T-086-12
Sentencia T-020/11
Sentencia T-086/12
ACCION DE
TUTELA PARA DESATAR CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DE CARACTER COMERCIAL-improcedencia
En cuanto, a la procedencia de
la acción de tutela para desatar controversias de tipo contractual, esta
Corporación se ha pronunciado en numerosas oportunidades en torno a la
improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de naturaleza
contractual, considerando que, el amparo por vía de tutela es excepcional, por
tratarse de controversias que se derivan de acuerdos privados celebrados por
las partes, que en principio, deberían ser resueltos mediante acciones
ordinarias de carácter civil, comercial o contencioso dependiendo del caso
particular.  Se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, la
acción de tutela es improcedente para decidir las controversias suscitadas
alrededor del reconocimiento de derechos de carácter legal suscitados en
asuntos de naturaleza contractual. Sin embargo, de manera excepcional y de
conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de amparo
será procedente si el juez de tutela determina que los medios ordinarios de
defensa judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente
vulnerados; y, existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable
a los derechos fundamentales. En caso de constatar la procedibilidad de la
acción de tutela, está llamada a prosperar si se encuentra plenamente
demostrada la afectación de los derechos fundamentales del accionante. En este
orden, y como se indicó en las consideraciones de esta providencia, la acción
de tutela es un mecanismo procesal de naturaleza residual que busca la
protección inmediata de los derechos fundamentales en la medida que sea
evidente su vulneración en caso contrario resulta improcedente para zanjar
controversias de tipo legal relacionadas con la nulidad relativa en un contrato
de seguro, aspecto alegado por la compañía aseguradora. Por consiguiente, no es
posible requerir a la jurisdicción constitucional para reemplazar la
competencia que para estos efectos les ha sido otorgada a los jueces ordinarios
ACCION DE
TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
NATURALEZA
DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE
SEGUROS/RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO
En aplicación del principio de
la buena fe, se puede concluir que este es un postulado de doble vía, que
obliga a las partes a comportarse con probidad en el desarrollo de la relación
contractual siendo esta una particularidad  fundamental para efectos de
interpretación de las cláusulas que lo rigen. Esta buena fe en el contrato de
seguro, no sólo indica la manera como debe analizarse la conducta de las partes
frente al cumplimiento de los deberes contractuales, sino también de algún modo
la eficacia del mismo contrato.
Referencia: expedientes T-3.185.418, T-3.191.366 y T-3.205.706 (acumulados).
Acciones de tutela incoadas por Segundo  Pinzón Albarracín
contra La Equidad Seguros de Vida O.C. y Coomuldesan Ltda.; por Aura Mery Lucumí Urrutia contra Banco Davivienda S.A. y Seguros
Bolívar S.A.; y por Ana Lucila Quintero Suárez contra Banco Davivienda S.A. y Seguros
Bolívar S.A.
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Bogotá D.C. dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012)
La
Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Luis Ernesto Vargas Silva, y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
las providencias adoptadas el 21 de junio de 2011, por el Juzgado Dieciséis
Civil Municipal de Bucaramanga en primera instancia y el 28 de julio de 2011, por
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga en segunda instancia
(expediente T-3.185418); del fallo proferido el 18 de julio de 2011 por el Juzgado
Octavo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cali (expediente
T-3.191.366); y de las providencias del 29 de junio de 2011 por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Bucaramanga en primera instancia  y el 9 de agosto
de 2011 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga (expediente
T-3.205.706)[1].
I.
ANTECEDENTES
1. Expediente T-3.185.418
El pasado 8 de junio de 2011, el
señor Segundo Pinzón Albarracín, interpuso acción de tutela[2]
contra La Equidad Seguros de Vida O.C. y la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Colombia Ltda., Coomuldesan
Ltda.[3], con la finalidad de que
se le protejan sus derechos fundamentales a la salud, al debido proceso, a la
vida digna, al mínimo vital, los cuales habrían sido vulnerados como ocurrencia
de los siguientes:
1.1. Hechos
1.  El accionante se desempeñó
como docente vinculado a la
Secretaría de Educación de Bucaramanga por espacio de 30 años desde el 1° de
julio de 1983, siendo su último cargo el de coordinador del personal de planta
y de los asuntos académicos de más de 1000 estudiantes del Instituto Nacional
de Comercio, de quienes debía conocer su situación socioeconómica y sus
problemas intrafamiliares y psicosociales, lo que le produjo un progresivo y
rápido deterioro de su salud física y mental, “un cuadro de stress
progresivo y continuo” y el día 14 de abril de 2008, un “INFARTO AGUDO
DEL MIOCARDIO”, razón por la que le colocaron un “stent” para
restablecer su salud cardiovascular[4].
- Afirma que con posterioridad al
infarto, “desarrolló manifestaciones propias de un TRANSTORNO ANSIOSO
DEPRESIVO tales como MIEDO, DEPRESION, DESESPERANZA POR EL FUTURO DE SUS HIJOS
MENORES DE EDAD, INSEGURIDAD EN SI MISMO, EL TEMOR A QUEDARSE SOLO, EL TEMOR A
SUFRIR EL RIESGO DE UNA MUERTE SUBITA  en cualquier momento en razón de su
precario estado de salud físico y mental”.[5]
2. El 12 de abril de 2010, el
médico laboral de la U.T. Avanzar Médico Región 1, calificó la pérdida de la
capacidad laboral y expidió el dictamen de invalidez con un porcentaje del 96%
de origen común[6], por haber sido
diagnosticado con algunas enfermedades del corazón y trastornos de ansiedad y
depresión.
3. Por lo anterior, la
Secretaría de Educación de Bucaramanga lo retiró del servicio activo y mediante
Resolución No.402 del 21 de julio de 2010[7], le reconoció a partir
del 13 de abril de 2010 la pensión de invalidez equivalente al 100% del último
salario devengado.
4. Como afiliado a la
Cooperativa se le otorgó el 2 de julio de 2009 un crédito ordinario por valor
de $45.000.000.oo[8], que para el 19 de agosto
de 2010[9] registraba mora en 4
cuotas y un saldo de $59.178.000.oo y para el 28 de octubre de 2010 según
certificación expedida por la Cooperativa[10] se encontraba al día en
las cuotas atrasadas.
5. El crédito fue amparado con la
póliza de seguro de vida grupo deudores No.AA006899 suscrita entre el Tomador, la
Cooperativa y la aseguradora La
Equidad Seguros de Vida O.C., con vigencia del 1° de octubre de 2009 al 1° de
octubre de 2010 para amparar el riesgo de muerte o incapacidad total o
permanente[11], que corresponde a una renovación
automática de otra póliza emitida el 1° de julio de 2009 por Suramericana de
Seguros, anterior proveedor de pólizas que fue reemplazada por autorización de la
Junta Directiva de la Cooperativa[12].
6. La aseguradora se niega a pagar
el siniestro de la póliza ocurrido por la invalidez acaecida el 12 de abril de
2010, argumentando que a la fecha en que se reportó el siniestro y antes de
suscribir la póliza, ya se encontraba en incapacidad por enfermedad
cardiovascular[13]. Se fundamenta para ello
en la declaración del médico tratante realizada el 24 de abril de 2010 ante la
compañía aseguradora, en la que confirma que el tiempo de evolución de la
enfermedad es del 14 de abril de 2008[14].
7. Considera que la aseguradora desconoce
que después de haber efectuado el desembolso del crédito y al momento de
suscribir el amparo, no puso ninguna objeción ni tampoco ordenó llenar la
declaración de asegurabilidad, ni tampoco le preguntó si padecía alguna de las
patologías que figuran en el contrato de seguro como exclusiones del riesgo
asegurado, de las cuales no se enteró al momento de renovar la póliza sino
posteriormente cuando la compañía hizo oponible el pago del saldo insoluto.
8. El accionante explica que,
contrario a las afirmaciones de la aseguradora, al momento de suscribir la
póliza, no se encontraba incapacitado para trabajar como docente. La “enfermedad
isquémica del corazón de orden crónica” sobre la que se realizó el dictamen,
fue diagnosticada en forma definitiva el 9 de octubre de 2009 cuando ya estaba
cubierto por la póliza, El primer y segundo “Infarto Agudo de Miocardio”,
que significa que las fallas cardiacas siendo agudas o de carácter temporal se
le volvieron permanentes o crónicas, sucedieron estando bajo el amparo de la
póliza que tenía suscrita con la aseguradora Suramericana.
9. Sostiene que al haberlo
cobijado con el seguro, mal puede la aseguradora accionada alegar las
preexistencias de salud, pues las vino a conocer después, cuando ocurrió el
siniestro o declaratoria de incapacidad total o permanente, es decir al momento
en que la Cooperativa realizó la reclamación.
10. La aseguradora incumplió con el
contrato de seguros y a su vez lo discriminó y vulneró sus derechos
fundamentales, al negarse rotundamente a hacer efectiva la póliza, puesto que
lo obligó a seguir abonando sumas de dinero a una deuda que estaba cubierta con
la póliza, con lo cual sufrió un evidente menoscabo de su patrimonio familiar,
su salud, su calidad de vida y su mínimo vital, pues su única fuente de ingreso
es la mesada pensional por invalidez que percibe de la
Secretaria de Educación de Bucaramanga por valor de $3.319.194.oo.
11. Sostiene que se encuentra en
situación de indefensión, dado que no cuenta con el poder de reclamación porque
no fue la persona que tomó la póliza, ni estuvo presente en el acto de
suscripción del contrato de seguro, ni tampoco tuvo la oportunidad de conocer
el formulario de suscripción o de toma del seguro, es decir, carece de poder
para obligar a la Cooperativa por vía judicial o extrajudicial para que en su
condición de tomador y beneficiario haga efectiva la póliza ante la compañía
aseguradora, lo que a la fecha no ha realizado ni se nota que quiera hacerlo,
excepto cobrarle las cuotas atrasadas y amenazarlo con el cobro judicial[15],
situación que agrava su condición de salud debido al stress a que es sometido a
diario por las múltiples obligaciones que tiene sobre sus hombros.
12. Invoca la acción de tutela en
forma subsidiaria y como mecanismo excepcional con el fin de impedir que el perjuicio
de orden moral, económico y en su salud física y mental causado con la
discriminación a que ha sido sometido por la aseguradora demandada, se torne irreparable
e irremediable ante la carencia de otros medios físicos o jurídicos de defensa
para evitar la violación de sus derechos fundamentales que han sido
quebrantados por el particular accionado. Ello si se tiene en cuenta, que la
acción judicial por la vía ordinaria que pudiere ejercer contra la aseguradora,
no constituye el medio más eficaz e idóneo para salvaguardar el derecho
fundamental al mínimo vital y móvil, puesto que se trata de una persona
incapacitada merecedora de una protección constitucional especial.
13. Mediante declaración rendida
bajo la gravedad de juramento el 17 de junio de 2011 ante el Juzgado 16 Civil
Municipal de Bucaramanga[16], el accionante reiteró
los hechos de la demanda y precisó en relación con el préstamo, que la
Cooperativa unificó todas las deudas y las retomó como un crédito nuevo que
fue amparado con Suramericana de Seguros, para lo cual diligenció un formato
que posteriormente fue corregido por una funcionaria de la
Cooperativa, entidad que posteriormente le envió copia de una comunicación
suscrita por la Aseguradora La Equidad. Afirma que Suramericana de Seguros le
informó que “ellos habían cubierto una deuda menor, pero tres meses después
y por un lapso de tres meses”. Explica que a varios compañeros que se
encuentran en condiciones similares a las suyas, les fue reconocido el pago de
sus deudas, incluso mediante tutela, pero en su caso particular la
Cooperativa le negó el derecho a la información y a la refinanciación de las
deudas. Agrega que tiene conocimiento que la
Cooperativa contrató un abogado para que le iniciara el cobro jurídico de la
deuda, razón por la que se ha visto obligado a cancelarles las cuotas en forma
periódica para no atrasarse, aunque no sabe si actualmente esté cursando un
proceso de cobro judicial ante un juzgado.
1.2. Solicitud de Tutela
De conformidad con los hechos
expuestos, el accionante solicita además de la protección de los derechos
fundamentales anunciados por encontrarse demostrada la afectación del mínimo
vital y su estado de debilidad manifiesta:
- Condenar a la aseguradora La
Equidad Seguros de Vida O.C. a pagarle a la
Cooperativa el valor del saldo de la deuda insoluta que actualmente tiene,
toda vez que los préstamos están amparados con la póliza que contrató con la
aseguradora demandada. Con ello pretende que la
Cooperativa le condone la deuda que tiene con dicha entidad.
- Condenar en abstracto a la
aseguradora a pagarle los daños y perjuicios morales y  materiales causados,
los cuales deberán ser liquidados conforme lo dispone el articulo 25 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con lo dispuesto en la sentencia T-1029 de
2010, mediante el trámite de un incidente de liquidación de perjuicios que
deberá ser resuelto definitivamente dentro del término perentorio e
improrrogable de seis meses contados a partir de la notificación del fallo de
primera instancia.
- Condenar en concreto a la
entidad aseguradora al pago de los daños y perjuicios morales y materiales como
daño emergente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto
2591 de 1991, en la sentencia T-1090 de 2005 proferida por la
Corte Constitucional y en los principios de eficiencia, informalidad,
oficiosidad, celeridad y eficacia, los cuales deberán ser tasados sobre el valor
total de las sumas de dinero que ha entregado a la
Cooperativa como abonos mensuales a las dos obligaciones crediticias que tiene.
1.3. Respuesta de las
entidades vinculadas en la acción de tutela
1.3.1. La
Equidad Seguros de Vida O.C.
