SU428-16
Sentencia SU428/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones para aceptar que se presente en un extenso espacio de
tiempo entre vulneración y presentación
Se han indicado los
dos únicos casos en los que no es exigible el principio de inmediatez de modo
estricto: (i) cuando  se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y
actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se
le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros. La inmediatez más que un requisito de procedibilidad, constituye un
elemento esencial o característica principal de la acción de tutela. Por tal
razón, el examen del
mismo no se reduce a verificar simplemente el paso del tiempo entre el hecho
generador de la vulneración de un derecho fundamental y la interposición de la
demanda de tutela, sino que, además, comprende la valoración de la
razonabilidad del plazo, la cual está sujeta a los hechos que configuran el
caso concreto y debe ser efectuada por el juez de tutela atendiendo a los criterios
que sobre el particular ha fijado la jurisprudencia constitucional.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Subreglas
para determinar el cumplimiento a pesar de que no exista un término de
caducidad de la acción de tutela
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Inaplicación cuando violación persiste en el tiempo
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES PENSIONALES-Procedencia excepcional
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Naturaleza,
finalidad y requisitos para su reconocimiento
La pensión de sobrevivientes es una
prestación que el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce a
los miembros del grupo familiar más próximos al afiliado que fallece, con el
propósito de garantizarles al menos el mismo grado de seguridad social y
económica con que contaban en vida del causante y salvaguardarlos así de la
completa desprotección. En este orden de ideas, su reconocimiento se fundamenta
en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de
solidaridad. Para consolidar el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, se hace necesario ser miembro del grupo
familiar del afiliado al sistema y que este hubiera cotizado, por lo menos,
cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha del
deceso.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Convivencia efectiva al momento
de la muerte
Es indudable
que para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente tengan derecho a
la pensión de sobrevivientes, deberán demostrar su condición de beneficiarios
como “miembros del grupo familiar” del afiliado, tal como lo señala,
expresamente, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y esa condición la tienen
“quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo,
entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en
común”
REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA PARA PENSION DE INVALIDEZ Y
SOBREVIVIENTES-Declaratoria de inexequibilidad y
efectos del fallo C-428/09
PENSION DE SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE FIDELIDAD-Desconocimiento del precedente vulnera derechos fundamentales
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN
CASO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Jurisprudencia
constitucional
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Reiteración de jurisprudencia
Si bien el
derecho a la pensión no prescribe por cuanto es un componente fundamental que
integra el concepto y la figura de seguridad social y de conformidad con lo
indicado en el artículo 48 Superior, esta es de índole imprescriptible, lo
cierto es que en abundante jurisprudencia de esta Corporación, se ha reafirmado
que dicha imprescriptibilidad se predica del derecho en sí mismo, más no de las
prestaciones periódicas o mesadas que de él se deriven y que no hayan sido
cobradas, pues en tal caso, las acreencias laborales se encuentran sometidas a
la regla general de 3 años de prescripción, consagrada en el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, la imprescriptibilidad de la pensión
se deriva de todos aquellos postulados y principios constitucionales previstos
por el constituyente en la Carta de 1991, según los cuales se debe garantizar
la solidaridad por parte de la sociedad y del Estado, en quien recae
principalmente la necesidad de asegurarle a sus ciudadanos alguna fuente
financiera que les permita su sustento cuando debido a las distintas
contingencias que afrontan, tales como la invalidez, vejez, viudez, etc.,
pueden versen expuestos a un daño o afectación irremediable de sus garantías
constitucionales. Sin embargo, ello no obsta que el legislador, sin que afecte
el contenido esencial del derecho constitucional de la pensión, establezca un
límite temporal para reclamar sus mesadas.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Colpensiones reconocer pensión de sobrevivientes
Referencia: Expediente T-4.697.245
Demandante:
María Luz Dary Urrego Bedoya
Demandados:
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Juzgado 17 Laboral del Circuito de
Medellín y COLPENSIONES (antes ISS en liquidación)
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá DC, once (11)
de agosto de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En la revisión
de la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, por medio de la cual confirmó la dictada por la Sala de
Casación Penal de la misma Corporación que, a su vez, negó las pretensiones de
María Luz Dary Urrego Bedoya contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín y COLPENSIONES (antes ISS en
liquidación).
I.
ANTECEDENTES
1. Reseña fáctica de la demanda
1.1. De los
hechos que dieron origen al proceso ordinario laboral
La accionante María Luz Dary Urrego Bedoya conformó unión libre desde el 15 de julio
de 1997 con Carlos Arturo Ubarne Ramos, quien falleció el 6 de mayo de 2004.
Por lo tanto, solicitó ante el ISS la pensión de sobrevivientes el 22 de
septiembre de 2004.
El ISS, en
aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003), negó tal reconocimiento bajo dos argumentos: (i) que el
causante, pese a contar con 73 semanas en los 3 años anteriores, no cumplía con
el requisito de fidelidad frente al sistema, en los siguientes términos:
Que revisado el reporte de semanas, (…) se establece que el (la)
asegurado (a) UBARNE RAMOS cotizó a este instituto 73 semanas en los tres (3)
años anteriores al momento del fallecimiento y que acreditó un total de 204
semanas de fidelidad de cotización al Sistema de Pensiones entre la fecha en
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de muerte, cuando para ese
mismo periodo debió acreditar un total de 216 semanas cotizadas, así mismo
acredita un total de 204 semanas cotizadas en toda su vida laboral, no
cumpliendo así los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes.
Igualmente,
adujo que, según la versión de la misma solicitante, (ii) la
convivencia con el causante solo inició desde la mitad del 2001 y culminó en la
fecha de su muerte, no reuniendo de esta manera el tiempo mínimo exigido de
convivencia marital compartiendo techo, lecho y mesa, tal como exige la norma.
Consecuentemente,
mediante Resolución No. 19638 del 25 de octubre de 2005, el ISS negó a María Luz Dary Urrego Bedoya la pensión de sobrevivientes por el
fallecimiento del asegurado Carlos Arturo Ubarne Ramos.
1.2. Proceso
ordinario laboral contra el ISS
Así las cosas, María Luz Dary Urrego Bedoya inició proceso ordinario ante la
jurisdicción ordinaria laboral, el cual fue decidido favorablemente, en primera
y segunda instancia.
1.2.1. Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín - 4 de mayo de 2007
Las instancias
aclaran que el afiliado superaba con creces el requisito de las 26 semanas de
cotización, contenido en el literal a) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Así
lo explicó el A quo:
Revisadas las autoliquidaciones e historias laborales anexadas al
libelo, se constató que el actor alcanzó a cotizar al sistema general de
pensiones (…) 220 semanas. Es decir se encontraron cotizaciones entre Mayo de
1987 a Noviembre de 1988, de Diciembre de 1995 a Octubre de 1996, de Noviembre
de 2002 a Abril de 2004.
Analizados los supuestos de la norma el actor cumplió con la
fidelidad al sistema, toda vez que era necesario que cumpliera el 20% de las
cotizaciones entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la fecha del
fallecimiento, siendo así debía acreditar 213 semanas. Conforme las
cotizaciones aportadas en prueba al despacho entre el año 1987 y 2004 cotizó
220 semanas.
Por otro lado, en cuanto al otro requisito de la convivencia (…)
(…)
De las declaraciones oídas en el transcurso del debate probatorio,
versiones que para el despacho tienen un alto grado de credibilidad, toda vez
que por un lado son personas que conocieron a la demandante y al causante
varios años atrás. En dichas declaraciones se dejó manifestado que la actora
convivio con el causante siete años hasta el momento de su muerte e incluso que
la actora dependía económica [sic] del señor
Carlos Arturo Ubarne. (…)
Se concluye, entonces, que a la actora le asiste el derecho a que la
entidad accionada le reconozca la pensión de sobrevivientes en su calidad de
compañera del señor Carlos Arturo Ubarne, por cumplir con los requisito
solicitados en el artículo 46 y 47 de la ley 100 de 1993 modificados por la ley
797 de 2003.
Consecuentemente,
condenó al ISS a lo siguiente:
·
A
pagar $16’891.500 correspondiente a las sumas adeudadas por los años 2004,
2005, 2006 y 2007 (parcial).
·
A
reconocer y pagar los intereses moratorios a partir del 6 de mayo de 2004 y
hasta cuando se haga el pago efectivo de la misma.
·
A
que le sea pagada la pensión de sobrevivientes, desde el mes de junio de 2007,
de manera mensual, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, sin que la
misma pueda ser inferior al mínimo legal mensual vigente.
1.2.2. Impugnación
El ISS, mediante
apoderado, apeló la sentencia reseñada insistiendo en el no cumplimiento del
requisito de fidelidad del causante. Adicionalmente, solicitó que, de
confirmarse la decisión condenatoria, se tuviera en cuenta que los intereses
moratorios deben reconocerse a partir de la ejecutoria de la sentencia y no
desde el 6 de mayo de 2003. Finalmente, se opuso a la condena en costas bajo el
argumento de haber actuado con buena fe.
1.2.3. Tribunal Superior de Medellín - 14 de noviembre 2007
El Ad quem
aplicó el principio de la condición más beneficiosa en cuanto al requisito de
fidelidad y precisó lo siguiente:
Pues bien, lo primero que aclara la Sala -luego del estudio de las
pruebas arrimadas al plenario-, es que efectivamente el despacho de instancia
incurrió en un error en la sentencia, pues aunque afirmó que el señor Ubarne
cotizó 220 semanas (…) lo cierto es que solo se encuentran acreditadas 211
semanas, las cuales están por debajo de las semanas mínimas requeridas para que
establezca la fidelidad exigida por la Ley 797 de 2003, que como bien lo anotó
la recurrente asciende a 212.5 semanas.
No obstante, ello no será motivo para revocar la condena impuesta,
toda vez que conforme al principio de la condición más beneficiosa desarrollado
por nuestra carta política, la aplicación de una nueva norma laboral no debe
disminuir las condiciones favorables en que se hubiere podido hallar un
trabajador en vigencia de normatividades anteriores, teniendo [en cuenta] lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución
Nacional (…)
(…)
Quiere decir lo anterior que a la luz del nuevo criterio
jurisprudencial, las normas aplicables al caso controvertido son las contenidas
en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
Consecuentemente,
confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de
Medellín, el 4 de mayo de 2007, modificando la fecha de causación de los
intereses moratorios, en los siguientes términos: el ISS deberá reconocer y
pagar los intereses moratorios, a la tasa máxima de interés moratorio
vigente en el momento en que efectúe el pago, sobre las mesadas causadas y que
se encuentran insolutas, las cuales empezaron a generarse desde el 23 de enero
de 2005 y hasta cuando se cancele lo adeudado por mesadas pensionales
(tanto ordinarias como adicionales).
1.3. De la
sentencia de instancia en sede de casación: Sala
Laboral de la Corte Suprema Justicia - 11 de febrero de 2009 (providencia
atacada por vía de tutela)
La Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Laboral- decidió casar
la decisión de segunda instancia, por considerar que el
ad quem incurrió en errores jurídicos al dar aplicación al artículo 46
de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta la modificación que le introdujo el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues la normativa que debe gobernar el caso
es la vigente para el momento de la muerte del afiliado.
La Corte estimó
que no era procedente la aplicación del principio de la condición más
beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12
de la Ley 797 de 2003, por lo que el causante/afiliado
no alcanzó a cumplir con el tiempo cotizado del 20% allí exigido, toda vez que
se verificó un total de 206 semanas cotizadas, cuando ha debido sufragar un
mínimo de 212,5 para cumplir con el requisito de fidelidad al sistema.
En consecuencia,
la Corte Suprema de Justicia decidió que los cargos debían prosperar, por lo
que la sentencia impugnada fue casada, revocando la sentencia de primera
instancia y absolviendo al ISS de todas las pretensiones de la demanda.
