C-036-14
LAT-411
Sentencia
C-036/14
ENMIENDA AL
CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE
DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION-Se ajusta a la Constitución Política,
tanto en su aspecto formal como en su contenido material
Considera la
Corte que se ajusta a las disposiciones constitucionales de la Carta Política
(i) al cumplir con los requisitos procedimentales exigidos por la
Constitución y la Ley para que integre al ordenamiento jurídico interno, y (ii)
el contenido material, los objetivos y disposiciones de la “Enmienda al
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995 que se han sometido al control constitucional, buscan la
protección de la vida, la salud, de los recursos naturales y del medio
ambiente, entre otros derechos y bienes constitucionales, frente al movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación a cargo de los países
que tengan la tecnología idónea para hacerlo, lo cual está en armonía con la
Constitución Política colombiana. En relación con el examen material
de la Enmienda, la Sala resalta que esta Enmienda complementa el Convenio de
Basilea en cuanto consagra una prohibición expresa y con ello hace mucho más
riguroso el control y regulación respecto de movimientos transfronterizos de
desechos tóxicos, nucleares o peligrosos generados por países desarrollados
hacia países en vías de desarrollo, lo cual se encuentra en especial armonía
con lo consagrado por el artículo 81 CP. De esta manera, la Corte concluye
la constitucionalidad en relación a la Ley 1623 de 2013 y la “Enmienda al
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995, porque su objetivo central es la protección de la vida, la
salud y el medio ambiente a través de acuerdos entre los países para que el
manejo y eliminación que se haga de los desechos tóxicos o peligrosos, cuando
éstos se movilicen a través de varios países, con el fin de que se realice un
manejo adecuado, racional y eficiente de los mencionados desechos, y se respete
a los países en vías de desarrollo que no hacen parte del Convenio de Basilea
y, por lo tanto, no se realicen este tipo de movimientos transfronterizos de
desechos o residuos hacia países o naciones en vías de desarrollo que no estén
incluidas en el anexo VII del Convenio de Basilea, al que hace reiterada
referencia la presente Enmienda. Lo anterior, desarrolla el principio y mandato
constitucional relativo a la internacionalización de las relaciones ecológicas
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, igualmente al
derecho a la protección de la diversidad biológica, la necesidad de proteger
los derechos al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de Colombia.
CONTROL
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la
Corte Constitucional
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Negociación y celebración
TRATADO
INTERNACIONAL-Adhesión
Respecto de la
negociación y suscripción de los instrumentos internacionales esta Corporación
ha señalado en reiterada jurisprudencia que es necesario revisar la competencia
para la negociación y adopción de los mismos respecto del funcionario que
participó en dicho proceso. En este sentido, este Tribunal debe constatar la
existencia de plenos poderes de quien suscribe los tratados internacionales en
nombre del Estado colombiano, de  conformidad con lo dispuesto por la Ley 406
de 1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte también se
ha enfrentado al análisis constitucional de tratados internacionales,
Protocolos o Enmiendas a los mismos, y sus respectivas leyes aprobatorias, sin
que al momento del examen de constitucionalidad hubiesen sido suscritos por el
Estado colombiano, reconociendo en estos casos, que el compromiso internacional
del Estado puede contraerse mediante la adhesión posterior a un tratado,
siempre y cuando se haya surtido el trámite interno relativo a la aprobación
por parte del Congreso a través de una ley, como lo exigen los artículos 150.16
y 224 del Texto Superior, y se haya establecido su constitucionalidad por parte
de esta Corporación de conformidad con el artículo 241 Superior. En estos
casos, esta Sala ha sostenido que por razones obvias no es posible examinar las
facultades del ejecutivo para suscribir el instrumento internacional bajo
estudio, toda vez que la firma o suscripción frente a su texto todavía no se ha
producido al momento en que se ejerce el control de constitucionalidad. Por lo
anterior, en estos eventos no puede este Tribunal constatar los plenos poderes
de un funcionario para la suscripción de un tratado, pues el compromiso del
Estado colombiano respecto del tratado o instrumento internacional tan sólo se
producirá mediante adhesión al mismo, una vez haya sido aprobado por el
Congreso y se haya adelantado el análisis de constitucionalidad respectivo. De
otra parte, ha manifestado la jurisprudencia de esta Corte que la adhesión a un
tratado internacional ya aprobado internamente, puede llevarse a cabo cuando el
Tratado, Acuerdo o Convenio principal consagren en su articulado dicha
posibilidad.
ENMIENDA AL
CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE
DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION-Trámite legislativo
LEY APROBATORIA
DE TRATADO-Requisito
de anuncio previo en trámite legislativo
PROYECTO DE LEY-Cumplimiento de
los límites temporales para su trámite
ENMIENDA AL
CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE
DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION-Revisión material
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Contenido
y alcance
El
derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano se encuentra
señalado en el articulo 79 Superior, el cual hace parte del capitulo tercero de
la Constitución relativo a los “Derechos Colectivos y del Ambiente”, el cual
consigna que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo". Por su parte, en el artículo 80 constitucional se determina
que el Estado tiene como obligación garantizar el desarrollo sostenible,
conservación y restauración de los recursos naturales, sin dejar de lado su
deber de prevenir el deterioro ambiental que se pueda generar cuando se hace la
explotación de los mencionados recursos naturales. En este sentido, teniendo
como fundamento el artículo 88 Superior, el derecho al ambiente sano se
encuentra consagrado en la Carta Política como un derecho de carácter colectivo
y por consiguiente puede ser reclamado por intermedio de acciones populares
salvo cuando se evidencie menoscabo de derechos fundamentales.
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental
autónomo
El
derecho a la salud es considerado por la jurisprudencia constitucional como un
derecho fundamental autónomo, que adicionalmente tiene una serie de conexidades
con otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad
física, lo cual pone de relieve aún más su importancia dado el vinculo
inseparable entre estos derechos.
DERECHO A LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA-Contenido
y alcance
En
relación con la protección de la diversidad biológica la Corte ha señalado que
son varios los artículos superiores que protegen este derecho, tales como el
artículo 8º de la Constitución Política que consagra “la obligación de
las autoridades públicas y de los particulares de proteger la riqueza cultural
y natural de la Nación”, el artículo 79 que “establece el deber del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de
especial importancia ecológica”, el artículo 81 que determina las
responsabilidades que “le corresponde al Estado respecto del ingreso al país y
salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el
interés nacional”, así como los artículos 65 y 71 Superiores que “obligan al
Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia
y la tecnología y las demás manifestaciones culturales”.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que estas
obligaciones del Estado colombiano de preservar el medio ambiente y la
biodiversidad deben verse reflejadas por el Estado en todos los niveles de
desarrollo a saber: político, económico, social y administrativo. En este orden
de ideas, este Tribunal ha enfatizado que la función del Estado debe estar
encaminada a desarrollar normas para que se cumplan estas obligaciones de
preservación del medio ambiente y biodiversidad, entre cuyas actuaciones cuenta
la celebración de tratados internacionales con el fin de tener instrumentos
internacionales dirigidos a la protección del medio ambiente y la biodiversidad
con reglas claras en las que se ejerza la soberanía y la internacionalización
de las relaciones ecológicas, lo cual se encuentra regulado en los artículos 9º
y 226 constitucionales.
MOVIMIENTOS
TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS-Antecedentes/MOVIMIENTOS
TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS-Contenido y alcance
CONVENIO DE
BASILEA-Jurisprudencia
constitucional/CONVENIO DE BASILEA-Contenido
PROTOCOLO DE
BASILEA-Jurisprudencia
constitucional
ENMIENDA AL
CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE
DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION-Contenido y alcance
Referencia:
expediente LAT- 411
Revisión
Constitucional de la Ley 1623 de 2013, Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda
al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera
Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de
1995.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
enero veintinueve (29) de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión constitucional de la Ley 1623 de 2013, Por medio de la
cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de
marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en
Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
I.
ANTECEDENTES
Con
base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante
oficio radicado en la Secretaría General de esta corporación el 02 de mayo  de
2013 (Fl. 1 Cuad. Ppal.), dentro del término Constitucional, la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley
1623 del 29 de abril de 2013, para efectos de su revisión constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante
Auto del veintiocho (28) de mayo de 2013 (Fl. 15 Cuad. Ppal), avocó el
conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas,
mediante Auto del veintinueve (29) de julio de 2013 (Fl. 43  Cuad. Ppl) ordenó
continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso
por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así
como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto
correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso de la República, a la Ministra de
Relaciones Exteriores, al Ministro del Interior, al Ministro de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible y al Ministro de Salud y Protección Social.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta
clase de procesos, la Corte Constitucional procede a decidir acerca del asunto
de la referencia.
II. ORDENAMIENTO
OBJETO DE REVISION
A continuación se transcribe el texto de la ley
enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial
No.48.776, del 29 de abril de 2013:
“LEY 1623 DE 2013
(abril 29)
Diario Oficial No. 48.776 de
29 de abril de 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se
aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto de la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa de la
del texto del instrumento, certificado por la Secretaría de las Naciones
Unidas).
CONSULTAR IMAGEN EN EL
ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF.
<De la imagen publicada
en el Diario Oficial, se extrae el aparte en español:>
ENMIENDA AL CONVENIO DE
BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS
PELIGROSOS
Y SU ELIMINACION, ADOPTADA
EN LA TERCERA REUNION DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN GINEBRA EL 22 DE
SETIEMBRE DE 1995
Insértese un nuevo párrafo 7 bis del preámbulo:
“Reconociendo que los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos, especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un alto
riesgo de no constituir el manejo ambientalmente racional y eficiente de los
desechos peligrosos que se preceptúa en el Convenio”.
Insértese un nuevo artículo 4 A:
“1. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá
prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos que estén
destinados a las operaciones previstas en el anexo IV A, hacia los Estados no
enumerados en el anexo VII.
2. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá
interrumpir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 y prohibir desde esa
fecha en adelante todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
contemplados en el apartado a) del inciso y) del artículo 1 del Convenio que
estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV B hacia los Estados
no enumerados en el anexo VII. Dicho movimiento transfronterizo sólo quedará
prohibido si los desechos de que se trata han sido caracterizados como
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el Convenio.”.
“ Anexo VII
Partes y otros Estados que sean miembros de la OCDE y de la CE, y
Lienchtenstein”.
La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Colombia,
CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y
completa de la versión en idioma español de la “Enmienda al Convenio de Basilea
sobre el Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos
y su eliminación”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de
las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, documento que reposa en
los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a los
tres (3) día del mes de junio de dos mil once (2011).
La Coordinadora del Grupo de
Trabajo Interno de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,
ALEJANDRA VALENCIA GARTNER.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 24 de junio de 2008
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de
la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébese la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de
marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las
Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, que por el artículo 1o de esta
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los...
Presentado al honorable
Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
La Ministra de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial,
BEATRIZ ELENA URIBE BOTERO.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 24 de junio 2008
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de
la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébese
la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995.
ARTÍCULO 2o. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la
“Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de la misma.
ARTÍCULO 3o. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable
Senado de la República,
ROY BARRERAS MONTEALEGRE.
El Secretario General del
honorable Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la
honorable Cámara de Representantes,
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.
El Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA
SERRANO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA -
GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión
de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 29
de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Asuntos
Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de las
funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
BEATRIZ PATTI LONDOÑO
JARAMILLO.
El Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible,
JUAN GABRIEL URIBE.”
III. INTERVENCIONES
1. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL
Por
medio de apoderada judicial y mediante escrito presentado el 12 de agosto de
2013, el Ministerio de Salud y Protección Social, solicita a la Corte que
declare la constitucionalidad de la Ley 1623 del 29 de abril de 2013, con base
en los siguientes argumentos:
(i) Indica la apoderada del Ministerio
de Salud y Protección Social que el Convenio de Basilea tiene como principal
objetivo la protección de la salud humana y del medio ambiente, razón por la
cual fue aprobado por Colombia en la Ley 253 de 1996, ratificado en diciembre
del mismo año y vigente a partir de marzo de 1997, con lo que se adquirieron
obligaciones en relación al comercio, tratamiento, reducción y eliminación de
los desechos peligrosos. Afirma que con la Enmienda aprobada mediante la ley en
estudio, se añadió al Convenio prohibiciones en los movimientos
transfronterizos de los mencionados desechos tóxicos, con lo cual se pretende
optimizar la gestión en el manejo de residuos peligrosos y otros residuos, así
como proteger a los países vulnerables frente a las importaciones de los
mencionados desechos.
(ii) Señala que el objeto de la enmienda
se encuentra reglamentado en la Ley colombiana 1252 de 2008 “por la cual se
dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los residuos y
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”.
(iii) Aduce que la Ley 253 de 1996, por
medio de la cual se aprobó el convenio de Basilea, ya ha sido estudiada por la
Corte Constitucional en Sentencia C- 377 de 1996, y con la Enmienda se permite
una armonización ente la Carta Política y el Convenio de Basilea el cual se
complementó con la Enmienda.
(iv) Finalmente concluye que la Enmienda
en estudio se encuentra totalmente acorde con el ordenamiento jurídico al
brindar una mayor garantía frente al cumplimiento de las prerrogativas y
prohibiciones de movimientos transfronterizos de desechos tóxicos y peligrosos,
de conformidad con nuestra Carta Política.
2. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Por
medio de apoderado judicial y mediante escrito recibido por la Corte el 15 de
agosto de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la Corte que
declare la constitucionalidad de la ley bajo revisión, con base en los
siguientes argumentos:
(i)
Argumenta el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores que la Enmienda
“constituye un marco general de cooperación internacional en el campo del
manejo eficiente y seguro de los desechos peligrosos”. Al respecto reseña
que el Convenio de Basilea ha estipulado los principios rectores para el manejo
de los residuos peligrosos, como que se reduzcan los mismos y que los desechos
sean eliminados eficazmente y acorde con el sostenimiento del medio ambiente.
(ii)
Aduce que Colombia aún no ha suscrito la Enmienda y solo lo puede hacer con el
art. 17 de la Convención de Basilea, a raíz de lo cual no ha sido necesaria la
expedición de plenos poderes en concordancia con los arts. 15 y 16 de la
Convención de Viena del año 1969.
(iii)
Finalmente comunica que el Presidente de  la República Álvaro Uribe impartía la
respectiva Aprobación Ejecutiva para someter la Enmienda supra a
consideración del Congreso el día 25 de junio de 2008.
3. FUNDACION GAIA AMAZONAS
El director de la Fundación Gaia
Amazonas,
Señor Martín von Hildebran, presentó concepto respecto de la
constitucionalidad de la Ley 1623 del 29 de abril de 2013, mediante escrito
allegado a esta Corporación el 15 de agosto del 2013, en los siguientes
términos:
(i) Menciona que en sentencia C-377 de
1996 la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 253 de 1996 por medio de
la cual fue aprobado el Convenio de Basilea por cuanto “el convenio al
permitir que cada país prohíba la introducción a su territorio de determinados
desechos, a la vez que regula y busca reducir el movimiento transfronterizo de
los desechos peligrosos, es constitucional”.
En punto a este tema, indica que el
Convenio de Basilea pretendió despertar conciencia del peligro que representan
los desechos tóxicos que eran enviados por los países más poderosos a los más
vulnerables.
(ii) Afirma que la Enmienda al Convenio
busca prohibir la exportación de desechos peligrosos y busca su eliminación
final, reutilización, reciclado y recuperación. Observa, sin embargo, que aún
faltan países que la adopten para que entre en vigencia, además sostiene que la
Enmienda reconoce la incapacidad de los países en desarrollo de hacer lo que se
ha indicado para el manejo de dichos desperdicios.
(iii) Evidencia que la Enmienda tiene
como objetivos proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a
los desechos tóxicos y peligrosos y por lo tanto “(i) disminuir la
generación de desechos peligrosos y promover la gestión ambiental racional de
los mismos; y (ii) restringir los movimientos transfronterizos de deshechos
peligrosos”, finalidades que se avienen completamente con la Constitución.
(iv) En armonía con lo anterior,
encuentra que la Enmienda fortalece la normatividad constitucional y legal
sobre esta materia, especialmente los artículos 80 y 81 Superiores, al igual
que el art. 3 de la Ley 99 de l993. Igualmente, sostiene que la Enmienda es
coherente con el principio de precaución que ha sido reconocido en la Sentencia
T-092 de 1993.
(v) Finalmente observa que es positivo
que el país adhiera a la Enmienda  la cual es coherente con la normatividad
constitucional y el ordenamiento jurídico interno, al no permitir el ingreso al
país de residuos tóxicos o peligrosos, frente a los cuales el país no tiene la
capacidad de tratarlos tecnológicamente y por ende pueden ocasionar grandes
daños en la salud y el ambiente.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
Señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, rindió
concepto en el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política,
concordantes con el artículo 70 del Decreto 2067 de 1991, mediante escrito No.
5633, recibido en esta Corporación el 06 de septiembre de 2013. En su concepto
de rigor la Vista Fiscal solicita a esta Corte declarar exequible la Ley 1623
de 2013, “Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995”, con base en los siguientes planteamientos:
1. Indica que el día 2 de mayo de 2013 la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte la Ley
1623 de 2013, Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995”, cumpliendo así lo previsto en el artículo 241.10 Superior.
Menciona que la Corte por medio de Auto del 27 de agosto de 2012, asumió el
conocimiento del presente asunto.
