T-374-19
Sentencia T-374/19
RELACIONES DE
ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de
la libertad
DERECHOS DE LOS INTERNOS-Limitación debe ser la mínima necesaria
para lograr los fines propuestos
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Jurisprudencia constitucional
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DEL SISTEMA
CARCELARIO-Reiteración en sentencia T-762/15
HACINAMIENTO CARCELARIO-Principal
problema del sistema penitenciario y carcelario, del cual se derivan muchos
otros que afectan el proceso de resocialización y el respeto por la dignidad
humana
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Medidas a adoptar para lograr protección efectiva
Referencia: Expediente T-6.718.594
Asunto: Acción de tutela instaurada por el
señor Herminsul de Jesús Ramírez en contra del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC), el Complejo Carcelario y Penitenciario del Pedregal (COPED)
y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto
de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Tercera de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del
fallo de tutela proferido el día 11 de diciembre de 2017 por el Juzgado Tercero
de Familia de Oralidad de Medellín, correspondiente al trámite de la acción de amparo
constitucional instaurada por el señor Herminsul de
Jesús Ramírez en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), el Complejo Carcelario y Penitenciario del Pedregal (COPED) y la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
I. ANTECEDENTES
1.1.
Hechos relevantes
1.1.1. El accionante se
encuentra recluido desde el 13 de julio de 2017 en el COPED Pedregal de Medellín[1], en el Patio F, el cual afirma es un área que era utilizada como
bodega de insumos, por lo que no representa un espacio digno para cumplir su
pena privativa de la libertad.
1.1.2. Describe que el
establecimiento cuenta con cinco pabellones, cada uno de dos pisos y 26 celdas,
para un total de 52 celdas por pabellón. Afirma que en cada una de ellas tiene
un área de 3x3 metros cuadrados, con 4 planchas y un sanitario, lo que permite
inferir que están diseñadas para cuatro internos.
1.1.3. Sin embargo, a pesar de
la relación mencionada, actualmente se hallan cinco internos por celda, lo que
hace que una persona tenga que dormir en el piso, aunado a que en su interior
no se cuenta con ventilación ni luz solar.
1.1.4. En línea con lo anterior,
afirma que el hacinamiento en la cárcel sobrepasa el 100%, pues su capacidad
total es para 1.129 personas y, en estos momentos, cuenta con 2.453 reclusos.
Adicionalmente, no solo se presenta el problema de que hay una persona de más
en las celdas, sino que existen dos espacios improvisados denominados “recepción
1 y 2”, en los que se hallan 907 internos, quienes no tienen un verdadero
lugar para cumplir su reclusión y deben turnarse para poder dormir.
1.1.5. Por otro lado, señala que
el número de dragoneantes asignados para el cuidado de los reclusos no responde
a las necesidades de la cárcel, poniendo en riesgo la seguridad de los internos
en caso de una emergencia.
1.1.6. Agrega que el servicio de
salud es deficiente, pues en muchas ocasiones se formaliza aparentemente su
prestación a través de formularios, pero al momento de requerir citas no se
asignan. Por lo demás, afirma que cuando se ordenan medicamentos, éstos no se
entregan.
1.1.7. Menciona que se están
incumpliendo las órdenes impartidas en la Sentencia T-762 de 2015 dirigidas,
entre otras, a resolver el problema de hacinamiento de la Cárcel del Pedregal, ya
que se está recibiendo el mismo número de internos que son remitidos a otras cárceles,
incluyendo personas que provienen de estaciones de policía, por lo que, tal
como lo demuestran las cifras[2],
el número de reclusos ha ido en aumento.
1.1.8. En atención a lo
anterior, cuestiona la labor de los diferentes órganos de control encargados de
velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, como la
Procuraduría, la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía
Municipal de Medellín, quienes no ejercen ningún tipo de vigilancia respecto a
las actuaciones del INPEC.
1.2. Solicitud de amparo
1.2.1. Con ocasión de los hechos
previamente expuestos, el actor presentó solicitud de amparo el día 27 de
noviembre de 2017 en contra del INPEC, el COPED Pedregal y la USPEC, con el fin
de obtener el amparo de sus derechos a la salud, a la vida y a la dignidad
humana.
1.2.2. Con fundamento en lo
anterior, solicitó al juez de tutela que (i) adopte medidas para resolver el
problema de hacinamiento del COPED Pedregal y se reciban internos de forma
decreciente; (ii) se supriman las áreas improvisadas para albergar personas
privadas de la libertad dentro del establecimiento, como lo son “recepción 1
y recepción 2”; (iii) se dé estricto cumplimiento a las órdenes de la
Sentencia T-762 de 2015; (iv) se tomen medidas inmediatas para salvaguardar los
derechos a la salud y a la dignidad de los internos; y (v) se compulsen copias
a la Procuraduría para que investigue a las entidades accionadas por el
incumplimiento de sus deberes.
1.3. Contestación de las
autoridades demandadas
1.3.1. Dirección Regional
Noroeste del INPEC
1.3.1.1. En escrito del 5 de
diciembre de 2017, la Directora de la Regional Noroeste del INPEC contestó la
acción de tutela, advirtiendo que, en efecto, existe hacinamiento en el COPED
Pedregal, al igual que ocurre en todos los establecimientos de reclusión del país.
A su vez, advirtió que está pendiente el cumplimiento de las Sentencias T-388
de 2013[3]
y T-762 de 2015[4],
pero que se están aplicando algunas de las reglas contenidas en ellas, como,
por ejemplo, la de equilibrio, esto es, que se reciben detenidos de acuerdo con
el número de personas que recobran su libertad. Sin embargo, destacó que esto
ha creado otra situación preocupante, referente al exceso de personas recluidas
de forma provisional en estaciones de policía.
Alegó que los jueces, mediante
acciones de tutela, ordenan adoptar medidas para disminuir el hacinamiento
existente, sin percatarse que, al fin de cuentas, son las mismas autoridades
judiciales quienes profieren múltiples órdenes de detención y encarcelamiento
sin realizar un análisis de la crisis penitenciaria y carcelaria, generando con
ello mandatos contradictorios. Sobre el particular, relató que una tutela del
año 2016 ordenó al INPEC recibir a todos los detenidos que se encontraban en
las estaciones de policía y, al mismo tiempo, dispuso al EPMSC de Medellín el
deber de aplicar la regla de equilibrio.
El problema de hacinamiento no
se debe a las actuaciones del INPEC, pues dentro de sus funciones se encuentra
la de recibir a las personas condenadas y a aquellas que los jueces ordenen, sin
que pueda crear nuevos establecimientos o mejorar la infraestructura de los
existentes para generar más cupos. Además, mencionó que los municipios no
tienen cárceles para albergar a los detenidos de manera preventiva, lo que hace
que sean llevados a los sitios de reclusión del INPEC o a estaciones de policía,
los cuales resultan insuficientes.
Finalmente, sostuvo que los entes
territoriales están en la obligación de solucionar en sus respectivos
municipios la crisis carcelaria, pues en virtud de lo establecido en la Ley 65 de
1993, son ellos los responsables de las personas detenidas preventivamente[5].
Aunado a lo anterior, advirtió que la Ley 1709 de 2014 establece la obligación
de crear centros de arraigo transitorio, lo cual no se está cumpliendo[6].
1.3.1.2. Con fundamento en los
anteriores argumentos, la Directora Regional Noroeste del INPEC solicitó (i)
ordenar a los municipios que ubiquen a los sindicados en sus propias cárceles, ayudando
a los que se encuentran en la sexta categoría, pues no cuentan con los recursos
necesarios para asumir estos costos; (ii) disponer que los entes territoriales
cumplan con su obligación de crear centros transitorios de arraigo; (iii) requerir
tanto al Departamento de Planeación Nacional como al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, para que tengan en cuenta la crisis penitenciaria y
carcelaria, con el propósito de que estudien la asignación de un mayor presupuesto
para atender esta problemática; (iv) fijar un plazo razonable para que las
entidades nacionales disminuyan las tasas de ocupación de las establecimientos
penitenciarios, de conformidad con sus competencias; y (v) exonerar al INPEC de
cualquier responsabilidad, toda vez que dentro de sus funciones no está la de
solucionar la problemática carcelaria.
1.3.2. Contestación de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de la USPEC intervino en la acción de tutela, solicitando negar las
pretensiones del accionante. En resumen, afirmó que el accionante puede acudir
a otro tipo de acciones que permitan la protección de los derechos e intereses
colectivos de los internos, en tanto no hay una situación concreta de amenaza
de los derechos fundamentales, por lo que la tutela no resulta procedente.
En todo caso, de estimarse viable
el ejercicio de la acción, la USPEC explicó que su objeto es la “gestión y
operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios
requeridos para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad”,
labor que –con recursos
presupuestales–  inició a partir del año 2013, de suerte que solo desde ese
momento asumió en realidad sus atribuciones, lo que le impide, materialmente,
dar respuesta en breve tiempo a una problemática estructural y compleja.
A lo anterior agregó que dentro
de sus funciones no está la de hacer efectivas las sentencias que ordenan la
privación de la libertad, así como tampoco dictar los regímenes normativos a
los cuales se sujeta la población carcelaria; su rol se limita a suplir las
necesidades en cuanto a infraestructura, bienes y servicios que sean
previamente requeridos por el INPEC, de acuerdo con el presupuesto asignado[7].
En este sentido, indicó que no le es posible realizar obras que no estén previamente
presupuestadas.
Por otro lado, en cuanto a la
prestación del servicio de salud, advirtió que éste ya no se encuentra a su
cargo. Sobre el particular, explicó que el 27 de diciembre de 2016 suscribió el
contrato de fiducia mercantil 331 del año en cita con el Consorcio Fondo de
Atención en Salud PPL-2017, cuyo objeto es la administración y pago de los
recursos dispuestos por el fideicomitente para la atención integral y la
prevención de enfermedades de las personas privadas de la libertad.
Por último, informó que la USPEC
suscribió un convenio interadministrativo en el año 2016 con FONADE, para
mejorar la infraestructura carcelaria, frente al cual se asignaron $
4.090.908.963 millones de pesos, al centro penitenciario objeto de la tutela.
II. SENTENCIA OBJETO DE
REVISIÓN
En sentencia del 11 de diciembre
de 2017, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín declaró
improcedente la acción de tutela, por cuanto la situación que expone el
accionante ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación en
las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, por lo que lo pertinente e idóneo
es que se promuevan las medidas de seguimiento que correspondan. Aunado a lo
anterior, resaltó que es un hecho notorio que el sistema carcelario del país afronta
una problemática estructural, sobre la que no se percibe una pronta solución,
entre otras, por el número de personas recluidas que supera la capacidad de los
centros de reclusión.
Por último, en este caso, agregó
que no se aportó elemento de juicio alguno que permita demostrar una situación
particular que exija una intervención urgente por parte del juez de tutela, es
decir que, a su juicio, no se evidenció la afectación de los derechos
fundamentales del actor, ni la existencia de un perjuicio irremediable. Esta
decisión no fue impugnada por ninguna de las partes del proceso.
III. PRUEBAS
En el expediente se encuentran
las siguientes pruebas relevantes:
- Comunicaciones del 6 de
diciembre de 2017, suscritas por la Coordinadora Grupo Jurisdicción Coactiva,
Defensa Judicial y Tutelas del USPEC, dirigidas al Director de Logística de la
misma Unidad y al representante del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL
2017, en las que solicita que se realicen de forma inmediata las gestiones
pertinentes, directamente o a quien corresponda, para prestar los servicios
requeridos a fin de salvaguardar los derechos del accionante.
- Memorando del 6 de diciembre
de 2017, suscrito por la Coordinadora Grupo Jurisdicción Coactiva, Defensa
Judicial y Tutelas del USPEC, dirigido a la Directora de Infraestructura de la
misma Unidad, en la que solicita que se realicen las gestiones pertinentes para
garantizar los derechos de los internos del establecimiento el COPED Pedregal, en
lo relativo al mantenimiento o construcción de obras para disminuir el
hacinamiento en ese centro carcelario.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
La Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro[8],
en Auto del 27 de abril de 2018, dispuso la revisión de la tutela de la
referencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones
pertinentes.
4.2.
Trámite en sede de revisión
4.2.1. En
Auto del 6 de agosto de 2018, la Sala Tercera de Revisión ofició a la Dirección
General del INPEC, al Consorcio Fondo de Atención de Salud PPL-2017, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Justicia y del
Derecho y al Departamento Nacional de Planeación para que, en un término no
mayor a diez días, se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la
solicitud de amparo, así como para que aportaran cualquier documento u otro
medio de prueba pertinente. De igual manera, pidió al COPED Pedregal que
brindara información sobre el nivel de hacinamiento, las condiciones de
prestación del servicio de salud y las acciones realizadas para efectos de dar
cumplimiento a la Sentencia T-762 de 2015[9]
y el Auto de Seguimiento 121 de 2018[10].
