T-285-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-285/06
DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL-Fundamental/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENIOS DE LA OIT-Alcance
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES/FUERO SINDICAL-Necesidad de autorización judicial para el
despido o desmejora
Se aprecia en la normatividad transcrita,
la protección de que deben gozar los representantes de los trabajadores contra
todo acto que pueda perjudicarles, incluido el despido por razón de su
condición, de su gestión y de su participación en la actividad sindical, tal
como lo prevé el artículo 19, numeral 6°, literales b) y d) del Convenio
Constitutivo de la OIT. Desmejorar a un trabajador aforado o despedirlo sin
justa causa comprobada por el juez del trabajo, en periodos de estabilidad
reforzada previamente convenida, constituyen conductas de discriminación
antisindical y dan derecho al reintegro. Ahora bien, el periodo de estabilidad
reforzada no comporta que los trabajadores aforados no puedan ser despedidos,
desmejorados o trasladados con justa causa, sino que ésta deberá ser valorada
por el juez del trabajo para resolver en consecuencia si el foro se mantiene o
si el mismo permanece, con pleno respeto de las garantías constitucionales del
trabajador y del patrono
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para resolver respecto del
art. 10 del Decreto 610/05/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Conocimiento por la
jurisdicción contencioso administrativa respecto del art. 10 del Decreto 610/05
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Aplicación del art. 140 en la relación
jurídico laboral existente entre Bancafé y el accionante
CONVOCATORIA AL COMITE PARITARIO DE
VIVIENDA-Renuencia del
gerente liquidador de Bancafé no vulnera derechos fundamentales
La renuencia del Gerente liquidador no se traduce en
vulneración de derecho alguno del actor, como quiera que el actor no menciona
estar interesado en adquirir vivienda, y, lo que es más importante, no se
conoce manifestación alguna por parte de la Unión Nacional de Empleados
Bancarios respecto del incumplimiento de la Convención suscrita con el Banco
Cafetero en la materia.
DESPIDO DE TRABAJADOR CON FUERO SINDICAL-Calificación por el juez del trabajo de las
causas esgrimidas por la entidad/ACCION DE REINTEGRO-Despido de
trabajador amparado con fuero sindical
El trabajador no podía ser despedido sin previo
levantamiento del fuero sindical, dada su calidad de trabajador aforado, como
lo preceptúan el Preámbulo de la Carta Política y los artículos 1°, 5, 39, 53,
56 y 93 del mismo ordenamiento, la Constitución de la OIT y el Convenio 98
debidamente ratificado por el Congreso. El Gerente Liquidador del Banco
Cafetero no puede sustraerse a la previa calificación del juez de trabajo si
requiere dar por terminado el contrato de trabajo del actor, así fuere por
justa causa. De manera que la terminación del contrato de trabajo de un
activista sindical, convencionalmente aforado, si no va acompañadas de una
causa justa y un procedimiento previo, donde el aludido pueda contradecir
alegar y probar a su favor, constituye, en sí misma, medida reprochable de
discriminación antisindical. De modo que el Gerente Liquidador del Banco
Cafetero reintegrará al actor al cargo que ocupaba el 4 de mayo de 2005 sin
solución de continuidad y le reconocerá el valor de los salarios, reajustes y
prestaciones sociales que el mismo habría podido percibir, si le hubiera
respetado su derecho al fuero convencional.
Referencia: expediente T-1246422
Acción de tutela instaurada por Luis
Fernando Valencia Taborda y otra contra el Banco Cafetero BANCAFE S.A. en
Liquidación y otros
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., cinco (5) de abril de dos mil seis
(2006).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Álvaro Tafur Galvis en ejercicio de su competencia constitucional y
legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión de los fallos emitidos por
la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de
la H. Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por
Luis Fernando Valencia Taborda, directamente, como miembro de la Junta
Directiva Nacional y la coadyuvancia de la Unión Nacional de Empleados
Bancarios UNEB, en contra del Banco Cafetero BANCAFE S.A. en Liquidación,
GRANBANCO S.A., la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por violación de sus derechos fundamentales a la asociación
sindical, a la negociación colectiva, a la igualdad, al trabajo en condiciones
dignas y justas y a la vivienda.
