T-503-02
I. ANTECEDENTES
Sentencia
T-503/02
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Subordinación
EMPLEADOR-Asunción de responsabilidad por mora en
aportes en salud y pensión
EMPRESA EN
LIQUIDACION-Mora en
aportes a seguridad social en pensiones y salud
En los casos objeto de revisión, la empresa
en liquidación obligatoria- no ha realizado los aportes a pensiones. Ante tal
situación, y vistos los documentos obrantes en los expedientes, es preciso
destacar que al suspenderse el pago de las cotizaciones por concepto de
pensiones, situación que en el momento no viola derecho fundamental alguno, sí
puede comprometer el reconocimiento ulterior de la pensión. Por lo tanto, la
empresa deberá asumir dicha carga prestacional dejada de pagar a las empresas
administradores de los fondos de pensiones a las cuales se encuentran afiliados
los actores. De igual forma, si el empleador ha incurrido en mora en el pago de
los aportes en pensión, la seguridad social en salud de sus trabajadores
también puede estar comprometida, toda vez que estos son por igual, aportes que
deben ser trasladados inmediatamente al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. En los casos objeto de análisis los accionantes no reclaman ni
demuestran la afectación de su derecho a la seguridad social en salud.
EMPLEADOR-Sanciones por desacuerdo y no
transferencia de aportes a seguridad social
La conducta asumida por el empleador, de
descontar los aportes y no transferirlos en su momento a las entidades
encargadas de administrarlos, es equivocada y puede incluso, ser objeto de
sanciones administrativas y penales. La inobservancia de la obligación de
cotizar a la seguridad social genera sanciones moratorias, administrativas y
disciplinarias en caso de que el incumplimiento del deber se ocasione por culpa
de un servidor público. Igualmente, si el patrono no transfiere a las EPS las
sumas retenidas, no solamente se encuentra sujeto a las sanciones
administrativas y económicas previstas por la Ley 100 de 1993 sino que además
su conducta podría ser penalmente sancionada, pues estaría desviando recursos
que no son suyos, ya que tales dineros, tal y como esta Corte lo ha precisado,
son contribuciones parafiscales afectadas a propósitos específicos.
SUSPENSION DE
CONTRATO DE TRABAJO-Alcance
SUSPENSION DE
CONTRATO DE TRABAJO-Se
mantiene prestación de seguridad social
Sucedida la
suspensión de los contratos laborales, cesan de manera temporal algunas de las
obligaciones a cargo de trabajadores y empleador. El trabajador deja de prestar
el servicio y el empleador suspende el pago del salario. Sin embargo, la
prestación de la seguridad social (salud y pensión), durante la suspensión de
los contratos de trabajo, se mantiene en cabeza del empleador. De esta manera,
la seguridad social como principio del trabajo se encuentra garantizada legal y
constitucionalmente. La suspensión de los contratos de trabajo es una situación
propia del derecho del trabajo, en la cual la relación laboral no se ha
extinguido, generando una realidad muy particular para el trabajador quien en
la práctica no podría buscar otra ocupación, pero tampoco esta obligado a
cumplir con la labor para la cual fue contratado. Sin embargo, las obligaciones
que siempre serán exigibles por el trabajador son aquellas atinentes a la
seguridad social, dado el carácter constitucional que ostenta según el artículo
53 de la Constitución, y que a la vez son deberes inherentes a la dignidad del
trabajo y a la equidad.
SUSPENSION DE
CONTRATO DE TRABAJO-Se
mantiene atención en salud de trabajadores
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer obligaciones laborales
PROCESO DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA-Pago
preferente de salarios y mesadas pensionales
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Conexidad
con la vida/EMPRESA EN LIQUIDACION-Pago de aportes por concepto de
seguridad social
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expedientes T-569876, T-569877,
T-569878, T-571461, T-571462, T-571463, T-571464 y T-571465.
Acciones de tutela
instauradas por Hernán Morales Cevallos, Alberto Aguirre Osorio, José Hoover
Rodríguez, Liliana Martínez Montoya, Luz Marina Arias de Rodríguez, Gustavo
Buitrago Berrío, María Elsa Valencia Mejía y María Luz Dary López Zulúaga
contra Productora de Hilados y Tejidos Única S.A. –en liquidación obligatoria-.
Magistrado ponente:
Dr. EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de
dos mil dos (2002).
La Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Eduardo Montealegre Lynett,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido
la siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de las
sentencias proferidas los días del 16 de enero de 2002 proferidas por el
Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, en el trámite de las acciones
de tutela interpuestas por Hernán Morales Cevallos, Alberto Aguirre Osorio,
José Hoover Rodríguez, Liliana Martínez Montoya, Luz Marina Arias de Rodríguez,
Gustavo Buitrago Barrio, María Elsa Valencia Mejía y María Luz Dary López
Zulúaga contra Productora de Hilados y Tejidos Única S.A. –en liquidación
obligatoria-
I. ANTECEDENTES.
Los supuestos de hecho que motivaron la
interposición de las presente tutelas se pueden sintetizar en los siguientes
puntos:
1. Los accionantes son trabajadores de la
empresa accionada desde hace varios años.
2. La empresa ha venido incumpliendo en el
pago de los aportes que por pensiones le corresponde realizar, pues como consta
en los diferentes expedientes adeuda entre diecisiete[1] y
veintidós meses.
3. Ante tal situación los accionantes
consideran que la empresa accionada les está vulnerando su derecho fundamental
a la igualdad, pues ha procedido a retener dineros de sus salarios y a
apropiarse de ellos. Igualmente manifiestan que en varias ocasiones a algunos
extrabajadores les ha sido negada la pensión por falta de aportes, y lo mismo
ha sucedido con los familiares sobrevivientes de extrabajadores que han
fallecido.
4. Por lo anterior, los peticionarios
consideran violado su derecho fundamental a la igualdad, y piden se ordene a la
empresa accionada que en el término de cuarenta y ocho horas, pague los aportes
adeudados a los diferentes fondos de pensiones a los cuales se encuentran
afiliados.
En respuesta entregada por el apoderado de
la empresa accionada a los jueces de conocimiento, la cual obra en la mayoría
de los expedientes, se expusieron los siguientes argumentos:
“2. Mi representada afrontó a partir
del año de 1998 grandes dificultades de índole económica, que se agravaron con
circunstancias tales como la huelga decretada por sus trabajadores en el año
2000.
“3. La referida crisis implicó que mi
representada incurriera en atrasos en el pago de la gran mayoría de sus
obligaciones por lo que a finales del año 1999 suscribió con el Seguro Social
un Acuerdo para el pago de las obligaciones por concepto de pensiones.
“4. Pese a los esfuerzos realizados por la
Administración, a finales del año 2000 la Compañía solicitó y obtuvo de parte
de la Superintendencia de Sociedades, autorización para promover un Acuerdo de
Reestructuración de sus obligaciones en los términos y condiciones de la Ley
550 de 1999.
“5. El Seguro Social, se hizo parte dentro
del trámite de la Ley 500 de 1999 y fue así como con fecha 3 de mayo de 2001,
el doctor CARLOS HOYOS ARISTIZABAL jefe del Departamento Financiero del Seguro
oscila suscribió una liquidación certificada de la deuda de mi representada
para con el ISS que sirvió de base para la presentación de los créditos del ISS
en el trámite mencionado.
“6. El 29 de noviembre del 2001 los
acreedores de la Compañía que represento reunidos según convocatoria del
Promotor del Acuerdo decidieron dar por terminada la negociación por lo que la
Superintendencia de Sociedades, mediante Auto No. 155-021430 del 5 de diciembre
de 2001 convocó a mi representada al Trámite de Liquidación Obligatoria.
“7. El 13 de Diciembre del año pasado,
el doctor Alvaro José Restrepo Restrepo quien fue designado por la
Superintendencia de Sociedades como Liquidador de la Sociedad que represento,
notificó al Ministerio del Trabajo y a los trabajadores de la Compañía la
Suspensión de los Contratos de Trabajo, por Fuerza Mayor, de conformidad con lo
consagrado por el Artículo 51 numeral primero del Código Sustantivo del
Trabajo. (Subraya
y negrilla fuera del texto original).
“8. La totalidad de los acreedores de mi
representada incluyendo en ellos a los trabajadores y al Seguro Social, demás
Fondos de Pensiones y EPS deben hacerse parte dentro del proceso de
liquidación, para lo cual cuentan con un plazo que vence el próximo 23 de
Enero.
“9. En virtud de que todo pago que se
efectúe dentro del trámite de la liquidación obligatoria que se refiera a
obligaciones causadas con anterioridad a la convocatoria a dicho trámite debe
ser autorizado por la Superintendencia de Sociedades, el 18 de diciembre
pasado. El Liquidador de mi representada solicitó ante la Superintendencia
autorización para que en LA MEDIDA EN LA QUE LOS RECURSOS DE TESORERIA SE LO
PERMITAN pudiera cancelar lo correspondiente a algunos conceptos
relacionados todos con el tema laboral entre estos lo relativo a la Seguridad
Social.
