T-310-15
Sentencia T-310/15
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN
CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENSION-Consagración
en el ordenamiento interno
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN
CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENSION-Línea
jurisprudencial
Aunque en principio no existe un
derecho que implique la estabilidad indefinida en los empleos y contratos de
prestación de servicios, existe una protección reforzada para aquellas personas
que, por su situación particular, se encuentran en circunstancias de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Por lo tanto, se ha configurado una
limitación a la facultad legal de que goza el contratante para terminar unilateralmente
el contrato de prestación de servicios del contratista, y del empleador para
despedir a sus trabajadores, pues se les impone la obligación de respetar el
requisito previsto para el despido o terminación del contrato con personas que
se encuentren en estado de debilidad manifiesta, pues de no cumplirse con dicho
deber, el juez de tutela declarará la ineficacia del despido o terminación del
contrato, y ordenará su reintegro a un cargo acorde a su circunstancia
especial.
CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS Y DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Reiteración
de jurisprudencia
La estabilidad laboral reforzada es
predicable de cualquier contrato, sea un contrato laboral o un contrato de
prestación de servicios, pues finalmente, el objetivo perseguido por la
Constitución es proteger el derecho que tiene la persona en situación de
vulnerabilidad de que su vínculo contractual sea estable y se mantenga para que
su especial situación, no sea afectada o agravada por una medida arbitraria
tomada por el contratante.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Reglas jurisprudenciales
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR
RAZONES DE SALUD-Orden a empresa renovar contrato de
prestación de servicios y pagar 180 días de salario como indemnización
Referencia: Expedientes T-4.688.410 y T-4.579.755
Acciones de Tutela instauradas por el señor
Fabio Ulloa contra T-VAPAN 500 S.A., y la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo
contra el Centro Comercial Santa Bárbara Drive.
Derechos fundamentales invocados:
estabilidad laboral reforzada, trabajo, salud, mínimo vital, vida digna.
Tema: la consagración del derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de
debilidad manifiesta en contratos de prestación de servicios.
Problema jurídico: ¿Las empresas accionadas vulneraron los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la
salud, al mínimo vital y a la vida digna de los actores, a quienes se les
terminó unilateralmente su contrato de prestación de servicios sin tener en
cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban debido a las
enfermedades que padecen?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos
mil quince (2015)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
-quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo único
de instancia de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Pedro, Valle, el cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014) en la acción
de tutela presentada por el señor
Fabio Ulloa contra T-VAPAN 500 S.A.; y, el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Nueve
(39) Civil del Circuito de Bogotá, el diecinueve (19) de agosto de dos mil
catorce (2014), que revocó la decisión del Juzgado Setenta y Tres (73) Civil
Municipal de Bogotá del dos (2) de julio de dos mil catorce (2014), en la
acción de tutela incoada por la
señora Myriam Luisa Caro Delgadillo contra el Centro Comercial Santa Bárbara
Drive.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de
1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Uno de
la Corte Constitucional escogió en el Auto del veintisiete (27) de enero de dos
mil quince (2015) para efectos de su revisión, las acciones de tutela de la
referencia.
De conformidad con el
artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la
sentencia correspondiente.
1.1.
EXPEDIENTE T-
4688410
1.1.1    Solicitud
El señor Fabio Ulloa solicitó al juez de tutela que se amparen sus
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a
la vida digna y al trabajo. En consecuencia, solicitó se ordene a la empresa
T-VAPAN 500 S.A. que lo reintegre en una labor que pueda desempeñar acorde a su estado de salud y a la
disminución de su capacidad laboral, o que lo indemnice o le cancele las cesantías a que tiene derecho por
sus años de servicio. Basa
su solicitud en los hechos que se relacionan a continuación:
1.1.2    Hechos y razones de la acción de tutela
1.1.2.1      El señor Fabio Ulloa, quien tiene
68 años de edad, afirma que laboró con la empresa T-VAPAN 500 S.A., durante más o menos 13 años, tiempo
en el que celebró distintos contratos de trabajo de prestación de servicios por
término de un año, “prorrogables si el contratante decide ampliar el plazo
de vencimiento, por lo que será renovado automáticamente”, con una
asignación mensual de $250.000.
1.1.2.2      Señala que el día 9 de diciembre de 2011
firmó el último contrato con la empresa, el cual era renovado automáticamente a
su término, como consta en la cláusula cuarta del contrato[1], y sus
funciones consistían en el cargue y descargue de mercancía en las instalaciones
de San Pedro, Valle, ubicada en la carrera 6 No. 2-47.
1.1.2.3      Sostiene que el día 19 de abril de 2013
sufrió un accidente de trabajo en las instalaciones de la empresa, cuando se
encontraba descargando unos bultos de azúcar de una tractomula, “los cuales
se encontraban pegados en un tornillo de la mula, y a lo que lo saqué sentí que
se me había desprendido todo el músculo”. Por esta razón fue remitido a
control médico para su tratamiento, y fue diagnosticado con “ruptura del
bíceps izquierdo/lesión del supraespinoso”.
1.1.2.4      Por último, relata que siete meses
después le fue terminado de manera unilateral su contrato de prestación de
servicios, sin tener en cuenta que se encontraba incapacitado debido a la
lesión sufrida por el accidente laboral.
1.1.2.5      Concluye que el 26 de abril de 2014 le
realizaron “una cirugía del maguito rotatorio”, la cual fue ordenada por
la ARL a través de un derecho de petición interpuesto por él. Manifiesta que
también se le han ordenado diferentes procedimientos y terapias que han sido
prescritas por el médico tratante.
1.1.3    Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Pedro, Valle, mediante auto del veintiséis (26) de
agosto de dos mil catorce (2014), resolvió admitir la acción de tutela y ordenó
oficiar a la empresa T-VAPAN
500 S.A., para que remitiera un informe detallado sobre los hechos de la
demanda y ejerciera su derecho de defensa.
De igual manera, ordenó realizar una
ampliación de la demanda, para lo cual, citó al señor Fabio Ulloa para que
respondiera los interrogantes que el Despacho judicial le realizara.
Igualmente, mediante auto del 28 de agosto
de 2014, ordenó vincular a la ARL Sura y  a la Empresa Solidaria de Salud
Emssanar E.S.S., así como recibir declaración del gerente de la empresa T-VAPAN 500 S.A.
1.1.3.1. El señor Fabio Ulloa realizó ampliación de
la solicitud de tutela el día 27 de agosto de 2014, en la que señaló lo
siguiente:
Indicó que es una persona mayor, que no
sabe leer ni escribir y solo aprendió a firmar, y asegura que actualmente no
realiza un oficio por cuanto su limitación se lo impide.
Señaló que empezó a trabajar con un
ingeniero de la empresa T-VAPAN
500 S.A., por un año y medio, realizando labores de jardinero, pero luego fue
reemplazado por otro jefe de personal quien lo colocó de cotero hasta la fecha
en que presentó la novedad laboral. Asegura, que en total duró trece años
laborando en esa empresa.
Igualmente indicó, que en abril de 2013,
sufrió el accidente de trabajo cuando descargaba un bulto de azúcar, el cual,
al momento del cargue, se atascó a un tornillo cayendo todo su peso en el
hombro, por lo que sintió un fuerte desgarre del músculo que le causó mucho
dolor. Añadió que de inmediato un compañero le amarró una venda para mitigar el
sufrimiento y así pudo seguir descargando los bultos que faltaban hasta las 5 y
30 de la tarde cuando terminaron la labor.
Afirma que al día siguiente la empresa
reportó a la ARL Sura el accidente de trabajo y lo remitieron a la Clínica San
Francisco, donde le realizaron los exámenes y le informaron que le debían hacer
una cirugía. De esa forma, lo enviaron a Cali para que fuera valorado
nuevamente, y posteriormente le realizaron la intervención quirúrgica. Desde
esa fecha le han dado varias incapacidades médicas, las cuales anexa al proceso
en 11 folios.
Continúa relatando, que firmó directamente
con la empresa un contrato de trabajo de prestación de servicio para el cargue
y descargue de bultos, los cuales se hacían en un horario de las seis (6) de la
mañana hasta las cinco o cinco y media (5 o 5:30) de la tarde todos los días de
la semana, y algunas veces los domingos.
A la pregunta de cómo le cancelaban los
salarios, agregó que se hacían en cheques a fin de mes pero nunca firmó una nómina.
Igualmente señaló que la empresa le suministraba los guayos, overoles
enterizos, gorras, guantes y la faja.
Indicó que la empresa lo tenía afiliado a
la ARL Sura, quien era la que le cancelaba las incapacidades, pero que no sabía
a qué EPS pertenecía por cuanto nunca había tenido necesidad de ir al médico.
Aclaró que después del accidente le cancelaron las incapacidades por siete
meses, y después se los dejaron de pagar, faltándole dos. Aduce que T-VAPAN 500 S.A. lo desvinculó tanto de la
ARL como de salud. Dice que en ese intermedio de cuatro meses le llegaron los
cobros de la ARL Sura, y el jefe de personal de la empresa le ayudó con la
mitad del valor, y en adelante ha asumido él solo su costo. Tampoco fue
remitido a la Junta de Calificación de Invalidez para que le fuera determinada
la pérdida de la capacidad laboral.
Luego añadió que hace unos días fue llamado
por la empresa pero no asistió porque no quiere un arreglo, sino que le
solucionen lo referente al tiempo de los trece años de servicio, porque a la
fecha del despido no le fueron canceladas sus acreencias laborales, así como
también necesita que le paguen la salud para que le puedan arreglar el brazo,
porque en esas condiciones no podría trabajar. Agregó, que lo despidieron fue
precisamente porque no podía trabajar.
Por último, dijo que en la empresa ganaba
entre $250.000 a $270.000 pesos mensuales, y actualmente no cuenta con ingresos
que le permitan llevar una vida digna, por lo que tiene que vivir con una
sobrina que lo atiende, ya que sus cuatro hijos, que son braceros también,
tienen sus propios hogares y responsabilidades, por lo que no lo pueden ayudar.
Por lo tanto, requiere que la empresa le ayude a pensionar o a recibir una
indemnización y le cancele sus cesantías por los trece años de servicio a que
tiene derecho.
