T-684-01
Sentencia T-684/01
Sentencia T-684/01
JUEZ DE TUTELA-Derechos no invocados/DERECHO DE PETICION-Protección
Dada la informalidad de la acción de tutela, cuando el
actor no invoca expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez
de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger todos
los derechos que de conformidad con las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre
vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del
Decreto 2591 de 1991.
PENSION DE JUBILACION Y DERECHO AL TRABAJO-No se pueden desligar
La pensión de
jubilación es un componente del derecho al trabajo cuyo sentido es garantizar
la subsistencia en condiciones dignas de quien, por razones de la edad y del
tiempo de cotización, adquiere tal derecho, el cual ha sido reconocido como
fundamental en el caso de las personas de la tercera edad: “La Seguridad Social
que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede
verse como algo independiente o desligado a la protección del derecho al
trabajo el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por
considerar que es un principio fundante del Estado Social de Derecho que ella
organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una
relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo,
tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento, es necesariamente
derivación del derecho al trabajo”.
DERECHO DE PETICION-Vulneración
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Presunción de afectación por ausencia
prolongada en pago de mesadas
ADMINISTRACION PUBLICA-Ineficiencia
SEGURO SOCIAL-Negligencia administrativa no puede trasladarse a
usuarios
VIA DE HECHO-Se niega pensión por demora en emisión del bono
BONOS PENSIONALES-No emisión no es obstáculo para obtener
pensión de jubilación
Esta Corte ha señalado con claridad los
mecanismos que existen para que la falta de emisión del bono pensional no sea
un obstáculo para que quien ha alcanzado los requisitos establecidos por la ley
para solicitar la pensión de jubilación, pueda obtener el goce efectivo del
mencionado derecho. En el caso que se revisa, resulta procedente conceder el
amparo constitucional. El actor, quien es una persona de la tercera edad y cuya
subsistencia depende de la pensión, se ha visto afectado por la negativa del
Instituto de Seguros Sociales a pagarla por la falta de emisión del bono
pensional por parte de la Gobernación de Antioquia, lo cual hace presumir la
vulneración de sus condiciones mínimas de existencia y las de su núcleo
familiar.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-427044
Acción de tutela instaurada por Conrado
Gómez Yepes en representación de Delio Enrique Gómez Yepes contra el Instituto
de Seguros Sociales - Pensiones
Magistrado ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., junio veintinueve (29) de dos
mil uno 2001
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo del 15
de diciembre de 2000, adoptado por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Medellín, para resolver la acción de tutela instaurada por Conrado Gómez Yepes
en representación de Delio Enrique Gómez Yepes contra el Instituto de Seguros
Sociales – Pensiones.
El presente expediente fue escogido para
revisión por medio de auto del 13 de marzo de 2001, proferido por la Sala de
Selección Número Tres y repartido a la Sala Tercera de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante solicita que se tutelen sus
derechos a la seguridad social (artículo 48), a la igualdad (artículo 13), a la
protección y asistencia de la tercera edad (artículo 46) y al mínimo vital con
base en los siguientes hechos:
1.  El 2 de noviembre de
1994, el accionante Delio Enrique Gómez Yepes, quien en la actualidad tiene 66
años de edad, solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de su
pensión de vejez.[1]
2.  El 10 de agosto de 1995,
tal solicitud fue negada mediante Resolución No. 07323 del Instituto de Seguros
Sociales SC y DC, en la que se afirma que “el(a) asegurado(a) no reúne los
requisitos exigidos en el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758/90), para tener derecho a la
pensión de vejez, toda vez que cotizó 767 semanas de las cuales 358
corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima
exigida, 60 años, cuando se requieren 500 semanas en ese lapso o 1000 en
cualquier época”.[1]
3.  Según el accionante por
errores del Instituto de Seguros Sociales en dicha resolución no se tuvieron en
cuenta las semanas cotizadas mientras laboró al servicio del Departamento de
Antioquia. A pesar de cumplir con los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión, desde esa
fecha y hasta el presente ha seguido cotizando por pensiones.
4.  El 6 de octubre de 1999,
el accionante solicitó a la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado que
revisara la resolución 07323 de 1995, pues desde el 30 de agosto de 1995,
estaba en poder del Instituto de Seguros Sociales el bono pensional reconocido
por el Departamento de Antioquia.[1] Esta solicitud nunca fue
respondida y los documentos nunca aparecieron “a pesar del radicado interno que
da cuenta de su recibo y a pesar de que la solicitud fue remitida al doctor
Hernando Macías Marín, Gerente de Pensiones del ISS, con fecha 18 de noviembre de 1999 y radicado interno de
Correo Certificado No. 00360132”.
