T-794-99
Sentencia T-794/99
DERECHO AL
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Protección ante sustitución patronal producida en
establecimientos públicos o privados
MUNICIPIO-Situación económica o presupuestal no es óbice
para desconocer obligaciones laborales
EMPLEADOR-Responsabilidad en entrega oportuna de
aportes para seguridad social y subsidio familiar
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental
por conexidad
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL-Deber de
afiliación por empleador
Referencia:
Expediente T-224523
Acción de tutela
incoada por María del Carmen Gómez contra el Alcalde del Municipio de
Saladoblanco (Huila)
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los
catorce (14) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo dictado en
el asunto de la referencia por el Juzgado Unico Promiscuo Municipal de
Saladoblanco (Huila) el 6 de mayo de 1999.
I.
ANTECEDENTES
María del Carmen Gómez, obrando en su
propio nombre, incoó acción de tutela contra el Alcalde del Municipio de
Saladoblanco en el Departamento del Huila, por considerar que, al no cancelarle
algunas de sus prestaciones laborales, vulnera varios de los principios mínimos
fundamentales que consagra el artículo 53 de la Constitución Política.
Afirma que la administración municipal no
le ha cancelado el auxilio de alimentación, ni el subsidio de transporte, ni la
dotación, como tampoco las correspondientes cuotas por concepto de salud a la
caja de compensación familiar a la que se encuentra afiliada.
Manifiesta que desde el mes de junio de
1998 se han venido efectuando los respectivos descuentos por nómina para cubrir
aportes en salud y pensiones, sin que a la fecha de presentación de la demanda
de tutela se hayan efectuado los correspondientes desembolsos a la E.P.S.
La petente también estima violado su
derecho fundamental a la igualdad, toda vez que el municipio demandado no le
canceló la prima técnica o de servicios prestados, la cual sí se le había
pagado en ocasiones anteriores y que, en cambio, le fue reconocida y cancelada
oportunamente a la mayoría de sus compañeros.
Solicita la accionante lo siguiente:
“Que su señoría se
sirva ordenar al señor alcalde que, en su función de ordenador del gasto
municipal, de los recursos que entran al erario municipal provenientes de la
participación en los ingresos corrientes de la Nación, se efectúe cada mes un
registro presupuestal por el valor total de la nómina de los empleados al
servicio del Centro Local de Salud, como lo permite la Resolución número 036 de
mayo 7 de 1998, emanada de la Dirección General de Presupuesto Nacional; a
efectos de garantizar que en lo sucesivo se siga sufragando oportunamente los
salarios, esto es, que dichos recursos se utilicen en ese fin específico y
de este modo evitar que la Administración Municipal con su negligencia y
omisión vulnere el derecho que me asiste a recibir un salario oportuno, que de
contera conculca  mi derecho a la subsistencia, el mínimo vital, el derecho al
trabajo y otros como la seguridad social y la vida.” (subraya la Corte)
II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION
El Juzgado Unico Promiscuo Municipal de
Saladoblanco, mediante Fallo del 6 de mayo de 1999, negó por improcedente la
tutela solicitada, pues consideró que la actora contaba con dos medios de
defensa judiciales idóneos -la acción de cumplimiento y la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho- para obtener el reconocimiento y pago de lo
adeudado.
Consideró el juez de conocimiento que, en
el caso materia de estudio, no existió prueba alguna que ameritara la
interposición de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, ya que los hechos que motivaron el amparo no configuraron la
afectación grave del mínimo vital de la empleada.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1. Los derechos fundamentales de los
trabajadores no pueden resultar afectados con ocasión de procesos que impliquen
la sustitución patronal. La carencia de presupuesto no es excusa justificada
para incumplir con el pago de las obligaciones laborales. Reiteración de
jurisprudencia
En el caso objeto de la presente revisión
constitucional y de acuerdo con el material probatorio que obra en el
expediente, se observa que -a pesar de no mencionarlo expresamente en su
escrito de tutela-, la actora se encuentra prestando sus servicios laborales
como promotora en el centro de salud del municipio de Saladoblanco en el Huila.
Mediante Resolución número 1600 del 15 de septiembre
de 1997, se efectuó la entrega, por parte de la “Empresa Social del Estado
Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, Huila” al municipio de
Saladoblanco, de todo lo relativo a salud. Es decir, que el centro de salud en
el cual trabaja María del Carmen Gómez, en virtud del instrumento jurídico
antes referido quedó bajo la administración y vigilancia de la Alcaldía
municipal.
