C-988-99
Sentencia
C-988/99
SALARIO INTEGRAL-Exento de factor prestacional
Las medidas
adoptadas en las normas que se examinan, guardan proporción con el fin
perseguido, cual es, como se indicó, defender el poder adquisitivo del salario
integral, en cuanto sólo el 70% de éste tiene carácter salarial, y por lo
tanto, sólo sobre ésta parte puede determinarse el aporte al SENA, ICBF y Cajas
de Compensación Familiar, así como el cálculo de la base de cotización al
sistema de pensiones. En caso contrario, es decir, si se desconociera esa
circunstancia particular en la que se encuentran los trabajadores con salario
integral, se les colocaría en una situación de desigualdad frente a los demás,
con clara violación de la Constitución. Por ende, si el factor prestacional es
proporcionalmente inferior en el caso del salario integral al de los
trabajadores con remuneración ordinaria, es justificado que el legislador haya
determinado que el cálculo de la base de cotización al sistema de pensiones, y
los aportes a las entidades señaladas en el artículo 18 de la ley 50 de 1990
sea inferior para éstos, en comparación con los demás trabajadores.
Referencia:
Expediente D-2442
Acción pública de
inconstitucionalidad contra el numeral 3º (parcial) del artículo 132 del Código
Sustantivo del Trabajo, y contra el inciso 6º (parcial) del artículo 18 de la
Ley 100 de 1993.
Actor: Romulo Helí
Abel Torrado Villamizar
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Santafé de Bogotá
D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecido en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I.     ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Rómulo Helí Abel Torrado
Villamizar promovió demanda ante la Corte Constitucional contra el numeral 3
(parcial) del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el
artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y contra el inciso sexto (parcial) del
artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.
NORMAS DEMANDADAS
A continuación se
transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación
oficial, y se subraya lo demandado:
“CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
“Artículo 132.
Subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990. Formas y libertad de
estipulación.
1. El empleador y
el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades
como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero
siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos,
convenciones colectivas y fallos arbitrales.
2. No obstante lo
dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del
Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un
salario ordinario, superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales,
valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo
ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios
tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical
y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses,
subsidios y suministros en especie;  y, en general, las que se incluyan en
dicha estipulación, excepto las vacaciones.
(…)
3. Este salario
no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes
al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres
últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento
(30%).”
“LEY 100 DE 1993
“Artículo 18.
Base de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y
público.
(…)
Las cotizaciones
de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario
integral, se calcularán sobre el 70% de dicho salario”.
III.  LA DEMANDA
El demandante manifiesta
que las normas parcialmente acusadas violan los principios de solidaridad e
igualdad (artículos 1º y 13 de la CP.), negando el acceso a la seguridad social
de las personas más necesitadas.
Señala, que al
establecer las normas en cuestión una diferencia del 30% entre la base de las
cotizaciones para los trabajadores de salario integral, el legislador creó una
discriminación que favorece a las personas más pudientes, ya que son éstas las
que generalmente pactan su remuneración en la modalidad de salario integral.
Afirma que tal discriminación se da, ya que los trabajadores que se encuentran
bajo una remuneración normal tienen derecho a cesantías, intereses y primas,
que sumados al año dan unos ingresos de 14.12 salarios. Mientras que los
trabajadores de salario integral perciben esos ingresos adicionales en los doce
salarios mensuales que reciben al año, razón por la cual la ley les estableció
una base diferente para su cotización, ya que los trabajadores normales no
cotizan sobre esos ingresos adicionales que van incluidos en la mensualidad del
salario integral.
Agrega el actor, que
la base diferente que establece la ley en las normas acusadas es
inconstitucional, ya que en lugar de solucionar una discriminación negativa que
existiría hacia las personas de mayores ingresos, cuales son generalmente las
que pactan un salario integral, creó una discriminación positiva hacia éstas,
estableciendo una discriminación negativa hacia la población con menores
recursos.
Igualmente,
manifiesta que es tal la discriminación establecida, que en el caso de
pensiones, un trabajador normal con ingresos inferiores a cuatro salarios
mínimos está cotizando más en proporción que un trabajador bajo la modalidad de
salario integral que tiene que cotizar un punto adicional para el fondo de
solidaridad pensional, ya que el primero estaría cotizando el 13.5% de su
salario mensual, mientras el que se encuentra bajo la modalidad de salario
integral con el punto adicional estaría cotizando el 11.9%.
