T-640-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-640/03
DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE/MEDIO DE
DEFENSA JUDICIAL-Existencia
de otro mecanismo para dirimir controversia sobre incompetencia de juzgado
La Sala
considera que el peticionario no contaba con otras vías judiciales para acceder
al expediente, ante lo cual la acción de tutela era el camino idóneo para
remediar una posible vulneración de los derechos invocados.  En efecto, la
determinación del Juzgado 1 Civil del Circuito de Palmira no podía ser
cuestionada dentro del proceso ejecutivo, porque precisamente se buscaba
informarse plenamente del mismo, ni por otra vía judicial, pues por tratarse de
una conducta de facto no procedía ningún tipo de recursos. En consecuencia, el
accionante se encontraba desprovisto de herramientas que le permitieran obtener
la autorización del juez para ponerse al tanto del proceso ejecutivo promovido
en contra de su representada. Conocer el expediente es un elemento constitutivo
del debido proceso, condición necesaria para el ejercicio del derecho de
defensa y componente del derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia, pero está sujeto a restricciones.
DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE-Comprende cualquier tipo de actuación
El acceso al
expediente no es un derecho restringido a los trámites de carácter penal, sino
que por hacer parte del debido proceso comprende cualquier tipo de actuación,
sea esta judicial o administrativa, como lo prevé el artículo 29 de la
Superior.
DERECHO DE
ACCESO AL EXPEDIENTE-Conocimiento debe ser integral
La Corte también
ha explicado que una vez se configura el derecho de acceder al expediente el
conocimiento del mismo debe ser integral, porque de lo contrario no podría
ejercerse en toda su dimensión el derecho de defensa del implicado, ni el
derecho al trabajo de  quien lo representa, y por el contrario sería altamente
nocivo no sólo para sus intereses, sino también para los de la administración
de justicia en su tarea por alcanzar la verdad y hacer prevalecer el derecho
sustancial.
DERECHO DE
ACCESO AL EXPEDIENTE-Restricciones
A juicio de la
Corte las restricciones de esta naturaleza son al menos de dos tipos, a saber:
(i) teniendo en cuenta la calidad de la persona ó, (ii) atendiendo el principio
de oportunidad procesal. En cuanto a lo primero, la Ley puede exigir la
acreditación de un interés legítimo para concurrir al proceso. Así, en un
juicio penal el conocimiento del expediente está reservado a ciertos sujetos,
de la misma forma que en un juicio civil sólo las partes o algunos terceros
pueden intervenir, pues no parece sensato convocar al debate a quien no tiene
interés en la forma como se decida un litigio. En cuanto a lo segundo, es decir
al criterio de oportunidad, la Ley puede limitar el acceso al expediente
dependiendo del momento en el que se encuentre el proceso.  La restricción no
depende ya de las calidades de la persona sino de la etapa en la que alguien
pretenda enterarse de una actuación judicial.  Este condicionamiento opera a su
vez en dos sentidos: si la actuación es extemporánea, en aquellos eventos en
los cuales la persona ha dejado vencer la oportunidad para hacerse partícipe en
un proceso, o pretemporánea, en el evento en que sea prematuro el acceso al
expediente por encontrarse pendiente la realización de diligencias
preliminares.
PROCESO EJECUTIVO-Momento procesal para notificación de
mandamiento de pago en el que se decretan medidas cautelares/DERECHO DE
ACCESO AL EXPEDIENTE-Restricción temporal en caso específico
Antes de
notificar el mandamiento de pago en un juicio ejecutivo es preciso materializar
las medidas cautelares, lo cual implica que existe una restricción de carácter
temporal para acceder al expediente; restricción que resulta razonable y se
justifica por las razones expuestas, más aún si se tiene en cuenta que el sólo
hecho de proferir el mandamiento ejecutivo no produce efectos perversos a los
intereses del demandado ni le vincula al proceso, por lo menos hasta tanto le
haya sido notificado como lo ordena la Ley. La Sala considera que actitud del
juzgado se refleja como correcta, pues notificar el mandamiento de pago en ese
momento procesal implicaría autorizar al demandado para conocer la totalidad
del expediente, incluidas las medidas cautelares decretadas pero no practicadas
aún, lo cual resulta extraño a la lógica que en el CPC inspira los procesos de
esta naturaleza. De lo que se trató fue de una restricción temporal para
acceder al expediente con el propósito de alcanzar el éxito en la
administración de justicia, pero que no implicó el desconocimiento de los
derechos invocados. No obstante, si las medidas cautelares practicadas causaron
un daño antijurídico, por ejemplo por haber recaído sobre bienes que no podían
ser objeto de ellas, bien podrá la parte demandada perseguir el resarcimiento
de los perjuicios haciendo efectiva la garantía suscrita dentro del proceso
civil.
