T-595-13
T-3831006
Sentencia T-595/13
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
JUSTICIA Y REPARACION-Protección
integral
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, A LA
JUSTICIA Y A LA REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS-Contenido
y alcance
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una prolija, pacífica y
reiterada jurisprudencia en materia de reconocimiento y protección de los
derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos
consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, esencialmente
respecto de los derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la
garantía de no repetición, los cuales, para la CIDH se encuentran en una
relación de conexión intrínseca. Sobre los derechos de las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos reconocidos y protegidos por la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta Corporación ha extraído sus
propias conclusiones. Para los efectos de este estudio, se puede sintetizar que,
en relación con el derecho a la justicia, la CIDH ha reiterado en múltiples
oportunidades que este derecho implica, de un lado, (i) una obligación de
prevención de los atentados y violaciones de derechos humanos, y de otra, (ii)
una vez ocurrida la violación, la garantía de acceso a un recurso judicial
sencillo y eficaz por parte de las víctimas, lo cual supone a su vez (iii) la
obligación de los Estados partes de investigar y esclarecer los hechos
ocurridos, así como (iv) la de perseguir y sancionar a los responsables, (v)
accionar que debe desarrollarse de manera oficiosa, pronta, efectiva, seria,
imparcial y responsable por parte de los Estados.  Así mismo, (vi) ha
establecido la CIDH que estos recursos judiciales se deben adelantar con
respeto del debido proceso, (vii) dentro de un plazo razonable, y (viii) que
figuras jurídicas tales como la prescripción penal, la exclusión de la pena o
amnistías son incompatibles con graves violaciones de los derechos humanos.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA
Y REPARACION INTEGRAL EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN SEDE DE CONTROL
ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Reglas jurisprudenciales
La Corte
Constitucional ha consolidado una amplia y reiterada jurisprudencia en materia
de análisis abstracto de constitucionalidad, en torno al contenido, alcance y
desarrollo de los derechos de las víctimas del delito, especialmente respecto
de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. La
jurisprudencia de esta Corporación ha partido de una interpretación armónica de
los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta Política, así como de
los lineamientos trazados por el derecho internacional humanitario y los
estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto de los derechos
de las víctimas. De esta forma, esta Corporación ha desarrollado una sólida
línea jurisprudencial sobre los derechos de las víctimas de los hechos
punibles, a partir de los postulados del Estado Social de Derecho consagrados
en la Constitución de 1991, así como de la expresa mención de las víctimas por
el texto superior –art.250 CN-, y ha contribuido al desarrollo de  un nuevo
paradigma acerca de los derechos de las víctimas de delitos, que no se agota en
la reparación económica de los perjuicios ocasionados por el delito. En este sentido, se han
fijado parámetros constitucionales mínimos respecto de los derechos de las
víctimas a la justicia, a la verdad, y a la reparación, en casos de delitos que
constituyen un grave atentado en contra de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, los cuales se refieren tanto a estándares aplicables
dentro de procesos judiciales ordinarios, como también dentro de procesos de
justicia transicional. Estos parámetros constitucionales mínimos son, en todo
tiempo, presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico interno, en razón
a que se fundamentan en normas superiores de orden constitucional y en los
estándares internacionales fijados por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A
LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Contenido y alcance en la Constitución Política y
Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS MUJERES VICTIMAS
DE DELITOS SEXUALES-Prohibición de revictimizarlas
La jurisprudencia de esta
Corporación, al igual que la de los organismos internacionales, ha señalado los
derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales, y ha recalcado que uno de
los más relevantes es la necesidad de no revictimizarla y de tomar en
consideración su vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, de manera que
los Estados tienen el deber de tratar a las víctimas con respeto por su
dignidad, para cumplimiento de lo cual, ha hecho una serie de recomendaciones a
las autoridades judiciales y administrativas para que cumplan con sus
obligaciones respecto a la garantía de las mujeres abusadas sexualmente.
DERECHOS DE LAS MUJERES VICTIMAS
DE DELITOS SEXUALES-Protección constitucional e internacional
DERECHOS DE LAS MUJERES VICTIMAS
DE DELITOS SEXUALES-Deber del Estado proteger a las potenciales víctimas de
delitos sexuales, especialmente en el marco de los contextos sociales, económicos
y culturales en los cuales la vulnerabilidad de la mujer es evidente
La Sala reitera la necesidad de
proteger los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia
sexual, a la verdad, a la justicia y a la reparación, los cuales constituyen
una trilogía de derechos inseparables. En este sentido, resalta que cuando se
trata de esta clase de delitos contra mujeres, acaecidos en el contexto del
conflicto armado interno, mujeres que son víctimas de desplazamiento forzado, y
adicionalmente ostentan otros factores de discriminación o de exclusión, tales
como la pertenencia a un grupo étnico como la población afrodescendiente, o ser
personas que se encuentran en estado de discapacidad, o encontrarse en una
situación extrema de vulnerabilidad y debilidad manifiesta; estos derechos
adquieren una especial relevancia y prevalencia, por el impacto grave y
desproporcionado que causa la revictimización a través del delito sexual,
otorgando a estas mujeres una calidad especial de sujetos de especial protección
constitucional reforzada, al confluir diversos factores de victimización y de
discriminación.
DEBIDA DILIGENCIA DE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES EN PROCESOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y MUJERES-Línea jurisprudencial
Se encuentra la obligación de (i)
prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos sexuales contra mujeres,
que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, de conformidad con
las normas internacionales, de manera que se apliquen los principios de debida diligencia
y rigurosidad, y cumplimiento de un plazo razonable; (ii) la garantía de los
derechos de información y participación de las víctimas y sus familiares dentro
del proceso penal, máxime cuando se trata de mujeres que se encuentran en
especiales condiciones de vulnerabilidad, dada su pertenencia a algún grupo
étnico, el bajo nivel de escolaridad o analfabetismo, el tratarse de personas
en estado de discapacidad, y tratarse de personas en especiales o extremas
condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta; (iii) la necesidad de
tomar medidas cautelares frente al agresor para evitar una revictimización,
tales como medidas restrictivas de la libertad, protección de la identidad de
la víctima; (vi) el imperativo de tomar medidas en favor de las mujeres
víctimas de violencia sexual, tales como valoración por parte del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la atención médica física,
psicológica y de rehabilitación idónea y adecuada.
MUJERES DESPLAZADAS POR EL
CONFLICTO ARMADO-Adopción de medidas en Auto 092-08, Autos 05 y 06 de 2009
PRESUNCIONES
CONSTITUCIONALES A FAVOR DE MUJERES DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO ARMADO-Presunción de
vulnerabilidad y presunción de prórroga automática de la ayuda humanitaria,
contenidas en el Auto 092/08
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Adopción de medidas
cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de la
población afrodescendiente
POBLACION DESPLAZADA CON
DISCAPACIDAD-Problemática
agravada por inadecuada caracterización y amplio subregistro
Es evidente para esta Corporación,
que la población desplazada con algún tipo de discapacidad, al afrontar la
destrucción de su entorno social y familiar sufre un impacto más notorio, al
padecer el marginamiento y la exclusión en unas dimensiones más graves,
desproporcionadas y dramáticas que las demás víctimas de desplazamiento
forzado. Así las cosas, la Corte ha encontrado fallas estructurales y graves en
el sistema de atención y reparación integral con enfoque diferencial frente a
estas víctimas, que tienen condiciones adicionales de discapacidad, que genera
un impacto diferencial y desproporcionado sobre esta población, y las colocan
en una situación extrema de vulneración y debilidad manifiesta, como (i) fallas
en el registro, cuantificación, información, caracterización específica y
monitoreo respecto de las personas con discapacidad; (ii) la ausencia de
conocimiento respecto de la naturaleza, características, alcance, grado y nivel
de la discapacidad; (iii) factores de riesgo que impactan de manera agravada a
mujeres con discapacidad.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO-Riesgos acentuados
DERECHOS DE LAS VICTIMAS
DE DELITOS SEXUALES EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD Y DESPLAZADAS POR LA
VIOLENCIA-Reiteración
sentencia T-973/11
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional para la protección de derechos
fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente constitucional y violación directa de la Constitución, por cuanto se
desconocieron derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías
de no repetición de mujer afrodescendiente, víctima de violencia sexual en
situación de discapacidad y desplazada por la violencia
La
jurisprudencia de esta Corte se ha referido expresa y particularmente a los
derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales, en donde
este Tribunal ha expresado el deber de garantizar los derechos fundamentales de
las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando son niños y mujeres, y
cuando se presenta en el contexto del conflicto armado o asociado a éste, lo
cual impone a las autoridades judiciales, incluidos los fiscales, la obligación
de adelantar las respectivas investigaciones y juicios penales con el debido
respeto, garantía y protección de los derechos de las víctimas y la debida
eficiencia, eficacia y diligencia. De acuerdo con el material probatorio que
obra en el expediente, muchas de las actuaciones desplegadas por el Juzgado de
Menores desconocieron de manera ostensible varias de estas obligaciones que
recaen sobre las autoridades judiciales de cara a observar los derechos de las
mujeres víctimas de agresiones sexuales en la investigación y sanción de los
delitos, máxime si se tiene en cuenta que en este caso se trata de mujeres
víctimas del delito de desplazamiento forzado, que de conformidad con lo
identificado por la jurisprudencia de esta Corte son las mayores víctimas de
este delito de lesa humanidad y por conexidad con el mismo de delitos sexuales.
Lo anterior, puesto que los delitos sexuales en contra de mujeres desplazadas
se encuentran conectados directa o indirectamente con el hecho mismo del
desplazamiento forzado o con la condición de víctima de desplazamiento, puesto
que la violencia sexual contra las mujeres desplazadas es o bien usada como un
arma o una estrategia sistemática de guerra usada con ocasión del
desplazamiento forzado, o bien la condición de víctima de desplazamiento
forzado hace que las mujeres se conviertan en sujetos de un altísimo grado de
vulnerabilidad para ser revictimizadas a través de delitos sexuales.
DEBIDA DILIGENCIA DE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES EN PROCESOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y MUJERES-Desconocimiento de derechos de mujer afrodescendiente, víctima de
violencia sexual en situación de discapacidad y desplazada por la violencia
Esta Corporación encuentra
que en este caso las autoridades judiciales han desconocido los siguientes
derechos de las víctimas tutelantes: (a) derecho de información y participación
dentro del proceso; (b) derecho a contar con representación legal y con
oportunidades para ser oída y participar dentro del proceso, así como tomar en
cuenta sus opiniones y reclamos; (c) derecho a constituirse como parte civil
dentro del proceso; (c) derecho a ser  protegida de manera efectiva durante el
proceso penal y que esta protección sea extendida a su familia, con el fin de
evitar la revictimización; y (c) derecho a que se le fuera brindada información
oportuna sobre sus derechos, sobre cómo poder participar en el proceso y a
recibir orientación médica, psicológica y de rehabilitación.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS
DE DELITOS SEXUALES EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD Y DESPLAZADAS POR LA
VIOLENCIA-Vulneración
por negativa de constitución de parte civil a la accionante, sin adoptar
decisiones que permitieran su participación y el ejercicio de los derechos de
las víctimas de delitos sexuales y desplazadas por la violencia
Considera la Sala que la
negativa de constitución de parte civil a la accionante, sin adoptar decisiones
que permitieran su participación y el ejercicio de  los derechos
constitucionales de las víctimas de delitos sexuales y desplazadas por la
violencia, además de ser miembros de la comunidad afrodescendiente y de ser
personas en condición de discapacidad, constituye un grave desconocimiento por
parte del fallador de los derechos fundamentales de las víctimas consagrados en
la Carta Política del 91 y en instrumentos internacionales vinculantes para
Colombia en virtud del bloque de constitucionalidad, así como de los
precedentes jurisprudenciales de esta Corporación, en los que se ha señalado
que el proceso  penal es un espacio en que el reconocimiento de los derechos de
las víctimas de los actos delictivos que se investigan y juzgan constituye una
garantía de alta relevancia constitucional y, en consecuencia, de obligatorio
acatamiento para los funcionarios que participan en el proceso penal, tal y
como quedo ampliamente expuesto en la parte considerativa de esta providencia
judicial.
INTERES SUPERIOR DEL
MENOR-Determinación
en casos concretos
En la Sentencia T-510 de
2003 esta Corte fue clara al establecer que el significado de que los menores
de edad sean titulares de derechos prevalecientes y de intereses superiores se
debe establecer en cada caso y con cada niño en particular y no es abstracto.
En ese sentido, el contenido del interés superior del menor tiene un carácter
“real y relacional” que debe ser analizado por las personas que tiene bajo su
tutela una decisión en el que el derecho de los menores se encuentre en juego. Al
mismo tiempo, la determinación del interés superior del menor debe apelar a los
criterios jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico en general,
tendientes a promover su bienestar.
DEBIDA DILIGENCIA DE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES EN PROCESOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y MUJERES-Deber de autoridades judiciales de ponderar los derechos
tanto de las víctimas, máxime si se trata de sujetos de especial protección
constitucional, como también los derechos de los victimarios, como el debido
proceso
Existió por
parte del Juez accionado una seria falencia en el ejercicio sano de un
razonamiento de ponderación entre los derechos fundamentales tanto de la víctima
y de su familia, como del menor agresor procesado, teniendo en cuenta para ello
no solo los derechos del menor agresor, los cuales hizo prevalecer de manera
absoluta; sino también los derechos de las mujeres víctimas accionantes,
teniendo en cuenta para ello, la extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta
en la que se encuentran las víctimas, lo que las coloca en una grave y
desproporcionada situación de violación masiva de sus derechos fundamentales,
por el hecho de que se trata de mujeres afrodescendientes, víctimas de
desplazamiento forzado, víctimas de delitos sexuales en dos oportunidades
diferentes, personas en estado de discapacidad física y cognoscitiva, personas
miembros de grupos socialmente vulnerables, y por demás, víctimas de la negligencia
y de la desidia judicial, de la fiscalía y de la desatención estatal. De esta
manera, el juez desconoció totalmente que tal y como ha insistido esta Sala, en
las actoras confluyen múltiples y diferentes factores de victimización,
vulnerabilidad, debilidad manifiesta y discriminación, de conformidad con el
artículo 13 Superior y los derechos fundamentales de las víctimas dentro del
proceso penal, factores que no fueron sopesados y valorados debida y
equilibradamente por el juez, quien hizo caso omiso de la grave situación de
las víctimas, haciendo prevalecer de manera absoluta los derechos del menor
victimario. Así las cosas, el juez no tuvo en cuenta en ningún momento
pronunciamientos claves de la jurisprudencia de esta Corte, como el Auto 092 de
2008, en donde este Tribunal adoptó medidas urgentes y necesarias para la
protección de las mujeres víctimas del conflicto y de la violencia sexual,
poniendo de relieve la intrínseca relación entre ambos delitos, ya que el
delito sexual en contra de las mujeres se agrava dado el contexto mismo del
conflicto, especialmente en las mujeres desplazadas, ya que es utilizado como
estrategia de guerra. Igualmente, la Corte resaltó que las mujeres víctimas de
desplazamiento, por el hecho mismo del desplazamiento forzado de sus lugares de
orígenes, y al encontrarse en un entorno muy diferente y ajeno al que estaban
acostumbradas, llegan a sitios en los que por falta de protección terminan
siendo igualmente violadas o abusadas sexualmente por su misma condición de
fragilidad en las que la coloca su condición de desplazadas, razón por la cual
se ven expuestas a ser víctimas de delitos sexuales
Referencia: Expediente T-3821006
Acción de tutela instaurada por “Matilde”,
contra El Juzgado Único de Menores de Cartagena.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá·, D.C., treinta (30) de agosto de
dos mil trece (2013)
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María
Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de insistencia de revisión
del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación  Penal de
Bogotá, que resolvió la acción de tutela instaurada por “Matilde”, a través de
apoderada judicial, contra el Juzgado Único de Menores de Cartagena.
La presente acción de tutela fue escogida
para revisión por la Sala de Selección Número Cinco, mediante Auto del 16 de mayo
2013 y repartida a la Sala Novena de Revisión de esta Corporación para su decisión.
La Sala, mediante Auto del treinta y uno (31) de julio de 2013 decidió mantener
la protección de identidad otorgada por esta Corte a las accionantes a través
de la Sentencia T-973 de 2011, por tratarse de las mismas tutelantes frente a otros
hechos distintos pero análogos a los que en esa oportunidad se analizaron por
este Tribunal.
I.
ANTECEDENTES
1. Aclaración preliminar: reserva de
identidad de la víctima y su familia
En armonía con lo dispuesto por esta Corporación
mediante la Sentencia T-973 de 2011, cuya acción de tutela fue impetrada por la
misma actora “Matilde”, que ahora interpone nuevamente otra acción de tutela, en
representación de su hija “Lucia”, víctima de delitos sexuales, por hechos
análogos relacionados con la ocurrencia de delitos sexuales que la
revictimizan, la Corte mantendrá la reserva de identidad adoptada por la Corte
en aquella oportunidad respecto de la víctima y de su familia. Lo anterior,
encuentra la Sala que se justifica plenamente por tratarse de unas mujeres,
afrodescendientes, en estado de discapacidades físicas y cognoscitivas,
víctimas de desplazamiento forzado, y en estado de extrema vulnerabilidad y
debilidad manifiesta, y que adicionalmente han sido revictimizadas por delitos
de acceso carnal abusivo en la persona de “Lucia”. De esta manera, la no
protección de sus identidades por parte de esta Corte podría implicar
consecuencias negativas para la intimidad y el sosiego, así como riesgos para
la integridad y vida de la víctima y de su familia.
Por lo tanto, esta Sala de Revisión adoptará decisión
dentro del presente proceso en dos ejemplares paralelos: en uno de ellos, se
omitirán los nombres y los demás datos de la víctima, de su madre, y de su
familia, así como datos relacionados con información personal;  y en el otro,
se señalará la identidad de la víctima, de sus familiares, de terceros y demás
datos personales o números de procesos radicados. Este último ejemplar estará
destinado exclusivamente a integrarse al expediente de tutela, con el fin de
que las autoridades responsables de dar cumplimiento a las órdenes impartidas dentro
del fallo, ejecuten las órdenes allí proferidas, no sin recabar que sobre este expediente
recae estricta reserva, la cual sólo podrá ser levantada en favor de las partes
y de las autoridades citadas.
2. De
los hechos de la demanda
El 17 de octubre de 2012, la representante
legal de “Matilde”, quien actúa a nombre propio y de su hija “Lucia”, interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Único de Menores de Cartagena, por la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no
discriminación, así como a los derechos fundamentales de las mujeres a una vida
libre de violencias, y de los derechos de las mujeres víctimas de violencia
sexual a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, que se encuentran
en situación de desplazamiento y de discapacidad; atendiendo los siguientes hechos:
2.1  Manifiesta que “Lucia”, es una mujer
de 27 años, afrodescendiente, en condición de discapacidad cognitiva y de edad
psicológica de 12 años, residente en Cartagena, quien vive en situación de
desplazamiento forzado junto a su familia compuesta por hermanos, primos y su
madre la señora “Matilde”, la cual es madre cabeza de familia, se encuentra en
condición de discapacidad, es analfabeta y actúa como su representante legal.
2.2  Afirma que “Lucia”, entre los años
2005 y 2006, fue víctima de violencia sexual por personas claramente
identificadas e individualizadas en los respectivos procesos penales, dado que
la víctima se encontraba en situación de desplazamiento forzado, y adicionalmente,
en condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta dado su estado de discapacidad
mental, y que su caso fue incluido en el Auto 092 de 2008 de la Corte
Constitucional. En este sentido, indica que la Corporación dio traslado a la
Fiscalía General de la Nación de 183 casos de violencia sexual, y que en el
mencionado traslado fueron incluidos los dos procesos penales de violencia
sexual cometidos en los años 2005 y 2006, el segundo de los cuales fue
adelantado en el Juzgado Único de Menores de Cartagena.
2.3 Sostiene que en el proceso tramitado por
el Juzgado antes mencionado, se enumeran los hechos acaecidos el 9 de abril de
2006, en horas de la noche, cuando el agresor raptó y violentó salvajemente a su
víctima. En información preliminar aportada en la denuncia penal del caso,
formulada el 10 de abril de 2006, se afirma que el agresor era mayor de edad,
consumía estupefacientes, y era vecino de la víctima en el barrio donde aún
residen en la actualidad, aunque el victimario, durante el procedimiento, alegó
ser menor de edad. Aduce que como representante de la víctima solicitó que se
acreditara o verificara este hecho y nunca recibieron el resultado de la
indagación, ni se les ha informado si el mismo fue llevado a cabo.
2.4 Menciona que el 12 de febrero de 2007
la apoderada de la víctima presentó un derecho de petición a la Procuraduría
Delegada del Ministerio Público en donde dejaba constancia respecto del temor
que sentía la señora “Matilde” de que su hija fuera de nuevo violentada, por
cuanto el agresor seguía libre y viviendo en el mismo barrio, y solicitó la
intervención del mencionado organismo de control, con el fin de que adoptara
medidas provisionales y de conocer si en la decisión se había tenido en cuenta
la naturaleza de la infracción. Adicionalmente, solicitó información acerca de
las medidas adoptadas en relación con la adicción a las drogas del agresor. De
otra parte, menciona que el  22 de mayo de 2007, la Procuraduría le informó
sobre la medida de observación que por 30 días le fue impuesta al agresor, la
cual se convirtió en una medida de libertad asistida por el término de seis
meses, y en la cual se manifestaron defendiendo la medida de libertad al
asegurar que las normas en materia penal tienen una función resocializadora especialmente
cuando está de por medio los intereses de los menores. Así mismo anota la accionante
que nada se dijo en relación con los derechos de la víctima por el miedo de una
inminente nueva agresión.
2.5 Señala que el 12 de septiembre de 2007
se remitió una petición ante el Juzgado accionado para solicitar información
sobre el estado de la investigación, las medidas impuestas al agresor y las
decisiones adoptadas por el Despacho para proteger a la víctima y garantizar su
vida e integridad. Alega que la contestación del Despacho a la petición fue la
de no acceder a dar respuesta al derecho de petición invocado, señalando que los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, pero que la
señora “Matilde” podía acercarse a recibir información en el Despacho siempre y
cuando demuestre que es la madre de la víctima. Sin embargo, el Juzgado Único
de Menores de Cartagena no consideró el hecho de que la progenitora de la
víctima es analfabeta.
2.6 Argumenta la representante legal de la
víctima que el 4 de junio de 2008 presentó un nuevo  derecho de petición al Juzgado
en mención, con el objetivo de que se le brindara información sobre el proceso
penal y sobre la aplicación de los derechos de las víctimas de violencia sexual.
Informa que el 25 de junio del mismo año, el Juzgado Único de Menores respondió
a la petición no accediendo a dar trámite a las solicitudes, al considerar que
no podía por vía del derecho fundamental de petición “elevar pretensiones y
actuaciones de una actuación judicial”. Adicionalmente, el Juzgado en
mención señaló que “como parte civil, bajo tal calidad en un supuesto evento
la habilitaría para acceder a la información solicitada”, y que en virtud
del principio de favorabilidad, únicamente observaría el Decreto 2737 de 1989,
a pesar de la vigencia de la Ley 1089 de 2006. En el mismo sentido, el Juzgado
afirmó que “está claro que este principio fue creado solo a favor del
procesado y pese a los espacios que han ganado las víctimas y sus derechos, no
existe pronunciamiento en este sentido”. La representante legal de la
víctima expresa, contrario a lo sostenido por el Juez, que para junio de 2008
ya había sido expedida jurisprudencia por parte de las Altas Cortes respecto
del alcance y el carácter fundamental de los derechos de las víctimas, lo cual
ha sido desarrollado en Sentencia C-228 de 2002, entre otras.
2.7 Indica la representante que el 19 de
agosto de 2008 interpuso un nuevo derecho de petición ante el mismo Juzgado para
que fuera informada sobre el estado del proceso, las diligencias adelantadas
para proteger la vida e integridad de la víctima, las pruebas practicadas para
saber la edad del agresor y su identidad. Afirma que sumado a lo anterior y con
base en la Ley 30 de 1997, solicitó indicar el tipo de información que le dieron
a la víctima y a su familia sobre los procedimientos legales que correspondía
adelantar, en relación con el acceso a la justicia, por los hechos de violencia
y demás servicios para atender las secuelas de la violencia sexual.
2.8 Destaca la apoderada de la víctima que
el 20 de agosto de 2008 presentó ante el Juzgado Único de Menores una demanda
de constitución de parte civil para que fuese reconocida dentro del proceso como
víctima y se le permitiera su participación, así como una reiteración de la
petición anteriormente presentada y no resuelta. Indica que el 17 de octubre de
2008 se dio respuesta a su petición por parte del Despacho, en la cual no se accedió
al derecho de petición ni se aceptó la solicitud de constitución como parte
civil, a menos que mediara una orden judicial, y se reiteró que en concepto de
ese Despacho no existía pronunciamiento judicial sobre la protección de los
derechos de las víctimas. Menciona que el 10 de septiembre de 2009 el Despacho le
informó que declaró improcedente la demanda de constitución como parte civil dentro
del proceso penal en contra del supuesto menor agresor, argumentando que “…pensando
en la preservación de los intereses del menor que son de orden público para
evitar que sus fallas, problemas y vicios sean judicializados y publicados
sobre el pretexto de intereses puramente particulares como son los
resarcitorios… Es obvio que dentro de tales perspectivas no podría actuarse en
el proceso penal de menores, donde no se busca una decisión determinada sino
aquella que pudiera favorecer los intereses de los menores”.
2.9 Expresa que ante la inclusión del caso
en el Auto 092 de 2008 la apoderada solicitó a la Fiscalía 32 Seccional
Cartagena que verificara la edad del agresor para determinar la competencia
para conocer del caso, pero asegura que no se dio trámite a dicha solicitud y se
siguió con el curso normal del proceso, y el 14 de julio de 2009 éste fue
remitido ante el Juzgado accionado. Adicionalmente asegura que “durante el
trámite en el proceso llevado en la Fiscalía 32 Seccional fuimos reconocidas
como representantes de la parte civil”, pero al ser trasladado el proceso
al Juzgado Único de Menores, ese Despacho les negó su derecho a la
representación judicial.
2.10 Menciona que a través de un informe de
la Procuraduría General de la Nación se enteraron de que el caso del Juzgado
Único de Menores, que les compete, había sido decidido de fondo en el año 2010
“sin que hasta la fecha la víctima o su familia y menos aún sus representantes
hayamos sido mínimamente informadas de dicha actuación”.
2.11 Precisa que la Fiscalía 15 Seccional
Cartagena, mediante providencia del 14 de junio de 2012, ordenó la reapertura
de la investigación, y que por tal motivo el 15 de junio de 2012 solicitaron al
Despacho accionado información puntual sobre los resultados del proceso y copia
de las actuaciones para acceder a un mecanismo internacional de protección.
Asegura que en la respuesta el Juzgado negó la información solicitada y se
abstuvo de pronunciarse en relación con las medidas adoptadas por el mismo
durante el proceso en favor de la víctima. Igualmente indicó que la víctima
podía ir al Despacho a conocer el resultado del proceso, desconociendo su estado
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, así como su condición de discapacidad
mental antes relacionada.
2.12 Aduce que ante las negativas del Despacho
a sus peticiones éste “incumplió con su obligación de respetar los derechos
de las víctimas dada la renuencia a aceptar nuestra representación o en su
defecto darnos la información básica sobre la situación del proceso y además incumplió
su obligación de garantizar esos derechos a través de actuaciones propias…”. En
el mismo sentido, reitera que ante lo expuesto se han visto vulnerados los derechos
de las víctimas y su madre, tales como (i) el derecho fundamental a la igualdad
y no discriminación, (ii) el derecho fundamental de las mujeres a una vida
libre de violencias, y (iii) los derechos fundamentales de las mujeres víctimas
de violencia sexual a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, de
las personas que se encuentra en situación de desplazamiento y de discapacidad
y por tanto constituyen no solo sujetos de especial protección constitucional,
sino de protección constitucional reforzada.
2.13 Con base en todo lo anterior, solicita
en la acción tutelar (i) amparar los derechos fundamentales de “Lucia” y “Matilde”,
a la igualdad y no discriminación, a los derechos fundamentales de las mujeres
a la no violencia y de las mujeres víctimas de violencia sexual a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral; (ii) ordenar al Juzgado Único de Menores
de Cartagena, la notificación de la sentencia definitiva del proceso 192-2006 a
“Matilde” y “Lucia” a través de sus representantes judiciales; (iii) ordenar al
Juzgado citado expedir copia de la Sentencia del proceso antes enunciado y de
la totalidad del expediente a favor de “Matilde” y “Lucia”, quienes la retirarán
a través de sus representantes legales y; (iv) exhortar al Despacho accionado
para que en adelante se abstenga de vulnerar los derechos de mujeres víctimas
de violencia sexual y para que asegure la protección efectiva de sus derechos.
3. Respuesta de la entidad accionada
El Juez Único de Menores dio respuesta a la
demanda de tutela instaurada contra el Juzgado de la siguiente manera:
i. Informa que el Juzgado adelantó el
proceso contra el joven Luis Miguel Silgado Pérez por acceso carnal con incapaz
de resistir, acción iniciada mediante Auto cabeza de proceso de abril 10 de
2006, tras ser recibido procedente de la Fiscalía Seccional No. 33, por cuanto
el dictamen médico legal dictaminó que el citado Silgado Pérez, para la fecha
de los hechos era menor de edad. Después del procedimiento de ley, el 17 de
abril de 2006 tras el proceso probatorio se cerró la investigación y se señaló
la fecha para la realización de la respectiva audiencia final. Posteriormente
se dictó sentencia el 1º de septiembre de 2010, en donde se declaró la responsabilidad
del Luis Miguel Silgado Pérez por el delito imputado “pero no se le impuso
medida alguna, en razón de haber alcanzado la edad de más de 21 años”.
ii. Aduce que (i) el proceso se siguió bajo
los preceptos establecidos por el Decreto 2737 de 1989, ya que los hechos
ocurrieron bajo su vigencia, y afirma que el art. 173 de dicho decreto no
contempla la figura de parte civil ni permite la publicidad de las actuaciones
adelantadas contra el joven Silgado Pérez; (ii) que las actuaciones surtidas en
su Despacho se realizaron conforme a la Constitución, los principios que rigen
el Código del Menor y las normas que la integran; y (iii) que se le dio
respuesta a las peticiones hechas por parte de la accionante y su actuación
bajo la normatividad del Decreto 2737 de 1989.
iii. Sostiene que en providencia del 9 de
septiembre de 2008 el Despacho manifestó, pese a la veda del Decreto 2737 de
1989, que ésto no le impedía estar dispuesto a atender las solicitudes
probatorias o de medidas pertinentes que le asistan a la víctima, siempre que
se presenten oportunamente. Recuerda que la accionante, pese a no poder acceder
a las copias por razones de ley, podía acceder al expediente, el cual quedaba a
su disposición en la secretaria del Despacho para que la víctima se enterara de
las resueltas del proceso, lo cual se le informó mediante Auto y se le notificó
personalmente. Por lo expuesto, el Juzgado no entiende el porqué de la acción
de tutela, ya que la actora tiene todas las garantías de acercarse al Despacho para
obtener la información requerida.
iv. Finalmente sostiene que con base en lo
anterior, existe plena garantía de los derechos de la víctima, no evidencia
discriminación ni violación a derecho fundamental alguno, por cuanto el Despacho
siempre abrió las puertas de la atención e información a la víctima, sus
decisiones fueron en derecho y bajo el rigor del Decreto 2737 de 1989 que era
la ley que los amparaba para la época de los hechos. Por lo expuesto solicita declarar
improcedente la acción  pública interpuesta.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN
1. Fallo de Primera Instancia
El Tribunal Superior de
Cartagena, Sala Penal, en Sentencia del 30 de octubre de 2012, resolvió “No
tutelar los derechos deprecados por la señora “Matilde”, teniendo como base
las siguientes consideraciones:
i. Aduce que los derechos de
petición presentados por la actora fechados el 4 y 12 de septiembre de 2007, 20
de mayo de 2008 y 14 de junio de 2012 fueron respondidos por el Juzgado Único
de Menores de Cartagena, atendiendo de fondo lo planteado en los mismos a
través de oficios calendados el 25 de junio y 17 de octubre de 2008 y el 3 de
julio de 2012, respectivamente. En estos se manifestó citando el art. 174 del
Decreto 2737 de 1989 argumentando “que no estaba permitido mediante derecho
de petición acceder a las pretensiones de la actora, por cuanto la publicidad
de las actuaciones penales adelantadas contra menores estaba vedada por la
norma citada. Pero, sin embargo, ello no impedía que el Despacho, estuviere
atento a atender las solicitudes probatorias o las medidas pertinentes que le
asisten a la víctima, tal es así que el expediente se dejó a su entera
disposición en la Secretaría para que ella conociera los resultados del proceso,
las actuaciones y decisiones surtidas en el decurso de aquel”.
ii. Consideró que no hay mérito
para afirmar que el Juzgado accionado vulneró los derechos fundamentales incoados
por la accionante al no expedir copias del proceso seguido contra Luis Silgado,
ya que recuerda que el joven en mención fue procesado cuando era menor de edad
y que la ley exige que ese tipo de actos queden bajo el sigilo de la reserva,
lo cual no hace franqueable esa protección legal en el momento en que haya
adquirido la mayoría de edad. Igualmente, alegó que este procedimiento seguido
por el Juzgado tiene como fundamento los arts. 174 y 350  del Código del Menor,
normas que aparecen recogidas hoy en el art. 153 del Código de la Infancia y Adolescencia.
iii. Finalmente afirma que la
negativa del Juzgado para expedir las copias solicitadas por la gestora del amparo,
“no puede calificarse como arbitraria o caprichosa” por cuanto los
conceptos están basados en la interpretación razonable de las normas que
gobiernan los juicios penales de menores. Adicionalmente sostuvo que el Despacho
accionado no se ha negado a brindarle información sobre el estado del proceso,
ya que puede acudir a la secretaría de aquel para conocer el resultado del
mismo, hecho que es reconocido por la actora en el escrito de tutela.
2. Impugnación
En escrito del 21 de noviembre
de 2012, se impugnó el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cartagena,
Sala Penal, en sentencia del 30 de octubre de 2012, aduciendo las siguientes
razones:
i. Considera que el fallo
impugnado desconoce los derechos alegados como vulnerados por tres razones (i)
porque los derechos de las víctimas y de las mujeres víctimas de violencia
sexual, son de carácter fundamental, (ii) porque ningún derecho en el
ordenamiento constitucional es de carácter absoluto, como lo ha expresado en
varias ocasiones la Corte Constitucional, y (iii) porque las accionantes
presentan distintas condiciones de especial protección constitucional, las
cuales desconoció el Tribunal.
ii. Sostiene la representante
legal de la señora “Matilde” que el debate con el accionado es para acceder a
la información y con ello a la justicia, y que la última vez que se acercó a
solicitar que la dejaran leer la sentencia se le negó esta posibilidad, aduciendo
que es la víctima quien debe hacerlo, desconociendo que ésto no es posible ya
que ella se encuentra en condición de discapacidad mental, y su madre es analfabeta.
Asegura que la denegación del derecho fundamental de acceso a la justicia ha
afectado tanto a la madre como a la hija, y que adicionalmente el agresor no ha
pagado un solo día de prisión o privación de la libertad, y además, adrede, se pasea
frente a la casa de la víctima. Como dato adicional afirma que el individuo en
cuestión ha vuelto a violar lo cual ha sido, en su concepto, con la complicidad
del Estado porque conociendo su perfil no adoptó las medidas necesarias para
prevenir nuevos hechos.
iii. Indica que la Corte
Constitucional “ha señalado la necesidad de considerar todas las
circunstancias que rodean un caso cuando están comprometidos los derechos de
los niños y otros derechos de otras personas, y que no por su carácter
prevalente, se ha aceptado su carácter de absoluto”. Adicionalmente afirma
que acceder a la información solicitada no implica que se difunda en los medios
de comunicación sino que garantiza el acceso a la justicia de las víctimas.
Concluye este punto afirmando que pareciera que  el accionado considera que lo
ocurrido no es grave por haber sido víctima una mujer en condición de desplazamiento
y de discapacidad cognitiva, lo cual sería una nueva revictimización a través
de la vulneración de otros derechos fundamentales, lo que a juicio de la representante
legal es lo que se deriva del accionar del Despacho accionado.
3. Decisión de Segunda Instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal de Bogotá, en Sentencia del 21 de febrero de 2013, resolvió
confirmar el fallo impugnado por cuanto “los argumentos esbozados por la
impugnante no ofrecen la contundencia suficiente para derruir el fallo…”. Para
fundamentar su decisión expuso los siguientes argumentos:
i. Sostiene que tanto la
legislación como la jurisprudencia, han desarrollado el tema relativo a la
protección de las víctimas dentro de un proceso penal con énfasis en el derecho
a conocer la verdad, que se haga justicia y a ser reparadas por los perjuicios
ocasionados, y que adicionalmente a lo anterior, se ha estudiado lo relativo a
los derechos que ostentan los menores infractores.
Observa  que en el art. 44
de la CP se señala que “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los
demás”, por lo que en el evento de conflicto siempre han de primar los
derechos de los menores, en razón a que se tiene en cuenta el alto grado de
vulnerabilidad que ellos presentan. Por tal motivo, en el análisis comparativo
que presentó el Tribunal, y del que se queja la accionante, relacionado con los
derechos que le asisten a una víctima de un hecho punible con los de los
menores infractores, priman los de estos últimos.
ii. Sostiene que con base
en el art. 174 del Código del Menor, en el cual hay una prohibición para
expedir certificaciones de las diligencias practicadas durante el proceso, la
misma se entiende ampliada a los perjudicados con el ilícito, por tal motivo,
existe la imposibilidad de aceptarse las pretensiones de la demandante como lo
ha reiterado varias veces el Juez accionado. Afirma que esta restricción no es
para evitar la publicidad ante la sociedad como lo expuso la accionante, este
es un precepto que fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional
en Sentencia C-019 de 1993 en donde se conceptúa que se halla ajustado a la
Carta Política.
