T-395-15
Sentencia
T-395/15
DERECHO
A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Reiteración de
jurisprudencia sobre protección por tutela
DERECHO
A LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS-Protección constitucional reforzada en el
ámbito interno y en el ámbito internacional
Es claro para la Corporación que, cuando
se trata de menores de edad, su protección no solo debe ser preferente a la de
las demás personas, sino que a su vez debe recibir un tratamiento integral, el
cual incluye todo aquello que sea necesario para la recuperación,
rehabilitación e integración social del infante así como aquellos servicios que
le permitan desarrollar su vida en condiciones dignas, más aun cuando se
encuentran en condiciones de discapacidad.
CUBRIMIENTO
DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas
jurisprudenciales
ACCION
DE TUTELA PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-Procedencia
excepcional
ACCION
DE TUTELA PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-Casos específicos
en que procede
SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos
OBESIDAD
MORBIDA COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA Y LA AUTORIZACION DE CIRUGIA BARIATRICA
TRATAMIENTOS
DE SALUD ORAL COMO PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER FUNCIONAL Y NO ESTETICO-Reiteración
de jurisprudencia
A pesar de que existen tratamientos relacionados con la salud oral
de las personas que por sus implicaciones y características pueden ser considerados
netamente estéticos, también se evidencia que hay ciertas afectaciones cuyo
procedimiento, aunque pueden conllevar beneficios cosméticos, su principal
objetivo es conjurar una deficiencia funcional que si bien no implica un riesgo
inminente para la vida, afecta sustancialmente las funciones y actividades
básicas de la persona, por ende, no es de recibo negar su realización pasando
por alto esta circunstancia.
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-La
prestación del servicio de salud debe ser oportuna, eficiente y de calidad
PRINCIPIO
DE CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO DE SALUD-Cuando
se trata de sujetos de especial protección o en casos de enfermedades graves,
no es aceptable constitucionalmente que la entidad responsable suspenda la
atención por razones económicas o administrativas
El tratamiento
integral en materia de salud, comporta una gran importancia en cuanto a la garantía
efectiva de este derecho fundamental, en la medida en que no se reduce a la
prestación de medicamentos o de procedimientos de manera aislada, sino que
abarca todas aquellas prestaciones que se consideran necesarias para conjurar
las afecciones que puede sufrir una persona, ya sean de carácter físico,
funcional, psicológico emocional e inclusive social,  derivando en la
imposibilidad de imponer obstáculos de ninguna clase para obtener un adecuado
acceso al servicio, reforzándose aún más cuando se trata de sujetos que merecen
un especial amparo constitucional.
DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Orden a EPS de cubrir gastos de transporte
del paciente y de acompañante para asistir a tratamientos médicos que se
realizan en lugares diferentes a los de residencia
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Orden a EPS proceda al reembolso de los
gastos asumidos por el accionante, relacionados con el transporte a otra ciudad
para tratamiento de cáncer
Referencia:
expedientes T-4.705.785, T-4.720.241, T-4.772.463, T-4.782.087,
T-4.790.158, T-4.797.640
Accionantes: Armando
Edisberto de Andréis Matos; Paulina Elvira Santander Guerra, en representación de
su hija Aleyda Patricia Santander Guerra; Emilia Leal de Roa, en representación
de su esposo Gildardo Roa; Juan Carlos Romero Hincapié; Yolanda Cárdenas en
representación de su hijo Juan Pablo Sierra Cárdenas; Hernando Ardelio Vallejo
Pino, en representación de su hija Nathaly Vallejo Cardona
Accionados: Nueva EPS, Unidad de
Salud de la Universidad del Atlántico, Cafesalud EPS, Saludcoop EPS
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá
D.C., treinta (30) de junio de dos mil quince (2015)
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En
la revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del
Magdalena (T-4.705.785); el Juzgado 6º
Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla (T-4.720.241); el Juzgado
Promiscuo de Familia de Chaparral (T-4.772.463) el Juzgado 6º Civil Municipal
de Palmira (T-4.782.087) el Juzgado 4º Penal Municipal de Zipaquirá (T-4.790.158)
y el Juzgado 9º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Zipaquirá (T-4.797.640) en el trámite de la acción de tutela promovida por Armando
Edisberto de Andréis Matos; Paulina Elvira Santander Guerra, en representación de
su hija Aleyda Patricia Santander Guerra; Emilia Leal de Roa, en representación
de su esposo Gildardo Roa; Juan Carlos Romero Hincapié; Yolanda Cárdenas en
representación de su hijo Juan Pablo Sierra Cárdenas; Hernando Ardelio Vallejo
Pino, en representación de su hija Nathaly Vallejo Cardona; contra Nueva EPS,
Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico, Cafesalud EPS, Saludcoop EPS
respectivamente.
Los expedientes fueron
escogidos para revisión por la Sala de Selección Número Tres, por medio de auto
del 13 de marzo de 2015 y repartidos a la Sala Cuarta de Revisión. La Sala de
Selección dispuso además su acumulación para ser falladas en una sola
sentencia, por presentar unidad de materia.
I.
ANTECEDENTES
Armando Edisberto de Andréis Matos, Paulina Elvira
Santander Guerra, en representación de su hija Aleyda Patricia Santander
Guerra, Emilia Leal de Roa, en representación de su esposo Gildardo Roa, Juan
Carlos Romero Hincapié, Yolanda Cárdenas, en representación de su hijo Juan
Pablo Sierra Cárdenas, Hernando Ardelio Vallejo Pino, en representación de su
hija Nathaly Vallejo Cardona presentaron sendas acciones de tutela contra Nueva
EPS, Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico, Cafesalud EPS, Saludcoop
EPS, para que fuera protegido su derecho fundamental a la salud, el cual
consideran vulnerado por dichas entidades al negarles distintos servicios en
materia de salud.
1.
Expediente
T-4.705.785
1.1 Hechos tutela
1.     Armando
Edisberto de Andréis Matos, de 47 años de edad, se encuentra afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de Nueva EPS, en el régimen
contributivo en calidad de cotizante.
2.     Señala
que, aproximadamente 4 meses antes de la presentación de esta acción de tutela,
debido a ciertos síntomas que indicaban una afectación de su estado de salud,
como la pérdida de peso y una inflamación en el lado izquierdo del abdomen,
resolvió acudir a un médico especialista particular, al considerar que, de
solicitar el servicio a la EPS, solo le agendarían cita con el médico general y
no le iban a prescribir los exámenes que requería.
3.     La mencionada
cita médica fue llevada a cabo en la Clínica Cardiovascular de Santa Marta, de
donde fue remitido de urgencia a hematología. Acudió a la Fundación Integral de
Salud, asumiendo los costos de manera personal, fue atendido por el médico
Jaime Villanueva quien le diagnóstico Leucemia Mieloide Crónica y le prescribió
los correspondientes medicamentos y citas de control.
4.     Realizó
las solicitudes pertinentes a la EPS, procediendo ésta a autorizar los
medicamentos y las citas de control con el mismo galeno que realizó el
diagnóstico, con la dificultad de que el médico reside en la ciudad de
Barranquilla y ocasionalmente asume citas en Santa Marta, pero a la fecha de
presentación de esta tutela el referido profesional no había vuelto a atender
citas en esa ciudad.
5.     Por
consiguiente, y toda vez que en Santa Marta no cuentan con la tecnología
necesaria para atender su condición, decidió continuar su tratamiento en el
Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, siendo autorizados por la
demandada EPS las citas, medicamentos y demás exámenes requeridos conforme con
su estado de salud, en esta ciudad. No obstante, la entidad niega la prestación
del servicio de transporte y viáticos, bajo el argumento de que el traslado
desde Santa Marta hasta la capital, debe ser asumido por el afiliado.
6.     Sostiene
que tanto él como su familia son personas de escasos recursos, las citas que
asumió de manera particular las sufragó con préstamos de familiares, debe velar
por el sostenimiento de sus 3 hijos, dos de ellos menores de edad y el mayor se
encuentra estudiando en la universidad, por ende, no cuenta con los medios
económicos para trasladarse a recibir el tratamiento que requiere con urgencia,
dada la gravedad de su enfermedad.
1.2 Pretensiones
El
accionante solicita le sea amparado su derecho fundamental a la salud, de tal
manera que se ordene a la entidad demandada brindar un tratamiento integral de
acuerdo con la enfermedad que padece y asumir todos los costos relacionados con
el mismo, incluyendo el traslado y viáticos con acompañante desde Santa Marta
hasta la ciudad de Bogotá.
De
igual manera, solicitó que se proceda al reembolso de las erogaciones
correspondientes a los tiquetes aéreos para trasladarse a Bogotá, así como las
citas médicas particulares a las que tuvo que acudir y el pago de incapacidades
que se generen como consecuencia de su condición.
1.3
Pruebas
En
el expediente obran las siguientes pruebas:
-
Copia
del documento suscrito por Nueva EPS, el 21 de julio de 2014, a través del cual
resuelve negativamente la solicitud presentada por el actor relacionada con el
cubrimiento del servicio de transporte, alimentación y hospedaje (folios 11 a
12, cuaderno 2).
-
Copia
del escrito de petición suscrito el por el actor, 15 de julio de 2014, a través
del cual solicita asumir todos los gastos del tratamiento que requiere,
incluyendo lo correspondiente al traslado y hospedaje del él y su acompañante
(folios 13 a 16).
-
Copia
del fallo dictado por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Santa Marta, el 5 de
agosto de 2010, a través del cual se concede el amparo a quien planteó una
similar situación fáctica a la del accionante (folios 17 a 26).
-
Copia
de la historia clínica del actor (folios 27 a 40).
-
Copia
de los soportes de pago de los tiquetes aéreos correspondientes al traslado
Santa Marta- Bogotá el 27 de julio de 2014 (folios 41 a 43).
1.4. Respuesta de
las entidades demandadas y vinculadas
5.1
Nueva EPS S.A, a través de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente solicitó declarar la improcedencia de la presente acción de
tutela bajo los siguientes argumentos:
En
primer lugar, señala que Armando Edisberto de Andréis se encuentra afiliado a
la entidad en el régimen contributivo desde el 1º de febrero de 2013, en
calidad de cotizante, reportando un ingreso base de liquidación equivalente a
616.000 pesos, por lo que, en su sentir, se presume la capacidad económica del
actor.
Indica
también, que la entidad ha brindado todos los servicios requeridos y nunca se
le ha negado alguna prescripción, independientemente de que se encuentre en el
POS o no.
No
obstante, aduce que la solicitud del demandante es improcedente, puesto que la
prestación del servicio por parte de la EPS se da con base en la normatividad
vigente. De otro lado, la integralidad a que se hace referencia implica eventos
futuros e inciertos, por ende, no se pueden amparar situaciones que aún no se
han presentado.
De
igual manera, luego de hacer una relación de los servicios que le han sido
autorizados al accionante, sostiene que los gastos de transporte, hospedaje y
alimentación del afiliado y su acompañante deben ser asumidos por éste y su
núcleo familiar según lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución
No. 5261 de 1994, 124 y 125 de la Resolución No. 5521 de 2013 y en la
jurisprudencia constitucional.
Por
otro lado, afirma que la realización del reembolso requerido tampoco es
procedente, pues, en su sentir, el amparo de derechos económicos no se debe
hacer por vía de tutela y a su vez el actor no cumplió con las exigencias
previstas por la entidad para este tipo de solicitudes.
En
esa línea, señala que el accionante no demuestra que su situación económica y
la de su familia no le permite costear el traslado que requiere por ende,
estima que, no es de recibió su pretensión.
Así
las cosas, considera que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno
y bajo ese entendido, las pretensiones del accionante deben ser desestimadas.
5.2
El juez de primera instancia, Juzgado 4º Administrativo Oral de Santa Marta,
resolvió vincular al Instituto Nacional de Cancerología, entidad que, dentro de
la oportunidad procesal correspondiente solicitó su desvinculación, al afirmar
que ha atendido al actor oportunamente desde el 11 de julio de 2014, y ha
prescrito lo adecuado conforme con su enfermedad. No obstante, sostuvo que la
EPS demandada no ha cumplido con la obligación de expedir las autorizaciones
para la realización de exámenes y el cuidado prescrito por el médico tratante
con la urgencia debida, teniendo en cuenta la condición de salud del
demandante.
1.5
Decisiones judiciales que se revisan
Primera
instancia
El
Juzgado 4º Administrativo Oral de Santa Marta, en fallo del 11 de agosto de
2014, resolvió conceder el amparo solicitado, pero en el sentido de ordenar que
se adelanten las medidas administrativas tendientes a garantizar la práctica de
los exámenes requeridos por el actor, señalando que la entidad no podrá
interrumpir por cuestiones administrativas su tratamiento, en esa medida, exige
también la entrega oportuna de las respectivas autorizaciones y medicamentos.
Lo
anterior, al considerar que se presentó la vulneración de los derechos
fundamentales del actor, puesto que se evidenció tardanza y omisión por parte
de la entidad demandada al momento de autorizar lo prescrito por el médico
tratante, lo que lo llevó a acudir al servicio por sus propios medios.
No
obstante, resolvió no conceder lo referente al traslado y los correspondientes
viáticos desde Santa Marta hasta Bogotá, al estimar que el demandante no logró
acreditar la falta de recursos económicos para asumir dichos costos.
Finalmente,
en cuanto al tema del reembolso, señaló que el accionante cuenta con otros
mecanismos para acceder a lo solicitado. Respecto del pago de la incapacidad
solicitada, consideró que no se demostró que se hubiera presentado solicitud de
pago alguna ante la EPS.
Impugnación
Debido
a su inconformidad frente a lo resuelto en primera instancia, el accionante
impugnó la decisión, argumentando que al no tener conocimientos en derecho
consideró suficiente realizar las afirmaciones bajo juramento para que estas se
tomaran como ciertas, aunado a que entiende que la carga de la prueba, en este
caso, recae sobre la entidad demandada.
Por
tal motivo, complementó lo manifestado en el escrito de tutela indicando que
vive en una casa humilde en el corregimiento de Taganga (Magdalena) clasificada
como estratos 1 y 2 para luz y gas respectivamente y no recibe factura de
servicio de agua ya que el mismo se presta a través de carro-tanques.
Así
las cosas, afirma estar en estado de pobreza absoluta y para acreditarlo se
remite a las declaraciones juramentadas de 2 personas que conocen su real
condición económica y que aseguran que el actor no cuenta con trabajo fijo,
percibe sus ingresos de actividades temporales o dictando clases
esporádicamente, se encuentra separado de su cónyuge, pero aun así debe velar
por el sostenimiento de sus tres hijos. De igual manera, su hermana afirma que,
conforme a lo estipulado por los médicos tratantes, su traslado para recibir el
tratamiento debe hacerse con un acompañante, sumado a que el monto de las
deudas en las que ha tenido que incurrir como consecuencia de los costos del
tratamiento que requiere es bastante alto.
Para
el efecto anexó:
-
Copias
de las Actas de Declaraciones Juramentadas de Edwin Parra Castillo, Wilson
Arturo Fernández y Enilsa América de Andréis (folios 103 a 105, cuaderno 2).
