T-560-16
Sentencia
T-560/16
DERECHO
A LA VISITA FAMILIAR DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Caso en que
establecimiento carcelario prohíbe ingreso de visita femenina que tiene
extensiones de cabello
RELACIONES
DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la
dignidad humana de personas privadas de la libertad
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en
tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos
o limitados
La Corte ha clasificado sus derechos
fundamentales en tres categorías (i) aquellos que pueden ser suspendidos, como
consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre
locomoción); (ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción
del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la
familia, a la intimidad personal); y (iii) derechos que se mantienen incólumes
o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se
encuentre sometido al encierro, en razón a que son inherentes a la naturaleza
humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la
salud y el derecho de petición, entre otros. Desde el momento en que la persona
queda bajo la estricta supervisión del Estado, emana la responsabilidad de
garantizar plenamente los derechos fundamentales que no han sido limitados como
resultados de las conductas cometidas. El proceso de adaptación a las nuevas
condiciones de vida a la que se verá sometida la persona a la que se le es
restringida su libertad, debe contar con el acompañamiento de las instituciones
del Estado para evitar la vulneración de los derechos de los reclusos y hacer
efectivo el goce de los mismos.
REGIMEN
DE VISITAS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Límites
constitucionales a reglamentación carcelaria
Una de
las manifestaciones del poder de sujeción a las que está sometido el recluso,
es la regulación de visitas, fundamentada constitucionalmente en la
preservación de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, sin dejar a
un lado la plena ejecución de la pena en condiciones dignas. La potestad
administrativa de regulación de visitas es una expresión del poder de sujeción
especial de la administración, la cual tiene fundamento constitucional en la
necesidad de mantener la seguridad, la salubridad y, en general, la
conservación de las condiciones necesarias para la ejecución de la pena o
medida de aseguramiento en forma digna.
REGIMEN
DE VISITAS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Dependiendo del
vínculo que exista entre el interno y el visitante, la autoridad competente
dará un trato diferenciado para cada cual
DERECHO
A LA VISITA FAMILIAR DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Constituye una
opción de sostener el contacto con su entorno íntimo, familiar y social
DERECHO
A LA VISITA FAMILIAR DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Test de
proporcionalidad
DERECHOS
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA NO DISCRIMINACION EN VISITA DE
INTERNOS-Vulneración
por establecimiento carcelario al no permitir ingreso de visita femenina con
extensión de cabello
Referencia:
Expediente T- 5601285
Acción
de tutela interpuesta por Brian Steven Luna Rodríguez contra la Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil
dieciséis (2016)
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Aquiles
Arrieta Gómez (e) y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión del fallo dictado por
el Juzgado 9.° Civil del Circuito de Oralidad de Cali durante el trámite de la
acción de tutela interpuesta por Brian Steven Luna Rodríguez contra la
Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del
Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. El 24 de noviembre de 2015 y el 22 de diciembre
de 2015, Brian Steven Luna Rodríguez presentó petición ante la Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca,
solicitando el ingreso de las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, y de Claudia
Lizeth Torres Riascos, quienes tienen extensiones de cabello, según el
accionante por ser afrodescendientes.
2. La dirección del establecimiento carcelario
contestó de manera negativa la solicitud. Señaló en sus respuestas que para el
ingreso de las señoras Caicedo y Torres con las extensiones de cabello, debían
anexar los soportes médicos y una solicitud por escrito ante la dirección, con
el fin de analizar si la petición era viable.
3. El director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Jamundí, Valle allegó la contestación a la solicitud presentada
al establecimiento carcelario en escritos radicados el 15 de diciembre de 2015
y de 2 de febrero de 2016. Aclaró que el reglamento interno de ese
establecimiento es un acto administrativo en el cual se encuentra contemplada
la prohibición del ingreso de las extensiones de cabello de cualquier tipo
(art. 47). En esa medida, sostuvo que pretender modificar o anular lo dispuesto
a través de la acción de tutela resulta improcedente, en tanto no se está
presentando ningún tipo de discriminación.
4. Ante la negativa, el accionante presentó acción
de tutela solicitando el amparo además para una tercera persona, la señora Elba
Lucí Mesa Díaz, quien también tiene extensiones de cabello. Considera que en
virtud del derecho a la dignidad humana[1]
y a la no discriminación[2],
les asiste el ingreso a las visitantes con sus respectivas extensiones. Razón
por la cual solicita que se ordene a la dirección general del establecimiento
accionado permitir el ingreso de dichos elementos al penal.
2. Trámite procesal
El 29 de febrero de 2016 el Juzgado 9.° Civil del
Circuito de Oralidad de Cali admitió la acción de tutela y vinculó al Director
General y al Director Regional General del Instituto Penitenciario y Carcelario
(INPEC), así como a las señoras Yudy Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth
Torres Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz, porque podrían tener incidencia en la
vulneración de los derechos fundamentales pretendidos, igualmente se verían
afectados con la decisión final que se tome en dicho asunto. Para tal efecto
ordenó notificar de dicha decisión y las que se tomaran en el transcurso del
trámite.
A su vez ofició al señor Brian Steven Luna Rodríguez
para que informara a las señoras Caicedo, Torres y Riascos su vinculación a la acción.
3. Respuesta del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle.
- La entidad accionada guardo silencio.
. Respuesta del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC)
- En respuesta al anterior proveído el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) allegó a esta Corporación los
siguientes documentos:
-  Copia de su reglamento interno.
-  Copia del Acuerdo 0011 de 1995 “Por el cual se
expide el Reglamento general al cual se sujetaran los reglamentos internos de
los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios”.
- Copia de la Resolución 004130 del 23 de agosto de
2016 “Por el cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos de
Reclusión del Orden Nacional – ERON a cargo del INPEC.”
5. Respuesta de
las señoras Yudy Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba
Lucy Mesa Díaz.
-  Las señoras
guardaron silencio.
6. Decisión objeto de revisión.
Sentencia única de instancia.
Mediante sentencia del 10 de marzo de 2016, el
Juzgado 9. ° Civil del Circuito de Oralidad de Cali negó la acción de tutela
interpuesta por Brian Steven Luna Rodríguez.
Lo anterior, al considerar que no existe ninguna
violación de los derechos fundamentales invocados por el señor Brian Steven
Luna Rodríguez, al no encontrarse probada una discriminación racial en contra
de las señoras Elba Lucy Mesa Díaz, Yudi Pilar Caicedo Cortés y Claudia Lizeth
Torres Riascos. Ello porque lo único que ha hecho el establecimiento accionado
es dar cumplimiento a lo previsto en su régimen interno, el cual tiene que ser
cumplido tanto por las personas de piel blanca, negra, india, amarilla o de
cualquier color.[3]
7. Pruebas
Entre las pruebas aportadas en el trámite de la
acción de tutela esta Sala destaca las siguientes:
- Copia de la solicitud presentada por el Señor
Brian Steven Luna Rodríguez al Director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Jamundí, con fecha del 24 de noviembre de 2015, pidiendo
autorización de ingreso para las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés y Claudia
Lizeth Torres Riascos, con sus respectivas extensiones de cabello.[4]
- Copia de la respuesta otorgada por el Comandante
de vigilancia del COJAM con fecha del 15 de diciembre de 2015, a la solicitud
presentada por el señor Brian Steven Luna Rodríguez el 24 de noviembre de 2015.
- Copia de la solicitud presentada por el Señor
Brian Steven Luna Rodríguez al Director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Jamundí, con fecha del 22 de diciembre de 2015, pidiendo
autorización de ingreso para las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés y Claudia
Lizeth Torres Riascos, con sus respectivas extensiones de cabello.[5]
- Copia de la solicitud presentada por el Señor
Brian Steven Luna Rodríguez el 26 de enero de 2016 al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, pidiendo autorización de
ingreso para las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés y Claudia Lizeth Torres
Riascos con sus respectivas extensiones de cabello.[6]
- Copia de la respuesta otorgada por el Subdirector
de Estructura II del COJAM Lame Comandante de vigilancia del COJAM, con fecha
del 2 de febrero de 2016, a la solicitud presentada por el señor Brian Steven
Luna Rodríguez el 26 de enero de 2016.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
Esta Sala es competente para analizar el fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.
2. Tramite en sede de revisión.
2.1. Mediante el auto del 13 de septiembre de 2016,
la Sala advirtió que si bien la acción de tutela de la referencia se dirigía
contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, los hechos que
fundamentaban la solicitud de amparo podrían llegar a involucrar al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como establecimiento responsable
de la política en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad. Por esa
razón, consideró pertinente vincularlo al proceso con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos expuestos en la acción de tutela.
De igual forma, estimó necesario obtener información
sobre los domicilios de las señoras Yudy Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth
Torres Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz. En virtud de lo anterior ordenó:
(a) Vincular al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC, para que se pronunciara a través de un informe general sobre
las afirmaciones hechas por los accionantes, especificando principalmente; (i) qué
disposiciones de seguridad se tienen para el ingreso de visitantes al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí y; (ii) que a su vez
allegara una copia del reglamento general del INPEC.