Por consiguiente,
los perjuicios para un sector de trabajadores es claro, ya que se les reduce la
cotización para salud, así como los aportes a las cajas de compensación
familiar, al SENA y al ICBF. En consecuencia, señala el demandante, los
recursos que se están dejando de percibir son los que deberían destinarse para
ayudar a las personas más débiles económicamente para satisfacer sus
necesidades de capacitación, recreación, seguridad social y protección
familiar.
Lo anterior, según
el actor, viola: el principio de igualdad, al imponerle una carga mayor para la
cotización a los más débiles; la garantía constitucional al derecho
irrenunciable a la seguridad social, al limitar la cobertura del sistema; y el
principio de solidaridad, por cuanto le resta capacidad financiera a los fondos
de solidaridad que son los encargados de ampliar la cobertura de la seguridad
social a las personas más necesitadas.
Por ello, considera
carente de lógica con los principios constitucionales que las personas con
menores ingresos estén aportando proporcionalmente más al fondo del cual se van
a pensionar todos, que personas que poseen una mayor capacidad económica y
tienen sus necesidades básicas satisfechas, como son las personas con salario
integral, que también van a pensionarse de dicho fondo.
IV.  INTERVENCIONES
El término de
fijación en lista transcurrió sin que se hubiesen presentado escritos
provenientes de autoridades públicas o de ciudadanos.
V.    CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante oficio No.
1872 del 23 de agosto de 1999, el señor Procurador General de la Nación
solicitó a esta Corporación declarar la constitucionalidad de los artículos
acusados.
Señala que con el
fin de otorgarle efectividad al carácter público y político de la acción de
inconstitucionalidad en el presente caso, y de constituir entre las normas
demandadas una proposición jurídica completa, se hace indispensable interpretar
razonablemente los cargos de la demanda, entendiendo que las pretensiones del
actor se dirigen contra el texto completo del numeral 3 del artículo 132 del
C.S.T. y contra el inciso sexto del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 en su
integridad.
Ahora bien, el
establecimiento del salario integral, según el concepto fiscal, aunque no
implica desmejora cuantitativa de los ingresos del trabajador, puesto que al
salario ordinario se integra el factor prestacional, cuyo monto mínimo es del
30%, el legislador decidió restringir su aplicación únicamente para los
trabajadores que reciben una retribución superior a los 10 salarios mínimos,
con el fin de minimizar el eventual impacto inflacionario que sobre la economía
pueden ocasionar los recursos provenientes de las negociaciones laborales. El
“factor prestacional” del salario integral corresponde, en esencia, a una
compensación como consecuencia de dejar de recibir una serie de beneficios
laborales; por lo tanto, no puede tomarse como un equivalente matemático del
valor de los beneficios laborales que ordinariamente reciben los demás
trabajadores.
Según el artículo 18
de la Ley 50 de 1990, el factor prestacional del salario integral no puede ser
inferior al 30% de esta remuneración; es decir, que la ley asegura un salario
mínimo integral, pues ningún trabajador que lo devengue puede ganar menos de 13
salarios mínimos mensuales. Además, la norma en mención permite que patronos y
trabajadores acuerden la inclusión de otros beneficios laborales en el factor
prestacional.
Con fundamento en
las anteriores precisiones, señala el Procurador que siendo el salario integral
una modalidad exceptiva de remuneración, los trabajadores que lo pacten
voluntariamente dentro de los términos legales, se encuentran en una situación
diferente de la de aquellos que no optan por esta clase de retribución
especial, lo cual impide parangonarlos como términos de comparación en un
juicio de igualdad. Y además, para que sea procedente el reproche por
desconocimiento al principio de igualdad, es menester que los individuos que
son objeto de un tratamiento legal diferente, se encuentren en la misma situación
fáctica de la de aquellos que son favorecidos con determinada medida
legislativa, cuyo otorgamiento carece de justificación objetiva y razonable.
Además, estima que
el artículo 13 de la Constitución, no proscribe los tratamientos legales
diferentes a situaciones de hecho distintas; lo que prohibe la norma superior
son los actos de discriminación, entendidos como la diferencia de tratamiento
sin justificación o razonabilidad alguna.