5.  El 24 de mayo de 2000,
el accionante presentó una nueva solicitud que tampoco fue respondida por la
entidad accionada, razón por la cual, acudió a la Personería Municipal de
Medellín donde expuso su caso y se le elaboró un derecho de petición dirigido a
la Gerente de Pensiones del Seguro Social de Antioquia, a través del cual
finalmente obtuvo respuesta.
6.  Mediante oficio
CAPSE–2915–2000, de 6 de octubre y radicado el 9 de octubre de 2000[1],
la Gerencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales informó al
accionante que cumplía con las condiciones para acceder a la pensión de vejez,
consagrada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que exige 1000 semanas
cotizadas en cualquier tiempo y
un mínimo de 60 años de edad, como quiera que había cotizado al Instituto de
Seguros Sociales 3.458 días (494 semanas) por su trabajo en el sector público
(Departamento de Antioquia) desde el 2 de agosto de 1954 al 10 de marzo de 1964
y 909 semanas por su trabajo a través del sector privado, para un total de
1.403 semanas cotizadas y había presentado prueba idónea de su fecha de
nacimiento. Sin embargo, es importante anotar que no aparece en el expediente
ni lo alegó el accionado que le haya sido notificada formalmente al accionante,
mediante la resolución respectiva, el reconocimiento de la pensión y su
liquidación. A pesar de que en el mencionado oficio se dice que el actor reúne
las condiciones para acceder a la pensión de vejez, no se reconoce un derecho,
ni se fija su monto, ni se establece claramente el procedimiento que seguirá la
accionada para hacer efectivo el derecho, ni el plazo dentro del cual cumplirá
con tales trámites.
7.  En ese mismo escrito, se
le informó que se había enviado al Departamento de Antioquia como entidad
emisora del bono pensional, el requerimiento para la emisión de dicho bono.
8.  El 12 de octubre de
2000, mediante oficio No. 122217, la Directora de Prestaciones Sociales y
Nómina de la Gobernación de Antioquia solicitó la aprobación de la liquidación
del bono pensional tipo B a la Vicepresidente de Pensiones del Instituto de
Seguros Sociales.
9.  El 11 de diciembre de
2000, mediante oficio VPBP-2000-3097[1], el Instituto de Seguros
Sociales–Pensiones informa a la Directora de Prestaciones Sociales y Nómina de
la Gobernación de Antioquia que existen algunas discrepancias en la liquidación
del bono pensional de Delio Enrique Gómez Yepes relacionadas con la fecha de nacimiento del afiliado, la fecha
de corte o traslado al Instituto de Seguros Sociales y el período cotizado.
Igualmente corrige la liquidación e informa a la Gobernación que el valor total
del bono pensional del accionante a 28 de diciembre de 2000 es de $52.239.000
pesos. Descontada la cuota a cargo del Instituto de Seguros Sociales, señala que
corresponde a la Gobernación de Antioquia expedir el título valor respectivo
por la suma de $21.134.000 pesos. Finalmente señala que de conformidad con las
normas vigentes, “el Instituto de Seguros Sociales sólo reconocerá y pagará las
pensiones de los servidores y exservidores públicos una vez sean expedidos los
respectivos bonos pensionales”.
10.    El 12 de diciembre de
2000, durante el transcurso de la presente acción de tutela, el Instituto de
Seguros Sociales –Pensiones en oficio VPBP –2000 –3101[1]
informa al juez de segunda instancia que esa “dependencia objetó la liquidación
enviada por la Gobernación de Antioquia, por encontrar inconsistencias,
adicionalmente se envió la liquidación corregida y se solicitó la expedición o
pago del bono pensional del
afiliado”.
2. Sentencia de tutela en primera instancia
El Juzgado 12 Civil del Circuito de
Medellín denegó la tutela por las siguientes razones:
2.1.    A juicio del a quo la solicitud de pensión de vejez
presentada por el accionante había sido respondida oportunamente por el
Instituto de Seguros Sociales, tanto a través de la Resolución 07323 de 2 de
noviembre de 1994, cuando se le informó que no cumplía los requisitos para
obtener la pensión de vejez, como cuando mediante comunicado de 6 de octubre de
2000, se le informó que cumplía con las condiciones para acceder a la pensión
de vejez consagradas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
2.2.    El reconocimiento del derecho a la pensión de vejez no da
derecho a un desembolso inmediato, pues se requiere además la expedición del
bono pensional a cargo del Departamento de Antioquia y los trámites para que
tal bono sea expedido se están adelantando en debida forma.
2.3.    No se demostró que el accionante dependiera del pago de la
pensión para vivir, por lo cual no existe prueba sobre la afectación del mínimo
vital invocado.
