C-992-01
Sentencia C-954/01
Sentencia C-992/01
GOBIERNO-Conformación
GOBIERNO-Presentación de proyecto de ley a través de ministros/MINISTRO-Presentación
de proyectos de ley en representación del Gobierno/PROYECTO DE LEY POR
MINISTRO-Presunción de presentación por el Gobierno
La Corte ha considerado que conforme
a los artículos 200 y 208 de la Constitución, el Gobierno puede presentar los
proyectos de ley a través de los Ministros, razón por la cual no se requiere
que los proyectos de ley de iniciativa gubernamental sean suscritos por el
Presidente de la República. Esto no significa, de acuerdo con la sentencia
antes citada, que los Ministros tengan competencia autónoma para presentar
proyectos de ley, en la medida en que sólo pueden hacerlo en representación del
Gobierno. Esta última situación se presume por el solo hecho de haber sido
presentado un proyecto de ley por el Ministro del Despacho, sin embargo dicha
presunción podría ser desvirtuada por el Presidente de la República cuando
exprese que el Ministro actuó sin su previa autorización. Esa presunción no
puede desvirtuarse, acreditando las diferencias de criterio que en sus
intervenciones públicas y en relación con un determinado proyecto de ley
presenten los Ministros del Despacho. Tampoco se requiere que para que un
proyecto de ley presentado por intermedio de un ministro del despacho se
entienda presentado por el Gobierno, previamente su texto se haya acordado en
el Consejo de Ministros, corporación a la que ninguna disposición atribuye tal
competencia.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Unidad de materia en ley tributaria
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Doble perspectiva
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Diversidad de contenidos temáticos con
relación de conexidad
La unidad de materia no significa simplicidad
temática, de tal manera que un proyecto solo pudiese referirse a un único tema.
Por el contrario, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido
que un proyecto puede tener diversidad de contenidos temáticos, siempre y
cuando entre los mismos exista una relación de conexidad objetiva y razonable.
Sin embargo la Corte ha sido clara en señalar que no puede haber proyectos que
traten de diferentes materias. Ello ocurriría cuando entre los distintos temas
que hagan parte de un proyecto no sea posible encontrar una relación de
conexidad, de manera que cada uno de ellos constituya una materia separada.
PROYECTO DE LEY-Ampliación o restricción de materia inicial en curso
del debate/PROYECTO DE LEY-Adición de contenido temático con no
presentes en iniciativa original pero con relación de conexidad
Ha señalado
la Corte que la materia inicial de un proyecto de ley no constituye una camisa
de fuerza para el Congreso y que es posible que dicho contenido sea ampliado o
restringido en el curso del debate. Así, los contenidos temáticos de un
proyecto pueden adicionarse con otros nuevos, que no estaban en la iniciativa
original, pero que guarden una relación de conexidad objetiva con los
contenidos de ésta.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA FRENTE AL
PRINCIPIO DEMOCRATICO-Alcance
no puede desconocerlo/PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Flexibilidad/PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Ampliación de núcleos temáticos
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Normas introducidas de manera sorpresiva y
tardía en el debate/PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Proyecto inicial sin
relación de conexidad
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Cargo concreto de violación
Debe la Corte precisar que, salvo el improbable caso
en que no sea posible determinar cual es la materia dominante de una ley, el
cargo por violación del principio de unidad de materia no puede dirigirse
contra la ley en su totalidad, sino contra aquellas disposiciones respecto de
las cuales pueda establecerse que carecen de relación de conexidad con la
materia de la ley.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Identificación por el actor de contenido
temático
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Falta de identificación de contenido
temático
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN LEY
TRIBUTARIA-Finanzas de
Rama Judicial, los Fovis y Fondos Agropecuarios
DEBATE PARLAMENTARIO-Adición de contenido temático de proyecto
con relación de conexidad
PROYECTO DE LEY-Adición de contenido temático con relación de
conexidad
PROYECTO DE LEY-Primer debate en sesiones conjuntas y estudio
simultáneo en plenarias
LEY-Vicios de trámite afectan disposiciones sobre las
cuales recaen y no su conjunto
Las irregularidades en el trámite de aprobación de una
ley afectan exclusivamente a las disposiciones respecto de las cuales ellas
recaigan, sin que, en principio, pueda pretenderse, a partir de una simple
consideración sobre el número de artículos viciados, que ellas conduzcan a la
inexequibilidad total de la ley. Eso solo podría ocurrir en el evento en que se
demostrase que la exclusión de determinadas disposiciones por vicios de trámite
tiene una tal significación sobre el sentido y la coherencia de la ley que su
declaratoria de inexequibilidad no pueda hacerse de manera aislada, sino que
resulta imperativo que ella recaiga sobre el conjunto de la ley.
PROYECTO DE LEY-Modificaciones, adiciones o supresiones durante el
debate en plenaria
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Demostración que novedad no guarda
conexidad o es contrario a lo aprobado en primer debate
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD-Requisitos
para estructurar cargo por violación
Para que la
Corte pueda entrar a realizar un examen de constitucionalidad por este concepto
se requiere que la demanda cumpla las siguientes condiciones: 1. Que
identifique de manera precisa los contenidos normativos que se consideran
nuevos y 2. Que se exprese, así sea de manera suscinta, respecto de cada uno de
ellos, o de cada grupo de contenidos, las razones por las cuales se considere
que los mismos corresponden  a asuntos nuevos, que no guarden relación de
conexidad con lo discutido en el primer debate. La pretensión así estructurada
comporta un verdadero cargo de constitucionalidad que la Corte habría de
examinar a la luz de los principios de identidad y de consecutividad.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Cargos formulados adecuadamente
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargos formulados adecuadamente
TRIBUTO EN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA-Vigencia
TRIBUTO EN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA-Posibilidad de establecimiento futuro con
iguales características
TRIBUTO TRANSITORIO-Mantenimiento de vigencia/TRIBUTO
TRANSITORIO EN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA-Creación legal de permanencia
TRIBUTO PERMANENTE-Creación legal
TRIBUTO-Carácter de “nuevo”
En general,
el carácter de “nuevo” de un tributo, condición que tiene significación para
distintos efectos constitucionales, no depende de la calificación que al
respecto se haga en la ley que lo crea, sino de la circunstancia de ser
distinto de aquellos que estén rigiendo en el momento de su expedición. Sin
embargo no por ello la norma que haga una tal calificación es, por ese solo
hecho, inconstitucional, porque la misma puede tener un sentido pedagógico, que
oriente la aplicación de la norma, cuando efectivamente se trate de un nuevo
impuesto.
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Creación como un nuevo impuesto
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Tributo nuevo
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Exclusión de la participación de
municipios en ingresos corrientes de la Nación
NORMA ACUSADA-Efectos temporales
NORMA ACUSADA-Pérdida de vigencia en trámite del proceso
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Agotamiento plazo de norma
NORMA ACUSADA-Pronunciamiento aunque haya dejado de regir
PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS-Pronunciamiento sobre norma que ha dejado
de regir
NORMA ACUSADA-Vigencia limitada en el tiempo
DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS-Términos
perentorios para revisión y corrección por administración
BENEFICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
BENEFICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
BENEFICIO ESPECIAL DE AUDITORIA EN MATERIA
TRIBUTARIA-Reducción del
plazo de firmeza de la declaración tributaria/BENEFICIO ESPECIAL DE
AUDITORIA EN MATERIA TRIBUTARIA-Reducción del valor a pagar por activos
PRINCIPIO DE EQUIDAD EN AMNISTIA TRIBUTARIA-Favorecimiento de morosos que ocultaron
activos en la declaración
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LAS CARGAS
PUBLICAS-Situación
privilegiada de contribuyente moroso frente al cumplido/PRINCIPIO DE EQUIDAD
TRIBUTARIA-Situación privilegiada de contribuyente moroso frente al
cumplido
AMNISTIA TRIBUTARIA-Inexequibilidad futura por situaciones
jurídicas consolidadas
RENTA LIQUIDA GRAVABLE-Determinación
RENTA PRESUNTA-Alcance
BASE GRAVABLE-Determinación
SISTEMA TRIBUTARIO-Inclusiones
SISTEMA TRIBUTARIO-Exclusiones
RENTA PRESUNTIVA-Inclusiones y exclusiones
RENTA PRESUNTIVA-Exclusiones y exenciones determinadas por
el legislador/BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA-Determinación
legislativa
Tanto las
exclusiones como las exenciones o excepciones a la aplicación del sistema de
renta presuntiva contribuyen a la determinación de la base gravable del tributo
sobre la renta, y por lo tanto, al constituir uno de los elementos fundantes de
la obligación sustantiva tributaria, deben ser clara y expresamente
determinadas por el legislador.
EXENCION TRIBUTARIA-Determinación legislativa no delegable
BASE GRAVABLE DE TRIBUTO-Determinación legislativa
EXCLUSION TRIBUTARIA-Precisión legislativa de sujetos, hechos y
requisitos para beneficio
EXCLUSION DE RENTA PRESUNTIVA-Previsión legislativa de elementos
fundantes
POTESTAD REGLAMENTARIA EN ASUNTO TRIBUTARIO
Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Compatibilidad
POTESTAD REGLAMENTARIA EN EXCLUSION
TRIBUTARIA-Competencia al
Gobierno de determinar elementos accidentales y mutables
EXCLUSION TRIBUTARIA-Reserva de ley sobre término de vigencia/EXCLUSION
TRIBUTARIA-Competencia legislativa para ampliar término de vigencia
EXCLUSION DE RENTA PRESUNTIVA-Competencia legislativa para ampliar
término de vigencia
TRIBUTO-Reserva de ley
IMPUESTO A LAS VENTAS PARA TELEVISION
SATELITAL-Servicios
ejecutados desde el exterior que se entienden prestados en Colombia
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DEL TRIBUTO-Servicios ejecutados desde el exterior que
se entienden prestados en Colombia
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Establecimiento de gravámenes necesarios
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-Responsables
REGIMEN COMUN AL SIMPLIFICADO-Cambio de responsables
PRESUNCION EN MATERIA TRIBUTARIA-Validez
PRESUNCION EN IMPUESTO INDIRECTO
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargos
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL-Señalamiento por ley de estructura
orgánica y competencias de entidades que se creen
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL-Creación por ley de órganos señalando
competencias/ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL-Fijación por
ejecutivo de estructura interna de cada entidad, plantas de personal y
funciones de empleos
Al paso que a la ley corresponde, para determinar la
estructura de la administración nacional, crear los distintos órganos que la
componen, señalando para el efecto sus respectivas competencias, al Presidente
de la República le corresponde, con sujeción a la ley, fijar la estructura
interna de cada una de las entidades nacionales, así como el señalamiento, tanto
de las plantas de personal como de las funciones especiales que correspondan a
los distintos empleos.
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL-Señalamiento preciso de competencias a un
órgano
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-Creación de dependencia específica
DIRECCION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA-Creación
ADMINISTRACION NACIONAL-Creación legal de dependencia de ente
establecido y competencia gubernamental para modificar estructura interna
TASA-Creación/TASA-Identificación en la ley del
servicio/TASA-Fijación de la tarifa/TASA-Fijación de la tarifa
por autoridades administrativas/TASA-Fijación de la tarifa y no
exigencia de criterios tenidos en cuenta
TASA-Creación y administración
TASA-Fijación de tarifa con base ad valorem
TASA-Tarifa asociada al servicio
TASA-No determinación contenido del servicio ni forma como
gravamen se vincula
TASA ESPECIAL DE SERVICIOS ADUANEROS
TRIBUTARIO-Presentación de libros de contabilidad y demás
documentos privados
TRIBUTARIO-Contribuciones fiscales y parafiscales
SEGURIDAD SOCIAL-Delegación legislativa en particulares de
gestión directa del servicio/SEGURIDAD SOCIAL-Delegación legislativa de
funciones de vigilancia y control
SEGURIDAD SOCIAL-Ejercicio de control de pago de aportes
parafiscales
SEGURIDAD SOCIAL-Competencias de control a cargo de
entidades encargadas de prestación
SEGURIDAD SOCIAL-Facultades de control a entidades
administradoras
DERECHO A LA INTIMIDAD EN MATERIA
TRIBUTARIA-Presentación de
libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos de la ley
TRIBUTARIO-Determinación por ley de intervención, competencia y
procedimiento
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Creación de régimen de control fiscal
específico
ENTIDAD PARTICULAR-Asignación de ejercicio de función pública
de control sin precisión legal de ámbito de competencia
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sustentación de cargos en inferencias
Referencia:     expediente D-3436
Demanda
de inconstitucionalidad Ley 633 de 2000
Actor:
Humberto de Jesús Longas Londoño
Magistrado
Ponente:
Dr.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá,
D.C.,  diecinueve (19) de septiembre de dos mil uno (2001)
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano HUMBERTO DE JESUS LONGAS
LONDOÑO demandó la totalidad de la Ley 633 de 2000 y como petición subsidiaria
solicitó declarar la inexequibilidad de los artículos que se indican a
continuación: 1, 2, 3, 4, 11 (parcial), 12 (parcial), 14 (parcial), 16, 20
(parcial), 27 (parcial), 29, 34, 37, 38 (parcial), 40, 50 (parcial), 53
(parcial), 55 (parcial), 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 74, 75, 79 (parcial), 80 , 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134 (parcial).
II.      LA DEMANDA, LAS INTERVENCIONES Y
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
En atención a
la extensión y complejidad de los asuntos planteados, la Corte, por razones
prácticas, se referirá por separado, de manera completa, a cada uno de los
cargos formulados por el demandante.
Previamente, la
Corte afirma su competencia para conocer del presente proceso, por dirigirse la
demanda contra una ley de la República, o contra disposiciones que forman parte
de ella, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental.
A continuación, con la metodología propuesta, se analizarán
los cargos planteados por el demandante, para lo cual, salvo cuando la demanda
se dirija contra la ley en su totalidad, se transcribirán las disposiciones
demandadas, tal y como fueron publicadas en el diario oficial No. 44275 del 29
de diciembre de 2000, cuya transcripción se anexa.
El actor ha presentado como pretensiones principales las que
se derivan de los cargos que se dirigen contra la Ley 633 de 2000 en su
totalidad, y como subsidiarias, para el evento de que no prosperen los cargos
principales, las que tienen soporte en los cargos que se dirigen
específicamente contra algunos de los artículos de la ley.
La Corte estudiara por separado las pretensiones principales
y las subsidiarias, salvo respecto de los cargos por vicios de trámite y por
violación del principio de unidad de materia, que con la natural diferencia de
especificidad, son los mismos para unas y otras, razón por la cual la
consideración será conjunta.
A.      PRETENSIONES PRINCIPALES
1.      Inconstitucionalidad del proyecto de
Ley 072 de 2000 de la Cámara de Representantes y 126 del Senado por no haber
sido presentado por el Gobierno.
Normas demandadas:
Ley 633 en su totalidad
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículos 1; 6; 115, numeral
11º; 154 y 200, numeral 1º.
1.1.   Argumentos del Demandante
Afirma el
accionante que el 15 de septiembre de 2000 el Ministro de Hacienda  “por su
cuenta y riesgo” presentó el proyecto de ley de reforma tributaria y
posteriormente, presentó pliego de modificaciones del mismo proyecto fechado en
noviembre 16 , sin que exista ningún tipo de evidencia que demuestre que antes
de la presentación del proyecto o de su pliego de modificaciones, se hubiese
realizado Consejo de Ministros, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 154 de la Constitución en el cual se señalan los temas de los
proyectos de ley que requieren iniciativa del Gobierno, dentro de los que se
encuentran los referentes al establecimiento de rentas nacionales y fijen los
gastos de la administración.
De acuerdo con el
Artículo 115, inciso 2º de la Carta, el Gobierno está constituido por el
Presidente de la República y el Ministro o Jefe de Departamento Administrativo,
en cada negocio particular, de lo cual concluye que “El Ministro de Hacienda se
tomó atribuciones que no le corresponden, extralimitándose en el ejercicio de
sus funciones, siendo responsable de acuerdo con el artículo 6° de la
Constitución Política de Colombia”.
Para sustentar sus
afirmaciones, adjunta sendos artículos de los periódicos El Colombiano, El
Tiempo y Portafolio en donde “.. se demuestra que no hubo iniciativa del
Gobierno de presentar el proyecto de Reforma Tributaria, antes bien hubo
enfrentamiento entre los Ministros de Hacienda, Trabajo, Agricultura y Salud”.
De acuerdo con las
anteriores consideraciones solicita se declare la inexequibilidad de la
totalidad de la Ley 633 de 2000 por no haber sido presentada por el Gobierno,
en contra de lo preceptuado por el  artículo 154 de la Carta.
1.2.   Intervenciones
1.2.1.
Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
El Instituto
Colombiano de Derecho Tributario a través de su Presidente Paul Cahn-Speyer
emitió concepto técnico a solicitud de esta Corte  sobre las normas demandadas.
Expresa que en  lo
relativo a la iniciativa legislativa, los cargos  presentados por el actor no
están llamado a prosperar, ya que el propio artículo 200 de la Carta dispone
que: “corresponde al Gobierno en relación con el Congreso: 1. Concurrir a la
formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los
Ministros…”. Igualmente, en el artículo 208  se señala que “los Ministros en
relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las Cámaras
proyectos de ley...”, normas de las cuales se concluye que corresponde a los
Ministros desarrollar la función de Gobierno en cuanto se orienten a concurrir
a la formación de las leyes, mediante la presentación de proyectos de ley en
asuntos que correspondan a sus respectivas competencias, como lo hizo en este
caso el Ministro de Hacienda, razón por la cual ningún reproche merece en este
punto la ley demandada.
1.2.2. Intervención del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
Para el Ministerio
no puede afirmarse que la presentación de proyectos de ley por parte de los
Ministros del despacho constituya  una vulneración al principio de legalidad
del servidor público, ni  una usurpación indebida a las funciones del señor
Presidente, ya que la propia Constitución en sus artículos 200 y 208 autoriza a
los Ministros para presentar proyectos de ley en nombre del Gobierno; de lo
cual se desprende que el Ministro de Hacienda se encuentra plenamente facultado
para presentar proyectos de ley en materias que le son propias, sin que dicha
actuación deba estar refrendada por el Presidente de la República.
1.2.3.
Intervención de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales
No existe
vulneración de los artículos 1, 6, 115, 150 numeral 11º, 154 y 200  numeral 1º
de la Constitución, ya que a la luz de los textos señalados,  no puede pretenderse
que la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, deba estar suscrita
por el Presidente de la República y el correspondiente Ministro, puesto que la
propia Carta otorga a los Ministros la calidad de voceros del Gobierno.
1.3.   Concepto del Procurador
En concepto del
señor Procurador General de la Nación, no existe vulneración del artículo 154
de la Carta, dado que el Gobierno Nacional, de acuerdo con el artículo 200
superior, ejerce funciones constitucionales en relación con el Congreso, y en
virtud de la disposición citada, concurre a la formación de las leyes,
presentando proyectos de ley por medio de sus ministros. De lo cual se concluye
que cuando un Ministro presenta un proyecto de ley,  lo hace a nombre del Gobierno
a quién representa y en nombre del cual ejerce la iniciativa legislativa, y no
a nombre propio como lo señala  equivocadamente el accionante.
1.4.   Consideraciones de la Corte
De  conformidad
con lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política el Gobierno
está conformado para cada asunto en particular por el Presidente de la
República y el Ministro o Director del Departamento Administrativo del Ramo.
La Corte ha considerado que pese a lo
anterior, conforme a los artículos 200 y 208 de la Constitución, el Gobierno
puede presentar los proyectos de ley a través de los Ministros, razón por la
cual no se requiere que los proyectos de ley de iniciativa gubernamental sean
suscritos por el Presidente de la República. Al respecto en Sentencia C-119 de
1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) dijo: “Tampoco se requería que las
facultades fueran solicitadas conjuntamente por el Presidente de la República y
el Ministro de Gobierno, hoy del Interior, como integrantes del Gobierno, pues
a pesar de que el artículo 115 de la Constitución señala que el Gobierno
Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del
despacho y los directores de departamentos administrativos, y que el Presidente
y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio
particular, constituyen el Gobierno, el artículo 200 de la misma obra dispone
que ‘Corresponde al Gobierno, en relación con el Congreso: 1. Concurrir a la
formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros,
ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con
arreglo a la Constitución...’. Esta atribución del Gobierno de presentar
proyectos de ley a través de sus ministros, igualmente aparece corroborada por
el inciso 2º del artículo 208 del mismo estatuto superior.”
En reciente
pronunciamiento sobre esta materia la Corte agregó que “[l]a competencia que
conforme a los artículos 200 y 208  tienen los Ministros del Despacho no se
limita, pues, a la tarea de presentar físicamente los proyectos o hacer la
radicación personal de los mismos, requisito que no es exigible conforme al
ordenamiento, sino a la capacidad jurídica de presentarlos en  representación
del Gobierno”.[1]
Esto no significa,
de acuerdo con la sentencia antes citada, que los Ministros tengan competencia
autónoma para presentar proyectos de ley, en la medida en que sólo pueden
hacerlo en representación del Gobierno. Esta última situación se presume por el
solo hecho de haber sido presentado un proyecto de ley por el Ministro del
Despacho, sin embargo dicha presunción podría ser desvirtuada por el Presidente
de la República cuando exprese que el Ministro actuó sin su previa
autorización.[2]
Esa presunción, por otra parte, no puede desvirtuarse, como lo pretende el
demandante, acreditando las diferencias de criterio que en sus intervenciones
públicas y en relación con un determinado proyecto de ley presenten los
Ministros del Despacho. Tampoco se requiere, como lo sugiere el actor, que para
que un proyecto de ley presentado por intermedio de un ministro del despacho se
entienda presentado por el Gobierno, previamente su texto se haya acordado en
el Consejo de Ministros, corporación a la que ninguna disposición atribuye tal
competencia.
Como el proyecto
de ley fue presentado con la firma del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
quien en principio y para ese específico propósito, actúa en representación del
Gobierno, sin que la ausencia de la firma del Presidente de la República
constituya, tal y como se ha expresado, un vicio de constitucionalidad como lo
pretende el actor, el presente cargo no está llamado a prosperar.
2.      Vulneración del principio de
unidad de materia
Pretensión principal
Normas demandadas:
Ley 633 de 2000 en su totalidad
Pretensión subsidiaria
Normas demandadas:
Artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 80,
103, 110, 111, 119, 120, 121, 122, 129 y 133 de la Ley 633 de 2000.
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículo 158.
Cosa juzgada constitucional
Mediante
Sentencia C-809 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte declaró la
exequibilidad del artículo 80 de la Ley 633 de 2000, por el cargo de violación
del principio de unidad de materia.
Disposiciones acusadas
A continuación se
transcribe el texto de las normas demandadas de manera especial:
Artículo 59. Modifícase el artículo 9° de la Ley 66
del 19 de agosto de 1993, el cual quedará así:
“Artículo 9°. Conforme al procedimiento que establezca
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el valor de los
depósitos judiciales prescribirá a favor del Tesoro Nacional si transcurridos
dos (2) años, contados a partir de la terminación definitiva del
correspondiente proceso, no hubieren sido reclamados por sus beneficiarios.
Parágrafo. Los depósitos judiciales efectuados por
causas o motivos laborales, prescribirán a favor del Tesoro Nacional, si
transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha del depósito, no se
hubiere iniciado proceso judicial alguno por parte del beneficiario, tendiente
a obtener su entrega.
Los dineros así adquiridos financiarán planes,
proyectos y programas de inversión y capacitación de la Rama Judicial”.
Artículo 60. Contratos y convenios. La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial podrá celebrar en nombre de la Nación
-Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura, los actos y contratos que
deban otorgarse o suscribirse con personas públicas y/o privadas para la
prestación de servicios con objeto de mejorar la administración de los recursos
y servicios de la Rama Judicial, tales como cobro coactivo, notificaciones,
citaciones y expedición de certificaciones.
También, la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial podrá suscribir en nombre de la Nación- Rama Judicial- Consejo
Superior de la Judicatura, contratos de fiducia para la administración de
recursos, que se constituyan en patrimonios autónomos independientes.
Así mismo, podrá celebrar convenios o suscribir
contratos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para combatir la
evasión y morosidad en el pago de tributos, contribuciones, aportes y multas.
En desarrollo de estos podrán realizar planes conjuntos de fiscalización, cobro
y capacitación.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura deberá autorizar previamente la celebración de los contratos o
convenios a los que se refiere este artículo.
Artículo 61. Multas. Modifícase el inciso 4° del artículo
31 de la Ley 200 de 1995, el cual quedará así: "Vencido el plazo señalado
en el inciso anterior, el sancionado pagará el monto de la multa con intereses
moratorios mensuales a la tasa establecida en las normas tributarias".
Artículo 62. Multas y causación de intereses
moratorios. Las multas que a partir de la vigencia de la presente Ley impongan
las autoridades judiciales una vez sean exigibles causarán intereses moratorios
mensuales a la tasa establecida en las normas tributarias.
Artículo 63. El Fondo Obligatorio para Vivienda de
Interés Social, Fovis. El Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social,
Fovis, estará constituido por los aportes y sus rendimientos, que al mismo haga
la correspondiente Caja de Compensación Familiar, los cuales continuarán
administrados directamente por las Cajas en forma autónoma en sus etapas de
postulación, calificación, asignación y pago, en los porcentajes mínimos que se
refieren a continuación:
a) Para el año 1999, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al ciento
diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una
suma que será del veintiséis por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo
cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%)
de los recaudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del
veintidós por ciento (22%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
b) Para el año 2000, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al ciento
diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una
suma que será del veintiséis por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo
cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%)
de los recaudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del
veinticuatro por ciento (24%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
c) Para el año 2001, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al ciento
diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una
suma que será del veintiséis por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo
cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%)
de los recaudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del
veinticinco por ciento (25%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
d) Para el año 2002, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al ciento
diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una
suma que será del veintisiete por ciento (27%); para aquellas cajas, del mismo
cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%)
de los recaudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del
veintiséis por ciento (26%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
e) Para el año 1999, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al ciento
por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento (110%), del cociente
nacional deberá transferir al Fovis una suma que será del trece por ciento
(13%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
f) Para el año 2000, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al cien
por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento (110%), del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del quince por ciento
(15%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
g) Para el año 2001, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al cien
por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento (110%), del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del diecisiete por
ciento (17%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de
inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada
caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
h) Para el año 2002, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al cien
por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento (110%), del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del dieciocho por ciento
(18%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
i) Para el año 1999, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al ochenta por
ciento (80%) e inferior al cien por ciento (100%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del siete por ciento (7%); para aquellas
cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al diez
por ciento (10%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del cinco por ciento (5%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
j) Para el año 2000, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al ochenta por
ciento (80%) e inferior al ciento por ciento (100%) del cociente nacional,
deberá transferir al Fovis una suma que será del nueve por ciento (9%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al diez por ciento (10%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del siete por ciento (7%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
k) Para el año 2001, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al ochenta por
ciento (80%) e inferior al cien por ciento (100%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del diez por ciento (10%) de los aportes
patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto
por este artículo;
l) Para el año 2002, cuando el cociente particular de
recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al ochenta por
ciento (80%) e inferior al ciento por ciento (100%) del cociente nacional,
deberá transferir al Fovis una suma que será del doce por ciento (12%) de los
aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia
competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo
dispuesto por este artículo;
m) Para los años 1999, 2000, 2001 y 2002, cuando el
cociente particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare
inferior al ochenta por ciento (80%) del cociente nacional, deberá transferir
al Fovis una suma que será del cinco por ciento (5%) de los aportes patronales
para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará
el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo.
Parágrafo 1°. Las Cajas de compensación familiar con
los recursos restantes de sus recaudos para subsidios no estarán obligadas a
realizar destinaciones forzosas para planes de vivienda.
Parágrafo 2°. El cincuenta y cinco por ciento (55%)
mínimo, que las cajas destinarán al subsidio monetario, será calculado sobre el
saldo que queda después de deducir la transferencia respectiva al Fondo de
subsidio familiar de vivienda y las demás obligaciones que determine la ley,
así como el diez por ciento (10%) de los gastos de administración y
funcionamiento la contribución a la Superintendencia del Subsidio Familiar
según la legislación vigente. En ningún caso una caja podrá pagar como subsidio
en dinero una suma inferior a la que esté pagando en el momento de expedirse
esta ley.
Parágrafo 3°. No estarán obligadas a la destinación de
recursos para el Fovis en el componente de vivienda de interés social, las
Cajas de compensación familiar que operen al tenor del inciso 2° del artículo
43 del Decreto 341 de 1988, en las áreas que a continuación se enuncia y
respecto de los recaudos provenientes de las mismas:
Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá,
Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia,
Sucre, Vaupés, Vichada y la región de Urabá, con excepción de las ciudades de
Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal, y sus respectivas áreas de influencia
en estas áreas; las cajas podrán adelantar libremente programas de vivienda,
incluidos subsidios para los beneficiarios adjudicatarios de los mismos. La
autoridad de inspección y vigilancia competente evaluará las situaciones de
excepción de este parágrafo.
Parágrafo 4°. No estarán obligadas a la destinación de
recursos para el Fovis en los componentes de vivienda de interés social, de que
trata esta ley, las Cajas de compensación familiar que operen al tenor del
inciso 2° del artículo 43 del Decreto 341 de 1988, en las zonas de desastre del
Eje Cafetero. La autoridad de inspección y vigilancia está facultada para
evaluar la situación de estas cajas en la medida en que se vaya recuperando la
zona.
Parágrafo 5°. No obstante lo señalado en este artículo,
las cajas podrán someterse a un plan de ajuste para alcanzar los porcentajes
aquí establecidos, cuando las circunstancias financieras así lo requieran, a
juicio de la entidad que ejerza la supervisión y control de las Cajas de
Compensación.
Artículo 64. Destinación de los recursos del Fovis.
Los recursos adicionales que se generen respecto de los establecidos con
anterioridad a la presente ley se destinarán de la siguiente manera:
a) No menos del cincuenta por ciento (50%) para
vivienda de interés social;
b) El porcentaje restante después de destinar el
anterior, para la atención integral a la niñez de cero (0) a seis (6) años y la
jornada escolar complementaria. Estos recursos podrán ser invertidos
directamente en dichos programas abiertos a la comunidad, por las Cajas de
compensación sin necesidad de trasladarlos al Fovis.
Parágrafo. En aquellos entes territoriales que cuentan
con recursos para la cofinanciación de los Programas de Jornada Escolar
Complementaria y atención a los niños de cero (0) a seis (6) años más pobres,
las Cajas de Compensación Familiar podrán establecer convenios y alianzas con
los gobiernos respectivos para tal fin.
Artículo 65. Manejo financiero. Las Cajas tendrán un
manejo financiero independiente y en cuentas separadas del recaudo del cuatro
por ciento (4%) de la nómina para los servicios de mercadeo, IPS y EPS. Por
consiguiente, a partir de la vigencia de la presente ley, en ningún caso los
recursos provenientes del aporte del cuatro por ciento (4%) podrán destinarse a
subsidiar dichas actividades. Estos servicios abiertos a la comunidad deberán
llegar a su punto de equilibrio financiero el 31 de diciembre del año 2000. En
el caso de los hoteles no habrá tarifa subsidiada para los trabajadores que
tengan ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes.
Parágrafo 1º. Las cajas de compensación familiar
podrán aprobar préstamos con destino a colaborar en el pago de atención de
personas a cargo de trabajadores beneficiarios, al tenor de la Ley 21 de 1982,
en eventos que no estén cubiertos por el sistema general de seguridad social en
salud o cobertura de servicios médico-asistenciales a que, por norma legal,
deba estar afiliado el trabajador. El préstamo por evento podrá ser superior a
diez (10) veces la cuota del subsidio monetario mensual vigente al momento del
mismo. Las cajas podrán establecer cuotas moderadoras para estos efectos
exclusivamente.
Parágrafo 2º. Los subsidios de escolaridad en dinero
pagados por las Cajas de Compensación a las personas a cargo de trabajadores
beneficiarias, matriculadas en los tres (3) últimos grados del ciclo secundario
de la educación básica y en el nivel de educación media, formarán parte del
cálculo de subsidio monetario pagado por cada Caja de Compensación Familiar y
de la obligación de destinación para educación prevista en el artículo 5º del
Decreto 1902 de 1994, siempre que la destinación total para ella no resulte
inferior a la obligatoria antes de la vigencia de la presente ley.
Artículo 66. Programas de capacitación no formales.
Los programas de capacitación no formales que ofrezcan las Cajas de
compensación familiar podrán ser subsidiados cuando no presenten duplicidad con
los programas ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, salvo
aquellos desarrollados en convenios con dicha entidad; dichos programas
dirigidos exclusivamente al fomento, mejoramiento del empleo productivo y a la
generación de ingresos para la familia.
Artículo 67. Fovis. Las cajas de compensación familiar
continuarán administrando autónomamente en los términos previstos por las Leyes
49 de 1990 y 3ª de 1991 los recursos apropiados con destino a la postulación,
calificación, asignación y pago de subsidios para VIS de conformidad con los
procedimientos señalados por el Gobierno Nacional.
Artículo 68. Subsidios. La asignación de subsidios
correspondientes a la vigencia presupuestal del año 1999 para el rango de
familias con ingreso hasta dos (2) smlm se orientará en primer lugar a
programas asociativos que a la fecha de la sanción de la presente ley
demuestren un avance en construcción de obras de infraestructura o vivienda no
menor al veinte por ciento (20%) del valor total del proyecto.
Artículo 69. Acceso al subsidio. Las familias de
ingresos inferiores a dos (2) smlm podrán acceder al subsidio de vivienda sin
el requisito del ahorro programado siempre y cuando tengan garantizada la
financiación completa de la solución de vivienda a la que aspiran.
Artículo 70. Proyectos colectivos en vivienda de
interés social. La asignación individual de los subsidios a la demanda para
vivienda de interés social contempla las modalidades de proyectos individuales
y proyectos colectivos.
Artículo 71. Concurrencia de las entidades públicas
del orden nacional, departamental o municipal en proyectos de vivienda de
interés social. Las entidades públicas del orden nacional, departamental o
municipal podrán invertir recursos en programas colectivos de Vivienda de
interés Social, VIS. En aquellos municipios en donde haya aporte en lotes
municipales en los programas de VIS, que cuenten con financiación de la Nación,
dichos lotes se adjudicarán por el sistema de libre concurrencia y selección
objetiva entre los constructores interesados, que ofrezcan menor valor de la
vivienda excepto cuando la construcción vaya a ser totalmente ejecutada por una
entidad estatal.
Artículo 72. Afiliación de los trabajadores por cuenta
propia. El Gobierno promoverá la legislación para la incorporación voluntaria
de los trabajadores por cuenta propia a las Cajas de Compensación Familiar,
mediante el pago mensual del dos por ciento (2%) de sus ingresos reales, con
una base mínima de dos (2) salarios mínimos, con derecho a todos los servicios
que las cajas ofrecen, exceptuando el subsidio monetario; y para programas
voluntarios de ahorro programado que se creen para el acceso a la vivienda en
el caso de estos trabajadores. Los programas de ahorro voluntario para vivienda
podrán extenderse a trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación, del
sector formal.
Artículo 73. Impuestos en los casos de supresión,
fusión, transformación de entidades u organismos públicos del orden nacional.
En los casos de supresión, fusión, transformación, cesión de activos, pasivos y
contratos, liquidación o modificación de estructura de entidades u organismos
públicos del orden nacional, los actos o contratos que deban extenderse u
otorgarse con motivo de tales eventos, se considerarán actos sin cuantía y no
generarán impuestos ni contribuciones de carácter nacional.
Para efectos del registro sobre inmuebles y demás
bienes sujetos al mismo, bastará con enumerarlos en el respectivo documento en
el que conste la supresión, fusión, transformación, cesión de activos, pasivos
y contratos, liquidación o modificación de estructura, indicando el folio de
matrícula inmobiliaria o el dato que identifica el registro del bien o de los
derechos respectivos, incluidos los derechos fiduciarios.
Artículo 74. Fondo Agropecuario de Garantías. El Fondo
Agropecuario de Garantías, FAG, podrá otorgar garantía a los proyectos
agropecuarios, de acuerdo con el reglamento que para tal fin expida la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario.
Artículo 75. Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.
El Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios podrá apoyar el subsidio a las
primas de riesgos de seguros de productores.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario orientará
los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, así como la
elegibilidad del subsidio de las primas a explotaciones agropecuarias y zonas
específicas.
Artículo 103. A partir del 1º de enero del año 2001 la
Nación cede a favor del Municipio de Zipaquirá la totalidad de los ingresos
provenientes del valor que se paga por la entrada a visitar la Catedral de Sal
de Zipaquirá. Estos recursos serán utilizados por el Municipio prioritariamente
para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de la Catedral como monumento
turístico-religioso y para fomentar el desarrollo turístico y sus obras de
infraestructura del orden local y regional, en armonía con lo establecido por
la Ley 388 de 1997 sobre planes y programas del orden territorial a escala
municipal, departamental y nacional
Artículo 110. Findeter transferirá anualmente a la
Nación el producto del recaudo de la deuda de municipios y empresas de
servicios públicos con Insfopal, realizados según la Ley 57 de 1989, recursos
que se destinarán en su totalidad, anualmente a la financiación del programa de
modernización empresarial ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 111. El Ministerio de Educación Nacional
podrá destinar los recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11
de la Ley 21 de 1982 a proyectos de mejoramiento en infraestructura y dotación de
instituciones de educación media técnica y media académica. Para este efecto el
Ministerio de Educación Nacional señalará las prioridades de inversión y con
cargo a estos recursos, realizará el estudio y seguimiento de los proyectos
Artículo 119. A partir de la vigencia fiscal de 2001
las apropiaciones previstas en el presupuesto de gastos del Ministerio de Minas
y Energía, el Fondo Nacional de Regalías y Cormagdalena asociadas al Plan de
Inversiones de la Costa Atlántica, se ubicarán en el presupuesto del servicio
de la deuda. Para ello el Ministro de Hacienda y Crédito Público-Dirección
General del Presupuesto y el Departamento Nacional de Planeación harán los
ajustes correspondientes en el anexo del decreto de liquidación del presupuesto
para el año 2001.
Artículo 120. Los recursos a que hace referencia el
artículo 22 de la Ley 48 de 1993 y los recaudos por conceptos de mora, multa y
sanciones pecuniarias liquidadas en función de los mismos continuarán
perteneciendo al Fondo de Defensa Nacional. También pertenecerán a este Fondo
los recursos provenientes de la venta de activos de propiedad del Ministerio de
Defensa Nacional y de las donaciones que se realicen al mismo. Con los recursos
provenientes de la venta de activos no se podrán financiar gastos recurrentes.
Estos recursos serán recaudados directamente por el
Ministerio de Defensa Nacional-Fondo de Defensa Nacional, se presupuestarán sin
situación de fondos y se destinarán al desarrollo de los objetivos y funciones
de la fuerza pública en cumplimiento de su misión constitucional.
Artículo 121. Interprétase con autoridad que las
actividades desarrolladas conforme a la ley, por la Nación, sus
establecimientos públicos, Superintendencias y Unidades Administrativas
Especiales del orden nacional, tienen el carácter de funciones administrativas,
no sujetas ellas, ni sus ingresos, al impuesto de Industria y Comercio.
Artículo 122. Para las entidades públicas en
disolución, liquidación o concordato liquidatorio se podrán suspender las
sanciones que se encuentren en firme o en proceso de discusión siempre que
medie el pago del veinte por ciento (20%) del valor determinado en las
respectivas Resoluciones. Este pago deberá realizarse al finalizar el proceso
liquidatorio teniendo en cuenta las prelaciones establecidas por la ley para
estas obligaciones.
Artículo 129. El Inurbe podrá adelantar un programa de
refinanciación de las obligaciones que tengan los deudores del ICT mejorando
los plazos de la Resolución número 0167 de 2000 y las tasas de interés para pago
de capital (plazo mínimo de 12 meses) e intereses
Artículo 133. Autorízase, por una sola vez, para que
los municipios y departamentos productores de hidrocarburos dispongan del
reintegro de sus derechos en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera de
que trata la Ley 209 de 1995, para destinarlo exclusivamente para el pago de
deuda vigente a la fecha de la expedición de la presente ley.
El Gobierno dispondrá de los recursos correspondientes
al Fondo Nacional de Regalías en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera,
para asignarlos a los municipios y departamentos no productores de
hidrocarburos, con destinación exclusiva al pago de la deuda causada por la
financiación de proyectos y programas de desarrollo. Los recursos que se
liberen en virtud del presente artículo se destinarán en forma exclusiva a
inversión y en ningún caso a gastos de funcionamiento.
2.1.
Argumentos del  Demandante
A juicio del actor
la Ley 633 de 2000 abarca pluralidad de materias inconexas e independientes, ya
que si bien la mayoría de las normas son de carácter tributario, no guardan
ningún tipo de relación con esta última materia, aquellas que tratan temas como
el fortalecimiento de las finanzas de la Rama Judicial, las que se refieren al
tratamiento de los fondos obligatorios para la vivienda de interés social, o
las relativas al Fondo Agropecuario de Garantías. Esta  “mezcla” de materias
diversas no posee un hilo conductor, de lo cual se desprende la flagrante
violación al artículo 158 de la Carta.
El actor identifica
como materia de la ley  la reforma tributaria y como materias distintas, sin
relación de conexidad, las que tienen que ver con el fortalecimiento de las
finanzas de la Rama Judicial (4 artículos), con el Fondo Obligatorio para
Vivienda de Interés Social (10 artículos), con el Fondo Agropecuario de
Garantías (2 artículos) y con normas de diversa índole (10 artículos).
De manera
subsidiaria, afirma el demandante que los artículos específicamente citados
violan el artículo 158 de la Carta, ya que la unidad de materia se ve amenazada
por la existencia de materias inconexas que no guardan relación con el proyecto
de ley 072 de 2000 de la Cámara de Representantes, que versaba sobre reforma
tributaria, tales como las relativas a los fondos obligatorios para la vivienda
de interés social y las normas sobre fortalecimiento de las finanzas de la rama
judicial. Por esta razón considera el demandante que debe declararse la
inexequibilidad de las normas específicamente demandadas.
2.2.    Intervenciones
2.2.1.          Intervención
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Como primera
medida, el Instituto define los alcances del principio de unidad de materia,
destacando que debe entenderse como “una restricción de técnica legislativa que
consiste en impedir la inclusión de materias en un mismo texto legal que no
tengan conexidad  sustancial o lógica entre sí o con el tema principal”.
Seguidamente, el
Instituto cita las sentencias C-025 de 1993 y C-022 de 1994, en las cuales se
señala que la violación del principio de unidad de materia no implica la
declaratoria de inconstitucionalidad de toda la norma, sino solamente de
aquellas normas  “intrusas” que sean ajenas al tema central de la ley. El
Instituto comparte éstas apreciaciones, pero manifiesta  separarse de la Corte
en cuanto a que el análisis, a su juicio, no debe ser amplio y tolerante, sino
que, por el contrario, ha de ser severo, estricto y orientado por un criterio
rígido en la aplicación del concepto de unidad de materia. Ya que lo que se
busca es que desde sus orígenes la ley no se improvise, sino que por el
contrario se estructure alrededor de una específica materia, la cual debe
definirse en el mismo proyecto, y por lo tanto, las normas que resulten ajenas
a dicha materia deberán ser retiradas del ordenamiento jurídico.
En concepto del
Instituto  deben ser declaradas inexequibles aquellas normas que no posean
ningún tipo de relación causal, teleológica , temática o sistémica  con la
materia dominante de la ley.
