T-374-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-374/12
DERECHO
A LA INDEXACION DEL SALARIO BASE PARA CALCULO DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO
A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA MESADA PENSIONAL-Protección
DERECHO
A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA MESADA PENSIONAL-Fundamento y
alcance
DERECHO
A LA INDEXACION DEL SALARIO BASE PARA LIQUIDACION DE LA PENSION DE VEJEZ-Fundamental
DERECHO
A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y DERECHO AL MINIMO VITAL-Relación
directa
DERECHO
A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA MESADA PENSIONAL E INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Carácter universal
DERECHO
A LA INDEXACION PENSIONAL-Origen legal o convencional
PENSION
DE JUBILACION-Derecho a la indexación de mesadas pensionales
causadas con anterioridad a la Constitución de 1991
PRINCIPIO
IN DUBIO PRO OPERARIO Y FAVORABILIDAD LABORAL EN CONJUNTO CON
CRITERIOS DE EQUIDAD Y JUSTICIA-Deber interpretativo de jueces y operadores
jurídicos frente a vacíos legislativos en materia de mecanismos de indexación
pensional
ACCION
DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
SALARIAL-Requisitos de procedibilidad
ACCION
DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Procedencia excepcional aunque exista otro medio de
defensa judicial
ACCION
DE TUTELA PARA RECLAMAR INDEXACION DE LA MESADA PENSIONAL-Requisito de
inmediatez
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ-Término razonable
INDEXACION
DE LA MESADA PENSIONAL-Inaplicación del requisito de inmediatez por
tratarse de una prestación periódica de carácter vitalicio/ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION-Inaplicación del requisito de
inmediatez
PROTECCION
DEL DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL VIA ACCION DE TUTELA-Alcance
ORDENES
DE TUTELA PARA EL PAGO RETROACTIVO DE MESADAS PENSIONALES INDEXADAS NO
PRESCRITAS-Procedencia de la acción de tutela cuando se han agotó
mecanismos judiciales ordinarios de defensa
INDEXACION
PENSIONAL-Aplicación de la fórmula de cálculo establecida en sentencia
T-098/05
PRESCRIPCION
DE MESADAS PENSIONALES-Interrupción con la presentación de la
demanda laboral
PRESCRIPCION
DE MESADAS PENSIONALES-Reglas
FORMULA
DE LIQUIDACION Y PRESCRIPCION DE MESADAS PENSIONALES-Interposición de acción
de tutela no modifica término ni suspensión de la prescripción
FORMULA
DE LIQUIDACION Y PRESCRIPCION DE MESADAS PENSIONALES-Cumplimiento de fallos
de jurisdicción ordinaria sin que haya lugar a modificar lo decidido por jueces
laborales en sede constitucional
ACCION
DE TUTELA DE PENSIONADO DEL BANCO CAFETERO RESIDENTE FUERA DEL PAIS CONTRA LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Derecho a indexación de la primera mesada
salarial
ACCION
DE TUTELA CONTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA-Derecho a indexación de la
primera mesada salarial de beneficiario de pensión convencional reconocida
por Caja Agraria residente fuera del país
Referencia: expedientes
T-3114703 y T-3116635 (acumulados)
Acciones de tutela instauradas
por Ramón Humberto Delgado Chaves contra el Juzgado 9º Laboral del Circuito de
Bogotá, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, y el Banco
Cafetero – En Liquidación; y por José Alberto Mazuera Rodríguez contra la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral y el Fondo de Pasivo Social de
los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Magistrada
ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
dieciocho (18) de mayo de dos mil doce (2012).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Adriana
María Guillén Arango (E), en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de las sentencias del 27 de abril de 2011, proferida por
el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y del
2 de junio de 2011, expedida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Penal, que decidieron, respectivamente, sobre las acciones de tutela
instauradas por Ramón Humberto Delgado Chaves contra el Juzgado 9º Laboral del
Circuito de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, el
Banco Cafetero – En Liquidación; y por José Alberto Mazuera Rodríguez contra la
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral y el Fondo de Pasivo
Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.[1]
Las
anteriores sentencias fueron remitidas a la Corte Constitucional y seleccionadas
por la Sala de Selección Número Siete, mediante auto del 18 de julio de 2011,
correspondiendo en ambos casos a la Sala Primera de Revisión su conocimiento. La
misma Sala de Selección Número Siete, en la providencia que se reseña, resolvió
acumular los expedientes T-3112914, T-3114703 y T-3116635, “por presentar
unidad de materia”; sin embargo, mediante Auto del 4 de noviembre de 2011, la
Magistrada Ponente decidió desacumular el expediente T-3112914 para ser
resuelto en una providencia aparte.
I. ANTECEDENTES
A. Expediente T-3114703 – Acción de tutela interpuesta por Ramón
Humberto Delgado Chaves contra el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Bogotá, la
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, y el Banco Cafetero – En
Liquidación, con solicitud de vinculación de Fiduprevisora como garante.
1. Demanda de tutela y contestación.
1.1.
Hechos relatados por el demandante.
Mediante demanda de tutela presentada el 21 de febrero
de 2011, el apoderado del señor Ramón Humberto Delgado Chaves, quien reside en
la ciudad de Miami, desde febrero de 1988, narró los hechos que se refieren a
continuación como constitutivos de violaciones a sus derechos a mantener el
poder adquisitivo de la mesada pensional a través de la indexación de la
primera mesada, a la vida digna, al mínimo vital, la seguridad social y la
igualdad.
1.1.1. El señor Delgado Chaves promovió una demanda
ordinaria laboral en contra del Banco Cafetero – en liquidación -, para que se
le reconociera su derecho a la indexación pensional.
1.1.2. El 7 de marzo de 2003, el Juzgado Noveno Laboral
del Circuito de Bogotá absolvió a la entidad demandada de todas las
pretensiones de la demanda.
1.1.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá – Sala Laboral -, mediante fallo del 10 de junio de 2003, revocó la
decisión de primera instancia y en su lugar condenó a la entidad demandada a
reajustar el valor inicial de la pensión del actor en un monto de $225.585,
como resultado de la indexación, más los incrementos legales causados, y el
pago de la diferencia entre lo que se le había venido pagando como mesada
pensional y el valor correspondiente luego de la indexación.
1.1.4. La Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral,
mediante fallo del 15 de septiembre de 2004, resolvió casar la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá, negándole al peticionario el derecho a la
indexación personal. Según se explica en la demanda, “con ello lo condenó a
vivir el resto de sus días con un (‘1’) salario mínimo mensual, […]”. La Corte
Suprema invocó, como fundamento jurídico de su fallo, la sentencia de casación
No. 11818 del 18 de agosto de 1999, en la cual se señaló que la indexación de
las mesadas pensionales no opera en Colombia por vía legal, por tratarse de una
obligación propia de los contratantes.
1.1.5. En criterio del actor, “al dar aplicación la Sala
de Casación Laboral de la C.S.J., a la sentencia 11818 y no al artículo 53 de la
Constitución Política y a los postulados constitucionales que consagran: (i) la
protección y asistencia a las personas de la tercera edad, (ii) la aplicación
progresiva de la cobertura de la seguridad social, (iii) la aplicación más
favorable al trabajador de la ley, en caso de duda, (iv) y el equilibrio de las
prestaciones que es principio esencial de todo sistema jurídico, configuró un
defecto material o sustantivo, ya que dio prevalencia a la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, y no al derecho
constitucional reclamado por el actor, el cual está protegido por diversos
principios constitucionales y en la actualidad tiene el valor de norma adscrita
a la Constitución Política (sentencias C-862 de 2006 y T-901 de 2010)”.
1.1.6. También señala el demandante que la doctrina
plasmada en la sentencia de casación No. 11818 de 1999, fue expresamente
modificada por la propia Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante
fallo del 20 de abril de 2007, radicación No. 29470, acogiendo la
jurisprudencia de la Corte Constitucional plasmada en las sentencias C-862[2] y C-891A de
2006.[3]
En esa medida, afirma el apoderado que “el accionante no debe seguir sufriendo
los efectos negativos de una sentencia o posición, que fue expresamente
recogida por su emisor, precisamente por no ajustarse a los contenidos
teleológicos de la Constitución Política”.
1.1.7. El actor recuerda que en una serie de sentencias
a partir del año 2003 –cita las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, C-891 A de 2006, T-425 de 2007, T-815 de 2007, T-1055 de 2007, T-789 de 2008, T-130 de 2009, T-366 de
2009, T-425 de 2009, T-628 de 2009, T-906 de 2009, T-076 de 2010, T-362 de 2010
y T-901 de 2010-, la Corte Constitucional estableció su posición frente al
carácter universal del derecho constitucional a la indexación pensional, de
cuyo disfrute no se puede excluir a ningún pensionado. Concluye el actor que
“el concepto de que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional
es un derecho universal, fundamental, irrestricto para todas las personas que
ostenten la calidad de pensionados, es producto de una ponderación minuciosa
llevada a cabo por la Corte Constitucional, incluso con anterioridad a la
sentencia C-862 de 2006, y por ello tiene el valor de norma adscrita a la
Constitución Política”.
1.1.8. Precisó que el problema jurídico a resolver por
el juez de tutela, con base en los anteriores hechos, es “si las sentencias
emitidas por las Corporaciones Judiciales accionadas, constituyen vía de hecho
por no conceder la protección del derecho constitucional a la indexación
pensional, con el argumento que ese derecho no opera por virtud de la ley y es
una obligación que deben pagar los contratantes”.
1.1.9. El apoderado del señor Delgado se refiere al tema
de la inmediatez en la presentación de la acción de tutela de la referencia.
Señala que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, específicamente
con las sentencias T-1059 de 2007[4]
y T-311 de 2008,[5]
en relación con el derecho constitucional a la indexación de la primera mesada
pensional no se puede hablar del requisito de inmediatez, porque la vulneración
del derecho subsiste en el tiempo, por lo cual es irrelevante el lapso
transcurrido. Acto seguido, precisa que “no obstante la aclaración en cuanto al
presupuesto de la inmediatez hecha por la H. Corte Constitucional, informo a
los H. Magistrados que el actor aporta como prueba documental, declaración
extrajudicial suscrita ante el Consulado General de Colombia en Miami, en la
que afirma estar domiciliado permanentemente en Miami, Estado de la Florida,
Estados Unidos de América desde el 6 de febrero de 1988. // Lo anterior, con la
finalidad de demostrar que el accionante no tenía cómo enterarse del viraje
jurisprudencial que en Colombia se produjo en torno al derecho constitucional a
la indexación pensional, ya que como se indicó, no se encontraba residiendo en
nuestro país; valga decir que el actor es una persona de 72 años de edad que no
maneja los medios electrónicos y además como lo ha indicado la propia Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es imposible
que alguien esté al día en materia jurisprudencial.
1.1.10. El apoderado del actor afirma que el Banco
Cafetero –en liquidación- “siempre busca en su defensa que únicamente se le
condene al pago de las mesadas retroactivas desde la interposición de la acción
de tutela”; frente a ello, solicita que se dé aplicación a lo decidido en la
sentencia T-901 de 2010,[6]
en el sentido de que el pago retroactivo debe extenderse hasta el momento en el
que se hizo la solicitud inicial de indexación pensional al patrono.
1.1.11. El abogado del actor también especifica las
razones por las cuales las providencias judiciales atacadas constituyeron vías
de hecho, frente a las cuales es procedente la acción de tutela. Explica que
tales fallos incurrieron en un defecto material o sustantivo, “en la medida en
que esos operadores jurídicos prefirieron darle aplicación a la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, que no reconoce el
derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de la pensión,
precisamente cuando la Constitución Política garantiza sin exclusión alguna ese
derecho y la jurisprudencia constitucional de todos los tiempos, ha insistido
en que no puede haber ninguna clase de discriminación entre pensionados”. Por
lo tanto, se incurrió en los defectos sustantivos consistentes en: (a)
restricción de los derechos a la dignidad humana, igualdad y mantenimiento del
poder adquisitivo de la pensión (arts. 13, 48 y 53, C.P.); (b) violación directa de la Constitución Política, “al desconocer de plano los siguientes
postulados de la Constitución Política: (i) la protección y asistencia a las
personas de la tercera edad; (ii) la ampliación progresiva de la cobertura de
la seguridad social, (iii) la aplicación más favorable al trabajador de la ley,
en caso de duda, y (iv) el equilibrio de las prestaciones que es principio
esencial de todo el sistema jurídico. Además también se incurrió en este
defecto genérico cuando se desconoce que la Constitución de Colombia impone la
obligación de mantener el poder adquisitivo de la pensión (art. 53, C.P.)”; y (c) desconocimiento del precedente judicial trazado por la Corte Constitucional “al
informar, la cláusula de universalidad que beneficia a todas las pensiones
reconocidas en cualquier tiempo, y sin que importe que su origen sea
convencional o legal, toda vez que la pérdida de poder adquisitivo de la
moneda, a consecuencia de la inflación afecta por igual a todos los jubilados”.
1.1.12. Se informa en la demanda también que “esta
acción de tutela fue interpuesta con antelación ante la Corte Suprema de
Justicia, Corporación que por intermedio de su Sala de Casación Civil, por auto
de cúmplase, declaró la nulidad de todo lo actuado y no admitió la solicitud de
amparo constitucional presentada por el actor”.
1.1.13. El actor afirma que en el presente caso se configuró
un perjuicio irremediable por las siguientes razones:
“Para recuperar la revalorización
de la pensión, el accionante debió iniciar un proceso ordinario laboral para
que fuera declarada judicialmente, lo cual nunca ocurrió; con ello se el irrogó
un grave y vital perjuicio que le afectó de por vida sus derechos
fundamentales, pues al no otorgarle el verdadero valor de desvalorización,
nunca se le indexó su pensión.
El perjuicio que se le causa al
pensionado es vitalicio ya que la pensión se paga por instalamentos y cada vez
que se liquide una mesada, sufrirá el perjuicio que aquí se reclama.
No existe otro mecanismo que
pueda restituir, en los derechos que le fueron conculcados, por no acatar los
H. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral las
normas constitucionales.
Ya existe la manera de solucionar
la injusticia que sufre la accionante, quien es una persona de la tercera edad,
que sólo cuenta con la pensión mínima que le paga la entidad accionada, que
ruega a la justicia no lo abandone y le conceda los mismos derechos que le ha
concedido a un sin número de pensionados que solicitaron que su pensión se
liquidara en debida forma y eso obtuvieron”.
1.1.14. Con base en lo anterior, el apoderado del actor
formula al juez de tutela la siguiente petición:
“Señores Magistrados con
fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, solicito de la manera
más respetuosa, se sirvan tutelar los derechos de mi representado,
correspondientes al derecho constitucional de los pensionados a mantener el
poder adquisitivo de su mesada pensional, dentro de cuyo ámbito de conducta
protegida se encuentra el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, el derecho a la vida digna, el mínimo vital, la seguridad social, la
igualdad, el principio pro operario y los demás que se encuentren conculcados
los H. Magistrados.
Conforme a lo anterior, y una vez
amparados los derechos fundamentales del actor, solicito se deje sin efecto o
valor jurídico alguno la sentencia de 7 de junio de 2003, proveniente del
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, y la Sentencia de 15 de
septiembre de 2004 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
Y en su lugar, se ordene declarar
formal y materialmente vigente la sentencia que el Tribunal Superior emitió
para este caso el día 10 de junio de 2003, por la cual condenó a la demandada a
reajustar el valor inicial de la pensión del actor en cuantía de $252.585.oo
como resultado de su indexación, más los incrementos legales causados y el pago
de la diferencia que se generó entre lo que venía cancelando como mesada
pensional y lo que corresponde luego de la indexación”.
1.2.
Contestación de las entidades demandadas y pruebas aportadas por ellas al
proceso.
1.2.1. Intervención de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Mediante escrito del 28 de
febrero de 2011, los Magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia expresaron ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, como
juez de tutela de primera instancia, que “esa respetable Corporación carece de
competencia para conocer de acciones de tutela promovidas en contra de
decisiones de la Corte Suprema de Justicia”, invocando lo dispuesto en el
Decreto 1382 de 2000, artículo 1.2., respecto del cual se afirma que “tal
Decreto fue encontrado ajustado a la Carta por el Consejo de Estado mediante
sentencia de 18 de julio de 2002 y, en consecuencia, las reglas de competencia
allí fijadas son de obligatorio cumplimiento”. También expresa que de
conformidad con el Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia – Acuerdo
006 de 2002, artículo 44, “la acción de tutela dirigida contra (…) la
respectiva Sala, se repartirá a la Sala de Casación que siga en orden
alfabético. La impugnación contra la sentencia se repartirá a la Sala de
Casación Especializada restante”.
Por lo tanto, concluyen los
Magistrados que “no ha debido, por ende, esa Corporación, dar curso a la acción
de tutela enunciada. Por otra parte, la función que se ha encomendado a la
Corte Suprema de Justicia, relativa a poner fin a las decisiones judiciales en
materia civil, laboral y penal, y la legitimidad que encarna dentro de esas
ramas la Corporación, implica que las decisiones por ella proferidas como
organismo máximo, límite o de cierre, no puedan en manera alguna ser revocadas,
anuladas o desconocidas por autoridad alguna, porque la propia Constitución les
imprime sello de intangibilidad al situarla en la cúspide de la jurisdicción
ordinaria. Lo anterior conlleva a otra razón para que la acción hubiese sido
rechazada”.
Adicionalmente, precisan los
Magistrados que “ante una providencia proferida, como la cuestionada, con
severo apego al ordenamiento, aun cuando se pueda discrepar de la misma, no es
dable confrontarla, en manera alguna, mediante una acción de amparo
constitucional, destinada a remediar reales desaguisados sobre derechos
fundamentales, y no para combatir providencias que, aun cuando adversas a una
determinada parte, no denotan abuso por esta Corte, de la función de dispensar
justicia”. Y también indican que “las construcciones jurisprudenciales de las
Cortes, dentro de su función constitucional, no son susceptibles de
desconocerse por vía de tutela”.
1.2.2. Intervención del
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá.
Mediante oficio recibido el 25
de febrero de 2011, la Juez Novena Laboral del Circuito de Bogotá remitió al
proceso de tutela el expediente correspondiente al proceso ordinario laboral
promovido por Ramón Humberto Delgado Chaves contra Bancafé; y especificó que
“frente a los hechos de la tutela nos atenemos a la sentencia mencionada,
conforme a las pruebas evacuadas en el proceso”.
1.2.3. Intervención del
Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral.
Mediante oficio recibido el 28
de febrero de 2011, un Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá – Sala
Laboral expresó ante el juez de tutela de primera instancia que “desde el punto
de vista probatorio me estoy a lo indicado en la decisión hecha por esta
corporación cimentada en las pruebas a que se contrae el correspondiente
expediente y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia en relación
con la indexación del ingreso base de liquidación de la primera mesada
pensional, para la fecha en que se profirió la decisión por esta Corporación”.
1.2.4. Intervención de la
Fiduciaria La Previsora S.A.
Por requerimiento del juez de
tutela de primera instancia, la Fiduciaria La Previsora S.A. intervino en el
presente proceso de tutela para expresar sus observaciones sobre la demanda de
la referencia, en los términos siguientes:
1.2.4.1.  La intervención de la
Fiduciaria La Previsora se realiza “única y exclusivamente, como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes constituido en su
oportunidad por el extinto Banco Cafetero S.A. en liquidación”. A este respecto
se realizan las siguientes precisiones sobre la posición jurídica de la
Fiduciaria:
“1. Mediante Decreto 610 del
07 de marzo de 2005 modificado por los Decretos No. 639 del 7 de marzo de 2007;
3751 del 27 de septiembre de 2007; 3821 del 29 de septiembre de 2008; 1911 del
27 de mayo de 2009; 4707 del 30 de noviembre de 2009; 1040 del 30 de marzo de
2010; 2669 del 26 de julio de 2010 y 3592 del 29 de septiembre de 2010, el
Gobierno Nacional ordenó la disolución y liquidación del Banco Cafetero S.A.
2. Como consecuencia de la
terminación del plazo antes mencionado, Fiduciaria La Previsora S.A. y la
Gerente Liquidadora del Banco Cafetero S.A. en liquidación, suscribieron el 30
de noviembre de 2010 el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-19293, cuyo
objeto es la constitución de un Patrimonio Autónomo cuyo vocero y administrador
es la Fiduciaria para la administración de contingencias pensionales y la
realización de un conjunto de actividades de manera previa y posterior a la
terminación de la existencia legal del Banco.
3. Que el Patrimonio Autónomo
se constituyó en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 literal b del
Decreto Reglamentario 2211 de 2004 en concordancia con lo previsto en el
numeral 11 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, norma
que permite constituir Patrimonios Autónomos.
4. En la Cláusula Trigésima
del Contrato de fiducia Mercantil No. 3-1-19293, se estableció:
‘(…) TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD.
Ni el Patrimonio Autónomo que se constituye en virtud del presente contrato, ni
la Fiduciaria, asumen la calidad de parte frente a los procesos judiciales en
los cuales sea demandado, vinculado como llamado en garantía, como tercero o
denunciado en el pleito el Fideicomitente, o de aquellos respecto de los cuales
puedan derivarse obligaciones a cargo del Fideicomitente. Para todos los
efectos legales relacionados con este contrato se entiende que no opera la
sustitución patronal ni la subrogación por parte de la Fiduciaria ni de sus
integrantes, ni por parte del Patrimonio Autónomo que se constituye por medio
del presente documento, ni tampoco de las obligaciones laborales a cargo de El
Fideicomitente al momento del cierre de su proceso liquidatorio y por ende no
es parte, de acuerdo a las normas procesales vigentes para ningún efecto. (…)’
5. Posteriormente, el artículo
1º del Decreto 3592 de 2010, señaló como plazo para terminar el proceso
liquidatorio del Banco Cafetero S.A. en liquidación, el 31 de diciembre de
2010; fecha en la que efectivamente concluyó dicho proceso y por ende se
extinguió la personería jurídica de tal Entidad.”
1.2.4.2. La Fiduciaria se opone
a todas las pretensiones del accionante, puesto que en su condición de vocera y
administradora del patrimonio autónomo en cuestión, “nunca ha violado o
siquiera puesto en peligro, directa o indirectamente, alguno de los derechos
fundamentales aludidos por el accionante en el libelo”. Adicionalmente se
argumenta:
“Acorde con lo anterior,
consideramos que existe una evidente falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que ni esta Sociedad Fiduciaria, ni el Patrimonio Autónomo que
administra, han participado ni activa ni pasivamente, ni directa ni
indirectamente en las relaciones laborales que existieron entre el accionante y
la extinta entidad.
De acuerdo con lo anterior,
Fiduciaria La Previsora S.A., no es cesionaria, ni subrogataria, ni sustituto
patronal del extinto Banco y tampoco detentó la calidad de liquidador del
mismo, razón por la cual, la solicitud de indexación de la primera mesada
pensional del actor, no es procedente en relación con esta Sociedad Fiduciaria,
toda vez que como ya se indicó en los apartes anteriores, Fiduciaria La
Previsora S.A. se limita a la administración de contingencias pensionales y la
realización de un conjunto de actividades de manera previa y posterior a la
terminación de la existencia legal del Banco.
Así las cosas, consideramos
que el escenario natural para la discusión de los derechos presuntamente
conculcados, no es ante esta Sociedad Fiduciaria, cuya actividad se concreta en
las pautas y directrices indicadas por el Fideicomitente, dentro del texto del
contrato fiduciario, por tal motivo, encontramos que no es posible que
Fiduprevisora como vocera del Patrimonio Autónomo de remanentes PAP Banco
Cafetero en Liq. PAR, entrar a satisfacer sus peticiones, ya que quien
ostentaría la capacidad y legitimidad para ser contraparte en este asunto en
particular sería el extinto Banco.
Por lo anteriormente expuesto,
Fiduciaria La Previsora S.A. no se encuentra facultada, ni mucho menos
legitimada para dar trámite a la solicitud de indexación de la primera mesada
pensional pretendida por la presente acción de tutela en atención a las razones
señaladas en este escrito. Así mismo, reiteramos que carecemos de competencia
legal para atenderlo y no podemos dar traslado a autoridad competente alguna
(Artículo 33 C.C.A.), como sería el Banco Cafetero S.A. en Liquidación, ya que
la misma se extinguió legalmente.”
1.2.4.3. Sin perjuicio de lo
anterior, la Fiduciaria indica que “una vez revisados los archivos de la
entidad así como el cálculo actuarial del Banco Cafetero S.A. en Liquidación,
es claro que en el caso del accionante no resulta procedente la actualización
del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación oficial, como
quiera que fue causada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
norma que fue la que consagró la actualización monetaria de aquellas pensiones
legales causadas dentro de su vigencia”.
1.2.4.4. Igualmente, la
fiduciaria argumenta que existe cosa juzgada en el caso concreto, y que no se
cumple con el requisito de inmediatez en la interposición de la tutela: “como
quiera que en el caso del accionante existió proceso ordinario laboral en donde
se resolvió lo mismo que ahora es peticionado a través de la acción de tutela,
es evidente la existencia de cosa juzgada, situación por la cual resulta
improcedente el amparo deprecado; aún más al considerar que el proceso que
inició el accionante fue terminado hace más de 6 años, lo que evidencia la
ausencia de inmediatez en el presente caso”. Al respecto, la Fiduciaria
recapitula la jurisprudencia constitucional sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, indicando que en este caso no es procedente por no
estar dados los requisitos para que se configure una vía de hecho.
1.3.
Pruebas decretadas por el juez de primera instancia
Obran en el expediente de
tutela, copias del proceso ordinario radicado al N° 2002-0516, adelantado en el
Juzgado 9 Laboral del Circuito de Bogotá, remitido al Consejo Superior de la
Judicatura de Bogotá – Sala Jurisdiccional Disciplinaria y posteriormente
devuelto al juzgado de origen, de las cuales se resaltan las siguientes:
1.3.1. Memorial presentado por
el apoderado del actor al Presidente de Bancafé el 4 de junio de 2001, titulado
“agotamiento de la vía gubernativa de Ramón Humberto Delgado Chávez contra
Bancafé (antes Banco Cafetero)”, en la cual se controvirtió lo decidido en la
Resolución No. 008 del 19 de enero de 1994, en la que se le reconoció la
pensión de jubilación. Las peticiones concretas formuladas en este documento
son las siguientes:
“Primera.- Se decrete el
reconocimiento y pago a favor del señor Ramón Humberto Delgado Chávez y a cargo
de Bancafé por la suma de $252.579.42 como reliquidación de la primigenia (o
primera) mesada pensional, tomada del último salario promedio devengado durante
el último año de servicios, aplicándole la indexación certificada por el DANE,
es decir, el 875.85%, desde la fecha de la terminación del contrato (1º de
diciembre de 1982) hasta el día en que empezó a disfrutar de la pensión vitalicia
de jubilación oficial (8 de junio de 1993), en la forma establecida en los
artículos 48 inciso 3º y 53 de la Constitución Nacional y el artículo 8º de la
Ley 153 de 1887; Artículo 19 del C.S.T. y demás normas vigentes.
