T-531-20
Sentencia T-531/20
Referencia: Expediente T-7.449.021
Acción de tutela presentada por Gumersindo Rivas Rentería,
en calidad de representante legal de la Organización de Negritudes Fomentando
el Desarrollo Matamba “ONFODEMA”, y Maryoy Yomanina Freile Palmezano, como
representante legal del Consejo comunitario de comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras “Las Américas”, contra el Ministerio
de Educación Nacional, la Administración temporal para la Educación del
departamento de La Guajira (municipios de Maicao, Uribia y Riohacha) y la
Gerente del Sector Educativo del distrito de Riohacha.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de
diciembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, y los
magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo dictado, en primera
instancia, por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Riohacha, La Guajira, el 13 de marzo de 2019 y, en segunda instancia, por el
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el 30 de abril de 2019,
dentro de la acción de tutela promovida por Gumersindo Rivas Rentería, en
calidad de representante legal de la Organización de Negritudes Fomentando el Desarrollo
Matamba “ONFODEMA”, y Maryoy Yomanina Freile Palmezano, como representante
legal del Consejo comunitario de comunidades negras, afrodescendientes,
raizales y palenqueras “Las Américas”, contra el Ministerio de Educación
Nacional, la Administración temporal para la Educación del departamento de La
Guajira (municipios de Maicao, Uribia y Riohacha) y la Gerente del Sector Educativo
del distrito de Riohacha.
El asunto de la referencia fue allegado a la Corte
Constitucional en virtud de lo ordenado por los artículos 86, inciso 2, de la
Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante Auto del 18
de julio de 2019, la Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional
seleccionó el asunto[1] y,
previo sorteo, lo asignó al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera,
para su sustanciación.
I.
ANTECEDENTES
1. Situación fáctica
descrita en la acción de tutela
1.
Los accionantes manifiestan ser
representantes de las organizaciones de base y autoridades tradicionales de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ubicadas en el
departamento de La Guajira, instituciones que certifican el autoreconocimiento
de las personas pertenecientes a dicha colectividad, según lo establecido en la
Ley 70 de 1993[2]
y la Sentencia T-576 de 2014.[3]
2.
Señalan que el Decreto Ley 1278 de 2002[4] ha venido siendo aplicado a 162
docentes y directivos docentes que se desempeñan en los territorios de la
referida etnia, y a nombre de quienes instauran la acción de tutela de la
referencia.[5]
Indican que las autoridades accionadas han nombrado a este grupo de maestros
con base en dicha normatividad, pese a que la Sentencia C-666 del 30 de
noviembre de 2016[6]
declaró exequible el
inciso primero del artículo 2 del decreto mencionado, bajo el entendido de que “el
mismo no es aplicable a los docentes y directivos docentes en los
establecimientos educativos estatales que prestan sus servicios a las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y a aquellas
ubicados en sus territorios.”[7] En
virtud de lo anterior, los actores explicaron que la Corte Constitucional
difirió los efectos de tal decisión por el término de un año contado a partir
de su notificación. Durante este periodo, el
Legislador debía expedir un ordenamiento jurídico con fuerza de ley, en el que se
regularan las relaciones entre el Estado y los docentes y directivos docentes
que prestan sus servicios en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras y en sus territorios.
3.
Indicaron que, en contravía de
este mandato constitucional, las entidades accionadas, en la actualidad, no
sólo han nombrado a los 162 docentes y directivos docentes en provisionalidad, sino
que también han resuelto traslados e incluso evaluado su desempeño laboral con
fundamento en el Decreto 1278 de 2002. En su criterio, esto los mantiene en “una
situación de interinidad en la relación laboral con el Estado situándolos en
condiciones de precariedad y [en] desventaja frente a los demás docentes
del país.”[8] Desde su
perspectiva, esto se traduce en una violación a los derechos fundamentales de
los 162 maestros, especialmente, por la inexistencia de “un instrumento
jurídico que determine el proceso que se debe aplicar para la relación entre
docente y Estado.”[9]
4.
Ante “la ausencia de normatividad para regular el nombramiento
en propiedad de los docentes y directivos docentes de las comunidades”,[10]
los actores hicieron referencia a la necesidad de aplicar el principio de
favorabilidad, de suerte que los 162 etnoeducadores queden amparados
transitoriamente por una normatividad anterior al Decreto Ley 1278 de 2002, en
particular, por el Decreto 2277 de 1979.[11] Esto,
con el fin de efectuar sus nombramientos en propiedad, hasta tanto se expida el
estatuto de profesionalización docente, con miras a evitar la afectación de su
estabilidad laboral, así como a la continua y adecuada prestación del servicio
público de educación en los territorios colectivos del departamento de La
Guajira donde ejercen su labor.
5.
Los peticionarios advirtieron que han presentado algunos requerimientos
ante las entidades públicas concernidas, a fin de que resuelvan la situación de
incertidumbre jurídica en la que permanecen, a la fecha, los 162 etnoeducadores
de la región y, por tanto, se defina “su carrera administrativa como
docentes”,[12] a lo
cual se les ha manifestado que (i) no existen plazas vacantes para ser
provistas y que, en todo caso (ii) cualquier futura designación supone la
convocatoria previa a un proceso de selección mediante la realización de un concurso
de méritos.[13]
6.
El 25 de febrero de 2019, los actores acudieron a la acción de tutela,
invocando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, consulta previa, integridad
étnica y cultural, autonomía y autodeterminación de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras. Como objeto material de protección
solicitaron (i) se ordene a las accionadas proceder con el nombramiento
en propiedad de los 162 docentes y directivos docentes que se encuentran
vinculados en provisionalidad en los establecimientos educativos estatales
ubicados en territorios de la etnia de comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras en el departamento de La Guajira; (ii) aplicar
transitoriamente el Decreto 2277 de 1979 hasta tanto se expida el estatuto de
profesionalización docente diferencial para las comunidades colectivas de la
etnia, en virtud del principio de favorabilidad y (iii) prevenir a las
demandadas para que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en actuaciones
como las que originaron la presentación del amparo.[14]
2. Respuesta de las entidades accionadas y de las vinculadas de
oficio
7.
Mediante Auto del 26 de febrero de
2019, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha,
La Guajira, asumió el conocimiento de la solicitud de amparo como autoridad
judicial de primera instancia. Además, ordenó correr traslado a las entidades
públicas demandadas y dispuso la vinculación al proceso del departamento de La
Guajira -Secretaría de Educación Departamental, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia.[15]
Por medio de Auto del 7 de marzo siguiente, el Despacho ordenó la integración
al trámite de los 162 docentes y directivos docentes pertenecientes a la etnia
de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del
departamento de La Guajira y del distrito de Riohacha, y a nombre de quienes
los accionantes promovieron el recurso de amparo de la referencia.[16] En el término de traslado,
los convocados rindieron informe de la manera que a continuación se presenta.
8.
El 27 de febrero de 2019, la Secretaría
de Educación del departamento de La Guajira solicitó
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.[17] Señaló que (i) la competencia
de la prestación y administración de los servicios de educación, en sus niveles
básica, media y secundaria, (ii) el proceso de nombramiento en propiedad
de los docentes afrocolombianos y (iii) “toda decisión frente a la
presente acción de tutela”,[18]
se encuentra actualmente bajo el manejo exclusivo del Ministerio de Educación
Nacional, a través de la Administración Temporal para la Educación del
departamento de La Guajira y los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha.[19]
9.
El 12 de marzo de 2019, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del distrito de Riohacha igualmente hizo referencia a la falta de legitimación en la
causa por pasiva.[20]
Explicó que, a la fecha, la Secretaría de Educación Distrital de Riohacha se
encuentra intervenida por el Ministerio de Educación Nacional -Administración
Temporal para la Educación del departamento de La Guajira y los municipios de
Maicao, Uribia y Riohacha, en virtud de la Resolución 0459 del 21 de febrero de
2017 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
10.
En la misma fecha, 298 docentes
afrodescendientes que prestan actualmente sus servicios, muchos en
provisionalidad, en los municipios de Riohacha, Dibulla, Uribía, Manaure, San
Juan del Cesar y demás áreas de influencia del departamento de La Guajira,
presentaron escrito coadyuvando la solicitud de amparo.[21] Indicaron fundamentalmente que, en
la actualidad, las entidades accionadas continúan efectuando los nombramientos
de los etnoeducadores en provisionalidad, amparados en el Decreto Ley 1278 de
2002; actuación que constituye un incumplimiento a lo ordenado en la Sentencia
C-666 de 2016.[22]
Por ello, pidieron “amparar las peticiones presentadas por los accionantes.”[23]
11.
El 13 de marzo de 2019, la
Administración Temporal para el Sector Educativo en el departamento de La
Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia solicitó negar el amparo.[24]
Indicó que “el Decreto 3323 del 21 de septiembre de 2005 modificado por el
Decreto 140 del 23 de enero de 2006, [reglamenta] el proceso de
selección mediante concurso especial para el ingreso de etnoeducadores
afrocolombianos y raizales a la carrera docente, estableciendo que debe
realizarse previa aprobación de concurso de méritos.”[25] Añadió que (i) no es posible
aplicar el Decreto 2277 de 1979 a los docentes nombrados; (ii) la
expedición del estatuto de profesionalización docente le corresponde
exclusivamente al Congreso de la República quien hasta el momento no se ha
encargado de ello; “una vez se expida se le dará estricta aplicación a dicha
normatividad”[26]
y (iii) en la actualidad la planta docente del distrito de Riohacha se
encuentra nombrada en su totalidad. Es decir, no existen plazas para ser
provistas, “motivo por el cual una vez se presenten vacancias definitivas,
según el análisis [del] caso, se hará la provisión de acuerdo con la
normatividad aplicable.”[27]
12.
El 8 de mayo de 2019, el Ministerio de
Educación Nacional intervino en el trámite de tutela para solicitar que se
declarara la configuración de un hecho superado “por cuanto [la entidad]
no ésta desconociendo ni vulnerando derecho fundamental alguno.”[28] Resaltó que, en ejercicio de sus
competencias, ha actuado para lograr la expedición de una norma con fuerza de
ley que regule las relaciones laborales del Estado con los docentes y
directivos docentes de establecimientos educativos estatales que prestan sus
servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y a
aquellas ubicadas en sus territorios, en el marco de lo establecido por la
Corte Constitucional en las sentencias C-666 de 2016[29] y SU-011 de 2018.[30] Explicó que dicho proceso ha contado
con el acompañamiento y seguimiento de la Procuraduría Delegada para Grupos
Étnicos y fundamentalmente en él se han surtido las siguientes tres etapas: (i)
preconsulta; (ii) consulta -ejecución de la ruta metodológica acordada
entre las partes precedida del desarrollo de asambleas departamentales a lo
largo del territorio nacional- y (iii) consulta previa -preacuerdos-.
Aclaró que una vez se afinen algunos aspectos técnicos del proyecto de norma,
se concreten preacuerdos finales y se protocolice el referido proyecto se
procederá a su inmediata presentación ante el Congreso de la República.[31]
13.
Los demás involucrados en el asunto
guardaron silencio pese al requerimiento judicial.
3. Decisiones de instancia que se revisan
14.
El 13 de marzo de 2019, el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha, La Guajira,
declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento del presupuesto
formal de subsidiariedad. En su concepto, si los etnodocentes estimaban
contrario a sus intereses los actos administrativos de carácter particular a
través de los cuales fueron nombrados en
provisionalidad en distintos establecimientos educativos estatales, con
posterioridad a la Sentencia C-666 de 2016,[32]
debieron controvertirlos en sede administrativa y posteriormente en sede
judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, escenario en el que, inclusive, podían solicitar la adopción de
medidas cautelares. Además, no demostraron la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que tornara procedente la intervención transitoria del juez de
tutela puesto que, del material probatorio allegado al expediente, “no se
comprobó que con las actuaciones administrativas desplegadas por las entidades
accionadas, existieran desmejoramientos, insubsistencias, traslados
injustificados o calificaciones de desempeños laborales infundadas.”[33]
15.
En providencia de segunda instancia, del
30 de abril de 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira resolvió
la impugnación presentada.[34]
Dispuso (i) revocar la providencia de primer grado para, en su lugar,
negar la pretensión de los actores relacionada con la protección del derecho
fundamental a la consulta previa; (ii) confirmó en lo demás lo resuelto
en el fallo de primera instancia que declaró improcedente el amparo y (iii)
como medida afirmativa exhortó al Ministerio de Educación y al Congreso de la
República para que procedieran a tramitar dentro de un término razonable una
ley especial para los etnoeducadores de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, de acuerdo con lo ordenado por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2016.[35]
16.
En primer lugar, adujo que en este
asunto no se había adoptado una medida administrativa o legislativa que
estuviera afectando directamente los intereses de los etnoeducadores
involucrados, pues si bien aquellos pusieron de relieve una omisión en la
expedición de un régimen docente especial, lo cierto es que la Corte
Constitucional, en la Sentencia T-379 de 2011,[36] indicó que “mientras se [expidiera]
un estatuto especial y concertado, los artículos de la Ley 115 de 1994 que
regulan lo [atinente] a la etnoeducación [tenían] plena vigencia
y demás normas complementarias -como el Decreto 804 de 1995-.”[37] Precisó que dicha normatividad
contempló el cumplimiento de ciertos requisitos para proceder con el
nombramiento en propiedad de los docentes, los cuales no podían ser burlados o
morigerados so pretexto de garantizar el derecho a la consulta previa de las
comunidades colectivas. En efecto, para salvaguardar su cultura y tradiciones
se exigía que previo a su designación se agotara una etapa de concertación y
al “no estar demostrado que los docentes [implicados en este caso
habían sido] nombrados de conformidad con los procesos de concertación [aludidos]
no [era] posible acceder a sus solicitudes.”[38] En esa medida, aclaró, le
correspondía a la Administración Temporal para la Educación en el departamento
de La Guajira y, no al juez de tutela, seleccionar a los etnoeducadores más
calificados para ejercer su función en los territorios colectivos.
17.
En segundo lugar, advirtió que en
relación con los demás derechos concernidos debía confirmarse la declaratoria
de improcedencia impartida por el a quo dado que la legalidad de los
actos administrativos de nombramiento de docentes en provisionalidad proferidos
por la Administración Temporal para la Educación
del departamento de La Guajira (municipios de Maicao, Uribia y Riohacha) debía
discutirse al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin
perjuicio de ello, precisó que ante la existencia de una omisión legislativa por
no haberse expedido el régimen especial para los docentes de establecimientos
educativos estatales que prestan sus servicios a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras debía conminarse al Gobierno y al
Congreso para que actuaran de conformidad dentro de un plazo célere.[39]
4. Actuaciones surtidas en sede de revisión
18.
Mediante Auto del 29 de octubre de
2019, la Sala Segunda de Revisión decidió suspender los términos del proceso de
tutela; vincular a la Secretaría de Educación Distrital de Riohacha, La Guajira,
para que se pronunciara, si así lo consideraba, sobre los hechos y pretensiones
de la solicitud de amparo y requirió a la Secretaría General del Congreso de la
República, al Ministerio de Educación Nacional, a la Administración Temporal
para la Educación del departamento de La Guajira (municipios de Maicao, Uribia
y Riohacha), a la Gerencia del Sector Educativo del distrito de Riohacha, a la
Secretaría de Educación Departamental de La Guajira y a la Secretaría de
Educación Distrital de Riohacha para que brindaran información relacionada con (i)
las gestiones adelantadas para cumplir la orden contenida en la Sentencia C-666
de 2016, [40]
y (ii) la razón por la cual se continuaba dando aplicación al Decreto
Ley 1278 de 2002 al momento de definir el nombramiento provisional, los
traslados y la evaluación del desempeño de los 162 etnoeducadores accionantes y
demás docentes que se encuentran en similares circunstancias pese a lo
dispuesto por esta Corte en la aludida providencia.[41]
19.
