C-405-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-405/16
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Exequibilidad de la expresión “por escrito” frente a
solicitud del servicio de esterilización quirúrgica
Para
esta Corte es claro que el Legislador con la expedición de esta norma: i)
garantizó el ejercicio de los derechos a la autonomía, a la salud sexual y
reproductiva y al consentimiento informado, estableciendo como regla general la
exigencia de una solicitud por escrito. Y a su vez ii) ponderó tal exigencia
frente a los derechos de las personas que no pueden o no saben escribir, obligando
a las autoridades encargadas a ofrecer ajustes razonables para la consecución
de la solicitud y el consentimiento informado y cualificado por parte de estas
personas. La Sala Plena concluye
que la expresión demandada del artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 –“por
escrito”– es constitucional, ya que ese requisito se erige como una forma de
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, así como del
consentimiento libre e informado. Así mismo, para esta Corte la expresión
acusada no admite la interpretación dada por los demandantes, pues ella
desconoce que el Legislador previó la forma en que las autoridades de salud
deben actuar para garantizar la efectividad del derecho de petición a las
personas que no dominan el lenguaje escrito. En otras palabras,
contrario a lo afirmado por los accionantes, la expresión acusada, que por
regla general exige la solicitud por escrito para la práctica de la vasectomía
o la ligadura de trompas de forma gratuita, es constitucionalmente válida ya
que i) hace parte del proceso de formación del consentimiento informado y
cualificado, y ii) no impide que las personas que no saben o no pueden escribir
ejerzan sus derechos de petición ni los sexuales y reproductivos, ni mucho
menos exonera a las autoridades encargadas de la recepción de estas
solicitudes, como quiera que la propia Ley autoriza a los prestadores del
servicio de salud a realizar los ajustes razonables necesarios para garantizar
los derechos de quienes no saben o no pueden leer ni escribir (artículo 5º).
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Indicación
precisa del objeto demandado, el concepto de violación y la razón por la cual
la Corte Constitucional es competente
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carga mínima de argumentación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR DESCONOCIMIENTO
DEL DERECHO A LA IGUALDAD-Jurisprudencia
constitucional
IGUALDAD O DESIGUALDAD-Alcance
Hablar
de igualdad o desigualdad, sólo tiene sentido en la medida en que se determine
un patrón de equiparación, se identifique a los sujetos a comparar, se diga
frente a qué derecho o interés se debe predicar la igualdad y se elabore con
suficiencia las razones por las que no hay una justificación para la diferencia
de trato.
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Norma plantea formalidad en presentación de solicitud
mas no prohibición en acceso al servicio quirúrgico de anticoncepción para
quien no tiene facultades de lectoescritura/REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION
DE LIGADURAS O VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD
RESPONSABLE-Norma permite que personas con limitaciones de lectoescritura
expresen su voluntad en la solicitud escrita como en el consentimiento
informado
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
DERECHO DE PETICION-Importancia en el Estado Social de Derecho/DERECHO DE PETICION-Exigencias
constitucionales y legales para su radicación
DERECHO DE PETICION-Consagración normativa
DERECHO DE PETICION-Fundamental/DERECHO DE PETICION-Aplicación inmediata/DERECHO
DE PETICION-Ejercicio ante autoridades públicas o ante particulares/DERECHO
DE PETICION-Carácter instrumental
DERECHO DE PETICION-Núcleo esencial/DERECHO DE PETICION-Resolución pronta y oportuna
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Situaciones específicas
DERECHO DE PETICION-Formalidades en la presentación de solicitudes
DERECHO DE PETICION-Presentación de solicitudes respetuosas
EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE PETICION-Presentación regulada a través de la Ley 1755 de 2015
EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION-No exige formalidades más allá de las establecidas en
la Constitución y la Ley
La
Corte concluye: (i) se deduce que la protección de los derechos fundamentales
en ningún caso puede depender de que las personas puedan o sepan escribir, ya
que ello constituiría una barrera injustificada para el acceso a las garantías
constitucionales. Ese precisamente es uno de los fundamentos que hacen viable
las diversas formas de presentación de peticiones protegidas por la
Constitución. (ii) Por lo anterior, es claro que la Constitución impone
obligaciones al Legislador y a las autoridades estatales de, por un lado,
justificar de manera razonable la exigencia de requisitos o formalidades que se
establezcan en ese sentido (por escrito); y por otro, armonizar tales
requisitos o formalidades para que las personas que no tengan capacidades de
lectoescritura puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, a través
de ajustes y/o medidas razonables. (iii) Así mismo se entiende que el
Legislador, gracias la cláusula general de competencia para hacer las leyes,
puede establecer ciertos requisitos y formalidades para el ejercicio del
derecho de petición y sus variables, tales como la exigencia de que se presente
por escrito. Con todo, esa libertad de configuración está enmarcada dentro el
respeto por los postulados constitucionales (razonabilidad), motivo por el cual
tales regulaciones deben prever mecanismos de ajustes razonables para que no se
excluya a ningún sector poblacional. De ello, dependerá en gran medida la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que eventualmente se
revise.
EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACION A TRAVES DE
VEEDURIAS CIUDADANAS-Jurisprudencia
constitucional
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Intervenciones de la salud
En
conclusión puede indicarse que: (i) el consentimiento informado en el ámbito de
las intervenciones de la salud materializa importantes postulados
constitucionales como el principio de autonomía, el derecho a la información y
el derecho a la salud, entre otros. Pese a ello, este mandato no es absoluto y
debe ponderarse con otros principios como el de beneficencia, que prevalece en
situaciones excepcionales. (ii) El consentimiento informado debe ser libre, es
decir, voluntario y sin que medie ninguna interferencia indebida o coacción; e
informado, en el sentido de que la información provista debe ser suficiente,
oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa. (iii) En algunos casos y debido
al grado de complejidad e invasión del procedimiento médico a realizar, se
requiere de un consentimiento informado cualificado. Bajo este criterio, la
información suministrada al paciente para tomar su decisión se encuentra
directamente relacionada con la complejidad del procedimiento y, por ello, éste
tiene mayor capacidad de decisión sobre su cuerpo en relación a la intervención
quirúrgica anticonceptiva. Así mismo, en estos escenarios se deben exigir
ciertas formalidades para que dicho consentimiento sea válido, tales como que
se dé por escrito y que sea persistente. Lo anterior, con miras a reforzar las
garantías de autonomía, información y salud del paciente.
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Hace parte del derecho a recibir información y del
derecho a la autonomía que se encuentran reconocidos por la Constitución/CONSENTIMIENTO
INFORMADO-Carácter de principio autónomo que además materializa otros
principios constitucionales/CONSENTIMIENTO INFORMADO-Constituye
elemento determinante para la protección de derechos
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Desarrollo jurisprudencial en el ámbito del acto
médico
DERECHO A LA AUTONOMIA PERSONAL-Facultad del
paciente de asumir o declinar un tratamiento de salud
DERECHO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN INTERVENCIONES
SANITARIAS-Indispensable para
proteger la integridad personal
CONSENTIMIENTO PREVIO E INFORMADO DEL PACIENTE-Se requiere para todo tratamiento aún el más elemental
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Características
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Información es determinante para garantizar el derecho
a la autonomía del paciente/DERECHO A LA AUTONOMIA DEL PACIENTE-Doble
connotación
PRINCIPIO DE AUTONOMIA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO-No tienen carácter absoluto
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA SALUD-Situaciones excepcionales de exigencia
Las
situaciones excepcionales en las que la exigencia del consentimiento informado
en el ámbito de la salud es menos estricta o se prescinde de ella totalmente
son: (i) cuando se presenta una emergencia, y en especial si el paciente se
encuentra inconsciente o particularmente alterado o se encuentra en grave
riesgo de muerte; (ii) cuando el rechazo de una intervención médica puede tener
efectos negativos no sólo sobre el paciente sino también frente a terceros;
(iii) cuando el paciente es menor de edad, caso en el cual el consentimiento
sustituto de los padres tiene ciertos límites; (iv) cuando el paciente se
encuentra en alguna situación de discapacidad mental que descarta que tenga la
autonomía necesaria para consentir el tratamiento.
CONSENTIMIENTO INFORMADO CUALIFICADO-Naturaleza o la
intensidad de la intervención en la salud
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Nivel de
información necesario para intervención sanitaria
El
nivel de información necesario para una intervención sanitaria dependerá de:
(i) el carácter más o menos invasivo del tratamiento, (ii) el grado de
aceptación u homologación clínica del mismo o su carácter experimental, (iii)
la dificultad en su realización y las probabilidades de éxito, (iv) la
urgencia, (v) el grado de afectación de derechos e intereses personales del
paciente, (vi) la afectación de derechos de terceros de no realizarse la
intervención médica, (vii) la existencia de otras alternativas que produzcan
resultados iguales o comparables, y las características de éstas y, (viii) la
capacidad de comprensión del sujeto acerca de los efectos directos y
colaterales del tratamiento sobre su persona
RELACION ENTRE GRADO DE CUALIFICACION DEL
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ALCANCE DE LA AUTONOMIA DEL PACIENTE-Reconocimiento jurisprudencial/EJERCICIO DE LA
AUTONOMIA DEL PACIENTE-Depende de la naturaleza misma de la intervención
sanitaria
CONSENTIMIENTO INFORMADO CUALIFICADO-Formalidades que se requieren en ciertos casos
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS-Hace parte
del derecho de acceso a la información
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN INTERVENCIONES MEDICAS-No se refiere a la mera aceptación del paciente a una
intervención o tratamiento sanitario/CONSENTIMIENTO INFORMADO EN INTERVENCIONES
MEDICAS-Proceso de comunicación entre paciente y profesional de la salud
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Requisitos esenciales en el ámbito del acceso a la
información en materia reproductiva según la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Debe garantizar una decisión voluntaria y
suficientemente informada/CONSENTIMIENTO INFORMADO-Protege el
derecho del paciente a participar en decisiones médicas e impone obligaciones a
prestadores del servicio de salud
PROCEDIMIENTO DE ANTICONCEPCION QUIRURGICA DE
ESTERILIZACION-Deber de informar sobre riesgos y beneficios
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Solicitud escrita y su relación con el consentimiento
informado y cualificado
LEY SOBRE REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE
LIGADURAS O VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD
RESPONSABLE-Hace parte de la política
pública en materia de derechos sexuales y reproductivos
VASECTOMIA-Objetivo
LIGADURA DE TROMPAS-Objetivo
LEY SOBRE REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE
LIGADURAS O VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD
RESPONSABLE-No se propone como
mecanismo de esterilización forzada/PROHIBICION DE ESTERILIZACIONES
FORZADAS-Cualquier medida encaminada a promover o practicar la
esterilización forzada es ilegal e inconstitucional según sentencia C-182 de
2016/PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION-Realización debe estar antecedida
de una decisión libre, informada, consiente, voluntaria y sin presiones
SOLICITUD ESCRITA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
CUALIFICADO EN PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION-Relación directa e inescindible debido a que la
vasectomía y ligadura de trompas son métodos invasivos que requieren plena
conciencia de las personas
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Solicitud escrita se presenta en ejercicio del derecho
de petición/REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Alcance de la norma frente al derecho de petición
En
primer lugar ha de indicarse que la Ley 1755 de 2015, específicamente su
artículo 13, establece que toda actuación iniciada ante las autoridades implica
el ejercicio del derecho de petición. Para esta Sala es evidente que las
entidades ante quienes se puede presentar la solicitud de anticoncepción
quirúrgica son o actúan como autoridades, incluso en el evento de ser entes
privados, ya que prestan el servicio público de salud. Por tanto, bajo la
premisa del artículo 13 referido, la solicitud de que trata el artículo 4º de
la Ley 1412 de 2010, se enmarca dentro del contenido del derecho de petición.
En segundo lugar, el mismo artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 en su literal d)
señala que mediante el ejercicio del derecho de petición se podrá solicitar la
prestación de un servicio. La práctica de la vasectomía o de la ligadura de
trompas de Falopio ofrecida de manera gratuita en virtud de la Ley 1412 de
2010, es un servicio de salud. Razón por la cual, también se puede deducir que
con su solicitud se ejerce el derecho de petición. Ahora bien y en tercer
lugar, es claro que la Ley 1755 de 2015 regula de forma general el ejercicio
del derecho de petición, lo cual no obsta para que el Legislador pueda
establecer que determinados tipos de solicitudes tengan requisitos y trámites
especializados.
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Carácter especial de la solicitud escrita
Para
esta Sala Plena la petición regulada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010
tiene un carácter especializado debido a que se trata de una solicitud de
intervención quirúrgica que no sólo implica el ejercicio del derecho de
petición, sino además de los derechos a la autonomía, a la salud sexual y
reproductiva y a la información (consentimiento libre e informado) de las
personas que, a través de este mecanismo, buscan acceder a una forma de
anticoncepción definitiva. Adicional a ello es importante recalcar que esta
petición es especializada debido a que hace parte del proceso de formación del
consentimiento informado cualificado que se requiere para el tipo de
procedimientos médicos regulados en la Ley en cuestión, según se pudo
establecer a partir de la normatividad y jurisprudencia en la materia, y de los
antecedentes legislativos arriba destacados. Aunado a lo anterior, debido a que
la solicitud acusada no sólo implica el ejercicio del derecho de petición, sino
además de otras garantías fundamentales, no es de recibo la interpretación
presentada por la intervención de PAIIS. Como se indicó la naturaleza
especializada de este derecho de petición permite que se exijan requisitos
diferentes que atiendan a las finalidades y objetivos del mismo. En este caso
se trata de una solicitud de intervención médica por lo que es necesario que la
misma sea por escrito, pero bajo ningún supuesto se requiere fundamentación ni
explicación de las razones por las cuales las personas quieren acceder a la
anticoncepción definitiva. En suma, la solicitud de que trata el artículo 4º de
le Ley 1412 de 2010 es una forma especializada de ejercicio del derecho de
petición, debido a que implica el desarrollo de otros derechos como la
autonomía, la salud sexual y reproductiva y la información. Así mismo, hace
parte del proceso de formación del consentimiento informado cualificado que se
requiere para la práctica del procedimiento médico de anticoncepción quirúrgica
y, por tanto, tiene exigencias y condiciones especiales, lo cual está
constitucionalmente amparado (libertad de configuración legislativa).
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Solicitud escrita no vulnera el derecho de petición
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Solicitud escrita para la práctica de anticoncepción
quirúrgica es una medida legislativa razonable y proporcional
La
solicitud escrita que se requiere por regla general  para la práctica de la
anticoncepción quirúrgica, es una medida legislativa razonable y proporcional,
ya que i) el fin buscado por el legislador es el de promover la progenitura
responsable y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de los
colombianos, en los términos del artículo 42 de la Carta Política. ii) Tal fin
es legítimo y está dentro del ámbito de configuración que tiene el legislador
en materia de regulación en salud. iii) El medio empleado es también legítimo,
como quiera que el Legislador puede definir en qué casos las condiciones para
el ejercicio del derecho de petición está condicionado a un tipo de formalidad,
y en este caso ese derecho está íntimamente ligado a la obtención de un
consentimiento informado y cualificado. iv) La relación existente entre el
medio escogido y el fin buscado es adecuada, pues la solicitud por escrito
permite salvaguardar los derechos a la autonomía personal, a la salud y a la
información, entre otros.
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Procedimiento para la práctica
Esta
Sala estima pertinente recordar que después de este análisis de
constitucionalidad, el procedimiento para la práctica gratuita de la vasectomía
o ligadura de trompas, según la Ley 1412 de 2010, es el siguiente: i) cualquier
persona que desee la intervención quirúrgica deberá realizar una solicitud por
escrito a la entidad de salud del sistema de seguridad social al que se
encuentre inscrita. Una vez hecha la solicitud, ii) los médicos encargados de
realizar la operación deben informar al paciente la naturaleza, implicaciones,
beneficios y efectos sobre la salud de la práctica, así como las alternativas
de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos, para que éste
preste su consentimiento informado y cualificado. iii) Cuando las personas
tengan limitaciones de lectoescritura, las EPS del régimen contributivo o
subsidiado, y/o las IPS públicas o privadas, deberán ofrecer al paciente medios
alternativos para expresar su voluntad tanto para la solicitud escrita como
para el consentimiento informado. iv) Cumplidos esos requisitos los pacientes
serán sometidos a la referida cirugía. v) Las personas que se someten a estas
prácticas quirúrgicas tendrán derecho a recibir incapacidad laboral, en los
términos y condiciones dispuestas por el médico tratante, garantizando la
recuperación en la salud del paciente.
