T-510-20
Sentencia
T-510/20
Referencia:
Expediente T-7.694.614
Acción
de tutela interpuesta por Rigoberto Nayaza Dovigama y Pablo Emilio Dovigama
Nayaza en contra de las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Embera
Chamí Unificado del Río San Juan y otros
Magistrado ponente
(e):
RICHARD S. RAMÍREZ
GRISALES
Bogotá D. C., once
(11) de diciembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular de las previstas por los artículos 86
y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
1.
Síntesis. Los accionantes, Rigoberto
Nayaza y Pablo Emilio Dovigama, son miembros del Resguardo Indígena Embera
Chamí Unificado del Río San Juan (en adelante, el Resguardo). El 15 de febrero
de 2018, fueron condenados por la Asamblea General y el Consejo de Justicia
Indígena del Resguardo a “30 años de reclusión”, por el homicidio de la
embera Diocelina Dovigama. Las autoridades tradicionales resolvieron que
los accionantes debían cumplir su pena en una cárcel del INPEC. En
consecuencia, los accionantes se encuentran recluidos en el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada (en adelante, EPAMS La
Dorada)[1].
2.
Los
accionantes interpusieron acción de tutela en contra de las autoridades
tradicionales del Resguardo y otros, por la presunta vulneración de sus derechos
al debido proceso, de defensa y de petición. De un lado, los accionantes
indicaron que, en el proceso de investigación y juzgamiento, las autoridades
tradicionales: (i) no adelantaron investigación
alguna, (ii) no les permitieron “defenderse”, (iii) impusieron una pena que no está prevista
en el reglamento interno de justicia de la comunidad y (iv) resolvieron que la pena debía
cumplirse en una cárcel del INPEC, que no en el Resguardo. De otro lado,
señalaron que las autoridades indígenas no han dado respuesta a las peticiones
que han presentado acerca de la revisión de sus casos. El Juzgado Único
Promiscuo Municipal de Mistrató y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de
Umbría negaron la acción de tutela.
I.
ANTECEDENTES
3.
Homicidio
de Diocelina Dovigama. La embera Diocelina Dovigama falleció el 3 de febrero de 2018[2],
en medio de una “riña”[3] entre varios miembros del
Resguardo. Al
respecto, Rigoberto Nayaza relató que, en medio de la riña,  fue atacado por “ocho
(8) [primos]”[4]. Estos últimos le “rompieron
[la] cabeza y [le] cortaron en [v]arias partes de [su]
cuerpo”[5]. Por su parte,
Pablo Emilio Dovigama señaló en la acción de tutela que “no estaba presente
cuando empezaron (…) la pelea como tal”[6],
pero que “estaba casi muy cerca del lugar”[7]
y que decidió dirigirse a “la casa de [su] primo” Rigoberto
Nayaza, dado que “se escuchaba mucha gritería de mujeres y niños”[8].
Al llegar, advirtió que estaba presente “toda la familia de [su] tía Diocelina
y a ella junto con sus hijos, y [que] estaban dando machetadas y
garrotes”[9] a Rigoberto
Nayaza. Pablo Emilio Dovigama también indicó en el escrito de tutela que, al
intervenir en la pelea, fue atacado “entre todos con machetes y garrotes”[10],
por lo que “[le] tocó utilizar [su] machete de trabajo”[11],
y que “la muerte de [su] tía Diocelina fue causad[a] por
las machetadas de [sus] manos”[12].
Así, expuso en la solicitud de amparo que “[es] el culpable”[13]
y que “[su] primo Rigoberto es inocente de los hechos en lo cual (sic)
él fue víctima de estos agresores”[14].
4.
Actuaciones
de la Policía Municipal de Mistrató. El 3 de febrero de 2018, aproximadamente
a las 6:00 pm, la Policía Municipal de Mistrató fue notificada de “una riña entre personas
indígenas”[15],
por lo que una patrulla se desplazó hacia la Finca San Miguel, vereda El
Terrero, en la zona rural de Mistrató. Según el reporte de la Policía, en el
lugar “[había] un
grupo de personas (…) que
se encontraban discutiendo y algunas lesionadas”[16].
Asimismo, había
“una señora de edad adulta [que] estaba ensangrentada tendida
en el piso inconsciente, con signos vitales muy débiles”[17].
Los presuntos “responsables
de las lesiones que presentaba la señora en hechos ocurridos segundos antes” eran “dos personas que [se] disponían a alejarse del sitio
de los hechos (…), uno señalado como Emilio (…) y el otro señalado como Rigoberto”[18], quien “se [encontraba] ensangrentado y aparentemente lesionado
con arma blanca”[19].
5.
Captura
de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama. En el escrito de tutela, Rigoberto Nayaza
indicó que, dado que se encontraba herido, “[su] esposa y [su] madre [lo trasladaron] al centro asistencial”[20] y que, “cuando [iban] por el camino, [encontraron] a tres miembros de la policía [que se] dirigían al lugar de la riña”[21]. Según su relato, los miembros de la
Policía se “sorprendieron
cuando [lo] vieron ensangrentado y [les] preguntaron qué [era] lo que estaba pasando”[22], respecto de lo cual “no [pudieron] dar la razón” y “siguieron [su] camino (…) hacia el pueblo en busca de los médicos”[23]. No obstante, “cuando los miembros de la Policía llegaron
al pueblo, ellos [lo]
capturaron y [lo] encerraron en un calabozo”[24] y “después de media hora (…) trajeron a [Pablo Emilio Dovigama] y lo encerraron [con él]” por “[asesinar] a una mujer [que] es de su familia”[25]. En contraste con lo manifestado por
Rigoberto Nayaza, y según los registros del libro de población y la minuta de
vigilancia, la Policía de Mistrató “[capturó a] los dos señalados”[26], y los trasladó “hacia la cabecera municipal
para la atención de los lesionados”[27]. Luego, “los capturados [fueron] trasladados a las instalaciones
del Hospital San Vicente de Paúl, para que les [realizaran] (…) valoración médica”[28].
6.
Otras
actuaciones de la Policía Judicial y legalización de la captura. La Policía Municipal de
Mistrató “[procedió a] la judicialización por el delito de homicidio [de] los ciudadanos detenidos,
dándole a conocer y entender sus derechos como personas capturadas”[29]. Las actuaciones iniciadas en contra de
Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama fueron comunicadas “al agente del Ministerio
Público (…), a la SIJIN del municipio de
Belén de Umbría, con el fin de realizar los actos urgentes, y a la Fiscalía URI
de Pereira”[30].
Al llegar a Mistrató, los funcionarios de la Policía Judicial de Belén de
Umbría “realizaron
los respectivos actos urgentes”[31], entre ellos, la “entrevista preliminar” a los señores José Vidal
Nayaza, Luis Carlos Nayaza y Aristídes Nayaza, quienes identificaron a
Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama como los responsables del homicidio de
Diocelina Dovigama[32]. Finalmente, los
accionantes fueron trasladados a la ciudad de Pereira, para adelantar la “legalización de la captura”. Sin embargo, los accionantes
“fueron dejados en libertad teniendo en
cuenta [su] fuero especial y poder
preferente, advirtiendo a los indiciados el riesgo a su integridad personal si
se [desplazaban]
al municipio de
Mistrató, teniendo en cuenta posibles retaliaciones por parte de familiares de
la occiso (sic)”[33].
7.
Actuaciones
del Cabildo Mayor en ejercicio de su jurisdicción indígena. De un lado, Rigoberto Nayaza[34]
y Pablo Emilio Dovigama[35] manifestaron que, tras
su llegada al Resguardo, el Cabildo les impuso la sanción de cepo y los condenó
por el homicidio de Diocelina Dovigama, sin adelantar investigación alguna. De otro lado, Arnoldo Siagama, consejero
de justicia del Resguardo al momento de la ocurrencia de los hechos, adujo que,
con el fin de recaudar pruebas dentro del proceso en contra de los accionantes,
adelantó dos “entrevistas”, a saber, (i) a Teresa Dovigama y (ii)
a los accionantes. En primer lugar, entrevistó a Teresa Dovigama, quien fue
testigo del homicidio y “[declaró] que Rigoberto había matado a Diocelina”[36] y que, cuando llegó Pablo Emilio Dovigama,
“acabaron de
matarla, entre los dos”[37]. En segundo lugar, en
compañía del otro consejero de justicia del Resguardo, Luis Carlos Arce,
entrevistó a los accionantes, quienes, tras negar su responsabilidad frente a
los hechos, finalmente manifestaron: “matamos nosotros, para qué vamos a negar
ya”[38]. Así, habida cuenta de que los presuntos
responsables confesaron su responsabilidad sobre los hechos, los consejeros de
justicia indicaron que “[concluyeron] la investigación porque ya no [había] con quién más investigar”[39].
8.
Condena
de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama. El 15 de febrero de 2018, la Asamblea
General del Resguardo se reunió “para abordar el terrible caso del homicidio y violencia
contra la mujer, cometido contra la embera wera Diocelina Dovigama”[40].
La Asamblea General informó que dicho homicidio “fue cometido por los indígenas embera
chamí, Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama”[41]. En esta reunión, la Asamblea General del Resguardo
resolvió condenar a los accionantes “según [sus] usos y costumbres, y amparados en el
reglamento interno”. La condena impuesta a los accionantes fue de “30 años de reclusión para cada
uno, sin rebaja de pena, por la manera cruel en que fue asesinada”[42]
la embera. De conformidad con el acta de
la reunión, la “sanción
se [dio] apoyados en los testimonios de
testigos que afirmaron que estos dos emberas son responsables del asesinato,
además que es respaldada por la información dada por la policía de Mistrató”[43]
acerca de “los
hechos ocurridos”. En dicha reunión, la Asamblea también
resolvió “entregar
a la justicia ordinaria a los sancionados, para que estos sujetos paguen su
pena en una cárcel de la región, porque en el resguardo no hay una estructura
reclusoria, ni la capacidad operativa para mantenerlos resguardados por tanto
tiempo”[44].
9.
Resolución
02 de 2018 del Resguardo Indígena Unificado Chamí sobre el Río San Juan. El 1 de marzo de 2018, de
conformidad con lo resuelto por la Asamblea General de la comunidad, el Cabildo
Mayor Indígena y el Consejo de Justicia Indígena propia del Resguardo
profirieron la Resolución 02 de 2018. Por medio de esta decisión, (i) fue oficializada la condena impuesta a Rigoberto
Nayaza y Pablo Emilio Dovigama, de “30 años de cárcel (…) [sin] rebaja, porque cometieron un
feminicidio, actuando atrozmente con alevosía y sevicia”[45],
y (ii) los accionantes fueron puestos
a disposición del INPEC, “(…), en calidad de patio prestado, para que (…) paguen su pena en una cárcel de la región”[46]. Por medio de la resolución, las
autoridades indígenas también señalaron que los accionantes “[seguían] estando bajo jurisdicción de la
justicia indígena”. Por tanto, el INPEC debía dar a los accionantes “un trato diferencial, en
calidad de indígenas, respetándoseles el uso de prácticas culturales
tradicionales embera”[47], y “[debía] permitir regularmente la
visita de los familiares y las autoridades indígenas”[48].
10.
Reclusión
de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama. El 14 de marzo de 2018, los accionantes
ingresaron al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de Pereira (en adelante, EPMSC Pereira). No obstante, el 28 de junio de 2018[49]
fueron trasladados al EPAMS La Dorada[50], donde se encuentran
recluidos actualmente. De conformidad con las hojas de vida del INPEC, los
accionantes fueron condenados por el delito de “feminicidio”, por parte de las autoridades del
Resguardo, de conformidad con la Resolución 02 de 2018, y se encuentran en la
etapa de ejecución de la pena[51].
11.
Solicitud
de tutela. El
18 de julio de 2019, Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama interpusieron
acción de tutela en contra de (i)
las autoridades tradicionales del Resguardo, (ii) William de Jesús Nayaza Enevia, consejero
mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda (en adelante, CRIR), y (iii) Nelson Siagama, gobernador
mayor del Resguardo[52]. Los accionantes
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y de petición. De un lado, señalaron que, en el proceso de
investigación y juzgamiento, los sujetos accionados: (i) no adelantaron investigación alguna, (ii) no les permitieron “defenderse”, (iii) impusieron una pena que no está prevista
en el reglamento interno de justicia de la comunidad y (iv) resolvieron que la pena debía
cumplirse en una cárcel del INPEC, que no en el Resguardo. De otro lado,
manifestaron que las autoridades indígenas (v) no han dado respuesta a
las peticiones que han presentado “en varias ocasiones”[53]
acerca de la revisión de sus casos. En particular, los accionantes señalaron lo
siguiente:
(i)
Los
sujetos accionados no adelantaron investigación alguna. Según los accionantes, “las autoridades tradicionales
no tuvieron en cuenta los principios de seguimiento en los procesos penales”[54], según los cuales debían “investigar los hechos y así hallar unas
pruebas contundentes, como materiales o elementos que haya usado en el momento
de los hechos”[55]
o buscar “testigos
para fundamentar en los procesos de investigación en contra del individuo”[56]. Por el contrario, las autoridades los “condenaron sin investigación de
los hechos y [los] encerraron quince (15) días en
el cepo”[57].
(ii)
Los
sujetos accionados no les permitieron defenderse durante el proceso de
investigación y juzgamiento. Los accionantes mencionaron que las autoridades tradicionales no
les permitieron conocer y controvertir las pruebas en su contra, así como
tampoco les “deja[ron] participar en el momento del juicio
condenatorio”[58]. Para los accionantes,
esto implicó un desconocimiento de las “normas de la comunidad”[59],
porque fue desconocido su derecho a “escuchar, defenderse y lograr definir
su situación, dentro de unas reglas de juego claras, transparentes e
imparciales”[60].
(iii)      Los sujetos accionados
impusieron una pena que no está prevista en el reglamento interno de justicia
de la comunidad.
Según los accionantes, la pena impuesta por las autoridades tradicionales es “ilegítima”,  en tanto ella no está
prevista en las normas de la comunidad. En efecto, el “artículo 44 del Estatuto
Indígena de Mistrató (R) señala (…) [que] cuando un indígena [cometa] un
delito de homicidio, por primera vez, será condenado a una pena de cinco (5)
años si lo hiciere por segunda vez, se aumentará cinco (5) años de más, para un
total de diez (10) años; y su pena se cumplirá en trabajo y rotando en cada
vereda dentro de su ámbito territorial”[61].
Así, “de ninguna manera señala este artículo una pena máxima de
30 años de prisión”[62], por lo que la
decisión adoptada por las autoridades indígenas fue “ilegítima”.
Finalmente, señalaron que la “ley propia, ley natural (…)
no conoce el delito de feminicidio como tal”[63].
De ahí que las autoridades indígenas del Resguardo desconocieron la importancia
de “las normas establecida[s] y formada[s] por la Asamblea de
la Comunidad Indígena”[64].
(iv)       Los sujetos accionados
resolvieron que la pena debía cumplirse en una cárcel del  INPEC, que no en el
Resguardo.
Según los accionantes, “el cabildo mayor (…) tomó su propia decisión y a su propia conciencia [los] condenó y [entregó] a la mano del INPEC”[65]. De esta manera, las autoridades del
Resguardo desconocieron que los “miembros de comunidades indígenas no deben cumplir penas en
establecimientos ordinarios de reclusión ya que la mayoría de costumbres
indígenas no conciben la pena de encarcelamiento como forma de sanción”[66].
(v)
Los
sujetos accionados no han dado respuesta a las solicitudes que han presentado
en varias ocasiones. Los accionantes allegaron copia de dos derechos de petición, ambos
de 12 de mayo de 2019, dirigidos a William Nayaza y Nelson Siagama[67].
Mediante estas peticiones, los accionantes solicitaron la “revisión de [sus] procesos y que [los] retornen a la comunidad”. No obstante, los accionantes no
presentaron la constancia de envío y recepción de dichos documentos por parte
de los destinatarios.
12.
En
consecuencia, los accionantes solicitaron que los sujetos accionados: (i) “[les] permitan conocer [sus] procesos y defender[se]”[68]
de las acusaciones en su contra; (ii) “en
[sus] procesos, surtan todos [los] argumentos de pruebas
contundentes como elementos de probatorios y que [los] juzguen conforme a la ley establecida en
el estatuto indígena del gran resguardo indígena unificado sobre el río San
Juan”[69],
así como (iii) “[los] retornen a la comunidad como
es debido y que [les] permitan contemplar la
jurisdicción especial indígena dentro del ámbito territorial ancestral como
derecho fundamental para no desculturización”[70].