3. Impugnación
Mediante escrito presentado el 24 de
noviembre de 2000 el accionante apeló el fallo de primera instancia con los
siguientes argumentos:
3.1.    Que la respuesta a la solicitud para el reconocimiento de la
pensión de vejez, presentada en 1994, por error del Instituto de Seguros
Sociales no tuvo en cuenta el bono pensional que la gobernación de Antioquia
había reconocido y que fue enviado a la Dirección de Pensiones.
3.2.    Que no ha recibido respuesta a su solicitud de octubre de
1999 en la que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez.
3.3.    Que él y su esposa dependen económicamente de la pensión de
vejez solicitada, pues no tiene ningún hijo soltero que le pueda colaborar
económicamente y el retardo injustificado ha vulnerado su derecho a una vida
digna.
4. Sentencia objeto de revisión
La Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Medellín en fallo del 15 de diciembre de 2000 denegó la
tutela del derecho a la seguridad social por considerar que el Instituto de
Seguros Sociales no había asumido ningún comportamiento lesivo de los derechos
incoados, pues había adelantado el trámite correspondiente para la expedición
del bono pensional por parte del Departamento de Antioquia y se encontraba a la
espera del pago del bono pensional respectivo por parte de la Gobernación de
Antioquia. El ad quem estimó que era la Gobernación la entidad que debía
dar respuesta a la petición del accionante, por lo cual consideró que no
existía una trasgresión de derechos fundamentales que debiera ser objeto de
tutela.
II.
Consideraciones y Fundamentos
1. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional para proferir sentencia, en relación con el fallo dictado
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral
noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34,
35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde
a esta Sala establecer en el presente caso, si el retardo del Instituto de
Seguros Sociales en dar respuesta formal a la solicitud del accionante sobre
reconocimiento de la pensión de vejez y la negativa a pagar la pensión
respectiva por estar pendiente la expedición del bono pensional, ha vulnerado
los siguientes derechos fundamentales del actor, en especial los invocados por
él, el derecho a la seguridad social (artículo 48), el derecho a la igualdad
(artículo 13), el derecho a la protección y asistencia de la tercera edad
(artículo 46) y el derecho al mínimo vital (artículos 1, 11y 25, T-426/92,
T-198/95, T-292/95 y T-500/96[1], entre otras).
2.1.   La protección constitucional de
derechos no invocados por el actor
Aunque el actor no mencionó el derecho de
petición, de los hechos relatados y aceptados por la accionada queda claro que
el actor también espera una respuesta
de la Administración. Ha sostenido reiteradamente la Corte que dada la
informalidad de la acción de tutela, cuando el actor no invoca expresamente la
totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la
facultad sino la obligación de proteger todos los derechos que de conformidad
con las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de
1991.[1]
Para la Corte,
"En
cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la necesidad de
pronta resolución son características, suficientemente escudriñadas por la
doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante un mínimo de conocimientos jurídicos, menos
todavía si se pretende que haga encajar sus circunstancias, con absoluta
precisión, en el articulado de la Carta Política.
"Por ello, si el juez encuentra
afectados derechos no invocados por el petente, no sólo puede sino que debe referirse
a ellos en su sentencia y decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes
necesarias para su cabal y plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de
la acción y el consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.
"El juez, especialmente en materia de
tutela, tiene a su cargo un papel activo, independiente, que implica la
búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con la estática e indolente
posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la forma de la
demanda para negar el amparo que de él se impetra".[1]
En el caso presente, a pesar de que el
actor sólo menciona como vulnerados sus derechos a la seguridad social, a la
igualdad, a la protección de los derechos de la tercera edad y al mínimo vital,
la omisión del Instituto de Seguros Sociales en darle una respuesta formal a su solicitud, vulneró directamente
su derecho fundamental de petición y con ello, indirectamente, los derechos
alegados por él, como se analiza a continuación.
2.2. La solicitud de reconocimiento de
pensión y el derecho de petición
En un fallo reciente de unificación, la
Corte reiteró que la pensión de jubilación es un componente del derecho al
trabajo cuyo sentido es garantizar la subsistencia en condiciones dignas de
quien, por razones de la edad y del tiempo de cotización, adquiere tal derecho,
el cual ha sido reconocido como fundamental en el caso de las personas de la
tercera edad[1]:
“La Seguridad Social que se reclama
mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo
independiente o desligado a la protección del derecho al trabajo el cual es
garantizado de manera especial en la Constitución, por considerar que es un principio fundante del
Estado Social de Derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace
y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona
cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se
condicionó su nacimiento, es necesariamente derivación del derecho al trabajo”[1]
En un fallo de 1992, esta Corporación se refirió
en los siguientes términos a la relación que surge entre el derecho a la
pensión de jubilación y el derecho de petición cuando la entidad competente no
da respuesta a la solicitud del accionante para el reconocimiento de dicho derecho.
