T-643-01
Sentencia T-643/01
Sentencia T-643/01
ACCION DE TUTELA-Naturaleza
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Improcedencia
para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la
Constitución Política
GOBIERNO-Formulación anual del presupuesto y ley de
apropiaciones/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para
incremento salarial de servidores públicos
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA-Improcedencia
incremento salarial para servidores públicos
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expedientes Acumulados:  T-324935,  T-325123, T-326486 y T-326487
Acciones de tutela
instauradas por Eugenia Inés  García Arango, Carmen Simona Figueroa Ruíz, Nidia
Janneth Castillo Upegüi y Flor Alba Urueña de Reyes  contra la Nación,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional y
departamento Administrativo de la Función Pública.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del
mes de junio del año dos mil uno, (2001).
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados, CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ, JAIME ARAUJO RENTERÍA y ALVARO TAFUR GALVIS, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinú (Córdoba) y por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, al resolver sobre las acciones de
tutela, interpuestas por Eugenia Inés  García Arango, Carmen Simona Figueroa
Ruíz, Nidia Janneth Castillo Upegüi y Flor Alba Urueña de Reyes  contra la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación
Nacional y departamento Administrativo de la Función Pública.
I.  ANTECEDENTES.
Los accionantes son servidores públicos
quienes prestan sus servicios como docentes o personal administrativo de
algunos centros educativos en varias regiones del país.
El Gobierno Nacional mediante Decreto 182
del 11 de febrero de 2000, autorizó el incremento salarial para los empleados
del sector público que devengaran hasta dos (2) salarios mínimos mensuales,
medida con la cual ellos aducen una discriminación, pues se desconoce el
mandato constitucional consagrado en el artículo 53 de la Carta. De igual
forma, los demandantes consideran que sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la igualdad, a la remuneración móvil y vital, y al trabajo, están
siendo vulnerados.
Ante tal situación, solicitan la protección
de sus derechos fundamentales reclamados como vulnerados, y en consecuencia
piden se ordene el incremento salarial retroactivo que les corresponde, de
acuerdo con el índice de precios al consumidor causado a 31 de diciembre de
1999.
II. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
En las decisiones judiciales proferidas por
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia del 28 de
marzo de 2000 (Expediente T-324935), por el Juzgado Promiscuo de Familia
de Chinú (Córdoba), del 4 de abril de 2000 (expediente T-325123), y las
proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, de fecha 6 de
abril de 2000 (expedientes   T-326486 y T-326487), se consideró que los
actores no demostraron que el incremento salarial afectare su derecho a la
igualdad pues no quedó demostrado que otras personas en igualdad de condiciones
que ellos, sí se hubieren beneficiado con dicho aumento. Por otra parte, el acto
por el cual se ordenó el ajuste salarial para los trabajadores del sector
público, no puede ser objeto de controversia por vía de la acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 inciso 2° y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, es competente esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional para revisar las decisiones judiciales mencionadas y proferir la
sentencia correspondiente.
2. Improcedencia
de la tutela para solicitar incrementos salariales. Reiteración de
jurisprudencia.
En reiterada jurisprudencia emitida por
esta Corporación,[1] se
denegó el amparo tutelar reclamado por los servidores públicos, quienes con
similares motivos a los expuestos en las presentes tutelas objeto de revisión,
expusieron los efectos negativos generados respecto de sus salarios, con
ocasión de la expedición del
Decreto Reglamentario 182 del 2000, relativo a las medidas gubernamentales de
incremento salarial.
En dichas sentencias, la Corte expuso que
la acción de tutela no era el mecanismo jurisdiccional apropiado para debatir
las decisiones asumidas por el Gobierno Nacional en lo relativo a gasto público
y a política salarial.
Al respecto, la sentencia SU-1052 de 2000,
Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis, expresó lo siguiente:
“... la acción de
tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar
o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno Nacional en materia de
gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en
la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia
determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a
consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se
controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones
para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas
con los números 2780, 2804, 2922 y 3051.
“Igualmente,
tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposición, al
igual que las anteriores, debe demandarse ante ésta Corte en ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad.
“Así mismo, el
mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el
cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no
puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable
jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporación a
la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar
que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto
en el mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.).”
“(...).
“... la Corte estima que en el presente asunto
la tutela no puede concederse como mecanismo transitorio, en razón a que deben
ser las instancias correspondientes las que decidan si los actos generales que
se controvierten, vulneran el derecho a la igualdad y al trabajo de los
servidores públicos; y, como ha quedado expuesto, ninguno de los accionantes
adujo ni probó un perjuicio irremediable que amerite la protección transitoria.
“No obstante no
puede desconocerse el efecto general que en los ingresos de los servidores públicos
ocasiona el no haberse decretado el incremento de sus salarios, por tanto, ha
de recomendarse al Gobierno Nacional que tal como lo plantea en su escrito de
contestación, cuando las circunstancias lo permitan expida “los Decretos que
determinen el aumento salarial a partir del 1° de enero del año 2.000 para los
empleados públicos y oficiales” puesto que, tal como lo dispone la Constitución
Política y lo ha reiterado esta Corporación, el salario es elemento esencial y
definitivo para que el trabajador y su familia alcancen y mantengan una vida
digna, lo cual implica que no puede permanecer estático sino que debe, cuando
menos, permitirle al trabajador conservar su nivel de vida y esto no es
posible, si la remuneración que recibe por su trabajo pierde su poder
adquisitivo.”
Con base en las consideraciones expuestas y
de conformidad con la jurisprudencia que se reitera, esta Sala de Revisión
confirmará las sentencias proferidas por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinú
(Córdoba) y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, mediante las
cuales se negó el amparo tutelar a las peticiones propuestas.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR las sentencias proferidas por la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia del 28 de
marzo de 2000 (Expediente T-324935), por el Juzgado Promiscuo de Familia
de Chinú (Córdoba), del 4 de abril de 2000 (expediente T-325123), y las
proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, de fecha 6 de
abril de 2000 (expedientes T-326486 y T-326487) en las acciones de
tutela interpuestas por Eugenia Inés García Arango, Carmen Simona Figueroa
Ruíz, Nidia Janneth Castillo Upegüi y Flor Alba Urueña de Reyes  contra la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación
Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública por las
consideraciones aquí expuestas
Segundo. Por Secretaria, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
re otras,
las sentencias T- 1123 y 1166 de 2000, M.P: Alejandro Martínez Caballero.
[1]
Al respecto, puede verse la sentencia T- 1166 de 2000, M.P: Alejandro Martínez
Caballero.
[1]
A folios 12 y 13 del expediente, la entidad promotora de