C-248-20
Sentencia C-248/20
DECRETO LEGISLATIVO EN DESARROLLO DE
ESTADO DE EMERGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO-Exequibilidad parcial y
condicionada
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA DERIVADO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Juicio de
constitucionalidad
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA DERIVADO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Exequibilidad del
Decreto Legislativo 417 de 2020
ESTADOS DE EXCEPCION-Carácter
reglado, excepcional y limitado
La naturaleza
reglada, excepcional y limitada de los estados de excepción se garantiza por
medio de su estricta regulación en la Constitución y la LEEE, así como mediante
sus especiales dispositivos de control político y judicial.
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA-Contenido
A la luz del
artículo 215 de la Constitución, el estado de emergencia podrá ser declarado
por el Presidente de la República y todos los Ministros siempre que sobrevengan
hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 que: (i) perturben
o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y
ecológico del país, o que (ii) constituyan grave calamidad pública.
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA, O DE GRAVE CALAMIDAD PUBLICA-Características
El artículo 215
de la Constitución prescribe que la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica sólo puede llevarse a cabo “por períodos hasta de
treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el
año calendario”. A su vez, la misma disposición prevé que los decretos
legislativos en el marco del estado de emergencia tendrán fuerza de ley y
deberán ser (i) motivados; (ii) firmados por el Presidente y todos los
ministros; (iii) destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos. Igualmente (iv) deben referirse a materias que tengan
relación directa y específica con el estado de emergencia y (v) podrán -de
forma transitoria- establecer nuevos tributos o modificar los existentes, los
cuales dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que
el Congreso les otorgue carácter permanente durante el año siguiente.
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA, O DE GRAVE CALAMIDAD PUBLICA-Competencias del
Congreso de la República
En relación con
las competencias del Congreso en el marco de los estados de emergencia, la
disposición establece que (i) examinará hasta por un lapso de treinta días,
prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente
el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las
medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y
oportunidad de las mismas; (ii) podrá derogar, modificar o adicionar los
decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que
ordinariamente son de iniciativa del Gobierno, así como ejercer sus atribuciones
constitucionales; y, (iii) se reunirá por derecho propio, si no fuere convocado
por el gobierno nacional.
ESTADOS DE EXCEPCION-Concepto
Los estados de excepción están previstos
en la Carta Política como respuesta del ordenamiento jurídico ante situaciones
graves y anormales que no pueden ser enfrentadas por el Estado a partir de sus
competencias ordinarias.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA-Fundamento
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA-Alcance
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO DECLARATORIO DE ESTADO DE EMERGENCIA
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Presupuestos formales y
materiales
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO
DE EMERGENCIA-Juicio formal
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO
DE EMERGENCIA-Juicio material
El examen material comprende el
desarrollo de varios escrutinios que, como lo ha indicado la Corte, constituyen
expresiones operativas de los principios que guían los estados de excepción.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de motivación suficiente
(…) ha sido
considerado como un juicio que complementa la verificación formal por cuanto
busca dilucidar si, además de haberse formulado una fundamentación del decreto
de emergencia, el Presidente ha presentado razones que resultan suficientes
para justificar las medidas adoptadas. Dicha motivación es exigible frente a
cualquier tipo de medidas, siendo particularmente relevante para aquellas que
limitan derechos constitucionales, por cuanto el artículo 8 de la LEEE
establece que los “decretos de excepción deberán señalar los motivos por los
cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos
constitucionales”.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de conexidad material
Con este juicio,
se pretende determinar si las medidas adoptadas en el decreto legislativo
guardan relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado
de excepción. La Corte Constitucional ha señalado que la conexidad debe ser
evaluada desde dos puntos de vista: (i) interno, esto es, la relación
entre las medidas adoptadas y las consideraciones expresadas por el gobierno
nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente y (ii) externo,
es decir, el vínculo entre las medidas de excepción y los motivos que dieron
lugar a la declaratoria del estado de emergencia.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de finalidad
A la luz de este
juicio, toda medida contenida en los decretos legislativos debe
estar directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la
perturbación y a impedir la extensión o agravación de sus efectos.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de necesidad
(…) implica que
las medidas que se adopten en el decreto legislativo sean indispensables para
lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. La
Corte ha señalado que este análisis debe ocuparse (i) de la necesidad fáctica o
idoneidad, la cual consiste en verificar fácticamente si las medidas adoptadas
permiten superar la crisis o evitar la extensión de sus efectos, de manera tal
que se evalúa si el Presidente de la República incurrió o no en un error
manifiesto respecto de la utilidad de la medida para superar la crisis; y (ii)
de la necesidad jurídica o subsidiariedad que implica verificar la existencia
dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que fueran
suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional. La
finalidad de este juicio, como dijo la Corte en la Sentencia C-179 de 1994
mediante la cual revisó la constitucionalidad de la LEEE, es “impedir que se
cometan abusos o extralimitaciones en la adopción de las medidas que, en todo
caso, deben ser las estrictamente indispensables para retornar a la
normalidad”.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de incompatibilidad
(…) según el
artículo 12 de la LEEE, exige que los decretos legislativos que suspendan leyes
expresen las razones por las cuales son irreconciliables con el correspondiente
estado de excepción.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de proporcionalidad
(…) se desprende
del artículo 13 de la LEEE, exige que las medidas que se adopten en desarrollo
de los estados de excepción sean respuestas equilibradas frente a la gravedad
de los hechos que causaron la crisis. Igualmente, la Corte ha precisado que el
examen de proporcionalidad exige que las restricciones a derechos y garantías
constitucionales se impongan en el grado absolutamente necesario para lograr el
retorno a la normalidad. Advierte la Corte que este examen particular no
excluye, naturalmente, la aplicación del examen de proporcionalidad cuando ello
se requiera, por ejemplo, para controlar restricciones a derechos
constitucionales, por ejemplo, en el juicio de ausencia de arbitrariedad.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de ausencia de arbitrariedad
(…) tiene por
objeto comprobar que en el decreto legislativo no se establezcan medidas
que violen las prohibiciones para el ejercicio de las facultades
extraordinarias reconocidas en la Constitución, la LEEE y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. La Corte
Constitucional debe verificar que las medidas adoptadas en los decretos
legislativos: (i) no suspendan o vulneren el núcleo esencial de los derechos y
libertades fundamentales; que (ii) no interrumpan el normal funcionamiento de
las ramas del poder público y de los órganos del Estado y, en particular, (iii)
que no supriman o modifiquen los organismos y las funciones básicas de
acusación y juzgamiento.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de no contradicción específica
(…) tiene por
objeto verificar que las medidas adoptadas en los decretos legislativos (i) no
contraríen de manera específica a la Constitución o a los tratados
internacionales; y (ii) no desconozcan el marco de referencia de la actuación
del Ejecutivo en el estado de emergencia económica, social y ecológica, esto
es, el grupo de medidas descritas en los artículos 47, 49 y 50 de la LEEE. Ha
destacado la Corte que entre las prohibiciones se encuentra, por expreso
mandato constitucional y legal, la consistente en que el Gobierno no podrá
desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos
contemplados en el artículo 215.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de intangibilidad
(…) parte
del reconocimiento acerca del carácter “intocable” de algunos derechos que, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 214 de la Constitución, y 5
de la LEEE, no pueden ser suspendidos durante los estados de excepción. La
Corte ha establecido que, en virtud de tales disposiciones y del derecho
internacional de los derechos humanos, son derechos intangibles el derecho a la
vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición
forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud,
la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de
destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la
libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de
irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho
a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño a
la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho
a no ser condenado a prisión por deudas; y el derecho al habeas corpus. Son
igualmente intangibles los mecanismos judiciales indispensables para la
protección de esos derechos.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio
de no discriminación
(…) el cual
tiene fundamento en el artículo 14 de la LEEE, exige que las medidas adoptadas
con ocasión de los estados de excepción no puedan entrañar segregación alguna,
fundada en razones de sexo, raza, lengua, religión, origen nacional o familiar,
opinión política o filosófica o de otras categorías sospechosas.
Adicionalmente, este análisis implica verificar que el decreto legislativo no
imponga tratos diferentes injustificados.
DECRETO LEGISLATIVO EN DESARROLLO DE
ESTADO DE EMERGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO-Contenido y alcance
DECRETO LEGISLATIVO DICTADO EN
DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Requisitos formales
DECRETO LEGISLATIVO DICTADO EN
DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Requisitos materiales
LIBERTAD ECONOMICA-Límites
INTERVENCION DEL ESTADO EN LA
ECONOMIA-Finalidad/INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Alcance
INTERVENCION DEL ESTADO
EN LA ECONOMIA-Jurisprudencia constitucional
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Fundamento
constitucional
AUTONOMIA
DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Vinculado a la dignidad humana
AUTONOMIA
DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Límites
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA-Contenido/ARRENDAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
DERECHO
A LA PROPIEDAD HORIZONTAL-Definición
PROPIEDAD
HORIZONTAL-Régimen normativo especial/REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Impone obligaciones
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Amplitud
ABUSO DEL DERECHO-Elementos que lo configuran
PRINCIPIO DE LA BUENA FE CONTRACTUAL-Alcance
(…) el principio de
buena fe contractual, aunque tiene distintos desarrollos en la legislación
civil y comercial, confluye en que las partes se obligan no solo a lo que está
expresamente previsto en el contrato o la ley, sino a todo aquello que se
desprenda de la naturaleza y de las obligaciones del contrato celebrado, a tal
punto que uno de los principios rectores de la interpretación contractual es
que conocida claramente la intención de las partes, debe estarse más a ella que
a lo literal de las palabras utilizadas en el texto del contrato (Artículo 1618
Código Civil). Esto es así, porque difícilmente la ley o las partes en sus
contratos pueden prever la totalidad de situaciones que pueden alterar la
ejecución de sus obligaciones, a tal punto que el propio artículo 1621
establece que “[l]as cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”.
Referencia: Expediente RE-302
Asunto:
Revisión de constitucionalidad del Decreto 579 del 15 de abril de 2020, “Por
el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y
contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”.
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá
D.C., quince (15) de julio de dos mil veinte (2020)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en
especial de las previstas en el artículo 241, numeral 7, de la Constitución
Política, y cumplidos los trámites y requisitos establecidos en el Decreto 2067
de 1991[1],
decide sobre la constitucionalidad del decreto legislativo de la referencia,
expedido por el Presidente de la República en desarrollo del Estado de
Emergencia declarado mediante Decreto 417 de 2020 con fundamento en el artículo
215 de la Constitución, cuyo texto es del siguiente tenor:
I. TEXTO DEL DECRETO LEGISLATIVO OBJETO DE REVISIÓN
1. A
continuación se transcribe el texto del Decreto Legislativo 579 de 2020,
conforme con su publicación en el Diario Oficial 51.286 del 15 de abril de
2020:
Decreto 579 de
2020
(abril 15)
Por el cual se
adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de
arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
EL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de
las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Política,
en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 «Por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional», y
CONSIDERANDO
Que en los
términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República
con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución
Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el
orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad
pública, podrá declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder
de noventa días en el año calendario.
Que según la
misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el
presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar
decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos.
Que estos
decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica
con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma
transitoria, establecer nuevos tributos o modificar existentes.
Que mediante el
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional por el término treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave
calamidad pública que afecta al país por la pandemia del nuevo coronavirus
COVID-19.
Que dentro de
las razones generales tenidas en cuenta para adoptar dicha medida se incluyeron
las siguientes:
Que el 30 de
enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud -OMS- identificó el nuevo
coronavirus COVID-19, y declaró este brote como emergencia de salud pública de
importancia internacional.
Que el 6 de
marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el
primer caso de brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 en el territorio
nacional.
Que el 9 de
marzo de 2020 la OMS solicitó a los países la adopción de medidas prematuras
con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.
Que el 11 de
marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del
coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su
propagación y la escala de transmisión, toda vez que se había notificado cerca
de 125.000 casos de contagio en 118 países por lo que instó a los estados a
tomar acciones urgentes.
Que según la
Organización Mundial de la Salud -OMS, la pandemia del nuevo coronavirus
COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción
efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.
Que mediante la
Resolución número 0000380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de
aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en
vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República
Popular China, Francia, Italia y España.
Que el
Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus", en
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la
misma, se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y controlar la
propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.
Que el
vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19, hasta
configurar una pandemia, representa actualmente una amenaza global a la salud
pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e
incalculables, de la cual Colombia no podrá estar exenta.
Que el
Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes
y 3 casos confirmados en Colombia.
Que al 17 de
marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en
el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus
COVID-19 y 0 fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la
siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas
contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de
marzo, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo, 235 personas contagiadas al
22 de marzo, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas
contagiadas al día 24 de marzo; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo,
491 personas contagiadas al día 26 de marzo, 539 personas contagiadas al día 27
de marzo, 608 personas contagiadas al 28 de marzo, 702 personas contagiadas al
29 de marzo; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo; 906 personas
contagiadas al día 31 de marzo, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril,
1,161 personas contagiadas al día 2 de abril, 1.267 personas contagiadas al día
3 de abril, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril, 1.485 personas
contagiadas al día 5 de abril, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril,
1.780 personas contagiadas al 7 de abril, 2.054 personas contagiadas al 8 de
abril, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril, 2.473 personas contagiadas al
día 10 de abril, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril, 2.776 personas
contagiadas al 12 de abril y ciento nueve (109) fallecidos a esa fecha.
Que pese a las
medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 12 de
abril de 2020, 109 muertes y 2.776 casos confirmados en Colombia, distribuidos
así: Bogotá D.C. (1.186), Cundinamarca (112), Antioquia (260), Valle del Cauca
(489), Bolívar (123), Atlántico (88), Magdalena (61), Cesar (32), Norte de
Santander (43), Santander (29), Cauca (19), Caldas (34), Risaralda (60),
Quindío (47), Huila (52), Tolima (23), Meta (21), Casanare (7), San Andrés y
Providencia (5), Nariño (38), Boyacá (31), Córdoba (13), Sucre (1) y La Guajira
(1), Chocó (1).
Que según la
Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente
información: (i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte número 62 de fecha 21
de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados
292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (iii) en
reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que
se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509
fallecidos, (iv) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las
10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 79.235 fallecidos, (v) en el reporte número 80 del 9 de abril de
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (vi) en el reporte número
81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran
confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos,
(vii) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET
señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 99.690 muertes, y (vii) en el reporte número 83 del 12 de abril de
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1,696,588 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos.
Que según la
Organización Mundial de la Salud - OMS, en reporte de fecha 12 de abril de 2020
a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran
confirmados 1.773.088 casos, 111.652 fallecidos y 213 países, áreas o
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19”.
Que el Fondo
Monetario Internacional mediante Comunicado de Prensa 20/114 del 27 de marzo de
2020, publicó la “Declaración conjunta del Presidente del Comité Monetario y
Financiero Internacional y la Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional”, la cual expresa:
“[...] Estamos
en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha
convertido en una crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina
de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 2020. Los países
miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar
la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al
apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de
acelerar y afianzar la recuperación en 2021 [...]”
Que
de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población colombiana está
conformada por cerca de 14.6 millones de hogares, de los cuales aproximadamente
5.6 millones tienen la condición de arrendatarios.
Que según la
misma Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 suministrada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su módulo de vivienda y
hogares, encuentra que para el año 2018, un total de 5.1 millones de los
hogares colombianos destinan entre el veinticinco por ciento (25%) y el treinta
por ciento (30%) de sus ingresos al pago de cánones mensuales de arrendamiento.
Que por medio
del Decreto 531 de 2020 el gobierno nacional impartió instrucciones en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19,
para lo cual estableció la medida de aislamiento preventivo obligatorio a
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020.
Que el artículo
51 de la Constitución Política consagra el derecho a la vivienda digna, el cual
podría verse afectado por los efectos económicos del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, lo que hace necesario adoptar medidas para
contener sus efectos sobre los contratos de arrendamiento.
Que las
consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, y en particular de las
medidas de aislamiento, afectan la generación de ingresos de un importante
número de ciudadanos, y por ende, el cumplimiento de obligaciones periódicas
derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles tanto de destinación habitacional
como comercial.
Que el artículo
20 de la Ley 820 de 2003 faculta a los arrendadores para incrementar anualmente
el canon en una proporción que no supere el total del incremento del índice de
precios al consumidor para el año anterior, lo cual ante las dificultades de un
importante número de arrendatarios del país para la generación de sus ingresos,
podría devenir en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Que el artículo
22 de la Ley 820 de 2003 determina que el no pago por parte del arrendatario de
las rentas y reajustes dentro del término pactado constituye causal para que el
arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato.
Que en el marco
de esta coyuntura, podrían presentarse incumplimientos contractuales masivos
que derivarían en providencias judiciales de restitución de inmuebles en
aplicación del artículo 384 del Código General del Proceso, y como consecuencia
de ello, la ejecución de múltiples desalojos a cargo de la Policía Nacional en
observancia del artículo 79 de la Ley 1801 de 2016.
Que el artículo
6o de la Ley 820 de 2003 dispone que los contratos de arrendamiento se
entienden prorrogados por un término igual al inicialmente pactado, y el
artículo 8o de la misma Ley, señala como obligación del arrendador entregar el
inmueble al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la
celebración del contrato.
Que existen
contratos en los cuales la entrega de los inmuebles a arrendadores o a
arrendatarios debería ocurrir durante la vigencia del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, y que con ocasión de las medidas que restringen
la circulación de los ciudadanos, se encuentra limitado el transporte de
mudanzas y acarreos, lo que haría imposible el cumplimiento de dicha obligación
contractual.
Que el artículo
518 del Decreto Ley 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio ”
consagra que el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos
de dos (2) años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de
comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo,
y a su vez, el artículo 520 de la misma normatividad, advierte que el
propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis (6) meses de
anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se
considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo
término del contrato inicial.
Que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 675 de 2001, los recursos patrimoniales
de la persona jurídica de la propiedad horizontal estarán conformados por los
ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias,
multas, intereses, fondo de imprevistos, y demás bienes e ingresos que adquiera
o reciba a cualquier título para el cumplimiento de su objeto.
Que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, toda propiedad
horizontal debe constituir un fondo de imprevistos, con el fin de poder atender
y financiar las obligaciones, obras o expensas que se presenten de forma
imprevista, intempestiva y que el administrador puede disponer de tales
recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de
conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.
Que los
artículos 39 a 42 de la Ley 675 de 2001 contienen el régimen al que deben
someterse las reuniones de asamblea general de propiedad horizontal, en cuanto
a formalidades, convocatorias, asuntos a tratar y sanciones por inasistencia.
Que de acuerdo
con lo anterior, se busca crear nuevas disposiciones de índole legal respecto
de (i) la suspensión de desalojos de arrendamiento de inmuebles con destinación
habitacional y comercial y personas jurídicas sin ánimo de lucro, por parte de
las autoridades policivas, y, (ii) reajuste, prórrogas e inicio de los
contratos de arrendamiento sobre los inmuebles precitados.
Que de la misma
manera, resulta necesario introducir al marco legal, medidas sobre (i)
propiedad horizontal, con el propósito de garantizar la regulación del pago de
las expensas comunes necesarias por parte de los copropietarios, (ii) la
preservación de los empleos a cargo, (iii) la prestación continua de los
servicios comunes y cubrimiento de los costos fijos, (iv) la disponibilidad de
recursos para el cumplimiento de pagos y obligaciones, (v) inversiones
necesarias con cargos a recursos propios de la copropiedad para evitar el
deterioro de los bienes, y (vi) pago de las contingencias que durante la
emergencia se presenten con acciones dirigidas a conjurar los efectos de la
crisis en la economía del país.
DECRETA:
TÍTULO
I
ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES CON DESTINACIÓN HABITACIONAL Y COMERCIAL
ARTÍCULO 1.
Suspensión de acciones de desalojo. Durante el periodo comprendido entre
la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, se
suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por
autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de
inmuebles ocupados por arrendatarios, incluidos aquellos casos en los que el
plazo del arrendamiento y/o su forma de pago se haya pactado por períodos
diarios, semanales, o cualquier fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de
las modalidades contempladas en el artículo 4o de la Ley 820 de 2003.
ARTÍCULO
2. Reajuste al canon de arrendamiento. Se aplaza el reajuste anual a los
cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el periodo
comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio
de 2020, bien porque se hubiere acordado por las partes, o por virtud del
artículo 20 de la Ley 820 de 2003.
PARÁGRAFO. Concluido
el aplazamiento establecido en el inciso anterior, el arrendatario pagará las
mensualidades con el reajuste anual correspondiente en los cánones que hagan
falta para terminar el período contractual acordado, incluyendo en esas
mensualidades, el valor porcentual de los incrementos no cobrados durante el
periodo comprendido a partir de la vigencia del presente decreto y el treinta
(30) de junio de 2020.
ARTÍCULO
3. Estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de
arrendamiento. Las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las
condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo
comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio
de 2020. En dichos acuerdos no podrán incluirse intereses de mora ni
penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos
entre las partes.
De no llegarse a
un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario pagará la
totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado en el
inciso anterior, bajo las siguientes condiciones:
1. El arrendador
no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción
alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes, en relación con
los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del
presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020.
2. El
arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Interés Bancario
Corriente (TIBC), en la modalidad de consumo y ordinario, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los montos no pagados en tiempo,
durante el período correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia
del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020.
PARÁGRAFO. El
acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el pago de los
cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente
decreto y el treinta (30) de junio de 2020, formará parte de los convenios,
contratos y demás acuerdos de voluntades principales, accesorios y/o derivados
del contrato de arrendamiento.
ARTÍCULO
4. Prórroga de contratos. Los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento
y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado para cualquier fecha
dentro del lapso de duración de la declaratoria de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica, se entenderán prorrogados hasta el treinta (30) de junio de
2020, continuando vigente la obligación de pago del canon. Lo anterior sin
perjuicio de acuerdos en contrario celebrados entre las partes.
ARTÍCULO 5. Inicio del contrato de arrendamiento. Los
contratos de arrendamiento en los que se haya pactado la entrega del inmueble
al arrendatario dentro del lapso de duración de la declaratoria de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, quedarán suspendidos hasta el treinta (30) de
junio de 2020, fecha en la cual, a falta de acuerdo entre las partes se harán
exigibles las obligaciones derivadas del contrato. Lo anterior sin perjuicio de
acuerdos en contrario celebrados entre las partes.
ARTÍCULO 6. Aplicación extensiva. Los artículos
precedentes del presente Título serán aplicables a:
1. Los contratos
de arrendamiento regidos por el Código Civil y el Código de Comercio celebrados
sobre inmuebles de destinación comercial en los cuales el arrendatario sea una
persona natural, micro, pequeña o mediana empresa, según la clasificación
prevista en el artículo 2.2.1.13.2.2 de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
De conformidad
con lo anterior, se suspende la aplicación de intereses de mora, penalidades,
indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las
partes.
2. Los contratos
de arrendamiento en los cuales el arrendatario sea una persona jurídica sin
ánimo de lucro inscrita en el registro del Ministerio del Interior.
PARÁGRAFO. Se
excluyen de las disposiciones contenidas en el presente Título, los contratos
de arrendamiento suscritos por el administrador del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO,
los contratos de leasing habitacional y los contratos de arrendamiento financiero
- leasing.
TÍTULO
II
RÉGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL
ARTÍCULO
7. Fondo de Imprevistos. Durante el periodo comprendido entre la vigencia
del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, los administradores de
las propiedades horizontales que hayan visto afectado su recaudo de cuotas de
administración, podrán hacer erogaciones con cargo al Fondo de Imprevistos,
para cubrir los gastos habituales de operación de la copropiedad, requiriendo
únicamente la aprobación previa del Consejo de Administración.
Los
recursos del Fondo de Imprevistos deberán destinarse prioritariamente al
mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la propiedad
horizontal y a la ejecución de los contratos con empresas de vigilancia, aseo,
jardinería y demás unidades de explotación conexas, complementarias o
afines.