2. Fundamento
de la acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia
Teniendo como
fondo lo anteriormente descrito, el apoderado de la tutelante afirma que la
decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de casación del 11 de febrero de
2009, contraría el precedente constitucional, al aplicar una disposición
inconstitucional (desde su origen) y al revocar el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes causada por Carlo Arturo Ubarne Ramos en favor de su
compañera María Luz Dary Urrego Bedoya.
Aduce que la
Corte Suprema de Justicia ha violado directamente la Constitución pues esta
Corporación aplicó la excepción de inconstitucionalidad por encontrar contraria
a la Carta Política la exigencia contenida en el artículo 12 de la Ley 797 de
2003, en procura del principio de la no regresividad. Agrega que en sentencia
del 20 de junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia varió su criterio
respecto de la modulación de los efectos de la sentencia de inexequibilidad
C-556 de 2009 y consideró que, respecto de los efectos que debe surtir la
declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de
seguridad social, frente a situaciones consolidadas antes de dicha declaratoria
y en los eventos en que se constituya en un obstáculo para la realización de la
garantía pensional, el juzgador debe abstenerse de aplicar la disposición
regresiva.
3.
Pretensiones
La demandante solicita sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y
seguridad social en pensiones y, como consecuencia de ello, sea inaplicado el
requisito de fidelidad (art.12 Ley 797 de 2003), en razón a la declaratoria de
inconstitucional  de ese requisito por parte de la Corte Constitucional,
mediante las sentencias C428 y C-556 de 2009.
Así mismo,
solicita que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, a favor de la señora María Luz Dary Urrego Bedoya.
4. Documentos
relevantes cuyas copias obran en el expediente (Cuaderno
1)
Las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, de origen documental, son las que a
continuación se relacionan:
·
Cédula de Ciudadanía de María Luz Dary Urrego
Bedoya (folio 13).
·
Cédula de Ciudadanía de Carlos Arturo Ubarne
Ramos (folio 14).
·
Reporte de semanas cotizadas, actualizadas al 22
de septiembre de 2014 (folios 15 al 20).
·
Acta de la audiencia segunda de trámite,
realizada el 29 de enero de 2007, practicada dentro del proceso ordinario
laboral (folios 21 al 23).
·
Sentencia de primera instancia, proferida por el
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín, el 4 de mayo de 2007 (folios 24 al
34).
·
Sentencia de segunda instancia, proferida por la
Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 14 de
noviembre 2007 (folios 35 al 45).
·
Sentencia del 11 de febrero de 2009, proferida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (folios 46 al 62).
·
Registro civil de Nacimiento de Carlos Arturo
Ubarne Ramos (folio 63).
·
Registro civil de Defunción de Carlos Arturo
Ubarne Ramos (folio 64).
·
Registro civil de Nacimiento de María Luz Dary
Urrego Bedoya, según el cual esta nació el 28 de marzo de 1965 (folio 65).
·
Resolución 19638 del 25 de octubre de 2005, por
medio de la cual el ISS resolvió la solicitud de prestaciones económicas
(folios 66 al 69).
·
Declaración extra proceso rendida, el 29 de
septiembre de 2014, por María Luz Dary Urrego Bedoya
(folio 70).
·
Declaración extra proceso rendida, el 29 de
septiembre de 2014, por Braneis del Carmen Pacheco Muñoz y Pedro Pablo Correa
Sánchez (folio 71).
·
Poder especial para instaurar acción de tutela
(folios 2 y 73).
5. Respuesta
de las entidades accionadas
Mediante auto de
7 de octubre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia puso en
conocimiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, del
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín y del ISS, la acción de tutela
instaurada por María Luz Dary Urrego Bedoya.
5.1. Sala de Casación Laboral
Surtida la debida notificación del auto admisorio de la
demanda, el 10 de octubre de 2014, el Magistrado Ponente de la Sala de Casación
Laboral ejerció su derecho a la defensa en el proceso de la referencia y
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela bajo estudio,
por cuanto la decisión razonada de esa Sala se profirió con respeto a la
Constitución Política y a la Ley laboral, sin que resulte arbitraria ni
desconocedora de derecho fundamental alguno y, además, por no cumplir con
el requisito de la inmediatez.
Así mismo,
expresó que las construcciones jurisprudenciales de las Cortes, dentro de su
función de casación, no son susceptibles de desconocerse por vía de tutela.
5.2. ISS en Liquidación
El 22 de octubre
de 2014, el ISS, en Liquidación, informó que la Compañía Colombiana de Pensiones
–COLPENSIONES– ha  asumido la defensa judicial de los proceso del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, incluyendo las acciones de tutela, a
partir del 28 de diciembre de 2012, en virtud a lo dispuesto por el Decreto
2013 de 2012.
5.3.
Colpensiones
Es de señalar
que, el 28 de noviembre de 2014, –de  manera extemporánea, posterior al fallo
de segunda instancia de la acción de tutela–, COLPENSIONES solicitó la
declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado, en consideración
a que el asunto en discusión había sido resuelto de fondo a través de la
sentencia de primera instancia que resolvió negar el amparo. Por lo que, a su
juicio, había desaparecido la presunta causa vulneradora de derechos
fundamentales objeto de protección[1].
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Decisión
de primera instancia
Mediante
sentencia del 14 de octubre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió negar la acción de tutela promovida por María Luz Dary Urrego Bedoya, bajo el argumento de ausencia de
inmediatez, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la
providencia acusada (11 de febrero de 2009) y la presentación de la acción constitucional
(6 de octubre de 2014), esto es, 5 años, 7 meses y 25 días.
2.
Impugnación
La accionante, por intermedio de apoderado judicial, impugnó el fallo
proferido, en primera instancia, a través de escrito de 28 de octubre de 2014,
en el que solicitó dejar sin efectos la sentencia emitida, argumentando que, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en los casos en que la
vulneración de los derechos es permanente, la tutela procede mientras persista
la violación.
De igual forma, manifestó
que María Luz Dary Urrego Bedoya no cuenta con
estudios, no tuvo contacto adecuado con el apoderado del proceso ordinario (que
le permitiera conocer la posibilidad de la formulación de la tutela), no posee
ni ha poseído bienes y labora por horas haciendo aseo, no cuenta con semanas
cotizadas para procurarse una pensión de vejez, no recibe ayuda de sus hijos
pues estos formaron hogares por fuera, confirmando  que ha quedado sumida
en condiciones precarias desde el fallecimiento de su compañero.
En consecuencia,
solicitó que la decisión de instancia sea revocada, toda vez que, a su juicio,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha violado directamente
la constitución, al no aplicar la excepción de inconstitucionalidad y proyectar
los efectos de una norma regresiva a su poderdante.
3. Decisión
de segunda instancia
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
mediante providencia del 27 de noviembre de 2014, confirmó la decisión proferida por la
Sala de Casación Penal de esa misma Corporación.
III.- ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
La Sala de Selección Número Uno, por medio del auto del 27 de enero
de 2015, seleccionó para revisión el expediente T-4.697.245, el cual fue
repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
1. Vinculación y pruebas
En el proceso de revisión del citado expediente, mediante
auto del 5 de mayo de 2015, la Sala Cuarta de Revisión resolvió ordenar que se
ponga en conocimiento de COLPENSIONES, el contenido del expediente para que
dicha entidad se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en
ella se plantean, que sean de su competencia. En consecuencia, ordenó suspender
el término para fallar el proceso de la referencia, mientras se surtía el
trámite correspondiente.
La entidad COLPENSIONES,
el 18 de enero de 2016, presentó escrito de intervención, a través del Gerente
Nacional de Doctrina - Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General. A
continuación, se reseña lo informado por esta entidad:
·
Se
ha implementado una medida de defensa jurídica constitucional, cuyo objetivo
consiste en generar una vía directa de verificación de los criterios jurídicos
utilizados por la entidad en materia de aplicación del precedente
constitucional, con el fin de “consolidar una herramienta de seguimiento
para optimizar los programas de calidad en la decisión pensional”[2].
·
Actualmente,
se respeta la cosa juzgada constitucional y el precedente judicial, al
incorporar en su doctrina jurídica la regla constitucional consolidada, en
virtud de la cual el requisito de fidelidad no ha debido exigirse a los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y de invalidez, en tanto se trata
de un requisito contrario a la Carta Política y a los estándares del derecho
internacional.
De
manera tal que las personas que hayan causado su derecho a la pensión de
sobrevivientes o de invalidez, con anterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad del requisito de fidelidad (C-428/2009 y C-556 de 2009), se les
debe reconocer en sede administrativa, sin exigencia de la fidelidad al
sistema, siempre y cuando se reúnan los demás requisitos para acceder a la
prestación reclamada.
·
La
Administradora dispuso efectuar nuevamente el estudio del caso, lo cual
conllevó el desarchivo, digitalización y remisión del expediente administrativo
y, concluyó que la accionante no es beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes, al no cumplir con el requisito de convivencia.
De otra parte,
pone de manifiesto que esta Corporación presenta una dispersión en sus
decisiones sobre el principio de la condición más beneficiosa. Situación que no
será contemplada en el problema jurídico a resolver por la Sala Plena, en esta
ocasión, al no tener incidencia en el caso concreto bajo estudio.
2. Revisión por la Sala Plena
Conforme a lo
previsto en el artículo 54 A del Reglamento de la Corte Constitucional, el
Magistrado sustanciador informó en su oportunidad a la Sala Plena sobre las
circunstancias relevantes de este caso: en especial, respecto de que la demanda
de tutela se dirige contra una providencia dictada por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual casó la sentencia
de segunda instancia y revocó la de primera instancia,
absolviendo al ISS de todas las pretensiones de la demanda ordinaria laboral
promovida por María Luz Dary Urrego Bedoya.
En la Sala
Plena del 6 de mayo de 2015, este tribunal dispuso que el caso sub examine sería
revisado por la Sala Plena, dando lugar a la presente sentencia de unificación.
IV.-
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
La Corte
Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del
proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo dispuesto en el auto
del 27 de enero de 2015, proferido por la Sala de Selección de tutelas número Uno
de esta Corporación.
2. Legitimación
La accionante,
María Luz Dary Urrego Bedoya,
en calidad de titular de los derechos presuntamente vulnerados interpuso la
acción de tutela de manera directa (CP art. 86, D. 2591/91 art. 1º y art.10º)[3].
La Corte Suprema
de Justicia –Sala de Casación Laboral– es  una entidad de naturaleza pública,
por tanto, la solicitud de amparo es procedente. (CP art. 86, D. 2591/91 art. 1º
y art. 13)[4].
También se encuentran legitimados en el proceso la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el Juzgado 17
Laboral del Circuito de Medellín y COLPENSIONES (antes ISS en liquidación), en tanto las actuaciones surtidas por ellos y ante ellos pueden
resultar afectadas por la presente demanda de tutela, razón por la cual, en su
debida oportunidad, fueron vinculados a este proceso.
3.  Problema
jurídico
Corresponde a la Corte Constitucional determinar si la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entidad demandada, vulneró
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones
dignas y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego Bedoya al casar la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante la
cual se confirmó el fallo del Juzgado 17 Laboral del Circuito, mediante el cual
condenó al ISS a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de María Luz
Dary Urrego Bedoya, bajo la interpretación de que no se cumplía con el
requisito de fidelidad con el Sistema de Pensiones consagrado en los literales
a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, con el argumento de que la
inexequibilidad de tales literales fue declarada por la Corte Constitucional,
el 20 de agosto de 2009, con efectos hacía el futuro, y que el causante había
fallecido en vigencia de dichas normas.
Para resolver
este asunto, inicialmente, se verificará la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.  De la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de Jurisprudencia
4.1. El asunto de la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales es un tema que ha sido abordado por esta
Corporación en múltiples ocasiones, por lo que procederá la Sala a reiterar las
premisas en que se fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas para
el examen de su procedibilidad en un caso concreto[5].