Referencia: expediente T-711709
Acción de tutela promovida por Ramiro
Rodríguez López, en representación de la Universidad Nacional de Colombia,
contra el Juzgado 1 Civil del Circuito de Palmira (Valle).
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil tres
(2003).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ,
JAIME ARAUJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la
acción de tutela promovida por Ramiro Rodríguez López contra el Juzgado 1 Civil
del Circuito de Palmira (Valle), por considerar vulnerado el derecho al debido
proceso en el trámite de un proceso ejecutivo promovido por ADPOSTAL contra la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, donde el peticionario representa a esta
última institución.
I.
ANTECEDENTES
1.- En el
Juzgado 1 Civil del Circuito de Palmira cursa un proceso ejecutivo seguido por
la Administración Postal Nacional contra la Universidad Nacional de Colombia.[1]
2.- Por
intermedio de su representante legal, la institución demandada confirió poder
al abogado Ramiro Rodríguez López para que asumiera su defensa en el proceso en
mención.[2]
3.- Mediante
auto del 20 de marzo de 2002, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Palmira libró
mandamiento de pago contra la Universidad Nacional.  En esa fecha el juzgado
también decretó, como medidas cautelares, el embargo y secuestro de algunos
bienes como televisores y computadores, así como el de las cuentas corrientes
que posee la entidad demandada en los diferentes bancos de la ciudad.[3]
4.- Según indica
el peticionario, el 7 de mayo de 2002 viajó a la ciudad de Palmira con el fin
de notificarse del mandamiento ejecutivo, pero no pudo conocer el expediente
porque aún no se le había reconocido personería para actuar, aún cuando, según
él, en su condición de abogado titulado estaba facultado para hacerlo de
acuerdo a lo previsto en los artículos 127 del Código de Procedimiento Civil
(CPC) y 26 del Decreto 196 de 1971.
5.- Explica que
desde esa fecha enteró al despacho que los bienes de la Universidad son
inembargables por mandato del artículo 8 del Decreto 1210 de 1990.[4]
6.- Afirma que
el 16 de mayo regresó al juzgado pero nuevamente le fue negado el acceso al
expediente, esta vez aduciendo que no podía notificarse del mandamiento librado
porque el proceso se encontraba pendiente de practicar algunas medidas
cautelares. El demandante propuso entonces incidente de nulidad, aduciendo que
según el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, es la jurisdicción contencioso
administrativa y no la ordinaria civil la competente para tramitar los procesos
ejecutivos entre las entidades estatales.[5]
7.- El mismo día
el señor Ramiro Rodríguez López interpuso la acción de tutela.  A su juicio, la
conducta asumida por el juzgado desconoce el derecho al debido proceso, porque
le impide notificarse del mandamiento ejecutivo hasta tanto se hayan practicado
todas las medidas cautelares, pero esas medidas no se pueden materializar
porque los bienes de la Universidad Nacional son inembargables.  En
consecuencia, solicita que se ordene al juzgado: (i) permitirle el acceso al
expediente y, (ii) abstenerse de continuar tramitando el proceso por falta de
jurisdicción.[6]
8.- En escrito
allegado durante el trámite de la tutela, el Juzgado 1 Civil del Circuito de
Palmira explicó que por haberse decretado medidas cautelares (embargo y
secuestro de varios bienes y de algunas cuentas bancarias), no podía
notificarse a la entidad demandada hasta tanto las mismas fueran practicadas en
su totalidad, como lo prevé el artículo 327 del CPC.
En cuanto a la
existencia de un posible vicio por falta de jurisdicción,  el despacho indicó
que ello sería objeto de análisis en su correspondiente oportunidad e informó
que el señor Ramiro Rodríguez ya había propuesto un incidente de nulidad dentro
del proceso civil.[7]
II.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1.- Luego de
dispendiosos trámites que la Corte no considera pertinente reseñar en detalle,
por sentencia del 4 de octubre de 2002 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura denegó el amparo solicitado.  En su
concepto, la acción de tutela no puede prosperar ante la existencia de otros
mecanismos idóneos de defensa dentro del propio proceso ejecutivo que se
adelanta en el juzgado.
