T-929-99
Sentencia
T-929/99
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
El pago de
obligaciones laborales se torna inviable mediante la acción de tutela, toda vez
que este tipo de controversias han de resolverse ante el juez ordinario
competente. Sin embargo, tal afirmación no es absoluta ya que la misma doctrina
constitucional ha dispuesto que esta improcedencia general en materia laboral
admite excepciones. Como supuestos extraordinarios admitidos ya por la
jurisprudencia, que según ella deben ser analizados de acuerdo con las
circunstancias concretas del caso, se ha admitido su procedencia excepcional en
aquellos eventos en los cuales se busca evitar un perjuicio irremediable, bien
porque no se cuenten con otros medios de defensa judicial, ya porque estos
resulten ineficaces para la protección de los derechos fundamentales afectados
teniendo en cuenta el apremio que demande su protección.
MUNICIPIO-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer obligaciones laborales
DERECHO AL
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Pago oportuno y completo de salarios
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: Expedientes T-218281, T- 231231, T-229903,
T-219080, T-234183, T-219113, T-232819, T-224018, T-234261, T-222141, T-222142,
T-222143, T-229227, T-229574 y T-231918 acumulados.
Acción de tutela
instaurada Por José Hernán Nieva otros, contra el alcalde de Buenaventura.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los diecinueve (19) días del mes noviembre de mil  novecientos noventa
y nueve (1999)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Cargos
Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Alvaro Tafur Galvis, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión de los fallos adoptados en los procesos de la referencia
dentro de las acciones de tutela instauradas por JOSÉ HERNÁN NIEVA y otros
contra el Alcalde del Municipio de Buenaventura.
I.
ANTECEDENTES.
1.     Hechos.
Los demandantes, trabajadores y
pensionados del Municipio de Buenaventura instauraron acción de tutela contra
el alcalde de esa localidad, por estimar violados sus derechos a la vida,
subsistencia, igualdad y trabajo. Afirmaron que el Municipio demandado les
adeuda entre cinco y nueve meses de salarios y mesadas, sus oficios y las
condiciones de vida, no resisten siquiera la falta de una quincena y su
subsistencia y la de las personas que ellos mantienen, depende de lo que
reciben como salarios y pensiones; por ello, solicitan se ordene al alcalde la
cancelación de lo debido.
2.     Decisiones que se revisan.
Las providencias que
se revisan negaron la tutela, tras considerar que la demora en el pago de los
salarios no se debe a la ineficacia de la Administración del Municipio si no a
la situación financiera que atraviesa el Municipio demandado, que siendo de
grandes proporciones, le impide atender sus obligaciones laborales; luego es
preciso esperar a que se realicen los correctivos y ajustes necesarios en el
presupuesto municipal para atender así  con el pasivo laboral. Pese a lo
anterior, las sentencias exhortan al Alcalde Municipal de Buenaventura, para
que de manera pronta y efectiva, realice todas las gestiones necesarias y
pertinentes, a fin de que se cumplan las obligaciones a su cargo.
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1.     Mínimo vital: Se reitera la viabilidad
extraordinaria de la acción de tutela en asuntos laborales.
El pago de
obligaciones laborales se torna inviable mediante la acción de tutela, toda vez
que este tipo de controversias han de resolverse ante el juez ordinario
competente. Sin embargo, tal afirmación no es absoluta ya que la misma doctrina
constitucional ha dispuesto que esta improcedencia general en materia laboral
admite excepciones.
En efecto, como
supuestos extraordinarios admitidos ya por la jurisprudencia, que según ella
deben ser analizados de acuerdo con las circunstancias concretas del caso, se
ha admitido su procedencia excepcional en aquellos eventos en los cuales se
busca evitar un perjuicio irremediable, bien porque no se cuenten con otros medios
de defensa judicial, ya porque estos resulten ineficaces para la protección de
los derechos fundamentales afectados teniendo en cuenta el apremio que demande
su protección.[1]
En el caso que se
revisa encuentra esta Sala que, bajo la perspectiva arriba descrita, resulta
procedente conceder el amparo solicitado ya que se encuentra probado uno de los
extremos antes citados, vale decir, la afectación del mínimo vital ante el
apremio de la situación económica de los peticionarios quienes carecen de un
ingreso diferente al de su salario y mesada pensional, y por ello se han visto
afectados ante la ausencia de su  pago durante un buen número de meses.