Señala que la Ley
633 de 2000 se concentra en el tema de los impuestos y tiene su origen “en la
necesidad, siempre presente, de introducir ajustes fiscales para lograr un
mejor comportamiento en términos de recaudo”, razón por la cual todas las
disposiciones que no guarden relación directa con este asunto deban ser
retiradas del ordenamiento jurídico.
2.2.2.          Intervención del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En concepto del Ministerio,
la Ley 633 no ofrece reparo de constitucionalidad alguno ya que la llamada
“Reforma Tributaria” se expidió con el fin de equilibrar el presupuesto
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución; de esta forma
se pretende crear nuevos ingresos que permitan financiar los gastos de la
presente vigencia fiscal; luego si la ley contempla en la mayoría de sus
artículos temas referentes a ingresos, resulta coherente que se hubieran
incluido normas relativas al gasto por guardar con las primeras una relación de
conexidad temática.
Por
otra parte,  el principio de unidad de  materia no puede definirse y aplicarse
de forma restrictiva, lo cual llevará a “anular el propósito del Constituyente
cual es el de democratizar los recursos en el sentido de que es el Congreso
quien establece las bases del ingreso y del gasto y el Gobierno es quien
orienta las políticas para su inversión”.
En
concepto del Ministerio, es preciso anotar que  las normas para fortalecer las
finanzas de la Rama Judicial de los artículos 59 a 62 , la asignación
presupuestal del artículo 80, las transferencias de FINDETER a la Nación del
artículo 110, la destinación de recursos del artículo 111, la reubicación de
las partidas presupuestales del artículo 119, la asignación de recursos al
Fondo de Defensa Nacional, la suspensión de las sanciones a entidades públicas
que hayan efectuado por lo menos el 20% del pago, y la facultad para que el
Inurbe refinancie las obligaciones de los deudores del ICT, son plenamente
permitidas, ya que todas ellas tienen como común denominador el fortalecimiento
de las finanzas públicas del orden nacional, razón por la cual no se vulnera el
principio de unidad de materia.
Señala
el interviniente que las normas sobre los Fondos de Vivienda de Interés Social,
presentan una conexidad plena con la materia tributaria, pues en ellas lo que
se está reglamentando es la utilización de los recursos provenientes de una
contribución parafiscal.
2.2.3.          Intervención de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
En
opinión de quien interviene en representación de la DIAN los artículos
demandados no violan el principio de la unidad de materia, por las siguientes
razones:
-       En
el título de la ley están anunciados de manera expresa los asuntos sobre los
que trata la ley, los cuales son temas económicos y financieros.
-       La
Ley 633 de 2000 contiene normas sobre reforma tributaria, manejo económico y
financiero de algunos fondos, finanzas de la rama judicial y medidas orientadas
a corregir el desequilibrio presupuestal.   Todos los temas tratados en la ley
tienen un común denominador que los relaciona cual es el de el manejo de temas
económicos, en sus manifestaciones tributarias, financieras y presupuestales.
2.3.    Concepto del Procurador General de la
Nación
El señor
Procurador General de la Nación a través de concepto No. 2536 del 8 de mayo de
2001, solicita se declare la exequibilidad de las normas antecitadas, por
considerar que ellas guardan conexidad teleológica con el tema central de la
ley , en tanto que todo el articulado tiene como fin financiar a través de
nuevos ingresos que se buscan obtener con la reforma tributaria, la totalidad
de los gastos previstos en la ley de presupuesto.
2.4.    Consideraciones de la Corte
2.4.1.          Problema
jurídico
La unidad
de materia debe apreciarse desde una doble perspectiva: por un lado, todo
proyecto de ley, considerado en su conjunto, debe referirse a una misma
materia; por otro, todas las disposiciones que resulten aprobadas en el trámite
de un proyecto de ley, deben guardar relación de conexidad con la materia del
mismo.
Desde esta
perspectiva los problemas jurídicos que se plantean en la demanda son los
siguientes:
-        Debe
establecerse si la ley acusada contiene diversidad de materias, en contravía
con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución.
-              Es necesario determinar si los artículos
individualizados por el actor contrarían el principio de unidad de materia, por
carecer de relación de conexidad objetiva con la materia propia de la ley.
2.4.2.          Análisis
de los cargos
Respecto del primero de los problemas planteados es preciso señalar
que la unidad de materia no significa simplicidad temática, de tal manera que
un proyecto solo pudiese referirse a un único tema. Por el contrario, la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que un proyecto puede
tener diversidad de contenidos temáticos, siempre y cuando entre los mismos
exista una relación de conexidad objetiva y razonable. Sin embargo la Corte ha
sido clara en señalar que no puede haber proyectos que traten de diferentes
materias.[3]
Ello ocurriría cuando entre los distintos temas que hagan parte de un proyecto
no sea posible encontrar una relación de conexidad, de manera que cada uno de
ellos constituya una materia separada. En este caso, tendría plena aplicación
el artículo 158 de la Carta, sin que para sanear el vicio baste con incorporar
las distintas materias en el título de la ley, puesto que si bien el artículo
169 exige que haya precisa correspondencia entre el título de las leyes y el
contenido de las mismas, no se trata de un requisito meramente formal, al punto
que pueda satisfacerse con la simple enunciación en el título de diversas materias
que no sea posible englobar en una sola conforme a algún criterio de conexidad.
Ha señalado la
Corte, por otra parte, que la materia inicial de un proyecto de ley no
constituye una camisa de fuerza para el Congreso y que es posible que dicho
contenido sea ampliado o restringido en el curso del debate. Así, los
contenidos temáticos de un proyecto pueden adicionarse con otros nuevos, que no
estaban en la iniciativa original, pero que guarden una relación de conexidad
objetiva con los contenidos de ésta. [4]
Establecido el contenido temático de un proyecto de ley, y verificado
que el mismo no es violatorio del principio de unidad de materia, el examen de
constitucionalidad por este concepto da paso a los cargos que se formulen
respecto de normas particulares que no sea posible encuadrar dentro de ese
contenido temático. Y para dicho examen, nuevamente, debe acudirse a
consideraciones de razonabilidad para establecer las posibles relaciones de
conexidad, conforme a los criterios que para el efecto ha señalado la Corte.
En ambos casos el
criterio debe ser flexible, por cuanto, si bien, como lo ha afirmado la Corte,
el objetivo del principio es, tanto mantener la coherencia del proyecto y del
debate, de manera tal que se garantice “... una deliberación pública y
transparente sobre temas conocidos desde el mismo surgimiento de la propuesta”[5], y que “... la
iniciativa, los debates y la aprobación de las leyes se atengan a unas materias
predefinidas y que en esa dirección se canalicen las discusiones y los aportes
previos a la promulgación de la ley”[6],
como evitar normas sorpresivas, introducidas de manera subrepticia en el
trámite de los proyectos de ley, el alcance del mismo no puede llevar a
desconocer el principio democrático, la capacidad de configuración del
legislador y la dinámica del debate parlamentario, cuya esencia, precisamente,
está en que la discusión de los asuntos, la intervención ciudadana en el debate
público y el examen de las iniciativas, de cómo resultado modificaciones,
supresiones, adiciones o reformulaciones. Y tal posibilidad se frustraría si
hubiese una tal exigencia en cuanto a la unidad de materia, que el legislador
quedase atado a núcleos temáticos, sin poder, como resultado del debate,
ampliarlos cuando ello parezca adecuado al propósito de la legislación, dentro
de un margen de valoración que corresponde al órgano legislativo.
Debe tenerse en
cuenta que la violación del principio de unidad de materia no sólo resulta de
aquellas normas que se introducen de manera sorpresiva y tardía en el curso de
los debates, sino que también es posible que, desde el primer momento, el
proyecto sea contrario al principio de unidad de materia. En este caso no se
trataría de normas ocultas, ya que desde que se presenta la iniciativa, las
mismas harían parte de ella y pueden ser objeto de debate y discusión, pero,
por no guardar relación de conexidad con la materia del proyecto atentan contra
la unidad que la Constitución ha prescrito. El principio, desde esta
perspectiva, se orienta a que el debate, desde el primer momento esté centrado
en torno a una sola materia, no obstante su eventual complejidad temática, pero
sin que sea admisible un debate disperso sobre diversas materias que carecen de
vínculo entre si.
La materia de la Ley 633 de 2000
El actor sustenta
su pretensión principal en la consideración de que el tema del proyecto que
luego se convirtió en Ley 633  de 2000 era tributario, en la medida en que el
proyecto 072 Cámara se presentó para adelantar una reforma tributaria.
El Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, expresa que el tema de la tributación tiene
entidad propia, que es posible delimitar de manera precisa, razón por la cual,
y puesto que según sus orígenes la materia de la ley es la tributaria, deben
declararse inexequibles las disposiciones que no guarden relación con dicho
asunto.
Debe la Corte
precisar que, salvo el improbable caso en que no sea posible determinar cual es
la materia dominante de una ley, el cargo por violación del principio de unidad
de materia no puede dirigirse contra la ley en su totalidad, sino contra
aquellas disposiciones respecto de las cuales pueda establecerse que carecen de
relación de conexidad con la materia de la ley. Por esa razón la Corte
restringirá su pronunciamiento a las disposiciones respecto de las cuales se
haya formulado un cargo de manera concreta.
En una primera
aproximación, el actor identifica diversos conjuntos de disposiciones que, en
su criterio, corresponden a materias distintas de aquella que constituye la
materia de la ley. En este caso el cargo se estructura en torno a la existencia
de diversas materias en el mismo proyecto, lo cual está prohibido por la
Constitución.
En esta primera
etapa del examen, entonces, el contraste debe hacerse entre el tema que se
identifica como materia del proyecto y los otros que se señalan como carentes
de relación de conexidad con el mismo.
La identificación
que de las distintas materias hace el actor puede presentarse de la siguiente
manera:
La materia del
proyecto es la tributaria, contenida en el mayor número de los artículos de la
ley.
Adicionalmente la
ley contiene las siguientes materias, sin relación de conexidad entre si, ni
con la materia tributaria:
-        Normas para fortalecer las finanzas de la
Rama Judicial, artículos 59 a 62.
-        Normas sobre tratamiento a los fondos
obligatorios para vivienda de interés social (FOVIS), artículos 63 a 72.
-        Normas
sobre el Fondo Agropecuario de Garantías, artículos 74 y 75
-        Normas de diversa índole, artículos 80, 103,
110, 111, 119, 120, 121, 122, 129 y 133.
Para que pueda
estructurarse un cargo de inconstitucionalidad por violación general del
principio de unidad de materia es necesario que el actor identifique la materia
propia de la ley y las disposiciones que, por carecer de relación de conexidad
con ella, constituyan materia distinta. En este caso, claramente, el actor
identifica tres contenidos temáticos que en su criterio no tienen relación
alguna de conexidad con la materia propia de la ley. Tales son los relacionados
con las finanzas de la Rama Judicial, los FOVIS y los Fondos Agropecuarios.
El actor enuncia
un conjunto normativo adicional, bajo la denominación de “normas de diversa
índole”. Encuentra la Corte que existe aquí un defecto en la formulación del
cargo, porque respecto de los artículos así agrupados no hay identificación de
contenido temático y por consiguiente no puede derivarse concepto de oposición
entre tales artículos y la materia de la ley. Por esta razón, en este aparte,
sobre estos artículos, la Corte se declarará inhibida para fallar, por
ineptitud sustancial de la demanda.
Para el examen
general sobre la materia de la Ley observa la Corte:
El proyecto se
presentó a consideración del Congreso, en la Cámara de Representantes, como de
reforma tributaria y había sido anunciado como un complemento de la ley de
presupuesto, indispensable para que, en los términos del artículo 347 de la
Constitución, se pueda terminar de financiar el presupuesto de gastos para el
año 2001 con el señalamiento de nuevos ingresos. En ese contexto, el proyecto
se estructuró dentro de un propósito más amplio, referido a la búsqueda de una
solución de carácter estructural para el problema de desbalance de las finanzas
públicas, que, en la actual coyuntura, contribuyera a la reactivación de la
economía.
El Gobierno, el 16
de noviembre, adicionó el proyecto original con un pliego de modificaciones
concertado con los ponentes. En dicho pliego y en la exposición de motivos que
lo acompañaba, se conservaba la identidad temática del proyecto en torno a la
reforma tributaria y disposiciones conexas con ella. Un examen somero permite
apreciar que los artículos de la propuesta, hasta ese momento, se refieren a
temas que guardan estrecha relación de conexidad con la materia que define el
proyecto, cuyo título, precisamente era, y continuaba siendo “Por la cual se
expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. Como
artículos nuevos se introducen, en esta instancia, entre otros, seis
relacionados con las finanzas de la Rama Judicial, en “... ajustes al impuesto
de remates, prescripción de depósitos judiciales a favor de la nación,
aplicación de la DTF a los promedios mensuales de depósitos judiciales y
generación de intereses moratorios por el no pago de las multas impuestas por
las autoridades judiciales.” Observa la Corte que respecto de estos artículos,
que en la demanda se agrupan bajo la denominación de “Normas para fortalecer
las finanzas de la Rama Judicial”, es posible establecer una clara relación de
conexidad con la materia de la ley, puesto que ellos se orientan a regular unos
ingresos de la Rama  Judicial y la gestión eficiente de esos recursos,
objetivos que tanto temática como teleológicamente encuadran en el ámbito
material de la ley, sin que de dicho conjunto de normas pueda predicarse que
constituyen una materia distinta.
Posteriormente, el
28 de noviembre de 2000, se rinde el informe de ponencia para primer debate. En
dicho informe se presenta ponencia para el proyecto 072 Cámara, 126, Senado,
acumulado con los proyectos 062 Cámara y 084 Cámara, que versan sobre beneficios
tributarios para las aerolíneas que incrementen sus vuelos semanales a los
nuevos Departamentos y una modificación a la Ley 488 de 1998 que trata de
materias tributarias, respectivamente.
En ese momento se
introdujeron, como parte del pliego de modificaciones presentado por los
ponentes, los artículos que ahora son objeto de examen por violación del
principio de unidad de materia y que tienen que ver con los FOVIS y con los
Fondos Agropecuario de Garantías y Nacional de Crédito Agropecuario.
En ese mismo
momento, se propone también que se cambie el título de la ley, que en adelante
deberá ser “por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan
disposiciones sobre el tratamiento a los Fondos obligatorios para vivienda de
interés social y se modifican normas para fortalecer las finanzas de la rama
judicial”.
Como puede
observarse, se trataba, claramente, de una adición a los contenidos temáticos
del proyecto original, cuya materia, hasta ese momento, podía señalarse como la
de reforma tributaria y en general, ajustes orientados a obtener el equilibrio
presupuestal, y la que ahora se agregan unas normas orientadas a regular el
manejo de unos recursos públicos en el campo de la vivienda de interés social y
el desarrollo agropecuario.
Tal como se ha
señalado, es posible que el curso del debate parlamentario, y con particular
claridad, durante el primer debate, se adicionen los contenidos temáticos de un
proyecto de ley, de manera que se amplíe la materia del mismo, siempre que se
pueda encontrar una relación de conexidad entre los temas originales y los
nuevos.
Observa la Corte
que tanto las normas sobre los FOVIS como la que tienen que ver con los fondos
para el sector agropecuario, tienen por objeto la regulación de unos recursos
de carácter público, orientados, en el primer caso a suplir unas evidentes
necesidades en el campo de la inversión social y en el segundo, a promover un
modelo de desarrollo agropecuario dentro del cual dichos recursos apoyan el
crédito a proyectos productivos. Dentro de una concepción integral de la
materia de la ley y de la situación que con la misma se pretende afrontar,
encuentra la Corte que válidamente podía el Congreso ampliar con estos nuevos
contenidos la materia inicial de la  ley, de manera que ella ahora comprenda no
sólo los aspectos estrictamente tributarios, sino también aquellos relacionados
con la programas de vivienda de interés social y de apoyo a la producción
agropecuaria, con clara incidencia en el propósito de reactivación económica
que, desde el principio caracterizó el proyecto de ley.
Petición subsidiaria
Una vez
establecida la materia propia de la ley procede el examen desde la perspectiva
de normas aisladas, que no puedan encuadrarse dentro de dicha materia. Pese a
que el actor, de manera subsidiaria, solicita la declaratoria de
inexequibilidad de algunas normas por contrariar el principio de unidad de
materia, lo cierto es que en este caso, conforme a la jurisprudencia de la
Corte, la demanda es inepta, por cuanto respecto de las normas demandadas no
identifica cual es la razón por la cual tales normas no encuadran en la materia
de la ley.
[7]
Se aclara que,
habiendo encontrado la Corte que la regulación relacionada con las finanzas de
la Rama Judicial, con los FOVIS y con los Fondos Agropecuario de Garantías y
Nacional de Riesgo Agropecuario,  hace parte de la materia de la ley, el cargo
de inconstitucionalidad que el actor formula contra los artículos que tienen
que ver con estos temas, para que resultase admisible, debía expresar las
razones por las cuales los mismos no tienen relación de conexidad con la
materia de la ley. Del mismo modo, en la medida en que de manera general el
actor no identificó cual es la materia propia y distinta de los artículos que
agrupa bajo la denominación  de “normas de diversa índole”, para estructurar el
cargo habría sido necesario que señalase de manera concreta el concepto por el
cual dichos artículos carecen de relación de conexidad con la materia propia de
la ley. Como en ninguno de los casos el actor presenta un concepto de la
violación, el cargo es inepto y la Corte habrá de declararse inhibida para
pronunciarse sobre las disposiciones demandas.
3.   La Ley 633 de 2000 contiene gran cantidad
de artículos que no surtieron el trámite Constitucional
Pretensión principal
Normas demandadas:
Ley 633 de 2000 en su totalidad
Pretensión subsidiaria
Normas
demandadas: Artículos 1 numerales 1º, 12º, 14º; 11, inciso 2º; 12, incisos 3º y
4º; 14, inciso 3º; 16 incisos 1º y 4º; 20, inciso 2º;  27, varios incisos y
parágrafo 1º, incisos 2, 3, 4, 5 y 6 y parágrafo transitorio, inciso 1º; 37;
38, inciso 1º;  50 incisos 2º y 3º; 53, parágrafo; 56, inciso 1º; 65,
parágrafos 1º y 2º; 71, parcial; 79, parcial; 97 a 130 y 132 a 134 de la Ley
633 de 2000.
Normas
constitucionales que se consideran infringidas : Artículos 157, 160 y 161.
Cosa Juzgada Constitucional
La Corte, en
Sentencia C-809 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se pronunció en
relación con la ley demandada, por el mismo cargo que ahora se estudia,
respecto de los siguientes de los artículos acusados: Artículos 37, 97 a 130 y
132 a 134. Dichos artículos fueron declarados exequibles “en relación con los
cargos de índole formal analizados en esta providencia” y por consiguiente
sobre ellos ha operado el fenómeno de la cosa juzgada Constitucional.
Procede la Corte
en consecuencia al examen que, por este concepto, no fueron objeto de
pronunciamiento en la Sentencia C-809 de 2001.
Disposiciones acusadas
A continuación se
transcribe el texto de las normas demandadas de manera especial:
ARTICULO 1o. GRAVAMEN A LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente
Libro:
"LIBRO SEXTO
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
(...)
ARTICULO 879. EXENCIONES DEL GMF. Se
encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros:
1. Los retiros efectuados de las
cuentas de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda. La
exención no podrá exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento (50%) del
salario mínimo mensual vigente y se aplicará proporcionalmente en forma no
acumulativa sobre los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta.
El Gobierno expedirá la reglamentación correspondiente.
La exención se aplicará
exclusivamente a una cuenta de ahorros por titular y siempre y cuando
pertenezca a un único titular. Cuando quiera que una persona sea titular de más
de una cuenta de ahorros en uno o varios establecimientos de crédito, deberá
elegir aquella en relación con la cual operará el beneficio tributario aquí
previsto e indicárselo al respectivo establecimiento.
(...)
12.       (...)
Las cuentas corrientes a que se
refiere el anterior inciso deberán ser de utilización exclusiva para la compra
y venta de divisas entre los intermediarios del mercado cambiario.
(...)
14. Los traslados que se realicen
entre cuentas corrientes y/o de ahorros abiertas en un mismo establecimiento de
crédito a nombre de un mismo y único titular.
La indicada exención se aplicará
también cuando el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo y
cuentas corrientes o de ahorros que pertenezcan a un mismo y único titular,
siempre y cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito.
De acuerdo con el reglamento del
Gobierno Nacional, los retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que los
pensionados abran para depositar el valor de sus mesadas pensionales y hasta el
monto de las mismas, cuando estas sean equivalentes a dos salarios mínimos o
menos.
ARTICULO 11. BENEFICIO TRIBUTARIO
POR DONACIONES. Modifícase el artículo 125-3 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
"Artículo 125-3. REQUISITOS
PARA RECONOCER LA DEDUCCIÓN. (...)
En ningún caso procederá la
deducción por concepto de donaciones, cuando se donen acciones, cuotas partes o
participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos en entidades
o sociedades".
(...)
ARTICULO 12. Modifícase el artículo
158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo
158-1. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
(...)
También recibirán los mismos
beneficios los contribuyentes que realicen donaciones e inversión para
adelantar proyectos de inversión agroindustrial calificados por la entidad
gubernamental competente, siempre y cuando sean desarrollados por entidades sin
ánimo de lucro, reconocidos como tales por el Ministerio de Agricultura.
Esta deducción no podrá exceder del
20% de la renta líquida determinada antes de restar el valor de la inversión.
(...)
ARTICULO 14. DESCUENTO POR
DONACIONES. Modifícase el artículo 249 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
"Artículo 249. Descuento por
donaciones.
(...)
El gobierno reglamentará los
procedimientos para el seguimiento y control de tales donaciones.
(...)
ARTICULO 16. EXCLUSIONES DE LA RENTA
PRESUNTIVA. Modifícanse los incisos primero y cuarto y adiciónanse dos incisos
al artículo 191 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
" (...) y las empresas del
sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así como
las empresas de transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren
metropolitano.
(...)
(...)  Este beneficio no aplicará
para la recompra de acciones ni para las transacciones entre vinculados
económicos, miembros de un grupo empresarial y beneficiarios reales.
(...)
ARTICULO 20. DEDUCCION DE IMPUESTOS
PAGADOS. Modifícase el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
"Artículo 115. DEDUCCIÓN DE
IMPUESTOS PAGADOS.
(...)
La deducción de que trata el
presente artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y
gasto de la respectiva empresa".
(...)
ARTICULO 27. BIENES QUE NO CAUSAN EL
IMPUESTO. Modifícanse unas partidas arancelarias, adiciónase un inciso y
modifícanse los parágrafos del artículo 424 del Estatuto Tributario, los cuales
quedarán así:
(...)
04.09.00.00.00 Miel natural
(...)
12.07.10.10.00 Nuez y almendra de
palma para siembra
(...)
48.18.40.00.00 Toallas sanitarias y
pañales desechables
(...)
56.08.11.00.00 Redes confeccionadas
para la pesca
82.08.40.00.00 Cuchillos y hojas
cortantes para máquinas y aparatos mecánicos de uso agrícola, hortícola y
forestal
84.18.69.11.00 Grupos frigoríficos
de compresión (tanques de frío para conservar leche)
84.19.39.10.00 Secadores por
liofilización, criodesecación, pulverización, esterilización, pasterización,
evaporación, vaporización y condensación
84.19.50.10.00 Pasterizadores
84.21.11.00.00 Desnatadoras
(descremadoras) centrífugas
84.21.22.00.00 Aparatos para filtrar
o depurar las demás bebidas
84.24.81.30.00 Demás aparatos
sistemas de riego
84.32. Máquinas, aparatos y
artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo
del suelo o para el cultivo; excepto rodillos para césped o terrenos de deporte
84.33 Máquinas, aparatos y
artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje;
guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás
productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37 y las subpartidas 84.33.11
y 84.33.19
84.34 Máquinas de ordeñar y máquinas
y aparatos para la industria lechera
84.36 Demás máquinas y aparatos para
la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos
los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las
incubadoras y criadoras avícolas
84.37.10.00.00 Máquinas para
limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vainas
secas
84.38 Máquinas y aparatos para la
preparación o fabricación de alimentos o bebidas, excepto los de la subpartida
84.38.10
84.85.10.00.00 Hélices para barcos y
sus paletas
87.16.20.00.00 Remolques para uso
agrícola
90.18.39.00.00 Catéteres
90.18.39.00.00 Catéteres
peritoneales para diálisis
Equipos de infusión de líquidos
Filtros para diálisis renal
Caucho natural
Las obras de arte originales, cuando
se realicen directamente por el autor.
(...)
(...)  , así como también aquellos
sistemas similares que pretendan socializar la cobertura y uso del Internet de
acuerdo con la reglamentación que le dé el Gobierno Nacional.
Equipos y elementos componentes del
plan de gas vehicular.
1. Cilindros 73.11.00.10.00
2. Kit de conversión 84.09.91.91.00
3. Partes para kits (repuestos)
84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00
4. Compresores 84.14.80.22.00
5. Surtidores (dispensadores)
90.25.80.90.00
6. Partes y accesorios surtidores
(repuestos) 90.25.90.00.00
7. Partes y accesorios compresores
(repuestos) 84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00
PARAGRAFO 1o. (...)
Cuando el Gobierno Nacional
determine la no existencia de producción nacional de bienes a los que hace
referencia este artículo, no se causará el IVA implícito.
Para efectos de la liquidación y
pago del impuesto sobre las ventas por las importaciones de esta clase de
bienes, el Gobierno Nacional deberá publicar la base gravable mencionada en el
inciso anterior aplicable a la importación de cada bien, teniendo en cuenta la
composición en su producción nacional.
Tampoco será aplicable lo dispuesto
en este parágrafo a la importación de energía eléctrica, de los combustibles
derivados del petróleo, de gas propano o natural, y de los bienes de las
partidas 27.01, 27.02 y 27.03.
Para los efectos de esta disposición
se entenderá que no existe producción nacional cuando la producción interna
solo cubra hasta el treinta y cinco por ciento (35%) de las necesidades del
mercado.
El Departamento Nacional de
Planeación, en coordinación con los ministerios o entidades competentes,
deberán certificar anualmente la producción nacional y las importaciones, para
determinar el tamaño del mercado, para lo cual deberán proveerse de las bases
de datos necesarias.
Para la aplicación de esta norma,
los importadores deberán adquirir la totalidad de la producción nacional,
cuando se trate de productos agropecuarios.
PARAGRAFO 2o.  (...)
(...)
PARAGRAFO TRANSITORIO. (...)  y el
responsable corrija su declaración privada pagando el cincuenta por ciento
(50%) del mayor impuesto propuesto o determinado oficialmente.
(...)
ARTICULO 38. PRESENTACION
ELECTRONICA DE DECLARACIONES. Modifícase el artículo 579-2 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 579-2. PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES. (...), siempre y cuando la declaración manual se
presente a más tardar al día siguiente del vencimiento del plazo para declarar
y se demuestren los hechos constitutivos de fuerza mayor.
(...)
(...)
ARTICULO 50. DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA
DE SALDOS A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Adiciónase el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 850-1. DEVOLUCIÓN
AUTOMÁTICA DE SALDOS A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (...)
(...)
La devolución automática deberá
realizarse entre los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación en
debida forma de la declaración que presenta el saldo a favor.
La
devolución extemporánea causará intereses corrientes.
(...)
ARTICULO
53. POLICÍA FISCAL ADUANERA Y NATURALEZA JURÍDICA DEL SERVICIO PRESTADO POR LA
DIAN.
(...)
PARAGRAFO. Para los efectos de la
aplicación del inciso 1o. del artículo 56 de la Constitución Política, el
servicio público prestado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se
define como servicio público esencial, cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar
la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público
económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento
de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de
las operaciones de comercio exterior.
(...)
ARTICULO 56. TASA ESPECIAL POR LOS
SERVICIOS ADUANEROS.
(...)
(...), ni a las importaciones de
bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional que realice la Fuerza
Pública.
(...)
(...)
ARTICULO 65. MANEJO FINANCIERO.
(...)
PARAGRAFO 1o. Las cajas de
compensación familiar podrán aprobar préstamos con destino a colaborar en el
pago de atención de personas a cargo de trabajadores beneficiarios, al tenor de
la Ley 21 de 1982, en eventos que no estén cubiertos por el sistema general de
seguridad social en salud o cobertura de servicios médico-asistenciales a que,
por norma legal, deba estar afiliado el trabajador. El préstamo por evento
podrá ser superior a diez (10) veces la cuota del subsidio monetario mensual
vigente al momento del mismo. Las cajas podrán establecer cuotas moderadoras
para estos efectos exclusivamente.
PARAGRAFO 2o. Los subsidios de
escolaridad en dinero pagados por las Cajas de Compensación a las personas a
cargo de trabajadores beneficiarias, matriculadas en los tres (3) últimos
grados del ciclo secundario de la educación básica y en el nivel de educación
media, formarán parte del cálculo de subsidio monetario pagado por cada Caja de
Compensación Familiar y de la obligación de destinación para educación prevista
en el artículo 5o. del Decreto 1902 de 1994, siempre que la destinación total
para ella no resulte inferior a la obligatoria antes de la vigencia de la
presente ley.
ARTICULO 71. CONCURRENCIA DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL EN PROYECTOS
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. (...) excepto cuando la construcción vaya a ser
totalmente ejecutada por una entidad estatal.
(...)
ARTICULO 79. IVA AL ASFALTO, MEZCLA
ASFALTICA Y MATERIAL PETREO. (...) y en la venta de asfalto, mezcla asfáltica o
materiales pétreos.
(...)
ARTICULO 131. Adiciónase el artículo
145 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo:
"Parágrafo. A partir del año
gravable 2000 serán deducibles por las entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, la provisión individual de cartera
de créditos y la provisión de coeficiente de riesgo realizadas durante el
respectivo año gravable.
Así mismo, serán deducibles de la
siguiente manera las provisiones realizadas durante el respectivo año gravable
sobre bienes recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing que deban
realizarse conforme a los normas vigentes:
a) El 20% por el año gravable 2000;
b) El 40% por el año gravable 2001,
c) El 60% por el año gravable 2002;
d) El 80% para el año gravable 2003;
e) A partir del año gravable 2004 el
100%.
3.1.  Argumentos del Demandante
Afirma el
accionante que de los 134 artículos que contiene la ley, 65 corresponden a
normas nuevas que se introdujeron al proyecto de ley posteriormente al primer
debate y que no hicieron trámite en la sesión conjunta de las comisiones
tercera y cuarta de Cámara y Senado. Señala que si bien el artículo 160 inciso
segundo de la Constitución permite que durante el segundo debate, cada cámara
pueda introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que
juzgue necesarias, no se establece que sea innecesaria la aprobación del
proyecto de ley en primer debate en la correspondiente Comisión Permanente de
cada Cámara. Agrega que si así fuese, sería suficiente que los proyectos de ley
se introdujeran directamente ante la plenaria de cada Cámara.
Señala igualmente
que “las leyes no se hacen en las plenarias  de las Cámaras ni en los
escritorios de las Comisiones Accidentales o Comisiones Redactoras del
Gobierno. Los proyectos de ley deben surtir el primer debate en las Comisiones
Permanentes de cada Cámara y segundo debate en la Plenaria de cada Cámara”.
Agrega qué de
acuerdo con el artículo 157 de la Constitución los proyectos de ley deben haber
sido aprobados en primer debate y que “... los artículos y normas introducidos
al Proyecto de ley después del primer debate, debieron regresar, por su
importancia con el contexto general del Proyecto de ley, a las Comisiones
permanentes para que surtieran el indispensable primer debate.”
Concluye que las
anteriores consideraciones conllevan la inconstitucionalidad total de la ley
demandada.
De manera
subsidiaria solicita, con idénticos argumentos, que se declare la
inexequibilidad de las normas demandadas individualmente.
Señala, por otra
parte el demandante, en varias afirmaciones, que no hay certeza sobre el
trámite que surtieron los artículos y las disposiciones que fueron adicionadas
con posterioridad al primer debate.
3.2.   Intervenciones
3.2.1.                  Intervención del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario
Para el Instituto
la esencia  del asunto relativo a los vicios de trámite, radica en determinar
con precisión el alcance del artículo 160 de la Carta.
La  autorización
contenida en el artículo 160 tiene un alcance limitado ya que no permite
iniciar el trámite con un texto del proyecto y durante su trayectoria
modificarlo hasta tal punto que se torne en una novedad.
De acuerdo con lo
anterior, las modificaciones que en el proceso de elaboración de un proyecto de
ley, pueden ser introducidas de acuerdo con el artículo citado, serán aquellas
que posean  un contenido adjetivo o que busquen  precisar el sentido del texto
originalmente discutido de manera que no se vulnere su contenido real.
El cargo del
demandante prosperará si conforme al análisis del acervo probatorio queda en
evidencia que los textos acusados no surtieron el trámite legislativo
correspondiente.
3.2.2.          Intervención del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En concepto del
Ministerio, la Ley 633 de 2000 no vulnera los artículos 157, 160 y 161 de la
Carta, si se tiene en cuenta que el proyecto en mención tenía dos
características fundamentales: ser complemento de  la financiación al
Presupuesto de 2001 y contar con la solicitud del mensaje de urgencia del
Presidente de la República, lo que facultaba ampliamente al Congreso para
disponer que sesionaran conjuntamente las Comisiones Económicas (tercera y
cuarta de Senado y Cámara). Por otra parte, el trámite del proyecto teniendo en
cuenta las circunstancias anotadas permitía también el debate simultáneo de las
Plenarias.
Efectuando un
análisis conjunto de la Constitución, la Ley 5ª de 1992 y la jurisprudencia de
la Corte, se desprende claramente la admisibilidad de la inclusión de nuevos
artículos por parte de las Plenarias, siempre y cuando guarden identidad en la
materia debatida.
A continuación el
representante del Ministerio efectúa un detenido análisis para demostrar, en
cada caso, por qué respecto de los artículos demandados no puede predicarse que
se trate de asuntos nuevos en relación con lo aprobado en el primer debate y a
mostrar las relaciones de conexidad temática entre lo aprobado en las
comisiones y lo discutido y aprobado en las plenarias.
3.3.   Concepto del Procurador General de
la Nación
En concepto del
Ministerio Público, las materias de las cuales se ocupan las modificaciones
introducidas por las plenarias de cada cámara guardan relación directa con el
tema debatido en las sesiones conjuntas de las Comisiones Tercera y Cuarta
Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara, luego, en este caso, las
discrepancias surgidas entre los textos aprobados en cada plenaria podían ser
conciliadas mediante la integración de una comisión accidental de mediación, en
razón a que existía  un hilo conductor entre los asuntos considerados y
aprobados en las Comisiones Constitucionales Permanentes y las modificaciones
introducidas por las plenarias de cada Cámara. De acuerdo con lo anterior, la
ley acusada no merece reparo de constitucionalidad .
3.4.   Consideraciones de la Corte
Aunque las
afirmaciones que, de manera general y vaga, hace el demandante sobre la
incertidumbre en torno al trámite de las disposiciones que se incorporaron al
proyecto de ley con posterioridad al primer debate, no configuran un cargo de
inconstitucionalidad, estima la Corte necesario hacer un pronunciamiento
preliminar y previo sobre el trámite del Proyecto que luego se convirtió en la
Ley 633 de 2000.
-        El
proyecto de ley fue presentado por el señor Ministro de Hacienda y Crédito
Público ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el día 15 de
septiembre de 2000, y fue radicado como “Proyecto de Ley Número 072 Cámara”.
-        Mediante
comunicación de 16 de noviembre de 2000, el señor Ministro de Hacienda,
presentó, según afirma, después de un proceso de concertación con los ponentes,
un “Pliego de modificaciones al proyecto de Ley No. 072 Cámara.”
- En comunicación
del 21 de noviembre de 2000, el Presidente de la República presenta mensaje de
urgencia para el proyecto de ley No. 072 Cámara 126 Senado, y solicita que se
le de primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones permanentes de
Senado y Cámara.
-        El 28
de noviembre de 2000 se recibió en la Secretaría General de la Cámara de
Representantes la ponencia para primer debate al proyecto de ley número 072 de
Cámara, 126 de Senado, acumulado con los proyectos número 062 de Cámara y 084
de Cámara.
- En las
sesiones de los días 29 de noviembre y 5 de diciembre de 2000, el proyecto de
ley número 072 de Cámara, 126 de Senado, acumulado con los proyectos número 062
de Cámara y 084 de Cámara, fue aprobado en primer debate en sesión conjunta de
las comisiones terceras y cuartas constitucionales permanentes de Senado y
Cámara, según consta en la Gaceta del Congreso No. 501 de diciembre 12 de 2000.
-        El 13
de diciembre de 2000 se publicó en la Gaceta del Congreso No. 502 la ponencia
para segundo debate al proyecto de ley número 072 de Cámara, 126 de Senado,
acumulado con los proyectos número 062 de Cámara y 084 de Cámara.
-        El 14
de diciembre de  2000 fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la
Cámara de Representantes, el texto definitivo del proyecto de ley número 072 de
Cámara, 126 de Senado, acumulado con los proyectos número 062 de Cámara y 084
de Cámara, tal como se aprecia en constancia publicada en la Gaceta del
Congreso No. 06 de enero de 2001.
-        El
proyecto fue considerado y aprobado en la plenaria del Senado el día 15 de
diciembre de 2000, según Acta No. 29 publicada en la Gaceta del Congreso No. 51
de 2001.
-        Para conciliar las diferencias
entre los textos aprobados en una y otra Cámara, las plenarias designaron
sendas comisiones, las cuales se reunieron y rindieron su informe el 15 de
diciembre de 2000. Ese mismo día, tal como consta en las actas de las sesiones
respectivas, publicadas en la Gaceta No. 51y 75 de 2001, el informe de las
comisiones accidentales de conciliación fue aprobado por las plenarias de
Senado y Cámara.
Observa la Corte
que del examen general del trámite del proyecto que se convertiría en la ley
633 de 2000, habida consideración de las reglas especiales que resultan
aplicables en razón del primer debate en sesiones conjuntas y que permiten el
estudio simultáneo del proyecto en las plenarias, no se puede deducir ninguna
irregularidad, materia que fue objeto de decisión en la Sentencia C-809 de
2001, razón por la cual pasa a estudiar la procedencia del cargo que de manera
concreta se formula por el actor, no sin antes expresar que el actor no formula
cargo específico por violación del artículo 161 de la Constitución, no obstante
que lo incluye entre las disposiciones infringidas.
El reparo que
formula el actor se concreta en que disposiciones contenidas en 65 de los
artículos que componen la ley no habrían surtido el primer debate en las
comisiones permanentes de Senado y Cámara, lo cual resulta violatorio del
artículo 157 de la Constitución.
Sea lo primero
señalar que las irregularidades en el trámite de aprobación de una ley afectan
exclusivamente a las disposiciones respecto de las cuales ellas recaigan, sin
que, en principio, pueda pretenderse, a partir de una simple consideración
sobre el número de artículos viciados, que ellas conduzcan a la inexequibilidad
total de la ley. Eso solo podría ocurrir en el evento en que se demostrase que
la exclusión de determinadas disposiciones por vicios de trámite tiene una tal
significación sobre el sentido y la coherencia de la ley que su declaratoria de
inexequibilidad no pueda hacerse de manera aislada, sino que resulta imperativo
que ella recaiga sobre el conjunto de la ley. Sin embargo, la demanda de manera
alguna sustenta esta pretensión, razón por la cual la misma habrá de declararse,
por este concepto, inepta.
Por otra parte el
actor, de manera subsidiaria solicita que la declaratoria de inexequibilidad
recaiga sobre aquellas disposiciones que, respecto de este cargo, se
individualizan en la demanda.
Sobre este
particular, y en la medida en que el actor fundamenta el cargo en el simple
señalamiento de las diferencias entre lo aprobado en primer debate y lo
aprobado en las plenarias, considera la Corte necesario señalar que la
Constitución, en su artículo 160, expresamente permite que durante el segundo
debate, cada Cámara introduzca al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que juzgue necesarias.
En desarrollo de
ese precepto, la Ley 5ª de 1992, -Reglamento del Congreso- dispone, por un lado,
artículo 178, que “... cuando a un proyecto de ley le
sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en
Plenaria, éstas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la
respectiva Comisión Permanente.”, y por otro,
artículo 177, que sólo cuando las discrepancias que surgieren entre las
plenarias de las Cámaras y sus comisiones constitucionales acerca de proyectos
de ley correspondan a asuntos nuevos, o no aprobados, o negados en la comisión
permanente respectiva, la novedad debe ser reconsiderada en las comisiones. Por
otra parte, el artículo 186 del reglamento al disponer sobre las materias de
que deben ocuparse las comisiones accidentales de mediación previstas en el
artículo 161 de la Constitución, señala que “[s]erán consideradas como
discrepancias las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra
Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas.”
Se tiene entonces
que, no basta con establecer que un determinado texto aprobado en plenaria es
nuevo respecto de lo aprobado en la comisión, puesto que ello puede responder a
una modificación  o adición producida en los términos de las normas superiores
citadas. Es necesario además, para que el cargo de inconstitucionalidad pueda
prosperar, que se acredite, que tal novedad no guarda relación de conexidad con
lo aprobado en el primer debate o que es contraria a lo allí decidido.
De esta manera,
para estructurar un cargo por violación del principio de consecutividad, no
basta con que el actor se limite, como ocurre en este caso, a identificar las
disposiciones que contengan adiciones o novedades respecto de lo aprobado en el
primer debate, puesto que ello es permitido por la Constitución y la ley
orgánica del reglamento del Congreso.
Para que la
Corte pueda entrar a realizar un examen de constitucionalidad por este concepto
se requiere que la demanda cumpla las siguientes condiciones: 1. Que
identifique de manera precisa los contenidos normativos que se consideran
nuevos y 2. Que se exprese, así sea de manera suscinta, respecto de cada uno de
ellos, o de cada grupo de contenidos, las razones por las cuales se considere
que los mismos corresponden  a asuntos nuevos, que no guarden relación de
conexidad con lo discutido en el primer debate.
La pretensión
así estructurada comporta un verdadero cargo de constitucionalidad que la Corte
habría de examinar a la luz de los principios de identidad y de consecutividad.
Sin embargo, en el
presente caso el actor se limita a enunciar los artículos aprobados en segundo debate
y que en su concepto presentan novedad sobre lo aprobado en el primer debate y
a afirmar, genéricamente, que “... los artículos y normas introducidos al
Proyecto de ley después del primer debate, debieron regresar, por su
importancia con el contexto general del Proyecto de ley, a las Comisiones
permanentes para que surtieran el indispensable primer debate.”
Observa la Corte que, tal como lo hace
notar el interviniente del Ministerio de Hacienda, el accionante considera como
artículos nuevos varios que sólo tuvieron modificación parcial durante el
debate en las plenarias. En esos casos, en principio, y en ausencia de un
concepto sobre las razones por las cuales las modificaciones o adiciones deban
considerarse como materias nuevas, no ve la Corte como pueda estructurarse el
cargo por violación del principio de consecutividad.
En general, de aceptarse la pretensión
del actor sería necesario concluir que la Corte, oficiosamente, a partir de la
comparación que el demandante haga entre los textos aprobados en primer y en
segundo debates, tendría que adelantar un minucioso examen de la totalidad de
los debates que sobre un proyecto de ley se hayan cumplido en las plenarias,
para constatar si en los textos que registran diferencia, hay alguna relación
de conexidad con el contenido material de lo aprobado en la comisión, y en
general si no está presente alguna de las condiciones que dan sustento
constitucional a tal variación.