Si en la
copropiedad no existiere Consejo de Administración, el administrador solo podrá
hacer erogaciones con cargo al Fondo de Imprevistos que no superen el cincuenta
por ciento (50%) del valor de los recursos existentes en la fecha en que se
haga uso de esta atribución por primera vez.
PARÁGRAFO 1. El
administrador deberá rendir un informe en la primera Asamblea General de
Propietarios que se adelante después de ejercida la atribución, con cuentas
comprobadas del uso de los recursos mencionados en el presente decreto. A su
vez, deberá rendir informe de los gastos efectuados al revisor fiscal de la propiedad
horizontal, cuando lo hubiere.
PARÁGRAFO
2. En el caso de las copropiedades que no cuentan con Consejo de
Administración, y en el evento en que sea estrictamente necesario usar más del
cincuenta por ciento (50%) del Fondo de Imprevistos, el administrador deberá
convocar a la Asamblea General de Propietarios no presencial de que trata el
artículo 42 de la Ley 675 de 2001, para obtener su aprobación.
PARÁGRAFO
3. En aquellas copropiedades de uso comercial o mixto, que sea necesario
contratar servicios de sanidad, o relacionados con el fin de mitigar el riesgo
de contagio del Covid-19, podrán hacer uso del Fondo de Imprevistos en los
términos señalados, siempre y cuando se garantice el cubrimiento del pago de
los servicios mencionados en el segundo inciso del presente artículo.
PARÁGRAFO
4. Durante el período comprendido entre la vigencia del presente decreto y
el treinta (30) de junio de 2020, el pago de las cuotas de administración de
zonas comunes podrá realizarse en cualquier momento de cada mes sin intereses
de mora, penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre
las partes.
De existir
descuentos aprobados en cada administración serán aplicables las mismas reglas
del inciso anterior.
ARTÍCULO
8. Asambleas de propiedad horizontal. Las reuniones ordinarias de asamblea
de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, de que trata la
Ley 675 de 2001, podrán efectuarse:
1. En forma
virtual, durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto
y el treinta (30) de junio de 2020, siguiendo los requerimientos del artículo
42 de la Ley 675 de 2001 y del Capítulo 16 del Título 1 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, y demás normativa legal y reglamentaria vigente aplicable a la
materia.
2. De manera
presencial, a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización
de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
PARÁGRAFO 1. Si
no fuere convocada la asamblea, esta se reunirá en forma ordinaria por derecho
propio el día hábil siguiente al mes calendario de que trata el numeral 2 del
inciso anterior, en el lugar y hora que se indique en el reglamento, o en su
defecto, en las instalaciones del edificio o conjunto a las 8:00 p.m.
PARÁGRAFO
2. Los administradores, consejos de administración y las asambleas de las
edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal se abstendrán de
imponer las sanciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal con
fundamento en el numeral 9 del artículo 38 de la Ley 675 de 2001, por la no
asistencia presencial de copropietarios y/o sus delegados a las reuniones de
asambleas ordinarias presenciales, convocadas para el periodo comprendido entre
la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020.
ARTÍCULO
9. Reajuste de las cuotas de administración de zonas comunes. Se aplaza el
reajuste anual de las cuotas de administración de zonas comunes durante el
periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de
junio de 2020.
Concluido el
aplazamiento establecido en el inciso anterior, las mensualidades se pagarán
con el reajuste anual correspondiente.
ARTÍCULO
10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
PUBLÍQUESE,
Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá
D.C., a 15 de abril de 2020
(siguen firmas
del Presidente de la República y de todos los ministros)[2]”
II. INTERVENCIONES Y CONCEPTOS
2.
Durante
el término de fijación en lista se presentaron los conceptos e intervenciones
que seguidamente se enlistan. Asimismo, de manera oportuna, se recibió el
concepto del Procurador General de la Nación.
A.      Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República
3.
La
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República expuso que la preceptiva
bajo estudio debe ser declarada exequible pues, desde un punto de vista formal,
se expidió en desarrollo y dentro de la vigencia del estado de emergencia, con
la firma del Presidente de la República y todos los ministros, debidamente
motivada y espacialmente delimitada.
4.
Desde
el punto de vista material, justificó de la siguiente manera el cumplimiento de
los criterios utilizados por la Corte Constitucional:
Juicio
Medida
Conexidad material
(i) interna y (ii) externa
Interna:
El gobierno
nacional ha tenido que expedir medidas de confinamiento con el claro fin de
precaver los efectos producidos por la pandemia del nuevo Coronavirus
COVID-19 en el territorio nacional. Tales medidas, a su vez, han afectado los
ingresos de un buen número de ciudadanos que los ha llevado a incumplir las
obligaciones derivadas de los contratos de arrendamientos.
El
Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020 adopta medidas específicas
dirigidas a brindarles una fuente de liquidez para enfrentar los efectos
económicos derivados de la situación generada por la pandemia del nuevo
Coronavirus COVID-19.
Externa:
En desarrollo
de las precedentes consideraciones, el Decreto Legislativo sub examine adoptó
las medidas dirigidas garantizar la vivienda digna, el trabajo y la libertad
religiosa, los cuales, guardan conexidad, inmediata y concreta con la crisis
económica y financiera que generó la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica.
Finalidad de las medidas
Las medidas
adoptadas tienen por objeto mitigar los efectos económicos negativos sobre
los arrendatarios que están en condiciones más frágiles con ocasión de las
restricciones a la movilidad y el menoscabo de sus ingresos.
Tales medidas,
además, corresponden, incluso, al cumplimiento de los fines esenciales del
estado y a la protección de derechos constitucionales allí consagrados, como
la vivienda digna, el derecho al trabajo y la libertad religiosa y de cultos,
todo en el contexto de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Necesidad
(i) jurídica y (ii) fáctica
A partir de
las consideraciones que se expresan en el precipitado Decreto, se puede
entender la necesidad de expedir dichas medidas para contrarrestar la
emergencia que está viviendo en el país. En ellas se expresó que, según la
Organización Mundial de la Salud – OMS- una de las principales medidas para
prevenir el contagio masivo de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es
el distanciamiento social y aislamiento. Además, que ante la eventual de una
contracción económica, las personas iban a perder o disminuir sus ingresos, y
en consecuencia su capacidad de pago de bienes esenciales para la vivienda,
el trabajo y el desarrollo religioso.
Respecto de
las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en inminente riesgo de
insolvencia debido a la imposibilidad de cumplir la obligación de pago de os
cánones de arrendamiento con ocasión al confinamiento dispuesto para contener
la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.
Ante tal
panorama, resultaba evidencia, que de no adoptar medidas inmediatas para contener
los efectos mencionados, el país se hubiese abocado a un incumplimiento
masivo de contratos de arrendamiento.
En esas condiciones, el desarrollo de sus actividades y las sociales
conexas, se ven truncadas al no contar con los recursos para su sostenimiento
puesto que la mayor parte funcionan en inmueble arrendado en donde se
congregan y adelantan sus ceremonias religiosas.
A través de la legislación exceptiva era necesario intervenir las
relaciones contractuales entre los particulares a efectos de conjurar el
inminente estado de cosas inconstitucional, postergando en el tiempo la
obligación del pago periódico de los cánones de arrendamiento así como
exonerar de penalidades, sanciones y multas a quienes posteriormente honren
sus obligaciones.
En el
ordenamiento jurídico ordinario no existen previsiones legales suficientes y
adecuadas para lograr los objetivos de esta medida excepcional. La concesión
de fuentes transitorias de liquidez a los arrendatarios requiere hacer uso de
normas con fuerza material de ley.
De no haberse
establecido las determinaciones, se lesionarían esenciales derechos
constitucionales como ser la vivienda digna, el trabajo y libertad religiosa
pues de los efectos del cierre o clausura de establecimientos devendría en la
imposibilidad que muchos colombianos no tuvieran una vivienda digna, la
terminación de múltiples empresas con la consecuencia de la pérdida de los
empleos que estas generan, y la afectación de comunidades religiosas.
Incompatibilidad
Sin embargo,
las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, y en particular de
las medidas de aislamiento, afectan la generación de ingresos de un
importante número de ciudadanos, y por ende, el cumplimiento de obligaciones
periódicas derivadas de contratos de arrendamiento de inmueble tanto de
destinación habitacional como comercial y lugares de culto religioso, al
tiempo que también se perjudica el normal funcionamiento de las
copropiedades.
Proporcionalidad
Particularmente,
la obligación de diferir el pago de los arriendos sin que se traslado ningún
tipo de penalidad, permite aliviar las cargas económicas, sin impedir que los
propietarios de inmuebles y arrendadores resulten lesionados en sus derechos,
puesto que los arrendatarios, finalizados los lapsos estipulados en el
Decreto plurimencionado, deberán llegar a acuerdos y pagar las sumas y
mensualidades con reajustes correspondientes.
La ausencia
temporal de cancelación de los cánones de arrendamiento periódicos,
eventualmente, afecta el cumplimiento de tales fines. Pero es una afectación
leve que se ajusta el criterio de proporcionalidad. Primero, porque es
transitoria y está limitada al 30 de junio de 2020, y en segundo lugar,
porque los arrendadores y propietarios conservan plenamente sus derechos, en
la medida que las sumas acertadas se les deben cancelar con los ajustes
correspondientes.
Ausencia de arbitrariedad
Según se consigna en los considerados del precipitado decreto, el
mismo tiene como propósito específico conjurar los efectos sociales y económicos
de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 mediante un instrumento de
bienestar financiero que permite otorgar sostenibilidad a quienes ocupan
inmuebles con destinación habitacional religiosa y comercial.
No discriminación
Por el contrario, estas contribuye a la garantía y realización de
derechos sociales, procura del bienestar de un alto número de la población
que vive en arriendo, desarrolla sus actividades empresariales en locales en
arriendo y ejerce sus libertades religiosas en inmueble bajo la figura del
contrato de arrendamiento.
Intangibilidad
[n]o existe una contradicción especifica de las medidas con las
prohibiciones constitucionales y de derechos humanos, aplicables a los
estados de excepción.
Motivación suficiente
No se sustentó de forma expresa
No contradicción específica
No se sustentó de forma expresa
B.     Intervenciones
ciudadanas
5.
Durante
el término de fijación en lista se presentaron 15 intervenciones, con el
sentido que se sintetiza a continuación. Para facilitar la lectura de la
presente sentencia, como anexo I se adjunta un breve resumen de cada uno de los
escritos.
#
Interviniente
Solicitud
o sentido de la intervención
1
Javier Andrés Alfonso Martínez
Inexequibilidad de
los artículos 4 y 6 numeral 1, así como de la palabra “comercial” del
Título I y de la expresión “deberán” contenida en el inciso 1 del
artículo 3.
2
Héctor Ovidio
Chávez Martínez
Condicionamiento
del artículo 3.
3
Dany Melisa Díaz Zambrano
Cuestiona el
artículo 3 desde el derecho a la igualdad en favor de los arrendadores.
4
Lucy Ortiz
Cuestiona la
idoneidad de la medida de aplazamiento de pagos en los arrendamientos por
violación a la autonomía privada.
5
Roy Leonardo
Barreras Montealegre
Inexequibilidad de
los artículos 1 a 3 por no superar los juicios de necesidad y
proporcionalidad desde la perspectiva de los arrendadores.
Exequibilidad de
los artículos 4 y 5.
Exequibilidad
parcial del artículo 6.
6
Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
Exequibilidad
condicionada del vocablo “deberán”, contenido en el inciso 1 del
artículo 3.
Inexequibilidad
parcial del inciso 2 del artículo 3:
en concreto de
la expresión “el arrendatario pagará la totalidad de las mensualidades
correspondientes al periodo mencionado en el inciso anterior”.
7
Stephanie Rendón Zapata y otros
Inexequibilidad de
los artículos 3 y 6 por arbitrarios, discriminatorios y vulnerar el acceso a
la administración de justicia.
8
Universidad Externado de Colombia
Exequibilidad
condicionada de los artículos 1 a 6 por vigencia insuficiente.
Inexequibilidad
del parágrafo del artículo 6 al contener disposiciones innecesarias,
desproporcionadas y discriminatorias en contra de los locatarios.
Exequibilidad
condicionada del artículo 6 bajo el entendido de que su
aplicación opera en relación con los contratos de arrendamiento regidos por
el Código Civil y el Código de Comercio celebrados sobre inmuebles de
destinación comercial.
Exequibilidad
condicionada del artículo 3 de la expresión “a falta de
acuerdo entre las partes”, para que no sea aplicado cuando el arrendador
sea una persona natural o una micro, pequeña o mediana empresa de aquellas
mencionadas en el numeral 1 del mismo artículo 6.
9
Universidad Libre de Colombia
Inexequibilidad
de
la palabra “orden” del artículo 1 o en su defecto Exequibilidad
condicionada de tal manera que no se entienda una violación al acceso a
la justicia.
Exequibilidad
condicionada del artículo 3 bajo el entendido que quien
desconozca el principio de buena fe en la negociación pague los perjuicios
causados a la otra parte.
Inexequibilidad
del numeral 2 del artículo 3 por falta de motivación suficiente y ausencia de
proporcionalidad.
Inexequibilidad
del parágrafo del artículo 6 por trato diferenciado no justificado.
10
Diana
Alejandra Gómez Páez y ocho ciudadanos más
Exequibilidad
condicionada de todo el Decreto 579 de 2020, en particular del
artículo 3, extendiendo la vigencia de las medidas hasta tanto se logren las
finalidades de la norma.
Exhortar al
Congreso de la República para que expida la normativa necesaria para
solventar los efectos económicos dada la crisis actual.
11
Alejandro
Pinzón Hernández
Exequibilidad
condicionada del artículo 3 siempre que el beneficio de la
tasa de interés prevista en la norma se extienda hasta el 31 de diciembre de
2020.
12
Carolina Ariza
Zapata, Laura Castaño Echeverri y Miguel Lozano Salazar
Inexequibilidad
del numeral 1 del artículo 6 por ser innecesaria, desproporcionada y
desconocer los derechos a la igualdad y acceso a la justicia.
13
Jhonier
Vallejo López y Juan Fernando Giraldo Naufal
Inexequibilidad de
los artículos 3 y 6 por establecer un trato discriminatorio en contra de los
arrendatarios.
14
Mariluz Gil
Mancipe, Claudia Rocío Guerrero Fagua e Isabella del Rosario Narváez Corral
Inexequibilidad de
los artículos 1 a 6, en particular los artículos 3 y 4 por violación del
principio de proporcionalidad.
Valentina del
Carmen García Niño
Pide tener en
cuenta a los arrendadores que dependen económicamente del pago de los cánones
de arrendamiento.
15
Guillermo Forero Díaz
Hace
comentarios sobre el contenido de la norma, pero no hace ninguna solicitud
específica
6.
Por
último, se recibieron cuatro intervenciones presentadas de manera extemporánea[3],
entre ellas la del ciudadano Randel Vásquez Campos quien presentó acción de
inconstitucionalidad contra varias normas de orden reglamentario, así como
contra los artículos 3 a 6 del Decreto 579 de 2020. Esta demanda de
inconstitucionalidad fue rechazada mediante Auto dentro del Expediente D-13755,
pero copia de la misma fue remitida por la Secretaría General para que fuera
tenida en cuenta como intervención ciudadana en el trámite del Expediente
RE-302 si hubiera sido radicada oportunamente. Dado que la demanda se radicó
después del cinco (5) de mayo de 2020, por fuera del término de fijación en
lista, se tendrá como presentada de manera extemporánea.
C.     Conceptos
Federación
Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz de Colombia –FEDELONJAS–
7.
La
Federación considera que el Decreto examinado debe ser declarado exequible por
tener relación directa con el estado de emergencia económica y contribuir a
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Para sustentar
su postura presentó las siguientes cifras: (i) para el año 2018, el pago de
cánones de arriendo de vivienda superó los 23 billones de pesos y los arriendos
no residenciales los 24 billones. (ii) El sector inmobiliario produce 280 mil
empleos directos y 1.4 millones de indirectos. (iii) El sector representa el
4.8% del PIB. (iv) Más del 33% de los hogares colombianos viven en arriendo.
(v) El 85% de los arrendadores pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. (vi) Para el
2019, más del 30% de los micronegocios acudieron a modalidades de arriendo de inmuebles.
(vii) El 34% de las viviendas del país se ubican bajo el régimen de propiedad
horizontal.
A su juicio, la
suspensión de los desalojos y los alivios económicos (no incrementos,
penalidades y sanciones), tanto frente a los cánones de arrendamiento regidos
por las normativas de vivienda civil y comercial, como frente a las cuotas de
administración de zonas comunes, son necesarios y proporcionales para hacerle
frente a los impactos sociales y económicos de la emergencia nacional, pues
atienden a motivos sanitarios ineludibles y de solidaridad que consideran la
situación de arrendadores y arrendatarios por igual, y que permiten continuar
la operación de la copropiedad con herramientas pertinentes para el momento por
el que atraviesa el país.
En cuanto a las
medidas especiales contenidas en el artículo 3 del decreto en cuestión,
manifiesta que “… elimina la tentación de efectuar, vía legislativa y además
extraordinaria, un juicio previo, general e impersonal, que pretenda amoldar
soluciones generales para situaciones individuales y concretas, o acudir,
también de manera general, a motivos de fuerza mayor o consideraciones de
desequilibrio contractual para una u otra parte que, tampoco pueden regularse
de manera general, ni presumirse para todos los casos, y mucho menos dirimirse
por una vía que no sea la de los escenarios judiciales”.
Finalmente,
aduce que la distinción que realiza la norma al referirse a extender los
alivios frente a los arriendos sobre inmuebles con destinación comercial cuyo
arrendatario sea una persona natural, micro, pequeña o mediana empresa obedece
a su mayor vulnerabilidad ante la crisis.
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
8.
Con
escrito radicado en esta Corporación el 20 de mayo de 2020, el Procurador
General de la Nación, en desarrollo de las atribuciones señaladas en los
artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política,
solicita a la Corte declarar exequible el Decreto 579 de 2020.
Explica que la
norma cumple con las exigencias formales, esto es, suscripción por el
Presidente de la República y todos sus ministros, una motivación sustentada en
la afectación al empleo y la generación de ingresos para el pago de los cánones
de arrendamiento y de las cuotas de administración en las propiedades
horizontales a causa del aislamiento obligatorio, y expedición durante la
vigencia del estado de excepción declarado mediante el Decreto 417 de 2020.
Además, observó su envío a este Alto Tribunal el 16 de abril de 2020.
Así, señala que
la preceptiva en estudio satisface los presupuestos materiales de
constitucionalidad, conforme a las siguientes consideraciones:
Juicio
Medida
Conexidad
Su propósito
es “garantizar el derecho a una vivienda digna de las personas que viven
en arrendamiento, salvaguardar la actividad económica de los comerciantes,
garantizar el desarrollo de las actividades de las personas jurídicas sin
ánimo de lucro, facilitar la operación de las copropiedades y proteger el
derecho al trabajo de su personal a cargo”. Estos aspectos se relacionan
con los motivos de los decretos 417 y 471 de 2020 que dispusieron el estado
de excepción y el aislamiento social, respectivamente.
Ausencia de arbitrariedad
No se afecta
el núcleo esencial del mínimo vital del arrendador que deja de percibir los
cánones y demás sumas asociadas, debido a que las medidas decretadas son
temporales, promueven el arreglo directo con el arrendatario y contemplan el
pago total de la obligación más un interés (50% del bancario corriente).
Tampoco
trasgrede la esencia del mínimo vital del locatario del leasing habitacional
–excluido de las medidas especiales– porque tal contrato no se rige por normas
comerciales o de vivienda, de suerte que requiere “una regulación aparte”
en el marco de la emergencia, sumado a que en estos casos las entidades
financieras vienen aplicando períodos de gracia, en virtud de otras medidas
adoptadas por el gobierno nacional[4].
Y, por su parte, el administrador del FRISCO no precisa de una medida de
protección al mencionado derecho.
Intangibilidad, no contradicción específica y
finalidad
De un lado, el
decreto no afecta derechos intangibles. Además de proteger la vivienda digna,
el derecho al trabajo, la salud, la libertad religiosa y el régimen
económico, enfrenta los efectos adversos de la crisis sobre los contratos de
arrendamiento y el régimen de propiedad horizontal, sin afectar las
competencias del Congreso de la República o desmejorar los derechos sociales
de los trabajadores.
Motivación suficiente
“[A]nte las
dificultades para la generación de ingresos de un importante número de
personas, el gobierno nacional explicó debidamente la necesidad de adoptar
medidas tendientes a alivianar las cargas de los arrendatarios”,
con base en informes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del
DANE. Algo similar se explicó respecto del pago de las expensas comunes y la
preservación de los empleos a cargo de las propiedades horizontales.
Necesidad y subsidiariedad
La propagación
del COVID-19 exigía la adopción de las medidas implementadas en el Decreto
579 de 2020, en vista de la falta de instrumentos idóneos en la legislación
prexistente para alcanzar los objetivos antes descritos.
Incompatibilidad, proporcionalidad y no
discriminación:
No se modifica
o deroga ninguna norma, sino que se suspenden hasta el 30 de junio algunas
relacionadas con la prórroga del contrato o su terminación unilateral por el
arrendador, las obligaciones del arrendatario y el reajuste anual del canon,
lo cual se justifica por la imposibilidad de las partes de asumir tales
compromisos en las condiciones actuales, al menos no sin que se afecten sus derechos
fundamentales, para lo que se establecen unas cargas que no resultan para
nada excesivas o contentivas de discriminación por razones de raza, lengua,
religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
A.     Competencia
9.
La
Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad del
decreto objeto de control con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 215 y en el artículo 241-7 de la Constitución, por tratarse de un
decreto legislativo dictado por el gobierno nacional en desarrollo del estado
de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 417 de 2020.
B.     Materia
objeto de control, problema jurídico y metodología de análisis
10.
A
raíz de la pandemia originada por la rápida propagación del Covid-19, el
Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y
ecológica en todo el territorio nacional mediante el Decreto Legislativo 417 de
2020, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-145 de 2020. En desarrollo de dicha declaratoria fue expedido el
Decreto 579 del presente año, correspondiéndole a la Corporación adelantar el
control automático de su constitucionalidad. El ejercicio de esta atribución se
ha hecho a partir de la verificación de una serie de requisitos formales y
materiales derivados de la Constitución y de la Ley 137 de 1994 Estatutaria de
los Estados de Excepción (en adelante, “LEEE”).
11.
En
este orden, la Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿El Decreto
Legislativo 579 de 2020 cumple con los requisitos, formales y materiales,
previstos por la Constitución, la LEEE y la jurisprudencia constitucional, al
disponer en materia de arrendamiento con destinación habitacional y comercial
la suspensión de desalojos entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020 (art.
1), el aplazamiento del reajuste anual a los cánones de arrendamiento de
vivienda urbana (art. 2), los acuerdos de pago e inaplicación de gravámenes al
canon de arriendo (art, 3), la prórroga de contratos hasta el 30 de junio de
2020 (art. 4), la suspensión del inicio de contratos hasta la misma fecha (art.
5), la extensión de las medidas a otros contratos de arrendamiento y a otro
tipo de inmuebles y la exclusión de algunos contratos (art. 6), y en materia de
propiedad horizontal, el uso del Fondo de Imprevistos para gastos de la
propiedad horizontal (art. 7), las reuniones virtuales de la asamblea general
de propietarios (art. 8), el aplazamiento del reajuste anual de las cuotas de
administración, y al señalar su vigencia (art. 9)?
12.
Para
verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y resolver el
problema jurídico, se reiterará la jurisprudencia sobre el alcance del estado
de emergencia previsto en el artículo 215 de la Constitución y las fuentes,
criterios y estándares que este Tribunal ha aplicado al evaluar la
constitucionalidad de los decretos dictados por el Presidente de la República en
desarrollo de dicho estado de excepción. Así mismo, se describirán las medidas
contenidas en el Decreto Legislativo 579 de 2020, para luego fijar el marco
jurídico que servirá de base para hacer el análisis concreto de las medidas, en
particular la intervención del Estado en la economía, el alcance de la
autonomía de la voluntad y la libertad contractual en el contrato de
arrendamiento y algunas precisiones sobre el régimen de propiedad horizontal.
