T-726-17
Sentencia T-726/17
TEMERIDAD-Supuestos para su
configuración
Esta Corporación ha precisado que la
temeridad surge de la formulación de varias acciones de tutela con una
identidad de hechos y de objeto, actuación que se encuentra guiada por una
intensión dolosa y de mala fe de engañar al administrador de justicia con el
fin de que estudie un caso que se analizó en el pasado. De igual forma se
requiere que no exista justificación para la presentación de una nueva demanda
de tutela.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Contenido
DERECHO A LA VIVIENDA
ADECUADA Y SEGURIDAD PERSONAL EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA-Nexo
El vínculo que existe entre los
derechos a la vivienda y a la seguridad personal como uno de los contenidos de
la primera garantía también reconoce que un contexto de zozobra, peligro y
violencia impide el goce de una solución habitacional adecuada, porque evita
que el hogar sea duradero y sea un lugar donde una persona pueda vivir en paz,
mandato reconocido por la Observación General No 4. Ese escenario redunda en
afectación de otros derechos fundamentales, por ejemplo salud y vida. Sin
embargo, ese nexo se torna más evidente en los contextos en que las personas
padecen un riesgo excepcional de inseguridad producto de la pertenencia a un
grupo o característica de la persona.
SUBSIDIO
DE VIVIENDA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA Y LA CAJA PROMOTORA DE
VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA-Regulación normativa
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIVIENDA DIGNA-Vulneración por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía debido a que no estudió en el proyecto de construcción de interés social el contexto de
violencia que padecía la zona
Las autoridades no realizaron un estudio de seguridad serio y
adecuado sobre el proyecto. Un análisis de ese tipo hubiese evidenciado el
contexto de violencia del área y el peligro que podían correr los demandantes y
sus vecinos.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
EN SU DIMENSION DE HABITABILIDAD Y SU RELACION CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD
PERSONAL-Caso
en que accionantes tuvieron que abandonar viviendas adjudicadas en una zona de
alta criminalidad
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA-Orden a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía entregar
auxilio de vivienda a ex militar en situación de discapacidad
Referencia:
expedientes T-6.210.322, T-6.210.323 y T-6.300.703
Acción de tutela presentada por: i) Héctor Hernando
Montoya Gaviria; ii) Oswaldo Beusaquillo Samboni; y iii) Egidio Antonio Posada
Torres contra la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el Ejército
Nacional, el Ministerio de Defensa y la Unidad para las Victimas.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre
de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por, la Magistrada Diana Fajardo Rivera y
Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así
como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al
trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los
procesos de la referencia, en su orden:
Expediente
Fallos de tutela
T-6.210.322
Primera Instancia: sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 30 de marzo de 2017.
T-6.210.323
Primera Instancia: sentencia de la Sección Tercera,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 30 de
marzo de 2017.
T-6.300.703
Primera Instancia: sentencia de la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, proferida el 23 de marzo de 2017.
En Auto del treinta (30) de junio
de dos mil diecisiete (2017), la Sala de Selección Número Seis de la Corte
Constitucional escogió los expedientes T-6.210.322 y T-6.210.323 para revisión.
En Auto del 25 de agosto del año en curso, la Sala de Selección Número Ocho de
esta Corporación acumuló el expediente T-6.300.703 a los procesos seleccionados
y referenciados para que fueran fallados en una misma providencia.
I.       ANTECEDENTES
Las solicitudes de amparo se fundamentaron en
los siguientes:
1.     Hechos
En ejercicio de
sus funciones como soldados profesionales del Ejército Nacional, los ciudadanos
Héctor Hernando Montoya Gaviria[1]
y Oswaldo Beusaquillo Samboni[2]
sufrieron una herida en combate por la que perdieron una de sus extremidades
inferiores. Como resultado de ese hecho, el Ministerio de Defensa indemnizó y
reconoció la pensión por invalidez a los actores.
Por su parte, el
ciudadano Egidio Posada Torres sufrió la muerte de su hijo Federman Posada Hincapié,
quien se desempañaba como soldado profesional. El deceso del descendiente del
tutelante se produjo en un combate armado en el Municipio de Calamar en San
José del Guaviare.
En mayo y junio
del año 2011, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía –en adelante CAPROVIMPO
- entregó a los demandantes un inmueble de interés social -VIS- en el Municipio
de Palmira, Valle del Cauca, en la Urbanización Bicentenario de la Comuna Uno,
bienes que se identifican con la dirección, escritura pública y nomenclatura
que se refiere a continuación:
Héctor Hernando
Montoya Gaviria
Casa: Dirección
Calle 57 A NO 42-43, manzana N, casa 09 de conformidad con la escritura
pública No 3.146 de 2010 de la notaria tercera del circulo de Palmira Valle y
número de folio de matrícula inmobiliaria 378-0095092 de la Oficina de
Instrumentos Públicos.
Oswaldo
Beusaquillo Samboni
Casa: Dirección
Calle 58 A NO 42-76, manzana J, casa 13 de conformidad con la escritura
pública No 1.361 de 2011 de la notaria tercera del circulo de Palmira Valle y
con número de folio de matrícula inmobiliaria 378-009506 de la Oficina de
Instrumentos Públicos.
Egidio Antonio
Posada Torres
Casa: Dirección
Calle 57 A NO 42-11, manzana N, casa 17 de conformidad con la escritura
pública No 3.158 de 2010 de la notaria tercera del circulo de Palmira Valle y
número de folio de matrícula inmobiliaria 378-0095100 de la Oficina de
Instrumentos Públicos.
La adjudicación de
las viviendas con cargo al Fondo de Solidaridad de las fuerzas militares se
encuentra precedida de un procedimiento que se compone de varias etapas, como
son: i) la apertura de convocatoria; ii) la postulación de afiliados; iii) la
calificación de postulantes; iv) el cierre de convocatoria; v) la publicación
del listado de beneficiarios; y vi) la entrega de viviendas. Así mismo, la
adquisición de los inmuebles se realiza con la concurrencia de recursos del
afiliado y de CAPROVIMPO. En los tres casos, la relación de recursos se resume
en la siguiente tabla:
Héctor Hernando
Montoya Gaviria
Aportes del
actor:               $ 15.841.985.79 M/cte.
Aportes CAPROVIMPO:
$ 22.118.014.21 M/cte.
Total valor de
la vivienda: $ 37.960.000.oo M/cte..
Oswaldo
Beusaquillo Samboni
Aportes del
actor:               $ 4.915.252.99 M/cte.
Aportes CAPROVIMPO:
$ 34.233.747.01 M/cte.
Total valor de
la vivienda: $ 39.149.000.oo M/cte..
Egidio Antonio
Posada Torres
Aportes del
actor:               $ 4.241.170.25 M/cte.
Aportes CAPROVIMPO:
$ 33.718.829.75 M/cte.
Total valor de
la vivienda: $ 37.960.000.oo M/cte.
En el mes de junio
del año 2011, los actores denunciaron ante CAPROVIMPO que la seguridad del sector
donde habitan se encontraba afectada por la presencia de bandas criminales.
Indicaron que esos grupos constriñen y amenazan a la población, al punto que la
han sometido a diversos hechos de violencia, por ejemplo exigen vacunas para
salir de las casas, transitar por las calles del barrio o tener cualquier
negocio. También, el hampa ha obligado a que la comunidad soporte un ambiente
de consumo de drogas ilícitas o la presencia de casas de lenocinio en los
inmuebles abandonados. Es más, informaron que esos grupos delincuenciales
asesinaron a la familia de un exintegrante de las Fuerzas Militares y a un
soldado profesional.
En esa misma
mensualidad, CAPROVIMPO remitió comunicados a las autoridades de policía del
Municipio de Palmira para que resolvieran el problema de criminalidad
denunciado por los beneficiarios del proyecto Bicentenario. Sin embargo, éste
no tuvo mejoría alguna.
El 8 y 13 de
noviembre de 2013, los vecinos de la urbanización Bicentenario llevaron a cabo
protestas en el punto de atención de CAPROVIMPO en Cali y en la sede de esta
entidad en Bogotá. Como resultado de esas manifestaciones, la CAPROVIMPO citó a
una reunión a la Secretaria de Gobierno del Municipio de Palmira, al Comandante
de Policía de esa ciudad, al Ejército, al CTI de la Fiscalía, a la Procuraduría
y a otros entes que se encuentran encargados de garantizar la seguridad de los
ciudadanos. Esa sesión se efectuó el 15 de noviembre de 2013 y se concertaron
los siguientes acuerdos: i) la necesidad de imprimir celeridad de la
investigación del asesinato de la familia de un exmiembro del Ejército Nacional;
ii) iniciar la investigación de las amenazas que sufre la población que habita
en el barrio Bicentenario; iii) verificar si esa situación se constituye como
desplazamiento forzado a causa de la inseguridad del lugar; iv) la presencia
policial permanente, al instalar en una de las casas de la urbanización un
puesto de mando; v) el apoyo del Ejército Nacional con patrullajes motorizados
de unidades del Batallón Agustín Codazzi de Palmira; y vi) el seguimiento a los
compromisos.
Debido a que
persistió la grave situación de orden público, en el mes de noviembre del año
2013, los tutelantes y varias familias huyeron de sus casas y abandonaron todos
sus bienes muebles[3].
En la actualidad, los petentes residen en otras ciudades diferentes a Palmira
en casa de familiares.
En diferentes
oportunidades, los accionantes interpusieron derechos de petición ante la CAPROVIMPO
con el fin de que se solucionara su situación y fueran reubicados. En respuesta
a las solicitudes, la entidad manifestó que tenía toda la voluntad para
garantizar la vivienda digna de los beneficiarios, empero se encontraba
impedida legalmente para entregar otro subsidio a un grupo familiar que se
hubiese beneficiado del programa.
Los demandantes cuentan
con el respectivo registro en Unidad de Victimas por el desplazamiento forzado,
por lo que tiene reconocimiento de víctimas del conflicto armado.
Los actores
señalaron algunos aspectos particulares de su vida, a saber: i) el señor Héctor
Hernando Montoya Gaviria vive con su señora madre y un hermano que padece
esquizofrenia; ii) el señor Oswaldo Beusaquillo Samboni habita con su esposa e
hija; y iii) el señor Egidio Antonio Posada Torres convive con su esposa e
hijos.
2.     Solicitud de
Tutela
Los actores
solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la
vivienda digna, en conexidad con el derechos a la vida por las constantes
amenazas que han recibido el personal de la fuerza pública en retiro, a la
integridad, a la dignidad humana, a la paz, a la seguridad, al ambiente sano, a
la vida en familia, a la locomoción y libre circulación de las personas con
quien viven y los suyos. Indicaron que son sujetos de especial protección
constitucional derivado de su condición de discapacidad y de víctimas del
conflicto armado. En consecuencia, pidieron que sean reubicados en una vivienda
adecuada y que se les permitiera el reintegro a COPROVIMPO de las casas
entregadas en el programa VIS denominado “los Héroes sí tienen casa” en
el barrio Bicentenario del Municipio de Palmira. Ello con el fin de que no sean
sancionados o queden en imposibilidad de gozar de una vivienda digna.
Para sustentar sus
pretensiones, los tutelantes citaron in-extenso la Sentencia T-024 de
2015, sin efectuar aplicación a su caso.
3.      Intervención de la
parte demandada
En autos del 13 de
marzo de 2017[4]
, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió las demandas de tutela y
notificó el escrito a las autoridades accionadas.
3.1.
CAJA PROMOTORA DE
VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA – CAPROVIMPO -
La
señora Diana Marcela Ospina Herrera, Jefe de la Oficina Jurídica de la Caja
Promotora de Vivienda y de Policía –CAPROVIMPO -, solicitó que las demandas
fuesen declaradas improcedentes por temeridad, dado que los actores habían
formulado una acción de tutela previa con varios demandantes, trámite en donde se
denunció la inseguridad que se presenta en la Urbanización Bicentenario y se
solicitó la reubicación. Ese proceso se adelantó bajo el radicado No. 2014-0816-00
y concluyó con sentencia del año 2014. En esa providencia, se exhortó a las
entidades competentes para que estudiaran la situación de seguridad de los habitantes
y luego tomaran las medidas pertinentes para que cesaran los hechos que
constituyen la vulneración de derechos fundamentales de las personas afectadas.
Adicionalmente,
señaló que CAPROVIMPO jamás había constreñido la libertad de elección de los demandantes
para que firmaran las escrituras de las casas, pues la adjudicación de las
viviendas y de los aportes estuvo precedida de una convocatoria pública en la
que los interesados decidieron participar en el proyecto. Aclaró que la entidad
contrata proyectos urbanísticos y no construye los complejos habitacionales que
se entregan a los exmiembros de la fuerza pública. Es más, los recursos del
fondo de solidaridad son administrados por un encargo fiduciario. Así mismo, la
omisión en la firma de las escrituras no conllevaba a la pérdida del beneficio
adjudicado, como erradamente señalaron los tutelantes. El afiliado que hubiese
dejado pasar el plazo de entrega del predio perdería su cupo en el proyecto regulado
en esa convocatoria, empero no hubiese ocurrido lo mismo con la prestación que
otorga el Fondo de Solidaridad o el derecho al subsidio de vivienda.
También,
la abogada adujo que CAPROVIMPO no había vulnerado el derecho a la vivienda de
los peticionarios, por cuanto entregó un inmueble en óptimas condiciones para
habitar, calidad que garantizaban las dimensiones de accesibilidad,
disponibilidad y habitabilidad del bien. El problema de seguridad se presentó
con posterioridad a la adjudicación de las casas, por lo que esa situación no
es oponible a la CAPROVIMPO. Lo anterior, en razón de que la representante de
la entidad manifestó que no es la garante de la seguridad y convivencia
ciudadana de la urbanización Bicentenario. Recalcó que el Alcalde, el
Gobernador y el Presidente son las autoridades encargadas de proteger la
integridad de los habitantes del territorio colombiano, como sucede en el caso
de los peticionarios.
Inclusive,
argumentó que en caso de que se reconozca la reubicación de las personas, se
crearía un nefasto precedente donde se debería efectuar un traslado ante
cualquier foco de inseguridad. Dicha actuación sería contraria a la
normatividad que regula el beneficio de vivienda.
Sin
embargo, precisó que CAPROVIMPO ha sido receptiva a las denuncias de
inseguridad de los exmiembros de la fuerza pública, por lo que ha puesto en
conocimiento la situación de crimen y de constreñimientos a la que se ve
abocada la población de la urbanización Bicentenario.
Aunado
a lo anterior, la profesional en derecho Herrera Ospina estimó que las acciones
de tutela habían incumplido el requisito de subsidiariedad, por cuanto que los
peticionarios tienen a su disposición otro medio de defensa judicial,
herramienta que corresponde con la acción preventiva por perturbación contenida
en el artículo 81 del Decreto 1255 de 1970. Sobre el particular reseñó que
todos los habitantes de la urbanización Bicentenarios se niegan a ser
notificados de las providencias que se han emitido en el proceso policivo de
recuperación de la posesión de los inmuebles abandonados y ocupados por el
hampa.
Finalmente,
explicó que CAPROVIMPO había entregado las viviendas a los actores por su
calidad de beneficiarios del Fondo de Solidaridad derivada de la afiliación
forzosa, al poseer una relación laboral con el Ejército Nacional, y haber sido
retirados del servicio activo por discapacidad o muerte de un familiar militar.
Por ende, ese beneficio no corresponde con la indemnización a título de
víctimas del conflicto armado.
3.2.
Unidad para las
Victimas
La
señora Diana Marcela Morales Rojas, Directora de la Dirección de Gestión
Institucional de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a Victimas, pidió que la entidad que representa sea desvinculada
del proceso, toda vez que no puede cumplir las pretensiones de los demandantes,
al carecer de competencia para reconocer subsidios por aportes dentro del
programa “los héroes sí tienen casa”[5].
Inclusive, señaló que la Unidad de
Victimas no tiene nexo alguno con la Caja Promotora de Vivienda, el Ejército
Nacional o el Ministerio de Defensa. Con esa misma argumentación, la Unidad de
Victimas denunció que no tenía legitimación en la causa por pasiva[6].
Así
mismo, allegó la respuesta de un derecho de petición dirigida al señor Egidio
Antonio Posada Torres, escrito donde explicó los programas que se relacionan
con las funciones de la entidad y las ofertas de vivienda, salud, educación,
identificación, generación de ingresos, alimentación y reunificación familiar.
El
Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa no se pronunciaron sobre las
acciones de tutela y guardaron silencio frente a las demandas.
4.      Sentencia de
tutela de única instancia
El Tribunal
Administrativo Cundinamarca[7]
declaró la improcedencia de las acciones de tutela por las siguientes razones:
En primer lugar, manifestó
que los actores tienen la acción popular para proteger los derechos
quebrantados, los cuales corresponden con la seguridad, la tranquilidad y la
paz[8].
El clima de zozobra y miedo que han creado los grupos delincuenciales en la
Urbanización Bicentenario son la fuente de la difícil situación en que se
encuentra la población. De ahí que el problema de desconocimiento normativo
radica en la seguridad del sector y no en la adquisición y entrega de una
vivienda.
Para sustentar esa
posición, la autoridad judicial reseñó decisiones de tutela del Consejo de
Estado que habían declarado improcedente varias demandas que solicitaron la
protección de los derechos de la comunidad derivado de la inseguridad de la
zona. La posibilidad de solicitar medidas cautelares reforzó la tesis de que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos de
los accionantes.
En segundo lugar,
indicó que los tutelantes no se encuentran bajo el supuesto de reubicación por
desplazamiento forzado, dado que las viviendas se adjudicaron en el marco del
programa regulado en el Acuerdo 01 de 2011, por medio del cual se adopta un
reglamento administrativo para el otorgamiento de soluciones de vivienda a los
miembros de la fuerza pública. Nótese que el desplazamiento denunciado por
parte de los accionantes ocurrió después de la adjudicación y entrega de las
casas. A su vez, la zona donde se encuentra ubicada la Urbanización
Bicentenario no es un área de conflicto que torne inhabitable ese barrio.
También estimó que los petentes no se encuentran ante un riesgo de que se
configure un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales presuntamente
conculcados.