I.     ANTECEDENTES
1.      Hechos
La documentación allegada al expediente
permite a la Sala establecer la situación fáctica que a continuación se
relaciona:
-El 29 de mayo de 1978, el Sindicato
Nacional de Trabajadores del Banco Cafetero S.A. SINTRABANCA depositó ante la
División de Asuntos Colectivos del Ministerio de Trabajo el original de la
Convención Colectiva suscrita entre la organización sindical y el Banco
Cafetero S.A.
Convinieron las partes entre otros
beneficios:
“Articulo 9°. FUERO SINDICAL.- El Fuero
Sindical de que gozan actualmente y gozaren en el futuro los trabajadores del
Banco Cafetero de conformidad con el Artículo 406 del C.S.T. y el Artículo 39
de la C.C. de 1966 se amplía en dos meses más.
Artículo 10°. ESTABILIDAD.- Los
trabajadores que asistan a Asambleas y/o Convenciones Nacionales, Plenum
Nacionales y Cursillos Sindicales no podrán ser despedidos sin justa causa
dentro de los seis meses siguientes a la culminación del evento. Esta
protección cobijará a 120 trabajadores, de acuerdo a la lista que para tal
efecto pase Sintrabanca al Banco Cafetero.
PARAGRAFO 1°. Antes de cada evento la Junta
Directiva de Sintrabanca, con 5 días de anticipación, pasará a la División de
Administración de Personal la relación de los asistentes.
PARAGRAFO 2°. En caso de que algún
trabajador de los protegidos por el presente artículo sea despedido sin justa
causa, dicho despido se considerará nulo. En consecuencia el Banco procederá a
reintegrarlo entendiéndose que no hubo interrupción del contrato de trabajo
para todos los efectos legales y convencionales.
PARAGRAFO 3°. Para los asistentes al 8º.
Plenum Nacional de Sintrabanca está garantía empezará a regir a partir de la
firma de la presente Convención.
-El 10 de diciembre de 1999, el
representante legal de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB depositó
ante la Dirección Regional Bogotá Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la
organización sindical y el Banco Cafetero BANCAFE S.A.[1]
Dispone el Artículo Tercero del acuerdo:
“La presente Convención Colectiva de
Trabajo, sustituye total o parcialmente las cláusulas contenidas en
Convenciones Colectivas y Laudos Arbitrales anteriores que hayan sido total o
parcialmente modificadas por esta Convención y solo serán tratadas en el futuro
para mejorarlas.
Respecto de las cláusulas denunciadas que
no hayan sido modificadas o sustituidas o que no contradigan lo pactado en la
presente Convención Colectiva de Trabajo continuarán vigentes.
Es entendido que la Convención Colectiva de
Trabajo con que termina el presente conflicto colectivo no afecta ni vulnera
los derechos y conquistas adquiridos por los trabajadores a la UNEB
(SINTRABANCA) en Convenciones Colectivas, Laudos Arbitrales y Resoluciones de
la Junta Directiva del Banco anteriores, las cuales continuarán vigentes en
todo aquello que beneficie al trabajador o a la UNEB.
En los casos en que se presente conflicto o
duda sobre la aplicación de (ilegible)
prevalecerá la más favorable a los trabajadores o a la UNEB (ilegible)
se aplicará en su integridad.”
-El 28 de febrero de 2005, la Junta
Directiva Nacional de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB solicitó al
Director de Recursos Humanos de BANCAFE S.A. en Liquidación permiso para
asistir al XXIV Congreso Nacional Extraordinario de la organización, para
algunos de sus delegados, entre ellos para el señor Luis Fernando Valencia
Taborda, quien, entre el 10 y el 12 de marzo de 2005 asistió al evento.
-El 7 de marzo de 2005, el Gobierno
Nacional mediante los Decretos 610[2], 611[3]
y 612[4] de 2005 dispuso, entre
otros asuntos, “[disolver y ordenar la liquidación] del Banco Cafetero S.A.
sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público”; aprobar la planta de personal de GRANBANCO
S.A. conformada por un presidente, hasta siete vicepresidentes, hasta tres
directores generales, un contralor interno y hasta tres mil doscientos
trabajadores; y designar al doctor Jorge Castellanos Rueda en el cargo de
Presidente de GRANBANCO S.A.
