C-276-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-276/11
(Abril 12, Bogotá D.C.)
INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA/FUSION,
REESTRUCTURACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES CAR
INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA-Concepto
INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA-Configuración
Mediante sentencia C-216
de 2011 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 de 2011,
declaratorio del estado de excepción, que sirvió de sustento a la
expedición del Decreto Legislativo 141 de 2011, configurándose lo que
esta Corporación ha denominado “una inconstitucionalidad por
consecuencia”, pues excluida del ordenamiento jurídico la norma de
autohabilitación por decisión de inexequibilidad, los decretos legislativos
dictados a su amparo deben correr la misma suerte.
Referencia:
Expediente RE-204
Asunto:
Revisión de constitucionalidad del Decreto 141 de 2011 “por el cual se
modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31,33, 37, 41, 44, 45, 65, y 66 de
la Ley 99 de 1993, y se dictan otras determinaciones”
Magistrado
Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES
El 21 de enero de 2011, el Gobierno Nacional expidió
el Decreto 141 de 2011, “por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27,
28, 29, 31,33, 37, 41, 44, 45, 65, y 66 de la Ley 99 de 1993, y se dictan otras
determinaciones”.
En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del
artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, el Presidente de
la República, en comunicación del 21 de enero de 2011, recibida en la
Secretaría de la Corte Constitucional el 24 de enero de 2011, remitió al
Despacho copia auténtica del mencionado Decreto.
Mediante auto del 1º de febrero de 2011, el magistrado
ponente avocó conocimiento del Decreto, decretó pruebas,  y ordenó hacer las
comunicaciones de rigor, la respectiva fijación en lista, la remisión al
Procurador General de la Nación, y la invitación a algunas entidades a emitir
su opinión especializada.
1.    TEXTO
DEL DECRETO 141 DE 2011
El texto íntegro del Decreto a revisar es el
siguiente:
DECRETO 141 DE 2011
(ENERO 21 DE
2011)
Por el cual se modifican los artículos 24,
26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se
adoptan otras determinaciones.
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA,
En ejercicio de sus facultades
constitucionales, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución
Política de Colombia, la Ley 137 de 1994; y en desarrollo de lo dispuesto en el
Decreto 20 del 7 de enero de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto 020 del 7 de enero de 2011 fue declarado
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional hasta el 28 de enero de 2011, con el fin de conjurar la grave
calamidad pública ocasionada por el Fenómeno de La Niña e impedir la extensión
de sus efectos.
Que el Fenómeno de La Niña constituye un desastre natural de
dimensiones extraordinarias e imprevisibles, ocasionando una mayor saturación
de humedad de los suelos generando eventos extraordinarios de deslizamientos y
crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en la región
Andina, Caribe y Pacífica. Que, además, de acuerdo con el Ideam, el fenómeno
descrito como lo muestran los patrones de los eventos anteriores puede
extenderse hasta el segundo semestre de 2011, empatando con el segundo régimen
de lluvias del segundo año, lo cual no solo extendería los efectos de la actual
calamidad pública, sino que la haría mucho más grave por la falta de capacidad
de la tierra para absorber semejante caudal de agua.
Que la situación de calamidad pública puede en el futuro extender
sus efectos a magnitudes cada vez mayores, de manera que se hace necesario
adoptar medidas y construir obras para impedir definitivamente la prolongación
de esta situación, y proteger en lo sucesivo a la población de amenazas
económicas, sociales y ambientales como las que se están padeciendo.
Que como consecuencia del Fenómeno de La Niña se ha producido una
considerable destrucción de inmuebles, se ha interrumpido prestación de
servicios públicos esenciales, se han afectado vías de comunicación y se ha
perjudicado gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional.
Que numerosas familias y comunidades están expuestas a riesgos
extraordinarios en los lugares donde habitan y su permanencia en tales sitios,
de alta vulnerabilidad constituye una grave e inminente amenaza para su vida e
integridad personal.
Que para la adopción de medidas efectivas y oportunas para
conjurar los hechos críticos e impedir la extensión de sus efectos, es
indispensable el concurso de las Corporaciones Autónomas Regionales que ejerzan
sus funciones dentro de un marco orientado por una visión integral y sistémica
de las principales cuencas hidrográficas, que sean fortalecidas en su capacidad
institucional y de gestión técnico ambiental y que tengan las competencias,
funciones e instrumentos suficientes para contribuir a solucionar los graves
problemas generados por el Fenómeno de La Niña 2010-2011.
Que de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia
constitucional "Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades
administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro
del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7 de la Constitución, y
están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento
autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la
ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento
administrativo"1 (subraya y
destacado fuera de texto), lo cual no obsta para que el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial ejerza sobre las mismas la debida inspección
y vigilancia.
Que el Gobierno Nacional ha ejercido sus facultades ordinarias en
materia de prevención y atención del desastre de conformidad con las normas
vigentes sin que se haya podido superar la situación de crisis ni impedir la
extensión de sus efectos, lo que hace indispensable la expedición de decretos
con fuerza de ley para adoptar medidas eficaces que conjuren esa situación.
Que es necesario fortalecer los instrumentos de coordinación con
las entidades territoriales y con otras entidades con responsabilidades
ambientales, para efectos de proteger los derechos constitucionales de las
personas afectadas.
Que mediante Decreto 020 del 7 de enero de 2011, se señaló que se
han presentado hechos nuevos relacionados con el Fenómeno de La Niña, que
fueron posteriores a la expedición del Decreto 4580 de 2010 y que se hace
necesario adoptar medidas encaminadas a contrarrestar esta crisis y sus
efectos.
Que la persistencia de las lluvias desencadenó entre otras,
calamidades y desastres en el Canal del Dique y desbordamiento en las Ciénagas
de El Totumo y Repelón.
Que por todo lo anterior, se han visto afectados o en riesgo los
derechos fundamentales de las personas, en especial, los derechos a la vida, a
la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo, a la locomoción y al
mínimo vital de subsistencia.
Que el fenómeno climático de La Niña 2010-2011 que afectó gran
parte del país, durante el segundo semestre de 2010 y con igual pronóstico para
el primer semestre del año 2011 según concepto del Ideam, es sin duda alguna un
desastre eminentemente ecológico, de magnitud grave que afecta el orden
ambiental, económico y social del país, especialmente a las clases menos
favorecidas y sujetos más vulnerables, así como, las zonas de producción
agrícola y ganadera, de pequeña, mediana y gran escala.
Que la grave problemática ambiental que hoy padece el país, de
precipitaciones inusitadas en unas zonas (Andina, Pacífico y Caribe) y de
déficit de lluvias o sequías en otras (Orinoquía y Amazonía) es resultado, no
solo de fenómenos naturales, sino a la deforestación, mal uso y falta de
medidas de prevención, recuperación y control de los recursos naturales
renovables y no renovables, especialmente en las cuencas hidrográficas, lo
cual, acumulado a los prolongados y excesivos períodos de lluvia, genera como
consecuencia la calamidad atrás señalada y un impacto de gran magnitud sobre
los habitantes de esas zonas y las actividades productivas, el cual es
claramente diferenciable por regiones.
Que así mismo, esta situación obedece en gran medida a la falta de
planificación del territorio según sus especificidades regionales y los riesgos
a los cuales está expuesta la población, con una visión, técnica, integral y
sistémica de los correspondientes ecosistemas y al poco impacto que han tenido
las diferentes acciones adelantadas por las autoridades ambientales regionales
en torno al manejo y administración de los recursos naturales renovables.
Que como resultante de la inadecuada planificación y uso del
territorio se han intensificado los procesos de degradación ambiental,
manifestándose en la disminución de la capacidad de captación y pérdida de la
capacidad de regulación hídrica en las cuencas hidrográficas; lo que ha
contribuido, por ejemplo, a que las cuencas hidrográficas que abastecen los
acueductos de 140 municipios de 16 departamentos presenten alta vulnerabilidad
por disponibilidad de agua y altos procesos de desertificación.
Que en la revisión de la gestión ambiental en el territorio
nacional a cargo de las autoridades ambientales regionales, se evidenciaron
omisiones y acciones que contribuyeron a la ocurrencia de los eventos de
catástrofe y calamidad que dieron lugar a la expedición de los Decretos 4579 y
4580 de 2010 y el Decreto 020 de 2011, relacionados con la existencia de
inundaciones, derrumbes, daños de vías, pérdida de zonas agrícolas, vivienda,
centros educativos, daños en servicios públicos, muertes y fenómenos de
desplazamiento, deterioro y destrucción de infraestructura, los cuales a su vez
guardan íntima relación con una inadecuada gestión pública en la planificación
y la administración de los recursos naturales renovables a lo largo del
territorio nacional y a la falta de visión de cuenca en la gestión integral del
territorio.
Que dentro de los efectos ocasionados por el Fenómeno de La Niña,
se identifican algunos que pudieron ser prevenidos o evitados en el marco de
las competencias y las fun ciones
que les fueron asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales, de
Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos por el artículo 31 de la Ley 99
de 1993, dentro de los cuales deben destacarse: eventos extraordinarios de
deslizamiento, crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta
pendiente, inundaciones, derrumbes, daño de diques, obras de contención,
acueductos, alcantarillados, distrito de riego.
Que es así que la norma en cita asignó a esas entidades
ambientales, como máxima autoridad en el área de su jurisdicción de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, entre otras:
Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las
decisiones que se adopten (numeral 5 artículo 31).
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables... (numeral
11 artículo 31).
Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales (numeral 18
artículo 31).
Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de
recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción,
en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional
de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las
previsiones técnicas correspondientes (numeral 19 artículo 31).
Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras
de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección
o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables (numeral 20 artículo 31).
Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y
control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación (numeral 23
artículo 31).
Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las
entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la
expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando
ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de
obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las
servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley (numeral 27 artículo 31).
Que los eventos catastróficos antes señalados, evidencian falta de
coordinación institucional entre las entidades ambientales y los entes
territoriales, por cuanto la indebida ocupación del territorio en zonas de
riesgo tales como rondas y playas de los ríos y quebradas a lo largo del
territorio nacional, afectó el régimen hidráulico de los mismos y además puso
en grave riesgo la vida y los bienes de los ocupantes ilegales, sin que se
adoptaran las medidas necesarias y pertinentes para evitarlo. Adicionalmente
esas autoridades ambientales omitieron sus deberes de actuación como autoridades
de policía en la defensa de la cuenca, los recursos naturales renovables y la
vida.
Que así mismo existe negligencia de parte de las autoridades
ambientales en el ejercicio de sus funciones de policía que la ley les impone,
para la vigilancia, cuidado y recuperación de áreas de especial importancia
ecológica y de seguridad de las poblaciones ribereñas. Tal es el caso de la
ocupación de rondas hídricas, desecación de humedales, canalización de lagos,
desviación de cauces, explotación de materiales de arrastre y de otros
minerales, sin que las Corporaciones actúen en forma contundente y
ejemplarizante. Estas intervenciones antrópicas irregulares e ilegales, sumadas
a la inacción de las Corporaciones son una de las causas determinantes de los
efectos ambientales negativos que se viven con ocasión del Fenómeno de La Niña
2010-2011.
Que además de la situación antes planteada que generó la ocupación
de zonas de riesgo, es evidente que las autoridades ambientales regionales
permitieron el desarrollo de actividades de minería ilegal, construcciones de
infraestructura sin la observancia de las normas ambientales y el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, con la consecuente
deforestación y degradación de suelos, con lo que se evidencia la omisión de
sus funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades
de exploración, explotación, beneficio, y uso de los recursos naturales así
como, de los usos del agua, del suelo y demás recursos.
