
la ley (art. 313 C.P.).
Por su parte, el artículo 150, numeral 23, de la
Constitución Política establece que corresponde al Congreso "expedir las
leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas", lo cual implica
que, a falta de norma específica de rango constitucional que defina quién habrá
de establecer el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de un cierto
empleo, ello atañe al legislador.
Así, pues, en
el caso de los empleos públicos que hayan de ser desempeñados en los departamentos
y municipios –tal acontece con los personeros en estas últimas entidades
territoriales–, es el legislador el llamado a consagrar las reglas pertinentes
sobre la materia"[30].
Igualmente,
la Corte ha puesto de presente que la facultad del legislador en este campo no
es absoluta. Las prohibiciones han de ser razonables para que no sean
incompatibles con la Constitución y, en especial, con los derechos que ésta
garantiza:
"[…] debe reconocer la Corte, como lo ha hecho en
anteriores pronunciamientos, que la facultad constitucional asignada al
legislador para establecer las causales de inhabilidad e incompatibilidad en el
ejercicio de cargos públicos, ha de tener su norte en los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad legislativa
para evitar que se contraríen los principios y derechos reconocidos por la
Constitución Política a todos los habitantes del territorio nacional. Al
respecto señaló esta Corporación:
“El
legislador goza de autorización constitucional para establecer causales de
inhabilidad e incompatibilidad en cuanto al ejercicio de cargos públicos, y al
hacerlo, en tanto no contradiga lo dispuesto por la Carta Política y plasme
reglas razonables y proporcionales, le es posible introducir o crear los
motivos que las configuren, según su propia verificación acerca de experiencias
anteriores y su evaluación sobre lo que más convenga con el objeto de
garantizar la transparencia del acceso a la función pública, de las sanas
costumbres en el seno de la sociedad y de la separación entre el interés
público y el privado de los servidores estatales, sin que necesariamente los
fenómenos que decida consagrar en la calidad dicha tengan que estar explícitamente
contemplados en el texto de la Constitución. Exigirlo así significaría quitar a
la ley toda iniciativa en materias que son propias de su papel en el plano de
la conformación del orden jurídico, despojando de contenido la función
legislativa misma.” (Sentencia C-617 de 1997, M.P., doctor José Gregorio
Hernández Galindo). (Subrayas fuera de texto).
Como, mientras
no se modifique la jurisprudencia en esta materia, lo que procede no es aplicar
un test estricto de razonabilidad, me limito ha aclarar mi voto, en lugar de
salvarlo.
Fecha
ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
Salvamento de
voto a la Sentencia C-952/01
JURISPRUDENCIA-Divergencias (Salvamento de voto)
INHABILIDADES-Intemporalidad/REGLA CONSTITUCIONAL-Carencia
de vocación extensiva/REGLA CONSTITUCIONAL-Imposición de un deber a
funcionario (Salvamento de voto)
Las
disposiciones que imponen inhabilidades intemporales son reglas
constitucionales que atribuyen consecuencias determinadas a las hipótesis
fácticas consagradas en ellas. En esa medida, la interpretación de las reglas
constitucionales, contrario a lo que sucede con los principios y valores de la
misma estirpe, carecen de una vocación extensiva, pues incorporan un
presupuesto específico y le atribuyen una consecuencia jurídica determinada.
Por fuera de tal presupuesto, las reglas constitucionales simplemente no
resultan aplicables, la consecuencia jurídica plasmada en la regla no se puede
atribuir. Una regla constitucional que impone un deber o una obligación específica
a determinado funcionario no resulta aplicable por sí misma a otros casos.
Para que la prohibición o el deber constitucional resulte aplicable a hipótesis
no contempladas en la regla, es necesario que el intérprete acuda a la
analogía.  Sin embargo, es necesario recordar que las reglas constitucionales
suponen una limitación de la competencia legislativa en la materia regulada y
que, según la jurisprudencia constitucional, la regla constitucional contenida
en el artículo 122 implica una restricción incluso cuando el objeto del
legislador es ampliar el alcance de los derechos constitucionales
fundamentales.