Según se ha
expresado en la jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra decisiones
judiciales, tiene un claro fundamento en la implementación de un nuevo modelo
de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter
normativo y supremo de la Carta Política, que vincula a todos los poderes
públicos –CP art. 4°–; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y
primacía de los derechos fundamentales –CP arts. 2° y 85–; (iii) en la
existencia de la Corte Constitucional, a quien se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Carta Política, y dentro de tal función, la de
interpretar el alcance de las normas superiores y proteger los derechos
fundamentales –CP  art. 241–;   y (iv) en la posibilidad reconocida a
toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad
pública, en defensa de sus derechos fundamentales –CP art. 86–[6].
No obstante, ha
sido la propia jurisprudencia constitucional la que, también, ha dejado en
claro que la posibilidad de controvertir las providencias judiciales mediante
el recurso de amparo constitucional es, en todo caso, de alcance excepcional y
restrictivo; en atención a que están de por medio los principios
constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la
necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y
autonomía de los jueces, y el sometimiento de los conflictos a las competencias
ordinarias de estos[7].
Comprensión que,
desde luego, encuentra particular sustento en la condición supletiva que el
artículo 86 Superior le ha atribuido a la acción de tutela, lo que ha llevado
justamente a entender que su ejercicio solo sea procedente de manera residual,
es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir,
o cuando existiendo estos, se promueva para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable[8].
En tal virtud, la acción de tutela no puede admitirse, bajo ningún motivo, como un
medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por
la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca
reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los
mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se
adopten[9].
4.2. Conforme con lo anterior, la tarea inicial de este Tribunal se
orientó, principalmente, a la elaboración y fijación de parámetros a partir de
los cuales el operador jurídico pudiera identificar aquellos escenarios en los
que la acción de tutela resultara procedente para controvertir los posibles
defectos de que puedan adolecer las decisiones judiciales, para con ello
determinar si hay o no lugar a la protección excepcional y restrictiva de los
derechos fundamentales por vía del recurso de amparo constitucional[10].
Y, en efecto,
partiendo de la necesidad de armonizar intereses constitucionales tales como la
autonomía de la actividad jurisdiccional del Estado y la seguridad jurídica,
junto con la efectiva prevalencia y eficacia de los derechos fundamentales, la
Corte ha consolidado una doctrina en torno a los eventos y condiciones para
disponer sobre su protección, cuando estos han resultado ilegítimamente
afectados con una decisión judicial[11].
Así las cosas,
producto de una labor de sistematización sobre la materia, en las sentencias SU-813 de 2007[12]
y SU-811 de 2009[13],
la Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo los parámetros consignados
en la sentencia C-590 de 2005[14],
distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedibilidad.
En cuanto a los
primeros, también denominados requisitos formales, debe decirse que son
aquellos presupuestos cuyo cumplimiento habilitan al juez de tutela para que
pueda entrar a evaluar, en el caso concreto, si se ha presentado alguna causa
específica de procedibilidad del amparo constitucional contra una decisión
judicial. Dicho de otro modo, son condiciones sin las cuales no sería posible
abordar el estudio del fallo objeto de reproche. Ellas son:
(i)
Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional a la luz de la protección de los derechos
fundamentales de las partes. Exigencia que busca
evitar que la acción de tutela se torne en instrumento apto para involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(ii)
Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la
controversia, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
(iii)
Que la acción de tutela sea interpuesta
en un término razonable a partir del momento en que
se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cumpliendo con el
denominado requisito de la inmediatez. Lo anterior, con el objeto de preservar
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
(iv)
Que si se trata de una irregularidad
procesal, esta tenga un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los derechos fundamentales del actor.
(v)
Que la parte actora haya advertido tal
vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere sido posible.
(vi)
Que no se trate de sentencias proferidas
en el trámite de una acción de tutela. De forma
tal, que se evite que las controversias relativas a la protección de los
derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.
Superada la
observancia de los anteriores supuestos, el juez debe comprobar que se
configura, por lo menos, uno de los requisitos de procedibilidad especiales, o
defectos materiales, identificados por la jurisprudencia constitucional y
definidos en la misma como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales,
así:
·
En
un defecto orgánico. El cual se configura cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto
se estructura en los eventos en que la decisión cuestionada, vía tutela, ha
sido proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente.
·
En
un defecto procedimental absoluto. Que se origina
cuando el juez ha actuado completamente al margen del procedimiento
establecido, es decir, cuando este se aparta abiertamente y sin justificación
válida, de la normativa procesal que era aplicable al caso concreto.
·
En
un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias
del proceso.
·
En
un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión
judicial adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la Constitución
y la ley le reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones claramente
inaplicables al caso concreto.
·
En
error inducido o por consecuencia. Tiene lugar en los casos en que
el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese
engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
·
En
una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
·
En
desconocimiento del precedente judicial. En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
·
En
violación directa de la Constitución. La misma tiene
lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad
interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política.
4.3. En los términos referidos, para que proceda la acción de tutela
contra providencias judiciales, resulta imprescindible: (i) no solo que
se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) sino,
también, que la decisión cuestionada por vía de tutela haya incurrido en uno o
varios de los defectos o vicios específicos y, finalmente, (iii) que el
defecto sea de tal magnitud que implique una lesión o afectación a derechos
fundamentales.
4.4. Todo lo anteriormente expuesto armoniza con
lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, que dispone que los fallos de
tutela deberán ser remitidos a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y con el artículo 241-9 del mismo estatuto, según el cual
corresponde a esta Corporación revisar, en la forma que determine la ley, las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales.
En este orden de
ideas, es preciso llamar la atención sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, esta Corporación
ha explicado por qué la tutela contra providencias judiciales no vulnera los
principios de seguridad jurídica y de autonomía funcional del juez, como
erradamente podría pensarse:
El valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de
seguridad jurídica suponen que los fallos son respetuosos de los derechos y ese
respeto no se determina a partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino
del alcance que les fije la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada
para generar certeza sobre su alcance. Y ello es lógico ya que si algo
genera inseguridad jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta
Política por los jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos
fundamentales.  Este es precisamente el peligro que se evita mediante la
excepcional procedencia de la tutela contra sentencias pues a través de ella se
promueven lecturas uniformes sobre el alcance de tales derechos y de la Carta
Política como su soporte normativo. Y en lo que atañe a la autonomía e
independencia de los jueces y tribunales, ellas deben entenderse en el marco de
la realización de los fines estatales inherentes a la jurisdicción y, en
especial, de cara al cumplimiento de su deber de garantizar la efectividad de
los derechos a todas las personas.[15] (Resaltado fuera de texto).
4.5. De conformidad con lo dicho, pasa la Sala Plena a verificar si los
hechos que se alegan en la presente causa, se enmarcan en el test de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
5. No se
cumple con el requisito de inmediatez para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
5.1. En reiterada jurisprudencia[16] este Tribunal ha insistido en que, si bien el artículo 86 de la
Constitución Política, señala que la acción de tutela puede ser interpuesta en
todo momento, ello no significa que no deba promoverse en un plazo
razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración pues, de acuerdo con el
mismo artículo constitucional, es un mecanismo diseñado para reclamar la
protección inmediata[17]
de los derechos fundamentales[18].
De ahí que le corresponda al juez constitucional tomar en cuenta como dato
relevante, el tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la
petición de amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la
solución que se reclama no se requiere con prontitud, como se espera de los
casos para los cuales el mecanismo preferente y sumario de la tutela está
reservado[19].
Para tal efecto,
la jurisprudencia constitucional ha señalado algunos criterios generales para
orientar al juez de tutela en el momento que deba establecer la razonabilidad y
oportunidad de la interposición de la acción de tutela, a saber:
(i) si
existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;[20] (iv) si el fundamento de la acción
de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.[21]
Así mismo, se han indicado los
dos únicos casos en los que no es exigible el principio de inmediatez de modo
estricto: (i) cuando  se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y
actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se
le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros[22].
A modo de conclusión, la
inmediatez más que un requisito de procedibilidad, constituye un elemento
esencial o característica principal de la acción de tutela. Por tal razón, el examen del mismo no se reduce a
verificar simplemente el paso del tiempo entre el hecho generador de la
vulneración de un derecho fundamental y la interposición de la demanda de
tutela, sino que, además, comprende la valoración de la razonabilidad del
plazo, la cual está sujeta a los hechos que configuran el caso concreto y debe
ser efectuada por el juez de tutela atendiendo a los criterios que sobre el
particular ha fijado la jurisprudencia constitucional.
5.2. En el presente asunto, la accionante interpuso acción
de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
alegando que fueron vulnerados sus derechos fundamentales. Las Salas Penal y
Civil de la Corte Suprema de Justicia, actuando como jueces de tutela, negaron
por improcedente el amparo deprecado, por considerar que no se había cumplido
con el requisito de inmediatez.
En ese sentido, los operadores judiciales señalaron
que se dejó transcurrir un tiempo prolongado e
injustificado entre la interposición de la acción constitucional -6 de octubre
de 2014- y el hecho que presuntamente generó la vulneración, cual fue la decisión
adoptada en casación, el 11 de febrero de 2009, por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en la que se resolvió dejar sin efecto la sentencia del
Tribunal Superior de Medellín que confirmó la decisión de conceder la pensión
reclamada, proferida por el juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín.
5.3. Con base
en los elementos del caso concreto y atendiendo al reiterado precedente que ha
fijado sobre el tema la jurisprudencia constitucional, la Corte advierte que no se cumple el requisito de la inmediatez en la
presentación de la acción de tutela contra providencias judiciales (por
vulneración del derecho al debido proceso), toda vez que fue interpuesta el 6
de octubre de 2014, esto es, pasados cinco (5) años y 7 meses de la providencia
objeto de impugnación (11 de febrero de 2009).
Al respecto,
esta Corporación ha precisado que las causales genéricas de procedibilidad
se refieren a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia
de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela
contra providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad
se deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra una
decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su
naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución. [Es
imprescindible] que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (…) En criterio de la Corte, la exigencia de un
término razonable entre la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante y la presentación de la tutela, evita el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia o como
elemento que propicie la afectación injustificada de los derechos o intereses
de terceros interesados[23].
En conclusión,
coincide la Sala Plena con las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte
Suprema de Justicia, primera y segunda instancia de tutela, en que en el asunto
sub-judice no se cumple con la inmediatez como causal general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por
vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
5.4. No obstante la decisión de confirmar la declaración de improcedencia
de la presente acción dirigida contra providencias judiciales, por vulneración
al debido proceso, no es posible dejar de
reconocer que aún subsiste la violación de otros derechos fundamentales cuyo
amparo se solicita.
En efecto,
la Sala Plena advierte que persiste la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social en
pensiones y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego Bedoya, en la medida en
que esta última continúa sin disfrutar de la pensión de sobrevivientes que
reclama y a la que podría tener derecho, por lo que surge la necesidad de dilucidar
el fondo del asunto, en vista del carácter vitalicio y de la
imprescriptibilidad del derecho pensional, en sí mismo considerado, respecto
del cual, según lo tiene sentado la jurisprudencia, solo se afectan las mesadas
causadas y no reclamadas oportunamente.
6. Nuevo
problema jurídico ante la continua vulneración de los derechos fundamentales
Precisado que no
se cumple con el requisito general de inmediatez para la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte
Constitucional advierte que la accionante también interpuso la acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital. Por lo tanto,
en atención a las facultades ultra petita y extra petita del juez
constitucional[24],
este Tribunal analizará si dentro del ordenamiento jurídico existe alguna
interpretación normativa, a la luz de los principios consagrados en la Carta,
que permita proteger dichas prerrogativas.
En efecto, la Sala Plena deberá
establecer si el ordenamiento jurídico colombiano permite garantizar el derecho
a la seguridad social, con el fin de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable en los derechos fundamentales de María Luz Dary
Urrego Bedoya, quien no cuenta con una fuente propia de ingresos que le permita
subsistir autónomamente; no obstante que, al parecer, cumple
con los requisitos legales y constitucionales para el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes que reclama; siendo que el causante falleció en
vigencia de la norma que consagraba el requisito de fidelidad con el Sistema de
Pensiones (literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003). Para resolver este asunto, esta Corte:
(i)
reseñará
los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
(ii)
hará
un breve recuento de la línea jurisprudencial constitucional sobre los efectos
de la sentencia C-556 de 2009 y, para finalizar,
(iii)
analizará
el caso concreto.
7. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales
El artículo 86
de la Constitución Política de 1991, establece que la acción de tutela solo
será procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa, o
que existiendo, este resulte ineficaz, caso en el cual el recurso de amparo
procederá como mecanismo transitorio.
La Corte
Constitucional[25]
ha establecido que, en principio, la acción de tutela se torna improcedente
para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, debido a que
la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa dependiendo del caso,
son las encargadas de recibir las solicitudes, estudiar el cumplimiento de los
requisitos legales y dirimir las controversias que surjan entre las partes.
El derecho a la
seguridad social, en especial el de la pensión de vejez y su reliquidación, por
regla general, no es susceptible de otorgarse y tramitarse a través de la
acción de tutela, debido a que esta tiene por finalidad la garantía de los
derechos fundamentales y un carácter esencialmente residual y subsidiario. Así
mismo, se ha precisado que el conocimiento de solicitudes de aspectos
litigiosos de naturaleza legal y prestacional, compete, como se dijo, a la
justicia laboral ordinaria o contencioso administrativa, según el caso y, por
ende, escapan al ámbito del juez constitucional.
En el caso
concreto, resulta claro que, dentro del referido proceso ordinario laboral, la accionante
agotó todos los medios ordinarios de defensa que tenía a su disposición para
procurar la salvaguarda de las prerrogativas iusfundamentales que estima
vulneradas y que ya no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial.
En consecuencia,
habida cuenta que la interesada desplegó cierta
actividad administrativa y agotó el procedimiento judicial ordinario
pertinente, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera procedente la
acción de tutela para el reconocimiento de su prestación de carácter pensional
y así lo declarará, de encontrar probado el cumplimiento de los requisitos para
ser beneficiaria.
8. La pensión de sobrevivientes y los
requisitos exigidos para su reconocimiento
8.1. A partir de planteamientos constitucionales contenidos en los
artículos 48 y 53 de la Carta Política[26],
el legislador colombiano ha procurado asumir medidas con objetivos encaminados
a garantizar a todos los habitantes del territorio nacional, el acceso a la
seguridad social en cumplimiento de las directrices superiores que prevén ese
derecho.
Por ello, creó
el Sistema General de Seguridad Social el cual contiene un componente en
materia pensional que, en términos generales, consagra el conjunto de
prestaciones económicas en favor del grueso de la población cotizante[27]
a efectos de contar con un auxilio, siquiera económico, cuando se afronta una
situación acaecida como consecuencia de la fragilidad del ser humano, como lo
es la muerte, la enfermedad, la viudez, etc.
Por eso
contempló, entre otras cosas, la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes
como mecanismos económicos para contrarrestar tales padecimientos y, con ellos,
un conjunto de requisitos legales necesarios para consolidarlas.
8.2.
Naturaleza de la pensión de sobrevivientes
Ahora, en
relación con la pensión de sobrevivientes, esta Corte, de tiempo atrás, ha
venido enfatizando en que la misma constituye un auxilio financiero para la
familia del causante en tanto que, por la dependencia económica que tenía respecto
de este, con su muerte aquella queda expuesta a un daño en sus prerrogativas
fundamentales como quiera que, al no contar con los ingresos que el afiliado aportaba,
en la mayoría de los casos, sus miembros quedan sin poder suplir sus
necesidades más básicas de manera satisfactoria.
En ese sentido,
la mesada pensional pagada con ocasión del reconocimiento de la prestación de
sobrevivientes (afiliado) o de la pensión sustitutiva (pensionado), pretende
evitarle al grupo familiar dependiente financieramente del cotizante fallecido,
una descompensación en su mínimo vital y calidad de vida, habida cuenta que con
el deceso de su proveedor, fácilmente puede sobrevenir una carga económica que
no se encuentra en capacidad de soportar.
Luego, es acertado
que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales de quienes
requieren en sede de tutela el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes como quiera que, cuando se demuestre la dependencia económica
respecto del difunto, la afectación al mínimo vital deviene inminente si no se
cuenta con un apoyo financiero similar al brindado por el cotizante. En ese
sentido, puede verse, por ejemplo, lo dicho por este tribunal, entre otras, en
la sentencia C-1094 de 2003[28],
en la que se lee:
(...) La
pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social… La
finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia[29],
sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido[30]. (Subrayas
propias).
A modo de colofón, cabe señalar
que el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes guarda, en la
mayoría de los casos, una fuerte relación con algunos derechos fundamentales
como el mínimo vital, la seguridad social y la subsistencia en condiciones
dignas, puestos en peligro por la ausencia súbita de los recursos que les
proveía el causante o con la reducción significativa de su calidad de vida
surgida a partir de no contar con una fuente de ingresos que pueda suplirlos y por
la disminución considerable de los mismos de modo tal que no permitan el
mantenimiento mínimo de sus necesidades básicas o conlleven un cambio
sustancial en sus condiciones de vida. Obsérvese,
lo indicado en la Sentencia T-1036 de 2008, en la que textualmente se dijo:
(…) la
finalidad de la pensión de sobrevivientes, se reitera, es suplir la ausencia
repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado a los allegados
dependientes y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación. Una decisión administrativa, que desconozca
esa realidad, e implique por consiguiente la reducción de las personas a un
estado de miseria, abandono, indigencia o desprotección, es contraria al
ordenamiento jurídico por desconocer la protección especial que la Constitución
le otorgó al mínimo vital y a la dignidad humana como derechos inalienables de
la persona, y a los principios constitucionales de solidaridad y protección de
quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, como soportes
esenciales del Estado Social de Derecho[31].
En otras
palabras, la pensión de
sobrevivientes es una prestación que el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones reconoce a los miembros del grupo familiar más próximos al afiliado
que fallece, con el propósito de garantizarles al menos el mismo grado de
seguridad social y económica con que contaban en vida del causante y
salvaguardarlos así de la completa desprotección. En este orden de ideas, su
reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un
desarrollo del principio de solidaridad[32].
8.3.
Requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando
fallece el afiliado al sistema
Esta Corporación
ha señalado que, según el desarrollo de esta institución dado por
el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las
condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y
hermanos inválidos). Consecuentemente, al establecer exigencias frente a la
duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito al ámbito de
competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social[33].
Adicionalmente,
para lograr el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes se exigió
por el Congreso, en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993[34], que el causante, al momento de la muerte, a) se encuentre
cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis semanas o b)  que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante, por
lo menos, veintiséis semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte. Sin embargo, dicha norma sufrió una modificación
y solo estuvo vigente hasta el 28 de enero de 2003, fecha en la que el
legislador introdujo un cambio a los requisitos de cotización, a través del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual consagró lo siguiente:
Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo
46. Requisitos para obtener la
pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1.
Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,
2.
Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando este hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones:
a)
Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;[35]
b)
Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.
Los apartes
subrayados de la disposición transcrita fueron declarados inexequibles por esta
Corporación mediante providencia C-556 de 2009[36],
relativos al requisito de fidelidad al sistema, al considerar que con esta
exigencia, pretendiendo proteger financieramente el sistema pensional, se
desconocía el fin de la pensión de sobrevivientes, en contra de lo que señala
la Constitución.
De tal manera
que, para consolidar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,
se hace necesario ser miembro del grupo familiar del afiliado al sistema y que
este hubiera cotizado, por lo menos, cincuenta (50) semanas dentro de los tres
(3) años anteriores a la fecha del deceso. Circunstancias que serán analizadas a
posteriori.
8.4. Requisito
de convivencia. Condición de miembro del grupo Familiar, al momento de la
muerte del causante
De otra parte, obra
en el expediente[37]
copia del documento de identidad de la señora María Luz Dary Urrego Bedoya, con
fecha de nacimiento del 28 de marzo de 1965, quien a la fecha del fallecimiento
del causante (6 de mayo de 2004) contaba con 39 años de edad, por lo que le es
aplicable lo contemplado en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que establece los
requisitos para ser beneficiario, en forma vitalicia, de la pensión de sobrevivientes,
en los siguientes términos:
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones
"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera
permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>
Artículo
47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a)
En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En
caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte;[38]
b)
En forma temporal, (…)
Al respecto, la
Corte Suprema de Justicia[39]
–como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria-, ha señalado que, en
cualquiera de las hipótesis que trae el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es
requisito indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes la
exigencia de la convivencia real y efectiva[40].
Es indudable que
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente tengan derecho a la
pensión de sobrevivientes, deberán demostrar su condición de beneficiarios como
“miembros del grupo familiar” del afiliado, tal como lo señala, expresamente,
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y esa condición la tienen “quienes
mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como
acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común”[41]
La pensión de sobrevivientes prevista
para los regímenes de prima media y de ahorro individual persigue la
protección del núcleo familiar del afiliado o pensionado que fallece, frente a
las adversidades económicas ocasionadas con su muerte. Es por ello que el
Legislador, como mecanismo de protección a los miembros del grupo familiar,
instituyó el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años
anteriores a la muerte para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de
proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quién solo busca
aprovechar el beneficio económico. Dicha finalidad ha sido reconocida por la Corte
Constitucional en varias ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia C-336 de 2014[42]
se resaltó lo expresado en la sentencia C-1176 de 2001[43], así:
El objetivo
fundamental perseguido es el de proteger a la familia. En efecto, la
circunstancia de que el cónyuge o compañero permanente del causante deban
cumplir ciertas exigencias de índole personal y temporal para acceder a la
pensión de sobrevivientes, constituye una garantía de legitimidad y justicia en
el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo
familiar. También busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y
uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y
con vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta
amparar el patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas
realizadas por personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital
responsable y comprometida, solo pretenden derivar un beneficio económico de la
transmisión pensional.
(…) Que el propósito
de la institución es proteger al pensionado y a su familia de posibles
convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una intención
legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del beneficio
económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o invalidez. En
este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión fraudulenta de
la pensión de sobrevivientes.
Esto es que,
para el caso bajo estudio, tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, de
manera vitalicia, la compañera permanente supérstite del afiliado que tenga 30
años o más de edad, al momento del fallecimiento de este, quien deberá
demostrar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte y, por lo
menos, durante los cinco años anteriores a esta.
9. La
declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad de cotización al
sistema y sus efectos
9.1. Medidas regresivas en el
sistema de seguridad social son inconstitucionales
La Corte Constitucional, en
reiterados pronunciamientos, en tratándose de temas relacionados con el Sistema
General de Seguridad Social, ha indicado que todos aquellos ajustes o modificaciones
que se le introduzcan deben ser progresivos y no regresivos, luego, se debe
procurar por establecer unas reformas que sean menos rígidas y gravosas a las
que, de manera inicial, prevé la norma original.
Bajo tal premisa, esta
corporación, al estudiar la demanda impetrada[44]
en contra de la modificación realizada a la Ley 100 de 1993, contendida en los
literales a y b del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pudo corroborar que la
exigencia de los supuestos en ellos previstos, relativos al requisito de
fidelidad de cotización al sistema, era una medida regresiva en tanto que no
estaba consagrada en la norma original, la cual, además, exigía un
requerimiento más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes.
La Sala Plena
sostuvo que la imposición de ese presupuesto
hacía más gravoso el acceso al beneficio pensional en relación con las
disposiciones previas, porque antes solamente se exigía que el afiliado fallecido hubiera aportado un mínimo
de semanas al momento de producirse el deceso y con el requisito de fidelidad
se necesitaba, además, cotización al sistema de al menos el 20% o el 25% del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha del fallecimiento. A juicio de esta Corte, esa medida no ofrecía un
trato equitativo a los afiliados y desconocía el deber de protección a la
población más vulnerable, pues quienes tuvieran más años de edad debían aportar
un número de cotizaciones superior para satisfacer el requisito[45].
