C-316-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-316/12
(2 de mayo de
2012)
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE, DIRIGIDA A
CONSTRUIR UN MODELO COMPARTIDO DE ATENCION HUMANITARIA MULTILATERAL-Se ajusta a la Constitución Política de Colombia
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE-Trámite legislativo
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS PUBLICOS Y LEYES QUE LOS APRUEBAN-Características
El
control de constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los
aprueban, presenta las siguientes características: “(i) previo al perfeccionamiento
del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción
gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y
el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza
de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”
PROCESO DE NEGOCIACION
DE INSTRUMENTO INTERNACIONAL-Representación
y competencia
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE-Surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum
exigido y las mayorías necesarias
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE-Contó con las
publicaciones del proyecto y de las ponencias para cada debate
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE-Se efectuaron
los avisos previos de cada votación exigidos por el artículo 160 de la Carta
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE-Cumplió los términos que deben transcurrir entre las
votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de
Representantes
CONVENIO INTERNACIONAL-Examen material
En
relación con el examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del
texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria,
respecto de la totalidad de las disposiciones superiores, para determinar si
aquéllas se ajustan o no a las disposiciones constitucionales que rigen las
relaciones internacionales y a la Constitución Política en general.
REGIMEN CONSTITUCIONAL
DE RELACIONES INTERNACIONALES-Contenido
Las
relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos
150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del
país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y
227). Finalmente, el ámbito de desarrollo de la integración internacional
comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo
226).  Desde el preámbulo, la Constitución refleja una inequívoca orientación
hacia la participación activa de Colombia en el escenario internacional y, de
manera particular, un énfasis en la integración de Colombia en la comunidad
latinoamericana y del Caribe. Este punto de partida se concreta (i) en el
segundo inciso del artículo 9 que establece que la política exterior de
Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe y (ii)
en el artículo 227 al establecer que el Estado promoverá la integración
económica, social y política de manera especial con los países de América
Latina y del Caribe, a tal punto que incluso autoriza la celebración de
tratados encaminados a la creación de organismos supranacionales para conformar
una comunidad latinoamericana de naciones.
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE-Finalidad
El convenio tiene como finalidad la construcción de un
modelo compartido de atención humanitaria multilateral, para actividades de
socorro humanitario, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, tendiente a
dar impulso a la ayuda mutua y a la eficaz e inmediata prestación de asistencia
reciproca entre los países, sin dejar de lado el tema de la prevención y la
creación de mecanismos de mitigación de desastres, con miras a la protección
frente a eventuales perdidas humanas y materiales que afectan el desarrollo
económico y social de los países de América.
ASISTENCIA HUMANITARIA-Imperativos
justifican la celebración de convenios de cooperación con otros Estados
CONVENCION INTERAMERICANA
PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE-Contenido del preámbulo
CONVENCION INTERAMERICANA PARA
FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE-Armoniza con los postulados de la
Constitución
La concepción de un instrumento internacional, armoniza
plenamente con los postulados de la Carta Política de 1991, toda vez que: (i)
Permite al Estado colombiano cumplir con la obligación de internacionalizar sus
relaciones políticas y afianzar una integración con las naciones
latinoamericanas, bajo bases precisas de equidad, igualdad, reciprocidad y
conveniencia nacional (C.P. art. 226 y 227), con miras a alcanzar un objetivo
común, como es el de prepararse y fortalecer los mecanismos para la atención de
desastres en forma mancomunada con otros Estados. (ii) Sujeta la ejecución del
convenio a los fundamentos constitucionales que gobiernan las relaciones
exteriores, como son el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación
de los pueblos, bajo el gobierno de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia (C.P., art. 9o.), sometiendo el cumplimiento del acuerdo a la
concordancia con los ordenamientos internos de los Estados Partes y a la
integración con los países latinoamericanos. (iii) Resalta la importancia de
fomentar alianzas y otras acciones que respondan a los riesgos y amenazas a
causa de fenómenos naturales y antrópicos que devastan la región e impactan el
desarrollo económico y social de los países, construyendo modelos compartidos
de atención humanitaria multilateral, para actividades de socorro,
rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, sin dejar de lado la prevención y
creación de mecanismos de mitigación de desastres. (arts. 224 y 227 C.P.). (iv) Asegura la realización de los fines esenciales de un Estado social de derecho, en la
medida en que redundará en la eficacia en la atención de desastres y en el
cumplimiento del deber de las autoridades de garantizar la efectividad de los
derechos y las libertades de los ciudadanos (C.P. arts. 1o., 2o. y 229).
Referencia: expediente LAT - 373
Revisión de constitucionalidad: de la “Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”,
adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991 y de la Ley aprobatoria
número 1460 de junio 29 de 2011.
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES
1. Textos normativos
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
remitió copia de la Ley 1460 de fecha 29 de junio de 2011, aprobatoria de la “Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada
en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991. Los textos, a continuación.
2. Convención y ley aprobatoria
LEY 1460 DE 2011[1]
(junio 29)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en
Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto de la “Convención Interamericana para
facilitar la asistencia en casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el
7 de junio de 1991, que a la letra dice:
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA
EN CASOS DE DESASTRE
Preámbulo
CONSIDERANDO que con
frecuencia ocurren desastres, catástrofes y otras calamidades que destruyen la
vida y amenazan la seguridad y bienes de los habitantes del continente
americano;
TENIENDO PRESENTE el alto
sentido de cooperación que anima a los Estados de la región frente a tales
hechos que afectan al bienestar de los pueblos del Continente;
PERSUADIDOS de que el
sufrimiento humano causado por esas calamidades puede aliviarse de manera más
eficaz e inmediata si dicha cooperación dispusiera de un instrumento que
facilitara y regulara los procedimientos internacionales para la prestación de
asistencia en tales casos;
CONSCIENTES de que un
verdadero espíritu de solidaridad y de buena vecindad entre los Estados
americanos se ha manifestado en casos de desastre y que ese espíritu puede
fortalecerse mediante una preparación que permita actuar con más eficacia,
LOS ESTADOS PARTES han
acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I. APLICABILIDAD.
a) La presente Convención se
aplicará cuando un Estado Parte preste asistencia en respuesta a una solicitud
de otro Estado Parte, salvo que lo acuerden de otra manera.
b) Para fines de la presente
Convención, la aceptación de un Estado Parte del ofrecimiento de auxilio por
otro Estado Parte será considerada como solicitud de asistencia.
ARTÍCULO II. SOLICITUDES,
OFRECIMIENTOS Y ACEPTACIONES DE ASISTENCIA.
a) Las solicitudes,
ofrecimientos y aceptaciones de asistencia, dirigidos por un Estado Parte a
otro serán transmitidos por los canales diplomáticos o por la Autoridad
Nacional Coordinadora de acuerdo con las circunstancias.
b) El Estado auxiliador al
ocurrir un desastre mantendrá consultas con el Estado auxiliado a fin de
recibir de este último información sobre el tipo de auxilio que se considere
más apropiado prestar a las poblaciones afectadas como consecuencia de dicho
desastre.
c) Con el objeto de facilitar
la prestación de asistencia, los Estados Partes que la acepten deberán
notificar rápidamente a sus autoridades nacionales competentes y/o a la
Autoridad Nacional Coordinadora para que otorguen las facilidades del caso al
Estado auxiliador, de acuerdo con la presente Convención.
ARTÍCULO III. AUTORIDAD NACIONAL COORDINADORA.
a) A los efectos de lo
dispuesto en el artículo II,
cada Estado Parte designará, de acuerdo con su legislación interna, una
Autoridad Nacional Coordinadora, que tendrá, entre otras, las siguientes
funciones:
i) Transmitir, cuando fuera
del caso, las solicitudes de asistencia y recibir los ofrecimientos de otros
Estados Partes.
ii) Coordinar la asistencia
dentro de su jurisdicción nacional, en los términos del artículo IV
de la presente Convención.
b) Cada Estado Parte
notificará a la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, a la brevedad posible, la designación de su respectiva Autoridad
Nacional Coordinadora.
c) El Presidente del Comité
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia de la Organización
de los Estados Americanos coordinará la cooperación del Comité con las
Autoridades Nacionales Coordinadoras de los Estados Partes.
d) Ocurrido un desastre en un
Estado Parte, al establecerse los primeros contactos oficiales entre dicho
Estado y el Presidente del Comité Interamericano de Asistencia para Situaciones
de Emergencia, o su representante en funciones, este último ofrecerá al Estado
afectado sus servicios para alertar al Coordinador de las Naciones Unidas para
el Socorro en Casos de Desastre.
e) La Secretaría General
notificará a los Estados Partes de la designación de las Autoridades Nacionales
Coordinadoras, y de los cambios que sobre estas le comuniquen los Estados
Partes. Igualmente, la Secretaría General hará circular, periódicamente, un
boletín informativo acerca de la organización, funciones, procedimientos y
métodos de trabajo de las Autoridades Nacionales Coordinadoras.
ARTÍCULO IV. DIRECCIÓN Y CONTROL
DE LA ASISTENCIA.
a) Salvo que se acuerde otra
cosa, la responsabilidad general de la dirección, control, coordinación y
supervisión de la asistencia, dentro de su territorio, corresponderá al Estado
auxiliado.
b) Cuando la asistencia
incluya personal el Estado auxiliador deberá designar, en consulta con el
Estado auxiliado, la persona que tendrá a su cargo la supervisión operacional
directa del personal y equipo aportados. La persona designada ejercerá dicha
supervisión en coordinación con las autoridades pertinentes del Estado
auxiliado.
c) Salvo que se acuerde otra
cosa, el Estado auxiliado proporcionará, en la medida de su capacidad,
instalaciones y servicios locales para la adecuada y eficaz administración de
la asistencia. Hará también todo lo posible por proteger al personal, el equipo
y los materiales llevados a su territorio a tales efectos por el Estado
auxiliador o en nombre suyo.
ARTÍCULO V. MEDIOS DE TRANSPORTE,
EQUIPOS Y ABASTECIMIENTOS.
Los medios de transporte,
equipos y abastecimientos, debidamente identificados, enviados por los Estados
Partes para actividades de asistencia podrán entrar, transitar y salir del
territorio del Estado auxiliado. Igualmente podrán transitar por el territorio
de los Estados Partes que deban cruzar para la prestación del auxilio. En los
casos contemplados anteriormente estarán exonerados de pagar impuestos, tasas o
cualesquiera otros tributos. De igual manera, en los casos antes mencionados,
el Estado auxiliado o el de tránsito pondrán su mejor empeño en agilizar o en
su caso dispensar las formalidades aduaneras, y en facilitar el tránsito de
tales medios de transporte, equipos y abastecimientos. Asimismo, en ambos
casos, se respetarán las áreas restringidas que el Estado auxiliado o el Estado
de tránsito determine, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII.
ARTÍCULO VI. VÍAS DE ACCESO Y DE
TRÁNSITO.
El Estado auxiliado tendrá el
derecho de indicar las vías de acceso y los lugares de destino final de los
medios de transporte, equipos y abastecimientos. El Estado de tránsito tendrá
también el derecho de indicar las vías de tránsito de esos medios de
transporte, equipos y abastecimientos.