INHABILIDADES-Regulación constitucional de intemporalidad/INHABILIDADES-Aplicación
restrictiva de intemporalidad (Salvamento de voto)
INHABILIDADES PARA ALCALDE-Causal que restringe ejercicio de un derecho
fundamental (Salvamento de voto)
INHABILIDADES-Constituyen sanciones/INHABILIDADES-Imposición
por responsabilidad de hecho imputable al sancionado/SANCION-Funciones
preventiva y moralizadora/SANCION-Intemporalidad (Salvamento de voto)
Generalmente
las inhabilidades son sanciones, es decir, restricciones a determinados
derechos subjetivos. Sin embargo, contrario a lo que sucede con las
incompatibilidades, las inhabilidades se imponen como consecuencia de la
responsabilidad derivada de un hecho imputable al sancionado. Por supuesto, las
sanciones tienen una función preventiva y moralizadora, que puede operar de dos
formas distintas. En primer lugar, mediante el confinamiento de la persona, o
su alejamiento de determinadas áreas de la vida en comunidad, por considerar
que su conducta anterior implica un riesgo social. Esta forma de proteger el
interés de la sociedad de un eventual peligro, representado por el acceso de la
persona sancionada a ciertos ámbitos de la vida social, sin embargo, debe
aplicarse con un carácter restrictivo, puesto que implica un detrimento
significativo de los derechos subjetivos de las personas y su estigmatización
como inmorales en potencia, en detrimento de su dignidad. En segundo lugar, la
función preventiva y moralizadora de la sanción se deriva también de su
carácter disuasivo. De tal forma, las personas evitan incurrir en las conductas
objeto de reproche para evitar ser sancionadas. Fijar una sanción intemporal
implica avalar que esa persona significa un riesgo permanente para la sociedad,
negándole la posibilidad de rehabilitación.
DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES-Interpretación extensiva
(Salvamento de voto)
PENA IMPRESCRIPTIBLE-Prohibición/PENA-Función resocializadora/SANCION-Intemporalidad
debe provenir de la Constitución (Salvamento de voto)
El derecho a
no ser sometido a penas imprescriptibles tiene como objeto permitir la
resocialización de la persona condenada. La regla según la cual no existen
penas imprescriptibles es una garantía constitucional de que el Estado va a
atender la función resocializadora de la pena. Por otra parte, esta función
resocializadora está fundada en el valor primordial sobre el cual está
fundamentado nuestro Estado de derecho: la dignidad humana.  Esta dignidad no
se pierde por la comisión de un delito. Presumir que una persona que ha
cometido un delito y ha pagado una condena no ofrece una garantía suficiente de
moralidad es estigmatizarla, desconociendo el carácter resocializador que
consagra la Constitución. En esa medida, teniendo en cuenta la estirpe
constitucional de la imprescriptibilidad de las penas como garantía de su
carácter resocializador, en consonancia con el principio pro libertate, también
de estirpe constitucional, las hipótesis de sanciones intemporales tienen que
provenir directamente de la Constitución.
Referencia: expediente D-3433
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37
(parcial) de la Ley 617 de 2000
Demandante: León Jaime Gallego Carmona
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el
acostumbrado respeto los suscritos magistrados nos apartamos de la posición
mayoritaria de la Corte en la presente Sentencia.  Las siguientes son las
razones por las cuales disentimos de su decisión.
En el presente
caso el problema jurídico a resolver consistía en determinar si es
inconstitucional una norma que establece una inhabilidad intemporal para ser
alcalde a quien ha sido condenado a pena privativa de la libertad mediante
sentencia judicial.
En la Sentencia
la Corte determina, en primer lugar, la forma de análisis que debe aplicar al
caso bajo estudio. Afirma que, a pesar de tratarse de una limitación de un
derecho fundamental, el análisis de constitucionalidad sobre la norma acusada
debe ser “leve”, pues la facultad de establecer el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades está expresamente atribuida al legislador por la
Constitución.
Para la Corte,
las inhabilidades no constituyen sanciones, sino garantías para los
administrados respecto de la idoneidad, moralidad y probidad de los alcaldes.