Concluyó que se afilió a Emssanar ESS y a
través de un derecho de petición la ARL Sura le sigue cancelando las
incapacidades y le suministra los medicamentos para el dolor.
1.1.3.2      La empresa T-VAPAN 500 S.A., a través de su representante legal,
mediante escrito del 27 de agosto de 2014, manifestó que el accionante no ha
sido trabajador dependiente de la empresa, sino que estuvo vinculado en la
modalidad de contrato de prestación de servicio en varias oportunidades, en el
cual como lo exige la ley, sus afiliaciones a salud, pensión y riesgos
laborales eran asumidos por él mismo.
Indicó que la empresa no ha
despedido al tutelante, y que es menos factible que éste se haya dado sin justa
causa, por cuanto no era empleado dependiente de la accionada. Señaló, que a
final de mes presentaban una cuenta de cobro por el tiempo laborado y como no
ejecutaba servicios, no había cuenta por pagar.
Agregó que no era admisible
que el señor Fabio Ulloa sufriera un accidente de trabajo en la empresa T-VAPAN 500 S.A., pues no era trabajador
dependiente de la compañía referida, y si bien tuvo una contingencia prestando los
servicios, ello sucedió en la ejecución de una actividad como trabajador
independiente.
Por último, dice que no es posible que se le reconozca el reintegro
laboral por cuanto no existe un contrato vinculante con la empresa T-VAPAN 500
S.A.; por lo tanto, solicita sea desvinculada de la acción de tutela, dado que
no se le está ocasionando un perjuicio irremediable al actor, y tampoco se le
está atentando a la salud, porque él tiene otros mecanismos para recibir la
atención médica que requiere.
1.1.3.3.   La empresa Emssanar E.S.S., mediante
escrito del 1 de septiembre de 2014, manifestó que el señor Fabio Ulloa es
usuario de esa entidad y afiliado del régimen subsidiado en salud y se
encuentra bajo la modalidad de subsidio POS en el municipio de San Pedro, Valle.
Señala que al accionante se le ha brindado toda la atención requerida y nunca
se le ha negado la prestación del servicio, por lo tanto no existe vulneración
a sus derechos fundamentales. De esa manera, solicitó se le desvincule de
responsabilidad alguna.
1.1.3.4.   Mediante declaración rendida el 2 de
septiembre de 2014, el señor Diego Henao, en calidad de Gerente de la Planta de
Producción de la empresa T-VAPAN 500 S.A., manifestó que, el señor Fabio Ulloa
no era empleado de la empresa y solo había trabajado con un contrato de
prestación de servicios como cotero, función que había desempeñado por más de
diez años y nunca había tenido honorario establecido, por cuanto solo ejecuta
las labores cuando habían camiones para cargar o descargar. Aclara que el señor
Fabio Ulloa no fue despedido por cuanto no era empleado, solo que se lesionó el
brazo y no había podido volver a prestar el servicio. En cuanto al tema de
salud, indicó que el accionante está siendo atendido por la ARL Sura a la que
pertenece. Respecto a la valoración por la Junta de Calificación de Invalidez,
señaló desconocer si fue valorado. Finalmente indicó que el señor Fabio Ulloa
cancelaba la seguridad social con su dinero, pero la empresa les cancelaba el
trabajo a través de una planilla especial como trabajador independiente, donde
debía anexar previamente los pagos de salud y ARL con el fin de asegurar que
los había cancelado.
1.1.3.5.   La ARL Sura respondió en forma extemporánea
la solicitud del juez de tutela, e informó que el señor Fabio Ulloa sufrió un
accidente de trabajo el 19 de abril de 2013 mientras cargaba unos bultos. Dice que
sintió dolor en el brazo izquierdo, y que de manera inmediata recibió atención
profesional multidisciplinaria por parte del médico fisiatra, traumatólogo,
médico de seguimiento, terapia física y ocupacional, quienes le diagnosticaron
ruptura de tendón del bíceps.
Aduce que posteriormente se le inició
tratamiento conservador sin éxito, por lo que se le realizó el procedimiento
quirúrgico en abril de 2014. Por último, señala que el paciente ha tenido 315
días de incapacidades temporales y que la última fue expedida el 19 de agosto
de 2014, por un término de 15 días.
Finalmente indicó que al paciente se le
están suministrando todas las atenciones a que por ley tiene derecho, y que por
lo tanto no existe vulneración de los derechos fundamentales del accionante. De
esa forma, solicita que sea desvinculada de toda responsabilidad.
1.1.4. Decisiones judiciales
1.1.4.1.
Sentencia única
de Instancia - Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro, Valle
En sentencia proferida el cinco (5) de
septiembre de dos mil catorce (2014), el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Pedro, Valle, negó la solicitud de amparo de los derechos invocados por el
tutelante, por considerar que le corresponde al  juez laboral dirimir el
conflicto, “en un proceso en que el afectado debe acreditar la existencia
del contrato de primacía de la realidad para solicitar el reintegro o la
indemnización por despido sin justa causa, toda vez que es a partir de la
decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de
prestación de servicios, que se hace exigible la reclamación de derechos
laborales tanto salariales como prestacionales”.
Igualmente sostiene que el accionante no se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta que amerite una estabilidad
laboral reforzada o se está afectando su mínimo vital por cuanto vive en la
casa de una sobrina, y la ARL Sura le está cancelando sus incapacidades para lo
cual, no se probó que se encuentra en estado de discapacidad invalidez o
disminución física, síquica o sensorial, en general una circunstancias que le
impida o dificulte el desempeño de sus labores.
1.1.5. Pruebas aportadas al proceso
1.1.5.1       Copia del contrato de prestación de servicio suscrito
entre el señor Fabio Ulloa y el representante legal de la empresa T-VAPAN 500
S.A., (Folios 5 y 6).
1.1.5.2      Copia de la historia clínica del señor
Fabio Ulloa, expedida por la IPS Sura La Flora de fecha julio 30 de 2014
(Folios 7, 8 y 9).
1.1.5.3      Copia de la cédula de ciudadanía del señor
Fabio Ulloa (Folio 10).
1.1.5.4      Copia del derecho de petición del 4 de
abril de 2014, presentado por el señor Fabio Ulloa a la ARL Sura, solicitando
el pago de las incapacidades (Folios 1 y 2).
1.1.5.5      Copia de las incapacidades médicas
expedidas al señor Fabio Ulloa, por la IPS Sura La Flora (Folios 23 al 35).
1.1.5.6      Copia de la planilla de pago de la
seguridad social del señor Fabio Ulloa de fecha 17 de diciembre de 2013 (Folio
36).
1.2.
EXPEDIENTE T-
4579755
1.2.1.  Solicitud
Myriam Luisa Caro Delgadillo, solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al trabajo, a la seguridad
social, a la estabilidad laboral y a la protección especial por debilidad
manifiesta y por ser madre cabeza de familia, presuntamente vulnerados por el
Centro Comercial Santa Bárbara Drive. En consecuencia, solicita que se conceda
la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y
se ordene el reintegro a sus labores a un cargo igual o de mejor jerarquía al
que ocupaba, conforme a su estado de salud. Así también, cancelar los salarios
y demás prestaciones dejadas de pagar y ponerse al día en aportes a la
seguridad social. Los hechos son resumidos así:
1.2.2    Hechos y razones de la acción de tutela
1.2.2.1      Manifiesta la accionante que nació el 12 de
junio de 1969, por lo que actualmente tiene 45 años de edad.
1.2.2.2     Afirma que fue vinculada a través de un
contrato de prestación de servicio por un año en el Centro Comercial Santa
Bárbara Drive, el día 1 de julio de 1992, “el cual se renovaba
automáticamente hasta la fecha de su despido”, es decir, hasta el 30 de
mayo de 2014. Manifiesta que en total trabajó durante 22 años en el citado
lugar.
1.2.2.3      Dice que se desempeñaba en el cargo de
servicios generales y de aseo, cuyas funciones, entre otras, consistían en
arrastrar o cargar las canecas de basura que pesaban más de 50 kilos, por lo
que con el tiempo se afectaron su columna y sus manos, por cuanto, como
asegura, el Centro Comercial no le proporcionaba los elementos de protección
laboral, a pesar de requerirlos en reiteradas oportunidades.
1.2.2.4       Indica que debido a muchas incapacidades
generadas como consecuencia de su delicado estado de salud, el día 5 de mayo de
2014, la EPS Cafesalud solicitó al Centro Comercial Santa Bárbara Drive una
serie de documentos con el fin de valorar su estado y el origen de su
enfermedad consistente en “trastorno de disco lumbar y otros, con
radiculocopatía más lumbago no especificado”.
1.2.2.5     Asegura que el día 13 de mayo de 2014,
debido a esos requerimientos, el Centro Comercial Santa Bárbara Drive convocó a
una asamblea extraordinaria de propietarios con el fin de que tomaran una
decisión sobre su caso, la cual concluyó en la terminación unilateral del
contrato sin tener en cuenta la afección en salud que presentaba como
consecuencia de los 22 años de servicio prestados, y de eludir las valoraciones
médicas. Así mismo, resalta que dicha terminación contractual se dio sin contar
con el permiso del Ministerio del Trabajo.
1.2.2.6     Añade que a la Asamblea remitió una carta
explicando las funciones que desempeña y las consecuencia que ello ha tenido en
su salud, aportando copias de la historia clínica y pruebas de su enfermedad
expedidos por la EPS Cafesalud, en especial la del 18 de marzo de 2014, donde
se lee: “recomendaciones generales: evitar sobreesfuerzos para la
columna vertebral: coger mucho peso o hacerlo en la forma incorrecta, realizar
giros bruscos, para evitar mantener las mismas posturas durante mucho tiempo,
evitar posturas forzadas para la espalda, mantener “en forma” la columna
vertebral”.
1.2.2.7     Igualmente, dice que anexó los resultados
de los diagnósticos realizados por sus médicos tratantes, en los que se
indicaban su padecimiento en la columna y brazos consistentes en “lumbalgia
crónica, tendinitis de extensores de antebrazo derecho, tendinitis de quervain
derecha”. Como también anexó las incapacidades que le han ordenado durante
los dos últimos años.