Los elementos de juicio recaudados como
consecuencia de este requerimiento probatorio fueron los siguientes.
20.
El 5 de noviembre de 2019, la Gerencia
de la Secretaría de Educación Municipal de Maicao -Administración Temporal- señaló
que “no se ha hecho necesario acudir a otro mecanismo de nombramiento
diferente al 1278 en tanto la población escolar negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera no se constituye como mayoritaria frente al total de la matricula
registrada en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, aunado a la inexistencia
de certificación alguna de autoreconocimiento ante autoridad étnica afrocolombiana
por parte de personal a ser vinculado como docente.”[42] Añadió que en el ente territorial
los docentes son nombrados en provisionalidad en tanto, conforme lo dispone el
Decreto 140 de 2006,[43]
los procesos de selección en propiedad del personal docente deben realizarse
mediante concurso de méritos, situación que es reglada y administrada a través
de la Comisión Nacional del Servicio Civil.[44]
21.
El 15 de noviembre de 2019, la Gerencia
del Sector Educativo del departamento de La Guajira advirtió que, ante la
ausencia en el ordenamiento jurídico de una regulación sobre la vinculación al
sistema educativo de docentes y directivos docentes pertenecientes a  comunidades
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, debía aplicarse el único
estatuto vigente, esto es, el Decreto 1278 de 2002, el cual contempla
válidamente el nombramiento en provisionalidad y no en propiedad, por la
inexistencia de un concurso de méritos. Agregó que en la entidad territorial “de
los 91 establecimientos educativos debidamente [registrados] en el
Directorio único de Establecimientos -DUE, no se encuentra identificado ningún
establecimiento con modelo educativo de comunidades negras, afrodescendientes,
raizales y palenqueras.”[45]
22.
El 22 de noviembre de 2019, el
Ministerio de Educación Nacional, de manera preliminar, reiteró in extenso las
consideraciones plasmadas en su escrito de contestación a la acción de tutela
en lo referente a las actuaciones desplegadas para dar efectivo cumplimiento al
proceso de consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras tendiente a la construcción y expedición del estatuto
especial que regirá las relaciones entre el estado y los etnoeducadores,
conforme lo ordenado en la Sentencia C-666 de 2016.[46]
23.
El Ministerio indicó que la Sentencia
C-666 de 2016 no afectaba los derechos de carrera administrativa docente
adquiridos por los etnoeducadores al amparo de los decretos Ley 2277 de 1979 y
1278 de 2002. Es decir, las garantías consolidadas de aquellos maestros que
fueron vinculados al sistema educativo con anterioridad al año 2001 o que
ingresaron entre el 19 de junio de 2002 y el 30 de noviembre de 2016. Lo
anterior, manifestó la entidad, evidencia “por qué aún [persiste] la
aplicación no solo del decreto ley 1278 de 2002 sino del mismo decreto
legislativo 2277 de 1979 que como se evidencia era [el] régimen que
gobernaba las relaciones del estado con el magisterio con anterioridad a la
misma Carta Política de 1991. En esencia, en la actualidad subsisten
vinculaciones previas en el marco de dichos regímenes que no permitirían una
movilidad inmediata de los educadores a un nuevo cuerpo normativo, puesto que a
la fecha a pesar de los ingentes esfuerzos gubernamentales la complejidad del
proceso de consulta y concertación no ha permitido definir un nuevo Estatuto
Docente Especial para etnoeducadores.”[47]
24.
Respecto de la vinculación provisional
de vacantes definitivas o temporales, aclaró que, mientras se desarrollaba el
procedimiento del estatuto docente especial para etnoeducadores, los
nombramientos permanecían en cabeza de la entidad territorial certificada quien
en ausencia del estatuto podía disponer la provisión de cargos aplicando el artículo
62 de la Ley 115 de 1994,[48]
la Ley 909 de 2004[49]
y el Decreto 804 de 1995[50]
en la forma como quedó compilado en el Decreto 1075 de 2015[51] y sus normas modificatorias o
reglamentarias. Precisó que, en todo caso, el Ministerio se encontraba
tramitando una directiva que brindara orientaciones sobre la administración de
las plantas de cargos del personal docente y directivo docente de los
establecimientos educativos estatales que prestan sus servicios a las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Lo anterior, con
la finalidad de garantizar condiciones de ingreso al servicio público educativo
mientras se define el marco legislativo necesario que regule la carrera
etnoeducativa negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. No obstante, enfatizó
en que, en el entretanto, debía “[vincularse] de manera provisional [para]
garantizar el servicio educativo a los niños, niñas, y jóvenes de nuestro país.”[52]
25.
En relación con los traslados,
argumentó que en la actualidad son las entidades territoriales certificadas
quienes adelantan estos procesos mediante actos administrativos debidamente
motivados, en aplicación de la Ley 715 de 2001,[53] los decretos 520 de 2010[54] y 1782 de 2013[55] (compilados en el Decreto Único
Reglamentario 1075 de 2015), sin que, a la fecha, ninguna de las citadas
disposiciones haya sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.
26.
Por su parte, en lo que tiene que ver
con la evaluación de desempeño laboral advirtió que “son sujetos de la
evaluación los docentes y directivos docentes con derechos de carrera que
ingresaron al servicio educativo estatal, según lo establecido en el Decreto
Ley 1278 de 2002, puesto que aquellos educadores que se vincularon con
anterioridad al 2002 no [cuentan] a la fecha con disposiciones
reglamentarias que permitan aplicarles dichos instrumentos. Así mismo, la
sentencia SU-011 de 2018, indicó tal y como se mencionó anteriormente que el
pronunciamiento vertido en el fallo C-666 de 2016, no afectaba los derechos
adquiridos por los educadores que atienden establecimientos etnoeducativos
estatales de Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera y cuya
carrera se rige por los Decretos-Ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002.”[56]
27.
El Ministerio también indicó que el
nombramiento de los educadores accionantes fue realizado de manera previa a la
expedición de la Sentencia C-666 de 2016 o “dentro del término de
constitucionalidad diferida establecido en el resuelve segundo del citado fallo.”[57] Es decir, los maestros referidos
fueron nombrados en provisionalidad en cumplimiento de lo contemplado en el
Decreto Ley 1278 de 2002, pues hasta dicha fecha no existía ningún
pronunciamiento que proscribiera la aplicación de este ordenamiento jurídico a
los etnodocentes de la población afrodescendiente. En consecuencia, los actos
administrativos a través de los cuales se produjeron tales nombramientos
generaron efectos jurídicos concretos, por lo que para mutar su contenido “o
sustraerlos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades
administrativas que los profirieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte,
tendrían que acudir los nominadores a la figura jurídica de la revocatoria
directa”,[58]
actuación que, de acuerdo con las pruebas del proceso, no había sido adelantada.
28.
El Ministerio de Educación, para
concluir su intervención, explicó que los docentes que actualmente laboran en
los establecimientos educativos oficiales que prestan sus servicios a las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras fueron designados
por el nominador del momento, y no bajo un proceso de selección cobijado por el
principio del mérito -mecanismo por excelencia para ingresar al servicio
público educativo-, razón por la cual al no existir una norma jurídica
específica aplicable para los etnodocentes que no cuentan con derechos de
carrera e ingresan al sector educativo oficial, “las entidades territoriales
certificadas en cumplimiento de sus funciones según lo establecido en la Ley
715 de 2001 y dentro del marco jurídico dispuesto en las normas generales
vienen garantizando la prestación del servicio educativo de manera oportuna
mediante el nombramiento en provisional efectuado a discreción del alcalde,
gobernador o secretario de educación según la entidad territorial.”[59]
29.
El 26 de noviembre de 2019, la
Secretaría General del Senado de la República expresó que, por iniciativa
congresional, se adelantó un proceso legislativo sobre el tema abordado en la
Sentencia C-666 de 2016,[60]
referente a las relaciones entre el Estado y los docentes que prestan sus
servicios en las comunidades negras. Se trató del Proyecto de Ley Estatutaria
No. 150 de 2016, “Por la cual se reconoce el derecho fundamental a la
identidad étnica de las comunidades negras o población afrocolombiana, se
adoptan políticas para la equidad e inclusión social de este grupo étnico, la
igualdad de oportunidades y se dictan otras disposiciones” el cual fue
archivado, el día 20 de junio de 2017, en los términos del artículo 190 de la
Ley 5 de 1992.[61]
30.
El 29 de noviembre de 2019, la
Secretaría de Educación Departamental de La Guajira le comunicó a esta
Corporación que, en vista de que no existe un estatuto para las comunidades
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que ordene la vinculación de
los docentes y directivos docentes al sistema educativo, se hace necesario
aplicar el estatuto vigente, esto es, el Decreto Ley 1278 de 2002 toda vez que
en la entidad territorial, de los 91 establecimientos educativos registrados en
el Directorio Único de Establecimientos  -DUE, no se encuentra identificado ningún
establecimiento con modelo educativo de comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras. Sumado a ello, expuso que, si bien dentro de la
matrícula se encuentran caracterizados niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a la comunidad afrodescendiente aquellos no son población
mayoritaria, pues en realidad esta obedece a la comunidad indígena.
31.
Finalizó resaltando que una vez el
marco normativo se lo permita, contribuirá a la creación de establecimientos
educativos que funcionen bajo la modalidad “con enfoque diferencial
afrodescendiente”;[62]
se realizarán los nombramientos respectivos de los etnodocentes y, en
consecuencia, se abordaran temas inherentes a traslados, designaciones
provisionales y evaluación de desempeño bajo la modalidad estipulada para ese
fin. En el entretanto, al no existir un estatuto especial vigente es imperativo
que “la vinculación de los docentes sea provisional y no en propiedad, como
lo establece el decreto 1278 de 2002, único estatuto vigente educativo
colombiano.”[63]
32.
En escrito de noviembre de 2019 -sin
especificarse una fecha- la Administración Temporal para la Educación del departamento de La Guajira
(municipios de Maicao, Uribia y Riohacha) informó a la Corte Constitucional que
en el momento de imponerse la medida correctiva de asunción temporal de la
competencia de la prestación del servicio de educación en el departamento de La
Guajira, conforme la Resolución 0459 de 2017, no existía en el territorio una
caracterización del total de las instituciones educativas que permitiera
identificar a la población escolar. Manifestó
que al día de hoy no se cuenta con un estatuto de profesionalización especial
para docentes afrocolombianos y “sin el marco legal respectivo, [carece]
de herramientas para proceder de forma autónoma con respecto a [las
necesidades de provisión de] la población accionante.”[64]
33.
Aclaró que los 162 docentes involucrados
en la solicitud de amparo “ocupan plazas mayoritarias y no plazas reservadas
como afro, las cuales tampoco han sido sujetas a concurso de méritos afro. [De
la misma manera] los docentes relacionados se encuentran nombrados en establecimientos
educativos donde la mayor población atendida es mayoritaria y no afro,
palenquera o raizal. De otro lado, durante la vigencia de la medida y antes de
iniciar la caracterización de la población Afro y de disponer del avance con
las instituciones [Sierra
Nevada y Eugenia Herrera], de los 162
docentes relacionados, se produjeron los siguientes nombramientos: [d]urante la vigencia 2017, se vincularon 12 docentes.
Durante la vigencia 2018, se vincularon 31 docentes.”[65]
Dichos docentes no tenían para esa fecha autoreconocimiento como población
afro.[66]
34.
El 12 de octubre de 2019, la Gerencia
designada para el Sector Educativo en el distrito de Riohacha destacó que en la
actualidad el ente territorial no ha realizado nombramientos para docentes afro
dado que no se ha cumplido con el proceso de selección mediante concurso
especial de méritos contemplado en el Decreto 3323 de 2005,[67] modificado por el Decreto 140 de
2006, y tampoco se cuenta con un estatuto de profesionalización docente
especial. Precisó que los 162 docentes relacionados en el escrito de tutela se
encuentran nombrados en plazas de establecimientos educativos donde gran parte
de la población atendida es mayoritaria, es decir, indígena y no negra,
afrodescendiente, palenquera o raizal.[68]
35.
Por medio de Auto del 30 de enero de
2020, el Despacho requirió a la Administración Temporal para la Educación del
departamento de La Guajira (municipios de Maicao, Uribia y Riohacha), la Gerencia
del Sector Educativo del distrito de Riohacha, la Secretaría de Educación
Distrital de Riohacha y el Ministerio de Educación Nacional, a fin de que
aportaran una relación detallada de los docentes etnoeducadores accionantes que
hubieran sido nombrados en el territorio de La Guajira con indicación de (a) la población
étnicamente diferenciada a la que pertenecen (afros, negros, raizales,
palenqueros, etc.); (b) el tipo de vinculación (provisional, de carrera, etc.); (c) la planta de
personal a la que se encuentran adscritos; (d)
la fecha en la que se realizaron sus designaciones
y (e) los
lugares en los cuales permanecían prestando sus servicios. Igualmente, se
ofició a la Secretaría General del Congreso de la República para que ampliara
la respuesta inicialmente brindada.[69]
36.
En el término de traslado, los
convocados rindieron informe de la siguiente manera:
37.
Mediante oficio del 5 de febrero de
2020, la Secretaría General del Senado de la República aportó al trámite
constitucional copia de la Gaceta del Congreso No. 787 del 20 de septiembre de
2016, en la que se publicó la exposición de motivos en el Senado de la
República del Proyecto de Ley No. 150 de 2016 el cual, como se anotó
previamente, fue archivado el 20 de junio de 2017.[70]
38.
El 6 y el 11 de febrero de 2020, la
Gerencia del Sector Educativo del distrito de Riohacha allegó un informe a esta
Corporación. Para empezar, la entidad aportó una relación de un grupo de
docentes afrocolombianos y raizales, no incluidos en la acción de tutela, que
fueron nombrados en propiedad al amparo del Decreto Ley 1278 de 2002, “toda
vez que para la época no existía estatuto de profesionalización docentes afro, [aclarando
que] dichas plazas se encuentran reservadas para las comunidades Afro, ya que fueron producto del concurso de méritos realizado en
el año 2005.”[71] (Negrillas fuera del texto original).
39.
Continuó señalando que, tras adelantar
un cruce de información entre el listado de los 162 docentes referidos en la
solicitud de amparo y el Sistema Humano se registraron como novedades de
planta:
Docente
Número de cédula
Novedad
Roberto Arlex Argote
8403444
Fallecido
Enaida Elena Muegues Zúñiga
No se indicó cédula
Renunció
Alexi María Carrillo Amaya
40918356
Repetido en el listado aportado
por los actores
Yakis Liceth Brito Ñangran
40933376
Repetido en el listado aportado
por los actores
Dinnelys Rodríguez Ñangran
40932576
Repetido en el listado aportado
por los actores
Elkin Enrique Mejía Barros
79788691
Repetido en el listado aportado
por los actores
Myriam Victoria Camacho Monsalve
1098644843
Repetido en el listado aportado
por los actores
Oneris Cabrales Pedroza
40940236
Repetido en el listado aportado
por los actores
Nayibis Dominga Sierra Redondo
40922523
Repetido en el listado aportado
por los actores
Isbelia Yolindis Quintero
Peñaranda
40927948
Repetido en el listado aportado
por los actores
Darly Vanesa Pimienta Oñate
40942592
Repetido en el listado aportado
por los actores
Irina Josefa Ibarra Iguarán
45512096
Retirado
De acuerdo con la Gerencia del Sector Educativo del
distrito de Riohacha, “se observa claramente que existen inconsistencias en
el listado aportado por los accionantes, puesto que se hace mención de personas
incluso fallecidas, lo cual genera una duda razonable respecto al alcance de
las pretensiones de la presente acción constitucional, situación que no debe
pasar por alto el juez.”[72]
40.