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Improcedencia de declarar constitucionalidad
condicionada al no admitir la expresión acusada interpretación contraria
REALIZACION GRATUITA Y PROMOCION DE LIGADURAS O
VASECTOMIA COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE-Consentimiento informado y cualificado
De
la lectura sistemática de la norma se extrae claramente que si bien existe una
regla general para la presentación de la solicitud (por escrito), la misma Ley
efectúa una armonización de tal formalidad con los principios y derechos constitucionales
de las personas que carecen de habilidades de lectoescritura. De esta manera es
clara la inclusión de alternativas que lejos de limitar la aplicación de la
Ley, la amplían. En esa medida, el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 debe
leerse de forma sistemática y armónica al ordenamiento jurídico constitucional,
y en especial con el artículo 5º ibídem, que regula el consentimiento informado
y cualificado y los ajustes razonables que deben proveer las IPS y EPS a fin de
recibir y tramitar todas solicitudes de las personas que no pueden o no saben
escribir, con lo que el aparte demandado no comporta restricción alguna para
ellas. Sin que se admita interpretación legal diferente.
Referencia: expediente D-11203
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la
Ley 1412 de 2010, “Por medio de la cual se autoriza la
realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes
o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la
paternidad y maternidad responsable”
Demandantes: Beatriz Eugenia Peñuela López y Carlos
Eduardo Rey Lancheros
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., tres (3) de Agosto de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados  María Victoria Calle Correa, quien la preside, Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge
Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo
241 de la Constitución Política, Beatriz Eugenia
Peñuela López y Carlos Eduardo Rey Lancheros presentaron ante esta
Corporación demanda de inconstitucionalidad contra
la expresión “por
escrito” del artículo 4º de la Ley
1412 de 2010 “Por
medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la
ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de
Falopio como formas para fomentar la paternidad y maternidad responsable”, por considerar que vulnera los artículos 2º, 13, 16 y 23
de la Constitución y, por integración al bloque de constitucionalidad, el
artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La demanda fue admitida mediante auto del 8 de
febrero de 2016, providencia en la que además se ordenó: i) comunicar a las
autoridades pertinentes; ii) invitar a diferentes organizaciones para que, si lo consideraban adecuado, se
pronunciaran sobre la constitucionalidad de la norma parcialmente demandada; iii)
fijar en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; y iv)
correr traslado al Procurador General de la Nación, para lo de su competencia.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la
referencia.
II.   TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, y se subraya la expresión objeto de demanda
de inconstitucionalidad:
“LEY 1412 DE 2010
(octubre 19)
Por medio de la cual se autoriza la
realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes
o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la
paternidad y la maternidad responsable.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
“Artículo 4°. Solicitud Escrita. Las personas que
quieran realizarse esas prácticas quirúrgicas deberán solicitarlo por
escrito a la respectiva entidad”.
III.
LA DEMANDA
Los ciudadanos señalan que el aparte demandado, que exige
que la solicitud para acceder a la anticoncepción quirúrgica definitiva de la
Ley 1412 de 2010 debe realizarse por escrito, viola los artículos 2º, 13, 16 y
23 de la Constitución y, “por integración al bloque de
constitucionalidad”, el artículo 24 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Después de realizar una breve introducción en la que se
resalta la importancia de la Ley 1412 de 2010 como desarrollo del artículo 42
Superior y del derecho de toda persona a decidir sobre su capacidad
reproductiva, los demandantes señalan que el aparte acusado viola el artículo
2º de la Constitución (fines del Estado), ya que el Legislador desconoció
sus mandatos “al
fabricar una norma inconstitucional”. Explican que exigir
una solicitud escrita para acceder a la anticoncepción quirúrgica, es una
manera de limitar los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y de petición, sin que medie una justificación constitucionalmente
aceptable.
Así mismo, precisan que el aparte acusado desconoce el artículo
13 constitucional (derecho a la igualdad), en tanto genera condiciones de
desigualdad entre la población que no cuenta con la posibilidad de redactar la
solicitud escrita y aquella que sí. Dicho desbalance, según los accionantes, no
está justificado y es claramente contrario a la Carta Política, en tanto afecta
especialmente a “personas
en condición de analfabetismo y/o discapacidad”[1].
Para justificar este cargo, realizan sucintamente un test de
igualdad, a partir del cual concluyen que: i) la norma sólo permite a las
personas con “facultades
de lectoescritura solicitar la intervención médica anticonceptiva”; ii) “no hay razón fáctica que justifique
impedirle a la población evidentemente discriminada, al no saberse comunicar
escribiendo, la posibilidad de solicitar de otra forma la realización
quirúrgica”; y iii) “no media justificación constitucional
alguna que permita el tratamiento desigual”[2]. Así pues, consideran que el requisito de solicitud escrita
genera una discriminación injustificada en contra de quienes no pueden
escribir.
Por otro lado, los accionantes estiman que la formalidad
acusada también vulnera el artículo 16 Superior (derecho al libre
desarrollo de la personalidad), al impedir a un grupo de personas tomar una
decisión sobre las aspiraciones legítimas de su vida. Así mismo, al desconocer la
obligación del Estado de “brindar las condiciones para su
ejercicio disponiendo de mecanismos jurídicos que doten de condiciones
similares o que hagan sus veces para unas y otras personas independientemente
de sus capacidades comunicativas, pues la diferencia de trato ante la ley
basada exclusivamente en tal motivo [capacidades
comunicativas],
implica la negación de la validez de la opción de vida tomada, que se deriva
directamente de su derecho de autodeterminación”[3].
De otra parte, respecto del artículo 23 de la
Constitución (derecho de petición), los demandantes afirman que “la
disposición referida limita de manera grave y torna severamente
inconstitucional el ejercicio del derecho de petición para todas aquellas
personas que no tienen la capacidad intelectiva para formular una solicitud en
dicho sentido [por escrito]”[4]. Lo anterior, es particularmente grave debido a que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido el derecho de petición
como presupuesto para la protección de otros derechos, en este caso los
sexuales y reproductivos.
Explican que “la única condición de la Constitución
para el ejercicio del derecho de petición es el deber de hacerse y presentarse
en términos respetuosos”[5]. En esa medida, la regla que se impone con la norma acusada
resulta “una
medida restrictiva del derecho”, en tanto “anularía
la posibilidad de presentar peticiones verbales siendo que no fue objeto de
expresa prohibición constitucional”[6].
Para soportar esta afirmación citan en particular la
sentencia T-098 de 1994, mediante la cual la Corte establece que “la
Constitución no restringe el ejercicio del derecho a presentar peticiones
respetuosas a la autoridad a una forma o modalidad determinadas (CP art. 23).
El Legislador tampoco está facultado para limitar exclusivamente el ejercicio
de este derecho a la presentación por escrito de las peticiones, máxime en un
país en el que todavía una parte de la población es analfabeta”[7]. Aunado a lo anterior, los accionantes resaltan los
artículos 5º, 13 y 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que permiten peticiones “verbales,
escritas o por cualquier otro medio”[8].
Para concluir, los accionantes plantean que el requisito
acusado (por escrito) va en contravía del objetivo de la ley, que busca “promover
la progenitura responsable de la pareja (…) con el fin de facilitar el pleno
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, al regular el acceso de
todos los hombres y mujeres mayores de edad a la anticoncepción quirúrgica como
método de planificación y reducción de embarazos no deseados que inciden
negativamente en la provisión de servicios sociales por parte del Estado y en
el goce efectivo de los derechos de los niños (…)”[9].
Así mismo, reiteran el alcance del derecho a la
autodeterminación reproductiva que “reconoce, respeta y garantiza la
facultad de las personas de decidir libremente sobre la posibilidad de procrear
o no, cuándo y con qué frecuencia”. Por tanto solicitan
que se declare la inconstitucionalidad del aparte demandado.
IV.
INTERVENCIONES
1. Ramiro Cubillos
Velandia[10]
El ciudadano Ramiro Cubillos Velandia
solicita que se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de la expresión acusada.
En primer lugar, señala que no existe cosa juzgada frente a la sentencia C-625
de 2010, que declaró infundada una objeción presidencial presentada en contra
del proyecto de ley, que luego derivó en la norma parcialmente demandada en
esta ocasión (L. 1412/10).
En segundo lugar, manifiesta que mediante
sentencia C-468 de 2011, la Corte analizó la necesidad de saber leer y escribir
para la obtención de la licencia de conducción. El interviniente resalta de esa
sentencia, especialmente, las altas cifras sobre analfabetismo vigentes en esa
época (2011), para establecer que debido a la situación de marginalidad y
exclusión de muchas personas en Colombia es necesario realizar un juicio de
proporcionalidad y razonabilidad sobre el requerimiento demandado. Explica que
el presente es un caso diferente, ya que no existe una justificación para la
medida, como sí sucedió con el alfabetismo como criterio para otorgar la
licencia de conducción, por ser dicha actividad peligrosa para la comunidad.
En tercer lugar, argumenta que en este
caso la exigencia de una solicitud por escrito resulta “desproporcionada e
irrazonable”, por cuanto “conlleva la negación del ejercicio del derecho
para el analfabeta, es decir, se le impide de forma desmedida y
desproporcionada ejercer sus derechos y por ello inconstitucional (sic)”[11].
2. Ministerio de Salud y Protección Social[12]
La apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social
solicita que se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de la expresión
demandada “en
tanto, resulta discriminatoria vulnerando (sic) el
derecho a la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos de las personas
con discapacidad, en situación de pobreza o analfabetas”[13].
El Ministerio explica que la Ley 1412 de 2010, desarrolla el
artículo 42 Superior, que instituye la obligación en cabeza de la ley de
reglamentar la progenitura responsable; en concordancia con los derechos al
libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad. No obstante, precisa que
este tipo de normas “deben ser interpretadas de acuerdo a los
precedentes jurisprudenciales, convenios internacionales ratificados por
Colombia, y bajo las políticas públicas”[14].
A continuación pasa a explicar que, tratándose de la
atención brindada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, todo
paciente debe otorgar su consentimiento para la práctica de cualquier tipo de
procedimiento médico, hospitalario o quirúrgico y el mismo debe constar en la
historia médica. Lo anterior, ya que esto es una obligación tanto reglamentaria[15] y legal[16], como internacional[17] de la prestación de
ese servicio.
Al respecto resalta que “existen
diferentes formas para poder contar con el consentimiento de las personas que soliciten
procedimientos quirúrgicos, los cuales no requieren exigencias adicionales, es
así como a través de la historia clínica y el consentimiento informado, puede
quedar de manifiesto tal intencionalidad del paciente; por tanto, desde este
punto de vista la totalidad de la norma no reviste de utilidad alguna
en tanto, las personas que quieran acceder al procedimiento reglado por la Ley
1412 de 2010, lo pueden realizar a través de mecanismos ya normados”[18].
En particular se refiere a que el sistema de salud cuenta
con formas institucionalizadas para garantizar a todas las personas una
información completa, veraz y oportuna acerca del procedimiento médico a
realizar[19],
sin importar si tales sujetos tienen alguna situación de discapacidad o
analfabetismo.
Después del anterior análisis, el Ministerio considera que
la norma contiene una disposición aparentemente neutra, ya que asume que toda
la población en Colombia puede leer y escribir; sin embargo, desconoce las
particularidades de ciertos grupos poblacionales. Por tanto “refleja
una forma de discriminación indirecta, que al ser neutra, en su aplicación
puede llegar a generar efectos perjudiciales en grupos tradicionalmente
excluidos, como son las personas con discapacidad, las personas en situación de
pobreza o analfabetas, que se concreta en la imposibilidad de poder acceder a
los procedimientos clínicos contenidos en la Ley 1412 de 2010, al no poder
cumplir con el requisito establecido por la misma norma”[20].
3. Asociación Probienestar de la Familia, Profamilia[21]
Profamilia, a través de su Directora Ejecutiva, solicita que
se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “por
escrito”, en el sentido de que la misma se adapte a la “necesidad
de permitir y contar con ajustes razonables para que las personas que no puedan
darse a entender por medios escritos puedan acceder al servicio, expresar su
voluntad y expresar su consentimiento informado de forma libre e idónea, en
iguales condiciones que las demás”[22].
Para sustentar su solicitud, Profamilia propone abordar la
demanda desde dos perspectivas: (a) La interpretación que puede darse al aparte
demandado, y (b) la práctica desde la prestación del servicio de esterilización
quirúrgica y la expresión “por escrito”.
(a) Para desarrollar la primera idea, la entidad explica los
diversos métodos de interpretación que pueden usarse. Así indica que desde una
lectura literal y lógica de la norma, la misma permite entender que “el
Legislador está limitando los procedimientos de anticoncepción quirúrgica
únicamente a aquellas personas que pueden expresar su voluntad por escrito”. Precisa que ésta es la perspectiva desde la cual es vista
la norma por parte de los demandantes.
Desde una interpretación sistémica se requiere acudir
a todas aquellas normas que regulan la forma de expresión del consentimiento
informado para procedimientos médicos. En este punto,
Profamilia cita diversos artículos de las leyes 23 de 1981, 982 de 2006[23]
y 1618 de 2013[24];
las sentencias C-032 de 1991, T-477 de 1995 y T-850 de 2002 de esta Corte[25];
y la “Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
A partir de esos referentes normativos y jurisprudenciales, señala
que las entidades prestadoras de los servicios de salud están obligadas a aplicar
ajustes
razonables para que las personas puedan otorgar su consentimiento
informado de acuerdo a sus propias condiciones, como requisito para todas las
intervenciones médicas.
A su vez afirma que, desde esta perspectiva, debe tenerse en
cuenta que para el caso de los procedimientos quirúrgicos anticonceptivos se
trata de un consentimiento
informado cualificado, por lo cual es natural que se
exijan ciertas formalidades –como la solicitud por escrito–. Lo anterior, ya
que es un tratamiento de carácter altamente invasivo y puede llegar a afectar
los derechos fundamentales y la capacidad de compresión de la persona sometida
a éste.
En cuanto a la interpretación teleológica, sostiene
que el espíritu de la norma busca abarcar a todas las personas, inclusive aquellas
en situación de discapacidad o con limitaciones de lectoescritura, para que
puedan acceder de forma gratuita a los procedimientos de esterilización
quirúrgica definitiva en ella consagrados. En efecto –resalta– que el artículo
5º de la norma “crea la
obligación para las IPS de contar con mecanismos alternativos y/o ajustes
razonables para poder cumplir a cabalidad el requisito de solicitud y
consentimiento informado cualificado”[26].
Así mismo indica que, como regla general, la norma instituye la solicitud por
escrito ya que con ello garantiza el carácter voluntario, libre y personal del
procedimiento y la suficiencia en la información brindada a los pacientes, lo
que no implica desprotección para las personas destinatarias del referido
artículo 5º de la Ley.
(b) Ahora bien frente al segundo punto propuesto, Profamilia
relata su experiencia como prestadora del servicio de esterilización
quirúrgica. Indica que ha suministrado el servicio a un gran número de personas
mediante la provisión de ajustes razonables para todas aquellas que no pueden
expresar su consentimiento informado cualificado de forma escrita. En ese
sentido, ejemplifica algunos ajustes razonables como explicaciones y
asentimientos verbales o por terceros autorizados por ley (consentimiento
asistido), o a través de lenguaje de señas y otros.
A partir de las consideraciones previas, Profamilia concluye
que “la
formalidad característica del consentimiento cualificado no implica
necesariamente que éste se debe limitar a medios escritos. E incluso si así lo
hiciera, la normatividad colombiana y la misma ley 1412 crea obligaciones para
las entidades e instituciones del sistema de salud para la realización de
ajustes y modificaciones razonables que permitan la garantía y el acceso a los
servicios de salud a las personas con discapacidad, o personas mayores o con
bajos niveles de escolaridad”[27].
4. Instituto de Bienestar Familiar, ICBF[28]
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica intervino a nombre
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para solicitar que se declare
la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión acusada “en el
entendido que las EPS y las IPS, deberán garantizar un método alternativo para
expresar su voluntad y garantizar la prestación del servicio”[29].
El ICBF, primero, afirma que los derechos sexuales y
reproductivos reconocen y protegen la facultad de las personas de decidir
libremente sobre su propia sexualidad –los primeros–, y su capacidad de
procrear –los segundos–, estableciendo obligaciones de diversa índole para que
se exprese sin condicionamientos la voluntad y la autodeterminación de hombres
y mujeres en ese ámbito de la vida.