Que la gestión administrativa de las Corporaciones Autónomas
Regionales, para la vigilancia, control y recuperación de las cuencas hídricas,
así como para la prevención de desastres, dichas entidades debieron aplicar las
reglas de orden público que refiere la Ley 99, optimizándolas con los
principios generales antes citados.
Que en relación con la ejecución de obras avenamiento, defensa contra las
inundaciones y, regulación de cauces y corrientes de agua, se evidenció que las
Corporaciones Autónomas Regionales reportaron inversiones fraccionadas y
correctivas que resultaron inocuas para conjurar los efectos del Fenómeno de La
Niña, toda vez que desconocieron el mandato técnico y legal de adelantar dichas
intervenciones el bajo concepto de cuenca como unidad de gestión integral del
territorio.
Que sobre lo anterior, entre otras, esas autoridades reportaron la
ejecución de exiguas inversiones desarticuladas e intervenciones asociadas a
obras correctivas como gaviones, para proteger las riberas de cauces por
problemas erosivos y reforzamiento de diques o jarillones como medida de manejo
frente a eventos de inundación, y no a obras preventivas e integrales de manejo
de la cuenca. Dicha situación se evidencia en las acciones emprendidas por las
diferentes autoridades ambientales en su territorio, en donde las obras
realizadas son muy puntuales como es el caso de intervenciones en los municipios
de Matanzas, California, Vetas y Surata, La Gloria, Valledupar, Cali, Cisneros,
Belmira, La Pintada, Amalfi, Caldas, Vegachí, Amaga, Tarazá, Venecia, Amagá y
Rionegro.
Que en casos como los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge, entre
otros, las obras civiles realizadas por las corporaciones, son sectorizadas y
puntuales y no consideran los impactos que dichas intervenciones tienen sobre
el área hidrográfica en su integridad.
Que en el caso específico del río Bogotá, se puede evidenciar la
ejecución de medidas de protección y adecuación hidráulica emprendidas tanto
por la autoridad ambiental del Distrito Capital, como por la autoridad
regional, sin considerar la dinámica integral de dicha fuente hídrica o los
impactos que se puedan generar aguas abajo por las intervenciones realizadas.
Es así como, se presentan en la parte media de dicha cuenca, obras de
protección con diferentes especificaciones técnicas, ejecutadas en cada una de
sus márgenes, ampliando el riesgo de inundación, agravado por la falta de
seguimiento y control en relación con el estado de funcionamiento de las
mismas.
Que los deslizamientos, inundaciones y demás desastres ocasionados
por el Fenómeno de La Niña evidencian deficiente prevención y control del
riesgo por las autoridades ambientales regionales, y falta de coordinación con
las demás autoridades competentes, deficiente asistencia técnica y escasos
programas de control de erosión, manejo de cauces y reforestación, acciones con
lo que se habría evitado o minimizado en sus impactos la ocurrencia de los
desastres y calamidades ocasionados por el mismo, considerando que el eje
fundamental en la prevención de desastres asociados al recurso hídrico es el
manejo integral de la cuenca, a través de la ejecución de las acciones
pertinentes y eficaces para prevenir y evitar su degradación, las que se
encontraban en cabeza de esas entidades.
Que las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales
derivadas del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en las materias antes
señaladas, se circunscriben exclusivamente al ámbito territorial que les señaló
el artículo 33 de la misma norma, por lo que se ha evidenciado una seria dificultad
en la aplicación de los Decreto 1729 de 2002 y 1604 de 2002, que se ha
traducido de acuerdo con los hechos constatados en la atención del estado de
calamidad declarado, en el fraccionamiento de la autoridad, la dispersión de
esfuerzos, la ejecución inadecuada de recursos económicos y la administración
segmentada de la cuenca hidrográfica.
Que lo anterior supone una precaria competencia técnica de las
autoridades ambientales regionales, originada por la dificultad de gestión que
genera su ámbito jurisdiccional, lo que se constituye en un factor determinante
en la prevención, manejo y atención de desastres como el ocasionado por el
Fenómeno de La Niña, por lo que se hace indispensable fortalecerlas con
fundamento en criterios técnico-jurisdiccionales en los que deberá primar el
concepto de la ocupación del territorio considerando a la cuenca como su eje
articulador.
Que entendida la grave calamidad pública como de carácter
eminentemente ambiental, se evidenció en primera instancia, que la jurisdicción
y competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales no responde a criterios
técnicos que se adecúen a un comportamiento similar al de la naturaleza, esto
es, por ecosistemas, de suerte que las políticas y regulaciones, expresadas con
esos criterios técnicos, puedan ser aplicadas de manera eficaz en el
territorio.
Que en desarrollo de lo anterior, se tiene que en la aplicación de
la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta los límites de jurisdicción de las
corporaciones, que como ya se dijo no corresponde al de cuencas hidrográficas,
los procesos de ordenación presentan serias limitaciones en el momento de la
formulación del POMCA y de la aplicación de las directrices del mismo, dada la condicionalidad
existente en la inversión de recursos en el área de cada jurisdicción y la
implementación de medidas de manejo y administración localizadas, sin tener en
cuenta el concepto de integralidad de la cuenca.
Que la visión de cuenca en la administración y gestión de los
recursos naturales, supera los límites político-administrativos del territorio,
por lo que se hace necesario adoptar las medidas necesarias y pertinentes, que
permitan al Gobierno Nacional ejercer una gestión integral y sistémica desde lo
ambiental, teniendo como unidad de gestión administrativa ambiental las cuencas
hidrográficas, lo mismo que sobre los demás factores ambientales para proteger
las comunidades, los bienes y la producción, afectados por el Fenómeno de La
Niña, y para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos derivados de la inadecuada
gestión ambiental en todo el territorio nacional.
Que las 34 Corporaciones Autónomas Regionales existentes no
responden a los criterios técnicos asociados a los ecosistemas que deben
proteger: 15 de ellas responden al criterio de límites
político-administrativos; las demás tienen distribuciones por departamentos que
no responden a criterios ecosistémicos, lo cual impide la adopción de medidas
inmediatas que respondan a los principios que orientan la actuación
administrativa, la gestión integral de los recursos naturales renovables y que
permitan atender la situación de emergencia declarada de manera coordinada y
con la idoneidad y la urgencia requeridas.
Que en otras palabras, esta distribución de jurisdicciones por
límites político administrativos, que no por criterios de sistemas o unidades
naturales, ciertamente fracciona la gestión ambiental en el territorio, con las
consecuencias nocivas que hoy se conocen.
Que a pesar de los instrumentos de regulación de los agentes
productivos, previstos en la ley para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, en especial, en relación con el recurso hídrico, amén de su función
de coordinación, se permitió desde las autoridades ambientales regionales la
ejecución de una innumerable cantidad de obras (represas, embalses, diques,
instalación de compuertas, desviaciones de cauces y drenajes, entre otras),
para solucionar problemas locales, que han dado paso en un alto porcentaje a la
generación de graves impactos a nivel regional y nacional, que se ven
agudizados hoy ante la presencia de fenómenos climáticos, que demuestran que no
es factible desde lo local dimensionar los efectos que las decisiones pueden
ocasionar a otras escalas y niveles demandando así, un manejo integral,
sistémico y eco-regional.
Que por lo tanto el Gobierno Nacional debe emprender acciones
inmediatas de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades
ambientales regionales para que se puedan adoptar de manera eficaz, idónea y
oportuna las medidas necesarias para conjurar la crisis y evitar la extensión
de sus efectos.
Que para el ejercicio de las competencias administrativas
ambientales que por su naturaleza desbordan lo puramente local, y que, por
ello, involucran la administración, protección y preservación de ecosistemas
que superan, o no coinciden, con los límites de las divisiones políticas
territoriales, es necesario que se modifique la jurisdicción de las
corporaciones existentes y como consecuencia se supriman las actuales y se
remplacen por nuevos entes corporativos, adecuando las nuevas jurisdicciones a
unidades administrativas basadas en los límites de la cuenca hidrográfica y que
permitan, para el caso específico de la emergencia ecológica, la implementación
inmediata de medidas de contingencia, protección y recuperación del desastre
que ocasionó el Fenómeno de La Niña con enfoque de manejo y administración de
los recursos naturales en cuencas hidrográficas.
Que los hechos y sus consecuencias demostraron los graves
inconvenientes de que adolecen la organización y funcionamiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales, concebidas precisamente para evitar y
minimizar los riesgos y las situaciones de emergencia como la presente y
demostraron que los problemas de organización y funcionamiento fueron causa
fundamental de los efectos producidos.
Que la nueva estructura de conformación de las autoridades
ambientales competentes tendrá como marco de gestión la cuenca hidrográfica,
obedeciendo a la distribución jerárquica que realizó el Ideam en el mapa de
Zonificación Hidrográfica de Colombia. Teniendo en cuenta este contexto, la
distribución de las jurisdicciones de las CAR se realizó conforme a los límites
de las zonas hidrográficas que presentan características hidrológicas,
hidrográficas y climatológicas similares asociado a características ecosistémicas
y socioambientales afines.
Que igualmente, la modificación planteada responde a un fin
específico por el cual, de no implementar las medidas de manera inmediata, de
suerte que permitan la focalización de acciones y recursos en las cuencas
hidrográficas afectadas, no se atenderán las causas ambientales que facilitaron
la situación de emergencia a la par que los efectos de degradación ambiental
generados por ella, se agudizarán en el tiempo.
Que es imperioso, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, como organismo rector del Sistema Nacional Ambiental -
SINA, expida los lineamientos y directrices bajo los cuales se adelanten las
acciones inmediatas y prioritarias para atender la emergencia, siguiendo
criterios de manejo integral de las cuencas hidrográficas del país.
Que por ello, se concluye que con el fin de atender la situación
de emergencia presentada en el territorio nacional e impedir la ocurrencia de
nuevos eventos y la extensión de sus efectos es indispensable que se fortalezca
la capacidad institucional de las autoridades ambientales regionales,
fusionando aquellas cuya jurisdicción corresponde a las áreas más afectadas por
la emergencia y modificando las funciones y estructura administrativa de las
restantes para que tengan un perfil técnico y visión integral sobre las
políticas ambientales.
Que para el cumplimiento del anterior propósito, se hace necesario
realizar los ajustes institucionales pertinentes para que en el ejercicio de
las nuevas estructuras, funciones y jurisdicciones, se asegure el cumplimiento
de los principios de carácter unitarios de la estructura estatal nacional y se
pueda contar con un mayor soporte técnico para la toma de decisiones,
especialmente en todo cuanto se relaciona con la necesidad de mitigar, prevenir
y atender los efectos de la ola invernal en el marco de sus competencias. El
reacondicionamiento de la composición técnica de los órganos de decisión de
estas entidades resulta imprescindible para un adecuado soporte técnico
científico para el manejo coordinado de las políticas ambientales.
Que por ello, se concluye que con el fin de atender la situación
de emergencia presentada en el territorio nacional e impedir la ocurrencia de
nuevos eventos y la extensión de sus efectos se fortalezca la capacidad
institucional de las autoridades ambientales regionales, a través de 17
Corporaciones Autónomas Regionales que administren los recursos naturales bajo
un criterio de cuenca como unidad ideal para la gestión ambiental del
territorio y atiendan de manera articulada la situación presentada.