Como consecuencia de lo anterior, la prestación del
servicio por parte del centro de salud, así como lo relativo al inventario
valorizado, hojas de vida de los funcionarios existentes en la planta de
personal, actas y otros documentos financieros, fueron trasladados del Hospital
de Pitalito a la administración municipal de Saladoblanco, según lo previó la
Resolución 1600 de 1997.
La Sala Quinta de Revisión encuentra que el Alcalde
del Municipio de Saladoblanco era el único responsable del reconocimiento y
pago de las prestaciones laborales adeudas a la actora hasta la fecha de
solicitud del amparo judicial y en ningún momento se configuró en cabeza del
Hospital de Pitalito compromiso alguno en relación con la petente, toda vez
que, como ya se dijo, desde el mes de septiembre de 1997 se realizó la entrega
formal de todo lo relacionado con salud a la alcaldía demandada.
Mediante Sentencia T-321 del 10 de mayo de 1999,
esta misma Sala de Revisión señaló que los procesos de privatización,
transformación y reestructuración de entidades públicas, y las sustituciones
patronales sólo pueden adelantarse sobre la base constante y prevalente del
respeto a la dignidad de los trabajadores, a su estabilidad y a sus derechos
irrenunciables.
En la misma providencia se indicó lo siguiente:
“...la Corte
Constitucional partirá de criterios reiterados en su jurisprudencia, relativos
a la intangibilidad de los derechos fundamentales de los trabajadores y del
postulado constitucional que exige condiciones dignas y justas en toda relación
laboral, los cuales deben permanecer incólumes en el curso de cualquier proceso
de privatización, reorganización, reestructuración, transformación y cambio de
estatutos en entidades públicas, y en la sustitución patronal que se produzca
en toda clase de establecimientos, públicos o privados, y por supuesto en los
de las empresas de servicios públicos.
(...)
El artículo 53 de la
Constitución Política contempla derechos inalienables e indisponibles de los
trabajadores frente a cualquier patrono, y el 25 Ibídem consagra la
protección especial, a cargo del Estado, de las distintas modalidades
laborales, lo que impide que, bajo la excusa de la racionalización, la
tecnificación o el cambio de propietarios de las empresas, tales derechos sean
disminuidos, afectados o desconocidos.
La Carta Política ha
sido perentoria al declarar (art. 53) que ‘la ley, los contratos, los acuerdos
y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores’".
De otro lado, no le asiste la razón al demandado
cuando al presentar escrito de respuesta a las inquietudes planteadas en el
trámite de instancia, afirmó:
“Habida cuenta
que en municipios pequeños como el nuestro, donde aproximadamente el 95% de los
ingresos provienen de transferencias de la Nación, es normal que en tesorería
sólo existan dineros cada que se recibe un desembolso. Lo anterior, unido a que
las transferencias de la Nación no alcanzan para cubrir las necesidades
locales, es de común ocurrencia las ajugias (sic) e imposibilidad del pago en
el ente municipal”.
La Sala concluye que el argumento aducido por el
alcalde no justifica su conducta. En numerosos fallos proferidos por esta
Corporación se ha dejado en claro que la circunstancia invocada no puede
tomarse como válida para que los ordenadores del gasto se abstengan de tomar
las providencias indispensables, dentro del ámbito de sus competencias, con el
fin de atender oportunamente los pagos de salarios y prestaciones de los
trabajadores, y de las pensiones de los extrabajadores, propiciando si es
preciso las adiciones y modificaciones presupuestales a que haya lugar, con
razonable anticipación, ya que los compromisos de índole laboral prevalecen
respecto de  los  gastos  ordinarios  en que  puedan  incurrir, con miras al
cumplimiento y desarrollo de su actividad administrativa.
Al respecto la Sentencia T-220 del 14 de mayo de
1998, con ponencia del Magistrado Dr. Fabio Morón Díaz, señaló:
“...la aguda
crisis financiera por la que atraviesa el municipio demandado no puede ser
causal justa para negar el pago de las sumas adeudadas. El municipio de
Fundación ha debido tomar las medias pertinentes, con la debida antelación, en
orden a realizar los trámites presupuestales necesarios para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones...”
En el mismo sentido, la Sentencia T-284 del
29 de abril de 1999, M.P.: Dr.: Eduardo Cifuentes Muñoz, indicó:
“...las autoridades
públicas no pueden aducir la mera falta de apropiación presupuestal para
abstenerse de cumplir las obligaciones laborales La administración tiene la
obligación de prever, al momento de nombrar o posesionar a una persona, las
necesidades presupuestarias que tal acto implica. Por lo tanto, tiene el deber
de adoptar, con debida antelación, las medidas pertinentes en orden a realizar
los trámites presupuestarios necesarios para atender sus obligaciones
salariales”.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala
Quinta de Revisión considera que la conducta del Alcalde del Municipio de
Saladoblanco, por ser negligente e imprevisiva, no se ajusta a lo ordenado por
las normas legales, y menos a los principios constitucionales que rigen la
actividad administrativa (art. 209 C.P.), ni a las reglas superiores que
otorgan protección especial al trabajo en todas sus modalidades (art. 25 C.P.),
remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.) y respeto a la dignidad humana
y a los derechos de los trabajadores y sus familias. El burgomaestre incumplió
su obligación de adoptar las medidas indispensables y oportunas para que el
Municipio disponga de suficientes partidas presupuestales destinadas a sufragar
los compromisos salariales y prestacionales respecto de la trabajada.
2. El descuento por nómina de los aportes
de los empleados para la seguridad social y subsidio familiar y la conducta
omisiva de los patronos en desembolsarlos oportunamente a las respectivas
entidades promotoras de salud implica responsabilidad de los patronos, ya que
se hallan en peligro derechos fundamentales de los trabajadores y de sus
beneficiarios. Reiteración de jurisprudencia
En el asunto bajo examen, la actora
solicita de la alcaldía demandada el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales. Pide que se le pague el auxilio de alimentación, el subsidio de
transporte, la dotación, así como la prima técnica o la prima de servicios
prestados. Afirma que esta última ya se le había cancelado en oportunidades
anteriores, y que en la actualidad ella es discriminada, toda vez que sí se le
reconoció y pagó a varios de sus compañeros.
La Sala Quinta de Revisión considera que,
como lo expresan numerosos fallos proferidos por esta misma Corporación, la
acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para obtener el pago de
prestaciones laborales -como las que en el presente asunto reclama la
accionante-, ya que cuenta con las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral.
Sin embargo, el alcalde de Saladoblanco ha
venido efectuando, desde junio de 1998, los respectivos descuentos por concepto
de aportes para subsidio familiar y para seguridad social, y a la fecha de
presentación de la demanda de tutela no cuenta la actora, como tampoco su
familia, con prestación de los servicios de salud ni con los inherentes a la
Caja de Compensación Familiar a la que está afiliada.
Al respecto, enfática ha sido la
jurisprudencia en señalar que a pesar de constituir la seguridad social un
derecho de naturaleza asistencial y prestacional, lo que en principio
descartaría su protección mediante la acción de tutela, igualmente cierto es
que, al existir una relación directa con el derecho a la vida, aquél adquiere
la categoría de fundamental por conexidad.
Por lo anterior, probada como está la
violación de los derechos de la peticionaria, se concederá la tutela
interpuesta y se revocará el fallo de instancia, siguiendo las directrices
trazadas por numerosas sentencias de esta Corporación.
Mediante Sentencia T-474 del 8 de
septiembre de 1998 (M.P. Dr.: José Gregorio Hernández Galindo), señaló:
“-La seguridad
social, aunque no es en sí misma un derecho fundamental, adquiere ese carácter
por conexión, cuando está ligada al ejercicio de derechos de la misma
naturaleza, como acontece con la vida o la integridad personal (arts. 11 y 12
C.P.), o cuando se trata de menores de edad (art. 44 C.P.).
-La seguridad social
es, según el artículo 48 de la Constitución, un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley”.
El Despacho del Magistrado Sustanciador
ofició al Alcalde del Municipio de Saladoblanco, de que certificara si a la
fecha del correspondiente auto -30 de agosto del presente año- habían sido
canceladas las prestaciones reclamadas por la actora. En vista de que, vencido el
término probatorio, no fue allegada al Despacho requirente constancia alguna,
la Sala aplicará lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991,
según el cual, en razón del silencio del requerido, se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano.
Teniendo en cuenta que obran en el
expediente oficios suscritos por la Directora de la EPS a la que se encuentra
afiliada la actora y por la Auxiliar de Cartera de la “Caja de Compensación
Familiar Andina CAFANDINA”, mediante los cuales se le solicita al Alcalde
demandado la cancelación de los aportes parafiscales, ya que aparece en mora
desde el mes de enero de 1998 y por tanto tal entidad se vería abocada a la
suspensión de la afiliación, la Sala Quinta de Revisión compulsará copias del
expediente y de este Fallo al Fiscal General de la Nación y al Procurador
General para lo de su respectiva competencia. Los dineros retenidos por
concepto de seguridad social y subsidio familiar tienen una destinación
específica y su carácter es parafiscal; su indebida e irregular utilización
genera consecuencias penales y disciplinarias.
Manifestó la Sala Quinta de Revisión en la
citada Sentencia T-474 de 1998, lo siguiente:
“-El sistema de
seguridad social no puede funcionar si los aportes de patronos y trabajadores
no llegan efectivamente a las arcas de las entidades encargadas de prestar el
servicio.
Por tanto, el
compromiso de unos y otros resulta esencial para el ejercicio real de los
derechos inherentes al aludido servicio público.
-En cuanto se
refiere a los patronos, además de los aportes propios, tienen la obligación de
trasladar al sistema de seguridad social las sumas que por concepto de
cotizaciones retienen a sus empleados. Estos, a medida que prestan sus
servicios, van liberando la cotización periódica que les corresponde, y son los
empleadores los que asumen, por mandato de la ley, la responsabilidad de
entregar los dineros retenidos a la entidad a la cual aquéllos están afiliados,
para que la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y asistencial tenga
lugar, y también con el objeto de contabilizar el número de semanas para
obtener la pensión de jubilación. La obligación patronal se refleja igualmente
en la previsión de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues sus
aportes nutren a las denominadas A.R.P., creadas por la Ley 100 de 1993.
-Cuando el patrono,
pese a haber retenido sumas de dinero a sus trabajadores por los mencionados
conceptos, les asigna una finalidad distinta, desvía los recursos de la
seguridad social, con notorio daño al sistema y con efectos graves en sus
propios empleados, cuya atención se puede ver suspendida, como lo señala la Ley
100 de 1993”.
La Sentencia T-557 del 6 de octubre de
1998, proferida por esta Sala, reiteró lo expuesto en el anterior fallo, pero
además dispuso:
“Una vez más afirma
la Corte que la relación laboral implica para el patrono, como una de sus
obligaciones básicas, la de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad
social, efectuando sus propios aportes y trasladando a la entidad
correspondiente los que se descuentan por nómina al empleado, con el objeto de
mantener la constante disponibilidad de los servicios en salud, tanto para
aquél como para sus beneficiarios.
La jurisprudencia ha
destacado que tales obligaciones a cargo del empleador deben ser cumplidas de
manera oportuna, para evitar la suspensión de los servicios del Plan
Obligatorio de Salud, a la que se refiere el artículo 209 de la Ley 100 de
1993, y que la mora en llevar a cabo la afiliación, como en efectuar los
aportes patronales o en consignar los recursos descontados al trabajador se
refleja necesariamente en el traslado al patrono de la responsabilidad total,
desde el punto de vista económico, por lo que respecta a los costos que
demanden los servicios médicos, asistenciales, quirúrgicos, hospitalarios,
terapéuticos y por concepto de suministro de medicamentos, tanto por causa de
las dolencias de todo orden, físico o sicológico, que aquejen al trabajador y a
su familia y demás beneficiarios, como por los accidentes y enfermedades de
trabajo.
Para el efecto, la
renuencia de la empresa se califica como omisión que cercena y amenaza derechos
fundamentales, y por lo tanto, cae bajo las previsiones del artículo 86 de la
Constitución y puede ser objeto de acción de tutela”.
Por lo anterior, se revocará el fallo de instancia
en cuanto negó totalmente la tutela solicitada, y se concederá ésta únicamente
en cuanto a la protección a la seguridad social, y en lo relativo al derecho de
la trabajadora al subsidio familiar, ya que la reclamación de las demás
prestaciones sociales de la actora pueden ser objeto de protección por parte de
la jurisdicción ordinaria.
DECISION
Con fundamento en las consideraciones
precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCASE parcialmente la
sentencia proferida en el asunto de la referencia por el Juzgado Unico
Promiscuo Municipal de Saladoblanco en el Huila, mediante la cual se negó
totalmente la tutela solicitada por María del Carmen Gómez.
Segundo.- CONCEDESE la protección al
derecho a la seguridad social de la afiliada y de sus beneficiarios y del que
tienen también al subsidio familiar.
En consecuencia, ORDENASE al alcalde
demandado que, si ya no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a
consignar en la EPS y en la Caja de Compensación Familiar a las que se
encuentra afiliada la demandante los aportes por concepto de seguridad social y
subsidio familiar retenidos y no pagados.
Tercero.- Para las finalidades
propias de su función, REMITANSE copias del expediente y de este Fallo
al Fiscal General de la Nación y al Procurador General de la Nación
Cuarto.- DESE cumplimiento a lo
previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                           ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado                                                                     Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General