Dentro del término concedido por
el despacho judicial de primera instancia, la
Gerente de la Agencia Bucaramanga de La
Equidad Seguros de Vida O.C., conforme al poder general otorgado por escritura
pública por el representante legal de la empresa, dio respuesta a la acción de
tutela[17], con fundamento en los
siguientes argumentos:
Afirma que el 1° de octubre de
2009, la aseguradora expidió renovación de la póliza de seguro con vigencia del
1° de octubre de 2009 al 1° de octubre de 2010, que comprende el amparo por
muerte e incapacidad total y permanente por crédito otorgado a favor del
accionante el 2 de julio de 2009. El 30 de abril de 2010, en virtud de la
incapacidad del accionante originada en enfermedad isquémica crónica del
corazón, la Cooperativa efectuó reclamación para el pago de la indemnización
por un saldo que asciende a la suma de $40.891.736. Sostiene que de acuerdo con
la historia clínica expedida por la
Clínica Árdila Lulle de fecha 18 de abril de 2008, se registra Infarto Agudo
del Miocardio “IAM”.
Al respecto explica, que de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3., numeral 3.4 de las Condiciones
Generales de la Póliza, el seguro no cubre los saldos de préstamos que hubieren
sido otorgados a personas que al momento de entrar en vigencia el contrato o al
otorgarse un nuevo préstamo o incrementar el monto adeudado, no reúnan los
requisitos de asegurabilidad. Según lo dispuesto en la cláusula 7, numeral 7.6.,
dichos requisitos se refieren a: “no presentar ni haber presentado, ni haber
sido diagnosticada en cualquier tiempo anterior al ingreso a la póliza alguna
de las siguientes enfermedades: diabetes I y II, VIH positivo/SIDA, cáncer, afecciones
cerebrovasculares, afecciones cardio-vasculares o insuficiencia renal crónica,
enfermedades del colágeno, enfermedades hematológicas, tabaquismo y
alcoholismo”.
Destaca que el requisito exigido,
opera así la entidad no haya exigido para su ingreso el diligenciamiento de un cuestionario
o la práctica de exámenes y precisa que no tiene conocimiento directo e
individualizado de las condiciones físicas de los deudores del Tomador, por
tanto lo que exige para todo nuevo crédito o incremento de uno antiguo, es que
cada deudor reúna los requisitos de asegurabilidad en la forma como se expuso. Agrega
además, que el crédito fue desembolsado en tiempo anterior a la fecha de inicio
de la póliza contratada con La Equidad, en donde no se otorgó continuidad de
las condiciones de la anterior aseguradora.
De conformidad con los términos
del contrato de seguro suscrito, la aseguradora objetó la reclamación de la
Cooperativa, dado que a la fecha de otorgamiento del crédito, ya se le había
diagnosticado al accionante la enfermedad que se encuentra expresamente
excluida en la póliza y que tiene relación con la incapacidad total y
permanente por la que se reclama.
Estima que la acción es
improcedente, en tanto que el interés del accionante es meramente patrimonial y
encaminado al reconocimiento de la indemnización, asunto de competencia de la
justicia ordinaria y no del juez  constitucional, por ser el llamado a resolver
la controversia acerca de la operancia del contrato de seguro. Adicionalmente
estima, que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y por
el contrario ha cumplido la normatividad vigente en materia de seguros.
1.3.2. Secretaría de Educación
Municipal de Bucaramanga
El Secretario de Educación del
municipio de Bucaramanga dio respuesta a la acción de tutela para solicitar su
desvinculación del trámite, al considerar que el despacho que representa no ha
vulnerado los derechos fundamentales que invoca el accionante, toda vez que su
actuación se limita a la expedición de los actos administrativos por los cuales
se le reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez. Además sostiene,
que la Secretaría de Educación no hace parte de la relación contractual
derivada del contrato de seguro cuyo incumplimiento se reclama, ni tampoco es
responsable del incumplimiento alegado.
1.3.3. Unión Temporal Avanzar
Médico Región 1
La
Directora Ejecutiva de la
Unión Temporal Avanzar Médico Región 1, dio contestación al requerimiento
efectuado por el Juzgado de instancia para precisar en primer lugar que el
accionante se encuentra vinculado a la EPS como docente cotizante, fue valorado
por Medicina Laboral en consideración a su diagnóstico de enfermedad coronaria
y trastorno depresivo. Explica que de conformidad con lo establecido, las
condiciones de salud del paciente se han deteriorado debido al infarto agudo de
miocardio y trastorno ansioso depresivo, por lo que debe ser pensionado por
invalidez.
Tratándose de una entidad
prestadora de servicios de salud que cumplió oportunamente con las valoraciones
de medicina laboral que requirió el paciente, no es de su competencia
determinar la procedencia o no del reconocimiento de la indemnización que
reclama.
1.3.4. Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Educadores de Colombia - Coomuldesan Ltda.
El área de Control Interno de la
Cooperativa dio respuesta a la acción de tutela, para manifestar que se
adhiere a las pretensiones formuladas por el tutelante por cuanto se encuentran
dirigidas a proteger sus derechos fundamentales. Explica que en esta misma
situación se encuentran otros profesores asociados, a los cuales la
Aseguradora demandada les ha negado el cubrimiento del siniestro.
1.4. Decisiones judiciales
objeto de revisión
1.4.1. Primera instancia
Mediante sentencia proferida el 21
de junio de 2011, el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga decidió
no tutelar los derechos reclamados por el señor Segundo Pinzón Albarracín[18].
Luego de precisar que el asunto que se debate es de contenido  meramente
económico y por tanto, no puede reclamarse por esta vía constitucional y que el
accionante carece de legitimación en la causa por cuanto tales derechos económicos
se encuentran radicados en cabeza de un tercero que no puede ser representado
sino por quien ejerce la representación legal, afirma que mal puede hablarse de
la vulneración del derecho a la igualdad, en tanto que no ha existido un trato
diferente al otorgado a otros afiliados a quienes por vía de tutela se le
reconoció el amparo deprecado, si se tiene en cuenta que se trata de
situaciones totalmente diferentes, toda vez que la enfermedad por la que se le
calificó la pérdida de la capacidad laboral no estaba dentro de las
relacionadas en los requisitos de asegurabilidad previstos en la póliza y por
el contrario la padecida por el accionante si lo está. De otra parte, la
inconformidad del demandante debe ser debatida ante la justicia ordinaria civil
por tratarse del juez natural ante el cual las partes en conflicto gozan de
plenas garantías. Adicionalmente considera que el actor no demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria
de la acción de tutela.
1.4.2. Impugnación
El señor Segundo Pinzón Albarracín
a través de su apoderada judicial, impugnó la decisión proferida por el Juzgado
Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga[19] con el objeto de
solicitar la revocatoria del fallo y lograr que, en su lugar, se concedieran
las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda. Considera que lo
afirmado por la Aseguradora La Equidad en el escrito de contestación de la
tutela, no corresponde a la verdad, toda vez que la accionada si reconoció la
cláusula de continuidad en el contrato de seguros que suscribió con la
Cooperativa, por los cubrimientos de las obligaciones que inicialmente estaban
respaldadas por las pólizas que emitía Suramericana de Seguros a los afiliados de
la Cooperativa, entre los que se encuentra el accionante, según lo aprobó la
Junta de Administración el 19 de junio de 2009, en la que se nombró a la
aseguradora Seguros de Vida La Equidad O.C. como el nuevo proveedor de pólizas
de seguros de vida grupo deudores de la
Cooperativa. Así también se desprende de lo afirmado por la
Gerente de la Aseguradora en oficio dirigido el 4 de marzo de 2010 al Gerente
de la Cooperativa[20], circunstancias que no
fueron tenidas en cuenta por el fallador de primera instancia.
Adicionalmente sostiene, que la
acción de tutela es procedente, ante la existencia de legitimación por pasiva
del demandado, y con el fin de precaver la configuración de un perjuicio
irremediable dadas las especiales condiciones en que se encuentra.
1.4.3. Segunda instancia
El Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Bucaramanga en sentencia proferida el 28 de julio de 2011, confirmó
en todas sus partes lo decidido al encontrar que en el presente asunto no se
reúnen los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela,
toda vez que no se cumple con el requisito de inmediatez si se tiene en cuenta
que el hecho generador de la violación del derecho alegado se produjo el 4 de
junio de 2010, fecha en la cual la compañía aseguradora le comunicó a la
Cooperativa las objeciones de la reclamación por el amparo del seguro y la
acción de tutela la presentó el 8 de junio de 2011, habiendo dejado transcurrir
más de un año. De otro lado, considera que los precedentes jurisprudenciales
invocados por el actor, debían ser tenidos en cuenta si se hubiere probado que
se encontraba en estado de indefensión o afectado en su mínimo vital, “pues
sus descuentos relacionados al fl.19 de la demanda en su mayoría son de manera
voluntaria y riñen abiertamente con el comprobante de pago de pensionados”.
Así entonces, concluye que la acción es improcedente para hacer cumplir un
contrato de seguros que tiene una exclusión pactada como sucede en el presente
caso, en donde el crédito se otorgó en forma posterior al aparecimiento de la
patología, lo que precisamente constituye la exclusión.
2. Expediente T-3.191.366
El pasado 30 de junio de 2011, la
señora Aura Mery Lucumí Urrutia, interpuso acción de tutela[21],
solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
dignidad y al mínimo vital los cuales, en su opinión, están siendo vulnerados
por las entidades Banco Davivienda S.A. y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A.. De acuerdo con la solicitud de tutela y las
pruebas obrantes en el expediente, la accionante sustenta su pretensión en los
siguientes:
2.1. Hechos
1. El 26 de julio de 2010, adquirió
un crédito por valor de $15.000.000 con Davivienda a 48 meses de plazo, que
respaldó con la Póliza Seguro de Vida Grupo Deudores DE-206, para proteger la
obligación financiera por muerte o incapacidad y permanente invalidez, contenida
en el contrato de mutuo que se perfeccionó y entró en vigor coetáneamente con
el pago de la primera cuota convenida.
2. Señaló que fue internada en la
Clínica San José de Cali, por 17 días desde el 6 hasta el 23 de noviembre de
2010, diagnosticada con “TRANSTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, SIN SINTOMAS
DE ESQUIZOFRENIA”. [22]
3. Según dictamen de pérdida de
la capacidad laboral y determinación de invalidez, elaborado en su condición de
“docente en provisionalidad” de la
Secretaria de Educación Departamental del Cauca el 18 de febrero de 2011 por la
U.T. del Suroccidente, se encuentra en especial condición de invalidez
permanente, por haber sido diagnosticada con “trastorno somato morfe indiferenciado
depresión, trastornos de personalidad y una pérdida de la capacidad laboral por
enfermedades generales y profesionales del 76.50%”[23],
lo que le ha producido restricción en la libertad de locomoción para generar
fuentes de ingreso que le permitan cumplir con las obligaciones financieras
adquiridas con Davivienda.
4. Agrega que las entidades
accionadas se niegan a reconocer los efectos jurídicos de la obligación contraída,
con lo cual vulneran sus derechos al debido proceso y al mínimo vital, puesto
que “mi sustento y el de mi familia se ha derivado de la ayuda de
parientes y amigas”.
5. La peticionaria estima que exigir
el cumplimiento de las cuotas del préstamo a una persona que como ella se
encuentra en situación de indefensión y debilidad manifiesta y no proceder a la
novación de la deuda como lo regula la póliza, pone en riesgo su proceso de
recuperación de la salud y el libre desarrollo de la personalidad y vulnera los
principios de dignidad y solidaridad.
2.2. Solicitud de Tutela
Con fundamento en los hechos
narrados, la accionante solicita además de la protección de los derechos
fundamentales anunciados:
“1. Que el
seguro póliza DE-206 de muerte o incapacidad total y permanente de invalidez,
responda con el 100% con las obligaciones que he contraído con el banco, debido
al derecho que me asiste por encontrarme en estado total de incapacidad
permanente de invalidez tal como lo contempla la
Ley en casos de muerte o invalidez.
2.
Cancelación de todos los servicios que el banco me ofreció en el portafolio de
servicios, debido a mi incapacidad laboral, económica, y de invalidez.
3.  Debido
al fenómeno jurídico, administrativo, financiero y derechos que nacen en el
momento que solicito la novación del crédito y los términos que requiere la
aseguradora y el banco para resumir a obligación y estar a paz y salvo.
4.
Solicito: que se me suspenda el cobro de las cuotas ordinarias y
extraordinarias hasta tanto la aseguradora asuma el 100% dela obligación
adquirida con Davivienda.
5.
Solicito: paz y salvo del banco DAVIVIENDA para pago total de la obligación por
parte de la aseguradora.
6. Solicito
la devolución de todos los dineros pagados al banco DAVIVIENDA concepto de
cuotas pagadas después de que la junta médica laboral me haya decretado el
estado de invalidez por incapacidad total o permanente.
7.
Cancelación de la tarjeta de crédito.
8.
Cancelación de cuenta que se haya abierto a nombre de la titular de las
obligaciones.”
2.3. Respuesta de las entidades
vinculadas en la acción de tutela
2.3.1. Compañía de Seguros
Bolívar S.A.
El representante legal de la
Compañía de Seguros Bolívar S.A., dio respuesta a la acción de tutela[24]
para indicar que el 8 de abril de 2011, Davivienda en calidad de tomador y/o
beneficiario de la póliza de vida grupo deudores DE-206, suscrita para amparar por
vida e incapacidad total y permanente el crédito adquirido el 26 de julio de
2010 por la señora Aura Mery Lucumí Urrutia, presentó reclamación a la
Aseguradora por la incapacidad total y permanente de la accionante[25].
Una vez efectuado el análisis de la documentación adjunta con la reclamación, mediante
comunicación del 2 de mayo de 2010 se determinó que no era procedente el pago
de la indemnización “teniendo en cuenta que la
Asegurada, la señora Lucumi Urrutia, incurrió en una reticencia al tenor del
Artículo 1058 del Código de Comercio…”.[26]
Explicó que la declaración de la
asegurada no correspondía a su verdadero estado de salud, pues con base en la
historia clínica se pudo establecer que desde antes de ingresar a la póliza, el
26 de julio de 2010, ya se le había diagnosticado la enfermedad por la que fue
incapacitada y había recibido tratamiento, circunstancias del estado de salud
que siendo importantes, no fueron informadas al momento de suscribir la
declaración de asegurabilidad.[27]
Por lo anterior, sostiene que no
ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital de
la accionante, en tanto que dio estricto cumplimiento a las normas que regulan
el contrato de seguro y las condiciones que se pactaron. Por tanto, la objeción
a la reclamación  presentada es seria y fundada, teniendo en cuenta que la
existencia de cualquier enfermedad o tratamiento médico o farmacéutico anterior
a la contratación del seguro, se convierte en un elemento de tabulación del
riesgo y su ocultamiento produce la nulidad relativa del contrato.