Que para el cumplimiento del anterior propósito, se hace necesario
realizar los ajustes institucionales pertinentes para que en el ejercicio de
las nuevas estructuras, funciones y jurisdicciones, se pueda contar con un
mayor soporte técnico para la toma de decisiones, especialmente en todo cuanto
se relaciona con la necesidad de mitigar, prevenir y atender los efectos de la
ola invernal en el marco de sus competencias. El reacondicionamiento de la
composición técnica de los órganos de decisión de estas entidades resulta
imprescindible para un adecuado soporte técnico-científico para el manejo
coordinado a nivel nacional de cuencas hidrográficas y otros fundamentos de
riesgo ambiental.
Que como uno de los objetivos de la declaratoria de Emergencia
Económica, Social y Ecológica contenida en el Decreto 4580 de 2010 y Decreto
020 de 2011, se previó el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación
con las entidades territoriales, para efectos de proteger los derechos
constitucionales de las personas afectadas por la ola invernal.
Que para esos efectos, se procederá a reorganizar los órganos de
Dirección y Administración de las Corporaciones Autónomas Regionales, con el
fin que cuenten con una mayor capacidad técnica que fortalezca su capacidad
decisoria y de gestión y se establezcan mecanismos que faciliten la
focalización de las decisiones hacia la atención prioritaria, oportuna y
sostenible de la emergencia así como de coordinación con las políticas
nacionales ambientales.
Que para el cumplimiento del anterior propósito, se hace necesario
realizar los ajustes institucionales pertinentes para que en el ejercicio de
las nuevas estructuras, funciones y jurisdicciones, se asegure el cumplimiento
de los principios de carácter unitario de la estructura estatal nacional y se
pueda contar con un mayor soporte técnico para la toma de decisiones,
especialmente en todo cuanto se relaciona con la necesidad de mitigar, prevenir
y atender los efectos de la ola invernal en el marco de sus competencias. El
reacondicionamiento de la composición técnica de los órganos de decisión de
estas entidades resulta imprescindible para un adecuado soporte técnico
científico para el manejo coordinado a nivel de cuencas hidrográficas y otros
fundamentos de riesgo ambiental.
Que para esos efectos, se procederá a reorganizar los órganos de
Dirección y Administración de la Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin
que cuenten con una mayor capacidad técnica que fortalezca su capacidad
decisoria y de gestión.
Que en concordancia con lo anterior y con la finalidad de
fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental - SINA, y la
articulación entre el Gobierno Nacional y las instancias regionales, es
necesario optimizar los espacios de dirección y administración del nuevo
esquema institucional, de forma que se facilite la implementación de la política
nacional encaminada a contrarrestar y/o mitigar la situación de desastre
nacional y de emergencia social, económica y ecológica en todo el territorio
nacional. Estos ajustes permitirán al mismo tiempo la estrecha articulación
entre el Gobierno Nacional y las instancias regionales y locales para
incorporar consideraciones de riesgo ambiental, vulnerabilidad climática y
salvaguarda de la estructura ecológica de soporte, en la toma de decisión y en
las inversiones de reconstrucción y rehabilitación de las infraestructuras y
condiciones socioeconómicas del territorio, en las áreas más afectadas del país
por la ola invernal.
DECRETA:
Artículo 1°. Fusión
y denominación de las Corporaciones Autónomas Regionales. Con el fin de conjurar la crisis en sus
aspectos ambientales e impedir la extensión de sus efectos, decrétase la fusión
y modificación en la denominación de las Corporaciones Autónomas Regionales y
de Desarrollo Sostenible de que tratan los artículos 33 y 41 de la Ley 99 de 1993,
de la siguiente manera:
1. Fusionase la Corporación Autónoma Regional del Dique -
Cardique, en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA, la cual en
adelante se denominará Corporación Autónoma Regional del Delta del Magdalena,
Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Baja del Río Magdalena CAR Bajo
Magdalena.
2. Fusionase la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar -
CSB, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge
- Corpomojana, en la Corporación Autónoma Regional de Sucre - Carsucre, la cual
en adelante se denominará Corporación Autónoma Regional de la Depresión
Momposina, CAR-Momposina.
Parágrafo. Las demás Corporaciones Autónomas Regionales y de
desarrollo sostenible conservarán su denominación y jurisdicción.
Artículo 2°. La jurisdicción de las Corporaciones
Autónomas Regionales fusionadas mediante el presente decreto serán las
siguientes:
- Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Baja del Río
Magdalena, CAR - Bajo Magdalena: Localizada en las zona hidrográfica Caribe
litoral y parcialmente en las zonas hidrográficas parte baja del río Magdalena.
Su jurisdicción comprenderá los municipios del departamento del Atlántico y los
municipios de Zambrano, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, María La Baja, San
Juan Nepomuceno, El Guamo, Mahates, Turbaná, Arroyohondo, Arjona, Calamar, San
Cristóbal, Soplaviento, Turbaco, San Estanislao, Villanueva, Santa Rosa,
Clemencia, Cartagena de Indias y Santa Catalina en el departamento de Bolívar.
- Corporación Autónoma Regional de la Depresión Momposina, CAR -
Momposina: Localizada en las zonas hidrográficas de la cuenca baja de los ríos
Magdalena - Cauca - San Jorge. Su jurisdicción comprenderá todos los municipios
del departamento de Sucre y los municipios de San Jacinto del Cauca, Tiquisio
(Puerto Rico), Regidor, Altos del Rosario, Achí, Barranco de Loba, El Peñón,
Hatillo de Loba, Pinillos, Margarita, San Fernando, Córdoba, Montecristo, San
Martín de Loba, Mompós, Cicuco, Talaigua Nuevo, Magangué, Cantagallo, San
Pablo, Morales, Arenal, Rioviejo, Santa Rosa del Sur y Simití en el
departamento de Bolívar.
Artículo 3°. Naturaleza jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales resultantes
de la presente fusión conservarán la naturaleza jurídica establecida en el
artículo 23 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 99 de
1993, el cual quedará de la siguiente forma:
Artículo 24. De los órganos de dirección y administración. Las
Corporaciones Autónomas Regionales tendrán dos (2) órganos de dirección y
administración a saber:
a) El Consejo Directivo, y
b) El Director General.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 99 de
1993, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 26. Del Consejo Directivo. Es el órgano de dirección y
administración de la corporación y estará conformado por:
a) El gobernador del departamento sobre cuyo territorio ejerza
jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado, quien lo
presidirá. En el caso de que la corporación ejerza jurisdicción sobre más de un
departamento, el Consejo Directivo estará integrado por dos gobernadores;
b) Dos (2) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del
territorio de la jurisdicción de la Corporación, cuando este territorio cubra
más de un departamento. En el caso en que la corporación ejerza jurisdicción
sobre un solo departamento el Consejo Directivo estará conformado por tres (3)
alcaldes de los municipios de la jurisdicción. En todo caso concurrirá el
alcalde de la ciudad capital o de una de las ciudades capitales comprendidas en
la jurisdicción;
c) Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias
tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación,
debidamente certificados por el Ministerio del Interior y Justicia;
d) Un (1) representante de las comunidades negras tradicionalmente
asentadas en el territorio de la jurisdicción de la Corporación, debidamente
certificados por el Ministerio del Interior y Justicia;
e) Un (1) representante o delegado del Presidente de la República;
f) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o
su delegado;
g) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado;
h) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su
delegado;
i) Un (1) Director General o su delegado, de los Institutos de
Investigación Científica adscritos o vinculados al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o el director de la Unidad de Parques Unidad
Administrativa Especial del Sistema Parques Nacionales Naturales o su delegado,
definido por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Adicionalmente, harán parte del Consejo Directivo con voz pero sin
voto:
- Un (1) representante de las entidades sin ánimo de lucro que
tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la corporación y cuyo objeto
principal sea la protección del medio ambiente, elegido por ellas mismas, de
acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
- Un (1) representante de los gremios económicos organizados en la
jurisdicción de la corporación elegido por ellas mismas, de acuerdo al
procedimiento que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Parágrafo 1°. Cuando fuere necesario, los miembros del Consejo
Directivo de que tratan los literales a) y b) serán elegidos por ellos mismos
para el periodo de un (1) año de acuerdo con el procedimiento que para el
efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo 2°. El proceso de elección de los representantes a que
se refieren los literales c) y d), se continuará efectuando conforme a las
disposiciones vigentes expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Parágrafo 3°. En los casos en que dentro de la jurisdicción de las
Corporaciones Autónomas Regionales no se presenten las comunidades de que
tratan los literales c) o d), harán parte de los consejos directivos el rector
o vicerrector de una de las Universidades públicas o privadas con sede en su
jurisdicción, elegidas por ellas mismas.
Parágrafo 4°. Para el caso de la Corporación Autónoma Regional del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Coralina, el Consejo
Directivo estará integrado por:
a) El Gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, quien lo presidirá;
b) Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su
delegado;
c) Un representante del Presidente de la República;
d) El Alcalde de Providencia;
e) El Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andréis" - Invemar;
f) Un representante de los gremios económicos organizados en el
Archipiélago;
g) Un representante de los gremios de la producción artesanal
agropecuaria y pesquera debidamente constituidos en el archipiélago;
h) El Director de la Dirección General Marítima del Ministerio de
Defensa;
i) Dos (2) representantes de la comunidades nativas de San Andrés
y un (1) representante de la comunidad nativa de Providencia, elegidos por
ellos mismo, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
j) El Director General del Ideam o su delegado.
Parágrafo Transitorio 1°. Los consejos directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales que surgen de la fusión prevista en este
decreto deberán integrase dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
su expedición y ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011. Para
tal efecto, los miembros actuales y en ejercicio, de que tratan los literales
a), b), c), d) y los representantes de las entidades sin ánimo de lucro y de
gremios económicos organizados, elegirán entre ellos mismos sus representantes
al Consejo Directivo.
Parágrafo Transitorio 2°. Los Consejos Directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales existentes deberán integrase dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del presente decreto y
ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011. Para tal efecto, los
miembros actuales y en ejercicio, de que tratan los literales a) y b) elegirán
entre ellos mismos sus representantes al Consejo Directivo, los demás miembros
continuarán ejerciendo sus funciones.
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 99 de
1993, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 27. De las funciones del Consejo Directivo. Son funciones
del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales:
a) Asegurar que el Director General implemente las políticas
ambientales formuladas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, acorde con las condiciones regionales;
b) Velar por la incorporación de la variable del riesgo ambiental
en los procesos de planificación y gestión ambiental en el territorio;
c) Aprobar los estatutos de la Corporación y sus reformas;
d) Determinar la planta de personal de la Corporación;
e) Disponer la participación de la Corporación en la constitución
y organización de sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso a las ya
existentes;
f) Disponer la contratación de créditos externos e internos;
g) Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual
podrá crear, suprimir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades
conforme a la ley;
h) Aprobar la declaratoria, creación, alinderación, realinderación,
incorporación, integración o sustracción de las reas de que trata el numeral 16
del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, conforme a las regulaciones expedidas por
el Gobierno Nacional para tal fin;
i) Autorizar la delegación de funciones de la entidad;
j) Aprobar el Plan de Acción Institucional de la Corporación y sus
modificaciones, y hacer seguimiento a su ejecución;
k) Aprobar el Presupuesto Anual de ingresos y gastos de la
Corporación;
l) Nombrar o remover al Director General de la Corporación;
m) Aprobar el Plan de Gestión Ambiental Regional de la
Corporación, sus modificaciones y solicitar informes de seguimiento de su implementación;
n) Aprobar los informes de avance de ejecución del Plan de Acción
de la Corporación que debe presentar el Director General ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
o) Aprobar el Reglamento Interno para el manejo presupuestal de la
Corporación, en lo que concierne a los recursos propios;
p) Designar Director Encargado en las ausencias temporales o
definitivas del Director titular; y demás novedades administrativas del
Director General de la Corporación;
q) Autorizar al Director la enajenación y compra de bienes
inmuebles y acciones de la corporación;
r) Aprobar la creación de subsedes en la jurisdicción de la
Corporación
Parágrafo. Cuando las Corporaciones vayan a hacer uso de recursos
que se originaron o se originen, incluidos su producido, de la venta de activos,
se requerirá una mayoría calificada del 75% del Consejo Directivo.