ARTÍCULO VII. PERSONAL.
a) El personal del Estado
auxiliador, en adelante denominado “personal de auxilio”, podrá entrar,
transitar y abandonar el territorio del Estado auxiliado y del Estado de
tránsito que sea parte de esta Convención, según sea necesario para cumplir su
misión. A estos efectos, cada Estado Parte proporcionará a dicho personal los
documentos y facilidades migratorias necesarias, conforme a la legislación del
Estado respectivo.
b) El Estado auxiliador y el
Estado auxiliado harán todos los esfuerzos posibles para proporcionar al
personal de auxilio documentación u otros medios que permitan su identificación
en tal carácter.
ARTÍCULO VIII. AREAS
RESTRINGIDAS.
Los Estados Partes, en la
aplicación de esta Convención, deberán respetar las áreas restringidas así
designadas por el Estado auxiliado.
ARTÍCULO IX. APOYO DEL ESTADO
AUXILIADO.
El Estado auxiliado procurará
ofrecer el apoyo que sea necesario al personal de auxilio, la asesoría e
información pertinentes y, de ser indispensable, servicios de traducción e interpretación.
ARTÍCULO X. RIESGOS.
Los Estados Partes que presten
auxilio harán todos los esfuerzos a su alcance para proporcionarlo con pericia
y evitar negligencia, sin que ello implique garantía de que no ocurrirán daños.
ARTÍCULO XI. PROTECCIÓN AL PERSONAL DE AUXILIO.
a) El personal de auxilio que
haya sido debidamente notificado al Estado auxiliado y aceptado por este y por
las respectivas Autoridades Nacionales Coordinadoras no estará sujeto a la
jurisdicción penal, civil ni administrativa del Estado auxiliado por actos
relacionados con la prestación de asistencia.
b) Lo dispuesto en el inciso
(a) no se aplicará a actos ajenos a la prestación de la asistencia ni,
tratándose de acciones civiles o administrativas, a faltas intencionales de conducta
o negligencia grave.
c) El Estado auxiliado, de
conformidad con su derecho interno, podrá extender el trato prescrito en el
inciso (a) de este artículo a sus nacionales o sus residentes permanentes que
formen parte del personal de auxilio.
d) El personal de auxilio
tiene el deber de respetar las leyes y reglamentaciones del Estado auxiliado y
de los Estados de tránsito. El personal de auxilio se abstendrá de llevar a
cabo actividades políticas u otras incompatibles con dichas leyes o con las
disposiciones de la presente Convención.
e) Las acciones judiciales
emprendidas contra el personal de auxilio o contra el Estado auxiliador serán
conocidas y podrán ser resueltas en los tribunales del Estado auxiliado.
ARTÍCULO XII.
RECLAMACIONES E INDEMNIZACIÓN.
a) El Estado auxiliado
renuncia a cualquier reclamación por daños o perjuicios que pudieran plantearse
contra el Estado auxiliador o contra el personal de auxilio como consecuencia
de la prestación del auxilio.
b) El Estado auxiliado
subrogará al Estado auxiliador y al personal de auxilio en caso de
reclamaciones por daños o perjuicios que surjan del cumplimiento de la
prestación de auxilio que pudieran ser planteadas contra el Estado auxiliador o
contra el personal de auxilio por terceras partes.
c) El presente artículo no se
aplicará a actos ajenos al cumplimiento de la prestación de auxilio ni a faltas
intencionales o negligencia grave.
d) El Estado auxiliador y el
Estado auxiliado que resulten afectados colaborarán estrechamente entre sí a
fin de facilitar la resolución de las reclamaciones o procesos judiciales a que
se refiere este artículo.
e) El Estado auxiliado podrá
contratar un seguro para responder por los presuntos daños que pudiere
ocasionar el Estado auxiliador o el personal de auxilio.
ARTÍCULO XIII.
Las disposiciones previstas en
los artículos XI
y XII
podrán ser modificadas por acuerdo expreso entre el Estado auxiliador y el
Estado auxiliado.
ARTÍCULO XIV. COSTOS.
Salvo lo previsto en los
artículos IX
y XII,
el auxilio prestado correrá por cuenta del Estado que preste el auxilio, sin
costo alguno para el Estado auxiliado, excepto acuerdo en contrario.
ARTÍCULO XV. RELACIÓN CON
ACUERDOS EXISTENTES.
En caso de discrepancia entre
la presente Convención y otros acuerdos internacionales en que sean parte el
Estado auxiliador y el Estado auxiliado prevalecerá la disposición que facilite
con mayor amplitud el auxilio en caso de desastre y favorezca el apoyo y
protección al personal que presta tal auxilio.
ARTÍCULO XVI. ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.
a) Las organizaciones
internacionales gubernamentales que presten auxilio en casos de desastre
podrán, con el consentimiento del Estado auxiliado, acogerse mutatis mutandis a
los preceptos de esta Convención.
b) Los Estados y
organizaciones internacionales gubernamentales que presten auxilio podrán
incorporar en sus misiones de auxilio a personas privadas, físicas o jurídicas
o a organizaciones internacionales no gubernamentales; esas personas se
beneficiarán de la protección que ofrece esta Convención.
c) Un Estado Parte que
solicite auxilio podrá, por acuerdo con una organización no gubernamental,
nacional o internacional, aplicar las disposiciones de esta convención al
personal de la organización, con la salvedad de que no será automáticamente
aplicable a dicho personal el párrafo (a) del artículo XI.
d) Los acuerdos a que se
refieren los párrafos (a) y (c) de este artículo no tendrán efecto respecto de
terceros Estados.
ARTÍCULO XVII.
FIRMA.
La presente Convención estará
abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
ARTÍCULO XVIII. RATIFICACIÓN.
La presente Convención está
sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la organización de los Estados Americanos.
ARTÍCULO XIX. ADHESIÓN.
La presente Convención queda
abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en la Secretaría General de la organización de los Estados Americanos.
ARTÍCULO XX. RESERVAS.
Los Estados Partes podrán
formular reservas a la presente convención al momento de aprobarla, firmarla,
ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y
propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
ARTÍCULO XXI. ENTRADA EN VIGOR.
La presente Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el
segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la
Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo
instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.
ARTÍCULO XXII. VIGENCIA.
La presente Convención regirá
indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El
instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la
organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir
de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en
sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás
Estados Partes.
ARTÍCULO XXIII. DEPÓSITO,
REGISTRO, PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.
El instrumento original de la
presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su
texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de
conformidad con el artículo 102
de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos notificará a los Estados miembros de esta Organización y a
los Estados que hayan adherido a la Convención acerca de las firmas y los
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como de las
reservas que se formularen.
Certifico que el documento
preinserto es copia fiel y exacta del texto auténtico en español de la
Convención interamericana para facilitar la Asistencia en casos de Desastre,
adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991, en el Vigésimo Primer
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General; y que el citado
instrumento se encuentra depositado en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
24 de abril de 1992.
I hereby certify the foregoing
document is a true and faithful copy of the authentic text in English of the
Inter-American convention to facilitate disaster assistance, adopted at
Santiago, Chile, on June 7, 1991, at the twenty-first regular session of the
General Assembly of the Organization of American States, and that the above
mentioned instrument is on deposit with the General Secretariat of the
Organization of American States.
April 24, 1992
Certifico que o documento
precedente é cópia fiel e exata do texto auténtico en português da Convenção interamericana
para facilitar a assistência em casos de desastre que o referido instrumento
encontra-se depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados
Americanos.
24 de abril de 1992.
Je certifie que le texte qui
précéde est une copie fidéle et conforme de la version authentique française de
la Convention interaméricaine visant a faciliter l”apport d”assistance dans les
cas de catastrophes; et que l”instrument susmentionné est deposé auprés du
Secretariat général de l”Organisation des Etats Américains.
Le 24 april 1992
Por el Secretario General,
For the Secretary General
Pelo Secretário-Geral
Pour Le Secrétaire général
Hugo Caminos.
Subsecretario de Asuntos
Jurídicos Subsecretário de Asuntos Jurídicos
Secretaría General de la OEA
Secretaría-Geral da OEA
Assistant Secretary for Legal
Affairs Sous-secrétaire aux questions juridiques
OAS General Secretariat
Secrétariat général de l”OEA
EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS.
Honorables Senadores y
Representantes:
En nombre del Gobierno
Nacional, y en cumplimiento de los artículos 150
numeral 16; 189,
numeral 2 y 224
de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del
honorable Congreso de la República, el proyecto de ley, por medio de la cual se
aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de
Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
Consideraciones previas.
En 1989, con la Resolución
número 44-236, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el
Programa Internacional denominado “Decenio Internacional para la Resolución de
los Desastres Naturales” - DIRDN.
Este programa se implementó
desde el 1o de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999 y buscaba
promover a nivel global el conocimiento sobre los conceptos de prevención y
atención de desastres con énfasis en la aplicación de la ciencia y tecnología,
y mejorar la capacidad de cada país para la reducción de los riesgos y adoptar
sistemas de alerta regional, nacional y local, contando con la ayuda de la
cooperación internacional”
Con todo, la Convención
Interamericana es un avance de dichos acuerdos para la prevención y atención de
desastres, aprobada en la Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA en
1991. Tiene fuerza de ley en: Panamá que la ratificó el 15 de septiembre de
1995, Perú el 16 de septiembre de 1996 y Uruguay el 14 de enero de 2000.
Colombia solo la firmó. Con este Proyecto, Colombia espera la aprobación de la
Convención con miras a su pronta ratificación en ámbito internacional para que
entre en vigor y permita su aplicación y el logro de sus objetivos.
La ratificación de esta
Convención forma parte de un grupo de acuerdos de cooperación que Colombia ha
suscrito con otros Estados de la región en el tema de desastres con el ánimo de
establecer bases adecuadas de asistencia, especialmente con los países de
América Latina, y el Caribe.
Además, cabe destacar que “la
política colombiana está encaminada a promover el fortalecimiento de las
instituciones con énfasis en la planeación, el desarrollo, la promoción de la
cooperación regional y el intercambio de experiencia y conocimiento de ciencia
y tecnología, para prevenir los desastres mediante la formulación de programas
y proyectos de cooperación internacional”2, entre otras acciones.
La Convención Interamericana
mantiene el espíritu de la reciprocidad y el manejo de los riesgos naturales
acorde con los objetivos y directrices de las Naciones Unidas y de la OEA, los
cuales promueven la articulación de sistemas y de acuerdos relacionados con la
prevención y atención de los desastres entre los países en desarrollo, así como
los mecanismos que facilitan la solidaridad y el fortalecimiento entre países
de la región.
En efecto, esta Convención
constituirá un marco de singular importancia para impulsar la ayuda mutua y la
prestación de asistencia recíproca eficaz e inmediata para los países. Este
instrumento contribuirá a desarrollar las políticas en las cuales se han
comprometido los Estados desde el Decenio Internacional para Reducción de
Desastres en los años 90, pasando por la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres y las dos Conferencias Mundiales sobre el tema.