Por tanto, al no estar justificada la regresividad en alguna finalidad
constitucional de mayor entidad, ni contarse con mecanismos para mitigar el
impacto del tránsito legislativo, la Corte declaró inexequible las
disposiciones contentivas del requisito de fidelidad en pensión de
sobrevivientes (literales a y b de la Ley 797 de 2003).
Concluyendo que dicho requisito
resulta ser una medida regresiva,
que pretendiendo proteger la viabilidad del sistema, desconoce el fin último de
la pensión de sobrevivientes, la cual, se repite, procura amparar a las
personas, que necesitan atender sus necesidades, sin mengua adicional por la
contingencia de la muerte del afiliado que quien dependían.[46]
9.2. Efectos de la declaratoria de inexequibilidad
Respecto de los efectos de la declaratoria de
inconstitucionalidad, debe decirse que estos son hacia futuro, luego es a
partir de la fecha de la providencia que se hace exigible. No obstante, en
varias ocasiones esta Corte, de manera previa al aludido ejercicio de control
abstracto, inaplicó el requerimiento de fidelidad haciendo uso de la excepción
de inconstitucionalidad[47].
Ahora bien, con posterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad del requisito de fidelidad de la pensión de sobrevivientes,
esta Corte explicó que se vulnera el derecho a la seguridad social, cuando
una autoridad judicial aplica o exige que se apliquen
las normas que establecían el referido requisito,
dado que esa exigencia ha sido desde siempre incompatible con la Carta. Así lo sostuvo, entre otras, en las siguientes sentencias:
·
T-730
de 2009 (MP
Humberto Sierra Porto). En esa oportunidad, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional tuteló el derecho a la
seguridad social de una persona a la cual le negaban la pensión de
sobrevivientes sobre la base de que el causante falleció cuando estaba vigente
la Ley 797 de 2003 y antes de proferirla sentencia C-556 de 2009, por eso le
era exigible el requisito de fidelidad, el cual no cumplía. En ese contexto, la
Corte dijo que tal exigencia “desde siempre fue contraria al derecho
fundamental a la seguridad social en pensiones”, y agregó: si en gracia de
discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la
interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en
que se profirió la decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia
incluso para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la
decisión de la Corte, la vigencia del principio pro homine en nuestro orden
constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los
afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma
conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los requisitos que
siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto no incurrían en
limitaciones ilegítimas de los derechos sociales fundamentales.
·
T-846 de 2009 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En ese fallo, la Corte tuteló el derecho
fundamental a la seguridad social de una mujer a la cual se le negó
la pensión de sobrevivientes solo porque no cumplía con el requisito de
fidelidad al sistema, que el ISS juzgaba aplicable porque se encontraba vigente
para el momento de su fallecimiento. La Corte sostuvo que ese requerimiento era
inaplicable por ser inconstitucional y precisó: la sentencia de
constitucionalidad [C-556 de 2009] corrigió una situación que  antaño
era contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones,
limitándose por consiguiente a reafirmar el carácter irregular de una
disposición contraria a la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento de
la Corte “tendría un carácter declarativo y no constitutivo”.
·
T-950
de 2009
(MP Mauricio González Cuervo). En ese fallo, la Corte revisó el caso de una
mujer con Síndrome de Down que reclamó la pensión de sobrevivientes pero se la
negaron por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual estaba vigente para
la fecha en que la causante de la misma falleció. La Sala de Revisión sostuvo
que la resolución por medio de la cual se
negaba la pensión de sobrevivientes de la accionante no podía hacerse cumplir, respecto
de la señora Rendón Muñoz, por cuanto ha perdido su fuerza ejecutoria (pérdida
de la obligación de cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la
administración como del administrado), al haber sido declarado inexequible por
la Corte Constitucional el literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003,
mediante Sentencia C- 556 de 2009.
·
T-166
de 2010
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esa oportunidad, la Corte tuteló el
derecho a la seguridad social de una mujer a la cual se le negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no cumplir el requisito de
fidelidad, el cual era aplicable –a juicio de la administradora de pensiones-
porque
estaba vigente al momento de elevarse la solicitud. La Corte dijo: la
aplicación del requisito de fidelidad aun cuando este hubiere estado vigente al
momento de elevarse la solicitud, causó un efecto desproporcionado sobre la
demandante y sus menores hijos, por cuanto se les exigieron condiciones más
gravosas que las inicialmente consagradas, sin un sustento suficiente que justificara
la disminución del nivel de protección del derecho. Además, la señora Maturana
Hinestroza y sus menores hijos habrían podido acceder a la pensión de
sobrevivientes bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993 en su versión
original, es decir antes de la modificación introducida por la Ley 797 de 2003.
·
T-755
de 2010 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esa ocasión, la Corte tuteló el derecho a
la seguridad social de una mujer a la cual se le negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual era
aplicable –a juicio de la administradora de pensiones- porque
estaba vigente al momento de elevarse la solicitud. La Corte dijo: la
aplicación del requisito de fidelidad aun cuando este hubiere estado vigente al
momento de elevarse la solicitud, causó un efecto desproporcionado sobre la
demandante y sus menores hijos, por cuanto se les exigieron condiciones más
gravosas que las inicialmente consagradas, sin un sustento suficiente que
justificara la disminución del nivel de protección del derecho. Además, la
señora Maturana Hinestroza y sus menores hijos habrían podido acceder a la
pensión de sobrevivientes bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993 en su
versión original, es decir antes de la modificación introducida por la Ley 797
de 2003.
·
T-950
de 2010
(MP
Nilson Pinilla Pinilla). En ese fallo, la Corporación estudió varias acciones
de tutela interpuestas por personas a quienes las entidades administradoras de
pensiones les habían negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
porque no cumplían con el requisito de fidelidad de cotización al sistema. La
Corte amparó el derecho a la seguridad social y concedió la tutela contra una
providencia que había juzgado aplicable a un caso los literales que
contemplaban el requisito de fidelidad en materia de pensión de sobrevivientes.
Al respecto, reiteró que esa exigencia era inconstitucional y señaló que: una
norma regresiva en materia de seguridad social, hace inferir su
inconstitucionalidad, debido a que la libertad de configuración legislativa
para la adopción de normas en esa materia, debe circunscribirse a los
presupuestos constitucionales y al principio de proporcionalidad, y tener “una
clara justificación superior para la excepcional disminución”. En ese
sentido, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en varias oportunidades
que exigir la “fidelidad” al sistema, tanto para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes como de la pensión de invalidez, deviene inadmisible,
al constituir una exigencia que hace más gravoso el acceso a dichas
prestaciones económicas.
·
T-995
de 2010 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva). En esa sentencia, la Corte Constitucional  concedió
la tutela a una persona a la que el fondo administrador de pensiones le había
negado el derecho a la pensión de sobrevivientes, solo con fundamento en que su
ex cónyuge no cumplía con el requisito de fidelidad, que estaba vigente al
momento en que el afiliado falleció. Señalo la Corporación en esa oportunidad
que los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 no se
encontraban dentro del ordenamiento jurídico desde cuando fueron declarados
inexequibles, y por tanto exigir el requisito de fidelidad como argumento para
negar la pensión de sobrevivientes implicaba desconocer el precedente
establecido por la Corte Constitucional, según el cual este tipo de normas, en
tanto resultan regresivas, son inconstitucionales.
·
T-772
de 2011
(MP
Juan Carlos Henao Pérez). En esta providencia la Corte concluyó que a una
persona se le violaron los derechos fundamentales cuando se le negó la pensión
de sobrevivientes con el argumento de que el afiliado no cumplió con la
exigencia de fidelidad, la cual era aplicable –a juicio del fondo administrador
de pensiones- en tanto al fallecimiento del causante estaba vigente la Ley 797
de 2003 y no había sido expedida la sentencia C-556 de 2009. La Corporación
sostuvo que en ese caso debió haberse inaplicado el requisito de fidelidad. Ello
es así, en razón a que si bien es cierto que para el 21 de febrero de 2009,
fecha de la muerte de Jorge Luis Recuero Díaz estaban en vigencia los literales
a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, también lo es que el imperativo
constitucional de aplicar las consecuencias materiales de la cosa juzgada
constitucional, proscribe la utilización de una disposición declarada
inexequible a situaciones que si bien ocurrieron durante su vigencia, solo
surtieron efectos concretos luego de la decisión de inconstitucionalidad, como
se señaló en el apartado 6.6 de esta providencia. Además de lo indicado,
recuerda la Sala que antes de la declaratoria de inexequibilidad mediante la
sentencia C-556 de 2009, esta Corporación venía inaplicando dicha normatividad
por encontrarla regresiva frente al derecho a la seguridad social (art. 48 y 53
C.P.), como quedó expuesto en el apartado  5.7  de esta providencia.
·
T-043
de 2012
(MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La Sala Cuarta
de Revisión, en esa oportunidad, protegió los derechos fundamentales a la vida
digna, mínimo vital y seguridad social de una persona de la tercera edad a
quien el fondo de pensiones le había negado el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes por no cumplir el requisito de fidelidad consagrado en los
literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Al respecto señaló
esta Corporación: “la aplicación del requisito de fidelidad
aun cuando este hubiere estado vigente al momento de presentarse la solicitud,
causó un impacto desproporcionado sobre la demandante, toda vez que se le
exigió una condición más gravosa que la inicialmente consagrada, sin un
sustento suficiente que justificara la disminución del nivel de protección del
derecho”.
·
T-260
de 2013
(MP
Luis Ernesto Vargas Silva). En esta
ocasión, la Sala
Sexta de Revisión sostuvo que la exigencia del requisito de fidelidad al sistema general de
pensiones como presupuesto para acceder a la pensión de sobrevivientes, es una
medida inconstitucional desde el momento de su expedición y ordenó reconocer y pagar pensión de
sobrevivientes a la accionante.
·
T-450
de 2013
(MP
Mauricio González Cuervo). En
ese fallo, la Sala Segunda de Revisión amparo los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital, vulnerados
con la expedición de sentencias dentro del proceso ordinario laboral en las
cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes debido
al incumplimiento del requisito de fidelidad por parte del causante. La Sala reiteró
que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta, por lo que
debe inaplicarse en todos los casos.
·
T-886
de 2013
(MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez). En
ese fallo, la Sala Tercera de Revisión sostuvo que constituye un deber el inaplicar el requisito de
fidelidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez y de sobreviviente
cuando la misma se estructuró con anterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad de dicho requisito. Al respecto, explicó que esta Corporación, haciendo uso de la figura de excepción de
inconstitucionalidad ha inaplicado, en sede de tutela, el requisito de
fidelidad al sistema incorporado por esta nueva legislación, por
desconocimiento directo del artículo 48 de la Norma Superior, dado que las
referidas normas establecían requisitos más exigentes que implicaban un
retroceso, pues disminuía el grado de protección de sujetos de especial
protección constitucional y hacía más gravoso el acceso a la pensión, sin
ninguna justificación acerca de su necesidad y sin que hubiera adoptado medidas
alternativas como un régimen de transición para quienes estuvieran cotizando al
momento de la modificación. Posición reiterada en su sentencia T-779 de
2013, en la que sostuvo que el requisito de fidelidad debe inaplicarse por
considerarse abiertamente inconstitucional y claramente regresivo.
·
T-175
de 2014
(MP
Nilson Elías Pinilla Pinilla). En esta ocasión,
la Sala
Sexta de Revisión abordó este asunto desde la perspectiva de ¿qué sucede con
las solicitudes de pensiones cuando la fecha en que surgieron los derechos
pensionales es anterior a los fallos de inexequibilidad? Para dar solución a
este interrogante, explicó: Así, aducir que no se puede dar aplicación a las
sentencias C-428 y C-556 de 2009, en los eventos en que el hecho generador del
derecho pensional ocurrió antes de julio 1º o agosto 20 de 2009, según el caso,
no es jurídicamente válido, debido a que el requisito siempre fue considerado
inconstitucional y, por ende, se inaplicó, pues contrariaba ostensiblemente el
principio de progresividad que rige todo el Sistema General de Seguridad
Social, al consagrar reformas que disminuían derechos reconocidos[48]. Posición
jurisprudencial sobre que el desconocimiento del
precedente vulnera derechos fundamentales fue reiterada en la sentencia T-211
de 2013, entre otras.