13.
Admisión
de la acción de tutela, práctica de pruebas y vinculaciones. El 31 de julio de 2019, el
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató admitió la acción de tutela[71].
Asimismo, mediante providencias del 31 de julio, 12  y 13 de agosto de 2019, el
juez decretó la práctica de pruebas[72], y vinculó al
proceso a (i) el CRIR, (ii) el Consejo de Justicia
Indígena de Mistrató, (iii) Alberto Wazorna, exgobernador mayor del Resguardo; (iv) Luis Carlos Arce, consejero de
justicia del Resguardo; (v)
Arnoldo Siagama, consejero de justicia del Resguardo; (vi) la Dirección General del
INPEC, (vii) la Dirección Regional Viejo
Caldas del INPEC y (viii) el EPAMS La Dorada.
14.
Contestaciones
a la solicitud de tutela. Durante el trámite de primera instancia, solo se recibieron las
respuestas del CRIR, Nelson Siagama, Alberto Wazorna, la Dirección Regional
Viejo Caldas del INPEC y el EPAMS La Dorada. Los otros sujetos vinculados no se
pronunciaron al respecto.
14.1.    CRIR. El 5 de agosto de 2019,
William de Jesús Nayaza Enevia, en calidad de representante del CRIR, solicitó su desvinculación del trámite de
tutela por falta de legitimación por pasiva. Señaló que el CRIR “no violó derecho fundamental
alguno” de los
accionantes. Esto, por cuanto el CRIR “no tiene como competencia la
administración de justicia”. Esto es competencia y “responsabilidad única y exclusiva de
la Autoridad Mayor del Resguardo Unificado Embera Chamí de Mistrató, Risaralda”.
14.2.    Nelson Siagama. El 5 de agosto de 2019, el
gobernador mayor del Resguardo señaló que Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama
“fueron los culpables de la muerte de la señora Diocelina Dovigama”[73].
En relación con el proceso adelantado en contra de los accionantes, indicó que (i)
“cuando se dieron las versiones al Consejo de Justicia Indígena convocó [a]
los guardias indígenas y se dio la orden de captura para actuar de acuerdo a
la justicia”; (ii) los accionantes “pagaron en el cepo 36 horas y
los guardias indígenas los estaban protegiendo”[74];
(iii) “como no [tienen] la seguridad de casa por cárcel, y para
protegerlos, la comunidad replanteó crear Comité de Justicia Indígena para
hacer convenio con el Inpec [y] entregar a los internos para que se
pague la condena por 30 años en la cárcel”[75]. Esta decisión, según indicó, “fue
aprobad[a] en la Asamblea General donde participaron 1600 personas y es
válido, la aprobación”[76]. Asimismo, el gobernador mayor allegó copia
del nuevo Reglamento Interno de Justicia del Resguardo, expedido el 6 de julio
de 2018. Dicho reglamento prevé como “faltas graves” el homicidio, y
dispone que al “embera que (…) comete un homicidio de manera cruel y
alevosa, se le sancionará con treinta (30) años de trabajo forzado, sin rebaja
de pena”. Este reglamento tampoco tipifica el delito de feminicidio. Ahora
bien, el gobernador mayor no allegó copia de las actuaciones de investigación y
juzgamiento adelantadas en contra de los accionantes.
14.3.    Alberto Wazorna. El 13 de agosto de 2019,
Alberto Wazorna[77] señaló que “la condena [de] los accionantes se hizo en base
a (sic) la ley de origen, el derecho
mayor y el derecho propio”[78], de conformidad con la
Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y las leyes 89 de 1890 y  21
de 1991. Además, adujo que “las condenas [no] se hacen de manera individual sino [que] la decisión
[es] tomada a través de una Asamblea General” [79].
Finalmente, señaló que la condena “se [impuso] a través de un
profundo análisis del delito, circunstancia de violación del derecho que
tenemos como seres humanos y de la magnitud del daño causado a la víctima y por
medio de la Resolución No 02 del 1° de marzo de 2018”[80].
14.4.    Dirección Regional Viejo Caldas
del INPEC. El
13 de agosto de 2019, la directora regional del INPEC Viejo Caldas solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva[81].
Al respecto, señaló que no tiene competencia para ordenar el traslado de los
accionantes al Resguardo o a cualquier otro establecimiento penitenciario y
carcelario del INPEC. De un lado, manifestó que en este caso corresponde a las
autoridades indígenas “determinar que los accionantes sean enviados a los resguardos que
ellos mismos indican, porque pertenecen a una jurisdicción especial y el [INPEC] debe acatar la orden que sea
impartida”[82].
Esto, por cuanto “las autoridades indígenas son las que solicitan la reclusión de
los individuos en establecimiento penitenciario”[83]. De otro lado, indicó que “la única autoridad legalmente
instituida para ordenar traslados de personal interno es el Director General
del INPEC”[84],
por lo que “las
Direcciones Regionales (…) no tienen competencia para ordenar (…) traslados de personal interno”[85].
14.5.    EPAMS La Dorada. El 15 de agosto de 2019, el
director del EPAMS La Dorada solicitó negar las pretensiones de la tutela o, en
su defecto, desvincular al establecimiento del proceso de tutela. Esto, por
cuanto “no ha
existido la vulneración a los derechos fundamentales [de los accionantes]”[86]
“por parte de
esta penitenciaria”. Además, adjuntó como prueba la cartilla biográfica de los
accionantes y la documentación del expediente físico de su hoja de vida.
15.
Sentencia
de tutela de primera instancia. El 15 de agosto de 2019, el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Mistrató negó el amparo solicitado por los accionantes. Asimismo,
ordenó desvincular del proceso a la Dirección General del INPEC, a la Dirección
Regional Viejo Caldas del INPEC y al EPAMS La Dorada. En lo referido al derecho al debido
proceso de los accionantes, concluyó que no hubo vulneración alguna, en tanto (i) los hechos fueron investigados “según la costumbre de la
comunidad indígena, para quien la prueba de confesión es determinante para
establecer la responsabilidad de los autores”[87];
(ii) los accionantes “confesaron su crimen” y hubo “por lo menos un testimonio que incriminaba
a los accionantes”[88]; (iii) se impuso una sanción
“[equivalente] a
las penas previstas para la misma conducta en la legislación nacional”; (iv) la sanción impuesta “no es de aquellas proscritas
por [la] Constitución” y (v) la “reclusión de los accionantes en un
establecimiento penitenciario del INPEC está justificada por las razones
expuestas por la comunidad, consignadas en el acta del 15 de febrero de 2018”[89]
y en la Resolución 02 de 1 de marzo de 2018. En lo referido al supuesto
desconocimiento del derecho de petición de los accionantes, concluyó que no
había “prueba
de la presentación del derecho de petición a las autoridades indígenas
demandadas”[90], por lo que “no se ha vulnerado el derecho fundamental
de petición”[91]. Esto, habida cuenta de que “no puede exigírsele a alguien
responder algo de lo cual no se conoce su contenido, por no habérsele entregado”[92].
16.
Impugnación. El 26 de agosto de 2019, los
accionantes impugnaron la decisión de primera instancia. Los accionantes
expusieron los siguientes cuatro argumentos. Primero, las normas de la
comunidad no prevén el feminicidio. En efecto, “[de] feminicidio se habla en la Ley 1761 de
2015, y nunca dentro de [su]
comunidad”[93],
por lo que, si bien los accionantes “[cometieron] un error”, esto no tenía relación alguna “con el hecho de ser mujer”[94],
“como lo están haciendo ver las autoridades”[95]. Segundo, “hubo la violación del principio de
contradicción”[96],
dado que “si
bien es cierto que acepta[ron] cargos, desde ese mismo momento no tuvi[eron] defensor (…) no se habló jamás de
quién defendió [su] causa”[97]. Tercero, la norma de la
comunidad “nunca habla de prisión y sobre todo de prisión intramural, y con
la justicia ordinaria”[98]. Cuarto, en relación con
el derecho de petición, indicaron que el juez concluyó que “nunca
[enviaron] estos derechos de petición”[99],
pese a que “la buena fe se presume, la mala se prueba, no [están]
mintiendo”.
17.
Sentencia
de tutela de segunda instancia. El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Belén de Umbría confirmó la decisión de primera instancia. El
Juzgado consideró que los sujetos accionados no vulneraron el derecho al debido
proceso de los accionantes. Al respecto, señaló que la “asamblea (…) era el máximo órgano comunal,
administrativo y judicial de esa comunidad”, la cual juzgó a los accionantes “de manera aborigen, fijando
conductas, responsabilidades por confesión, penas y aun solicitando el
cumplimiento de la misma en ‘patio prestado’ por el INPEC”[100]. Además, en lo referido al derecho de
petición, advirtió que “el tratamiento a los derechos de petición por la recurrida en la
denegación del amparo”[101] fue acertada.
18.
Actuaciones
en sede en revisión. El 26 de noviembre de 2019, la Sala de Selección de Tutelas
Número Once seleccionó el expediente T-7.694.614 para revisión[102],
y lo repartió a la Sala Primera de Revisión. El 3 de marzo de 2020, la Sala
Primera de Revisión decretó la práctica de pruebas[103],
así como la suspensión de términos dentro del proceso.
19.
Pruebas
recaudadas. En
cumplimiento de lo ordenado mediante el auto de pruebas de 3 de marzo de 2020,
a este proceso fueron allegadas las pruebas comisionadas a (i) el
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató y (ii) la Personería
Municipal de La Dorada. Asimismo, fueron allegados los informes solicitados a (iii)
la Alcaldía de Mistrató, (iv) el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (en adelante, ICANH), (v) el Ministerio del Interior, (vi)
la Fiscalía General de la Nación, (vii) el EPAMS La Dorada, (viii)
el EPAMS Pereira y (ix) la Policía Municipal de Mistrató. La Sala
Primera de Revisión también ordenó a las autoridades indígenas que remitieran
copia de todas las actuaciones adelantadas en el marco del proceso de
investigación y juzgamiento sub examine. Sin embargo, estas no
remitieron las pruebas solicitadas.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Objeto, problemas
jurídicos y metodología de la decisión
20.
Objeto
de la decisión.
La Sala Primera de Revisión advierte que la solicitud de tutela sub examine versa
sobre la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y de petición
de los accionantes. De un lado, los accionantes cuestionaron algunas
irregularidades en el proceso de investigación y juzgamiento adelantado por las
autoridades del Resguardo en relación con el homicidio de Diocelina Dovigama.
En particular, manifestaron que dichas autoridades (i) no adelantaron
investigación alguna, (ii) no les permitieron “defenderse”, (iii)
impusieron una pena que no está prevista por “las normas de la comunidad”
y (iv) resolvieron que la pena debía cumplirse en una cárcel del INPEC.
De otro lado, los accionantes indicaron que las autoridades del Resguardo
vulneraron su derecho de petición, porque que estas no han dado respuesta a las
solicitudes que han presentado “en varias ocasiones” acerca de la
revisión de sus casos.
21.
Problemas
jurídicos. De
conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:
(i)
¿La solicitud de
tutela sub examine cumple los requisitos de procedibilidad?
(ii)      ¿Las autoridades tradicionales del
Resguardo vulneraron el derecho al debido proceso de los accionantes, por incurrir
en las irregularidades alegadas durante el proceso de investigación y
juzgamiento sub examine?
(iii)   ¿Las autoridades del resguardo vulneraron
el derecho de petición de los accionantes, por cuanto, según los actores, no
han dado respuesta a sus peticiones?
22.
Metodología
de la decisión.
Para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala Primera de
Revisión seguirá la siguiente metodología. Primero, expondrá la jurisprudencia
constitucional sobre el derecho al debido proceso como límite al ejercicio de
la Jurisdicción Especial Indígena. Segundo, analizará el alcance de la
presunción de veracidad. Por último, resolverá el caso concreto.
2.
Derecho al
debido proceso. Límite al ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena
23.
El artículo
246 de la Constitución Política reconoce a los pueblos indígenas el ejercicio de “funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la República”[104]. Este reconocimiento se funda en el respeto y protección a la
diversidad étnica y cultural[105]. En efecto, “del
reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural se desprende el
derecho de los miembros de una comunidad indígena a ser juzgados por esta al
igual que el correlativo derecho colectivo de la comunidad a juzgar a sus
miembros y a resolver controversias de acuerdo con sus tradiciones”[106].
El Convenio 169 de la OIT también reconoce que los Estados deberán respetar “los
métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la
represión de los delitos cometidos por sus miembros”, “en la medida en
que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos”.
24.
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que el ejercicio de esta competencia
tiene “cuatro elementos centrales”[107].
Estos son: (i) “la posibilidad de que existan autoridades judiciales
propias de los pueblos indígenas”, (ii) “la potestad de estos de
establecer normas y procedimientos propios”, (iii) “la sujeción
de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la ley”, así como (iv)
“la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional”[108].
Los dos primeros elementos comprenden el ámbito de autonomía “otorgado a las
comunidades indígenas”[109]. Dicha autonomía “se
extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también legislativo”[110],
por cuanto prevé la posibilidad de que las comunidades indígenas definan sus “normas
y procedimientos” [111], así como “las
conductas sancionables o punibles”[112],
“la sanción”[113] y “la autoridad
competente para imponerla”[114]. Los últimos dos
elementos “constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos
jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional”[115].
25.
El
ejercicio de la jurisdicción indígena está sometido a determinados límites “específicos”[116].
Estos límites se fundan en los principios de “primacía de los derechos
fundamentales”[117] y de interdicción de la
arbitrariedad[118]. Así, las restricciones
y límites a la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas son: (i)
“el núcleo de derechos intangibles”[119],
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos
humanos, y (ii) los demás derechos fundamentales. Respecto de los
derechos intangibles, esta Corte ha sostenido que estos constituyen un “límite
absoluto que trasciende cualquier ámbito autonómico de las autoridades
indígenas”[120]. En su jurisprudencia
inicial, la Corte sostuvo que “este núcleo de derechos intangibles incluiría
solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la
prohibición de la tortura”[121]. No obstante, ha
reconocido otras garantías “que marcan un límite claro del fuerte vínculo
que liga a las comunidades indígenas con sus integrantes”, tales como la
prohibición de imponer penas de destierro, prisión perpetua y confiscación[122].
26.
Respecto de
los demás derechos fundamentales, la Corte ha resaltado que estos deben “mantenerse
a salvo de actuaciones arbitrarias”[123].
Esto implica que las decisiones judiciales de las comunidades indígenas deben
ser razonables y proporcionadas. Por tanto, la validez constitucional de la
actuación de las autoridades indígenas debe “establecerse a través de un
ejercicio de ponderación en cada caso concreto”[124]
y en consideración del “contexto cultural específico”[125].
En todo caso, cuando se trate de asuntos internos, “los derechos de la
comunidad gozan de un peso mayor, prima facie, en virtud del principio de
‘maximización de la autonomía’”[126], de tal suerte que las
restricciones a la autonomía deben referirse a “lo que verdaderamente
resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre”[127].
En este segundo grupo de derechos se encuentra el derecho al debido proceso y
las demás garantías constitucionales que derivan de él[128].
27.
La Corte
Constitucional ha señalado, de forma reiterada, que el “derecho fundamental
al debido proceso constituye un límite jurídico-material de la jurisdicción
especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas”[129].
Si bien las autoridades indígenas pueden aplicar sus “normas y
procedimientos”[130], dichas facultades
deben respetar el “mínimo de garantías constitucionales”[131]
previstas por el artículo 29 de la Constitución Política. Las “reglas
mínimas”[132] del debido proceso son:
(i) el principio de juez natural[133],
(ii) la presunción de inocencia[134],
(iii) el derecho de defensa[135], (iv) la
prohibición de la responsabilidad objetiva y el principio de culpabilidad
individual[136], (v) el
principio de non bis in idem[137], (vi) la no
obligatoriedad de la segunda instancia[138],
(vii) la razonabilidad y proporcionalidad de las penas[139]
y (viii) el principio de legalidad de los procedimientos, los
delitos y las penas[140]. Al respecto, esta
Corte ha señalado lo siguiente:
28.
Principio
de juez natural.
La Constitución reconoce a los individuos “un derecho personal al juez
natural”[141]. Esto comprende el
derecho a ser juzgado por un juez competente. En el caso de las comunidades
indígenas, esto implica el reconocimiento del “fuero indígena”[142],
entendido como “el derecho de los miembros de las comunidades indígenas, por
el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados por las autoridades
indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos”[143].