La Sala también
precisa que al estar pendiente la práctica de algunas medidas cautelares no era
procedente la notificación del mandamiento de pago, según lo dispone el
artículo 327 del CPC.  Y que el vicio de falta de jurisdicción debería ser
invocado oportunamente como excepción dentro del proceso civil.
2.- Impugnado el
fallo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de señalar
que no se trata de la negativa de amparo sino de la improcedencia de la
acción.   De un lado, comparte las apreciaciones del a-quo en lo que tiene que
ver con la presencia de otras vías de defensa en el proceso de ejecución, donde
advierte la existencia de recursos y etapas para resolver las distintas
situaciones y nulidades planteadas.  Por otro lado, la Sala no encuentra
elementos necesarios para predicar la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente el amparo en forma transitoria, “en tanto las
supuestas irregularidades en la tramitación del proceso civil será reparable y
siempre dará espera” (sic).
III.-
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.- Competencia.
De conformidad
con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes, la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el
presente caso.
2.- Problemas
jurídicos objeto de estudio
En el asunto
descrito la Sala debe determinar si el peticionario contaba o no con otros
mecanismos judiciales para controvertir la actuación del juzgado.  De no
existir tales mecanismos le corresponderá analizar si, en un proceso ejecutivo,
el juez puede restringir el acceso al expediente a la parte demandada hasta
tanto se practiquen las medidas cautelares decretadas, o si por el contrario
dicho proceder conlleva la violación del debido proceso.
3.- Existencia
de otros mecanismos para cuestionar la competencia del juzgado, pero ausencia
de ellos para obtener el acceso al expediente.
La Corte
considera que la acción de tutela no constituye el escenario para dirimir la
controversia sobre la posible incompetencia del juzgado para tramitar el
asunto, toda vez que en su debida oportunidad el peticionario podrá concurrir
al proceso ejecutivo a fin de plantear las excepciones o incidentes que estime
pertinentes, como efectivamente ha ocurrido con la solicitud de nulidad
propuesta. En consecuencia, atendiendo el criterio de subsidiariedad de la
acción de tutela[8], la misma se
refleja como improcedente desde esta perspectiva.
Sin embargo, a
diferencia de lo anterior, la Sala considera que el peticionario no contaba con
otras vías judiciales para acceder al expediente, ante lo cual la acción de
tutela era el camino idóneo para remediar una posible vulneración de los
derechos invocados.  En efecto, la determinación del Juzgado 1 Civil del
Circuito de Palmira no podía ser cuestionada dentro del proceso ejecutivo,
porque precisamente se buscaba informarse plenamente del mismo, ni por otra vía
judicial, pues por tratarse de una conducta de facto no procedía ningún
tipo de recursos.
En consecuencia,
el accionante se encontraba desprovisto de herramientas que le permitieran
obtener la autorización del juez para ponerse al tanto del proceso ejecutivo
promovido en contra de su representada.  Pero no puede afirmarse  que por esa
sola circunstancia el amparo resultaba pertinente, porque para ello es
necesario determinar si la conducta del juzgado implicó la vulneración de algún
derecho fundamental, o correspondió más bien a una actitud acorde con la lógica
y el diseño de los procesos civiles de ejecución en los que se decretan medidas
cautelares o previas.  Entra pues la Corte a dilucidar la controversia.
4.- Conocer el
expediente es un elemento constitutivo del debido proceso,  condición necesaria
para el ejercicio del derecho de defensa y componente del derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia, pero está sujeto a restricciones.
Enterarse de las
razones por las cuales una persona es investigada por una autoridad pública o
ha sido demandada judicialmente constituye un presupuesto para ejercer los
derechos de contradicción y defensa, ya que sólo de esta forma puede diseñar
una estrategia para controvertir las imputaciones en su contra, decidir cuáles
son los aspectos probatorios relevantes con el fin de afrontar una
controversia, o hacer las precisiones pertinentes sobre un determinado asunto.
En este sentido
es apenas natural que para ejercer plenamente sus derechos el implicado debe
conocer las razones por las cuales es llamado a un proceso y las diligencias
que dentro del mismo se han adelantado.  Y para ello, la forma usual de conocer
las diligencias es teniendo acceso al expediente, donde están signadas las
razones por las cuales alguien considera que tiene derecho a algo y activa el
aparato judicial del Estado.