“Dos son los derechos fundamentales que
ostensiblemente se violaron al petente, a saber, el de petición (art. 23, C.N.), pues la suya no
fue resuelta dentro de los términos legales, pero ni siquiera dentro de
periodos humanamente imaginables, como se ha descrito, y se cometió con él una
absurda arbitrariedad en todas las formas reprochable; y el del trabajo (art.
25. C.N.) que es uno de los fines del estado y constituye fundamento de la
República. […]
Es de notar que él [el derecho de petición]
consiste no simplemente en el derecho de obtener una respuesta por parte de las
autoridades sino de que haya una resolución del asunto solicitado, lo cual si
bien no implica que la decisión sea favorable, tampoco se satisface sin que se
entre a tomar una posición de fondo, clara y precisa, por el competente; por
esto puede decirse también que el derecho de petición que la Constitución
consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo negativo que
algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia
para que el adelantamiento de la actuación sea posible y no sea bloqueada por
la Administración, especialmente con vista en la promoción de las acciones
judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias
constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad
material y sustantiva de resolución y no a una consecuencia meramente formal y
procedimental, así sea de tanta importancia”[1].
En el caso presente de conformidad con lo
que aparece probado en el expediente, el Instituto de Seguros Sociales no sólo
no ha respondido oportunamente, sino que la información solicitada por el
accionante sólo ha sido posible obtenerla cuando en el curso del proceso de tutela la accionada
es requerida por el juez de tutela para informar sobre las razones de la demora
en el pago de la pensión de jubilación del actor. La solicitud presentada
inicialmente el 2 de noviembre de 1994, fue respondida 9 meses después,
denegando la pensión, a pesar de que al parecer, según se deduce del oficio
CAPSE—2915—2000[1], para esa fecha el
accionante cumplía con los requisitos de edad y semanas cotizadas[1].
Luego, las solicitudes presentadas por el
accionante en octubre de 1999 y mayo de 2000 sólo fueron atendidas por la accionada
en diciembre de 2000, durante el
trámite de la acción de tutela y por razón de la misma, sin responderle
directamente al actor. La
vulneración del derecho de petición se presenta en este caso por no haberse
dado una respuesta pronta y formal al actor sobre el estado de su pensión de
jubilación, como quiera que a pesar de cumplir con los requisitos para su
reconocimiento y existir una liquidación del valor del bono pensional, al actor
no se le ha informado cuál es el acto administrativo mediante el cual ésta le
fue reconocida, ni se le ha comunicado cuáles son los trámites pendientes y la
fecha a partir de la cual efectivamente se le empezarán a pagar las mesadas
pensionales correspondientes. Este comportamiento, a la luz de la
jurisprudencia citada, resulta lesivo de derechos fundamentales que deben ser
protegidos a través de la acción de tutela.
2.3.   Presunción de
la vulneración del mínimo vital y procedencia excepcional de la acción de
tutela como mecanismo para el pago de acreencias laborales y pensionales.
La jurisprudencia de
esta Corporación ha señalado que la indefinida y prolongada dilación del pago
de las mesadas pensionales hace presumir la vulneración del mínimo vital del
pensionado y de su familia y en tal evento, cabe la tutela como mecanismo
excepcional para el pago de estas acreencias. Así lo ha dicho la Corte:[1]
“La improcedencia de la acción de tutela
para el pago de acreencias laborales y pensionales, es la regla general, por la
existencia de mecanismos judiciales de defensa distintos de esta acción, que
permiten la satisfacción de esta pretensión (T- 246 de 1992, T-063 de 1995; 437 de 1996, T- 01, T- 087, T-273
de 1997, T- 11, T- 75 y T-366 de 1998, entre otros). Sin embargo, cuando la
cesación de pagos representa para el empleado como para los que de él
dependen,  una vulneración o lesión de su mínimo vital, la acción de tutela se
hace un mecanismo procedente por la inidoneidad e ineficacia de las acciones
ante la jurisdicción laboral para obtener el pago de salarios y mesadas
pensionales futuras, que garanticen las condiciones mínimas de subsistencia del
trabajador o pensionado (sentencias T- 246 de 1992, T-063 de 1995; 437 de 1996,
T- 01, T- 087, T-273 de 1997, T- 11, T- 75 y T-366 de 1998, entre otras).
“El cese de pagos salariales y pensionales,
prolongado o indefinido en el tiempo, hace presumir la vulneración del
mínimo vital tanto del trabajador, del pensionado y de los que de ellos
dependen, hecho que justifica la procedencia de la acción de tutela, a efectos
de ordenar al empleador o la entidad encargada del pago de mesadas pensionales,
el restablecimiento o reanudación de los pagos (sentencia T-259 de 1999). En
tratándose del pago de pensiones, ha de presumirse que su pago está afectando
el mínimo vital del pensionado y, por ende, corresponderá a la entidad
encargada de pagar esta prestación, desvirtuar tal  presunción.”[1]
En consecuencia, tal
como ocurre en el caso presente, la carga de la prueba se invierte,
correspondiéndole a la entidad encargada de pagar esta prestación desvirtuar
dicha presunción Al no haber sido desvirtuada por parte de la accionada y haber transcurrido un lapso
prolongado sin la emisión del bono pensional y sin el pago de las mesadas
correspondientes, procede la tutela como mecanismo excepcional para la
protección del derecho al mínimo vital.
2.4.   Imposibilidad
de trasladar al individuo las consecuencias de la ineficiencia de las entidades
Sorprende en el
presente caso la forma como el Instituto de Seguros Sociales ha omitido el
cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones constitucionales y legales.
Esta Corporación ha señalado que frente al
cumplimiento de los compromisos laborales y pensionales por parte de entidades
estatales, éste debe regirse por los principios de eficacia y eficiencia
consagrados en el artículo 209 de la Carta. La función pública debe ajustarse
al cumplimiento de estos dos principios, los cuales son, a la vez, pautas de
comportamiento de la administración dentro del Estado Social de Derecho y
mecanismos para desarrollar los fines esenciales del Estado[1].
Al respecto, la Corte ha dicho:
"El principio de eficacia (CP art.
209) no se reduce al simple cumplimiento de las disposiciones y exige, por el
contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión, esto
es, por la persona destinataria
de la acción o de la abstención estatal.
“El principio de eficacia es especialmente
importante cuando se trata de procesos administrativos que involucran derechos
fundamentales. El acatamiento de las normas del Estado social de derecho impone
a los funcionarios una atención especial a la persona y a sus circunstancias.
“Tratándose de derechos fundamentales, la
administración pública está obligada a cumplir con unos resultados y no
simplemente con la puesta en obra de unos medios. En este sentido son, por lo
menos hasta cierto punto, indiferentes las causas del retraso administrativo.
La deliberada negligencia administrativa, las fallas ocasionadas por la
ineptitud o incompetencia de los funcionarios o simplemente la ineficacia del
sistema, no pueden ser presentadas como razones válidas para disculpar la
protección de los derechos de las personas."[1]
“Una actuación desordenada e ineficiente[1] de la administración, aunque el objetivo buscado con
ella sea la prevalencia del interés general sobre el particular, comporta, casi
con seguridad, daños que, por el mismo caos generado en la falta de previsión de quienes debieran
desplegarla en grado sumo
habida cuenta de sus responsabilidades públicas, se salgan de su propio control
y se produzca, entonces, además del perjuicio al interés colectivo, una
violación a los derechos fundamentales de los asociados involucrados en tal
situación. La responsabilidad por la vulneración de los derechos en casos como
el señalado recae en la administración. Sería injusto que la soportaran los
particulares, sobre todo si, como sucede en el caso bajo examen, ellos están
ejerciendo una actividad lícita.[1]
En el caso presente, el Instituto de Seguros Sociales
ha condicionado el reconocimiento de la pensión de jubilación del actor y el
pago de la misma con base en dos tipos de argumentos: i) la existencia de
trámites que deben ser agotados; y ii) la falta de recursos para el pago de la pensión.
En cuanto al primer motivo, el Instituto de Seguros
Sociales ha justificado el incumplimiento de sus deberes en la existencia de
términos exigidos por las normas legales vigentes en la materia, aun cuando
posteriormente no los respete; y en la necesidad de esperar indefinidamente a
que se adelanten unos trámites.
En relación con el segundo motivo, el Instituto
asegura que no está obligado a reconocer y pagar la pensión de jubilación hasta
tanto no sea expedido el bono pensional respectivo por la Gobernación de
Antioquia. La Corte analizará este punto, después de hacer unos breves
comentarios sobre el primero.
Invocar trabas de índole práctica a manera
de justificación para postergar indefinidamente el respeto de los derechos
resulta contrario a la Constitución Política. La ineficiencia administrativa no
puede servir de excusa para desconocer los derechos constitucionales y los
costos no pueden ser trasladados a los ciudadanos, y menos aún cuando se trata
de sujetos especialmente protegidos por la Constitución, como es el caso de las
personas de la tercera edad, respecto de quienes se presume que la omisión en
el pago de la pensión a la que tienen derecho, afecta también su derecho al
mínimo vital.
La Corte reitera que el cese prologando e indefinido
en el pago de las pensiones legalmente debidas, así como cualquier otra traba
administrativa, en ningún caso es excusa válida para vulnerar las condiciones
mínimas de existencia del ex trabajador y de su familia.[1].
Ha puesto de relieve la jurisprudencia de esta
Corporación[1]
que el asunto adquiere más gravedad cuando el incumplido es el Estado, porque
éste debe respetar las consecuencias que trae consigo el principio
constitucional que define a Colombia
como un estado social de derecho[1].
2.5. Pensión de jubilación y bono pensional
Encuentra esta Corporación que la falta de
emisión del bono pensional se ha convertido en un impedimento para que quienes
tienen derecho a la pensión de jubilación logren que ésta les sea efectivamente reconocida. Sobre este
problema, la Corte Constitucional sentenció[1]:
"Qué puede hacer la Entidad
Administradora si no le llega el bono?
“Los bonos en sí mismos no son
inconstitucionales, pero la utilización de algo que no va contra la
Constitución no puede convertirse en un elemento que vulnere el derecho a una pensión. La caótica legislación
sobre bonos pensionales no puede afectar injustamente a muchas personas que
teniendo derecho a su pensión no acceden a ella.
“Se incurre en una vía de hecho si a
sabiendas de que una persona tiene el tiempo y la edad requerida, a través de
Resolución se les niega la pensión con la disculpa de que no ha llegado la
plata del bono. Esto ocurre en la gran cantidad de tutelas que se interponen
por esta razón. Particularmente grave es lo que se aprecia en algunas tutelas
objeto de revisión: con mucho esfuerzo el aspirante a jubilado consigue que se
solicite el bono, pero luego o no lo emiten o lo emiten pero no sitúan el
dinero. Lo más inhumano es que si el afectado reclama o interpone tutela, el
Seguro Social profiera Resolución no concediendo la pensión, con el peregrino
argumento de que la ley prohíbe reconocer pensiones a quien no esté amparado
por la expedición del bono y previo el envío del dinero a la Entidad
administradora de pensiones.
“En primer lugar, sería absurdo que una
norma prohibiera decretarle pensión a quien sí tiene derecho a ella. Esa norma
no existe. Lo que las normas han establecido es lo siguiente:
“a) El decreto
reglamentario 1748/95, artículo 44, había establecido que “En ningún caso el
trámite y concesión de la prestación (pensión o indemnización sustitutiva de
bonos tipo B) estará condicionada a la expedición del bono”, posición que
indudablemente era la justa.
“Sin embargo, un
decreto reglamentario (1474/97) de otro decreto reglamentario (1748/95),
artículo 13 dijo: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del
decreto 1296 de 1994, el ISS reconocerá y pagará  la pensión de aquellos
servidores o exservidores públicos del nivel territorial afiliados al ISS a
partir del 1° de abril de 1994, una vez sea remitido el respectivo bono
pensional  a que tengan derecho por parte de la Caja, fondo o entidad del
sector público del nivel territorial”. Tal decreto se refiere a los fondos
departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas. Nótese que el
decreto 1474/97 no establecía prohibición, sino que fijaba una condición.
“b) Posteriormente el
artículo 18 del decreto 1513 de 1998 supeditó el reconocimiento a la expedición
del bono, pero tan no estableció la prohibición que permitió pagar la pensión
tomando en cuenta las cotizaciones al ISS y luego reliquidándose cuando se
expida el bono, no cuando se pague, emisión que debe hacerse "dentro de
los plazos". Se aprecia que la norma en ningún instante prohíbe el reconocimiento
de la pensión. Y es perentoria en que la emisión debe ser oportuna. (...)
“c) De este decreto modificatorio de los
anteriores (Decreto 1513/98) se trató de colegir equivocadamente que si no
llegaba el bono no se decretaba la pensión. Cuestión que vino a ser tratada
últimamente por el decreto extraordinario 266/2000 (de mayor entidad que los
anteriores) al indicar en su artículo 101: “Para el reconocimiento de pensiones
no será necesario el pago del bono pensional. En todo caso será necesario que
el bono haya sido expedido…”. Frase esta última que debe ser interpretada
dentro de los criterios de favorabilidad.
“d) En conclusión, se
afectan derechos fundamentales (especialmente el de dignidad, mínimo vital,
seguridad social, derechos adquiridos) cuando la demora en la emisión del bono
impide el acceso a una pensión de jubilación a la cual tiene derecho quien haya
adquirido el status de jubilado. Y se incurre en vía de hecho si estando
probado que una persona tiene derecho a la pensión se le niega ésta por lo de los
bonos, máxime cuando hoy la misma normatividad ha adoptado una posición
ecléctica: reconocimiento con la expedición, sin necesidad del pago”[1].
De tal manera que ésta Corte ha señalado
con claridad los mecanismos que existen para que la falta de emisión del bono
pensional no sea un obstáculo para que quien ha alcanzado los requisitos
establecidos por la ley para solicitar la pensión de jubilación, pueda obtener el goce efectivo del
mencionado derecho.
En el caso que se revisa encuentra la Sala
que, de acuerdo con su doctrina jurisprudencial, resulta procedente conceder el
amparo constitucional. El actor, quien es una persona de la tercera edad y cuya
subsistencia depende de la pensión, se ha visto afectado por la negativa del
Instituto de Seguros Sociales a pagarla por la falta de emisión del bono
pensional por parte de la Gobernación de Antioquia, lo cual hace presumir la
vulneración de sus condiciones mínimas de existencia y las de su núcleo
familiar.
El accionado a exigir podrá exigir a la
Gobernación de Antioquia el giro oportuno de los recursos respectivos, pero
mientras tal obligación no sea cumplida por quien tiene que efectuar los trámites
administrativos para ello, las consecuencias del incumplimiento no pueden ser
trasladas a los particulares en desmedro de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, la
Corte procede a tutelar los derechos del accionante para reclamar el pago de su
pensión al Instituto de Seguros Sociales independientemente de la falta de
emisión del bono pensional respectivo por parte de la Gobernación de Antioquia.
III.
DECISION
La Sala decide reiterar la jurisprudencia
sentada en las sentencias T-492/92, T-554/94, T-463/96, T-308/98, T-259/99,
C-177/98 y SU-1354/00, entre otras.[1]
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia el
fallo proferido el 15 de diciembre de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, en el que se denegó la tutela del derecho a la seguridad
social a Delio Enrique Gómez Yepes. Por consiguiente, otórgase el amparo en relación con
sus derechos fundamentales de petición, protección especial a las personas de
la tercera edad, mínimo vital y seguridad social.
Segundo.- Ordénase
al Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, si no lo ha hecho todavía, expida la resolución y notifique al
actor su decisión formal relativa al reconocimiento de la pensión de
jubilación, el valor del monto reconocido, los trámites cumplidos y pendientes
para la expedición del bono pensional y la fecha a partir de la cual se iniciará
el pago de las mesadas pensionales.
Tercero.- ORDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Antioquia, para que en el término de cuarenta y ocho (48) siguientes
a la notificación de este fallo, si no lo ha hecho todavía, cumpla con los
trámites y gestiones pendientes para asegurar el pago efectivo de las mesadas
pensionales a que tiene derecho el actor y cuyo pago deberá iniciarse en un
plazo no superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de notificación de
este fallo. En caso de que el bono pensional no haya sido emitido por la
entidad responsable, el presente fallo podrá ser invocado por el Instituto de
Seguros Sociales para exigir la emisión del bono respectivo a la Gobernación de
Antioquia, pero la mora de ésta no exime al Instituto de pagar cumplidamente el
monto total de las mesadas pensionales a las que el petente tiene derecho.
Cuarto.- PREVENIR a la entidad demandada para que cumpla lo
dispuesto en éste fallo y para que en lo sucesivo no repita el tipo de omisión
que dio origen a la presente acción, de conformidad con lo previsto en el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
__JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado_RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado__
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
_
; T-292/95, MP: Fabio
orón Díaz; y T-500/96,
MP: Antonio Bar
era Carbonell.
[1]
Ver
ntre otras, las senten
ias: T-492/92, MP:
Ale
andro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. En
este caso, el accionante se quejaba de una violación a su derecho al debido
proceso, como consecuencia de la cual le resultaba desconocido tambi
n el derecho a la educación. La Corte Constitucional
señaló que no estaba “vedado al juez de tutela proteger derechos no
invocados expresamente por el peticionario, pues si los elementos allegados al
proceso le permiten colegir que se están quebrantando o amenazando otras
garantías fundamentales, no solamente tiene la facultad sino la obligación de
declararlo así,  adoptando las medidas adecuadas a ese propósito”.
T-554/94, MP: Jorge Arango Mejía, En este caso, la Corte encontró como
vulnerados tanto el derecho de petición como el derecho al debido proceso, aún
cuando el actor sólo había solicitado la protección del derecho de petición.
