C-186-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-186/03
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Prohibición constitucional de expedir
códigos
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Reserva legislativa para expedir o
modificar códigos
CODIGO-Definición
Por código debe entenderse “la unidad
sistemática en torno a una rama específica del derecho, de modo pleno, integral
y total”, o todo cuerpo normativo único revestido de fuerza obligatoria “que
regula de forma metódica sistemática y coordinada las instituciones
constitutivas de una rama del derecho”.
CONGRESO DE LA
REPUBLICA-Prohibición de otorgar facultades para expedir códigos
CONGRESO DE LA
REPUBLICA-No puede habilitar legislativamente al Ejecutivo para que adopte un
único conjunto normativo
COMPILACION-Concepto
Compilar “consiste en agrupar o
recopilar en un solo texto disposiciones jurídicas sobre un tema específico,
sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo”.
COMPILACION-Tarea que puede ser
delegada en el Ejecutivo a través de facultades extraordinarias
ESTATUTO-Concepto
El estatuto “es el régimen jurídico que
gobierna determinada actividad o un ramo especializado, el cual puede estar
integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros textos jurídicos, sin
que necesariamente deban estar comprendidas en un solo texto. Lo esencial es
que todas ellas, aunque sean de distinta jerarquía, guarden entre sí
homogeneidad, no en su pertenencia a un mismo Código, sino en su referencia o
relación con el área de que se trata”.
CODIGO-Elementos
En el concepto de código  confluyen
necesariamente los siguientes elementos: existencia de un cuerpo normativo
único con fuerza obligatoria, y regulación metódica, sistemática y coordinada de las
instituciones constitutivas de una rama del derecho de modo pleno, integral y
total.
CODIGO-Criterios auxiliares
fijados por la jurisprudencia
ESTATUTO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA-Expedición a cargo del Gobierno mediante
autorización del legislativo en norma habilitante
FACULTADES
EXTRAORDINARIAS EN ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA-Adopción de régimen
jurídico para regular la actividad
ESTATUTO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA-Exceso en límite fijado por norma habilitante
LEY DE FACULTADES-Norma habilitante no
desconoció prohibición de la Constitución
ESTATUTO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA-No puede calificarse como un código al regular
solamente aspectos concretos de la actividad especializada
Referencia:  expediente
D-4184
Demanda de
inconstitucionalidad contra el literal j) del artículo 1º  de la Ley 61 de 2002
“"Por la cual
se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para
dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la
vigilancia y seguridad privadas". y el Decreto Ley
356 de 1994 “Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y
seguridad privada”.
Actor: Diego Restrepo
Isaza
Magistrada  Ponente:
Dra. CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo
de  dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y
cumplidos los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, dicta la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6 y 242-1
Superiores el  ciudadano Diego Restrepo Isaza solicita a la Corte declarar
inexequibles los literales f) y j) del artículo 1º de la Ley 61 de 1993, el
Decreto-Ley 356 de 1994, por el cual se expidió el estatuto de vigilancia y
seguridad privada, y el Decreto 2187 del 2001, que reglamenta el mencionado
estatuto.
La demanda fue admitida respecto del literal j) del
artículo 1° de la Ley 61 de 1993 y el Decreto Ley 356 de 1994, y se rechazó
frente al literal f) ibidem y al Decreto 2187 de 2001, en este último
caso por tratarse de un decreto reglamentario del conocimiento del  Consejo de
Estado.
Seguidamente se ordenó fijar en lista el negocio,
correrle traslado al Procurador General de la Nación para efectos de obtener el
concepto de su competencia, al tiempo que se dispuso comunicar el proceso al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministro de
Defensa, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a la
Asociación Colombiana de Empresas de  Vigilancia y Seguridad Privada - ASEVIP,
y a los departamentos de Derecho Público de las Universidades Nacional,
Externado, Rosario y Javeriana con el fin de que emitieran su concepto en
relación con la presente demanda.
Una vez cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de juicios,  y previo el concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda de la
referencia.
II.  NORMAS
ACUSADAS
A continuación se transcriben
los textos de las disposiciones demandadas:
LEY  61 DE 1993
(agosto 12)
"Por la cual se reviste al Presidente de la
República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas,
municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad
privadas".
El Congreso de Colombia,
D E C R E T A:
ARTICULO 1o. De conformidad con el ordinal 10 del
artículo 150 de la Constitución Política revístese al Presidente de la
República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los siguientes
efectos:
j)    Expedir el estatuto de vigilancia y
seguridad privada, concretamente sobre los siguientes aspectos: principios
generales, constitución, licencias de funcionamiento y renovación de empresas
de vigilancia privada y departamentos de seguridad, régimen laboral; régimen
del servicio de vigilancia y seguridad privada y control de las empresas;
seguros, garantías del servicio de la vigilancia privada; reglamentación sobre
adquisición y empleo de armamento; reglamento de uniformes; regulación sobre
equipos electrónicos para vigilancia y seguridad privada y equipos de
comunicaciones y transporte; mecanismos de inspección y control a la industria
de la vigilancia privada; protección, seguridad y vigilancia no armada,
asesorías, consultorías en seguridad privada e investigación privada;
colaboración de la vigilancia y seguridad privada con las autoridades; régimen
de sanciones, regulación de establecimientos de capacitación y entrenamiento en
técnicas de seguridad de vigilancia privada.
DECRETO NUMERO 356 DE 1994
(febrero 11)
POR EL
CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
El Presidente de la República de
Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el
literal j) del artículo 1º de la Ley 61 de 1993, y oído el concepto de la
Comisión Parlamentaria de que trata el artículo 2º de la misma Ley,
DECRETA:
TITULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTICULO 1o. OBJETO. El presente
decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación por
particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada.
ARTICULO 2o. SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Para efectos del presente decreto, entiéndese
por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma
remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan
las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones
a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los
bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y
utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y
transportes con este mismo fin.
ARTICULO 3o. PERMISO DEL ESTADO.
Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo
anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o
credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.
La Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender
o cancelar la licencia o credencial expedida.
ARTICULO 4o. CAMPO DE
APLICACION. Se hallan sometidos al presente decreto:
1. Los servicios de vigilancia y
seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal,
tecnológico o material.
2. Los servicios de transporte
de valores.
3. Los servicios de vigilancia y
seguridad de empresas u organizaciones empresariales, públicas o privadas.
4. Los servicios comunitarios de
vigilancia y seguridad privada.
5. Los servicios de capacitación
y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
6. Los servicios de asesoría,
consultoría e investigación en seguridad.
7. La fabricación, instalación,
comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada.
8. Utilización de blindajes para
vigilancia y seguridad privada.
ARTICULO 5o. MEDIOS PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Los servicios de
vigilancia y seguridad privada sólo podrán utilizar para el desarrollo de sus
actividades aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o
materiales, vehículos e instalaciones físicas, y cualquier otro medio
autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
ARTICULO 6o. MODALIDADES PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Los servicios de
vigilancia y seguridad privada podrán autorizarse en cuatro (4) modalidades:
1. Vigilancia fija. Es la que se
presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar
protección a personas o a bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado.
2. Vigilancia móvil. Es la que
se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro medio, con el objeto
de dar protección a personas, bienes muebles o inmuebles en un área o sector
delimitado.
3. Escolta. Es la protección que
se presta a través de escoltas con armas de fuego, o de servicios de vigilancia
y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier
otro objeto, durante su desplazamiento.
4. Transporte de valores. Es el
servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta para transportar,
custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional
podrá reglamentar el desarrollo operativo de estas modalidades.
ARTICULO 7o. CONTROL. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá control, inspección
y vigilancia sobre todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen
actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios de conformidad con
lo establecido en la ley.
TITULO II
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS
CAPITULO I
EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ARTICULO 8o. DEFINICION. Se
entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad
limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación
remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de
vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 6 de este decreto.
PARAGRAFO 1o. Las sociedades que
se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad
privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la
prestación de estos servicios salvo el desarrollo de servicios conexos, como
los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.
PARAGRAFO 2o. Las empresas
constituidas con anterioridad a la publicación del presente decreto podrán
conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este
artículo.
ARTICULO 9o. CONSTITUCION. Para
constituir una empresa de vigilancia y seguridad privada se deberá solicitar
autorización previa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
informando los nombres de los socios y representantes legales, adjuntando las
hojas de vida con las certificaciones académicas y laborales correspondientes,
fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado judicial de nivel
nacional.
PARAGRAFO. La autorización para
constituir la sociedad de vigilancia y seguridad privada deberá protocolizarse
en la escritura de constitución y ésta en ningún caso obliga a conceder la
licencia de funcionamiento.
ARTICULO 10. CAPITAL. Las
empresas de vigilancia y seguridad privada se deben constituir con un capital
social suscrito y pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución.
El Gobierno Nacional podrá
establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar
estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Aquellas empresas que se hallen
funcionando con anterioridad a la vigencia del presente decreto, en el plazo de
dos (2) años contados a partir de la fecha de publicación del mismo, deberán
cumplir con lo establecido en este artículo.
ARTICULO 11. LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá
expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante:
1. Solicitud dirigida a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el
Representante Legal, en la cual se informe:
‑ Sede principal,
sucursales o agencias que pretende establecer.
‑ Modalidad del servicio
que pretende ofrecer.
‑ Medios que pretende
utilizar para la prestación del servicio, con sus características técnicas, si
es del caso.
2. Adjuntar los siguientes
documentos:
‑ Copia auténtica de la
escritura de constitución y reformas de la misma.
‑ Certificado vigente de
existencia y representación legal de la sociedad.
‑ Licencia de la empresa
expedida por la respectiva alcaldía.
‑ Póliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso indebido
de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no
inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada.
3. Solicitud de aprobación de
instalaciones y medios por parte de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
PARAGRAFO 1o. Dentro de los
sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la licencia de funcionamiento
el Representante Legal deberá enviar a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, los siguientes documentos:
‑ Certificaciones sobre
afiliación del personal a un sistema de seguridad social y a una Caja de
Compensación Familiar.
‑ Copia autenticada de la
resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo expedido por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
‑ Reglamento de higiene y
seguridad social debidamente autenticado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y la correspondiente resolución de aprobación.
‑ Certificados de
cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
‑ Resolución sobre
autorización de horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
PARAGRAFO 2o. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada verificará la información
suministrada y podrá realizar visitas de inspección previa, tanto a las
instalaciones de la sede principal, sucursales o agencias, como sobre los
medios que se van a emplear.
ARTICULO 12. SOCIOS. Los socios
de las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán ser personas
naturales de nacionalidad colombiana.
PARAGRAFO. Las empresas
constituidas antes de la vigencia de este Decreto con socios o capital extranjero,
no podrán aumentar la participación de los socios extranjeros.
ARTICULO 13. SUCURSALES O
AGENCIAS. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, debidamente
autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del
territorio nacional, deberán obtener previamente autorización de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual deberán
acreditar la información sobre el personal directivo de dicha sucursal o
agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía, certificado de existencia y
representación legal.
Dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la concesión de la autorización, se deberá enviar la resolución
sobre horas extras expedida por la regional del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, correspondiente.
ARTICULO 14. RENOVACION DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Para la renovación de la licencia de funcionamiento
de las empresas de vigilancia y seguridad privada, se deberá presentar un
informe general sobre el estado de la empresa, sus sucursales o agencias, en el
cual se haga una relación de los puestos vigilados, personal de vigilancia
discriminado por modalidad del servicio, cantidad de armamento con que cuenta,
vehículos, equipos de comunicaciones y seguridad, con la descripción de sus
características, y de cualquier otro medio que se esté empleando para la
prestación del servicio. Así mismo se deberá adjuntar los paz y salvos o
comprobantes de pagos de los aportes parafiscales, como el comprobante de
aportes a un fondo de cesantías.
PARAGRAFO 1. La Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar información adicional cuando
lo considere necesario.
PARAGRAFO 2. Si se omite alguna
o algunas de las sucursales o agencias, se entenderá que no se continuará
prestando el servicio en la misma.
ARTICULO 15. PERSONAL. El
personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada que emplea armas de
fuego o cualquier otro elemento para vigilancia o seguridad privada, se
denomina vigilantes y escoltas.
ARTICULO 16. INSTALACIONES. Las
empresas de vigilancia y seguridad privada deberán contar con instalaciones
para uso exclusivo y específico del servicio de vigilancia y seguridad privada.
Estas serán adecuadas para el funcionamiento y desarrollo de la actividad a que
se refiere el presente decreto, de manera que brinden protección a las
personas, las armas, municiones, equipos de comunicación, de seguridad y demás
elementos utilizados en el servicio.
Las instalaciones, la
documentación, los medios que se utilizan, y cualquier otro elemento empleado
para la prestación de los servicios, podrán ser inspeccionadas en todo momento
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
CAPITULO II
DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD
ARTICULO 17. DEFINICION. Se
entiende por departamento de seguridad, la dependencia que al interior de una
empresa u organización empresarial o entidad de derecho público o privado, se
establece para proveer el servicio de vigilancia y seguridad privada de bienes,
instalaciones y personas vinculadas a la misma.
También deberán establecer
departamentos de seguridad, las personas naturales que pretendan organizar
servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego para su propia
protección.
PARAGRAFO. Los departamentos de
seguridad no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad a ningún título
a personas diferentes de las vinculadas a la empresa, grupo empresarial o
persona natural a la cual se concede la licencia de funcionamiento.