Segunda.- Se ordenen los
reajustes y pagos mediante reliquidación de las mesadas pensionales
subsiguientes a la primera mesada pensional, reajustada en la forma indicada en
la petición anterior, teniendo en cuenta los porcentajes de reajustes
determinados en la Ley.
Tercera.- Ordenar el pago a
favor de mi poderdante de los intereses de mora a la tasa máxima de interés
moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, durante todo el
tiempo en que se encuentre pendiente de pago la obligación reclamada.”
1.3.2. Comunicación dirigida el
12 de julio de 2001 al apoderado del actor por el Jefe del Departamento de
Asuntos Laborales de Bancafé, negándose a acoger las peticiones del accionante.
1.3.3. Demanda ordinaria laboral
promovida contra Bancafé por el actor.
1.3.4. Sentencia proferida el 7
de marzo de 2003 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá dentro
del proceso laboral ordinario promovido por Ramón Humberto Delgado Chávez
contra Bancafé. En esta providencia se transcribe in extenso lo resuelto por la
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en sentencia del 3 de
agosto de 2000, en la cual se fijó su doctrina sobre la no procedencia de la
indexación de la primera mesada pensional para este tipo de pensiones, y se
denegaron las pretensiones del actor.
1.3.5. Sentencia proferida el 10
de junio de 2003 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en segunda
instancia dentro del proceso ordinario laboral promovido por el actor contra
Bancafé. En esta providencia, invocando lo dispuesto en la sentencia SU-120 de
2003 de la Corte Constitucional sobre la indexación de la primera mesada
pensional, se revocó el fallo de primera instancia y se condenó a Bancafé a
reajustar la primera mesada pensional del accionante, en el sentido de sus
pretensiones.
1.3.6. En el expediente de
tutela obra, además, copia de la sentencia de casación proferida dentro del
mismo proceso laboral ordinario por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el 15 de septiembre de 2004, en la cual se citó de nuevo la doctrina
de la propia Corte Suprema sobre el tema, descartando la aplicabilidad del
precedente constitucional, para casar el fallo de segunda instancia y confirmar
la sentencia del Juez Laboral que denegó la pretensión de indexación y demás
pretensiones accesorias presentadas por el actor.
2. Decisión del juez de
primera instancia
Mediante sentencia del 9 de marzo
de 2011, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala Jurisdiccional
Disciplinaria concedió la acción de tutela de la referencia.
El juez de primera instancia
consideró, en primer lugar, que no es aplicable el requisito de inmediatez en
relación con el caso bajo estudio, puesto que de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, en casos de pensionados que buscan el
mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión, la vulneración del derecho
invocado es permanente. Se cita a este respecto la sentencia T-014 de 2008.[7]
Refiriéndose  lo dispuesto en las
sentencias T-789 de 2008[8]
y T-469 de 2005,[9]
sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en
casos de indexación pensional, el Consejo Seccional concluyó que “es totalmente
válida la reclamación que hace el accionante en relación con la indexación de
su primera mesada pensional, situación que la jurisprudencia trascrita analizó
claramente; por lo tanto, le corresponde a la Sala conceder el mecanismo
impetrado en amparo del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional”. En consecuencia dejó sin efecto la sentencia de casación, y declaró
legalmente ejecutoriada la sentencia de instancia proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que concedió la tutela de
la referencia. En la parte resolutiva se impartieron las siguientes órdenes:
“PRIMERO:
INAPLICAR por mandato de la Corte Constitucional el numeral 2 inciso 2 del
artículo 1 del decreto 1382 de 2000.
SEGUNDO:
CONCEDER el amparo del derecho a la indexación de la primera mesada pensional
del señor Ramón Humberto Delgado Chaves, conculcado por el accionar de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Noveno Laboral
del Circuito de Bogotá D.C., el Banco Cafetero en Liquidación y la Fiduciaria
La Previsora S.A.
TERCERO: DEJAR
SIN EFECTOS la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia calendada el 15 de septiembre de 2004 y, CONFIRMAR la sentencia de
fecha 10 de junio de 2003 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se revocó el fallo de fecha 07 de
marzo de 2003 del Juzgado 9 Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar
CONDENAR a BANCARÉ a reajustar la primera mesada pensional reconocida al
demandante en cuantía de $252.586.oo, y a realizar sobre ella los ajustes de
ley que se hayan causado; y pagar la diferencia que se generó entre lo que le
venía cancelando como mesada pensional y lo que le corresponde luego de la
indexación.
CUARTO:
ORDENAR al BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION, que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie los
trámites necesarios, tendientes a reconocer y pagar al señor Ramón Humberto
Delgado Chaves, el monto de la primera mesada pensional conforme al fallo
confirmado en el numeral anterior, al igual que las diferencias generadas entre
lo que se le venía cancelando al accionante como mesada pensional y lo que le
corresponde luego de la indexación. Quedando el pago condicionado a la
ejecutoria de esta decisión.
QUINTO: En
cuanto a las mesadas pensionales que eventualmente se encontraren prescritas,
su interrupción deberá contarse desde la fecha de presentación de esta demanda
de tutela (23 de febrero de 2011), respecto del término de tres (3) años
transcurridos con anterioridad.”
Esta providencia fue impugnada
por el apoderado del actor, la Fiduciaria La Previsora S.A. y la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia.
3. Decisión del juez de
segunda instancia.
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió revocar el fallo
de tutela de primera instancia, mediante sentencia del 27 de abril de 2011.
Luego de establecer que en
principio la acción de tutela era procedente por haberse cumplido con el
agotamiento de los medios ordinarios de defensa y no ser aplicable el requisito
de inmediatez al tratarse de una prestación pensional periódica, el Consejo
Superior de la Judicatura consideró que la sentencia de casación impugnada no
constituía una actuación arbitraria o contraria a derecho que constituyera una
vía de hecho. Para el Consejo, “es claro que la Corporación accionada hizo un
análisis sobre la problemática presentada, es decir sobre la viabilidad de
conceder la indexación de mesadas pensionales reconocidas antes del
advenimiento de la Constitución Política de 1991, concluyendo, que ante la
existencia del vacío legislativo en punto a la referida actualización del
salario base para liquidar las pensiones distintas a las previstas en la Ley
100 de 1993, y que al no haber ningún sustento legal ni supralegal, no era
viable acceder a tal pretensión expuesta en la demanda de casación”. En
consecuencia, al no haberse verificado una vía de hecho, se denegó la acción de
tutela, revocando el fallo que la había otorgado.
4. Pruebas decretadas por la
Corte Constitucional
Mediante auto del 4 de noviembre
de 2011, la Magistrada Sustanciadora ordenó a Bancafé que remitiera a la Corte
copia de la resolución mediante la cual se le concedió la pensión al señor
Delgado Chaves, así como la constancia de notificación o comunicación de dicho
acto.
La Fiduciaria La Previsora S.A.
hizo llegar a la Corte, mediante escrito recibido el 24 de noviembre de 2011,
copia de la Resolución No. 008 del 19 de enero de 1994 proferida por el Vicepresidente
Administrativo del Banco Cafetero.
B.
Expediente T-3116635 – Acción de tutela interpuesta por José Alberto Mazuera
Rodríguez contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y
el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
1. Demanda de tutela y
contestación.
1.1.
Hechos relatados por el demandante.
Mediante demanda de tutela presentada por intermedio de
apoderado el 19 de mayo de 2011, el señor José Alberto Mazuera Rodríguez,
residente en Miami, Estados Unidos, expuso los siguientes hechos que considera
violatorios de sus derechos a la vida, la salud, la igualdad, el debido
proceso, al seguridad social y el pago oportuno y completo de las mesadas
pensionales.
1.1.1. El actor reside en la ciudad de Miami.
1.1.2. Trabajó para la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero desde el 27 de septiembre de 1967 hasta el 14 de octubre de
1991, es decir, por 24 años y 15 días.
1.1.3. Mediante Resolución 0264 del 21 de mayo de 2001,
el actor obtuvo el reconocimiento por la Caja de Crédito Agrario de su pensión
de jubilación a partir del 3 de mayo de 1996, por el valor de $196.114.93.
1.1.4. El demandante promovió proceso ordinario laboral
No. 2002-0301, reclamando la indexación de su mesada pensional ante el Juez 15
Laboral del Circuito de Bogotá, el cual concedió su pretensión. No obstante, el
Tribunal Superior de Bogotá revocó este fallo, invocando la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia plasmada en la sentencia No. 11818 del 19 de agosto
de 1999, sobre improcedencia de la indexación pensional para este tipo de
mesadas.
1.1.5. El abogado del actor recuerda que la doctrina establecida
en la sentencia No. 11818 del 18 de agosto de 1999 fue expresamente modificada
por la propia Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia No. 29470 del 20
de abril de 2007, acogiendo la jurisprudencia constitucional consignada a
partir de la sentencia SU-120 de 2003 sobre la indexación de la primera mesada
pensional.
1.1.6. El actor promovió nuevamente un proceso ordinario
laboral solicitando la indexación ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Descongestión de Bogotá, el cual la concedió mediante sentencia del 31 de
julio de 2008. No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá en fallo del 30 de
enero de 2009, y la Corte Suprema de Justicia con sentencia del 7 de julio de
2010, acogieron la excepción de cosa juzgada, y en consecuencia denegaron las
pretensiones del actor según su criterio, “Tenemos entonces dos sentencias de
cosa juzgada sobre un proceso que nunca se desarrolló pues quedó trunco y todo
por temor que causaba la sentencia 11818 del 18 de agosto de 1999 y su secuela
de condena en costas. Debemos recordar que esta fatídica sentencia fue recogida
por la Corte Suprema en la 29470 del 20 de abril de 2007 por las falencias,
censuras y objeciones de que fue objeto especialmente por la SU-120 de 2003”.
1.1.7. El actor considera que el fallo de la Corte
Suprema de Justicia del 7 de julio de 2010 constituyó una vía de hecho, al
negar la indexación de la mesada pensional desconociendo la doctrina de la
Corte Constitucional consagrada en la sentencia SU-120 de 2003, en
contravención directa de los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53 y 230 de la
Constitución. Solicita que el juez de tutela lo deje sin efecto, invocando la
posible causación de un perjuicio irremediable al demandante “por ser esta la
única instancia posible para corregir el desacierto de que fue objeto”.
1.2.
Pruebas aportadas por el demandante.
1.2.1. Poder conferido a su
apoderado judicial, con reconocimiento personal de su firma ante el Cónsul de
Colombia en Miami dado el 27 de abril de 2011.
1.2.2. Sentencia proferida por
el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá el 31 de julio de
2008 dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia No. 134 de 2007,
promovido por José Alberto Mazuera Rodríguez contra la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero en Liquidación, en la cual se resolvió ordenar la
indexación de la base salarial de su mesada pensional.
1.2.3. Sentencia de corrección
aritmética proferida el 22 de agosto de 2008 por el Juzgado 2º Laboral del
Circuito de Descongestión de Bogotá.
1.2.4. Sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral del 30 de enero de
2009, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia del Juzgado 2º
Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, por declararse probada la
excepción de cosa juzgada.
1.2.5. Sentencia de la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral del 7 de julio de 2010, mediante
la cual resolvió no casar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá – Sala Laboral del 30 de enero de 2009, por estar de acuerdo
con que se configuró en el caso concreto la excepción de cosa juzgada.
1.2.6. Resolución No. 01105 del
21 de mayo de 2001, mediante la cual la Caja Agraria reconoció la pensión de
jubilación convencional al actor.
1.3.
Contestación de las autoridades demandadas
1.3.1. El Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que en virtud del Decreto 2721 del 23
de julio de 2008 quedó a cargo del reconocimiento de las pensiones y la
administración de la nómina de pensionados de la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero en liquidación, dio contestación a la acción de tutela de
la referencia, argumentando que el fallo de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que absolvió a la entidad de las pretensiones del
actor, hizo tránsito a cosa juzgada. También afirma que dado que es un fallo
ajustado a derecho, no constituye una vía de hecho que haga procedente la
acción de tutela.
1.3.2. La Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia intervino en el presente proceso para
solicitar que se desestimen las pretensiones del actor, en la medida en que la
decisión de casación que profirió fue respetuosa de la Constitución Política y
la ley laboral, sin resultar violatoria de derecho fundamental alguno: “la
providencia se dictó con apego al ordenamiento jurídico, y por ello, aun cuando
se pueda discrepar de la misma, no hay lugar a confrontarla mediante una acción
de amparo constitucional, que está destinada a proteger derechos fundamentales
y no a controvertir decisiones judiciales, amén de que las construcciones
jurisprudenciales de las Cortes, dentro de su función de casación, no son
susceptibles de desconocerse por vía de tutela”. Por otra parte, afirma que no
se cumple con el requisito de inmediatez, dado que la sentencia de casación se
profirió el 7 de julio de 2010, y la acción de tutela se presentó el 19 de mayo
de 2011.
2. Decisión del juez de
primera instancia
Mediante sentencia del 2 de junio
de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió
denegar la tutela de la referencia. Recordando el carácter subsidiario de la
acción de tutela y su procedencia excepcional contra providencias judiciales, la
Sala “descarta la presencia de causales de procedibilidad en el caso que se
examina, pues la providencia que se pretende dejar sin efectos, en virtud de la
acción de tutela, no fue el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de los
funcionarios judiciales que la expidieron; por el contrario, fue proferida en
el decurso de un procedimiento laboral, con plenas garantías para las partes, y
obedeció a la aplicación de la normatividad vigente; con ella no se vulneró ni
puso en peligro ningún derecho fundamental del accionante, así como tampoco le
ocasionó un perjuicio irremediable”.
II.
Consideraciones y Fundamentos
1.
Competencia
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral noveno de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones legales pertinentes.
2. El
derecho constitucional a la indexación del salario de base para el cálculo de
la primera mesada pensional. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte
Constitucional ha desarrollado, desde sus primeros pronunciamientos, una
prolífica y detallada línea jurisprudencial sobre el derecho constitucional a
la actualización del salario base para el cálculo de las mesadas pensionales, o
“derecho a la indexación de la primera mesada salarial”. Esta línea
jurisprudencial se ha desenvuelto a través de numerosas decisiones de
constitucionalidad[10]
y de tutela[11]
–incluyendo una Sentencia de Unificación-, en las cuales la Corte ha protegido
de manera uniforme y consistente el derecho a mantener el poder adquisitivo de
la mesada pensional y sus múltiples ramificaciones e implicaciones
constitucionales para los beneficiarios de la pensión de vejez, derecho
derivado de una lectura conjunta de múltiples mandatos de la Carta Política. A
continuación se resaltan los principales componentes de esta línea
jurisprudencial, haciendo énfasis en aquellos que resultan de pertinencia
directa para la resolución de los problemas jurídicos bajo examen.
2.1.
Fundamento constitucional múltiple del derecho a mantener el poder adquisitivo
de la pensión, y del derecho a la indexación de la primera mesada salarial.
El artículo
48 de la Constitución dispone que “[l]a ley definirá los medios para que los
recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”,
y que “sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones
ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar,
congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas
conforme a derecho”. Por su parte el artículo 53 de la Constitución
incluye, entre los principios mínimos fundamentales que deben guiar la
legislación laboral, los de “remuneración mínima vital y móvil, proporcional
a la cantidad y calidad de trabajo”, y “situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales del derecho”. También dispone el artículo 53 Superior que “[e]l
Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales”.
La doctrina
constitucional sobre el fundamento y el alcance de este derecho se condensó en
la sentencia C-862 de 2006[12],
en la cual la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la disposición
del Código Sustantivo del Trabajo[13]
que regulaba la forma de liquidación y los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación[14],
y allí estableció, con fuerza erga omnes, que el derecho a la indexación
del salario base para la liquidación de las pensiones de vejez es un derecho
fundamental que se deriva de múltiples mandatos de la Constitución Política. En
efecto, en esta sentencia la Corte explicó que en las economías como la
colombiana, afectadas por el fenómeno de la inflación, la pérdida del poder
adquisitivo del dinero afecta el equilibrio de prestaciones fundamentales tales
como las pensiones; y que la indexación es uno de los principales mecanismos
para contrarrestar los efectos inflacionarios mediante la actualización de las
obligaciones dinerarias a sus valores reales[15].
También explicó la Corte que la indexación es el mecanismo que ha preferido el
Legislador históricamente en nuestro país para la actualización de las
obligaciones dinerarias, especialmente en materia de pensiones[16], y procedió a sintetizar
en las palabras siguientes el fundamento constitucional básico del derecho a
mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional:
“tal
reconocimiento legal no se trata de un mero acto de liberalidad del Legislador;
pues la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de la
materialización de diversos preceptos de rango constitucional, los cuales
configuran realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el
poder adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar
consagrado expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede
derivarse de una interpretación sistemática de distintos enunciados normativos
constitucionales.”
La Corte enunció entre tales
disposiciones constitucionales el artículo 48, que “señala explícitamente un
deber constitucional en cabeza del Congreso de la República y por lo tanto
sirve de parámetro de control de las medidas adoptadas por el poder legislativo
en la materia”; el artículo 53, que “señala claramente un derecho
constitucional cuyo titular son los pensionados y cuyo sujeto pasivo es el
Estado colombiano al cual le corresponde garantizar el reajuste periódico de
las pensiones legales”; el principio in dubio pro operario del
artículo 48, la cláusula del Estado Social de Derecho (artículo 1º), la
protección especial de las personas de la tercera edad (artículo 46), el
derecho a la igualdad (artículo 13) y el derecho al mínimo vital. Sobre estos
últimos fundamentos constitucionales del derecho a mantener el poder
adquisitivo de las mesadas pensionales, la Corte explicó:
“En efecto, no
sobra recordar, que en virtud del principio in dubio pro operario[17] entre dos o
más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación
laboral, deberá elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más
interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo
beneficie[18]
(…), por tal razón la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
normatividad vigente en materia laboral ha de ser interpretada en el sentido de
reconocer un derecho al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las
pensiones.
Por otra parte,
cabe recordar brevemente que el surgimiento y consolidación del Estado Social
de Derecho estuvo ligado al reconocimiento y garantía de derechos económicos,
sociales y culturales, entre los que ocupa un lugar destacado el derecho a la
seguridad social, de manera tal que la actualización periódica de las mesadas
pensionales sería una aplicación concreta de los deberes de garantía y
satisfacción a cargo del Estado colombiano en materia de los derechos
económicos, sociales y culturales en virtud del modelo expresamente adoptado
por el artículo primero constitucional”.
En suma, con base en los citados
artículos constitucionales, la Corte especificó que el derecho al mantenimiento
del poder adquisitivo de las mesadas pensionales es un derecho de rango
constitucional.[19]
Precisado lo anterior, la Corte
explicó que del derecho a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional
se deriva otro derecho constitucional igualmente importante, a saber, el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, o a la actualización
del salario base para el cálculo de la primera mesada pensional:
“Las
anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al
contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque
a juicio de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las
mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino
que también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la
primera mesada. Al respecto cabe destacar que las numerosas decisiones de
tutela[20]
proferidas por esta Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación
del salario base para liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que
esta pretensión en concreto está cobijada por el derecho a la actualización de
las mesadas pensionales.
Así, en
algunas ocasiones se ha afirmado que precisamente la no indexación del salario
base es un supuesto que le confiere carácter fundamental al derecho a la
actualización de las mesadas pensionales, sobre esta línea argumentativa es
ilustradora la sentencia T-906 de 2005 (…). En otras oportunidades esta
Corporación ha considerado que el derecho a la indexación del salario base para
la liquidación de la mesada pensional es un derecho autónomo, que guarda
estrecha relación con el derecho a la actualización de la mesada pensional.
[T-098 de 2005] // Independientemente de la línea argumentativa que se siga, es
decir, bien sea que se entienda que la indexación de la primera mesada
pensional es una pretensión específica que hace parte del derecho a la
actualización de la mesada pensional, o bien sea que se afirme que se trata de
un derecho autónomo que encuentra también fundamento en el derecho al mínimo
vital y en los artículos 53 y 48 constitucional, esta Corporación lo ha
protegido en numerosas ocasiones en sentencias de revisión de fallos de tutela.
En dichas oportunidades la Corte Constitucional encontró también fundamento
para la protección en el artículo 29 constitucional por considerar que las
decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción laboral que desconocían el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional configuraban una
vulneración del derecho al debido proceso de los trabajadores.
Se tiene,
entonces, que la jurisprudencia constitucional ha derivado de distintos
preceptos constitucionales un derecho constitucional de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional dentro de cuyo ámbito de
conductas protegidas se encuentra el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional.”[21]
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de tutela ha sido
igualmente uniforme y pacífica en cuanto al reconocimiento y protección de los
derechos universales al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y
a la indexación de la primera mesada pensional. En numerosas sentencias de
tutela, la Corte Constitucional también ha reconocido la existencia del derecho
a la indexación de la primera mesada pensional, explicando que encuentra un
sustento constitucional adicional en consideraciones de equidad y justicia,
además de fundarse en los artículos 48, 53, 46, 13, 1, 2, 25 y 29 de la Carta,
entre otros.[22]
Así, se
pueden citar como ejemplos, sólo entre los más recientes pronunciamientos de
esta Corporación que han reconocido y protegido la existencia de este derecho,
las sentencias T-045 de 2007[23],
T-425 de 2007[24],
T-130 de 2009[25],
T-366 de 2009[26],
T-425 de 2009[27],
T-447 de 2009[28],
T-457 de 2009[29]
o T-362 de 2010[30].
De particular importancia es la sentencia SU-120 de 2003[31], en la cual la Corte
unificó su doctrina de tutela sobre “el derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional”,
efectuando el siguiente recuento sobre lo que se había establecido en sus
pronunciamientos previos con respecto el alcance del derecho:
“- Que aunque
‘[e]l reajuste de las pensiones tiene por objeto proteger a las personas de la
tercera edad, quienes por las condiciones físicas derivadas de la edad o
enfermedad, se encuentran en la imposibilidad de obtener otros recursos
distintos para su subsistencia y la de su familia’; y sin desconocer que los
‘incrementos periódicos que consagra la Constitución (arts. 48 y 53), permiten
que las mesadas no pierdan su capacidad adquisitiva en beneficio de los
pensionados (…)’; corresponde al legislador establecer la proporción en que las
pensiones deben incrementarse, al igual que la oportunidad y la frecuencia del
incremento[32].
Con miras a lograr un uso adecuado de los recursos del sistema solidario de
seguridad social[33].
- Que tales
incrementos deben consultar, ‘en la medida de lo posible el equilibrio en el
sistema, fundado en principios como la solidaridad y universalidad del mismo’[34]; sin
desconocer la especial protección de quienes se encuentran ‘por razones
económicas, en situación de debilidad manifiesta frente a los demás’[35].
- Que cuando
el valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una
diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar lo dejado de
pagar, para que ‘quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder
adquisitivo de su pensión (….) logren compensar el desmedro patrimonial sufrido
(…) porque (…) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de los
pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran uno
de los grupos sometidos a su especial protección (…)[36]’[37].
(…) En suma,
al decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los
jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las
relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican
los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del
querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el
monto y la oportunidad de los reajustes pensionales. // De manera que si el
juzgador no opta por lo expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación
de la primera mesada pensional acudiendo a soluciones que no consultan los
criterios auxiliares de la actividad judicial, hacen necesaria la intervención
del juez constitucional para restablecer los derechos fundamentales mínimos de
los trabajadores”[38].
2.2.
Relación directa entre el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional y el derecho fundamental al mínimo vital.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente que existe un
vínculo directo entre el derecho a la actualización de la mesada pensional y el
goce efectivo del derecho al mínimo vital de los pensionados, quienes por regla
general son adultos mayores acreedores de un especial nivel de protección
constitucional. Así se estableció con claridad en la sentencia C-862 de 2006
(MP. Humberto Sierra Porto):
“la
jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es un
mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la
tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los
pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital,
en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no pago de la
mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo tanto la
actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del
derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por
regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto
sujetos de especial protección constitucional”.
La Corte
Constitucional ha explicado que la relación entre uno y otro derecho es tan
próxima, que existe una presunción de afectación del mínimo vital cuandoquiera
que no se actualiza el valor de la mesada pensional. En la sentencia T-425 de
2009[39],
la Corte señaló en detalle las características de esta relación con el mínimo
vital en casos de indebida liquidación o falta de indexación de las pensiones
de vejez:
“3.2.1. Esta
Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación con el mínimo
vital, para significar que el mismo es considerado como un derecho fundamental
que se sustenta directamente en el Estado Social de Derecho y que encuentra
estrecha conexión no solo con la realización de la dignidad humana, sino con la
materialización de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la
seguridad social. Así, en la jurisprudencia de esta Corte se ha planteado, con
relación a este derecho, que: ‘constituye la porción de los ingresos del
trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en
salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el
derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico
constitucional’[40].
3.2.2. La
jurisprudencia también ha precisado que para dimensionar adecuadamente este
derecho, resulta necesario que sea apreciado en concreto y no en abstracto, de
suerte que se valore cualitativamente el mínimo vital de una persona en una
situación particular, conforme con sus especiales condiciones sociales,
económicas y personales. Ello, implica que frente a una situación de hecho, el
juez deba proceder a valorar las especiales circunstancias que rodean a la
persona y a su entorno familiar, sus necesidades y los recursos que requiere
para satisfacerlas, de modo que pueda establecer si, efectivamente, se amenaza
o vulnera el derecho fundamental al mínimo vital.
3.2.3. Ahora,
frente a aquellas situaciones en que se solicita el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional, la jurisprudencia constitucional ha
establecido una presunción de afectación, en la medida en que el hecho de su no
reconocimiento o actualización supone el desconocimiento del poder adquisitivo
de la mesada pensional. (…) Bajo esa misma línea de orientación, la Sala Octava
de Revisión de esta Corporación, mediante Sentencia T-855 de 2008, sostuvo que
la existencia de un derecho constitucional de los pensionados a mantener el
poder adquisitivo de su mesada pensional se derivaba de la aplicación y
materialización de principios constitucionales y derechos fundamentales
consagrados en la Carta Política de 1991, entre los cuales se encuentra el
derecho al mínimo vital. // En dicha oportunidad, esa Sala de Revisión puso de
presente, entre otras consideraciones, la de que la mesada pensional, en tanto
prestación periódica dineraria que permite acceder al conjunto de prestaciones
constitutivas del mínimo vital, es un mecanismo que garantiza este derecho a
las personas de la tercera edad, razón por la cual se justifica el
establecimiento de presunciones tales como que el no pago de la mesada
pensional vulnera el derecho al mínimo vital[41].