(b) Al señor Brian Steven Luna Rodríguez que
suministrara las direcciones de domicilio de las señoras Yudy Pilar Caicedo
Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz, trámite que debía
hacerse efectivo mediante la dirección del establecimiento carcelario.
(c) Al Director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Jamundí, que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación del auto del 25 de agosto de 2015; (i) remitiera
copia del Reglamento Interno de dicho establecimiento carcelario y los soportes
a los que hubiere lugar; (ii) especificara cómo y por qué el ingreso de las
tres mujeres con extensiones de cabello afecta la seguridad del penal y (iii)
realizara las actividades pertinentes para que la información solicitada fuese
allegada a este Tribunal.
2.2 En respuesta al anterior proveído el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) allegó a esta Corporación copia de
su reglamento interno.
2.3 Copia del Acuerdo 0011 de 1995 “Por el cual
se expide el Reglamento general al cual se sujetaran los reglamentos internos
de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios”.
2.4 Copia de la Resolución 004130 del 23 de agosto
de 2016 “Por el cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos
de Reclusión del Orden Nacional – ERON a cargo del INPEC.”
2.5 Tanto el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Jamundí, como el señor Brian Steven Luna Rodríguez, no
contestaron, motivo por el cual mediante Auto del 14 de septiembre de 2016, esta
Corte requirió tanto a la entidad accionada, como al accionado para que
allegaran la información correspondiente y nuevamente guardaron silencio.
3. Asunto a tratar.
3.1 Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Sala
de Revisión determinar:  (i) si el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Jamundí vulneró el derecho a la dignidad humana y la no discriminación de
las visitantes, al negar en el ingreso de las señoras Yudi Pilar Caicedo
Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba Luci Mesa Díaz, con sus respectivas
extensiones de cabello; (ii) si el establecimiento penitenciario conculcó el
derecho a las visitas del señor Brian Steven Luna Rodríguez  al negar en el
ingreso de las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos
y Elba Luci Mesa Díaz, con sus respectivas extensiones de cabello.
Para resolver el problema jurídico
planteado la Corte analizará los siguientes tópicos: (i) Agencia oficiosa.
Legitimación por activa. (ii) derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad y relación de especial sujeción con el Estado; (iii) derecho y
regulación a las visitas en establecimientos carcelarios y los límites
constitucionales a la mencionada reglamentación; (iv) derechos fundamentales a
preservar para el recluso y su entorno; (v) con base en ello resolverá el caso
concreto.
4. Agencia oficiosa.
Legitimación por activa.
4.1 De conformidad con lo establecido el
artículo 86 de la Constitución Política, es titular de la acción de tutela toda
persona que por sí misma o por quien actúe a su nombre reclame la protección de
sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados. En
complemento de lo anterior el artículo 10º del Decreto Estatutario 2591 de 1991
dispone que en la acción de tutela:
“También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”
De esta manera, si por las condiciones
adversas o por las circunstancias especiales en las que se encuentre, el
titular del derecho no está en capacidad de desarrollar su propia defensa
mediante la acción de tutela, este podrá hacerlo por intermedio de cualquier
persona en atención a la situación del mismo.
4.2 En consecuencia, esta Corporación
condiciona la procedencia de la acción de tutela mediante agente oficioso a la
debida sustentación del por qué de la intervención de este último. En estricta
atención a los argumentos expuestos por el agente, el juez constitucional podrá
determinar ciertos criterios de flexibilización o de rigidez al sustentar la
procedencia de la acción de tutela.
5. Relación de especial
sujeción entre el Estado y las personas que se encuentran en detención
intramuros, y el deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales.
A partir del vínculo que nace entre el
estado y las personas privadas de la libertad, definido por esta Corporación
como de “especial relación de sujeción”, se justifica la capacidad de
limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos de los reclusos, todo
esto sin desconocer criterios lógicos y provechosos, que conllevan al
cumplimiento de una serie de lineamientos, tal y como quedó consignado en
sentencia T-049 de 2016. Ahí se señaló:
“(i) La
subordinación de una parte (los internos) a la otra (el Estado)
(ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del recluso
a un régimen jurídico especial, controles disciplinarios y administrativos, y
la posibilidad de restringir el ejercicio de ciertos derechos, inclusive
fundamentales.
(iii) Este régimen, en cuanto al ejercicio de la potestad
disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales, debe
ser autorizado por la Carta Política y la ley.
(iv) La finalidad del ejercicio de la potestad y limitación en
mención es la de garantizar los medios para el ejercicio de los otros derechos
de las personas privadas de libertad, buscando cumplir con el objetivo
principal de la pena, que es la resocialización.
(v) Como derivación de la subordinación, surgen algunos derechos
especiales en cuanto a las condiciones materiales de existencia en cabeza de
los internos.
(vi) El deber del Estado de respetar y garantizar el principio de
eficacia de los derechos fundamentales, en especial con el desarrollo de
conductas activas.”
Sobre este aspecto, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que a partir de la relación que
nace del interno con el Estado, se constituye “una relación jurídica de
derecho público que se encuadra dentro de las categorías ius administrativista”,
conocida como relación de sujeción especial que dispone al Estado como el
garante de aquellos derechos que mantiene el recluso a pesar de la privación de
la libertad.[7]
Al efecto, producto de la relación que
nace entre el Estado y el recluso se crean deberes mutuos, cuyo objeto es
ejercer la potestad punitiva en lo que al cumplimiento de la pena se refiere y
simultáneamente garantizar el respeto por los derechos de la población
carcelaria.
La Corte ha clasificado sus derechos
fundamentales en tres categorías (i) aquellos que pueden ser suspendidos, como
consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre
locomoción); (ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción
del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la
familia, a la intimidad personal); y (iii) derechos que se mantienen incólumes
o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se
encuentre sometido al encierro, en razón a que son inherentes a la naturaleza
humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la
salud y el derecho de petición, entre otros.
Desde el momento en que la persona queda
bajo la estricta supervisión del Estado, emana la responsabilidad de garantizar
plenamente los derechos fundamentales que no han sido limitados como resultados
de las conductas cometidas. El proceso de adaptación a las nuevas condiciones
de vida a la que se verá sometida la persona a la que se le es restringida su
libertad, debe contar con el acompañamiento de las instituciones del Estado
para evitar la vulneración de los derechos de los reclusos y hacer efectivo el
goce de los mismos. A este respecto, la sentencia T - 095 de 1995 señaló:
“la potestad del Estado de limitar algunos derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad no es absoluta, en tanto siempre debe
estar dirigida a hacer efectivos los fines esenciales de la relación
penitenciaria, esto es, la resocialización del recluso y la conservación del
orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones. En esa medida,
aunque la restricción de los derechos de los internos es de naturaleza
discrecional, esta encuentra su límite en la prohibición de toda arbitrariedad
y, por lo tanto, debe sujetarse a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.”(negrita fuera del texto)
En suma, todas las actuaciones
desplegadas por las entidades estatales, deberán estar encaminadas a concluir
de manera exitosa el fin esencial de la relación Estado – recluso, que consiste
en la resocialización de este último, atendiendo los principios
constitucionales señalados en la precitada sentencia.
6. Derecho y regulación a
las visitas en establecimientos carcelarios y los límites constitucionales a
reglamentación carcelaria.
Es deber del Estado, por medio de las
autoridades correspondientes, definir las regulaciones en todo lo que tiene que
ver con los derechos que le asisten al recluso, (entre estos el derecho a la
visita) para que con base en ellos, se cumpla de manera efectiva el principio
de resocialización de la pena.
El régimen de visitas de las personas
privadas de la libertad se encuentra contenido en el (i) Código Penitenciario y
Carcelario; (ii) el Acuerdo 011 de 1995 “por el cual se expide el Reglamento
General al cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios”; (iii) la
Resolución 004130 de 23 de agosto de 2016 “por el cual se expide el
Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional
–ERON a cargo del INPEC” y; (iv) los diversos reglamentos internos de cada
centro de reclusión.
Las visitas reguladas en la normativa
mencionada anteriormente contemplan uno de los beneficios otorgados a las
personas privadas de la libertad, en atención con los derechos fundamentales a
la intimidad, a la igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la
personalidad, sin desconocer la relación de especial sujeción a la que se
encuentran sometidos.
Para tal propósito, el artículo 112 del
Código Penitenciario y Carcelario[8], modificado por el artículo 73 de la
Ley 1709 de 2014[9], establece lo siguiente respecto al
régimen de visitas:
“Las personas privadas de la libertad podrán recibir una visita
cada siete (7) días calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los
beneficios judiciales y administrativos aplicables.
Para personas privadas de la libertad que estén recluidas en un
establecimiento carcelario distinto al arraigo familiar, el Inpec podrá
programar un día diferente al del inciso anterior para recibir las visitas.