ARTICULO 18. POLIZAS DE SEGURO.
La empresa, organización empresarial o persona a la cual se le concede licencia
de funcionamiento para un departamento de seguridad, deberá tomar una póliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual, contra los riesgos de uso
indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada,
no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada.
ARTICULO 19. LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá
expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional, previo el lleno de los
siguientes requisitos:
1. Solicitud dirigida a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se informe:
‑ Justificación de la
solicitud en la que se demuestren los riesgos especiales que ameriten la
constitución del departamento.
‑ El nombre y documento de
identidad del representante legal, quien deberá suscribirla y en la cual se
informe:
‑ Estructura del
Departamento de Seguridad.
‑ Nombre de la persona
responsable de la organización de seguridad, adjuntando fotocopia de la cédula
de ciudadanía y del certificado judicial.
‑ Modalidad de los
servicios que desarrollará.
‑ Presupuesto asignado por
la empresa para la operación del departamento de seguridad y desarrollo de los
servicios.
‑ Medios que pretende
utilizar para la prestación del servicio con sus características técnicas si es
del caso.
‑ Lugares donde se
prestarán los servicios de vigilancia y seguridad privada, indicando las
instalaciones y su ubicación geográfica.
2. Adjuntar el certificado
vigente de existencia y representación legal de la empresa expedido por la
Cámara de Comercio y fotocopia del NIT, cuando sea del caso.
PARAGRAFO. Para solicitar
autorización en la modalidad de escoltas, se debe informar el nombre y
documento de identidad de las personas que requieran el servicio, y la
justificación del mismo. No obstante, podrá prestarse el servicio de manera
ocasional para personas vinculadas a la empresa que tengan sede fuera del país.
La Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada asignará el número máximo de escoltas por
persona.
ARTICULO 20. RENOVACION DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Para la renovación de la licencia de funcionamiento
de los departamentos de seguridad, el representante legal de la empresa, deberá
presentar un informe general sobre el estado del departamento, en el cual se
haga una relación del personal de vigilancia discriminado por modalidad del
servicio, servicios contratados, cantidad de armamento con que cuenta,
vehículos y equipos de comunicaciones y seguridad, con la descripción de sus
características.
PARAGRAFO. La Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar información adicional cuando
lo considere necesario.
ARTICULO 21. MODALIDAD. Los
departamentos de seguridad podrán operar en las modalidades establecidas en el
artículo 6º de este Decreto.
ARTICULO 22. INSTALACIONES. Las
empresas que tengan departamentos de seguridad autorizados, deberán contar con
instalaciones adecuadas que brinden protección a las armas, municiones, medios
de comunicación y equipos de seguridad que posea.
Estas, así como toda la
documentación y medios que se utilizan para prestar el servicio, podrán ser
inspeccionadas en todo momento por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
CAPITULO III
COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ARTICULO 23. DEFINICION. Se
entiende por cooperativa de vigilancia y seguridad privada, la empresa
asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, son simultáneamente
los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar
servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a terceros en
los términos establecidos en este Decreto y el desarrollo de servicios conexos,
como los de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.
PARAGRAFO 1o. Unicamente podrán
constituirse como cooperativas de vigilancia y seguridad privada, las
cooperativas especializadas.
PARAGRAFO 2o. Las cooperativas
constituidas con anterioridad a la publicación del presente Decreto, podrán
conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este
artículo.
ARTICULO 24. CONSTITUCION. Para
la constitución de una cooperativa de vigilancia y seguridad privada, se
deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9º de este Decreto.
ARTICULO 25. SOCIOS. Los
asociados a una cooperativa de vigilancia y seguridad privada, deberán ser
personas naturales de nacionalidad colombiana.
ARTICULO 26. CAPITAL. Las
cooperativas de vigilancia y seguridad privada, deberán acreditar aportes
suscritos y pagados no menores a quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de constitución de la empresa.
El Gobierno Nacional podrá
establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar
estas cooperativas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Las cooperativas de vigilancia y
seguridad privada que se hallen operando con anterioridad a la expedición de
este decreto en un lapso máximo de dos (2) años, deberán incrementar su capital
social a la suma establecida en el inciso anterior, teniendo en cuenta el
salario mínimo legal vigente.
ARTICULO 27. LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá
expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos, por parte del solicitante.
1. Solicitud dirigida a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el
Representante Legal, indicando:
‑ Sede principal,
sucursales o agencias que pretende establecerse.
‑ Medios que pretende
utilizar para la prestación del servicio con sus características técnicas, si
es el caso.
2. Adjuntar los siguientes
documentos:
‑ Copia de los estatutos
de constitución y reforma, autenticadas por el Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas.
‑ Copia de la resolución
de reconocimiento de la personería jurídica.
‑ Certificación de
existencia y representación legal, así como del capital social suscrito y
pagado.
‑ Régimen de trabajo,
previsión, seguridad social y compensaciones debidamente aprobado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
‑ Póliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso indebido
de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada no
inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada.
‑ Licencia de
funcionamiento expedida por la alcaldía correspondiente.
3. Solicitud de aprobación de
las instalaciones y equipos de seguridad por parte de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
PARAGRAFO 1o. Dentro de los
sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la licencia de funcionamiento
el Representante Legal deberá remitir a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, los siguientes documentos:
‑ Certificaciones sobre
afiliación del personal a un sistema de seguridad social y a una Caja de
Compensación Familiar.
‑ Copia autenticada de la
resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo expedido por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
‑ Reglamento de higiene y
seguridad social debidamente autenticada por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y la correspondiente resolución de aprobación.
‑ Certificados de
cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
PARAGRAFO 2o. Para la renovación
de la licencia de funcionamiento las cooperativas deberán acreditar los mismos
requisitos establecidos en el artículo 14 de este decreto.
ARTICULO 28. MODALIDADES. Las
cooperativas de vigilancia y seguridad privada, podrán operar en las
modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil y escolta.
ARTICULO 29. NORMAS
COMPLEMENTARIAS. En lo no establecido en el presente capítulo, las Cooperativas
de Vigilancia y Seguridad Privada se regirán por las normas establecidas para
las empresas de vigilancia y seguridad privada, en lo pertinente.
CAPITULO IV
TRANSPORTE DE VALORES
ARTICULO 30. DEFINICION. Se
entiende por empresa de transporte de valores, la sociedad de responsabilidad
limitada legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la prestación
remunerada de servicios de transporte, custodia y manejo de valores y sus
actividades conexas.
PARAGRAFO. Las empresas
constituidas con anterioridad a la publicación del presente decreto, podrán
conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este
artículo.
ARTICULO 31. CONSTITUCION. Para
la constitución de empresas de transporte de valores, deberán cumplirse los
requisitos establecidos en el artículo 9 de este decreto.
ARTICULO 32. SOCIOS. Los socios
de las empresas de transporte de valores, podrán ser personas naturales, o
jurídicas y podrán tener capital extranjero de acuerdo con las normas que rigen
la inversión extranjera.
ARTICULO 33. CAPITAL. Las
empresas de transporte de valores, deberán acreditar un capital no menor a dos
mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
constitución de la empresa. Las empresas que se hallen operando con anterioridad
a la expedición de este decreto, en un lapso máximo de dos (2) años, deberán
incrementar su capital social a la suma establecida en el inciso anterior,
teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente.
El Gobierno Nacional podrá
establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar
estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
ARTICULO 34. LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y RENOVACION. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada podrá expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de este Decreto.
No obstante, las empresas
transportadoras de valores deberán tomar una póliza de responsabilidad civil
extracontractual que cubra los riesgos de uso indebido de armas de fuego, y de
otros elementos de vigilancia y seguridad privada utilizados en la prestación
del servicio, por un valor no inferior a dos mil (2.000) salarios mínimos
legales mensuales.
La renovación podrá autorizarse
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de este
Decreto.
ARTICULO 35. MODALIDADES. Las
empresas de transporte de valores podrán operar en la modalidad de transporte
de valores, vigilancia fija y escolta asociada al transporte de valores.
ARTICULO 36. PERSONAL. Los
integrantes de las empresas de transporte de valores, facultados para emplear
armas de fuego, o cualquier elemento de vigilancia y seguridad, se denominan
tripulantes, vigilantes y escoltas, según la función que desempeñen.
Este personal deberá portar el
uniforme que determine el Gobierno Nacional en los términos del artículo 103 de
este Decreto.
ARTICULO 37. INSTALACIONES Y
EQUIPOS. Las empresas de transporte de valores deberán contar en sus sedes y
sucursales o agencias, con instalaciones y equipos adecuados para el desarrollo
de su objeto social, debidamente aprobados por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
La utilización de las
instalaciones, elementos y equipos, se realizará, dentro de los términos y
condiciones fijados en el contrato con los usuarios y lo establecido en este
Decreto o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
La Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, podrá efectuar en todo momento inspecciones
sobre las instalaciones, documentación, equipos y cualquier otro elemento
utilizado para la prestación del servicio.
ARTICULO 38. RESPONSABILIDAD.
Las empresas transportadoras de valores, deberán, además de la póliza de
responsabilidad civil extracontractual de que trata el artículo 34 de este
Decreto, pactar con el usuario, la contratación de un seguro que cubra
adecuadamente los riesgos que afectan el transporte, custodia o manejo de los
valores a ella encomendados.
CAPITULO V
SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ARTICULO 39. DEFINICION.
Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es aquel que en forma
expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o
privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para
desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que
requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.
PARAGRAFO. Se considera especial
un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de
fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de
los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada,
debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa
Nacional[1].
En razón a la naturaleza del
servicio especial de vigilancia y seguridad privada, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer un control permanente con cargo al
vigilado.
ARTICULO 40. LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO TRANSITORIA. Las personas jurídicas de derecho público o
privado, que para el desarrollo de su objeto social en un área de alto nivel de
riesgo o de interés público requiera la organización de un servicio especial de
vigilancia y seguridad, deben obtener una licencia de funcionamiento
transitoria expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
para lo cual deberán enviar:
1. Memorial dirigido a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suscrito por el
representante legal de la empresa, en el cual se informe:
‑ Nombre e identidad del
representante legal.
‑ Area donde se van a
desarrollar los trabajos que requieren protección especial.
‑ Organización y modalidad
del servicio de vigilancia y seguridad que se requiere.
‑ Presupuesto asignado
para el desarrollo del servicio.
‑ Razones por las cuales
se requiere un servicio de vigilancia y seguridad privada y además adjuntar el
certificado de Cámara de Comercio y fotocopia del NIT.
2. Suscribir una póliza de
responsabilidad civil extracontractual, por una suma no inferior a 1.500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 41. NORMAS
COMPLEMENTARIAS. En lo no previsto en este capítulo, los servicios especiales
de vigilancia y seguridad privada se regirán por las normas establecidas para
las empresas de vigilancia privada
CAPITULO VI
SERVICIO COMUNITARIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ARTICULO 42. DEFINICION. Se
entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la
organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o
empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a
sus cooperados o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva
comunidad.
PARAGRAFO 1o. Los servicios
comunitarios de vigilancia y seguridad privada no podrán prestar servicios de
vigilancia y seguridad privada a ningún título a personas diferentes de los
cooperados o miembros, o fuera del área autorizada.
PARAGRAFO 2o. El Gobierno
Nacional podrá reglamentar esta actividad.
ARTICULO 43. SOCIOS. Los
cooperados o miembros deberán ser personas naturales o jurídicas residentes en
el área de operación del mismo.
ARTICULO 44. CONSEJO DE VEEDURIA
COMUNITARIA. Para la prestación de servicios comunitarios de vigilancia y
seguridad privada, deberá integrarse un comité de veeduría comunitaria el cual
deberá conceptuar sobre la pertinencia de autorizar dicho servicio y ejercerá
una veeduría permanente sobre las actividades autorizadas.
El Gobierno Nacional
reglamentará la composición, funcionamiento y demás aspectos relacionados con
este Consejo.
ARTICULO 45. LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá
expedir licencia de funcionamiento a las cooperativas, juntas de acción comunal
o empresas comunitarias, para operar el servicio comunitario de vigilancia y
seguridad privada en el área donde tiene asiento la respectiva comunidad,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud del representante
legal dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
indicando sede principal y la descripción y delimitación precisa del área de
operación del servicio.
2. Relación del personal
directivo, hoja de vida, fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado
judicial.
3. Relación de los asociados o
miembros con su identificación o certificado de existencia y representación
legal si el cooperado o miembro es una persona jurídica.
4. Justificación de la solicitud
avalada por la certificación del consejo de veeduría.
5. Copia de los estatutos de
constitución y reformas autenticadas por la autoridad competente.
6. Copia de la resolución de
reconocimiento de la personería jurídica.
7. Certificación de existencia y
representación legal.
8. Póliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos de uso indebido de
armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada por un valor
no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
9. Medios que pretende utilizar
para la prestación del servicio con características técnicas, si es del caso.
10. Aprobación de las
instalaciones y equipos por parte de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
11. Licencia de funcionamiento
expedida por la Alcaldía competente.
PARAGRAFO 1o. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, exigirá según el caso, el
cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 11 de este
Decreto.