2. En relación con el análisis formal, el
Señor Procurador presenta el siguiente análisis:
2.1.  Sostiene que la “Enmienda al
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos  Transfronterizos de
Desechos Peligrosos y su Eliminación del 22 de marzo de 1989” adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995, por aprobación ejecutiva del 24 de junio de 2008 fue
puesta a consideración del Congreso de la Republica para su discusión y
aprobación, conforme a lo dispuesto en el art. 150.16 de la Carta Política, por
parte del Presidente de la Republica de Colombia.
2.2. Menciona que al no existir un
trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y
su incorporación a la legislación interna, corresponde seguir el trámite
previsto en los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Constitución para leyes
ordinarias y este proceso legislativo debe empezar en el Senado según lo
dispuesto en el art. 154 Superior.
2.3 Afirma el Ministerio Público, que en
el expediente legislativo se constata que el proyecto de ley fue radicado bajo
los números 112 de 2011 Senado y 132 de 2012 Cámara, pasando a analizar el
trámite surtido en cada una de las Cámaras legislativas:
2.3.1. Trámite en el Senado
(i) En relación con el trámite en el
Senado de la República observa
la Vista Fiscal que el proyecto de ley fue presentado por el Gobierno al Senado
el 7 de septiembre de 2011, a través de las Ministras de Relaciones Exteriores
y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural. Indica que el texto original del
proyecto aparece publicado en la Gaceta del Congreso 667 del 7 de septiembre de
2011, junto a su respectiva exposición de motivos. Afirma que con lo anterior
se cumplió el requisito de presentación del proyecto (art 154) y con el
requisito de publicación del proyecto antes de darle trámite en la comisión
respectiva (art 157.1).
(ii) Señala el Procurador que la
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue presentada
por el Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y aparece publicada en la Gaceta
del Congreso No. 786 de 2011.
(iii) Observa la Vista Fiscal que el
proyecto fue anunciado para votación dos veces antes de ser discutido y
aprobado en la Comisión Segunda del Senado. El primer anuncio se registró en el
Acta No. 9 del 1 de noviembre de 2011 publicado en la Gaceta del Congreso 154
de 2012; y el segundo anuncio aparece registrado en el  Acta No. 10 del 9 de
noviembre de 2011 y se publicó en la Gaceta del Congreso 153 del 17 de abril de
2012.
(iv) Indica el Ministerio Público que el
proyecto fue aprobado el 16 de noviembre de 2011 como consta en el Acta No. 11
de esa fecha y con publicación en la Gaceta del Congreso No. 155 de 2012, según
certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado. Así las
cosas, la proposición final, el articulado propuesto, el título del proyecto y
el querer que este fuera ley de la República fueron aprobados conforme al art.
129 de la Ley 5 de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
En relación con el quorum, el citado funcionario manifestó que quedó integrado
por 12 de los 13 Senadores que conforman dicha Comisión, algunos contestaron a
lista al iniciar la sesión, otros se hicieron presentes en el transcurso de la
misma.
(v) A continuación, menciona la
Procuraduría que la ponencia favorable para segundo debate en el Senado de la
República fue presentada por el Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y
aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 385 de 2012.
(vi) Afirma el Ministerio Público que el
Proyecto de Ley fue anunciado para votación el 28 de agosto de 2012, como
consta en el Acta No. 10 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
795 de 9 de noviembre de 2012 en la que se lee: “Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, la Secretaría
anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de ley número 112 de 2011 Senado”. Al final del Acta se lee: “siendo
las 11:15 p.m., la Presidencia levanta la sesión, y convoca para el día
miércoles 29 de agosto de 2012, a las 3:00 p.m.”
(vii) Menciona la Vista Fiscal que
efectivamente el proyecto fue debatido y aprobado en la sesión plenaria del día
29 de agosto de 2012 con asistencia de 90 Senadores, según consta en Acta No.
11 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 796 de 9 de
noviembre de 2012. Así mismo menciona que el proyecto fue debatido y aprobado
mediante votación ordinaria conforme al artículo 129 de la ley 5ª de 1992 lo
cual fue consignado en la mencionada Gaceta y en la certificación expedida por
el Secretario General del Senado de la República con fecha del 14 de junio de
2013. El texto definitivo fue aprobado en la Plenaria del Senado de la
República de fecha 29 de agosto de 2012 según consta en la Gaceta del Congreso
580 del 4 de septiembre de 2012.
2.3.2. Trámite en la Cámara de
Representantes.
(i) Respecto del trámite surtido en la
Cámara de Representantes observa la Vista Fiscal que la ponencia positiva para
primer debate fue presentada por el Representante José Gonzalo Gutiérrez
Triviño y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 848 del 27 de
noviembre de 2012.
(ii) Observa el Ministerio Público que
el proyecto de ley fue anunciado para primer debate en la sesión del 28 de
noviembre de 2012, tal como consta en el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso 224 del 22 de abril de 2013, en la que se lee: “anuncios
de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar
cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, para
aprobación la próxima sesión de Comisión, donde se discutan y aprueben
proyectos de ley. Proyecto de ley número 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado”
más adelante el Presidente de la Comisión señaló: “anunciamos la próxima
sesión para el día martes 4, diez de la mañana”.
(iii) Verifica el Señor Procurador, que
el proyecto fue debatido y aprobado por unanimidad en votación ordinaria de
acuerdo a la Ley 1431 de 2011, en la sesión del 4 de diciembre de 2012, con la
presencia de 17 representantes, tal como se anota en la certificación expedida
por la Secretaría General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
y se hace constar en el Acta 24 de esta fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso 513 del 23 de julio de 2013.
(iv) En relación con la ponencia
positiva para el segundo debate en la Cámara de Representantes menciona el
Ministerio Público que ésta aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 958
del 21 de diciembre de 2012 y fue presentada por el Representante José
Gonzalo Gutiérrez Triviño.
(v) Constata la Vista Fiscal que el
proyecto fue anunciado en sesión del 20 de marzo de 2013 como consta en el Acta
No. 192 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 313 del 24 de
mayo de 2013, en la que se lee: “se anuncian los siguientes proyectos de ley
de acuerdo al Acto Legislativo de julio 3 de 2003, en su artículo 8º, para la
Sesión Plenaria de abril 2 de 2013 o para la siguiente sesión Plenaria en la
cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, (…) Proyecto de ley
número 132 de 2012 Cámara, 1112 de 2011 Senado”.
(vi) Afirma el Ministerio Público que el
proyecto fue debatido y aprobado en la sesión plenaria del 2 de abril de 2013,
según consta en el Acta No. 193 de esta fecha y fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 373 del 5 de junio de 2013, en una votación ordinaria con
asistencia de 145 representantes según consta en la Gaceta referida y en la
certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes
el 14 de junio de 2013.
(vii) Sostiene que visto el
procedimiento legislativo descrito, ese organismo de control concluye  que se
cumplió con la exigencia constitucional del inciso 1º del art. 160 de la Carta
y se dio cabal cumplimiento al art. 160 Superior en el que se señala que “ningún
proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.
(viii) Menciona la Vista Fiscal que el
29 de abril de 2013, el Presidente de la República sancionó la Ley 1623 de
2013, por medio de la cual se aprueba la Enmienda objeto de estudio. Dicho
texto fue remitido a la Corte por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, el 2 de mayo de 2013, dentro del término de seis días establecido
por el artículo 241.10 de la Carta para ello.
3. Acerca del análisis
material, el Ministerio Público precisa que el “Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación” tenía como objetivo reducir al máximo la producción de esos
desechos, que los generados fueran destruidos cerca de su fuente de manera
ambientalmente racional y eficaz, al igual que evitar que los exportaran si el
país de destino no tenía la capacidad técnica legal y administrativa para su
manejo de forma ecológicamente apropiada.
Indica que la Enmienda en estudio, busca
ahondar en la regulación del manejo inadecuado de los residuos peligrosos en
ciertos países y que se prohíba su exportación a países en desarrollo que no
cuentan con los recursos para manejarlos o destruirlos, con la consecuencia de
estas prácticas en un deterioro ambiental y en la salud de los ciudadanos.
Encuentra el Despacho que los
principales alcances de la Enmienda al Convenio de Basilea son congruentes con
los principios y disposiciones de la Constitución Política al proteger y
conservar la salud humana y el medio ambiente, por cuanto la Enmienda y la
Constitución colombiana buscan proteger el equilibrio ecológico y hacen
relevante la importancia de la adopción de mecanismos a nivel mundial para el
manejo racional de desechos peligrosos y su eliminación, al igual que se busca
proteger a los países en desarrollo al prohibir los movimientos
transfronterizos desde los países del primer mundo para su eliminación final,
por cuanto en los países del tercer mundo no se tiene la tecnología,
instalaciones y recursos para su adecuado manejo.
Así mismo, el Ministerio Público
considera que esta Enmienda le da al país las herramientas para protegerse si
se pretende hacer dichos movimientos hacia Colombia por parte de países
desarrollados ya que se puede exigir responsabilidad por eventuales daños en el
territorio.
Considera que la enmienda sub examine
centra su objetivo en proteger derechos fundamentales como la vida, la salud,
la función ecológica inherente a la función social de la propiedad, los
derechos colectivos y del medio ambiente, consagrados en el cap. 3º título II
de la norma de normas arts. 2, 11, 44, 49, 58, 78, 79, 80 y 81 Superiores. De
otra parte, considera que la Enmienda al Convenio de Basilea in examine
respeta las previsiones de los arts. 9º, 226 y 227 de la Carta Política, razón
por la cual encuentra que tanto el contenido de la Enmienda como su ley
aprobatoria se avienen plenamente con la Constitución Política.
4. Con fundamento en el análisis tanto
formal como material el Procurador General de la Nación solicita a la Corte
declarar la exequibilidad de la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995” y de la Ley 1623 de
2013, por medio de la cual fue aprobada la citada enmienda.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE
1. Competencia
1.1 La Corte Constitucional
es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la Enmienda en examen
y de su Ley aprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241,
numeral 10, de la Constitución Política.
1.2 En consecuencia,
esta Corporación analizará, en primer lugar, trámite dado a la Enmienda
al Convenio de Basilea y a la Ley aprobatoria de éste, con el propósito de
determinar si se ajusta a la Constitución Política, para de esta manera y en el
evento de que este trámite esté acorde con la Constitución, analizar, en un
segundo lugar, el contenido material de la Enmienda.
2. Análisis formal de la Ley
aprobatoria de la Enmienda al Convenio de Basilea.
2.1 Negociación y
suscripción de la Enmienda y Aprobación Presidencial
(i) En relación con la
negociación y suscripción de la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, objeto
de estudio en esta oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante
oficio S-DIAJI-13-021476 del 11 de junio de 2013, recibido en esta Corporación
el mismo día (Fls. 20-21, cuad. ppal.), informó a esta Corte que “…una vez
revisado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio así como el Portal de la
Sección de Tratados de la Secretaría General de la Organización de las Naciones
Unidas –ONU-, depositario de la Enmienda al Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, se constató
que la República de Colombia no suscribió la Enmienda supra.
Por consiguiente, solo le es
posible adherir a la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de
la “Convención de Basilea de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación”, adoptada en Basilea, Confederación Suiza, el 22
de marzo de 1989…
Como corolario de lo
anterior, no fue necesaria la expedición de plenos poderes, en concordancia con
lo dispuesto en los artículos 15º y 16º de la “Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados” del año 1969…
Es preciso señalar que el
entonces Presidente de la República, señor Álvaro Uribe Vélez, impartió la
respectiva Aprobación ejecutiva con el fin de someter la Enmienda supra a
consideración del Congreso de la República, el día 24 de junio de 2008.
Conviene advertir que, una
vez se surta el trámite de aprobación interna de la enmienda en comento, se
procederá a expedir el correspondiente instrumento de Adhesión para su depósito
ante la Secretaría General de las Naciones Unidas –ONU-.”
(ii)
Respecto de la negociación y suscripción de los instrumentos internacionales
esta Corporación ha señalado en reiterada jurisprudencia que es necesario
revisar la competencia para la negociación y adopción de los mismos respecto
del funcionario que participó en dicho proceso. En este sentido, este Tribunal
debe constatar la existencia de plenos poderes de quien suscribe los tratados
internacionales en nombre del Estado colombiano, de  conformidad con lo
dispuesto por la Ley 406 de 1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados.
No
obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte también se ha enfrentado
al análisis constitucional de tratados internacionales, Protocolos o Enmiendas
a los mismos, y sus respectivas leyes aprobatorias, sin que al momento del
examen de constitucionalidad hubiesen sido suscritos por el Estado colombiano,
reconociendo en estos casos, que el compromiso internacional del Estado puede
contraerse mediante la adhesión posterior a un tratado, siempre y cuando se
haya surtido el trámite interno relativo a la aprobación por parte del Congreso
a través de una ley, como lo exigen los artículos 150.16 y 224 del Texto
Superior, y se haya establecido su constitucionalidad por parte de esta
Corporación de conformidad con el artículo 241 Superior.
En
estos casos, esta Sala ha sostenido que por razones obvias no es posible
examinar las facultades del ejecutivo para suscribir el instrumento
internacional bajo estudio, toda vez que la firma o suscripción frente a su
texto todavía no se ha producido al momento en que se ejerce el control de
constitucionalidad[1]. Por
lo anterior, en estos eventos no puede este Tribunal constatar los plenos
poderes de un funcionario para la suscripción de un tratado, pues el compromiso
del Estado colombiano respecto del tratado o instrumento internacional tan sólo
se producirá mediante adhesión al mismo, una vez haya sido aprobado por el
Congreso y se haya adelantado el análisis de constitucionalidad respectivo.
Así,
en diferentes oportunidades esta Corporación ha expuesto que si bien el
análisis de constitucionalidad de los tratados presupone necesariamente la
verificación de los plenos poderes “…..por sustracción de materia no puede
tener lugar en los casos en que, no habiendo tomado parte el Estado colombiano,
éste se dispone a manifestar su consentimiento ante el Derecho Internacional
mediante la adhesión posterior a un tratado multilateral.”[2]
Igualmente,
en otra ocasión sostuvo que “Con base en los documentos allegados al
expediente, se pudo determinar que el Presidente de la República, ….en su
calidad de Jefe de Estado, dio la aprobación ejecutiva al Convenio y al
Protocolo de Enmienda objeto de estudio y ordenó someterlos al respectivo
trámite legislativo ante el Congreso de la República, el 21 de julio del año
1999, con el fin de dar inicio al trámite de aprobación interna para la
adhesión a dichos instrumentos internacionales, toda vez que el Estado
colombiano no participó en la etapa de negociación de los mismos, ni en su
suscripción. Por esta razón, la Corte no procederá a realizar un
pronunciamiento sobre la representación del Estado colombiano en la negociación
y celebración del respectivo acuerdo, así como sobre la competencia de los
funcionarios que intervinieron.” [3]
De
otra parte, ha manifestado la jurisprudencia de esta Corte que la adhesión a un
tratado internacional ya aprobado internamente, puede llevarse a cabo cuando el
Tratado, Acuerdo o Convenio principal consagren en su articulado dicha
posibilidad. En este sentido ha sostenido:
“Sin embargo,
debe mencionarse que en el Convenio Internacional que ocupa la atención de la
Corte, en los artículos 12 (nums. 2 y 3) y 13 (num.1) da cuenta de la
posibilidad de que los Estados puedan obligarse a través del mismo manifestando
su consentimiento mediante la respectiva adhesión, de conformidad con las
normas y principios del derecho internacional establecidas en la Convención de
Viena de 1969 (arts. 11 y 15) sobre el Derecho de los Tratados entre Estados,
lo que se encuentra conforme con nuestra Carta Política (art. 9o.)”[4].
(iii) En el caso que ahora nos ocupa
sobre la Enmienda al Convenio de Basilea, como se observa en la cita in
extenso que se hace en este acápite de la comunicación enviada a esta
Corporación por el Ministerio de Relaciones Exteriores calendada el
11 de junio de 2013 (folios
20-21 del cuaderno principal), esa entidad informó que la República
de Colombia no suscribió la Enmienda en mención, razón por la cual no fue
necesaria la expedición de plenos poderes, y que por tanto el Estado colombiano
adherirá a la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la “Convención
de Basilea de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación”, el cual permite este mecanismo de adhesión como instrumento
vinculante para los Estados.
(iv) Así mismo, el Ministerio comunicó a esta Corporación que el
entonces Presidente de la República, señor Álvaro Uribe Vélez, impartió la
respectiva Aprobación Presidencial con el fin de someter la Enmienda objeto de
estudio a consideración del Congreso de la República, el día 24 de junio de
2008. En el mismo sentido, el Ministerio informó que una vez se haya surtido el
trámite interno de la Enmienda cuya constitucionalidad ahora se analiza, se
procederá a expedir el correspondiente instrumento de Adhesión para su depósito
ante la Secretaría General de las Naciones Unidas –ONU-.
(v)
Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corte, es evidente para esta Corporación, por un lado, que por sustracción de
materia no puede entrar a verificar la existencia de plenos poderes para la
negociación y adopción de la Enmienda al Convenio de Basilea sometidos ahora a
control de constitucionalidad, en razón a que el Estado colombiano no ha
suscrito la Enmienda en cuestión, y su compromiso vinculante se llevará a cabo
posteriormente a través del mecanismo de adhesión de la Enmienda, una vez se
haya surtido el trámite del ordenamiento interno colombiano relativo tanto a la
aprobación por el Congreso, como del análisis de la constitucionalidad del
mismo que adelanta este Tribunal.