En el mismo sentido
afirma que “tanta es la reserva de la actuación penal contra un menor de
edad, que el artículo 173 del citado código, dispone que la acción civil para
el pago de los perjuicios se adelantará ante la jurisdicción  civil, y para
fundamentarla el juez respectivo solicitará copia de la parte resolutiva del
fallo, lo cual refuerza lo dicho en cuanto a que ni siquiera la parte
interesada, en este caso la víctima, está facultada para solicitarla directamente”.
Continúa afirmando que si los intervinientes de un proceso de esta naturaleza
recibieran copia de la respectiva actuación estarían violando el art. 44
Superior.
iii. Finalmente, sostiene
que la restricción sigue vigente cuando se compromete derechos fundamentales,
en este caso de un menor de edad, por lo tanto ninguna garantía se vulneró a la
parte demandada por el Juzgado Único de Menores al negarse a suministrar la información
solicitada.
III. PRUEBAS ALLEGADAS AL
PROCESO
1. Pruebas que obran dentro del
expediente de tutela
La representante legal de la
peticionaria “Matilde” allegó al proceso las siguientes pruebas:
- Copia de poder otorgado por la
señora “Matilde” Díaz a nombre de la abogada de la Corporación Sisma Mujer.
(Cuaderno 3, Folios 19-21)
- Copia registro civil de nacimiento
de “Lucia”. (Cuaderno 3, Folio 22)
- Copia denuncia de los hechos del
día 10 de abril de 2006. (Cuaderno 3, Folios 23-26)
- Copia de examen de medicina legal.
(Cuaderno 3, Folio 27)
- Copia de respuesta de Acción Social
a petición de situación de registro de población desplazada. (Cuaderno 3, Folio
28)
- Copia derecho de petición del 12 de
febrero de 2007. (Cuaderno 3, Folios 29-30)
- Copia respuesta a derecho de
petición por parte de la Procuraduría General de la Nación del 22 de mayo de
2007. (Cuaderno 3, Folios 31-33)
- Copia derecho de petición del 4 de
septiembre de 2007. (Cuaderno 3, Folio 34)
- Copia derecho de petición del 12 de
septiembre de 2007. (Cuaderno 3, Folios 35- 36)
- Copia de derecho de petición del 20
de mayo de 2008. (Cuaderno 3, Folios 37-41)
- Copia de Oficio No. 1405 de junio
25 de 2008. (Cuaderno 3, Folios 42-44)
- Copia de reiteración de derecho de
petición de julio de 2008. (Cuaderno 3, Folios 45-47)
- Copia de demanda de parte civil
radicada el 20 de agosto de 2008. (Cuaderno 3, Folios 48-52)
- Copia poder a nombre de la Corporación
Sisma Mujer de marzo de 2008. (Cuaderno 3, Folio 53)
- Copia designación de la abogada por
parte de la Corporación Sisma Mujer del 20 de mayo de 2008. (Cuaderno 3, Folio 54)
- Copia de Oficio No. 01718 del 10 de
septiembre de 2009. (Cuaderno 3, Folio 55)
- Copia de  Oficio No. 2033 del 17 de
octubre de 2008. (Cuaderno 3, Folios 56-57)
- Copia designación de poder ante la
Fiscal 15 Seccional de abril de 2012. (Cuaderno 3, Folio 58)
- Copia de acta de visita espacial
por parte de la Procuraduría General de la Nación del 25 de abril de 2012.
(Cuaderno 3, Folio 59)
- Copia de radicado 169.022 del 14 de
junio de 2012 por parte de la Fiscalía General de la Nación Seccional Quince.
(Cuaderno 3, Folios 60-61)
- Copia de derecho de petición del 14
de junio de 2012. (Cuaderno 3, Folios 62- 65)
- Copia de radicado No 192-06.
(Cuaderno 3, Folios 68-70)
2. Pruebas decretadas y allegadas a la
Corte Constitucional dentro del proceso de revisión
2.1. Mediante Auto del 31 de julio de 2013,  la Sala
decretó auto de pruebas, teniendo en cuenta que actualmente cursa en esta
Corporación proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de
Casación  Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de
Cartagena, en los cuales se resolvió la acción de tutela instaurada a través de
apoderada judicial por “Matilde”, en nombre propio y en el de su hija “Lucia”,
quien ha sido víctima en dos ocasiones de delitos sexuales, en contra del
Juzgado Único de Menores de Cartagena, por las actuaciones surtidas durante el
proceso penal que se adelantó en ese Despacho judicial por uno de los delitos
referidos. La tutela se interpuso en razón a que las actoras consideran
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación,
los derechos fundamentales de las víctimas de delitos a la información y a la
participación dentro de los procesos penales, los derechos fundamentales de las
mujeres a una vida libre de violencias, los derechos de las mujeres víctimas de
violencia sexual a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; y en
razón a que se trata de unas personas que se encuentran en situación de
desplazamiento, de discapacidad, que pertenecen a la población
afrodescendiente, y que están en situación extrema de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta.
Igualmente, consideró que para
resolver el presente asunto de tutela la Sala necesitaba contar con elementos
de juicio suficientes y  pruebas necesarias para evaluar y constatar (i) la
actuación judicial surtida en el caso en cuestión por el Juzgado Único de Menores
de Cartagena; (ii) las actuaciones, peticiones o solicitudes elevadas por la
representante legal de las actoras, de la Corporación Sisma Mujer, para la
protección de los derechos fundamentales de las actoras; (iii) las actuaciones
surtidas por parte de la antigua Acción Social ahora Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas adscrita al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social frente a la actora y su
hija, así como frente a su núcleo familiar; (iv) para con base en esta
información poder dilucidar la solución constitucional a la posible vulneración
de los derechos fundamentales de las tutelantes. Por lo tanto la Sala impartió
las siguientes órdenes:
(i) Al Juzgado Único de
Menores de la ciudad de Cartagena, enviar a esta Corporación, copia simple de
la totalidad del expediente penal que cursó en ese Despacho por delitos
sexuales en contra de “Lucia”, por ser dicho proceso el que dio origen a la
presente tutela.
(ii) A la representante legal
de la actora, de la Corporación Sisma Mujer, que en su calidad de representante
legal de la actora, allegara a este Despacho, (a) toda la información que
repose en esa organización sobre el desarrollo del proceso penal en el Juzgado
Único de Menores de Cartagena, que tuvo como víctima de delitos sexuales a
“Lucia”; (b) toda la información que posea respecto del cumplimiento de las
órdenes impartidas por esta Corte en la Sentencia T-973 de 2011; y (c) toda la
información que posea respecto de las medidas de atención y reparación que se
han llevado a cabo por Acción Social o por la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en virtud del
cumplimiento de los Autos 092 de 2008, 006 y 007 de 2009 de esta Corte, y de la
actual Ley 1448 de 2011, con el fin de garantizar la atención y reparación
integral de víctimas de desplazamiento forzado con enfoque diferencial, dada la
condición de las actoras de mujeres victimas de desplazamiento forzado y de
delitos sexuales, afrodescendientes, personas en estado de discapacidad, y en
condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
(iii) Al Fiscal Seccional 21
de Cartagena, o a quien haga sus veces, que informara a esta Corte sobre el
estado actual de las investigaciones que esta Corporación ordenó que fuera reabiertas
mediante la sentencia T-973 de 2011, con el fin de que se realizara “una
verdadera investigación seria y exhaustiva de los hechos en los que se sustentó
y una correcta valoración del material probatorio allegado al proceso”.
(iv) A la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas,
adscrita al Departamento Administrativo Especial para la Prosperidad Social,
antigua Acción Social, que enviara información completa sobre todas y cada una
de las medidas de atención y reparación integral que se hayan adoptado en favor
de “Lucia” y “Matilde” y de todo su núcleo familiar, al tratarse de víctimas de
desplazamiento forzado, mujeres víctimas de delitos sexuales,
afrodescendientes, personas en estado de discapacidad, y encontrarse en
situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, y por ello constituir
sujetos de especial protección constitucional; en cumplimiento de los ordenado
por esta Corte en la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos 092 de 2008 y 006 y
007 de 2009, y la aplicación de la Ley 1448 de 2011.
2.2 Pruebas allegadas a la Corte
2.2.1 Pruebas enviadas por la Corporación
Sisma Mujer
Linda María Cabrera Cifuentes, abogada de
la Corporación Sisma Mujer, en calidad de representante de “Matilde”, y en
respuesta al Auto del treinta y uno (31) de julio de 2013, expedido en el caso
de la referencia, envió la respuesta solicitada por la Corte el día 8 de agosto
de 2013 y se refirió a (i) los antecedentes y condiciones en que se presentó el
desplazamiento forzado de la familia, en tanto escenario del riesgo de
violencia sexual que enfrentan las mujeres desplazadas, según lo constatado por
la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008; (ii) la información sobre la
situación procesal del caso de violencia sexual objeto de estudio y decisión en
la T-973 de 2011 de la Corte Constitucional; (iii) la información relativa a
los hechos que dieron origen al proceso penal adelantado por el Juzgado Único
de Menores y sobre el desarrollo del correspondiente penal, aunque desde un
punto de vista externo, dada la falta de acceso a la información de esa organización
y de la accionante, respecto del proceso; (iv) la información relativa a los
mecanismos de atención y reparación brindados por el Estado colombiano a las
actoras, en tanto mujeres, víctimas de desplazamiento forzado,
afrodescendientes, en condiciones de discapacidad física y cognoscitiva, en
cumplimiento de los Autos 092 de 2008, 006 y 007 de 2009 y en aplicación de la
ley 1448 de 2011; (v) la información sobre el trámite adelantado por la
Fiscalía 32 Seccional de Cartagena y finalmente (vi) las solicitudes para la
consideración de la Corte Constitucional.
(i) En los antecedentes reiteró los hechos
que rodearon la acción de tutela instaurada por “Matilde” en los cuales informa
la procedencia de la accionante y las circunstancias por las que llegó
desplazada a la ciudad de Cartagena y el motivo de la discapacidad cognoscitiva
de su hija “Lucía”, y además señaló que la accionante es madre cabeza de
familia.
Mencionó las difíciles circunstancias que
han vivido el núcleo familiar por el desplazamiento y como lograron obtener una
casa de interés social. Indica además que tanto ella como su hija son analfabetas,
pero observa que la accionante puede firmar, y adicionalmente comenta que al no
poder “Lucía” tener una educación adecuada, ello ha profundizado las
limitaciones que genera su discapacidad.
Afirma que tras los actos de violencia
contra la hija de la accionante en los años 2005 y 2006 “no han recibido
atención física ni psicológica por las secuelas del desplazamiento ni de la
violencia sexual. Tampoco han recibido atención para sus respectivas
situaciones de discapacidad, ni acceso a oportunidades educativas acordes con
sus necesidades. Los demás integrantes de la familia tampoco han recibido algún
tipo de atención en salud física o psicológica ni medidas de atención y
reparación como población desplazada” y añade que “Ninguna de las
víctimas ha sido reparada integralmente ni por cuenta de las disposiciones
generales desarrolladas en el marco del estado de cosas inconstitucional sobre
desplazamiento forzado, declarado por la Corte Constitucional en la T-025 de
2005 y sus correspondientes autos de seguimiento, especialmente, aquellos
relacionados con el enfoque diferencial, en la ley 1448 de 2011, ni por los
procesos judiciales adelantados por los hechos de violencia sexual. Por lo
demás, el delito de desplazamiento forzado, nunca ha sido investigado por la
Fiscalía.”
(ii) La representante legal indica la
cronología y trámites en los dos casos de violencia sexual en contra  de la
hija de la accionada, de la siguiente manera:
(a) En relación con el trámite del caso
objeto de decisión por la sentencia T-973 de 2011 decidida por esta Corporación,
señala que en dicho fallo la Corte ordenó, entre otras medidas, reabrir el
proceso penal No. 169.022, el cual había sido archivado desde octubre del año
2006, con el fin de que se adelantara una investigación seria y exhaustiva
sobre los hechos de violencia sexual debatidos en el caso y reasignar el
proceso penal a otra Fiscalía.
Informa que en cumplimiento de lo dispuesto
por la T-973 de 2011, el 20 de febrero de 2012 la Dirección Nacional de
Fiscalías remitió la decisión de la Corte Constitucional a la Dirección
Seccional de Cartagena; el 9 de marzo de 2012, ésta solicitó a la Fiscalía 21
Seccional el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela, y el 30 de
marzo de 2012 la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena remitió el proceso, con
radicado N° 169.022, a la Oficina de Asignaciones de la entidad, para que ésta
procediera a repartir el caso a otro despacho. Mediante Resolución del 14 de junio
de 2012, la Fiscalía 15 Seccional de Cartagena avocó conocimiento del proceso
N° 169.022, ordenó la reapertura del caso y la práctica de algunas pruebas.
Señala que, de manera previa a estas
decisiones, y con ocasión de la sentencia T-973 de 2011, el 12 de abril de 2012,
la organización Sisma Mujer presentó ante la Dirección de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos de la Fiscalía General (UNDH), una solicitud para que el
proceso fuera asignado a dicha unidad, dada las características de los hechos y
la pertenencia del caso al anexo reservado del Auto 092 de 2008 de la Corte
Constitucional. Como producto de esa petición, la UNDH realizó en el 10 de
julio de 2012 una diligencia de inspección judicial en el proceso para
determinar la viabilidad de dicha solicitud, y como resultado de la gestión, el
agente a cargo emitió concepto favorable para el traslado del caso a la UNDH.
Sin embargo, la organización no ha sido informada de decisión alguna
relacionada con el traslado del caso a la UNDH.  Así mismo, informa que como durante
el último trimestre del año 2013 la rama judicial estuvo en paro judicial, el
proceso no tuvo actividad procesal, hasta el levantamiento del cese de
actividades.  Menciona
que en diciembre de 2012 el caso fue reasignado por disposición administrativa
de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena al Fiscal 29 Seccional,
quien asumió la competencia del proceso el 24 de enero de 2013.
Señala que desde que el proceso fue
asignado a la Fiscalía 29 Seccional, el caso adquirió un dinamismo procesal
considerable, gracias a la gestión del fiscal a cargo. Por ende, y ante la
ausencia de una respuesta por parte de la UNDH, la organización se hizo parte
oficialmente del proceso reactivado en la Seccional Cartagena, pues hasta
entonces el objetivo de la Corporación era lograr su traslado a Bogotá para garantizar
un trámite especializado del caso, pero en ausencia de una respuesta oficial y
vistos los avances procesales de la Fiscalía 29 se hicieron parte formal. Indica
que el 25 de febrero de 2013, la Fiscalía 29 Seccional reconoció la
representación de la Corporación Sisma Mujer.
Informa que el 25 de enero de 2013, el
agresor fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía y puesto a disposición
del fiscal de conocimiento, quien le tomó indagatoria el 26 de enero de 2013.
El agresor, luego de negar los hechos, alegó problemas psicológicos como
justificación. En consecuencia, la Fiscalía ordenó una valoración del agresor
por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuyo trámite
dilató el caso en los meses posteriores. Finalmente la prueba fue practicada
pero el agresor se negó a hablar con el personal médico del Instituto. Indica
que en la calificación de la situación jurídica el Fiscal 29 Seccional de
Cartagena ordenó la medida de aseguramiento contra el agresor, por lo cual éste
se encuentra detenido desde el 28 de enero de 2013 en la Cárcel de Ternera de
Cartagena.
Informa igualmente que finalizada la etapa
probatoria, el 15 de abril de 2013, el Fiscal 29 Seccional de Cartagena dio
traslado a las partes para la presentación de alegatos de conclusión. La
entidad Sisma Mujer presentó los correspondientes alegatos de conclusión el 20
de abril de 2013 para que el agresor fuera acusado por los delitos de acceso
carnal abusivo con incapacidad de resistir agravado y secuestro extorsivo, de
conformidad con los artículos 210, 211 N° 2, y 169 del Código Penal.
Indica que el 21 de mayo de 2013, el Fiscal
29 Seccional de Cartagena profirió Resolución de acusación contra el agresor
por el delito de acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir agravado.
Señala que la defensa del agresor presentó
recursos de reposición y apelación contra la decisión y alegó la prescripción
de la acción penal por haber trascurrido ocho (8) años desde la ocurrencia de
los hechos a la fecha. Además, la defensa acusó al Fiscal del delito de
prevaricato, lo cual, según la representante, ha desincentivado la labor del
Fiscal 29 ante el temor de ser judicializado por este caso.
Informa a la Corte, que el 8 de julio de
2013 la organización intervino como no recurrente en el trámite de la
apelación, conocida por la Fiscalía 3 Delegada ante el Tribunal, para oponerse
a la solicitud de la defensa, pues el aumento de penas previsto en la ley 890
de 2004, entró a regir desde el 2005, es decir, antes de la ocurrencia de los
hechos. Además, se insistió en el carácter excepcional de la situación porque
desde el año 2006 hasta el 2012, el proceso estuvo precluído, por lo cual,
durante ese término la víctima no tuvo acceso a la justicia, ni el agresor
estuvo sometido a la misma. Anotan que el trámite del proceso N° 169.022 se ha
surtido con base en la ley 600 de 2000.
Afirma que a la fecha de presentación de
este informe, la organización se encuentra a la espera de la decisión de la Fiscalía
3 delegada ante el Tribunal de Cartagena sobre la solicitud de prescripción
solicitada en el caso por la defensa del agresor.
(iii) En relación con el proceso penal
adelantado en contra del Juzgado Único de Menores, que dio origen a la presente
tutela, y en el cual dicho Juzgado constituye la parte accionada, la
representante legal de la accionante informa que el proceso penal bajo
conocimiento del Juzgado Único de Menores, tuvo origen en hechos de violencia
sexual sucedidos el día 9 de abril de 2006, cuando en altas horas de la noche,
el agresor demandado penalmente accedió carnalmente a la joven “Lucía”. Entre
otros hechos, le atravesó un palo desde la vagina hasta el recto. Producto de
la violación, la menor tuvo que ser trasladada a la clínica Rafael Calvo, donde
fue internada y atendida, dado su grave estado de salud. Sin embargo, las
lesiones a su salud sexual y reproductiva no han sido diagnosticadas ni
atendidas.
Señala que el 10 de abril de 2006, la
hermana de la víctima, presentó denuncia penal contra el agresor, con base en
los hechos antes mencionados, ante la sala de atención del usuario de la
Fiscalía General de la Nación – Seccional Cartagena. En su declaración, la
denunciante afirmó ante la Fiscalía que el agresor, para el momento de los
hechos, era un joven de veintitrés (23) años de edad, quien consumía
estupefacientes y era vecino de la víctima.
Indica que el 10 de abril de 2006, la
Fiscalía solicitó al Instituto de Medicina Legal que practicara exámenes a la
víctima a fin de determinar el estado actual de los genitales externos, el tipo
de lesiones, la naturaleza de las mismas, la incapacidad sexual y lo demás que
estimara pertinente. En su oficio la Fiscalía aclaró que la víctima se
encontraba internada en la Clínica Rafael Calvo.
Afirma que el 12 de febrero de 2007, la
organización presentó a la Procuraduría un derecho de petición por el cual
solicitó asignación de un procurador(a) para verificar (i) que el Juzgado o el
ICBF hubieren prestado asesoría y seguimiento a las medidas provisionales
adoptadas para el agresor; (ii) que en la decisión de imponer medida
provisional se hubiera tenido en cuenta el tipo de infracción efectuada por el
menor agresor y; (iii) que en caso de probarse que el menor agresor tiene
adicción a sustancias que produzcan dependencia, se verificara que el lugar
donde fue ubicado contara con servicios especializado de asistencia para dichas
adicciones. También se dejó constancia sobre la preocupación de la señora “Matilde”
por la seguridad de su hija, ya que el agresor seguía libre y viviendo en el
mismo barrio de la víctima.
Anota que el 22 de mayo de 2007, la
Procuraduría respondió a la petición informando que al agresor se le había
impuesto una medida provisional de “observación” por el término de 30 días con
el seguimiento del equipo interdisciplinario de Asomenores, quien recomendó en
su informe final la libertad asistida, que le fue otorgada al agresor por el
término de seis (6) meses. Asimismo, señaló que de acuerdo con el expediente,
es claro que el agresor tiene problemas de adicción a “SPA”, para lo cual se
ordenó la vinculación a un programa de menores con este tipo de problemas, la
cual no fue hecha según lo visto en el expediente.  Afirma que nada dijo la
entidad sobre los derechos de la víctima, la gravedad de un hecho tan atroz
como el cometido por el agresor, ni sobre la preocupación inminente de una
nueva agresión dada la convivencia en el mismo barrio del agresor y la víctima
(anexo 16).
Informa que el 4 de septiembre de 2007, la
madre de la víctima presentó un derecho de petición al Juzgado Único de
Menores, para que le fuera informado el estado del proceso, las decisiones
adoptadas frente a las medidas de protección impuestas al agresor, y las
medidas de protección para garantizar la vida e integridad de la víctima. En
dicho memorial, la madre de la víctima informó que tenía “preocupación por
la seguridad e integridad de la vida de [su] hija, quien, como consta en el
proceso de la referencia fue agredida brutalmente”.
Señala que, el 19 de septiembre de 2007, el
Juzgado Único de Menores remitió a la madre de la víctima una comunicación por
la cual manifestó que no accedía a dar respuesta a su derecho de petición, por
cuanto los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. No
obstante, indicó que podría acercarse a recibir información en el Despacho,
siempre y cuando probara ser madre de la víctima, pero sin considerar que la
señora no sabe leer ni escribir.
Indica que el 4 de junio de 2008, la
Corporacion presentó un derecho de petición al Juzgado Único de Menores, a fin
de que brindara información sobre el proceso penal (estado, diligencias
adelantadas para proteger la vida e integridad de la víctima, pruebas
practicadas y expedición de copias del expediente) y sobre la aplicación de los
derechos de las víctimas de violencia sexual (tipo de información suministrada
a la víctima y sus familiares frente a los procedimientos legales, los
servicios disponibles para atender las necesidades derivadas del delito,
remisión para práctica de exámenes de transmisión sexual y por los traumas
físicos y emocionales, e información suministrada para obtener indemnización
por los perjuicios causados).
Sostiene que el 25 de junio de 2008, el
Juzgado Único de Menores respondió a la petición interpuesta indicando que no
accedería a dar respuesta a las solicitudes de información, por cuanto
consideró que por vía de derecho fundamental (derecho de petición), no podía
elevar pretensiones y actuaciones de una actuación judicial. Además, que a
pesar de la entrada en vigencia de la ley 1098 de 2006, el juzgado únicamente
observaría el Decreto 2737 de 1989, en virtud del principio de favorabilidad.
En relación con la pregunta sobre los derechos de las víctimas, y la solicitud
para que ese principio de favorabilidad se aplicara en equilibrio entre las
partes, el juzgado afirmó que “está claro que este principio fue creado solo
a favor del procesado y pese a los espacios que han ganado las víctimas y sus
derechos, no existe pronunciamiento en este sentido”.
Afirma que el 14 de agosto de 2008, el
Juzgado Único de Menores remitió a Medicina Legal un oficio solicitando la
valoración de “Lucía” para que “valore neurológicamente y psíquicamente a
fin de establecer si dicha adolescente posee algún problema psiquiátrico,
psicológico o neurológico (…). Así mismo si dada su edad y estado de madurez
mental se determine si la misma puede realizar algún tipo de actividad
personal, tal como sería rendir una declaración ante este despacho en su
calidad de víctima de un delito sexual”.
Señala que el 19 de agosto de 2008 la organización
elevó una reiteración de un derecho de petición ante el Juzgado Único de
Menores, para que fuera informada sobre el estado del proceso, las diligencias
adelantadas para proteger la vida e integridad de la víctima, las pruebas
practicadas para establecer la minoría de edad de agresor y su identidad.
Además, con base en la ley 360 de 1997 que establece los derechos de las
víctimas de violencia sexual, solicitó al despacho indicar el tipo de
información que había sido suministrada a la víctima y su familia sobre los
procedimientos legales que correspondía adelantar en relación con el acceso a
la justicia por los hechos de violencia sufridos, los servicios con que debían
contar para atender las secuelas de la violencia sexual, la información sobre
la entidad a la cual había remitido a la víctima para que le fueran practicados
los exámenes de VIH/SIDA y otros exámenes y tratamientos, así como sobre los
mecanismos dados a conocer a la familia para acceder a una reparación integral.
Menciona que el 20 de agosto de 2008 la
organización presentó ante el Juzgado Único de Menores demanda de constitución
de parte civil para que fuese reconocida dentro del proceso como víctima y se
permitiera su participación.
Indica que el 17 de octubre de 2008, el
Juzgado Único de Menores respondió a la reiteración de la petición indicando
que los derechos al debido proceso y con fundamento en el artículo 9 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, “sólo pueden operar a favor del
procesado en atención al principio de legalidad y como una excepción al
principio de irretroactividad de la ley (…), luego mal hace [la abogada] al
pretender que este juzgado aplique el principio de favorabilidad en pro de los
intereses de las víctimas, cuando está claro que este principio fue creado solo
a favor del procesado”. En función de ello, el Juzgado denegó el
reconocimiento a la constitución de parte civil, salvo que mediara orden
judicial al respecto. Igualmente reiteró que bajo su consideración no existía
pronunciamiento judicial sobre la protección de los derechos de las víctimas.
Sostiene que el 16 de julio de 2009, la organización
elevó derecho de petición al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses para que procediera a realizar valoración médica ordenada por el
Juzgado Único de Menores remitida el 10 de junio de 2009. En la misma fecha,
Medicina Legal dio respuesta a la petición, en el sentido de informar que
asignó la cita solicitada para el 24 de julio de dicho año. Sostiene que la organización
no tiene conocimiento de que esa valoración haya sido realizada.
Afirma que el 10 de septiembre de 2009, el
Juzgado Único de Menores informó a la organización que había resuelto declarar
improcedente la demanda de constitución de parte civil en el proceso contra el
supuesto menor agresor. En esta comunicación el juez expresó que sus funciones
están limitadas a favorecer los intereses del menor, de manera que expresó que “pensando
en la preservación de los intereses del menor que son de orden público para
evitar que sus fallas, problemas y vicios sean judicializados y publicitados
sobre el pretexto de intereses puramente particulares como son los
resarcitorios. …. Es obvio que dentro de tales perspectivas no podría actuarse
en el proceso penal de menores, donde no se busca una decisión determinada sino
aquélla que pudiera favorecer los intereses del menor”.
Informó que la Corporación tuvo
conocimiento del estado final del proceso adelantado por el Juzgado Único de
Menores, gracias a un reporte del 25 abril de 2012 de la Procuraduría General
de la Nación, quien en una acción de seguimiento a los dos casos de violencia
sexual sufridos por la víctima, -dado que ambos pertenecen al Auto 092 de
2008-, informó a la Fiscalía 15 Seccional de Cartagena, que en septiembre de
2010 había sido proferida una sentencia condenatoria en el proceso del Juzgado
Único de Menores. Cuando ordenaron la reapertura del proceso N° 169.022, es
decir, en junio de 2012, la organización tuvo acceso a esta información.
Sostuvo que el 15 de junio de 2012, a
propósito de la información anterior, la organización presentó una nueva
petición al accionado para acceder a una copia del expediente, de la sentencia
en particular, y para ser informada de las medidas adoptadas por el despacho
durante el trámite del caso para proteger los derechos de la víctima,
garantizar su protección, la atención en la salud física, sexual y
reproductiva, psicológica y las medidas de reparación definidas a favor de la
víctima, entre otras solicitudes.
Señala que el Juzgado Único de Menores de
Cartagena en respuesta a la solicitud de la Corporación indicó que “la
publicidad alrededor de un proceso de menores infractores, puede perjudicar de
manera grave la vida, honra y buen nombre de los mismos, lo cual iría en
contradicción con sus derechos constitucionales fundamentales prevalentes… las
consideraciones precedentes permiten a este estrado judicial, negar la petición
invocada por la doctora”. Además de negar la solicitud de información sobre
los resultados del proceso, menciona que el Juez se abstuvo de pronunciarse en
relación con las demás peticiones de la solicitud, en relación con las medidas
adoptadas por el despacho durante el desarrollo del proceso a favor de la
víctima. En todo caso el Juez indicó que la víctima podía acudir a la
secretaría del despacho para conocer el resultado del proceso, sin atender su
condición de discapacidad mental ampliamente dada a conocer al accionado
durante el trámite del caso. Esta decisión fue notificada a la organización el
3 de septiembre de 2012 y con base en su contenido, se presentó la acción de
tutela bajo el conocimiento actual de la Corte Constitucional.
Finalmente, la apoderada judicial de la
accionante, informó sobre un proceso penal adelantado por la Fiscalía 32
Seccional de Cartagena, que cursó en contra del agresor, bajo el radicado N°
239.682, el cual fue remitido al Juzgado Único de Menores.  Sostiene que el
anterior proceso fue abierto con base en las órdenes definidas en el Auto 092
de 2008, en particular, porque el proceso hace parte del anexo reservado de la
misma decisión. Luego de la expedición del Auto, la Fiscalía indagó por la
ubicación y estado del proceso penal adelantado por los hechos de violencia sexual
del año 2006 sufridos por la joven “Lucía”, y como resultado de la gestión,
ordenó la apertura de una investigación sobre los hechos, sin tener en cuenta
que el Juzgado Único de Menores de Cartagena adelantaba un proceso penal por la
misma causa.
Afirma que la organización fue notificada
de la existencia de este proceso y fue requerida para aportar la información
correspondiente. El 27 de mayo de 2009 la accionante presentó derecho de
petición para garantizar la protección de su hija, ante la Fiscalía 32
Seccional de Cartagena. El trámite del proceso N° 239.682 fue adelantado hasta
el cierre de la instrucción y finalmente remitió por competencia el proceso al
Juzgado Único de Menores.
(iv) Respecto de medidas de atención y
reparación para la víctima, la representante de la accionada aportó la
siguiente información:
Señaló que de conformidad con la
información aportada por Acción Social, a 2 de diciembre de 2009, el grupo
familiar se encuentra integrado por 10 personas, así: “Matilde” como madre cabeza
de familia, seis (6) hijos e hijas dentro de quienes se encuentra “Lucía” y
tres nietos y nietas. Aclaró que este grupo familiar incluyó a una persona más,
nacida con posterioridad, hija de una de las hijas de “Matilde”. Por esto se
trata de once (11) personas.
Informa que el 7 de mayo de 2010, la señora
“Matilde” solicitó a Acción Social la aprobación de prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia. Indicó que el 22 de noviembre de 2010, la
organización, en nombre de “Matilde”, presentó derecho de petición a Acción
Social informando las precarias condiciones en las que se encontraba la familia
y la necesidad de que se otorgara la prórroga de la atención humanitaria de
emergencia. El 21 de diciembre de 2010, ante la falta de respuesta de Acción
Social, se reiteró la anterior petición, teniendo en cuenta que ya se habían
vencido los términos de ley (anexo 29).
Argumenta que el 2 de febrero de 2011, la
representante de la víctima recibió comunicación de Acción Social en la que
informaba que la información personal que conserva el Registro Único de
Población Desplazada – RUPD, ostenta una reserva constitucional la cual limita
su acceso a terceros. De acuerdo con lo anterior, no es posible acceder a su
petición en razón a que no se aportaron los debidos poderes, autorizaciones
escritas, firmas y/o huellas de las personas relacionadas, en la cual
manifestaran encargar bajo su responsabilidad dicha representación.
Informó que el 7 de marzo de 2011, la
representante de la víctima remitió a Acción Social un nuevo derecho de
petición, debido a la falta de respuesta a la solicitud de prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia presentada el 7 de mayo de 2010. En dicha petición,
se ponía en claro la situación de manifiesta desprotección de “Matilde” y su
núcleo familiar y se solicitaba información sobre el trámite surtido.  El 12 de
marzo de 2011, Acción Social respondió a la petición e informó que “en la
actualidad se encuentra una asignación de turno vigente, por lo cual no es
viable acceder a una nueva programación. Para obtener información sobre la
colocación de los recursos puede comunicarse con nuestro Centro de Atención
Telefónico (…). Recuerde que su solicitud de Atención Humanitaria ya se
encuentra en trámite a través del turno 3C-75021, y no es necesario radicar más
solicitudes sobre la misma, toda vez que esto podría llegar a generar
congestiones, y no modificará ni priorizará el turno inicialmente asignado a
usted”.
De otra parte, el 7 de octubre de 2011
“Matilde” presentó ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y
Cooperación Internacional, una solicitud de escisión de grupos familiares en el
registro de población desplazada ya que aparecen inscritos tres (3) grupos
familiares bajo su responsabilidad y en realidad se trata de núcleos familiares
diferentes. El 4 de noviembre de 2011, Acción Social respondió a “Matilde” que
para acceder a la solicitud de escisión de grupos familiares debía (i) contar
con un concepto del ICBF, un Juzgado de Familia o una Comisaría de Familia o
(ii) presentar una declaración personal en la cual manifestara de manera
expresa y clara la información sobre la composición de su grupo familiar (anexo
34).
Informa que el 22 de marzo de 2012 Sisma Mujer
presentó en nombre de “Matilde” una acción de tutela contra la Unidad para la
Atención y Reparación a las Víctimas, con el fin de lograr la escisión de los
grupos familiares. Esta acción fue conocida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena.  La Unidad para la Atención y Reparación a las
víctimas, dio respuesta a la tutela presentada por la organización y solicitó
denegar las pretensiones de la misma. El 29 de marzo de 2012, el ICBF dio
respuesta a la acción de tutela e informó al Juzgado Quinto Administrativo que
adelantaría una visita a la residencia de “Matilde” y una vez tuviera el
informe correspondiente, lo remitiría para que obrara como prueba dentro del
expediente. El 30 de marzo de 2012, el ICBF informó al Juzgado Quinto
Administrativo que llevó a cabo la visita a la residencia de “Matilde” y
constató las condiciones de hacinamiento en que se encontraba la familia.
También valoró la situación de “Lucía” en relación con las secuelas de la
violencia sexual, la falta de atención médica, la desescolarización de la
joven, y formuló varias recomendaciones al respecto.
Comunica que el 13 de abril de 2012, el
Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena concedió la tutela y ordenó a la
Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas que dentro del plazo de
cinco (5) días realizara una visita domiciliaria y actualizara el Registro
Único de Población Desplazada. Igualmente, le ordenó a la misma entidad
reprogramar para el mes de mayo de 2012 la siguiente ayuda humanitaria de
emergencia a favor de “Matilde” y conminó a la entidad para que informara a la
accionante sobre los trámites correspondientes para que “Lucía” tuviera acceso
a atención psicológica y a programas educativos. No obstante lo anterior, el 15
de junio de 2012 la organización presentó solicitud de desacato ante el Juzgado
Quinto Administrativo de Cartagena por el incumplimiento de las órdenes dadas
por el despacho. En esta solicitud se indicó que la accionada solamente dio
trámite a la programación de la ayuda humanitaria anual que recibe “Matilde”,
pero dejó de observar el resto de órdenes.
A este respecto, informó que el 19 de
octubre de 2012, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas  comunicó
a la señora “Matilde” que su grupo familiar estaba integrado por once (11)
personas y que para acceder a la solicitud de escisión debía aportar prueba
sumaria de la composición de los diferentes grupos familiares. También informó
la entidad a la accionante que le había sido desembolsado un pago por concepto
de ayuda humanitaria en octubre del 2012. En octubre de 2012, con ocasión de la
anterior respuesta, la Corporación remitió ante el Juzgado Quinto
Administrativo copia de la comunicación en que la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas, trasladaba la carga de la prueba a “Matilde” para
acceder a la solicitud de escisión de grupos familiares.
Sin embargo, el 19 de noviembre de 2012, el
Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena denegó la solicitud de desacato,
considerando que la señora “Matilde” debía aportar copia sumaria de la
composición de los grupos familiares. Por tanto, considera que esta decisión se
adoptó en contravía de que el expediente ya contaba con el informe del ICBF
sobre el particular, que la señora había aportado en las diferentes solicitudes
la información puntual sobre la integración de las familias, y de que el fallo
de tutela le ordenaba a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas,
realizar la visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo en agosto de 2012 por
un funcionario de la UAO de Cartagena. Nada dijo el despacho en relación con
las demás órdenes sobre la atención debida a “Lucía”.
Sostuvo que el 27 de diciembre de 2012 la
organización remitió a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas
una nueva petición para solicitar una respuesta de fondo respecto a la escisión
de los grupos familiares que están inscritos en el registro de la señora “Matilde”.
Se le insistió a la entidad que según información aportada por la accionante,
un funcionario de la UAO de Cartagena había realizado la visita domiciliaria en
el mes de agosto de 2012, y había constatado las condiciones de hacinamiento.
La correspondiente acta debía servir como prueba sumaria. El 23 de enero de
2013 la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas dio respuesta a la
anterior solicitud y reiteró - en el formato estándar de respuesta con que
cuenta la institución-, que aportaran prueba sumaria de la conformación de los
grupos familiares.
No obstante lo anterior, informa que el 4
de febrero de 2013 la organización reiteró a la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas la solicitud de una respuesta de fondo para la
escisión de los grupos familiares inscritos en el registro de “Matilde”. En
esta comunicación se insistió en que el Estado contaba con la prueba sumaria
requerida. El 23 de marzo de 2013, la Unidad para la Atención y Reparación a
las víctimas, informó a la organización que en cumplimiento de la solicitud de
desacato de la tutela tramitada ante el Juzgado Quinto Administrativo, la
entidad “efectuó la visita domiciliaria a la residencia de la accionante a
fin de verificar la conformación del hogar y actualizar el Registro Único de
Población Desplazada”, sin más información sobre la decisión final en
relación con el registro, ni sobre el resultado de la visita. Acto seguido, la
entidad indicó el turno de espera para la asignación de la siguiente ayuda
humanitaria.
A este respecto, el 21 de junio de 2013, la
Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas informó a la organización
que por error involuntario había comunicado los requisitos para la escisión del
grupo familiar, por lo cual, presentaba sus excusas. Luego, la entidad indicó
que para tramitar la solicitud de escisión de grupos familiares debía presentar
una solicitud indicando los nombres e identificación de la solicitante, el
objeto de la petición, los fundamentos de la misma, los documentos que desea
aportar y la firma. Es decir, para la representante de la accionante, la Unidad
cambió por tercera vez el procedimiento previsto para acceder a la pretensión,
y en todo caso, no tuvo en cuenta que una comunicación con la totalidad de los
datos indicados en esta respuesta, ya fue presentada por “Matilde” el 7 de
octubre de 2011. La entidad también requirió a la señora “Matilde” para que
aportara su dirección verdadera como si hubiese algún propósito de ocultarla y
como si no estuviese registrada en las bases de la entidad, según se puede
constatar en las diferentes respuestas que fueron enviadas en copia a la
dirección de la señora “Matilde” en Cartagena.
Informa que a la fecha, la señora “Matilde”
sigue encabezando el registro de población desplazada como jefa de hogar de un
grupo familiar de once (11) personas, a pesar de las diferentes acciones
adelantadas por la organización. Así mismo, afirma que la Unidad para la
Atención y Reparación a las Víctimas no ha garantizado a su favor la reparación
administrativa ni la adopción de las correspondientes medidas estatales para la
atención en salud física y psicológica, propia y de su hija “Lucía”, no ha
brindado oportunidades educativas a la joven “Lucia”, ni ha previsto acciones
en relación con la situación de discapacidad física y cognoscitiva que sufren
las mujeres, respectivamente. Para esto, tampoco se ha tenido en cuenta que se
trata de mujeres en situación de desplazamiento forzado, afrodescendientes, en
estado de discapacidad y analfabetas.
(v)  La corporación Sisma Mujer anexó los
siguientes documentos:
- Copia de valoración realizada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la discapacidad de “Lucía” María
Salgado T, de 29 de junio de 2010. (Cuaderno 4, folios 45-50)
- Copia de la valoración médica de “Matilde”.
(Cuaderno 4, folio 51)
- Copia del oficio 3964 de la Dirección
Nacional de Fiscalías, del 20 de febrero de 2012; del oficio 1704 de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Cartagena del 9 de marzo de 2012 y del oficio 138 y
la Resolución de cumplimiento de la Fiscalía 21 Seccional Cartagena, del 30 de
marzo de 2012. (Cuaderno 4, folios 52-55)
- Copia de Resolución de la Fiscalía 15
Seccional del 14 de junio de 2012. (Cuaderno 4, folio 56)
- Copia de la solicitud de reasignación del
caso N° 169.022 a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General,
presentada por Sisma Mujer el 12 de abril de 2012. (Cuaderno 4, folios 57-59)
- Copia del acta de inspección y concepto
favorable del agente especial de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía
General, del 10 de julio de 2012. (Cuaderno 4, folios 60-62)
- Copia de Resolución de la Fiscalía 29
Seccional, del proceso el 24 de enero de 2013. (Cuaderno 4, folio 63)
- Copia de demanda de constitución de parte
civil presentada por Sisma Mujer en el caso N° 169.022, del 22 de febrero de
2013. (Cuaderno 4, folios 64-71)
- Copia de diligencia de indagatoria en el
caso N° 169.022, del 26 de enero de 2013. (Cuaderno 4, folios 72-76)
- Copia de alegatos de conclusión
presentados en el caso N° 169.022 por Sisma Mujer, del 20 de abril de 2013.
(Cuaderno 4, folios 77-82)
- Copia de la Resolución de acusación en el
caso N° 169.022, del 21 de mayo de 2013. (Cuaderno 4, folios 83-88)
- Copia de intervención de no recurrente en
caso N° 169.022 del 8 de julio de 2013. (Cuaderno 4, folios 89-91)
- Copia de denuncia penal N° 3116 del 10 de
abril de 2006. (Cuaderno 4, folios 92-93)
- Copia de oficio N° 1166 de la Fiscalía
SAU del 10 de abril de 2006. (Cuaderno 4, folio 94)
- Copia del derecho de petición a la
Procuraduría General, del 12 de febrero de 2007. (Cuaderno 4, folios 95-96)
- Copia de respuesta de la Procuraduría del
22 de mayo de 2007. (Cuaderno 4, folios 97-98)
- Copia de derecho de petición ante el
Juzgado Único de Menores del 4 de septiembre de 2007. (Cuaderno 4, folio 99)
- Copia de derecho de petición ante el
Juzgado Único de Menores, del 20 de mayo de 2008. (Cuaderno 4, folios 100-104)
- Copia del oficio N° 1405 del Juzgado
Único de Menores, del 25 de junio de 2008. (Cuaderno 4, folios 105-106)
- Copia de derecho de petición ante el
Juzgado Único de Menores, recibido el 19 de agosto de 2008 por el accionado.
(Cuaderno 4, folios 107-108)
- Copia de demanda de constitución de parte
civil, del 20 de agosto de 2008. (Cuaderno 4, folios 109-111)
- Copia de oficio N° 2033 del Juzgado Único
de Menores, del 17 de octubre de 2008. (Cuaderno 4, folio 112)
- Copia de petición elevada ante el INML
CF, del 16 de julio de 2009. (Cuaderno 4, folio 113)
- Copia de los oficios 651 y 275 del INML
CF, del 16 de julio de 2009. (Cuaderno 4, folio 114)
- Copia del oficio N° 1718 del Juzgado
Único de Menores del 10 de septiembre de 2009. (Cuaderno 4, folio 115)
- Copia del acta de visita especial de la
Procuraduría, del 25 de abril de 2012. (Cuaderno 4, folio 116)
- Copia de petición elevada ante el Juzgado
Único de Menores, del 15 de junio de 2012. (Cuaderno 4, folios 73-75)
- Copia de respuesta del Juzgado Único de
Menores del 3 de julio de 2012. (Cuaderno 4, folios 76-77)
- Copia de reiteración de petición a Acción
Social del 22 de noviembre de 2010, del 21 de diciembre de 2010. (Cuaderno 4,
folios 78-81)
- Copia de respuestas N° 20104185703862 y
N° 20104186091822 de Acción Social, del 4 de diciembre de 2010 y del 2 de
febrero de 2011. (Cuaderno 4, folios 82-83)
- Copia de derecho de petición elevado ante
Acción Social el 7 de marzo de 2011. (Cuaderno 4, folios 84-89)
- Copia de respuesta N° 20114180846272 de
Acción Social, del 12 de marzo de 2011. (Cuaderno 4, folios 90-91)
- Copia de petición elevada ante Acción
Social el 7 de octubre de 2011. (Cuaderno 4, folios 92-96)
- Copia de respuesta N° 20114184386402 de
Acción Social del 4 de noviembre de 2011. (Cuaderno 4, folios 97-98)
- Copia de Acción de Tutela presentada
contra Acción Social el 22 de marzo de 2012. (Cuaderno 4, folios 99-105)
- Copia de contestación de acción de tutela
ante el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, 2012 068. (Cuaderno 4,
folios 106-108)
- Copia de oficio N° 2374 del ICBF del 29
de marzo de 2012. (Cuaderno 4, folio 109)
- Copia de informe del ICBF ante el Juzgado
Quinto Administrativo de Cartagena del 30 de marzo de 2012. (Cuaderno 4, folios
110-114)
- Copia de oficio 771 del Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena, del 13 de abril de 2012. (Cuaderno 4, folio 115)
- Copia de solicitud de desacato presentada
ante el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, el 15 de junio de 2012.
(Cuaderno 4, folios 116-117)
- Copia de respuesta N° 20127207133121 de
la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, del 19 de octubre de
2012. (Cuaderno 4, folios 118-119)
- Copia de oficio dirigido al Juzgado
Quinto Administrativo de Cartagena, de octubre de 2012. (Cuaderno 4, folio 120)
- Copia de la decisión del incidente de
desacato del Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, del 19 de noviembre de
2012. (Cuaderno 4, folios 121-122)
- Copia de petición elevada ante la Unidad
para la Atención y Reparación a las Víctimas, del 27 de diciembre de 2012.
(Cuaderno 4, folios 123-124)
- Copia de respuesta N° 20127119342112 de
la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, del 23 de enero de 2013.
(Cuaderno 4, folio 125)
- Copia de petición elevada ante la Unidad
para la Atención y Reparación a las Víctimas, del 4 de febrero de 2013.
(Cuaderno 4, folio 126)
- Copia de respuesta N° 20127117064592 de
la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, del 23 de marzo de
2013. (Cuaderno 4, folio 127)
- Copia de respuesta N° 20137110766612 de
la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, del 21 de junio de
2013. (Cuaderno 4, folios 128-129)
- Copia de solicitud de protección ante
Fiscalía 32 Seccional de Cartagena, del 27 de mayo de 2009. (Cuaderno 4, folios
130-131)
- Copia de Resolución de apertura de
instrucción de la Fiscalía 32 Seccional, del 26 de marzo de 2009. (Cuaderno 4,
folios 132-133)
- Copia de declaración rendida por testigo
ante Fiscalía 32 Seccional del 28 de enero de 2009. (Cuaderno 4, folios
134-135)
- Copia de demanda de constitución de parte
civil ante Fiscalía 32 Seccional de Cartagena, del 24 de mayo de 2009.
(Cuaderno 4, folios 136-142)
- Copia de admisión de parte civil por la
Fiscalía 32 Seccional de Cartagena, del 16 de abril de 2009. (Cuaderno 4, folio
143)
- Copia de acta de captura del agresor e
indagatoria ante la Fiscalía 32 Seccional de Cartagena, del 6 de abril de 2009.
(Cuaderno 4, folios 144-146)
- Copia de la Resolución de situación
jurídica del agresor, de la Fiscalía 32 Seccional de Cartagena, del 13 de abril
de 2009. (Cuaderno 4, folios 147-151)
- Copia de los alegatos precalificatorios
ante la Fiscalía 32 Seccional de Cartagena del 13 de julio de 2009. (Cuaderno
4, folios 152-160)
2.2.2 Respuesta de la Fiscalía 29 Seccional
de Cartagena
La Fiscalía 29 Seccional de Cartagena de
Indias dio respuesta al numeral tercero del Auto de pruebas de esta
Corporación, dentro del expediente de la referencia, informando que “dentro
del proceso 169022 que se adelanta contra Wilson Valeta Pacheco por los delitos
de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado, en concurso
homogéneo y sucesivo, según hechos ocurridos el 21 y 22 de febrero de 2005, en
el perímetro urbano de Cartagena, siendo víctima J.M.S.T. – a quien esa
Corporación en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, ha denominado “Lucía”, la
Fiscalía 29 Seccional de Cartagena, por medio de resolución fechada el 25 de
abril de 2013, profirió resolución de acusación contra Wilson Valeta Pacheco
por los delitos antes enunciados.
La acusación fue apelada por el señor
defensor del acusado y mediante resolución del 08 de agosto de 2013, la
Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Cartagena, confirmó la resolución
de acusación.
Se está notificando a los sujetos
procesales, cumplido lo cual se enviará el expediente a los juzgados penales
del circuito, para llevar a cabo la etapa de juicio.
El señor Wilson Valeta Pacheco se encuentra privado de
la libertad, por razón de este proceso, en la cárcel de San Sebastián de
Ternera desde el 25 de enero de 2013”.
2.2.3 La Registraduría Nacional del Estado Civil
envió a esta Corte copia simple del Registro Civil de Nacimiento de Luis Miguel
Silgado Pérez, en donde se constata que su fecha de nacimiento fue el 7 de
octubre de 1988.
2.2.4 El Juzgado Único de Menores de Cartagena allegó a esta
Corporación de manera extemporánea, las pruebas solicitadas de copia simple de
la totalidad del expediente del proceso que se siguió en contra de Luis Miguel
Silgado Pérez, en 1 folio y 6 cuadernos, tal y como consta en el certificado
expedido por la Secretaría de esta Corporación, en donde se informa que las
pruebas se recibieron “…en esta Secretaría el 23 de agosto del presente año
y en esta Sección el 24 de agosto siguiente…”
De este expediente la Sala resalta las
decisiones adoptadas por el Juzgado Único de Menores de Cartagena:
(i) En Sentencia del 17 de abril  de 2006
el Juzgado Único de Menores de Cartagena resolvió “Imponérsele al joven Luis
Miguel Silgado Pérez medida provisional de observación, por un término de 30
días” y “Durante el término de la medida el equipo interdisciplinario de
Asomenores llevara a cabo un constante seguimiento sobre la conducta y
comportamiento del joven Luis Miguel Silgado Pérez, le trabajará
fortalecimiento de autonomía y valores, educación en manejo adecuado de la
sexualidad, entrenamiento en manejo de conflictos y toma de decisiones (manejo
de la presión de grupos). Desarrollo de la habilidad para controlar impulsos.
Trabajo psicoterapéutico con familia grupal e individual. Llevará una visita
social a la residencia del menor y si existen evidencias de circunstancias que
tengan incidencia en su comportamiento irregular se le trabaje sobre ellas. Se
le vinculará a un programa para menores con adicción a las SPA. Lo someterá a
talleres formativos y motivacionales de acuerdo a su problemática”.
Para adoptar la anterior decisión, adujo el
Despacho que se acreditó que el victimario era menor de edad al momento de la
ocurrencia de los hechos. Indicó que “para imponer medida de carácter
provisional, se hace menester que de las pruebas legalmente practicadas y
valoradas conforme a los principios de sana critica se levante tanto el indicio
demostrativo de los hechos tipificadores de la conducta de reproche penal como
de la responsabilidad del menor como autor o participe de los hechos que se
investigan”
Advierte que en el art. 204 del código del
menor se relacionan las medidas provisionales que debe cumplir el menor
infractor en lo posible en su entorno familiar o dentro de la jurisdicción a la
cual le corresponde de acuerdo a las medidas provisionales que persigue: la
protección, reeducación y rehabilitación de los menores en situación irregular.
Indica los hechos que dieron lugar a su
captura y añade que fue capturado en flagrancia, por lo cual se le impone
medida provisional señalada en el art. 204 antes reseñado por lo que se le
impuso al menor medida provisional de protección, reeducación y rehabilitación
por un término de sesenta (60) días y el seguimiento de su conducta por parte
de Asomenores con lo detallado en la decisión del Juzgado.
(ii) En sentencia del 1 de septiembre de
2010 el Juzgado Único de Menores de Cartagena resolvió: (a) “declarar al
adolescente Luis Miguel Silgado Pérez de condiciones civiles y naturales
conocidas de autos, en situación irregular como autor responsable del delito de
acceso carnal con incapaz de resistir,…”, (b) “se abstiene el Juzgado de
imponer al adolescente Luis Miguel Silgado Pérez, medida provisional de
protección, reeducación y rehabilitación alguna,…”, (c) “Cesar al
adolescente Luis Miguel Silgado Pérez la medida provisional de protección,
reeducación y rehabilitación de libertad asistida programa de medio abierto que
actualmente pesa sobre él,…” y (d) “se abstiene de cualquier
pronunciamiento sobre daños y perjuicios (materiales y morales) causados con el
delito en consideración a lo establecido en el artículo 173 del Código del
Menor.”
En las consideraciones para la adopción de
esta sentencia el juez señala, con base en los hechos relatados por el
victimario y los testigos, que se permite edificar en su contra un indicio de
responsabilidad por ese hecho, observa que en testimonio la víctima lo señala
directamente, pero no es tenido en cuenta por su salud mental certificada por
el psiquiatra forense.
Indica que el joven asegura consumir
ocasionalmente sustancias estupefacientes, es el segundo hijo en su entorno
familiar, vive con su mamá, ayuda en los quehaceres de la casa y tiene una
relación desde hace 2 años.
Con base en el art. 204 del Código del
Menor, se le impusieron las medidas del caso como son la medida provisional de
protección, reeducación y rehabilitación de observación la cual se mutó a la de
libertad asistida programa de medio abierto, el equipo de Asomenores en un
aparte de sus recomendaciones dice “…cumplió parcialmente con los objetivos
propuestos en el proceso, presenta adecuadas relaciones a nivel familiar, a la
fecha los logros visibles en el proceso de fortalecimiento permiten establecer
un pronóstico de recuperación alentador por lo que se sugiere, de ser posible,
concederle el cese de la medida vigente”.
Indica que por lo anterior y con base en el
art 168 del código del menor, el Juzgado ha de cesarle la medida provisional de
protección, reeducación y rehabilitación de libertad asistida programa de medio
abierto y se abstiene de imponerle una nueva medida de las establecidas en el
art. 204 del mencionado código.
(iii) En relación con las respuestas dadas
por ese Juzgado a la Corporación SISMA mujer frente a las solicitudes hechas
por la misma respecto al caso de “Lucía”, el juzgado reseñó:
(a) En respuesta al derecho de petición de
la señora “Matilde” de septiembre 12 de 2007, consideró el Juzgado que “el
derecho de petición no se constituye en el instrumento procesal para demandar
pretensiones dentro de una actuación judicial, toda vez que el reglamento o
procedimiento que reina las actuaciones judiciales facilitan a los sujetos
procesales para demandar sus aspiraciones”. Adicionalmente recordó que el
art. 44 Superior estipula que los derechos de los niños prevalecen sobre los de
los demás, mas eso no es impedimento para que la señora “Matilde” se acerque al
juzgado y reciba información siempre y cuando pruebe ser la madre de la
víctima.
(b) En respuesta al derecho de petición del
20 de mayo de 2008, rad. 192-2006, el Juzgado no accedió al derecho de petición,
argumentado que “la veda contenida en el art. 174 del Decreto 2737 de 1989
no permite que mediante derecho de petición se pueda acceder a las pretensiones
de la doctora …, dentro de esta actuación; y so que menos, que la tenga como
parte del proceso. Pero ello nos obsta para que el juzgado este presto a
atender las solicitudes de pruebas o de medidas pertinentes que le asistan a
las victimas siempre que se pidan oportunamente”.
Observó que en la costa atlántica la Ley de
Infancia o Ley 1098 de 2006 no ha entrado en vigencia, es decir que el proceso
se sigue por la ritualidad contenida en el Decreto 2737 de 1989, por lo que
para acceder a lo solicitado solo se haría en caso que mediara una orden
judicial expresa, adicionalmente está basada su decisión con base en el
principio de favorabilidad que pesa sobre el joven Silgado Pérez.
(c) Frente a la reiteración del derecho de
petición de julio de 2008, este derecho fue negado por el Juzgado Único de
Menores de Cartagena reiterando lo expresado en la decisión antes expuesta, en
donde recordó que el principio de favorabilidad fue creado a favor del
procesado no para la víctima.
(d) El Juzgado Único de Menores de Cartagena
declaró la improcedencia de la constitución de parte civil solicitada por la
Dra. Liliana Rocío Chaparro Moreno y recibida por el Juzgado el día 20 de marzo
de 2008, por cuanto considera que con base en el texto de la demanda el objeto
de la misma es una clara pretensión económica por lo tanto no es procedente,
decisión basada en el art. 173 del Decreto 2737 de 1989.
(e ) Frente al derecho de petición del 14
de junio de 2012, el Juzgado Único de Menores de Cartagena negó la certificación
solicitada por la Dra. Liliana Roció Chaparro Moreno, aduciendo que en el art.
174 del código del menor se protege el interés superior del menor y por tanto “…
la publicidad sobre hechos irregulares y la divulgación de procesos judiciales
en los que se investigue la conducta de un menor, pueden generar consecuencias
perjudiciales sobre su patrimonio moral y sobre su personalidad. El
conocimiento de las actuaciones judiciales y la difusión y publicidad de ellas,
pueden obstaculizar, la integración del menor en medio al medio en condiciones
favorables, lo que iría en contravía de los derechos y de las obligaciones de
la familia, la sociedad y el Estado, que consagra el art. 44 de la Carta”.
(f) Indicó, que en cuanto a la solicitud de
copia autentica del fallo definitivo para que la víctima lo conozca, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1098 de 2006, el despacho puso en
conocimiento que el mencionado proceso “se encuentra a su disposición en la
Secretaria para efectos de que se pueda enterar de las resultas del mismo”
y especificó que en el Decreto 2737 de 1989 en su art. 174 prohíbe la
expedición de copias.
(g) Respecto de la solicitud de
constitución de parte civil de marzo de 2009 realizada por la Dra. Liliana
Roció Chaparro Moreno ante la Fiscalía 32 Seccional y la admisión a la misma
hecha por el Fiscal al considerar que se llenan los requisitos para que se
constituye en parte civil del proceso teniendo como base el art. 54 del C.P.P.
(Ley 600 de 2000)
2.2.5 La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas, no allegó a esta Corporación
las pruebas ordenadas mediante el Auto de 31 de julio de 2013.
2.3 Intervenciones amicus curiae
2.3.1 Programa de acción  para la igualdad y la
inclusión social, PAIIS
Los abogados pertenecientes a la clínica jurídica de
derecho de interés público PAIIS, perteneciente a la Universidad de los Andes
intervinieron dentro del presente proceso, para lo cual expusieron sus
consideraciones con respecto a este caso, como pasa a exponerse a continuación:
Señalan, con cifras, la vulnerabilidad de las personas
en discapacidad e indican que las víctimas con discapacidad cognitiva, al ser
su capacidad de denuncia menor, al igual que su credibilidad ante la justicia y
sus propias familias, son sin lugar a dudas las más indefensas. Además, indican
que en el sistema universal de derechos humanos se reconoce la obligación de
los Estados hacia las mujeres con discapacidad en diversos instrumentos, los
cuales son de obligatorio cumplimiento, tales como la Recomendación General No.
5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Recomendación
No. 18 de la CEDAW, que señala la doble discriminación de este tipo de
personas; y la Recomendación No. 24 de la CEDAW, en donde se señala la
dificultad de estas mujeres para acceder a la salud y la obligación de los
Estados partes para garantizarles la prestación de dichos servicios.
En igual sentido, indican que en 2011 Colombia
ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD), donde se establecen reglas claras para que el Estado proteja al sector
poblacional que se encuentra con discapacidad, y señalan que el artículo 15 de
esa Convención se aplica a este caso en concreto, ya que establece la
obligación de las naciones de “tomar todas las medidas que sean efectivas
para evitar que las personas con discapacidad sean sometidas a torturas o
tratos crueles inhumanos o degradantes”. Así mismo, indican que en el artículo
16 de la mencionada Convención se señala que se debe proteger al discapacitado
“contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los
aspectos relacionados con el género”, e igualmente que deben existir “formas
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para
las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso
proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y
denunciar los casos de explotación, violencia y abuso”  de manera que “Los
Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la
edad, el género y la discapacidad”. Señalan que esta misma normativa señala
que el Estado debe “promover la recuperación física, cognitiva y
psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o
abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha
recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para
la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona
y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.”  En
cuanto a la reparación, indican que en la pluricitada Convención se consagró
que debía promoverse una “legislación y políticas efectivas, incluidas
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados”.
Por lo anterior, encuentran que al no asegurársele a
la peticionaria su recuperación física y psicológica, ni permitírsele su
intervención como víctima dentro del proceso penal, y al no adoptarse medidas
para que no se presenten nuevos abusos contra ella, el Estado colombiano ha
incumplido con sus obligaciones ante la CDPD. En el mismo sentido, afirman que
al negarle a los representantes de la peticionaria el acceso a los expedientes,
no se tiene información de las medidas adoptadas para garantizar la no
repetición y el resarcimiento de la víctima, la cual vive en el mismo barrio
que el agresor, el cual se encuentra sin ningún tipo de medida, vigilancia o
control. Adicionalmente, sostienen que en el proceso penal no se tomaron
medidas de protección especial, a pesar de las múltiples peticiones realizadas
por la actora a través de su representante legal ante la Procuraduría Delegada
para el Ministerio Público, el Juzgado Único de Menores de Cartagena y la
Fiscalía 32 Seccional Cartagena, en donde manifiesta su temor a una nueva
agresión contra “Lucia”, y en donde además la accionante “reiteró la
necesidad de protección para su hija, recalcó el deber del Estado en la
garantía de la vida e integridad de la joven como víctima y solicitó información
acerca de la aplicación de los derechos de las víctimas de violencia sexual, en
relación a los procedimientos legales, servicios disponibles para atender las
necesidades derivadas del delito, la práctica de exámenes médicos debido a los
traumas físicos y emocionales, así como se hizo solicitud de información sobre
la indemnización sobre los perjuicios causados a la víctima”.
Aducen que hay una evidente falta de conocimiento y práctica
por parte de las entidades estatales de las medidas adoptadas por la Nación
centrada en la mujer con discapacidad, ya que en el caso en concreto, es claro
que los jueces han desconocido los derechos de la peticionaria como mujer con discapacidad,
los cuales deben ser garantizados bajo el bloque de constitucionalidad y el
derecho penal.
Advierten que no están de acuerdo con señalar a la
víctima como menor de edad por su “edad mental”, ya que no consideran se deba
infantilizar su condición cognoscitiva, por cuanto “las diferentes
habilidades cognoscitivas de las personas con discapacidad no son lo mismo que
lo que han adquirido en razón de su experiencia de vida”.
Sostienen, con base en lo estipulado en la CEDAW, que
el Estado no protegió a la victima de manera adecuada e irrespetaron su
dignidad e integridad. Igualmente, sostienen que los funcionarios públicos
parecieran no estar capacitados para atender este tipo de situaciones, en
especial, por tener una doble condición de especial protección al ser una mujer
y al encontrarse en condición de discapacidad, y adicionalmente, al  evidenciarse
su indefensión, al no ser informada de las actuaciones del juzgado y al no
materializarse la reparación, la rehabilitación, el asesoramiento a la víctima
y la indemnización de sus perjuicios.
Indican que en el caso de “Lucia” se vulneraron los
arts. 7 y 8 de la Convención de Belén do Pará, por cuanto las autoridades no se
comportaron de acuerdo a la obligación de evitar, radicar y sancionar la
violencia contra la mujer, y que tampoco se tomaron las medidas para ordenar al
agresor abstenerse de poner en peligro la vida de la víctima, la cual vive en
su mismo barrio. Así mismo, sostienen que no ha sido garantizada a “Lucía” una
protección debida a través de procedimientos legales eficaces, ni el acceso a
la información de lo ocurrido en el juicio contra su agresor, como tampoco ha
obtenido acceso a una rehabilitación y reparación de los daños, a pesar del
tiempo que ha transcurrido.
En consecuencia, reafirma que la Procuraduría
Delegada, el Juzgado Único de Menores de Cartagena y la Fiscalía 15 Seccional
Cartagena han incumplido las obligaciones internacionales frente a las mujeres
víctimas de la violencia de género y señala, para argumentar su posición, la
interpretación que hace el Comité contra la Tortura en su punto 21 del artículo
2 de la Convención Contra la Tortura, al igual que lo afirmado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas del 23 de febrero de 2011 en sus puntos 9 y 16.
Afirman que la víctima y su familia no han recibido la
atención necesaria a sus peticiones, especialmente no ha sido ordenado al
agresor alejarse de la víctima por lo que hay una constante zozobra para su
familia que vuelvan a ocurrir los mismos hechos, Además, en su criterio se
podría reubicar a “Lucía” y su grupo familiar para protegerla, adicionalmente,
como ya se ha mencionado, la víctima no ha tenido acceso a la verdad de lo
sucedido en su caso por lo que no se ha respetado las reglas al debido proceso
y no han recibido tampoco una atención integral, acompañamiento psicosocial
para que pueda superar los hechos y reintegrarse a la sociedad. Indica que
tampoco ha recibido por parte del victimario una reparación, ni información
sobre las medidas sancionatorias frente al mismo, ni las medidas de protección
para ella y su familia, con esto queda claro la vulneración por parte del
Estado a sus derechos a la verdad y reparación en cabeza de la peticionaria
reconocidos por lo constitución y leyes posteriores y finaliza en este tema
alegando que se deben seguir los pasos dispuestos en el “Protocolo y Modelo
de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual”
concretamente el paso No 14.
Argumentan, que “Lucia”, además de las condiciones
antes expuestas es afrodescendiente, lo cual constituye un agravante a la
situación de desconocimiento por parte del Estado de sus derechos y las
obligaciones especiales del mismo que debe garantizar a las comunidades negras,
y reseña los tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, por lo tanto
“el Estado deberá otorgar una especial protección a la peticionaria
que busque materializar sus derechos al debido proceso y a la justicia, verdad
y reparación”.
Argumentan, como un nuevo factor en favor de la
peticionaria, que ella y su familia son víctimas del desplazamiento forzado, lo
cual la hace, adicionalmente, un sujeto de atención especial y protección por
parte del Estado, lo cual ha sido ratificado en varios pronunciamientos de la
Corte con relación a este tema, y menciona que la peticionaria ha sido
beneficiaria de tres autos de seguimiento emitidos por la Corte constitucional
que son: Auto 092 de 2008, Auto 005 de 2009 y Auto 006 de 2009.
Evidencian que, en el caso de “Lucia”, las garantías
propias de la justicia transicional no le han sido brindadas por la flagrante
violación a su derecho a la justicia, al no permitirle ser parte del proceso
penal e impedir su acceso a la sentencia del mismo, al mismo tiempo que no se
le ha dado la garantía de no repetición de los hechos, por cuanto el autor vive
en el mismo barrio.
Señalan que es claro que la peticionaria tiene
diversas características que la hacen sujeto de especial protección
constitucional, como que (i) es mujer, (ii) afrodescendiente, (iii) con
discapacidad, (iv) víctima de violencia sexual y (v) víctima de desplazamiento
forzado. A este respecto, indican que “[l]as diversas situaciones de
vulnerabilidad en las que se encuentra la peticionaria, obligan al Estado
colombiano a brindarle apoyo y protección con la finalidad de superar las
barreras que ha tenido que sufrir por las particularidades de su caso,
especialmente en el cumplimiento de los principios rectores de la justicia
transicional, como lo son, entre otros, la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición”.
De otra parte, teniendo como cierto que el agresor es
un menor de edad y por lo tanto tiene una protección especial otorgada no solo
por las leyes nacionales sino también por los tratados y normas internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad de Colombia, argumentan que también
es cierto que la propia Corte Constitucional ha asegurado que la prevalencia de
los derechos de los menores no es absoluta, y la misma ha señalado que para
examinar cada caso en concreto se deben observar las situaciones “(i)
fácticas- las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no
atendiendo aspectos aislados-, como (ii) jurídicas- los parámetros y criterios
establecidos en el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil”(Sentencia
T-510 de 2003).
Concluyen afirmando que “es posible encontrar un
punto de armonía entre el interés superior del menor y los derechos de las
víctimas en el proceso penal ya que las garantías de favorabilidad y reserva no
se ven vulneradas si el interviniente especial del proceso penal puede acceder
a sus derechos de verdad, justicia y reparación ya que ésta no busca vulnerar
de ninguna forma al sujeto activo”. Por lo tanto, aseguran que relegar los
derechos de la peticionaria en el proceso penal, frente a los derechos de los
menores infractores de la ley penal, es un análisis equivocado que acarreó, en
el presente caso, la vulneración de los derechos fundamentales de la víctima.
Adicionalmente, señalan que al no poder la víctima dar su testimonio y no
tenerse en cuenta la afectación causada por la conducta punible, esto llevo a
que no se ordenara reparación integral alguna, ni se adoptaran medidas de no
repetición.
2.3.2 Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear
Restrepo”, CCAJAR
Los intervinientes presentan el escrito en calidad de amicus
curiae, para que la Sala tenga en cuenta sus comentarios en el momento de
la Sentencia y presenta los siguientes argumentos:
Señala como preámbulo a sus comentarios una pequeña reseña
de los hechos de la demanda, para luego referirse a (i) la violencia sexual
como violación a los derechos humanos, (ii) acceso a la justicia para las
víctimas de violencia sexual, (iii) obligaciones reforzadas frente a la
población en condición de vulnerabilidad como el desplazamiento forzado, y la
vulnerabilidad de las personas con discapacidad, y (iv) los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Indican que en el proceso adelantado en el caso de
“Lucía”, no se han tomado en cuenta los derechos humanos sobre las mujeres, las
personas en estado de discapacidad y la jurisprudencia extensa de la Corte
Constitucional con relación a la población desplazada, al igual que la
jurisprudencia sobre los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral.
Sostienen que en el caso de “Lucía” hay varios
factores de vulnerabilidad y discriminación que no se pueden pasar por alto al
momento del análisis de su victimización por cuanto es (i) una mujer
afrodescendiente, en situación de (ii) desplazamiento forzado, con (iii)
discapacidad cognoscitiva, lo que hace que su desarrollo psicológico no
corresponda a su edad, por lo cual puede ser catalogada como una menor de edad,
la cual además ya (iv) había sufrido un episodio previo de violencia sexual.
Por lo anterior, consideran que debe ser sujeto a una especial protección
reforzada, ya que las vulnerabilidades expuestas la colocan en el grupo
protegido y altamente vulnerable que la Corte Constitucional ha declarado como
de especial protección por parte del Estado para que sus derechos sean
garantizados, especialmente en cumplimiento del artículo 13 Superior.
Por lo anterior, sostienen que “Lucia” debe recibir la
garantía del Estado para no ser revictimizada, dándole una garantía plena de
sus derechos, eliminándose las formas de discriminación que hayan podido darse
sobre ella. En este sentido, afirman que “Lucía”, por su condición de mujer, es
sujeto de especial protección constitucional, y que sus derechos deben ser protegidos,
como se afirma en la Sentencia C-534 de 2005, en donde se sostiene que “… La
protección reforzada y especial de los derechos de las mujeres es un fin
constitucional cuya satisfacción admite en ciertos casos el sacrificio de la
cláusula general de la igualdad, que además cuenta con la implementación de
instrumentos y mecanismos internacionales para ello. La protección normativa de
las mujeres es por tanto igualitaria respecto de la dispensada por el hombre, y
a la vez exclusiva cuando tiende a equiparar las situaciones entre los sexos…”.
Argumentan que en este caso se le pueda dar a la
víctima una protección especial equiparable a la que se le otorga a las niñas y
niños por su discapacidad cognoscitiva, al haber sido víctima de violencia
sexual, y recuerdan que en este sentido la Corte ha indicado que “los
derechos de las niñas y los niños son fundamentales y que tienen un lugar
privilegiado dentro del ordenamiento jurídico constitucional”. A este
respecto, observan que incluso entre los menores de edad, las niñas sufren una
mayor discriminación y vulnerabilidad, y que sobre ellas recae desde siempre
los factores de discriminación que la cultura o la sociedad imponen sobre las
mujeres, razón por la cual consideran que en los casos en los que los actores
sean niñas y niños, se les debe dar un tratamiento preferencial a las primeras
sobre los segundos. En el asunto concreto de “Lucia”, afirman que se presume
que el infractor es un menor de edad, pero dada las condiciones antes
analizadas, se le debió dar a la víctima prevalencia a sus derechos sin
detrimento del derecho al debido proceso y la condición de inimputable del
agresor.
Evidencian que la Corte, además de señalar la gravedad
al presentarse la violencia sexual contra las mujeres, también ha indicado las obligaciones
del Estado y de las autoridades judiciales respecto a la investigación y
judicialización de estos casos, tal y como se ha señalado en la Sentencia T-843
de 2011. Advierten que los funcionarios
judiciales debieron tener en cuenta lo anterior en al caso de “Lucía”,
asimilando su condición a la de una niña, haciendo prevalecer sus derechos por
encima de los de su agresor, presuntamente menor de edad. Adicionalmente, recuerdan
que los dos episodios de violencia sexual contra ella hacen parte del anexo
reservado del Auto 092 de 2008 el cual fue enviado a la Fiscalía para que
acelerara la investigación de estos casos.
De otra parte, afirman que para este caso,
la acción de tutela es el medio idóneo para que se logre la garantía de los
derechos fundamentales de “Lucía” “al acceso a la justicia, a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral, el debido proceso, la protección de sus
derechos sexuales y reproductivos y la protección de sus derechos fundamentales
cono persona en condición de discapacidad”, y especialmente por su
situación de desplazamiento forzado. Finalmente sostienen que el juez
constitucional puede fortalecer su jurisprudencia en materia de acceso a la
justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del
proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y
241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción de tutela
2.1. Legitimación activa
La Sala encuentra probada dentro del
expediente la legitimación por activa, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior,
por cuanto, de conformidad con el artículo 86 la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial, al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones
de las autoridades públicas y de los particulares, en los casos
específicamente previstos por el legislador. Así mismo, el artículo 10° del
Decreto 2591 de 1991, establece que “La acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. (Subraya fuera de
texto)
También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
En el presente caso, la acción de tutela fue impetrada
por la señora “Matilde”, como representante legal de su hija “Lucia”,
mediante apoderada judicial, abogada de la Corporación Sisma Mujer. La Sala
resalta que en este caso que (i) se trata de mujeres afrodescendientes; (ii)
víctimas del delito de desplazamiento forzado; (iii) que en el caso de “Matilde”
se trata de una mujer analfabeta que se encuentra en estado de discapacidad
física; (iv) que en el caso de “Lucía”, se trata de una mujer con discapacidad
cognoscitiva y que ha sido víctima en dos ocasiones de delitos sexuales, siendo
de esta manera revictimizada en varias oportunidades; y (v) que tanto ellas
como su familia se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta. Por estas razones, la Sala encuentra que en las accionantes
confluyen diversos y graves factores de victimización asociadas al
desplazamiento forzado y a delitos sexuales asociados al conflicto armado, de
discriminación por razones de género y de condiciones de discapacidad, así como
de exclusión social.
En consecuencia, la Sala constata que “Lucía”
no cuenta con las condiciones necesarias para poder ejercer por sí misma sus
derechos fundamentales, así como la protección y defensa de los mismos, lo cual
legitima a su señora madre “Matilde” quien actúa en su nombre y representación,
a través de apoderada judicial, para enervar la acción tutelar que ahora nos
ocupa.
2.2. Legitimación pasiva
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 5°
del Decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Único de Menores de Cartagena, se
encuentra legitimada como parte pasiva en el presente asunto, dada su calidad
de autoridad pública, y en la medida en que se le atribuye la vulneración de
los derechos fundamentales en discusión.
Así mismo, en virtud de la vinculatoriedad de
la Sentencia T-973 de 2011 y de los Autos 092 de 2008 y Autos 05 y 06 de 2009
dictados por esta Corporación, esta Sala de Revisión procederá a analizar la
vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes protegidos en
dichas órdenes, y por lo tanto impartirá algunas solicitudes a la Fiscalía
General de la Nación, y algunas órdenes a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, encargada de la atención y
reparación a víctimas de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta un enfoque
diferencial, dado que se trata de mujeres, de población afrodescendiente, de
personas en estado de discapacidad, y de personas que se encuentran en grado
extremo de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, dada la convergencia de
múltiples factores de violación de sus derechos, victimización y
discriminación.
3. Problema jurídico
La Sala debe resolver en esta
oportunidad, en primer lugar, si en este caso el Juzgado Único de Menores de
Cartagena ha vulnerado los derechos fundamentales de petición, información, de
participación de la víctima, de garantía de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación, dentro de un proceso penal por acceso carnal
violento con incapaz de resistir en contra de un menor de edad. La Corte debe constatar
si las anteriores vulneraciones se configuran o no, en razón a que dentro del
proceso (i) no se les ha permitido a la víctima y a su madre, a través de su
apoderada judicial, obtener información del proceso penal que se ha venido
adelantado en contra del agresor; (ii) no se les ha permitido participar en
condición de víctima dentro del proceso penal; y (iii) no se les ha permitido
constituirse en parte civil dentro del mismo proceso judicial. Para resolver
este problema jurídico, la Sala tendrá en cuenta que la víctima constituye un sujeto
de especial protección constitucional reforzada, dado que adicionalmente se
encuentra en unas condiciones especiales y extremas de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta, en cuanto es también víctima de desplazamiento forzado
por la violencia, se halla en condición de discapacidad cognoscitiva, y es una
mujer afrodescendiente.
En segundo lugar, la Sala
deberá constatar el estado actual de protección de los derechos de la víctima
en cuanto a la atención y reparación integral de la víctima, en su condición de
mujer desplazada forzada y persona en estado de discapacidad, de conformidad
con las órdenes y medidas de protección adoptadas por esta Corte mediante la
Sentencia T-973 de 2011,  el Autos 092 de 2009 y los Autos 05 y 06 de 2009, con
el fin de proteger los derechos fundamentales de mujeres en condición de
desplazamiento, quienes además han sido víctimas de acceso carnal o abuso
sexual violento, así como los derechos fundamentales de la población
afrodescendiente y de las personas en estado de discapacidad.
Para resolver lo anterior, la Corte
se referirá a (i)
los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral; (ii) los derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales; (iii)  las medidas adoptadas por la
Corte en el Auto 092 de 2008, y en los Autos 05 y 06 de 2009; (iv) el
pronunciamiento de esta Corte en la Sentencia T-973 de 2011; y (v) la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales; para (vi) proceder a analizar
el caso en concreto.
4. Los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral. Reiteración de jurisprudencia
4.1 En relación con los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, la
jurisprudencia de esta Corte se ha referido al derecho internacional
humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos desarrollado en
tratados ratificados por Colombia, como la Convención Interamericana o el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y al derecho comparado.[1]
Así, los
derechos de las víctimas de delitos, especialmente de graves violaciones a los
derechos humanos como el desplazamiento forzado y delitos sexuales en contra de
mujeres en el marco del conflicto armado, se encuentran reconocidos por el
derecho internacional, lo cual tiene una evidente relevancia constitucional (i)
de conformidad con el artículo 93 superior, por tratarse de tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos
humanos, prohíben su limitación en los estados de excepción y prevalecen en el
orden interno, (ii) por cuanto los derechos constitucionales deben ser
interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia, y (iii) esta Corporación ha reconocido el carácter prevalente de
las normas de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, y los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento
forzado.[2]
A continuación
la Sala hará una breve referencia a los (i) instrumentos internacionales; (ii)
tribunales internacionales; (ii) el sistema interamericano y la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos; (iii)  los informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; y (iv) al contexto europeo; en el reconocimiento y
protección de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación,
y a la no repetición.
4.2 Entre los instrumentos
internacionales más relevantes que reconocen los derechos de las víctimas a la
reparación, a la verdad y a la justicia, se encuentran la Declaración Universal
de Derechos Humanos –art.8-, la Declaración Americana de Derechos del Hombre
–art. 23-, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso del poder –arts. 8 y 11-,  el Informe Final
sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, el
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra –art. 17-, el Conjunto de
Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad o “principios Joinet” –arts. 2,3,4 y 37-, la
Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados, adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA),
que extendió las normas de los refugiados a las situaciones de violencia
generalizada y a los desplazados internos - parte III, párrafo 5-, la
Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, y la Convención Sobre
el Estatuto de los Refugiados[3] de Naciones Unidas y su
Protocolo Adicional[4].
Especial
relevancia reviste la Resolución 60/147 de Naciones Unidas[5], que consagró
una serie de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a acceder a la
justicia, interponer recursos y obtener reparaciones; y el numeral 1° del
artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que han
reconocido que las víctimas de delitos en general, de graves violaciones de los
derechos humanos, de desplazamiento forzado en especial, y de delitos sexuales
en contra de mujeres en el marco del conflicto armado, tienen el derecho
fundamental a la justicia, a la verdad y a la reparación. Lo anterior, dado que
el daño sufrido desencadenó una vulneración masiva y sistemática de sus
derechos fundamentales, lo cual dio lugar a una situación de vulnerabilidad,
debilidad manifiesta, a unas condiciones de desigualdad, a una situación de
vulneración de sus derechos fundamentales y a la ausencia de condiciones
mínimas de existencia[6],
de donde se deriva la procedencia de la reparación del daño sufrido.
De esta manera, los parámetros
fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, señalan que la garantía de los derechos de las víctimas debe
responder a criterios de justicia, suficiencia, efectividad, rapidez y
proporcionalidad frente a la gravedad de las violaciones y a la entidad del
daño sufrido.
4.3 De otra parte, reviste una
especial importancia el sistema interamericano y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativa a los derechos de las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la
reparación, y a la no repetición, por tratarse de la aplicación y garantía de las normas de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tiene carácter vinculante y
es obligatoria para los Estados partes, y de decisiones que constituyen la
interpretación autorizada de los derechos consagrados por ésta.
Para efectos
del actual estudio de constitucionalidad, es necesario resaltar en primer
lugar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una
prolija, pacífica y reiterada jurisprudencia en materia de reconocimiento y
protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los
derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos,
esencialmente respecto de los derechos a la justicia, a la verdad, a la
reparación y a la garantía de no repetición, los cuales, para la CIDH se
encuentran en una relación de conexión intrínseca.
Sobre los
derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos reconocidos
y protegidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos esta Corporación ha extraído sus propias conclusiones[7].
Para los
efectos de este estudio, se puede sintetizar que, en relación con el derecho a
la justicia, la CIDH ha reiterado en múltiples oportunidades que este derecho
implica, de un lado, (i) una obligación de prevención de los atentados y
violaciones de derechos humanos, y de otra, (ii) una vez ocurrida la violación,
la garantía de acceso a un recurso judicial sencillo y eficaz por parte de las
víctimas, lo cual supone a su vez (iii) la obligación de los Estados partes de investigar
y esclarecer los hechos ocurridos, así como (iv) la de perseguir y
sancionar a los responsables, (v) accionar que debe desarrollarse de manera
oficiosa, pronta, efectiva, seria, imparcial y responsable por parte de
los Estados.  Así mismo, (vi) ha establecido la CIDH que estos recursos
judiciales se deben adelantar con respeto del debido proceso, (vii)
dentro de un plazo razonable, y (viii) que figuras jurídicas tales como
la prescripción penal, la exclusión de la pena o amnistías son incompatibles
con graves violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, (ix) ha
insistido la CIDH que todas estas obligaciones se dirigen a cumplir con el
deber de los Estados de prevenir y combatir la impunidad, la cual es definida
por la Corte como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por
la Convención Americana. En el mismo sentido, (x) ha recabado la Corte IDH en
la gravedad de las consecuencias que apareja la impunidad, tales como la
repetición crónica de las violaciones, la revictimización y la indefensión de
las víctimas y sus familiares.
Respecto del derecho a la
verdad, la CIDH ha afirmado que este implica (i) el derecho de las víctimas y
de sus familiares a conocer la verdad real sobre lo sucedido, (ii) a saber
quiénes fueron los responsables de los atentados y violaciones de los derechos
humanos, y (iii) a que se investigue y divulgue públicamente la verdad sobre
los hechos. Así mismo, (iv) en el caso de violación del derecho a la vida, el derecho
a la verdad implica que los familiares de las víctimas deben poder conocer el
paradero de los restos de sus familiares. De otra parte, (v) la CIDH ha
resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, que no solo se predica
respecto de las víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad como un
todo con el fin de lograr la perpetración de la memoria histórica. Finalmente,
(vi) la CIDH ha evidenciado la conexidad intrínseca entre el derecho a la
verdad, y el derecho a la justicia y a la reparación.
Acerca del
derecho a la reparación, la Corte ha determinado que (i) las reparaciones
tienen que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se
garantice restitutio in integrum, esto es, la restitución de las
víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio, y que (ii) de no ser posible
la restitución integral y plena, se deben adoptar medidas tales como
indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH ha determinado que la
reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar
tanto los daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño
material incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante, así como
medidas de rehabilitación, y (vi) que la reparación debe tener un carácter
tanto individual como colectivo, este último referido a medidas reparatorias de
carácter simbólico.
Es de reiterar
que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión intrínseca existente
entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia, señalando en reiteradas
oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió,[8]a conocer los agentes de
los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus familiares,[9] así como también el
derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de los
responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye un derecho que
el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como
un todo.[10]
Finalmente, es
de suma importancia para el presente estudio de constitucionalidad poner de
relieve que en diversas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado
respecto de la obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia ha sido aceptada por
Colombia y por esta Corporación de conformidad con el artículo 93 superior, al
ser ese alto Tribunal el órgano competente de interpretación de la Convención
Americana de Derechos Humanos.[11]
4.4 Los informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos[12]
constituyen otra fuente importante de derecho internacional sobre el contenido
y alcance de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a la no repetición, por
cuanto en éstos se reiteran los parámetros internacionales mencionados
anteriormente y expuestos en esta sentencia.
Así las cosas,
la Comisión ha reiterado la conexión entre los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación, y en relación con este último ha insistido en que
(i) las
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, del derecho
internacional humanitario o de crímenes de lesa humanidad tienen derecho a ser
reparadas de manera adecuada, proporcional, integral y eficaz respecto del daño
sufrido; (ii) la reparación se concreta a través de la restitución íntegra o
plena, pero también a través de la indemnización, de la rehabilitación, de la
satisfacción de alcance colectivo, y de la garantía de no repetición; (iii) la
reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere tanto a los daños
materiales como a los inmateriales, (iv) la reparación se concreta a través de
medidas tanto individuales como colectivas, y que (v) estas medidas se
encuentran encaminadas a restablecer a la víctima en su dignidad por el grave
daño ocasionado.
4.5 En armonía con estas
normas internacionales, la Corte Constitucional ha consolidado una amplia y
reiterada jurisprudencia en materia de análisis abstracto de
constitucionalidad, en torno al contenido, alcance y desarrollo de los derechos
de las víctimas del delito, especialmente respecto de los derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparación integral. La jurisprudencia de esta Corporación
ha partido de una interpretación armónica de los artículos 1, 2, 15, 21, 93,
229, y 250 de la Carta Política, así como de los lineamientos trazados por el
derecho internacional humanitario y los estándares del derecho internacional de
los derechos humanos respecto de los derechos de las víctimas.
De esta forma,
esta Corporación ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre los
derechos de las víctimas de los hechos punibles, a partir de los postulados del
Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución de 1991, así como de la
expresa mención de las víctimas por el texto superior –art.250 CN-, y ha
contribuido al desarrollo de  un nuevo paradigma acerca de los derechos de las
víctimas de delitos, que no se agota en la reparación económica de los
perjuicios ocasionados por el delito.
En este sentido, se han fijado
parámetros constitucionales mínimos respecto de los derechos de las víctimas a
la justicia, a la verdad, y a la reparación, en casos de delitos que
constituyen un grave atentado en contra de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, los cuales se refieren tanto a estándares aplicables
dentro de procesos judiciales ordinarios, como también dentro de procesos de
justicia transicional. Estos parámetros constitucionales mínimos son, en todo
tiempo, presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico interno, en razón
a que se fundamentan en normas superiores de orden constitucional y en los
estándares internacionales fijados por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Esta Corte se ha referido
a los derechos de las víctimas de delitos a la verdad, a la justicia y a la
reparación en múltiples pronunciamientos[13].
Entre los
pronunciamientos más importantes, están (i) la Sentencia C-578 de 2002[14], mediante la cual
la Corte
realizó la revisión de
la Ley 742 del 5 de junio de 2002, por medio de la cual se aprobó el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional; (ii) la sentencia C-580 de 2002,[15]
en la cual la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 707 de 2001, por
medio de la cual se aprobó la Convención interamericana sobre desaparición
forzada de personas;  (iii) la sentencia C-370 de 2006,[16] en donde
esta Corporación conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2,
3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975
de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”, y en contra de esa ley en su
integridad; y (iv) la Sentencia C-1199 de 2008[17],
en donde la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 2°, 4°, 47, 48, 49 y 72 (todos parciales) de la Ley 975 de 2005 “Por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.”
4.6 Con base en la vasta
jurisprudencia constitucional en materia de los derechos de las víctimas de
graves delitos contra los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral,  la Sala reiterará las reglas jurisprudenciales fijadas en
estos pronunciamientos que se sintetizaron en la Sentencia C-715 de 2012 y se
reiteraron en la Sentencia SU-254 de 2013, pronunciamientos en los cuales la
Sala Plena de la Corporación hizo un esfuerzo por lograr la unificación
jurisprudencial de dichos criterios:
4.6.1 En cuanto al derecho
a la justicia, la Corte sintetizó las siguientes reglas que constituyen
mínimos constitucionales:
“(i) la
obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos,
especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas
como el desplazamiento forzado interno;
(ii) la
obligación del estado de luchar contra la impunidad;
(iii) la obligación de
establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia
para la protección judicial efectiva de los derechos de las víctimas de
delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de diseñar y
garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan
ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses de las
víctimas en el juicio;
(iv) el
deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de
graves violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado;
(v) el
respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan
con respeto del mismo;
(vi) la
obligación de establecer plazos razonables para los procesos judiciales,
teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar
lugar a la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a la no obtención
de una justa reparación;
(vii) el
deber de iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones
contra los derechos humanos;
(viii) el mandato
constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto de
justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como
amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad;
(ix) el
establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de los derechos de las
víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales como el non bis in ídem
y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, en casos de
violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;
(x) la
determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal
o de disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es
admisible la exoneración de los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y
condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes
investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener
excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a
fondo las violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos
mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen
medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan;
(xi) la
legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para hacerse parte
civil dentro de los procesos penales con el fin de obtener la verdad y la
reparación del daño;
(xii) la importancia de la
participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los
artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos;
(xiii) la
garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garantice así
mismo el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.”[18]
4.6.2 En relación con el derecho
a la verdad, la Corte señaló los siguientes criterios jurisprudenciales mínimos:
“(i) El
derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los
Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en el principio de
dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y en el
derecho al bueno nombre y a la imagen;
(ii) Así,
las víctimas
y los perjudicados por graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho
inalienable a saber la verdad de lo ocurrido;
(iii) este derecho se
encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su
conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una colectiva;
(iv) la
dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus
familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las
consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja por tanto, el derecho a conocer
la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que
marca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a
conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a los
derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad;
(v) la
dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la
sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la
posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública
de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con
una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre
graves violaciones de derechos humanos;
(vi) el
derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser
garantizado en todo tiempo;
(vii) con
la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad
procesal y la verdad real;
(viii)
este derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el
derecho a la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se
encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad
sólo es posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través de
investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas
por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la
correspondiente sanción;
(ix) de
otra parte, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la
reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus
familiares, constituye un medio de reparación;
(x) los familiares de las
personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos
y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el
derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se
encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser
objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho,
incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables
(por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)[19];
(xi) finalmente, en cuanto
al derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la obligación
del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la
responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la
importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad
histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en
casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, deben
servir a los fines constitucionales antes mencionados.”[20]
4.6.3 Acerca del derecho a
la reparación, la Sala fijó los siguientes parámetros y estándares
constitucionales mínimos, en armonía con el derecho y la jurisprudencia
internacional en la materia:
“(i) el reconocimiento expreso
del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las personas que han sido
objeto de violaciones de derechos humanos, y de que por tanto éste es un
derecho internacional y constitucional de las víctimas, como en el caso del
desplazamiento forzado;
(ii) el derecho a la
reparación integral y las medidas que este derecho incluyese encuentran
regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance,
naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, aspectos que
no pueden ser desconocidos y deben ser respetados por los Estados obligados;
(iii) el derecho a la
reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar
distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva sino
también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y
restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las
víctimas;
(iv) las obligaciones de
reparación incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena
(restitutio in integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima
a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una
situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas
se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas;
(v) de no ser posible
tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de medidas
como la indemnización pecuniaria por el daño causado;
(vi) la reparación
integral incluye además de la restitución y de la compensación, una serie de
medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no
repetición. Así,
el derecho a la reparación integral supone el derecho a la restitución de los
derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la
víctima; la indemnización de los perjuicios; la rehabilitación por el daño
causado; medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de
la dignidad de las víctimas; así como medidas de no repetición para garantizar
que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean
desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de
evitar que
las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan;
(vii) la reparación
integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene
tanto una dimensión individual como colectiva;
(viii) en su dimensión
individual la reparación incluye medidas tales como la restitución, la
indemnización y la readaptación o rehabilitación;
(ix) en su dimensión
colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas de satisfacción
y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad;
(x) una medida importante de
reparación integral es el reconocimiento público del crimen cometido y el
reproche de tal actuación. En efecto, como ya lo ha reconocido la Corte, la
víctima tiene derecho a que los actos criminales sean reconocidos y a que su
dignidad sea restaurada a partir del reproche público de dichos actos. Por
consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus derechos, es la actitud
dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes
cometidos;
(xi) el derecho a la
reparación desborda el campo de la reparación económica, e incluye además de
las medidas ya mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia. En este sentido, el
derecho a la reparación incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción de
la verdad y de la memoria histórica, como medidas destinadas a que se haga
justicia, se investigue y sancione a los responsables. Por tanto, la Corte ha
evidenciado el derecho a la reparación como un derecho complejo, en cuanto se
encuentra en una relación de conexidad e interdependencia con los derechos a la
verdad y a la justicia, de manera que no es posible garantizar la reparación
sin verdad y sin justicia;
(xii) la reparación
integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios
sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que
éstos no pueden confundirse entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza,
carácter y finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su título en
derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar
dichos derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a
derechos de vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia humanitaria
la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como
título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la
grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede
sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea responsable
de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación;
(xiii) la
necesaria articulación y complementariedad de las distintas políticas públicas,
pese a la clara diferenciación que debe existir entre los servicios sociales
del Estado, las acciones de atención humanitaria y las medidas de reparación
integral. De esta manera, el Estado debe garantizar todas las medidas, tanto de
atención como de reparación a la población desplazada, hasta el
restablecimiento total y goce efectivo de sus derechos.” [21]
5. Los derechos de las
mujeres víctimas de delitos sexuales. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La jurisprudencia de esta
Corporación, al igual que la de los organismos internacionales, ha señalado los
derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales, y ha recalcado que uno de
los mas relevantes es la necesidad de no revictimizarla y de tomar en
consideración su vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, de manera que
los Estados tienen el deber de tratar a las víctimas con respeto por su
dignidad, para cumplimiento de lo cual, ha hecho una serie de recomendaciones a
las autoridades judiciales y administrativas para que cumplan con sus
obligaciones respecto a la garantía de las mujeres abusadas sexualmente.
Así, la Asamblea General Naciones
Unidas adoptó, el 29 de noviembre de 1985, la “Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder,” en donde se lee que las víctimas de delitos sexuales  “tendrán
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del
daño que hayan sufrido” y señala “que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses,
sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia
penal correspondiente” (Resalta la Sala). Subsidiariamente, en este
instrumento se consagran “medidas
para garantizar una reparación adecuada a las víctimas, así como mecanismos de
apoyo psicológico y médico para ayudarlas a superar las consecuencias del
delito” [22]
(Énfasis de la Corte)
Igualmente,
en el artículo 4 de la “Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,” [23]se
plasmaron con relación con estos delitos en contra de la mujer, que ésta tiene
“derecho a ser tratada con consideración y respeto por su dignidad, la
obligación de adoptar medidas que eviten una segunda victimización, pero
también a proceder con la debida diligencia a prevenir, investigar y castigar
los actos de violencia contra la mujer”.[24] (Negrillas
fuera de texto)
En igual sentido, otros organismos
e instrumentos internacionales abordan el mismo tema, tales como la Comisión sobre la Prevención de Delitos
sobre la Justicia Penal de la ONU, que en el Octavo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento, señaló a los fiscales de los
casos en cuestión la importancia del respeto por la dignidad humana de todos
los participantes en cualquier proceso, y sobre todo por la víctima de la
trasgresión que se esté analizando. Esta Comisión en su sexta sesión en Viena
del 28 de abril al 9 de mayo de 1997, en su informe “Uso y Aplicación de los
Estándares de las Naciones Unidas respecto a la Prevención de Delitos y la
Justicia Penal” señalo la relevancia de la prestación de asistencia a las
víctimas del delito “teniendo especialmente en cuenta las consecuencias
de la victimización, la promoción y asesoramiento y las actividades de
intervención y respuesta en situaciones de crisis, la participación en el
sistema de justicia, y la indemnización y el resarcimiento de las víctimas”.
(Énfasis de la Sala)
En el mismo orden de ideas, en el Informe
final del Relator Especial para la Comisión de Derechos Humanos, presentado en
virtud de la resolución 1999/33 en el 56º período de sesiones, se
señalan los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las
Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”, en
los que se reitera la importancia del respeto, compasión, dignidad y los
derechos humanos de las víctimas de delitos sexuales, señalando en punto a este
tema, que los Estados deben tomar “medidas apropiadas para garantizar su
seguridad e intimidad, así como la de sus familias. El Estado debería velar
por que, en la medida de lo posible, el derecho interno previera para las víctimas de
violencias o traumas una consideración y atención especiales, a fin de evitar
que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a lograr justicia
y reparación den lugar a un nuevo trauma.” (Resalta la Corte), así como el deber
de “adoptar, durante los procedimientos judiciales, administrativos o
de otra índole que afecten a los intereses de las víctimas, medidas para
reducir al mínimo las molestias a las víctimas, proteger su intimidad según
proceda, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los
testigos, contra todo acto de intimidación o represalia” (Énfasis de la
Sala)
Igualmente, en el Consejo de Europa en el
año 1985, al igual que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en la “Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer”, se establecieron como deberes de los
Estados, “tomar todas las medidas apropiadas, (…) para modificar
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la
tolerancia de la violencia contra la mujer” y a “establecer
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno
y el acceso efectivo a tales procedimientos.” (Negrillas de la
Sala)
Así mismo, en la “Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer” se establecieron como deberes de los
Estados:
“Artículo 7. Los Estados partes condenan
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…)
b) Actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer;(…)
d) Adoptar medidas
jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que
atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e)Tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f) Establecer
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno
y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…)”[25] (subrayado fuera de texto)
De conformidad con lo
anterior, la Corte evidencia que tanto en los tratados e instrumentos
internacionales, así como en la jurisprudencia internacional y nacional, existen
claros pronunciamientos pacíficos y unificados respecto de la necesidad de protección
de las víctimas en su dignidad e intimidad, cuando de delitos sexuales se trata,
estableciendo en favor de la víctima el siguiente mínimo de derechos:
“1)
El derecho a que se garantice su acceso a un recurso legal efectivo, de tal
manera que se asegure la efectividad de sus derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación;
2)
El derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones y a ser escuchadas, y a
que se les comuniquen todas las decisiones que puedan afectar sus derechos;
3)    El
derecho a ser tratadas con respeto y consideración durante todo el proceso
judicial y a que se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a
una segunda victimización, por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan
causarle las diligencias que se adelanten en el proceso, tales como contactos
directos con el agresor, repetición innecesaria de exámenes o pruebas, etc.;
4)    El
derecho a ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o
intimidación;
5)    El
derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de
investigación sin prejuicios contra la víctima;
6)    El
derecho a que se adopten medidas para evitar injerencias innecesarias en la
vida íntima de la víctima;
7)    El
derecho a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la
práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión
innecesaria, o desproporcionada de su derecho a la intimidad;
8)    El
derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de
presiones, por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo
exterioricen;
9)    El
derecho a que la investigación penal se adelante con seriedad y objetividad
y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia.”[26] (Resalta la Sala)
5.2. Con el fin de ejemplarizar la aplicación
de los derechos consagrados a nivel internacional y que han sido adoptados por
la jurisprudencia de esta Corte, la Sala reseñará un par de casos de violencia
contra la mujer en Iberoamérica analizados y resueltos por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos CIDH, violaciones en contra de los derechos sexuales fundamentales
de las mujeres, que constituyen un problema grave y continuo en nuestro país a raíz
del conflicto armado interno, y que son parte de la falta de compromiso del Estado
para darle a las ciudadanas una protección especial y diferenciada  para la
garantía de sus derechos fundamentales, recuento que resulta de especial relevancia
para la resolución del caso que se viene analizando.
(i) En el caso del llamado “Campo
Algodonero” contra el Estado de México, la CIDH indicó que “el deber del Estado
de actuar con debida diligencia requiere de la actuación pronta e inmediata de
las autoridades policiales, fiscales y judiciales cuando el Estado tiene
conocimiento de un contexto en el que las mujeres están siendo abusadas y violentadas.
Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias de su desaparición y
que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las
autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad
y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que
ha corrido.”[27]
(Resalta la Sala)
(ii) En el Caso
Penal de Miguel Castro Castro vs. Perú señaló el Tribunal que en “casos de
vulneraciones graves a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar
la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su
impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su
conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La
obligación de investigar constituye un medio para garantizar tales derechos. Y
su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado”. (Negrillas
fuera de texto)
(iii) En otros casos de
violencia sexual contra la mujer, la CIDH ha señalado la necesidad de que: “i) la
declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le
brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de
forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se
brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de
emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo
de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación;
iv)se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y
detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la
víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si
así lo desea; v)se documenten y coordinen los actos investigativos y se
maneje diligentemente la prueba; tomando muestras suficientes, realizando
estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas
como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los
hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; y finalmente vi) se
brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las
etapas del proceso”.[28]
(Énfasis de la Sala)
En otros casos de
violencia contra las mujeres la CIDH ha establecido entre los principios más
importantes los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como el
deber de "prevenir estas prácticas degradantes". Ha
establecido que en la presencia de "procesos claros y determinantes
elementos de prueba" para completar un juzgamiento, “no deben
existir retardos injustificados en la toma de decisiones y se debe completar rápida y efectivamente el
proceso penal". A este respecto, ha enfatizado que la inefectividad judicial
ante casos de violencia contra mujeres crea un ambiente de impunidad que
facilita la violencia "al no existir evidencias socialmente percibidas
de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para
sancionar esos actos". Así las cosas, la jurisprudencia del sistema interamericano
ha reiterado que la ausencia de una investigación y sanción constituye un
incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, y
respecto de la sociedad para conocer lo ocurrido[29].
En este sentido ha establecido que la investigación debe asumirse con
seriedad y no como una simple formalidad condenada de  antemano a ser
infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el  Estado como un deber
jurídico propio y no como una simple gestión de  intereses particulares, que
dependa de la iniciativa procesal de la  víctima o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos  probatorios, sin que la autoridad pública
busque efectivamente la  verdad. Debe estar  orientada a explorar todas las
líneas investigativas posibles que permitan la  identificación de los autores
del delito, para su posterior juzgamiento y sanción. El Estado puede ser
responsable por no “ordenar, practicar o valorar pruebas … que pueden ser
fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos”.[30] Asimismo,
la Corte ha indicado que en casos de violencia sexual, la investigación debe
intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la
profunda experiencia traumática cada vez que la víctima recuerde o declare
sobre lo ocurrido. En otras palabras,”la Corte aboga por una
atención integral a la mujer víctima de violencia sexual, que abarque tanto la
atención médica y psicológica como el efectivo acceso a la justicia”.[31]
En cuanto al
deber de garantía la CIDH ha señalado que “El estado está obligado a
investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos
protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal
violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima
en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que se ha incumplido el deber
de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su
jurisdicción… Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos
de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos
reconocidos en la Convención”.[32]
Como se señala en los casos
tomados de la jurisprudencia de la CIDH, la Sala encuentra que el deber del
Estado es proteger a las potenciales víctimas de delitos sexuales,
especialmente en el marco de los contextos sociales, económicos o culturales en
los cuales la vulnerabilidad de la mujer es evidente, o en los casos en los
cuales las mujeres ya son víctimas del conflicto armado, como en el caso de las
mujeres desplazadas por la violencia, o de mujeres que cuentan con otros
factores de discriminación relativos a su pertenencia étnica, su estado de
discapacidad o su nivel de escolaridad, entre otros. La CIDH ha señalado que si
esta protección de los derechos fundamentales no es efectiva, es deber del
mismo Estado hacer justicia y castigar al victimario, con el fin de que se
cumpla no solo con la finalidad de ejemplarización social, sino también con la
de garantía de los derechos de las víctimas de estos delitos sexuales, a la
verdad, a la justicia y a la reparación, y no se termine enviando una señal de
impunidad por parte de un Estado, el cual se terminaría convirtiendo en
protector de los agresores y victimarios, en detrimento de los derechos de las víctimas
y personas más vulnerables de la sociedad, como  es el caso de las mujeres y
niñas víctimas de abuso sexual, que en el caso de Colombia, por cuenta del
conflicto armado, son presa fácil para cometer toda clase de violaciones y
abuso de sus derechos fundamentales, especialmente en lo que a sus derechos de
carácter sexual se refiere.
5.3
De conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario, y de conformidad con los preceptos
Superiores contenidos en la Constitución sobre los derechos de las víctimas,
que han sido reseñados ampliamente en esta sentencia, esta Corte ha desarrollado
y consolidado una línea jurisprudencial pacífica en cuanto al deber de
garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de violencia sexual,
especialmente cuando se trata de mujeres y niños, niñas o adolescentes,
obligación que le impone a las autoridades judiciales, incluidos los fiscales, la
obligación de “adelantar las respectivas investigaciones y juicios
penales con debida diligencia”[33]
entre otros imperativos. Dentro de las obligaciones concretas a ser atendidas
por el Estado y sus autoridades judiciales para satisfacer el derecho de las
víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación, dentro de los cuales se
encuentra el cumplimiento del principio de debida diligencia, esta Corte ha reseñado
las siguientes reglas:
[…](i) adelantar la investigación
de manera oportuna y dentro de un plazo razonable; (ii) no tomar
decisiones discriminatorias basadas en estereotipos de género; (iii) brindar
a las víctimas oportunidades para ser oídas y participar dentro del proceso,
así como tomar en cuenta sus opiniones y reclamos, y adoptar mecanismos para
facilitar la rendición del testimonio y para proteger su intimidad; (iv)
dictar mandatos judiciales de amparo para evitar nuevas agresiones, así
como para garantizar la seguridad de la víctima y su familia durante y después
del proceso; (v) dar aviso a las víctimas de la liberación de los
agresores; (vi) brindar información a las víctimas sobre sus derechos y la
forma cómo puede participar en el proceso, así como orientación psicológica;
(vii) permitir a las víctimas solicitar el control de legalidad de
las decisiones que afectan sus derechos; y (viii) guardar la debida
reserva de la identidad de la víctima[34]” (Resalta la Sala)
En síntesis, la Sala reitera en esta nueva oportunidad
la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de
violencia sexual, a la verdad, a la justicia y a la reparación, los cuales
constituyen una trilogía de derechos inseparables. En este sentido, resalta que
cuando se trata de esta clase de delitos contra mujeres, acaecidos en el
contexto del conflicto armado interno, mujeres que son víctimas de
desplazamiento forzado, y adicionalmente ostentan otros factores de discriminación
o de exclusión, tales como la pertenencia a un grupo étnico como la población
afrodescendiente, o ser personas que se encuentran en estado de discapacidad, o
encontrarse en una situación extrema de vulnerabilidad y debilidad manifiesta; estos
derechos adquieren una especial relevancia y prevalencia, por el impacto grave
y desproporcionado que causa la revictimización a través del delito sexual,
otorgando a estas mujeres una calidad especial de sujetos de especial
protección constitucional reforzada, al confluir diversos factores de
victimización y de discriminación.
Igualmente, insiste la Sala que como desarrollo de estos
derechos se encuentra la obligación de (i) prevenir, investigar, juzgar y
sancionar los delitos sexuales contra mujeres, que constituyen graves violaciones
a los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales, de
manera que se apliquen los principios de debida diligencia y rigurosidad, y cumplimiento
de un plazo razonable; (ii) la garantía de los derechos de información y
participación de las víctimas y sus familiares dentro del proceso penal, máxime
cuando se trata de mujeres que se encuentran en especiales condiciones de
vulnerabilidad, dada su pertenencia a algún grupo étnico, el bajo nivel de
escolaridad o analfabetismo, el tratarse de personas en estado de discapacidad,
y tratarse de personas en especiales o extremas condiciones de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta; (iii) la necesidad de tomar medidas cautelares frente al
agresor para evitar una revictimización, tales como medidas restrictivas de la
libertad, protección de la identidad de la víctima; (vi) el imperativo de tomar
medidas en favor de las mujeres víctimas de violencia sexual, tales como valoración
por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la atención
médica física, psicológica y de rehabilitación idónea y adecuada.
6. Las medidas adoptadas en los Autos 092 de 2008 y Autos 05
y 06 de 2009
6.1.
Mediante el Auto 092 de 2008 se buscó proteger los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas del conflicto armado, contexto en el cual
se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de orígenes con el fin de
salvaguardar su vida y la de sus familias. Estas medidas fueron: (i) órdenes de creación de trece (13)
programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública
para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las
mujeres, de manera tal que se contrarresten efectivamente los riesgos de género
en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado, (ii)
el establecimiento de dos presunciones constitucionales que amparan a las
mujeres desplazadas, (iii) la adopción de órdenes individuales de protección
concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país, y (iv) la comunicación
al Fiscal General de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales
cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano.”
La Corte constata que en el Auto de la referencia, se dictan
las medidas necesarias para la protección de las mujeres víctimas del conflicto
y de la violencia sexual, que en su contra se agrava dado el contexto mismo del
conflicto, especialmente en las mujeres desplazadas como consecuencia de la
proliferación de grupos al margen de la ley que, como si fuera un botín de
guerra, toman a la mujer como su trofeo cometiendo todo tipo de abusos contra
ellas, y utilizan los delitos y abusos sexuales como una estrategia de guerra.
Además, la Sala constata que las mujeres víctimas de desplazamiento, por el
hecho mismo del desplazamiento forzado de sus lugares de orígenes, y al
encontrarse en un entorno muy diferente y ajeno al que estaban acostumbradas,
llegan a sitios en los que por falta de protección terminan siendo igualmente
vulneradas por su misma condición de fragilidad, ante lo que, por motivos
ajenos a su deseo y voluntad, se ven expuestas a delitos sexuales.
La Sala evidencia que entre las mujeres víctimas de
desplazamiento forzado, a las cuales se les ha ordenado una protección especial,
se encuentra “Lucía”, la cual fue víctima en dos oportunidades de violencia
sexual, y que a pesar de lo ordenado y su incuestionable vulneración por ser
mujer desplazada, afrodescendiente y además encontrarse en estado de
discapacidad cognoscitiva, es notorio que las medidas no fueron suficientes
para la protección de la misma, ya que fue objeto de una segunda violación, es
decir, que esta ciudadana ha sido revictimizada por el mismo hecho punible.