En la II Conferencia Mundial
sobre Reducción de Desastres de Kobe, Japón, se aprobó la Declaración y el
“Marco de Acción de Hyogo 2005-2015”. Dicha conferencia instó a los países a
desarrollar e impulsar las iniciativas nacionales y regionales para fortalecer
los lazos de colaboración frente a los desastres.
El Marco de Hyogo, constituye
una fuente de asesoramiento político para los Estados que buscan reducir la
pérdida de vidas y de los activos sociales, económicos y medioambientales que
originan los desastres en los países y comunidades. Es por eso que la Comunidad
Mundial necesita aunar sus esfuerzos para luchar contra la pobreza, la
degradación medioambiental y la falta de una cultura y preparación frente a la
vulnerabilidad y los desastres3.
Estructura y alcance de la
convención
La Convención comprende un
preámbulo en el que se registra la importancia de la solidaridad entre los
Estados de la región que pueden otorgar a un Estado que ha sufrido pérdidas
tanto humanas como materiales a causa de desastres naturales. Esta convención
invita a los Estados a vincularse y prestar su asistencia en dichos casos.
También comprende de 23
artículos los cuales caben destacar:
El artículo I
que corresponde a la aplicabilidad de la convención es decir que esta será
aplicada “cuando un Estado Parte preste asistencia en respuesta a una solicitud
de otro Estado Parte, salvo que lo acuerden de otra manera”.
Desde el artículo II
hasta al artículo XVI
la Convención prevé: la solicitud de asistencia entre el Estado Auxiliado y el
Estado Auxiliador; la designación de una Autoridad Nacional Coordinadora de acuerdo
con la legislación de cada Estado Parte cuyo alcance será dirigir, controlar,
supervisar, trasmitir y coordinar la asistencia dentro de su territorio;
facilitar equipos, medios de transporte, abastecimientos, y recursos humanos
por parte del Estado Auxiliador para la asistencia de los daños causados por el
desastre; facilitar al Estado Auxiliador la indicación de vías de acceso y
tránsito hacia los lugares de destino final y respetar las áreas restringidas
designadas por el Estado Auxiliado.
Así mismo dispone que el
Estado Auxiliado brindará el apoyo necesario al personal de auxilio del Estado
Auxiliador; que “el personal del país asistente será portador de documentos que
lo identifiquen como tal, suministrado por los dos países en cuestión. El estado
asistido proveerá guía e información, y si fuere necesario, el servicio de
traducción.
El personal de asistencia no
será sujeto a la jurisdicción administrativa, civil o penal del país asistido
por actos conectados con la provisión de la asistencia, en tal caso será
remitido al país de residencia”. También hace referencia a la protección que
brindará el Estado Auxiliado al personal debidamente notificado del Estado
Auxiliador; la posibilidad de las Organizaciones Internacionales
gubernamentales de “acogerse mutatis mutandis a los preceptos de la
Convención y eventualmente incorporar a personas privadas, físicas o jurídicas
u organizaciones no gubernamentales que puedan prestar auxilio, las cuales
también se beneficiarán de la protección de la Convención”.
La asistencia será sin ningún
costo para el Estado Asistido, a menos que se acuerde lo contrario”.
Por último, “la existencia de
alguna discrepancia entre la Convención y otros acuerdos internacionales en que
sean Parte tanto el Estado Auxiliador como el Estado auxiliado, prevalecerá la
disposición que facilite con mayor amplitud el auxilio en caso de desastre y
favorezca el apoyo y protección al personal que presta tal auxilio”.
Cabe destacar el artículo X,
el cual indica que “los Estados Partes que presten auxilio harán todos los
esfuerzos a su alcance para proporcionarlo con pericia y evitar negligencia,
sin que ello implique garantía de que no ocurrirán daños.
También se destaca el artículo
XII
el cual señala que el Estado Auxiliado renuncia a cualquier reclamación por
daños o perjuicios que pudieran plantearse contra el Estado Auxiliador o contra
el personal de auxilio como consecuencia de la prestación del auxilio.
Los artículos XVII
a XXIII
se refieren a los procedimientos de firma, ratificación y adhesión y a la
posibilidad de formular reservas a la Convención. Igualmente comprende
cláusulas relativas a la entrada en vigor, el depósito, registro, publicación y
notificación de la misma.
Consideraciones finales
La ratificación de este
instrumento es de suma importancia por cuanto contribuye a fomentar alianzas
por medio de acuerdos de cooperación y otras acciones que respondan a los
riesgos y amenazas que destruyen la vida y afectan la seguridad y los bienes de
los habitantes del continente americano a causa de fenómenos naturales o
antrópicos.
La comunidad internacional ha
acompañado distintos procesos en la construcción de mecanismos que ayudan al
desarrollo de los objetivos de Comités como el “Caprade” Cepredenac y Cedera, mecanismos
regionales que contribuyen al desarrollo de políticas en la Prevención y
Atención de Desastres.
El Gobierno de Colombia
manifiesta su interés en ratificar prontamente esta Convención debido a su
importancia en el ámbito hemisférico de acuerdo con los compromisos adquiridos
por los países miembros del Caprade en su IX y X Reunión Ordinaria
respectivamente. Es conveniente para Colombia la ratificación de este
instrumento el cual contribuiría al fortalecimiento de la solidaridad entre los
países y las regiones en América, además de facilitar los procesos que harían
más eficaz y efectiva la ayuda internacional en momentos críticos como
resultado de un fenómeno natural que ponga en riesgo los bienes y la vida de
las personas.
Se reitera, que para Colombia
es altamente conveniente y necesario agotar el trámite de aprobación y revisión
constitucional, para finalmente, proceder a ratificar la Convención en el
ámbito internacional; instrumento que se encuentra acorde con los sucesos
recientes como huracanes, terremotos, derrumbes, inundaciones, sequías, los
cuales generan enormes pérdidas de vidas humanas y materiales que a su vez han
afectado el desarrollo económico y social de los países de América Latina y el
Caribe.
Por las anteriores
consideraciones el Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y de
Justicia y el Ministro de Relaciones Exteriores solicita al honorable Congreso
de la República aprobar la “Convención Interamericana para Facilitar la
Asistencia en Casos de Desastres”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio
de 1991.
De los honorables
Congresistas,
LEY 424
DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. El Gobierno
Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas
de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta
días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de
julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y
desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con
otros Estados.
Artículo 2o. Cada dependencia
del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su
competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones
Segundas.
Artículo 3o. El texto completo
de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los
Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a
consideración del Congreso.
Artículo 4o. La presente ley
rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable
Senado de la República.
AMÍLKAR ACOSTA MEDINA.
El Secretario General del
honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.
El Presidente de la honorable
Cámara de Representantes,
CARLOS ARDILA BALLESTEROS.
El Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.
REPÚBLICA DE COLOMBIA -
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.
C., a 13 de enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 4 de diciembre
de 2007.
Aprobado. Sométase a
consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores.
(Fdo.) Fernando Araújo
Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase la
“Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”,
adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
Artículo 2o. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la “Convención
Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en
Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991, que por el artículo 1o de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto de la misma.
Artículo 3o. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a
Presentado al honorable
Congreso de la República por el Ministro del Interior y de Justicia y el
Ministro de Relaciones Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 4 de diciembre
de 2007.
Aprobado. Sométase a
consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
(Fdo.) Fernando Araújo
Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase la “Convención Interamericana para
Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el
7 de junio de 1991.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en
Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991, que por
el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El Presidente del honorable
Senado de la República,
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA.
El Secretario General del honorable
Senado de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable
Cámara de Representantes,
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ.
El Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ
CAMARGO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA –
GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la
Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de
junio de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior y de
Justicia,
GERMÁN VARGAS LLERAS.
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
3. Intervenciones
3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores
La Convención Interamericana para facilitar la asistencia
en casos de desastre, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991,
cumplió con lo requisitos formales previstos en la Carta Política para su
suscripción y aprobación legislativa y el contenido de la misma consulta los
principios y postulados que gobiernan el Estado colombiano y su política
exterior, por lo que debe declararse exequible a la par de la ley 1460/11.
3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
Debe declararse exequible por la Corte Constitucional, al
haber cumplido con los requisitos de constitucionalidad formal como son la
remisión oportuna a la Corte Constitucional, la suscripción del convenio y el
trámite legislativo.
Desde el punto de vista material, la Convención defiende
fines constitucionalmente válidos en la medida que busca facilitar la
asistencia y auxilio entre los Estados Parte y otras entidades no
gubernamentales, en caso de desastre, afianza lazos de amistad promoviendo el
beneficio mutuo a través del socorro recíproco y desinteresado entre los
Estados, en la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales de las
personas que son las realmente afectadas.
3.2. Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
Las disposiciones del Tratado se encuentran ajustadas a la
Constitución Política, en razón de estar orientadas a regular las solicitudes,
ofrecimientos y aceptaciones de asistencia entre los países miembros en caso de
desastre, respetando la soberanía del Estado auxiliado, al sujetarse a su
normatividad interna y salvaguardar la indemnidad de los países que brindan el
auxilio frente a cualquier reclamación que pretenda formular el país auxiliado.
3.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia
Examinadas las disposiciones del tratado, no se encuentra
ninguna que viole la Carta Política, por lo que debe declararse exequible, al
igual que la ley 1460/11 aprobatoria del tratado, bajo la premisa de que se dio
cumplimiento al trámite del artículo 157 de la Constitución.
3.4. Universidad del Rosario
El texto de la Convención Interamericana para facilitar la
Asistencia en Casos de Desastre, está acorde con el ordenamiento constitucional
colombiano y constituye un instrumento idóneo para promover la cooperación
internacional en situaciones de desastre, y en una herramienta eficaz con miras
a la ayuda internacional en situaciones de desastre que pueda vivir Colombia.
Debe declararse la exequibilidad de la Ley 1460/11, previa solicitud de
formulación de la declaración interpretativa en relación con los artículos V y
VII, sobre autorización del transito de factores y la exclusión del personal de
auxilio de la jurisdicción colombiana.
4. Concepto del Procurador General de la Nación
Debe declarase exequible la Ley 1460/11, por no
advertirse vicio alguno en su tramite en el Congreso de la República y
encontrar congruencia entre el texto de la Convención y los postulados
constitucionales, al generar acciones coordinadas para prevenir y conjurar la
crisis causada por desastres, en especial, salvaguardar la vida de las personas
afectadas por estos. La Convención bajo análisis, al establecer canales de
cooperación, contribuye a afianzar el proceso de integración regional, lo cual
esta en consonancia con los principios constitucionales reconocidos por los
artículos 1º., 2º., 11º., 13º. y 95º. de la carta Política. Cumple también con
los parámetros establecidos en los artículos 9º., 226 y 227 de la Constitución,
que orientan la política exterior de la República de Colombia., sobre las bases
de equidad, reciprocidad, conveniencia nacional, respecto de la soberanía y
autodeterminación de los Estados.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para examinar la
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias.
(CP, art 214.1).