1.2.2.8     Afirma que con la terminación unilateral de
su contrato de prestación de servicios por parte del Centro Comercial, y con la
negativa de atender el requerimiento de la EPS Cafesalud, se impidió que fuera
valorada médicamente, por lo que no tuvo acceso a un tratamiento adecuado. Por
tal razón, su salud se ha deteriorado considerablemente con posibilidad de
quedar postrada en cama, lo cual se traduce en un perjuicio irremediable.
1.2.2.9     Aclara que su trabajo es la única fuente de
ingreso para el sostenimiento de su familia, por lo que no puede asumir los
costos que su enfermedad le genera, así como las cirugías y medicamentos como
consecuencia de ella.
1.2.2.10
Insiste que se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta debido a su enfermedad, y
que al no tener seguridad social en salud, no puede recibir el tratamiento
médico adecuado para mitigar su padecimiento.
1.2.3    Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Setenta y Tres (73) Civil Municipal de Bogotá, mediante auto del diecinueve
(19) de junio de dos mil catorce (2014), resolvió admitir la acción, corrió
traslado de la misma a la parte accionada, y ordenó vincular a la ARL Positiva,
a la EPS Cafesalud y al
Ministerio del Trabajo, para que se pronunciaran sobre los hechos demandados.
1.2.3.1      Mediante escrito del 25 de junio de 2014,
la ARL Positiva informa que la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo, registró afiliación a través del Centro
Comercial Santa Bárbara Drive desde el 1 de enero de 1995 hasta el 1 de mayo de
2014, fecha de su retiro, quien reportaba un salario a la fecha de su
desvinculación de $604.000. Igualmente, dice que durante ese tiempo no reportó
accidente de trabajo o enfermedad laboral, y por lo tanto, solicita declarar
improcedente la tutela contra la ARL por no existir afectación de sus derechos
fundamentales.
1.2.3.2      Por su parte, el Ministerio del Trabajo a
través de la Oficina Jurídica, mediante escrito del 25 de junio de 2014,
solicita se declare improcedente la acción de tutela contra esa entidad, por
cuanto no es el llamado a rendir un informe sobre el particular. Sin embargo,
aclara que “la limitación física de una persona no es motivo justificante
para la válida terminación de su contrato de trabajo, razón por la cual ante el
finiquito del vínculo contractual laboral con causa o con ocasión de la
discapacidad o incapacidad del trabajador, dará lugar al reconocimiento y pago
de indemnización equivalente a 180 días de salario”. Indica además que para
el despido del trabajador se debe contar con la autorización del Inspector del
Trabajo, sin excepción.
1.2.3.3      Mediante escrito del 26 de junio de 2014,
el Centro Comercial Santa Bárbara Drive por intermedio de apoderado manifestó
que no era cierto que: (i) la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo se encontrara en estado de invalidez, toda
vez que se le practicó un examen por salud ocupacional de egreso el cual señaló
que se encontraba apta para trabajar; (ii) fuera madre cabeza de familia como
lo afirman testigos presentados por la parte interesada, toda vez que de la
información aportada en consulta médica el 3 de junio de 2011, señaló al señor
Isaac Lozano como su esposo; (iii) tuviera que levantar cosas pesadas dentro de
las funciones de su trabajo; (iv) haya remitido algún escrito o documentación a
la Asamblea de coopropietarios, ya que desde abril se había acordado su
desvinculación, y el objetivo de la Asamblea era otorgarle una bonificación por
los servicios prestados; (v) se recibiera solicitud alguna por parte de la EPS
Cafesalud relacionada con la accionante; y (vi) hubiera estado incapacitada al
momento del despido.
Por lo anterior, solicita que
se niegue la acción impetrada por la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo y se declare improcedente
por existir otro medio judicial para dirimir los asuntos laborales.
1.2.3.4      Mediante escrito del 2 de julio de 2014,
presentado fuera del término, la EPS
Cafesalud manifestó que la accionante nunca se ha referido a esa entidad sobre
negaciones en la prestación del servicio, por lo que no existe vulneración de
los derechos fundamentales alegados por la actora.
1.2.4    Decisiones judiciales
1.2.4.1     Sentencia de primera instancia – Juzgado
Setenta y Tres (73) Civil Municipal de Bogotá
Mediante fallo del dos (2) de julio de dos
mil catorce (2014), el Juzgado Setenta y Tres (73) Civil Municipal de Bogotá,
concedió el amparo constitucional y ordenó al Centro Comercial Santa Bárbara
Drive, a reintegrar a la accionante sin solución de continuidad en el cargo que
venía desempeñándose al momento de su despido, o en su defecto, a uno que
ofrezca condiciones iguales o mejores, para lo cual deberá tener en cuenta las
observaciones realizadas por su médico tratante. Así como también, cancelar las
compensaciones y las prestaciones sociales dejadas de percibir.
Basó su decisión en que de las pruebas
aportadas se determinó que la accionada sí tenía conocimiento del estado de
salud de la actora, de manera que a pesar de no contar con un dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, sí demostró que se encontraba en una situación
de debilidad manifiesta.
1.2.4.2 Impugnación
Mediante escrito del 8 de julio de 2014, el
Centro Comercial Santa Bárbara Drive por intermedio de apoderado impugnó el
fallo de instancia argumentando que no existe nexo causal entre el estado de
salud de la accionante y la terminación del contrato de trabajo. Asegura que el
a quo no tuvo en cuenta la prueba documental aportada por el Centro
Comercial, en el que se desprende que la Asamblea estaba convocada desde el 13
de mayo de 2014 y que su objeto era obtener la aprobación del reconocimiento de
una bonificación a la accionante, toda vez que desde el mes de abril del mismo
año ya se había tomado la decisión de dar por terminado el contrato laboral.
Por otro lado, se encuentra dicho en el
acta de la Asamblea que se consultó telefónicamente al Ministerio del Trabajo
sobre el caso, quien manifestó que no era procedente solicitar el permiso para
su despido toda vez que no estaba incapacitada.
Por lo anterior, solicita que se revoque el
fallo de tutela en su integridad y en su defecto se niegue el amparo invocado.
1.2.4.3     Sentencia de segunda instancia – Juzgado
Treinta y Nueve (39) Civil del Circuito de Bogotá
El Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil del
Circuito de Bogotá profirió fallo el diecinueve (19) de agosto de dos mil
catorce (2014), ordenando revocar la decisión anterior, y declarando
improcedente la acción de tutela, por cuanto no se cumple el principio de la
subsidiariedad, para lo cual, son otros los medios de defensa establecidos por
el legislador para hacer valer los derechos de la accionante, como es el
proceso ordinario laboral.
Por otro lado, señaló que no se encuentran
demostrados los supuestos de procedencia excepcional de la acción de tutela,
como el perjuicio irremediable, lo que hace inviable la acción constitucional,
incluso como mecanismo transitorio.
1.2.5    Pruebas documentales
1.2.5.1      En el trámite de la acción de amparo la
accionante aportó como pruebas:
1.2.5.1.1   Copia del oficio remitido por la EPS
Cafesalud de fecha 5 de mayo de 2014, al Centro Comercial Santa Bárbara Drive,
donde le solicita documentos relacionados con la señora Myriam Luisa Caro
Delgadillo con el fin de adelantar el proceso de calificación de origen de la
patología “trastorno de disco lumbar y otros, con radiculocopatía más
lumbago no especificado” (Folio 1).
1.2.5.1.2   Copia de fecha 23 de mayo de 2014 remitida
por la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo al Centro Comercial Santa Bárbara
Drive, en donde relaciona su trayectoria laboral y hace una descripción de sus
actividades laborales en donde especifica que, entre otras, debía mover materas
para el aseo de los pisos así como realizar los desplazamientos de baldes de
agua y que solo hasta hace tres años se le proporcionó un vehículo para ello
(Folios 1 al 6).
1.2.5.1.3   Copia de la historia clínica de la señora
Myriam Luisa Caro Delgadillo (Folios 7 al 370).
1.2.5.1.4   Copia de los oficios remitidos por el Centro
Comercial Santa Bárbara Drive, de fechas 19, 23 y 26 de mayo de 2014, donde
solicita al laboratorio clínico, de la clínica Marly y medicina laboral
respectivamente, para que le realizaran a la señora Myriam Luisa Caro
Delgadillo, los exámenes de egreso (Folio 371, 372 y 373).
1.2.5.1.5   Copia de la historia clínica ocupacional de
la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo del día 26 de mayo de 2014 expedida por
Salud Ocupacional Los Andes Ltda., que indica el padecimiento de “trastorno
de disco lumbar y otros, con radiculocopatía más lumbago no especificado”
(Folios 378 al 381).
1.2.5.1.6   Copia del examen osteomuscular practicado a
la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo del mes de marzo de 2014 expedida por
Salud Ocupacional Los Andes Ltda. (Folios 382 y 383).
1.2.5.1.7   Copia de la certificación médica de aptitud
para trabajo practicada a la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo, realizada por
el Laboratorio Gómez Vesga el día 19 de mayo de 2014, el cual arrojó un
dictamen de “no satisfactorio” (Folio 384).
1.2.5.1.8   Copia del escrito de fecha 30 de mayo de
2014, expedido por la administradora y representante legal del Centro Comercial
Santa Bárbara Drive, dirigido a la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo, donde
le comunica la terminación unilateral de su contrato de trabajo a término fijo
suscrito el 1 de julio de 1992 (Folio 385).
1.2.5.1.9   Declaración bajo juramento realizada el 13
de junio de 2014 ante el Notario Sesenta y Siete (67) de Bogotá, por la señora
María Herlinda Coca Rocha donde manifiesta que conoce a la señora Myriam Luisa
Caro Delgadillo, quien es madre cabeza de familia y tiene bajo su cuidado y
responsabilidad a su hija Danna Sofía Lozano Delgadillo de seis (6) años de
edad, cuyo padre biológico nunca ha hecho presencia afectiva ni económica.
Igualmente manifestó que ayuda a la manutención de su padre con cien ($100.000)
pesos mensuales (Folio 386).