Por lo demás, en virtud de lo previsto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de
2015, se dispuso la suspensión de los términos para fallar en el asunto de la
referencia, hasta tanto fuesen recibidas y analizadas las pruebas solicitadas[11].
4.2.2. En
oficio del 11 de agosto de 2018, el apoderado judicial del Consorcio Fondo de
Atención en Salud PPL-2017, manifestó que carece de competencia en lo referente
a la prestación de servicios médico-asistenciales.
Al respecto,
explicó que el consorcio celebró un contrato de fiducia mercantil con la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en virtud del cual los
recursos que reciba deben destinarse a la celebración de contratos derivados y
pagos necesarios para la prestación de los servicios de salud en todas sus
fases a cargo del INPEC. Su objeto no puede confundirse con la labor a cargo de
las entidades prestadoras de servicios (EPS), ni con el rol que cumplen las
instituciones prestadoras del servicio (IPS), pues su naturaleza es estar
constituida como una entidad fiduciaria.
Así las
cosas, en cuanto al proceso de atención en salud de las personas privadas de la
libertad, resaltó que ellos deben recibir atención intramural por parte del
odontólogo o médico general que se encuentra bajo órdenes del INPEC. Si el profesional
del centro de reclusión determina la necesidad de prescribir atención
especializada, le corresponde remitir la orden a un contact center que
se halla bajo el control de la USPEC. Una vez obtenida dicha autorización, el
INPEC debe desplegar ciertas actuaciones administrativas, tales como (i) la
consecución de la cita y (ii) el traslado del interno a la IPS contratada por
el Consorcio.
En lo
relativo a la prescripción de medicamentos, informó que se cuenta con varios
proveedores de fármacos y de insumos médicos a nivel nacional.
Por lo
anterior, concluyó que el éxito del modelo de atención en salud se centra en
que cada uno de los intervinientes cumpla con sus funciones. En este sentido,
sostuvo que la dotación de las unidades médicas de atención y otros elementos
requeridos dentro del penal, son responsabilidad de la USPEC.
4.2.3. En
escrito recibido el 13 de agosto de 2018, el Subdirector Jurídico del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que es responsabilidad de cada
entidad que forma parte del Presupuesto General de la Nación priorizar,
conforme a las necesidades sectoriales, los recursos necesarios para cumplir
sus objetivos y funciones. Al respecto, resaltó que la asignación de rubros
para atender cualquier orden judicial debe hacerse en el marco de la normativa
que regula el sistema presupuestal, y teniendo en cuenta, fundamentalmente, (i)
la disponibilidad de ingresos para costear los gastos[12],
(ii) el plan financiero que hace parte del marco fiscal de mediano plazo[13];
y (iii) la Regla Fiscal prevista para mantener la sostenibilidad de las
finanzas del Estado[14].
Las
atribuciones del Ministerio radican en la programación presupuestal de los
recursos a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación,
sin que se convierta en su ejecutor. Dicha carga le corresponde a cada entidad,
sobre la base de apropiaciones presupuestales asignadas en partidas globales,
es decir, no se asigna por actividades específicas, ni por establecimientos de
reclusión, pues dicha distribución corresponde a la USPEC.
En este
orden de ideas, concierne a la citada entidad atender las órdenes relacionadas
con el mejoramiento y adecuación de la infraestructura de los centros
carcelarios impuestas por fallos judiciales y también realizar el mantenimiento
que éstos requieran, hasta el monto de las apropiaciones que se aprueban cada
año. Puntualmente resaltó que en los últimos años se ha incrementado el presupuesto
asignado a proyectos para el mejoramiento de las cárceles y centros de
reclusión.
Finalmente,
adjuntó un informe del 3 de agosto de 2018 de la Directora de Infraestructura
de la USPEC, en el que da cuenta de la visita técnica realizada al COPED Pedregal,
cuya conclusión es la que se transcribe a continuación: “Se evidencia al
realizar el recorrido que los espacios R1 y R2 se encuentran destinados a
personal del rancho, el cual se utiliza para reclusos en hacinamiento, en una
cantidad mínima de duchas, sanitarios y camastros”. Ante dicha realidad, se
advierten las siguientes necesidades: “1.- Se debe mejorar y ampliar
la zona de duchas y unidades sanitarias para los patios de R1 y R2, se debe
contemplar como mínimo una unidad sanitaria para cada 25 internos. En este
momento hay dos unidades sanitarias y 300 internos, se debe incrementar 10 más;
2.- Se debe incrementar las cantidades de camastros para los internos en
R1 y R2, actualmente han improvisado tirantas donde cuelgan colchonetas”[15].
Por lo demás, en el mencionado informe, se indicó que la USPEC celebró un contrato
interadministrativo con FONADE, quien a su vez suscribió un contrato de obra y
mantenimiento con un Consorcio Carcelario, dirigido a la preservación y
mejoramiento de la infraestructura física general del COPED Pedregal, incluyendo
–entre
otras– la intervención de los
alojamientos R1 y R2 (camastros) y las redes hidrosanitarias. Estas obras se
encuentran actualmente en ejecución, con un acta de inicio firmada el 3 de
julio de 2018 y con un plazo de ejecución de 12 meses.
4.2.4.  En
escrito del 10 de agosto de 2018, la Dirección de Política Criminal y
Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela en su contra, por falta de legitimación en
la causa por pasiva.
Al respecto,
indicó que es competencia directa del INPEC, de la USPEC y de los entes
territoriales (gobernación y alcaldías de Antioquia), la garantía de los
derechos de la población privada de la libertad, pues son los entes encargados
de desempeñar funciones relacionadas con la administración carcelaria y con la
toma de decisiones en materia de infraestructura, en su calidad de entidades
administrativamente autónomas.
En
particular, resaltó que los entes territoriales tienen a su cargo el manejo de
la población sindicada de cometer delitos[16].
Tal colectivo, según cifras del INPEC, representa un total de 118.701 internos,
lo que asciende a un 31% de las personas privadas de la libertad. En este
contexto, son dichas entidades quienes deben incluir las partidas necesarias
para construir y mantener sus propios centros de reclusión.
4.2.5. En
escrito del 13 de agosto de 2018, el Departamento Nacional de Planeación se
pronunció frente a las pretensiones de la demanda, solicitando ser desvinculado
del trámite de tutela, al no existir de su parte ningún acto susceptible de
generar una afectación a los derechos del accionante.
Inicialmente,
manifestó que una vez la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC) o el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) diseña un proyecto, es
su obligación presentarlo a la entidad cabeza de sector que, en este caso, es
el Ministerio de Justicia y del Derecho. En caso de ser aprobado por dicha
cartera ministerial, a través del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas
Públicas (SUIFP), es enviado al DNP, para que éste rinda concepto técnico y lo viabilice
si se ajusta a los requisitos que rigen su presentación. Una vez cuenta con su
visto bueno, se registra en el BPIN y es incorporado al Presupuesto General de
la Nación, momento a partir del cual le corresponde a las entidades ejecutoras
dar cumplimiento a las metas de la acción estatal.
Pese a que
como organismo técnico carece de competencia para la adecuación y construcción de
los establecimientos de reclusión, sí ha sostenido reuniones con las entidades
encargadas de adelantar dichas obras, con el objeto de conocer los avances y el
plan de trabajo de las intervenciones que se van a realizar. Precisamente, relató
que el 23 de abril de 2018, la Subdirección de Justicia del Departamento
Nacional de Planeación asistió a una reunión con el Ministerio de Hacienda y la
USPEC, en la que se discutieron los avances relativos a las adecuaciones,
mantenimiento y ampliación de cupos previstos para ser realizadas en el COPED Pedregal.
De igual
manera, indicó que, mediante comunicación del 22 de mayo de 2018, la Directora
de la USPEC informó al DNP el cronograma de actividades de las obras previstas,
dentro del marco del convenio interadministrativo que dicha Unidad celebró con
el FONADE, con el objeto de adelantar el mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura física general de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país, incluido el COPED Pedregal.
Por último,
insistió en ser desvinculado de la presente tutela, pues no tiene competencia
para disponer la ejecución o adelantar obras de construcción de infraestructura
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional o
departamental, ni en la prestación de los servicios de salud de las personas
recluidas en dichos centros, por lo que consideró que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4.2.6. En
escrito del 13 de agosto de 2018, el Director del COPED Pedregal dio respuesta
a lo solicitado en Auto del 6 de agosto de 2018, manifestando que las acciones
realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-762 de 2015
han sido las siguientes:
- Primero, respecto
a las condiciones del servicio de salud, señaló que se han designado 21
prestadores dentro de los que se encuentran seis médicos, tres enfermeros
jefes, ocho auxiliares de enfermería, un odontólogo, dos auxiliares de
odontología y una higienista bucal. A la fecha está pendiente la contratación
de un médico y de dos auxiliares de enfermería para completar el cupo asignado.
Intramuralmente, hace presencia (i) la IPS CEPAIN que brinda diagnostico B24X;
(ii) la Clínica la Paz para la atención de patologías o enfermedades mentales;
y (iii) la IPS Sanar Bien encargada de los servicios de fisioterapia. Toda la
atención extramural de segundo, tercer y cuarto nivel es direccionada a la red
externa contratada por el Fiduconsorcio Fondo de Atención en Salud para las
Personas Privadas de la Libertad 2016. Desde el mes de febrero de 2018, la
operación de medicamentos está a cargo de la Cooperativa de Hospitales de
Antioquia COHAN, que se encarga de su manejo integral, que va desde la
planeación de las necesidades hasta la dispensación final de los mismos.
- Segundo,
en lo que atañe al servicio de alimentación, afirmó que realiza la verificación
mediante las actas de COSAL, siendo obligación del contratista proporcionar
ingenieros de alimentos, nutricionistas, auxiliares externos y un jefe de
cocina.
- Tercero,
frente a la disponibilidad de agua potable, sostuvo que la prestación de dicho
servicio está a cargo de las Empresas Públicas de Medellín. El establecimiento
cuenta con un tanque de almacenaje de agua con capacidad para la atención por
18 horas, y en caso de que se presente una suspensión del servicio por más
tiempo, EPM suministra el líquido en carro tanques.
- Cuarto,
las cifras que otorga en materia de hacinamiento parten de un total de 3539
internos, 1277 mujeres y 2262 hombres. Destacó que la capacidad real es de 1288
hombres y 1254 mujeres, por lo que el índice de sobreocupación es de 76% en
hombres y 2% en mujeres. Dada esta situación, relató que debieron habilitarse
los espacios denominados R1 y R2, los cuales no fueron diseñados para la
permanencia de internos, por lo que con cuentan con camastros y los internos
deben dormir en colchonetas. No obstante, en virtud del convenio
interadministrativo que se encuentra en ejecución, se realizarán 365 camastros
para la dignificación de las condiciones de habitabilidad.
- Quinto, en
el tema referente al mantenimiento de la infraestructura, reiteró que se
encuentra en ejecución un convenio interadministrativo, mediante el cual se
dará atención a algunos de los requerimientos de la presente tutela, como lo
son la adecuación de parte de la iluminación, baterías de baño con lavaderos,
ventilación natural y extractores eléctricos, así como la instalación de 11
celdas para la visita conyugal.
- Sexto, como
elementos básicos que se entregan a cada interno, facilita un kit compuesto por
una colchoneta, ropa de cama, almohada, menaje y artículos de aseo, el cual se
renueva cada cuatro meses.
- Finalmente,
en lo relativo a la adopción de medidas para definir la situación jurídica de
los privados de la libertad, en primer lugar, sostuvo que se realizan los
traslados de los internos a las diferentes diligencias judiciales; en segundo
lugar, que se cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, la cual, a través
del programa de descongestión de cárceles, presta a los reclusos el servicio de
estudiar y determinar, según su fase de tratamiento, la posibilidad de reclamar
subrogados penales y otros beneficios; y, por último, que se realizan brigadas
jurídicas con la colaboración de estudiantes de universidades, Personería de
Medellín, funcionarios del COPED y del INPEC y de otros establecimientos.
4.3.
Problema jurídico y esquema de resolución
4.3.1. Teniendo
en cuenta los antecedentes expuestos, las pruebas recaudadas y la sentencia que
es objeto de revisión, le corresponde a esta Sala establecer si el INPEC, la
USPEC y el COPED Pedregal están vulnerando los derechos a la
salud, a la vida y a la dignidad humana del señor Hermilsun de Jesús
Ramírez, por las condiciones de reclusión a las que se encuentra sometido en el
referido centro carcelario, teniendo en cuenta que alega problemas de
hacinamiento, infraestructura y deficiencias en el acceso y prestación de los
servicios médicos.