En esa medida, la finalidad perseguida por la norma es legítima, pues está
encaminada a preservar los principios constitucionales que rigen la función
pública.  Al haber sido condenado a una pena privativa de la libertad –sostiene
la Corte-, un aspirante al cargo de alcalde no ofrece una garantía necesaria
para ejercer la función que le corresponde, y por lo tanto, la norma demandada
no vulnera el artículo 28 de la Carta, que dispone que no habrá penas
imprescriptibles.
Adicionalmente,
afirma que la norma es constitucional, ya que acoge la misma pauta de
valoración utilizada en la Constitución.  Dicha pauta se puede inferir de que,
por una parte, la Constitución establece inhabilidades intemporales respecto de
determinados funcionarios del Estado[31]
y por otra, que establece que “(...) el servidor público que sea condenado por
delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas”[32]
de manera intemporal.  Sostiene la Sentencia que la facultad legislativa para
imponer inhabilidades intemporales a ciertos servidores públicos es
constitucional aunque éstas no estén consagradas en la Carta, por ser análogas
a las inhabilidades constitucionales.  Según el criterio prohijado en esta
ocasión, la facultad legislativa para imponer inhabilidades intemporales se
deduce de una interpretación sistemática de la norma fundamental.  Como apoyo a
la tesis anterior, cita diversas sentencias que han declarado exequibles
ciertas inhabilidades intemporales semejantes, a pesar de no estar expresamente
consagradas en la Constitución.
En efecto, la
Corte ha declarado exequibles diversas disposiciones que establecen
inhabilidades temporales para ocupar cargos o desempeñar funciones públicas a
quienes hayan sido condenados a penas de prisión por delitos que no atentan
contra el patrimonio del Estado.  Concretamente existen tres precedentes
jurisprudenciales sobre inhabilidades intemporales para ocupar cargos
públicos.  La sentencia C-037/96, que declaró exequible el artículo 150 numeral
5º de la Ley 270 de 1995 que consagra la inhabilidad para acceder a un cargo en
la rama judicial a quien haya sido declarado responsable de la comisión de un
delito; la Sentencia C-111/98 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), que
declaró exequible la inhabilidad para ser funcionario público consagrada en el
artículo 43 numeral 1º de la Ley 200 de 1995; y finalmente la Sentencia
C-209/2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), que declaró exequible el artículo 43
numeral 1º de la Ley 136 de 1994, que consagra como inhabilidad para ser
concejal, haber sido condenado por la comisión de un hecho punible.  Sin
embargo, sólo en las dos últimas decisiones se afirma que la naturaleza de tal
inhabilidad no es sancionatoria.  En la primera de tales decisiones, mediante
la cual se efectuó la revisión oficiosa de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, no se hace ninguna consideración sobre este punto.
Podría
sostenerse que al existir dos sentencias afirmando la naturaleza no
sancionatoria de la inhabilidad para acceder a cargos públicos por haber sido
condenado a pena privativa de la libertad, este es un criterio interpretativo
que debe ser seguido por la Corte en posteriores decisiones.  Sin embargo, la
jurisprudencia sobre este particular no ha sido unívoca, y en decisiones
anteriores a las citadas por la sentencia de la cual nos apartamos, se habían
adoptado diferentes posiciones respecto de la naturaleza de las inhabilidades.
En una decisión
anterior, al estudiar el artículo 17 de la Ley 190 de 1995, la Corte se refirió
a la naturaleza sancionatoria de la inhabilidad para ocupar cargos públicos
aplicable a personas previamente condenadas por delitos contra el patrimonio
del Estado.  En dicha oportunidad la Corte declaró inexequible la posibilidad
de rehabilitación penal que restringía el alcance de la inhabilidad intemporal
dispuesta por el artículo 122 de la Constitución, aduciendo que el tema ya
había sido objeto de regulación del constituyente mediante una regla clara que
el legislador no podía desconocer.  En esa medida, afirmó que ante una regla
constitucional expresa que establece una prohibición intemporal, no se puede
aducir la imprescriptibilidad de las penas contenida en el artículo 28 de la
Carta para desconocer la naturaleza de la prohibición.  En aquella oportunidad
la Corte dijo:
“11. La Constitución
señala que “en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por
deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles” (C.P. art. 28). De la
interpretación sistemática de este precepto y de las disposiciones de los
artículos 122 y 179-1 y 9 de la Carta, puede concluirse que la prohibición de
la imprescriptibilidad de las penas, no cobija a las inhabilidades que el mismo
Constituyente ha instituido, así éstas tengan carácter sancionatorio.”