1.2.5.1.10       . Copia del contrato individual de trabajo
a término fijo de un año de fecha 1 de julio de 1992, donde consta que se
prorrogará automáticamente (Folio 387).
1.2.5.2      En el trámite de la acción de amparo, la
accionada aportó como pruebas:
1.2.5.2.1   Copia del escrito del 13 de mayo de 2014 de
citación extraordinaria a la asamblea de propietarios del Centro Comercial
Santa Bárbara Drive para el día 27 de mayo de 2014 (folio 408).
1.2.5.2.2   Copia de la asamblea extraordinaria de
propietarios del Centro Comercial Santa Bárbara Drive, de fecha 27 de mayo de
2014 donde se pone de presente que el consejo de administración decidió no
renovar el contrato de trabajo a la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo, y se
pone a consideración el reconocimiento de una bonificación de diez
($10.000.000) millones de pesos por los 22 años de servicio prestados al Centro
Comercial el cual fue aprobado por 15 votos (folios 409 al 446).
1.2.5.2.3   Copia del concepto de aptitud laboral –
post – incapacidad realizado a la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo del día
26 de mayo de 2014 expedida por Salud Ocupacional Los Andes Ltda., que indica
que “PUEDE CONTINUAR REALIZANDO SU LABOR” “CUMPLIR LAS LIMITACIONES Y
RESTRICCIONES DE MÉDICO TRATANTE” (Folios 451, 452 y 453).
1.2.5.2.4   Escrito del 30 de mayo de 2014, suscrito
por la administradora y representante legal del Centro Comercial Santa Bárbara
Drive, donde le comunica a la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo la
terminación del contrato de trabajo y se le comunica el pago de sus acreencias
laborales e indemnización, así como copia de la liquidación y el respectivo
pago a depósito judicial por valor de $1.781.516.oo (Folios 454 al 462).
2.       CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA
La Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela,
de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y con el
Decreto 2591 de 1991.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
2.2.1.  Conforme a lo reseñado respecto de las situaciones
fácticas planteadas y de las decisiones adoptadas por los jueces de instancia
en el trámite de las solicitudes de amparo objeto de revisión, corresponde a la
Sala Séptima de Revisión establecer si en los casos expuestos procede la
acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud, al
trabajo, a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada de los actores, los cuales han sido presuntamente
vulnerados por las empresas accionadas, al terminarles unilateralmente sus
contratos de prestación de servicios sin tener en cuenta la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraban, debido a las afecciones de salud que
padecen, producto de los servicios que a ellos prestaron.
2.2.2.  Para solucionar el problema jurídico planteado, esta
Sala examinará: i) el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las
personas en condición de debilidad manifiesta; y ii) la estabilidad laboral reforzada de las
personas en situación de debilidad manifiesta en contratos de prestación de
servicios. Posteriormente se pasará a analizar el caso concreto.
2.1.
DERECHO A LA
ESTABILIDAD REFORZADA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA–Reiteración
de Jurisprudencia-
2.1.1.  Consagración del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de debilidad
manifiesta en el ordenamiento interno.
Tal como lo establece el artículo 53 de
la Constitución Política, uno de los principios constitucionales que debe
orientar todas las relaciones laborales es la estabilidad en el empleo, como
garantía que debe gobernar en el Estado Social de Derecho. Este principio cobra
importancia teniendo en cuenta que el fin que persigue es garantizar la
primacía de los derechos inalienables de la persona.[2]
En efecto, en virtud del artículo 13 de
la Constitución Política, el derecho a la igualdad impone al Estado la
obligación de salvaguardar, de manera preferencial, los derechos de aquellas
personas que por su condición física o mental, están en alguna circunstancia de
debilidad manifiesta, lo cual implica, por lo tanto, una sanción para quienes
abusen o maltraten ese grupo poblacional.
El constituyente veló por que el modelo
político del Estado Social de Derecho se fundara en la prevalencia del ser
humano y su dignidad, teniendo, como uno de sus fines principales, que se
protegiera de manera especial a la mujer en estado de gravidez, a las personas
en situación de discapacidad, a las personas disminuidas física o mentalmente, y
a las personas de la tercera edad, entre otros sujetos amparados.
Como consecuencia de lo anterior, en el
ámbito de las relaciones laborales se estableció que despedir o dar por
terminado un contrato de prestación de servicios a los sujetos mencionados, quienes
son titulares de protección especial, se proscribe, pues de hecho, la exigencia
es que por sus condiciones específicas reciban, por parte del Estado y de la
sociedad en general, un trato especial. En caso de incumplirse con dicha carga,
la autoridad competente tiene la facultad y la obligación de intervenir y
disuadir al cumplimiento.
En virtud de la nombrada protección, no
puede procederse al despido ni a la terminación de contratos de prestación de
servicios de los trabajadores que sufran alguna merma en su condición de salud,
sin que se haya obtenido, previamente, la autorización del Ministerio de la
Protección Social.[3]
El nombrado mandato constitucional ha
sido desarrollado en la Ley 361 de 1997, la cual, entre otras protecciones a
favor de este grupo poblacional, establece en su artículo 26 lo que puede
llamarse la estabilidad laboral reforzada positiva y negativa.
Por un lado, en el sentido positivo, se
considera que la condición de debilidad manifiesta de una persona, no puede ser
entendida como óbice para que la misma sea vinculada laboralmente, a menos que
dicha situación resulte, de manera fehaciente y demostrada, incompatible e
insuperable específicamente en el cargo que se desea desempeñar.
Por otro lado, en el sentido negativo, se
ordena que ninguna persona con alguna limitación mental o física, puede ser
despedida ni que se le pueda dar por terminado su contrato por razón de su
limitación, a menos que exista de por medio una previa autorización de la
oficina de Trabajo.[4]
La Corte Constitucional en sentencias
como la T-427 de 1992[5],
en la cual se estudió el
caso de una persona inválida que fue declarada insubsistente sin justa causa,
señaló el derecho a la protección jurídica especial que tienen las personas que
se encuentren en estado de debilidad manifiesta. Al respecto manifestó que:
“La Constitución otorga protección jurídica a diversos
sectores, grupos o personas en situación de desventaja, marginamiento o
debilidad manifiesta (CP art. 13). Sectores de la población como los niños (CP
art. 44), los ancianos (CP art. 46), los minusválidos (CP. art. 47), las
minorías étnicas (CP art. 7) etc., deben recibir una especial protección del
Estado por voluntad del constituyente. De esta forma se busca promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y no simplemente un
parámetro formal que deje intocadas las desigualdades sustanciales que se
presentan en la sociedad.
La especial protección de ciertos grupos y personas
por parte del Estado tiene como consecuencia la inversión de la carga de la
prueba cuando la constitucionalidad de una medida administrativa sea
cuestionada por afectar los derechos fundamentales de la persona directamente
perjudicada. En dicho evento, es a la administración a quien corresponde
demostrar porqué la circunstancia o condición de desventaja de la persona
protegida por el Estado no ha sido desconocida como consecuencia de su
decisión.”[6]
En la Sentencia C- 531 de 2000[7],
en la cual se examinó la constitucionalidad del artículo 26 de la mencionada
Ley 361 de 1997, la cual establece que se requiere la autorización del
inspector de trabajo para despedir a las personas que por su condición física o
mental están en alguna circunstancia de debilidad manifiesta, como es el caso
de los trabajadores en situación de discapacidad, de las mujeres en estado de
embarazo y de las personas que hayan sufrido alguna merma en sus condiciones de
salud, la Corte señaló:
“El ámbito laboral constituye, por consiguiente,
objetivo específico para el cumplimiento de esos propósitos proteccionistas, en
aras de asegurar la productividad económica de las personas discapacitadas, así
como su desarrollo personal. De ahí que, elemento prioritario de esa protección
lo constituya una ubicación laboral acorde con sus condiciones de salud y el
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para su subsistencia y el
sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334), para todos aquellos que se
encuentren en edad de trabajar.
Para
la consecución de esos fines, la efectividad del ejercicio del derecho al
trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador, está sometida a la
vigencia directa en las relaciones laborales de unos principios mínimos
fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política. Cuando la
parte trabajadora de dicha relación está conformada por un discapacitado, uno
de ellos adquiere principal prevalencia, como es el principio a la estabilidad
en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad en la
continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal
justificativa del despido, como consecuencia de la protección especial laboral
de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de personas.
Tal
seguridad ha sido identificada como una "estabilidad laboral
reforzada" que a la vez constituye un derecho constitucional, igualmente
predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres embarazadas, los
trabajadores aforados y los trabajadores con alguna limitación, (…)”.
La Corte estableció en esa oportunidad,
que la expresión "salvo que medie autorización de la oficina de
Trabajo", contenida en el inciso 1°.  del artículo 26 de la Ley
361 de 1997 y el inciso 2° del mismo artículo, es exequible, pues estimó que “de
conformidad a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e
igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional
en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54”),
carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una
persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la
oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa
causa para el despido o terminación del respectivo contrato.”[8]
En la misma sentencia se hizo referencia
a la indemnización establecida en la Ley 361 de 2007, que debe pagar el
empleador en el caso en que despida al trabajador en situación de
vulnerabilidad, o termine su contrato, sin la autorización del Ministerio de
Trabajo. Al respecto manifestó la Corte:
“En tal situación, el requerimiento de la
autorización de la oficina de Trabajo para proceder al despido o terminación
del contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad
pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el
ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias,
para corroborar la situación fáctica que describe dicha causa legal de despido
y proteger así al trabajador.
(...)
Sin embargo, la verdadera naturaleza de
la indemnización que allí se plantea enerva el argumento de la
inconstitucionalidad de la disposición legal, por cuanto dicha indemnización
presenta un carácter sancionatorio y suplementario pero que no otorga eficacia
jurídica al despido o a la terminación del contrato de la persona con
limitación, sin previa autorización de la oficina de Trabajo.”