4.3.2. Para
resolver el citado problema jurídico, la Corte inicialmente hará un examen
sobre el cumplimento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Una vez superado dicho examen y solo si ello ocurre, continuará con
el estudio del asunto de fondo, para lo cual analizará si cabe la adopción de medidas de
protección, toda vez que este Tribunal, en la Sentencia T-762 de 2015[17], abordó el
análisis de asuntos similares a los planteados en esta ocasión e impartió
órdenes generales para remediar los problemas estructurales en los
establecimientos carcelarios del país, y órdenes particulares para salvaguardar
los derechos fundamentales de reclusos de 16 establecimientos penitenciarios y
carcelarios, entre los que fue incluido el COPED Pedregal.
4.4. De la procedencia de la
acción de tutela
4.4.1. En
cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la
Constitución Política reconoce el derecho de toda persona de reclamar mediante
acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este
precepto se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se
consagra que: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
En el caso bajo examen, el
accionante se encuentra legitimado para interponer la acción de tutela, porque
se trata de una persona natural, que actúa a nombre propio y quien afirma estar
siendo afectado en sus derechos a la salud, a la vida y a la dignidad humana,
con ocasión de los problemas de hacinamiento, infraestructura y atención médica
que, según denuncia, están ocurriendo en el COPED Pedregal.
4.4.2. Respecto de la legitimación
por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de
tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los
particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley[18].
En este contexto, según lo señalado de manera reiterada por la Corte, en lo que
respecta a esta modalidad de legitimación es necesario acreditar dos
requisitos, por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los
cuales procede el amparo; y por la otra, que la conducta que genera la
vulneración o amenaza del derecho fundamental se pueda vincular, directa o
indirectamente, con su acción u omisión.
En el asunto
objeto de estudio, no cabe duda de que se satisface este requisito de
procedencia, en primer lugar, porque las entidades demandadas (el INPEC, la USPEC y el COPED
Pedregal) tienen la condición de autoridades públicas, según la definición
que sobre el particular se ha acogido por este Tribunal[19]; y, en
segundo lugar, porque ellas son las encargadas del manejo de los centros
penitenciarios y carcelarios del país, en diferentes niveles y con distintas
funciones, de suerte que la presunta vulneración que se alega en la demanda guarda
relación con las atribuciones que se encuentran a su cargo[20].
Por otra parte,
cabe aclarar que, en Auto del 6 de agosto de 2018, se ofició de esta tutela al
Consorcio Fondo de Atención de Salud PPL-2017, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al Ministerio de Justicia y al Departamento Nacional de
Planeación, en la condición de terceros con interés, esto es, la de un
sujeto procesal que, sin importar si queda o no vinculado por la sentencia, se halla
jurídicamente relacionado con una de las partes o con la pretensión que se
debate, de suerte que puede verse afectado desde una perspectiva o relación
sustancial con los efectos jurídicos del fallo. Tal afectación es la que
permite su participación en el proceso, con miras a defender su posición
jurídica, pese a la independencia inicial que existe frente a la causa[21]. En este
sentido, el concepto de tercero con interés excluye a quienes, más allá de no
tener ninguna participación en sede judicial, son totalmente ajenos a lo que se
debate y por quienes se debate, por lo que carecen de cualquier tipo interés
real en la causa que se controvierte, sujeto que suele identificarse con el
nombre de tercero indiferente[22].
4.4.3. En lo que
corresponde al requisito de inmediatez, la Corte ha
señalado que la procedencia de la acción de tutela también exige que su
interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del
momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental,
de suerte que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un
instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras
a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho comprometido.
Para examinar el
cumplimiento de este requisito, por regla general, se verifica la fecha en que
se produjo el último acto que da lugar a la violación o amenaza del derecho, y
se contrasta frente al momento en que se radicó la acción. El resultado
corresponde al plazo que requirió el accionante para acudir en defensa de sus
derechos, y respecto del cual se valora su razonabilidad.
Tal evaluación se
justifica en el hecho de que el recurso de amparo busca la protección inmediata
de los derechos fundamentales, por lo que, a juicio de este Tribunal, es
imprescindible que su ejercicio tenga lugar con proximidad al momento en que
ocurrió la amenaza o violación del derecho que se invoca. Una actuación en
sentido contrario desvirtúa el alcance jurídico dado por el constituyente a la
acción, pues cuando el demandante no actúa con prontitud, se infiere que éste
no requiere de una protección urgente, como lo es la que otorga este mecanismo
de defensa constitucional, aunado a que ello puede convertirse en un factor de
inseguridad jurídica y de posible afectación de los derechos de terceros[23].
No obstante,
existen casos que escapan al modo tradicional como se evalúa la observancia de
este requisito, en los que la violación o amenaza no ocurre en un momento
determinado, sino que se proyecta de forma persistente en el tiempo. Con la
particularidad de que, en algunas ocasiones, la raíz del conflicto no es
determinable, a diferencia de lo que ocurre con la verificación de sus efectos.
En estos escenarios, cuando la afectación tiene un antecedente pretérito,
incluso desconocido en lo que corresponde a la oportunidad en que se suscitó,
pero ella se sigue manifestando en el presente, este Tribunal ha concluido que
se cumple con el principio de inmediatez, en el entendido de que la violación
que se alega es actual, vigente y continua.
Se entiende que es
actual, por cuanto más allá de haber ocurrido en el pasado, la infracción
sigue sin solución a la fecha de radicación de la acción de tutela. Es vigente,
en la medida en que las causas que la generaron no han sido superadas, de
suerte que persiste la hipótesis que sustenta la violación. Y, adicionalmente, es
continua, al advertir que la transgresión de los derechos se mantiene en
el tiempo, sin que en la práctica hayan cesado sus efectos.
Así, entre otros
casos, en la Sentencia T-502 de 2011[24], la Corte
concluyó que la violación es continua y actual, frente a una acción de tutela
propuesta un año con posterioridad al momento en que se originó la violación de
los derechos fundamentales de dos niños que fueron sometidos a un proceso de
restablecimiento de derechos, al considerar que la vulneración se prolongó en
el tiempo, por no haber sido reintegrados a su medio familiar, durante el plazo transcurrido desde la época en que inició la
actuación objeto de reproche.
En términos
similares, al pronunciarse sobre una tutela relacionada con las condiciones de
privación de la libertad en varias cárceles del departamento de Nariño, en la
Sentencia T-197 de 2017[25], la
Corte señaló que:
“También se satisface el requisito de inmediatez,
pues las violaciones que se invocan respecto de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, se derivan de una falla estructural,
permanente y continua, que se ha venido presentado desde el año 2009 en los
cinco establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento de Nariño,
tal como se constata en los informes defensionales que fueron acompañados como
prueba. En este contexto, siguiendo la jurisprudencia reiterada de la Corte, es
procedente el ejercicio de la acción de tutela frente a vulneraciones persistentes
en el tiempo, como sucede en este caso, ya que la situación desfavorable que
conduce al irrespeto de los derechos alegados conserva su carácter vigente y
actual, sin importar que el hecho que se presenta como causa tenga un pasado
remoto.”
En el caso bajo
examen, no es posible determinar la fecha exacta en la que se produjo el origen
de la violación, ni tampoco el último acto que se articula con ella, pues los
problemas de hacinamiento, infraestructura y de salud que se alegan como sustento
de la acción vienen del pasado, corresponden a un falla permanente y continua
del sistema carcelario, e incluso, como lo advierte el propio actor, se
exteriorizan de distintas maneras, como ocurre, por ejemplo, con los espacios
improvisados (patios R1 y R2), con el sobrecupo en general de la cárcel y con
las deficiencias que se invocan para acceder a citas médicas u obtener los
medicamentos que fueron prescritos.
De manera que, en principio,
podría descartarse la procedencia de la acción, ya que se trata de hechos
pasados que, por lo demás, según se alega por las entidades demandadas, fueron
objeto de examen en el año 2015, a través de la Sentencia T-762 de dicho año.
No obstante, conforme a los alegatos realizados en la demanda y teniendo en
cuenta las pruebas que fueron recaudadas en sede de revisión, se observa que
tales deficiencias no han sido todavía plenamente solventadas, por lo que la
violación que se alega mantiene sus efectos en el presente, lo que torna
procedente la acción, al concluir que el irrespeto de los derechos cuya
protección se invoca conserva un carácter actual, vigente y continuo, esto es, se
mantiene en el tiempo, a pesar de su pasado remoto.
4.4.4.
Finalmente, en cuanto a la subsidiariedad, es de anotar que la
acción de tutela se encuentra consagrada como un mecanismo residual o
subsidiario, en virtud del cual solo procede cuando el afectado no dispone de
otro medio de defensa judicial. No obstante, aun existiendo otros instrumentos
a los cuales puede acudir el accionante, la jurisprudencia de la Corte ha
admitido que el recurso de amparo está llamado a prosperar, cuando se acredita
que las otras herramientas no son lo suficientemente expeditas para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, circunstancia en la cual se otorgará una
salvaguarda transitoria[26]; o no
son lo suficientemente idóneas y eficaces para brindar un amparo integral, evento
en el cual la tutela procederá como mecanismo definitivo de protección[27].
En el asunto sub-judice,
si bien pueden controvertirse aspectos vinculados con las condiciones de
reclusión, ya sea en sede administrativa[28] o judicial[29], lo cierto es que esas herramientas
carecen de la aptitud necesaria para enervar la procedencia del amparo
constitucional. Ello es así, en el primero de los casos, porque expresamente el
artículo 9 del Decreto Ley 2591 de 1991 excluye la obligatoriedad de interponer
cualquier recurso de carácter administrativo, con miras a ejercer la acción de
tutela[30]. Y, en
el segundo, porque lo que se autoriza en el ámbito carcelario es la posibilidad
de formular pretensiones individuales o concretas ante los jueces de ejecución
de penas, en cuanto al cumplimiento del reglamento interno y a los beneficios que
hacen parte del tratamiento penitenciario y que se vinculan con las condiciones
de verificación de la pena[31].
Ninguna de las solicitudes que se invocan guardan relación con los temas
señalados, pues la discusión que se propone atañe a la situación general que se
presenta en el COPED Pedregal, relativa a las condiciones de hacinamiento,
problemas de infraestructura y de atención en salud, que difieren de los
asuntos asignados a la competencia de los jueces penales en mención, en los
términos ya expuestos.
Por lo demás, es
claro que al tratarse de pretensiones que tienen un alcance colectivo, que van
más allá de la satisfacción individual de los derechos del actor, al
proyectarse sobre todas las personas recluidas en el centro carcelario citado
en el párrafo anterior, bien podría considerarse que el debate judicial
propuesto es propio de la acción popular.
Precisamente, en
línea con lo anterior, entre los derechos colectivos que son susceptibles de
protección y que se articulan con las materias objeto de controversia, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 88 de la Constitución y 4° de la Ley 472 de
1998, se advierten los siguientes: (i) la realización de construcciones y
edificaciones respetando las disposiciones jurídicas, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes, en lo que corresponde a
los problemas de infraestructura y de hacinamiento que se alegan en la demanda[32]; y (ii) el acceso a un esquema de
servicios –entre ellos los servicios públicos– que garantice la salubridad
pública, frente a las violaciones que se invocan en materia de salud
(falta de asignación de citas y de entrega oportuna de medicamentos)[33].
Así las cosas, en
casos como el expuesto, esto es, en el que concurren la acción popular y la
acción de tutela, la Corte ha señalado que la primera de las vías expuestas se
ve desplazada por la segunda, siempre que se acredite la necesidad de darle
prelación a la salvaguarda de los derechos fundamentales que se invocan como
comprometidos[34]. Con
tal fin, en la Sentencia T-415 de 2018[35], recapitulando
lo dicho en la Sentencia T-218 de 2017[36], se fijaron
varios criterios para cotejar en que casos cabe darle preponderancia al recurso
de amparo, a pesar de la idoneidad que igualmente identifica a la acción
popular, como instrumento expedito e informal para la defensa de derechos
constitucionales.
Puntualmente, en
la providencia en cita, se dijo que:
“[P]ara que proceda la acción
de tutela, a pesar de la idoneidad de la acción popular, deben cumplirse los
siguientes criterios:
a. Aunque la acción
de tutela plantee cuestiones relacionadas con derechos e intereses colectivos,
debe en todo caso versar sobre la vulneración de derechos fundamentales (…).
b. La afectación de
los derechos fundamentales invocados en la tutela debe ser ‘consecuencia
inmediata y directa’ de la vulneración de un derecho colectivo.
c. Deben respetarse
las reglas sobre legitimación por activa de la acción de tutela, las cuales son
distintas de las reglas aplicables sobre esta misma materia a las acciones
populares. La legitimación en la causa por activa para la interposición de
acciones populares es amplia, según lo dispone el artículo 12 de la Ley 472 de
1998, mientras que no sucede lo mismo en el caso de la acción de tutela (…).
d. Como es natural,
la acción de tutela debe estar dirigida a probar la vulneración de un derecho
fundamental en contra de una o más personas, pues no basta con afirmar que
determinado derecho colectivo se encuentra en riesgo para deducir a partir de
ahí la vulneración automática de derechos fundamentales de individuos
específicos.
e. Cuando el juez
considere que la acción de tutela es procedente, la orden que dicte debe estar
encaminada a la protección de los derechos fundamentales específicos, en vez de
amparar de manera directa el derecho colectivo en sí mismo considerado, aunque
es posible que con su decisión resulte igualmente protegido un derecho de esa
naturaleza”.