Como segundo punto, el Instituto recuerda la importancia del
derecho de petición como vehículo para la protección de otros derechos
ciudadanos y reitera que la Constitución y la Ley estatutaria que regula este
derecho (L.1755/15) sólo establecen como requisito para su ejercicio la
comunicación respetuosa. Es decir, en Colombia se permiten las peticiones
escritas, verbales y/o por cualquier otro medio, las cuales deberán ser
resueltas por las autoridades, quienes deben “proveerse los
mecanismos idóneos y de fácil acceso para la recepción, atención y resolución
de las mismas”[30].
En cuanto a la norma demandada –como tercer punto– explica
que tanto en los ámbitos legales como jurisprudenciales nuestro ordenamiento
jurídico ha consagrado “acciones afirmativas a favor de
colectivos con capacidades especiales o en condición de vulnerabilidad,
permitiéndoles que obtengan un trato preferente que equilibre las asimetrías
que les genera dicha condición, máxime cuando el Estado puede ser el lugar
donde se encuentren obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos”[31]. De este modo, hace referencia a diferentes marcos legales
que establecen mecanismos y facilidades para garantizar la accesibilidad de
personas con dificultades de lectoescritura, así como el reconocimiento de los
derechos de personas en situación de discapacidad y su protección bajo la cláusula
de igualdad[32].
En este sentido, el Instituto también narra algunos apartes
de la exposición de motivos de la Ley 1412 de 2010, con el fin de resaltar que
el Legislador discutió conscientemente la forma escrita de la solicitud, ya que
si bien la misma constituye una limitante para quienes, por diversos motivos,
no pueden comunicarse por escrito; esta exigencia es necesaria y razonable en
aras de garantizar la obtención de un consentimiento verdaderamente informado y
cualificado, debido a la agresividad del procedimiento quirúrgico de
esterilización. No obstante lo anterior en dicha exposición se ponderaron los derechos
de estas personas y, por ello, se estableció la obligación para las IPS y EPS
de garantizar medios alternativos para que quienes tengan limitaciones de
lectoescritura puedan expresar libre y conscientemente su voluntad.
En armonía con lo anterior el ICBF concluye que el aparte
demandado no es inconstitucional, porque se debe entender que “cuando
una persona desea acceder a los servicios de salud, para realizarse una
práctica quirúrgica de vasectomía o ligadura de trompas, debe solicitarlo por
escrito a la respectiva entidad, y las entidades de salud deben garantizar a
las personas con limitaciones de lectoescritura, un método alternativo para
acceder al servicio”[33].
5. Daniela Estefanía González Rico[34]
Daniela Estefanía González Rico
interviene para solicitar que se declare la INHIBICIÓN por ineptitud
sustantiva de la demanda, debido a que la misma no cumple el requisito de
suficiencia. Ello pues el aparte demandado –según su criterio– debió ser leído en
concordancia con el artículo 5º de la misma ley que complementa su alcance. En
efecto allí se impone la obligación a las IPS y EPS de ofrecer a los pacientes
medios alternativos para expresar su voluntad tanto para la solicitud escrita
como para el consentimiento informado.
De otro modo, la interviniente considera
que la solicitud escrita referida en el artículo demandado, puede equipararse
al derecho de petición, ya que la Ley 1755 de 2015[35] prevé que
ese derecho puede ser usado para pedir la prestación de un servicio, lo cual
encuadra en el presente caso. Por ello, estima que las normas que regulan el
derecho de petición son aplicables, y al hacer una lectura concordante de las
mismas se invalidan los cargos de la demanda por violación de los artículos 16
y 23 de la Constitución.
6. Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario[36]
El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario,
actuando mediante su Coordinador y dos de sus miembros activos, solicitan que
se declare la EXEQUIBILIDAD del aparte acusado.
Para defender la constitucionalidad de la norma, los
intervinientes inicialmente destacan que la Ley 1412 de 2010 “corresponde
a un desarrollo legal de suprema trascendencia”,
pues a partir de esta Ley los derechos sexuales y reproductivos “tienen
una manifestación tangible”[37]. Para sustentar lo anterior refieren varios
pronunciamientos de esta Corte[38]
y parte de la normativa internacional en la materia[39]. Así mismo, resaltan
que si bien la titularidad del derecho a la autonomía o autodeterminación
reproductiva está en cabeza de las parejas, éste tiene una particular
importancia en el caso de las mujeres, ya que “es en sus
cuerpos en donde tiene lugar la gestación”[40].
Por lo tanto, si la mujer considera que la operación quirúrgica es lo más
conveniente para ella, debe poder elegirla.
De otra parte, los intervinientes resaltan que esta Corte ha
reiterado la necesidad de interpretar las normas a partir del principio de
integridad y coherencia en el razonamiento[41].
En esa medida recalcan que el artículo 4º de la Ley debe ser leído
integralmente con el fin de analizar su efecto útil. Así, indican que la Ley
1412 de 2010 ofrece varias herramientas para que las personas con algún tipo de
discapacidad o limitación de lectoescritura expresen su voluntad y
consentimiento. Específicamente citan los artículos 5º y 6º de la Ley,
referentes al consentimiento informado y a las personas en situación de discapacidad
mental. Por lo tanto, consideran que la norma cumple la obligación de brindar
alternativas para quienes, por diversos motivos, no pueden realizar la
solicitud por escrito.
Manifiestan que la solicitud por escrito para este tipo de
procedimientos, como regla general, es una garantía de conocimiento para el
paciente, lo cual “no supone un impedimento ni una vulneración a los
derechos sexuales y reproductivos, puesto que no se le está negando al usuario
de ninguna manera el acceso al procedimiento médico quirúrgico”. Indican que la regla general admite los referidos
mecanismos de protección para personas en situaciones especiales.
Por último, advierten sobre los peligros de una declaratoria
de inexequibilidad, pues consideran que sustraer la regla general, que busca
garantizar de una forma cierta el consentimiento informado, generaría
inseguridad jurídica, sustraería un mecanismo de protección de los pacientes y
pondría en peligro la garantía del cumplimiento de los requisitos médicos para
la realización de un procedimiento anticonceptivo definitivo.
7. Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social,
PAIIS[42]
El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social
(PAIIS), en una extensa intervención, solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD
del aparte acusado “siempre y cuando se entienda que, cuando
la persona interesada lo requiera, deben implementarse los ajustes razonables
que permitan que la solicitud se haga por medios diferentes al escrito”[43].
De igual forma solicita: i) exhortar al Ministerio de Salud
para que cree un política pública sobre salud sexual y reproductiva con enfoque
de discapacidad; ii) instar al Ministerio de Salud a crear un protocolo para la
implementación de ajustes razonables en el acceso a los servicios de salud; y
iii) ordenar al Ministerio de Salud crear un protocolo para la toma de
decisiones con apoyo, en el ámbito de salud para las personas en situación de discapacidad.
En su intervención el Programa aborda diversos temas
relacionados con la presente demanda que van desde un recuento histórico sobre
los modelos de atención a la discapacidad, pasan por la diferenciación entre la
solicitud y el derecho de petición, y llegan a la enumeración de algunos de los
ajustes razonables aplicables en estos casos, todo lo cual será reseñado a
continuación.
En efecto, inicialmente PAIIS realiza un acápite para
mostrar cómo “a
lo largo de la historia, la forma de entender la discapacidad ha generado
exclusión y discriminación hacia esa población”[44].
Así, hace una recapitulación acerca de los tres modelos predominantes, usados
para el tratamiento de la población con discapacidad: i) el de prescindencia, ii)
el médico-rehabilitador y iii) el social.
A partir de doctrina[45],
los intervinientes exponen que, en primer lugar, el modelo de prescindencia
entiende que la discapacidad es “un castigo divino por algún pecado” y que la persona que la padece es “innecesaria e
improductiva”; por tanto los sistemas bajo esta influencia sustraen la
capacidad jurídica de estas personas y las segregan en instituciones que no
desarrollan sus potenciales. En segundo lugar, el modelo médico-rehabilitador
se caracteriza por destacar las causas médicas de la “discapacidad” y, en esa medida, la entiende como una enfermedad que
requiere tratamiento; por esta razón, se centra en la rehabilitación para que
la persona pueda integrarse a la sociedad “normal”. Jurídicamente bajo este modelo también se sustrae la
capacidad legal de la persona. Los intervinientes manifiestan que para estos
dos modelos la discapacidad es una característica de la persona, que es
definida en los términos de sus limitaciones[46].
Por oposición, se explica que el modelo social entiende
la discapacidad como un producto de las barreras que existen en ciertos
entornos y que no son compatibles con la diversidad funcional de la población en
situación de discapacidad. Por ello, bajo este influjo, se propende por
eliminar las barreras que impiden el goce efectivo de los derechos de esa
población. Se indica que este modelo es el materializado en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)[47].
Por lo anterior, PAIIS sostiene que el control de
constitucionalidad  que realiza la Corte cuando estén involucrados los derechos
de las personas en situación de discapacidad, debe hacerse dentro del marco del
modelo social, debido a que es éste el plasmado en la CDPD, que hace
parte del bloque de constitucionalidad[48].
De otra parte, los intervinientes plantean que no es preciso
equiparar la solicitud escrita del artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 al
derecho de petición ya que esas figuras –según PAIIS– tienen una naturaleza
diferente, por las siguientes razones:
i)
Advierten que el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 exige
que el derecho de petición contenga las razones en las que se funda el ruego,
mientras que la solicitud escrita de que trata el artículo 4º demandado no
puede traer ese requisito. Lo anterior, porque involucra el ejercicio de un
derecho reproductivo “que parte de una convicción íntima de la persona”.
ii)  La solicitud escrita del artículo 4º demandado tiene una
estrecha relación con el consentimiento informado, debido al alto grado de invasión
del procedimiento médico que regula la Ley 1412 de 2010. Por ello, se entiende
que tal petición es un requisito adicional en la manifestación clara,
voluntaria e informada del consentimiento. De acuerdo con esto no son
equiparables el derecho de petición ante cualquier autoridad y esta particular
solicitud.
Aclarado lo anterior, PAIIS argumenta que hay diferentes
formas de obtener el consentimiento informado de un paciente. Por tanto, no
puede entenderse que la solicitud del artículo 4º sólo puede hacerse por escrito,
ya que tal interpretación no solo es restrictiva, sino que además es contraria
a la Constitución. Por consiguiente, la única exégesis razonable es la que
garantiza la implementación de ajustes razonables para las personas que no
tienen habilidades de lectoescritura[49].
Así mismo, PAIIS señala que existe una diferencia entre los
conceptos de “accesibilidad”
y “ajustes razonables”[50]. Explica que “mientras la accesibilidad es un
principio fundamental, los ajustes son medidas concretas y particulares que le
sirven a una persona en particular”[51].
Lo anterior para resaltar que existen algunas medidas y ajustes que pueden
usarse para la efectiva prestación del servicio de esterilización quirúrgica regulado
en la Ley 1412 de 2010, tales como:
i)
La garantía de la lectura de la solicitud al interesado
acompañado de grabación;
ii)
La lengua de señas para personas en situación de discapacidad
auditiva o personas sordas;
iii) El braille para personas en situación de discapacidad visual
que sepan leerlo;
iv) El software digital para personas con baja visión; y/o
v)
La grabación y la transcripción, entre otras.
Por último, los intervinientes afirman que la denegación de
aplicar ajustes razonables no sólo es una acción de discriminación por motivos
de discapacidad, sino que en este caso implicaría la violación del artículo 2º
de la CDPD y de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad, a formar o no una familia y al debido proceso. Sin embargo
defienden la constitucionalidad de la norma, pues –según ellos– es clara la
obligación de las IPS y EPS de aplicar las referidas medidas para garantizar el
acceso a las personas con limitaciones de lectoescritura.
8. Intervenciones extemporáneas
Una vez vencido el término para los invitados
a participar y de fijación en lista, se recibieron escritos de la Secretaría
Distrital de la Mujer de Bogotá[52]
que COAYUVA la demanda y del Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación Eduardo Alvarado Hurtado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Nariño[53]
que solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD del aparte de la norma
acusado[54].
V.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuraduría General de la Nación solicita
a la Corte Constitucional que se declare INHIBIDA para proferir un fallo
en relación con la demanda parcial del artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, por
ineptitud sustantiva de la demanda, ya que los cargos no son ciertos[55]. Según el Procurador, la
interpretación de la norma ofrecida por los accionantes “no deviene de una
lectura sistemática de esa ley, de tal forma que se le otorga a la disposición jurídica
cuestionada un contenido que en realidad no tiene y que, por ende, no puede
confrontarse con la Constitución Política”[56].
Para la Vista Fiscal con el artículo 4°
demandado no se ignoran las dificultades que puedan presentarse respecto de las
personas con limitaciones de lectoescritura, toda vez que el artículo 5º
consagra la obligación en cabeza de las EPS y las IPS de ofrecer al paciente
medios alternativos para expresar su voluntad respecto de la solicitud escrita
como del consentimiento informado.
Indica que los demandantes confunden la
exigencia de que se haga por escrito con que sea manuscrita. Manifiesta que “el
objetivo de la norma demandada –que sí previó un mecanismo sustitutivo para las
personas que no saben o no pueden escribir– es que esta solicitud, que en
efecto es un derecho de petición, sea presentada con el cumplimiento de una
solemnidad (lo cual no se encuentra prohibido por la Constitución Política e
incluso lo prevé para algunos casos en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 sobre el
derecho de petición), lo que no equivale a establecer una barrera de acceso
sino, más bien, a prever un mecanismo de protección del paciente. Lo anterior,
pues así se pretende asegurar que conste su voluntad de realizarse una
intervención quirúrgica cuyas consecuencias, se destaca, son irreversibles, y
por tanto, modifican de forma trascendental la vida de quien se lo practica”[57].
VI.
CONSIDERACIONES DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo
241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente
para conocer de esta demanda, pues se trata de una acusación de
inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de una ley de la
República y sobre el cual no ha habido pronunciamiento anterior[58].
Consideraciones previas: aptitud de la demanda
2. La
Sala Plena advierte que la ciudadana Daniela Estefanía González Rico y el
Procurador General de la Nación solicitan a la Corte que declare la inhibición
por ineptitud sustantiva de la demanda. Por lo tanto, de forma preliminar, es
preciso establecer si se cumplen los requisitos exigidos por la ley y la
jurisprudencia para conocer de los cargos planteados.
3. El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los
elementos que debe contener la demanda en los procesos de control de
constitucionalidad[59].
Específicamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad
contra una disposición determinada debe precisar: el objeto demandado,
el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente
para conocer del asunto. La concurrencia de los tres requerimientos
mencionados hace posible un pronunciamiento de fondo.
En cuanto al concepto de la violación, la jurisprudencia ha sido
constante[60] en
manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las
normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor
en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las
justificaciones que la sustentan; ciertos, pues la demanda habrá de
recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en
la medida que el ciudadano precise la manera como la norma acusada vulnera la
Constitución y formule al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que
el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior
que se explica y se enfrenta con la norma legal acusada, mas no en su
aplicación práctica; y suficientes, por cuanto el demandante debe
exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y
éstos deben generar alguna duda sobre la constitucionalidad de la disposición
acusada.
4. La adecuada presentación del concepto de la violación permite a la
Corte, junto con otros aspectos que la jurisprudencia ha delimitado,
desarrollar su función en defensa de la Constitución en debida forma, pues
circunscribe el campo sobre el cual hará el respectivo análisis de
constitucionalidad.
Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano,
resulta indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad a pesar de
la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de
inconstitucionalidad. De no atenderse dicho presupuesto podría generarse la
inadmisión de la demanda, su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo
inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar
la acción. Estas consecuencias no implican una restricción de los derechos
políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que
informen adecuadamente al juez constitucional, para proferir un pronunciamiento
de fondo[61].
5. De manera preliminar la Sala Plena debe advertir
que si bien los accionantes incoaron la violación del artículo 24 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por
integración al bloque de constitucionalidad, no se realizó ningún esfuerzo
argumentativo encaminado a justificar este cargo; es decir, frente a este
aspecto no se desarrolló el concepto de la violación. Razón por la cual la
Corte desestima por ineptitud la demanda frente a este artículo.