En consecuencia, con miras a reforzar la
protección de los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, la Corte puso
de presente que la indemnización que debe pagarse es en realidad una sanción y
no una opción para el empleador, pues lo que se busca es evitar a toda costa
que se actúe en contra de la estabilidad laboral reforzada a que tienen derecho
los trabajadores en estas condiciones.[9]
Posteriormente, en la Sentencia T-198
de 2006[10]
y reiterando lo establecido en la Sentencia T-351 de 2003[11],
esta Corporación pone de presente, al hacer la distinción entre personas en
situación de discapacidad y personas que padecen disminución en su condición
física durante la ejecución del contrato de trabajo, la facultad de la cual
goza el juez de tutela en casos como el presente, para impedir la violación de
los derechos de este grupo poblacional. Al respecto, en esa sentencia se
precisó que:
“Por ello, en tratándose de
trabajadores puestos en circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de
tutela puede, al momento de conferir el amparo constitucional, identificar y
ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para
deducir la ocurrencia de tal circunstancia y, a su vez, goza de un amplio
margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o vulnerado.
Esto significa, en otras palabras, que la protección laboral de los
trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no
depende de una calificación previa que acredite su condición de discapacitados,
sino de la prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño
regular de sus labores.”[12]
(Negrilla fuera del texto).
Igualmente, en el mismo pronunciamiento se
deja en claro que la protección en mención no solamente es predicable de las
personas que se encuentran ya discapacitadas al momento de iniciar la relación
laboral, sino que también cobija a cualquier trabajador que sufre, durante la
ejecución de su contrato, cualquier mengua que le impida continuar con sus
labores, no siendo necesario que exista de por medio, la calificación del
padecimiento del trabajador.
En la misma sentencia el Alto Tribunal
hace referencia a que en sus distintos pronunciamientos, esta Corte ha
protegido los derechos de las personas con limitaciones, en varios ámbitos. Se
resalta que  la jurisprudencia
en este campo ha establecido expresamente que “(…) además del derecho a
acceder a un empleo acorde con su estado de salud y el tipo de limitación que
la persona padezca, estas personas son beneficiarias de una estabilidad laboral
reforzada, mientras no exista una causal razonada de despido”.[13]
Asimismo, en la Sentencia T-065 de 2010[14], en la cual
esta Corporación analizó el caso de una persona que vinculada mediante varios
contratos de trabajo a término fijo fue despedida a causa de una enfermedad que
padecía, y en cual la Corte consideró que el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada había sido vulnerado por el despido, siendo este
ineficaz por la ausencia de la autorización del inspector de trabajo, se
reiteró lo señalado en la Sentencia T-263 de 2009[15], en el que
el Tribunal Constitucional precisó algunos de los elementos que configuran el
contenido esencial de este derecho fundamental. Esto es: “(i) el derecho a
conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón de su situación de
vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure una causal
objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el inspector de
trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido con base en la
verificación previa de dicha causal, a fin de que el mismo pueda ser
considerado eficaz”
De la misma manera, en Sentencia T-518
de 2008, se establece que
en virtud de los principios que informan el deber de protección especial a las
personas en condición de debilidad manifiesta y lo establecido en la Ley 361 de
1997, la Corte ha expresado que se vulneran los derechos fundamentales de una
persona que es despedida en virtud de las limitaciones de salud que afectan su
capacidad laboral, o cuando, conocida la discapacidad por el empleador, es
despedida sin contar con la autorización previa de la oficina de trabajo[16].
En consecuencia, es relevante poner de presente que la protección en mención no
cobija sólo a aquéllos trabajadores que, durante la ejecución del contrato de
que se trate, sufran alguna enfermedad o situación que los limite en sus
capacidades, sino también a aquéllos que desde antes de ser contratados, ya se
encontraban en situación de discapacidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, y para
reforzar la protección de la estabilidad laboral reforzada, en la Sentencia T-225
de 2012[17],
el Tribunal Constitucional indica
que el despido de una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad
en razón del estado de gravidez, fuero sindical o de aquellos que sufren limitaciones o pérdidas de la capacidad laboral, implica
para empleador una presunción de despido sin justa causa, la cual
revierte la carga de la prueba y obliga al empleador a demostrar la existencia
de argumentos objetivos y razonables que prueben la necesidad de la ruptura de
la relación laboral, es decir, el empleador debe acreditar la ausencia de
conexidad entre la condición del sujeto y la terminación del contrato de
trabajo.
Con relación a
lo anterior, es conveniente hacer alusión a la figura de la reubicación, otra
obligación que se desprende del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada y que recae sobre el empleador cuando se ha despedido al trabajador en
estado de debilidad manifiesta sin autorización del Ministerio de Trabajo. A
este respecto se refiere la Corporación en la Sentencia T-1040 de 2001[18]. En dicho
pronunciamiento, se consagró una excepción al deber de reubicación por parte
del trabajador en los siguientes términos:
“En efecto, el alcance del derecho a
ser reubicado por condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo
del ámbito en el cual opera el derecho. Para tales efectos resultan
determinantes al menos tres aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de
función que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la
capacidad del empleador.  Si la reubicación desborda la capacidad del
empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad
o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder
ante el interés legítimo del empleador.  Sin embargo, éste tiene la obligación
de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la
oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación.”[19]
De lo desarrollado en la
jurisprudencia de la Corte, puede concluirse que, aunque en principio no existe
un derecho que implique la estabilidad indefinida en los empleos y contratos de
prestación de servicios, existe una protección reforzada para aquellas personas
que, por su situación particular, se encuentran en circunstancias de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Por lo tanto, se ha configurado una
limitación a la facultad legal de que goza el contratante para terminar
unilateralmente el contrato de prestación de servicios del contratista, y del
empleador para despedir a sus trabajadores, pues se les impone la obligación de
respetar el requisito previsto para el despido o terminación del contrato con
personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta, pues de no
cumplirse con dicho deber, el juez de tutela declarará la ineficacia del despido
o terminación del contrato, y ordenará su reintegro a un cargo acorde a su
circunstancia especial.
2.1.3.  La estabilidad laboral reforzada de las
personas en situación de debilidad manifiesta en contratos de prestación de
servicios.
Como ya se señaló, el derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada se predica de los vínculos laborales que se
crean entre empleado y empleador, cuando quien presta sus servicios se
encuentra en alguna situación de debilidad manifiesta, como ocurre cuando
existe alguna disminución física, síquica o sensorial derivada de
circunstancias que le impidan o dificulten a la persona el desempeño de sus
labores.
Sin embargo, no sólo debe hacerse
referencia a los contratos laborales cuando se reclama o se pretende que tal
derecho sea protegido. En efecto, el Tribunal constitucional expresa que el
derecho bajo estudio no sólo se configura cuando hay de por medio un contrato
laboral, pues de igual manera, en los contratos de prestación de servicios, se
exige el cumplimiento del requisito previsto para la terminación de la relación
contractual de personas en situación de vulnerabilidad.
Así, como ha subrayado esta Corporación, la
estabilidad laboral reforzada es predicable de cualquier contrato, sea un
contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, pues finalmente, el
objetivo perseguido por la Constitución es proteger el derecho que tiene la
persona en situación de vulnerabilidad de que su vínculo contractual sea
estable y se mantenga para que su especial situación, no sea afectada o
agravada por una medida arbitraria tomada por el contratante.[20]
Al respecto, en la Sentencia T-886 de 2011,
al hacer referencia a la estabilidad laboral reforzada como derecho aplicable a
los casos en que también se trate de contratos de prestación de servicios, la
Corte señaló:
“Tal estabilidad se predica también para
los contratos de prestación de servicios, en los cuales a pesar de conocerse
que su naturaleza no genera una relación laboral de subordinación, se debe
aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia mediante el cual se ha
dicho para los contratos a término fijo que el solo vencimiento del plazo o del
objeto pactado, no basta para no renovar un contrato de una mujer embarazada
Lo anterior, teniendo en cuenta los
principios de estabilidad laboral y primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por las partes del contrato laboral; tal figura se
aplica siempre que (i) al momento de la finalización del plazo inicialmente
pactado subsistan la materia de trabajo y las causas que originaron el contrato
(ii) y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, por lo que
se le deberá garantizar su renovación”.[21]
En el mismo sentido, considera la Corte
que es pertinente hacer referencia a lo establecido en la Sentencia T-1201 de
2001, en la que se estudió el caso de una mujer embarazada que laboraba de
manera continua e interrumpida por medio de varias órdenes de prestación de
servicios, las cuales le fueron terminados de forma verbal y abrupta, como
ocurrió en los casos sub examine. En efecto, aunque en estos casos se
trata de personas en situación de debilidad manifiesta por su estado de
vulnerabilidad, resulta adecuado hacer referencia a lo decidido en el caso de aquella
mujer en estado de embarazo cuyo contrato fue dado por terminado, pues estima
esta Corporación que se trata de dos situaciones similares.
En este sentido, tanto los presentes
accionantes, como la mujer en estado de gravidez, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta, y por lo mismo, son titulares de
protección especial, entre otros ámbitos, en el empleo. En consecuencia, es
posible hacer un paralelo de las dos situaciones y concluir que lo considerado
en el caso de la sentencia T-1201 de 2001, es aplicable a la situación del señor
Fabio Ulloa y la señora Myriam Caro Delgadillo, claro está, en lo relativo a la
protección en el empleo de personas en circunstancias de debilidad manifiesta,
como ocurre con la estabilidad laboral reforzada en los contratos de prestación
de servicios.
En aquella ocasión, se resolvió ordenar
al Director del Hospital en el cual la mujer prestaba sus servicios,
restablecer el vínculo que existía con la actora, y se le permitiera continuar
trabajando y percibiendo un salario fijo[22]. El
reintegro implicó, como lo consideró la Corte, que la peticionaria siguiera
laborando en condiciones similares a la cuales lo venía haciendo antes de la
terminación de su contrato, así se tratara de un contrato de prestación de
servicios.[23]
Con relación a lo mencionado, esta
Corporación determinó en la Sentencia T-484 de 2010, que existe derecho a la
estabilidad laboral reforzada cuando se trate de una relación laboral o
contractual (contrato de prestación de servicios) entre un sujeto que se
encuentre en estado de debilidad manifiesta y su empleador o contratante, pues
lo que interesa no es la naturaleza del contrato, ya que al margen del tipo de
relación jurídica que exista, lo importante es que se trata de un sujeto de
especial protección constitucional[24].