C.     Caracterización
general de los estados de excepción y, en particular, del estado de emergencia[5]
13.
La
jurisprudencia constitucional se ha ocupado en numerosas oportunidades de
precisar la naturaleza y alcance del estado de emergencia económica, social y
ecológica regulado en el artículo 215 de la Constitución Política. Igualmente
se ha esforzado por precisar las fuentes, criterios y estándares que debe tomar
en consideración este Tribunal a efectos de juzgar la constitucionalidad de los
decretos de desarrollo que dicta el Presidente de la República. A continuación,
la Corte reitera los aspectos básicos del precedente sobre la materia con el
propósito de aplicarlos en el análisis constitucional del Decreto sometido a su
revisión en esta oportunidad.
14.
La
Constitución regula en sus artículos 212 a 215 los estados de excepción. Con
apoyo en esas disposiciones, el Presidente de la República, con la firma de
todos los ministros, puede declarar tres tipos de estados de excepción: (i)
guerra exterior, (ii) conmoción interior y (iii) emergencia económica, social y
ecológica.
15.
La
regulación constitucional y estatutaria de los estados de excepción se funda en
el carácter reglado, excepcional y limitado de los mismos. La Constitución
estableció un complejo sistema de controles que supone “el carácter
excepcionalísimo de las medidas de emergencia en Colombia”[6], así como que
“el uso de estas herramientas es una potestad reglada que se encuentra
sometida a las disposiciones constitucionales, legales y del bloque de
constitucionalidad”[7].
16.
La
naturaleza reglada, excepcional y limitada de los estados de excepción se
garantiza por medio de su estricta regulación en la Constitución y la LEEE, así
como mediante sus especiales dispositivos de control político y judicial[8].
17.
La
Constitución dispuso un complejo sistema de controles políticos específicos
para los estados de excepción, tales como (i) la autorización del Senado
para la declaratoria del estado de guerra exterior; (ii) el concepto favorable
del Senado para la segunda prórroga del estado de conmoción interior; (iii)
las reuniones del Congreso por derecho propio; (iv) los informes que
debe presentar el gobierno nacional al Congreso de la República sobre su
declaratoria y evolución; y, finalmente, (v) la competencia del Congreso
para establecer la responsabilidad política del Presidente y de los ministros
por la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, o
que constituya grave calamidad pública, sin la ocurrencia de los supuestos
contemplados en los preceptos constitucionales, o por el abuso en el ejercicio
de las facultades excepcionales.
18.
La
Constitución también estableció el control judicial constitucional automático
de los decretos legislativos expedidos en el marco de los estados de excepción,
según lo dispuesto en los artículos 212 a 215 de la Constitución, el cual está
desarrollado por los artículos 55 de la LEEE y 36 a 38 del Decreto 2067 de
1991.
19.
A
la luz del artículo 215 de la Constitución, el estado de emergencia podrá ser
declarado por el Presidente de la República y todos los Ministros siempre que
sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 que: (i)
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico,
social y ecológico del país, o que (ii) constituyan grave calamidad
pública.
Este tribunal ha
señalado que “los acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de
alcances e intensidad traumáticas, que logren conmocionar o trastocar el orden
económico, social o ecológico, lo cual caracteriza su gravedad, sino que,
además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por ello diferentes a los
que se producen regular y cotidianamente, esto es, sobrevinientes a las
situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la
sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe dar respuesta
el Estado mediante la utilización de sus competencias normales”[9]
(cursiva fuera del texto original).
20.
Desde
la expedición de la Constitución Política, se han declarado estados de
emergencia económica, social y ecológica por distintas razones: (i) la fijación
de salarios de empleados públicos[10];
(ii) la crisis en el servicio público de energía eléctrica[11]; (iii)
desastres naturales[12];
(iv) la revaluación del peso frente al dólar[13];
(v) el deterioro de la situación de los establecimientos de crédito[14];
(vi) las actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de
los recursos captados del público[15];
(vii) los servicios públicos de la seguridad social y la atención en salud[16];
y, por último, (viii) la situación fronteriza con Venezuela[17].
21.
El
artículo 215 de la Constitución prescribe que la declaratoria del estado de
emergencia económica, social y ecológica sólo puede llevarse a cabo “por
períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de
noventa días en el año calendario”. A su vez, la misma disposición prevé que
los decretos legislativos en el marco del estado de emergencia tendrán fuerza
de ley y deberán ser (i) motivados; (ii) firmados por el Presidente y todos los
ministros; (iii) destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos. Igualmente (iv) deben referirse a materias que tengan
relación directa y específica con el estado de emergencia y (v) podrán -de
forma transitoria- establecer nuevos tributos o modificar los existentes, los
cuales dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que
el Congreso les otorgue carácter permanente durante el año siguiente.
22.
El
artículo 215 constitucional señala que el decreto que declare el estado de
emergencia debe indicar el término dentro del cual el Presidente de la
República hará uso de las facultades extraordinarias y convocar al Congreso
para que se reúna dentro de los diez días siguientes a su vencimiento. En
relación con las competencias del Congreso en el marco de los estados de
emergencia, la disposición establece que (i) examinará hasta por un lapso de
treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado
que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de
emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la
conveniencia y oportunidad de las mismas; (ii) podrá derogar, modificar o
adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que
ordinariamente son de iniciativa del Gobierno, así como ejercer sus
atribuciones constitucionales; y, (iii) se reunirá por derecho propio, si no
fuere convocado por el gobierno nacional.
D.
Fundamento
y alcance del control judicial de los decretos expedidos en desarrollo del
Estado de Emergencia[18]
Consideraciones
generales
23.
Los
estados de excepción están previstos en la Carta Política como respuesta del
ordenamiento jurídico ante situaciones graves y anormales que no pueden ser
enfrentadas por el Estado a partir de sus competencias ordinarias. Sin
embargo, una característica propia del Estado constitucional es que esa
competencia no es omnímoda ni arbitraria. El ordenamiento superior prevé
un conjunto de requisitos y condiciones que deben cumplirse tanto en el decreto
que declara el estado de excepción, como en aquellos decretos legislativos por
medio de los cuales se adoptan las medidas legales extraordinarias para hacer
frente a la crisis. La competencia de la Corte consiste precisamente en
verificar la compatibilidad entre los decretos y la Constitución, bajo el
entendido que los estados de excepción son mecanismos extraordinarios sometidos
a condiciones de validez impuestas por la norma superior.
24.
La
Corte ha indicado que los requisitos mencionados se encuentran en tres fuentes
normativas concretas, todas ellas integradas al parámetro de constitucionalidad:
(i) las disposiciones de la Carta Política que regulan los estados de excepción
(artículos 212 a 215 superiores); (ii) el desarrollo de esas reglas, previstas
en la LEEE (Ley estatutaria de los estados de excepción); y (iii) las normas de
derecho internacional de los derechos humanos que prevén tanto los requisitos
de declaratoria, como las garantías que no pueden ser suspendidas en esas
situaciones excepcionales (derechos intangibles) (artículos 93.1 y 214
superiores). La existencia de un régimen jurídico con sujeción al cual deben
ejercerse las competencias que surgen de la declaratoria de un estado de
excepción concretan el principio de legalidad que, como lo ha indicado este
Tribunal (i) obliga a que el Gobierno actúe con sujeción a las normas
nacionales que rigen los estados de excepción, y (ii) exige que las
suspensiones extraordinarias de los derechos y libertades que tengan lugar en
razón de la crisis no sean incompatibles con las obligaciones del Estado, en
particular, con aquellas derivadas del derecho internacional humanitario y del
derecho internacional de los derechos humanos.
Requisitos
formales y materiales de los decretos expedidos en desarrollo del Estado de
Emergencia
25.
La
jurisprudencia de este tribunal ha establecido que el control constitucional de
los decretos expedidos al amparo del estado de emergencia tiene dos facetas:
formal y material. Se trata de un detallado escrutinio que tiene por objeto
asegurar que todos los límites previstos para el ejercicio de las facultades de
excepción sean debidamente respetados por el gobierno nacional.
26.
El
examen formal del decreto exige verificar, en su orden, el cumplimiento de los
siguientes elementos:
Examen
formal
Firma del
Presidente y de todos los ministros (art. 214 C.P.)
Expedición
con base en las facultades del artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la LEEE y en desarrollo del Decreto Legislativo 417 de 2020
que declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional
Expedición
del decreto legislativo dentro del término de vigencia del Estado de
Emergencia declarado por el Decreto 417 de 2020.
Ámbito
territorial de las medidas que adopta el Decreto sub examine
Manifestación
de las consideraciones que condujeron a su expedición
27.
El
examen material comprende el desarrollo de varios escrutinios que, como lo ha
indicado la Corte, constituyen expresiones operativas de los principios que
guían los estados de excepción. La práctica decisional de este tribunal
evidencia algunas divergencias en el orden, contenido y agrupación de tales
juicios. Si bien tales diferencias no han afectado el rigor del control
constitucional, es oportuno caracterizar cada uno de los juicios.
28.
El
juicio de motivación suficiente[19]
ha sido considerado como un juicio que complementa la verificación formal por
cuanto busca dilucidar si, además de haberse formulado una fundamentación del
decreto de emergencia, el Presidente ha presentado razones que resultan
suficientes para justificar las medidas adoptadas[20]. Dicha
motivación es exigible frente a cualquier tipo de medidas[21], siendo
particularmente relevante para aquellas que limitan derechos constitucionales,
por cuanto el artículo 8 de la LEEE establece que los “decretos de excepción
deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las
limitaciones de los derechos constitucionales”[22].
29.
El
juicio de conexidad material[23]
está previsto en los artículos 215 de la Constitución[24] y 47 de la
LEEE[25].
Con este juicio, se pretende determinar si las medidas adoptadas en el decreto
legislativo guardan relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria
del estado de excepción. La Corte Constitucional ha señalado que la conexidad
debe ser evaluada desde dos puntos de vista: (i) interno, esto es, la
relación entre las medidas adoptadas y las consideraciones expresadas por el
gobierno nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente[26]
y (ii) externo, es decir, el vínculo entre las medidas de excepción y
los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia[27].
30.
El
juicio de finalidad está previsto por el artículo 10 de la LEEE[28].
A la luz de este juicio, toda medida contenida en los decretos legislativos
debe estar directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de
la perturbación y a impedir la extensión o agravación de sus efectos[29].
31.
El
juicio de necesidad[30],
previsto en el artículo 11 de la LEEE, implica que las medidas que se adopten
en el decreto legislativo sean indispensables para lograr los fines que dieron
lugar a la declaratoria del estado de excepción. La Corte ha señalado que este
análisis debe ocuparse (i) de la necesidad fáctica o idoneidad, la cual
consiste en verificar fácticamente si las medidas adoptadas permiten superar la
crisis o evitar la extensión de sus efectos, de manera tal que se evalúa si el
Presidente de la República incurrió o no en un error manifiesto respecto de la
utilidad de la medida para superar la crisis; y (ii) de la necesidad jurídica o
subsidiariedad que implica verificar la existencia dentro del ordenamiento
jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes y adecuadas
para lograr los objetivos de la medida excepcional. La finalidad de este
juicio, como dijo la Corte en la Sentencia C-179 de 1994 mediante la cual
revisó la constitucionalidad de la LEEE, es “impedir que se cometan abusos o
extralimitaciones en la adopción de las medidas que, en todo caso, deben ser
las estrictamente indispensables para retornar a la normalidad”.
32.
El
juicio de incompatibilidad[31],
según el artículo 12 de la LEEE, exige que los decretos legislativos que
suspendan leyes expresen las razones por las cuales son irreconciliables con el
correspondiente estado de excepción.
33.
El
juicio de proporcionalidad[32],
que se desprende del artículo 13 de la LEEE, exige que las medidas que se
adopten en desarrollo de los estados de excepción sean respuestas equilibradas
frente a la gravedad de los hechos que causaron la crisis. Igualmente, la Corte
ha precisado que el examen de proporcionalidad exige que las restricciones a
derechos y garantías constitucionales se impongan en el grado absolutamente
necesario para lograr el retorno a la normalidad. Advierte la Corte que este
examen particular no excluye, naturalmente, la aplicación del examen de
proporcionalidad cuando ello se requiera, por ejemplo, para controlar
restricciones a derechos constitucionales, por ejemplo, en el juicio de
ausencia de arbitrariedad.
34.
El
juicio de ausencia de arbitrariedad[33]
tiene por objeto comprobar que en el decreto legislativo no se
establezcan medidas que violen las prohibiciones para el ejercicio de las
facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución, la LEEE y los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.[34]
La Corte Constitucional debe verificar que las medidas adoptadas en los
decretos legislativos: (i) no suspendan o vulneren el núcleo esencial de los
derechos y libertades fundamentales[35];
que (ii) no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público
y de los órganos del Estado y, en particular, (iii) que no supriman o
modifiquen los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento[36].
35.
El
juicio de no contradicción específica[37]
tiene por objeto verificar que las medidas adoptadas en los decretos
legislativos (i) no contraríen de manera específica a la Constitución o a los
tratados internacionales; y (ii) no desconozcan el marco de referencia de la
actuación del Ejecutivo en el estado de emergencia económica, social y
ecológica, esto es, el grupo de medidas descritas en los artículos 47, 49 y 50
de la LEEE. Ha destacado la Corte que entre las prohibiciones se encuentra, por
expreso mandato constitucional y legal, la consistente en que el Gobierno no
podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los
decretos contemplados en el artículo 215.
36.
El
juicio de intangibilidad parte del reconocimiento acerca del
carácter “intocable” de algunos derechos que, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 93 y 214 de la Constitución, y 5 de la LEEE, no pueden ser
suspendidos durante los estados de excepción. La Corte ha establecido que, en
virtud de tales disposiciones y del derecho internacional de los derechos
humanos, son derechos intangibles el derecho a la vida y a la integridad
personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y
la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión
perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el
principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal;
el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la
protección de la familia; los derechos del niño a la protección por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión
por deudas; y el derecho al habeas corpus. Son igualmente intangibles los
mecanismos judiciales indispensables para la protección de esos derechos.
37.
El
juicio de no discriminación[38],
el cual tiene fundamento en el artículo 14 de la LEEE[39], exige que
las medidas adoptadas con ocasión de los estados de excepción no puedan
entrañar segregación alguna, fundada en razones de sexo, raza, lengua,
religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica o de otras
categorías sospechosas[40].
Adicionalmente, este análisis implica verificar que el decreto legislativo no
imponga tratos diferentes injustificados[41].
E.     El
control formal del Decreto 579 de 2020
38.
Conforme
con las anteriores consideraciones, cabe concluir que el Decreto 579 de 2020
satisface la totalidad de los requisitos formales a los que se ha hecho
referencia. En efecto, la Corte constata que:
Verificación
de las condiciones formales de expedición del
Decreto
Legislativo 579 de 2020
Exigencia
Cumple/no
cumple
El
Decreto lleva la firma del Presidente y de todos sus ministros (art. 214
C.P.).
Sí
La
expedición se fundamentó en el artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la LEEE y en desarrollo del Decreto Legislativo 417 de 2020
que declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.
Sí
El
Decreto fue expedido el 15 de abril de 2020, dentro del término de 30 días de
vigencia del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 417 de 2020.
Sí
Ámbito
de aplicación territorial de las medidas que adopta el Decreto sub examine.
Sí
El
Decreto cuenta con una exposición de las circunstancias que condujeron a su
expedición, los motivos en los que encuentran asidero las medidas adoptadas,
la importancia que se les atribuye en el contexto del Estado de Emergencia,
los objetivos que tales medidas pretenden alcanzar, su carácter necesario y
su relación con la situación que determinó la declaración del Estado de
Emergencia.
Sí
F.      El
Decreto 579 de 2020, su contenido y el contexto de su expedición
39.
La
normativa bajo examen se compone de un primer título que agrupa seis artículos
que contemplan medidas inherentes al arrendamiento de inmuebles con destinación
habitacional y comercial, y un segundo título que reúne cuatro artículos en los
que se regulan situaciones del régimen de propiedad horizontal, así como la
vigencia del decreto mismo. Todos ellos se pueden concretar, en términos
generales, así:
Medidas
Descripción
En materia de
arrendamiento con destinación habitacional y comercial
1.     Suspensión
de desalojos entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020.
2.     Estipulaciones
especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento
3.     Acuerdos
de pago e inaplicación de gravámenes al canon de arriendo.
4.     Prórroga
de contratos hasta el 30 de junio de 2020.
5.     Suspensión
del inicio de contratos hasta la misma fecha.
6.     Extensión
de las medidas a otros contratos de arrendamiento y a otro tipo de inmuebles,
y exclusión de algunos contratos.
En materia de
propiedad horizontal
7.     Uso
del Fondo de Imprevistos para atender gastos de la copropiedad.
8.     Reuniones
virtuales de la asamblea general de copropietarios.
9.     Aplazamiento
del reajuste anual de las cuotas de administración.
Vigencia
10.
Vigencia
inmediata del decreto.
Pasa la Corte a
describir brevemente las anteriores medidas:
TÍTULO I.
Medidas en materia de arrendamiento con destinación habitacional y comercial
40.
Suspensión
de las órdenes de desalojo. El artículo 1 establece que, durante el período comprendido entre el 15 de abril y el 30
de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de
desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin
la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios. El ámbito inicial de
esta medida incluye aquellos casos en los que el plazo del arrendamiento y su
forma de pago se haya pactado por períodos diarios, semanales, o cualquier
fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de las modalidades contempladas en
el artículo 4 de la Ley 820 de 2003, es decir contratos de arrendamiento de
vivienda urbana individual, mancomunada o compartida.
41.
Aplazamiento
del reajuste anual de los cánones de arrendamiento. El
artículo 2 se refiere al aplazamiento del reajuste anual de los cánones de
arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el periodo
comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020, bien sea porque se
hubiere acordado por las partes, o por virtud del artículo 20 de la Ley 820 de
2003[42]
que rige los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Adicionalmente, el
artículo contiene un parágrafo en el que señala que, concluido el término de
aplazamiento, el arrendatario debe pagar las mensualidades con el reajuste
anual correspondiente en los cánones que hagan falta para terminar el período
contractual acordado, incluyendo en esas mensualidades, el valor porcentual de
los incrementos no cobrados durante el periodo de suspensión del reajuste
anual. La disposición no impide que las partes celebren acuerdos en
contrario.
42.
Estipulaciones
especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento. El
artículo 3 establece cuatro medidas respecto del pago de los cánones de
arrendamiento en el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio
de 2020.
●      Establece
como un deber de las partes de los contratos de arrendamiento llegar a un
acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones
correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio
de 2020.
●      Dispone
que en dichos acuerdos no está permitido incluir intereses de mora ni
penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos
entre las partes.
●      Señala
que, a falta de acuerdo entre las partes sobre condiciones especiales, el arrendatario
debe pagar la totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo
mencionado anteriormente, bajo las siguientes condiciones:
1.     El
arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o
sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes, en
relación con los cánones correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de
abril y el 30 de junio de 2020.
2.     El
arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Interés Bancario
Corriente (TIBC), en la modalidad de consumo y ordinario, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los montos no pagados en tiempo,
durante el período correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de abril
y el 30 de junio de 2020.
●      El
acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el pago de los
cánones correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de
junio de 2020, formará parte de los convenios, contratos y demás acuerdos de
voluntades principales, accesorios o derivados del contrato de arrendamiento.
43.
Modificación
de los plazos de vigencia del contrato, prórroga de los contratos vigentes y
aplazamiento de la fecha de inicio de los nuevos contratos de arrendamiento. Por
medio del artículo 4 se prorroga la vigencia de los contratos de arrendamiento
cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se hubiera pactado para
cualquier fecha entre el 17 de marzo y el 15 de abril de 2020. Estos contratos
se extienden hasta el 30 de junio de 2020, continuando vigente la obligación de
pago del canon.
Así
mismo, por medio del artículo 5 se establece que la entrega inicial del
inmueble al arrendatario en los contratos de arrendamiento en los que así se
haya pactado entre el 17 de marzo y el 15 de abril de 2020, queda aplazada
hasta el 30 de junio de 2020, fecha en la que se harán exigibles las
obligaciones del contrato.
Tanto el
artículo 4 como el artículo 5 admiten pacto en contrario.
44.
Destinatarios
de las disposiciones del Decreto 579 de 2020. Con el fin de
establecer a qué arrendatarios se refieren los artículos 1 a 5 del Decreto 579
de 2020, el artículo 6 adiciona el alcance del artículo 1. De esta manera, se
tiene que las medidas se refieren de manera exclusiva a la restitución de
inmuebles ocupados por arrendatarios en virtud de:
●      Contratos
de arrendamiento de vivienda urbana individual, mancomunada o compartida.
●      Contratos
de arrendamiento regidos por el Código Civil y el Código de Comercio celebrados
sobre inmuebles de destinación comercial. En este caso el arrendatario debe ser
una persona natural, micro, pequeña o mediana empresa, según la clasificación
prevista en el artículo 2.2.1.13.2.2 de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
●      Contratos
de arrendamiento en los que el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo
de lucro inscrita en el registro del Ministerio del Interior[43].
El Decreto 579
excluye de forma expresa los contratos de arrendamiento suscritos por el
administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra
el Crimen Organizado - FRISCO, así como los contratos de leasing habitacional y
los contratos de arrendamiento financiero - leasing.
Título II.
Régimen de propiedad horizontal
45.
Destinatarios
de las disposiciones del Decreto 579 de 2020. El artículo 7
establece varias reglas temporales respecto de la utilización del fondo de
imprevistos por parte de los administradores de las propiedades horizontales,
en el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020.
De
esta manera, el decreto objeto de control:
●
Establece
la posibilidad de que los administradores de las propiedades horizontales que
hayan visto afectado su recaudo de cuotas de administración, puedan hacer
erogaciones con cargo al Fondo de Imprevistos para cubrir los gastos habituales
de operación de la copropiedad, requiriendo para esto únicamente la aprobación
previa del Consejo de Administración (inciso 1).
●    Dispone
que los recursos del Fondo de imprevistos deben destinarse prioritariamente al
mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la propiedad
horizontal y a la ejecución de los contratos con empresas de vigilancia, aseo,
jardinería y demás unidades de explotación conexas, complementarias o afines
(inciso 2).
●    En el
evento en que la copropiedad no exista Consejo de Administración se permite
hacer erogaciones con cargo al Fondo de imprevistos que no superen el cincuenta
por ciento (50%) del valor de los recursos existentes, en la fecha en que se
haga uso de esta atribución por primera vez (inciso 3).
●    Crea
la obligación, a cargo del administrador, de rendir en la primera Asamblea
General de Propietarios que se adelante después de ejercida la atribución (i)
cuentas comprobadas del uso de los recursos mencionados en el decreto; y (ii)
reporte de los gastos efectuados al revisor fiscal de la propiedad horizontal,
cuando lo hubiere (parágrafo 1).
●    Ordena
al administrador de la copropiedad convocar a la Asamblea General de
Propietarios no presencial de que trata el artículo 42 de la Ley 675 de 2001,
en el evento que las copropiedades necesiten utilizar más del cincuenta por
ciento 50% del Fondo de Imprevistos y no cuenten con Consejo de Administración
para su aprobación (parágrafo 2).
●    Dispone
que las copropiedades de uso comercial o mixto puedan utilizar el Fondo de
Imprevistos, en los eventos que necesiten contratar servicios de sanidad, o
relacionados con el fin de mitigar el riesgo del contagio del Covid-19 y,
siempre y cuando garanticen el cubrimiento de los servicios mencionados en el
inciso segundo del artículo (parágrafo 3).
●    Establece
que el pago de las cuotas de administración de zonas comunes y los descuentos
aprobados por cada administración puedan realizarse en cualquier momento del
mes, sin intereses de mora, penalidades o sanción alguna provenientes de la ley
o de acuerdos entre las partes (parágrafo 4).