El acceso al
expediente no es un derecho restringido a los trámites de carácter penal, sino
que por hacer parte del debido proceso comprende cualquier tipo de actuación,
sea esta judicial o administrativa, como lo prevé el artículo 29 de la Superior[9].
Pero más aún,
esa facultad constituye un componente básico del derecho de acceso a la
administración de justicia, inspirado en el principio según el cual, salvo las
excepciones que establezca la ley, las actuaciones de los jueces son públicas y
permanentes, en ellas prevalece el derecho sustancial y tienen como norte la
búsqueda de la verdad material, como ya ha tenido oportunidad de explicarlo
esta Corporación.  Por ejemplo, en la Sentencia T-275/94, al analizar el caso
de una madre que cuestionaba las actuaciones judiciales durante la etapa
preliminar en un proceso penal iniciado a raíz de la muerte de su hijo,  la
Corte reconoció el derecho a conocer el expediente en los siguientes términos[10]:
“La manera de tener este acceso a la
justicia, cuando se trata de la madre del muerto, es constituyéndose, si ella
lo desea, y en el momento oportuno, como parte civil dentro del proceso penal
correspondiente. Esta sería una vía adecuada para desarrollar el derecho establecido
en el artículo 229 de la Constitución.
Sí apenas se está en Diligencias
preliminares, no siendo el momento oportuno para la actuación de la parte
civil, el acceso se restringe al derecho de petición ante el funcionario
judicial con el fin de obtener información (arts. 23, 20 de la Constitución) o
hacer solicitudes específicas pudiendo aportarse pruebas (art. 28 C.P.P. y 13
C.P.M.). Sea lo que fuere: constituirse en parte civil y/o tener acceso al
expediente y aportar pruebas, forma parte del derecho a acceder a la justicia
(art. 229 C.P.), y es esta una expresión válida de fortalecimiento de la
justicia, la igualdad y el conocimiento (Preámbulo de la Carta).”
(Subrayado fuera de texto)
La Corte también
ha explicado que una vez se configura el derecho de acceder al expediente el
conocimiento del mismo debe ser integral, porque de lo contrario no podría
ejercerse en toda su dimensión el derecho de defensa del implicado, ni el
derecho al trabajo de  quien lo representa, y por el contrario sería altamente
nocivo no sólo para sus intereses, sino también para los de la administración
de justicia en su tarea por alcanzar la verdad y hacer prevalecer el derecho
sustancial.  En este punto resulta ilustrativa la Sentencia T-432/97, donde la
Corte concedió el amparo al representante de un sindicado a quien se le ocultó
una parte de las diligencias procesales.  Dijo entonces la Corte:
“De esta manera, es necesario concluir que
el Fiscal Regional a cargo del proceso penal incurrió en una vía de hecho al no
aceptar el ejercicio de la defensa técnica durante la indagatoria del ciudadano
Osorio Sepúlveda, y no permitirle al abogado examinar el expediente, aún una
vez concluida esa diligencia.
(…)
Empero, si durante la averiguación
previa y el resto de la investigación, al abogado se le mantienen ocultas
algunas pruebas -en el caso bajo revisión, al menos todas las que obran en
el quinto cuaderno del expediente-, éste no puede cumplir de manera cabal
con su encargo; el derecho del defensor a examinar el expediente, es
presupuesto del pleno ejercicio del derecho a la defensa técnica del sindicado,
y puesto que en el proceso que se adelanta en contra del ciudadano Osorio
Sepúlveda se violó de tal manera el derecho a la defensa, así mismo se violó el
derecho al trabajo del actor porque, en contra de la Constitución y la ley, el
Fiscal Regional hizo imposible que cumpliera con su labor profesional.”
(Subrayado fuera de texto)
A pesar de lo
anterior, el derecho de acceso a las diligencias judiciales puede ser objeto de
restricciones como lo reconoce la propia Constitución para aquellos casos en
los cuales el Legislador así lo disponga[11], naturalmente
que atendiendo objetivos constitucionalmente admisibles, como la necesidad de
no entorpecer la actividad judicial, afectar la práctica de pruebas, poner en
riesgo la integridad de algunos sujetos u obtener un pronunciamiento judicial
inocuo, entre otras razones.