5.     Pruebas relevantes
del expediente
A continuación, la Sala Octava de
Revisión reseñará las pruebas recaudadas en el proceso, medios de convicción
allegados por las partes y los intervinientes, en el orden en que se aportaron:
Ø    Los accionantes
acompañaron el escrito de tutela con los siguientes elementos:
§     Fotocopia
de la cédula de ciudadanía de los señores Héctor Hernando Montoya Gaviria,
Oswaldo Beusaquillo Samboni y Egidio Antonio Posada Torres, documento de
identidad que evidencia que los actores tienen 43 (Folio 15 cuaderno 2 del
expediente T-6.210.322), 32  (Folio 15, cuaderno 2 del expediente T-6.210.323)
y 60 (Folio 16, cuaderno 2 del expediente T-6.300.703) años de edad.
§     Fotocopia
de la cédula de ciudadanía de la señora Alba Hincapié, esposa del señor Egidio
Antonio Posada Torres, documento de identidad que evidencia que tiene 51 años
de edad (Folio 17, cuaderno 2 del expediente T-6.300.703).
§     Copia de la
Resolución No. 2014-404825 del 28 de febrero de 2014, proferida por la
Directora Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas, decisión que incluyó al señor
Héctor Hernando Montoya Gaviria en el Registro Único de Victimas y reconoció el
hecho victimizante del desplazamiento forzado, el cual se constituyó por su
traslado del municipio de Palmira, Valle del Cauca, a la zona urbana del
Municipio de Manizales, Caldas, por presuntas intimidaciones y coacciones
perpetradas por grupos ilegales. En ese acto administrativo se reseñó que el
señor Montoya Gaviria, soldado profesional pensionado, migró a otra ciudad
después de que los grupos delincuenciales habían asesinado a la familia de un
compañero soldado y enviado panfletos en donde se amenazaba que su familia iba
correr con la misma suerte. Al respecto, la administración constató el
desplazamiento del peticionario, toda vez que en la fecha del traslado se
registraron combates y muertes de dos guerrilleros de las FARC -Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-. (Folios 16-18 cuaderno 2 del expediente
T-6.210.322)
§     Copia de la
Resolución No. 2014-513010 del 10 de junio de 2014, proferida por el Director Técnico
de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas, decisión que incluyó al señor Oswaldo
Beusaquillo Samboni en el Registro Único de Victimas y reconoció el hecho
victimizante del desplazamiento forzado, producto de su traslado del municipio
de Palmira, Valle del Cauca, a la zona urbana del Municipio de Cali. Se reseñó
que el peticionario vivió por once meses en el lugar del desarraigo, el cual se
produjo por presuntas intimidaciones y coacciones perpetradas por grupos
ilegales. En ese acto administrativo se reseñó que el señor Beisaquillo Samboni,
soldado profesional pensionado, migró a otra ciudad después de que los grupos
delincuenciales habían asesinado a la familia de un compañero soldado. Al
respecto, la administración constató la masacre de la familia del exmiembro de
la fuerza pública en las noticias reseñadas por el periódico EL PAIS, hecho que
disparó el desplazamiento de las familias de los pensionados del Ejército.
Inclusive, se precisó que de las 160 familias sólo quedan en la urbanización 11
de éstas. (Folios 18-19 cuaderno 2 del expediente T-6.210.323)
§     Copia de la
Resolución No. 2013-143841 del 17 de abril de 2013, proferida por la Directora
Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas, decisión que incluyó al señor Oswaldo
Beusaquillo Samboni en el Registro Único de Victimas y reconoció el hecho
victimizante de minas antipersonas, lesión ocurrida en la vereda las Brisas en
el Municipio de Florencia Caquetá. En ese acto administrativo se reseñó que el
señor Beusaquillo Samboni era miembro de la fuerza pública, por lo que su
reparación correría por cuenta del régimen especial a la que pertenece, sin
perjuicio del beneficio de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición
señaladas en la Ley 1448 de 2011 (Folios 21-23 cuaderno 2 del
expediente T-6.210.323)
§      Copia del acta de
reunión del 6 de septiembre de 2016, sesión que se adelantó entre CAPROVIMPO y
los representantes de los beneficiarios del Proyecto Bicentenario del Municipio
de Palmira para atender los requerimientos planteados en la situación de
vivienda por parte de la población. En dicho documento se dejó registro de los
siguientes acuerdos: i) el compromiso de la administración para buscar solución
a la problemática de vivienda que padecen los beneficiarios del proyecto
Bicentenario, pacto que se sometió a un límite de 6 meses para su observancia;
ii) la gestión de CAPROVIMPO para que se otorgara a las personas afectadas un subsidio
de arriendo durante 6 meses; iii) las autoridades debían entregar un informe
donde se explicaría el avance de las gestiones efectuadas por CAPROVIMPO; y iv)
la creación de un equipo designado por los asistentes para que acompañara el
cumplimiento de los acuerdos. (Folio 19 cuaderno 2 del expediente
T-6.210.322; Folio 17, cuaderno 2 del expediente T-6.210.323 y Folio 17,
cuaderno 2 del expediente T-6.300.703).
§     Copia de las
escrituras públicas que contiene los contratos de compraventa suscritos entre
los ciudadanos Héctor Hernando Montoya Gaviria, Oswaldo Beusaquillo Samboni y
Egidio Antonio Posada Torres con la Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca Comfamiliar e Integrar Constructores S.A. del 6 de diciembre de 2010 (Folios
24-30, cuaderno 2 del expediente T-6.210.322), el 31 de mayo de 2011 (Folios
25-30, cuaderno 2 del expediente T-6.210.323) y el 6 de diciembre de 2010
respectivamente (Folios 19-25, cuaderno 2 del expediente T-6.300.703). En esos negocios
jurídicos, los peticionarios compraron las casas de la Urbanización
Bicentenario, las cuales tenían la categoría de viviendas de interés social
-VIS-. Además, se consignó una limitación en el derecho de dominio, restricción
que correspondió con la imposibilidad de enajenación del inmueble dentro de los
2 años posteriores al perfeccionamiento de la escritura. A su vez, se precisó
que las viviendas se encuentran sujetas a un patrimonio de familia
inembargable.
§     Copia simple del
folio de matrícula inmobiliaria No. 378-95092 del círculo registral de Palmira,
Valle del Cauca, certificado que evidencia que el señor Héctor Hernando Montoya
Gaviria es el titular del derecho de dominio del predio ubicado en la calle
57-A # 42-43 Casa 9N urbanización Bicentenario, propiedad que tiene limitada la
disposición, puesto que tiene restricción para la venta por dos años contados a
partir de 2011. (Folios 21-22, cuaderno 2 del expediente T-6.210.322)
§     Copia simple del
folio de matrícula inmobiliaria No. 378-95006 del círculo registral de Palmira,
Valle del Cauca, certificado que evidencia que el señor Oswaldo Beusaquillo
Samboni es el titular del derecho de dominio del predio ubicado en la calle
58-A # 42-76 Casa 13J urbanización Bicentenario, propiedad que tiene limitada
la disposición, puesto que cuenta con restricción para la venta por dos años
contados a partir de 2011. (Folios 41-44, cuaderno 2 del expediente
T-6.210.323)
§      Copia simple de
la legalización de los predios que conforman la Urbanización Bicentenario,
proferida por parte del secretario jurídico de la Alcaldía Municipal de Palmira
Valle del Cauca. (Folios 35-39, cuaderno 2 del expediente T-6.210.322; Folios 36-40,
cuaderno 2 del expediente T-6.210.322 y Folios 30-36, cuaderno 2 del expediente
T-6.300.703).
§     Copia simple del
concepto emitido por el Comandante del Batallón de Contraguerrilla No 12 “Diosa
del Chaira” sobre la lesión que sufrió el soldado profesional Oswaldo
Beusaquillo Samboni en ejercicio del servicio en la vereda las brisas en el
Municipio de Florencia, Caquetá. La afectación ocurrió en el despliegue de un
operativo de seguridad y se causó por la activación de una mina antipersona (Folio
16, cuaderno 2 del expediente T-6.210.323)
§     Copia del escrito
presentado en la Corte Constitucional por parte del señor Héctor Hernando
Montoya Gaviria el 2 de noviembre de 2017, documento donde esboza su condición
familiar y económica. En relación con lo primero, adujo que vivía con su señora
madre y hermano, quien padece de esquizofrenia de acuerdo con la historia
clínica aportada.  Frente a lo segundo, indicó que sufraga sus gastos y los de
su familia –incluido salud de su hermano- con la pensión que le otorgó el
Ejército Nacional, prestación que asciende a $ 730.000.oo, suma insuficiente para
mantener a su familia que exige $ 1.000.000.oo. Aunado a lo anterior, manifestó
que su condición de discapacidad ha impedido que encuentre un trabajo digno,
pues nadie contrata a alguien sin una pierna. (Folios 21-26, cuaderno
1 del expediente T-6.210.323)
§     Copia del escrito
del señor Egidio Antonio Posada presentado el 4 de noviembre de 2017 a la Corte
Constitucional, documento en donde explica que debe mantener a su esposa
enferma del corazón y dos hijos con el ingreso limitado que recibe como
jornalero en el campo y con la pensión que dejó su hijo militar asesinado en
combate. Esa prestación asciende a $ 760.000.oo, de acuerdo con los
comprobantes de pago (Folios 19-20, cuaderno 1 expediente T-6.300.703 )
Ø    La Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía –CAPROVIMPO- aportó un disco compacto en cada
expediente con los siguientes documentos (Folio 71, cuaderno 2 del
expediente T-6.210.322; Folio 72, cuaderno 2 del expediente T-6.210.323 y Folio
66, cuaderno 2 del expediente T-6.300.703):
§     Copia de diferentes
comunicaciones remitidas entre el 14 de junio de 2011 y el 11 de febrero de
2016 por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía a diversas
autoridades civiles y militares del Municipio de Palmira y del Departamento del
valle del Cauca, por ejemplo a los comandantes de policía de esas entidades
territoriales, del Batallón de Ingenieros No 3 Coronel Agustín Codazzi, de la
Brigada Tercera y del Distrito Especial de Palmira, así como al Director de
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y el Ministro de Defensa Nacional.
Dichas comunicaciones informaban sobre la situación de inseguridad de la
Urbanización Bicentenario, verbigracia cobro semanal de dinero paras evitar que
los grupos delincuenciales dañaran o hurtaran los bienes de los habitantes de
la zona y el asesinato de varios integrantes de la familia de un retirado de la
Fuerza Pública. Por ende, esos escritos solicitaban que se adoptaran medidas
para resolver las problemática de zozobra del área.
Conjuntamente, en
alguno de esos escritos se citaba a reuniones de seguridad a autoridades de
policía o se colocaba en conocimiento de éstas que se había reducido la presencia
del píe de fuerza en la zona, pese a que la Secretaria de Gobierno de Palmira
advirtió que el barrio seguía siendo demasiado inseguro. Es más, pidieron que se
estudiara: i) la posibilidad de que se destinaran los efectivos necesarios para
garantizar el 100% de la seguridad de los habitantes del sector, la protección
de las viviendas y las pertenencias de los mismos; ii) a profundidad los hechos
de inseguridad, pues podrían ser producto de desplazamiento forzado intraurbano
en un contexto social de disputa del control territorial de bandas criminales,
como había indicado el periódico “El País”. Inclusive, CAPROVIMPO señaló que
existe un riesgo extraordinario de seguridad en el barrio Bicentenario,
información que se envió a la Unidad Nacional de Protección.
También remitieron
a las mencionadas autoridades el listado ubicación de los beneficiaros del
Fondo de Solidaridad en el Proyecto Bicentenario de la ciudad de Palmira con el
fin de que se facilitaran la adopción de las medidas de seguridad pertinentes
para proteger a esa población. En dicho registro se encuentran los actores del
presente trámite de tutela.
Finalmente, en
febrero de 2016, CAPROVIMPO solicitó consejo de seguridad con diversas
autoridades civiles y militares del Municipio de Palmira y del Departamento del
Valle del Cauca, debido a que persistieron las amenazas contra los habitantes
del proyecto Bicentenario en el Municipio de Palmira.
§     Informe de
CAPROVIMPO al Ministro de Defensa sobre la situación en que se encuentran los
beneficiarios de la Urbanización Bicentenario de Palmira, Valle del Cauca,
documento con fecha del 26 de noviembre de 2013. En ese oficio se reseñó
cronológicamente los sucesos del caso, es decir, desde la construcción de las
viviendas, la entrega de las mismas hasta las condiciones de inseguridad. Al
respecto, se referenciaron las reuniones que se produjeron como consecuencia de
las manifestaciones de los beneficiarios del programa. Por ejemplo, en sesión
del 15 de noviembre de 2013, se concertaron los siguientes acuerdos: i) la
celeridad de la investigación del asesinato de la familia de un exmiembro del
ejército; ii) iniciar la investigación de las amenazas que sufre la población
que habita en Bicentenario; iii) verificar si esa situación constituye como
desplazamiento por causa de la inseguridad; iv) la presencia policial
permanente, al instalar en una de las casas de la Urbanización un puesto de
mando; v) el apoyo del Ejército con patrullajes motorizados de unidades del
Batallón Codazzi de Palmira; y vi) el seguimiento a los compromisos.
A su vez, se
presentaron las siguientes conclusiones: i) de las 146 viviendas entregadas
entre los años 2010 y 2012, 1 se vendió por su dueño, 13 están arrendadas, 33
fueron abandonadas, 10 habitadas hasta antes del asesinato, 20 a cargo de un
tercero y 16 invadidas; ii) la seguridad del barrio ha mejorado, empero
continua siendo uno de los focos importantes de peligro y violencia de la
ciudad de Palmira, debido a la presencia de bandas criminales conocidas como:
20 de julio, Los caleños, Los 300, Simón Bolívar, Las Lajas y Hugo Varela; iii)
las amenazas e intimidaciones están siendo objeto de investigación; iv) las
últimas 10 familias de militares retirados, beneficiarios por el Fondo de
Solidaridad, que habitaban en la zona expresaron ante las autoridades su
decisión de no volver a sus casas por el riesgo que corren sus vidas al
continuar en ese lugar; y v) la inseguridad del barrio Bicentenario es un
problema serio que no se va resolver en un corte plazo, por lo que se requiere
un compromiso de las autoridad para que se pueda suministrar una decisión de
fondo.
Con base en lo
anterior, solicitó poner en conocimiento del señor Comandante del Ejército y el
Director de la Policía Nacional los hechos del proyecto Bicentenario con el fin
de que garantice la seguridad del barrio. Además, propuso que se revisaran las
alternativas de que los inmuebles sean intercambiados con los programas de
viviendas gratuitas del Gobierno Nacional o se permita buscar mecanismos de
canje para reubicar al personal discapacitado y a los familiares de los hombres
caídos en combate.
§     Copia del proyecto
de estrategia y del estudio arquitectónico de la Urbanización Bicentenario,
ubicado en Palmira-Valle del Cauda, el cual se desarrolló en el marco del
contrato No. 099 de 2009, cuyo objeto es la prestación del servicio de
planeación, programación, estructuración, organización y verificación del
programa para la adjudicación de vivienda a cargo de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía en virtud de la Ley 1305 de 2009. El documento
cuenta con un estudio sobre el entorno urbano, el estrato, la legalización del
barrio, las vías de acceso, los centros urbanos, el transporte, los servicios
públicos, la valorización, las zonas verdes, los parques y la seguridad. Sobre
esta última, el texto referenció que el plan de desarrollo del Municipio de
Palmira 2008-2011 había fijado como objetivo fortalecer la capacidad
institucional y comunitaria para generar mejores condiciones de seguridad. Se
precisó que se han realizado convenios con la Policía Nacional con el fin de
incrementar el píe de fuerza en el municipio. A su vez, se ha dotado a los
organismos de seguridad y se pretende la construcción de nuevos CAI en
diferentes barrios, medidas que se acompañaron con planes y programas que
fortalecen la cultura ciudadana y fomentan la convivencia pacífica mediante la
integración de los habitantes de cada sector o barrio. Inclusive, señaló que en
la zona donde se encuentra Ubicado el proyecto de Urbanización Bicentenario
tiene servicio de CAI de la Policía que proporciona la seguridad en el sector.
También el concepto contiene estudios de estructura, de suelos y materiales
usados en la construcción.
§     Copia de
comunicaciones enviadas entre el 15 de julio de 2015 y el 20 de enero de 2016
por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas con el fin de que se
inscriba a los habitantes del barrio Bicentenario en registro de victimas por
el hecho de desplazamiento forzado. Así mismo, solicitaron que la Unidad
salvaguardara el derecho a la vivienda digna, el cual fue perturbado por la
violencia de bandas criminales, entre ellas BACRIM.
§
Copia
de respuesta de CAPROVIMPO a varias peticiones formuladas por parte de los habitantes
del barrio Bicentenario, oficios proferidos el 19 de enero de 2016 en donde se
explica las actividades adelantadas por la CAPROVIMPO para resolver el problema
de inseguridad de la zona. Entre ellos, se pueden resaltar: i) la reunión
realizada el 21 de febrero de 2014, sesión en la cual se informó que no podría
reasignar a los beneficiaron del fondo en otro proyecto; ii) las gestiones para
que los habitantes del proyecto Bicentenario fueran beneficiarios de créditos
blandos del Fondo Nacional del Ahorro, o para que las personas que tuvieran
créditos con esa entidad financiera lograran una negociación con las casas
abandonadas; y iii) la reunión efectuada el 8 de octubre de 2014 con el Dr
Antonio Ochoa de la Unidad de Víctimas de la Presidencia para que asesorara y
orientara a los beneficiarios que fueron desplazados de sus viviendas.
§     Informe de
CAPROVIMPO al Ministro de Defensa sobre la situación en que se encuentran los
beneficiarios de la Urbanización Bicentenario de Palmira Valle del Cauca,
documento del 11 de abril de 2016. En ese oficio se reseñó cronológicamente los
sucesos del caso desde la construcción de las viviendas, la entrega de las
mismas hasta las condiciones de inseguridad. También, se actualizó la
información con los siguientes datos: i) de las 146 viviendas entregadas entre
los años 2010 y 2012, 1 se vendió por su dueño, 1 se demolió por su
propietario, 15 están arrendadas sin contrato de arrendamiento, 94 fueron
invadidas y 35 fueron desmanteladas; y ii) CAPROVIMPO ha buscado diversas
modalidades para que las personas desplazadas del proyecto Bicentenario
obtengan una solución habitacional.
Con base en lo
anterior, solicitó poner en conocimiento del señor Comandante del Ejército y el
Director de la Policía Nacional los hechos de peligro que acontecieron en el barrio
Bicentenario. Así mismo indicó que la seguridad del barrio ha mejorado, empero
continua siendo uno de los focos importantes de peligro y violencia de la
ciudad de Palmira, debido a la presencia de bandas criminales conocidas como:
20 de julio, Los caleños, Los 300, Simón Bolívar, Las Lajas y Hugo Varela.