Reiteró que los nombramientos de
docentes y directivos docentes pertenecientes a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras debe darse mediante concurso especial
de méritos y enfatizó en que los 162 docentes relacionados en la acción de tutela
no fueron nombrados en plazas afro. Insistió en que “(i) la naturaleza de
las plazas que ocupan los docentes en mención, pertenecen a la población
mayoritaria, (ii) que ninguna de las 162 personas relacionadas en el escrito de
tutela han presentado o superado el concurso de méritos [previamente referenciado],
en ese sentido se colige que realizar nombramientos de docentes pertenecientes
a grupos Afrocolombianos y Raizales sin apego y cumplimiento de la normatividad
mencionada [Decreto 3323 de
2005], sería incurrir no solo en la
ilegalidad, sino que además en la omisión directa del deber constitucional
consagrado en el inciso 5° del artículo 67 superior, el cual también se
extiende a todos [los] poderes del
Estado.”[73]
41.
Dentro de su respuesta, la Gerencia del
Sector Educativo del distrito de Riohacha aportó información sobre los 162
docentes y directivos docentes. Por su extensión, se incluye un cuadro contentivo
de lo anterior, como anexo al final de la presente providencia.[74]
42.
El 14 de febrero de 2020, el Ministerio
de Educación Nacional intervino nuevamente en el trámite constitucional. Indicó
que, de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015,[75]
es el competente para asumir la administración del servicio educativo en el
departamento de La Guajira y en los municipios de Riohacha, Maicao y Uribia. Lo
anterior, a su vez, conforme lo previsto en el documento CONPES 3883 del 21 de
febrero de 2017, el Decreto 28 de 2008 y el Decreto 2911 de 2008. Aclaró que en
este caso no actuaba directamente sino a través de la Administración Temporal
para la Educación del departamento de La Guajira (municipios de Maicao, Uribia
y Riohacha), revestida de las mismas funciones que, hasta antes de la medida
correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio
educativo en el departamento de La Guajira y los municipios de Maicao, Uribia y
Riohacha, ostentaban las secretarías de Educación del departamento.
Seguidamente, reiteró el contenido de la respuesta brindada por la
Administración Temporal accionada y anexó al proceso el mismo listado antes
descrito de los 162 docentes.[76]
43.
A través de Auto del 16 de marzo de
2020, la Magistrada sustanciadora requirió a la Administración temporal de la competencia
de la prestación del Servicio Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito
de Riohacha, y los municipios de Maicao y Uribia y a la Secretaría de Educación
Distrital de Riohacha para que atendieran lo dispuesto en el Auto del 30 de
enero de 2020. Pese a lo anterior no se obtuvo respuesta alguna. Finalmente,
mediante Auto del 6 de julio siguiente, la Sala Segunda de Revisión ordenó
levantar la suspensión de los términos judiciales del proceso de tutela única y
exclusivamente para efectos de recolectar elementos de juicio adicionales que
permitieran adoptar una decisión lo más informada posible.[77] En concreto, se insistió ante la
Secretaría de Educación Distrital de Riohacha, vinculada de oficio por esta Corporación,
para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones materia de discusión al
no evidenciarse su participación en el marco de la solicitud de amparo. Pese al
requerimiento judicial no se logró ninguna intervención de su parte.[78]
II.
Consideraciones
y fundamentos
1. Competencia
44.
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el inciso 3
del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa: estudio
de procedencia de la acción de tutela
45.
Previo a formular y abordar un problema
jurídico de fondo, respecto de la presente acción de tutela, la Sala de
Revisión encuentra indispensable ocuparse de definir si el asunto de la
referencia satisface los requisitos formales de procedibilidad.  De entrada,
tal como se explicará enseguida, es necesario señalar que para esta Corporación
el caso objeto de estudio, aunque cumple los requisitos de legitimación, no es
susceptible de ser analizado de fondo por parte del juez constitucional por el incumplimiento
de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
2.1. Verificación de la aptitud para acudir a la acción de
tutela (legitimación por activa) y para ser demandado (legitimación por pasiva)
46.
Legitimación por activa. Al tenor de lo previsto en el artículo 86.1 de la
Constitución Política, concordante con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,[79] la
acción de tutela es un mecanismo judicial de defensa puesto a disposición
de quien considera que sus derechos fundamentales se encuentran amenazados o
vulnerados, con el objeto de reclamar, por sí mismo o por quien actúe a su
nombre,[80] que se respete su posición de
derecho por parte de quien está en el deber correlativo de protección. Con
base en las citadas disposiciones, la jurisprudencia constitucional ha admitido
que las tutelas que buscan salvaguardar los derechos fundamentales de una
comunidad étnica puedan ser instauradas por cualquiera de sus integrantes o,
incluso, por las organizaciones que agrupan a los miembros de la comunidad.
Esta Corporación “ha reconocido no solo el estatus de sujetos colectivos de
derechos fundamentales a las comunidades étnicas, sino que adicionalmente ha
establecido que tanto los dirigentes como los miembros individuales de estas
comunidades se encuentran legitimados para enervar la acción de tutela con el
fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad (…).”[81] Este reconocimiento
jurídico, además de tener plena
justificación en el marco de un Estado comprensivo de la diversidad étnica y de
las especificidades que caracterizan a aquellos grupos que se identifican como
culturalmente distintos de la sociedad dominante (Arts. 7 y 70 de la CP)  persigue
(i) derribar los obstáculos que han impedido que
las colectividades étnicamente diferenciadas accedan a los mecanismos
judiciales diseñados para la protección de sus derechos en las mismas
condiciones en que pueden hacerlo otros sectores de la población[82] y (ii)
concretar el deber de especial protección que las autoridades y,
principalmente, los jueces de tutela, tienen frente a los grupos y sujetos de defensa
constitucional prevalente.[83]
47.
En esta oportunidad,
la acción de tutela fue promovida por iniciativa del señor Gumersindo Rivas Rentería, en calidad de representante
legal de la Organización de Negritudes Fomentando el Desarrollo Matamba
“ONFODEMA”, y la señora Maryoy Yomanina Freile Palmezano, actuando como
representante legal del Consejo comunitario de comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras “Las Américas.”[84] En concreto, los ciudadanos
manifiestan que acudieron al mecanismo constitucional como representantes,
respectivamente, de organizaciones de base y autoridades tradicionales de la
etnia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
ubicadas en el departamento de La Guajira, en
procura de alcanzar la reivindicación de los derechos “de 162 docentes y
directivos docentes”,[85] pertenecientes a estas
organizaciones minoritarias, conforme las certificaciones allegadas al trámite.[86]
48.
Al respecto, se considera necesario precisar
que, una vez verificada la información suministrada por los accionantes, se
logró evidenciar que el número de docentes y directivos docentes en cuyo amparo
incoaron la tutela no corresponden a 162 sino a 146, en total. Ello por cuanto
del listado general aportado al proceso se constató que 13 nombres aparecen
repetidos;[87]
sumado a que un etnoeducador renunció al cargo que venía ejerciendo, otro
se retiró del servicio y uno falleció, según fue advertido por los entes
accionados involucrados.[88]
49.
Hecha la anterior
aclaración, la Sala Segunda de Revisión encuentra que los citados dirigentes
étnicos detentan la vocación para procurar la defensa de las garantías
constitucionales de los 146 integrantes de su colectividad que, según
explicaron, permanecen en una situación de precariedad en la relación laboral
con el Estado la cual merece ser dirimida de cara a la prestación efectiva del
servicio de educación en la región. Es decir, aunque el debate en cuestión pone
en evidencia la individualidad de los intereses de los etnoeducadores -que
reclaman sus nombramientos en propiedad en los respectivos cargos-, las
organizaciones que los congregan demandan legítimamente el ejercicio de sus
derechos colectivos.[89]
50.
Legitimación por pasiva. De conformidad con el
artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, “[l]a acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado,
viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de
esta ley.”[90]
En esta ocasión, se tiene que la solicitud de amparo se dirige contra el
Ministerio de Educación Nacional, la Administración temporal para la Educación
del departamento de La Guajira (municipios de Maicao, Uribia y Riohacha) y la
Gerencia del Sector Educativo del distrito de Riohacha, entidades públicas que
presuntamente vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante y que tendrían competencia para actuar, de constatarse dicha
violación.[91]
En efecto, los entes mencionados tienen a su cargo, entre otras funciones, la
prestación adecuada y continua del servicio público de educación en el
departamento de La Guajira “en el marco de la atención integral que reconoce
e integra la diferencia, los territorios y sus contextos”;[92] atribución que involucra asegurar la
vinculación efectiva del personal docente y directivo docente para garantizar
el acceso, la permanencia y la calidad de este servicio. En esta medida, se
trata de entidades estatales que, prima facie, ostentan la aptitud de
intervenir en la satisfacción de la pretensión de amparo que se alega, es
decir, ejercen funciones que contribuyen a la garantía de las prerrogativas objeto
de discusión. Por consiguiente, detentan capacidad jurídica para ser convocadas
al presente trámite.
51.
En los anteriores términos, se
satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva.
2.2. Estudio de
inmediatez: la acción de tutela de la referencia incumple parcialmente el
requisito de inmediatez
52.
A la vez que el artículo 86
constitucional señala que a la acción de tutela puede acudirse “en
cualquier momento”, establece también que su propósito es la salvaguarda “inmediata”
de los derechos fundamentales. La Corte ha armonizado jurisprudencialmente
estos dos presupuestos normativos, de modo que ha sido clara en señalar que el
mecanismo constitucional exige un ejercicio oportuno en relación con el
momento en el cual ha tenido lugar la presunta transgresión o amenaza. De este
modo, no existe en el ordenamiento jurídico un término de caducidad de la
acción de tutela, y no es competencia de los jueces obrar en contra de ello,
pues, como ya lo ha advertido esta Corporación desde sus inicios, la fijación
de plazos abstractos y rígidos frente al recurso de amparo es una actuación
abiertamente contraria a la Constitución.[93]
53.
La razonabilidad constituye el criterio
orientador de la valoración del presupuesto de inmediatez en cada asunto
concreto.[94]
Por ello, el juez debe observar el tipo de afectación alegada en las
respectivas acciones de tutela y las circunstancias particulares que la
enmarcan, para así determinar el cumplimiento de este requisito de
procedibilidad. El mecanismo de amparo, como recurso judicial efectivo, se
dirige únicamente a aquellos casos en los que es indispensable la intervención
apremiante del juez constitucional, con el fin de obtener un estudio de fondo,
de carácter eficaz e integral, sobre la situación en la que se encuentran los
derechos invocados por el interesado.[95]
54.
Tal como se desprende de los
antecedentes presentados en esta providencia, los accionantes pretenden, por
vía de la acción de tutela, cuestionar el fundamento jurídico con base en el
cual se hizo el nombramiento de los 146 docentes y directivos docentes a los
cuales hace referencia la solicitud de amparo. Específicamente, los actores
cuestionan el hecho de que este grupo de 146 maestros hayan sido nombrados (i)
en provisionalidad y (ii) a partir de lo dispuesto en el Decreto Ley
1278 de 2002, pese a que, a través de la Sentencia C-666 de 2016, la Corte
Constitucional estableció que dicha normatividad, por regla general, no puede
ser aplicada para la vinculación de los docentes que prestan sus servicios a
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
55.
Si se tiene en cuenta, entonces, que lo
que se busca con la acción de tutela de la referencia es cuestionar las
características y condiciones legales de los nombramientos del grupo de 146
docentes, en este punto resulta pertinente valorar la temporalidad de las actuaciones
administrativas surtidas alrededor de estas designaciones, a efectos de
verificar el cumplimiento del requisito de inmediatez. En efecto, la Sala de
Revisión encuentra que los actos administrativos objeto de controversia, a
través de los cuales se decretó la vinculación en provisionalidad de los
docentes, corresponden a las actuaciones a las que los actores le atribuyen la supuesta
transgresión de derechos constitucionales. De conformidad con la información
que se sintetiza en el anexo de esta providencia, durante el curso del
trámite constitucional se acreditó
que los nombramientos de los 146 docentes, en este caso, se
realizaron entre los años 1997 y 2019, mientras que la acción de tutela bajo
estudio se promovió el 25 de febrero de 2019. Teniendo en cuenta lo anterior,
la Sala estima necesario efectuar el estudio del presupuesto formal de la
inmediatez en dos grupos por separado. El primer grupo estará conformado por aquellos
docentes y directivos docentes cuyos actos administrativos de nombramiento se
produjeron con anterioridad al año 2018 y el segundo por los maestros que
fueron designados en sus cargos durante el año 2018 o con posterioridad a esta
anualidad. Es decir, se integrará por aquellos nombramientos que se aproximan
más a la fecha de presentación de la solicitud de amparo y sobre los que cabría
efectuar un análisis más pormenorizado de cara a verificar el cumplimiento del
requisito de procedibilidad.
56.
En relación con el primer grupo
mencionado, es importante aclarar que las fechas exactas de los nombramientos de
los docentes no reposan en su totalidad en el expediente de tutela, pues a
pesar de que tal información fue solicitada en repetidas ocasiones a las
entidades accionadas y vinculadas, mediante requerimientos probatorios debidamente
notificados por la Secretaría General de la Corte Constitucional, la misma
nunca fue aportada íntegramente (ver numeral 4 supra). Pese a lo
anterior, la Sala encuentra que, frente a esta hipótesis en concreto, a partir de
los elementos de juicio disponibles en el proceso, es decir, tomando en
consideración los años de los actos administrativos de nombramiento de cada
docente de los cuales se tiene conocimiento certero, es posible evidenciar que la
solicitud de protección fue promovida luego de haber transcurrido lapsos más
que considerables desde el instante en que tuvieron lugar los supuestos actos
constitutivos de la transgresión de garantías constitucionales, esto es, cuando
se adelantaron los nombramientos. De hecho, es necesario no perder de vista que
la designación más antigua se produjo 23 años antes de haberse acudido al
mecanismo constitucional y la más reciente de ellas ocurrió, como mínimo, con más
de un año de anterioridad al momento en que se interpuso la tutela.[96] Lo anterior da cuenta de un evidente
incumplimiento del plazo razonable con el que contaban los peticionarios
involucrados en el presente grupo para ejercer el mecanismo de amparo.[97]
57.
En concreto, demuestra que la acción de
tutela de la referencia no fue ejercida bajo la condición exigida en el
artículo 86 de la Constitución Política, relacionada con la necesidad de
requerirse una “protección inmediata de los derechos.”[98] Ello adquiere aún más importancia si
se tiene en cuenta el hecho de que los accionantes no pusieron de presente
argumentos o circunstancias especiales que permitan asumir que la demora en la
activación de este mecanismo constitucional, aunque prolongada, pudiera ser
entendida como razonable.[99]
58.