La configuración del fuero indígena debe ser analizada a partir de cuatro
elementos definidos por la jurisprudencia constitucional, a saber: (i)
subjetivo o personal, (ii) objetivo, (iii) territorial o
geográfico y (iv) institucional[144].
La competencia de la Jurisdicción Especial Indígena se activa cuando se reúnan
los elementos del fuero indígena, según las particularidades de cada caso
concreto. Por el contrario, cuando el sujeto procesado no reúna tales elementos
que acreditan el fuero, la Jurisdicción Ordinaria se constituye en el juez
natural competente.
29.
Presunción
de inocencia. Las
autoridades indígenas “deben respetar la presunción de inocencia
constitucional que ampara a los acusados”[145].
Esto implica que la responsabilidad individual debe ser probada mediante “los
elementos materiales probatorios que las autoridades indígenas consideren
relevantes y suficientes”[146]. Por tanto, no son
admisibles decisiones arbitrarias, adoptadas “sin un mínimo respaldo en
evidencias que acreditan la responsabilidad individual”[147].
30.
Derecho
de defensa. Las
autoridades indígenas deben respetar el derecho de defensa de los individuos.
Esta garantía conlleva “el derecho [del procesado] a intervenir en el
curso del proceso en defensa de sus intereses”[148],
a conocer y controvertir los “cargos”[149]
en su contra, así como a “aporta[r] las pruebas que consider[e] pertinentes,
controvirtiendo las que aporte su contraparte”[150].
En atención a las particularidades de las comunidades, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la posibilidad de que la defensa pueda ser
ejercida por los mismos procesados o por sus familias, que no necesariamente
mediante abogado[151].
31.
Prohibición
de la responsabilidad objetiva y principio de culpabilidad individual. Las autoridades indígenas
deben imponer penas fundadas en la responsabilidad individual o culpabilidad
del procesado[152]. Está proscrita la
responsabilidad objetiva[153].
32.
Principio
de non bis in ídem. Las autoridades indígenas deben abstenerse de sancionar dos
veces a una persona por un mismo hecho[154].
En algunos casos, la Corte ha reconocido la posibilidad de que las autoridades
indígenas impongan diferentes tipos de penas o “castigos” respecto de
una misma conducta, siempre que estas cumplan distintas finalidades[155].
Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la pena del fuete, que es una sanción “de
orden moral”[156], que busca “‘purificar
al individuo’ y (…) ‘devolver la armonía’ a la comunidad”[157],
y la pena de prisión, que es de tipo jurídico, y sanciona conductas más “graves”[158].
En todo caso, no corresponde al juez constitucional evaluar la validez de las
penas corporales impuestas de conformidad con el derecho propio[159].
La imposición de este tipo de penas “constituye una facultad
constitucionalmente protegida que ejercen las autoridades de la jurisdicción
especial indígena”[160]. Por lo demás, este
principio también conlleva la prohibición de que las autoridades ordinarias
juzguen a los miembros de comunidades indígenas respecto de conductas por las
que fueron sancionados previamente por las autoridades indígenas[161].
33.
No
obligatoriedad de la segunda instancia. La segunda instancia “no es
obligatoria”[162] en los procesos que
adelanten las autoridades indígenas. Esto, por cuanto, “en el marco de los
procedimientos ancestrales indígenas, existen autoridades cuyo rango
sociocultural excluye la impugnación de sus decisiones”[163].
34.
Razonabilidad
y proporcionalidad de las penas. Las autoridades indígenas “no pueden imponer sanciones
o penas que resulten desproporcionadas ni irrazonables”[164].
Al respecto, la Corte ha sostenido que “no son aceptables desde la perspectiva
constitucional, aquellas sanciones que impliquen un ‘castigo desproporcionado e
inútil’ o impliquen graves daños físicos o mentales”[165].
La determinación de la razonabilidad y proporcionalidad de las penas “solo
puede hacerse a la luz de las circunstancias del caso concreto (duración de la
pena, efectos en la integridad física o mental del condenado, el sexo, la edad,
las condiciones de salud, el contexto socio-político, etc.)”[166].
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que constituyen penas
desproporcionadas aquellas
que “trasciendan a la persona del infractor, que afecten su mínimo vital,
que sean irredimibles, o que impliquen un cercenamiento cultural”[167].
35.
Principio
de legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas. Las autoridades indígenas
deben llevar acabo el juzgamiento de sus miembros “conforme a las ‘normas y
procedimientos’ de la comunidad indígena, lo que presupone la existencia de las
mismas con anterioridad al juzgamiento de las conductas”[168].
Sin embargo, la Corte ha sostenido que “no puede exigírsele al derecho
propio de las comunidades estructurarse igual que el derecho nacional en
términos de las exigencias de los principios de tipicidad, legalidad del
procedimiento y la sanción”[169]. Esto,
por cuanto el derecho propio debe entenderse “como un sistema jurídico particular e
independiente, no como una forma incipiente de derecho occidental o mayoritario”[170].
En efecto, el derecho propio de las comunidades indígenas se caracteriza por la
“oralidad”[171] y “vocación comunitaria”[172]
para “asumir el manejo de sus asuntos, extender y reafirmar sus prácticas de
control social y avanzar en la definición de su propio sistema jurídico, como
manera de afirmación de su identidad”[173].
35.1.    En tales términos, en los
procesos adelantados ante la Jurisdicción Especial Indígena, el principio de
legalidad implica una exigencia de “predecibilidad o previsibilidad”[174]
de las actuaciones de las autoridades tradicionales. La predecibilidad o
previsibilidad supone “la existencia de precedentes que permitan establecer,
dentro de ciertos márgenes, qué conductas se consideran ilícitas, cuáles son
los procedimientos para el juzgamiento, y cuál el tipo y el rango de las
sanciones”[175], según “la organización social,
política y jurídica de la comunidad de que se trate”[176].
Este estándar armoniza la protección de la diversidad étnica y cultural con las
exigencias del principio de legalidad, por dos razones. De un lado, este
estándar reconoce el carácter “dinámico”[177]
del derecho propio, con el fin de evitar “volver completamente estáticas las
normas tradicionales”[178]. De otro lado, este
estándar no habilita ejercicios arbitrarios en esta jurisdicción
especial[179]. Las autoridades
tradicionales están obligadas “a actuar conforme lo han hecho en el pasado,
con fundamento en las tradiciones que sirven de sustento a la cohesión social”[180].
35.2.    La previsibilidad, en estos
casos, deberá evaluarse con base en cuatro elementos definidos en la sentencia
T-552 de 2003, a saber:
Elementos del principio de legalidad
Elementos para analizar la
previsibilidad de las actuaciones de la justicia indígena
Orgánico
El juzgamiento fue adelantado por una “autoridad
previamente constituida”.
Procesal
El juzgamiento fue adelantado “conforme a prácticas
tradicionales que garanticen el derecho de defensa”.
Sustantivo
La ilicitud de la conducta está definida
por “criterios tradicionales generalmente aceptados” por la comunidad.
Razonabilidad y proporcionalidad de la
pena
La pena debe ser “comparable”.
Esta no puede “resultar contraria a la garantía de los derechos
fundamentales que como un mínimo común se aplican a todos los colombianos”,
dentro de “los límites de lo interculturalmente tolerable”.
35.3.    Al respecto, es necesario
precisar el alcance de: (i) el elemento procesal y (ii) la
razonabilidad y proporcionalidad de la pena. Primero, las autoridades
tradicionales deben garantizar la “legalidad del procedimiento”[181].
Esto tiene dos implicaciones. La primera se refiere al uso de las sanciones
corporales durante el proceso de investigación. A pesar de que la
jurisprudencia constitucional “ha considerado admisible que, en ejercicio de
la jurisdicción indígena, se impongan sanciones que impliquen cierto grado de
afectación física como el cepo y el fuete”[182],
estas “prácticas no puede[n] ser utilizadas como parte de la
investigación”[183]. Esto, por cuanto ello
“podría direccionar [la investigación] en un sentido específico, lo
que afectaría la legalidad del procedimiento”[184].
Por lo demás, la imposición de este tipo de sanciones durante el procedimiento
de investigación y juzgamiento debe garantizar el derecho de defensa y la
dignidad del procesado. La segunda se refiere al deber de “coherencia”[185]
o congruencia en el procedimiento de investigación y juzgamiento. La acusación
o cargo en contra del comunero debe ser congruente con la pena impuesta. Solo
así se garantiza el derecho de defensa del procesado y que “la decisión final
[no lo] tom[e] por sorpresa”[186].
Este deber debe garantizarse en mayor medida en los procesos penales.
35.4.    Segundo, tal como se señaló en
el párr. 34, las autoridades indígenas no pueden imponer sanciones o
penas que resulten desproporcionadas ni irrazonables”[187].
Para evaluar la razonabilidad y proporcionalidad a la luz del principio de
legalidad, el juez constitucional debe tener en cuenta dos elementos. Estos
son: (i) el quantum y (ii) el tipo de pena. De un lado, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la “duración de la sanción
puede ser objeto de modificaciones, según las costumbres de la comunidad”[188].
Sin embargo, las modificaciones del quantum punitivo también deben satisfacer
el estándar de previsibilidad. Esto, con el fin de que los “asociados tengan
un mínimo de certeza respecto de la actuación de las autoridades”[189]
y del “rango de las sanciones” [190] que estas pueden
imponer a sus miembros. De lo contrario, la autonomía de las comunidades
indígenas implicaría la inaplicación del principio de legalidad de las penas,
lo que podría dar lugar a ejercicios jurisdiccionales arbitrarios. Esto podría
“deslegitimar la propia jurisdicción ante la misma comunidad que
inicialmente la reclamaba y en cuyo beneficio se reconoció”[191].
Por tanto, el juez debe analizar la razonabilidad y proporcionalidad de las
modificaciones del quantum según las particularidades de cada caso
concreto.
35.5.    De otro lado, la razonabilidad
y proporcionalidad de las penas implica analizar el “tipo de pena”[192]
impuesta. Las penas pueden ser “abiertas y cerradas”[193].
Las penas abiertas “son aquellas que contemplan mecanismos para su
redención, pero en las cerradas no procede ningún beneficio”[194].
Si bien las autoridades indígenas pueden imponer “penas cerradas que no
contemplen la posibilidad de redención”[195],
la sanción debe ser razonable y proporcionada en cada caso concreto. Para
efectuar dicho análisis, el juez debe considerar que la redención de la pena “es
un elemento importante en la etapa de ejecución de la pena privativa de la libertad en un
sistema que privilegia como fin la resocialización de los internos”[196].
En efecto, la redención de la pena “no apunta únicamente a brindar la
esperanza del interno de reducir el tiempo de su reclusión, sino también a la
posibilidad de garantizarle que el cumplimiento de la condena se realizará dentro de los límites de
la dignidad humana”[197]. En la sentencia T-208
de 2015, la Sala Quinta de Revisión analizó la razonabilidad y proporcionalidad
de una pena cerrada impuesta a un miembro de una comunidad indígena de
Risaralda. En este caso, la Corte concluyó que “la imposición de una pena de sesenta años a
una persona de 37 años de edad”[198], “en un
establecimiento penitenciario ordinario”[199],
que excluyó “de
entrada la posibilidad de redimir una parte de la pena, atenta de manera grave
contra la dignidad de la persona humana”[200]. Esta sanción constituyó una
pena desproporcionada, que desconoció el derecho del comunero “a la
integridad cultural”[201].
35.6.    En la sentencia T-349 de 1996,
la Sala Cuarta de Revisión estudió el alcance del principio de previsibilidad
de las penas en relación con el proceso de juzgamiento adelantado por una
comunidad embera chamí, de Risaralda, en contra de uno de sus miembros. En este
caso, la Asamblea General de la comunidad condenó al accionante a “20 de
años de cárcel”, por el homicidio de otro comunero, a pesar de que “tradicionalmente”
dicho delito era sancionado con una pena de “tres años de trabajo forzado y
cepo”. La comunidad alegó que el aumento de la pena estuvo justificado en “la
calidad de la víctima”, “los antecedentes de ‘rebeldía’ del actor”,
“asegurar que la conducta no quedaría impune” y “evitar un
enfrentamiento violento entre las familias involucradas en el conflicto”.
Sin embargo, para la Corte, la sanción impuesta desconoció el principio de
previsibilidad de las penas y, por tanto, el derecho al debido proceso del
accionante. Esto, por cuanto la comunidad actuó “por fuera de [lo] que
era previsible para el actor, al imponer una sanción completamente extraña a su
ordenamiento jurídico: una pena privativa de la libertad que debía cumplir en
una cárcel ‘blanca’ (…), particularmente, porque la comunidad
embera-chamí sí tiene definido un tipo de pena para cada conducta que
desvaloriza, al contrario de otras comunidades en las que solo está definido el
mecanismo por el cual va a llegar a definirse el castigo”. Por tanto, la
Corte amparó el derecho al debido proceso del accionante, y dejó sin efectos la
decisión adoptada por la Asamblea General, con la posibilidad de que esta
pudiese juzgar nuevamente al accionante.
35.7.    Asimismo, en la sentencia T-098
de 2014, la Sala Novena de Revisión analizó el alcance del principio de
previsibilidad de las penas, por la presunta vulneración del deber de
coherencia en el procedimiento. En este caso, la Sala revisó una sanción de
despido impuesta por los mamos a una funcionaria de la IPS indígena
Wintukwa. Las autoridades tradicionales iniciaron un proceso disciplinario en
contra de la accionante por “la falta injustificada al trabajo como
coordinadora, y, sin embargo, el resultado fue la terminación del contrato por
el incumplimiento de la obligación de saneamiento espiritual”. Esto tuvo
por consecuencia que la accionante no “contó con la oportunidad de
‘presentar descargos’” sobre dichas acusaciones, “tampoco se
defendió de estas y la decisión final la tomó por sorpresa”. Por
tanto, la Sala Novena de Revisión determinó que los mamos vulneraron el
derecho al debido proceso de la accionante, al desconocer el principio de
previsibilidad. En efecto, “la decisión de terminar el contrato por una
conducta completamente distinta a la analizada en el proceso (…)
desconocen el mínimo de previsibilidad que exigen las decisiones adoptadas por
los indígenas en virtud de la autonomía jurisdiccional”. En consecuencia,
la Sala amparó los derechos de la accionante, dejó sin efectos el proceso
disciplinario, y solicitó a las autoridades indígenas que revisaran el proceso
adelantado en contra de la accionante.
36.
Imposición
de penas privativas de la libertad en cárceles ordinarias. La Corte también ha
reconocido que las autoridades indígenas pueden imponer penas privativas de la
libertad en establecimientos carcelarios ordinarios, sin que esto implique una
vulneración al debido proceso o a la diversidad étnica y cultural. Al respecto,
ha sostenido que, en principio, “la imposición y vigilancia en el
cumplimiento de las condenas compete a las autoridades tradicionales”[202].
Sin embargo, excepcionalmente, “se acepta que el indígena sea entregado
por las autoridades de su resguardo o de su territorio al sistema penitenciario y
carcelario del Estado colombiano”[203]. Esta medida
excepcional puede ser necesaria por tres razones. Primero, para “preservar
la vida y la integridad física de las autoridades de la comunidad, o de la
comunidad en general”[204], esto es, por
ejemplo, cuando existe el riesgo de retaliaciones por parte de los
condenados, con el fin de evitar “la agudización
de conflictos internos”[205].
Segundo, cuando “los territorios no cuentan con una estructura carcelaria
propia”[206], de
tal manera que “es obligación del Estado, a través de sus autoridades,
colaborar con aquella, por ejemplo, al prestar sus instalaciones físicas
carcelarias”[207]. Tercero,
para evitar “el riesgo de linchamiento al condenado”[208],
habida cuenta de la gravedad de la ofensa cometida en contra de la comunidad y
del riesgo de que se administre “justicia por propia mano”[209].
37.
Ahora bien,
en “todos estos casos”[210], las autoridades
indígenas deben garantizar “la resocialización étnicamente diferenciada”[211]
de los individuos.  Por tanto, las autoridades indígenas tienen la
obligación de informar a los condenados, “de acuerdo con sus tradiciones y
derecho propio (…): (i) cada cuánto se revisará la ejecución de la condena, y
(ii) en qué consiste el proceso de resocialización étnicamente diferenciado que
debe surtir la persona condenada”[212].