Sin embargo, uno de los elementos
centrales del sistema de control de constitucionalidad que rige en Colombia es,
precisamente, el de que la Corte no puede proceder de oficio y que su
competencia, cuando se demande una norma por virtud de la acción pública de
inconstitucionalidad, se deriva de los cargos que sean adecuadamente formulados
por el demandante.
Como en el presente caso, respecto de
los presuntos vicios de trámite en la aprobación de la Ley 633 de 2000 el
demandante no presenta de manera adecuada los cargos, la demanda es inepta y la
Corte habrá de inhibirse de realizar un pronunciamiento por este concepto.
B)      Pretensiones
Subsidiarias
4.      Inconstitucionalidad de las normas relativas al gravamen a
los movimientos financieros
Normas
demandadas: Artículos 1, 2, 3 y 55, inciso 1º de la Ley 633 de 2000
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículos 215 y 357
A
continuación se transcribe el texto de los artículos acusados:
Artículo 1º. Gravamen a los Movimientos Financieros.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente Libro:
"LIBRO SEXTO
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Artículo 870. Gravamen a los Movimientos Financieros,
GMF. Créase como un nuevo impuesto, a partir del primero (1º) de enero del año
2001, el Gravamen a los Movimientos Financieros, a cargo de los usuarios del
sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
Artículo 871. Hecho Generador del GMF. El hecho
generador del Gravamen a los Movimientos Financieros lo constituye la
realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga
de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas
de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia.
En el caso de cheques girados con cargo a los recursos
de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, por un establecimiento de
crédito no bancario o por un establecimiento bancario especializado en cartera
hipotecaria que no utilice el mecanismo de captación de recursos mediante la
cuenta corriente, se considerará que constituyen una sola operación el retiro
en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se
entiende por transacción financiera toda operación de retiro en efectivo,
mediante cheque, con talonario, con tarjeta débito, a través de cajero
electrónico, mediante puntos de pago, notas débito o mediante cualquier otra
modalidad que implique la disposición de recursos de cuentas de depósito,
corrientes o de ahorros, en cualquier tipo de denominación, incluidos los
débitos efectuados sobre los depósitos acreditados como "saldos positivos
de tarjetas de crédito" y las operaciones mediante las cuales los
establecimientos de crédito cancelan el importe de los depósitos a término
mediante abono en cuenta.
Artículo 872. Tarifa del GMF. La tarifa del Gravamen a
los Movimientos Financieros será del tres por mil (3 x 1.000). En ningún caso
este valor será deducible de la renta bruta de los contribuyentes.
Artículo 873. Causación del GMF. El Gravamen a los
Movimientos Financieros es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en
que se produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción
financiera.
Artículo 874. Base gravable del GMF. La base gravable
del Gravamen a los Movimientos Financieros estará integrada por el valor total
de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los recursos.
Artículo 875. Sujetos pasivos del GMF. Serán sujetos
pasivos del Gravamen a los Movimientos Financieros, los usuarios del sistema
financiero, las entidades que lo conforman y el Banco de la República.
Cuando se trate de retiros de fondos que manejen
ahorro colectivo, el sujeto pasivo será el ahorrador individual beneficiario
del retiro.
Artículo 876. Agentes de Retención del GMF. Actuarán
como agentes retenedores y serán responsables por el recaudo y el pago del GMF,
el Banco de la República y los establecimientos de crédito en los cuales se
encuentre la respectiva cuenta, así como los establecimientos de crédito que
expiden los cheques de gerencia.
Artículo 877. Declaración y pago del GMF. Los agentes
de retención del GMF deberán depositar las sumas recaudadas a la orden de la
Dirección General del Tesoro Nacional, en la cuenta que ésta señale para el
efecto, presentando la declaración correspondiente, en el formulario que para
este fin disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La declaración y pago del GMF deberá realizarse en los
plazos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.
Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las
declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultánea a su
presentación.
Artículo 878. Administración del GMF. Corresponde a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la administración del Gravamen a
los Movimientos Financieros a que se refiere este Libro, para lo cual tendrá
las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación,
determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su
competencia. Así mismo, la DIAN quedará facultada para aplicar las sanciones
contempladas en dicho Estatuto, que sean compatibles con la naturaleza del
impuesto, así como aquellas referidas a la calidad de agente de retención,
incluida la de trasladar a las autoridades competentes el conocimiento de
posibles conductas de carácter penal.
Para el caso de aquellas sanciones en las cuales su
determinación se encuentra referida en el Estatuto Tributario a mes o fracción
de mes calendario, se entenderán referidas a semana o fracción de semana
calendario, aplicando el 1.25% del valor total de las retenciones practicadas
en el respectivo período, para aquellos agentes retenedores que presenten
extemporáneamente la declaración correspondiente.
Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran
exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros:
1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro
destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda. La exención no podrá
exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo
mensual vigente y se aplicará proporcionalmente en forma no acumulativa sobre
los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta.
El Gobierno expedirá la reglamentación correspondiente.
La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de
ahorros por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando
quiera que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros en uno o
varios establecimientos de crédito, deberá elegir aquella en relación con la
cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo
establecimiento.
2. Los traslados entre cuentas corrientes de un mismo
establecimiento de crédito, cuando dichas cuentas pertenezcan a un mismo y
único titular que sea una sola persona.
3. Las operaciones que realice la Dirección del Tesoro
Nacional, directamente o a través de los órganos ejecutores, incluyendo las
operaciones de reporto que se celebren con esta entidad y el traslado de impuestos
a dicha Dirección por parte de las entidades recaudadoras; así mismo, las
operaciones realizadas durante el año 2001 por las Tesorerías Públicas de
cualquier orden con entidades públicas o con entidades vigiladas por las
Superintendencias Bancaria o de Valores, efectuadas con títulos emitidos por
Fogafín para la capitalización de la Banca Pública.
4. Las operaciones de liquidez que realice el Banco de
la República, conforme a lo previsto en la Ley 31 de 1992.
5. Los créditos interbancarios y las operaciones de
reporto con títulos realizadas por las entidades vigiladas por las
Superintendencias Bancaria o de Valores para equilibrar defectos o excesos
transitorios de liquidez, en desarrollo de las operaciones que constituyen su
objeto social.
6. Las transacciones ocasionadas por la compensación
interbancaria respecto de las cuentas que poseen los establecimientos de
crédito en el Banco de la República.
7. Las operaciones de compensación y liquidación de
los depósitos centralizados de valores y de las bolsas de valores sobre títulos
desmaterializados, y los pagos correspondientes a la administración de valores
en dichos depósitos.
8. Las operaciones de reporto realizadas entre el
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) o el Fondo de
Garantías de Instituciones Cooperativas (Fogacoop) con entidades inscritas ante
tales instituciones.
9. El manejo de recursos públicos que hagan las
tesorerías de las entidades territoriales.
10. Las operaciones financieras realizadas con
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Sistema General
de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, de los Fondos de Pensiones de
que trata el Decreto 2513 de 1987 y del Sistema General de Riesgos
Profesionales, hasta el pago a la entidad promotora de salud, a la
administradora del régimen subsidiado o al pensionado, afiliado o beneficiario,
según el caso.
11. Los desembolsos de crédito mediante abono en la
cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de
crédito.
12. Las operaciones de compra y venta de divisas
efectuadas a través de cuentas de depósito del Banco de la República o de
cuentas corrientes, realizadas entre intermediarios del mercado cambiario
vigilados por las Superintendencias Bancaria o de Valores, el Banco de la
República y la Dirección del Tesoro Nacional.
Las cuentas corrientes a que se refiere el anterior
inciso deberán ser de utilización exclusiva para la compra y venta de divisas
entre los intermediarios del mercado cambiario.
13. Los cheques de gerencia cuando se expidan con
cargo a los recursos de la cuenta corriente o de ahorros del ordenante, siempre
y cuando que la cuenta corriente o de ahorros sea de la misma entidad de
crédito que expida el cheque de gerencia.
14. Los traslados que se realicen entre cuentas
corrientes y/o de ahorros abiertas en un mismo establecimiento de crédito a
nombre de un mismo y único titular.
La indicada exención se aplicará también cuando el
traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo y cuentas corrientes o de
ahorros que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando estén
abiertas en el mismo establecimiento de crédito.
De acuerdo con el reglamento del Gobierno Nacional,
los retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que los pensionados abran
para depositar el valor de sus mesadas pensionales y hasta el monto de las
mismas, cuando estas sean equivalentes a dos salarios mínimos o menos.
Parágrafo. El Gravamen a los Movimientos Financieros
que se genere por el giro de recursos exentos de impuestos de conformidad con
los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el país, será
objeto de devolución en los términos que indique el reglamento.
Artículo 880. Agentes de retención del GMF en
operaciones de cuenta de depósito. En armonía con lo dispuesto en el artículo
876 del presente Estatuto, cuando se utilicen las cuentas de depósito en el
Banco de la República para operaciones distintas de las previstas en el
artículo 879 del Estatuto Tributario, el Banco de la República actuará como
agente retenedor del Gravamen a los Movimientos Financieros que corresponda
pagar por dicha transacción a la entidad usuaria de la respectiva cuenta.
Artículo 881. Devolución del GMF. Las sociedades
titularizadoras, los establecimientos de crédito que administren cartera
hipotecaria movilizada, y las sociedades fiduciarias, tendrán derecho a obtener
la devolución del Gravamen a los Movimientos Financieros que se cause por la
transferencia de los flujos en los procesos de movilización de cartera
hipotecaria para vivienda por parte de dichas entidades, a que se refiere la
Ley 546 de 1999, en los términos y condiciones que reglamente el Gobierno
Nacional.
Igualmente, tendrán derecho a la devolución
establecida en el presente artículo las operaciones del Fondo de Estabilización
de la Cartera Hipotecaria, cuya creación se autorizó por el artículo 48 de la
Ley 546 de 1999, en especial las relativas al pago o aporte que deban realizar
las partes en virtud de los contratos de cobertura, así como las inversiones
del fondo.
Artículo 2º. Del recaudo proveniente del Gravamen a
los Movimientos Financieros por los meses de enero y febrero del año 2001, un
valor equivalente a dos (2) de los tres (3) puntos de la tarifa del impuesto
será destinado a la reconstrucción del Eje Cafetero en lo referido a financiar
vivienda de interés social y otorgar subsidios para vivienda, a la dotación de
instituciones oficiales de salud, a la dotación educativa y tecnológica de los
centros docentes oficiales de la zona afectada, a la concesión de créditos
blandos para las pequeñas y medianas empresas asociativas de trabajo en tanto
fueron afectadas por el terremoto y el vandalismo y a los fondos previstos en
el Decreto 1627 de 1996 para organizaciones existentes antes del 25 de enero de
1999 en Armenia y Pereira.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo se
consideran pequeñas y medianas aquellas empresas que hubieran obtenido ingresos
brutos inferiores a seiscientos millones de pesos ($600.000.000), tengan un
patrimonio bruto inferior a ochocientos millones de pesos ($800.000.000) y un
número máximo de veinte (20) trabajadores.
Artículo 3º. Utilización de los recursos generados por
el Gravamen a los Movimientos Financieros. Los recaudos del Gravamen a los
Movimientos financieros y sus rendimientos serán depositados en una cuenta
especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el
Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a
su recaudo y en las subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la
República la incorporación de estos ingresos en la medida en que las
necesidades locales así lo aconsejen, hasta que se agote su producido.
Artículo 55. De conformidad con el inciso 2º del
parágrafo del artículo 357 de la Constitución Política, el nuevo gravamen a los
Movimientos Financieros que se crea por la presente ley, está excluido de la
participación que les corresponde a los municipios en los ingresos corrientes
de la Nación hasta el año 2009.
En aplicación de esta misma disposición, durante el
año 2001 los municipios no tendrán participación en los ingresos originados por
las modificaciones introducidas por esta ley al impuesto sobre las ventas, al
igual que en los ingresos por los ajustes en materia del impuesto sobre la
renta para el año gravable 2001 que se recauden durante el año 2002.
4.1.   Argumentos del demandante:
Fundamenta
el actor la inconstitucionalidad de los artículos citados en la infracción de
los artículos 215 y 357 de la Carta, afirmando que el gravamen a los
movimientos financieros es el mismo impuesto a las transacciones financieras
decretado en la emergencia económica de 1998, en la medida en que el hecho
generador, los sujetos,  la causación y la base gravable coinciden en uno y
otro impuesto, los cuales se diferencian únicamente en  la tarifa, que pasó del
2 al 3 por mil.
Por
esa razón considera el demandante que el legislador otorgó el carácter de permanente
a un impuesto de carácter transitorio creado mediante los artículos 29 a 35 del
Decreto legislativo 2331 de Noviembre de 1998, fuera del término
constitucionalmente previsto para revestir de carácter permanente las normas
proferidas en virtud de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y
Social. Afirma que “los tributos nuevos creados transitoriamente por emergencia
económica tienen vigencia limitada a no ser que dentro del año siguiente a la
declaratoria de emergencia el congreso les dé el carácter de permanentes. Si el
congreso no lo hace en ese tiempo, pierde la competencia para darles el
carácter de permanentes posteriormente”.
Señala
igualmente que la mención hecha por la ley de ser un “nuevo” impuesto,
constituye un “ardid”  para  eludir la aplicación del artículo 357 de la Carta.
4.2.   Intervenciones
4.2.1.                  Intervención del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario
En
relación con el Gravamen a los movimientos financieros, indica el experto
técnico que la valoración constitucional de dicho impuesto debe efectuarse a la
luz de los principios de justicia y equidad, considerando el entorno económico
y social del período dentro del cual el tributo está llamado a ser aplicado.
Razón por la cual, convertir un impuesto puramente coyuntural, en un tributo de
carácter permanente sin efectuar las adecuaciones necesarias, atentaría contra
principios fundamentales del sistema tributario como es el de la capacidad
contributiva, conllevando así, a la inconstitucionalidad de las normas que
contengan dichos preceptos.
En
lo referente al la interpretación del artículo 215, no comparte el Instituto
las apreciaciones del demandante, señalando que el año con el que cuenta el
Congreso para adoptar de manera permanente los impuestos decretados en virtud
de la declaratoria de emergencia económica, no constituye una “camisa de
fuerza” que le impida posteriormente al Congreso legislar sobre esa materia.
Teniendo
en cuenta las anteriores consideraciones y citando como argumentos adicionales
los consignados en la ponencia que sobre el tema elaborara la Dra. Lucy Cruz de
Quiñones para las XXV Jornadas de Derecho Tributario, el Instituto estima que
los cargos del demandante en este punto están llamados a prosperar.
4.2.2. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El
Ministerio solicita la declaratoria de exequibilidad de los citados artículos,
basado en el hecho que el Congreso no le otorgó el carácter de permanente a un
tributo transitorio , sino que creó un tributo nuevo, contando para ello con
amplias facultades para hacerlo, ya que en esta corporación reside sin lugar a
discusión la facultad impositiva.
4.2.3. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
La
DIAN fundamenta la constitucionalidad de los artículos citados  argumentando
que se trata de dos impuestos diferentes; ya que el “impuesto a las
transacciones financieras”  fue creado por urgencia de manera transitoria, en
uso de las facultades otorgadas al ejecutivo en virtud de la declaratoria del
Estado de Emergencia; por su parte el “gravamen a los movimientos financieros”,
fue creado de manera permanente luego de surtir en su totalidad el trámite
legislativo ordinario. Señala además, que la aplicación del artículo 215 de la
Constitución se refiere de manera exclusiva a las normas creadas durante la
declaratoria del Estado de emergencia económica, razón por la cual no se puede
argumentar una violación a este artículo por parte de un impuesto creado en
“tiempos de paz”.
4.3.   Concepto del Procurador General de la Nación
El
Ministerio Público solicita se declare la exequibilidad de las normas
demandadas, señalando que el Congreso no le dio el carácter de permanente a un
impuesto transitorio, sino que por el contrario creó una carga impositiva
nueva.
En
efecto, señala que el Congreso puede decretar un gravamen de carácter
permanente por dos vías: la primera cuando dentro del año siguiente al decreto
que crea la carga impositiva, decide darle el carácter de permanente; la
segunda cuando vencido ese término mediante ley de la República lo crea como un
impuesto nuevo, en este caso de iniciativa gubernamental.
4.4.   Consideraciones de la Corte
4.4.1.          Problema
Jurídico
De conformidad
con la demanda, los siguientes son los problemas jurídicos a resolver:
-        Debe
establecerse si la disposición acusada es contraria al artículo 215 de la
Constitución, por haberle dado carácter permanente, por fuera del límite
temporal que la Constitución establece para el efecto, a un impuesto, que con
carácter transitorio, se creó en desarrollo de las facultades de emergencia
económica.
-        Debe
determinarse si le expresión “nuevo” que, de acuerdo con el artículo 1 de la
Ley 633 de 2000 y artículo 870 del Estatuto Tributario, resulta aplicable al
Gravamen a los Movimientos Financieros que se establece en la Ley, resulta
contraria al artículo 357 de la Constitución, en la medida en que, para evadir
lo allí previsto sobre participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación, se da ese calificativo a un tributo que en realidad es
el mismo impuesto a las Transacciones Financieras previsto en el Decreto
Legislativo 2331 de 1998.
4.4.2.          Análisis
de los cargos
4.4.2.1.       Tributos transitorios
decretados por virtud del Estado de Emergencia Económica y tributos permanentes
de creación legislativa.
Sostiene el
accionante que un tributo creado, de manera excepcional y con carácter
transitorio, al amparo de las facultades propias del estado de emergencia
económica, solamente puede llegar a tener el carácter de permanente, si el
legislativo dentro del año siguiente a la declaratoria del estado de
emergencia, le concede tal condición.
De acuerdo con el
inciso 3º del artículo 215 de la Constitución, cuando en desarrollo de las
facultades del estado de emergencia económica, se hayan establecido nuevos
tributos o se hayan modificado los existentes, “... las medidas dejarán de
regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso,
durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”.
La decisión sobre
mantener o no la vigencia un tributo establecido mediante  decreto de
Emergencia Económica es potestativa del Congreso, el cual deberá adoptarla a la
luz de las valoraciones que haga sobre factores tales como, la situación
económica del país, los requerimientos de la política fiscal, la equidad
tributaria, etc. Cuando, vencido el término previsto en la Constitución, el
Congreso no otorga el carácter de permanente al tributo, el mismo pierde su
vigencia, esto es, deja de existir en el ordenamiento jurídico.
Lo anterior no
quiere decir, sin embargo, que habiéndose establecido un tributo mediante
decreto de emergencia económica, y si el Congreso no le otorga el carácter de
permanente dentro del año siguiente, tal impuesto, en sus modalidades de hecho
y base gravables, sujetos pasivos, etc, quede, hacia el futuro, excluido de
manera definitiva del ordenamiento jurídico, de manera que no pudiese el
Congreso, en ejercicio de sus competencias ordinarias establecer un gravamen
que tuviese las mismas características.
Resulta equivocado
pensar que la falta de ejercicio de la atribución establecida para el Congreso
en el artículo 215 de la Constitución Política, conduce a la imposibilidad de
que en el futuro se ejerciten las potestades constitucionalmente reconocidas al
legislador en materia tributaria por virtud de los numerales 11º y 12º del
artículo 150, en armonía con el artículo 338 de la Carta, que establecen el
principio de legalidad en materia tributaria.
Es claro que la
opción constitucional derivada del artículo 215, tiene como finalidad, permitir
que un tributo previamente creado de manera transitoria, si resulta adecuado
para el cumplimiento de los fines del Estado, pueda mantener su vigencia dentro
del ordenamiento jurídico, previa decisión favorable del Congreso en torno a su
adopción. Se trata, en este caso, de evitar la solución de continuidad en la
vigencia del tributo y por consiguiente ello debe producirse dentro del término
de la vigencia original del mismo, única hipótesis conforme a la cual la intervención
del Congreso tiene como consecuencia que los tributos decretados por virtud de
la emergencia no “dejen de regir”.  Cuando la ley que crea como permanente un
tributo que previamente había sido establecido como transitorio mediante
Decreto de Emergencia Económica, se produce cuando tal tributo transitorio ya
ha dejado de regir, la consecuencia no es la de que el impuesto transitorio
continuará rigiendo, pues tal continuidad es un imposible fáctico, sino que
debe entenderse, que el legislador creó un nuevo tributo, idéntico o similar en
su configuración, a uno que rigió en el pasado.
Aunque en ambos
eventos se mantiene incólume el principio de legalidad del tributo, el mismo
responde, en cada caso a situaciones disímiles que se traducen en la singularidad
de su desarrollo.
Con base en las
anteriores consideraciones, encuentra la Corte que por este primer concepto, no
está llamado a prosperar el cargo contra las normas bajo examen, las cuales
responden al ejercicio ordinario de la función legislativa en materia
tributaria.
4.4.2.2.      El carácter de “nuevo” del
Gravamen a los Movimientos Financieros frente a la previsión del artículo 357
de la Constitución.
Cabe
señalar, en primer lugar, que, en general, el carácter de “nuevo” de un
tributo, condición que tiene significación para distintos efectos
constitucionales, no depende de la calificación que al respecto se haga en la
ley que lo crea, sino de la circunstancia de ser distinto de aquellos que estén
rigiendo en el momento de su expedición. Sin embargo no por ello la norma que
haga una tal calificación es, por ese solo hecho, inconstitucional, porque la
misma puede tener un sentido pedagógico, que oriente la aplicación de la norma,
cuando efectivamente se trate de un nuevo impuesto.
Por otra parte,  no
basta con que un impuesto sea nuevo para que, de manera automática, quede
excluido del cálculo de las participaciones de que trata el Artículo 357
Superior, sino que se requiere que el propio Congreso así lo determine. En este
caso el legislador, de manera expresa, en el artículo 55 de la ley demandada
dispuso que "[d]e conformidad con el inciso 2º del parágrafo del artículo
357 de la Constitución Política, el nuevo gravamen a los Movimientos
Financieros que se crea por la presente ley, está excluido de la participación
que les corresponde a los municipios en los ingresos corrientes de la Nación
hasta el año 2009.
El inciso segundo del parágrafo del artículo 357 de la
Constitución contiene una garantía para los municipios, al establecer que sólo
podrán excluirse del cálculo de su participación en los ingresos corrientes de
la nación, los nuevos impuestos, cuando así lo determine el legislador. En este
contexto, la expresión “nuevos” debe entenderse por oposición a aquellos
impuestos cuyo producido es objeto de participación de los municipios. Así, la
misma disposición establece que los ajustes sobre los impuestos existentes,
esto es, aquellos que son objeto de la participación, estarán excluidos de la
misma durante el primer año de vigencia.
El Gravamen sobre
los Movimientos Financieros, no solo fue creado como nuevo por la ley, sino que
no correspondía a ninguno sobre el que se hubiese aplicado la participación de
los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.
Debe
tenerse en cuenta que el impuesto establecido en el Decreto 2331 de 1998, dejó
de regir al  vencimiento de la vigencia fiscal de 1999, sin que el Congreso de
la República le hubiese atribuido carácter permanente. Adicionalmente, el
propio artículo 357 de la Constitución dispone que estarán excluidos de la
participación que allí se dispone, los impuestos que se arbitren por medidas de
emergencia económica. Luego, si ese fuese el caso, el legislador cuando decide
darle carácter permanente a ese impuesto, podría, sin vulnerar el artículo 357,
conservar esa misma condición en relación con la participación de los
municipios, porque claramente, a ese efecto sería un impuesto nuevo, en la
medida en que hasta ese momento no estaba comprendido dentro de aquellos que
constituían la base para el cálculo de la participación.
A su vez, el
impuesto creado por la Ley 508 de 1999 y luego reintroducido por el Decreto 955
de 2000, dejó de regir como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad
de esas disposiciones.
Por otra parte, el
artículo 17 de la Ley 608 de 2000 preveía que el
impuesto a las transacciones financieras se continuaría aplicando, con carácter
temporal y destinación específica, hasta el 31 de diciembre del año 2000,
período que la propia Ley prorrogaba hasta febrero de 2001. En el mismo
artículo se disponía que “[d]e conformidad con el inciso segundo del parágrafo
del artículo357 de la Constitución Política, el impuesto aquí establecido
estará excluido de la participación que le corresponde a los municipios en los
ingresos corrientes.”
En
cualquier caso, para los efectos de lo previsto en el artículo 357 de la
Constitución, todas las disposiciones por medio de las cuales, antes de la Ley
633 de 2000, se había regulado un impuesto sobre las transacciones financieras,
lo contemplaban como temporal, con destinación específica y de manera expresa
lo excluían de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de
la Nación, salvo el Decreto 2331 de 1998, en el que tal exclusión, como lo
señaló la Corte, se deriva directamente de la Constitución.
En el presente
caso, observa la Corte que el Gravamen sobre los Movimientos  Financieros
previsto en la Ley 633 de 2000, se creó como nuevo casi un año después de que
el establecido en el Decreto 2331 de 1998 dejó de regir, razón por la cual es
claro que las disposiciones acusadas no se encuadran en la hipótesis normativa
del artículo 215. Por tratarse de un tributo nuevo, en la medida en que hasta
ese momento no había sido incorporado para el cálculo de la participación
prevista en el artículo 357 de la Carta, podía el legislador disponer, como en
efecto lo hizo, al amparo de lo previsto en el parágrafo del mismo artículo,
que el gravamen se excluyese de la participación de los municipios en los
ingresos corrientes de la Nación.
Por
las razones anotadas, las disposiciones acusadas habrán de declararse
exequibles.
5.      Beneficio especial de auditoría,
transacción del IVA para los responsables del impuesto en el servicio de
restaurante, conciliación contenciosa administrativa en materia tributaria y
transacción en la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos
tributarios.
Normas
demandadas: Artículos 4; 27, parágrafo transitorio; 101 y 102 de la Ley 633 de
2000.
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Preámbulo, artículos 1; 13; 63;
95, num. 9; 209 y 363.
A
continuación se transcribe el texto de las normas demandadas:
Artículo 4º.     Beneficio especial de auditoría.                    Las
liquidaciones privadas de los años gravables 2000 y anteriores de los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que incluyan en
su declaración correspondiente al año gravable 2000, activos representados en
moneda extranjera, poseídos en el exterior a 31 de diciembre del año 1999 y no
declarados, quedarán en firme dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de presentación de la declaración del año 2000, en relación con la
posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos
correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, siempre
y cuando no se haya notificado requerimiento especial en relación con ingresos
diferentes o los originados por comparación patrimonial y se cumpla con las
siguientes condiciones:
1.         Presentar la declaración de renta del año
2000 y cancelar o acordar el pago de la totalidad de los valores a cargo,
dentro de los plazos especiales que se señalen para el efecto, los cuales
vencerán a más tardar el 9 de abril del año 2001.
2.         Liquidar y pagar en un recibo oficial de
pago en bancos, un valor equivalente al tres por ciento (3%) del valor
patrimonial bruto de los activos representados en moneda extranjera, poseídos
en el exterior a 31 de diciembre de 1999, que se incluyan en el patrimonio
declarado a 31 de diciembre del año 2000. Este valor no podrá ser afectado por
ningún concepto.
3.         En el caso de contribuyentes que pretendan
acogerse al beneficio y no hayan declarado por los años gravables 1999 y
anteriores, presentar en debida forma estas declaraciones y cancelar o acordar
el pago de los valores a cargo que correspondan por concepto de impuestos,
sanciones, intereses y actualización, a más tardar el 9 de abril del año 2001.
Del porcentaje mencionado en el numeral segundo de
este artículo, dos (2) puntos serán cancelados a título de impuesto sobre la
renta y un (1) punto como sanción por la omisión de activos de que trata el
artículo 649 del Estatuto Tributario.
La preexistencia a 31 de diciembre de 1999 de los
bienes poseídos en el exterior, se entenderá demostrada con su simple inclusión
en la declaración de renta del año 2000.
Cumplidos los supuestos señalados en el presente
artículo y en firme las liquidaciones privadas en relación con los conceptos
señalados en el inciso primero de este artículo, el contribuyente no podrá ser
objeto de investigaciones ni sanciones cambiarias, por infracciones derivadas
de divisas que estuvieren en el exterior antes del primero de agosto del año
2000, siempre y cuando a la fecha de vigencia de esta ley no se hubiere
notificado pliego de cargos respecto de tales infracciones.
Artículo 27.    Bienes que no causan el impuesto.
Modifícanse unas partidas arancelarias, adiciónase un inciso y modifícanse los
parágrafos del artículo 424 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
(...)
Parágrafo transitorio.             Los responsables
del IVA por el servicio de restaurante, a quienes se les notifique o se les
haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial o
liquidación de revisión, podrán transar antes del 31 de julio del año 2001 con
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta el 50% del mayor impuesto
discutido como consecuencia de los requerimientos especiales o liquidaciones de
revisión, así como el valor total de las sanciones, intereses y actualización
según el caso; lo anterior, siempre y cuando no se haya interpuesto demanda
ante la jurisdicción contencioso administrativa, y el responsable corrija su
declaración privada pagando el cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto
o determinado oficialmente.
Para tales efectos dichos responsables deberán
adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del
impuesto sobre la renta del año gravable 1999 y del pago o acuerdo de pago de
las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas correspondientes a los
periodos materia de discusión y de los valores transados.
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la
actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo, de conformidad
con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y con su
cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las
sumas en discusión".
Artículo 101.              Conciliación contenciosa
administrativa tributaria. Los contribuyentes y responsables de los impuestos
sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacional, que hayan
presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de esta ley,
con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán
conciliar antes del día 31 de julio del año 2001, con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales hasta un veinte (20%) por ciento del mayor impuesto
discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando
el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo
anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento
(80%) del mayor impuesto y su actualización en discusión.
Si se trata de una demanda contra una resolución que
impone una sanción, se podrá conciliar hasta un veinte por ciento (20%) el
valor de la misma, para lo cual se deberá pagar el ochenta por ciento (80%) del
valor de la sanción y su actualización, según el caso.
Cuando el proceso contra una liquidación oficial se
halle en única instancia o en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, se
podrá conciliar sólo el valor total de las sanciones e intereses, siempre que
el contribuyente o responsable pague el ciento por ciento (100%) del mayor
impuesto y su actualización en discusión.
Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del
pago o acuerdo de pago de:
a)         La liquidación privada de impuesto sobre la
renta por el año gravable 1999 cuando se trate de un proceso por dicho
impuesto;
b)         Las declaraciones del impuesto a las ventas
correspondientes al año 2000, cuando se trata de un proceso por dicho impuesto;
c)         Las declaraciones de retención en la fuente
correspondientes al año 2000, cuando se trate de un proceso por este concepto;
d)        De los valores conciliados, según el caso.
El acuerdo conciliatorio prestará mérito ejecutivo de
conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario,
y hará tránsito a cosa juzgada.
Lo no previsto en esta disposición se regulará
conforme a la Ley 446 de 1998 y el Código Contencioso Administrativo, con
excepción de las normas que le sean contrarias.
Las disposiciones contenidas en el presente artículo
podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del
impuesto al consumo.
Artículo 102.
Terminación por mutuo acuerdo de los
procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de los
impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se
les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, Requerimiento Especial,
Pliego de Cargos, Liquidación de Revisión o Resolución que impone sanción,
podrán transar antes del 31 de julio del año 2001 con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales:
a)         Hasta un cincuenta por ciento (50%) del
mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el
valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, en el
evento de no haberse notificado liquidación oficial; siempre y cuando el
contribuyente o responsable corrija su declaración privada, y pague el
cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto;
b)         Hasta un veinticinco por ciento (25%) del
mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización
según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no
hayan interpuesto demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y el
contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y
cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;
c)
Hasta un cincuenta por ciento (50%) del
valor de la sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de un pliego
de cargos, en el evento de no haberse notificado resolución sancionatoria,
siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento (50%) de la sanción
propuesta;
d)        Hasta un veinticinco por ciento (25%) del
valor de la sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor de la sanción impuesta.
Para tales efectos dichos contribuyentes deberán
adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del
impuesto de renta por el año gravable de 1999, del pago o acuerdo de pago de la
liquidación privada del impuesto o retención según el caso correspondiente al
período materia de la discusión, y la del pago o acuerdo de pago de los valores
transados según el caso.
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación
administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo
señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y con su
cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las
sumas en discusión.
Los términos de corrección previstos en los artículos
588, 709 y 713 del Estatuto Tributario se extenderán temporalmente con el fin
de permitir la adecuada aplicación de esta disposición, y la del parágrafo
transitorio del artículo 424 del Estatuto Tributario.
Las disposiciones contenidas en el presente artículo
podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del
impuesto al consumo.
5.1.   Argumentos del demandante
El
actor señala que las normas transcritas constituyen amnistías tributarias
“disfrazadas”, que generan una discriminación desproporcionada y sin razón en
favor de algunos contribuyentes en desmedro de otros, lo cual conduce a la
violación del principio de generalidad del tributo y los postulados de
justicia, equidad, eficiencia y progresividad .
Para
apoyar sus argumentos cita la sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), en la cual -señala- se proscriben las amnistías o saneamientos
tributarios por violar los principios de igualdad y de equidad.
5.2.   Intervenciones
5.2.1. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Se
refiere el experto técnico a dos aspectos puntuales: las amnistías tributarias
y los métodos alternos de solución de conflictos tributarios. Con relación al
primero, tacha de censurable la actitud del legislador de acudir a formalismos
como utilizar el nombre de “beneficio de auditoría” que posee cierto apoyo en
la ley tributaria (art. 689 ET) con el objeto de “superar” la crítica efectuada
a las amnistías, que ya han sido prohibidas por la Corte. En cuanto a los
métodos alternos de solución de controversias tributarias, el Instituto
considera que éstos vulneran el principio de la igualdad y de la generalidad,
indicando que las llamadas “conciliaciones y transacciones” además de no ser
tales, no se adoptaron con carácter permanente, uniforme y general.
5.2.2. Intervención  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En
defensa de las normas citadas argumenta el Ministerio que el Estado debe
promover la recaudación de los recursos públicos e implementar fórmulas para
solventar la crisis económica y favorecer el pago de las acreencias
tributarias,  lo que le otorga validez del tratamiento discriminatorio que las
normas demandadas efectúan, en razón a la difícil situación económica que sufre
el país y que ha conllevado a que gran parte de los contribuyentes incumplan
con sus obligaciones.
Finalmente
resalta  el carácter de bienes fiscales que ostentan las acreencias tributarias
, señalando que yerra el actor al otorgarle a este tipo de obligaciones el
carácter de bienes de uso público.
5.2.3. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
La
DIAN solicita se declare la exequibilidad de las normas que consagran
mecanismos alternos de solución de conflictos tributarios, basándose en los
argumentos que a continuación se exponen:
-        Tanto en la transacción como en la
conciliación que prevé la Ley 633 , el criterio que busca introducir el
legislador es el de la resolución voluntaria de conflictos, lo cual va dirigido
a todos aquellos contribuyentes que tengan una discusión o litigio pendiente en
materia tributaria y no al deudor moroso, como se hizo evidente en los
saneamientos introducidos por la Ley 223 de 1995.
-       Estos
mecanismos permiten terminar por mutuo acuerdo las discusiones tributarias
pendientes en la vía gubernativa; así ante la existencia de una relación
jurídica tributaria de carácter incierto referida a unos mayores tributos en
discusión, es jurídicamente viable aceptar que las partes por mutuo acuerdo
pongan fin a su controversia sin necesidad de acudir a la jurisdicción
contencioso administrativo.
-       Los
preceptos acusados no violan los principios de igualdad y equidad tributaria,
ya que estos métodos alternos de solución de conflictos no se dirigen a favor
de unos cuantos  contribuyentes, sino de todos aquellos que quieran hacer uso
de los mismos.
5.3.    Concepto del Procurador General de la
Nación
Afirma
el Ministerio Público que las normas citadas vulneran los artículos 13, 95
numeral 9º y 209 de la Carta, ya que desconocen el principio de igualdad ante
las cargas públicas, facilitando que la condición de “morosos” se constituya en
un título para ver reducida la carga tributaria. Señala igualmente, que  los
problemas de eficiencia del Estado no pueden resolverse a costa de la igualdad
tributaria,  razón por la cual, si bien el legislador puede crear incentivos
con el objeto de recaudar obligaciones fiscales, estas sólo pueden ser viables
si tienen un efecto hacia el futuro.
5.4.   Consideraciones de la Corte
Inhibición para decidir de fondo
Las
disposiciones acusadas en este acápite de la demanda tienen como elemento en
común el ser normas de efecto temporal. En efecto, ellas contemplan la
posibilidad de que, hasta una fecha cierta que se extendía máximo hasta el 31
de julio de 2001, se lleven a cabo ciertas conductas que generan efectos en
materia tributaria. Vencido ese término, por un lado, las conductas que se
hayan realizado conforme a las previsiones de la ley, adquieren la condición de
situaciones jurídicas consolidadas en cabeza de particulares, y, por otro, las
normas pierden su fuerza normativa, puesto que se habría extinguido la
posibilidad de que se verifique el supuesto fáctico que ellas contemplan.
Como quiera que durante el trámite del proceso de
constitucionalidad en la Corte, las normas demandadas perdieron su vigor y ya
no se encuentran produciendo efectos,  no es procedente, en principio, que la
Corte se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la demanda, ya que la
decisión que se adoptase sería, en cualquier caso, inocua, en la medida en que
si el sentido del fallo de inexequibilidad es impedir que se mantenga en el
ordenamiento una norma contraria a la Constitución, ello ya habría acontecido
por el agotamiento del período de vigencia de las disposiciones acusadas y si
el fallo fuese de exequibilidad, equivaldría a decir que debe mantenerse en el
ordenamiento una norma, que por virtud del efecto temporal que le asignó el
legislador, ya no está rigiendo. Podría pensarse que si en ejercicio de su
potestad para modular el efecto de sus sentencias la Corte decidiese emitir un
fallo con efecto retroactivo, tal fallo no sería inocuo, Sin embargo, observa
la Corte que puesto que ab initio se ha detectado que como efecto de la
aplicación de las normas acusadas, se habrían producido situaciones jurídicas
consolidadas en cabeza de particulares, ello impediría un pronunciamiento en
este sentido, puesto que el mismo atentaría con el principio de seguridad
jurídica y expresas disposiciones de la Carta sobre derechos adquiridos.
Sobre este particular la Corte, en pronunciamiento
que resulta aplicable al presente caso, señaló:
“La Corte, sin embargo, al efectuar
el examen para decidir sobre las pretensiones del actor encuentra que no es
procedente pronunciarse de fondo por cuanto, tal como lo expuso el señor
Procurador General de la Nación, la disposición en estudio impuso una
nivelación salarial que debía producirse en un lapso de tiempo ya transcurrido
-entre 1994 y 1998- con base en la disponibilidad presupuestal de las
respectivas vigencias fiscales anuales, de tal manera que el pronunciamiento de
esta Corporación respecto de la constitucionalidad del inciso cuarto del
artículo 193 de la Ley 100 de 1993 no tendría utilidad alguna, porque, de
encontrarlo ajustado a la Constitución Política o de decidir su exclusión del
ordenamiento jurídico, los derechos adquiridos seguirían incólumes y la
situación de aquellos a quienes se pretendía proteger empero no fueron
beneficiados tampoco podría variar.
En consecuencia, carece de objeto
que la Corte se pronuncie respecto de una disposición que ya no está en vigor y
que tampoco está produciendo efectos, bien sea porque la desigualdad existente
alcanzó a ser corregida, en el período previsto, o por cuanto la sujeción de la
medida a una situación incierta le restó efectividad e hizo nugatorio su
propósito.
Así las cosas, escapa al control de ésta
Corporación, a quien se le ha confiado la guarda de la integridad de la
Constitución Política, pronunciarse respecto de normas que no integran el
ordenamiento jurídico y por tanto la Corporación, siguiendo sus propias
orientaciones jurisprudenciales[8],
deberá inhibirse para fallar de fondo.”
[9]
Tal como se ha señalado, para todas las disposiciones
acusadas en este aparte de la demanda, el legislador contempló un efecto
limitado en el tiempo, así:
-        El beneficio especial de auditoría previsto
en el artículo 4 de la Ley se aplicaría a aquellos contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios que, entre otras condiciones, presentasen la
declaración de renta del año 2000 y cancelasen o acordasen el pago de la
totalidad de los valores a cargo, dentro de los plazos especiales que se
señalasen para el efecto, los cuales vencerían a más tardar el 9 de abril del
año 2001.
-        De acuerdo con el parágrafo transitorio del
artículo 27 acusado, “Los responsables del IVA por el servicio de restaurante,
a quienes se les notifique o se les haya notificado antes de la vigencia de
esta ley, requerimiento especial o liquidación de revisión, podrán transar
antes del 31 de julio del año 2001 con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, ...”
-        El Artículo 101 demandado dispone que los
“... contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas,
retención en la fuente y timbre nacional, que hayan presentado demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo antes de la vigencia de esta ley, con respecto a la cual no se
haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar antes del día 31 de julio
del año 2001,...”
-        Conforme al Artículo 102 de la ley
demandada, los “... contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la
renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya
notificado antes de la vigencia de esta ley, Requerimiento Especial, Pliego de
Cargos, Liquidación de Revisión o Resolución que impone sanción, podrán transar
antes del 31 de julio del año 2001...”
En consecuencia, respecto de los anteriores
artículos, la Corte habría, en principio, de inhibirse de fallar de fondo.
Sin embargo, observa esta Corporación que la anterior
conclusión no tiene carácter absoluto, por cuanto, en precisas y particulares
condiciones, es posible que la Corte se pronuncie de fondo, aún cuando las
disposiciones acusadas hayan dejado de regir. Así, en Sentencia C-541 de 1993
la Corte expresó que:
“Agrégase como razón adicional que justifica el fallo
de fondo en el caso presente, que la demanda que ahora ocupa la atención de la
Corporación, se presentó1
y admitió2
cuando regía la Ley 1a. de 1992 a que pertenece la norma parcialmente acusada.
Por ello, y en aras de dar efectividad al derecho constitucional fundamental de
acceso a la justicia constitucional a través de la interposición y decisión de
acciones públicas que la Carta Política garantiza a todo ciudadano, en esta
oportunidad  la Corte debe observar el  principio conocido como ‘perpetuatio
jurisdictionis’ que para situaciones como la que aquí se configura, postuló la
Corte Suprema de Justicia3
cuando, para entonces, fungía de guardiana de la supremacía e integridad de la
Carta Política.
De acuerdo a la tesis que se prohija en este fallo, el
órgano de control conserva plena competencia para pronunciarse sobre normas cuya
derogatoria se produce después de iniciado el proceso y antes de que se dicte
el fallo, sin que pueda ser despojada de ella por ulterior derogatoria del
legislador ordinario o extraordinario.”
En el presente caso, las disposiciones acusadas
estaban rigiendo para el momento de la admisión de la demanda, razón por la
cual la Corte conserva su competencia para pronunciarse sobre su
constitucionalidad, aún cuando en el curso del proceso las mismas hayan dejado
de regir. Sin embargo, dadas las consideraciones que sobre este particular se
han hecho en la presente providencia, tal pronunciamiento solo cabe cuando se
presenten condiciones que le den sentido.