En el caso de las
normas acusadas, el legislador en ejercicio de sus competencias
constitucionales, estableció el salario integral, configurando su contenido y
señalando las consecuencias jurídicas que se derivan para quienes se acogen
voluntariamente a esta modalidad de retribución, entre las cuales se encuentra
la disminución en un 30% de los aportes patronales con destino al SENA, al ICBF
y a las Cajas de Compensación Familiar, así como el señalamiento del 70% de tal
retribución como base para calcular las cotizaciones al régimen pensional, que
están contenidas en las disposiciones impugnadas. Lo anterior, a su juicio,
constituye una medida razonable que consulta la naturaleza del salario
integral.
Por lo tanto, la
reducción de aportes se justifica, para el Jefe del Ministerio Público, por la
necesidad de estimular la adopción del salario integral en las empresas que
necesitan aliviar sus cargas laborales; por su parte, el 70% como base para
calcular las cotizaciones pensionales, toma en cuenta la existencia del factor
prestacional que no tiene carácter salarial (30%), y por lo tanto, debe estar
excluido de este cómputo.
En conclusión,
estima el Procurador que las normas acusadas no violan los principios
constitucionales de la igualdad y la solidaridad, por cuanto la disminución de
aportes se inspira en los requerimientos del salario integral y en la especial
situación de los trabajadores que lo convienen libremente con sus empleadores.
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
En virtud de lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para decidir definitivamente la demanda que en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se formula contra el
numeral 3 (parcial) del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y contra el inciso sexto
(parcial) del artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
2.
Problema jurídico
Corresponde a la
Corte determinar si la reducción en un 30% de los aportes destinados al SENA,
ICBF y las cajas de compensación en los casos de trabajadores con salario
integral, así como la fijación del 70% de esta remuneración como base para
calcular la cotización al subsistema de pensiones de los trabajadores que la
devenguen, desconoce los principios constitucionales de la igualdad y de la
solidaridad.
3.
Integración de la proposición jurídica completa
Estima la Corte
necesario, para efectuar el examen de constitucionalidad sobre los fragmentos
normativos acusados por el actor, que éstos presenten un contenido
comprensible, y que constituyan expresiones que tengan autonomía y suficiencia
tal que permitan un pronunciamiento de fondo.
Por tanto, para que
el juicio de constitucionalidad pueda producirse de manera integral, debe la
Corte conformar la proposición jurídica completa, ampliando el ámbito de los
apartes cuestionados, y extendiendo el fallo a la totalidad de los numerales
parcialmente demandados.
En el caso de las
expresiones acusadas de los artículos 132 numeral 3 del Código Sustantivo del
Trabajo, “en un treinta por ciento (30%)”, y del artículo 18 de la Ley 100 de
1993, “el 70%”, encuentra la Corporación que éstas carecen por sí solas de
sentido normativo, y en consecuencia, no configuran una proposición jurídica
completa que pueda considerarse violatoria de la Constitución.
Por consiguiente,
como en el presente asunto las expresiones demandadas carecen de autonomía,
como quiera que no logran ser inteligibles, carecen de sentido y significación
jurídica propias, se hace indispensable para su examen de constitucionalidad,
integrar la proposición jurídica con las disposiciones de las cuales hacen
parte, razón por la que el examen de constitucionalidad abarcará el análisis de
la totalidad del numeral 3 del artículo 132 del C.S.T., así como el inciso
sexto del artículo 18 de la ley 100 de 1993.
4.     Del
salario integral y el carácter exento del factor prestacional
Según el artículo
132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley
50 de 1990, el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario
en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y
por tarea, integral, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el
fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
Y agrega el mismo
precepto que, cuando el trabajador devengue un salario ordinario, superior a
diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de
un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano
el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente
al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas
legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros
en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto
las vacaciones.
Esta modalidad
salarial, de origen legal, que surge del mutuo acuerdo entre el empleador y el
trabajador, consiste en pactar como remuneración del trabajo, un salario
integral que incluye, no sólo el componente salarial básico ordinario (que debe
ser superior a diez salarios mínimos legales mensuales), sino adicionalmente,
el pago del componente prestacional (que no podrá ser inferior al treinta por
ciento (30%) de dicha cuantía).
Por su parte, el
artículo 18 de la ley 50 de 1990, disponía en su inciso segundo, que “el monto
del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de
impuestos”, por lo que el beneficio cobijaba tan sólo a este grupo de
trabajadores que eran remunerados mediante un salario integral.