De igual forma, mencionó en esa oportunidad la Corte, que se debe establecer la
misma protección a favor de las personas que han visto limitadas sus
capacidades físicas y sensoriales en razón de la prestación de sus servicios,
sin importar si se trata de un contrato de prestación de servicios o de otro de
diferente naturaleza.
Para subrayar esta condición, la Corte
expresó en Sentencia T-886 de 2011, lo siguiente:
“Si tal estabilidad opera para todos los
trabajadores, con mayor razón se presenta para la protección de las mujeres en
estado de embarazo sin importar la clase de contrato que hayan suscrito, ya que
durante este periodo se requiere del empleador una mayor asistencia y respeto a
su condición[25].”
Por lo enunciado, debe quedar en claro
que el derecho fundamental a la estabilidad reforzada también se predica de los
contratos de prestación de servicios pues, aunque no se trate de una relación
laboral de subordinación, como se determinó en la Sentencia T-987 de 2008, “(…)
se debe aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia mediante el
cual se ha dicho, para los contratos a término fijo, que el sólo vencimiento
del plazo o del objeto pactado, no basta para no renovar un contrato de una
mujer embarazada (…). Tal figura se aplica siempre que al momento de la finalización
del plazo inicialmente pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas
que los originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus
obligaciones, a éste se le deberá garantizar su renovación”[26].
Con relación a lo mencionado, resulta conveniente
exponer lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1201 de 2001,
acerca del caso de una mujer que había sido contratada como contadora pública
mediante continuas renovaciones de la orden se prestación de servicios por la
cual había sido contratada. Luego de hacer el análisis del caso, y teniendo en
cuenta que el contrato de prestación de servicios le había sido terminado a la
accionante, quien se encontraba en estado de embarazo, esta Corporación tuteló
sus derechos, pues estimó que al no haber mediado autorización previa de la
oficina de Trabajo, se estaba violando el derecho a la estabilidad laboral
reforzada para personas en circunstancias de debilidad manifiesta[27].  En efecto, en la misma sentencia se
dejó de presente lo siguiente:
“Como se señaló inicialmente, la
estabilidad laboral se predica de todos los contratos, sin importar su clase y
sin importar que el patrono sea público o privado; pues lo que la Constitución
busca es asegurarle al trabajador que su vínculo no se romperá de manera
abrupta y por tanto su sustento y el de su familia no se verá comprometido por
una decisión arbitraria del empleador.”[28]
Lo anterior ha sido reiterado en numerosos
pronunciamientos de la Corte, como lo es la Sentencia T-987 de 2008, en la
cual, además de manifestar que el derecho en comento se predica también de los
contratos de prestación de servicios, se advierte que de igual forma, en esos
casos, se tendrá en cuenta la presunción que indica que la terminación
unilateral se configuró únicamente en razón al especial estado del trabajador,
como es el caso del empleado en situación de discapacidad, de la mujer
embarazada o del trabajador que soporta alguna mengua en sus condiciones de
trabajo. Al respecto sostuvo esta Corporación:
“Si tal estabilidad opera para todos los
trabajadores,  con mayor razón se presenta para la protección de las
mujeres en estado de embarazo sin importar la clase de contrato que hayan
suscrito, ya que durante este especial periodo se requiere del empleador una
mayor asistencia y respeto a su condición, casos en los que opera la presunción
de despido por discriminación en razón del embarazo, debiendo el empleador
asumir la carga de la prueba que apoye el factor objetivo que le permita
efectuar el despido legalmente.”[29]
En el mismo fallo, se tuvo en cuenta el
caso estudiado en la Sentencia T- 529 de 2004, en el cual una mujer embarazada,
también prestaba sus servicios de manera continua mediante la celebración de
varios contratos y órdenes de prestación de servicios. En aquella oportunidad,
la entidad accionada, luego de dar por terminado el contrato a la actora,
argumentó que la contratista nunca comunicó su estado de embarazo y que la
razón por la cual se llevó a cabo la terminación del contrato era precisamente
el cumplimiento del plazo para el cual estaba pactado. Frente a la defensa
realizada por la entidad accionada, la Corporación decidió que los argumentos
no prosperaban, pues entre otras razones, la entidad nunca probó la existencia
de una razón objetiva para la terminación del contrato, por lo que operó la
presunción ya mencionada.
En suma, la protección constitucional de la
cual deben gozar los trabajadores que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta, como es tanto el caso de la mujer embarazada, como el de
las personas que sufren de alguna discapacidad, y el de las personas que sufren
alguna merma en su salud en el desarrollo de sus actividades laborales, cobija
no solo los casos de contratos laborales, sino también los asuntos en los que
se trate de contratos de prestación de servicios. Aún más, y como se advirtió
gracias a lo analizando en las Sentencias citadas, en dichos contratos también
se debe tener en cuenta la presunción bajo la cual se entiende que si el contratante
no prueba la razón objetiva por la cual se dio por terminado el contrato, la
ruptura del vínculo sería precisamente la situación especial del contratista.
2.4.
CASO CONCRETO
2.4.1.  Resumen de los hechos- Expediente T-4.688.410
El señor Fabio Ulloa, quien tiene 68 años
de edad, empezó a trabajar a través de contrato de prestación de servicios, con
un ingeniero de la empresa T-VAPAN
500 S.A., por un lapso de tiempo de un año y medio, realizando labores de
jardinero, pero luego se le asignaron funciones de cotero hasta noviembre de
2013. Asegura, que en total duró trece años laborando en esa empresa.
Afirma que durante ese tiempo se celebraron
distintos contratos de trabajo de prestación de servicios por término de un
año, los cuales fueron prorrogados automáticamente, y que el último de ellos
fue celebrado el día 9 de diciembre de 2011.
Sostiene que el día 19 de abril de 2013
sufrió un accidente de trabajo cuando se encontraba descargando unos bultos de
azúcar de una tractomula en las instalaciones de la empresa, razón por la que
fue remitido a control médico para su tratamiento, y fue diagnosticado con “ruptura
del bíceps izquierdo/lesión del supraespinoso”.
Relata que siete meses después le fue
terminado de manera unilateral el contrato de prestación de servicios, sin
tener en cuenta que se encontraba incapacitado debido a la lesión sufrida en el
accidente laboral.
Finalmente, aduce que el 26 de abril de
2014 le tuvieron que realizar “una cirugía del maguito rotatorio”, la
cual fue ordenada por la ARL.
2.4.2.  Resumen de los hechos- Expediente T-4.579.755
Manifiesta la accionante que actualmente tiene
45 años de edad, y que fue vinculada a través de un contrato de prestación de
servicios por un año, en el Centro Comercial Santa Bárbara Drive, desde el día
1 de julio de 1992, el cual se renovaba automáticamente hasta la fecha de su
terminación, es decir, hasta el 30 de mayo de 2014. En total, manifiesta que trabajó
durante 22 años en el citado lugar.
Dice que se desempeñaba en el cargo de
servicios generales y de aseo, cuyas funciones, entre otras, consistían en
arrastrar o cargar las canecas de basura que pesaban más de 50 kilos, lo que,
con el tiempo, afectó su columna y sus manos, por cuanto, como asegura, el
Centro Comercial no le proporcionaba los elementos de protección laboral.
Indica que debido a muchas incapacidades
generadas como consecuencia de su delicado estado de salud, el día 5 de mayo de
2014, la EPS Cafesalud solicitó al Centro Comercial Santa Bárbara Drive una
serie de documentos con el fin de valorar su estado y el origen de su
enfermedad consistente en “trastorno de disco lumbar y otros, con
radiculocopatía más lumbago no especificado”, por lo que el 13 de mayo de
2014, el Centro Comercial convocó a una asamblea extraordinaria de propietarios
con el fin de que tomaran una decisión sobre su caso, la cual concluyó en la
terminación unilateral de su contrato, sin tener en cuenta la afección en salud
que presentaba. Así mismo, resalta que dicha terminación contractual se dio sin
contar con el permiso del Ministerio del Trabajo.
Añade que a la Asamblea remitió una carta
explicando las funciones que desempeña y la consecuencia que ello ha tenido en
su salud, aportando copias de la historia clínica y pruebas de su enfermedad
expedidos por la EPS Cafesalud, en especial del 18 de marzo de 2014, en la que se
le recomienda “evitar sobreesfuerzos para la columna vertebral”. Igualmente
anexó los resultados de los diagnósticos realizados por sus médicos tratantes en
los que le indicaban su padecimiento en la columna y brazos consistentes en “lumbalgia
crónica, tendinitis de extensores de antebrazo derecho, tendinitis de quervain
derecha”.
Afirma que con la terminación unilateral de
su contrato de prestación de servicios por parte del Centro Comercial, y con la
negativa de atender el requerimiento de la EPS Cafesalud, se impidió que fuera
valorada médicamente, por lo que no tuvo acceso a un tratamiento adecuado. También
aclara que su trabajo es la única fuente de ingreso para el sostenimiento de su
familia, por lo que solicita que sea contratada nuevamente.
2.5.     PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE TUTELA
2.5.1.  Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de
sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, los accionantes actúan en
defensa de sus derechos constitucionales fundamentales, al habérseles terminado unilateralmente su contrato de
prestación de servicios estando en estado de debilidad manifiesta, razón
por la cual se encuentran legitimados para actuar como demandantes.
2.5.2. Legitimación por pasiva y procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares
De conformidad con el inciso
final del artículo 86 de la Carta Política y el numeral 4º del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, los presupuestos para que la acción de tutela proceda
contra particulares se dan (i) cuando está encargado de la prestación de un
servicio público; (ii) cuando su conducta afecta grave y
directamente el interés colectivo y; (iii) en aquellos eventos en los cuales el
accionante se encuentra en estado de subordinación o indefensión frente al
particular accionado.
Ahora bien, sobre este punto se hace
necesario hacer claridad sobre los conceptos de subordinación e indefensión. Al
respecto, la jurisprudencia de la Corte ha entendido que la subordinación
se refiere a una relación de índole jurídica, en la que una persona depende de
otra, y la indefensión comporta una dependencia, pero originada en
circunstancias de hecho, donde la persona “ha sido puesta en una situación
que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las
cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en
peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades
jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses”[30].