46.
Destinatarios
de las disposiciones del Decreto 579 de 2020. El artículo 8
establece cuatro medidas frente a la manera como podrán realizarse las
asambleas de propiedad horizontal, en el periodo comprendido entre el 15 de
abril y el 30 de junio de 2020.
Así, el gobierno
nacional:
●      Establece
la posibilidad de que las asambleas de edificaciones sujetas al régimen de
propiedad horizontal que trata la Ley 675 de 2001 puedan efectuarse:
1.     En
forma virtual, siguiendo los requerimientos del artículo 42 de la Ley 675 de
2001 y del Capítulo 16 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo,
y demás normativa legal y reglamentaria vigente aplicable a la materia (numeral
1).
2.     De
manera presencial, a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la
finalización de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
esto es hasta el 15 de mayo (numeral 2).
●      Ordena
que, en el evento que no fuere convocada la asamblea, la misma se reúna en
forma ordinaria por derecho propio, el día hábil siguiente al mes calendario de
que trata el numeral 2 del inciso anterior y en el lugar y hora que se indique
en el reglamento, o en las instalaciones del edificio o conjunto a las 8:00 pm
(parágrafo 1).
●      Dispone
que en los eventos de no asistencia presencial de los copropietarios y/o sus
delegados a las reuniones de asambleas ordinarias presenciales, los
administradores, el consejo de administración y las asambleas de edificaciones
sujetas al régimen de propiedad horizontal se abstengan de imponer las
sanciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal, con fundamento
en el numeral 9 del artículo 38 de la Ley 675 de 2001 (parágrafo 2).
47.
Reajuste
de cuotas de administración. El artículo 9 establece dos medidas
sobre el reajuste de las cuotas de administración de las zonas comunes, en el
periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020.
De esta manera,
el gobierno nacional:
●      Establece
que el reajuste anual de las cuotas de administración de zonas comunes se
aplaza durante este periodo.
●      Dispone
que, una vez concluido dicho aplazamiento, las mensualidades se pagarán con el
reajuste anual correspondiente.
48.
Vigencia.
El
artículo 10 establece que el Decreto Legislativo regirá a partir de su
promulgación.
G.
Marco
jurídico de las medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 579 de 2020
Intervención del
Estado en la economía y la iniciativa privada
49.
El
artículo 333 de la Constitución establece que la actividad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. El modelo
económico adoptado por la Constitución de 1991 tiene su base en la iniciativa
de los particulares y en la autonomía privada.
50.
No
obstante, la libertad económica y de empresa encuentran límites en los valores,
principios, derechos y bienes constitucionales de orden superior en el marco
del bien común. El artículo 334 de la Constitución establece que la dirección
general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá, por
mandato de la ley, a través de diferentes medidas, para racionalizar la
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo, y la preservación de un ambiente sano. Se trata de medidas que
adopta el legislador a través de distintos tipos de leyes y, en su caso, el
gobierno por mandato de la ley[44].
Estos límites están fundados en el interés general con el objetivo de corregir
los excesos de la libertad o disminuir las desigualdades estructurales más allá
de que hayan sido producidas o no por el modelo económico vigente. No obstante,
la facultad de intervención estatal se encuentra sometida a límites. En efecto,
(i) se encuentra sometida a reserva de ley; (ii) no puede anular el ejercicio
de la libertad individual ni su proyección a través de las demás libertades
económicas y de empresa; (iii) la intervención debe ser razonable, esto es,
contar con una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional y las
medidas deben ser adecuadas para garantizar el interés general, y (iv) deben
estar orientadas por el principio de solidaridad[45].
51.
En
suma, la jurisprudencia de esta Corte ha desarrollado el alcance normativo de
la denominada “Constitución Económica” y la intervención del Estado en la
economía a través de ciertas limitaciones en orden a garantizar el equilibrio
entre la garantía de la iniciativa de privada y la libertad de empresa, así
como valores, principios, derechos y bienes constitucionales inscritos en el
interés social. En este sentido la Corte ha expresado:
“Las
normas que integran lo que la jurisprudencia define como la “Constitución
Económica” tienen importantes efectos en lo que respecta al modo e intensidad
del juicio de constitucionalidad de las normas legales destinadas a regular la
intervención del Estado en la economía. Como se ha visto, las garantías
constitucionales propias de la libertad de empresa encuentran su verdadero
sentido cuando se les comprende, no como prerrogativas sin límite y
exclusivamente destinadas a la maximización del beneficio de los participantes
en el mercado, sino cuando son entendidas en el marco de la protección del
interés social. Ello en el entendido que existe una cláusula general a favor
del Estado, que le permite intervenir en la economía con el fin de proteger los
bienes y valores constitucionales que se concretizan en las operaciones de
intercambio de bienes y servicios[46]”.
52.
Por
tanto, para el desarrollo del presente estudio de constitucionalidad, la Sala
Plena encuentra de la mayor relevancia tener en cuenta la potestad del Estado
para intervenir en la economía y la iniciativa privada, dentro de los límites
constitucionales a dicha intervención.
Protección
constitucional del principio de autonomía privada
53.
El
poder de crear relaciones vinculantes jurídicamente con otros, como expresión
de la libertad, encuentra pleno sustento en el principio de dignidad humana
(art. 1); en los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (art.
14), libre desarrollo de la personalidad (art. 16), y propiedad privada (art.
58); en las libertades de asociación (arts. 38 y 39), económica, libre
iniciativa privada y libertad de empresa (art. 333), entre otros derechos y
libertades consagrados en nuestra Carta. De este modo, la Constitución Política
reconoce que todas las personas tienen el poder de determinarse y limitar o
condicionar el ejercicio de su propia libertad mediante la manifestación de su
consentimiento. Así, como lo ha reconocido esta Corporación, la autonomía
privada es un derecho fundamental que goza de garantía constitucional[47].
Este poder incluye, en el ámbito contractual, la posibilidad individual de
obligarse a dar, hacer o no hacer, en favor de otro, alguna cosa[48].
54.
La
relación entre la autonomía privada y la dignidad humana es estrecha. La Corte
ha reconocido que la autonomía es “un derecho íntimamente ligado y vinculado
a la dignidad de la persona humana, ya que se erige en el instrumento principal
e idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas, mediante el poder que
le otorga el ordenamiento positivo para regular sus propios intereses en el
tráfico jurídico”[49].
55.
En
sentido estricto, la garantía constitucional de la autonomía privada en el
ámbito contractual está implícita en el artículo 16 constitucional, que
consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como en el
artículo 333 en cuanto reconoce que “la actividad económica y la iniciativa
privada son libres, dentro de los límites del bien común”[50]. Este es el
fundamento bajo el cual se estructura la libertad contractual, que como dijo la
Corte en anterior oportunidad, es un “principio que tiene su desarrollo
legal en el artículo 1602 del Código Civil, norma que establece: ‘Los contratos
son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales’”[51].
56.
El
fundamento de la legitimidad del poder vinculante de la autonomía privada
radica en la conciencia propia del titular de la libertad que se compromete.
Dicha conciencia deberá ser mayor entre más amplias sean las limitaciones a la
libertad o mayores sean las intromisiones a la dignidad física o moral de la
persona que otorga su consentimiento. Así, para que la expresión de la voluntad
pueda generar una relación jurídica protegida por el ordenamiento jurídico
colombiano debe ser inequívoca y autónoma, y cumplir con las demás
disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, en particular el civil o
comercial que regula la creación de actos jurídicos.
57.
La
autonomía privada, como toda libertad, no tiene un alcance absoluto. Los
primeros límites se encuentran en la dignidad humana y los derechos
fundamentales de los demás (art. 16), en la prevalencia del interés general,
(art. 1), en la función social de la propiedad (art. 58), en el bien común, en
la función social de la empresa (art. 333), y en la potestad de intervención
del Estado en la economía (art. 334). La intervención del Estado en la
libertad, como atrás se señaló, tiene reserva de ley y salvo autorización constitucional,
no puede ser intervenida por el gobierno nacional sin su autorización.
58.
En
las relaciones contractuales, la intervención del legislador se manifiesta a
través de disposiciones imperativas a las que debe sujetarse la autonomía
privada de las partes contratantes y frente a las que no cabe pacto en
contrario. En general, dichas disposiciones retoman las garantías y límites
constitucionales y suelen ser el resultado de la ponderación de la autoridad
legislativa sobre los intereses contractuales que pueden estar en tensión.
Estas normas tienden a garantizar el bien común, a equilibrar la posición de la
parte débil en el contrato, a establecer los elementos esenciales de cada
relación jurídica o a disponer cargas en la autonomía privada dentro de las
cuales cabe resaltar el principio de buena fe contractual. Así mismo, el ordenamiento jurídico puede contener
disposiciones supletivas, que operan solamente a falta de decisión particular y
que suelen estar asociadas a la naturaleza del contrato, y también
disposiciones accidentales, que pueden ser acogidas o no por las partes en sus
acuerdos[52].
El contrato de
arrendamiento de inmuebles
59.
El
Código Civil establece en su artículo 1973 que el arrendamiento
es un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a
conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la
otra a pagar por ese goce, obra o servicio, un precio. En lo que tiene
que ver con el arrendamiento de inmuebles, la regulación está contenida
fundamentalmente en los artículos 1974 a 2044 del Código Civil, no obstante, el
arrendamiento de ciertos inmuebles se sustrajo
de dicha normativa para someterlos, en materia de inmuebles urbanos destinados
a vivienda, a la Ley 820 de 2003, y en materia de inmuebles ocupados con
un establecimiento de comercio, a los artículos 518 a 524 del Código de
Comercio. Las normas anteriores prevén disposiciones de orden público de
obligatorio acatamiento por las partes, así como reglas supletivas y
accidentales que pueden ser acogidas o modificadas por los contratantes en
desarrollo de su autonomía privada.
Modalidades
contrato de arrendamiento
Normas
principales
Arrendamiento
de inmuebles
Artículos 1974
a 2044 del Código Civil
Arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda
Ley 820 de
2003
Arrendamiento
de inmuebles ocupados con un establecimiento de comercio
Artículos 518
a 524 del Código de Comercio
60.
Por
su parte, la legislación financiera, en particular el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, contenido en el Decreto 663
de 1993 y el Decreto Único del Sistema Financiero –Decreto 2555 de 2010–, reconoce
y regula parcialmente los contratos de leasing o arrendamiento financiero, que
tienen elementos comunes con los contratos de arrendamiento de vivienda urbana
y de inmuebles ocupados con establecimientos de comercio, en especial cuando se
celebran bajo las modalidades del leasing habitacional y el leasing
inmobiliario. En la medida en que este tipo de contratos no es objeto del
Decreto Legislativo 579 de 2020 al gozar de una regulación especial, no se
profundizará sobre su contenido y alcance.
61.
De
este modo, como se observa, los contratos de arrendamiento están sometidos a
diferentes regímenes dependiendo del inmueble arrendado y la destinación que se
pretenda dar al mismo. A su vez, cada régimen cuenta con disposiciones
imperativas que deben ser acatadas por las partes y reglas supletivas que se
aplican salvo acuerdo en contrario. Esta diversidad puede implicar consecuencias
diferentes para cada relación contractual dependiendo de como se hayan
combinado las reglas de orden público, las pactadas en desarrollo de la
autonomía privada y las que, en ausencia de acuerdo expreso, deban aplicarse.
Reglas
legales y contractuales
Reglas
imperativas que se aplican a cada tipo contractual y que no admiten pacto en
contrario.
Reglas
contractuales pactadas por las partes.
Reglas
supletivas que se aplican ante la ausencia de pacto expreso.
Algunos aspectos
del régimen de propiedad horizontal relacionados con el Decreto 579 de 2020
62.
En
lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, la Corte Constitucional ha
reconocido al legislador un amplio margen de configuración normativa. Una de
las modalidades de este derecho es la propiedad horizontal como “una forma
de dominio individual sobre un bien, que se acompaña además del dominio
colectivo sobre ciertos bienes denominados comunes, que son necesarios para el
ejercicio efectivo del derecho individual”[53].
63.
El
ejercicio de ese derecho precisa de una organización de la que forman parte las
asambleas generales de copropietarios, los consejos de administración y los
administradores, a través de la cual se adoptan las determinaciones que
incumben a todos los que se asocian bajo ese modelo jurídico de cohabitación en
el que “los titulares de la propiedad en común son los propietarios de las
unidades privadas”[54].
64.
El
marco legal de organización y funcionamiento de esta forma de propiedad se
encuentra en la Ley 675 de 2001, cuya regulación abarca tanto inmuebles
destinados a vivienda como al uso comercial. Dicho régimen define obligaciones
para los copropietarios, como el pago de expensas ordinarias y extraordinarias
para la administración y prestación de los servicios a cargo de la copropiedad,
a los que se suman las multas, los intereses y los demás bienes e ingresos que
adquiera o reciba a cualquier título para el cumplimiento de su objeto, que
ingresan a su patrimonio y del que forma parte, entre otros activos, el fondo
de imprevistos, según lo previene el artículo 34 de la mencionada ley.
65.
En
lo que atañe a la asamblea general de propietarios como máximo órgano de
dirección de la copropiedad, el artículo 39 de la Ley 675 de 2001 dispone:
“Artículo
39. Reuniones. La Asamblea General se reunirá ordinariamente por lo menos una
vez al año, en la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal y, en
silencio de este, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de
cada período presupuestal; con el fin de examinar la situación general de la
persona jurídica, efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda,
considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y presupuesto para el
siguiente año. La convocatoria la efectuará el administrador, con una
antelación no inferior a quince (15) días calendario.
Se
reunirá en forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas o urgentes
del edificio o conjunto así lo ameriten, por convocatoria del administrador,
del consejo de administración, del Revisor Fiscal o de un número plural de
propietarios de bienes privados que representen por lo menos, la quinta parte
de los coeficientes de copropiedad.
Parágrafo
1º. Toda convocatoria se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los
propietarios de los bienes de dominio particular del edificio o conjunto, a la
última dirección registrada por los mismos. Tratándose de asamblea
extraordinaria, reuniones no presenciales y de decisiones por comunicación
escrita, en el aviso se insertará el orden del día y en la misma no se podrán
tomar decisiones sobre temas no previstos en este.
Parágrafo
2º. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que adeuden
contribuciones a las expensas comunes”.
En concordancia
con lo anterior, respecto del Fondo de Imprevistos, el artículo 35 ibídem
contempla:
“Artículo
35. Fondo de imprevistos. La persona jurídica constituirá un fondo para atender
obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un
porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto
anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea general
considere pertinentes.
La
asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo
año.
El
administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la
asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el
reglamento de propiedad horizontal.
Parágrafo.
El cobro a los propietarios de expensas extraordinarias adicionales al
porcentaje del recargo referido, solo podrá aprobarse cuando los recursos del
Fondo de que trata este artículo sean insuficientes para atender las
erogaciones a su cargo”
66.
El
numeral 11 del artículo 38 de la Ley 675 de 2001, por su parte, atribuye a la
asamblea general de propietarios la función de “Otorgar autorización al
administrador para realizar cualquier erogación con cargo al Fondo de
Imprevistos de que trata la presente ley”.
67.
Este
conjunto de instrumentos jurídicos encuentra respaldo en el amplio margen de
configuración normativa del legislador en aspectos que se complementan con la
autorregulación de asuntos concretos, que cuentan una vocación de estabilidad y
permanencia relativa de las reglas pero que “pueden ser modificadas e
incluso desconocidas cuando el interés que de ellas se deriva entra en
conflicto con las necesidades reconocidas en leyes expedidas por motivos de
interés público o social”[55],
bajo estrictos cauces de proporcionalidad y razonabilidad, tal y como podría
ocurrir en el marco de un estado de emergencia.
H.    Control
material del Decreto 579 de 2020
68.
El
control automático parte de la situación existente al momento de dictarse la
normativa objeto de examen y al hecho de que “no es indispensable que en un
solo decreto se tenga que proveer acerca de toda la problemática o que cada una
de las medidas adoptadas en los decretos de desarrollo tenga que servir a la
superación de la totalidad de las facetas que conforman la crisis, pues, como
lo ha reconocido la Corte, es perfectamente viable que mediante un decreto se
busque solucionar alguno de los problemas y que los restantes aspectos de la
crisis puedan ser objeto de otras tantas medidas contenidas en decretos
diferentes, aunque relacionados con la misma declaración del estado de
emergencia”[56].
Lo anterior, claro está, sin perjuicio de que se evidencie algún tipo de
omisión legislativa que trastoque notoriamente garantías de orden superior y que
amerite algún tipo de consideración adicional.
69.
La
Corte procederá, entonces, a verificar juicio por juicio cada una de las
medidas contenidas en los diferentes artículos del Decreto Legislativo 579 de
2020, sin redundar en aspectos dogmáticos o planteamientos que ya hubieren sido
reseñados en acápites previos del presente proveído relacionados con el alcance
de cada juicio o la explicación de cada disposición, salvo que el juicio así lo
exija, tal como sigue.
a.       Juicio
de motivación suficiente
70.
La
Corte encuentra que la justificación de las medidas del Decreto Legislativo 579
de 2020 supera el juicio de motivación suficiente. Las consideraciones
contenidas en la norma constituyen razones sólidas y suficientes para
justificar las medidas adoptadas, con algunas precisiones en relación con el
artículo 1 y el parágrafo del artículo 6.
71.
En
relación con las medidas que se estudian en el primer título, el gobierno
nacional señala en las referidas consideraciones que las consecuencias
económicas de la emergencia sanitaria, en particular de las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio, han afectado la generación de ingresos de
un número importante de ciudadanos y el cumplimiento de obligaciones periódicas
derivadas de contratos de arrendamientos tanto de destinación habitacional como
comercial.
72.
En
particular, el gobierno nacional se apoya en el artículo 51 de la Constitución
Política que consagra el derecho a la vivienda digna, advirtiendo que “podría
verse afectado por los efectos económicos del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, lo que hace necesario adoptar medidas para contener sus
efectos sobre los contratos de arrendamiento”.
73.
A
partir de esta premisa, el gobierno nacional justifica la suspensión de las
órdenes de desalojo prevista en el artículo 1, advirtiendo que “[…] en el
marco de esta coyuntura, podrían presentarse incumplimientos contractuales
masivos que derivarían en providencias judiciales de restitución de inmuebles
en aplicación del artículo 384 del Código General del Proceso, y como
consecuencia de ello, la ejecución de múltiples desalojos a cargo de la Policía
Nacional en observancia del artículo 79 de la Ley 1801 de 2016”.
74.
No
obstante, si lo que justifica la medida de
suspensión de acciones de desalojo tiene que ver con la afectación de
los ingresos y el riesgo de incumplimientos masivos que pueden derivar en
medidas de restitución de inmuebles, ordenadas o ejecutadas por autoridades
judiciales o administrativas, o en la terminación unilateral de los contratos
de arrendamiento, no se observa en la motivación
del Decreto ni en la intervención del gobierno ninguna razón que justifique la
exclusión de las grandes empresas de la aplicación
de la medida. Ellas también podrían verse perjudicadas por las actuales
circunstancias.
75.
De
allí que la Corte Constitucional declarará la exequibilidad del artículo 1, en
el entendido de que la suspensión de la ejecución de cualquier acción de desalojo
a que se refiere este artículo es aplicable a toda clase de arrendatarios.
76.
En
lo que tiene que ver con el aplazamiento del reajuste anual de los cánones de
arrendamiento, artículo 2, además de las razones generales que motivaron la
expedición del Decreto, el gobierno nacional señala que, con el fin de evitar
incumplimientos masivos, “[…] el artículo 20 de la Ley 820 de 2003 faculta a
los arrendadores para incrementar anualmente el canon en una proporción que no
supere el total del incremento del índice de precios al consumidor para el año
anterior, lo cual ante las dificultades de un importante número de
arrendatarios del país para la generación de sus ingresos, podría devenir en el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales”.
77.
Para
justificar la adopción de estipulaciones especiales respecto del pago de los
cánones de arrendamiento, previstas en el artículo 3, el gobierno nacional
señala que “[…] el artículo 22 de la Ley 820 de 2003 determina que el
no pago por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término
pactado constituye causal para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la
terminación del contrato”.
78.
De
este modo, la disposición impide que el no pago de los cánones durante el
período de vigencia del Decreto constituya causal de terminación unilateral
como lo establece la normativa vigente o lo pueden prever las disposiciones
contractuales, y que cualquier atraso o el impago de los cánones no suponga ni
dé lugar a intereses de mora, penalidades, indemnizaciones o sanciones, de
acuerdo con la ley o los términos contractuales.
79.
La
modificación a los plazos de vigencia del contrato, en particular la prórroga
de los contratos vigentes que vencen en las fechas previstas por el Decreto
Legislativo, así como el aplazamiento de la fecha de inicio de los nuevos
contratos de arrendamiento, contenida en los artículos 4 y 5, se justifica por
el gobierno nacional así:
●      “Que
el artículo 6º de la Ley 820 de 2003 dispone que los contratos de arrendamiento
se entienden prorrogados por un término igual al inicialmente pactado, y el
artículo 8º de la misma Ley, señala como obligación del arrendador entregar el
inmueble al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la
celebración del contrato”.
●      “Que
el artículo 518 del Decreto Ley 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de
Comercio” consagra que el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado
no menos de dos (2) años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento
de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del
mismo, y a su vez, el artículo 520 de la misma normatividad, advierte que el
propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis (6) meses de
anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se
considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo
término del contrato inicial”.
●      “Que
existen contratos en los cuales la entrega de los inmuebles a arrendadores o a
arrendatarios debería ocurrir durante la vigencia del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, y que con ocasión de las medidas que restringen
la circulación de los ciudadanos, se encuentra limitado el transporte de
mudanzas y acarreos, lo que haría imposible el cumplimiento de dicha obligación
contractual”.
80.
De
lo dicho hasta ahora es claro que el Título I cumple con el juicio de
motivación suficiente, hecha la salvedad sobre el alcance de la medida de suspensión
de desalojos contenida en el artículo 1, en tanto que de conformidad con el
artículo 6 su alcance no se hace extensivo a las grandes empresas[57].
81.
Sin
embargo, la conclusión anterior no es predicable del parágrafo del artículo 6,
que se refiere a la exclusión expresa de las disposiciones contenidas en el
Título primero de dos tipos de contrato. En primer lugar, se excluyen los de
leasing habitacional y de arrendamiento financiero que, como se advirtió
oportunamente al definir el marco jurídico de la presente decisión, gozan de un
régimen jurídico especial y por lo tanto se encuentra justificado que las
medidas contempladas en el Decreto Legislativo no se extiendan a ellos. En
segundo lugar, también se excluyen los contratos de arrendamiento suscritos por
el administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado - FRISCO”. En relación con esta decisión, la Corte
no encuentra en las consideraciones del Decreto o en las intervenciones del
gobierno nacional ninguna explicación que justifique su exclusión de la
aplicación de las medidas. Por esta razón, la Sala declarará la inexequibilidad
de este aparte.
82.
En
relación con los artículos 7 a 9 en materia de propiedad horizontal, en el
decreto se consignan los siguientes motivos:
“Que
de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 675 de 2001, los
recursos patrimoniales de la persona jurídica de la propiedad horizontal
estarán conformados por los ingresos provenientes de las expensas comunes
ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos, y demás
bienes e ingresos que adquiera o reciba a cualquier título para el cumplimiento
de su objeto.
“Que
de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, toda
propiedad horizontal debe constituir un fondo de imprevistos, con el fin de
poder atender y financiar las obligaciones, obras o expensas que se presenten
de forma imprevista, intempestiva y que el administrador puede disponer de
tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de
conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.
“Que
los artículos 39 a 42 de la Ley 675 de 2001 contienen el régimen al que deben
someterse las reuniones de asamblea general de propiedad horizontal, en cuanto
a formalidades, convocatorias, asuntos a tratar y sanciones por inasistencia”.
83.