Así, estima la Corte que para garantizar el acceso a
la justicia constitucional, cabe hacer un pronunciamiento de fondo, en
desarrollo del principio de la perpetuatio jurisdictionis, cuando, no obstante
que la norma acusada ha perdido su vigencia, las disposiciones que ella
contiene, dada su vigencia limitada en el tiempo, escaparían a la posibilidad
del control de constitucionalidad y pueda observarse, prima facie, que ellas
son violatorias de la Carta, según lo que en asuntos relevantes se haya
expresado en la jurisprudencia constitucional.
En concreto, estima la Corte que en la medida en que
el denominado “beneficio especial de auditoría” se asimila a una amnistía, el
mismo es claramente violatorio de la Constitución, tal como de manera reiterada
lo ha expresado esta Corporación. Este tipo de medidas, que han sido
recurrentes en nuestro medio, por su carácter transitorio, escaparían al
control de constitucionalidad, razón por la cual, para, garantizar la
efectividad del derecho de acceso a la justicia constitucional y, en desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta,  evitar que, en el futuro, y
con el mismo carácter de transitorio, se reproduzca el contenido material de
las disposiciones que se declaren inconstitucionales, es necesario entrar al
examen de fondo de la disposición que consagra el citado beneficio.
Para
entender el sentido de la disposición, es preciso efectuar unos breves
comentarios acerca del procedimiento tributario, en especial con relación a la
figura del requerimiento especial a la que se refiere este artículo.
-
Cuando
el contribuyente presenta su declaración privada, y la administración tiene
indicios de inexactitudes en esta declaración, podrá enviarle al contribuyente
un emplazamiento para corregir. Dichas correcciones podrán ser presentadas a la
administración dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento.
(artículo 685 E.T).
-
Si
en cambio,  la administración va a efectuar una liquidación de revisión, con el
objeto de modificar la liquidación privada del contribuyente, debe previamente
enviarle un requerimiento especial a éste (Artículo 703 E.T.), en el cual le
explique los puntos de la declaración que pretende modificar, señalando
igualmente una cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y
sanciones que se pretende agregar a la liquidación privada.  Este requerimiento
puede hacerlo la administración a más tardar dentro de los dos años siguientes
a la fecha de vencimiento del plazo para declarar, o de la fecha en la que se
presentó la declaración si esta es extemporánea, ya que transcurrido este
término, se configura pro regla general, el fenómeno de la firmeza de la
declaración(Artículo 705 E.T.). por su parte, el contribuyente cuenta con tres
meses para contestar este requerimiento.
-
Una
vez surtida la etapa del requerimiento, la administración puede proceder a
efectuar la liquidación oficial cuyo contenido establece el artículo 712 del
Estatuto Tributario. Esta liquidación, debe limitarse  a la declaración del
contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento
especial.
Este conjunto de
procedimientos constituyen una garantía para el contribuyente, a través de la
cual se establecen términos perentorios para que la administración pueda
revisar y corregir las declaraciones del impuesto de renta y complementarios
presentadas por éste .
Estas normas procedimentales,
además de  favorecer la seguridad jurídica, propugnan por el mantenimiento de
la equidad tributaria, ya que los sujetos pasivos del impuesto adquieren
certeza sobre el momento en el cual adquieren firmeza las declaraciones
presentadas por ellos, y sobre el alcance de las facultades de corrección y
modificación de sus declaraciones por parte de la administración.
- El beneficio de Auditoría
Como un
mecanismo para estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias, el legislador estableció que, como contraprestación al aumento de
la tributación por parte del contribuyente, se aplicarán unas limitaciones a la
iniciativa de modificación del impuesto por parte de la administración,
consistentes en  la reducción a 12 meses del plazo para la firmeza de la
liquidación privada y la garantía de que la selección para  investigación con
miras a  realizar una liquidación de revisión, será efectuada por programas de
computador.
- Antecedentes Legislativos
El artículo 22 de
la Ley 488 de 1998, adicionó el  Estatuto Tributario con el artículo 689-1, con
el objeto de establecer el beneficio de auditoría para las declaraciones del
impuesto sobre la renta del año gravable de 1998; consistente fundamentalmente
en disminuir el término para que se produzca la firmeza de las liquidaciones
privadas, en contraprestación al incremento del impuesto a cargo del
contribuyente. El artículo era del siguiente tenor:
“Art. 22 Beneficio de auditoría por el año
gravable de 1998. La liquidación privada del año gravable de 1998 de los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su
impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%)
frente al impuesto neto de renta del año 1997, quedará en firme dentro de los
seis (6) meses siguientes a su presentación oportuna, siempre y cuando cancelen
el valor a cargo por dicha vigencia dentro de los plazos que se señalen para el
efecto… “
La
Ley 633 de 2000, modificó el artículo antes citado consagrando el beneficio de
auditoría para los períodos gravables de 2000 a 2003, el cual  consistente
básicamente en la reducción del plazo de firmeza de la declaración del impuesto
sobre la renta a 12 meses, en aquellos eventos en los cuales el contribuyente haya
incrementado el impuesto neto de renta en un porcentaje igual o superior al
doble de la inflación del respectivo período, y siempre y cuando no  se le haya
notificado emplazamiento para corregir.[10]
Como puede observarse, tanto el artículo
original como la reforma introducida por la Ley 633 de 2000, consagran un
beneficio a futuro reduciendo el término de firmeza de la declaración
tributaria, como contraprestación al aumento por parte del contribuyente del
impuesto a cargo.
- El Beneficio Especial de Auditoría
Además del artículo ya mencionado en el
acápite anterior, la Ley 633 de 2000, introdujo mediante el artículo 4
demandado una nueva figura denominada “beneficio especial de auditoría”,
mecanismo que dista enormemente de el beneficio de auditoría consagrado en el
artículo 689.1 del Estatuto Tributario, como a continuación pasará a
explicarse.
Este
“beneficio” -consistente en la disminución del plazo para que se produzca la
firmeza de la declaración de 2 años a 4 meses- se prevé hacia el pasado (las
liquidaciones privadas del año gravable 2000 y anteriores), a diferencia de lo
consagrado en el tantas veces citado, artículo 689-1,  y no se consagra como
una forma de estimular el pago voluntario de la obligación tributaria a través del
incremento del impuesto a cargo, sino que se establece como contrapartida a la
inclusión en la declaración de renta del año gravable 2000, de los activos en
moneda poseídos a diciembre 31 de 1999 y no declarados.
Además
de el beneficio atinente a la reducción del plazo de firmeza de la declaración
tributaria, el artículo acusado reduce el valor a pagar por dichos activos, al
3% del valor patrimonial bruto de los mismos, de los cuales 2 puntos
corresponderán al impuesto de renta y 1 punto como sanción por la omisión de
activos, sanción que por regla general es del 5% (artículo 649 E.T.) .
De
acuerdo con lo anterior, se observa que esta norma constituye una amnistía que
está favoreciendo a los morosos que ocultaron activos que poseían a 31 de
diciembre de 1999 en su declaración tributaria, violando el principio de
equidad frente a quienes declararon y pagaron oportunamente el impuesto
correspondiente a dichos activos.
Este
tipo de medidas, que violan el principio de igualdad ante las cargas públicas y
la equidad tributaria, han sido proscritas por esta Corte, respecto a lo cual,
ha señalado: [11]
“Se pervierte la regla de justicia,
que ordena tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de modo
desigual. El criterio que introduce el legislador para conceder el beneficio es
el estado de mora del deudor, de suerte que al desacatar con esta decisión el
principio de imparcialidad, la aplicación de la norma inexorablemente conduce a
una situación inequitativa, como que quienes cumplieron oportuna y fielmente
con su deber de tributar son tratados  peor que  los que no lo  hicieron. La
equidad tributaria se desconoce cuando se deja de lado el principio de igualdad
en las cargas públicas. La condición de moroso no puede ser título para ver
reducida la carga tributaria.”
No es posible,
sin quebrantar el orden constitucional, consagrar una amnistía tributaria cuya
única justificación consiste en la calidad de moroso del contribuyente
beneficiario. Esto es así, porque el contribuyente entró en mora desde el
momento en que debió haber declarado dichos activos y no lo hizo, luego, en
virtud de una norma posterior, se le autoriza “legalizar” estas partidas y como
contraprestación, como ya se dijo, se disminuye el impuesto a la renta al 2% y
la sanción por omisión de activos al 1%, colocándolo en una situación
privilegiada frente al contribuyente cumplido, que canceló oportunamente el
impuesto a cargo sometiéndose a tarifas más altas.
De acuerdo con
lo expresado, la norma deberá declararse inexequible, sin que, empero, tal
declaratoria tenga efectos retroactivos, ya que en desarrollo del principio de
la buena fé consagrado en el artículo 83 superior, no pueden afectarse
situaciones jurídicas consolidadas, de aquellos contribuyentes que se acogieron
a lo dispuesto  en la norma, durante el término de su vigencia.
6.      Atribuciones tributarias del legislador
indebidamente delegadas al Gobierno Nacional
Normas demandadas:
Artículo 16 de la Ley 633 de 2000.
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículos 150, numerales 11º  y
12º, y 338.
A continuación se
transcribe el texto del artículo acusado, subrayando el aparte demandado:
Artículo 16.    Exclusiones de la renta presuntiva.
Modifícanse los incisos primero y cuarto y adiciónanse dos incisos al artículo
191 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"De la presunción establecida en el artículo 188
se excluyen las entidades del Régimen Especial de que trata el artículo 19.
Tampoco están sujetos a la renta presuntiva las empresas de servicios públicos
domiciliarios, los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de
cesantías contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto y las empresas
del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así
como las empresas de transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren
metropolitano.
...
A partir
del año gravable 2000, no están sometidas a renta presuntiva las empresas de
servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de generación de
energía; las entidades oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento de
aguas residuales y de aseo; las sociedades en concordato; las sociedades en
liquidación, las entidades sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la liquidación o que hayan
sido objeto de toma de posesión, por las causales señaladas en los literales a)
o g) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; los bancos
de tierra de los distritos y municipios destinados a ser urbanizados, y por los
años gravables 2001, 2002 y 2003, las sociedades titularizadoras de cartera
hipotecaria.
Igualmente,
no estarán sometidas a renta presuntiva las sociedades anónimas de naturaleza
pública, cuyo objeto principal sea la adquisición, enajenación y administración
de activos improductivos de su propiedad, o adquiridos de los establecimientos
de crédito de la misma naturaleza.
A
partir del 1º de enero del año 2001 y por el término de dos (2) años, también
estará excluida de renta presuntiva la compra de acciones en sociedades
nacionales. Este beneficio no aplicará para la recompra de acciones ni para las
transacciones entre vinculados económicos, miembros de un grupo empresarial y
beneficiarios reales.
El Gobierno Nacional reglamentará la forma en que se aplicará esta
exclusión, y tendrá facultad para prorrogar por dos (2) años más dicho
beneficio".
6.1.   Argumentos del Demandante:
Afirma
el demandante que la norma demandada, relativa a la exclusión de la renta
presuntiva por dos años para la compra de acciones de sociedades nacionales,
está delegando al Gobierno la facultad de prorrogar por dos años más la
exclusión de la renta presuntiva en el citado caso , vulnerando de esta manera
lo preceptuado en los artículos 150 Numerales 11 y 12 y 338 de la Constitución
en los que se señala que corresponde a la ley, ordenanzas y acuerdos fijar
directamente los elementos básicos del tributo.
Además
señala  que el artículo 16 de la Ley 633  está facultando indebidamente  al
Gobierno, para que por vía de reglamento fije los hechos y las bases gravables.
6.2.   Intervenciones
6.2.1. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Señala
el experto técnico que el cargo contra el artículo 16 de la Ley 633 de 2000
resulta fundado, ya que la norma es ambigua y carece de precisión, razón por la
cual atenta contra la seguridad jurídica.
6.2.2.         Intervención
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
La
DIAN solicita la declaratoria de exequibilidad del artículo 16 de la ley, con
base en que es el legislativo quien ha establecido como renta líquida especial
la renta presuntiva y ha fijado sus exclusiones, delegando en el ejecutivo de
manera exclusiva la reglamentación de la forma como dichas exclusiones se deben
aplicar; lo cual se ajusta a los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la
Constitución.
6.3.    Consideraciones
de la Corte.
6.3.1.          Problema
jurídico
Para resolver el cargo planteado en este
aparte de la demanda, la Corte debe resolver las siguientes cuestiones:
-        Si
resulta violatorio de la Constitución atribuir al Gobierno la reglamentación de
la forma como deberá operar la exclusión de la compra de acciones en sociedades
nacionales de la renta presuntiva, por cuanto, frente a la ambigüedad de la
ley, ello atenta contra el principio de legalidad del tributo.
-        Si la facultad que la norma
acusada otorga al Gobierno para prorrogar por dos años más, el citado
beneficio, es contraria a la Constitución por incidir en el ámbito de reserva
legal del tributo.
6.3.2.          Análisis de los cargos
6.3.2.1.       La regulación legal de las exclusiones
tributarias y la potestad reglamentaria.
La determinación
de la base gravable[12]
del impuesto a la renta se lleva a cabo a través de uno de dos sistemas: el de
la renta liquida o el de la renta presuntiva.
El sistema de la
renta liquida se encuentra establecido en el artículo 26 del Estatuto
Tributario, según el cual, la “renta líquida gravable se determina así: de la
suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o
periodo gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del
patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente
exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se
obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el
caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene
la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo
cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta
líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley”.
El sistema de la
renta presuntiva es una excepción legal de la aplicación de la renta líquida
como renta gravable, prevista en el artículo 188 del Estatuto Tributario,
conforme al cual, se presume que la renta mínima obtenida por el contribuyente,
no es inferior “... a la cifra que resulte mayor entre el cinco por ciento (5%)
de su patrimonio líquido o el uno y medio por ciento (1.5%) de su patrimonio
bruto, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior”.
Una vez
determinada la renta líquida y la renta presuntiva, se aplica la tarifa del
impuesto a la que resulte mayor, esto por cuanto el artículo 188 del Estatuto
Tributario, supone que la renta líquida no puede ser inferior a la presuntiva.
Para la
determinación de la base gravable, bien sea en el sistema de la renta líquida o
en el de la renta presuntiva, la legislación tributaria consagra unos fenómenos
que permiten constituir su cobertura y alcance.
El sistema
tributario parte de manera genérica de la existencia de lo que la doctrina
denomina inclusiones, es decir, de todos aquellos ingresos con aptitud para
enriquecer al contribuyente. Pero con base en criterios lógicos y de
oportunidad o conveniencia, de manera taxativa la ley permite que determinados
componentes se resten de la citada base.
De esta suerte,
en el sistema es posible encontrar exclusiones, costos, deducciones,  y
exenciones, conforme a los cuales el tributo se adecua a los criterios de
justicia, equidad y razonabilidad, y responde a específicas consideraciones del
legislador sobre sus alcances, en función tanto de los objetivos del tributo, y
en general de la política fiscal, como de la situación del contribuyente y su
poder contributivo.
Las exclusiones
pueden tener su origen en consideraciones lógicas, cuando se derivan de la
misma definición del tributo, pero pueden, también tener una naturaleza legal,
cuando ante determinadas situaciones de ambiguedad, el legislador excluye
taxativamente ciertas rentas que de suyo podrían considerarse como gravables.
Para algunos doctrinantes las exclusiones legales, en ocasiones, por ausencia
de técnica legislativa, no son nada diferente a exenciones, las cuales son
aquellos valores que en principio forman parte de lo que sería la renta
gravable, pero luego son excluidos de ellas por la voluntad del legislador.
Tratándose del
sistema de renta presuntiva, en cuanto que se trata de una metodología que,
para determinar la base gravable, acude a elementos ajenos al hecho generador,
pero que permiten razonablemente estimarlo en un mínimo, los conceptos de
inclusiones y exclusiones tienen ciertas particularidades. En tal caso las
inclusiones se refieren al patrimonio, y las exclusiones a aquellos activos que
no obstante formar parte del patrimonio no se toman en cuenta, por razones
lógicas o legales, para la determinación del tributo. En todo caso, también
aquí es posible que el legislador, al establecer exclusiones legales, en
estricto sentido lo que esté haciendo es determinando excepciones para la
aplicación de este método alternativo para la determinación de la base gravable
en el impuesto de renta.
Al respecto ha
precisado esta Corte: “... lo que ha llevado al legislador a consagrar estas
excepciones es la consideración de que determinados activos no son rentables, o
que su rentabilidad es reducida, o el propósito de evitar una doble tributación
o de estimular el mercado de valores, como sucede con la exclusión relativa a
los aportes y acciones en sociedades nacionales, no encuentra en ello la Corte
ningún motivo de vulneración constitucional. Antes bien, estas excepciones
propenden por la construcción de un orden social justo, en armonía con los
fines de la Carta Fundamental...”[13].
Tanto las
exclusiones como las exenciones o excepciones a la aplicación del sistema de
renta presuntiva contribuyen a la determinación de la base gravable del tributo
sobre la renta, y por lo tanto, al constituir uno de los elementos fundantes de
la obligación sustantiva tributaria, deben ser clara y expresamente
determinadas por el legislador.
Así lo dispone,
el artículo 338 de la Constitución, “... La ley, las ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos...”[14].
Al respecto ha
sostenido esta Corporación:
“...Un análisis
sistemático de las normas constitucionales en materia impositiva, permite
concluir que en época de normalidad, el legislador es el único llamado a regular
esta materia (artículo 338 de la Constitución), sin que pueda delegar en otro
órgano esta competencia. Por ello, es la Ley la que directamente debe fijar los
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, como las tarifas
de los impuestos...
...Dentro de
este contexto, y dadas las repercusiones de la decisión de establecer
exenciones, no sólo dentro del sistema de recaudo fiscal sino en relación con
los contribuyentes, el congreso es el único que puede ejercer esta facultad,
por ser restrictiva y excepcional. ¿Cómo? Fijando, expresamente los hechos, que
darán lugar a la exención, así como los sujetos beneficiarios y los requisitos
que se deben cumplir para el efecto...
..Por tanto,
quebranta el orden constitucional, la delegación que el Congreso realice, para
que sea otro órgano el que determine los sujetos beneficiarios de una exención
o los hechos que pueden dar lugar a ella. En este punto, se hace necesario
aplicar el mismo criterio restrictivo y celoso que rige para la imposición de nuevos
tributos...”[15].
En idéntico
sentido expresó: “ ...Considera la Corte que, además, la exención debe ser
contemplada en términos generales y abstractos, señalando el Congreso los
requisitos que deben configurarse para tener derecho a ella. Es decir, es
principio sobre la materia, correlativo al de la legalidad del tributo,
el de la legalidad de la exención, de lo cual resulta que no puede
concebirse la exención sin norma legal que la consagre. Así las cosas, es
inconstitucional que el Congreso faculte a un órgano administrativo para
reconocer exenciones en casos particulares...”[16].
Aunque los
citados pronunciamientos se refieren a la figura de la exención, son igualmente
aplicables para todas las técnicas que permiten determinar la base gravable de
un tributo, ya que en últimas, la finalidad de ellas, es la misma, la
cuantificación precisa de la medida o magnitud a la cual se aplica la tarifa.
Es claro
entonces, que el legislador tiene el deber de precisar en relación con las
exclusiones u otros fenómenos análogos, de manera directa: los sujetos
beneficiarios, los hechos que dan lugar a su ocurrencia y los requisitos que se
deben cumplir para alcanzar el citado beneficio.
El análisis de
la norma acusada
La norma acusada
(artículo 16 de la Ley 633 de 2000), en relación con la exclusión objeto de
estudio, determina que: “...A partir del 1º de enero del año 2001 y por el
término de dos (2) años, también estará excluida de renta presuntiva la compra
de acciones en sociedades nacionales. Este beneficio no aplicará para la
recompra de acciones ni para las transacciones entre vinculados económicos,
miembros de un grupo empresarial y beneficiarios reales.
El Gobierno
Nacional reglamentará la forma en que se aplicará esta exclusión...”.
De la simple
lectura de la norma se puede determinar que el legislador precisó, por una
parte, el hecho que da origen a la exclusión, es decir, la compra de acciones
en sociedades nacionales, y por otra, estableció los requisitos necesarios para
alcanzar el citado beneficio, los cuales consisten en la imposibilidad de
aplicarlo para la recompra de acciones, para las transacciones entre vinculados
económicos, o entre miembros de un grupo empresarial o beneficiarios reales.
Ahora bien, en
relación con los sujetos beneficiarios de la exclusión, la norma establece de
manera genérica, como titulares de la misma, a todas aquellas personas que
compren acciones en sociedades nacionales.
En la medida en
que el legislador ha previsto de manera completa los elementos fundantes de la
exclusión, la facultad reglamentaria conferida al Gobierno Nacional por la
norma bajo examen, solo puede tener por objeto la expedición de las normas de
carácter operativo para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.
La Corte ha
sostenido la compatibilidad de la potestad reglamentaria en asuntos tributarios
con el principio de legalidad. Ha señalado al respecto que:
“..El hecho de que sea una facultad restrictiva del
Congreso lo referente a la obligación tributaria, no implica que el Presidente
de la República no pueda ejercer su potestad reglamentaria, la cual no sólo es
legítima sino necesaria para ajustar a las circunstancias reales de la nación,
las disposiciones generales impuestas por el legislador...
... Si el legislador hace la ley, el ejecutivo tiene
el derecho - deber de encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de
lo real. Ejercer esa potestad no implica que el gobierno esté legislando, pues
el hecho de reglamentar una ley no equivale a legislar. Otra cosa es que el
acto reglamentario produzca, como debe ser, efectos jurídicos, lo cual es
apenas connatural a un Estado de derecho...”[17].
No obstante, la
potestad reglamentaria encuentra claros límites en la ley, de tal manera que no
puede modificar o cambiar su contenido esencial. Al respecto ha sostenido el
Consejo de Estado:
“... Si bien el poder reglamentario está implícito en
la necesidad y obligación del Gobierno de hacer cumplir las leyes, como antes
se anotó, su legitimidad deriva siempre de la ley reglamentada en donde
encuentra sus límites naturales sin que pueda el Presidente de la República
pretender sustituir la ley, para buscar una aplicación conveniente a través del
reglamento. En manera alguna la Constitución le otorga al Presidente de la
República la función de “arreglar la ley” para modificar, limitar o extender su
contenido...”[18].
La competencia
reglamentaria que la norma acusada señala para el Gobierno tiene por objeto la
regulación de  “... la forma en que se aplicará la exclusión”, es decir, el
legislador le confiere al Gobierno, la función de determinar, no los elementos
fundantes de la exclusión sino aquellos elementos accidentales y mutables que
requieren la intervención permanente o constante del ejecutivo, pero que no
alteran el contenido de la base gravable.
Dado que la facultad
de reglamentación contenida en la norma acusada únicamente cobija los elementos
accidentales o mutables de la exclusión, y no los elementos fundantes de la
misma, es decir, los sujetos beneficiarios, los hechos que dan lugar a su
ocurrencia y los requisitos que se deben cumplir para alcanzar el citado
beneficio, la misma no resulta contraria a la Constitución y así habrá de
declararse en la parte resolutiva de esta providencia.
6.3.2.2.      La facultad otorgada al Gobierno para prorrogar por
dos años más el citado beneficio.
Encuentra la
Corte que la posibilidad de que el Gobierno amplíe por dos años el término de
aplicación de la exclusión originalmente previsto en la ley resulta contraria a
la Constitución, por cuanto por ese medio se transfiere al Ejecutivo una
competencia exclusiva del legislador, como quiera que el término de vigencia de
un gravamen hace parte de la reserva de ley en materia tributaria.
Tal como está concebida la
norma, la exclusión que ella contiene rige para un periodo de dos años. La
extensión de dicho período por dos años más se deja a la decisión discrecional
del Gobierno, quien, sin embargo, conforme a la Constitución no puede ser
revestido de competencia para fijar los elementos de un tributo, salvo cuando
la propia Constitución lo permite, como en el caso de los estados de excepción
o respecto de las tarifas para tasas y contribuciones conforme al artículo 357
de la Carta.
Por las anteriores consideraciones, habrá de
declarase la inexequibilidad de la expresión “... y tendrá facultad para
prorrogar por dos (2) años más dicho beneficio”, del artículo 16 de la Ley 633
de 2000.
7.      Violación del principio de la territorialidad de la ley
Tributaria
Normas
demandadas: Artículos 29 y 134, en cuanto deroga la frase “lo anterior no se
aplica a los servicios de radio y de televisión” del literal g numeral 3º del
parágrafo 3º del artículo 420 del Estatuto Tributario.
Normas
constitucionales que se consideran infringidas : Artículos 4, 9 y 101.
A
continuación se transcribe el texto de los artículos acusados:
Artículo 29. Impuesto a las ventas para televisión
satelital. Adiciónase el numeral 3 del parágrafo 3° del artículo 420 del
Estatuto Tributario, con el siguiente literal:
"h) El servicio de televisión satelital recibido
en Colombia, para lo cual la base gravable estará conformada por el valor total
facturado al usuario en Colombia".
Artículo 134. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean
contrarias, en especial las siguientes: los artículos 115-1; 126-3; 175;
210; 214; 240-1; la frase "lo anterior no se aplica a los servicios de
radio y televisión" del literal g) del numeral 3 del parágrafo 3 del
artículo 420; parágrafo 1° del artículo 471; parágrafo del artículo 473;
710 incisos 4º y 5º; los incisos 2 y 3 del parágrafo del artículo 815; 815-2;
822-1; los incisos 2° y 3° del parágrafo del artículo 850 del Estatuto
Tributario; el artículo 8° de la Ley 122 de 1994; el artículo 27 de la Ley 191
de 1995; los artículos 41 y 149 de la Ley 488 de 1998; la frase "de
servicios" a que hace referencia el inciso primero del artículo 2º y los
artículos 18 a 27 de la Ley 608 de 2000; artículo 70 de la Ley 617 de 2000.
Exclúyase a los aeropuertos privatizados y/o que
operan en concesión del inciso segundo del artículo 160 del Decreto 1421 de
1993.
Parágrafo. Las normas legales referentes a los
regímenes tributario y aduanero especiales para el Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, continuarán vigentes, al igual que el Régimen
Aduanero Especial para el Departamento del Amazonas
7.1.   Argumentos del Demandante
Señala
el accionante que los artículos demandados convierten el servicio de televisión
satelital recibido en Colombia, y el servicio de radio por conexión o acceso
satelital, en servicios gravados con el impuesto sobre las ventas en Colombia
sin tener en cuenta que cualquier transmisión satelital que esté por fuera del
espacio definido como territorio integrante de Colombia en la Constitución
Nacional, se efectúa en territorio extranjero y la ley nacional no puede
gravarlo.
Afirma
igualmente que el Estado Colombiano no puede gravar una actividad cuyo hecho
generador  se realiza fuera del territorio colombiano.
7.2.   Intervenciones
7.2.1.          Concepto
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Señala
el experto técnico que en lo referente a los cargos formulados  contra los
artículos 29 y 134 de la ley, no le asiste razón al demandante ya que el legislador
se encuentra facultado para determinar los factores de territorialidad bajo los
cuales entiende que el servicio se encuentra prestado en el territorio
colombiano.
7.2.2.         Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Señala
el Ministerio que al haberse derogado el literal g del numeral tercero del
artículo 420 del Estatuto tributario, los servicios de radio y televisión
satelital no generan impuesto sobre las ventas razón por la cual los cargos
planteados carecen
de
todo fundamento
7.2.3. Concepto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Señala
la DIAN que no le asiste razón al demandante cuando afirma que es
inconstitucional el gravar el servicio de radio y televisión cuando éste es
prestado fuera del territorio nacional, pues precisamente el legislador a
través de la Ley 488 de 1998 categóricamente señaló como generadores del
Impuesto sobre las Ventas a aquellos servicios que se prestan por fuera del
territorio nacional y cuyo destinatario final esta ubicado en Colombia.
Igualmente,
la sentencia  C-108 de 2000 al pronunciarse sobre este tema, declaró
congruente con el ordenamiento constitucional, el gravamen impuesto sobre
aquellos servicios prestados en el exterior, atendiendo a que el destinatario
de estos servicios se encuentra ubicado en el territorio nacional.
7.3.   Concepto del Procurador General de la Nación
En
concepto  del Ministerio Público, las normas antecitadas se ajustan a la Carta,
ya que los alcances y el ámbito de aplicación de la ley constituyen un asunto
de mera legalidad, pues es al legislador a quien le compete el señalamiento del
ámbito territorial de la ley y la extensión de sus efectos. Por otra parte
resalta que lo que gravó la norma acusada fue el servicio de televisión
satelital que está usando un bien público como es el espectro electromagnético
y no la señal de radio y televisión como lo afirma el demandante.
7.4.   Consideraciones de la Corte.
Dentro de la potestad de configuración del legislador
se encuentra la de establecer los criterios de aplicación de la ley en razón
del territorio. Tratándose de asuntos tributarios, el legislador ha considerado
necesario establecer un criterio territorial para cada tipo de tributo, entre
otras razones, con el propósito de evitar la doble tributación. Así en relación
con la renta, regula dicho criterio, el artículo 24 del Estatuto Tributario y
para el I.V.A, el artículo 420 del mismo estatuto.
El artículo 29  acusado agregó un literal al numeral
3º del parágrafo 3º del artículo 420 del Estatuto Tributario, para disponer que
el servicio de televisión satelital recibido en Colombia causará el impuesto
sobre las ventas, tomando como base gravable el valor facturado en Colombia.
La norma que se adicionó, de manera general dispone cuales son los servicios
que ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubicados
en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia y, por
consiguiente son objeto de tributación.
Al respecto ha sostenido esta Corporación que :
“...la norma legal citada [ artículo 420 del E.T], en el numeral 3, determina
los servicios que ejecutados desde el exterior a favor de usuarios ubicados en
el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por lo tanto,
causan el impuesto a las ventas según las reglas generales que rigen la
materia....Es así, como el literal g) señala los servicios de conexión o acceso
satelital cualquiera que sea la ubicación del satélite (telefonía, telegrafía,
telex, etc.), servicios estos, que aún prestados desde el exterior, benefician
a usuarios ubicados en el territorio nacional y por ende, generan el impuesto a
las ventas...”[19].
Se trata, pues de la expresión de la potestad de
configuración legislativa en la especificación del principio de territorialidad
de la ley, que en nada contraría la Constitución.
Debe tenerse en cuenta, por otra parte que el
servicio objeto de gravamen, se presta mediante la utilización del espectro
electromagnético, es decir, “...[la] franja de espacio alrededor de la tierra a
través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos
mensajes sonoros o visuales. Su importancia reside en ser un bien con aptitud
para transportar información e imágenes a corta y larga distancia...” [20]. Este espacio permite
la expansión de las ondas hertzianas, mediante las cuales se desarrolla la
radiodifusión, la televisión y la prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
El espectro
electromagnético es un bien público que forma parte del territorio colombiano y
es de propiedad de la Nación (artículos 75, 101 y 102 de la Constitución), es
imprescriptible, inenajenable e inembargable, y se encuentra sujeto a la
gestión y control del Estado.
El Estado
como titular del espectro, tiene la competencia para regular los servicios que
se prestan a través del mismo, por lo cual, se encuentra facultado para
establecer los gravámenes que estime necesarios. Atribución delimitada por los
principios que consagra la Constitución (artículo 363), según la cual, todo
tributo debe fundarse en la equidad, la eficiencia y la progresividad.
La norma
bajo examen precisamente desarrolla la facultad de regulación del Estado sobre
un bien de su titularidad, en aras de hacer efectiva su explotación, por lo
tanto, la imposición de un gravamen cuya fuente se encuentra en el uso del
espectro electromagnético, no resulta contraria a la Carta Fundamental.
8.      La presunción de derecho del artículo
34 de la ley y la equidad tributaria
Normas
demandadas: Artículo 34 de la Ley 633 de 2000
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículos 13, 95 y 363.
A
continuación se transcribe el texto de la norma demandada:
Artículo
34. Modifícase el artículo 499 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
“Artículo
499.      Quienes pertenecen a este régimen.
Los comerciantes minoristas o
detallistas, cuyas ventas estén gravadas, así como quienes presten servicios
gravados, que sean personas naturales, podrán inscribirse en el régimen
simplificado del impuesto sobre las ventas, cuando hayan obtenido en el año
inmediatamente anterior ingresos brutos inferiores a $42.000.000.00 (valor año
base 2000) y tengan un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o
negocio donde ejercen su actividad.
Parágrafo.
Se presume de derecho que el contribuyente o responsable ha obtenido ingresos
anuales superiores a $42.000.000 (valor año base 2000) y en consecuencia será
responsable del Régimen Común, cuando respecto del año inmediatamente anterior
se presente alguna de las siguientes circunstancias:
1.
Que haya tenido a su servicio ocho (8) o más trabajadores, o
2.
Que haya cancelado un valor anual por concepto de servicios públicos superior a
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o
3.
Que haya cancelado en el año por concepto de arrendamiento del local, sede,
establecimiento, negocio u oficina un valor superior a treinta y cinco (35)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, o cuando el local, sede, establecimientos,
negocio u oficina sea de propiedad del contribuyente o responsable, salvo en el
caso que coincida con su vivienda de habitación.
4.
Que
haya efectuado en el año consignaciones bancarias en cuentas de ahorro o
corrientes, superiores a $70.000.000.00 (valor año base 2000)".
8.1.   Argumentos del demandante
Afirma el
demandante que el Parágrafo de la norma citada contiene una presunción de
derecho violatoria del principio de equidad tributaria, pues asume que un
contribuyente que tiene mas de ocho trabajadores ha obtenido ingresos anuales
superiores a 42 millones de pesos, y que aquel que tiene menos de ocho
trabajadores pero que en la práctica obtiene ingresos anuales superiores a 42
millones no está cubierto por la presunción, violando  así el derecho a la
igualdad y  la justicia; en la misma situación se coloca a quién haya cancelado
en el año por concepto de servicios públicos un valor superior a 20 salarios mínimos,
o por concepto de arrendamiento un valor superior a 35 salarios mínimos.
8.2.   Intervenciones
8.2.1.          Concepto
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
A juicio del Instituto la norma merece
reparos en cuanto abusa de la institución de la presunción que, de acuerdo con
recientes sentencias de la Corte, Sentencias C-1440/00, y C-1492/00, ha venido
desechándose ante la posibilidad de que determinados hechos se demuestren por
medios científica y técnicamente aceptables, a través de la aplicación de
nuevas tecnologías. Señala así, que resulta totalmente innecesario acudir en
este evento a  la aplicación de esta figura.
8.2.2.          Intervención del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio
encuentra la norma ajustada a la Carta, ya que ésta otorga parámetros generales
y tangibles para la determinación de los contribuyentes pertenecientes al
régimen simplificado en aras de mantener el principio de certeza jurídica en el
ordenamiento tributario
8.2.3.          Intervención de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Señala la DIAN que
no existe vulneración del principio de equidad e igualdad tributaria, ya que lo
que se pretende con el establecimiento de la citada presunción es impedir el
ejercicio de ciertas modalidades de evasión y elusión fiscales .
Afirma también,
que la competencia para establecer presunciones en materia tributaria es
exclusiva del legislador  y sustenta su posición citando la sentencia C237/99
en la cual  se indica que el establecimiento de presunciones en materia tributaria
es válido siempre y cuando se encuentren acordes con una política fiscal
previamente definida.
8.3.   Concepto del Procurador General de
la Nación
A juicio del
Ministerio Público la norma se encuentra ajustada a la Constitución, ya que señala
unos criterios razonables para establecer la base mínima de contribuyentes que
deben someterse al régimen común del impuesto sobre las ventas, y de esta
manera no se está otorgando un trato desigual a iguales, sino por el contrario
lo que busca la norma es establecer topes fijos que no dependan de la autoridad
administrativa.
8.4.   Consideraciones de la Corte
8.4.1.
Problema Jurídico
Es preciso
establecer si la presunción de derecho contenida en el artículo 34 acusado es
violatoria de la Constitución, por contrariar el principio de equidad
tributaria, el derecho a la igualdad y el concepto de justicia, conforme a los
artículos 13, 95 numeral 9º y 363 de la Constitución.
8.4.2.          Análisis
del cargo
Para analizar el
problema jurídico planteado, es necesario, previamente, efectuar algunas
precisiones sobre los dos tipos de responsables del Impuesto sobre las Ventas,
es decir, los perteneciente al régimen común y al régimen simplificado.
El artículo 34
demandado, determina los contribuyentes que pertenecen al régimen común y los
que pertenecen al régimen simplificado, acudiendo como parámetro de distinción
a la consideración de los ingresos brutos recibidos por el contribuyente en el
respectivo año gravable. Para ese efecto dispone, por un lado, que podrán
inscribirse en el régimen simplificado los contribuyentes que, entre otras
condiciones, cumplan la de que sus ingresos netos provenientes de su actividad
comercial en el año inmediatamente anterior sean inferiores a la suma de
$42.000.000 (actualizable anualmente), por otro, consagra una presunción de
derecho, conforme a la cual se determinan unos supuestos fácticos en orden a
establecer que el contribuyente o responsable que se encuentre dentro de los
mismos ha obtenido ingresos anuales superiores a $42.000.000 y por consiguiente
hará parte del régimen común.
La diferencia de
los dos regímenes radica fundamentalmente en las obligaciones que se consagran
en cabeza de los pertenecientes a uno y otro, como se indica a continuación.
Los responsables
del régimen común deben : i) Inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores
(Artículo 507 E.T), ii) Emitir factura por cada operación gravada que realice
(Artículo 511 E.T) iii), Recaudar, declarar y pagar el impuesto.
En cuanto a los
contribuyentes pertenecientes al régimen simplificado, de acuerdo con el
artículo 596 del E.T deberán: i) Inscribirse en el Registro Unico Tributario
ii) Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional.
De acuerdo con
el artículo 505 del Estatuto Tributario, los responsables sometidos al régimen
común, sólo podrán cambiarse al régimen simplificado cuando demuestren que en
los tres años fiscales anteriores, cumplieron las condiciones establecidas en
el artículo 499 del Estatuto.
Como puede observarse,
esta diferenciación que efectúa el legislador se basa fundamentalmente, en los
ingresos de los responsables, estableciendo así un número mayor de obligaciones
como contribuyentes a aquellos que pertenecen al régimen común.
En concepto del
accionante, el artículo demandado  contiene una presunción de derecho
violatoria de la equidad tributaria. Al respecto es preciso señalar, que es
precisamente en aras del desarrollo de este principio y de el de la eficiencia
en la recaudación de los tributos, consagrados en el artículo 363 superior, que
el legislador se ha valido de este tipo de técnicas jurídicas, con el objetivo
fundamental de evitar la evasión tributaria, principal aspecto desestabilizador
del principio de equidad y de igualdad ante las cargas públicas.
Los hechos
consagrados en el artículo 34 demandado, sobre los cuales el legislador
estructuró la presunción demandada, no son otro cosa que aspectos indicativos
del  nivel de ingresos que puede tener el contribuyente, pues estima el
legislador que no sería lógico que, por ejemplo, un comerciante tenga  a su
servicio más de ocho trabajadores, o realice consignaciones por más de setenta
millones de pesos, y que sus ingresos anuales sean inferiores a la suma
indicada en este mismo artículo.
Sobre la validez de las presunciones en materia tributaria, ha
señalado la Corte:
“Consagración
de presunciones. Se trata de un recurso obligado de la legislación tributaria
para establecer hechos cuya prueba puede ser más fácilmente suministrada por el
contribuyente, como quiera que la obtención directa y singular de la respectiva
información sería demasiado costosa y difícil para la Administración. Las
presunciones ordinariamente se basan en índices externos y globales de
actividad económica o de frecuencia en la verificación de un hecho, socialmente
convalidados. Según la naturaleza de la presunción y la política fiscal que la
anime, ella puede o no admitir prueba en contrario. En todo caso, el
establecimiento de presunciones se ha mostrado efectivo para dificultar el
ejercicio de ciertas modalidades de evasión y elusión fiscales y abarcar en el
universo de contribuyentes y rentas, categorías de contribuyentes y tipos
rentas esquivas a su inclusión con grave desmedro de la equidad tributaria.”
Sentencia C-015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
Más adelante,
con relación a las presunciones en el caso de los impuestos indirectos, señaló:
“En relación con otro tipo de
impuestos como son los llamados impuestos indirectos, sucede algo parecido. El
simple hecho de adquirir un bien, como sucede en el caso de los impuestos al
consumo, hace presumir una capacidad contributiva sin que al contribuyente se
le de la oportunidad de demostrar que no obstante el gasto, su pasivo supera su
activo, por lo cual en la realidad no tiene capacidad contributiva. La ley en
este caso también presume la capacidad contributiva a partir del hecho del
consumo. Y tan es así, que este tipo de impuestos usualmente no gravan los
bienes básicos de la canasta familiar, de cuya adquisición no puede sacarse tal
conclusión (la de la capacidad contributiva), sino que por lo general recaen
sobre la adquisición de bienes que no son de primera necesidad. En efecto, el
artículo 424 del Estatuto Tributario excluye del impuesto a las ventas una
inmensa variedad de bienes de aquellos que conforman la llamada canasta
familiar.”
De acuerdo con lo
anterior, esta Corte encuentra que no están llamados a prosperar los cargos
formulados por el actor, puesto que resulta constitucionalmente admisible que,
precisamente en función de la equidad tributaria, y para evitar la evasión y la
elusión de los tributos, el legislador consagre presunciones, de hecho o de
derecho, como la contenida en la disposición acusada.
9.      La tasa de interés moratorio  consagrada en el
artículo 40 de la ley
Norma demandada:
Artículo 40 de la Ley 633 de 2000
Normas
constitucionales que se consideran infringidas:           Artículos 1, 2, 21,
88 y 209.
A continuación se
transcribe el texto de la norma demandada:
Artículo 40. Determinación de la tasa de interés
moratorio. Modifícase el artículo 635 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
"Artículo 635. Determinación de la tasa de
interés moratorio. Para efectos tributarios, a partir del primero de julio del
año 2001, la tasa de interés moratorio será equivalente al promedio de la tasa
de usura según certificación que expida la Superintendencia Bancaria durante el
cuatrimestre anterior, disminuida en el 5%. Esta tasa de interés será
determinada cada cuatro (4) meses.”
9.1    .        Argumentos del demandante.
Según criterio del
demandante, la norma acusada compromete la honra y la moralidad administrativa,
y efectúa una “apología” al delito de usura, al establecer éste como parámetro
para calcular la tasa de interés moratorio respecto de las obligaciones
tributarias.
9.2.    Intervenciones
9.2.1.          Concepto
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
El experto técnico
considera constitucional la norma, no obstante, efectúa serios reparos en
cuanto a la interpretación del artículo impugnado con los artículos 634 y 634-1
del Estatuto Tributario, ya que no se efectúa ninguna distinción en la
aplicación de la misma para los eventos en los que, por un lado, existan
diferencias de criterio entre el contribuyente y las autoridades en cuanto a la
interpretación del derecho aplicable, y, por otro deba sancionarse al
contribuyente negligente y descuidado o que obra de mala fé.
Por esa razón el
Instituto considera que la norma debe declararse exequible, en cuanto no se
aplique al caso de “diferencias de criterio entre el contribuyente y las
autoridades en cuanto a la interpretación del derecho aplicable”.
9.2.2.          Intervención del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La norma en
comento se encuentra ajustada al ordenamiento constitucional, ya que permite
que la administración pública no se quede rezagada frente al ritmo cambiante de
la economía y fomente la eficacia en el recaudo de los tributos.
9.2.3.          Intervención de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Solicita la DIAN
que esta Corte no se pronuncie sobre los cargos efectuados frente al artículo
40 de la ley 633, por considerar que las acusaciones  del demandante no
comportan cuestionamientos razonables que impliquen una violación
constitucional.