El Auto 092 desarrolló los antecedentes y fundamentos
de orden constitucional en que se basó la decisión tomada en el mismo, el
impacto del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado sobre las
mujeres víctimas del mismo, los deberes constitucionales del Estado colombiano
con relación al desplazamiento forzado de las mujeres por causa de la
violencia, además de la violencia y abusos sexuales de los cuales son víctimas
las mujeres en situación de vulnerabilidad por causa del ya mencionado
desplazamiento.
A este respecto, es de mencionar que dentro de las órdenes
generales establecidas en el Auto 092 de 2008 que cobijan a “Lucia”, se
establecen la aplicación de dos presunciones constitucionales en favor de las
mujeres víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado en tanto
sujetos de especial protección constitucional, tales como la presunción de
vulnerabilidad acentuada respecto de las mujeres desplazadas por la violencia.
Respecto de ésta, la Corte en su momento expresó que debe aplicarse dentro del marco
del sistema de atención integral a la población desplazada, así como de la
valoración integral de su situación por parte de los funcionarios competentes
para atenderlas. En punto a este tema especificó que esta presunción tiene los
siguientes propósitos constitucionales:”(i) definir el deber oficioso de
los funcionarios encargados de velar por los derechos de las mujeres
desplazadas de presumir que se encuentran en la situación de vulnerabilidad e
indefensión acentuadas y, en consecuencia, proceder a una valoración oficiosa e
integral de su situación con miras a detectar posibles violaciones de sus
derechos constitucionales; (ii) definir que no es dable a los funcionarios de
Acción Social [hoy Unidad administrativa Especial para la Atención y Reparación
de Víctimas] imponer cargas administrativas o probatorias que no se compadezcan
con la situación de vulnerabilidad e indefensión de las mujeres desplazadas en
el país; (iii) señalar que las autoridades están en el deber de realizar
oficiosamente las remisiones, acompañamientos y orientaciones necesarios para
que las mujeres desplazadas que buscan su ayuda puedan acceder en forma
expedita a los distintos programas que se habrán de crear para la protección de
sus derechos”.  (Resalta la Sala)
La segunda presunción constitucional a favor de las mujeres
desplazadas por la violencia, que fue consagrada en el Auto 092 de 2008 fue el
de la prórroga automática de la ayuda humanitaria.  En relación con esta presunción constitucional, la
Corte expresó, en primer lugar, que “…esta presunción implica para las
autoridades encargadas de  prestar las ayudas humanitaria de emergencia
que ésta debe “suministrarse de manera integral, completa e ininterrumpida,
sin necesidad de programar o realizar visitas de verificación y asumiendo que
se trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema que justifica el
otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en que las autoridades comprueben
que cada mujer individualmente considerada ha logrado condiciones de
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad, momento en el cual podrá
procederse, mediante decisión motivada, a la suspensión de la prórroga.” En
segundo término, la Corte manifestó que en virtud de la presunción señalada,
las autoridades competentes deben entender que “las condiciones de
autosuficiencia integral se han materializado en casos particulares, cuando se
haya superado el nivel de pobreza y se hayan reunido las demás condiciones que
permiten concluir que dicha ayuda humanitaria de emergencia ha dejado de ser necesaria
porque la persona y su familia han pasado a la etapa de estabilización
socioeconómica, de conformidad con la sentencia C-278/07 y la sentencia
T-025 de 2004.” Y, en tercer lugar,  la Corte señaló que no se puede
interpretar esta prórroga como fraccionada, sino que debe incluir todo el
paquete de ayuda humanitaria, de manera que “…[s]e prorroga la ayuda
completa con todos los ingredientes de la ley.” (Énfasis de la
Corte)
En armonía con lo expuesto, en lo ordenado por esta Corte en
el numeral tercero de la parte resolutiva del Auto 092 de 2008, se ordena al Director
de Acción Social -hoy Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación de Víctimas- la obligación de disponer las actuaciones y
procedimientos necesarios, con el fin de que la totalidad de los funcionarios
públicos que están encargados de atender los derechos de las mujeres
desplazadas conozcan, comprendan y apliquen adecuadamente las dos presunciones
constitucionales antes mencionadas.
(ii) De otra parte, en el Auto 092 de 2008 se ordena
la implementación de trece programas “para prevenir y atender el impacto
diferencial y agravado del conflicto armado y el desplazamiento forzado sobre
las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores”.
En el auto 092 de 2008, esta Corte advirtió el impacto
diferencial y agravado que afecta a las mujeres en el marco del conflicto
armado, en razón a que las mujeres, por su condición de género y las
estructuras históricas, sociales, económicas y culturales de discriminación a
las que se han encontrado sometidas, afrontan ciertos riesgos derivados de su
condición  femenina, los cuales no afectan a los hombres en la misma
proporción. Los riesgos identificados por la Corte se relacionan con: (a) la
violencia sexual, explotación o abuso sexual; (b) esclavización  para ejercer
labores domésticas o roles considerados patriarcales; (c) el reclutamiento
forzado de sus hijos e hijas; (d) el riesgo derivado del contacto real o
presunto con integrantes de algunos de los actores armados; (e) los riesgos
derivados de su pertenencia a organizaciones sociales o comunitarias, liderazgo
o promoción de derechos humanos; (f) persecución o asesinato como estrategia de
control coercitivo; (g) asesinato o desaparición de su proveedor económico; (h)
despojo de sus tierras y patrimonio; (i) la discriminación y vulnerabilidad
acentuadas de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (j) la pérdida o
ausencia del compañero durante el desplazamiento.
(iii) Así mismo, la Corte identificó dieciocho (18) facetas
de género del desplazamiento forzado, en tanto aspectos que impactan de manera
diferencial, específica y agudizada a las mujeres, por causa de su condición
femenina en el marco del conflicto armado colombiano. Estas facetas de género
del desplazamiento incluyen, por una parte:  (a) patrones de violencia y
discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana,
preexistentes al desplazamiento, pero que se ven potenciados y degenerados por
el mismo, impactando en forma más aguda a las mujeres desplazadas y, por otra
parte (b) problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la
conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan, y que no afectan ni
a las mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados.
(iv) Para hacer frente tanto a la prevención de los riesgos
de género, en el marco del conflicto armado y para atender las afectaciones de
género que pesan sobre las mujeres, la Corte ordenó al entonces Director de
Acción Social –hoy Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas-, el diseño e implementación de los siguientes trece Programas
con el propósito de colmar los vacíos críticos en la política pública de
atención al desplazamiento forzado:
“a. El Programa de Prevención del Impacto de Género
Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos
Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado.
b. El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la
Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
c. El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y
Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
d. El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres
Desplazadas.
e. El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son
Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y
Productivas y de Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer
Desplazada.
f. El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres
Desplazadas Mayores de 15 Años.
g. El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de
la Tierra por las Mujeres Desplazadas.
h. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres
Indígenas Desplazadas
i. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres
Afrodescendientes Desplazadas.
j. El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer
Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Desplazadas
Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción
Social, Cívica o de los Derechos Humanos.
k. El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres
Desplazadas como Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la
Reparación y la No Repetición.
l. El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres
Desplazadas.
m. El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al
Sistema de Protección por las Mujeres Desplazadas.”
6.2  Mediante el Auto No. 05 de 2009 la Corte adoptó
medidas para la protección de los derechos fundamentales de la población
afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de
cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.
En este pronunciamiento, la Corte reiteró
los vacíos de la política pública para proteger los derechos de la población
desplazada, de conformidad con lo señalado en la sentencia T-025 de 2004, en
donde sostuvo que no habían sido “reglamentadas las políticas que faciliten
el acceso a la oferta institucional a los grupos desplazados en situación de
mayor debilidad, tales como (…) los grupos étnicos (…)” y destacó que “los
sistemas de registro no son sensibles a la identificación de necesidades
específicas de los desplazados que pertenecen a grupos bajo un mayor nivel
de vulnerabilidad, tales como (…) los grupos étnicos.” En el mismo
sentido, al indicar los derechos fundamentales que resultan vulnerados en los
casos de desplazamiento forzado, la Sala señaló los derechos de los miembros de
los “grupos especialmente protegidos ‘en razón de las precarias condiciones
que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse’”, como son
las minorías étnicas y la población afrocolombiana.
Así las cosas, la Corte evidenció que
la poblaciones de minorías étnicas tienen una especial protección constitucional
que se le impone a las autoridades estatales, y entre estas minorías destacó el
caso de la población afrodescendiente, grupo que es objeto de análisis en la
providencia que se reseña, los cuales deben recibir medidas diferenciales
positivas o acciones afirmativas, las cuales han de atender a sus condiciones
de especial vulnerabilidad e indefensión, por lo que se les debe dar un trato
preferente para materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Esta Corporación acentúo que la protección
especial del grupo afrocolombiano, tiene además deberes especiales de
prevención, atención y salvaguarda no solo de sus derechos individuales, sino
también de los colectivos, los cuales deben ser prestados con una mayor
diligencia, lo cual justifica que se tomen medidas de diferenciación positiva
para que sean atendidas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y que
además se tienda a materializar a este grupo el goce efectivo de sus derechos,
a través del trato preferente que se les debe otorgar.
En este orden de ideas, en el
pronunciamiento que se analiza la Corte señaló que la protección especial que
tiene la población afrodescendiente encuentra su soporte en los mandatos
constitucionales, y en la obligatoriedad de los compromisos internacionales adquiridos
por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad vigente. Así,
las normas Superiores a partir de los cuales la Sala ha fundamentado la
protección de la población afrodescendiente son los consagrados en los
artículos 1º,  2º, 5º , 7º, 13 y 70. Este último reconoce que “la cultura en
sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, y obliga al
Estado colombiano a “reconocer la igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país”. Así mismo, el artículo 55 CP hace referencia expresamente
a las comunidades afrodescendientes y ordena al congreso expedir “una ley
que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico,
de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley (…)”
y que establezca “mecanismos para la protección de la identidad cultural y
los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico
y social”.
Para cumplir con el mandato
constitucional del art 55 Superior, el Legislador expidió la Ley 70 de 1993,
en la cual se contemplan diferentes disposiciones en favor de las
comunidades negras. Entre muchas otras garantías, en esta Ley se
reconoce la propiedad colectiva de las comunidades negras (arts. 3 a 18), se
contemplan mecanismos para asegurar los usos sobre la tierra y la protección de
los recursos naturales sobre las áreas a las que se refiere la Ley (arts 19 a
25), así como la protección y participación de las comunidades negras frente a
la explotación y expropiación de recursos naturales no renovables (art. 26 a
31).
De otra parte, la jurisprudencia
constitucional ha enfatizado que el Estado tiene compromisos y deberes
específicos ante las comunidades afrodescendientes adquiridos por los mandatos
de instrumentos internacionales, en los cuales se señala que se deben evitar
discriminaciones frente a estos grupos étnicos, al igual que desarrollar
acciones afirmativas para garantizarle a estas comunidades y los individuos que
las componen el goce efectivo de todos sus derechos fundamentales, de carácter individual
y colectivo, en igualdad de condiciones con el resto de la población y con enfoque
diferencial respecto de medidas específicas y adecuadas a su condición y
situación particular que se deriva de su pertenencia a un grupo étnico.
Al analizar las falencias y vacíos
estructurales de la política pública del Estado frente a la atención y
reparación integral de la población afrodescendiente, víctimas de
desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, la Corte
constató en su momento problemas asociados a (i) la falta de voluntad política
para el reconocimiento y garantía de sus derechos; (ii) fallas en el registro y
alto índice de  subregistro; (iii) desconocimiento o negación de sus derechos;
(iv) altísimos índices de la violencia rural y urbana
asociada a una lucha por el control territorial; (v) persistencia del conflicto
armado en los territorios ancestrales que habitan los afrocolombianos; (vi)
apego de la población afrocolombiana a sus territorios, lo cual genera una
mayor resistencia a la expulsión, confinamiento, y desplazamientos intraurbanos
o de corta duración que no son registrados; (vii) exclusión de esta población
de procesos de participación y toma de decisiones; todo lo cual ha generado un
impacto grave, diferencial y desproporcionado sobre esta población por el
desplazamiento forzado.
Uno de los problemas más transcendentales detectado
por la Corte es el relacionado con la perdida de los territorios para las
comunidades afrodescendientes, en razón a que el territorio tiene una
connotación muy profunda para ellos, en cuanto constituye no solo un lugar para
vivir y sostenerse, sino una expresión de su memoria colectiva, de su concepto
de libertad, de su concepción de vida, de su cosmovisión o cosmogonía,
acentuando que con el territorio no solo se habla de los titulados
colectivamente, sino de los que ancestralmente han sido habitados por estas
comunidades. De otra parte, constató la
Corte que la gran mayoría de los afrocolombianos desplazados que llegan a las ciudades se ven obligados
a vivir en los llamados cinturones de miseria, sin condiciones para una vida
digna y con todos los problemas que se presentan, principalmente la
discriminación y la revictimización, lo cual los coloca en una situación de
extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
En la decisión se destaca que la Corte
“(i) constata que los individuos y las comunidades afrocolombianos en
situación de desplazamiento y confinamiento no son tratados de manera acorde
con su status como sujetos de especial protección constitucional, en sí
mismos titulares de derechos individuales y colectivos fundamentales, y
merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada; y declara que
sus derechos fundamentales prevalecientes que están siendo masiva y
continuamente desconocidos, (ii) constata que la política pública
de atención a la población desplazada carece de un enfoque integral de atención
diferencial a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento,
que sea sensible a los riesgos especiales que sufren, a los factores
transversales que inciden en el  desplazamiento y el confinamiento de esta
población y los riesgos particulares que impactan de manera desproporcionada en
sus derechos. declara que las autoridades colombianas están en la obligación
constitucional e internacional de incorporar un enfoque integral diferencial de
prevención, protección y atención que responda a la realidad de las comunidades
afrocolombianas, y (iii) reitera que los niños, niñas, adolescentes,
mujeres y personas con discapacidad pertenecientes a la población
afrodescendiente desplazada están amparados por las presunciones de
vulnerabilidad extrema y prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia” que
han sido establecidas en los Autos 092 y 251 de 2008, por lo tanto, tienen
derecho a que se los incluya en los programas desarrollados en cumplimiento de
lo ordenado en dichos Autos.
Por consiguiente, en este Auto la
Corte (i) adoptó medidas para la restitución efectiva de los territorios
colectivos y ancestrales, que fueron usurpados o despojados a las comunidades
afrodescendientes; (ii) para el cumplimiento de la presunción de
constitucionalidad a favor de mujeres y personas con discapacidad
pertenecientes a la población afrodescendiente desplazada que están amparados
por las presunciones de vulnerabilidad extrema y prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia; y (iii) ordenó diseñar un plan integral de prevención,
protección y atención a la población afrocolombiana, con la participación
efectiva de las comunidades afro y el pleno respeto por sus autoridades
constituidas, y de las autoridades territoriales concernidas; entre otras
medidas adoptadas.
6.3 A
través del Auto 006 de 2009, la Corte buscó la protección de las
personas desplazadas, con discapacidad, en el marco del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. En este
pronunciamiento, la Corte evidenció, a partir de todos los estudios efectuados
sobre las personas con discapacidad, y que además padecen el desplazamiento
forzado, estas personas son las más vulnerables en el país, y que entre estos
los que presentan mayor debilidad son los que padecen de una discapacidad
cognoscitiva, especialmente si son mujeres y menores de edad.
La Corte puso de relieve que estas víctimas del
conflicto suelen ser dejadas de lado por la sociedad y el Estado y deben
enfrentar obstáculos adicionales como el acceso al espacio físico, a la
comunicación, a la información, a la participación, y que adicionalmente este
grupo de individuos son los que tienen mayor riesgo de perder la vida, de
sufrir todo tipo de abusos, recibir tratos denigrantes o quedar en abandono,
siendo por tanto revictimizados en múltiples oportunidades. Igualmente, esta
Corte evidenció que estas víctimas de desplazamiento y en estado de
discapacidad, deben luego enfrentar la marginación y el aislamiento en su nuevo
entorno, lo cual les hace muy difícil su recuperación y rehabilitación respecto
de su condición de discapacidad.
En este pronunciamiento, la Corte constató que no ha
habido acciones por parte de una política pública coherente, con el fin de enfrentar
este tipo de casos, ya que, en primer lugar, no existe información confiable sobre
la cantidad de personas que, con discapacidad, han sido víctimas de
desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, y por consiguiente, en
segundo lugar, sus necesidades y requerimientos de atención y reparación, que
son heterogéneas y deben enfrentarse con un criterio de enfoque diferencial,
son de escaso conocimiento de las entidades responsables y la garantía de sus
derechos fundamentales es prácticamente nulo.
De otra parte, en el Auto esta Corporación señaló
que la indiferencia y falta de garantía por parte del Estado de los derechos
fundamentales de estas víctimas, en las cuales confluyen diversos factores de
victimización y de discriminación, profundiza la condición de discapacidad y conlleva
la revictimización, de manera que esta omisión conduce a “anular o restringir los derechos y
libertades de las personas con discapacidad víctimas del desplazamiento y a
excluirlas de beneficios y oportunidades necesarios para mejorar sus
condiciones de vida”.  En
armonía con lo anterior, expuso la Corte que algunos de los factores que
potencian la condición de discapacidad son la edad avanzada, la baja escolaridad, la desocupación,
la pérdida de roles sociales, la pérdida de familiares y amigos, las
condiciones materiales de vida inadecuada, y las enfermedades crónicas.
Indicó
la Corte que en las recomendaciones del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en la Observación General N°
5 se señala que: “A las personas con
discapacidad se las trata a veces como si no pertenecieran a ninguno de los dos
sexos. Como resultado de ello, a menudo se pasa por alto la doble
discriminación que padecen las mujeres con discapacidad (…) En
consecuencia, el Comité insta a los Estados Partes a que se ocupen de la
situación de las mujeres con discapacidad, y a que en el futuro se dé alta
prioridad a la aplicación de programas relacionados con los derechos
económicos, sociales y culturales.”
(Resalta la Sala)
Así las cosas, la Corte ha sostenido que las personas con
discapacidad gozan de una protección más importante, tanto en el ordenamiento
jurídico interno, como el internacional de los derecho humanos, y que de allí
se desprenden los deberes y obligaciones en cabeza de autoridades públicas y
particulares para garantizar la protección de sus derechos fundamentales “(i)
a la vida e integridad personal; (ii) a la igualdad y la no discriminación;
(iii) al libre desarrollo de la personalidad; (iv) a la locomoción, en especial
en relación con la accesibilidad a espacios públicos y privados, (v) al debido
proceso; (vi) a la libertad religiosa; (vii) al trabajo y a la estabilidad
laboral reforzada; (viii) a la salud y a la seguridad social; (ix) a la
educación; (x) a la personalidad jurídica; (xi) los derechos sexuales y
reproductivos; y (xii) a la participación ciudadana”.  A este
respecto, la Sala ha puesto de relieve que la marginación de las personas con
discapacidad tiene dos tipos de situaciones: “Por un lado, la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente,
dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin
justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio
consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen
derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un
beneficio, ventaja u oportunidad.”[35].
La jurisprudencia ha enfatizado en el deber del Estado
de (i) brindar una protección más profunda a las personas en estado de discapacidad,
procurando alcanzar la igualdad de sus derechos y de oportunidades frente al
resto de la sociedad; (ii) establecer las políticas públicas necesarias para su
rehabilitación e integración en la comunidad de acuerdo a sus condiciones;  y (iii)
brindarles un trato especial y diferencial, adoptando medidas afirmativas con
el fin de evitar la discriminación y la revictimización.
Igualmente, con base en
los instrumentos internacionales sobre los derechos de las personas en estado
de discapacidad, el Estado ha adquirido compromisos y deberes frente a este
grupo de la población que lo obliga a desarrollar acciones para garantizar que
las mismas puedan gozar de
todos los derechos constitucionales, en igualdad de condiciones sin
discriminación alguna y quedan cobijadas con “dos de los principios fundamentales del Derecho
Internacional Humanitario, a saber, a) el principio de distinción –que
prohíbe, entre otras, dirigir ataques contra la población civil, utilizar
métodos de combate o armas de efectos indiscriminados, y realizar actos
destinados a sembrar terror entre la población civil, que usualmente preceden y
causan el desplazamiento, y en otras oportunidades tienen lugar después de
aquél, y b) el principio de trato humanitario  –que cobija a las
personas con discapacidad, en tanto varias garantías fundamentales les son
directamente aplicables a la situación de riesgo que padecen en virtud del
conflicto armado interno”.[36]
Así mismo, en los principios rectores la
ONU sobre desplazamientos internos, se hace mención a los derechos de las
personas con discapacidad, consagrando en el principio 4 que “1) Estos
Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad,
posición económica, nacimiento o cualquier otro criterio similar. 2) Ciertos
desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados,
las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de
familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán
derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un
tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.” y el Principio
19 señala: “1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que
sufran discapacidades recibirán en la mayor medida posible y con la máxima
celeridad la atención y cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna
salvo por razones exclusivamente médicas. Cuando sea necesario, los desplazados
internos tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.” (Subrayado
por la Corte).
En este contexto, esta Corporación ha identificado algunas
problemáticas y riesgos que impactan de manera grave y desproporcionada, en el
marco del conflicto armado y del fenómeno del desplazamiento forzado, a la población
con discapacidad, tales como “i) el que se incremente la discapacidad por
hechos asociados al conflicto, o se adquiera una nueva discapacidad; ii) el de
abandono por falta de independencia personal, antes y durante el desplazamiento;
iii) la imposibilidad de algunas personas con discapacidad para poder huir ante
las amenazas contra su vida o su integridad personal en el marco del conflicto
armado; iv) el riesgo de que por su extrema vulnerabilidad, puedan ser objeto
de ejecuciones extrajudiciales para ser presentados como bajas de actores de
grupos armados ilegales”.
Específicamente en relación con el desplazamiento, la
Corte identificó los siguientes riesgos para este grupo específico: “i) de
discriminación y exclusión por barreras actitudinales, producto del
desconocimiento, prejuicios, estigmas e imaginarios sociales errados acerca de
la discapacidad; ii) de discriminación y exclusión de los servicios de atención
al desplazamiento, por barreras de acceso al entorno físico y al transporte;
iii) de discriminación y exclusión por barreras de acceso a la información y a
la comunicación; iv) riesgos acentuados por los efectos destructivos del
desplazamiento forzado sobre las estructuras y capacidades familiares; v)
riesgos agravados por la pérdida de redes sociales y del entorno; vii) mayores
obstáculos para el acceso, permanencia y adaptabilidad al sistema educativo de
niños, niñas y adolescentes desplazados con discapacidad; vii) obstáculos
agravados para las personas desplazadas con discapacidad, mayores de 15 años
para acceder al sistema educativo o a programas de capacitación laboral acordes
con sus necesidades; viii) mayores obstáculos para la inserción al sistema
económico y de acceso a oportunidades laborales y productivas; ix) riesgo
acentuado de deterioro en la salud y de disminución de esperanzas de vida por
condiciones inadecuadas de vivienda, nutrición y saneamiento básico, y por la
ausencia de una atención integral en salud; x) riesgo acentuado de mendicidad;
xi) problemas graves de índole psicosocial; xii) dificultades para la
construcción de identidad; xiii) obstáculos acentuados para ejercer su derecho
a la participación y asociación”.  Adicionalmente, la jurisprudencia de
esta Corte ha puesto de relieve que la población afrodescendiente y los
indígenas con discapacidad, ven aún más limitadas sus posibilidades de gozar
efectivamente de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, es evidente para esta Corporación,
que la población desplazada con algún tipo de discapacidad, al afrontar la
destrucción de su entorno social y familiar sufren un impacto más notorio, al
padecer el marginamiento y la exclusión en unas dimensiones más graves,
desproporcionadas y dramáticas que las demás víctimas de desplazamiento forzado.
Así las cosas, la Corte ha encontrado fallas
estructurales y graves en el sistema de atención y reparación integral con
enfoque diferencial frente a estas víctimas, que tienen condiciones adicionales
de discapacidad, que genera un impacto diferencial y desproporcionado sobre
esta población, y las colocan en una situación extrema de vulneración y
debilidad manifiesta, como (i) fallas en el registro, cuantificación,
información, caracterización específica y monitoreo respecto de las personas con
discapacidad; (ii) la ausencia de conocimiento respecto de la naturaleza,
características, alcance, grado y nivel de la discapacidad; (iii) factores de
riesgo que impactan de manera agravada a mujeres con discapacidad, tales como “i)
el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco
del conflicto armado; iii) el riesgo de reclutamiento forzoso
por los grupos armados ilegales; iii) el riesgo de ser incorporados al comercio
ilícito de armas o de drogas; iv) el riesgo de perder el entorno de protección
por el asesinato o desaparición del proveedor económico o por la desintegración
de su grupo familiar y de las redes de apoyo material y social; viii) el riesgo de ser despojados de
sus tierras y patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales”;
(iv) la ausencia de una política pública con enfoque diferencial que tenga en
consideración las necesidades específicas de la población con discapacidad que
han sido víctimas de desplazamiento forzado; y (v) el hecho de que las personas
con deficiencias mentales o discapacidad cognoscitiva, son quienes enfrentan de
manera más acentuada todos los riesgos de revictimización, discriminación,
exclusión, falta de rehabilitación, y en general la falta de garantía del goce
efectivo de sus derechos fundamentales, resaltando particularmente que es
precisamente esta población “la que enfrenta un alto riesgo de abuso
sexual y otras formas de violencia”. (Resalta la Sala)
En el Auto 06 de 2009 la Corte sostuvo que el Gobierno
“…ha sido indiferente a la situación particular que enfrentan las personas
con discapacidad en el marco del desplazamiento forzado, con lo cual, lejos de
cumplir su obligación de remover las barreras que le impiden a esta población
gozar de sus derechos en igualdad de oportunidades con las demás personas,
contribuye a perpetuar las condiciones de marginamiento y exclusión a las que
se han visto expuestas. Un tratamiento diferencial en discapacidad en el
marco de la política de atención al desplazamiento forzado es imperioso,
enfoque que deberá garantizar acciones integrales y coordinas para hacer frente
a la acentuada vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad”.
(Énfasis de la Sala)
Con fundamento en lo anterior, en el Auto 06 de 2009
la Corte concluyó que “(i)…
las personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, no son
tratadas de manera acorde con su status constitucional como sujetos de especial
protección y merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada; y
declara que sus derechos fundamentales están siendo continuamente desconocidos
y (ii) … que la
política pública de atención a la población desplazada carece de un enfoque
integral diferencial respecto de las personas con discapacidad, que sea
sensible a los riesgos especiales que como consecuencia del desplazamiento
forzado, generan un impacto desproporcionado sobre ellas y sus familias que se
agrava, en razón del género, la edad, la etnia y el tipo de discapacidad.
Declara que las autoridades colombianas están en la obligación constitucional e
internacional de incorporar un enfoque integral diferencial que responda a las
necesidades de las personas desplazadas con discapacidad, tal y como ha sido
descrita en la presente providencia.” (Negrillas de la Sala)
En consecuencia, las medidas que adoptó la Corte en
relación con el goce efectivo de los derechos de la población desplazada con
discapacidad estuvieron encaminadas a que las autoridades del Sistema Nacional
de Atención Integral a Población Desplazadas –SNAIP- “(i) suplan las
falencias de información que se tiene sobre la población desplazada con
discapacidad; (ii) diseñen e implementen un programa nuevo en el ámbito del
SNAIPD, esto es, el “Programa para la protección diferencial de las personas
con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado”, con dos
componentes centrales –uno de prevención del impacto desproporcionado del
desplazamiento forzado sobre las personas con discapacidad y sus familias, y
uno de atención a las personas con discapacidad y sus familias, que se
encuentran en situación de desplazamiento forzado; (iii) el diseño y ejecución
de cinco (5) proyectos pilotos en distintas ciudades y poblaciones del país, orientados
a responder a los riesgos específicos en el marco del conflicto armado y a los
problemas transversales diferenciados más apremiantes para la población
desplazada con discapacidad y (iv) la atención concreta a 15 personas
desplazadas con discapacidad, cuya situación individual fue acreditada ante la
Corte…”
7.  La Sentencia T-973 de 2011[37]
Es necesario mencionar en este
análisis, las consideraciones vertidas por esta Corporación en la sentencia
T-973 de 2011, en donde este Tribunal se pronunció respecto de otro hecho de
violencia sexual ocurrido en el año 2005 en contra de la misma víctima
accionante “Lucia”, cuando ésta era todavía menor de edad en su aspecto
cronológico, y su madre “Matilde”.
En esta sentencia la Corte consideró la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales por cuanto se cumplían
con la totalidad de “los requisitos generales de procedencia de la misma que
habilitan al juez constitucional para efectuar un análisis de fondo de los
hechos materia de controversia”.
Igualmente, se refirió la Corte al interés superior
del menor y los derechos fundamentales de los niños, quienes por su falta de
madurez física y mental, con fundamento en los instrumentos internacionales que
lo consagran y el artículo 44 Superior. Resaltó la Corte que el principio del
interés superior del menor, resulta doblemente reforzado, de conformidad con el
artículo 13 Superior, cuando frente al menor concurren, además, una serie de
circunstancias que lo hacen aún más vulnerable. Tal es el caso de aquellos que
padecen algún tipo de discapacidad o son víctimas del desplazamiento forzado.
Mencionó que en el contexto del desplazamiento
forzado, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los menores de
edad, son una de las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la
población desplazada y es obligación de la familia, la sociedad y el Estado
brindar a los niños una especial protección de sus derechos fundamentales,
protección que se torna doblemente reforzada, cuando adicionalmente el menor
padece alguna clase de discapacidad. En estas circunstancias, la acción de las
autoridades frente a las graves violaciones de sus garantías fundamentales debe
ejercerse con tal rigurosidad, que se garantice a toda costa la protección de
sus derechos.
En relación con las obligaciones de la Fiscalía
General de la Nación, mencionó que esta entidad constituye el máximo órgano
investigativo, con deberes específicos en torno a la protección integral de los
derechos de las víctimas de conductas punibles dentro de la actuación penal,
siendo pieza fundamental en el propósito de alcanzar la verdad, la justicia y
la reparación. Específicamente en el caso de los menores de edad, víctimas de
delitos sexuales, sostuvo que dicha protección adquiere un especial
significado, pues el decreto y práctica de pruebas, así como la valoración de
las mismas, deben estar siempre orientados hacia la protección del interés
superior del menor, máxime cuando aquel es discapacitado y afronta las
consecuencias del desplazamiento forzado.
Por todo lo anterior, una vez la Corte valoró las
circunstancias de hecho que dieron origen a la actuación penal que se analizaba
en esa ocasión, las pruebas aportadas al proceso, así como aquellas recaudadas
en sede de revisión, y el contenido de la Resolución No. 287, del 22 de
septiembre de 2006, mediante la cual la Fiscalía precluyó la investigación
penal No. 169.022, encontró la Corte que al adoptar dicha decisión, la Fiscalía
21 Seccional de Cartagena había trasgredido los derechos fundamentales
invocados por la accionante “Matilde”, madre de “Lucía”, quien había sido
víctima de un delito de abuso sexual, circunstancia que consideró configuraba
un defecto fáctico por incorrecta valoración del material probatorio
allegado al proceso.
A este respecto, observó la Corte que la
Fiscalía 21 Seccional de Cartagena no había sido diligente en el análisis de
los hechos, ni en el recaudo del material probatorio, había limitado de manera
desproporcionada la responsabilidad penal del presunto infractor al testimonio
que pudiese ofrecer la víctima, desconociendo que se trataba de una menor de
edad, en condición de discapacidad mental y en situación de desplazamiento
forzado, lo cual, sin lugar a dudas, convertía dicho testimonio en una prueba
imposible de recaudar y de valorar, pues, dichos factores le impedían a aquella
exponer dentro del proceso un relato serio, real y coherente en relación con
los hechos que dieron lugar al proceso.
Así mismo, encontró que en ese caso, se había
demostrado plenamente la ocurrencia del hecho delictivo, como lo admitía la
autoridad judicial demandada, a lo cual se sumaba el hecho de que el sindicado,
a pesar de tener conocimiento que se adelantaba en su contra la investigación
penal por el delito de acceso carnal abusivo, había evadido los llamados de la
autoridad judicial para explicar su conducta.
Igualmente, constató en esa oportunidad que
el ente acusador había faltado a su compromiso de garantizarle a la víctima su
derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se investigue y se sancione
al responsable, y a obtener la reparación del daño ocasionado, que comportaba
la adopción de todas la medidas tendientes a hacer desaparecer, las violaciones
cometidas, y en lo posible, a devolverla al estado en que se encontraba antes
de la afectación de sus derechos. Igualmente, coligió que se había desconocido la
protección reforzada de la que es titular, dada su situación de extrema
indefensión y vulnerabilidad; había omitido realizar una exhaustiva
investigación de los hechos delictivos de que resultó víctima; y al condicionar
el desarrollo de la actuación penal al recaudo de una prueba imposible y no
procurar el acopio de otras, la había despojado desproporcionadamente de su
derecho a la tutela judicial efectiva y de la protección de sus demás derechos
fundamentales. A este respecto, reiteró que la obligación de investigar la
ocurrencia de una conducta punible debe ser asumida por el Estado como un deber
jurídico, máxime cuando lo que se discute es la grave afectación de derechos
fundamentales de sujetos titulares de una especial protección constitucional,
como lo son los menores de edad, las personas con discapacidad y los afectados
por el desplazamiento forzado, situaciones todas que concurrían en la víctima.
De otra parte, encontró la Corte la ocurrencia de un defecto
procedimental absoluto ya que existieron inconsistencias en materia de
notificaciones al enviársele a direcciones distintas, y en el proceso no hay
constancia de recibido. Adicionalmente, la madre no fue escuchada en el
procedimiento y no se le informó de la preclusión del mismo, tampoco se
evidencia que haya recibido la asesoría necesaria para que pudiera asesorarse
de los procedimientos y así evitar la decisión aludida. En punto a este tema,
encontró que dada la poca escolaridad de la accionante, ésta “no cuenta con
los medios necesarios para asegurar en debida forma la defensa de los derechos
e intereses de su hija discapacitada, de los que la propia Fiscalía debió
apersonarse y no desdeñar como lo hizo”. Así mismo, hizo mención de la
imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, dada la violación de su
derecho a la información, y su precaria situación social y económica.
Por todo lo anterior, concluyó que no era “
…jurídicamente admisible, como ocurrió en este caso, que la Fiscalía
renuncie al ejercicio de la acción penal o precluya la actuación a su cargo,
sin antes haber ejecutado todas las acciones posibles, tendientes a acopiar el
material probatorio suficiente para esclarecer la ocurrencia de los hechos
delictivos y, de esa manera, asegurar un juicio justo acorde con la realidad de
lo ocurrido. En lo que respecta a este asunto, se advierte precisamente la
ausencia de una investigación seria y real por parte de la Fiscalía 21
Seccional de Cartagena de los hechos delictivos de los que resultó víctima
Lucía, en su condición de sujeto de especial protección”.
Por todo lo anterior, la Corte decidió revocar la sentencia proferida en segunda
instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, confirmó el fallo dictado por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y, en su lugar,
tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana de “Lucía”.
En consecuencia, este Tribunal decidió dejar sin efecto la Resolución No. 287,
del 22 de septiembre de 2006, proferida por la Fiscalía 21 Seccional de
Cartagena, mediante la cual se dispuso la preclusión de la investigación penal
radicada con el número 169.022 contra “Samuel”. Por tanto, se ordenó al Fiscal
Seccional 21 de Cartagena, o quien hiciera sus veces, reabrir dicha
investigación, la cual se encontraba archivada desde el 5 de octubre de 2006, y
realizar una verdadera investigación seria y exhaustiva de los hechos en los
que se sustentó y una correcta valoración del material probatorio allegado al
proceso.
8. Procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales
8.1 En cumplimiento de su
deber de suprema guardiana de los principios, valores, derechos y preceptos de
la Constitución Política, de conformidad con el mandato contenido en el
artículo 241 Superior, y en su calidad de máxima intérprete de la Carta y
unificadora de la jurisprudencia constitucional, esta Corporación ha sentado
una sólida línea jurisprudencial en relación con la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y los requisitos para la misma.
En este sentido, la Corte
ha buscado una correcta ponderación y un debido equilibrio entre la vigencia
del principio constitucional relativo al respeto y garantía de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, de un lado, y el respeto de la autonomía e
independencia de los jueces, y la seguridad jurídica, de otro lado.
En cuanto al primer
principio relativo al respeto y garantía de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, para esta Corporación es claro que dentro del marco normativo del
Estado social y constitucional de Derecho está plenamente justificada la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, cuando se presente
vulneración de los derechos fundamentales por estas decisiones, en razón a que
todas las ramas del poder público –legislativa, ejecutiva y judicial- tienen el
deber de respetar los derechos fundamentales, y por cuanto las autoridades
judiciales pueden llegar a vulnerar estos derechos, escenario en el cual debe
proceder la garantía constitucional de la tutela.
En este sentido, para la
Corte son manifiestas las razones iusfilosóficas y constitucionales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
8.2 Las razones de orden
constitucional obedecen a que (i) en primer lugar, la Constitución Política es
norma de normas, tiene la mayor jerarquía normativa al encontrarse en la
cúspide de la pirámide del ordenamiento  jurídico, y por tanto constituye el
máximo precepto normativo con la máxima vigencia y máxima eficacia jurídica.
(ii) En segundo lugar, y en consonancia con la premisa anterior, a que existe
un claro mandato de orden constitucional relativo a que todos los poderes
públicos –ejecutivo, legislativo y judicial-, y por ende todas las autoridades
públicas, deben respetar los derechos fundamentales. Lo anterior significa, que
los derechos fundamentales vinculan por igual a todas las autoridades públicas,
a todas las ramas del poder público y a todas las entidades y organismos del
Estado. (iii) En tercer lugar, a que por expreso mandato constitucional, la
acción de tutela procede sin excepción, contra todas las autoridades públicas
de todas las ramas del poder público. (iv) y finalmente, a que el supremo
intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional.