También se esbozó que las amenazas e intimidaciones están siendo objeto de
investigación. Se precisó que las últimas familias de militares retirados,
beneficiarios por el Fondo de Solidaridad, que habitaban en la zona expresaron
ante las autoridades su decisión de no volver a sus casas por el riesgo que
corren sus vidas al continuar en ese lugar. Por último, estimó que la
inseguridad del barrio Bicentenario es un problema serio que no se va a resolver
en un corto plazo, por lo que se requiere un compromiso con las autoridades para
que se pueda suministrar una decisión de definitiva al escenario de violencia.
§     Copia del
comunicado del 18 de mayo de 2016, emitido por CAPROVIMPO al Alcalde Municipal
de Palmira, Valle del Cauca, para que iniciara los procesos policivos de
perturbación de la posesión de las 58 familias propietarias de las viviendas militares,
ubicadas en el barrio Bicentenario de este Municipio. Esa postulación se
fundamentó en el desplazamiento forzado que sufrieron los exmiembros de la
fuerza pública que habitaba en esa zona. Para ello adjuntó un listado de los
titulares de derecho de dominio de los inmuebles, registro donde se hallan los
actores de este trámite de tutela.
§     Copia del oficio
del 21 de junio de 2016, emitido por la CAPROVIMPO al Alcalde Municipal de Palmira,
Valle del Cauca. En ese escrito se pidió que se condonara la deuda de impuestos
y servicios públicos de los inmuebles del barrio Bicentenario, debido a la
problemática de desplazamiento forzado que sufrieron sus habitantes. Para ello
adjunto un listado de los titulares de derecho de dominio de los inmuebles,
registro donde aparecían los actores de este trámite de tutela.
§     Copia del oficio
del 12 de septiembre de 2016, emitido por el Secretario de Gobierno de Palmira,
Valle del Cauca, en el que se informa al Gerente General de la CAPROVIMPO,
General Luis Felipe Paredes Cadena, que los procesos de reintegro de inmueble
no se han podido adelantar, dado que los propietarios de las 147 viviendas
militares de la urbanización Bicentenario niegan a notificarse de las
providencias del trámite. Por ende, solicitó la ayuda para que los querellantes
permitieran ser notificados del auto de apertura del proceso policivo.
§     Copia del oficio
del 21 de septiembre de 2016, emitido por la CAPROVIMPO al Secretario de Gobierno
de Palmira, Valle del Cauca. En ese escrito se agradeció que se hubiesen
iniciado los procesos policivos en el barrio Bicentenario y justificó que la
negativa de las familias para continuar con ese trámite de restitución inmueble
se identifica en su temor que tienen por la seguridad e integridad de sus
familias, situación que impide que regresen a sus viviendas.
§     Copia de
respuestas de varios oficios presentados por parte de la Procuraduría Delegada
para las Fuerzas Militares a CAPROVIMPO sobre la problemática de la
Urbanización Bicentenario. En escritos del 11 y 20 de octubre de 2016, CAPROVIMPO
referenció su accionar en esa situación y precisó algunas conclusiones. Entre
estas aserciones, se pueden resaltar la imposibilidad jurídica de que se otorgara
otro subsidio a los beneficiarios del proyecto Bicentenario, dado que ese
auxilio sólo se puede reconocer a una familia por una vez. También adujo que CAPROVIMPO
carece de las facultades necesarias para adoptar medidas de seguridad en la
zona. Reseñaron que la entidad salió vencedora, en primera instancia, de las
demandas de reparación directa promovidas por parte los beneficiarios del proyecto
Bicentenario.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
Competencia
La Corte Constitucional es
competente para pronunciarse en sede de revisión en relación con los presentes
fallos de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de
la Constitución Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Cuestión previa: inexistencia
de temeridad de las acciones de tutela
1.
En
la contestación del escrito introductorio de tutela, CAPROVIMPO advirtió que
los actores habían presentado otra demanda por los mismos hechos y pretensiones.
Ello ocurrió en una tutela colectiva de todos los habitantes de la Urbanización
Bicentenario, elaborada por la Defensoría del Pueblo en el año 2014, la cual se adelantó bajo el radicado No. 2014-0816-00.
En
ese proceso del año 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado declararon improcedente la acción de tutela, como quiera que
los accionantes de ese entonces tenían a su disposición la acción popular para
proteger su derecho colectivo a la seguridad. Así mismo, exhortaron a las
entidades competentes para que estudiaran la situación de seguridad de los
habitantes y luego tomaran las medidas pertinentes para que cesaran los hechos
que constituyen la vulneración de derechos de las personas afectadas.
En ese contexto,
la Sala Octava de Revisión debe determinar: ¿si se configuró temeridad en los
procesos de la referencia, en la medida en que, en el año 2014, los actores
hicieron parte de una demanda de tutela colectiva presentada por parte de todos
los habitantes de la Urbanización Bicentenario en la que denunciaron la
inseguridad de la zona y solicitaron la reubicación ante la imposibilidad de
habitar sus viviendas derivado del contexto de violencia y peligro?
2.
En
su jurisprudencia, esta Corporación ha precisado que la temeridad surge de la
formulación de varias acciones de tutela con una identidad de hechos y de
objeto, actuación que se encuentra guiada por una intensión dolosa y de mala fe
de engañar al administrador de justicia con el fin de que estudie un caso que
se analizó en el pasado[9].
De igual forma se requiere que no exista justificación para la presentación de
una nueva demanda de tutela[10].
En Sentencia
SU-168 de 2017, la Sala Plena señaló que existe temeridad cuando concurren los
siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos;
(iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del libelista”. Sin embargo, el juez debe ser extremadamente
cuidadoso para corroborar la presencia de los criterios referenciados, puesto
que una aplicación formalista podría cercenar el derecho de acceso a la
administración de justicia de los ciudadanos[11].
La simple
formulación de múltiples acciones de tutela no da lugar a configuración de la
temeridad, por lo que ese fenómeno no es una verificación mecánica de los
cuatros aspectos referenciados. Por ello, pese a la presencia de éstos, el juez
puede descarar la existencia de esta institución y pronunciarse de nuevo, en el
evento en que un caso evidencie algunas de las hipótesis que se enuncian a
continuación: i) la persistencia de la vulneración de derechos que se solicitan
sean amparados[12];
ii) el asesoramiento errado de los abogados para la presentación de varias
demandas[13];
iii) el surgimiento de nuevas circunstancias fácticas o/y jurídicas[14];
o iv) la inexistencia de decisión de fondo en el proceso anterior[15].
Tampoco se configura temeridad, siempre que el
demandante actúe: i) con ignorancia[16];
o ii) por sometimiento o estado de indefensión, al punto que se comporte de esa
manera por miedo insuperable o necesidad extrema de defender su derecho[17]. En estas hipótesis, la
tutela deberá ser declarada improcedente, empero no se impondrá al ciudadano la
sanción  respectiva[18].
3.
En
el caso sub-judice, la Sala Octava de Revisión concluye que las demandadas
que dieron origen a las sentencias objeto de revisión no constituyen temeridad
en relación con el proceso de tutela No.
2014-0816-00, por cuanto que la identidad de partes es inexistente y se
presentan algunas de las condiciones que permiten evaluar de nuevo la causa
puesta a disposición de esta Corporación.
En el trámite
adelantado en el año 2014, los actores eran todos los habitantes del barrio
Bicentenario, entre los cuales se encontraban los ciudadanos Oswaldo
Beusaquillo Samboni y Héctor Montoya Gaviria, pero no el señor Egidio Posada
Torres. Sin embargo, en representación del núcleo familiar de este último actuó
su esposa la señora Alba Hincapié. A su vez, el Ministerio de Defensa –Ejército
Nacional y Policía Nacional- y la CAPROVIMPO fueron las instituciones
demandadas. En los procesos que se revisan, los demandantes individualmente son
los señores Beusaquillo Samboni, Montoya Gaviria y Posada Torres. Por su parte,
las instituciones demandadas son las mismas de las entidades atacadas en el año
2014 más la Unidad de Victimas.
En efecto, del
contraste de sujetos procesales referenciado, se estima que la identidad de
partes es inexistente en el extremo activo y pasivo. De un lado, en la
actualidad los actores acudieron de manera individual a proteger sus derechos
fundamentes, cosa que no sucedió en la demanda de tutela de 2014. De otro lado,
se cuestionó la actuación de la Unidad Víctimas, institución que no se demandó
en el proceso del año 2014.
Adicionalmente,
esta Corte considera que la presunta vulneración de los derechos a la vivienda,
a la tranquilidad en conexidad con la dignidad humana, libre locomoción, a la
igualdad, a la integridad, a la dignidad humana se prolonga en la actualidad,
puesto que los actores continúan lejos de sus casas y el problema de seguridad
persiste en la Urbanización Bicentenario, tal como indicó CAPROVIMPO en varios
de los informes presentados al Ministro de Defensa y al Procurador Delegado
para Asuntos Militares. Nótese que esos documentos fueron expedidos después de
los fallos dictados por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado.
A su vez, en los
procesos que se revisan en esta oportunidad, CAPROVIMPO aportó pruebas que
demuestran la presencia de nuevas circunstancias fácticas que permiten analizar
las demandas de tutela. Los hechos evidencian que la situación de la
Urbanización Bicentenario y de los beneficiarios de ese proyecto se agravó con
el paso del tiempo. En informe del año 2013, CAPROVIMPO reportó que de las 146
viviendas entregadas entre los años 2010 y 2012, 1 se vendió por su dueño, 13
estaban arrendadas, 33 fueron abandonadas, 10 habitadas hasta antes del
asesinato, 20 a cargo de un tercero y 16 invadidas; mientras en informe del año
2016, esa institución constató que de las 146 viviendas referidas, 1 se vendió
por su dueño, 1 se demolió por su propietario, 15 están arrendadas sin contrato
de arrendamiento, 94 fueron invadidas y 35 fueron desmanteladas. En tres años,
todos los números aumentaron, escenario que demuestra nuevos hechos y la
persistencia de vulneración de derechos como se concluyó en el párrafo
anterior, de modo que es procedente iniciar un estudio.
Por último, esta
Corporación concluye que no se configuró la institución de la temeridad en los
fallos revisados frente al proceso adelantado en el año 2014, en la medida en
que no existieron dos decisiones de fondo sobre los derechos de los actores. En
el proceso con radicación No. 2014-0816-00,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera del Consejo de
Estado rechazaron por improcedente la demanda de tutela, es decir, no
realizaron un estudio de fondo de la tutela. Esa decisión se fundamentó en que
los peticionarios de ese entonces tenían a su disposición la acción popular
para garantizar su seguridad en la Urbanización Bicentenario. En efecto, esta
Sala puede estudiar la demanda de los actores, puesto que nunca un juez
constitucional ha analizado sus pretensiones de manera sustantiva.
En consecuencia,
las demandas que dieron origen a los fallos que se revisan no constituyen
temeridad frente al proceso de tutela No. 2014-0816-00,
porque no existe identidad de partes, la vulneración de los derechos
presuntamente vulnerados persiste en la actualidad, hay nuevas circunstancias
fácticas y el proceso de 2014 jamás tuvo una decisión de fondo. Ello advierte
que los ciudadanos Oswaldo Beusaquillo Samboni, Héctor Montoya Gaviria y Egidio
Posada Torres no actuaron de manera dolosa o de mala fe para defraudar a la
administración de justicia.
Presentación del caso, formulación de los
problemas jurídicos y metodología de la decisión
4.
A
partir del anterior recuento fáctico, es pertinente destacar y concretar el
problema constitucional objeto de la presente decisión. Los accionantes, exmilitares
en condición de discapacidad o familiares de soldados muertos en combate, ponen
a disposición de la Corte Constitucional un caso donde se denuncia la supuesta
vulneración del derecho a la vivienda derivado de la inseguridad de la zona en
que se encuentran ubicadas sus casas, situación que también tiene la
virtualidad de amenazar su vida e integridad física. La Sala Octava de Revisión
considera pertinente subrayar que la presente causa implica que la solicitud de
protección y reducción de la violencia no asume un contenido autónomo e
independiente, como erradamente señalaron los jueces de instancia. Lo que en
realidad sucede es que la seguridad adquiere relevancia como fenómeno que
permite gozar o no del derecho a la vivienda digna y adecuada, por lo que sólo de
esta manera se puede comprender la litis.
Ante esa situación,
esta Corporación debe determinar si: ¿CAPROVIMPO vulneró los derechos a
la vivienda digna y adecuada, a la vida e integridad física de los ciudadanos
Héctor Montoya Gaviria, Oswaldo Beusaquillo Samboni y Egidio Posada Torres, al
entregar a militares en condición de discapacidad o a familiares de soldados
muertos en combate casas como solución habitacional, sin evaluar el riesgo de
seguridad de incluir a un grupo de excomabientes víctimas del conflicto armado
en una zona de alta criminalidad donde confluyen varios actores o focos de
violencia?
Una vez se
solucione el anterior cuestionamiento, la Sala debe resolver si: ¿CAPROVIMPO
conculcó los derechos fundamentales a la vivienda digna y adecuada, así como a
la seguridad personal de los actores, quienes tuvieron que abandonar sus casas
ubicadas en la Urbanización Bicentenario por el contexto de inseguridad y de
violencia que sufre la zona, como quiera que negó la reubicación de los
peticionarios en otro proyecto y la recepción de los inmuebles de Palmira con
sustento en que es imposible en términos legales conceder un nuevo subsidio de
vivienda?
Previo a esos cuestionamientos,
este Juez Constitucional debe verificar si la presente demanda cumple con los
requisitos de procedibilidad de tutela para solicitar la protección de los
derechos a la vivienda digna y a la seguridad personal.
5.
Para
abordar los problemas descritos, la Sala comenzará por reiterar la
jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda digna-adecuada y su vínculo con
la seguridad personal. A continuación, hará referencia al sistema de solución
habitacional de viviendas de la fuerza pública. Finalmente, llevará a cabo el
análisis del caso concreto en su aspecto formal y de fondo.
El derecho a la vivienda digna-adecuada y su
vínculo con la seguridad personal[19]
6.
En la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la vivienda digna y
adecuada[20]
ha recorrido un interesante camino en su conceptualización y posibilidad de ser
protegido a través de la acción de tutela. Pasó de un derecho de segunda
generación a una potestad de raigambre fundamental, aspecto que lo tornó
pasible de amparo de la acción constitucional reconocida en el artículo 86 de
la Carta Política. A su vez, se precisaron sus contenidos y nexos con otros
derechos, por ejemplo la seguridad personal.
Protección del derecho a la
vivienda adecuada y su contenido
6.1.
La
protección del derecho a la vivienda digna y adecuada en la acción de tutela ha
dependido del concepto de derecho fundamental que ha desarrollado esta
Corporación, puesto que esta herramienta judicial se encuentra diseñada para
salvaguardar ese tipo de normas subjetivas.
Inicialmente, la Corte consideró
que el derecho a la vivienda era una garantía de segunda generación, al ser uno
de los llamados derechos sociales económicos y culturales, pertenencia que
evidenciaba su carácter prestacional y asistencial[21].
Dicha calidad implicó que el derecho a la vivienda necesitaba de regulación
legal y administrativa para ser protegido en acción de tutela[22].
Más adelante, se evidenció que la
conceptualización descrita era inadecuada para el contexto de desigualdad que
existía y existe en Colombia. Por eso, se comenzó a proteger los mal llamados
derechos de segunda generación en los eventos en que su desconocimiento
significaba una vulneración de un derecho fundamental, verbigracia la vida, el debido
proceso o la integridad física[23].
Este criterio de conexidad se aplicó al derecho a la vivienda, de modo que éste
era exigible siempre que su conculcación colocara en peligro una garantía
fundamental[24].
Sin embargo, en el trabajo diario
de resolución de casos, esta Corporación advirtió que el criterio de conexidad
resultaba insuficiente para salvaguardar el derecho a la vivienda en casos de
inequidad y desigualdad en los que no se hallaba afectados un derecho
fundamental, empero se requería la acción del Estado para que la primera
garantía se hiciera realidad, por ejemplo en la omisión o retardo del
desembolso de los subsidios de arrendamiento[25].
Bajo esta óptica de la transmutación, el derecho a la vivienda digna se tornaba
en fundamental, siempre que se concretaba por medio de implementación de
medidas legislativas y administrativas[26].
En algunos casos, esa tesis se
adicionó con la premisa de la procedibilidad de protección del derecho a la
vivienda en aquellas situaciones en donde se evidenciaba un desconocimiento del
mínimo vital del interesado o de su núcleo familiar. Se trababa que el juez no
fuese indolente ante personas con debilidad manifiesta por sus condiciones
físicas, mentales o económicas[27].
Por último y a partir de la
Sentencia T-595 de 2008, la Corte concluyó que el derecho a la vivienda
ostentaba la calidad de fundamental de manera autónoma, dado que su nexo con la
dignidad humana es evidente, al punto que no se requiere un ejercicio de
argumentación fuerte para demostrar su fundamentalidad y su importancia en
ámbitos de la vida cotidiana, que permite una subsistencia digna.
Esa posición se fundamentó en una
concepción de los derechos humanos basada en los principios de interdependencia
e indivisibilidad, la cual defiende que la garantía de los derechos sólo se
obtiene si se protegen todos éstos de manera integral. Inclusive, se desechó la
categoría de ese tipo de normas por generaciones, en la medida en que no
muestran la realidad histórica de los sistemas de protección de derechos
humanos[28],
por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo fue la primera
institución supraestatal protectora de derechos, que surgió para salvaguardar
un mal llamado derecho de segunda generación, es decir, el trabajo[29].
Además, este Tribunal desechó la
distinción de derechos fundamentales con otro tipo de derechos a partir de las
facetas negativas y positivas que tienen esas normas. En Sentencias T-016 de
2007 y T-760 de 2008, la Corte comprendió que todo derecho tenía dimensiones de
abstención y de prestación, por lo que era un error de categoría atribuir la
calidad de prestacional a esa clase de normas subjetivas. En efecto, “los
derechos fundamentales poseen una estructura compleja o una multiplicidad de
facetas, por lo que su satisfacción acarrea el cumplimiento de un haz de
obligaciones tanto positivas como negativas para el Estado”[30].
Esas dimensiones se articulan en obligaciones estatales de diversos
niveles, como son de respeto, de protección y de garantía de los derechos
humanos[31].