9.3.   Concepto
del Procurador General de la Nación.
El Ministerio
Público solicita la declaratoria de exequibilidad del artículo 40 de la ley ,
con base en el argumento relativo a que el legislador sólo tomó la tasa de
usura como un referente para determinar el valor del interés moratorio a pagar,
lo cual tiene como objeto conminar al contribuyente a cumplir con sus
obligaciones tributarias,  y en ningún momento hace “apología” al delito de
usura.
9.4.             Consideraciones
de la Corte
Ineptitud parcial de la demanda por la no formulación de cargo contra
el artículo 40 de la Ley 633 de 2000
Estudiado el texto
de la demanda, se advierte con claridad que frente al artículo acusado el actor
no propuso cargo de inconstitucionalidad, pues se limitó a aseverar que la disposición
demandada efectúa una “apología” al delito de usura, al establecer éste como
parámetro para calcular la tasa de interés moratorio respecto de las
obligaciones tributarias, lo que a su juicio, resulta contrario a los fines
esenciales de Estado, la moralidad administrativa y la dignidad humana.
Como lo ha
reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, es obligación de todo
demandante, correlativa a la prerrogativa de interponer una acción pública de
inconstitucionalidad,  la formulación de un razonamiento mediante el cual la
Corte pueda constatar una relación entre el contenido de la disposición
demandada y la norma constitucional presuntamente infringida.  Al respecto la
Sentencia C-519 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa dijo:
“El
requisito referido al señalamiento del concepto de violación, lejos de fijar
una simple formalidad le impone al ciudadano una obligación de contenido
material: definir con toda claridad la manera como la disposición acusada
desconoce o vulnera la Carta Política, esto es, la formulación de por lo menos
un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. Ello, por cuanto el
juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad, a partir de argumentos irrazonables (vagos o
abstractos), o que sean producto de las diversas interpretaciones que puedan
darle a la norma los distintos operadores jurídicos al momento de su
aplicación.”
La norma acusada
se limita a tomar como referencia para el interés de mora en las obligaciones
tributarias, un promedio de la tasa que se fija como límite para el delito de
usura, disminuido en un cinco por ciento y, aparte de las consideraciones
subjetivas que ello le merece al actor, no se estructura en la demanda cargo
alguno por violación de la Constitución.
Sobre el
particular ha dicho la Corte que “[l]a jurisprudencia de esta Corporación exige
la existencia de acusaciones susceptibles de ser analizadas y discutidas
mediante el trámite propio del control constitucional abstracto, lo cual
implica que el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza
constitucional, contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple
ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global
de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la
disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle
la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”
Por estas razones, la Corte se declarará
inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 40 de la Ley
633 de 2000.
Observa la Corte,
por otra parte, que en su concepto técnico el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario estima que la disposición demandada forma una proposición jurídica
completa con los artículos 634 y 634-1 del Estatuto Tributario, conforme a la
cual la aplicación del interés por mora tendría un resultado contrario a los
principios constitucionales de equidad, justicia, igualdad y buena fe. Sin
embargo, encuentra esta Corporación que no están dados en este caso, los
presupuestos para que se integre la unidad normativa, en la medida en que la
disposición acusada, en cuanto que establece la manera de determinar la tasa de
mora aplicable a las obligaciones tributarias, tiene sentido completo y
autónomo y del mismo modo lo tienen los señalados artículos 634 y 634-1, en la
medida en que la disposición acusada simplemente señala cual es el interés
aplicable, sin que el sentido de las hipótesis normativas de esas disposiciones
se vea afectado o condicionado por ese factor.[21]
Como quiera que
los artículos 634 y 634-1 no han sido objeto de demanda de
inconstitucionalidad, la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre
ellos.
10.    Estructura
de la DIAN
Normas demandadas:
Artículo 53, inciso 3º de la Ley 633 de 2000
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículo 150, numeral 7º  y
artículo 189 numeral 16º.
A continuación se
transcribe el texto de la norma demandada, subrayando lo acusado:
Artículo
53. Policía Fiscal Aduanera y naturaleza jurídica del servicio prestado por la
DIAN. Créase al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la
Dirección de Policía Fiscal y Aduanera. Los funcionarios que la compongan
podrán por delegación expresa del Director General de la DIAN adelantar
procesos de fiscalización y control.
Bajo
esta misma delegación, la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera soportará los
operativos de control tributario que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales en el territorio nacional, con la coordinación y supervisión de esta
última entidad.
El Gobierno Nacional determinará la estructura de esta nueva
Dirección, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la vigencia de esta
ley.
Parágrafo.
(...)
10.1.           Argumentos del demandante.
Afirma el
demandante que la norma citada delega en el ejecutivo la determinación de la
estructura de la Policía Fiscal Aduanera como una Dirección dentro de la DIAN,
contrariando así lo preceptuado en al artículo 150 numeral 7º de la
Constitución, el cual señala que corresponde al legislador la determinación de
la estructura de las entidades del orden nacional .
10.2.           Intervenciones
10.2.1.        Concepto
del Instituto Colombiano de Derecho tributario
El Instituto no
comparte los cargos efectuados por el demandante, ya que es la  ley  la que
está creando en la DIAN una dependencia como la Dirección de Policía Fiscal y
Aduanera, y al ser una dependencia interna de la administración previamente
creada por ley, puede válidamente el Gobierno definir la manera como ésta va a
organizarse.
10.2.2.        Intervención
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La norma demandada
no vulnera el ordenamiento constitucional, ya que de acuerdo con la interpretación
que ha efectuado la Corte[22]
de los artículos 150 numeral 7º y 189, numeral 16º de la Carta, al órgano
legislativo le corresponde la creación de la parte estática y permanente de la
Administración; mientras que el Gobierno debe ocuparse de la parte dinámica; y
este es el criterio seguido por el artículo 53 demandado.
10.2.3.       Intervención
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Considera
la DIAN que no proceden las imputaciones efectuadas por el demandante  respecto
del artículo acusado, ya que el legislativo en cumplimiento de lo preceptuado
por al artículo 150 numeral 7º de la Constitución determinó la estructura de la
Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, otorgándole el carácter de Dirección
y señalando sus objetivos, y la función del ejecutivo en este evento consiste
en dinamizar la actividad pública y adecuarla a las necesidades del servicio en
cumplimiento estricto del mandato consagrado en el artículo 189 numeral
16.
10.3.           Concepto del Procurador General de la
Nación
En consideración
del Ministerio Público el inciso tercero del artículo 53 se encuentra ajustado
a la Carta, ya que estas facultades legislativas delegadas al gobierno pueden
otorgarse también para que éste a través de decretos extraordinarios con fuerza
de ley, se ocupe de la determinación de la estructura de las entidades del
orden nacional.
10.4.          Consideraciones
de la Corte
De
acuerdo con el artículo 150, numeral 7 de la Constitución, corresponde al
Congreso de la República, por medio de ley, “[d]eterminar la estructura de la
administración nacional...” competencia que comprende, según se desprende de la
misma disposición, en armonía con lo dispuesto en el artículo 121 de la Carta,
la de señalar la estructura orgánica y las competencias de las entidades que se
creen. A su vez, el artículo 189 de la Constitución dispone que corresponde al
Presidente de la República, por un lado, “[c]rear, fusionar o suprimir,
conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar
sus funciones especiales...” (Numeral 14), y, por otro, “[m]odificar la
estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades
u organismos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que
defina la ley.” (Numeral 16).
La
armónica interpretación de las anteriores disposiciones permite concluir que,
al paso que a la ley corresponde, para determinar la estructura de la
administración nacional, crear los distintos órganos que la componen, señalando
para el efecto sus respectivas competencias, al Presidente de la República le
corresponde, con sujeción a la ley, fijar la estructura interna de cada una de
las entidades nacionales, así como el señalamiento, tanto de las plantas de
personal como de las funciones especiales que correspondan a los distintos
empleos.
Dentro
de los anteriores parámetros constitucionales, el deslinde competencial
corresponde al legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, puesto
que, al establecer la estructura orgánica de las entidades que cree, puede
hacerlo con mayor o menor detalle, y lo mismo acontece respecto del
señalamiento de las respectivas competencias. Así, entre más detallado y
preciso sea el señalamiento de las competencias de un órgano, menor es el
espacio para la concreción reglamentaria de las funciones que corresponden a
sus distintos empleos.
En
cuanto hace a la estructura, la ley debe señalar cual es el ámbito especial del
reglamento, en función numeral 16 del artículo 189 de la Constitución. Si bien
conforme a este numeral, con sujeción a “los principios y reglas generales” que
defina ley puede el Gobierno modificar “la estructura de los ministerios,
departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos
nacionales” es lo cierto que en el presente caso  no se está ante una
modificación de la estructura legalmente definida para la DIAN, sino ante el
supuesto de creación de una dependencia específica, cuyas funciones determina
directamente la ley, la que al propio tiempo fija el rango jerárquico que
corresponde a la nueva dependencia, al señalar que el órgano en referencia es
una “Dirección” dentro de la Unidad Administrativa Especial  de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
En el caso
concreto, la norma demandada tiene como antecedente la creación, por el
artículo 80 de la Ley 488 de 1998, en la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, de “... la Oficina Nacional de Policía Fiscal y
Aduanera, como un aparato armado que además de soportar las funciones propias
de investigación y determinación de acuerdo con las competencias propias de
fiscalización que le asigna la Ley a la entidad, ejercerá funciones de policía
judicial.”
La estructura
de la DIAN fue fijada a través del Decreto Ley 1071 de 1999, en cuyo artículo
18, entre las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se
incluyó la de “[d]efinir, dirigir, orientar, administrar, controlar y
supervisar, el aparato armado que ejerce las funciones de policía fiscal y
aduanera, creado por el artículo 80 de la Ley 488 de 1998, como soporte y apoyo
a las funciones de investigación y determinación propias de las dependencias de
fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria, así como el ejercicio por parte
del mismo de las funciones policía judicial.”
En ese
sentido, el artículo demandado lo que hace es crear esa dependencia a nivel de
Dirección de la DIAN. Observa la Corte que no se trata, en este caso, de fijar
la estructura de la Administración Nacional ni de la creación de nuevos entes
dentro de la misma. Tan solo se está creando una dependencia dentro de un ente
ya establecido, razón por la cual el Gobierno está habilitado para modificar la
correspondiente estructura interna, sin afectar las competencias y los
objetivos generales dispuestos por el legislador.
Se tiene,
entonces que la estructura General de la DIAN fue establecida por la ley,
mediante Decreto Ley 1071 de 1999, expedido por el Gobierno en virtud de
precisas facultades extraordinarias. Dicha estructura fue desarrollada, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución, por el
Decreto 1265 de 1999.
El artículo 53
de la Ley 633 de 2000 modifica la estructura General de la DIAN, para agregarle
una nueva dependencia, a nivel de Dirección. La misma norma señala que los
funcionarios de la nueva Dirección podrán adelantar, por delegación   expresa
del Director General de la DIAN, procesos de fiscalización y control, y dispone
que “[e]l Gobierno Nacional determinará la Estructura de esta nueva Dirección dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la vigencia de esta ley.”
Debe advertirse, en primer lugar, que se trata de la
creación de una dependencia interna en la DIAN, para el ejercicio “... por
delegación expresa del Director de la DIAN ...”, de competencias de
fiscalización y control que la ley haya atribuido a éste. Por otra parte, al
competencia del Gobierno para determinar la estructura de la nueva dirección
está regulada por el Decreto Ley 1071 de 1999, conforme a cuyo artículo 17,
sobre organización interna, “[l]as áreas de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales serán organizadas en Oficinas, Subsecretarías,
Subdirecciones, Divisiones y/o Grupos Internos de Trabajo entre las cuales se
distribuirán las funciones consagradas en este Decreto, con el objeto de
garantizar coherencia y efectividad en la prestación de los servicios a cargo
de la Entidad”. La misma norma enuncia, de manera precisa, los niveles que se
podrán establecer en la organización interna de la entidad.
Por consiguiente, se tiene que la ley crea una
dependencia en la DIAN, para el ejercicio, por delegación, de unas competencias
que también están previstas en la ley, y que la tarea que confía al Gobierno
debe desarrollarse conforme a los principios y las reglas que se fijan en la
ley. Así el Gobierno debe limitarse a determinar, conforme a tales parámetros,
la estructura interna de la nueva Dirección, señalando, dentro de las
competencias de la ley, las funciones especiales que le correspondan.
Por las
anteriores razones, la disposición acusada resulta armónica con lo dispuesto en
los artículos 150 numeral 7 y 189 numerales 14 y 16 de la Constitución, y por
consiguiente habrá de declararse su exequibilidad.
11.    Inconstitucionalidad de la normas que
establecen la tasa por los servicios aduaneros
Normas demandadas:
Artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000
Normas
constitucionales que se consideran infringidas:        Artículo 338
A continuación
se transcribe el texto de las normas de mandadas:
Artículo
56. Tasa Especial por los servicios aduaneros. Créase una tasa especial como
contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios, que será
equivalente al uno punto dos por ciento (1.2%) del valor FOB de los bienes
objeto de importación.
Esta
tasa no será aplicable para las importaciones de bienes provenientes
directamente de países con los que se tenga acuerdo de libre comercio, siempre
y cuando dichos países ofrezcan una reciprocidad equivalente, ni a los usuarios
del Plan Vallejo, ni a las importaciones de bienes y servicios para la defensa
y seguridad nacional que realice la Fuerza Pública.
La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución fijará los
mecanismos de control para garantizar el pago de dicha tasa, así como la forma
y los plazos para su cancelación.
Parágrafo.
En ningún caso el valor previsto en el inciso primero de este artículo podrá
ser inferior al consignado en las declaraciones de importación.
Artículo
57. Administración y control. Para el control de la tasa especial por los
servicios aduaneros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contará con
las facultades de investigación, determinación, discusión, y cobro previsto en
las normas aduaneras vigentes, en el Estatuto Tributario, y sus reglamentos.
Teniendo
en cuenta que esta tasa es un ingreso corriente sujeto a lo previsto por el
inciso 2 del parágrafo del artículo 357 de la Constitución Política, y que no
constituye en ningún caso un impuesto, créase el Fondo de Servicios Aduaneros,
el cual se financiará con los recursos que recaude la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales por concepto de la misma. Los recursos de dicho Fondo se
destinarán a recuperar los costos incurridos por la Nación en la facilitación y
modernización de las operaciones de comercio exterior, mediante el uso de su
infraestructura física y administrativa y para la financiación de los costos
laborales y de capacitación de la DIAN.
El
Fondo de Servicios Aduaneros será administrado por la Dirección General del
Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
11.1. Argumentos del demandante.
Señala el actor que en las normas
demandadas se estableció una tasa especial de servicios aduaneros prestados por
la DIAN, pero la ley no determinó el sistema y el método para definir el costo
de los servicios prestados y los beneficios obtenidos, así como la forma de
hacer el reparto, lo cual vulnera el artículo 338 de la Constitución.
11.2  .                  Intervenciones
11.2.1.        Concepto
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Solicita el
experto técnico el retiro del ordenamiento jurídico de la norma demandada, ya
que esta supuesta “tasa” es en realidad un tributo, debido a que la norma no
hace referencia al costo del servicio y su base gravable es ad valorem, lo cual
genera  la inclusión de ésta en  la órbita de los impuestos, contrariando las
prescripciones efectuadas por el artículo 338 de la Carta.
11.2.2.        Intervención del Ministerio
de Hacienda
Solicita el
Ministerio se declare la constitucionalidad de las normas acusadas, ya que de
su  texto se infiere que la fijación del método y el sistema  para determinar
los costos en la prestación de los servicios, sólo se hace necesario si el
legislador permite que las autoridades administrativas fijen la tarifa de las
tasas, lo cual no sucede en el presente caso, ya que el legislador determina
todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria, ya que especifica
que la tarifa de la tasa es del uno punto dos por ciento (1,2%) del valor FOB
de los bienes objeto de importación, por lo cual carece de fundamento
establecer un método para la determinación de costos administrativos cuando el
legislador ya lo hizo.
11.2.3.        Intervención de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Las normas
acusadas se ajustan a la Carta, además siguen fielmente los lineamientos que en
el tema ha establecido esta Corte en especial en dos aspectos fundamentales:
-        Aunque no
se precisó el monto del costo de los servicios aduaneros prestados por la DIAN
a los usuarios, el legislador si impuso un límite para determinarlos, al
establecer que con lo recaudado por concepto de la tasa, se pretenden recuperar
los gastos producidos en la facilitación y modernización de las operaciones de
comercio exterior, mediante el uso de su estructura física y administrativa,
así como para financiar los costos laborales y de capacitación de la DIAN.
-        En cuanto
a la tarifa, es preciso anotar que su fijación no fue delegada a otras
autoridades pues la precisó la misma ley, de lo que se concluye que no existe
ningún tipo de vulneración del artículo 338 de la Constitución
11.3.           Concepto del Procurador
En concepto del
Ministerio Público la norma se encuentra ajustada a la Carta , en tanto que el
artículo 338 permite que la ley, las ordenanzas y los acuerdos defieran  en las
autoridades administrativas la fijación de las tarifas de las tasas y
contribuciones que se cobren a los Contribuyentes, siempre y cuando el sistema
y el método para definir tales costos lo fijen la ley, las ordenanzas y los
acuerdos.
11.4.           Consideraciones
de la Corte
11.4.1.        Problema jurídico
Es necesario
establecer si las disposiciones acusadas son contrarias al artículo 338 de la
Constitución, por establecer una tasa, sin incluir el sistema y el método para
definir los costos de los servicios a los que se aplica, ni la forma de hacer
su reparto.
11.4.2.        Análisis del cargo
De conformidad con
el concepto de quienes intervienen a nombre del Ministerio de Hacienda y de la
DIAN, y del señor Procurador General de la Nación, la exigencia contenida el
inciso segundo del artículo 338 de la Constitución sólo resulta aplicable
cuando el legislador, al crear una tasa, defiere a las autoridades
administrativas la fijación de la correspondiente tarifa. En ese caso, la
atribución que se confiere a la administración debe venir claramente
determinada por las previsiones de la propia ley, en torno a los criterios que
habrán de tenerse en cuenta para fijar la tasa, en función de los servicios que
se presten, del costo de los mismos y de la manera de hacer el correspondiente
reparto.
Por otra parte, de
una interpretación del sentido de la demanda, como lo señala el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, se desprende la conclusión de que conforme al
artículo 338 de la Carta, para que el legislador pueda crear una tasa se
requiere que, independientemente de si fija directamente la tarifa o defiere
tal competencia a las autoridades administrativas, defina la relación que
existe entre el cobro que se hace a los contribuyentes y la recuperación de los
costos por los servicios que se les presten.
Entiende la Corte
que, ciertamente, la creación de una tasa debe venir acompañada por la identificación,
en la propia ley, del servicio a la que la misma corresponde y por cuya
utilización serán gravados los contribuyentes. Cumplido ese requisito
consustancial al concepto mismo de tasa, la Constitución no exige que para la
fijación de la tarifa por el legislador se hagan explícitos, en la propia ley,
los criterios que se tuvieron en cuenta para el efecto. Tal exigencia sólo
resulta aplicable cuando se permita que la tarifa sea fijada por las
autoridades administrativas, caso en el cual la ley deberá establecer el método
y el sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto. Se trata
de una garantía del principio de legalidad del tributo, conforme a la cual si
bien, de manera excepcional y en atención a la complejidad que en ocasiones
reviste el establecimiento de las tarifas para tasas o contribuciones, se
permite que dichas tarifas sean fijadas por las autoridades administrativas, se
exige, en todo caso, que el sistema y el método para definir los costos o los
benéficos, así como la forma  de hacer su reparto se fijen por la ley, o las
ordenanzas o los acuerdos.
Las disposiciones
acusadas claramente se refieren a la creación y administración de una tasa que
se aplicará como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados
por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales a los usuarios por la
importación de mercancías.
Tales
disposiciones no resultan contrarias a la Constitución por el hecho de que no
establecen el sistema y el método para definir los costos y la forma de hacer
el reparto, en la medida en que la fijación de la tarifa no se defiere a las
autoridades administrativas, sino que la propia ley la fija en el uno punto dos
por ciento (1.2%) del valor FOB de los bienes objeto de importación.
Tampoco se encuentra
contrario, per se,  a la Carta el hecho de que para la fijación de la tarifa se
tome una base ad valorem, porque ese puede ser un criterio válido de reparto
que el legislador puede establecer en ejercicio de su potestad de configuración
y siempre y cuando se respeten los principios de la equidad tributaria. En
efecto, puede ocurrir que para la recuperación del costo global de un
determinado servicio, se decida establecer una tasa cuya tarifa sea
proporcional, o progresiva, en función de un valor que pueda vincularse al
servicio al que corresponde la tasa.
No obstante lo
anterior, en la medida en que es consustancial a la idea de tasa su vinculación
con el servicio que se presta al usuario, la tarifa debe también,
necesariamente, estar asociada a tal servicio. No quiere ello decir que deba
existir una exacta correspondencia entre uno y otro, porque, como se ha
señalado, puede ocurrir, por ejemplo, que según un determinado criterio de
distribución se imponga a algunos usuarios un gravamen en cuantía más que
proporcional al servicio recibido y viceversa; en otros casos la tasa puede
conducir a una recuperación apenas parcial del costo de los servicios
prestados.
En el presente
caso, el legislador señala que la tasa corresponde a los servicios aduaneros, pero
no determina el contenido de los mismos ni la manera como el gravamen se
vincula a ellos. La tarifa no se establece en función de la utilización del
servicio sino, exclusivamente, en relación con el valor del bien importado. Tal
indeterminación conduce a borrar la frontera entre tasa e impuesto y a que la
tasa por los servicios aduaneros se asimile a un impuesto sobre las
importaciones, caso en el cual su destinación especial resultaría contraria a
la Constitución. Tal conclusión puede reafirmarse si se tiene en cuenta que la
norma se inscribe en un proyecto cuyo alcance es de naturaleza fiscal y que, en
principio, no se orienta a la regulación de aspectos del comercio exterior y
más concretamente de los servicios aduaneros que presta la DIAN.
Lo anterior se
corrobora si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el segundo inciso del
artículo 57, el destino de los recaudos no se restringe a la recuperación de
los costos del servicio, con los cuales, por otro lado, en la medida en que no
se conocen, no es posible establecer una relación de equivalencia al menos
aproximada, sino que se extiende para cubrir los costos incurridos por la
Nación en la facilitación y modernización de las operaciones de comercio
exterior, mediante el uso de su infraestructura física y administrativa y para
la financiación de los costos laborales y de capacitación de la DIAN,
propósitos que claramente exceden el ámbito del gravamen definido en el inciso
primero del artículo 56, en la medida en que no se refieren exclusivamente a los
costos que se generan por los servicios aduaneros que se prestan a los
contribuyentes de la tasa, sino que comprenden, o pueden comprender, servicios
que correspondan a exportaciones y porque en la financiación de los costos
laborales y de capacitación de la DIAN, caben conceptos que nada tienen que ver
con las importaciones, o incluso, con el comercio exterior.
Por las anteriores
consideraciones, la Corte habrá de declarar la inexequibilidad de las
disposiciones acusadas.
12.    Facultades de fiscalización de las
entidades administradoras de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral
Normas demandadas:
Artículo 91(sic) de la Ley 633 de 2000
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículos 15, 48 y 123.
A continuación
se transcribe el texto de las normas demandadas:
Artículo 99. Modifícase el artículo 91 de la Ley 488
de 1998, el cual quedará así:
"Artículo 91. Normas aplicables al control del
pago de aportes parafiscales en materia de Seguridad Social. Las entidades
administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema de Seguridad
Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994,
independientemente de su carácter público o privado, tendrán la
responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer las tareas de control a la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian
dicho Sistema.
Para el ejercicio de las tareas de control que aquí se
establecen, las mencionadas entidades gozarán de las facultades de
fiscalización que establece el Libro V del Estatuto Tributario Nacional, en
cuanto ellas resulten compatibles con el ejercicio de tales atribuciones. El
Gobierno Nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las
normas del Libro V del Estatuto Tributario Nacional con las características que
tienen los distintos Subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social
Integral; la naturaleza de parafiscales que tienen los aportes que financian
dicho Sistema y la naturaleza jurídica y capacidad operativa de las entidades
que administran tales aportes.
En todo caso, en ejercicio de las tareas de control,
las entidades administradoras podrán verificar la exactitud y consistencia de
la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
Sistema que hayan recibido; solicitar de los aportantes, afiliados o
beneficiarios la información que estimen conveniente para establecer la
ocurrencia de hechos generadores de obligaciones para con el Sistema, al igual
que solicitar de aquéllos y éstos las explicaciones sobre las inconsistencias
en la información relativa a sus aportes a los distintos riesgos que haya sido
detectada a través del Registro Unico de Aportantes a que alude el inciso final
del presente artículo. En ningún caso las entidades administradoras podrán
modificar unilateralmente tales declaraciones, salvo que se trate de simples
errores aritméticos o del período de cotización en salud.
Agotada la etapa persuasiva de control a que alude el
inciso anterior sin que el aportante acepte corregir la situación anómala
detectada por la administradora, ésta deberá dar traslado de las actuaciones
surtidas a la entidad que resulte competente para conocer de las mismas, según
el riesgo de que se trate. En el caso del Sistema de Seguridad Social en Salud,
dicha competencia recaerá en la Superintendencia Nacional de Salud. En los
casos que correspondan al Sistema de Seguridad Social en Pensiones o Riesgos
Profesionales, será competente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Además de las obligaciones establecidas en la presente
disposición, las entidades administradoras de los distintos riesgos que
conforman el Sistema de Seguridad Social Integral, y las entidades
administradoras de los regímenes especiales que existan en materia de seguridad
social, tendrán la obligación de suministrar a la entidad encargada de la
administración del Registro Unico de Aportantes, RUA, la información relativa a
sus aportantes, afiliados y beneficiarios dentro de los términos y con los
requisitos que establezca el reglamento. El Registro Unico de Aportantes, RUA,
deberá contar con la información completa, confiable y oportuna sobre los
aportantes, afiliados y beneficiarios al Sistema de Seguridad Social Integral y
a los regímenes especiales en materia de seguridad social, de tal manera que el
mismo se constituye en una herramienta para el control del cumplimiento de las
obligaciones que la ley establece en materia de seguridad social".
12.1.           Argumentos del
Demandante :
Señala el
accionante que el artículo 91(sic) de la Ley 633, le otorga facultades de
fiscalización a las entidades administradoras de los distintos riesgos que
conforman el Sistema de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1259 de 1994, bien sean entidades de carácter público o privado, y
tales facultades contrarían la Carta, ya que el Estado no pude desprenderse de
la dirección y control del servicio público de la seguridad social y
trasladarla a las entidades administradoras de los distintos  riesgos que
conforman el Sistema de Seguridad Social .
Por otra parte
afirma el demandante que se vulnera el derecho a la intimidad personal y
familiar con sagrado en el artículo 15 de la Carta, ya que sólo para efectos
tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención el Estado puede exigir la presentación de libros de contabilidad y
demás documentos privados en los términos que señale la ley.
12.2.           Intervenciones
12.2.1.        Concepto del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Encuentra el
Instituto  procedentes los cargos del demandante en cuanto a la norma en
comento, ya que la función delegada, al dirigirse al control de aportes
parafiscales en materia de seguridad social, sólo puede ser ejercida por el
Estado por conducto de sus dependencias constitucional y legalmente facultadas
para ello, puesto que se trata de una función y una responsabilidad privativas
del Estado.
12.2.2.        Intervención del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
A través de
apoderado judicial el Ministerio presentó escrito de consideraciones  en el
cual  elabora  un profundo análisis de los cargos esgrimidos por el actor
contra la norma acusada cuyas conclusiones se transcriben a continuación:
“Los argumentos
expuestos por la parte demandante respecto a la violación del artículo 15 de la
Constitución no son procedentes puesto que las labores de fiscalización y
control de aportes parafiscales están dentro de las labores de vigilancia,
inspección e intervención del Estado, que se desarrollan en consonancia
armónica con las labores de dirección , coordinación y control del artículo 48
de la carta fundamental.
…
Adicionalmente no
existe violación del derecho a la intimidad del artículo15 de la Constitución
Política de Colombia pues la norma demandada no viola en forma alguna el hábeas
data ni los parámetros que doctrinaria y jurisprudencialmente  ha fijado la
Corte Constitucional para violar la intimidad en materia informativa, máxime si
se trata de una autoliquidación como expresión privada y consciente por parte
del particular.
El artículo 99 de
la Ley 633 de 2000 contrario a vulnerar los artículos 48 y 15 de la Carta,
desarrolla el principio de participación de los particulares en la prestación
del servicio público de seguridad social respetando en todo caso la condición
de coordinador, director y agente de control del Estado en cuanto a las
políticas y regulaciones del Sistema de Seguridad Social Integral.
...
La presunta
violación del artículo 123 no se puede configurar pues el artículo 99 de la Ley
633 de 2000 es sólo una reglamentación para el control de información,
fiscalización y cobro persuasivo de recursos parafiscales y en nada cambia la
condición de trabajadores privados que por prestar servicios públicos se
conviertan en servidores públicos”
12.3.           Concepto del Procurador
General de la Nación
El Ministerio
Público considera la norma demandada ajustada a la Carta, ya que afirma que así
como la ley faculta a las Entidades del Sistema de  Seguridad Social para
administrar y recaudar recursos parafiscales que son de naturaleza pública,
para financiar el acceso a la Seguridad Social, también es razonable y
Constitucional que la misma ley con el fin de asegurar el funcionamiento y
sostenibilidad del sistema, les conceda facultades que les permitan controlar
la oportuna liquidación y pago de los aportes. Dada entonces la naturaleza
especial de dichos recursos, se ajusta a la Carta que la ley conceda facultades
especiales a las entidades recaudadoras del mismo para manejarlos y
ejecutarlos, ya que tales funciones se ejercerán sin perjuicio de la
inspección, vigilancia y control que ejerce el Estado sobre ellas.
12.4.           Consideraciones
de la Corte
12.4.1.        El problema jurídico
Por la manera
confusa en que está redactada la demanda no es posible derivar un cargo por
violación del artículo 123 de la Constitución que se cita como infringido por
el actor.
El problema
jurídico que se deriva de este acápite de la demanda puede sintetizarse en las
siguientes cuestiones:
-        La
disposición acusada sería violatoria del derecho a la intimidad consagrado en
el artículo 15 de la Constitución por cuanto permite que se exija la
presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados para
asuntos distintos de los tributarios o judiciales, o de inspección,  vigilancia
e intervención del Estado, en este último caso, por cuanto la inspección y
vigilancia  se cumpliría por particulares.
-        El
traslado a particulares de competencias de dirección, coordinación y control
del servicio público de seguridad social sería violatorio del artículo 48 de la
Constitución, por cuanto esas atribuciones son propias del Estado, sin que sea
posible que se atribuyan a particulares.
-        La
generalidad y la amplitud con las cuales el artículo demandado consagra las
facultades de fiscalización para las entidades administradoras de los riesgos
del Sistema de Seguridad Social Integral resulta contraria a la necesidad de
que tales funciones, en cuanto que guarden relación con el artículo 15 de la
Constitución, se desarrollen en los términos que señale la ley.
12.4.2.        Análisis de los cargos
12.4.2.1.     La
Constitución, en el artículo 15, de manera expresa permite que, en los términos
de la ley, para efectos tributarios, se exija la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados.
Como quiera que la disposición
acusada se refiere a las labores de fiscalización que se adelantan sobre unos
recursos que, como los parafiscales, tienen naturaleza tributaria, el cargo no
está llamado a prosperar.
Considera la Corte necesario
precisar que la expresión “tributarios” del artículo 15 de la Constitución debe
entenderse en sentido amplio y comprende tanto las contribuciones fiscales como
las parafiscales. Estas últimas, si bien  tienen un régimen especial que a
partir de 1991 se ha ido perfilando por la jurisprudencia y por la doctrina, lo
cierto es que se originan en la capacidad impositiva del Estado, razón
suficiente para que queden comprendidas dentro del ámbito de lo tributario.
12.4.2.2.     De
acuerdo con el artículo 48 de la Constitución, la
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado. A su vez, el artículo 365
de la Carta dispone que, en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el
control y la vigilancia de los servicios públicos.
Las mismas
disposiciones de la Carta disponen, por otra parte, que los servicios públicos,
y en particular el de la seguridad social, pueden prestarse por particulares.
Dicha habilitación constitucional comporta, necesariamente, la posibilidad que
los particulares que presten un servicio público por delegación del Estado
puedan cumplir ciertas funciones de coordinación y control. Ciertamente, los
particulares no pueden desplazar al Estado, quien, en todo caso, deberá
mantener el control de la prestación del servicio público de la seguridad
social. Afianza lo anterior, que el texto fundamental ha instituido la
descentralización por colaboración, tal como se señala en el artículo 210 que
dispone que “[l]os particulares pueden cumplir funciones administrativas en los
términos que señale la ley”. En consecuencia, nada se opone desde una
perspectiva constitucional, a que si el legislador en ejercicio de su potestad
de establecer el modelo de seguridad social en Colombia, ha delegado en los
particulares la gestión directa del servicio público, también pueda delegar
parcialmente algunas funciones de vigilancia y control para asegurar su
funcionamiento regular y eficiente.
La disposición
acusada, de manera explícita establece que las labores de  control del pago de aportes parafiscales en materia de
Seguridad Social, para las cuales se faculta  a las entidades administradoras
de los distintos riesgos que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral,
independientemente de su carácter público o privado, se ejercerán de manera
conjunta con las correspondientes autoridades del Estado, esto es, con la
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Es claro que en
este caso, en principio, ni las autoridades competentes del Estado se
desprenden de sus funciones de dirección, coordinación y control, ni los
particulares que son habilitados para cumplir de manera conjunta las que tienen
que ver con el control, desplazan las competencias de los entes estatales.
Encuentra, por
consiguiente la Corte, en principio, que la disposición demandada no resulta
inconstitucional por el solo hecho de establecer competencias de control a
cargo de las entidades, públicas o privadas, encargadas de la prestación del
servicio público de seguridad social. Sin embargo, una conclusión definitiva
sobre este particular sólo podrá obtenerse cuando se analice la manera como la
ley ha previsto esas funciones.
12.4.2.3.     Para
el examen de constitucionalidad de la disposición acusada desde la perspectiva
de la manera como las facultades que confiere se regulan por la propia ley, es
necesario referirse de manera somera a la estructura de la norma.
En primer lugar la
disposición acusada identifica los sujetos a los cuales ella se aplica, esto
es, las entidades, públicas o privadas, que administran los distintos riesgos
que hacen parte del sistema de Seguridad Social Integral.
En segundo lugar,
la norma atribuye a tales entidades, conjuntamente con los entes estatales
competentes, la responsabilidad de ejercer las tareas de control a la adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian el sistema.
A renglón seguido,
de manera general, la norma señala que para el ejercicio de las tareas de
control las mencionadas entidades gozarán de las facultades de fiscalización
que establece el Libro V del Estatuto Tributario, de acuerdo con la
reglamentación que haga el Gobierno en orden a armonizar las citadas normas con
“...  las características que tienen los distintos Subsistemas que integran el
Sistema de Seguridad Social Integral; la naturaleza de parafiscales que tienen
los aportes que financian dicho Sistema y la naturaleza jurídica y capacidad
operativa de las entidades que administran tales aportes.”
No obstante la
anterior referencia general a un conjunto de competencias previstas en otro
ordenamiento, la disposición acusada enuncia las atribuciones que “en todo
caso” tendrán las entidades administradoras, entre las cuales se cuentan las
de  “... verificar la exactitud y consistencia de la información contenida en
las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema que hayan recibido;
solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios la información que
estimen conveniente para establecer la ocurrencia de hechos generadores de
obligaciones para con el Sistema, al igual que solicitar de aquellos y éstos
las explicaciones sobre las inconsistencias en la información relativa a sus
aportes a los distintos riesgos que haya sido detectada a través del Registro
Unico de Aportantes a que alude el inciso final del presente artículo.”
A continuación la
norma limita el ámbito de las facultades que pueden desarrollar las entidades
administradoras al establecer que no podrán modificar unilateralmente la
declaraciones que presenten los aportantes, salvo que se trate de simples
errores aritméticos o del período de cotización en salud.
Finalmente la
norma caracteriza la atribución de las entidades administradoras, como de
control persuasivo, al reservar el conocimiento de las anomalías que no sean
corregidas por el aportante a las entidades estatales competentes.
La norma tiene un
inciso final, cuyo contenido no comporta ejercicio de atribuciones de control,
sino un deber de información.
Observa la Corte
que las facultades de control que el artículo demandado confiere a las
entidades administradoras, pueden clasificarse en dos grupos: Por una parte
están aquellas facultades que se derivan de manera directa de la condición de
administradores del sistema que tienen sus destinatarios, que no comportan una
intervención en el ámbito de protección del artículo 15 de la Carta y cuyo
desarrollo puede, claramente, hacerse en ejercicio de la potestad
reglamentaria. Por otro lado está la atribución conforme a la cual “[p]ara el
ejercicio de las tareas de control que aquí se establecen, las mencionadas
entidades gozarán de las facultades de fiscalización que establece el Libro V
del Estatuto Tributario Nacional, en cuanto ellas resulten compatibles con el
ejercicio de tales atribuciones.” Para el ejercicio
de estas últimas facultades, las mismas deberán ser reglamentadas por el
Gobierno Nacional, el cual “deberá armonizar las normas del Libro V del
Estatuto Tributario Nacional con las características que tienen los distintos
Subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral; la naturaleza
de parafiscales que tienen los aportes que financian dicho Sistema y la
naturaleza jurídica y capacidad operativa de las entidades que administran
tales aportes.”
A la luz de la
Constitución, no existe reparo frente al primer conjunto de facultades, que
comprende  “... la responsabilidad de ejercer, conjuntamente con la
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, las tareas de control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y
pago de los aportes que financian dicho Sistema...”, para lo cual podrán “...
verificar la exactitud y consistencia de la información contenida en las
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema que hayan recibido;” y
solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios “... las explicaciones
sobre las inconsistencias en la información relativa a sus aportes a los
distintos riesgos que haya sido detectada a través del Registro Unico de
Aportantes a que alude el inciso final del presente artículo.”  La norma
advierte que en ningún caso “... las entidades administradoras podrán modificar
unilateralmente tales declaraciones, salvo que se trate de simples errores
aritméticos o del período de cotización en salud.” El artículo acusado
complementa este conjunto de facultades con el señalamiento de que “[a]gotada
la etapa persuasiva de control a que alude el inciso anterior sin que el
aportante acepte corregir la situación anómala detectada por la administradora,
ésta deberá dar traslado de las actuaciones surtidas a la entidad que resulte
competente para conocer de las mismas, según el riesgo de que se trate.”
Por el contrario,
el segundo conjunto de facultades, identificado como el que corresponde a las
“... facultades de fiscalización que establece el Libro V del Estatuto
Tributario Nacional...” y cuya reglamentación se defiere al Gobierno, con el señalamiento
de que, en todo caso, las entidades administradoras tendrán la posibilidad de
“... solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios la información que
estimen conveniente para establecer la ocurrencia de hechos generadores de
obligaciones para con el Sistema...”, resulta contrario a la Constitución, como
pasa a establecerse.
Observa la Corte
que, aunque de alguna manera, a partir del tercer inciso, la disposición
acusada pretende delimitar el ámbito de la atribución que se confiere a las entidades
administradoras, lo cierto es que en el segundo inciso se dispone de manera
general que ellas tendrán las facultades de fiscalización previstas en el Libro
V del Estatuto Tributario, de la manera como sean armonizadas por el Gobierno
Nacional. Las precisiones de los incisos subsiguientes tienen, ante esa
atribución general, un carácter aclaratorio, complementario, que no limita el
ámbito de la función sino que a lo sumo permite establecer las competencias que
de todas maneras el reglamento deberá reconocer a las entidades
administradoras.
Y ocurre que el
Libro V del Estatuto Tributario está compuesto de 11 títulos, con varios
capítulos y 314 artículos que,  junto con una diversidad de materias, regulan
una serie de competencias de vigilancia y control, de manera especial y con
precisa atribución de competencia al correspondiente funcionario, sea, en unos
casos, el Director de la DIAN, en otros el Jefe de la Unidad de Devoluciones o
de la Unidad de Recaudo y en otros más los Administradores de Impuestos, y así
sucesivamente, para cada una de las competencias de vigilancia y control.
Hace notar la
Corte, por otro lado, que en cuanto que hace parte del derecho a la intimidad,
la intervención del Estado en los papeles privados está sujeta a estricta reserva
legal. Debe ser la ley la que determine quien tiene la facultad de intervenir,
cual es el alcance de su competencia, cuando y en qué condiciones puede ponerla
en acto, así como el procedimiento para su regular ejercicio. De esta manera,
al reglamento sólo puede quedar la precisión de los aspectos operativos. Se
trata de un desarrollo del principio de legalidad, conforme al cual la ley que
otorga una potestad debe delimitar de manera clara y precisa las facultades que
se otorgan.
Sin embargo en
la disposición demandada, al reglamento se le confía la tarea de armonizar el
disperso y complejo conjunto de responsabilidades de control contenidas en el
capítulo V del Estatuto tributario con “...  las características que tienen los
distintos Subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral; la
naturaleza de parafiscales que tienen los aportes que financian dicho Sistema y
la naturaleza jurídica y capacidad operativa de las entidades que administran
tales aportes”, función que rebasa con mucho el ámbito que en esta materia cabe
asignar a la potestad reglamentaria.
Sobre esta
materia, el Consejo de Estado, en fallo de marzo 30 de 2001, al negar la
solicitud de nulidad de algunos apartes de los artículos 11 y 12 del Decreto
Reglamentario 1406 de 1999, por medio del cual, entre otras cosas, se
reglamentó parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de 1998, señaló que el
entendimiento de la competencia de regulación que se desprende de este último
artículo no puede ser el de que  “... los límites del reglamento se enmarcan
dentro de los precisos términos de las normas tributarias con las cuales se
pretende armonizar, porque no se trata de reglamentar las normas tributarias ya
existentes, sino de crear con base en ellas, un régimen de control fiscal específico.”[23]
Esa competencia
reglamentaria a la que se refiere el Consejo de Estado, es la misma que en
términos generales se contempla en la modificación que del artículo 91 de la
Ley 488 de 1999 se hizo en la disposición acusada. Como se ve, no se trata de
reglamentar un régimen de control que se establezca por la ley, sino, como lo
afirma el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de crear un régimen
de control fiscal específico, que responda a los requerimientos del Sistema de
Seguridad Social Integral.
Podría
argumentarse que la propia norma fija, de la manera como fue modificada por la
Ley 633 de 2000, en los incisos tercero y cuarto, unas precisas pautas que
guían la tarea reglamentaria. Pero ello no es así, no solo por cuanto tales
pautas operan “en todo caso” esto es, además de las que corresponden por virtud
de la competencia general atribuida en el inciso segundo y sin que puedan ser
excluidas, -condición que no es recíproca, esto es, no puede entenderse como
que excluye a aquellas que no sean objeto de enunciado expreso-, sino, además,
porque la regulación allí contenida sigue siendo excesivamente amplia desde la
perspectiva de la exigencia del principio de legalidad aplicado a la limitación
de la reserva de los papeles privados. No se precisa el tipo el tipo de
información que las entidades administradoras pueden solicitar; ni la persona
que para ese efecto se revestiría de la condición de autoridad pública, en cuya
cabeza se radicaría, en cada caso, la competencia; ni el procedimiento que,
tratándose de entes privados, deben cumplir para la expedición de lo que serían
actos administrativos de control. Todo ello, que en concepto de la Corte es
materia reservada a la ley, se dejaría en este caso a la reglamentación del
Gobierno. Se confía a entidades particulares que prestan un servicio público,
el ejercicio de una función publica de control, sin que la ley determine de
manera precisa el ámbito de esa competencia, la cual por otra parte implica una
intervención en el ámbito de reserva de los papeles privados garantizado por la
Constitución. Por esa razón los correspondientes apartes de la norma habrán de
declararse inexequibles.