“Los pagos fueron autorizados por la
Superintendencia mediante Oficio del 11 de los corrientes, no obstante es
necesario tener en cuenta que los mismos están condicionados al hecho de que
efectivamente se cuente con los recursos necesarios.
“10. Finalmente, en la fecha y de común
acuerdo con el Seguro Social, se ha cancelando lo relativo a los aportes de los
trabajadores por salud, correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre del
año 2001, en el pago citado se han cubierto al Seguro Social, sumas que aún no
han sido objeto de descuento a los trabajadores, toda vez que las nóminas
respectivas no han sido cubiertas.”
Por otra parte, haciendo referencia a la
presunta violación del derecho a la igualdad alegado por los accionantes, el
mismo apoderado de la accionada señaló lo siguiente:
“5. El tutelante esgrime que la
Compañía que represento al incurrir en atrasos en el pago de los aportes en
pensión le ha violado el derecho a la igualdad consagrado en el Articulo 13 de
la Constitución Nacional, sobre el particular es necesario tener en cuenta los
siguientes eventos:
“En primer término, los atrasos en el pago
de los aportes en pensión no han sido diferenciales es decir han cobijado a
todos los trabajadores de la Empresa que represento, y han tenido origen en la
imposibilidad real de efectuarlos, por carencia absoluta de recursos. Así las
cosas, la totalidad de los trabajadores de mi representada han debido afrontar
las consecuencias de la falta de recursos económicos.
“De otro lado, cuando la Ley 222 de 1995 en
su Artículo 158 prevé que todos los acreedores de la deudora deben hacerse
parte dentro del trámite de la Liquidación, está garantizando el derecho a la
igualdad.”
Concluye diciendo que los tutelantes
disponen de otra vía judicial como es el tramite liquidatorio a través del cual
podrán hacer valer sus derechos y reclamaciones.
II. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Manizales en sentencias del 28 de enero de 2002 (expedientes T-571461 y
T-571462); del 29 de enero del mismo año (expediente T-571463); y del 30 de
enero (expedientes T-571464 y T-571465), negó el amparo solicitado.
Consideró que existen otros mecanismos judiciales como las acciones que pueden
iniciar los fondos de pensiones correspondientes para recaudar los aportes
dejados de hacer por la empresa accionada. De la misma forma, el a quo
señaló que si se llegaren a presentar inconvenientes al momento de reclamar los
servicios de salud, debe recordarse que la E.P.S. correspondiente deberá
atender al afiliado o beneficiario y luego repetir contra el empleador moroso.
Por su parte, el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Manizales, en sentencias del 30 de enero de 2002 (expedientes
T-569876 y T-569877), y del 31 de enero del mismo año (expediente
T-569878), negó igualmente las tutelas interpuestas. Las consideraciones
expuestas por el a quo en cada uno de estos expedientes coinciden con
las expuestas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales.
III. DOCUMENTOS OBRANTES EN LOS
EXPEDIENTES.
En la mayoría
de los expedientes obran los siguientes documentos:
- Demanda de
tutela contra la empresa Productora de Hilados y Tejidos Única S.A. en
Liquidación Obligatoria.
- Fotocopias
simples de la nómina de varios meses en las cuales consta los descuentos hechos
por concepto de seguridad social en pensión y salud.
- Respuesta
dada por la apoderada de Productora de Hilados y Tejidos Única S.A. en
Liquidación Obligatoria, en la cual explica la situación de la empresa, las
medidas adoptadas y la no vulneración de derecho fundamental alguno.
- Fotocopias
simples del Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara
de Comercio de Manizales, y poder otorgado a la apoderada.
- Fotocopia
simple del acuerdo de pago suscrito el 28 de diciembre de 1999 entre la
accionada y el Instituto de Seguros Sociales, por concepto de aportes en
pensión. En este documento se advierte que de no darse cumplimiento a lo allí
pactado los servicios de salud podrán ser suspendidos. Igualmente, se encuentra
fotocopia del pagaré suscrito entre las mismas partes para garantizar el pago
de la deuda.
- Fotocopia
simple del auto de apertura de la liquidación obligatoria de la empresa aquí
demandada, proferido por la Superintendencia de Sociedades el día 5 de
diciembre de 2001.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones judiciales mencionadas.