Frente al segundo grupo de docentes, es
decir, un número de 28 maestros cuyas designaciones tuvieron lugar específicamente
durante el transcurso del año 2018 o con posterioridad a esta anualidad, la
Sala advierte que, en este supuesto, concurren dos situaciones particulares que
orientan el estudio del requisito de inmediatez. De un lado, se encuentran
aquellos docentes y directivos docentes respecto de los cuales se tiene noticia
de la fecha exacta en la que se produjeron sus nombramientos en provisionalidad,
siendo, por tanto, posible evaluar en detalle el tiempo transcurrido para
promover la tutela y, de otro lado, aquellos etnoeducadores respecto de quienes
se desconoce tal información, lo que dificulta adelantar con grado de certeza dicha
valoración.
59.
En relación con los primeros, se encuentra,
a partir de los elementos de juicio disponibles en el proceso de tutela, que se
efectuaron las siguientes designaciones:[100]
No.
Docente
Decreto, Resolución o
contrato de nombramiento
Fecha del nombramiento
1
Elieseneth Toro Redondo
Contrato individual de trabajo a término fijo No. 16/0031
22 de enero de 2018
2
Sadel Alberto Brito Medina
Contrato individual de trabajo a término fijo No. 68/0031
22 de enero de 2018
3
María Teresa Monsalvo
Decreto 023
2 de febrero de 2018
4
Henry Manuel Osorio Castillo
Decreto 037
26 de febrero de 2018
5
Edwin Enrique Cera Redondo
Decreto 041
26 de febrero de 2018
6
Alexi María Carrillo Amaya
Decreto 050
26 de febrero de 2018
7
Ariadne Teolinda Robles Ducat
Decreto 052
26 de febrero de 2018
8
Nidia Inés de Hoyos Negrette
Decreto 053
26 de febrero de 2018
9
Addys Esther Vélez Beleño
Decreto 091
17 de abril de 2018
10
Mabis Yojana Serrano Castilla
Resolución 423
27 de abril de 2018
11
Darly Vanesa Pimienta Oñate
Resolución 424
27 de abril de 2018
12
Darielis Margarita Pérez Rumbo
Decreto 164
8 de junio de 2018
13
Griselys Vertel Sánchez
Decreto 169
8 de junio de 2018
14
Solmary Bermúdez Mendoza
Decreto 173
8 de junio de 2018
15
Edson Nicolas Torres Pinilla
Decreto 177
8 de junio de 2018
16
Eidy Juliete Maestre Guzmán
Decreto 178
8 de junio de 2018[101]
17
José David SanGregorio Theran
Decreto 170
18 de junio de 2018
18
Anais Cecilia Pacheco Hernández
Resolución 574
25 de junio de 2018
19
Myriam Victoria Camacho Monsalve
Decreto 166
8 de agosto de 2018[102]
20
Angela Leonela Pinzón Siza
Decreto 233
19 de septiembre de 2018
21
Claudia Isolina Gómez Garrido
Decreto 245
5 de octubre de 2018
22
Joaquín Arizal Argel
Resolución 1554
21 de diciembre de 2018
23
Ana Edith González Cancelado
Resolución 1556
21 de diciembre de 2018
24
Víctor Samuel Rodríguez Iguarán
Resolución 1557
21 de diciembre de 2018
25
Martha Patricia Vásquez Salguero
Resolución 1558
21 de diciembre de 2018
26
Dorelis Damaris Oñate Otero
Resolución 0055
16 de enero de 2019
60.
A partir de la información anterior es
posible arribar a dos conclusiones puntuales. De una parte, respecto de los
docentes Elieseneth Toro Redondo,
Sadel Alberto Brito Medina, María Teresa Monsalvo, Henry Manuel Osorio
Castillo, Edwin Enrique Cera Redondo, Alexi María Carrillo Amaya, Ariadne
Teolinda Robles Ducat, Nidia Inés de Hoyos Negrette, Addys Esther Vélez Beleño,
Mabis Yojana Serrano Castilla, Darly Vanesa Pimienta Oñate, Darielis
Margarita Pérez Rumbo, Griselys Vertel Sánchez, Solmary Bermúdez Mendoza, Edson
Nicolas Torres Pinilla, Eidy Juliete Maestre Guzmán, José David SanGregorio
Theran y Anais Cecilia Pacheco Hernández no se acredita
el presupuesto formal de la inmediatez puesto que la acción de tutela se
presentó en un lapso irrazonable. Específicamente, fue instaurada luego de
haber transcurrido un plazo cercano a un año o, inclusive,
superior a un año desde el momento en que se produjeron los presuntos hechos
vulneradores de sus derechos, es decir, sus respectivos nombramientos en
provisionalidad; circunstancia que permite evidenciar objetivamente que la
salvaguarda que reclaman no se requiere de forma inmediata. Como se estableció expresamente
en la Sentencia T-154 de 2018:[103]
“Si bien es cierto que la acción de tutela no está sometida a un término de
caducidad, atendiendo al principio de inmediatez, la misma debe ser ejercida
dentro de un término razonable después de que se produce la transgresión de los
derechos fundamentales de la persona, pues la finalidad de esta acción es
conjurar situaciones apremiantes o urgentes.” (Negrillas
fuera del texto original).
61.
De otra parte, en lo que
tiene que ver con los docentes restantes referenciados en el esquema anterior, esto
es, Myriam Victoria Camacho Monsalve, Angela Leonela Pinzón Siza, Claudia
Isolina Gómez Garrido, Joaquín Arizal Argel, Ana Edith González Cancelado,
Víctor Samuel Rodríguez Iguarán, Martha Patricia Vásquez Salguero y Dorelis Damaris Oñate Otero, la Sala de Revisión encuentra que sus resoluciones de nombramiento se expidieron, a
diferencia del escenario precedente, en fechas más próximas o con mayor
cercanía a la presentación de la solicitud de amparo y, por tanto, la
convocatoria del juez constitucional para que valorara la ocurrencia de estos
presuntos actos vulneradores fue suscitada dentro de un término
razonable. En efecto, el nombramiento más antiguo dentro de este grupo de
maestros se produjo 6 meses y 17 días antes de haberse acudido al mecanismo de
amparo y el más reciente respecto de este momento se materializó con un 1 mes y
9 días de antelación.[104]
Dichos plazos evidencian que los docentes y directivos docentes involucrados
procuraron con mayor prontitud la efectividad de los derechos fundamentales que
estimaron vulnerados por lo que bajo este razonamiento se entenderá acreditado,
en sus casos, el requisito de inmediatez.
62.
Además de ello, no puede perderse de
vista, en este punto, que la afectación de derechos
fundamentales que se busca subsanar por medio de la solicitud de amparo es
actual o ha permanecido en el tiempo dado que los mencionados etnoeducadores
permanecen nombrados en provisionalidad, sin que su situación jurídica haya sido
resuelta de manera definitiva como lo desean.[105] La jurisprudencia constitucional ha
señalado que para que se mantenga la actualidad del daño que se alega, es
preciso acudir de manera oportuna a la acción de tutela, tal como ocurrió en
esta ocasión, porque lo contrario podría dar lugar a un hecho consumado no
susceptible de amparo constitucional, o a que se desvirtúe la vulneración de
derechos fundamentales.[106]
63.
Finalmente, en relación con los demás
maestros nombrados durante el año 2018, es decir, los docentes Jairo Adolfo Guerrero Paternina y Joharis José
Mercado Navarro -numerales 137 y 138 del anexo-, es necesario efectuar
la siguiente aclaración. La Sala Segunda insiste en que en el curso del trámite de revisión, requirió en varias
oportunidades a las distintas entidades accionadas y vinculadas de oficio para
que brindaran información relacionada con los momentos exactos en los que se
produjeron los nombramientos en provisionalidad de los 146 docentes y
directivos docentes involucrados en la presente actuación constitucional (ver
numeral 4 supra). Pese al llamado judicial efectuado en tal sentido, no se
aportó en forma detallada ni tampoco completa toda la información requerida para
determinar, entre otros aspectos, el cumplimiento del presupuesto de inmediatez.
Inclusive, en el caso particular de la Secretaría de Educación Distrital de
Riohacha, no existió pronunciamiento alguno de su parte a lo largo de todo el
trámite de tutela. En esa medida, no se tiene certeza de las fechas ciertas en
las que fueron designados en provisionalidad los maestros mencionados, esto es,
no se cuenta con información confiable que permita evaluar el tiempo preciso
transcurrido entre la ocurrencia del presunto hecho vulnerador de derechos y la
presentación del amparo. En todo caso, cómo se explicará enseguida, la acción
de tutela de la referencia es claramente improcedente porque no atiende el
requisito de subsidiariedad. Es decir, incluso, si hipotéticamente se aceptara
como satisfecho en los asuntos de estos docentes el requisito de inmediatez, tal
reconocimiento no sería suficiente para activar el estudio de fondo de la
presente solicitud de protección pues se constata la insatisfacción del último
presupuesto de procedibilidad.
64.
Ahora bien, pese a todo lo anterior, no
sería razonable que se tuviera en cuenta únicamente la fecha de nombramiento de
los 146 maestros como punto de partida para valorar el requisito de inmediatez.
Resulta pertinente plantear el estudio de este requisito desde una perspectiva
más flexible, esto es, ya no tomando como momento determinante las
designaciones en provisionalidad sino considerando que el cuestionamiento de
los accionantes quienes actúan en defensa de este grupo de docentes está
relacionado con el surgimiento de la Sentencia C-666 de 2016 y la orden allí
adoptada. Tal como lo indican los actores, a través de dicha providencia la
Corte Constitucional resolvió lo siguiente:
“Primero. -
Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 2º del Decreto Ley 1278 de
2002, “por el cual se establece el estatuto de profesionalización docente”, siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a
los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales
que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras y a aquellas ubicados en sus territorios.
Segundo.
- DIFERIR los efectos de la presente decisión por el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la presente
Sentencia.”
65.
Según la información de la Secretaría
General de este Tribunal, el citado fallo fue notificado mediante edicto fijado
el 16 de diciembre de 2016 y desfijado el 11 de enero de 2017.[107] En esa medida, el término del diferimiento establecido en
el segundo numeral resolutivo de la Sentencia C-666 de 2016 se cumplió, en
principio, el 11 de enero de 2018 y para ese momento aún no se había expedido
el ordenamiento jurídico diferencial que regulara la formalización laboral de
los etnodocentes con el Estado. En tal virtud, razonablemente podría pensarse
que con la configuración de esta omisión surgió en los 146 maestros la
pretensión encaminada a que se modificaran las condiciones legales en las que
se venían efectuando sus respectivos nombramientos, originándose así un hecho
nuevo, que justificara la activación del mecanismo constitucional. Teniendo en
cuenta lo anterior, si se valorara, en consecuencia, el requisito formal de
inmediatez a partir del 11 de enero de 2018, en todo caso este recurso de
amparo no superaría el presupuesto de procedibilidad, pues se habría instaurado
más de un año después de haberse configurado el plazo dispuesto en la Sentencia
C-666 de 2016. Ello si se recuerda que la solicitud de protección de la
referencia se promovió el 25 de febrero de 2019.
66.
En síntesis, para la Sala Segunda de
Revisión, es importante tener en consideración que, en este asunto, los
supuestos actos constitutivos de la presunta transgresión de garantías
constitucionales existen, en la mayoría de los casos, desde hace más de un año;
y por otro lado, el término del diferimiento establecido por esta Corte en la
Sentencia C-666 de 2016 venció, por poco, un año antes de que los actores
decidieran acudir a la acción de tutela. A esto se aúna el hecho de que (i)
los actores no pusieron en evidencia circunstancias especiales que permitan
asumir que la demora en la activación del presente mecanismo constitucional,
aunque prolongada, pudiera ser entendida como razonable e (ii) incluso, está
claro que de aceptarse el cumplimiento del requisito de inmediatez en algunos
eventos, el recurso de amparo sería improcedente al no satisfacer la subsidiariedad,
tal y como se expondrá a continuación.
2.3. Estudio
de subsidiariedad: ante la existencia de otros mecanismos judiciales idóneos y
eficaces, en esta oportunidad la acción de tutela se torna improcedente
67.
Dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, el inciso
tercero del artículo 86 constitucional estatuye que (i) “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”,
caso en el cual se entenderá que se interpone como medio principal de defensa
de los derechos del actor; (ii) “salvo que (…) se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” En cuanto al
primero de estos enunciados, la Corte ha señalado que la tutela procede como
instrumento principal (i) siempre que el afectado no cuente con otra vía
judicial dentro del ordenamiento jurídico, o (ii) aun cuando exista, la
misma no resulte idónea[108] o
particularmente eficaz[109] para
la protección de los derechos del accionante.[110]
A su vez, frente al segundo enunciado, la configuración del perjuicio
irremediable, en tanto elemento normativo sobre el cual se erige el estudio del
amparo como medio transitorio, está determinada por la prueba siquiera sumaria[111] de su
inminencia, urgencia, gravedad y la consecuente necesidad de acudir a este recurso
constitucional como fórmula de protección impostergable.[112]
68.
En línea con lo anterior, este Tribunal
ha señalado que, en materia de tutela contra actos administrativos de carácter
particular y concreto, la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, pues se entiende que, como regla general, el mecanismo
constitucional es improcedente,[113] bajo el presupuesto de que los ciudadanos cuentan con los
medios de control disponibles en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
ante la que, además, es posible solicitar la adopción de medidas cautelares,
tales como, por ejemplo, la suspensión provisional de los efectos del acto que
se asume como vulnerador de los derechos fundamentales invocados en la acción
de tutela.[114]
69.
El establecimiento del anterior
presupuesto estricto de procedencia tiene como fundamento esencialmente la presunción
de legalidad de que gozan los actos administrativos, que a su vez redunda en el
reconocimiento de la validez de los mismos hasta tanto no exista prueba de su
ilicitud, caso en el cual el o los interesados podrán, en ejercicio del derecho
de postulación, acudir ante la justicia especializada a la que se ha venido
haciendo alusión, en tanto escenario natural para la valoración jurídica de las
manifestaciones de voluntad de la administración.
70.
En relación con el asunto que ocupa la
atención de la Sala, es importante recordar que la controversia está planteada
alrededor del fundamento jurídico con base en el cual se expidió cada uno de
los nombramientos de los 146 docentes y directivos docentes, a nombre de
quienes los demandantes ejercieron esta acción de tutela. Particularmente, se
trata de su desacuerdo con (i) el carácter provisional de su vinculación
como profesores del departamento de La Guajira, y (ii) la aplicación del
Decreto Ley 1278 de 2002 en cada uno de sus casos.
71.
Un primer aspecto que se debe poner de
presente en esta ocasión es el ejercicio del recurso de amparo, a nombre de un
grupo plural y significativo de personas (146) que decide acudir al mecanismo
constitucional con el fin de que se estudie cada uno de los actos
administrativos que, de forma individual, dispusieron sus nombramientos como etnodocentes.
Para esta Sala, se trata de una pretensión que desborda la labor del juez de
tutela. Como lo manifestaron distintas entidades que se pronunciaron durante el
curso del proceso, la situación de este grupo de docentes y directivos docentes
no puede ser estudiada como si se tratara de una comunidad que comparte las
mismas circunstancias fácticas y jurídicas. Por ejemplo, no es lo mismo
estudiar la situación de aquellos maestros que han sido nombrados antes de la
existencia misma del Decreto Ley 1278 de 2002, que hacerlo frente a quienes
fueron designados durante el interregno comprendido entre la vigencia global de
dicha normatividad jurídica y la expedición de la Sentencia C-666 de 2016.