PARAGRAFO 2o. Para la renovación
de la licencia de funcionamiento, los servicios comunitarios de vigilancia y
seguridad privada, deberán presentar un informe general sobre el estado del
servicio, en el cual se haga una relación del personal de vigilancia
discriminado por modalidad del servicio, cantidad de armamento con que cuenta,
vehículos y equipos de comunicaciones y seguridad, con la descripción de sus
características, o cualquier otro elemento utilizado en la prestación del mismo
y adjuntar los paz y salvos o comprobantes de pagos de los aportes
parafiscales, así como el comprobante de aportes a un fondo de cesantías,
cuando a esto haya lugar.
La Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar información adicional cuando lo
considere necesario.
ARTICULO 46. MODALIDAD. Los
servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán operar en
la modalidad de vigilancia fija y/o vigilancia móvil, con o sin armas y limitada
al área de operación autorizada para el servicio.
TITULO III
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS
CAPITULO I
EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SIN ARMAS
ARTICULO 47. DEFINICION. Para
efectos del presente decreto, entiéndese por empresa de vigilancia y seguridad
privada sin armas, la sociedad legalmente constituida cuyo objeto social
consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad
privada empleando para ello cualquier medio humano, animal, material o tecnológico
distinto de las armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y alarma,
circuitos cerrados, equipos de visión o escucharremotos, equipos de detección,
controles de acceso, controles perimétricos y similares.
Estos servicios también podrán
desarrollar actividades conexas como asesorías, consultorías e investigación en
seguridad.
Sólo podrán ser socios de estas
empresas las personas naturales.
El Gobierno Nacional
reglamentará el ejercicio de estas actividades.
ARTICULO 48. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia
de funcionamiento de carácter nacional, a las empresas de vigilancia y
seguridad privada sin armas, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 11 de este Decreto. No obstante la póliza de
responsabilidad civil extracontractual, tendrá un valor no inferior a
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 49. MODALIDAD. Las
empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas podrán operar en cualquier
modalidad de seguridad sin armas de fuego.
ARTICULO 50. MEDIOS. Los medios
utilizados para la prestación de los servicios de vigilancia sin armas deberán
ser autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
PARAGRAFO. Cuando se utilicen
animales, éstos deberán ser debidamente adiestrados y entrenados para tal fin y
estar en condiciones de higiene y salud, que permitan emplearlos sin atentar
contra la seguridad y salubridad pública.
ARTICULO 51. CAPITAL. Las
empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas, se deben constituir con
un capital social suscrito y pagado no inferior a quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, comprobados a la fecha de su constitución.
El Gobierno Nacional podrá
establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar
estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Aquellas empresas que se hallen
funcionando con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, en un plazo de
dos (2) años contados a partir de la expedición del mismo, deberán cumplir con
lo establecido en este artículo.
CAPITULO II
EQUIPOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ARTICULO 52. ACTIVIDADES DE
FABRICACION, IMPORTACION, INSTALACION, COMERCIALIZACION O ARRENDAMIENTO DE
EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Las personas naturales o jurídicas
que realicen actividades de fabricación, importación, comercialización,
instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad privada
de que trata el artículo 53 de este Decreto, deberán registrarse ante la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y estarán sometidas a su
permanente control, inspección y vigilancia.
El Gobierno Nacional
reglamentará el ejercicio de estas actividades.
ARTICULO 53. EQUIPOS. Serán
objeto de inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, entre otros:
1. Equipos de detección. Son
todos aquellos materiales o equipos para descubrir la presencia de armas u
otros elementos portados por las personas.
2. Equipos de visión o
escucharremotos. Son todos aquellos equipos y materiales que se emplean para
observar o escuchar lo que sucede en lugares remotos.
3. Equipos de detección,
identificación, interferencia y escucha de comunicaciones. Son aquellos equipos
que se emplean para descubrir, identificar, interferir y escuchar sistemas de
comunicaciones, o para descubrir la presencia de estos mismos sistemas.
4. Equipos de seguridad
bancaria. Son todos aquellos materiales o equipos que se emplean para proteger
instalaciones, valores, dineros, joyas, documentos y demás elementos de
custodia de las entidades bancarias o similares.
5. Equipos o elementos
ofensivos. Son todos aquellos equipos o elementos fabricados para causar
amenaza. lesión o muerte a las personas.
6. Equipos para prevención de
actos terroristas. Son todos aquellos equipos o materiales utilizados para
detectar, identificar y manejar explosivos o elementos con los que se puedan
causar actos terroristas.
7. Los demás que determine el
Gobierno Nacional.
ARTICULO 54. USO DE EQUIPOS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD. El uso de los equipos de que trata el artículo anterior
puede ser personal, familiar e institucional. La transferencia de la propiedad
o cualquier operación que afecte la tenencia de estos equipos, deberá ser
reportada a la empresa vendedora y a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, indicando el nuevo propietario y la utilización y ubicación
de los mismos. El incumplimiento de lo previsto en este artículo genera la
imposición de las medidas cautelares o sanciones previstas en los artículos 75
y 76 de este Decreto.
ARTICULO 55. REGISTRO DE
COMPRADORES Y USUARIOS. Las personas de que trata el artículo 52 deberán
elaborar y mantener un registro, el cual deberá contener la siguiente
información: Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono y actividad de
sus compradores o usuarios. Esta información deberá mantenerse actualizada.
Así mismo, las personas
naturales o jurídicas autorizadas deberán expedir una tarjeta distintiva de
usuario, donde se indiquen los datos personales del mismo, y la persona o
empresa que suministró el equipo.
ARTICULO 56. OBLIGACIONES DE LOS
USUARIOS. Los usuarios de equipos de vigilancia y seguridad privada tendrán las
siguientes obligaciones:
1. Informar a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cualquier cambio de
ubicación de los equipos.
2. Portar o mantener la tarjeta
de usuario expedida por la persona o empresa que lo suministró.
3. No permitir que otras
personas lo utilicen o se destinen a fines distintos de los expresados a quien
lo suministró.
4. Adoptar medidas de seguridad
idóneas, para que el equipo no sea sustraído o extraviado.
5. No obstruir la acción de la
fuerza pública mediante la utilización de los mismos.
PARAGRAFO. El incumplimiento de
lo previsto en este artículo dará lugar a la imposición de multas hasta de diez
(10) salarios mínimos legales mensuales.
ARTICULO 57. INFORMACION A LA
AUTORIDAD. Las personas de que trata el artículo 52 de este Decreto, tienen la
obligación de suministrar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada o a la autoridad competente la descripción de los equipos de que trata
el artículo anterior que tiene a disposición del público, indicando sus
características y la función de seguridad que cumple. Así mismo, deberá exigir
a los compradores y usuarios, los datos sobre utilización y ubicación de los
mismos e informar trimestralmente a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
La Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, podrá objetar y ordenar la suspensión de la
venta al público de aquellos equipos o elementos que puedan atentar contra la
seguridad pública y la defensa y seguridad nacional.
PARAGRAFO. Los usuarios de los
equipos de que trata el artículo 53 de este Decreto, podrán ser inspeccionados
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en todo tiempo.
ARTICULO 58. INSTALACIONES. Las
personas naturales o jurídicas de que trata el artículo 52 de este Decreto,
deberán contar con instalaciones para el uso exclusivo y específico de la
actividad registrada. Estas, podrán ser inspeccionadas en todo momento por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como los equipos,
documentación y registros que sean requeridos.
ARTICULO 59. LIMITACIONES. Por
razones de seguridad pública el Gobierno Nacional discrecionalmente podrá
limitar el ejercicio de estas actividades.
CAPITULO III
SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACION DE
SEGURIDAD
ARTICULO 60. SERVICIOS DE
ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACION DE SEGURIDAD. Las personas naturales o
jurídicas que pretenden prestar servicios de asesoría, consultoría,
investigación en seguridad o cualquier otro servicio similar relacionado con la
vigilancia o la seguridad privada, en forma remunerada a terceros, deberán
obtener licencia de funcionamiento o credencial expedida por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional
reglamentará el ejercicio de esta actividad.
ARTICULO 61. REQUISITOS PARA
OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMO SOCIEDAD DE ASESORIA, CONSULTORIA E
INVESTIGACION DE SEGURIDAD PRIVADA. Las sociedades de responsabilidad limitada
que soliciten licencia de funcionamiento para desarrollar labores de asesoría,
consultoría o investigación en seguridad privada deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. Solicitud dirigida a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el
representante legal, indicando razón social, nombre e identificación de los
socios, relación del personal directivo y del personal profesional adjuntando
sus hojas de vida, certificaciones académicas y laborales, certificado
judicial, e informando la sede principal y el tipo de servicio que pretende
desarrollar.
2. Adjuntar los siguientes
documentos:
‑ Copia auténtica de las
escrituras de constitución y reforma de la sociedad.
‑ Certificado vigente de
existencia y representación legal de la sociedad y registro mercantil.
ARTICULO 62. REQUISITOS PARA
OBTENER LA CREDENCIAL DE ASESOR, CONSULTOR O INVESTIGADOR DE SEGURIDAD PRIVADA.
Las personas naturales que soliciten la credencial de asesor, consultor o
investigador de seguridad privada, deberán presentar solicitud ante la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando nombre, documento
de identidad, domicilio, y modalidad del servicio y adjuntando hoja de vida,
certificaciones académicas y laborales autenticadas y certificado judicial
vigente.
TITULO IV
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 63. DEFINICION. Se
entiende por capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, los
conocimientos y destrezas que se proporcionan para el ejercicio de las
actividades que realiza el personal de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, en ejercicio de su función.
La capacitación y el
entrenamiento a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá versar sobre
organización instrucción o equipamiento a personas en tácticas, técnicas o
procedimientos militares o terroristas, so pena de la aplicación de las
sanciones previstas en el Decreto 2266 de 1991 y además normas que lo modifique,
sustituya o adicione.
El Gobierno Nacional
reglamentará el ejercicio de esta actividad.
ARTICULO 64. CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO. Todos los servicios de vigilancia y seguridad privada son
responsables por la capacitación profesional y entrenamiento del personal que
contraten para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada
autorizados..
Estos deberán desarrollar
capacitación y entrenamiento al interior de su empresa, estableciendo un
departamento de capacitación y dando cumplimiento a lo dispuesto en este
Decreto, o exigir al personal el desarrollo de cursos en las escuelas de
capacitación y entrenamiento aprobadas por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
ARTICULO 65. PROGRAMAS DE
CAPACITACION. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que
adelanten programas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad
privada, deben informar previamente a la Superintendencia sobre el contenido de
los programas que van a desarrollar, los medios que van a utilizar, el personal
que será capacitado y el lugar en el cual se impartirá la capacitación o
instrucción.
PARAGRAFO. La Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer el control, inspección y
vigilancia sobre el desarrollo de estos programas de manera que se garantice el
cumplimiento de las normas legales y la seguridad pública.
CAPITULO II
ESCUELAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA
ARTICULO 66. DEFINICION. Se
entiende por escuela de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad
privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo
único objeto social es proveer enseñanza, capacitación, entrenamiento y
actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad privada.
El Gobierno Nacional
reglamentará el ejercicio de esta actividad.
ARTICULO 67. CONSTITUCION. Para
constituir una escuela de capacitación y entrenamiento de vigilancia y
seguridad privada, deberán cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 9
de este Decreto.
ARTICULO 68. CAPITAL. Las
escuelas de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada,
deberán acreditar un capital no menor a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes suscritos y pagados a la fecha de su constitución.
El Gobierno Nacional podrá
establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar
estas escuelas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Las escuelas de capacitación y
entrenamiento que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del
presente Decreto, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la
expedición del mismo, deberán dar cumplimiento a lo establecido en este
artículo.
ARTICULO 69. POLIZAS. Las
escuelas de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada,
deberán tomar una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
que cubra los riesgos por uso indebido de armas de fuego u otros elementos utilizados
en desarrollo de sus funciones, por un valor no inferior a 250 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
ARTICULO 70. LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. Para iniciar actividades las escuelas de capacitación y
entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, requieren licencia de
funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud dirigida a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el
Representante Legal, indicando: nombre, y documento de identidad de los socios
y del representante legal, medios y equipos que pretende utilizar para
capacitación y entrenamiento.
2. Adjuntar los siguientes
documentos:
‑ Hoja de Vida,
certificaciones académicas, laborales y certificado judicial de los socios, del
representante legal y del personal docente.
‑ Certificado vigente de
existencia y representación legal.
‑ Licencia de
funcionamiento expedida por la respectiva Alcaldía.
‑ Aprobación de las
instalaciones y equipos por parte de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada la cual debe solicitarse a la presentación de esta
documentación.
PARAGRAFO 1o. Concedida la
licencia de funcionamiento a la escuela de capacitación y entrenamiento deberán
someter a consideración de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada los programas a desarrollar.
PARAGRAFO 2o. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá realizar inspecciones
tanto a las instalaciones como a los medios utilizados en todo momento.
PARAGRAFO 3o. Todo cambio o
inclusión de personal docente deberá ser autorizado por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
ARTICULO 71. RENOVACION DE
LICENCIA. Para renovación de la licencia de funcionamiento, las escuelas de
capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, deberán cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 14 de este Decreto.
ARTICULO 72. INFORMACION. Una
vez obtenida la licencia de funcionamiento las escuelas de vigilancia y
seguridad privada, al final de cada semestre, deben comunicar a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la siguiente información:
1. Relación de cursos dictados
en el semestre anterior, adjuntando programas de capacitación y entrenamiento
desarrollados.