En ese contexto, en Sentencia T-227
de 2003, la Corte precisó que un derecho es fundamental cuando observa las
siguientes premisas: i) se vincula funcionalmente a la dignidad humana; ii) se
traduce o concreta en un derecho subjetivo; y iii) existe un consenso
dogmático, jurisprudencial o de derecho internacional, legal y reglamentario
sobre su fundamentalidad.
Ello supone una distinción entre la
naturaleza fundamental de un derecho y su procedibilidad en acción de tutela.
Esa diferencia muestra que la presencia de la primera calidad es independiente
de que sea objeto de protección en ese mecanismo de amparo de derechos en un
caso determinado. En otras palabras, declarar improcedente una demanda no
elimina el carácter de fundamental de un derecho.
Tampoco es suficiente alegar que un
derecho tiene una faceta prestacional para eliminar su naturaleza de
fundamental ni la procedibilidad de su amparo[32],
pues todo derecho tiene esa clase dimensiones, ámbito de protección que posee
obligaciones exigibles judicialmente al igual que la esfera negativa.
En el caso de los derechos sociales,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –en
adelante PIDESC- obliga al Estado a[33]:
i) no discriminar; ii) adoptar medidas inmediatas; c) garantizar niveles de
goce esenciales de los derechos; y d) desarrollar progresivamente y no
retroceder en el estado de protección de los mismos. Tal clasificación se
articula con las facetas positivas y negativas de cada derecho y a los niveles
de respeto, abstención y cumplimiento de las obligaciones de los Estados en
materia de derecho internacional de los derechos humanos. Todas esas
dimensiones deónticas recaen sobre el derecho a la vivienda.
Con base en esa precisión
conceptual, en Sentencia T-235 de 2011[34],
la Corte Constitucional explicó que la acción de tutela es el medio idóneo de
protección del derecho a la vivienda en los siguientes escenarios:
i)
Ante la
vulneración de la faceta negativa del derecho a la vivienda, que incluye el
incumplimiento de las obligaciones de respecto y de protección, o sea, la
inobservancia al deber “de no perturbar el goce del derecho
injustificadamente, y de proteger a las personas contra injerencias indebidas
de terceros en el goce del derecho a la vivienda, es exigible ante el juez de
tutela de forma inmediata”[35].
Un ejemplo de esa obligación es evitar que actores privados adelanten desalojos
forzosos o que los propietarios de viviendas discrimen a ciertos grupos.
ii)
En el
desconocimiento de las dimensiones prestacionales, el juez de tutela puede
intervenir para remedial el desconocimiento de las obligaciones de garantía y
de cumplimiento. Ello sucede cuando: 1) se pide la salvaguarda de facetas que
han sido objeto de regulación legal o de reglamentación en el marco de
programas que promueven la adquisición de vivienda propia para las personas de
escasos recursos económicos, o se definen políticas de otorgamiento de
subsidios[36];
2) se exige un aspecto que no comprende un alto esfuerzo económico, por ejemplo
entrega de información; 3) se requiere garantizar contenidos mínimos de
materialización del derecho de la vivienda a todos los titulares en un caso
particular (habitabilidad, asequibilidad, disponibilidad y adecuación cultural)[37];
4) se necesita garantizar la progresividad de éste con el fin de dar “pasos
hacia adelante”, deber que se hace realidad con la adecuación normativa, y
la formulación de un plan escrito así como público que busque responder por el
goce del derecho de manera sostenida, sin discriminar y con espacios de
participación, programa que se requiere que se esté implementando[38];
o 5) se exige suplir espacios de indeterminación o lagunas que persiste en la
reglamentación, por ejemplo en el evento en que éstas afectan a sujetos de
especial protección constitucional[39].
6.2.
En relación
con el contenido de la vivienda digna y adecuada, esta Corporación ha
reconocido su fuente en el artículo 51 de la Constitución y en el artículo 11
del PIDESC, norma que hace parte del bloque de constitucionalidad por remisión
del artículo 93 Superior[40].
A su vez, ha acudido a la Observación General No 4 para concretar el contenido
del derecho a la vivienda, pronunciamiento emitido por el órgano autorizado
para interpretar el mencionado tratado, Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales – en adelante CoDESC-, por lo que esa hermenéutica es relevante e
insoslayable para delimitar esa norma[41].
El artículo 51 de la Constitución
califica la vivienda como digna, mientras el artículo 11 del PIDESC la
identifica como adecuada. En Sentencias C-493 de 2015 y T-235 de 211, esta
Corporación indicó que esa distinción es irrelevante en términos de protección
del derecho, dado que los operadores jurídicos se encuentran obligados a
otorgar el mayor amparo posible a dicho mandato, de acuerdo con la aplicación
del principio pro-personae y la eficacia de los derechos reconocidos en
la Carta Política.
El artículo 51 Superior atribuye el
derecho que tienen los colombianos de gozar del derecho a una vivienda y la
obligación al Estado de hacer efectivo ese derecho. El constituyente enunció
algunos de los medios por los que puede hacerse realidad esa prescripción, por
ejemplo planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo o formas asociativas de ejecución de programas de
vivienda. Sin embargo, no precisó los contenidos de una vivienda digna.
Por su parte, en la Observación
General No 4, el CoDESC manifestó que el artículo 11 del PIDESC reconoce dos
elementos normativos relevantes, a saber el derecho a una vivienda adecuada y
la obligación del Estado de garantizarlo con enfoque diferencial.
En el primer aspecto, debe
precisarse que el derecho a la vivienda adecuada no implica la potestad de
exigir al Estado que construya casas para toda la población. Tal idea podría
afectar la legitimidad y eficacia de esa prescripción en la sociedad, pues una
persona sin una morada concluiría erradamente que tiene el derecho de requerir
al gobierno para que le otorgue una casa. Por ende, es necesario reenfocar la
discusión con el fin de que la comunidad no se equivoque en su pretensión, y deje
de sentir que la administración incumple un derecho o no piense que éste es una
mera declaración. En realidad, la vivienda adecuada incluye las políticas que
debe adoptar un Estado “para prevenir la falta de un techo, prohibir los
desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos
más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos y
garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada”[42].
Las medidas descritas engendran
acciones gubernamentales a nivel de las ramas legislativas y administrativas
con el fin de que se facilite a los ciudadanos la adquisición o mejora de
viviendas, empero el Estado no es un proveedor de viviendas. Ello no impide que
en ocasiones, las autoridades presenten ayuda directa a las personas para que
accedan a una solución habitacional, verbigracia afectados con desastres
naturales o víctimas de conflictos armados.
El derecho a la vivienda digna y
adecuada se relaciona con otros derechos, tal como han advertido los principios
de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. La afectación de
esa prescripción trae consigo la conculcación de otras normas, por ejemplo la
salud, la seguridad o la educación. Además, la vivienda adecuada comprende
otros derechos, como son la seguridad de la tenencia, la restitución de la
vivienda (tierra y patrimonio), el acceso no discriminatorio en igualdad de
condiciones y la participación en la vivienda.
En el segundo elemento normativo,
el PIDESC señaló que en el desarrollo del acceso al derecho mencionado debe
darse prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables,
prescripción que implica una atención especial o enfoque diferencial que guía
la conducta del Estado[43].
Por ende, el pacto desarrolla el derecho a la igualdad basado en el principio
de no subordinación[44],
el cual censura que las políticas y la legislación se concentre en atender los
grupos aventajados en una sociedad en detrimento de los demás. Las medidas que
promueven el acceso a la vivienda deben dirigirse a los grupo sojuzgados de una
comunidad y a eliminar la estructura segregacional de la sociedad.
El PIDESC es consciente que algunos
grupos enfrentan dificultades mayores para acceder a una vivienda digna y
adecuada, barreras que responden a sus características personales, su
pertenencia a un grupo marginado o a la estructura social que excluye a un
colectivo. Por eso, los Estados deben prestar mayor atención en la satisfacción
del derecho a la vivienda de los grupos en condición de vulnerabilidad y suprimir
los obstáculos que impiden el goce máximo de esa norma. Las políticas
gubernamentales deben ajustarse a las necesidades de esos colectivos y no
simplemente a formular medidas para las mayorías[45].
En esa labor, las políticas
sociales con ciertas especificaciones positivas para un grupo o destinadas a
cierto colectivo fungen como criterio igualador en una realidad inequitativa
que golpea con mayor fuerza a un sector de la sociedad. El Pacto exige a los
Estados políticas diferenciales para mujeres, los niños, los habitantes de
tugurios, los enfermos terminales, las víctimas de desastres naturales, las
personas sin hogar, los individuos en condición de discapacidad, las personas
desplazadas o migrantes y los pueblos tribales[46].
A su vez, en ese mismo documento,
el órgano del sistema universal de protección de derechos humanos precisó
varias directrices indispensables para considerar que una vivienda es adecuada.
Entre ellos se resalta el vínculo entre ese derecho y la dignidad humana[47],
por lo que es básico para que el ser humano ejercite su derecho a “vivir en
seguridad, paz y dignidad en alguna parte”[48]. No basta tener un techo encima
para que se considere satisfecho ese derecho. En realidad se requiere una
morada en donde una persona pueda “disponer de un lugar donde poderse aislar si se
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable"[49].
En concreto, el párrafo 8º de la
Observación General No. 4 definió los parámetros de adecuación de la vivienda,
los cuales han sido recogidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Lo estándares son: a) seguridad jurídica de la tenencia, b) disponibilidad, c)
gastos soportables, d) habitabilidad, e) asequibilidad, f) lugar, y g)
adecuación cultural. Tales criterios se articulan en las materias de
condiciones y seguridad de la vivienda[50].
Debido a las circunstancias
fácticas de los casos sometidos a revisión, la Sala sólo precisará los
siguientes elementos de la vivienda adecuada:
“(i) Habitabilidad, de
conformidad con la cual ‘una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido
de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de
riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la
seguridad física de los ocupantes’. A partir de esta descripción esta
Corporación ha identificado entonces dos elementos que configuran la
habitabilidad: (i) la prevención de riesgos estructurales y (ii) la garantía de
la seguridad física de los ocupantes[51].
(ii) Asequibilidad, de
acuerdo con la cual ‘La vivienda adecuada debe ser asequible a los que
tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un
acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.
Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de
la vivienda a los grupos desfavorecidos como (…) las víctimas de desastres
naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres,
y otros grupos de personas’”[52].
En ese contexto, esta Corte ha
considerado que la lesión del derecho de la vivienda adecuada y digna acarrea
la afectación de otras garantías fundamentales, verbigracia la vida, la
integridad física, la seguridad personal, la igualdad o el debido proceso[53]. Inclusive, ha
precisado que uno de los contenidos del derecho a la vivienda, en su dimensión
de habitabilidad, es la seguridad personal[54].
Ello ha sucedido en dos eventos, a saber: i) casos en que las fallas
estructurales de una vivienda o inestabilidad del terreno pueden afectar a las
personas que habitan en los inmuebles[55];
o (ii) situaciones en donde las redes de conducción de energía eléctrica  son
un riesgo para los ciudadanos[56].
Dicho nexo de derechos se ha
fundamentado en que las hipótesis descritas evidencian que los ciudadanos se
encuentran expuestos a un riesgo extraordinario que no están obligados a
soportar, peligros en los cuales las autoridades deben adoptar medidas
específicas de protección, empero no hicieron nada al respecto. El balance del
precedente constitucional esboza que la Corte ha defendido una consolidada
posición jurisprudencial sobre la procedencia de la acción de tutela para la
protección del derecho a la vivienda, en el evento en que las condiciones de
habitabilidad de un inmueble perturban la vida e integridad personal de sus
moradores, amenazas que tienen salvaguarda y contenido en el derecho
fundamental a la libertad personal[57].
En esas líneas jurisprudenciales,
las distintas Salas de Revisión han calificado el riesgo, el cual debe ser
extraordinario para que el juez constitucional intervenga. Acto seguido ha emitido
remedios judiciales para proteger el derecho a la vivienda digna y la seguridad
personal, por ejemplo la reubicación temporal o definitiva de los ocupantes de
los inmuebles[58].
Por ejemplo, en Sentencia T-223 de
2015, esta Corte protegió los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la
seguridad personal de algunos individuos que habitaban en el barrio San Martin
de Porres en la ciudad de Bogotá, puesto que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y el Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias –FOPAE- omitió realizar las obras de mitigación ante el riesgo de
que se presentara un deslizamiento en el sitio en donde se encontraban los
hogares de los peticionarios. Por ende, dispuso que las entidades demandadas
realizaran las obras necesarias para mitigar el riesgo de estabilidad de las
laderas que se habían deslizado por desbordamiento del canal. A su vez,
requirió para que se revisaran y limpiaran el sistema de drenaje y de aguas
lluvias de la zona. Finalmente, ordenó que las entidades evaluaran el riesgo de
los actores con el fin de que lo mitigara o implementara un programa de
reubicación en caso de ser necesario.
De manera reciente, en Sentencia
T-149 de 2017, la Sala Primera de Revisión consideró que se había vulnerado el
derecho a la vivienda digna en dimensión de habitabilidad por afectar la
seguridad personal de varios habitantes de Turbaco, Departamento de Bolívar, en
la medida en que el suelo donde se construyeron las residencias de los actores
de ese entonces no era apto para soportar las viviendas, al punto que podía
presentar riesgo para los residentes. Ante esa situación, se ordenó la
reubicación de las familias afectadas con el riesgo.
Nexo de derecho de la vivienda adecuada y
seguridad personal en contextos de violencia
6.3.
A partir de
la Sentencia T-719 de 2003, la Corte Constitucional identificó como fundamental
el derecho a la seguridad personal derivado de una interpretación del bloque de
constitucionalidad[59],
de varios mandatos constitucionales[60],
y de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Se
trata de un elemento jurídico que tiene tres dimensiones diferentes, a saber valor
constitucional, derecho colectivo[61]
y derecho fundamental. Este último ámbito busca proteger a los ciudadanos de
los riesgos extraordinarios a los que se encuentran sometidos, por lo que
“es aquel que
faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables
de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la
seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las
cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las
autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos
fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la
primacía del principio de equidad.”[62]
El
derecho a la seguridad personal implica que las autoridades tienen la
obligación de abstenerse de perturbar la vida e integridad de las personas y
evitar que terceros los afecten[63].
Ese reconocimiento no implica que se desconozca que las personas se encuentran sometidas
a riesgos ordinarios producto de la vida en sociedad. En realidad, el objeto de
protección corresponde con los peligros extraordinarios que afectan la igualdad
de cargas entre los ciudadanos[64].
Nótese que se salvaguarda una amenaza que recae sobre alguien, situación que tiene
indicios de que un hecho nefasto esta por ocurrir.
En
ese espectro, existen cinco tipos de riesgos, a saber[65]: (i) un nivel de riesgo mínimo, en el cual la
persona sólo se ve amenazada en su existencia e integridad por factores
individuales y biológicos; (ii) un nivel
de riesgo ordinario, peligro con el que viven las personas en sociedad; (iii)
un nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a
soportar, por lo que es ofensivo al principio de igualdad; (iv) un nivel
de riesgo extremo que amenaza la vida o la integridad personal, de modo que
hacen parte del núcleo esencial de esos dos derechos; y (v) un
nivel de riesgo consumado en un daño en el individuo. El riesgo extraordinario
(iii) es objeto de protección del derecho a la seguridad personal, pues permite
diferenciar esta prescripción de otras.
Además, la jurisprudencia ha
delimitado criterios para que las autoridades verifiquen el nivel de riesgo en
que se encuentra una persona e identificar si debe actuar para evitar la consumación
de un daño. De ahí que el riesgo extraordinario tiene los siguientes
parámetros: “específico
e individualizable[66],
concreto[67],
actual[68],
importante[69],
serio[70],
claro y discernible[71],
excepcional[72],
desproporcionado[73], [además de] grave e inminente”[74].
En Sentencias T-707 de 2015, T-124
de 2015, T-078 de 2013, T-719 de 2003 y T-493 de 1992, las diferentes Salas de
Revisión señalaron que algunas personas se encuentran sometidas a un nivel de
riesgo mayor por las actividades que realizan, como sucede con los defensores
de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales,
docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados,
personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado,
personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar
obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección por su
notoria situación de indefensión.
En especial, en Sentencia C-745 de 2015,
se reconoció que los militares y policías se encuentraN en condiciones
excepcionales de riesgo, peligro que en criterio de este juez se extiende o
maximiza a los excombatientes de la fuerza pública, por la misma razón de su
pertenencia a un colectivo que participó en garantía del orden constitucional y
en el conflicto armado.
6.4.
Para la
Sala Octava de Revisión, el vínculo que existe entre los derechos a la vivienda
y a la seguridad personal como uno de los contenidos de la primera garantía también
reconoce que un contexto de zozobra, peligro y violencia impide el goce de una
solución habitacional adecuada, porque evita que el hogar sea duradero y sea un
lugar donde una persona pueda vivir en paz, mandato reconocido por la
Observación General No 4. Ese escenario redunda en afectación de otros derechos
fundamentales, por ejemplo salud y vida. Sin embargo, ese nexo se torna más
evidente en los contextos en que las personas padecen un riesgo excepcional de
inseguridad producto de la pertenencia a un grupo o característica de la
persona. Aquí deben evidenciarse los requisitos que exige la jurisprudencia
para concluir que una persona se halla sometida a un peligro extraordinario.
El principio de indivisibilidad de
los derechos humanos permite comprender que la seguridad personal es un
elemento indispensable de la habitabilidad de las casas, prescripción que hace
parte de una vivienda adecuada. Órganos del sistema de protección universal de
derecho humanos han visto esa relación, la cual también se evidencia de una
lectura sistemática de la Carta Política.
En el informe del año 2008, el
Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del
derecho a un nivel de vida adecuado, enfatizó que la seguridad de las personas
es un elemento enteramente relacionado con su lugar de residencia. En el caso
de las mujeres, indicó que las viviendas se identifican con un hogar estable
donde ellas pueden regresar con hijo y sentir seguridad en él[75].
Además, resaltó que los inmigrantes deben soportar las consecuencias negativas
de la imposibilidad del acceso a una vivienda, por ejemplo instalarse en asentamiento
llenos de peligro e inseguridad.
Cuatro años más tarde, en informe
del año de 2012[76],
el Relator para la vivienda adecuada criticó las políticas habitacionales que
se centran en la financiación para la adquisición de una vivienda, por cuanto es
una política insuficiente para garantizar el goce máximo de ese derecho.