La negligencia de la
administración municipal no deja dudas en el presente caso, uno más fallado en
contra de este municipio, en donde resultan afectados no sólo los derechos
fundamentales de los demandantes, sino también los de sus familias. El hecho de
que los municipios del país atraviesen ondas crisis financieras, simplemente
revela que es preciso atender, en otros escenarios, un problema estructural en
el manejo de las finanzas territoriales, que en nada se hace incompatible con
la protección que el juez de tutela debe hacer ante la violación reiterada del
derecho al trabajo y al pago oportuno y completo del salario.[2]
Tal como lo sostuvo
la Corte Constitucional en la sentencia T-399 de 1998, la situación económica y
presupuestal que afrontan la gran mayoría de municipios del país, y que en este
caso también es argumento esgrimido por las autoridades del Municipio demandado
para justificar el incumplimiento de las obligaciones laborales, no es razón
para suspender el pago, de quienes tienen que soportar la desidia de la
Administración. Así refiriéndose al proceder de los entes locales en estos
casos, la mencionada sentencia dijo: “…ello no justifica que se abuse de las
condiciones y de la posición que frente a ellos ostentan los empleados, hasta
el punto que ciertos funcionarios comprometen los rubros destinados al pago de
las nóminas para cancelar acreencias diferentes, o que no se adopten las
medidas preventivas necesarias para evitar el cese en los pagos salariales,
conductas éstas que, sin lugar a dudas, desconocen derechos fundamentales de
los trabajadores y sus familias”.
Ahora bien, algunos
de los accionantes, trabajadores del Concejo Municipal de Buenaventura, en los
cargos de celadores, y citadores demandan al Alcalde del Municipio para que
gire las asignaciones correspondientes a los pagos del personal del Concejo. En
los restantes casos se demanda solamente al Alcalde por la omisión y demora en
los pagos. Ambas situaciones habrán de protegerse porque, como ya venimos
advirtiéndolo, si permanentemente se distorsionan los dineros correspondientes
a las nóminas del Municipio y no se realizan las apropiaciones respectivas, el
Concejo, en estos casos, se ve obligado a incumplir con el pago oportuno de los
salarios de los funcionarios a su servicio.
Por lo anterior, se
reiterará la jurisprudencia mencionada y se revocarán  las decisiones
revisadas.
II.
DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR
las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Penal Municipal de
Buenaventura, en los expedientes T-231231, T-229903
correspondientes a los demandantes Fredy Fernando Salas y Benigna Zúñiga de
Pachano; por el Juzgado Primero Penal Municipal de Buenaventura en el
expediente T-219080 cuyo peticionario es Fermin González; por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Buenaventura, en los expedientes T-222141,
T-222142 , T-222143, T-234261 cuyos peticionarios respectivamente
son Jenny Orobio Largacha, José Hernán Nieva, Eudoxio Alegría Ordóñez y Pablo
Castillo Aguilar; por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Buenaventura, en los
expedientes   T-219113, T-232819, T-234183 cuyos
accionantes son María Francelina Medina Murillo y Orlando Alfonso Criollo,
Hipólito Salazar Cárdenas y Dolores Valencia de Gamboa; por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Buenaventura, en el expediente T-231918,
peticionaria: Cira María Orobio; por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Buenaventura, expediente T-224018 cuyo demandante es Vinicio Edmundo
Góngora; por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito,  en el expediente
T-229227, cuya demandante es Saturnina Asprilla.
En los casos de los
expedientes T-218281 y T-229574 se confirmarán las sentencias
proferidas por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Buenaventura y el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Buenaventura, respectivamente, en lo que tiene que
ver con la protección del derecho a la salud y seguridad social, y se REVOCAN
en todo lo demás.
En su lugar, CONCEDER
los amparos invocados. En consecuencia, ORDENAR al Alcalde del
Municipio de Buenaventura, si ya no lo hubiere hecho, proceda, dentro del mes
siguiente a la notificación del presente fallo, al pago de las sumas reclamadas
por los actores.
Si por la imprevisión
administrativa, no hubiere partida presupuestal disponible, el mismo término se
concede para que se inicien los trámites correspondientes, con miras a efectuar
las adiciones presupuestales que permitan el pago de lo adeudado y de los
salarios que se devenguen a partir de la notificación de este fallo.
Segundo. ORDENAR
al Alcalde de Buenaventura que en el término de treinta (30) días disponga los
recursos necesarios al Concejo Municipal , para que ésta puede cumplir con su
obligación de pagar los salarios insolutos.
Tercero: PREVENIR
al Municipio de Buenaventura - para que evite incurrir nuevamente en las
omisiones ilegítimas que originaron el presente proceso, so pena de las
sanciones legalmente correspondientes.
Cuarto. Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CARLOS
GAVIRIA DÍAZ     JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado Ponente                         Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS  MARTHA
V. SÁCHICA DE MONCALEANO
Magistrado                             Secretaria
General
[1] Sobre el pago oportuno de la remuneración consultar
Sentencias T-167 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-015 de 1995 M.P.
Hernando Herrera Vergara, T-063 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
T-146 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz,    T-437 de 1996 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, T-565 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-641 de 1996
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-006 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-081
de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria
Díaz, T-273 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-527 de 1997 M.P. Hernando
Herrera Vergara, T-529 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara,    T-012 de 1998
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2] En el mismo sentido, T-830  y T-680 de 1999