Asimismo, los indígenas tienen derecho a ser recluidos “en espacios
especiales”[213] en los establecimientos
carcelarios. Esto implica que el pabellón de reclusión debe garantizar “en
la mayor medida posible la conservación de sus usos y costumbres, y que se
lleve a cabo un acompañamiento de las autoridades tradicionales de los
resguardos o territorios a los que pertenecen”[214].
Sin embargo, del derecho a la resocialización étnicamente diferenciada no
deriva el derecho a “ser recluidos en recintos exclusivos”[215].
38.
En suma, la
autonomía de los pueblos indígenas para ejercer sus funciones jurisdiccionales
está limitada por la protección de los derechos fundamentales de sus miembros. La “plena vigencia de los
derechos fundamentales en los territorios indígenas como límite al principio de
diversidad étnica”[216] forma parte del “mínimo
intercultural” que debe ser “respetado en todo caso”[217].
Por tanto, en los
procesos de investigación y juzgamiento, las autoridades indígenas deben garantizar el respeto a la dignidad humana y el debido proceso de sus miembros. El desconocimiento de alguna de estas garantías
constitucionales habilita la intervención del juez constitucional para proteger
los derechos individuales de los miembros de las comunidades indígenas. Esto es
así porque dichas restricciones “son necesarias para proteger intereses de
superior jerarquía y son las menores restricciones imaginables a la luz del
texto constitucional”[218].
3.
Presunción de
veracidad
39.
El artículo
20 del Decreto 2591 de 1991 prevé “la presunción de veracidad”. Esta
disposición prescribe que el juez constitucional tendrá “por ciertos los
hechos [de la solicitud de tutela] y entrará a resolver de plano”[219]
cuando “requiera informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere
hecho la solicitud y estos no se han rendido”[220].
Esta presunción se funda en los “principios
de inmediatez, celeridad y buena fe”[221]
que orientan la acción de tutela, así como en la “obligatoriedad de
las providencias judiciales”[222]. De un
lado, el juez constitucional tiene el deber de “resolver con
prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos
fundamentales”[223]. De
otro lado, los sujetos accionados tienen “la obligación de rendir los
informes requeridos por el juez”[224].
40.
En estos
términos, la presunción de veracidad constituye “un
instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública
o el particular”[225] durante el trámite de tutela.
Dicho desinterés o negligencia puede predicarse respecto de la
omisión de rendir los informes solicitados por el juez o “cuando el juez
ordena al demandado pronunciarse sobre los hechos de la acción y, sin embargo,
este guarda silencio”[226]. Asimismo, esta
presunción “puede aplicarse en dos escenarios”[227].
Estos escenarios son: (i) en caso de “omisión total”, cuando “la
autoridad o particular accionado omite completamente dar respuesta a la solicitud
elevada por el juez constitucional”[228];
o (ii) en caso de “omisión parcial”, cuando “la autoridad o
particular da respuesta a la solicitud, pero esta se hace meramente formal,
pues en el fondo no responde al interrogante planteado por el funcionario
judicial”[229].
41.
Sin
embargo, es necesario hacer tres precisiones en relación con el alcance de esta
presunción. Primero, la presunción de veracidad “solo puede referirse a los
‘hechos de la demanda’”[230]. Esta presunción “únicamente
cubre los supuestos fácticos que cimientan la vulneración de derechos
fundamentales invocados, ya sea a título de acción u omisión”[231].
Bajo ningún supuesto “pueden presumirse como
ciertas otras cuestiones, entre ellas las de índole jurídica”[232].
42.
Segundo, en
algunos casos, la presunción de veracidad conlleva la “inversión de la carga
de la prueba”[233]. Esta Corte ha señalado
que, “en materia de tutela (…), ‘el que puede probar debe probar’, lo
cual redistribuye la carga probatoria en beneficio de la protección de los
derechos”[234]. Esto implica analizar
“la facilidad de aportar el material [probatorio] correspondiente”
por parte de los sujetos procesales, con el fin de determinar quién tiene el “deber
probar”[235]. Es razonable que “sea
la parte privilegiada (…) por su fácil acceso a los materiales
probatorios en cuestión, quien deba asumir dicha carga procesal”[236].
La jurisprudencia constitucional ha reconocido la inversión de la carga de la
prueba en el caso de “las personas recluidas en los centros penitenciarios y
carcelarios”[237]. La situación de
privación de la libertad permite “entender que los internos no tienen
facilidad de recaudar piezas procesales, ajenas a su declaración, para
sustentar los hechos que pueden originar la violación o amenaza de sus derechos
fundamentales”[238]. De ahí que el sujeto
accionado deba “actuar con la mayor diligencia para recaudar el material
probatorio que permita, en caso de que así lo considere pertinente,
contrarrestar las declaraciones de los demandantes”[239].
43.
Por último,
la presunción de veracidad no exime al juez del deber de decretar pruebas de
oficio[240]. La jurisprudencia
constitucional ha sostenido que el “decreto oficioso de pruebas no es una
mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal”[241].
Este deber cobra especial relevancia en el trámite de tutela. El juez tiene el
deber de “materializar un orden justo que se soporte en decisiones que
consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial”[242].
Por tanto, “no puede el juez de tutela
precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante,
sino que está obligado a buscar los elementos de juicio fácticos que, mediante
la adecuada información, le permitan llegar a una convicción seria y suficiente
de la situación fáctica y jurídica sobre la cual habrá de pronunciarse”[243].
4.
Caso concreto
4.1.    La acción de tutela sub examine cumple
con los requisitos de procedibilidad
44.
Procedibilidad
de la acción de tutela en contra de decisiones proferidas por las autoridades
indígenas. La
jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de
tutela en contra de las decisiones proferidas por las autoridades indígenas en
ejercicio de su jurisdicción especial[244].
En estos casos, la procedibilidad de la tutela se fundamenta en que “las
personas afectadas con estas decisiones carecen de otro mecanismo de defensa
judicial y se encuentran frente a quienes las adoptan en situación de
subordinación y especial sujeción”[245].
Sin embargo, la competencia del juez constitucional se limita a “la
protección de los derechos fundamentales de los individuos involucrados en el
caso, sin que le sea posible invadir la órbita de las competencias exclusivas
de las autoridades indígenas”[246].
45.
La
acción de tutela sub examine cumple con los requisitos de procedibilidad. Esto es así por cuatro
razones. Primero, la acción de tutela cumple con el requisito de legitimación
en la causa por activa. Los accionantes son titulares de los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición presuntamente vulnerados por las
autoridades del Resguardo[247]. Esto, por cuanto son
quienes (i) fueron investigados y juzgados por el Resguardo por el
homicidio de la embera Diocelina Dovigama, y (ii) presuntamente presentaron
sus derechos de petición a las autoridades del Resguardo. Segundo, la acción de
tutela cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva.
La acción de tutela fue interpuesta en contra de las autoridades tradicionales del
Resguardo, que (i) investigaron y juzgaron a los accionantes, y (ii)
presuntamente no contestaron los derechos de petición de los accionantes. En el
presente trámite fueron accionados y vinculados (a) los distintos
gobernadores mayores del Cabildo, quienes ejercen la representación de la
comunidad, así como (b) el Consejo de Justicia y sus integrantes,
quienes tienen la competencia para adelantar el proceso de investigación
respecto de las faltas cometidas por los miembros de la comunidad[248].
Pues bien, tanto los gobernadores mayores como los integrantes del Consejo de
Justicia ostentan la calidad de autoridad tradicional, por cuanto “ejercen,
dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de
organización gobierno, gestión o control social”, según lo dispuesto por el
artículo 2.14.7.1.2 del Decreto 1071 de 2015[249].
46.
Tercero, la acción de
tutela cumple con el requisito de subsidiariedad. Los accionantes no
cuentan con otro medio de defensa judicial para controvertir la decisión de las
autoridades tradicionales. Al respecto, en sede de revisión, las autoridades
indígenas confirmaron que sus “usos y costumbres” no prevén la
posibilidad de apelar o controvertir las decisiones adoptadas por la Asamblea
General[250]. Cuarto, la acción de
tutela cumple con el requisito de inmediatez. La solicitud de tutela fue
interpuesta en un término oportuno y razonable, habida cuenta de las
condiciones particulares de los accionantes. A pesar de que los accionantes
presentaron la solicitud de tutela el 18 de julio de 2019, esto es, un año y
cuatro meses después de haber sido condenados por las autoridades tradicionales
y recluidos en un establecimiento penitenciario del INPEC, la Sala considera
que existen varias razones que justifican la “inactividad”[251] de los accionantes, a saber: (i)
los accionantes se encuentran privados de la libertad, por lo que “el juez de tutela debe
ser sensible a las condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión,
marginalidad y precariedad en las que se encuentran este grupo de individuos”[252],
especialmente, cuando se trata de miembros de comunidades indígenas; y (ii) los
accionantes manifestaron, en sede de revisión, que interpusieron “tarde [la tutela], porque muchas
veces [pidieron] la intervención del cabildo mayor, pero nunca [los] ayudaron”[253].
Estas condiciones justifican razonablemente la interposición tardía de la
presente acción de tutela.
47.
En tales términos, la Sala Primera considera que la acción de tutela sub
examine cumple con los requisitos de procedibilidad. Por tanto, verificará
si las autoridades
tradicionales del Resguardo vulneraron los derechos al debido proceso y de
petición de los accionantes.
4.2.    Las autoridades tradicionales del
Resguardo vulneraron el derecho al debido proceso de los accionantes
48.
Las
autoridades tradicionales del Resguardo vulneraron el derecho al debido proceso
de los accionantes. Esto, por cuanto las autoridades desconocieron (i) el
derecho de defensa de los accionantes y (ii) el principio de legalidad
de los delitos y las penas.
49.
Las
autoridades tradicionales del Resguardo vulneraron el derecho al debido proceso
de los accionantes, porque desconocieron su derecho de defensa. Los accionantes manifestaron
que las autoridades tradicionales no les permitieron “defenderse”
durante el proceso de investigación y juzgamiento sub examine. Según los
actores, esto implicó que ellos no pudieran (i) conocer y controvertir
las pruebas en su contra[254], (ii) “defenderse”
durante el proceso, en tanto “no se habló jamás de quién defendió [su]
causa”[255], ni (iii) “participar
en el momento del juicio condenatorio”[256].
Por su parte, las autoridades tradicionales del Resguardo no allegaron prueba
alguna que diera cuenta de que los accionantes pudieron ejercer su derecho de
defensa durante el proceso de investigación y juzgamiento.
50.
Para la
Sala Primera de Revisión de Tutelas, existen tres razones que permiten “tener por ciertos” los hechos de la solicitud de
tutela en relación con la presunta vulneración del derecho al derecho de
defensa de los accionantes. Estas razones son: (i) los sujetos accionados no se pronunciaron
acerca de la presunta vulneración del derecho de defensa alegada por los
accionantes durante el trámite de la presente acción, (ii) los sujetos accionados no
allegaron copia de las actuaciones adelantadas en el marco del proceso de
investigación y juzgamiento sub examine y (iii) existe un principio de prueba que permite
concluir que las autoridades tradicionales suspendieron algunas garantías
procesales de los accionantes en el caso concreto.
50.1.    Primero, las autoridades
tradicionales no se pronunciaron acerca de la presunta vulneración del derecho de
defensa alegada por los accionantes. Durante el trámite sub examine,
los accionantes alegaron, de manera reiterada, la vulneración de su derecho de
defensa. Esto lo manifestaron en la solicitud de tutela, en la impugnación y en
sede de revisión. Sin embargo, las autoridades tradicionales del Resguardo no
se pronunciaron al respecto. En la contestación de la acción de tutela, estas
se limitaron a mencionar que los accionantes fueron condenados por “el
Consejo de Justicia y la comunidad indígena en general”[257],
por “la muerte de la señora Diocelina Dovigama”[258],
y que esta decisión “fue aprobad[a] en la Asamblea General donde
participaron 1600 personas y es válido, la aprobación”[259].
En sede de revisión, ninguno de los integrantes del Resguardo controvirtió la
presunta vulneración del derecho de defensa de los accionantes, ni en sus
declaraciones, ni durante el término del traslado de las pruebas. En efecto,
ninguno de ellos manifestó que los accionantes hubiesen tenido la oportunidad
de: (i) conocer y controvertir las pruebas en su contra[260],
(ii) defender “[su] causa”[261]
ni (iii) “participar en el momento del juicio condenatorio”[262].
50.2.    Segundo, las autoridades
tradicionales del Resguardo no allegaron copia de las actuaciones adelantadas
en el marco del proceso de investigación y juzgamiento. En el trámite de
esta acción, el juez de primera instancia[263]
y esta sala de revisión[264] solicitaron copia de
todas las actuaciones del proceso de investigación y juzgamiento adelantado en
contra de los accionantes. Sin embargo, las autoridades tradicionales solo
allegaron el acta de 15 de febrero de 2018 y la Resolución 02 de 2018, mediante
las cuales condenaron a los accionantes. Esto, a pesar de que, en las
declaraciones rendidas en sede de revisión, los integrantes del Consejo de
Justicia de la comunidad afirmaron que el Resguardo conserva “las actas”[265]
de otras actuaciones, tales como la “confesión de los accionantes” y la
“declaración” de la señora Teresa Dovigama. Asimismo, el acta de la
Asamblea General, de 15 de febrero de 2018, refiere que la pena impuesta a los
accionantes “se [dio] apoyados en los testimonios de testigos que
afirmaron que estos dos emberas son responsables del asesinato, además que es
respaldada por la información dada por la policía de Mistrató”. Por tanto,
es razonable concluir que el Resguardo contaba con distintos medios de prueba
relacionados con el proceso de investigación y juzgamiento adelantado en contra
de los accionantes. No obstante, no allegaron dichas pruebas ni adujeron razón
alguna para justificar dicha omisión.
50.3.    Tercero, existe un principio de prueba
que permite concluir que las autoridades tradicionales suspendieron algunas
garantías procesales de los accionantes en el caso concreto. Algunas de las declaraciones rendidas en
sede de revisión permiten concluir que las autoridades tradicionales
suspendieron algunas de las garantías procesales de los accionantes en el
proceso de investigación y juzgamiento adelantado en su contra. Esto, por
cuanto las autoridades tradicionales (i) otorgaron un alcance y (ii)
un efecto irrazonable a la presunta confesión de los accionantes, así
como (iii) impidieron que estos ejercieran su derecho de defensa ante el
Consejo de Justicia o la Asamblea General.
50.3.1. Las autoridades tradicionales otorgaron un
alcance irrazonable a la presunta confesión de los accionantes. Según las declaraciones de los consejeros de justicia, la
confesión de los accionantes estuvo referida solo a su responsabilidad sobre
los hechos, que no respecto de los otros elementos con base en los cuales el
Resguardo los condenó a “treinta años de prisión” por el delito de “feminicidio”.
Al respecto, los consejeros de justicia afirmaron que los accionantes solo
manifestaron lo siguiente: “matamos nosotros, para qué vamos a negar ya. Como ya estamos
pagando la sanción, entonces fuimos nosotros”. De esta presunta confesión
no deriva un reconocimiento de responsabilidad respecto del delito de “feminicidio”,
ni de la intención “cruel”, la “alevosía” y “sevicia”, que justificó la
sanción impuesta por el Resguardo. De hecho, esto fue alegado por los
accionantes en su escrito de impugnación, quienes señalaron que, si bien ellos
“[cometieron] un error”, este no guardaba relación alguna “con
el hecho de ser mujer”[266], “como lo están
haciendo ver las autoridades”[267].
50.3.2. Las autoridades tradicionales otorgaron un
efecto irrazonable a la presunta confesión de los accionantes. Aun cuando los accionantes presuntamente confesaron su
responsabilidad sobre los hechos, la confesión no tiene el efecto de anular el
derecho de cualquier procesado a conocer y controvertir todas las pruebas en su
contra. Al respecto, la Sala observa que el acta de la Asamblea General y las declaraciones
de los integrantes del Resguardo refieren que los accionantes fueron condenados
con base en su “confesión”, “los testimonios de testigos que
afirmaron que estos dos emberas son responsables del asesinato”[268]
y “la información dada por la Policía”[269]
de Mistrató. No obstante, no está acreditado que los accionantes hubiesen
tenido la oportunidad de conocer y controvertir algunas de estas pruebas. Esto,
a pesar de que el caso sub examine era indispensable garantizar el
derecho de contradicción de los accionantes, en atención a: (i) el
contenido de la presunta confesión y (ii) las circunstancias en
las que se produjo tal confesión.