También cuestionó la construcción de viviendas subvencionadas en las periferias
de las ciudades o en zonas que no poseen la suficiente infraestructura para
desarrollar condiciones adecuadas de vida, como quiera que sometía a las
personas de escasos recursos a un empeoramiento de su existencia, un mayor daño
ambiental y a problemas de seguridad urbana.
Los informes referenciados
demuestran que la seguridad de las personas es un aspecto que permite gozar de
una vivienda adecuada, empero aquella se relaciona con un clima de calma y paz
en donde habita el individuo. Esta esfera de protección hace referencia a la
criminalidad y a la obligación que tiene el Estado de proteger de terceros el
disfrute de una vivienda adecuada. Nótese que las autoridades tienen el deber
de garantizar las condiciones mínimas de seguridad que facilitan la existencia
de los individuos en sociedad, “sin estar expuestos a riesgos
extraordinarios de recibir daños en su persona[77]”.
Incluso, la Constitución proscribió que los individuos queden sometidos a
peligros inaceptables, verbigracia ser molestado en su persona o familia,
interdicción que aplica en la perturbación de su morada.
Conjuntamente, esta Sala de
Revisión advierte que si el ordenamiento jurídico vincula de manera directa el
derecho a la vivienda con la seguridad personal en el evento en que existe
riesgo de colapso del inmueble por fallas estructurales o desastres naturales,
con mayor razón debe salvaguardarse y reconocerse como elemento integral de la
vivienda adecuada la seguridad personal afectada, de manera extraordinaria, por
la criminalidad o un escenario de conflicto armado, perturbación que impide
tener un hogar en paz para desarrollar un proyecto de vida y conduce a la
víctima a abandonar su vivienda.
En aplicación del argumento a
fortiori -en su dimensión a maiore ad minus[78]-, se considera
que la mayor razón se representa en que en los dos escenarios se somete a un individuo
a un riesgo extraordinario que no puede repeler por sus propios medios, por lo
que es desproporcionado someterlo a que soporte ese carga. Ese escenario impide
de manera evidente el goce de derecho a la vivienda y deja en un grado alto de
vulnerabilidad a sus moradores.
La posición descrita confiere una
posición ventajosa a los ciudadanos, potestad que también se manifiesta en una
obligación a cargo del Estado. Se presenta la otra vertiente del argumento a
fortiori –a minori ad majus-. De ahí que, si las autoridades se encuentran
obligadas a garantizar el derecho a la vivienda en su componente de seguridad
personal ante la existencia de riesgo de colapso del inmueble o fallas
estructurales del mismo, con mayor razón tienen el deber de salvaguardar esos
ámbitos cuando los afectados padecen un riesgo extraordinario de seguridad que
lleva al abandono de sus hogares o su desplazamiento. La mayor razón consiste
en que en ambos escenarios el Estado debe impedir la configuración del riesgo y
la conculcación de derechos de los individuos, como la vida e integridad, ya
sea por derrumbe de edificaciones o por el desalojo forzado derivado la acción
de terceros.
Nótese que en los casos de
violencia la persona se encuentra indefensa ante un poder de facto, sin que el
Estado haga algo para impedir ese abuso; y en los eventos de peligro por
colapso de estructuras, los residentes están expuestos a riesgos
extraordinarios que no están obligados a soportar y frente a los cuales las
autoridades públicas deben adoptar medidas específicas de protección.
En desarrollo del principio de
indivisibilidad, se advierte que las dos esferas del derecho a la seguridad
personal tienen referentes normativos comunes, al punto que las dos facetas
salvaguardan el mandato del artículo 2 superior, que establece la
obligación de protección en cabeza del Estado. Inclusive, reiteran que las
autoridades colombianas fueron instituidas para brindar protección a las
personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades. Entre tales derechos, se hallan la vida y la integridad personal,
establecidos en los artículos 11 y 12 Superiores. A su vez, desarrollan el
mandato del Constituyente que prohíbe la sujeción de las personas a ciertos
riesgos que consideró inaceptables, a saber: “el riesgo de ser sometidas a
tortura, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(art. 12, C.P.), el riesgo de ser sometidas a esclavitud, servidumbre o trata
(art. 17, C.P.), el riesgo de ser molestadas por sus convicciones o creencias
(art. 18, C.P.), el riesgo de ser molestadas directamente en su persona o en su
familia (art. 28, C.P.), el riesgo de ser objeto de persecución en forma tal
que deban buscar asilo (art. 34, C.P.)”[79].
Así mismo, tales argumentos
jurídicos que justifican la relación de inmanencia de los derechos de la
vivienda digna y la seguridad personal encuentran soporte fáctico en la
realidad actual colombiana. En nuestro país se entremezclan las políticas de
seguridad del conflicto con el posconflicto, debido a la firma del acuerdo de
paz con la guerrilla de la FARC y la persistencia de la guerra con otros
actores bélicos[80].
Ello supone un desafío para el Estado en la protección de los derechos de las
personas, entre ellas la integridad, la vida y la vivienda adecuada[81].
En este estado de cosas, se ha
producido la transición del conflicto a una explotación de la criminalización a
escenario local, que ha efectuado una incursión más coercitiva y predatoria
contra la población[82].
Algunos sectores de la sociedad sufren en mayor medida esos embates por su
ubicación geográfica y pertenencia a un grupo. La dejación de armas y la firma
del acuerdo de paz trajeron consigo el silencio de los fusiles, pero a su vez
condujo al alzamiento de la criminalidad y la conflictividad social en las
ciudades. Una muestra de ello son altas tasas de homicidios en las grandes
urbes, extorsiones, secuestros y otros delitos[83],
así como el surgimiento de bandas criminales organizadas (BACRIM)[84].
La materialización de la paz
requiere unos mínimos institucionales para canalizar los recursos y coordinar
los esfuerzos gubernamentales[85].
Entre ellos se encuentra la idea de que las políticas de vivienda incluyan una
dimensión de seguridad. No se puede perder de vista que los exactores del
conflicto padecen con mayor facilidad los riesgos y la violencia en el
posconflicto derivado de la estigmatización de la guerra.
Ese escenario hace indispensable
que el Estado planee políticas de vivienda con enfoque diferencial para los
exactores del conflicto en lo que se relaciona con la condición de
habitabilidad. Un programa ciego a las particularidades de los excombatientes
olvida que el conflicto expuso a esos sujetos a riesgos excepcionales por haber
participado en la guerra, pues ellos son considerados disimiles a la mayoría de
la población civil. Tales riesgos perduran una vez se firmó la paz y se entra
en el posconflicto. Por ello, las autoridades deben tener presente en el diseño
de la política los riesgos de seguridad de esas personas, los cuales muchas
veces se agravaban por condiciones de vulnerabilidad, porque sobre éstos recaen
varias circunstancias derivadas de la guerra, verbigracia la discapacidad y las
víctimas del conflicto, o de las condiciones materiales de existencia, como la
pobreza.
El desarrollo de estas medidas
diferenciales hace realidad las obligaciones internacionales del Estado
Colombiano en materia de vivienda adecuada, como son de: i) protección, al
prever la materialización de riesgos o daños de terceros contra las habitantes
de los hogares; y ii) garantía, al maximizar el acceso a los hogares para las
personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y riesgo, deber que
entraña la formulación de planes adecuados, así como la satisfacción de
condiciones mínimas de las viviendas.
6.5.
En tal
virtud, el derecho a la seguridad personal hace parte del derecho a la vivienda
adecuada y digna, en su dimensión de habitabilidad, en el evento en que los
ocupantes del hogar se ven sometidos a un riesgo extraordinario que no se
encuentran obligados a soportar y que afectan sus vidas. Ello supone que las
autoridades tienen el deber de que en la formulación o diseño de los programa habitacionales
sean relevantes los riesgos de seguridad de las personas, esfera que se concreta
y maximiza en exactores del conflicto armado que se encuentran en condiciones
de discapacidad y en imposibilidad de adquirir otro inmueble por su pobreza.
El contenido descrito del derecho
de la vivienda adecuada debe tener en cuenta como criterio de asignación de ayuda
la condición especial de las personas afectadas, por lo que debe concentrarse
en los individuos con mayores circunstancias de vulnerabilidad. Lo anterior, en
razón de que las obligaciones que se desprenden del artículo 11 del PIDESC, que
advierte facilitar el acceso a las viviendas a los grupos sojuzgados y no a los
colectivos acomodados en una sociedad, quienes pueden acceder a una casa por
sus propios medios. Nótese que el carácter finito de los recursos públicos
obliga a las autoridades a focalizar el gasto social a los más desfavorecidos.
Esa precisión también responde a la
aplicación del principio de subsidiariedad en materia de derechos sociales,
mandato de optimización que ordena a los Estado garantizar esos derechos cuando
los individuos carecen de los recursos, sin perjuicio de la universalidad de
esas prescripciones en cabeza de todas las personas.
6.6.
Por
consiguiente, el derecho a la vivienda ha sido considerado como un derecho
fundamental autónomo con facetas que son objeto de protección en acción de
tutela, entre las que se encuentran su habitabilidad, cuando se vincula el
derecho a la seguridad personal en contextos de violencia extraordinaria que
impide a los ocupantes gozar de un hogar en paz y tranquilidad, al punto que
deben abandonarla por cuidar su vida e integridad.
El régimen jurídico de solución de
vivienda de los miembros de la fuerza pública[86]
6.7.
Esta
Corporación ha recocido que el Legislador ostenta una facultad de regulación
del régimen especial de promoción de acceso a la vivienda de los miembros de
las Fuerza Pública, marco jurídico que se plasmó en el Decreto Ley 353 de 1994,
la Ley 973 de 2005 y la Ley 1305 de 2009. La Caja Promotora de Vivienda Militar
y de Policía (CAPROVIMPO o CAPROVIMPO) dirige y administra ese modelo de
promoción social, institución que corresponde con una empresa industrial y
comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y
capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa[87].
Según el artículo 1º de la Ley 973
de 2005, el objetivo de CAPROVIMPO se identifica con la adquisición de vivienda
propia por parte de sus afiliados, meta que pretende alcanzar con subsidios u
otros mecanismos de carácter técnico y financiero, por ejemplo la
intermediación, la captación y la administración de ahorro de sus afiliados.
Inclusive, tiene la facultad de administrar las cesantías del personal de la
fuerza pública[88].
El artículo 9 del estatuto en comentario indicó que los afiliados forzosos son
miembros que se encuentran vinculados a la fuerza pública o sus familiares, a
saber: (i) los oficiales, suboficiales, soldados profesionales de las Fuerzas
Militares y el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y
de las Fuerzas Militares, activos o en retiro por pensión; (ii) los oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal no uniformado de
la Policía Nacional, activos o en goce de asignación de retiro; (iii) los
servidores públicos de la entidad; y (iv) el primer beneficiario del afiliado
fallecido reconocido como tal, caso en que sustituye a éste[89].
Por su parte, el artículo 3º de la
ley mencionada manifestó que la institución posee la función de identificar las
necesidades de vivienda de los afiliados y proponer una solución habitacional,
ya sea prestando asesorías o ejecutando los proyectos. El artículo 15 de la
norma ibídem contiene los requisitos para acceder al subsidio, como son: i) carecer
de vivienda propia al momento de afiliarse a la Caja; ii) a partir de la
expedición del Decreto 353 de 1994, el afiliado no tuvo que haber realizado
retiros parciales o totales de cesantías hasta el momento de la adjudicación
del subsidio y obtención de vivienda; y iii) el afiliado no tuvo que haber
recibido subsidio por parte del Estado.
De acuerdo con el Acuerdo 01 de
2016, CAPROVIMPO precisó que la solución de vivienda incluye la adquisición de
vivienda nueva o usada, la construcción en sitio propio, el pago total o
parcial del crédito hipotecario, el pago de la opción de adquisición en un contrato
de leasing habitacional ofrecido por entidades financieras distintas a CAPROVIMPO
o un subsidio. Este último comprende el reconocimiento y pago de un aporte
dinerario del Estado que se otorga por una sola vez al núcleo familiar, de conformidad
con su categoría o condiciones especiales[90].
Dicho desembolso no es objeto de restitución. Para acceder a esa prestación, el
afiliado debe presentarse a una convocatoria pública.
En Sentencia C-057 de 2010, la Sala
Plena de la Corte indicó que el legislador desarrolló de manera profusa la
política de subsidios de vivienda para los miembros de la fuerza pública.
En esa misma decisión, se precisó
que el sistema conformado para suministrar el acceso a la vivienda de los
miembros de la fuerza pública hace parte del régimen prestacional de esos
servidores públicos y no del sistema de subsidio familiar de vivienda. Sobre el
particular indicó la Corte Constitucional:
“Esta diferencia se acentúa
si se tiene en cuenta que el sistema financiero diseñado por el legislador para
facilitar a los miembros de la fuerza pública el acceso a la vivienda, hace
parte de su régimen prestacional y, por lo tanto, está integrado conceptual y
técnicamente al sistema de salarios, prestaciones,
compensaciones, estímulos y beneficios que se les reconoce a cambio de sus
servicios. El Sistema de Vivienda de Interés Social al que se aludió en
párrafos precedentes no está, en cambio, asociado a un régimen prestacional
determinado, sino que responde a una política social de promoción del derecho a
la vivienda digna para las personas que por su nivel de ingresos no podrían
satisfacerlo por sus propios medios…”[91]
Esa posición judicial se sustentó
en que los recursos de los subsidios tienen origen en el presupuesto de la nación,
en los aportes individuales que realizó el afiliado al fondo y en los
rendimientos financieros de estos dineros. El parágrafo 1º del artículo 51 del
Acuerdo 01 de 2011 señaló que los valores de la cuenta individual del afiliado
serán trasladados al fondo de solidaridad como compensación de los costos
asociados a la adquisición del inmueble adjudicado. Ello no sucede con el
subsidio de vivienda familiar, que proviene exclusivamente de dineros del
Estado.
Para la Sala Octava de Revisión esa
clasificación significa que el subsidio de vivienda es un pago que hace el
empleador al trabajador por medio de una entidad de previsión, desembolso que
se efectúa en dinero, especie servicios u otros beneficios. Ese tipo de
prestaciones existen para cubrir los riesgos del empleado que se causan en la
relación laboral o con ocasión de éstas. Nótese que no es una retribución del
servicio prestado, sino un beneficio producto de la existencia del vínculo con
el Estado, por lo que nunca puede identificarse como salario. A su vez, no
constituye una reparación por los perjuicios causados por el empleador. En
realidad, el modelo de subsidio de vivienda de las fuerzas militares se asemeja
a la seguridad social, es decir, el auxilio depende de la condición de servidor
público y se ata la relación laboral.
Análisis del caso concreto
7.
En la presente causa, la Corte
debe revisar una situación que consiste en la posible situación de
vulnerabilidad de dos exmilitares en situación de discapacidad y el señor padre
de un uniformado asesinado en combate, quienes habitaron en la Urbanización
Bicentenario en el Municipio Palmira, Valle del Cauda, empero tuvieron que
abandonar sus viviendas a causa de la violencia de bandas criminales de la zona
por su condición de exmiembros de la fuerza pública, escenario que presuntamente
perturba los derechos a la vivienda digna y a la seguridad personal.
A
continuación, se procederá a realizar el estudio de forma de los casos. En el
evento de superar ese escrutinio de procedibilidad, se estudiarán las causas de
fondo.
Estudio de requisitos formales
8.
En ese
acápite, la Sala analizará los requisitos de legitimidad por activa y pasiva,
la subsidiariedad y la inmediatez.
8.1.
Las
pretensiones procesales requieren de la presencia de partes que discuten por
ella. De un lado, el sujeto activo reivindicará la protección del derecho
fundamental. De otro lado, el sujeto pasivo corresponde a quien se le enrostra
la afectación de esos principios y quien tiene la posibilidad de subsanar esa
situación.
En el caso concreto, los ciudadanos
Héctor Hernando Montoya Gaviria, Oswaldo Beusaquillo y Egidio Posada Torres
cuentan con la legitimidad por activa, puesto que son los titulares del derecho
de vivienda que presuntamente está siendo conculcado. Los accionantes fueron
beneficiados por el subsidio de vivienda para las fuerza militares, prestación
que sustentó la entrega de una casa en la Urbanización Bicentenario. Además, debieron
huir de sus hogares por las amenazas y constreñimiento por parte de la
delincuencia común.
Conjuntamente, se cumple la
legitimidad en la causa por pasiva, dado que la tutela se dirige contra la CAPROVIMPO,
entidad competente para brindar una solución habitacional a los miembros de la
Fuerza pública. Inclusive, esa institución contrató el proyecto de construcción
de la Urbanización Bicentenario, realizó la convocatoria del programa, adjudicó
las casas y las entregó.
Ahora bien, no existe legitimidad
por pasiva en relación con el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y con
la Unidad para las Víctimas en el derecho a la vivienda, dado que estas
entidades carecen de las competencias legales para salvaguardar esa garantía
dentro del sistema de prestación social de las fuerzas militares. Dichas
instituciones no pueden entregar una casa a los actores como resultado de su
relación laboral con el Estado o permitir que reciban otro subsidio. Cabe
resaltar que la cartera ministerial es la cabeza del sector, empero, en virtud
de la descentralización por servicios, el legislador atribuyó a CAPROVIMPO la
función de elaborar e implementar las políticas habitacionales para los
miembros y exmiembros de la Fuerza Pública. Ello, por cuanto CAPROVIMPO es una
empresa industrial y comercial del Estado con personería jurídica propia y
vinculada a la mencionada institución. Así mismo, el Ejército Nacional y el
Ministerio de Defensa no son los encargados de diseñar y garantizar las
políticas de seguridad de nivel territorial para ciudadanía y para sus
exmiembros. Se recuerda que esa competencia se atribuye a las autoridades de
policía del Municipio de Palmira y del Departamento del Valle del Cauca.
8.2.
Como regla
general, el Decreto 2591 de 1991 y la Corte Constitucional han indicado que la
acción de tutela es procedente, siempre que el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial. Lo anterior, en razón de que el amparo no puede
desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en el
ordenamiento jurídico[92].
La citada norma tiene dos excepciones, que comparten como supuesto fáctico la
existencia del medio judicial ordinario, a saber[93]: i) instaurar la acción de
tutela de forma transitoria para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y ii) promover el amparo como mecanismo principal, situación que
ocurre en el evento en que las acciones ordinarias carecen de idoneidad o de
eficacia para defender los derechos fundamentales del accionante[94].