2. Procedencia de la acción de tutela
contra particulares, cuando se encuentra el afectado en estado de
subordinación.
De conformidad con el artículo 42 del
decreto 2591 de 1991, y tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, la
acción de tutela también es procedente, contra particulares, como mecanismo
judicial excepcional, en los eventos en los cuales el actor demuestre que se
encuentra en un estado de subordinación o indefensión frente a la parte
demandada, de quien reclama protección a sus derechos presuntamente violados.[2]
En el presente caso, los demandantes se
encuentra efectivamente en estado de subordinación respecto de la empresa
Productora de Hilados y Tejidos Única S.A. en Liquidación Obligatoria, de la
cual tienen la condición de trabajadores. Por lo tanto, la acción de tutela
resulta procedente.
3. No pago de aportes para pensión por
parte del empleador.
Según jurisprudencia de esta Corporación la
acción de tutela surge como el mecanismo judicial adecuado para la protección
efectiva de los derechos a la salud y a la seguridad social especialmente en su
conexidad con la vida, cuando por falta de pago de los aportes correspondientes
a salud y pensión, el patrono deja desprotegidos al trabajador y a su familia.
Así, cuando el empleador no cancela de
manera puntual y completa los aportes a las correspondientes empresas de salud
y a las administradoras de fondos de pensiones, debe asumir en forma directa
los riesgos que se generen con su omisión. De esta manera, correrá con todos
los gastos que se causen por la prestación íntegra del servicio de salud que
soliciten sus trabajadores, e igualmente asumirá la carga pensional que se
origine,[3]
pues el trabajador no puede verse damnificado por la actitud negligente de
quien lo contrató.[4]
Así, en tanto los descuentos se efectuaron
y no fueron trasladados oportunamente a la entidad de seguridad social, debe
darse comunicación a la justicia penal para que se investigue y sancione lo
relativo a la disposición de recursos parafiscales.[5]
En los casos objeto de revisión, la empresa
Productora de Hilados y Tejidos Única S.A. –en liquidación obligatoria- no ha
realizado los aportes a pensiones. Ante tal situación, y vistos los documentos
obrantes en los expedientes, es preciso destacar que al suspenderse el pago de
las cotizaciones por concepto de pensiones, situación que en el momento no
viola derecho fundamental alguno, sí puede comprometer el reconocimiento
ulterior de la pensión.[6]
Por lo tanto, la empresa, tal y como se señaló, deberá asumir dicha carga
prestacional dejada de pagar a las empresas administradores de los fondos de
pensiones a las cuales se encuentran afiliados los actores.
De igual forma, si el empleador ha
incurrido en mora en el pago de los aportes en pensión, la seguridad social en
salud de sus trabajadores también puede estar comprometida, toda vez que estos
son por igual, aportes que deben ser trasladados inmediatamente al Sistema
General de Seguridad Social en Salud. En los casos objeto de análisis los
accionantes no reclaman ni demuestran la afectación de su derecho a la
seguridad social en salud. Sin embargo, la Corte recuerda que cuando se
advierte la amenaza de la seguridad social, la Corte debe igualmente ordenar la
protección por vía de tutela, en tanto que esta posibilidad procesal de defensa
no necesariamente está circunscrita a los eventos de actual violación de
derechos fundamentales. También el artículo 86 de la Constitución la contempló
para las circunstancias en que ellos se vean amenazados. Acerca de la amenaza
de derechos fundamentales, como razón y fundamento de la tutela, ha manifestado
esta Corte:
‘...no puede
perderse de vista que la Constitución Política, en su artículo 86, al consagrar
los motivos por los cuales puede ejercerse acción de tutela, no se limita a
prever hechos que impliquen violación de los derechos fundamentales sino que
contempla la amenaza de los mismos como posibilidad cierta e inminente de un
daño futuro susceptible de evitarse mediante la protección judicial.