El ingreso de los visitantes se realizará de conformidad con las
exigencias de seguridad del respectivo establecimiento penitenciario, sin que
ello implique la vulneración de sus derechos fundamentales. Las requisas y
demás medidas de seguridad que se adopten deben darse dentro de un marco de
respeto a la dignidad humana y a la integridad física.
Las requisas se realizarán en condiciones de higiene y seguridad.
El personal de guardia estará debidamente capacitado para la correcta y
razonable ejecución de registros y requisas. Para practicarlos se designará a
una persona del mismo sexo del de aquella que es objeto de registro, se
prohibirán las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas; únicamente se
permite el uso de medios electrónicos para este fin.
El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en
que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por la Dirección General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite,
previa exhibición de su Tarjeta Profesional y si mediare aceptación del
interno.
Los condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados
autorizados por ellos. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas
en el reglamento general, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo”.
Frente al ingreso de elementos, los
visitantes deberán remitirse al reglamento interno del INPEC, que en consideración
de las circunstancias específicas del penal y del recluso determinará si es
procedente el ingreso de determinadas piezas.
Especialmente, en lo referente con la
regulación de visitas, esta Corte ha señalado que en virtud de la relación de sujeción
producto del vínculo entre el recluso y el Estado, y para cada caso particular,
el grado de la sujeción aumentará en atención con las condiciones particulares
de cada interno. Al respecto la sentencia C-394
de 1995 señala:
“Los incisos primero y sexto del artículo 112, son ajustados a la
Carta por cuanto la regulación de las visitas se hace en virtud de la seguridad
y de la especialidad de la vida carcelaria. Por ello, el régimen de visitas
tiene que estar regulado y vigilado, sin menoscabar el núcleo esencial del
derecho a la intimidad, en cuanto sea posible. Una libertad absoluta de visitas
impediría el normal desarrollo de la vida penitenciaria, y además facilitaría
el desorden interno, con detrimento de la seguridad, tanto del establecimiento
como de la ciudadanía”
Sumado a ello, esta Corte ha señalado
que la regulación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios se
extiende a aquellas personas foráneas al penal que pretendan ingresar al mismo
como visitantes, tal y como quedó marcado en la precitada sentencia, que
determinó:
“Una de las manifestaciones del poder de sujeción especial en
referencia a los internos es la potestad de regulación de visitas, cuya
competencia corresponde a cada director de centro carcelario (artículo 53 de la
Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario). Así, el establecimiento
señala ciertos requisitos para las visitas a los centros de reclusión (artículo
112 ibídem). Esta regulación, a pesar de tener como destinatarios tanto a la
persona del exterior del penal que concurre a la visita del interno como al
interno, también hace parte del poder de sujeción especial, porque el visitante
tiene que someterse al régimen de seguridad que tienen los internos para el
cumplimiento efectivo de su pena o de su medida de aseguramiento. En efecto, el
interno es destinatario del acto porque altera el único vínculo directo con la
sociedad y la familia, por tanto, la medida afecta al interno en virtud de su
obligación especial de pagar la pena impuesta o de cumplir la respectiva medida
de aseguramiento; así mismo, el tercero visitante es destinatario del poder de
sujeción especial porque sobre él recae la prohibición o restricción”.
En suma, una de las manifestaciones del
poder de sujeción a las que está sometido el recluso, es la regulación de
visitas, fundamentada constitucionalmente en la preservación de las condiciones
mínimas de seguridad y salubridad, sin dejar a un lado la plena ejecución de la
pena en condiciones dignas.
Importa destacar las distinciones que
nacen producto de las condiciones particulares de los visitantes, así que no
será lo mismo para el recluso recibir visitas de su pareja[10]
que de un familiar o de un amigo, motivos por el cual dependiendo del vínculo
que exista entre el recluso y el visitante, la autoridad competente dará un
trato diferenciado para cada cual. En relación con lo anterior la sentencia T –
378 de 2015 precisó:
“Del contenido de las normas del Código Penitenciario y
Carcelario, se logra establecer, que si bien no se hace una distinción puntal
entre las visitas familiares y las visitas conyugales o íntimas, sí se puede
concluir que las visitas de familiares y amigos reciben un tratamiento
diferente e independiente de las íntimas, estableciendo incluso en el artículo
112A que debe haber dos momentos distintos cuando visitan a una persona privada
de la libertad sus familiares menores de edad y cuando se lleva a cabo la
visita íntima.”
En conclusión, la potestad
administrativa de regulación de visitas es una expresión del poder de sujeción
especial de la administración, la cual tiene fundamento constitucional en la
necesidad de mantener la seguridad, la salubridad y, en general, la
conservación de las condiciones necesarias para la ejecución de la pena o
medida de aseguramiento en forma digna.
7. Derechos fundamentales a
preservar para el recluso y su entorno.
Al respecto de las cárceles, este
Tribunal ha sostenido que estas no pueden ser consideradas exclusivamente como
un lugar de castigo, sino que integralmente cumplen una labor social, rehabilitando
y resocializando al recluso para que al momento de su retorno a la vida en
sociedad puedan desenvolverse con total normalidad.
No hay que olvidar que a pesar de la
potestad legal de las autoridades carcelarias para establecer los parámetros
normativos de los establecimientos carcelarios de manera autónoma, sus
determinaciones no podrán ir de contravía de los lineamientos y normas constitucionales
encaminadas a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales tanto
de los reclusos como de sus allegados.
Por tanto, las visitas constituyen para
el recluso una manera de mantener el contacto con su entorno íntimo, familiar y
social, que deberá verse reflejado en el momento en el que en atención al
cumplimiento de la pena, nuevamente se integre a la vida en sociedad.
En esta dirección ha dicho la Corte,
desde la sentencia T-596 de 1992, que:
“el sufrimiento es inseparable de la pena pero la pena no se
reduce al sufrimiento, ni lo tiene como objetivo”, por lo tanto, “toda
aflicción excesiva y que no corresponda al fin de la pena, debe ser considerada
ilegítima y ajena”. Se fijaron entonces, desde aquel momento, la razonabilidad
y la proporcionalidad como criterios para establecer la legitimidad
constitucional de las medidas que adopten las autoridades en desarrollo de sus
competencias legales y reglamentarias reconocidas. Expresamente se indicó que
toda pena, además de ser jurídica, pública y judicial, debe ser (1) necesaria,
(2) útil y (3) proporcional.
Conforme con tal línea de orientación,
todas y cada una de las medidas tomadas por las autoridades carcelarias frente
a los reclusos y a su entorno deben ser estrictamente proporcionales y
razonables con los preceptos constitucionales, como la dignidad humana y el
libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
En relación con los principios
constitucionales mencionados anteriormente, esta Corte ha sido clara en señalar
que con base en estos se deberán estructurar las directrices encaminadas a
garantizar la plena resocialización de los reclusos, sin desconocer su
autonomía ni la de su entorno. Tal y como quedó consignado en la sentencia
C-261 de 1996 que señaló:
“La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la
personalidad humana se convierten en el marco para la interpretación de todas
las medidas con vocación de rehabilitación. La función de reeducación y
reinserción social del condenado debe entenderse como la obligación institucional
de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad
y como prohibición de entorpecer este desarrollo. Por tanto, le corresponde al
interno, dentro de su autonomía, fijar el contenido de su proceso de
resocialización.”
En la misma perspectiva, en sentencia T-324 de 2011, afirmó la Corte:
“Por un lado, el ejercicio de la potestad punitiva y, por otro, el
cumplimiento de las funciones de la pena y el respeto por los derechos de la
población carcelaria”
Sumado a ello, las medidas orientadas a
garantizar el mencionado derecho fundamental no pueden convertirse en
obstáculos imposibles de superar por los afiliados. En el entendido de que el
concepto de dignidad humana no se refleja exclusivamente en la estructuración de
condiciones de vida digna sino que debe ir de la mano con un conjunto de
variables que permita el goce efectivo del derecho. En la sentencia C – 012 de
2001 precisó:
"La efectividad de sus derechos constitucionales de carácter
prestacional y el real respeto por el principio de dignidad humana, no se
traduce en la mera creación de condiciones de vida digna, también obliga a que
las medidas adoptadas por el Estado efectivamente se dirijan a dicho resultado
y, además, a que el Estado se abstenga de tomar decisiones que impongan mayores
cargas a los asociados."