2. Cuestiones jurídico-constitucionales a resolver
2.1. El control de constitucionalidad de los tratados
públicos y de las leyes que los aprueban, presenta las siguientes
características[2]:
“(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación
del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos
formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo
el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi)
cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la
supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado colombiano.”[3]
2.2. La Corte realizará el control de constitucionalidad del
presente tratado y su ley aprobatoria, de la siguiente manera: (i) sobre el
proceso de formación del instrumento internacional, en cuanto a la validez de
la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado; (ii) respecto del trámite legislativo del
correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República; (iii) sobre el
contenido material de las disposiciones del tratado y la ley.
3. El proceso de negociación del instrumento
internacional: representación y competencia en la suscripción del Convenio
3.2.1. El control de constitucionalidad comprende la
verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para
negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento
internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969[4].
3.2.2. La “Convención Interamericana para
facilitar la asistencia en casos de desastre” fue suscrita por el entonces
Embajador, Representante acreditado permanente de Colombia ante la Organización
de Estados Americanos, de conformidad con el literal c del numeral 2º del
artículo 7 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969,
doctor Julio Londoño Paredes, el día 8 de octubre de 1992[5]en la ciudad de Washington
DC, y le fue impartida la aprobación ejecutiva el 4 de diciembre de 2007. El
entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, autorizó y ordenó
someter a aprobación del Congreso el convenio de la referencia. Dicha
autorización, cuya referencia consta a folio 97 del cuaderno No. 2 de pruebas,
ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la
legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
3.2.3. En consecuencia, por este aspecto, el instrumento
internacional cumple con las prescripciones constitucionales que ponen en
cabeza del Presidente de la República el manejo de las relaciones
internacionales.
4. El proceso de formación del proyecto de ley en el
Congreso de la República.[6]
4.1. El
proyecto de ley
4.1.1. Iniciativa y radicación.
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la
República por el Gobierno Nacional, a través de los Ministros de Interior y
Justicia y de Relaciones Exteriores, doctores Fabio Valencia Cossio y Jaime
Bermúdez Merizalde, el 21 de agosto de 2009, de conformidad con la Constitución
(art 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el
Senado de la República.
4.1.2.
Publicación del texto y la exposición de motivos.
Aparecen
publicados en la Gaceta del Congreso No. 777 del 25 de agosto de 2009[7], cumpliéndose
así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (numeral
1 del artículo 157 de la Carta).
4.2.
Trámite en el Senado de la República
4.2.1.
Primer debate en Senado
4.2.1.1.
Publicación de la ponencia.
La
ponencia para primer debate en el Senado de la República fue publicada en la Gaceta
No. 1043 del 16 de octubre de 2009[8],
habiendo recibido informe favorable a cargo del senador Jairo Clopatofsky
Ghisays.
4.2.1.2. Anuncio para votación en primer debate.
El 20 de mayo de 2010 fue anunciado de la siguiente manera:
“Por instrucciones del
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (...):Proyecto
de ley número 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención
Interamericana para facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada en
Santiago, Chile, el día 7 de junio de 1991(…)”.
4.2.1.3.
Aprobación en primer debate (quorum y mayoría).
En
la siguiente sesión del miércoles 24 de marzo de 2010, se llevó a cabo la
discusión y aprobación del proyecto de ley tal como se observa en el Acta No.
21[9] de esa
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 232 2010. El siguiente es el
texto de la aprobación:
“Siendo las 9:40 a.m. del día
miércoles (24) de marzo del año dos mil diez, (2010), previa convocatoria,
hecha por la Secretaría de la Comisión Segunda del Senado de la República, se
reunieron los honorables para sesionar.
(...)
El señor Presidente Manuel
Enríquez Rosero:
Somete a consideración de los
Senadores de la Comisión, la proposición con la que termina el informe, anuncio
que va a cerrarse, queda cerrada. La aprueba la Comisión, Señor Secretario
sírvase llamar a lista.
El señor Secretario realiza el
llamado a lista, para la votación del informe de ponente (...) Me permito
informar señor Presidente, que ha sido aprobada (sic) el informe de ponencia,
por 9 votos afirmativos, ninguno en contra.
El señor Presidente Manuel
Enríquez Rosero, informa:
Aprobada la proposición con
que termina el informe, se abre el primer debate, se pone en consideración el
articulado. Han pedido la omisión de la lectura del articulado. Entonces vamos
a votar la omisión de la lectura del articulado, la aprobación del articulado y
el título del proyecto. Sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse,
queda cerrada. Sírvase señor Secretario llamar a lista para votar los tres
conceptos.
El señor Secretario realiza el
llamado a lista para la votación del articulado, la omisión del articulado y el
título del proyecto (...) Me permito informar señor Presidente que ha sido
aprobado la omisión de la lectura del articulado, el articulado y el título del
proyecto, por 9 votos a favor, ninguno en contra.
El señor Presidente Manuel
Enríquez Rosero:
Habiendo sido aprobado, se
designa como ponente para segundo debate al Senador Jairo Clopatofsky.”
(Subrayas fuera de texto)
De
acuerdo con certificación de 29 de julio de 2011, suscrita por el Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley
107/09 Senado fue aprobado el día 24 de marzo de 2010, según consta en el acta
No. 21 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República de
esa fecha, publicada en la Gaceta No. 232 del 2010[10].
El
Secretario explicó:
“VOTACION: Fue aprobado de la
siguiente manera:
La proposición final fue
aprobada conforme al Acto legislativo No. 01 de 2009, con votación nominal y
pública cuyo resultado fue el siguiente:
VOTOR A FAVOR
VOTOS EN CONTRA
Angarita Medellín Darío
NINGUNO
Clopatofsky Ghisays Jairo
NINGUNO
Enríquez Rosero Manuel
NINGUNO
Galán Pachón Juan Manuel
NINGUNO
Jaramillo Martínez Guillermo
Alfonso
NINGUNO
López Montaño Cecilia
NINGUNO
Moreno Piraquive Alexandra
NINGUNO
Piñacue Achicué Jesús
Enrique
NINGUNO
Restrepo Betancur Luzelena
NINGUNO
Sometidos a consideración,
discusión y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura del
articulado, el articulado propuesto y el título del proyecto, fueron aprobados
conforme al Acto Legislativo 01 de 2009, con votación nominal y pública cuyo
resultado fue el siguiente:
VOTOR A FAVOR
VOTOS EN CONTRA
Angarita Medellín Darío
NINGUNO
Clopatofsky Ghisays Jairo
NINGUNO
Enríquez Rosero Manuel
NINGUNO
Galán Pachón Juan Manuel
NINGUNO
Jaramillo Martínez Guillermo
Alfonso
NINGUNO
López Montaño Cecilia
NINGUNO
Moreno Piraquive Alexandra
NINGUNO
Piñacue Achicué Jesús
Enrique
NINGUNO
Restrepo Betancur Luzelena
NINGUNO
Constancia de esta votación
queda registrada en el Acta No. 21 del 24 de marzo de 2010, de sesión ordinaria
de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha, publicada en la Gaceta No. 232
del 20 de mayo de 2010.(...)
3.2.3. De conformidad con el
inciso 2º. del artículo 156 del Reglamento, se repartió la ponencia para primer
debate dentro del plazo establecido, tal como consta en la copia adjunta de
recibido del 27 de octubre de 2009, día en que se envió a las oficinas de los
Senadores la Gaceta No. 1043 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia
para primer debate”
4.2.2. Segundo debate:
4.2.2.1. Término entre comisión y plenaria.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de
Senado el 24 de marzo de 2010 e iniciado el debate en la correspondiente
plenaria el 15 de diciembre de 2010, se cumple en requisito constitucional del
término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (CP, art 160).
4.2.2.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El texto definitivo aprobado en primer debate
correspondiente al proyecto de ley y la ponencia para segundo debate al proyecto
de ley de la referencia fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 114[11]
del 14 de abril de 2010, siendo esta ultima,  presentada en forma favorable
por el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays.
4.2.2.3. Anuncio para votación en segundo debate.
El proyecto de ley fue anunciado el 14 de diciembre de
2010 para la próxima sesión, tal como consta en el Acta No. 33 de esa
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 78[12] del jueves 10 de marzo
de 2011. El anuncio se realizó así (subrayas fuera de texto):
“Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01de 2003, por Secretaria
se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobaran en la próxima sesión.
(...) Señor Presidente los siguientes son los proyectos para la sesión del día
de mañana: (...) Proyectos con ponencia para Segundo Debate (...) Proyecto
de ley número 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en
Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.”(...)
todos estos proyectos están debidamente publicados en la Gaceta del Congreso,
están leídos señor Presidente proyectos y anunciados para la próxima sesión.”
Al final se lee: “Siendo las 8:30 p.m., la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día miércoles 15 de diciembre de 2010, a las 9:00 a.m.”
4.2.2.4. Aprobación en segundo debate.
Según consta en el Acta No. 34 del miércoles 15 de diciembre
de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso No. 80[13] del 11 de marzo de 2011,
la plenaria del Senado aprobó el proyecto en la fecha para la cual fue
anunciado, por la mayoría de los 55 Senadores. El siguiente es el texto de la
aprobación:
“Lectura de ponencias y
consideración de proyectos para segundo debate.
(...)
La Presidencia indica a la
Secretaria continuar con el siguiente proyecto de ley en el Orden del Día.
Proyecto de ley numero 107 de
2009 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para
facilitar la Asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el
7 de junio de 1991.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.
Por Secretaría se da lectura a
la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a
consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia del Proyecto de ley número 107 de 2009 Senado; cierra la discusión
y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica
a la secretaría abrir el registro para proceder a la votación nominal.
La Presidencia cierra la
votación, e indica a la Secretaria cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaria se informa el
siguiente resultado:
Por el sí:     55
TOTAL      55 VOTOS
(...)
En consecuencia, ha sido
aprobada la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del
proyecto de Ley número 107 de 2009 Senado.
La Presidencia somete a
consideración de la plenaria el articulado en bloque del proyecto y, cerrada su
discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto?
La Presidencia indica a la
Secretaria dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaria se da lectura
al título del Proyecto de ley número 107 de 2009 Senado, Por medio
del cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia
en casos de desastre” adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
Leído este, la Presidencia lo
somete a consideración de la plenaria y cerrada su discusión pregunta:
¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?
Cumplidos los trámites
constitucionales, legales y reglamentarios la Presidencia pregunta: ¿Quieren
los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la
Honorable Cámara de Representantes?
La Presidencia somete a
consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado, el
articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara
de Representantes del Proyecto de ley número 107 de2009 Senado, cierra su
discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre a votación
e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la
votación nominal.