Motivó el Gobierno Nacional su decisión de
disolver y disponer la consiguiente liquidación de la entidad bancaria –entre
otras consideraciones i) en las facultades conferidas por los numerales 1°, 3°
y 5° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 al Presidente de la República “para
suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades u
organismos del orden nacional, cuando los objetivos señalados al organismo o
entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser, las evaluaciones
de la gestión administrativa, efectuadas por el Gobierno Nacional aconsejen su
supresión o transferencia de funciones a otra entidad; o exista duplicidad de
objetivos y/o funciones esenciales con otra u otras entidades”; ii) en la
recomendación emitida al respecto por el Consejo Nacional de Política Económica
y Social CONPES en sesión del 7 de marzo de 2005; y iii) en la decisión de la
Asamblea General de Accionistas del Banco Cafetero S.A., adelantada el 4 y el 7
de marzo del mismo año, que aprobó “la cesión de activos, pasivos y
contratos del Banco Cafetero S.A. a Granbanco S.A.”, autorizada por la
Superintendencia Bancaria.
Mediante Resoluciones números 0402, 0409 y
0412 de 2005, emitidas el día 7 de marzo en comento, el Superintendente
Bancario i) “[AUTORIZO] LA ESCISIÓN DE GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A.
(..)”  y  “como consecuencia de la anterior decisión LA CONSTITUCION del
establecimiento bancario resultante de la escisión (beneficiario) el cual se
creará con el nombre de GRANBANCO S.A.”;  ii) “[AUTORIZO] a GRANBANCO
S.A.  (..) para desarrollar en todo el territorio nacional las actividades
comprendidas dentro de su objeto social (..)”; y iii) “[CANCELO] el
permiso de funcionamiento concedido a la sociedad denominada BANCO CAFETERO
S.A. en liquidación”.
-El 8 de marzo del mismo año, los señores
Jorge Castellanos Rueda y Pablo Muñoz Gómez, obrando a nombre y representación
de GRANBANCO S.A. y el BANCO CAFETERO S.A. en Liquidación, en calidad de
contratante y contratista, celebraron un “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
SUMINISTRO DE SERVICIOS ENTRE EL BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN Y GRANBANCO
S.A.”, en razón del cual “la CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los
servicios administrativos y técnicos que ésta requiera para el desarrollo de
las actividades que constituyen el objeto social de ésta, durante el tiempo y
con el alcance que la CONTRATANTE  necesite, con base en las solicitudes que
elevará la CONTRATANTE, considerando las disposiciones de la CONTRATISTA”.
-El 11 de marzo de 2005, el Director de
recursos Humanos del Banco Cafetero S.A. en Liquidación dirigió al señor Luis
Fernando Valencia la comunicación que dice:
“De acuerdo con lo previsto en el Artículo
140 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre el derecho al salario sin
prestación del servicio, me permito notificarle que a partir de la fecha queda
temporalmente eximido de trabajar para el Banco Cafetero en Liquidación y este
le cancelará su salario en la forma acostumbrada[5]”.
-Mediante Resolución 000125, emitida el 4
de abril de 2005, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ordenó la
inscripción, entre otros dignatarios, del señor Luis Fernando Valencia Taborda,
en calidad de octavo suplente, de conformidad con el “Reajuste de la Junta
Directiva nacional de la organización sindical denominada UNION NACIONAL DE
EMPLEADOS BANCARIOS “U.N.E.B”, de primer grado y de industria con
Personería Jurídica 1503 del 16 de octubre de 1958, domiciliada en el municipio
de Mosquera, departamento de Cundinamarca.
-El 25 de abril de 2005, el Presidente de
la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB presentó al Ministerio de la
Protección Social Regional Bogotá un Pliego de Peticiones para que el documento
sea entregado al representante legal de BANCAFE S.A. en Liquidación, quien, en
comunicación del 29 del mismo mes manifestó a la organización sindical su
decisión de no discutir y menos negociar la propuesta, en razón de las
previsiones de los artículos 3° y 10° el Decreto 610 de 2005.