Cabe recordar que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca estimó que las demandas de tutelas eran
improcedentes, al inobservar el requisito de subsidiaridad, dado que los actores
tenían a su disposición la acción popular, herramienta procesal idónea para
proteger el derecho colectivo a la seguridad.
Para la Sala Octava de
Revisión, el medio de control de protección de derechos colectivos no es el mecanismo
idóneo para la salvaguarda de la vivienda adecuada y la seguridad personal,
dado que la faceta que reivindican es de carácter individual, fundamental y autónoma,
por lo que no corresponde con su esfera colectiva, que puede ser objeto de
protección en el medio de control reconocido en el artículo 87 de la
Constitución.
Los demandantes solicitaron
la protección de dimensiones negativas del derecho fundamental de la vivienda
adecuada, esto es, la obligación de protección de esa garantía frente a
terceros, esfera que puede ser objeto de protección por medio de acción de
tutela. Los censores denunciaron una afectación de su derecho a la vivienda por
el actuar de las bandas criminales de la zona (Supra 6.1).
A su vez, las pretensiones
de los petentes comprenden la salvaguarda de facetas positivas o prestacionales
del derecho a la vivienda adecuada que pueden ser protegidas en acción el
amparo de derechos fundamentales (Supra 6.1). Ello ocurre, porque el derecho
fue objeto de regulación legal y administrativa, labor que permite la
atribución de posiciones subjetivas concretas. De igual forma, los demandantes
advirtieron la vulneración de las condiciones mínimas del derecho a la vivienda
digna y adecuada. Por último, el caso evidencia la necesidad de que se evalúe si
es procedente suplir un vacío e indeterminación en la política de vivienda para
los miembros de la fuerza pública, toda vez que la situación muestra una
eventual afectación a sujetos de especial protección constitucional, como son
las personas en situación de discapacidad (Señores Montoya y Beusaquillo) o de
la tercera edad (Señor Posada), condición que se refuerza por ser exactores y
víctimas del conflicto armado colombiano.
La acción popular no está
dirigida a proteger las facetas del derecho a la vivienda, puesto que carece de
correspondencia con un interés o derecho colectivo. Así mismo, la afectación en
varios casos individuales de esa garantía no se convierte en situación que
evidencie una posición ventajosa que comparten todos los miembros de la fuerza
pública en una misma relación jurídica. La vulneración denunciada del derecho
es plural e individual, pero eso no la vuelve una prestación de un derecho
colectivo.
En el caso del derecho a la
seguridad personal, la Sala Octava de Revisión precisó desde el planteamiento
del problema jurídico que éste no tenía entidad propia y autónoma (Supra 6.2).
En realidad, se cuestionó como un aspecto que hace parte de una vivienda
adecuada, o sea en su calidad de componente y relación con la seguridad
personal en su faceta individual. Por ende, los demandantes invocan el derecho
a la seguridad personal en su dimensión subjetiva que hace parte y se relaciona
con la vivienda adecuada, según los principios de interdependencia e
indivisibilidad de los derechos humanos, y no como un ámbito que haga
referencia al derecho colectivo.
La faceta individual de la
seguridad personal se refiere a la exposición que sufre una persona a riesgos
extraordinarios, los cuales involucran la protección a la vida, el acceso a
bienes de la seguridad social, la seguridad jurídica, el acceso a la
administración de justicia y el papel del derecho como mecanismo efectivo para
la protección de derechos constitucionales[95].
En esta oportunidad, los
tutelantes denunciaron que los peligros rebasaron los niveles soportables de
sacrificio implícito en la vida en sociedad incluso para los miembros de la
fuerza pública. Los actores advirtieron una desigualdad en las cargas públicas,
al padecer de constreñimientos por parte de grupos al margen de la ley, en
razón de su condición de soldados retirados o de familiares de éstos.
Nótese que los contextos de
violencia o de perturbación del orden público pueden afectar la seguridad
personal en su dimensión de derecho fundamental[96]. Los peticionarios sufrieron
amenazas en contra de su vida y, limitaciones a su seguridad personal así como
jurídica. Ello se agrava si se tiene en cuenta que los accionantes pertenecen a
sectores vulnerables de la sociedad, al ser personas en situación de
discapacidad y de la tercera edad. En definitiva, la causa objeto de revisión
se trata de alcanzar la primacía del principio de equidad.
Los petentes no piden una
protección general a todos los miembros de la sociedad, que sería la faceta
colectiva del derecho a la seguridad. La situación analizada no se relaciona
con bienes “como el ambiente sano, la libre competencia, la prohibición de
desarrollar armas nucleares, químicas o de destrucción masiva y el control al
porte de armas en determinadas situaciones”[97]. En realidad, los
accionantes piden una protección para su vida e integridad personal, puesto que
fueron perturbados por terceros derivado de su condición de exsoldados.
Ahora bien, en relación con
la posibilidad de que los actores acudan a los procesos policivos para que
recuperen la posesión sobre sus bienes, como indicó CAPROVIMPO en las contestaciones
de las demandas de tutela, este Tribunal estima que tales herramientas
jurisdiccionales pueden ser idóneas, por cuanto garantizan un retorno de lo
acciones y la expulsión de los ocupantes. Sin embargo, la herramienta procesal
es ineficaz por las condiciones de inseguridad de la zona. Incluso, el éxito de
los procesos de perturbación de la posesión puede aumentar el conflicto social
y la amenaza sobre la integridad de los peticionarios.
Dentro del acervo
probatorio, se evidencia que la Urbanización Bicentenario se encuentra en un
área de alta violencia y criminalidad. En los informes del año 2013 y 2016, CAPROVIMPO
comunicó al Ministro de Defensa que el barrio se encuentra en un ambiente de inseguridad,
el cual podrá ser corregido a largo plazo. Lo anterior, en razón de la
presencia de varias bandas de criminales, como son: 20 de julio, Los caleños, Los 300,
Simón Bolívar, Las Lajas y Hugo Varela. Además, reconocen los actos de constreñimiento y
amenazas que sufrieron los actores en razón de su pertenencia a las fuerzas
armadas. Inclusive, la entidad no controvirtió el asesinato que sufrió una
familia beneficiaria de la adjudicación, ni las intimidaciones que padecieron
otros habitantes de que iban a correr con la misma suerte.
El contexto social de
inseguridad torna ineficaz el medio de control, puesto que el retorno de los
actores puede significar una amenaza a su integridad personal. A su vez, los
informes demostraron que el aumento de la policía en zona no había solucionado
la problemática de violencia.
Por último, esta Corte
considera que el medio de control de reparación directa o la acción de grupo
tampoco son medidos de defensa judicial idóneos para proteger de manera
integral los derechos de los actores presuntamente quebrantados.
En principio, los procesos
regulados en el CPACA son herramientas procesales que permitirían acceder a una
vivienda a los tutelantes vía compensación, empero carecen de idoneidad plena.
Lo antepuesto, porque los demandantes desean la reubicación e inaplicación de
la prohibición de recibir otro subsidio y no quieren una indemnización que
repare los daños causados. Por lo tanto no existe pretensión de tipo
patrimonial, propia de la jurisdicción ordinaria o especializada, que escape a
una medida que se pueda ordenar a través de la acción de tutela.
Conjuntamente, el presente
caso evidencia unas circunstancias que obligan a que el juez de tutela
intervenga para estudiar la presunta vulneración de derechos de las personas. Los
actores fueron expulsados de sus casas en el año 2013, situación que evidencia
una condición de vulnerabilidad si se tiene en cuenta que los petentes son
sujetos de especial protección constitucional y deben mantener a su familia. La
expulsión de las viviendas podría acarrear una vulneración máxima de otros
derechos. Se recuerda que los desalojos forzados incluyen tratos crueles,
inhumanos y degradantes, al igual que traen la interrupción en la educación de
los niños o tratamientos médicos, pérdida de puestos de trabajo o medios de
vida, o falta de acceso a los servicios básicos o a la justicia[98]. Inclusive, esas
expulsiones violentas dan lugar a discriminación, puesto que en personas de
escasos recursos no hay forma de que respondan a la agresión o indefensión.
De un lado, los señores Héctor
Montoya y Oswaldo Beusaquillo son personas en condición de discapacidad, pues
cada uno perdió uno de miembros inferiores en combate, situación que dificulta
que obtengan un trabajo digno. Además, el ciudadano Montoya Gaviria indicó que su
pensión de retiro, que asciende a $ 730.000, es insuficiente para sufragar los
gastos de alimentación, servicios, vestuario, vestido de su señora madre y
hermano, quien padece de enfermedades mentales. El señor Oswaldo Beusaquillo
debe mantener con su asignación pensional a su esposa e hija, dinero que no
alcanza para subsistir. De otro lado, el señor Egidio Posada Torres es una
persona de la tercera edad, quien trabaja como jornalero en el campo, labor de
la que surge el dinero que sufraga las necesidades de su esposa y dos hijos. El
actor manifestó que el ingreso mayoritario es producto de la pensión que dejó
su hijo asesinado en combate, que asciende a $ 780.000.oo.
8.3.
El
principio de inmediatez exige que la acción de tutela sea promovida dentro del
plazo razonable al hecho que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de las personas[99].
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de inmediatez
surge de la naturaleza de la acción de tutela, pues la finalidad última del
amparo es proteger de forma inmediata los derechos constitucionales.
Para verificar el cumplimiento de este
principio, el juez debe confrontar el tiempo trascurrido entre la posible
afectación o amenaza del derecho con la fecha de la presentación de la demanda,
con el objeto de establecer si esa interposición es razonable[100].
En el caso sub-examine, la Corte
Constitucional considera que se cumple el principio de inmediatez, dado que la
vulneración de los derechos fundamentales de los actores es actual. Lo
anterior, en razón de que los peticionarios continúan fuera de sus casas, sin
que puedan volver a ellas por miedo a que sufran retaliaciones o daños. De
hecho, alrededor de 93 casas fueron abandonadas por amenazas del hampa. Por
tanto, los petentes no pueden gozar del derecho a la vivienda, debido a que los
inmuebles carecen de las condiciones de habitabilidad por los riesgos de
seguridad.
Además, CAPROVIMPO indicó que no podía
otorgarles otro subsidio de vivienda, en la medida en que recibieron un aporte
que se concretó en las viviendas del barrio Bicentenario en Palmira, Valle del
Cauca. En la actualidad, los petentes habitan en predios de sus familiares, sin
que hubiese resuelto su situación de residencia.
8.4.
De acuerdo con las
consideraciones anteriores, la Corte concluye que el amparo propuesto por los
peticionarios es procedente, y que por tanto, hay lugar a un pronunciamiento de
fondo. Entonces, la Sala procederá a
resolver la causa.
CAPROVIMPO vulneró el derecho a la
vivienda digna y adecuada de los actores en su dimensión de habitabilidad por
el vínculo que tiene con la seguridad personal
9.
Los tres
expedientes analizados por la Sala de Revisión advierten que un grupo de
exmilitares o familiares de soldados muertos en combates abandonaron sus casas
en noviembre de 2013, viviendas que habían sido entregadas como subsidio por CAPROVIMPO.
El desalojo forzado se produjo por intimidaciones y amenazas de grupos
delincuenciales. Ante la imposibilidad de habitar el bien, los tutelantes viven
hace tres años en casa de familiares en distintas ciudades del país. Los
peticionarios demandaron la reubicación y la entrega de las viviendas a
CAPROVIMPO. Por su parte, la entidad indicó que no puede hacer nada, puesto que
la garantía de seguridad se halla en cabeza de otras instituciones y se
encuentra impedida legalmente para entregar un subsidio a una familia que ya
recibió uno.
En esta providencia, la Sala Octava
de Revisión precisó que el derecho a la seguridad personal hace parte del
derecho a la vivienda adecuada y digna, en su dimensión de habitabilidad, en el
evento en que los ocupantes del hogar se ven sometidos a un riesgo
extraordinario que no se encuentran obligados a soportar y que afecta sus vidas,
al punto que abandonan sus viviendas. Ello advierte que las autoridades tienen el
deber incluir en la formulación o diseño de un programa habitacionales los
riesgos de seguridad de las personas, esfera que se concreta y maximiza en
exactores del conflicto armado que se encuentran en condiciones de discapacidad
y en imposibilidad de adquirir otro inmueble por su pobreza (Supra 6.5)
9.1.
Se concluye
que CAPROVIMPO vulneró el derecho a la vivienda digna y adecuada en su
dimensión de habitabilidad, debido a que no estudió en el proyecto de
construcción de la Urbanización Bicentenario el contexto de violencia que
padecía la zona. Ese análisis era relevante, en razón de que los beneficiarios
del programa eran exmiembros en situación de discapacidad de la Fuerza Pública
o familiares de soldados asesinados en combate, quienes desempeñaron
actividades que aumentan el riesgo en relación con las demás personas.
En la copia del proyecto de
estrategia y del estudio arquitectónico de la Urbanización Bicentenario, ubicado
en Palmira-Valle del Cauca, CAPROVIMPO realizó un pequeño estudio de seguridad
de la zona, el cual no evidenciaba el contexto de violencia en que podían
quedar sumidos los beneficiarios del proyecto. De manera somera, se reseñó el
plan de desarrollo de seguridad del municipio, la existencia de convenios con
la Policía Nacional y otras medidas. Es más, referenció la existencia de un CAI
en el barrio que garantizaría la seguridad.
La administración se encontraba
obligada a incluir en el diseño del programa el componente de seguridad, debido
al riesgo de los beneficiarios. Ello hubiese evitado la edificación de
viviendas en zonas en donde era imposible habitar para los exmiembros de la
Fuerza Pública o personas que tuvieron relación con ésta.
Las autoridades no realizaron un
estudio de seguridad serio y adecuado sobre el proyecto Bicentenario. Un
análisis de ese tipo hubiese evidenciado el contexto de violencia del área y el
peligro que podían correr los demandantes y sus vecinos.
En el caso bajo estudio existían
hechos evidentes que podrían mostrar una posible afectación de derechos para la
comunidad de exmiembros de la Fuerza Pública que habitaban en la Urbanización
Bicentenario. Por ejemplo, los informes de seguridad presentados por parte del
Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana del Municipio de
Palmira[101]
-en adelante OSCCC- de los años 2009, 2010 y 2011, fechas en que se diseñó –
construyó – adjudicó el proyecto Bicentenario registraron el problema de orden
público que padecía la zona. Cabe recordar que el complejo habitacional donde
vivían los habitantes se encuentra en el barrio Villa Caimitos de la comuna uno
del Municipio de Palmira[102].
En el año 2009, el OSCCC registró
que en esa entidad territorial aumentaron los casos de homicidios, los cuales
se concentraron mayoritariamente en los hombres de 24 a 30 años de edad. La
comuna uno era la más afectada con el fenómeno del asesinato y se posicionó
entre uno de los lugares que más sufrieron casos de lesiones personales. Todo
ello ocurrió en los barrios Caimito y Villa del Caimitos. Por eso, ese órgano propuso
el acercamiento entre grupos de jóvenes en conflicto, quienes están vinculados
a comportamientos que afectan el orden público de la comuna 1 y 2 del
municipio, con el objeto de buscar salidas a la tensión social.
En el año 2010, el OSCCC reportó
que la comuna uno se había convertido en el sitio, dentro del casco urbano de
Palmira, donde se cometieron el mayor número de homicidios. La cifra de
asesinatos creció en más del 100%, al pasar de 26 a 55 muertes intencionales.
En el año 2011, el OSCC indicó que
los homicidios volvieron aumentar en la comuna uno, al ocupar el primer lugar
en el número de asesinatos. Se pasó a 67 fallecimientos intencionales. El
barrio el Caimito fue el que más aportó en asesinatos en esa anualidad.
Inclusive, constató que en esa comuna ocurría la mayor frecuencia de homicidios
de menores de edad. También, señaló que en la comuna uno sucedió la mayor
frecuencia de lesiones personales, en especial, en el barrio Villa Caimitos.
La tendencia descrita de homicidios
y lesiones personales en la comuna uno continuó en el año 2012. El OSCC reportó
que ese lugar se encuentra entre los lugares de mayor número de asesinatos, en
especial, de los menores de edad. Lo homicidios tuvieron los móviles
instrumentales e impulsivos en la gran parte de los casos.
Los informes demostraban que la
zona en donde se construyó la Urbanización Bicentenario se encontraba en un
contexto de violencia, que podría aumentar con la inclusión de actores que
comparten un universo de sentido que implica el respeto de la ley, la autoridad
y del Estado, así como el rechazo de los constreñimientos y de la cultura de la
ilegalidad.
Ese contexto de violencia recayó
sobre los actores, de modo que las bandas criminales intimidaron a la comunidad
de exmilitares o de personas que tenían relación con la Fuerza Pública
inmediatamente a la ocupación de las viviendas de la Urbanización Bicentenario.
En los meses de mayo y junio de 2011, CAPROVIMPO entregó las casas de ese
programa a sus adjudicatarios. En la mensualidad de junio de 2011, los
habitantes de ese proyecto denunciaron a CAPROVIMPO que habían sido objeto
constreñimientos por parte del hampa. En respuesta a esa información, el día 14
de ese mes y año, esa entidad remitió comunicaciones a las autoridades de
policía para conjurar el problema de seguridad de la zona en donde se construyó
el mencionado proyecto.
La inseguridad fungió como
obstáculo para que los demandantes tuvieran una vivienda adecuada y digna con
todas sus condiciones. Las entidades mencionadas fueron indolentes ante la
configuración de un riesgo extraordinario, que se produjo por la falta de
incluir la seguridad en la formulación del programa y la aplicación de un
enfoque diferencial.
En ese orden, se advierte que el
inmueble adjudicado por la entidad no cumple con lo establecido en los
instrumentos internacionales, el ordenamiento jurídico colombiano y la
jurisprudencia constitucional, en relación con los requisitos necesarios para
garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada de unas personas en
condición de discapacidad que perteneció a las fuerzas militares o que tenían
relación con éstas, porque las condiciones de seguridad de la zona impidieron
que gozaran de las casas.
9.2.
Adicionalmente,
CAPROVIMPO vulneró el derecho a la vivienda adecuada y digna, al negarse a
otorgar otra solución habitacional después que los petentes informaron la
imposibilidad de retornar a sus casas por las condiciones de seguridad de la
zona. Esa decisión se fundamentó en una lectura literal de la norma que impide
recibir el subsidio por más de una vez. Dicha hermenéutica no tuvo en cuenta
los derechos fundamentales de los demandantes con fin de otorgar un sentido a
la disposición conforme con la Constitución.