Es importante señalar que esta Corte en
repetidas ocasiones ha encontrado que no son constitucionalmente razonables,
entre otras medidas, (i) no autorizar a una persona recluida el ingreso de una
máquina de escribir; (ii) impedir el traslado de una persona gravemente enferma
mediante el uso de esposas; (iii) usar esposas durante las entrevistas con
familiares, amigos o abogados; (iv) practicar requisas degradantes a las
personas que van a los establecimientos penitenciarios y carcelarios, cuando
las mismas pueden realizarse con igual o mayor efectividad, por medios menos
invasivos; (v) prohibir el ingreso el día de visitas a las mujeres en período
de menstruación; (vi) apagar el televisor cuando alguno de los reclusos se ríe,
como medida disciplinaria; (vii) prohibir a las personas recluidas hablar en
los talleres o en las filas para recibir alimentos; y (viii) prohibir,
sancionar o no respetar la opción sexual de toda persona, y el legítimo
ejercicio de sus derechos sexuales.[11]
Así las cosas, producto de la relación
del Estado con el particular, sin importar la situación de este último, la
administración mediante las autoridades carcelarias deberá diseñar medidas cuyos
contenidos tengan como base las disposiciones constitucionales dispuestas para
que los privados de la libertad gocen plenamente de los derechos fundamentales
que no le han sido restringidos en atención al cumplimiento de la pena.[12]
En esta dirección, ha dicho el Tribunal que
si bien es cierto que la sanción penal es una manifestación de la potestad
punitiva del Estado, que admite la suspensión de determinados derechos, como la
libertad de locomoción y la libertad personal, no fundamenta la limitación de
otros derechos por parte de la administración a los reclusos.
En ese orden de ideas, todas las
personas al tener derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin importar
la relación especial de sujeción en la que se encuentren, no podrán ser objeto
de cargas mayores que no estén estrechamente relacionadas con los derechos de
los demás, del orden público y de su estado mismo, todo esto sin desconocer que
tales restricciones deberán ser adoptadas con base en una valoración de
razonabilidad y proporcionalidad.[13]
El libre desarrollo de la personalidad
al ser conocido como el derecho a la identidad y a la autonomía personal,
reside básicamente según lo expuesto por la sentencia C-336 de 2008 en que el
ser humano pueda decidir “sin intromisiones ni presiones de ninguna clase,
un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones
y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden
constitucional. Así, puede afirmarse que este derecho de opción comporta la
libertad e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y
para diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su
conciencia, con la única limitante de no causar un perjuicio social.”
Así entonces, este derecho fundamental
deberá ser garantizado tanto al individuo que se encuentre privado de la
libertad, como a su entorno, a pesar de ver restringidos sus derechos por la
relación de especial sujeción en la que se encuentra.
En esa medida, en el momento en el que
el Estado considere pertinente limitar el derecho al libre desarrollo de la
personalidad deberá hacerlo conforme a las disposiciones constitucionales, de
lo contrario tal impedimento será contradictorio y podrá concluir en una transgresión.
En esta misma dirección, esta
Corporación se ha pronunciado en repetidas ocasiones frente a la problemática
de segregación. El artículo 13 de la Constitución, en sentido amplio permite
renovar los estadios en los cuales puedan existir hechos discriminatorios por
raza, etnia, clase social, apariencia entre muchos otros, que con el paso del
tiempo pueden ser susceptibles de transformarse en posibles criterios de
exclusión por las condiciones particulares de propios y extraños.
La carencia de igualdad en personas en
razón a su aspecto termina con la flagrante y sistemática supresión de derechos
de diferentes condiciones en situaciones comunes de la vida social como lo es
ingreso a eventos, establecimientos abiertos al público, establecimientos
estatales, discotecas, bares, restaurantes, centros comerciales, ferias y
semejantes.
De ahí que este Tribunal haya
considerado que las prohibiciones sustentadas en la apariencia de las personas
se traduce en una vulneración concluyente de los principios constitucionales
consignados en el preámbulo de la Carta Política y de una serie artículos
diseñados por el legislador para reducir a su mínima expresión los criterios de
exclusión comunes en nuestra sociedad[14].
Así las cosas, la segregación se
evidencia al momento en el que se entienden desconocidos los valores superiores
y disposiciones internacionales tales como; el artículo 2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humano[15]. Adicionalmente, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó la declaración sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación. En su preámbulo señaló:
Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Justamente con este propósito esta Corte
se ha pronunciado puntualmente en sentencias como la T-691 de 2012 que
determinó los siguientes criterios a considerar por el Tribunal al momento de analizar
te discriminación:
(i) La relación de poder que existe entre la persona discriminada
y el sujeto discriminador.
(ii) El escenario en el que se desarrolla la conducta
discriminatoria.
(iii) El espacio físico o escenario de discriminación.
(iv)   La duración de la puesta en escena
En la misma dirección, este Tribunal ha
centrado en garantizar derechos fundamentales relacionados directamente con el
aspecto de las personas, con el fin de evitar situaciones que comprometan el
equilibrio emocional de estas personas frente a la sociedad. La sentencia T –
594 de 2016 se refirió en los siguientes términos respecto de las contingencias
aplicadas para reafirmar la personalidad de las personas.
“El fallo resaltó que las decisiones respecto a la indumentaria y
demás aspectos relacionados con la apariencia física construyen la imagen que
expresa la identidad, están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y hacen parte del derecho a que las decisiones relativas a la
identidad de género sean reconocidas y respetadas por los demás. También, determinó
la especial protección constitucional del tutelante ante la persistencia de
patrones culturales que censuran esas manifestaciones, según la cual toda
medida que tienda a coartar o limitar la forma en que las personas manifiestan
su identidad está sometida a un juicio estricto de proporcionalidad.”
A la luz de lo expuesto, la
jurisprudencia de esta Corte en repetidas ocasiones ha sido clara en señalar
que si bien la limitación a ciertos derechos está relacionada con la relación
especial de sujeción del interno y de las condicionales particulares en las que
se ven involucradas las personas de su entorno, esta deberá contar con los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad con el fin de determinar si las
limitaciones en las que se puedan ver inmiscuidas son es conducente o no. [16]
8.
Caso concreto.
7.1 El Señor Brian
Steven Luna Rodríguez los días del 24 de noviembre de 2015, 22 de diciembre de
2015 y 26 de enero de 2016 se dirigió a la dirección del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca, solicitando
autorización de ingreso para las señoras Yudo Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lisbeth
Torres Riscos y Elba Lucy Mesa Díaz, con sus respectivas extensiones de cabello. En atención a las respuestas negativas por parte del
establecimiento carcelario, el señor Brian Steven Luna Rodríguez presentó
acción de tutela en favor de las personas enunciadas solicitando la protección
de los derechos a la dignidad humana y a la no discriminación de las
mencionadas.
Para dar solución
al problema jurídico planteado por el accionante debemos atender los siguientes
aspectos (i) procedencia de la acción de tutela y vulneración del derechos a la
visita del señor Brian Steven Luna Rodríguez; (ii) vulneración del derechos al
libre desarrollo de la personalidad por temas de apariencia y (iii)
proporcionalidad de la medida respecto de las señoras Yudi Pilar Caicedo
Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz.
9.
Procedencia de la acción de tutela y vulneración del derechos a la visita del
señor Brian Steven Luna Rodríguez.
- Procedencia
de la acción de tutela.
La procedencia de la
acción de tutela se encuentra soportada al encontrarnos frente a una confluencia
de derechos que suponen una afectación bilateral, evidenciada en  primer lugar,
en el derecho del recluso a recibir la visita en condiciones normales, que
permitan el encuentro con su entorno en las circunstancias acostumbradas, y en
segundo lugar, frente a las visitantes, en el hecho de no tener que alterar sus
condiciones normales de vida, reflejadas en su apariencia física para compartir
al interior del penal, en el caso particular, con el señor Luna Rodríguez.
Adicionalmente, la
condición de especial sujeción en la que se encuentra el demandante, la
limitación de sus derechos y las complicaciones que esto implica al momento de
establecer contacto con el exterior, supone una especial atención por parte de
este Tribunal. Con relación a lo anterior, en la sentencia T- 017 de 2014 la
Corte precisó:
“(…) No es obligatorio que el agente oficioso demuestre
incapacidad física o mental concerniente a que el afectado no puede promover su
propia defensa para que sea procedente la agencia oficiosa si de los hechos
arrimados al proceso se advierte por parte del juez de tutela que el titular
del derecho no se encuentra gozando de todas las condiciones físicas, síquicas,
intelectuales, culturales y sociales para interponer la acción por su propia
cuenta. Ante ese acaecimiento fáctico no le queda otra vía al juez que admitir
la acción por debida legitimación.”
Como corolario de lo
anterior, la precitada sentencia también refirió algunos casos en lo que ha
avalado la legitimación por activa por parte de este Tribunal, a pesar de no
encontrarse evidenciadas las formalidades para tal fin. Como por ejemplo:
El caso resuelto
mediante sentencia T-653 de 2008, en el cual un vecino de un ciudadano que
padecía diabetes y cuadriplejia, fue avalado como agente oficioso del afectado,
en el trámite de una acción de tutela que buscaba amparar el derecho a la
salud, reflejado en la autorización del servicio médico intrahospitalario, en
razón a que la vivienda del paciente no contaba con las condiciones aptas para
su tratamiento.