-
Recibos
de los servicios de luz y de gas (folios 106 y 107, cuaderno 2).
-
Copia
de los Registros Civiles de sus  3 hijos, entre ellos 2 menores de edad de 10 y
5 años (folios 108 a 111, cuaderno 2).
Segunda
instancia
El
Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 19 de septiembre de
2014, confirmó lo resuelto en primera instancia, al considerar que el actor
acreditó de manera suficiente que carece de recursos económicos para asumir los
costos de su traslado, pero no demostró la ausencia de familiares cercanos que
pudieran asumir dichos costos o que no se encuentran en la capacidad de
socorrerlo. Por otro lado, en lo relacionado con la solicitud de reembolso,
señaló que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa.
2.
Expediente T-4.720.241
2.1
Hechos
1.     Paulina Elvira
Santander Guerra se desempeña como docente de la Universidad del Atlántico,
razón por la cual, tanto ella como su hija, Aleyda Patricia Santander Guerra,
de 13 años de edad, reciben los servicios de salud a través de la Unidad de
Salud de dicha institución educativa.
2.     La menor padece
retraso psicomotriz severo, motivo por el cual debe movilizarse en silla de
ruedas, la que, en un principio, fue adquirida con recursos de la accionante,
hasta que en el año 2013 la entidad accionada le entregó una nueva como
consecuencia de la orden que dictara un juez de tutela
3.     El 21 de mayo de
2014, la actora presentó un escrito de petición en el que solicitaba que las
terapias y tratamiento que recibe la menor, fueran prestados por una IPS
distinta a Teletón, pues ella no cuenta con los recursos suficientes para
contratar personal idóneo que permita continuar el tratamiento de la menor
desde el hogar, como lo estipula dicha entidad.
4.     De igual manera,
debido al crecimiento de la menor, el 12 de junio de 2014, la actora solicitó a
la entidad demandada una nueva silla de ruedas con características específicas
determinadas por los especialistas tratantes, para evitar el surgimiento de
escaras y que la columna de su hija continuara desviándose.
5.     La entidad
demandada resolvió de manera negativa ambas solicitudes, al considerar que no
tenían la obligación de entregar una nueva silla de ruedas y que Teletón cuenta
con plena capacidad para brindar el tratamiento requerido por la menor. A su
vez, sostiene que continuará brindando los servicios en los términos que
indique el médico tratante.
2.2
Pretensiones
La
accionante solicita el amparo de los derechos fundamentales a la salud, y
seguridad social de su hija menor de edad, de tal manera que se ordene a la
entidad demandada la entrega de una silla de ruedas adecuada para la condición
de la niña, así como el suministro de pañales, un bipedestador y la prestación
de terapias de neuro-desarrollo en casa, con personal y equipos idóneos.
2.3
Pruebas
En
el expediente obran las siguientes pruebas:
-
Copia
del escrito de petición presentado ante la entidad demandada, el 21 de mayo de
2014 por Fidel Ernesto Solano Daza, apoderado de Paulina Elvira Santander
Guerra (folios 6 y 7, cuaderno 2)
-
Copia
del escrito de petición presentado, ante la entidad demandada, el 12 de junio
de 2014 por el apoderado de la actora (folio 9, cuaderno 2).
-
Copia
de la respuesta emitida el  por la Unidad de Salud de la Universidad del
Atlántico (sin fecha) relacionada con las peticiones realizadas por la actora
(folio 10, cuaderno 2).
-
Copia
del escrito de petición suscrito el 14 de diciembre de 2011, por la actora,
dirigido a la entidad demandada a través del cual solicita la entrega de una
silla de ruedas (folios 11 y 12, cuaderno 2).
-
Copia
del informe de evaluación de neurodesarrollo de la menor de edad, emitido por
Alianza IPS el 11 de marzo de 2011 (folios 16 y 17, cuaderno 2).
3.4 Respuesta de
la entidad demandada
Dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, la Unidad de Salud de la
Universidad del Atlántico, a través de apoderado, solicitó se negaran las
pretensiones de la accionante bajo los siguientes argumentos:
En
primer lugar, indica que la entidad cumplió con entregar una silla de ruedas y
que según el Acuerdo 009 de 1999, dicho elemento se encuentra excluido del Plan
de Beneficios de la Unidad de Salud. De igual manera aduce que no tienen  conocimiento
de las características especiales con las que debe contar la mencionada ayuda
técnica, pues no han recibido prescripción alguna que disponga un cambio de
silla.
En
cuanto al tema de los pañales, sostiene que tampoco ha recibido requerimiento
relacionado con esta prestación. Sin embargo afirma que la entidad está
dispuesta a brindarlos.
Por
otro lado, afirma que la Unidad no ha negado la realización de las terapias, en
efecto, sostiene que éstas se han llevado a cabo conforme con lo dictaminado
por los médicos tratantes y las recomendaciones señaladas por las IPS tienen la
finalidad de incluir a la familia en el tratamiento “quienes al parecer no
han querido involucrarse.”
Expone
también, que no existe criterio médico que desvirtúe la capacidad de Teletón para
brindar el tratamiento requiere la niña, dado que las auditorías internas
realizadas a dicha entidad arrojan como resultado la satisfactoria calidad del
servicio que prestan.
3.5
Decisión judicial que se revisa
El
Juzgado 6º Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, en fallo del 31 de
julio de 2014, negó el amparo pretendido, al considerar que no es procedente
otorgar la silla de ruedas solicitada, pues de lo allegado al expediente
únicamente se encuentra una prescripción médica con fecha 4 de octubre de 2011,
por medio de la cual se ordena la rehabilitación de la menor de edad para
evaluación de su proceso de transporte en silla de ruedas. Bajo ese orden,
estima que no le es posible al juez de tutela ordenar un tratamiento basado en
un concepto médico de hace 3 años.
Adicionalmente,
sostiene que en la solicitud a través de la cual la actora requiere una nueva
silla de ruedas, no se hace mención a las características específicas que ésta
debe tener y tampoco anexa orden médica que las prescriba. Por ende, estima
incorrecto amparar dicha pretensión, pues, en su sentir, no existe certeza o
claridad del efecto positivo de la mencionada silla en la salud de la niña.
Indica que el precitado argumento aplica también para la pretensión relacionada
con el bipedestador, máxime cuando la actora ni siquiera lo ha solicitado a la
entidad.
En
relación con la pretensión de cambio de IPS, manifiesta que se evidencia que la
entidad no sostiene vínculo contractual con las IPS Avanza o Sonrisas
de Esperanza y, a su vez, no ha existido negación del tratamiento dado que
este se está llevando a cabo en Teletón IPS.
Impugnación
Inconforme
con lo resuelto en primera instancia, la accionante impugnó la decisión,
argumentando que demostró con informes médicos recientes la necesidad de la
nueva silla de ruedas, así como las características específicas que esta debía
tener, tal como ocurrió con el bipedestador.
Por
otro lado, respecto del cambio de IPS manifiesto que la solicitud no parte de
un capricho, pues fue Teletón quien recomendó se continuara el tratamiento en
el hogar. Sin embargo, ella no cuenta con los recursos para contratar el
personal idóneo para ello, motivo por el cual solicita que sea provisto por las
entidades Avanza o Sonrisas de Esperanza. A su vez, afirma que no es de recibo
el argumento correspondiente a que no se encuentren adscritas a la EPS
demandada, en la medida en que la jurisprudencia constitucional ha amparado
estos derechos en el sentido pretendido por la actora.
No
obstante el recurso fue presentado pasados los 3 días señalados por el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual fue negado.
3.
Expediente T-4.772.463
3.1
Hechos
1.     Emilia Leal de
Roa, señaló que su esposo, Gildardo Roa, de 71 años de edad, reside en el
municipio de Chaparral (Tolima) y se encuentra afiliado a Cafesalud EPS a
través del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, calificado como
nivel 1 de Sisben.
2.      En el año 2012
fue diagnosticado con Cáncer de Recto EST IV, como consecuencia de una
metástasis hepática, el cual ha sido tratado con quimioradiación en la ciudad
de Bogotá. Fue intervenido quirúrgicamente, pero el 10 de septiembre de 2014,
presentó una recaída.
3.     Como parte del
tratamiento requerido conforme a su enfermedad, le fueron prescritas bolsas de
colostomía las cuales, afirma la actora, no han sido suministradas por la EPS y
no se encuentra en la posibilidad de adquirirlas por sus propios medios.
4.     Señala a su vez,
que debido a sus 65 años de edad y a que es ama de casa dedicada al cuidado de
su esposo, tampoco cuenta con los recursos económicos para asumir los gastos
que implica el transporte, la alimentación y el hospedaje para que este último
pueda recibir el tratamiento.
5.     Debido a ello, la
salud de su esposo se ha visto deteriorada rápidamente al no tener acceso a los
insumos, ni al tratamiento necesarios conforme a su enfermedad por falta de
recursos y de la prestación del servicio por parte de la EPS.
3.2
Pretensiones
La
accionante solicita el amparo del derecho fundamental a la salud de su esposo,
de tal manera que se ordene a Cafesalud EPS asumir todos los gastos de
transporte, alimentación y hospedaje en la ciudad de Bogotá para el paciente y
su acompañante, con el fin de que pueda recibir el tratamiento prescrito por su
médico tratante fuera de su lugar de residencia. A su vez, entregar todos los
insumos ordenados independientemente de que estén incluidos en el POS, así como
el tratamiento integral del padecimiento que afecta a Gildardo Roa.
4.3
Pruebas
En
el expediente obran las siguientes pruebas:
-
Copia
del carnet de afiliación de Gildardo Roa a Cafesalud EPS (folio 1, cuaderno 2).
-
Copia
de la cédula de ciudadanía de Gildardo Roa, (folio 2, cuaderno 2).
-
Copia
de la historia clínica de Gildardo Roa (folio 3, cuaderno 2).
4.4
Respuesta de la entidad demandada
Dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, Cafesalud EPS-S, a través de
apoderado, solicitó denegar las pretensiones de la accionante, bajo los
siguientes argumentos:
En
primer lugar, manifiesta que las bolsas de colostomía reclamadas son insumos
que se encuentran excluidos del POS, según los dispuesto en la Resolución 5521
de 2013. En ese sentido, es la Secretaría de Salud Departamental del Tolima la
que debe asumir la prestación de dicho servicio.
Señala
también, que la entidad no ha negado servicio alguno al afiliado, pues todo lo
prescrito ha sido autorizado aplicando la normatividad vigente, es decir, el
Acuerdo 260 de 2004, el cual dispone que para el nivel 1 de Sisben corresponde
un copago máximo del 5% del valor de la cuenta; por tanto, no se le puede
endilgar una vulneración a la entidad en este aspecto.
Respecto
al tema de la atención integral, afirma que no es procedente toda vez que,
según la jurisprudencia constitucional, no es posible amparar hechos futuros e
inciertos
Al
referirse a la pretensión relacionada con el suministro del transporte y
viáticos con acompañante, aduce que la entidad se encarga de prestar el
servicio netamente de salud y no tiene otro objeto social, por ende, no puede
asumir los costos de traslado. Señala también que el transporte es una
necesidad básica del ser humano, por lo que es responsabilidad del paciente
hacerse cargo del mismo, máxime cuando, en su sentir, se encuentra por fuera
del POS.
Posteriormente
afirma que para poder cubrir los citados servicios, estos deben ser prescritos
por el médico tratante para que se consideren incluidos en el POS y que,
analizados los documentos allegados al expediente, no lograron evidenciar tal
prescripción.
4.4.2
La Secretaría Departamental de Salud de Tolima no se pronunció respecto de los
hechos planteados en la presente acción.
4.5
Decisión judicial que se revisa
Primera
instancia
El
Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral (Tolima) en fallo del 7 de noviembre
de 2014, resolvió negar el amparo pretendido, al considerar que si bien el
cubrimiento de los servicios no POS en el régimen Subsidiado corresponde a la
EPS-S, como el caso de las bolsas de colostomía, al no existir orden médica que
prescriba la necesidad de tal insumo no procede otorgarlo.
Por
otro lado, respecto de la solicitud de transporte y viáticos señala que los
mismos solo pueden ser entendidos como parte del POS en determinadas
situaciones descritas en la Ley. No obstante, a su juicio, el caso del
representado no se enmarca dentro de dichos supuestos. Adicionalmente, aduce
que no se cumplen los requisitos señalados en la jurisprudencia constitucional
para amparar este servicio, toda vez que no se demostró la ausencia de
familiares que pudieran hacerse cargo de los citados costos, para llevar a cabo
su tratamiento.
Finalmente,
respecto del tratamiento integral, acogió lo expuesto por la parte demandada,
afirmando que según los pronunciamientos de la Corte Constitucional, no es
posible para el juez de tutela emitir órdenes de manera abstracta e
indeterminada.
Esta
decisión no fue objeto de impugnación
4.
Expediente T-4.782.087
4.1
Hechos
1.     Juan Carlos Romero
Hincapié, de 34 años de edad y residente en el municipio de Puerto Tejada (Cauca),
se encuentra afiliado a Saludcoop EPS desde el 8 de enero de 2004, en calidad
de cotizante independiente.
2.     Sostiene que desde
hace aproximadamente 15 años viene padeciendo problemas en las articulaciones,
de circulación, en las extremidades inferiores y en sus músculos, como
consecuencia de su sobrepeso.
3.     Durante 3 años su
condición de salud fue valorada en varias ocasiones por médicos generales,
quienes ordenaban tratamientos seguidos por el actor de manera estricta.
Posteriormente, tuvo que ser tratado por galenos especialistas y un Grupo
Interdisciplinario para el Control de la Obesidad en la ciudad de Cali, sin
obtener resultados positivos, toda vez que el sobrepeso persiste.
4.     Actualmente sufre
Apnea del Sueño, obesidad tipo 2 severa y Acantosis Nigricans, como
consecuencia de sobreproducción de insulina llegando a clasificarse como pre-diabético,
lo que en el futuro puede derivar en infartos, paros cerebrales y obstrucción
de las arterias. A su vez, su peso es de 132 kilos, mide 1.88 metros y su
índice de masa corporal es de 37kg/m2, por lo que está próximo a alcanzar la
obesidad mórbida.
5.     El 5 de marzo de
2014, un especialista en obesidad y cirugía bariátrica adscrito a la Clínica de
la Obesidad del Centro Médico Imbanaco, le ordenó que en el menor tiempo
posible le fuera realizada una “cirugía bariátrica consistente en Sleeve Gastrectomy
con uso de Ligasure y Sutura Mecánica”.
6.     En consecuencia,
ese mismo día solicitó cita con medicina general ante la EPS, siendo programada
para el 16 de mayo de 2014, en la IPS Saludcoop Palmira. Asistió a la consulta
en la fecha establecida y entregó la orden mencionada; sin embargo, el galeno
le informó que la encargada de tramitar dichas solicitudes era la directora
médica de la IPS.