En la medida en
que los cargos de imprecisión que se han reseñado, mirados fundamentalmente
desde la perspectiva de la atribución de una competencia a particulares,
también resultan aplicables, mutatis mutandi, a las entidades administradoras
de naturaleza pública, el fallo de inexequibilidad no habrá de hacer ninguna
distinción por este concepto.
13.    Normas que consagran el impuesto sobre
las ventas como inversión social de destinación específica
Normas demandadas:
Artículos 108 y 113 de la Ley 633 de 2000
Normas
constitucionales que se consideran infringidas: Artículos 356, 357 y 359 de la
Constitución
A continuación se
transcribe el texto de las normas demandadas:
Artículo 108. El diez por ciento (10%) del recaudo del
punto adicional del IVA, una vez descontado el situado fiscal, se destinará a
financiar gastos de los programas de prevención y atención del desplazamiento
forzado.
Artículo 113. El veinte (20%) del recaudo adicional al
pasar la tarifa general del IVA del 15% al 16%, obligatoriamente deberá ser
invertido en programas de inversión social.
13.1. Argumentos del demandante
Afirma el
accionante que en virtud de las normas acusadas, el impuesto sobre las ventas
se convirtió en una renta nacional de destinación específica para inversión
social, lo cual implica que se recorta el situado fiscal y la participación de
los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, contrariándose así lo
dispuesto en los artículos 356, 357 y 359 de la Constitución.
Agrega que el “...
artículo 108 demandado no afecta el situado fiscal por expresa disposición en
él contenida, pero si afecta la participación de los municipios.” Al paso que
el “... artículo 113 afecta tanto el situado fiscal como a la participación de
los municipios.”
Expresa, por otro lado que “... la nación sustituye a los
entes territoriales en la destinación de las rentas nacionales e inversión
social, quitándoles esta atribución propia de ellas, y violando la autonomía de
las entidades territoriales pregonada por los artículos 1º y 287 de la
Constitución Política de Colombia, al limitarle sus recursos.”
13.2.           Intervenciones
13.2.1.        Concepto del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario
Considera el
experto técnico que no son de recibo los cargos presentados por el demandante,
ya que la Constitución permite como excepción a la prohibición del   artículo
359 relativa a rentas nacionales de destinación específica, la destinación a
programas de inversión social.
13.2.2.        Intervención del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
En concepto del
Ministerio las normas acusadas no vulneran  la Carta, ya que el propio artículo
359, permite la destinación específica de rentas nacionales para la inversión
social; por otra parte, aclara que la inversión social no es privativa de las
Entidades Territoriales, sino que debe corresponder a todos los niveles de
gobierno. En el caso de la inversión social a cargo de la Nación, corresponde
su determinación al Congreso de la República y el Gobierno Nacional, tanto en
el Plan Nacional de Desarrollo como en la Ley Anual de Presupuesto.
13.2.3.        Intervención de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales
Afirma la DIAN que
los artículos demandados no contravienen la Constitución al destinar unos
porcentajes a programas de prevención y atención al desplazamiento forzado y a
programas de inversión social, ya que éste último, ha sido considerado parte de
la definición de gasto público social, contenida en el Estatuto Orgánico del
presupuesto. Además resulta indispensable para la Nación reforzar, con mayores
recursos, los planes y programas de inversión social que cubran un mayor
porcentaje de las necesidades básicas insatisfechas de la población,
propendiendo de esta forma a la protección de los derechos económicos, sociales
y culturales sus asociados.
13.3.           Concepto del Procurador
General de la Nación
En concepto del
Ministerio Público los cargos del demandante no están llamados a prosperar, ya
que las normas demandadas lo que hacen es destinar una parte del recaudo del
IVA para inversión social, lo cual se ajusta al artículo 359 de la
Constitución, ya que si bien la Carta prohíbe las rentas de destinación
específica, determina unas excepciones en favor de los Departamentos, Distritos
y Municipios, como son aquellas relativas a la inversión social  que es
precisamente el destino que le impone la ley a un porcentaje del IVA.
13.4.           Consideraciones
de la Corte
13.4.1.        Problema
Jurídico
-        El actor
señala como infringido el artículo 359 de la Constitución por las normas que
destina unas rentas nacionales a programas de inversión social y prevención y
atención del desplazamiento forzado, y aún cuando nada dice sobre el concepto
de la violación, en virtud del principio pro actione interpreta la Corte
demanda en el sentido de que las normas acusadas resultarían contrarias a la
prohibición de rentas  de destinación especial.
-        El actor
sustenta los cargos por violación de los artículos 356 y 357, que cita como
infringidos en el correspondiente acápite de la demanda, y de los artículos 1 y
287 a los que se refiere al hacer su argumentación, en el hecho de que la
disposición acusada estaría limitando los recursos que conforme a la
Constitución deben transferirse a los Departamentos y Municipios, lo cual
resultaría contrario a la autonomía de estos entes territoriales.
Sin embargo,
encuentra la Corte, que en realidad, las disposiciones acusadas, con claro
sustento en el artículo 359 de la Carta, disponen que unos porcentajes de los ingresos
adicionales que se reciban por concepto del punto adicional que la ley
contempla para el impuesto a las ventas, se destinen a inversión social y a
financiar programas de prevención y atención del desplazamiento forzado,
objetivo que tiene un innegable contenido social. No expresa el actor la manera
como, de tales disposiciones se deriva detrimento para los recursos que
conforme a la Constitución y la ley deben destinarse a los entes territoriales,
ni explica cómo ello pueda constituir una limitación para la autonomía de la
que esta investidos por la Constitución.
No señala el actor
la manera como puede derivarse, en este caso, una infracción de disposiciones
constitucionales, cuando dentro de los parámetros del artículo 359 el
legislador fija una determinada distribución para unas rentas de destinación
especial. Cabe anotar que la referencia que en el artículo 108 se hace al
situado fiscal, no es para limitar la base para su cálculo, ni para que se
entienda, que a contrario senso, tal, limitación deba predicarse de la
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, porque
ella se orienta a establecer el criterio de cuantificación de la renta que de
manera específica se destinará para financiar los programas de prevención y atención
del desplazamiento forzado, criterio que no afecta el cálculo de las otras
rentas de destinación específica.
Encuentra la Corte
que el actor sustenta su cargos en las inferencias que hace sobre el sentido de
las normas o sobre la manera como ellas serán aplicadas y no en un contraste de
las mismas con las disposiciones constitucionales que estima violadas. Por
consiguiente no hay lugar aquí para un pronunciamiento de fondo.
13.4.2.        Análisis de los cargos
Frente al cargo
por violación del Artículo 359 de la Constitución encuentra la Corte que de la
simple comparación del texto de las normas acusadas con la disposición
constitucional que se considera infringida, y de la consideración acerca del
innegable contenido social de los programas para la prevención y atención del
desplazamiento forzado, es posible concluir que el cargo no está llamado a
prosperar.
Por
consiguiente, por este concepto, las disposiciones acusadas habrán de
declararse exequibles.
III.   DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, oído el concepto del
Procurador General de la Nación y surtidos los trámites que ordena el Decreto
2067 de 1991,
R E S U E L V E :
Primero:
Declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 633 de 2000, por el cargo contenido en el
numeral 1º de los considerandos de esta providencia.
Segundo:
Declararse inhibida para fallar de la demanda dirigida contra la Ley 633 de
2000 en su totalidad, en relación con el principio de unidad de materia, por
ineptitud sustancial de la demanda.
Tercero:
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-809 de 2001 en relación con el
artículo 80 de la Ley 633 de 2000, por el cargo de violación del principio de
unidad de materia.
Cuarto:
Declararse inhibida para fallar sobre los artículos 59 a 72, 74, 75, 103, 110,
111, 119, 120, 121, 122, 129 y 133 de la Ley 633 de 2000, acusados de manera
especial en relación con el principio de unidad de materia, por ineptitud
sustancial de la demanda.
Quinto:       Estarse
a lo resuelto en la Sentencia C-809 de 2001 en relación con los artículos 37,
97 a 130 y 132 a 134 de la Ley 633 de 2000.
Sexto:         Declararse
inhibida para fallar de la demanda dirigida contra la Ley 633 en su totalidad,
y, de manera subsidiaria contra los artículos 1 numerales 1º, 12º, 14º; 11,
inciso 2º; 12, incisos 3º y 4º; 14, inciso 3º; 16 incisos 1º y 4º; 20, inciso
2º;  27;  38, inciso 1º;  50 incisos 2º y 3º; 53, parágrafo; 56, inciso 1º; 65,
parágrafos 1º y 2º; 71, parcial; y 79, parcial de la ley, en relación con el
cargo identificado en el numeral 3º de los considerandos de esta providencia,
por ineptitud sustancial de la demanda.
Séptimo:     Declarar
la EXEQUIBILIDAD, por los cargos formulados por el actor, de los artículos 1,
2, 3 y 55, inciso 1º de la Ley 633 de 2000.
Octavo:      Declarar
la INEXEQUIBILIDAD del artículo 4 de la Ley 633 de 2000.
Noveno:               Declararse
inhibida para fallar sobre los artículos 27, parágrafo transitorio; 101 y 102
de la Ley 633 de 2000, por carencia actual de objeto.
Décimo:      Declarar
la EXEQUIBILIDAD del inciso final de artículo 16 de la Ley 633 de 2000, salvo
la expresión “... y tendrá facultad para prorrogar por dos (2) años más dicho
beneficio”, que se declara INEXEQUIBLE.
Décimo
Primero:           Declarar la EXEQUIBILIDAD de los Artículos 29 y 134, en
cuanto deroga la frase “lo anterior no se aplica a los servicios de radio y de
televisión” del literal g numeral 3º del parágrafo 3º del artículo 420 del
Estatuto Tributario, de la Ley 633 de 2000.
Décimo
Segundo:          Declarar la EXEQUIBILIDAD del parágrafo del artículo 499 del
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 34 de la Ley 633 de 2000.
Décimo
Tercero:            Declararse inhibida para fallar sobre el artículo 635 del
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 40 de la Ley 633 de 2000.
Décimo
Cuarto:             Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso 3º del Artículo 53 de
la Ley 633 de 2000, por los cargos considerados en esta providencia.
Décimo
Quinto:             Declarar la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 56 y 57 de la
Ley 633 de 2000.
Décimo Sexto:               Declarar
la EXEQUIBILIDAD del artículo 91 de la Ley 488 de 1998, tal como fue modificado
por el artículo 99 de la Ley 633 de 2000, salvo el inciso segundo y la
siguiente expresión del inciso tercero, que se declaran INEXEQUIBLES: “... la
información que estimen conveniente para establecer la ocurrencia de hechos
generadores de obligaciones para con el Sistema, al igual que solicitar de
aquéllos y éstos ...”
Décimo
Séptimo:           Declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 108 y 113 de la
Ley 633 de 2000 respecto del cargo por violación del artículo 359 de la
Constitución.
Décimo
Octavo:            Declararse inhibida para fallar sobre los artículos 108 y
113 de la Ley 633, frente a los artículos 356 y 357 de la Constitución, por
ineptitud sustancial de la demanda.
De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 del Decreto 2067 de 1991,
notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
ALFREDO BELTRÁN
SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNTETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
REPUBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SENTENCIA C-992 de 2001
ANEXO 1
TEXTO DE LA LEY IMPUGNADA
A continuación se transcribe el
articulado del ordenamiento legal acusado, conforme al texto publicado en el
Diario Oficial No. 44.275 del viernes 29 de diciembre de 2000:
LEY 633 DE 2000
(diciembre 29)
Por la cual se expiden normas en materia tributaria,
se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la
vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas
de la Rama Judicial.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Gravamen a los Movimientos Financieros
Artículo 1º. Gravamen a los Movimientos
Financieros. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente Libro:
"LIBRO SEXTO
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Artículo 870. Gravamen a los Movimientos
Financieros, GMF. Créase como un nuevo impuesto, a partir del primero (1º) de
enero del año 2001, el Gravamen a los Movimientos Financieros, a cargo de los
usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
Artículo 871. Hecho Generador del GMF. El hecho
generador del Gravamen a los Movimientos Financieros lo constituye la
realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga
de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas
de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia.
En el caso de cheques girados con cargo a los
recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, por un
establecimiento de crédito no bancario o por un establecimiento bancario
especializado en cartera hipotecaria que no utilice el mecanismo de captación
de recursos mediante la cuenta corriente, se considerará que constituyen una
sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del
mismo.
Parágrafo. Para los efectos del presente
artículo, se entiende por transacción financiera toda operación de retiro en
efectivo, mediante cheque, con talonario, con tarjeta débito, a través de
cajero electrónico, mediante puntos de pago, notas débito o mediante cualquier
otra modalidad que implique la disposición de recursos de cuentas de depósito,
corrientes o de ahorros, en cualquier tipo de denominación, incluidos los
débitos efectuados sobre los depósitos acreditados como "saldos positivos
de tarjetas de crédito" y las operaciones mediante las cuales los
establecimientos de crédito cancelan el importe de los depósitos a término
mediante abono en cuenta.
Artículo 872. Tarifa del GMF. La tarifa del
Gravamen a los Movimientos Financieros será del tres por mil (3 x 1.000). En
ningún caso este valor será deducible de la renta bruta de los contribuyentes.
Artículo 873. Causación del GMF. El Gravamen a
los Movimientos Financieros es un impuesto instantáneo y se causa en el momento
en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción
financiera.
Artículo 874. Base gravable del GMF. La base
gravable del Gravamen a los Movimientos Financieros estará integrada por el
valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los
recursos.
Artículo 875. Sujetos pasivos del GMF. Serán
sujetos pasivos del Gravamen a los Movimientos Financieros, los usuarios del
sistema financiero, las entidades que lo conforman y el Banco de la República.
Cuando se trate de retiros de fondos que
manejen ahorro colectivo, el sujeto pasivo será el ahorrador individual
beneficiario del retiro.
Artículo 876. Agentes de Retención del GMF.
Actuarán como agentes retenedores y serán responsables por el recaudo y el pago
del GMF, el Banco de la República y los establecimientos de crédito en los
cuales se encuentre la respectiva cuenta, así como los establecimientos de
crédito que expiden los cheques de gerencia.
Artículo 877. Declaración y pago del GMF. Los
agentes de retención del GMF deberán depositar las sumas recaudadas a la orden
de la Dirección General del Tesoro Nacional, en la cuenta que ésta señale para
el efecto, presentando la declaración correspondiente, en el formulario que
para este fin disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La declaración y pago del GMF deberá realizarse
en los plazos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.
Parágrafo. Se entenderán como no presentadas
las declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultánea a su
presentación.
Artículo 878. Administración del GMF.
Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la administración
del Gravamen a los Movimientos Financieros a que se refiere este Libro, para lo
cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la
investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los
impuestos de su competencia. Así mismo, la DIAN quedará facultada para aplicar
las sanciones contempladas en dicho Estatuto, que sean compatibles con la
naturaleza del impuesto, así como aquellas referidas a la calidad de agente de
retención, incluida la de trasladar a las autoridades competentes el
conocimiento de posibles conductas de carácter penal.
Para el caso de aquellas sanciones en las
cuales su determinación se encuentra referida en el Estatuto Tributario a mes o
fracción de mes calendario, se entenderán referidas a semana o fracción de
semana calendario, aplicando el 1.25% del valor total de las retenciones
practicadas en el respectivo período, para aquellos agentes retenedores que
presenten extemporáneamente la declaración correspondiente.
Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran
exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros:
1. Los retiros efectuados de las cuentas de
ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda. La exención no
podrá exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento (50%) del salario
mínimo mensual vigente y se aplicará proporcionalmente en forma no acumulativa
sobre los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta. El Gobierno
expedirá la reglamentación correspondiente.
La exención se aplicará exclusivamente a una
cuenta de ahorros por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular.
Cuando quiera que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros en
uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir aquella en relación con
la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al
respectivo establecimiento.
2. Los traslados entre cuentas corrientes de un
mismo establecimiento de crédito, cuando dichas cuentas pertenezcan a un mismo
y único titular que sea una sola persona.
3. Las operaciones que realice la Dirección del
Tesoro Nacional, directamente o a través de los órganos ejecutores, incluyendo
las operaciones de reporto que se celebren con esta entidad y el traslado de
impuestos a dicha Dirección por parte de las entidades recaudadoras; así mismo,
las operaciones realizadas durante el año 2001 por las Tesorerías Públicas de
cualquier orden con entidades públicas o con entidades vigiladas por las
Superintendencias Bancaria o de Valores, efectuadas con títulos emitidos por
Fogafín para la capitalización de la Banca Pública.
4. Las operaciones de liquidez que realice el
Banco de la República, conforme a lo previsto en la Ley 31 de 1992.
5. Los créditos interbancarios y las
operaciones de reporto con títulos realizadas por las entidades vigiladas por
las Superintendencias Bancaria o de Valores para equilibrar defectos o excesos
transitorios de liquidez, en desarrollo de las operaciones que constituyen su
objeto social.
6. Las transacciones ocasionadas por la
compensación interbancaria respecto de las cuentas que poseen los
establecimientos de crédito en el Banco de la República.
7. Las operaciones de compensación y
liquidación de los depósitos centralizados de valores y de las bolsas de
valores sobre títulos desmaterializados, y los pagos correspondientes a la
administración de valores en dichos depósitos.
8. Las operaciones de reporto realizadas entre el
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) o el Fondo de
Garantías de Instituciones Cooperativas (Fogacoop) con entidades inscritas ante
tales instituciones.
9. El manejo de recursos públicos que hagan las
tesorerías de las entidades territoriales.
10. Las operaciones financieras realizadas con
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Sistema General
de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, de los Fondos de Pensiones de
que trata el Decreto 2513 de 1987 y del Sistema General de Riesgos
Profesionales, hasta el pago a la entidad promotora de salud, a la
administradora del régimen subsidiado o al pensionado, afiliado o beneficiario,
según el caso.
11. Los desembolsos de crédito mediante abono
en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los
establecimientos de crédito.
12. Las operaciones de compra y venta de
divisas efectuadas a través de cuentas de depósito del Banco de la República o
de cuentas corrientes, realizadas entre intermediarios del mercado cambiario
vigilados por las Superintendencias Bancaria o de Valores, el Banco de la
República y la Dirección del Tesoro Nacional.
Las cuentas corrientes a que se refiere el
anterior inciso deberán ser de utilización exclusiva para la compra y venta de
divisas entre los intermediarios del mercado cambiario.
13. Los cheques de gerencia cuando se expidan
con cargo a los recursos de la cuenta corriente o de ahorros del ordenante,
siempre y cuando que la cuenta corriente o de ahorros sea de la misma entidad
de crédito que expida el cheque de gerencia.
14. Los traslados que se realicen entre cuentas
corrientes y/o de ahorros abiertas en un mismo establecimiento de crédito a
nombre de un mismo y único titular.
La indicada exención se aplicará también cuando
el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo y cuentas corrientes o
de ahorros que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando estén
abiertas en el mismo establecimiento de crédito.
De acuerdo con el reglamento del Gobierno
Nacional, los retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que los
pensionados abran para depositar el valor de sus mesadas pensionales y hasta el
monto de las mismas, cuando estas sean equivalentes a dos salarios mínimos o
menos.
Parágrafo. El Gravamen a los Movimientos
Financieros que se genere por el giro de recursos exentos de impuestos de
conformidad con los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos
por el país, será objeto de devolución en los términos que indique el reglamento.
Artículo 880. Agentes de retención del GMF en
operaciones de cuenta de depósito. En armonía con lo dispuesto en el artículo
876 del presente Estatuto, cuando se utilicen las cuentas de depósito en el
Banco de la República para operaciones distintas de las previstas en el
artículo 879 del Estatuto Tributario, el Banco de la República actuará como
agente retenedor del Gravamen a los Movimientos Financieros que corresponda
pagar por dicha transacción a la entidad usuaria de la respectiva cuenta.
Artículo 881. Devolución del GMF. Las
sociedades titularizadoras, los establecimientos de crédito que administren
cartera hipotecaria movilizada, y las sociedades fiduciarias, tendrán derecho a
obtener la devolución del Gravamen a los Movimientos Financieros que se cause
por la transferencia de los flujos en los procesos de movilización de cartera
hipotecaria para vivienda por parte de dichas entidades, a que se refiere la
Ley 546 de 1999, en los términos y condiciones que reglamente el Gobierno
Nacional.
Igualmente, tendrán derecho a la devolución
establecida en el presente artículo las operaciones del Fondo de Estabilización
de la Cartera Hipotecaria, cuya creación se autorizó por el artículo 48 de la
Ley 546 de 1999, en especial las relativas al pago o aporte que deban realizar
las partes en virtud de los contratos de cobertura, así como las inversiones
del fondo.
Artículo 2º. Del recaudo proveniente del
Gravamen a los Movimientos Financieros por los meses de enero y febrero del año
2001, un valor equivalente a dos (2) de los tres (3) puntos de la tarifa del
impuesto será destinado a la reconstrucción del Eje Cafetero en lo referido a
financiar vivienda de interés social y otorgar subsidios para vivienda, a la
dotación de instituciones oficiales de salud, a la dotación educativa y
tecnológica de los centros docentes oficiales de la zona afectada, a la
concesión de créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas asociativas
de trabajo en tanto fueron afectadas por el terremoto y el vandalismo y a los
fondos previstos en el Decreto 1627 de 1996 para organizaciones existentes
antes del 25 de enero de 1999 en Armenia y Pereira.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo
se consideran pequeñas y medianas aquellas empresas que hubieran obtenido
ingresos brutos inferiores a seiscientos millones de pesos ($600.000.000),
tengan un patrimonio bruto inferior a ochocientos millones de pesos
($800.000.000) y un número máximo de veinte (20) trabajadores.
Artículo 3º. Utilización de los recursos
generados por el Gravamen a los Movimientos Financieros. Los recaudos del
Gravamen a los Movimientos financieros y sus rendimientos serán depositados en
una cuenta especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean
apropiados en el Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales
correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes. El Gobierno propondrá al
Congreso de la República la incorporación de estos ingresos en la medida en que
las necesidades locales así lo aconsejen, hasta que se agote su producido.
CAPITULO II
Impuesto sobre la renta
Artículo 4º. Beneficio especial de auditoría.
Las liquidaciones privadas de los años gravables 2000 y anteriores de los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que incluyan en
su declaración correspondiente al año gravable 2000, activos representados en
moneda extranjera, poseídos en el exterior a 31 de diciembre del año 1999 y no
declarados, quedarán en firme dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de presentación de la declaración del año 2000, en relación con la
posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos
correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, siempre
y cuando no se haya notificado requerimiento especial en relación con ingresos
diferentes o los originados por comparación patrimonial y se cumpla con las
siguientes condiciones:
1. Presentar la declaración de renta del año
2000 y cancelar o acordar el pago de la totalidad de los valores a cargo,
dentro de los plazos especiales que se señalen para el efecto, los cuales
vencerán a más tardar el 9 de abril del año 2001.
2. Liquidar y pagar en un recibo oficial de
pago en bancos, un valor equivalente al tres por ciento (3%) del valor
patrimonial bruto de los activos representados en moneda extranjera, poseídos
en el exterior a 31 de diciembre de 1999, que se incluyan en el patrimonio
declarado a 31 de diciembre del año 2000. Este valor no podrá ser afectado por
ningún concepto.
3. En el caso de contribuyentes que pretendan
acogerse al beneficio y no hayan declarado por los años gravables 1999 y
anteriores, presentar en debida forma estas declaraciones y cancelar o acordar
el pago de los valores a cargo que correspondan por concepto de impuestos,
sanciones, intereses y actualización, a más tardar el 9 de abril del año 2001.
Del porcentaje mencionado en el numeral segundo
de este artículo, dos (2) puntos serán cancelados a título de impuesto sobre la
renta y un (1) punto como sanción por la omisión de activos de que trata el
artículo 649 del Estatuto Tributario.
La preexistencia a 31 de diciembre de 1999 de
los bienes poseídos en el exterior, se entenderá demostrada con su simple
inclusión en la declaración de renta del año 2000.
Cumplidos los supuestos señalados en el
presente artículo y en firme las liquidaciones privadas en relación con los
conceptos señalados en el inciso primero de este artículo, el contribuyente no
podrá ser objeto de investigaciones ni sanciones cambiarias, por infracciones
derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes del primero de agosto
del año 2000, siempre y cuando a la fecha de vigencia de esta ley no se hubiere
notificado pliego de cargos respecto de tales infracciones.
Artículo 5º. El numeral 1 del artículo 19 del
Estatuto Tributario, quedará así:
"1. Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las contempladas en el
artículo 23 de este Estatuto, cuyo objeto social y principal y recursos estén
destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural,
investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a
programas de desarrollo social cuando las mismas sean de interés general
siempre que sus excedentes sean reinvertidos en la actividad de su objeto
social".
Artículo 6º. Adiciónese el numeral 4 del
artículo 19 del Estatuto Tributario con la siguiente frase:
"El cálculo de este beneficio neto o
excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la normatividad
cooperativa".
Artículo 7º. Otras entidades contribuyentes.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 19-3. Otras entidades
contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios Fogafín y Fogacoop. De los ingresos percibidos por estas dos
(2) entidades estarán exentos los ingresos por concepto de las transferencias
que realice la Nación; los ingresos generados por la enajenación o valoración,
y los percibidos por dividendos o participaciones en acciones o aportes y demás
derechos en sociedades adquiridos con recursos transferidos o pendientes de
transferencia por la Nación, así como los generados en las cuentas fiduciarias
administradas por mandato legal.
Artículo 8º. Entidades que no son
contribuyentes. Adiciónase el artículo 22 del Estatuto Tributario, con un
inciso, el cual quedará así:
"El Fondo para la Reconstrucción del Eje
Cafetero, Forec, no es contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementarios, y no está obligado a presentar declaración de ingresos y
patrimonio".
Artículo 9º. Utilidad en la enajenación de
acciones. Modifícase el inciso 2° del artículo 36-1 del Estatuto Tributario, el
cual quedará así:
"No
constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la
enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de Valores Colombiana, de las
cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando dicha enajenación no
supere el diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la respectiva
sociedad, durante un mismo año gravable".
Artículo 10. Procesos de democratización. Adiciónase
el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 36-4. Procesos de
democratización. No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades
originadas en procesos de democratización de sociedades, realizados mediante
oferta pública.
Se entenderá que se ha efectuado un proceso de
democratización a través de una oferta pública, cuando se ofrezca al público en
general el diez por ciento (10%) o más de las acciones en determinada sociedad.
La respectiva oferta pública de democratización
deberá incorporar condiciones especiales que faciliten y promuevan la masiva
participación de los inversionistas en la propiedad de las acciones que se
pretenda enajenar y garanticen su amplia y libre concurrencia".
Artículo 11. Beneficio tributario por donaciones.
Modifícase el artículo 125-3 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 125-3. Requisitos para reconocer
la deducción. Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto
de donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada
por Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la forma, el monto y la
destinación de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones
señaladas en los artículos anteriores.
En ningún caso procederá la deducción por
concepto de donaciones, cuando se donen acciones, cuotas partes o
participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos en entidades
o sociedades".
Artículo 12. Modifícase el artículo 158-1 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 158-1. Deducción por inversiones
en desarrollo científico y tecnológico. Las personas que realicen inversiones
directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo
Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo de lucro, o Centros y Grupos
de Investigación de Instituciones de Educación Superior, reconocidos por
Colciencias, en proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico
o de innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o
en proyectos de formación profesional de instituciones de educación superior
estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación
Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario
hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas,
tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento (125%)
del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión. Los
proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas para el país
tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo
industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud,
electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía.
Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta
líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión.
Cuando la inversión se realice en proyectos de
formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior
señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la inversión se
destinó al programa o programas acreditados.
También recibirán los mismos beneficios los
contribuyentes que realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos de
inversión agroindustrial calificados por la entidad gubernamental competente,
siempre y cuando sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro,
reconocidos como tales por el Ministerio de Agricultura.
Esta deducción no podrá exceder del 20% de la
renta líquida determinada antes de restar el valor de la inversión.
El Gobierno reglamentará los procedimientos de
control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados.
Parágrafo 1º. Las personas podrán optar por la
alternativa de deducir el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor de las
donaciones efectuadas a centros o grupos a que se refiere este artículo,
siempre y cuando se destinen exclusivamente a proyectos calificados previamente
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los proyectos a los cuales se
dirija la donación deberán desarrollarse igualmente en áreas estratégicas para
el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo
industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud,
electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería, energía,
o formación profesional de instituciones de educación superior estatales u
oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que
sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido
acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas. Esta deducción
no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada
antes de restar el valor de la donación. Serán igualmente exigibles para la
deducción de donaciones los demás requisitos establecidos en los artículos
125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.
Cuando la donación se realice a proyectos de
formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior
señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la donación se
destinó al programa o programas acreditados.
Parágrafo 2º. Para que proceda la deducción de
que trata el presente artículo y el parágrafo 1º, al calificar el proyecto, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá evaluar igualmente su impacto
ambiental. En ningún caso el contribuyente podrá deducir simultáneamente de su
renta bruta, el valor de las inversiones y donaciones de que trata el presente
artículo".
Artículo 13. Exención para Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios. Modifícase el artículo 211 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 211. Exención para Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios. Todas las entidades prestadoras de servicios
públicos son contribuyentes de los impuestos nacionales, en los términos
definidos por el Estatuto Tributario, con las excepciones que se establecen a
continuación.
Las rentas provenientes de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de aseo
cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, y
las actividades complementarias de los anteriores servicios determinadas en la
Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios
por un período de dos (2) años a partir de la vigencia de esta ley, sobre las
utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación,
extensión y reposición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes
porcentajes:
Para el año gravable 2001 80% exento
Para el año gravable 2002 80% exento
Gozarán de esta exención, durante el mismo
período mencionado, las rentas provenientes de la transmisión o distribución
domiciliaria de energía eléctrica. Para tal efecto, las rentas de la generación
y de la distribución deberán estar debidamente separadas en la contabilidad.
Así mismo, las rentas provenientes de la
generación de energía eléctrica, y las de los servicios públicos domiciliarios
de gas, y de telefonía local y su actividad complementaria de telefonía móvil
rural cuando éstas sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de
economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios
por un término de dos (2) años, sobre las utilidades que capitalicen o que
apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los
sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
Para el año gravable 2001 30% exento
Para el año gravable 2002 10% exento
Parágrafo 1°. Para efectos de la sobretasa en
el sector del gas de que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de
1994, se entenderá para todos los efectos que dicha sobretasa será hasta del
veinte por ciento (20%) del costo económico del suministro en puerta de ciudad.
Parágrafo 2°. Para los efectos de la sobretasa
o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el artículo 47 de
la Ley 143 de 1994 se aplicará para los usuarios no regulados que compren
energía a empresas generadoras de energía no reguladas, para los usuarios
residenciales de los estratos 5 y 6, y para los usuarios no residenciales, el
veinte por ciento (20%) del costo de prestación del servicio.
Parágrafo 3°. Se entiende que los beneficios
previstos en este artículo también serán aplicables, con los porcentajes y el
cronograma consagrados en el mismo, a los excedentes o utilidades que
transfieran a la nación las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Parágrafo 4°. Las empresas generadoras que se
establezcan para prestar el servicio público con la finalidad exclusiva de
generar y comercializar energía eléctrica con base en el aprovechamiento del
recurso hídrico y de capacidad instalada inferior a veinticinco mil (25.000)
kilovatios, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios por un
término de quince (15) años a partir de la vigencia de esta ley. Esta exención
debe ser concordante con la retención en la fuente en lo referente a las
entidades no sujetas a retención.
Parágrafo 5°. Los costos que impliquen para las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, la reducción de los porcentajes
de exención señalados en este artículo, no podrán afectar las tarifas
aplicables a los usuarios de los mencionados servicios".
Artículo 14. Descuento por donaciones.
Modifícase el artículo 249 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 249. Descuento por donaciones.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán descontar del impuesto
sobre la renta y complementarios a su cargo, el sesenta por ciento (60%) de las
donaciones que hayan efectuado durante el año gravable a las instituciones de
educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el
Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en
un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o
varios programas.
Con los recursos obtenidos de tales donaciones
las instituciones de educación superior podrán:
a) Constituir un Fondo Patrimonial, cuyos
rendimientos se destinen a financiar las matrículas de estudiantes de bajos
ingresos, cuyos padres demuestren que no tienen ingresos superiores a cuatro
(4) salarios mínimos mensuales vigentes, o
b) Destinarlos a proyectos de mejoramiento
educativo de la institución acreditada o de sus programas académicos
acreditados de manera voluntaria. En este último caso la institución deberá
demostrar que la donación se destinó al programa o programas acreditados.
El gobierno reglamentará los procedimientos
para el seguimiento y control de tales donaciones.
Este descuento no podrá exceder del treinta por
ciento (30%) del impuesto básico de renta y complementarios del respectivo año
gravable.
Los donantes no podrán tener participación en
las entidades sujetas de la donación.
Parágrafo 1°. Los contribuyentes podrán
descontar sobre el impuesto a la renta el sesenta por ciento (60%) de las
donaciones que hayan efectuado durante el año gravable a asociaciones,
corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que destinen de manera exclusiva
los recursos de dicha donación a la construcción, adecuación o dotación de
escuelas u hospitales, que se encuentren incluidos dentro de los sistemas
nacionales, departamentales o municipales de educación o de salud.
Parágrafo 2°. Para que proceda el
reconocimiento del descuento por donaciones, se requiere una certificación de
la entidad donataria, firmada por el revisor fiscal o contador, en donde conste
la forma, el monto y la destinación de la donación, así como el cumplimiento de
las condiciones señaladas en los artículos 125-1 y 125-2 de este estatuto.
Parágrafo transitorio. El requisito de la
acreditación de las Instituciones de Educación Superior o de la acreditación
voluntaria de uno o varios de sus programas, como condición para acceder al
descuento por donaciones de que trata el presente artículo, comenzará a regir a
partir del 1° de enero del año 2002.
Artículo 15. Base y porcentaje de renta
presuntiva. Modifícanse el inciso primero y el parágrafo 4° del artículo 188
del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
Para efectos del impuesto sobre la renta, se
presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por
ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable
inmediatamente anterior.
Parágrafo 4°. La deducción del exceso de renta
presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá restarse de la renta bruta
determinada dentro de los tres (3) años siguientes, ajustada por inflación.
Artículo 16. Exclusiones de la renta presuntiva.
Modifícanse los incisos primero y cuarto y adiciónanse dos incisos al artículo
191 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"De la presunción establecida en el
artículo 188 se excluyen las entidades del Régimen Especial de que trata el artículo
19. Tampoco están sujetos a la renta presuntiva las empresas de servicios
públicos domiciliarios, los fondos de inversión, de valores, comunes, de
pensiones o de cesantías contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este
Estatuto y las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte
masivo de pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de pasajeros
por el sistema de tren metropolitano.
...
A partir del año gravable 2000, no están
sometidas a renta presuntiva las empresas de servicios públicos que desarrollan
la actividad complementaria de generación de energía; las entidades oficiales
prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas residuales y de aseo; las
sociedades en concordato; las sociedades en liquidación, las entidades
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les
haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por
las causales señaladas en los literales a) o g) del artículo 114 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero; los bancos de tierra de los distritos y
municipios destinados a ser urbanizados, y por los años gravables 2001, 2002 y
2003, las sociedades titularizadoras de cartera hipotecaria
.
Igualmente, no estarán sometidas a renta
presuntiva las sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto principal
sea la adquisición, enajenación y administración de activos improductivos de su
propiedad, o adquiridos de los establecimientos de crédito de la misma
naturaleza.
A partir del 1º de enero del año 2001 y por el
término de dos (2) años, también estará excluida de renta presuntiva la compra
de acciones en sociedades nacionales. Este beneficio no aplicará para la
recompra de acciones ni para las transacciones entre vinculados económicos,
miembros de un grupo empresarial y beneficiarios reales.
El Gobierno Nacional reglamentará la forma en
que se aplicará esta exclusión, y tendrá facultad para prorrogar por dos (2)
años más dicho beneficio".
Artículo 17. Beneficio de Auditoría. Modifícase
el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 689-1. Beneficio de Auditoría.
Para los períodos gravables 2000 a 2003, la liquidación privada de los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su
impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a dos (2)
veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el
impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación no se
hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea
debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que
para tal efecto fije el Gobierno Nacional.
En el caso de los contribuyentes que se sometan
al beneficio de auditoría, el término de firmeza aquí previsto será igualmente
aplicable para sus declaraciones de retención en la fuente y del impuesto a las
ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año gravable del
impuesto sobre la renta sometido al beneficio.
Esta norma no es aplicable a los contribuyentes
que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona
geográfica determinada.
Cuando la declaración objeto de beneficio de
auditoría arroje una pérdida fiscal, la Administración Tributaria podrá ejercer
las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia
de la misma y por ende su compensación en años posteriores. Esta facultad se
tendrá no obstante haya transcurrido el período de los doce (12) meses de que
trata el presente artículo.
En el caso de los contribuyentes que en los
años anteriores al período en el que pretende acogerse al beneficio de
auditoría, no hubieren presentado declaración de renta y complementarios, y
cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale el Gobierno
Nacional para presentar las declaraciones correspondientes a los períodos
gravables 2000 a 2003, les será aplicable el término de firmeza de la liquidación
prevista en este artículo, para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de
renta a cargo por dichos períodos en un valor equivalente a dos (2) veces el
porcentaje de inflación del respectivo período gravable.
Cuando se demuestre que las retenciones en la
fuente declaradas son inexistentes, no procederá el beneficio de auditoría.
Parágrafo 1°. Las declaraciones de corrección y
solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que
trata el presente artículo, no afectarán la validez del beneficio de auditoría,
siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los
requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la
renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se mantengan.
Parágrafo 2°. Cuando el impuesto neto sobre la
renta de la declaración correspondiente al año gravable frente al cual debe
cumplirse el requisito del incremento, sea inferior a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, no procederá la aplicación del beneficio de
auditoría".
Artículo 18. Modifícanse los incisos 2° y 3°
del artículo 401 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"Artículo 401. Retención sobre otros
ingresos tributarios. Los porcentajes de retención no podrán exceder del tres
punto cinco por ciento (3.5%) del respectivo pago o abono en cuenta. En los
demás conceptos, enumerados en el inciso anterior, se aplicarán las
disposiciones que los regulaban a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1984.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398
del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o
abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por
contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En
los demás conceptos enumerados en el inciso 1° de este artículo, y en los casos
de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento
industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores
mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la
adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción,
urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se
aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones".
Artículo 19. Distribución de los ingresos en el
transporte terrestre automotor. Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 102-2. Distribución de los
ingresos en el transporte terrestre automotor. Cuando el transporte terrestre
automotor se preste a través de vehículos de propiedad de terceros, diferentes
de los de propiedad de la empresa transportadora, para propósitos de los
impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso
así: Para el propietario del vehículo la parte que le corresponda en la
negociación; para la empresa transportadora el valor que le corresponda una vez
descontado el ingreso del propietario del vehículo".
Artículo 20. Deducción de impuestos pagados.
Modifícase el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 115. Deducción de impuestos
pagados. Son deducibles en su totalidad los impuestos de industria y comercio,
predial, de vehículos, de registro y anotación y de timbre, que efectivamente
se hayan pagado durante el año o periodo gravable, siempre y cuando tuvieren
relación de causalidad con la renta del contribuyente.
La deducción de que trata el presente artículo
en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la
respectiva empresa".
Artículo 21. Rentas de trabajo. Modifícase el
artículo 103 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
"Artículo 103. Rentas de trabajo. Se
consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales
por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos
de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones
recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones
por servicios personales.
Parágrafo 1º. Para que sean consideradas como
rentas de trabajo las compensaciones recibidas por el trabajo asociado
cooperativo, la precooperativa o cooperativa de trabajo asociado, deberá tener
registrados sus regímenes de trabajo y compensaciones en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y los trabajadores asociados de aquellas deberán
estar vinculados a regímenes de seguridad social en salud y pensiones aceptados
por la ley, o tener el carácter de pensionados o con asignación de retiro de
acuerdo con los regímenes especiales establecidos por la ley. Igualmente,
deberán estar vinculados al sistema general de riesgos profesionales.
Parágrafo 2º. Las compensaciones recibidas por
el trabajo asociado cooperativo están gravadas con el impuesto a la renta y
complementarios en los mismos términos, condiciones y excepciones establecidos
en el Estatuto Tributario para las rentas exentas de trabajo provenientes de la
relación laboral asalariada".
Artículo 22. Límite de los descuentos.
Modifícase el parágrafo 2° del artículo 259 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
"Parágrafo 2°. Cuando los descuentos
tributarios estén originados exclusivamente en certificados de reembolso
tributario, la determinación del impuesto a cargo no podrá ser inferior al
setenta por ciento (70%) del impuesto determinado por el sistema de renta
presuntiva antes de cualquier descuento".
Artículo 23. Modifícase el inciso 3° del
artículo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"El retiro de los recursos de las cuentas
de ahorro 'AFC' antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de su
fecha de consignación, implicará que el trabajador pierda el beneficio y que se
efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones
inicialmente no realizadas, salvo que dichos recursos se destinen a la
adquisición de vivienda financiada por entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria".
CAPITULO III
Impuesto sobre las ventas
Artículo 24. Retención en la fuente en el
impuesto sobre las ventas. Modifícase el inciso segundo del artículo 437-1 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"La retención será equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del valor del impuesto. No obstante, el Gobierno
Nacional queda facultado para autorizar porcentajes de retención
inferiores".
Artículo 25. Agentes de retención en el
Impuesto sobre las Ventas. Modifícase el parágrafo, adiciónase un numeral y un
parágrafo al artículo 437-2 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"5. Las entidades emisoras de tarjetas
crédito y débito y sus asociaciones, en el momento del correspondiente pago o
abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados. El valor del
impuesto no hará parte de la base para determinar las comisiones percibidas por
la utilización de las tarjetas débito y crédito.
Cuando los pagos o abonos en cuenta en favor de
las personas o establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito
o débito, se realicen por intermedio de las entidades adquirentes o pagadoras,
la retención en la fuente deberá ser practicada por dichas entidades.
Parágrafo 1°. La venta de bienes o prestación
de servicios que se realicen entre agentes de retención del impuesto sobre las
ventas de que tratan los numerales 1, 2 y 5 de este artículo no se regirá por
lo previsto en este artículo.
Parágrafo 2°. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales podrá mediante resolución retirar la calidad de agente de
retención del impuesto sobre las ventas a los Grandes Contribuyentes que se
encuentren en concordato, liquidación obligatoria, toma de posesión o en
negociación de acuerdo de reestructuración, sin afectar por ello su calidad de
gran contribuyente".