Especialmente, en lo
referente a las personas privadas de la libertad, la Corte ha sido clara en
señalar en repetidas ocasiones que en atención a la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentran los reclusos, se determina la obligación del
estado a garantizar el goce efectico de los derechos fundamentales que les
asisten. [17]
De ahí que la
legitimación por activa para el caso concreto resulte consolidada tanto para el
recluso como para sus visitantes, al presentarse situaciones que comprometen el
pleno goce de los derechos fundamentales inherentes a la población carcelaria
que a su vez guardan estricta relación con los derechos fundamentales del
entorno social del recluso.
En suma, la facultad
del juez constitucional de terminar la procedencia de la acción de tutela desde
la percepción de flexibilización de los requisitos al momento de acreditar la
agencia oficiosa, será determinada en atención a las circunstancias reflejadas
en el estudio del caso objeto de revisión
Vulneración
del derecho a la visita.
En lo que a visita
respecta,  es debido señalar que el conjunto de componentes que concluyen con
la estructuración de la persona mental, física y socialmente de quienes
pretenden acceder a la visita y de quien la recibe, no pueden ser desentendidos
por las autoridades, en este caso, de los establecimientos carcelarios, que a
pesar de contar con la potestad de controlar y vigilar lo que ocurre en el
interior de los penales y sus alrededores deberán conservar el todo integral
que configura el conjunto del individuo.[18]
En esta dirección ha
dicho la Corte en sentencia T – 248 de 2014 lo siguiente:
“Por otra parte, el artículo 12 de la Constitución proclama el
derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre
la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que
inciden en la salud mental y en el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben
conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de
la integridad personal -por acción o por omisión- vulneran ese derecho
fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de
dignidad.”
Sumado a ello, al
comprometerse el ingreso de las visitantes del interno, se genera un hecho que
implica una alteración en el objetivo del cumplimiento de la sanción, en
relación con el carácter resocializador de la pena privativa de la libertad impuesta
al recluso. De ahí que medidas como las adoptadas en su momento por el
establecimiento carcelario puedan entorpecer la adaptación del accionante
cuando este pretenda integrarse nuevamente a la vida en sociedad.
Conforme con tal
línea de orientación, las circunstancias del caso objeto de estudio, no son
situaciones que deban ser resistidas por el accionante a pesar de la relación
de especial sujeción en la que se encuentra.
10.
Vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad por temas de
apariencia de las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres
Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz.
10.1. Un primer aspecto
para tratar vulneración a libre desarrollo de la personalidad de las señoras
Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz
al no permitírseles el ingreso al penal con sus respectivas extensiones de
cabello, es el de la restricción de la que fueron objeto, en el cual un
criterio formal de seguridad que puede ser superado de muchas maneras,
contrataste con un patrón estético que afecta directamente el libre desarrollo
de la personalidad de las mencionadas y que a su vez impone una barrera muy
difícil de superar al momento de cumplir con el objeto de la visitantes, que no
es más que el de encontrarse con el privado de la libertad.
Así las cosas, la
decisión de estas señoras de presentarse socialmente como deseen (con
extensiones de cabello), de reafirmar su identidad frente a terceros no puede
verse afectada por la medidas implementadas en los establecimientos carcelarios
del país ni en ningún establecimiento que suponga el ingreso de personas con
diversas particularidades relacionadas con su aspecto.
En cuanto a lo
primero, es claro que una de las formas en que se reafirma la personalidad es
en la apariencia física.  “La extensión del pelo y la manera en que se
dispone, al igual que el uso de determinadas prendas, adornos o maquillaje, no
son asuntos de menor entidad, que deban quedar circunscritos al estrecho
ámbito de la estética o de la moda.”[19]  En cambio, son decisiones
centrales acerca de cómo el sujeto se reafirma en su identidad y decide
presentarse ante los otros.
En ese sentido, tribunales
internacionales han manifestado una posición consolidada frente a los temas de
separación social por situaciones relacionadas con la apariencia y otros
componentes de la estructuración del ser humano.
Así las cosas, cuando
se presenten circunstancias que requieran de la intervención de autoridades de
policía, estas no podrán estar justificadas en actividades discriminatorias
conocidas a la luz del derecho internacional como perfilamiento. En relación
con lo anterior el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre otras cosas ha
señalado lo siguiente:
“Se caracteriza por: (i) estar basada en un prejuicio o
estereotipo alrededor de una actividad determinada o hacia un segmento de la
población específico; (ii) incorporar un elemento de coerción que se
materializa en medidas de requisas arbitrarias, detenciones indiscriminadas o actos
de violencia física o psicológica; y (iii) estar amparadas en normas o
discursos públicos asociados al control del orden público o la prevención
contra al delito.”
De igual manera esta
Corte ha desarrollado una serie de parámetros enfocados a determinar los
alcances de la segregación en temas de apariencia física dos de estos fueron
referidos en la Sentencia T – 594 DE 2016, de la siguiente manera:
i) son inconstitucionales las acciones que se fundamentan en la
asociación de estereotipos con manifestaciones y expresiones corporales
públicas de los ciudadanos, por constituir criterios discriminatorios; (ii) en
estos eventos, la carga de la prueba se atenúa con respecto a quien alega la
discriminación, por lo que el juez constitucional está obligado a desplegar una
copiosa actividad probatoria con el fin de determinar si se trata de un caso de
discriminación; y (iii) cualquier prohibición o sanción asociada a la
manifestación pública de la vivencia personal de los individuos debe ser
sometida a un juicio estricto de proporcionalidad, para determinar si la misma
busca un fin constitucional imperioso e impone una limitación adecuada,
necesaria y razonable del derecho.
(ii) en estos eventos, la carga de la prueba se atenúa con
respecto a quien alega la discriminación, por lo que el juez constitucional
está obligado a desplegar una copiosa actividad probatoria con el fin de
determinar si se trata de un caso de discriminación; y (iii) cualquier
prohibición o sanción asociada a la manifestación pública de la vivencia
personal de los individuos debe ser sometida a un juicio estricto de
proporcionalidad, para determinar si la misma busca un fin constitucional
imperioso e impone una limitación adecuada, necesaria y razonable del derecho.
En suma, es deber de
todas entidades sociales, estatales y particulares el garantizar a las personas
el libre desarrollo de actividades propias de la vida en sociedad sin necesidad
de alterar las motivaciones personales que las identifican frente a su
entorno.
10.2. Por otra parte,
como se había analizado en los antecedentes, si bien es cierto que la negativa
al ingreso de las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres
Riscos y Elba Lucy Mesa Díaz con sus respectivas extensiones de cabello, se
encontraba sustentada en los reglamentos generales e internos del instituto
nacional penitenciario y el establecimiento carcelario, importa destacar la
disposición del INPEC por estructuras normativas acordes con las disposiciones
constitucionales actuales, esto reflejado en la expedición de la Resolución
004130 del 23 de agosto de 2016, más puntualmente con base en los artículos 50
y 51 que establecieron:
“Artículo 50. ELEMENTOS DIFERENCIADOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
El director del establecimiento permitirá el ingreso y tenencia de
los elementos necesarios para que las personas privadas de la libertad vivan en
condiciones dignas y se les respeten los derechos a la igualdad, la
responsabilidad, y al libre desarrollo de la personalidad en razón de su sexo,
género, orientación sexual, identidad y expresión de género, raza, etnia,
religión y situación de discapacidad. (Negrita fuera del texto).
A las personas con identidades y diversas expresiones de género,
se les permitirá el ingreso y uso de elementos tales como, prendas de vestir,
pelucas, extensiones de cabello, esmaltes, maquillaje, gel para cabello y otros
objetos de cuidado personal que garanticen el libre desarrollo de su
identidad.” (Negrita fuera del texto)
En complemento de lo anterior, el artículo 51 de la precitada
resolución precisó:
“Artículo 51. Elementos prohibidos. Se prohíbe el ingreso uso,
porte y tenencia por parte de las personas privadas de la libertad y visitantes
de los siguientes elementos. (Negrita fuera del texto):
1.        Elementos de comunicación y tecnología, buscapersonas.
Celulares, tabletas, computadores, tarjetas simpar, memorias USB, reproductores
mph y mph, teléfonos inalámbricos, radios de comunicaciones, relojes digitales
o inteligente.
2.        Todo tipo de arma corto punzante, convencional, no
convencional (artesanal), municiones, estopines y explosivos.
3.        Bebidas alcohólicas de cualquier tipo, sustancias
narcóticas y psicotrópicas, alucinógenos y cualquier otra droga que produzca
alteraciones físicas y emocionales.
4.        Prendas de vestir: gorras, sombreros, ruanas, guantes,
bufandas, ropa de uso privativo de la fuerza pública y de los organismos de
seguridad del estado, pasamontañas, gabanes y abrigos.
5. Material de proselitismo político.
6. Electrodomésticos: resistencias, hornos corrientes, hornos
microondas, equipos de sonido, estufas.
7. Animales de cualquier especie.
8. Medicamentos sin formula ordenada o avalada por el médico del
establecimiento.
9. Objetos de valor, dinero, joyas, relojes, suntuosos, títulos
valores y demás elementos que tengan valor comercial.