A
juicio de la Corte estas consideraciones sobre las razones que justifican la
expedición de estas medidas resultan suficientes para superar el presente
juicio.
b.      Juicio
de conexidad material
84.
Como
atrás se advirtió, las medidas contenidas en los artículos 1 a 10 del Decreto
Legislativo se refieren a las siguientes materias:
Medidas
Artículo
y descripción
En materia de
arrendamiento con destinación habitacional y comercial
1.     Suspensión
de desalojos entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020.
2.     Estipulaciones
especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento
3.     Acuerdos
de pago e inaplicación de gravámenes al canon de arriendo.
4.     Prórroga
de contratos hasta el 30 de junio de 2020.
5.     Suspensión
del inicio de contratos hasta la misma fecha.
6.     Extensión
de las medidas a otros contratos de arrendamiento y a otro tipo de inmuebles,
y exclusión de algunos contratos.
En materia de
propiedad horizontal
7.     Uso
del Fondo de Imprevistos para gastos de la propiedad horizontal.
8.     Reuniones
virtuales de la asamblea general de propietarios.
9.     Aplazamiento
del reajuste anual de las cuotas de administración.
Vigencia
10.
Vigencia
inmediata del decreto.
85.
En
las consideraciones del Decreto Legislativo, el gobierno nacional manifiesta
que “las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, y en
particular de las medidas de aislamiento, afectan la generación de ingresos de
un importante número de ciudadanos, y por ende, el cumplimiento de obligaciones
periódicas derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles tanto de
destinación habitacional como comercial”.
De allí que a su
juicio se requiriera “crear nuevas disposiciones de índole legal respecto de
(i) la suspensión de desalojos de arrendamiento de inmuebles con destinación
habitacional y comercial y personas jurídicas sin ánimo de lucro, por parte de
las autoridades policivas, y, (ii) reajuste, prórrogas e inicio de los
contratos de arrendamiento sobre los inmuebles precitados”.
86.
Con
base en lo anterior, se observa que los artículos 1 a 6 del título primero
superan el juicio de conexidad material interna porque todas las medidas
adoptadas tienen una relación clara y directa con los motivos esgrimidos por el
gobierno nacional para expedir el Decreto bajo estudio, con la salvedad hecha
en el juicio de motivación suficiente sobre el alcance del artículo 1 y con
excepción del parágrafo del artículo 6 que será declarado parcialmente
inexequible.
87.
En
efecto, si las medidas contenidas en el Decreto deben corresponder a las causas
que motivaron la declaración de emergencia, es claro que la suspensión de los
desalojos debe aplicarse a todo tipo de arrendamientos y no solo a los que
establece el artículo 1. Adicionalmente, la exclusión de “los contratos de
arrendamiento suscritos por el administrador del Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO” de las
medidas adoptadas en el Título I del Decreto Legislativo que se estudia, no
tiene relación con las consideraciones que expresó el gobierno nacional para
expedir el decreto legislativo que se analiza. Por esta razón, se reitera, esta
última medida será declarada inexequible por no cumplir con el requisito de
conexidad material interna.
88.
En
lo que tiene que ver con las medidas de propiedad horizontal de los artículos 7
a 9, el gobierno nacional señaló:
“Que
de la misma manera, resulta necesario introducir al marco legal, medidas sobre
(i) propiedad horizontal, con el propósito de garantizar la regulación del pago
de las expensas comunes necesarias por parte de los copropietarios, (ii) la
preservación de los empleos a cargo, (iii) la prestación continua de los
servicios comunes y cubrimiento de los costos fijos, (iv) la disponibilidad de
recursos para el cumplimiento de pagos y obligaciones, (v) inversiones
necesarias con cargos a recursos propios de la copropiedad para evitar el
deterioro de los bienes, y (vi) pago de las contingencias que durante la emergencia
se presenten con acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis en la
economía del país”.
89.
Así,
en tanto las medidas adoptadas guardan relación con las consideraciones
expuestas por el gobierno nacional, ha de concluirse que superan el juicio de
conexidad material interna.
90.
En
relación con el juicio de conexidad material externa, esta Corporación observa
que las medidas contenidas en los artículos 1 a 10 guardan relación con las
causas que dieron origen a la declaratoria del Estado de Emergencia, en
particular con mitigar algunos de los efectos jurídicos y económicos derivados
de la crisis originada por cuenta del Covid-19 y de las medidas adoptadas para
enfrentar la pandemia.
91.
En
efecto, esta relación puede corroborarse en las consideraciones que fueron
tenidas en cuenta para la expedición del Decreto 417 de 2020 y que se reiteran
a continuación:
“Que
el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no
son asalariados, Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes
dependen de su trabajo diario y esta actividad se ha visto repentina y
sorprendentemente restringida por las medidas necesarias para controlar el
escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, estos hogares son vulnerables al
no contar con mecanismos para reemplazar los ingresos que dejarán de percibir
por causa de las medidas sanitarias,
“Que
las medidas sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de
personas y empresas. Los menores flujos de caja conllevan a (sic) posibles
incumplimientos pagos y obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre
deudores y acreedores que se basan en la confianza y pueden tomar períodos
largos en volver a desarrollarse,
“Que
de la misma manera, resulta necesario introducir al marco legal, medidas sobre
(i) propiedad horizontal, con el propósito de garantizar la regulación del pago
de las expensas comunes necesarias por parte de los copropietarios, (ii) la
preservación de los empleos a cargo, (iii) la prestación continua de los
servicios comunes y cubrimiento de los costos fijos, (iv) la disponibilidad de
recursos para el cumplimiento de pagos y obligaciones, (v) inversiones necesarias
con cargos a recursos propios de la copropiedad para evitar el deterioro de los
bienes, y (vi) pago de las contingencias que durante la emergencia se presenten
con acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis en la economía del
país.
c.
Juicio
de finalidad
92.
Los
artículos 1 a 6 superan el juicio de finalidad porque contienen medidas idóneas
para impedir de forma directa y específica los desalojos por restitución de
inmuebles arrendados a que conducen los incumplimientos de pago de los cánones
como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia.
93.
Es
así como la suspensión de los desalojos -por restitución de inmuebles ocupados
por arrendatarios- durante el período previsto en la norma, facilita la
preservación de las medidas de distanciamiento social y evita poner en riesgo a
las autoridades y particulares involucrados en operativos de este tipo. Como se
señaló en el juicio de motivación suficiente, esta medida es exequible en tanto
que se entienda que aplica a toda clase de arrendatarios. Una interpretación
diferente no sería acorde con el juicio de finalidad porque no cumpliría la
finalidad de impedir la extensión de los efectos de la pandemia.
94.
Las
demás medidas referidas a los contratos de arrendamiento son idóneas porque ofrecen
un importante alivio temporal para los arrendatarios y evitan durante un
período limitado que se activen incumplimientos que, al ser masivos, podrían
afectar a un gran número de arrendadores y arrendatarios del país, en
particular a la población más vulnerable, como lo acreditan las cifras del
gobierno nacional contenidas en las consideraciones del Decreto Legislativo que
se estudia y las aportadas por Fedelonjas (ver núm. 7), expuestas
anteriormente. Adicionalmente, las medidas ofrecen alternativas razonables para
apoyar a quienes por motivo o con ocasión de las decisiones nacionales y
territoriales que buscan prevenir la expansión de la pandemia incumplan los
acuerdos contractuales y promueve la adopción de acuerdos entre las partes
dentro de los parámetros de orden público de la actual situación económica.
Esta intervención estatal en la autonomía privada se encuentra así justificada
por la finalidad constitucional que persigue.
95.
Por
el contrario, no resulta evidente para la Corte que la exclusión de “los
contratos de arrendamiento suscritos por el administrador del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO,”
contenida en el parágrafo del artículo 6, satisfaga el juicio de finalidad.
Esta medida no es idónea para conjurar las causas que motivaron la declaración
de la emergencia ni para impedir la extensión de sus efectos, ni guarda
relación alguna con ellas, razón por la que, además de las razones expuestas en
los juicios de motivación suficiente y de conexidad material, la medida tampoco
cumple el requisito de finalidad.
96.
En
relación con los artículos 7 a 9 en materia de propiedad horizontal, las
medidas flexibilizan las reglas que rigen las asambleas de copropietarios, así
como el uso del fondo de imprevistos con el que cuenta la copropiedad con el
fin de garantizar su funcionamiento, salvaguardar el empleo y atender
situaciones excepcionales como las que motivaron la declaración del Estado de
Emergencia.
97.
La
Corte observa, finalmente, que las reuniones ordinarias de asambleas después de
la finalización del periodo de vigencia del Decreto bajo estudio, así como las
que se adelanten por derecho propio, en el lugar y hora que se indique en el
reglamento, o en las instalaciones de la propiedad horizontal, deben respetar
las medidas establecidas por el gobierno nacional o las autoridades
territoriales para preservar la salubridad pública.
98.
En
esos términos, la Corte concluye que las medidas examinadas superan el juicio
de finalidad, al ser idóneas para mitigar los efectos económicos negativos en
la población que ha suscrito contratos de arrendamiento o que se encuentra
sometida al régimen de propiedad horizontal.
d.      Juicio
de necesidad
99.
Los
artículos 1 a 6 contienen medidas necesarias y por lo tanto, conformes con el
ordenamiento constitucional. Desde el punto de vista fáctico las medidas son
indispensables para evitar la expansión de los efectos de la pandemia y no se
evidencia que el gobierno nacional haya incurrido en un error manifiesto al
valorar su utilidad. En relación con suspensión de los desalojos contenida en
el artículo 1 del Decreto Legislativo, se observa que favorece el cumplimiento
de las decisiones sobre distanciamiento social y preserva la salud de los
particulares y servidores públicos al evitar riesgo. Como se ha advertido
reiteradamente, una interpretación conforme a la Constitución implica entender
que esta medida cobija a todo tipo de arrendamientos.
100.       Desde
el punto de vista de la necesidad jurídica, las medidas también superan este
juicio, como enseguida se verá.
101.       El
régimen de desalojos se encuentra regulado por normas de rango legal, entre
otras el Código General del Proceso[58].
De allí que fuera necesario establecer en el artículo 1 un régimen excepcional
y temporal por medio de un decreto con fuerza de ley que permitiera suspender
las medidas de desalojo ordenadas por autoridades judiciales o administrativas
y salvaguardar, de esa manera, el derecho a la vida y a la integridad física de
quienes ejecutan este tipo de decisiones y de los particulares involucrados en
tales actuaciones[59].
102.       En lo
que se refiere al aplazamiento del reajuste anual de los cánones de
arrendamiento, artículo 2, se requería una medida de carácter legal que
permitiera excepcionar la aplicación del inciso 2 del artículo 20, así como del
artículo 22 de la Ley 820 de 2003[60],
incluso de las cláusulas pactadas en el contrato sobre la materia, durante el
plazo de vigencia de la disposición, con el fin de evitar las consecuencias de
incumplimientos masivos por la aplicación de los términos contractuales
pactados o de las normas supletivas que rigen estas relaciones contractuales,
según atrás se explicó (ver núm. 59 a 61). Esta medida solo podía
adoptarse por una norma de orden público y rango legal, como la contenida en el
artículo 2 analizado.
103.       No
obstante, y dado que los contratos son ley para las partes, la Corte debe
resaltar que justamente en desarrollo de la autonomía privada y el principio de
normatividad contractual, las partes tienen la posibilidad de acordar que el
reajuste se efectúe en los términos del contrato o en los establecidos en la
ley, también que se haga en plazos distintos a los que el parágrafo del
artículo 2 indica o, incluso, que no se realice para la respectiva anualidad.
De esta manera, la disposición supera el juicio de necesidad jurídica porque
justamente el consenso es el mecanismo adecuado para lograr los objetivos que
persigue el artículo analizado, el cual sólo resulta aplicable ante la ausencia
de un acuerdo mejor entre las partes del contrato.
104.       En lo
que tiene que ver con el artículo 3, esta disposición impide que el
incumplimiento en el pago de rentas y reajustes por parte del arrendatario
dentro del término pactado entre las partes sea una causal para que el
arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato.
Adicionalmente, ante la ausencia de acuerdo entre las partes que adopte las
condiciones especiales de pago en el período comprendido entre el 15 de abril y
el 30 de junio de 2020, el artículo impide sanciones en relación con los cánones
correspondientes a ese período y establece que el pago de la totalidad de las
mensualidades debe hacerse bajo ciertas condiciones contenidas en su numeral 2.
2. El
arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Interés Bancario
Corriente (TIBC), en la modalidad de consumo y ordinario, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los montos no pagados en tiempo,
durante el período correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia
del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020.
105.       La
Corte debe precisar que estas reglas establecidas por el gobierno nacional no
impiden que, si así lo decide cualquiera de las partes, pueda acudir ante los
mecanismos de autocomposición libremente acordados o ante la justicia ordinaria
para pedir la aplicación de las disposiciones legales o contractuales que rigen
la distribución del riesgo contractual, la exclusión de responsabilidad por
incumplimiento, la revisión del equilibrio contractual, por solo citar algunas
de las figuras jurídicas disponibles dependiendo del tipo de contrato de
arrendamiento celebrado y su régimen jurídico, y siempre que se cumplan los
requisitos fijados por el ordenamiento jurídico ordinario.
106.       En
estos casos, será la justicia ordinaria o los tribunales de arbitramento los
que decidirán si, como consecuencia de los hechos y las medidas adoptadas con
ocasión de la pandemia originada por el Covid-19, y dadas las circunstancias
concretas de cada una de las partes del contrato, debe hacerse una revisión de
las cláusulas pactadas y darse o no aplicación a las previsiones del contrato
en materia de seguros y garantías, o a la exclusión de la responsabilidad civil
contractual.
107.       De
este modo, el hecho de que el gobierno nacional hubiera fijado las reglas
establecidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 579 de 2020 no priva a
las partes de pedir al juez que, en los casos de incumplimiento, declare la
ocurrencia de una fuerza mayor si es que en el caso concreto se cumplen los
presupuestos fácticos y jurídicos exigidos en las normas que rigen el contrato,
así como los que ha definido la jurisprudencia.
108.       Efectuadas
las anteriores precisiones, resulta claro que las medidas contenidas en el
artículo 3 citado resultan, en principio, necesarias jurídicamente para evitar
que los arrendadores puedan dar por terminado unilateralmente el contrato por
falta de pago de los cánones en el período arriba señalado o exigir el pago de
sanciones por incumplimiento.
109.       En lo
que tiene que ver con los artículos 4 y 5 que modifican los plazos de vigencia
de los contratos de arrendamiento, prorrogando los contratos vigentes y
aplazando la fecha de inicio de los nuevos contratos, son aplicables las mismas
precisiones arriba expuestas por el hecho de eventuales incumplimientos y la
posibilidad de acudir ante la jurisdicción o los mecanismos de autocomposición
acordados. Dado que estas disposiciones admiten pacto en contrario, la
necesidad jurídica de estos dos artículos se justifican ante la ausencia de
acuerdo entre las partes y ante las consecuencias previstas en la legislación
vigente.
110.       El
artículo 6 del Decreto 579 de 2020 permite definir con claridad cuáles son los
destinatarios y beneficiarios del Título primero y ofrece claridad sobre los
contratos en relación con los cuales se predican las medidas de intervención.
111.       En
relación con los artículos 7 a 9, las medidas resultan necesarias fácticamente
para evitar mayores focos de contagio y porque permiten que la disminución de
los pagos de las cuotas de administración no afecte al personal empleado en la
propiedad horizontal, así como los contratos de vigilancia, aseo, jardinería y
demás unidades de explotación conexas, complementarias o afines, o cuando sea
necesaria su contratación. Las reglas adicionales sobre administración de los
recursos buscan un control deseable sobre la ejecución de los recursos y
permiten impedir o mitigar daños económicos a las propiedades horizontales. Desde
el punto de vista jurídico se requiere la expedición de esta normativa
especial, como atrás se advirtió, porque las reglas que rigen las asambleas de
propietarios, así como el uso del fondo de imprevistos con el que cuenta la
copropiedad con el fin de salvaguardar el empleo y atender situaciones
excepcionales como la que atraviesa el país se encuentran contenidas en normas
de rango legal y de orden público que, hasta la expedición del Decreto
Legislativo, no admitían excepciones.
112.       En
esos términos, la Corte concluye que el Decreto Legislativo 579 de 2020 supera
los juicios de necesidad fáctica y jurídica.
e.
Juicio
de incompatibilidad
113.       De
acuerdo con el juicio de incompatibilidad, las medidas que suspendan leyes
deben expresar las razones por las cuales dichas normas son irreconciliables
con el correspondiente estado de excepción. Como se ha señalado con amplitud,
el gobierno nacional justificó el régimen especial y temporal contenido en el
Decreto Legislativo 579 de 2020 con el fin de impedir temporalmente desalojos
por incumplimientos en materia de arriendo, intervenir los contratos de
arrendamiento regulados en el Decreto Legislativo de manera muy puntual y
evitar las consecuencias negativas que supondría la aplicación del régimen
ordinario en dichas relaciones jurídicas.
114.       En lo
que se refiere a las normas sobre propiedad horizontal, la norma ofrece
diversos argumentos ya analizados en la presente providencia que demuestran por
qué (i) el régimen ordinario resultaba incompatible con la necesidad de evitar
la expansión de los efectos económicos derivados de la pandemia y (ii) se
requería adoptar tales medidas con carácter transitorio, tal y como se ha
expuesto respecto de los juicios anteriormente estudiados. En efecto, en lo que
tiene que ver con las reglas especiales que se adoptan para el desarrollo de
las asambleas, ellas son pertinentes porque evitan conflictos relacionados con la
falta de acceso a medios tecnológicos para el desarrollo de reuniones
ordinarias no presenciales de la Asamblea General de Propietarios, facilita
recursos adicionales que permiten el funcionamiento de la propiedad horizontal
y permite el acceso a recursos que preservan el empleo de las personas
vinculadas a esta.
115.       Por
lo anterior, las medidas contenidas en el Decreto Legislativo que se examinan
superan el juicio de incompatibilidad.
f.
Juicio
de proporcionalidad
116.       Las
medidas contenidas en el Decreto Legislativo 579 de 2020 responden de manera
proporcional a la gravedad de los hechos que generaron la declaratoria del
Estado de Emergencia. Teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias que
llevaron a la declaratoria de este estado de excepción, las medidas contenidas
en el Decreto Legislativo son razonables y justificadas.
117.       En
efecto, como ya se advirtió en relación con el artículo 1, la suspensión de las
órdenes de desalojo protege a los particulares y a los distintos servidores
públicos involucrados en su ejecución, de la propagación del virus del Covid-19
evitando exponerlas al riesgo de su contagio.
118.       El
aplazamiento del reajuste anual de los cánones de arrendamiento, artículo 2, no
exonera a los arrendatarios de su pago a partir del 30 de junio de 2020. La
temporalidad de esta medida de intervención hace que dicha medida sea
proporcional y aplicable sólo en los casos en que el reajuste deba aplicarse de
acuerdo con las reglas contractuales pactadas o las normas supletivas vigentes.
119.       En lo
que tiene que ver con los artículos 3, 4 y 5, las disposiciones establecen
reglas que se aplicarían en caso de que no se llegue a un acuerdo entre las
partes sobre el pago de los cánones de arrendamiento causados entre el 15 de
abril y el 30 de junio de 2020, o la prórroga de los contratos cuyo vencimiento
ocurra entre el 17 de marzo y el 15 de abril de este año, así como sobre la
suspensión del inicio de los mismos si ocurre dentro del plazo antes citado,
hasta el 30 de junio de 2020. Así mismo regulan algunas limitaciones
relacionadas con las estipulaciones que se pueden pactar, en particular en el
artículo 3.
120.       En la
medida en que estas disposiciones supletivas son aplicables ante la ausencia de
acuerdo de las partes, es necesario hacer algunas precisiones sobre el alcance
de la autonomía privada descrito atrás (núm. 53 a 58) y que están
relacionadas con el abuso del derecho y el principio de buena fe. En efecto,
algunos de los intervinientes en este proceso señalaron que el Decreto contiene
regulaciones que generan un incentivo en favor de los arrendadores para no
llegar a acuerdos ante la previsión legislativa que les asegura el pago de la
totalidad de los cánones, la prórroga del contrato o la modificación del plazo
de inicio en las condiciones descritas por la norma.
121.       La
Corte ha recordado en múltiples oportunidades, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 95.1 de la Constitución, que una persona comete abuso del
derecho cuando:
“(i)
obtuvo el derecho de forma legítima, pero lo utiliza para fines contrarios al
ordenamiento jurídico; (ii) se aprovecha de la interpretación de las normas o
las reglas, con el fin de obtener resultados no previstos por el ordenamiento
jurídico; (iii) hace un uso inadecuado e irrazonable del derecho, contrario a
su contenido esencial y a sus fines; y (iv) invoca las normas de una forma
excesiva y desproporcionada desvirtuando el objetivo jurídico que persiguen”
[61].
122.       En
este punto, la Corte recuerda que, en desarrollo de la autonomía privada, los
contratos no solamente deben celebrarse sino ejecutarse de buena fe (Artículos
1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio). De este modo, el contrato
de arrendamiento impone una carga mínima de comportamiento que en armonía con
los deberes contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 95 de la
Constitución, de respetar los derechos ajenos, no abusar de los derechos
propios y obrar conforme al principio de solidaridad social, implica que las
partes deben asumir una conducta que más allá de la literalidad de las
cláusulas y de los acuerdos, permita que estas encuentren en la ejecución
del contrato la satisfacción de la causa que lo motivó, además de la finalidad
propia del contrato.
123.       Así
mismo, el principio de buena fe contractual, aunque tiene distintos desarrollos
en la legislación civil y comercial, confluye en que las partes se obligan no
solo a lo que está expresamente previsto en el contrato o la ley, sino a todo
aquello que se desprenda de la naturaleza y de las obligaciones del contrato
celebrado, a tal punto que uno de los principios rectores de la interpretación
contractual es que conocida claramente la intención de las partes, debe estarse
más a ella que a lo literal de las palabras utilizadas en el texto del contrato
(Artículo 1618 Código Civil). Esto es así, porque difícilmente la ley o las
partes en sus contratos pueden prever la totalidad de situaciones que pueden
alterar la ejecución de sus obligaciones, a tal punto que el propio artículo
1621 establece que “[l]as cláusulas de uso común se presumen aunque no se
expresen”.
124.       Adicionalmente,
el ejercicio de la autonomía privada y el principio de buena fe implican un
deber de corrección, de lealtad entre las partes, en virtud de la cual se debe
preservar la equidad contractual y buscar la justicia particular de cada
contrato, según la naturaleza de cada relación. Esta buena fe objetiva, diferente
a la convicción propia que pueden tener las partes de actuar correctamente,
implica que las partes deben velar por preservar el equilibrio de los derechos
y obligaciones de la relación jurídica a través de comportamientos concretos
que así la evidencien.
125.       En
este orden de ideas, el deber que plantea el artículo 3 de llegar a un acuerdo
no es más que la consecuencia lógica de la aplicación del principio de buena fe
en la medida en que son las partes del contrato las que conocen los efectos que
las actuales circunstancias, como consecuencia de la pandemia producida por el
Covid-19, pueden generar en su relación jurídica. De allí que, en caso de no
llegarse a un acuerdo tal y como lo plantea el artículo 3, el legislador ofrece
una regla supletiva que tiene como supuesto la continuidad de la relación
contractual.
126.       Con
base en las anteriores consideraciones, la Corte encuentra que la medida
contenida en el artículo 3 supera el juicio de proporcionalidad, según la cual
cuando no pueda llegarse a un acuerdo entre las partes sobre las condiciones
especiales de pago de los cánones correspondientes al período entre el 15 de
abril y el 30 de junio de 2020, el contrato debe seguirse ejecutando excepto en
cuanto al pago de los cánones incumplidos, los cuales deberán satisfacerse
después de esta fecha.