3.2.6. Así las
cosas, debe anotarse que en los casos objeto de estudio opera la presunción de
afectación al mínimo vital, al ponerse de presente una evidente desproporción
resultante de la comparación del valor de la mesada pensional que actualmente
se les reconoce a los actores, producto del no reconocimiento de la indexación
a la mesada pensional y de la aplicación de una metodología matemática que hace
nugatoria la actualización del salario base de liquidación de la pensión de
jubilación, y el valor que debería reconocérseles, como resultado de la
aplicación de los criterios señalados en la jurisprudencia constitucional para
el efecto.”
(…) 4.9.
Finalmente, a manera de colofón, puede precisarse que la indexación de la
mesada pensional constituye un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo
vital de las personas de la tercera edad, por cuanto dicha prestación
económica, en la mayoría de los casos, constituye el único ingreso del os
pensionados, con el que satisfacen sus necesidades básicas y las de las
personas que de ellos dependen, de suerte que la afectación de dicho derecho
prestacional atenta directamente contra sus derechos fundamentales, los cuales
son justiciables por la vía del recurso de amparo constitucional.”
2.3.
Carácter universal de los derechos al mantenimiento del poder adquisitivo de la
pensión y a la indexación de la primera mesada pensional. Inadmisibilidad de
distinciones entre pensionados con respecto a la titularidad y ejercicio de
este derecho, por cualquier criterio.
Para la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, la titularidad universal del derecho a mantener el poder
adquisitivo de la pensión, y de su corolario, el derecho a la indexación de la
primera mesada salarial, implica que todos los pensionados, sin distinciones,
deben poder ejercer efectivamente tales derechos; los tratos distintos a este
respecto, al no encontrar una justificación constitucional, constituyen
discriminaciones inadmisibles. En este sentido, en la sentencia C-862 de 2006 la
Corte explicó que como consecuencia del mandato consagrado en el artículo 13
Superior,
“el derecho a
la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente
a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta
naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en
un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional
resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un
derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el
Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración
de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos
fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización
periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada
pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de
especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su
titularidad se reserva a una determinada categoría de sujetos –los pensionados-
dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto
exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.”
En sucesivos pronunciamientos de
tutela, la Corte Constitucional ha explicado que son contrarias a lo dispuesto
por la Constitución las diferenciaciones entre pensionados para efectos del
goce efectivo del derecho a la indexación pensional, sean cuales fueren los
criterios en los que aquellas se basen. Así, en la sentencia T-469 de 2005[42], la Corte declaró
contrarias a la Constitución las distinciones basadas en el origen legal o
convencional de la pensión, afirmando que “para la jurisprudencia es
indiferente que la pensión que es objeto de indexación tenga origen legal o
convencional, ya que lo relevante en estos casos es la situación de
desprotección en que se encuentra el pensionado al recibir como mesada una suma
desactualizada con al cual no pueda solventar sus necesidades y las de su
familia”. En el mismo sentido, en la sentencia T-130 de 2009[43] se señaló: “ha
subrayado la Corte respecto de las personas titulares del derecho a la
actualización de la mesada pensional y a la indexación de la primera mesada
pensional, que tal derecho no sólo ‘radica en [algunas personas pensionadas],
sino que, por el contrario, se extiende a la totalidad de [ellas]. Lo anterior
quiere decir que no cabe hacer ningún tipo de discriminación respecto de quienes
tienen derecho a la indexación de la primera mesada pensional puesto que ello
traería como consecuencia limitar los alcances de este derecho’[44]”.
Citando la sentencia T-696/07 con respecto a la prohibición de discriminación
en el derecho a la indexación, específicamente sobre no discriminación respecto
del origen legal o convencional de la pensión, la Corte continuó en la
sentencia T-130/09: “Puestas las cosas de la manera antes señalada, resulta
factible establecer que todas las personas pensionadas tienen el derecho a
mantener el poder adquisitivo de sus mesadas pensionales, sin distingos de
ninguna índole, así como a obtener de la entidad liquidadora de su pensión, la
reliquidación de su primera mesada pensional.”
La titularidad universal de los
derechos a la actualización de la mesada pensional e indexación del salario de
base para su cálculo, y la consiguiente prohibición de diferenciaciones
discriminatorias entre los distintos tipos de pensionados, continuaron siendo
reafirmadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-366 de 2009[45], en la cual
aclaró que son derechos que no radican solamente en cabeza de algunos
pensionados sino en la totalidad de ellos: “la Corte Constitucional ha sido
enfática al sostener que todos los pensionados tienen derecho a mantener el
poder adquisitivo de sus mesadas pensionales, sin distingos de ninguna índole,
así como a obtener de la entidad liquidadora de su pensión la reliquidación de
su primera mesada pensional; de igual manera, se ha concluido que el derecho a
la indexación del valor de la primera mesada se predica no sólo de las
pensiones de origen legal, sino también de aquellas de origen convencional como
quiera que la pérdida del poder adquisitivo, derivado del fenómeno
inflacionario, afecta a unas y a otras por igual; desconocer este hecho se
traduciría en una carga desproporcionada para las personas pensionadas que se
verían forzadas a soportar la pérdida real del poder adquisitivo de sus mesadas
en detrimento de su patrimonio y su mínimo vital. // Todo lo anterior tiene
sustento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política…”.
De igual forma, en la sentencia T-447 de 2009[46],
la Corte reiteró que “en el entendido de que este derecho a la indexación de
la primera mesada pensional está implícito en el precepto constitucional de la
actualización de la mesada pensional referida en el artículo 53 Superior, la
indexación de la primera mesada pensional cobija a todos los pensionados, razón
por la cual no es dable hacer ningún tipo de discriminación que suponga una
limitación a ese derecho. (…) En efecto, el proceso de reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional, no puede suponer un trato diferente
o discriminatorio si la misma tiene origen en un reconocimiento de orden legal
o convencional. (…) en tanto la condición de pensionado es una sola en la
práctica, el que el reconocimiento se haya originado por la ley o por una
convención, resulta ser indiferente en la práctica, pues las consecuencias de
no actualizar, y reajustar dicha prestación, así como el salario base para su
liquidación, genera el mismo efecto económico por la pérdida del valor
adquisitivo de tal pensión.” Y siguiendo idéntica línea, la Corte explicó
en la sentencia T-362 de 2010[47]
que tampoco es consistente con el principio constitucional de igualdad
establecer diferenciaciones entre las pensiones públicas y privadas para
efectos del goce de los derechos al mantenimiento de su poder adquisitivo e
indexación de la primera mesada, ya que ello impondría una carga
desproporcionada para quienes se viesen excluidos de su titularidad:  “De
conformidad con este carácter universal que la jurisprudencia ha reconocido a
la indexación de la primera mesada pensional, es dado afirmar que éste cobija
no sólo a las pensiones de los trabajadores del sector privado sino también a
aquellas que provienen de relaciones de trabajo con el sector público, como
quiera que el problema de la pérdida de poder adquisitivo, consecuencia del
fenómeno inflacionario, afecta a todos por igual; una conclusión diferente
impondría una carga desproporcionada a los pensionados del sector público en el
sentido de tener que soportar la pérdida de poder adquisitivo de su mesada
pensional”.
2.4. El
derecho a la indexación de las mesadas pensionales causadas con anterioridad a la
Constitución de 1991.
También son
titulares del derecho a la indexación de la primera mesada pensional aquellas
personas cuya pensión de jubilación fue causada con anterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991. En efecto, dado que bajo el artículo 13
Superior todos los pensionados tienen derecho, sin distinciones, a mantener el
poder adquisitivo de su mesada pensional y a obtener la actualización del
salario base para su liquidación, no es viable efectuar diferenciaciones entre
pensionados con base en el tiempo en el que se consolidó su respectivo derecho
prestacional.
La Corte
Constitucional, en varias oportunidades, ha protegido el derecho de personas
que se pensionaron antes del 7 de julio de 1991 -fecha de entrada en vigencia
de la actual Carta Política- a obtener la indexación de su primera mesada
pensional, sin que su fecha de jubilación haya sido óbice para recibir la plena
protección del juez constitucional. Así sucedió, entre otras, en las sentencias
T-1169 de 2003[48],
T-098 de 2005[49],
T-469 de 2005[50]
y T-045 de 2007.[51]
Además, en
por lo menos tres oportunidades la Corte ha abordado expresamente el problema
jurídico sobre la aplicación del derecho en comento a las pensiones causadas
antes de la vigencia de la Constitución de 1991, aclarando que no existen
motivos constitucionalmente aceptables para trazar una distinción entre los
distintos tipos de pensionados con base en la fecha en la cual se consolidó su
derecho prestacional.
Así, en
primer lugar, en la sentencia T-457 de 2009[52],
la Corte precisó que “esta Corporación [ha] sido enfática en afirmar que el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional se hace extensivo a los
pensionados que adquirieron esa calidad con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por supuesto, de la Constitución Política de
1991[53],
pues el fenómeno de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda afecta por
igual a todos los pensionados. Al respecto, la Corte ha precisado que la
situación relativa a los cambios en el ordenamiento jurídico, así como el
reconocimiento de dicho fenómeno, no pueden confundirse con el hecho de que
sólo a partir de la expedición de la Carta y especialmente de las sentencias de
esta Corporación Su-120 de 2003, C-862 y C-891 A de 2006, es que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional puede hacerse
efectivo ante los jueces y la administración.”
Posteriormente,
en la sentencia T-906 de 2009[54],
la Corte reiteró que la indexación también es procedente cuando la pensión fue
causada antes de 1991,  y dejó sentado que  ello es un precedente
jurisprudencial bien establecido:
“la decisión
impugnada desconoció el precedente de la Corte Constitucional en la materia,
que ha sido aplicado a casos similares al del accionante, toda vez que en
múltiples sentencias, entre otras la SU-120 de 2003, T-098 de 2005, T-469 de 2005, ha determinado la procedencia de la mencionada indexación, cuando la pensión fue causada antes
de la vigencia de la Constitución de 1991, en aras de garantizar el mantenimiento
de su poder adquisitivo constante.
Este Tribunal
tampoco ha establecido diferencias para indexar la primera mesada pensional,
pues como lo ha venido sosteniendo, este derecho es de carácter universal y no
puede predicarse frente a determinadas categorías de pensionados. Así mismo, ha
precisado que se aplica a pensiones reconocidas en cualquier tiempo y
cualquiera que sea su naturaleza. Por tanto, la petición del actor se encuentra
enmarcada dentro de esta regla ya que su pensión le fue reconocida en julio de 1988.”
(…) la Corte
considera perfectamente plausible la procedencia de la indexación de la primera
mesada, cuando la pensión fue causada antes de la vigencia de la Constitución
de 1991, en aras de garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo
constante. (…) el reajuste de la primera mesada pensional se aplica a las
pensiones reconocidas en cualquier tiempo y cualquiera que sea su naturaleza,
de suerte que es indiferente si fueron reconocidas en normas que no
contemplaban el referido mecanismo”.
Esta postura
fue reiterada en la sentencia T-901 de 2010[55],
en la que expresamente la Corte Constitucional declaró que la posición de la
Corte Suprema de Justicia desde 2004, en el sentido de negar el derecho a la
indexación para las mesadas pensionales causadas antes de 1991, es contrario a la
Constitución:
“el concepto
de que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es un derecho
universal, fundamental, irrestricto para todas las personas que ostenten la
calidad de pensionados, es producto de una ponderación minuciosa llevada a cabo
por la Corte Constitucional, incluso con anterioridad a la sentencia C-862 de
2006, y por ello tiene el valor de norma adscrita a la Constitución Política.
(…) la postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
según al cual, el derecho a la indexación sólo es procedente cuando las pensiones
fueron causadas en vigencia de la Constitución Política de 1991, contradice la
línea jurisprudencial de la Corte (…).
Así como las
normas vigentes y los efectos dejados por normas no vigentes que se tornaron
contradictorios con la Constitución Política de 1991 han tenido que adecuarse a
los postulados de la nueva Carta, omisiones legislativas como la resuelta con
la sentencia C-862 de 2003, también deben adecuarse. Ello se debe a que lo
contrario constituiría una vulneración flagrante del principio de especial
protección a las personas de la tercera edad, porque a los pensionados nacidos,
retirados del servicio, o con la edad de jubilación cumplida con anterioridad a
la vigencia de la Carta, quedarían obligados a sobrevivir con pensiones
depreciadas por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en detrimento de
su mínimo vital y en desigualdad con otros adultos mayores que cumplieron esos
requisitos con posterioridad al 7 de julio de 1991.
(…) La postura
mayoritaria de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia según la cual la
indexación no procede cuando la pensión se causó antes de la vigencia de la
Constitución Política de 1991, y que afirma, que a la luz de la Sentencia C-862
de 2006, dicha tesis resulta contraria al artículo 53 de la Constitución,
contradice la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional según la cual,
el derecho a la indexación procede para todas las categorías de pensionados y
la exclusión de determinado grupo de este derecho constituye una
discriminación.
(…) no es
cierto que antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, no
existiera sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso base de
liquidación, porque, conceptos como la equidad, el principio in dubio pro
operario, la indexación de las sentencias por inflación, el principio de
progresividad, entre otros, constituyen datos esenciales del derecho que no
fueron introducidos por la Constitución Política de 1991. Más aún, valores como
la solidaridad y la equidad, son características objetivas y a priori del
derecho, que deben ser tenidas en cuenta por el juez al momento de valorar las
conductas. El argumento de amparar el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional de personas que cumplieron la edad exigida con posterioridad a
1991, y rechazarlo con respecto a quienes alcanzaron la edad con anterioridad a
esta fecha nunca ha sido planteado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, porque el perjuicio irremediable se torna más ostensible entre
más avanzada sea la edad de la persona a quien no se le ha indexado su primera
mesada pensional. La universalidad del concepto de indexación entre todos los
pensionados podría sostenerse, únicamente, en que la justicia es finalidad
primordial del derecho, y en las bases éticas en que se apoya la sociedad,
conforme a las cuales la protección a las personas de la tercera edad debe ser
prioritaria, plena, efectiva y proporcional.”
2.5.
Deberes interpretativos de los jueces y operadores jurídicos frente a los
vacíos legislativos en materia de mecanismos de indexación pensional: el
principio in dubio pro operario, y los criterios constitucionales de equidad y
justicia.
La Corte
Constitucional también ha explicado con claridad que cuandoquiera que la
legislación aplicable no prevea expresamente un mecanismo para la indexación de
las mesadas pensionales, los jueces y demás operadores jurídicos están en el
deber de aplicar el principio hermenéutico constitucional de in dubio pro
operario, o de favorabilidad en la aplicación de la ley laboral, en
conjunto con los principios constitucionales de justicia y equidad y con los
derechos fundamentales establecidos en la Carta, de tal manera que ante el
silencio de la normatividad correspondiente se pueda de todas formas inferir,
por interpretación acorde con la Constitución, la existencia de un derecho a la
indexación. Esta postura jurisprudencial fue descrita en la sentencia SU-120 de
2003, en los siguientes términos:
“De
conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Carta Política y de acuerdo
con lo reglado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, entre dos o
más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación
laboral, deberá elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más
interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo
beneficie[56].
// Pero no es lo único, al tenor de lo previsto en el artículo 230 de la Carta
Política, el principio pro operario es un recurso obligado del fallador en su
labor de determinar el referente normativo para solventar asuntos del derecho
del trabajo no contemplados explícitamente en el ordenamiento. // El sentido
protector del derecho del trabajo se refleja, entonces, en la solución de
conflictos normativos, en la interpretación de preceptos dudosos, y en la
solución de situaciones no reguladas en beneficio de la parte débil de la relación;
porque las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de las
relaciones del trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio
del estado de inferioridad económica del trabajador, por ser éste el que genera
la injusticia que se pretende corregir.
(…) Se tiene
entonces que [el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 100 de 1993] determinan
con claridad el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de quienes se
encuentran laborando cuando cumplen la edad requerida para acceder a la
pensión, pero que tal claridad no se presenta respecto de la forma de liquidar
dicho ingreso cuando el trabajador no ha percibido asignación del mismo
empleador ni cotizado al sistema de seguridad social, en el lapso comprendido
entre el cumplimiento de los veinte años de servicio y la edad requerida para
acceder a la prestación. // Sin embargo existen diversas disposiciones en el
ordenamiento que permiten al fallador llenar el vacío legislativo a que se hace
referencia (…).  De antemano ha de decirse que la congelación del salario para
acceder a la pensión de jubilación no se encuentra prevista en ninguna norma,
(…) la liquidación de la base pensional a partir del último salario devengado,
sin reajustes, no tiene asidero en el ordenamiento.
(…) La Corte
encuentra, entonces, i) que no existe normativa que establezca con precisión la
base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado
del servicio sin cumplir la edad requerida –el inciso segundo del artículo 260
del C.S.T. no la precisa-; ii) que ninguna disposición ordena indexar esta base
salarial expresamente; iii) que no existe precepto que excluya o prohíba tal
indexación.
No obstante
existe un principio constitucional claro, esto es que el ‘Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’
–artículo 53 C.P., y suficientes disposiciones del ordenamiento que denotan un
afán permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo
de las pensiones.
En este orden
de idas, incumbe al juez confrontar la situación concreta de las personas que
aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la
injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo
conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación
específica, es decir conforme con la Constitución Política.
De modo que en
su misión de determinar el referente para resolver las situaciones planteadas
por los accionantes, sobre la base salarial para liquidar la primera mesada
pensional, la accionada tenía que proceder como lo indican las normas relativas
al tema, como quiera que el legislador de haber considerado las
particularidades que los actores afrontan habría optado por la indexación del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicios ‘artículo 260 C.S.T.’, o por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales
el afiliado cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el
caso.
Lo anterior
porque i) así acontece con el trabajador que es despedido después de diez o más
años de trabajo, sin poder aspirar a una mesada pensional, ii) ésta es la
solución adoptada por la ley para liquidar las pensiones, reajustes y
sustituciones de los excongresistas, y iii) esto ocurre con las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden
nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de
Seguros Sociales, así como las de los pensionados de las Fuerzas Armadas
Militares y de la Policía Nacional.
Dado que la
equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del
derecho laboral indican que los espacios dejados por el legislador, no pueden
ser llenados por el juzgador a su arbitrio, por su mera voluntad, sino
consultando los criterios auxiliares de la actividad judicial –artículo 230 C.P.-”.
(…) En suma,
al decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los
jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las
relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican
los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del
querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el
monto y la oportunidad de los reajustes pensionales. // De manera que si el
juzgador no opta por lo expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación
de la primera mesada pensional acudiendo a soluciones que no consultan los
criterios auxiliares de la actividad judicial, hacen necesaria la intervención
del juez constitucional para restablecer los derechos fundamentales mínimos de
los trabajadores”.
Esta postura
interpretativa ha sido reiterada por la Corte en distintas sentencias
posteriores.[57]
3. Los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho a
la indexación de la primera mesada salarial. Reiteración de jurisprudencia.
3.1.
Formulación de los requisitos de procedibilidad generales y específicos por la
Corte Constitucional.
En aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, así como en el artículo
6 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional ha explicado en numerosas
oportunidades que la acción de tutela, en tanto instrumento subsidiario de
protección de los derechos fundamentales, no es por regla general el mecanismo
judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el
reconocimiento o la reliquidación de prestaciones sociales, en particular en
materia de pensiones[58].
La Corte ha explicado en tal sentido que “por encontrarse comprometidos
derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo, la competencia
prevalente para resolver este tipo de conflictos ha sido asignada por el
ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa según
el caso, siendo entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el
ejercicio de tales derechos, en caso que se logre demostrar su amenaza o
violación”[59].
Sin perjuicio
de lo anterior, también en aplicación de lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991, la Corte ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela para proteger el derecho a la indexación de
la primera mesada pensional dentro de las dos hipótesis generales de
procedibilidad del mecanismo de amparo constitucional: (a) como mecanismo
transitorio de protección para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
o (b) como mecanismo principal de protección en los eventos de agotamiento,
inefectividad o no disponibilidad de los mecanismos judiciales ordinarios de
defensa.
En este
sentido, la Corte explicó en la sentencia T-083 de 2004:
“la regla que
restringe la participación de la acción de tutela en la protección de los
derechos prestacionales tampoco es absoluta. Conforme con su propia filosofía, la
Corte ha venido sosteniendo que, excepcionalmente, es posible el reconocimiento
de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, no sólo cuando
se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la
existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial
preferente es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una
protección inmediata, circunstancias que deben ser valoradas por el juez
constitucional en cada caso particular. // Este último razonamiento encuentra
pleno respaldo en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la
acción de tutela, el cual, al referirse a las causales de improcedencia del
amparo constitucional, señala claramente que la existencia de otros medios de
defensa judicial tendrá que ser apreciada ‘en concreto’ por el juez, teniendo
en cuenta el grado de eficiencia y efectividad del mecanismo judicial frente a
las circunstancias en que se encuentre el solicitante al momento de invocar la
protección del derecho presuntamente conculcado. Amparada en ese mandato, la
Corte expresó en uno de sus primeros pronunciamientos, lo siguiente: ‘…el otro
medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer
necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección
inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza,
tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una
burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los
principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con
desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente’ (sentencia T-414
de 1992). // Recientemente reiteró la Corte: ‘…la jurisprudencia de esta
Corporación sostiene que la acción de tutela procede a pesar de existir otro
medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que éste es ineficaz debido
a que no resuelve el conflicto de manera integral,[60] o ii) éste no es lo
suficientemente expedito frente a la exigencia particular de una protección
inmediata…’ (Sentencia T-076 de 2003)”[61].
En esta línea, la Corte
Constitucional ha establecido algunos parámetros específicos para determinar la
procedencia excepcional de la tutela, en una y otra modalidad, para casos
relativos a la indexación de la primera mesada pensional.
Así, para efectos de determinar
la procedencia de la acción de tutela en tanto mecanismo transitorio de
protección, la Corte ha explicado que “la viabilidad del amparo en estos casos
[exige] la acreditación de un perjuicio irremediable; circunstancia a la cual
se llega previa ponderación por parte del juez de ciertos factores relacionados
con: (i) la edad para ser considerado sujeto de especial protección; (ii) la
condición física, económica o mental; (iii) el grado de afectación de los
derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iv) la existencia
previa del derecho y la acreditación por parte del interesado de la presunta
afectación; y (v) el despliegue de cierta actividad administrativa y procesal
tendiente a obtener la protección de sus derechos”[62].
Por otra parte, para efectos de
determinar la procedencia de la acción de tutela en tanto mecanismo principal
de protección, en las hipótesis de agotamiento, inefectividad o no
disponibilidad de los medios judiciales ordinarios de defensa, la Corte ha
establecido en reiterados pronunciamientos[63]
una serie de condiciones específicas adicionales cuyo cumplimiento debe
acreditar el actor correspondiente, a saber:
- Que la persona interesada haya
adquirido el status de jubilado, o lo que es igual, que se le haya reconocido
su pensión[64];
- Que haya actuado en sede
administrativa; es decir, que haya interpuesto los recursos de vía gubernativa
contra el acto que reconoció la pensión, haya presentado la solicitud de
reliquidación ante el respectivo fondo de pensiones o, en igual medida,
requerido a la respectiva entidad para que certifique su salario real y ésta se
hubiere negado[65];
- Que haya acudido a las vías
judiciales ordinarias para satisfacer sus pretensiones, se encuentre en tiempo
de hacerlo o, en su defecto, demuestre que ello es imposible por razones ajenas
a su voluntad[66];
y
- Que acredite las condiciones
materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto es, su
condición de persona de la tercera edad, que la actuación resulta violatoria de
sus derechos fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo
vital y la salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que
el hecho de someterla al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su
situación personal.[67]
3.2. Excepciones a la regla de
agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
En el marco de la hipótesis de
procedencia de la acción de tutela en tanto mecanismo principal de protección
ante el agotamiento, inefectividad o no disponibilidad de los mecanismos
judiciales ordinarios de defensa, la Corte Constitucional ha identificado una
serie de hipótesis en las cuales, en casos de reclamación del derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, no es necesario que los
peticionarios agoten tales medios ordinarios de protección, y pueden por lo
mismo recurrir directamente a la acción de tutela.
La Corte ha determinado, en
primer lugar, que la valoración de la efectividad de los mecanismos ordinarios
de defensa judicial se debe hacer caso por caso, y en atención a las
circunstancias específicas de cada situación particular.[68] Así, en la sentencia
T-362 de 2010[69],
la Corte resumió las condiciones de procedencia excepcional de la tutela en
estos casos como sigue:
“La edad de
los afectados ha sido un elemento pilar de los fallos que han concedido la
acción de tutela en estos casos, no solamente por el derecho a gozar de una
especial protección constitucional consagrado en el artículo 46 de la
Constitución Política, sino porque la combinación de la pérdida del poder
adquisitivo del ingreso con el aumento de la edad, genera inminente el
perjuicio irremediable que eventualmente puede recaer sobre estos sujetos.
Circunstancias
como la desproporción de los montos pensionales, el estado de liquidación del
accionado, la edad y estado de salud del actor y la vía de hecho
administrativa, son algunos de los factores que han sido ponderados por la
Corte Constitucional para deducir la configuración del perjuicio irremediable y
conceder el derecho en aquellos casos en los cuales las acciones judiciales
ante la justicia ordinaria no fueron agotados previamente”.
Por otra
parte, la Corte no ha considerado que sean efectivos los mecanismos de defensa
judicial ordinarios en los casos en que el precedente judicial aplicable, en
particular de la Corte Suprema de Justicia, es desfavorable al reconocimiento
de los derechos en juego y por lo mismo contrario a la jurisprudencia
constitucional. En distintos asuntos, por ejemplo, la Corte Constitucional ha estimado
que los peticionarios en casos de tutela que reclamaban el derecho a la
indexación de la primera mesada no debían agotar el recurso extraordinario de
casación, por cuanto de hacerlo se encontrarían con la aplicación de una
jurisprudencia desfavorable y restrictiva que hacía inocuo el ejercicio del
recurso.[70]
Adicionalmente,
al examinar el deber de agotar los mecanismos ordinarios en casos particulares,
la Corte también ha tenido en cuenta las condiciones específicas
socioeconómicas y de salud de los peticionarios, para determinar si constituye
una carga desproporcionada exigirles que agoten las vías de defensa judicial
ordinarias.[71]
En este sentido, ha establecido que no es necesario agotar los mecanismos
judiciales ordinarios si hay afectación del mínimo vital en el caso concreto.[72]
3.3.