-El 28 de abril del mismo año, la Junta
Directiva Nacional de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, informó al
Director de Recursos Humanos de BANCAFE S.A. en Liquidación su decisión de
trasladar algunos permisos permanentes y retomar otros, entre éstos el de
cursillo, a nombre de Luis Fernando Valencia Taborda, entre los días 2 a 31 de
mayo de 2005.
-El 29 de abril de 2005 el Director de
recursos Humanos del Banco Cafetero S.A. en Liquidación informó al señor Luis
Fernando Valencia la decisión de la entidad de dar por terminado su contrato de
trabajo. Señaló la comunicación:
“Debidamente facultados por los Decreto No.
3520 del 26 de octubre de 2004 y No. 610 del 7 de marzo de 2005, nos permitimos
manifestar que damos por terminado su contrato de trabajo a partir del día
cuatro (04) de mayo de 2005.
A través del Departamento de Servicios al
Personal le serán canceladas  las acreencias laborales e indemnización a que
tenga derecho; momento en el cual deberá entregar el carné de BANCAFE.
Si desea practicarse examen médico de
retiro, deberá acudir a la Entidad Promotora de Salud a la que se encuentra
afiliado, para la cual tanto el Banco Cafetero en Liquidación, como usted,
efectuaron los aportes de ley”.
-El 15 de junio de 2005 el señor Valencia
Taborda se dirigió al Gerente Liquidador del Banco Cafetero con el fin de
formular reclamación administrativa contra la decisión unilateral de su
empleador de dar por terminado su contrato de trabajo, en los términos del
artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.
El actor puso de presente, entre otras
consideraciones, su condición de miembro activo de la organización sindical
Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB desde 1995 y la circunstancia de
haber integrado la Junta Directiva Seccional Cali de la entidad entre los años
de 1995 a 2000, cuando fue elegido como miembro de la Junta Directiva Nacional
del Sindicato y “trasladado a la ciudad de Bogotá para que como miembro de
la Junta Nacional integrara el Comité Operativo Nacional de la UNEB”.
El señor Valencia Taborda destacó, además,
la garantía de estabilidad de que el mismo gozaba -en razón de su asistencia al
Congreso y al cursillo sindical, adelantados en marzo y mayo de 2005, de
conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el año de 1978-,
cuando su empleador resolvió aplicar unilateralmente el artículo 140 del C.S.T
y más adelante dar por terminado su contrato de trabajo.
Cuestionó el nombrado la decisión del
Gobierno Nacional de disolver la entidad y disponer su liquidación, al mismo tiempo
que creaba una entidad financiera –producto de una ficción legal: Granbanco
Bancafé-, de manera que el Banco Cafetero continuó realizando su objeto, en
virtud de un Contrato Interadministrativo de Suministro de Servicios suscrito
con Granbanco S.A.
Destacó que la decisión de disolver la
entidad fue adoptada sin perjuicio de que los estados financieros de la entidad
reportaban utilidades y que en iguales circunstancias se procedió a terminar
los contratos de trabajo, vulnerando los derechos fundamentales de los
trabajadores.
A propósito del despido, el actor expuso
que “según pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, la liquidación
de una entidad financiera no está contemplada como una de las justas causas
para dar por terminado el Contrato de Trabajo[6]; recordó
que en la Convención Colectiva suscrita entre la entidad y Sintrabanca en el
año de 1978 se pactó una cláusula de estabilidad, “expresamente dirigida al
conjunto de trabajadores que asistan a las Asambleas Plenum y Cursillo
Sindical, otorgándoles una protección de seis (6) meses una vez concluido cada
evento, en aras de proteger el ejercicio del Derecho de Asociación y Libertad
Sindical (..)”; y se detuvo en las prescripciones del Decreto 610 de 2005
al respecto.
Resaltó que en los términos de la
normatividad en cita el proceso de liquidación del Banco Cafetero S.A. se
adelantaría “a más tardar en dos años, previendo una prórroga por un periodo
igual” y que la terminación de los contratos de trabajo vigentes, debía
considerar “las disposiciones convencionales, legales y reglamentarias”.