Tampoco es posible hacer una equiparación automática y arbitraria entre tales
ciudadanos, y aquellos que fueron nombrados durante el transcurso del
diferimiento ordenado en dicha providencia judicial, y menos aún es correcto
hacerlo frente a quienes fueron vinculados con posterioridad al vencimiento del
mismo.
72.
El diseño institucional -administrativo
y jurisdiccional-, estatuido en nuestro ordenamiento jurídico para controlar
las actuaciones administrativas de contenido particular y concreto, está
cimentado sobre la base de garantizar que, en cada caso, se despliegue un
procedimiento especializado y probatoriamente suficiente, destinado a tomar una
decisión de fondo sobre los cuestionamientos legales y constitucionales que
cada interesado tenga frente al actuar de la entidad correspondiente. En
consideración de ello, admitir, como lo pretenden los accionantes, que en esta
oportunidad el juez de tutela desplace a toda la institucionalidad forjada para
ventilar este tipo de controversias, resulta particularmente improcedente por,
entre otras, las razones que se explican a continuación.
73.
En primer lugar, dado que se trata de
un numeroso grupo de personas (146) que, como ya se dijo, en estricto sentido
no comparten identidad fáctica ni jurídica frente a la discusión que se plantea
en el recurso de amparo, es claro que el juez de tutela se vería abocado a
reconstruir probatoriamente la situación concreta de cada uno de los 146
nombramientos que son controvertidos en esta ocasión, para luego adoptar una
determinación que resuelva la vinculación de estos docentes, individualmente
considerados. Esto, sin duda, es contrario a la naturaleza misma de la acción
de tutela que no sólo está reconocida en la Constitución Política como un
mecanismo informal y sumario, sino que, en atención a esas características, y
como lo ha reconocido esta Corporación, no puede ser ejercida con el fin de
zanjar discusiones que acarrean un despliegue probatorio cuya amplia
complejidad trasciende el carácter célere de la acción constitucional.[115]
74.
En segundo lugar, ante la inexistencia
de un estricto patrón fáctico común entre las 146 personas, a nombre de quienes
se promueve la solicitud de la referencia, es claro que en este caso ni
siquiera está sumariamente acreditada la configuración de un eventual perjuicio
irremediable, que autorice la intervención transitoria del juez constitucional.
En el expediente no obra información relacionada con la posible inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad del presunto menoscabo que se daría para
los docentes individualmente considerados de no adoptarse acciones céleres por
el funcionario de tutela. Ni siquiera se conoce la situación particular y
personal de cada uno de ellos, pese a que la autoridad judicial de primera
instancia dispuso el requerimiento respectivo. A esto se aúna el hecho de que
los accionantes, en la actualidad, están ejerciendo materialmente la labor de
maestros en las respectivas instituciones públicas, en las cuales han sido
designados como docentes provisionales. Todo lo anterior evidencia la ausencia
de acreditación de hechos que por lo menos den cuenta de un perjuicio
irremediable que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cumpla con
las condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad.[116]
Esto es, no se advierte la presencia de una situación
de amenaza de vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse
y que pueda generar un daño irreversible que deba ser conjurado con la
intervención del juez constitucional.
75.
En tercer lugar, como ha quedado suficientemente claro hasta este punto
del proceso, lo que los actores cuestionan es el carácter provisional de las
vinculaciones de los 146 docentes, así como la aplicación del Decreto Ley 1278
de 2002 en los actos individuales que resuelven el nombramiento de estas
personas. Situación que, como ya se ha advertido, en los términos en que ha
sido formulada la acción de tutela, es un litigio que debe ser resuelto, para
cada docente, a través de los recursos de la sede administrativa y de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Mecanismos que no han sido
usados por los interesados, pese a disponer de ellos y máxime cuando no se
encuentra siquiera sumariamente demostrada la eventual configuración de un
perjuicio irremediable. De manera más precisa, se recuerda que en la Sentencia
SU-011 de 2018[117] se concluyó que hasta tanto se expidiera una normatividad
especial, el Estatuto de Profesionalización Docente -Decreto Ley 1278 de 2002-
regularía las relaciones entre el Estado y los docentes que prestaran sus
servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes
debían someterse a la realización de un concurso de méritos para materializar
su ingreso, ascenso y retiro del servicio. En consecuencia, contrario a lo
expresado por los actores, al considerarse la validez en abstracto del Decreto
Ley 1278 de 2002, es claro que su ilegalidad debe cuestionarse en cada caso
particular, como se mencionó, a través de los recursos en sede administrativa y
mediante el ejercicio de los medios de control correspondientes ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Solo de manera excepcional, ante
el juez de tutela.
76.
Un asunto adicional -y final- que
robustece la improcedencia de esta acción de amparo tiene que ver con la
pretensión de los accionantes. Según la solicitud de protección, lo que se
persigue es, entre otras cosas, que el juez de tutela ordene masivamente la
modificación del nombramiento de todo el grupo de 146 docentes y directivos
docentes, de modo que en adelante queden vinculados no como provisionales, sino
en propiedad. Esto no sólo desconoce que los actos de nombramiento de cada uno
de estos maestros son de contenido particular y concreto, sino que, tal como lo
han explicado ampliamente las distintas instituciones públicas que han
intervenido en este trámite constitucional, la designación en propiedad de un
docente, para suplir una respectiva plaza vacante, no se da por el sólo hecho
de haberla ocupado durante varios años en provisionalidad. Los cargos públicos
no son bienes reales cuya titularidad pueda ser derivada únicamente del paso
del tiempo. Por el contrario, la Corte Constitucional ha señalado expresamente que
la vinculación pública, y especialmente de los docentes y directivos docentes,
tiene que agotar etapas de selección muy estrictas, guiadas por principios
constitucionales trascendentales, como lo es el de la garantía del mérito.
Procesos de selección que no son ajenos a la vinculación en propiedad de los
docentes que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras, tal como fue resaltado y explicado ampliamente en la Sentencia
SU-011 de 2018.[118]
77.
Por lo expuesto, en razón de las
condiciones especiales que circunscriben el ejercicio de la acción de tutela de
la referencia, es claro que ésta no cumple el requisito de subsidiariedad -ni el
de inmediatez, parcialmente-, por lo cual se torna improcedente un
pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional. En consecuencia,
surge necesario confirmar los fallos de tutela de instancia que arribaron a
esta misma conclusión pero atendiendo a las consideraciones plasmadas en esta
providencia para fundamentar tal postura jurídica.
3. Cuestión final:
pese a la improcedencia de la acción de tutela, la Sala Segunda de Revisión
toma nota acerca del incumplimiento legislativo relacionado con el deber de
adoptar un ordenamiento jurídico étnicamente diferencial, que regule la
formalización de los etnoeducadores que prestan sus servicios a las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
78.
En esta oportunidad, aunque las
particularidades específicas de esta acción de tutela llevan a que la Sala
Segunda de Revisión establezca la improcedencia de la solicitud de amparo, por
la insatisfacción de los presupuestos formales de inmediatez y subsidiariedad,
lo cierto es que el caso objeto de estudio pone de presente una situación
constitucionalmente trascendente, de la cual debe tomarse nota. Se trata de la
compleja problemática relacionada con el incumplimiento del deber
constitucional de regulación de la relación entre el Estado con los
etnoeducadores que prestan sus servicios a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras en el país. Sin lugar a efectuar un
pronunciamiento sobre los hechos y derechos involucrados en el presente proceso,
porque como ya se dijo, la situación del nombramiento de los 146 docentes y
directivos docentes requiere un debate probatorio y jurídico para cada una de
estas personas, que trasciende naturalmente la labor del juez de tutela, en
todo caso es preciso recordar que de esta autoridad judicial se reclama siempre
la sindéresis y la razonabilidad para poner en consideración, cuando corresponda,
aquellas cuestiones que procuren la vigencia de los preceptos constitucionales.
79.
Desde su rol activo en una democracia
pluralista, el juez constitucional está llamado a advertir, cuando sea
evidente, acerca de la necesidad de avanzar en la garantía de un Estado social
de derecho que haga efectiva y respete la diversidad étnica (Arts. 1 y 7 de la
CP). Lo anterior implica, por ejemplo, que cuando los jueces de tutela (dentro
del trámite de instancia respectivo) y la Corte Constitucional (en ejercicio de
su función de revisión) se vean forzados a centrar el estudio del amparo en un
examen formal de procedencia, esto no puede ser asumido como una camisa de
fuerza para efectuar consideraciones adicionales, pertinentes desde el punto de
vista constitucional, tal como ocurre en esta ocasión.
80.
En la Sentencia C-666 del 30 de
noviembre de 2016,[119]
la Sala Plena de esta Corte reconoció la existencia de una omisión legislativa
en punto de la expedición de un estatuto de profesionalización docente
diferencial que estableciera un régimen especial para educadores de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esto implicaba “el
incumplimiento del deber constitucional específico de permitirles a estas
comunidades el ejercicio de su autonomía en materia educativa y de protección y
promoción de su identidad cultural.” Por tanto, declaró la exequibilidad
del inciso primero del artículo 2 del Decreto Ley 1278 de 2002, siempre y
cuando se entendiera que el mismo no resultaba aplicable a los docentes y
directivos docentes en los establecimientos educativos estatales que prestaran
sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
y a aquellas ubicadas en sus territorios. Los efectos de esta decisión fueron
diferidos por el término de un año, contado a partir de la notificación de la
sentencia; término que resultaba razonable en atención al nivel de complejidad
de dicha regulación, y al hecho de que la materia respecto de la cual existía
un vacío podía ser regulada mediante ley ordinaria. Dentro de este año, el
Legislador debía expedir un ordenamiento jurídico con fuerza de ley, en el cual
se regularan integralmente las relaciones entre el Estado y los etnoeducadores.
81.
En la actualidad, tal regulación no ha
sido expedida, a pesar de haberse constatado el vencimiento del término de la
exequibilidad diferida establecida en la Sentencia C-666 de 2016. A partir de
las pruebas obrantes en el curso de este proceso, logró avizorarse que el
Ministerio de Educación Nacional ha venido desplegando significativos esfuerzos
para alcanzar la expedición de una norma con fuerza de ley que ejecute una
política de etnoeducación para las comunidades afrodescendientes y permita la
vinculación al servicio educativo estatal desde una perspectiva diversa. Sin
embargo, también se evidenció que, pese a los ingentes esfuerzos
gubernamentales, “la complejidad del proceso de consulta y concertación no [le]
ha permitido definir un nuevo Estatuto Docente Especial para etnoeducadores.”[120]
82.
Con todo, cabe advertir que la competencia para estructurar y regular esta materia se
deriva también, y especialmente, del Congreso de la República, por expreso
mandato constitucional.[121]
Durante su intervención en esta acción de tutela, la institución admitió
que fracasó en la consolidación de una iniciativa legislativa sobre el tema
mencionado, sin que ulteriormente hubiese insistido en actuaciones tendientes a
implementar un régimen docente especial ajustado a las condiciones y formas de
vida de algunas etnias, conforme lo dispuesto en la providencia de
constitucionalidad. De tal gestión depende la concreción de importantes valores
constitucionales como el pluralismo y la diversidad étnica que no se pueden
desconocer, sin más, por lo que, aprovechando el escenario de revisión, la Sala
conminará al Congreso de la República para que expida un ordenamiento jurídico
en el que se regulen las relaciones entre el Estado y los docentes que prestan
sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras,
y a aquellas ubicadas en sus territorios.[122]
III.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
83.
La Sala
Segunda de Revisión constató que la acción de tutela fue instaurada por Gumersindo Rivas Rentería y Maryoy Yomanina Freile
Palmezano; ciudadanos que en su condición de dirigentes étnicos de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ubicadas en el
departamento de La Guajira invocaron legítimamente la protección de los
derechos colectivos de un grupo de 146 docentes y directivos docentes
pertenecientes a dicha colectividad (legitimación por activa). El
amparo se dirigió en contra de autoridades administrativas que, en su criterio,
habrían incurrido en la afectación alegada, producto del nombramiento de cada
uno de estos docentes, bajo la modalidad de provisionalidad y siguiendo lo
dispuesto en el Decreto Ley 1278 de 2002. Tal circunstancia habilitaba su llamamiento
al trámite pues, además, en razón a la naturaleza de sus funciones, prima
facie, detentaban la competencia para provocar, de haber lugar a ello, el
restablecimiento de las garantías constitucionales invocadas (legitimación
por pasiva).
84.
Pese a
la legitimación de los actores para solicitar el amparo y convocar debidamente
a los presuntos responsables, aquellos revelaron que la salvaguarda reclamada
no se requería de forma inmediata, dado que los actos administrativos que
dispusieron los nombramientos en provisionalidad de este grupo de 146 maestros
fueron cuestionados, en
su mayoría, tardíamente a través del mecanismo constitucional, sin que se
plantearan circunstancias especiales para asumir como razonable la inactividad
constatada (inmediatez). La Sala advirtió que, incluso, si se
comprendiera que la pretensión constitucional de los actores se activó solo
cuando el Legislador dejó vencer el plazo dispuesto en la Sentencia C-666 de
2016,[123] para
consolidar un régimen docente diferencial, y se aceptara que con este hecho se
originó en los educadores una expectativa válida para cuestionar sus
nombramientos, lo cierto es que la acción de tutela seguiría incumpliendo el
requisito de haber sido ejercida en un tiempo razonable. Sumado a ello, se precisó
que en el evento de aceptarse el cumplimiento del requisito de inmediatez en
algunos asuntos, el recurso de amparo sería, en todo caso, improcedente al no
satisfacer el último presupuesto de procedibilidad.
85.
En efecto, en materia de subsidiariedad, se
verificó que la definición de la vinculación en propiedad de los docentes
involucrados, en tanto pretensión que plantearon los actores en sede de tutela,
exige el despliegue de un debate probatorio y jurídico individualmente
considerado para cada uno de los 146 docentes, misión que trasciende el
carácter sumario del mecanismo constitucional y desconoce que la
institucionalidad contempla procedimientos especializados -que no han sido
agotados- para  controlar de fondo las actuaciones administrativas de contenido
particular. Esto se torna aún más importante si se tiene en cuenta que, en este
caso, no se avizoró la configuración de un perjuicio irremediable que autorice
la intervención transitoria del juez constitucional, pues materialmente los
maestros se encuentran ejerciendo sus labores como etnodocentes. Asimismo, la
Sala advirtió la imposibilidad de que el juez de tutela entre a estudiar y
acceder a la pretensión relacionada con decretar automáticamente el nombramiento
en propiedad de todos los 146 docentes, pues es claro que el acceso a un cargo
de carrera amerita el agotamiento de un proceso de selección donde prevalece el
mérito, tal como fue resaltado en la Sentencia SU-011 de 2018.[124] Por todo lo anterior, se estableció la necesidad de
declarar la improcedencia de la solicitud de protección de la referencia.
86.
Con todo, ante la importancia de
avanzar en la garantía de un Estado social de derecho pluralista y respetuoso
de la diversidad étnica, la Sala Segunda encontró pertinente conminar al
Congreso de la República para que adopte, de manera urgente, un ordenamiento jurídico diferencial, en el que se regule
la formalización de los etnoeducadores que prestan sus servicios a las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de cara al
incumplimiento legislativo reflejado en esta específica materia, y de acuerdo
con lo señalado expresamente por la Corte Constitucional desde la Sentencia
C-666 de 2016.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional
de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR
la suspensión de términos decretada para decidir el presente asunto.