7.     Así las cosas, el
17 de junio de 2014 puso en conocimiento de la directora de la IPS lo prescrito
por el médico especialista, obteniendo como respuesta que no era posible acatar
dicho concepto dado que provenía de un profesional no vinculado a la entidad. A
su vez, que lo adecuado era que el actor continuara con las respectivas dietas
y valoraciones por grupos interdisciplinarios, puesto que la cirugía solicitada
se realizaba únicamente como última opción.
8.     No obstante,
preocupado por su estado de salud, el 18 de julio de 2014, resolvió elevar una
petición ante Saludcoop EPS, por medio de la cual solicitó la programación y
realización de la cirugía prescrita, viéndose en la obligación de acudir a la
acción de tutela, toda vez que el requerimiento no había sido resuelto.
9.     En cuanto a su
condición personal, sostiene que trabaja en un supermercado en Puerto Tejada (Cauca),
en un turno de medio tiempo, por lo que recibe como ingreso la mitad del
salario mínimo, su esposa es ama de casa y debe asumir el pago del canon
mensual de arrendamiento.
4.2 Pretensiones
El accionante
solicita el amparo de su derecho fundamental a la salud de tal manera que se
ordene a Saludcoop EPS la realización de la cirugía bariátrica
consistente en Sleeve Gastrectomy con uso de Ligasure y Sutura
Mecánica en el Centro Médico Imbanaco a cargo del doctor José Pablo Vélez,
médico que prescribió el procedimiento.  De igual forma, que la entidad
demandada autorice también todos aquellos servicios para el manejo
postquirúrgico.
4.3 Pruebas
En el expediente obran las siguientes
pruebas:
-
Copia
del escrito de petición dirigido a Saludcoop EPS, suscrito por Juan Carlos
Romero Hincapié, el 18 de julio de 2014 (folios 1 a 4, cuaderno 2).
-
Copia
de la orden de cirugía prescrita el 5 de marzo de 2014 por el doctor José Pablo
Vélez, de la Clínica de la Obesidad (folio 5, cuaderno 2).
-
Copia
del resumen de la historia clínica de Juan Carlos Romero, realizado por la
Clínica de la Obesidad (folio 6, cuaderno 2).
-
Copia
de la cédula de ciudadanía de Juan Carlos Romero (folio 7, cuaderno 2).
-
Copia
de los comprobantes de pago de cotizaciones en salud (folios 8 y 9, cuaderno
2).
4.4 Respuesta de
las entidades demandadas y vinculadas
5.4.1 Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, Saludcoop EPS, a través de apoderado,
solicitó desestimar las pretensiones del accionante bajo los siguientes
argumentos:
En primer lugar,
aduce que la cirugía bariátrica que solicita el paciente fue prescrita por un médico
no adscrito a Saludcoop, lo que deriva en que a la entidad no le sea posible
prestar el servicio en la medida en que para acceder a este es obligatorio que
haya sido ordenado por un profesional vinculado a la entidad.
De igual forma,
sostiene que para poder determinar la necesidad de la cirugía solicitada, el
actor debe ingresar previamente al programa de obesidad de la EPS, al cual no
se encuentra vinculado. Por tanto, le fue programada una cita con el
coordinador del Comité de Obesidad de la entidad, para el 31 de octubre de
2014, situación que ya le fue informada.
Señalan también,
que el accionante debe seguir estrictamente las recomendaciones que brinden los
médicos tratantes con el fin de que el tratamiento tenga una evolución
positiva. Bajo ese orden, indica que la opción de intervención quirúrgica se evalúa
después de realizadas las valoraciones y exámenes pertinentes que determinen
que la condición del paciente lo amerita. Adicionalmente, afirma que lo
anterior corresponde a las normas imperativas que rigen a la entidad y no a una
negativa caprichosa de la EPS.
Insiste en que la
orden de tratamiento debe provenir de un médico adscrito a su red de servicios
y que, de ser así, será sometida a evaluación por parte del Comité Técnico
Científico.
Manifiesta que
antes de proceder a la cirugía se deben realizar cambios en el estilo de vida
del actor para garantizar un resultado posquirúrgico adecuado, que implican
controles nutricionales y actividad física, por lo que considera que el
tratamiento solicitado, per se, no es la solución para su padecimiento.
Finalmente, expone
que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que todo
aquello que ha sido prescrito por los médicos vinculados a la EPS ha sido
autorizado y garantizado.
5.4.2 El juez de
primera instancia consideró pertinente vincular al Ministerio de Salud y
Protección Social, el cual solicitó que, en el evento de considerar que la
tutela es procedente, se ordene a la EPS asumir la adecuada prestación de los
servicios, independientemente de que se encuentren o no en el POS, pero se
abstengan de realizar algún pronunciamiento con respecto a la posibilidad de
recobro ante el Fosyga.
Lo anterior, luego
de señalar que el Ministerio no es responsable directo de la prestación de los
servicios de salud y que, si bien el procedimiento solicitado por el actor se
encuentra excluido del POS, lo principal en estos eventos es la protección de
los derechos fundamentales de los pacientes. En tal sentido, afirma que el juez
de tutela no debe pronunciarse sobre la posibilidad de recobro que tiene la EPS
en pro del correcto manejo de los recursos públicos.
Respecto del
tratamiento integral, señala que se trata de una pretensión genérica que no
permite precisar cuáles son los servicios requeridos en aras de determinar su
cobertura POS, sumado a que mal haría el juez en conceder a futuro protecciones
desconocidas.
5.5 Decisión
judicial que se revisa
El Juzgado 6º
Civil Municipal de Palmira, en fallo del 24 de octubre de 2014, denegó el
amparo pretendido al estimar que en este caso no se cumplen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional, toda vez que el actor no ha
sido evaluado por el grupo interdisciplinario especializado de la EPS con el
fin de determinar la necesidad de la cirugía. De igual manera, en vista de que
ya se le programó cita con el respectivo comité para que se estudie su
condición, consideró que no había lugar a conceder las pretensiones.
La decisión no fue
objeto de impugnación
6. Expediente
T-4.790.158
6.1 Hechos
1.     Yolanda Cárdenas
Díaz manifiesta que su hijo Juan Pablo Sierra Cardona, de 3 años de edad,
padece, desde su nacimiento, de colitis eosinofílica  con compromiso de peso y
talla, por lo que requiere un manejo nutricional estricto.
2.     Como consecuencia,
la dieta del niño consiste en una exclusión completa de leche, trigo, soya
huevo y todos sus derivados. Por tanto, en sus primeros meses de vida se
alimentaba con leche Neocate LCP, pero luego de cumplir su primer año la
formula fue cambiada a Neocate Advance.
3.     La actora presentó
ante Saludcoop EPS la correspondiente orden médica en la que claramente se
establecía que el insumo requerido es Neocate Advance, con el fin de que fuera
otorgado por la entidad. No obstante, el suplemento no fue autorizado, con la
particularidad de que en el formato de negación de servicios se hizo referencia
a Neocate LCP, lo que no corresponde a lo solicitado por la accionante.
4.     En ese sentido,
recurre a la acción de tutela para que la EPS demandada autorice y entregue el
suplemento prescrito por el médico tratante, a saber, Neocate Advance, 50
frascos de 400 gramos para 3 meses.
6.2 Pretensiones
La demandante
solicita la protección del derecho fundamental a la salud de su hijo, de tal
manera que se ordene a Saludcoop EPS la entrega inmediata del suplemento
Neocate Advance, 50 frascos de 400 gramos para 3 meses, así como el tratamiento
integral, que requiera el menor de edad de manera continua, incluyendo los
servicios excluidos del POS.
6.3 Pruebas
-
Copia
de la cédula de ciudadanía de Yolanda Cárdenas Díaz (folio 7, cuaderno 2).
-
Copia
del Registro Civil de Nacimiento de Juan Pablo Sierra Cárdenas (folio 8,
cuaderno 2).
-
Copia
del carnet de afiliación a Saludcoop EPS de Juan Pablo Sierra Cárdenas (folio
9, cuaderno 2).
-
Copia
del formato de negación de servicios emitido por Saludcoop EPS el 9 de
diciembre de 2013 (folio 10, cuaderno 2).
-
Copia
de la respuesta a solicitud de servicios por parte de la Fundación
Cardioinfantil, con fecha 12 de noviembre de 2014, en la que se establece que “no
ha sido posible la introducción de leche elemental, por negación de la EPS, fue
rechazada la fórmula Necoate LCP, mientras que la fórmula solicutada es Neocate
Advance es la indicada por la edad del paciente” (folio 11, cuaderno 2).
-
Copia
del resumen de la historia clínica del menor de edad (folios 12 a 15, cuaderno
2).
6.4 Respuesta de
la entidad demandada
Vencido el término
para pronunciarse sobre los hechos de la demanda de tutela, Saludcoop EPS se
abstuvo de brindar respuesta alguna.
6.5 Decisión
judicial que se revisa
El Juzgado 4º
Penal Municipal de Zipaquirá, en providencia del 4 de diciembre de 2014,
resolvió no conceder el amparo solicitado al considerar que, una vez analizados
los elementos de prueba allegados al expediente, se evidencia que el formato de
negación de servicios fue emitido el 9 de diciembre de 2013, mientras que la
orden médica que prescribe el suplemento solicitado es del 12 de noviembre de
2014, es decir, aproximadamente un año después.
Bajo ese
entendido, sostiene que no se acredita siquiera sumariamente la vulneración por
parte de la entidad demandada, pues el formato de negación no coincide con la
orden médica presentada y no se evidencia entonces una negación actual de la
EPS.
En cuanto a la solicitud
de tratamiento integral, afirma que al tratarse de hechos futuros inciertos no
compete al juez de tutela determinar la necesidad de la continuidad de un
tratamiento, mucho menos cuando tal labor le corresponde a los médicos
tratantes.
La decisión no fue
objeto de impugnación
7. Expediente
T-4.797.640
7.1 Hechos
1.     El 24 de mayo de
2012, Nathaly Vallejo Cardona, de 16 años de edad, fue diagnosticada por
odontología con malformación de la mandíbula, padecimiento que le impide
masticar adecuadamente los alimentos y en muchas ocasiones le produce
cansancio, dolores de cabeza y de oído.
2.     El 4 de julio de
2012, en una nueva valoración que se llevó a cabo en Coododontologos,
confirmaron el diagnóstico, señalando que la menor presentaba una desviación de
la mandíbula, lo que provoca una mordida cruzada que no permite masticar los
alimentos de manera normal, observando también una hiperplasia condilar.
3.     Le informaron que
era necesario realizar una cirugía para corregir la situación, pero debido a
que no había cesado el crecimiento de la mandíbula de la menor, era pertinente
someterla a ortodoncia para acelerar el proceso y, una vez terminado, proceder
a la intervención quirúrgica.
4.     Así las cosas, la
niña inició el tratamiento de ortodoncia, el cual tuvo que asumir en su
totalidad el actor, toda vez que el servicio fue negado por Saludcoop EPS.
5.     Transcurridos 2 años
y 3 meses luego de iniciado el tratamiento de ortodoncia en los dientes
inferiores, se consideró que la menor estaba en condiciones para llevar acabo
la cirugía ortognática para retroceso mandibular, por lo que la misma fue
prescrita el 9 de julio de 2014. Por ende, solicitaron la respectiva
autorización ante la EPS.
6.     No obstante, el 24
de julio de 2014, recibieron respuesta de la entidad demandada en la que
establecía que el Comité Técnico Científico procedió a negar la autorización,
bajo el argumento de que se trataba de una actividad cosmética, estética o con
fines de embellecimiento y no se evidenciaba riesgo inminente para la vida y
salud de la paciente.
7.     El actor considera
que los señalamientos realizados por la EPS son falsos, toda vez que existe una
afectación a la salud de la niña, en la medida en que por su condición sufre de
constantes y severos dolores de cabeza, de oído y cansancio al masticar, hasta
al punto de no poder conciliar el sueño y preferir no alimentarse
correctamente.
7.2 Pretensiones
El actor solicita
el amparo del derecho fundamental a la salud de su hija, de tal manera que se
ordene a Saludcoop EPS autorizar la cirugía ortognática para retroceso
mandibular que requiere la menor y, a su vez, se le brinde un tratamiento
integral conforme con su condición.
7.3 Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas:
-
Copia
del formato de negación de servicios emitido por Saludcoop EPS, el 24 de julio
de 2014 (folio 4, cuaderno 2).
-
Copia
de la historia clínica de Nathaly Vallejo Cardona (folios 5 a 46, cuaderno 2).
7.4 Respuesta de
la entidad demandada
Vencido el término
para pronunciarse sobre los hechos de la demanda de tutela, Saludcoop EPS se
abstuvo de brindar respuesta alguna.
7.5 Decisión
judicial que se revisa
El Juzgado 9º
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Zipaquirá, en
sentencia del 24 de noviembre de 2014, resolvió negar el amparo pretendido, al
considerar que no se encuentra demostrado que la condición de la menor
represente un grave riesgo para ella o que derive en una afectación
significativa de sus condiciones de vida.
Por otro lado,
aunque advierte que no existe otra alternativa, no hay documento dentro del
expediente que permita justificar recurrir a un tratamiento excluido del POS o
de la urgencia vital de la cirugía solicitada.
Finalmente, afirma
que el actor no acreditó la carencia de recursos económicos que le permitan
sufragar el tratamiento de manera particular.
Inconforme con lo
resuelto en primera instancia el actor impugnó la decisión, argumentando que se
evidencia una falla en el servicio que presta Saludcoop EPS, pues se niega a
garantizar el pleno goce del derecho fundamental a la salud de su hija y pasó
por alto los argumentos que se presentaron para evidenciar la vulneración.
No
obstante el recurso fue presentado pasados los 3 días señalados por el Decreto
2591 de 1991, razón por la cual fue negado.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta Sala de Revisión la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de
los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde a la
Sala Cuarta de Revisión determinar si se presenta la vulneración del derecho
fundamental a la salud de Armando Edisberto de Andréis Matos, Aleyda Patricia
Santander Guerra, Gildardo Roa, Juan Carlos Romero Hincapié, Juan Pablo Sierra
Cárdenas, Nathaly Vallejo Cardona, como consecuencia de la negación de
distintos servicios solicitados por los accionantes, por parte de las entidades
demandadas.
Previo a dilucidar la cuestión
planteada,
se abordará lo respectivo al (i) Derecho
fundamental a la salud y su protección por vía de tutela, (ii) el
derecho fundamental de los niños a la salud y su protección reforzada, (iii) el cubrimiento de los gastos de transporte para
los pacientes y sus acompañantes por parte de las Entidades Prestadoras de
Salud, (iv) autorización
de servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud, (v) autorización por parte de las EPS de procedimientos quirúrgicos
para tratar la obesidad, (vi) tratamientos de salud oral como procedimiento de
carácter funcional y no estético, para finalmente entrar a analizar (vii) los
casos concretos.
3. Derecho
fundamental a la salud y su protección por vía de tutela. Reiteración de
jurisprudencia
El artículo 48 de
la Constitución consagró la seguridad social como un derecho de carácter
irrenunciable que debe garantizarse a todos los habitantes del territorio
colombiano, y como servicio público obligatorio, bajo el control del Estado que
debe ser prestado con sujeción a los principios de solidaridad, eficiencia y
universalidad.