‘Hallarse
amenazado un derecho no es lo mismo que ser violado. La amenaza es una
violación potencial que se presenta como inminente y próxima. Respecto de ella
la función protectora del juez consiste en evitarla.’(Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-349 del 27 de agosto de
1993).”[7]
En los casos objeto de revisión, sí se
advierte la amenaza del derecho a la salud en conexidad con la vida,
especialmente cuando dentro del acuerdo de pago suscrito entre la empresa
accionada y el I.S.S., se estipuló en una de sus cláusulas reiniciar la
prestación de los servicios en el P.O.S.[8],
siempre y cuando no se incurra en una nueva mora. Por ello, en casos similares,
la Corte ha dispuesto que el empleador moroso deberá asumir la obligación de
prestar los servicios médicos que requieran sus trabajadores y ex-trabajadores
y sólo de manera subsidiaria, las E.P.S. a las cuales se encuentran afiliados los
demandantes, deberán prestar los servicios médicos que se requieran en caso de
gravedad o de urgencia.[9]
Ahora bien, la conducta asumida por el
empleador, de descontar los aportes y no transferirlos en su momento a las
entidades encargadas de administrarlos, es equivocada y puede incluso, ser
objeto de sanciones administrativas y penales. Al respecto vale la pena señalar
la posición de la Corte:
“No obstante, la
inobservancia de la obligación de cotizar a la seguridad social genera
sanciones moratorias, administrativas y disciplinarias en caso de que el
incumplimiento del deber se ocasione por culpa de un servidor público.
Igualmente, si el patrono no transfiere a las EPS las sumas retenidas, no
solamente se encuentra sujeto a las sanciones administrativas y económicas
previstas por la Ley 100 de 1993 sino que además su conducta podría ser
penalmente sancionada, pues estaría desviando recursos que no son suyos, ya que
tales dineros, tal y como esta Corte lo ha precisado, son contribuciones
parafiscales afectadas a propósitos específicos[10].
De la misma manera, la posición jurídica de la entidad que administra la
seguridad social frente al incumplimiento de la afiliación y de la cotización
no es la misma, como quiera que mientras la omisión de afiliación no le genera
potestades ni deberes, la negligencia en el pago de la cotización sí, puesto
que puede exigir judicialmente su cumplimiento.”[11]
En consecuencia, se
compulsarán copias de los expedientes objeto de revisión, a la Fiscalía General
de la Nación para que, si hubiere lugar, investigue la conducta que en su
momento desarrollaron el representante legal de la empresa demandada, en
relación con los descuentos de los aportes hecho a sus trabajadores, aportes
que no fueron trasladados a la empresas administradoras de los mismos, y que
como vemos corresponde a aportes que se causaron con anterioridad a la
aprobación por parte de la Superintendencia de Sociedades, de la liquidación
obligatoria de la empresa accionada.
4. La suspensión
de los contratos de trabajo. Situación excepcional.
El Código Sustantivo
del Trabajo en su artículo 51, subrogado por el artículo 4 de la ley 50 de 1990
expone las causales que justifican la suspensión del contrato de trabajo.
Interesa para efectos de esta tutela conocer la primera causal, que fue alegada
por el empleador para justificar la suspensión de los contratos de trabajo:
“1. Por fuerza mayor o caso fortuito
que temporalmente impida su ejecución…..”
El artículo 53 del
C. S. del T. dice que los efectos de la suspensión son los siguientes:
“Durante el
período de las suspensiones contempladas en el artículo 51 (hoy artículo 4º de
la Ley 50 de 1990) se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el
servicio prometido, y para el patrono la de pagar los salarios de esos lapsos,
pero durante la suspensión corren a cargo del patrono, además de las
obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le corresponden por muerte o
por enfermedad de los trabajadores. Estos períodos de suspensión pueden
descontarse por el patrono al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones”.
Sucedida la suspensión
de los contratos laborales, cesan de manera temporal algunas de las
obligaciones a cargo de trabajadores y empleador. El trabajador deja de prestar
el servicio y el empleador suspende el pago del salario. Sin embargo, la
prestación de la seguridad social (salud y pensión), durante la suspensión de
los contratos de trabajo, se mantiene en cabeza del empleador. De esta manera,
la seguridad social como principio del trabajo se encuentra garantizada legal y
constitucionalmente tal y como lo señala el artículo 53 de la Carta Política.
En el evento en que
se encuentren suspendidos los contratos de trabajo, como en el presente caso,
el empleador es quien asume la obligación de prestar el servicio de salud, a
menos que esté cotizando oportunamente a las E.P.S. a las cuales se encuentran
afiliados sus trabajadores. La misma situación ocurre en el caso de las
pensiones las cuales, estarán a cargo del empleador a menos que haya seguido
cotizando a las entidades administradores de fondos de pensiones. Sobre el
particular la sentencia SU-562 de 1999, Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero, señaló sobre el particular lo siguiente:
“El artículo 53
del C. S. del T. dice que los efectos de la suspensión son los siguientes:
‘Durante el
período de las suspensiones contempladas en el artículo 51 (hoy artículo 4º de
la Ley 50 de 1990) se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el
servicio prometido, y para el patrono la de pagar los salarios de esos lapsos,
pero durante la suspensión corren a cargo del patrono, además de las
obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le corresponden por muerte o
por enfermedad de los trabajadores. Estos períodos de suspensión pueden
descontarse por el patrono al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones’.