Precisa además, que el dictamen
de calificación de pérdida de capacidad laboral, tiene efectos en el campo de
la seguridad social con el objeto de garantizar el amparo de las contingencias
derivadas de la invalidez cuyas prestaciones se determinan por la ley laboral,
mientras que el contrato de seguro y las condiciones de las pólizas, se rigen
por las normas del Código de Comercio que son de imperativo cumplimiento, pero ajenas
a las de la seguridad social.
Por otra parte explicó, que al
diligenciar la declaración de asegurabilidad la accionante manifestó sobre las
enfermedades que la aquejan que: “3. En la actualidad no sufrimos
síntomas, enfermedades crónicas o adicciones que incidan sobre nuestro estado
de salud…”. En la misma declaración, se le informó que: “Si usted
falta la verdad al suscribir la presente declaración, el contrato de seguro
será nulo (Arts.1058 y 1158 de Código de comercio). Agrega que en la
declaración además, “se realizan una serie de preguntas orientadas a
establecer el verdadero estado del riesgo que la
Aseguradora va a asumir y con base en dicha información se determina la
procedencia o no del seguro o, según el caso, las condiciones en que se otorgará.
Es preciso advertir que el contrato de seguro es de ubérrima buena fe y las
compañías Aseguradoras no están obligadas a practicar ningún examen médico…”.
Por lo anterior, estima que la
acción de tutela es improcedente por tratarse de un asunto contractual cuyo
análisis no es de competencia del juez constitucional, sino de los jueces
civiles que son los llamados a dirimir los conflictos contractuales y
constituyen el escenario propicio para practicar pruebas y debatirlas. De la
misma forma, considera improcedente el mecanismo constitucional, ante la
existencia de otros medios legales que puede hacer valer ante la jurisdicción
civil ordinaria.
2.3.2. Intervención del Banco
Davivienda S.A.
La representante legal para efectos
judiciales de la regional Valle y Cauca del Banco Davivienda S.A., dio
respuesta a la acción de tutela[28] para señalar que la
accionante en la actualidad tiene vigente un crédito cuyo saldo adeudado al 7
de julio de 2011 es de $15.652.658.52. Explicó que la reclamación del seguro
por incapacidad realizada por la accionante[29], fue respondida de
manera completa, clara y precisa y de fondo por la compañía aseguradora que es
persona jurídica distinta a Davivienda S.A.. Negó la solicitud en razón a que
las declaraciones que realizó la asegurada al constituir la póliza, no
correspondían a su verdadero estado de salud, pues de acuerdo a la historia
clínica que reposa en la reclamación, se pudo establecer que “desde antes de
ingresar a la póliza, el estado de salud de la asegurada no era normal ya que
se le había diagnosticado trastorno de mixto de ansiedad. Para lo que había
recibido tratamiento con medicamentos y había estado incapacitada,
circunstancias importantes del estado de salud que no fueron informadas al
momento de suscribir la declaración”. Así entonces, la compañía aseguradora
consideró que con tal omisión se incurrió en una declaración reticente que
generó la nulidad, en tanto que, de haber conocido tales circunstancias con
anterioridad, se hubiera retraído de efectuar el contrato de seguro, o en su
defecto había estipulado condiciones más onerosas.
En su parecer, el Banco
Davivienda está en su derecho de efectuar el cobro de la obligación crediticia contraída
con la accionante, toda vez que a la fecha no ha sido cancelada por ella o por
la compañía de seguros y la incapacidad que padece no la exime de cumplir con
las obligaciones contraídas con la entidad, ni tampoco le impone al Banco la
devolución de las cuotas canceladas, la suspensión de los cobros o la
expedición del paz y salvo, puesto que la obligación se encuentra vigente.
Por lo anterior, solicita se
declare improcedente la acción por carencia actual de objeto, dado que el Banco
que representa no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la
accionante.
2.4. Decisión judicial objeto
de revisión
Mediante fallo del 18 de julio de
2011, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Cali, resolvió no acceder a la acción de tutela impetrada por la accionante por
considerarla improcedente ante la inexistencia de la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Según se expuso en la providencia,
Davivienda no vulneró el derecho fundamental de petición, pues dio respuesta
oportuna a la peticionaria, en forma clara precisa y congruente y de fondo con
lo solicitado respecto del contrato que fue respaldado con la póliza de seguros
cuya indemnización se niega a pagar la compañía aseguradora al considerar que
existe una causal de nulidad en el contrato, no siendo la acción de tutela la
vía idónea para dirimir el conflicto. Tampoco encontró que exista un perjuicio
irremediable en tanto que los contratos celebrados con el Banco y la
Aseguradora se encuentran vigentes y existen otros mecanismos de defensa
judicial distintos a la acción de tutela a los cuales puede acudir la
accionante mediante el trámite de un proceso que dirima el conflicto propuesto
ante la jurisdicción civil ordinaria[30].
3. Expediente T-3.205.706
El pasado 15 de junio de 2011, la
señora Ana Lucila Quintero Suárez, a través de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela[31] solicitando el amparo de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales, en su opinión, están siendo vulnerados
por el Banco Davivienda y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A.., según  los siguientes:
3.1. Hechos
1. El 26 de noviembre de 2009,
adquirió un crédito con DAVIVIENDA, que aseguró con la
Póliza Seguro de Vida Grupo Deudores DE-45155, suscrita entre el Banco
Davivienda en condición de Tomador y Beneficiario y la aseguradora Compañía de
Seguros Bolívar S.A.
2. Señaló que se desempeñó como
docente al servicio del municipio de Girón (Santander) habiendo sido desvinculada
por invalidez[32] equivalente al 96% de
incapacidad de origen profesional a consecuencia de una “DISFONIA”, según
concepto médico laboral de Avanzar Médico Región 1, elaborado el 2 de febrero
de 2011.[33]
3. Explicó que para el 19 de
noviembre de 2009, fecha en que firmó la declaración de asegurabilidad[34],
se encontraba trabajando diariamente como docente en la cátedra de español con
el uso permanente de la voz, lo que hizo durante 16 años, hasta el 2 de febrero
de 2011 en que se le diagnosticó la enfermedad que fue el fundamento para la
pensión de invalidez.
4. La objeción que hizo la
compañía aseguradora para el pago de la deuda asegurada con la póliza[35],
que para el 2 de febrero de 2011 presentaba un saldo de $10.556.596.oo[36],
afecta su mínimo vital y el de su grupo familiar, en tanto que es madre cabeza
de familia[37] y además por la mora que
se genera cada día, la que debe ser pagada por la misma aseguradora o por el
Banco accionado, quienes han sido negligentes en el cobro de la indemnización.
Precisa que el valor de todas las primas de la póliza, las pagó exclusivamente
la accionante en forma cumplida.
5. No obstante haber sido
pensionada por invalidez, hasta la fecha de la presente acción de tutela no ha
recibido suma alguna por concepto de mesada pensional por parte del municipio
de Girón, hecho que agrava su precaria situación económica, puesto que para
cubrir los gastos familiares fijos como son la alimentación, servicios
públicos, transporte, matrículas[38] para el estudio de sus
hijas[39] y arriendo de la vivienda,
debe acudir a préstamos personales que logra a través la solidaridad de su
hermana.
6. Sostiene que la acción
ordinaria no constituye el mecanismo expedito para la protección de sus
derechos fundamentales especialmente el mínimo vital, situación que se agrava
por cuanto el Banco Davivienda le exige el pago de una obligación asegurada con
una póliza cuyo pago ha sido negado por la compañía aseguradora.
3.2. Solicitud de Tutela
Con fundamento en los hechos
narrados, la accionante solicita además de la protección de los derechos
fundamentales anunciados, se ordene a la compañía aseguradora demandada pagar
al Banco Davivienda como tomador y beneficiario de la póliza, la totalidad de
la obligación que adquirió, incluida la mora, hasta el día que se realice su
pago.
3.3. Respuesta de las
entidades vinculadas en la acción de tutela
3.3.1. Intervención del Banco
Davivienda S.A.
La representante legal para
efectos judiciales de la Regional Santander del Banco Davivienda S.A., dio
respuesta a la acción de tutela[40] para señalar que el 26
de noviembre de 2009, la accionante tomó un crédito de consumo cuya póliza fue
contratada por cuenta del deudor con la aseguradora Seguros Bolívar S.A..
Explicó que la reclamación del seguro por incapacidad realizada por la
accionante a través del Banco en su calidad de tomador, fue negada por la
compañía aseguradora por encontrar que la declaración sobre el riesgo efectuada
por la asegurada al momento de contratar el seguro, no correspondía al
verdadero estado de salud, ni fueron informadas al momento de suscribir la
declaración de asegurabilidad, pues de acuerdo con la historia clínica se pudo
establecer que desde antes del ingreso a la póliza “ya se había estudiado
una laringitis crónica para la que había recibido tratamiento con medicamentos”.
Con tal omisión, estimó la compañía aseguradora que la accionante incurrió en
una declaración reticente que generó la nulidad toda vez que si la hubiera
conocido se hubiera retraído de celebrar el contrato de seguro o hubiera
estipulado condiciones más onerosas.
Explicó, que el papel del Banco
se limita exclusivamente a intermediar la operación entre el asegurado y la
aseguradora, pero en ningún momento es el llamado a reconocer el siniestro ni
mucho menos pagarlo, toda vez que por el contrario, en su calidad de tomador es
el destinatario final de la indemnización, que en caso de ser reconocida debe
ser aplicada a la cancelación de la deuda adquirida por el accionante para
liberarlo de su obligación. La acción de tutela no es el mecanismo adicional a
los que se encuentran consagrados en la legislación para solucionar ese tipo de
controversias, ante la posibilidad de acudir al juicio ordinario.
Por lo anterior, solicita se
declare improcedente la acción dado que el Banco que representa no ha vulnerado
los derechos fundamentales alegados por la accionante.
3.3.2. Compañía de Seguros
Bolívar S.A.
El representante legal de la
Compañía de Seguros Bolívar S.A., dio respuesta a la acción de tutela[41]
para indicar que el 3 de marzo de 2011, Davivienda, en calidad de tomador y/o
beneficiario de la póliza de vida grupo deudores DE-45155, suscrita para
amparar por vida e incapacidad total y permanente el crédito adquirido el 26 de
noviembre de 2009 por la señora Ana Lucila Quintero, presentó reclamación a la
Aseguradora por la incapacidad total y permanente de la accionante[42].
Una vez efectuado el análisis de la documentación adjunta con la reclamación,
mediante comunicación del 29 de marzo de 2011 se determinó que no era
procedente el pago de la indemnización “teniendo en cuenta que la
Asegurada, la señora Ana Lucila Quintero Suárez, incurrió en una reticencia al
tenor del Artículo 1058 del Código de Comercio…”[43].
Afirmó que la declaración de la
asegurada no correspondía a su verdadero estado de salud, pues con base en las
historias clínicas se pudo establecer que desde antes de ingresar a la póliza, el
7 de marzo de 2009, ya se le “venía estudiando una LARINGITIS CRÓNICA para
lo que había recibido tratamiento con medicamentos”, circunstancias del
estado de salud que siendo importantes, no fueron informadas al momento de
suscribir la declaración de asegurabilidad[44].
Por lo anterior, sostiene que no
ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital de
la accionante, en tanto que dio estricto cumplimiento a las normas que regulan
el contrato de seguro y las condiciones que se pactaron. Por tanto, la objeción
a la reclamación es seria y fundada si se tiene en cuenta que la existencia de
cualquier enfermedad o tratamiento médico o farmacéutico anterior a la
contratación del seguro, se convierte en un elemento de tabulación del riesgo y
su ocultamiento produce la nulidad relativa del contrato.
Explicó en relación con los
hechos de la demanda, que al diligenciar la declaración de asegurabilidad la
accionante manifestó sobre las enfermedades que: “3. En la actualidad no
sufrimos síntomas, enfermedades crónicas o adicciones que incidan sobre nuestro
estado de salud…”. En la misma declaración se le informó que: “Si
usted falta la verdad al suscribir la presente declaración, el contrato de
seguro será nulo (Arts.1058 y 1158 de Código de comercio). Agregó que en la
declaración además, “se realizan una serie de preguntas orientadas a
establecer el verdadero estado del riesgo que la
Aseguradora va a asumir y con base en dicha información se determina la
procedencia o no del seguro o, según el caso, las condiciones en que se
otorgará. Es preciso advertir que el contrato de seguro es de ubérrima buena fe
y las compañías Aseguradoras no están obligadas a practicar ningún examen
médico…”.
Por lo anterior, estima que la
acción de tutela es improcedente no sólo por no existir vulneración de los
derechos fundamentales alegados por la accionante, sino también por ser un
asunto contractual que no es la causa del perjuicio, cuya competencia está
atribuida a los jueces civiles, escenario propicio para practicar pruebas y
debatirlas, al cual puede acudir la accionante como otro medio legal distinto a
la tutela en busca del amparo de sus derechos.
3.4. Decisiones judiciales
objeto de revisión
3.4.1. Primera instancia
Mediante fallo del 29 de junio de
2011, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, resolvió no tutelar
los derechos invocados ante la existencia de otros mecanismos idóneos para
hacer efectiva la póliza, como quiera que es fruto de un contrato comercial de
seguros. También consideró que no existe en el proceso elementos de juicio
adicionales que permitan inferir que la accionante no puede acudir a otro medio
de defensa judicial y esperar los resultados del mismo. De la misma forma
afirma que la acción es improcedente, en tanto que no es el mecanismo idóneo
para proteger la vulneración del derecho al mínimo vital y para evitar un
perjuicio irremediable como lo pretende la accionante ante la posibilidad de
acudir ante la jurisdicción ordinaria competente para resolver las diferencias.