Parágrafo Transitorio. Será función del Consejo Directivo aprobar
el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus
Efectos, de que trata el parágrafo transitorio del artículo 9° del presente
decreto.
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 28 de la Ley 99 de
1993, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 28. Del Director General. El Director General será el
representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será
nominado por el Presidente de la República ante el Consejo Directivo quien
podrá ratificar dicha nominación, para un período institucional de dos (2)
años, contado a partir de 1° de enero de 2012, en concordancia con el inicio
del periodo establecido por el artículo 1° de la Ley 1263 de 2008. Si el
consejo no ratifica la nominación, el Presidente postulará otro candidato. Si
el consejo se abstiene de adoptar una decisión respecto del candidato
postulado, pasado un mes desde la nominación el Presidente de la República
encargará un director que permanecerá en el cargo hasta que el consejo designe.
Parágrafo Transitorio. El Presidente de la República designará,
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del presente
decreto, los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales
resultantes de la fusión, quienes ejercerán sus funciones hasta el 31 de
diciembre de 2011.
Las Juntas Directivas de las Corporaciones Autónomas absorbidas
quedarán disueltas a partir de la expedición del presente decreto y los cargos
de directores de aquellas suprimido.
Artículo 8°. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 99 de
1993, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 29. Funciones del Director General. Son funciones del
director general, las señaladas en las leyes, en los reglamentos y en los
estatutos respectivos. En particular le corresponde:
a) Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y
ejercer su representación legal;
b) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo
Directivo;
c) Implementar las políticas ambientales formuladas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las disposiciones
ambientales expedidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial acorde con las condiciones regionales;
d) Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los
planes y programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la
corporación, el proyecto de presupuesto, así como los proyectos de organización
administrativa y de planta de personal de la misma;
e) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento
interno;
f) Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones
y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal
funcionamiento de la entidad;
g) Constituir mandatarios o apoderados que representen a la
corporación en asuntos judiciales y demás de carácter litigioso;
h) Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas
funciones, previa autorización del Consejo Directivo;
i) Nombrar y remover el personal de la corporación;
j) Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y
fondos que constituyen el patrimonio de la corporación;
k) Suministrar al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial la información que este requiera, sobre el estado de ejecución de
las funciones que corresponden a la corporación y los informes generales y
periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y
la situación general de la entidad;
l) Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean
solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de la Corporación así
como sobre su situación financiera, de acuerdo con los estatutos;
m) Presentar para conocimiento del Consejo Directivo, las cuentas
de resultados de cada período anual;
n) Las demás que los estatutos de la corporación le señalen y que
no sean contrarias a la ley.
Artículo 9°. Adiciónese a las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales establecidas en el artículo 31 de la Ley 99
de 1993, las siguientes:
a) Incorporar, en los procesos de ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas, la gestión del riesgo;
b) Participar activamente y prestar el apoyo técnico requerido por
los Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres - CREPAD, y
los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD, para la identificación,
priorización y ejecución de obras tendientes a mitigar la vulnerabilidad del
riesgo por desastres naturales;
c) En el caso de ser declarada la emergencia económica, social y
ecológica decretada por el Gobierno Nacional las Corporaciones deberán
colaborar y coordinar armónicamente en materia técnica y presupuestal;
d) Ejercer sus funciones de autoridad ambiental en el mar
territorial, en aquellas jurisdicciones que cuenten con costa marítima o
insular, salvo las competencias que de manera privativa corresponden al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
e) Implementar los modelos de gestión integral para atender y
gestionar los riesgos ambientales asociados a las zonas inundables, con base en
los criterios que para tal fin expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial;
f) Adelantar estudios permanentes sobre las dinámicas y
comportamientos naturales y sociales que generan riesgos en las zonas
inundables, incluyendo los escenarios de Cambio Climático que provea el
Gobierno Nacional;
g) Definir las determinantes ambientales para los Planes de
Ordenamiento Territorial de conformidad con los lineamientos definidos por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo Transitorio. Las Corporaciones Autónomas Regionales
adicionalmente deberán:
a) Formular dentro de los treinta días siguientes a la expedición
del presente decreto, en concordancia con las directrices que para el efecto
expida el Gobierno Nacional, un Plan de Acción para la Atención de la
Emergencia y la Mitigación de sus efectos;
b) Iniciar dentro de los treinta días siguientes a la expedición
del presente decreto los procesos administrativos de carácter preventivo y
sancionatorio tendientes a la recuperación de las zonas de protección,
humedales, rondas y playones ocupadas o intervenidos ilegalmente con el propósito
de recuperar el normal funcionamiento hídrico de las dinámicas de estas zonas;
c) Elaborar los mapas de riesgo ambiental para las zonas críticas
de su jurisdicción, priorizando las áreas afectadas, respecto de las cuales
tendrá un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del
presente decreto;
d) Identificar y delimitar las zonas inundables, con el apoyo
técnico del Ideam y el IGAC, a escala 1:25.000 en un plazo no mayor a ocho (8)
meses contados a partir de la expedición del presente decreto, con prioridad en
las áreas afectadas por la emergencia, para lo cual el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial definirá los criterios y parámetros con los
que deberá desarrollar dicha actividad;
e) Establecer las consideraciones ambientales para drenar, dragar
o adecuar hidráulicamente el área afectada en el evento de desastre por
inundación, a fin de reducir y controlar los riesgos o el impacto negativo,
hacer seguimiento al impacto de estas obras y actividades y brindar apoyo
técnico a las entidades territoriales, en la medida en que se presenten los
requerimientos para atender la emergencia;
f) Formular los planes, programas o proyectos para la restauración
ambiental de las zonas inundables, afectadas por la emergencia, en un plazo no
mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto,
los cuales podrán ser ejecutados directamente por parte de las corporaciones
y/o servirán de insumo para el Plan de Acción para la fase de recuperación, construcción
y reconstrucción de que trata el Decreto 4819 de 2010;
g) En atención a la declaratoria de emergencia económica, social y
ecológica decretada por el Gobierno Nacional por el Decreto 4580 de 2010 y 020
de 2011, las Corporaciones aquí creadas deberán colaborar y coordinar
armónicamente en materia técnica y presupuestal para atender la presente
crisis.
Artículo 10. Modifíquese el artículo 44 de la Ley 99 de
1993, el cual quedará así:
Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad
Inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2° del
artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el
total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior
al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o
distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por
el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal.
Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido
en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una
sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil
sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto
predial.
Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas
actualmente vigentes, siempre y cuando estas no excedan el 25.9% de los
recaudos por concepto de impuesto predial.
Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las
Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes
ambientales y en los términos de que trata el numeral 1 del artículo 46,
deberán ser pagados a estas por trimestres, a medida que la entidad territorial
efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo
de cada año subsiguiente al período de recaudación.
Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de
que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de
protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se
seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente
ley establece.
Parágrafo 1°. El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje
o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad
inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del municipio, distrito, o
área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la población
municipal, distrital o metropolitana, dentro del área urbana, fuere superior a
1'000.000 de habitantes. Estos recursos se destinarán exclusivamente a
inversión.
Parágrafo 2°. Las Corporaciones destinarán como mínimo el 10%, de
los recursos de que trata el presente artículo para atender actividades de
mitigación del riesgo y manejo del recurso hídrico.
Artículo 11. Las Corporaciones destinarán como mínimo
el 10% de los recursos de que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, para
adelantar en toda su jurisdicción actividades de reforestación, restauración,
recuperación o rehabilitación de ecosistemas y para la elaboración de los
planes de establecimiento y manejo de sistemas forestales, siguiendo los
criterios establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Adicionalmente podrán incluirse procesos de declaratoria y manejo
de aéreas protegidas del nivel regional.
Artículo 12. Adicionar el artículo 65 de la Ley 99 de
1993, en los siguientes términos:
Además de las funciones señaladas en el artículo 65, inclúyase la
siguiente: Incorporar en los Planes de Ordenamiento Territorial las
determinantes ambientales definidas por las Corporaciones Autónomas Regionales
y tomar las medidas del caso para su adopción.
Artículo 13. Modificar el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, de la siguiente manera:
Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los
municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual
o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro
urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales
en lo que respecta a la protección y conservación del medio ambiente en las
áreas urbanas, a excepción de la elaboración de planes de ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas y la gestión integral del recurso hídrico.
Artículo 14. De las Comisiones Conjuntas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial integrará y presidirá las comisiones conjuntas de que trata el
parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993. Se autoriza a dichas
comisiones para constituir un fondo común sin personería jurídica a través del
cual deberán realizar las inversiones necesarias para el manejo integral de la
respectiva cuenca.
Artículo 15. Adopción de la nueva estructura y la nueva
planta de personal. De conformidad con las disposiciones señaladas en el
presente decreto el Consejo Directivo de cada corporación resultante de la
fusión dispuesta en el presente decreto, procederá a adoptar la nueva
estructura y la nueva planta de personal necesaria para el cumplimiento de sus
funciones con criterios de eficiencia, eficacia en la prestación de los
servicios y racionalidad en el manejo de los recursos disponibles.
Los funcionarios de las plantas de personal de las Corporaciones
Autónomas Regionales existentes al momento de la fusión continuarán ejerciendo
las funciones a ellos asignadas y percibiendo la misma remuneración hasta tanto
sean retirados de la entidad como consecuencia de la supresión de sus cargos o
se produzca la incorporación a la nueva planta de personal y tomen posesión del
cargo.
Artículo 16. Las incorporaciones de los empleados a la
nueva planta de personal que se adopte para las Corporaciones fusionadas, se
hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, dentro de
los siguientes treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de
su publicación. Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración
mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente.
Artículo 17. Atribuciones de los funcionarios de las
plantas actuales. Los funcionarios de las plantas de
personal de las Corporaciones Autónomas Regionales existentes al momento de la
fusión continuarán ejerciendo las funciones a ellos asignadas, hasta tanto, sea
adoptada la nueva planta de personal de la Corporación Autónoma Regional
resultante de la fusión.
Artículo 18. Contratos vigentes. Los contratos y convenios actualmente vigentes celebrados
por las entidades fusionadas, se entienden subrogados en la Corporación
Autónoma Regional resultante de la fusión, la cual continuará con su ejecución
y cumplimiento sin que para ello sea necesario suscripción de documento
adicional alguno.
Artículo 19. Transferencia de bienes, derechos y
obligaciones. Los bienes, derechos y obligaciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales fusionadas, deberán ser transferidos a la
Corporación Autónoma Regional a la cual fueron fusionadas.
Los actos administrativos expedidos por las corporaciones
autónomas absorbidas por alguna de las enunciadas en el artículo 1° del
presente decreto, conservarán su validez y efectos. Será responsabilidad de las
corporaciones resultantes de la fusión dispuesta en el presente decreto, velar
por el cumplimiento de los mismos y atender las solicitudes de aclaración que
en relación con dichos actos se formulen.
Artículo 20. En desarrollo del proceso de fusión, la
adecuación y operación de los sistemas contables, financieros, de tesorería,
almacenes y demás servicios de apoyo, así como la transferencia de los bienes,
derechos y obligaciones a la corporación autónoma regional resultante de la
fusión, tendrá como plazo máximo para concluir el 31 de diciembre de 2011. Lo
anterior de conformidad con las normas que regulan la materia.