SEGUNDO.- CONFIRMAR
los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha, La Guajira, el 13 de marzo de 2019 y, en sede de impugnación, por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el 30 de abril de 2019, en virtud de los
cuales se declaró improcedente el amparo constitucional invocado por los
ciudadanos Gumersindo Rivas Rentería y Maryoy Yomanina Freile Palmezano, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
TERCERO.- CONMINAR al Congreso de la República para que expida un ordenamiento jurídico
con fuerza de ley en el que se regulen las relaciones entre el Estado y los
etnoeducadores que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, y a aquellas ubicadas en sus territorios.
CUARTO.-REMITIR al Juzgado de primera instancia el expediente digitalizado del
proceso de tutela de la referencia. Una vez se retomen actividades normales, la
Secretaría General de la Corte Constitucional deberá ENVIAR el
expediente físico al despacho correspondiente.
QUINTO.- LIBRAR las comunicaciones por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, así como DISPONER las notificaciones a las partes, a
través del juez de tutela de primera instancia, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO
Información de los accionantes
No.
DOCUMENTO
NOMBRES Y APELLIDOS
DISTRITO
ZONA
DECRETO O RESOLUCIÓN
AÑO
NOVEDADES
1
84084290
JHON JAIRO AMAYA
YAGUNA
RIOHACHA
URBANA
0634
2017
2
40937523
KELIS MARGARITA IGUARÁN
MEDINA
RIOHACHA
URBANA
0214
2016
3
49772351
CLAUDIA PATRICIA
CANTILLO MONTERO
RIOHACHA
URBANA
0337
2014
4
40931395
BELKIS ROSARIO
QUINTANA PERALTA
RIOHACHA
URBANA
0124
2016
5
1118807477
YELVIS MILENA CELEDÓN
GUERRA
RIOHACHA
URBANA
00696
2017
6
32770105
DIOSELINA RUÍZ
DOMINGUEZ
RIOHACHA
URBANA
00698
2017
7
36594221
ANA MARÍA CRUZ POLO
RIOHACHA
URBANA
1074
2013
8
57419547
MARÍA TERESA MONSALVO
RIOHACHA
URBANA
023
2018
9
23106102
NELLIS YANETH
HERNÁNDEZ MEJÍA
RIOHACHA
URBANA
00607
2017
10
40936135
CIELO BELEN VANEGAS
ROMERO
RIOHACHA
URBANA
0278
2016
11
1102812361
ROSSI ESTHER
GUTIÉRREZ OROZCO
RIOHACHA
URBANA
00647
2017
12
26976853
ISABEL SABINA COTES
OÑATE
RIOHACHA
URBANA
00611
2017
13
40923811
IBETH ROSARIO PACHECO
MINDIOLA
RIOHACHA
URBANA
180
2012
14
1082867262
KAREN LAUDITH
AVENDAÑO MÁRQUEZ
RIOHACHA
URBANA
00654
2017
15
77103140
JUAN CARLOS QUÍROZ
IMBRECHT
RIOHACHA
URBANA
0413
2014
16
8789513
RAMÓN ANTONIO
GARIZABALO FERRER
RIOHACHA
URBANA
0122
2016
17
1065574713
YEISON DANIEL MEDINA
ARGOTE
RIOHACHA
URBANA
0214
2012
18
77191341
EDWIN JOSÉ ROJAS
PIMIENTA
RIOHACHA
URBANA
0287
2015
19
40924744
ANA TERESA BERRIO
SOLANO
RIOHACHA
URBANA
00632
2017
20
84081360
JOSÉ GREGORIO HERAZO
DE LEÓN
RIOHACHA
URBANA
0209
2016
21
40925056
CARMEN JOSEFINA
FUENTES OROZCO
RIOHACHA
URBANA
085
2009
22
40927275
ANA MERCEDES MINDIOLA
PALMEZANO
RIOHACHA
URBANA
258
2012
23
1118841594
JULIETH STEFANY MELO
GÓMEZ
RIOHACHA
URBANA
0368
2016
24
40927196
GLIONIEYIS LAIRETH
BERMÚDEZ FREYLE
RIOHACHA
URBANA
160
2007
25
51795388
ANA EDITH GONZÁLEZ
CANCELADO
RIOHACHA
URBANA
1556
2018
26
40937898
KAREN PATRICIA BARROS
MUÑIZ
RIOHACHA
URBANA
0125
2016
27
40919052
SOLMARY BERMÚDEZ
MENDOZA
RIOHACHA
URBANA
173
2018
28
1065002018
JOAQUÍN ARIZAL ARGEL
RIOHACHA
URBANA
1554
2018
29
40923759
RUBIELA ESTHER
VÁSQUEZ CARRILLO
RIOHACHA
URBANA
00694
2017
30
32851361
MARÍA TERÁN GONZÁLEZ
RIOHACHA
URBANA
174
2011
31
40923455
TEOTISTE MELITINA
QUINTERO MEDINA
RIOHACHA
URBANA
0368
2016
32
40797063
ENAIDA ELENA MUEGUES
ZUÑIGA
RIOHACHA
URBANA
0426
2013
RENUNCIÓ
33
79788691
ELKIN ENRIQUE MEJÍA
BARROS
RIOHACHA
URBANA
0336
2014
34
26228635
GRISELYS VERTEL SÁNCHEZ
RIOHACHA
URBANA
169
2018
35
26965771
OLIVIA ELENA
GUTIÉRREZ RUMER
RIOHACHA
URBANA
161
2011
36
40943833
ELIESENETH TORO
REDONDO
RIOHACHA
URBANA
16/0031[125]
2018
37
84087212
SADEL ALBERTO BRITO
MEDINA
RIOHACHA
URBANA
68/0031[126]
2018
38
1118837275
KAROLY ESTHEFANNY
OLIVELLA PALMEZANO
RIOHACHA
URBANA
0831
2016
39
22638486
ASTRID DE LOS REYES
CARRILLO
RIOHACHA
URBANA
0124
2016
40
30775456
VIRGINIA DEL CARMEN
DEVOZ ALFARO
RIOHACHA
URBANA
0441
2014
41
27004007
KENNIS MERCEDES ARIZA
DAZA
RIOHACHA
URBANA
0176
2015
42
72018762
EDWIN ENRIQUE CERA
REDONDO
RIOHACHA
URBANA
041
2018
43
17809738
ZOOGUY JOSÉ ALCENDRA
REALES
RIOHACHA
URBANA
0278
2014
44
40942918
ZAIDA TERESA NARVÁEZ
AMAYA
RIOHACHA
URBANA
101
2012
45
40847445
YICETH YULIETH ROMERO
RUEDA
RIOHACHA
URBANA
0125
2016
46
40926519
IDASLINA ROSA CHOLES
PIMIENTA
RIOHACHA
URBANA
084
2009
47
40917010
YASMINA YANETH LÓPEZ
BARROS
RIOHACHA
URBANA
0542
2015
48
22640446
AMPARO LUZ TERÁN
GONZÁLEZ
RIOHACHA
URBANA
0583
2015
49
40942592
DARLY VANESA PIMIENTA
OÑATE
RIOHACHA
URBANA
424
2018
50
40938377
MABIS YOJANA SERRANO
CASTILLA
RIOHACHA
URBANA
423
2018
51
40927549
ANAIS CECILIA PACHECO
HERNÁNDEZ
RIOHACHA
URBANA
574
2018
52
84094138
JULIO EDUARDO FINOL
VANEGAS
RIOHACHA
URBANA
1075
2015
53
84086812
ELMER ANTONIO VEGA
GUERRA
RIOHACHA
URBANA
0366
2016
54
56096868
DARIELIS MARGARITA
PÉREZ RUMBO
RIOHACHA
URBANA
164
2018
55
1118829561
JOSÉ DAVID
SANGREGORIO THERÁN
RIOHACHA
URBANA
170
2018
56
40929992
YOLIMA LUZ QUINTANA
PERALTA
RIOHACHA
URBANA
700
2017
57
40924923
YOLANDA ESTELLA
BUILES FUENTES
RIOHACHA
URBANA
0161
2013
58
40917757
CENIT SALAS DE ARMAS
RIOHACHA
URBANA
0231
2016
59
84080254
VÍCTOR SAMUEL
RODRÍGUEZ IGUARÁN
RIOHACHA
URBANA
1557
2018
60
40928743
CARMEN ALICIA PINTO
ÁLVAREZ
RIOHACHA
URBANA
0366
2016
61
1118826380
YEILIS ELENA
RODRÍGUEZ BLANCHAR
RIOHACHA
URBANA
0366
2016
62
45740953
ADDYS ESTHER VÉLEZ
BELEÑO
RIOHACHA
URBANA
091
2018
63
1022979374
MARTHA PATRICIA
VÁSQUEZ SALGUERO
RIOHACHA
URBANA
1558
2018
64
40940825
LILIANA ELIZABETH
MOVIL PADILLA
RIOHACHA
URBANA
0505
2015
65
40931106
ADELA BEATRIZ MOLINA
TORO
RIOHACHA
URBANA
0062
2017
66
40912773
ROSALINA COTES
RAMÍREZ
RIOHACHA
URBANA
0565
2015
67
40918356
ALEXI MARÍA CARRILLO
AMAYA
RIOHACHA
URBANA
050
2018
68
1047443622
HENRY MANUEL OSORIO
CASTILLO
RIOHACHA
URBANA
037
2018
69
40922397
ARIADNE TEOLINDA
ROBLES DUCAT
RIOHACHA
URBANA
052
2018
70
50929991
NIDIA INES DE HOYOS
NEGRETTE
RIOHACHA
URBANA
053
2018
71
40919511
MARILENIS JOSEFINA
ALMAZO BARROS
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
72
1010119979
LILIANA PATRICIA
MAZZILI MORALES
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
73
1118837773
MARGORY NAYARITH
OCHOA MEJÍA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
74
84084212
RAFAEL GREGORIO BERMÚDEZ
OSORIO
RIOHACHA
RURAL
110
2008
75
1118840330
DANLIS SARAY VÁLDEZ
OROZCO
RIOHACHA
RURAL
0214
2016
76
50983550
MILADIS DEL CARMEN
SIERRA MENDOZA
RIOHACHA
RURAL
277
2008
77
84035020
ANNER JOSÉ VANEGAS
MENDOZA
RIOHACHA
RURAL
311
2008
78
39480088
LEXY ELENA QUINTERO
MEDINA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
79
26979891
OLVIS MAGNOLIA LÓPEZ
BRITO
RIOHACHA
RURAL
1510
2015
80
40916968
ALBIS DEL SOCORRO
ORTIZ GRIEGO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
81
36719440
LILIANA KARINA RUIZ
LÓPEZ
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
82
40929992
ERIKA DIANITH FONSECA
QUINTERO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
83
40927389
PATRICIA MARÍA GAMEZ
PÉREZ
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
84
17952980
DENCIL JOSÉ BARROS
SOLANO
RIOHACHA
RURAL
0656
2013
85
84079084
EMERSON RAFAEL PINTO
AMAYA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
86
40944330
DANITZA LIBETH GÓMEZ
PINTO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
87
40938425
BELKIS LEONOR
PALMEZANO ORTIZ
RIOHACHA
RURAL
086
2011
88
1065600677
CLAUDIA ISOLINA GÓMEZ
GARRIDO
RIOHACHA
RURAL
245
2018
89
40924727
LULLENE ROCIO
CARRILLO BENJUMEA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
90
1053605130
ANGELA LEONELA PINZÓN
SIZA
RIOHACHA
RURAL
233
2018
91
40925873
NEILA ROSA PERTUZ
OROZCO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
92
45512096
IRINA JOSEFA IBARRA
IGUARÁN
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
RETIRADO
93
40944603
YUCELIS CAROLINA
DELUQUE FERNÁNDEZ
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
94
9312984
JULIO FIDEL RODRÍGUEZ
MEDINA
RIOHACHA
RURAL
0214
2016
95
40932270
MARÍA LUISA BELTRÁN
RODRÍGUEZ
RIOHACHA
RURAL
0561
2015
96
84083481
ADAULFO ENRIQUE CÓRDOBA
PACHECO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
97
40932997
SELIKA CECILIA
BALLESTEROS CHINCHÍA
RIOHACHA
RURAL
0481
2013
98
91537805
BREINER JAFETH
MINDIOLA ARENAS
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
99
40932635
LUZ MILA TORRES
DUARTE
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
100
56076887
AURA GERONIMA USTATE
VEGA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
101
84034441
ROBERTO ARLEX ARGOTE
RIOHACHA
RURAL
0176
2015
FALLECIDO
102
40922523
NAYIBIS DOMINGA
SIERRA REDONDO
RIOHACHA
RURAL
088
2008
103
40924605
DIALIS DIALEXI FREYLE
OÑATE
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
104
40942494
NEUDIS BERMÚDEZ ARENA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
105
40927948
ISBELIA YOLINDIS
QUINTERO PEÑARANDA
RIOHACHA
RURAL
0212
2016
106
40799206
INDIRA CELEDÓN LÓPEZ
RIOHACHA
RURAL
162
2007
107
40916403
LEDYS MERCEDES AMAYA VALDEBLANQUEZ
RIOHACHA
RURAL
274
2008
108
84081965
EMIR GUILLERMO MOLINA
BRITO
RIOHACHA
RURAL
070
2011
109
40933376
YAKIS LICETH BRITO
ÑANGRAN
RIOHACHA
RURAL
0334
2014
110
40937697
EIDY JULIETE MAESTRE
GUZMÁN
RIOHACHA
RURAL
178
2018
111
40940236
ONERIS CABRALES
PEDROZA
RIOHACHA
RURAL
0211
2016
112
26994260
ROSALBINA GONZÁLEZ DE
BRITO
RIOHACHA
RURAL
228
2006
113
1098644843
MYRIAM VICTORIA
CAMACHO MONSALVE
RIOHACHA
RURAL
166
2018
114
84035665
ÁLVARO MARRIAGA
HERNÁNDEZ
RIOHACHA
RURAL
151
1997
115
40932870
SILENE CAROLINA
SERRANO
RIOHACHA
RURAL
0366
2016
116
40938381
DORELIS DAMARIS OÑATE
OTERO
RIOHACHA
RURAL
0055
2019
117
40927089
OMAIDA LEONOR ROMERO
DÍAZ
RIOHACHA
RURAL
107
2011
118
40943952
LILIANA GISELLA
RAMÍREZ CORDOBA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
119
118825220
ROSA CRISTINA DÍAZ
PINTO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
120
40932975
ARLYS KARINA CARDOZO
MOSCOTE
RIOHACHA
RURAL
0660
2016
121
40930930
DEIVIS CLEOTILDE
REDONDO GUTIÉRREZ
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
122
40944314
KETTY TATIANA RIOS
HERNÁNDEZ
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
123
45473201
YELENA CECILIA
CASSIANI PINEDO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
124
40799348
SANDRA MILENA SIERRA
MOLINA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
125
40939585
ORIANA PATRICIA
BARROS FUENMAYOR
RIOHACHA
RURAL
0214
2016
126
40927557
NERIS BEATRIZ BARROS
BENJUMEA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
127
40937548
YELENIS BERRIO
PERALTA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
128
40927129
EVA MARÍA OÑATE ARÉVALO
RIOHACHA
URBANA
035
2013
129
1118805847
KELLIS YURANIS LENGUA
GARCÍA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
130
49760620
ROCIO ESTHER BROCEL
LEONES
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
131
40928871
ANALIA YULIETH PÉREZ
BRIASCO
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
132
1118829193
ERIKA ALEJANDRA
SIERRA CADIZ
RIOHACHA
RURAL
631
2017
133
1118831577
JUAN ALBERTO SIERRA
RIVADENEIRA
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
134
84093331
ALBERT MANUEL ARÉVALO
LÓPEZ
RIOHACHA
RURAL
0122
2013
135
1118819483
MARIOLIS MERCEDES
MEJÍA BERMÚDEZ
RIOHACHA
RURAL
0125
2016
136
56075650
IBON MARGARETH GUERRA
ÁLVAREZ
RIOHACHA
RURAL
0141
2016
137
84080692
JAIRO ADOLFO GUERRERO
PATERNINA
RIOHACHA
RURAL
167
2018
138
8645663
JOHARIS JOSÉ MERCADO
NAVARRO
RIOHACHA
RURAL
183
2018
139
1118807354
EDSON NICOLAS TORRES
PINILLA
RIOHACHA
RURAL
177
2018
140
40932576
DINNELYS YANETH
RODRÍGUEZ ÑANGRAN
RIOHACHA
URBANA
133
2006
141
40929465
LALINA MIKET AMAYA
OROZCO
RIOHACHA
URBANA
0426
2013
142
40931821
DULMIS DEL CARMEN
SIERRA GRIEGO
RIOHACHA
URBANA
0214
2016
143
5144003
ANGEL DAVID MEDINA
ARIZA
RIOHACHA
URBANA
107
2011
144
2728548
MATILDE ELENA IGUARÁN
RIOHACHA
RURAL
1292
2014
145
40931410
NORELQUIS BEATRIZ
CARDOZO ARIAS
RIOHACHA
RURAL
184
2012
146
84092190
YAINER BERMÚDEZ OCHOA
RIOHACHA
RURAL
184
2012
147
26963111
AMPARO MARÍA PIMIENTA
CAICEDO
RIOHACHA
URBANA
441
2014
148
26996488
JULIETH JANNINA
BOLAÑO FERNÁNDEZ
RIOHACHA
URBANA
296
2013
149
1118840713
KAREN DAYANA MAYA
BUELVAS
RIOHACHA
URBANA
0124
2016
[1] Conformada
por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Diana Fajardo Rivera, bajo el
criterio objetivo de “posible violación o desconocimiento de un precedente
de la Corte Constitucional” y criterio subjetivo “necesidad de materializar
un enfoque diferencial.”
