T-661-05
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
T-661/05
RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS-Régimen
legal no puede modificarse por errores cometidos en secretaría/TERMINOS-Desconocimiento
implica vulneración al principio de legalidad
DEBIDO PROCESO-No vulneración al
inhibirse de resolver recurso por ser extemporánea sustentación del mismo
Referencia: expediente T-1069416
Acción de tutela de José Eduardo Pabuena Arévalo contra la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C.,
veinticuatro  (24)  de junio de dos mil cinco  (2005).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite
de revisión de la tutela instaurada por José Eduardo Pabuena Arévalo contra la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.
I.
ANTECEDENTES
A.  Reseña
fáctica
El 10 de octubre
de 2003 el Juzgado Segundo Especializado de Bucaramanga, tras encontrar a José
Eduardo Pabuena Arévalo responsable de un concurso de delitos de secuestro
extorsivo, lo condenó  a las penas de 31 años de prisión, multa de doscientos
salarios mínimos legales mensuales e interdicción de derechos y funciones
públicas por el término de diez años.
La defensa
interpuso recurso de apelación y el Juzgado lo concedió.  Luego, el 28 de
septiembre de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga se
inhibió de conocer el recurso pues había sido sustentado de manera
extemporánea.
B.  La tutela
instaurada
Ante esa
situación, José Eduardo Pabuena Arévalo, a través de apoderada, interpuso
acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.  En
el escrito manifestó lo siguiente:
-  Los artículos
177, 185, 186, 187 y 194 del Código de Procedimiento Penal regulan las
notificaciones y recursos de y contra los pronunciamientos judiciales.  No
obstante, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, estas disposiciones sólo se aplican si la decisión judicial se
profirió dentro del término conferido por la ley.  Caso contrario, las
autoridades judiciales tienen el deber de citar a los sujetos procesales para
que éstos concurran a notificarse de las decisiones.
- La sentencia
condenatoria de primer grado fue proferida de manera extemporánea.  Ante ello,
no se aplicaba estrictamente el régimen legal de las notificaciones en materia
penal y por ello la manera como la secretaría del juzgado contabilizó el
término de ejecutoria, extendiéndolo en dos días más, fue correcta.  De allí
que haya sido oportuna la interposición y sustentación del recurso de
apelación.
- El Tribunal
sólo podía abstenerse de decidir el recurso interpuesto contra la sentencia de
primer grado si hubiese tomado esa decisión dentro del término que le confiere
la ley.  Pero como no obró de esa manera, sino que se pronunció casi un año más
tarde, debía pronunciarse de fondo.
-  Al no
resolver el recurso interpuesto, el Tribunal vulneró el debido proceso, el
derecho a la segunda instancia, el derecho de defensa y el derecho de acceso a
la administración de justicia.
Con base en
tales argumentos, el actor solicita que se tutelen los derechos vulnerados y
que se le ordene al Tribunal resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia condenatoria de primera instancia.
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
A.  De primera instancia
El 18 de
noviembre de 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
constitucional invocado.  Para ello argumentó que si bien la secretaría del
juzgado a quo había incurrido en un error al dejar una constancia en
relación con el término de ejecutoria de la sentencia proferida en contra del
accionado, lo cierto es que los términos judiciales son legales y no
secretariales y que los sujetos procesales se hallaban en el deber de estar
atentos al vencimiento de tales términos para que sus actuaciones se ajustaren
a la ley.
B.  De segunda instancia
El 28 de enero de 2005 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
confirmó el fallo de tutela de primera instancia pues encontró que el actor
había dejado vencer el término fijado por la ley para la sustentación del
recurso de apelación y que lo que pretendía era remediar esa situación por vía
de la solicitud de amparo de derechos fundamentales que en ningún momento
fueron vulnerados.
III.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.  El tema que
en esta ocasión ocupa la atención de la Sala es el de la notificación de las
decisiones judiciales y los recursos que proceden contra ellas.  Dentro de esa
temática, el problema específico que se le plantea radica en establecer si
incurre en vía de hecho el juez de segunda instancia que se declara inhibido
para conocer de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia por
haberse presentado el recurso de manera extemporánea y a pesar de que la
secretaría del a quo haya dejado constancias equivocadas sobre el
término de sustentación del recurso.
2.  Como se
sabe, los distintos procedimientos que se siguen con miras a la aplicación de
las normas de derecho sustancial están regulados por la ley.  Y ello es
comprensible pues no habría lugar a la aplicación de las normas sustanciales si
los procedimientos se determinaran por la sola voluntad de los juzgadores o de
las partes ya que, por este camino, se cerniría la más completa incertidumbre
en torno a los pasos que se deben seguir con miras a la aplicación de las
normas que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas.  De allí que el
tema de las notificaciones y recursos en materia penal esté detenidamente
regulado por el Código de Procedimiento Penal y que tanto el juez como los
distintos intervinientes en el proceso deban ceñirse a esa regulación.
3.  De acuerdo
con el régimen de procedimiento penal vigente y aplicable a este proceso, la
notificación de la sentencia se hace de manera personal dentro de los tres días
siguientes a su emisión  (Artículo 180 del C.P.P.).  Si todos los sujetos
procesales no se notifican de manera personal, se debe fijar un edicto por el
término de tres días  (Artículo 180 C.P.P.).  Las providencias quedan
ejecutoriadas tres días después de notificadas si contra ellas no se han
interpuesto los recursos legalmente procedentes  (Artículo 187 del C.P.P.).  Finalmente,
cuando el recurso de apelación se ha interpuesto como único, se contabiliza un
término de cuatro días para la sustentación del recurso, término que empieza a
correr una vez vencido el término para recurrir  (Artículo 194 del C.P.P.)[1].
4.  Según el
artículo 178 del Código de Procedimiento Penal, la notificación de las
providencias judiciales al procesado no privado de la libertad y a los demás
sujetos procesales se hace de manera personal si concurren a la secretaría
dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión de aquellas.  La Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha hecho una interpretación
de esta norma de acuerdo con la cual su tenor literal sólo se sigue cuando la
providencia de que se trate se profiere dentro del término fijado en la ley.
Caso contrario, esto es, en el evento que la decisión se promulgue por fuera de
ese lapso, se torna imperativo citar a los sujetos procesales para que
concurran a notificarse y el término para la notificación se contabiliza luego
de emitidas las citaciones.
Esta postura,
adoptada en la Sentencia del 31 de marzo de 2004, con ponencia del Magistrado
Álvaro Orlando Pérez Pinzón, es razonable pues no existen razones para forzar a
los distintos sujetos procesales a mantener una permanente vigilia sobre el
proceso para que les sea posible recurrir de las decisiones, así se tomen luego
del vencimiento del término legal.  Por ello, el deber de comunicar a las
partes sobre la emisión de una decisión judicial guarda armonía con principios
como los de buena fe y lealtad procesal.
5.  Pues bien,
si ese régimen legal y ese desarrollo jurisprudencial se aplican al caso que
ocupa la atención de la Sala, la situación que se advierte es la siguiente:
-  El Juzgado
Segundo Especializado de Bucaramanga dictó sentencia condenatoria contra el
actor el día viernes 10 de octubre de 2003.
- Los días 11,
12 y 13 fueron sábado, domingo y lunes festivo, respectivamente.
- El 14 de octubre se citó a los sujetos procesales para que
concurrieran a la secretaría a notificarse de la decisión proferida.
-  De acuerdo con ello, las notificaciones personales debían hacerse
durante los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de octubre.  Y así
ocurrió efectivamente con todos los sujetos procesales al punto que no fue
necesaria la fijación del edicto.
- En ese orden de ideas, el término de ejecutoria de la sentencia
condenatoria proferida contra el actor corrió durante los días lunes 20, martes
21 y miércoles 22 de octubre.
-  El término para la sustentación del recurso de apelación, que era
el único que procedía contra la sentencia, corría durante los días jueves 23,
viernes 24, lunes 27 y martes 28 de octubre.
-  Finalmente, el traslado común de cuatro días para los no
recurrentes corría entre el miércoles 29 de octubre y el martes 4 de
noviembre.
6.  Cabe interrogarse si este régimen legal del recurso de apelación
contra sentencias puede modificarse en virtud de los yerros en que incurra la
secretaría de un despacho judicial.  Para la Corte este cuestionamiento tiene
una respuesta negativa pues ello implicaría un desconocimiento del principio de
legalidad del proceso penal ya que se estaría permitiendo que los términos
judiciales no sean estrictamente los señalados en la ley sino que ellos pueden
ser modificados, en casos concretos, por las secretarías de los distintos
despachos.  De este modo, en cada sede judicial se podrían manejar distintos
términos de notificación, ejecutoria, sustentación y traslado de un recurso.  Y
con esto, qué duda cabe, el derecho perdería su capacidad de regulación de los
conflictos y de cohesión de relaciones sociales y se generaría una completa
incertidumbre en torno a las reglas de juego que gobiernan los distintos
procedimientos.
Frente a ello, si una secretaría incurre en un equívoco al dejar una
constancia de corrimiento o vencimiento de un término, bien sea de ejecutoria, de
sustentación o de traslado, el deber de los sujetos procesales es atenerse al
régimen legal vigente en materia de procedimiento y no aprovechar la eventual
‘extensión’  de términos a que pueda haber lugar con ocasión de los equívocos
en que incurran las secretarías de los despachos judiciales.
