T-436-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-436/07
ACCION DE TUTELA-Carácter subsidiario y residual
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Condiciones
del perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Prueba del perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por falta
de pruebas sobre el perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por
existir otro medio de defensa judicial
Referencia: expediente T-1524689
Accionante: Diego Nicolás Valencia
García.
Demandado: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia y
Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de
dos mil siete (2007).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente,
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo de
tutela adoptado el 21 de noviembre de 2006, por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Armenia (Quindío), dentro de la acción de tutela instaurada por
Diego Nicolás Valencia García en contra de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Armenia y el Director de Registro de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
I.
ANTECEDENTES
1. Solicitud
El día 26 de octubre de 2006, el señor
Diego Nicolás Valencia García presentó acción de tutela contra la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Armenia y el Director de Registro de la
Superintendencia de Notariado y Registro, por considerar que tales entidades le
vienen vulnerando sus  derechos fundamentales a la dignidad humana, la
igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, al
negarse a registrar el acta de remate del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria número 280-13939 y el Auto aprobatorio del mismo, proferido por el
Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia dentro del proceso ejecutivo hipotecario
de Diego Nicolás Valencia Contra Roberto Cano Suárez.
2. Hechos
El actor refiere que, mediante auto del 29 de septiembre de 2005, el
Juzgado 6º Civil Municipal de Armenia dispuso el registro, en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, del acta de remate del inmueble
identificado con la matrícula número 280-13939 y del auto aprobatorio del
mismo, de conformidad con la adjudicación que en su favor se hiciere dentro del
proceso ejecutivo hipotecario por él promovido contra el señor Roberto Cano
Suárez.
No obstante, la inscripción dispuesta por el juez del proceso
ejecutivo fue denegada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Armenia bajo el argumento de que, por Sentencia del 1º de junio de 2004,
proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Armenia y registrada el 21 de
septiembre de 2005, se declaró sin valor el acto de partición y adjudicación
realizado en el proceso de sucesión de María Lilia Giraldo de Cano y Gerardo
Cano Suárez, en el que se había adjudicado el referido inmueble al señor
Roberto Cano Suárez.
El accionante interpuso los recursos de reposición y de apelación
contra esta decisión, los cuales a su vez fueron despachados desfavorablemente
por la misma Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia y por la
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante decisiones del 30 de marzo y
el 6 de septiembre de 2006, respectivamente, en las que se resolvió confirmar
la decisión de negar el registro del acta de remate del inmueble identificado
con la matrícula número 280-13939 y del auto aprobatorio del mismo.
3. Fundamentos de la Acción
El accionante considera que la negativa en la inscripción del acto
de remate por parte de las entidades demandadas vulnera los derechos
fundamentales señalados, toda vez que la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero de Familia, el 1º de junio de 2004, ordenó la cancelación de los
registros posteriores a la inscripción de la demanda, sin que tal medida
afectara las inscripciones anteriores, por lo que su derecho, registrado el 21
de septiembre de 2001, no debió haberse afectado, en la medida en que la
inscripción de la demanda tuvo lugar en fecha posterior, esto es, el 29 de
abril de 2002. En el mismo sentido, el actor alega no haber sido vinculado al
proceso adelantado ante el Juzgado Tercero de Familia, por lo que no le es
oponible la sentencia en él proferida.
Así, con base en el gravamen consistente en la hipoteca constituida
sobre el bien objeto de litigio por Roberto Cano Suárez a favor de Diego
Nicolás Valencia García, que resulta anterior a la fecha de inscripción de la
demanda, el accionante inició proceso ejecutivo hipotecario al término del cual
le fue adjudicado el inmueble y se ordenó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos la inscripción del acta de remate, por lo que no le es
dado al Registrador desconocer una orden judicial de imperativo cumplimiento.
El accionante pone de presente que, para efectos del remate judicial
del bien cuya inscripción alega, allegó el certificado de tradición y libertad
en el que se reportaba la invalidación del título de adquisición de propiedad
por parte del demandado en el proceso ejecutivo, pero no se reportaba la
invalidación del título hipotecario, por no haber quedado cobijado en la
sentencia del Juez Tercero de Familia. De esta forma, teniendo en cuenta estos
elementos, el juez de conocimiento del proceso ejecutivo adelantó la diligencia
de remate.