Valoración del requisito de inmediatez en la interposición de la acción de
tutela para el reclamo de la indexación de la mesada pensional.
La
jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance específico al
requisito de inmediatez en la interposición de la acción de tutela en este tipo
de casos. Si bien a lo largo de sus pronunciamientos la Corte Constitucional ha
exigido, como regla general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la interposición de la acción
de tutela medie un término razonable, el contenido mismo del requisito de
inmediatez varía cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio de los derechos
fundamentales al mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de  sujetos de
especial protección constitucional. En suma, dado el carácter periódico y la
particular importancia de las mesadas pensionales para el ejercicio de los
derechos más básicos de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y sustantivos derivados de
la falta de indexación de la mesada resta relevancia al requisito de inmediatez
en la presentación de la tutela. En otras palabras, como la afectación de los
derechos fundamentales por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones se
renueva mes a mes y día a día, en forma presente, las personas afectadas en su
mínimo vital por esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya prolongado en el
tiempo la presentación de la acción.
Así, la regla general sobre
inaplicabilidad del requisito de inmediatez en casos de prestaciones periódicas
con perjuicios constantemente renovados fue formulada en la sentencia T-158 de
2006[73]
como sigue: “esta Corporación ha establecido unos casos en los que resulta
admisible la dilación en la interposición de la acción de tutela, a saber: (i)
Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual y, (ii) que la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.
En su aplicación específica a los
casos de reclamación de la indexación pensional por vía de tutela, la Corte ha
formulado esta regla, por ejemplo, en la sentencia T-789 de 2008[74], explicando
que “se ha considerado, (…) dado el carácter vitalicio de la pretensión, que no
es de recibo el argumento relacionado con la improcedencia del amparo
constitucional por dilación en la presentación de la demanda, porque el derecho
a mantener su poder acompaña a las prestaciones vitalicias, de manera que el
deber de emitir órdenes de inmediata protección jamás pierde actualidad[75]”; o en la
sentencia T-328 de 2004[76],
señalando:  “(…) no estima la Sala que quien reclama la indexación de su mesada
pensional haya agotado la posibilidad de amparo, porque dejó transcurrir tres o
más años desde que se hizo exigible la pensión, para instaurar el reclamo,
puesto que el pensionado puede haber perdido el derecho a que se le aplique con
retroactividad la medida, pero conservarlo respecto de la situación futura, en
razón de que el derecho a la prestación jubilatoria se sucede mes a mes.” De
igual forma, en la sentencia T-130 de 2009[77],
la Corte explicó:
“Sobre este
punto, vale recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-862 de 2006
consideró que en los supuestos en donde la acción de tutela se dirigía a
conseguir el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión, así como la
indexación de la primera mesada pensional, no cabía hacer ningún trato diferenciado,
ni siquiera por el transcurso del tiempo. (…) Lo anterior quiere decir que en
el caso concreto la inmediatez no es un argumento que permita declarar la
improcedencia de la presente acción. No puede alegarse inmediatez cuando el
desconocimiento de un derecho constitucional se ha prolongado en el tiempo y no
se ha protegido tal derecho. // En este orden de ideas, considera la Sala que
en el asunto sub examine el demandante interpuso oportunamente la acción de
tutela, lo anterior por cuanto en esta materia la posible vulneración del
derecho a obtener la indexación de la primera mesada pensional subsiste
mientras no se haya hecho efectivo el mencionado reconocimiento.”[78]
En forma
complementaria, en ciertos casos la Corte también ha tenido en cuenta tanto la
actividad procesal razonablemente desarrollada por los peticionarios, como los
cambios ocurridos en la jurisprudencia constitucional en materia de indexación
de la mesada pensional, para efectos de valorar si en casos concretos se
cumplió o no con el requisito de inmediatez en la interposición de acciones de
tutela para reclamar la actualización del salario de base para su cálculo.[79]
3.4.
Alcance de la protección del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional por vía de la acción de tutela en la jurisprudencia constitucional.
La Corte Constitucional, en los
fallos de tutela en los que se ha pronunciado sobre el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional, ha dado un alcance específico a la acción de
tutela en tanto herramienta judicial de protección. Para comprender este
alcance, específicamente para el caso concreto, es relevante detenerse brevemente
en la explicación de tres características de la línea decisoria seguida por
esta Corporación al respecto: (i) la procedencia de la acción de tutela, y de
las órdenes de tutela, contra las entidades obligadas al pago de la pensión;
(ii) el hecho de que en algunos casos la Corte ha ordenado que se efectúe no
sólo la indexación de la primera mesada pensional para efectos de los pagos
presentes y futuros, sino también que se paguen retroactivamente las mesadas
adeudadas que no hayan prescrito; y (iii) el establecimiento, por parte de la
Corte Constitucional, de la fórmula de cálculo de la indexación pensional que
mejor se aviene a los mandatos de la Carta, y la caracterización por la Corte
Constitucional de las fórmulas aplicadas en ciertos casos por la Corte Suprema
de Justicia como insuficientes a la luz de la Constitución.
3.4.1. La procedencia de la
acción de tutela, y de las órdenes de tutela, contra las entidades obligadas al
pago de la pensión. En múltiples oportunidades, la Corte Constitucional ha
dirigido las órdenes de indexación de la primera mesada pensional a las
entidades que están legalmente obligadas al pago de la pensión en cada caso
particular.[80]
En efecto, en la sentencia T-457 de 2009[81]
la Corte especificó que “aunque de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, por regla general, las acciones de tutela se deben dirigir contra
las providencias dictadas en procesos ordinarios, la Corte también ha aceptado
la procedencia de esa acción cuando se dirige contra la entidad encargada del
pago de la pensión[82].
Así, dado el carácter vinculante del precedente constitucional en esta materia,
esta Corporación ha afirmado que dichas entidades también están obligadas a
efectuar la indexación de la primera mesada pensional.”  Ello ha sido así
incluso cuando la acción de tutela se ha dirigido en principio no contra estas
entidades, sino contra decisiones judiciales que no amparan a los peticionarios[83]; también
cuando se ha interpuesto acción de tutela directamente en contra de estas
entidades sin haberse agotado los medios judiciales ordinarios de defensa, en
las hipótesis en que la tutela es procedente bajo este criterio.[84]
3.4.2. Ordenes de tutela de
pago retroactivo de mesadas pensionales indexadas no prescritas. En algunos
fallos, la Corte ha ordenado a la entidad a cargo del pago de la pensión que
efectúe el pago retroactivo de las mesadas adeudadas al actor y no prescritas,
pero ello únicamente ha sido así en los casos en que el actor agotó los
mecanismos judiciales ordinarios. La Corte recientemente advirtió que estas
órdenes sólo son procedentes en los casos en que se ha realizado tal
agotamiento de los medios ordinarios de defensa.[85]
3.4.3. Fórmula
de indexación pensional establecida en la jurisprudencia constitucional. A
partir de la sentencia T-098 de 2005[86],
la Corte Constitucional dispuso cuál es la fórmula de cálculo de la indexación
pensional que mejor se aviene a los mandatos de la Carta, y ha ordenado en
casos particulares que sea ésta la fórmula a aplicar para determinar los montos
correspondientes[87].
De la misma manera, la Corte ha declarado que las fórmulas utilizadas por la
Corte Suprema de Justicia en casos concretos son inconstitucionales, y ordena
aplicar la fórmula establecida en la sentencia T-098/05.[88]
4. Los casos concretos
Sobre la base
de la anterior reiteración de jurisprudencia, la Corte procederá a estudiar los
casos concretos de los señores Ramón Humberto Delgado Chaves y José Alberto
Mazuera Rodríguez, y constatará que los peticionarios cumplen los requisitos
para otorgar el amparo constitucional de su derecho a la indexación de la
primera mesada pensional.
4.1. T-3114703. (Peticionario Ramón Humberto Delgado
Chaves).
4.1. Análisis formal de procedencia del amparo, o
procedibilidad.
4.1.1. De la relevancia constitucional.
La discusión iniciada en el trámite de la referencia,
sobre el desconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional tiene relevancia constitucional, en tanto involucra la plena
efectividad de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital, directamente relacionados con el trabajo y la solidaridad, principios
fundantes del Estado Colombiano, en tanto Social de Derecho. De otra parte, el
derecho cuya protección se invoca, constituye un valioso instrumento para
incrementar la equidad social y lograr la eficacia del principio de igualdad
material y de la protección especial que la Carta Política depara para personas
en condición de debilidad manifiesta.
El requisito, entonces, se cumple en esta oportunidad.
4.1.2. Del agotamiento de recursos.
En esta oportunidad, el actor agotó los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios disponibles para solicitar la
indexación de su primera mesada pensional. En ese sentido, de acuerdo con los
antecedentes del caso, el peticionario inició un proceso ordinario laboral,
dentro del cual ejerció, en primer término, el recurso de apelación y,
posteriormente, el recurso extraordinario de casación, sin haber obtenido el
reconocimiento a la indexación de su primera mesada pensional.
Por lo tanto, la condición se halla acreditada.
4.1.3. De la inmediatez.
Como se puede observar a partir del recuento
jurisprudencial efectuado por la Sala en esta oportunidad, han sido diversos
los criterios que han desarrollado las distintas salas al momento de aplicar el
principio de inmediatez en casos de indexación de la primera mesada pensional.
En concepto de esta Sala, esa pluralidad de criterios no
debe interpretarse como la existencia de divergencias irreconciliables entre
las distintas salas de la Corporación, sino como la naturaleza o carácter de
principio del requisito de inmediatez; los aspectos que pueden considerarse
como hechos genéricos o comunes en los casos de indexación de la primera
mesada pensional, y aquellos elementos fácticos particulares de los distintos
asuntos resueltos por la Corte.
Así, (i) en relación con la naturaleza de la inmediatez,
es importante recordar que esta no equivale a un término de caducidad,
posibilidad incompatible con la Constitución Política, pues el artículo 86
prevé la protección de los derechos fundamentales en cualquier tiempo, tal
como lo recordó esta Corporación al declarar la inexequibilidad de la norma que
estableció la caducidad de la tutela contra providencias judiciales, en
sentencia C-543 de 1992.[89]
La inmediatez no constituye entonces una regla que pueda
aplicarse de manera absoluta (de forma “todo o nada”) en cada caso. Se trata en
cambio de un principio que debe ser satisfecho en la mayor medida posible
dentro de las carcterísticas fácticas y jurídicas de cada caso, y aplicado con
base en criterios de razonabilidad.
En otros términos, el principio de inmediatez ordena al
juez determinar si el plazo de interposición de la acción, contado desde la
acción u omisión que se considera incompatible con la vigencia de los derechos
fundamentales, resulta razonable.
Ese análisis de razonabilidad puede concebirse en dos
etapas. En la primera de ellas, el juez verifica si ese lapso es razonable prima
facie; es decir, si tomando en cuenta el objeto de la discusión, la
actuación del afectado fue ágil, oportuna y diligente. En caso de que, desde el
análisis inicial resulte claro que el accionante actuó de manera oportuna, el
juez dará por cumplido el requisito. Si el operador advierte, por el contrario,
que el peticionario tardó un tiempo amplio para acudir a la acción de tutela, deberá
dar paso a un segundo nivel de análisis, en el que se consideren todos los
aspectos relevantes.
Ese tipo de estudio es, necesariamente casuístico, pues
son las circunstancias del caso concreto las que determinan cuándo la tardanza
en acudir al juez de tutela resulta razonable y cuando, por el contrario,
afecta gravemente otros principios en juego, como la seguridad jurídica o los
intereses de terceros eventualmente afectados por la intervención del juez
constitucional.[90]
Sin embargo, (ii) como es característico en el derecho
jurisprudencial, la acumulación de casos previamente analizados permite
configurar patrones fácticos o escenarios jurídicos plenamente diferenciados en
virtud a hechos de carácter genérico. Es decir, hechos que se presentan en
todos los casos que se consideran ubicados dentro de tales escenarios.
En ese sentido, en los casos en que se solicita la
indexación de la primera mesada pensional, esta Corporación ha señalado, como
elementos genéricos o comunes a todos los casos, que deben ser tomados en
cuenta al momento de evaluar el cumplimiento del requisito de inmediatez, los
siguientes:
(i) La pérdida de poder adquisitivo de la moneda es un
fenómeno económico que, en contextos inflacionarios como el colombiano, se
produce inexorablemente con el paso del tiempo y (ii) el cálculo de la mesada
pensional inicial tomando como base el último salario y sin actualizar el valor
del dinero -característica definitoria de este tipo de casos-, se proyecta mes
a mes, en el pago de cada una de las mesadas del actor. Ambos aspectos, (iii)
hacen que la violación a intereses iusfundamentales sea constante; que
la persona se mantenga en una situación profundamente inequitativa, pues el
dinero que entregó al sistema de seguridad social por medio de aportes o
cotizaciones, de forma solidaria, no se refleja proporcionalmente en el monto
pensional que recibe. Además, (iv) la situación descrita afecta, por regla
general, a personas que pertenecen a grupos particularmente vulnerables, dado
que la pensión se destina a cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte,
en el sistema de seguridad social colombiano. Finalmente, (v) según se
expresó en sentencia C-862 de 2006, en materia de indexación de la primera
mesada pensional no caben diferenciaciones derivadas del momento en que se
reconoce la prestación.
El conjunto de esos elementos propios de los casos de
indexación de la primera mesada pensional (y, por lo tanto, genéricos) han
llevado a que diversas salas de revisión inapliquen el requisito de inmediatez
en este tipo de procesos. De otra parte, en el escenario de la tutela contra
providencia judicial, la inmediatez se analiza con mayor rigurosidad por parte
de la Corte Constitucional, en la medida en que la revisión de fallos
ejecutoriados tiempo atrás puede afectar también el principio de cosa juzgada y
la autonomía e independencia judicial.
En este escenario, aparte de los elementos ya mencionados,
es preciso tomar en cuenta la diligencia demostrada por el actor en la
protección de sus derechos, así como las cargas que eventualmente enfrenta para
acceder a la administración de justicia y, principalmente, cuando la petición
se sustenta en fallos proferidos por esta Corporación, la fecha en que fueron
conocidos publicados para conocimiento de la ciudadanía.
Finalmente, (iii) los jueces deben tomar en cuenta las
características del caso concreto, entre las que cabe destacar (iii.1) el monto
de la mesada pensional que recibe el peticionario para determinar si puede
presumirse a su favor una situación de vulnerabilidad económica; (iii.2) la
edad de los actores, para determinar si enfrentan condiciones de vulnerabilidad
social, o (iii.3) su condición médica, para analizar si deben soportar una
condición de debilidad manifiesta por razones físicas, fisiológicas o mentales;
y  (iii.4) las razones que aduce el afectado para justificar la tardanza en la
interposición de la acción de tutela.
De todo lo expuesto, se deduce que, sin que sea posible
plantear reglas absolutas de procedencia en materia de inmediatez, en virtud de
su carácter de principio y de la diversidad de situaciones fácticas que rodean
la situación particular de cada peticionario, la Corte ha llegado a inaplicar
abiertamente el requisito de inmediatez cuando la acción de tutela se dirige
contra entidades encargadas del reconocimiento y pago de pensiones, y ha
mantener un estándar de análisis flexible cuando la acción se encamina a
discutir fallos judiciales.
En esta oportunidad, observa la Corte que la acción de
tutela de la referencia se dirige contra un fallo aprobado por la Corte Suprema
de Justicia el 15 de septiembre de 2004, esto es, más de seis años antes de que
se presentara la acción de tutela en febrero de 2011. Por lo tanto, en un
análisis prima facie, la Sala concluye que no se trata de una acción
interpuesta de manera inmediata, razón por la cual es preciso analizar
todos los aspectos relevantes del caso para analizar si se cumple con el
requisito de acudir a la jurisdicción constitucional en un plazo razonable.
Por tratarse de un caso de indexación de la primera mesada
pensional, debe señalarse que la violación iusfundamental que se plantea
se extiende indefinidamente en el tiempo y es, por lo tanto, de carácter
permanente. Además, supone una desproporción entre el dinero que el accionante
percibía durante su vida laboral y el que devenga en condición de pensionado,
en contra de los mandatos del principio de equidad. Además, el actor ha
demostrado diligencia en la defensa de sus derechos, lo que se desprende del
agotamiento de un proceso ordinario laboral para obtener la prestación (en el
cual se agotaron el recurso ordinario de apelación y el extraordinario de
casación), y de la acción de tutela que ha emprendido para obtener su mesada
pensional. Además de ello, el peticionario es una persona de 73 años de edad,
por lo que ha alcanzado la expectativa de vida promedio de la población
colombiana.
Por tratarse de una tutela contra providencia judicial,
ello implica la aplicación de un análisis flexible de inmediatez. En ese marco,
la Sala observa (i) que el actor percibe una mesada pensional de un salario mínimo
mensual vigente, lo que permite presumir la afectación a su derecho fundamental
al mínimo vital; y (ii) alega que, si bien la tutela no se presentó de forma
inmediata, es decir, tan pronto cobraron firmeza las decisiones de la
jurisdicción laboral, en el sentido de negarle el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, ello obedeció a que reside en Miami (Estados Unidos),
lo que le dificulta el acceso a la administración de justicia en Colombia y
que, debido a su avanzada edad, no domina los medios tecnológicos de
información, lo que le impide estar actualizado sobre las decisiones adoptadas
por la Corte Constitucional en la materia.
La Sala considera que, en el marco de un análisis
flexible, tomando en cuenta los aspectos previamente mencionados, el argumento
presentado por el actor puede tomarse como una razón que explica de forma
suficiente el motivo de la tardanza en la interposición de la acción de tutela.
En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional goza de adecuada
divulgación en el ámbito interno, y todos aquellos habituados a los medios de
información electrónicos pueden también con notable facilidad acceder a las
decisiones que esta Corporación adopta en el ejercicio de sus funciones, debido
al eficaz trabajo de su Relatoría.
Sin embargo, la edad del peticionario y el hecho de que
actualmente se encuentra viviendo por fuera del país, son factores que pueden
explicar que en su caso el acceso a esa información no sea tan fácil para él
como para el resto de la población. En efecto, si bien la Internet es
actualmente considerada como una herramienta universal, no resulta descabellado
sostener que -como lo señala el actor-, algunas personas pertenecientes al
grupo de los adultos mayores no se encuentran por completo acostumbradas a esta
forma de divulgación de las decisiones judiciales. Y, mientras en Colombia los
medios tradicionales de prensa cumplen una función adicional en la divulgación
de las sentencias constitucionales, en otro país, no resulta probable que se dé
similar divulgación o difusión de las sentencias que este Tribunal profiere y,
por lo tanto, que las personas que en éste residen accedan rápidamente a las
mismas.
En
consecuencia, la Sala da por satisfecho el requisito.
4.1.4.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa en la presunta violación de los derechos fundamentales.
En el asunto
objeto de estudio no se plantea una eventual irregularidad procesal, sino el
desconocimiento directo de la Constitución Política, el precedente
jurisprudencial y las normas sustantivas de las que se desprende el derecho a
la indexación de la primera mesada pensional (o del salario base para
calcularla). Por lo tanto, el requisito no resulta aplicable.
4.1.5. Que
los hechos que se consideran violatorios de un derecho fundamental hayan sido
discutidos dentro del proceso ordinario.
El actor
considera que la violación de sus derechos se desprende de la negativa del
Banco Cafetero, de indexar su primera mesada pensional. Ese fue el objeto
central del proceso laboral que inició, y cuyas decisiones de fondo
controvierte por vía de tutela, de manera que el requisito está acreditado.
4.1.6. Que
la acción no se dirija contra una sentencia de tutela.
El actor
plantea su inconformidad constitucional en relación con fallos proferidos por
la jurisdicción ordinaria (especialidad laboral). No se trata de sentencias de
tutela, razón por la cual el requisito no es aplicable.
4.2.
Análisis de fondo o de procedencia material.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional sentada en
sentencia SU-120 de 2003, los jueces de la República que negaron el derecho a
la indexación de la primera mesada pensional, basándose en la sentencia 11818
de 18 de agosto de 1999 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral)
incurrieron en violación directa de la Constitución, por no aplicar los
artículos 13, 48 y 53 de la Carta Política.
En segundo término, de acuerdo con las subreglas para
determinar la procedencia de la indexación por vía de tutela, es preciso que se
encuentre acreditado (i) que la persona que solicita la prestación sea
pensionada; (ii) que al momento de liquidarse su primera mesada pensional, no
se haya actualizado el último salario devengado por el actor, con base en la
pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ocurrida desde su desvinculación
hasta el momento del reconocimiento efectivo de la pensión. Todo ello, (iii)
siempre que la acción sea formalmente procedente (aspecto ya analizado), y (iv)
con independencia de si la prestación es de origen legal o convencional; o si
la pensión fue reconocida antes de la entrada en vigencia de la Constitución de
1991, o después de ello.
En ese marco, la Sala concluye que el peticionario es
titular del derecho a la indexación de la primera mesada salarial, pues fue
pensionado por el Banco Cafetero y, al verificar la resolución de
reconocimiento pensional se puede constatar que su mesada pensional inicial se
calculó con base en el último salario percibido, a pesar de que la prestación
fue reconocida varios años después.
La lesión a su derecho a la indexación de la primera
mesada pensional resulta evidente pues, en términos sencillos, el monto que el
accionante recibe mes a mes por concepto de pensión, no es proporcional al
monto sobre el cual efectuó sus aportes y cotizaciones; y fue calculado sin
tomar en cuenta el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario y, por
extensión, de la mesada pensional.
En consecuencia, el señor Delgado Chaves ha sufrido una
violación a su derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de su
mesada pensional, y específicamente a la indexación del salario base para
calcular la mesada inicial.
Por lo tanto,
(i) los jueces del proceso laboral iniciado por el actor para obtener el
reconocimiento de la primera mesada pensional incurrieron en defecto sustantivo
y violación directa de la Constitución Política, por no aplicar los mandatos
contenidos en los artículos 13, 48 y 53 de la Carta, en relación con las
pretensiones del actor; y (ii) desconocimiento del precedente contenido en el
fallo de Sala Plena SU-120 de 2003. A su turno, el Banco Agrario incurrió en
violación a los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, el
mínimo vital y el derecho a la actualización del salario y, por extensión, de
la mesada pensional del actor.
Como el
peticionario ya agotó un proceso laboral y es una persona que ha alcanzado la
expectativa promedio de vida de la población colombiana, la Sala ordenará
directamente el reconocimiento de su derecho al Banco demandado.
4.2. Expediente T-3116635
En este caso, la Sala efectuará un análisis sucinto sobre
el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, debido a que muchas de las
consideraciones vertidas en el acápite anterior son también predicables sobre
la pretensión de amparo del señor Mazuera Rodríguez. El análisis de fondo, en
cambio, adoptará un rumbo distinto, debido a que –a diferencia de lo ocurrido
en el caso anterior- el actor inició dos procesos laborales, previa interposición
de la acción de tutela, aspecto central para resolver el problema jurídico
planteado por el actor.
4.2.1. Cumplimiento de los requisitos de procedibilidad
o procedencia formal del amparo.
En relación con el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad,
la Sala estima que no hace falta realizar, como en el caso anterior, un
análisis de cada uno de ellos, dada la similitud entre los casos objeto de
estudio. Así, en relación con los requisitos de (i) relevancia constitucional,
(ii) agotamiento de recursos, y (iii) cumplimiento del requisito
de haber discutido la eventual violación de derechos fundametnales en el
trámite ordinario, son predicables las mismas consideraciones vertidas
sobre el expediente previamente analizado. Los requisitos de (iv) que, en caso
de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia en la presunta
violación de intereses iusfundamentales; y (v) que la tutela no se interponga
contra una sentencia de tutela, resulta claro que en esta oportunidad no son
aplicables al asunto objeto de estudio, debido a la naturaleza sustantiva del
presunto desconocimiento de los derechos que se presenta en la demanda.
Finalmente, (vi) en lo que toca al prinicpio de
inmediatez, la Sala constata que en esta oportunidad, la acción interpuesta
aproximadamente 11 meses después de proferido el fallo que se controvierte, por
parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Si bien
ese término puede resultar irrazonable en determinados procesos judiciales, en
el marco del análisis flexible de inmediatez propio de la indexación de la
primera mesada pensional, y tomando en cuenta que el actor reside por fuera del
país, y su mesada es de aproximadamente un salario mínimo mensual vigente, la
Sala da por acreditado el requisito.
En consecuencia, la Sala analizará el fondo del asunto.
4.2.2. Análisis sobre el fondo, o la procedencia
material de la acción.
Como se explicó previamente, en este proceso, a diferencia
del abordado previamente, el actor acudió en dos oportunidades a la justicia
ordinaria laboral; una, con el propósito de obtener la indexación de su primera
mesada pensional; y la segunda, para requerir la aplicación de la
jurisprudencia vertida por la Sala Plena en sentencias SU-120 de 2003 y C-862
de 2006, en las que se destacó la pluralidad de fundamentos constitucionales
del derecho a la indexación pensional, así como la universalidad del derecho.
En el primer proceso laboral en el que intentó obtener la
indexación de la primera mesada pensional, su pretensión fue negada. Esas
decisiones se basaron en la sentencia 11818 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. En el segundo proceso laboral, el actor fundó su
solicitud de indexación de la primera mesada en las sentencias de la Sala Plena
de la Corte Constitucional que definieron la indexación de la primera mesada
como un derecho con diversos fundamentos normativos, y derivados de la equidad,
debido a la pérdida constante del valor adquisitivo del dinero. La solicitud
del actor, en estos eventos no se dirigía entonces a satisfacer un derecho de
carácter estrictamente laboral, sino que planteaba la vigencia de diversos
derechos fundamentales, mediante la aplicación directa de la Constitución
Política.
En los fundamentos normativos de la providencia, la Sala
reiteró in extenso, la línea jurisprudencial sobre el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional. En este aparte, y como marco para la solución
del caso concreto, se efectuará una mención específica de los casos que guardan
semejanzas más notorias con el asunto objeto de decisión, desde las
perspectivas fáctica, material y procedimental.