·
T-462
y T-571 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Con
estas decisiones, la Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos vulnerados
por las entidades demandadas que negaron el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, debido a que para la fecha de la muerte de los
causantes se encontraba vigente el literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de
2003, que exigía el requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema de
seguridad social para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. La Sala
recordó que la Corte Constitucional declaró ese requisito como una medida
regresiva.
·
T-901 de 2014 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta
ocasión, la Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos a
la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, ante la negativa del
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por la
demandante como consecuencia de la muerte de su compañero permanente, con el
argumento de que la norma legal aplicable a este tipo de solicitudes solo
contempla como beneficiarios de la prestación, a los cónyuges e hijos del
causante. Se afirmó que la pensión de sobrevivientes guarda una estrecha
relación con el derecho fundamental al mínimo vital del núcleo familiar del
acusante adquiriendo un carácter de fundamental, pues en la mayoría de los
eventos esta prestación se convierte en el único sustento económico de quienes
dependían económicamente del fallecido, quedando en situación de
vulnerabilidad, por tal motivo, su protección puede
solicitarse por vía de tutela.
·
T-538 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta oportunidad, la Sala Tercera de Revisión analizó
los siguientes temas: la procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento de derechos pensionales, la normatividad aplicable para el
otorgamiento de la pensión de sobrevivientes en el caso de las personas
vinculadas con el Magisterio y la aplicación en el tiempo de las consecuencias
jurídicas de la declaración de inexequibilidad de los literales a) y b) del
numeral 2 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. La Corte amparó los derechos
al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante.
9.3. Dentro de la línea argumentativa que se viene describiendo, resulta
importante tener en cuenta lo manifestado por esta Corporación en la sentencia SU-132
de 2013[49], en la cual se aclaró:
(…) La Corte, en diferentes fallos, ha
argumentado que el requisito de fidelidad al sistema no puede ser exigido en
ningún caso pues dicho requisito siempre fue contrario al principio de
progresividad y a la prohibición de regresividad de los derechos sociales. De
igual forma se ha afirmado que “la sentencia de constitucionalidad lo único que
hizo fue corregir una situación que desde siempre fue contraria al derecho
fundamental a la seguridad social en pensiones y que, por consiguiente, se
limitó a reafirmar el carácter irregular de una disposición que desde antes
estaba en contra de la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento de la
Corte tendría un carácter declarativo y no constitutivo.
Consolidando esta
línea jurisprudencial, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la
sentencia SU-158 de 2013[50],
decidió que una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justica
incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al resolver
sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes aplicando el requisito
de fidelidad, el cual consideraba exigible porque aún estaba vigente al momento
de la muerte del causante. La Corte sostuvo que […] la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, incurrió en un defecto por desconocimiento directo de la Constitución
ya que [el requisito de fidelidad] que exigía aplicar resultaba
inconstitucional. El defecto consistió, puntualmente, en no haber inaplicado la
Ley pese a ser contraria a la Constitución, tal y como esta última había sido
interpretada en numerosos pronunciamientos por la Corte Constitucional, que es
la Corporación que tiene asignada la función primigenia de guardar la
integridad y supremacía de la Constitución Política (art. 241 CP).
Esta misma regla decisional fue aplicada en la sentencia SU-407 de 2013,[51]
a propósito de un caso similar.
De igual forma en la sentencia SU-873 de 2014[52],
la Sala Plena reiteró que el requisito de fidelidad
para acceder a la pensión de sobrevivientes debe inaplicarse en todo caso,
inclusive cuando la muerte del causante sucedió antes de su declaratoria de
inexequibilidad. En efecto, este Tribunal Constitucional ha sostenido que
ninguna autoridad administrativa o judicial puede, so
pena de violar los postulados constitucionales, aplicar
el requisito de fidelidad contenido en los literales a) y b) del artículo 12 de
la Ley 797 de 2003[53].
Al respecto, esta Corporación señaló:
5.3. A esa providencia no se le asignaron
efectos retroactivos. Sin embargo, esta
Corporación había sostenido en reiteradas decisiones de las diferentes salas de
revisión, de manera unívoca y pacífica, que en todo caso debía inaplicarse el
requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes.
Se dijo que la exigencia de ese presupuesto “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a
la seguridad social en pensiones”,[54] precisamente porque desde su
expedición fue entendida como una medida desproporcionada que contraría
injustificadamente la prohibición de regresividad en materia de derechos
sociales, económicos y culturales.
(…)
5.5. Posteriormente, cuando la Corte retiró
del sistema jurídico las normas que consagraban el requisito de fidelidad para
acceder a la pensión de sobrevivientes, mediante la sentencia C-556 de 2009, lo
que hizo fue corregir una situación que desde siempre fue inconstitucional, por
lo que dicha providencia tiene un efecto declarativo y no constitutivo. Las
normas que contenían ese presupuesto no fueron inconstitucionales desde el
momento en que la sentencia las declaró inexequibles, sino que desde su entrada
en vigencia resultaban contrarias a los postulados superiores, en tanto
desconocían injustificadamente la prohibición de regresividad en la protección
de los derechos sociales, económicos y culturales, al imponer un requisito que
hacía más riguroso el acceso a la pensión de sobrevivientes.
5.6. Como ya se ha mencionado, el requisito de fidelidad para acceder a la
pensión de sobrevivientes debía inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la
muerte del causante ocurrió antes de la declaratoria de inexequibilidad de la
norma mediante la sentencia C-556 de 2009.
9.4.
Vistas así las cosas, la Sala Plena
reitera que resulta contrario
a derecho hacer exigible un requisito que es abiertamente inconstitucional y
sobre el cual siempre ha existido claridad sobre su carácter regresivo por lo
que no se puede condicionar dicha aplicación a la fecha de expedición de la
sentencia de constitucionalidad que lo declaró inexequible.
Adicionalmente, cabe señalar que, en los últimos años,
la Sala de Casación Laboral de la Corte suprema de Justicia, ha cambiado su
postura en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de
inexequibilidad de la norma referida (C-556/2009), en cuanto a que ha
considerado que el juez debe abstenerse de aplicar disposiciones regresivas aun
frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad.
10. Análisis
del caso concreto
10.1. Examen
sobre si la peticionaria María Luz Dary Urrego Bedoya cumple los requisitos
para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes
10.1.1. Según lo reseñado en los acápites 8.3 y 8.4 de las consideraciones
de este proveído, para consolidar el reconocimiento y pago (en forma vitalicia)
de la pensión de sobrevivientes a un miembro del grupo familiar del afiliado
al sistema, se hace necesario:
(i)
Que
el causante hubiera cotizado por lo menos cincuenta (50) semanas dentro de los
tres (3) años anteriores a la fecha del deceso.
(ii)
la
compañera permanente supérstite del afiliado deberá tener 30 años o más de
edad, al momento del fallecimiento de aquel.
(iii)
se
deberá demostrar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte y, por
lo menos, durante los cinco (5) años anteriores a esta.
10.1.2. Del acervo probatorio contenido en el expediente, la Sala Plena
puede concluir que la actora ostenta el derecho al reconocimiento y pago (en
forma vitalicia) de la pensión de sobrevivientes del causante (sin sociedad
conyugal vigente), por cumplimientos de los requisitos legales exigidos. En
efecto:
(i)
El
causante Carlos Arturo Ubarne Ramos cotizó setenta y siete (77) semanas, dentro
de los tres (3) años anteriores a la fecha del deceso (entre el 6 de mayo de
2001 al 6 de mayo de 2004), según información aportada por Colpensiones[55].
(ii)
María
Luz Dary Urrego Bedoya, a la fecha del deceso (6 de mayo de 2004) contaba con
39 años de edad (nacida el 28 de marzo de 1965, según registro civil aportado[56])
y se encontraba haciendo vida marital con el afiliado fallecido.
(iii)
La
convivencia entre María Luz Dary Urrego Bedoya y el causante Carlos Arturo
Ubarne Ramos se dio desde el 15 de julio de 1997 hasta la fecha del deceso,
logrando acreditar siete (7) años continuos de convivencia  con anterioridad a
su muerte[57].
10.2.
Vulneración de los derechos fundamentales
10.2.1. Al estudiar la respectiva solicitud de pensión de sobrevivientes,
presentada en el mes de septiembre de 2004, el Instituto de Seguros Sociales
–Seccional Antioquia– negó la prestación solicitada, mediante la Resolución
19638 del 25 de octubre de 2005, (i) por no cumplir con el
requisito de fidelidad al sistema y (ii) por establecer que “la
convivencia con el causante solo inició desde la mitad del año 2001 y culminó
en la fecha de su  muerte, no reuniendo de esta manera el tiempo mínimo exigido
de convivencia marital (…)”[58].
Ante tal negativa,
como ya se expuso, la accionante presentó demanda ordinaria laboral, la cual
culminó con sentencia de casación desfavorable a sus pretensiones.
En sede de
Revisión, se recibió en la secretaría de la Corte Constitucional, el 18 de enero
de 2016[59],
el oficio BZ_2015_4338788, en el que la entidad accionada -Colpensiones- informó
que había iniciado, de oficio, un nuevo procedimiento administrativo en el que
resolvió no acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,
por concluir que la señora Urrego Bedoya no acreditó el requisito de
convivencia y vida marital con el causante hasta su muerte, es decir, que
hubiese convivido con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su deceso (artículo 13 de la Ley 797 de 2003). Tal decisión se adoptó,
mediante la Resolución GNR 411758 del 18 de diciembre de 2015, bajo el supuesto
de la inexistencia de testigos de su convivencia con el afiliado fallecido. De
esta forma Colpensiones reiteró una de las razones que, en su momento, adujo el
ISS en la Resolución 19638 del 25 de octubre de 2005, para negar la pensión de
sobrevivientes a la demandante.
En efecto, según
escrito allegado a esta Corporación[60],
el 21 de enero de 2016, el apoderado de la accionante corroboró esta actuación
administrativa y manifestó que la accionada exigió la declaración de los
familiares y hermanos del causante, cerrando la investigación, sin recibir las
declaraciones extra juicio rendidas por terceros (no familiares del fallecido)
en el proceso ordinario ya finalizado.
Así mismo,
mediante escrito recibido el 28 de marzo de 2016[61], el apoderado
de la demandante aportó la Resolución GNR 85424 del 18 de marzo de 2016,
mediante la cual Colpensiones resuelve el recurso de reposición, confirmando
íntegramente la Resolución  GNR 411758 de 2015.
10.2.2. La decisión del ISS (Resolución 19638 de 2005) que negó la pensión
de sobrevivientes a favor de María Luz Dary Urrego Bedoya, con fundamento en que su compañero Carlos
Arturo Ubarne Ramos no cumplió el requisito de fidelidad, vulneró sus derechos
fundamentales al aplicar el requisito de fidelidad con el Sistema de Pensiones
(Ley 797 de 2003, artículo 12) y no tener en cuenta que dicha norma –vigente al momento de la muerte del causante– resulta
inconstitucional desde su origen, por lo que ninguna disposición puede juzgarse
aplicable mientras sea manifiestamente contraria a la Constitución.
En efecto, las
disposiciones contenidas en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797
de 2003, como lo ha sostenido esta Corporación, fueron, desde su expedición, contrarias
al derecho fundamental a la seguridad social, por lo que, al aplicarlas en el
caso sub examine, generaron un impacto desproporcionado en la
peticionaria, al exigirle un requisito más gravoso que los consagrados
inicialmente, contrariando, de esta forma, el principio de progresividad que
rige en materia de seguridad social. Por consiguiente, aunque la norma vigente
al momento de fallecer el causante de la pensión reclamada era la Ley 797 de
2003, artículo 12 literal a), lo cierto es que dicha disposición no resultaba
aplicable por ser inconstitucional.