Para la Sala Octava de Revisión,
esa hermenéutica desconoció la necesidad que se aplicara un enfoque diferencial
en caso de los demandantes, análisis que advirtiera las múltiples condiciones
de discriminación en la que quedaron sometidos los señores Montoya, Beusaquillo
y Posada, a saber: i) eran personas de especial protección constitucional (en
condición de discapacidad y tercera edad); ii) exactores y víctimas del
conflicto armado; iii) víctimas de un desalojo forzado; y iv) eran miembros del
nivel salarial más bajo de remuneración del Ejercito Nacional, es decir,
soldados profesionales.
El artículo 13 Superior impone la
obligación a las autoridades de aplicar un enfoque diferencial, el cual consiste
en evaluar las condiciones de vulnerabilidad de las personas para otorgar una
protección y reducir la desigualdad. En el caso subjudice, esa forma de
análisis significaba que CAPROVIMPO tuviera en cuenta las particularidades de
los actores a la hora de negar una solución habitacional a los exmiembros de la
fuerza pública y personas relacionados con éstos. Se trataba de interpretar y aplicar
la norma que establece la prohibición de reconocer más de un subsidio de
vivienda conforme con la Constitución, posibilidad hermenéutica que permitía a
los petentes entregar los inmuebles, puesto que estos no cumplía con las
condiciones indispensables para que fuera considerados una vivienda digna y
adecuada. Por ello, en el caso concreto era necesario garantizar un enfoque
diferencial y los derechos de los peticionarios. Ello con fundamento en el
principio de igualdad, ya sea por su eficacia normativa o capacidad de remediar
una vulneración del mismo. Una decisión en ese sentido hubiese beneficiado a
personas que se hallan en las siguientes situaciones; i) no pueden gozar de la
vivienda por la indefensión en que se encuentran ante la intimidación de las
bandas criminales; ii) pertenecen al nivel salarial más bajo del ejército
nacional; y iii) son víctimas-actores del conflicto armado.
A su vez, esa determinación
desconoció que el subsidio es un pago vinculado a la relación laboral, por lo
que el error sobre la ausencia de la seguridad en el diseño del programa afectó
ese desembolso y puede entenderse como no cancelado. Los actores recibieron el
subsidio de vivienda a cambio de la prestación de sus servicios –en el caso
señor posada de su hijo- al Estado, empero la solución habitacional suministrada
se encontraba defectuosa, al punto que no pudo cumplir con su función. Se
recuerda que las cesantías de los demandantes y del hijo del señor Posada
fueron utilizadas para suplir el precio de los inmuebles. La administración se
encontraba en la obligación de garantizar ese pago y de corregir sus defectos,
puesto que hace parte del régimen salarial y prestacional de las fuerzas
militares.
9.3.
Así las
cosas, la Sala evidencia la violación del derecho fundamental a la vivienda
digna y adecuada de los accionantes, exmilitares en condición de discapacidad y
familiares de soldados asesinados en combate, puesto que, como se vio
anteriormente, la entidad adjudicó como solución de vivienda un inmueble, sin
que hubiese revisado el contexto de violencia de la zona. Los inmuebles se
tornaron inhabitables, dado que no era posible acceder a ellos ante el riesgo
excepcional que padecieron los petentes.
Por último, ese derecho se
desconoció como resultado de la negativa de reconocer un nuevo subsidio y
permitir la entrega de los inmuebles afectados, dado que se basó en una
interpretación literal de la normatividad que abandonó un enfoque diferencial
en la política de vivienda de las fuerzas militares. Existía otra posibilidad
hermenéutica que hubiese conducido a que los actores accedieran a otra solución
habitacional.
9.4.
La Sala
Octava de Revisión debe proferir un remedio judicial efectivo que salvaguarde
los derechos fundamentales de los actores y tenga en cuenta las múltiples
condiciones de vulnerabilidad de los mismos.
Entre las diferentes alternativas
que tiene este juez, se considera indispensable adoptar medidas concretas que
rebasen la creación de espacios de concertación con las entidades accionadas
para evaluar la situación de seguridad en la zona y buscar el retorno de los
usuarios. Lo anterior, en razón de que esos escenarios de diálogo se han
realizado de manera intermitente durante los años 2011 a 2016. Del acervo
probatorio se desprende que el Ministerio de Defensa y las autoridades de
policía del Municipio de Palmira y Departamento del Cauca han revisado la
situación de seguridad de la Urbanización Bicentenario, empero no han
suministrado una respuesta concreta a la ciudadanía.
Nótese que de las conversaciones se
destinaron patrullas militares del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi y
mayor personal de la Policía a la Urbanización Bicentenario. Sin embargo,
CAPROVIMPO indicó que la seguridad del lugar no ha mejorado, por lo que
requiere una estrategia a largo plazo. Reiteró que todavía existían focos
importantes de peligro.
Ordenar la creación de espacios de
diálogos es volver sobre una opción que no tuvo impacto alguno en la
problemática analizada, que se refiere a la vulneración del derecho a la
vivienda en el contenido de habitabilidad.
En ese sentido, se ordenará a CAPROVIMPO
que, en un
término no superior a tres (3) meses, contado a partir de la notificación del
presente fallo, reciba de los tutelantes, mediante la entrega material y la
suscripción de documento que observe las formalidades de ley para la eficacia
de la trasferencia, todos los derechos relacionados con el primer bien inmueble
que CAPROVIMPO entregó a los accionantes en la Urbanización Bicentenario del
Municipio de Palmira, Valle del Cauca.
A su vez, CAPROVIMPO deberá
entregar, en un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación de
esta providencia, consistente en un auxilio de vivienda a los ciudadanos Héctor
Montoya Gaviria, Oswaldo Beusaquillo y Egidio Posada, solución habitacional
suministrada dentro de los proyectos que desarrolla CAPROVIMPO, la cual debe
adecuarse a sus condiciones especiales de seguridad para que les permita el
efectivo disfrute del derecho a una vivienda digna y adecuada, sin que se
oponga la prohibición de doble suministro de subsidio de vivienda. Dicha orden
salvaguardará las garantías afectadas de los ciudadanos y materializará el pago
de una prestación social derivada del trabajo.
El hecho que los tutelantes convivan
en casa de otros familiares no elimina la procedencia del amparo y la necesidad
de la orden proferida, toda vez que éstos perdieron su vivienda y un lugar para
vivir en paz. La afectación de los derechos de los actores persiste. Además, los
peticionarios sufrieron y padecen una vulneración desproporcionada de sus
derechos, porque tuvieron que abandonar sus casas, escenario que no desaparece
al convivir con sus familiares.
La medida adoptada no es extraña al
precedente vigente. En Sentencia T-024 de 2015, la Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional ordenó a CAPROVIMPO que entregara un subsidio de
vivienda a un exmiembro de la fuerza pública que se había beneficiado de esa
prestación en el pasado. Esa orden se fundamentó en que se había adjudicado una
casa a una persona que no podía acceder al segundo piso del inmueble derivado
de su condición de discapacidad, por lo que se afectaba el derecho a la
vivienda en su dimensión de habitabilidad.
El presente caso, se evidenció una
deficiencia en la política pública de vivienda de las fuerzas militares en su
formulación, puesto que, en el proyecto Bicentenario, la administración fue
ciega ante el contexto de inseguridad de la zona. La delincuencia común ocupó
un barrio entero, sin que la administración diera alguna respuesta. Por
consiguiente, se advertirá a CAPROVIMPO para que en el futuro incluya en la
formulación de los proyectos habitacionales un estudio de seguridad de la zona
que dé cuenta de los riesgos a los que se exponen sus beneficiarios.
Sin embargo, la Sala no considera
pertinente emitir una orden con efecto inter-comunis, toda vez que debe
evaluarse cada situación particular de los miembros de la Urbanización
Bicentenario. En esa valoración debe determinarse si existen las condiciones de
vulnerabilidad necesarias para aplicar el enfoque diferencial, norma que
sustenta la protección de los derechos de ciertos sujetos y obliga al Estado a
realizar una interpretación conforme con la Constitución. Esa forma de
resolución caso a caso se sustenta en el principio de subsidiariedad que aplica
a la exigibilidad de los derechos sociales. Así mismo, ese es un remedio
judicial que respeta las competencias de la administración para ajustar las
fallas de la gestión pública y evita que se presente un beneficio inapropiado
que distorsione el programa de vivienda.
Síntesis de la decisión
10.
La Sala
estudió tres demandas de tutela formulada por dos exmilitares en situación de
discapacidad y el padre de un soldado muerto en combate contra la Caja
Promotora de vivienda Militar y de Policía (CAPROVIMPO), debido a que negó la
reubicación de la casa adjudicada por esa entidad en el Municipio de Palmira,
Valle del Cauca, en desarrollo del modelo de solución habitacional de las fuerzas
militares, con fundamento en que el subsidio de vivienda sólo puede ser
entregado por una sola vez. Los peticionarios tuvieron que abandonar las
viviendas adjudicadas como resultado del contexto de inseguridad y de violencia
en la zona, amenaza que se dirigió contra la población que habitaba en el
proyecto de CAPROVIMPO y que tenía nexo con las fuerzas militares.
10.1.
Esta
Corporación abordó dos problemas jurídicos de fondo. El primero relacionado con
analizar si CAPROVIMPO vulneró los derechos a la vivienda digna y adecuada, a
la vida e integridad física de los ciudadanos Héctor Montoya Gaviria, Oswaldo
Beusaquillo Samboni y Egidio Posada Torres, al entregar a militares en
condición discapacidad o a familiares de soldados muertos en combate, casas,
como solución habitacional, sin evaluar el riesgo de seguridad de incluir a un
grupo de excombatientes víctimas del conflicto armado en una zona de alta
criminalidad donde confluyen varios actores o focos de violencia. El segundo se
concretó con verificar si CAPROVIMPO vulneró los derechos fundamentales a la
vivienda digna y adecuada, así como a la seguridad personal de los actores,
quienes tuvieron que abandonar sus casas ubicadas en la Urbanización
Bicentenario por el contexto de inseguridad y de violencia que sufre la zona,
como quiera que negó la reubicación de los peticionarios en otro proyecto y la
recepción de los inmuebles de Palmira con sustento en que es imposible en
términos legales conceder un nuevo subsidio de vivienda
10.2.
En la parte
motiva de esta providencia, esta Corporación precisó que el derecho a la
seguridad personal hace parte del derecho a la vivienda adecuada y digna, en su
dimensión de habitabilidad, en el evento en que los ocupantes del hogar se ven
sometidos a un riesgo extraordinario que no se encuentran obligados a soportar,
que afecta su vida e integridad personal y consigue que abandonen la vivienda (Supra
6.5). Ello supone que las autoridades tienen el deber de que los riesgos de
seguridad de las personas sean criterios relevantes en la formulación o diseño
de un programa habitacional. Esa esfera se concreta y maximiza en exactores del
conflicto armado que se encuentran en condiciones de discapacidad y en
imposibilidad de adquirir otro inmueble por su pobreza.
El contenido descrito del derecho
de la vivienda adecuada debe tener en cuenta como criterio de focalización la
condición especial de las personas afectadas, por lo que debe concentrarse en
los individuos con mayores circunstancias de vulnerabilidad. Lo anterior, en
razón de que las obligaciones que se deprenden del artículo 11 del PIDESC
advierten facilitar el acceso a las viviendas de los grupos sojuzgados y no a
los colectivos acomodados en una sociedad, quienes pueden acceder a una casa
por sus propios recursos.
10.3.     En los tres casos
sometidos a revisión, la Sala Octava concluyó que CAPROVIMPO vulneró el
derecho fundamental a la vivienda digna y adecuada de los accionantes,
exmilitares en condición de discapacidad y familiares de los soldados
asesinados en combate, puesto que, la entidad adjudicó como solución de
vivienda un inmueble sin que hubiese sin que hubiese revisado el contexto de
violencia de la zona. Los inmuebles se tornaron inhabitables, dado que no era
posible acceder a ellos ante el riesgo excepcional que padecieron los petentes.
Por último, CAPROVIMPO desconoció ese derecho con la negativa de reconocer un
nuevo subsidio y permitir la entrega de los inmuebles afectados, dado que se
basó en una interpretación literal de la normatividad que desconoció un enfoque
diferencial en la política de vivienda de las fuerzas militares, y soslayó que
tales inmuebles eran inhabitables. Así, existía otra posibilidad hermenéutica
conforme con la constitución, la cual hubiese conducido a que los actores
accedieran a otra solución habitacional.
10.4.     En tal virtud, se
ordenará a CAPROVIMPO que, en un término no superior a tres (3)
meses, contado a partir de la notificación del presente fallo, reciba de los
tutelantes, mediante la entrega material y la suscripción de documento que
observe las formalidades de ley para la eficacia de la trasferencia, todos los
derechos relacionados con el primer bien inmueble que CAPROVIMPO entregó a los
accionantes en la Urbanización Bicentenario del Municipio de Palmira, Valle del
Cauca.
A su vez, CAPROVIMPO deberá
entregar, en un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación de
esta providencia, consistente en un auxilio de vivienda a los ciudadanos Héctor
Montoya Gaviria, Oswaldo Beusaquillo y Egidio Posada, solución habitacional que
se encuentre dentro de los proyectos que desarrolla CAPROVIMPO, la cual debe
adecuarse a sus condiciones especiales de seguridad para que les permita el
efectivo disfrute del derecho a una vivienda digna y adecuada, sin que se
oponga la prohibición de doble suministro de subsidio de vivienda.
Finalmente, se advertirá a
CAPROVIMPRO para que en el futuro incluya en la formulación de los proyectos
habitacionales de la fuerza pública un estudio de seguridad de la zona que
atienda a las necesidades de sus beneficiarios.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las
consideraciones expuestas, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- (Expediente T-6.210.322) REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 30 de marzo de 2017, que declaró
improcedente la acción de tutela incoada por el ciudadano Héctor Hernando
Montoya Gaviria contra la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía- CAPROVIMPO-,
y en consecuencia, CONCEDER el amparo de  los derechos
fundamentales a la vivienda digna y adecuada, así como a la seguridad personal.
Segundo.- ORDENAR a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía- CAPROVIMPO- que en un término no
superior a tres (3) meses, contado a partir de la notificación del presente
fallo, reciba del ciudadano Héctor Hernando Montoya
Gaviria, mediante la entrega material y la suscripción de documento que
observe las formalidades de ley para la eficacia de la trasferencia, todos los
derechos relacionados con el primer bien inmueble que CAPROVIMPO entregó el
tutelante en la Urbanización Bicentenario del Municipio de Palmira, Valle del
Cauca.
A su vez, ORDENAR a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía- CAPROVIMPO- que entregue, en un plazo de
seis (6) meses, contado a partir de la notificación de esta providencia, consistente
en un un auxilio de vivienda al ciudadano Héctor Hernando Montoya Gaviria, solución
habitacional que se encuentre dentro de los proyectos que desarrolla CAPROVIMPO,
la cual debe adecuarse a sus condiciones especiales de seguridad para que les
permita el efectivo disfrute del derecho a una vivienda digna y adecuada, sin
que se oponga la prohibición de doble suministro de subsidio de vivienda.
Tercero.- (Expediente T-6.210.323) REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 30 de marzo de 2017, que declaró
improcedente la acción de tutela incoada por el ciudadano Oswaldo Beusaquillo
Samboni contra la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía –CAPROVIMPO -.
En su lugar, CONCEDER el amparo de  los derechos
fundamentales a la vivienda digna y adecuada, así como a la seguridad personal
Cuarto.- ORDENAR a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía- CAPROVIMPO- que en un término no
superior a tres (3) meses, contado a partir de la notificación del presente
fallo, reciba del ciudadano Oswaldo Beusaquillo Samboni, mediante la entrega
material y la suscripción de documento que observe las formalidades de ley para
la eficacia de la trasferencia, todos los derechos relacionados con el primer
bien inmueble que CAPROVIMPO entregó el tutelante en la Urbanización Bicentenario
del Municipio de Palmira, Valle del Cauca.
A su vez, ORDENAR a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía- CAPROVIMPO - que entregue, en un plazo de
seis (6) meses, contado a partir de la notificación de esta providencia,
consistente en un auxilio de vivienda al ciudadano Oswaldo Beusaquillo
Samboni, solución habitacional que se encuentre
dentro de los proyectos que desarrolla CAPROVIMPO, la cual debe adecuarse a sus
condiciones especiales de seguridad para que les permita el efectivo disfrute
del derecho a una vivienda digna y adecuada, sin que se oponga la prohibición
de doble suministro de subsidio de vivienda.
Quinto.- (Expediente T-6.300.703) REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 23 de marzo de 2017, que declaró
improcedente la acción de tutela incoada por el ciudadano Egidio Posada Torres contra
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía –CAPROVIMPO-. En su lugar, CONCEDER
el amparo de  los derechos fundamentales a la vivienda digna y
adecuada, así como a la seguridad personal.
Sexto.- ORDENAR a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía- CAPROVIMPO- que en un término no
superior a tres (3) meses, contado a partir de la notificación del presente
fallo, reciba del ciudadano Egidio Posada Torres, mediante la entrega material
y la suscripción de documento que observe las formalidades de ley para la
eficacia de la trasferencia, todos los derechos relacionados con el primer bien
inmueble que CAPROVIMPO entregó el tutelante en la Urbanización Bicentenario
del Municipio de Palmira, Valle del Cauca.
A su vez, ORDENAR a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía -CAPROVIMPO- que entregue, en un plazo de
seis (6) meses, contado a partir de la notificación de esta providencia, consistente
en un auxilio de vivienda al ciudadano Egidio Posada Torres, solución habitacional que se encuentre dentro de los
proyectos que desarrolla CAPROVIMPO, la cual debe adecuarse a sus condiciones
especiales de seguridad para que les permita el efectivo disfrute del derecho a
una vivienda digna y adecuada, sin que se oponga la prohibición de doble
suministro de subsidio de vivienda.
Séptimo.- ADVERTIR a la Caja Promotora de Vivienda Militar
y de Policía -CAPROVIMPO- para que en el futuro incluya en la formulación de
los proyectos habitacionales de la fuerza pública un estudio de seguridad de la
zona que atienda a las necesidades de sus beneficiarios.
Octavo.- A
través de la Secretaría General de esta Corporación LÍBRESE la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, publíquese
en la Relatoría de la Corte Constitucional y cúmplase
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS LIBARDO BERNAL
PULIDO
Magistrado
Con salvamento de
voto
ROCIO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Debió declararse la improcedencia por cuanto se trata de un derecho
colectivo y su protección es a través de la acción popular (Salvamento de voto)
Referencia: Expedientes T-6.210.322,
T-6.210.323 y T-6.300.703 (acumulados).