Artículo 26. Tarifa general del impuesto sobre
las ventas. Modifícase el artículo 468 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
"Artículo 468. Tarifa general del impuesto
sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del
dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará también a los servicios, con
excepción de los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será
aplicable a los bienes de que tratan los artículos 446, 469 y 474 y a los
servicios de que trata el artículo 461 del Estatuto Tributario.
Parágrafo. Los directorios telefónicos quedarán
gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, únicamente cuando
se transfieran a título oneroso.
Artículo 27. Bienes que no causan el impuesto.
Modifícanse unas partidas arancelarias, adiciónase un inciso y modifícanse los
parágrafos del artículo 424 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"04.02 Leche y nata (crema),
con cualquier proceso industrial, concentradas o con adición de azúcar u otro
edulcorante
04.07.00.10.00 Huevos para incubar
04.09.00.00.00 Miel natural
05.11.10.00.00 Semen de bovino
08.04 Dátiles, higos, piñas
tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,
frescos o secos y los productos alimenticios elaborados de manera artesanal a
base de guayaba y/o leche.
11.04.23.00.00 Maíz trillado
12.07.10.10.00 Nuez y almendra de
palma para siembra
19.01 Preparaciones alimenticias de
harina, almidón y fécula
28.44.40.00.00 Material radiactivo
para uso médico
48.18.40.00.00 Toallas sanitarias y
pañales desechables
53.04.10.10.00 Pita (cabuya, fique)
53.08.90.00.00 Los demás
53.11.00.00.00 Tejidos de las demás
fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel.
56.08.11.00.00 Redes confeccionadas
para la pesca
82.08.40.00.00 Cuchillos y hojas
cortantes para máquinas y aparatos mecánicos de uso agrícola, hortícola y
forestal
84.18.69.11.00 Grupos frigoríficos
de compresión (tanques de frío para conservar leche)
84.19.39.10.00 Secadores por
liofilización, criodesecación, pulverización, esterilización, pasterización,
evaporación, vaporización y condensación
84.19.50.10.00 Pasterizadores
84.21.11.00.00 Desnatadoras
(descremadoras) centrífugas
84.21.22.00.00 Aparatos para filtrar
o depurar las demás bebidas
84.24.81.30.00 Demás aparatos
sistemas de riego
84.32. Máquinas, aparatos y
artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo
del suelo o para el cultivo; excepto rodillos para césped o terrenos de deporte
84.33 Máquinas, aparatos y
artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje;
guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás
productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37 y las subpartidas 84.33.11
y 84.33.19
84.34 Máquinas de ordeñar y máquinas
y aparatos para la industria lechera
84.36 Demás máquinas y aparatos para
la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos
los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las
incubadoras y criadoras avícolas
84.37.10.00.00 Máquinas para
limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vainas
secas
84.38 Máquinas y aparatos para la
preparación o fabricación de alimentos o bebidas, excepto los de la subpartida
84.38.10
84.85.10.00.00 Hélices para barcos y
sus paletas
87.16.20.00.00 Remolques para uso
agrícola
90.18.39.00.00 Catéteres
90.18.39.00.00 Catéteres
peritoneales para diálisis
Equipos de infusión de líquidos
Filtros para diálisis renal
Caucho natural
Las obras de arte originales, cuando se
realicen directamente por el autor.
Los computadores personales de un solo
procesador, portátiles o de escritorio, habilitados para uso de Internet, con
sistema operacional preinstalado, teclado, mouse, parlantes, cables y manuales,
hasta por un valor CIF de mil quinientos dólares (US$1.500), en la forma que
los determine el reglamento, estarán excluidos del impuesto sobre las ventas
durante los años 2001, 2002 y 2003, así como también aquellos sistemas
similares que pretendan socializar la cobertura y uso del Internet de acuerdo
con la reglamentación que le dé el Gobierno Nacional.
Equipos y elementos componentes del plan de gas
vehicular.
1. Cilindros 73.11.00.10.00
2. Kit de conversión 84.09.91.91.00
3. Partes para kits (repuestos)
84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00
4. Compresores 84.14.80.22.00
5. Surtidores (dispensadores)
90.25.80.90.00
6. Partes y accesorios surtidores
(repuestos) 90.25.90.00.00
7. Partes y accesorios compresores
(repuestos) 84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00
Parágrafo 1°. La importación de los bienes
previstos en el presente artículo estará gravada con una tarifa equivalente a
la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el costo
de producción de bienes de la misma clase de producción nacional.
Cuando el Gobierno Nacional determine la no
existencia de producción nacional de bienes a los que hace referencia este
artículo, no se causará el IVA implícito.
Para efectos de la liquidación y pago del
impuesto sobre las ventas por las importaciones de esta clase de bienes, el
Gobierno Nacional deberá publicar la base gravable mencionada en el inciso
anterior aplicable a la importación de cada bien, teniendo en cuenta la
composición en su producción nacional.
Tampoco será aplicable lo dispuesto en este
parágrafo a la importación de energía eléctrica, de los combustibles derivados
del petróleo, de gas propano o natural, y de los bienes de las partidas 27.01,
27.02 y 27.03.
Para los efectos de esta disposición se
entenderá que no existe producción nacional cuando la producción interna solo
cubra hasta el treinta y cinco por ciento (35%) de las necesidades del mercado.
El Departamento Nacional de Planeación, en
coordinación con los ministerios o entidades competentes, deberán certificar
anualmente la producción nacional y las importaciones, para determinar el
tamaño del mercado, para lo cual deberán proveerse de las bases de datos
necesarias.
Para la aplicación de esta norma, los
importadores deberán adquirir la totalidad de la producción nacional, cuando se
trate de productos agropecuarios.
Parágrafo 2°. Las materias primas químicas con
destino a la producción de medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01,
30.03, 30.04 y 30.06 quedarán excluidas del IVA.
Parágrafo transitorio. Los responsables del IVA
por el servicio de restaurante, a quienes se les notifique o se les haya
notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial o
liquidación de revisión, podrán transar antes del 31 de julio del año 2001 con
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta el 50% del mayor impuesto
discutido como consecuencia de los requerimientos especiales o liquidaciones de
revisión, así como el valor total de las sanciones, intereses y actualización
según el caso; lo anterior, siempre y cuando no se haya interpuesto demanda
ante la jurisdicción contencioso administrativa, y el responsable corrija su
declaración privada pagando el cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto
propuesto o determinado oficialmente.
Para tales efectos dichos responsables deberán
adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del
impuesto sobre la renta del año gravable 1999 y del pago o acuerdo de pago de
las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas correspondientes a los
periodos materia de discusión y de los valores transados.
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a
la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo, de
conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario,
y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de
las sumas en discusión".
Artículo 28. Hechos sobre los que recae el
impuesto. Adiciónase el artículo 420 del Estatuto Tributario, con el siguiente
parágrafo.
"Parágrafo 5º. La venta e importación de
cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, los cuales estarán
gravados a la tarifa general. El impuesto generado por estos conceptos dará
derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 485 de este
estatuto.
La base gravable del impuesto a las ventas
sobre los cigarrillos y tabaco elaborado será la misma del impuesto al consumo
de que trata el artículo 210 de la Ley 223 de 1995".
Artículo 29. Impuesto a las ventas para
televisión satelital. Adiciónase el numeral 3 del parágrafo 3° del artículo 420
del Estatuto Tributario, con el siguiente literal:
"h) El servicio de televisión satelital
recibido en Colombia, para lo cual la base gravable estará conformada por el
valor total facturado al usuario en Colombia".
Artículo 30. Modifíquese el artículo 428-1 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 428-1. Importaciones de activos
por instituciones de educación superior. Los equipos y elementos que importen
los Centros de Investigación y los Centros de Desarrollo Tecnológico
reconocidos por Colciencias, así como las instituciones de educación superior,
y que estén destinados al desarrollo de proyectos previamente calificados como
de investigación científica o de innovación tecnológica por Colciencias,
estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).
Los proyectos deberán desarrollarse en las
áreas correspondientes a los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología que
formen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Gobierno reglamentará lo relacionado con
esta exención.
Parágrafo. Para que proceda la exención de que
trata el presente artículo, la calificación deberá evaluar el impacto ambiental
del proyecto".
Artículo 31. Modifícanse los incisos 2° y 3°
del artículo 468-1 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
El transporte aéreo nacional de pasajeros está
gravado a la tarifa del diez por ciento (10%), excepto aquel con destino o
procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre
organizado.
Los tiquetes adquiridos en Colombia para
transportarse dentro del país en las siguientes fechas no estarán gravados con
el IVA: 20 a 31 de diciembre, 1° a 10 de enero, Semana Santa, 20 de junio a 10
de julio, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el
reglamento. Las empresas aéreas cobrarán al usuario el valor del IVA, cuando el
tiquete aéreo adquirido con el beneficio señalado en el inciso anterior sea
utilizado en una fecha diferente de las allí previstas.
Artículo 32. Modifícase el artículo 480 del
Estatuto Tributario, así:
"Artículo 480. Bienes donados exentos del
impuesto sobre las ventas. Estarán excluidos del impuesto sobre las ventas las
importaciones de bienes y equipos destinados al deporte, a la salud, a la
investigación científica y tecnológica, y a la educación, donados a favor de
entidades oficiales o sin ánimo de lucro, por personas o entidades nacionales o
por entidades, personas o gobiernos extranjeros, siempre y cuando obtengan
calificación favorable en el comité previsto en el artículo 362. Así mismo,
estarán excluidas del impuesto las importaciones de los bienes y equipos para
la seguridad nacional con destino a la Fuerza Pública.
También está excluida del impuesto sobre las
ventas, la importación de bienes y equipos que se efectúen en desarrollo de
convenios, tratados, acuerdos internacionales e interinstitucionales o
proyectos de cooperación, donados a favor del Gobierno Nacional o entidades de
derecho público del orden nacional por personas naturales o jurídicas,
organismos multilaterales o gobiernos extranjeros, según reglamento que expida
el Gobierno Nacional".
Artículo 33. Modifícase el literal e) del
artículo 481 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
“e) También son exentos del impuesto sobre las
ventas los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato
escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior, por empresas o personas
sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que
señale el reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los servicios turísticos
prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio
colombiano, originados en paquetes vendidos en el exterior y vendidos por
agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo,
según lo establecido en la Ley 300 de 1996, y siempre y cuando se efectúe el
respectivo reintegro cambiario".
Artículo 34. Modifícase el artículo 499 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 499. Quienes pertenecen a este
régimen. Los comerciantes minoristas o detallistas, cuyas ventas estén
gravadas, así como quienes presten servicios gravados, que sean personas
naturales, podrán inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las
ventas, cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos
inferiores a $42.000.000.00 (valor año base 2000) y tengan un establecimiento
de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
Parágrafo. Se presume de derecho que el
contribuyente o responsable ha obtenido ingresos anuales superiores a $42.000.000
(valor año base 2000) y en consecuencia será responsable del Régimen Común,
cuando respecto del año inmediatamente anterior se presente alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Que haya tenido a su servicio ocho (8) o más
trabajadores, o
2. Que haya cancelado un valor anual por
concepto de servicios públicos superior a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, o
3. Que haya cancelado en el año por concepto de
arrendamiento del local, sede, establecimiento, negocio u oficina un valor superior
a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o cuando el
local, sede, establecimientos, negocio u oficina sea de propiedad del
contribuyente o responsable, salvo en el caso que coincida con su vivienda de
habitación.
4. Que haya efectuado en el año consignaciones
bancarias en cuentas de ahorro o corrientes, superiores a $70.000.000.00 (valor
año base 2000)".
Artículo 35. Adiciónase el Estatuto Tributario
con el siguiente artículo:
"Artículo 506. Obligaciones para los
responsables del Régimen Simplificado. Los responsables del régimen
simplificado del impuesto sobre las ventas, deberán:
1. Inscribirse en el Registro Único Tributario.
2. Expedir como documento equivalente a la
factura, la boleta fiscal, con los requisitos que señale el reglamento.
3. Cumplir con los sistemas de control que
determine el Gobierno Nacional".
Artículo 36. Paso de régimen simplificado a
régimen común. Modifícase el artículo 508-2 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
"Artículo 508-2. Paso de régimen
simplificado a régimen común. Cuando los ingresos brutos de un responsable de
impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen simplificado, en lo corrido
del respectivo año gravable superen la suma de cuarenta y dos millones de pesos
($42.000.000.00) (valor año base 2000), el responsable pasará a ser parte del
régimen común a partir de la iniciación del período siguiente".
Artículo 37 transitorio. Plazo máximo para
remarcar precios por nueva tarifa. Para la aplicación de las modificaciones al
impuesto sobre las ventas en materia de la nueva tarifa o sujeción de nuevos
bienes al impuesto, cuando se trate de establecimientos de comercio con venta
directa al público de mercancías premarcadas directamente o en góndola
existentes en mostradores, podrán venderse con el precio de venta al público ya
fijado de conformidad con las disposiciones sobre impuesto a las ventas
aplicables antes de la entrada en vigencia de la presente ley, hasta agotar la
existencia de las mismas.
En todo caso, a partir del 15 de enero del año
2001 todo bien ofrecido al público deberá cumplir con las modificaciones
establecidas en la presente ley.
CAPITULO IV
Normas de procedimiento y control
Artículo 38. Presentación electrónica de
declaraciones. Modifícase el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así
:
"Artículo 579-2. Presentación electrónica
de declaraciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579, el Director
de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, señalará los contribuyentes,
responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de
las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las
condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las
declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del
obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas. En
el evento de presentarse situaciones de fuerza mayor que le impidan al
contribuyente presentar oportunamente su declaración por el sistema
electrónico, no se aplicará la sanción de extemporaneidad establecida en el
artículo 641 de este Estatuto, siempre y cuando la declaración manual se
presente a más tardar al día siguiente del vencimiento del plazo para declarar
y se demuestren los hechos constitutivos de fuerza mayor.
Cuando se adopten dichos medios, el
cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la
firma autógrafa del documento".
Artículo 39. Valores de operaciones objeto de
información. Los valores de que tratan los artículos 623 literales a), b) y c),
623-2 y 631 literales e), f), j) y m) podrán ser determinados mediante
Resolución por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma
individual o acumulada respecto de las operaciones objeto de información.
Artículo 40. Determinación de la tasa de
interés moratorio. Modifícase el artículo 635 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
"Artículo 635. Determinación de la tasa de
interés moratorio. Para efectos tributarios, a partir del primero de julio del
año 2001, la tasa de interés moratorio será equivalente al promedio de la tasa
de usura según certificación que expida la Superintendencia Bancaria durante el
cuatrimestre anterior, disminuida en el 5%. Esta tasa de interés será
determinada cada cuatro (4) meses.
Artículo 41. Sanción de clausura. Adiciónase el
artículo 657 del Estatuto Tributario con el siguiente literal c):
"c) Cuando las materias primas, activos o
bienes que forman parte del inventario, o las mercancías recibidas en
consignación o en depósito, sean aprehendidas por violación al régimen aduanero
vigente. En este evento la sanción se hará efectiva una vez quede en firme en
la vía gubernativa el acto administrativo de decomiso.
En este evento la sanción de clausura será de
treinta (30) días calendario y se impondrán sellos oficiales que contengan la
leyenda CERRADO POR EVASION Y CONTRABANDO. Esta sanción se aplicará en el mismo
acto administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2) días
siguientes al agotamiento de la vía gubernativa. Esta sanción no será aplicable
al tercero tenedor de buena fe, siempre y cuando lo pueda comprobar con la
factura con el lleno de los requisitos legales".
Artículo 42. Responsabilidad penal por no
consignar las retenciones en la fuente y el IVA. Unifícanse los parágrafos 1º y
2º del artículo 665 del Estatuto Tributario en el siguiente parágrafo, el cual
quedará así:
"Parágrafo. Cuando el agente retenedor o
responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la obligación
tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante pago
o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal.
Tampoco habrá responsabilidad penal cuando el agente retenedor o responsable
del impuesto sobre las ventas demuestre que ha suscrito un acuerdo de pago por
las sumas debidas y que éste se está cumpliendo en debida forma.
Lo dispuesto en el presente artículo no será
aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en procesos
concordatarios; en liquidación forzosa administrativa; en proceso de toma de
posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o
hayan sido admitidas a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que
hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las
ventas y las retenciones en la fuente causadas".
Artículo 43. Información tributaria. Modifícase
el artículo 693-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 693-1. Información tributaria.
Por solicitud directa de los gobiernos extranjeros y sus agencias y con base en
acuerdos de reciprocidad, se podrá suministrar información tributaria en el
caso en que se requiera para fines de control fiscal o para obrar en procesos
fiscales o penales.
En tal evento, deberá exigirse al gobierno o
agencia solicitante, tanto el compromiso expreso de su utilización exclusiva
para los fines objeto del requerimiento de información, así como la obligación
de garantizar la debida protección a la reserva que ampara la información
suministrada".
Artículo 44. Oportunidad para allegar pruebas
al expediente. Adiciónase el artículo 744 del Estatuto Tributario con los
siguientes numerales:
"8. Haber sido obtenidas y allegadas en
cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de
información, para fines de control fiscal con entidades del orden nacional o
con agencias de gobiernos extranjeros.
“9. Haber sido practicadas por autoridades
extranjeras a solicitud de la Administración Tributaria, o haber sido
practicadas directamente por funcionarios de la Administración Tributaria
debidamente comisionados de acuerdo a la ley".
CAPITULO V
Otras disposiciones
Artículo 45. Tarifa de retención en la fuente por
honorarios y servicios. Modifícase el inciso 3° y adiciónase un inciso al
artículo 392 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"La tarifa de retención en la fuente para
los honorarios y comisiones, percibidos por los contribuyentes no obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, es el diez por ciento (10%)
del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La misma tarifa se aplicará
a los pagos o abonos en cuenta de los contratos de consultoría y a los
honorarios en los contratos de administración delegada. La tarifa de retención
en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por
el Gobierno Nacional.
La tarifa de retención en la fuente para los
servicios percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, es del seis por ciento (6%) del valor
del correspondiente pago o abono en cuenta. La tarifa de retención en la fuente
para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno
Nacional".
Artículo 46. Documentos exentos del impuesto de
timbre. Adiciónase el artículo 530 del Estatuto Tributario con los siguientes
numerales:
"54. Los pagarés que instrumenten cartera
hipotecaria.
55. Los documentos que instrumentan la cesión
de activos, pasivos y contratos que suscriban las entidades financieras
públicas conforme a lo dispuesto por el artículo 68 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, o la cesión de uno o varios de los activos, pasivos o
contratos conforme a las normas del Código de Comercio. Para efectos de este
numeral, se entiende por entidades financieras públicas aquellas en las cuales
la participación del capital público es superior al cincuenta por ciento (50%)
de su capital social.
56. Los títulos y demás documentos que se
originen o deriven directamente de las operaciones de compra de cartera
hipotecaria, su titularización y la colocación de los títulos correspondientes
a los que se refiere la Ley 546 de 1999".
Artículo 47. Modifícase el numeral 6 del
artículo 530 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"6. Las acciones, los bonos, los papeles
comerciales con vencimiento inferior a un (1) año autorizado por la Superintendencia
de Valores".
Artículo 48. Facilidades para el pago.
Adiciónase el artículo 814 del Estatuto Tributario, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Cuando el respectivo deudor haya
celebrado un acuerdo de reestructuración de su deuda con establecimientos
financieros, de conformidad con la reglamentación expedida para el efecto por
la Superintendencia Bancaria, y el monto de la deuda reestructurada represente
no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo del deudor, el Subdirector
de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, podrán mediante
Resolución conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas de
interés inferiores y plazo para el pago superior a los establecidos en el
presente artículo, siempre y cuando se cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones:
1. En ningún caso el plazo para el pago de las
obligaciones fiscales podrá ser superior al plazo más corto pactado en el
acuerdo de reestructuración con entidades financieras para el pago de
cualquiera de dichos acreedores.
2. Las garantías que se otorguen a la DIAN
serán iguales o equivalentes a las que se hayan establecido de manera general
para los acreedores financieros en el respectivo acuerdo.
3. Los intereses que se causen por el plazo
otorgado en el acuerdo de pago para las obligaciones fiscales susceptibles de
negociación se liquidarán a la tasa que se haya pactado en el acuerdo de
reestructuración con las entidades financieras, observando las siguientes
reglas:
a) En ningún caso la tasa de interés efectiva
de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a la tasa de interés efectiva
más alta pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores;
b) La tasa de interés de las obligaciones
fiscales que se pacte en acuerdo de pago, no podrá ser inferior al índice de
precios al consumidor certificado por el DANE incrementado en el cincuenta por
ciento (50%).
Artículo 49. Adiciónase un parágrafo 2° al
artículo 850 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Parágrafo 2°. Tendrán derecho a la
devolución o compensación del impuesto al valor agregado IVA, pagado en la
adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social,
las entidades cuyos planes estén debidamente aprobados por el Inurbe, o por
quien este organismo delegue, ya sea en proyectos de construcción realizados
por constructores privados, cooperativas, organizaciones no gubernamentales y
otras entidades sin ánimo de lucro.
La devolución o compensación se hará en una
proporción al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las escrituras de
venta del inmueble nuevo tal como lo adquiere su comprador o usuario final,
cuyo valor no exceda los ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos
mensuales legales de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.
La DIAN podrá solicitar en los casos que
considere necesario, los soportes que demuestren el pago del IVA en la
construcción del proyecto de vivienda de interés social.
Artículo 50. Devolución automática de saldos a
favor del impuesto sobre la renta. Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 850-1. Devolución automática de
saldos a favor del impuesto sobre la renta. Conforme al reglamento que para
tales efectos se expida, el Gobierno Nacional establecerá el procedimiento para
las devoluciones automáticas de los saldos a favor originados en las
declaraciones de renta, cuyo valor no exceda de diez (10) salarios mínimos
mensuales vigentes.
La devolución automática deberá realizarse
entre los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación en debida forma
de la declaración que presenta el saldo a favor.
La devolución extemporánea causará intereses
corrientes.
Artículo 51. Actualización del valor de las
obligaciones tributarias pendientes de pago. Adiciónese el artículo 867-1 del
Estatuto Tributario con los siguientes parágrafos:
"Parágrafo 1°. Para efectos de la
actualización de las obligaciones tributarias de que trata este artículo, las
empresas que celebren acuerdos de reestructuración en los términos de la Ley
550 de 1999, en relación con las obligaciones tributarias objeto de negociación
de conformidad con el artículo 52 de la misma ley, se ajustarán a la siguiente
regulación:
1. Se liquidará y causará la obligación
correspondiente a la actualización de acuerdo a las normas vigentes, pero su
pago podrá ser diferido para ser cancelado una vez se haya cubierto la
totalidad de las sumas correspondientes a sanciones, intereses e impuestos
adeudados objeto de la negociación.
2. Los saldos así acumulados se podrán pagar en
pesos corrientes a partir del vencimiento del plazo acordado para el pago de
las obligaciones tributarias, siempre y cuando se cumpla con los términos y
plazos establecidos en el acuerdo de reestructuración y hasta por un plazo
máximo de dos (2) años, que se graduará en atención al monto de la deuda, de la
situación de la empresa deudora y de la viabilidad de la misma.
3. Para el plazo adicional así establecido, el
monto de las obligaciones por concepto de actualización de que trata este
artículo, conservará la prelación legal, y su pago podrá ser compartido con los
demás acreedores.
Parágrafo 2°. En todos los casos los socios,
copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorcios responderán solidariamente
por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente
colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios,
copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de
sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en
el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata este artículo no se
aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas.
En los mismos términos se entienden modificados
el inciso primero y el literal b) del artículo 793 y el artículo 794 de este
Estatuto".
Artículo 52. Deducción o descuento del impuesto
sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. Los contribuyentes
personas jurídicas que tuvieren a la fecha de vigencia de la presente Ley
saldos pendientes para solicitar como deducción, en los términos del artículo
18 de la Ley 488 de 1998, o como descuento, en los términos del artículo 104 de
la Ley 223 de 1995, el impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o nacionalización
de activos fijos, conservarán su derecho a solicitarlo en el período gravable
siguiente.
Artículo 53. Policía Fiscal Aduanera y
naturaleza jurídica del servicio prestado por la DIAN. Créase al interior de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la Dirección de Policía Fiscal y
Aduanera. Los funcionarios que la compongan podrán por delegación expresa del
Director General de la DIAN adelantar procesos de fiscalización y control.
Bajo esta misma delegación, la Dirección de
Policía Fiscal y Aduanera soportará los operativos de control tributario que
realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el territorio
nacional, con la coordinación y supervisión de esta última entidad.
El Gobierno Nacional determinará la estructura
de esta nueva Dirección, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
vigencia de esta ley.
Parágrafo. Para los efectos de la aplicación
del inciso 1° del artículo 56 de la Constitución Política, el servicio público
prestado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se define como
servicio público esencial, cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad
fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico
nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las
operaciones de comercio exterior.
Artículo 54. Atención de garantías de productos
que corresponden a renglones de contrabando masivo. El Director General de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el
Superintendente de Industria y Comercio, determinarán mediante acto de carácter
general aquellos productos de entre los que corresponde a renglones calificados
como de contrabando masivo para los efectos del artículo 88-1 del Estatuto
Tributario, respecto de los cuales se podrá condicionar la atención en
garantía, obligando a quien deba responder en garantía a que exija, como
requisito para prestarla, la presentación de la factura que acredite el origen
legal del producto.
En los casos previstos en el párrafo anterior,
el productor, importador o proveedor, ante quien no sea acreditada tal
circunstancia, deberá informar de ese hecho a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales dentro de los dos (2) días siguientes a la solicitud de la
garantía.
Artículo 55. De conformidad con el inciso 2º
del parágrafo del artículo 357 de la Constitución Política, el nuevo gravamen a
los Movimientos Financieros que se crea por la presente ley, está excluido de
la participación que les corresponde a los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación hasta el año 2009.
En aplicación de esta misma disposición,
durante el año 2001 los municipios no tendrán participación en los ingresos
originados por las modificaciones introducidas por esta ley al impuesto sobre
las ventas, al igual que en los ingresos por los ajustes en materia del
impuesto sobre la renta para el año gravable 2001 que se recauden durante el
año 2002.
Artículo 56. Tasa Especial por los servicios
aduaneros. Créase una tasa especial como contraprestación por el costo de los
servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales a los usuarios, que será equivalente al uno punto dos por ciento
(1.2%) del valor FOB de los bienes objeto de importación.
Esta tasa no será aplicable para las
importaciones de bienes provenientes directamente de países con los que se
tenga acuerdo de libre comercio, siempre y cuando dichos países ofrezcan una
reciprocidad equivalente, ni a los usuarios del Plan Vallejo, ni a las
importaciones de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional que
realice la Fuerza Pública.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
mediante Resolución fijará los mecanismos de control para garantizar el pago de
dicha tasa, así como la forma y los plazos para su cancelación.
Parágrafo. En ningún caso el valor previsto en
el inciso primero de este artículo podrá ser inferior al consignado en las
declaraciones de importación.
Artículo 57. Administración y control. Para el
control de la tasa especial por los servicios aduaneros, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales contará con las facultades de investigación,
determinación, discusión, y cobro previsto en las normas aduaneras vigentes, en
el Estatuto Tributario, y sus reglamentos.
Teniendo en cuenta que esta tasa es un ingreso
corriente sujeto a lo previsto por el inciso 2 del parágrafo del artículo 357
de la Constitución Política, y que no constituye en ningún caso un impuesto,
créase el Fondo de Servicios Aduaneros, el cual se financiará con los recursos
que recaude la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de la
misma. Los recursos de dicho Fondo se destinarán a recuperar los costos
incurridos por la Nación en la facilitación y modernización de las operaciones
de comercio exterior, mediante el uso de su infraestructura física y
administrativa y para la financiación de los costos laborales y de capacitación
de la DIAN.
El Fondo de Servicios Aduaneros será
administrado por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 58. Modifícase el artículo 16 de la
Ley 10 de 1991, el cual quedará así:
"Las empresas asociativas de trabajo
estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando
en el respectivo año o período gravable hayan obtenido ingresos brutos
inferiores a cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000.00) (valor año base
2000), y su patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no
exceda de doscientos millones de pesos ($200.000.000.00) (valor año base 2000).
Para efecto de los beneficios previstos en este artículo, y los artículos 14 y
15 de esta misma ley, se excluyen las rentas provenientes del ejercicio de
profesiones liberales y los servicios inherentes a las mismas.
Los beneficios previstos en los artículos 14 y
15 de esta ley para las utilidades y rendimientos percibidos por los miembros
de las empresas asociativas de trabajo, sólo procederán si esta empresa reúne
los requisitos legales para estar exenta del impuesto sobre la renta y
complementarios".
Artículo 59. Modifícase el artículo 9° de la
Ley 66 del 19 de agosto de 1993, el cual quedará así:
"Artículo 9°. Conforme al procedimiento
que establezca la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el
valor de los depósitos judiciales prescribirá a favor del Tesoro Nacional si
transcurridos dos (2) años, contados a partir de la terminación definitiva del
correspondiente proceso, no hubieren sido reclamados por sus beneficiarios.
Parágrafo. Los depósitos judiciales efectuados
por causas o motivos laborales, prescribirán a favor del Tesoro Nacional, si
transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha del depósito, no se
hubiere iniciado proceso judicial alguno por parte del beneficiario, tendiente
a obtener su entrega.
Los dineros así adquiridos financiarán planes,
proyectos y programas de inversión y capacitación de la Rama Judicial".
Artículo 60. Contratos y convenios. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial podrá celebrar en nombre de la
Nación -Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura, los actos y contratos
que deban otorgarse o suscribirse con personas públicas y/o privadas para la
prestación de servicios con objeto de mejorar la administración de los recursos
y servicios de la Rama Judicial, tales como cobro coactivo, notificaciones,
citaciones y expedición de certificaciones.
También, la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial podrá suscribir en nombre de la Nación- Rama Judicial- Consejo
Superior de la Judicatura, contratos de fiducia para la administración de
recursos, que se constituyan en patrimonios autónomos independientes.
Así mismo, podrá celebrar convenios o suscribir
contratos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para combatir la
evasión y morosidad en el pago de tributos, contribuciones, aportes y multas.
En desarrollo de estos podrán realizar planes conjuntos de fiscalización, cobro
y capacitación.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura deberá autorizar previamente la celebración de los contratos o
convenios a los que se refiere este artículo.
Artículo 61. Multas. Modifícase el inciso 4°
del artículo 31 de la Ley 200 de 1995, el cual quedará así:
"Vencido el plazo señalado en el inciso
anterior, el sancionado pagará el monto de la multa con intereses moratorios
mensuales a la tasa establecida en las normas tributarias".
Artículo 62. Multas y causación de intereses
moratorios. Las multas que a partir de la vigencia de la presente Ley impongan
las autoridades judiciales una vez sean exigibles causarán intereses moratorios
mensuales a la tasa establecida en las normas tributarias.
Artículo 63. El Fondo Obligatorio para Vivienda
de Interés Social, Fovis. El Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social,
Fovis, estará constituido por los aportes y sus rendimientos, que al mismo haga
la correspondiente Caja de Compensación Familiar, los cuales continuarán administrados
directamente por las Cajas en forma autónoma en sus etapas de postulación,
calificación, asignación y pago, en los porcentajes mínimos que se refieren a
continuación:
a) Para el año 1999, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del veintiséis por ciento (26%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veintidós por ciento (22%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
b) Para el año 2000, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá transferir
al Fovis una suma que será del veintiséis por ciento (26%); para aquellas
cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al veinte
por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veinticuatro por ciento (24%) de los aportes patronales
para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará
el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
c) Para el año 2001, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del veintiséis por ciento (26%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veinticinco por ciento (25%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
d) Para el año 2002, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del veintisiete por ciento (27%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veintiséis por ciento (26%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
e) Para el año 1999, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional deberá transferir al Fovis una suma que será del
trece por ciento (13%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad
de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de
cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
f) Para el año 2000, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al cien por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del
quince por ciento (15%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad
de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de
cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
g) Para el año 2001, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al cien por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del
diecisiete por ciento (17%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
h) Para el año 2002, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al cien por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del
dieciocho por ciento (18%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
i) Para el año 1999, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al cien por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del siete por ciento
(7%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean
inferiores al diez por ciento (10%) de los recaudos de la caja con mayores
aportes, este porcentaje será del cinco por ciento (5%) de los aportes
patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto
por este artículo;
j) Para el año 2000, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al ciento por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del nueve por ciento
(9%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean
inferiores al diez por ciento (10%) de los recaudos de la caja con mayores
aportes, este porcentaje será del siete por ciento (7%) de los aportes
patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto
por este artículo;
k) Para el año 2001, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al cien por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del diez por ciento
(10%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
l) Para el año 2002, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al ciento por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del doce por ciento
(12%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
m) Para los años 1999, 2000, 2001 y 2002,
cuando el cociente particular de recaudo para subsidio familiar de una caja
resultare inferior al ochenta por ciento (80%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del cinco por ciento (5%) de los aportes
patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto
por este artículo.
Parágrafo 1°. Las Cajas de compensación
familiar con los recursos restantes de sus recaudos para subsidios no estarán
obligadas a realizar destinaciones forzosas para planes de vivienda.
Parágrafo 2°. El cincuenta y cinco por ciento
(55%) mínimo, que las cajas destinarán al subsidio monetario, será calculado
sobre el saldo que queda después de deducir la transferencia respectiva al
Fondo de subsidio familiar de vivienda y las demás obligaciones que determine
la ley, así como el diez por ciento (10%) de los gastos de administración y
funcionamiento la contribución a la Superintendencia del Subsidio Familiar
según la legislación vigente. En ningún caso una caja podrá pagar como subsidio
en dinero una suma inferior a la que esté pagando en el momento de expedirse
esta ley.
Parágrafo 3°. No estarán obligadas a la
destinación de recursos para el Fovis en el componente de vivienda de interés
social, las Cajas de compensación familiar que operen al tenor del inciso 2°
del artículo 43 del Decreto 341 de 1988, en las áreas que a continuación se
enuncia y respecto de los recaudos provenientes de las mismas:
Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare,
Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y
Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada y la región de Urabá, con excepción de las
ciudades de Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal, y sus respectivas áreas
de influencia en estas áreas; las cajas podrán adelantar libremente programas
de vivienda, incluidos subsidios para los beneficiarios adjudicatarios de los
mismos. La autoridad de inspección y vigilancia competente evaluará las
situaciones de excepción de este parágrafo.
Parágrafo 4°. No estarán obligadas a la
destinación de recursos para el Fovis en los componentes de vivienda de interés
social, de que trata esta ley, las Cajas de compensación familiar que operen al
tenor del inciso 2° del artículo 43 del Decreto 341 de 1988, en las zonas de
desastre del Eje Cafetero. La autoridad de inspección y vigilancia está
facultada para evaluar la situación de estas cajas en la medida en que se vaya
recuperando la zona.
Parágrafo 5°. No obstante lo señalado en este
artículo, las cajas podrán someterse a un plan de ajuste para alcanzar los
porcentajes aquí establecidos, cuando las circunstancias financieras así lo
requieran, a juicio de la entidad que ejerza la supervisión y control de las
Cajas de Compensación.
Artículo 64. Destinación de los recursos del
Fovis. Los recursos adicionales que se generen respecto de los establecidos con
anterioridad a la presente ley se destinarán de la siguiente manera:
a) No menos del cincuenta por ciento (50%) para
vivienda de interés social;
b) El porcentaje restante después de destinar
el anterior, para la atención integral a la niñez de cero (0) a seis (6) años y
la jornada escolar complementaria. Estos recursos podrán ser invertidos
directamente en dichos programas abiertos a la comunidad, por las Cajas de
compensación sin necesidad de trasladarlos al Fovis.
Parágrafo. En aquellos entes territoriales que
cuentan con recursos para la cofinanciación de los Programas de Jornada Escolar
Complementaria y atención a los niños de cero (0) a seis (6) años más pobres,
las Cajas de Compensación Familiar podrán establecer convenios y alianzas con
los gobiernos respectivos para tal fin.
Artículo 65. Manejo financiero. Las Cajas
tendrán un manejo financiero independiente y en cuentas separadas del recaudo
del cuatro por ciento (4%) de la nómina para los servicios de mercadeo, IPS y
EPS. Por consiguiente, a partir de la vigencia de la presente ley, en ningún
caso los recursos provenientes del aporte del cuatro por ciento (4%) podrán
destinarse a subsidiar dichas actividades. Estos servicios abiertos a la
comunidad deberán llegar a su punto de equilibrio financiero el 31 de diciembre
del año 2000. En el caso de los hoteles no habrá tarifa subsidiada para los
trabajadores que tengan ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos
legales vigentes.
Parágrafo 1º. Las cajas de compensación
familiar podrán aprobar préstamos con destino a colaborar en el pago de
atención de personas a cargo de trabajadores beneficiarios, al tenor de la Ley
21 de 1982, en eventos que no estén cubiertos por el sistema general de
seguridad social en salud o cobertura de servicios médico-asistenciales a que,
por norma legal, deba estar afiliado el trabajador. El préstamo por evento
podrá ser superior a diez (10) veces la cuota del subsidio monetario mensual
vigente al momento del mismo. Las cajas podrán establecer cuotas moderadoras
para estos efectos exclusivamente.
Parágrafo 2º. Los subsidios de escolaridad en
dinero pagados por las Cajas de Compensación a las personas a cargo de
trabajadores beneficiarias, matriculadas en los tres (3) últimos grados del
ciclo secundario de la educación básica y en el nivel de educación media,
formarán parte del cálculo de subsidio monetario pagado por cada Caja de
Compensación Familiar y de la obligación de destinación para educación prevista
en el artículo 5º del Decreto 1902 de 1994, siempre que la destinación total
para ella no resulte inferior a la obligatoria antes de la vigencia de la
presente ley.
Artículo 66. Programas de capacitación no
formales. Los programas de capacitación no formales que ofrezcan las Cajas de
compensación familiar podrán ser subsidiados cuando no presenten duplicidad con
los programas ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, salvo
aquellos desarrollados en convenios con dicha entidad; dichos programas
dirigidos exclusivamente al fomento, mejoramiento del empleo productivo y a la
generación de ingresos para la familia.
Artículo 67. Fovis. Las cajas de compensación
familiar continuarán administrando autónomamente en los términos previstos por
las Leyes 49 de 1990 y 3ª de 1991 los recursos apropiados con destino a la
postulación, calificación, asignación y pago de subsidios para VIS de
conformidad con los procedimientos señalados por el Gobierno Nacional.
Artículo 68. Subsidios. La asignación de
subsidios correspondientes a la vigencia presupuestal del año 1999 para el
rango de familias con ingreso hasta dos (2) smlm se orientará en primer lugar a
programas asociativos que a la fecha de la sanción de la presente ley demuestren
un avance en construcción de obras de infraestructura o vivienda no menor al
veinte por ciento (20%) del valor total del proyecto.
Artículo 69. Acceso al subsidio. Las familias
de ingresos inferiores a dos (2) smlm podrán acceder al subsidio de vivienda
sin el requisito del ahorro programado siempre y cuando tengan garantizada la
financiación completa de la solución de vivienda a la que aspiran.
Artículo 70. Proyectos colectivos en vivienda
de interés social. La asignación individual de los subsidios a la demanda para
vivienda de interés social contempla las modalidades de proyectos individuales
y proyectos colectivos.
Artículo 71. Concurrencia de las entidades
públicas del orden nacional, departamental o municipal en proyectos de vivienda
de interés social. Las entidades públicas del orden nacional, departamental o
municipal podrán invertir recursos en programas colectivos de Vivienda de
interés Social, VIS. En aquellos municipios en donde haya aporte en lotes
municipales en los programas de VIS, que cuenten con financiación de la Nación,
dichos lotes se adjudicarán por el sistema de libre concurrencia y selección
objetiva entre los constructores interesados, que ofrezcan menor valor de la
vivienda excepto cuando la construcción vaya a ser totalmente ejecutada por una
entidad estatal.
Artículo 72. Afiliación de los trabajadores por
cuenta propia. El Gobierno promoverá la legislación para la incorporación
voluntaria de los trabajadores por cuenta propia a las Cajas de Compensación
Familiar, mediante el pago mensual del dos por ciento (2%) de sus ingresos
reales, con una base mínima de dos (2) salarios mínimos, con derecho a todos
los servicios que las cajas ofrecen, exceptuando el subsidio monetario; y para
programas voluntarios de ahorro programado que se creen para el acceso a la
vivienda en el caso de estos trabajadores. Los programas de ahorro voluntario
para vivienda podrán extenderse a trabajadores afiliados a las Cajas de
Compensación, del sector formal.
Artículo 73. Impuestos en los casos de
supresión, fusión, transformación de entidades u organismos públicos del orden
nacional. En los casos de supresión, fusión, transformación, cesión de activos,
pasivos y contratos, liquidación o modificación de estructura de entidades u
organismos públicos del orden nacional, los actos o contratos que deban
extenderse u otorgarse con motivo de tales eventos, se considerarán actos sin
cuantía y no generarán impuestos ni contribuciones de carácter nacional.
Para efectos del registro sobre inmuebles y
demás bienes sujetos al mismo, bastará con enumerarlos en el respectivo
documento en el que conste la supresión, fusión, transformación, cesión de
activos, pasivos y contratos, liquidación o modificación de estructura,
indicando el folio de matrícula inmobiliaria o el dato que identifica el
registro del bien o de los derechos respectivos, incluidos los derechos
fiduciarios.
Artículo 74. Fondo Agropecuario de Garantías.
El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, podrá otorgar garantía a los proyectos
agropecuarios, de acuerdo con el reglamento que para tal fin expida la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario.
Artículo 75. Fondo Nacional de Riesgos
Agropecuarios. El Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios podrá apoyar el
subsidio a las primas de riesgos de seguros de productores.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario
orientará los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, así como la
elegibilidad del subsidio de las primas a explotaciones agropecuarias y zonas
específicas.
Artículo 76. Sistema para pago de retenciones
de entidades ejecutoras del presupuesto General de la Nación. Las entidades
ejecutoras del presupuesto General de la Nación operarán bajo el sistema de
caja para efectos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos
nacionales.
Artículo 77. Recursos aportados por la Nación.
Cuando la Nación asuma obligaciones a cargo de las entidades públicas en
liquidación, incluidas las derivadas de las cesiones de activos, pasivos y
contratos que haya realizado la entidad en liquidación, esta operación será
tomada como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para
la entidad beneficiaria y sobre ella no se causará el impuesto de timbre
nacional.
Artículo 78. Contratos celebrados con entidades
públicas. El régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos
celebrados con entidades públicas o estatales, para todos los efectos será el
vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación del respectivo
contrato.
Si tales contratos son modificados o
prorrogados, a partir de la fecha de su modificación o prórroga se empezarán a
aplicar las disposiciones vigentes para tal momento.
Artículo 79. IVA al asfalto, mezcla asfáltica y
material pétreo. Lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 488 de 1998
igualmente será aplicable al asfalto y a los materiales pétreos que intervienen
y se utilicen específicamente en el proceso de incorporación o transformación
necesarios para producir mezclas asfálticas o de concreto y en la venta de
asfalto, mezcla asfáltica o materiales pétreos.