De igual forma, el accionante destaca que al momento de la
constitución del gravamen hipotecario, el demandado en el proceso ejecutivo
figuraba como propietario del inmueble afectado, de manera que se encuentra
amparado por la protección propia de un tercero de buena fe exenta de culpa,
que no puede ser desconocida por las entidades demandadas.
En efecto, el actor refiere jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia en virtud de la cual se tiene que la ulterior invalidación del título
de propiedad de quien ha constituido hipoteca sobre un inmueble, no apareja la
invalidación del derecho del tercero acreedor hipotecario ni el remate del bien
efectuado en el proceso en que se ejercita la acción real hipotecaria.
Finalmente, el actor señaló que no es de recibo el argumento de la
oficina de registro de instrumentos públicos, en el sentido de que la
cancelación del gravamen hipotecario tuvo lugar como consecuencia de la orden
dada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia, como quiera que en el
mismo auto en que se ordenó cancelar dicho gravamen, se ordenó igualmente el
registro del acta de remate y del auto aprobatorio del mismo.
A manera de síntesis, el actor concluye precisando que el proceso
ejecutivo hipotecario que dispuso el registro del acta de remate del inmueble
identificado con la matrícula número 280-13939 y del auto aprobatorio del
mismo, se adelantó con base en un gravamen hipotecario “constituido antes
del registro de la demanda de petición de herencia”,  y que dicho
gravamen no fue invalidado por la sentencia del juez de familia que dejo sin
valor el acto de partición y adjudicación a favor de su deudor hipotecario. En
ese sentido, considera que tanto la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Armenia como el Director de Registro de la Superintendencia de
Notariado y registro, están incumpliendo la orden judicial de inscripción del
acta de remate y del auto aprobatorio.
4. Pretensiones de la demanda
Con fundamento en lo anterior, el actor solicita al juez de tutela
que, “como mecanismo transitorio para superar un perjuicio
irremediable”, ampare los derechos que invoca como vulnerados y
que, en consecuencia, ordene “que se proceda al registro del acto de remate
del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 280-13939
y del auto aprobatorio del mismo proferido por el juzgado 6º Civil Municipal de
Armenia dentro del proceso ejecutivo hipotecario de DIEGO NICOLAS VALENCIA
GARCÍA contra ROBERTO CANO SUAREZ”.
5. Oposición a la Demanda de Tutela
5.1. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
Armenia
Mediante memorial presentado el tres de noviembre de 2006, el
Registrador del Círculo de Armenia dio contestación a la demanda de tutela,
para lo cual señaló que efectivamente se había negado el registro del acta de
remate y del auto aprobatorio del mismo, proferidos dentro del proceso
ejecutivo hipotecario promovido por Diego Nicolás Valencia Vargas contra
Roberto Cano Suárez, como consecuencia de haberse registrado con anterioridad,
esto es, el 21 de septiembre de 2005, la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero de Familia de Armenia en la que se declararon ineficientes los actos de
partición y adjudicación realizados en el proceso de sucesión de los causantes
María Lilia Giraldo de Cano y Gerardo Cano Suárez.
De tal suerte, al considerar que el título adquisitivo del señor
Roberto Cano Suárez fue declarado ineficiente, no era procedente el registro
solicitado, como quiera que para la fecha en que se solicitó, el señor Cano
Suárez no tenía la calidad de titular del derecho de dominio sobre el bien
objeto de remate.
5.2. Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia
El 8 de noviembre de 2006, el Juzgado Sexto Civil Municipal de
Armenia se pronunció sobre la demanda de tutela, en razón a que fue vinculado
al proceso por parte del juez constitucional, y señaló que dentro del proceso
ejecutivo con título hipotecario entre Diego Nicolás Valencia García y Roberto
Cano Suárez, se adjudicó el bien gravado con hipoteca al primero, con garantía
del debido proceso para las partes en litigio.