8.3 Las razones de orden
iusfilosófico son por lo menos las siguientes: (i) que los derechos
fundamentales constituyen pilares normativos sine qua non de un Estado
constitucional y democrático de derecho y operan como límites frente al mismo
Estado y sus poderes públicos constituidos; (ii) que si bien en un Estado
constitucional de Derecho se debe buscar un ponderado equilibrio entre la
vigencia de los principios relativos al respeto de los derechos fundamentales y
la justicia, de una parte, y el respeto de la autonomía e independencia
judicial y la seguridad jurídica, de otra; en caso (iii) de una afectación
eminente, prominente y grave de los derechos fundamentales por parte de los
operadores jurídicos o administradores de justicia, en el juicio de ponderación
por parte del juez constitucional, debe prevalecer la garantía de los derechos
fundamentales y el logro de la justicia, por cuanto la independencia y
autonomía judicial y la seguridad jurídica encuentran su límite normativo en el
respeto de estos derechos. (iv) Finalmente, porque en caso de que la justicia
se encuentre en colisión con la seguridad jurídica, debe dársele mayor peso y
reconocerle primacía a la justicia.
De todo lo anterior, esta
Sala concluye que se encuentra plenamente justificado tanto por razones de
teoría constitucional como de filosofía del derecho la procedencia del amparo
constitucional de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela
frente a los jueces de la República quienes mediante el adelantamiento de sus
procesos y el dictamen de sus providencias judiciales lleguen a vulnerar
derechos fundamentales.
8.4 Ahora bien, en la
búsqueda del equilibrio ponderado entre los principios y valores aludidos y con
el fin de garantizar la vigencia del principio de autonomía e independencia
judicial y de la seguridad jurídica, es necesario asegurar que sólo proceda la
tutela excepcionalmente en aquellos casos cuando en verdad exista una
vulneración evidente, prominente y grave de los derechos fundamentales. La
jurisprudencia de esta Corte ha exigido entonces, para la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, no solamente el cumplimiento estricto de
los requisitos generales de procedibilidad para toda acción tutelar, sino
adicionalmente, la exigencia de la configuración de la llamada “vía de hecho
judicial”, requisito que hace alusión a la existencia de un defecto dentro
del proceso judicial que genere la vulneración de un derecho fundamental.
8.5 Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela
Sobre la procedibilidad de
la acción de tutela esta Corporación ha sostenido y reiterado los requisitos
generales para la misma. La acción de tutela (Art. 86 C.P.), es un  mecanismo
de defensa judicial que permite la protección inmediata de los derechos
fundamentales de una persona, cuando la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o incluso de los particulares,  vulnera o amenaza tales derechos
constitucionales.
Este mecanismo
privilegiado de protección, debe cumplir sin embargo con los requisitos de (i)
relevancia constitucional, en cuanto sea una cuestión que plantea una discusión
de orden constitucional al evidenciarse una afectación de un derecho
fundamental; (ii) inmediatez, en cuanto la acción de tutela se concibe como un
mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, de acuerdo con
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iii) subsidiariedad, en
razón a que este mecanismo sólo procede cuando se han agotado todas los medios
de defensa por las vías judiciales ordinarias antes de acudir al juez de
tutela.
En cuanto a que el
mecanismo de tutela es un requisito residual y subsidiario, esta Corte ha
establecido que solo procede cuando (1) el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial en el ordenamiento, - caso en el cual la tutela entra a
salvaguardar de manera inmediata los derechos fundamentales invocados -, o (2)
cuando existiendo otro medio de defensa judicial, éste (i) o no resulta idóneo
para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados,  o (ii) la tutela
procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En aquellos casos en que
se constata la existencia de otro medio de defensa judicial, establecer  la
idoneidad del mecanismo de protección alternativo supone en los términos del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que el otro medio de defensa judicial
debe ser evaluado en concreto, es decir, teniendo en cuenta su eficacia en las
circunstancias específicas que se invoquen en la tutela.   Por tal razón, el
juez de la causa, debe establecer si ese mecanismo  permite brindar una
solución clara, definitiva y precisa a los acontecimientos que se ponen en
consideración en el debate constitucional, y su habilidad para proteger los
derechos invocados. En consecuencia, el otro medio de defensa judicial
existente, debe ofrecer la misma protección que el juez constitucional podría
otorgar a través del mecanismo excepcional de la tutela.
Para apreciar el medio de
defensa alternativo, la jurisprudencia ha estimado conducente tomar en
consideración, entre otros aspectos, el resultado previsible de acudir al otro
medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los
derechos fundamentales. Tales elementos, junto con el análisis de las
circunstancias concretas del caso, permiten comprobar si el mecanismo judicial
de protección alterno es conducente o no  para la defensa de los derechos que
se estiman lesionados. De ser ineficaz, la tutela será procedente. Si el
mecanismo es idóneo para la protección de los derechos, se deberá acudir
entonces al medio ordinario de protección, salvo que se solicite o se desprenda
de la situación concreta, que la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio, para evitar un perjuicio irremediable.
8.6 Requisitos especiales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Esta Corte se ha
pronunciado en Sala Plena –Sentencia C-590 de 2005- sobre los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, afirmando
que la tutela contra providencias judiciales es procedente “tanto desde un
punto de vista literal e histórico , como desde una interpretación sistemática
del bloque de constitucionalidad  e, incluso, a partir de la ratio decidendi
de la sentencia C-543 de  1992 , siempre que se presenten los eventos
ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional”  y, con
criterio restrictivo: solo si se evidencia una vía de hecho que se note de
manera evidente.
En este sentido, ha
establecido esta Corte que la tutela contra providencias judiciales procede
cuando se cumplen no solo los requisitos formales o generales ya mencionados
por esta Sala, sino también algunos requisitos de procedibilidad relativos especialmente
a la tutela contra providencias judiciales. Así ha exigido esta Corte que “(iv)
en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales;
(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible; y (iv) que el fallo impugnado no sea de tutela”.
De otra parte, esta Corte
ha establecido los requisitos básicos especiales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, los cuales fueron fijados en la sentencia T-231
de 1994 , en la que se señaló que existe vía de hecho judicial cuando se
observaba alguno(s) de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico,
procedimental  o fáctico. Pasa la Sala a referirse muy brevemente a estos
defectos.
(i) El defecto sustantivo
hace relación a cuando el juez decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o cuando en los fallos se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. El defecto orgánico hace
referencia, por su parte, a la carencia absoluta de competencia del funcionario
que dicta la sentencia. De otra parte, el defecto procedimental absoluto se
presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido. Finalmente, el defecto fáctico se refiere
a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En este último
caso y en atención a la independencia judicial, esta Corte ha establecido que
el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente
restringido. Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada y desarrollada en
numerosa jurisprudencia de esta Corte.
(ii) Así mismo, tiene
establecido esta Corte que igualmente procede la tutela contra providencias
judiciales cuando existe lugar a error inducido; decisión sin motivación;
desconocimiento del precedente constitucional; y violación directa a la
Constitución.
El error inducido es
también conocido como vía de hecho por consecuencia, y hace referencia al
evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por
parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. En cuanto a la falta de motivación de las
decisiones judiciales constituye una causal de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales en tanto la motivación es un deber de los funcionarios
judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático.
De otra parte, ha
determinado la Corte que el desconocimiento del precedente constitucional
constituye una causal de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, en cuanto o bien se desconoce una sentencia de constitucionalidad
con efectos erga omnes de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades públicas, o bien se desconoce el precedente constitucional en
materia de tutela cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando o
restringiendo sustancialmente dicho alcance. La Sala se referirá en el acápite
siguiente a esta causal por cuanto es determinante para la resolución de la
presente acción de tutela.
(iii) Finalmente,
considera esta Sala conveniente insistir en que el ideal normativo a lograr, es
la existencia de un debido equilibrio entre la preservación de la supremacía de
los derechos fundamentales, de una parte, y la autonomía e independencia
judicial y la seguridad jurídica, de otra parte, razón por la cual el ámbito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está clara y
estrictamente delimitado por el Tribunal Constitucional, de manera que se
restringe a aquellos casos en que se cumplan de manera estricta los requisitos
de procedibilidad tanto generales como especiales, en donde se evidencie una
manifiesta, protuberante y grave violación de los derechos fundamentales por
parte de los jueces mediante sus actuaciones o providencias judiciales.
Con fundamento en todo lo
anteriormente expuesto, pasa la Corte a analizar el caso en concreto.
V. RESOLUCION DEL CASO EN
CONCRETO
1. El 17 de octubre de 2012, la representante
legal de “Matilde”, quien actúa a nombre propio y de su hija “Lucía”, interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Único de Menores de Cartagena, por la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no
discriminación, así como a los derechos fundamentales de las mujeres a una vida
libre de violencias, y de los derechos de las mujeres víctimas de violencia
sexual a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, que se encuentran
en situación de desplazamiento y de discapacidad.
Lo anterior, por cuanto su hija “Lucia”,
mujer afrodescendiente, en condición de discapacidad cognoscitiva, mayor de
edad (pero de edad psicológica de 12 años), residente en Cartagena, quien vive
en situación de desplazamiento forzado junto a su familia, fue víctima de
violencia sexual entre los años 2005 y 2006, cuyo caso se encuentra cobijado
por las medidas adoptadas en el Auto 092 de 2008. Estos casos de violencia
sexual contra “Lucia” fueron traslados a la Fiscalía General de la Nación, siendo
el segundo de ellos adelantado en el Juzgado Único de Menores de Cartagena.
La accionante a través de su apoderada
judicial, sostiene que dicho Juzgado ha vulnerado los derechos de petición de
las víctimas, presentados en múltiples ocasiones con el fin de tener acceso a
la información sobre el estado, actuaciones, desarrollo, diligencias y
decisiones dentro del proceso penal; sobre las medidas impuestas al agresor con
el fin de proteger a la víctima y garantizar su vida e integridad, con el fin
de evitar una revictimización;  sobre el reconocimiento de “Lucia” como víctima
dentro del proceso penal y la garantía de los derechos de participación de las
víctimas; así como sobre el derecho de las víctimas a constituirse como parte
civil dentro del proceso penal y la representación de la accionante mediante
apoderada judicial. Estas peticiones y solicitudes han sido resueltas
negativamente por el Juzgado Único de Menores de Cartagena, argumentando que el
proceso penal era adelantado en contra de un menor de edad, y que los derechos
de los menores prevalecían sobre los de la víctima.  Igualmente, alega que el
Juzgado accionado ha desconocido continuamente la condición de analfabeta de la
madre de la víctima, o la condición de discapacidad cognoscitiva de “Lucía”, así
como su extrema condición de vulnerabilidad y debilidad, y se ha negado a
adoptar medidas especiales en favor de ellas, con el fin de protegerlas en
contra de su agresor, así como para tomar medidas con el fin de atender las
secuelas de la violencia sexual.
En cuanto al derecho a la información,
menciona que solo a través de un informe de la Procuraduría General de la
Nación se enteraron que el caso del Juzgado Único de Menores, que les compete,
había sido decidido de fondo en el año 2010 “sin que hasta la fecha la
víctima o su familia y menos aún sus representantes hayamos sido mínimamente
informadas de dicha actuación”.
2. El Juez Único de Menores dio respuesta a la demanda de
tutela instaurada contra ese Despacho, informando que (i) mediante sentencia el
1º de septiembre de 2010 se declaró la responsabilidad del Luis Miguel Silgado
Pérez por el delito imputado “pero no se le impuso medida alguna, en razón
de haber alcanzado la edad de más de 21 años”; (ii) que el proceso se
siguió bajo los preceptos establecidos por el Decreto 2737 de 1989, ya que los
hechos ocurrieron bajo su vigencia, y afirma que el art. 173 de dicho decreto
no contempla la figura de parte civil, ni permite la publicidad de las
actuaciones adelantadas contra el joven Silgado Pérez; (iii) que las
actuaciones surtidas en su Despacho se realizaron conforme a la Constitución,
los principios que rigen el Código del Menor y las normas que la integran; y (iv)
que se le dio respuesta a las peticiones hechas por parte de la accionante y su
actuación bajo la normatividad del Decreto 2737 de 1989.
3. El fallo del juez de instancia por parte del
Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal, mediante Sentencia del 30 de
octubre de 2012, resolvió “No tutelar los derechos deprecados por la señora “Matilde””,
argumentando que (i) que los derechos de petición de la actora fueron
respondidos; y (ii) que no se expidieron copias del proceso ya que el joven fue
procesado cuando era menor de edad, frente a lo cual la ley exige el sigilo de
la reserva.
En la impugnación, la
accionante considera que el fallo impugnado desconoce los derechos alegados
como vulnerados por tres razones: (i) porque los derechos de las víctimas, y de
las mujeres víctimas de violencia sexual, son de carácter fundamental y exigen
la aplicación de un enfoque diferencial; (ii) porque ningún derecho en el
ordenamiento constitucional es de carácter absoluto, como tampoco lo son los de
los menores de edad en cuanto pueden entrar en conflicto con otros derechos
fundamentales de mayor peso, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia constitucional;
y (iii) porque las accionantes presentan diversas y múltiples condiciones de
especial protección constitucional, las cuales desconoció el Tribunal.
La decisión del juez de segunda
instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de
Bogotá, en Sentencia del 21 de febrero de 2013, resolvió confirmar el fallo
impugnado por cuanto “los argumentos esbozados por la impugnante no ofrecen
la contundencia suficiente para derruir el fallo…”, al argumentar que no
obstante la legislación y la jurisprudencia han desarrollado el tema de los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, de
conformidad con el artículo 44 CP “los derechos de los niños prevalecen
sobre los de los demás”, por lo que en el evento de conflicto siempre han
de primar los derechos de los menores.
4. Mediante Auto del 31 de julio de 2013,  la Sala
decretó un auto de pruebas, con el fin de contar con elementos de juicio suficientes
y  pruebas necesarias para evaluar y constatar (i) la actuación judicial
surtida en el caso en cuestión por el Juzgado Único de Menores de Cartagena;
(ii) las actuaciones, peticiones o solicitudes elevadas por la representante
legal de las actoras, de la Corporación Sisma Mujer, para la protección de los
derechos fundamentales de las actoras; (iii) las actuaciones surtidas por parte
de la antigua Acción Social ahora Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas adscrita al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social frente a la actora y su hija, así
como frente a su núcleo familiar; (iv) para con base en esta información poder
dilucidar la solución constitucional a la posible vulneración de los derechos
fundamentales de las tutelantes.
4.1 La apoderada judicial de las víctimas de la
Corporación Sisma Mujer, envió a esta Corte un documento en donde realiza un
recuento detallado tanto del desarrollo del proceso surtido ante el Juzgado
Único de Menores de Cartagena, resaltando las vulneraciones que considera se
cometieron en contra de “Lucia” y “Matilde”, por desconocer el derecho de
petición, la participación de las víctimas dentro del proceso, la
representación a través de apoderada judicial, y la constitución en parte
civil; así como el desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad,
a la justicia y a la reparación. Así mismo, aportó a la Corte información sobre
el proceso surtido por la Fiscalía a partir de las órdenes dadas por esta
Corporación mediante la Sentencia T-973 de 2011, y relató las vulneraciones que
encuentra en relación con la atención y reparación integral a las víctimas por
parte de la hoy Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las
Víctimas.
4.2 La Fiscalía 29 Seccional
de Cartagena envió a esta Corte un oficio en donde informa sucintamente que “dentro del proceso 169022 que se adelanta
contra Wilson Valeta Pacheco por los delitos de acceso carnal abusivo con
incapaz de resistir agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, según hechos
ocurridos el 21 y 22 de febrero de 2005, en el perímetro urbano de Cartagena,
siendo víctima J.M.S.T. – a quien esa Corporación en cumplimiento de la Ley
1098 de 2006, ha denominado “Lucía”, la Fiscalía 29 Seccional de Cartagena, por
medio de resolución fechada el 25 de abril de 2013, profirió resolución de
acusación contra Wilson Valeta Pacheco por los delitos antes enunciados.
La acusación fue apelada por el señor
defensor del acusado y mediante resolución del 08 de agosto de 2013, la
Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Cartagena, confirmó la resolución
de acusación.
Se está notificando a los sujetos
procesales, cumplido lo cual se enviará el expediente a los juzgados penales
del circuito, para llevar a cabo la etapa de juicio.
El señor Wilson Valeta Pacheco se encuentra privado de
la libertad, por razón de este proceso, en la cárcel de San Sebastián de
Ternera desde el 25 de enero de 2013”.
4.3 La Registraduría Nacional del Estado Civil
envió a esta Corte copia simple del Registro Civil de Nacimiento de Luis Miguel
Silgado Pérez, en donde se constata que su fecha de nacimiento fue el 7 de
octubre de 1988. Así las cosas, evidencia la Sala, que efectivamente, para la
fecha de ocurrencia de los hechos delictivos de acceso carnal violento con
incapaz de resistir, que se presentaron el 9 de abril de 2006, el agresor
contaba con 17 años y 3 meses de edad, de manera que era todavía menor de edad,
razón por la cual el juicio debió adelantarse en el Juzgado Único de Menores de
Cartagena.
4.4 Esta Corporación recibió extemporáneamente las
pruebas ordenadas mediante el Auto del 31 de julio de 2013 al Juzgado Único de
Menores de Cartagena, y a la fecha de adopción de esta sentencia no había
recibido las pruebas ordenadas a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sin que esta entidad presentara
justificación alguna para ello, razón por la cual se aplicará en este caso la
presunción de veracidad de las afirmaciones planteadas por la demandante, de
conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en donde se consagra
que “si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano”.
4.5 De
otra parte intervinieron dentro del proceso de tutela, bajo la figura de
amicus curiae, y con el fin de coadyuvar las pretensiones de la
demanda, el Programa de Acción  para la Igualdad y la Inclusión Social, PAIIS,
y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, CCAJAR, cuyos
argumentos fueron expuestos ampliamente en los antecedentes de esta
providencia.
5. En el presente caso de tutela bajo
estudio, la Corte considera que la tutela no solo es procedente, sino que debe
prosperar, en cuanto efectivamente como lo alegan las tutelantes, sí se
vulneraron los derechos fundamentales de “Lucia” y de “Matilde”
su madre, como pasa a exponerse en detalle a continuación:
5.1 Procedencia de la
acción de tutela
De conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia, encuentra la Sala que la acción
de tutela contra actuaciones o providencias judiciales es procedente en este
caso, por cuanto se ha determinado con claridad:
(i) El cumplimiento de los
requisitos formales o generales de procedibilidad de la acción de tutela, tales
como (a) la relevancia constitucional del asunto, en razón a que se trata de la
garantía de los derechos de las víctimas en general a la verdad, a la justicia
y a la reparación, y de la protección de los derechos de las mujeres víctimas
de delitos sexuales en particular, y adicionalmente se trata de mujeres
afrodescendientes, que se encuentran en estado de discapacidad, de
vulnerabilidad y de debilidad extrema, y por tanto, se evidencia la afectación
de los derechos fundamentales de las mismas.
(b) La inmediatez, en
cuanto la acción de tutela se presentó como un mecanismo de protección
inmediata de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas, de acuerdo con
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
(c) La subsidiariedad, en
razón a que la acción de tutela fue interpuesta por la apodera judicial de
“Matilde”, en representación de “Lucia”, luego de haber agotado todos los
medios de defensa por las vías judiciales ordinarias ante el Juzgado Único de
Menores de Cartagena, las cuales les fueron resueltas negativamente en su
totalidad, antes de acudir a la vía de la tutela como mecanismo último de
defensa de los derechos fundamentales a la información, participación, y
derechos a la verdad, justicia y reparación de la mujer víctima del delito
sexual.
(d) En este caso, la Sala
evidencia la necesidad inmediata de intervención del juez de tutela, con el fin
de proteger los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a la
justicia y a la reparación de manera integral, y en particular los derechos de
las mujeres víctimas de delitos sexuales, y de proteger adicionalmente, los
derechos de estas mujeres afrodescendientes que se encuentran en estado de
discapacidad, y así evitar su revictimización. Así las cosas, este Tribunal evidencia
que las actoras se encuentran en una extrema situación de vulnerabilidad y de
debilidad manifiesta, ya que en ellas confluye la consumación de múltiples
daños y perjuicios múltiples, así como disímiles factores de discriminación asociados
a (*) su condición de víctimas de los delitos de desplazamiento forzado; (*)
víctimas de sexuales cometidos en contra de “Lucia”; (*) al desconocimiento por
parte de las autoridades judiciales y de fiscalía de la pertenencia de
“Matilde”, de “Lucia” y de su familia a la población afrodescendiente, la cual
tiene derecho a que se le aplique un enfoque diferencial étnico; (*) al estado
de discapacidad física y cognoscitiva de las víctimas; (*) a la vulneración de sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas como
consecuencia de la desidia judicial y de la fiscalía en la efectiva
investigación y sanción de los victimarios, y la protección y garantía de los
derechos de información, participación, y garantías de no repetición o medidas
para evitar la revictimización.
5.2 Configuración
de vía judicial de hecho por defecto sustancial, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución Política
De otra parte,
la Sala encuentra que en este caso se configuran algunos de los requisitos
especiales para la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones o
providencias judiciales, dado que se constata una vía judicial de hecho en las
actuaciones surtidas dentro del proceso penal surtido en el Juzgado Único de
Menores de Cartagena por el delito de acceso carnal violento en contra de
“Lucía”.
En relación con la
configuración de vía judicial de hecho, la Sala reitera que puede presentarse
(i) defecto sustantivo, cuando el juez decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o cuando en los fallos se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. (ii) Defecto orgánico, por
carencia absoluta de competencia del funcionario que dicta la sentencia. (iii)
Defecto procedimental absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido. (iv) Defecto fáctico, cuando
se presenta graves falencias en la producción, validez o apreciación del
material probatorio. (v) Error inducido o vía de hecho por consecuencia, el
cual se presenta en el evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y
ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión
violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima
de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por
ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. (vi) Falta de
motivación de la sentencia, en tanto la motivación es un deber de los
funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento
democrático. (vii) Desconocimiento del precedente constitucional, lo cual constituye
una causal de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en
cuanto o bien se desconoce una sentencia de constitucionalidad con efectos
erga omnes de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas,
o bien se desconoce el precedente constitucional en materia de tutela en
sentencias de unificación o cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando o
restringiendo sustancialmente dicho alcance. Y (viii) finalmente violación
directa a la Constitución Política.
Con base en las pruebas que obran en
el expediente, y las pruebas solicitadas y allegadas a esta Corporación, la
Sala constata que en el presente caso, el Juez Único de Menores de Cartagena
incurrió en tres vias judiciales de hecho, que hacen procedente la tutela, ya
que se detecta defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
constitucional y violación directa de la Constitución Política, lo cual ha dado
lugar a una vulneración
múltiple de los derechos fundamentales de la accionante “Matilde” y de su hija
representada “Lucia” en tanto mujeres afrodescendientes, víctimas de violencia
sexual, víctimas de desplazamiento forzado, que se encuentran en estado de
discapacidad, y en situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
Lo anterior, por cuanto se desconocieron los derechos de las víctimas en
general a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no
repetición consagrados en el derecho internacional que ha fijado unos
estándares mínimos en la materia, en la Constitución Política y que han sido
desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte.
5.2.1 En este sentido, la Sala recuerda que
los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a
las garantías de no repetición, se encuentran consagrados en múltiples instrumentos
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad –art.93 CP-, y
que por tanto son de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales,
tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos –art.8-, la Declaración
Americana de Derechos del Hombre –art. 23-, la Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder
–arts.8 y 11-,  el Informe Final sobre la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos, el Protocolo II adicional a los Convenios
de Ginebra –art. 17-, el Conjunto de Principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad o
“principios Joinet” –arts. 2,3,4 y 37-, la Convención Americana de Derechos
Humanos, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en el seno de
la Organización de Estados Americanos (OEA), que extendió las normas de los
refugiados a las situaciones de violencia generalizada y a los desplazados
internos - parte III, párrafo 5-, la Declaración de San José sobre Refugiados y
Personas Desplazadas, y la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados[38] de Naciones Unidas y su
Protocolo Adicional[39], entre otros, tal y
como fue expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
Así mismo,
reviste especial importancia el sistema interamericano y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativa a los derechos de las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la
reparación, y a las garantías de no repetición, por tratarse de la aplicación y garantía
de las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tiene
carácter vinculante para los Estados partes y cuyos criterios y reglas son de
obligatorio cumplimiento para éstos, y constituyen decisiones que contienen la
interpretación autorizada de los derechos consagrados por dicha Convención, y
por tanto deben ser respetados y aplicados por las autoridades judiciales, tal
y como también fue señalado en detalle en la parte considerativa de esta
sentencia.
5.2.2 De otra parte, los
derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías
de no repetición de las víctimas en general, se encuentran consagrados en los
artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta Política. Con base en estas
normas superiores, y los estándares del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, esta Corporación ha
desarrollado una amplia y consolidada línea jurisprudencial sobre los derechos
de las víctimas de los hechos punibles, fijando los parámetros constitucionales
mínimos respecto de los derechos fundamentales de las víctimas en casos de
delitos que constituyen un grave atentado en contra de los Derechos Humanos o
del Derecho Internacional Humanitario, los cuales fueron reseñados ampliamente
en la parte considerativa de esta sentencia.
5.2.3 Igualmente, la jurisprudencia de
esta Corte se ha referido expresa y particularmente a los derechos de las
mujeres víctimas de delitos sexuales,[40] en donde este Tribunal ha expresado el deber de garantizar los derechos
fundamentales de las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando son
niños y mujeres, y cuando se presenta en el contexto del conflicto armado o
asociado a éste, lo cual impone a las autoridades judiciales, incluidos los
fiscales, la obligación de adelantar las respectivas investigaciones y juicios
penales con el debido respeto, garantía y protección de los derechos de las
víctimas y la debida eficiencia, eficacia y diligencia. Dentro de las
obligaciones concretas a ser atendidas por el Estado para satisfacer este
principio, con base en estándares internaciones sobre la materia, la Corte ha reseñado
las siguientes:
“[…](i) adelantar la
investigación de manera oportuna y dentro de un plazo razonable; (ii) no
tomar decisiones discriminatorias basadas en estereotipos de género; (iii)
brindar a las víctimas oportunidades para ser oídas y participar dentro
del proceso, así como tomar en cuenta sus opiniones y reclamos, y adoptar
mecanismos para facilitar la rendición del testimonio y para proteger su
intimidad; (iv) dictar mandatos judiciales de amparo para evitar
nuevas agresiones, así como para garantizar la seguridad de la víctima y su
familia durante y después del proceso; (v) dar aviso a las
víctimas de la liberación de los agresores; (vi) brindar información a las
víctimas sobre sus derechos y la forma cómo puede participar en el proceso, así
como orientación psicológica; (vii) permitir a las víctimas solicitar el
control de legalidad de las decisiones que afectan sus derechos; y (viii) guardar
la debida reserva de la identidad de la víctima”[41]. (Resalta
la Sala)
5.2.4 De acuerdo con el material probatorio que obra en el
expediente, muchas de las actuaciones desplegadas por el Juzgado de Menores
desconocieron de manera ostensible varias de estas obligaciones que recaen
sobre las autoridades judiciales de cara a observar los derechos de las mujeres
víctimas de agresiones sexuales en la investigación y sanción de los delitos, máxime
si se tiene en cuenta que en este caso se trata de mujeres víctimas del delito
de desplazamiento forzado, que de conformidad con lo identificado por la
jurisprudencia de esta Corte son las mayores víctimas de este delito de lesa
humanidad y por conexidad con el mismo de delitos sexuales. Lo anterior, puesto
que los delitos sexuales en contra de mujeres desplazadas se encuentran
conectados directa o indirectamente con el hecho mismo del
desplazamiento forzado o con la condición de víctima de desplazamiento, puesto
que la violencia sexual contra las mujeres desplazadas es o bien usada como un
arma o una estrategia sistemática de guerra usada con ocasión del desplazamiento
forzado, o bien la condición de víctima de desplazamiento forzado hace que las
mujeres se conviertan en sujetos de un altísimo grado de vulnerabilidad para
ser revictimizadas a través de delitos sexuales.
Por tanto, esta Corporación encuentra que en
este caso las autoridades judiciales han desconocido los siguientes derechos de
las víctimas tutelantes: (a) derecho de información y participación dentro del
proceso; (b) derecho a contar con representación legal y con oportunidades para
ser oída y participar dentro del proceso, así como tomar en cuenta sus
opiniones y reclamos; (c) derecho a constituirse como parte civil dentro del
proceso; (c) derecho a ser  protegida de manera efectiva durante el proceso
penal y que esta protección sea extendida a su familia, con el fin de evitar la
revictimización; y (c) derecho a que se le fuera brindada información oportuna
sobre sus derechos, sobre cómo poder participar en el proceso y a recibir
orientación médica, psicológica y de rehabilitación.
En este orden de ideas, la Sala observa, de
acuerdo con la información allegada a esta Corporación, que la representante de
la señora “Matilde”, entre septiembre de 2007 y junio de 2012, interpuso cuatro
peticiones al accionado[42]
con el fin de que se diera información, respectivamente (a) sobre el estado del
proceso; (b) las decisiones adoptadas frente a las medidas de protección para
garantizar la vida e integridad de la víctima[43]; (c) las pruebas practicadas y
expedición de copias del expediente; (d) las acciones para garantizar derechos
de la accionada en tanto víctima de violencia sexual[44];  (d) las
pruebas para establecer la minoría de edad del agresor; y (e) la información
suministrada a la víctima y su familia relativa a los derechos establecidos en
la Ley 360 de 1997.
Así mismo, de conformidad con las pruebas
allegadas a esta Corte, la Sala evidencia que en respuesta a las solicitudes efectuadas
por la representante de la señora “Matilde”, el Juzgado se negó a contestar
cada una de las peticiones impetradas, aduciendo en síntesis, las siguientes
razones:
(i) En respuesta a la petición del 4 de septiembre de 2007 respondió que: “los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás. No obstante, podía acercarse
a recibir información en el Despacho, siempre y cuando probara ser madre de la
víctima, pero sin considerar que la señora no sabe leer ni escribir”, agregó
la representante de la señora “Matilde”[45].
(ii) En respuesta a la petición del 4 de
junio de 2008, el juzgado señaló que mediante derecho de petición no podía “elevar
pretensiones y actuaciones de una actuación judicial” y,  además, que a
pesar de la entrada en vigencia de la Ley 1098 de 2006, el juzgado únicamente
observaría el Decreto 2737 de 1989, en virtud del principio de favorabilidad al
menor agresor. En relación con los derechos de las víctimas y la solicitud de aplicación
equilibrada del principio para ambas partes refirió el accionado que: “está
claro que este principio fue creado sólo a favor del procesado y pese a los
espacios que han ganado las víctimas y sus derechos no existe pronunciamiento
en este sentido”[46].
(iii) En relación con la petición del 19 de
agosto, señaló que “mal hace –la abogada- al pretender que este juzgado
aplique el principio de favorabilidad en pro de los intereses de las víctimas,
cuando está claro que este principio fue creado a favor del procesado”. En
función de esto, el Juzgado denegó el reconocimiento a la constitución de parte
civil, salvo que mediara orden judicial  y reiteró la inexistencia de
pronunciamiento judicial sobre la protección de los derechos de las víctimas[47].
(iv) En respuesta a la petición del 15 de
junio de 2012, el Juzgado señaló que “la publicidad alrededor de un proceso
de menores infractores puede perjudicar de manera grave la vida, honra y buen
nombre de los mismos, lo cual iría en contradicción con sus derechos
constitucionales fundamentales prevalentes”. Adicionalmente, el Juzgado se
no se pronunció sobre las solicitudes de medidas de protección a favor de
víctima y su familia y reiteró que la víctima podía acudir a la secretaría del
despacho para conocer los resultados del proceso[48], “sin
atender su condición  de discapacidad mental ampliamente dada a conocer al
accionado durante el trámite del caso”[49], como lo expresa la abogada de la
Corporación Sisma Mujer.
5.2.5 Por otra parte, la representante de la actora
presentó el 20 de agosto de 2008, una demanda de constitución de parte civil
para que la accionante “Matilde” y su hija “Lucia” fueran reconocidas como
víctimas y se permitiera su participación en el proceso penal. El 17 de agosto
de 2008 Juzgado negó la solicitud aduciendo que: “los derechos al debido
proceso y con fundamento en el artículo 9 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, “sólo pueden operar a favor del procesado en atención al principio
de legalidad y como una excepción al principio de irretroactividad de la Ley
(…) luego mal hace [la abogada] al pretender que este juzgado aplique el
principio de favorabilidad en pro de los intereses de las víctimas, cuando está
claro que este principio fue creado a favor del procesado”[50].
La Sala encuentra que las razones
presentadas por el juez para negarse a contestar las peticiones de información
y participación de la víctima dentro del proceso, así como la constitución en
parte civil de la víctima, resultan objetables y adolecen de serias falencias
desde el punto de vista sustancial, de desconocimiento del derecho
internacional de los derechos humanos, de las normas de la Constitución
Política y de la jurisprudencia de esta Corte en materia de los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no
repetición, y en particular, de los derechos de las mujeres víctimas de delitos
sexuales, en el contexto del conflicto armado. Igualmente, la Sala observa un
evidente error por parte del Juzgado en la aplicación e interpretación de las
normas sustantivas y procedimentales que rigen el caso que se examina, al no
aplicar de manera favorable a la víctima normas contenidas en la Ley 1098 de
2006 “Por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia” y
otras, que habrían garantizado que la accionante participara en el proceso
penal como sujeto procesal y, por esta vía,  ejercería su derecho a la
contradicción, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de
no repetición,  como se expondrá en lo que sigue.
(i) En primer lugar, el accionado se niega a
contestar las peticiones de la accionante, a partir de la aplicación
irrestricta del Decreto 2737 de 1989, particularmente el artículo 174 que
dispone que: “las actuaciones judiciales o administrativas a que se refiere
el presente título serán secretas. En  consecuencia no podrán expedirse
certificaciones de las diligencias practicadas durante el proceso.”. Pero,
además, señala que en cualquier caso la víctima podía acudir a la Secretaría
del despacho para conocer el resultado del proceso, desconociendo la condición
de discapacidad mental padecida por ella[51] y el analfabetismo de su madre, lo cual
imposibilitaba el ejercicio personal de consultas ante el Juzgado.
Además, la accionante desconoció el
contenido de  la respuesta a la orden del Juez al Instituto de Medicina Legal
del 14 de agosto de 2008, en la cual solicitó una valoración siquiátrica,
sicológica y neurológica, así como de su edad y madurez mental, a fin de
determinar si la víctima contaba con aptitud para realizar actividades
procesales dentro del juicio y la valoración que efectuara el juez de este
dictamen; hecho que impidió que la víctima y su representante conocieran si el
juez estimó en cada una de sus actuaciones procesales la situación de
discapacidad en que se encontraba la víctima.
(ii) En segundo lugar, en una de las
respuestas a las peticiones elevadas por la víctima, el juez señaló que
mediante peticiones no era posible “elevar pretensiones y actuaciones de una
actuación judicial”[52] y que para ello la apoderada
debía constituirte en sujeto procesal como parte civil. No obstante, el juez
declaró improcedente la constitución en parte civil interpuesta, indicando que
en aras de la  “[…] preservación de los intereses del menor que son de orden
público para evitar que sus fallas, problemas, vicios sean judicializados y
publicitados con el pretexto de intereses puramente particulares como lo son
los resarcitorios” y, agregó, que “dentro de tales perspectivas no puede
actuarse en un proceso penal de menores, donde no se busca una decisión
determinada sino aquella que pueda favorecer los intereses del menor”.