Artículo 80. De conformidad con los artículos
64, 65 y 66 de la Constitución Política y para los efectos señalados en el
artículo 8º de la Ley 101 de 1993 sobre desarrollo agropecuario y pesquero, la
Nación asignará a partir del presupuesto del año 2001 un volumen suficiente de
recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento
(50%) del costo de la energía eléctrica sobre un consumo de hasta quinientos
(500) kilovatios horas mes, debidamente comprobado por la electrificadora de la
región.
Los recursos se asignarán solamente a aquellos
distritos de riego establecidos a partir de la vigencia de la presente ley y
que no superen las cincuenta (50) hectáreas.
Artículo 81. Por cada kilovatio hora despachado
en la Bolsa de Energía Mayorista, el administrador del sistema de intercambios
comerciales (ASIC) recaudará un peso ($1.00) m/cte., con destino al Fondo de
Apoyo Financiero para la energización de las zonas no interconectadas. Este valor
será pagado por los agentes generadores de energía y tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2007 y se indexará anualmente con el índice de precios al
productor (IPP) calculado por el Banco de la República. La Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará los ajustes necesarios a la
regulación vigente para hacer cumplir este artículo.
Artículo 82. Naturaleza del Fondo de Apoyo
Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas. El Fondo de
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas es un
fondo cuenta especial de manejo de recursos públicos y privados, sin personería
jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución
Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación
y las demás normas legales vigentes aplicables al mismo. A este Fondo también
podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación
y los que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas,
nacionales e internacionales.
Artículo 83. Todos los recursos del Fondo de
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas se
utilizarán para financiar planes, programas y proyectos de inversión destinados
a la construcción e instalación de la infraestructura eléctrica que permitan la
ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las zonas
no interconectadas.
Artículo 84. Los proyectos energéticos que
presenten las entidades territoriales de las zonas no interconectadas del
Sistema Eléctrico Nacional al Fondo Nacional de Regalías no serán afectados por
impuestos o estampillas del orden territorial, y serán viabilizados por el
Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, el cual los
inscribirá en el Banco de Proyectos de Planeación Nacional.
Artículo 85. Las unidades especiales de
desarrollo fronterizo expedirán la autorización de internación de vehículos a
los que se refiere el artículo 24 de la Ley 191 de 1995. La internación de vehículos
causará anualmente y en su totalidad a favor de las unidades especiales de
desarrollo fronterizo el impuesto de vehículos automotores de que trata la Ley
488 de 1998.
El Ministerio de Transporte fijará la tabla de
avalúo de los automotores en estas zonas.
Artículo 86. La distribución del combustible
importado se realizará exclusivamente a través de Ecopetrol acorde con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Artículo 87. Amplíese en seis (6) meses a
partir de la sanción de la presente ley, el plazo para reglamentar la Ley 191
de 1995 (Ley de Fronteras).
Artículo 88. Impuesto de registro de
instrumentos públicos y derechos notariales. Constituyen actos sin cuantía para
efectos de la liquidación de derechos notariales y registrales, la
transferencia a título de dación en pago de los bienes inmuebles que garantizan
una obligación hipotecaria.
Artículo 89. Los fondos provenientes de
auxilios de entidades o Gobiernos extranjeros convenidos con el Gobierno
colombiano, destinados a realizar donaciones de utilidad común y amparados por
acuerdos intergubernamentales, estarán exentos de todo impuesto, tasa o
contribución.
Artículo 90. La base gravable para los
vehículos que entran en circulación por primera vez está constituida por el
valor total registrado en la factura de venta sin incluir el IVA, o cuando son
importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el valor
total registrado en la declaración de importación.
Artículo 91. Todas las páginas Web y sitios de
Internet de origen colombiano que operan en el Internet y cuya actividad
económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios,
deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas
en los términos que esta entidad lo requiera.
Artículo 92. Para efectos del artículo 18 del
Decreto 350 de 1999, el consejo directivo del Forec determinará la naturaleza
de los contratos de prestación de servicios celebrados con las gerencias
zonales para la reconstrucción económica, social y ecológica de la región del
Eje Cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999.
Artículo 93. Interprétase con autoridad el
texto del literal d) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, en el
sentido que se entiende incorporada en dicha norma la prohibición de gravar con
el impuesto de industria y comercio las actividades de apoyo, fomento y
promoción de la educación pública, que cumplen los Organismos del Estado en
desarrollo de su objeto social, dentro de los fines del artículo 67 de la
Constitución Política y los recursos de las entidades integrantes del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, en el porcentaje de la Unidad de Pago por
Capitación, UPC, destinado obligatoriamente a la prestación de los servicios de
salud, los ingresos provenientes de las cotizaciones y los ingresos destinados
al pago de las prestaciones económicas, conforme a lo previsto en el artículo
48 de la Constitución Política.
Artículo 94. El Departamento del Atlántico en
su calidad de Ente Recaudador del producido del Impuesto denominado Estampilla
"Ciudadela Universitaria del Atlántico", administrará el cien por
ciento (100%) del recurso de la estampilla a través de la Junta Especial
denominada "Junta Ciudadela Universitaria del Atlántico", dicho
impuesto quedará vigente de manera indefinida y se utilizará destinando el
ochenta por ciento (80%) para la construcción, dotación y sostenimiento de la
Universidad del Atlántico y el veinte por ciento (20%) para la construcción y
mejoramiento de vivienda de interés social e infraestructura de servicios
públicos domiciliarios del Departamento del Atlántico.
Artículo 95. Las instituciones universitarias
que tengan vigente ley de Estampilla Universitaria, que hayan terminado la
construcción de sus sedes o subsedes, destinarán a partir de la vigencia de la
presente ley sus recursos de la siguiente forma: Treinta por ciento (30%) para
adquisición de equipos de laboratorio, recursos educativos, apoyo a la
investigación, transferencia de tecnología y dotación, treinta por ciento (30%)
para mantenimiento y servicios, 20% para contribuir al pasivo pensional de la
Universidad respectiva y veinte por ciento (20%) para futuras ampliaciones.
Parágrafo. Se excluyen de este artículo las
instituciones cuya construcción de sedes o subsedes, amortización de créditos y
las futuras ampliaciones se encuentren vigentes, las cuales una vez hayan
cumplido se aplicará lo establecido en el presente artículo.
Los excedentes liberados del servicio de la
deuda tendrán libre destinación.
Artículo 96. Tarifa de las licencias
ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el
artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual quedará así:
"Artículo 28. Las autoridades ambientales
cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos
de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.
Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una
subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de
evaluación y seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación
de estos servicios.
De conformidad con el artículo 338 de la
Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este
artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales
aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluirá:
a) El valor total de los honorarios de los
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta;
b) El valor total de los viáticos y gastos de
viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el
seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos
en la ley y los reglamentos;
c) El valor total de los análisis de
laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para
la evaluación como para el seguimiento.
Las autoridades ambientales aplicarán el
siguiente método de cálculo: Para el literal a) se estimará el número de
profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las categorías y tarifas de
sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de
contratistas Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría
del Banco Mundial o del PNUD; para el literal b) sobre un estimativo de visitas
a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de viaje necesarios,
valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de
viáticos del Ministerio del Medio Ambiente; para el literal c) el costo de los
análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos será incorporado en cada
caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la sumatoria de estos tres
costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el
Ministerio del Medio Ambiente por gastos de administración.
Las tarifas que se cobran por concepto de la
prestación de los servicios de evaluación y de los servicios de seguimiento
ambiental, según sea el caso, no podrán exceder los siguientes topes:
1. Aquellos que tengan un valor de dos mil
ciento quince (2.115) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa
máxima del cero punto seis por ciento (0.6%).
2. Aquellos que tengan un valor superior a los
dos mil ciento quince (2.115) salarios mínimos mensuales vigentes e inferior a
los ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios mínimos mensuales
vigentes tendrán una tarifa máxima del cero punto cinco por ciento (0.5%).
3. Aquellos que tengan un valor superior a los
ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios mínimos mensuales
vigentes, tendrán una tarifa máxima del cero punto cuatro por ciento (0.4%).
Las autoridades ambientales prestarán los
servicios ambientales de evaluación y seguimiento a que hace referencia el
presente artículo a través de sus funcionarios o contratistas.
Los ingresos por concepto de los permisos de
importación y exportación de especies de fauna y flora silvestres no Cites, los
establecidos en la Convención Internacional sobre Comercio de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Cites, los de fabricación y distribución
de sistemas de marcaje de especies de la biodiversidad y los ingresos
percibidos por concepto de ecoturismo ingresarán al Fondo Nacional Ambiental,
Fonam".
Artículo 97. Deducción por nuevas inversiones
realizadas para el transporte aéreo en las zonas apartadas del país. Las
aerolíneas privadas que incrementen el número de vuelos semanales con las
mismas tarifas de las aerolíneas estatales, a las zonas apartadas del país que
presentan serias dificultades de acceso, podrán deducir de su renta bruta el
valor de las nuevas inversiones realizadas en el año o período gravable, que
sean necesarias para extender sus operaciones a dichas zonas del país, siempre
y cuando estas inversiones no se realicen en terrenos y no sean objeto de otras
deducciones previstas en el Estatuto Tributario. El Gobierno Nacional
reglamentará la aplicación de esta norma.
El valor a deducir por este concepto no podrá
en ningún caso exceder del quince por ciento (15%) anual de la renta líquida
del contribuyente calculada antes de detraer tales deducciones.
Artículo 98. Deducción por inversiones en
centros de reclusión. Las empresas o personas naturales podrán deducir de su
renta bruta el valor de las nuevas inversiones realizadas en el año o período
gravable, en centros de reclusión, siempre que se destinen efectivamente a
programas de trabajo y educación de los internos, certificados por el Inpec, y
se vincule laboralmente a la empresa personas naturales pospenadas que hayan
observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del
respectivo centro de reclusión.
El valor a deducir por este concepto no podrá
en ningún caso exceder del quince por ciento (15%) anual de la renta líquida
del contribuyente calculada antes de detraer tales deducciones.
Artículo 99. Modifícase el artículo 91 de la
Ley 488 de 1998, el cual quedará así:
"Artículo 91. Normas aplicables al control
del pago de aportes parafiscales en materia de Seguridad Social. Las entidades
administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema de Seguridad
Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994,
independientemente de su carácter público o privado, tendrán la
responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer las tareas de control a la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian
dicho Sistema.
Para el ejercicio de las tareas de control que
aquí se establecen, las mencionadas entidades gozarán de las facultades de
fiscalización que establece el Libro V del Estatuto Tributario Nacional, en
cuanto ellas resulten compatibles con el ejercicio de tales atribuciones. El
Gobierno Nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las
normas del Libro V del Estatuto Tributario Nacional con las características que
tienen los distintos Subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social
Integral; la naturaleza de parafiscales que tienen los aportes que financian
dicho Sistema y la naturaleza jurídica y capacidad operativa de las entidades
que administran tales aportes.
En todo caso, en ejercicio de las tareas de
control, las entidades administradoras podrán verificar la exactitud y
consistencia de la información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema que hayan recibido; solicitar de los
aportantes, afiliados o beneficiarios la información que estimen conveniente
para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones para con el
Sistema, al igual que solicitar de aquéllos y éstos las explicaciones sobre las
inconsistencias en la información relativa a sus aportes a los distintos
riesgos que haya sido detectada a través del Registro Único de Aportantes a que
alude el inciso final del presente artículo. En ningún caso las entidades
administradoras podrán modificar unilateralmente tales declaraciones, salvo que
se trate de simples errores aritméticos o del período de cotización en salud.
Agotada la etapa persuasiva de control a que
alude el inciso anterior sin que el aportante acepte corregir la situación
anómala detectada por la administradora, ésta deberá dar traslado de las
actuaciones surtidas a la entidad que resulte competente para conocer de las
mismas, según el riesgo de que se trate. En el caso del Sistema de Seguridad
Social en Salud, dicha competencia recaerá en la Superintendencia Nacional de
Salud.
En los casos que correspondan al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones o Riesgos Profesionales, será competente el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Además de las obligaciones establecidas en la
presente disposición, las entidades administradoras de los distintos riesgos
que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral, y las entidades
administradoras de los regímenes especiales que existan en materia de seguridad
social, tendrán la obligación de suministrar a la entidad encargada de la
administración del Registro Unico de Aportantes, RUA, la información relativa a
sus aportantes, afiliados y beneficiarios dentro de los términos y con los
requisitos que establezca el reglamento. El Registro Único de Aportantes, RUA,
deberá contar con la información completa, confiable y oportuna sobre los
aportantes, afiliados y beneficiarios al Sistema de Seguridad Social Integral y
a los regímenes especiales en materia de seguridad social, de tal manera que el
mismo se constituye en una herramienta para el control del cumplimiento de las
obligaciones que la ley establece en materia de seguridad social".
Artículo 100. Adiciónase el artículo 635 del
Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo transitorio:
Parágrafo transitorio. Para la liquidación de
los intereses moratorios de las obligaciones que se cancelen en efectivo
durante el primer trimestre del año 2001, se aplicarán las siguientes tasas:
Siete por ciento (7%) efectivo anual, para
deudas pendientes de pago por los años gravables 1997 y anteriores.
Nueve por ciento (9%) efectivo anual, para
deudas pendientes de pago por los años gravables 1998 y 1999.
Diez por ciento (10%) efectivo anual, para
deudas pendientes de pago correspondientes al año gravable 2000.
Estas tasas no serán aplicables para la
liquidación de los intereses moratorios cuando haya lugar al otorgamiento de
plazos para el pago.
Las disposiciones contenidas en el presente
parágrafo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las
obligaciones de su competencia. Para tal efecto el plazo para cancelar las
obligaciones y liquidar los intereses correspondientes será hasta el 30 de
junio del año 2001.
Artículo 101. Conciliación contenciosa
administrativa tributaria. Los contribuyentes y responsables de los impuestos
sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacional, que hayan
presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de esta ley,
con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán
conciliar antes del día 31 de julio del año 2001, con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales hasta un veinte (20%) por ciento del mayor impuesto
discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando
el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo
anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por
ciento (80%) del mayor impuesto y su actualización en discusión.
Si se trata de una demanda contra una
resolución que impone una sanción, se podrá conciliar hasta un veinte por
ciento (20%) el valor de la misma, para lo cual se deberá pagar el ochenta por
ciento (80%) del valor de la sanción y su actualización, según el caso.
Cuando el proceso contra una liquidación
oficial se halle en única instancia o en conocimiento del Honorable Consejo de
Estado, se podrá conciliar sólo el valor total de las sanciones e intereses,
siempre que el contribuyente o responsable pague el ciento por ciento (100%)
del mayor impuesto y su actualización en discusión.
Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba
del pago o acuerdo de pago de:
a) La liquidación privada de impuesto sobre la
renta por el año gravable 1999 cuando se trate de un proceso por dicho
impuesto;
b) Las declaraciones del impuesto a las ventas
correspondientes al año 2000, cuando se trata de un proceso por dicho impuesto;
c) Las declaraciones de retención en la fuente
correspondientes al año 2000, cuando se trate de un proceso por este concepto;
d) De los valores conciliados, según el caso.
El acuerdo conciliatorio prestará mérito
ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del
Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.
Lo no previsto en esta disposición se regulará
conforme a la Ley 446 de 1998 y el Código Contencioso Administrativo, con
excepción de las normas que le sean contrarias.
Las disposiciones contenidas en el presente
artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del
impuesto al consumo.
Artículo 102. Terminación por mutuo acuerdo de
los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de
los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a
quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, Requerimiento
Especial, Pliego de Cargos, Liquidación de Revisión o Resolución que impone sanción,
podrán transar antes del 31 de julio del año 2001 con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales:
a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del
mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el
valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, en el
evento de no haberse notificado liquidación oficial; siempre y cuando el
contribuyente o responsable corrija su declaración privada, y pague el
cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto;
b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del
mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización
según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no
hayan interpuesto demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y el
contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y
cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;
c) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del
valor de la sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de un pliego
de cargos, en el evento de no haberse notificado resolución sancionatoria,
siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento (50%) de la sanción
propuesta;
d) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del
valor de la sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor de la sanción impuesta.
Para tales efectos dichos contribuyentes
deberán adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada
del impuesto de renta por el año gravable de 1999, del pago o acuerdo de pago
de la liquidación privada del impuesto o retención según el caso
correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago o acuerdo de
pago de los valores transados según el caso.
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a
la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad
con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y con su
cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las
sumas en discusión.
Los términos de corrección previstos en los
artículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario se extenderán temporalmente
con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición, y la del
parágrafo transitorio del artículo 424 del Estatuto Tributario.
Las disposiciones contenidas en el presente
artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del
impuesto al consumo.
Artículo 103. A partir del 1º de enero del año
2001 la Nación cede a favor del Municipio de Zipaquirá la totalidad de los
ingresos provenientes del valor que se paga por la entrada a visitar la
Catedral de Sal de Zipaquirá. Estos recursos serán utilizados por el Municipio
prioritariamente para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de la Catedral
como monumento turístico-religioso y para fomentar el desarrollo turístico y
sus obras de infraestructura del orden local y regional, en armonía con lo
establecido por la Ley 388 de 1997 sobre planes y programas del orden
territorial a escala municipal, departamental y nacional.
Artículo 104. La tarifa del impuesto al consumo
de que trata la Ley 223 de 1995 no se aplicará en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Artículo 105. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 53 de la Ley 550 de 1999, durante la negociación y ejecución de
un Acuerdo de Reestructuración y por un término máximo no prorrogable de ocho
(8) años contados desde la fecha de celebración del acuerdo, el empresario no
estará sometido al régimen de renta presuntiva establecido en el artículo 188
del Estatuto Tributario. Sobre la parte del año en que se celebre el acuerdo y
que haya transcurrido con anterioridad a su celebración, el régimen de renta
presuntiva se aplicará en forma proporcional.
Artículo 106. Modifícase el artículo 146 de la
Ley 488 de 1998, el cual quedará así:
"Artículo 146. Declaración y pago. El
impuesto de vehículos automotores se declarará y pagará anualmente, ante los
departamentos o el Distrito Capital según el lugar donde se encuentre
matriculado el respectivo vehículo.
El impuesto será administrado por los
departamentos y el Distrito Capital. Se pagará dentro de los plazos y en las
instituciones financieras que para el efecto éstas señalen. En lo relativo a
las declaraciones, determinación oficial, discusión y cobro, podrán adoptar en
lo pertinente los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional.
La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público prescribirá los formularios correspondientes, en los
cuales habrá una casilla para indicar la compañía que expidió el seguro
obligatorio de accidentes de tránsito y el número de la póliza. Así mismo,
discriminará el porcentaje correspondiente al municipio y al departamento. La
institución financiera consignará en las respectivas cuentas el monto
correspondiente a los municipios y al departamento.
La Dirección de Impuestos Distritales
prescribirá los formularios del Impuesto de Vehículos automotores en la
jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. El formulario incluirá la casilla
de que trata el inciso anterior".
Artículo 107. Modifícase el artículo 150 de la
Ley 488 de 1998, el cual quedará así:
"Artículo 150. Distribución del recaudo.
Del total recaudado por concepto de impuesto, sanciones e intereses, en su
jurisdicción, al departamento le corresponde el ochenta por ciento (80%). El
veinte por ciento (20%) corresponde a los municipios a que corresponda la
dirección informada en la declaración.
El Gobierno Nacional determinará el máximo
número de días que podrán exigir las entidades financieras como reciprocidad
por el recaudo del impuesto, entrega de las calcomanías y el procedimiento
mediante el cual estas abonarán a los respectivos entes territoriales el monto
correspondiente.
Parágrafo. Al Distrito Capital le corresponde
la totalidad del impuesto recaudado en su jurisdicción".
Artículo 108. El diez por ciento (10%) del
recaudo del punto adicional del IVA, una vez descontado el situado fiscal, se
destinará a financiar gastos de los programas de prevención y atención del
desplazamiento forzado.
Artículo 109. Adiciónase el artículo 518 del
Estatuto Tributario, con el siguiente numeral:
"5. Los jueces, conciliadores, tribunales
de arbitramento por los documentos sujetos al impuesto, que obren sin pago del
gravamen en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y
extrajudiciales".
Artículo 110. Findeter transferirá anualmente a
la Nación el producto del recaudo de la deuda de municipios y empresas de
servicios públicos con Insfopal, realizados según la Ley 57 de 1989, recursos
que se destinarán en su totalidad, anualmente a la financiación del programa de
modernización empresarial ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 111. El Ministerio de Educación
Nacional podrá destinar los recursos a que hace referencia el numeral 4 del
artículo 11 de la Ley 21 de 1982 a proyectos de mejoramiento en infraestructura
y dotación de instituciones de educación media técnica y media académica. Para
este efecto el Ministerio de Educación Nacional señalará las prioridades de
inversión y con cargo a estos recursos, realizará el estudio y seguimiento de
los proyectos.
Artículo 112. Agrégase al artículo 480 del
Estatuto Tributario, el siguiente parágrafo:
"La calificación de que trata este
artículo, no se aplicará para las Entidades Oficiales".
Artículo 113. El veinte (20%) del recaudo
adicional al pasar la tarifa general del IVA del 15% al 16%, obligatoriamente
deberá ser invertido en programas de inversión social.
Artículo 114. Adiciónase el numeral 51 del
artículo 530 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"51. Los documentos privados mediante los
cuales se acuerde la exportación de bienes de producción nacional y de
servicios".
Artículo 115. Adiciónase el artículo 19 del
E.T. (Régimen Especial de Renta) con el siguiente numeral:
Numeral 3. Las asociaciones gremiales respecto
de sus actividades industriales y de mercadeo.
Artículo 116. Las empresas agroindustriales
ubicadas en la zona donde tienen derecho a solicitar los beneficios tributarios
establecidos en el Decreto 1264 de 1994, en la Ley 218 de 1995, en la 383 de
1997 y demás normas concordantes, que hubieren solicitado licencia ambiental a
autoridad competente antes del 1º de enero de 1999 y no la hubieren obtenido a
la fecha de aprobación de esta Ley en el Congreso, perderán de manera
definitiva dichos beneficios fiscales.
Artículo 117. Adiciónase el siguiente parágrafo
al artículo 578 del Estatuto Tributario (Utilización de formularios):
Parágrafo. A partir del año 2001 la DIAN
reajustará los precios de los formularios para la declaración y pago de
anticipos, retenciones e impuestos, hasta dos (2) veces la tasa de inflación
registrada en el año inmediatamente anterior.
Artículo 118. El último inciso del artículo
23-1 del Estatuto Tributario quedará así:
"Interprétase con autoridad que tampoco se
consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios los
fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros, de que trata el capítulo V de
la Ley 101 de 1993 y el Fondo de Promoción Turística de que trata la Ley 300 de
1996.
Artículo 119. A partir de la vigencia fiscal de
2001 las apropiaciones previstas en el presupuesto de gastos del Ministerio de
Minas y Energía, el Fondo Nacional de Regalías y Cormagdalena asociadas al Plan
de Inversiones de la Costa Atlántica, se ubicarán en el presupuesto del
servicio de la deuda. Para ello el Ministro de Hacienda y Crédito
Público-Dirección General del Presupuesto y el Departamento Nacional de
Planeación harán los ajustes correspondientes en el anexo del decreto de liquidación
del presupuesto para el año 2001.
Artículo 120. Los recursos a que hace
referencia el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 y los recaudos por conceptos de
mora, multa y sanciones pecuniarias liquidadas en función de los mismos
continuarán perteneciendo al Fondo de Defensa Nacional. También pertenecerán a
este Fondo los recursos provenientes de la venta de activos de propiedad del
Ministerio de Defensa Nacional y de las donaciones que se realicen al mismo.
Con los recursos provenientes de la venta de activos no se podrán financiar
gastos recurrentes.
Estos recursos serán recaudados directamente
por el Ministerio de Defensa Nacional-Fondo de Defensa Nacional, se
presupuestarán sin situación de fondos y se destinarán al desarrollo de los
objetivos y funciones de la fuerza pública en cumplimiento de su misión
constitucional.
Artículo 121. Interprétase con autoridad que
las actividades desarrolladas conforme a la ley, por la Nación, sus
establecimientos públicos, Superintendencias y Unidades Administrativas
Especiales del orden nacional, tienen el carácter de funciones administrativas,
no sujetas ellas, ni sus ingresos, al impuesto de Industria y Comercio.
Artículo 122. Para las entidades públicas en
disolución, liquidación o concordato liquidatorio se podrán suspender las
sanciones que se encuentren en firme o en proceso de discusión siempre que
medie el pago del veinte por ciento (20%) del valor determinado en las
respectivas Resoluciones. Este pago deberá realizarse al finalizar el proceso
liquidatorio teniendo en cuenta las prelaciones establecidas por la ley para
estas obligaciones.
Artículo 123. Adiciónese el numeral 9 del
artículo 476 del Estatuto Tributario con la frase "y de pensionados".
Artículo 124. Se adiciona al artículo 476 del
Estatuto Tributario el siguiente numeral:
"18. El servicio prestado por
establecimientos exclusivamente relacionados con el ejercicio físico y que no
comprenda actividades de carácter estético y/o de belleza.
Artículo 125. Exclúyase del inciso del artículo
424 del Estatuto Tributario vigente, las máquinas inteligentes de lectura.
Artículo 126. El artículo 459 del Estatuto
Tributario quedará así:
"Artículo 459. Base gravable en las
importaciones. La base gravable, sobre la cual se liquida el impuesto sobre las
ventas en el caso de las mercancías importadas, será la misma que se tiene en
cuenta para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este
gravamen.
Parágrafo. Cuando se trate de mercancías cuyo
valor involucre la prestación de un servicio o resulte incrementado por la
inclusión del valor de un bien intangible, la base gravable será determinada
aplicando las normas sobre valoración aduanera, de conformidad con lo
establecido por el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Artículo 127. Artículo 90, inciso 4° Estatuto
Tributario modificado por el artículo 78 de la Ley 223 de 1995.
Se tiene por valor comercial el señalado por
las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio
para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de
bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral
ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto, salvo que se
demuestre la procedencia de un menor valor con base en un avalúo técnico
realizado por un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o del
Instituto Agustín Codazzi. El avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado
fiscalmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante peritaje
técnico autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz.
Cuando el valor asignado por las partes difiera
notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha de su enajenación,
conforme a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté adelantando
el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los efectos
impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza,
condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos estadísticos
producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el
Departamento Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y
Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines. Su aplicación
y discusión se harán dentro del mismo proceso.
Se entiende que el valor asignado por las
partes difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se aparte en más de un
veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para
los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo
en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos
.
Artículo 128. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales establecerá los mecanismos necesarios para evitar la
triangulación de mercancías introducidas al país al amparo de acuerdos
comerciales suscritos por Colombia con otros países.
Tales mecanismos comprenderán la verificación y
el control de los requisitos de origen, atendiendo lo establecido en los
respectivos acuerdos y las prácticas de pruebas obtenidas en el país que expide
el certificado de origen, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto
señale el Gobierno Nacional.
Artículo 129. El Inurbe podrá adelantar un
programa de refinanciación de las obligaciones que tengan los deudores del ICT
mejorando los plazos de la Resolución número 0167 de 2000 y las tasas de
interés para pago de capital (plazo mínimo de 12 meses) e intereses.
Artículo 130. Quedan excluidos del impuesto a
las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos
nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el Inpec o
por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción,
instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional,
para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita
expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho.
Artículo 131. Adiciónase el artículo 145 del
Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo:
"Parágrafo. A partir del año gravable 2000
serán deducibles por las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, la provisión individual de cartera de créditos y la
provisión de coeficiente de riesgo realizadas durante el respectivo año
gravable.
Así mismo, serán deducibles de la siguiente manera
las provisiones realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes
recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing que deban realizarse
conforme a las normas vigentes:
a) El 20% por el año gravable 2000;
b) El 40% por el año gravable 2001,
c) El 60% por el año gravable 2002;
d) El 80% para el año gravable 2003;
e) A partir del año gravable 2004 el 100%.
Artículo 132. Están excluidos del impuesto
sobre las ventas los anticonceptivos orales (30.06.00.00)
Artículo 133. Autorízase, por una sola vez,
para que los municipios y departamentos productores de hidrocarburos dispongan
del reintegro de sus derechos en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera
de que trata la Ley 209 de 1995, para destinarlo exclusivamente para el pago de
deuda vigente a la fecha de la expedición de la presente ley.
El Gobierno dispondrá de los recursos
correspondientes al Fondo Nacional de Regalías en el Fondo de Ahorro y
Estabilización Petrolera, para asignarlos a los municipios y departamentos no
productores de hidrocarburos, con destinación exclusiva al pago de la deuda
causada por la financiación de proyectos y programas de desarrollo. Los
recursos que se liberen en virtud del presente artículo se destinarán en forma
exclusiva a inversión y en ningún caso a gastos de funcionamiento.
El gobierno reglamentará la distribución de los
recursos a que hace referencia la presente ley.
Artículo 134. Vigencia y derogatorias. La
presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean
contrarias, en especial las siguientes: los artículos 115-1; 126-3; 175; 210;
214; 240-1; la frase "lo anterior no se aplica a los servicios de radio y
televisión" del literal g) del numeral 3 del parágrafo 3 del artículo 420;
parágrafo 1° del artículo 471; parágrafo del artículo 473; 710 incisos 4º y 5º;
los incisos 2 y 3 del parágrafo del artículo 815; 815-2; 822-1; los incisos 2°
y 3° del parágrafo del artículo 850 del Estatuto Tributario; el artículo 8° de
la Ley 122 de 1994; el artículo 27 de la Ley 191 de 1995; los artículos 41 y
149 de la Ley 488 de 1998; la frase "de servicios" a que hace
referencia el inciso primero del artículo 2º y los artículos 18 a 27 de la Ley
608 de 2000; artículo 70 de la Ley 617 de 2000.
Exclúyase a los aeropuertos privatizados y/o
que operan en concesión del inciso segundo del artículo 160 del Decreto 1421 de
1993.
Parágrafo. Las normas legales referentes a los
regímenes tributario y aduanero especiales para el Departamento de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, continuarán vigentes, al igual que el Régimen Aduanero
Especial para el Departamento del Amazonas.
Salvamento de voto a la
Sentencia C-992/01
TASA-Fijación de tarifa atribuida a autoridad administrativa/TASA-Sistema
y método y forma de reparto fijados por ley (Salvamento de voto)
TASA-Vinculación (Salvamento de voto)
TASA-Vinculación del servicio con el cobro (Salvamento de voto)
TASA-Contraprestación efectiva o potencial (Salvamento de voto)
TASA-Vinculación entre cobro y servicio prestado (Salvamento de voto)
TASA-Criterio rígido para el legislador de determinación puntual de
servicios (Salvamento de voto)
CLAUSULA DE LIBERTAD IMPOSITIVA-Alcance (Salvamento de voto)
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA IMPOSITIVA-Alcance
(Salvamento de voto)
Si la libertad de
configuración legislativa en materia impositiva es amplia, y sólo se ve
limitada por las exigencias constitucionales relativas a los principios de
equidad, eficiencia, progresividad y seguridad o no retroactividad de los
tributos, correlativamente el examen de constitucionalidad de las medidas
adoptadas en ejercicio de dicha facultad ha de ser laxo.
TASA ESPECIAL DE SERVICIOS ADUANEROS-No exigencia de precisiones
por vinculación genérica (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-3436
Demanda de inconstitucionalidad
contra la Ley 633 de 2000
Actor: Humberto de Jesús Longas
Londoño
Magistrado ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el debido respeto por la decisión de la
referencia, salvo parcialmente mi voto respecto de la misma, con fundamento en
la siguientes apreciaciones que expuse durante la discusión ordinaria
correspondiente:
Mi discrepancia se refiere a lo decidido en torno del
artículo 56 de la Ley 633 de 2000. Esta disposición, que creaba una tasa
especial por servicios aduaneros, fue declarada inexequible pues a juicio de la
mayoría el legislador no determinó el contenido de los servicios cobrados, ni
la manera concreta como el gravamen se vinculaba a ellos, contraviniendo con
ello la Constitución.
En mi sentir, la Corte aplicó criterios excesivamente
rígidos en torno de la exigencia de determinar el servicio por el cual se
cobraba la tasa y la vinculación al mismo de dicha tasa, requiriendo en el
texto de la ley precisiones pormenorizadas en torno a ambos asuntos, que la
Constitución no reclama.
El artículo 338 superior, referente a la facultad que
le asiste exclusivamente al Congreso Nacional para decretar impuestos, tasas o
contribuciones del orden nacional, en lo que tiene que ver con las tasas
solamente indica que la fijación de la correspondiente tarifa puede ser
atribuida a la autoridad administrativa, pero que en tal caso “el sistema y el
método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto,
deben ser fijados por la ley”. Dicha norma no exige que la misma ley describa o
determine particularizadamente los servicios vinculados a la tasa que se crea.
Su texto, eso si, indica claramente que la vinculación de las tasas a los
servicios no obedece únicamente a “la recuperación de los costos” de los
mismos, sino también a “la participación en los beneficios” que  proporcionen a
quienes los utilizan.
El artículo 56 de la Ley 633 de 1999, era explícito en
cuanto creaba una tasa como contraprestación por los servicios aduaneros
prestados por la DIAN. De su redacción se deducía también que la referida tasa
se cobraría únicamente por los servicios aduaneros causados por la importación
de bienes y no por los que eventualmente pueda originar el proceso de
exportación. La Constitución no exigía que el legislador llevara a cabo la
determinación exacta de tales servicios aduaneros dentro del mismo texto
legal;  además, ellos aparecían determinados en el Decreto 2685 de 1999 o
Estatuto Aduanero, puesto que esta normatividad regula todo lo concerniente al
proceso de importación en sus diferentes modalidades: ordinaria, temporal, con
franquicia, régimen de viajeros, declaraciones obligatorias y valoración
aduanera.
Evidentemente no todas las personas ponen en
movimiento la actividad estatal referida a la actividad aduanera; y en tal
medida quienes lo hacen pueden ser llamados a soportar los costos que implica
dicha actividad administrativa. De hecho, los usuarios de dichos servicios
siempre entran de alguna manera en contacto con la autoridad aduanera, que
despliega una actuación tendiente a satisfacer sus necesidades de legalización
del proceso de importación. La misma ley, en el artículo siguiente, mencionaba
cuáles son los costos que debe asumir el Estado para poner en marcha el
servicio aduanero, costos que se pretendía financiar con el cobro de la tasa;
al respecto indicaba que la misma se destinaría a cubrir la facilitación y
modernización de las operaciones de comercio exterior, mediante el uso de
cierta infraestructura física y administrativa, y a pagar los costos laborales
y de capacitación del personal de la DIAN. En sentir del suscrito, la
vinculación del servicio con el cobro de la tasa era absolutamente obvia y
emanaba de la misma disposición declarada inexequible así como del artículo
siguiente.
No está demás señalar que la doctrina usualmente
señala que los tasas entrañan la noción de contraprestación efectiva o
potencial y que pueden corresponder a la prestación de servicios públicos
respecto de los cuales el contribuyente es usuario directo, como los
domiciliarios, o a servicios de aprovechamiento comunitario, como la justicia,
la seguridad social, etc. En este orden de ideas, en esta oportunidad la
contraprestación vinculada al tributo estaba dada justamente por el servicio
aduanero, es decir por la actividad de la administración tendiente a que el
bien a importar pueda efectivamente ingresar legalmente al país, pagando los
derechos de aduanas exigidos por la ley.
De otro lado, la Sentencia indica que la tarifa debe
estar necesariamente vinculada al servicio, aunque ello no significa que deba
existir una correspondencia exacta entre ella y éste; no obstante, para la
mayoría, en el caso del artículo 56 dicha correspondencia no se presentaba
porque el legislador no había señalado la manera como el gravamen se vinculaba
a los servicios. Añade la Providencia, que la tarifa no se establecía en
función de la utilización  del servicio, sino, exclusivamente, en relación con
el valor del bien importado, lo cual implicaba la inexistencia de la
correspondencia aludida. Al respecto, resulta obvio que la presencia de un bien
que va a ser importado implica necesariamente la utilización de los servicios
aduaneros del Estado, por lo cual es claro que la tasa sí se cobraba por la
utilización de tales servicios o, en otras palabras, que la correspondencia o
vinculación entre el cobro de la tasa y el servicio prestado sí se daba. El
establecimiento de una tarifa ad valorem elegida por la disposición para la
cuantificación de la tasa, que no fue objeto de reproche por la providencia de
la que me aparto, resultaba adecuado para llevar a cabo el cobro
correspondiente, pues hacía recaer la mayor carga de la financiación del
servicio aduanero en quienes llevaran a cabo operaciones de comercio
internacional de mayor valor económico; en este sentido era estrictamente
proporcional en el señalamiento de la correspondencia entre la tasa y el servicio,
y contribuía a hacer efectivo el principio de equidad tributaria.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no se encuentra en la Constitución
ninguna norma que regule la manera precisa en la cual se han de repartir los
costos de los servicios y los beneficios derivados de los mismos entre los
usuarios, asunto que queda librado a la libertad de configuración normativa del
legislador.
Por
lo demás, los rígidos criterios acogidos por la Corte para exigir al legislador
la determinación puntual de los servicios correspondientes a la tasa y el
vínculo exacto entre ésta y aquellos, se contraponen a la que ha sido la
posición jurisprudencial al respecto. En efecto, en anteriores
pronunciamientos, la Corte sostuvo que  no cabía duda
de que “en materia impositiva la Constitución defiere al legislador una amplia
capacidad para establecer los tributos y fijar los sujetos activos y pasivos,
los hechos imponibles, las bases gravables y las tarifas (C.P., arts 150-12 y
338). La cláusula de libertad impositiva, se reitera en el tema de las tarifas
de las tasas y contribuciones que las autoridades pueden cobrar a los
contribuyentes, a título de recuperación de los costos en razón de los
servicios que les presten, en cuyo caso compete a la ley, las ordenanzas o acuerdos,
definir el sistema y el método para calcular tales costos y beneficios, y la
forma de hacer su reparto.”[24]
Así, si la libertad de configuración legislativa en
materia impositiva es amplia, y sólo se ve limitada por las exigencias
constitucionales relativas a los principios de equidad, eficiencia,
progresividad y seguridad o no retroactividad de los tributos, correlativamente
el examen de constitucionalidad de las medidas adoptadas en ejercicio de dicha
facultad ha de ser laxo.  De esta manera, a juicio del suscrito no ha debido la
Corte exigir precisiones en cuanto a la determinación del contenido de los
servicios aduaneros, ni a la manera específica como el gravamen se vinculaba al
servicio, pues su vinculación genérica bastaba para soportar la creación de la
tasa. Las exigencias excesivas de la Sentencia de la cual me aparto, condujeron
a limitar inconstitucionalmente la facultad impositiva reconocida al Congreso
Nacional.
Por las razones expuestas, me aparto de la decisión de
la mayoría en torno de la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 633 de
2000.
Fecha ut supra,
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
[1]
Sentencia C-503 de 2001
[2]
Idem.
[3]
Sentencia C-025-1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa
sentencia la Corte expresó que si bien “... el
término "materia", para estos efectos, se toma en una acepción
amplia, comprensiva de varios asuntos que tienen en ella su necesario
referente”, (...) “[u]n proyecto de ley no puede versar sobre varias
materias. La Constitución expresamente proscribe semejante hipótesis. Ella
ordena que "todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia"
(la Corte resalta)”.
[4]
En Sentencia C-807-2001, la Corte expresó que “A la luz de esos
criterios, el contenido material de un proyecto de ley, en función del
principio de unidad de materia, puede terminar de configurarse en el curso del
debate parlamentario, en la medida en que como fruto de tal debate es posible
decidir, en ciertos casos, su restricción, o su ampliación cuando, en este
último caso, ello se haga sobre contenidos que guarden relación de conexidad
objetiva y razonable con la materia inicial del proyecto. Tal ampliación, como
ha quedado expresado, sólo puede cumplirse con cabal aplicación del principio
de consecutividad.”
[5]
Sentencia C-540-2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[6]
Idem.
[7]
En la Sentencia C-579 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la
Corte expresó que “Si un ciudadano pretende que la Corte efectúe el control
constitucional de una determinada disposición, por considerarla lesiva del
principio de unidad de materia, tal demandante deberá efectuar un triple
señalamiento: a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda, b) el de
las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con
dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas
señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan
el artículo 158 Superior. Ello constituye una aplicación elemental de lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, en el cual se exige que
las demandas de inconstitucionalidad contengan una exposición de las razones
por las cuales los ciudadanos acusan a las normas legales de violar la Carta
Política. Tal y como se señaló en la antecitada sentencia C-540/01, ‘las exigencias contempladas en los artículos 2 y 3 del
Decreto 2067 no se satisfacen con la sola relación de las distintas materias
reguladas por la ley demandada pues se precisa una confrontación razonada entre
las disposiciones constitucionales y las normas cuestionadas, confrontación que
permita advertir que éstas resultan contrarias a los contenidos materiales de
aquellas y que ante esa contrariedad se impone su declaratoria de
inconstitucionalidad’.”
[8]              C-583 de
1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[9]              Sentencia
C-1373 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
1
Cfr. en expediente la constancia de presentación personal de marzo 24 de 1993
que obra a  Fl. 16 vto.
2
Cfr. en expediente auto de mayo treinta y uno (31) de mil novecientos noventa y
tres (1993) que obra a Fls. 33 a 36.
3
Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia No. 15 de marzo 3 de 1987
y sentencia No. 71 de mayo 31 de 1990, entre otras.
[10]
El artículo 17 de la Ley 633 de 2000 señala: “ Para los períodos gravables
de 2000 a 2003, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo
menos un porcentaje equivalente a dos veces la inflación causada en el
respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año
inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de su presentación no se  hubiere notificado
emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente
presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para el
efecto fije el Gobierno Nacional…”
[11]
Sentencia  C-511 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes M.
[12]
Por base gravable se entiende: “...la magnitud o la medición del hecho gravado
a la cual se aplica la tarifa, para de esta manera determinar la cuantía de la
obligación tributaria...”. Sentencia C-583 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[13]
Sentencia C-238 de 1997.M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[14]
Subrayado por fuera del texto original.
[15]
Sentencia C-353 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
[16]
Sentencia C-341 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[17]
Sentencia C-228 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[18]
Consejo de Estado. Sentencia de 15 de Julio de 1994. Expediente. 5393.
[19]
Sentencia C-108 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[20]
Sentencia C-423 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
[21]
Sobre
esta materia, la Corte, en Sentencia C-590 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, expresó que “[l]a jurisprudencia constitucional ha indicado que la
conformación de la unidad normativa procede, exclusivamente, en uno de los
siguientes tres eventos : (1) cuando la disposición demandada – en un
primer evento -, o la que pretende integrarse a la proposición cuestionada – en
un segundo caso -, no tiene un contenido jurídico autónomo, de forma tal que
resulte absolutamente imposible comprenderla y aplicarla sin acudir al texto de
la norma no demandada – en el primer caso – o de la disposición demandada – en
el segundo -.; (2) en aquellas circunstancias en las cuales la norma demandada
se encuentra reproducida en otras disposiciones que no fueron objeto de la
demandada. En estos casos, se integra la unidad normativa para impedir que el
fallo resulte inocuo ; (3)  en tercer lugar, procede la integración de la
unidad normativa cuando, a pesar de que no se verifica ninguna de las dos
causales anteriores, la disposición cuestionada está inserta en un sistema
normativo que, a primera vista, genera serias dudas de constitucionalidad”.
[22]
Cita Sentencias C-702/99, C-140/98
[23]
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, fallo de
marzo 30 de 2001, Radicado 10093. Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva.
[24]
Sentencia 252 de 1997, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz