T-262-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-262/05
DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO DE SIDA-Suministro de medicamentos incorporados en
el POS por el Acuerdo 282 de 2004
La jurisprudencia de esta Corporación en múltiples
ocasiones se ha referido al suministro de medicamentos a personas portadoras
del V.I.H., como a la realización  de exámenes médicos y la atención en
general. En este sentido, se ha considerado que el V.I.H. – SIDA, constituye
una enfermedad catastrófica  que produce un acelerado deterioro en el estado de
salud de las personas que la padecen y, consecuentemente, el riesgo de muerte
de los pacientes se incrementa cuando estos no reciben el tratamiento adecuado
de  forma oportuna. Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección
integral a las personas afectadas.
Referencia: expediente T-1009945
Acción de tutela instaurada por Juan Carlos Camacho
contra la E.P.S. Sanitas.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de
dos mil cinco (2005).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados ALFREDO BELTRÁN SIERRA,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, procede a
dictar la siguiente
SENTENCIA
que pone fin al trámite de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Veintisiete (27) Civil Municipal de Bogotá, y
el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá (31), el veinticinco (25)
de agosto y treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Juan
Carlos Camacho contra Sanitas E.P.S.
I. ANTECEDENTES
1.
Los Hechos
El señor Juan Carlos Camacho, a través
de  apoderado, instauró acción de tutela contra la E.P.S. Sanitas, solicitando
al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales, a la vida, a la
salud, y a la igualdad, con base en los siguientes hechos:
El accionante, afiliado a la E.P.S.
Sanitas desde al año 2000, es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana,
VIH, desde marzo del 2003.
En consecuencia, su médico tratante le
formuló el medicamento Trizivir. La E.P.S. Sanitas se niega a suministrarlo,
teniendo en cuenta que se trata de un medicamento excluido del P.O.S. El costo
de éste, según manifiesta el accionante, es de aproximadamente $4.000.000.
El accionante manifiesta tener a su cargo
su madre, quien tiene 70 años de edad.
2.
Las Pretensiones
Así las cosas, solicita que (i) se ordene
a la E.P.S Sanitas el suministro del medicamento formulado por su médico
tratante, (ii) que se prevenga a esta entidad para que en el futuro no vuelva a
incurrir en los hechos que suscitaron la acción, y (iii) ordenar a la E.P.S.,
de forma general, que la atención médica sea prestada conforme a lo dispuesto
por el decreto 1543 de 1997.
3.
Intervención de la Entidad accionada
La E.P.S. Sanitas, a través de su
representante legal, intervino en defensa de su actuación, considerando que la
negativa a suministrar el medicamento solicitado no vulnera los derechos
invocados por el accionante.
Al respecto, manifiesta que el accionante se encuentra
efectivamente afiliado a la E.P.S. Sanitas en calidad de cotizante dependiente,
y cuenta con 106 semanas cotizadas.
Indica que el medicamento prescrito,
Abacavir+Zidovudina+Lamivudina (Trizivir), no encontrándose  dentro del listado
del P.O.S., no fue aprobado por el Comité Técnico Científico.
Argumenta en su defensa, que el accionante
tiene un ingreso base de cotización de $2.258.000, y reside en la Transv. 42 D
No. 106 – 44, presunto estrato cinco. En ese sentido, la E.P.S., considera que
el demandante no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción
establecidos por la jurisprudencia constitucional, tratándose de solicitud de
medicamentos no incluidos en el  P.O.S.
En consecuencia, la entidad demandada
solicita al juez de tutela desestimar las pretensiones del accionante, y en
caso de conceder el amparo solicitado, ordenar al Fosyga el reembolso del
medicamento ordenado.
4.
Pruebas relevantes  que obran en el
expediente
1.
Folio 2, copia del oficio 3494, por medio del
cual la E.P.S. Sanitas le comunica al demandante la no aprobación del
medicamento por parte del Comité Técnico Científico de la entidad.
2.
Folio 3, copia de la fórmula del medicamento
solicitado, suscrita por el médico Ricardo Leal.
3.
Folios 20 y 21, copia de la comunicación de la
Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., en donde se informa al juez de
conocimiento sobre las declaraciones que ha presentado el solicitante por
concepto de impuesto predial e impuesto sobre vehículos automotores.
4.
Folios 32 a 36, constancias de pago del sueldo
del demandante.
5.
Folio 37, copia del certificado de ingresos y
retenciones del accionante, del año 2003.
6.
Folio 38, certificado del empleador del
demandante, en donde manifiesta que éste se desempeña como trabajador de la
empresa BTI Colombia, con una asignación mensual de $4.654.000.
7.
Folio 6 (segundo cuadernillo), comunicación
suscrita por la inmobiliaria Lorenca Ltda., en donde le informan al accionante
el reajuste en el valor del canon de arrendamiento.
8.
Folios 9 al 10 (segundo cuadernillo), facturas
de servicios públicos a cargo del demandante.
9.
Folios 11 al 3 (segundo cuadernillo),
desprendibles de consignación de  enero, marzo y abril de 2004, por valor de
$550.000.
II. TRÁMITE POCESAL.
1.
Fallo de primera
instancia
El Juzgado Veintisiete (27) Civil Municipal
de Bogotá D.C., mediante providencia de agosto veinticinco (25) de 2004,
después de realizar una relación de los hechos que motivaron la presente acción
decidió denegar el amparo solicitado, considerando que de conformidad con la
normatividad vigente, cuando el afiliado al régimen contributivo requiera
medicamentos no incluidos en el P.O.S. deberá financiarlos directamente.
Adicionalmente, consideró que de las
pruebas documentales obrantes en el expediente se infiere que el demandante
está en  capacidad de cubrir el costo del medicamento formulado; en
consecuencia, no se verifican los requisitos de procedibilidad de la acción
exigidos por la jurisprudencia constitucional para conceder el amparo.
Así las cosas, el a-quo consideró que la
E.P.S. Sanitas no vulneró los derechos fundamentales del demandante.
2.
Contenido de la
impugnación
En el escrito de impugnación, el
accionante, después de relacionar sus gastos mensuales, manifiesta que su
sueldo no le permite acceder al medicamento formulado. En sustento de esta
afirmación aporta algunas pruebas documentales tendientes a demostrar sus
gastos por concepto de arrendamiento, servicio públicos domiciliarios, así como
también desvirtuar que posee bienes raíces.
Concluye que sus gastos mensuales, que
ascienden a $2.467.990 no le permiten acceder al medicamento formulado, cuyo
costo por frasco, según indica, es de $1.455.000.
3.
Fallo de segunda instancia
El Juzgado Treinta y Uno Civil del
Circuito de Bogotá D.C.,  mediante providencia del treinta (30) de septiembre
de dos mil cuatro (2004), confirmó el fallo de primera instancia.
Al respecto consideró que (i) la E.P.S.
no está obligada a proporcionar los medicamentos excluidos del P.O.S., y (ii)
que el demandante, devengando un sueldo de $4.654.000, tiene la capacidad
económica para acceder al medicamento formulado.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar el
fallo de tutela referido, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241 – 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes.
2. Planteamiento del problema.
En el presente asunto, la Sala de Revisión
debería, en principio, determinar si la negativa de la entidad accionada a
suministrar al accionante, portados del V.I.H, el medicamento que le fuera
formulado por su médico tratante, vulnera los derechos fundamentales invocados
por el accionante, teniendo en cuenta que el medicamento formulado no se
encuentra incluido dentro del listado del Plan Obligatorio de Salud, y que la
E.P.S. accionada argumenta que el demandante cuenta con los recursos
suficientes para sufragar el costo del medicamento formulado.
No obstante, como se verá, los principios
activos que componen el medicamento formulado actualmente se encuentran
incluidos dentro del P.O.S.