Ahora bien,
respecto de la falta de acreditación de la convivencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que María Luz Dary
Urrego Bedoya acreditó ante el juez natural, en el proceso ordinario laboral,
su calidad de compañera permanente del causante y que dicha calidad no
fue discutida en el recurso de apelación ni en el recurso de casación,
limitándose el ISS -en Liquidación- a discutir la aplicación del requisito de
fidelidad al sistema, por haber fallecido el causante con anterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad del mismo.
Es de señalar
que mediante la nueva actuación administrativa de Colpensiones, surtida en los
años 2015 y 2016,  la accionada pone en duda la acreditación de este requisito,
situación respecto de la cual la Sala se pronunciará a
continuación.
10.2.3. Las decisiones de Colpensiones (Resolución GNR 411758 de 2015 y
Resolución GNR 85424 de 2016) mediante las cuales, respectivamente, negó y
confirmó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de María Luz
Dary Urrego Bedoya, con
fundamento en el hecho de no haber acreditado el requisito de convivencia,
vulneraron sus derechos fundamentales; toda vez que se ha logrado demostrar su vínculo
marital con el causante por más de siete (7) años, anteriores al fallecimiento,
mediante testimonios y declaraciones de terceros quienes dieron constancia específica
de esa situación.
Al respecto, cabe resaltar
que, en el libelo de tutela y mediante escrito recibido el 21 de enero de 2016,
el apoderado de la accionante aportó testimonio de la peticionaria y sendas
declaraciones extra juicio (declaraciones de las mismas personas valoradas en
el proceso ordinario) que acreditan el requisito de convivencia requerido para
el reconocimiento de la prestación social impetrada.
Ahora bien, para la Sala Plena
de esta Corporación es claro que, si bien la acción de tutela no está prevista como
recurso adicional que permita volver sobre la causa litigiosa y las etapas
procesales ya precluídas, ni como una instancia más para la práctica e
inclusión de pruebas que por su naturaleza son propias del proceso ordinario laboral
y de los asuntos que se debatieron en él, así como del eventual recurso de
casación ante la Corte Suprema de Justicia, también lo es que, en este caso, se
trata de darle fuerza probatoria, en el proceso de revisión del fallo de
tutela, al mismo material aportado en el proceso ordinario.
En efecto, la conclusión fáctica de convivencia entre la peticionaria y el
causante fue soportada en las versiones que suministraron, mediante declaraciones extra proceso (rendidas
en el mes de septiembre de 2014 y en enero de 2016), por María Luz Dary Urrego
Bedoya[62], Braneis del Carmen Pacheco Muñoz y
Pedro Pablo Correa Sánchez[63].
Los dos últimos, bajo la gravedad
del juramento, dan cuenta de que la convivencia entre
María Luz Dary Urrego Bedoya y el causante Carlos Arturo Ubarne Ramos se dio
desde el 15 de julio de 1997 hasta la fecha del deceso y que de esa unión no
existen hijos, lo cual hicieron en los siguientes términos:
(…) bajo la gravedad del juramento declaramos que conocimos durante
20 años de trato, vista y comunicación al señor CARLOS ARTURO UBARNE RAMOS,
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía Nº. 91.233.833,
fallecido el 06 de mayo de 2.004, sabemos y nos consta que convivían en unión
libre con la señora MARIA LUZ DARY URREGO BEDOYA CC No 43.917.118, convivieron
desde el 15 de julio de 1997 hasta el día en que falleció, hecho ocurrido el 06
de mayo de 2.004, es decir 7 años, tiempo durante el cual compartieron techo,
lecho y mesa, de esta unión no existen hijos. La señora MARIA LUZ DARY URREGO
BEDOYA fuera de esta unión tiene tres hijos de los cuales viven 02 llamados
VICTOR ALONSO, MARIA ALEJANDRA UBARNE URREGO y el señor CARLOS ARTURO UBARNE
RAMOS los reconoció.
Declaramos que el señor CARLOS ARTURO UBARNE RAMOS no dejo hijos
extramatrimoniales, adoptivos, reconocidos ni por reconocer solo dejo a los
antes mencionados.
El señor CARLOS ARTURO UBARNE RAMOS era la única persona encargada
del sostenimiento económico de su compañera, él era quien la sostenía de un
todo y por todo.
Igualmente declaramos que la señora MARIA LUZ DARY URREGO BEDOYA
estuvo con su compañero hasta el 06 de mayo de 2.004 que fue el día en que él
falleció.
Es de señalar que la
declaración de Braneis del Carmen Pacheco Muñoz fue ratificada en audiencia de
trámite celebrada el 29 de enero de 2007[64]. En aquel
entonces, la señora Pacheco Muñoz manifestó:
Conozco a Maria
Urrego [Luz Dary] hace 7 años porque convivió con el señor Carlos
Ubarne, porque el señor Carlos Ubarne fue mi padre de crianza. () Cuando Carlos
Arturo falleció estaba viviendo con Luz Dary y tres hijos de doña Luz Dary.
Económicamente Luz Dary dependía económicamente [sic] del señor Carlos
Arturo. El señor Carlos Arturo no tiene ningún otro beneficiario a la pensión.
Se lo anterior porque en el tiempo que Carlos Arturo y Luz Dary vivían yo
convivía algunos tiempos con ellos [sic].
(…)
P4. Sabe desde qué
año Luz Dary empezó a convivir con Carlos Arturo? R. No sé exactamente, aquí en
Medellín convivieron un año y en Planeta Rica 6 años.
(…)
P1. A ud por qué le
consta y afirma que la señora Luz Dary y Carlos Arturo convivieron 7 años. R.
porque en esos 7 años yo siempre estuve al lado de Carlos Arturo y cuando los
iba a visitar estuve con ambos, hasta su muerte me tocó atenderlo con Luz Dary.
(…)
Respecto de la
fuerza probatoria de las declaraciones extra juicio, cabe señalar que la Corte
Suprema de Justicia ha explicado que las rendidas ante notario, no requieren de
su ratificación para ser valoradas, salvo que la parte contraria lo requiera.
Así lo sostuvo en
sentencia CSJ SL 227/2015[65],
en la cual se reiteró la sentencia del 6 de marzo de 2013[66], en los
siguientes términos:
A juicio de la Sala, el razonamiento efectuado en la sentencia de 2
de marzo de 2007, radicación 27593, según el cual, las declaraciones
extrajuicio recibidas para fines no judiciales, pueden tomarse “(…) como documentos declarativos provenientes de terceros, para
cuya valoración, según el artículo 277 del C. P. C. (Mod. Art. 27, Ley
794/2003), no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo
solicite.”, está acorde con la especial situación que se presenta en esta
clase de procesos, porque equiparar el documento simplemente declarativo
emanado de un tercero, que no es elaborado ni suscrito ante un Notario, con la
declaración que ese mismo tercero realiza ante este funcionario público, que
cuenta con el atributo de ser depositario de la fe pública, es perfectamente
válido, en la medida en que, por lo menos, igual poder de convicción tienen
estos dos medios de prueba, y no guardaría ninguna lógica, eximir de
ratificación al primero, al paso que del segundo se exija el adelantamiento de
tal formalidad dentro del proceso, siendo que, además, las declaraciones
extrajuicio fueron rendidas bajo la gravedad del juramento.
Por lo expuesto,
esta Corporación dejará sin efectos las Resoluciones GNR 411758 de 2015 y GNR
85424 de 2016, por considerar
que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales de la peticionaria al pretender
desconocer las pruebas aportadas, en debida forma, al proceso de revisión del
fallo de tutela, sin haber solicitado su ratificación.
11. Decisión
11.1. La
Sala Plena de la Corte Constitucional confirmará los fallos expedidos en el
proceso de tutela por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil (el 27 de noviembre de 2014) y Sala de Casación Penal (14 de octubre de
2014).
11.2. De
otra parte, como quiera que la acción de tutela tiene el fin primordial de
obtener la protección de los derechos fundamentales –cuya vulneración persiste–,
la Sala Plena procederá a amparar los derechos fundamentales a la igualdad, a
la seguridad social en pensiones y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego
Bedoya.
11.3. En
consecuencia, dejará sin efectos la Resolución 19638 de 2005 (proferida por el
ISS), la Resolución GNR 411758 de 2015 (proferida por Colpensiones) y la Resolución
GNR 85424 de 2016 (proferida por Colpensiones) y, en su lugar, ordenará a Colpensiones
que, en un lapso no superior a diez (10) días, contados desde la notificación
de esta providencia, emita un nuevo acto administrativo de reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a favor de María Luz Dary Urrego Bedoya.
12. Otro aspecto relevante: la imprescriptibilidad de la pensión de sobrevivientes. Reiteración
de jurisprudencia[67]
12.1. Cabe aclarar, que si bien el derecho a la pensión no prescribe por
cuanto es un componente fundamental que integra el concepto y la figura de
seguridad social y de conformidad con lo indicado en el artículo 48 Superior,
esta es de índole imprescriptible, lo cierto es que en abundante jurisprudencia
de esta Corporación[68],
se ha reafirmado que dicha imprescriptibilidad se predica del derecho en sí
mismo, más no de las prestaciones periódicas o mesadas que de él se deriven y
que no hayan sido cobradas, pues en tal caso, las acreencias laborales se
encuentran sometidas a la regla general de 3 años de prescripción, consagrada
en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo[69].
En efecto, la
imprescriptibilidad de la pensión se deriva de todos aquellos postulados y
principios constitucionales previstos por el constituyente en la Carta de 1991,
según los cuales se debe garantizar la solidaridad por parte de la sociedad y
del Estado, en quien recae principalmente la necesidad de asegurarle a sus
ciudadanos alguna fuente financiera que les permita su sustento cuando debido a
las distintas contingencias que afrontan, tales como la invalidez, vejez,
viudez, etc., pueden versen expuestos a un daño o afectación irremediable de
sus garantías constitucionales. Sin embargo, ello no obsta que el legislador,
sin que afecte el contenido esencial del derecho constitucional de la pensión,
establezca un límite temporal para reclamar sus mesadas. Frente al particular,
la Sentencia C-198 de 1999[70],
indicó:
El Legislador puede entonces consagrar la prescripción extintiva de
derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional,
incluso si este es fundamental, siempre y cuando el término sea proporcionado y
no afecte el contenido esencial mismo del derecho constitucional. Aplicando
estos criterios, esta Corte concluyó que la ley no podía consagrar la
prescripción del derecho a la pensión como tal, aunque sí podía establecer un
término temporal para la reclamación de las distintas mesadas.
12.2. En consecuencia, se ordenará el pago de la mesada de la pensión de
sobrevivientes a favor de María Luz Dary Urrego Bedoya, en el futuro, reconociéndose el pago retroactivo -únicamente- de las
mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha
de presentación de la acción de tutela sub judice (6 de octubre de
2014).
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el expediente T-4.697.245,
mediante auto del 5 de mayo de 2015.
SEGUNDO.- CONFIRMAR las sentencias proferidas
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil (el 27 de noviembre de 2014) y Sala de Casación Penal (14 de octubre de
2014), en la cual se declaró y confirmó la  improcedencia del amparo contra
providencias judiciales (por vulneración al derecho al debido proceso), por no
cumplirse el requisito de inmediatez, en el proceso de tutela presentado por María
Luz Dary Urrego Bedoya contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia.
TERCERO.- CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad,
seguridad social en pensiones y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego
Bedoya, vulnerando por las decisiones del ISS en liquidación (en su momento) y
Colpensiones.
CUARTO.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Resolución 19638 del
25 de octubre de 2005, mediante la cual el ISS negó el reconocimiento de la pensión
solicitada por la parte actora y, así mismo, DEJAR SIN EFECTO la Resolución
GNR 85424 del 18 de marzo de 2016 y la Resolución GNR 411758 del 18 de
diciembre de 2015, mediante la cual COLPENSIONES negó el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes a María Luz Dary Urrego Bedoya.