2. Relación de cursos que se
dictarán el semestre siguiente, adjuntando los programas de capacitación y
entrenamiento que se desarrollarán en cada uno.
3. Relación de personal, armas,
vehículos, y equipos de comunicaciones y seguridad de la escuela.
TITULO V
PRINCIPIOS, DEBERES Y OBLIGACIONES QUE RIGEN LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ARTICULO 73. OBJETIVO DE LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. La finalidad de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la de disminuir y
prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad
personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las
personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin
invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades.
ARTICULO 74. PRINCIPIOS, DEBERES
Y OBLIGACIONES QUE RIGEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán desarrollar
sus funciones teniendo en cuenta los siguientes principios:
1. Acatar la Constitución, la
Ley y la ética profesional.
2. Respetar los derechos
fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir conductas
reservadas a la fuerza pública.
3. Actuar de manera que se
fortalezca la confianza pública en los servicios que prestan.
4. Adoptar medidas de prevención
y control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus servicios
puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales,
en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas
o a prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente
vinculadas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas.
5. Mantener en forma permanente
altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus
obligaciones.
6. Contribuir a la prevención
del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad criminal y
desalentando la acción de los criminales, en colaboración con las autoridades
de la República.
7. Observar en el ejercicio de
sus funciones el cumplimiento de las normas legales y procedimientos
establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
8. Emplear las armas de acuerdo con
el uso autorizado en los respectivos permisos y abstenerse de emplear armamento
hechizo o no autorizado de acuerdo con la ley.
9. Emplear los equipos y
elementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento.
10. Asumir actitudes disuasivas
o de alerta, cuando observen la comisión de actos delictivos en los alrededores
del lugar donde están prestando sus servicios, dando aviso inmediato a la
autoridad, de manera que puedan impedirse o disminuirse sus efectos.
11. El personal integrante de
los servicios de vigilancia y seguridad privada que tenga conocimiento de la
comisión de hechos punibles durante su servicio o fuera de él, deberá informar
de inmediato a la autoridad competente y prestar toda la colaboración que
requieran las autoridades.
12. Prestar apoyo cuando lo
soliciten las autoridades, con el fin de atender casos de calamidad pública.
13. Mantener permanentemente
actualizados los permisos, patentes, licencias, libros y registros, seguros y
demás requisitos que exige este Decreto.
14. El personal de los servicios
de vigilancia y seguridad privada en servicio, deberá portar la credencial de
identificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
15. Pagar oportunamente la
contribución establecida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
así como las multas y los costos por concepto de licencias y credenciales.
16. Colaborar con la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada en la labor de inspección,
proporcionando toda la información operativa, administrativa y financiera que
ésta requiera para el desarrollo de sus funciones.
17. Salvaguardar la información
confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo
requerimiento de autoridad competente.
18. Dar estricto cumplimiento a
los términos pactados en los contratos con los usuarios, y por ningún motivo
abandonar el servicio contratado, sin previo y oportuno aviso al usuario.
19. Atender en debida forma los
reclamos de los usuarios y adoptar medidas inmediatas en el caso de que uno de
sus dependientes se vea involucrado por acción o por omisión, en hechos que
atenten contra los bienes o personas a las cuales se brinda vigilancia o
protección.
20. Conocer las características
básicas de las actividades que desarrollen sus clientes, el uso de las
instalaciones o bienes y la situación de las personas que se pretende proteger.
21. Desarrollar mecanismos de
control interno, para prevenir que el personal del servicio de vigilancia y
seguridad privada, se involucre directa o indirectamente en actividades delictivas.
22. Establecer mecanismos y
reglas de conducta que deberán observar representantes legales, directivos y
empleados.
23. Dar estricto cumplimiento a
las normas que rigen las relaciones obrero‑patronales y reconocer en
todos los casos los salarios y prestaciones sociales legales, así como proveer
a los trabajadores de la seguridad social establecida en la ley.
24. Los servicios de vigilancia
y seguridad privada, deberán aplicar procesos de selección de personal que
garanticen la idoneidad profesional y moral del personal que integra el
servicio. Bajo su exclusiva responsabilidad, este personal será destinado para
la prestación del servicio a los usuarios, y responderá por sus actuaciones en
los términos previstos en los respectivos contratos y en la ley.
25. Prestar el servicio con
personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados según las
características del servicio contratado, para prevenir y contrarrestar la
acción de la delincuencia.
26. No exceder la jornada
laboral y reconocer las horas extras, llevar el registro correspondiente y
entregar copia a los trabajadores en la forma como lo establece la ley.
27. Atender los reclamos que
presenten los trabajadores y explicar en forma verbal o escrita a solicitud de
los mismos, las condiciones de su vinculación laboral, así como entregar copia
del contrato de trabajo en los términos establecidos en la ley.
28. Dar aviso inmediato a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás autoridades
competentes, y proporcionar toda la información relacionada con la ocurrencia
de siniestros, en los cuales haya presencia de personas vinculadas a los
servicios de vigilancia y seguridad privada.
29. Los servicios de vigilancia
y seguridad privada, deben desarrollar mecanismos idóneos de supervisión y
control internos, que permitan prevenir y controlar actos de indisciplina del
personal que presta servicios a los usuarios.
30. Los servicios de vigilancia
y seguridad privada, serán responsables de proporcionar o exigir al personal
una capacitación y formación humana y técnica, de acuerdo con las modalidades
del servicio y cargo que desempeña.
La capacitación del personal de
estos servicios, deberá tener un especial acento en la prevención del delito,
en el respeto a los derechos humanos, en la colaboración con las autoridades y
en la valoración del individuo.
31. Abstenerse de desarrollar
actividades diferentes de las establecidas en su objeto social.
TITULO VI
MEDIDAS CAUTELARES Y SANCIONES
ARTICULO 75. MEDIDAS CAUTELARES.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impondrá medidas
cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades
exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización y a los
vigilados que infrinjan lo dispuesto en el presente Decreto y en especial lo
dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto, así:
1. orden para que se suspendan
de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 10
salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta
situación.
2. La suspensión de la licencia
o permiso de funciomiento, cuando sea del caso.
3. Terminación rápida y
progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante
intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los
derechos de terceros de buena fe.
ARTICULO 76. SANCIONES. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada impondrá a los vigilados que
infrinjan lo dispuesto en este Decreto y en especial lo dispuesto en los
títulos V y VII de este Decreto, las siguientes sanciones:
1. Amonestación y plazo
perentorio para corregir las irregularidades.
2. Multas sucesivas en cuantía
de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Suspensión de la licencia de
funcionamiento o credencial hasta por 6 meses.
4. Cancelación de la licencia de
funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales
respectivas.
ARTICULO 77. RECURSOS. Contra
las resoluciones que impongan las sanciones a que se refiere el artículo
anterior, proceden los recursos de reposición y apelación en los términos del
Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO 78. FUNCIONARIOS
PUBLICOS. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en
servicio activo, los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio
del Ministerio de Defensa Nacional, de la Policía Nacional, del Departamento
Administrativo de Seguridad y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, no podrán ser socios ni empleados de servicios de vigilancia y
seguridad privada.
ARTICULO 79. PROHIBICION Y
EXPEDICION LICENCIAS. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se
abstendrá de expedir licencias de funcionamiento o credenciales a servicios de
vigilancia y seguridad privada, cuyos socios hubieren pertenecido a servicios a
los cuales se les haya cancelado la respectiva licencia o la credencial, cuando
sea del caso.
PARAGRAFO. Esta prohibición
tendrá vigencia durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
ejecutoria de la resolución que dispuso la cancelación.
TITULO VII
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 80. UTILIZACION DE
BLINDAJES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Sin perjuicio de lo establecido en
otras disposiciones legales, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada autorizará la utilización de elementos o instalaciones blindadas para
la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
ARTICULO 81. INVESTIGACION DE LA
INFORMACION SUMINISTRADA. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
podrá investigar las circunstancias y hechos consignados en las solicitudes de
licencia de constitución y de funcionamiento consultando los archivos de la
Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado, y de cualquier otra
fuente que considere pertinente.
ARTICULO 82. RAZON SOCIAL. La
razón social o denominación social de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, debe ser diferente a las de los organismos del Estado y no podrá
autorizarse el funcionamiento de empresas con nombres similares a estos
organismos o a otros servicios de vigilancia y seguridad privada.
ARTICULO 83. SOLICITUD DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y DE CREDENCIALES PARA ASESORES, CONSULTORES E
INVESTIGADORES. Concedida la autorización de que trata el artículo 9 de este
Decreto, los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán solicitar la
licencia de funcionamiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la misma,
en caso contrario deberá iniciarse el trámite nuevamente.
ARTICULO 84. CAMBIO E INCLUSION
DE NUEVOS SOCIOS, FUSION, LIQUIDACION Y VENTA DE EMPRESA. La Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada autorizará mediante resolución el cambio e
inclusión de socios, fusión, liquidación y venta de los servicios de vigilancia
y seguridad privada de que trata el presente Decreto.
PARAGRAFO. Concedida la
autorización la empresa deberá solicitar la licencia de funcionamiento dentro
de los (6) meses siguientes a la misma. En caso contrario, deberá iniciarse el
trámite nuevamente.
ARTICULO 85. VIGENCIA DE LA LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO. La licencia de funcionamiento para los servicios de
vigilancia y seguridad privada y las credenciales para asesores, consultores o
investigadores se expedirán hasta por un término de cinco (5) años.
PARAGRAFO 1o. Durante la
vigencia de la licencia de funcionamiento los servicios de vigilancia y
seguridad privada deberán tener actualizados los aportes que establece la ley a
diferentes entidades, aportes laborales, permisos, patentes, seguros y demás requisitos
establecidos en este Decreto. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de esta
disposición e impondrá las medidas cautelares o sanciones a que haya lugar, e
informará de este hecho al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
PARAGRAFO 2o. La renovación de
la licencia de funcionamiento de que trata este artículo deberá solicitarse a
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sesenta (60) días
calendario, antes de la pérdida de vigencia de la misma.
ARTICULO 86. INSTALACIONES. Los
servicios de vigilancia y seguridad privada que requieran para su
funcionamiento la aprobación de sus instalaciones, deberán informar el cambio
de ubicación de las mismas para efectos de su aprobación.
ARTICULO 87. CREDENCIAL DE
IDENTIFICACION. El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada,
portará para su identificación personal una credencial expedida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo valor y especificaciones
será determinado por esa entidad y se expedirá por el término de un (1) año.
Dicha credencial será solicitada
por cada servicio de vigilancia y seguridad privada para el personal directivo
vigilante, escolta y tripulante.
La solicitud de credencial de
identificación implica que el respectivo servicio de vigilancia y seguridad
privada, ha verificado la idoneidad del personal para desempeñar las funciones
para la cual solicita la credencial.
Para obtener la credencial el
representante legal deberá enviar solicitud escrita a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, adjuntando el certificado de capacitación
respectivo según la modalidad en la que se desempeñará y de idoneidad para el
manejo y uso de armas.
PARAGRAFO 1o. En caso de pérdida
de la credencial imputable al personal de vigilancia su costo será asumido por
éste.
PARAGRAFO 2o. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exigirá el certificado de
capacitación y el de idoneidad para el manejo y uso de armas, sesenta (60) días
después de la expedición de este Decreto, al personal que solicite o renueve
credencial.
ARTICULO 88. PROHIBICION. Al
personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada le está prohibido
el consumo de licores o de sustancias sicotrópicas durante el ejercicio de sus
funciones, así como la realización de actos de cualquier clase que puedan
menoscabar la confianza que el usuario deposita en el servicio.
ARTICULO 89. RESPONSABILIDAD.
Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán además de la póliza de
responsabilidad civil extracontractual de que trata este Decreto, pactar con el
usuario la contratación de un seguro que cubra los riesgos que afecten los
bienes objeto de la vigilancia.
ARTICULO 90. CONDICIONES PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, no
podrán prestar servicios a los usuarios que no provean los recursos locativos o
sanitarios mínimos para que el personal de vigilancia fija o móvil pueda
desarrollar su labor en condiciones que no atenten contra su propia seguridad y
dignidad.
Así mismo, deberán preverse las
situaciones de riesgo en las cuales a este personal le quede restringida la
posibilidad de movimiento.
ARTICULO 91. CONTRATACION DE
SERVICIOS. Las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales que
contraten servicios de vigilancia y seguridad privada, con empresas que no
tengan licencia de funcionamiento, o que la misma se halla vencida, serán
sancionadas con multa que oscilará entre 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales
la cual se impondrá por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y
deberá ser consignada en la Dirección General del Tesoro a su favor.
ARTICULO 92. TARIFAS. Las
tarifas que se establezcan para la prestación de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer
al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los
recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al
servicio y demás prestaciones de ley.
ARTICULO 93. ENTREGA
TRANSITORIA. Cuando se presente suspensión de labores por parte del personal
integrante de los servicios de vigilancia privada con armas el representante
legal o quien haga sus veces, informará inmediatamente por escrito a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la cual dispondrá el
traslado del armamento, munición y permisos, según el caso, así como uniformes
y distintivos que han sido suministrados en calidad de dotación al personal, a
la unidad militar más cercana previa elaboración del acta correspondiente.
ARTICULO 94. DOTACIONES. Cuando
el personal que integra los servicios de vigilancia y seguridad privada salga
con vacaciones, permisos o retiro deberá entregar a la empresa la credencial
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, uniformes y demás
elementos dados en dotación.
PARAGRAFO. Las credenciales
deberán ser devueltas por la empresa a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, cuando se presenten retiros de personal.
ARTICULO 95. MEDIOS Y EQUIPOS.
Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben tener equipos de
seguridad, de comunicaciones, de transporte, instalaciones y los elementos
necesarios para desarrollar su labor con las licencias y autorizaciones
vigentes expedidas por las autoridades competentes.
El armamento o cualquier
instrumento fabricado con el propósito de causar amenaza, lesión o muerte
deberá ser de exclusiva propiedad del servicio de vigilancia y seguridad
privada.
ARTICULO 96. ARMAMENTO Y
MUNICIONES. Las empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas para
ejercer sus actividades de acuerdo con las modalidades señaladas en el presente
Decreto, sólo podrán utilizar armas de fuego catalogadas como de defensa personal,
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2535 del 17 de
diciembre de 1993 y demás normas que lo sustituyan, adicionen o reformen, salvo
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 9 del citado Decreto.
Estas deberán adoptar todas las
medidas necesarias para evitar la pérdida o extravío del armamento.
ARTICULO 97. TENENCIA Y PORTE.
El personal que utilice armamento autorizado para los servicios de vigilancia y
seguridad privada con armas, deberá portar uniforme, salvo los escoltas y
llevar consigo los siguientes documentos:
1. Credencial de identificación
vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
2. Fotocopia autenticada del
permiso para tenencia o porte.
La tenencia o porte en lugares
diferentes a los cuales se presta vigilancia en virtud de un contrato o de la
respectiva sede principal, sucursal o agencia o por fuera del ejercicio de las
funciones contratadas, genera el decomiso del arma sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.
PARAGRAFO. Además del personal
de vigilantes, podrá solicitarse la tenencia o porte de armas para el personal
de supervisores y escoltas, o permisos para tenencia de armas de reserva, en
aquellos casos en que según lo pactado en los contratos las armas deban
permanecer en depósito en horas en las cuales no se preste el servicio.
ARTICULO 98. CESION DE PERMISOS
PARA USO DE ARMAS. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 2535 de 1993,
la cesión de permisos para tenencia o porte de armas cuyo cesionario sea un
servicio de vigilancia y seguridad privada, será autorizada por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
ARTICULO 99. TRANSPORTE DE
ARMAS. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, podrán trasladar las
armas con permiso de tenencia de un lugar a otro, según los servicios
contratados y para prestar vigilancia o protección en sitios fijos, con el arma
y el proveedor descargados, autorización escrita de la empresa con la
indicación del lugar de destino observando las condiciones de seguridad que
establezca el Gobierno Nacional. Las armas con permiso para tenencia no podrán
ser portadas.
ARTICULO 100. REGISTRO DE
UBICACION DE LAS ARMAS SEGUN CONTRATOS SUSCRITOS. Los servicios de vigilancia y
seguridad privada deberán mantener un registro actualizado de los lugares en
los cuales se encuentren las armas con permiso de tenencia, según los contratos
suscritos.
Así mismo, se deberá ejercer el
máximo control sobre las armas con permiso de porte, cuyo uso se limita
exclusivamente a la prestación de los servicios contratados por los usuarios.
ARTICULO 101. RETIRO DE
ARMAMENTO Y OTROS MEDIOS POR CONFLICTOS OBRERO‑PATRONALES. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenará a solicitud del
servicio de vigilancia y seguridad privada, el retiro del armamento y o la
inutilización o inmovilización de los equipos, en todos los casos en que se
generen conflictos obrero‑patronales en estos servicios.
El armamento y otros medios
proporcionados por el servicio de vigilancia y seguridad privada, no podrá ser
portado o poseído durante reuniones políticas, sindicales o de otro tipo que
realice el personal en ejercicio de sus derechos.
ARTICULO 102. RETIRO DE
ARMAMENTO. Cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordene
la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de un servicio de
vigilancia y seguridad privada, solicitará el retiro del armamento al Comando
General de las Fuerzas Militares y procederá de acuerdo con lo establecido en
los artículos 80 y 81 del Decreto 2535 de 1993, e informará de manera inmediata
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ARTICULO 103. UNIFORMES Y
DISTINTIVOS. El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada que
en la prestación del servicio utilice armas de fuego o instrumentos fabricados
con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona, deberá
portar el uniforme establecido por el Gobierno Nacional.
El uniforme que porte el
personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada será obligatorio en
cuanto a diseño y color con características diferentes a las de la Fuerza
Pública y otros cuerpos oficiales armados. Las empresas se identifican por los
escudos, apliques y numeración de las placas que se les asigne.
Las empresas de vigilancia
privada no podrán utilizar los grados jerárquicos de a Fuerza Pública, para
denominar al personal que labora en las mismas.
PARAGRAFO 1o. El uniforme a que
se refiere el presente artículo debe ser suministrado por el servicio de
vigilancia y seguridad privada correspondiente, conforme a lo dispuesto en las
normas laborales.
PARAGRAFO 2o. Los almacenes o
industrias que provean uniformes, no podrán fabricar ni comercializar prendas
iguales a las de la Fuerza Pública, que generen confusión en la ciudadanía u
obstruyan la acción de la Fuerza Pública so pena de la aplicación de las
sanciones previstas en este Decreto.
ARTICULO 104. INFORMACION A LA
AUTORIDAD. Salvo lo dispuesto en otros artículos una vez obtenida o renovada la
licencia de funcionamiento, los servicios de vigilancia y seguridad privada
deben llevar un registro actualizado y comunicar a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los cinco (5) primeros días de cada
mes, las novedades que se presenten en materia de personal, armamento, equipo y
demás medios utilizados así como la relación de usuarios, indicando razón
social y dirección.
Así mismo, trimestralmente,
enviar las copias de los recibos de pago a los sistemas de seguridad social y
de los aportes parafiscales.
La Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada podrá establecer mecanismos ágiles que faciliten
el suministro de esta información.
ARTICULO 105. INFORMES SEMESTRALES.
Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán enviar a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, antes del 30 de abril de
cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado
por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal.
Los Departamentos de Seguridad,
deberán además discriminar los gastos y costos destinados a vigilancia y
seguridad, del año anterior.
ARTICULO 106. INVESTIGACION
PERMANENTE. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá en
todo momento consultar los archivos de la Policía Nacional y de otros
organismos de seguridad del Estado y adoptar las medidas necesarias, cuando se
determine que las circunstancias que dieron lugar a la concesión de una
licencia de funcionamiento o credencial hubieren variado.
ARTICULO 107. ATRIBUCIONES
ESPECIALES. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previa
solicitud del Director General de la Policía Nacional y los Comandos de
Departamentos de Policía podrá ordenar la suspensión, instalación o el
levantamiento transitorio de los servicios de vigilancia privada, en
determinado sector o lugar dentro del territorio nacional, cuando las necesidades
lo exijan para la ejecución de una tarea oficial, disponiendo las medidas de
seguridad en las mencionadas áreas, mientras dure la actuación de las
autoridades.
ARTICULO 108. MANUALES. El
Gobierno Nacional expedirá los manuales de operación, de inspección de
uniformes y demás que se requieran para la prestación de los servicios de
vigilancia y seguridad privada.
ARTICULO 109. ARCHIVOS. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en coordinación con la
Policía Nacional, llevará un archivo fotográfico y reseña dactiloscópica del
personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
ARTICULO 110. CIRCULARES. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, emitirá circulares a los
entes vigilados para divulgar información, instruir sobre las disposiciones que
regulan su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el
cumplimiento de las normas legales, señalar procedimientos para su aplicación e
impartir órdenes e instrucciones que se requieran en desarrollo de su función
de vigilancia, inspección y control.
ARTICULO 111. PAGOS. Las sumas
por concepto de credenciales, licencias y multas serán establecidas por
resolución por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y
depositadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada en la Dirección
General del Tesoro.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
ARTICULO 112. Los servicios de
vigilancia y seguridad privada que a la fecha de publicación de este decreto,
no tengan licencia de funcionamiento tendrán un plazo de noventa (90) días para
solicitar la licencia de funcionamiento, correspondiente.
ARTICULO 113. Las licencias de
funcionamiento expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional conservan su
plena validez y a partir de la publicación de este decreto la licencia expedida
para la sede principal adquiere carácter nacional.
ARTICULO 114. Las credenciales
de identificación expedidas por la Policía Nacional, Dijin, conservarán su
validez hasta su vencimiento.
ARTICULO 115. Las licencias de
funcionamiento expedidas con anterioridad a la publicación del presente decreto
y que se encuentren vigentes a esa fecha, se entenderán prorrogadas por el
término de cinco (5) años contados desde la fecha de expedición de la licencia
para la sede principal.
ARTICULO 116. Los departamentos
de seguridad autorizados a conjuntos residenciales de vivienda, podrán
continuar operando hasta el término de la vigencia de la respectiva licencia de
funcionamiento. Estos podrán optar por utilizar servicios de vigilancia y seguridad
autorizados por al Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Al término de la vigencia de la
licencia de funcionamiento, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada solicitará al Comando General de las Fuerzas Militares el retiro de las
armas autorizadas.
La prórroga de que trata el
artículo anterior no beneficia a las licencias de funcionamiento de los
departamentos de seguridad de que trata este artículo.
ARTICULO 117. VIGENCIA. El
presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y
cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.,
a los 11 días del mes de febrero de 1994.
III.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Manifiesta el demandante que las facultades
extraordinarias delegadas por el Congreso en el literal j) del artículo 1° de
la Ley 61 de 1993  le otorgaron  al Presidente de la República la posibilidad
de regular completamente una materia, la vigilancia y seguridad privada, lo que
equivale, a facultarlo para expedir un código tal y como lo hizo mediante el
Decreto Ley 356 de 1994, con lo cual se vulneró el numeral 10 del artículo 150
de la Carta que prohíbe habilitar al Ejecutivo para que expida códigos.
Señala que es tan amplia facultad otorgada al
Presidente de la República que se puede afirmar, sin vacilación alguna, que el
Decreto 356 de 1994 es un código que regula de manera completa, metódica,
sistemática y coordinada el tema de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia,
lo cual está corroborado por el mismo título del citado decreto que anuncia la
adopción del "estatuto" de vigilancia y seguridad privada.
Sostiene el actor que si la Corte se toma la tarea de
revisar el contenido normativo de la Ley 61 de 1993, notará que en varios
numerales está dispersa la facultad conferida al Ejecutivo para regular una
materia completa, para así esquivar el mandato del numeral 10 del artículo 150
de la Constitución. Considera que por esta razón en la Ley 61 de 1993, existe
un mensaje escondido pues el legislador de manera difusa facultó al Presidente
de la República para  regular una materia completa como en efecto lo hizo al
expedir el Decreto  356 de 1994, que es un código desde su nombre “estatuto”
hasta su inciso final.
Para demostrar su aserto cita como ejemplo el artículo
1° del Decreto 356 de 1994 donde se dispone que el objeto de este ordenamiento
es establecer el estatuto para los servicios de vigilancia y seguridad privada
y anota que si se busca en el diccionario la definición de la palabra
“estatuto”, la Corte encontrará  que se refiere a una norma que regula una
materia entera, completa y equivalente a un código.
Por lo anterior el accionante solicita la
inconstitucionalidad del literal  j) del artículo 1º de la Ley 61 de 1993, y
como consecuencia la del Decreto Ley 356 de 1994 en su integridad, por ser
manifiesta la violación a lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la
Carta Política.
IV.- INTERVENCIONES
1. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
A través de apoderada la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada interviene en el presente proceso para defender
la constitucionalidad de las normas acusadas.
Considera que no es cierto que el Decreto 356 de 1994
sea un código, toda vez que la seguridad no es una rama del Derecho sino un
servicio primario y un fin inherente a finalidad social del Estado. Afirma que
en este sentido el mencionado Decreto solamente establece un régimen jurídico
que no puede equipararse a un código, porque en todo caso el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia del servicio de vigilancia y
seguridad privada.
Argumenta que la Corte en Sentencia C-572 de 1997
declaró la constitucionalidad de varios artículos del Decreto 356 de 1994, por
lo cual se debe dar aplicación al artículo 243 de la Constitución según el cual
los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional.
2. Universidad del Rosario
El Decano de la facultad de Jurisprudencia, Juan
Manuel Charry Urueña, interviene en el presente proceso para defender la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
Con base en la jurisprudencia constitucional afirma
que la noción de código es distinta a la de estatuto, teniendo en cuenta que el
código es aquel que regula toda una rama del derecho, mientras el estatuto
regula de forma completa una materia específica, una rama especializada, siendo
éste último un cuerpo armónico y completo que reúne las disposiciones legales
sobre una materia determinada.
Indica que el Presidente de la República, atendiendo a
los mandatos constitucionales puede ser investido de fuerza legislativa
respetando los límites de tiempo y de contenido (no expedición de códigos),
entre los cuales no existe prohibición alguna para la expedición de estatutos,
según el artículo 150 numeral 10 de la Constitución.
De igual modo, sostiene que la Ley 61 de 1993 no está
otorgando facultades extraordinarias para expedir un código sino para dictar un
estatuto, bajo dos parámetros: regular la propiedad y tenencia de armas de
fuego de las compañías de vigilancia y los departamentos de seguridad de las
personas jurídicas; y expedir el estatuto de vigilancia y seguridad privada,
atendiendo a los aspectos definidos en la Ley.
Teniendo en cuenta estos argumentos, concluye que el
Ejecutivo profirió el Decreto Ley 356 de 1994, con el carácter de estatuto en
cumplimiento a lo ordenado por el legislador, regulando un tema especializado
-la vigilancia y seguridad privada-, que no comprende toda una rama del
derecho, por lo que concluye que la Ley 61 de 1993 y el Decreto 356 de 1994,
están ajustados a la Constitución y por ende son exequibles.
3.-  Universidad Externado de Colombia
El Departamento de Derecho Constitucional de esta
Universidad, por medio de su director  defiende la constitucionalidad de los
textos acusados.
Señala que el numeral 10 del artículo  150 Superior
prohíbe expresamente expedir códigos mediante decretos leyes, por cuanto tal
función es de exclusiva competencia del Congreso de la República y nunca se
podrá acudir a la delegación al Presidente para esta actividad.
Apoyado en la jurisprudencia constitucional sostiene
que existe diferencia entre codificar y compilar, pues con la primera actividad
no sólo se trata de acumular normas sino que se busca que éstas tengan un orden
armónico y sistemático debiendo estar incluidas en un cuerpo normativo todas
las relativas a una misma materia. En cambio la compilación está limitada a la
reunión o agregación de normas o estatutos con un criterio de selección sin
trascendencia al ordenamiento jurídico.
Considera que es de exclusiva competencia del Congreso
de la República la expedición de códigos y que nunca se podrá acudir a la
delegación al Presidente de la República mediante ley de facultades
extraordinarias para esta actividad. Lo anterior, por tratarse de una función
de creación o modificación que solo puede predicarse del legislador. En cambio,
cuando dicha actividad se refiera a una simple reunión de normas en las cuales
se haga necesaria la intervención del ejecutivo, y aún tratándose de un
conjunto de normas de la misma materia, se podrá acudir a la figura de la
delegación sin que por ello haya violación a la prohibición constitucional de
expedir códigos.
Indica que el concepto de código no es absoluto, pues
no siempre que existan sistematizaciones normativas se está frente a una
codificación, sin perder de vista que si el legislador le da una determinada
denominación a una ley, no necesariamente implica que se trate de un código.
Señala que es discutible la afirmación del actor  de
que el Decreto 356 de 1994 sea un verdadero código, toda vez que ésta
disposición es un estatuto tal y como lo definió el legislador, y así se
entiende en el ordenamiento jurídico.
Afirma que casi se podría decir que dicho decreto es
un reglamento alrededor de una actividad que debe ser regulada por la
importancia que reviste dentro de las exigencias sociales, pero que en ningún
caso corresponde a una materia ni institución dentro del ordenamiento jurídico como
para que sea objeto de codificación por el legislador.
En conclusión, considera que las normas demandadas se
ajustan al texto constitucional, por cuanto no constituyen una materia que sea
objeto de codificación, dada su especialidad y la forma como fueron reguladas,
razón suficiente para pedir que las disposiciones acusadas sean declaradas
exequibles.
4. Ministerio de Defensa Nacional
A través de apoderado, el Ministerio de Defensa se
muestra en pro de la constitucionalidad de las normas impugnadas.
Manifiesta que Colombia carecía de un instrumento
legal sobre vigilancia y seguridad privada y sobre el porte de armas, por lo
que se hizo necesario estructurar un régimen jurídico para tal efecto mediante
la expedición de un estatuto que le permitiera al Estado ejercer un estricto
control, brindando la posibilidad de porte o tenencia a particulares en un
clima de confianza emanado del cumplimiento de las normas que se adopten.
Señala que al expedir el Decreto 356 de 1994, el
Presidente de la República actuó dentro del marco de las facultades concedidas
en la Ley 61 de 1993, que lo autorizaba para dictar normas sobre armas,
municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privada,
sin invadir órbitas que constitucionalmente le están vedadas como son las
señaladas en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, que
proscribe el  otorgamiento de facultades extraordinaria para la expedición de
códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas e  impuestos.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya
Villazón, en  concepto de fecha 8 de octubre de 2002, se pronunció en favor de
la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
Considera que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 150-10 Superior se le prohíbe al legislativo conferir facultades
extraordinarias para expedir códigos, lo que significa que existe reserva legal
para regular esta materia.
Seguidamente distingue entre estatuto y código,
afirmando que estatuto es el régimen legal relativo a una materia, un conjunto
de normas jurídicas atinentes a un caso en particular, concepto que se opone al
de código, el cual hace alusión al conjunto de normas sustantivas o procesales
que regulan de manera completa, ordenada, metódica, sistemática y coordinada
las instituciones constitutivas de una determinada rama del derecho.
Agrega el Jefe del Ministerio Público que mientras un
código tiene una tendencia normativa universal y autónoma frente a determinadas
instituciones jurídicas, el estatuto se circunscribe a materias especificas en
visión de un conjunto global y cuya existencia se apoya en los códigos, es
decir, son utilizados, la mayoría de las veces, en derecho público o privado
para tratar temas propios de actividades económicas o sociales  definidas.
Considera que las facultades extraordinarias
concedidas por el literal j) del artículo 1° de la Ley 161 de 1993, se refieren
a la reglamentación de la industria de vigilancia y seguridad privada, que en
la mayoría de sus aspectos se apoya en distintos regímenes; así la constitución
de empresas  de vigilancia y seguridad en todas sus modalidades, se rige por el
código de comercio y normas sobre cooperativismo; las licencias de
funcionamiento y el régimen de sanciones dependen de las funciones públicas de
inspección, vigilancia  y control, las que se apoyan en las normas
administrativas que tienen su base en el código de la materia; su régimen
laboral se guía por los preceptos de los códigos pertinentes; los seguros por
las normas comerciales.
Sostiene que el Presidente de la República en
ejercicio de estas facultades expidió el Decreto 356 de 1994, el cual respetó
en su integridad el límite temporal dentro del cual podía emplear tales
facultades. Además el título y el contenido normativo del decreto
confirman que no se trata de un código sino de un estatuto, pues allí se
regulan los diferentes aspectos atinentes a la vigilancia y seguridad privada,
en los términos señalados por el legislador ordinario, con lo cual se observa
que por este aspecto también hubo un uso preciso y adecuado de las facultades
extraordinarias por parte del Presidente de la República.
Por lo expuesto el Ministerio Público concluye que no
se violó  la reserva legal atinente a la expedición de códigos, razón por la
cual y únicamente por el cargo formulado, solicita declarar la exequibilidad
del literal  j) del artículo 1º de la Ley 61 de 1993 y del Decreto 356 de 1994.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad  de la referencia, de
conformidad con el numerales  4 y 5 del artículo 241 de la Constitución
Política.
2.  Cuestión preliminar
Antes de proceder al examen de fondo la Corte estima
que es necesario delimitar previamente el objeto de su pronunciamiento, pues
pese a que el actor formula un cargo concreto de inconstitucionalidad contra el
literal j) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993, consistente en que habilitó al
Gobierno para que expidiera un código sobre vigilancia y seguridad privada
contraviniendo el artículo 150-10 Superior, no sucede lo mismo con el Decreto
Ley 356 de 1994, también demandado, respecto del cual el actor formula un cargo
global pues además de solicitar que dicha regulación sea retirada del
ordenamiento jurídico como consecuencia de la eventual declaratoria de
inexequibilidad de la norma habilitante, insiste igualmente en que en sí misma
se constituye en un código desde su nombre “estatuto” hasta su inciso
final.
Conforme a reiterada jurisprudencia[2], a la Corte no le
compete estudiar oficiosamente la constitucionalidad de las leyes ordinarias
sino examinar las normas específicas que sean demandadas por los ciudadanos (CP
art. 241). De ahí que cuando contra determinado ordenamiento legal se formula
una acusación general, por razones materiales o de procedimiento, pero no un
ataque individualizado contra cada uno de los apartes que lo integran, lo
procedente es limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional, en caso de
que la acusación no prospere. En tal situación corresponde a la Corte declarar
la constitucionalidad de lo acusado pero precisando que la cosa juzgada es
relativa, por cuanto sólo operará por los motivos analizados en la sentencia.
Evidentemente contra el Decreto Ley 356 de 1994 el
actor formula  un cargo general, pues su inconstitucionalidad radica en que se
trata de un código en razón a que la habilitación contenida en el literal j)
del artículo 1° de la Ley 61 de 1993 se orienta en ese sentido.
Por ello esta Corporación considera que en el presente
caso no existe óbice para que también extienda su análisis constitucional al
Decreto Ley 356 de 1994, pero solamente en relación con el cargo global
planteado por el actor.
Cabe recordar que en relación con el Decreto Ley 356
de 1994 la Corte se ha pronunciado de fondo sobre algunas de sus disposiciones
en las Sentencias C-572 de 1997, C-199 de 2001 y C-760 de 2002, en las cuales
no se analizó el cargo general que plantea el actor en la presente ocasión.
En Sentencia C-572 de 1997, M.P Jorge Arango Mejía y
Alejandro Martínez Caballero, la Corte declaró la exequibilidad de los
siguientes artículos del Decreto Ley 356 de 1994: el numeral 4 del artículo
4o., y los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46.
También en dicha providencia declaró exequible el artículo 39 del  mencionado
decreto, salvo el parágrafo del mismo artículo, que se declaró inexequible.
Así mismo, en  Sentencia C-199 de 2001, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, la Corte resolvió declarar exequibles los artículos 67, 68, 69,
70, 71 y  72 del Decreto 356 de 1994. En la parte resolutiva de esta
providencia la Corte señaló expresamente que tal determinación quedaba limitada
a los cargos que fueron formulados en la demanda, que se referían a la presunta
violación de los artículos 13, 67 y 68 de la Constitución Política.
Y recientemente, en Sentencia C-760 de 2002 M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, se declaró exequible el artículo 82 del Decreto Ley 356
de 1994 que se refiere a las tarifas  que
se establezcan para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad
privada.
Hechas estas observaciones, procede la Corte a
efectuar el análisis de fondo del literal j) del artículo 1° de la Ley 61 de
1993, y del Decreto 356 Ley de 1994 pero en este caso solamente en relación con
el cargo general propuesto por el demandante.
3. El problema jurídico planteado
A juicio del demandante el literal j) del artículo 1°
de la Ley 61 de 1993 es inconstitucional, pues contraviniendo la expresa
prohibición contenida en el numeral 10 del artículo 150 de la Carta, le otorgó
facultades extraordinarias al  Presidente de la República para elaborar un
código sobre vigilancia y seguridad privada que es el contenido en el Decreto
Ley 356 de 1994, el que de contera también resulta contrario al Ordenamiento
Constitucional.
Los intervinientes defienden la exequibilidad de la
norma habilitante  pues consideran que la autorización legal impartida al
Gobierno para dictar un estatuto de vigilancia y seguridad privada no
estaba orientada a la adopción de un código sobre estas materias sino a la
reglamentación de actividades vinculadas con la prestación del servicio de
seguridad privada por parte de particulares. Defienden también la
constitucionalidad del mencionado decreto 356 de 1994, porque en su parecer
este ordenamiento no es un código ya que carece de las características propias
de esa clase de conjuntos normativos.
El Procurador, por su parte, hace énfasis en que las
facultades conferidas al Ejecutivo en la Ley  61 de 1993 se refieren a la
expedición de un estatuto de vigilancia y seguridad privada y no a un código,
por cuanto no se pretendía que el Gobierno agrupara en un cuerpo normativo en
forma metódica, sistemática, completa, ordenada y coordinada las instituciones
de una rama del derecho, sino que regulara una materia específica cuyos aspectos
concretos se apoyan en otros regímenes jurídicos.
Así pues corresponde a la Corte establecer si el
legislador al autorizar extraordinariamente al Presidente de la República en el
literal j) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993 para que expidiera el estatuto
de vigilancia y seguridad privada desconoció el numeral 10 del artículo 150
Superior que prohíbe habilitar legislativamente al Ejecutivo para dictar
códigos y si éste al expedir el Decreto Ley 356 de 1994, en desarrollo de tal
facultad, efectivamente dictó un código en aquellas materias vulnerando
igualmente la mencionada norma superior.
Para despejar este interrogante la Corte debe
establecer previamente cual es el significado y alcance de la prohibición
constitucional de otorgar facultades al Ejecutivo para expedir códigos
consagrada en el numeral 10 del artículo 150 Fundamental.
4. La  prohibición constitucional de
conferir facultades extraordinarias al  Gobierno para que expida códigos
Según lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150
de la Constitución, el Congreso puede revestir, hasta por seis meses, al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir
normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública
lo aconseje. La norma superior también dispone que tales facultades deberán ser
solicitadas por el Gobierno, que su aprobación requerirá de mayoría absoluta de
los miembros del Congreso y que éste podrá modificar en todo tiempo y por
iniciativa propia los decretos leyes.
Igualmente el citado precepto en forma diáfana y
perentoria señala que tales facultades no se podrán conferir para expedir
códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del
mismo artículo, ni para decretar impuestos, prohibición con la cual el
Constituyente de 1991 pretendió establecer una diferencia sustancial con
relación al mecanismo de habilitación legislativa previsto en la Carta de
18886, que le permitía al Gobierno legislar sobre un sinnúmero de materias y
sin más condicionamientos que los derivados de la transitoriedad y precisión,
lo que en sentir de algunos constituyentes “condujo a la concentración de
funciones en unas solas manos, provocando el desequilibrio institucional del
Estado y el desprestigio de la ley, que se tornó ambigua, imprecisa y carente
de objetividad al dejar de interpretar la realidad social y la verdad
política”.[3]
Concretamente en relación con la prohibición de
expedir códigos mediante el ejercicio de facultades extraordinarias, cabe
observar que en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente no hubo,
infortunadamente, un amplio debate en torno a su establecimiento. Pero lo
cierto es que la erradicación de la posibilidad prevista en el anterior régimen
constitucional de dictar códigos en todos lo ramos de la legislación y reformar
sus disposiciones a través del expediente de las facultades extraordinarias,
permite afirmar que  partir de la Carta de 1991 existe una verdadera reserva
legislativa en esta materia, puesto que la expedición o modificación[4] de los códigos no puede
hacerse sino a instancia del Congreso de la República.
Con el fin de delimitar el alcance de la prohibición
constitucional en comento, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado
que por código debe entenderse “la unidad sistemática en torno a una rama
específica del derecho, de modo pleno, integral y total”[5], o
todo cuerpo normativo único revestido de fuerza obligatoria “que regula de
forma metódica sistemática y coordinada las instituciones constitutivas de una
rama del derecho”[6].
También ha precisado que todo Código es una sistematización, pero no todo orden
sistemático es un código [7].
En este sentido,
la prohibición constitucional del numeral 10 del artículo 150 Superior
significa entonces que el legislador no puede habilitar legislativamente al
Ejecutivo para que adopte un único conjunto normativo en el cual se
sistematicen, integren, incorporen y armonicen las normas vigentes sobre una
determinada rama del derecho. Para estos efectos no importa la denominación que
la norma habilitante le de a ese cuerpo legal, pues de todas formas una
autorización conferida en los referidos terminos estaría desconociendo el
mencionado precepto superior. Así sucedió, por ejemplo, con el numeral 5° del
artículo 248 de la Ley 100 de 1993 que autorizaba al Gobierno para que por
medio de facultades extraordinarias expidiera un “estatuto
orgánico” del sistema de salud, de numeración continua, con el objeto de
sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un sólo cuerpo jurídico las
normas vigentes en materia de salud, así como las que contemplaban las
funciones y facultades asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud,
pudiendo también reordenar la numeración de las diferentes disposiciones y
eliminar las normas repetidas o superfluas. La Corte en Sentencia C-255 de 1995
declaró la inconstitucionalidad del referido numeral y también del Decreto Ley
1298 de 1994 que lo desarrollaba por considerar que “Expedir un estatuto orgánico del sistema de salud, de numeración
continua, con el objeto de sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un
solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud, no es diferente a
expedir un código. Con mayor razón, si la facultad permite al Presidente
‘eliminar las normas repetidas o superfluas’, lo que podría conducir a la derogación
por esta vía de normas que hacen parte de leyes orgánicas o estatutarias”.
En la tarea de precisar aún más el concepto de código,
la Corte ha establecido diferencias entre ésta noción y la de compilación señalando
que a diferencia de la primera, en la que se sistematizan, integran y armonizan
unas normas jurídicas en un cuerpo jurídico nuevo, pleno e integral, la labor
de compilar “consiste en agrupar o recopilar en un solo texto disposiciones
jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y
contenido normativo”, por lo cual esta tarea puede ser desarrollada por
cualquier particular o entidad pública, o puede igualmente ser delegada en el
ejecutivo a través de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo
150 superior, advirtiendo que la facultad de compilar no puede conllevar la
expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación
propia e independiente pues ello equivale a expedir un código.[8]
Igualmente la jurisprudencia constitucional ha
establecido diferencias entre las nociones de  código y estatuto. Es así como
esta Corte [9]
ha prohijado la doctrina que sobre el particular había plasmado la Corte
Suprema de Justicia cuando oficiaba como Juez de la Carta, según la cual
mientras el código “es un conjunto armónico y coherente de disposiciones
sobre una materia, que se ordena en un solo cuerpo”, el estatuto “es el
régimen jurídico que gobierna determinada actividad o un ramo especializado, el
cual puede estar integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros
textos jurídicos, sin que necesariamente deban estar comprendidas en un solo
texto. Lo esencial es que todas ellas, aunque sean de distinta jerarquía,
guarden entre sí homogeneidad, no en su pertenencia a un mismo Código, sino en
su referencia o relación con el área de que se trata” (Sentencia de Sala
Plena N° 15 de marzo de 1987, M.P. Dr. Hernando Gómez Otálora); y que “...el
concepto de Estatuto es más amplio que el de Código y consiste en un conjunto
normativo que gobierna una determinada actividad o ramo especializado, y que
puede hallarse integrado por normas de diferente naturaleza, en el presente
caso por preceptos sustanciales y reglas procesales” (Sentencia Nº 135 de
octubre 1º de 1987, M.P. Dr. Gómez Otálora).
Lo hasta aquí expuesto permite afirmar que
en el concepto de código  confluyen necesariamente los siguientes elementos:
existencia de un cuerpo normativo único con fuerza obligatoria, y regulación metódica, sistemática y
coordinada de las instituciones constitutivas de una rama del derecho de modo
pleno, integral y total. Sin embargo, como en la práctica podrían presentarse
situaciones en las que sería difícil determinar si se está en presencia de un
código para efectos de la prohibición contenida en el numeral 10 del artículo
150 Superior, la jurisprudencia ha fijado unos criterios auxiliares que
permiten dilucidar cuando se está en presencia de ordenamiento legal de esa
naturaleza. Tales criterios se refieren a la exigencia de que el conjunto
normativo que se examina no sólo regule determinada materia en forma completa,
integral y sistemática,  sino también que exista la manifestación expresa del
legislador de erigir dicho cuerpo jurídico en código[10].
Así pues, puede concluirse que cuando en el numeral 10
del artículo 150 Fundamental se dispone que el Congreso no puede investir de
facultades extraordinarias al Ejecutivo para dictar códigos,  esta prohibición
se refiere a la habilitación y, por ende, expedición por medio de este
procedimiento excepcional de conjuntos normativos únicos que regulen en forma
plena, completa, integral, sistemática, armónica y coordinada las instituciones
de una rama del derecho o determinada materia.
Bajo estos parámetros procede entonces la Corte a
analizar la acusación contra el literal j) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993
y contra el Decreto Ley 356 de 1994 acusados.
5.
El caso en estudio
Mediante el literal j) del artículo 1° de Ley 61 de
1993 que se impugna,  el Congreso revistió al Presidente de la República de
facultades  extraordinarias en los siguientes términos:
“j) Expedir el estatuto de vigilancia y
seguridad privada, concretamente sobre los siguientes aspectos: principios
generales, constitución, licencias de funcionamiento y renovación de empresas
de vigilancia privada y departamentos de seguridad, régimen laboral; régimen
del servicio de vigilancia y seguridad privada y control de las empresas;
seguros, garantías del servicio de la vigilancia privada; reglamentación sobre
adquisición y empleo de armamento; reglamento de uniformes; regulación sobre
equipos electrónicos para vigilancia y seguridad privada y equipos de
comunicaciones y transporte; mecanismos de inspección y control a la industria
de la vigilancia privada; protección, seguridad y vigilancia no armada,
asesorías, consultorías en seguridad privada e investigación privada;
colaboración de la vigilancia y seguridad privada con las autoridades; régimen
de sanciones, regulación de establecimientos de capacitación y entrenamiento en
técnicas de seguridad de vigilancia privada”.
Del tenor literal de la norma habilitante se desprende
claramente que el legislador autorizó al Gobierno con el fin de que expidiera
un estatuto de vigilancia y seguridad privada, para lo cual le señaló
taxativamente las materias que debían ser objeto de regulación. Observa la
Corte que tal habilitación es simple y escueta, pues la norma sub examine
nada dice en torno a la extensión  y características de la autorización
conferida, por lo que ha de concluirse que quedó limitada a los precisos
términos allí consignados.
Entonces si  conforme a la norma habilitante el
Gobierno fue autorizado para expedir un estatuto de vigilancia y seguridad
privada, ha de entenderse que esta facultad comprendía solamente la adopción de
un régimen jurídico que regulara dichas actividades, pues a estos aspectos se
contrae una regulación de estas características tal como lo ha señalado la
jurisprudencia que se ha reseñado anteriormente. Al respecto cabe observar que
la norma impugnada no facultó al Gobierno para que al dictar el estatuto de
vigilancia y seguridad privada regulara una materia en forma plena, completa,
integral, sistemática, armónica y coordinada, características estas que
corresponden a la noción de código, sino para que regulara unas actividades -la
vigilancia y seguridad privada-, en los aspectos determinados por el propio
legislador. Así se desprende del título mismo de la Ley 61 de 1993: "Por
la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias
para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar
la vigilancia y seguridad privadas”.
El mismo tenor literal de la norma habilitante corrobora
este aserto ya que allí perentoriamente se dispone que el Ejecutivo está
autorizado para expedir el estatuto de vigilancia y seguridad privada “concretamente
sobre los siguientes  aspectos”, lo cual significa que se limitó
explícitamente el ámbito de regulación normativa del Presidente de la República
para que éste solamente dictara un régimen jurídico en materia de vigilancia y
seguridad privada.
Al revisar con detenimiento los aspectos concretos
sobre los cuales debía legislar el Ejecutivo en desarrollo de las facultades
extraordinarias otorgadas en la disposición bajo análisis se advierte que todos
ellos apuntan hacia la reglamentación de una actividad especializada[11]. En efecto, cuestiones
tales como  la organización y funcionamiento de las empresas de seguridad
privada, la constitución de garantías del servicio, adquisición y empleo de
armamento y de equipo, la inspección y control  de la industria, colaboración,
régimen de sanciones, y capacitación, entre otros, constituyen los tópicos
esenciales del régimen jurídico de una actividad especializada puesto que
apuntan a definir los parámetros esenciales de orden organizacional,
operacional y técnico que deben regir tanto la industria como la prestación de
los servicios de vigilancia y seguridad privada. Evidentemente estos aspectos
se refieren más a una actividad especializada que a toda una materia
relacionada con una rama del derecho.
De otra parte, los antecedentes legislativos del
literal j) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993, dan cuenta que el para el
Congreso la inclusión de esta disposición obedeció a la necesidad de
reglamentar la actividad de la vigilancia y seguridad privada por su estrecha
vinculación con el manejo de armas, municiones y explosivos.
En la ponencia para segundo debate en la Cámara de
Representantes[12]
se dijo:
“La Comisión Segunda de la Honorable Cámara
consideró oportuno y conveniente formular otras modificaciones al proyecto,
aparte de las introducidas por el Honorable Senado de la República y es
precisamente en lo que tiene que ver con la vigilancia y seguridad privada,
temas íntimamente ligados con las armas, municiones y explosivos.
“No es un secreto para el país la
importancia que la vigilancia y la seguridad privada ha adquirido en los
últimos tiempos, especialmente por la poca efectividad de las autoridades en la
prevención del delito, razón por la cual en casi todos los establecimientos
comerciales, bancarios, residencias privadas, etc.,  existe personal particular
que ofrece a los asociados la protección que el Estado no puede ofrecerle,
motivo por el cual se requiere una estricta reglamentación especialmente en lo
relacionado con el porte de armas.
“En consecuencia la Comisión Segunda
adicionó al título del Proyecto de ley la frase ‘y para reglamentar la
vigilancia y seguridad privadas’ y el ordinal j) del artículo 1° que dice:
‘regular la vigilancia privada y los departamentos de seguridad orgánicos de
las personas jurídicas así como su régimen de propiedad y tenencia de armas de
fuego’.
“Aunque por principios no somos partidarios
de que el Congreso se despoje de sus facultades legislativas, en este caso
constituye a nuestro modo de ver, un verdadera excepción, que nos debe
determinar a conceder las facultades extraordinarias solicitadas por el
Ejecutivo, ya que se ciñe a lo preceptuado en el artículo 150, numeral 10 de la
Constitución Nacional.” [13]
Así pues queda establecido que al dictar el literal j)
del artículo 1° de la Ley 61 de 1993 no se habilitó al Gobierno para que por
medio de las facultades conferidas expidiera un código de vigilancia y
seguridad privada, razón por la cual no se desconoció la prohibición del
numeral 10 del artículo 150 Fundamental.
En desarrollo de la mencionada atribución el
Presidente de la República  expidió el  Decreto Ley 356 de 1994 “por el cual se expide el estatuto de vigilancia y
seguridad privada”. Tal como se
advirtió anteriormente el actor formula un cargo global contra dicho decreto
consistente en que es inconstitucional como consecuencia de la
inconstitucionalidad de la norma habilitante.
Habiéndose establecido que el literal j) del artículo 1° de la Ley 61
de 1993  no infringe la prohibición del numeral 10 del artículo 150 Superior de
facultar extraordinariamente al Ejecutivo para expedir códigos, simplemente
podría concluirse que por este aspecto el Decreto 356 de 1994 también se ajusta
la Constitución.
No obstante, al hacer una
revisión del contenido normativo del Decreto 356 de 1994 se observa que
efectivamente allí se establece el régimen jurídico de la actividad de la
vigilancia y seguridad  privada.
En efecto, el Decreto 356 de
1994 cual se encuentra dividido en siete títulos y 117 artículos organizados de
la siguiente manera:
El Título I denominado “aspectos
generales” contiene disposiciones atinentes al objeto del decreto (art.
1°), definición de servicios de vigilancia y seguridad privada (art. 2°),
obtención del permiso para prestar dichos servicios (art. 3°), campo de
aplicación (art. 4°), medios para la prestación del servicio de vigilancia y
seguridad privada (art. 5°), modalidades para la prestación de esos servicios
(art. 6).
El Título II  llamado “servicios
de vigilancia y seguridad privada con armas”  agrupa en su  capítulo I
normas relacionadas con la definición de esta clase de servicios (art.8°),
constitución (art. 9°), capital (art. 10°), licencia de funcionamiento
(art.11), socios (art. 12), sucursales o agencias (art. 13), renovación de
licencia de funcionamiento (art.14), personal (art. 15) e instalaciones (art.
16). El capítulo II, referente a los departamentos de seguridad contiene normas
sobre la definición de los mismos (art. 17), pólizas de seguro (art. 18),
licencia de funcionamiento (art. 19), renovación de la licencia de funcionamiento
(art. 20), modalidad (art. 21) e instalaciones. El capítulo III sobre las
cooperativas de vigilancia y seguridad privada reúne  normas atinentes a su
definición (art. 23), constitución (art. 24), socios (art. 25), capital (art.
26), licencia de funcionamiento (art. 27), modalidades (art. 28) y normas
complementarias (art. 29). En el capítulo IV sobre transporte de valores agrupa
disposiciones relacionadas con la definición (art. 30), constitución (art. 31),
socios (art. 32), capital (art.33), licencia de funcionamiento (art. 34),
modalidades (art. 35), personal (art. 36), instalaciones (art. 37) y
responsabilidad (art.38). El capítulo V sobre servicios especiales de
vigilancia y seguridad privada aglutina normas sobre definición de estos
servicios (art. 39), licencia de funcionamiento transitoria (art. 40) y normas
complementarias (art. 41). El capítulo VI atinente al servicio comunitario de
vigilancia y seguridad privada  agrupa normas sobre la definición de este
servicio (art.42), socios (art. 43), consejo de veeduría comunitaria (art.44),
licencia de funcionamiento (art. 45) y modalidad (art. 46).
El Título III  del Decreto 356
de 1994 se denomina “servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas”
y agrupa en su capítulo  I  sobre las empresas de vigilancia y seguridad sin
armas disposiciones sobre la definición de tales empresas (Art. 47), licencia
de funcionamiento (art. 48), modalidad (art.49), medios (art. 50) y capital. El
capítulo II  sobre equipos de vigilancia y seguridad privada contiene normas
sobre las actividades de fabricación, importación, instalación,
comercialización, o arrendamiento de equipos para vigilancia y seguridad
privada (art. 52), equipos (art. 53), uso de equipos de vigilancia y seguridad
(art. 54), registro de compradores (art.55), obligaciones de los usuarios
(art.56),  información a la autoridad (art. 57), instalaciones (art. 58) y
limitaciones (art. 59). El capítulo III sobre servicio de asesoría, consultoría
e investigación de seguridad tare normas sobre licencia de funcionamiento
(art.60), requisitos para obtener la licencia de funcionamiento  como sociedad
de asesoría  (art. 61), y requisitos para obtener la credencial de asesor,
consultor, o investigador de seguridad privada (art.62).
El título IV llamado “capacitación
y entrenamiento” en su capítulo I de normas generales trae disposiciones
sobre la definición de capacitación y entrenamiento (art.63), responsabilidad
de las empresas por la capacitación y entrenamiento de su personal (art. 64) y
programas de capacitación (art. 65). El capítulo II  atinente a las escuelas de
capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada contiene normas
sobre definición de las mismas (art. 66), constitución (art. 67), capital (art.
68), pólizas (art. 69), licencia de funcionamiento (art.70), renovación de la
licencia (art. 71), información (art. 72).
El Título V del decreto bajo
revisión denominado “principios,
deberes y obligaciones que rigen la prestación de los servicios de vigilancia y
seguridad privada”
contiene disposiciones sobre los objetivos de la vigilancia y seguridad privada
(art.73) y los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad privada (art. 74).
El Título VI sobre “medidas cautelares y sanciones”
agrupa normas relacionadas con la imposición de  estas medidas (art. 75),
sanciones (art.76), recursos (art.77), prohibición a ciertos funcionarios
públicos de ser socios ni empleados de servicios de vigilancia y seguridad
privada (art. 78) y prohibición y expedición de licencias (art. 79).
El Título VII denominado “disposiciones comunes”
reúne disposiciones agrupa disposiciones sobre utilización de blindajes en
vigilancia y seguridad privada (art. 80), investigación de la información
suministrada (art. 81), razón social de los servicios de vigilancia y seguridad
privada (art.82), solicitud de licencia de funcionamiento y credenciales para
asesores, consultores e investigadores (art.83), cambio e inclusión de nuevos
socios, fusión, liquidación y venta de empresas (art. 84), vigencia de la
licencia de funcionamiento (art.85), instalaciones (art.86), credencial e
identificación del personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada
(art.87), prohibición (art.88), responsabilidad  (art.89), condiciones para la
prestación del servicio (art.90), contratación de servicios (art.91), tarifas
(art.92), entrega transitoria (art. 93), dotaciones (art.94), medios y equipos
(art.95), armamento y municiones (art.96),  tenencia y porte (art.97), cesión de
permisos para uso de armas (art.98), transporte de armas (art.99), registro de
ubicación de las armas según contratos suscritos (art.100), retiro de armamento
y otros medios por conflictos obrero-patronales (art. 101), retiro de armamento
(art.102), uniformes y distintivos (art. 103), información a la autoridad (art.
104), informes semestrales (art. 105), investigación permanente (art. 106),
atribuciones especiales (art. 107), manuales (art. 108), archivos (art. 109),
circulares (art. 110), pagos (art. 111).
Finalmente el Decreto 356 de 1994 trae unos artículos
transitorios sobre los servicios que carecen de  licencias de funcionamiento
(art. 112), licencias de funcionamiento expedidas por el Ministerio de Defensa
(art. 113), credenciales de identificación (art. 114), licencias de
funcionamiento expedidas con anterioridad al decreto (art. 115), continuidad en
la operación de departamentos de seguridad (art. 116) y vigencia (art.
117).
Como puede apreciarse en el Decreto 356 de 1994 se
fija el régimen jurídico que gobierna la actividad especializada de la
vigilancia y seguridad privada, pues allí se establecen los parámetros de
carácter organizacional, operacional y técnico que rigen la prestación de
dichos servicios.
No escapa a la Corte que el estatuto de vigilancia y
seguridad privada  contenido en el Decreto 356 de 1994 es un régimen jurídico
novedoso en estas materias. Tampoco puede ignorar que en este conjunto
normativo los distintos aspectos que lo integran están consagrados en
disposiciones legales que aparecen organizadas sistemáticamente por títulos y
capítulos. Sin embargo, estas características no permiten calificarlo como un
código en materia de vigilancia y seguridad privada pues ya se ha visto que en
su contenido solamente se regulan aspectos concretos de esta actividad
especializada y no de una materia propia de una rama del derecho.
Además, como lo bien lo advierte el Procurador en su
concepto, el decreto no pretende sistematizar, integrar o incorporar en único
conjunto normativo todas las leyes o normas que regulan la vigilancia y
seguridad privada, pues cuestiones tales como la constitución de las empresas
de vigilancia y seguridad privada también se rigen por las normas del Código de
Comercio o normas sobre cooperativismo contenidas en otras leyes; igualmente el
régimen laboral de quienes prestan sus servicios a dichas empresas se encuentra
regulado por el Código Sustantivo del Trabajo; lo concerniente a los seguros
está regulado en la legislación correspondiente; lo relativo a impuestos en el
Estatuto Tributario;  y lo que concierne al manejo de armas municiones y
explosivos se encuentra regulado en el Decreto Ley 2535 de 1993. Y finalmente
el Decreto 356 de 1994 no contiene norma alguna en la que se diga que toda esta
legislación forma parte del mismo  estatuto.
Así pues puede concluirse que el Decreto 356 de 1994
contiene el estatuto o régimen jurídico que reglamenta las actividades de
vigilancia y seguridad privada, razón por la cual al expedirlo el Ejecutivo
tampoco desconoció la prohibición contenida en el numeral 10 del artículo 150
Superior.
Por lo expuesto, la Corte declarará exequibles tanto
el literal j) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993, como el Decreto Ley 356 de
1994, pero sólo en relación con el cargo  analizado en esta providencia.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal j) del
artículo 1° de la Ley 61 de 1993, y del Decreto Ley 356 de 1994 sólo en
relación con el cargo global analizado en esta providencia.
Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Declarado inexequible en la Sentencia C-572 de 1997
[2]Ver, entre otras, C-527/94, C-055/94, C-318 de 1995 y C-126 de
1998.
[3] Alfonso Palacio Rudas en el “Congreso en la Constitución de 1991.
tercer Mundo Editores. Página 89.
[4] Sobre el particular la jurisprudencia
constitucional ha venido decantando una doctrina en torno a la mencionada
prohibición y así ha llegado a admitir que no toda modificación que se le
introduzca a los códigos por intermedio de un decreto de facultades
extraordinarias implica una infracción directa al canon 150-10 de la
Constitución, salvo que la enmienda afecte significativamente la estructura
normativa de esta clase de legislación o consista en una regulación que
presente  las  características  que  son  propias  de  los códigos, a saber, la
unificación y armonización de determinada materia con sujeción a unos
principios comunes a fin de brindar la debida seguridad jurídica, caso en el
cual se configura la inconstitucionalidad. Ver Sentencia C-713 de 2001
[5] Sentencia C-252 de 1994
[6] Sentencia C-129 de 1995
[7] Sentencia C-252 de 1994
[8] Sentencias C-129 de 1995 y  C-582 de
2001
[9]
Sentencia C-362 de 1996.
[10]En
Sentencia C-362 de 1996 esbozó estos dos criterios fundamentales que
contribuyen a dilucidar cuando se está en presencia de un código. Dijo
entonces:“..esta Corporación considera que para que un cuerpo normativo pueda
ser calificado como un código debe cumplir por lo menos con los dos requisitos
siguientes: a) Que el cuerpo normativo trate una materia determinada en una
forma completa, integral y sistemática. Es decir, no cabe pensar que se está en
presencia de un código cuando el texto en análisis deja muchos temas sin
resolver, o cuando coexisten con él un gran número de normas que se ocupan de
la misma materia, sin que en este último caso dicho cuerpo legal disponga que
esas normas se consideran parte integrante del mismo; b) Que exista una
manifestación de voluntad por parte del Poder Legislativo para que un cuerpo
legal sea elevado a la categoría de código. La Corte ha expresado ya en varias
ocasiones (ver supra) que no todas las sistematizaciones normativas constituyen
un código. También se han elaborado fórmulas que contribuyen a diferenciar los
códigos de los estatutos y de las recopilaciones. Sin embargo, subsisten aún
situaciones en las cuales los criterios diferenciadores no son suficientes para
resolver las dudas. Esta Corporación estima que en estos casos se ha de
recurrir a la cláusula general de competencia  que en materia legislativa
contempla la Constitución a favor del Congreso. Esta competencia comprende la
de que el Legislativo pueda determinar qué campos legales se reserva,
elevándolos a la categoría de códigos, de manera que únicamente él pueda
decidir sobre la aprobación, derogación o modificación de leyes determinadas.
Dado que los códigos constituyen "una técnica legislativa", como es de
aceptación general, es lógico que sea el órgano encargado de dictar las leyes
el que precise cuál de éstas configura un código, concluyéndose entonces que en
los casos en los que el Congreso no resuelve darle esta calidad a un cuerpo
normativo se ha de respetar su voluntad de no hacerlo”.
[11]
En la citada Sentencia C-572 de 1997, donde se analizó una demanda contra
algunas disposiciones del Decreto 356 de 1994, la Corte consideró que la
actividades de vigilancia y seguridad constituyen un servicio público que puede
ser prestado por particulares. Dijo la Corte: “La  seguridad es un servicio
público primario. La seguridad de la sociedad, como supuesto del orden, de la
paz y del disfrute de los derechos, es un fin del Estado, al cual corresponde
la misión que el inciso segundo del artículo 2o. de la Constitución  impone a
las autoridades de la república. De ninguno como de este servicio puede
predicarse que es inherente a la finalidad social del Estado, para utilizar las
mismas palabras del inciso primero del artículo 365 de la Constitución. Como
servicio público, la seguridad está sometida al régimen jurídico que fije la
ley ( inciso segundo del artículo 365 citado). Y también por serlo, puede ser
prestada por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o
por los particulares, como lo dispone la misma norma. Es la propia ley la que,
al reglamentar este servicio, determina quién y cómo lo  debe prestar. No
existe una sola norma en la Constitución que prohíba a las comunidades
organizadas y a los particulares prestar el servicio de seguridad. Prohibición
que, de existir, tendría que ser expresa, precisamente por ser una excepción a
lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 365”.
[12] Gaceta del Congreso No. 141 del 20 de mayo de 1993. Páginas 6 y 7
[13]
Cabe advertir que el texto definitivo del literal j) del
artículo 1° de la Ley 61 de 1993 que se impugna  en la presente oportunidad fue
acordado por una Comisión Accidental de Conciliación, cuyo informe aparece
publicado en la Gaceta del Congreso No. 213 del 18 de junio de 1993, páginas 29
y 30.