“La lectura
textual indica que lo único que se interrumpe es la obligación de prestar el
servicio y el pago del salario, luego, se mantiene la prestación de la
seguridad social, es decir que durante la suspensión hay que responder por la
atención a la salud de los trabajadores. Con mayor razón después de la
Constitución de 1991, que señaló a la seguridad social como principio del
trabajo en el artículo 53, luego la garantía de la seguridad social en salud,
en estos casos de protección de trabajadores, entre ellos los trabajadores con
contrato suspendido, está respaldada constitucional y legalmente.”
Por otra parte, es
necesario indicar que la suspensión de los contratos de trabajo es una
situación propia del derecho del trabajo, en la cual la relación laboral no se
ha extinguido, generando una realidad muy particular para el trabajador quien
en la práctica no podría buscar otra ocupación, pero tampoco esta obligado a
cumplir con la labor para la cual fue contratado. Sin embargo, las obligaciones
que siempre serán exigibles por el trabajador son aquellas atinentes a la
seguridad social, dado el carácter constitucional que ostenta según el artículo
53 de la Constitución, y que a la vez son deberes inherentes a la dignidad del
trabajo y a la equidad. En la sentencia atrás citada se dijo igualmente lo
siguiente:
“En rigor no debiera hablarse de suspensión del
contrato de trabajo, sino mas bien de que el deber de prestación del trabajador
queda limitado a poner a disposición del patrono su fuerza de trabajo, y
correlativamente eso significa un intervalo de no exigibilidad de algunas
condiciones. Pero una obligación que siempre será exigible es la de la
seguridad social, entre otras razones por el carácter constitucional que ahora
tiene en el artículo 53 de la Constitución, esto significa que hay deberes de
prestación que subsisten en su totalidad, y son deberes inherentes a la
dignidad del trabajo y a la equidad porque se está ante la situación
especialísima de un trabajador que no recibe salario, y por otro aspecto, de
manera genérica, la seguridad social en salud es un derecho prestacional que
conlleva la universalidad en la cobertura y un servicio público que obliga a la
continuidad. En otras palabras, para el caso que se examina hay una doble
protección luego no puede haber liberación del deber de dar seguridad social en
salud porque esto afectaría los derechos que surgen del trabajo y de la salud.”
La irrenunciabilidad
e impostergabilidad en el cumplimiento de las obligaciones propias de la
seguridad social, es más patente en el caso de la suspensión de los contratos
de trabajo, situación en la cual el trabajador ha dejando de percibir su
salario, y se encuentra con pleno derecho para exigir que sus garantías
laborales mínimas se encuentren garantizadas, particularmente las que tengan
que ver con la continuidad en la prestación de los servicios de salud y en su
seguridad social en pensión.[12]
A pesar de que
los contratos de los accionantes se encuentran suspendidos en los casos que
aquí se revisan, no sucede lo mismo respecto de las garantías a la seguridad
social a que tienen derecho, las cuales no sólo permanecen vigentes, sino que
estarán a cargo del empleador si este no se encuentra al día en el pago de los
aportes correspondientes.
5. Decisiones de la Corte Constitucional
en relación con las empresas en procesos concordatarios o liquidatorios.
La Corte Constitucional mediante varios de
sus fallos[13]
ha señalado que la difícil situación económica en que se encuentra un
empleador, no es argumento que le permita liberarse de las obligaciones
laborales previamente contraídas con sus trabajadores activos, ex -
trabajadores y pensionados.
Si bien la razón del trámite de la
liquidación obligatoria de una sociedad obedece a la necesidad de vender los
bienes del deudor para atender en forma ordenada las deudas a su cargo, son
igualmente importante las medidas que se deban tomar para garantizar el pago
oportuno de las obligaciones que se contraigan con ocasión de las relaciones
laborales (gastos de administración)[14].