Y a juicio de la
Corte las restricciones de esta naturaleza son al menos de dos tipos, a saber:
(i) teniendo en cuenta la calidad de la persona ó, (ii) atendiendo el principio
de oportunidad procesal.
En cuanto a lo
primero, la Ley puede exigir la acreditación de un interés legítimo para
concurrir al proceso. Así, en un juicio penal el conocimiento del expediente
está reservado a ciertos sujetos, de la misma forma que en un juicio civil sólo
las partes o algunos terceros pueden intervenir, pues no parece sensato
convocar al debate a quien no tiene interés en la forma como se decida un
litigio.
En cuanto a lo
segundo, es decir al criterio de oportunidad, la Ley puede limitar el acceso al
expediente dependiendo del momento en el que se encuentre el proceso.  La
restricción no depende ya de las calidades de la persona sino de la etapa en la
que alguien pretenda enterarse de una actuación judicial.  Este
condicionamiento opera a su vez en dos sentidos: si la actuación es
extemporánea, en aquellos eventos en los cuales la persona ha dejado vencer la
oportunidad para hacerse partícipe en un proceso, o pretemporánea, en el evento
en que sea prematuro el acceso al expediente por encontrarse pendiente la
realización de diligencias preliminares.
De acuerdo con
lo anterior, la facultad del Estado para actuar unilateralmente durante ciertas
etapas, sumada a la consecuente posibilidad de impedir el acceso al expediente
durante ellas, también ha sido reconocida por la jurisprudencia
constitucional.  Por ejemplo, en la sentencia SU-620/96 la Corte explicó que
cuando se decretan medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal
es válida una restricción de esta naturaleza, pues con ello se pretende evitar
una decisión anodina.  En aquella providencia señaló al respecto:
“Tampoco encuentra la Sala contraria a la
garantía del debido proceso que en una fase de la etapa de investigación se
conserve la actuación unilateral de la administración, por la exigencia de mantener
la reserva requerida, e impedir que su conocimiento o publicidad pueda permitir
la destrucción o la manipulación de las pruebas o la interferencia de extraños
y aún de los posibles implicados que la hagan fracasar. De este modo, el
proceder unilateral de la administración se justifica por la necesidad de que
pueda establecer con certeza, objetivamente y  libre de influencias e
injerencias perniciosas los hechos investigados, su incidencia en el manejo
irregular de los bienes y recursos públicos y la identificación de los
presuntos responsables. Igualmente, se justifica dicha actuación unilateral
para efectos de decretar medidas cautelares sobre los bienes de las personas
presuntamente responsables de un faltante de recursos del Estado, con el fin de
prever que no sea ilusoria la declaración de responsabilidad fiscal en cabeza
de un imputado, al asegurar a través de dichas medidas el pago de la
indemnización que llegue a decretarse.”[12]  (Subrayado no original)
5.- El acceso al
expediente y la notificación del mandamiento de pago en procesos ejecutivos
donde se decretan medidas cautelares.
El Código de
Procedimiento Civil dispone que en los procesos ejecutivos, acreditados ciertos
requisitos y constatada la existencia de una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, el juez debe librar una orden a través de la cual
constriñe al demandado a cumplirla[13].  Esta
providencia se denomina mandamiento de pago, en ella se declara como no
satisfecha una obligación del deudor y sirve de fundamento para, en principio,
coercitivamente lograr su cumplimiento.
Ahora bien, con
miras a garantizar la eficacia material del mandamiento de pago, el
ordenamiento prevé la posibilidad de solicitar y obtener la realización de
algunas actuaciones especiales previas.  Son ellas las medidas cautelares,
actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva que recaen sobre ciertos bienes
con el fin de evitar que el deudor disponga plenamente de éstos y rehúse
satisfacer sus compromisos civiles, aprovechando para ello la duración del
proceso.[14]
Las medidas
cautelares gozan de amplio respaldo constitucional en tanto desarrollan el principio
de eficacia de la administración de justicia, comprenden el derecho de acceder
a ella y contribuyen a la igualdad procesal[15].  Además, por
su naturaleza deben practicarse antes de que el afectado tenga noticia de
ellas, pues de otra forma quedará latente el riesgo de que aquel despliegue
gestiones para evitarlas y con ello haga inoperante  el sistema de
administración de justicia, como lo dispone el artículo 327 del CPC cuando
señala:
“Artículo
327.-Modificado por el articulo 1. numeral 153, del Decreto Ley 2282 de 1989.