(resaltado fuera de texto) Sentencia C-038/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
Del anterior
pronunciamiento de la Corte es necesario concluir que cuando una materia o una
hipótesis fáctica determinada es objeto de regulación constitucional, no puede
el legislador regularla nuevamente, pues ello comportaría una intromisión en la
competencia que el constituyente decidió reservar para sí, incluso si la
regulación legal tiene como objeto garantizar un derecho constitucional
fundamental.  En estos casos, la regla constitucional constituye un límite a la
actividad legislativa, independientemente del objeto o de la finalidad de la
norma legal.
Posteriormente
en otra sentencia,, la Corte entró a afirmar categóricamente el carácter
sancionatorio de las inhabilidades para acceder a cargos públicos consagrada en
el artículo 43 de la Ley 200 de 1995.  En la Sentencia C-280/96 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero) la Corte analizó el artículo 43 de la Ley 200 de 1995, y
concluyó que la inhabilidad consagrada en dicho artículo era una pena, y por
serlo, no podía resultar indeterminada.  En tal oportunidad la inhabilidad
demandada se aplicaba en aquellos casos en que por delitos culposos o
políticos, se hubiera “afectado la administración pública”.  Como en concepto
de la Corte todo delito afecta de alguna manera la administración pública, y
por lo tanto la inhabilidad resultaba extraordinariamente amplia, resolvió
restringir la inhabilidad intemporal adecuando su contenido al artículo 122
constitucional, limitando su aplicación a delitos contra el patrimonio del
Estado.  En dicha oportunidad la Corte dijo:
“23- Es claro que la inhabilitación para ejercer
cargos públicos por haber cometido un delito constituye una pena, pues así la
define con precisión el ordinal 3º del artículo 42 del Código Penal, que dice
que la interdicción de derechos y funciones públicas es una pena accesoria
cuando no se establezca como principal.” (resaltado fuera de texto)
Las claras
divergencias en la jurisprudencia ponen de manifiesto un problema de
interpretación constitucional.  Por una parte, diversos artículos de la Carta
establecen reglas que imponen inhabilidades intemporales para ocupar cargos
específicos a quienes hayan sido condenados por cualquier delito, salvo
políticos o culposos.  Adicionalmente el artículo 122 establece una regla de inhabilidad
intemporal para desempeñar funciones públicas en general a los servidores
públicos que hayan sido condenados por un conjunto determinable de delitos:
aquellos que atenten contra el patrimonio del Estado.  Por otra parte, sin
embargo, el artículo 28 de la Constitución dispone que no habrá penas ni
medidas de seguridad imprescriptibles.
Para la Corte,
las prohibiciones constitucionales intemporales para acceder a determinados
cargos, y la que prohíbe intemporalmente desempeñar funciones públicas a quienes
hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, deben ser
interpretadas como un sistema normativo por medio del cual el constituyente
faculta al legislador para imponer inhabilidades intemporales.  Sin embargo,
dicha interpretación, avalada por algunas sentencias, que no pueden
considerarse como desarrollo de una línea jurisprudencial, tampoco resulta
consistente con los principios más elementales de interpretación
constitucional.
Las
disposiciones que imponen inhabilidades intemporales son reglas
constitucionales que atribuyen consecuencias determinadas a las hipótesis
fácticas consagradas en ellas.  En esa medida, la interpretación de las reglas
constitucionales, contrario a lo que sucede con los principios y valores de la
misma estirpe, carecen de una vocación extensiva, pues incorporan un
presupuesto específico y le atribuyen una consecuencia jurídica determinada.