Igualmente, si bien el
Estado colombiano no ha suscrito todavía la Enmienda al Convenio de Basilea que
ahora se estudia, ha expresado la voluntad de adherir a la misma de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 de la “Convención de Basilea de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”,
adoptada en Basilea, Confederación Suiza, el 22 de marzo de 1989. Por lo
anterior, también es claro que no fue necesaria la expedición de plenos
poderes, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15º y 16º de la “Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados” del año 1969.
De otra parte, constata la
Corte que el entonces Presidente de la República, señor Álvaro Uribe Vélez,
impartió la respectiva Aprobación ejecutiva el día 24 de junio de 2008, con el
fin de someter la Enmienda al Convenio de Basilea a consideración y aprobación
del Congreso de la República. De igual forma, evidencia la Sala que el Señor
Presidente de la República ordenó someter al Congreso la aprobación de dicha
Enmienda al Convenio de Basilea, todo lo cual encuentra el Tribunal que se
ajusta al ordenamiento jurídico constitucional.  Finalmente, observa esta
Corporación que las Ministras de Relaciones Exteriores y Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Rural pusieron a consideración del Congreso la Enmienda al Convenio
de Basilea, que fue finalmente aprobada por la Ley 1623 de 2013 cuya
constitucionalidad ahora se estudia.
Igualmente, advierte la Sala
Plena que el Gobierno Nacional, en cabeza del Señor Presidente Juan Manuel
Santos Calderón, ha manifestado que una vez se surta el trámite de aprobación
interna de la Enmienda bajo estudio, el Gobierno procederá a expedir el
correspondiente instrumento de Adhesión para su depósito ante la Secretaría
General de las Naciones Unidas –ONU-. De esta manera ha puesto de manifiesto la
voluntad clara del Estado colombiano de adherir el  mencionado
instrumento, a través de la Aprobación Ejecutiva del 24 de junio de 2008 (Fl.
22. cuad. ppal.).
2.2 Trámite legislativo de la
Ley aprobatoria
2.2.1 Conforme a la
Constitución Política, las Leyes aprobatorias de tratados internacionales deben
surtir, en general, el mismo trámite que cualquier Ley ordinaria (Arts. 157,
158, 160 y 165), con dos particularidades: i) por tratarse de asuntos referidos
a las relaciones internacionales, su trámite debe iniciarse en el Senado de la
República (Art. 154); y ii) el Gobierno Nacional debe remitirlas a la Corte
Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
Presidencial, para que la misma efectúe su revisión constitucional (Art. 241,
Núm. 10).
2.2.2 Del expediente
legislativo enviado a esta Corporación, se constata que el proyecto de la Ley
1623 del 29 de abril de 2013 fue presentado y radicado en el Senado de la
República por el Gobierno Nacional, el 7 de septiembre de 2011, ante
la Secretaría del Senado de la República a través de la Ministra de Relaciones
Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y la Ministra de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural, Doctora Beatriz Elena Uribe Botero (Archivo
magnético cuad. 3 Pruebas), donde fue radicado con el No. 112 del 7 de
septiembre de 2011 Senado, y se publicó junto con la Exposición de
Motivos, en la Gaceta del Congreso No. 667 del 7 de septiembre de 2011 (Archivo
magnético cuad. 3 Pruebas) antes de darle curso en la
Comisión Segunda Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
157, Núm. 1, de la Constitución Política.
2.2.3 Trámite Legislativo
ante el Senado de la República
2.2.3.1  Primer debate
en la Comisión Segunda Constitucional del Senado
2.2.3.1.1 En relación con el
trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda del Senado, el Secretario
General de esa Comisión informó a esta Corporación, que “Conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 del acto legislativo 01 de 2003 (inciso adicionado
del artículo 160 C.P.), el proyecto de ley fue anunciado en Sesión Ordinaria de
la Comisión Segunda del Senado el día 09 de noviembre de 2011, según
consta en el Acta No. 10 de esa fecha, publicada en la Gaceta No.
153 del 17 de abril de 2012, la cual se adjunta (págs.: 52-54-56)
…[E]l proyecto de ley No
112/12 Senado también fue anunciado en Sesión el día 01 de noviembre de 2011,
según consta en el Acta No 09 de esa fecha, publicada en la Gaceta No
154 del 17 de abril de 2012 (págs.: 1, 30 y 32)”. (Fl.
2, cuad. 1 pruebas) (Negrillas fuera de texto)
De otra parte, en la
certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la
República se hace constar que la fecha de discusión y aprobación del proyecto
de Ley No. 112 de 2011 Senado, hoy Ley 1623 del 29 de abril 2013 fue aprobado “el
día 16 de noviembre de 2011, según consta en el Acta No. 11 de
sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha,
publicada en la Gaceta No. 155 del 17 de abril de 2012”. En el mismo escrito se certifica que el Quórum estuvo
integrado “por doce (12) de los trece (13) Senadores que conforman la
Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al
iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la
misma, según consta en el Acta No. 11 del 16 de noviembre de 2011,
publicada en la Gaceta No. 155 del 17 de abril de 2012”. (Fl. 1 cuad. 1 pruebas) (Negrillas fuera de texto)
2.2.3.1.2 Del análisis del
expediente legislativo que ha realizado esta Corte se desprende lo siguiente:
(i) La ponencia para primer
debate del proyecto de Ley No. 112 de 2012 Senado fue presentada por el Senador
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar y publicada en la Gaceta del Congreso No.
786 del 20 de octubre de 2011 (Archivo magnético cuad. 3 Pruebas).
(ii) El primer anuncio para
votación del proyecto de Ley fue realizado por el Secretario de la
Comisión Segunda del Senado el 1º de noviembre de 2011, tal como consta en
el Acta No. 09 de esa fecha publicada en la Gaceta del
Congreso No. 154 del 17 de mayo de 2012.
“…La señora Presidenta, honorable
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, declara abierta la sesión, convocada para
hoy martes 1º de noviembre de 2011. Solicita al señor Secretario proceder con
el llamado a lista para la verificación del quórum y lectura del Orden del
Día:…
…la señora Presidenta Alexandra
Moreno Piraquive, manifiesta:
Señor Secretario anexemos la solitud del Senador Benedetti, por
favor anuncie proyectos, para el martes y miércoles vamos a sesionar, hay 20
proyectos de ley para debatir.
El señor Secretario Diego Alejandro González González:
Procede con el Anuncio de discusión y votación de proyectos
de ley, por instrucciones de la Presidenta de la Comisión
Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación
de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003)…
…13. Proyecto de ley número 112 de 2011 Senado, por medio
de la cual se aprueba la enmienda al convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del
22 de marzo de 1989, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ponente: Honorable Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
Publicaciones:
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 667 de
2011.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 786 de
2011….
…Señora Presidenta le informo que han sido anunciados los
proyectos de ley para ser discutidos en la próxima sesión.
La señora Presidenta Alexandra Moreno Piraquive:
Se levanta la sesión, se convoca para el
martes 10:00 de la mañana, muchas gracias.”
(iii) El siguiente martes
para el cual se realizó la citación de sesión correspondía al 9 de noviembre de
2011, en esa sesión se realizó un segundo anuncio para la votación del proyecto
de Ley por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, tal como consta en
el Acta No. 10 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso No.
153 del 17 de abril de 2012 en la que se
lee textualmente:
“… la señora Presidenta,
Honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive, declara abierta la sesión…
Solicito al señor Secretario proceder con el llamado a lista para verificación
del quórum y lectura del orden del día…
IV. anuncio de discusión y
votación de proyectos de Ley.
… 13. Proyecto de Ley número
112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995.
Autor: Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ponente: Honorable Senador
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
Publicaciones:
Texto del proyecto de Ley:
Gaceta del Congreso 667 de 2011
Ponencia primer debate:
gaceta del Congreso 786 de 2011.
Están anunciados los 16
proyectos de ley para ser votados en la próxima sesión de la Comisión, Señora
Presidenta.
La señora Presidenta
Alexandra  Moreno Piraquive, informa:
Anunciados los proyectos, se
convoca para la próxima sesión de la Comisión la próxima semana a las 10:00
a.m. se levanta la sesión, muchas gracias.”
(Resalta la Sala) (Fls. 56-58, cuad. 1 pruebas)
(iv) La siguiente sesión se
llevó a cabo el martes 16 de noviembre de 2011. Revisada por esta Corporación
el Acta No. 11 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta No.
155 del 17 de abril de 2012, esta Sala evidencia que efectivamente la
discusión y aprobación del Proyecto de Ley en estudio se llevó a cabo en la
siguiente sesión para la cual fue anunciado previamente. Así en la Comisión
Segunda del Senado se discutió y aprobó por unanimidad en primer debate el
Proyecto de Ley No. 112 de 2011 Senado, el día 16 de noviembre de 2011,
Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995 (Fls. 4
y 13 reverso, cuad. 1 Pruebas).
Según
consta en la Gaceta del Congreso No 155 de 2012, la aprobación se llevó
a cabo en los siguientes términos:
“Proyecto
de ley número 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la
enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos, y su eliminación, del 22 de marzo de
1989, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de
las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995. Autores: Ministerios
de Relaciones Exteriores y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ponente: honorable Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
Publicaciones:
Texto
del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 667 de 2011.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 786 de 2011.
Presenta
su ponencia el Senador ponente, Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar:…
La
Presidente solicita al Secretario dar lectura al informe de ponencia.
El
Secretario da lectura al informe final de la ponencia.
Proposición:
Por
las anteriores consideraciones, solicito muy comedidamente a la honorable
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, dar
primer debate al Proyecto de ley número 112 de 2011 Senado, por medio
de la cual se aprueba la enmienda al convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y su eliminación, del
22 de marzo de 1989, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de
1995. Cordialmente, honorable Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
Esta
leída la proposición final con que termina el informe de ponencia señora
Presidente.
La
Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive:
Pone
en consideración de los Senadores de la Comisión el informe de
ponencia. Se abre la discusión. Se anuncia que va a cerrarse. ¿Aprueba la
comisión el informe final?
El
Secretario le informa a la Presidente que sí se aprueba por los
Senadores de la Comisión el informe final de ponencia del Proyecto de
ley 112 de 2011 Senado.
La
señora Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive:
Informa
que se ha solicitado la omisión de lectura del articulado. Pregunto si se
aprueba la omisión de lectura del articulado y el articulado incluyente. Lo
aprueba la comisión.
El
Secretario informa que ha sido aprobado por los Senadores de la Comisión,
la omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley 112 de
2011 Senado.
Lectura
del título del proyecto: Proyecto de ley número 112 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea, sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada por la Tercera
Reunión dela Conferencia de las Partes en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995. Está leído el título del proyecto señora Presidente.
Pregunta
la señora Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive:
¿Aprueba la
Comisión el título del proyecto leído?
Informa
el Secretario, doctor Diego Alejandro González González:
Sí
es aprobada por los Senadores de la Comisión el título del Proyecto
de ley 112 de 2011 Senado, leído.
Pregunta la
Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive:
Señores
Senadores, ¿quiere la Comisión que el Proyecto de ley 112 de 2011
tenga el siguiente debate para ser ley de la República?
Informa
el Secretario a la Presidencia, doctor Diego González:
Así
lo quiere la Comisión señora Presidente que este Proyecto de ley 112
de 2011 Senado tenga segundo debate.
La
Presidencia, Senadora Alexandra Moreno Piraquive:
Nombra
como ponente para el segundo debate al Senador Carlos Ramiro Chavarro”
En síntesis, la
Corte constata que la consideración, discusión y aprobación del
Proyecto de Ley 112 de 2011 se llevó a cabo efectivamente el 16 de
noviembre del 2011, con el quórum deliberatorio y decisorio requerido,
según consta en el Acta No. 11 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 155 de 2012, y la votación fue
unánime por parte de los cinco senadores que respondieron a lista, dado que se
realizó una votación ordinaria, se omitió la lectura del articulado y los
Senadores de la República se encontraban todos de acuerdo con el proyecto de
ley, por lo cual no hubo disentimiento en relación con los artículos que se
aprobaron para que se llevara a cabo el segundo y definitivo debate en
Plenaria. Por lo anterior y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte,
no se requiere un estudio adicional acerca de la exigencia de votación nominal
y pública del proyecto de ley.
2.2.3.2 Segundo debate en
Plenaria del Senado
2.2.3.2.1 En relación con el
trámite legislativo surtido en la Plenaria del Senado, el Secretario General de
esa Corporación allegó Certificación a esta Corte informando que “el
proyecto de ley No 112 de 2011 Senado “Por medio de la cual se aprueba la
“Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995” su trámite en segundo debate fue así:
Se anunció en la sesión
plenaria del día 10 de agosto de 2012, como consta en el Acta
No 10 de la fecha (pag 10) publicada en la Gaceta del Congreso No 795 de
2012.
El mencionado proyecto de
ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos
constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, en la
sesión plenaria correspondiente al día 29 de agosto de 2012, según el Acta
No. 11 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 796 de 2012.
(pag. 15), y un quórum de 90 de 100 senadores, en la sesión plenaria
correspondiente al día 29 de agosto de 2012, según el Acta No 11 de
la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 796 de 2012. (pag. 15)
Que en la aprobación del
proyecto de ley 112 de 20122 Senado, el artículo 161 constitucional no aplica
por cuanto los tratados o convenios suscritos por el ejecutivo son refrendados
por el Congreso de la República, sin modificaciones a sus textos…”
(Cuad. 3 pruebas) (Negrillas de la Sala)
2.2.3.2.2 De la revisión del
expediente legislativo allegado a esta Corporación, la Sala constata lo
siguiente:
(i) La ponencia para segundo
debate y texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República al proyecto de Ley No. 112 de 2011
Senado, fue presentado por el Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar y
publicado en la Gaceta del Congreso No. 385 del 19 de junio de 2012 (archivo
magnético cuad. 3 pruebas)
(ii) El Proyecto de Ley fue
anunciado para votación en la Plenaria del Senado el 28 de agosto de 2012, como
consta en el Acta No. 10 de esa fecha publicada en la Gaceta
del Congreso No.795 de 2012 en la que se lee textualmente:
“II. Anuncio de proyectos. Por
instrucciones de la presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se aprobaran y discutirán en
la próxima sesión… Proyecto de ley número 112 de 2011 Senado Por medio de la
cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de
marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las
Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995
Ponente para segundo debate:
Honorable Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la
Gaceta del Congreso 667 de 2011
Ponencia primer debate
publicada en la  Gaceta del Congreso número 786 de 2011.
Ponencia para segundo debate
publicada en la Gaceta del Congreso número 385 del 19 de junio
de 2012
Autor: Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial...
….
Siendo las 11:15 p.m. la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 29 de agosto
de 2012, a las 3:00 p.m.” (Archivo magnético, cuad. 3
pruebas) (Negrillas de la Sala).
De conformidad con lo
anterior, una vez revisada el Acta No. 10 del 28 de agosto de 2012,
publicada en la Gaceta No. 795 del 9 de noviembre de 2012, esta
Corporación constata que el proyecto de Ley No. 112 de 2011 Senado, por la cual
se aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de
marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las
Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995 fue efectivamente anunciado
debidamente para discusión y votación de proyectos de Ley para el día 29
de agosto de 2012.
(iii) Revisada el Acta
No. 11 del 29 de agosto de 2012 publicada en Gaceta No. 796 de
2012, esta Corporación constata que efectivamente en la sesión Plenaria del
Senado del 29 de agosto de 2012, para la cual se anunció para
votación el Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, se debatió y aprobó por
unanimidad el proyecto de Ley 112 de 2011 Senado con la asistencia y votación
90 de 100 Senadores (archivo magnético, cuad. 3 pruebas).
Según
consta en la Gaceta del Congreso No 796 de 2012, la aprobación del proyecto se
llevó a cabo en los siguientes términos:
“Lectura
de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate
Proyecto
de ley número 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la
¿Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de
1989, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de
las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición
con que termina el informe.
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición
leída y, cerrada su discusión, ésta le imparte su aprobación.
Se
abre segundo debate
Por
solicitud del honorable Senador Gabriel Ignacio Zapata Correa, la
Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta la omisión de la
lectura del articulado y, cerrada su discusión, ésta responde afirmativamente.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado
del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el
articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del
proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 112 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba la ¿Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989¿, adoptada
por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en
Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y
cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado, surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y
éstos responden afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente
punto del Orden del Día.”
El
texto del proyecto de Ley 112 de 2011 fue aprobado por el Senado de la
República el día 29 de agosto de 2012 y fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 580 del 4 de septiembre de 2012.