T-532/94, Jorge Arango Mejía, en este caso la Corte protegió adicionalmente el
derecho de petición, aun cuando el actor sólo había invocado como violados los
derechos a la seguridad social, a la vida y el principio fundamental de la
dignidad. T-501/94, MP: Vladimiro
Naranjo Mesa, En esta ocasión la Corte estudió la vulneración de los Derechos a
la intimidad, a la dignidad y de petición, aun cuando el actor había solicitado
la protección de los derechos de petición, igualdad y derecho tener una
familia.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
En este caso la actora solicitaba la protección de los derechos a la igualdad,
al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión u
oficio
la Corte encontró además que se había vulnerado el
principio de buena fé.
[1]
Ver entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-299/97, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia SU-1354/00, MP: Antonio Barrera Carbonell. En
esta sentencia la Corte reitera el reconocimiento del derecho a la
ensión de jubilación como un derecho fundamental para
las personas de la tercera edad.
[1]
Corte C
nstitucional, Sentencia T-481 de 1992, MP: Jaime Sanín Greiffenstein.
En esta oportunidad, la Corte Constitucional confirmó el fallo proferido en
segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla en el qu
se ordenó al I.S.S. iniciar los trámites pertinentes
para el reconocimiento al accionante de la pensión de jubilación por
invalidez. La Corte Constitucional adicionó en el fallo en comento la orden al
I.S.S. que definiera de forma definitiva si la solicitud de reconocimiento de
pensión de jubilación era procedente.
[1]
Cfr. Folios 8 a 11.
[1]
Si se aplica la fórmula definida por la Ley 100 de 1993, el 2 de noviembre de
1994 el accionante no sólo cumplía con el requisito de edad, sino que había
cotizado más de 1000 semanas para su pensión de jubilación.
[1]
Ver C
rte Constitucional, S
ntencias T-308/99,
MP: Alfredo Beltrán Sierra, T-259/99, MP: Alfredo Beltrán Sierra y T-554/98,
MP: Fabio Morón Díaz, entre
otras.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-308/99, MP: Alfredo Beltrán Sierra. En esta
sent
ncia la Corte tuteló los derechos laborales y
pensionales cuyo pago había sido aplazado indefinidamente debido a la crisis
financiera por la que atravesaba la e
tidad accionada.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-089 de 1999 MP: José Gregorio Hernández
Galindo. En este fallo la Corte señaló que “Los entes territoriales
incumplen de manera grave sus obligaciones cuando abandonan a sus trabajadores
privándolos de sus sa
arios o pensiones, y con dicha actitud, no
solo quebrantan clarísimos derechos individuales y colectivos, sino que dejan
inaplicados principios constitucionales de primer orden que deberían haber
presidido su gestión, como los del artículo 209 de la Carta”.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-056/94. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[1]
Sobre este tema de la eficacia y eficiencia, también pueden consultarse,
entre otras, las  sentencias C-479/92. MP: José Gregorio Hernández Galindo y
Alejandro Martínez C
ballero,
T-074/93, MP: Ciro Angarita Barón, T-005/95, MP, José Gregorio
ernández
Galindo, T-716/96. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-115 de 1995, MP: José Gregorio
Hernández Galindo.
[1]
Corte Constitucional, Sentencias T-259/99, MP: Alfredo Beltrán Sierra y
T-308/99, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-387/99, MP:
Alfredo Beltrán Sierra.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-525/99, MP: Carlos Gavir
a Díaz.
[1]
Sentencia C-177/98, MP: Alejandro Martínez Caballero, en la que la Corte
Constitucional examinó si lo
artículos 33 y 209 de la Ley 100 de 1993, sobre bonos
pensionales, limi
aban los derechos a la pensión de vejez y a la
prestación del servic
o de salud a asalariados que habían cumplido con su
obligación de realizar la cotización respectiva.
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-671 de 2000; MP: Alejandro Martínez
Caballero. En dicha sentencia, la Corte concedió las acciones presentadas por
varias personas de la tercera edad en contra del ISS y otras instituciones,
pues no se les habí
liquidado y pagado la pensión de jubilación por la
falta del bono pensional.
[1]
Corte Constitucional, Sentencias T-492/92, MP: Alejandro Martínez Caballero,
T-554/94, MP: Jorge Arango Mejía y T-463/96, MP: José Gregorio Hernández, sobre
protección de derechos no invocados expresamente. Sentencias T-308/98, MP:
Alfredo Bel
rán Sierra, T-259/99, MP: Alfredo Beltrán Sierra sobre
derecho de petición, bono pensional y afectación del mínimo vital; Sentencia
C-177/98, MP: Alejandro Martínez Caballero, sobre bonos pensionales, y
Sentencia SU-1354/00, MP: Antonio Barrera Carbonell, sobre protección de
derechos de las personas de tercera edad, en particular el derecho a la pensión
de jubilación.
[1]
El inciso primero del artículo 23 del decreto 3011 de 1997, invocado por el Colegio,
establece: “La educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos
especiales integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de est