De conformidad con
lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 96 de la Ley 223
de 1995, el artículo
18 de la Ley 50 de 1990 quedó sustituido por el numeral 10 del artículo 206 del
Estatuto Tributario cuyo contenido actual es el siguiente:
“Están gravados
con el impuesto sobre la renta y complementarios, la totalidad de los pagos o
abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria,
con excepción de los siguientes:
(…)
10. El treinta
por ciento (30%) del valor total de los pagos laborales recibidos por los
trabajadores, sumas que se consideran exentas” (negrillas fuera de texto).
Por consiguiente, la
exención del factor prestacional a que se refería el artículo 18 de la Ley 50
de 1990 quedó sustituída por lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del
E.T., haciéndose extensiva la exención de impuestos y retención en la fuente
del 30% sobre el valor total del factor prestacional a todos los trabajadores,
sin interesar la forma de remuneración pactada entre empleado y patrono, en
aras de garantizar la igualdad, la justicia y la equidad.
De esa manera
entonces, con la ley 50 de 1990, se estableció el factor prestacional exento
solamente para los contribuyentes de salario integral, determinado el valor de
la exención como mínimo en un 30% sobre el 130% del salario integral; por su
parte, la ley 223 de 1995 amplió esta exención a todos los trabajadores
incluidos los de salario integral, estableciéndola en un 30% sobre el 100% de
los pagos, excluyendo los exentos según el estatuto tributario.
Ahora bien, según el
numeral 3º del artículo 18 de la ley 50 de 1990, el salario integral no estará
exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA,
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de éstas tres últimas
entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%), por lo
que se calculan únicamente sobre el 70% del salario. Y dada la naturaleza de
éste salario, el límite para los aportes es de 20 salarios mínimos.
En concordancia con
este precepto, se expidió con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo
sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993), el artículo 18 en
mención con el monto de cotización para trabajadores con salario integral,
destinado a financiar el régimen de pensiones. Norma ésta que tuvo como
fundamento, el régimen tributario de retenciones en la fuente para trabajadores
que habían pactado dicha modalidad de remuneración.
5.   Examen del cargo
Precisada la materia
sobre la cual versa el cargo formulado por el demandante e integrada la
proposición jurídica completa, entra la Corte a realizar el examen de
constitucionalidad de las normas parcialmente acusadas.
5.1  Como se anotó en precedencia, el legislador
en desarrollo de sus atribuciones y competencias constitucionales, estableció
en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 el denominado “salario integral”,
señalando su configuración, elementos, naturaleza, y las consecuencias
jurídicas que se producen para aquellos trabajadores que, devengando más de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales, se acogen voluntariamente a esta
modalidad salarial.
Y una de esas
consecuencias, según el artículo 96 de la ley 223 de 1995, que modificó
parcialmente el artículo 18 de la ley 50 de 1990, es la exención de impuestos y
retención en la fuente sobre el valor total del factor prestacional, tanto para
los trabajadores que pactan salario integral, como para los demás remunerados
en forma ordinaria.
Otra de las
consecuencias, es la establecida en el numeral 3 del artículo 18 de la ley 50
de 1990, en virtud de la cual quienes se acojan al salario integral, deberán
cotizar como todos los trabajadores, a la seguridad social, al SENA, al ICBF y
a las Cajas de Compensación Familiar, con la precisión de que en el caso de las
cotizaciones a éstas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un
30%.
Cabe destacar, que
en el caso de estos aportes, son las empresas las que directamente deben
efectuarlos, y no el trabajador. Se trata, entonces, de un aporte parafiscal,
que en consecuencia no puede comprender el porcentaje que la ley ha señalado
corresponde al factor prestacional; tan sólo se determina sobre la base del
factor salarial.
La justificación de
la medida consignada en el artículo 18 demandado, estuvo, según lo consignado
en la Ponencia para Primer Debate en el Senado de la República al proyecto de
ley que culminó con la aprobación de la Ley 50 de 1990, en que:
“La Comisión
considera que la inclusión de la institución del salario integral selectivo no
debe deslaboralizar la relación de trabajo ni posibilitar la reducción de la
remuneración.
De ahí, que
juzgamos oportuno exigir que el salario integral esté compuesto por el pago
simultáneo del componente salarial básico más el componente prestacional, que
en lugar de perderse simplemente se integraría al salario.