De un lado, como se señaló en
el párr. 50.3.1, los accionantes solo confesaron su responsabilidad
sobre los hechos, que no respecto del delito de feminicido, la crueldad ni la “alevosía
y sevicia”. Por tanto, resultaba indispensable que las autoridades
tradicionales permitieran que los accionantes pudieran conocer y controvertir
aquellos elementos probatorios que justificaron la graduación de la pena en el
caso concreto. Esto comprende el derecho de los accionantes de conocer y
controvertir los testimonios recaudados por el Consejo de Justicia de la
comunidad y la información aportada por la Policía Nacional. Ahora bien, la
Sala advierte que uno de los accionantes, Pablo Emilio Dovigama, tiene condenas
e investigaciones pendientes ante las autoridades ordinarias, por los delitos
de homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto, entre otros[270].
Aun cuando la investigación y juzgamiento de estas conductas no es competencia
de las autoridades indígenas, en caso de que estas hubiesen tenido en cuenta
dichos antecedentes para acreditar la reincidencia del accionante, y con
base en ello graduar la pena, dicha cuestión también debió haber sido informada
a los accionantes, para que pudieran ejercer su derecho de defensa y
contradicción en relación con este asunto.
De otro lado, las autoridades
tradicionales debieron garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa de
los accionantes en atención a las circunstancias en la cuales se produjo la
confesión. Esta se produjo mientras los accionantes se encontraban en el  “cepo”[271],
y luego de “dos semanas”[272].
Si bien la Sala no cuestiona la validez de esta sanción corporal, advierte que su
uso durante la etapa de investigación puede “direccionar[la] en un
sentido específico, lo que afectaría la legalidad del procedimiento”[273].
En esta medida, era necesario que los accionantes conservaran todas las
garantías durante el proceso de investigación y juzgamiento. Para la Sala, aun
cuando los usos y costumbres de la comunidad reconocen que la prueba de la
confesión es suficiente para demostrar la responsabilidad individual[274],
esta no puede tener el efecto anular las garantías procesales de los comuneros,
como sucedió en este caso.
50.3.3. Las autoridades tradicionales impidieron
que los accionantes pudieran ejercer su derecho de defensa durante el proceso
de juzgamiento. La Sala constata que las autoridades no permitieron que los
accionantes, sus familias o algún otro miembro de su comunidad pudiera defender sus intereses
ante el Consejo de Justicia o la Asamblea General. Al respecto, Arnoldo
Siagama, uno de los consejeros de justicia del Resguardo, afirmó que, en el
caso de los accionantes, la Asamblea General decidió que el delito de homicidio
sería sancionado por “30 años, sin abogado, sin  nada (…). Ya con
estos dos compañeros dieron el ejemplo, si mata a una persona, derechamente,
sin ningún abogado, se va a ir directamente a la cárcel”[275].
Esto da cuenta de que, en el caso de los accionantes, las autoridades
tradicionales anularon, por completo, ciertas garantías procesales que, de
ordinario, reconocen a sus comuneros, tales como el derecho a que los
procesados o un tercero defiendan sus intereses ante el Consejo de Justicia o
la Asamblea General. Pues bien, tal como se señaló en el párr. 30, el
derecho de los comuneros a “intervenir en el curso del proceso en defensa de
sus intereses”[276], por sí mismos o
mediante un tercero, forma parte del “mínimo de garantías constitucionales”[277]
que deben respetar las comunidades indígenas en ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, en todo caso.
51.
Por
tanto, la Sala Primera de Revisión aplicará la presunción de veracidad en este
caso. Esto, por dos razones. Primero, las autoridades tradicionales tenían la
carga de la prueba. Los sujetos accionados, “por su fácil acceso a los materiales
probatorios”[278], estaban en la
obligación de aportarlos. En efecto, la situación de privación de la libertad
de los accionantes permite concluir que ellos “no tienen facilidad de
recaudar piezas procesales, ajenas a su declaración, para sustentar los hechos
que pueden originar la violación o amenaza de sus derechos fundamentales”[279].
Así que correspondía a las autoridades tradicionales aportar las pruebas
solicitadas, en tanto dichas pruebas se encuentran en el “archivo”[280]
del Resguardo. Segundo, la aplicación de la presunción de veracidad en este
caso no resulta irrazonable ni desproporcionada. Las autoridades tradicionales
tuvieron la oportunidad de: (i) ejercer su derecho de contradicción
respecto de la presunta vulneración del derecho de defensa de los accionantes, (ii)
justificar por qué no remitieron las pruebas solicitadas, así como  (iii)
aportar otras pruebas que dieran cuenta, razonablemente, de cada una de las
actuaciones –incluidas las actuaciones orales del procedimiento–
adelantadas en contra de los accionantes durante el proceso de investigación y
juzgamiento sub examine. Sin embargo, los sujetos accionados no
justificaron dicha omisión.
52.
Por lo
demás, los efectos
de la omisión de las autoridades tradicionales de aportar todas las pruebas
solicitadas no pueden ser trasladados a los accionantes. Esto implicaría negar
el amparo solicitado, a pesar de que la Sala no cuenta con elemento alguno que
permita desvirtuar la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes. Por el contrario, las pruebas permiten inferir que las autoridades
tradicionales vulneraron el derecho de defensa de los accionantes. No aplicar
la presunción de veracidad en este caso implicaría admitir que la omisión
probatoria de los sujetos accionados surte el efecto de inhibir la competencia
del juez constitucional. En efecto, esto tendría como consecuencia que las
actuaciones adelantadas en el proceso de investigación y juzgamiento sub
examine estarían, materialmente, exentas del control constitucional. Por
tanto, la Sala Primera de Revisión de tutelas “dará por ciertos los hechos”
de la solicitud de tutela, referidos a la presunta vulneración del derecho de
defensa de los accionantes, y, en consecuencia, concederá el amparo solicitado.
53.
Las
autoridades tradicionales del Resguardo vulneraron el derecho al debido proceso
de los accionantes, porque desconocieron el principio de legalidad de los
delitos y las penas. La sanción impuesta por los sujetos accionados desconoció el
estándar de previsibilidad de las penas. Esto, porque esta sanción: (i) no
garantizó el derecho de defensa de los accionantes (elemento procesal) y
(ii) es desproporcionada (elemento de razonabilidad y
proporcionalidad).
53.1.    Primero, la pena impuesta no era
previsible, en tanto las autoridades tradicionales desconocieron el derecho de
defensa de los accionantes. Esto es así por dos razones. En primer lugar, tal como se señaló
en los párrafos 49 a 52, las autoridades tradicionales no garantizaron el
derecho de defensa de los accionantes durante el proceso de investigación y
juzgamiento sub
examine. En
segundo lugar, las autoridades tradicionales desconocieron el deber de
coherencia del procedimiento. Para la Sala, ninguna de las actuaciones
adelantadas en contra de los accionantes permite inferir que las autoridades
tradicionales los investigaron y juzgaron por el delito de feminicidio –que no ha sido tipificado en los distintos
reglamentos de justicia de la comunidad–. No está acreditado que: (i)
el Consejo de Justicia hubiese informado a los accionantes que estaban
siendo investigados por el delito de feminicidio, dado que esto no fue
mencionado por ninguno de los miembros del Resguardo, ni que (ii) la
Asamblea General hubiese condenado a los accionantes por dicho delito, en tanto
el acta de 15 de febrero no incluye anotación alguna al respecto. La única
referencia al delito de feminicidio se encuentra en la Resolución 02 de
2018. Mediante esta resolución, el Cabildo Mayor y el Consejo de Justicia
oficializaron la condena impuesta por la Asamblea General, y entregaron a los
accionantes al INPEC, por lo que los accionantes actualmente se encuentran
recluidos y en “etapa de ejecución de la pena”[281]
por el delito de feminicidio (ver párr. 10). En tales términos, la
decisión del Resguardo de condenar a los accionantes por el delito de feminicidio
constituye un desconocimiento del deber de coherencia, que vulnera el principio
de previsibilidad. Los accionantes no pudieron conocer ni controvertir este
cargo durante el proceso de investigación y juzgamiento, a pesar de que este es
el delito por el cual los accionantes se encuentran privados de su libertad.
53.2.    Segundo, la pena impuesta no era
previsible, en tanto las autoridades tradicionales impusieron una pena
desproporcionada.
El quantum y el tipo de pena impuesta a
los accionantes no era previsible. Las autoridades tradicionales condenaron a
los actores a “treinta
años de prisión, sin rebaja de pena”, en una cárcel ordinaria. Si bien la
Sala no cuestiona la facultad de la comunidad embera chamí de modificar las
sanciones (duración y tipo de pena) previstas por sus normas, en este
caso, dichas modificaciones no se enmarcan dentro del margen de previsibilidad
del “tipo y el
rango de las sanciones” que las autoridades indígenas podían imponer a los accionantes.
Esto, en atención a tres razones analizadas en su conjunto:
53.2.1. El quantum punitivo impuesto a los accionantes no es
comparable con alguna otra sanción reconocida por las autoridades
tradicionales. Dicho quantum representa casi el triple de la pena máxima
reconocida por el reglamento interno para sancionar el delito de homicidio o
cualquier otro delito dentro de la comunidad[282].
En efecto, para la época en que ocurrieron los hechos (3 de febrero de 2018),
la pena máxima prevista por el reglamento de justicia era de doce (12) años
para el delito homicidio “con ventaja” y en caso de reincidencia del
comunero[283]. Sin embargo, en este
caso, las autoridades tradicionales condenaron a los accionantes a “treinta años”, sin que esté demostrado que
en el proceso fue acreditada la crueldad, alevosía o sevicia (párr.
50.3.1 a 50.3.2), así como tampoco está probado que las autoridades
tradicionales hubiesen valorado la presunta reincidencia de uno de los
accionantes como un elemento para graduar la pena en el caso concreto (párr.
50.3.2). En efecto, ni el Acta de la Asamblea General ni la Resolución 02 de
2018 contienen referencia alguna acerca de la “reincidencia” de los
accionantes.
53.2.2. El tipo de pena impuesta a los
accionantes no es comparable con otras sanciones reconocidas por las
autoridades tradicionales. Las autoridades tradicionales condenaron a los
accionantes a cumplir su pena en una cárcel ordinaria. Sin embargo, de las
pruebas allegadas a este trámite, no es posible acreditar que el Resguardo
reconociera con anterioridad las penas de prisión en cárceles ordinarias. Esto,
por cuanto (i) ninguna de las normas del reglamento vigente para la
época de ocurrencia de los hechos prevé tal sanción. Las únicas penas previstas
por tal normativa eran el “cepo” y el “trabajo rotado por veredas”[284].
Asimismo, (ii) las declaraciones de los integrantes del Resguardo
tampoco permiten concluir que esta pena fuese reconocida en su comunidad con
anterioridad al proceso de investigación y juzgamiento sub examine. Las
declaraciones son contradictorias al respecto. Algunos comuneros afirmaron que
dicha sanción fue impuesta por primera vez a los accionantes[285].
Otro comunero indicó que esta ha sido aplicada desde 2016[286].
Por tanto, no es posible afirmar que dicha pena se encontrara dentro del margen
de previsibilidad del tipo de sanciones previstas por la comunidad.
53.2.3. La imposición de una pena cerrada en este caso surte un efecto
desproporcionado. La pena impuesta a los accionantes no reconoce la posibilidad
de “rebaja de
pena”. Esto
implica que, de confirmarse esta sanción, los accionantes estarán privados de
su libertad, por treinta años, en una cárcel ordinaria y alejados de su
comunidad, a pesar de que las normas y las autoridades del Resguardo no reconocían
dicho quantum
punitivo ni
las penas de prisión en cárceles ordinarias. Por tanto, dicha sanción desconoce
el margen de previsibilidad de las penas; máxime cuando esta comunidad embera
chamí “sí tiene
definido un tipo de pena para cada conducta que desvaloriza”[287]
en su reglamento interno de justicia. Así que era razonable que los accionantes
confiaran en que las autoridades tradicionales aplicarían las normas de la
comunidad, “conforme
lo ha[bían] hecho en el pasado”[288],
que no mediante la imposición de una pena que, por demás, se asemeja más a las
penas del derecho mayoritario.
54.
Por las
anteriores razones, la Sala Primera de Revisión de Tutelas amparará el derecho
al debido proceso de los accionantes. Habida cuenta de (i) las
consideraciones acerca de la vulneración del derecho de defensa y (ii) la
desproporción de la pena impuesta a los accionantes, la intervención del juez
constitucional es la única alternativa que permite armonizar la autonomía de la
comunidad indígena y el derecho al debido proceso de los accionantes. Esto es
así porque esta decisión satisface de manera intensa los derechos al debido
proceso y a libertad personal de los accionantes, e implica una afectación leve
a la autonomía de la comunidad. En efecto, las autoridades tradicionales conservan,
en todo caso, su competencia para investigar y juzgar nuevamente a los
accionantes por los hechos relacionados con el homicidio de la embera Diocelina
Dovigama. Por el contrario, confirmar las decisiones de instancia, que negaron
el amparo solicitado, surtiría un efecto desproporcionado en los derechos
fundamentales de los accionantes. Esto implicaría: (i) dejar en firme
una condena no prevista por la comunidad, de 30 años de prisión en una cárcel
ordinaria, (ii) que no reconoce beneficios para su redención, respecto
de la cual los accionantes (iii) no pudieron ejercer su derecho de
defensa, y (iv) no cuentan con medio judicial alguno para controvertirla
o exigir su revisión por parte de las autoridades tradicionales.
55.
Ahora bien,
la Sala Primera de Revisión considera necesario precisar dos cuestiones acerca
del alcance de esta providencia. Primero, la desproporción de la pena en el
caso sub
examine no
desconoce la facultad de las comunidades indígenas para imponer penas
privativas de la libertad en cárceles ordinarias. Como se señaló en los
párrafos 36 y 37, la jurisprudencia constitucional ha avalado la imposición de
este tipo de penas, cuando estas se fundan en (i) la preservación de la vida e integridad
física de la comunidad, (ii) la ausencia de estructuras carcelarias en los resguardos o (iii) la evitación de posibles
linchamientos a los condenados. De ahí que la Corte no cuestione la
razonabilidad de esta pena en el caso concreto[289],
sino el efecto desproporcionado que esta surtió en el derecho de los
accionantes a que las autoridades tradicionales actuaran dentro del margen de
previsibilidad del “tipo y el rango de las sanciones” que estas podían imponer a los comuneros.
En otros términos, la desproporción deriva de la imposición de una pena cuyos
elementos (quantum
y tipo de pena)
no eran previsibles, que no simplemente de la imposición de una pena privativa
de la libertad.
56.
Segundo, la Sala
Primera destaca la importancia de la aplicación de enfoques diferenciales por
parte de la Jurisdicción Especial Indígena, en especial, el enfoque de género. Tal como se señaló en la sentencia
T-387 de 2020, “la
protección de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género”[290]
también debe encontrar respaldo en las comunidades indígenas. Esto, por dos
razones. De un lado, la protección de “la mujer y la familia reviste una
importancia equivalente para la sociedad mayoritaria” y para las comunidades
indígenas. De otro lado, “[d]esafortunadamente, el derecho a una vida libre de violencias
continúa siendo una promesa incumplida con todas las mujeres,
independientemente de si estas habitan en resguardos indígenas, áreas rurales o
grandes ciudades”[291].
De ahí que resulte especialmente relevante que “queden estipuladas dentro del reglamento
propio y de justicia propia indígena el castigo a todas las [formas de] violencia contra la mujer”[292].
Según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, solo “si se cuenta con una ley
estipulada dentro de las comunidades indígenas es viable que se puedan cumplir
más fácilmente los derechos de las mujeres”[293].
57.
Órdenes
a impartir. La
Sala Primera de Revisión de Tutelas revocará parcialmente las decisiones de
instancia. En su lugar, amparará el derecho al debido proceso de los
accionantes. Asimismo, dejará sin efectos las actuaciones judiciales adelantadas por las
autoridades tradicionales del Resguardo Embera Chamí Unificado del Río San Juan
en contra de los accionantes, en relación con el homicidio de la embera
Diocelina Dovigama. Esto, sin perjuicio de que las autoridades del Resguardo
adelanten un nuevo proceso de investigación y juzgamiento en contra de los
accionantes, por los hechos relacionados con el referido homicidio.