De otra parte, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional
respecto de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
5.3. Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y
Registro
El 16 de noviembre de 2006, el Director de Registro de la
Superintendencia de Notariado y Registro contestó la acción de tutela,
reseñando preliminarmente la situación fáctica relativa al folio de matrícula
inmobiliaria No. 280-13939, en los siguientes términos:
El 24 de enero de 2000 se inscribió la escritura de adjudicación del
inmueble al señor Roberto Cano Suárez, la cual fue declarada nula por el
Juzgado Tercero de Familia de Armenia mediante sentencia del 1º de junio de
2004, inscrita el 21 de septiembre de 2005, proferida dentro del proceso
iniciado por demanda de petición de herencia que fue registrada el 22 de abril
de 2002. Con anterioridad a las inscripciones de la demanda y de la sentencia,
se había registrado la constitución de hipoteca a favor del señor Diego Nicolás
Valencia García, el 21 de septiembre de 2001.
El 18 de agosto de 2004, se registró la orden de inscripción de
embargo del inmueble, proferida dentro del proceso ejecutivo hipotecario. En la
anotación 19 del folio de matrícula se inscribió la sentencia que declaraba la
nulidad del acto de partición y adjudicación del inmueble.
Finalmente, respecto de la orden del juez Sexto Civil Municipal de
registrar la adjudicación del inmueble al señor Diego Nicolás Valencia García,
la oficina de registro la devolvió sin hacer el registro porque el señor
Roberto Cano Suárez, a quien se le remató el predio, no era titular del mismo,
por virtud de la sentencia del Juzgado Tercero de Familia.
Del recuento fáctico precedente, el demandado colige que hubo
suficiente publicidad de los actos que sobre el inmueble se realizaron, de
manera que la inscripción de la demanda de petición de herencia, bastaba para
alertar a los que desearan celebrar negocios jurídicos respecto del bien, sobre
su calidad de litigioso, sin que hubiera necesidad de vincularlos al proceso
para que se afectaran directamente por las resultas del mismo, dada su calidad
de litis consortes cuasinecesarios.
De esta forma, la medida de embargo decretada con posterioridad a la
inscripción de la demanda debió alertar al demandante Diego Valencia sobre las
posibles resultas del proceso de petición de herencia, de suerte que la
inscripción de la cancelación del título de propiedad del demandado en el
proceso ejecutivo impide registrar la adjudicación del inmueble surtida en el
remate, porque la sentencia que la contiene no cumple con los requisitos de
ley, habida cuenta que se basa en la escritura 80 del 20 de enero de 2000 que
fue declarada nula.
De esta forma, el demandado considera que el proceder de la Oficina
de Registro se adecuó a las normas pertinentes y que se respetó el debido
proceso del accionante, por lo que no existe vulneración de los derechos
invocados.
6. Pruebas que Obran en el Expediente
En el expediente de tutela reposan las siguientes pruebas:
-
Certificado de tradición del inmueble
distinguido con la matrícula inmobiliaria número 280-13939, expedido el 12 de
octubre de 2005. (Folios 17 – 18).
-
Copia del acta de remate del inmueble con
matrícula No. 280-13939. (Folio 19).
-
Copia del auto aprobatorio del remate del
inmueble con matrícula No. 280-13939. (Folios 20 – 24).
-
Nota devolutiva por la que fue negado el
registro del acta de remate. (Folio 25)
-
Copia de Resolución No. 20 de la oficina de
registro de instrumentos públicos. (Folios 26 – 30).
-
Copia del recurso de reposición y en subsidio
apelación. (Folios 31 – 37).
-
Copia de la Resolución No. 5620 de la Oficina de
Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro. (Folios 38 – 48).
-
Copia de la Sentencia del Juzgado Tercero de
Familia de Armenia. (Folios 51 – 75).
II. SENTENCIA
DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante
providencia del 21 de noviembre de 2006, el Juzgado Quinto Penal del Circuito
negó la pretensión de amparo de los derechos fundamentales del accionante, bajo
la consideración de que la actuación de las entidades demandadas se desarrolló
con respeto del derecho al debido proceso y se ajustó a los parámetros de ley.
Igualmente, a la
luz de las anotaciones que constan en la matrícula inmobiliaria del bien objeto
de controversia, el juez concluyó que las autoridades demandadas actuaron
conforme a derecho al negarse a surtir la inscripción ordenada por el juez de
conocimiento del proceso ejecutivo, como quiera que en proceso de petición de
herencia se invalidó la titularidad que sobre el bien tenía el demandado en el proceso
ejecutivo, acto de nulidad que fue debidamente registrado, por lo que adquiere
el carácter de público y oponible, de suerte que el actor conoció de estas
situaciones, lo que implica que no hubo desconocimiento de sus derechos
constitucionales fundamentales.