6. Ahora bien, en relación con los artículos
constitucionales anunciados los demandantes: i) identifican el objeto
demandado –la expresión por escrito contenida en el artículo
4º de la Ley 1412 de 2010–[62];
ii) desarrollan el concepto de la violación; y iii) explican que la
Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda
en virtud de las facultades constitucionales otorgadas a este Tribunal y por
cuanto no ha habido pronunciamiento sobre la norma acusada[63]. Por lo
anterior, en principio, es viable el juicio de constitucionalidad propuesto;
sin embargo, esta Corte debe evaluar el concepto de la violación para
determinar la satisfacción de los presupuestos ya reseñados.
7. Así, en primer lugar, los demandantes
proponen un cargo por violación del artículo 2º de la Constitución (fines
del Estado), por las razones que fueron reseñadas con antelación en esta
sentencia. De acuerdo con lo planteado, esta Sala encuentra que la
argumentación ofrecida por los accionantes no es clara, ya que éstos
sólo indicaron que el Legislador “fabricó una norma inconstitucional”,
sin explicar el contenido ni la justificación de la demanda en este punto.
De igual forma la Corte considera que este cargo
tampoco cumple la especificidad, la pertinencia ni la suficiencia,
necesarias para habilitar el juicio de constitucionalidad. Lo anterior pues: a)
no se precisa la manera como la norma demandada incumple el artículo 2º de la
Constitución, b) el reproche de constitucionalidad se hace sobre algunos
de los derechos consagrados en la Carta, pero no en relación al quebranto o
incumplimiento de los fines estatales; y c) no se despierta una duda
suficiente sobre la violación de artículo 2º Superior. Ahora, si bien el cargo
recae sobre una proposición jurídica real y existente –la expresión por escrito
del artículo 4º–; es decir es cierto, el cumplimiento de uno solo de los
parámetros no es suficiente para avalar el estudio. Por tanto, esta Sala se ve
conminada a declarar este cargo inepto.
8. En segundo lugar, los demandantes formulan
un cargo por violación del artículo 13 Superior (igualdad). En el caso de cargos por violación de la
igualdad, ya sea porque las normas excluyan o incluyan de manera
inconstitucional a grupos o a individuos, la jurisprudencia ha sistematizado
los presupuestos para generar una mínima duda constitucional. La sentencia C-257 de 2015[64] reiteró el tema, e indicó:
“12. Además de los requisitos generales,
como lo reiteró la sentencia
C-283 de 2014, una demanda de inconstitucionalidad por violación del
derecho a la igualdad debe cumplir unos presupuestos específicos para activar el control de constitucionalidad,
que básicamente tendrá la estructura de un test de comparación. Estos elementos
son: i) los términos de comparación –personas, elementos, hechos o situaciones
comparables- sobre los que la norma acusada establece una diferencia y las
razones de su similitud[65]; ii) la explicación, con argumentos de naturaleza
constitucional, de cuál es el presunto trato discriminatorio introducido por
las disposiciones acusadas y iii) la exposición de la razón precisa por la que
no se justifica constitucionalmente dicho tratamiento distinto, es decir por
qué es desproporcionado o irrazonable[66].
Esta argumentación debe orientarse a demostrar que “a la luz de parámetros
objetivos de razonabilidad, la Constitución ordena incluir a ese subgrupo
dentro del conglomerado de beneficiarios de una medida”[67].”
En
otras palabras, hablar de igualdad o desigualdad, sólo tiene sentido en la
medida en que se determine un patrón de equiparación, se identifique a los
sujetos a comparar, se diga frente a qué derecho o interés se debe predicar la
igualdad y se elabore con suficiencia las razones por las que no hay una
justificación para la diferencia de trato.
9.
En este punto los demandantes presentaron una argumentación clara, específica
y pertinente, pues identifican el hilo conductor que permite entender la
demanda y la forma cómo presuntamente se contradice el artículo 13 Superior,
que proscribe la discriminación. En efecto, los accionantes argumentan que
existe una desigualdad entre las personas que pueden escribir y aquellas que no
y que ello viola la Carta en tanto genera una discriminación por motivos
sospechosos, que no se encuentra justificada.
Así
mismo los accionantes desarrollan brevemente un test de igualdad, a partir del
cual identifican –según ellos– los elementos necesarios para formular un cargo
por esta razón. En efecto i) manifiestan que la norma crea una
desigualdad entre las personas que pueden escribir y aquellas que no, pues “permite
exclusivamente al sector poblacional con facultades de lectoescritura solicitar
la intervención médica anticonceptiva”; ii) precisan que no hay una
razón fáctica que justifique impedir a la población que no sabe escribir el
acceso a la anticoncepción quirúrgica; y iii) califican la medida como
injustificada, desproporcionada y contraria a la Carta.
Ahora
bien, el Procurador General de la Nación y la ciudadana interviniente advierten
sobre el incumplimiento de la carga de certeza en especial,
debido a que acusan a los demandantes de hacer una interpretación parcializada
e inconexa de la norma. Para reforzar este argumento, la Vista Fiscal citó
la sentencia C-395 de 2006[68],
que indica:
“De acuerdo con esta Corporación, a través de la
citada carga se pretende demostrar que la proposición jurídica invocada por el
accionante, tiene un contenido normativo verificable a partir del examen
sistemático de la norma legal que le sirve de fundamento, de manera que la
acusación formulada no proceda de un texto inexistente o implícito, o
simplemente sobre uno deducido de una interpretación parcializada o inconexa
del actor frente a la disposición objeto de demanda.”
10.
Así pues, para la Sala Plena la interpretación que los actores efectúan, que
consiste en afirmar que “la parte acusada permite exclusivamente al sector
poblacional con facultades de lectoescritura solicitar la intervención médica
anticonceptiva, lo que… impide de tajo el ejercicio del derecho a los que no
las tienen [las facultades]”, no es una proposición jurídica real
y existente que se derive de la lectura sistemática de la norma.
Lo
anterior, pues lo que se extrae del artículo 4º es una formalidad en la
presentación de la solicitud que opera como regla general (por escrito), mas no
una prohibición en el acceso al servicio quirúrgico de anticoncepción para
quien no tiene facultades de lectoescritura. Aunado a esto, de la lectura
sistemática de la Ley 1412 de 2010, en específico del inciso 2º del artículo 5º
subsiguiente, se extrae claramente que la norma permite a las personas, que por
diversos motivos no tienen tales capacidades, realizar la solicitud y expresar
su consentimiento informado a partir de ajustes razonables que deben ser
puestos a su disposición por las EPS y las IPS. La referida norma es del
siguiente tenor:
“Artículo 5º: DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
CUALIFICADO. Los médicos encargados de realizar la operación respectiva deben
informar al paciente la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre
la salud de la práctica realizada, así como las alternativas de utilización de
otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos.
Cuando las personas tengan limitaciones de
lectoescritura, las EPS, del régimen contributivo o subsidiado a las IPS
públicas o privadas, según la práctica médica, deberán ofrecer al paciente
medios alternativos para expresar su voluntad tanto para la solicitud escrita
como para el consentimiento informado.”
De
la lectura sistemática de la norma se extrae claramente que si bien existe una
regla general para la presentación de la solicitud (por escrito), la misma Ley
efectúa una armonización de tal formalidad con los principios y derechos
constitucionales de las personas que carecen de habilidades de lectoescritura.
De esta manera es clara la inclusión de alternativas que lejos de limitar la
aplicación de la Ley, la amplían. Por ende, no puede deducirse del artículo 4º
demandado ninguna prohibición en el acceso a los servicios y, en esa medida, la
argumentación propuesta por los accionantes no sólo carece de certeza,
sino que además es insuficiente en tanto no se ofrecen los elementos
necesarios para generar una duda sobre la exequibilidad de la norma.
Cabe recordar que esta Corporación ha aclarado que la aplicación del principio
pro actione, no puede llegar a tal extremo de suplantar al accionante, para
intentar descifrar el escrito, subsanando sus deficiencias[69]. Así, a la Corte
Constitucional no le corresponde superar los yerros de las demandas, o
efectuar reconstrucciones interpretativas de lo que allí se consigna para
satisfacer los requisitos mínimos que el actor debe cumplir.
Por
consiguiente esta Sala encuentra que el cargo por violación al artículo 13
constitucional también resulta inepto al no recaer sobre una proposición
jurídica real y existente, y no presentar una argumentación suficiente; es
decir, por incumplimiento de los requisitos de certeza y suficiencia necesarios
para avalar el juicio de constitucionalidad propuesto.
11.
Como tercer punto, los accionantes plantean un cargo por violación
del artículo 16 de la Carta (libre desarrollo de la personalidad) en tanto
la norma demandada impide a un grupo de personas tomar una decisión libre sobre
su vida. Siguiendo la metodología de evaluación, la Sala Plena encuentra que
este cargo si bien puede considerarse claro, en tanto hay un hilo argumentativo
conductor, el mismo no es cierto, específico, pertinente ni suficiente.
Según
los demandantes la exigencia de solicitud escrita deja sin efectos una opción
de vida y, por ello, vulnera el libre desarrollo de la personalidad; no
obstante, como ya se indicó, de la proposición jurídica acusada no se deriva
ninguna prohibición (certeza), además el reproche se fundamenta en una
eventual aplicación práctica de la ley (pertinencia).
Teniendo
en cuenta lo anterior y ante la insuficiencia argumentativa derivada de
la exposición de este cargo, no se desprende un concepto de violación de la
Constitución (especificidad) que habilite el juicio de
constitucionalidad o que si quiera proponga un mínimo de duda sobre la
violación del artículo 16 de la Constitución. Por ende, la Sala también estima inepto
este cargo.
12. En último lugar, los libelistas presentan
un cargo por violación del artículo 23 de la Constitución (derecho de
petición). En este punto se acusa a la norma de establecer barreras de acceso
más restrictivas que las impuestas por la propia Constitución. En este punto,
la Sala Plena verificó que si se cumplen todos los requisitos para avalar el
estudio.
En efecto, se presentó un hilo argumentativo conductor
que permite entender el sentido de la propuesta de violación del artículo 23
Superior (claridad). El cargo frente a la violación del derecho de
petición recae sobre la proposición real y existente referida a la expresión por
escrito del artículo 4º demandado, pues es precisamente esa formalidad
la que se acusa de violatoria de la Constitución (certeza).
Así mismo, los accionantes relataron que la norma
viola la Carta Política debido a que hace más restrictiva la solicitud
específica del artículo 4º, en especial frente a las exigencias constitucionales
y las que propone la Ley Estatutaria que regula el derecho de petición (especificidad).
El reproche que plantean se funda en el contenido de la disposición superior,
que indica que los derechos de petición pueden presentarse ante cualquier
autoridad y su único requisito es que sean desplegados de forma respetuosa (pertinencia).
Debido a lo expuesto, para esta Sala sí se plantean
por parte de los accionantes los elementos de juicio necesarios que permiten a
este Tribunal hacer una clara confrontación de una expresión contenida en una
norma de rango legal con un precepto de nivel constitucional, ello para
verificar su exequibilidad o inexequibilidad. Es decir, se generó una duda
sobre la constitucionalidad de la expresión por escrito contenida
en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, por la presunta violación del
artículo 23 de la Carta (suficiencia). Por lo tanto este cargo es apto.
13. En suma, la Corte considera que los cargos por
violación de los artículos 2º, 13 y 16 constitucionales incumplen al menos
alguno de los requisitos mínimos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia para conocer de fondo el asunto planteado, por lo que no es
posible analizarlos de oficio y por eso declara la inhibición por ineptitud
sustantiva de la demanda frente a estos. Así mismo, la Corte verifica que el
cargo propuesto por vulneración del artículo 23 Superior si completa los
referidos requisitos, por lo que la Sala pasará a realizar el correspondiente
estudio.
Planteamiento
del problema jurídico y metodología de resolución
14. Los demandantes plantean que la expresión “por
escrito” consagrada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 viola el
artículo 23 de la Constitución debido a que establece una formalidad o exigencia
adicional para la solicitud del servicio de esterilización quirúrgica gratuita,
lo cual elimina la posibilidad de realizar peticiones verbales en ese sentido,
situación que no está amparada en la Carta.
El Ministerio de Salud y Protección Social
junto a un ciudadano interviniente consideran que la norma acusada debe ser
declarada inconstitucional, en tanto vulnera los derechos sexuales y
reproductivos de las personas que, por diversos motivos, tienen limitaciones de
lectoescritura.
Profamilia y el ICBF solicitan que la Corte
declare la expresión exequible condicionada. El condicionamiento que las
entidades proponen va dirigido a establecer claramente la obligación de las IPS
y las EPS de contar con ajustes razonables para que las personas que no pueden
darse a entender por medios escritos, tengan todas las herramientas necesarias
para que puedan expresar su voluntad de practicarse el tratamiento médico.
El Grupo de Acciones Públicas de la
Universidad del Rosario y PAIIS expresaron los motivos por los cuales estiman
que la norma es constitucional. Explican que la disposición desarrolla el
artículo 42 de la Constitución y que consagra prerrogativas normativas importantes
a favor de la autonomía sexual y reproductiva de las personas en Colombia.
De manera general resaltan la necesidad de
leer el artículo 4º demandado en concordancia y armonía con toda la Ley, para de
esta forma destacar que la regulación busca armonizar la importancia de una
solicitud escrita en este tipo de procedimientos (regla general), con la
posibilidad de que personas con limitaciones de lectoescritura puedan expresar
su voluntad a través de ajustes razonables (excepción). Por tanto no vulnera la
Constitución.
Como ya se indicó la Procuraduría General de
la Nación solicitó a esta Corte emitir un fallo inhibitorio, a partir de
argumentos que ya fueron revisados por esta Sala en el análisis de aptitud de
la demanda.
15. De acuerdo con todo lo expuesto, en el
presente caso la Corte Constitucional debe determinar si ¿la expresión por
escrito consagrada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 vulnera el
artículo 23 de la Constitución Política, al imponer una exigencia o formalidad más
restrictiva para la solicitud del servicio de esterilización quirúrgica, en
comparación con los requisitos constitucionales y legales exigidos para el
ejercicio del derecho de petición?
Para resolver el referido problema jurídico
esta Sala abordará los siguientes temas: i) el derecho de petición y su
importancia en el Estado Social de Derecho; ii) el consentimiento informado y las
intervenciones de la salud; y iii)
iv) el análisis del cargo.
El derecho de petición, su importancia en el
Estado Social de Derecho y las exigencias constitucionales y legales para su
radicación
16. El derecho de petición ha sido
históricamente consagrado en diversos textos normativos[70] y, según lo ha
reconocido esta Corporación, es una pieza fundamental en el engranaje de
nuestro Estado Social de Derecho[71].
Este derecho está consagrado expresamente en el artículo 24 de la Declaración
Americana de los Derechos y Derechos del Hombre, el cual indica que “toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.
Este mismo enunciado normativo está incorporado en el artículo 23 de la
Constitución Colombiana de 1991, en la cual además se indica que el Legislador
es quien puede reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
17. Según abundante jurisprudencia de este
Tribunal[72],
el derecho de petición es fundamental y tiene aplicación inmediata,
sus titulares pueden ser personas mayores o menores de edad, nacionales o
extranjeros, y a través de éste se puede acudir ante las autoridades públicas o
ante particulares. El derecho de petición tiene un carácter instrumental
en tanto a través de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos
constitucionales, como los de información, participación política, libertad de
expresión, salud y seguridad social, entre otros.
Así mismo se ha señalado que su núcleo
esencial reside en una resolución pronta y oportuna de la
cuestión que se pide, lo cual no necesariamente implica una respuesta
afirmativa a la solicitud. Se entiende que éste derecho está protegido y
garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo,
clara, precisa, congruente y la misma es puesta en
conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estas
características envuelve su vulneración por parte de la autoridad o del
particular.
Frente a particulares se debe concretar
al menos una de las siguientes situaciones: a) la prestación de un servicio
público, evento en el cual se equipara al particular con la administración
pública; b) cuando se ejerce este derecho como medio para proteger un derecho
fundamental; y c) en caso que se dirija contra particulares que no actúan como
autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo
reglamente.
18. En cuanto a las formalidades en la
presentación de solicitudes ha de indicarse que los derechos de petición pueden
interponerse de forma verbal o escrita, limitándose únicamente a que la
solicitud sea respetuosa. Por ser pertinente para la resolución del presente
asunto, esta Sala ahondará en las exigencias constitucionales y legales para la
presentación de solicitudes.