En sentencias T-323 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y T-015 de 2001,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-024 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
particularmente en la sentencia T-259 de 1999 M.P: Alfredo Beltrán Sierra, esta
Corte señaló sobre el particular lo siguiente:
“El que la
situación económica, presupuestal o financiera de un empleador público o
privado no sea producto de su negligencia o desidia, no lo exime de responder
por la protección y respeto de los derechos mínimos y fundamentales de sus empleados.
La intencionalidad de quien incurre en el desconocimiento de un derecho
fundamental, no puede tenerse como elemento relevante para definir la
procedencia o improcedencia del amparo impetrado. Si existe vulneración,
amenaza o desconocimiento de un derecho fundamental, así debe declararlo el
juez, pues lo que se busca es la defensa de estos derechos y no la definición
de responsabilidades, pues ni es su objeto y existen vías judiciales apropiadas
para el efecto.
“La violación,
desconocimiento o amenaza de derechos fundamentales, obliga al juez
constitucional, en una primera instancia, a reconocer en que consiste ésta,
para posteriormente, con fundamento en circunstancias de cada caso, emitir las
órdenes que permitan la protección más adecuada. La efectividad de los derechos
de las personas está garantizada, entonces, por la actuación ponderada que
tenga el juez al emitir su fallo. Por tanto, el juez no puede excusarse en el
eventual incumplimiento de su decisión, o en la falta de intención del agente
acusado, en la lesión o amenaza de un derecho fundamental, para denegar la
protección que le ha sido reclamada, dado que ello implicaría un
desconocimiento de su función y la desfiguración del recurso de tutela”.
Igualmente en sentencia T-167 de
2000, con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, se dijo:
“También se ha
precisado que estos principios generales de protección a las necesidades
básicas económicas de los trabajadores o pensionados, se aplican frente a todas
las personas que tengan la obligación de responder por el salario o la pensión,
es decir, que resulta indiferente si el responsable es un ente privado o
público, tal como se analizó en la sentencia T-323 de 1996. Tampoco, resulta
relevante si el responsable de los pagos se encuentra, como en este caso, en
algún trámite concursal, concordato o acuerdo de recuperación de negocios, o en
concurso liquidatorio, ni si el proceso correspondiente se adelanta ante una
entidad administrativa, como la Superintendencia de Sociedades, o ante un juez
de la República. La esencia del asunto está en que cuando una persona tiene
reconocido su derecho al salario o a la mesada pensional, aspectos no
sustanciales al propio reconocimiento, no pueden menoscabar el mínimo vital del
interesado, pues, de ser ello así, se pone en situación de indefensión, o de
subordinación, según el caso, y resulta procedente que el juez de tutela
conceda el amparo buscado”.
Por ello, mal puede alegarse por parte de
la empresa accionada su situación actual, para no cancelar de manera puntual y
completa todas aquellas obligaciones laborales previamente contraídas con sus
trabajadores, cuando con mayor razón de su oportuno cumplimiento depende la
protección de derechos fundamentales como la seguridad social en conexidad con
el derecho a la vida. Además, según la jurisprudencia ya citada, este tipo de
obligaciones deben ser asumidas por el empleador que se encuentra en el trámite
de un proceso liquidatorio, como gastos de administración de dicho proceso.
6. Conclusión.
En los expedientes objeto de estudio se
advierte que los accionantes trabajadores de la empresa accionada, y cuyo
contrato de trabajo se encuentra suspendido, reclaman de su empleador la
cancelación de los aportes en pensión, los cuales les fueron descontados de sus
salarios en su momento pero  no fueron trasladados a los fondos administradores
de pensiones o al I.S.S., reclamación que corresponde a aportes que debieron
hacerse en los años de 1999, 2000 y 2001, siendo obligaciones causadas con
anterioridad a la apertura de la liquidación obligatoria. Ahora bien, a pesar
de que de los datos del expediente no se concluye que los demandantes estén
cercanos a pensionarse, por lo que no existiría violación presente de derecho
fundamental alguno, el no pago de los aportes en su totalidad, sí compromete el
reconocimiento futuro del derecho a la pensión.
Así mismo, tal y como se señaló en una de
las cláusulas del acuerdo de pago suscrito entre el I.S.S. y la empresa aquí
accionada, los servicios de salud de aquellos trabajadores afiliados al I.S.S.,
se reanudarán, y se prestarán hasta tanto no se presente una nueva mora en el
pago de los aportes por parte del empleador, lo que confirma el hecho de que el
derecho a la seguridad social en salud, también se encuentra afectado. Por tal
motivo, y en aras de garantizar el debido respeto por el derecho a la seguridad
social en conexidad con la vida, esta Sala tutelará tales derechos
fundamentales.