QUINTO.- ORDENAR a COLPENSIONES (antes ISS) que, en un lapso no superior a diez (10)
días, contados desde la notificación de esta providencia, emita un nuevo acto
administrativo de reconocimiento vitalicio de la pensión de sobrevivientes a
favor de María Luz Dary Urrego Bedoya, incluyendo el pago retroactivo -únicamente- de las mesadas pensionales
correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la
presente acción de tutela (6 de octubre de 2014).
SEXTO.- ORDENAR
al Gerente de COLPENSIONES que, una vez emitido y
notificado el acto administrativo de que trata el ordinal anterior, remita
copia del mismo a la Corte Constitucional, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta providencia, con constancia de su
notificación a la interesada.
SÉPTIMO.- Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Ausente con excusa
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Cfr.
folios 18 al 20 del cuaderno 2 del expediente.
[2] Folio
27 del cuaderno principal.
[3] El artículo 86 de la Carta
Política consagra en favor de "toda persona" la posibilidad de
solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados, mediante el uso de la acción de tutela. Así, cuando en la
disposición se hace alusión a "toda persona", no se establece
diferencia entre la persona natural o jurídica, nacional o extranjera y, por
tanto, legitima a todo titular de un derecho fundamental amenazado o lesionado,
para solicitar su restablecimiento ante los jueces de la República.
Decreto 2591 de
1991, Artículo 1º. Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o
de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y
horas son hábiles para interponer la acción de tutela. (…)
Decreto 2591 de 1991, Artículo 10º. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales
[4] Decreto
2591 de 1991, Artículo 13.  Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción
e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior. (…)
[5] Sobre el tema se
pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes: SU-014 de
2001; T-705 de 2002; T-949 de 2003; T-774 de 2004; C-590 de 2005; T-565 de
2006; T-661 de 2007; T-249 y T-594 de 2008; T-264, T-425 y T-537 de 2009;
T-167, T-105, T-214 y T-285 de 2010 y T-419 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[6] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-217 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[7] Sentencia T-233 de
2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[8] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-608 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[9] Sobre el
particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, MP Rodrigo
Escobar Gil, T-280 de 2009,          T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de
2010, T-136 de 2010 y T-524 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[10] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-462 de 2003.
[11] Al respecto,
consultar, entre otras, la Sentencia T-1275 de 2008.
[12] MP
Jaime Araujo Rentería.
[13] MP
Nilson Pinilla Pinilla.
[14] MP
Jaime Córdoba Triviño.
[15]
Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). La Corte declaró
inexequible la norma que impedía interponer la acción de tutela contra
sentencias de casación en materia penal, por considerar que dicha restricción
vulneraba, entre otras normas, el artículo 86 de la Constitución. Los criterios
allí expuestos son plenamente aplicables para reivindicar la procedencia de la
tutela contra las sentencias de todos los órganos máximos en las jurisdicciones
ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional disciplinaria.
[16]
Extracto de la sentencia SU-553 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo).
[17] En la
sentencia T-900 de 2004, esta Corporación sobre el requisito de inmediatez,
señaló: “(...) la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el
presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la
tutela, de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo
razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este
mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia,
negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de
inseguridad jurídica.
“Esta condición está contemplada en el artículo 86 de
la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es
precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que establezca la ley. Así, pues, es inherente a la
acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos
derechos.”
[18] Sentencia
SU-446 de 1999, en la cual se hizo un recuento y unificación de la
jurisprudencia hasta entonces existente en torno a este tema.
[19] Respecto de este requisito fundamental de
procedencia de la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
en la Sentencia SU-961 de 1999, estableció: “la razonabilidad de este plazo
está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse
de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar
cuándo esta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia
reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por
su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la
protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa
de la acción”.
[20] SU-961 de 1999.
[21] SU-961 de 1999 y T-743 de 2008.
[22] Sentencia T-584/11, T-158
de 2006 y T-792 de 2007, entre otras.
[23] Corte
Constitucional, SU 813 de 2007.
[24] Este Tribunal ha considerado que al ser la acción de amparo un mecanismo
de protección de los derechos fundamentales “(…) reviste al juez que conoce de ella de una
serie de facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee.
La principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien
hace uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que
permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como
fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por
estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango
constitucional fundamental.” Sentencia
T-886 de
2000 (MP Alejandro Martínez Caballero). En ese mismo sentido, pueden
consultarse, entre otros, los fallos T-310 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-553 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-464 de
2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[25] Sentencia T-839 de 2010 que a su vez cita
la sentencia T-1025 de 2005 en la que se señaló:
“Ahora bien, esta Corporación también ha establecido
que, por regla general, las controversias relacionadas con la interpretación,
aplicación y ejecución de normas legales y reglamentarias relacionadas con la
seguridad social, no corresponden, en principio, al ámbito propio de
determinación de los jueces de tutela, sino que deben ser resueltas a través de
los mecanismos judiciales ordinarios que brinda el ordenamiento legal. Así, en
algunos casos será necesario acudir a la justicia ordinaria laboral para que
ella zanje con su decisión el conflicto planteado; en otros, en razón de la
calidad de las partes o de la naturaleza de la pretensión, serán los jueces de
la jurisdicción contencioso administrativa los encargados de decidir en el caso
concreto, salvo que, en aplicación de lo dispuesto por la jurisprudencia
constitucional, la ocurrencia de un perjuicio irremediable haga necesaria la
protección transitoria por vía de tutela de los derechos fundamentales del
afectado”.
[26] Constitución Política de Colombia. Artículo 48. “Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.
El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni
utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.”
Artículo 53. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales. (…)”
[27] Salvo
algunos casos excepcionales que se rigen por sistemas pensionales especiales.
[28] MP Jaime Córdoba Triviño
[29] Al respecto esta Corporación había señalado que el
propósito perseguido por la Ley al establecer la pensión de sobrevivientes, es
la de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del
pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su
muerte.  Sentencia C-1176-01, MP  Marco Gerardo Monroy Cabra.
[30] Corte Constitucional. Sentencia C-002-99, MP Antonio
Barrera Carbonell.
[31] Ver Sentencia C-111 de 2006, MP Rodrigo Escobar Gil.
[32]
Extracto de la Sentencia C-896 de 2006.
[33]
Extracto de la Sentencia C-336 de 2014.
[34] Ley 100 de 1993. Artículo 46. (texto original) Requisitos para obtener la pensión
de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes:
1.  Los miembros del grupo familiar del pensionado
por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.
2.  Los miembros del grupo familiar del afiliado
que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes
requisitos:
a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al
sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de
la muerte, y
b)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema,
hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
[35] Artículo modificado por la Ley 797 de 2003
declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, salvo el parágrafo 2º que se
declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094
de 19 de noviembre de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), “en el entendido que
para el caso del literal a) del numeral 2º será exigible la cotización del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que el
afiliado al sistema fallezca cumplió 20 años de edad y la fecha de su muerte”.
[36] MP
Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[37] Ver
folio 13 del cuaderno 1.
[38]
Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-1094-03 de 19 de noviembre de 2003, Magistrado
Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
[39] La Corte Suprema de Justicia hizo un
recuento jurisprudencial sobre el grupo de beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, en Sentencia junio de 2012 (Rad. 42631); reiterada en la
Sentencia del 5 de febrero de 2014 (Rad. 421936).
[40] Corte
Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de mayo de 2008 (Rad. 32393).
[41] Corte
Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560).
[42] MP
Mauricio González Cuervo.
[43] MP
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[44] Corte
constitucional. Sentencia C-556 de 2009.
[45] En la
sentencia C-556 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) se explicó que el
requisito de fidelidad creaba una barrera de acceso a los beneficiarios de
aquellos afiliados que fallecían a una edad avanzada, en el sentido de que
ellos debían acreditar un número mayor de cotizaciones para satisfacer el
presupuesto si se comparaba con otros usuarios menores. Allí se sostuvo, por
ejemplo, que “si una persona al fallecer por
enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de
cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve
incrementado en la medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo ejemplo
si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el
requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de
cotizaciones.”
[46]
Ibídem.
[47] Cfr. las sentencias T-974/2005, T-1291/2005,
T-221/2006, T-043/2007, T-628/2007, T-699/2007, T-580/2007,
T-078/2008, T-103/2008, T-658/2008, T-1036/2008, entre otras
[48] Cfr.
T-950 de noviembre 25 y T-989 de diciembre 2, ambas de 2010 y MP Nilson Pinilla
Pinilla; T-609 de septiembre 2 de 2009,
MP Humberto Antonio Sierra Porto; entre otras.
[49] MP
Alexei Julio Estrada.
[50] MP
María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla.
[51] MP María Victoria Calle Correa, AV. Nilson
Pinilla Pinilla. En esa sentencia, la Sala Plena de la Corte estableció que las
autoridades, bajo ningún pretexto, pueden aplicar o exigir el cumplimiento del
requisito de fidelidad al sistema, so pena incurrir en un defecto por violación
directa de la Constitución y a los derechos fundamentales de la persona
interesada. En ese caso, se dejaron sin efecto dos providencias judiciales que
habían negado el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a una
ciudadana por no cumplir ese requisito, el cual consideraban exigible porque el
causante falleció antes de proferida la sentencia C-556 de 2009. Al respecto,
se sostuvo lo siguiente: “[…] el
defecto [por violación directa de la Constitución] consistió en no haber
inaplicado el mencionado requisito de fidelidad consagrado en la citada norma,
a pesar de ser contrario a la Constitución, tal y como lo había interpretado en
numerosos pronunciamientos la Corte Constitucional, que es la Corporación que
tiene asignada la función de guardar la integridad y supremacía de la
Constitución Política (art. 241, C.P.). // En conclusión, cuando
una autoridad judicial aplica o exige que se apliquen las normas que
establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de
sobrevivientes, vulnera el derecho a la seguridad social (art. 48, C.P.), dado
que esa exigencia de fidelidad desde
siempre ha sido incompatible con la Carta, por lo que debe
inaplicarse en todos los casos (art. 4, C.P.).”
[52] MP
María Victoria Calle Correa.
[53] Como ya se explicó, esta posición ha sido
reiterada por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones, sosteniendo que
es inconstitucional exigir el requisito de fidelidad para conceder el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sea que estas se hubieren
causado antes o después de la sentencia C-556 de 2009.
[54] Cfr.
Corte Constitucional, T-730 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[55] Ver
Resolución 411758 de 2015 emitida por Colpensiones, a folio 52 del Cuaderno
principal de este expediente.
[56] Ver
folio 65 del cuaderno 1.
[57] Ver
declaración extra juicio a folio 70 del Cuaderno 1 de este expediente.
[58] Ver
folio 67 del cuaderno 1.
[59] Ver
folios 27 al 36 del cuaderno principal.
[60] Ver
folios 38 al 61 del cuaderno principal.
[61] Ver
folios 65 al 70 del cuaderno principal.
[62]
Declaración aportada en original, obra a folio 70 del Cuaderno 1 del
expediente.
[63]
Declaración aportada en original, obra a folio 71 del Cuaderno 1 del
expediente.
[64] Acta
de la audiencia segunda de trámite, ante el Juzgado 17 Laboral del Circuito de
Medellín, 29 de enero de 2007 (a folios 21 a 23 del Cuaderno 1 del expediente).
[65] Corte
Suprema de Justicia, sentencia del 11 de febrero de 2015, Radicado 511602.
[66] Corte
Suprema de Justicia, Radicado 42536.
[67] Confrontar las sentencias T-427 de 2011, T-361 de 2012, T-1074 de 2012, T-395 de 2013, T-037 de 2014, T-324 de 2014.
[68] Al
respecto, ver entre otras, las Sentencias C-198 de 1999. MP Alejandro Martínez
Caballero, T-932 de 2008. MP Rodrigo Escobar Gil y T-681 de 2011. MP Nilson
Elías Pinilla Pinilla.
[69] Código Sustantivo de Trabajo. Prescripción de las Acciones. Artículo 488: “Regla
General. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código
prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”
[70] MP
Alejandro Martínez Caballero.