En síntesis, la Sala concluye que el mencionado proyecto fue
considerado, debatido y aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la República
cumpliendo con el quórum deliberatorio y decisorio requerido, y que se votó por
unanimidad, ya que se realizó en votación ordinaria, se hizo omisión de la
lectura del articulado y los Senadores de la República se encontraron todos de
acuerdo con el contenido del proyecto, siendo aprobado el Proyecto de Ley 112
de 2011 por los 90 senadores unánimemente. (archivo magnético, cuad. 3 pruebas)
2.2.4 Trámite Legislativo
ante la Cámara de Representantes
2.2.4.1 Primer debate en la
Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes
2.2.4.1.1 En relación con el
trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda de la Cámara, la Secretaria
de esa Comisión, certificó a esta Corporación respecto del anuncio para
votación que “El anuncio del referido proyecto de Ley se hizo en sesión el
día 28 de noviembre de 2012, Acta No. 23, la cual esta publicada en la
Gaceta del Congreso No. 224 de 22 de abril de 2013. Pág. 32…” (Fl 1,
cuad. 2 pruebas)
Respecto del debate y
aprobación en primer debate en la Cámara de Representantes, la Secretaria
General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, certificó a esta Corporación que  “En sesión del día
04 de diciembre de 2012, Acta No 24, Gaceta 223 del 22 de abril de 2013, se
le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de
acuerdo a la Ley 1431 de 2011, proyecto de ley No 132/12 Cámara, 112/ Senado
“Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y
su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995”, con registro de asistencia de 17 Honorables Representantes…”  (Resalta la Sala)
2.2.4.1.2 Del estudio del
expediente del trámite legislativo surtido ante la Cámara de Representantes
esta Corte constata lo siguiente:
(i) El informe de ponencia y
texto de aprobación para primer debate en la Comisión Segunda Permanente
Constitucional de la Cámara, el Proyecto de Ley No. 132 de 2012 Cámara,
112 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la ““Enmienda al
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995”, fue presentado por el Representante José Gonzalo
Gutiérrez Triviño, y publicado en la Gaceta No. 848 del 27 de noviembre
de 2012 (Fls. 3-5, cuad. 2 Pruebas.).
(ii) El Proyecto de Ley fue
anunciado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 28
de noviembre de 2012, como consta en el Acta No. 23 de esa
fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 224 del 22 de abril de
2013 en los siguientes términos:
“…Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda…
Anuncios de proyectos de Ley
para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo
8º del acto legislativo número 01 de 2003, para aprobación en próxima sesión de
comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Proyecto de ley No 132 de
2012 Cámara, 112 de 2011 Senado por medio de la cual se aprueba la “Enmienda
al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995
Autores: señora Ministra de
Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín y señora Ministra de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, doctora Beatriz Elene Uribe Botero.
Ponente: honorable
Representante José Gonzalo Gutiérrez Triviño.
Publicaciones: ponencia
primer debate Cámara Gaceta del Congreso 848 de2012.
Este anuncia es para la
próxima sesión donde se debatan proyectos de lay Presidente…
Hace uso de la palabra el
señor Presidente (E) honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
Agotado el orden del día
terminamos la sesión de hoy y convocamos para el martes 4 de diciembre, 10:00
a.m.
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así se hará señor
Presidente, conforme usted lo ordena. Siendo la 11:40 a.m. se levanta la sesión”
(Fl 24 reverso, cuad. 2 Pruebas) (Negrillas de la Sala).
De conformidad con lo
anterior, una vez revisada por esta Corte el Acta No. 23 del 28 de
noviembre de 2012, publicada en la Gaceta No. 224 del 22 de abril
de 2013, esta Corporación constata que el proyecto de Ley No. 132 de 2012
Cámara, 112 de 2011 Senado,  por el cual se aprueba la “Enmienda al
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995, fue anunciado debidamente para discusión y votación de
proyectos de Ley “Por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda de
la Cámara de la Representantes.” (Fl 24, cuad. 2 Pruebas).
(iii) Revisada por esta
Corporación el Acta No. 24 del 4 de diciembre de 2012, publicada en
la Gaceta No. 513 del 23 de julio de 2013, esta Sala constata que
efectivamente en la Comisión Segunda de la Cámara se discutió y aprobó por unanimidad
en primer debate el proyecto de Ley No.132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado,
““Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995”, el 4 de diciembre de 2012, para el cual fue
efectivamente anunciado previamente para discusión y aprobación en la sesión
anterior del 28 de noviembre de 2012. La aprobación se cumplió con un quórum
deliberatorio de diecisiete (17) Representantes (Fl. 40, cuad. ppal.).
Según
consta en la Gaceta del Congreso No 513 de 2013, la aprobación del proyecto en
primer debate en la Cámara de Representantes se llevó a cabo de la siguiente
manera:
“Discusión
y aprobación de proyectos de ley en primer debate. Este proyecto de ley fue
anunciado en sesión del 28 de noviembre de 2012
Proyecto
de ley número 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio de la cual
se aprueba la enmienda al ¿Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de
marzo de1989¿, adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela
Holguín Cuéllar y Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, doctora Beatriz Helena Uribe Botero.
Ponente:
honorable Representante José Gonzalo Gutiérrez Triviño.
Publicaciones
texto: la Gaceta del Congreso número 667 de 2011.
Ponencia
Primer Debate en Senado: Gaceta del Congreso número 786 de 2011.
Ponencia
Segundo Debate en Senado: Gaceta del Congreso número 385 de 2012.
Ponencia
Primer Debate en Cámara: Gaceta del Congreso número 848 de 2012.
Citados
para información la señora Ministra de Relaciones Exteriores se excusa y delegó
a la doctora Alejandra Valencia Gärtner, Coordinadora del Grupo Interno de
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales quien se encuentra con nosotros, y el señor Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Juan Gabriel Uribe Vega-Lara quien se
excusa y espera podernos acompañar señores Representantes en una próxima
oportunidad, no delegó a nadie señor Presidente. Ese es el proyecto de ley.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Señora
Secretaria sírvase leer la proposición con que termina el informe de ponencia.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por
las anteriores consideraciones solicito, muy comedidamente a la Comisión
Segunda de la honorable Cámara de Representantes, dar primer debate
al Proyecto de ley número 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba la enmienda al ¿Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989¿,adoptada por la Tercera
Reunión de la Conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de
septiembre de 1995.
Del
señor Presidente, atentamente,
José Gonzalo
Gutiérrez Triviño,
Representante
a la Cámara por el Distrito Capital,
Ponente.
Leída
la proposición con que termina el informe de ponencia señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
En
consideración la proposición leída, tiene la palabra el honorable Representante
ponente José Gonzalo Gutiérrez.
Hace
uso de la palabra el honorable Representante José Gonzalo Gutiérrez
Triviño:
…
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
A
usted honorable Representante José Gonzalo Triviño. Aprovechando la oportunidad
de que está aquí la doctora Alejandra Valencia, tiene el uso de la palabra en 2
o 3 minutos para que nos ilustre sobre cuál es la intención que tiene el
Ministerio con respecto a este Proyecto que está en discusión.
Hace
uso de la palabra la doctora Alejandra Valencia Gärtner Directora de
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores:
Buenos
días para todos los honorables Representantes, expongo brevemente los aspectos
fundamentales y la importancia que tiene la aprobación de este proyecto que hoy
se somete a consideración de la honorable Comisión Segunda.
Lo
más importante para tener en cuenta, es que Colombia ya asumió unos compromisos
internacionales en la materia al ratificar la Convención de Basilea,
que básicamente tenía como principal objetivo evitar el movimiento
transfronterizo de desechos siempre y cuando hubiera motivos para que el país
no tuviera la capacidad para manejar la fabricación y la eliminación de esos
desechos, no obstante lo que se persigue con la enmienda y el objetivo
principal es cambiar simplemente de un compromiso de evitar, a un compromiso de
prohibir completamente que los países desarrollados abusen del poder que tienen
en cierto sentido de producción de estos desechos peligrosos y utilicen a los
países en desarrollo, para el manejo y eliminación de los mismos.
Para
Colombia es fundamental y es muy importante, por las limitaciones que tenemos
internamente para el manejo y eliminación de estos desechos, está advertido por
parte del Ministerio de Ambiente que las autoridades tienen muchas limitaciones
para su manejo, Colombia no está en la capacidad ni técnica ni administrativa
para hacerlo y las limitaciones que tienen especialmente las autoridades
aduanera para efectuar un control y determinar si esos residuos pueden ser
peligrosos y pueden entrar en las categoría previstas en la Convención.
Por
último, las mismas autoridades ambientales han expuesto esas dificultades que
tienen, y lo que nos permitiría la enmienda al convenio es precisamente que
Colombia no pueda ser catalogado como un país que pueda recibir esos desechos
para su manejo y eliminación, por último advertir que si la enmienda no ha
entrado en vigor precisamente por lo que exponía el honorable Representante
Gutiérrez, se advierte la intención y el compromiso de la Comunidad
Internacional en la materia y hasta el año 2012 al presente año ya 73
Estados Partes del Convenio de Basilea han ratificado la enmienda, entonces
esperamos que su vigor entre pronto y que Colombia pueda ser uno de esos
estados que participe en esta iniciativa. Muchas gracias.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
A
usted, doctora. Alejandra, por sus explicaciones acerca del proyecto, ya con
esta explicación ponemos en consideración la proposición con que termina el
informe de ponencia. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, se
cierra, ¿lo aprueba la Comisión?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha
sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia, señor
Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Señora
Secretaria sírvase dar lectura al articulado del proyecto en discusión.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con
mucho gusto señor Presidente. Me permito informarle que son 3 artículos
debidamente publicados en la Gaceta del
Congreso correspondiente y no hay ninguna proposición modificatoria al
respecto, señor Presidente, en Secretaria.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
En
consideración el articulado leído, se abre la discusión, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Comisión el articulado?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha
sido aprobado el articulado, señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Señora
Secretaria, sírvase dar lectura al título del proyecto.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con
mucho, gusto señor Presidente, por medio de la cual se aprueba la enmienda
al ¿Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo
de 1989¿, adoptada por la Tercera Reuniónde la
Conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
Ese
es el título del proyecto, señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
¿Aprueba la
Comisión el título del proyecto?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha
sido aprobado el título del proyecto, señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
¿Quieren
los Representantes que este proyecto sea ley de la República y pase a
segundo debate?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí
lo que quieren, señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Asígnase como
ponente para segundo debate en Plenaria de Cámara al doctor José Gonzalo
Gutiérrez Triviño.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así
se hará, señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Continuamos
con el Orden del Día, señora Secretaria.”
De conformidad con lo
transcrito, la Sala constata que el mencionado Proyecto de Ley fue debatido y
aprobado por unanimidad en Sesión ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara
el 4 de diciembre de 2012 con el quórum deliberatorio y decisorio requerido,
con la presencia de 17 Representantes y votación unánime de los mismos, se
realizó en votación ordinaria, se hizo omisión de la lectura del articulado y
los representantes a la Cámara estuvieron todos de acuerdo con el texto del
proyecto.
2.2.4.2 Segundo
Debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes
2.2.4.2.1 En relación con el
trámite legislativo surtido ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, el
Secretario General de esa Corporación certificó a esta Corte que “en Sesión
Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 2 de abril 2013, la
cual consta en el Acta No 193, y en donde se hicieron presentes ciento
cuarenta y cinco (145) Honorables Representantes a la Cámara, fueron
considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para
segundo debate, el articulado, título y la pregunta “Quiere la plenaria que
este proyecto sea Ley de la República” del Proyecto de Ley No. 132/2012
Cámara -132 /2011 Senado, hoy Ley 1623 de 2012 “Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995”.
El texto definitivo de la
Plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 132 de 2012
Cámara, 112 de 2011 Senado, se publicó en la Gaceta del Congreso No. 190
del 9 de abril de 2013.
2.2.4.2.2 Del análisis
efectuado por esta Corporación del expediente del trámite legislativo ante la
Plenaria de la Cámara de Representantes, la Sala colige lo siguiente:
(i) En relación con el
segundo debate en plenaria de la Cámara, en el expediente legislativo se
encuentra que el informe de ponencia para segundo debate y texto para aprobar
en Plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 132 de 2012
Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la “Enmienda al
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995”, fue presentado por el Representante a la Cámara, José
Gonzalo Gutiérrez Triviño, y publicado en la Gaceta No. 958 del 21 de diciembre
de 2012.
(ii) Con respecto al anuncio
para debate y votación del proyecto en comento, la Secretaria General de la
Cámara de Representantes certificó a esta Corporación que “el proyecto de
Ley en comento fue anunciado previamente a la votación en la sesión Plenaria
del día 20 de marzo de 2013, según consta en el Acta 192, para
la sesión plenaria del día martes 2 de abril de 2013 o para la siguiente sesión
Plenaria en la cual se debatan Proyectos de Ley o Actos Legislativos,
cumpliendo de esa manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160
de la Constitución Política” (Negrillas de la Sala). (Fl. 3, cuad. 4
Pruebas, Gaceta del congreso 313 del 24 de mayo de 2013).
La Corte constata que el
Proyecto de Ley fue anunciado en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes el 20 de marzo de 2013, como consta en el Acta
192 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso 313 del
24 de mayo de 2013 en los siguientes términos:
“Presidencia de los
honorables Representantes, Augusto Posada Sánchez, José Ignacio Mesa
Betancur, Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
En Bogotá, D. C., Sede
Constitucional del Congreso de la República, el día miércoles 20 de marzo
de 2013, abriendo el registro a las 3:01 p. m., e iniciando a las 3:44 p. m.,
se reunieron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, los honorables
Representantes que adelante se indican con el fin de sesionar de conformidad
con el mandato legal.
El señor Presidente de la
Corporación, dispuso que los honorables Representantes se registraran por el
sistema electrónico y manual, con el fin de establecer el quórum reglamentario,
…
…Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias doctor Telésforo.
Señor Secretario, colegas, vamos entonces a continuar de esta manera, …. Yo le
pediría señor Secretario anunciar los proyectos que estaban vigentes para esta
sesión, una vez se anuncien, se levantara y se convoca para la próxima sesión
martes de pascua a las 3 de la tarde. Sírvase anunciar proyectos señor
Secretario.
Subsecretaria General,
doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor Presidente, se
anuncian los siguientes proyectos de ley de acuerdo al Acto Legislativo de
julio 3 de 2003, en su artículo 8°, para la Sesión Plenaria de abril
2 de 2013 o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos
de ley o actos legislativos…
…Proyecto de ley número 132
de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la
Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, del 22 de marzo
de 1989¿,adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995…
…Señor Presidente han sido
anunciados los proyectos de ley.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Se convoca para el próximo 2
de abril a las 3 de la tarde.
Se levanta la sesión siendo
las 6:20 p. m.”
(iii) El Proyecto de Ley No.
132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la ““Enmienda
al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995” fue considerado y aprobado por unanimidad por los
145 representantes que asistieron a la Sesión Plenaria de la Cámara de
Representantes del día 2 de abril 2013, día para el cual fue
efectivamente anunciado en sesión anterior, como consta en la Gaceta del
Congreso No. 373 del 5 de junio de 2013 (obra en medio magnético).
Según
consta en la Gaceta del Congreso No 373 de 2013, la aprobación en segundo
debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en los
siguientes términos:
“Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo
punto del orden del día señor Secretario, pero antes de eso quisiera
preguntarles si existe algún concepto del Gobierno o alguna proposición o
impedimento para avanzar en el orden del día.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
En
el siguiente proyecto no hay ninguna proposición.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Por
favor dar lectura a la proposición con que termina el informe de ponencia.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Proyecto
de ley número 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio de la cual
se aprueba la enmienda del convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación del 22 de
marzo de 1989 adoptado por la tercera reunión de la conferencia de las partes en
Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
El
informe con que termina la ponencia dice así: proposición: Por las anteriores
consideraciones solicito muy comedidamente a la Plenaria de la honorable Cámara
de Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley número 132 de 2012
Cámara 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al
convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989 adoptado por la
tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de septiembre
en 1995, del señor Presidente, firma José Gonzalo Gutiérrez Triviño,
Representante a la Cámara.
Ha
sido leído señor Presidente el informe con que termina la ponencia.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En
consideración al informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado,
abra el registro señor Secretario.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Se
abre el registro.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Señor
Secretario cierre el registro por favor.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Se
cierra el registro.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias
señor Secretario, le pregunto nuevamente a la Plenaria si aprueba el informe
con que termina el informe la ponencia, se cierra la discusión, ¿aprueba la
Plenaria?
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Sí
lo aprueba la Plenaria señor Presiente.
Señor
Presidente el proyecto consta de tres artículos sin proposiciones para que sea
sometido a la Plenaria.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias
señor Secretario, en consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria?
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha
sido aprobada señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Título
y pregunta señor Secretario.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Proyecto
de ley número 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio de la cual
se aprueba la enmienda del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación del 22 de
marzo de 1989, adoptado por la tercera reunión de la conferencia de las partes
en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
Ha
sido leído el título señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En
consideración el título y la pregunta si la Plenaria quiere que este proyecto
de ley sea Ley de la República, ¿aprueba la Plenaria?
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha
sido aprobada señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo
punto del orden del día, señor Secretario.”
De conformidad con lo
anterior y una vez revisada el Acta No. 193 del 2 de abril de 2013,
allegada a la Corte en medio magnético, donde se encuentra contenida la Gaceta
No. 373 del 5 de junio de 2013, esta Corporación constata que en Sesión
Plenaria de la Cámara de Representantes  del día 2 de abril de
2013 se debatió y aprobó por unanimidad el proyecto de Ley No. 132 de
2012 Cámara, 112 de 2011 Senado con la asistencia de 145 Senadores, cumpliendo
con el quórum deliberatorio y decisorio. Así mismo, por haber sido votado por
unanimidad, en cuanto este sufragio se realizó mediante votación ordinaria, se
hizo omisión de la lectura del articulado y los representantes a la Cámara se
encontraban todos de acuerdo con el contenido del  proyecto, por lo cual no se
presentó disenso en relación con el contenido de los artículos, de manera que  de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corte no se hace necesario el
análisis del cumplimiento del requisito de votación nominal y pública.
2.2.5 Finalmente, el
Presidente de la República sancionó la Ley el día el 29 de abril de
2013 y el texto del tratado junto con el de la Ley, fue radicado en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 02 de mayo de 2013 (Fl.
1, cuad. ppal.).
2.3
Conclusiones del examen formal realizado respecto del trámite legislativo
Del
estudio previo, la Corte llega a las siguientes conclusiones:
2.3.1 La tramitación
del proyecto en estudio de Ley aprobatoria de tratado cumplió con lo regulado
en el artículo 154 Superior, en cuanto al ser un proyecto que se refiere a
relaciones internacionales, debe tener su inicio en el Senado de la República.
2.3.2 La Corporación
comprueba que se cumplió con las exigencias constitucionales de publicación de
las ponencias respectivas en cada Cámara y en cada uno de los debates
requeridos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 157
Superior en la tramitación legislativa ante el Senado de la República, así como
ante la Cámara de Representantes. Además, en la tramitación legislativa que
ocupa a esta Corporación en esta oportunidad, se dio cumplimiento a lo
establecido en los Arts. 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto a que la
iniciación del primer debate en ambas cámaras tuvo lugar después de la
publicación de las ponencias respectivas en la Gaceta del Congreso.
2.3.3 Este Tribunal
encuentra  que se cumplió con el requisito de darle primer y segundo debate en
cada Cámara y con la exigencia de aprobación con el quórum deliberatorio
requerido, en el trámite legislativo del presente proyecto de Ley aprobatoria
de tratado, de conformidad con los incisos 2 y 3 del artículo 157 de la
Constitución Política y los artículos 117, 118, 129 de la Ley 5ª de 1992.
2.3.4 En concordancia con el requisito del inciso del artículo 160 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 del
2003, que hace referencia a la exigencia del anuncio para votación, según el
cual “Ningún proyecto de Ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación”, el trámite
legislativo de la Ley 1623 de 2013, Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda
al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995”; la Sala constata que se cumplieron con todas estas
formalidades constitucionales.
Así las cosas, en los anuncios para votación en ambas Cámaras se
cumplió (i) con el requisito respecto del objeto del anuncio, el cual debe ser
expresamente para votación y aprobación del Proyectos de Ley; (ii) con la
exigencia del establecimiento de una fecha cierta o determinable para que tenga
lugar la votación y aprobación del Proyectos de Ley; y (iii) con el presupuesto
de que las votaciones y aprobaciones del Proyecto de Ley bajo estudio se
llevaron a cabo en las fechas de las sesiones anunciadas previamente.
2.3.5 Por
último, se certificó que tanto en las deliberaciones como votaciones en las
comisiones como en las plenarias de una y otra Cámara se cumplió con los
requisitos de quórum deliberatorio y decisorio. Así mismo, la Sala comprueba
que en todas sus etapas el proyecto fue aprobado por unanimidad, en
cumplimiento de una de las excepciones contempladas por la Ley 1431 de 2011 a la votación nominal y pública que se exige a los congresistas[5].
Con fundamento
en los criterios normativos expuestos, la Sala concluye que si bien las
votaciones en el trámite legislativo deben llevarse de forma nominal y pública,
en tanto es la regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala
el artículo 133 C.P. y el artículo 130 R.C.; se exceptúa de la regla general las
situaciones previstas en el artículo 1 de la Ley 1431 de 2011 y el artículo 129
del Reglamente del Congreso, dentro de las cuales se encuentra la votación por
unanimidad como sucedió durante este trámite en las aprobaciones de Comisión y
Plenaria tanto de Senado como de la Cámara.
2.3.6 Por otra parte,
la Corte evidencia que en la tramitación legislativa que nos ocupa se cumplió
con la exigencia contenida en el Art. 160 de la Constitución Política, en el
sentido de que entre el primero y el segundo debate en cada Cámara debe mediar
un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una
de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo
menos quince (15) días, de la siguiente manera:
(i) La Sala
constata que en el primer debate en el Senado de la República la discusión y
aprobación del proyecto se llevó a cabo el 16 de noviembre del 2011, mientras
que su discusión y aprobación en segundo debate se realizó el 29 de agosto del 2012,
de manera que existió un lapso de más de 8 días entre el primer y segundo
debate del Proyecto de ley en estudio en el Senado de la República.
(ii) Igualmente,
este Tribunal confirma que el primer debate y aprobación en la Comisión en la Cámara
de Representantes del Proyecto de Ley se llevó a cabo el 4 de diciembre del 2012,
mientras que su discusión y aprobación en la Plenaria de la Cámara se llevó a
cabo el l 2 de abril de 2013. Por tanto, se constata que entre los debates en la
Cámara pasaron más de los 8 días reglamentarios.
(iii) Finalmente
evidencia esta Corporación que entre la aprobación del proyecto bajo estudio en
el Senado y la iniciación del debate del mismo en la Cámara de Representantes transcurrieron
más de 15 días, de forma que se cumple con la exigencia contenida en el Art.
160 de la Constitución Política.
En el cómputo de
estos términos esta Corporación tiene en cuenta lo dispuesto en el Art. 83 de la
Ley 5ª de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara
de Representantes, en virtud del cual “todos los días de la semana, durante
el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras
legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las
respectivas mesas directivas”.
2.3.7 En el trámite
legislativo del proyecto de Ley aprobatoria de tratado que se estudia, se
cumplió con la exigencia del artículo 162 de la Constitución Nacional en cuanto
a que “ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.
2.3.8  El Presidente
de la República sancionó la Ley el día el 29 de abril de 2013, cumpliéndose
con el requisito del inciso 4 del artículo 157 de la Constitución Nacional.
2.3.9 El texto de la Enmienda
junto con el de la Ley, fue radicado en la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 2 de mayo de 2013 (Fl. 1, cuad. ppal), dentro del término
establecido en el Art. 241, numeral 10, Superior.
2.3.10 De conformidad
con todo lo expuesto, la Corte infiere que para el asunto bajo examen resultan
acreditados todos los requisitos propios del trámite de las Leyes
ordinarias; y que por tanto no se evidencia defecto constitucional alguno
en cuanto al análisis formal de la ley bajo estudio.
3.
Análisis material de fondo de la Ley 1623 de 2013, Por medio de la cual se
aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de
marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en
Ginebra, el 22 de septiembre de 1995
Para
adelantar el análisis material de la Enmienda al Convenio de Basilea, “Enmienda
al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera
Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de
1995, la Sala desarrollará el siguiente esquema de análisis: (i) En primer
lugar, reiterará brevemente su jurisprudencia en relación con la necesidad de
proteger y garantizar los derechos al medio ambiente sano y a la
salud de los habitantes de Colombia; así como su criterio jurisprudencial
general en relación con la protección de la diversidad biológica, el movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos, y la prohibición constitucional en
materia de introducción de desechos tóxicos o peligrosos; (ii) En segundo lugar,
se referirá al precedente del Convenio de Basilea y la Ley 253 de diciembre 29
de 1995 "Por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación",
celebrado en Basilea el 22 de marzo de 1989, en razón a que el Instrumento que
ahora se analiza se refiere a una Enmienda a este Convenio principal; (iii) En
el mismo sentido, por referirse del mismo Convenio de Basilea, realizará una
mención al análisis realizado por esta Corte respecto del Protocolo de Basilea,
aprobado por la Ley 945 de 2005; para finalmente (iv) pronunciarse sobre
la constitucionalidad del contenido normativo de la Enmienda al Convenio de
Basilea.
3.1
Protección y garantía de los derechos al medio ambiente sano y a la
salud de los habitantes de Colombia, y a la diversidad biológica frente a los
movimientos transfronterizos de desechos tóxicos, nucleares o peligrosos.
3.1.1 El derecho de
las personas a disfrutar de un medio ambiente sano se encuentra señalado en el
articulo 79 Superior, el cual hace parte del capitulo tercero de la
Constitución relativo a los “Derechos Colectivos y del Ambiente”, el
cual consigna que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo". Por su parte, en el artículo 80
constitucional se determina que el Estado tiene como obligación garantizar el
desarrollo sostenible, conservación y restauración de los recursos naturales,
sin dejar de lado su deber de prevenir el deterioro ambiental que se pueda
generar cuando se hace la explotación de los mencionados recursos naturales.[6]
En
este sentido, teniendo como fundamento el artículo 88 Superior, el derecho al
ambiente sano se encuentra consagrado en la Carta Política como un derecho de
carácter colectivo y por consiguiente puede ser reclamado por intermedio de
acciones populares salvo cuando se evidencie menoscabo de derechos
fundamentales.
Por
otra parte, el derecho a la salud es considerado por la jurisprudencia
constitucional como un derecho fundamental autónomo, que adicionalmente tiene
una serie de conexidades con otros derechos fundamentales, como el derecho a la
vida y a la integridad física, lo cual pone de relieve aún más su importancia
dado el vinculo inseparable entre estos derechos.
3.1.2.
Específicamente
el tema de la preservación, conservación y salvaguarda del medio ambiente y de
los recursos naturales está consagrado como núcleo esencial de la Constitución
de 1991. Esta Carta ha sido reconocida ampliamente como una Constitución
ambientalista, y en ella se señalan los derechos y deberes de los ciudadanos
para disfrutar de un ambiente sano, así como las obligaciones del Estado para
garantizar estos derechos fundamentales. A este respecto, la jurisprudencia de
esta Corte se ha pronunciado a través de innumerables fallos de
constitucionalidad y de tutela en los que se ha protegido de diversas formas y
maneras el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano para los
ciudadanos y se han señalado los deberes del Gobierno para que se garanticen
estos derechos.[7]
En
relación con la protección de la diversidad biológica la Corte ha señalado que
son varios los artículos superiores que protegen este derecho, tales como el
artículo 8º de la Constitución Política que consagra “la obligación de
las autoridades públicas y de los particulares de proteger la riqueza cultural
y natural de la Nación”, el artículo 79 que “establece el deber del
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las
áreas de especial importancia ecológica”, el artículo 81 que determina las
responsabilidades que “le corresponde al Estado respecto del ingreso al país
y salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el
interés nacional”, así como los artículos 65 y 71 Superiores que “obligan
al Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia
y la tecnología y las demás manifestaciones culturales”[8]. En este
sentido, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que estas obligaciones
del Estado colombiano de preservar el medio ambiente y la biodiversidad deben
verse reflejadas por el Estado en todos los niveles de desarrollo a saber:
político, económico, social y administrativo.
En
este orden de ideas, este Tribunal ha enfatizado que la función del Estado debe
estar encaminada a desarrollar normas para que se cumplan estas obligaciones de
preservación del medio ambiente y biodiversidad, entre cuyas actuaciones cuenta
la celebración de tratados internacionales con el fin de tener instrumentos
internacionales dirigidos a la protección del medio ambiente y la biodiversidad
con reglas claras en las que se ejerza la soberanía y la internacionalización
de las relaciones ecológicas, lo cual se encuentra regulado en los artículos 9º
y 226 constitucionales.
En este contexto
general, es de mencionar que el importante tema de movimientos transfronterizos
de desechos peligrosos, que ahora nos ocupa nuevamente, se trató en sus inicios
a nivel internacional tras incidentes como el desastre de “Khian Sea”  en el
cual “treinta millones de toneladas de cenizas tóxicas fueron arrojadas al
mar, después de que países como Honduras y República Dominicana rechazaron el
desembarco, o el de los buques noruegos que depositaron sustancias tóxicas en
Guinea deteriorando la vegetación nativa”[9]. Luego de casos
como los mencionados anteriormente, en los que los desechos tóxicos o
peligrosos no han sido manejados ni eliminados de forma racional, generando
consecuencias graves para la salud humana y el medio ambiente, de manera que varios
países afectados han decidido adoptar medidas para controlar este tipo de
movimientos transfronterizos e ingresos de este tipo de elementos a sus
naciones.
En Colombia se
analizó y consagró a nivel superior este tema en particular a través del
articulo 81 CP en el que se consagra que: "Queda prohibida la
fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos
nucleares y desechos tóxicos.
El
Estado regulará el ingreso al país y la salida de los recursos genéticos y su
utilización, de acuerdo con el interés nacional." (Resalta la
Sala)
Tras un análisis
del artículo superior antes citado, la Corte ha establecido que existe una
prohibición general de no introducir en el territorio nacional desechos o
residuos tóxicos, nucleares o peligrosos, y que es el Legislador quien debe
determinar cuáles desechos peligrosos pueden manejarse apropiadamente, de
manera que no se termine vulnerando algún derecho fundamental[10]. A efectos de
determinar el alcance del artículo 81 Superior, esta Corporación ha recurrido a
las definiciones técnicas que se consagran en el Convenio de Basilea aprobado
por la Ley 253 de 1996, que por ser de especial relevancia para el análisis de la
Enmienda que ahora se analiza, por tratarse precisamente de una modificación de
este Convenio, la Sala pasará a hacer referencia al mismo.
3.1.3
En
síntesis y teniendo en cuenta lo anterior, es evidente para la Corte que la
posibilidad del transporte o movilización transfronteriza de desechos tóxicos
peligrosos por parte de los países desarrollados a naciones como Colombia, pone
claramente en peligro no solo la salud de los ciudadanos, dada la peligrosidad
que revisten estos elementos o productos, sino también la afectación grave del
medio ambiente y de la diversidad biológica, razón por la cual es competencia
del Legislador la creación de normas que regulen este tipo de acciones. En
igual sentido, el Estado se encuentra plenamente facultado por la Constitución
para suscribir o adherir a tratados, convenios, acuerdos, protocolos o
enmiendas que traten sobre la regulación y control de movimientos
transfronterizos de este tipo de desechos, en el marco de las normas
constitucionales sobre la materia que consagran la garantía y protección de la
salud y el medio ambiente, como derechos fundamentales de las personas en
conexidad con el derecho fundamental a la vida digna.
3.2 El Convenio
de Basilea
En
Sentencia C-377de 1996, esta Corporación revisó y encontró ajustado a la
Constitución el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, celebrado en
Basilea el 22 de marzo de 1989, y la Ley 253 de 1996 aprobatoria del
mismo.
En este Convenio
se consagra la obligación de las Partes de determinar estrategias y medidas
para reducir al mínimo la producción y generación de los desechos; evitar la
importación si se tienen razones para creer que no serán sometidos a un manejo
ambiental racional; se tipifica como delito el tráfico de desechos, cuando no
se cumplan los requerimientos exigidos por el Convenio; se prevé el adecuado y
racional manejo ambiental de los desechos en el lugar donde se efectúe su
eliminación, entre otros aspectos de importancia.
En
el Preámbulo de este Convenio se recogen las motivaciones que justifican la
adopción de normas que los Estados deben acatar para el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Estas
finalidades hacen relación a la necesidad de (i) evitar y disminuir los graves
daños que ocasionan a la salud y al medio ambiente la producción, movimientos
transfronterizos, eliminación y reutilización de los desechos tóxicos
peligrosos; (ii) desarrollar y aplicar  tecnologías para la protección del
medio ambiente y la salud frente a la producción, manejo, eliminación y
movimientos transfronterizos de desechos tóxicos peligrosos; (iii) controlar y
regular la permisión excepcional de los movimientos transfronterizos de los
desechos tóxicos; (iv) reconocer la posición de vulnerabilidad de países en
desarrollo frente a los países industrializados respecto de la producción,
manejo, eliminación y movimientos transfronterizos de los desechos tóxicos
peligrosos; (v) adoptar medidas para evitar el tráfico ilícito y los
movimientos transfronterizos ilegales de desechos tóxicos peligrosos; y (vi)
reconocer la soberanía de los Estados para el manejo del tema de manejo de
desechos tóxicos peligrosos.[11]
En
el Convenio de Basilea se señala claramente la naturaleza de los desechos que pueden
ser objeto de movimientos transfronterizos. En el mismo se adoptan regulaciones
y mecanismos operativos de diferente índole con el fin de controlar dicha
movilización, así como la eliminación de los desechos peligrosos (anexo I del
Convenio), y los otros desechos (anexo II del Convenio), además de los desechos
que los Estados partes consideran como tales según su legislación interna.[12]
En
el desarrollo del articulado están determinadas las obligaciones generales de
los Estados que hacen parte del Convenio de Basilea y las medidas a adoptar
cuando hay movilización transfronteriza de los desechos enumerados en los
anexos I y II para que no se ponga en riesgo la salud de los ciudadanos y así
mismo proteger el medio ambiente.[13]
En
el mismo Convenio se adoptan medidas en contra del tráfico ilícito de desechos
tóxicos peligrosos y se definen las consecuencias que de este tipo de conductas
que se derivan para los Estados que vulneren las normas vigentes en la materia.
Se indica también la importancia de la cooperación internacional, especialmente
aquella que están en capacidad de pueden brindar los países en desarrollo.
De
otra parte, en el Convenio se encuentra reseñados (i) aspectos financieros para
ayudas de emergencia y de otra índole, (ii) regulación de elementos operativos
como la realización de conferencias entre las partes  y sus funciones, (iii) la
creación de una Secretaría con funciones coordinadoras, operativas y ejecutoras
en diferentes aspectos, (iv) determinación de mecanismos de denuncia y (v) seis
anexos que hacen parte vital del Convenio, entre otros aspectos.
Adicionalmente,
es de resaltar que en el Convenio de Basilea se encuentran un grupo importante
de definiciones relativas al tema al control y regulación de movimientos
transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos, tales como: desechos,
manejo, movimiento, autoridad competente, punto de contacto, estado de
exportación e importación, estado de tránsito, generador, eliminación o
eliminador, así:
(i) Desechos:
definido como las sustancias u objetos a cuya eliminación se debe proceder,
se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo
dispuesto en la legislación nacional.
(ii) Manejo:
comprende la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos
peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de
eliminación.
(iii)
Movimiento: se entiende como todo movimiento de desechos peligrosos o de otros
desechos procedente de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un
Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro
Estado; o a través de esta zona; o a una zona no sometida a la jurisdicción
nacional de ningún Estado; o través de esta zona siempre que el movimiento
afecte a dos Estados por lo menos.
(iv) Autoridad
competente: se define como la autoridad gubernamental designada por una Parte
para recibir, en la zona geográfica que la Parte considere conveniente, la
notificación de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros
desechos, así como cualquier información al respecto, y para responder a esa
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.
(v) Punto de
contacto: se entiende como el organismo de una Parte a que se refiere el
Artículo 5 encargado de recibir y proporcionar información atinente al
movimiento transfronterizo de desechos de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 13 y 15.
(vi) Estado de
exportación: toda Parte desde la cual se proyecte iniciar o se inicie un
movimiento transfronterizo de desechos.
(vii) Estado de
importación: toda Parte hacia la cual se proyecte efectuar o se efectúe un
movimiento transfronterizo de desechos, con el propósito de eliminarlos en él o
de proceder bajo su responsabilidad a su eliminación en una zona no sometida a
la jurisdicción nacional de ningún Estado.
(viii) Estado de
tránsito: todo Estado, distinto del Estado de exportación o del Estado de
importación, a través del cual se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento
de desechos.
(ix) Generador:
toda persona cuya actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos que
sean objeto de un movimiento transfronterizo o, si esa persona es desconocida,
la persona que esté en posesión de esos desechos y/o los controle.
(x)
Eliminación y eliminador: cualquier operación destinada a erradicar los
referidos desechos, y toda persona a la que se expidan desechos y que ejecute
su eliminación.
Para
llegar a la declaración de constitucionalidad del Convenio de Basilea, la Sala
reiteró la jurisprudencia expuesta en la Sentencia C-359 de 1996 en la que se
desarrolló el tema de la repercusión internacional de los problemas
ambientales. Señaló en esa ocasión que el ambiente es un “bien jurídico
susceptible de especial protección”, y que por tal motivo es exigencia
constitucional asegurar, además de su preservación, su restauración en caso de
afectación, lo cual no solo compete al Estado y a los ciudadanos de cada país,
sino también a la comunidad internacional cuando esto fuera necesario.
Este
Tribunal puso de relieve y desarrolló en detalle el fundamento constitucional
del Convenio de Basilea a partir de las normas constitucionales de orden
superior, entre otras, los artículos 7, 8, 11, 49, 58, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81,
87, 88, 90, 95-8, 215, 226, 267, 277-4, 289, 300-2, 313-7-9, 333, 334, y 360 de
la Constitución Política.
Este
conjunto de disposiciones constitucionales señaladas en el párrafo anterior
constituye la base normativa superior a partir de la cual la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado y consolidado una posición sistemática y
pacífica respecto de la protección del medio ambiente y de la salud frente a
los peligros que implica la generación o producción, movilización
transfronteriza, manejo y eliminación de desechos tóxicos y peligrosos, y la
consecuente determinación de las obligaciones del Estado para ajustar el marco
jurídico legal interno recopilando los deberes y obligaciones del Gobierno y de
los particulares para el manejo, preservación, conservación, sustitución y
restauración del ambiente, al igual que las normas para el desarrollo de la
política y la gestión ambiental.
Como
ya lo ha mencionado la Sala Plena de esta Corporación, este compromiso no solo
atañe al territorio afectado directamente sino también a otras naciones
perjudicadas, y al país en donde se origina el deterioro ambiental a nivel
global a causa de la generación y mal manejo que se hace, especialmente en los
Estados más desarrollados, de desperdicios tóxicos y peligrosos, perjudiciales
para el medio ambiente y por ende para la salud humana. Es por tanto ya una
obligación global de la humanidad preservar un ambiente sano, y esto constituye
un interés universal para los Estados.
En
el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve que
cuando hay recursos naturales que son compartidos por varias naciones ha sido
necesario establecer disímiles mecanismos para su manejo y explotación, al
igual que reglas para evitar, entre otras cosas, perjudicar a otros Estados con
su explotación, ya que esto puede ocasionar un deterioro ambiental que
ocurriría en el ámbito interior del país explotador y además puede tener una
proyección perjudicial hacia Estados cercanos. En estos últimos casos de daño
ambiental deben establecerse las responsabilidades pertinentes de los causantes
del deterioro y la correspondiente reparación que sea necesaria por su conducta
inapropiada. Así las cosas, la Corte ha evidenciado que para lograr estos
objetivos y un consenso cuasi-universal en torno a la protección del medio
ambiente, es necesaria la suscripción y adhesión de tratados o convenios
internacionales en donde se regule la conducta de los Estados partes
estableciendo normas que controlen la conducta de los mismos, y con ello
conseguir que estas naciones se comprometan a proteger el ambiente y
contrarrestar las causas y los efectos del menoscabo medio ambiental.
Igualmente estos tratados y convenios se deben sustentar en el principio de
derecho constitucional sic utere tuo tu alienum non laedas (usa tu
propiedad o tu pertenencia o ejercita tus derechos de manera que no causes
daños a los demás), el cual está consagrado en el principio 21 de la
Declaración de Estocolmo.
Adicionalmente,
este Tribunal en el estudio del Convenio de Basilea resaltó que el
Constituyente de 1991 estableció en el artículo 226 “el deber del Estado de
promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. Lo anterior, ante la
necesidad de usar instrumentos de derecho internacional con el fin de
reglamentar las situaciones jurídicas tuvieran lugar frente al tema de los
recursos naturales compartidos y su manejo, al igual que el deterioro del medio
ambiente.[14]
Así las cosas, la
Corte mediante la Sentencia C-377 de 1996 en su análisis del Convenio de
Basilea concluyó que este instrumento internacional, desde la motivación de su
Preámbulo y todas sus disposiciones normativas, está encaminado a evitar daños
a la salud humana y al ambiente, en razón a los movimientos transfronterizos y
a la eliminación de desechos tóxicos peligrosos, adoptando para ello las
medidas necesarias para erradicar o reducir a límites mínimos la generación o
producción de los mismos, así como su eliminación o destrucción a través de
tecnologías apropiadas. En este orden de ideas, enfatizó en los beneficios que
acarreaba la firma del Convenio “cuando se requiera hacer la reexportación o
la eliminación de desechos introducidos al país en contravención de las normas
del Convenio o de su ordenamiento jurídico”.
En el mismo
sentido, haciendo eco del artículo 81 de la Constitución Política que prohíbe
la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos
tóxicos, y tras un estudio profundo del artículo 6 del Convenio de Basilea,
señaló que de conformidad con esta disposición los países pueden abstenerse de
permitir el transporte en su territorio de materiales peligrosos cuando en
dicho Estado sus leyes lo prohíben como efectivamente ocurre con la Carta
Política colombiana en el art 81 CP ya mencionado. Igualmente, la Corte se
pronunció en relación con lo dispuesto por el art. 26 del Convenio respecto del
cual se indicó que “se pueden formular declaraciones o manifestaciones, con
el objetivo, entre otros, de armonizar su ordenamiento jurídico con las
disposiciones del Convenio, a condición de que no se interprete que aquéllas
excluyen o modifican sus efectos jurídicos y su aplicación en Colombia”.[15] En este sentido,
señaló que para adherirse al Convenio Colombia debía formular una manifestación
o declaración en relación al art. 81 Superior, lo cual no afectaba la
normatividad y aplicación del Convenio ya que en la norma no se prohíbe la
importación general de desechos, ni que Colombia pueda ser exportadora de
desechos.
En punto a este
tema la Corte expuso: "Dado que la norma constitucional antes
transcrita (art. 81 C.P.) perentoriamente prohíbe la introducción al país de
desechos tóxicos o residuos nucleares, estima la Corte que Colombia, ante la
imposibilidad de formular reservas, sólo puede adherirse al Convenio,
formulando una declaración o manifestación en el sentido de que el artículo 81
de la Constitución prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos
nucleares y desechos tóxicos, acogiéndose a lo que dispone el artículo 26 del
Convenio, según el cual, se pueden formular declaraciones o manifestaciones,
con el objetivo, entre otros, de armonizar su ordenamiento jurídico con las
disposiciones del Convenio, a condición de que no se interprete que aquéllas
excluyen o modifican sus efectos jurídicos y su aplicación en Colombia.
Es obvio, que la
referida manifestación o declaración no afecta la normatividad del Convenio y
su aplicación, porque si bien la Constitución prohíbe la introducción al país
de residuos nucleares y desechos tóxicos, no prohíbe de modo general la
introducción de desechos ni tampoco que Colombia pueda ser exportador de
desechos. Además, la referida prohibición no impide que de hecho e ilícitamente
se introduzcan a su territorio los referidos desechos."[16] (Resalta la
Sala)
Igualmente, indicó
esta Corporación que la prohibición del art. 81 CP no menciona la importación
de otro tipo de desechos denominados peligrosos de manera lícita, por eso se
recurre a las definiciones técnicas que hay en el Convenio de Basilea, hoy Ley
253 de 1996, en donde se precisan cuáles son este tipo de desechos.[17]
Lo
anterior, no implica que a Colombia puedan ingresar todo tipo de desechos
peligrosos, ya que solo pueden ingresar los que puedan manejarse en el país y
que “no lesione el medio ambiente ni atente contra la salud humana, la
integridad física y la vida de los habitantes, o cualquier otro derecho
fundamental”.[18]
Tras
todas las consideraciones y análisis constitucional de las disposiciones
contenidas en el Convenio de Basilea, este Tribunal lo encontró ajustado a la
Constitución Política de 1991, al igual que su ley aprobatoria, al considerar
que dicho Convenio no solo no contradice la Constitución Política sino que por
el contrario constituye un desarrollo de las normas superiores anteriormente
mencionadas, y que su suscripción es altamente beneficiosa para los intereses
de la Nación, así como necesaria para la unificación de criterios en esta
materia a nivel internacional.
3.3
El Protocolo de Basilea
De
otra parte, la Sala mediante la Sentencia C-1151 de 2005 analizó la Ley 945 de
2005 “por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Basilea sobre
responsabilidad e indemnización por los daños resultantes de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en
Basilea el 10 de diciembre de 1999.
A
partir del análisis de los 33 artículos del Protocolo consideró la Corporación que
los objetivos perseguidos por el Protocolo se encontraban en plena armonía con
las finalidades constitucionales previstas por el artículo 2 CP, que hacen
relación a la “efectividad de los principios y derechos consagrados en la
Constitución, la defensa de la independencia nacional, el mantenimiento de la
integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica y de la
vigencia de un orden justo, así como con el deber de protección de la vida y
libertad de todos las personas residentes en Colombia”. En este sentido,
evidenció que este instrumento internacional constituía un claro desarrollo del
Convenio de Basilea de 1989 sobre el control de movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación, y que su teleología se encaminaba a
la búsqueda del establecimiento de un régimen global de responsabilidad por los
daños ambientales que se generen por estas causas, todo lo cual “armoniza
igualmente con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía
nacional y de reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados
por Colombia. (Artículo 9, CP.)”.
En
este orden de ideas, la Corte sostuvo que las cláusulas del Protocolo eran
compatibles con los compromisos adquiridos por Colombia tanto a nivel
bilateral, regional como multilateral en el manejo de desechos tóxicos o
peligrosos, y en el establecimiento de la responsabilidad y la indemnización
ocasionados por la generación, producción, manejo, movimiento y eliminación de
estas sustancias. Finalmente consideró este Tribunal que el Protocolo era
igualmente respetuoso de la soberanía nacional, presupuesto esencial para toda
suscripción de tratado internacional, en razón a que “…las reglas para la
determinación de la responsabilidad por daños, dejan a salvo expresamente las
competencias nacionales sobre sus aguas territoriales, sobre zonas en las
cuales ejerzan jurisdicción las autoridades nacionales, así como los derechos
del Estado colombiano sobre sus zonas económicas exclusivas y sobre su
plataforma continental”.[19]
Adicionalmente,
señaló la Sala Plena que tanto el Convenio de Basilea como el Protocolo de
Basilea son tratados internacionales en los que los Estados se responsabilizan
para hacer frente a los posibles problemas ambientales que puedan presentarse
cuando hubiere el movimiento de desechos tóxicos peligrosos que puedan poner en
riesgo la salud de los ciudadanos y el medio ambiente de los países en los que
se hagan dichos movimientos transfronterizos.
Por
todo lo anterior, la Corte encontró ajustado el Protocolo a la normatividad
constitucional, en razón a que éste respeta la soberanía de los Estados y se
enmarca dentro del reconocimiento de los principios del derecho internacional[20] y por lo tanto
no encontró que hubiera pie a declarar la inconstitucional de ninguno de sus
artículos. En consecuencia, concluyó que el Protocolo de Basilea y la Ley 945 de
2005 aprobatoria del mismo se encontraban acordes con la Constitución Política
de 1991.
3.4
Análisis constitucional de las disposiciones contenidas en la Enmienda al
Convenio de Basilea
La
Corte reitera que el Convenio de Basilea se llevó a cabo el 22 de marzo de 1989
y en él los países que hicieron parte del tratado internacional se
comprometieron a cumplir lo allí acordado. El Convenio tiene como objetivo
principal el control y regulación de los movimientos fronterizos de desechos
tóxicos y peligrosos, su manejo y eliminación, para así proteger la vida y la
salud de los habitantes de los países que acuerden dicho transporte, y del
mismo modo proteger el medio ambiente que es, por lo general, el más afectado
cuando ocurren este tipo de eventos.
En
relación con el contenido normativo de la “Enmienda al Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y
su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada
por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de
septiembre de 1995, la Sala concluye que éste es plenamente constitucional por
las siguientes razones:
3.4.1 La Enmienda
señala, en primer lugar, que se inserta un parágrafo en el Preámbulo del
Convenio que dice:
“Reconociendo que los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos, especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un alto
riesgo de no constituir el manejo ambientalmente racional y eficiente de los
desechos peligrosos que se perceptúa en el Convenio”.
Para
la Corte esta Enmienda al Preámbulo del Convenio representa un avance
jurídico-normativo del mismo, que se encuentra en plena armonía no solo con el
Convenio de Basilea, declarado exequible por este Tribunal, sino también con la
Constitución Política de nuestro país, ya que lo que hace es reconocer
expresamente que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos,
especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un alto riesgo de no
constituir el manejo ambientalmente racional y eficiente de los desechos
peligrosos que se perceptúa en el Convenio. De esta manera, se introduce en la
Enmienda al Convenio de Basilea una preocupación adicional, respecto de que los
movimientos transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos hacia los países
en desarrollo, no sean manejados racional y eficientemente desde un punto de
vista de protección del medio ambiental y de salud para los ciudadanos, de
conformidad con lo consagrado por el propio Convenio de Basilea.
De esta manera, esta Corporación encuentra que en esta adición al
Preámbulo del Convenio de Basilea se reitera la protección de la salud y del
medio ambiente que hacen parte de los objetivos esenciales del Convenio de
Basilea, de conformidad con el espíritu normativo del Preámbulo de dicho
Convenio, de manera que lo hace la Enmienda es insistir en la necesidad de
control, regulación, buen manejo y eliminación racional de los desechos
peligrosos hacia países en desarrollo como el nuestro.
Igualmente,
en criterio de este Tribunal la Enmienda al Preámbulo complementa los
objetivos, finalidades y preocupaciones plasmadas en el Convenio de Basilea que
han sido ya declaradas constitucionales por esta Corte, en cuanto a la
obligación de las Partes de determinar estrategias y medidas para reducir al
mínimo la producción y generación de los desechos; evitar la importación si se
tienen razones para creer que no serán sometidos a un manejo ambiental
racional; tipificar como delito el tráfico de desechos, cuando no se cumplan
los requerimientos exigidos por el Convenio; establecimiento de un adecuado y
racional manejo ambiental de los desechos en el lugar donde se efectúe su
eliminación, entre otros aspectos de importancia.
En
el mismo sentido, esta Instrumento adiciona las finalidades del Convenio de
Basilea relacionadas con la necesidad de (i) evitar y disminuir los graves
daños que ocasionan a la salud y al medio ambiente la producción, movimientos
transfronterizos, eliminación y reutilización de los desechos tóxicos
peligrosos; (ii) desarrollar y aplicar  tecnologías para la protección del
medio ambiente y la salud frente a la producción, manejo, eliminación y
movimientos transfronterizos de desechos tóxicos peligrosos; (iii) controlar y
regular la permisión excepcional de los movimientos transfronterizos de los
desechos tóxicos; (iv) reconocer la posición de vulnerabilidad de países en
desarrollo frente a los países industrializados respecto de la producción,
manejo, eliminación y movimientos transfronterizos de los desechos tóxicos
peligrosos; (v) adoptar medidas para evitar el tráfico ilícito y los
movimientos transfronterizos ilegales de desechos tóxicos peligrosos; y (vi)
reconocer la soberanía de los Estados para el manejo del tema de manejo de
desechos tóxicos peligrosos.