[2] “Por la cual se desarrolla
el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.
[3] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] “Por el cual se expide el
Estatuto de Profesionalización Docente”.
[5] Al final de la providencia, se consignará un anexo
con el listado de los docentes y directivos docentes involucrados en la
actuación constitucional.
[6] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[7] En esta providencia, la Sala Plena consideró que no existía en ese momento una
regulación integral de las relaciones entre los docentes que trabajarán en territorios
afrocolombianos, negros, raizales o palenqueros y el Estado. Ni el Decreto Ley
1278 de 2002, “Por el cual se dicta el Estatuto de Profesionalización Docente”, la Ley 115 de 1994, “Por
la cual se expide la ley general de educación” ni la Ley 70 de 1993, “Por la cual se desarrolla el
artículo transitorio 55 de la Constitución Política” constituían una reglamentación diferencial del sistema de vinculación, evaluación y ascenso de los etnoeducadores.
Esta última, en su artículo 42 se refería a este aspecto pero únicamente
disponía que “el Ministerio de Educación formulará
y ejecutará una política de etnoeducación para las comunidades negras y creará
una comisión pedagógica, que asesorará dicha política con representantes de las
comunidades”, lo que demostró
la omisión legislativa en la materia.
[8] Folio 10. En adelante, siempre que se haga mención a
un folio del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente otra cosa.
[9] Folio 4.
[10] Folio 5.
[11] “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
[12] Según lo narraron los
accionantes: “En estos momentos todos los docentes de carrera administrativa
y provisionales del país están regulados por sus respectivas leyes, tramitadas
en diferentes tiempos por el Congreso de la República, los únicos que en este
momento no tienen una ley expedida por el congreso que regule la actividad
docente son aquellos docentes de las comunidades negras afrocolombianos
raizales y Palenqueros (sic) que desempeñan sus labores en aquellas zonas o
territorios. Permitiéndose de esta forma que los derechos a la estabilidad
laboral y demás sean fácilmente vulnerados.” (Folio 5).
[13] En el proceso obran derechos de
petición de fecha 21 de marzo, 29 de abril y 14 de diciembre de 2018 así como
del 30 de enero de 2019. Fundamentalmente en ellos se solicitó: “[i] nombrar
en propiedad a todos los docentes [y directivos docentes] Afrocolombianos
Raizales y Palenqueras (sic) que se encuentran laborando en las instituciones
educativas con nombramientos provisionales en territorios [de] las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y resguardos
indígenas” y (ii) darle cumplimiento a la Sentencia C-666 de 2016 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado). También reposan en el trámite de amparo
respuestas del 6 de abril, 10 de abril y 26 de diciembre de 2018 así como del
13 de febrero de 2019. Básicamente en ellas la Gerente del Sector Educativo del
distrito de Riohacha, Grisela Monroy Hernández, indicó: “El ingreso de
etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente se realizará de
acuerdo a los [Decretos 3323] de 2005 y 140 de 2006, los cuales
establecen que los nombramientos de estos etnoeducadores debe (sic) realizarse
previa aprobación de concurso de méritos, que tiene las siguientes etapas: (i)
convocatoria, (ii) inscripción y publicación de admitidos a las pruebas, (iii)
prueba integral etnoeducativa; (iv) publicación de resultados de la prueba
integral etnoeducativa, (v) valoración de antecedentes y entrevista, (vi)
confirmación (sic) y publicación de lista de elegibles; (vii) nombramiento en
periodo de prueba.” Y agregó: “[p]or otro lado resulta importante
aclarar, que en la actualidad la planta docente del Distrito de Riohacha se
encuentra nombrada en el 100%, es decir que no existen plazas para ser
provistas, motivo por el cual una vez se presenten vacancias definitivas, la
Gerencia Educativa las reservará para remitirlas al Ministerio de Educación y
se realice la conversión correspondientes (sic), se lleve a cabo el concurso de
que tratan (sic) los Decretos [3323] de 2005 y 140 de 2006 para luego
ser asignadas en aquellos establecimientos educativos que tengan mayor
población afrocolombiana.” Además, aclaró que la expedición del estatuto de
profesionalización docente diferencial se encontraba a cargo exclusivo del
Congreso de la República, entidad facultada para la emisión de normas. (Folios
36 al 107).
[14] Como pretensión final, la parte
accionante señaló que: “[iv] las entidades accionadas serán
responsables en forma personal del cumplimiento exacto y oportuno de dicha
decisión, bajo el apremio de las sanciones [previstas] por los artículos
27 y 52 del decreto 2591 de 1991.” (Folio 15).
[15] Folios 116 y 117.
[16] Folios 124 al 128.
[17] Folios 118 al 123.
[18] Folio 120.
[19] Esta misma respuesta fue reiterada mediante
escrito del 14 de marzo de 2019. (Folios 9 al 13 del cuaderno No. 2).
[20] Folios 129 al 137.
[21] Folios 138 al 150.
[22] Folio 139.
[23] Ibídem.
[24] Folios 14 al 20 del cuaderno
No. 2.
[25] Folio 17 del cuaderno No. 2.
[26] Folio 18 del cuaderno No. 2.
[27] Folio 18 del cuaderno No. 2.
[28] Folio 59 del cuaderno No. 2
[29] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[30] MM.PP. Gloria Stella Ortiz
Delgado y Diana Fajardo Rivera.
[31] Folios 58 al 67 del cuaderno
No. 2.
[32] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[33] Folio 7 del cuaderno No. 2.
[34] Mediante escrito del 19 de
marzo de 2019, los actores solicitaron se revocara la decisión de primer grado
y, en su lugar, se ampararan los derechos fundamentales invocados. Explicaron
que en la Sentencia C-666 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte
Constitucional insistió en la necesidad de regular la relación entre el Estado
y los docentes y directivos docentes pertenecientes a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras mediante un ordenamiento jurídico con
fuerza de ley y no mediante un régimen de naturaleza reglamentaria que los
ubicaba, como se encontraban en la actualidad, en un “limbo jurídico,
incompatible con la aspiración de estabilidad en sus empleos.” Destacaron
que el a quo desconoció tal mandato y adicionalmente desatendió
el precedente de esta Corporación en relación con el derecho a la educación y
la garantía de la consulta previa para grupos étnicos. Para el efecto citaron
las sentencias C-251 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-208 de 2007.
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-030 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-576 de
2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-766 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. (Folios 21 al 33 del cuaderno No. 2).
[35] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[36] M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[37] Folios 48 y 49 del cuaderno No.
2.
[38] Folio 49 del cuaderno No. 2.
[39] El 3 y el 13 de mayo de 2019,
la parte accionante presentó escrito de “impugnación de sentencia” y
solicitudes de aclaración y adición de la providencia de tutela de segunda
instancia encaminadas a que se definiera el término preciso dentro del cual el Gobierno
nacional y el Congreso de la República debían proceder a tramitar una ley
especial para los etnoeducadores. Mediante Autos del 17 de mayo de 2019, el
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira rechazó tales peticiones. La
primera por improcedente y las dos últimas por ser extemporáneas. (Folios 55 y
68 al 76 del cuaderno No. 2).
[40] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[41] Folios 32 al 34 del cuaderno de Revisión.
[42] Folio 49 del cuaderno de Revisión.
[43] “Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 3323 de 2005 y se reglamenta el proceso de selección
mediante concurso especial para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y
raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se
dictan otras disposiciones”.
[44] Folio 49 del cuaderno de Revisión.
[45] Folios 46 al 48 del cuaderno de Revisión.
[46] Folios 55 al 77 del cuaderno de
Revisión.
[47] Folio 61 del cuaderno de
Revisión.
[48] El artículo 62 de la Ley 115 de
1994, “Por la cual se expide la ley general de educación” establece: “Selección
de educadores. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos
étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios,
preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados.
Dichos educadores deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer
conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua
materna, además del castellano. La vinculación, administración y formación de
docentes para los grupos étnicos se efectuará de conformidad con el estatuto
docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos. El
Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las entidades territoriales
y en concertación con las autoridades y organizaciones de los grupos étnicos
establecerá programas especiales para la formación y profesionalización de
etnoeducadores o adecuará los ya existentes, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en esta ley y en la Ley 60 de 1993.”
[49] “Por la cual se expiden
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”.
[50] “Por el cual se reglamenta
la atención educativa para grupos étnicos”.
[51] “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.
[52] Folio 62 del cuaderno de
Revisión.
[53] “Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros”.
[54] “Por el cual se reglamenta
el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con el proceso de traslado de
docentes y directivos docentes”.
[55] “Por el cual se reglamenta los
traslados por razones de seguridad de educadores oficiales de las entidades
territoriales certificadas en educación y se dictan otras disposiciones”.
[56] Folio 62 del cuaderno de
Revisión.
[57] Folio 63 del cuaderno de
Revisión.
[58] Ibídem.
[59] Folio 64 del cuaderno de
Revisión.
[60] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[61] El artículo 190 de la Ley 5 de
1992, “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la
Cámara de Representantes” dispone: “Tránsito de legislatura. Los
proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que no hubieren
completado su trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en
alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la siguiente en el estado en que
se encontraren. Ningún proyecto será considerado en más de dos legislaturas.”
(Folios 79 y 80 del cuaderno de Revisión).
[62] Folio 84 del cuaderno de
Revisión.
[63] Ibídem.
[64] Folio 53 del cuaderno de Revisión.
[65] Folios 53 y 54 del cuaderno de Revisión.
[66] Ibídem.
[67] “Por el cual se reglamenta el proceso de selección
mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales
a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan
otras disposiciones”.
[68] Folios 50 al 52 del cuaderno de
Revisión.
[69] Folios 106 al 108 del cuaderno de Revisión.
[70] Folios 121 al 137 del cuaderno de Revisión.
[71] Folio 139 del cuaderno de
Revisión.
[72] Folio 139 del cuaderno de
Revisión.
[73] Folios 140 y 144 del cuaderno
de Revisión.
[74] Folios 138 al 149 del cuaderno
de Revisión.
[75] “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.
[76] Folios 150 al 160 del cuaderno
de Revisión.
[77] Lo anterior, teniendo en cuenta
que el Consejo Superior de la Judicatura, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional, profirió,
entre otros, el Acuerdo PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020, en virtud del
cual dispuso: “[mantener] suspendidos los términos en la Corte
Constitucional para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad y la
eventual revisión de acciones de tutela hasta el 30 de julio de 2020.”
[78] El contenido de los Autos
referidos se encuentra consignado en medio digital.
[79] “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[80]  La acción de tutela
puede invocarse por el titular del derecho fundamental de manera directa o en
forma indirecta, cuando se formula a través de (i) un representante
legal (por ejemplo: los menores de edad, los incapaces absolutos y las personas
con declaración judicial de interdicción); (ii) de un apoderado
judicial; (iii) de un agente oficioso o (iv) del Ministerio
Público.
[81] Sentencia T-475 de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo. La providencia T-049 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), ya había reconocido esta postura en los siguientes términos: “En este sentido, ha enfatizado este Tribunal que la
protección del derecho a la diversidad e identidad étnica y cultural [presupone] el reconocimiento de las comunidades
étnicas como sujetos de derechos autónomos e independientes con personería
sustantiva, diferenciables de los miembros individuales que la conforman, y que
adquiere una connotación cultural global y de conjunto, alternativa y
diferenciable de la cultura hegemónica occidental de las mayorías, cultura de
grupo que es transferida a los individuos que hacen parte de dichas
comunidades. Este reconocimiento como sujetos colectivos de derechos y
autónomos se deriva de los principios constitucionales de democracia,
pluralismo, respeto y protección a la diversidad étnica y cultural, y es lo que
les confiere a estas comunidades el estatus jurídico para ser adjudicatarios,
así como para ejercer y reivindicar los derechos propios de la comunidad.”
[82] Es decir, facilitar el acceso a
la justicia de poblaciones tradicionalmente alejadas del aparato judicial,
usualmente, por razones de aislamiento geográfico, postración económica o por
su diversidad cultural. En ocasiones, se habla de “condiciones de opresión,
explotación y marginalidad que afrontan” los grupos étnicamente
diferenciados. En tal sentido, ver la Sentencia T-955 de 2003. M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[83] Al respecto, se pueden consultar las
sentencias T-576 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-281 de 2019. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[84] La calidad de dichos
ciudadanos se encuentra debidamente acreditada en el expediente. En efecto, en el proceso de tutela obra
copia de la Resolución 214 del 13 de octubre de 2017 mediante la cual la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior inscribió en el Registro Único Nacional
de Organizaciones de base y Consejos Comunitarios de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras a la organización denominada
Organización de Negritudes Fomentando el Desarrollo Matamba “ONFODEMA”,
localizada en Riohacha, La Guajira, cuyo representante legal y presidente es el
señor Gumersindo Rivas Rentería. Así mismo, reposa certificación expedida por
la Alcaldía del distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha -Dirección
de Afrodescendientes, el 11 de agosto de 2017, en la que consta la inscripción
como consejo comunitario del Consejo comunitario de comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras “Las Américas”, ubicado en el
corregimiento de Juan y Medio, distrito de Riohacha, La Guajira, cuya
representante legal es la señora Maryoy Yomanina Freile Palmezano. (Folios 32
al 35, 84, 104 y 105).
[85] Folios 1 y 2.