La Presidencia cierra la
votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaria se informa EL
SIGUIENTE RESULTADO:
Por el sí      54
TOTAL      54 votos
De
acuerdo con certificación de 27 de septiembre de 2011, suscrita por el
Secretario General del Senado de la República, el proyecto de ley 107/09 Senado
fue aprobado el día 15 de diciembre de 2010, según consta en el acta No. 34 de
sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República de esa fecha,
publicada en la Gaceta No. 80 del 11 de marzo de 2011[14]. El Secretario explicó:
“I. La discusión y Aprobación
de la Ponencia para Segundo Debate del proyecto se encuentra publicada en la
gaceta del congreso número 80 del viernes 11 de marzo de 2011 paginas 51 -53,
que contiene la publicación del Acta número 34 de la sesión ordinaria del día miércoles
15 de diciembre de 2010. Votación nominal a omisión de lectura del articulado,
titulo del proyecto y que surta su trámite a la honorable Cámara de
Representantes, del proyecto de ley número 107 de 2009 Senado, de conformidad
con el Acto legislativo 01 de 2009. La TOTALIDAD DE LA VOTACION fue de 54
votos: Por el sí Votos AFIRMATIVOS, cero votos NEGATIVOS; No hubo
ABSTENCIONES.
(...)
II. La Fecha de la votación
se realizó el día 15 de Diciembre de 2010 como consta en el Acta de
Plenaria número 34 de la Sesión Ordinaria del día miércoles 15 de diciembre de
2010, publicada en la gaceta del congreso número 80 del viernes 11 de marzo de 2011.”
4.3. Trámite en Cámara de Representantes
4.3.1. Primer debate
4.3.1.1. Término entre Senado y Cámara de Representantes.
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de
Senado el 15 de diciembre de 2010 e iniciado el primer debate en la Cámara de
Representantes el 31 de mayo de 2011, se cumple el requisito constitucional del
término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo (CP, art
160).
4.3.1.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El proyecto de ley de la referencia fue radicado con el
número 173 de 2010 en la Cámara de Representantes, y publicado en la Gaceta del
Congreso 256 del jueves 12 de mayo de 2011 (pág. 16).
La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada
en la Gaceta del Congreso No. 256[15]
del 12 de mayo de 2011 y el ponente designado fue el Representante a la
Cámara Luis Enrique Salas Moisés.
4.3.1.3.
Anuncio de votación.
De conformidad con el texto del Acta No. 40 del 25 de mayo
de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso No. 613[16] de 23 de agosto de 2011,
el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó el día 25 de mayo
de 2011, en los siguientes términos:
“Anuncio, para la próxima
sesión, donde se discutan proyectos de ley los siguientes:
(...)
Proyecto de ley numero 173
de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastres.”
4.3.1.4. Aprobación del proyecto.
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes discutió y aprobó en primer debate el proyecto de ley de la
referencia en la siguiente sesión del 31 de mayo de 2011, según
consta en el Acta No. 41 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
612 del 23 de agosto de 2011[17].
La aprobación se realizó con el quórum decisorio requerido, con doce de los
trece Representantes que conforman la Comisión Segunda, según lo certifica el
Secretario General de dicha Comisión en oficio expedido el 25 de agosto de 2011[18]. La
aprobación se llevó a cabo como se expone a continuación:
“Si, señor Presidente. Nos
encontramos en el punto numero cuatro, el segundo proyecto de ley que está
anunciado y se va a debatir y votar es el siguiente: Proyecto de Ley numero
173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre, adoptada en
Santiago de Chile el 7 de junio de 1991.
(...)
Ha sido aprobada señor
Presidente la proposición con la que termina el informe de ponencia por
unanimidad.
(…)
Aprobado el articulado de este
proyecto señor Presidente por unanimidad.
Ha sido aprobado el titulo del
proyecto señor Presidente por unanimidad.
Señores Representantes
¿quieren que este proyecto de ley tenga su debate en plenaria de la Cámara y
sea ley de la República?
Hace uso de la palabra la
señora Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Si lo quieren señor
Presidente, aprobado por unanimidad”.
Lo anterior, ratificado por lo manifestado por la Secretaria
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en escrito de
fecha 25 de agosto de 2011, cuando certificó:
“La ponencia para primer
debate del Proyecto de Ley 173/10 CAMARA, 107/09 SENADO “POR MEDIO DELA CUAL SE
APRUEBA LA CONVENCION INTERMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE
DESASTRE” ADOPTADA EN SANTIAGO DE CHILE EL 7 DE JUNIO DE 1991” esta publicada en la Gaceta del Congreso No. 256 del 12 de mayo de 2011, paginas 9 a 16.
El anuncio del Proyecto de ley
se hizo en sesión del día 25 de mayo de 2011, Acta No. 40, la cual se aprobó en
sesión del día 10 de agosto de 2011, está en publicación.
Se aprobó en primer debate en
sesión del día 31 de mayo de 2011, Acta No. 41, la cual se aprobó en sesión del
día 10 de agosto de 2011, esta en publicación.
La (sic) texto aprobado en
primer debate en Cámara esta publicada en la Gaceta del Congreso No. 376 del de
(sic) 2011, pagina 8.
4.3.2. Segundo debate
4.3.2.1. Término entre comisión y plenaria.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de
Cámara de Representantes el 31 de mayo 2011 e iniciado el segundo debate en la
plenaria respectiva 15 de junio 2011, se cumple el requisito constitucional del
término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (CP, art 160).
4.3.2.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El texto aprobado fue publicado en la Gaceta 376 del martes
7 de junio de 2011. (págs. 8 y 9).
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la
referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 376 del 7 de junio de
2011,[19]con
ponencia del mismo representante a la Cámara, Luis Enrique Salas Moisés.
4.3.2.3. Anuncio para votación en Plenaria.
El anuncio de votación del Proyecto de ley número 173 de
2010 Cámara, 107 Senado, se hizo en la sesión del 9 de junio de 2011,
según consta en el Acta No. 71 de esa fecha y que se encuentra publicada en la
Gaceta del Congreso No. 607 del viernes 19 de agosto de 2011[20]. La trascripción del
anuncio es la siguiente (subrayas fuera de texto):
“Señor presidente, se anuncian
los siguientes proyectos para sesión Plenaria del miércoles 15 de junio o
para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos.
(...)
Proyectos para segundo Debate
(...)
Proyecto de ley número 173
de 2010 Cámara, 107 Senado,por medio
del cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la
asistencia en casos de desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio
de 1991.””[21]
4.3.2.4. Aprobación.
Tal como consta en el Acta No. 072, en la sesión del 15 de
junio de 2011, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de
la ley de esta referencia por mayoría de los 155 representantes asistentes
Gaceta del Congreso No. 732 del 28 de septiembre de 2011[22], según lo ratifica la
certificación expedida el 9 de agosto de 2011 por el Secretario General de la
Cámara de Representantes[23]
y que en su tenor dice:
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL
DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES
CERTIFICA:
Que en Sesión Plenaria de la
H. Cámara de Representantes, el día quince (15) de junio de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y cinco (155) H. Representantes, fue
considerada y aprobada con las mayorías que exige la Constitución y la Ley la
ponencia para segundo debate, el articulado y el título al Proyecto de Ley No.
173/2010 Cámara 107/2009 Senado, convertido en la Ley No. 1460 de junio 29 de
2011 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA “CONVENCION INTERAMERICANA PARA
FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE” ADOPTADA EN SANTIAGO, CHILE, EL 7
DE JUNIO DE 1991”, de la siguiente manera:
. Ponencia para segundo debate
fue aprobado por unanimidad.
. El articulado, titulo del
proyecto y la pregunta “si quieren que este Proyecto de Ley, sea ley de la
República”, fueron aprobados por unanimidad.
Lo anterior consta en el Acta
de sesión plenaria No. 072 de junio 15 de 2011. El Proyecto de Ley en comento
fue anunciado para discutirse en la próxima sesión plenaria cumpliendo con lo
dispuesto en el articulo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, dicho anuncio se
dio el día junio 09 de 2011 de los corrientes, según consta en el Acta de
Plenaria No. 071 de la misma fecha.”
La aprobación se realizó de la siguiente manera:
“Proyecto de ley número 173
de 2010 Cámara, 107 Senado, por medio
del cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la
asistencia en casos de desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio
de 1991.
(…)
En consideración la
proposición del informe de ponencia, continúa su discusión, va a cerrarse,
queda cerrada ¿lo aprueba la plenaria?
La Secretaría General informa,
Doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Ha sido aprobado el informe de
ponencia por unanimidad.
Este proyecto tiene tres
artículos sin proposición, señor Presidente.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, Doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Título y pregunta.
La Secretaría General informa,
Doctora Flor Marina Daza Ramírez:
El título Proyecto de ley
numero 173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio del cual se
aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos
de desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
Ha sido leído el titulo.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, Doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
En consideración el
articulado, el titulo y la pregunta, continúa su discusión, va a cerrarse,
queda cerrada ¿lo aprueba la plenaria de la Cámara?
La Secretaría General informa,
Doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí, señor Presidente, ha sido
aprobado.
(...)”
4.4.
Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional
4.4.1. Sanción.
El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria
del convenio internacional el 29 de junio de 2011, convirtiéndose en la Ley
1460 de 2011 y fue debidamente publicada en el Diario Oficial No. 48.116 de 30
de junio de 2011.
4.4.2. Remisión gubernamental oportuna.
Mediante oficio[24]
recibido el día cinco de julio de 2011, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica del
Convenio y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a
partir de la sanción de ésta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la
Constitución.
4.5. Conclusión
El proyecto de la ley aprobatoria de la “Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada
en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991: (i) surtió los cuatro debates de
aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las
publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los
anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben entre las
votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de
Representantes y v) su trámite no excedió dos legislaturas. Por lo anterior, la
Corte concluye que no hay vicio alguno de constitucionalidad en el trámite de
este proyecto.
5. Examen Material
En relación con el examen de fondo, éste consiste en juzgar
las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su
ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones superiores, para
determinar si aquéllas se ajustan o no a las disposiciones constitucionales que
rigen las relaciones internacionales y a la Constitución Política en general.
5.1. El régimen
constitucional de las relaciones internacionales
5.1.1. Las relaciones
exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos 150.16, 226 y
227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del país, así como
la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227). Finalmente, el
ámbito de desarrollo de la integración internacional comprende las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo 226).
5.1.2. Desde el preámbulo, la
Constitución refleja una inequívoca orientación hacia la participación activa
de Colombia en el escenario internacional y, de manera particular, un énfasis
en la integración de Colombia en la comunidad latinoamericana y del Caribe.
Este punto de partida se concreta (i) en el segundo inciso del artículo 9 que
establece que la política exterior de Colombia se orientará hacia la
integración latinoamericana y del Caribe y (ii) en el artículo 227 al
establecer que el Estado promoverá la integración económica, social y política
de manera especial con los países de América Latina y del Caribe, a tal punto
que incluso autoriza la celebración de tratados encaminados a la creación de
organismos supranacionales para conformar una comunidad latinoamericana de
naciones.
5.1.3. El presente instrumento
internacional es una “Convención Interamericana”. En el escenario
continental se dan cita las naciones latinoamericanas y caribeñas, como las
naciones angloamericanas y anglofrancoamericanas -al igual que en el Caribe-,
al lado de los pueblos de raíz iberoamericana. Por ello, el ámbito hemisférico
es un espacio privilegiado para la profundización de las relaciones exteriores
dirigidas a la integración de Latinoamérica y el Caribe, a cuya consolidación
concurre el sistema interamericano.