Artículo 21. Derechos y obligaciones litigiosas. En desarrollo del proceso de fusión, la transferencia de
los derechos y obligaciones litigiosas a la Corporación Autónoma Regional
resultante de la fusión, deberá concluir el 31 de diciembre de 2011. Lo
anterior de conformidad con las normas que regulan la materia.
Artículo 22. Transitorio. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar debidamente
constituidas al cierre de la vigencia fiscal de 2010, debidamente constituidas
con cargo al presupuesto de las entidades que se fusionan serán ejecutadas por la
Corporación Autónoma Regional resultante de la fusión.
Artículo 23. Desde la entrada en vigor del presente
decreto hasta la fecha de terminación de la transición prevista en el presente
decreto, las actuales Corporaciones Autónomas Regionales deberán en todas sus
decisiones incluir una visión integral de la cuenca hidrográfica de su
jurisdicción con el fin de asegurar que sus actos y determinaciones, en lo
pertinente, estén dirigidos de manera directa y específica a conjurar las
causas ambientales de la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
También deberán coordinar sus decisiones al respecto con las otras
Corporaciones Autónomas Regionales cuya jurisdicción corresponda a la misma
cuenca hidrográfica y continuar con el desarrollo de los programas y proyectos
en ejecución.
Artículo 24. Control Fiscal. La auditoría de las Corporaciones Autónomas Regionales
fusionadas mediante el presente decreto estará a cargo de la Contraloría
General de la República siendo indelegable el ejercicio de esta función.
Artículo 25. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su
expedición y deroga expresamente el artículo 25 de la Ley 99 de 1993 y todas
aquellas disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Ministro del Interior y de Justicia,
Germán Vargas Lleras.
Viceministra de Relaciones Exteriores,
encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones
Exteriores,
Mónica Lanzetta Mutis.
Viceministro General del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
William Bruce Mac Master Rojas.
Ministro de Defensa Nacional,
Rodrigo Rivera Salazar.
Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural,
Juan Camilo Restrepo Salazar.
Ministro de la Protección Social,
Mauricio Santa María Salamanca.
Ministro de Minas y Energía,
Carlos Enrique Rodado Noriega.
Viceministro de Desarrollo Empresarial del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Carlos Andrés de Hart Pinto.
Ministra de Educación Nacional,
María Fernanda Campo Saavedra.
Ministra de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial,
Beatriz Elena Uribe Botero.
Ministro de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones,
Diego Ernesto Molano Vega.
Viceministra de Transporte, encargada de
las funciones del Despacho del Ministro de Transporte,
María Constanza García.
2.    INTERVENCIONES
Como se deduce de su texto, los 25 artículos del
Decreto 141 de 2011, cuya constitucionalidad se revisa en la presente
providencia, se ocupan  de establecer y regular en detalle tres medidas o
prescripciones normativas: (i) por un lado, el decreto fusiona cinco
Corporaciones Autónomas Regionales en dos nuevas (artículos 1 a 3, y 15 a 24); (ii) en segundo lugar, contiene un conjunto de modificaciones estructurales y
administrativas, que según los considerandos, buscan mejorar la coordinación de
las CAR con la Nación y con las entidades territoriales (artículos 4 a 8 y 12 a 14), y (iii) y, finalmente, el decreto tiene un conjunto de disposiciones que apuntan a
dotar a las CAR de instrumentos que les permitan responder de manera más
efectiva a los efectos de la crisis (artículos 9 a 11). La primera medida se refiere a la creación de nuevos entes estatales, a partir de unos ya
existentes; la segunda  a una reorganización al interior de las corporaciones
para mejorar la coordinación interinstitucional, y la tercera, a asuntos
competenciales e instrumentales para el mejor ejercicio de las atribuciones de
las CAR, en relación con la emergencia.
En el anexo 1, se sintetizan las cerca de 40
intervenciones recibidas en la Corte en el marco de la presente revisión automática
de constitucionalidad, pero en líneas generales, éstas se pueden sintetizar en
abstracto de la siguiente manera:
(i)
Con excepción de las intervenciones del Gobierno Nacional, y unas
pocas de entidades académicas, el grueso de los escritos recibidos coinciden en
afirmar que una reestructuración permanente de las Corporaciones Autónomas
Regionales como la contenida en el Decreto examinado, desconoce el principio de
conexidad, pues no se trata de medidas directas y específicamente vinculadas
con la emergencia declarada en el Decreto 020 de 2011, ni están destinadas
exclusivamente a conjurar dicha crisis o a impedir la extensión de sus efectos.
(ii)
Algunas intervenciones consideran que también se vulnera el
principio de necesidad de las medidas que le es exigible a toda medida expedida
al amparo de un estado de emergencia. Esta crítica es reiterativa en las
intervenciones presentadas por algunas entidades territoriales, especialmente
respecto de las disposiciones que despojan a ciertas entidades territoriales de
competencias ambientales, para transferírselas a las CAR. Un buen número de
intervenciones considera que no existen estudios técnicos que justifiquen las
afirmaciones del Decreto según las cuales las fallas en el reparto territorial
de las CAR, o en su funcionamiento causaron la crisis, o deben modificarse para
conjurar sus efectos.
(iii)
En la mayoría de las intervenciones también se considera que las
medidas adoptadas autorizan una injerencia de tal entidad, por parte del
Gobierno Nacional, en los órganos de dirección y administración de las CAR, que
se vulnera la autonomía que a estas entidades les confiere la Constitución. Una
variante de esta argumentación apunta, en varios de los escritos, a afirmar que
el Decreto desconoce el principio de descentralización consagrado en el
artículo 1º de la Constitución.
(iv)
Algunas intervenciones, especialmente las suscritas por los
trabajadores de las CAR que el Decreto fusiona, consideran que el Decreto
disminuye los derechos sociales de los trabajadores.
(v)
Varias intervenciones afirman que dado que la regulación del
funcionamiento de las CAR es competencia expresa del Congreso, no le es posible
al Gobierno legislar sobre esa materia en un Decreto como el aquí examinado.
Por su pertinencia, a continuación se resume la
extensa intervención presentada por el Gobierno Nacional en defensa del
Decreto. A lo largo de las consideraciones, se aludirá a algunas de las otras
intervenciones.
2.1
Intervención del Gobierno Nacional en relación con la medida
sobre fusiones de algunas Corporaciones Autónomas Regionales
2.1.1
Principio de conexidad
El objeto de
esta medida es que la jurisdicción de las nuevas CAR corresponda a las cuencas
hidrográficas y no a las divisiones político administrativas, y así está
establecido en la parte motiva del Decreto 141, en la que se destaca que la
necesidad de implementar las medidas de manera inmediata, de suerte que
permitan la focalización de acciones y recursos en las cuencas hidrográficas
afectadas es  más apremiante en las zonas más críticas: Campo de la Cruz,
Manatí, Santa Lucía y Suán en el Atlántico y en la parte media y baja de la
Cuenca del río Magdalena, desde Barrancabermeja hasta la desembocadura en el
mar Caribe (considerandos 48 y 10). Estas son precisamente las zonas donde el
gobierno decidió fusionar las CAR: “Las CAR fusionadas corresponden a los
lugares donde se presentaron estos eventos, es decir, a aquellos donde se hizo
completamente imperioso que una CAR regulara las respectivas cuencas
hidrográficas: la cuenca baja del río Magdalena y la Depresión Momposina”. Esta
circunstancia satisface el principio de conexidad interna entre la medida y los
considerandos del Decreto.
La medida de
fusión, además, ha sido tomada específicamente para responder a la crisis que
dio lugar a la adopción del Decreto 020 de 2011, ante los mayores impactos del
fenómeno de La Niña: “la falta de coordinación de las respuestas de las CAR
a la crisis desatada por La Niña se debe en parte a su jurisdicción
desarticulada. Así, aunque la crisis ha tenido impactos sobre ecosistemas
enteros, las CAR solo han ejercido sus competencias en sus áreas formales de
jurisdicción, restringida por criterios político-administrativos ajenos a los
ecológicos. La falta de coordinación en algunos casos ha llevado incluso a
impactos imprevistos para las cuencas hidrográficas…Por este motivo el Gobierno
Nacional decidió fusionar algunas de las CAR para crear dos nuevas CAR con
jurisdicción en dos de las áreas más críticas…dos zonas gravemente afectadas
por el desbordamiento de la cuenca baja de los ríos Cauca y Magdalena, que
durante el mes de diciembre registraron incrementos inusitados en sus
respectivos caudales. Estas son las dos cuencas hidrográficas en que el
Gobierno ha considerado que es urgente adoptar respuestas coordinadas para
tomar medidas rápidas y oportunas para conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos. La medida de fusionar estas corporaciones entonces se
dirige “exclusivamente” a responder efectivamente a la crisis ocasionada por el
fenómeno de La Niña en tales cuencas hidrográficas”.
2.1.2
Principio de finalidad
La medida de
la fusión de las CAR contenida en los primeros artículos del Decreto 141, y
desarrollada para efectos de implementación en los artículos 15 a 24, es idónea para fortalecer la capacidad institucional de las autoridades ambientales
regionales, en la medida en que permite que las CAR resultantes de la fusión
tengan una jurisdicción comprehensiva de las cuencas donde operan. Así podrán
tomar acciones oportunas y efectivas para afrontar la emergencia, con
jurisdicción completa sobre las dos cuencas hidrográficas en la situación más
catastrófica.
2.1.3
Principio de necesidad
Desde el punto
de vista jurídico, es claro que el listado de las CAR en el país con sus
respectivas zonas de jurisdicción, se encuentra en el artículo 33 de la Ley 99
de 1993. La facultad de crearlas se le confiere expresamente al Congreso. De
modo que el Gobierno no habría podido tomar las mismas medidas para fortalecer
la capacidad institucional de las CAR sin recurso a un Decreto Legislativo.
Desde el punto
de vista fáctico, la necesidad de la medida obedece a que el mal manejo
ambiental en esas zonas críticas donde se establece la modificación, tiene que
ver con la desarticulación de las políticas de las CAR, que no han actuado con
un criterio unificado, y no han invertido de manera integral en las cuencas
hidrográficas. La unificación en esas zonas críticas responde a la necesidad de
ofrecer una respuesta rápida y efectiva a la crisis en estas áreas, por parte
de las autoridades ambientales.
2.1.4
Principio de proporcionalidad
Dada la envergadura de la crisis, las medidas
tomadas en el Decreto son proporcionales a ella: “La fusión de las CAR en
las zonas críticas responde a la gravedad del impacto ambiental en las cuencas
hidrográficas del Bajo Magdalena y la Depresión Momposina, que rebasa el
impacto en muchas otras zonas donde también se han afectado los ecosistemas”.
2.1.5
Otras consideraciones constitucionales específicas sobre la
medida de fusión de algunas CAR
El Decreto
conserva en las dos Corporaciones resultantes de la fusión la naturaleza
jurídica establecida en la Ley 99 de 1993, es decir, su condición de entidades
dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica. Por lo tanto, se respeta el mandato constitucional de
autonomía.
La respuesta
del Gobierno a la crisis ha sido modulada: en las zonas de más catastrófico
impacto, ha decidido fusionar las CAR, y en las zonas de afectación grave pero
en menor grado ha optado por fortalecer los mecanismos de coordinación entre
Corporaciones, a través de modificaciones a la estructura y funcionamiento de
las llamadas comisiones conjuntas.