Formalidades para la presentación de una
solicitud en ejercicio del derecho de petición
19. Como se indicó, del texto constitucional sólo
se desprende un requisito para la presentación de solicitudes, que las mismas
sean respetuosas. Según se deduce de tal exigencia, el ejercicio
del derecho de petición sólo genera obligaciones y merece protección
constitucional si se formuló en esos términos. La sentencia C-951 de 2014[73], indicó explícitamente:
“Las peticiones deben ser formuladas de manera
respetuosa. Así lo exige el precepto constitucional, de modo que
su ejercicio solo es válido y merece protección constitucional si el derecho de
petición se formuló en esos términos.
En la Sentencia T-353 de
2000, la Corte resaltó el debido respeto hacia la autoridad, como un elemento
esencial del derecho de petición, como quiera que de lo contrario, “la obligación constitucional, que estaría a cargo del servidor o
dependencia al cual se dirigió la petición, no nace a la vida jurídica. La
falta de tal característica de la solicitud sustrae el caso de la regla
general, que exige oportuna contestación, de fondo, sobre lo pedido. En esos
términos, si una solicitud irrespetuosa no es contestada, no se viola el
derecho de petición”.  Por
tanto, en esos eventos las autoridades públicas pueden rechazar las peticiones
irrespetuosas, situaciones que son excepcionales y de interpretación
restrictiva, pues la administración no puede tachar toda solicitud de
irreverente o descortés con el fin de sustraerse de la obligación de responder
las peticiones.”
20. Ahora bien, la presentación de peticiones
fue regulada por el Legislador estatutario a través de la Ley 1755 de
2015[74],
en la que se consagra que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades, en los términos señalados en el Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, por motivos de
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo
sobre la misma (L. 1755/15 art. 13[75]).
En ese mismo artículo se indica que toda
actuación que sea iniciada ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición, sin que sea necesaria su expresa invocación. Se
señala de igual forma que mediante él se podrá solicitar: a) el reconocimiento
de un derecho, b) la intervención de una entidad o funcionario, c) la
resolución de una situación jurídica, d) la prestación de un servicio,
e) información, f) consulta, examen y copias de documentos, g) consultas,
quejas, denuncias y reclamos, e h) interponer recursos, entre otras
actuaciones.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito
y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado,
o de persona mayor, si se es menor de edad.
21. El artículo 15[76]
de la referida Ley instituye que las peticiones podrán presentarse verbalmente,
evento en el cual deberá quedar constancia, que será entregada por el
funcionario al peticionario si éste la solicita. También pueden incoarse
solicitudes por escrito, y a través de cualquier medio
idóneo para la comunicación o transferencia de datos. En la referida
regulación se faculta expresamente a las autoridades para exigir que ciertas
peticiones se presenten por escrito, supuesto bajo el cual pondrán a
disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale
lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su
diligenciamiento.
La Corte al estudiar el proyecto de Ley
Estatutaria que dio origen a la Ley 1755 de 2015 indicó, frente a las formas
verbales o escritas de las peticiones, que “acorde con el enunciado del
artículo 23 de la Constitución, las Salas de Revisión han señalado que de
manera evidente, el ordenamiento constitucional colombiano ampara las
expresiones verbales del derecho de petición y no otorga trato diferente al de
las solicitudes escritas, que deben atenderse de la misma manera por las
entidades públicas”[77].
En ese mismo examen de constitucionalidad –sentencia
C-951 de 2014–, la Corte analizó la potestad que se le otorgó a las
autoridades para la exigencia de que ciertas peticiones fueran presentadas por
escrito. Allí se indicó que esta facultad discrecional concedida por el
Legislador estatutario a la administración, es excepcional y debe ejercerse por
parte de los competentes mediante la expedición de un acto administrativo de
carácter general, debidamente motivado y acorde con los principios
constitucionales, en especial los consagrados en el artículo 209 superior[78].
22. En concordancia con lo expuesto hasta el
momento, “puede afirmarse que el ejercicio del derecho de
petición no exige formalidades más allá de las que establecen la Constitución
Política y la Ley”[79], las cuales pueden sintetizarse así:
a.
Se requiere una solicitud
respetuosa
b.
No es necesaria la
invocación expresa del derecho, ni del artículo 23 constitucional.
c.
Es, por regla general, un
derecho gratuito.
d.
No es necesaria su
presentación a través de abogado, ni de representante legal si se es menor de
edad.
e.
Puede ser verbal, escrita
o a través de cualquier medio idóneo.
f.
Se podrá exigir que
ciertas peticiones se presenten por escrito, siempre y cuando se respeten los
principios constitucionales y esa exigencia esté debidamente motivada por la
administración pública.
23. Ahora bien, debido a la pertinencia para
la solución del presente caso, es importante traer a colación la sentencia
C-282 de 2007[80],
mediante la cual se analizó la constitucionalidad de algunas expresiones del
artículo 9º de la Ley 1010 de 2006[81].
Entre otras cuestiones en dicho artículo se establecía la exigencia de que la
denuncia por acoso laboral debía “dirigirse por escrito”. En esa
medida, los entonces demandantes indicaron que tal disposición vulneraba el
artículo 23 de la Constitución ya que eliminaba la posibilidad de presentar
peticiones (denuncias) verbales y discriminaba a quienes no pueden o no saben
escribir.
Al respecto de la presunta violación del
artículo 23 Superior, la sentencia en comento analizó las normas del entonces
Código Contencioso Administrativo como marco general de los procedimientos
administrativos, a fin de identificar los mecanismos de protección de las
personas que no pueden o no saben escribir. En especial resaltó los artículos
2º y 209 de la Constitución ya que a partir de ellos es claro que la
administración debe hacer efectivos los derechos de todos los ciudadanos y
regirse en sus actuaciones por el principio de la eficacia, para remover
cualquier obstáculo en el cumplimiento de sus obligaciones. Se explicó que:
“En este orden
de ideas, el hecho de que el legislador exija algunas formalidades en la
iniciación y tramitación de los procedimientos administrativos, no implica que
la Administración quede liberada de dar aplicación a los principios rectores de
la función administrativa, así como de garantizar la protección efectiva de los
derechos de los administrados (art. 2º C.P.), más aún cuando está en discusión
la dignidad humana y la integridad física y moral de las personas.
Lo anterior
implica que, salvo que sea incompatible con el respectivo procedimiento, la
exigencia de una solicitud escrita para dar inicio a una determinada actuación
administrativa -como la que se revisa-, no impide recibir las solicitudes de
las personas que no pueden o no saben escribir, tal como se deriva de los
principios de eficacia y de efectividad del derecho, así como de la parte final
del artículo 5º del Código Contencioso Administrativo” (negrilla
fuera del texto original).
24.
El referido fallo explicó que la exigencia del uso de la escritura para hacer
efectiva la protección de la dignidad de los trabajadores frente a conductas de
acoso laboral, sin alternativas en caso de no saber o no poder escribir,
representaba efectivamente un factor discriminatorio y de exclusión prohibido
por la Constitución. No obstante se precisó que “en la medida que el ordenamiento
jurídico prevé mecanismos generales de protección de las personas cuando dicha
situación se presenta en el trámite de un procedimiento administrativo (art.5
C.C.A), deberá analizarse si la norma acusada permite acudir a ellos, de
forma tal que, como señalan los intervinientes, no haya lugar a declarar su
inexequibilidad” (negrilla fuera del texto original).
Al
momento de efectuar el referido análisis, la Corte encontró que la legislación
ofrecía alternativas a los trabajadores para que, independientemente de si no
sabían o no podían escribir, estuvieren habilitados para presentar denuncias
por acoso laboral, sin que la expresión por escrito
pudiera oponérseles como un obstáculo. Por consiguiente la norma fue declarada
exequible.
25.
En oposición a lo anterior, y con el fin de aclarar las reglas jurisprudenciales
aplicables, en ese mismo fallo se hizo referencia a la sentencia C-292 de 2003[82],
que revisó la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria de
veedurías ciudadanas[83].
Allí se establecía como requisito para ser veedor “saber leer y
escribir”. Frente a ese requisito la Corte consideró que tal
exigencia representaba una restricción desproporcionada de derechos
fundamentales, en tanto eliminaba “la posibilidad de que muchas personas,
entre ellas las pertenecientes a grupos social o económicamente marginados,
pudiesen ejercer su derecho a la participación a través de las veedurías
ciudadanas”. En este caso, el Legislador no previó ajustes razonables
que permitieran entender que la norma no era excluyente, ni los mismos podían
deducirse de una lectura sistemática del ordenamiento jurídico. Por tanto, en
esa ocasión se declaró la inexequibilidad de esa expresión.
26.
Como conclusiones de lo expuesto, (i) se deduce que la protección de los
derechos fundamentales en ningún caso puede depender de que las personas puedan
o sepan escribir, ya que ello constituiría una barrera injustificada para el
acceso a las garantías constitucionales. Ese precisamente es uno de los
fundamentos que hacen viable las diversas formas de presentación de peticiones protegidas
por la Constitución.
(ii)
Por lo anterior, es claro que la Constitución impone obligaciones al Legislador
y a las autoridades estatales de, por un lado, justificar de manera razonable
la exigencia de requisitos o formalidades que se establezcan en ese sentido
(por escrito); y por otro, armonizar tales requisitos o formalidades para que
las personas que no tengan capacidades de lectoescritura puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones, a través de ajustes y/o medidas razonables.
(iii)
Así mismo se entiende que el Legislador, gracias la cláusula
general de competencia para hacer las leyes, puede establecer
ciertos requisitos y formalidades para el ejercicio del derecho de petición y
sus variables, tales como la exigencia de que se presente por escrito. Con
todo, esa libertad de configuración está enmarcada dentro el respeto por los
postulados constitucionales (razonabilidad), motivo por el cual tales
regulaciones deben prever mecanismos de ajustes razonables
para que no se excluya a ningún sector poblacional. De ello, dependerá en gran
medida la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que
eventualmente se revise.
El consentimiento informado y las
intervenciones de la salud[84]
27.
El consentimiento informado hace parte de los derechos a recibir información[85] y a la autonomía, los cuales se encuentran
reconocidos por la Constitución en los artículos 16 y 20. A su vez, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que éste tiene un
carácter de principio autónomo[86] y que además materializa otros principios
constitucionales como la dignidad
humana, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad individual, el
pluralismo y constituye un elemento determinante para la protección de los
derechos a la salud y a la integridad de la persona[87].
Aunque
se manifiesta en distintos escenarios[88],
ha tenido un extenso desarrollo
jurisprudencial en el ámbito del acto médico[89].
Así, la facultad del paciente de asumir o declinar un tratamiento de salud
constituye una expresión del derecho fundamental a la autonomía personal[90],
pues es aquel el llamado a valorar en qué consiste la bondad o los riesgos de
una intervención clínica y a determinar si quiere someterse a ella o no[91].
En el mismo sentido, hace parte del derecho a la información como
componente del derecho a la salud, pues su contenido implica para el paciente
la posibilidad de “obtener información oportuna, clara, detallada, completa
e integral sobre los procedimientos y alternativas en relación con la atención
de la enfermedad que se padece”[92]
para considerar los riesgos que se presentan sobre su propia salud[93]
y, a partir de ello, aceptar o declinar la intervención[94].
28. Además, el derecho al consentimiento informado en el ámbito de
las intervenciones sanitarias es indispensable para la protección de la
integridad personal dado que el cuerpo del sujeto es inviolable y no puede ser
intervenido ni manipulado sin su permiso[95].
Por ende, una actuación que impida al individuo decidir sobre su propio cuerpo
respecto de la posibilidad o no de practicarse la esterilización quirúrgica, constituye,
en principio, una instrumentalización contraria a la dignidad humana[96].
En consecuencia, el consentimiento previo e informado del paciente[97]
se requiere para “todo tratamiento, aún el más elemental”[98]. Sin
embargo, no cualquier autorización del paciente es suficiente para legitimar
una intervención médica[99].
29. Así, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el
consentimiento informado debe satisfacer, cuando menos, dos características: (i)
Ser libre, en la medida que el sujeto debe decidir sobre la
intervención sanitaria sin coacciones ni engaños[100]. (ii)
Ser informado, pues es necesario que se funde en un conocimiento
adecuado y suficiente para que el paciente pueda comprender las
implicaciones[101]
de la intervención terapéutica[102].
Por ello existe la obligación de proporcionar al individuo los datos relevantes
para valorar las posibilidades de las principales alternativas, las cuales
incluyen la ausencia de cualquier tipo de tratamiento[103].
Por ende, la información provista por el consentimiento informado es
determinante para que se garantice el derecho fundamental a la autonomía del
paciente, el cual reviste una doble connotación. De una parte, “una evidente
faceta negativa, consistente en la posibilidad de rehusarse a los
procedimientos médicos”[104]
y, por otra, una positiva que consiste, “entre otras cosas, en la potestad
de elegir entre los diferentes tratamientos médicos idóneos y sus modalidades”[105],
y corresponde al paciente evaluar los riesgos y beneficios, aún en contravía de
la recomendación médica.
30. Con todo, esta Corporación ha admitido que el principio de
autonomía y el consentimiento informado no tienen un carácter absoluto y entran
en tensión con otros postulados que orientan la práctica de la bioética como,
por ejemplo, el principio de beneficencia[106].
Aunque en esta colisión debe otorgarse prevalencia prima facie al
principio de autonomía, la jurisprudencia constitucional ha identificado
ciertos eventos en los cuales, excepcionalmente, tal principio cede frente a
las demás normas y valores constitucionales involucrados[107].
De este modo, las situaciones excepcionales en las que la exigencia del
consentimiento informado en el ámbito de la salud es menos estricta o se
prescinde de ella totalmente son: (i) cuando se presenta una emergencia,
y en especial si el paciente se encuentra inconsciente o particularmente
alterado o se encuentra en grave riesgo de muerte[108]; (ii)
cuando el rechazo de una intervención médica puede tener efectos negativos no
sólo sobre el paciente sino también frente a terceros[109]; (iii)
cuando el paciente es menor de edad, caso en el cual el consentimiento
sustituto de los padres tiene ciertos límites[110]; (iv)
cuando el paciente se encuentra en alguna situación de discapacidad mental que
descarta que tenga la autonomía necesaria para consentir el tratamiento[111].
31. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional señala que, de
acuerdo con la naturaleza o la intensidad de la intervención en la salud, en
ciertos casos se requiere de un consentimiento informado cualificado[112].
En efecto, entre mayor sea el carácter extraordinario, invasivo, agobiante
o riesgoso del tratamiento médico, “más cualificado debe ser el
consentimiento prestado por el enfermo y mayor la información que le debe ser
suministrada”[113].
Además de este criterio central, la Corte Constitucional precisó una
serie de variables que deben ponderarse conjuntamente para determinar el nivel
de información que es necesario suministrar al paciente para autorizar un
procedimiento clínico, pues dado su carácter de principio, el consentimiento
informado no siempre resulta exigible en un mismo grado[114].
32. En consecuencia, el nivel de información necesario para una
intervención sanitaria dependerá de[115]:
(i) el carácter más o menos invasivo del tratamiento, (ii) el
grado de aceptación u homologación clínica del mismo o su carácter
experimental, (iii) la dificultad en su realización y las probabilidades
de éxito, (iv) la urgencia, (v) el grado de afectación de
derechos e intereses personales del paciente, (vi) la afectación de
derechos de terceros de no realizarse la intervención médica, (vii) la
existencia de otras alternativas que produzcan resultados iguales o
comparables, y las características de éstas y, (viii) la capacidad de
comprensión del sujeto acerca de los efectos directos y colaterales del
tratamiento sobre su persona[116].
Cabe destacar que la jurisprudencia reconoce una relación entre el
grado de cualificación del consentimiento informado y el alcance de la
autonomía del paciente frente al mismo. En otras palabras, entre más
cualificado deba ser el consentimiento informado, “la competencia del
paciente para decidir debe ser mayor y aparecer más clara”[117]. Ello
evidencia que el ejercicio de la autonomía del paciente, lejos de ser un
concepto absoluto “depende de la naturaleza misma de la intervención
sanitaria”[118].
33. Por último, el consentimiento informado cualificado se halla
revestido de formalidades en ciertos casos. Una primera formalidad consiste
en que la manifestación de voluntad conste por escrito[119],
con el fin de constatar la autenticidad del consentimiento del paciente a
través de este procedimiento. Además, en algunos casos puede exigirse que el
consentimiento informado sea persistente, pues puede imponerse la
“obligación de reiterar el asentimiento después de que haya transcurrido un
período razonable de reflexión”[120]
o en algunos casos en los que el tratamiento se debe extender por periodos.