5.2. Antecedentes del Convenio
5.2.1. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1989[25],
se estableció el programa Internacional “Decenio Internacional para la
Resolución de los Desastres Naturales – DIRDN”, programa que se implementó
desde enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999, cuyo objetivo era “promover
a nivel global el conocimiento sobre los conceptos de prevención y atención de
desastres con énfasis en la aplicación de la ciencia y la tecnología, y mejorar
la capacidad de cada país para la reducción de los riesgos y adoptar sistemas
de alerta regional, nacional y local, contando con la ayuda de la cooperación
internacional”[26].
5.2.2. En 1994 en el marco de la Conferencia Mundial
sobre la reducción de desastres naturales, se formuló la estrategia y el plan
de acción de Yokohama, para un mundo mas seguro y dentro de los años
siguientes, se discutió la necesidad de adecuar y actualizar los contenidos
normativos y los mecanismos de coordinación existentes a las nuevas realidades
y complejidades de los desastres[27].
5.2.3. En la II Conferencia Mundial sobre la Reducción de
Desastres de Kobe, Japón, se aprobó la “Declaración y el Marco de Acción de
Hyogo 2005 – 2015”, en la que se instó a los países a desarrollar e
impulsar las iniciativas nacionales y regionales para los lazos de colaboración
frente a desastres, lineamientos  que permitieron alcanzar una década después,
un considerable aumento de la capacidad de los Estados y las comunidades,
frente a  los desastres, con la intención de reducir las perdidas que estos
ocasionan, tanto en términos de vidas humanas como en bienes sociales,
económicos y ambientales de las mismas.
5.2.4. Como desarrollo de dichos acuerdos, nace la
Convención Interamericana para Facilitar La Asistencia En Casos se Desastres,
firmada el 6 de julio de 1991, aprobada en la Sesión Ordinaria de la Asamblea
General de la OEA y la cual entró en vigor el 16 de octubre de 1996, con la
ratificación de la misma por parte de Panamá, Perú y Uruguay.
5.3. Fines del Convenio: valor constitucional de la
protección de la vida y bienes de los habitantes de los Estados Parte. (arts.
1, 2, 11, 58 C.P.)
5.3.1. El convenio tiene como finalidad la construcción
de un modelo compartido de atención humanitaria multilateral, para actividades
de socorro humanitario, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, tendiente
a dar impulso a la ayuda mutua y a la eficaz e inmediata prestación de
asistencia reciproca entre los países, sin dejar de lado el tema de la
prevención y la creación de mecanismos de mitigación de desastres, con miras a
la protección frente a eventuales perdidas humanas y materiales que afectan el
desarrollo económico y social de los países de América.
5.3.2. Como lo indicó la exposición de motivos, “La
Convención Interamericana mantiene el espíritu de la reciprocidad y el manejo
de los riesgos naturales acorde con los objetivos y directrices de las Naciones
Unidas y de la OEA, los cuales promueven la articulación de sistemas y de
acuerdos relacionados con la prevención y atención de los desastres entre los
países en desarrollo, así como los mecanismos que facilitan la solidaridad y el
fortalecimiento entre países de la región.” Esta Corporación, en sentencia
C-194/11, dijo:
“En efecto, a partir de los
años noventa, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido empleando la
expresión “asistencia humanitaria”, para referirse a una variedad de
actividades internacionales, incluyendo la ayuda a las víctimas de desastres
naturales, conflictos e intervenciones armadas. Algunos autores como Weiss[28], tomando
como base la jurisprudencia sentada por el Tribunal Internacional de Justicia
en el caso del Estrecho de Corfú[29]entre
el Reino Unido y Albania y el asunto de las actividades militares y
paramilitares de los Estados Unidos en Nicaragua[30], así
el texto de la resolución 45/100 titulada “Asistencia humanitaria a las
víctimas de las catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo
orden”, de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de
1990, sostienen incluso que nos encontramos ante un “Nuevo orden humanitario
internacional”, uno de cuyos pilares es la asistencia humanitaria.
La asistencia humanitaria, en
palabras de Hardcastle y T.L. Chua[31],
apunta a la protección inmediata y urgente de los derechos humanos, en especial,
los derechos a la vida, salud, alimentación, educación y vivienda, entre otros;
por lo que se imponen  responsabilidades básicas al Estado donde tuvo lugar la
emergencia humanitaria, en especial, (i) adoptar medidas urgentes y efectivas
encaminadas a atender a las víctimas; (ii) no obstruir el ingreso y entrega de
la asistencia humanitaria proveniente del exterior encaminada a atender a los
afectados (obligación de no hacer) y asimismo, la carga de remover todos los
obstáculos para que la ayuda proveniente del exterior ingrese al país sin
dificultades (obligación positiva).”
5.3.3. Así las cosas, los imperativos de la asistencia
humanitaria justifican la celebración de convenios de cooperación con otros
Estados, que permitan la salvaguarda de vidas humanas, la debida y eficaz
atención a las victimas con la mayor prontitud posible. De esta manera, tanto el
objeto como los fines de la Convención, derivados del concepto mismo de
atención humanitaria, se  ajustan a los mandatos constitucionales de protección
de los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la integridad
física y la salud, así como a los principios que rigen las relaciones
exteriores y de integración, en especial con los países de Latinoamérica y el
Caribe, expresamente consagrados en los artículos 9, 226 y 227 de la
Constitución Política.
5.4. Objeto y finalidad. (Preámbulo)
5.4.1.Según se deduce del contenido del preámbulo del
Convenio,  los Estados del hemisferio, fundados en el sentido de cooperación y
en el espíritu de solidaridad y buena vecindad, dispusieron la creación de un
instrumento que facilite y regule los procedimientos internacionales para la
prestación de asistencia en casos de desastres, catástrofes y otras calamidades
que destruyen la vida y amenazan la seguridad y los bienes de los habitantes
del continente americano, con miras a hacerla mas efectiva e inmediata.
5.4.2. La concepción de un instrumento internacional en esos
términos, armoniza plenamente con los postulados de la Carta Política de 1991,
toda vez que:
(i) Permite al Estado colombiano cumplir con la obligación
de internacionalizar sus relaciones políticas y afianzar una integración con las
naciones latinoamericanas, bajo bases precisas de equidad, igualdad,
reciprocidad y conveniencia nacional (C.P. art. 226 y 227), con miras a
alcanzar un objetivo común, como es el de prepararse y fortalecer los
mecanismos para la atención de desastres en forma mancomunada con otros
Estados.
(ii) Sujeta la ejecución del convenio a los fundamentos
constitucionales que gobiernan las relaciones exteriores, como son el respeto a
la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, bajo el gobierno de
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (C.P., art.
9o.), sometiendo el cumplimiento del acuerdo a la concordancia con los
ordenamientos internos de los Estados Partes y a la integración con los países
latinoamericanos.
(iii) Resalta la importancia de fomentar alianzas y otras
acciones que respondan a los riesgos y amenazas a causa de fenómenos naturales
y antrópicos que devastan la región e impactan el desarrollo económico y social
de los países, construyendo modelos compartidos de atención humanitaria
multilateral, para actividades de socorro, rehabilitación, reconstrucción y
desarrollo, sin dejar de lado la prevención y creación de mecanismos de
mitigación de desastres. (arts. 224 y 227 C.P.)
(iv) Asegura la realización de los fines esenciales de un
Estado social de derecho, en la medida en que redundará en la eficacia en la
atención de desastres y en el cumplimiento del deber de las autoridades de
garantizar la efectividad de los derechos y las libertades de los ciudadanos
(C.P. arts. 1o., 2o. y 229).
5.4.3. En suma, el objeto y finalidades del presente
Convenio desarrolla preceptos constitucionales regulatorios de las relaciones
internacionales de Colombia y disposiciones relativas al cumplimiento de los
fines esenciales del estado.
5.5. Ámbito de aplicación, alcance y autoridades
competentes, (Preámbulo, artículos I, II, III y IV)
5.5.1. El artículo I establece como premisa fundamental para
la aplicación de la Convención, la solicitud de asistencia que un Estado Parte
realice a otro, e indica que para efectos de la convención, la aceptación de asistencia
por un Estado Parte, del ofrecimiento de auxilio de otro Estado, será
considerada como una solicitud de asistencia. El
articulo II, señala la forma en que serán trasmitidas las solicitudes,
ofrecimientos y aceptaciones de asistencia entre los Estados, indicando que se
surtirán por los canales diplomáticos o por la Autoridad Nacional Coordinadora, establece la necesidad del
mantenimiento de consultas entre los
Estados auxiliador y auxiliado, al ocurrir un desastre, con el fin de
determinar el tipo de auxilio requerido y finalmente prescribe que aceptada la
asistencia, el Estado auxiliado debe notificar a sus
autoridades competentes para que otorguen las facilidades necesarias al Estado
auxiliador. El artículo
III establece que cada Estado Parte de acuerdo con su legislación interna,
designará una Autoridad Nacional Coordinadora, que se
encargará de transmitirlas solicitudes de asistencia, recibir los ofrecimientos
de auxilio y coordinar la asistencia dentro de su jurisdicción nacional;
determina igualmente que la designación de la Autoridad Nacional Coordinadora se notificará a la Secretaría General de la OEA e
indica la función de coordinación que ejercerán el Comité
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia
de la OEA y su Presidente en casos de desastre. Por
su parte, el articulo IV prescribe que la responsabilidad general de la
dirección, control y supervisión de la asistencia dentro de su territorio,
estará a cargo del Estado auxiliado, el cual deberá
proporcionar – en la medida de sus capacidades- instalaciones y servicios
locales y brindará protección al personal y a los equipos y materiales que
hayan sido llevados a su territorio por el Estado auxiliador; anota que en los
casos en que la asistencia incluya personal, el
Estado auxiliado en consulta con el Estado auxiliador, deberá designar una
persona que ejercerá la supervisión operativa directa del mismo.
5.5.2.Para la Corte, las disposiciones antes reseñadas, que regulan la forma y
trámite de la petición y ofrecimiento de asistencia en casos de desastre, así
como la designación de una autoridad nacional que la coordine, la participación
de las autoridades de la OEA y la responsabilidad de
la dirección supervisión y control en cabeza del Estado auxiliado, son
respetuosas de los postulados constitucionales relativos
a la soberanía nacional y la libre determinación de los pueblos, al sujetar la
asistencia a la solicitud que el Estado auxiliado
realice a los demás Estados Parte y al otorgarle la dirección y manejo de dicha
asistencia, salvaguardando su autonomía y autodeterminación.
5.6. Exoneración de gravámenes
y tributos. (Artículo V)
5.6.1. En relación con exoneraciones
del pago de tributos, tasas o contribuciones para los medios de transporte,
equipos y abastecimiento enviados por los Estados Parte para las actividades de
asistencia, la Constitución Política radica en el Congreso de la República la
potestad tributaria y con ello la facultad de establecer los sujetos pasivos de
los impuestos, tasas y contribuciones y los hechos generadores de los mismos, y
la facultad de exonerar determinados sujetos y hechos de la carga impositiva.