Acorde con lo
dispuesto por el citado artículo, la jurisprudencia de esta Corte ha
determinado que el derecho fundamental a la seguridad social se encuentra
definido como aquel “conjunto de medidas institucionales tendientes a
brindar progresivamente a los individuos y sus familias, las garantías
necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su
capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una
subsistencia acorde con la dignidad del ser humano.”[1]
Por su parte, el
artículo 49 de la Carta, en relación con lo anterior, consagró que toda persona
tiene el derecho de acceso a la protección y recuperación de su salud, el cual
se encuentra a cargo del Estado y que debe ser prestado conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Así, en desarrollo
de las normas constitucionales citadas, el congreso expidió la Ley 100 de 1993 “por
medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social”, con el
objetivo de otorgar el amparo frente a aquellas contingencias a las que puedan
verse expuestas las personas con la posibilidad de afectar su salud y su
situación económica. En ese orden, el sistema fue estructurado con los
siguientes componentes: (i) el Sistema General en Pensiones, (ii) el Sistema
General en Salud, (iii) el Sistema General de Riesgos Profesionales y (iv)
Servicios Sociales Complementarios.
De igual forma,  y
por interesar a esta causa, la mencionada ley dispone como uno de los objetivos
del Sistema General en Salud, crear condiciones de acceso a todos los niveles
de atención para toda la población, orientado por los principios de
universalidad, calidad y eficiencia, entre otros.
Asimismo, la Ley
1751 de 2015[2]
reconoció el carácter fundamental que comporta este derecho, tal como lo venía
señalando la jurisprudencia constitucional. Dicha garantía, consiste en una
serie de medidas y prestación de servicios, en procura de su materialización,
en el más alto nivel de calidad e integralidad posible.[3]
En
ese orden, esta Corte ha sostenido que, en virtud del derecho fundamental a la
salud, el Estado está en la obligación de adoptar aquellas medidas necesarias
para brindar a las personas este servicio de manera efectiva e integral,
derecho que, de encontrarse de alguna manera amenazado, puede ser protegido por
vía de acción de tutela.
Lo anterior cobra mayor importancia cuando
se trata de sujetos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta,
como es el caso de los niños, las personas de la tercera edad, quienes sufren
de enfermedades catastróficas, entre otras, como por ejemplo todo tipo de
cáncer[4],
y también sujetos que padecen algún tipo de discapacidad[5], puesto
que, sumado a la prestación de un servicio de calidad y un tratamiento
eficiente e integral para la enfermedad que se padezca, estos merecen una
especial protección por parte del Estado.
4. El derecho fundamental de los niños a
la salud y su protección reforzada. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 44 de la Constitución consagró
que los derechos de los niños, esto es, la vida, la integridad física, la salud
la seguridad social y la educación entre muchos otros, son fundamentales. En
ese sentido, es obligatorio para el Estado, la sociedad y la familia ejercer la
protección de los menores con miras a garantizar su desarrollo integral y
armónico, así como la plena materialización de sus derechos.
El carácter fundamental que revisten los
mencionados derechos, se deriva, además, del mandato expreso de la Carta, de
los distintos instrumentos de derecho internacional reconocidos por Colombia y
ratificados por el Congreso de la República, en virtud de los cuales los niños
merecen un mayor amparo por parte del Estado, al ser considerados sujetos de
especial protección constitucional. Bajo ese entendido, la Constitución
consagra, a su vez, que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y,
en esa medida, cuentan con una protección inmediata por parte del juez
constitucional[6],
lo que, encuentra asidero también en el literal f) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015.
Por otro lado, el artículo 47 superior
dispone que quienes padecen una disminución física, sensorial o psíquica deben
ser beneficiarios de la atención especializada que requieran, en desarrollo de
las políticas de previsión, rehabilitación e integración social que deben ser adelantadas
por el Estado.
Así, de la unión de las normas
constitucionales citadas en armonía con artículo 13 de la Carta, se logra
determinar que la protección especial que merecen los niños debe ser reforzada
cuando se trata de menores que presentan algún tipo de discapacidad física o
mental, en razón de que se ven expuestos a una mayor condición de
vulnerabilidad, motivo por el cual deben recibir un amparo prioritario, pronto
y eficaz.[7]
Al respecto la corporación ha señalado
que:
“La protección constitucional a los
menores se ve reforzada de manera especial cuando éstos sufren de alguna clase
de discapacidad, puesto que en tal evento quedan amparados también por el
mandato constitucional de proteger especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta (C.P. Art. 13).”[8]
Bajo esta perspectiva, el Estado está en
la obligación de prestar los servicios de salud libre de discriminación y de
obstáculos de cualquier índole, a los niños que sufren algún tipo de
discapacidad física o mental y de garantizar que se les brindará un tratamiento
integral, adecuado y especializado conforme a la enfermedad padecida,
resaltando que la protección financiera del sistema pasa a un segundo plano,
pues lo que debe primar son las garantías fundamentales de los menores.[9]
En efecto, de esta manera lo ha señalado
la jurisprudencia constitucional haciendo referencia al principio de
integralidad en materia de salud, el cual ha sido estudiado desde el concepto
mismo de salud y sus dimensiones; y bajo otra perspectiva relacionada con todas
aquellas prestaciones que requiere la persona para mejorar su estado de salud y
sus condiciones de vida.
Este segundo aspecto del principio de
integralidad, resulta prevalente para el tribunal, en la medida en que
establece la obligación por parte del Estado de brindar un servicio de salud
eficiente que incluya tanto aspectos médicos como educativos, comprendiendo
todos aquellos medicamentos, exámenes, procedimientos, intervenciones y
terapias, entre otros, con miras a la recuperación e integración social del
paciente, sin que medie obstáculo alguno independientemente de que se
encuentren en el POS o no[10].
Al respecto la Corte ha indicado:
“Es precisamente esta segunda perspectiva
del principio de integralidad, la que ha sido considerada de gran importancia
para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para el Estado y
para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud pues, el mismo
debe ser prestado eficientemente y con la autorización total de los
tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes,
controles, seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del
cuidado de su enfermedad y que sean considerados como necesarios por el médico
tratante.”[11]
Acorde con ello, es claro para la Corporación
que, cuando se trata de menores de edad, su protección no solo debe ser
preferente a la de  las demás personas, sino que a su vez debe recibir un
tratamiento integral, el cual incluye todo aquello que sea necesario para la recuperación,
rehabilitación e integración social del infante así como aquellos servicios que
le permitan desarrollar su vida en condiciones dignas, más aun cuando se
encuentran en condiciones de discapacidad.
5. El cubrimiento de los gastos de transporte para
los pacientes y sus acompañantes por parte de las Entidades Prestadoras de
Salud.
Reiteración de jurisprudencia
El servicio de transporte no es catalogado
como una prestación médica en sí. No obstante, se ha considerado por la
jurisprudencia constitucional, al igual que por el ordenamiento jurídico, como
un medio que permite el acceso a los servicios de salud, pues, en ocasiones, de
no contar con el traslado para recibir lo requerido conforme con el tratamiento
médico establecido, se impide la materialización de la mencionada garantía
fundamental.[12]
Así, la Resolución 5521 de
2013, “por medio de la cual se define aclara y actualiza integralmente
el Plan Obligatorio de Salud”, establece en su en artículo 124, que se procede a
cubrir el traslado acuático, aéreo y terrestre de los pacientes, cuando se
presenten patologías de urgencia o el servicio requerido no pueda ser prestado
por la IPS del lugar donde el afiliado debería recibir el servicio, incluyendo
a su vez el transporte para atención domiciliaria. Por lo tanto, en principio,
son estos eventos los que deben ser cubiertos por las EPS.
No obstante, esta Corporación ha sostenido, como se observó en
párrafos anteriores y lo ha reiterado en sus pronunciamientos, que el servicio
de salud debe ser prestado de manera oportuna y eficiente, libre de barreras u obstáculos
de acceso, por tanto en aquellos casos en que el paciente requiera un traslado
que no esté contemplado en la citada Resolución y tanto él como sus familiares
cercanos carezcan de recursos económicos necesarios para sufragarlo, es la EPS la
llamada a cubrir el servicio, en la medida en que se pueden generar graves
perjuicios en relación con la garantía del derecho fundamental a la salud.
Ante estos eventos, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que el juez de tutela debe entrar a analizar la situación fáctica que se le
presenta, pues se deben acreditar las reglas establecidas por este Tribunal,
como requisito para amparar el derecho y trasladar la obligación a la EPS de
asumir los gastos derivados del servicio de transporte[13],
a saber:
“que (i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen
los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de
no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario”[14] (resaltado fuera del texto original).
Ahora bien, en cuanto a la capacidad económica del afiliado esta
Corte ha señalado que cuando este afirma que no cuenta con los recursos
necesarios para asumir los servicios solicitados, lo cual puede ser comprobado
por cualquier medio, incluyendo los testimonios, se invierte la carga de la
prueba. Por consiguiente, es la EPS la que debe entrar a desvirtuar tal
situación, en la medida en que cuenta con las herramientas para determinar si
es verdadera o no.[15]
Por otro lado, relacionado también con el tema del transporte, se
encuentra que pueden presentarse casos en que el paciente necesita de alguien
que lo acompañe a recibir el servicio, como es el caso de personas de edad
avanzada o que el tratamiento requerido causa un gran impacto en la condición
de salud de la persona. En ese orden, “si se comprueba que el paciente es
totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento  y que
requiere de “atención permanente para garantizar su integridad física y el
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas”[16]
(iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para
financiar el traslado[17] la EPS adquiere
la obligación de sufragar también los gastos de traslado del acompañante.
Así
las cosas, como se observó previamente, si bien el ordenamiento prevé los casos
en los cuales el servicio de transporte se encuentra cubierto por el POS,
existen otros eventos en que, a pesar de encontrarse excluidos, el traslado se
torna de vital importancia para poder garantizar la salud de la persona, por
consiguiente, el juez de tutela debe analizar la situación y reiterar que, de
evidenciarse la carencia de recursos económicos tanto el afectado, como su
familia, sumado a la urgencia de la solicitud, es obligatorio para la EPS,
cubrir los gastos que se deriven de dicho traslado, en aras de evitar imponer
barreras u obstáculos a la garantía efectiva y oportuna del derecho fundamental
a la salud.
6.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reembolso de
gastos médicos
Este
Tribunal Constitucional ha indicado que, en principio,  la acción de
tutela es improcedente para el obtener el reembolso de gastos médicos, toda vez
que la presunta afectación o amenaza del derecho fundamental a la salud en la
que pudo incurrir la E.P.S., se entiende ya superada con la prestación del
mismo.
A
lo anterior, se suma el hecho de que el ordenamiento jurídico tiene previstos
otros mecanismos de defensa judicial a los que puede acudir el usuario para
obtener el reembolso de los gastos médicos en que pudo incurrir y respecto de
los cuales considera que legalmente no está obligado a asumir.
Sin
embargo, también la Corte ha reconocido que hay circunstancias especiales que
ameritan la intervención del juez constitucional. Concretamente, cuando se
evidencia el desconocimiento flagrante de los contenidos del Plan Obligatorio
de Salud por parte de las E.P.S.
En
este caso, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, procede
la orden de reembolso a manera de indemnización en abstracto, sobre la base de
que, como ya ha sido explicado, tratándose de los contenidos del P.O.S. se está
frente a un derecho fundamental autónomo, cuya protección constitucional se
extiende no sólo a la prestación del servicio, sino también a la asunción del
costo que este demande por parte de la E.P.S. Sobre el particular, la Sentencia
T-1066 del 7 de diciembre de 2006, señaló lo siguiente:
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que por
regla general, la acción de tutela no procede para ordenar el reembolso de
dineros que los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, han tenido
que invertir en tratamientos, medicamentos o elementos, prescritos por sus
médicos tratantes, y en general para reclamar el pago de acreencias de contenido
económico. Empero, de manera excepcional se ha aceptado que este medio de
defensa judicial es procedente para ordenar el reembolso de dineros asumidos
para la obtención de medicamentos, a manera de indemnización en abstracto (art.
25 del Decreto 2591 de 1991), cuando la actuación de la entidad demandada no
tenga asidero jurídico, con la consecuente vulneración de derechos
fundamentales de sus usuarios, avalada en gran medida por los jueces de tutela,
quienes desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, referida a que
los contenidos de los Planes Obligatorios de Salud integran el ámbito de
protección del derecho fundamental a la salud, a la luz de los tratados
internacionales ratificados por Colombia, además de no asumir su papel de
garantes institucionales de hacer eficaces de los derechos fundamentales de las
personas (art. 2 C.P)”.
Desde
esta perspectiva, se entiende que el amparo de tutela es procedente,
excepcionalmente, para obtener el reembolso del dinero pagado por servicios de
salud no suministrados por las E.P.S., en los siguientes casos:
(i)      Cuando se niegue la prestación de un servicio de salud incluido en
el Plan Obligatorio de Salud, sin justificación legal.
Sobre
este aspecto, conviene reiterar que el acceso a cualquier servicio de
salud cuya prestación se requiera y que se encuentre previsto en los Planes
Obligatorios de Salud, es derecho fundamental autónomo. De tal suerte que su
negación comporta la vulneración del derecho a la salud, y, en esa medida, es
posible acudir al juez de tutela, en procura de obtener su protección.
Lo
anterior, adquiere especial relevancia en tratándose de sujetos de especial
protección constitucional, como es el caso de quien padece una enfermedad
ruinosa o catastrófica, que dada su complejidad requiere un manejo oportuno, a
través de la práctica de exámenes diagnósticos para establecer las reales
condiciones de salud del paciente y el tratamiento médico a seguir, con el
objeto de procurar su supervivencia. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha definido el “derecho al diagnóstico”, como “la seguridad
de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la
situación actual del paciente en un momento determinado, con miras a
establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así oportuna
y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán
practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y
pruebas que los médicos ordenen.”[18]
(ii)        Cuando dicho servicio haya sido ordenado por médico tratante
adscrito a la E.P.S. encargada de garantizar su prestación.
Por
regla general, para que proceda la autorización de un servicio de salud se
requiere que el mismo haya sido ordenado por un médico adscrito a la E.P.S.
encargada de garantizar su prestación. No obstante, de forma excepcional, es
posible ordenar su suministro, incluso por vía de tutela, aun cuando el mismo
haya sido prescrito por un médico particular, cuando el concepto de este último
no es considerado por la E.P.S., ni para controvertirlo ni para confirmarlo.
Según
lo ha señalado esta Corporación, distintas son las razones que llevan a los usuarios
a acudir a médicos particulares. Uno de estos casos tiene que ver con la
actuación negligente de las E.P.S. de no brindarle al paciente la atención
médica oportuna y especializada para diagnosticar y tratar una determinada
patología.
En
este caso, cuando el usuario acude a un médico externo, y la E.P.S. tiene
acceso al concepto o a la prescripción médica, está en la obligación de
confirmarlo, modificarlo o descartarlo, a través del Comité Técnico Científico
o mediante la valoración del estado de salud del paciente por parte de un
galeno que si esté adscrito a la respectiva entidad.
Bajo
esta premisa, la Corte ha considerado que “el concepto médico externo
vincula a la E.P.S., obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con
base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso
concreto.”[19] Cuando no
se cumple dicho cometido, se adopta como principal criterio de valoración el
concepto emitido por el profesional no adscrito.
En
conclusión, es procedente la orden de rembolso de gastos médicos por vía de
tutela cuando el servicio requerido fue prescrito por un médico particular,
siempre y cuando la E.P.S. obligada a su prestación, no haya controvertido
dicha opinión médica con base en criterios científicos o técnicos, y el
servicio se requiera con necesidad.
7.
Autorización de servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Reiteración
de jurisprudencia
El
Plan Obligatorio de Salud, actualmente regulado por la Resolución 5521 de 2013, establece todos aquellos servicios a los que tienen
derecho quienes se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud
y, por consiguiente, son las EPS las que deben asumir aquellos gastos
relacionados con su prestación.
A la luz de lo señalado, existen
algunos servicios que se encuentran excluidos de este plan, lo que tiene como
sustento la sostenibilidad financiera, pues, debido a que los recursos del
sistema son limitados, se debe propender por su equilibrio económico que de
alguna manera justifica la cobertura delimitada, situación que ha sido admitida
por la jurisprudencia constitucional.[20]
En
ese orden, en principio, cuando el servicio que se requiere se encuentre
excluido del POS, no es obligación de la EPS cubrirlo y, por tanto, debe ser
asumido por el paciente. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional, si
bien, ha aceptado las mencionadas exclusiones, como se vio en el párrafo
precedente, también ha sido enfática en señalar que existen determinados casos
en los que la no prestación de un tratamiento, procedimiento o medicamento,
bajo el argumento de encontrarse por fuera de lo señalado en citado plan, puede
afectar gravemente el derecho fundamental a la salud de una persona, dado que existe
la posibilidad de que no cuente con los recursos necesarios para adquirirlo por
cuenta propia y no cuenta una alternativa que permita conjurar la afectación
que padece. Por lo tanto, la regla que se plantea no es absoluta. [21]
Bajo
esa perspectiva, la Corte ha establecido que para que proceda la autorización y
realización de un servicio a cargo de la EPS, aunque se encuentre  excluido del
POS, se deben acreditar los siguientes requisitos:
“(i) que la falta del servicio médico vulnere o amenace los
derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere;
(ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se
encuentre incluido en el plan obligatorio;
(iii) que el interesado no pueda directamente costearlo, ni las
sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se
encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no pueda acceder al servicio por
otro plan distinto que lo beneficie;
(iv) que el servicio médico haya sido ordenado por un médico
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a
quien está solicitándolo.”[22]
En
virtud de lo anterior, se observa que todo servicio cuya inclusión no se
encuentra prevista el Plan Obligatorio de Salud, incluyendo, insumos,
suplementos o ayudas técnicas, deben ser autorizados y asumidos por las
entidades correspondientes, de evidenciarse los supuestos antes mencionados.
Así,
las cosas, se evidencia que, si bien el Plan Obligatorio de Salud contempla
ciertas exclusiones en pro del equilibrio financiero del sistema, la
Corporación sostiene que en aquellos eventos en los que el afiliado requiera un
servicio que no se encuentra bajo esta cobertura, pero la situación fáctica da
crédito de los requisitos antes establecidos, es obligación de las EPS autorizar
dicha solicitud, pues lo que debe prevalecer es la garantía efectiva del
derecho fundamental a la salud del afiliado.
8.
Autorización por parte de las EPS de procedimientos para tratar la obesidad
La
cirugía bariátrica es el término genérico que se le ha otorgado al tratamiento
quirúrgico establecido para enfrentar los problemas de sobrepeso u obesidad mórbida,
que puede llegar a presentar una persona y el cual en múltiples ocasiones ha
sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corporación, en la medida en que
es solicitado por vía de tutela.
Así,
la jurisprudencia constitucional al referirse al tema, ha señalado determinados
requisitos jurisprudenciales que deben ser evidenciados en los distintos casos
concretos, para determinar la procedencia del amparo, abordando también lo
relacionado con aspectos de pertinencia del procedimiento en los diferentes
escenarios.
Ahora
bien, como se mencionó, la Corte establece unos criterios que permiten
determinar el actuar del juez constitucional cuando la situación fáctica que se
le presenta, incluye una orden médica prescrita por un profesional particular,
o no adscrito a la red de servicios de la EPS. También cuando el argumento de
la negativa hace referencia a que no se accede a autorizar el procedimiento por
no haber agotado las distintas alternativas para tratar la enfermedad, como
dietas, ejercicios y terapias o que la cirugía prescrita se encuentra excluida
del POS.
En
efecto, en primer lugar la Corte ha indicado que el bypass gástrico,
considerada como una de las cirugías bariátricas a la que más se acude, se
encuentra incluida en el Plan Obligatorio de Salud. No obstante, ello no
implica que, en todo caso, la autorización por vía de tutela de dicho
procedimiento sea posible, pues se deben cumplir ciertos requisitos[23]
a saber:
“(i) La efectiva valoración técnica que debe hacerse, por un grupo
interdisciplinario de médicos adscritos a la entidad, la cual debe preceder a
la orden de práctica del procedimiento;
(ii) La cirugía no debe tener fines estéticos y se han debido
agotar los métodos alternativos al procedimiento tales como (ejercicios,
dietas, fármacos, terapias, etc);
(iii) El consentimiento informado del paciente, que consiste en el
deber que asiste a los profesionales de la ciencias médicas de informar, en
forma clara y concreta, los efectos de la cirugía que el paciente se va a
practicar, para que manifieste de manera libre y espontánea su voluntad de
someterse al mismo, y
(iv) El respeto del derecho al diagnóstico en un plazo
oportuno”[24]
Ahora, si bien es
claro que el bypass gástrico se encuentra incluido en el POS, no existe la
misma certeza sobre las demás modalidades de cirugía bariátrica que existen,
más específicamente y para el caso que nos ocupa, el procedimiento
denominado Sleeve Gastrectomy con uso de Ligasure y Sutura Mecánica. No
obstante, la Corte ha señalado que el hecho de que la primera cirugía se
encuentre cubierta por el citado plan, no excluye prima facie las demás
opciones quirúrgicas relacionadas que existen, por lo tanto, es la
correspondiente EPS la que debe demostrar, con base en criterios técnicos y
científicos que, en efecto, dicha cirugía es catalogada como NO-POS,
descartando que la sola afirmación por parte de la entidad sea suficiente.[25]
Así las cosas,
verificados los criterios jurisprudenciales señalados, aunado a la no claridad
o ausencia de pronunciamiento respecto de la cobertura POS de la cirugía
bariátrica, distinta al bypass, impone la obligación a la entidad de autorizar
y proceder a realizar dicho tratamiento, lo que implica que en caso de
negativa, el juez constitucional deba corregir la situación y proceder a
ordenar el amparo del derecho fundamental a la salud del paciente que se está
viendo afectado.
9.
Tratamientos de salud oral como procedimiento de carácter funcional y no
estético. Reiteración de jurisprudencia
Los tratamientos
de salud oral, en principio, pueden ser considerados cosméticos o estéticos,
por lo que, según ello, se entienden excluidos del Plan Obligatorio de Salud,
argumento que, junto con la suposición de que no hay un riesgo inminente para
la vida del afiliado, generalmente esbozan las Entidades Promotoras de Salud
para negar dichos servicios.
Sin embargo, la
Corte Constitucional, en numerosas ocasiones, ha señalado que si bien los
tratamientos de salud oral pueden implicar una mejoría del paciente en cuanto a
estética se refiere, no se debe dejar de lado que en algunos casos el objetivo
primordial de dichos procedimientos es corregir una deficiencia de carácter
funcional que puede estar afectando seriamente el derecho fundamental a la
salud y la vida digna de la persona.[26]
En el mismo
sentido, ha indicado la Corporación que las afectaciones relacionadas con la
salud oral pueden incidir negativamente en funciones básicas como la
masticación o inclusive la digestión, situación que si bien no presenta un
inminente peligro, si pueden mermar significativamente las condiciones de salud
y vida digna de la persona que lo padece, al tratarse de las operaciones que
permiten la alimentación y nutrición de las personas.
Bajo ese orden, el
Tribunal resalta la gran importancia que tiene la realización de procedimientos
especializados, relacionados con la salud oral de las personas y en esa medida
ha reconocido la necesidad de que sean autorizados por las EPS pues, además de
una afectación física, se altera también el carácter funcional y psicológico de
la persona derivando en la vulneración de sus derechos fundamentales. En
particular, la jurisprudencia sostiene que:
“En
efecto, un detrimento en el bienestar de las partes del cuerpo de las que se
ocupa la ciencia odontológica y sus diferentes especialidades, como los
dientes, las encías, el paladar y la cavidad bucal en general, fácilmente suele
conllevar un detrimento en las condiciones de vida dignas de la persona, en
cuanto se trata de órganos y partes especialmente sensibles, que cumplen
funciones de suma importancia para la preservación de la existencia física, y
que podría repercutir en el bienestar psicológico y social de quien padece
alguna afección en ellos.”[27]
Lo anterior, como
se mencionó previamente, ha sido reiterado en varios pronunciamientos de la
Corporación. Ejemplo de ello, es lo resuelto en la sentencia T-004 de 2008,
caso en el cual la pretensión correspondía a la autorización de una cirugía
ortognática (que interesa a esta causa) que implicaba la corrección de la
mandíbula para lograr una correcta masticación de los alimentos pues, debido a
su afectación, dicha función le provocaba dolores muy fuertes, entre otras
molestias. En esa oportunidad, la Corte procedió a conceder el amparo,
insistiendo en que la afección de su salud oral era de tal magnitud que excedía
lo meramente estético, toda vez que comprometía su capacidad de masticar los
alimentos y, a pesar de que no existía un riesgo inminente para la vida de la
accionante, se evidenciaba una clara vulneración a su derecho fundamental a la
salud y su integridad personal entre otros, en la medida en que había un impedimento
de carácter funcional para la correcta alimentación de la accionante.
Así las cosas, se logra evidenciar que, a pesar de que existen tratamientos
relacionados con la salud oral de las personas que por sus implicaciones y
características pueden ser considerados netamente estéticos, también se
evidencia que hay ciertas afectaciones cuyo procedimiento, aunque pueden
conllevar beneficios cosméticos, su principal objetivo es conjurar una
deficiencia funcional que si bien no implica un riesgo inminente para la vida,
afecta sustancialmente las funciones y actividades básicas de la persona, por
ende, no es de recibo negar su realización pasando por alto esta circunstancia.
10. Principio
de integralidad en la prestación de los servicios de salud, Reiteración de
jurisprudencia
Esta Corporación, en anteriores
oportunidades, se ha referido al principio de integralidad en materia de salud.
Una de las perspectivas a través de las cuales se ha abordado el tema, es
aquella relativa a la adopción de todas las medidas necesarias encaminadas a
brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y
calidad de vida de las personas.[28]
Es decir, es obligación del Estado y de las entidades encargadas de la
prestación del servicio, propender hacia “la autorización total de los
tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes,
controles, seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del
cuidado de su patología y que sean considerados como necesarios por el médico
tratante”[29], como
lo determinó también el artículo 8 de la Ley 1751 de 2015.
En ese
orden, no se puede imponer obstáculo alguno para que el paciente acceda a todas
aquellas prestaciones que el médico tratante considere que son las indicadas
para tratar sus afecciones, de manera oportuna y completa.
Así,
por regla general, los servicios que deben ser otorgados de manera integral,
son aquellos que el profesional de la salud estime pertinentes para atender el
padecimiento que se presente. Al respecto, la Corte ha señalado que:
“(…) el
principio de integralidad no puede entenderse de manera abstracta, lo cual
supone que las órdenes de tutela que reconocen atención integral en salud se
encuentran sujetas a los conceptos que emita el personal médico, y no, por
ejemplo, a lo que estime el paciente. En tal sentido, se trata de garantizar el
derecho constitucional a la salud de las personas, siempre teniendo en cuenta
las indicaciones y requerimientos del médico tratante.”[30]
Bajo esa
perspectiva, dado que con el tratamiento integral se logra garantizar la
atención eficiente, adecuada y oportuna de las patologías que puedan presentar
los pacientes diagnosticadas por el respectivo médico tratante, el amparo por
vía de tutela se torna procedente.
Ahora bien, la
Corte ha identificado que existen ciertos eventos en los que no se logra
evidenciar con claridad  que el tratamiento solicitado por el accionante relacionado
con la atención integral, provenga de una orden médica o siquiera se acredite
concepto o criterio del galeno, por tanto sostiene que, en estos casos, el juez
constitucional al conceder el amparo, debe ajustarse a precisos presupuestos,
que le permitan determinar con claridad la orden que se pretende[31]
dictar, a saber:
“(i)  la descripción clara de una determinada patología o
condición de salud diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el
reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el
diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro criterio razonable”[32]
De igual manera,
se considera pertinente resaltar que, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia de este Tribunal, cuando están en juego las garantías
fundamentales de sujetos que merecen una especial protección constitucional,
como es el caso de menores de edad, adultos mayores, indígenas, desplazados,
personas con discapacidad física o que padezcan enfermedades catastróficas como
sida o cáncer entre otras patologías, la atención integral en materia de salud
debe ser brindada independientemente de que las prestaciones requeridas se
encuentren o no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.[33]
A la luz de lo
anterior, la Corte ha reiterado a su vez, que debido a que el derecho
fundamental a la salud comprende no solo el bienestar físico, biológico y
funcional de la persona, sino también los aspectos psicológicos y emocionales,
la atención integral debe aplicarse a todas estas facetas, se configura la obligación
de las EPS de brindar un tratamiento completo de enfermedades que afectan todos
aquellos aspectos que hacen parte del mencionado derecho, para de esta manera
materializar una adecuada calidad de vida y dignidad humana en todas las
esferas de la vida de una persona.[34]
Bajo la
anterior perspectiva, la Corte ha reconocido que el servicio de salud debe ir
orientado no solo a superar las afecciones que perturben las condiciones
físicas o mentales de la persona, sino, también, a sobrellevar la enfermedad
manteniendo la integridad personal.  En ese mismo sentido, es que se debe
encaminar la protección constitucional del derecho fundamental a la salud, es
decir que, a pesar del padecimiento y además de brindar el tratamiento integral
adecuado, se debe propender porque su entorno sea tolerable y digno.
En
efecto, el derecho en cuestión puede resultar vulnerando cuando la entidad
prestadora del servicio se niega a acceder a aquellas prestaciones
asistenciales que, si bien no tienen la capacidad de mejorar la condición de
salud de la persona, logran hacer que la misma sea más tolerable y digna
buscando disminuir las consecuencias de su enfermedad. Sobre el particular la
Corte ha sostenido que:
“(…)el
derecho a la vida implica también la salvaguardia de unas condiciones
tolerables, que permitan subsistir con dignidad y, por tanto, para su
protección no se requiere estar enfrentado a una situación inminente de muerte,
sino que al hacerse indigna la existencia ha de emerger la protección
constitucional.”[35]
De lo
anterior se desprende, que para el tribunal es factible la ocurrencia de
eventos en los cuales resulta contario al principio de integralidad en materia
de salud, que se exijan trámites netamente administrativos para acceder a
ciertos servicios, cuando de la condición de la persona resulta evidente que
los requiere para sobrellevar la afectación que la aqueja y, frente a los
cuales someter a esa persona a solicitar una prescripción médica puede resultar
desproporcionado. Lo que ha sido reiterado en numerosas oportunidades por la
Corporación.
Bajo
ese orden de ideas, es claro que en casos en los que la enfermedad de la
persona hace notorias sus condiciones indignas de existencia, resulta
desproporcionado y contrario al principio de integralidad en materia de salud,
que se exijan requisitos de carácter administrativo, como lo es la prescripción
por parte del galeno tratante, para que el paciente pueda recibir la asistencia
médica requerida.
Así las cosas,
cabe concluir que el tratamiento integral en materia de salud, comporta una
gran importancia en cuanto a la garantía efectiva de este derecho fundamental,
en la medida en que no se reduce a la prestación de medicamentos o de
procedimientos de manera aislada, sino que abarca todas aquellas prestaciones
que se consideran necesarias para conjurar las afecciones que puede sufrir una
persona, ya sean de carácter físico, funcional, psicológico emocional e
inclusive social,  derivando en la imposibilidad de imponer obstáculos de ninguna
clase para obtener un adecuado acceso al servicio, reforzándose aún más cuando
se trata de sujetos que merecen un especial amparo constitucional.
11. Análisis de
los casos concretos
Con
fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar si
efectivamente se presentó una vulneración del derecho fundamental a la salud de Armando
Edisberto de Andréis Matos, Aleyda Patricia Santander Guerra, Gildardo Roa, Juan
Carlos Romero Hincapié, Juan Pablo Sierra Cárdenas, Nathaly Vallejo Cardona, por parte de las
entidades demandadas, al negar la prestación de determinados servicios médicos.
En
el expediente T-4.705.785, se evidencia que Armando
Edisberto de Andréis Matos fue diagnosticado Leucemia Mieloide Crónica, por lo
que Nueva EPS, procedió a autorizar los medicamentos y las citas de control con
el mismo galeno que realizó el diagnóstico, con la dificultad de que el médico
reside en la ciudad de Barranquilla mientras que él se encuentra domiciliado en
el corregimiento de Taganga.
Debido a que en Santa Marta no cuentan con
la tecnología necesaria para tratar su enfermedad, decidió continuar su
tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, siendo
autorizados por la demandada EPS, las citas medicamentos y demás exámenes
requeridos conforme con su estado de salud, en esta ciudad. No obstante, la
entidad niega la prestación del servicio de transporte y viáticos, bajo el
argumento de que el traslado desde Santa Marta hasta la capital, debe ser
asumido por el afiliado.
En cuanto al aspecto personal, sostiene
que su situación económica es bastante precaria, no cuenta con un trabajo
estable vive en una casa humilde clasificada entre estrato 1 y 2, debe velar
por 3 hijos dos de ellos menores de edad y el mayor que se encuentra estudiando
en la universidad, por ende, no cuenta con los recursos necesarios para
trasladarse junto con un acompañante, como lo prescribe su médico tratante, a
recibir el tratamiento que requiere con urgencia dada la gravedad de su
enfermedad.
Por su parte, Nueva EPS sostiene que el
actor se encuentra afiliado a la entidad en calidad de cotizante, reportando un
ingreso base de liquidación equivalente a 616.000 pesos, por lo que, en su sentir,
se presume su capacidad económica. En consecuencia, el servicio de transporte
requerido por el actor, junto a un acompañante, debe ser asumido por su cuenta
o la de su familia.
Así, de las
circunstancias fácticas anotadas, encuentra la Sala que, en primer lugar, el
actor sufre de cáncer, una enfermedad catalogada como catastrófica  y por tanto
merece una especial protección constitucional. Esto implica que, como se vio en
la parte considerativa de esta providencia, el tratamiento integral para dicho
padecimiento debe ser brindado independientemente de si lo requerido se
encuentra incluido o no en el POS y conforme a lo prescrito por su médico
tratante.
Por otra parte, en
cuanto a la pretensión relacionada con el traslado a la ciudad de Bogotá con un
acompañante para recibir el tratamiento adecuado, es pertinente reiterar que el
POS establece ciertos casos específicos en los que dicho servicio debe
prestarse a cargo de la EPS y que, en principio, un caso que no se enmarque
dentro de dichos supuestos conlleva a que la prestación deba ser asumida por el
paciente.
No obstante, según
lo visto en párrafos anteriores, no es de recibo interponer obstáculo alguno
que impida el acceso a los servicios de salud y, por consiguiente, la
materialización de este derecho fundamental. Por lo tanto, una persona que no
cuente con los recursos económicos para sufragar dicho traslado se le debe
autorizar dicha prestación indistintamente de que se adecúe a los casos
planteados por el POS, siendo la EPS la llamada a correr con los gastos derivados,
tanto del paciente como de su acompañante, si el médico tratante así lo
prescribe o el juez de tutela evidencia su necesidad.
En el caso que nos
ocupa, el actor manifiesta que su condición económica es precaria y su familia
cercana tampoco cuenta con los recursos suficientes para sufragar su traslado y
el de su acompañante. Así, a pesar de que allega declaraciones que dan fe de su
difícil situación, en estos eventos la carga de la prueba se invierte,
implicando que es la EPS, en la medida en que cuenta con la información necesaria,
la que debe demostrar la capacidad económica del paciente para solventar dichos
gastos.
Al respecto, la
entidad demandada se limita a señalar que el actor está afiliado en calidad de
cotizante, reportando un ingreso base equivalente a un salario mínimo, razón
por la cual, se presume su capacidad económica. Sin embargo, para la Sala esto
no constituye prueba suficiente de que se cuenta con los recursos
correspondientes, dado que el aporte es mínimo y no se tiene certeza si en
realidad esto es lo que percibe mensualmente, pues el accionante manifiesta, al
igual que en las declaraciones, que no tiene un trabajo fijo y su actividad
laboral es esporádica, obligado a proveer el soporte para sus hijos, 2 de ellos
menores de edad.
Bajo ese orden, es
evidente que el actor carece de capacidad económica para asumir su traslado y
el de su acompañante hasta la ciudad de Bogotá con el objetivo de recibir el
tratamiento adecuado para el cáncer que padece. En consecuencia, negar el servicio
bajo el argumento de que su situación no se enmarca dentro de los supuesto
señalados en el Plan Obligatorio de Salud y que por lo tanto tiene que acudir
al servicio de manera particular, se convierte en un obstáculo inaceptable que
impide el real acceso a los servicios de salud, situación que vulnera su
derecho fundamental.
Ahora, en cuanto
al traslado de su acompañante, si bien no hay claridad sobre la existencia de
prescripción al respecto por parte del médico tratante, se entiende que al
tratarse de un tratamiento contra el cáncer el cual puede incluir sesiones de
quimioterapia o radioterapia que implican serios efectos secundarios para el
paciente, es evidente que el actor requiere de alguien que lo auxilie durante
el proceso.
También, en
relación con el reembolso, se trae de presente que uno de los casos en que
procede dicha solicitud, es cuando exista negativa de un servicio que se
encuentra incluido en el POS. En este caso, si bien la situación fáctica no se
enmarca dentro de los casos señalados por el Plan Obligatorio de Salud para
cubrir el transporte, no es menos cierto que i) fue la EPS la que determinó que
el tratamiento se llevara a cabo en un lugar distinto a la residencia del
accionante y ii) la entidad estaba en la obligación de prestar y asumir el
servicio, independientemente de que se encontrara cubierto o no por el POS pues
no solo se trata de una persona que padece una enfermedad catastrófica, sino
que además quedó demostrado que no cuenta con la capacidad económica para
cubrir dichos gastos. Bajo ese orden, se torna procedente conceder la
pretensión de reembolso de los tiquetes aéreos adquiridos para su traslado de
la ciudad de Santa Marta a Bogotá.
Así las cosas, la
Sala procederá a amparar el derecho fundamental a la salud de Armando
Edisberto de Andréis Matos y, en consecuencia, ordenará a Nueva EPS que en las
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice el traslado
y viáticos correspondientes del actor y de su acompañante, desde su lugar de
residencia hasta la ciudad de Bogotá (ida y vuelta), para que pueda acceder al
tratamiento en el Instituto cancerológico, a su vez, que se le brinde sin
obstáculo de ningún tipo, el tratamiento integral que requiera, conforme lo prescrito
por su médico tratante. De igual manera, acceder al reembolso de los gastos
asumidos por el accionante, relacionados con el transporte de la ciudad de
Santa Marta a Bogotá.
Expediente
T-4.720.241
En el expediente
se encuentra acreditado que Aleyda Patricia Santander Guerra,  menor de 12 años
de edad, padece retraso psicomotriz severo, motivo por el cual debe movilizarse
en silla de ruedas, ayuda técnica que luego de ser adquirida de manera
particular, fue otorgada por la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico,
por orden de un juez de tutela en el año 2013.
Posteriormente, la
accionante solicitó el cambio de IPS que venía prestando el servicio de
terapias y tratamiento de la menor (Teletón) pues dicha entidad dictaminó que
la menor debía seguir el tratamiento en su hogar.
También, requirió
la entrega de una nueva silla de ruedas que contara con las características
específicas determinadas por los especialistas tratantes, en vista de que la
que tienen provoca la formación de escaras a la menor, al igual que la
desviación de su columna. No obstante, ambas solicitudes fueron resueltas de
manera negativa.
Por su parte, la
Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico, aduce que no se encuentra en
la obligación de entregar una nueva silla de ruedas, máxime cuando se encuentra
excluida del POS, sumado al hecho de que no tiene conocimiento de prescripción
médica y mucho menos de las características específicas a las que hace
referencia la actora, argumento que aplica también a la solicitud de pañales,
con la particularidad de que se encuentra dispuesta a brindarlos.
En
cuanto a la solicitud de cambio de IPS para realizar las terapias que requiere
la menor de edad, sostiene que estas se han llevado a cabo conforme con lo
dictaminado por los médicos tratantes y las recomendaciones señaladas por las
IPS tienen la finalidad de incluir a la familia en el tratamiento “quienes
al parecer no han querido involucrarse.”
De las
circunstancias fácticas anotadas, la Sala evidencia que, en primer lugar, la
pretensión planteada en al asunto bajo estudio, tiene relación con los derechos
fundamentales de una menor de edad y, por tanto, sujeto de especial protección
constitucional, que además para el caso es reforzada, en la medida en que los
derechos de los niños prevalecen sobre los demás.
Por otro lado, en
cuanto al argumento referente a la exclusión de la silla de ruedas del POS, conforme
con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia, cuando lo que está
en juego son los derechos fundamentales de quienes merecen un especial amparo
por parte del Estado, las prestaciones solicitadas deben concederse
independientemente de que la Resolución 5521 de 2013 las incluya o no.
En relación con la
entrega de pañales, como se vio en párrafos anteriores existen prestaciones
que, si bien no están destinadas a conjurar o a tratar la enfermedad como tal,
son claramente necesarias para sobrellevar el padecimiento en condiciones
dignas, como puede ser el caso del retraso psicomotor que afecta a la menor.
Finalmente,
respecto de las terapias que requiere la menor, aunque no exista certeza sobre
un incumplimiento en la prestación de dicho servicio, por parte de la demandada,
la Sala insiste en resaltar que el tratamiento que debe recibir la niña debe
ser integral, lo que implica que debe ser adecuado y oportuno sin interponer
ningún tipo de obstáculos, máxime cuando se trata de un sujeto que amerita una
especial protección reforzada. Por tanto, se le impone la obligación a la
entidad de que, en caso de que no lo haya hecho, adoptar todas las medidas
necesarias para que la menor de edad reciba el tratamiento que requiere en una
IPS calificada y con total capacidad e idoneidad de alta calidad para brindar
dichos servicios.
Ahora, si bien la actora
omite realizar mención alguna respecto de su capacidad económica para asumir
los gastos de los insumos y ayudas que solicita, también es cierto que la
entidad demandada, con la respectiva carga de la prueba no se pronunció al
respecto, por tanto se presume que la accionante carece de los recursos
necesarios para sufragar lo solicitado, sumado a que no cuenta con los recursos
para acceder al personal idóneo para las terapias de la menor.
Así las cosas, la
Sala procederá a amparar el derecho fundamental a la salud de Aleyda Patricia
Santander Guerra. En consecuencia, ordenará a Unidad de Salud de la Universidad del
Atlántico
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice la entrega de una
nueva silla de ruedas, previa valoración de especialistas que determinen las
características específicas que esta debe tener.
A su vez,
autorizar la entrega mensual de pañales en la cantidad que sea necesaria y
brindar el tratamiento integral que requiera la menor, el cual debe
incluir todo aquello que sea necesario para la recuperación, rehabilitación e
integración social de la niña, así como aquellos servicios que le permitan
desarrollar su vida en condiciones dignas, conforme lo prescriba su médico
tratante.
Respecto
a la solicitud de cambio de IPS, se ordenará una nueva valoración para lograr
determinar si en efecto la menor debe recibir el tratamiento que requiere en su
hogar; de ser así, la EPS deberá proveer el personal idóneo para que este se
lleve a cabo conforme las indicaciones de su médico tratante. De lo contrario
deberá prestar el servicio en una IPS apta e idónea de las más altas calidades.
Expediente
T-4.772.463
En
el expediente se encuentra acreditado que, Gildardo Roa, de 71 años de edad,
fue diagnosticado con cáncer de Recto EST IV, en el año 2012, el cual ha sido
tratado con quimio-radiación en la ciudad de Bogotá, aun cuando reside en el
municipio de Chaparral, Tolima
El
10 de septiembre de 2014, fue intervenido quirúrgicamente y como consecuencia
del tratamiento le fueron prescritas bolsas de colostomía. No obstante, la
accionante, esposa del afiliado de 65 años de edad, sostiene que es ama de casa
y  no cuentan con los recursos necesarios para adquirirlas, así como para
asumir los gastos que implica el transporte, la alimentación y el hospedaje
para que su esposo pueda recibir el tratamiento adecuado.
Sostiene
a su vez, que la salud de su esposo se ha visto deteriorada rápidamente, pues
no cuenta con los insumos, ni el tratamiento necesario para paliar su
enfermedad por falta de capacidad económica y de la prestación del servicio por
parte de Cafesalud EPS.
Por
su parte, la entidad demandada señala que las bolsas de colostomía reclamadas,
son insumos que se encuentran excluidos del POS. En ese sentido, es la
Secretaría de Salud Departamental del Tolima la que debe asumir la prestación
de dicho servicio. A su vez, que todo aquello prescrito por lo médicos ha sido autorizado,
aplicado un copago máximo del 5% correspondiente para quienes se encuentren
clasificados en el nivel 1 de Sisben.