Considera la Sala que la
negativa de constitución de parte civil a la accionante, sin adoptar decisiones
que permitieran su participación y el ejercicio de  los derechos
constitucionales de las víctimas de delitos sexuales y desplazadas por la
violencia, además de ser miembros de la comunidad afrodescendiente y de ser
personas en condición de discapacidad, constituye un grave desconocimiento por
parte del fallador de los derechos fundamentales de las víctimas consagrados en
la Carta Política del 91 y en instrumentos internacionales vinculantes para
Colombia en virtud del bloque de constitucionalidad, así como de los
precedentes jurisprudenciales de esta Corporación, en los que se ha señalado
que el proceso  penal es un espacio en que el reconocimiento de los derechos de
las víctimas de los actos delictivos que se investigan y juzgan constituye una
garantía de alta relevancia constitucional y, en consecuencia, de obligatorio
acatamiento para los funcionarios que participan en el proceso penal, tal y
como quedo ampliamente expuesto en la parte considerativa de esta providencia
judicial.[53]
El Juez negó la
constitución en parte civil en aplicación del artículo 174 del Decreto 2737 de
1989 que dispone el carácter secreto de las actuaciones administrativas y
judiciales que se surtan durante el proceso y que establece una prohibición de
expedir certificaciones de las diligencias. Nota esta Sala que la decisión
señalada constituye una aplicación literal de la norma, carente de un ejercicio
de interpretación y de ponderación razonable de normas sustantivas y procesales
que rigen la jurisdicción de menores aplicables al caso concreto a partir de la
jurisprudencia que ha fijado esta Corporación sobre prevalencia del interés
superior del menor establecida en el artículo 44 de la Carta Política y, por
otra parte, los desarrollos del derecho constitucional sobre los deberes del
Estado en relación con los derechos fundamentales de las víctimas de violencia
sexual en el marco de un proceso penal y en el contexto de un conflicto armado
al ser víctimas igualmente del delito de desplazamiento forzado.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Código de Menor se estructuraba bajo
el supuesto de la inimputabilidad de los menores, y sobre la base de que  la
minoría de edad suponía incompletitud en el desarrollo cognitivo y la capacidad
volitiva, a saber:
“El Código del Menor contenido en el
“Decreto 2737 de 1989 se estructuraba a partir de la consideración de las
distintas situaciones irregulares en que pudiera verse envuelto el niño, una de
las cuales era precisamente la de ser autor o partícipe de una infracción
penal, prevista en su artículo 30.4 y desarrollada por los artículos 163 y
siguientes. En tal normatividad se consideraba que el menor que perpetraba una
conducta  sancionada por la ley penal no podía ser censurado por carecer de
imputabilidad, lo cual atendía a criterios eminentemente biológicos, en tanto
se presumía que su  desarrollo cognitivo y capacidad volitiva solamente
obtenían una maduración suficiente al cumplirse la mayoría de edad; de suerte
que el objetivo de las medidas de seguridad que se le imponían eran de carácter
curativo, pedagógico y protector. Así, las medidas que se podían imponer
(artículo 204), eran las de amonestación al  menor y a las personas de quien
dependía, la imposición de reglas de conducta, la libertad asistida, la
ubicación  institucional, y cualquier otra medida que contribuyera a la
rehabilitación del menor.  Es de anotarse que la medida más drástica era la de
de ubicación institucional en establecimiento de carácter cerrado, la cual era
obligatoria cuando se trataba de  infracciones a la ley penal cometidas
mediante grave amenaza o violencia a las  personas; también por la reiterada
comisión de infracciones penales, y por el  incumplimiento injustificado de
otras  medidas.[54]”
En punto a este tema, en
la Sentencia T-510 de 2003[55]
esta Corte fue clara al establecer que el significado de que los menores de
edad sean titulares de derechos prevalecientes y de intereses superiores se
debe establecer en cada caso y con cada niño en particular y no es abstracto.
En ese sentido, el contenido del interés superior del menor tiene un carácter
“real y relacional” que debe ser analizado por las personas que tiene bajo su
tutela una decisión en el que el derecho de los menores se encuentre en juego.
Al mismo tiempo, la determinación del interés superior del menor debe apelar a
los criterios jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico en general,
tendientes a promover su bienestar.  En ese sentido, esta Corte señaló lo
siguiente:
“¿Qué significa que los niños sean
titulares de derechos prevalecientes e intereses superiores? La respuesta
únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en
particular. Esta Corte ha sido enfática al aclarar que el interés superior del
menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad
concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación
mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real
y relacional, … sólo se puede establecer prestando la debida consideración a
las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad,
que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el
Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal.
(…)
Por lo tanto, para establecer cuáles son
las condiciones que mejor satisfacen el interés superior de los niños en
situaciones concretas, debe atenderse tanto a consideraciones (i) fácticas
–las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo
a aspectos aislados –, como (ii) jurídicas –los parámetros y criterios
establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil
–.” (Resalta la Sala)
De conformidad con lo
anterior, la Sala encuentra que para decidir sobre la solicitud en parte civil,
el juez en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en su rol
de instancia de garantía de los derechos fundamentales, obligado a atender los
derechos no sólo del procesado, sino también de las víctimas, no debió tener en
cuenta sólo el artículo 174 del Código del Menor, sino las disposiciones
contempladas en la Ley 906 de 2004, que garantizan la representación jurídica
de las víctimas como sujetos procesales, de cara a garantizar el cumplimiento
de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías
de no repetición, así como los normas constitucionales y los precedentes
jurisprudenciales que reconocen los derechos de las víctimas en el marco del
proceso penal. Con la aplicación de las normas de la Ley 906 de 2004, en lugar
de exclusivamente el artículo 174 del Código del menor, el juzgador habría
brindado una posibilidad  real a la accionante de solicitar la práctica de
algunas pruebas, controvertir las decisiones adoptadas, solicitar de protección
y otros derechos en su condición de víctima de un delito sexual.
En criterio de esta Sala,
la decisión de aplicar las normas sobre la representación de la víctima como
sujeto procesal contempladas en la Ley 906 de 2004, no implicaba, en todo caso,
un tratamiento desfavorable para el menor agresor, toda vez que continuaría
siendo objeto de investigación de acuerdo con las disposiciones contempladas en
el Código de Menor  y los principios y directrices que integran esta normativa.
En consecuencia, a juicio
de este Tribunal, al no aplicar las normas sustanciales y procedimentales que
garantizaban el ejercicio de los derechos fundamentales de la víctima en el
marco del proceso penal, el Juez omitió el análisis de las circunstancias en
las que se encontraba la víctima y que impedían un ejercicio material de sus
derechos en el marco  del proceso penal. Al indicar que la vía procesal para
acceder a información sobre las actuaciones surtidas en el proceso, hacer
contradicciones y ejercer otros recursos en tanto víctimas era la interponer
demanda de constitución en parte civil y, posteriormente, al negar esta
solicitud, el accionado cerró cualquier alternativa procesal con la que contaba
la víctima para participar en el proceso.
Tal como se encuentra
probado en el expediente, la accionante careció de oportunidades para ejercer
sus derechos en el transcurso del proceso o adelantar cualquier otra
reclamación tendiente a que sus derechos fundamentales como víctima de delitos
sexuales fueran reconocidos dentro del proceso, por ejemplo, solicitar medidas
de protección para ella y su familia, contar con asistencia psicosocial y
médica, ser escuchada en el juicio, entre otras.
(iii) En tercer lugar, el razonamiento del
juez consistente en que la declaratoria en parte civil de la víctima supondría
favorecer “intereses puramente particulares como lo son los resarcitorios”
en desmedro del interés superior del menor adolece de al menos tres falencias
valorativas.
(a) La primera consiste en partir de que
con la constitución en parte civil únicamente persigue intereses resarcitorios.
Esta Corporación en la Sentencia C-228 de 2002[56]
señaló que “el carácter civil de la parte ha
sido entendido en sentido meramente patrimonial, pero en realidad puede tener
una connotación distinta puesto que refiere a la participación de miembros
de la sociedad civil en un proceso conducido por el Estado”[57] (Énfasis de la Sala). En la misma sentencia de
exequibilidad, respecto de la institución de parte civil de la víctima o del
perjudicado la Corte precisó lo siguiente:
“[…] tanto en el derecho internacional, como
en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los
derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una
concepción amplia–no restringida exclusivamente a una reparación económica–
fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a
participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva
del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que
orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando
han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las
victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños
sufridos”.[58] (Resalta la Corte)
En ese sentido, tanto la víctima y los
perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación
pecuniaria. Particularmente, en el marco de los procesos penales la víctimas
pretenden la realización de su derecho a la verdad, entendida como la
pretensión legítima de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia
entre la verdad procesal y la verdad real e histórica; el derecho a que se haga
justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad y el
derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de las medidas y
estándares constitucionales fijados en las disposiciones legales y
constitucionales.
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa
que la razón negar la constitución en parte civil en el caso concreto adolece
de un supuesto errado en el sentido de que la víctima perseguía intereses
puramente privados, toda  que vez que como fue explicado anteriormente,  con la
constitución en parte civil las víctima sería reconocida como sujeto procesal
y,  desde esta posición, hubiera podido participar y hacer valer su derecho a
la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, entre otros.
(b) La segunda falencia valorativa que
encuentra Sala es la falta de justificación de las razones por las cuales el
Juez encontró que la constitución en parte civil supondría una lesión del
interés del menor agresor en el caso concreto. El accionado se limita a
proferir afirmaciones sobre la prevalencia del interés superior de edad sin
señalar exactamente qué derechos o garantías resultarían lesionadas con la
constitución en parte civil de la víctima. La Sala resalta que la omisión de
una justificación adecuada de la decisión del juez va en contravía de lo
expresado por esta Corporación en jurisprudencia de tutela en el sentido de que
a los funcionarios judiciales que tienen a cargo la investigación y  juicio de
delitos sexuales, particularmente si las víctimas son sujetos de especial
protección constitucional, les asiste la obligación de ponderar los derechos
que se encuentran en juego. En ese sentido, en su jurisprudencia la Corte ha
establecido una subregla relacionada con la ponderación que deben realizar los
funcionarios que tiene a su cargo casos de violencia sexual en la cual se
expone claramente que las autoridades judiciales deben ponderar los derechos
tanto de las víctimas, máxime si se trata de sujetos de especial protección
constitucional, como también los derechos de los victimarios, como el debido
proceso. [59]
La Sala encuentra que esta subregla es
plenamente aplicable al caso  concreto, toda vez que la víctima es un sujeto de
especial protección constitucional al tratarse de una mujer víctima de delito
sexual en la que confluyen varios factores de vulnerabilidad, tales como ser
víctima de desplazamiento forzado por la violencia, su procedencia étnica, su condición
de discapacidad, y su edad psicológica o mental que tan solo corresponde a la
de una menor de 12 años.
De acuerdo con lo anterior,  no se advierte
argumentación  por parte del juez en el que ponderara las afectaciones
concretas que padecería el menor agresor si la víctima y su madre eran
admitidas en el juicio como sujetos procesales al ser declaradas parte civil,
que justificara a éstas le fuera negada dicha  posibilidad.
(c) En tercer lugar, la Sala encuentra que
en su decisión declarar improcedente la solicitud de constitución de parte
civil, no se refirió en lo más mínimo a los derechos que le asisten a la
accionada en tanto víctima de un delito sexual incursa en una situación de
vulnerabilidad evidente por ser igualmente víctima de desplazamiento forzado, y
sus graves condiciones personales y sociales, lo cual vicia el razonamiento del
juez, toda vez que le era obligatorio incluir en la fundamentación de la
decisión la garantía de estas condiciones y calidades particulares de la
víctima y su familia. En este caso, el accionando desconoció  por completo los
derechos de las víctimas en el proceso penal  que han sido objeto de
reconocimiento jurisprudencial, contrario a lo afirmado por el accionado.
En las perspectivas advertidas, esta Sala
colige que en el caso subjudice al negarse a constituir en parte civil
dentro del proceso penal a la víctima sujeto de especial protección
constitucional, sin
brindar otra alternativa procesal, como era aplicar las normas de la Ley 906 de
2004 en lo que respecta a la representación de las víctimas en tanto sujeto
procesal, el juez desconoció los derechos de la víctima a contar con oportunidades para ser oída y participar
dentro del proceso; a ser protegida de manera efectiva durante el proceso penal
junto con su familia, y a que le fuera brindada información oportuna sobre sus
derechos y cómo puede participar en el proceso. Así desconoció que estos derechos
han sido reconocidos por la jurisprudencia de esta Corporación[60], y que su observancia
resulta especialmente necesaria y urgente en los casos en que las víctimas son
sujetos de especial protección constitucional reforzada, como es el caso de la
accionante, al tratarse de una mujer afrodescendiente, con discapacidad cognoscitiva,
quien junto con su familia se encuentra en una situación de extrema
vulnerabilidad al ser víctimas del desplazamiento forzado.
En consecuencia, esta negativa impidió que
la víctima y su representante conocieran el curso del proceso y se tradujo en
la imposibilidad para que ejercieran los recursos y demás mecanismos legales y
constitucionales para reclamar sus intereses y derechos en el marco del proceso
penal, en franco desconocimiento de sus derechos de acceso a la administración
de justicia, debido proceso, contradicción y a la verdad, justicia, reparación
y garantías de no repetición.
5.2.6 Así las cosas, la Sala encuentra
plenamente comprobada (a) la configuración de un error sustancial, por cuanto
el juzgado alegó durante todo el proceso, que debía observar el Decreto 2737 de
1989, a pesar de la vigencia de la Ley 1098 de 2006; cometió errores sustanciales
en la protección de los derechos de la víctima, ya que el juez no realizó una
ponderación equilibrada entre los derechos del menor -art.44 CP- y artículos
173, 174, y 350 del Código del Menor, y los derechos de las víctimas en
general, y mujeres víctimas de delitos sexuales en particular, con base en los
artículos 1,
2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta Política, la Ley 906 de 2004, y el
alcance normativo dado a los derechos fundamentales de las víctimas dado por la
jurisprudencia de esta Corte;
y aplicó erróneamente
normas sustantivas y procedimentales que rigen el caso que se examina, en
desmedro de los derechos de la víctima, al no interpretar de manera favorable a
la víctima normas contenidas en la Ley 1098 de 2006 “Por el cual se expide
el Código de Infancia y Adolescencia” y otras, que habrían garantizado que
la accionante participara en el proceso penal como sujeto procesal y, por esta
vía,  ejercería su derecho a la contradicción, a la verdad, a la justicia y a
la reparación y garantías de no repetición. (b) Así mismo, esta Corte evidencia el
desconocimiento del derecho internacional, de las normas Constitucionales y de la
jurisprudencia de esta Corte en relación a con los derechos de las víctimas en
general, y de las mujeres víctimas de delitos sexuales, en particular, a la
verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición, lo
cual trae aparejado el derecho a la información, participación, a la protección
de las víctimas y su núcleo familiar con el fin de evitar la revictimización, a
la atención médica, psicológica y de rehabilitación de la víctimas, entre otros
derechos.
Por todo lo anterior, la Sala
encuentra probada la configuración de vías judiciales de hecho por defecto
sustantivo; desconocimiento del precedente constitucional, el cual tiene un
carácter vinculante para las autoridades judiciales; y violación directa de la
Constitución Política de 1991.
5.2.7 En armonía con lo hasta aquí expuesto, constata
igualmente este Tribunal, como ha quedado demostrado, que existió por parte del
Juez accionado una seria falencia en el ejercicio sano de un razonamiento de ponderación
entre los derechos fundamentales tanto de la víctima y de su familia, como del
menor agresor procesado, teniendo en cuenta para ello no solo los derechos del
menor agresor, los cuales hizo prevalecer de manera absoluta; sino también los
derechos de las mujeres víctimas accionantes, teniendo en cuenta para ello, la
extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que se encuentran las
víctimas, lo que las coloca en una grave y desproporcionada situación de
violación masiva de sus derechos fundamentales, por el hecho de que se trata de
mujeres afrodescendientes, víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de
delitos sexuales en dos oportunidades diferentes, personas en estado de
discapacidad física y cognoscitiva, personas miembros de grupos socialmente
vulnerables, y por demás, víctimas de la negligencia y de la desidia judicial, de
la fiscalía y de la desatención estatal. De esta manera, el juez desconoció
totalmente que tal y como ha insistido esta Sala, en las actoras confluyen
múltiples y diferentes factores de victimización, vulnerabilidad, debilidad
manifiesta y discriminación, de conformidad con el artículo 13 Superior y los
derechos fundamentales de las víctimas dentro del proceso penal, factores que
no fueron sopesados y valorados debida y equilibradamente por el juez, quien hizo
caso omiso de la grave situación de las víctimas, haciendo prevalecer de manera
absoluta los derechos del menor victimario.
Así las cosas,
el juez no tuvo en cuenta en ningún momento pronunciamientos claves de la
jurisprudencia de esta Corte, como el Auto 092 de 2008, en donde este Tribunal
adoptó medidas urgentes
y necesarias para la protección de las mujeres víctimas del conflicto y de la
violencia sexual, poniendo de relieve la intrínseca relación entre ambos
delitos, ya que el delito sexual en contra de las mujeres se agrava dado el
contexto mismo del conflicto, especialmente en las mujeres desplazadas, ya que
es utilizado como estrategia de guerra. Igualmente, la Corte resaltó que las
mujeres víctimas de desplazamiento, por el hecho mismo del desplazamiento
forzado de sus lugares de orígenes, y al encontrarse en un entorno muy
diferente y ajeno al que estaban acostumbradas, llegan a sitios en los que por
falta de protección terminan siendo igualmente violadas o abusadas sexualmente por
su misma condición de fragilidad en las que la coloca su condición de
desplazadas, razón por la cual se ven expuestas a ser víctimas de delitos
sexuales.
En este mismo sentido, el juez omitió que mediante el Auto en
mención, esta Corporación había adoptado ya medidas de protección especial
respecto de “Lucía”, como mujer desplazada y víctima de violencia sexual, la
cual ha sido víctima en dos oportunidades de este último tipo de delito, no valorando
debidamente las consecuencias de su revictimización por este mismo hecho
punible, ni tampoco su situación especial como mujer afrodescendiente y persona
en estado de discapacidad cognoscitiva, así como sus condiciones de extrema
vulnerabilidad y las de su familia, con el fin de permitir su participación
dentro del proceso, su representación legal, su constitución en parte civil y
la adopción de medidas para atender la grave situación de la víctima, así como
la protección de la víctima y su familia con el fin de evitar su posible
revictimización.
Así las cosas, el juez hizo caso omiso a que en las órdenes
generales establecidas en el Auto 092 de 2008 que cobijan a “Lucia”, se
establecen la aplicación de dos presunciones constitucionales en favor
de las  mujeres víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado en
tanto sujetos de especial protección constitucional, tales como la presunción
de vulnerabilidad acentuada respecto de las mujeres desplazadas por la
violencia, respecto de la cual, la Corte ha expresado que tiene como uno de los
propósitos constitucionales el deber de las autoridades en general de presumir
que estas mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad e
indefensión extremas, y en consecuencia proceder a una valoración integral de
su situación, con el fin de adoptar las medidas de protección y garantía de sus
derechos fundamentales, en este caso, dentro del proceso penal que se adelantó
por el delito de violencia sexual en contra de “Lucía”.
5.2.8 Teniendo
en cuenta la efectiva configuración de vía judicial de hecho, y la vulneración
de los derechos fundamentales de las víctimas dentro del proceso penal que se
llevó a cabo en el Juzgado Único de Menores de Cartagena, la Sala procederá en
la parte resolutiva de este fallo a adoptar las siguientes decisiones:
(i) Revocará el
fallo de segunda instancia proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, en Sentencia del 21 de febrero de 2013, en donde se resuelve
confirmar el fallo del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal, en Sentencia del
30 de octubre de 2012, en el cual se resolvió “No tutelar los derechos
deprecados por la señora “Matilde””. En su lugar, concederá la tutela impetrada,
con el fin de proteger los derechos fundamentales a la información, a la
participación y a la protección dentro del proceso penal por delitos sexuales
en contra de “Lucia”, víctima de delito sexual, y adicionalmente víctima de
desplazamiento forzado, mujer afrodescendiente, en estado de discapacidad
cognoscitiva, y por tanto sujeto de especial protección constitucional; así
como los derechos de su señora madre “Matilde”, quien funge dentro de la
presente acción como su representante legal. Por tanto, reconocerá como
víctimas a “Lucía” y “Matilde” por los hechos de violencia sexual, denegación
de acceso a la justicia, violación de los derechos de las víctimas a la verdad,
a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición, teniendo en
cuenta además que las accionantes presentan condiciones extremas de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta al constituir víctimas con protecciones
constitucionales reforzadas y confluyentes.
(ii) En consecuencia ordenará la
nulidad parcial del proceso penal surtido por el Juzgado Único de Menores de
Cartagena, en contra de Luis Miguel Silgado Pérez, radicado bajo el número
192-2006, desde el momento procesal de la
realización de la audiencia final, en la cual se deberán tener en cuenta la
participación, las consideraciones, alegatos y peticiones de la víctima y su
apoderada judicial, de manera que se subsanen las falencias y el déficit de
protección de la víctima constatado mediante esta sentencia; así como con la
participación de todas las partes e interesados, de  conformidad con el artículo
192 del Decreto 2737 de 1989. Tras esta audiencia el juez deberá, a los 8 días
siguientes a su terminación, dictar la sentencia, de conformidad con los
artículos 194 y 195 del Decreto 2737 de 1989, en la cual deberá tener en cuenta
la garantía de todos los derechos fundamentales de las víctimas y la adopción
de medidas para subsanar las vulneraciones a sus derechos fundamentales
constatados en esta providencia.
Lo anterior, por cuanto la Corte
evidencia la configuración de vía judicial de hecho por defecto sustancial,
desconocimiento de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional sobre
los derechos de las víctimas en general, y los derechos de las mujeres víctimas
de delitos sexuales en particular, a la verdad, a la justicia, a la reparación,
y a las garantías de no repetición, tal como quedó sustentado en esta
providencia. Lo anterior, por cuanto la Sala evidencia la violación de los
derechos fundamentales de las víctimas a (i) la información respecto de las
actuaciones, diligencias, medidas y decisiones adoptadas dentro del proceso
penal; (ii) la participación de las víctimas dentro del mismo; (iii) la
representación de las víctimas a través de apoderada judicial; (iv) la
constitución de las víctimas como parte civil dentro del proceso penal; (v) por
no haberse adoptado medidas para proteger a las víctimas y a su familia en su
vida e integridad y evitar la revictimización de las mismas;  (vi) así como por
no haber tomado medidas para procurar la atención y rehabilitación física y
psicológica de “Lucia”; deficiencias que deberán subsanarse en la audiencia
final y en el dictamen de la sentencia.
Por consiguiente, la Corte ordenará al
Juez Único de Menores de Cartagena  reabrir el proceso penal desde la audiencia
final y el dictamen de la sentencia con el fin exclusivo de llenar los vacíos y
vicios constitucionales que esta Sala constató durante el desarrollo del mismo,
tales como: (i) Reconocer como víctimas a “Lucía” y “Matilde” por los delitos
sexuales investigados, juzgados y sancionados; (ii) Reconocer a la abogada de
la Corporación Sisma Mujer, como apoderada judicial de las víctimas “Lucia” y
“Matilde” dentro del proceso penal de la referencia; (iv) Entregar a la
apoderada judicial de las accionantes la información correspondiente respecto
de las actuaciones, diligencias, medidas y decisiones adoptadas dentro del
proceso penal, entregándole copia de todo el expediente, así como notificarle y
expedir copia del fallo adoptado dentro del proceso penal, teniendo en cuenta
la condición de analfabeta de “Matilde” y el estado de discapacidad
cognoscitiva de “Lucia”; (v) Brindar información a la apoderada judicial de la
accionante sobre la aplicación de los derechos de las víctimas de violencia
sexual, frente a los procedimientos legales correspondientes, los servicios
disponibles para atender las necesidades derivadas del delito, la remisión para
práctica de exámenes de transmisión sexual y por los traumas físicos y
emocionales; (vi) Constituir a la accionante a través de su apoderada judicial
como parte civil, con el fin de que obtengan la indemnización por los
perjuicios causados, entre otras finalidades; (vii) adoptar medidas para
proteger la vida e integridad de las víctimas y evitar la revictimización de
las mismas, tales como: ordenar la actuación de la inspección de policía y/o la
comisaría de familia; fijar una medida cautelar o caución en contra del
perpetrador para que no pueda acercársele en un futuro a la víctima; y asegurar
un acompañamiento psicosocial o visitas periódicas de las entidades mencionadas
al lugar donde reside la víctimas; y (viii) Adoptar medidas encaminadas a la
atención médica y rehabilitación de “Lucía” a través de las entidades de salud
que corresponda.
Igualmente, esta Corporación
exhortará al Juzgado Único de Menores de Cartagena para que en adelante se
abstenga de incurrir, en el ejercicio de sus funciones judiciales, en
vulneraciones de los derechos de mujeres víctimas de violencia sexual, a la
verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición,
especialmente en relación con el acceso efectivo a la justicia y la protección
efectiva de sus derechos fundamentales de información, participación,
constitución en parte civil, y adopción de medidas para proteger a las víctimas
y evitar su revictimización, así como para la atención y rehabilitación médica
de las mismas.
5.3 La ratio decidendi
y órdenes adoptadas por la Sentencia T-973 de 2011
Finalmente, la Sala, tendrá en cuenta en este fallo,
la ratio decidendi y las órdenes adoptadas mediante la Sentencia T-973
de 2011, reseñada en la parte considerativa de esta providencia judicial, por
tratarse de la misma actora “Matilde”, en representación de su hija “Lucia”,
con ocasión de otro hecho de revictimización asociado a la comisión de delitos
de violencia sexual en contra de “Lucia”. En este fallo la Corte decidió dejar
sin efecto la Resolución No. 287 del 22 de septiembre de 2006, proferida por la
Fiscalía 21 Seccional de Cartagena, mediante la cual se dispuso la preclusión
de la investigación penal radicada con el número 169.022 contra Samuel. En
consecuencia, ordenó al Fiscal Seccional 21 de Cartagena, o a quien hiciera sus
veces, reabrir dicha investigación, la cual se encontraba archivada desde el 5
de octubre de 2006, y realizar una verdadera investigación seria y exhaustiva
de los hechos en los que se sustentó y una correcta valoración del material
probatorio allegado al proceso.
En respuesta al requerimiento de esta Corte
mediante Auto del 31 de julio de 2013, la  Fiscalía 29 Seccional de Cartagena,
informó que dentro del proceso que se adelanta por los delitos de acceso carnal
abusivo con incapaz de resistir agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, en
la persona de “Lucia”, esa Fiscalía Seccional de Cartagena, por medio de
resolución fechada el 25 de abril de 2013, profirió resolución de acusación por
los delitos antes enunciados. Informa así mismo que la resolución de acusación
fue apelada por el señor defensor del acusado y mediante resolución del 08 de
agosto de 2013, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Cartagena,
confirmó la resolución de acusación. Comunica que se está notificando a los
sujetos procesales, cumplido lo cual se enviará el expediente a los juzgados
penales del circuito para llevar a cabo la etapa de juicio. Informa igualmente
que el acusado se encuentra privado de la libertad, por razón de este proceso,
en la cárcel de San Sebastián de Ternera desde el 25 de enero de 2013.
Respecto de este asunto,
estrechamente relacionado con el actual estudio de tutela por tratarse de la
misma actora víctima de delitos sexuales, en virtud de lo dispuesto por esta
Corporación mediante el Auto 092 de 2009 y la Sentencia T-973 de 2011, la Corte
reiterará la orden dada en el
Auto 092 de 2008, en cuanto a la obligación de debida diligencia en la
investigación de los hechos de desplazamiento forzado y violencia sexual
sufridos por “Lucia”, “Matilde” y su familia.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto por esta Corporación mediante
el Auto 092 de 2009 y la Sentencia T-973 de 2011, esta Corte reiterará la orden
dada en estos
pronunciamientos, en cuanto a la obligación de las autoridades judiciales de
investigar, juzgar y sancionar con la debida diligencia los delitos de violencia
sexual asociados al desplazamiento forzado sufridos por  “Lucía”, “Matilde” y
su familia.
Así mismo, en armonía con
lo expuesto por la Sala en esta providencia, la Corte declarará que el término
para contabilizar la prescripción del delito de violencia sexual ocurrido en
contra de la persona de “Lucía” en el año 2005, se interrumpe por el tiempo en
que el aparato de la Fiscalía estuvo inactivo y hasta el momento en que la
Fiscalía 29 Seccional de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena reinicia
efectivamente la investigación correspondiente, en fecha del 24 de enero de
2013. Lo anterior, teniendo en cuenta (i) la ratio decidendi y las órdenes
dadas en la Sentencia T-973 de 2011; (ii) el tiempo de negligencia y de desidia
de la Fiscalía en la investigación efectiva y eficaz de este caso; (iii) lo
expuesto y ordenado mediante el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional en
relación con las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y simultáneamente
de delitos de violencia sexual; y (iii) además atendiendo a que “Lucía” y
“Matilde” son mujeres que pertenecen a la población afrodescendiente, y se
encuentran en estado de discapacidad cognoscitiva, con el fin de evitar la
impunidad de graves violaciones de derechos humanos sufridas por la joven
víctima y su familia en la cual confluyen múltiples factores de victimización,
discriminación y vulnerabilidad.
5.4 La atención y reparación integral de las víctimas de
conformidad con el Auto 092 de 2008, Autos 05 y 06 de 2009, y la Ley 1448 de
2011 y sus Decretos Reglamentarios
5.4.1
En cuanto a las medidas
adoptadas en el Auto 092 de 2009, las cuales fueron reseñadas en la parte
considerativa de esta sentencia, recuerda la Sala que el caso de la actual accionante “Lucia”
hace parte de los 183 casos de violencia sexual remitidos por esta Corte en
anexo reservado a la Fiscalía General de la Nación. En el documento reservado
que fuera remitido a la Fiscalía General de la Nación de la víctima, se informó
al ente investigador que el 9 de abril de 2006 en Cartagena (Bolívar) se
produjo la violación de una mujer con discapacidad mental en situación de
desplazamiento, por parte de un vecino, en conexión con el delito de lesiones
personales. De acuerdo con la descripción de la Organización de Mujeres que
lleva el caso, los hechos se relacionan con “Violación sexual por parte de
un aparente menor de edad a una joven desplazada con discapacidad mental. En la
denuncia figura que el agresor fue un hombre de 23 años, vecino del barrio de
la víctima. La joven fue víctima de violación sexual y lesiones personales.”
Este caso de violencia sexual contra una víctima de
desplazamiento forzado, afrodescendiente, en condición de discapacidad
cognoscitiva y en estado de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, fue
remitido por esta Corte a la Fiscalía con el fin de que “en ejercicio
autónomo e independiente de sus competencias y sin perjuicio de las
investigaciones que ya se han iniciado, adopte a la mayor brevedad las medidas
a las que haya lugar en relación con los hechos allí descritos, con miras a
asegurar que las investigaciones que estén en curso avancen aceleradamente, y
que se inicien los procedimientos investigativos de imperativo desarrollo
respecto de los hechos que aún no han sido objeto de atención por la justicia
penal ordinaria”.
La Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto
092 de 2008 informó a este Despacho que a la fecha de su remisión a la Fiscalía
en el anexo reservado, el caso se encontraba bajo conocimiento del Juzgado
Único de Menores de Cartagena, Radicado No. 192-2006, contra Luis Miguel
Silgado Pérez. De acuerdo con la representante legal de la menor, no se tenía
conocimiento de las actuaciones surtidas por el Juez.  Así mismo informó, respecto
de las últimas actuaciones surtidas en relación con el caso de “Lucia”, que no
cuenta con mayor información, ya que la Fiscalía General mediante escrito presentado
el seis (6) de marzo de 2013, comunicó solamente que el proceso penal contra
Luis Miguel Silgado Pérez, vinculado por el delito de Acceso Carnal o Acto
Sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, fue remitido desde la
Fiscalía 32 de la Dirección Seccional de Cartagena al Juzgado Único de Menores
de Cartagena mediante Oficio  N° 339 del 14 de junio de dos mil nueve (2009)
por competencia.  Adicionalmente, informa que de acuerdo con lo aportado a la
Sala de Seguimiento por la representante legal de Sisma Mujer, esta remisión se
efectúa en razón de que el agresor para la fecha de los hechos era menor de
edad.
5.4.2 Igualmente, la Sala reitera que las
víctimas dentro del presente proceso de tutela se encuentran cobijadas por las
medidas y órdenes impartidas mediante los Autos 05 y 06 de 2009, los cuales fueron
expedidos con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población
afrodescendiente y de las personas en estado de discapacidad, providencias que
fueron reseñadas en la parte considerativa de esta sentencia.
5.4.3 Finalmente, la Sala evidencia
que las víctimas en el presente caso de tutela y su familia, deben ser beneficiarias
de las disposiciones previstas en la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos
reglamentarios, con el fin de obtener la atención necesaria y la reparación
integral de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
5.4.4 Por lo anterior, y teniendo en
cuenta que a la fecha de la adopción de esta sentencia esta Corporación no ha recibido las pruebas ordenadas
mediante el Auto del 31 de julio de 2013, por parte de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sin que
presentaran justificación alguna ante esta Corporación, sobre las medidas de
atención y reparación integral otorgadas a “Matilde”, a “Lucia” y su familia, y
teniendo en cuenta de que se trata de víctimas de desplazamiento forzado,
mujeres víctimas de violencia sexual, población afrodescendiente, personas en
estado de discapacidad, y que se encuentran en extremas situaciones de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, aplicará la presunción de veracidad
respecto de los hechos afirmados en el presente proceso de tutela, de
conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que consagra que “si
el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano”, y adoptará en la
parte resolutiva de esta sentencia diversas órdenes para proteger los derechos
fundamentales de las víctimas a la atención y reparación integral, en virtud
del Auto 092 de 2008, los Autos 05 y 06 de 2009, y la Ley 1448 de 2011 y sus
Decretos reglamentarios.
5.4.5 Las órdenes que se adoptarán en la parte resolutiva de
esta sentencia para ser cumplidas por la Unidad Administrativa para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, serán las siguientes:
5.4.5.1 Realizar de inmediato un procedimiento expedito con el
fin de diferenciar y escindir los grupos familiares que conviven con “Lucia” y
“Matilde” en el registro de población desplazada, hoy Registro Único de
Víctimas, ya que de conformidad con la información aportada a la Corte, así
como a la Unidad Administrativa, la familia de “Matilde” y “Lucia” consta de
tres (3) grupos o núcleos familiares diferentes, que sin embargo todavía
aparecen en el Registro como uno solo, bajo la responsabilidad de la madre
“Matilde”. Lo anterior, con el fin de que la Unidad les garantice la entrega
correspondiente a cada grupo o núcleo familiar de la ayuda humanitaria de
emergencia o de transición, con cada uno de sus componentes. Esta orden, se
encuentra en concordancia con lo fallado en su momento por el sentencia de
tutela del Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, calendado el 13 de abril
de 2012,  en donde se concedió la acción interpuesta por la actora “Matilde” y
se ordenó a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, que dentro del plazo de cinco (5) días, realizara una visita
domiciliaria y actualizara el Registro Único de Población Desplazada, orden a
la cual hasta el momento, según información aportada a la Corte, no se le ha
dado cumplimiento por parte de la Unidad.
5.4.5.2 Otorgar de manera inmediata la prórroga automática de
la ayuda humanitaria de emergencia o de transición, según corresponda, a
“Matilde” y “Lucia”, ya que éstas se encuentran cobijadas por la presunción de
constitucionalidad para la prórroga automática de la ayuda humanitaria con cada
uno de sus elementos y componentes, de conformidad con el Auto 092 de 2008 y la
jurisprudencia de esta Corte, ayuda humanitaria que les debe ser entregada de
manera continua y sin interrupciones, hasta que las víctimas alcancen su
autosostenibilidad, se asegure su tránsito hacia soluciones duraderas y logren
su estabilización socioeconómica, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
1448 de 2011. Esta orden, se encuentra en armonía y consonancia con el fallo de
tutela del Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, calendado el 13 de abril
de 2012, en el cual el juez de instancia concedió la tutela en favor de
“Matilde” y “Lucia” y se ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas que reprogramara para el mes de mayo de 2012 la
siguiente ayuda humanitaria de emergencia a favor de “Matilde”.
5.4.5.3 Otorgar prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia
o de transición, de manera diferenciada a los otros dos núcleos familiares que
conviven con “Matilde” y “Lucia”, de manera que se les garantice la entrega
correspondiente de cada uno de los componentes y elementos de la ayuda
humanitaria.
5.4.5.4 Adoptar las medidas necesarias, en coordinación con
las demás entidades que hacen parte del sistema de atención y reparación
integral a las víctimas del conflicto, con el fin de garantizar a “Matilde”, a
“Lucia” y a su familia, el acceso a programas productivos, de restablecimiento,
de estabilización y de consolidación socioeconómica en favor de los tres
núcleos familiares, de conformidad con los programas y proyectos que
actualmente se vengan ejecutando de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y sus
Decretos reglamentarios; beneficios a los cuales tienen derecho como víctimas
de desplazamiento forzado, como población afrodescendiente, como personas en
estado de discapacidad física y cognoscitiva, y para cuya aplicación deberán
tener en cuenta su condición de discapacidad, y sus preferencias laborales.
5.4.5.6 Adoptar de forma inmediata, si aún no lo ha hecho, las
medidas necesarias para incluir y garantizar a “Matilde” y “Lucia”, y a los
otros miembros de su familia, en los programas para mujeres ordenados por el
Auto 092 de 2008, así como para aplicarles las medidas con enfoque diferencial
ordenadas mediante los Autos 05 y 06 de 2009, con el fin de proteger y
garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado
que constituyen adicionalmente población afrodescendiente y se encuentran en
estado de discapacidad.
5.4.5.7 Adoptar en favor de “Lucia” y “Matilde” medidas inmediatas,
si aún no lo ha hecho, con el fin de garantizar su derecho fundamental a la
salud, a una atención médica adecuada, a una atención psicológica y de
rehabilitación psíquica y física, teniendo en cuenta las secuelas y
consecuencias del desplazamiento forzado, del abuso sexual del cual fue víctima
“Lucia”, así como para atender idóneamente su condición de discapacidad
cognoscitiva. Por tanto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación a las Víctimas deberá coordinar con el Ministerio de Salud la
adopción de medidas en relación con la atención en salud física, salud sexual y
reproductiva y salud psicológica de “Matilde” y “Lucía”, para lo cual deberán
tener en cuenta como mínimo: (i) la realización de diagnósticos especializados
en cada una de las áreas de la salud indicadas; (ii) la aprobación de un
tratamiento permanente e integral para el restablecimiento de la salud plena de
las mujeres y acorde con las condiciones de discapacidad física y cognoscitiva
de las mismas, durante el tiempo que sea necesario; (iii) la definición
concertada de cualquier tipo de intervención recomendada por el personal
médico.
Esta orden de la Corte, se encuentra en
consonancia con el fallo del Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena,
calendado el 13 de abril de 2012, en el cual prosperó la acción tutelar en
favor de “Matilde” y se conminó a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas para que informara a la accionante sobre los trámites
correspondientes para que “Lucía” tuviera acceso a atención médica y
psicológica.