El propósito de efectuar esta reseña expresa obedece a la
importancia de mantener al máximo la consistencia en las decisiones de la
Corte, mediante la identificación y aplicación de las subreglas jurisprudenciales
desarrolladas en casos análogos ya decididos (precedentes). En esa dirección, la
Corte Constitucional ha sostenido que el respeto por el precedente es un
mandato derivado del principio de igualdad en la esfera de la interpretación y
aplicación de la ley, y contribuye a la eficacia de diversos principios
constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima, la buena fe
y la unidad del sistema, pues la disciplina en la aplicación del precedente
permite dotar de cierta previsibilidad las actuaciones de los jueces y avanzar
en la unificación de la interpretación de las normas jurídicas, aspecto que se
hace más relevante en la jurisdicción constitucional, dada la característica
indeterminación de las cláusulas que consagran los derechos fundamentales[91].
La Sala observa que la Corte Constitucional se ha
pronunciado sobre problemas jurídicos similares en diversas oportunidades; y,
en casos prácticamente idénticos al presente, en las sentencias T-014 de 2008,
T-125 de 2009 y T-366 de 2009[92].
Se trata de casos relevantes para resolver el asunto objeto de la referencia
porque la similitud entre los hechos analizados en tales oportunidades y los
que en esta ocasión ocupan a la Sala guardan identidad en todos los aspectos
relevantes, como a continuación se explica:
(i) Mediante las providencias T-014 de 2008, T-130 de 2009
y T-366 de 2009, distintas salas de revisión estudiaron casos de peticionarios
que involucraban a la misma entidad administrativa accionada, pues laboraron
para la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y sus acciones se
dirigieron contra el FPS de Ferrocarriles de Colombia.
(ii) Los procesos guardan similitudes fácticas evidentes,
pues los actores o beneficiarios disfrutaban de una pensión convencional
reconocida por la Caja Agraria, sin haberse efectuado la indexación de la
primera mesada pensional (o del salario base de liquidación) al momento de
determinar el monto de la mesada inicial.
(iii) También los aspectos procedimentales son
semejantes, pues los afectados acudieron en dos oportunidades ante la justicia
ordinaria laboral para obtener el derecho, sin éxito para, posteriormente,
interponer la acción de tutela. En cada uno de los casos, el resultado del
primer proceso laboral fue desfavorable a las pretensiones de los actores, y
todas las sentencias se basaron en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, vertida en el fallo 11818 (CSJ-SCL). Y en el segundo proceso laboral
iniciado en cada caso, se declaró probada la excepción de cosa juzgada.
En los tres casos, (iv) los actores se abstuvieron de
agotar el recurso extraordinario de casación contra las primeras sentencias,
pero lo intentaron en la segunda oportunidad que acudieron a la justicia
ordinaria. Alegaron que el recurso de casación, entre los años 1997 y 2007, no
resultaba idóneo porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
negaba sistemáticamente el derecho e imponía condenas en costas que no podían
cancelar, en tanto su mesada pensional era de aproximadamente un salario mínimo
mensual.
La Corte Constitucional (v) concedió el amparo en las tres
oportunidades. En concepto de las diversas salas de revisión que asumieron el
conocimiento de esos casos, (v.1) resultaba claro que el recurso de casación no
era, entre los años 1997 y 2007, eficaz para proteger el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional debido a que la posición dominante de
la Corte Suprema de Justicia era plenamente identificable y se hallaba
contenida en la sentencia de radicado 98118 de 1999; (v.2) los jueces del
primer trámite laboral incurrieron en defecto sustantivo y violación directa de
la Constitución Política, debido a que la indexación de la primera mesada sí
tenía sustento constitucional en los artículos 48 y 53 de la Carta Política; e
incluso, antes de su entrada en vigencia, en virtud del principio de equidad;
(v.3) los jueces que declararon la excepción de cosa juzgada incurrieron en
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, pues las sentencias SU-120
de 2003, C-862 de 2006 y C-891A de 2006 debieron ser interpretadas como un hecho
procesal nuevo, relevante para determinar la existencia o no de cosa
juzgada constitucional; (v.5) la indexación es una prestación de carácter
periódico y el derecho a la pensión es imprescriptible. Por lo tanto,
independientemente de que las decisiones judiciales previas hayan afectado la
percepción de un número determinado de mesadas, la indexación debe efectuarse
por la incidencia que tiene en las no prescritas.
En el caso del señor José Alberto Mazuera Rodríguez, la
Sala observa que –como ocurrió en los precedentes a los que se hizo referencia-
al actor le fue negada la indexación de la primera mesada pensional por parte
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en relación
con la pensión reconocida por la Caja de Crédito Agrario, Minero e Industrial,
lo que llevó al accionante a intentar obtener la prestación mediante un proceso
laboral ordinario, actuación en la que su derecho fue negado, con base en una
sentencia de la Corte Suprema de Justicia que negaba la existencia de ese
derecho (Radicado 11818 de 1999).
En un segundo proceso laboral, el juez laboral de primera
instancia decidió reconocer el derecho a la indexación de la primera mesada,
mientras que el ad quem, y la Corte Suprema de Jsuticia, en sede de casación,
consideraron probada la excepción de cosa juzgada.
Esta Sala no
comparte el análisis efectuado por los jueces de segunda instancia y casación
en esta oportunidad pues, según lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional reiterada en esta oportunidad, las sentencias SU-120 de 2003 y
C-862 de 2006 deben ser consideradas, en el marco de los procesos de Indexación
de la primera mesada pensional como hechos procedimentales nuevos, que
modifican la causa pretendi, en tanto involucran una solicitud de
aplicación directa de la Constitución Política, con base en los argumentos
jurídicos o en la ratio decidendid de las sentencias SU-120 de 2003
y C-862 de 2006, de la Sala Plena de este Tribunal.
Así, de
acuerdo con el concepto de causa pretendí que ha sido desarrollado por
la jurisprudencia constitucional[93],
los jueces deben analizar el conjunto de hechos y argumentos jurídicos relacionados
con las pretensiones elevadas por el demandante, a efectos de determinar si, en
efecto, concurre la “triple identidad” que caracteriza la cosa juzgada.
Y, desde ese punto de vista, la causa petendi del segundo proceso
laboral iniciado por el peticionario difería de la del proceso inicial,
básicamente porque involucraba una pretensión de aplicar directamente la
Constitución Política, que no se hallaba presente en el primer trámite y que,
además, tenía un pleno sustento en la jurisprudencia de la Sala Plena de esta
Corporación.
Es
interesante destacar que, según la ratio decidendi de las sentencias
SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, el derecho a la indexación pensional no nace
como derecho innominado con esos fallos; éste existía incluso antes de la
Constitución Política de 1991, con fundamento en la equidad, y al entrar en
vigencia la nueva Carta encontró nuevos pilares en los mandatos contenidos en
los artículos 13, 48 y 53, que hacen referencia al derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario (y, analógicamente, de la mesada pensional).
La situación
particular de este trámite (que comparten las sentencias invocadas a manera de
precedentes) es que para la época en que se dictaron los fallos del proceso
laboral inicial, existía una decisión jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia por la cual cambió explícitamente su jurisprudencia sobre Indexación
de la primera mesada pensional y sentó la posición según la cual no existía un
fundamento normativo para acceder a la indexación, por fuera de las
prestaciones reconocidas dentro del marco de la Ley 100 de 1993. La sentencia
SU-120 de 2003, precisamente recogió dos procesos en los que se aplicó esa
tesis por parte de la Corte Suprema de Justicia con el fin de sentar la
interpretación conforme a la Constitución Política en la materia y consideró
que la tesis no sólo era errónea, -como lo demostraban sentencias previas de la
propia Sala Laboral de la Corte Suprema-, sino que resultaba incompatible con
los principios de Estado Social de Derecho y favorabilidad en materia laboral.
Si bien ese
fallo no tuvo efectos erga omnes, sí planteó la doctrina unificada del
intérprete autorizado de la Constitución sobre la existencia del derecho a la
indexación para cualquier tipo de pensión, debido a que la proporción entre el
salario y la mesada es una consecuencia directa de la equidad, que incide
además en el respeto de los derechos fundamentales, en tanto opera para impedir
que variables económicas (hechos) terminen lesionando los derechos que dan
sentido a un estado de carácter social y constitucional como el colombiano.
La sentencia
C-862 de 2006 despejó cualquier duda sobre el ámbito de aplicación de la
Indexación de la primera mesada pensional al señalar que es universal, no sólo
en el sentido lógico de la titularidad del derecho, sino en el sentido
temporal, de manera que no puede negarse por el simple transcurso del tiempo; y
material, en tanto procede con independencia del origen de la prestación. Es
decir que en todo tipo de prestaciones pensionales debe asegurarse que los
salarios (y en estos casos, las mesadas) mantengan su poder adquisitivo.
Debe
aclararse que la posición sentada por la Corte Constitucional y reiterada en
esta oportunidad no ordena a los jueces tener como un hecho nuevo cualquier
pronunciamiento judicial o cambio de posición por parte de las altas cortes, lo
que implicaría que las controversias sometidas a consideración de los jueces
naturales nunca tendrían una respuesta definitiva por parte de la
administración de justicia, perdiendo ésta su capacidad para conjurar
pacíficamente las tensiones sociales. Plantea en cambio una subregla específica
de acuerdo con la cual, en este tipo de trámites, el carácter periódico de la
prestación, la naturaleza imprescriptible de la pensión, el cambio de
jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el tema, y sus efectos adversos sobre
el principio de igualdad en una materia en la que siempre existió el derecho
pero fue negado por un lapso de tiempo mediante una posición ya recogida por su
propio intérprete y juzgada incompatible con la Carta por este Tribunal, hacen
necesario que el intérprete asuma que las providencias de la Sala Plena
ampliamente citadas (SU-120 de 2003 y C-862 de 2006) constituyen hechos nuevos
que modifican la causa pretendi de un proceso laboral en el que se discutió el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, antes de que fueran
proferidas tales decisiones, por parte del Pleno de esta Corporación  y, por lo
tanto, permite a los afectados acudir nuevamente a la jurisdicción.
En ese marco,
debe señalarse que la Sala no considera acertada la posición propuesta en la
demanda, según la cual mientras un conflicto no se resuelva favorablemente al
actor no hay cosa juzgada constitucional. Las respuestas de fondo o de “mérito”
bien pueden no favorecer a una de las partes (sucederá así cuando las partes
presentan al juez posiciones incompatibles sobre lo que dicta el derecho), sin
que la parte vencida tenga el derecho de iniciar un nuevo trámite, aún
tratándose de conflictos asociados a prestaciones periódicas.
Tampoco es
cierto que cualquier cambio jurisprudencial permita el reinicio de esas
controversias. La Sala no considera prudente entrar a una presentación de casos
hipotéticos para determinar cuándo esos cambios constituyen hechos nuevos. Pero
sí debe resaltar que en el caso de la Indexación de la primera mesada
pensional, las sentencias de Sala Plena de la Corte Constitucional recién
citadas se dictaron con el explícito propósito de recoger una tesis restrictiva
y ajena a la Constitución Política que venía lesionando el derecho a la
igualdad entre pensionados, personas por regla general vulnerables y, por lo
tanto, sujetos de especial protección constitucional. Y que, por todos los
motivos expuestos, diversas salas de revisión, en los precedentes mencionados
en este aparte, consideraron que los casos objeto de estudio sí incluían para
los jueces hechos procedimentales nuevos que modificaban materialmente
la causa pretendi de cada  reclamación.
En ese
sentido, se reitera, en el escenario concreto de la Indexación de la primera
mesada pensional esas sentencias dotaban a la pretensión del actor de una
naturaleza constitucional que los jueces laborales del proceso posterior no
evidenciaron: lo que estaba en juego no sólo era la indexación, sino también la
aplicación de la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación. Esa
petición demandaba de los jueces laborales una de las tareas más importantes
que les compete ejercer dentro de un Estado Constitucional de Derecho:
garantizar la fuerza normativa de la Carta Política mediante la aplicación
directa de las normas superiores en ella contenidas, según su texto había sido
clarificado por su intérprete autorizada.
En mérito de
lo expuesto, y por tratarse de una reclamación asociada la Indexación de la
primera mesada pensional, las autoridades accionadas, al declarar la excepción
de cosa juzgada incurrieron en defecto de desconocimiento del precedente
constitucional. A partir de ello se produjo, así mismo, la violación a los
derechos fundamentales del actor a la seguridad social en pensiones, el mínimo
vital, la igualdad y el debido proceso.
Por esa
razón, las decisiones adoptadas en el trámite de la referencia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia serán privadas de sus efectos. Por el contrario, se
mantendrá la firmeza del fallo dictado en primera instancia por el Juzgado
Segundo (2º) Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá el treinta y uno
(31) de julio de dos mil ocho (2008), y la sentencia de corrección aritmética
dictada por el mismo despacho el veintidós (22) de agosto de dos mil ocho
(2008).
4.3. Alcance del amparo en
relación con la prescripción de mesadas.
De acuerdo con la doctrina
constitucional de tutela contra providencias judiciales, el juez de tutela, en
este escenario, realiza un papel de verificación sobre la conformidad del fallo
acusado con la Constitución Política y, específicamente, con la efectividad de
los derechos fundamentales, y no un estudio de corrección legal de la decisión
controvertida, de manera que no le corresponde abordar el caso concreto desde
una perspectiva puramente legal, ni permitir que se reabra la controversia
fáctica e interpretativa propia de los procesos ordinarios y especiales
diseñados por el Legislador.
Por ello, al momento de decidir,
el juez constitucional debe establecer si la sentencia impugnada vulnera un
derecho fundamental por haber incurrido en alguno de los defectos o causales
genéricas de procedencia de la acción identificadas por la Corte
Constitucional. De ser así, deberá remitir el expediente al juez natural del
proceso para que éste rehaga la actuación desde el momento en que se configuró
la violación de un derecho fundamental, respetando en esa nueva oportunidad los
derechos fundamentales de los accionados.
Sin embargo, tanto en la tutela
contra providencia judicial como en cualquier otro asunto constitucional, el
compromiso esencial del juez de tutela en un Estado Constitucional de Derecho,
cuya organización, estructura y funciones se dirigen a la creación, diseño e
implementación de garantías para la vigencia de los derechos fundamentales y
los demás principios constitucionales, es el de lograr el más amplio rango de
protección al goce efectivo de los derechos. Por ello, una de las
características de la jurisdicción constitucional consiste en que las órdenes
de amparo no siguen un esquema único sino que deben atender todos los aspectos
de relevancia constitucional de un caso.
En consecuencia, cuando las
circunstancias especiales del asunto en concreto revelan que las órdenes del
juez de tutela pueden devenir inocuos, bien sea por la renuencia previamente
declarada de los jueces accionados para acoger la jurisprudencia
constitucional; bien por las circunstancias de debilidad o vulnerabilidad que
enfrente el peticionario, la Corte ha considerado procedente adoptar las
determinaciones necesarias para proteger el derecho amenazado o vulnerado, sin
remitir el expediente a las autoridades judiciales accionadas.
En los casos de indexación de la
primera mesada pensional, el objeto constitucional de la discusión es la
eventual violación al mínimo vital, la seguridad social en pensiones y la
igualdad de los peticionarios, cuando el derecho les ha sido negado. Si esa
negativa se produce en una sentencia judicial, diversos escenarios pueden
presentarse para el juez constitucional, con incidencia en la determinación del
alcance de las órdenes.
Así, desde una primera
perspectiva, siguiendo los criterios generales de procedencia de la tutela
contra providencia judicial, la Corte ha dejado sin efecto los fallos que
negaron el derecho y remitido el expediente a los órganos judiciales
competentes para adoptar un nuevo fallo, respetuoso de los derechos
fundamentales y la jurisprudencia constitucional que precisa su alcance.
De otra parte, tomando en
consideración los principios de eficacia y celeridad de la acción de tutela; la
manifestación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentido diferente a lo expresado en la sentencia de unificación SU-120 de
2003[94],
y la situación de vulnerabilidad que, por regla general enfrentan las personas
que solicitan la indexación de la primera mesada pensional, la Corte ha dejado
sin efectos los fallos de la jurisdicción ordinaria que negaron el derecho a la
indexación pensional y ordenado a las entidades que reconocieron la prestación
indexar la primera mesada pensional.[95]
Finalmente, cuando la Corporación
evidencia que la indexación fue reconocida inicialmente en el proceso laboral
en alguna de las instancias, pero la decisión fue revocada por el superior
jerárquico, ha optado por declarar directamente la firmeza de las sentencias
que concedieron la indexación de la primera mesada pensional[96].
La elección entre las opciones
señaladas depende de las circunstancias del caso concreto y debe perseguir dos
objetivos: (i) preservar al máximo la competencia de los jueces naturales; y
(ii) asegurar el goce efectivo de los derechos de los peticionarios. De acuerdo
con la división tripartita recién esbozada, es claro que en el primero de los
eventos citado (4.1), es decir, cuando se deja sin efectos una decisión  y se
remite nuevamente el expediente al juez de instancia, la Corte no debe
pronunciarse sobre aspectos probatorios o legales del caso. Únicamente
preservar el derecho a la indexación de la primera mesada, en virtud de los
mandatos constitucionales que satisface. En el segundo supuesto (4.2) en la
medida en que el juez constitucional decide ordenar directamente el
reconocimiento del derecho, debe establecer las pautas para que la entidad
accionada lleve a cabo el reconocimiento, las cuales comprenden concretamente,
la fórmula de liquidación y la determinación a que haya lugar sobre la eventual
prescripción de mesadas; en el último supuesto (4.3) el juez constitucional
deberá defender la decisión judicial que se ajuste a la Constitución Política,
en tanto respeta y protege el derecho a la indexación, sin entrar a definir (o
reabrir) aquellos aspectos ya abordados en el fallo de instancia, tales como la
prescripción y la forma de liquidación, a menos que esos temas hayan sido
discutidos en sede de tutela, con base en argumentos dotados de relevancia
constitucional.[97]
6. Como se explicó, en aquellos
eventos en que la Corte Constitucional, además de dejar sin efectos los fallos
de instancia, decide ordenar directamente el reconocimiento de la pensión de
vejez, debe precisar todos los aspectos necesarios para el cumplimiento de la
orden de indexar la primera mesada y, concretamente, establecer la forma de
liquidar la prestación y lo concerniente a la prescripción de mesadas
pensionales. Los parámetros adoptados por la Corte para definir esos aspectos
no son otros que aquellos previstos por el Legislador, según la interpretación
que de ellos han efectuado las altas cortes, siempre bajo la guía del principio
de favorabilidad laboral.
Así, en relación con la fórmula
de indexación, en sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería), se
estableció el alcance de la obligación, con base en el propósito de que la
indexación se ajuste al índice de precios al consumidor, de esta manera:
“Lo primero
que debe señalarse es que la Sala considera, por aplicación analógica del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que así lo prevé, que el factor de
actualización para la primera mesada pensional del señor Manuel José González
Alarcón debe ser el índice de precios al consumidor. Para aplicar tal factor,
se empleará la fórmula utilizada por el Consejo de Estado en desarrollo del
artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y que se expondrá en la
parte resolutiva de este fallo. || Es necesario recordar aquí que a partir de
la vigencia de la Ley 794 de 2003, los indicadores económicos nacionales, tales
como el índice de precios al consumidor, son hechos notorios y como tales, no
requieren prueba, por lo que no se exigirá en la aplicación de la fórmula que
el DANE certifique el IPC”.
Y, en
relación con la fórmula concreta, expresó:
“El ajuste de la mesada pensional
del demandante se hará según la siguiente fórmula:
R= Rh  índice
final
índice inicial
Según la cual
el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el último
año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la
pensión, entre el índice inicial, que es el existente al 27 de enero de 1974.
Debe determinarse así el valor de la primera mesada pensional actualizada a 10
de diciembre de 1980. El Citibank Colombia procederá a reconocer y liquidar los
reajustes pensionales de los años posteriores, conforme a la normatividad
aplicable. Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía
pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la
pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda
hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba
en el expediente de que éstos fueron pagados. || La suma insoluta o dejada de
pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar
hasta la notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente
fórmula:
R= Rh índice
final
índice inicial
Donde el valor
presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir
el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de
esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada
mesada pensional. || Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad
demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la
primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás
emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente
al causarse cada una de las prestaciones”.
6.2. En lo atinente a la
prescripción de mesadas pensionales, en la sentencia T-098 de 2005[98] la
Corporación declaró la excepción de prescripción, en tanto fue propuesta por la
parte demandante en el proceso laboral, “en relación con los montos
adeudados y actualizados correspondientes al período antecedente a los tres (3)
años inmediatamente anteriores a la reclamación del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional que hiciera el demandante a su empleador el día 29
de mayo de 1997 […] En consecuencia, [el empleador] deberá pagar
los montos adeudados y actualizados no prescritos, es decir, los comprendidos
entre el 29 de mayo de 1994 y la fecha de notificación de este fallo”.
Agregó la Corporación que con la
presentación de la demanda laboral también operó la interrupción judicial de la
prescripción contemplada en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil,
modificado por el artículo 1º numeral 41 del Decreto 2282 de 1989, aplicable al
procedimiento laboral por remisión expresa del artículo 145 del Código de
Procedimiento Laboral.
“Además debe
considerarse que con la presentación de la demanda laboral por parte del señor
González Alarcón el 1º de diciembre de 1997, también opera la interrupción
judicial contemplada en el artículo 90[11]
del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 41 del
Decreto 2282 de 1989, que se aplica por remisión del artículo 145 del Código
Procesal Laboral, por no existir norma especial en éste. Dicha interrupción
opera a partir de la fecha señalada, ya que se constata en el expediente (Folio
147) que el demandado fue notificado del auto admisorio de la demanda el 15 de
enero de 1998, fecha que se encuentra dentro de los 120 días señalados en la
norma.”
Posteriormente, en sentencia
T-901 de 2010,[99]
la Sala Tercera consideró:
“[…] el efecto
retroactivo de las diferencias pensionales ha sido concedido, indirectamente,
en la medida en que la pretensión haya sido planteada por el actor, en las
diferentes etapas del procedimiento ordinario utilizado, toda vez que el acto
que interrumpe la prescripción tuvo que haberse producido con anterioridad a la
iniciación del procedimiento laboral, cuando el pensionado hizo el respectivo
reclamo de indexación ante el patrono. || Se dice “indirectamente”, porque al
dejar sin efectos los fallos que aceptaban el cálculo del monto de la mesada
pensional con base en el ingreso que el extrabajador percibía años antes de que
finalmente le fuera reconocida la pensión, hacía efectivo el derecho del
pensionado a percibir una pensión mínima vital calculada teniendo en cuenta los
fenómenos inflacionarios y la pérdida de poder adquisitivo del dinero,
incluyendo las pretensiones de pago retroactivas que el actor hubiera planteado
en las diferentes etapas del procedimiento ordinario utilizado”.
En síntesis, con base en las
reglas legales pertinentes, la Corte ha establecido que (i) no hay lugar a la
prescripción cuando esta no fue solicitada por la parte demandada en el proceso
laboral, pues esta excepción no puede ser declarada de oficio; (ii) el derecho
a la indexación no prescribe, pero la acción para reclamarlo lo hace contados
tres años desde el momento en que la obligación se hace exigible; (iii) la
simple reclamación del trabajador suspende el término de prescripción por un
período adicional de tres años; y (iv) la presentación de la demanda
(ordinaria) suspende el término de prescripción. Finalmente, siguiendo lo
expresado en la sentencia T-901 de 2010, (v) la presentación de la demanda de
tutela no incide de forma alguna en la prescripción.
En los casos objeto de estudio, la
Sala observa que existen decisiones judiciales que concedieron el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional. Con base en los principios de
eficacia y celeridad, y tomando en cuenta la edad de los peticionarios, la Sala
dejará sin efectos los fallos que negaron la prestación y declarará la firmeza
de las decisiones judiciales que concedieron el derecho.
En esas sentencias se estableció
tanto la forma de liquidación de la prestación, como lo atinente a la
prescripción de mesadas pensionales. Como la interposición de la acción de
tutela no modifica el término de prescripción, ni la suspensión del mismo, las
entidades encargadas del pago de la prestación, deberán dar cumplimiento a lo
establecido en los fallos de la jurisdicción ordinaria en relación con la
fórmula de liquidación y la prescripción de mesadas[100], sin que haya lugar a
modificar lo decidido por los jueces laborales competentes en sede
constitucional.
III.
DECISION
En mérito de
lo anterior, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Levantar los términos suspendidos dentro del trámite de la referencia.
Segundo.-  REVOCAR la sentencia proferida dentro
del trámite T-3114703 por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria el dos (2) de junio de dos mil once (2011), que
negó el amparo invocado por el actor, y CONFIRMAR PARCIALMENTE la
decisión proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, el nuevo (9) de marzo de dos mil once (2011), por
la cual fue concedido el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital y
el debido proceso del actor y decidió DEJAR SIN EFECTOS el fallo
proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
quince (15) de septiembre de dos mil cuatro (2004) y declarar ejecutoriada la
sentencia del diez (10) de junio de dos mil tres (2003), proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, a su turno,
revocó el fallo de siete (7) de marzo de dos mil tres (2003), del Juzgado
Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y condenó al Banco Cafetero, en
liquidación, a reajustar la primera mesada pensional del señor Ramón Humberto
Delgado Chaves.
Tercero.- REVOCAR el numeral quinto de la sentencia
proferida en primera instancia dentro del trámite T-3114703, por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en tanto declaró la prescripción de
determinadas mesadas pensionales, considerando que no corresponde al juez
constitucional declarar de oficio la prescripción de las mesadas pensionales.
Cuarto.- REVOCAR el fallo proferido dentro del trámite
T-3116635, en única instancia, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, el dos (2) de junio de dos mil once (2011) y, en su lugar, CONCEDER
el amparo al mínimo vital del actor, el debido proceso, y la indexación de
la primera mesada pensional.
Quinto.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias
proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
siete (7) de julio de dos mil diez (2010) y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 30 de enero de 2009 y, en su lugar,
dejar en firme la decisión adoptada por el Juzgado Segundo (2º) Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá el treinta y uno (31) de julio de dos mil
ocho (2008), y la sentencia de corrección aritmética dictada por el mismo
despacho el veintidós (22) de agosto de dos mil ocho (2008), por medio de las
cuales se le reconoció al peticionario el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por José
Alberto Mazuera Rodríguez contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de
Colombia.