En corolario, es evidente entonces que la
subordinación radica en la existencia o mediación de una relación jurídica,
mientras que la indefensión supone por el contrario, una situación de
hecho. Así, de encontrarse cualquiera de dichas situaciones, la acción de
tutela será viable, y de no advertirse alguno de tales escenarios, su
inviabilidad será evidente.
Entonces, realizado el anterior análisis,
colige la Sala que en el presente caso tanto el señor Fabio Ulloa como la
señora Myriam Luisa Caro Delgadillo, se encuentran en estado de subordinación e
indefensión con respecto a las empresas accionadas, derivado de que ellos y sus
familias dependían económicamente de éstas, a quienes éstos últimos prestaron
sus servicios ininterrumpidamente durante 13 y 22 años respectivamente, a
través de la existencia
de un contrato de prestación de servicios. Entonces, de lo anterior se deriva
que los accionantes se encontraban en una situación
de desequilibrio originada en la subordinación respecto de sus contratantes,
máxime si se tiene en cuenta que la única fuente de ingresos que pueden tener
en este momento, en el que su salud está seriamente afectada, es el derivado
del contrato de prestación de servicios que puedan volver a celebrar con las
accionadas.
2.5.3. Subsidiariedad
La Corte Constitucional ha
establecido en reiteradas ocasiones la improcedencia de la acción de tutela
para solicitar reintegros laborales, puesto que existen otros medios de defensa
judicial a los cuales el actor puede acudir para lograr lo pretendido; no
obstante, excepcionalmente es aceptada la viabilidad del amparo, cuando se
establece que aquellos mecanismos de defensa no son idóneos o  que se requiere
la urgente intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.
De igual manera, esta Corporación ha establecido como
excepción a la regla general de improcedencia, que se trate de un trabajador
que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en circunstancia que le
conceda el derecho a permanecer en su empleo, es decir, en una circunstancia
que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de
las personas que han sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de
sus funciones.
En estos casos, la acción de tutela es el medio idóneo
y preferente, en razón a la protección laboral reforzada que consagra
explícitamente el texto constitucional a favor de las personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad. Lo anterior no significa que siempre que las
personas se encuentren en situación de vulnerabilidad, deben permanecer en su
cargo, sino que su desvinculación laboral o la terminación unilateral de su
contrato de prestación de servicios solo podrá efectuarse con previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta las consideraciones
ya expuestas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para
obtener el reintegro laboral, y teniendo en cuenta, como se dijo en la parte
considerativa de esta sentencia, que la Corte Constitucional ha decidido
aplicar la lógica de las medidas protectoras que el derecho laboral ha
dispuesto para los casos de los despidos sin justa causa, que buscan garantizar
la estabilidad del trabajador en situación de debilidad manifiesta, a otras
opciones de subsistencia como lo es el contrato de prestación de servicios y de
servicios temporales entro otros, puede verificarse en los casos objeto de estudio
que:
i)
Los accionantes son sujetos de especial
protección constitucional, debido a que como consecuencia de un accidente de
trabajo, han sufrido un deterioro en su salud, razón por la cual se encuentran
en situación de vulnerabilidad. Además, no cuentan con medios económicos para
procurarse su subsistencia ni la de su núcleo familiar, pues su delicado estado
de salud les impide acceder por el momento al campo laboral, y
ii)  Les fueron terminados unilateralmente sus contratos de prestación de
servicios sin previa autorización del Ministerio de Trabajo, razón por la cual dicha
terminación carece de validez.
2.5.4.
Inmediatez
En lo concerniente a la inmediatez, observa la Sala que en las
acciones objeto de estudio se cumple con dicho requisito, por cuanto las acciones
de tutela fueron presentadas en un término razonable desde el momento de la
terminación unilateral de los contratos de prestación de servicios de que se
trata.
Respecto al caso del señor Fabio Ulloa, se
tiene que el día 19 de abril
de 2013 sufrió el accidente de trabajo, y que 7 meses después (noviembre de
2013) le fue terminado de manera unilateral el contrato de prestación de
servicios, sin tener en cuenta que se encontraba incapacitado, y la acción de
tutela fue interpuesta el 25 de agosto de 2014, es decir, 9 meses después, lo
que habla de un término prudencial en la interposición del amparo
constitucional.
En cuanto al caso de la señora Myriam Luisa
Caro Delgadillo, se tiene que la terminación unilateral de su contrato de
prestación de servicios fue el día 30 de mayo de 2014, y la interposición de la
acción de tutela fue el 17 de junio de esa anualidad, es decir, 18 días
después, lo que habla de un
término prudencial en la interposición del amparo constitucional.
Sumado a lo anterior, la Sala resalta que
en este caso el perjuicio persiste en el tiempo, toda vez que los accionantes
se encuentran sin empleo y en situación de vulnerabilidad, razón que refuerza
el argumento de que en el presente caso se cumple con el requisito de
inmediatez.
2.6.    EXAMEN DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS TUTELANTES
2.6.1. EXPEDIENTE T- 4.688.410
Esta Corporación debe pronunciarse
sobre la posible vulneración de los derechos a la vida digna, estabilidad
laboral reforzada y mínimo vital del accionante, por parte de la empresa
T-VAPAN 500 S.A., quien terminó su contrato de prestación de servicios de
manera abrupta y sin haber contado con autorización de la oficina de Trabajo, pese
a que el accionante se encuentra en estado de debilidad manifiesta por la situación
de discapacidad que afronta.
En este caso, la Sala
evidenció que T-VAPAN 500 S.A. conocía que el actor había sufrido un accidente
cuando ejercía sus funciones como cotero, y que estaba incapacitado para el
momento de la terminación del contrato, pues, así lo indicó en la contestación
de la demanda, en la que expresamente manifestó que: “el actor tuvo un
accidente en el ejercicio de una actividad como trabajador independiente, y así
fue reportado a la ARL Sura”[31].
Además, porque fue la misma empresa accionada quien reportó a la ARL Sura
el accidente de trabajo sufrido por el actor[32].
En este orden de ideas, la
Sala no considera ajustada a derecho la decisión de la empresa T-VAPAN 500 S.A.,
consistente en dar por terminado el contrato de prestación de servicios del
señor Ulloa, cuando éste se encontraba incapacitado, pues no se cumplió con los
requisitos de ley, los cuales ordenan que al terminar el contrato laboral o de
prestación de servicios de una persona que se encuentra en situación de discapacidad,
debe contarse con la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Como consecuencia de lo
anterior, la Sala advierte que en este caso aplica la misma determinación prevista
en la Ley 361 de 1997, en el sentido de generarse una sanción al empleador que
realice despidos de trabajadores en situación de debilidad manifiesta sin tener
previamente autorización del Ministerio del Trabajo. Dicha obligación
consistente en tener que efectuar el pago de la suma equivalente a ciento
ochenta (180) días de salario a favor del empleado.
Entonces, al aplicar la
lógica de las medidas protectoras del derecho laboral en los casos de la
terminación unilateral de los contratos de prestación de servicios cuando el
contratista se encuentre en una situación de debilidad manifiesta, que en este
caso configurada por la situación de salud que afronta, se concluye que éste
tiene derecho a que se le efectúe el pago de la suma anteriormente prevista.
Por último, vale la pena
resaltar que además de lo anterior, la accionada no probó que la causa por la
cual se dio por terminado el contrato del actor hubiera obedecido a razones
objetivas, por lo que también opera para este caso, la presunción según la
cual, si el empleador no demuestra la causa objetiva de terminación de contrato,
se entiende que la decisión fue tomada meramente debido a la circunstancia de
salud del trabajador, máxime si se tiene en cuenta que como consecuencia de
ello, quedó el señor Ulloa privado de obtener los medios económicos para su
subsistencia, pues su limitación física le dificulta en gran medida la
consecución de un nuevo empleo.
Así pues, la Sala encuentra
que la decisión tomada por la empresa T-VAPAN 500 S.A., vulneró los derechos a
la vida digna, la estabilidad laboral reforzada y el salario mínimo vital del
demandante, pues a pesar de ser titular de protección, su contrato de
prestación de servicios fue terminado sin que se observaran los requisitos
previstos para tal efecto.
Por lo expuesto, esta Sala de
Revisión revocará el fallo único
de instancia de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Pedro, Valle, el cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), y en su lugar, protegerá los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida
digna y al trabajo del accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la
empresa T-VAPAN 500 S.A., que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación
del presente fallo, proceda a renovar, sin solución de continuidad, la orden de
prestación de servicios del actor Fabio Ulloa, para que éste, si a bien lo tiene, desempeñe funciones de
acuerdo con el estado delicado de salud que padece, por un periodo igual al que se venía renovando.
También deberá efectuar a favor del actor, la indemnización prevista en la Ley
361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) días de salario.
Por último, se advierte al contratante que
la terminación unilateral del contrato suscrito con el accionante, mientras
persista el estado de vulnerabilidad en que éste se encuentra, sólo podrá
efectuarse previa autorización del Ministerio de Trabajo.
2.6.2.  EXPEDIENTE T-4.579.755
De las pruebas aportadas al proceso, se
evidencia que la empresa accionada tenía pleno conocimiento de la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraba la actora, ya que antes de la fecha de
la terminación del contrato, la EPS Cafesalud consideraba importante su
valoración para determinar su pérdida de la capacidad laboral, para lo cual, le
solicitó al Centro Comercial una serie de documentos, los cuales no fueron
aportados. También desconoció la certificación médica de aptitud para trabajo,
que se anexa a folio 384, y que fue realizada el día 19 de mayo de 2014, arrojando
un dictamen de “no satisfactorio”.