El señor Valencia Taborda concluyó entonces
que él no podía ser despedido, en periodo de permiso para cursillo, como lo
fue, porque “la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Banco
Cafetero y Sintrabanca, cuyos derechos pasaron a la Uneb, constituye, según la
Doctrina y la Jurisprudencia un acuerdo de voluntades creador de derecho
objetivo, a semejanza de la ley”, y la misma otorga estabilidad a los
trabajadores que participan en los eventos sindicales.
Para concluir el actor solicitó a la
entidad “se revoque el despido del cual fui objeto y en consecuencia se
ordene mi reincorporación plena al cargo que a la fecha del cuatro (4) de mayo
de dos mil cinco (2005) venía desempeñando”.
-El Gerente Liquidador del Banco Cafetero,
mediante comunicación del 29 de agosto de 2005, mantuvo la decisión.
Expuso el funcionario:
“A este respecto, es preciso indicarle que
su argumento carece de fundamento jurídico, por cuanto la citada norma
convencional en ningún modo contiene la garantía foral predicada, sino la
estabilidad de no ser despedidos sin justa causa los trabajadores que asistan a
cursillos sindicales o Congresos Nacionales, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la culminación de cada evento, supuestos que en su caso particular
no se satisfacen, toda vez que la ruptura definitiva del nexo laboral que lo
vinculó con el Banco Cafetero, hoy en liquidación, no configuró un despido,
sino que obedeció a uno de los modos autónomos de terminación legal del
contrato de trabajo, tal como lo señala el literal e) del artículo 61 del
C.S.T., subrogado por el artículo 5° de la Ley 50 /90 en aplicación de la
autorización gubernamental expresada en los Decretos 3520 de octubre 26 de 2004
y el Decreto 610 del 7 de marzo de 2005, que ordenó la disolución y liquidación
del Banco Cafetero S.A. razones que hacen improcedente la aplicación de la
garantía de estabilidad convencional que usted pregona como soporte de sus
pretensiones.”
-Mediante Resolución 004 de 2005, proferida
el 22 de junio, el Gerente del Banco Cafetero S.A. en Liquidación resolvió,
entre otras reclamaciones, sobre las presentadas contra la masa de liquidación
en razón de las obligaciones relacionadas con el reintegro de los trabajadores
en los términos de la Ley 790 de 2002 y las adquiridas por Convención Colectiva
en materia de vivienda.
Señaló el representante de la entidad en
liquidación:
“22. REINTEGRO LEY 790 DE 2002: Las
disposiciones legales que invocan los reclamantes en sustento de su pretensión,
no le son aplicables al Banco Cafetero en Liquidación como quiera que esta
entidad no se encuentra adelantando programas de renovación y modernización de
la administración pública, Aunado a ello, los reclamantes ostentaban la
condición de trabajadores particulares conforme lo previsto en los artículos 28
del Decreto 2331/98, artículos 1°, inciso primero y 29 de los estatutos del
Banco en concordancia con el artículo 1° del Decreto 092 de 2000 y no de
servidores públicos tal como lo exige la citada Ley 790 de 2000 y su Decreto
Reglamentario 190 de 2003. De otra parte la situación de liquidación del Banco
hace que la obligación sea física y jurídicamente imposible de cumplir. (Ver
anexo 5).
(..)
39. CONVOCATORIA COMITÉ DE VIVIENDA. Se
rechaza toda vez que se trata de un acto que no está dirigido a la liquidación
del Banco, y tal como lo prevé el Artículo 10 del Decreto 610 de marzo 7 de
2005, el Gerente liquidador tiene expresa prohibición de adelantar actos que no
estén dirigidos a la liquidación de la entidad. (Ver anexo 6)”.