Para cautelar lo
anterior se determina que el salario integral mínimo será igual al resultado de
sumar diez (10) veces el salario mínimo legal más el factor prestacional de la
empresa que en ningún caso será inferior al 30% del respectivo salario.
Además, es claro
en el proyecto que las vacaciones continuarán a cargo del empleador; que
sobre el salario integral se hará una disminución del 30% para no aumentar la
base de liquidación de aportes parafiscales; y, que, acogerse a este
sistema es optativo para el empleado que devengue más de diez (10) salarios
mínimos” (negrillas fuera de texto).
5.2  Por su parte, y en concordancia con el
artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18
de la ley 50 de 1990, el artículo 17 de la ley 100 de 1993 establece que
durante la vigencia de la relación laboral, deberán efectuarse cotizaciones
obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquellos devenguen. Que para
el caso de trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario
integral, se calcularán, según lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 100 de
1993, sobre el 70% de dicho salario. Se excluye en éste caso el otro 30%, en
consideración al carácter de factor prestacional que tiene.
Ahora bien, la base
para calcular las cotizaciones para pensiones, será: para los trabajadores
particulares, el salario que resulte de aplicar lo dispuesto en el C.S.T.; para
los servidores públicos, el que se señale de conformidad con lo dispuesto en la
ley 4ª de 1992; y para los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la
modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.
Cálculo éste que en
el caso del salario integral, se determina según lo establecido en el artículo
132 del C.S.T., subrogado por el artículo 18 de la ley 50 de 1990, y que a
juicio de la Corporación, resulta razonable, en cuanto está en consonancia con
la naturaleza del salario integral, y que se fundamenta en la existencia del
factor prestacional que no tiene carácter salarial.
Por consiguiente,
como del 100% de lo que recibe como remuneración el trabajador que ha pactado
con el patrono un salario integral, tan sólo el 30% es factor prestacional que
no tiene carácter salarial, sobre el resto, es decir, sobre el otro 70% se
calculará la base para cotizaciones, tanto para lo que hace a los aportes al
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, como para el sistema general de
pensiones. Lo que, por consiguiente, no vulnera el ordenamiento constitucional,
ya que se trata de una medida razonable atendiendo la naturaleza especial y
diferente que tiene el salario integral, frente a la que ostenta la
remuneración ordinaria.
Pero además, de
aceptarse el argumento del demandante, según el cual el aporte a las citadas
entidades debe hacerse sobre el 100% de lo que recibe el trabajador con salario
integral, no sólo se afectaría la situación de éstos, ya que la totalidad de lo
que recibe se consideraría factor salarial, desconociendo el componente
prestacional que tiene una parte del salario integral, colocándolos ahí sí en
inferioridad, sino que además la situación de las empresas que han pactado con
sus trabajadores ésta modalidad salarial, se haría más gravosa, que la de
aquellas que no lo han hecho.
5.3  En consecuencia, la base diferente de
cotización que se establece en las normas sub examine, obedece a la modalidad
salarial que allí se regula, la cual no puede ser aplicada por extensión ni
analogía a las demás formas de regulación salarial. Por lo tanto, la
disminución de aportes patronales, y la determinación de una base diferente
para calcular la cotización para el sistema general de pensiones, como lo
dispone el artículo 17 de la ley 100 de 1993, obedece a la naturaleza y consecuencias
jurídicas propias del salario integral.
5.4  No se desconoce el derecho constitucional a
la igualdad como lo considera el demandante, ya que el artículo 13 ibídem
prohibe la discriminación entre personas, pero admite la diferenciación cuando ésta
se encuentra objetiva y razonablemente justificada. Por consiguiente, para
admitir la violación del principio de igualdad es necesario acreditar que
quienes son objeto de un tratamiento legal abiertamente discriminatorio, se
encuentran en la misma situación fáctica que quienes presuntamente han sido
favorecidos por la norma.