Así mismo, el Centro Comercial accionado,
tuvo conocimiento del escrito presentado por la señora Myriam Luisa Caro
Delgadillo, el cual consta a folios 1 al 6 del expediente, en el que explicó las
funciones que desempeñaba y las afectaciones a su salud, derivadas del
ejercicio de sus funciones. En esa oportunidad la accionante aportó copias de
la historia clínica y pruebas de su enfermedad, expedidos por la EPS Cafesalud,
en especial la del 18 de marzo de 2014, donde se lee: “recomendaciones
generales: evitar sobreesfuerzos para la columna vertebral: coger mucho
peso o hacerlo en la forma incorrecta, realizar giros bruscos, para evitar
mantener las mismas posturas durante mucho tiempo, evitar posturas forzadas
para la espalda, mantener “en forma” la columna vertebral”.
De igual manera, se tiene que en esa
oportunidad, la actora también aportó los resultados de los diagnósticos realizados
por sus médicos tratantes, en el que indican su padecimiento en la columna y
brazos, consistentes en “lumbalgia crónica, tendinitis de extensores de antebrazo
derecho, tendinitis de quervain derecha”. De la misma manera, anexó las
incapacidades que le habían ordenado durante los dos últimos años, hechos que
fueron ignorados por la accionada para poder retirarla de su servicio.
De otro lado, no consta dentro del
expediente que el empleador haya acudido al Ministerio del Trabajo para
solicitar la autorización de la terminación unilateral del contrato de
prestación de servicios de la accionante. Sin embargo, alega la accionada que
vía telefónica consultó a dicha entidad, quien supuestamente manifestó que no
era procedente solicitar el permiso para la terminación del contrato de la
accionante, toda vez que no estaba incapacitada.
Sin embargo, dentro del trámite de la
tutela, el Ministerio aclaró que para la terminación del contrato de prestación
de servicios de la referencia, se debía contar con la autorización del
Inspector del Trabajo, por cuanto “la limitación física de una persona no es
motivo justificante para la válida terminación de su contrato de trabajo, razón
por la cual ante el finiquito del vínculo contractual laboral con causa o con
ocasión de la discapacidad o incapacidad del trabajador, dará lugar al
reconocimiento y pago de indemnización equivalente a 180 días de salario”.
La consecuencia jurídica y constitucional
de la inobservancia del requisito de solicitar permiso ante el Ministerio, da
lugar a presumir que la terminación del contrato tuvo como origen la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentra la contratista.
Por otra parte, es de tenerse en cuenta que
la accionante devengaba un salario mínimo legal vigente, el cual era el único
sustento de su núcleo familiar, conformado por su hija Danna Sofía Lozano
Delgadillo de seis años de edad, cuyo padre biológico nunca ha hecho presencia
afectiva ni económica, según consta de la declaración extrajuicio registrada a
folio 386 del expediente. Igualmente, la accionante asegura que ayuda a la
manutención de su padre con $100.000 mensuales, afirmación que no fue
desvirtuada y, por tanto, debe ser tomada como cierta.
Así las cosas, la Sala de Revisión observa
que se encuentran acreditados todos los requisitos para que proceda la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al
trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral y a la protección
especial por debilidad manifiesta de la actora.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que no
existe autorización del Ministerio del Trabajo para terminar unilateralmente el
contrato a la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo, quien
se encuentra en situación de vulnerabilidad, esta Sala de Revisión revocará el
fallo de segunda instancia
de tutela proferido por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil del Circuito de
Bogotá, el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014), que revocó la
decisión del Juzgado Setenta y Tres (73) Civil Municipal de Bogotá, del dos (2)
de julio de dos mil catorce (2014), y en su lugar, protegerá los derechos fundamentales invocados por la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará al Centro
Comercial Santa Bárbara Drive, que
dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación del
presente fallo, proceda a renovar, sin solución de continuidad, la orden de
prestación de servicios de la actora, Myriam Luisa Caro Delgadillo, para que desempeñe funciones de acuerdo con el
estado delicado de salud que padece, por un periodo igual al que se venía renovando. También deberá
efectuar a favor de la accionante, la indemnización prevista en la Ley 361 de
1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) días de salario.
Por último, se advierte al contratante que
la terminación unilateral del contrato suscrito con la accionante, mientras
persista el estado de vulnerabilidad en que ésta se encuentra, sólo podrá
efectuarse previa autorización del Ministerio de Trabajo.
2.7.     Conclusión
2.7.1.  La protección constitucional de la cual deben gozar
los trabajadores que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta,
como es el caso de las mujeres embarazadas, de las personas que sufren de
alguna discapacidad y de quienes se encuentren incapacitados, cobija no solo
los contratos laborales, sino también los contratos de prestación de servicios.
Por tanto, en dichos contratos también se debe tener en cuenta la presunción
bajo la cual se entiende que si el contratante no prueba la razón objetiva por
la cual se dio por terminado el contrato, la ruptura del vínculo sería
precisamente la situación especial del contratista.
2.7.2.  El derecho fundamental a la estabilidad
reforzada también se predica de los contratos de prestación de servicios, en
virtud de que el derecho
laboral ha dispuesto, para los casos de los despidos sin justa causa, que
buscan garantizar la estabilidad del trabajador en situación de debilidad
manifiesta, a otras opciones de subsistencia como lo es el contrato de
prestación de servicios y de servicios temporales entro otros.
2.7.3.  En este caso la empresa T- VAPAN 500 S.A.
y el Centro Comercial Santa Bárbara Drive vulneraron los derechos fundamentales
a la vida digna, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital del señor
Fabio Ulloa y de la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo, en razón a que sus
contratos de prestación de servicios fueron terminados sin autorización previa
de la Oficina del Trabajo, pese a que se trata de personas que afrontan un
estado de debilidad manifiesta, para lo cual está prevista la figura de la
estabilidad laboral reforzada, situación que no fue tenida en cuenta por la
entidad accionada.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: En el expediente T- 4.688.410, REVOCAR la
sentencia proferida en única instancia el cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014),
por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro, Valle, en el trámite de la acción de tutela impetrada por Fabio
Ulloa en contra de la empresa T-VAPAN 500 S.A. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a
la vida digna y al trabajo del señor Fabio Ulloa, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la empresa T-VAPAN 500 S.A.,
que en el término máximo de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a renovar, sin solución de continuidad, la orden de
prestación de servicios del  actor Fabio Ulloa, para que desempeñe, si a bien lo tiene, funciones de
acuerdo con el estado delicado de salud que padece, por un periodo igual al que se venía renovando, y
efectuar, a favor del actor, la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997
(Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) días de salario. Se advierte al contratante que la terminación
unilateral del contrato suscrito con el accionante, mientras persista el estado
de vulnerabilidad en que éste se encuentra, sólo podrá efectuarse previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
TERCERO: En el expediente T-4.579.755 REVOCAR el fallo de segunda instancia de tutela proferido por el
Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil del Circuito de Bogotá, el diecinueve (19)
de agosto de dos mil catorce (2014) que revocó la decisión del Juzgado Setenta
y Tres (73) Civil Municipal de Bogotá, del dos (2) de julio de dos mil catorce
(2014) en la acción de tutela contra
el Centro Comercial Santa Bárbara Drive. En su lugar, CONCEDER la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al
trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral y a la protección
especial por debilidad manifiesta de la señora Myriam Luisa Caro Delgadillo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En consecuencia, ORDENAR al Centro Comercial Santa Bárbara
Drive, que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a renovar, sin solución de
continuidad, la orden de prestación de servicios de la  actora, Myriam Luisa
Caro Delgadillo, para que
desempeñe funciones de acuerdo con el estado delicado de salud que padece, por un periodo igual al que se venía
renovando, y efectuar, a favor de la accionante, la indemnización prevista en
la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) días de
salario. Se advierte al
contratante que la terminación unilateral del contrato suscrito con la
accionante, mientras persista el estado de vulnerabilidad en que ésta se
encuentra, sólo podrá efectuarse previa autorización del Ministerio de Trabajo.
QUINTO: Para los efectos del artículo 36 del
decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y
tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Notifíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] “Cuarta. Prórroga. Si vencido el plazo
establecido para la ejecución del contrato de prestación de servicios el
CONTRATANTE decide ampliar el plazo de vencimiento, éste será renovado
automáticamente”.
[2] Al respecto, ver la Sentencia T 886 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[3] Al respecto, ver la Sentencia T-490 de 2010,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4] Al respecto, ver Sentencia T 198 de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] Al respecto, ver Sentencia T-198 de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[8] Al respecto, ver la
Sentencia T-490 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[9] Al respecto, ver Sentencia T-198 de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[10] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[11] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[12] Al respecto, ver Sentencia T 1038 de 2007,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta oportunidad se estudia el caso de
una persona que padece una discapacidad y su relación laboral fue terminada sin
justa causa y sin autorización previa de la oficina de Trabajo.
[13] Sentencia T 1038 de 2007,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[14] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] En la sentencia C-531 de 2001, M.P.
Álvaro Tafur Galvis, que realizó un control de constitucionalidad sobre el
artículo 26 de esta Ley, la Corte decidió: “Declarar
EXEQUIBLE el inciso 2o. del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y
debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad
(C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en favor
de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54),
carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una
persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la
oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa
causa para el despido o terminación del respectivo contrato.”
[17] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[18] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[19] Al respecto, ver Sentencia 777 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] Al respecto, ver Sentencia T-886 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21] Sentencias T-040 de 2001 y T-1003 de 2006.
[22] Sentencia T-1201 de 2001.
[23] Al respecto, ver Sentencia T- 866 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Sobre este tema se puede consultar la sentencia T-987 de 2008, en
la cual la Corte tuteló el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una
mujer que fue despedida sin contar con la autorización del funcionario de
trabajo y que se encontraba vinculada a la entidad demandada mediante un contrato
de prestación de servicios.
[25] Sentencias T-862 de 2003, T-176 de 2005 y T-1003 de 2006.
[26] Sentencias T-484 de 2010, T-040/01 y T-1003/06.
[27] En el mismo sentido, se puede analizar la sentencia T-529 de 2004
en la que la Corte tuteló el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una
señora embarazada cuyo contrato de prestación de servicios no fue renovado.
[28] Sentencia T-1003/06.
[29] Sentencias T-862 de 2003; T-1138 de 2003; T-176 de 2005 y
T-1003 de 2006.
[30] Sentencia T-583 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31] Folio 84-87 del cuaderno 2.
[32] Folio 100 del cuaderno 2.