3.4.2. Impugnación
En escrito presentado el 8 de
julio de 2011, el apoderado judicial de la accionante impugnó la sentencia de
primera instancia al considerar que la negativa del amparo de los derechos
fundamentales invocados, desconoce el precedente constitucional contenido en la
sentencia T-832 de 2010 que encaja en la situación que se plantea y que fue
citada como soporte jurídico de la demanda.  En su parecer el juez no entiende
que de no ordenarse el pago de la obligación a cargo de la accionante que se
encuentra asegurado en la forma que se ha solicitado, no alcanzan a cubrir su
mínimo vital y contrario a sus argumentos, la acción ordinaria no es el camino
idóneo para lograr la protección.
3.4.3. Segunda instancia
El Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Bucaramanga el 9 de agosto de 2011, confirmó el fallo del a quo al
considerar que la enfermedad que padecía la asegurada al momento de tomar la
póliza fue callada, faltando a la verdad y quitándole a la aseguradora la
posibilidad de celebrar un contrato en condiciones más onerosas. Argumenta
también que el debate jurídico relacionado con la oportunidad de la
reclamación, la fundamentación y seriedad de la objeción del pago y el mérito
ejecutivo que tiene la póliza, se deben ventilar ante la autoridad judicial
competente, advirtiendo que el juez de tutela no puede intervenir en aspectos
que no son de su competencia, menos aún cuando se observa como en este caso,
que la actuación de la compañía aseguradora fue ajustada a derecho y la
situación presentada es consecuencia del proceder de la accionante quien no
dijo la verdad y cayó sobre su enfermedad. Concluye, que deberá acudir ante la
jurisdicción ordinaria para buscar un pronunciamiento de fondo a sus
pretensiones, no observando tampoco la presencia de un perjuicio irremediable
que se le pueda estar causando a la accionante, ni mucho menos la vulneración
de su derecho al mínimo vital.
4. Pruebas
recolectadas por la Corte Constitucional durante el trámite de Revisión
4.1. Mediante Auto del 3
de noviembre de 2011[45], el Magistrado
Sustanciador dispuso dentro del expediente T-3.185.418 ordenar de manera
oficiosa la vinculación de la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., para que ejerciera su derecho
de defensa y que se pronunciara acerca de las pretensiones y el problema
jurídico que plantea la aludida acción de tutela. En el mismo Auto la
Corte Constitucional solicitó también a la citada entidad informar de manera
detallada y justificada: (i) Fecha de expedición, periodo de vigencia y plazo
de la póliza del asegurado Segundo Pinzón Albarracín. (ii) Cobertura, valor
asegurado y valor del préstamo que se otorgó al accionante. (iii) Condiciones
generales y particulares y clausulado general de la póliza del asegurado
Segundo Pinzón Albarracín y sus anexos. (iv) Si Coomuldesan Ltda. como tomador
de la póliza, efectuó reclamación para pago de indemnización; en caso
afirmativo, explique; (iii) Si se efectuó el pago de la indemnización,
explique; y (iv) En caso de haberse objetado el pago indique las razones.
En el mismo
Auto se ordenó a La Equidad Seguros de Vida O.C. que proporcionara a esta
Corporación información completa sobre las pólizas de seguro de vida grupo
deudores que suscribió con la
Cooperativa Coomuldesan Ltda como Tomador, para asegurar el crédito que fue
otorgado el 2 de julio de 2009 al afiliado Segundo Pinzón Albarracín
(Expediente T-3.185.418). De manera específica, se solicitó a la aseguradora
dar respuesta en forma precisa, ordenada y detallada, sobre: (i) Razón por la
que la vigencia de la póliza AA006899 inició tan sólo el 1° de octubre de 2009.
(ii) Razón por la que no se otorgó continuidad de las condiciones de la
anterior aseguradora, la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.. (iii) Razón para haber expedido
renovación de póliza para amparar el crédito del señor Segundo Pinzón
Albarracín. (iv) Si antes del 1° de octubre de 2009 se expidió al asegurado una
póliza distinta a la AA006899.
También solicitó a la
Cooperativa, que suministrara información completa sobre el crédito otorgado
al señor Segundo Pinzón Albarracín cuya cancelación del saldo insoluto se
reclama, y las pólizas que ampararon su cumplimiento. De manera específica se
solicitó a la Cooperativa dar respuesta en forma precisa, ordenada y detallada,
sobre: (i) Compañía aseguradora que amparó a partir del 2 de julio de 2009, el
crédito que se otorgó al señor Segundo Pinzón Albarracín. (ii) Fecha de
expedición, periodo de vigencia y plazo de la póliza expedida el 2 de julio de
2009. (iii) Cobertura y valor asegurado. (iv) Condiciones generales y
particulares de la póliza expedida el 2 de julio de 2009; anexar el clausulado
general y los anexos. (v) Razón por la que la vigencia de la póliza suscrita
con La Equidad Seguros de Vida O.C. para amparar el crédito otorgado al
accionante, inició tan sólo el 1° de octubre de 2009. (vi) Si se estipuló
cláusula de continuidad con la nueva compañía aseguradora, la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.. (vii) Si se efectuó reclamación
para pago de indemnización a la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.. Explique.; (viii) Si
Suramericana de Seguros efectuó el pago de la indemnización, explique; y (ix)
En caso de haberse objetado el pago por parte de la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., indique las razones.
Se solicitó a la
Compañía de Seguros Bolívar S.A., que proporcionara a esta Corporación
información completa sobre la póliza de seguro de vida grupo deudores DE-206
que suscribió con el Banco Davivienda S.A. como Tomador, para asegurar el
crédito que fue otorgado el 26 de julio de 2010
a la señora Aura Mery Lucumi Urrutia (Expediente T-3.191.366). De manera
específica, solicitó a la aseguradora dar respuesta en forma precisa, ordenada
y detallada sobre: (i) Fecha de expedición, periodo de vigencia y plazo de la
póliza DE-206. (ii) Cobertura, valor asegurado y valor del préstamo. (iii)
Condiciones generales y particulares y clausulado general de la póliza DE-206 y
sus anexos.
De la misma forma se requirió a la
Compañía de Seguros Bolívar S.A., que proporcionara a esta Corporación
información completa sobre la póliza de seguro de vida grupo deudores DE-45155 que
suscribió con el Banco Davivienda S.A. como Tomador, para asegurar el crédito
que fue otorgado el 26 de noviembre de 2009
a la señora Ana Lucila Quintero Suárez (Expediente T-3.205.706). De manera
específica, se solicitó a la aseguradora dar respuesta en forma precisa,
ordenada y detallada, sobre: (i) Fecha de expedición, periodo de vigencia y
plazo de la póliza DE-45155. (ii) Cobertura, valor asegurado y valor del
préstamo. (iii) Condiciones generales y particulares y clausulado general de la
póliza DE-45155 y sus anexos.
Por último, se instó a la
Unión Temporal Avanzar Médico Región 1, para que allegara a esta Corporación
el resumen de la historia clínica de la docente Ana Lucila Quintero Suárez,
accionante dentro del expediente T-3.205.706, en donde consten los conceptos,
exámenes, resumen de la evolución y tratamiento otorgado y la fecha que se
relacionen con el diagnosticó de la enfermedad que padece y que sirvieron de
fundamento para expedir el concepto de calificación de pérdida de capacidad
laboral.
Por Auto del 25
de noviembre de 2011[46], la
Secretaría General de esta Corporación informó que vencido el término
probatorio se recibieron los siguientes oficios:
4.2. Expediente
3.185.418
-  Comunicaciones
radicadas el 18 de noviembre[47] y el 29 de noviembre[48]
de 2011, suscritas por el representante legal judicial de Seguros de Vida
Suramericana S.A., antes Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.,
mediante los cuales en respuesta a la acción de tutela, sostiene que ninguno de
los hechos formulados en la demanda le constan por ser ajenos a la compañía que
representa. En relación con las afirmaciones de la
Cooperativa Coomuldesan, afirma que:
· A Seguros de Vida
Suramericana S.A. no le constan las decisiones tomadas por la
Junta de Socios de Coomuldesan Ltda. para la escogencia de la aseguradora con
la cual contrata las pólizas de seguro de vida grupo deudores.
· A mi representada no le
constan las vinculaciones en seguros de Coomuldesan Ltda. con otras
aseguradoras por fuera de la vigencia de los contratos de seguro suscritos con
Seguros de Vida Suramericana S.A.
· En respuesta al segundo
punto del Oficio OPTB-974/2011 cabe anotar que Seguros de Vida Suramericana
S.A. no tiene en sus registros póliza de seguros contratada por
Coomuldesan Ltda. para asegurar el crédito otorgado el 2 de Julio de 2009 al
señor Segundo Pinzón Albarracín, ni para la fecha mencionada, se encontraba
vigente contrato de seguros alguno del cual fuere parte el mencionado señor.
· La única vinculación que
el señor Albarracín tuvo con mi representada en pólizas de seguro contratadas
por Coomuldesan Ltda. fue a través de la póliza Vida Grupo deudores No. 457233
con vigencia desde el 1 de septiembre de 2010 y que fue cancelada el 1 de
diciembre de 2010. Es decir solo estuvo vigente por tres meses.”
También sostiene,
que el actor registra otras vinculaciones con la aseguradora en las que no ha
estado involucrada la Cooperativa.
- Comunicación radicada el
21 de noviembre de 2011, mediante la cual la
Gerente de La Equidad Seguros de Vida O.C. en respuesta al requerimiento de la
Corte Constitucional, adjuntó la
Póliza de Vida Grupo Deudores contratada con la
Cooperativa y preciso, que la póliza AA006899 inicio su vigencia tan solo el 1°
de octubre de 2009, en razón a que en esa fecha la
Cooperativa como tomadora del seguro de vida Grupo deudores, la contrató.
Precisó que la citada póliza no
cuenta con cláusula de continuidad de la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., anterior aseguradora, por
cuanto la Cooperativa nunca lo solicitó.
De la misma forma, aclaró que nunca
existió renovación de la póliza, “existió fue una póliza nueva con vigencia
desde el 1 de octubre de 2010, por lo tanto, la incapacidad del señor Segundo
Pinzón Albarracín, estuvo dentro de la vigencia de la póliza toda vez que la
fecha de la declaratoria de perdida es el 12 de abril de 2010”.
Precisó, que antes del 1° de
octubre de 2009, no se suscribió con la
Cooperativa, ninguna póliza distinta a la
AA006899.
- Comunicación radicada el 21 de
noviembre de 2011, mediante la cual el Gerente de la
Cooperativa, dio respuesta al requerimiento de la
Corte Constitucional, en los siguientes términos:
1.
La compañía Aseguradora SURAMERICANA era vigente al momento de
solicitud del crédito del asociado SEGUNDO PINZON ALBARRACIN.
2.
La póliza SURAMERICANA tenia como vigencia del 1 de agosto de
2.008 al 1 de de 2009.
3.
Cobertura (1) ano valor asegurado al momento de tomar la póliza
$15.629.595.620, saldo total de la cartera al momento de tomar la póliza (anexo
1)
4.
Anexamos clausulado y condiciones particulares otorgadas a
COOMULDESAN con la póliza SURAMERICANA (Anexo 1)
5.
Se anexa copia de comprobando de pago del mes de Septiembre de
2009 F23696 de fecha 8 de octubre de 2009 cancelado con cheque numero 0001575
girado a SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. (Anexo copia del comprobante y anexos
correspondientes – carta, cuenta de cobro) (Anexo 2)
6.
Se anexa Oficio suscrito por NIDIA TATIANA SAAVEDRA GARCIA
Gerente Agencia Bucaramanga EQUIDAD seguros donde se evidencia que se otorgo
clausula de continuidad (Anexo 3).
Se anexa
propuesta de SURAMERICANA donde se estipula clausula de continuidad (Anexo 4)
7.
Esta entidad no solicito reclamación a la
Compañía Suramericana de seguros de Vida S.A. pues a la fecha no era vigente,
esta se realizo a EQUIDAD seguros.
8.
La reclamación se hizo directamente EQUIDAD SEGUROS.”
4.3. Expediente
3.191.366
-
Comunicaciones radicadas el 4 de noviembre[49] y el 28 de noviembre[50]
de 2011, con las cuales el representante legal de la
Compañía de Seguros Bolívar S.A. en respuesta al requerimiento de esta
Corporación adjuntó los copia de los documentos solicitados[51]
y precisó que la Póliza de Vida Grupo Deudores DE-206 fue suscrita entre el
Banco Davivienda S.A. como tomador y beneficiario y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A., como asegurador el 14 de enero de 2009, cuya
vigencia fue pactada desde el 1° de enero de 2009 hasta el 1 de enero de 2011 y
prorrogada hasta el 1° de enero de 2012. Ampara la cartera de los deudores
hipotecarios del Banco Davivienda que hayan cumplido los requisitos de
asegurabilidad, asegura el valor del saldo insoluto del crédito dentro de los
límites y condiciones pactadas y cubre vida básica e incapacidad total y
permanente. La accionante se encuentra amparada bajo la póliza de vida grupo
deudores desde el 28 de julio de 2010, fecha en la que se produjo el desembolso
del crédito adquirido con Davivienda por valor de $15.370.000 y hasta cuando se
produzca el pago de la última cuota del crédito o se presente el siniestro
según la cobertura pactada.
Sostiene que efectuada la
reclamación por el amparo de incapacidad total y permanente por parte de
Davivienda para el pago del saldo insoluto de la deuda, previa verificación de
los documentos adjuntos, se evidencia que la accionante presenta: “antecedentes
siquiátricos de más de cinco anos de evolución, con trastornos severos
de personalidad que determinaron su calificación de invalidez. Así mismo, se
pudo evidenciar que para la fecha de la suscripción de seguro la señora Lucumí
se encontraba incapacitada para laborar conforme certificados de incapacidad
que le fueron otorgados y prorrogados por sus médicos tratantes por las
patologías que determinaron su invalidez”. Adicionalmente se encontró, que
de conformidad con la declaración del médico que la atendía, el diagnóstico de
trastorno de ansiedad mixta, síndrome convulsivo y trastorno de estrés
postraumático, tenía tres años de evolución.