10. Documentos que atenten contra la seguridad y/o el orden
público interno del establecimiento.
11. Otros como cables de conducción eléctrica, envases de vidrio,
cuerdas o elementos similares, objetos para juegos de azar y billeteras.
PARÁGRAFO ÚNICO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, se tendrá en consideración lo previsto en el artículo 50 de la
presente resolución. (Negrita
fuera del texto)”
Así las cosas, con la
expedición de esta nueva resolución, que modifica sustancialmente el Reglamento
Interno del INPEC, en lo que a ingreso de las visitas con dichos elementos
respecta, la adaptación del nuevo reglamento supondría otro tipo de medidas no
invasivas frente al caso particular y se entiende superada la controversia. Por
tanto, la petición elevada por el señor Brian Steven Luna Rodríguez en favor de
las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba
Lucy Mesa Díaz, será adoptada por esta Corporación con fines correctivos.
11.
Proporcionalidad de las medidas adoptadas por el establecimiento carcelario en
el caso concreto.
11.1. En primer
lugar, la Sala determinará si las medidas adoptadas en su momento por el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca, con
base en lo dispuesto por el artículo 47, de su reglamento interno, resultan
justificadas con el hecho de garantizar la seguridad del penal.
Para tales efectos,
el precitado artículo dispone:
ARTICULO 47. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL INGRESO DE VISITAS.
Para ingresar al Complejo Carcelario y Penitenciario todos los visitantes en
general deberán:
Ø Presentar la cédula de ciudadanía y la documentación exigida
de acuerdo con la calidad del visitante y someterse a la requisa de rigor en
caso de menores de edad presentar registro civil y tarjeta de identidad.
Ø Pasar el control dactilar que efectuará el dactiloscopista del
Complejo Carcelario y Penitenciario u otro organismo de seguridad del Estado y
la confrontación de ésta con la que aparece en su documento de identidad.
Ø Recibir la ficha correspondiente que será devuelta a la
salida, para devolución del respectivo documento.
Ø Permitir la requisa por el binomio canino.
Ø Permitir la colocación de sellos y su verificación cuando el
personal de seguridad del Cuerpo de Custodia y Vigilancia lo requiera.
Ø Someterse a las disposiciones de seguridad establecidas por la
Dirección.
Ø Ningún visitante podrá ingresar cartas, escritos, grabaciones,
reproductores de audio y video o similares, electrodomésticos, gafas para el
sol, extensiones de cabello, pelucas , lentes de contacto cosméticos o
cualquier otro objeto que pueda transformar la identidad física de la persona,
herramientas de o cualquier otro objeto que pueda transformar la identidad
física de la persona, herramientas de trabajo, estudio o enseñanza, ni material
para las mismas actividades, como prendas de vestir diferentes a las que porta,
lápices o lapiceros y paquetes. (Negrita fuera del texto)
.
Ø Los visitantes que intenten ingresar o que logren ingresar
elementos prohibidos se les expulsarán del Complejo Carcelario y Penitenciario,
según los procedimientos establecidos para tal fin.
Ø Terminado el tiempo para la visita, los visitantes serán
ubicados en un espacio común del Complejo Carcelario y Penitenciario, separados
de los(as) internos(as) hasta que se haya realizado el conteo y requisa de
internos, dispuestos en los procedimientos. Cumplido lo anterior se ordenará la
salida de los visitantes.
Ø Ordenada la salida, los visitantes deberán someterse a todos
los controles necesarios establecidos en los procedimientos adoptados.
Ø Ningún visitante podrá abandonar el Complejo Carcelario y
Penitenciario, sin que previamente se haya realizado la confrontación dactilar
que garantice la identidad de quien egrese.
Ø Los lugares de visita serán demarcados, como también serán señaladas
las zonas restringidas,
11.2. Con base en
lo dispuesto en el mencionado artículo profundizaremos en los alcances de la
medida adoptada en el caso concreto.
10. Test de Proporcionalidad.
10.1 la Corte en
sentencia C - 695 de 2013 definió el test de proporcionalidad como: “un
instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta
adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen
valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso
concreto que se analiza”[20]
11.2. En lo que a
la proporcionalidad de la restricción de los derechos fundamentales de quienes
están privados de la libertad y de su entorno, este Tribunal ha sido claro en
señalar que este conlleva a “Ponderar intereses enfrentados que han recibido
alguna protección constitucional”[21]. En este sentido, se debe analizar
si las medidas adoptadas por las autoridades carcelarias cumplen con los
criterios de razonabilidad y racionabilidad.
11.3. Hecha la
anterior precisión, en el caso que nos ocupa, para que el mencionado examen no
resulte contrario a la Constitución, esta Corporación mediante la sentencia
T-269 de 2002, estableció para la aplicación del test de proporcionalidad las
siguientes pautas:
“(i) determinar si la
medida limitativa busca una finalidad constitucional,
(ii) si es adecuada
respecto del fin,
(iii) si es necesaria para
la realización de éste –lo cual implica la no existencia de una alternativa que
garantice el cumplimiento del fin limitando en menor medida el derecho que se
ve restringido y
(iv) Si es estrictamente
proporcional en relación con el fin que busca ser realizado –esto implica un no
sacrificio de valores y principios que tengan un mayor peso que el principio
que se pretende satisfacer”
11.3. En ese orden
de ideas, la negación por parte del establecimiento carcelario en lo que a
entrada de personas con extensiones de cabello con base en una percepción
estricta de seguridad respecta, puede llegar a comprometer derechos
fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad de
quienes pretendan comportarse como lo hacen habitualmente en el interior de las
cárceles.
Con base en ello,
aplicaremos el mencionado examen para el caso particular, sin desconocer que la
intensidad de este debe ser aplicada según la particularidad de cada asunto.[22]
11.4.
Test de proporcionalidad.
-
Idoneidad de la medida.
10.5 Especialmente,
en lo que al procedimiento general para el ingreso de visitas respecta, el
artículo 47 del Reglamento Interno de Establecimiento Carcelario y
Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, prohíbe el ingreso de extensiones de
cabello en aras de preservar la seguridad del penal, al considerar que el
ingreso de determinados elementos podrían alterar el orden tanto al interior de
la prisión como en el exterior.
A fin de resolver
el asunto, en principio la medida adoptada resulta constitucionalmente
admisible, en razón a que las autoridades administrativas del INPEC y del
COJAM, actuaron conforme a la disposiciones constitucionales vigentes en su
momento[23]-[24], dispuestas por el ejecutivo y
reflejadas en sus reglamentos internos,[25] con el fin de garantizar la estabilidad
y de preservar el orden en las cárceles del país.
En suma, considera
la Sala que la mencionada medida al estar conforme con el ordenamiento jurídico
es idónea con el objeto de alcanzar el objetivo propuesto, dado que, no puede
esta Corporación desconocer la discrecionalidad de las autoridades para diseñar
sus propios reglamentos.
- Necesidad de
la medida.
11.6. Si bien es cierto que para los
llamados a garantizar la seguridad de las cárceles y de mantener el orden público,
medidas como la puestas en consideración pueden resultar de gran ayuda al
momento de cumplir cabalmente con sus oficios, tales mandatos no pueden
desconocer la Constitución, los tratados internacionales ni las distintas disposiciones
diseñadas para garantizar la protección tanto para quienes se encuentran
recluidos, como para quienes ingresan ocasionalmente a los establecimientos
carcelarios.
A pesar de que las experiencias
externas suponen distintas disposiciones para garantizar la seguridad de los
penales, es preciso traer a colación manifestaciones de organismos
internacionales que se han referido principalmente al derecho a las visitas.
En el ámbito europeo, el Consejo de
Ministros se pronunció mediante una recomendación con fundamentos básicos con
relación a la reglamentación elemental para los establecimientos carcelarios.
Con base en este documento se establece que la privación de la libertad de
estar sustentada en la debida reintegración a la sociedad en atención al
cumplimiento de la pena.
Respecto de las visitas,
particularmente, se estableció que se le debe permitir a los reclusos mantener
y desarrollar las relaciones con su entorno de la manera más normal posible,
como un elemento esencial al momento de cumplir con el fin resocializador de la
privación de la libertad. [26]
Del mismo modo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha enfocado esfuerzos en establecer la
visita como una de las garantías para dar un trato digno a las personas
privadas de la libertad,[27] a las cuales se les deberá
garantizar una comunicación normal con las personas del exterior para que los
sindicados no pierdan contacto con uno de los elementos naturales y
fundamentales de la sociedad como lo son las relaciones interpersonales[28].
En esa medida para efectos de
garantizar las disposiciones de las convenciones internacionales, la evolución
jurisprudencial tanto nacional como internacional ha concluido con la
modificación de los reglamentos internos de los reclusorios, para que estos apliquen
de manera correcta los preceptos constitucionales con el fin de garantizar los
derechos fundamentales de los internos y de su círculo más cercano.