34. En el derecho internacional de los derechos humanos, el
consentimiento informado hace parte del derecho de acceso a la información
reconocido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y particularmente de los elementos de aceptabilidad y accesibilidad
del derecho a la salud, reconocido en el artículo 10 del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y en el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas (PIDESC).
Este marco normativo establece que el consentimiento informado en el
ámbito de las intervenciones médicas no se refiere a la mera aceptación por
parte de un paciente a una intervención o tratamiento sanitario sino se
trata de un proceso de comunicación entre el paciente y el profesional de la
salud.
35. En este orden de ideas, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el ámbito del
acceso a la información en materia reproductiva, ha dicho que el consentimiento
informado consta de tres requisitos esenciales: (i) que los profesionales de la
salud suministren la información necesaria sobre la naturaleza, beneficios y
riesgos del tratamiento así como alternativas al mismo; (ii) tomar en cuenta
las necesidades de la persona y asegurar la comprensión del paciente de esa
información; y (iii) que la decisión del paciente sea voluntaria[121].
En cuanto al primer requisito, la
CIDH ha dicho que “el acceso a la información en materia reproductiva requiere
que las mujeres cuenten con información suficiente para tomar decisiones sobre
su salud. Para alcanzar dicho objetivo, la información que se brinde debe ser
oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa. Asimismo debe ser
comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada”[122].
Sobre el segundo, –brindar información
de acuerdo con las necesidades de la persona–, hizo énfasis en los
determinantes sociales que condicionan el acceso a la información, como la
pobreza y la cultura y el deber del Estado de suministrar información en
atención a la obligación transversal de eliminación de discriminación y de la
protección especial a grupos vulnerables, puesto que la comprensión y acceso a
la información es la garantía esencial de que la decisión que se tome sea
libre.
Por último, sobre el tercer
requisito, indicó que la coacción o interferencia en la autonomía de estas
decisiones también podía constituir una violación al artículo 5º de la CADH y a
los artículos 6º y 7º de la Convención de Belém do Pará[123].
36. Así, el consentimiento informado
debe garantizar una decisión voluntaria y suficientemente informada, lo cual
protege el derecho del paciente a participar en las decisiones médicas, y a su
vez impone obligaciones en los prestadores del servicio de salud[124].
Bajo estos lineamientos, la
Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras FIGO, ha dicho que, en
relación con un procedimiento de anticoncepción quirúrgica como la
esterilización, se debe informar sobre los riesgos y beneficios del
procedimiento, el carácter definitivo del procedimiento, otras alternativas
menos invasivas y que la esterilización no ofrece protección de las infecciones
de transmisión sexual[125].
37. En conclusión puede indicarse que: (i) el consentimiento
informado en el ámbito de las intervenciones de la salud materializa
importantes postulados constitucionales como el principio de autonomía, el
derecho a la información y el derecho a la salud, entre otros. Pese a ello,
este mandato no es absoluto y debe ponderarse con otros principios como el de
beneficencia, que prevalece en situaciones excepcionales.
(ii) El
consentimiento informado debe ser libre, es decir, voluntario y sin que
medie ninguna interferencia indebida o coacción; e informado, en el
sentido de que la información provista debe ser suficiente, oportuna, completa,
accesible, fidedigna y oficiosa.
(iii)
En algunos casos y debido al grado de complejidad e invasión del procedimiento
médico a realizar, se requiere de un consentimiento informado cualificado.
Bajo este criterio, la información suministrada al paciente para tomar su
decisión se encuentra directamente relacionada con la complejidad del
procedimiento y, por ello, éste tiene mayor capacidad de decisión sobre su
cuerpo en relación a la intervención quirúrgica anticonceptiva. Así mismo, en
estos escenarios se deben exigir ciertas formalidades para que dicho
consentimiento sea válido, tales como que se dé por escrito y que sea
persistente. Lo anterior, con miras a reforzar las garantías de autonomía,
información y salud del paciente.
Análisis del cargo
38. Como se mencionó inicialmente,
la demanda plantea solo un cargo válido contra la expresión por escrito consagrada
en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010. Según la demanda tal exigencia no es
constitucional, pues limita de manera grave el ejercicio del derecho de
petición, haciéndolo más restringido cuando se trata de efectuar una solicitud
para acceder al procedimiento de anticoncepción quirúrgica consagrado en la
referida Ley. También debido a que anula la posibilidad de presentar
solicitudes verbales en este aspecto.
Para desarrollar el análisis del cargo
propuesto es necesario establecer i) la relación que existe entre la solicitud
escrita regulada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 y el consentimiento
informado. De igual forma ii) aclarar que la referida solicitud es un forma en
la que se materializa el derecho de petición. Y finalmente, iii) analizar si la
exigencia por escrito vulnera el artículo 23 de la Carta Política.
i)
La solicitud
escrita regulada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 y su relación con el
consentimiento informado y cualificado. Contexto legislativo
39. En desarrollo del artículo 42 de la
Constitución y con el fin de promover la progenitura responsable el Legislador
colombiano emprendió el camino para lograr la materialización de la Ley 1412 de
2010. Según los antecedentes legislativos, esta disposición hace parte de la
política pública que viene desplegando el Estado en materia de derechos
sexuales y reproductivos. En esta medida se reguló la práctica de la vasectomía
y la ligadura de trompas de forma gratuita.
La vasectomía “es un método de planificación familiar definitivo
que consiste en realizar una pequeña cirugía, ambulatoria, que se realiza con
anestesia local… y tiene
como objetivo seccionar los conductos deferentes para impedir que los
espermatozoides sean transportados y se unan para formar el semen”[126].
Por su parte, la ligadura de trompas “es
una cirugía para cerrar las trompas de Falopio de una mujer, que son los
conductos que conectan los ovarios con el útero…. Si las trompas están cerradas
o ligadas, los espermatozoides no pueden fertilizar el óvulo y, por lo tanto,
no se presentará el embarazo. La ligadura de trompas vuelve a una mujer
estéril, es decir, incapaz de quedar embarazada, en forma permanente”[127].
Frente a estos dos procedimientos, la referida
Ley reglamentó la gratuidad,
la financiación y cubrimiento, la solicitud escrita y el consentimiento
informado y cualificado, el trato a las personas en situación de discapacidad
mental, las prohibiciones, el registro, la divulgación sobre la prevención y la
práctica de los referidos procedimientos quirúrgicos, entre otros aspectos.
39. Es importante resaltar que a lo largo
de los debates llevados a cabo en el Congreso se dejó claro que la referida Ley
en ningún caso se propuso como un mecanismo de esterilización forzada[128] y, por ello, se enfatizó en que la
realización de estos procedimientos debe estar antecedida de una decisión
libre, informada, consiente, voluntaria y sin presiones a las personas. El
informe de ponencia para segundo debate indicó[129]:
“… toda intención de mejorar la
salud sexual y reproductiva de los colombianos, obligatoriamente debe ir
acompañada de una política pública claramente definida. Recogemos el propósito
fundamental de este proyecto de ley, que es el de fomentar la maternidad y
paternidad responsables, pero creemos que esta loable intención no se logra
únicamente poniendo al alcance de hombres y mujeres la realización de dos
procedimientos quirúrgicos, sin ningún incentivo distinto al de la gratuidad,
puesto que, por lo demás, esta debe ser una decisión libre, consciente,
voluntaria, sin presiones de ningún tipo, en franco respeto del derecho
constitucional al libre desarrollo de la personalidad”.
Aunado a lo anterior, se explicó
claramente que “dada la importancia e
implicaciones particulares que tienen estos procedimientos, la información que
se le brinda al paciente antes de tomar la decisión debe ser cualificada; es
decir, se le debe explicar con profundidad y suficiencia las implicaciones,
beneficios y efectos de la intervención. Igualmente, resulta muy importante
darle a conocer al paciente las posibilidades, que en materia de planificación
familiar, le ofrecen otros métodos no definitivos de contracepción o
anticoncepción”[130].
40. En relación con la
exigencia de la solicitud escrita y el otorgamiento del
consentimiento informado para la práctica de la anticoncepción quirúrgica, algunos
Congresistas propusieron la modificación del articulado, al estimar que tal
exigencia “constituiría
una barrera para las personas con limitaciones de lectoescritura”[131]. Sin embargo, dicha
proposición fue integrada al proyecto sin la eliminación del requisito de la
solicitud por escrito, debido a que tal solicitud se entiende como parte del
procedimiento de construcción del consentimiento de la persona que desea
la práctica de una intervención médica altamente invasiva. En el citado
informe de ponencia se lee:
“Si bien la sugerencia de la
honorable congresista es muy acertada, consideramos que por los argumentos ya
expuestos frente a la importancia de estos procedimientos de esterilización,
resulta necesario que los trámites como la solicitud y el consentimiento
informado consten por escrito. Sin embargo, se modificará el artículo
estableciendo la posibilidad de que, según la práctica médica, los galenos
sugieran formas alternativas para estos trámites en el caso de personas con
este tipo de limitaciones”.
Como se desprende del proceso
de formación de la Ley bajo estudio, existe una relación directa e inescindible
entre la solicitud escrita y el consentimiento informado cualificado debido a
que la vasectomía y la ligadura de trompas son métodos altamente invasivos que
requieren plena conciencia de las personas que se someten a tales
intervenciones.
41. De lo analizado, para
esta Corte es claro que el Legislador con la expedición de esta norma: i) garantizó
el ejercicio de los derechos a la autonomía, a la salud sexual y reproductiva y
al consentimiento informado, estableciendo como regla general la exigencia de
una solicitud por escrito. Y a su vez ii) ponderó tal exigencia frente a los
derechos de las personas que no pueden o no saben escribir, obligando a las
autoridades encargadas a ofrecer ajustes razonables[132]
para la consecución de la solicitud y el consentimiento informado y
cualificado por parte de estas personas.
ii)    La solicitud escrita
regulada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, se presenta en ejercicio del
derecho de petición. Alcance de la norma acusada
42. Ahora bien, debido a que para algunos
intervinientes no es claro que la solicitud regulada en el artículo 4º de la Ley
1412 de 2010, pueda equipararse a una solicitud en ejercicio del derecho de
petición, esta Sala estima necesario delimitar el alcance de la norma en ese
sentido.
En primer lugar ha de indicarse que la
Ley 1755 de 2015, específicamente su artículo 13, establece que toda actuación
iniciada ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición. Para
esta Sala es evidente que las entidades ante quienes se puede presentar la
solicitud de anticoncepción quirúrgica son o actúan como autoridades, incluso
en el evento de ser entes privados, ya que prestan el servicio público de salud.
Por tanto, bajo la premisa del artículo 13 referido, la solicitud de que trata
el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, se enmarca dentro del contenido del
derecho de petición.
En segundo lugar, el mismo artículo 13
de la Ley 1755 de 2015 en su literal d) señala que mediante el ejercicio del
derecho de petición se podrá solicitar la prestación de un servicio. La
práctica de la vasectomía o de la ligadura de trompas de Falopio ofrecida de
manera gratuita en virtud de la Ley 1412 de 2010, es un servicio de salud.
Razón por la cual, también se puede deducir que con su solicitud se ejerce el derecho
de petición.
Ahora bien y en tercer lugar, es claro
que la Ley 1755 de 2015 regula de forma general el ejercicio del derecho de
petición, lo cual no obsta para que el Legislador pueda establecer que
determinados tipos de solicitudes tengan requisitos y trámites especializados,
según se indicó en el fundamento 26 de esta providencia.
43. En efecto, para esta Sala Plena la petición
regulada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 tiene un carácter
especializado debido a que se trata de una solicitud de intervención quirúrgica
que no sólo implica el ejercicio del derecho de petición, sino además de los
derechos a la autonomía, a la salud sexual y reproductiva y a la información (consentimiento
libre e informado) de las personas que, a través de este mecanismo, buscan
acceder a una forma de anticoncepción definitiva.
Adicional a ello es importante recalcar que
esta petición es especializada debido a que hace parte del proceso de formación
del consentimiento informado cualificado que se requiere para el tipo de
procedimientos médicos regulados en la Ley en cuestión, según se pudo
establecer a partir de la normatividad y jurisprudencia en la materia, y de los
antecedentes legislativos arriba destacados.
Aunado a lo anterior, debido a que la
solicitud acusada no sólo implica el ejercicio del derecho de petición, sino
además de otras garantías fundamentales, no es de recibo la interpretación
presentada por la intervención de PAIIS. Como se indicó la naturaleza
especializada de este derecho de petición permite que se exijan requisitos
diferentes que atiendan a las finalidades y objetivos del mismo. En este caso
se trata de una solicitud de intervención médica por lo que es necesario que la
misma sea por escrito, pero bajo ningún supuesto se requiere fundamentación ni
explicación de las razones por las cuales las personas quieren acceder a la
anticoncepción definitiva. Así mismo se deduce de la lectura del precepto
acusado:
“Artículo 4°. Solicitud Escrita. Las personas que
quieran realizarse esas prácticas quirúrgicas deberán solicitarlo por
escrito a la respectiva entidad”.
44. En suma, la solicitud de que trata el artículo
4º de le Ley 1412 de 2010 es una forma especializada de ejercicio del derecho
de petición, debido a que implica el desarrollo de otros derechos como la
autonomía, la salud sexual y reproductiva y la información. Así mismo, hace
parte del proceso de formación del consentimiento informado cualificado que se
requiere para la práctica del procedimiento médico de anticoncepción quirúrgica
y, por tanto, tiene exigencias y condiciones especiales, lo cual está
constitucionalmente amparado (libertad de configuración legislativa).
iii) La solicitud por escrito regulada en el
artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, no vulnera el artículo 23 de la
Constitución Política.
45. De todo lo expuesto hasta ahora, es
posible presentar las siguientes conclusiones, necesarias a fin de efectuar el
juicio de constitucionalidad de la expresión acusada, en efecto:
a.
Es claro que
el derecho de petición está regido por la Constitución y la Ley, y es un
elemento esencial en el Estado Social de Derecho, pues a partir de él se puede
lograr la materialización de muchas otras garantías ciudadanas.
b.
De forma
general la presentación de peticiones sólo requiere que las mismas sean
respetuosas. Por ello, este derecho es regido por cierta informalidad.
c.
De manera
excepcional, tanto el Legislador como las autoridades administrativas, pueden
exigir que en determinados casos las peticiones se presenten de manera escrita.
Esas decisiones deben ser racionales y estar justificadas. Adicionalmente es
necesario que respeten la dignidad humana y los principios y derechos
constitucionales.
d.
El
consentimiento informado es una garantía de protección de los derechos a la
autonomía, a la salud sexual y reproductiva y a la información de las personas.
Por ello, siempre es necesario cuando se trata de intervenciones en la salud.
e.
Cuando se
trata de prácticas o procedimientos médicos altamente invasivos, como una
cirugía, el consentimiento debe ser informado y cualificado, caso en el
cual se hace necesaria la exigencia de ciertas formalidades, como que la
manifestación de voluntad conste por escrito.
f.
La vasectomía
y la ligadura de trompas de Falopio son intervenciones quirúrgicas altamente
invasivas, con efectos generalmente definitivos que influyen directamente sobre
los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Por consiguiente su
práctica debe, obligatoriamente, estar precedida de un consentimiento
informado y cualificado, según la normatividad y la jurisprudencia nacional
e internacional.
g.
La solicitud
por escrito regulada en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, está
estrechamente ligada con la necesidad de obtener un consentimiento informado y
cualificado por parte de la persona que va a ser sometida a la anticoncepción
quirúrgica. Lo anterior, por que esa formalidad es una de las garantías de
información amplia y suficiente provistas en el proceso de formación del
consentimiento, así como una manera de evitar esterilizaciones forzadas o
abusos bajo esta práctica.
h.
El Legislador
tiene un margen de configuración que le permite establecer estas formalidades
en ciertos casos, siempre y cuando las exigencias no se entiendan como límites
para el acceso.
i.
En el presente
caso, los Congresistas discutieron e integraron la preocupación que recae sobre
las personas que por diversos motivos no pueden o no saben escribir, de forma
que se reguló la obligación en cabeza de las EPS y las IPS de establecer
ajustes razonables para quien se encuentre en tal situación, a fin de lograr la
obtención de la solicitud y el consentimiento necesarios para la práctica de la
vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio.
j.