Sexto.-
Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
ADRIANA MARIA GUILLÉN
ARANGO
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Ausente en
comisión
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El proceso fue reportado en la Sala Plena en sesión del seis (6) de diciembre de dos mil once (2011), disponiendo la Corporación que se decidiera en la correspondiente Sala de Revisión.
[2] MP. Humberto Sierra Porto.
[3] MP. Rodrigo Escobar Gil. AV. Jaime Araujo Rentería.
[4] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5] MP: Rodrigo Escobar Gil.
[6] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[7] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[8] MP. Jaime Córdoba Triviño.
[9] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[10] Ver las sentencias C-862 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
y C-891A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; Salvamento de voto de Jaime Araújo
Rentería).
[11] Ver, entre muchas otras, las
sentencias: SU-120/03 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-1169/03 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), T-805/04 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-815/04 (M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes), T-1197/04 (MP. Jaime Araújo Rentería), T-098/05 (MP.
Jaime Araújo Rentería), T-469/05 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-635/05
(MP. Rodrigo Escobar Gil), T-296/05 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-815/07
(MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-901/10 Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-362/10 (MP. Juan Carlos Henao Pérez); T-906/09 (MP. Mauricio González
Cuervo); T-457/09 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva); T-447/09 (MP. Juan Carlos
Henao Pérez); T-425/09 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-390/09 (MP.
Humberto Sierra Porto); T-366/09 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio); T-130/09
(MP. Humberto Sierra Porto); T-789/08 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-1055/07
(MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-425/07 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[12] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[13] Código Sustantivo del Trabajo, Art. 260 (parcial): “Derecho a la
pensión.  1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de
capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior, que llegue o haya
llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio. // 2. El trabajador que se
retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene
derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el
requisito de los veinte (20) años de servicio.”
[14] La demandante en este caso explicaba que la norma demandada contiene
dos supuestos de hecho diferentes para acceder a la pensión: (1) los
trabajadores que cumplan con los requisitos de edad y tiempo y al momento de
cumplirlos sigan prestando sus servicios en la empresa, y (2) los trabajadores
que han cumplido el requisito de tiempo de servicios pero no la edad legalmente
fijada y se retiren o sean retirados de la empresa, que tendrán derecho a la
pensión una vez cumplan la edad. La demandante basaba sus cargos en una
regulación legal diferente del derecho a acceder a la pensión para estos dos
supuestos: la Ley 100 de 1993 establece, para el supuesto 1, que el empleador puede
subrogar su obligación pensional en una AFP, trasladando el valor
correspondiente con base en un cálculo actuarial, que tiene en cuenta el
fenómeno de la inflación y en esa medida puede conservar la capacidad
adquisitiva de los salarios; mientras que el supuesto (2) no está regulado por
esta norma y por lo tanto no prevé la actualización de la mesada pensional.
Este tratamiento legislativo diferente violaba, para la actora, los arts. 53,
48, 13, 1, 2, 4, 25 y el Preámbulo de la Constitución, así como el mínimo vital y la protección especial de la tercera edad. La Corte interpretó que los cargos de la actora se dirigen contra una omisión legislativa
relativa, “por no haberse previsto en la disposición acusada la indexación del
salario base para la liquidación de las pensiones de aquellos trabajadores que
se retiren o sean retirados de una empresa cumplidos veinte años de servicio
pero sin haber alcanzado la edad de jubilación”.
[15] Así, en primer lugar la Corte definió el concepto jurídico de indexación: “Los efectos de la inflación son
especialmente sensibles en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir,
de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda
determinada -entre las que se cuentan por supuesto las obligaciones laborales-
pues en la medida en que la inflación produce una pérdida de la capacidad
adquisitiva de la moneda y ésta mantiene su poder liberatorio nominal, se afecta
el equilibrio de las prestaciones, principio esencial de todo el sistema
jurídico. // De ahí que desde tiempo atrás se haya insistido en la necesidad de
actualizar toda obligación de dar sumas de dinero si entre el día en que se
contrajo y la fecha en la que debe pagarse la capacidad adquisitiva de la
moneda se ha visto afectada por la inflación. Tal actualización se lleva a cabo
mediante distintos mecanismos, los cuales permiten la revisión y corrección
periódica de las prestaciones debidas, uno de los cuales es la indexación. //
La indexación ha sido definida como un ‘sistema que consiste en la adecuación
automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios,
con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se
utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el
aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los
salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera
necesidad, etc.’[15]. // La indexación persigue
entonces mantener el valor originario del crédito dinerario, mediante el empleo
de pautas preestablecidas, aplicables a todas las obligaciones dinerarias que
se especifican. Mediante este procedimiento de ajuste periódico y automático se
pueden actualizar salarios, rentas, ahorros, impuestos y en general todas
aquellas prestaciones originadas en obligaciones que se prolongan en el
tiempo.”
[16] A continuación la Corte describe la evolución de la indexación del salario base para la liquidación de las
pensiones: “Una similar evolución se ha presentado en materia del reajuste
periódico del salario base para la liquidación de las pensiones, materia en la
cual se ha presentado una evolución de un régimen en el cual no se reconocía la
indexación de la primera mesada pensional a la actual regulación donde por el
contrario la regla general es la indexación del salario base para liquidar las
pensiones. En efecto, el numeral primero del artículo 260 del C.S.T. regulaba
el supuesto de los trabajadores que cumplían los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación (edad y tiempo de servicios) mientras laboraban y en esa
medida no era necesario el reajuste del salario base para liquidación de la
pensión (…). La pensión de jubilación prevista originalmente en el C.S.T. fue
sustituida por la pensión de vejez introducida por la Ley 100 de 1993. El artículo 21 de esta última normatividad prevé expresamente la
actualización del ingreso base para la liquidación de las pensiones previstas
en dicha ley -esto es no sólo de la pensión de vejez, sino también la pensión
de invalidez y la de sobreviviente- ‘con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE’. Así mismo, el artículo
36 de la misma contempla la indexación del salario base para la liquidación de
la pensión de jubilación de los trabajadores que entraban dentro del régimen de
transición previsto por dicho estatuto. Finalmente, el mismo precepto señala
que al entrar a regir la Ley 100 quienes hubiesen cumplido los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables
anteriores, sin perjuicio de no haberse hecho el reconocimiento, tendrán
derecho a que se les liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad
vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos, dentro de las cuales se
incluye la indexación del salario base para la liquidación de la pensión. //
Respecto de otras pensiones distintas a la de jubilación previstas por el
C.S.T., como por ejemplo la pensión-sanción regulada por el artículo 267,
inicialmente no se preveía la indexación de la primera mesada, no obstante el
precepto inicial fue subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993. (…) Del anterior recuento
legislativo se desprende que el legislador ha previsto por regla general la
actualización periódica tanto de las mesadas pensionales ya reconocidas como
del ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional. La
legislación reciente ha previsto que tal actualización se realice con base en
el índice de precios al consumidor, es decir, ha previsto la indexación de las
mesadas pensionales y del ingreso base para su liquidación.”
[17] Previsto no sólo en el artículo 53 constitucional sino también en el
artículo 21 del C.S.T.
[18] Cfr. SU-120 de 2003.
[19] Cfr. Sentencia T-906 de 2005.
[20]  Ver entre otras las sentencias SU-120 de 2003 (MP. Álvaro Tafur
Galvis), T-1169 de 2003(MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-663 de 2003 (MP.
Jaime Córdoba Triviño), T-805 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-815
de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), T-098 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería).
[21] Sobre la anterior base la Corte efectuó el análisis de constitucionalidad de la norma acusada. Explicó que ninguno de
los numerales del art. 260 del C.S.T. establece de manera expresa la indexación
del salario base para la liquidación de la pensión de jubilación; pero en la
práctica, en el numeral primero esta ausencia de previsión no ha suscitado
problemas de aplicación ni interpretación porque regula el supuesto de
trabajadores que cumplieron los requisitos de edad y tiempo mientras estaban
trabajando.  “No ocurre lo mismo con la pensión prevista en el numeral segundo
del artículo 260 del C.S.T., porque en este caso la ausencia de previsión de
indexación de la mesada pensional originó numerosos problemas interpretativos
como antes se reseñó. Específicamente si se acogía la postura acogida por la Corte Suprema de Justicia a partir de 1999, eso significaba que a los trabajadores cobijados
por este supuesto se le reconocían pensiones con el salario devengado en el
último año de servicios, pero como en este evento sí podía transcurrir un lapso
considerable entre el momento en que el trabajador cumplía el requisito del
tiempo de servicios y el momento en que alcanzaba la edad prevista para ser
titular de la pensión, en la práctica eso conducía a que se reconocieran
pensiones con base en un salario que había perdido sensiblemente su poder
adquisitivo con el paso del tiempo, y en muchos casos la pensión reconocida
solamente alcanzaba el valor del salario mínimo”. La jurisprudencia constitucional
en tutela ha entendido que esta ausencia de previsión legislativa es una
omisión legislativa relativa. “Adicionalmente la jurisprudencia constitucional
en sede de tutela ha señalado de manera reiterada la forma como debe subsanarse
la omisión en comento. (…) en virtud del derecho constitucional al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (el cual como antes se
sostuvo se deriva de los artículos 48 y 53 constitucionales); amén de otros
mandatos de rango constitucional tales como el principio in dubio pro operario,
el principio de solidaridad y la especial protección de las personas de la
tercera edad; debe indexarse el salario base para la liquidación de la pensión
de jubilación de aquellas personas que se retiran o son retiradas del servicio
luego de haber laborado más de veinte años, pero sin haber alcanzado la edad
señalada por el numeral primero del artículo 260 del C.S.T. // Ahora bien, (…)
si bien puede afirmarse que existe un derecho constitucional a la actualización
de las mesadas pensionales, del cual hace parte el derecho a la actualización
del salario base para la liquidación de la pensión o de la primera mesada
pensional, en esta materia como antes se dijo existe una amplia libertad de
configuración del Congreso de la República, precisamente debido a que el artículo 48 constitucional señala que incumbe al órgano legislativo establecer los
medios para el cumplimiento de tal fin. Desde esta perspectiva, corresponde al
Legislador señalar los mecanismos idóneos para garantizar este derecho
constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva jurisprudencial el problema
siempre ha sido considerado a partir del derecho a la indexación de la primera
mesada pensional, es decir, tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como la de la Corte Constitucional, se han referido a un instrumento específico para actualizar el salario base de la liquidación de la mesada
pensional: la indexación. // Considera esta Corporación que los precedentes
fijados en materia de tutela resultan relevantes para subsanar la vulneración
de los distintos derechos y principios constitucionales en juego, máxime cuando
en estos casos la jurisprudencia constitucional ha atendido al criterio
utilizado por el Legislador para actualizar la capacidad adquisitiva de las
pensiones.  // En efecto, (…) la indexación es el criterio empleado de manera
preferente por el Congreso de la República para mantener la capacidad adquisitiva de las mesadas pensionales y, adicionalmente, la Ley 100 de 1993 la prevé específicamente en su artículo 21, respecto del ingreso base para la
liquidación de la pensión de los trabajadores e igualmente en su artículo 36
respecto del ingreso base para la liquidación de la pensión de vejez de las
personas cobijadas por el régimen de transición previsto en el mismo estatuto.
// Como antes se anotó, corresponde al Legislador en ejercicio de su libertad
de configuración determinar los mecanismos idóneos para mantener la capacidad
adquisitiva de las pensiones, no obstante, frente a la ausencia de una
previsión legal al respecto, laguna normativa que afecta desfavorablemente a
una categoría determinada de pensionados, aquellos cobijados por el artículo
260 del C.S.T., y que por lo tanto vulnera distintos derechos constitucionales
amén de resultar contraria a principios consagrados en la Carta de 1991 –tales como el principio de in dubio pro operario, y el principio de Estado
Social de Derecho- es preciso adoptar un criterio reparador de la afectación
constatada. En esa medida se considera que la indexación, al haber sido acogida
por la legislación vigente para los restantes pensionados, es un mecanismo
adecuado para la satisfacción de los derechos y principios constitucionales en
juego.” Por las anteriores razones la Corte declaró la constitucionalidad
condicionada de la norma demandada, en el entendido de que el salario base para
la liquidación de la pensión de jubilación debe ser actualizado con base en la
variación del índice de precios del consumidor IPC certificada por el DANE.
[22] Así, en la sentencia SU-120/03 (MP. Álvaro Tafur Galvis) la Corte explicó que la Corte Suprema de Justicia, al variar su jurisprudencia sobre la
procedencia de la indexación de las mesadas pensionales en detrimento de los
peticionarios, no tuvo en cuenta el principio de interpretación más favorable
al trabajador; por lo tanto, “las decisiones de la Sala Laboral que negaron a los actores el derecho a acceder a una pensión acorde con su
salario real i) desconocen la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no
se sujetan a los dictados constitucionales de la igualdad, favorabilidad, y
conservación del poder adquisitivo de las pensiones y ii) no se informan en la
equidad, además de pasar por alto los principios generales del derecho laboral
‘artículos 13, 48 y 53 C.P.-.” En consecuencia, la Corte consideró que eran vías de hecho que debieron ser dejadas sin efecto por los jueces de
tutela. En la misma línea, en la sentencia T-815 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes), la Corte explicó que “el hecho de calcular el monto de la mesada
pensional con base en un ingreso que el extrabajador percibió hace más de 20
años, contraría el mandato superior de equidad y el derecho a percibir una
pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos
inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero”.
Igualmente, en la sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería), la Corte reiteró “lo tantas veces sostenido por la Corporación, en el sentido de que calcular el monto de la mesada pensional con base en un ingreso que el extrabajador percibió años
antes de que finalmente le fuera reconocida la pensión, contraría el mandato
superior de equidad, el derecho a percibir una pensión mínima vital calculada
teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida
de poder adquisitivo del dinero, así como también compromete los derechos
fundamentales al debido proceso, y a la igualdad del pensionado cuando, aun
después de haber agotado todos los medios de justicia ordinaria de los que
disponía, el trabajador encuentra que la violación de sus derechos goza de la
legitimidad aparente que le otorga un fallo judicial.”
[23] M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Corte explicó: “La Corte Constitucional ha sostenido que frente a diversas interpretaciones legales sobre la
existencia del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, los
jueces están obligados, por expreso mandato del artículo 53 de la Carta, a escoger aquella que beneficie al trabajador y que promueva en mayor medida los
derechos fundamentales que la Constitución reconoce a este sector de la población. En esa medida, la Corte ha protegido el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional de aquellas personas a quienes se reconoció el derecho
a la pensión aún con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Adicionalmente, la Corte ha señalado que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional no sólo se deriva de la aplicación del principio de
favorabilidad laboral sino que es consecuencia de los derechos fundamentales a
la igualdad, al mínimo vital y al mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones. Finalmente, la Corte ha sostenido que el derecho a la indexación de
la primera mesada pensional puede ser ordenado mediante tutela, siempre que el
actor hubiere agotado el otro mecanismo de defensa judicial y sólo si se cumple
la totalidad de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias [Sentencia de Unificación SU-120 de 2003]. (…) Cabe anotar que en un
gran número de pronunciamientos esta corporación ha señalado que el derecho a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones (indexación pensional) no es un
derecho fundamental autónomo, pero sí adquiere esta connotación por conexidad
con otros derechos como el derecho al debido proceso, a la igualdad o al mínimo
vital [Sentencias T-1119 de 2003, T-663 de 2003 y T-805 de 2004]. Esto ocurre cuando
la mesada pensional ha sufrido una depreciación considerable y esa pérdida del
poder adquisitivo amenaza las condiciones de vida del pensionado.  En efecto,
en criterio de la Corte, si bien la indexación de la mesada pensional no se
encuentra de manera explícita en la Constitución, sin embargo es un derecho que se deriva de otros derechos constitucionales”, específicamente los de los artículos
48 y 53.”
[24] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Allí la Corte explicó que “[l]a pérdida del poder adquisitivo de la moneda en sociedades afectadas
por fenómenos como la inflación requiere de respuestas adecuadas y eficaces,
con el propósito de impedir que determinadas situaciones aparentemente
consolidadas en circunstancias distintas a las actuales, puedan acarrear un
grave perjuicio a personas que constitucionalmente cuentan con un amparo
especial. Así, las personas pensionadas, generalmente pertenecientes a la
tercera edad, amparadas según el principio de especificidad debido a su
condición, cuentan, en determinadas circunstancias, con el derecho de acudir
ante las autoridades para reclamar el reconocimiento y pago de la actualización
de sus mesadas pensionales, pues bien puede ocurrir que por el simple paso del
tiempo las mesadas que fueron medio para la subsistencia digna de una familia,
actualmente no constituyan ingreso para atender las necesidades básicas de
quienes durante su etapa de trabajadores activos aportaron para la construcción
económica, social, política y cultural de la sociedad que hoy debe acogerlos y
brindarles protección. // La tutela del derecho a la indexación de la primera
mesada pensional está directamente relacionada con la definición política del
Estado Social de Derecho, pues en él la persona humana constituye el centro, el
objeto, la razón de ser y el motivo para la actividad de las autoridades, las
cuales deben ejercer sus funciones conforme con el principio más importante
para la organización estatal: el reconocimiento y respeto por la dignidad de la
persona humana (C.Po. art. 1º). // Este principio pasa de la retórica a la
práctica mediante una adecuada aplicación de las normas que implican protección
real y eficaz para quienes, debido al inexorable transcurso del tiempo, se
convierten en personas más vulnerables y, por lo tanto, susceptibles de ser
agredidas y afectadas en sus derechos ante la mirada impasible y a veces
indiferente de quienes directa o indirectamente fueron beneficiarios del
esfuerzo laboral aportado durante varios años, en la época económicamente más
productiva de quienes luego pasan a ser llamados pensionados o trabajadores
inactivos.”
[25] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. La Corte, luego de reiterar la sentencia C-862/06, afirmó: “La jurisprudencia constitucional ha
reconocido la existencia de un derecho constitucional de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional  [C-862/08]. Este derecho
ha sido derivado de una interpretación sistemática de distintos enunciados
normativos constitucionales [T-855/08]”, específicamente los arts. 48 y 53. “En
este mismo horizonte de comprensión, se ha dicho que para la configuración del
derecho constitucional de las personas pensionadas al mantenimiento del poder
adquisitivo de su mesada pensional, resultan relevantes principios y derechos
fundamentales consagrados en la Constitución de 1991, algunos de los cuales encuentran aplicación específica en el derecho laboral, tales como la especial
protección constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46 de la C.N.); el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C.N.) y el derecho al mínimo vital. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mesada
pensional es un mecanismo cuyo objeto consiste en garantizar el derecho al mínimo
vital de las personas de la tercera edad, toda vez que esta prestación
periódica dineraria permite a las personas pensionadas acceder al conjunto de
prestaciones constitutivas del mínimo vital. // De conformidad con lo señalado
hasta este lugar, se han establecido presunciones tales como que el no pago de
la mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital y, en esa medida, la
actualización periódica de esta prestación se constituye de modo simultáneo en
una garantía del derecho al mínimo vital y exige adoptar medidas concretas a
favor de las personas pensionadas, por regla general personas adultas mayores o
de la tercera edad y por lo tanto merecedoras de especial protección
constitucional. // Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que
hace referencia al contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las
pensiones porque éste no se limita a la actualización de las mesadas
pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que
también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la
primera mesada. Al respecto cabe destacar que las numerosas decisiones de
tutela [Ver, entre otras, las sentencias SU-120 de 2003, T-1169 de 2003, T-663
de 2003, T-805 de 2004, T-815 de 2004, T-098 de 2005] proferidas por esta
Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para
liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que esta pretensión en
concreto está cobijada por el derecho a la actualización de las mesadas
pensionales. // Se tiene, entonces, que la jurisprudencia constitucional ha
derivado de distintos preceptos constitucionales un derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional dentro
de cuyo ámbito de conductas protegidas se encuentra el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional. (…) De acuerdo con lo hasta aquí expuesto,
puede concluirse que esta Corporación ha considerado la indexación en tanto que
un mecanismo idóneo –aunque no el único- para garantizar la actualización de la
primera mesada pensional, o mejor, del salario base para liquidación de esta
prestación económica cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en
que la persona trabajadora se retira o es retirada de una empresa y el instante
de reconocimiento de su pensión. Como se ha dicho, esta pretensión tiene
sustento en el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de la pensión y ha sido protegido tanto en sede de
constitucionalidad como en sede de tutela en numerosas oportunidades”.
[26] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Allí se
explicó: “La jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de un
derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su
mesada pensional. Este derecho ha sido derivado de una interpretación
sistemática de distintos enunciados normativos y constitucionales.” Se reitera la C-862/06, y se resalta: “En virtud de la declaratoria de exequibilidad de la mencionada norma
laboral, quedó suficientemente ilustrado que los pensionados tienen el derecho
a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional, y que ese derecho
incorpora a su vez el de la indexación del valor de la primera mesada
pensional”. Al determinar si el asunto tiene relevancia constitucional, para
efectos de determinar la procedencia de la tutela, la Corte explica: “resulta completamente claro que los derechos de indexación de la primera
mesada pensional y actualización del poder adquisitivo de sus mesadas,
propuestos por la accionante, y que se relacionan con otros derechos de
carácter fundamental como el de igualdad, el libre desarrollo de la
personalidad, el derecho de petición, el derecho al trabajo, a la seguridad social
y a la favorabilidad en materia laboral, tienen una alta relación con la Constitución. En el caso concreto, la indexación de la primera mesada pensional y el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, se encuentran
garantizados en el artículo 53 de la Constitución.”
[27] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta
sentencia la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la indexación de la primera
mesada pensional en los siguientes términos: “En conclusión, para esta
Corporación, la indexación de la primera mesada pensional está relacionada, de
manera estrecha, con la garantía del derecho al mínimo vital de las personas de
la tercera edad, por cuanto permite a los pensionados acceder al conjunto de
prestaciones constitutivas de este derecho, razón por la cual se han
establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional
vulnera, por entero, el derecho al mínimo vital. // De esa manera, la
actualización periódica de esta prestación se convierte en una garantía del
derecho al mínimo vital y al mismo tiempo en una medida concreta a favor de los
pensionados que, por regla general, pertenecen a la población adulta mayor o de
la tercera edad y, por lo tanto, son sujetos de especial protección
constitucional. (…)”
[28] MP. Juan Carlos Henao Pérez. En este
pronunciamiento la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la indexación de las
mesadas pensionales, y específicamente la C-862/06, y afirmó: “La Constitución Política en su artículo 53 dispone que ‘el Estado garantizará el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones’, situación que se
refiere no sólo a la prestación económica a la que se hace alusión, sino que
además compromete la garantía y respeto de otros derechos como la igualdad, el
trabajo, la seguridad social y la favorabilidad en materia laboral. // Pero el
anterior lineamiento constitucional no limita su alcance a la actualización de
las mesadas pensionales, sino que el mismo contempla la actualización del
salario base para la liquidación de la primera mesada pensional, como una
necesidad real y objetiva de todo pensionado de asegurar, que su única fuente
de ingresos económicos, conserve su valor real, y que le garantice unas
condiciones mínimas de vida digna. (…)”
[29] MP. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte expuso el carácter fundamental del derecho a la seguridad social, a la luz de la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Concluyó: “En suma, el
derecho a la seguridad [social] es un verdadero derecho fundamental cuya
efectividad y garantía se deriva de su carácter irrenunciable; su
reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados
por el Estado colombiano en la materia y de su prestación como servicio público
en concordancia con el principio de universalidad.” Específicamente el derecho
a la indexación como manifestación del derecho a la seguridad social: “En
concordancia con las anteriores previsiones relativas al carácter fundamental
del derecho a la seguridad social y con base en la lectura sistemática de la Constitución, esta Corporación ha reconocido la existencia de un derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su pensión, derecho que a su
vez comprende el derecho a la indexación del salario base para la liquidación
de la primera mesada pensional”. Se reitera la jurisprudencia, en particular la C-862 de 2006 (MP. Humberto Sierra Porto) y la SU-120 (MP. Álvaro Tafur Galvis), en cuanto al
carácter universal y la no discriminación del derecho a la indexación.
[30] MP. Juan Carlos Henao Pérez. La Corte explicó: “La jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación es un
mecanismo para garantizar la actualización del salario base para la liquidación
de la primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el
momento en que el trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la
pensión. // Dicha garantía tiene sustento en el derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside
fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta. Ha sido protegida tanto en sede de constitucionalidad como en sede de tutela en
numerosas oportunidades. Ver por ejemplo las sentencias C-862 de 2006, SU-120
de 2003, SU-975 de 2003, T-805 de 2004, T-098 de 2005, T-1096 de 2007, T-779 de
2008, T-390 de 2009 y T-483 de 2009, entre muchas otras. // De otra parte, la
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el derecho al mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones a partir de una lectura armónica del
principio in dubio pro operario, la cláusula del estado Social de Derecho, la
especial protección a las personas de la tercera edad, el derecho a la igualdad
y al mínimo vital, entre otros yd e una interpretación sistemática de los artículos
48 y 53 de la Carta Política que establecen, de un lado, la competencia del
legislador para definir los medios con el fin de que los recursos a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante y, de otro, el deber del Estado de
garantizar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales”.
[31] M.P. Álvaro Tafur Galvis (salvamentos de voto de los magistrados Clara
Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería).
[32] Sentencia C-067 de 1999 M.P. María Victoria Sáchica Méndez.
[33] Sentencia C-155/97, M.P. Fabio Morón Díaz.
[34] Sentencia C-067 de 1999, en el mismo sentido C-529 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[35]  Sentencia C-387/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[36] C-546 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.
[37] C-1336 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[38] Establecido lo anterior, en la misma
sentencia SU-120/03 la Corte dispuso la siguiente “unificación de
jurisprudencia en cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, y los
mandatos de la Constitución”: “1. El artículo 48 de la Constitución Política impone al legislador definir ‘los medios para que los recursos
destinados a la seguridad social mantengan su valor adquisitivo constante’, y
el artículo 53 del mismo ordenamiento dispone que el ‘Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’. //
Sobre este particular, los artículos 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993, disponen mecanismos de actualización, tanto de las pensiones causadas, como
de los recursos que atenderán las prestaciones futuras, mediante la aplicación
del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE.