Por fuera de tal presupuesto, las reglas constitucionales simplemente no
resultan aplicables, la consecuencia jurídica plasmada en la regla no se puede
atribuir.  Una regla constitucional que impone un deber o una obligación
específica a determinado funcionario no resulta aplicable por sí misma a otros
casos.  Para que la prohibición o el deber constitucional resulte aplicable a
hipótesis no contempladas en la regla, es necesario que el intérprete acuda a
la analogía.  Sin embargo, es necesario recordar que las reglas
constitucionales suponen una limitación de la competencia legislativa en la
materia regulada y que, según la jurisprudencia constitucional, la regla
constitucional contenida en el artículo 122 implica una restricción incluso
cuando el objeto del legislador es ampliar el alcance de los derechos
constitucionales fundamentales (Sentencia C-038/96).
Según la Sentencia
de la cual nos apartamos, sin embargo, la analogía es un recurso hermenéutico
aceptable constitucionalmente en el presente caso, toda vez que según el
artículo 293 de la Carta le corresponde al Congreso fijar el régimen de
inhabilidades de los ciudadanos elegidos por voto popular para desempeñar
funciones públicas en las entidades territoriales.  Si embargo, la decisión de
la Corte en este caso va más allá aun, y establece que la sola facultad
constitucional de regular el régimen de inhabilidades determina la levedad del
análisis de constitucionalidad a pesar de tratarse de una restricción a un
derecho fundamental.
Dicha
interpretación, empero, no es aceptable.  En primer lugar, porque las
inhabilidades intemporales fueron objeto de regulación constitucional.  Además,
porque al impedir el ejercicio del derecho fundamental a ser elegido y al
representar una estigmatización personal que limita el valor de la dignidad
humana, y su capacidad de rehabilitación, las inhabilidades intemporales deben
ser de aplicación restrictiva.
En constituyente
estableció explícitamente no sólo a qué funcionarios les son aplicables tales
inhabilidades, sino que, además, determinó el tipo de delitos que consideró
susceptible de tales inhabilidades: los delitos contra el patrimonio del
Estado. En esa medida, la existencia de reglas específicas que imponen
sanciones implican una evaluación de la necesidad de las mismas hecha por el
constituyente y que el legislador no puede entrar a cuestionar extendiéndolas
más allá de su voluntad.
Este juicio el
constituyente lo realizó por razón de la importancia de los cargos objeto de
inhabilidad, y además, en función del tipo de delitos que consideró de mayor
entidad.  En esa medida, al permitir que el legislador extienda los criterios
previamente fijados por el constituyente, la Corte está avalando la posibilidad
que aquel tiene de controvertir el juicio realizado por éste, y por lo tanto,
se está desconociendo el carácter restrictivo de las sanciones consagradas en
la Constitución.
La interdicción
en el ejercicio de funciones públicas, que conlleva la imposibilidad para ser
elegido está contemplada en el ordenamiento penal como una pena accesoria a
otras sanciones de carácter principal.  Por otra parte, la inhabilidad
declarada exequible en esta ocasión por la Corte es una restricción del
ejercicio de un derecho fundamental (C.N. art. 40.1) que compromete su núcleo
esencial como consecuencia de una sanción penal previamente impuesta.
En efecto,
generalmente las inhabilidades son sanciones, es decir, restricciones a
determinados derechos subjetivos.  Sin embargo, contrario a lo que sucede con
las incompatibilidades, las inhabilidades se imponen como consecuencia de la
responsabilidad derivada de un hecho imputable al sancionado.  Por supuesto,
las sanciones tienen una función preventiva y moralizadora, que puede operar de
dos formas distintas.  En primer lugar, mediante el confinamiento de la
persona, o su alejamiento de determinadas áreas de la vida en comunidad, por
considerar que su conducta anterior implica un riesgo social.  Esta forma de
proteger el interés de la sociedad de un eventual peligro, representado por el
acceso de la persona sancionada a ciertos ámbitos de la vida social, sin
embargo, debe aplicarse con un carácter restrictivo, puesto que implica un
detrimento significativo de los derechos subjetivos de las personas y su
estigmatización como inmorales en potencia, en detrimento de su dignidad.   En
segundo lugar, la función preventiva y moralizadora de la sanción se deriva
también de su carácter disuasivo.  De tal forma, las personas evitan incurrir
en las conductas objeto de reproche para evitar ser sancionadas.  Fijar una
sanción intemporal implica avalar que esa persona significa un riesgo permanente
para la sociedad, negándole la posibilidad de rehabilitación.