5.4.5.8 Adoptar de manera inmediata en favor de “Lucia”, si
aún no lo ha hecho, medidas especiales de educación especial o escolarización
con enfoque diferencial para personas con discapacidad cognoscitiva. Por lo
tanto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, deberá remitir el caso y coordinar con el Ministerio de
Educación Nacional la inclusión de “Lucia” en los programas de educación
especializada que la entidad gestione, absteniéndose de remitir a las víctimas
a la oferta general y la realización de trámites por cuenta propia que
impliquen su revictimización. Esta oferta educativa deberá tener en cuenta las
condiciones de discapacidad cognoscitiva de la actora, así como las
preferencias de las víctimas para elegir el plan de estudios.
Esta orden de la Sala, se encuentra en
armonía con lo dispuesto en el fallo de tutela del Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena, calendado el 13 de abril de 2012, en el cual se
concedió la protección en favor de “Matilde” y se conminó a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que informara a la
accionante sobre los trámites correspondientes para que “Lucía” tuviera acceso
a programas educativos.
5.4.5.9 Adoptar en favor de “Matilde”, “Lucia” y de su familia, en el marco de
las disposiciones previstas por la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos
reglamentarios, consagradas para garantizar la reparación integral en todos sus
componentes y con enfoque diferencial a las accionantes en su condición de
mujeres víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado, población afrodescendiente, personas en estado de
discapacidad física y cognoscitiva; a través de todas las medidas necesarias y
la inclusión de estas víctimas en los programas, planes y proyectos que tengan
relación con los componentes de reparación integral, tales como  restitución,
indemnización administrativa, y garantías de no repetición. Como  consecuencia
de lo anterior la Corte decidirá:
5.4.5.10 Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación que coordine con la Unidad para la Restitución de
Tierras, creada por la Ley 1448 de 2011, con el fin de que dicha Unidad
adelante todos los trámites necesarios y correspondientes encaminados a iniciar
el proceso y lograr la restitución de tierras en favor de la señora “Matilde”,
que según información aportada a esta Corporación, se encuentra ubicada en el
corregimiento de Santo Domingo, en el municipio de El Carmen (Bolívar).
5.4.5.11 Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación, que coordine con el Ministerio de Vivienda Nacional, la
adopción de medidas encaminadas a la garantía del derecho a vivienda digna, a
través del otorgamiento de subsidios; la ampliación y el mejoramiento de la
vivienda actual de la señora “Matilde”, ubicada en el barrio San José de los
Campanos, Sector Revivir, manzana F lote 16 en Cartagena; o la reubicación de
“Lucía” y su grupo familiar, con el fin de garantizar su protección.
5.4.5.12 Ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación a
las Víctimas, que de manera inmediata inicie un procedimiento expedito para la
aprobación y entrega efectiva de la reparación en forma de indemnización
administrativa en favor de “Matilde” y “Lucía”, por tratarse de víctimas del
delito de desplazamiento forzado y de violencia sexual en el contexto del
conflicto armado, de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011.
6. En armonía con lo anterior, esta Corte solicitará
a la Procuraduría General de la Nación la asignación de un procurad@r dentro de
los procesos penales que se siguen por los delitos de desplazamiento forzado,
violencia y abuso sexual en la persona de “Lucia” y su familia, con el fin de
verificar que se le protejan efectivamente sus derechos fundamentales de acceso
a la justicia, a la verdad y a la reparación, y a las garantías de no
repetición.
Por tratarse de un caso paradigmático
y extremadamente grave de violación a los derechos humanos dentro del contexto
del conflicto armado colombiano, a unas personas en las cuales confluyen
múltiples factores de victimización, de discriminación, vulnerabilidad y
debilidad manifiesta, la Corte en la parte resolutiva de esta sentencia
solicitará a los organismos de
vigilancia y control, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría
del Pueblo, al Consejo Superior de la Judicatura, que contribuyan a realizar el
seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia, en
relación con la garantía de los derechos de las víctimas “Lucia” y “Matilde” y
su familia, respecto de la garantía del derecho fundamental de acceso efectivo
a la justicia, así como de las diferentes medidas para la atención y reparación
integral a las accionantes y su familia como víctimas de desplazamiento
forzado, víctimas de violencia sexual, población afrodescendiente y personas en
estado de discapacidad.
Finalmente, la Corte, por las mismas
razones expuestas en el acápite anterior, solicitará a la Comisión de
Seguimiento a la Política Pública de Atención Integral a la Población
Desplazada, realizar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas en esta
providencia judicial, e invitará a las organizaciones de derechos humanos
nacionales y organismos internacionales que trabajan en la defensa de los
derechos humanos de la población desplazada en Colombia, como la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-,  a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al
Consejo Noruego para los Refugiados, así como a otros organismos
internacionales, para que contribuyan en el proceso de seguimiento al
cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente sentencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR el
fallo de segunda instancia proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, en Sentencia del 21 de febrero de 2013, en donde se resuelve
confirmar el fallo del Tribunal
Superior de Cartagena, Sala Penal, en Sentencia del 30 de octubre de 2012, en el
cual se resolvió “No tutelar los derechos deprecados por la señora “Matilde””.
En su lugar, CONCEDER la tutela impetrada, con el fin de proteger los derechos
fundamentales a la información, a la participación y a la protección dentro del
proceso penal en el Juzgado Único de Menores de Cartagena por delitos sexuales
en contra de “Lucia”, víctima adicionalmente de desplazamiento forzado, mujer afrodescendiente,
en estado de discapacidad cognoscitiva, y por tanto sujeto de especial
protección constitucional; así como los derechos de su señora madre “Matilde”,
quien funge dentro de la presente acción como su representante legal. Por
tanto, RECONOCER como víctimas a “Lucía” y “Matilde” por los hechos de
violencia sexual, denegación de acceso a la justicia, violación de los derechos
de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías
de no repetición, teniendo en cuenta además que las accionantes presentan
condiciones extremas de vulnerabilidad y debilidad manifiesta al constituir víctimas
con protecciones constitucionales reforzadas y confluyentes, como quedó
expuesto en esta providencia.
SEGUNDO.- En consecuencia ORDENAR la NULIDAD PARCIAL
del proceso penal surtido por el Juzgado Único de Menores de Cartagena, en
contra de Luis Miguel Silgado Pérez, radicado bajo el número 192-2006, desde el momento procesal
de la realización de la audiencia final, en la
cual se deberán tener en cuenta la participación, las consideraciones, alegatos
y peticiones de la víctima y su apoderada judicial, de manera que se subsanen
las falencias y el déficit de protección de la víctima constatado mediante esta
sentencia; así como con la participación de todas las partes e interesados, de
conformidad con el artículo 192 del Decreto 2737 de 1989. Tras esta audiencia
el juez deberá, a los 8 días siguientes a su terminación, dictar la sentencia, de
conformidad con los artículos 194 y 195 del Decreto 2737 de 1989, en la cual deberá
tener en cuenta la garantía de todos los derechos fundamentales de las víctimas
y la adopción de medidas para subsanar las vulneraciones a sus derechos
fundamentales constatados en esta providencia.
Esta nulidad parcial desde la etapa
procesal de la audiencia final y el dictamen de la sentencia se realizará con
el único fin de subsanar la configuración de vía judicial
de hecho por defecto sustancial, desconocimiento de la Constitución y de la
jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las víctimas en general, y
los derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales en particular, a la
verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición, tal
como quedó sustentado en esta providencia. Lo anterior, por cuanto la Sala
evidencia la violación de los derechos fundamentales de las víctimas (i) a la
información respecto de las actuaciones, diligencias, medidas y decisiones
adoptadas dentro del proceso penal; (ii) la participación de las víctimas
dentro del mismo; (iii) la representación de las víctimas a través de apoderada
judicial; (iv) la constitución de las víctimas como parte civil dentro del
proceso penal; (v)  por no haberse adoptado medidas para garantizar la no
repetición y proteger a las víctimas y a su familia en su vida e integridad y
evitar la revictimización de las mismas;  (vi) así como por no haber tomado
medidas para procurar la atención y rehabilitación física y psicológica de
“Lucia”.
Por consiguiente, la Corte ORDENARÁ al Juez
Único de Menores de Cartagena  reabrir el proceso penal desde la realización de la
audiencia final y el dictamen de la sentencia con el fin exclusivo de llenar los vacíos y vicios constitucionales
que esta Sala constató durante el desarrollo del mismo, tales como: (i) Reconocer como
víctimas a “Lucía” y “Matilde” por los delitos sexuales investigados, juzgados
y sancionados; (ii) Reconocer a la abogada de la Corporación Sisma Mujer, como
apoderada judicial de las víctimas “Lucia” y “Matilde” dentro del proceso penal
de la referencia; (iii) Entregar a la apoderada judicial de las accionantes la
información correspondiente respecto de las actuaciones, diligencias, medidas y
decisiones adoptadas dentro del proceso penal, entregándole copia de todo el
expediente, así como notificarle y expedir copia del fallo adoptado dentro del
proceso penal, teniendo en cuenta la condición de analfabeta de “Matilde” y el
estado de discapacidad cognoscitiva de “Lucia”; (iv) Brindar información a la
apoderada judicial de la accionante sobre la aplicación de los derechos de las
víctimas de violencia sexual, frente a los procedimientos legales
correspondientes, los servicios disponibles para atender las necesidades
derivadas del delito, la remisión para práctica de exámenes de transmisión
sexual y por los traumas físicos y emocionales; (v) Constituir a la accionante
a través de su apoderada judicial como parte civil, con el fin de que obtengan
la indemnización por los perjuicios causados, entre otras finalidades; (vi) Adoptar
medidas para garantizar la no repetición, no revictimización y protección de la
vida e integridad de las víctimas, tales como: ordenar la actuación de la
inspección de policía y/o la comisaría de familia; fijar una medida cautelar o
caución en contra del perpetrador para que no pueda acercársele en un futuro a
la víctima; y asegurar un acompañamiento psicosocial o visitas periódicas de
las entidades mencionadas al lugar donde reside la víctimas; y (viii) Adoptar
medidas encaminadas a la atención médica y rehabilitación de “Lucía” a través
de las entidades de salud que corresponda.
Igualmente, esta Corporación EXHORTARÁ al Juzgado
Único de Menores de Cartagena para que en adelante, teniendo en cuenta la
Constitución y la jurisprudencia de esta Corte, se abstenga de incurrir, en el
ejercicio de sus funciones judiciales, en vulneraciones de los derechos de
mujeres víctimas de violencia sexual, a la verdad, a la justicia, a la
reparación, y a las garantías de no repetición, especialmente en relación con
el acceso efectivo a la justicia y la protección efectiva de sus derechos
fundamentales de información, participación, constitución en parte civil, y adopción
de medidas para proteger a las víctimas y evitar su revictimización, así como
para la atención y rehabilitación médica de las mismas.
TERCERO.- En virtud de lo dispuesto por esta
Corporación mediante el Auto 092 de 2009 y la Sentencia T-973 de 2011, esta
Corte REITERARÁ LA ORDEN dada en estos pronunciamientos, en cuanto a la obligación de las
autoridades judiciales de investigar, juzgar y sancionar con la debida
diligencia los delitos de violencia sexual asociados al desplazamiento forzado
sufridos por  “Lucía”, “Matilde” y su familia.
DECLARAR con fundamento en esa
decisión de la Corte y en armonía con lo expuesto por la Sala en esta
providencia, que el término para contabilizar la prescripción del delito de
violencia sexual ocurrido en contra de la persona de “Lucía” en el año 2005, se
interrumpe por el tiempo en que el aparato de la Fiscalía estuvo inactivo y hasta
el momento en que la Fiscalía 29 Seccional de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Cartagena reinicia efectivamente la investigación correspondiente,
en fecha del 24 de enero de 2013, término que se empezará a contar a partir de
la notificación de esta sentencia. Lo anterior, teniendo en cuenta (i) la ratio
decidendi y las órdenes dadas en la Sentencia T-973 de 2011; (ii) el tiempo
de negligencia y de desidia de la Fiscalía en la investigación efectiva y
eficaz de este caso; (iii) lo expuesto y ordenado mediante el Auto 092 de 2008
de la Corte Constitucional en relación con las mujeres víctimas de
desplazamiento forzado y simultáneamente de delitos de violencia sexual; y (iv)
además atendiendo a que “Lucía” y “Matilde” son mujeres que pertenecen a la
población afrodescendiente, y se encuentran en estado de discapacidad
cognoscitiva, con el fin de evitar la impunidad de graves violaciones de
derechos humanos sufridas por la joven víctima y su familia en la cual
confluyen múltiples factores de victimización, discriminación y vulnerabilidad.
CUARTO.-  SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación la asignación
de un procurad@r dentro de los procesos penales que se siguen por los delitos
de desplazamiento forzado, violencia y abuso sexual en la persona de “Lucia” y
su familia,  con el fin de verificar que se le garanticen sus derechos
fundamentales de acceso a la justicia, a la verdad,  a la reparación y a las
garantías de no repetición.
QUINTO.- APLICAR la presunción de veracidad respecto de los
hechos afirmados en el presente proceso de tutela en contra de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
en razón a que para la fecha de adopción del presente fallo, esta Corporación
no ha recibido las pruebas ordenadas mediante el Auto del 31 de julio de 2013 a
esa Unidad, sin que se presentara justificación alguna ante este Tribunal, de
conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que consagra que “si
el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano”.
SEXTO.- En consecuencia ORDENAR a la Unidad Administrativa
para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, adscrita al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que si aún no lo ha
hecho, adopte las siguientes medidas de atención y reparación integral a las
accionantes dentro del presente proceso de tutela, en cumplimiento de la
Sentencia T-025 de 2004, los Autos 092 de 2008, los Autos 05 y 06 de 2009, y
demás jurisprudencia de esta Corte, así como en aplicación de la Ley 1448 de
2011 y sus Decretos reglamentarios:
6.1 REALIZAR de inmediato un procedimiento expedito con el fin de diferenciar
y escindir los grupos familiares que conviven con “Lucia” y “Matilde” en el
registro de población desplazada, hoy Registro Único de Víctimas.
6.2 OTORGAR de manera inmediata la prórroga automática de la ayuda
humanitaria de emergencia o de transición a “Matilde” y “Lucia”, ya que éstas
se encuentran cobijadas por la presunción de constitucionalidad para la prórroga
automática de la ayuda humanitaria con cada uno de sus elementos y componentes,
de conformidad con el Auto 092 de 2008 y la jurisprudencia de esta Corte, ayuda
humanitaria que les debe ser entregada de manera continua y sin interrupciones,
hasta que las víctimas alcancen su autosostenibilidad, se asegure su tránsito
hacia soluciones duraderas y logren su estabilización socioeconómica, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011.
6.3 OTORGAR  la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia o
de transición, de manera diferenciada a los otros dos núcleos familiares que
conviven con “Matilde” y “Lucia”, de manera que se les garantice la entrega
correspondiente de cada uno de los componentes y elementos de la ayuda
humanitaria.
6.4 ADOPTAR las medidas necesarias, en coordinación con las demás
entidades que hacen parte del sistema de atención y reparación integral a las
víctimas del conflicto, con el fin de garantizar a “Matilde”, a “Lucia” y a su
familia, el acceso a programas productivos, de restablecimiento, de
estabilización y de consolidación socioeconómica en favor de los tres núcleos familiares,
de conformidad con los programas y proyectos que actualmente se vengan
ejecutando de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos reglamentarios.
A estos beneficios tienen derecho como víctimas de desplazamiento forzado, como
población afrodescendiente, como personas en estado de discapacidad física y
cognoscitiva, para cuyo otorgamiento deberán tener en cuenta su condición de
discapacidad, y sus preferencias laborales.
6.5 ADOPTAR de forma inmediata, si aún no lo ha hecho, las medidas
necesarias para incluir y garantizar a “Matilde” y “Lucia”, y a los otros miembros
de su familia, en los programas para mujeres ordenados por el Auto 092 de 2008,
así como para aplicarles las medidas con enfoque diferencial ordenadas mediante
los Autos 05 y 06 de 2009, con el fin de proteger y garantizar los derechos
fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado que constituyen adicionalmente
población afrodescendiente y se encuentran en estado de discapacidad.
6.6 ADOPTAR en favor de “Lucia” y “Matilde” medidas inmediatas, si
aún no lo ha hecho, con el fin de garantizar su derecho fundamental a la salud,
a una atención médica adecuada, a una atención psicológica y de rehabilitación
psíquica y física, teniendo en cuenta las secuelas y consecuencias del desplazamiento
forzado, del abuso sexual del cual fue víctima “Lucia”, así como para atender idóneamente
su condición de discapacidad cognoscitiva. Por tanto, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Victimas deberá coordinar con el
Ministerio de Salud la adopción de medidas en relación con la atención en salud
física, salud sexual y reproductiva y salud psicológica de “Matilde” y “Lucía”,
para lo cual deberán tener en cuenta como mínimo: (i) la realización de
diagnósticos especializados en cada una de las áreas de la salud indicadas;
(ii) la aprobación de un tratamiento permanente e integral para el
restablecimiento de la salud plena de las mujeres y acorde con las condiciones
de discapacidad física y cognoscitiva de las mismas, durante el tiempo que sea
necesario; y (iii) la definición concertada de cualquier tipo de intervención
recomendada por el personal médico.
6.7 ADOPTAR de manera inmediata en favor de “Lucia”, si aún no lo
ha hecho, medidas especiales de educación especial o escolarización con enfoque
diferencial para personas con discapacidad cognoscitiva. Por lo tanto, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, deberá coordinar con el Ministerio de Educación Nacional la inclusión
de “Lucia” en los programas de educación especializada que la entidad gestione,
absteniéndose de remitir a las víctimas a la oferta general y la realización de
trámites por cuenta propia que impliquen su revictimización. Esta oferta
educativa deberá tener en cuenta las condiciones de discapacidad cognoscitiva
de la actora, así como las preferencias de las víctimas para elegir el plan de
estudios.
Esta orden de la Sala, se encuentra en armonía
con lo dispuesto en el fallo de tutela del Juzgado Quinto Administrativo de
Cartagena, calendado el 13 de abril de 2012, en el cual se concedió la protección
en favor de “Matilde” y se conminó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas para que informara a la accionante sobre los trámites
correspondientes para que “Lucía” tuviera acceso a programas educativos.
6.8 ADOPTAR en favor de “Matilde”, “Lucia” y de su familia, medidas
para garantizar la reparación integral en todos sus componentes y con enfoque
diferencial, teniendo en cuenta la condición de las accionantes de mujeres
víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de violencia sexual en el marco
del conflicto armado, población afrodescendiente, personas en estado de
discapacidad física y cognoscitiva; en el marco de las disposiciones previstas
por la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos reglamentarios. En consecuencia la
Unidad deberá adoptar todas las medidas necesarias para la inclusión de estas
víctimas en los programas, planes y proyectos para la obtención de los
componentes de reparación integral, tales como restitución, indemnización
administrativa, y garantías de no repetición. Como  consecuencia de lo anterior
la Corte decide:
6.8.1 ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación que remita el caso y coordine con la Unidad para la Restitución de
Tierras, creada por la Ley 1448 de 2011, con el fin de que dicha Unidad adelante
todos los trámites necesarios y correspondientes encaminados a iniciar el
proceso y lograr la restitución de tierras en favor de la señora “Matilde”.
6.8.2    ORDENAR  a  la  Unidad  Administrativa  Especial  para
la  Atención y Reparación, que coordine con el  Ministerio de Vivienda
Nacional, la adopción  de  medidas  encaminadas  a  la  garantía  del  derecho  a
vivienda digna, a  través  del  otorgamiento  de  subsidios;  la  ampliación y
el mejoramiento de la vivienda actual de la señora “Matilde”; o la reubicación
de “Lucía” y su grupo familiar, con el fin de garantizar su protección.
6.8.3 ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación a las
Víctimas, que de manera inmediata inicie un procedimiento expedito para la aprobación
y entrega efectiva de la reparación en forma de indemnización administrativa en
favor de “Matilde” y “Lucía”, por tratarse de víctimas del delito de
desplazamiento forzado y de violencia sexual en el contexto del conflicto
armado, de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011.
SÉPTIMO.- SOLICITAR a los organismos de vigilancia y control, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Superior de la
Judicatura, que contribuyan a realizar el seguimiento al cumplimiento de las
órdenes impartidas en esta sentencia, en relación con la garantía de los
derechos de las víctimas “Lucia” y “Matilde” y su familia, en relación con el
derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, así como respecto de las
diferentes medidas para la atención y reparación integral a las accionantes y
su familia como víctimas de desplazamiento forzado, población afrodescendiente
y personas en estado de discapacidad.
OCTAVO.- SOLICITAR a la Comisión de Seguimiento a la Política
Pública de Atención Integral a la Población Desplazada, realizar el seguimiento
al cumplimiento de las órdenes emitidas en esta providencia judicial, por
tratarse de un caso paradigmático de mujeres víctimas de desplazamiento forzado,
población afrodescendiente, personas en estado de discapacidad, víctimas de
delitos sexuales, que adicionalmente se encuentran en una situación de extrema
vulnerabiildad y debilidad manifiesta; como parte del seguimiento que vienen
realizando a la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos 092 de 2008, y Autos 05 y
06 de 2009, y por tratarse del avance en la implementación de la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios. Para el efecto, podrá enviar  informes
consolidados y periódicos a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia
T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, cada seis (6) meses, a partir de la
notificación de la presente sentencia.
NOVENO.- INVITAR a las organizaciones de derechos humanos nacionales y
organismos internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos
de la población desplazada en Colombia, como la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, a la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Consejo Noruego para los
Refugiados, así como a otros organismos internacionales, para que contribuyan
en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la
presente sentencia, como parte del seguimiento que vienen realizando al
cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, del Auto 092 de 2008, y de los
Autos 05 y 06 de 2009, y de la implementación efectiva de la Ley 1448 de 2011 y
de sus Decretos reglamentarios, en relación con el goce efectivo de los
derechos de las víctimas al acceso a la verdad, a la justicia, y a la
reparación, a las garantías de no repetición, así como a diferentes medidas de
atención y reparación integral. Lo anterior, por cuanto este fallo decide un
caso representativo y paradigmático de mujeres víctimas de desplazamiento
forzado, afrodescendientes, en estado de discapacidad, víctimas de delitos
sexuales, que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad y
debilidad manifiesta, en las cuales confluyen por tanto diferentes factores de victimización,
discriminación, de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Con este fin,
podrán, dentro del ámbito de sus competencias y de sus respectivos mandatos,
enviar informes consolidados y periódicos a la Sala Especial de Seguimiento a
la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional sobre la evaluación de
dicho seguimiento.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta
de la Corte  Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver por ejemplo la Sentencia C-916/02,
M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, en donde la Corte conoció de una demanda
de inconstitucionalidad en contra el  artículo 97 de la Ley 599 de 2000, “(p)or
la cual se expide el Código Penal”.
[2] Ver, entre otras, las sentencias T-1319 de 2001, C-228 y C-916 de
2002.
[3] Aprobada en Colombia mediante la Ley 35 de 1961.
[4] Aprobado en Colombia mediante la Ley 65 de 1979.
[5] Cap VII No. 11 de los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos  y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Resolución 60/147. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
adoptada el 16 de diciembre de 2007.
[6] Tal es así el impacto de este hecho que no sólo está condenado en
el ordenamiento nacional -El artículo 180 del Código Penal dispone que “el
que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos
contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros
cambie el lugar de su residencia incurrirá en prisión de…”- sino también en
el ámbito internacional, El artículo 17 del Protocolo Adicional de los
Convenios de Ginebra de 1949, adoptado mediante Ley 171 de 1994,  establece: “Prohibición
de los desplazamiento forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si
tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de
alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá
forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
[7] Así en la sentencia C-370 de 2006 esta Corporación concluyó:
“4.5.1. Sobre
los Estados pesa una obligación de medio de prevenir los atentados contra los
derechos humanos internacionalmente protegidos, que implica la adopción de
medidas concretas dirigidas a impedir que esos atropellos sucedan. Esta
obligación puede ser llamada obligación de prevención.
4.5.2.
Además, el Estado tiene un deber de indagación respecto de tales violaciones;
ésta es también una obligación de medio y no de resultado; no obstante, si se
incumple se origina una situación de tolerancia a la impunidad, que significa
el incumplimiento de las obligaciones internaciones del Estado en materia de
justicia, y su subsiguiente responsabilidad internacional. Esta segunda
obligación puede ser llamada obligación de investigación.
4.5.3. Al
derecho de las víctimas a la protección
judicial de los derechos humanos,  mediante el ejercicio de un “recurso
sencillo y eficaz”, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, corresponde el correlativo deber estatal de
juzgar y sancionar las violaciones de tales derechos. Este deber puede ser
llamado obligación de procesamiento y sanción judicial de los responsables de
atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos.
4.5.4. Las
obligaciones de investigar, procesar y sancionar judicialmente los graves
atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos,
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
las desapariciones forzadas, son incompatibles con leyes o disposiciones de
cualquier índole que dispongan respecto de estos delitos amnistías,
prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo de leyes o
disposiciones, por conducir a  la indefensión de las víctimas y a la
perpetuación de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25
en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y generan la responsabilidad internacional del Estado.
Además, por esas mismas razones, tal tipo de leyes “carecen de efectos
jurídicos”.
4.5.5. El
deber estatal de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los autores
de graves atropellos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no
queda cumplido por el sólo hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que
exige que este se surta en un “plazo razonable”. De otra manera  no se
satisface el derecho de la víctima o sus familiares a
saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales
responsables.
4.5.6. La
impunidad ha sido definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como
“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por
la Convención Americana”. Los estados están en la obligación de prevenir la
impunidad,  toda vez que propicia la repetición crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. En
tal virtud están obligados a investigar de oficio los graves atropellos en
contra de los derechos humanos, sin dilación y en forma seria, imparcial y
efectiva.
4.5.7. La
obligación estatal de iniciar ex officio las investigaciones en caso de graves atropellos en contra de los derechos humanos indica que la
búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aportación de
elementos probatorios.
4.5.8. El hecho
de que un Estado atraviese por difíciles circunstancias que dificulten la
consecución de la paz, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconoce que es el caso de Colombia, no lo liberan de sus obligaciones en
materia de justicia, verdad, reparación y no repetición, que emanan de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
4.5.9. Las
obligaciones de reparación conllevan: (i) en primer lugar, si ello es posible,
la plena restitución (restitutio in integrum), “la cual consiste en el restablecimiento
de la situación anterior a la violación”[7];
(ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie de medidas que
además de garantizar el respecto a los derechos conculcados, tomadas en
conjunto reparen la consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la
indemnización compensatoria.
4.5.10. El
derecho a la verdad implica que en cabeza de las víctimas existe un derecho a
conocer lo sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a que los
hechos se investiguen seriamente y se sancionen por el Estado, y a que se
prevenga la impunidad.
4.5.11. El derecho a la verdad implica para los familiares de la víctima la
posibilidad de conocer lo sucedido a ésta, y, en caso de atentados contra el
derecho a la vida, en derecho a saber dónde se encuentran sus restos; en estos
supuestos, este conocimiento constituye un medio de reparación y, por tanto,
una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y
a la sociedad como un todo.
4.5.12.
La sociedad también tiene un derecho a conocer la verdad, que implica la
divulgación pública de los resultados de las investigaciones sobre graves
violaciones de derechos humanos.” (Resalta la Sala). Sentencia C-370 de 2006.
[8]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 10 de
septiembre de 1993, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones; entre otras.
[9]Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Caso Castillo Páez; Sentencia
de 29 de enero de 1997, Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones, entre
otras.
[10] Ver caso comunidad Moiwana vs. Suriname, Caso Castillo Páez,
y Caso Velásquez Rodríguez, entre otros.
[11]A este respecto ha expresado esta Corporación:
“4.6. La Corte destaca con particular  énfasis, que las anteriores
conclusiones provienen de Sentencias de un Tribunal  internacional cuya
competencia  ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 superior prescribe
que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia. Ahora bien, si un tratado internacional obligatorio para Colombia
y referente a derechos y deberes consagrados en la Constitución prevé la
existencia de un órgano autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para la
interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. Por
ello, esta Corporación ha reconocido
relevancia jurídica a la jurisprudencia de los órganos judiciales creados
mediante convenios sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Así, por
ejemplo, respecto de la jurisprudencia sentada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la
Sentencia C-010 de 2000, se vertieron al respecto los siguientes conceptos:
“Directamente
ligado a lo anterior, la Corte coincide con el interviniente en que en esta
materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para
interpretar autorizadamente la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha
señalado en varias oportunidades esta Corte Constitucional, en la medida en que
la Carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales
deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia”, es indudable  que la jurisprudencia
de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados,
constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las
normas constitucionales sobre derechos fundamentales.” Sentencia C-370 de 2006. Ver también sentencias C-406 de 1996,
C-010 de 2000, entre otras
[12] Reviste especial relevancia para este estudio el “Informe sobre
el proceso de desmovilización en Colombia” del 13 de diciembre de 2004. Ver
sentencia C-370 de 2006.
[13] Ver las sentencias C-178, C-228, C-578, C-580, C-695 y C-916 todas
del 2002, las sentencias C-004 y C-228 de 2003, la sentencia C-014 de 2004, las
sentencias C-928, C-979 y C-1154 de 2005, las sentencias C-047, C-370, C-454, y
C-575 de 2006, la sentencia C-209 de 2007 y la sentencia
C-1199 de 2008, entre otras.
[14]  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[15] Sentencia C-580 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil, con Salvamento
Parcial de Voto de los Magistrados Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas
Hernández
[16] Sentencia C-370 de 2006, MMPP: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur
Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, con salvamento de voto del magistrado
Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Humberto Antonio Sierra Porto,
en donde la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de varias disposiciones
de la ley de justicia y paz, que restringían sus derechos.
[17]M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[18] Sentencia C-715 de 2012, reiterado en Sentencia SU-254 de 2013.
[19] La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos han estimado que las personas que ignoran el paradero de
familiares desaparecidos se encuentran en una situación tal de angustia y
ansiedad que encuentran violado su derecho a la integridad psíquica y moral y,
por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Al respecto se
puede consultar, entre otras, la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso Blake, (Sentencia de enero 24 de 1998); Caso
Villagrán Morales y otros, (Sentencia de Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca
Velásquez, (Sentencia de noviembre 8 de 2000).
[20] Ibidem
[21] Ibidem
[22] Sentencia T-453 de 2005
[23]“Artículo
4: Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de
procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados
y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
Con este fin, deberán:
a) Considerar la posibilidad,
cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de
retirar sus reservas a esa Convención;
b) Abstenerse de practicar la
violencia contra la mujer;
c) Proceder con la debida
diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional,
castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos
perpetrados por el Estado o por particulares;
d) Establecer, en la
legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas,
para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto
de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con
arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y
eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las
mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos;
e) Considerar la posibilidad
de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer
contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los
planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan
proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se
ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer;
f) Elaborar, con carácter
general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica,
política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la
mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en
la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de
aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la
discriminación contra la mujer;
g) Esforzarse por garantizar,
en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las
mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de
asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el
cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios,
instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y,
asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad
y rehabilitación física y sicológica;
h) Consignar en los
presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades
relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;
i) Adoptar medidas para que
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han
de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia
contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las
necesidades de la mujer;
j) Adoptar todas las medidas
apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las
pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y
eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole
basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y
en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer;
k) Promover la investigación,
recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la
violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas
de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas,
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como
sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus
efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de
las investigaciones;
l) Adoptar medidas orientadas
a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente vulnerables;
m) Incluir, en los informes
que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de las Naciones
Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia
contra la mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración;
n) Promover la elaboración de
directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios enunciados en la
presente Declaración;
o) Reconocer el importante
papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de la mujer y las
organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca
del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema;
p) Facilitar y promover la
labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no
gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional;
q) Alentar a las
organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a que
incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia
contra la mujer.”
[24] Sentencia C-822 de 2005
[25] Sentencia
T-453 de 2005
[26] Ibídem
[27] 107 Corte
IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de
16 de noviembre de 2009. Serie CNo. 205, párr. 283.
[28] Casos de Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú contra México.
[29] Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio
de 2003. Serie C  No. 99, párr. 134; véase también CIDH, Resolución 1/03 sobre
Juzgamiento de Crímenes  Internacionales, 24 de octubre de 2003, en Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, 29 de diciembre
de 2002, Anexo I; Corte I.D.H. Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de
2002. Serie C No. 92, párrs. 99-101 y 109; y Corte I.D.H., Caso Bamaca
Velásquez.  Reparaciones, (art. 63.1 Convención Americana de Derechos Humanos).
[30] Corte
I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia
de  19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 230.
[31] Caso Maria
Peña
[32] Caso
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, CIDH.
[33] Sentencia T-843 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. La acción fue
instaurada contra contra la Fiscalía 234 Seccional de la Unidad de Delitos
contra la Integridad y Formación Sexuales de Bogotá, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de la niña a la dignidad humana, a la
igualdad, al debido proceso, a la protección especial de los niños y las niñas,
al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia, debido a que, a
juicio de la representante de la menor víctima,  la fiscalía incumplió su deber
de adelantar la investigación con debida diligencia al negarse a formular
cargos contra el padre de la niña, a pesar de que en el expediente obraba evidencia
suficiente para inferir la responsabilidad.
[34] Sentencia T-843 de 2011.
[35] Sentencia C-174 de 2004.
[36] Entre ellas (i) la prohibición de la discriminación en la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, (ii) la prohibición del
homicidio, (iii) la prohibición de la tortura y de los tratos crueles,
inhumanos y degradantes -que es en sí misma una norma de ius cogens-,
(iv) la prohibición de los castigos corporales y los suplicios -norma de ius cogens como tal-, (v)
la prohibición de las mutilaciones, de las experimentaciones médicas o
científicas u otras actuaciones médicas no requeridas por la persona afectada y
contrarias a las normas médicas generalmente aceptadas -la cual de por sí es una norma de ius
cogens-, (vi) la prohibición de violencia sexual, de la prostitución
forzada y de los atentados contra el pudor; (vii) la prohibición de la
esclavitud y de la trata de esclavos -norma
con rango propio de ius cogens-, (viii) la prohibición del trabajo
forzado no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición de las desapariciones
forzadas, (x) la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, (xi) la
obligación de respetar las garantías judiciales esenciales y por los principios
de legalidad de los delitos y de las penas y de responsabilidad penal individual,
(xii) la prohibición de los castigos colectivos, (xiii) la prohibición absoluta
de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el curso de un conflicto armado
–norma igualmente revestida del carácter autónomo de ius cogens-, y
(xiv) la prohibición de los actos de terrorismo. Sentencia C-291 de 2007, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[38] Aprobada en Colombia mediante la Ley 35 de 1961.
[39] Aprobado en Colombia mediante la Ley 65 de 1979.
[40] Sentencia T-843 de 2011, M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[41] Ibidem.
[42] Las fechas de las peticiones son las siguientes: 4 de septiembre de
2007: 4 de junio de 2008; 19 de agosto de agosto de 2008 y el 15 de junio de
2012.
[43] Escrito presentado a la Sala Especial de
Seguimiento el 8 de agosto de 2011 por la  Abogada de la Corporación Casa de la
Mujer en su calidad de representante de la señora “Matilde”.
[44] Ibidem.
[45] Respuesta del 19 de septiembre de 2007.
[46] Respuesta del 25 de junio de 2008.
[47] Respuesta  del Juzgado Único de menores del 17 de octubre de 2008.
[48] Respuesta notificada a la entidad accionada el 3 de septiembre de
2012.
[49] Escrito presentado a la Sala Especial de Seguimiento el 8 de agosto
de 2011. Ibíd. Párr. 53.
[50] Escrito presentado a la Sala Especial de Seguimiento el 8 de agosto
de 2011 por la Abogada de la Corporación Sisma Mujer. Ibíd. Párr. 48.
[51] La discapacidad mental fue señalada en  la copia de la denuncia de
los hechos del día 10 de abril de 2006 y la copia del examen de Medicina Legal.
Se debe confirmar.
[52] En respuesta del 25 de junio de 2008 el
Juez expresó lo siguiente: “No es de recibo que se obvien actuaciones que
pueden hacerse directamente por vía procesal, para enarbolarla bajo una vía
fundamental. Y es que si la Doctora LILIANA ROCÍO CHAPARRO MORENO conforme al
derecho de postulación  quiere solventar inquietudes que le generan los hechos
de la investigación y aun de la investigación, las mismas  encuentran su vía de
desarrollo dentro de la misma actuación, conforme a la interacción que la misma
realice dentro de la interacción investigativa , si es que así lo quiere hacer
valer, ya que si bien se le ha otorgado poder para que se configure la parte
civil no es menos cierto que hasta este extremo procesal no ha existido dentro
de la investigación actuación para debatir la calidad de hacerse parte como tal
sujeto procesal , y por ende definir los fines que se señala en su derecho de
petición bajo las herramientas que le ofrecería el debido proceso, y el derecho
a la contradicción.”
[53] Ver, entre otras, Sentencia C-228 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y Eduardo Montealegre Lynnet; C-591de 2005; C-1149
de 2001. M.P Jaime Araujo Rentaría; T 1057 de 2007
[54] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente Dr. Javier de
Jesús Zapata Crtiz. fecha 03/02/2010. Auto impedimento decisión declara fundado
el impedimento  delitos homicidio agravado. Proceso 33453.
[55] M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[56] Sentencia C-228 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y
Eduardo Montealegre Lynnet.
[57] Ibidem.
[58] Sentencia
C-228 de 2002.
[59] Sentencia T-1015 de 2010, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[60] Ver
Sentencia C-228 de 2002 entre muchas otras.