Ninguna de las partes impugnó la decisión.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de la Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de
la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y en cumplimiento del Auto del 9 de febrero de 2007, proferido por
la Sala de Selección de Tutelas Número Dos.
2. Problema jurídico
Según quedó anunciado en el acápite de
antecedentes, el actor recurre a la acción de tutela para invocar la protección
constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
presuntamente violados por las entidades demandadas, al negarse a registrar el
acta de remate del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número
280-13939 y el Auto aprobatorio del mismo, el cual fue ordenado en su favor por
el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia dentro del proceso ejecutivo
hipotecario iniciado por el actor contra Roberto Cano Suárez.
Aduce al respecto, que las accionadas
negaron el registro sobre la base de que, para el momento en que se profirió la
orden judicial, el demandado en el proceso ejecutivo ya no tenía la calidad de
titular del derecho de dominio del bien hipotecado, en razón a que dicho título
se había declarado nulo en otro proceso judicial. Para el actor tal argumento
carece de fundamento, toda vez que, aun cuando es cierto que se anuló el título
adquisitivo de dominio, el fallo que así lo dispuso sólo ordenó cancelar los
registros efectuados con posterioridad a la inscripción de la demanda, siendo
el registro de constitución de hipoteca anterior a la misma. En ese sentido,
considera el actor que las entidades demandadas han debido cumplir la orden
proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia, y que la negativa a
darle cumplimiento es el resultado de una interpretación equivocada del fallo
que anuló la titularidad del derecho de dominio sobre el bien hipotecado.
Como complemento de lo anterior, el actor
sostiene en el escrito de demanda que recurre a la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
así como también para enervar una situación de indefensión materializada en la
insuficiencia de medios de defensa de los derechos invocados.
En ese orden de ideas, de conformidad con
la situación fáctica planteada, lo primero que le corresponde definir a esta
Sala es si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para controvertir un acto
administrativo que puede ser objeto de impugnación a través de los medios
ordinarios de defensa judicial. Si la respuesta es positiva, a continuación
deberá la Sala establecer si la conducta desplegada por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Armenia y el Director de Registro de la
Superintendencia de Notariado y Registro, vulnera o no los derechos
fundamentales invocados por el actor.
3. Procedencia de la acción de tutela cuando se invoca como
mecanismo transitorio.
Interpretando el contenido y alcance del
artículo 86 Superior, esta Corporación ha dejado claro que, aun cuando la acción
de tutela fue concebida como un mecanismo de protección de los derechos
fundamentales, atendiendo a su carácter subsidiario y residual, la misma sólo
es procedente en los casos en que el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, o cuando existiendo dicho medio, la misma se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
La jurisprudencia constitucional viene
sosteniendo que el carácter subsidiario y residual que identifica la acción de
tutela, atribuido directamente por el inciso 3° del artículo 86 de la Carta, le
reconoce a la misma un ámbito de aplicación excepcional y restrictivo, en el
sentido de que actúa como un mecanismo complementario de defensa, ocupando tan
solo aquellos espacios del derecho que no se encuentran cubiertos por los demás
recursos y acciones, o que lo son en forma deficiente y precaria.
Sobre esa base, la Corte ha sostenido que
el instituto procesal de amparo no fue diseñado por el Constituyente del 91
como un medio judicial alternativo o adicional de los ya existentes, sino como
un mecanismo de defensa residual, cuyo objetivo se concreta en brindar una
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos fundamentales,
destacando a su vez que un uso distinto al atribuido “llevaría al
desconocimiento de ciertos principios constitucionales, tales como el del non
bis in idem, el de cosa juzgada, el de independencia judicial, el de juez
natural, o el de seguridad jurídica”[1].
En relación con el tema, dijo la Corte en
una de los innumerables pronunciamientos sobre la materia:
En efecto, la acción de tutela no ha sido concebida como un
instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un
mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que
cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar
lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las
otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción
constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la
Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de
las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció, en su sentencia
T-119 de 1997, que dentro de las labores que le impone la Constitución “está la
de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda
armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la
obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas.”