La procedente comprensión encuentra
claro fundamento en el momento en el que se expiden nuevas disposiciones por
parte de las autoridades carcelarias en cuanto a la regulación de visitas y
elementos permitidos, acordes con los preceptos constitucionales fundamentales
inherentes a todo ser humano, sin importar su condición, ni su relación con el
Estado.
En efecto, supone esto que para el
establecimiento carcelario es posible adoptar otro tipo de medidas tales como:
requisas, paso por máquinas de rayos x, detectores de metales, vistas
supervisadas o cualquier otro tipo de prácticas que permitan el ingreso de las
extensiones de cabello y que a su vez mantengan la estabilidad del penal sin
desconocer los derechos fundamentales de los internos ni de sus visitantes.[29]
Podemos concluir entonces, que en
relación con la decisión adoptada por el establecimiento carcelario al negar el
ingreso de las señoras Caicedo, Torres y Riscos, con sus respectivas
extensiones de cabello, considera esta Sala que tanto el INPEC como el Establecimiento
Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, producto de su
experiencia, se encuentran en capacidad de estructurar métodos logísticos
distintos al cuestionado.
-
Proporcionalidad de la medida.
11.7. Si bien es
cierto que el proceder de las autoridades administrativas del establecimiento
carcelario resulta justificado constitucional y legalmente, la aplicación
objetiva de la medida resulta desmedida, en el momento que resultan vulnerados
derechos fundamentales que podrían no ser transgredidos y a su vez garantizar
la seguridad del penal y del territorio nacional adoptando otro tipo de
mandatos.
En la misma
perspectiva, en el entendido de que la ley de la ponderación; “es cuando
mayor el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”[30];
a pesar de que estamos frente a dos disposiciones constitucionalmente válidas,
el hecho de comprometer la seguridad del penal no se puede confrontar con la
dignidad ni el libre desarrollo de la personalidad de quienes pretenden actuar
con total normalidad tanto al interior como al exterior del reclusorio.
Al respecto, al
analizar si esta medida resulta proporcionada en sentido estricto, es preciso
determinar el balance existente entre los resultados de la aplicación en lo que
a la seguridad del penal respecta y las dificultades que esta le representa
tanto al recluso como al visitante al momento de hacer efectivo el derecho que les
asiste.
En el caso que nos
ocupa, frente a la percepción de seguridad reflejada en los reglamentos de los
establecimientos carcelarios, al impedir el ingreso de ciertos elementos,
considera esta Sala que al analizar el equilibrio entre los derechos en
mención, la dignidad humana, la no discriminación y el libre desarrollo de la
personalidad no podrán ser superados por un argumento preciso de seguridad, que
a pesar de su relevancia constitucional, puede ser superado.
En efecto, si bien
no podemos pormenorizar las pautas de firmeza implementadas, los derechos
mencionados al ser considerados como fundamentales, no pueden ser dejados de
lado bajo ninguna justificación así sea constitucionalmente aceptada.
Tal como ya se
explicó en el punto anterior, si bien es cierto que las acciones desplegadas
por el establecimiento carcelario contribuyen con la seguridad del penal,
frente a las visitas, existe la posibilidad probada de implementar nuevos
métodos no invasivos que eliminen de plano las barreras impuestas a quienes
pretendan ingresar con elementos inherentes a su personalidad a las cárceles y
distintos establecimientos de seguridad del Estado.
Conforme con tal
línea de orientación, como se ilustra en la demanda, el argumento central de la
acción de tutela al estar centrado en los principios de la dignidad humana, no
discriminación en conexidad con el libre desarrollo de la personalidad, supone
especial atención en el entendido de que no puede este Tribunal avalar una
medida que a pesar de contar con un fundamento jurídico positivo, vulnera los
derechos fundamentales de las personas.
11.8. En
conclusión, considera esta Sala, que tanto el INPEC como el Establecimiento
Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, producto de su
experiencia, pudieron adoptar otro tipo de medidas con el fin de garantizar la
seguridad del penal, sin la necesidad de vulnerar los derechos fundamentales
tanto del recluso como de sus visitantes. Y a su vez reconoce la disposición
por parte del Instituto Penitenciario y Carcelario por adoptar medidas acordes
con los preceptos constitucionales de nuestro ordenamiento.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la
providencia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de
Cali, Valle del Cauca, en el sentido de negar el amparo invocado y en su lugar CONCEDER
la protección al derecho fundamental a la dignidad humana al señor Brian Steven
Luna Rodríguez.
Segundo.- CONCEDER los
derechos fundamentales a la no discriminación y al libre desarrollo de la
personalidad, cuya protección invocó el accionante en representación de la
señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba Lucy
Mesa Díaz.
Tercero.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-560/16
DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD Y A LA NO DISCRIMINACION EN VISITA DE INTERNOS-Se debió realizar un juicio de
razonabilidad y proporcionalidad sobre derechos fundamentales a la no
discriminación y a la dignidad humana (Aclaración de voto)
DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD Y A LA NO DISCRIMINACION EN VISITA DE INTERNOS-Se debió abordar la problemática de
fondo sobre criterios sospechosos de discriminación (Aclaración de voto)
DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD Y A LA NO DISCRIMINACION EN VISITA DE INTERNOS-Se debió emitir una orden concreta
que materialice la protección de los derechos fundamentales amparados (Aclaración
de voto)
Referencia:
Expediente No. T-5601285
Acción
de tutela interpuesta por Brian Steven Luna Rodríguez contra la Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca.
Magistrado
Ponente:
Jorge Iván
Palacio Palacio.
“DEL RESPETO AL DERECHO A LA IGUALDAD
DEPENDE LA DIGNIDAD Y LA REALIZACIÓN DE LA PERSONA HUMANA”
“La discriminación, en su doble acepción de acto o
resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su prohibición
constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el
ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue
el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que
para ello exista justificación objetiva y razonable.”[31]
Con el debido respeto por las decisiones de la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, presento aclaración de voto a la
decisión adoptada dentro del asunto de la referencia, por las razones que a
continuación paso a exponer:
Si bien comparto el sentido del fallo, mediante el
cual se revocó la providencia proferida el 10 de marzo de 2016 por el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Cali y, en su lugar, se concedió la protección del
derecho fundamental a la dignidad humana del señor Brian Steven Luna Rodríguez
y los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la no
discriminación de las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres
Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz, considero que la Sala Sexta de Revisión ha
debido: (i) realizar un juicio de razonabilidad y proporcionalidad sobre
los derechos fundamentales a la no discriminación y a la dignidad humana; (ii)
abordar la problemática de fondo sobre el criterio sospechoso de discriminación
respectivo de las tutelantes; y por último, (iii) emitir una orden
concreta que materialice la protección de los derechos fundamentales amparados.
1.      En mi
criterio, era relevante, para el caso objeto de estudio, realizar un análisis
de fondo de los derechos fundamentales vulnerados por parte del Establecimiento
Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, como quiera que, las
agenciadas sufrieron un trato diferenciado injustificado por razón de su raza y
el simple hecho de llevar consigo extensiones de cabello.
Lo anterior, cobra especial relevancia debido a que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha caracterizado por la protección
de derechos fundamentales ante las conductas discriminatorias que se presentan
a diario en el país. Es claro que, todo acto de discriminación envuelve una
vulneración al derecho fundamental a la igualdad[32], en
tanto coarta las libertades y derechos de las personas sin una motivación
objetiva[33].
De ello se deriva que, el juez de tutela debe ser cauteloso al momento de
estudiar este tipo de vulneraciones, y tomar las medidas pertinentes para la
protección y garantía efectiva de los derechos fundamentales invocados.
Cabe agregar que, aunque la Sala Sexta de Revisión
amparó el derecho fundamental a la igualdad, también debió tutelar el derecho a
la dignidad humana de las agenciadas, toda vez que, como lo ha dicho
anteriormente esta Corporación, “del respeto al derecho a la igualdad depende la dignidad y la
realización de la persona humana”[34]. Queriendo decir esto que,
todo trato diferenciado sin justificación, restringe el pleno goce del derecho
a la dignidad humana, en cuanto afecta la autonomía de cada persona para elegir
su proyecto de vida y la forma como pretende desarrollarlo.
En el caso
bajo estudio, se vulneró el principio y derecho fundamental a la dignidad
humana de las agenciadas, dado que, los directivos del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca, restringieron el
ingreso de estas mujeres negras, con extensiones de pelo, limitando de esta
manera la determinación personal de cada una de ellas, de llevar su vida como
lo consideren pertinente, en su diversa dimensión de vivir como quieran, vivir
bien y vivir sin humillaciones[35].
2.      De
conformidad con el artículo 13 de la Carta Política, el derecho a la igualdad
impone un mandato de prohibición a la no discriminación (inc.1) y una exigencia
de acción en favor de grupos discriminados o marginados y personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (inc. 2 y 3), como lo son
las mujeres negras, sujetas de especial  protección constitucional.