Adicionalmente, la exoneración de los gravámenes en cuestión autorizada por el
Legislador a través de la ley aprobatoria, tampoco no vulnera criterios
constitucionales de equidad; por el contrario, responden a criterios de
razonabilidad, ya que la incorporación al territorio aduanero nacional de los
bienes destinados a la atención de desastres desarrolla directamente los
objetivos del Convenio y los fines constitucionalmente ya discernidos.
5.6.2. Específicamente, respecto de la hipotética
exoneración de tributos de ciertos tributos que puedan escapar a la potestad
legislativa del Congreso, la Corte señaló que la prohibición contenida en el
artículo 294[32]
de la Constitución, no imposibilita que los tratados internacionales concedan
exenciones, siempre que la Nación compense a las entidades territoriales las
posibles afectaciones de sus ingresos[33].
5.6.3. Sobre las disposiciones contenidas en los artículos
Vy VII de la Convención, que establecen que los
Estados Parte de acuerdo con su legislación interna,
deberán suministrar los permisos y facilidades migratorias, así como poner su
mayor empeño en agilizar y dispensar las formalidades aduaneras, con el fin de
permitir la entrada, salida y tránsito de bienes y personas del Estado
auxiliador y que tengan por finalidad la prestación
de asistencia, se plantea alguno de los intervinientes (ver supra 3.4.) si debe
limitarse esa libertad de movilidad mediante declaración interpretativa, que
por motivos de seguridad nacional o pertinencia del interés nacional.
5.6.4. La Convención objeto de examen, al disponer el libre
ingreso, tránsito y salida de bienes y personas entre los Estados Parte, así
como el suministro de las facilidades migratorias y aduaneras, desarrolla el
concepto de cooperación internacional de los Estados hemisféricos con pleno
respeto por los principios de soberanía de los estados auxiliados. Además, los
artículos VI y VIII de la Convención respetan las
potestades del Estado auxiliado y el de tránsito, en
relación con la determinación de vías de acceso, tránsito y lugares de destino
final de los medios de transporte, equipos y
abastecimientos, pudiendo incluso designar zonas restringidas, las cuales
deberán ser respetadas por los Estados
Partes.
5.7. Estatuto personal: libertad de ingreso, salida y
tránsito de personas; áreas restringidas; inmunidades. (Artículos VI, VI y
VIII)
5.7.1.Las disposiciones contenidas en estos artículos bajo examen
relativas a la circulación en el territorio nacional
del personal no nacional de auxilio, no
contravienen la Carta Política, en lo referente a la
soberanía nacional y libre determinación de los pueblos, toda vez que responden
a las exigencias de un mundo cada vez mas globalizado
e integrado que permita la solución de problemas a nivel global, como lo es el
caso de desastres naturales o calamidades de diversa índole, con el concurso de
la comunidad internacional. Además, se
trata de medidas migratorias, respecto de las cuales
el Legislador tiene una amplia facultad de regulatoria.
5.7.2.La jurisprudencia constitucional ha
admitido la introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados
internacionales para reconocer que las mismas son medios para asegurar la
independencia de los representantes diplomáticos y la autonomía de las
organizaciones internacionales en el ejercicio de sus funciones y que no, per
se, contrarias al ordenamiento jurídico[34]
, pues que tienen su fundamento en disposiciones de derecho internacional
aceptados por Colombia (art 9 C.P.) y no quebrantan por sí mismas el concepto
de soberanía nacional[35].
5.7.3. De otra parte, se ha precisado que las inmunidades y
privilegios conferidos se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén
encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho
internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas
prerrogativas[36].”
y que éstas no sean absolutas.
5.7.4. A partir de los anteriores presupuestos la Corte  no
observa contradicción entre el texto del Convenio y la Constitución, ya que, al
igual que ocurre con la concesión de las exoneraciones tributarias  en materia
de medios de transporte, equipos y abastecimientos -artículo V sub examine-,no
son absolutas, toda vez que están orientada únicamente a los bienes cuya
destinación sea la prestación de auxilio en casos de desastre y calamidades y
se encuentra acorde con los principios de derecho internacional aceptados por
Colombia, la Convención de Viena y la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional en anteriores oportunidades[37].
5.8. Responsabilidades y Riesgos. (Artículos IX, X y XIV)
5.8.1. Los artículos IX y X
establecen las obligaciones y responsabilidades de los Estados Parte, señalando
que el Estado auxiliado procurará ofrecer al
personal de auxilio el apoyo que éste requiera, y que el Estado auxiliador prestará la
asistencia con pericia, evitando negligencia, sin que
ello implique la garantía de que no ocurrirán daños. El artículo XIV indica que
los costos por concepto del auxilio prestado correrán por cuenta del Estado que
auxilia, sin costo alguno para el Estado auxiliado, salvo acuerdo en contrario.
5.8.2. Se trata, lo primero, de una obligación
internacional natural para el Estado colombiano, cuando se halle en posición de
receptor de asistencia. Del mismo modo, los estados auxiliadores concurren
vinculados a deberes de medio, no de resultado,
habiendo sido desproporcionado y contraproducente para la oferta de ayuda, otro
tipo de acuerdo en materia de responsabilidad basada en la buena fe de los
estados. Considera la Corte que las disposiciones
aludidas no presentan reparo de constitucionalidad,
al prescribir con claridad los deberes y responsabilidades de los Estados
Parte, y la asunción de los costos de la asistencia que se preste en desarrollo
del convenio.
5.9.
Protección al personal de auxilio. (Artículo XI)
5.9.1. Por su parte, el artículo XI establece que las
personas que conforman el personal de auxilio no estarán sujetos a la
jurisdicción penal, civil o administrativa del Estado auxiliado, por los actos
que desarrollen estrictamente en el marco de la asistencia,
pudiendo el Estado auxiliado extender dicho tratamiento de acuerdo a su derecho
interno, a sus nacionales o residentes permanentes que formen parte del
personal de auxilio.
5.9.2. Esta Corporación se ha pronunciado en varias
oportunidades sobre el principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados y
los organismos internacionales[38],
para concluir que tal principio se deriva de una regla del derecho
internacional público reconocido por la costumbre y los instrumentos
internacionales, en virtud del cual “los
agentes y bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación
coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes.[39]”
5.9.3. La Corte ha sostenido
que el principio de inmunidad de jurisdicción debe ser entendido en
concordancia con el artículo 9 de la Constitución Política según el cual, las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
principios de derecho internacional aceptados por Colombia; la soberanía,
independencia e igualdad de los Estados; y,tratándose de organismos y agencias
internacionales, en la necesidad de que gocen de independencia para el
cumplimiento de su mandato. Así, en criterio de la jurisprudencia, los privilegios
e inmunidades de los Estados y las agencias internacionales huéspedes en
Colombia, “queda[n] supeditad[os] a que, efectivamente, propendan por la
defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de derecho
internacional de que se trate.[40]”
5.9.4. Con todo, esta Corporación ha sostenido que a la luz
de la Constitución, en el territorio colombiano ningún Estado u organismo internacional
gozan de inmunidad absoluta[41],
por cuanto las atribuciones que le competen al Estado colombiano en términos de
soberanía e independencia, implican que tiene capacidad jurídica para “asegurar la defensa de los derechos de las personas
sometidas a su jurisdicción”.Así, las
intervenciones de las autoridades colombianas que persigan la defensa de los
derechos de los habitantes del territorio nacional, en tanto no obstaculicen el
desempeño eficaz de las funciones de los organismos de derecho internacional
huéspedes en Colombia, “no sólo son legítimas sino necesarias para
garantizar el orden constitucional y en particular el respeto a la recíproca
independencia[42].”
5.9.5. Entre los límites a la inmunidad de los agentes de
Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren en
el territorio nacional, en materia penal, la Corte ha indicado que los privilegios
“no implican la impunidad frente a posibles
delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano.
Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas
internacionales[43],
los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por
los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de
delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser
garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a
las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los
requisitos para ello.”[44].
5.9.6. Ahora bien, frente a
la jurisdicción civil y administrativa, la Corte en Sentencia C-315 de 2004,
que declaró la constitucionalidad de “La Convención sobre las Misiones
Especiales” de las Naciones Unidas -abierta a la firma en Nueva York el 16
de diciembre 1969-, así como de la Ley aprobatoria 824 de 2003, indicó:
“(1)
El principio de inmunidad de jurisdicción no implica que la víctima de un daño
antijurídico causado por una misión diplomática no pueda obtener la
indemnización respectiva. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada
por el Consejo de Estado en la materia, si “por un tratamiento de privilegio
conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un
desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la
posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural,
es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el
particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento
en su actuar complejo (…).[45]”
De este modo, el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas ocasionado
por la actividad legítima del Presidente de la República y el Congreso, que
genera un daño antijurídico, impone al Estado el deber de reparar a los
afectados[46].”
5.9.7. En conclusión, la
jurisprudencia constitucional estima que el principio de inmunidad de
jurisdicción restringida no es contrario a la Carta. En este sentido, dicho
principio solo se justifica en la necesidad de garantizar que las misiones
diplomáticas y los organismos de derecho internacional cumplan sus funciones
con independencia, y en el respeto por la soberanía, independencia e igualdad
de los Estados. Es por ello que dicho principio no es contrario a la
intervención de las autoridades colombianas, cuando éstas persigan la
protección de los derechos de los habitantes del territorio nacional. Por
consiguiente, el reconocimiento de privilegios e inmunidades en los términos
planteados en el convenio bajo examen, en el que claramente se excluyen los
actos ajenos a la prestación de asistencia y las acciones civiles o
administrativas a faltas intencionales de conducta o negligencia grave, que
podrán ser resueltas por los tribunales del Estado auxiliado, es compatible con
las normas constitucionales.
5.9.8. Como prescripción adicional, se establece que el
personal de auxilio deberá respetar las leyes y reglamentaciones del Estado
auxiliado y de los Estados en transito, debiéndose abstener de llevar a cabo
actividades políticas o incompatibles con dichas
leyes o con las disposiciones de la convención; y las
acciones judiciales que se emprendan contra el personal de auxilio serán
conocidas y resueltas en los tribunales del Estado auxiliado.
5.10. Reclamaciones e
indemnización. (Artículos XII, XIII)
5.10.1. El articulo XII, sobre las reclamaciones e
indemnización, establece la renuncia del Estado auxiliado a cualquier
reclamación por daños o perjuicios que pudieran plantearse
contra el Estado auxiliador o el personal de auxilio. Adicionalmente señala que
en caso de reclamaciones por daños o perjuicios que surjan del cumplimiento de
la prestación de auxilio, el Estado auxiliado subrogará al Estado auxiliador y
al personal de auxilio, exceptuando claramente la aplicación de dicho régimen,
a los actos ajenos al cumplimiento de la asistencia ni a faltas intencionales o
de negligencia grave.