Los artículos finales del Decreto, que contienen
disposiciones de transición para las fusiones ordenadas en sus primeros
artículos, referidos a las plantas de personal, los contratos, el presupuesto y
el control fiscal, garantizan principios constitucionales como la seguridad
jurídica, los derechos de los trabajadores y la vigilancia de la gestión
fiscal. Las licencias ambientales concedidas también conservan su vigencia
después de la fusión, con lo cual se protege el medio ambiente.
2.2
Intervención del Gobierno Nacional en relación con las medidas
para mejorar la coordinación de las CAR con la Nación y las entidades
territoriales
2.2.1
Principio de conexidad
Como lo
señalan las motivaciones del Decreto, existe la necesidad de mejorar la
coordinación de las CAR con la Nación y con las entidades territoriales, “pues
la falta de coordinación institucional ha sido un factor contribuyente a la
magnitud de la crisis  en su aspecto humanitario y ecológico…Una parte
considerable de la crisis fue causada por las respuestas fragmentadas y
descoordinadas de las autoridades ambientales”.
Un primer grupo
de medidas de coordinación modifican los órganos de gobierno de las CAR, con el
fin de permitir una mayor coordinación con el Gobierno Nacional en materias de
relevancia nacional como el cuidado de la cuenca hidrográfica, la protección
del derecho al medio ambiente, la garantía de los derechos de las personas
afectadas por el fenómeno natural y las obras que es necesario acometer para
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Con ese propósito:
-Se elimina la
Asamblea Corporativa para mejorar la independencia de las decisiones de las CAR
-Se modifican
las funciones del Consejo Directivo y su composición para aumentar la calidad
de sus decisiones y permitir la coordinación con las autoridades nacionales, y
-Se modifican
las funciones y método de elección del Director General para asegurar que las
CAR actúen de manera armónica dentro del sistema ambiental nacional.
-Se establece
que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial presida las
comisiones conjuntas entre CAR con jurisdicción en una misma cuenca, con lo
cual también se logrará coordinar las respuestas de las CAR hacia la solución
de los impactos de la crisis invernal y la prevención de la extensión de sus
efectos.
Un segundo grupo
de medidas de coordinación, apunta a mejorar la coordinación de las CAR con
otras entidades. Ellas son:
-La que obliga
a los municipios y distritos a incorporar en los Planes de Ordenamiento
Territorial las determinantes ambientales definidas por las CAR y tomar las
medidas del caso para su adopción, y
-La que
remueve de los grandes centros urbanos la función de elaborar planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y la gestión integral del recurso
hídrico, y concentra esta función en las CAR.
Todas estas
medidas están encaminadas a conjurar la crisis declarada en el Decreto 020 de
2011. Si la crisis fue causada en parte por la falta de coordinación de las CAR
con las autoridades nacionales, las medidas tomadas en este conjunto de normas
apuntan a ofrecer garantías de no repetición a los habitantes de las zonas
afectadas. Los nuevos miembros del Consejo Directivo “permiten mejorar la
coordinación con las comunidades afectadas, y con la Nación en la toma de
decisiones que afectan el sistema ambiental, y proveen a las CAR con mayor
soporte técnico. Esta inclusión de nuevos miembros tiene la finalidad directa y
específica de permitir a las CAR ofrecer una respuesta adecuada y oportuna a
los graves efectos de la calamidad…y evitar futuras crisis”. Las nuevas
funciones del Consejo Directivo también apuntan a dotar a las CAR de
herramientas para lograr la finalidad de coordinar su actividad, y
particularmente su respuesta a la crisis, con las autoridades nacionales y
regionales. El nuevo método de elección del Director General, respetando la
autonomía de las CAR –pues lo designa el Consejo Directivo-, apunta a que el
actuar de las Car encaje dentro de una política ambiental nacional armónica,
que permita hacer frente a los aspectos ambientales de la catástrofe y evitar
futuras crisis. Lo mismo puede decirse de las nuevas funciones del Director,
relacionadas con implementar las políticas ambientales formuladas por el
Ministerio de Ambiente y suministrarle información sobre dicha implementación.
Las medidas
relacionadas con la mayor coordinación con las entidades territoriales “tienen
la exclusiva finalidad de evitar respuestas y medidas disparejas en materia
ambiental respecto de las cuencas hidrográficas  por parte de las principales
entidades territoriales, y permiten que las CAR retengan el control sobre las
políticas ambientales regionales, mejorando así la coordinación en la respuesta
a la crisis invernal…”. Y la nueva facultad al Ministerio ambiental de
presidir las comisiones conjuntas permite al Gobierno coordinar las respuestas
de distintas CAR hacia una sola cuenca hidrográfica, teniendo en cuenta todas
las variables relevantes y los aspectos particulares del impacto de la crisis
invernal sobre una cuenca determinada.
2.2.2
Principio de finalidad
La eliminación
de la Asamblea Corporativa de las CAR busca garantizar que las decisiones de
las CAR se fundamenten exclusivamente en consideraciones técnicas, con el fin
de tomar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión
de sus efectos desde una perspectiva de cuenca hidrográfica. Estas asambleas “comenzaron
a mostrar un creciente deterioro en cuanto a su independencia, pues estaban
conformadas por los mismos municipios que eran objeto de control por parte de
las CAR.  Su eliminación contribuye a asegurar que las CAR tengan, como lo
dicen los considerandos, un “perfil técnico y visión integral sobre las políticas
ambientales”.
Con la
modificación de la estructura y funciones del Consejo Directivo, de las
funciones del Director General y de su método de elección, se fortalecen los
órganos de dirección de las CAR, al mejorar su coordinación con el Gobierno Nacional,
en dos sentidos:
-Al incluir
nuevos miembros del Gobierno en el Consejo y cambiar la forma de elección del
Director, se asegura que la administración de las CAR siga la misma orientación
general en términos de política ambiental que el Gobierno Nacional: “Esto
permite a las CAR ofrecer una respuesta coordinada a la crisis desatada por el
fenómeno de la Niña…”
-Las nuevas
funciones aseguran que la actividad de las CAR esté coordinada dentro del
sistema nacional ambiental, al estar obligados los órganos de dirección a
implementar las políticas ambientales formuladas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, y suministrar al Ministro la información que
éste requiera sobre el estado de ejecución de dicha función.
Así, se logra
una respuesta coordinada a nivel nacional para conjurar la crisis, pues se
construye una solución duradera para ofrecer a los habitantes del territorio
nacional una garantía de no repetición.
Las medidas
que apuntan a mejorar la coordinación entre las CAR y las entidades
territoriales, obligarán directamente a todos los municipios y distritos a
incorporar y adoptar las determinantes ambientales definidas por las CAR dentro
de los respectivos POT, en esa medida también satisfacen el principio de
finalidad.
Finalmente, la
incorporación del Ministerio ambiental a las comisiones conjuntas que integran
las CAR que tienen jurisdicción sobre una misma cuenca hidrográfica, permite
mejorar la coordinación en las 17 cuencas hidrográficas afectadas por la
crisis, en las que no se estimó necesaria la fusión.
2.2.3
Principio de necesidad
Jurídicamente,
se tiene que la estructura, funciones y jurisdicción de las CAR se encuentran
consagradas en normas de rango legal. El tema de la estructura administrativa y
funciones, específicamente, se encuentra en los artículos 24 a 32 de la Ley, lo mismo que las funciones de los grandes centros urbanos. De hecho, el
funcionamiento de las CAR corresponde, por mandato constitucional, al Congreso,
luego las medidas de fortalecimiento institucional para afrontar la crisis
requerían necesariamente la expedición de un Decreto Legislativo.
Fácticamente,
existe la necesidad de que las CAR actúen dentro del marco del sistema
ambiental nacional y con un criterio técnico, que permita enfrentar
adecuadamente la crisis declarada en el Decreto 020 de 2011. De esta manera:
-La supresión
de las Asambleas Corporativas obedece a la necesidad de superar la falta de
independencia que mostró este órgano de gobierno en diversas CAR. “El
Gobierno Nacional consideró que, como los sujetos regulados (los municipios)
hacían parte del máximo órgano de la Corporación, ésta no podría actuar de
manera independiente al formular las políticas ambientales de la región o
ejercer adecuadamente la función de policía para proteger el medio ambiente.
Esta circunstancia se evidenció en los impactos de La Niña sobre los habitantes
de varios municipios que residían en lugares de alto riesgo de inundación y a
la tolerancia de malos manejos forestales y de otro orden en las zonas
afectadas”.
-La misma
falta de independencia, con consecuencias semejantes, dio lugar a la necesidad
de eliminar la representación de sectores privados locales en el Consejo
Directivo de las CAR, pues estos mismos sectores privados con intereses a nivel
local eran los sujetos de decisiones de las Corporaciones como autoridad
ambiental.
-La necesidad
de lograr el perfil técnico asociado a la visión de cuenca hidrográfica también
explica la incorporación de tres miembros del Gobierno Nacional en el Consejo
Directivo: el Director del DNP (para integrar la variable de gestión de riesgo
en las deliberaciones y decisiones del Consejo Directivo); el Ministro de
Agricultura (para que el Consejo tenga en cuenta el impacto ambiental de la
actividad agrícola y los programas de reforestación que dirige el Ministerio),
y los Institutos de Investigación y la Unidad de Parques (quienes desarrollan
el conocimiento científico y técnico ambiental necesario para que las
decisiones de la CAR se fundamenten en criterios exclusivamente técnicos. Este “mejoramiento
del perfil técnico” está estrechamente asociado a la emergencia declarada
en el Decreto 020 de 2011:
“A
medida que avanzó la crisis invernal que inició en noviembre, el Gobierno
Nacional comenzó a tratar de articular la respuesta del Estado para proteger a
las personas y el medio ambiente, econtrándose con una falta de coordinación y
una acción deficiente por parte de las CAR. Al revisar los Planes de
Ordenamiento de Manejo de la Cuenca (POMCA), el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial encontró que solo 13 de los 27 planes
revisados incorporaban los elementos normativos y regulatorios que debían estar
incluidos en éstos. Algunos ignoraban ciertos determinantes ambientales, a la
vez que otros generaron determinantes ambientales inadecuados. Incluso en
aquellos casos en que las CAR respectivas intentaron incluir ciertos elementos
importantes, esta inclusión fue hecha sin una previa consideración de los estudios
hidrológicos necesarios para tomar una decisión técnicamente adecuada. Ese fue
el caso de las fajas de protección de los nacimientos y de los cauces, que
debían ser determinados como zonas de protección en los POMCAS. De 27 POMCAS
revisados, solo 13 tenían este elemento incorporado, e incluso esos 13 no
contaban con los estudios que permitieran establecer de manera sustentada la
cota máxima de inundación.
Así
mismo, a la fecha de adopción del Decreto, un bajo porcentaje de los humedales
del país contaba con un Plan de Manejo (PMA), de manera que solo 5 de las 38
autoridades ambientales los habían adoptado, y tres de esas cinco CAR habían
adoptado el PMA para menos del 10% de los humedales bajo su jurisdicción. A
estos elementos se suma el hecho de que las más graves inundaciones en el Canal
del Dique fueron ocasionadas por el mal manejo de los humedales y las
intervenciones dañinas efectuadas en los mismos, lo cual apunta a una falta de
competencia técnica de las CAR con jurisdicción sobre los mismos.
La
respuesta del Estado a la emergencia declarada en el Decreto 020 de 2011 no se
puede limitar a brindar asistencia a las personas afectadas y emprender
actividades de reconstrucción, pues si sobreviene una vez más un nivel de
precipitaciones como el experimentado en noviembre y diciembre de 2010, el
mismo desastre volverá a ocurrir. Por ese motivo, para impedir la extensión de
los efectos de la crisis, es necesario brindar a los habitantes del territorio
nacional soluciones duraderas que constituyan una garantía de no repetición.
Estas soluciones deben además ser emprendidas de manera inmediata, pues –como
lo pone de presente el Decreto 020 de 2011- es posible que las precipitaciones
vuelvan a darse en un corto lapso, a mediados de 2011. La evidente falta de
competencia técnica de las CAR puede convertirse en una causa de futuros
desastres, razón por la cual para el Gobierno Nacional es absolutamente
necesario mejorar la calidad técnica de las decisiones de estas Corporaciones,
removiendo de sus órganos de gobierno aquellos elementos que inciden
negativamente sobre la adecuación de las decisiones, y añadiendo nuevos
integrantes que permitirán tomar decisiones más adecuadas para el medio
ambiente y la prevención de nuevos desastres ambientales.
La
deficiencia de la respuesta inicial de las CAR a la crisis invernal de finales
de 2010 no solo se debió a una falta de competencia técnica, sino también a una
evidente descoordinación con las autoridades nacionales. Con ocasión de las
directrices impartidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en abril de 2010 para que las CAR adoptaran medidas de prevención y
contingencia para el incremento de lluvias, a 7 de diciembre de 2010 (fecha de
adopción del Decreto 4580 de 2010) solo siete habían reportado la adopción de
estas medidas. A 7 de enero de 2011 (fecha de adopción del Decreto 020 de 2011)
solo nueve adicionales habían reportado la adopción de estas medidas de
contingencia. Esta actuación deficiente se dio a pesar de que el Ministerio
hubiera enviado el 23 de diciembre de 2010 una nueva circular solicitando la
adopción de estas medidas, y de medidas de prevención, atención y mitigación.
Para el 7 de enero, 20 CAR habían reportado la adopción de estas medidas de
prevención, pero ninguna tomó medidas de atención y mitigación.”
Después de reiterar que ante la urgencia de coordinar la respuesta de
las CAR, es necesario adoptar las medidas de coordinación de manera inmediata a
través de un Decreto Legislativo, la Presidencia continúa justificando la
necesidad de las disposiciones puntuales: afirma, por ejemplo, que el nuevo
método de designación de los Directores de las CAR evita, en lo sucesivo, la
fragmentación de la política ambiental, dado el carácter unitario y armónico
del sistema nacional ambiental; que la participación del Ministerio ambiental
en las comisiones conjuntas, contribuirá a la planeación integral y sistemática
de las respectivas cuencas, medida necesaria para impedir la extensión de los efectos
de la crisis (más personas no resultarán afectadas por nuevas inundaciones que
se puedan ocasionar por precipitaciones subsiguientes en el 2011 y para
acompañar el proceso de reconstrucción de la infraestructura desde una
perspectiva ambientalmente sostenible); y las medidas de coordinación con las
entidades territoriales propenden por superar las protuberantes fallas
asociadas a la fragmentación urbano-rural y la visión parcial de la cuenca
correspondiente.[1]
Concluye esta parte del escrito: El nivel técnico, la coordinación
interinstitucional y la gestión unificada de cada cuenca hidrográfica son
necesidades urgentes e inmediatas, que deben ser satisfechas de manera rápida y
efectiva en ejercicio de sus facultades legislativas en desarrollo del estado
de emergencia”.
2.2.4 Principio de proporcionalidad
Las medidas que permiten la coordinación de las CAR entre sí, con el
Gobierno Nacional y con las entidades territoriales, son una respuesta
proporcional a las graves fallas detectadas durante la respuesta inicial a la crisis.
Con esto, aunque el Gobierno no adopta medidas más amplias de reestructuración,
sí ha tomado medidas limitadas en los órganos de gobierno de las CAR que
permitirán actuar de manera oportuna y técnica y coordinar la respuesta
nacional a la grave crisis ambiental y humanitaria.
2.2.5 Otras consideraciones constitucionales específicas sobre las
medidas de coordinación de las CAR con la Nación y las entidades territoriales
Después de hacer unas consideraciones generales sobre el concepto
constitucional de autonomía de las CAR, y la forma como el legislador ordinario
o extraordinario puede delimitarla y regularla, la Presidencia pasa a explicar
que la nueva composición de sus consejos directivos –con más miembros del
Gobierno Nacional, y representantes de las comunidades negras-, busca asegurar
que las CAR respondan tanto al criterio de entorno físico, como al criterio
igualmente importante de identidad cultural y política de los habitantes del
territorio respectivo.
Las medidas de coordinación incluidas en el Decreto, no coartan la
autonomía de las CAR, pues se preserva su facultad de autogobierno, se atiende
un interés superior, y las modificaciones no son particularmente gravosas para
dicha autonomía, pero si mejoran la coordinación interinstitucional: “Como
lo puso de presente este Decreto en sus considerandos, las respuestas
institucionales descoordinadas tienen repercusiones graves e inmediatas sobre
el medio ambiente, y por ende sobre los habitantes de los territorios
afectados. La falta de capacidad institucional tuvo efectos negativos sobre la
grave crisis humanitaria ocasionada por el Fenómeno de La Niña, y el
fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la mejora en los
mecanismos de coordinación es un instrumento idóneo y necesario para proteger y
garantizar los derechos fundamentales de las personas”.
Las reformas contenidas en el Decreto aseguran que las comunidades
indígenas y negras mantengan la misma representatividad en los consejos
directivos de las CAR.
El proceso de designación del director de las CAR respeta también su
autonomía, pero introduce una limitación proporcionada a fin de promover la
coordinación con el gobierno nacional que la emergencia exige. Es el Consejo el
que decide si acepta o no al Director designado por el Presidente.
Tras
citar jurisprudencia de la Corte sobre la necesidad de que el sistema ambiental
funcione como un sistema nacional y armónico, la Presidencia de la República
afirma que las medidas de coordinación contenidas en el Decreto aseguran que
las políticas generales en materia ambiental, aplicables a todo el territorio
nacional, sean respetadas y aplicadas por las CAR, respetando las
especificidades regionales y su autonomía, todo con el fin de conjurar la
emergencia invernal.
2.3
Intervención del Gobierno Nacional sobre las medidas que dotan de
nuevas herramientas competenciales a las CAR
2.3.1 Principio de conexidad
En consonancia
con sus considerandos 6, 46 y 50, el Decreto 141 de 2011 adiciona nuevas
funciones a las CAR, relacionadas con el manejo y cuidado del recurso hídrico,
y las respuestas específicas a crisis ambientales como la ocasionada en este
caso. También añaden nuevas destinaciones específicas a una parte de los
recursos que provienen del porcentaje ambiental de los gravámenes a la
propiedad inmueble y las transferencias al sector eléctrico, para que las CAR inviertan
en actividades de prevención de inundaciones como las que dieron lugar a la
declaratoria de emergencia en el Decreto 020 de 2011.
Esas medidas
permiten a las CAR cumplir con las nuevas exigencias derivadas de la crisis
invernal. Se trata de medidas que ofrecen garantías de no repetición a las
víctimas del invierno, evitando así la extensión de los efectos de la
emergencia. Las funciones transitorias que se les asignan, por su parte,
apuntan a facilitar a las CAR la conjuración de la crisis. Y la destinación
específica de los recursos permitirá prevenir nuevas inundaciones.
2.3.2
Principio de finalidad
Las siete
funciones permanentes y las siete funciones transitorias que se le asignan a
las CAR en el artículo 9 del Decreto examinado, se relacionan directamente con
la crisis, pues tienden a prevenir desastres similares y a que las CAR puedan
actuar de manera efectiva para acabar con las inundaciones y restaurar
ambientalmente las zonas afectadas. Lo mismo se puede decir de las nuevas
funciones atribuidas en los artículos 10 y 11, que buscan eliminar los impactos
de la crisis ocasionada por el fenómeno de La Niña.
2.3.3
Principio de necesidad
De la misma
manera que en relación con las dos primeras medidas del Decreto, la Presidencia
explica en su escrito que la asignación de funciones y la distribución de
recursos de las CAR están previstos en normas de rango legal, y por lo tanto,
su modificación de emergencia sólo puede hacerse por un decreto legislativo.
Desde el punto
de vista fáctico, las disposiciones que dotan de nuevas herramientas a las CAR
son necesarias por los siguientes hechos: “(i) el mal manejo de las cuencas
que es una causa de las inundaciones; (ii) la negligencia de algunas CAR en el
ejercicio de sus funciones; (iii) el daño sobre humedales que dañó su capacidad
de contener las inundaciones, (iv) la deforestación que también es un factor
que contribuyó a las inundaciones, y (v) la necesidad verificada de llevar a
cabo nuevas obras urgentes para prevenir nuevas inundaciones en el futuro
cercano”. Estos hechos demuestran la necesidad de incorporar la gestión de
riesgo en los procesos de ordenamiento y manejo de cuencas, de manera que las
CAR puedan prevenir nuevas inundaciones. De ahí, por ejemplo, las medidas que
establecen la participación de las CAR en los Comités regionales y locales de
prevención y atención de desastres, y las que obligan a estas corporaciones a
implementar modelos de gestión integral y a adelantar estudios sobre las
dinámicas y comportamientos que generan riesgos en zonas inundables.
La necesidad de las medidas transitorias también es
evidente, pues ellas obligan a las CAR a formular una Plan de Acción para la
Atención de la Emergencia, que les permita atender la crisis de manera
inmediata. El deber de iniciar procesos de recuperación de humedales, rondas y
playones ilegalmente ocupados apunta a rehabilitar el funcionamiento hídrico de
estas zonas. Para la prevención, es importante la obligación de elaborar mapas
de riesgo, la identificación de zonas inundables, y la de establecer
consideraciones ambientales para las labores de drenaje y dragado: “Todas
estas medidas son fácticamente necesarias para prevenir la extensión de los
efectos de la crisis, teniendo en cuenta la amplia evidencia disponible de que
la crisis no fue causada de manera exclusiva o principal por las lluvias. Fue
causada por los daños ambientales ocasionados por el ser humano, que las CAR
fallaron en prevenir. Para impedir la extensión de los efectos de esta crisis,
es necesario adoptar nuevas medidas urgentes para que nuevas inundaciones no
ocurran en el corto plazo”.
2.3.4 Principio de proporcionalidad
Las medidas que dotan a las CAR con nuevas
funciones y herramientas, también son proporcionales. Éstas no alteran las
funciones de las CAR ni cambian la naturaleza de su actividad, sino que
precisan esas funciones para lograr una respuesta más enfocada hacia la
conjuración de la crisis y la prevención de la extensión de sus efectos.
2.3.5
Otras consideraciones constitucionales específicas sobre las
medidas que dotan a las CAR de nuevas herramientas
Las nuevas funciones que el Decreto le atribuye a
las CAR ofrecen en conjunto a las víctimas de la emergencia una garantía de no
repetición. Y las funciones temporales contenidas en el mismo artículo 9
contribuyen directamente a la conjuración de la crisis, dentro del ámbito
general del objeto para el cual fueron creadas. En cuanto a las medidas sobre
destinación de los recursos, dice la Presidencia:
“Las
otras dos medidas imponen un uso específico para un mínimo del 10% de los
recursos recibidos por las CAR por dos conceptos. En ninguno de los dos casos
se incurre en la prohibición del artículo 359 de la Constitución de establecer
rentas nacionales con destinación específica. Sobre el porcentaje ambiental, la
Corte Constitucional señaló en la sentencia C-305 de 1995 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero) que éste no era un impuesto sino una sobretasa, y que “el
señalamiento del 50% (en las ciudades con más de un millón de habitantes en su
área urbana) para inversión dentro del perímetro urbano no constituye
propiamente una destinación específica sino un parámetro para la inversión”.