(Sentencia T-262 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) (Subrayas fuera del
texto original)
Posteriormente ha reiterado:
“La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que la
tutela no fue creada para sustituir los mecanismos de defensa ordinarios. Para
el Tribunal, la acción del artículo 86 de la Carta tiene carácter excepcional
en la medida en que únicamente responde a las deficiencias de los medios de
defensa judiciales, sin desplazarlos ni sustituirlos. De allí que la Corte haya
afirmado que dicha acción ‘constituye un instrumento democrático con que
cuentan los ciudadanos para reclamar ante los jueces dicha protección de sus
derechos constitucionales, pero de la cual, en razón a su excepcionalidad, no
puede abusarse ni hacerse uso cuando existan otros medios judiciales idóneos
para la definición del conflicto asignado a los jueces ordinarios con el
propósito reiterado de obtener, entre otras consideraciones, un pronunciamiento
más ágil y expedito’ ”[2]. (Sentencia T-161 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Entendido, entonces, como un medio
judicial complementario y residual, el amparo constitucional no puede
utilizarse para remplazar ni sustituir los procesos ordinarios y especiales,
los cuales han sido diseñados expresamente por la Constitución y las leyes para
brindar protección a todos los derechos de que son titulares los habitantes del
territorio nacional, incluyendo la categoría de los fundamentales. De ahí que
la procedencia de la tutela esté sujeta, o bien a la inexistencia del medio de
defensa judicial ordinario o especial, o bien a su ineficacia, situación que
sólo puede apreciar el juez constitucional en cada caso concreto.
Ahora bien, en el entendido que es posible promover la tutela como
mecanismo transitorio, aun sobre la base de la existencia de otro medio
judicial, esta Corporación ha explicado que, en esos casos específicos, resulta
imprescindible demostrar la ocurrencia de una amenaza o de una agresión actual
e inminente que pongan en peligro el derecho fundamental, o lo que es igual,
acreditar que el derecho presuntamente afectado se encuentra sometido a un
perjuicio irremediable.[3]
En ese contexto, la Corte ha considerado que para determinar la
irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente
de varios elementos que configuran su estructura como son: (i) la inminencia
del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino
la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada;
(ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia,
que exige por supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para
conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir,
acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y
necesario para la protección de los derechos fundamentales. En la Sentencia
T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte Constitucional definió y
explicó los elementos configurativos del perjuicio irremediable en el siguiente
sentido:
“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo
siguiente:
A).El perjuicio ha de ser inminente:
"que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior se
diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente
consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas,
que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga
el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es
imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado
empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo.
En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del
efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se
desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo
la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de
urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.  Es
apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación:  si la primera
hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda
alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se
refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de
ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo
la precisión y la prontitud dan (sic) señalan la oportunidad de la urgencia.
C).                   No basta cualquier perjuicio,
se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.  La
gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de
ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades
públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de
aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona,
objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente.
D).La urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando
ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión
y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio
irremediable, se deduce que hay  ocasiones en que de continuar las
circunstancias de  hecho en que se encuentra una persona, es inminente e
inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de  manera
que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en
forma directa o como mecanismo transitorio.” (Sentencia T-225 de 1993 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa)
En concurrencia con los elementos configurativos
que llevan a determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable,
este Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como mecanismo de
defensa transitorio, se requiere también verificar que dicho perjuicio se
encuentre probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado la Corte
que el juez constitucional no está habilitado para conceder el amparo
transitorio, que por expresa disposición constitucional se condiciona a la
existencia de un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece
acreditado en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está en
capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el
contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable[4].
La posición que al respecto ha adoptado
esta Corporación, reiterada en un distintos fallos, no deja duda de que la
prueba o acreditación del perjuicio irremediable es requisito fundamental para
conceder el amparo. Por ello, ha señalado la Corte que quien promueva la tutela
como mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra
sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado
“explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo
enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez
de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”[5].