Así, pues, la Sala de Revisión realizará
unas consideraciones generales y luego abordará el estudio del caso concreto,
teniendo en cuenta el listado actual de medicamentos incluidos en el P.O.S.
3. Suministro de medicamentos a personas
portadoras del virus de inmunodeficiencia Humana V.I.H.
3.1. La jurisprudencia de esta Corporación
en múltiples ocasiones se ha referido al suministro de medicamentos a personas
portadoras del V.I.H., como a la realización  de exámenes médicos y la atención
en general. En este sentido, se ha considerado que el V.I.H. – SIDA, constituye
una enfermedad catastrófica  que produce un acelerado deterioro en el estado de
salud de las personas que la padecen y, consecuentemente, el riesgo de muerte
de los pacientes se incrementa cuando estos no reciben el tratamiento adecuado
de  forma oportuna. Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección
integral a las personas afectadas.
En este sentido, en la sentencia T-843 de
2004[1], esta corporación
afirmó:
“La protección especial a ese grupo
poblacional[2]
está fundamentada en los principios de igualdad, según el cual el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art.
13 C.P.) y en el de solidaridad, como uno de los principios rectores de la
seguridad social (arts. 1 y 48 C.P.). Bajo esos parámetros la Corte ha
manifestado que con el fin de hacer efectiva la igualdad y la dignidad humana[3] de esas
personas la protección que debe brindar el Estado en materia de salud debe ser
integral dados los altos costos que esa enfermedad demanda y con el fin de que
no se generen tratos discriminatorios[4].
También ha sostenido que “este deber constitucional [de protección] asegura que
el enfermo de SIDA reciba atención integral y gratuita a cargo del Estado, a
fin de evitar que la ausencia de medios económicos le impida tratar la
enfermedad y aminorar el sufrimiento, y lo exponga a la discriminación”[5].
3.2.En este sentido, en algunos casos
concretos esta Corporación ha inaplicado la normatividad que exige un número
mínimo de semanas cotizadas al SGSSS para acceder a los servicios médico
asistenciales que permitan paliar el sufrimiento del paciente,[6]
como quiera que el ejercicio de los derechos fundamentales es prevalente y,
bajo ninguna circunstancia, se encuentra supeditado a reglamentación legal o
administrativa.
En ese mismo orden de ideas, en
escenarios determinados, la Corte ha dispuesto que la aplicación de las limitaciones
y exclusiones previstas en las regulaciones que informan el P.O.S. vulnera el
derecho constitucional a la vida y a la integridad física de aquellas personas
que necesitan la asistencia médica. Así, se ha ordenado el suministro de
medicamentos y/o tratamientos excluidos del P.O.S.,  verificados los siguientes
requisitos:
“(i) que la falta del medicamento o
tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa o no
suministrado por no alcanzar el mínimo de semanas cotizadas, amenace los
derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal o
la dignidad del interesado; (ii) que se trate de un medicamento o tratamiento
que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el POS o que,
pudiendo ser sustituido, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad
que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el
necesario para proteger el mínimo vital del paciente; (iii) que el paciente
realmente no puede sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido y
no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a
sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados,
etc.); y (iv) que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un
médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el
demandante”[7].
Verificados estos parámetros, la
jurisprudencia de esta Corporación ha considerado procedente el amparo de los
derechos fundamentales y ha ordenado a las E.P.S. el suministro de los
medicamentos excluidos del listado del plan obligatorio de salud, dejando a
salvo la posibilidad de las E.P.S de repetir contra el Fosyga.
4.El caso
concreto. El medicamento solicitado ha sido incorporado al listado del P.O.S.
4.1.En el presente asunto el accionante
pretende por vía de tutela obtener el suministro del medicamento Trizivir, que
habiendo sido formulado por su medico tratante, no fue aprobado por el Comité
Técnico Científico de la E.P.S. Sanitas, entidad que se niega a proveerlo,
argumentando (i) que no se encuentra incluido dentro del P.O.S., y (ii) que el
accionante dispone de recursos económicos suficientes para costearlo por cuenta
propia.