Por lo anterior, reitera que la
accionante incurrió en reticencia al momento de la suscripción del seguro, lo
cual generó la nulidad relativa del contrato de seguro, toda vez que la
declaración de asegurabilidad firmada por la asegurada al momento de suscribir
la póliza no corresponde con su verdadero estado de salud, lo que constituye
valioso elemento para la selección y tabulación del riesgo y su ocultamiento produce
la nulidad del contrato. Adicionalmente, ratificó sus consideraciones en
relación con la improcedencia de la acción de tutela en el presente asunto, ante
la existencia de otros medios legales para la protección de los derechos
fundamentales que considera vulnerados y por estimar que el no pago de la
indemnización no implica para la accionante un daño o perjuicio irremediable
por tratarse de un asunto contractual, no siendo la tutela el escenario
adecuado para resolver las controversias surgidas.
4.4. Expediente
3.205.706
-
Comunicación recibida el 22 de noviembre de 2011[52],
mediante la cual la Directora Ejecutiva de la
U.T. Avanzar médico – Región 1 remitió el resumen de la historia clínica de la
docente Ana Lucía Quintero Suárez, en la que consta los conceptos, exámenes,
evolución y tratamiento que le fue otorgado y que sirvieron de fundamento para
expedir el certificado de calificación de pérdida de la capacidad laboral.
Según el concepto
de revisión para pensión por invalidez elaborado el 11 de agosto de 2011, la
médica laboral de la U.T., ratifica que las enfermedades padecidas por la
docente “1. DISFONIA FUNCIONAL CRONICA. 2. HIPERTENSION ARTERIAL.”, son
de origen profesional, con pérdida de la capacidad laboral del 96%, razón
por la que considera debe continuar pensionada.[53]
- También se
allegó copia de la comunicación radicada el 28 de noviembre de 2011[54],
con la cual el representante legal de la
Compañía de Seguros Bolívar S.A. en respuesta al requerimiento de esta
Corporación, adjuntó copia de los documentos solicitados[55]
y precisó que la Póliza de Vida Grupo Deudores DE-451552 fue suscrita entre el
Banco Davivienda S.A. como tomador y beneficiario y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A., como asegurador el 14 de enero de 2009, cuya
vigencia fue pactada desde el 1° de enero de 2009 hasta el 1° de enero de 2011
y  prorrogada hasta el 1° de enero de 2012. Ampara la cartera de los deudores del
crédito de libre inversión denominado Crediexpress del Banco Davivienda que
hayan cumplido los requisitos de asegurabilidad, asegura el valor del saldo
insoluto del crédito dentro de los límites y condiciones pactadas y cubre vida
básica e incapacidad total y permanente. La accionante se encuentra amparada
bajo la póliza de vida grupo deudores desde el 26 de noviembre de 2009, fecha
en la que la accionante adquirió con Davivienda el crédito Crediexpress por
valor de $11.770.000 y hasta cuando se produzca el pago de la última cuota del
crédito o se presente el siniestro según la cobertura pactada.
Sostiene que efectuada la
reclamación por el amparo de incapacidad total y permanente por parte de
Davivienda para el pago del saldo insoluto de la deuda, previa verificación de
los documentos adjuntos, se evidencia que la accionante presenta “antecedentes
de laringitis crónica desde el 3 de mayo de 2007, es decir, dos
años y medio  antes de su ingreso a la póliza, por lo que ya contaba para el
año 2007 con antecedentes médicos de “varios meses de evolución de cuadros de
Disfonía episódica más atoramiento, más cambios en la tonalidad de voz y
sensación de cuerpo extraño en la laringe… a pesar de múltiples tratamientos de
sintomatología ha ido aumentando y la frecuencia de la crisis es más frecuente.
Diagnostico: laringitis recurrente”, patologías que determinaron su
calificación de invalidez como docente por “Disfonía”.
Por lo anterior, reitera que la
accionante incurrió en reticencia al momento de la suscripción del seguro, lo
cual generó la nulidad relativa del contrato de seguro, toda vez que la
declaración de asegurabilidad firmada por la asegurada al momento de suscribir
la póliza, no corresponde con su verdadero estado de salud, lo que constituye
valioso elemento para la selección y tabulación del riesgo y su ocultamiento
produce la nulidad del contrato. Adicionalmente ratificó sus consideraciones en
relación con la improcedencia de la acción de tutela en el presente asunto, ante
la existencia de otros medios legales para la protección de los derechos
fundamentales que considera vulnerados y por estimar que el no pago de la
indemnización no implica para la accionante un daño o perjuicio irremediable
por tratarse de un asunto contractual, no siendo la tutela el escenario
adecuado para resolver las controversias surgidas.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las providencias proferidas
en el trámite de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación de los casos,
problema jurídico y metodología a seguir para solucionarlos
Los accionantes quienes se
desempeñaban como docentes, solicitaron préstamos a entidades del sistema
financiero que respaldaron con pólizas de seguro de vida grupo deudores
expedidas por compañías de seguros que se niegan a pagar el saldo insoluto de
las obligaciones contraídas, argumentando que al momento en que se le otorgó el
préstamo y antes de ingresar a la póliza ya se les había diagnosticado las
enfermedades expresamente excluidas de la póliza y por las que fueron
calificados con pérdida de la capacidad laboral e invalidez, sin haber sido
declaradas en el documento de asegurabilidad.
Los jueces de instancia
decidieron no tutelar los derechos reclamados por los accionantes por
considerar la improcedencia del mecanismo constitucional, puesto que el asunto
que se debate es de contenido  meramente económico y además los actores cuentan
con un mecanismo judicial idóneo que pueden ejercer ante la justicia civil
ordinaria, sin que tampoco se hubiere demostrado la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, ni la afectación del mínimo vital.
Con fundamento en la situación
fáctica y las decisiones tomadas por los jueces de instancia le corresponde a la
Sala Octava de Revisión determinar si en los casos la acción de tutela es procedente para resolver controversias de carácter contractual
relacionadas con la eficacia de los contratos de seguros comerciales, por la
presunta violación de sus derechos fundamentales de los actores
particularmente el mínimo vital. En este sentido, la
Corte deberá determinar si a la luz del caso concreto los mecanismos
ordinarios de defensa judicial son idóneos para proteger los derechos
invocados.
Para resolver el problema
jurídico resultante de los casos analizados y demás aspectos relacionados, la
Sala Octava de Revisión reiterará la jurisprudencia constitucional sobre los
siguientes temas: (i) principio de subsidiariedad de la acción de tutela.
Improcedencia de la acción de tutela para desatar controversias contractuales
de carácter comercial, (ii) la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Características del perjuicio irremediable.
Reiteración de jurisprudencia, (iii) naturaleza del contrato de seguro de vida
grupo deudores y (iv) por último resolver los casos concretos.
3. Principio
de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la acción de tutela
para desatar controversias contractuales de carácter comercial
De acuerdo con el inciso 3 del
artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así
mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la
acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante tenga a su
alcance otros recursos o medios de defensa judicial para la protección de sus
derechos.
En este sentido, esta Corporación
ha sostenido que la acción de tutela obedece al principio de subsidiariedad[56],
es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de
los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de
un derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales
vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y,
no constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o afectación
de un derecho.
En efecto,
conforme a su naturaleza constitucional, en criterio de la
Corte Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo preferente de
protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a
obtener un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los
amenacen o vulneren. Es por ello, ha dicho la
Corporación, que la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia
idónea para tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues con este
propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así
como las autoridades y jueces competentes.
En cuanto, a la procedencia de la
acción de tutela para desatar controversias de tipo contractual, esta
Corporación se ha pronunciado en numerosas oportunidades en torno a la
improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de naturaleza
contractual, considerando que, el amparo por vía de tutela es excepcional, por
tratarse de controversias que se derivan de acuerdos privados celebrados por
las partes, que en principio, deberían ser resueltos mediante acciones
ordinarias de carácter civil, comercial o contencioso dependiendo del caso
particular.
Tal postura puede remontarse a la
sentencia T-594 de 1992. En esa oportunidad sostuvo la
Corte Constitucional que “las diferencias surgidas entre las partes con
ocasión o por causa de un contrato no constituyen materia que pueda someterse
al estudio y decisión del juez por vía de tutela ya que, por definición, ella
está excluida en tales casos, toda vez que quien se considere vulnerado o
amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el
aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad con las
reglas de competencia establecidas por la ley”.[57]
En sentencia T-587 de 2003
sostuvo esta Corporación que: “(…) El hecho de que la
Constitución permee las normas inferiores del ordenamiento jurídico, entre
ellas los contratos, a través de la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales, no implica que dentro de todo contrato esté inmersa una
discusión de rango iusfundamental que deba ser conocida por el juez de tutela.
Para el conocimiento de controversias de tipo contractual se debe acudir al
juez ordinario quien, por supuesto, debe iluminar su labor en la materia en la
cual es especializado con la norma constitucional. (…) Considera la
Corte que acudir a la tutela para solucionar controversias ajenas a los
derechos fundamentales configura una tergiversación de la naturaleza de la
acción que puede llegar a deslegitimarla para perjuicio de aquellas personas
que verdaderamente necesitan de protección a través de este mecanismo (…)”.
Ahora bien, cuando en el marco de
una disputa de carácter contractual están en juego garantías y derechos
reconocidos por la Constitución, no se puede excluir prima facie la
procedencia de la acción de tutela, pues en este caso corresponderá al juez
constitucional apreciar la naturaleza de la amenaza o vulneración de los
derechos y decidir si existen o no medio ordinarios de defensa judicial que
tengan la eficacia del mecanismo constitucional.[58]
En suma, se puede indicar que en
virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente
para decidir las controversias suscitadas alrededor del reconocimiento de
derechos de carácter legal suscitados en asuntos de naturaleza contractual. Sin
embargo, de manera excepcional y de conformidad con las particularidades del
caso concreto, la solicitud de amparo será procedente si el juez de tutela
determina que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos para
proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, existe certeza sobre la
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales. En caso
de constatar la procedibilidad de la acción de tutela, está llamada a prosperar
si se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos
fundamentales del accionante.
4. La acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Características
del perjuicio irremediable.  Reiteración de jurisprudencia
En este sentido, y de acuerdo con
las anteriores consideraciones en aquellos casos que el accionante cuente con
otros mecanismos alternos para la defensa judicial de sus derechos, la acción
de amparo procederá en la medida que se verifique la existencia de un perjuicio
irremediable.
Sin embargo, es necesario aclarar
aquellos eventos o factores que la jurisprudencia constitucional ha determinado
como perjuicio irremediable[59].
En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado varios criterios para
determinar su existencia; veamos:
“la inminencia,
que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho
por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como
mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran
amenazados.”[60]
Bajo tales
parámetros, en la Sentencia T-225 de 1993 la
Corte Constitucional definió y explicó los elementos configurativos del
perjuicio irremediable, en el siguiente sentido:
“Al
examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa
ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su
presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y
oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se
puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro
de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente,
pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado
cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay
inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso
iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento
oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por
ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es
cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto.
Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el
sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o
remedio tal como lo define el Diccionario de la
Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación:  si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan (sic) señalan la
oportunidad de la urgencia.
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave,
lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la
importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su
protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación
oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata
de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un
bien de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la
objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so
pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela
sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta
corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el
momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos
antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida,
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas
en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para
el equilibrio social.
De acuerdo
con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay
ocasiones en que de continuar las circunstancias de  hecho en que se encuentra
una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien
jurídicamente protegido, de  manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.”
Asimismo, en lo que se refiere a
la determinación del perjuicio irremediable, se ha definido que es obligatorio
sustentar o presentar los factores de hecho que configuran el daño o menoscabo
cierto a los derechos fundamentales invocados.  En la sentencia SU-713 de 2006 la
Sala Plena de la Corte explicó lo siguiente:
“(...) debe
recordarse que la situación fáctica que legitima la acción de tutela por la
existencia de un perjuicio irremediable, supone la necesidad de conferir un
amparo transitorio, o en otras palabras, de adoptar una medida precautelativa,
para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se invocan. De
suerte que, la prueba de su configuración debe recaer necesariamente sobre el
posible daño o menoscabo que sufriría el derecho fundamental objeto de
protección y no en relación con las consecuencias económicas que se derivarían
de los efectos nocivos de un acto de la Administración . (...)
“Así, a
manera de ejemplo, en sentencia SU-219 de 2003, previamente citada, esta
Corporación reconoció que la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio de defensa judicial, requiere de la comprobación de un perjuicio
irremediable, el cual además de su carácter personal, específico y concreto,
debe comprometer los derechos de naturaleza ius fundamenal invocados por el
demandante, como lo fue, en dicha ocasión, el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica (C.P. art. 14) derivado de la imposición de una sanción
de “inhabilidad” que privó de manera total del ejercicio de la capacidad
jurídica a las sociedades demandantes[61].
(...)
“Por
consiguiente, es claro que ante la falta de demostración de un perjuicio
irremediable que tenga la virtualidad de comprometer o amenazar los derechos
fundamentales invocados, la acción de tutela como mecanismo transitorio de defensa
judicial, no está llamada a prosperar. Esta conclusión se complementa, por lo
demás, con dos (2) argumentos adicionales que impiden la procedencia del amparo
tutelar, por una parte, el carácter de estricta legalidad de las razones
invocadas en la demanda, y por la otra, la posibilidad de solicitar, en el
trámite de las acciones contenciosas y contractual, la suspensión provisional
del acto administrativo que se considera lesivo de los derechos alegados, como
medida cautelar con la idoneidad y eficacia suficiente para evitar un daño
contingente sobre los mismos.”