A partir de lo anterior, el Constituyente estableció
como criterios sospechosos de discriminación la raza, el sexo, el origen
nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica;
sobre los cuales esta Corte ha sostenido que:
“Los
criterios sospechosos son, en últimas, categorías que (i) se fundan en
rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir
por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado
sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en
los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y
equitativo de bienes, derechos o cargas sociales.”[36]
Si bien es cierto, la prohibición de ingresar al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca, con
extensiones de cabello, se imponía a todos los visitantes, sin evidenciarse, prima
facie, segregación racial, considero que constituye un criterio sospechoso
de discriminación que las mujeres Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth
Torres Riascos y Elba Luci Mesa Díaz, no hayan podido ingresar al penal,
teniendo en cuenta que: (i) son sujetos diferenciados de especial protección
constitucional por pertenecer a una minoría afrocolombiana y; (ii) dicha
población se identifica con las diferentes formas y estilos autóctonos de
llevar el pelo, característica que no pueden desconocer las autoridades
públicas por ser parte de su identidad étnica[37],
aspectos sobre los cuales no se profundizó en el fallo objeto de aclaración.
Al indicar que el pelo de las mujeres negras se
encuentra ligado a su identidad étnica, quiero decir que esta relación ha sido,
desde tiempos inmemoriales[38],
de vital relevancia motivo por el cual, me encuentro en la necesidad de
resaltar su importancia.
Los grupos minoritarios, como al que pertenecen las
agenciadas, requieren de una especial protección por parte del Estado, dado
que, están siendo obligados por la sociedad occidental a negar sus tradiciones,
perdiendo así, su identidad cultural por estereotipos banales. Sobre el caso en
particular, al imponerse una medida restrictiva a las mujeres negras en cuanto
a cómo llevar su cabello, debo decir que, se está erradicando la memoria histórica que trae consigo el pelo
de estas mujeres, el cual funge como símbolo de resistencia de esta comunidad
frente a la segregación y la opresión.
3.      Estimo que
amparar los derechos fundamentales de las agenciadas sin materializar su
protección, entraña una vulneración de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a la no discriminación y a la dignidad humana. En consecuencia,
esta Sala debió adoptar medidas reales y efectivas tendientes a la satisfacción
material de los derechos antes mencionados, aunque no haya sido solicitado por
el accionante[39],
esto con el fin de garantizar la no reiteración de conductas discriminatorias
por parte del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del
Cauca y otros establecimientos penitenciarios.
Como ejemplo de ello, se pudo disponer que todos los
centros penitenciarios y carcelarios del país, eliminaran de su respectivo
reglamento interno, aquellas disposiciones que reducen el pleno goce del
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de los individuos
privados de la libertad y de sus respectivas visitas. Así como también, pudo
ordenar al establecimiento carcelario accionado, disculparse con las mujeres
afro a las que les impidió ingresar con extensiones de pelo.
Encuentro que, el simple enunciamiento de los
derechos tutelados en la decisión de la sentencia, no sirve de garantía para la
protección de los derechos que fueron vulnerados a las ciudadanas. Desafortunadamente,
aun cuando la providencia habría podido ir más allá, fue otro caso más de flatus
vocis”[40].
En conclusión, aunque en general estoy de acuerdo
con el sentido del fallo proferido por la Sala Sexta de Revisión, al tutelar
los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación de las
agenciadas no comparto que, (i) no se haya realizado el estudio de fondo
de los principios de no discriminación y dignidad humana; (ii) no se
haya amparado el derecho fundamental a la dignidad humana de las señoras Yudi
Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba Luci Mesa Díaz; (iii)
no se llevara a cabo el análisis del criterio sospechoso de discriminación; y, (iv)
la sentencia no haya dispuesto una orden concreta que garantice la protección
de los derechos fundamentales amparados a las agenciadas.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Constitución Política de
Colombia, artículo 1.
[2] Constitución Política de
Colombia, artículo 16.
[3] Cuaderno 1,
folio 17.
[4] Cuaderno 1, folio 1.
[5] Cuaderno 1, folio 2.
[6] Cuaderno 1, folio 3.
[7] En lo concerniente con
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la
relación de especial sujeción con el Estado pueden consultarse las sentencias
T-596 de 1992, C-318 de 1995, T-705 de 1996, T-706 de 1996, T-714 de 1996,
T-153 de 1998, T-136 de 2006, T-035 de 2013, T-077 de 2013, T-266 de 2013,
T-815 de 2013, T-857 de 2013, T-588 de 2014 y T-111 de 2015, entre otras.
[8] Por medio de la cual se
expide el Código Penitenciario y Carcelario
[9] Por medio de la cual se
reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la
Ley 55 de 1985.
[10] La sentencia t-815 de
2013: señaló: "...para que en la práctica de la visita íntima no se
lesione o menoscabe la dignidad humana, es indispensable que el Estado
garantice condiciones mínimas con el fin de que los derechos fundamentales del
recluso y su pareja visitante no se pongan en peligro. Estos mínimos de
dignidad o condiciones materiales concretas de existencia para el ejercicio de
una visita íntima digna son las siguientes: i) privacidad; ii) seguridad; iii)
higiene; iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso de
preservativos e viii) instalaciones sanitarias".
[11]Sentencia T-274 de 2008.
Sentencia T-705 de 1996.
Sentencia T – 428 de 2014.
Sentencia T-1030 de 2003.
Sentencias T-690 de 2004.,
T-743 de 2005., T-848 de 2005. y T-062 de 2006.
Sentencia T-848 de 2005.
Sentencia T-323 de 2015.
[12] Sentencia T-077 de 2015.
[13] Sentencia C-404 de 1998.
[14] Artículo 2,
13, 19. 21, entre otros.
[15] Artículo 2: Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente,
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.
[16] Sentencia T-839 de 2007.
[17] Sentencia T-705 de 1999
[18] Sentencia T – 248 de 2014.
[19] Sentencia T – 594 de 2016.
[20] Sentencia C - 695 de
2013
[21] Sentencia T-274 de 2008.
[22] Sentencia T – 323 de
2015.
[23] Acuerdo 0011 de 1995.
Por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán los
reglamentos
internos
de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios
[24] Sentencia T – 049 de 2016.
[25]  Acuerdo 0011 de 1995
(Octubre 31) Por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán
los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.
[26] Consejo de Ministros de
Europa. Recomendación Rec (2006)2 sobre Reglas de Prisiones Europeas. Adoptado
por el Comité de Ministros el 11 de enero de 2006. Principios 6 y 10.
[27] Sentencia T – 378 de 2015.
[28] Corte IDH. Caso Vélez
Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248.Para. 225
[29] Nueve cárceles del país
estrenan equipos para control de visitantes. Comisión Intersectorial para el
Seguimiento del sistema Penal Acusatorio. http://www.cispa.gov.co/.
[30] Robert Alexi, Teoría de Derechos Constitucionales.
[31] Corte Constitucional
Sentencia T-590 de 1996 (unánime).
[32] Artículo 13 Constitución
Política.
[33] Corte Constitucional
Sentencia T-590 de 1996 (unánime).
[34] Ibídem.
[35] Sentencia T-881 de 2002.
[36] Sentencia T-464 de 2012.
[37] Cuenta de esto la
historia que, en la época de esclavitud, las mujeres negras trenzaban su pelo y
el de sus hijas con diseños que indicaban la ruta de escape a los diferentes
palenques escondidos en las montañas de Colombia. Es así como también, su
frondoso cabello le sirvió para ocultar dentro de él, semillas y oro que
extraían de las minas, para luego poder comprar su libertad y la de sus
familiares (Ver: Lawo-Sukam, Alain y Morales Acosta, Gina. Estéticas
decoloniales del peinado afro e interculturalidad: Experiencia San Basilio de
Palenque, Colombia. Texas A & M University y Universidad Santiago de Chile.
En: Revista de estudios Colombianos. 2015. No. 46. Pág. 35-36).
[38] Además,
la mujer negra ha sido víctima de constantes humillaciones a lo largo del
tiempo, por tener su cabello ciertas características diferentes al de la mujer
blanca occidental. Evidencia de en, es la Ley Tignon, promulgada por el
gobernador del Estado de Luisiana, Estados Unidos, en el año 1786, en la cual
se prohibía que la mujer afroamericana utilizara su pelo de forma natural, en
cuanto para la realeza no era estético, por ser bastante llamativo, además de
poder llegar a  opacar la belleza de la mujer blanca, el cual, las mujeres
negras se vieron obligadas a usar un turbante. (Ver: Voltz, Noël. Black Female Agency
and Sexual Exploitation: Quadroon Balls and Plaçage Relationships. The Ohio State University. 2008.
Pág. 17)
[39] Sentencia T-464 de 2012“Para la Sala es claro que,
dada la naturaleza de la presente acción, la labor del juez no debe
circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en
la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la
vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo
inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en
materia de tutela no sólo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se
torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita”
[40] Ver Salvamento de Voto a
la Sentencia T-407 de 1992 del Magistrado Ciro Angarita Barón.