[86] Folios 19 al 31, 96 al 102 y folios 1 al
263 del cuaderno de pruebas No. 1.
[87] A saber, Claudia Patricia Cantillo Montero,
Dinnelys Yaneth Rodríguez Ñangran, Alexi María Carrillo Amaya, Yakis Liceth
Brito Ñangran, Marilenis Josefina Almazo Barros, Yiceth Yulieth Romero Rueda,
Rafael Gregorio Bermúdez Osorio, Elkin Enrique Mejía Barros, Myriam Victoria
Camacho Monsalve, Oneris Cabrales Pedroza, Nayibis Dominga Sierra Redondo,
Isbelia Yolindis Quintero Peñaranda y Darly Vanesa Pimienta Oñate.
[88] La referida información podrá ser verificada en el anexo
que se adjuntará al final de la presente providencia.
[89] Sobre el particular, en la
Sentencia T-049 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), se advirtió de manera
particular lo siguiente: “el derecho a una educación que respete y
desarrolle la identidad cultural de las comunidades étnicas, esto es, el
derecho a una etnoeducación, que se deriva del reconocimiento y respeto de la diversidad
e identidad étnica y cultural –arts.7 y 70 CP-, derecho que solo puede
entenderse en relación con la comunidad o grupo étnico al cual se pertenece;
constituye un derecho de carácter fundamental, los cuales “sólo pueden ser entendidos “en función del grupo
al que pertenecen.”
[90] También procede contra
acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III del mencionado Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso
está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado
en un acto jurídico escrito. Sobre el particular, remitirse igualmente al
artículo 86 de la Constitución Política.
[91] Además, en calidad de vinculadas, se
convocó a entidades del orden territorial, como consecuencia de la presunta
relación que tenían con los hechos, las pretensiones y el objeto del amparo
constitucional que se analiza. Todas las entidades que fueron llamadas a
atender los reclamos de la parte accionante son autoridades públicas que
detentan aptitud legal para responder, en
principio, por la vulneración iusfundamental que se alega. Esto,
la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, el distrito de
Riohacha, los municipios de Maicao y Uribia y la Secretaría de Educación
Distrital de Riohacha, La Guajira.
[92] Consultar el portal web del
Ministerio de Educación Nacional.
[93] Este Tribunal ha referido que
los plazos inflexibles o términos de caducidad para el ejercicio de la acción
de tutela se oponen al artículo 86 de la Constitución Política. Al adoptarse el
Decreto 2591 de 1991, se estableció inicialmente, en el artículo 11, que “La
acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra
sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual
caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.”
(énfasis fuera del texto). Cuando se estudió la constitucionalidad de esta
disposición, en la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), la Corte señaló que “resulta palpable la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo
hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991.”
[94] La Sentencia SU-691 de 1999
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) constituye un precedente hito sobre el desarrollo
jurisprudencial del principio de inmediatez. Allí, la Corte indicó que “[l]a
posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo
significa que no tiene término de caducidad.  La consecuencia de ello es que el
juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la
obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Teniendo en cuenta el
sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la
tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que
no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa,
el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice
la acción. Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que
la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe
ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a
través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando
éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela,
del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta
última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.”
[95] La jurisprudencia ha agrupado
algunos eventos ilustrativos en los que debe tenerse en cuenta la importancia
de flexibilizar el análisis de inmediatez. En la Sentencia T-1028 de 2010 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), la Sala Octava de Revisión refirió lo
siguiente: “surtido el análisis de los hechos del caso concreto, el juez
constitucional puede llegar a la conclusión de que una acción de tutela, que en
principio parecería carente de inmediatez por haber sido interpuesta después de
un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental,
en realidad resulta procedente debido a las particulares circunstancias que
rodean el asunto. Así, la jurisprudencia constitucional ha determinado algunos
eventos –por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede presentar:
// (i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras. // (ii)
Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia
de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la
acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de
derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata. //
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en
la que se encuentra el accionante.” En el mismo sentido, pueden
consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-458 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-583 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-860
de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-981 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-1063 de 2012. M.P. (e) Alexei Julio Estrada; T-805 de 2012.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-431 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; T-942 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-047 de 2014. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-304 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-033 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-062 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-130 de 2015. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica
Méndez; T-235 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-503 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-356 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-707 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-168 de 2017. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; SU-108 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-080
de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[96] Lo anterior si se tiene en cuenta que entre
diciembre del año 2017, es decir, asumiendo favorablemente que algunas
resoluciones de nombramiento fueron proferidas al finalizar esta anualidad y el
25 de febrero de 2019, fecha de interposición de la acción de tutela,
transcurrió más de un año.
[97] Al respecto, en la Sentencia T-546 de 2012
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla), se expresó: “En igual sentido, en el fallo T-142 de
marzo 1º de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, se reiteró que la Corte
Constitucional ha sostenido que “la tutela resulta improcedente cuando la
demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable extenso,
desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho
vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos
fundamentales.”
[98] Sobre el particular, en la Sentencia C-543
de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se dijo: “[L]a acción de
tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace
preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho
objeto de violación o amenaza.” A su turno, en la providencia T-546 de 2012
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla) se advirtió: “En efecto, como ha indicado esta
misma Sala de Revisión, “no es entendible que quien esté padeciendo un serio
quebrantamiento contra un derecho de tal calidad, retarde la petición de
protección, acudiendo a un mecanismo precisamente caracterizado por ser
preferente, sumario y propiciador de inmediato amparo (art. 86 Const.).”
Finalmente, en la Sentencia T-442 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez)
se indicó: “Precisamente, la finalidad de la tutela como vía judicial de
protección expedita de derechos fundamentales, demanda del juez constitucional
la verificación del tiempo transcurrido entre el hecho generador de la
solicitud y la petición de amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a
revelar que la protección que se reclama no se requiere con prontitud, y
por tal virtud, alterar el carácter preferente y sumario por el que está
revestida la acción.”
[99] Sobre esta específica materia en la
Sentencia T-051 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) se expuso
puntualmente lo siguiente: “Finalmente, de lo anterior se desprende que con
el requisito de inmediatez, se busca evitar que la acción de tutela instaurada
contra actos administrativos, sea empleada para subsanar la negligencia en que
incurrieran los administrados para la protección de sus derechos. Por otro
lado, se constituye como una garantía de la seguridad jurídica que se deriva de
los actos administrativos, por medio de los cuales se crean, modifican o
extinguen situaciones jurídicas.”
[100] La Sala advierte que la información que se
referirá a continuación fue extraída de los 8 cuadernos de pruebas aportados
por los actores en los que se consignaron copias de algunos de los actos
administrativos de nombramiento de los docentes y directivos docentes involucrados
en esta actuación constitucional. Se reitera que pese a haber remitido diversos
requerimientos probatorios antes las distintas entidades accionadas y
vinculadas de oficio, a fin de que aportaran información completa relacionada
con las designaciones en provisionalidad de los etnodocentes la misma no fue
remitida en su integridad.
[101] Frente a esta docente, la Sala advierte que
el día exacto de su nombramiento no se visibiliza con mucha claridad dentro del
folio correspondiente pero si logra evidenciarse con más certeza que el mes de
tal suceso fue junio del año 2018. (Folios 200 al 202 del cuaderno de pruebas
No.3 (parte 2).
[102] Sobre esta docente, la Sala advierte que el
día y el mes exacto de su nombramiento no se visibiliza con mayor claridad en el
folio correspondiente por lo que la información referida obedece a la que
razonablemente logra avizorarse. (Folios 207 al 209 del cuaderno de pruebas
No.3 (parte 2).
[103] M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[104] Para la Sala, esta evaluación de
temporalidad sigue de cerca a la jurisprudencia constitucional según la cual el
requisito de la inmediatez encuentra su fundamento directo en la Constitución,
toda vez que ella establece que la acción de tutela está concebida para
proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales.
Sobre el particular, en la Sentencia T-739 de 2010 (M.P. Mauricio González
Cuervo) se dijo: “En ese orden de ideas, tiene sentido que, como regla
general, la acción de tutela deba interponerse en fecha cercana a la de aquella
en que se realice la acción o se incurra en la omisión que genera la
vulneración del derecho fundamental. De lo contrario, sería imposible concebir
una protección inmediata.”
[105] Sobre la valoración del presupuesto de
inmediatez cuando la vulneración de derechos fundamentales que se alega ha
permanecido en el tiempo o cuando la
situación desfavorable de la parte accionante derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual, pueden consultarse, entre muchas otras,
las sentencias T-1059 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-345 de 2009.
M.P. María Victoria Calle Correa; T-028 de 2014. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-060 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-471 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado y  T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
[106] Al respecto, puede consultarse la Sentencia
T-055 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[107] Información disponible en la
siguiente dirección electrónica: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/Edictos/EDICTOS%20DICIEMBRE%202016.php
[108] El criterio de idoneidad ha
sido explicado por esta Corte como la “aptitud
material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde
con el contenido del derecho.” Cfr. Sentencias T-590 de 2011.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-649 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-673 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo; T-241 de 2013. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; SU-772 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-028 de
2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-307 de 2016. M.P. Alejandro Linares
Cantillo; T-441 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-473 de 2017. M.P. (e) Iván
Humberto Escrucería Mayolo, entre otras. Asimismo, debe indicarse que la
idoneidad, en general, es un presupuesto desarrollado jurisprudencialmente por
parte de esta Corte, por ejemplo, en las sentencias T-003 de 1992. MM.PP.
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; T-882 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-760 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-580 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[109] La eficacia, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, corresponde a la protección oportuna de los
derechos del tutelante, desde el punto de vista temporal y material. Se trata
de la utilidad del mecanismo ordinario, en perspectiva de las condiciones
particulares de cada caso concreto. Ver las sentencias T-106 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-280 de 1993. M.P.
Hernando Herrera Vergara; T-147 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-425 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-847
de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1121 de 2003. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T-021 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1321 de 2005.
M.P. Jaime Araújo Rentería; T-514 de 2008. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-211 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo;
T-160 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-589 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; y más recientemente las sentencias T-004 de 2016. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-386 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-023 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-072 de 2017. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-161 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
[110] El establecimiento de estas condiciones obedece a la importancia
de evitar el desplazamiento innecesario de los mecanismos ordinarios de
defensa, por corresponder, en principio, a los escenarios naturales en los que
debe buscarse la protección de los derechos fundamentales, de manera que la
tutela opere únicamente cuando se requiere suplir las deficiencias que presenta
el orden jurídico para la salvaguarda efectiva de las garantías
constitucionales, de acuerdo con las circunstancias que circunscriben cada
caso.
[111] En Sentencia T-1068 de 2000
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), se dijo: “(…) para demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben señalar los
hechos concretos que permitan deducir que ocurre dicho perjuicio el juez no se
los puede imaginar, por supuesto que no se necesitan términos sacramentales
pero al menos alguna indicación que le permita al juzgador tener la confianza
de que en verdad se halla el peticionario en una situación que lo afecta a él y
a su familia.” Posteriormente, en Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. (e)
Rodrigo Uprimny Yepes), se señaló: “(…) tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de
perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde
una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las
características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten
en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender
las particularidades de la persona individualmente considerada (…) [De cualquier manera], no todos los daños
constituyen un perjuicio irremediable por el simple hecho de tratarse de
sujetos de trato preferencial.” De igual forma, sobre la
flexibilidad en la valoración del perjuicio pueden observarse las sentencias T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-456
de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería; T-167 de 2011. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-352 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-796 de 2011. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-206 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-269 de
2013 y T-276 de 2014, ambas con ponencia de la magistrada María Victoria Calle
Correa, entre otras.
[112] Elementos que fueron
desarrollados, principalmente, a partir de la Sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), que configuran un criterio jurisprudencial consolidado en esta
Corporación, por su pacífica reiteración en otras providencias.
[113] Esta tesis fue desarrollada
principalmente a partir de la Sentencia T-514 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, y ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-537 de 2003. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; T-704 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
T-1157 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-961 de 2004. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; T-1015 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-359 de
2006. M.P. Jaime Araújo Rentería; T-467 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-193 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-255 de 2007. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-710 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
T-007 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-016 de 2008. M.P. Mauricio
González Cuervo; T-1019 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-012 de 2009.
M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-078 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-922 de
2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-186 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-232 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-221 de 2014. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-376 de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-392A
de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-404 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-458 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-722 de 2014. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-822 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
T-840 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-972 de 2014. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; SU-431 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-030 de
2015. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez; T-079 de 2015. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-234 de 2015. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez; T-425
de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-446 de 2015 y T-051 de 2016. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-218 y T-219 de 2016. M.P. Alejandro Linares
Cantillo; T-265 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-385 de 2016. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[114] Al respecto, consultar los artículos 229 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[115] Ver, por ejemplo, las
sentencias T-805 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-251 de 2018. M.P.
Alejandro Linares Cantillo; T-255 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-159 de
2019. M.P. Carlos Bernal Pulido y T-299 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera,
entre otras. Específicamente en la Sentencia T-251 de 2018, previamente
referida, se advirtió lo siguiente: “En
síntesis cuando (i) a pesar de los esfuerzos probatorios realizados durante el
proceso de tutela, no resulta posible dar por acreditadas las condiciones para
negar o conceder la protección del derecho fundamental alegado, ni para
declarar los supuestos que dan lugar a un amparo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable y,  adicionalmente, (iii) no sea factible apoyarse
en la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de
1991 deberá, en principio, declararse la improcedencia de la acción de
tutela. La regla anterior se refiere
entonces a eventos en los cuales existe una intensa contienda probatoria y la
parte accionada no sólo ha dado respuesta al reclamo, sino que también  ha
controvertido las pruebas allegadas al proceso. En esos casos, la discusión
probatoria es de tal magnitud que -a efectos de asegurar el respeto del
principio de imparcialidad que rige la actividad judicial- deberá acudirse a
los medios judiciales ordinarios. De lo contrario, esto es, si a pesar de
existir serias dudas sobre lo ocurrido, el juez de tutela se viera obligado a
adoptar una decisión -que niegue o conceda la protección-, la acción de tutela
podría convertirse en fuente de injusticias. Cabe aquí referir lo dicho por la
Corte en una de sus primeras providencias al señalar que la decisión del juez
de tutela “no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación
o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido
violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si
en el caso particular es improcedente la tutela.”
[116] Estos
presupuestos de valoración del perjuicio irremediable fueron desarrollados
desde la Sentencia T-225
de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), y constituyen un criterio
jurisprudencial consolidado en esta Corporación.
[117] MM.PP. Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[118] MM.PP. Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[119] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[120] Folio 61 del cuaderno de Revisión.
[121] Los artículos 114 y 150 de la
Constitución Política preceptúan que le corresponde al Congreso de la República
“hacer las leyes.”
[122] Un exhorto análogo fue
dispuesto en la Sentencia SU-011 de 2018 (MM.PP. Gloria Stella Ortiz Delgado y
Diana Fajardo Rivera) en la que se estudiaron cuatro acciones de tutela que
ponían de relieve una situación compleja en torno al proceso de  vinculación
efectiva de etnodocentes y directivos docentes que prestaban sus servicios en
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del departamento de
Nariño.
[123] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[124] MM.PP. Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[125] Se hace referencia al número de un contrato
individual de trabajo a término fijo inferior a un año celebrado entre la
docente y la Diócesis de Riohacha.
[126] Se hace referencia al número de un contrato
individual de trabajo a término fijo inferior a un año celebrado entre el
docente y la Diócesis de Riohacha.