Cumplimiento y notificación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares
se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del
auto que las decrete.  Si fueren previas al proceso se entenderá que dicha
parte queda notificada el día en que se apersona en aquél o actúe en ellas o
firme la respectiva diligencia.
Los oficios y
despachos para el cumplimiento de las mencionadas medidas solamente se
entregarán a la parte interesada cuando se haya notificado el auto que admitió
la demanda o libró mandamiento ejecutivo.”
La norma
transcrita fue declarada exequible en la sentencia C-925 de 1999, en cuya
oportunidad la Corte consideró que la práctica de medidas cautelares con
anterioridad a su notificación no plantea problemas de constitucionalidad que
afecten el debido proceso o el derecho de defensa, ya que el juez puede
limitarlas, es menester que el solicitante preste caución por los perjuicios
que se pudieran ocasionar, y en todo caso pueden controvertirse llegado el
momento procesal oportuno.  En efecto, la Corte sostuvo sobre el particular:
“Que
las medidas cautelares de naturaleza real se ejecuten antes de que sea
declarada cierta la existencia del crédito, circunstancia que le impide al
deudor disponer libremente de los bienes que se han constituido en prenda de
garantía del acreedor, no comporta entonces una violación del debido proceso ni
de ningún otro derecho, pues como se anotó, su ejecución previa se ajusta a la
filosofía propia de dicha institución procesal que, como quedó dicho, tiende a
garantizar la realización de la justicia material. Sobre este particular, vale
aclarar que el afectado con las acciones preventivas no se encuentra
desamparado por el régimen jurídico, ya que éste, con el fin de garantizar el
ejercicio moderado y racional de las cautelas, ha previsto como condición para
su solicitud prestar una caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros,
equivalente al diez (10) por ciento del valor actual de la ejecución, con el
fin de responder por los perjuicios que se deriven de su indebida ejecución.
Asimismo, el ordenamiento legal le permite al juez limitar la práctica de las
medidas a lo necesario, de manera que el valor de los bienes embargados y
secuestrados no excedan del doble del crédito cobrado, sus intereses y las
respectivas costas, dejando también a salvo aquellos bienes que por ley son
inembargables y los considerados esenciales para la modesta subsistencia del
ejecutado. (C.P.C. arts. 513, 518, 684 y 690).”
La misma
posición fue reiterada en la sentencia C-490/00, donde la Corte declaró la
exequibilidad del artículo 513 (parcial) del CPC, relacionado con la potestad
de decretar medidas cautelares en forma simultánea con el mandamiento
ejecutivo, luego de concluir que una la norma contenía una limitación ajustada
a los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, a tal punto que lograba
un “equilibrio suficiente entre la búsqueda de la efectividad de la justicia
y la protección del debido proceso del demandado”.[16]
En este orden de
ideas, como la notificación del mandamiento de pago permite al demandado
acceder de manera integral al expediente y a partir de ese momento ejercer en
toda su dimensión el derecho de contradicción y defensa, es apenas razonable
que esa diligencia se lleve a cabo una vez han sido practicadas las medidas
cautelares, pues de otra manera sería altamente probable que el proceso de
ejecución fracasara en su objetivo central.  La lógica señala, entonces, que en
primer lugar deben practicarse las medidas preventivas y luego sí enterar del
proceso al demandado mediante la notificación del mandamiento de pago.
Sin embargo,
reitera la Corte, las medidas pueden ser controvertidas ulteriormente y si con
ellas se causa un perjuicio ilegítimo al demandado nada obsta para hacer
efectiva la caución que el solicitante debe constituir, con lo cual se
garantiza el resarcimiento de los eventuales perjuicios.
En este orden de
ideas, antes de notificar el mandamiento de pago en un juicio ejecutivo es
preciso materializar las medidas cautelares, lo cual implica que existe una
restricción de carácter temporal para acceder al expediente; restricción que
resulta razonable y se justifica por las razones expuestas, más aún si se tiene
en cuenta que el sólo hecho de proferir el mandamiento ejecutivo no produce efectos
perversos a los intereses del demandado ni le vincula al proceso, por lo menos
hasta tanto le haya sido notificado como lo ordena la Ley.
6.- El asunto
bajo revisión.