Así pues, no obstante la
informalidad del amparo constitucional, quien pretenda acudir a la tutela, debe
presentar y sustentar los factores a partir de los cuales se configura el
perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento
hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la misma.  Esta tesis
fue desarrollada en la sentencia T-436 de 2007, de la cual es importante
destacar las siguientes consideraciones:
“En
concurrencia con los elementos configurativos que llevan a determinar que se
está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal ha sostenido que,
para que proceda la tutela como mecanismo de defensa transitorio, se requiere
también verificar que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre
este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no está
habilitado para conceder el amparo transitorio, que por expresa disposición
constitucional se condiciona a la existencia de un perjuicio irremediable, si
el perjuicio alegado no aparece acreditado en el expediente, toda vez que el
juez de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o
proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el
presunto daño irreparable.
“La
posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, reiterada en un
distintos fallos, no deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio
irremediable es requisito fundamental para conceder el amparo. Por ello, ha
señalado la Corte que quien promueva la tutela como mecanismo transitorio, no
le basta con afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio
irremediable. Es necesario, además, que el afectado “explique en qué consiste
dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte
mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la
existencia del elemento en cuestión”[62].”
Por supuesto, es imprescindible
anotar, tal y como lo dispone el artículo 86 de la
Carta, la existencia de un perjuicio irremediable debe ser comprendida
conforme a las condiciones de cada caso.  Particularmente, la
Corte ha señalado que los requisitos o condiciones para que se estructure tal
perjuicio se hacen más flexibles cuando la acción es promovida por un sujeto de
especial protección o que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, a
saber, discapacitados, madres cabeza de familia o las personas de la tercera
edad, es decir, que hayan cumplido, por lo menos 70 años de edad[63].
No obstante lo anterior, respecto de este último grupo, en varias providencias
se ha aclarado que el hecho de haber cumplido con dicha edad no constituye
razón suficiente que justifique la procedencia del amparo.  En efecto, en la
sentencia T-668 de 2007 la Corte aseveró lo siguiente:
“En cuanto a la noción de perjuicio irremediable en relación
concreta con aquellas situaciones en que tal daño provendría de la falta de
reconocimiento, reliquidación o reajuste de una pensión, la
Corte ha afirmado que la sola condición de ser persona de la tercera edad
–mayor de 70 años-[64],
en principio hace presumir la presencia de un perjuicio irremediable por el no
reconocimiento de la pensión[65];
no obstante, también ha indicado que esta presunción puede ser desvirtuada cuando
se pruebe que quien reclama la protección posee recursos económicos que le
garantizan llevar una vida digna[66].
En estos últimos casos la vía ordinaria desplaza a la acción de tutela como
mecanismo de defensa judicial.”
Así, a manera
de conclusión, ha de señalarse que tratándose de la procedencia de la tutela
relacionada con disputas de carácter contractual procederá como mecanismo
transitorio cuando de los elementos probatorios obrantes en el expediente se
evidencie la presencia de un perjuicio irremediable.  En caso negativo, es
decir, en el evento en que no sea posible comprobar los diferentes elementos
que configuran el mentado perjuicio, deberá acudirse a la acción judicial
ordinaria para allí debatir el reconocimiento de las pretensiones solicitadas.
5.
Naturaleza del contrato de seguro de vida grupo deudores.
El contrato
de seguro ha sido definido por el artículo 1036 del Código de Comercio como: "
un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”.
Es consensual, en la medida en que se perfecciona y nace con el sólo
consentimiento, desde el momento en que se realiza el acuerdo de voluntades
entre el asegurador y el tomador sobre los elementos esenciales del contrato de
seguros. Es bilateral, por cuanto las partes se obligan recíprocamente.
Genera obligaciones para las dos partes contratantes: para el tomador, la de
pagar la prima, y para el asegurador, la de asumir el riesgo y, por ende, la de
pagar la indemnización si llega a producirse el evento que la condiciona. Es oneroso
porque es un contrato que reporta beneficio o utilidad para ambas partes. El
gravamen a cargo del tomador es el del pago de la prima y el del asegurador es
el pago de la prestación asegurada en caso de siniestro. Es aleatorio
por cuanto en el contrato de seguros tanto el asegurado como el asegurador
están sujetos a una contingencia que es la posible ocurrencia del siniestro. Es
de ejecución sucesiva, puesto que las obligaciones a cargo de los
contratantes se van desenvolviendo continuamente hasta su terminación. Es un
contrato principal porque subsiste sin necesidad de otro contrato. Es un
contrato intuitu personae en la medida que se realiza en consideración a
la persona, según la condición moral del asegurado y la calidad de las cosas
aseguradas. Es un contrato de adhesión, porque no hay discusión sobre el
clausulado y condiciones entre las partes.
Ahora bien,
aunque el artículo 1036 del código de comercio no lo menciona taxativamente, la
jurisprudencia y la doctrina ha coincidido en mencionar que el contrato de
seguro, además es un contrato especial de buena fe, por tanto, ambas partes en
las afirmaciones relacionadas con el riesgo y las condiciones del contrato se
sujetan a cierta lealtad y honestidad desde su celebración hasta la ejecución
del mismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1058 del C.Co., el
tomador o asegurado debe declarar con sinceridad los hechos y circunstancias
que determinan el estado del riesgo, puesto que ello constituye la base de la
contratación. En caso de presentarse reticencias e inexactitudes en la
declaración que conocidas por el asegurador lo hubieran retraído de contratar,
se produce la nulidad relativa del seguro. El asegurador también debe cumplir
con el principio de buena fe evitando cláusulas que sean lesivas al asegurado,
cumpliendo con la prestación asegurada a la ocurrencia del siniestro y
comprometiéndose a declarar la inexactitud al momento en que la conozca y no
esperar a la ocurrencia del siniestro para alegarla como una excepción al pago
de la indemnización.
En efecto, en
la Sentencia T-171 de 2003[67], la
Corte Constitucional precisó que el principio de la buena fe en el contrato de
seguros, se predica con mayor exigencia de las dos partes, es decir, tanto del
tomador como del asegurador, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de
adhesión, lo que significa que al momento de la suscripción del respectivo
contrato, la aseguradora tiene la carga de consignar en el texto de la póliza,
de manera clara y expresa, las exclusiones o preexistencias, entendidas como
aquellas enfermedades o afecciones que ya venia aquejando al paciente al
momento de suscribir el contrato, respecto de las cuales no se dará cubrimiento
alguno “sin que pueda luego alegar en su favor las ambigüedades o los vacíos
del texto por ella preparado”. De igual manera, el asegurado tiene la
obligación de mencionar cuales son las dolencias que presenta antes de la
celebración del contrato y cubrimiento de la póliza.
De otra parte, en Sentencia T-196 de
2007, esta Corporación precisó a partir de reiterados pronunciamientos de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que en desarrollo del
principio de la buena fe, las partes deben declarar con exactitud las
circunstancias que constituyen el estado del riesgo, con el fin de asegurar la
libertad y transparencia en la contratación. En caso de reticencia o
inexactitud, bien por declarar la verdad a medias o con errores o mediante el
encubrimiento de la verdad en la declaración, se produce la nulidad relativa
del contrato de seguro. Dijo la Corte:
“En los
casos de contratos de seguros que cubren contingencias y riesgos de salud debe
prevalecer el principio de la buena fe de las partes y en consecuencia quién
toma el seguro debe declarar con claridad y exactitud, sin incurrir en
actuaciones dolosas, su estado de salud con el objeto de que el consentimiento
del asegurador se halle libre de todo vicio, especialmente del error, para que
así se conozca exactamente el riesgo que se va a cubrir, en desarrollo de los
artículos 1036 y 1058 del Código Civil.
Pese a
lo anterior, en los casos en los que la compañía aseguradora incurre en error
inducido por el asegurado, las normas que rigen los contratos de seguros, y
específicamente el artículo 1058 del Código Civil, permiten que tal circunstancia de reticencia o inexactitud del
asegurado en la declaración de los hechos o circunstancias necesarias para
identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión del riesgo, de lugar a
declarar la nulidad relativa del contrato de seguro o la modificación de las
condiciones por parte de la aseguradora.”
En este contexto, en aplicación
del principio de la buena fe, se puede concluir que este es un postulado de
doble vía, que obliga a las partes a comportarse con probidad en el desarrollo
de la relación contractual siendo esta una particularidad  fundamental para
efectos de interpretación de las cláusulas que lo rigen. Esta buena fe en el
contrato de seguro, no sólo indica la manera como debe analizarse la conducta
de las partes frente al cumplimiento de los deberes contractuales, sino también
de algún modo la eficacia del mismo contrato.
6. Análisis
particular de cada uno de los casos
-
Expediente T-3.185.418
Como afiliado a la
Cooperativa, el 2 de julio de 2009 le fue otorgado al accionante un crédito
ordinario por valor de $45.000.000.oo que fue amparado con la póliza de seguro
de vida grupo deudores AA006899, suscrita entre la
Cooperativa como tomador y beneficiario y La
Equidad Seguros de Vida O.C. como asegurador, con vigencia del 1° de octubre
de 2009 al 1° de octubre de 2010, con cobertura del saldo insoluto por el
riesgo de muerte o incapacidad total o permanente.
La
Equidad Seguros de Vida O.C., objetó la reclamación para el pago de la
indemnización que hiciera oportunamente la
Cooperativa, por considerar que a la fecha del otorgamiento del crédito y
antes de suscribir la póliza, el accionante ya se encontraba en incapacidad por
enfermedad cardiovascular, si se tiene en cuenta que de acuerdo con la historia
clínica, el 18 de abril de 2008 registra diagnosticó de Infarto Agudo del
Miocardio “IAM”. Explica que de acuerdo con las condiciones generales de la
póliza, el seguro no cubre los saldos de prestamos que hubieren sido otorgados
a personas que al momento de entrar en vigencia el contrato o al otorgarse un
nuevo préstamo o incrementar el monto adeudado no reúnan los requisitos de
asegurabilidad, según los cuales no debe presentar, ni haber sido diagnosticado
con las enfermedades allí relacionadas, entre las cuales destaca las “afecciones
cardio-vasculares”. Precisa que el crédito fue desembolsado en tiempo
anterior a la fecha de inicio de la póliza contratada con la compañía que
representa, en la que no se otorgó continuidad de las condiciones de la
anterior aseguradora.
Los jueces de instancia
decidieron no tutelar los derechos reclamados por considerar la improcedencia
del mecanismo constitucional, puesto que el asunto que se debate es de
contenido meramente económico, el accionante carece de legitimación en la
causa, cuenta con un mecanismo judicial idóneo que puede ejercer ante la
justicia civil ordinaria, sin que tampoco se hubiere demostrado la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, ni el estado de indefensión o la afectación del
mínimo vital.
De acuerdo con las pruebas que obran
en el expediente, se tiene lo siguiente:
- El 12 de abril de 2010, en
vigencia de la póliza, fue calificado por la
EPS con pérdida de la capacidad laboral e invalidez con un porcentaje del 96%,
con fundamento en: “ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZÓN NO ESPECIFICADA
// ASISTENCIA Y AJUSTE DE OTROS DISPOSITIVOS IMPLANTADOS STENT CORONARIO //
TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION // FIBROMIALGIA // HIPERTENSION
ARTERIAL // GOTA” [68]. Consta en el dictamen
que para la calificación fueron tenidos en cuenta,  la valoración realizada por
cardiología el 9 de octubre de 2009[69], en la que se indica que
padece “Enfermedad isquémica crónica del corazón no especificada //
Asistencia y ajuste de otros dispositivos implantados. Stent Coronario //
Fibromialgia.”, así como la consulta por psiquiatría del 11 de noviembre de
2009[70], en la que se consignó:“Enfermedad
coronaria aguda que requirió angioplastia y posteriormente nueva IAM con nueva
angioplastia el paciente comenta que se ha sentido con ansiedad insomnio de
conciliación labilidad afectiva ideas de desesperanza, preocupación por el
futuro y por tener hijos pequeños”.
- En relación con la iniciación
de la vigencia de la póliza, de conformidad con las pruebas que obran en el
expediente, se observa que el actor sostiene que la póliza suscrita con la
aseguradora La Equidad proviene de una renovación automática de la póliza que la
Cooperativa tenía suscrita con la anterior aseguradora la
Compañía Suramericana de Seguros S.A.
-La
Cooperativa sostiene que al momento de otorgar el crédito, el amparo quedó
cobijado por la póliza contratada con la aseguradora Suramericana que se
encontraba vigente desde el 1° de agosto de 2008 al 1° de agosto de 2009. Por
autorización de la Junta Directiva, a partir del 1° de octubre de 2009, se
autorizó la contratación de los seguros con la aseguradora La
Equidad.
-La
Aseguradora La Equidad sostiene que “La citada póliza no cuenta con la
cláusula de continuidad de la anterior aseguradora, la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. puesto que el cliente o tomador
de la póliza en este caso COOMULDESAN nunca la solicitó.”[71]
-Por su parte, la
Aseguradora Seguros de Vida Suramericana S.A., niega en los siguientes
términos toda vinculación con el accionante para ampara el crédito que le
otorgó la Cooperativa: “Seguros de Vida Suramericana S.A. no tiene en
sus registros póliza de seguros contratada por Coomuldesan Ltda. para asegurar
el crédito otorgado el 2 de Julio de 2009 al señor Segundo Pinzón Albarracín,
ni para la fecha mencionada se encontraba vigente contrato de seguro alguno del
cual fuere parte el mencionado señor.”[72]
-Clausulado contractual del
contrato cláusula 7 numeral 7.6., contiene los requisitos de asegurabilidad
así:
“A tiempo
de entrar en vigencia este contrato, para los préstamos vigentes o al otorgarse
un nuevo préstamo al deudor o al incrementar el monto adeudado este debe reunir
los siguientes requisitos:
(…)
7.6. No
presentar, ni haber presentado, ni haber sido diagnosticada en cualquier tiempo
anterior al ingreso a la póliza o aumento del saldo deudor o nuevo préstamo,
alguna de las siguientes enfermedades: diabetes I y II, VIH positivo/SIDA,
cáncer, afecciones cerebro-vasculares, afecciones cardiovasculares o
insuficiencia renal crónica, enfermedades del colágeno, enfermedades
hematológicas, tabaquismo y alcoholismo.