En la Sentencia T-407 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño), citando a su vez otros pronunciamientos sobre la
materia, este Tribunal sostuvo que:
“[S]iempre que
una persona pretenda que la tutela desplace un mecanismo ordinario de
protección, resulta necesario que el juez cuente con prueba suficiente sobre la
existencia de las circunstancias indicadas en la jurisprudencia antes
transcrita. En este sentido,  la sentencia T-449/98 indicó: ‘No basta, pues,
afirmar la irreparabilidad de un daño, sino, ofrecer las explicaciones y
pruebas correspondientes, para que el juez de tutela adquiera certeza sobre su
decisión. Y examine si los medios judiciales son eficaces.’[6]”.
Frente a este último aspecto, también
la Corte ha aclarado que, si bien la prueba del perjuicio irremediable es requisito
de procedencia de la tutela, la naturaleza informal y pública del amparo
descarta que dicha prueba esté sometida a rigurosos formalismos o términos
sacramentales, con lo cual, lo que se exige es un mínimo de elementos
indicativos que le facilite al juez constitucional determinar la ocurrencia del
perjuicio irremediable, pues tampoco el operados jurídico está en condiciones
de imaginar las circunstancias en que se produce la amenaza del derecho cuya
protección se solicita.
Sobre el punto, explicó esta
Corporación:
“[P]ara demostrar el perjuicio irremediable, al
menos se deben señalar los hechos concretos que permitan deducir que ocurre
dicho perjuicio el juez no se los puede imaginar, por supuesto que no se
necesitan términos sacramentales pero al menos alguna indicación que le permita
al juzgador tener la confianza de que en verdad se halla el peticionario en una
situación que lo afecta a él y a su familia. (Sentencia T-1068 de 2000, M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
En conclusión, la posibilidad de que
prospere la acción de tutela como mecanismo transitorio, depende de que se
pueda establecer la necesidad urgente de protección judicial ante la amenaza
inminente y grave de una lesión irreparable sobre un derecho fundamental
(perjuicio irremediable), teniendo el afectado una cierta carga de diligencia,
materializada en el hecho de tener que indicar, siquiera sumariamente, las
circunstancias fácticas que acreditan el hecho.
4. Improcedencia de la acción de
tutela en el presente caso
Como ya se ha señalado, el actor
interpuso la presente acción de tutela para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.  A su juicio, tales derechos fueron
violados por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia y el
Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, al negarse
a registrar el acta de remate del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria número 280-13939 y el Auto aprobatorio del mismo, ordenado por el
Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia dentro del proceso ejecutivo
hipotecario iniciado por el actor Contra Roberto Cano Suárez.
Sostiene el mismo demandante, que agotó la vía gubernativa, ya que
contra el acto administrativo que negó el registro, interpuso los recursos de
reposición y de apelación, los cuales a su vez fueron despachados
desfavorablemente por las entidades mencionadas, mediante decisiones del 30 de
marzo y el 6 de septiembre de 2006, respectivamente.
Frente a los hechos brevemente relatados,
esta Sala tiene claro que, para el momento en que se presentó la solicitud de
amparo, el actor contaba con otro medio de defensa judicial, distinto a la
acción de tutela, que le permitía cuestionar la legitimidad del acto
administrativo que negó el registro del acta de remate del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria número 280-13939 y el Auto aprobatorio
del mismo. En efecto, bajo el entendido que dicho acto administrativo ya se
encontraba en firme, el demandante estaba habilitado para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y para solicitar, a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que el acto se dejara sin
efectos y que se le reestablecieran sus derechos. Al respecto, el artículo 85
del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.) consagra expresamente:
Artículo
85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y
se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación
fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente.”
Es más, la vía alterna de que disponía el
actor, en las circunstancias concretas del caso bajo análisis, incluía también
la posibilidad de utilizar un medio de defensa complementario, suficientemente
eficaz para la pronta protección de los derechos presuntamente afectados, como
lo es la solicitud de “suspensión provisional”, la cual se presenta con
la demanda o en escrito separado de la misma y que debe ser resuelta por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al momento de admitir la demanda
(C.C.A. arts. 152, 153 y 154). En consecuencia, si la actuación de las
entidades accionadas resultaba manifiestamente contraria a la ley, como lo
afirma el demandante, y si su decisión era causante de un perjuicio grave,
antes que a la tutela, el actor ha debido acudir a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, acompañada de la solicitud de suspensión
provisional, en los términos en que lo prevén los artículo 152 y siguientes del
Código Contencioso Administrativo, para obtener la protección inmediata que
reclama[7].