La solicitud
escrita que se requiere por regla general[133]
para la práctica de la anticoncepción quirúrgica, es una medida legislativa razonable
y proporcional, ya que i) el fin buscado por el
legislador es el de promover la progenitura responsable y la protección de los
derechos sexuales y reproductivos de los colombianos, en los términos del
artículo 42 de la Carta Política. ii) Tal fin es legítimo y está dentro
del ámbito de configuración que tiene el legislador en materia de regulación en
salud. iii) El medio empleado es también legítimo, como quiera que el
Legislador puede definir en qué casos las condiciones para el ejercicio del
derecho de petición está condicionado a un tipo de formalidad, y en este caso
ese derecho está íntimamente ligado a la obtención de un consentimiento
informado y cualificado. iv) La relación existente entre el medio
escogido y el fin buscado es adecuada, pues la solicitud por escrito permite
salvaguardar los derechos a la autonomía personal, a la salud y a la
información, entre otros.
46. Teniendo como fundamento las premisas
reseñadas, la Sala Plena concluye que la expresión demandada del artículo 4º de
la Ley 1412 de 2010 –“por escrito”– es constitucional, ya
que ese requisito se erige como una forma de garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de las personas, así como del consentimiento libre e informado.
Así mismo, para esta Corte la expresión acusada no admite la interpretación
dada por los demandantes, pues ella desconoce que el Legislador previó la forma
en que las autoridades de salud deben actuar para garantizar la efectividad del
derecho de petición a las personas que no dominan el lenguaje escrito.
En otras palabras, contrario a lo afirmado por los
accionantes, la expresión acusada, que por regla general exige la solicitud por
escrito para la práctica de la vasectomía o la ligadura de trompas de forma
gratuita, es constitucionalmente válida ya que i) hace parte del proceso de
formación del consentimiento informado y cualificado, y ii) no impide que las
personas que no saben o no pueden escribir ejerzan sus derechos de petición ni
los sexuales y reproductivos, ni mucho menos exonera a las autoridades
encargadas de la recepción de estas solicitudes, como quiera que la propia Ley
autoriza a los prestadores del servicio de salud a realizar los ajustes
razonables necesarios para garantizar los derechos de quienes no saben o no
pueden leer ni escribir (artículo 5º).  En consecuencia, este cargo no
prospera.
47. Por último y para concluir, esta Sala estima pertinente
recordar que después de este análisis de constitucionalidad, el procedimiento para la práctica gratuita de
la vasectomía o ligadura de trompas, según la Ley 1412 de 2010, es el
siguiente: i) cualquier persona que desee la intervención quirúrgica
deberá realizar una solicitud por escrito a la entidad de salud
del sistema de seguridad social al que se encuentre inscrita. Una vez hecha la
solicitud, ii) los médicos encargados de realizar la operación deben
informar al paciente la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre
la salud de la práctica, así como las alternativas de utilización de otros
métodos anticonceptivos no quirúrgicos, para que éste preste su consentimiento
informado y cualificado. iii) Cuando las personas tengan
limitaciones de lectoescritura, las EPS del régimen contributivo o subsidiado,
y/o las IPS públicas o privadas, deberán ofrecer al paciente medios
alternativos para expresar su voluntad tanto para la solicitud escrita
como para el consentimiento informado. iv) Cumplidos esos requisitos los
pacientes serán sometidos a la referida cirugía. v) Las personas que se
someten a estas prácticas quirúrgicas tendrán derecho a recibir incapacidad
laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el médico tratante,
garantizando la recuperación en la salud del paciente.
Sobre la solicitud de declaratoria de
exequibilidad condicionada
48. Por último es imperioso indicar que no es procedente la
declaración de constitucionalidad condicionada que solicitan algunos
intervinientes (“en el entendido que las EPS y las IPS, deberán garantizar
un método alternativo para expresar su voluntad y garantizar la prestación del
servicio”), ya que la expresión acusada no admite una interpretación contraria
a la que se ha señalado, a partir de la cual, queda claro que lo extraído del artículo 4º es una formalidad en la presentación
de la solicitud que opera como regla general (por escrito), mas no una prohibición
en el acceso al servicio quirúrgico de anticoncepción para quien no tiene
facultades de lectoescritura, tal y como ya se indicó en el fundamento jurídico
10 de esta providencia.
Aunado
a lo anterior, es verídico que de la lectura sistemática de la Ley 1412 de
2010, en específico del inciso 2º del artículo 5º subsiguiente, se extrae
claramente que la norma permite a las personas, que por diversos motivos no
tienen tales capacidades, realizar la solicitud y expresar su consentimiento
informado a partir de ajustes razonables que deben ser puestos a su disposición
por las EPS y las IPS. La referida norma es del siguiente tenor:
“Artículo 5º: DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
CUALIFICADO. Los médicos encargados de realizar la operación respectiva deben
informar al paciente la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre
la salud de la práctica realizada, así como las alternativas de utilización de
otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos.
Cuando las personas tengan limitaciones de lectoescritura,
las EPS, del régimen contributivo o subsidiado a las IPS públicas o privadas,
según la práctica médica, deberán ofrecer al paciente medios alternativos para
expresar su voluntad tanto para la solicitud escrita como para el
consentimiento informado.”
En
efecto, de la lectura sistemática de la norma se extrae claramente que si bien
existe una regla general para la presentación de la solicitud (por escrito), la
misma Ley efectúa una armonización de tal formalidad con los principios y
derechos constitucionales de las personas que carecen de habilidades de
lectoescritura. De esta manera es clara la inclusión de alternativas que lejos
de limitar la aplicación de la Ley, la amplían.
En
esa medida, el
artículo 4º de la Ley 1412 de 2010 debe leerse de forma sistemática y armónica al
ordenamiento jurídico constitucional, y en especial con el artículo 5º ibídem,
que regula el consentimiento informado y cualificado y los ajustes razonables
que deben proveer las IPS y EPS a fin de recibir y tramitar todas solicitudes
de las personas que no pueden o no saben escribir, con lo que el aparte
demandado no comporta restricción alguna para ellas. Sin que se admita
interpretación legal diferente.
Conforme a todo lo
expuesto, la Corte declarará la exequibilidad pura y simple de la expresión acusada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE la expresión “por
escrito” contenida en el artículo 4º de la Ley 1412 de 2010, “por medio de la cual se autoriza la realización de
forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y
la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y
maternidad responsable”, por el cargo analizado.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 5 cd. Inicial (demanda).
[2] Folios 5 y 6 ib.
[3] Folio 7 ib.
[4] Folio 8 ib.
[5] Folio 9 ib.
[6] Folio 9 ib.
[7] Cita de la sentencia T-098 de 1994,
visible a folio 10 de la demanda.
[8] Folio 11 ib.
[9] Folio 11 ib.
[10] Escrito presentado el 24 de febrero de
2016, folios 36 a 39 ib.
[11] Folio 39 ib.
[12] Escrito presentado el 2 de marzo de
2016, folios 40 a 59 ib.
[13] Folio 47 ib.
[14] Folio 43 ib.
[15] Cita la Resolución 2003 de 2014,
expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, “por la cual se
definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de Salud”, numeral
2.3.2.1., sobre las condiciones de habilitación.
[16] Cita el artículo 15 de la Ley 23 de 1981, “por la cual se
dictan normas en materia de ética médica”.
[17] Cita el artículo 5º del Convenio del Consejo de Europa para la
Protección de los Derechos Humanos del Hombre y la Biomédica.
[18] Folio 45 ib.
[19] Refiere el artículo 4º de la precitada Ley 23 de 1981 y el 10
de la Ley 1751 de 2015, “por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
[20] Folio 47 ib.
[21] Escrito presentado el 2 de marzo de
2016, folios 60 a 68 ib.
[22] Folio 67 y 68 ib.
[23] “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de
oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras
disposiciones”
[24] “Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”
[25] En especial se refiere a las
diferentes variables que la Corte Constitucional ha establecido para modificar
los requisitos: “El carácter invasivo del
tratamiento, ii. El tipo de tratamiento que se va a realizar y su novedad o
carácter experimental, iii. Las probabilidades y los riesgos que implique en el
caso concreto, iv. La urgencia con la que se requiera el tratamiento para
preservar la salud y la vida de la persona. V. El grado de afectación de
derechos e intereses personales del sujeto al efectuarse el tratamiento, vi. La
afectación de derechos de terceros, en caso de que no se realice la
intervención, vii. La existencia de otros procedimientos o medios para lograr
un resultado, y viii. La capacidad de comprensión de la persona sobre los
efectos de la intervención y de su no realización”.
[26] Folio 65 y 66 ib.
[27] Folio 67 ib.
[28] Escrito presentado el 2 de marzo de
2016, folios 69 a 72 ib.
[29] Folio 72 ib.
[30] Folio 71 ib.
[31] Folio 71 ib.
[32] Refiere las Leyes 1680 de 2013, 1346 de
2009, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las
siguientes sentencias de esta Corporación: C-035 de 2015; T-207 de 1999; T-1253
de 2008; T-340 de 2010, entre otras.
[33] Folio 72 ib.
[34] Escrito presentado el 2 de marzo de
2016, folios 73 a 75 ib.
[35] Por medio de la cual se
regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[36] Escrito presentado el 2 de marzo de
2016, folios 76 a 82 ib.
[37] Folio 78 ib.
[38] Entre otras las sentencias C-355 de
2006 y T-627 de 2012.
[39] En especial la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
[40] Folio 78 ib.
[41] Citan la sentencia C-415 de 2002.
[42] Escrito presentado el 2 de marzo de
2016, folios 83 a 121 ib.
[43] Folio 116 ib.
[44] Folio 84 ib.
[45] Citan particularmente a: “PALACIOS,
Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Madrid: Ed. Coleeción CERMI, 2008.”
[46]  Expresamente se indica: “la persona
se reduce a su diagnóstico o característica. Por ejemplo, el “el cojo”, el
“ciego”, el “boqueto”, el “retrasado”, el “loco”, etc. Son todas formas de
disminuir la humanidad de una persona a una característica”. Folio 87 ib.
[47] Al respecto destacan que
el modelo social “se erige con base en que la vida de una persona con
discapacidad tiene el mismo valor que la vida de una persona sin diversidad
funcional. Por esta razón, tiene igual valor su dignidad y puede participar de
manera autónoma, con los apoyos que sean necesarios, en la toma de decisiones
que le afecten para definir su proyecto de vida. Además tienen derecho a
participar plenamente y, en igualdad de condiciones, en todos los espacios de
la sociedad como la educación, el trabajo digno, la cultura y la salud”.
Folio 88 ib.
[48] En este punto los intervinientes realizan una extensa
explicación acerca de las diferencias entre el bloque de constitucionalidad en
sentido lato y en sentido estricto.
[49] Para llegar a esa
conclusión resume tres posibles métodos de interpretación de la norma: el
exegético, el histórico y el sistemático, de los cuales destaca el último es el
único que responde a una lectura constitucional al remitirse a la Ley
Estatutaria 1618 de 2013, que garantiza la salud y la accesibilidad a la misma
para todos sin distinción.
[50] Define la accesibilidad como la obligación de asegurar
el “acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales”. Folio 102 ib. Define los ajustes
razonables como “la modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en
un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertadas fundamentales”. Folios 103 y 104 ib.
[51] Folio 103 ib.
[52] Escrito presentado el 3 de marzo de 2016, folios 123 a 127 ib.
[53] Escrito presentado el 6 de mayo de 2016, folios 138 a 143 ib.
[54] Estas intervenciones no son reseñadas debido a su
extemporaneidad.
[55] En su concepto, el
Procurador propone un problema jurídico que es reseñado en este pie de página,
ya que el mismo estima que la demanda es inepta. Problema jurídico propuesto:
“…determinar si la exigencia de que la solicitud de realización de
esterilización quirúrgica de que trata la Ley 1412 de 2010, deba ser escrita,
trasgrede los fines del Estado, la igualdad, el derecho al libre desarrollo de
la personalidad, y el derecho de petición”. Folio 132 ib.
[56] Folio 133 ib.
[57] Folio 134 ib.
[58] La mención a la eventual cosa juzgada referida por uno de los
intervinientes se descarta pues la sentencia C-625 de 2010, evaluó una objeción
presidencial propuesta en contra del proyecto de ley, que luego derivó en la
Ley 1412 de 2010. La objeción se encaminó a rebatir la gratuidad de estos
procedimientos, debido a que ello podría quebrantar la sostenibilidad fiscal
del Estado. La Corte declaró infundado el reproche presidencial.
[59] Dice
norma citada: “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1.
El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su
transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación
oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se
consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman
violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de
la demanda.”
[60] Ver, entre otros,
Auto 288 de 2001 y sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004, todas las
providencias con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980
de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[61] Cfr. C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya
citadas.
[62] Folio 1 y 2 ib.
[63] Folio 12 ib.
[64] M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[65] Sobre el carácter relacional de la
igualdad, se pueden consultar entre otras las sentencias: T-530 de 1997, MP
Fabio Morón; C-1112 de 2000 y C-090 de 2001 ambas con ponencia de Carlos
Gaviria.
[66] Ver las sentencias C-099 de 2013, MP María Victoria
Calle; C-635 de 2012 y C-631 de 2011, ambas con ponencia de Mauricio González,
entre otras.
[67] Sentencia C-1052 de 2004 MP Manuel
José Cepeda Espinosa.
[68] M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[69]
Cfr. C-012 del 20 de enero de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, entre muchas
otras.
[70] En la sentencia C-951 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica
Méndez, se hizo especial referencia a la consagración de este derecho a través
de diversos texto normativos, así: “El derecho de petición, objeto de
regulación por el proyecto de ley estatutaria bajo control, es un derecho
constitucional fundamental cuyo origen se remonta al Bill of Rights aprobado en
1689, catálogo de derechos dentro del cual en el artículo 5º se incorporó el
derecho de los súbditos de presentar peticiones ante el rey de Inglaterra. Las
primeras constituciones en reconocer este derecho fundamental fueron la de
Francia de 1791 y de manera simultánea, la Constitución de los Estados Unidos
de América a través de la primera enmienda constitucional efectuada en 1791. //
En Colombia, la primera expresión normativa del derecho de petición la
encontramos en el artículo 56  la Constitución federal de 1858 (Confederación
Granadina), al consagrar: “El derecho de obtener pronta resolución en las
peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o
funcionarios públicos, sobre cualquier asunto de interés general o particular”.
Esta disposición fue reproducida en los mismos términos en el catálogo de
derechos individuales contemplados en el artículo 15 de la Constitución de 1863
(Estados Unidos de Colombia). Finalmente, el artículo 45 de la Constitución
Política de 1886 dispuso que “Toda persona tiene derecho de presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés
general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.” Esta
disposición fue objeto de desarrollo legal por virtud del artículo 334 de la
Ley 4ª de 1913, del Decreto 2733 de 1959, el Decreto 01 de 1984 y la Ley 57 de
1985.”
[71] Esta Corte, en sentencia T-012 de 1992,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo, indicó que: “Se
trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta
indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente
el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la
participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para
asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido
instituidas (artículo 2o. Constitución Política).”
[72] Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-012 de 1992 M. P.
José Gregorio Hernández Galindo; T-377 de 2000 M. P. Alejandro Martínez
Caballero;  T-1160A de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-191 de 2002 M.
P. Jaime Córdoba Triviño; T-173 de 2013 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-211
de 2014 M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-951 de 2014 M. P. Martha
Victoria Sáchica Méndez; y T-332 de 2015 M. P. Alberto Rojas Ríos.
[73] Que reitera la Sentencia C-818 de 2011 M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[74] Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[75] Artículo  13. Objeto y modalidades
del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda
actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias
y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio
del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de
menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.
[76] Artículo  15. Presentación y
radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse
verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través
de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código.
Cuando una
petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la
ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que
falten.
Si este
insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o
documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de
haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.
Las
autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán
a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente
señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para
facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peti­cionarios no quedarán
impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o
documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su
utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos
los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del
contenido de dichos formularios.
A la petición
escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario
respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y
clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se
devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación
o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al
peticionario.
Parágrafo
1°. En caso de que la petición sea enviada a
través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos,
esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y
clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han
recibido los documentos.
Parágrafo
2°. Ninguna autoridad podrá negarse a la
recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas.
Parágrafo
3°. Cuando la petición se presente verbalmente
ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para
ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a
noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente ley.
[77] Sentencia C-951 de 2014, que reitera las sentencias T-098 de
1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-510 de 2010 M. P. Adriana María Guillén
Arango.