Por
tanto, para la Sala el aporte o contribución de la Enmienda al Preámbulo es
plenamente constitucional puesto que manifiesta la preocupación en relación con
que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos,
especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un alto riesgo de no
constituir el manejo ambientalmente racional y eficiente de los desechos
peligrosos que se perceptúa en el Convenio de Basilea, lo cual está de acuerdo
con la protección de los derechos fundamentales a la vida –art.11 Superior-; el
derecho a la salud y el saneamiento ambiental – art. 49 de la Carta -; la
prohibición de la introducción al país de desechos tóxicos, nucleares o
peligrosos – art. 81 CP-; entre las normas superiores más relevantes.
3.4.2 La Enmienda que ahora se analiza dispone en segundo lugar
que se inserta un nuevo artículo 4 A en el Convenio de Basilea el cual contiene
tres numerales o enunciados normativos diferentes, así:
“ 1. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá
prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos que estén
destinados a las operaciones previstas en el anexo IV A, hacia los Estados no
enumerados en el anexo VII.”
“2. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá
interrumpir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 y prohibir desde esa
fecha en adelante todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
contemplados en el apartado a) del inciso y) del artículo 1 del Convenio que
estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV B hacia los Estados
no enumerados en el anexo VII. Dicho movimiento transfronterizo sólo quedará
prohibido si los desechos de que se trata han sido caracterizados como
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el Convenio.”.
“ Anexo VII
Partes y otros Estados que sean miembros de la OCDE y de la CE, y
Lienchtenstein”.
Para la Corte, el alcance normativo de estas disposiciones,
desarrollan la consagración que la Enmienda introduce al Preámbulo del Convenio
de Basilea, tal como se acaba de analizar, en el sentido de adoptar medidas
concretas que respondan a la preocupación expresada porque exista una
prohibición y por tanto un mayor control y regulación del movimiento de
desechos tóxicos o peligrosos hacia países en vías de desarrollo.
En este sentido, la Corporación observa que en el artículo 4 A adicionado por la Enmienda se hace relación a las Partes enumeradas en el Anexo VII, a las cuales
se les prohíbe realizar movimientos transfronterizos de desechos tóxicos o
peligrosos que estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV
hacia los Estados que no se enumeran en el Anexo VII. Adicionalmente, se
dispone que las partes que se indican en el Anexo VII deben interrumpir y
prohibir desde el 31 de diciembre de 1997 en adelante todos los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos señalados claramente por el Convenio
hacia los Estados no enumerados en dicho anexo VII. El alcance normativo de
esta Enmienda se pasará a analizar en detalle a continuación:
3.4.2.1 En el numeral 1 de la Enmienda al artículo 4 A del Convenio se determina que las Partes del Convenio de Basilea que se encuentran enumeradas en
el Anexo VII deben prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos tóxicos
o peligrosos hacia los Estados que no están enumerados en el Anexo VII, cuando
dichos desechos estén destinados a las operaciones que se determinan en el
anexo IV A del Convenio de Basilea.
Para determinar claramente el alcance normativo de esta
disposición es necesario que la Sala haga mención al contenido del Anexo VII
del Convenio de Basilea.
Con el fin de entender el alcance normativo de este numeral, la
Sala debe hacer relación a la normatividad a la cual hace referencia, tales
como el Anexo VII, Anexo IV A, y a los países que no se encuentran enumerados
en el Anexo VII.
(i)
El Contenido del anexo VII determina las “Partes y otros Estados que son miembros de la OCDE, y de la CE, y Liechtenstein.”
Es
de mencionar que de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos -OCDE[21]-
hacen parte países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile.
Corea del sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Eslovaquia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía.
Rusia,
Colombia y Letonia están en proceso de adhesión. En 2015 comenzarán
conversaciones de adhesión con Costa Rica y Lituania.
La
OCDE tiene colaboracion con países clave como Brasil, China, Indonesia y
Sudáfrica. Colabora con otros 60 Paises. La Unión Europea está considerada como
una organización participante.
De
otra parte, la UE[22] está conformada
por países como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta Paises Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, y Suecia.
(ii) El Anexo IV A del Convenio
de Basilea, mencionado en el numeral 1 del artículo 4 A de la Enmienda, hace relación a las “Operaciones de eliminación”, estableciendo las “A.
Operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado,
la regeneración, la reutilización directa u otros usos.
La sección A abarca todas las operaciones de eliminación que se realizan en la
práctica.”
Entre
las operaciones que menciona el Anexo IV se encuentran:
“D1
Depósito dentro o sobre la tierra (por ejemplo, rellenos, etc.). D2 Tratamiento
de la tierra (por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos
en suelos, etc.).
D2
Inyección profunda (por ejemplo, inyección de desperdicios bombeables en pozos,
domos de sal, fallas geológicas naturales, etc.).
D3
Embalse superficial (por ejemplo, vertido de desperdicios líquidos o fangosos
en pozos, estanques, lagunas, etc.).
D4
Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertido en compartimientos
estancos separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente, etc.).
D5
Vertidos en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos.
D6
Vertido en mares y océanos, inclusive la inserción en el lecho marino.
D7
Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar
o compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las
operaciones indicadas en la sección A.
D8
Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que dé
lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las
operaciones indicadas en la sección A (por ejemplo, evaporación, secado
calcinación, neutralización, precipitación, etc.).
D9
Incineración en la tierra.
D10
Incineración en el mar.
D11
Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina,
etc.).
D12
Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas
en la sección A.
D13
Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la
sección A.
D14
Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.”
(iii)
De otra parte, los países que no se encuentran enumerados en el Anexo VII del
Convenio de Basilea son en su gran mayoría los denominados “países en vías de
desarrollo” tales como:
Afganistán, Albania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Botswana, Bosnia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Congo, Corea del Norte, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Dubai, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guam, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Hong Kong, Holanda, India, Irak, Irán, Islas Caimán, Islas
Marshall, Islas
Pitcairn, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kósovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marianas del Norte, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Micronesia, Mónaco, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar (antes Birmania), Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Orden de
Malta,
Pakistán, Palestina, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática
del Congo (antiguo Zaire), República Dominicana, Ruanda, Sáhara Occidental, Saint Kitts-Nevis, Samoa Americana, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka (antes Ceilán), Sudán, Suazilandia, Tailandia, Taiwán o Formosa
(República Nacionalista China), Tanzania, Tayikistán, Tíbet (actualmente
bajo soberanía China), Timor
Oriental (antiguamente ocupado por Indonesia), Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbequistán, Vanuatu, Vaticano, Venezuela, Vietnam, Wallis y Futuna, Yemen, Yibuti, Zambia, Zaire, Zimbabue,
entro otros.
(iv) De conformidad con lo anterior, la Corte colige que el
contenido normativo del numeral 1 de la Enmienda al artículo 4 A del Convenio de Basilea lo que está ordenando es que las partes del Convenio que se encuentran
enumeradas en Anexo VII, esto es los Estados Partes suscriptores del Convenio,
los países miembros de la OCDE y de la CE (que se mencionan en el aparte (a) de
esta sección), deben prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos
tóxicos o peligrosos hacia los Estados que no están enumerados en el Anexo VII,
esto es, hacia los países “en vías de desarrollo” (que se enumeran en el aparte
(c ) de esta sección). Lo anterior, cuando dichos desechos estén destinados a
las operaciones que se determinan en el anexo IV A del Convenio de Basilea,
esto es, cuando se trate de desechos que deben eliminarse y no pueden conducir a la
recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización
directa u otros usos (tal y como se enumera en el apartado (b) de esta sección).
3.4.2.2 Adicionalmente, en el numeral 2 del artículo 4A de la Enmienda al
Convenio de Basilea se dispone que las Partes enumeradas en el Anexo VII del
Convenio de Basilea deberán interrumpir gradualmente y prohibir todos los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, que se encuentran
contemplados en el apartado a) del inciso y) del artículo 1 del Convenio de
Basilea, los cuales estén destinados a las operaciones previstas en el Anexo IV
B hacia los Estados no enumerados en el Anexo VII, fijando para ello un plazo máximo
hasta el 31 de diciembre de 1997. Igualmente consagra el numeral 2 de la
Enmienda al artículo 4 A del Convenio de Basilea que los movimientos
transfronterizos a los que se ha hecho mención sólo quedarán prohibidos si los
desechos de que se trata han sido caracterizados como peligrosos con arreglo a
lo dispuesto en el Convenio.
Para
determinar el alcance normativo de esta disposición es necesario hacer mención
del artículo 1 del Convenio de Basilea en su apartado a) del inciso y), y del
Anexo IVB del Convenio, y a los desechos que son considerados como peligrosos
por el Convenio de Basilea.
(i)   El artículo 1
del Convenio de Basilea dispone:
“Alcance
del Convenio:
1.
Serán “desechos peligrosos” a los efectos del presente Convenio los siguientes desechos que sean objeto de movimientos transfronterizos:
a)  Los  desechos  que
pertenezcan  a  cualquiera  de  las  categorías enumeradas
en  el  Anexo  I,  a  menos  que  no
tengan  ninguna  de  las  características descritas en el Anexo III; y
b)
Los  desechos  no  incluidos  en  el
apartado  a),  pero  definidos  o considerados peligrosos por
la  legislación  interna  de  la  Parte
que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito.
2.
Los  desechos  que  pertenezcan  a  cualesquiera
de  las  categorías contenidas en el Anexo II y que sean objeto de movimientos transfronterizos serán considerados “otros desechos” a los efectos del presente Convenio.”
(ii)
De conformidad con el numeral a) del Artículo 1 del Convenio de Basilea, al
cual se remite la Enmienda del artículo 4 A del Convenio, los desechos peligrosos prohibidos para su movilización transfronteriza entre los países Partes, de
la OCDE o de la Unión Europea y los países excluidos de esta enumeración
contenida en el Anexo VII, son los que se encuentran categorizados en el Anexo
I del Convenio de Basilea dedicado a la “clasificación de residuos
peligrosos”, entre los cuales dicho Anexo determina:
“Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica
prestada en hospitales, centros médicos y clínicas.
Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de
productos farmacéuticos.
Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.
Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la
utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos.
Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y
utilización de productos químicos para la preservación de la madera.
Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la
utilización de disolventes orgánicos.
Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento
térmico y las operaciones de temple.
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que
estaban destinados.
Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua.
Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén
contaminados por bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o
bifenilos polibromados (PBB).
Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación,
destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.
Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y
utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13 Desechos resultantes de la producción y utilización de
resinas, látex, plastificantes, colas y adhesivos.
Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas,
resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una
legislación diferente.
Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y
utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.
Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales
y plásticos.
Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de
desechos industriales.
Desechos que tengan como constituyentes:
Y19 Metales carbonilos.
Y20 Berilio, compuestos de berilio.
Y21 Compuestos de cromo hexavalente.
Y22 Compuestos de cobre.
Y23 Compuestos de zinc.
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.
Y25 Selenio, compuestos de selenio.
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio.
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio.
Y28 Telurio, compuestos de telurio.
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio.
Y30 Talio, compuestos de talio.
Y31 Plomo, compuestos de plomo.
Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro
cálcico.
Y33 Cianuros inorgánicos.
Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida.
Y36 Asbesto (polvo y fibras).
Y37 Compuestos orgánicos de fósforo.
Y38 Cianuros orgánicos.
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.
Y40 Eteres.
Y41 Solventes orgánicos halogenados.
Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.
Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos
policlorados.
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas
policloradas.”
(iii) Igualmente establece el literal a) del artículo 1 del
Convenio de Basilea que son desechos tóxicos peligrosos los anteriormente
citados relacionados en el Anexo I del Convenio, a menos que no tengan las
características descritas por el Anexo III. Efectivamente el Anexo III que a
continuación se cita, trae la lista de las características peligrosas de los
residuos o desechos que quedan prohibidos.
“Anexo III
Explosivos Por sustancia explosiva o
desecho se entiende toda sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de
sustancias o desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química,
de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan
ocasionar daño a la zona circundante.
Líquidos inflamables Por líquidos
inflamables se entiende aquellos líquidos, o mezclas de líquidos, o líquidos
con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas,
etc. pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera
debido a sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a
temperaturas no mayores de 60.5oC, en ensayos con cubeta abierta. (Como
los resultados de los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada no son
estrictamente comparables, e incluso los resultados obtenidos mediante un
mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la reglamentación que se apartara de
las cifras antes mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería
compatible con el espíritu de esta definición.).
Sólidos inflamables Se trata de los
sólidos, o desechos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos,
que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente
combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, debido a la
fricción.
Sustancias o desechos susceptibles de
combustión espontánea Se trata de sustancias o desechos susceptibles de
calentamiento espontáneo en las condiciones normales del transporte, o de
calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces encenderse.
Sustancias o desechos que, en contacto
con el agua, emiten gases inflamables Sustancias o desechos que, por reacción
con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases
inflamables en cantidades peligrosas.
Oxidantes Sustancias o desechos que,
sin ser necesariamente combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno,
causar o favorecer la combustión de otros materiales.
Peróxidos orgánicos Las sustancias o
los desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente -O-O- son
sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición
autoacelerada exotérmica.
Tóxicos (venenos) agudos Sustancias o
desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud
humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.
Sustancias infecciosas Sustancias o
desechos que contiene microorganismos viables o sus toxinas, agentes
conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.
Corrosivos Sustancias o desechos que,
por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que tocan, o que
en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruir, otras mercaderías
o los medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros.
Liberación de gases tóxicos en
contacto con el aire o el agua Sustancias o desechos que, por reacción con el
aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas.
Sustancias tóxicas (con efectos
retardados o crónicos) Sustancias o desechos que, de ser aspirados o
ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o
crónicos, incluso la carcinogenia.
Ecotóxicos Sustancias o desechos que,
si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados
en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los
sistemas bióticos.
Sustancias que pueden, por algún
medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo,
un producto de lixiviación, que posee alguna de las características arriba
expuestas.
Pruebas:
Los peligros que pueden entrañar ciertos tipos de desechos no se
conocen plenamente todavía; no existen pruebas para hacer una apreciación
cuantitativa de esos peligros. Es preciso realizar investigaciones más
profundas a fin de elaborar medios de caracterizar los peligros potenciales que
tienen estos desechos para el ser humano o el medio ambiente. Se han elaborado
pruebas normalizadas con respecto a sustancias y materiales puros. Muchos
Estados han elaborado pruebas nacionales que pueden aplicarse a los materiales
enumerados en el Anexo I, a fin de decidir si estos materiales muestran
algunas de las características descritas en el presente anexo.”
(iv)
Las operaciones previstas con desechos peligrosos prohibidos por la Enmienda a
las que se refiere el numeral 2 del Articulo 4 A se encuentran descritas en el Anexo IV B, las cuales hacen relación a  “B. Operaciones que
pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración,
la reutilización directa y otros usos.
La sección B comprende todas las operaciones con respecto a materiales que son
considerados o definidos jurídicamente como desechos peligrosos y que de otro
modo habrían sido destinados a una de las operaciones indicadas en la sección
A.”
Dentro
del listado de tales operaciones están:
“R1
Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros
medios de generar energía.
R2)
Recuperación o regeneración de disolventes.
R3
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes.
R4
Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos.
R5
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R6
Regeneración de ácidos o bases.
R7
Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R8
Recuperación de componentes provenientes de catalizadores.
R9
Regeneración u otra reutilización de aceites usados.
R10
Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento
ecológico.
R11
Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las
operaciones numeradas de R1 a R10.
R12
Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones
numeradas de R1 a R11.
R13
Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas
en la sección B.”
(v) En síntesis, el numeral 2 del Artículo 4 A de la Enmienda que ahora se estudia y que modifica el artículo 4A del Convenio de Basilea, dispone
(1) que las Partes enumeradas en el Anexo VII, que son los Estados que
suscribieron el Convenio, los países miembros de la OCDE y de la Unión Europea,
citados anteriormente; (2) deberán interrumpir gradualmente en un plazo máximo
fijado para el 31 de diciembre de 1997, y prohibir todos los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos; (3) desechos que se encuentran
determinados por el apartado a) del artículo 1 del Convenio de Basilea, el cual
hace referencia al listado contenido en los Anexos I y III de dicho convenio
(citados en el apartado a) de esta sección); (4) desechos que están destinados
a las operaciones previstas en el Anexo IV B (las cuales de mencionan en el
numeral (b) de este apartado); (5) desechos que no podrán ser enviados hacia
los Estados no enumerados en el Anexo VII, esto es, aquellos que no son Parte,
países miembros de la OCDE o de la Unión Europea, es decir, son todos países en
“vías de desarrollo” (tal como quedó mencionado en el numeral (c ) del apartado
anterior).
De otra parte, dispone el numeral 2 del artículo 4 A de la Enmienda al Convenio de Basilea, que la prohibición de los movimientos transfronterizos a
los que se ha hecho mención será válida si dichos desechos han sido
caracterizados como peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el Convenio.
3.4.2.3 Finalmente, el numeral 3 de la
Enmienda al artículo 4 A del Convenio de Basilea se refiere al Anexo VII, en el
cual no se modifica el contenido ni espíritu del Convenio de Basilea, ya que
solo se indican nuevamente los miembros que hacen parte del Tratado
internacional, es decir los países entre los cuales rige este Convenio para el
movimiento de desechos peligrosos.