Tales requisitos se acreditan en el asunto sub-judice, como
pasa a demostrarse. Primero, porque el amparo que se invoca se justifica en la protección
de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la salud.
Segundo, porque la base de la afectación se encuentra, precisamente, como lo
alega el actor, en el incumplimiento de las reglas de infraestructura,
reclusión y acceso a la prestación del servicio de salud, respecto de las
cuales los derechos colectivos reseñados –la realización de construcciones y edificaciones respetando las
disposiciones jurídicas, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes; y el acceso a un esquema de servicios que garantice la
salubridad pública– se relacionan de forma directa e inmediata. Tercero, porque –como ya se
demostró– en el presente caso se cumplió con la
legitimación en la causa por activa en materia de tutela, según lo dispuesto en
los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto,
porque lejos de invocarse el amparo de un interés colectivo, la demanda
propuesta se dirige a evidenciar la violación de las garantías iusfundamentales.
Y, quinto, porque las órdenes que se solicitan al juez de tutela están
dirigidas a la conservación de los derechos a la vida, dignidad humana y salud,
y no a la salvaguarda de los derechos colectivos en sí mismos considerados.
En consecuencia,
en este caso, la acción de tutela que se propone por el señor Herminsul de
Jesús Ramírez es procedente como mecanismo definitivo de protección de los
derechos fundamentales cuya defensa se invoca, por un lado, porque los recursos
administrativos y las acciones ante los jueces de ejecución de penas carecen de
la aptitud necesaria para enervar su procedencia; y por el otro, porque la
acción popular se ve desplazada por el amparo constitucional, al advertir que
se cumplen los supuestos para priorizar su trámite,
más allá que de forma indirecta y, si es del caso, a partir del examen de los
asuntos de fondo, se terminen preservando iguales garantías iusfundamentales
frente al resto de la población privada de la libertad en el COPED Pedregal.
4.4.5. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela y antes de proceder con el examen del asunto
sub-judice, este Tribunal se detendrá en el estudio de los siguientes
asuntos: (i) el deber de protección de las autoridades penitenciarias respecto
de los derechos a la vida, a la dignidad humana y a
la salud de las personas privadas de la libertad; y (ii) el Estado de Cosas
Inconstitucional en materia carcelaria, en la medida en que, como se expuso con
anterioridad, es necesario analizar si cabe la adopción de medidas de amparo,
toda vez que la Corte, en la Sentencia T-762 de 2015[37], abordó el
análisis de asuntos similares a los planteados en esta ocasión e impartió
órdenes generales para remediar los problemas estructurales en los
establecimientos carcelarios del país, y órdenes particulares para salvaguardar
los derechos fundamentales de reclusos de 16 establecimientos penitenciarios y
carcelarios, entre los que fue incluido el COPED Pedregal.
4.5. De los derechos a la vida, a la dignidad humana y a la salud
de la población privada de la libertad
4.5.1. Desde sus inicios, la Corte ha desarrollado el concepto de
la relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el
Estado, cuyo propósito es encuadrar la situación en la que se hallan los
primeros respecto del segundo, al tener a su cargo el deber de asegurar el
respeto y garantía de sus derechos fundamentales. Nótese que la privación de
libertad no hace que una persona pierda su calidad de sujeto activo de
derechos, a pesar de que algunos de ellos se encuentran restringidos o
suspendidos con ocasión de la naturaleza misma de la pena, como, por ejemplo,
el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad o la libre
locomoción[38].
Esta relación entre el sujeto privado de la libertad y el Estado,
se manifiesta en el poder disciplinario y sancionatorio de la autoridad, el
cual encuentra sus límites en el reconocimiento de los derechos del interno y
en los deberes que para el Estado se derivan como consecuencia de tal relación.
Cabe recordar que estos deberes no incluyen únicamente obligaciones de carácter
negativo, como ocurre con la proscripción de proferir tratos inhumanos o
degradantes, sino que también se acompañan de obligaciones de carácter
positivo, dirigidas a garantizar la efectiva realización de los derechos
que el interno no tenga suspendidos ni restringidos[39].
Estos deberes en cabeza del Estado se explican jurídicamente en el mandato
constitucional de respeto a la dignidad humana[40], el cual se
convierte en el objetivo y límite del quehacer estatal[41].
4.5.2. Al señalar que las personas privadas de la libertad se
encuentran bajo la guardia y vigilancia del Estado, automáticamente se imponen
a este último responsabilidades relacionadas con la seguridad dentro de las
cárceles, así como obligaciones relativas a las condiciones materiales de
existencia y de reclusión. A continuación, la Corte se detendrá en el examen de
algunas de esas reglas mínimas de tratamiento que repercuten en la garantía de
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y que se
relacionan con los hechos que fueron invocados como sustento de este amparo.
Para
comenzar, las cárceles no son un sitio ajeno al
derecho[42] y las personas que allí se
encuentran recluidas no son individuos que deban ser mancillados por la
sociedad. La relación de sometimiento que mantienen con el Estado no les quita
su calidad de sujetos activos de derechos y si bien, en razón de su
comportamiento tienen algunas de sus garantías suspendidas, como la libertad,
otras limitadas como la comunicación, gozan del ejercicio de presupuestos
fundamentales básicos en forma plena, como la vida, la salud y la dignidad
humana cuyo contenido ontológico es esencial, intangible y reforzado[43].
4.5.3.
La Constitución de manera explícita consagra lo anterior, cuando en el artículo
11 dispone que “[e]l derecho a la vida es inviolable” y que “[n]o
habrá pena de muerte”, lo que le otorga a la citada garantía la condición de
presupuesto indispensable para poder desarrollar la existencia, por lo que se
prohíbe toda conducta que pretenda desconocerla
o lesionarla de manera injusta[44]. Precisamente, el
artículo 12 del Texto Superior establece que “nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”.
De
acuerdo con lo expuesto, el contenido de estos mínimos de conducta indica que deben
existir unas condiciones idóneas para que cada recluso pueda sobrellevar la
sanción intramural bajo parámetros de humanidad, tranquilidad, decencia y en un
marco de respeto por los valores y principios superiores. Surge entonces el
deber a cargo del Estado de asegurar un trato humano y digno, que se
expresa, entre otras cosas, en las obligaciones de suministrar alimentación
adecuada y suficiente, vestuario, utensilios de aseo e higiene personal; en
tener instalaciones en buen estado y con condiciones de sanidad adecuadas. Por lo
demás, como derivaciones de los derechos a la vida y a la dignidad humana, el
interno tiene derecho al descanso nocturno en un espacio mínimo vital, a no ser
expuesto a temperaturas extremas, a que se le asegure su seguridad, y al acceso
a los servicios públicos como energía y agua potable, entre otros supuestos
básicos que permitan una supervivencia decorosa[45].
La
regla entonces en la materia se orienta a establecer que, aunque “la
condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos
fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin
propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por
lo tanto, como una violación del tal derecho. La órbita de los derechos del
preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su
protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona
no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del
sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto
es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección”[46].
Finalmente,
aunado a la protección a la vida y la dignidad humana, otra
de las obligaciones que tiene el Estado con miras a garantizar las condiciones
mínimas de existencia de las personas privadas de la libertad, es asegurar el
disfrute de su derecho a la salud. Sobre el particular, la Corte ha considerado
que el citado derecho es un elemento esencial para preservar otras garantías
fundamentales, como ocurre con la integridad personal[47],
de ahí que su amparo se convierta en un deber positivo de acción de las
autoridades penitenciarias frente a las personas condenadas o sindicadas por un
delito, en virtud de la relación de especial sujeción que existe entre ambas.
Sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la
libertad, en la Sentencia T-825 de 2010[48],
la Corte puntualizó que quienes están cumpliendo una pena de prisión tienen
tres ámbitos de protección. El primero es el deber del Estado de dar atención
integral y oportuna a las necesidades médicas del interno. El segundo es
garantizar su integridad física en la cárcel. Y, el tercero, es preservar las
condiciones de higiene, salubridad y alimentación al interior del
establecimiento[49].
Respecto del primer ámbito de protección, relacionado con la
controversia sometida a decisión, el actual Código Penitenciario y Carcelario
se ocupa de definir el contenido del derecho de acceso a la salud de las
personas privadas de la libertad, en los siguientes términos:
“Artículo 104. Acceso a la salud.  Las personas privadas de la
libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de
conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición
jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento
adecuado de todas las patologías físicos o mentales. Cualquier tratamiento
médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el
cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que
lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica
deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas
privadas de la libertad.
En todos
los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención
Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y
Carcelaria.
Se
garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad
que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque
diferencial de acuerdo a la necesidad específica.”
En armonía con lo expuesto, las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos de las Naciones Unidas disponen que:
“22. 1) Todo establecimiento
penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado
que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos
deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del
servicio sanitario de la comunidad o de la Nación. Deberán comprender un
servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el
tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el
traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a
establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando
el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán
provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el
tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación
profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un
dentista calificado.
23. 1)
En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales
para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz
y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que
el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el
establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de
nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su
niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con
personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por
sus madres.
24. El
médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su
ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para
determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso
las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de
sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas
y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y
determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.
25. 1)
El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá
visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de
estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2)
El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud
física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la
prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión. (…)”.
Por último, en el ámbito de la satisfacción del derecho a la
salud, en la Sentencia T-762 de 2015, se dispuso que la protección que se debe
brindar por el Estado tiene que ser permanente y que
la misma debe implicar la actuación coordinada de la secretaría de salud
(municipal o departamental) del ente territorial con el establecimiento
penitenciario.
4.6. El Estado de Cosas Inconstitucional en materia carcelaria y
penitenciaria
4.6.1. La situación carcelaria ha sido objeto de varios
pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, con ocasión de múltiples
reclamaciones de personas privadas de la libertad por la vulneración o amenaza
de sus derechos, lo que ha dado lugar a que, por lo general, se profieran
órdenes concretas para superar los problemas identificados. Sin embargo, en
tres ocasiones[50],
este Tribunal se ha pronunciado frente a situaciones estructurales de violación
de los derechos de la citada población, fundamentalmente relacionadas con la
sobrepoblación carcelaria ante una infraestructura que resulta insuficiente, y
la falta de una política criminal carcelaria integral y adecuada, generando
graves deficiencias en las condiciones de reclusión, que resultan incompatibles
con la dignidad humana. En los tres casos señalados, se ha declarado o ratificado
la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (en adelante ECI), como
figura que, mediante un fallo judicial, evidencia que se ha configurado
una violación masiva, estructural y generalizada de los derechos fundamentales
de una parte de la población que, por su magnitud, conduce al desconocimiento
de los principios fundantes de la Constitución, lo que exige del conjunto de
autoridades involucradas, poner fin a tal estado de anormalidad, por medio de
acciones oportunas y complejas.
4.6.2. Para comenzar, el primero de los casos paradigmáticos, lo
constituye la Sentencia T-153 de 1998[51],
en la que la Corte resolvió declarar la existencia de un ECI en los centros de
reclusión del país, teniendo en cuenta las siguientes problemáticas: (i) las
graves condiciones de hacinamiento[52];
(ii) la deficiencia en la prestación del servicio de electricidad, ya que la
red eléctrica estaba sobrecargada, superando la capacidad de los conductores e
interruptores[53];
y (iii) la deficiente prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado[54].
Una vez analizadas todas estas circunstancias, la Corte llamó la
atención sobre la finalidad del tratamiento penitenciario, la cual no es otra
que “alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el
examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio,
la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un
espíritu humano y solidario”, y señaló que, bajo las condiciones indignas
en las que se hallaban los reclusos, era muy difícil alcanzar dichos objetivos.
En este orden de ideas, la Corte concluyó que se presentaba una
violación masiva de los derechos fundamentales de la población reclusa, sobre
la base del desconocimiento de su dignidad humana, por lo que –entre otras–
ordenó lo siguiente: (i) diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria,
así como su implementación; y (ii) adoptar medidas de protección urgentes,
mientras se adoptaban las medidas de carácter estructural y permanente.
4.6.3. Tiempo después, mediante la Sentencia T-388 de 2013[55],
la Corte señaló que, pese a que los planes ordenados para la ampliación de la
cobertura carcelaria habían sido exitosos, la crisis permanecía. Por ello, decidió
declarar un nuevo ECI, haciendo énfasis en la necesidad de adecuar la política
criminal a los estándares de protección de los derechos de las personas
privadas de la libertad, en aras de lograr resultados más sostenibles.
Al referir a los supuestos para declarar el ECI, este Tribunal puso
de presente que:
“(i) los
derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados
de manera masiva y generalizada;  (ii) las obligaciones de respeto,
protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad
han sido incumplidas de forma prolongada;  (iii) el Sistema penitenciario
y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales;  (iv) las
autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas,
administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la
vulneración de los derechos;  (v) las soluciones a los problemas
constatados en el Sistema Penitenciario y Carcelario, comprometen la
intervención de varias entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de
acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal
adicional importante; y, por último,  (vi) si todas las personas privadas
de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión
judicial mayor de la que ya existe actualmente. Dado estos aspectos, concluye
la Sala que sí se verifica un estado de cosas contrario a la Constitución de
1991”.[56]
Por lo anterior, se expidieron un conjunto de órdenes orientadas a lograr que las
autoridades responsables del tratamiento penitenciario y carcelario, en el
ejercicio de sus competencias, adoptaran las medidas pertinentes y necesarias
para solucionar la problemática planteada. De esta manera, se profirieron órdenes
generales que se extienden a la integridad del Sistema Penitenciario y
Carcelario, y órdenes particulares para hacerle frente a la situación
concreta de los casos puestos a consideración de este Tribunal[57].
Para la ejecución de las órdenes generales se fijaron
parámetros[58] y
niveles de cumplimiento[59],
pues bajo la lógica de tratarse de medidas progresivas, se permitió que
instituciones encargadas de su materialización pudieran disponer de un tiempo
más amplio para su observancia, sin tener que dar un resultado de forma
inmediata. En lo concerniente a las órdenes particulares, se dispuso que
las alcaldías municipales (a través de las secretarías de salud) y en conjunto
con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las
personerías visitarán las instalaciones de los establecimientos carcelarios y
constatarán las situaciones atinentes a las transgresiones de los derechos
invocados, en particular, el acceso efectivo al agua potable, la salubridad y
el manejo de aguas negras.
A partir de dicha visita, entre otras medidas, se impuso el deber de
informar a las autoridades judiciales de instancia si se habían materializado
políticas o directrices específicas para asegurar el goce efectivo de los
derechos de la población privada de la libertad. En caso de que ello no fuera
así, se dispuso que las alcaldías, junto con las entidades mencionadas en el
párrafo anterior, debían proponer cuáles serían las medidas a adelantar,
distinguiendo entre aquellas de carácter urgente y aquellas de mediano y largo
plazo, para superar definitivamente el problema. La ejecución de tales
directrices estaría a cargo de las autoridades del Sistema Penitenciario y
Carcelario.
Lo anterior suponía, adicionalmente, que aquellas medidas urgentes
deberían ser establecidas en un plan de manejo especial, adoptados para mitigar
el impacto del ECI y para garantizar a los reclusos unas condiciones de
subsistencia dignas y humanas, lo cual implicaba, por ejemplo, asegurar: (i) la
reparación de los sistemas sanitarios, las tuberías de desagüe, baños y duchas,
al igual que la entrega de implementos de aseo; (ii) la disponibilidad del
servicio médico en todo momento y su prestación de manera adecuada, tanto en lo
concerniente a los insumos, como en lo relativo al personal; (iii) la entrega a
cada preso, en especial a aquellos que no tuvieran celda de descanso, de una
dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que permitiera un mejor
descanso, y (iv) la implementación de brigadas jurídicas, para que se otorguen
los beneficios que permitan acceder a un estado de libertad[60].
Por último, se dispuso que, en el término de tres meses siguientes a
la notificación de fallo, se coordinarían visitas a los establecimientos para
verificar las condiciones de salud, en las que debían participar entidades del
orden nacional, local y organismos de control, como la Procuraduría y
Defensoría del Pueblo[61].
4.6.4. Posteriormente, en la Sentencia T-762 de 2015[62],
la Corte resolvió sobre varias acciones de tutela interpuestas por las
condiciones de reclusión a las que están sometidas las personas privadas de la
libertad en 16 centros penitenciarios del país[63],
entre los que se encuentra el COPED Pedregal, objeto de la presente tutela.
En esta oportunidad, la Corte reafirmó las dificultades que
atraviesan los internos en el sistema carcelario del país, cuya dinámica trasciende
a cada uno de ellos desde una perspectiva de análisis integral y que se
extiende a nivel nacional. A partir de lo anterior, concluyó que la crisis
presente en Colombia se debe a unas “problemáticas que más que esporádicas
son estructurales”. Para explicarlas, se basó en gran medida en el
diagnóstico y las consideraciones de la Sentencia T-388 de 2013, previamente
citada.
En este sentido, describió cinco dificultades estructurales que son
la causa de la vulneración constante y sistemática de los derechos de las
personas privadas de la libertad, los cuales identificó de la siguiente manera:
(i) las falencias que presenta la política criminal en Colombia; (ii) el
hacinamiento; (iii) los problemas en la prestación del servicio de salud dentro
del sector penitenciario y carcelario del país; (iv) la reclusión conjunta de
personas sindicadas y condenadas; y (v) las condiciones de higiene y
salubridad, las cuales concluyó que son indignas en la mayoría de los
establecimientos penitenciarios.
La sumatoria de estos problemas, a juicio de la Corte, da lugar a un
trato cruel e inhumano frente a las personas privadas de la libertad. Por tener relación directa con los hechos descritos en el caso sub
examine, esta Sala de Revisión considera pertinente hacer referencia a las
consideraciones planteadas frente a las problemáticas estructurales de
hacinamiento, infraestructura y del sistema de salud.
En relación con el hacinamiento y
los problemas de infraestructura, la Corte precisó que, al 31 de diciembre de
2014, en los establecimientos carcelarios había un sobrecupo de 35.749
reclusos, que equivale al 45.9%, por lo que consideró que la desproporción
entre el número de internos y la capacidad de las cárceles impedía tener lugares
apropiados para dormir, comer, recibir visitas conyugales y realizar todo tipo
de actividades para su resocialización. Aunado a ello, explicó que los espacios
reducidos en los centros de reclusión no solo favorecen la propagación de enfermedades,
sino también contextos de violencia e ingobernabilidad.
En particular, los problemas
previamente expuestos se atribuyen a tres causas: (i) la desproporción entre el
número de ingresos y salidas de reclusos; (ii) la falta de construcción y
adaptación de cupos que respeten la dignidad humana; y (iii) la insuficiencia
de recursos atribuidos a la financiación de la política penitenciaria y
carcelaria.
Para dar respuesta a esta
problemática, en la sentencia se fijaron una serie de parámetros que debían
seguir el Gobierno Nacional, el Congreso y la Fiscalía General de la Nación, en
procura de solventar el fenómeno de hacinamiento que se presenta en las
cárceles del país. Así, por ejemplo, se mencionó la
importancia de otorgar un espacio total por recluso dentro de la celda, que
varía según las horas que pueda estar fuera de ella[64].
También se aludió a la necesidad de que las áreas les permitan dormir
acostados, circular sin obstáculos, contar con espacios para situar sus efectos
personales y tener rutas de evacuación en casos de emergencia. Se hizo énfasis
en el suministro de los elementos mínimos para dormir, conforme con las
condiciones climáticas del lugar en el que la persona se halla recluida. Entre
ellos: una almohada, una cama (o, en su defecto, una colchoneta), sábanas y
cobijas.
Esta Corporación, en línea con lo
expuesto, señaló que, en la infraestructura, otro factor que debe tenerse en
cuenta, es la consolidación de los espacios de alojamiento y de ventilación, la
cual debe contar con aberturas que representen el 10% del total de la
superficie del área de la celda, con mecanismos que impidan el paso del frío por
la noche, según las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentra el
establecimiento penitenciario. Estas aberturas deben asegurar la entrada de luz
natural a la celda.
Adicionalmente, en cuanto
al sistema de salud, la Corte puso de presente las demoras en la atención, la
falta de personal médico en los centros de reclusión y problemas administrativos
sobre todo en contratación, como los principales inconvenientes del sector
penitenciario y carcelario del país. Tal realidad, junto con el hacinamiento,
propician los graves problemas que se demandan en materia epidemiológica. Al
respecto, se dijo que:
“[S]e probó que la situación de salud se agrava porque
el hacinamiento propicia riesgos epidemiológicos y de enfermedades para los
reclusos que inician el periodo de privación de la libertad en buen estado de
salud. Como se explicó en la Sentencia T-388 de 2013, esa situación es
propiciada, permitida y tolerada por el Estado, lo que [empeora] (…) la
vulneración de los derechos y la crisis humanitaria en las prisiones.”
Teniendo en cuenta lo anterior, en
el ámbito de la salud, se dispuso que la protección que se debe brindar por el
Estado tiene que ser permanente y coordinada entre el establecimiento
penitenciario y la secretaría de salud (municipal o departamental) del ente
territorial en el que se encuentre ubicado.
Por lo demás, se establecieron
los parámetros que debía cumplir el Ministerio de Salud, al expedir la
regulación técnica sobre la materia, entre los que se aprecian: (i) la
necesidad de exámenes integrales de ingreso sobre el estado de salud del
interno; (ii) la prestación de servicios odontológicos por un profesional
calificado; (iii) la oferta de servicios ginecológicos en centros donde estén
recluidas mujeres; (iv) la revisión periódica de reclusos que tengan
enfermedades; y (v) la confidencialidad de las historias clínicas.
También se señaló que la adecuada prestación del
servicio de salud acarreaba el cumplimiento de dos condiciones mínimas: (i) en
infraestructura: las áreas de sanidad de los establecimientos deben ser
higiénicas y contar con todo lo necesario para prestar una atención
prioritaria, con existencias mínimas de medicamentos y un área de paso para
supervisar a los reclusos que requieran ser hospitalizados; y (ii) en cuanto
al personal médico: los centros carcelarios deben contar profesionales que
sean médicos, enfermeros y psicólogos, según las necesidades de cada
establecimiento.
En atención a las problemáticas
presentadas, la Corte reiteró la existencia de un ECI, adoptando órdenes generales
y particulares para resolver, de manera progresiva, la crisis
señalada. Respecto de las órdenes generales, indicó que ellas buscan la
acción coordinada de los distintos órganos del poder público, a corto, mediano
y largo plazo. Tales órdenes están sujetas a un sistema de seguimiento. Para el
efecto, la Corte delegó (i) el liderazgo de los procesos a la Defensoría del
Pueblo[65];
(ii) la vigilancia a la Procuraduría General de la Nación[66]; y
(iii) la promoción de la acción conjunta al Ministerio de la Presidencia de la
República.
Adicionalmente, se exhortó al
Congreso de la República para tener siempre en consideración los conceptos del
Comité Técnico Superior de Política Criminal y Penitenciaria (CTSPC), en el
diseño y aprobación de cualquier ley que regule materias penales. Con este
propósito, se le sugirió revisar el sistema de tasación de penas y diseñar
medidas de aseguramiento distintas a la prisión.
En relación con el Ministerio de
Justicia y del Derecho, le ordenó crear una política para incidir en las
percepciones sociales del derecho penal, a fin de que los ciudadanos comprendan
su carácter residual, el valor de la libertad y la inconveniencia de concebir
la prisión como eje de la política del Estado. Por lo demás, se le encargó la
creación de un sistema de información confiable, que brinde sustento fáctico,
con el propósito de que las medidas correspondan a las realidades sociales del
país. La información deberá comprender datos relevantes, como el motivo de la
condena, el tiempo transcurrido en el penal y la posterior reinserción a la
sociedad.
Por su parte, en cuanto a las órdenes
particulares, su expedición se justificó en la necesidad de moderar las
consecuencias del hacinamiento y otras situaciones como la insalubridad. Con
tal finalidad, entre otras, se ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho,
a través del INPEC y de la USPEC, la labor de suministrar los elementos básicos
para el alojamiento de los reclusos, como lo son una colchoneta, sábanas,
cobija y una almohada para el descanso nocturno de las personas
privadas de la libertad[67].
Aunado a lo
anterior y respecto de la infraestructura y el hacinamiento, se dispuso que, en
un término de seis meses, el INPEC, la USPEC y Ministerio de Justicia y del
Derecho, emprendieran las acciones necesarias para constatar las necesidades de
adecuación para el manejo de aguas, sin perjuicio de la necesidad de ejecutar
un plan maestro en un lapso máximo de dos años[68]. Con todo, de forma inmediata se ordenó
proceder a iniciar la construcción de sanitarios y duchas[69]. También se estableció que, en
coordinación con los establecimientos penitenciarios objeto de los procesos de
tutela, se garantizara a los reclusos espacios para adelantar la visita íntima.
Adicionalmente, a cargo de la Defensoría del Pueblo se fijó el deber de planear
un cronograma para instaurar brigadas jurídicas en los centros de reclusión.
Finalmente, en lo relativo
al derecho a la salud, entre otras cosas, se dispuso que el INPEC, la USPEC y
el Ministerio de Justicia y del Derecho debían adecuar las áreas de sanidad de
los establecimientos para asegurar unas condiciones mínimas de prestación del
servicio[70]. Aunado a
ello, y en cuanto a las responsabilidades de los entes territoriales, se hizo
mención del apoyo que debe brindar el Ministerio del Interior, de conformidad
con el principio de colaboración armónica[71].
4.7. De la relación
entre el presente caso y la citada Sentencia T-762 de 2015
De conformidad con
lo hasta aquí expuesto, para esta Sala es evidente la similitud fáctica que se
evidencia entre los hechos conocidos por la Corte en la Sentencia T-762 de 2015
y el caso analizado en esta oportunidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en
ambas oportunidades, en la práctica, se hace referencia a una vulneración
masiva, sistemática y generalizada de los derechos de las personas privadas de
la libertad, en temas de hacinamiento, infraestructura y salud.
Nótese como,
precisamente, en el asunto sub-judice, el accionante –quien se encuentra
recluido en el COPED Pedregal– plantea como situaciones que vulneran sus derechos fundamentales
y que, por su alcance, trascienden al resto de reclusos, las siguientes: el
hacinamiento, la falta de capacidad de las celdas y su adecuación (por no
contar con ventilación e iluminación), la ausencia de una infraestructura
adecuada de los espacios R1 y R2, y la deficiente prestación del servicio de
salud. En el mismo sentido, uno de los casos estudiados en la referida
Sentencia T-762 de 2015, versó sobre las condiciones de reclusión del COPED
Pedregal[72], y se
tutelaron los
derechos a la dignidad humana, la integridad personal y la salud de los reclusos
de ese establecimiento penitenciario y carcelario, a través de las órdenes
generales y particulares explicadas anteriormente.
En este orden de ideas, no
observa la Sala un problema jurídico particular diferente a los ya contemplados
por esta Corporación en la precitada Sentencia T-762 de 2015, en la que se profirió un fallo de
naturaleza estructural y se adoptaron diferentes órdenes tendientes a la superación
de la situación de hecho vivida en las cárceles del país, vinculándose para
ello a un amplio conjunto de autoridades públicas. Con fundamento en lo anterior,
resulta indispensable para esta Sala de Revisión tener en cuenta las
consideraciones y órdenes establecidas en dicha providencia, como parte del
examen del caso concreto.
4.8. Caso concreto
4.8.1. De acuerdo
con los antecedentes descritos en esta providencia, y en atención a los
informes presentados por las diferentes entidades vinculadas al trámite de
tutela, encuentra esta Sala de Revisión que en el COPED Pedregal persiste la vulneración
de los derechos fundamentales de la personas privadas de la libertad, la cual
fue previamente detectada en la Sentencia T-762 de 2015, y frente a la cual se
profirieron órdenes generales y particulares de protección dirigidas a remediar
los problemas estructurales generados por dicha trasgresión, tal como se
explicó en la parte motiva de esta providencia.
4.8.2. En efecto, tal como lo reconoce la misma Dirección del COPED Pedregal, el
hacinamiento en la cárcel persiste en un 76%, por lo cual debieron habilitarse
los espacios R1 y R2, los cuales no fueron diseñados para la permanencia de
internos, hecho que condujo a que efectivamente no contaran con camastros ni con
suficientes unidades sanitarias y duchas, generando que los reclusos deban
dormir en colchonetas, aunado a que su espacio no es propicio para la
habitabilidad.
Igualmente, la Dirección del COPED adjuntó un cuadro informativo
sobre la ocupación de la infraestructura del establecimiento, en el cual se
destaca lo siguiente: (i) en relación con el Pabellón F, en el que se encuentra
recluido el señor Hermilsun de Jesús Ramírez, existe una capacidad para 208
internos, siendo ocupado en la actualidad por 244 reclusos, por lo que presenta
un hacinamiento del 17%, el menor de todos los patios con los que inicialmente
contaba la cárcel[73];
y (ii) respecto de los espacios R1 y R2, no previstos originalmente para la
reclusión de personas, hoy en día albergan a 308 y 475 internos respectivamente,
con un nivel de hacinamiento del 670 y 494%[74].
En el mismo sentido, el Subdirector Jurídico del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en la intervención realizada ante esta Corporación,
adjuntó un informe rendido por la Directora de Infraestructura de la USPEC del
día 3 de agosto de 2018, en el que informó sobre la visita técnica realizada al
COPED Pedregal[75],
y en el cual concluyó que: “se evidencia al realizar el recorrido que los
espacios R1 y R2 se encuentran destinados a personal del rancho, el cual se
utiliza para reclusos en hacinamiento, en una cantidad mínima de duchas,
sanitarios y camastros”. Por lo anterior, se priorizan “(…) las
siguientes necesidades: 1. Se debe mejorar y ampliar la zona de duchas y
unidades sanitarias para los patios de R1 y R2, se debe contemplar como mínimo
una unidad sanitaria para cada 25 internos. En este momento hay dos unidades
sanitarias y 300 internos, se debe incrementar 10 más; 2. Se debe
incrementar las cantidades de camastros para los internos en R1 y R2,
actualmente han improvisado tirantas donde cuelgan colchonetas”[76].
Esta situación, sin duda, evidencia la amenaza a la vida y la dignidad
humana de todos los internos, especialmente de aquellos ubicados en los
espacios R1 y R2, al estar recluidos en un ambiente que se utilizó para tratar
de mitigar el alto porcentaje de hacinamiento que se presenta en la cárcel,
pero en el que se omitió atender el deber de adecuación de sus espacios a las
mínimas condiciones requeridas por estas personas, tal como en su momento lo
advirtió la Sentencia T-762 de 2015.
Por otra parte, frente a la problemática en la adecuación de la infraestructura,
las entidades demandadas señalaron que la USPEC celebró un convenio interadministrativo
con FONADE, quien a su vez suscribió un contrato de obra y mantenimiento con el
contratista Consorcio Carcelario, en cuyo objeto se encuentra previsto el
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del COPED Pedregal, con
los compromisos de intervenir su estructura y, en especial y de manera
prioritaria, los alojamientos R1 y R2, en los que se construirán 365 camastros
y se adecuarán las redes hidrosanitarias. Sobre el particular, se informó que estas
obras se hallan actualmente en ejecución y que tienen un plazo inicial de 12
meses, contado desde el 3 de julio de 2018[77].
Finalmente, en cuanto a los servicios de salud, el accionante alegó
que no se cuenta con un sistema eficiente de atención. En concreto, indicó que “se
legaliza” la prestación del servicio completando un formulario, pero que no
existen medicamentos ni se realizan los exámenes requeridos. Sobre el
particular, el Director del COPED Pedregal informó que quien presta ese
servicio es la USPEC, a través del Fondo Nacional de Salud para la PPL y la
Fiduprevisora, estando a su cargo el manejo de los recursos y de los deberes de
carácter presupuestal. En todo caso, el Director mencionó que, en la
actualidad, el área de sanidad cuenta con la asignación de 6 médicos, 3 enfermeros
jefes, 8 auxiliares de enfermería, un odontólogo, 2 auxiliares de odontología y
1 higienista bucal[78].
4.8.3. Siguiendo
lo expuesto hasta el momento, y tal como se planteó con anterioridad, las
problemáticas aducidas por el actor y admitidas por las entidades accionadas ya
fueron analizadas por esta Corporación, para lo cual se dispuso una serie de
medidas estructurales con las cuales se pretende superar el ECI declarado en la
Sentencia T-388 de 2013 y reiterado en la Sentencia T-762 de 2015, en la cual
se hizo referencia específica a la situación del COPED Pedregal.
De esta
manera, en la presente tutela, a partir de los hechos descritos y las
pretensiones formuladas, se encuentra que: (i) el actor invoca que se halla
recluido en el patio F, el cual afirma no cuenta con un espacio digno para
cumplir la pena; (ii) pide resolver el problema de
hacinamiento del COPED Pedregal y que se reciban internos de forma decreciente;
(iii) solicita que se supriman las áreas improvisadas para albergar personas
privadas de la libertad dentro del establecimiento, como lo son “recepción 1
y recepción 2”; (iv) reclama que se adopten medidas inmediatas para
salvaguardar los derechos a la salud de los internos; y que (v) se compulsen
copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue a las
entidades accionadas por el incumplimiento de sus deberes.
Frente a
cada una de ellas, este Tribunal advierte que (i) el Patio F es el que refleja
menor porcentaje de hacinamiento en un 17%, pues es el que cuenta con el área
más amplia (1614 m2), con un total de 52 celdas, 13 duchas y 57
inodoros, para una capacidad de 208 internos, siendo ocupado
en la actualidad por 244 reclusos. Este indicador, pese a que no refleja una
relación de equilibrio, evidencia la aplicación de las medidas adoptadas en la citada
Sentencia T-762 de 2015, como se infiere de la respuesta dada por las
autoridades a los requerimientos efectuados por la Corte en el presente caso. Incluso,
el uso de los espacios R1 y R2, son una salida para mitigar los problemas de
sobrecupo inicialmente detectados por esta Corporación.
Sin embargo, (ii) el problema de hacinamiento continua en todos
los Patios (con excepción del G), con el agravante de que (iii) los mencionados
espacios R1 y R2 no fueron adecuados a las condiciones mínimas de reclusión
acordes con la dignidad humana. Con todo, en este punto, tal como se advirtió
con anterioridad, ya existe un convenio para mejorar la infraestructura física
del COPED Pedregal, con el compromiso de intervenir de manera prioritaria las citadas
áreas R1 y R2, en los que se construirán 365 camastros y se adecuarán las redes
hidrosanitarias. Por lo demás, como medida alternativa, la USPEC se encuentra
adelantando el proyecto de ampliación del Establecimiento de La Paz en el
municipio de Itagüí, en el que se estiman habilitar 800 cupos adicionales,
junto con la construcción de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad
Camis-Yarumal, en la que se generarán 1326 cupos adicionales[79].
Esto implicará un aumento de la capacidad de recepción y de movilidad de
internos en esa zona carcelaria del país, con el propósito de disminuir los
índices de hacinamiento que persisten en el COPED Pedregal.
En lo
referente a la salud, según se dijo, (iv) ya se asignó por la USPEC su manejo al Fondo Nacional de Salud para la PPL y a la Fiduprevisora,
aunado a que, en la actualidad, el área de sanidad cuenta con un importante
número de profesionales (6 médicos, 3 enfermeros jefes, 8 auxiliares de
enfermería, un odontólogo, 2 auxiliares de odontología y 1 higienista bucal).
Por último, (v) la Procuraduría General de la Nación hace parte de
los entes que tienen a su cargo la labor de seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T-762 de 2015, por lo que de percatarse que no se han cumplido con
los deberes a cargo de las autoridades penitenciarias responsables del amparo
de los derechos de la población privada de la libertad, lejos de requerir o ser
necesario un apremio para que inicien las investigaciones disciplinarias a su
cargo, tal proceder puede adelantarse de oficio, como lo establece el Código
Disciplinario actualmente vigente[80].
4.8.4. Por
lo anterior, pese a que se constata que se han adoptado medidas para superar
las dificultades detectadas, la Sala de Revisión pudo verificar que continúa en
el tiempo la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad
humana y a la salud de las personas privadas de la libertad en el COPED
Pedregal, ya que aún no se han solucionado del todo los problemas que han sido
denunciados en materia de hacinamiento, infraestructura y de atención médica.
En
situaciones como la expuesta se debe examinar por parte de la Corte, en primer
lugar, si son suficientes las órdenes que fueron dadas en la Sentencia T-762 de
2015, y, en segundo lugar, si se presenta una vulneración que no fue detectada
en dicha ocasión y que requiere de una especial atención en esta nueva
oportunidad, lo que incluye las hipótesis de alteración de los supuestos de
hecho o de agravamiento de las circunstancias examinadas.
Este
análisis se justifica por tres razones. La primera, porque la suficiencia de
las órdenes que fueron dadas en un caso previo tiene la entidad necesaria para
demostrar que no se requieren nuevas medidas, en cuanto la controversia ya fue
resulta de manera integral, más allá de que ellas se encuentren en ejecución,
con miras a preservar no solo el valor de la seguridad jurídica, sino también
el principio de intangibilidad de las decisiones judiciales. La segunda, porque
si sobre un mismo asunto que ya fue objeto de estudio y de análisis por parte
de este Tribunal se adoptan nuevas órdenes, a pesar de la aptitud de la que ya
fueron adoptadas, es posible que se termine desarticulando la labor de las
autoridades comprometidas en su ejecución o que, incluso, por razón de su
alcance, ellas sean contradictorias con lo ya resuelto, en contravía del
derecho de acceso efectivo a la administración de justicia (CP art. 228) y del
principio de eficiencia de la administración pública (CP art. 209). Y, la
tercera, porque solo en el escenario de una vulneración no detectada
previamente, o de cambio o agravamiento de las circunstancias examinadas, es
que se abre una nueva puerta para proferir otras órdenes dirigidas a superar la
situación de amenaza o violación de los derechos fundamentales que sea
detectada, pues allí se estaría en presencia de un escenario desconocido, que
no fue previamente analizado y respecto del cual cabría un principio de libertad
en cabeza del juzgador para adoptar las medidas que sean necesarias, acorde con
los límites dispuestos en la Constitución y la ley.
Así, por
ejemplo, en la Sentencia T-197 de 2017[81]
se advirtió que, si bien existían órdenes generales frente a todas las cárceles
del país, en virtud del ECI, las mismas no eran suficientes respecto del caso
concreto, pues ellas no respondían de manera directa a las realidades
denunciadas en varios centros de reclusión del departamento Nariño, cuya
situación no había sido objeto de un examen particular en los casos
precedentes, por lo que, a fin de no afectar el conjunto sistemático y
coordinado de acciones que ya habían sido dispuestas en las mencionadas
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, se decretó la adopción de un plan
de atención prioritaria, cuya ejecución debía guardar plena armonía con lo
resuelto en los macro casos ya mencionados, en temas de hacinamiento,
infraestructura, servicios públicos, comunicaciones, salud, etc.
En el
presente caso no ocurre lo mismo, pues, como ya se demostró, en la Sentencia
T-762 de 2015 no solo de dictaron órdenes generales, sino también específicas
frente al COPED Pedregal, las cuales han implicado la adopción de medidas para
su cumplimiento, más allá de que persistan dificultades que se traducen en la
amenaza de los derechos a la vida, dignidad humana y salud de las personas allí
recluidas, como ya se demostró con anterioridad. Por tal motivo, no cabe
proferir nuevas órdenes de amparo, pues las mismas resultarían redundantes
frente al examen ya realizado, cuyas medidas son suficientes para solucionar la
problemática planteada, y frente a las cuales se observa el esfuerzo de todas las
entidades que tienen a su cargo la administración del sistema penitenciario para
lograr su cumplimiento.
Ahora bien,
la Sala destaca que en la citada Sentencia T-762 de 2015 se ordenó la labor de
seguimiento del fallo a la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la
Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que adopten y promuevan
las acciones que resulten pertinentes en caso de incumplimiento. En ejercicio
de esta función y según el marco funcional de cada autoridad, se podrán
realizar nuevas visitas de seguimiento con los entes demandados y requerir la
entrega de informes adicionales.
Por tal
razón, lo que cabe en el presente caso es enviar copia de esta sentencia a las
autoridades referidas, para que adelanten las gestiones
de verificación que consideren pertinentes en relación con el nivel de
satisfacción de las órdenes proferidas en la Sentencia T-762 de 2015, en
particular, en lo que atañe a la situación del COPED Pedregal. Aunado a
ello, y en virtud de lo dispuesto en la providencia en cita, referente a que “el
cumplimiento de las órdenes que se desprenden de la confirmación o revocatoria
de las providencias revisadas en cada caso concreto, atañen a los jueces de
primera instancia”, se dispondrá que el Juzgado
2° Penal del Circuito Especializado de Medellín, quien fungió como juez de
primera instancia en el expediente         T-3.989.814, estudiado en la citada
sentencia y en el que se adoptaron medidas estructurales para resolver la
problemática del COPED Pedregal, mantenga las competencias previstas en los
artículos 27[82] y 52[83]
del Decreto Ley 2591 de 1991, relacionadas con la supervisión de su
cumplimiento y de los eventuales incidentes de desacato, sin perjuicio de la atribución
genérica que le asiste al Tribunal Superior de Bogotá frente a la observancia
de las órdenes generales de dicha providencia[84].
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 2017 por el Juzgado Tercero de Familia de
Oralidad de Medellín, en la que se declaró la improcedencia de la acción de
tutela y, en su lugar, se concederá el amparo solicitado, en cuanto se advierte
que, pese a las medidas que se han adoptado, continua la violación de los
derechos a la vida, dignidad humana y salud en el COPED Pedregal.
V.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el curso
del presente proceso.
SEGUNDO.- Por las razones
expuestas en esta providencia, REVOCAR la sentencia proferida el 11 de
diciembre de 2017 por el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín, en
la que se declaró la improcedencia de la acción y, en su lugar, CONCEDER
el amparo solicitado por el señor Hermilsun de Jesús Ramírez, en cuanto se
advierte que, pese a las medidas que se han adoptado, continua la violación de
los derechos a la vida, dignidad humana y salud en el COPED Pedregal.
TERCERO.-
En la medida en que persisten las condiciones que
dieron lugar la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional, se
procederá, a través de la Secretaría General de la Corte, a REMITIR
copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría
General de la Nación, para que adelanten las gestiones de verificación que
consideren pertinentes en relación con el nivel de satisfacción de las órdenes
proferidas en la Sentencia T-762 de 2015, en particular, en lo que atañe a la
situación del COPED Pedregal.
CUARTO.- ADVERTIR que el Juzgado 2° Penal del Circuito
Especializado de Medellín, quien fungió como juez de primera instancia en el
expediente         T-3.989.814, estudiado en la Sentencia T-762
de 2015 y en el que se adoptaron medidas estructurales para resolver la
problemática del COPED Pedregal, mantiene las competencias previstas en los
artículos 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, relacionadas con la supervisión
del cumplimiento de dicha sentencia y los eventuales incidentes de desacato,
sin perjuicio de la atribución general que le asiste al Tribunal Superior de
Bogotá frente a las órdenes genéricas de dicha providencia.
QUINTO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Sustanciador
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En adelante COPED Pedregal.
[2] No incorpora estadísticas
adicionales a los números de hacinamiento ya expuestos.
[3] M.P. María Victoria Calle
Correa.
[4] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[5] “Artículo 21. Cárceles y
pabellones de detención preventiva. <Artículo modificado por el
artículo 12 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las
cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un
régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos
exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los
términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales están a cargo de las
entidades territoriales. // Podrán existir pabellones para detención preventiva
en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten
razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren separados
adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas
condenadas. (…)”.
[6] “Artículo 15.
Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: Artículo
23A. Centros de arraigo transitorio. Con el fin de garantizar la
comparecencia al proceso, se crean los centros de arraigo transitorio, en el
que se da atención de personas a las cuales se les ha proferido medida de
detención preventiva y que no cuentan con un domicilio definido o con arraigo
familiar o social. // La finalidad del centro de arraigo transitorio es lograr
la reinserción laboral de la persona privada de la libertad y la recuperación
del arraigo social y familiar, si es del caso, y contribuir a que al momento de
proferirse la condena se le pueda otorgar algún mecanismo sustitutivo de la
prisión. // Las personas detenidas preventivamente que sean remitidas a centros
de arraigo transitorio deben permanecer allí hasta que se ordene su libertad
por decisión judicial o se profiera sentencia condenatoria. // Una vez
proferida la sentencia condenatoria la persona será trasladada al
establecimiento penitenciario que corresponda o entrará a gozar de la medida
sustitutiva de la prisión, si así lo ha determinado el juez de conocimiento. //
Los centros de arraigo transitorio deben proveer a las personas que alberguen
atención psicosocial y orientación laboral o vocacional durante el tiempo que
permanezcan en dichos centros. // Parágrafo. La Nación y las entidades
territoriales podrán realizar los acuerdos a que haya lugar para la creación,
fusión, supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de los centros de arraigo transitorio en los mismos términos del
artículo 17 de la Ley 65 de 1993. En todo caso, la creación de estos centros
será progresiva y dependerá de la cantidad de internos que cumplan con los
criterios para ingresar a este tipo de establecimientos. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia.”
[7] Al respecto, explica que las autorizaciones
máximas de gasto se establecen de acuerdo con la disponibilidad de recursos
públicos, siendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el responsable de
asignar los recursos suficientes para la creación, organización y mantenimiento
de los establecimientos de reclusión. Por lo demás, aun cuando la Unidad
solicita un presupuesto determinado, no siempre se apropian todos los recursos
solicitados.
[8] Integrada por los Magistrados
José Fernando Reyes Cuartas y Antonio José Lizarazo Ocampo
[9] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[10] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[11] Para el efecto se siguieron los
plazos previstos en el citado artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
[12] De acuerdo con lo estipulado en
el artículo 47 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y en el Decreto 111 de
1996.
[13] Ley 38 de 1989, artículo 4.
[14] Ley 1473 de 2011, “Por medio
de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones”.
[15] Este informe se sustentó en una visita realizada el
día 28 de febrero de 2018, dentro del marco del cumplimiento de una orden
proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en el trámite de una acción de
tutela instaurada por el señor William Ansisar Mazo Espinal, y en el que se
ordenó efectuar una valoración de la situación de hacinamiento de los internos
del COPED Pedregal.
[16] Al respecto, se alude al artículo 12 de la
Ley 1709 de 2017.
[17] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[18] El artículo 42 del Decreto 2591 de
1991 consagra las hipótesis de procedencia de la acción de tutela contra
particulares.
[19] En la Sentencia T-501 de 1992,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se dijo que: “La autoridad, en
términos generales y tomada en un sentido objetivo es la potestad de que se
halla investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones que
adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados. Esa
autoridad es pública cuando el poder del que dispone proviene
del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen.” Énfasis por
fuera del texto original.
[20] En cuanto al INPEC,
de conformidad con los artículos 14 y 16 del Código Penitenciario y Carcelario,
así como siguiendo lo dispuesto en el Decreto 4151 de 2011, no existe duda de
que es la entidad responsable de la ejecución de la pena privativa de la
libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, al igual que de
las medidas de aseguramiento, por lo que el asiste el control y la dirección
sobre las condiciones en que se realiza dicha ejecución. Ello incluye, entre
otras, (i) la dirección y vigilancia de los establecimientos penitenciarios;
(ii) la determinación de las necesidades en materia de infraestructura; (iii)
la coordinación en la ejecución de las políticas encaminadas al respeto de la
dignidad humana y de los derechos universalmente reconocidos; y (iv) la
implementación de los servicios de atención en salud, incluyendo las gestiones
para realizar la vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Aunado a lo anterior, los Directores de los Centros Penitenciarios y
Carcelarios, como el COPED Pedregal, de acuerdo con la Ley 65 de 1993, en el
artículo 36, son los jefes de gobierno interno de cada uno de estos planteles,
por lo que deben intervenir en la solución de la situación planteada. Por
último, en lo que atañe a la USPEC, el artículo 4 del Decreto 4150 de 2011
establece que su objeto “[es] gestionar y operar el suministro de bienes y
la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico
y administrativos requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios a cargo del [INPEC]”.
[21] Así, por ejemplo, el artículo 62
del CGP dispone que: “Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de
una parte y con las mismas facultades de ésta, quienes sean titulares de una
determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de
la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados
en el proceso”.
[22] Auto 043A de 2014, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[23] Sentencia T-279 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[24] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[25] M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[26] El artículo 86 del Texto
Superior dispone que: “(…) Esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)” La
jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando se
presenta una situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental
susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible. Para
determinar la configuración de un perjuicio irremediable, en criterio de este
Tribunal, deben concurrir los siguientes elementos: (i) el perjuicio ha de ser
inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las medidas que se requieren
para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto
es, susceptible de generar un daño transcendente en el haber jurídico de una
persona; y (iv) exige una respuesta impostergable para asegurar la debida
protección de los derechos comprometidos. Véanse, entre otras, las Sentencias
C-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[27] Esta hipótesis de procedencia se
deriva de lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991,
conforme al cual: “La acción de tutela no procederá: 1) Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Subrayado
por fuera del texto original. Sobre esta regla constitucional, se pueden
consultar, entre otras, las Sentencias T-287 de 1995, T-384 de 1998, T-554 de
1998, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-156 de 2000, T-418 de 2000, T-815 de
2000, SU-1052 de 2000, T-482 de 2001, T-1062 de 2001, T-135 de 2002, T-500 de
2002, T-179 de 2003, T-1007 de 2012, T-885 de 2013,T-823 de 2014, T-568 de 2015
y T-740 de 2015. En cuanto al concepto de eficacia, la Corte ha señalado
que el mismo consiste en que el mecanismo judicial este “diseñado de
forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia
T-113 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] Sobre el particular, se puede
acudir al ejercicio del derecho de petición en los términos regulados en el
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
[29] Ley 65 de 1993, art. 51.
[30] La norma en cita dispone que: “Artículo
9.- Agotamiento opcional de la vía gubernativa. No será necesario
interponer previamente la reposición u otro recurso administrativo para
presentar la solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos
administrativos, sin perjuicio de que ejerza directamente en cualquier momento
la acción de tutela. // El ejercicio de la acción de tutela no exime de la
obligación de agotar la vía gubernativa para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.”
[31] Puntualmente, el artículo 51 de
la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, autoriza a los jueces de
ejecución de penas y medidas de seguridad para “conocer de las
peticiones que los internos o apoderados formulen en relación con el reglamento
interno y tratamiento penitenciario en cuanto se refiera a los derechos y
beneficios que afecten la ejecución de la pena”.
[32] Ley 472 de 1998, art. 4, literal
m).