Además, la circunstancia de que el
liquidador de la compañía accionada haya suscrito con el I.S.S., un acuerdo de
pago para ponerse al día en con los aportes pendientes por concepto de
pensiones, demostrando el interés de cumplir con las obligaciones laborales
adquiridas con sus trabajadores, no garantiza que efectivamente dichos pagos se
hayan realizado o se estén haciendo, máxime cuando la empresa se encuentra en
proceso de liquidación obligatoria, trámite dentro del cual los recursos son
limitados y todo pago debe ser previamente autorizado por la Superintendencia
de Sociedades.
Por tal motivo, y con el fin de garantizar
el derecho a la seguridad social en conexidad con la vida de los trabajadores
aquí accionantes, esta Sala de Revisión, ordenará a la empresa Productora de
Hilados y Tejidos Única S.A. –en liquidación obligatoria- a través del señor
Liquidador de la misma y bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que dentro de los dos
(2) meses siguientes a la notificación del presente fallo, inicie y culmine las
gestiones administrativas y financieras necesarias para pagar a los fondos
administradores de pensiones y al Instituto de Seguros Sociales a las cuales se
encuentren afiliados sus trabajadores, los aportes que se adeuden por concepto
de seguridad social.
V. DECISIÓN.
En virtud de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por los Juzgados
Primero y Segundo Laboral de Manizales. En su lugar, TUTELAR el derecho
a la seguridad social de los accionantes Hernán Morales Cevallos, Alberto
Aguirre Osorio, José Hoover Rodríguez, Liliana Martínez Montoya, Luz Marina
Arias de Rodríguez, Gustavo Buitrago Berrío, María Elsa Valencia Mejía y María
Luz Dary López Zulúaga
Segundo. ORDENAR a la empresa Productora de Hilados y Tejidos Única
S.A. –en liquidación obligatoria- a través del señor Liquidador de la misma y
bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que dentro de los dos (2) meses
siguientes a la notificación del presente fallo, y si aún no lo hubiere hecho,
inicie y culmine las gestiones administrativas y financieras necesarias para
pagar a los fondos administradores de pensiones y al Instituto de Seguros
Sociales a las cuales se encuentren afiliados sus trabajadores, los aportes que
se adeuden por concepto de seguridad social
Tercero. COMPULSAR copias de los expedientes objeto de revisión
y de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su
competencia.
Cuarto. Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado Ponente
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En los expedientes T-569876, T-569877,
T-569878, T-571462, T-571463, T-571464 y T-571465 los accionantes coinciden en
señalar que los aportes de enero de 1995; septiembre, octubre y noviembre de
1999; febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2000, y enero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001. En
el caso del expediente T-571461 la accionante esta afiliada al Fondo
Administrador de Pensiones SANTANDER y afirma que se adeudan aportes por
veintidós (22) meses.
[2] Cfr. sentencia T-172 de 1997, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[3] Cfr. sentencias T-606 de 1996, T-072, T-171,
T-202, T-299 y T-398 de 1997, T-307 de 1998, y T-484 de 1999, T-502 y T-1583 de
2000 entre otras.
[4] sentencia SU-562 de agosto 4 de 1999, M.
P. Alejandro Martínez Caballero.
[5] Sentencia C-177 de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[6] Cfr., sentencia T-382 de 1998, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[7] Sentencia T-382 de 1998, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[8] En la cláusula décima del mencionado
acuerdo de pago dice lo siguiente: “A la firma del presente convenio EL
ACREEDOR restablecerá el servicio de salud del POS a los trabajadores
de EL DEUDOR, sin embargo en caso de incumplimiento de cualquiera de las
cláusulas del convenio, EL ACREEDOR aplicará las normas legales
correspondientes, incluyendo la suspensión del servicio de salud a los
trabajadores de EL DEUDOR.” (Negrilla y subraya fuera del texto original).
[9] Cfr. sentencia T-484 de 1999, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra..
[10] Sentencia C-575 de 1992. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[11] Sentencia C-177 de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[12] Ibídem.
[13] Cfr. sentencia T-323 de 1996, M:P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-458 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-307 de 1998
Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz, T-658 de 1998 Magistrado Ponente Carlos
Gaviria Díaz reiteradas en la sentencia T-791 de 1998 y T-025 de 1999
Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra..
[14] Cfr. sentenciaT-484 de 1999. Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.