3.4.2.4  En conclusión, para la Sala estos tres numerales de la Enmienda
que adicionan el artículo 4 A del Convenio de Basilea son plenamente
constitucionales, por cuanto no solo no presentan ninguna objeción de orden
constitucional, sino que por el contrario son el desarrollo de un conjunto de
normas de orden superior, ya que lo que buscan es hacer más riguroso el control
y regulación que pretende llevarse a cabo con el Convenio de Basilea, en cuanto
a la prohibición de movilizar o exportar desechos tóxicos o peligros por parte
de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, con el fin
de proteger la vida, la salud y el medio ambiente de estos países.
En este sentido, la Corte encuentra que los tres numerales de esta
Enmienda del Convenio que adicionan el Artículo 4 A, se encuentran en armonía, como también lo está el propio Convenio de Basilea, con las normas
constitucionales contenidas en el artículo 7 CP sobre el reconocimiento de la
diversidad étnica y cultural; el artículo 8 Constitucional respecto de la
obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación; la disposición 11 Superior que consagra el derecho a la
vida; la norma 49 de la Carta en relación con el reconocimiento como servicios
públicos a cargo del Estado, la atención a la salud y al saneamiento ambiental;
el artículo 58 CP sobre la función ecológica inherente a la función social de
la propiedad; la disposición 63 Superior sobre parques naturales y otros bienes
inalienables, imprescriptibles e inembargables; el artículo 66 CP respecto de
los créditos agropecuarios como instrumento para superar cualquier calamidad
ambiental; la norma 67 Superior que consagra la educación como instrumento para
lograr y asegurar la protección del ambiente; el artículo 72 CP sobre
patrimonio cultural de la Nación; la disposición 79 Constitucional sobre el
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y deber del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente; el artículo 80 de la Carta
sobre planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
acorde con la filosofía de la idea del desarrollo sostenible para asegurar su
conservación, restauración, sustitución, prevención de los factores de
deterioro ambiental, y exigencia de responsabilidad por los daños causados; la
norma 81 Superior respecto de la prohibición de la fabricación, importación e
introducción al país de ciertos bienes considerados nocivos para el ambiente y
protección de los recursos genéticos; los artículos 87 y 88 CP relativos a la
acción de cumplimiento y acciones populares en defensa del ambiente; el
artículo 90 Superior sobre responsabilidad estatal por el daño antijurídico; el
artículo Constitucional 95-8 relativo al deber de la persona y del ciudadano de
proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano; el artículo 215 CP sobre el estado de
emergencia derivado de la perturbación o amenaza del orden ecológico; el
artículo 226 Superior respecto a la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; el
artículo 267 de la Carta sobre valoración de los costos ambientales como parte
del ejercicio del control financiero de gestión y de resultados que comprende
la vigilancia de la gestión fiscal del Estado; el artículo 277-4 Constitucional
respecto a la defensa del ambiente por parte de la Procuraduría General de la
Nación; el artículo 289 CP en relación con programas de cooperación e
integración de zonas fronterizas para la protección ambiental; los artículos Superiores
300-2 y 313-7-9 sobre funciones de las Asambleas y de los Concejos municipales
en materia ambiental; el artículo 333 CP acerca de la delimitación por el
legislador del alcance de la libertad económica por razones de orden ambiental;
el artículo 334 Constitucional sobre el intervencionismo estatal para el mejoramiento
de la calidad de vida y la preservación de un ambiente sano; la disposición 360
Superior en relación con la facultad del legislador para regular las
condiciones en la explotación de los recursos naturales.
En
particular, este Tribunal colige que la adición al Convenio de Basilea que
prevé la Enmienda se aplica plenamente a Colombia por partida doble: de una
parte, ya que Colombia hace parte de los Estados miembros del Convenio de
Basilea, lo cual implica, que de conformidad con el texto normativo de la
Enmienda, Colombia queda obligada por la prohibición consagrada en esta adición
al Convenio, en el sentido de no poder llevar a cabo movimientos
transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos hacia que no hagan parte del
Convenio o países en vías de desarrollo. De otra parte, la Enmienda tiene
aplicación también para Colombia en el sentido de quedar cobijada igualmente por
la prohibición de movimientos transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos
de países en vías de desarrollo hacia Colombia, ya que es de resaltar de que en
virtud de la suscripción y aprobación del Convenio de Basilea, Colombia expresó
una declaración interpretativa en relación con el art. 81 de la Constitución Política
en cuanto a la armonización de este mandato Superior con el Convenio de manera
que puede evitar o rechazar la entrada de desechos tóxicos o peligrosos o abstenerse
de recibirlos en el país.
En consecuencia, la Corte considera que esta Enmienda se encuentra
en especial consonancia y armonía con lo dispuesto por el artículo 81 de la CP
que dispone: “Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de
armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al
territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los
recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional”.
Así las cosas, este Tribunal encuentra que con esta Enmienda al Convenio de
Basilea, cuando la misma sea adherida por Colombia, los niveles de control y
regulación de movimientos transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos “desde”
o “hacia” Colombia, serán mucho más rigurosos, limitados y restringidos, de
manera que queda prohibida la exportación de los mismos hacia países en vías de
desarrollo, y solo será posible la entrada al país de los mismos en aquellos
casos excepcionales en que se compruebe que no se trata de desechos o residuos
tóxicos o peligrosos para la vida o salud de los habitantes y no sean nocivos
para el medio ambiente.
Así las cosas, es evidente para la Corporación que con esta
Enmienda al Convenio de Basilea se busca la protección de los intereses de los
países en vías de desarrollo como Colombia frente al poder de los países
desarrollados generadores o productores en su gran mayoría de desechos tóxicos,
nucleares o peligrosos, que se exportan a los denominados países en “vías de
desarrollo”, de manera que con este Instrumento se busca proteger la vida,
salud e integridad no solo de los ciudadanos sino también del medio ambiente.
Finalmente, es de mencionar que en criterio de esta Corporación el
contenido de esta Enmienda respeta las normas superiores que rigen la
suscripción de Tratados internacionales por parte de Colombia, esto es, la soberanía
nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento
de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP,
artículos 150.16, 226 y 227); la internacionalización del país, así como los
principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y
227 CP), y con ella se contribuye al desarrollo de la integración internacional
que comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas del
país (artículo 226 CP).
4. Conclusiones
generales
Finalizado el
estudio de la Ley
1623 de 2013,
por
medio de la cual se aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia
de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, en su aspecto
formal y su aspecto material, considera la Corte que se ajusta a las
disposiciones constitucionales de la Carta Política (i) al cumplir con los
requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la Ley para que
integre al ordenamiento jurídico interno, y (ii) el contenido material, los
objetivos y disposiciones de la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia
de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995 que se han sometido al
control constitucional, buscan la protección de la vida, la salud, de los
recursos naturales y del medio ambiente, entre otros derechos y bienes
constitucionales, frente al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y
su eliminación a cargo de los países que tengan la tecnología idónea para
hacerlo, lo cual está en armonía con la Constitución Política colombiana.
En
relación con el examen material de la Enmienda, la Sala resalta que esta
Enmienda complementa el Convenio de Basilea en cuanto consagra una prohibición
expresa y con ello hace mucho más riguroso el control y regulación respecto de
movimientos transfronterizos de desechos tóxicos, nucleares o peligrosos
generados por países desarrollados hacia países en vías de desarrollo, lo cual se
encuentra en especial armonía con lo consagrado por el artículo 81 CP.
De esta manera, la Corte concluye la constitucionalidad en relación a la
Ley 1623 de 2013 y la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del
22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia
de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, porque su objetivo
central es la protección de la vida, la salud y el medio ambiente a través de
acuerdos entre los países para que el manejo y eliminación que se haga de los
desechos tóxicos o peligrosos, cuando éstos se movilicen a través de varios
países, con el fin de que se realice un manejo adecuado, racional y eficiente
de los mencionados desechos, y se respete a los países en vías de desarrollo que
no hacen parte del Convenio de Basilea y, por lo tanto, no se realicen este
tipo de movimientos transfronterizos de desechos o residuos hacia países o naciones
en vías de desarrollo que no estén incluidas en el anexo VII del Convenio de
Basilea, al que hace reiterada referencia la presente Enmienda. Lo anterior,
desarrolla el principio y mandato constitucional relativo a la
internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, igualmente al derecho a la protección de
la diversidad biológica, la necesidad de proteger los derechos al
medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de Colombia.
En mérito de todo lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y
cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
V. DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE  la
Ley 1623 de 2013, Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al Convenio
de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera
Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de
1995
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE
la “Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la Tercera
Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de
1995.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Al respecto consultar las Sentencias
C-002 de 1996, C-1145 de 2001, C-276 de 2006, y C-223 de 2013.
[2] Sentencia C-002 de 1996, reiterado en
Sentencia C-223 de 2013.
[3] Sentencia C-1145 de 2001, reiterado en
Sentencia C-223 de 2013.
[4] Ibidem.
[5] Artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, numeral 16: “Tampoco se
requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley
exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o
negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de
votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca
la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las
diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan
discrepancias”.
[6] Al respecto la Sentencia T-453 de 1998.
[7] Ver Sentencia C-071 de 2003.
[8] Sentencia C-071 de 2003.
[9] Sentencia C-771 de 1998.
[10] Consultar Sentencia C-771 de 1998.
[11] Consultar al respecto la Sentencia C-377 de 1996.
[12] Ver Sentencia C-377 de 1996.
[13] En el Convenio de Basilea y en la Sentencia C-377 de 1996 están enumerados y reseñadas estas obligaciones así: “i. Comunicar
a las demás Partes la decisión de prohibir la importación de desechos
peligrosos u otros desechos para su eliminación. Asimismo, las Partes no
permitirán la exportación de desechos a las Partes que hayan prohibido la
importación de éstos, cuando dicha prohibición se les haya comunicado como lo
exige el Convenio, de conformidad con su artículo 1, o en el evento en que el
Estado de importación no de su consentimiento por escrito a la importación de
que se trate, siempre que dicho Estado de importación no haya prohibido la
importación de tales desechos.
Sobre el
punto, específicamente se regula en el Convenio en que no deberá permitirse la
exportación de desechos a los países en desarrollo que hayan prohibido en su
legislación todas las importaciones, o a países frente a los cuales se tienen
razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo
ambientalmente racional, de conformidad con los criterios que adopten las
Partes en su primera reunión. Igualmente, se dispone impedir la exportación a
estados que no son Parte, o a la zona situada al sur de los 60° de latitud sur,
lugar donde ni siquiera se podrán eliminar los desechos propios.
No
obstante, las Partes tomaran las medidas apropiadas para que sólo se permita el
movimiento transfronterizo de desechos, cuando: 1. El Estado de exportación no
dispone de la capacidad técnica ni de los servicios requeridos o de lugares de
eliminación adecuados a fin de eliminar los desechos de que se trate de manera
ambientalmente racional y eficiente; 2. Los desechos de que se trate son
necesarios como materias primas para la industria de reciclado o recuperación
en el Estado de importación; 3. El movimiento transfronterizo de que se trate
se efectúa de conformidad con otros criterios acordados por las Partes, en
cuanto no contradigan los objetivos del Convenio.
ii. Tomar
las medidas apropiadas para: 1. Reducir al mínimo la generación y los
movimientos transfronterizos de los desechos, con base en criterios de orden
socioeconómico y tecnológico; 2. Disponer de instalaciones adecuadas para la
eliminación de desechos; 3. Adoptar precauciones para el manejo o movimientos
transfronterizos de los desechos de modo que se impida la contaminación o se
eliminen o reduzcan las consecuencias de la misma y se proteja el ambiente, y
4. Exigir que se proporcione información a los Estados interesados sobre los
movimientos transfronterizos de los desechos y específicamente para que se
declaren los efectos de éstos sobre la salud humana y el ambiente.
iii.
Estudiar periódicamente las posibilidades de reducir la cantidad y/o potencial
de contaminación de los desechos que se exporten a otros Estados, en particular
a países en desarrollo; suministrar prontamente la información que le sea
requerida con miras a proveer el manejo adecuado de los desechos; cooperar en
la vigilancia de los efectos que estos desechos originan y en el diseño de
nuevas tecnologías que reduzcan su generación, y prohibir a las personas
sometidas a su jurisdicción nacional el transporte o la eliminación de los
mencionados desechos, a menos que éstas estén autorizadas o habilitadas para
realizar ese tipo de operaciones.
iv. Adoptar
acciones jurídicas, administrativas o de otra índole, necesarias para aplicar y
hacer cumplir el Convenio, incluyendo medidas para prevenir y reprimir los
actos que lo contravienen, e incluso considerar como un acto delictivo el tráfico
ilícito de los referidos desechos, y cooperar directamente o por conducto de la Secretaría General creada por el Convenio, con otras Partes y organizaciones interesadas en los movimientos transfronterizos.
v. Ninguna
Parte permitirá que los desechos se exporten a un Estado que no sea Parte o se
importen de un Estado que no sea Parte, salvo  cuando existan los acuerdos
bilaterales, multilaterales o regionales a que alude el artículo 11 del
Convenio y de cuya existencia se dará noticia a la Secretaría que se crea mediante el Convenio.
b) En el
artículo 5 se establece la obligación para las Partes de designar a las
autoridades competentes y del punto de contacto, requeridos para la aplicación
del Convenio, entre ellas, las que habrán de recibir las notificaciones en el
evento de que se trate simplemente del tránsito de los desechos.
c) En el
artículo 6 se prevén las condiciones que deben ser observadas cuando se
produzcan los movimientos transfronterizos de los desechos, como por ejemplo,
efectuarlos a través de personas autorizadas por los Estados Partes para hacer
esas operaciones, realizar el correspondiente embalaje, etiquetamiento y
transporte de conformidad con las respectivas normas internacionales.
d) El
artículo 8 impone la obligación de reimportar los desechos cuando los Estados
interesados han dado su consentimiento para un movimiento transfronterizo,
según los términos del Convenio, y dicho movimiento no se pueda llevar a
termino en las condiciones acordadas, el Estado de exportación velará porque
los desechos sean devueltos al Estado de exportación por el exportador, si no
es posible su eliminación en las condiciones que en dicha norma se prevén.
Agrega, que ni el Estado de tránsito ni el Estado de exportación se opondrán ni
obstaculizarán la devolución de los desechos al Estado de exportación.
e) El
artículo 13 del Convenio impone a las Partes la obligación de informar
oportunamente a los Estados interesados de la ocurrencia de accidentes
provocados por el transporte de residuos peligrosos o durante su proceso de
eliminación, cuando representen algún riesgo para la salud humana o el
ambiente. También la de informar a los demás Partes, por conducto de la Secretaría, de diferentes sucesos y actuaciones atinentes a los movimientos de desechos,
entre otros, de los cambios relativos a la designación de las autoridades
competentes y/o los puntos de contacto y a la definición nacional de desechos peligrosos.”
[14] Ver Sentencia C-377 de 1996.
[15] Iídem.
[16] Ibídem.
[17] Desechos peligrosos: Los
desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el Anexo
I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el Anexo
III; y Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o
considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito."(artículo1°)
En el anexo
I se describen los desechos que hay que controlar y en el anexo III se señalan
las sustancias o elementos con características peligrosas (en estas listas se
fijan criterios amplios y flexibles para calificar los desechos como
peligrosos)[17]. De
acuerdo con los listados, los desechos tóxicos son tan solo una especie de los
desechos peligrosos. Baste señalar, por ejemplo, que de acuerdo con el anexo
III las sustancias explosivas, los líquidos y sólidos inflamables, los
oxidantes, entre otros, si bien son considerados como desechos peligrosos, no
tienen características tóxicas[17].
La
toxicidad, según el Convenio, puede ser aguda o con efectos retardatarios o
crónicos. Los tóxicos (venenos) agudos son "sustancias o desechos que
pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se
ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel" (Anexo III numeral
6.1). Los tóxicos con efecto retardatario o crónico son aquellas "sustancias
o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden
entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia" (Anexo
III numeral 9). También existen sustancias o desechos llamados ecotóxicos que
se caracterizan por que "si se liberan, tienen o pueden tener efectos
adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la
bioacumulación  o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos", y los que
liberan gases tóxicos por contacto con el aire o el agua que corresponde a
"sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden
emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas". (Anexo III numeral 9)
[18] Sentencia C-359 de 1996.
[19] Sentencia C-1151de 2005.
[20] “Las cláusulas de este Protocolo  se
ajustan a la normatividad constitucional que propende la preservación del
equilibrio ecológico (art. 8, 58, 79, 80, 81 y 95-8 C.P.),  respeta la soberanía de los Estados y las reglas de responsabilidad por los daños que
puedan causarse. Además, el contenido del Protocolo se enmarca dentro del
reconocimiento de los principios del derecho internacional (art. 9º C.P.), el
derecho a la vida (art. 11, CP), protección a la salud (art. 49 C.P.), función ecológica de la propiedad (art. 58) y demás derechos colectivos consagrados en
capítulo 3 del título II de la Carta Política, entre los que está el derecho a gozar de un ambiente sano”. Sentencia C-1151de 2005.
[21] Fundada en
1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir
experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajan para
entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Meden
la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizan y
comparan datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijan estándares
internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas
(literal de la página de la OCDE).
[22] La UE es una asociación económica y política singular de 28 países europeos que abarcan juntos
gran parte del continente. La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica
con la idea de que, a medida que aumentase la interdependencia económica de los
países que comerciaban entre sí, disminuirían las posibilidades de conflicto
entre ellos. El resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis países:
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el
logro de todo su potencial. (literal de la página de la CE)