// Pero lo anterior no es todo, las entidades financieras obligadas –Bancafé y
Caja Agraria- han debido proveer, desde el retiro de cada uno de los
accionantes, año por año, el pago de la prestación a la que están obligados
utilizando la tasa promedio de la inflación registrada por el Dane para los
últimos diez años, como lo disponen el artículo 50 del Código de comercio, los
artículos 112, 113 y 206 del Estatuto Tributario, el Decreto 2498 de 1988 y la Circular Externa 063 de 1990 emitida por al Superintendencia Bancaria. // De suerte que
compete a la Sala accionada adecuar sus decisiones de manera que los señores
Pachón Guevara, Vivas de Maya y Romero Perico mantengan el valor adquisitivo de
su pensión, atendiendo los dictados constitucionales y la voluntad abstracta de
las leyes laborales y de seguridad social, con miras a que los nombrados puedan
disfrutar de la mesada pensional que efectivamente les corresponde, poniendo de
esta manera en vigencia un orden político, económico y social justo, en el
reconocimiento de los derechos ciertos de los tutelantes pensionados
–Preámbulo, artículos 2 y 230 C.P.’.”
[39] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[40] Consultar, entre otras, la sentencia SU-995 de 1999.
[41]  Criterio reiterado, entre otras, en las Sentencias T-896 de 2008,
T-908 y T-130 de 2009.
[42] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En este
caso la Corte examinó la situación de un adulto mayor que se había pensionado
de la Caja Agraria en 1988 con una pensión equivalente a un salario mínimo
legal, aunque al momento de retiro devengaba 8.8 salarios mínimos, porque no
fue actualizado el monto para calcular la mesada pensional. Promovió un proceso
laboral ordinario para obtener la indexación; en primera instancia el juez
concedió sus pretensiones, pero en segunda instancia se revocó el fallo. Se
recurrió a la Corte Suprema de Justicia pero esta no casó la providencia del
tribunal de segunda instancia. El actor consideraba que la Corte Suprema había violado sus derechos, y que su caso era igual a los de los peticionarios
en la sentencia SU-120/03. La Caja Agraria argumentaba, entre otras, que no se
podía indexar la mesada porque la pensión había surgido de la Convención Colectiva de Trabajadores. La Corte rechazó esta diferenciación, y otorgó la
tutela. Confirmó el fallo de tutela de primera instancia que dejó sin efectos
las providencias de segunda instancia y casación en el proceso ordinario
laboral, y reconoció como fallo definitivo el de primera instancia laboral que
ordenó la indexación.
[43] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[44] Corte Constitucional. Sentencia T-696 de 2007.
[45] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[46] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[47] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[48] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En este caso el peticionario fue
beneficiario de un fallo judicial en 1980 en el que se condenó a la empresa
Pfaff a pagarle una pensión sanción cuando cumpliera 50 años; los cumplió en
1997.  Para calcular su pensión, se tomó su último salario de 1977, que
equivalía a 10 veces el mínimo legal, sin actualizar; resultó en $10.000
mensuales, y por eso se ajustó la cuantía a un salario mínimo legal al momento
de la jubilación. Para el peticionario, este cálculo de la pensión por el
liquidador de Pfaff sin indexar la primera mesada pensional vulnera sus
derechos a la igualdad, debido proceso, seguridad social y reajuste vital y
móvil de la pensión. La Corte reiteró en su integridad la SU-120/03, para resolver el problema jurídico sobre si el actor tiene derecho a que se indexe
el valor de su mesada pensional, actualizándolo en términos reales para
garantizar el poder adquisitivo de su mesada. Con fundamento en esta reiteración
de jurisprudencia, la Corte explica: “En efecto, el derecho a recibir la
pensión que le fue reconocido al peticionario por un juez de la República en el año de 1980, debe ser interpretado en armonía con lo previsto en los
artículos 13, 48, 53 y 230 de la Constitución, en concreto a la luz de los principios pro operario y de favorabilidad y en aras de proteger al trabajador como la
parte más débil de la relación laboral. // Adicionalmente, la corte considera
que es contrario a los criterios de equidad y justicia pagar al demandante una
mesada pensional tomando como base el salario que devengaba hace más de
veinticinco años y sin ningún tipo de actualización que permita proteger el
poder adquisitivo del dinero ante los fenómenos inflacionarios derivados del
paso del tiempo. En este sentido, no es válido el argumento según el cual la
pensión se calculó con base en el salario mínimo vigente, puesto que ello no
obedece a verdaderos parámetros de indexación sino al cumplimiento de un
mandato que prohíbe el pago de pensiones inferiores a ese valor (…).” La Corte revocó el fallo de instancia que negó la tutela, y en su lugar concede la tutela de los
derechos invocados: “…la Corte revocará …la sentencia dictada por el Juzgado 39
Penal Municipal de Bogotá que negó el amparo solicitado. En su lugar concederá
la tutela de los derechos invocados, para lo cual ordenará al liquidador de la Empresa Pfaff de Colombia S.A. y a la superintendencia de Sociedades que adelanten todas las
gestiones necesarias para garantizar el pago indexado de las mesadas
pensionales del señor José Andrés Ramírez Manrique, así como el cálculo y pago
de la conmutación pensional ante el Instituto de Seguros Sociales.”
[49] M.P. Jaime Araújo Rentería. El peticionario
en este caso se había pensionado del Citibank en diciembre de 1980 con una
pensión de 3 salarios mínimos, cuando al retirarse ganaba 20 veces el mínimo;
solicitó el reajuste al Banco y éste se negó a hacerlo. Promovió proceso
laboral para conseguir la indexación de la primera mesada pensional; el juez de
primera instancia denegó invocando la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral; el juez de segunda instancia confirmó por las
mismas razones; en sede de casación la CSJ no casó la sentencia, aplicando su
jurisprudencia nueva de 1999. Para el actor esta providencia era una vía de
hecho contraria a sus derechos fundamentales que desconoce la SU-120/03. La corte reiteró en su integridad la SU-120/03, por existir identidad fáctica con
los casos precedentes sobre indexación. La Corte confirmó el fallo que concedió la tutela, dejando sin efectos el fallo de la Corte Suprema y los fallos de instancia laborales, ordenando al liquidador de la empresa
empleadora que adoptara en 48 horas las gestiones necesarias para garantizar el
pago indexado de las mesadas pensionales, y que pagara la porción de la mesada
pensional que dejó de percibir, correspondiente a las mesadas sobre las cuales
no ha operado la prescripción. .Además la Corte definió en detalle, con base en su interpretación del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 y demás normas, cuál es la base para la liquidación, y cuáles son los criterios con
base en los cuales se debe indexar la primera mesada pensional (IPC); declaró
probada la excepción de prescripción para algunas de las mesadas adeudadas, y
definió cuáles son los montos que deberá pagar el liquidador; determinó el
efecto de la interrupción judicial de la prescripción; y estableció la fórmula
matemática que deberá aplicar el Citibank para calcular la actualización de las
mesadas.
[50] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En este
caso el peticionario se había pensionado de la Caja Agraria en 1988 con una pensión equivalente a un salario mínimo legal, aunque al momento
de retiro devengaba 8.8 salarios mínimos, porque no fue actualizado el monto
para calcular la mesada. Promovió proceso laboral, en primera instancia el juez
concedió sus pretensiones, pero en segunda instancia se revocó el fallo. Se
recurrió a la Corte Suprema de Justicia pero esta no casó la providencia del
tribunal de segunda instancia, con lo cual el actor consideraba que se habían
violado sus derechos, ya que su caso era igual a los de la SU-120/03. La Corte reiteró las sentencias SU-120/03, T-663/03, T-1169/03 y T-805/04,
concedió la tutela, y confirmó el fallo de tutela de primera instancia que dejó
sin efectos las providencias de segunda instancia y casación en el proceso
ordinario laboral, reconociendo como fallo definitivo el de primera instancia
laboral que ordenó la indexación.
[51] M.P. Jaime Córdoba Triviño. El actor se había pensionado
de Bancafé en 1988, con pensión de tres salarios mínimos legales, cuando al
retirarse ganaba 8.6 mínimos, porque el monto de la primera mesada no fue
indexado. Promovió demanda ordinaria laboral contra Bancafé solicitando
reajustar el valor inicial de la primera mesada. El fallo de primera instancia
concedió la indexación; el fallo de segunda instancia revocó el de primera
instancia, invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre pensiones causadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100. La Corte Suprema – Sala Laboral no casó la sentencia de segunda instancia, invocando
su jurisprudencia de 1999. En este
caso concreto la Corte consideró que el actor tenía derecho a la indexación del
monto de su primera mesada pensional; declaró que las decisiones judiciales
impugnadas violaban el principio de favorabilidad en materia laboral, y los
derechos fundamentales a la igualdad, la vida digna y el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones. Por lo tanto concedió la tutela de los
derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, debido proceso, mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones y a una remuneración mínima vital y
móvil; dada la postura de la Sala de Casación Laboral en el sentido de dejar en
firme sus sentencias, la Corte recurrió a dejar en firme el fallo laboral de
primera instancia que ordenó la indexación de la primera mesada pensional.
[52] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. El actor se había pensionado de
Ecopetrol en 1981, sin que se hubiese actualizado el último salario para
calcular la mesada pensional. El monto que recibía al momento de interposición
de la tutela era insuficiente para cubrir su mínimo vital, sus gastos de salud
y la subsistencia de su cónyuge. Se presentaron varias solicitudes de
indexación ante Ecopetrol, todas denegadas; alegaba  la respuesta negativa de
Ecopetrol desconocía sus derechos fundamentales. La Corte determinó que la negativa de Ecopetrol a realizar la indexación violaba los derechos
fundamentales del peticionario, y le ordenó que realizara la actualización del
salario base para la liquidación de la primera mesada entre la fecha en que
dejó de trabajar, hasta la causación del derecho a la pensión. Adicionalmente,
ordenó que le pagara los montos adeudados y actualizados respecto de los cuales
no hubiese operado la prescripción.
[53]  Al respecto, en la sentencia T-696 de 1007, la Corte señaló: “Así, la línea jurisprudencial desarrollada por esta Corporación en diferentes
pronunciamientos y consolidada a través de las sentencias SU-120 de 2003, C-862
de 2006 y C-891 A de 2006, ha precisado que la indexación de la primera mesada
pensional se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y
cualquiera que sea su naturaleza, de suerte que resulta indiferente si son de
origen legal o convencional y si fueron reconocidas con base en normas que no
contemplaban el referido mecanismo, como quiera que el carácter constitucional
de este derecho impone la obligación a todos los operadores jurídicos de darle
aplicación directa y, en tal sentido, proceder a indexar las mesadas
pensionales con el fin de corregir las lesiones que el curso del tiempo y el efecto
de la inflación puedan infligir a la capacidad adquisitiva de los pensionados’.
[54] M.P. Mauricio González Cuervo. El actor se había pensionado de
Colombia Cities Services Petroleum Corporation en 1988, con una mesada
pensional calculada con base en un salario no indexado. Solicitó varias veces a
la empresa que realizara la indexación y ésta se negó. Promovió proceso laboral
ordinario; el juez de primera instancia concedió, pero el juez de segunda
instancia revocó el fallo favorable. No se promovió casación. El peticionario
tenía 81 años y problemas de salud.
[55] M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En este caso la Corte examinó dos expedientes de tutela acumulados, en ambos casos de pensionados
preconstitucionales a quienes se les negó por la Corte Suprema de Justicia el derecho a la indexación al haberse pensionado antes de la
vigencia de la constitución de 1991. La Corte concedió la tutela en ambos casos y ordenó que se llevara a cabo la indexación de la primera mesada
salarial.
[56] Consultar entre otras, la sentencia C-168 de 1995, (MP. Carlos Gaviria
Díaz).
[57] Ver, entre otras, las sentencias T-663/03
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-045/07 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-789/08
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[58] Ver, entre otras, las sentencias T-425 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo); T-611 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-371 de 1996 (MP.
Hernando Herrera Vergara), T-476 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-1083 de
2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-634 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett).
[59] Sentencia T-083 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[60] Por ejemplo, sobre la ineficacia de ciertos mecanismos ordinarios de
defensa para la protección de derechos fundamentales, la Corte ha determinado que la acción electoral y la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho carecen de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e
integral en los casos en que no se ha proveído un cargo en la rama judicial al
primero en la lista de elegibles. Al respecto, ver SU-961 de 1999.
[61] En idéntico sentido, en la sentencia T-425/09
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) la Corte señaló que “también se ha expresado en la jurisprudencia que excepcionalmente es posible tramitar este tipo
de pretensiones por la vía de la acción de tutela, bien sea porque se acredite
la amenaza de un perjuicio irremediable, caso en el cual cabe el amparo
transitorio, o porque se establece que la vía judicial ordinaria es inadecuada
para la protección del derecho a la luz de las circunstancias del caso
concreto”.
[62] Sentencia T-083 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[63] Estos requisitos fueron primero formulados en
la sentencia T-083 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), y luego reiterados en
distintas sentencias, más recientemente en las sentencias T- 696 de 2007, T-457
de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-362 de 2010 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez).
[64] Sentencias T-534 de 2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-1016 de 2001
(MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-620 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis),
T-1022 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-083 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar
Gil).
[65] Sentencias T-634 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-1022 de
2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-083 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[66] Sentencias T-634 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-1022 de
2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-083 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[67] Sentencias T-620 de 2002, T-634 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett), T-1022 de 2002, T-083 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[68] Un
ejemplo claro de la aplicación de esta óptica casuística para la determinación
de la efectividad de los mecanismos ordinarios de defensa es la sentencia
T-1169 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). En este caso el peticionario
fue beneficiario de un fallo
judicial en 1980 en el que se condenó a la empresa Pfaff a pagarle una pensión
sanción cuando cumpliera 50 años; los cumplió en 1997.  Para calcular su
pensión, se tomó su último salario de 1977, que equivalía a 10 veces el mínimo
legal, sin actualizar; resultó en $10.000 mensuales, y por eso se ajustó la
cuantía a un salario mínimo legal al momento de la jubilación. Para el
peticionario, este cálculo de la pensión por el liquidador de Pfaff sin indexar
la primera mesada pensional vulneraba sus derechos a la igualdad, debido
proceso, seguridad social y reajuste vital y móvil de la pensión. Como Pfaff
estaba en liquidación obligatoria, el actor recurrió a la tutela para evitar un
perjuicio irremediable, ya que ni el liquidador ni la Superintendencia de Sociedades habían atendido sus solicitudes expresas, y no podía tramitar
un proceso ejecutivo por mandato de la Ley 222/95. La
Corte citó su jurisprudencia
sobre procedencia de la tutela, y procedió a determinar si el peticionario
tenía otros medios de defensa judicial, y si éstos eran idóneos para obtener el
pago indexado de sus mesadas pensionales. La Corte concluyó que no lo eran, por lo cual era procedente la tutela. Para determinar la procedencia, la Corte examinó las tres alternativas planteadas para el actor para obtener la indexación por
fuera de la tutela: (i) El proceso liquidatorio, en tanto procedimiento
judicial, había sido ineficaz porque aunque el peticionario se había presentado
oportunamente y había solicitado la indexación ante el liquidador y la Superintendencia, sus peticiones habían sido negadas porque ambos habían asumido la postura
de que la sentencia que ordenó la pensión sanción no ordenaba la indexación por
lo tanto esta no era obligatoria. A diferencia de otros casos (T-882/03) en los
que la Corte consideró improcedente la tutela porque el trámite liquidatorio
ofrecía garantías para el pago de lo adeudado, en este caso el procedimiento se
consideró ineficaz para obtener la indexación, “no por la pasividad del actor
sino porque a juicio de los demandados no existe un derecho al pago indexado de
la pensión que se encuentre debidamente reconocido. Si fue precisamente la
conducta asumida en el proceso liquidatorio la que motivó la presente tutela,
sería contradictorio afirmar que es allí donde se debe surtir el debate, cuando
esa discusión ya fue planteada sin conciliar las discrepancias surgidas”. (ii)
No era jurídicamente posible promover un proceso ejecutivo dado que había un
trámite de liquidación en curso. (iii) Un proceso ordinario laboral no
resultaba materialmente eficaz: “Finalmente, podría alegarse que el
peticionario debe promover un proceso ordinario laboral para que se defina definitivamente
si le asiste o no el derecho a obtener el pago que reclama. Sin embargo, aún
cuando es cierto que tal sería, en principio, el escenario apropiado para
debatir la cuestión, también lo es que atendiendo las particularidades del caso
objeto de revisión, dicho mecanismo no se proyecta como materialmente idóneo al
menos por dos razones: En primer lugar, porque (…) el proceso se encontraba en
un noventa por ciento de terminación (…). Y en segundo lugar, porque la
prolongación del trámite liquidatorio hasta tanto la jurisdicción ordinaria
dirima la controversia podría significar sobrecostos en el valor de los
honorarios del liquidador de la entidad, u otro tipo de gastos ocasionales que
reducirían en alto grado los recursos de la entidad. // Así las cosas, de
someter al señor Ramírez a la duración de un proceso ordinario laboral sería
altamente probable que para el momento de la decisión, y en el evento en que
ella fuere favorable a sus pretensiones, la entidad careciera de los recursos
suficientes para asegurar el pago de sus acreencias, cuando precisamente entró
en liquidación ante la insuficiencia de fondos para cubrir todas sus
obligaciones patrimoniales. // En este caso el factor temporal adquiere
especial relevancia (…)”. La Corte concluyó que por las anteriores razones la
tutela era el medio idóneo y principal de defensa: “En conclusión, demostrada
como está la inexistencia –proceso ejecutivo- e ineficacia material –proceso
liquidatorio y proceso ordinario laboral- de los otros mecanismos judiciales de
defensa judicial, la Corte considera que la acción de tutela se erige como el
medio idóneo y principal para garantizar la protección de los derechos
invocados”.
[69] MP. Juan Carlos Henao Pérez. En este caso la
peticionaria era una pensionada de Cajanal de 1989, con una mesada calculada
sobre un salario no indexado. Presentó solicitud de indexación ante Cajanal, y
obtuvo respuesta negativa. Tenía 71 años, su madre de 100 dependía de ella, y
los ingresos que recibía eran insuficientes para cubrir su mínimo vital. La Corte recordó que en varios casos en que los mecanismos de defensa judicial ordinarios no
fueron agotados por el actor, la Corte ha concedido la tutela ordenando la
indexación de la primera mesada pensional., por ejemplo, T-1169/03, T-390/09.
En el caso concreto se determinó que la entidad demandada al negar la
indexación desconoció el precedente constitucional de la C-862/06. Se ordenó a Cajanal en liquidación que en 48 horas dejara sin efectos las
resoluciones que negaron el derecho a la indexación, y que reconociera a la
peticionaria la indexación de la primera mesada pensional sobre un salario
actualizado entre el momento en que se desvinculó y el momento en que se
jubiló.
[70] Así, en la sentencia T-130/09 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), la Corte examinó el caso de un ciudadano que se había
pensionado de la Caja Agraria en 1999, sin que se hubiera actualizado su
salario para calcular la mesada pensional. Solicitó a la Caja Agraria la corrección sin éxito; promovió proceso laboral ordinario; en primera
instancia el juez absolvió a la Caja Agraria, y en segunda instancia se
confirmó el fallo de primera instancia. No se interpuso casación teniendo en
cuenta la postura reiterada de la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral, en el sentido de denegar la indexación de primera mesada pensional. Ante la
jurisprudencia constitucional reciente interpuso un nuevo proceso ordinario
laboral, en el que se declaró que había cosa juzgada en ambas instancias. La Corte Constitucional convalidó que no era necesario en este caso agotar la casación dada la
postura reiterada de la Corte Suprema al respecto: “Respecto de la segunda
exigencia atinente al agotamiento de todos los mecanismos judiciales de defensa
requeridos para obtener el reconocimiento de su derecho pensional, conviene
precisar que en el presente caso, a partir de la lectura del expediente, se
evidencia que el actor agotó todos los medios judiciales ordinarios que se encontraban
a su alcance por cuanto en vista de la jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de negar de manera
constante la indexación de la primera mesada pensional en pensiones
convencionales, acudir al recurso ordinario de casación devenía infructuoso,
así que para evitar ese inconveniente y con ello superar el obstáculo que
impedía su acceso a la administración de justicia, el actor resolvió acudir a
la acción de tutela.” En este mismo sentido, en el análisis del caso concreto
se consideró que las decisiones de la justicia laboral constituyeron vías de
hecho por defecto material o sustantivo al haberse basado en una perspectiva
incompatible con la Constitución, así fuera derivada de la jurisprudencia de la Corte Suprema: “(…) la justicia laboral (…) [r]esolvió el caso puesto bajo su consideración
sustentándose en una perspectiva por entero incompatible con los preceptos
constitucionales e incurrió, por consiguiente, en un defecto material o
sustantivo. Dicho de otra manera, la sentencia emitida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá que confirmó en todos sus extremos la decisión
emitida por el a quo, dio aplicación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral que desconocía para ese momento el
derecho constitucional del actor a la indexación de la primera mesada pensional
o mejor su derecho a la indexación del salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional. En tal sentido, la justicia ordinaria desconoció los
derechos constitucionales fundamentales del ciudadano Rivas Téllez a la
igualdad, a la seguridad social, a la favorabilidad en materia laboral, al
mínimo vital y móvil en armonía con el derecho a acceder a la administración de
justicia consignados, respectivamente, en los artículos 13, 25, 29, 48, 53 y 229
de la Constitución Nacional.” En el mismo sentido, ver la sentencia T-447 de
2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), en la cual se examinó el caso de un
ciudadano que se había pensionado de ALCO Ltda. en 1997 con una mesada
pensional calculada sin indexación del último salario; promovió proceso laboral
ordinario solicitando indexación de la primera mesada pensional, pero el juez
de primera instancia denegó las pretensiones invocando la jurisprudencia nueva
de la Corte Suprema; el juez de segunda instancia confirmó el fallo recurrido.
El peticionario interpuso la tutela considerando que las decisiones judiciales
eran vías de hecho al desconocer el precedente constitucional de la C-862/06. La Corte no consideró necesario haber agotado la casación en este caso, por la
postura desfavorable de la Corte Suprema al respecto: “Ahora bien, en lo
relativo al agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa judicial, es
pertinente recordar que en el presente caso, el señor Vázquez Arrieta agotó las
dos instancias ordinarias dentro de un proceso ordinario laboral que siguió en
contra de su antiguo empleador, etapas judiciales que no le fueron favorables.
Si bien el actor pudo acudir al recurso extraordinario de casación, se
encontraba relevado de tal obligación procesal por cuanto este mecanismo
judicial no se apreciaba apropiado, en tanto la posición de la Corte Suprema de Justicia acerca de la indexación de la primera mesada pensional no había
sido la más favorable para ese momento, al punto que fue una decisión de la
misma Sala de Casación Laboral la que sirvió a los jueces de instancia para
negar la reclamación ya referida.” En el caso concreto se consideró por la Corte Constitucional que los dos fallos objeto de la tutela incurrieron en vías de hecho por
aplicar una jurisprudencia de la Corte Suprema que desconocía el precedente constitucional vigente en esa época.
[71] Por ejemplo, la sentencia T-457 de 2009 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva), en la cual la Corte estudió el caso de un ciudadano que se había pensionado de Ecopetrol en 1981, sin que se hubiese actualizado
el último salario para calcular la mesada pensional. El monto que recibía era
insuficiente para cubrir su mínimo vital, sus gastos de salud y la subsistencia
de su cónyuge. Se presentaron varias solicitudes de indexación ante Ecopetrol,
todas denegadas. El actor consideraba que la respuesta negativa de Ecopetrol
desconocía sus derechos fundamentales. En este caso la Corte aplicó una excepción al deber de agotamiento de los recursos ordinarios de defensa
judicial, por la avanzada edad del actor que podía llevar a un resultado inocuo
del proceso judicial: “En tercer lugar, con relación al requisito relacionado
con el agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, la Sala considera que de conformidad con los antecedentes y pruebas que fundamentan el presente
caso, los mecanismos con los cuales cuenta Jesús María Díaz para exigir la
indexación de su mesada pensional no son idóneos y eficaces para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales. // En efecto, está demostrado que
Jesús María Díaz Rueda y su cónyuge son sujetos de especial protección
constitucional, pues tienen 77 y 73 años de edad, respectivamente. En este
sentido, también se encuentra acreditado [que el peticionario y su cónyuge
tienen problemas de salud]. Dado lo anterior, en consideración de la prolongada
duración de los procesos judiciales previstos para obtener el amparo de la
pretensión en comento, la edad y los padecimientos de salud de Jesús María Díaz
y de su cónyuge, esta Sala considera que es probable que para cuando se adopte
un fallo definitivo en la jurisdicción ordinaria, el beneficio reclamado ya sea
inocuo o innecesario. Bajo estas circunstancias, resulta razonable concluir que
someter al accionante a un proceso ordinario para solicitar la indexación del
salario base para la liquidación de la primera mesada pensional, resulta
desproporcionado y contrario a los artículos 13 y 46 de la Constitución Política. // En este punto, se debe recordar que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la procedencia excepcional de la acción de
tutela en los casos de reconocimiento y pago de derechos pensionales, adquiere
cierto grado de justificación cuando sus titulares son personas de la tercera
edad, ya que se trata de sujetos que requieren un tratamiento especial,
diferencial y más proteccionista.” La Corte consideró procedente la acción de
tutela por no ser efectivos los medios de defensa judicial  ordinarios. En la
misma línea, en la sentencia T-906 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), la Corte examinó el caso de un ciudadano que se había pensionado de la empresa Colombia Cities
Services Petroleum Corporation en 1988, con una mesada pensional calculada con
base en un salario no indexado. El actor solicitó varias veces a la empresa que
realizara la indexación y ésta se negó. Promovió proceso laboral ordinario; el
juez de primera instancia concedió sus pretensiones, pero juez de segunda
instancia revocó el fallo. No se promovió recurso de casación. El peticionario
tenía 81 años y problemas de salud. Para la Corte, el actor no tenía que agotar el recurso de casación por su estado de salud y condiciones particulares: “en
cuanto a lo manifestado por el apoderado del demandante en su escrito de
tutela, relativo a la no presentación del recurso extraordinario de casación
con miras a obtener la actualización de la mesada pensional, la Sala considera que puede considerarse en este caso, una omisión justificada teniendo en
cuenta la especial situación en que se encuentra el accionante, toda vez que se
trata de una persona de 81 años, que se encuentra en circunstancias de
debilidad manifiesta, viviendo en un hogar geriátrico del sur de la ciudad, con
enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, y
quien tuvo que ingresar en marzo de 2009 a una clínica de la ciudad, por una falla renal aguda que requirió de una hemodiálisis, teniendo que acudir a la
ayuda económica de su hija para pagar los gastos médicos, ya que con su exigua
pensión no lo puede hacer. // De lo anterior se concluye, que sería
desproporcionado adjudicarle al actor la carga de acudir a otro mecanismo de
defensa judicial, cuando ya ha agotado los ordinarios y se encuentran
comprometidos sus derechos al mínimo vital y la vida digna, al no reconocerle
el mantenimiento del poder adquisitivo de la mesada pensional”.