Afirma
también, que la entidad se encarga de prestar el servicio netamente de salud, no
tiene otro objeto social y, por ende, no puede asumir los costos de traslado,
que incluyen los viáticos del paciente y su acompañante, pues, en su sentir, el
transporte es una necesidad básica del ser humano por lo que es responsabilidad
del afiliado hacerse cargo del mismo, máxime cuando, a su juicio, se encuentra
por fuera del POS. Lo anterior, sumado a que de los documentos allegados al
expediente no logró evidenciar prescripción en tal medida.
De
las circunstancias fácticas anotadas, la Sala evidencia que en este caso se
observa una vez más que quien requiere la protección de sus derechos
fundamentales es un sujeto de especial protección, no solo por contar con 71
años de edad, sino también porque padece una enfermedad catalogada como catastrófica.
En ese orden de ideas y como se ha señalado previamente, los servicios que
requiere para tratar su padecimiento deben ser concedidos sin importar que
estén cubiertos o no dentro del POS.
Por
otro lado, en cuanto a la solicitud de traslado desde Chaparral, (Tolima) hasta
la ciudad de Bogotá, si bien puede que el caso que nos ocupa no se enmarque
dentro de los supuestos señalados por el ordenamiento para que al afiliado se
le brinde dicho servicio, también es claro que no es posible interponer
obstáculo alguno que impida el acceso a los servicios de salud y, por ende, la
materialización de este derecho fundamental.
De
lo analizado, se evidencia que el actor carece de recursos económicos para
sufragar los gastos que implican su traslado y el de su acompañante, pues su
esposa es ama de casa y él se encuentra clasificado nivel 1 de Sisben. De igual
manera, la entidad demandada no se ocupó de desvirtuar dicha situación, que por
demás se presume.[36]
En ese sentido, se evidencia que la negativa de la EPS deriva en obstáculo
inaceptable para acceder a los servicios de salud y, en consecuencia, esta es
la llamada a sufragar los gastos correspondientes.
En el mismo
sentido, previamente se señaló que existen prestaciones o solicitudes, que si
bien no tienen como objetivo tratar directamente la enfermedad, si hacen que la
misma pueda ser llevada en condiciones dignas, como es el caso de las bolsas de
colostomía. En esa línea, se torna indiscutible para la Sala la necesidad de
otorgar estos insumos por parte de la EPS, indistintamente de su inclusión
dentro del POS o no, pues se trata de un sujeto de especial protección
constitucional.
Finalmente, tal
como se estableció en un caso precedente, aunque no exista prescripción médica,
es clara la necesidad de que el paciente cuente con alguien que lo acompañe
para recibir sus tratamientos debido a su avanzada edad y a la complejidad del procedimiento
que tiene que llevar a cabo, (quimio-radiación) que puede implicar distintas
afectaciones de salud como consecuencia de sus efectos secundarios.
En ese sentido, la
Sala procederá a amparar el derecho a la salud de Gildardo Roa y, como
consecuencia,
ordenará a Cafesalud EPS que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice el traslado y viáticos del
paciente y de su acompañante, desde su lugar de residencia hasta la ciudad de
Bogotá (ida y vuelta), para que pueda acceder al tratamiento que requiere. De
igual manera, realice la entrega de las bolsas de colostomía prescritas y
brindar el tratamiento integral compuesto por todos aquellos, medicamentos,
intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que Gildardo Roa requiera,
con ocasión del cuidado de su enfermedad, conforme lo prescriba por su médico
tratante.
Expediente
T-4.782.087
En síntesis, se
observa que Juan Carlos Romero Hincapié, de 34 años de edad, sufre Apnea del
Sueño, obesidad tipo 2 severa y Acantosis Nigricans debido a la sobreproducción
de insulina, llegando a clasificarse como pre-diabético, lo que en el futuro
puede derivar en infartos, paros cerebrales y obstrucción de las arterias.
Señala el actor,
que su peso es de 132 kilos, mide 1.88 metros y su índice de masa corporal es
de 37kg/m2, por lo que está próximo a alcanzar la obesidad mórbida.
Durante 3 años su
condición de salud fue valorada en varias ocasiones por médicos generales
quienes ordenaban tratamientos que el actor siguió de manera estricta.
Posteriormente, tuvo que ser tratado por galenos especialistas y un Grupo
Interdisciplinario para el Control de la Obesidad en la ciudad de Cali, sin
obtener resultados positivos, toda vez que el sobrepeso persiste.
El 5 de marzo de
2014, un especialista en obesidad y cirugía bariátrica adscrito a la Clínica de
la Obesidad del Centro Médico Imbanaco, le ordenó que en el menor tiempo
posible le fuera realizada una “cirugía bariátrica consistente en Sleeve
Gastrectomy con uso de Ligasure y Sutura Mecánica”.
El 17 de junio de
2014, puso en conocimiento de la directora de la IPS Saludcoop Palmira lo
prescrito por el médico especialista, obteniendo como respuesta que no era
posible acatar dicho concepto, en razón a que provenía de un profesional no
vinculado a la entidad. A su vez, indicó que lo adecuado era que el actor
continuara con las respectivas dietas y valoraciones por grupos
interdisciplinarios, puesto que la cirugía solicitada se realizaba únicamente
como última instancia.
En cuanto a su
condición personal, sostiene que trabaja en un supermercado en Puerto Tejada,
Cauca, en un turno de medio tiempo por lo que recibe como ingreso la mitad del
salario mínimo, su esposa es ama de casa y debe cancelar mensualmente el canon
de arrendamiento.
Por su parte,
Saludcoop sostiene que no es posible acceder a lo pretendido por el actor, en
primer lugar, debido a que la orden médica que prescribe la cirugía proviene de
un galeno no adscrito a la entidad y de otro lado,  puesto que el accionante no
se encuentra vinculado al programa de obesidad establecido por la EPS.
Afirma a su vez,
que la intervención quirúrgica es la última opción luego de realizarse las respectivas
valoraciones y exámenes que determinen la necesidad de la misma. Por ello, se
debe seguir estrictamente las recomendaciones que brinden los médicos tratantes,
con el fin de que el tratamiento tenga una evolución positiva. No obstante, de
prescribirse la cirugía por parte de un médico vinculado a la red de servicios,
esta deberá ser sometida a consideración del Comité Técnico Científico.
Así, de las
circunstancias fácticas anotadas, encuentra la Sala que, en primer lugar, el
accionante solicita  la autorización de un tipo de cirugía bariátrica,
prescrita por un médico particular, luego de venir padeciendo 15 años de problemas
de sobrepeso y de 3 años sometido al tratamiento establecido por médicos
generales y especialistas adscritos a la EPS demandada, el cual incluye también
atención por parte de un Grupo Interdisciplinario para el Control de la
Obesidad.
Por tanto, es pertinente
recordar los criterios establecidos por la jurisprudencia de esta Corte
aplicables a este caso, a saber:
i) la efectiva valoración técnica que debe hacerse, por un grupo
interdisciplinario de médicos, la cual debe preceder a la orden de práctica del
procedimiento. En el caso bajo estudio, si bien el
actor afirma haber acudido a sendas citas con especialistas y haber sido
evaluado por un Grupo
Interdisciplinario para el Control de la Obesidad, de lo allegado al
expediente, solo se evidencia un resumen de la historia clínica del actor
emitido por la Clínica de la Obesidad, en la cual únicamente señalan que padece
de obesidad hace 5 años, actualmente, “Tipo 2 Severa, refiere falla a
tratamientos múltiples con dietas y ejercicios con pocos resultado. Presenta
pérdida de peso con nueva ganancia al suspender”[37] y, por tanto, candidato
a Sleeve Gastrectomy.
Bajo ese
entendido, no existe certeza sobre la valoración por parte del grupo
interdisciplinario la cual debe preceder a la cirugía pues, a pesar de que en
la misma historia clínica mencionada se indica que el paciente debe ingresar a
tratamiento, señala que este se inicia con la cirugía, contrariando lo
determinado en la regla establecida por este Tribunal. Por tanto, se evidencia su
incumplimiento.
Por otro lado, la
Sala no cuenta con elementos probatorios que le permitan llegar a la conclusión
de que existe un consentimiento informado del paciente, toda vez que, de lo
señalado por el médico particular, no se constata que el actor conozca de
manera clara y concreta los efectos del procedimiento que se le realizaría y
que le permita expresar su voluntad libremente.
No obstante, es
claro que la cirugía a realizar no persigue fines estéticos y, en vista de que el
actor padece de obesidad hace más de 5 años, en los que se ha sometido a varias
alternativas, siguiendo de manera estricta las recomendaciones sugeridas por
los médicos tratantes,  pero que al suspenderlas retorna el problema, se
evidencia una clara vulneración al derecho al diagnóstico del demandante, al
haber transcurrido un lapso considerablemente largo sin que se le brindara un
tratamiento efectivo a su condición. De igual manera, la accionada no hizo
mención alguna sobre la demora planteada y tampoco se preocupó por desvirtuar
con criterios técnicos y científicos lo prescrito por el médico particular, lo
que conlleva finalmente una vulneración al derecho fundamental de la salud del
accionante.
Por tanto, en aras
de restablecer su derecho, se considera pertinente que se lleve a cabo la
correspondiente valoración por un grupo interdisciplinario que evalúe la
condición del actor, lo más pronto posible, el cual deberá tener en cuenta lo
señalado por la Clínica de la Obesidad. Así, de considerar que no es necesaria
la cirugía lo debe hacer con base en criterios técnicos y científicos
brindándole una alternativa efectiva al actor.
No obstante, en el
evento de que se considere pertinente la intervención quirúrgica, ésta debe ser
autorizada y programada sin más dilaciones, con el correspondiente
consentimiento informado del paciente y sin necesidad de someter la decisión al
Comité Técnico Científico. A su vez, deberá brindar el tratamiento integral que
el actor requiera conforme con su enfermedad y lo que prescriba su médico
tratante.
Expediente
T-4.790.158
En el expediente
se encuentra acreditado que Juan Pablo Sierra Cardona, de 3 años de edad,
padece, desde su nacimiento, de colitis eosinofílica con compromiso de peso y
talla, por lo que su dieta consiste en una exclusión completa de leche,  trigo,
soya, huevo y todos sus derivados.
En sus primeros
meses de vida se alimentaba con leche Neocate LCP, pero luego de cumplir su
primer año, la fórmula fue cambiada a Neocate Advance. Debido a ello, la actora
presentó ante Saludcoop EPS la correspondiente orden médica, obteniendo como
respuesta, (el 9 de diciembre de 2013) que el suplemento no iba a ser
autorizado, con la particularidad de que en el formato de negación de servicios
se hizo referencia a Neocate LCP lo que no corresponde a lo solicitado.
El 12 de noviembre
de 2014, la Fundación Cardioinfantil señala que “no ha sido posible la
introducción de leche elemental, por negación de la EPS, fue rechazada la
fórmula Necoate LCP, mientras que la fórmula solicitada es Neocate Advance es
la indicada por la edad del paciente” y por su parte, Saludcoop EPS no
emite pronunciamiento alguno al respecto.
De las
circunstancias fácticas anotadas, la Sala encuentra que quien requiere la
protección en el caso bajo estudio es un menor de 3 años de edad y, por lo
tanto, un sujeto de especial protección constitucional, además reforzada, dado
que al tratarse de un niño, sus derechos prevalecen sobre los demás.
Ahora, lo que se
observa en el asunto bajo estudio es que, según los médicos tratantes del
hospital Cardioinfantil, el menor de edad requiere el suministro del mencionado
suplemento para permitir la introducción de leche elemental en su dieta. No
obstante, el citado concepto es posterior a la fecha en que se niega lo
solicitado.
Por otro lado, de
lo allegado al expediente no se evidencia una negativa posterior o que la
actora se hubiera acercado nuevamente a la EPS solicitando el suplemento, con
base en lo señalado por sus galenos tratantes. En esa medida, no existe certeza
o claridad sobre la vulneración de los derechos por parte de la entidad
demandada.
No obstante, como
se indicó anteriormente, al tratarse de un niño de 3 años y existir un concepto
médico que da fe de la necesidad del suministro del suplemento en aras de
brindarle una adecuada nutrición, la Sala considera pertinente amparar del derecho
a la salud del infante y, en consecuencia, ordenará a Saludcoop EPS que, de no haberlo
hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice el suministro de leche Neocate
Advance conforme lo prescrito por el médico tratante.
Expediente
T-4.797.640
De lo allegado al
expediente se evidencia que, el 24 de mayo de 2012, Nathaly Vallejo Cardona de
16 años de edad, fue diagnosticada por odontología con malformación de la
mandíbula, padecimiento que le impide masticar adecuadamente los alimentos y,
en muchas ocasiones, le produce cansancio, dolores de cabeza y de oído.
El 4 de julio de
2012, Coododontologos confirmó el diagnóstico, señalando que la menor
presentaba una desviación de la mandíbula, lo que provoca una mordida cruzada
que no permite masticar los alimentos de manera normal, observando también una
hiperplasia condilar, por lo que era necesario llevar a cabo una cirugía ortognática
con el fin de corregir la situación.
No obstante, dado
que no había cesado el crecimiento de la mandíbula de la menor, era necesario
someterla a un tratamiento de ortodoncia para acelerar el proceso. Este se
inició de manera particular y, transcurridos 2 años y 3 meses se consideró que
la menor estaba en condiciones para llevar acabo la cirugía ortognática para
retroceso mandibular.
Dicha intervención
fue prescrita el 9 de julio de 2014, pero el 24 del mismo mes y año, recibieron
respuesta de la EPS en la que establecía que el Comité Técnico Científico
procedió a negar la autorización, bajo el argumento de que se trataba de una
actividad cosmética, estética o con fines de embellecimiento y no se
evidenciaba riesgo inminente para la vida y salud de la paciente.
Sin embargo, el
actor considera que los señalamientos realizados por la entidad son falsos,
toda vez que existe una afectación a la salud de la niña, en la medida en que
por su condición, sufre cansancio al masticar, constantes y severos dolores de
cabeza y de oído, hasta el punto de no poder conciliar el sueño y preferir no
alimentarse correctamente.
De las circunstancias
fácticas anotadas, nuevamente encuentra la Sala que se encuentran en juego los
derechos fundamentales de una menor de 16 años de edad, por lo que es
imperativo ejercer una especial protección constitucional, la cual, como se ha
mencionado en numerosas ocasiones, debe ser reforzada al tratarse de una
adolescente, cuyos derechos prevalecen sobre los demás.
De otro lado, se
observa que la negativa de la cirugía solicitada se fundamenta en que el Comité
Técnico Científico lo considera un procedimiento estético y no hay riesgo
inminente para la vida de la menor. No obstante, cabe recordar lo señalado por
la jurisprudencia constitucional en el sentido de reconocer que las afecciones
de la salud oral, si bien puede que no representen un grave peligro para la
vitalidad de las personas, en algunos casos pueden comprometer seriamente actividades
como la masticación lo que deriva en una inadecuada alimentación y nutrición de
las personas, alterando su calidad de vida.