Parágrafo:
Este requisito opera así La Equidad no exija para su ingreso
diligenciamiento de cuestionario o práctica de exámenes.” (Subrayado
y negrilla por fuera del texto)
-Declaración de la compañía
de seguros en la que afirma que el actor no manifestó con claridad su estado de
salud pese a haberse consignado en el contrato previamente unas preexistencias
o exclusiones relacionadas con ciertas enfermedades como afecciones cardiacas,
que precisamente, él padece.
De lo anterior, se observa en
primer lugar que entre las partes se genera una controversia de tipo
contractual relacionada con la declaración del riesgo, en la medida que el
accionante aseguró no haber sido indagado sobre su estado de salud antes de
suscribir el contrato de seguros, y la compañía aseguradora afirma lo
contrario, en aplicación de la cláusula 7, pues no cumplió con los requisitos
de asegurabilidad. Y de otro lado, hay una disputa en cuanto a las
discrepancias surgidas con ocasión de la póliza tomada con la compañía la
Equidad, si es una continuación o prórroga de la tomada en agosto del año 2008
con Suramericana o si por el contrario el contrato con Equidad es
independiente. Desde esta perspectiva, es evidente que no hay claridad en
atención a las afirmaciones de las partes y de las pruebas allegadas al expediente,
sobre la exclusión del riesgo y su consecuente declaración ante cuál compañía
de seguros. En consecuencia, es claro que las diferencias ahora presentes son
competencia exclusiva de la justicia ordinaria quien es la obligada a
determinar la eficacia del contrato antes celebrado.
En cuanto, a la afectación del
mínimo vital o la existencia de un perjuicio irremediable de las pruebas que obran
en el expediente, no se encontró dicha vulneración pues el peticionario recibe
una mesada pensional equivalente $3.319.194.00, y tal y como lo expresó el Juez
de segunda instancia muchos de los descuentos son voluntarios, en efecto
manifestó que se atrasó en cuatro cuotas del crédito, sin embargo, las misma
fueron cubiertas en tiempo.
Así entonces, esta Corporación ha
insistido que la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio
de defensa judicial, exige de la demostración de un perjuicio irremediable, el
cual además de su carácter personal, específico y concreto, debe comprometer
los derechos de naturaleza ius fundamenal invocados por el demandante, pues la
simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar
la procedencia la misma. En suma, se puede indicar que en virtud del principio
de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para decidir las
controversias suscitadas alrededor del reconocimiento de derechos de carácter
legal suscitados en asuntos de naturaleza contractual.
Por tanto, la
Sala de Revisión confirmará las Sentencias proferidas el 21 de junio de
2011, por el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga y el 28 de julio
de 2011 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga.
- Expediente T-3.191.366
La accionante adquirió el 26 de
julio de 2010 un crédito de consumo por valor de $15.370.000 con el Banco
Davivienda S.A, que respaldó con la póliza de seguro vida grupo deudores
DE-206, suscrita entre el Banco Davivienda S.A como tomador y beneficiario y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A. como asegurador, cuya vigencia fue pactada
desde el 28 de julio de 2010, fecha en que se realizó el desembolso, hasta el
1° de enero de 2011, la cual fue prorrogada hasta el 1° de enero de 2012. Dicha
póliza asegura el valor del saldo insoluto del crédito y cubre vida e
incapacidad total y permanente.
La compañía aseguradora demandada
objetó el pago de la indemnización contemplada en la póliza, argumentando que
la asegurada incurrió en una reticencia al tenor del artículo 1058 del Código
de Comercio lo que produce la nulidad relativa del contrato, en tanto que la
declaración de asegurabilidad rendida al momento de contratar el seguro no
correspondía a su verdadero estado de salud, pues se pudo establecer que desde
antes de ingresar a la póliza ya se le había diagnosticado la enfermedad por la
que fue incapacitada y había recibido tratamiento. También considera la
aseguradora que la acción es improcedente no sólo por no existir vulneración de
los derechos fundamentales alegados por la accionante, sino también por
tratarse de un asunto contractual cuyo análisis no es de competencia del juez
constitucional, sino de los jueces civiles ante quienes puede hacer valer los
derechos que considera vulnerados, lo que constituye un mecanismo idóneo para
tal fin.
Por su parte, la compañía
crediticia sostiene que está en su derecho de efectuar el cobro de la
obligación contraída con la accionante, toda vez que a la fecha no ha sido
cancelada por ella o por la compañía de seguros y la incapacidad que padece no
la exime de cumplir con sus obligaciones, ni tampoco le impone al Banco la
devolución de las cuotas canceladas, la suspensión de los cobros o la
expedición del paz y salvo, puesto que la obligación se encuentra vigente.
El juez de instancia, resolvió no
acceder a la acción de tutela impetrada por la accionante por considerarla
improcedente ante la inexistencia de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, la falta de demostración del perjuicio irremediable y
dado que la accionante cuenta con otros mecanismo de defensa judicial no siendo
la acción de tutela la vía idónea para dirimir el conflicto relacionado con la
nulidad del contrato de seguros.
Ahora bien, si se tiene en cuenta
las pruebas que obran en el expediente, se tiene lo siguiente:
- Dictamen de pérdida de la
capacidad laboral y determinación de la invalidez elaborado el 18 de febrero de
2011 por la EPS, se precisó que el diagnostico motivo de calificación fue: “1.TRASTORNO
SOMATOMORFE INDIFERENCIADO // 2. DEPRESION // 3. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD”.[73]
- Formato “DECLARACION DE
ASEGURABILIDAD UNIFICADA SEGURO DE VIDA GRUPO”, suscrito por la accionante
el 26 de julio de 2010, se consignó lo siguiente:
“(…) en mi calidad de
Asegurado principal declaro que:
1.
Mi estado de salud es normal, no padezco ninguna
enfermedad crónica ni me encuentro en estudio médico por afecciones de mi
estado de salud.
2.
No sufro actualmente de dolencias tales como enfermedades
congénitas, enfermedades del corazón y/o enfermedades de las arterias,
aneurismas cerebrales o de otras arterias. VIH Sida; tensión arterial alta,
cáncer, diabetes, hepatitis B o C, enfermedad crónica del hígado y/o riñones,
enfermedades neurológicas, psiquiátricas o pulmonares; lupus,
artritis reumatoidea o enfermedades del colágeno similares; várices del
esófago; trombosis o derrame cerebral; tromboflebitis, enfermedades de la
sangre; enfermedades del páncreas; transolantes; cirugía o intervenciones para
el tratamiento de obesidad.
3.
No he sido sometido ni se han programado tratamientos
o intervenciones quirúrgicas en razón a las enfermedades anunciadas
anteriormente o de dolencia directamente relacionadas con ellas, así como
tampoco por alguna otra enfermedad no enunciada en forma casual o
consecuencial.
4.
En la actualidad no sufro síntomas, enfermedades
crónicas o adicciones que puedan incidir sobre mi estado de salud.
5.
No tengo limitación física o mental alguno (…)”. (Negrilla y
subrayado por fuera del texto).
- Declaración de la compañía de
seguros en la que afirma que a la luz del artículo 1058 del código de comercio
hay reticencia en las declaraciones de la accionante, toda vez que no manifestó
con claridad su estado de salud, omitiendo enfermedades relacionadas con su
salud mental y que a la celebración del contrato fueron previamente indagadas.
De lo anterior, se evidencia que
entre las partes hay un discusión sobre la declaración de asegurabilidad que la
compañía de seguros afirma es reticente, en cuanto el contrato se encuentra
viciado de nulidad relativa y la asegurada lo contrario, en la medida que antes
de suscribir la póliza no se realizó exámenes exhaustivos para determinar su
estado de salud. En este contexto, no le corresponde al juez constitucional
resolver este tipo de discusiones que corresponden estrictamente a la esfera
del derecho comercial.
En relación, a la afectación al derecho
fundamental al mínimo vital, del material probatorio no se evidenció alguna
vulneración. De ahí que, esta Sala de Revisión considera que en el presente
caso, aun cuando la accionante alega una difícil situación económica, no
acreditó ni siquiera sumariamente su detrimento patrimonial a causa del pago de
las cuotas pendientes.
En este orden, y como se indicó
en las consideraciones de esta providencia, la acción de tutela es un mecanismo
procesal de naturaleza residual que busca la protección inmediata de los
derechos fundamentales en la medida que sea evidente su vulneración en caso
contrario resulta improcedente para zanjar controversias de tipo legal relacionadas
con la nulidad relativa en un contrato de seguro, aspecto alegado por la
compañía aseguradora. Por consiguiente, no es posible requerir a la
jurisdicción constitucional para reemplazar la competencia que para estos
efectos les ha sido otorgada a los jueces ordinarios.
Así las cosas, esta Corporación
confirmará la Sentencia proferida el 18 de julio de 2011, por el
Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantía de Cali,
dentro de la acción de tutela impetrada por Aura Mary Lucumí Urrutia contra el
Banco Davivienda S.A. y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A.
- Expediente T-3.205.706
La accionante adquirió el 26 de
noviembre de 2009 un crédito de libre inversión por valor de $11.770.000 con el
Banco Davivienda S.A, que respaldó con la póliza de seguro vida grupo deudores
DE-45155, suscrita entre el Banco Davivienda S.A como tomador y beneficiario y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A. como asegurador, cuya vigencia fue pactada
desde el mismo 26 de noviembre de 2010, fecha en que se suscribió el crédito,
hasta el 1° de enero de 2011, la cual fue prorrogada hasta el 1° de enero de
2012. Dicha póliza asegura el valor del saldo insoluto del crédito y cubre vida
e incapacidad total y permanente.
La compañía aseguradora demandada
objetó el pago de la indemnización contemplada en la póliza, argumentando que
la asegurada incurrió en una reticencia al tenor del artículo 1058 del Código
de Comercio lo que produce la nulidad relativa del contrato, en tanto que la
declaración de asegurabilidad rendida al momento de contratar el seguro no
correspondía a su verdadero estado de salud, pues con base en la historia
clínica se pudo establecer que desde antes de ingresar a la póliza ya se le
había diagnosticado la enfermedad por la que fue incapacitada y había recibido
tratamiento. También considera la aseguradora que la acción es improcedente no
sólo por no existir vulneración de los derechos fundamentales alegados por la
accionante, sino también por tratarse de un asunto contractual cuyo análisis no
es de competencia del juez constitucional, sino de los jueces civiles ante
quienes puede hacer valer los derechos que considera vulnerados, lo que
constituye un mecanismo idóneo para tal fin.
Por su parte, la compañía
crediticia considera que la acción de tutela es improcedente por no existir
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la demandante, toda vez
que la objeción al pago de la indemnización se hizo en estricto cumplimiento de
las normas que regulan el contrato de seguro y las condiciones que allí se
pactaron, según las cuales la existencia de cualquier enfermedad o tratamiento
médico o farmacéutico anterior a la contratación del seguro, se convierte en un
elemento de tabulación del riesgo y su ocultamiento produce la nulidad relativa
del contrato. Señaló también su improcedencia, por tratarse de un asunto
contractual cuyo análisis no es de competencia del juez constitucional, sino de
los jueces civiles ante los que puede hacer valer los derechos que considera
vulnerados, lo que constituye un mecanismo idóneo para tal fin.
Los jueces de instancia negaron
el amparo ante la existencia de otros mecanismos idóneos para hacer efectiva la
póliza, como quiera que es fruto de un contrato comercial de seguros.
De acuerdo con las pruebas que
obran en el expediente, se tiene lo siguiente:
- Dictamen de pérdida de la
capacidad laboral y determinación de la invalidez elaborado el 2 de febrero de
2011 por la EPS, se precisó que el diagnóstico motivo de calificación fue: “DISFONIA
CRONICA”. Se tuvo en cuenta el examen de “Nasofibrolaringoscopia”,
practicado el 14 de julio de 2010, que arrojó como resultado “Epiglotis
normal, supraglotis congestiva, hiperemica, bandas ventriculares y aritenoides
totalmente hiperemicos, cuerdas vocales con buena movilidad comisura anterior
muy hiperemica congestiva, comisura posterior con gran hiperemica.”[74]
- Formato “DECLARACION DE
ASEGURABILIDAD UNIFICADA SEGURO DE VIDA GRUPO”, suscrito por la accionante
el 19 de noviembre de 2009, se consignó lo siguiente:
“(…) en mi calidad
de Asegurado principal declaro que:
1.
Mi estado de salud es normal, no padezco ninguna
enfermedad crónica ni me encuentro en estudio médico por afecciones de mi
estado de salud.
2.
No sufro actualmente de dolencias tales como enfermedades
congénitas, enfermedades del corazón y/o enfermedades de las arterias,
aneurismas cerebrales o de otras arterias. VIH Sida; tensión arterial alta,
cáncer, diabetes, hepatitis B o C, enfermedad crónica del hígado y/o riñones,
enfermedades neurológicas, psiquiátricas o pulmonares; lupus, artritis
reumatoidea o enfermedades del colágeno similares; várices del esófago; trombosis
o derrame cerebral; tromboflebitis, enfermedades de la sangre; enfermedades del
páncreas; transolantes; cirugía o intervenciones para el tratamiento de
obesidad.
3.
No he sido sometido ni se han programado tratamientos o
intervenciones quirúrgicas en razón a las enfermedades anunciadas anteriormente
o de dolencia directamente relacionadas con ellas, así como tampoco por
alguna otra enfermedad no enunciada en forma casual o consecuencial.
4.
En la actualidad no sufro síntomas, enfermedades crónicas o
adicciones que puedan incidir sobre mi estado de salud.
5.
No tengo limitación física o mental alguno (…)”. (Negrilla y
subrayado por fuera del texto).