[33] Ley 472 de 1998, art. 4, literal
h).
[34] Sentencia T-197 de 2017, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[35] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[36] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[37] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[38] Sentencia T-596 de 1992, M.P.
Ciro Angarita Barón.
[39] Sentencia T-143 de 2017, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[40] De hecho, el artículo 5 del
Código Penitenciario y Carcelario dispone que: “En los establecimientos de
reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se
prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. // Las restricciones
impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto
criterio de necesidad y deben ser propor­cionales a los objetivos legítimos
para los que se han impuesto. // La carencia de recursos no podrá justificar
que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad.”. En este mismo sentido, el
parágrafo 2 del artículo 16 del Código en cita prescribe que: “Todos los
establecimientos de reclusión deberán contar con las condiciones ambientales,
sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario
digno”.
[41] Sentencia C-336 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[42] Sentencia T-596 de 1992, M.P.
Ciro Angarita Barón.
[43] Ibídem.
[44] Así, por ejemplo, conforme al
derecho penal se podrían justificar conductas como el homicidio por figuras como
el estado de necesidad o la legítima defensa
[45] El Comité de Derechos Humanos ha
sintetizado el núcleo más básico de los derechos de los reclusos en los
siguientes términos: “Todo recluso debe disponer de una superficie y un
volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que
no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes, de una cama
individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el
mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar que son estos
requisitos mínimos, que, en opinión del Comité, deben cumplirse siempre, aunque
consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el
cumplimiento de esas obligaciones”. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso de
Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3. Citado por la Corte en la Sentencia
T-851 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[46] Sentencia T-596 de 1992, M.P.
Ciro Angarita Barón.
[47] Sentencia T-282 de 2014, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[48] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] Ver también Sentencia T-391 de
2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
[50] Sentencias T-153 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa; y
T-762 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[51] Sentencia T-153 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52] Al respecto, precisó la Corte
que “(…) de acuerdo con el informe estadístico suministrado por la Oficina
de Planeación del INPEC, para el día 31 de octubre de 1997 la población
carcelaria del país ascendía a 42.454 personas, de las cuales
39.805 eran hombres y 2.649 mujeres, 19.515 eran sindicadas, 12.294 habían sido
condenadas en primera instancia y 10.645 lo habían sido en segunda instancia.
Puesto que el total de cupos existentes en las cárceles ascendía a 29.217, el
sobrecupo poblacional era de 13.237 personas, con lo cual el hacinamiento se
remontaba en términos porcentuales al 45.3%.”
[53] Destacó la Corte que las
conexiones que se realizaban en los centros penitenciarios para alimentar
interruptores de celdas, caspetes, grecas, enfriadores, neveras y estufas
conllevaban a la red a sobrecargarse, generando un alto riesgo de incendio, al
tratarse de instalaciones rudimentarias.
[54] Según se señaló en la sentencia,
la red de acueducto estaba construida en tubería galvanizada, presentando
oxidación, obstrucción y rotura en la mayor parte de su trayecto, circunstancia
que también generaba fugas continuas del líquido, al igual que el completo
deterioro de los aparatos sanitarios, ocasionando que el suministro de agua sea
muy deficiente para algunos de los pabellones y patios.
[55] Sentencia T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[56] Sentencia T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[57] En concreto, se trató de la PPL
de las cárceles de Cúcuta, Tramacúa de Valledupar, Modelo de Bogotá, Bellavista
de Medellín, San Isidro de Popayán, y la de Barrancabermeja.
[58] En la sentencia se hizo
referencia a la existencia de tres parámetros de cumplimiento: “(1) de
estructura; (2) de proceso; y (3) de resultado”. En todo caso,
se hizo ahínco en que no existen indicadores o parámetros abstractos que
resulten aplicables a todos los derechos.
[59] En términos de la sentencia en
comento: “(…) las órdenes pueden tener al menos, cuatro (4) tipos de nivel
de cumplimiento. A saber, (i) nivel de cumplimiento alto, (ii) nivel de
cumplimiento medio, (iii) nivel de cumplimiento bajo e (iv) incumplimiento
(…)”.
[60] Por ejemplo, en la providencia
referida se ordenó: “Décimo tercero.- A partir de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, deberán implementarse todas las medidas adecuadas y necesarias
tendientes a garantizar a los reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta (COCUC), la Cárcel la Tramacúa de Valledupar, el
Establecimiento Carcelario La Modelo de Bogotá, el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Bellavista, el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán – San Isidro y el
Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja unas condiciones de
subsistencia dignas y humanas, de acuerdo con los términos de esta sentencia,
las cuales deberán asegurar:  [i] que los horarios de alimentación y ducha
se ajusten a los del común de la sociedad, y se ponga a disposición de los
internos agua potable en la cantidad y frecuencia por ellos requerida; [ii] que
los alimentos que se proporcionen estén en óptimas condiciones de conservación,
preparación y nutrición;  [iii] que el sistema sanitario, las tuberías de
desagüe, baños y duchas estén en condiciones adecuadas de calidad y cantidad
para atender al número de personas recluidas en cada establecimiento;
igualmente deberán entregar a los reclusos una dotación de implementos de aseo
mensualmente; [iv] que el servicio médico esté disponible de manera continua y
cuente con medicinas, equipos y personal idóneos para los requerimientos de la
población carcelaria;  [v] que los servicios de aseo e higiene de las
instalaciones se amplíen y fortalezcan en procura de evitar enfermedades, contagios
e infecciones; [vi] que se entregue a cada persona, especialmente a quienes no
tienen celda para su descanso, una dotación de colchón, cobija, sábana y
almohada, que permita un mejor descanso en un espacio adecuado para ese
propósito; [vii] que se fomente la creación de espacios de trabajo y estudio,
así como de actividades lúdicas y recreativas para las personas recluidas en
estos establecimientos”.
[61] En la sentencia en comento se
ordenó: “Décimo cuarto.- En el término de tres (3) meses,
contado a partir de la notificación de la presente sentencia, los Ministerios
de Salud y de Justicia, en coordinación con la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y las secretarías de salud de las entidades
territoriales en las que se encuentran ubicadas las seis (6) cárceles que
fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la referencia, deberán
efectuar una visita a cada uno de estos establecimientos para verificar las
condiciones de prestación de los servicios de salud (…)”.
[62] Sentencia T-762 de 2015, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[63] En la Sentencia se analizó la
situación de los siguientes establecimientos penitenciarios y carcelarios: la Cárcel Modelo de Bucaramanga;
la Cárcel La 40 de Pereira; el EPMSC de Santa Rosa de Cabal; el EPMSC El
Pedregal; la Cárcel Modelo de Bogotá; el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta; el EPMSC de Anserma (Caldas); el EPMSC de San Vicente
de Chucurí; el EPMSC de Cartago; el EPAMS CAS de Palmira, el EPMSC El Cunduy de
Florencia; el EPAMS CAS de Itagüí; la Cárcel Villa Inés de Apartadó; el EPMSC
La Vega de Sincelejo; el EPMSC de San Sebastián de Roldanillo y el EPMSC de
Villavicencio.
[64] En la sentencia se planteó la
siguiente relación: Tiempo de actividad externa a la celda y metraje mínimo
de alojamiento:
Tiempo fuera de celda
(Horas)
Metraje
(m2)
Celda Individual
Celda Colectiva
10
5,4
3,4
6
6,4
4,4
3
7,4
5,4
[65] En concreto, se dispuso la
creación de un comité interdisciplinario que cuente con suficientes capacidades
para estructurar unas “normas técnicas” que garanticen una reclusión
digna. Igualmente, se le asignó la labor de crear un grupo particular ligado a
las labores de seguimiento, el cual debe funcionar sin perjuicio de otras
comisiones de seguimiento existentes. También se le indicó que debe asegurar
que todo incumplimiento de las disposiciones contenidas en la providencia
acarree responsabilidad estatal.
[66] Esta función debe cumplirse en
el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
[67] Puntualmente, en la sentencia en
cita se dispuso: “Vigésimo sexto.- Ordenar al INPEC y a la USPEC, por
intermedio de sus representantes legales o de quienes hagan sus veces y de
acuerdo a sus respectivas competencias, que, previo censo y determinación de
las condiciones de vida de los internos de cada uno de los 16 centros penitenciarios
sobre los que versa esta sentencia, valorados por el lugar y las condiciones en
que pernoctan, pongan a disposición de cada interno, en un término máximo de
tres (3) meses, kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso
de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal
debe contar con esta misma garantía”.
[68] Sobre el particular, se dispuso:
“Treintagésimo. - Ordenar al INPEC, a la USPEC, al Ministerio
de Justicia y del Derecho (…) emprendan las acciones necesarias para constatar
las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el
manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas
negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de
esta orden deberán presentar un informe y un plan de acción para cubrir las
necesidades insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años
para su ejecución total (…)”.
[69] Textualmente, se señaló: “Vigésimo
séptimo.- Ordenar al INPEC y a la USPEC, por intermedio de sus
representantes legales o de quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus
respectivas competencias, que, previo análisis de las necesidades en cada uno
de los 16 centros penitenciarios sobre los que versa esta sentencia, valorados
a través del número actual de reclusos, pongan a disposición de los internos
una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de
funcionamiento, en un lapso de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia”.
[70] Puntualmente, en la providencia
se ordenó: “Vigésimo quinto.- Ordenar al INPEC, a la USPEC
y al Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de sus representantes
legales o quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus respectivas competencias, que
en un término de un (1) año a partir de la notificación de esta sentencia,
adecúen todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo
estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación
del servicio de salud propuestas en el fundamento 92 y 156 de la
presente providencia. Para efectos de lo anterior podrán solicitar la
colaboración del caso a los demás Ministerios del Gobierno Nacional y a los
entes territoriales involucrados”.
[71] En la sentencia se
dispuso: “Vigésimo tercero.- Ordenar al Ministerio de
Justicia y del Derecho, con apoyo del Ministerio del Interior, por intermedio
de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de un (1)
mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, que integre, si aún
no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes
acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando
ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas
(…)” A lo cual se sumó: “Vigésimo cuarto.- Instar a los
Municipios (…) para que emprendan todas las acciones administrativas,
presupuestales y logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el
proceso seguido, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para
cumplir con las obligaciones consagradas en la Ley 65 de 1993, sus
modificaciones y las órdenes que surjan de esta providencia”.
[72] Específicamente la situación del
COPED Pedregal fue estudiado en el expediente T-3.989.814, en el que fungió como juez de primera
instancia el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Medellín.
[73] Folio 208 del expediente. Los
indicadores de hacinamiento de todas las áreas son: Patio A: 25%; Patio B: 24%;
Patio C: 24%; Patio D: 19%; Patio E: 26%; Patio F: 17%; y Patio G: -38%.
[74] Ibídem.
[75] Visita realizada el 28 de febrero
de 2018, en el marco del cumplimiento de una orden proferida por el Tribunal
Superior de Medellín en el trámite de la acción de tutela instaurada por el
señor William Ansisar Mazo Espinal, y en el que se ordenó efectuar una
valoración de la situación de hacinamiento de los internos del COPED Pedregal.
En desarrollo de esta orden, se dispuso la revisión de los cupos existentes y
la adecuación de los proyectados a futuro.
[76] Folio 176 del expediente.
[77] Folio 113 del expediente.
[78] Folio 205 del expediente.
[79] Folio 114 del expediente.
[80] El artículo 69 de la Ley 734 de
2002 dispone que: “Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción
disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente
de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja
formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los
eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos
38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. La Procuraduría General de la
Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a
petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la
violación del debido proceso, podrá asumir la investigación disciplinaria
iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la pondrá a
su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa información
al jefe de la entidad. Una vez avocado el conocimiento por parte de la
Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta la decisión final.
(…)”.
[81]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[82] Decreto 2591 de 1991, artículo
27 “Cumplimiento
del fallo. Proferido
el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá
cumplirlo sin demora. // Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para
que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario
contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso
contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez
podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su
sentencia. // Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del
funcionario en su caso. // En todo caso, el juez establecerá los demás efectos
del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.
[83] Decreto 2591 de 1991, artículo 52
“Desacato. La persona que incumpliere una
orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado
una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a
que hubiere lugar. // La sanción será impuesta por el mismo juez mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro
de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará
en el efecto devolutivo”.
[84] En el Auto 121 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, se explicó que: “10.2 Situación diferente ocurre
con el cumplimiento y con el trámite de los incidentes de desacato de la Sentencia
T-762 de 2015 debido a que el Auto 368 de 2016 decidió
atribuir a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la facultad para
conocer los incidentes de desacato que se promuevan para lograr el cumplimiento
de las órdenes generales emitidas en esa providencia, mientras que los jueces
de primera instancia de los dieciocho (18) expedientes acumulados, conservaron
su competencia para tramitar el cumplimiento y el desacato de las órdenes
particulares y de las relativas a cada caso concreto.”