Ese precedente es directamente aplicable en este caso, en que un 10% se ordena
para una inversión en un concepto distinto, que corresponde a actividades de
mitigación del riesgo y manejo del recurso hídrico. Estas actividades son
vitales para impedir la extensión de los efectos de la emergencia declarada en
el Decreto 020 de 2011, pues el mal manejo del recurso hídrico fue una de las
causas del desastre humanitario ocasionado por el invierno de noviembre y
diciembre de 2010. Por ende, el artículo 10 del Decreto 141 de 2011 es
constitucional, pues no vulnera la prohibición del artículo 359 de la
Constitución, y además cumple con los requisitos constitucionales para la
expedición de una medida en desarrollo de un estado de excepción.
El
segundo caso es el mínimo del 10% de la transferencia del sector eléctrico, que
debe ser usado por la CAR respectiva para adelantar “actividades de
reforestación, restauración, recuperación o rehabilitación de ecosistemas y
para la elaboración de los planes de establecimiento y manejo de sistemas
forestales”. La imposición de una destinación específica para esta
transferencia fue declarada exequible por la Corte en la sentencia C-495 de
1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), que consideró que puesto que se trataba
de una contribución y no un impuesto, ésta “tiene una finalidad
compensatoria”, por lo cual “es constitucional que sus recursos se
destinen a los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. Pero
además dicha contribución tiene un respaldo constitucional adicional, en la
medida en que todo lo concerniente a la defensa y protección del ambiente es
asunto que concierne a los intereses nacionales en los cuales la intervención
del legislador está autorizada.” Dicho precedente es aplicable para
determinar la constitucionalidad del artículo 11 del Decreto 141 de 2011: no
solo es constitucional que el 10% de los recursos, como mínimo, se destine a
actividades de reforestación y de restauración, recuperación y rehabilitación
de ecosistemas; estas actividades tienen pleno respaldo constitucional en la
defensa y protección del medio ambiente. Esta medida también tiene conexidad
directa y específica con la emergencia declarada en el Decreto 020 de 2011,
pues junto con el mal manejo del recurso hídrico, la deforestación fue una
causa principal de la crisis humanitaria sufrida por millones de personas en
todo el territorio nacional. Ésta es entonces una medida que se dirige a
proteger los derechos de las personas, y se encuentra plenamente justificada
por el deber del Estado, consignado en el artículo 215 de la Constitución, de
impedir la extensión de los efectos de la emergencia económica, social y
ecológica.”
3.
Concepto del Procurador General de la Nación[2]
Dice el
Procurador que en concepto 5093, rendido en el trámite del expediente RE-173,
se solicitó a la Corte declarar inexequible el Decreto 020 de 2011, declarativo
de la emergencia. Por tanto, los Decreto dictados dentro de este estado de
emergencia, como el que ahora se examina, resultan inconstitucionales por
consecuencia o efecto de la desaparición de la vida jurídica del título que
sustenta la expedición de los mismos. Por ello solicita que se declare
inexequible el Decreto 141 de 2011.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar la constitucionalidad
del Decreto 141 de 2011, por así disponerlo el parágrafo del artículo 215 y el
numeral 7 del artículo 241 de la Constitución Política.
2. Inexequibilidad por
consecuencia
2.1 El presidente de la República el siete
de enero de 2011 expidió el Decreto 020 de 2011 “por medio del cual se declara el estado de
emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”.
2.2  En desarrollo de las facultades que
se derivan de tal declamatoria el 21 de enero del presente año se expidió el Decreto Legislativo 141 de 2011 “por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27,
28, 29, 31,33, 37, 41, 44, 45, 65, y 66 de la Ley 99 de 1993, y se dictan otras
determinaciones”, objeto de estudio
en esta providencia.
2.3 Mediante la sentencia C-216
de 2011 (marzo 29)  la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 de 2011
(7 de enero). De tal suerte, ha desaparecido del ordenamiento el
fundamento jurídico que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo 141 de 2011 (12 de diciembre) y, por tanto, éste deviene en
inconstitucional. En efecto, el decreto declaratorio del estado de emergencia
económica, social y ecológica es el instrumento jurídico a través del cual el
Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las
de legislador temporal a través de decretos con fuerza de ley.  Excluida del
ordenamiento jurídico la norma de autohabilitación por decisión de inexequibilidad,
los decretos legislativos dictados a su amparo deben correr la misma suerte.
2.4 Se ha
presentado lo que esta Corporación ha denominado “una inconstitucionalidad
por consecuencia,”[3]
que  significa que la declaración de inexequibilidad del Decreto que declaró el
estado de excepción produce, como efecto necesario, la inconstitucionalidad de
los Decretos Legislativos que lo desarrollan. La Corte Constitucional ha
señalado que esta figura consiste “en que la declaración de inexequibilidad
del decreto declaratorio del estado de excepción produce, como efecto obligado,
la inexequibilidad de los decretos legislativos que lo desarrollan. Se trata
del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición
sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las
atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución. Cuando tal situación
se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y
fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de
causa jurídica y son inconstitucionales”[4].
2.5 Entonces,
conforme con la jurisprudencia de esta Corporación resulta obligado que se
declarare inexequible el Decreto materia de estudio, sin que la Corte deba
entrar a analizar su contenido.
III.  DECISIÓN.
Por lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar
INEXEQUIBLE por consecuencia el Decreto 141 de 2011 “por el cual se
modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31,33, 37, 41, 44, 45, 65, y 66 de la
Ley 99 de 1993, y se dictan otras determinaciones”
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Anexo 1.
Intervinientes
Exequible / Inexequible
Consideraciones
1.
Héctor
Alfonso Carvajal Londoño
Inexequible
Ausencia
de conexidad
2.
John
Mario Rodríguez Piñeda y otros
Inexequible
Ausencia
de conexidad
3.
Zeida
Margarita Figueroa Guzmán
Inexequible
Medidas
regresivas en materia de derechos laborales de los servidores públicos
4.
José
Gregorio Hernández Galindo
Inexequible
Ausencia
de conexidad, finalidad y necesidad. Violación directa de la Constitución. Y
medidas regresivas en materia de derechos laborales.
5.
Miguel
Ángel Enciso
Inexequible
Ausencia
de conexidad. Violación directa con la Constitución.
6.
Funcionarios
CAR del Sur de Bolívar
Inexequible
Medidas
regresivas en materia de derechos laborales de los servidores públicos
7.
Germán
Ríos Arias
Exequibilidad
Condicionada (artículos 10 y 11 del Decreto 141 de 2011)
En
el entendido que las reformas introducidas en cuestión financiera serán las
CAR las que recibirán directamente el porcentaje ambiental del impuesto
predial de los municipios situados en el gran centro urbano que ejerza
autoridad ambiental.
8.
José
Gregorio Ospino Calleja
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
9.
Germán
José Morales Santos
Inexequible
Ausencia
de conexidad, finalidad y necesidad. Violación directa con la Constitución.
10.
Javier
Cifuentes Álvarez – Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Sistema
Nacional Ambiental – SINTRAMBIENTE
Inexequible
Ausencia
de conexidad. Violación directa con la Constitución.
11.
Alejandra
Salguero y Germán Salguero
Inexequible
Ausencia
de conexidad. Violación directa con la Constitución.
12.
Santos
Medina Flórez y Otros
Inexequible
Artículo 5 Decreto 141 de 2011
Violación
directa con la Constitución.
13.
Jorge
Eliécer Soto y Fair Eduardo Cuellar
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
14.
Julián
Fernando Renteria y Gildardo Restrepo López
Inexequible
Violación
directa con la Constitución. Y medidas regresivas en materia de derechos
laborales.
15.
Helkin
Claudio Martin Chaparro y Elkin Rene Briceño
Inexequible
Ausencia
de conexidad. Violación directa con la Constitución.
16.
Jorge
Enrique Robledo – Senador
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
17.
Remberto
Quant González
Inexequible
Ausencia
de conexidad, finalidad y necesidad. Violación directa de la Constitución.
18.
Roque
Calderón Calderón
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
19.
Jonnathan
Alejandro Suárez
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
20.
Edinson
de Jesús Muñoz
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
21.
Mauricio
Facio Lince – Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
22.
Jaime
Alfonso Franco Ramírez
Inexequible
Ausencia
de conexidad interna y externa. Violación directa con la Constitución.
23.
Funcionarios
Públicos de la CAR del Canal del Dique
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
Medidas
regresivas en materia de derechos laborales de los servidores públicos
24.
Alejandro
Venegas, Decano Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
Exequible
Inexequible
los Artículos 7 y 13
Ausencia
de conexidad. Violación directa con la Constitución.
25.
Milton
Alexis Ramírez
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
26.
José
Efraín Sierra Delgadillo – Director del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
27.
Javier
Antonio Garzón –Alcalde de Cogua
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
28.
Andrés
Gómez Roldan
Inexequible
Ausencia
de conexidad interna y externa. Violación directa con la Constitución.
29.
Carlos
Alberto Uribe
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
30.
Luis
Alejandro Motta
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
31.
Angela
Maria Cáceres Avedaño
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
32.
Edgar
Obdulio Abello
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
33.
Gloria
Edelcy Ferro - Departamento Nacional de Planeación
Exequible
Cumple
con requisitos de conexidad, necesidad y proprcionalidad.
34.
Modesto
Enrique Aguilera Vides - Jefe de la Oficina Jurídica de Barranquilla
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
35.
José
Guillermo Yepes
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
36.
Miembros
del Consejo Directivo de COARNTIOQUIA
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
37.
Isabel
Cristina Correo Tamayo
Inexequible
Ausencia
de conexidad
38.
Pedro
José Lozano – Presidente Red Colombiana de Formación Ambiental
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
39.
Ramón
Leal Leal – Director Ejecutivo de ASOCARS
Inexequible
Ausencia
de conexidad interna y externa. Violación directa con la Constitución.
40.
Alonso
Salazar Jaramillo - Director del Área Metropolitana de Medellin
Inexequible
Ausencia
de conexidad, finalidad y necesidad. Violación directa de la Constitución.
40.
Juan
Antonio Nieto Escalante – Secretario Distrital de Ambiente
Inexequible
Ausencia
de conexidad, finalidad y necesidad. Violación directa de la Constitución.
41.
Alonso
Salazar Jaramillo
Inexequible
Ausencia
de conexidad, finalidad y necesidad. Violación directa de la Constitución.
41.
Gilberto
Toro Giraldo – Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios||
Inexequible
(Artículo 4, 5, 6, 7 y 8)
Ausencia
de conexidad.
42.
Andrés
de Zubiría Samper
Inexequible
Violación
directa con la Constitución.
[1]
Al respecto, el escrito de la Presidencia de la República pone el siguente ejemplo: “El POMCA del Río Bogotá fue elaborado y formulado por
la CAR sin considerar la parte urbana correspondiente al Distrito Capital,
donde la Secretaría Distrital de Ambiente inició procesos de ordenación
aislados en las cuencas urbanas de los ríos Fucha y Salitre. Lo mismo ha
ocurrido con la Ciénaga de Mallorquín con respecto a Barranquilla, y la Ciénaga de la Virgen con respecto a Cartagena.
[2]
Ver folios 235 al 256 del cuaderno principal.
[3]
En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias: C-488 de
1995, C-127 de 1997, C-130 de 1997 y C-135 de 1997.
[4]
Ver sentencia C-253/10. En el mismo se pueden consultar, entre
otras, las sentencias: C-357/03, C-354/06, C-030/09, C-071/09, C-072/09,
C-073/09, C-176/09, C-239/09, C-255/09, C-256/09, C-257/09, C-283/09,
C-284/09,  C-332/10, C-374/10, C-399/10