Contrario a lo
que sucede con las reglas, los derechos y libertades fundamentales, así como
los principios y valores constitucionales sí son de interpretación extensiva.
En efecto, amplios sectores de la doctrina consideran que los derechos y las
libertades fundamentales tienen una vocación de totalidad, pues es precisamente
en tales derechos y libertades que se fundamenta el Estado mismo.  En el
presente caso, están en juego la dignidad de la persona, que impone el deber de
resocialización de quienes hayan cometido ciertos delitos mediante el pago de
una condena como límite a la potestad sancionatoria del Estado, y el derecho
fundamental a la participación política, específicamente el de ser elegido a
través del voto popular para ocupar el cargo de alcalde municipal o distrital.
El derecho a no
ser sometido a penas imprescriptibles tiene como objeto permitir la
resocialización de la persona condenada.  La regla según la cual no existen penas
imprescriptibles es una garantía constitucional de que el Estado va a atender
la función resocializadora de la pena.  Por otra parte, esta función
resocializadora está fundada en el valor primordial sobre el cual está
fundamentado nuestro Estado de derecho: la dignidad humana.  Esta dignidad no
se pierde por la comisión de un delito.  Presumir que una persona que ha
cometido un delito y ha pagado una condena no ofrece una garantía suficiente de
moralidad es estigmatizarla, desconociendo el carácter resocializador que
consagra la Constitución.  En esa medida, teniendo en cuenta la estirpe
constitucional de la imprescriptibilidad de las penas como garantía de su
carácter resocializador, en consonancia con el principio pro libertate, también
de estirpe constitucional, las hipótesis de sanciones intemporales tienen que
provenir directamente de la Constitución.
Por otra parte,
el derecho a ser elegido, en su aspecto subjetivo, tiene también una pretensión
de totalidad que implica su interpretación extensiva.  En esa medida, las
restricciones impuestas por el legislador deben ser objeto de un análisis
estricto de constitucionalidad, que suponga la razonabilidad, proporcionalidad
y necesidad de las mismas, máxime, cuando se trata de imponer sanciones que
impiden el ejercicio de un derecho fundamental.
En el presente
caso la proporcionalidad y razonabilidad de la disposición demandada fueron
analizadas únicamente desde la perspectiva de la importancia del cargo de
alcalde, pero no se tuvo en cuenta que la situación personal del aspirante al
cargo es variable también en función del delito que haya cometido.
En efecto,
resulta desproporcionado que las personas sean sancionadas con idéntica pena
(inhabilidad intemporal para desempeñar determinado cargo público),
independientemente del nivel reproche que le merezca su conducta a la
sociedad.  No es lo mismo que una persona haya sido sancionada con 6 meses de
prisión, a que haya sido sancionada con 40 años.  Sin embargo, el análisis de
la Corte no tuvo en consideración este elemento como criterio de valoración de
la intemporalidad indiferenciada de la sanción.
Por otra parte,
no resulta razonable imponer una sanción intemporal con independencia del bien
jurídico que las personas hayan vulnerado con su conducta.  A este respecto, es
necesario observar que el constituyente fijó un parámetro claro, al establecer
una prohibición para el desempeño de funciones públicas en el artículo 122 de
la Carta adoptando un bien jurídico específico (el patrimonio del Estado) como
justificación de la sanción intemporal.  Sin embargo, la decisión de la Corte
tampoco tuvo en cuenta este parámetro en el momento de evaluar la razonabilidad
de una norma que dispone una sanción intemporal.