7.  Podría
pensarse que en un supuesto como este hay lugar a la aplicación del principio
de confianza legítima ya que un yerro secretarial en un punto como ese
generaría una expectativa que toca con derechos fundamentales como el de
segunda instancia en tanto contenido del debido proceso.  No obstante, ningún
profesional del derecho puede asumir que las irregularidades en que incurra la
secretaría de un despacho judicial tienen la virtualidad de extender los términos
procesales pues éstos los fija la ley y no servidor público alguno.  Por ello,
el deber de un sujeto procesal, jurídicamente formado, es atenerse a lo que la
ley dispone en materia de notificaciones, ejecutorias, recursos, sustentaciones
y traslados.
8.  En las
condiciones expuestas, para la Sala aparece claro que el Tribunal Superior de
Bucaramanga se limitó a dar cumplimiento a la ley al inhibirse de resolver un
recurso de apelación sustentado de manera extemporánea.  Su actitud fue
legítima pues, como juez de segunda instancia, sólo adquiere competencia
funcional si el impugnante cumple de manera oportuna las exigencias de
interposición y sustentación que le ha impuesto la ley.
Estos argumentos
son suficientes para advertir que la autoridad judicial accionada no había
incurrido en vía de hecho alguna y que, por lo mismo, no había lugar al amparo
constitucional pretendido.  Por este motivo, la Sala confirmará las sentencias
de tutela sometidas a revisión.
DECISIÓN
Con fundamento
en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.  No tutelar los derechos a la segunda instancia, al debido
proceso, al derecho de defensa y al acceso a la administración de justicia
invocados por José Eduardo Pabuena Arévalo.
Segundo.  Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de
2004 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la
sentencia proferida el 29 de enero de 2004 por la Sala de Casación Civil de esa
Corporación.
DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
Presidente
de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] El
texto de las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan las
notificaciones y recursos y que interesan a este proceso es el siguiente:
ART. 178.—Personal. Las notificaciones al sindicado
que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su
delegado cuando actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público se harán
en forma personal.
Las notificaciones al sindicado que no estuviere
detenido y a los demás sujetos procesales se harán personalmente si se
presentaren en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la
fecha de la providencia, pasado ese término se notificará por estado a los
sujetos procesales que no fueron enterados en forma personal.
La notificación personal se hará por secretaría
leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o
permitiendo que ésta lo haga.
ART. 180.—Por edicto. La sentencia se notificará por
edicto, si no fuere posible su notificación personal dentro de los tres (3)
días siguientes a su expedición. El edicto deberá contener:
1. La palabra edicto en su parte superior.
2. La determinación del proceso de que se trata, del
procesado y del sujeto pasivo si estuviere determinado, la fecha de la
sentencia y la firma del secretario.
El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría
por tres (3) días y en él anotará el secretario las fechas y horas de su
fijación y desfijación. El original se agregará al expediente y una copia se
conservará en el archivo en orden riguroso de fechas.
La notificación se entenderá surtida al vencimiento
del término de fijación del edicto.
ART. 186.—Legitimidad y oportunidad para
interponerlos. Salvo los casos en que la impugnación deba hacerse en estrados,
los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico,
desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan
transcurrido tres (3) días, contados a partir de la última notificación.
En los procesos por delitos contra la administración
pública el denunciante podrá impugnar, por sí o por intermedio de apoderado,
las decisiones de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y
sentencia absolutoria. Para el efecto se le notificará tales decisiones.
ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las
providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se
han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
La que decide los recursos de apelación o de queja
contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando
se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan
ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.
Las providencias interlocutorias proferidas en
audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan
interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias
sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión.
ART. 191.—Procedencia de la apelación. Salvo
disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y
las providencias interlocutorias de primera instancia.
ART. 194.—Sustentación en primera instancia del
recurso de apelación. Cuando se haya interpuesto como único el recurso de
apelación, vencido el término para recurrir, el secretario, previa constancia,
dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de
cuatro (4) días, para la sustentación respectiva. Precluido el término
anterior, correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cuatro
(4) días.
Cuando no se sustente el recurso se declarará
desierto, mediante providencia de sustanciación contra la cual procede el
recurso de reposición.
Si fuese viable se concederá en forma inmediata
mediante providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se
concede.
Cuando se interponga como principal el recurso de
reposición y subsidiario el de apelación, negada la reposición y concedida la
apelación, el proceso quedará a disposición de los sujetos procesales en
traslado común por el término de tres (3) días, para que, sí lo consideran
conveniente, adicionen los argumentos presentados, vencidos los cuales se
enviará en forma inmediata la actuación al superior.
Cuando se interponga el recurso de apelación en
audiencia o diligencia se sustentará oralmente dentro de la misma y de ser
viable se concederá, estableciendo el efecto y se remitirá en forma inmediata
al superior.