Como se anotó, la suspensión provisional
tiene que decidirse en el auto admisorio de la demanda y debe producir efectos
en forma inmediata en caso de ser concedida, por lo cual la prontitud de este
mecanismo lo hace del todo eficaz para la garantía y efectividad de los
derechos del demandante.
Así las cosas, en la medida que la tutela
no está llamada a proceder cuando existen otros mecanismos eficaces de defensa
judicial, y considerando que en el presente caso el actor contaba con la acción
contenciosa de nulidad y reestablecimiento para defender los derechos que
consideraba vulnerados, por ese aspecto, la protección solicitada resulta
improcedente.
No obstante lo dicho, el actor sostiene
en el escrito de demanda que recurre a la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, así como
también para enervar una situación de indefensión materializada en la insuficiencia
de medios de defensa de los derechos invocados.
Pues bien, a pesar de que en el presente
caso se acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el actor no explica, siquiera sumariamente, en que consiste
dicho perjuicio ni tampoco señala las circunstancias que lo enfrentan al mismo.
De igual manera, tampoco se pronuncia sobre la situación de indefensión en que
se encuentra ni señala porqué considera insuficientes los medios de defensa
judicial estatuidos por el ordenamiento jurídico para cuestionar la legitimidad
de los actos administrativos.
Según quedó anotado en el acápite
anterior, para que se configure un perjuicio irremediable es preciso establecer
que se está en presencia de una amenaza inminente y grave, que
requiera ser conjurada de manera urgente y en forma impostergable
a través de la acción de tutela. En ese contexto, se exige igualmente que el
afectado aporte, siquiera sumariamente, un
mínimo de elementos indicativos que le faciliten al juez constitucional
determinar la ocurrencia del perjuicio irremediable y el estado de presunta
indefensión, ya que el operador jurídico no está en condiciones de estructurar
o imaginar las circunstancias en que se produce la amenaza del derecho cuya protección
se solicita con urgencia.
En el presente caso no aparece demostrada
la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable ni se cumplen los
presupuestos del mismo. Ello, en razón a que el demandante se limita a anunciar
que promueve la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, sin explicar en qué consiste
dicho perjuicio ni señalar las condiciones que lo enfrentan al mismo. Aun
cuando es cierto que la prueba sobre la existencia del perjuicio irremediable
no está sometida a rigurosos formalismos o términos sacramentales, si se
requiere un mínimo de diligencia del afectado, en el sentido de tener que
incluir algunas indicaciones que le permitan
al juzgador tener la confianza de que en verdad se encuentra en una situación
que lo afecta gravemente, lo cual no ha tenido ocurrencia en el presente caso,
precisamente, porque el demandante ha guardado total silencio sobre el
particular.
Por eso, si en gracia de discusión se aceptara que la actuación de las
entidades demandadas fuera ilegítima, tal y como lo afirma el actor, no cabe
duda que el daño producido podría ser integralmente reparado a través de la
decisión contenciosa administrativa correspondiente. A este respecto basta
mencionar, como en tantas oportunidades lo ha hecho la Corte, que si la tutela
pudiera reemplazar o sustituir de plano a la totalidad de los procedimientos
judiciales, la existencia de tales procedimientos resultaría inocua,
generándose en la práctica una disminución dramática de la eficacia en la protección
de los derechos fundamentales y, con ello, de los bienes más preciados del
individuo y más caros para el Estado de derecho.
Por las razones
anotadas, la Corte procederá a confirmar la decisión tomada por el juez de
primera instancia en el presente juicio de tutela.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
CONFIRMAR la Sentencia proferida el 21 de
noviembre de 2006, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Ponente
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Sentencia T- 1203 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[2]
Sentencia T-340 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[3]
T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[4]
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999
(M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-1155 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
y T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[5]
Sentencia T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[6]
Sentencia  T-449/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[7]
Artículo 152. Procedencia de la suspensión. El
Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos
administrativos mediante los siguientes requisitos:
1.
Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por
escrito separado, presentado antes de que sea admitida.
2.
Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las
disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa
o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
3.
Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque
sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o
podría causar al actor