127.       Las
demás medidas contenidas en el artículo 3 no plantean problemas en relación con
el juicio de proporcionalidad, en tanto resultan razonables para evitar la
extensión de los efectos económicos, teniendo en cuenta la gravedad de las
circunstancias que llevaron a la declaratoria del estado de excepción.
128.       En
relación con los artículos 4 y 5, la decisión de prorrogar o establecer una
nueva fecha de inicio a los contratos que terminaran o comenzaran entre el 17
de marzo y el 15 de abril, resulta proporcional en cuanto su aplicación opera
en los casos en que las partes no logren llegar a acuerdos distintos en
desarrollo de su autonomía privada. En este punto son aplicables las mismas
consideraciones sobre el deber de obrar de buena fe que se expresaron
anteriormente en relación con el artículo 3.
129.       Así,
y a modo de ejemplo, la prórroga temporal de los contratos resulta idónea para
evitar que, ante su vencimiento, muchos arrendatarios de vivienda urbana tengan
que buscar un nuevo bien para vivienda en medio de las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio propuestas por distintos mandatarios locales y, por
supuesto, resulta injustificada en los eventos en que la entrega física de los
inmuebles por parte del arrendador o del arrendatario, según el caso, pueda
hacerse sin contratiempos relacionados con los hechos que sirvieron de
fundamento para declarar la emergencia en todo el territorio nacional.
130.       En lo
que tiene que ver con las restantes disposiciones y hecha la salvedad respecto
del juicio de motivación suficiente relacionadas con los contratos de
arrendamiento celebrados por el administrador del FRISCO contenido en el
parágrafo del artículo 6, las medidas resultan proporcionales no solo ante la
gravedad de los hechos que dieron origen a la declaratoria de emergencia, sino
en relación con la problemática que motiva su expedición.
g.       Juicio
de ausencia de arbitrariedad
131.       Aparte
de las objeciones formuladas al artículo 6 en relación con los contratos de
arrendamiento celebrados por el administrador del FRISCO, la Corte encuentra
que ninguna de las medidas que hacen parte del Decreto Legislativo revisado
compromete la garantía y el ejercicio de derechos fundamentales, ni pone en riesgo
la vigencia del Estado de Derecho, razón por la que todas ellas superan el
juicio de ausencia de arbitrariedad. En concordancia con lo dicho al evaluar la
proporcionalidad de las medidas, es claro que el Decreto Legislativo busca
mitigar el impacto económico que ocasionaría la aplicación del régimen
ordinario en relación con los contratos de arrendamiento, así como sobre los
propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
132.       Las
medidas tampoco interrumpen el normal funcionamiento de las ramas del poder
público. Así, la rama judicial puede adoptar las decisiones de restitución de
tenencia que correspondan, aunque su ejecución pueda verse condicionada a la
vigencia del estado de emergencia o, eventualmente, a nuevas restricciones de
orden público para garantizar el distanciamiento social o el aislamiento
preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional o los gobiernos
territoriales en desarrollo de sus competencias constitucionales y legales. De
este modo, en lo que corresponde al artículo 1 del Decreto Legislativo 579 de
2020, esta disposición lo que suspende es el cumplimiento o la ejecución
material de las órdenes de desalojo que tengan por finalidad la restitución de
inmuebles ocupados por arrendatarios, en razón de un interés superior, ante una
situación absolutamente excepcional, especialísima y por un breve período en el
que la ejecución de una orden judicial de este tipo podría poner en peligro el
derecho a la vida de los distintos servidores públicos encargados de ejecutarla,
así como los de las personas afectadas con la misma.
h.      Juicio
de no contradicción específica
133.       Ninguna
de las medidas contenidas en el Decreto Legislativo 579 de 2020 contraría de
manera específica la Constitución, los tratados internacionales ratificados por
Colombia, tampoco desconocen el marco de referencia de la actuación del
Ejecutivo en el estado de emergencia ni el grupo de medidas previstas en los
artículos 47 y 49 ni desmejoran los derechos sociales de los trabajadores.
i.
Juicio
de no discriminación
134.       Las
medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 579 de 2020 no entrañan
discriminación alguna. En efecto, teniendo en cuenta el objeto y ámbito de
aplicación señalado en la disposición, se observa que las medidas adoptadas
respecto de los contratos de arrendamiento se aplican a todos los arrendadores
y arrendatarios por igual.
135.       En
este sentido, las disposiciones realizan el derecho a la igualdad desde un
enfoque que privilegia el punto de partida, más que el punto de
llegada[62],
de una manera que resulta razonable no solo ante la posibilidad que tienen las
partes de ajustar las cláusulas contractuales mediante el mutuo consentimiento,
sino debido a la gran variedad de relaciones jurídicas que pueden darse en
desarrollo de las estipulaciones contractuales y de las circunstancias
particulares de cada una de las partes.
136.       Además,
es claro que una interpretación conforme a la Carta de las medidas adoptadas
implica, en desarrollo del principio de autonomía privada y de la prohibición
constitucional de abuso del derecho, la carga correspondiente de actuar de
buena fe.
137.       Sin
perjuicio de la anterior, y tal como se ha expuesto en los juicios de
motivación suficiente, finalidad y conexidad material externa, la medida de
suspensión de los desalojos contenida en el artículo 1 debe beneficiar a todo
tipo de arrendatarios y no solamente a aquellos a los que se refiere la
disposición analizada. La diferenciación establecida por la norma incorpora una
diferencia de trato no justificada que debe ser modulada por la Corte.
j.
Juicio
de intangibilidad
138.       Las
medidas contenidas en el Decreto Legislativo 579 de 2020 que se estudia no
tienen como efecto restringir los derechos que la jurisprudencia
constitucional, califica como “intangibles” a partir de la
interpretación que ha hecho del derecho internacional de los derechos humanos y
es por ello que, conforme con lo hasta aquí expuesto, supera el juicio de
intangibilidad.
k.      Vigencia
del Decreto Legislativo 579 de 2020
139.       El
artículo 10 se refiere a la fecha de entrada en vigencia del Decreto y no
infringe ninguno de los juicios aquí mencionados.
Síntesis de la
providencia
140.       Adelantada
la revisión constitucional del Decreto Legislativo 579 de 2020, la Corte
encuentra que las medidas adoptadas satisfacen los requisitos formales exigidos
por la Constitución, la LEEE y la jurisprudencia de este Tribunal.
141.       En
efecto, en relación con los requisitos formales, constata que fue expedido (i)
por el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros; (ii) en
desarrollo del Estado de Emergencia declarado en todo el territorio nacional
mediante Decreto Legislativo 417 de 2020; y (iii) durante el período de su
declaratoria. Adicionalmente, (iv) consta de una amplia motivación, nutrida por
la exposición de las circunstancias que condujeron a su expedición, los motivos
en los que encuentran asidero las medidas adoptadas, la importancia que se les
atribuye en el contexto del estado de excepción, los objetivos que tales
medidas pretenden alcanzar, su carácter necesario y su relación con la
situación que determinó la declaración del Estado de Emergencia.
142.       Así
mismo, el Decreto Legislativo 579 de 2020 cumple los requisitos materiales de
finalidad, conexidad material, motivación suficiente, ausencia de
arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica, incompatibilidad,
necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
143.       Con
todo, en relación con el artículo 1, cuyo alcance se debe establecer en
concordancia con el artículo 6, la Corte encuentra que la aplicación extensiva
de las medidas de suspensión de desalojos de los contratos de arrendamiento
celebrados sobre inmuebles de destinación comercial en los que el arrendatario
sea una persona natural, micro, pequeña o mediana empresa, es constitucional,
excepto en cuanto excluye a las grandes empresas de la medida de suspensión de
la ejecución de las órdenes de desalojo.
144.       Esto
es así, por cuanto las finalidades de tal medida, relacionadas con la salud
pública (en el marco de la emergencia sanitaria), resultan igualmente
predicables de toda clase de arrendatarios. Tal exclusión no cumple los
requisitos de finalidad, conexidad, de motivación y, adicionalmente, es
discriminatoria. En consecuencia, el artículo 1 se declarará exequible en el
entendido de que la suspensión de la ejecución de cualquier acción de desalojo a
que se refiere el artículo 1 es aplicable a toda clase de arrendatarios.
145.       Adicionalmente,
en cuanto al parágrafo del artículo 6, este tribunal ha concluido que la
exclusión de “los contratos de arrendamiento suscritos por el administrador
del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen
Organizado - FRISCO,” tampoco cumple los requisitos de finalidad, conexidad
ni de motivación suficiente, razón por la que declarará inexequible dicha
expresión.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE
el Decreto 579 de 2020, con excepción del artículo 6 que se declara EXEQUIBLE
(i) en el entendido de que la suspensión de la ejecución de cualquier acción de
desalojo a que se refiere el artículo 1 es aplicable a toda clase de
arrendatarios, y (ii) la expresión “, los contratos de arrendamiento
suscritos por el administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO,” contenida en el
parágrafo, que se declara INEXEQUIBLE.
Comuníquese,
notifíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Presidente
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
Salvamento
parcial de voto
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Salvamento
parcial de voto
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Salvamento
parcial de voto
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
Salvamento
parcial de voto
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO I
Intervenciones
en tiempo dentro del trámite del Expediente RE-302
Interviniente
Sentido
de la intervención
Razones
Javier Andrés Alfonso Martínez
Inexequibilidad de los
artículos 4 y 6 numeral 1, así como de la palabra “comercial” del
Título I y de la expresión “deberán” contenida en el inciso 1 del
artículo 3
Considera que,
la expresión “deberán” contenida en el inciso 1 del artículo 3°
aseveró que presenta una palmaria contradicción en tanto obliga a un acuerdo
cuando, apenas un párrafo después, prevé la posibilidad del desacuerdo en el
arreglo entre los contratantes.
Los
arrendamientos de vivienda no son equiparables a los de inmuebles
comerciales, pues en estos últimos se aplica de manera especial la teoría de
la imprevisión y el riesgo, que permiten la revisión de buena fe del contrato
(art. 868 del CCo.) para el restablecimiento judicial de la ecuación
contractual en condiciones de equidad; prerrogativa de la que, en su parecer,
se despojó a los arrendatarios comerciales a través de las disposiciones
acusadas del decreto en cuestión, mismas que privilegiaron la situación del
arrendador, incluso al prorrogar la vigencia de los contratos próximos a
vencerse (art. 4).
Destacó que
para la expedición de dicha preceptiva no se consultó previamente al gremio
de los comerciantes, “representado por FENALCO”, en contravía de lo
estipulado por el artículo 78 Superior.
Héctor Ovidio
Chávez Martínez
Condicionamiento artículo 3
Expresó que el
artículo 3° del Decreto 579 de 2020 “debe aclararse, en el sentido que: es
obligatorio llegar a un acuerdo directo, y que, las consecuencias nocivas
para quien se niegue a asistir o aprobar el acuerdo directo, [sic] deberá
asumir las cargas que establecer [sic] el artículo 3 en los incisos segundo,
tercero, cuarto y el parágrafo”.
Dany Melisa Díaz Zambrano
Cuestionamientos
sobre el artículo 3 desde el derecho a la igualdad en favor de los
arrendadores
Sin referirse
concretamente a la constitucionalidad o no de la norma examinada, señala que
su artículo tercero prohíja una situación desigual frente a los arriendos de
tipo comercial. Primero, porque “desde el 19 de marzo de 2020 se inició el
simulacro preventivo obligatorio” y en el Decreto 457 del 22 de marzo de
2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país desde el
día 25 de marzo de 2020, por lo que existe un período no cubierto desde
entonces y hasta la vigencia del Decreto 579 de 2020 (15 de abril). Segundo,
porque se sitúa al arrendador en una posición dominante, en tanto se obliga
al arrendatario a pagar los cánones con un interés moratorio del 50% del
bancario corriente, aun cuando no haya estado en posición de explotar
económicamente el bien.
Lucy Ortiz
Cuestiona
la idoneidad de la medida de aplazamiento de pagos en los arrendamientos por
violación a la autonomía privada
Sin
identificar las disposiciones concretas objeto de reparo, alegó que, el
“decreto de emergencia, que postergó plazos en arriendos”, es violatorio de
la voluntad personal, “pues bien pudo idear préstamos sin intereses para
aliviar a inquilinos, antes que darles gracia de 2 meses después de levantada
la cuarentena, porque para entonces, serán más meses en mora, que perjudican
a ambas partes que ahora están en conflictos graves.
Roy Leonardo
Barreras Montealegre
Inexequibilidad de los
artículos 1 a 3 por no superar los juicios de necesidad y proporcionalidad
desde la perspectiva de los arrendadores
Exequibilidad de los
artículos 4 y 5
Exequibilidad parcial del
artículo 6
Solicitó la
inexequibilidad de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 579 de 2020, por
encontrarlos ajenos a los requisitos de necesidad y proporcionalidad propios
del Estado de Emergencia. Su intervención se orientó a la defensa de los
arrendadores, para lo cual sostuvo que está conformado por un segmento
significativo de la población, en condiciones de vulnerabilidad, ubicados
preponderantemente en los estratos 2 a 4 y que suelen derivar su sustento de
los cánones respectivos, para lo cual invocó, entre otros, estudios de
Fedelonjas y del Banco Interamericano de Desarrollo; aspectos que considera
no fueron consultados en el aludido decreto, además de que se ignoró por
completo la idea de una estrategia articulada entre los niveles nacional y
territorial de la administración para enfrentar la situación.
Concretamente,
expresó que el artículo 1° suspende los desalojos sin recabar en la causa de
los mismos –mora en los cánones, incumplimiento en el pago de servicios
públicos, sub arriendo, uso para habitación del propio arrendador–, o en si
esta se produjo antes o durante la crisis del COVID-19, con lo cual se podría
generar un abuso del derecho por parte de los arrendatarios. Aunque, por otro
lado, también señaló que no se está protegiendo a estos últimos de “otro tipo
de procesos judiciales que pueden dar lugar a acciones similares, como los
procesos ejecutivos con medidas de embargo, secuestro y posterior remate de
inmuebles, o los casos de mora en los créditos hipotecarios o en los
contratos de leasing”.
En relación
con el artículo 2°, puso de relieve que la suspensión del incremento anual
constituye una intromisión innecesaria del Estado, que no consulta la
realidad de los arrendatarios que sí tienen capacidad de pago en medio de la
emergencia nacional, o la posibilidad de que las partes puedan convenir, con
efecto inmediato, reajustes inferiores a los previstos oficialmente.
Respecto del
artículo 3° indicó que, en la práctica, se condena al arrendador a percibir
el pago de un interés mensual por debajo del 1% ante los eventuales
incumplimientos del arrendatario.
Observó que
con el artículo 3º el arrendador queda desprotegido, en tanto se le priva de
su mejor herramienta coercitiva que es el desalojo y, por el contrario, a los
arrendatarios se los libera de moratorias y penalidades sin importar las
causas. Añadió que “la sola eliminación de los intereses de mora, que
corresponde al 2,1% efectivo mensual, era suficiente para proteger en forma
excepcional a los arrendatarios, pero la disminución además del interés
corriente que si se podrá cobrar en otro tipo de contratos, es una medida
desproporcional en desmedro de los derechos de los arrendadores”.
Precisó que
los remedios consignados en los artículos 4° y 5°, sobre prórrogas e inicio
de contratos de arriendo, no presentan mayores gravámenes para las partes por
admitir acuerdos entre ellas.
Del artículo
6° advirtió, de un lado, que equipara los arriendos de vivienda y comerciales
a pesar de no ser equiparables por sus diferencias intrínsecas, que obligaban
a regulaciones diferentes para la emergencia; y del otro, que establece una
discriminación injustificada al dejar por fuera a los contratos de leasing,
cuya terminación produce los mismos efectos de los que se quiere proteger a
quien se vincula por un arrendamiento de vivienda urbana.
Adujo que, por
motivos de razonabilidad y proporcionalidad, dada la alta carga para los
arrendadores –privados de su fuente de ingresos– y baja satisfacción de los
derechos de los arrendatarios –permitir una negociación no constituye un gran
alivio–, las medidas acusadas podrían haber sido reemplazadas por otras menos
lesivas, como serían los subsidios del Estado a personas vulnerables en
riesgo de desalojo; o la creación de un seguro que respalde el incumplimiento
en el pago de los cánones.
Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
Exequibilidad condicionada
del vocablo “deberán”, contenida en el inciso 1 del art. 3°
Inexequibilidad parcial
inciso 2 del artículo 3:
“de
la expresión “el arrendatario pagará la totalidad de las mensualidades
correspondientes al periodo mencionado en el inciso anterior”
Pidió declarar
la exequibilidad condicionada del vocablo “deberán”, contenida en el
inciso 1 del art. 3° del decreto examinado. Para ello, alega que no se puede
obligar a las partes a llegar a un acuerdo, pues ello atenta, entre otros
principios, contra la autonomía de la voluntad en la relación contractual, de
ahí que, a su modo de ver, lo correcto sería leerla en el sentido de que el arrendador
y el arrendatario “podrán” convenir las estipulaciones especiales de
que trata el reputado decreto.
Por otro lado,
manifestó que se debe declarar la inexequibilidad de la expresión “el
arrendatario pagará la totalidad de las mensualidades correspondientes al
periodo mencionado en el inciso anterior”, dado que ello impide que el
arrendatario excuse el incumplimiento del pago de los cánones de
arrendamiento bajo razones de equidad, buena fe, riesgo e imprevisión,
propias de la normatividad civil y comercial.
Stephanie Rendón Zapata y otros[63]
Inexequibilidad de los
artículos 3 y 6 por arbitrario, discriminatorio y vulnerar el acceso a la
administración de justicia
En su
criterio, los artículos 3 y 6 del decreto en estudio merecen ser declarados
inexequibles, dado que obligan a pagar arriendo e intereses por los mismos
locales comerciales que el Gobierno nacional ordenó cerrar por vía de otros
decretos legislativos, lo cual se asoma inequitativo, injusto,
discriminatorio y denegatorio del acceso a la administración de justicia.
Encuentran inadmisible que la misma fuerza mayor no pueda privar al
arrendador del canon, pero sí imposibilitar al arrendatario el disfrute del
bien.
Universidad Externado de Colombia
Exequibilidad condicionada
de los artículos 1 a 6 por vigencia insuficiente
Inexequibilidad del parágrafo
artículo 6 al ser innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias en
contra de los locatarios.
Exequibilidad condicionada
del artículo 6 bajo el entendido de que su aplicación opera en relación con
los contratos de arrendamiento regidos por el Código Civil, y el Código de
Comercio celebrados sobre inmuebles de destinación comercial;
Exequibilidad condicionada
del artículo 3 de la expresión “a falta de acuerdo entre las partes”, para
que no sea aplicado cuando el arrendador sea una persona natural o una micro,
pequeña o mediana empresa de aquellas mencionadas en el numeral 1° del mismo
artículo 6
Fueron
allegados dos escritos diferentes. Uno proveniente del Departamento de
Derecho Civil, Derecho Financiero y Bursátil, y Derecho Constitucional, en
nombre del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita[64];
el otro, del Departamento de Derecho Constitucional y del Instituto de
Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita[65].
Manifestaron
que los seis primeros artículos, en general, satisfacen el requisito de
necesidad, en tanto se encaminan a proteger el derecho a la vivienda digna,
la libertad de empresa, y con ella el trabajo, la libertad de profesión y
oficio y el mínimo vital, así como “los derechos asociados con los bienes y
servicios que se proveen, pero frente a las unidades productivas o
comercializadoras que se encuentran en condiciones más vulnerables frente a
los efectos de la pandemia y el aislamiento obligatorio y sus consecuencias a
corto plazo”. Aunque consideran que debe declarase su constitucionalidad
condicionada a que las garantías allí establecidas se extiendan por un plazo
razonable, más allá del inicialmente previsto en esa preceptiva.
Desde su
perspectiva, no existe una justificación razonable para tomar el 30 de junio
de 2020 como límite temporal de las medidas de protección contempladas en el
decreto que se analiza; máxime cuando todo apunta a que el aislamiento social
superará esa fecha y, por ende, la afectación económica y social de los colombianos
será mayor de lo previsto.
Adicionalmente,
respecto del aparte contenido en el artículo 6° “que extiende los efectos de
las medidas de los artículos 1º a 5º a los contratos de arrendamiento [tout
court] en los cuales el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo de
lucro inscrita en el registro del Ministerio del Interior (artículo 6º, num
2º)”, pidieron que se declarara la exequibilidad condicionada, de un lado,
bajo el entendido de que su aplicación opera en relación con los contratos de
arrendamiento regidos por el Código Civil, y el Código de Comercio celebrados
sobre inmuebles de destinación comercial; y del otro, que, a falta de acuerdo
entre las partes, no podrá ser aplicado cuando el arrendador sea una persona
natural o una micro, pequeña o mediana empresa de aquellas mencionadas en el
numeral 1° del mismo artículo 6°.
Esto,
comoquiera que la medida no guarda relación con algún derecho a la vivienda
digna predicable de las entidades sin ánimo de lucro; antes, por el
contrario, alude de manera indeterminada a “contratos de arriendo”, que
podrían recaer sobre cualquier tipo de bien, sin considerar que en el otro
extremo de la relación contractual se pueda encontrar una persona natural o
jurídica “en situación de riesgo con motivo de la pandemia”, con lo cual se
desconocen los presupuestos de necesidad, proporcionalidad y motivación
suficiente que requería la expedición de la norma en comento.
Por otro lado,
se refirieron al parágrafo del artículo 6° en cuanto excluye la aplicación de
los artículos 1° al 5° a “los contratos de leasing habitacional” y a “los
contratos de arrendamiento financiero – leasing”, medidas que igualmente
considera innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias, en tanto
procuran el bienestar de las entidades financieras por sobre el de los
locatarios.
Sostuvieron
que la primera de estas dos exclusiones debe declararse inexequible porque
desconoce el alcance que tiene la figura como solución de vivienda digna para
los colombianos conforme a la jurisprudencia de esta Corporación (C-963 de
2003), así como los términos de asequibilidad, seguridad jurídica de la
tenencia y gastos soportables[66],
que hacen que el leasing habitacional cumpla la misma finalidad, para efectos
de lo pretendido por el decreto en estudio, que el contrato de arrendamiento
de vivienda.
Finalmente,
frente a la exclusión de “los contratos de arrendamiento financiero –
leasing” recabaron en que estos pueden serle rentables y de manera especial a
las personas naturales y para las pequeñas, micro y medianas empresas, por lo
que solicitaron se declare “la constitucionalidad de esta previsión de manera
condicionada, en el entendido que las medidas de excepción previstas en los
artículos 1º al 5º del Decreto 579 de 2020 se aplicarán a los contratos de
leasing financiero que tengan como parte contractual a una persona natural o
una micro, pequeña o mediana empresa, según la clasificación prevista en el
artículo 2.2.1.13.2.2 de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo”.
Universidad Libre de Colombia[67]
Inequexible la palabra
“orden” del artículo 1 o en su defecto Exequibilidad
condicionada de tal manera que no se entienda una violación al
acceso a la justicia.
Exequibilidad condicionada
del artículo 3 bajo el entendido de que quien desconozca el principio de
buena fe en la negociación pague los perjuicios causados a la otra parte.
Inexequibilidad del numeral 2
del artículo 3 por falta de motivación suficiente y ausencia de
proporcionalidad.
Inexequibilidad
del parágrafo del artículo 6 por trato diferenciado no justificado.
Según su
intervención, el Decreto 579 de 2020 provoca una tensión entre los derechos
adquiridos con arreglo a estipulaciones contractuales y los bienes jurídicos
que –considera– pretende proteger la nueva norma (vivienda y vida digna). Y
aunque algunos arrendadores ven afectado su poder dispositivo, su menoscabo
sería mayor de no ser por las medidas especiales que allí se consagran, por
lo que, en términos generales, son razonables y proporcionales bajo un juicio
de ponderación constitucional.