- Declaración de la compañía de
seguros en la que afirma que a la luz del artículo 1058 del código de comercio
hay reticencia en las declaraciones de la accionante y por tanto nulidad
relativa en el contrato celebrado, atendiendo a que no manifestó con claridad su
estado de salud, ya que tenía afecciones importantes relacionadas con la
invalidez antes de la celebración del acuerdo contractual que fueron
previamente indagadas y omitidas en la declaración de asegurabilidad según se
pudo constatar de la historia clínica.
Así las cosas, es claro que entre
las partes hay un discusión sobre la declaración de asegurabilidad que la
compañía de seguros asevera es reticente, y la asegurada lo contrario, por no
haberse ordenado pruebas médicas sobre su salud y por el contrario hacer
oponibles una serie de preexistencia o exclusiones. En este contexto, en
definitiva el problema que ahora se estudia debe ocupar a los jueces de lo
ordinario quienes son los encargados de resolver este tipo de litigios
En relación,
a la afectación al mínimo vital y de acuerdo a las pruebas que obran en el
expediente, se establece en primer lugar, que no se encontraron suficientes
elementos de juicio que permitan deducir la afectación al mínimo vital de la
accionante o por el contrario un perjuicio irremediable, que permita la
procedencia transitoria de la tutela.
Por el
contrario, los hechos expuestos se enmarcan dentro de una controversia
contractual que se deriva de acuerdos privados cuyo debate corresponde estudiar
a la justicia ordinaria, puesto que en ellos no se encuentran involucrados
derechos constitucionales y por tanto la acción de tutela resulta improcedente.
En este contexto, la
Sala de Revisión confirmará los fallos proferidos el 29 de junio de 2011 por
el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga y el 9 de agosto de 2011 por
el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dentro de la acción de
tutela impetrada por Ana Lucila Quintero Suárez contra el Banco Davivienda S.A.
y la Compañía de Seguros Bolívar S.A. (Expediente T-3.205.706).
III. DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR las
Sentencias proferidas el 21 de junio de 2011, por el Juzgado Dieciséis
Civil Municipal de Bucaramanga y el 28 de julio de 2011 por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela impetrada por
Segundo Pinzón Albarracín contra La
Equidad Seguros de Vida O.C. y la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Colombia Ltda, Coomuldesan
Ltda (Expediente T-3.185.418)
Segundo.- CONFIRMAR la
Sentencia proferida el 18 de julio de 2011, por el Juzgado Octavo Penal
Municipal con Función de Control de Garantía de Cali, dentro de la acción de
tutela impetrada por Aura Mary Lucumí Urrutia contra el Banco Davivienda S.A. y
la Compañía de Seguros Bolívar S.A. (Expediente T-3.191.366).
Tercero.- CONFIRMAR las
Sentencias proferidas el 29 de junio de 2011, por el Juzgado Primero Civil
Municipal de Bucaramanga y el 9 de agosto de 2011 por el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela impetrada por Ana
Lucila Quintero Suárez contra el Banco Davivienda S.A. y la
Compañía de Seguros Bolívar S.A. (Expediente T-3.205.706)
Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Los expediente T-3.185.418 y T-3.191.366
fueron acumulados según Auto de Sala de Selección Numero Nueve del 16 de
septiembre de 2011 y el expediente T-3.205.706 fue acumulado mediante Auto de
Sala de Selección Número Nueve del 29 de septiembre de 2011.
[2] Folios 1 a 45 del cuaderno 1.
[3]
En adelante la Cooperativa.
[4] Folio 76 del cuaderno 1. En el resumen de la historia clínica de la
Clínica Foscal de Bucaramanga del día 14 de abril de 2008, se diagnosticó: “1.
IAM NO Q. 2. POP PCI Cx RI + Stent”.
[5] Folios 46
a 50 del cuaderno 1. En la historia clínica de la
Clínica Psiquiátrica ISNOR de Bucaramanga, fue atendido durante los días 11 de
noviembre de 2009, 28 de enero, 26 de febrero, 13 y 30 de abril, 13 de mayo, 4
de junio, 6 de julio, 6 de agosto y 23 de septiembre de 2010 y los días 18 de
enero y 17 de febrero de 2011, en donde fue diagnosticado con “TRASTORNO
MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION”.
[6] Folio 107 del cuaderno 1, Formulario Único
para Determinación de Pérdida de Capacidad Laboral y Dictamen de Invalidez.
[7] Folio 87 del cuaderno 1.
[8] Folio 103 del cuaderno 1. Pagare No 2704 por
valor de $45.000.000 para un total con intereses de $69.446.580.00, pagadero en
60 cuotas mensuales consecutivas de $1.157.443.oo cada una a partir del 30 de
julio de 2009. A folio 168 del cuaderno 1, comprobante de egreso de fecha 2 de
julio de 2009, pagado al accionante por valor de $45.000.000.oo, por concepto
de “contabilizar crédito ordinario y se recoge cartera”.
[9] Folio 123 del cuaderno 1.
[10] Folio 124 del cuaderno 1.
[11] Folio 111 del cuaderno 1.
[12] Folio 170 del cuaderno 1. Acta N° 0533 del 19
de junio de 2009 del consejo de administración de Coomuldesan.
[13] Folios 145 y 151 del cuaderno 1.
[14] Folio 126 del cuaderno 1.
[15] Folios 121, 122 y 123  del cuaderno 1. Comunicaciones de fechas
14 de abril, 19 de julio y agosto 19 de 2010, mediante los cuales la
Cooperativa exige al accionante el pago de las cuotas atrasadas  del crédito
que se le otorgó.
[16] Folios 237
a 240 del cuaderno 1.
[17] Folios 169 a 1855 del cuaderno 1.
[18] Folios 273 a 288 del cuaderno 1.
[19] Folios 299
a 329 del cuaderno 1.
[20] Folio 331 del cuaderno 1.
[21] Folios 1 al 5  del cuaderno 1.
[22] Folio 132 del cuaderno 1. Resumen de la
Historia Clínica de la paciente en la
Clínica San José de Cali. Ver también folios 22
a 27 del cuaderno 1, las notas de evolución del paciente hospitalizado.
[23] Folio 7 del cuaderno 1. Según el formulario de dictamen de
calificación de origen, pérdida de capacidad laboral y determinación de la
invalidez, elaborado por la U.T. del Sur Occidente, la accionante se
desempeñaba como docente de la
Secretaría de Educación departamental del Cauca y la enfermedad que padece es
de origen común.
[24] Folios 256 a 261 del cuaderno 1.
[25] Folio 272 del cuaderno 1.
[26] Folio 276 del cuaderno 1.
[27] Folio 268 del cuaderno 1.
[28] Folios 280 a 282 del cuaderno 1.
[29] Folio 273 del cuaderno 1.
[30] Folio 306 del cuaderno 1. Mediante auto proferido el 3 de agosto de
2011, el juzgado de conocimiento declaró extemporánea la impugnación
interpuesta por la accionante contra el fallo proferido el 18 de julio de 2011.
[31] Folios 1 al 7  del cuaderno 1.
[32] Folios 9 y 10 del cuaderno 1. Copia de las
Resoluciones 232  y 304 del 11 y 24 de febrero de 2011 respectivamente,
expedidas por el Alcalde Municipal de San Juan de Girón (E) por las cuales se
retiró del servicio por pensión de invalidez a la accionante.
[33] Folio 15 del cuaderno 1.
[34] Foilio 14 del cuaderno 1.
[35] Folio 19 del cuaderno 1. Oficio DNI-SV-977 del
29 de marzo de 2011, mediante el cual la
Compañía de Seguros Bolívar objetó el pago indemnizatorio.
[36] Folio 21 del cuaderno 1. Certificación
expedida el 29 de abril de 2011 por el Coordinador de Cartera Sucursal
Bucaramanga de Davivienda.
[37] Folio 25 del cuaderno 1. Declaración rendida
bajo juramento ante el Notario 11 del Circulo de Bucaramanga por el esposo de
la accionante en la que consta que no labora desde hace 2 años, ni recibe
renta, salario o pensión, ni tampoco se desempeña como comerciante ni como
trabajador independiente.
[38] Folios 28 y 29 del cuaderno 1. Recibo de pago
correspondiente al valor de la matrícula del periodo 201110 en el programa
ingeniería industrial de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga a nombre de una de las hijas
de la accionante y certificación expedida el 8 de junio de 2011 por el Centro
Latinoamericano de Idiomas “Celail” Ltda de Bucaramanga, en la que consta que
otra de las hijas de la accionante se encuentra cursando programa personalizado
de inglés, respectivamente.
[39] Folios 26 y 27 del cuaderno 1. Registros
civiles de nacimiento de las hijas de la accionante de 27 y 20 años
respectivamente.
[40] Folios 42 a 44 del cuaderno 1.
[41] Folios 50 a 56 del cuaderno 1.
[42] Folio 58 del cuaderno 1.
[43] Folio 59 del cuaderno 1.
[44] Folio 57 del cuaderno 1.
[45] Folio.23 del cuaderno 2 (Expediente
T-3185418).
[46] Folio 32 del cuaderno 2 (Expediente T-3.185.418).
[47] Folio 33 del cuaderno 2.
[48] Folio 82 del cuaderno 2.
[49] Folio 8 del cuaderno 2.
[50] Folio 44 del cuaderno 2.
[51] Folios 50 a 97 del cuaderno 2.
[52] Folio 10 del cuaderno 2.
[53] Folio 11 del cuaderno 2.
[54] Folio 85 del cuaderno 2.
[55] Folios 91 a 110 del cuaderno 2.
[56] Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de
2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
[57] Ver sentencia T-160 de 2010.
[58] Ibídem.
[59] Ver por ejemplo las sentencias T-743 de 2002, T-596 de 2001, T-215 de
2000. Esto fallos resuelven casos en los cuales el actor incoaba una acción de
tutela en contra de una sanción disciplinaria, por violar, entre otros, su
derecho al debido proceso; en cada uno estos procesos existía la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho para la protección del derecho al debido
proceso. Por esto, el criterio utilizado por  la
Corte para decidir la procedencia de la tutela fue si existía o no un
perjuicio irremediable, con el fin de tramitar el expediente de tutela como un
mecanismo transitorio mientras que eran decididos los procesos en la jurisdicción
contencioso administrativa. En el mismo sentido, ver también las sentencias T-131
A de 1996, T-343 de 2001. De otra parte, la
Corte ha establecido que en los casos en los que “existe violación o
amenaza de un derecho fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, y no
cuenta el afectado con acción ante la jurisdicción contencioso administrativa,
o dentro del trámite de ella no es posible la controversia sobre la violación
del derecho constitucional, la tutela procede como mecanismo definitivo de protección
del derecho constitucional conculcado”, caso que no es aplicable al presente
proceso. (Sentencia T-142 de 1995).
[60] Sentencia T-225 de 1993.
[61]  En la parte correspondiente de la sentencia, se
señaló: “Es así como a partir del análisis de las causas invocadas y los
fines inherentes a cada mecanismo, es que se debe establecer cuál de ellos es
procedente e idóneo, o planteado de otra manera, en lo que atañe a la tutela,
debe verificarse si las causas aludidas por los accionantes vulneran sus
derechos fundamentales.
De
conformidad con lo anterior, la Corte considera necesario hacer un recuento de
los supuestos fácticos que dieron origen a la presentación de las tutelas
revisadas, para concluir en la clara vulneración de los derechos fundamentales
de las accionantes y en la trascendencia constitucional de la controversia
planteada. (...)
La
conclusión así alcanzada adquiere por lo tanto relevancia constitucional, pues
no se trata de un asunto de mera interpretación sobre la legalidad de los actos
administrativos respectivos, sino que por el contrario, se demostró  que
quienes activaron el mecanismo excepcional de la tutela, dada la vulneración
del derecho fundamental del debido proceso de que fueron objeto, soportan un
perjuicio irremediable que exige la  pronta intervención del juez de tutela.
Perjuicio irremediable que la Corte advierte en relación con el objeto social y
las actividades comerciales de las entidades accionantes, y que se materializa,
como se expuso, en la imposibilidad en la que se les coloca para “la
participación en licitaciones y / o concursos tendientes a la contratación de
obras por el sistema de concesión y / o cualquier otro sistema”.
La
capacidad jurídica de cada una de las sociedades demandantes quedó de esa
manera cercenada, al tiempo que se vieron expuestas, sin la observancia de la
plenitud de las formas propias de la actuación  administrativa, a paralizar sus
actividades en detrimento además de su buen nombre. Así, la inhabilidad para
contratar con el Estado por el término de 5 años, se traduce indudablemente en
un perjuicio irremediable que exige del juez constitucional la adopción de
medidas inmediatas y que convierte a la tutela en un mecanismo impostergable de
urgente aplicación, y por ende de protección transitoria a la garantía
constitucional del debido proceso, a cuyo análisis se ha contraído
exclusivamente este fallo. (...)”.
[62] Sentencia T-290 de 2005.
[63]  Ver entre otras, sentencias
T-083 de 2007, T-158 de 2006, T-446 de 2004.
[64] Ver entre otras, las
sentencias T-076 de 1996; T-295 de 1999; T-116 de 2000 y T-452 de 2001.
[65] Ver entre otras, las
sentencias T-463 de 2003 y T-456 de 1994.
[66] Ver al respecto la
sentencia T-463 de 2003.
[67] Reiterada en la
Sentencia T-152 de 2006.
[68] Folio 107 del cuaderno 1, Formulario Único
para Determinación de Pérdida de Capacidad Laboral y Dictamen de Invalidez.
[69] Folio 64 del cuaderno 1, ver copia de la
historia clínica de fecha 9 de octubre de 2009 de la consulta por especialista
del Instituto del Corazón de Bucaramanga.
[70] Folio 46 del cuaderno 1, ver copia de la historia clínica de fecha 11
de noviembre de 2009 de la consulta realizada en la
Clínica Psiquiátrica ISNOR de Bucaramanga
[71] Folio 36 del cuaderno 2.
[72] Folio 83 del cuaderno 2.
[73] Ver folio 7 del cuaderno 1.
[74] Ver folio 15 del cuaderno 1.