[72] En la sentencia T-425/09 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), la Corte reiteró la sentencia T-014/08 en cuanto a
que la tutela es procedente sin que se agoten medios judiciales ordinarios
cuando hay afectación del mínimo vital en materia pensional: “en Sentencia
T-014 de 2008, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, con ocasión de una acción de tutela en la que se solicitaba la
indexación de la primera mesada pensional, la cual había sido negada
anteriormente por vía del procedimiento ordinario, dispuso que ante la verificación
del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción e tutela
contra providencias judiciales, especialmente en cuanto hace a las condiciones
materiales de quien invoca el amparo constitucional, debía eximirse al actor
de demostrar el agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa que tenía a su alcance, como quiera el solo hecho de que no se le
hubiere reconocido el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de su
mesada pensional, presumía, en el caso concreto, la afectación de su mínimo
vital”. En la misma línea, en la
sentencia T-366 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), se revisó la tutela interpuesta por la viuda y
beneficiaria de pensión de sobrevivientes de un pensionado de la Caja Agraria en 1996, a quien no se le indexó el salario para calcular la mesada pensional y
por lo mismo resultó ser muy inferior al valor real del salario al momento de
terminar la relación laboral. Por el rechazo de la solicitud de indexación
presentada directamente ante la Caja Agraria se promovió proceso laboral
ordinario. El juzgado de primera instancia absolvió a la Caja Agraria; juzgado de segunda instancia confirmó el fallo apelado. No se interpuso recurso
de casación por la posición desfavorable y reiterada de la Corte Suprema de Justicia sobre la indexación de la primera mesada pensional. Ante la sentencia
T-328/04 interpuso una nueva demanda laboral ordinaria que fue negada por cosa
juzgada en ambas instancias.  La accionante consideró que en otros casos menos
evidentes que el suyo la CSJ por su cambio de jurisprudencia sí ha reconocido
la indexación. La Corte afirmó que no es necesario agotar los mecanismos
judiciales ordinarios si existe afectación del mínimo vital del pensionado: “Ha
sostenido esta Corporación que si el accionante de tutela demuestra que con las
providencias judiciales se afecta su derecho al mínimo vital, situación que
puede devenir en un perjuicio irremediable, el actor quedará relevado de agotar
todas las instancias judiciales. En el presente caso por el sólo hecho de no
reconocer el reajuste del poder adquisitivo al valor de la primera mesada
pensional de la actora, se presume que puede afectarse su derecho al mínimo
vital y la seguridad social, razón por la cual, la actora queda relevada de
demostrar el agotamiento de todas las instancias judiciales a su alcance. //
Por lo anterior, se debe tener en cuenta que el derecho a la seguridad social
tiene estrecha relación con el mínimo vital de cada individuo, el cual está
determinado por las condiciones de vida congrua, entendido como ‘(…) los
requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de al
persona y de su familia, no solamente en lo relativo a la administración y
vestuario sino en lo referente a la salud, educación, vivienda, seguridad
social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación
de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las
exigencias más elementales del ser humano’ (T-011 de 1998). De igual manera,
esta Corporación en la Sentencia T-237 de 2001 señaló lo siguiente: ‘…el
concepto de mínimo vital ha de mirarse desde una óptica muy particular, pues
para determinar si efectivamente se encuentra vulnerado han de tenerse en
cuenta otros factores propios del caso concreto, sin que por ello, el concepto
en sí, pueda ser restringido en su aplicación a ciertos y determinados grupos
sociales. Evidentemente, cuando un particular considera en peligro su mínimo
vital, pretenderá justificar su violación en la ausencia de aquellos medios
materiales que se constituían como los garantes de una vida en condiciones
dignas y justas, y que le están siendo negados, ya sea por un particular o por
un ente público, que con su conducta omisiva, desconocen el derecho que tiene
la persona a reclamarlos’. Adicionalmente, en la sentencia SU-995 de 1999, la Corte indicó que ‘la idea de un mínimo de condiciones decorosas, de vida (v.gr. vestido,
alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración
numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir,
sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias
propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de
vida’.” La Corte concedió la tutela, dejó sin efectos los fallos laborales
ordinarios, y ordenó directamente a la Caja Agraria que en 10 días indexara la primera mesada pensional, así como que garantizara su derecho constitucional a
mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionadas causadas.
[73] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[74] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[75] Al respecto se pueden consultar, entre otras las sentencias T-098 de
2005 y T-609 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[76] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[77] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[78] Ver en el mismo sentido la sentencia T-457 de
2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En
aplicación de esta postura, en la sentencia T-789/08 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) se estudió el
caso de un ciudadano que se había pensionado del Banco Popular  en 1993 con una
mesada que no fue calculada con base en un valor indexado de su salario, pues
ganaba 19.12 mínimos legales y la mesada que recibió era de 5.7 salarios
mínimos. Promovió demanda laboral contra el Banco Popular; pero el juzgado de
primera instancia no otorgó sus pretensiones; el tribunal de segunda instancia
revocó el fallo y ordenó indexar la mesada de acuerdo con una fórmula que el
actor consideraba justa y legal. La Corte Suprema de Justicia modificó el fallo en el sentido de aplicar una fórmula distinta que dio como resultado un monto
de pensión menor. Se atacaba el fallo de la Corte Suprema mediante la acción de tutela. La Corte reiteró su jurisprudencia previa sobre
inmediatez en estos casos. En este caso concreto el juez de primera instancia
alegó falta de inmediatez por el transcurso de 1 año entre la sentencia atacada
y la tutela; afirmó la Corte: “No obstante, el requisito de la inmediatez se
sustenta en la facultad de actuación inmediata asignada en el artículo 86 de la Carta Política y el juez de tutela siempre puede actuar en orden al restablecimiento de
prestaciones periódicas, irrenunciables y vitalicias. // Cabe precisar, además
i) que el señor Montes Abreau agotó los mecanismos ordinarios de defensa y no
cuenta sino con la acción de tutela para confrontar la Sentencia que le desconoce el derecho a exigir, mes a mes, una pensión que responda,
realmente, al 75% del último salario devengado y ii) que su calidad de
pensionado y la necesidad de contar con la prestación para satisfacer los
gastos que demanda su subsistencia no se discuten”. Se confirmó la decisión de
primera instancia que concedió la tutela, ordenando al Banco Popular efectuar
la liquidación conforme a la fórmula de la jurisprudencia constitucional.
[79] Ver, en este sentido, las sentencias T-805/04 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-815 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-366 de 2009 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio), T-425 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y T-447 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[80] En la sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime
Araújo Rentería), la Corte estudió el caso de un ciudadano que se había
pensionado del Citibank en diciembre de 1980 con una pensión de 3 salarios
mínimos, cuando al retirarse ganaba 20 veces el mínimo; solicitó el reajuste al
Banco y éste se negó a hacerlo. Promovió proceso laboral para conseguir la
indexación de la primera mesada pensional; el juez de primera instancia denegó
invocando la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema – Sala Laboral; el juez de segunda instancia confirmó por las mismas razones;
en sede de casación la Corte Suprema no casó la sentencia, aplicando su
jurisprudencia nueva de 1999. Para el actor esta providencia es una vía de
hecho contraria a sus derechos fundamentales que desconoce la SU-120/03; promovió la acción de tutela contra la decisión de la Corte Suprema, y hubo citación oficiosa del Citibank. La Corte reiteró en su integridad la sentencia SU-120/03, por existir identidad fáctica con los casos precedentes
sobre indexación. Confirmó el fallo que concedió la tutela, pero cambia el
remedio ordenado, en el sentido de dejar sin efectos el fallo de la Corte Suprema y los fallos de instancia laborales, y ordenar a la empresa empleadora que
adoptara en 48 horas las gestiones necesarias para garantizar el pago indexado
de las mesadas pensionales, y que pagara la porción de la mesada pensional que
dejó de percibir, correspondiente a las mesadas sobre las cuales no ha operado
la prescripción. Además la Corte definió en detalle, con base en su
interpretación del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 y demás normas, cuál es la base para la liquidación, y cuáles son los criterios con
base en los cuales se debe indexar la primera mesada pensional (IPC); declara
probada la excepción de prescripción para algunas de las mesadas adeudadas, y
definió cuáles son los montos que debería pagar el liquidador; determinó el
efecto de la interrupción judicial de la prescripción; y estableció la fórmula
matemática que debería aplicar el Citibank para calcular la actualización de
las mesadas. De igual forma, en la sentencia T-366 de 2009 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio) la Corte resolvió sobre la acción de tutela interpuesta por la
viuda y beneficiaria de pensión de sobrevivientes de un ciudadano pensionado de
la Caja Agraria en 1996, a quien no se le indexó el salario para calcular la
mesada pensional y por lo mismo resultó ser muy inferior al valor real del
salario al momento de terminar la relación laboral. Por el rechazo de la
solicitud de indexación presentada directamente ante la Caja Agraria se promovió proceso laboral ordinario. El juzgado de primera instancia absolvió
a la Caja Agraria; juzgado de segunda instancia confirmó el fallo apelado. No
se interpuso recurso de casación por la posición desfavorable y reiterada de la Corte Suprema sobre la indexación de la primera mesada pensional. Ante la sentencia T-328/04
interpuso una nueva demanda laboral ordinaria que fue negada por cosa juzgada
en ambas instancias.  La accionante consideraba que en otros casos menos
evidentes que el suyo la Corte Suprema, por su cambio de jurisprudencia, sí
había reconocido la indexación. La Corte Constitucional concedió la tutela, dejó sin efectos los fallos laborales ordinarios, y
ordenó directamente a la Caja Agraria que en 10 días indexara la primera mesada
pensional, así como que garantizara el derecho constitucional de la
peticionaria a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionadas
causadas, según la fórmula de la T-098/05. En
el mismo sentido, ver la sentencia T-906 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[81] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[82] Ver, entre otras, las sentencias T-141 de 2009 (MP. Mauricio González
Cuervo), T-908 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), T-014 de 2008 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y T-696 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[83] Así, en
la sentencia T-805 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) la Corte examinó el caso de un ciudadano que se
había pensionado del Banco Andino de Colombia -en liquidación- en 1997, con una
mesada de un salario mínimo cuando al retirarse ganaba 13 salarios mínimos,
porque se calculó la mesada con el valor sin actualizar. El actor demandó al
Banco Andino para obtener el reajuste de su primera mesada pensional; el juez
de segunda instancia se niega a ordenar la indexación, y la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral decidió no casar la sentencia. El actor afirmaba que
en distintas sentencias la Corte Suprema había ordenado la indexación de la
primera mesada de pensionados de la Caja Agraria en similares condiciones a la suya; dirigió la tutela contra el fallo de la Corte Suprema que no casó la sentencia de segunda instancia. La Corte Constitucional deja sin efectos las decisiones judiciales del Tribunal y de la Corte Suprema que negaron la indexación en el proceso ordinario promovido por el demandante
contra el Banco Andino; y le ordenó al liquidador del Banco que adelantara las
gestiones necesarias para garantizar el pago indexado de las mesadas
pensionales al peticionario. El texto de la orden impartida por la Corte fue el siguiente: “Segundo.- ORDENAR al liquidador del Banco Andino de Colombia (hoy en
liquidación) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente sentencia, adelante todas las gestiones
necesarias para garantizar el pago indexado de las mesadas pensionales del
señor Rafael Antonio Niño Terreros”. En la sentencia T-815 de 2004 se adoptó
una decisión en idéntico sentido para un caso similar, también contra el Banco
Andino. En el mismo sentido, en la sentencia T-789/08 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) la Corte se pronunció sobre el caso de un ciudadano que se había
pensionado del Banco Popular  en 1993 con una mesada que no fue calculada con
base en un valor indexado de su salario, pues ganaba 19.12 mínimos legales y la
mesada que recibió era de 5.7 salarios mínimos. Promovió demanda laboral contra
el Banco Popular; el juzgado de primera instancia no otorgó sus pretensiones;
el tribunal de segunda instancia revocó el fallo y ordenó indexar de acuerdo
con una fórmula que el actor consideraba justa y legal. La Corte Suprema modificó el fallo en el sentido de aplicar una fórmula distinta que dio como
resultado un monto de pensión menor; el actor atacaba el fallo de la CSJ mediante la acción de tutela. La Corte Constitucional confirmó la decisión de primera
instancia que concedió la tutela, ordenando al Banco Popular efectuar la
liquidación conforme a la fórmula de la jurisprudencia constitucional. En idéntico sentido ver la sentencia T-425 de 2009
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[84] En la sentencia T-457 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), la Corte se pronunció sobre el caso de un ciudadano que
se había  pensionado de Ecopetrol en 1981, sin que se hubiese actualizado el
último salario para calcular la mesada pensional. La acción de tutela se
dirigió directamente contra Ecopetrol, y la Corte aclaró expresamente que la tutela es procedente así se dirija contra decisiones judiciales o contra las
entidades que reconocen la pensión directamente. La Corte concedió la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad,
debido proceso y mínimo vital, e impartió la siguiente orden a Ecopetrol:
“Segundo.- ORDENAR a ECOPETROL S.A. que dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación de esta sentencia, reconozca y actualice el salario base para
la liquidación de la primera mesada pensional de Jesús María Díaz rueda, desde
el día 30 de septiembre de 1976, fecha en la que dejó de trabajar en esa
empresa, hasta el 16 de octubre de 1981, día en que se causó el derecho a la
pensión, de acuerdo con el Indice de precios al Consumidor. // Adicionalmente,
dentro del mismo término, ECOPETROL S.A. deberá pagarle los montos adeudados y
actualizados respecto de los cuales no haya operado la prescripción”. En el
mismo sentido, ver la sentencia T-362 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[85] Ver las sentencias T-362 de 2010 y T-901 de 2010.
[86] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[87] Ver, entre otras, las sentencias T-425 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-815 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1055 de 2007
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-789 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
y T-425 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[88] Sentencia T-425 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[89] Al respecto, expresó la Sala Plena: “Resulta palpable la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo hará
esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991. Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el
alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela, quebranta la
autonomía funcional de los jueces, obstruye el acceso a la administración de
justicia, rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones,
impide la preservación de un orden justo y afecta el interés general de la
sociedad, además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada,
inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico”. (Sentencia C-543 de 1992. MP. José Gregorio Hernández
Galindo. SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez
Caballero).
[90] En efecto, algunos de los aspectos asociados al
análisis de inmediatez, según la jurisprudencia constitucional, son los
siguientes: (i) las condiciones personales del peticionario y, especialmente,
si estas lo ubican dentro de un grupo susceptible de especial protección
constitucional; (ii) la permanencia en el tiempo de la lesión o amenaza
iusfundamental; (iii) la diligencia demostrada por el peticionario o la
peticionaria en la defensa de sus derechos: (iv) la eventual afectación a
intereses o derechos de terceros, derivada de la intervención del juez de
tutela; y, (v) las razones que esgrima el afectado para justificar la tardanza
en la presentación de la demanda (en caso de que lo haga).  (Ver, por ejemplo,
T-079 de 2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[91] El precedente cumple también un papel esencial en
la argumentación judicial, pues es un imperativo del razonamiento práctico dar
igual trato a situaciones iguales si no median trascendentales razones para no
hacerlo, lo que se traduce en reglas de “carga” y “descarga” argumentativa:
así, quien sigue el precedente sustenta su fallo en los ya citados principios
constitucionales así como en la racionalidad de la práctica judicial vigente,
lo que supone una descarga en su argumentación; por el contrario, el
juez que considere prudente (o necesario) variar el camino trazado por vía de
precedentes deberá asumir cargas especiales de argumentación de tal
manera que demuestre no sólo la superioridad jurídica de la nueva posición,
sino la razón por la cual ésta justifica desde el punto de vista constitucional
una restricción de los principios citados en el párrafo anterior. Al respecto, se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias
C-836 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa) y C-639 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[92]
En la sentencia T-014 de 2008 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), la Corte Constitucional decidió un caso relativo a la solicitud de Indexación de la primera mesada pensional de un accionante que
había laborado para la Caja de Crédito Agrario, Agroindustrial y Minero por
aproximadamente 27 años, y a quien le fue reconocida la pensión de jubilación
por la entidad demandada en cuantía muy inferior al salario que percibía,
debido al tiempo transcurrido entre la fecha de retiro y el momento en que
acreditó la edad para acceder a la prestación. El accionante inició un proceso
laboral con la pretensión de obtener la Indexación de la primera mesada pensional, pero su derecho fue negado en el trámite ordinario, mediante sentencias de primera
y segunda instancia proferidas en el año 2001, basadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la improcedencia de la indexación, lo que llevó al actor a no
acudir al recurso extraordinario de casación, considerando improbable obtener
una respuesta favorable y previendo, en cambio, una condena en costas que no
estaba en capacidad de asumir por su nivel de ingresos. Posteriormente, el
peticionario inició un segundo proceso laboral. El juez de primera instancia
declaró probada la excepción de cosa juzgada y el demandante presentó recurso
de apelación, argumentando que -en su concepto-, la ratio decidendi de la
sentencia T-328 de 2004 habilitaba a las personas que habían recibido una
respuesta judicial desfavorable en materia de indexación, a acudir nuevamente a
la jurisdicción para reclamar la eficacia del derecho fundamental a una
remuneración vital y móvil, mediante la actualización de la primera mesada. La
sentencia de primera instancia fue confirmada por el ad quem del
proceso. El demandante interpuso entonces acción de tutela y fundamentó su
solicitud de Indexación de la primera mesada pensional en el presunto
desconocimiento de las sentencias de sala Plena SU-120 de 2003 y T-663 de 2003.
La Sala Quinta decidió conceder el amparo al actor y en consecuencia, ordenó a
la entidad demandada, efectuar la indexación de su primera mesada pensional.
Posteriormente, en la providencia T-130 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), la Sala Octava conoció la situación de una persona que
laboró durante aproximadamente 22 años para la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (desde el día 1º de marzo de 1969 hasta el día 16 de noviembre de
1991) y a quien le fue reconocida la pensión convencional de la institución. El
actor cumplió el requisito de edad varios años después del
reconocimiento y la parte accionada no indexó su primera mesada pensional -o el
salario base de liquidación, como precisó la Sala Octava- lo que llevó a que se presentara una notable desproporción entre el salario que
percibía como trabajador y su mesada pensional. Por ese motivo, el actor inició
un proceso ordinario laboral el cual fue fallado en primera instancia, el 6 de
agosto de 2004 y, en segunda instancia, el 31 de marzo de 2005, de manera
negativa a su pretensión. El demandante no agotó el recurso de casación,
considerando el amplio número de pronunciamientos en que la Sala de Casación Laboral mantuvo la posición de negar el derecho, siguiendo la sentencia
providencia 11818 (CSJ-SCL). Indicó el peticionario que, al conocer la
jurisprudencia constitucional “más reciente”, inició por segunda vez una
reclamación administrativa y, ante la negativa de la entidad encargada del pago
de su pensión a indexar su primera mesada, acudió de nuevo a la jurisdicción
laboral mediante proceso ordinario. Los jueces laborales de primera y segunda
instancia en este segundo trámite decidieron declarar la excepción de cosa
juzgada, con base en las sentencias dictadas en el trámite inicial. La Sala Octava concedió el amparo y estimó que las autoridades judiciales del segundo trámite
incurrieron en defecto de desconocimiento del precedente constitucional al
negar el derecho en el segundo trámite. La existencia de los dos procesos
laborales fue tomada en cuenta como prueba de que el actor intentó agotar todos
los recursos y puso en conocimiento de los jueces naturales el motivo de la
presunta vulneración; sobre el requisito de inmediatez, recordó la citada Sala
que, en materia de indexación, no caben tratos diferenciados en razón del
tiempo, en virtud de lo expresado en sentencias C-862 de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto) y T-1059 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En relación con el fondo del asunto, la Sala Octava decidió conceder el amparo. En su concepto, las autoridades judiciales que
intervinieron en el segundo trámite laboral y dieron por probada la
excepción de cosa juzgada incurrieron en defectos de carácter material y de
desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia C-862
de 2006, especialmente, porque en su segunda reclamación ante la justicia
ordinaria, el peticionario dejó en claro que su requerimiento era de carácter
constitucional.
Finalmente, la Sala Novena de Revisión, en decisión T-366 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
analizó un caso en que se discutía la procedencia de la Indexación de la primera mesada pensional de la pensión de sustitución de una peticionaria
cuyo esposo había laborado por más de 20 años para la Caja de Crédito Agrario y a quien le fue reconocida pensión convencional de jubilación por
parte de la entidad. Como en los eventos ya mencionados, el actor cumplió el
requisito de edad varios años después de haberse retirado del servicio,
y su prestación no fue calculada a partir de un salario base de liquidación
actualizado o indexado, produciéndose así una notoria desproporción entre su mesada
pensional y el salario que devengaba al momento de la desvinculación. El
afectado inició entonces un proceso laboral, en el cual no se reconoció su
derecho a la Indexación de la primera mesada pensional y, como en los eventos
anteriores, no agotó el recurso de casación, considerándolo ineficaz, debido a
la jurisprudencia vertida por la Corte Suprema, en sentencia 11818 (CSJ-SCL). La existencia de dos procesos
ordinarios fue valorada por la Sala al analizar el cumplimiento del requisito
de identificar el motivo de la vulneración, de esta manera: “el actor ha
identificado de manera razonable los hechos que han generado la vulneración de
sus derechos fundamentales, especialmente en el proceso que se adelantó ante la
justicia ordinaria en la segunda instancia y al momento en que intentó por
segunda vez, sobre la base de hechos nuevos iniciar nuevamente la acción
ordinaria laboral sin éxito, por haber prosperado la excepción de cosa juzgada […]”.
Finalmente, en las consideraciones centrales sobre el fondo del asunto,
señaló la Corporación: “[…] la Sala estima que en el presente caso, los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por el Juzgado Quince
Laboral del Circuito y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 2
de octubre de 2007 y el 31 de enero de 2008 respectivamente, incurrieron en un
defecto material o sustantivo, puesto que desconocieron el precedente
jurisprudencial emanado de ésta Corporación, dejando de lado el mandato
constitucional que impone el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional y el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de las
mesadas pensionales, razón adicional para determinar que en este caso resulta
procedente la presente acción de tutela contra la providencia demandada”. La Sala Novena decidió entonces dejar sin efectos las sentencias proferidas en el segundo
trámite ordinario laboral y conceder el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional, considerando que los jueces laborales incurrieron en defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente.
[93] Véase la sentencia T-162 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En esa oportunidad la Corte estudió el caso de un senador que por los mismos
hechos se le habían iniciado sucesivamente dos procesos, uno electoral y otro
de pérdida de investidura, respectivamente. Como el primero había culminado con
una sentencia a su favor invocó la excepción de cosa juzgada en el segundo,
considerando que había identidad de sujetos y de objeto. La Sala estimó que no operaba el fenómeno de la cosa juzgada porque las razones jurídicas que
soportaban los procesos eran diferentes. Respecto la causa para pedir la Corte sostuvo lo siguiente: “(…) la causa petendi contiene, por una parte, un componente
fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un
componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales
se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico proceso
argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar
que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los
cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica.”.
[94] Al respecto, ver auto 141B de 2004. (M.P.
Álvaro Tafur Galvis).
[95] T-209 de 2010. MP Juan Carlos Henao Pérez. “Teniendo en cuenta los principios de
celeridad y eficacia previstos en el artículo 3° del Decreto 2591 de 1991, se
impartirá directamente al Instituto de Seguros Sociales la orden de actualizar,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, el valor de la mesada pensional
inicial del ciudadano Diógenes Riaño de conformidad con la fórmula señalada en la Sentencia T-098 de 2005. No obstante, la orden de pagar las mesadas pensionales se impartirá
teniendo en cuenta la fecha en la cual el demandante reclamó la indexación de
su mesada (3 de enero de 2007) para efectos de declarar el fenómeno de la
prescripción laboral [artículo 488 del código Sustantivo
del Trabajo], cuya excepción fue propuesta por el Instituto de Seguros
Sociales (Ver intervención de la parte demandada numeral 15). Por ello se
declarará la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 3 de enero
de 2004 y también se ordenará al Instituto de Seguros Sociales pagar dentro del
término anteriormente señalado al ciudadano Diógenes Riaño identificado con CC
N° 117352, la indexación de las mesadas pensionales causadas a partir del 3 de
enero de 2004”.
[96] T-697/10
Henao. Este es un supuesto en que se respeta la decisión del juez de primera
instancia sobre prescripción de mesadas. 29. En consecuencia, para proteger el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional de Tomás José Quiroz
Rodríguez, se revocará la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal –Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de febrero de 2010, se concederá el amparo, y se revocará la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C., Sala Laboral, el 18 de marzo de 2009, dejando vigente el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá,
D.C. el 10 de noviembre de 2008 mediante el cual se ordenó: “CONDENAR a
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. “AVIANCA”, a pagar a favor del señor
TOMÁS JOSÉ QUIROZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 121.993
de Bogotá, a la indexación de las mesadas pensionales, teniendo como punto de
partida que la primera mesada pensional asciende a $157.610.6 correspondiente
al 59.25% de su IBL. La suma insoluta o dejada de pagar igualmente será objeto
de indexación, desde la fecha en que se dejó de pagar, hasta la notificación de
esta sentencia, de conformidad con lo expresado en la parte motiva. Tal
reajuste por indización se condena respecto de las mesadas pensionales causadas
con posterioridad al 28 de noviembre de 2003”.
[97] T-076/10.
Se ordena al juez que liquide la primera mesada con base en la T-098/05. La reliquidación mediante esta
fórmula ha sido dispuesta por la Corte Constitucional cuando no se ha reconocido el derecho a la indexación en ninguna de las
instancias del proceso laboral ordinario, pues cuando ello ha sucedido opta por
acoger lo allí decidido. Cfr. T-425 de 2007, T-815 de 2007 y T-055 de 2007, con
reciente reiteración la T-570 de agosto 26 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[98] MP. Jaime Araujo Rentería.
[99] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[100] En el caso del señor Ramón Humberto Delgado Chaves, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la probada la
prescripción de las mesadas contadas tres años antes de la reclamación
administrativa presentada por el actor, mientras que en el caso del señor
Mazuera, el Juzgado Segundo de Descongestión Laboral de Bogotá declaró no
probada la excepción.