58.
Por último,
esta Sala ordenará a las autoridades tradicionales que trasladen a los
accionantes al Resguardo, con el fin de que, de considerarlo necesario, adelanten
nuevamente el proceso de investigación y juzgamiento en su contra, y garanticen
su debido proceso en los términos señalados en la parte motiva de esta
providencia (ver párr. 27 a 38). Ahora bien, habida cuenta de que Pablo
Emilio Dovigama Nayaza registra antecedentes penales en la Jurisdicción
Ordinaria, solo podrá ser trasladado en caso de que no tenga vigente alguna orden
de captura o medida privativa de la libertad ordenada por las autoridades
competentes. En este caso, las autoridades tradicionales deberán garantizar el
derecho de defensa del accionante, quien podrá ejercerlo por sí mismo o “por
su familia, que no necesariamente abogado”[294], tal como lo ha señalado esta
Corte (ver párr. 30).
4.3.    Las autoridades tradicionales del
Resguardo no vulneraron el derecho de petición de los accionantes
59.
Según la
jurisprudencia constitucional, la protección del derecho de petición por medio
de la acción de tutela supone que el interesado presentó una solicitud, “con fecha
cierta (…), ante la autoridad a la cual se dirige”[295]. Así, quien
alegue la vulneración del referido derecho “no puede pretender que a
través de la acción de tutela se ordene la protección (…) cuando la [parte
accionada] no ha realizado ninguna acción u omisión en detrimento de sus
derechos fundamentales”, por cuanto el interesado ni siquiera
“[tramitó] el derecho de petición para que la accionada pudiera actuar”[296].
60.
En tales términos, la Sala considera que, tal y como lo
advirtió el juez de primera instancia, las autoridades del resguardo no vulneraron
el derecho de petición de los accionantes. Esto, porque los accionantes no
demostraron haber tramitado los derechos de petición allegados al trámite de
tutela. De ahí que no sea posible determinar que estas peticiones fueron
presentadas ante las autoridades del Resguardo. Es más, durante el trámite de
tutela, las autoridades tradicionales manifestaron desconocer el contenido de
los referidos derechos de petición[297]. Por tanto,
las autoridades tradicionales del Resguardo no vulneraron el derecho de
petición de los accionantes, por cuanto no está acreditado que estas hubiesen
recibido dichas solicitudes. Por lo demás, en sede de revisión, la Sala pudo
constatar que, durante el trámite de primera instancia, una de las autoridades
del resguardo contestó la solicitud de los accionantes[298],
por lo que el análisis del derecho de petición carece de objeto[299].
61.
Por tanto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas confirmará
las decisiones de instancia, que negaron el amparo del derecho de petición de
los accionantes.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante
el auto de 3 de marzo de 2020.
Segundo.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 17 de octubre de
2019 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, que confirmó la
proferida el 15 de agosto de 2019 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de
Mistrató, que negaron el amparo del derecho al debido proceso y de petición de
los accionantes. En su lugar, AMPARAR el derecho al debido proceso de
Rigoberto Nayaza Dovigama y Pablo Emilio Dovigama Nayaza, por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones judiciales adelantadas
por las autoridades tradicionales del Resguardo Embera Chamí Unificado del Río
San Juan en contra de los accionantes, en relación con el homicidio de la
embera Diocelina Dovigama.
Cuarto.- ORDENAR a las autoridades tradicionales del
Resguardo Embera Chamí Unificado del Río San Juan que trasladen a los accionantes
al Resguardo, con el fin de que, de considerarlo necesario, adelanten
nuevamente el proceso de investigación y juzgamiento en su contra, y garanticen
su debido proceso. Esto, siempre que los accionantes no tengan vigente una
orden de captura o medida privativa de la libertad ordenada por las autoridades
ordinarias. En este caso, las autoridades tradicionales deberán garantizar el
derecho de defensa de los accionantes, en los términos señalados en la parte
motiva de esta providencia.
Quinto.- LIBRAR por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase,
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
A LA SENTENCIA T-510/20
Expediente: T-7.694.614
M.P.: Richard S. Ramírez Grisales (E)
Con absoluto respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación, presento las razones que me llevan a apartarme
de la posición adoptada por la mayoría de la Sala Primera de Revisión en la Sentencia
T-510 del 11 de diciembre de 2020.
En esta providencia la Corte amparó el derecho fundamental al
debido proceso de dos miembros del Resguardo Indígena Unificado Chamí sobre el
Río San Juan, quienes fueron condenados en la jurisdicción especial indígena a
la pena de treinta años de prisión por el homicidio de una comunera, luego que
confesaran su responsabilidad en los hechos. Como consecuencia de ello, dispuso
dejar sin efectos las actuaciones judiciales adelantadas por las autoridades
tradicionales del resguardo y les ordenó a estas que trasladaran a los
accionantes a su territorio con el fin de que, si lo consideraban necesario,
adelantaran nuevamente el proceso de investigación y juzgamiento en su contra,
salvo que tuvieran vigente una orden de captura o medida privativa de la
libertad emitida por las autoridades ordinarias.
Si bien no desconozco las irregularidades que pudieron presentarse
en el proceso de investigación y juzgamiento adelantado en contra de los
actores como, por ejemplo, el hecho de que se les hubiese aplicado una pena no
prevista en el reglamento interno de justicia de la comunidad, considero que,
antes que anular toda la actuación desarrollada por las autoridades indígenas,
se ha debido hacer un estudio de las normas que gobiernan a la comunidad Embera
Chamí sobre el Río San Juan, distinguir entre sus distintas autoridades y
aclarar el alcance de sus competencias en materia de investigación y
juzgamiento de delitos, de tal manera que hubiese claridad sobre cuál o cuáles
de dichas autoridades son las responsables de la conducta que eventualmente
causaría la vulneración de los derechos fundamentales en discusión.
Observo que en esta comunidad hay varias autoridades involucradas
en el caso: el Cabildo Mayor, el Consejo de Justicia y la Asamblea General.
Empero, la sentencia no advierte nada sobre la eventual distinción entre tales
órganos y sus distintas competencias. Sin dar cuenta del derecho propio de la
comunidad, es muy difícil establecer si el proceso adelantado y la pena
impuesta se ajustan a dicho derecho o si resultan de un ejercicio arbitrario de
tales autoridades.
Es por esta inadvertencia que estimo que la sentencia incurre en
varias imprecisiones, como paso a señalar:
La primera imprecisión es la de dar por sentado, en algunos de sus
apartes, que los actores fueron juzgados y condenados por el Consejo de
Justicia y la Asamblea General (ver párrafo 1), cuando, en realidad, esta
decisión fue adoptada únicamente por la Asamblea General, en la que
participaron aproximadamente 1500 miembros de la comunidad. De acuerdo con las
declaraciones rendidas durante el trámite de revisión, el Consejo de Justicia
es el órgano encargado de adelantar la etapa de investigación de las conductas
constitutivas de delitos, más no de juzgar tales conductas. Esta es una
competencia exclusiva de la Asamblea General. Si el caso se examina a partir de
la decisión, surge un problema serio en materia orgánica, pues la asamblea, que
es la que impone la sanción, es al mismo tiempo la competente para crear o
modificar el reglamento interno de justicia. Al converger en el mismo órgano la
competencia para dar la norma y para aplicarla, puede presentarse, como al
parecer ocurrió en el presente caso, la situación de que la asamblea
considerara legítimo imponer, por la especial gravedad del crimen, una sanción
que antes no había previsto para el homicidio, como es la pena de prisión.
La segunda imprecisión consiste en afirmar que los actores fueron
condenados por el delito de feminicidio con base en el contenido de la
Resolución 02 del 1 de marzo de 2018, suscrita por la autoridad mayor del
resguardo y dos consejeros de justicia (ver párrafo 53.1). A mi modo de ver, el
juzgamiento adelantado por el Consejo de Justicia y la condena impuesta por la
Asamblea General no fueron por el delito de feminicidio, sino por el
delito de homicidio, tal y como consta en el acta del 15 de febrero de 2018.
El hecho de que en la citada resolución se haga referencia al feminicidio,
de ningún modo significa que los actores hubiesen sido condenados por ese
delito, pues dicho documento no es el que refleja la voluntad de la comunidad
reunida en asamblea. Tal solo surtió los efectos de una comunicación dirigida a
la autoridad penitenciaria para oficializar el traslado de los condenados al
respectivo establecimiento carcelario.
La tercera imprecisión es la de que, sobre la base de
irregularidades puntuales en el proceso, se decida anular toda la actuación.
Así, por ejemplo, si la irregularidad consiste en imponer una pena no prevista
en el reglamento interno de justicia, lo que debió anularse es lo que
concerniente a la pena, pero no todo lo actuado. Por ello, era necesario
establecer de manera clara y precisa cuáles son las vulneraciones al debido
proceso, en qué momento de la actuación ocurrieron, cuál fue la autoridad responsable
de ellas y qué transcendencia tienen en la actuación subsiguiente. Solo a
partir de dicha claridad y precisión era posible considerar los correctivos a
los que hubiese lugar, sin perder de vista, eso sí, que a una comunidad
indígena no se le puede exigir el mismo rigor procesal que sí se exige cuando
se trata de aplicar el derecho ordinario, pues su derecho propio no es el
ordinario y su forma de aplicarlo corresponde a las particularidades de su
cultura.
La cuarta imprecisión tiene que ver con la prueba y su valoración.
Los hechos ocurrieron de manera tal que la comunidad tuvo noticia directa de
ellos, incluso podría hablarse de una situación de flagrancia, pues la riña se
dio dentro del resguardo en un lugar habitado por miembros de distintas familias
e involucró a varias personas. Más allá de esta circunstancia, hay en el
proceso varios testimonios, que dentro de la cosmovisión del pueblo indígena
Embera Chamí, tienen un valor especial. Está también la confesión de los
actores, que al parecer se produjo en el cepo, lo que, bien amerita valorarse
con cuidado, dada la tensión que el uso del cepo genera entre los usos
tradicionales indígenas y las garantías constitucionales a no ser sometido a
tortura y a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Con todo, si se considera
inaceptable el cepo, debió tenerse presente que la confesión no fue la única
prueba tenida en cuenta para la condena, por lo que, incluso si se retirara del
proceso, probablemente la decisión habría podido sostenerse con base en los demás
medios de prueba.
El último reparo a la decisión de la cual me aparto está
relacionado con el hecho de que la Sala hubiese omitido valorar que, el 12 de
noviembre de 2018, Pablo Emilio Dovigama Nayaza fue condenado por el Juzgado
Penal del Circuito de Anserma (Caldas) a la pena privativa de la libertad de 8
años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y
porte de armas de fuego, tras haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía
General de la Nación. Por lo tanto, se trata de una persona que está privada de
su libertad por dos sanciones distintas: la impuesta por la justicia especial
indígena el 15 de febrero de 2018 y la que acaba de reseñarse.
Esta información se obtuvo en cumplimiento de lo ordenado por la
Sala de Revisión en el auto de pruebas del 3 de marzo de 2020 (ver párrafos 18
y 19). Sin embargo, debo resaltar que, a pesar de su relevancia para la
solución del caso concreto, en los antecedentes de la providencia no se recoge
tal información. Tan solo en un par de párrafos de la parte considerativa se
hace mención a que Pablo Emilio Dovigama Nayaza “tiene condenas e
investigaciones pendientes” (ver párrafo 50.3.2.) y que “registra
antecedentes penales” (ver párrafo 58), sin que se le dé el valor ni la
importancia suficiente.
En ese orden de ideas, aunque fuese procedente el amparo del
derecho al debido proceso de Pablo Emilio Dovigama Nayaza, considero no podía
de ello seguirse su retorno al resguardo. La Sala ha debido ser precisa y
categórica en lo que a este hecho se refiere, y disponer que el actor
permaneciera en prisión cumpliendo la condena que le fue impuesta por la
justicia ordinaria, de tal suerte que su eventual salida del establecimiento
carcelario contara con la autorización del juez de ejecución de penas.
Con la orden contenida en el ordinal cuarto de la Sentencia
T-510 de 2020 no solo queda abierta la posibilidad de que un crimen tan
deleznable quede en la impunidad, tras la habilitación de que “si lo
consideran necesario” las autoridades indígenas adelanten un nuevo proceso
de investigación y juzgamiento en contra de los actores, sino que, además, a
Pablo Emilio Dovigama Nayaza se le otorga el mismo trato que a Rigoberto Nayaza
Dovigama, como si sobre el primero no pesara la decisión de un juez ordinario
de mantenerlo en prisión por otros delitos que revisten igual o mayor gravedad.
En estos términos,
dejo consignado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
[1] Cno. de tutela, fl. 235.
[2] Según el escrito de tutela, los hechos sucedieron el 2 de febrero
de 2018. No obstante, con base en los informes de Policía y las pruebas
recaudadas durante el proceso, se advierte que los hechos sucedieron el 3 de
febrero de 2018.
[3] Cno. de tutela, fl. 3.
[4] Cno. de tutela, fl. 4.
[5] Cno. de tutela, fl. 4.
[6] Cno. de tutela, fl. 5.
[7] Cno. de tutela, fl. 5
[8] Cno. de tutela, fl. 6.
[9] Cno. de tutela, fl. 5.
[10] Cno. de tutela, fl. 6.
[11] Cno. de tutela, fl. 6.
[12] Cno. de tutela, fl. 6.
[13] Cno. de tutela, fl. 6.
[14] Cno. de tutela, fl. 7.
[15] Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 330.
[16] Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 330.
[17] Libro de población Policía Municipal
de Mistrató, fl. 330.
[18] Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331.
[19] Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331.
[20] Cno. de tutela, fl. 5.
[21] Cno. de tutela, fl. 5.
[22] Cno. de tutela, fl. 5.
[23] Cno. de tutela, fl. 5.
[24] Cno. de tutela, fl. 5.
[25] Cno. de tutela, fl. 5.
[26] Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331.
[27] Libro de población Policía Municipal
de Mistrató, fl. 331.
[28] Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331.
[29] Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331.
[30] Libro de población Policía Municipal
de Mistrató, fl. 332.
[31] De conformidad con el Informe Ejecutivo -FPJ 3- de la Policía
Judicial de Belén de Umbría, las actuaciones urgentes que se adelantaron fueron
las siguientes: fijación fotográfica al cadáver, Inspección Técnica a Cadáver,
entrevistas preliminares en formato FPJ-14- manuales, solicitud de antecedentes
o anotaciones judiciales de los capturados, solicitud de “consulta web
service de los capturados al laboratorio”, registro decadactilar de los dos
capturados, verificación de arraigos y estudio socioeconómico (Anexos respuesta
SIJIN, fls. 25 a 42).
[32] Anexos respuesta SIJIN, fls. 15 a 21.
[33] Libro de población, Policía Municipal de Mistrató, fl. 333.
[34] Rigoberto Nayaza sostiene que, tras su llegada al resguardo, la
Guardia Indígena los capturó y “[los] llevaron ante el Cabildo [que] no
[les] hizo ninguna investigación y sin más nada [los] metieron al
cepo por 15 días sin comida”. Declaración juramentada de Rigoberto Nayaza
ante la Personería Municipal de la Dorada, fl. 2.
[35] Pablo Emilio Dovigama señaló que, “cuando
[los] soltaron en Pereira, la Policía [los] llevó hasta la partida de
Belén (…) y de ahí para allá [les] tocó caminar hasta Mistrató (…) [y]
se fueron caminando hasta Purembará”. Al llegar al resguardo en
Purembará, “[les] iniciaron un juicio por la muerte de Diocelina” dentro
del cual “no [los] dejaron defender”. Declaración juramentada de
Pablo Emilio Dovigama ante la Personería Municipal de la Dorada, fl. 2.
[36] Declaración rendida ante el Juez Promiscuo
Municipal de Mistrató, Risaralda en sede de Revisión [minuto
14:15].
[37] Declaración rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató,
Risaralda en sede de Revisión [minuto 59:23].
[38] Declaración rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató,
Risaralda en sede de Revisión [minuto 32:23].
[39] Declaración rendida ante el Juez
Promiscuo Municipal de Mistrató, Risaralda en sede de Revisión [minuto 47:35].
[40] Cno. de tutela, fl. 157.
[41] Cno. de tutela, fl. 157.
[42] Cno. de tutela, fl. 157.
[43] Cno. de tutela, fl. 157.
[44] Cno. de tutela, fl. 157.
[45] Cno. de tutela, fl. 88.