Sentencia T-726 de diciembre 12 de 2017.
Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS
En relación con la decisión adoptada, de forma mayoritaria, por la
Sala Octava de Revisión, el día 12 de diciembre de 2017, me permito presentar
Salvamento de Voto. A mi juicio, la sentencia realiza una indebida
identificación de: (i) el objeto de protección; (ii) el sujeto
titular del derecho y (iii) el sujeto obligado.
Primero, el asunto sometido a conocimiento
de la Sala Octava de Revisión plantea un problema relativo al derecho a la
seguridad. La sentencia señala que la iusfundamentalidad de este derecho
se explica en razón de su conexidad con la vivienda digna, en particular, en su
faceta de habitabilidad. No obstante, luego de revisar el material probatorio
que obra en los expedientes, se colige que la situación a partir de la cual se
alega la presunta vulneración de los derechos que reclaman los accionantes
corresponde a la violencia generalizada que se presentó en el barrio
Bicentenario en Palmira, como consecuencia del actuar de “bandas criminales”
o “delincuencia común”. En este orden de ideas, el objeto de protección
corresponde al derecho colectivo a la seguridad, cuyo medio de protección es la
acción popular y no la acción de tutela.
Segundo, al tratarse de un derecho
colectivo, el titular del derecho a la seguridad es la comunidad,
concretamente, los beneficiarios del programa “Los héroes sí tienen casa”
en la Urbanización Bicentenario en Palmira. Por esta razón, no puede predicarse
que sus titulares solo sean los accionantes bajo el argumento de que estos
acuden en esta oportunidad de manera individual a reclamar la “afectación de
su derecho a la vivienda por el actuar de las bandas criminales de la zona”.
Máxime cuando la sentencia no señala en qué consiste la presunta vulneración
individual y autónoma del derecho a la vivienda de los accionantes, más allá de
señalar que estos actualmente no habitan en ellas.
Tercero, la situación que generó la
presunta vulneración del derecho a la seguridad se debe a las actividades
realizadas por bandas criminales. En este orden de ideas, quien debe garantizar
la seguridad de las personas que habitan en la Urbanización Bicentenario no
debe ser Caprovimpo o el constructor de la vivienda, sino las autoridades que
constitucionalmente tienen a su cargo dicha competencia: El Municipio de
Palmira y las fuerzas de policía del Municipio de Palmira. De lo contrario, se
les estaría imponiendo una carga a unas autoridades que constitucionalmente no
son competentes para garantizar el orden público.
Por lo anterior, en mi opinión, la sentencia ha debido confirmar
los fallos proferidos en única instancia, en los cuales se declaró la
improcedencia de las acciones de tutela interpuestas por los accionantes.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1]
Expediente T-6.210.322. El 6 de mayo de 2009, el señor Oswaldo Beusaquillo
Samboni fue herido por una mina antipersona en la vereda de Buenos Aires,
jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento del Meta, suceso que
obligó a que los médicos amputaran su pierna derecho debajo de la rodilla.
[2]
Expediente T-210.323. El 17 de octubre de 2008, el señor Oswaldo Beusaquillo
Samboni fue herido por una mina antipersona en la vereda de las Brisas
Municipio de Florencia Caquetá, suceso que obligó a que los médicos amputaran
su pierna izquierda debajo de la rodilla.
[3] Los
ciudadanos Héctor Hernando Montoya Gaviria, Oswaldo Beusaquillo Samboni y
Egidio Antonio Posada Torres abandonaron sus viviendas de la Urbanización
Bicentenario el 11 y 19 de noviembre de 2013 respectivamente.
[4]Expediente
T-6.210.322 y T-6.210.323, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió dichas providencia. En el expediente
T-6300.703, la Subsección B de la Sección Primera de esa misma Corporación
profirió el proveído de admisión.
[5] Argumento
esbozado en la contestación de la demanda de tutela en el expediente
T-6.210.323. En el plenario T-6.210.322, Unidad de Victimas no respondió la
demanda de tutela.
[6]Expediente
T-6.300.703
[7]
Expedientes y decisiones, a saber: i)  T-6.210.322  Primera Instancia:
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 30 de marzo
de 2017; ii) T-6.210.323 Primera Instancia: sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, proferida el 30 de marzo de 2017; y iii)
T-6.300.703 Primera Instancia: sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, proferida el 23 de marzo de 2017.
[8]
Expediente T-6.300.703
[9] Sentencia
T-069 de 2015
[10]
Sentencia SU-637 de 2016
[11] Sentencia
T-483 de 2017
[12] Sentencia
SU-637 de 2016.
[13]
Sentencias SU-637 de 2016 y T-721 de 2003
[14] Sentencia
SU-168 de 2017, SU-637 de 2016, T-147 de 2016 y T-069 de 2015
[15] Sentencias
T-483 de 2017 y T-069 de 2015
[16]
Sentencia SU-637 de 2016 y T-266 de 2011
[17] Sentencia
T-069 de 2015.
[18] Sentencia
SU-168 de 2017.
[19] En
este acápite se reiterará a grandes rasgos la posición fijada Sentencias C-493
de 2015, T-265 de 2012, T-235 de 2011, T-585 de 2008 y C-936 de 2003
[20] En
Sentencias C-493 de 2015 y T-235 de 2011, la Sala Plena indicó que esa diversa
calificación (vivienda digna-adecuada) producto de la Constitución y del Pacto
Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales es irrelevante en
términos de protección del derecho, por cuanto que, en aplicación del principio
pro-personae y de eficacia de los derechos consagradas en la
Constitución, esta Corporación tienen el deber de otorgar el mayor alcance
posible de protección a las prescripciones como la vivienda.
[21] Sentencias
T-246 de 2012 y T-258 de 1997
[22]
Sentencia SU-111 de 1997
[23] Sentencia
T-406 de 1992.
[24] Corte Constitucional, Sentencias T-617 de 1995, T-190 de 1999, T-626
de 2000, T-626 de 2000, T-626 de 2000, T-1073 de 2001, T-756 de 2003, T-363 de
2004, T-791 de 2004, T-894 de 2005 y T-895 de 2008, entre otras.
[25]
Sentencia T-075 de 2012.
[26] Sentencia
SU-599 de 1999
[27] Sentencias
Sentencia T-079 de 2008, T-1075 de 2007, T- 363 de 2004, T-756
de 2003, y  C-217 de 1999.
[28] UPRIMNY
YÉPES, Rodrigo, UPRIMNY YÉPES, Inés Margarita y PARRA VERA Oscar, concepto,
historia y fundamentos de los derechos humanos, en Módulo de Formación
Autodirigida en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, pp. 51-53
[29] CABRAL
BREA, Mayra, el cumplimiento de la misión del derecho internacional de los
derechos humanos para la protección de los derechos sociales, en la Eficacia de
los Derechos Sociales, ed. Isabel Garrido Gómez, Dykinson S.L, Madrid 2013, p.
36
[30] Sentencia
T-235 de 2011
[31]
LANGFORD, Malcom, Teoría y Jurisprudencia de los derechos sociales, Tendencias
emergentes en el derecho internacional y comparado, Ed. Siglo del Hombre y
Universidad de los Andes Bogotá, 2013, capitulo 1; y ABRAMOVICH, Víctor y
COURTIS Christian, El umbral de la ciudadanía, el significado de los derechos
sociales en el Estado Social Constitucional, Estudios del Puerto, Buenos Aires
2006, p. 46
[32] Sentencias
T-239 de 2016 y T-088 de 2011.
[33]
Sentencia C-359 de 2013
[34] Posición
reiterada en Sentencia C-493 de 2015.
[35] Sentencia
T-235 de 2015. En el mismo sentido ver Sentencia T-732 de 2016
[36] Sentencia
C-493 de 2015, T-48 de 2014, T-314 de 2012 y T-235 de 2011.
[37] Sentencias
T-732 de 2016 y T-176 de 2013
[38] Sentencias
T-732 de 2016, T-388 de 2013, T-176 de 2013 y T-235 de 2011.
[39] Sentencia
C-493 de 2015 y T-235 de 2011
[40] Sentencias
T-497 de 2017, C-493 de 2015, T-045 de 2014 y C-936 de 2003.
[41] Sentencia
C-321 de 2016
[42] Organización
de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
el derecho a la vivienda adecuada, folleto informativo No 21 rev 1, p.
[43] Sentencia
T-420 de 2016. Al respecto, la Corte efectuó la aplicación del enfoque
diferencial en personas en condición de discapacidad para el acceso a la
vivienda.
[44] SABA,
Roberto. Más allá de la igualdad formal ante la ley: ¿Qué le debe el Estado a
los grupos desaventajados?, colección Derecho y Política, Siglo XXI Editores.
Buenos Aires, 2016, ver capítulos 1 y 2.
[45] Comité
de Derechos Sociales Económicos y Culturales, Observación General No. 4,
literal e del numeral 8.
[46]
Ibídem. En el mismo sentido Op.cit, Organización de las Naciones Unidas,
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el derecho a la
vivienda adecuada, folleto informativo No 21 Rev 1, pp. 17-20
[47] Sentencia
T-045 de 2014.
[48] Ibídem, Observación General No. 4, numeral 6.
[49] Comisión de Asentamientos Humanos y la
Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5. NACIONES
UNIDAS, CDESC, Observación General, No. 4, numeral 6.
[50] Sentencia
C-493 de 2015
[51] Sentencias T-045 de 2014, T-199 de 2010 y T-473 de 2008.
[52] Sentencia T-530 de 2011.
[53] Sentencia T-740 de 2012.
[54] Sentencias
T-149 de 2017, T-223 de 2015.
[55]
Sentencias T-149 de 2017, T-269 de 2015, T-648 de 2014, T-199 de 2010, T-065 de
2011 y T-719 de 2003.
[56] Sentencias
T-824 de 2007,  T-715 de 2007 y T-634 de 2005
[57]
Sentencia T-149 de 2017, T-223 de 2015 y T-199 de 2010
[58] Sentencias
T-348 de 2011, T-473 de 2008 y T-325 de 2002. En estos casos se adoptó la
medida de reubicación en contexto de daños o fallas estructurales de las
viviendas. Por su parte, en Sentencia T-045 de 2014, T-199 de 2010 y T-036 de
2010, se adoptó esa misma decisión en los eventos en que el riesgo para la
persona provenía de un hecho de la naturaleza.
[59] Por
ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
[60] Artículo
2º, que establecen la obligación de proteger a las personas resguardando su
existencia, su integridad. Los artículos 11 y12 superiores, disposiciones que
consagran la vida y las condiciones mínimas para desarrollar un proyecto de
vida, así como la proscripción de la tortura, la desaparición forzada, tratos o
penas crueles, inhumanos o dragantes. La identificación en la Constitución de
los riesgos sometidos las personas, como son la esclavitud, servidumbre o trata
(Art. 17 C.P), ser molestadas por sus convicciones o creencias (Art. 18 C.P),
ser molestadas directamente en su persona o familia (Art. 28 C.P), ser objeto
de persecución y deba buscarse asilo (Art. 34, CP): Lo propio sucede con los
peligros que padecen los niños (Art. 44) y las personas que desempeñan
actividades periodísticas en Colombia (Art. 7 CP)
[61] Sobre particular, en la Sentencia T-719 de 2003, la
Corte indicó que: “la
seguridad aparece en nuestra Constitución bajo la forma de un derecho
colectivo, es decir, un derecho que asiste en forma general a todos los
miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que
pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social como el patrimonio público, el espacio público, la
seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o
la libre competencia económica (art. 88,
C.P.). El mismo Constituyente hizo referencia específica a ciertos riesgos
para la colectividad que deben ser evitados a toda costa: así, ordenó que las
ocupaciones, artes y oficios que impliquen un riesgo social no podrán ser
ejercidas sin la debida preparación académica (art. 26,
C.P.), impuso la sanción de responsabilidad legal a los comercializadores de
bienes y servicios que atenten contra la salud, la seguridad o el adecuado
aprovisionamiento de consumidores y usuarios (art. 78,
C.P.), obligó al Estado a prevenir y controlar los factores de deterioro
medioambiental, imponiendo las sanciones a las que haya lugar y exigiendo la
reparación de los daños causados (art. 80,
C.P.), prohibió terminantemente la “fabricación, importación, posesión y uso
de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al
territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos” (art. 81,
C.P.) y restringió la posibilidad de los particulares de introducir, fabricar
y portar armas, excluyendo la posibilidad de porte legítimo durante reuniones
políticas, elecciones o sesiones de corporaciones públicas o asambleas (art.
223). En todos estos casos, el Constituyente previó la posibilidad de que
ciertas personas o circunstancias pudieran generar riesgos para la sociedad
como un todo, afectando potencialmente a un número indeterminado de personas,
cuya seguridad se debía entonces garantizar excluyendo de entrada dichos
riesgos. Para estos efectos, como se ha explicado en otras oportunidades, se
diseñaron mecanismos específicos tales como las acciones populares (art. 88,
C.P.).”
[62] Sentencias
T-339 de 2010 y T-719 de 2003. Esa definición se reiteró en las Sentencias
T-199 de 2010 y T-223 de 2015.
[63] Sentencia
C-331 de 2017
[64] Ver sentencias T-719 de 2003; T-585A de 2011; y T-224 de 2014, entre otras.
[65] Sentencia
T-496 de 2008
[66] Es decir que no debe tratarse de un riesgo genérico.
[67] Basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en
suposiciones abstractas.
[68] En el sentido que no debe ser remoto o eventual.
[69] Que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el
sujeto, por lo que no puede tratarse de un riesgo menor.
[70] De materialización probable por las circunstancias del caso, por lo
cual no puede ser improbable.
[71] No debe tratarse de una contingencia o peligro difuso.
[72] No se trata de un riesgo que deba ser soportado por la generalidad de
los individuos.
[73] Teniendo como parámetro de comparación los beneficios que deriva la
persona de la situación por la cual se genera el riesgo.
[74] Sentencias
C-331 de 2017, T-1039 de 2016, T-496 de 2008 y T-719 de 2003.
[75]
Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, Relatora Especial sobre una
vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida
adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Sr Miloon
Kothari, Consejo de Derecho Humanos, Séptimo período de Sesiones A/HRC/7/16 del
13 de febrero de 2008.,  parr. 42
[76]Organización
de Naciones Unidad, Asamblea General, Relatora Especial sobre una vivienda
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y
sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Sra. Raquel Rolnik,
presentado de conformidad con la resolución 15/8 del Consejo de Derechos
Humanos, Sexagésimo séptimo período de sesiones, 10 de agosto de 2012
[77] Corte Constitucional, sentencia T-713 de 2003.
[78]GUASTINI
Ricardo, Estudios sobre la Interpretación Jurídica, Trad. María Gascón Miguel
Carbonell, Universidad Nacional Autónoma de México, DF 2000, pp 38 -39.
[79] Sentencia
T-719 de 2003
[80] González Manrique, Camen Martiza, Seguridad
Ciudadana y Posconflicto en Bogotá: Dilemas y Desafíos, Universidad Militar
Nueva Granada, Especialización en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa,
Colombia, Bogotá D.C, 2016, pp. 7-9
[81] Valencia,
León y Obando Camila, Los
Retos Nacionales y Territoriales del Posconflicto, en Lo que hemos ganado han
disminuido los combates, los heridos, los secuestros y los desplazamiento,
2014.2014.Fundación Paz & Reconciliación
[82] Fundación
Ideas para la Paz, Informe crimen organización y saboteadores armados en
tiempos de transición, agosto de 2017,
[83] Seguridad,
justicia y paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal
A.C., Motodología del ranking del año 2016 de las 50 ciudades más violentas del
mundo, informe del 6 de abril de 2017. En este documento se resalta que
Armenia, Cali, Cúcuta, Palmira y Pereira son las ciudades más violentas en
Colombia
[84] Pérez Salazar, Bernando, Montoya, Carlos
Celys, Las BACRIM después de 2013: ¿pronóstico reservado?, Fundación Paz &
Reconciliación, Embajada de España en Comombia, p.
[85] Universidad
de los Andes y la Fundación Ideas Para Paz, Coord. Angelika Rettberg coor.
Preparar el futuro: Conflicto y Post-conflicto en Colombia, 2002, p. 33
[86] En
este acápite se reiterará de manera integral lo dispuesto por parte de esta
Corte en las Sentencias T-024 de 2015, T-907 de 2010, C-057 de 2010 y T-040 de
2007.
[87]
Decreto 353 de 1994.
[88] Sentencia
T-040 de 2007
[89] Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Acuerdo 01 de 2016.
[90] Ibídem,
art. 14.
[91]
Sentencia C-057 de 2010.
[92] Sentencias T-162 de 2010, T-034 de 2010 y
T-099 de 2008.
[93]Sentencias T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162
de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de
2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000.
[94] Sentencia T-235 de 2010.
[95] Sentencia T-030 de 2016
[96] Sentencia
T-1257 de 2005.  En esa oportunidad, la Corte Constitucional estimó que la
perturbación del orden público puede conducir a la vulneración del derecho a la
seguridad personal en su faceta fundamental. Esa regla se construyó en un caso
en que varias personas no lograron presentar los exámenes de un concurso de
acceso a un empleo del Estado, debido a la alteridad del orden público.
[97] Sentencia T-030 de 2016.
[98]
Organización de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas y Onu habitad, Desalojos forzosos, Folleto informativo No 25/Rev1, New
York, 2014, pp. 8-10
[99] Sentencia
T-069 de 2015
[100] Sentencia
T-841 de 2014
[101] Se
advierte que el observatorio es un espacio de encuentro entre los actores
públicos y privados del Municipio de Palmira, que surgió por un trabajo
concertado entre la Administración Municipal, Secretaría de Gobierno, la Cámara
de Comercio de Palmira, la Fundación Progresamos y el Comité Cívico
Intergremial de Palmira. Las fuentes de información de criminalidad están articuladas
en el Comité Técnico del Observatorio, integrado por las siguientes entidades:
Fiscalía, Policía Nacional, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, ICBF, Centro de Atención Integral a la Víctima –CeAi, Comisaría de
Familia, Comisaría Central de Policía y las Secretarías de Gobierno, Movilidad
y de Salud de Palmira.
[102] Concepto
Técnico No. CT-CPVMP.99-003, estudio arquitectónico y técnico del proyecto
Urbanización Bicentenario. Disco compacto allegado por parte de CAPROVIMPO.