Con todo,
entienden que la palabra “orden” contenida en el artículo 1° ejusdem debe ser
declarada inexequible, o en su defecto exequible de manera condicionada, por
limitar excesivamente el acceso a la administración de justicia, toda vez que
los fines perseguidos por la norma se satisfacen con la sola suspensión de la
ejecución del desalojo con propósitos de restitución del inmueble arrendado;
de ahí que no resulte dable “la limitación que se impone a las autoridades
administrativas y judiciales para detener los procesos en curso y abstenerse
de emitir fallo”, so pena, además, de propiciar congestión judicial y
administrativa.
De otra
suerte, explicaron que el artículo 3° sub examine, que contempla la
celebración de acuerdos entre arrendador y arrendatario en medio de la crisis
por el COVID-19 está imbuido de los principios de buena fe y solidaridad. Sin
embargo, su inciso 2° desestimula su aplicación al imponer una fórmula
especifica de pago ante la falta de arreglo directo entre las partes, cuyo
leal intento debe ser una obligación. Es por ello que se precisa de su
constitucionalidad condicionada a que “si el arreglo directo no se logra por
conductas contrarias a la buena fe de una de las partes, dicha parte deberá
pagar los perjuicios que esa conducta genere a su contraparte”.
A su turno,
manifestaron que se debe declarar la inexequibilidad del numeral 2 del
artículo 3°, por cuanto no existe claridad sobre el motivo por el cual se
fija el pago de una tasa del 50% del interés bancario corriente por el no
pago oportuno de los cánones de arriendo entre la vigencia del decreto y el
30 de junio de 2020. Desde su perspectiva, ello se torna injusto e
inequitativo cuando la mora no resulta imputable al arrendatario, sino a la
pandemia. Lo más proporcional hubiera sido acudir a la figura del “interés
legal”, propio de las normas civiles o, inclusive, a la “corrección
monetaria” o indexación.
Para terminar,
añadieron que la expresión “los contratos de leasing habitacional” contenida
en el parágrafo del artículo 6 del decreto examinado deja sin protección a
las personas que acuden a este tipo de garantía de vivienda digna –igual que
a los titulares de créditos de vivienda–, lo que se agrava porque las pocas
medidas del Gobierno nacional (Decreto 493 de 2020[68] y
Circular Externa 007 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia)
dejan a la potestad de las entidades financieras el otorgamiento de períodos
de gracia y alivios, razón por la cual solicitaron a la Corte que exhorte al
Congreso de la República con miras a que estudie y legisle al respecto.
Diana
Alejandra Gómez Páez y otros[69]
Exequibilidad condicionada de
todo el Decreto, en particular del artículo 3 extendiendo la vigencia de las
medidas hasta tanto se logren las finalidades de la norma.
Exhortar al Congreso
de la República expedir normativas para solventar los efectos económicos en
la economía de la crisis actual
Pidieron la
exequibilidad condicionada de todo el Decreto, pero en especial del artículo
3°, “en el entendido que la vigencia temporal de todos sus efectos se
mantendrán después del mes de junio y hasta finalizar el presente año, y solo
hasta que las instituciones competentes demuestren que la política adoptada y
propuesta por el Decreto 579 del 15 de abril del 2020, tuvo un impacto
positivo en materia económica y coadyuvo [sic] con el equilibrio comercial y
laboral del país”, como medida necesaria para el equilibrio entre los
contratantes y las personas que dependen de esa relación jurídica, dada la
pérdida de las fuentes de ingresos que se vislumbra y el fin social de la
propiedad privada.
Igualmente,
requirieron que “se exhorte a la Presidencia y al Congreso de la República a
proferir la normativa pertinente a efectos de mantener una estructura sólida
de acuerdos de pago, conciliaciones y alivios económicos para arrendatarios y
arrendadores que permita solventar a mediano plazo los efectos que generó en
la economía la crisis actual que dio lugar a la declaratoria del Estado de
emergencia”.
Alejandro
Pinzón Hernández
Exequibilidad condicionada
del artículo 3 siempre que el beneficio de la tasa de interés prevista en la
norma se extienda hasta el 31 de diciembre de 2020
Aunque no
señaló de forma expresa el tratamiento que debería dársele a la normativa
examinada, la Corte entiende que aboga por la constitucionalidad condicionada
de las estipulaciones especiales consagradas en su artículo 3°, bajo el
entendido de que el no pago de penalidades, intereses moratorios,
indemnización de perjuicios como el cobro de intereses corrientes sobre la
tasa del 50% se extienda hasta el 31 de diciembre de 2020 con el fin de
favorecer a los arrendatarios que a hoy padecen los efectos económicos por la
limitación a la libre movilización como a la libertad de ejercer su profesión
u oficio”, lo cual debe hacerse cumplir por vía de “exhorto” al Congreso de
la República, o directamente por decisión de este Tribunal Constitucional.
Carolina Ariza
Zapata y otros[70]
Inexequibilidad del numeral 1
del artículo 6 por ser innecesaria,  desproporcionada y desconocer los
derechos a la igualdad y acceso a la justicia
Solicitaron la
inexequibilidad de la disposición contenida en el numeral 1º del artículo 6°
del Decreto 579 de 2020 que hace extensivas las estipulaciones especiales del
artículo 3° ejusdem a los contratos de arrendamiento regidos por las normas
de Código Civil y el Código de Comercio.
A su juicio,
dicha disposición, de un lado, es innecesaria y desproporcionada, y del otro,
vulnera los derechos a la igualdad, acceso a la justicia y tutela efectiva de
los arrendatarios cobijados por tales codificaciones.
Lo anterior,
por cuanto se impide a la persona natural, micro, pequeña o mediana empresa
la posibilidad de defender sus intereses o de excusar sus incumplimientos en
la vía judicial bajo los instrumentos dispuestos en materia civil y comercial
fundados en las teorías de buena fe contractual, riesgo e imprevisión, pues
el Gobierno nacional impuso la solución por la vía del cuestionado decreto
legislativo, en injustificado favor de los arrendadores.
Estiman que la
situación de los arrendatarios de viviendas urbanas, que conservaran su
habitación, como bien se ha detectado en países como España o Francia, no es
equiparable con la de los comerciantes que, a causa de la pandemia, no podrán
explotar a plenitud los bienes arrendados, debido al cierre total o parcial
de sus negocios, o la disminución de ingresos por los daños a la economía,
que se agravará a causa del descrito desequilibrio contractual.
Por último,
señalan que existe una distinción que carece de justificación respecto de las
grandes empresas, a las que no se le somete a la solución del numeral 1 del
artículo 6° del Decreto 579 de 2020, a pesar de su mejor posición para
soportar la crisis.
Jhonier
Vallejo López y otro[71]
Inexequibilidad de los
artículos 3 y 6 por desconocer el establecer un trato discriminatorio en
contra de los arrendatarios
Se
pronunciaron en términos similares a las intervenciones resumidas en
precedencia, respecto de la obstrucción del uso de figuras de las normas
civiles y comerciales atinentes a la teoría del riesgo e imprevisión en
materia de arrendamiento comercial, que permitirían la revisión de los
correspondientes contratos (art. 868 CCo).
Fueron
enfáticos en señalar que los artículos 3° y 6°del decreto sub judice, cuya
inexequibilidad solicitan, discriminan al arrendatario en beneficio del
arrendador, pues obligan al primero a pagar intereses equivalentes al 50% del
bancario corriente, trasladándole injustamente el riesgo por fuerza mayor, a
pesar de que, en muchos casos, a causa de las medidas de confinamiento
ordenadas en los decretos 457 y 593 de 2020, desapareció el objeto lícito del
arrendamiento comercial, cual es la explotación del bien arrendado, lo cual
debería aparejar la posibilidad de rehusar el pago de los cánones o suspender
el negocio jurídico; y no la subsistencia de las obligaciones, como en efecto
emerge del Decreto 579 de 2020.
Mariluz Gil
Mancipe y otras[72]
Inexequibilidad de los
artículos 1 a 6, en particular los artículos 3 y 4 por violación del
principio de proporcionalidad
Son del
criterio de que se debe declarar la inexequibilidad de las normas agrupadas
bajo el Título I del decreto sub judice, especialmente los artículos 3 y 4,
en tanto, como lo han señalado otros intervinientes, impide de manera
especial a los arrendatarios acudir a la jurisdicción a alegar la fuerza
mayor, el caso fortuito o cualquier circunstancia externa a su voluntad,
asociada el COVID-19 que se pueda tener como sustento de la revisión (v. gr.
art. 868 CCo) del contrato de arrendamiento en cuanto a su continuidad y al
valor del canon, pues en la norma de emergencia se definió la suerte de la
relación contractual en favor del arrendador, a quien, bajo cualquier
circunstancia se le debe pagar el precio pactado más un interés.
Tales
circunstancias, además de transgredir el principio de proporcionalidad que
debe acompasar el ejercicio de las facultades legislativas extraordinarias
del Presidente de la República por razón del Estado de Emergencia, ignoran
por completo la diferencia que existe entre el contrato de arriendo de inmuebles
con fines de vivienda y el de aquellos con destinación comercial, así como
sus respectivos regímenes jurídicos, y las disímiles implicaciones del
confinamiento en uno y otro caso.
Valentina del
Carmen García Niño
Pide
tener en cuenta a los arrendadores que dependen económicamente del pago de
los cánones de arrendamiento
Asegura que el
decreto, en términos generales, supone un alivio para muchos sectores
vulnerables del país, bajo un enfoque de protección a la vivienda digna,
pero, más allá de lo normado en el inciso 2 de su artículo 3° deja por fuera
a los muchos arrendadores y familias que dependen económicamente del pago de
los correspondientes cánones. Incluso, de llegarse a un acuerdo en medio de
la crisis, no cuentan con ninguna herramienta, del talante del desalojo, ante
un eventual incumplimiento de lo pactado en estas circunstancias, lo cual
revela un vacío en la normativa bajo examen “que debe analizarse para así
establecer o mejorar las medidas adoptadas por este Decreto y así mismo
satisfacer el fin que inicialmente se pretendía, teniendo en cuenta el
principio de proporcionalidad”.
Guillermo Forero Díaz
No
aplica
Se refirió a
la constitucionalidad del artículo 3° del Decreto 398 de 2020 –ajeno al
proceso de la referencia–, “por el cual se adiciona el Decreto número 1074
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995,
en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas
de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se
dictan otras disposiciones”.
Adicionalmente,
se recibieron cuatro intervenciones ciudadanas, las cuales fueron presentadas
de manera extemporánea[73],
entre ellas la del ciudadano RANDEL VÁSQUEZ CAMPOS quien presentó acción de
inconstitucionalidad contra varias normas de orden reglamentario, así como
contra los artículos 3 a 6 del Decreto 579 de 2020. Esta demanda de
inconstitucionalidad fue rechazada mediante Auto por la Corte Constitucional
dentro del Expediente D-13755, pero se remitió copia de la misma para que fuera
tenida en cuenta como intervención ciudadana en el trámite del Expediente
RE-302 si hubiera sido radicada oportunamente. Dado que fue la demanda se
radicó por fuera del término de fijación en lista, que corrió hasta el cinco
(5) de mayo de 2020, se tendrá como presentada de manera extemporánea.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA C-248/20
INTERVENCION DEL
LEGISLADOR EXTRAORDINARIO EN MATERIA CONTRACTUAL-Límites (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO
DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Libertad de
contratar (Salvamento parcial de voto)
Expediente:
RE-302
Revisión
constitucional del Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020, “Por el
cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y
contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”.
Magistrado
Ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Corte, si
bien comparto, en términos generales el resolutivo único de la sentencia C-248
de 2020, me permito salvar parcialmente mi voto respecto de la declaratoria de
exequibilidad del artículo 3º del Decreto Legislativo 579 de 2020, por medio del
cual se obliga a las partes de un contrato de arrendamiento a llegar a un
acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones de
arrendamiento, o a imponer las mismas en caso de que no se logre el mismo, ya que a mi juicio correspondía
declarar la inexequibilidad de dicho artículo 3°, por las razones que expongo a
continuación.
1.
A mi juicio el análisis de la
disposición que realizó la mayoría de la Sala Plena es equivocado, en la medida
en que dicha
disposición implica un ejercicio desproporcionado del poder del Gobierno
nacional de intervención en la economía, lo cual conlleva a una afectación de
los principios de autonomía de la voluntad y de buena fe que rigen las
relaciones contractuales entre las partes.
2.
Es
de señalar que la medida dispuesta en el artículo 3° no superaba los juicios de
motivación suficiente, conexidad y contradicción específica, al tratarse de una
intervención que no se encontraba justificada en el interés social o en la
promoción del bienestar colectivo, como tampoco se encontraba motivación alguna
en el Decreto Legislativo que permitiera entender esta intervención frente a
los diferentes tipos de contratos de arrendamiento, sujetos a regímenes tales
como el de vivienda urbana, locales comerciales y otros.
3.
A
todas luces es evidente que no resultaba admisible que el Estado procediera a
sustituir o suplantar la autonomía de la voluntad de las partes, sin permitir a
las partes contractuales regular sus relaciones frente a los efectos de la
pandemia, en cada caso concreto, bajo instituciones jurídicas propias del
derecho civil, comercial y administrativo, como lo son, eventos de fuerza
mayor, la teoría de la imprevisión o el equilibrio económico del contrato, o
incluso el mutuo disenso.
4.
Teniendo
en cuenta la redacción de la norma, en el sentido de tratarse de un mandato
imperativo de no terminar una relación contractual y de llegar a un acuerdo
entre las partes, se generan múltiples cuestionamientos. ¿Se impide que las
partes decidan dar o no continuidad y obligatoriedad al vínculo contractual?,
¿Si no hay acuerdo, debe ser aplicable la fórmula elegida por el Gobierno
nacional y no por las partes, la que se imponga, sin admitir pacto en contrario?
5.
Con
fundamento en estas dudas principales, debo enfatizar que salvo el caso de
vivienda urbana, las partes en la relación contractual son las más idóneas para
acordar una terminación del contrato o restablecer el equilibrio contractual en
situaciones anormales y así lograr hacer que se respete la fuerza obligatoria
de sus acuerdos. Lo anterior, por cuanto, son las partes quienes conocen mejor
que el juez o el Gobierno nacional sus intereses particulares, los riesgos
propios de la relación jurídica y sus aspectos fácticos y económicos.
6.
Por
lo demás, en mi opinión la mayoría de la Sala Plena entendió que esta norma
tiene por objeto proteger a la parte más débil en los contratos de
arrendamiento, a saber, el arrendatario. Dicha afirmación, considero no permite
establecer una diferencia entre regímenes contractuales aplicables a los
contratos de arrendamiento, como tampoco diferenciar y balancear el impacto que
estas medidas traen también para el arrendador.
7.
Es
así como, contrario a lo señalado por la mayoría, el artículo 3° pareciera
descargar el riesgo de la pandemia en el arrendatario, en la medida que, le
será exigible el pago de la totalidad de los cánones de arrendamiento con
posterioridad al 30 de junio de 2020; o en el arrendador, al desconocer su
situación frente a la imposibilidad de pago del arrendatario que quiere
devolver el inmueble.
8.
En
mi opinión no cabe duda alguna, y es posible afirmar que las dos partes del
contrato de arrendamiento podrían verse afectadas por la crisis, por lo que no
resultaba admisible que el Gobierno nacional impusiera una solución general e
indiscriminada, lejana a las particularidades propias de cada caso: reitero que
es a las partes de una relación contractual, atendiendo sus propias condiciones
y las de la pandemia, a quienes les corresponde revaluar el esquema de
distribución de riesgos que se hubiese acordado en dichos contratos, en el
marco de la normatividad que les fuere aplicable.
En los anteriores términos dejo
planteado mi salvamento parcial de voto, respecto de la decisión adoptada por
la mayoría de la Sala Plena.
Fecha ut supra,
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A
LA SENTENCIA C-248/20
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD PRIVADA-Alcance
(Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente RE-302
Asunto:
Revisión de constitucionalidad del Decreto 579 del 15 de abril de 2020, “Por el
cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y
contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”.
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el
acostumbrado respeto a las decisiones adoptadas por la Sala Plena de esta
Corporación presento mi salvamento parcial de voto frente a la sentencia de la
referencia por las siguientes razones.
Considero que
las medidas dispuestas en los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 579 de
2020, son sobre inclusivas y solamente debían tener aplicación respecto de
arrendatarios que hubieran visto mermada su capacidad de pago por razón de la
crisis. La aplicación a cualquier arrendatario no afectado económicamente por
la crisis implica un rompimiento de la conexidad que debe existir entre la
medida legislativa y las causas que dieron origen a la declaración de la
emergencia económica social y ecológica. Por lo anterior los dos artículos
mencionados, han debido declararse condicionadamente exequibles, siempre y
cuando su aplicación se restringiera a los arrendatarios afectados por la
crisis.
De otro lado,
respecto de la calidad de norma imperativa contenida en el artículo 2, estimo
que ameritaba un condicionamiento para rescatar la autonomía de la voluntad de
las partes, es decir, un condicionamiento conforme al cual este artículo solo
resultara aplicable si no hubiera acuerdo de las partes en otro sentido.
Concretamente,
sobre el artículo 3º, además considero que la norma solo resultaba exequible si
se condicionaba en el sentido según el cual la disposición no impedía la
aplicación de las normas y la jurisprudencia ordinarias relativas a la revisión
o la terminación del contrato por aplicación de la teoría de la imprevisión o
en virtud de la figura de la fuerza mayor, respectivamente.
En cuanto a los
artículos 4 y 5, ambas normas contienen medidas sobre inclusivas y disponen una
misma solución para supuestos de hecho e intereses muy dispares, lo cual lleva a
que en algunos casos su aplicación resulte inequitativa e irrespete la
autonomía de la voluntad de alguna de las partes.
Finalmente,
respecto del artículo 6, estimo que no era claro el criterio de distinción con
fundamento en el cual el artículo estableció las diferencias de trato que allí
se disponen, por lo que las mismas son arbitrarias y caprichosas. En tal virtud
la norma ha debido declararse inexequible.
En los
anteriores términos dejo expresadas las razones de mi discrepancia parcial de
la decisión mayoritaria.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
A LA SENTENCIA
C-248/20
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD PRIVADA-Alcance
(Salvamento parcial de voto)
DECRETOS DE DESARROLLO DEL ESTADO
DE EMERGENCIA Y ESTADOS DE EXCEPCION-Juicio de necesidad (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente RE-302
Asunto:
Revisión de constitucionalidad del Decreto 579 del 15 de abril de 2020, “Por
el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y
contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”.
Magistrado
sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la mayoría, expreso las razones
por las que salvo parcialmente el voto en relación con la posición mayoritaria
de declarar la exequibilidad del Decreto Legislativo 808 del 4 de junio de
2020.
Los artículos 3, 4 y 5 han debido
condicionarse para excluir de las medidas a los arrendatarios que no vieron
disminuidos sus ingresos como consecuencia de la emergencia y a los contratos
cuyas fechas de terminación, de inicio o de entrega, podían cumplirse a pesar
de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia sanitaria.
La extensión de los beneficios resulta
inconstitucional porque afecta sin ninguna justificación la autonomía privada
de los contratantes y, en consecuencia, las medidas no satisfacen los
requisitos de finalidad, de conexidad material, de motivación suficiente, de no
contradicción específica (autonomía de la voluntad) ni de proporcionalidad. La
medida tampoco resulta necesaria ya que el ordenamiento jurídico prevé
mecanismos de solución de este tipo de conflictos.
Así mismo, el parágrafo del artículo 6
ha debido declararse inexequible en su totalidad, en cuanto no supera los
juicios de finalidad, conexidad material ni motivación suficiente, entre otros.
En relación con la conexidad interna, no se encuentra explicación alguna en las
consideraciones del Decreto 579 de 2020 en las que el Gobierno Nacional
justifique por qué en los eventos descritos en el parágrafo relacionados con los
contratos de leasing no deben operar las medidas de suspensión de acciones de
desalojo, teniendo en cuenta las razones en que se fundamenta la expedición del
decreto.
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
[1] El Decreto 579 de 2020 fue enviado a la Corte para que decida
sobre su constitucionalidad mediante oficio del 16 de abril de 2020, recibido
en la Secretaría General de la Corte el mismo día. La sustanciación del proceso
de revisión fue asignada al suscrito magistrado en la sesión no presencial de
la Sala Plena del 20 de abril de 2020. Posteriormente, mediante Auto del 24 de
abril de 2020, el suscrito sustanciador asumió el conocimiento del presente
asunto, ordenó comunicar de manera inmediata la iniciación del proceso al
presidente de la República, la fijación en lista por el término de 5 días para
efectos de la intervención ciudadana, e invitó a la Federación Colombiana de
Lonjas de Propiedad Raíz -FEDELONJAS-, a la Asociación de Profesionales
Inmobiliarios, a la Asociación de Fomento y Desarrollo Inmobiliario (AFYDI), al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal -ICDP-, a la Comisión Colombiana de
Juristas, a Dejusticia y a Esteban Hoyos Ceballos, para que, si lo tienen a
bien, presentaran su concepto sobre: (i) la relación directa y específica de la
materia regulada con el estado de emergencia declarado, (ii) la contribución de
la materia regulada al objetivo de conjurar la crisis e impedir la extensión de
su efectos, y (iii) los demás aspectos que consideren relevantes para el examen
de constitucionalidad del decreto objeto de control. Expirado el término de
fijación en lista, se corrió traslado al Procurador General de la Nación para
que rindiera el concepto de su competencia.
[2] Iván Duque Márquez, Presidente de la República; Alicia Arango
Olmos, Ministra del Interior; Claudia Blum de Barberi, Ministra de Relaciones
Exteriores; Alberto Carrasquilla Barrera, Ministro de Hacienda y Crédito
Público; Margarita Leonor Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho;
Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa Nacional; Rodolfo Zea Navarro,
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Fernando Ruiz Gómez, Ministro de
Salud y Protección Social, Ángel Custodio Cabrera Báez, Ministro de Trabajo; María
Fernanda Suárez Londoño, Ministra de Minas y Energía; José Manuel Restrepo
Abondano, Ministro de Comercio, Industria y Turismo; María Victoria Angulo
González, Ministra de Educación Nacional; Ricardo José Lozano Picón, Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Jonathan Malagón González, Ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio; Sylvia Cristina Constaín Rengifo, Ministra de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ángela María Orozco Gómez,
Ministra de Transporte; Carmen Inés Vásquez Camacho, Ministra Cultura; Mabel
Gisela Torres, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Ernesto Lucena
Barrero, Ministro del Deporte.
[3] El
respectivo término de fijación en lista corrió entre el 28 de abril y el 5 de
mayo de 2020 (https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/fijaciones/?mes=30/04/2020).
Con posterioridad
a la última fecha se recibieron las siguientes intervenciones ciudadanas: (i)
Antonio Martín; (ii) la Universidad de los Andes; (iii) el Centro de Estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, (iv) las Autoridades de los
resguardos del pueblo Yukpa Jaime Luis Olivella Márquez, Gobernador del
Cabildo del Resguardo El Rosario, Bella Vista Yukatan del Municipio de la Paz,
Serranía del Perijá; Alfredo Peña Franco, Gobernador del Cabildo del resguardo
Iroka del Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá; Esneda Saavedra
Restrepo, Gobernadora del Cabildo del Resguardo Sokorpa del Municipio de
Becerril del Campo, Serranía del Perijá; Emilio Ovalle Martínez, Gobernador del
Cabildo del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista del Municipio de Agustín
Codazzi, Serranía del Perijá; Alirio Ovalle Reyes Gobernador del Cabildo del
Resguardo Caño Padilla del Municipio de La Paz, Serranía del Perijá; y Andrés
Vence Villar, Gobernador del Cabildo del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El
Coso del Municipio de La Paz, Serranía del Perijá
[4] Mencionó la Circular Externa 07 del 17 de marzo de 2020 y el
Decreto Reglamentario 493 de 2020 "Por el cual se adicionan los Decretos
1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público, y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones
transitorias en materia de causales de terminación anticipada de la cobertura
de tasa de interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y locatarios en
operaciones de leasing habitacional".