[46] Cno. de tutela, fl. 88.
[47] Cno. de tutela, fl. 88.
[48] Cno. de tutela, fl. 88.
[49] Cno. de tutela, fls. 194 y 197.
[50] El Director General del INPEC
autorizó, por medio de la resolución 901564 del 14 de junio de 2018, el
traslado de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama al EPAMS La Dorada.
[51] Cno. de tutela, fls. 194 y 197.
[52] Cno. de tutela, fl. 2.
[53] Cno. de tutela, fl. 2.
[54] Cno. de tutela, fl. 8.
[55] Cno. de tutela, fl. 8.
[56] Cno. de tutela, fl. 8.
[57] Cno. de tutela, fl. 9
[58] Cno. de tutela, fl. 9
[59] Id.
[60] Cno. de tutela, fl. 14.
[61] Cno. de tutela, fl. 11.
[62] Cno. de tutela, fl. 11.
[63] Cno. de tutela, fl. 11.
[64] Cno. de tutela, fl. 9.
[65] Cno. de tutela, fl. 9.
[66] Cno. de tutela, fl. 15.
[67] Cno. de tutela, fls. 19 y 20.
[68] Cno. de tutela, fl. 17.
[69] Cno. de tutela, fl. 17.
[70] Cno. de tutela, fl. 17.
[71] El 19 de julio de 2019, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
función de control de garantías de Pereira se declaró incompetente para conocer
de la acción de tutela. El 25 de julio de 2019, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira dirimió el conflicto de competencia y resolvió que
la acción de tutela debía ser tramitada por el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Mistrató (Cno. de incidente de conflicto de competencia, fl. 4).
[72] Por medio de auto de 31 de julio de 2019, el juez de
primera instancia decretó la práctica de pruebas. A las autoridades del
resguardo les ordenó allegar el “Reglamento del Consejo de Justicia” o,
en su defecto, “la norma aplicada en la judicialización de los accionantes
por el delito de feminicidio”; el “Reglamento Interno” del
resguardo, “o el documento que haga sus veces”; y “copia completa del
procedimiento sancionatorio adelantado” contra los accionantes (Cno. de
tutela, fl. 38). Al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de la Dorada (Caldas)
le solicitó aportar “los documentos alusivos a la sentencia condenatoria
proferida por las autoridades indígenas” del resguardo en contra de los
accionantes (Cno. de tutela, fl. 38). Por medio de auto de 2 de agosto de 2018,
requirió a los accionantes para que remitieran “copia legible de los
derechos de petición remitidos al señor William Nayaza (…) y al Cabildo Mayor
Nelson Siagama”. Esto, habida cuenta de que “las copias aportadas en los
anexos de la acción constitucional [son] ilegibles” y “Nelson
Siagama (…) manifestó que [no tenía] el original del derecho de
petición (…) que desconoce ese documento” (Cno. de tutela, fl. 53). Por
medio de auto de 5 de agosto de 2019, ordenó a los accionantes “[aportar]
la prueba de envío” del derecho de petición, dado que “no se aportó
la prueba de haberse enviado y entregado los derechos de petición remitidos a
los señores William Nayaza (…) y Nelson Siagama” (Cno. de tutela, fl. 59).
Por medio de auto de 12 de agosto de 2019, ordenó a las autoridades indígenas
remitir “el acta de la asamblea de 15 de febrero de 2018, mencionada en la
Resolución 02 de 1 de marzo de 2018” (Cno. de tutela, fl. 134). Además, por
medio de la misma providencia, solicitó al INPEC aportar “el convenio
suscrito con [el resguardo], mediante el cual fueron recluidos” los
accionantes (Cno. de tutela, fl. 134).
[73] Cno. de tutela, fl. 82.
[74] Cno. de tutela, fl. 82.
[75] Cno. de tutela, fl. 80.
[76] Cno. de tutela, fl. 82.
[77] Alberto Wazorna era el Gobernador Mayor al momento de los hechos
que originaron la interposición de la acción de tutela. Además, fue quien
suscribió la Resolución 02 de 2018, por medio de la cual se condenó a los
accionantes (Cno. de tutela, fl. 91).
[78] Cno. de tutela, fl. 154.
[79] Cno. de tutela, fl. 151.
[80] Cno. de tutela, fl. 154.
[81] Cno. de tutela, fl. 160.
[82] Cno. de tutela, fl. 160.
[83] Cno. de tutela, fl. 160.
[84] Cno. de tutela, fl. 160.
[85] Cno. de tutela, fl. 160.
[86] Cno. de tutela, fl. 188.
[87] Cno. de tutela, fl. 212.
[88] Cno. de tutela, fl. 212.
[89] Cno. de tutela, fl. 212.
[90] Cno. de tutela, fl. 209.
[91] Cno. de tutela, fl. 209.
[92] Cno. de tutela, fl. 213.
[93] Cno. de tutela, fl. 245.
[94] Cno. de tutela, fl. 245.
[95] Id.
[96] Cno. de tutela, fl. 245.
[97] Cno. de tutela, fl. 245.
[98] Cno. de tutela, fl. 246.
[99] Cno. de tutela, fl. 247.
[100] Cno. de tutela 2, fl. 10.
[101] Cno. de tutela 2, fl. 10.
[102] Cno. de revisión, fl. 2.
[103] La Sala Primera de Revisión decretó la práctica de
las siguientes pruebas: (i) al Juez Único Promiscuo Municipal de
Mistrató, Risaralda, lo comisionó para que recibiera las declaraciones de
Alberto Wazorna, Antonio Nengarave, Arnoldo Siagama, Dora Nayaza, Luis Carlos
Arce, Luis Eberto Restrepo, Miguel Enciso Restrepo, Nelson Siagama, integrantes
del Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan; (ii) a
la Personería Municipal de la Dorada, Caldas, la requirió para recibir las
declaraciones individuales de Pablo Emilio Dovigama y Rigoberto Nayaza; (iii)
a las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado
del Río San Juan, las requirió para enviar copia legible de algunos documentos
relacionados con el proceso adelantado en contra de Rigoberto Nayaza y Pablo
Emilio Dovigama; (iv) a la Fiscalía General de la Nación, la requirió
para rendir informe sobre la existencia de investigaciones en contra de los
accionantes; (v) a la Policía Municipal de Mistrató, la requirió para
que enviara un informe sobre las actuaciones adelantadas en relación con el
homicidio de Diocelina Dovigama; (vi) a la Alcaldía Municipal de
Mistrató, la requirió para que enviara un informe respecto de la
caracterización social, económica y cultural de la comunidad del Resguardo
Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan; (vii) al EPMSC de
Pereira, lo requirió para que enviara un informe en relación con las
condiciones bajo las cuales Pablo Emilio Dovigama y Rigoberto Nayaza ingresaron
a dicho establecimiento penitenciario; (viii) al EPAMSC La Dorada, le
ordenó rendir informe sobre ciertos hechos del proceso; (ix) al
Ministerio del Interior, le requirió rendir informe en relación con la
caracterización social, económica y cultural de la comunidad del Resguardo
Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan; (x) a la Organización
Nacional Indígena de Colombia le solicitó rendir informe sobre la
caracterización de tipo social, económica y cultural de la comunidad del
Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan; (xii) al
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) le solicitó rendir
informe sobre diversos aspectos sociales, económicos, culturales y de justicia
propia de la comunidad del Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado sobre el
Río San Juan, entre otras.
[104] Artículo 246 de la Constitución Política.
[105] Sentencia T-208 de 2015.
[106] Sentencia T-009 de 2007.
[107] Sentencia C-139 de 1996.
[108] Sentencia T-030 de 2000.
[109] Sentencia T-523 de 2012.
[110] Sentencia T-523 de 2012.
[111] Id.
[112] Id.
[113] Id.
[114] Id.
[115] Id.
[116] Sentencia T-208 de 2015.
[117] Sentencia T-523 de 2012.
[118] Cfr. Sentencias T-208 de 2015, T-523 de 2012 y T-903 de
2009, entre otras.
[119] Id.
[120] Sentencias T-523 de 2012 y T-903 de 2009.
[121] Id.
[122] Sentencia T-048 de 2002.
[123] Id.
[124] Id.
[125] Id.
[126] Id.
[127] Sentencia T-349 de 1996.
[128] Sentencias T-208 de 2019, T-300 de 2015, T-208 de 2015, T-942 de
2013, T-496 de 2013 y T-523 de 2012, entre otras.
[129] Sentencia T-254 de 1994.
[130] Sentencia T-728 de 2002.
[131] Sentencia T-254 de 1994.
[132] Sentencia T-208 de 2015. Ver también la sentencia T-523 de 2012.
[133] Sentencias T-208 de 2019, T-365 de 2018, T-522 de 2016, T-396 de
2016, T-208 de 2015, T-196 de 2015, T-081 de 2015, T-642 de 2014, entre otras.
[134] Id.
[135] Id.
[136] Id.
[137] Id.
[138] Id.
[139] Sentencia T-496 de 2013.
[140] Sentencia T-208 de 2015.
[141] Sentencia T-728 de 2002.
[142] Sentencia T-728 de 2002.
[143] Id.
[144] Sobre el alcance de cada uno de estos elementos, ver las sentencias
T-208 de 2019, T-365 de 2018, T-522 de 2016, T-396 de 2016, T-208 de 2015,
T-196 de 2015, T-081 de 2015 y T-642 de 2014, entre otras.
[145]
Sentencia T-523 de 2012.
[146]
Id.
[147] Id.
[148] Id.
[149] Sentencia T-098 de 2014.
[150] Sentencia T-523 de 2012.
[151] Id.
[152] Id.
[153] Id.
[154] Sentencia T-549 de 2007.
[155] Id.
[156] Id.
[157] Id.
[158] Id. En el mismo sentido, la Sentencia T-208 de 2015 precisó que no
vulnera el debido proceso la imposición de la pena de “cepo” y prisión
por la comisión del mismo hecho. Al respecto, la Corte señaló: “no
corresponde a los jueces ordinarios, y en particular a los jueces de tutela
evaluar si la pena fue impuesta de acuerdo con las normas del derecho propio de
la comunidad. La evaluación de la imposición de una pena a la luz del derecho
propio corresponde realizarla única y exclusivamente a las autoridades de la
jurisdicción especial indígena. Además, la Corte ya ha dicho que imposición de
sanciones como el fuete a la par con otras sanciones constituye una facultad
constitucionalmente protegida que ejercen las autoridades de la jurisdicción
especial indígena. Por lo tanto, no es válido afirmar que desde el punto de
vista jurídico está siendo castigado tres veces por una misma conducta
delictiva”.
[159] Sentencia T-208 de 2015.
[160] Id.
[161] Sentencia T-642 de 2014.
[162] Sentencia T-208 de 2015.
[163] Id.
[164] Id.
[165] Sentencia T-496 de 2013. Cfr. Sentencia T-254 de 1994.
[166] Id. Cfr. Sentencia T-254 de
1994.
[167] Sentencia T-097 de 2012. Cfr.
Sentencia T-254 de 1994.
[168] Sentencia T-349 de 1996.
[169] Sentencia T-449 de 2013.
[170] Sentencia T-812 de 2011.
[171] Sentencia T-552 de 2013.
[172] Id.
[173] Id.
[174] Sentencia T-617 de 2010.
[175] Sentencia T-552 de 2003.
[176] Sentencia T-523 de 1997, reiterado en la sentencia T-1294 de 2005.
[177] Sentencia T-349 de 1996.
[178] Id.
[179] Sentencia T-349 de 1996.
[180] Id.
[181] Sentencia T-496 de 2013.
[182] Id.
[183] Id.
[184] Id.
[185] Sentencia T-098 de 2014.
[186] Sentencia T-098 de 2014.
[187] Id.
[188] Sentencia T-349 de 1996.
[189] Id.
[190] Sentencia T-552 de 2003.
[191] Sentencia T-552 de 2003.
[192] Sentencia T-208 de 2015.
[193] Id.
[194] Id.
[195] Id.
[196] Id.
[197] Id.
[198] Id.
[199] Id.
[200] Id.
[201] Id.
[202] Sentencia T-208 de 2015.
[203] Sentencia T-208 de 2015.
[204] Id.
[205] Id.
[206] Id.
[207] Sentencia T-239 de 2002, reiterada en
la sentencia T-1026 de 2008.
[208] Sentencia T-208 de 2015.
[209] Sentencia T-208 de 2015.
[210] Id.
[211] Id.
[212] Sentencia T-208 de 2015.
[213] Id.
[214] Id.
[215] Id.
[216] Sentencia T-523 de 2012.
[217] Id.
[218] Sentencia T-549 de 2007.
[219] Artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
[220] Sentencia T-260 de 2019.
[221] Sentencia T-260 de 2019.
[222] Sentencia T-1244 de 2008 y T-229 de 2007.
[223] Id.
[224] Sentencia T-260 de 2019.
[225] Sentencia T-027 de 2018.
[226] Id.
[227] Sentencia T-260 de 2019.
[228] Id.
[229] Id.
[230] Auto 362 de 2017. Cfr. Sentencias T-707 de 2011, T-773 de
2010, T-306 de 2010, T-120 de 2000 y T-859 de 1999.
[231] Auto 362 de 2017.
[232] Auto 362 de 2017.
[233] Sentencia T-068 de 2015.
[234] Sentencia C-086 de 2016.
[235] Id.
[236] Sentencia T-260 de 2019.
[237] Sentencia T-260 de 2019.
[238] Id.
[239] Id.
[240] Id.
[241] Sentencia SU 768 de 2014.
[242] Id.
[243] Sentencia T-644 de 2003.
[244] Sentencias T-349 de 1996 y T-254 de 1994, entre otras.
[245] Sentencias T-496 de 2013 y T-349 de
2008, entre otras.
[246] Sentencia T-349 de 2008.
[247] Según la sentencia T-496 de 2013, “la
Corte ha establecido las diferentes situaciones en las que se puede satisfacer
el requisito de legitimación en la causa por activa en materia de acciones de
tutela: i) el ejercicio directo de la acción de tutela, ii) el ejercicio a
través de representantes legales, como es el caso de menores de edad, incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; iii) el ejercicio por
medio de apoderado judicial, en cuyo caso debe ostentar la condición de abogado
titulado y anexar un poder para ejercer la defensa del caso; y iv) el ejercicio
por medio de agente oficioso”.
[248] Declaración
rendida por Alberto Emilio Wazorna ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató
(Risaralda) el 12 de marzo de 2020: “Pregunta: ¿Qué actividades de
investigación desplegaron las autoridades indígenas durante ese periodo en
relación con el proceso adelantado en contra de los accionantes? Respuesta:
Nosotros tenemos unas formas de procesos. Uno, se investiga a la familia y a la
gente que estuvo alrededor del hecho. Con ellos se vive el procedimiento. El
procedimiento lo hacen los encargados de las Consejerías de Justicia. Segundo,
la condenatoria, se hace a través de la asamblea (…). Estos actos de justicia
se dejan en manos de las Consejerías de Justicia, para esto tenemos un equipo
nombrado, como si fuera un fiscal o un juez”. [Grabación, minuto 18:46]
[249] Cfr. Informe del ICAHN, de 30 de marzo de 2020.
[250] Declaración rendida por Arnoldo
Siagama ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató, el 13 de marzo de 2020: “Pregunta: Apelar es ir a otra instancia, a un superior
¿La asamblea no tiene un superior? ¿Que alguien más arriba de la asamblea pueda
tomar una decisión? Respuesta: No, eso no quedó autorizado. Eso no quedó
autorizado. Eso totalmente está prohibido. Ahí termina.”. [Grabación,
minuto 55:58]. Declaración rendida por Luis Eberto Restrepo Siagama ante
el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató (Risaralda) el 13 de marzo de 2020: “Pregunta: ¿la persona sancionada puede cuestionar de
alguna manera la pena que le imponen? Respuesta: No puede apelar porque está
justificado y el estatuto está aprobado por la asamblea”. [Grabación, minuto: 17:43]
[251] Sentencia SU 108 de 2018.
[252] Sentencia T-208 de 2018.
[253] Declaración rendida por Rigoberto
Nayaza ante la Personería de La Dorada, fl. 3.
[254] Declaración de Rigoberto Nayaza, rendida ante el Personero
Municipal de La Dorada. “El Cabildo no ha investigado nada (…). Nunca nos
dijeron cuáles eran las pruebas en nuestra contra”. Declaración de Pablo
Emilio Dovigama, rendida ante el Personero Municipal de la Dorada. “A
nosotros la Policía y la justicia ordinaria no nos comunicaron nada sobre el
proceso adelantado en nuestra contra por la muerte de Dioselina (sic) (…).