En el caso bajo
estudio se cuenta con el concepto médico que señala que la condición de la
menor de edad no le permite masticar los alimentos de manera normal, sumado a las
manifestaciones de dolores de cabeza de oído y demás intensas molestias que le
causa realizar dicha actividad, impidiendo su correcta alimentación,
demostrando que el procedimiento requerido carece de fines estéticos y su
objetivo es netamente funcional.
Bajo ese
entendido, es clara la vulneración que se presenta por parte de la entidad al
negar un procedimiento cuyo carácter funcional es evidente y es necesario para
poder realizar una actividad básica del ser humano como lo es masticar los
alimentos de manera adecuada, sin dolor y sin cansancio. Por tanto, se
procederá amparar el derecho fundamental a la salud de la menor.
Por consiguiente,
se ordenará a Saludcoop EPS que, de no haberlo hecho, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia,
autorice y
programe el procedimiento denominado cirugía ortognática para retroceso
mandibular que requiere la menor. De igual manera, se le brinde un tratamiento
integral el cual comprende todos aquellos, medicamentos,
intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos que Nathaly Vallejo
Cardona
requiera, con ocasión del cuidado de su padecimiento conforme lo
prescriba su médico tratante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE
la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 19 de
septiembre de 2014,
que a su turno confirmó la dictada por el Juzgado 4º Administrativo Oral de Santa
Marta, el 11 de agosto de 2014, la cual resolvió negar el servicio de
transporte
dentro de la acción de tutela T-4.705.785. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a la salud de Armando Edisberto
de Andréis Matos, por las razones expuestas en la presente
providencia y confirmar en todo lo demás la sentencia dictada por el Juzgado 4º
Administrativo Oral de Santa Marta.
SEGUNDO.- ORDENAR a Nueva EPS que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice el traslado y los viáticos
del actor y de su acompañante, desde su lugar de residencia hasta la ciudad de
Bogotá (ida y vuelta), para que pueda acceder al tratamiento en el Instituto Nacional
de Cancerología en dicha ciudad. De igual manera, proceder al reembolso de los tiquetes
aéreos adquiridos para su traslado de la ciudad de Santa Marta a Bogotá.
A su
vez, se le brinde, sin obstáculo de ningún tipo, el tratamiento integral
compuesto por todos aquellos, medicamentos, intervenciones, procedimientos,
exámenes, controles y seguimientos que Edisberto de Andréis Matos requiera,
con ocasión del cuidado de su enfermedad, conforme lo prescriba su médico
tratante.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia
proferida por el
Juzgado 6º Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, el 31 de julio de
2014, la cual resolvió negar la protección solicitada dentro del
proceso de tutela T-4.720.241.  En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a la salud de la menor Aleyda
Patricia Santander Guerra, por las razones expuestas en la
presente providencia.
CUARTO.- ORDENAR a la Unidad de Salud de la Universidad del
Atlántico
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice la entrega de una
nueva silla de ruedas, previa valoración de especialistas que determinen las
características específicas que esta debe tener.
También,
autorizar, dentro del término antes señalado, una nueva valoración para lograr
determinar si, en efecto, la menor debe recibir el tratamiento que requiere en
su hogar. De ser así, la EPS deberá proveer el personal idóneo para que este se
lleve a cabo conforme las indicaciones de su médico tratante. De lo contrario,
deberá prestar el servicio en una IPS apta e idónea de las más altas calidades.
A su vez,
autorizar la entrega mensual de pañales en la cantidad que sea necesaria y
brindar el tratamiento integral que requiera la menor, el cual debe
incluir todo aquello que sea necesario para la recuperación, rehabilitación e
integración social de la niña, así como aquellos servicios que le permitan
desarrollar su vida en condiciones dignas, conforme lo prescriba su médico
tratante.
QUINTO.- REVOCAR la sentencia
proferida por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral, Tolima, el 7 de noviembre de 2014, la cual resolvió
negar la protección solicitada dentro del proceso de tutela  T-4.772.463. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a la salud de Gildardo Roa, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEXTO.-ORDENAR
a
Cafesalud EPS-S que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de esta providencia, autorice el traslado y los viáticos del actor y de
su acompañante, desde su lugar de residencia hasta la ciudad de Bogotá (ida y
vuelta), para que pueda acceder al tratamiento que requiere. De igual manera, proceda
a la entrega de las bolsas de colostomía prescritas y le brinde el tratamiento
integral compuesto por todos aquellos, medicamentos, intervenciones,
procedimientos, exámenes, controles, seguimientos que Gildardo Roa requiera,
con ocasión del cuidado de su enfermedad, conforme lo prescriba su médico
tratante.
SÉPTIMO.-
REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 6º Civil Municipal de Palmira, en fallo del
24 de octubre de 2014, a través de la cual se negó la protección solicitada,
dentro del proceso de tutela T-4.782.087. En su lugar,
TUTELAR el derecho fundamental a la salud de Juan Carlos Romero
Hincapié, por las razones expuestas en la presente
providencia.
OCTAVO.-
ORDENAR a Saludcoop EPS, que previamente a
la realización de la intervención quirúrgica que le fue prescrita a Juan Carlos
Romero Hincapié lo someta, en un plazo no superior a las cuarenta y ocho (48)
horas contadas
a partir de la notificación de esta providencia, a una valoración por un grupo
interdisciplinario de especialistas que le suministren la información
pertinente en forma clara y concreta, sobre los beneficios, riesgos y demás
consecuencias que pueda generar en salud y en su organismo la cirugía
bariátrica que requiere. Lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado por la Clínica
de la Obesidad respecto de los padecimientos del actor.
El grupo
interdisciplinario que analice el caso del actor, bajo los presupuestos
expuestos en esta providencia, deberá estudiar y sustentar para el caso
específico de la obesidad del accionante, la viabilidad tanto del procedimiento
denominado Sleeve
Gastrectomy con uso de Ligasure y Sutura Mecánica, como de la
cirugía Bypass Gástrico contenida en el POS y, en el evento de determinar que
ambos procedimientos son viables y efectivos, deberá primar lo contenido dentro
del Plan Obligatorio de Salud.
Una vez obtenido
el consentimiento informado del paciente, la entidad dentro de las cuarenta y
ocho horas (48) siguientes autorizará y gestionará la práctica de la cirugía
sin dilaciones y sin necesidad de someter la decisión al Comité Técnico
Científico, de conformidad con la prescripciones e indicaciones de sus médicos
tratantes.
De la misma forma,
Saludcoop EPS está en la obligación de brindarle una atención integral al Juan
Carlos Romero Hincapié (entiéndase consultas médicas, exámenes  procedimientos
quirúrgicos, suministro de medicamentos, hospitalización, evaluaciones previas
y posteriores a la realización de la cirugía que corresponda), conforme a las
prescripciones que los médicos tratantes efectúen para tal fin.
NOVENO.- REVOCAR
la
sentencia proferida por el Juzgado 4º Penal Municipal de Zipaquirá, el 4 de
diciembre de 2014, a través de la cual se negó la protección solicitada, dentro
del proceso de tutela T-4.790.158. En su lugar, TUTELAR
el derecho fundamental a
la salud del menor Juan
Pablo Sierra Cardona, por las razones expuestas en la presente
providencia.
DÉCIMO.-
ORDENAR a Saludcoop EPS que, de no haberlo
hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice el suministro de leche Neocate
Advance, 50 frascos de 400 gramos, conforme lo prescrito por el médico tratante,
una vez Yolanda Cárdenas, madre de Juan Pablo Sierra Cárdenas, se acerque
nuevamente a solicitarlo.
DÉCIMO PRIMERO.-
REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 9º Penal Municipal  con Funciones de Control
de Garantías, el 24 de noviembre de 2014, a través de la cual se negó la
protección solicitada, dentro del proceso de tutela T-4.797.640. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a la salud de la
menor Nathaly
Vallejo Cardona, por las razones expuestas en la presente
providencia.
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR a Saludcoop EPS que, de no haberlo
hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice y programe  el procedimiento
denominado cirugía ortognática para retroceso mandibular que requiere la menor
de edad. De igual manera, se le brinde un tratamiento integral el cual
comprende todos
aquellos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes,
controles, seguimientos que Nathaly Vallejo Cardona requiera, con
ocasión del cuidado de su padecimiento, conforme lo prescriba su médico
tratante.
DÉCIMO TERCERO.- LÍBRENSE por Secretaría
General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
-Con
salvamento parcial de voto-
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-395 DE 2015
ACCION
DE TUTELA PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-Improcedencia para
solicitar reembolso por gastos de transporte, alimentación y hospedaje por
traslado de paciente
Referencia:
expediente T-4705785 y AC.
Acción de tutela
presentada por Armando Edisberto de Andréis Matos y otros contra Nueva EPS y
otros.
Asunto:
Otorgamiento de prestaciones económicas en el sistema general de salud.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me conducen a salvar parcialmente el
voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Cuarta de Decisión
de tutelas, en sesión del 30 de junio de 2015.
La providencia de
la que me aparto, concede el amparo del derecho fundamental a la salud, y
ordena a las accionadas autorizar una serie de prestaciones, tanto económicas
como asistenciales del sistema general de salud, en cada caso particular.
Específicamente, la Sala ordena que se autoricen prestaciones tales como el
traslado y viáticos de los usuarios con un acompañante, el reembolso de dinero
sufragado para traslado, nuevas valoraciones médicas, entrega de una nueva
silla de ruedas, entrega mensual de pañales, entrega de bolsas
de colostomía, suministro de leche y una cirugía ortognática para retroceso
mandibular. Asimismo, en todos los casos se ordena brindar el tratamiento integral
compuesto por todos aquellos medicamentos, intervenciones, procedimientos,
exámenes, controles y seguimientos que requieran los actores para el cuidado de
su enfermedad,
conforme lo prescriba el médico tratante.
Considero que, la ponencia hace referencia
al precedente constitucional sobre la materia[38], según el cual la
acción de tutela procede de manera excepcional para reclamar el reembolso de
gastos médicos (i) cuando se niegue la prestación del servicio de salud
incluido en el Plan Obligatorio de Salud, sin justificación legal o (ii) cuando
dicho servicio haya sido ordenado por médico tratante adscrito a la E.P.S.
encargada de garantizar su prestación.
No obstante lo anterior, en
jurisprudencia reiterada y constante, la Corte ha indicado que la acción de
tutela, en razón de su naturaleza subsidiaria y residual, no es el mecanismo
adecuado para solicitar el reembolso de prestaciones de naturaleza económica.
En este sentido, en sentencia T-346 de 2010[39], esta
Corporación sostuvo lo siguiente:
“la tutela es
improcedente para obtener el reembolso de gastos médicos, toda vez que la
presunta afectación o amenaza del derecho fundamental a la salud en la que pudo
incurrir la entidad que tiene a su cargo la prestación de dicho servicio se
entiende superada, aunado al hecho de la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial para obtener el pago de estas suma.”
La
Corte también ha afirmado que la regla antes descrita encuentra su fundamento
en que:
“(i) la
vulneración o amenaza del derecho fundamental a la salud, se entiende superada
cuando la persona accede materialmente al servicio requerido; y (ii) existe
otra vía judicial para que se obtenga el reembolso de los gastos médicos en que
pudo incurrir y que considera que legalmente no está obligado a asumir, ya sea
en la jurisdicción ordinaria laboral o en la contenciosa administrativa, en las
discusiones de los empleados públicos sobre asuntos de la seguridad social
cuando el régimen sea administrado por una persona de derecho público, según lo
establece la ley 1437 de 2011.”[40]
Al abordar el análisis del expediente T-4705785,
se encuentra que el actor solicitó el reembolso de los gastos de tiquetes
aéreos en los que tuvo que incurrir para trasladarse desde Santa Marta a
Bogotá, pretensión cuyo contenido es de carácter meramente económico. Asimismo,
aun cuando el actor solicitó el reembolso del dinero sufragado para su
traslado, en la ponencia se manifiesta que la entidad accionada se pronunció
frente a este hecho manifestando que la solicitud de reembolso presentada por
el actor no cumplía con los requisitos mínimos para resolver este tipo de
solicitudes, pero no se demuestra que el actor presentó nuevamente la solicitud
con los requisitos exigidos por la entidad para así obtener el correspondiente
reembolso.
Por
todo lo anterior, se concluye que, de acuerdo con el precedente constitucional
sobre la materia, en el expediente T-4705785, la orden de
reembolso de los gastos no procedía a través de la acción de tutela, toda
vez que el propósito de esta acción es la salvaguarda de los derechos
fundamentales y no la reclamación de una suma de dinero. Dicho argumento
también se ve reforzado por el hecho de que existen otros mecanismos para reclamar
dichas pretensiones económicas y que no han sido agotados aun.
De esta
manera, expongo las razones que me llevan a salvar el voto con respecto a las
consideraciones y la decisión que se adoptó para el expediente T-4705785.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Sentencia T-1040 de 2008.
[2] “Por la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.”
[3] Ver sentencias T-499 de 2009 y
T-152 de 2010 entre otras.
[4] Al respecto ver sentencia T-920 de
2013
[5] La respecto ver las Leyes 1346 de
2009 (art. 25 y 26), 1618 de 2013 (art.7, 9,10) y 1751 de 2015 (art. 11).
[6] Ver Sentencia T-332 de 2012.
[7] Ver Sentencias
T-140 de 2009, T-322 de 2012, T-872 de 2011, entre otras.
[8] Sentencia T-608 de 2007.
[9] Ver Sentencia T-322 de 2012.
[10] SentenciaT-872 de 2012.
[11] Sentencia T-322 de 2012.
[12] A respecto ver Sentencia T-760 de
2008 y T-352 de 2010, entre otras.
[13] Sentencia T-039 de 2013.
[14] Sentencia T-154 de 2014.
[15]Ver Sentencia T-048 de 2012, entre
otras.
[16] Sentencia T-154 de 2014.
[17] Sentencia T-459 de 2007
[18] Ver sentencia T-364 de 2003.
[19] T-500 de 2007.
[20] Al respecto ver sentencia T-154 de
2014.
[21] Al respecto ver sentencia T-209 de
2013.
[22] Sentencia T-760 de 2008.
[23] Al respecto ver Sentencia T-861 de
2012.
[24] Sentencia T-103 de 2009.
[25] Al respecto ver sentencia T-838 de
2009, T-070 de 2008 y T-221 de 2009, entre otras.
[26] Al respecto ver Sentencia T-940 de
2012.
[27] Sentencia T-940 de 2012.
[28] Sentencia T-408 de  2011.
[29] Sentencia T-408 de  2011.
[30] Sentencia T-053 de 2009.
[31] Al respecto ver sentencia T-209 de
2013 entre otras.
[32]  Sentencia T-531 de 2009.
[33] Al respecto ver sentencia T-408 de
2011 y T-209 de 2013, entre otras.
[34] Al respecto ver Sentencia T-381 de
2014.
[35]SentenciaT-694 de 2009.
[36] Al respecto ver Sentencia T-209 de
2013.
[37] Folio 6, cuaderno 2.
[38]Sentencias T-364 de
2003, T-1066 de 2006 y T-500 de 2007-entre otras-.
[39]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
[40]
M.P. Luis Ernesto Vargas