5.10.2. La Corte reiteradamente ha señalado que en el ámbito
de las negociaciones internacionales el mecanismo de la subrogación es
comúnmente utilizado, a fin de regular lo referente a la responsabilidad de las
Partes frente a sus acciones, imprimiendo una mayor seguridad en el cumplimiento
de los compromisos y de las garantías que se adopten para proteger a las partes
y al personal de auxilio frente a los riegos y las vicisitudes que se puedan
presentar derivadas de los actos propios del cumplimiento de la labor de ayuda
humanitaria.
5.10.3. El artículo 90 de la Constitución Política consagra
la cláusula general de responsabilidad del Estado al señalar en su inciso
primero que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas”.Encuentra la Corte que, dado que la administración y control de
la prestación de auxilio es realizada por el Estado auxiliado, la correlativa
asunción de los riesgos por el mismo y la subrogación del Estado auxiliador y
el personal de auxilio por actos relacionados con la misión, tiene pleno
fundamento en la responsabilidad patrimonial del Estado como garantía integral
del patrimonio de los ciudadanos, consagrado en los artículos 2, 58 y 90 de la
Constitución.
5.10.4. Indica la Convención el deber de colaboración entre
los Estados auxiliador y auxiliado que resulten afectados, a fin de facilitar
la resolución de las reclamaciones o procesos judiciales a que se refiere este
artículo; y establece que el Estado auxiliado podrá contratar un seguro para
responder por los presuntos daños que pudiere ocasionar el Estado auxiliador o
el personal de auxilio. Normas que no ofrecen duda de constitucionalidad.
5.10.5. Por otra
parte, el artículo XIII. establece la posibilidad de que
las disposiciones previstas en los artículos XI
y XII
sean modificadas por acuerdo expreso entre el Estado auxiliador y el Estado
auxiliado, como corresponde al desarrollo de las relaciones entre estados
soberanos.
5.11. Relación
con acuerdos existentes.(Artículo XV)
5.11.1. Expresa el artículo XV. que en
caso de discrepancia entre la presente Convención y otros acuerdos
internacionales en que sean parte el Estado auxiliador y el Estado auxiliado,
prevalecerá la disposición que facilite con mayor amplitud el auxilio en casos
de desastre y favorezca el apoyo y protección al personal que presta tal
auxilio.
5.11.2. Encuentra la Corte, que el contenido de esta norma
no genera reparo alguno de constitucionalidad, en tanto pretende facilitar la
pronta y eficaz prestación de ayuda en casos de desastre, que permitan la
protección de las personas y bienes del país auxiliado, como del personal de
auxilio.
5.12. Organizaciones Gubernamentales y No gubernamentales.
(Articulo XVI)
5.12.1. El artículo XVI.
estipula: a)  que las organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales prestadoras de auxilio, podrán con el consentimiento del Estado
auxiliado, acogerse a los preceptos de la convención; b) que los Estados y las
organizaciones internacionales no gubernamentales
podrán incorporar a sus misiones de auxilio a personas privadas, físicas o
jurídicas o a organizaciones internacionales no gubernamentales; c) que se
podrán aplicar las disposiciones de esta Convención al personal de las organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, con la salvedad de
que no será automáticamente aplicable a dicho personal el párrafo (a) del
artículo XI.
d) Los acuerdos a que se refieren los párrafos (a) y (c) de este artículo no
tendrán efecto respecto de terceros Estados.
5.12.2. No encuentra la Corte reparo alguno de
constitucionalidad de las disposiciones examinadas, al estar sujetas al
consentimiento del Estado auxiliado.
5.13. Firma, adhesión, ratificación, reservas y vigencia.
(Artículos XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XIII)
Analizadas las disposiciones contendidas en los XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII y XIII, contienen las normas sobre firma, adhesión, ratificación,
reservas y vigencia de la Convención, las cuales no ofrecen reparo alguno de
constitucionalidad ya que se trata de normas de carácter derivadas del derecho
internacional de los tratados públicos.
6. Conclusión
6.1. En relación con el aspecto formal, la Corte concluyó:
(i) el Estado colombiano estuvo válidamente representado durante el proceso de
adopción de la Convención; (ii) se observaron las reglas propias del trámite
legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
6.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de
la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de
desastre”, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991, la Corte
encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la
integración con otros Estados, a la soberanía nacional, a la libre
determinación de los pueblos, a la potestad de configuración legislativa en
materias tributaria y de migración, y a la efectividad de los principios y
derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de
la vida y libertad de todos las personas residentes en Colombia.
6.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la
Corte Constitucional declarará exequible tanto la Ley 1460 de junio 29 de 2011,
por medio de la cual se aprobó la “Convención Interamericana para facilitar
la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de
junio de 1991, como el Convenio incorporado en su texto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO-. Declarar EXEQUIBLEde la “Convención
Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada
en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991.
SEGUNDO-. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1460 de junio 29
de 2011, por medio de la cual se aprobó la “Convención Interamericana para
facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de
Chile, el 7 de junio de 1991.
TERCERO-. Disponer que se comunique inmediatamente
esta sentencia al Presidente de la República para lo de su competencia, así
como al Presidente del Congreso de la República.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
ADRIANA
GUILLEN ARANGO
Magistrada
(E)
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ausente
con excusa
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011.
[2]
Ver, Sentencias C-468/1997; C-376/1998; C-426/2000 y C-924/2000.
[3]
Sentencia 1192/08.
[4] 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del
texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse
por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:a) si se presentan los adecuados
plenos poderes, ob) si se deduce de la práctica seguida por los Estados
interesados. o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha
sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y
prescindir de la presentación de plenos poderes.2. En virtud de sus funciones,
y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su
Estado:
a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno
y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos
relativos a la celebración de un tratado;b) los Jefes de misión diplomáticas,
para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el
Estado ante el cual se encuentran acreditados;c) los representantes acreditados
por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización
internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en
tal conferencia. Organización u órgano.8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de
un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda
considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá
efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.9. Adopción del texto. 1. La adopción del texto de un
tratado se efectuara por consentimiento de todos los Estados participantes en
su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de
un tratado en una conferencia internacional se efectuara por mayoría de dos
tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan
por igual mayoría aplicar una regla diferente.10. Autenticación del
texto. El texto de un tratado quedara establecido como auténtico y
definitivoa) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan
los Estados que hayan participado en su elaboración; ob) a falta de tal
procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referéndum" o la rúbrica
puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el
acta final de la conferencia en la que figure el texto.
[5]
Copia a folio 167 del cuaderno 1 de pruebas.
[6] En el presente caso no era necesario agotar el
requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas que puedan resultar
afectadas directamente por cualquier medida legislativa. La consulta previa es
imperativa en el caso de decisiones queafectan directamentecomunidades
étnicas. Sobre este punto la Corte afirmó lo siguiente en la sentencia C-030 de
2008:“De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio,
cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales:
el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les
conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de
participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o
legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el
cual se ha previsto un deber de consulta.”.
[7]
Folios 85 a 90  de cuaderno  2 de pruebas
[8]Folios 80 a 84 del cuaderno 2 de pruebas.
[9]
Folios 23 a 60 del cuaderno 2 de pruebas.
[10]
Folios1 y 2 del cuaderno 2 de pruebas.
[11]
Folio 172 del cuaderno 1de pruebas.
[12]
Folios 165 a 169 del cuaderno No. 2 de pruebas.
[13]
Folios 159 a 164 del cuaderno 2 de pruebas.
[14]
Folios1 y 2 del cuaderno 5 de pruebas.
[15]
folios 9 a 16 cuaderno de pruebas No. 3.
[16]
Folios 3 a 22 del cuaderno 5 de pruebas.
[17]
Folios 23 a 44 del cuaderno 5 de pruebas.
[18]
Folio 46 del cuaderno principal.
[19]
Folios 13 a 22 del cuaderno  No. 3 de pruebas
[20]
Folios 2 a 72 del cuaderno 4 de pruebas.
[21]
Folios 60 y 61 del cuaderno 4 de pruebas.
[22]
Folios 85 a 151 del cuaderno 6 de pruebas.
[23]
Folio 102 del cuaderno No. 2 de pruebas.
[24]
Oficio OFI11-00065990/JMSC 33020 del 2 de julio/11. (folio 1 del cuaderno 1)
[25]
Resolución número 44-236.
[26]
Exposición de motivos.
[27]
Ponencia para Primer debate al proyecto 107 de 2009 de Senado.
[28] Pierre Weiss, Relations internationales: le nouvel ordre mondial.
Paris, Edit.Eyrolles, 1993, p. 192.
[29] Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia de fondodel 9 de abril de 1949, asuntodelEstrecho de Corfú, en L. Gardiner, The
EagleSpreadshisClaws: A History of the Corfu Channel Dispute and of Albanian
Relations with the West, 1945-1965, Blackwood& Sons, Edinburgh, London,
1966, p. 286.
[30]
Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia del 27 de junio de 1986,
asunto de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en
Nicaragua, en Lang, “L’affaire Nicaragua/EtatsUnisdevant la CIJ”, LGDJ, 1990, pp. 861-900.
[31] Rohan J. Hardcastle y Adrian T.L.Chua., « Asistence Humanitaire:
vers un droit d´ácces aux victimes des guerres », Révue Internationale
de la Croix Rouge, decembre de 1998, p.p. 633 – 654.
[32]
Artículo 294 de la Constitución. La ley no podrá conceder exenciones ni
tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las
entidades territoriales Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos
salvo lo previsto en el artículo 317.
[33]
Sentencia C-859/2007.
[34]
Ver, entre otras, la sentencia C-254 /03.
[35]
Ver entre otras las Sentencias C-203/1995, C-137/1996, C-254/2003, C-1333/2000,
C-315/2004.
[36]Sentencias
C-203/1995 y C- 442/1996.
[37]
Sentencias C-203/1995, C-137/1996, C-254/2003, C-1333/2000, C-315/2004,
C-820/04, entre  otras.
[38]
Sentencias T-93/10, T-628/10, T-633/09, T-1029/05, T-917/05 y T-833/05; y las
sentencias de constitucionalidad C-1156/08, C-276/06, C-038/06, C-863/04,
C-315/04, C-578/02, C-287/02, C-442/96, C-137/1996 y C-563/1992.
[39]
Sentencia C-137/ 1996.
[40]
Sentencia C-442/1996.
[41]
sentencias C-1156/2008, C-863/04, C-315/2004, C-287/2002, C-442/1996 y
C-137/1996.
[42]
Sentencia C-788/11.
[43]Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que
“el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado
receptor,” señala en el numeral 4 del mismo artículo que “la inmunidad de
jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la
jurisdicción del Estado acreditante.” Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (Ley 17 de 1971), establece en su
artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos
o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por
decisión de la autoridad judicial competente.” Igualmente, el Artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios
consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de
las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos
ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.”Ver. Sen
B., “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición,
páginas 95-202 y 285 a 309.
[44]
Sentencia C-788/11.
[45]Sentencia del 25 de agosto de 1998, Radicación número IJ-001,
Sección Tercera del Consejo de Estado.
[46]Sentencias C-1156/08 y C-254/2003.