[5] Este capítulo se apoya en las consideraciones contenidas entre otras, en las Sentencias de la Corte Constitucional: C-136
de 2009, C-145 de 2009, C-224 de 2009, C-225 de 2009, C-226 de 2009, C-911 de 2010, C-223 de 2011,
C-241 de 2011, C-671 de 2015, C-701 de 2015, C-465 de 2017, C-466 de 2017 y
C-467 de 2017. Varios de los
párrafos corresponden a transcripciones literales de algunas de dichas
sentencias.
[6] Corte
Constitucional. Sentencia C-466 de 2017, citando a su vez la sentencia C-216 de
2011.
[7]
Ibidem.
[8] El
control judicial está a cargo de la Corte Constitucional respecto de los
decretos legislativos, según lo dispone el numeral 7 del artículo 241 de la
Carta Política, y del Consejo de Estado, tal como lo dispone el numeral 8 del
artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, al prescribir que le corresponde a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado “[e]jercer
el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por
autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción”.
[9] Ídem.
[10]
Decreto 333 de 1992.
[11]
Decreto 680 de 1992.
[12]
Decretos 1178 de 1994, 195 de 1999, 4580 de 2010 y 601 de 2017.
[13]
Decreto 80 de 1997.
[14]
Decreto 2330 de 1998.
[15]
Decretos 4333 de 2008 y 4704 de 2008.
[16]
Decreto 4975 de 2009.
[17]
Decretos 2963 de 2010 y 1170 de 2011.
[18] Este capítulo se ha apoyado en las consideraciones contenidas
entre otras, en las sentencias de la Corte Constitucional C-465
de 2017, C-466 de 2017 y C-467 de 2017.
Varios de los párrafos corresponden a
transcripciones literales de dichas sentencias.
[19] Ver, entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-467
de 2017; C-466 de 2017; C-434 de 2017; C-409 de 2017; C-241 de 2011; C-227 de
2011; C-224 de 2011 y C-223 de 2011.
[20] Corte
Constitucional; Sentencia C-466 de 2017.
[21] Al
respecto, en la sentencia C-753 de 2015, la Corte Constitucional sostuvo que
“en el caso de que la medida adoptada no límite derecho alguno resulta menos
exigente, aunque los considerandos deben expresar al menos un motivo que la
justifique”.
[22]
Artículo 8 de la Ley 137 de 1994.
[23] Ver,
entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-517 de 2017; C-467 de 2017;
C-466 de 2017; C-437 de 2017 y C-409 de 2017.
[24]
Constitución Política, art. 215: “Estos decretos deberán referirse a
materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia,
y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los
existentes”.
[25] Ley
137 de 1994, art. 47: “Facultades. En virtud de la declaración del Estado de
Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica
con dicho Estado”.
[26]“La
conexidad interna refiere a que las medidas adoptadas estén intrínsecamente
vinculadas con las consideraciones expresadas por el gobierno nacional para
motivar el decreto de desarrollo correspondiente”. Corte Constitucional;
Sentencia C-409 de 2017. En este sentido, ver, también, la Sentencia C-434 de
2017.
[27] “La
conexidad en el control de constitucionalidad de los Decretos
legislativos dictados con base en la declaratoria del estado de emergencia
social, económica y ecológica, se dirige entonces a verificar determinadas
condiciones particulares, relacionadas con la vinculación de los objetivos del
Decreto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, y con
los hechos que la ocasionaron”. Corte Constitucional; Sentencia C-724 de
2015. En este sentido, ver, también, la sentencia C-701 de 2015.
[28] Ley
137 de 1994. art. 10. “Finalidad. Cada una de las medidas adoptadas en los
decretos legislativos deberá estar directa y específicamente encaminada a
conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos.”
[29] “Las
medidas adoptadas por el Gobierno al amparo de la declaratoria de emergencia
económica, social y ecológica (i) deben estar destinadas exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos; y (ii) deberán
referirse a asuntos que tengan relación directa y específica con el estado de
emergencia”. Corte Constitucional; Sentencia C-724 de 2015. Sobre el juicio
de finalidad, igualmente, “(...) es una exigencia constitucional de que
todas las medidas adoptadas estén dirigidas a solucionar los problemas que
dieron origen a la declaratoria de los estados de excepción. En otras palabras,
es necesario que el articulado cumpla con una finalidad específica y cierta”.
Corte Constitucional; Sentencia C-700 de 2015.
[30] Ver,
entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-517 de 2017; C-467 de 2017;
C-466 de 2017; C-465 de 2017; C-437 de 2017; C-409 de 2017 y C-723 de 2015.
[31] Ver,
entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-466 de 2017; C-434 de 2017;
C-136 de 2009; C-409 de 2017 y C-723 de 2015.
[32] Ver,
entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-467 de 2017; C-466 de 2017;
C-227 de 2011; C-225 de 2011; C-911 de 2010; C-224 de 2009; C-145 de 2009 y C-136 de 2009. .
[33] Ver, entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-467
de 2017; C-466 de 2017; C-434 de 2017; C-409 de 2017; C-241 de 2011; C-227 de
2011 y C-224 de 2011.
[34] Corte
Constitucional; Sentencia C-466 de 2017.
[35] Artículo 7 de la Ley 137 de 1994.
[36] Corte
Constitucional; Sentencia C-149 de 2003.
[37] Ver,
entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-467 de 2017; C-466 de 2017;
C-437 de 2017; C-434 de 2017; C-409 de 2017 y C-723 de 2015.
[38] Ver,
entre otras: Corte Constitucional; Sentencias C-467 de 2017; C-466 de 2017;
C-701 de 2015; C-672 de 2015; C-671 de 2015; C-227 de 2011; C-224 de 2011 y
C-136 de 2009.
[39] “Artículo
14. No discriminación. Las medidas adoptadas con ocasión de los Estados de
Excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de
raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o
filosófica (…)”.
[40] Sobre
el particular, cabe resaltar que dicho listado de categorías sospechosas no es
taxativo, pues de conformidad con el artículo 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos “la ley prohibirá toda discriminación”.
[41] “[e]l
principio de igualdad ante la ley del artículo 13 de la Constitución Política,
en el sentido de establecer que todas las personas recibirán el mismo trato y
no se harán distinciones basadas en criterios de raza, lengua, religión, origen
familiar, creencias políticas o filosóficas”. Corte Constitucional;
Sentencia C-156 de 2011.
[42] Artículo 20. Reajuste del canon de
arrendamiento. Cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo
precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, siempre y cuando el nuevo
canon no exceda lo previsto en el artículo 18 de la presente ley.
El arrendador
que opte por incrementar el canon de arrendamiento, (sic) deberá informarle al
arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, a
través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación
personal expresamente establecido en el contrato, so pena de ser inoponible al
arrendatario. El pago por parte del arrendatario de un reajuste del canon, no
le dará derecho a solicitar el reintegro, alegando la falta de la comunicación.
[43]
Artículo 6 del Decreto 579 de 2020.
[44] En punto a este tema la Corte ha
expuesto que “[l]a intervención del Estado en la economía corre por cuenta
de distintos poderes públicos y se ejerce por medio de diferentes instrumentos.
Un rol protagónico corresponde sin duda, al Congreso de la República, por medio
de la expedición de leyes, bien sea que se trate específicamente de leyes de
intervención económica (Arts. 150.21 y 334), como de otras leyes contempladas
en el artículo 150 constitucional (por ejemplo, las leyes marco del numeral 19,
o las leyes que versen sobre servicios públicos domiciliarios previstas en el
numeral 23 de la misma disposición) o en general mediante el ejercicio de su
potestad de configuración en materia económica. Pero la Constitución de 1991
también le confirió a la rama ejecutiva del poder público importantes
competencias en la materia, no sólo mediante el ejercicio de la potestad
reglamentaria, sino asignándole específicas atribuciones de inspección,
vigilancia y control respecto de ciertas actividades o respecto de determinados
agentes económicos. En conclusión, la Carta de 1991 tanto en su parte
dogmática, como en su parte orgánica configuró un Estado con amplias facultades
de intervención en la economía, las cuales se materializan mediante la
actuación concatenada de los poderes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-1041 de 2007.
[45] Sentencia C-228 de 2010. “La Constitución establece cláusulas
expresas que limitan el ejercicio de la libertad económica, al interés general
y la responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protección
de los bienes y valores constitucionales ‘cuyo desarrollo confiere la Carta a
las operaciones de mercado. Esta limitación se comprende, entonces, desde una
doble perspectiva. En primer término, la necesidad de hacer compatible la iniciativa
privada con los intereses de la sociedad implica que los agentes de mercado
autorrestrinjan sus actividades en el mercado, con el fin de evitar que un uso
abusivo de las libertades constitucionales impidan el goce efectivo de los
derechos vinculados con dichos bienes valores. De otro lado, los límites a la
libertad económica justifican la intervención estatal en el mercado, de modo
que el Estado esté habilitado para ejercer “labores de regulación, vigilancia y
control, a través de una serie de instrumentos de intervención con los cuales
se controlan y limitan los abusos y deficiencias del mercado…”. Nótese que la
intervención del Estado en la economía apunta a la corrección de desigualdades,
inequidades y demás comportamientos lesivos en términos de satisfacción de
garantías constitucionales. Por ende, dicha actividad estatal se enmarca no
solo en la corrección de conductas, sino también en la participación pública en
el mercado, destinada a la satisfacción de los derechos constitucionales de sus
participantes... No obstante, tampoco resulta acertado concluir que el Estado
puede intervenir en la economía de cualquier modo, bajo el argumento de cumplir
con las finalidades antes planteadas. En contrario, la jurisprudencia de esta
Corporación ha previsto que esa intervención será compatible con los preceptos
que dispongan la intervención del Estado en el mercado solo resultarán acordes
con la Carta Política cuando esta “i) necesariamente debe llevarse a cabo por
ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de
empresa; iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen
la limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al
principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
[46] Ibidem.
[47] Cfr. Sentencias T-407 A de 2018, C-186 de 2011, C-738 de 2002 y
T-668 de 2003.
[48] Cfr. Art. 1495 del Código Civil.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-668 de 2003.
[50] Corte
Constitucional, Sentencia T-407 A de 2018.
[51] Ídem.
[52] Cfr. Sentencia T-597 de 1995. Adicionalmente, el Código Civil
establece en su artículo 1501 lo siguiente: “Cosas esenciales, accidentales
y de la naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato las
cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente
accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o
no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la
naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden
pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un
contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le
agregan por medio de cláusulas especiales”.
[53] Corte Constitucional, Sentencia C-782 de 2004.
[54] Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 2002.
[55] Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 2002.
[56] Corte Constitucional, Sentencia C-437 de 2017.
[57] De acuerdo con la clasificación del artículo 43 de la Ley 1450 de
2011, que modifica el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y da sustento normativo
a la clasificación contenida en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
[58] Cfr. Artículos 37 y ss. que regulan la comisión a autoridades
judiciales y administrativa, así como los artículos 384 y 385 que regulan el
proceso de restitución de inmueble arrendado, subarrendados y demás.
[59] Artículo 38. Competencia. La Corte
podrá comisionar a las demás autoridades judiciales. Los tribunales superiores
y los jueces podrán comisionar a las autoridades judiciales de igual o de
inferior categoría.
Podrá
comisionarse a las autoridades administrativas que ejerzan funciones
jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad.
Cuando
no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los
alcaldes y demás funcionarios de policía, sin perjuicio del auxilio que deban
prestar, en la forma señalada en el artículo anterior.
El
comisionado deberá tener competencia en el lugar de la diligencia que se le
delegue, pero cuando esta verse sobre inmuebles ubicados en distintas
jurisdicciones territoriales podrá comisionarse a cualquiera de las mencionadas
autoridades de dichos territorios, la que ejercerá competencia en ellos para
tal efecto.
El
comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia devolverá
inmediatamente el despacho al comitente. La nulidad por falta de competencia
territorial del comisionado podrá alegarse hasta el momento de iniciarse la
práctica de la diligencia.
[60] Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales
para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato,
las siguientes:
1. La
no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término
estipulado en el contrato.
[61] Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013.
[62] En relación con la garantía de igualdad en relación con el punto
de partida como en el de llegada pueden verse la Sentencia C-371 de 2000.
[63] Juan Carlos Arboleda
Betancur, Edwin David Alegre Ángel, Carlos Javier Benítez Higuita, Harold
Córdoba Palacios, Mónica Natalia Restrepo Londoño, María Adelaida Betancur
Correa, Juan Guillermo Cruz Agudelo, Ángela María Zapata Hernández, Yudy Milena
López Londoño, Edwin Alberto Mazo Tejada, Ángela patricia Londoño Tobón, Carlos
Mario Mesa preciado, Wilson Darío Herrera Rojas, Julián D. Bedoya González, luz
Irene Vélez Quiroz, Daniela Lafaurie Taborda, Karen Alejandra Eguis Cifuentes,
Cristian Antonio Henao Plaza, Juan Gonzalo Pérez Carrasquilla, Claudia Cecilia
Higuita Cadavid, Gustavo Adolfo Gutiérrez Figueroa, Sandra Cristina Restrepo
Ramírez, Juan Manuel Paz Bermúdez, Wilber Mauricio Rivera García, John Abad
Serna Henao, Sandra Del Carmen Valencia Bravo, Daniela Cardona Marín, Marcelo
David Manco, Carolina Cardona Giraldo, Yenifer Tobón Gómez, , Eduardo Antonio
Isaza, Ronald Andrés Zuleta Palacio, Johanna Andrea Raigoza Álvarez, , Diego
Armando Cardona Cardona, , Diana Cristina Restrepo Villa, Alexander Vélez Rúa,
, Daniel Máster Restrepo, Diana María Arango Graciano, Alba Leticia Aguirre
Narvaez, Robinson Murillo Garcés, Astrid Biviana Yepes Quintero, Yimer Palacios
Caicedo, Ana Lucia Chalarca Marulanda, Vanessa Ardila Álvarez, Fausto De Jesús
Cedeño Canaval, Beatriz Eleida Rodríguez Cartagena, Beatriz Helena Quinchia
Botero, Dora Elena Villegas Calle, Erica María Hoyos Ortiz, José Abelardo
Garcés Muñoz, Carmenza Quirós García, Víctor Alfonso Usme Ortiz, Cristian
Andrés Gómez Ramos, Diana Katherine Calderón Valencia, Egidio Rentería
Rentería, Fredy Alonso Henao Ríos, Tatiana Gaviria Sierra, Luz Dary Castaño
López, Arley Espinosa Bedoya, Luz Patricia Patiño Patiño, Natalia Andrea Puerta
Bedoya, Jhon Andrés Sánchez Agudelo, Sugey Daianna Vergara Cano, Lina María
Murillo Gil, Olga Mestre Álvarez, Fabián Andrés Martínez Ruiz, Elmer Rentería
Vivas, Jhon Walter Gaviria Zapata, Laura Carolina Escalante, Juliana Castaño
Uribe, Andrés Felipe Garnica Benincore, Wbeimar Castañeda Osorio, , Omaira
María Montes Atehortúa, Luís Alejandro Montañez Beltrán, Rigoberto Ortiz
Cardona, Raúl Darío Bustamante, Margarita Ortiz Valencia, John Jaber Patiño
Cardona, Lobsang David Ramos Mejía, Diego Alejandro Martínez Ardila, Juan
Carlos Roche Álvarez, Luis Felipe Martínez Ardila, Josué Rafel Aguilar Quinto,
Glindon Augusto Berrocal, Arbey Giraldo Ramírez, Mario Tamayo, Karime Ospina,
Yury Alexandra Mazo Chavarría, John Walter Muñetón Moore, Andrés Felipe
Agudelo, Claudia Yesenia Valencia González, Erika Montoya Valle, Oscar Enrique
Navarro Serrano, Jefersson Marín Morales, Gladys Yaneth Zapata Londoño,
Raimundo De Jesús Londoño Londoño, Karina Inés Lopera Graciano, Leidy Cristina
Mejía Cadavid, Adriana María Estrada Mejía, Wilberto Theran Lopera, Jorge
Eliecer Echavarría Zapata, Isabel Cristina Ochoa Merino, Dora Luz Mestre
Álvarez, , Alba Rocío Muñoz Vásquez, Claudia Cristina Herrera Tobón, Ángela
Patricia Patiño Benjumea, Vanessa Carolina Patiño Mendez, Juan Carlos
Santacoloma, Ligia Rocío Villalobos Ortiz, Mónica Roldán Higuita, , Juan Felipe
Ramírez Estrada, Leonardo Cardona.
[64] Fernando Alarcón Rojas, Jorge Corredor Higuera,
Daniela Amaya Castro y Magdalena Correa Henao, docentes investigadores, en su
orden de los Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Bursátil, y
Derecho Constitucional, en nombre del Instituto de Estudios Constitucionales
Carlos Restrepo Piedrahita
[65] Daniela Amaya Castro y Jessika Barragán López.
[66] Categorías que
sustentó en la Observación General N°4 U.N. Doc. E/1991/23, del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
[67] Jorge kenneth Burbano Villamarín y Jenner Alonso Tobar
Torres.
[68] Por el cual se
adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de
disposiciones transitorias en materia de causales de terminación anticipada de
la cobertura de tasa de interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y
locatarios en operaciones de leasing habitacional.
[69] Albert Trillos
Navarro, Alejandra Calderón Mahecha, Carlos Alberto Aguirre Pérez, Jeinny
Dayana Bravo Puerto, Sergio Pulido Jiménez, Oscar Andrés Rodríguez Velásquez y
Oscar Mateo Ramírez Vargas.
[70] Laura Castaño
Echeverri y Miguel Lozano Salazar.
[71] Juan Fernando Giraldo
Naufal.
[72] Claudia Rocío Guerrero
Fagua e Isabella del Rosario Narváez Corral.
[73] El respectivo término
de fijación en lista corrió entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2020 (https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/fijaciones/?mes=30/04/2020).
Con posterioridad a la última
fecha se recibieron
las siguientes intervenciones ciudadanas: (i) Antonio Martín López Pidió la exequibilidad
condicionada del artículo 7° del decreto sometido a control, a fin de que, en
cuanto expresa que “el pago de las cuotas de administración de zonas comunes
podrá realizarse en cualquier momento de cada mes sin intereses de mora,
penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o acuerdos entre las partes”,
se entienda que no se producirán las referidas consecuencias entre el 15 de
marzo y el 30 de junio de 2020, dado que la lectura actual admite la equivocada
comprensión según la cual se producirán intereses, penalidades y sanciones luego
de finalizado cada uno de los respectivos meses, sin que se verifique el pago.
Pidió que esta misma consideración se hiciera extensiva frente a las cuotas
extraordinarias de administración frente a las cuales el decreto guardó
silencio, pues el fin de la normativa es librar de esos gravámenes adicionales
al deudor como medida de alivio en razón de la consabida emergencia nacional;
(ii) la Universidad
de los Andes, a través de Laura Ureña, Juan Diego Trujillo, Juan Guillermo
Méndez, Bernardo Cárdenas, Valeria Gómez, Valentina Márquez, Nicolás Restrepo,
Paula Carvajal, Andrés Muriel, Santiago Rojas, Ana María Giraldo, Juan Pablo
Quiñones, Juan Pablo Torrente, Juan David Díaz, Giovany Salas, Ariana
Gutiérrez, Adriana Suárez, Santiago Sánchez y Antonia Celis, presentó una
relación de los contenidos normativos del decreto, y señaló que cumplen las
condiciones materiales de constitucionalidad derivados del Estado de
Emergencia, especialmente el de “no discriminación”, debido a que sus
lineamientos benefician a ambos extremos de la relación contractual por igual,
reconociendo su mutua vulnerabilidad. Adicionalmente, advirtió que los
arrendadores no quedaron desprotegidos, ya que los inquilinos que estén en las
condiciones de hacerlo deberán seguir cumpliendo con su obligación; y los que
no, llegar a acuerdos de pago, bajo claras consecuencias ante el fracaso de la
negociación; (iii) el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –
Dejusticia, a través de Vivian Newman Pont, agradeció la oportunidad de participar
en el proceso de la referencia y señaló que, “en las circunstancias
actuales”, no contaba con la capacidad para participar y, (iv) las Autoridades de los resguardos del
pueblo Yukpa Jaime Luis Olivella Márquez,
Gobernador del Cabildo del Resguardo El Rosario, Bella Vista Yukatan del
Municipio de la Paz, Serranía del Perijá; Alfredo Peña Franco, Gobernador del
Cabildo del resguardo Iroka del Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del
Perijá; Esneda Saavedra Restrepo, Gobernadora del Cabildo del Resguardo Sokorpa
del Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá; Emilio Ovalle
Martínez, Gobernador del Cabildo del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista del
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá; Alirio Ovalle Reyes
Gobernador del Cabildo del Resguardo Caño Padilla del Municipio de La Paz,
Serranía del Perijá; y Andrés Vence Villar, Gobernador del Cabildo del
Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso del Municipio de La Paz, Serranía
del Perijá deprecaron la inconstitucionalidad de varios de los decretos
dictados en el marco de la emergencia sanitaria y emergencia económica, social
y ecológica[73],
incluido el Decreto 579 de 2020; o en subsidio, declarar su exequibilidad
condicionada a la existencia de acciones concretas en beneficio suyo y
de todos los pueblos indígenas en Colombia.//En tal sentido, se refirieron a
medidas con enfoque diferencial étnico durante toda la pandemia y con cobertura
universal, tales como: (a) ayudas alimentarias; (b) recursos para las IPS
indígenas; (c) vinculación a los programas sociales del Estado – Familias en
Acción, Protección al Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, devolución del IVA,
Ingreso Solidario, etcétera–; (d) priorización de actividades y proyectos PEDT[73]
en armonía con lo dispuesto para ese tipo de regiones; (v) recursos para la
construcción inmediata de los centros de salud planificados –4 en del pueblo
Yukpa y 1 del Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta–; (e) proyectos de OCAD
de los diferentes niveles territoriales de agua potable, saneamiento básico,
sistemas de energías limpias, vías terciarias y proyectos de autonomía
alimentaría, con cargo al Sistema General de Regalías; (f) consultas previas,
acordes con los estándares internacionales y los de la sentencia SU-123 de
2018, ante futuras reformas tanto a dicho Sistema como a las leyes en asuntos
minero-energéticos.//Explican que las normas expedidas en el marco del Estado
de Excepción resultan discriminatorias al no contener las acciones afirmativas
que requieren las comunidades que representan y los pueblos indígenas en
general, cuya vulnerabilidad ha sido ampliamente reconocida por la
jurisprudencia constitucional[73], cuyo
desconocimiento tiene en la indigencia a más de 2800 integrantes del pueblo
Yukpa dispersos por todo el país, bajo la mirada indiferente del
Estado.//Señalan que el COVID-19 los afecta de forma dramática y mayormente
intensificada, por su agravada condición de desplazados por la violencia, con
amplias necesidades básicas insatisfechas, en condiciones de pobreza extrema, discriminados,
hacinados y en medio de condiciones insalubres, según un informe de la Relatora
Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados
Internos. Además, sostienen que el nomadismo Yupka, supone un poderoso factor
de propagación del virus//Reprochan de manera especial que
el Gobierno esté “legislando para una sola Colombia, para la Colombia
urbana, para la bancarizada, para el sistema financiero, para la Colombia que
tiene mayores oportunidades"; máxime cuando, las más de cinco (5)
peticiones de sus líderes indígenas ante los organismos del Estado en busca de
seguridad, salud, ayudas alimentarias y demás necesidades en medio de la
pandemia han sido ignoradas; situación que los atemoriza y obliga a pensar que,
si no hay una acción inmediata y coordinada, su etnia desaparecerá.//Insisten en que a pesar de que la justificación de
los decretos está en ayudar a los más pobres y vulnerables, no estuvieron ni
están dirigidos a atender al pueblo indígena Yukpa y a los pueblos indígenas en
Colombia; circunstancia que atribuyen a motivos de odio, discriminación y
racismo, y que califican como gravemente violatoria de los Derechos Humanos,
especialmente, la vida, la salud y la supervivencia tratados y convenios
internacionales sobre la materia que se integran al Bloque de
Constitucionalidad.