Ese proceso no lo investigaron, simplemente me culparon por algo que no cometí,
no tomaron declaraciones ni nada, lo hicieron de rapidez (…), no nos
comunicaban nada de las pruebas, no las conocemos, por eso pusimos la tutela”.
[255] Cno. de tutela, fl. 245.
[256] Cno. de tutela, fl. 9
[257] Cno. de tutela, fl. 82.
[258] Id.
[259] Cno. de tutela, fl. 82.
[260] Cfr. supra, nota 251.
[261] Cno. de tutela, fl. 245.
[262] Cno. de tutela, fl. 9
[263] Cno. de tutela, fl. 38.
[264] Auto de pruebas de 3 de marzo de 2020. “Tercero.- Por medio de
la Secretaría General, oficiar a las autoridades tradicionales del Resguardo
Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan, para que (…) envíen a este
despacho copia legible de los siguientes documentos: 1. El proceso adelantado
en contra de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama por el homicidio de la
señora Diocelina Dovigama. 2. Las pruebas recaudadas en el proceso adelantado
por el homicidio de la señora Diocelina Dovigama. En particular, las
declaraciones, testimonios y confesiones recibidas. 3. Los documentos que
conforman el archivo indígena respecto de (i) dicho proceso y (ii) cualquier
otro proceso adelnatado en contra de los accionantes por otras infracciones al
reglamento indígena”.
[265] Declaraciones rendidas por (i) Arnoldo Siagama
y (ii) Luis Carlos Arce ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató.
“Pregunta: ¿La hermana de la compañera muerta fue testigo presencial?
Respuesta: La de la hermana muerta fue la tía, la otra fue la hermana.
Pregunta: ¿Usted sabe cómo se llama ella, la hermana? ¿Ustedes la entrevistaron
a ella? Respuesta: Sí, la entrevistamos, pero el archivo está en la oficina.
(…) Pregunta: ¿Esa declaración ustedes la tomaron por escrito? Respuesta:
Sí, escrita y queda en la oficina. Pregunta: ¿Ellos escribían en computador, a
máquina de escribir, manuscrito? ¿Ustedes nos pueden hacer llegar esa
declaración? Respuesta: Sí, es a manuscrito (…), nos tacaría sentarnos,
ir a revisar la fecha de las actas que nos quedó en el archivo”. [Minuto
19:12] “Pregunta: ¿Usted estuvo
presente en la declaración que dio la señora Teresa? Respuesta: Sí, ahí
estuvimos presentes en la oficina. Pregunta: ¿Y allá ella declaró? Respuesta;
Si allá fue que ella declaró. Pregunta: ¿En la oficina del resguardo tienen por
escrito la declaración que ella hizo? Respuesta: Ajá”. [Minuto 35:34]. “Pregunta:
¿Y ellos estando presente ustedes dos confesaron? Respuesta: los dos confesaron
que ellos fueron. Pregunta: dado que estaban en la oficina, ¿de esa declaración
quedó algún registro o algún acta? Respuesta: Sí, allá están las actas. Carlos
les estaba tomando las actas. Sí, ahí están. Pregunta: ¿Entonces me dice que
quedó un acta allá donde ellos confesaron? Respuesta: [asiente]”. [Minuto
45:44].
[266] Cno. de tutela, fl. 245.
[267] Id.
[268] Acta de la Asamblea General del Resguardo, de 15 de febrero de
2018.
[269] Id.
[270] Informe de la Fiscalía General de la
Nación, de 10 de marzo de 2020.
[271] Declaración rendida por Arnoldo Siagama ante el Juez
Promiscuo Municipal de Mistrató [Minuto 32:23]. “Pregunta: ¿Pero cuándo confesaron? Respuesta: Cuando
confesaron ellos estaban separados. Cuando ellos dijeron yo estaba en el cepo,
entonces ellos dijeron que mataron a la compañera. Una sola vez dijeron:
‘matamos nosotros, para qué vamos a negar ya. Como ya estamos pagando la
sanción, entonces fuimos nosotros’. Entonces ahí los dejamos en el cepo hasta
los otros días porque los alguaciles u otro gobernador los recogiera y que los
llevara a rotarse en la vereda”. Id.
[Minuto 42:46 a 43:53]. “Pregunta: ¿En qué momento se produjo la confesión
de Rigoberto y Pablo Emilio? Respuesta: Pablo Emilio estaba en el cepo, sí el
compañero que estaba en el cepo, primero. Él decía que era él, que él era el
que había matado a la compañera. Pregunta: ¿En qué momento confesó Rigoberto?
Respuesta: Carlos, vino a la vereda Mandarino, y allá le tomó la declaración.
Que el hecho habían sido ellos, que habían matado a la compañera. Pregunta: ¿En
ese momento él estaba en el cepo o no estaba en el cepo? Respuesta: Estaba en
el cepo, Rigoberto. En la vereda”.
[272] Declaración
rendida por Arnoldo Siagama ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató
[Minuto 34:45 a  35:45]. “Pregunta:
¿Cuánto tiempo estuvieron ellos detenidos ahí? Respuesta: 20 días. Pregunta:
¿Al cuánto tiempo ellos aceptaron los cargos? Respuesta: A las dos semanas.
Pregunta: ¿Ellos estaban juntos o estaban separados? Respuesta: Estaban
separados porque no se podían mantener juntos. Entonces dos semanas al ambos
decir que no, que tenían que pagar los dos, nos tocó sentarlos juntos y
Rigoberto dijo, cómo hicimos vamos a pagar los dos, porque ya las cosas están
hechas”.
[273] Id.
[274] Declaración rendida por Alberto Emilio Wazorna ante el
Juez Promiscuo Municipal de Mistrató, el 12 de marzo de 2020: “Pregunta:
¿Qué implicaciones tiene para ustedes que alguien reconozca la responsabilidad
por una falta cometida? Respuesta: nosotros hemos considerado que el reglamento
de la condenatoria no se hace bajo las circunstancias si aceptan o no aceptan.
La ley de origen se hace es porque ya hay una ley hecha por un pueblo, y si las
aceptaciones se dan bajo esto se somete a la condena. Lo único que aclaramos es
que los culpables aceptaron, y eso da este reglamento para las condenas, por
eso se hace el procedimiento”. Id. [Minuto 30:05] “Pregunta: ¿Si ellos
confiesan (por ejemplo, un homicidio) la comunidad haría un esfuerzo mayor por
allegar otras pruebas? ¿Es suficiente con que ellos confiesen? [minuto
31:22] Respuesta: es suficiente con que ellos confiesen. El tema es si lo
aceptan, el tema es que deben demostrar el hecho, el hecho es la muerte. Si
ellos lo aceptan está todo claro, consideramos que no hay porqué investigar”.
“Pregunta: ¿El hecho de aceptar es suficiente para ustedes? Respuesta: es
suficiente, no sé porque tienen que estar enredando la ley. Para enredar y
enredar, y no hacer nada, no existe. No tiene por qué estar hablando de 10 años
como lo hacen las leyes colombianas para decir que no existe. Y no dejan a las
personas trabajar. Acá son 2 reuniones y punto, ya se acabó el proceso y a la
cárcel se fueron. Lo importante es el hecho ocurrido. En mi cultura me enseñan,
si a uno le dicen que se robaron la gallina, y el que la robó aparece, para qué
hablar de 10 u 8 meses de investigación, termina todo. Después de que la
persona acepte y está el hecho, no debe por qué haber tiempo. Por eso, para
nosotros el tiempo es de 1 o 2 días, no tienen por qué estar hablando de
procesos”. Id. [Minuto 32:26]. Declaración rendido por Arnoldo Siagama ante
el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató, el 13 de marzo de 2020. “Pregunta:
¿Qué implicaciones tiene para ustedes que alguien reconozca la responsabilidad
de una falta cometida? O sea que alguien confiese, eso qué significa.
Respuesta: pues para nosotros que ellos confiesen, que ellos nos digan a
nosotros, es para que ellos digan que ellos fueron. Nosotros decimos: ‘usted
tiene que decir las cosas como es, si usted fue el que cometió el hecho,
cántenos. Eso en todas las oficinas lo hacemos así. Puede haber en el juzgado,
usted tiene que confesar si fue usted’. Nosotros hicimos así con ellos, ellos
también dijeron que sí porque ‘tenemos que decir las cosas porque nosotros
fuimos, nosotros no negamos’, ellos dijeron eso. Pregunta: ¿Y cuándo una
persona confiesa ustedes investigan más o ya paran la investigación? Respuesta:
Ahí paramos la investigación porque ya no hay con quién más investigar. Si hay
un familiar de ellos, también lo llamamos. Nosotros investigamos con ellos,
entonces así cogemos la investigación a ver si fue él o no fue. Cuando es
verdad, la familia también dice: ‘hay que castigar a este señor’, es porque es
la verdad. Que ellos hicieron el hecho. Ellos dicen así”. Id. [minuto
46:42].
[275] Declaración rendida por Arnoldo Siagama ante el Juez Promiscuo
Municipal de Mistrató [Minuto 1:04:08 a 1:14:22].
[276] Id.
[277] Sentencia T-254 de 1994.
[278] Sentencia T-260 de 2019.
[279] Id.
[280] Declaración rendida por Arnoldo Siagama ante el Juez Promiscuo
Municipal de Mistrató [Minuto 19:12]. “Pregunta: ¿La hermana de la compañera
muerta fue testigo presencial? Respuesta: La de la hermana muerta fue la tía,
la otra fue la hermana. Pregunta: ¿Usted sabe cómo se llama ella, la hermana?
¿Ustedes la entrevistaron a ella? Respuesta: Sí, la entrevistamos, pero el
archivo está en la oficina. (…) Pregunta: ¿Esa declaración ustedes la
tomaron por escrito? Respuesta: Sí, escrita y queda en la oficina. Pregunta:
¿Ellos escribían en computador, a máquina de escribir, manuscrito? ¿Ustedes nos
pueden hacer llegar esa declaración? Respuesta: Sí, es a manuscrito (…),
nos tacaría sentarnos, ir a revisar la fecha de las actas que nos quedó en el
archivo”.
[281] Cno. de tutela, fls. 194 y 197.
[282] Cno. de tutela, fl. 22.
[283] Cno. de tutela, fl. 22. Reglamento
interno de justicia del Resguardo. “Artículo 47: Jaibana que mate a otro con
ventaja se sancionará con ocho años por primera vez y por segunda vez a doce
(12) años de trabajo rotado”.
[284] Cno. de tutela, fl. 22.
[285] Declaración
rendida por Arnoldo Siagama ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató
[minuto 1:14:22 a 1:16:12]. “Pregunta:
¿Cuál es la aplicación que ha tenido la pena de prisión en la comunidad?
¿Cuándo empezaron a aplicar la pena de prisión en cárceles del gobierno?
Respuesta: Esto hace como apenas hace como 2 años, va para 3 años ya. Pregunta:
¿Recuerda a quién se la aplicaron primero? Respuesta: La aplicamos a ellos dos.
Pregunta: ¿Antes no recuerda casos? Respuesta: No. Antes no era así, sino que
era castigos leves de rotación en el resguardo. Pero a estos dos compañeros, a
Rigoberto y Pablo Emilio, apenas empezamos por aplicarla, ya vamos para 3 años
a enviar a la cárcel. Pregunta: ¿Recuerda en qué otros casos se ha aplicado?
Respuesta: Recuerdo a estos dos, no más. Pregunta: ¿Usted no ha participado en
ninguna otra asamblea para que quede condenada otra persona a pena de prisión?
Respuesta: Sí ya la prisión, ya la gente conoce. Ya la gente sabe que la pueden
mandar a la prisión, ya con estos dos compañeros dieron el ejemplo. Si mata a
una persona, derechamente, sin ningún abogado, se va a ir a pagar en la cárcel.
Entonces la gente tiene miedo”.
Declaración rendida por Nelson Chicamá ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató [minuto 41:23]. “Pregunta: ¿Desde cuándo la han venido aplicando?
Respuesta: La prisión como tal más o menos van casi dos años y medio que se
aplica. Antes de Pablo Emilio y Rigoberto no se había aplicado con el INPEC,
todo era en las regiones”.
Declaración rendida por Luis Eberto Restrepo Siagama ante el Juez Promiscuo
Municipal de Mistrató [minuto 22:36]. “Pregunta: Explique ¿cuál es la
aplicación que ha tenido la pena de prisión en la comunidad? ¿desde cuándo
empezaron a aplicar la pena de prisión? Respuesta: Creo que en la mano de este
año, me parece que el 2019. Pregunta: ¿usted recuerda cuando fue el caso de
Rigoberto y Pablo Emilio? Respuesta: Eso no fue en la mano de nosotros sino en
la mano del año 2018. No recuerdo otro caso anterior y actualmente tampoco”.
[286] Declaración
rendida por Miguel Enciso Restrepo ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató
[minuto 29:07]. “Pregunta: ¿Para usted
qué es pena de prisión? Es la que se paga en una cárcel, lo que llaman patio
prestado ¿Esa pena de prisión desde cuándo comenzaron aplicarla en la
comunidad? Respuesta: En la comunidad, desde que se creó la jurisdicción
especial indígena. De ahí para acá, la comunidad hemos venido juzgando la
prisión en el resguardo. Después cuando los indígenas nos dejaron castigarlos,
desde 2016, comenzó la prisión. Pregunta: ¿Recuerda los casos que ustedes han
solicitado patio prestado? ¿El patio prestado por qué delitos lo han
solicitado? Respuesta: Los delitos que hemos tenido en patio prestado es el
homicidio”.
[287] Sentencia T-349 de 1996.
[288] Sentencia T-349 de 1996.
[289] Al respecto, los integrantes del
Resguardo aseguraron que dicha sanción fue impuesta con el fin de evitar el
riesgo de retaliaciones en contra de los accionantes y porque el Resguardo no
cuenta con infraestructura carcelaria. Declaración rendida por Miguel Enciso
Restrepo ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató [minuto 16:55]. “Pregunta:
¿Cómo se llevó a cabo la última reforma del reglamento de justicia propia?
Especifique cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo con los
cabildos, líderes y asambleas. Respuesta: En el momento, en ese reglamento que
debatimos las autoridades, se convocó un mandato del consejo regional. Donde
tienen que ver los de los 11 cabildos que existen en el departamento, revisando
las temáticas. Los emberas no tenemos casa cárcel, al que cometa falta no lo
vamos a tener en el resguardo. Hay dos casos que no se interviene: uno, como ya
los enemigos saben dónde está pagando la sanción, no lo van a dejar trabajar
tranquilo. En otro lugar tampoco asume sanción.  En asamblea se dijo que es
mejor hacer al que ya hizo, al visto de la autoridad, que se pague directamente
en la cárcel (en la cuarenta). Eso se dijo en los mandatos el congreso
regional”. Declaración rendida por Miguel Enciso
Restrepo ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató [minito 34:10]. “Pregunta:
¿Por qué razón piden patio prestado? Respuesta: El patio prestado lo tenemos
porque nosotros en el resguardo no tenemos casa cárcel. Usted sabe que el
resguardo es grande pero no tenemos como en otros departamentos o municipios.
Solamente ellos trabajan, pero la gente del resguardo sabe dónde está
trabajando la persona. Los familiares no dejan trabajar, vienen haciendo un
ataque o en búsqueda de matar. El gobernador que lo tiene, recibe amenazas. Las
guardias que lo protegen, también reciben amenazas. Entonces para evitar todos
esos daños en el resguardo, pensamos en hacer convenio con el INPEC para mayor
seguridad”. [Grabación, minuto 34:10].
[290] Sentencia T-387 de 2020.
[291] Id.
[292] Informe del ICANH, del 30 de marzo de 2020.
[293] Id.
[294] Id.
[295] Sentencia T-997 de 2005.
[296] Sentencia T-329 de 2011.
[297] Cno. de tutela, fl. 53.
[298] Cno. de tutela, fls. 120 y 121.
[299] Rigoberto Nayaza indicó, ante la
Personería Municipal de La Dorada, que recibió la comunicación enviada por
Miguel Enciso en respuesta a su derecho de petición (Declaración Rigoberto
Nayaza, fl. 3). Pablo Emilio Dovigama también manifestó haber recibido la
comunicación (Declaración Pablo Emilio Dovigama, fl. 3).