Y ello no ocurre en
el caso de las disposiciones que son objeto de examen constitucional, por
cuanto las mismas se refieren en concreto, a la base de cotización al sistema
de pensiones, así como a los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar, para el caso de trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la
modalidad de salario integral. Razón por la cual no puede afirmarse que éstos
se encuentren en la misma situación fáctica en que están los trabajadores que
han pactado otra forma de remuneración, ya que la misma ley ha establecido
condiciones y consecuencias jurídicas distintas, objetiva y razonablemente
justificadas, para aquellos trabajadores con salario integral. Y éste salario,
como se ha indicado, ha sido concebido como una forma de resarcir al trabajador
que en forma voluntaria y libre ha renunciado a sus prestaciones sociales. Pero
además, como quien tiene a su cargo efectuar el respectivo aporte a las entidades
enumeradas en el artículo 132 del C.S.T., es el empleador y no el trabajador,
no es viable el denominado “test de igualdad”, pues no puede colocarse en un
mismo plano de igualdad a trabajadores que para nada se afectan con la
consignación del respectivo aporte. Así mismo, a contrario sensu de lo señalado
por el actor en su demanda, entre más trabajadores tengan suscrito salario
integral, dada la cuantía de sus salarios, mayor será el beneficio para los
fondos de solidaridad.
En ese sentido, al
señalarse que los aportes citados se disminuirán en un treinta por ciento
(30%), que corresponde al factor prestacional, se busca equilibrar la situación
de los trabajadores que tienen una remuneración ordinaria con los de salario
integral, pues para éstos últimos dada la modalidad de remuneración, sólo el
70% del total de lo que reciben tiene carácter salarial, por lo que no podría
afirmarse, en aras de garantizar el principio de igualdad, que los aportes y
cotizaciones para pensiones de estos trabajadores se haga sobre el 100% de su
remuneración, pues en ese caso no sólo se desconocería la naturaleza misma del
salario integral, sino que se colocaría, ahí sí, en una situación de
inferioridad al trabajador que ha pactado esta modalidad salarial, frente a los
demás que han convenido otro tipo de remuneración.
Por consiguiente,
estima la Corte que las medidas adoptadas en las normas que se examinan,
guardan proporción con el fin perseguido, cual es, como se indicó, defender el
poder adquisitivo del salario integral, en cuanto sólo el 70% de éste tiene
carácter salarial, y por lo tanto, sólo sobre ésta parte puede determinarse el
aporte al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el cálculo de
la base de cotización al sistema de pensiones. En caso contrario, es decir, si
se desconociera esa circunstancia particular en la que se encuentran los
trabajadores con salario integral, se les colocaría en una situación de
desigualdad frente a los demás, con clara violación de la Constitución. Por
ende, si el factor prestacional es proporcionalmente inferior en el caso del
salario integral al de los trabajadores con remuneración ordinaria, es
justificado que el legislador haya determinado que el cálculo de la base de
cotización al sistema de pensiones, y los aportes a las entidades señaladas en
el artículo 18 de la ley 50 de 1990 sea inferior para éstos, en comparación con
los demás trabajadores.
Entonces, a juicio
de la Corporación tampoco se desconoce la norma constitucional que reconoce el
derecho a la seguridad social, ya que aunque se disminuya el porcentaje sobre
el cual se calculan los aportes que deben hacer los trabajadores que han
pactado salario integral, en los términos señalados en las disposiciones
acusadas, no dejan de cumplir con su obligación; tan sólo que el aporte se
disminuye proporcionalmente como consecuencia de la situación prestacional en
que quedan aquellos trabajadores que han convenido ésta modalidad salarial.
Por esa razón, no se
configura, como erróneamente lo pretende dar a entender el demandante, una
violación del artículo 48 constitucional; ni tampoco se afecta el principio
constitucional de la solidaridad, por cuanto todos los trabajadores,
proporcionalmente, según su capacidad económica y de conformidad con la
modalidad salarial convenida, contribuyen obligatoriamente a financiar los
fondos de solidaridad.
En conclusión, la
Corte estima que las normas acusadas no vulneran los preceptos
constitucionales, ya que los porcentajes allí señalados para determinar los
aportes al SENA, ICBF y a las Cajas de Compensación, así como el cálculo de la
base de cotización al sistema de pensiones, obedecen a la naturaleza propia del
salario integral, que por consiguiente requiere un tratamiento diferente al que
se impone para los demás trabajadores con salarios ordinarios, el cual no
desconoce los principios constitucionales de la igualdad y de la solidaridad.
En tal virtud, las disposiciones demandadas serán declaradas ajustadas a la
Carta Política, como así se dispondrá en la parte resolutiva de ésta
providencia.
VII.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional obrando en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar EXEQUIBLES
el numeral 3º del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado
por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y el inciso sexto del artículo 18 de
la Ley 100 de 1993.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General