Finalmente, la
Corte, al acudir a un análisis leve de constitucionalidad, tampoco evaluó la
necesidad de la norma, es decir, la posibilidad de mantener la moralidad de la
administración pública por medios que no comporten una sanción intemporal.  En
este aspecto, la Corte no tuvo en consideración que el artículo 95 de la Ley
136 de 1994, modificado por la disposición demandada, que disponía una
prohibición temporal para quienes, habiendo sido condenados, aspiraran a ser
alcaldes municipales o distritales.  ¿Significa entonces que el artículo 95
ejusdem era inconstitucional por resultar insuficiente y por lo tanto no apto
para lograr el fin perseguido con la sanción? No. Por el contrario, avalar la
facultad del legislador para imponer inhabilidades imprescriptibles es
desconocer la suficiencia del carácter disuasivo de las sanciones temporales
como mecanismo para preservar la moralidad de la función pública.
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1] Vid. Sentencias C-558 de 1994 y C-509 del
mismo año.
[2] Sentencia C-631 de 1996.
[3] Vid. Sentencia C-631 de 1996.
[4] Sentencias C-537 de 1993, C-373 y C-194 de 1995,
C-038 de 1996, C-617 y C-564 de 1997, C-338, C-448 y C-483 de 1998, T-649 de
1999 y C-1372 de 2000, entre muchas otras.
[5] M.P. Dra. Martha V. Sáchica Méndez.
[6] Sentencia C-564/97 (MP
Antonio Barrera Carbonell).
[7] Vid. Sentencias C-194 de 1995 y C-617 y C-618 de 1997.
[8] Vid. Sentencia C-509 de 1997.
[9] Vid. Sentencias C-231 de 1995 y C-329 de 1995,
C-151 de1997, C-483 de 1998, C-209 y C-1412 de 2000, por sólo citar algunos
ejemplos.
[10] Vid. Sentencias C-194 de 1995, C-329 de 1995 y
C-151 de 1997.
[11] Vid. Sentencias C-194 de 1995, C-329 de 1995 y
C-151 de 1997
[12] “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios”.
[13] M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo.
[14] Vid. Sentencia C373 de 1995.
[15] Sentencia C-194 de 1995. MP José Gregorio Hernández
Galindo.
[16] Sentencia C-618 de 1997.
[17] Sentencia C-209 de 2000.
[18] Vid. Sentencia C-373 de 1995.
[19] Ibidem (Se refiere a la Sentencia C-592 de
1995)
[20] Sentencia C-408 de 2001.
[21] Este mismo criterio fue establecido para el caso de
los personeros municipales y ditritales en la Sentencia C-617 de 1997.
[22] Sentencia C-111 de 1998.
[23] Sentencia C-209 de 2000.
[24] Sentencia C-373 de 1995.
[25] Definió la
constitucionalidad de los artículos 3 (parcial), 6, 17 (parcial), 33, 36, 78
(parcial) y 82 de la Ley 190 de 1995“por la cual se dictan normas tendientes a preservar
la moralidad en la Administración Pública y se fijan las disposiciones con el
fin de erradicar la corrupción administrativa en Colombia”.
[26] Exposición de motivos, Gaceta del Congreso No. 257,
del martes 17 de agosto de 1999, p. 15.
[27] Vid.  Sentencia C-483 de 1998.
[28] Sentencia C-564 de 1997.
[29]
Sentencia C-408 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[30]
Sentencia C-483 de 1998; M.P. José Gregorio Hernández Galindo (En esta sentencia,
la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del literal a. del artículo
174 de la Ley 136 de 1994, según el cual "No podrá ser elegido
personero quien: a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas
para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable". La Corte estudió
en esa oportunidad el tema relativo al ámbito y a los límites de la competencia
del Congreso de la República en materia de incompatibilidades e inhabilidades
de los servidores de las entidades territoriales).
[31]
Frente a la elección de congresistas, el artículo 179.1, en el caso del
presidente de la República, el artículo 197, de los magistrados de las altas
Cortes el artículo 232.3, del contralor el artículo 267, para los diputados el
artículo 299.
[32] C.P. art. 122 inciso final