Las razones
señaladas son suficientes para concluir que en el caso objeto de revisión las
decisiones de instancia deberán ser confirmadas ya que, como se explica en
seguida, no implicaron la vulneración de los derechos alegados en la solicitud
de tutela, sino una restricción temporal acorde con la regulación prevista para
los procesos de ejecución.
El peticionario
censura al Juzgado 1 Civil del Circuito de Palmira por no permitirle el acceso
al expediente hasta la práctica de la totalidad de las medidas cautelares.
Particularmente cuestiona la negativa a notificarle el mandamiento de pago
librado dentro del proceso ejecutivo.
Sin embargo, la
Sala considera que actitud del juzgado se refleja como correcta, pues notificar
el mandamiento de pago en ese momento procesal implicaría autorizar al
demandado para conocer la totalidad del expediente, incluidas las medidas
cautelares decretadas pero no practicadas aún, lo cual resulta extraño a la
lógica que en el CPC inspira los procesos de esta naturaleza.   De lo que se
trató fue de una restricción temporal para acceder al expediente con el propósito
de alcanzar el éxito en la administración de justicia, pero que no implicó el
desconocimiento de los derechos invocados.
No obstante, si
las medidas cautelares practicadas causaron un daño antijurídico, por ejemplo
por haber recaído sobre bienes que no podían ser objeto de ellas, bien podrá la
parte demandada perseguir el resarcimiento de los perjuicios haciendo efectiva
la garantía suscrita dentro del proceso civil.
Por lo demás, la
Corte tampoco observa vulneración alguna de los derechos del abogado, toda vez
que el ejercicio de su cargo debe hacerse dentro de los parámetros y de acuerdo
con las oportunidades previstas en las normas que regulan los diferentes
asuntos en los que pretende actuar.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR
la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura en el proceso de la referencia.
Segundo.- Por Secretaría General de la Corte, LÍBRESE la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno principal, folios 1 a 91.
[2] Cuaderno principal, folios 64 a 74.
[3] Cuaderno principal, folios 62 y 82.
[4] Cuaderno principal, folio 83.
[5] Cuaderno principal, folios 89 a 91.
[6] Cuaderno principal, folios 3 y 4.
[7] Cuaderno principal, folio 92.
[8] Ver, entre muchas otras, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002,
T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000,
T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998 y T-
287 de 1995.
[9]
“Artículo 29.- El debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o
de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.Es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso.”
[10] Sentencia T-275/94 MP. Alejandro Martínez
Caballero.  Sin embargo, la Corte confirmó las decisiones de instancia, en el
sentido de denegar el amparo, por considerar que la demandante no había acudido
ante la autoridad judicial donde se tramitaba el proceso penal y en esa medida
la tutela resultaba improcedente.
[11]
“Artículo 228.- La Administración de Justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en
ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.” (Subrayado fuera de texto)
[12] Sentencia SU-620/96 MP. Antonio Barrera
Carbonell.  La Corte concedió el amparo al debido proceso y a la defensa de
varias personas a quienes se les investigaba fiscalmente pero se les prohibía
acceder al sumario (cuando esa etapa estaba reservada), pues consideró que a
pesar de ser legítimas algunas actuaciones unilaterales de la administración,
la forma como estaba diseñado el proceso de responsabilidad fiscal restringía
desproporcionadamente el ejercicio del derecho de defensa durante la etapa de
investigación.  En sentido similar puede consultarse la sentencia C-840/01 MP.
Jaime Araújo Rentaría.
[13]
“Artículo 497 (Modificado por
el artículo 1, numeral 259, del Decreto 2282 de 1989).- Presentada la demanda
con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el
juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la
forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.”
[14] Cfr. Sentencia C-925/99 MP. Vladimiro
Naranjo Mesa.  La Corte declaró la exequibilidad del artículo 327 del Código de
Procedimiento Civil, relacionado con el cumplimiento y la notificación de las
medidas cautelares.
[15] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-490/00 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[16]
Sentencia C-490/00 MP. Alejandro Martínez Caballero.  La Corte
declaró exequible la expresión “Simultáneamente con el mandamiento
ejecutivo, el juez decretará, si fueren procedentes, los embargos y secuestros
de los bienes que el ejecutante denuncie como de propiedad del ejecutado”,
contenida en el inciso quinto del artículo 513 del Código de Procedimiento
Civil.