[78] Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley.
[79] T-166 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[80] M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[81] “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo.”
Artículo
9°. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. (…)
2. La
víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo
con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de
Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a
prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso
laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que
se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los
mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará
preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos
confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe
actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones
entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para
adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. (…)
[82]
M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[83] Proyecto de ley número 022 de 2001 Senado, 149 de 2001 Cámara, “por
medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas”.
[84] El presente acápite es reiterado de la sentencia C-182 de 2016
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[85]
Cfr. sentencias C-313 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-933 de
2007 M.P. Jaime Araujo Rentería. En estos fallos, la Corte Constitucional
expresó: “el tema del consentimiento informado se encuentra íntimamente
relacionado con el tema del derecho a la información, pues el
derecho a ser informado de manera clara, objetiva, idónea y oportuna sobre
todos los aspectos que encierra la ablación de órganos, en el caso que nos
ocupa post-mortem, es un requisito necesario para garantizar
que la persona en vida o los familiares de ésta luego de su
muerte, cuando no existe manifestación de voluntad expresa al respecto por
parte de aquélla, puedan otorgar un consentimiento libre u oponerse
a la extracción de los órganos del cadáver del ser querido”.
[86]
Sentencias SU-377 de 1999 M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-401 de 1994 M.
P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Esta última decisión reconoce el carácter de
principio constitucional autónomo del consentimiento informado, a diferencia de
las anteriores sentencias sobre el tema que aclaran expresamente que se trata
de un principio adscrito al de autonomía: “La información que el médico está
obligado a trasmitir a su paciente tiene la naturaleza normativa de un
principio. No se trata de una norma que sólo puede ser cumplida o no, sino más
bien de un mandato que ordena que algo sea realizado en la mayor medida
posible  dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. La
fuerza normativa de este principio se logra por intermedio de la ponderación
y  adecuación con  otros principios y reglas que entran en pugna al
momento de resolver el caso concreto. El elemento fáctico es fundamental para
determinar el alcance de la norma depositaria del principio”.  Reiterado en
la T-850 de 2002 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[87]
Sentencias C-313 de 2014 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-497 de 2012
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-574 de 2011 M. P. Juan Carlos Henao
Pérez; T-452 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-477 de 1995 M.P.
Alejandro Martínez Caballero. Acerca del modo en que estos postulados
constitucionales fundamentan el reconocimiento del consentimiento informado, la
Corte Constitucional expresó en la Sentencia T-452 de 2010: “En efecto, si
uno de los contenidos protegidos por el derecho a la dignidad humana es “la
autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus
características (vivir como quiera),” que corresponde a su vez con el ámbito
protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, resulta lógico
que, en lo que toca con los tratamientos médicos, el paciente tenga la facultad
de asumirlos o declinarlos de acuerdo con ese modelo de vida que ha construido
de acuerdo a sus propias convicciones. Específicamente ha determinado esta
Corporación que “del principio general de libertad emana el derecho
específico de la autonomía del paciente que le permite tomar decisiones
relativas a su salud”. De allí que la Corte haya insistido en que “nadie
puede disponer sobre otro” ya que “si los individuos son libres y
agentes morales autónomos, es obvio que es a ellos a quienes corresponde
definir cómo entienden el cuidado de su salud (…)”.
[88]
La Corte Constitucional se ha referido a la exigencia del consentimiento
informado en diversos ámbitos, entre ellos la prestación del servicio militar,
la autorización para el uso de la propia imagen y la autorización de los padres
para dar a un menor en adopción.
[89]
Sentencia C-574 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez: “En cuanto al “consentimiento
informado” la Corte Constitucional ha establecido una extensa línea
jurisprudencial sobre la definición y las características del consentimiento
informado, cuando se refiere a tratamientos que tienen que ver con la salud del
paciente”.
[90]
Sentencias T-216 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1019 de 2006
M.P. Jaime Córdoba Triviño; SU-377 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[91]
Cfr. sentencia SU-377 de 1999, precitada. Al respecto, la providencia
estableció: “Finalmente, incluso si la autonomía y la dignidad no tuvieran
el rango constitucional tan elevado que ocupan, de todos modos el inevitable
pluralismo ético de las sociedades modernas, que la Carta reconoce y estimula
(CP art. 7), obliga, por elementales razones de prudencia, a obtener el
consentimiento de la persona para todo tratamiento. En efecto, el pluralismo
implica que existen, dentro de ciertos límites, diversas formas igualmente
válidas de entender y valorar en qué consiste la bondad de un determinado
tratamiento médico. Así, un médico puede considerar que frente a un determinado
cáncer una quimioterapia muy intensa es la opción más recomendable por cuanto
aumenta la probabilidad de supervivencia, pero el paciente puede juzgar que es
más apropiado otro tratamiento, que es menos agresivo para su cuerpo, aun
cuando se reduzca su posibilidad de vivir más años. Resulta inútil intentar
establecer quien tiene razón sobre cuál de los dos medios terapéuticos es más
benéfico, pues médico y paciente parten de una valoración distinta de dos de
las dimensiones implícitas en una intervención médica para proteger la salud,
la cual incluye tanto el rechazo de la agresión física como el aumento de la
supervivencia en el largo plazo. En tales condiciones, omitir el consentimiento informado sería
permitir que la concepción de bienestar y salud del médico se imponga a aquella
del paciente, en detrimento de los propios intereses de este último y de la
protección constitucional al pluralismo”.
[92]
Sentencia T-216 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[93]
Sentencia T-866 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[94]
Cfr. sentencia T-216 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-294 de 1996
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[95]
El derecho fundamental a la integridad personal ha sido amparado por la Corte
Constitucional en casos en los cuales no existió un adecuado consentimiento
informado. Cfr. sentencias SU-377 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynet; T-1019 de 2006 M.P. Jaime Córdoba
Triviño; T-452 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-574 de 2011 M.P.
Juan Carlos Henao Pérez; T-497 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[96]
Sentencia T-1021 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[97]
Cfr. sentencias T-216 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1229 de
2005 M.P. Jaime Araujo Rentería; T-762 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería;
T-823 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-401 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[98] Cfr. sentencias T-452 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
C-294 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-401 de 1994 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[99]
Cfr. sentencias C-574 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-452 de 2010 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-586 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; SU-377 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[100]
Cfr. sentencias T-622 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-796 de 2012
M.P. María Victoria Calle Correa; T-497 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-560 A de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil; SU-377 de 1999 M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-452 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[101]
En la precitada sentencia T-452 de 2010, se indicó: “Esto implica (…) que,
debido a que el paciente es usualmente lego en temas médicos, el profesional de
la salud tiene el deber de suministrar al enfermo, de manera comprensible, la
información relevante sobre los riesgos y beneficios objetivos de la terapia y
las posibilidades de otros tratamientos, incluyendo los efectos de la ausencia
de cualquier tratamiento, con el fin de que la persona pueda hacer una elección
racional e informada sobre si acepta o no la intervención médica”.
[102]
Cfr. sentencias T-622 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-574 de 2011
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-866 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería; T-1229
de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería; T-1390 de 2000 M.P. Alejandro Martínez
Caballero; SU-377 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[103]
Cfr. sentencias C-574 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-452 de 2010 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-762 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería; SU-377
de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[104]
Cfr. sentencias T-452 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-491 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-653 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-239 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-493 de 1993 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[105]
Cfr. sentencias T-401 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-412 de 2004 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-234 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
T-216 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[106]
Este principio postula que es deber de los profesionales de la salud “contribuir
positivamente al bienestar del paciente (principio de benevolencia), o al menos
abstenerse de causarle cualquier daño físico o síquico (principio de no
maleficiencia o primun (sic) non nocere)”. Sentencia SU-377 de 1999
precitada, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 23 de 1981.
[107]
Cabe resaltar que esta Corporación a menudo ha resuelto la tensión entre los
principios de beneficencia y autonomía, en favor de este último derecho. Cfr.
sentencias T-452 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1019 de 2006
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-850 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-401 de
1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[108]
Sentencias T-1019 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-823 de 2002. M.P
Rodrigo Escobar Gil; SU-377 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-401 de
1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[109]
Esta Corporación ha identificado posibles eventos en los que, podría imponerse
la realización del procedimiento aún contra la voluntad del paciente. Esto
ocurriría, por ejemplo, en la imposición obligatoria de ciertas vacunas “que
protegen contra enfermedades muy contagiosas” así como en la obligación de
acatar ciertas medidas sanitarias, “como el aislamiento o la cuarentena de
los enfermos, para evitar la propagación de una epidemia”. Sentencia T-1021
de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[110]
Cfr. sentencias T-622 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-921 de 2008
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1019 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-560A
de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-474 de 1996 M.P. Fabio Morón Díaz; T-477 de
1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-411 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[111]
Cfr. sentencias T-1021 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-823 de 2002 M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-401 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[112]
Cfr. sentencias T-622 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-452 de 2010
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-560A de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil;
T-823 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; SU-377 de 1999 M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[113]
Sentencia SU-337 de 1999, precitada.
[114]
Sentencia T-850 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[115]
Estas categorías fueron recogidas por primera vez en la sentencia T-850 de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil, regla que a su vez ha sido reiterada por las
sentencias T-1031 de 2004 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-063 de 2012
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Las primeras tres variables también han
sido reconocidas en varias providencias: Sentencias T-622 de 2014 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-560A de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1052 de
2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[116]
De la sentencia T-850 de 2002 precitada, se puede extraer las referidas reglas:
·
A mayor carácter invasivo del tratamiento, el
paciente debe disponer de un mayor nivel de información.
·
A mayores dudas sobre la aceptación clínica del
procedimiento, el paciente debe disponer de un mayor nivel de información.
Igualmente, la cualificación de este consentimiento informado implica que “cuando
existan dudas acerca de la aceptación clínica de un procedimiento o
tratamiento, debe efectuarse una junta médica con la participación de un
epidemiólogo clínico, quien debe informar al paciente acerca de las
características del mismo”.
·
“[C]uando existan condiciones que dificulten la
realización de un procedimiento, o que disminuyan significativamente las
probabilidades de éxito, el médico debe informar al paciente de dicha
circunstancia”.
·
“Cuando la demora en la realización de un
procedimiento ponga en riesgo la salud o la vida, el médico debe sopesar este
factor y, si es del caso, entrar a protegerlos, aun sin el consentimiento
expreso del paciente”.
·
A mayor grado de posible riesgo o afectación de sus
derechos o intereses, el paciente debe disponer de un mayor nivel de
información.
·
A mayor grado de posible riesgo o afectación de
derechos de terceros, menor es el nivel de información del que el paciente debe
disponer; Sentencia T-1021 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño Incluso, sería
posible obviar la autorización del paciente en este tipo de casos si las
particularidades del caso lo justifican.
·
“Cuando existan otros tratamientos o
procedimientos que produzcan resultados similares o comparables, el médico debe
informar de esta situación al paciente, si observa que hacerlo redunda en
interés del paciente”.
·
La capacidad de comprensión del sujeto acerca de
los efectos directos y colaterales del tratamiento sobre su persona. La
jurisprudencia constitucional ha entendido esta última variable en dos
sentidos. Por una parte, en aquellos casos en los cuales el exceso de
información es perjudicial para el paciente, en principio el médico puede
restringir o limitar el nivel de información que le suministra. No obstante,
la Corte Constitucional ha establecido que son eventos altamente excepcionales,
que deben ser valorados en cada situación concreta por el médico. Así, en la
Sentencia SU-337 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero dijo que los “riesgos
de daño al paciente o de afectación de su autonomía deben ser evidentes o muy
probables, para que se justifique la retención de información por el médico”.
Por otro lado, la Corporación también ha interpretado que esta variable cobija
igualmente a los sujetos que no tienen la capacidad de comprender plenamente
los efectos de la intervención médica y, por tanto, terceras personas pueden
sustituir su consentimiento válidamente.
[117]
Sentencia SU-337 de 1999, precitada.
[118]
Ibídem.
[119]
La Corte Constitucional ha precisado que el consentimiento informado debe
tomarse por escrito en aquellos tratamientos altamente invasivos o riesgosos o
que impliquen un escaso beneficio para el paciente. Sentencia SU-337 de 1999,
precitada.
Así, la exigencia de
esta formalidad se presentará “en aquellos casos en que el riesgo del
tratamiento dadas las condiciones clínico patológicas del paciente lo exija.
Por esta razón, una simple intervención odontológica o la toma de unos puntos
para cerrar una herida, no requieren la cualificación del consentimiento, a
diferencia de una operación invasiva como la asignación de sexo o injustificada
como lo son generalmente las cirugías estéticas”. Sentencia T-823 de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[120] Respecto de la condición de persistente del
consentimiento informado se presentan dos posiciones. Una de ellas, implica que
el consentimiento informado debe otorgarse en ocasiones diversas y distantes
del período de duelo mientras que la otra postura indica que este
consentimiento “debe perdurar durante toda la prolongación del tratamiento
clínico y postoperatorio”. La exigencia de un consentimiento cualificado,
derivado de una información formalmente suministrada y sopesada, y mantenido
persistentemente durante cierto tiempo ha sido requerido reiteradamente por
esta Corporación. El consentimiento persistente se señala usualmente como
condición de validez del consentimiento sustituto, especialmente en los casos
de reasignación de sexo. Sentencia T-1021 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
entre otras.
[121] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la
información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos,
OEA/Ser.L/V/II Doc.61, 22 de noviembre de 2011, Párr 44.
[122] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la
información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos,
Op. párr.45.
[123] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la información
en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, Op.,
párrs. 61-67.
[124] ANAND GROVER, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Informe del
Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental a la Asamblea General de Naciones
Unidas, A/64/272, 10 de agosto de 2009, Párr 9: “9. El consentimiento
informado no es la mera aceptación de una intervención médica, sino una
decisión voluntaria y suficientemente informada que protege el derecho del
paciente a participar en la adopción de las decisiones médicas y atribuye a los
proveedores de servicios de salud deberes y obligaciones conexos. Sus
justificaciones normativas éticas y jurídicas dimanan del hecho de que promueve
la autonomía, la libre determinación, la integridad física y el bienestar del
paciente”.
[125] Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, Reunión de
Junta Directiva, La esterilización anticonceptiva de la mujer, junio de 2011: “11.
Al igual que para todos los procedimientos médicos que no sean emergencias, es
necesario informar adecuadamente a las mujeres de los riesgos y beneficios de
cualquier procedimiento que se proponga y de las alternativas. Hay que explicar
que la esterilización debe considerarse un procedimiento permanente e
irreversible que impide el futuro embarazo, y que existen otros tratamientos
alternativos no permanentes. Es necesario también recalcar que la
esterilización no ofrece protección de las infecciones de transmisión sexual.
Hay que aconsejar a la mujer y ofrecerle pruebas de seguimiento y atención
sanitaria después de cualquier intervención.
12 Es
necesario proporcionar toda la información en un lenguaje, tanto oral como
escrito, que las mujeres comprendan, y en formatos accesibles, como por ejemplo
la lengua de signos, el Braille, y un lenguaje sencillo y sin tecnicismos que
sea apropiado para las necesidades de la mujer. El facultativo que realice la
esterilización tiene la obligación de garantizar que la paciente ha recibido la
orientación necesaria al respecto de los riesgos y beneficios del procedimiento
y las alternativas”.
[126] Según
el informe de ponencia para primer debate, visible en la Gaceta Nº 605 de 2007
del Congreso.
[127] Según
el informe de ponencia para primer debate, visible en la Gaceta Nº 605 de 2007
del Congreso.
[128] En especial se eliminaron algunos “incentivos” que se
habían propuesto como rebajas en el pago de cuotas de compensación militar o de
los costos del pasaporte para quienes tuvieran las cirugías, debido a que los
Congresistas estimaron que ello podría incidir en la toma de la decisión y esa
incidencia era indebida. Frente a este aspecto esta Sala también recuerda que
cualquier medida que se tome encaminada a promover o practicar la
esterilización forzada es ilegal e inconstitucional. Al respecto ver la
Sentencia C-182 de 2016 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamentos
jurídicos 42 a 49, sobre “prohibición de las esterilizaciones forzadas”.
[129] Visible en la Gaceta Nº 336 de 2008.
[130] Ibídem.
[131] Ib.
[132] Según la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, se debe entender por ajustes razonables: “las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.
[133]
Que admite las excepciones ya identificadas sobre las capacidades de
lectoescritura de algunas personas.