En ambas instancias los jueces de tutela
rehusaron otorgar la protección solicitada, considerando que no se verificaron
los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para conceder por
vía de tutela medicamentos excluidos del P.O.S., en particular, la falta de
capacidad económica.
4.2.De conformidad con el material
probatorio obrante en el expediente (folio 38) se observa que el accionante
cuenta con una asignación mensual por concepto de salario de $4.654.000.
4.3.El accionante manifiesta en su
demanda que el costo del medicamento Trizivir es de $4.000.000; sin embargo en
el escrito de impugnación indica que el costo del mismo es de $1.455.000.
4.4.Con el fin de determinar si el
demandante tiene o no capacidad económica para acceder al medicamento por
cuenta propia, sería necesario, en principio, un examen valorativo, que tome en
cuenta la relación ingresos del demandante  - costo real del medicamento, así
como los gastos del demandante, en relación con su entorno socioeconómico.
4.5.No obstante, la Sala de Revisión se
abstendrá de abordar tal análisis, como quiera que los principios activos del
medicamento formulado por el médico tratante, de conformidad con la
prescripción médica (folio 3), (Abacavir, Lamivudina, Zidovudina, Tbs.
300/150/300) - Trivizir,[8]
en virtud del acuerdo 282 de 2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, deben entenderse incorporados dentro del P.O.S.
En efecto, si bien los principios activos
Lamivudina + Zidovudina se encontraban dentro del listado que contemplaba el
acuerdo 228 de 2002, no era éste el caso del principio activo Abacavir,
incorporado dentro del P.O.S. por medio del acuerdo 282 de 2004 del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud; en consecuencia, el medicamento
formulado se enmarca dentro de las prestaciones que las E.P.S. deben otorgar a
sus afiliados. Así las cosas, la acción interpuesta, tendiente a obtener el
suministro del medicamento, está llamada a prosperar.
4.6.Por lo anteriormente expuesto se revocará el
fallo  del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito y en su lugar se concederá
el amparo solicitado.
RESUELVE
Primero. REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Uno (31) Civil del Circuito de Bogotá D.C., de septiembre treinta
(30) de dos mil cuatro (2004), que confirmó la providencia proferida por el
Juzgado Veintisiete (27) Civil Municipal de Bogotá, de agosto 25 de 2004, por
medio de la cual se denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados
por el ciudadano Juan Carlos Camacho.
En su lugar se CONCEDERÁ la tutela
de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social.
Segundo. En consecuencia, ORDENAR a la E.P.S. Sanitas,
que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, proporcione a su costa el
medicamento Trizivir, o el que haga sus veces, por el período que
determine el médico tratante, medicamento éste que el accionante requiere para
el tratamiento contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana.
Tercero. Por Secretaria General, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que
el H. Magistrado doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente
sentencia por encontrarse en comisión oficial en el exterior.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[2]
Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-484 del 11 de agosto de 1992 (M.P. Fabio Morón
Díaz), T-505 de 1992, ya citada, T-185 del 28 de febrero de 2000 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), T-1181 del 4 de diciembre de 2003 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), T-010 del 15 de enero de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-260 del 17 de marzo 17 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), entre muchas otras.
[3]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-505 de 1992, ya citada.
[4]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-256 del 30 de mayo de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[5]
Cfr. Corte Constitucional. T-1283 del 3 de
diciembre de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[6] Pueden consultarse las
sentencias T-230 de 1999, T-1003 de 1999, T-417 de 1999,  T-328 de 1998, T-171
de 1999.
[7]
Ver sentencias SU-480 de 1997, T-283 de 1998, T-328 de 1998 y T-329 de 1998,
entre otras.
[8]
Página Web de GlaxoSimthKline – Estados Unidos.
“http://us.gsk.com/products/assets/us_trizivir.pdf”