2.      Pruebas
En el expediente obran en fotocopia, entre otros documentos:
a) Resolución del 15 de octubre de 1958, expedida por
el Ministerio de Trabajo para reconocer personería jurídica a la organización
sindical de primer grado y de industria UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS
UNEB y aprobar los estatutos, adoptados por la Asamblea General de la entidad,
reunida el día 6 de julio del mismo año. Y certificación expedida el 10 de mayo
de 2005 por la entidad, para dar cuenta de la afiliación del señor Luis
Fernando Valencia Taborda a la organización, desde el 4 de octubre de 1995.
b) Comunicaciones emitidas el 29 de mayo de
1978 y el 10 de diciembre de 1999 por los representantes legales del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Banco Cafetero SINTRABANCA y de la Unión Nacional
de Empleados Bancarios UNEB, para depositar ante el Ministerio del ramo las
Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas entre las organizaciones
sindicales aludidas y el Banco Cafetero BANCAFE S.A.
c) Resolución 000125 del 4 de abril de
2005, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que da cuenta de
la designación del señor Luis Fernando Valencia Taborda como octavo suplente de
la Junta Directiva nacional de la organización sindical denominada UNION
NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS UNEB.
d) Comunicaciones de 28 de febrero y 28 de
abril de 2005, dirigidas por la Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional
de Empleados Bancarios al Director de Recursos Humanos de BANCAFE S.A. en
Liquidación, para informarle sobre la asistencia del señor Luis Fernando
Valencia Taborda al XXIV Congreso Extraordinario Nacional  y a Cursillo
Sindical respectivamente.
e) Acta parcial, que da cuenta de la
asistencia del actor, al XXIV Congreso Nacional Extraordinario de la Unión
Nacional de Empleados Bancarios UNEB, reunido en Bogotá entre el 10 y el 12 de
marzo de 2005.
f) Convenio Administrativo de suministro de
servicios suscrito entre el Banco Cafetero S.A. en Liquidación y GRANBANCO S.A.
g) Comunicaciones del 11 de marzo y 28 de
abril de 2005, dirigidas por el Director de Recursos Humanos del Banco Cafetero
S.A. en Liquidación al señor Luis Fernando Valencia Taborda informándole sobre
su derecho a percibir salario sin prestación del servicio, inicialmente y, más
adelante, respecto de la decisión de la entidad de dar por terminado el
contrato de trabajo suscrito con el mismo.
h) Carta del 25 de abril de 2005, dirigida
por el Presidente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB al
Ministerio de la Protección Social Regional Bogotá, para que se informe a
BANCAFE S.A. en Liquidación sobre la presentación del Pliego de Peticiones
adjunto; respuesta del empleador a la organización sindical informándole que la
propuesta no será discutida -10 de mayo de 2005-; y Resolución 00002224,
expedida por la Coordinadora Grupo de Prevención Inspección Vigilancia y
Control del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de “abstenerse
de imponer sanciones de carácter administrativo o conminar al BANCO CAFETERO
S.A. EN LIQUIDACION (..)  a negociar el pliego de peticiones (..)” dado el
carácter controversial de la cuestión sometida a su consideración.
i) Comunicación del 15 de junio de 2005 dirigida por
el señor Valencia Taborda al Gerente Liquidador del Banco Cafetero, con el fin
de formular reclamación administrativa contra la terminación unilateral de su
contrato de trabajo y comunicación del 29 de agosto de 2005, emitida por el
funcionario para mantener la decisión de despido.
j) Resolución 004 de 2005, proferida por el
Gerente del Banco Cafetero S.A. en Liquidación para decidir las reclamaciones
presentadas contra la masa de liquidación de la entidad.
k) Registros Civiles que dan cuenta de los nacimientos
de Ashley Daniela Valencia Blanco y Sebastián Valencia Reina, hijos de Luis
Fernando Valencia Taborda, ocurridos el 20 de febrero de 2001 y el 4 de enero
de 2004 respectivamente.
3.      La demanda
El señor Luis Fernando Valencia Taborda, a nombre
propio, como integrante de la Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional de
Empleados Bancarios UNEB y con la coadyuvancia de la entidad, representada por
el señor Rafael Tobías Peña Carreño, invoca la protección de sus derechos
fundamentales a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la
igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la vivienda.
Se detiene en las circunstancias que rodearon su
despido y en el hecho mismo de la terminación unilateral de su contrato de
trabajo, para concluir que la liquidación de BANCAFE, “se erige en un
monumental desconocimiento al Derecho de Asociación Sindical en sus pilares de
Asociación y Negociación”, i) por cuanto “según datos de la Presidencia
de la República (..) “Bancafé es el banco estatal con mejores resultados…”;
ii) en razón de que el Gobierno Nacional y las directivas de la entidad,
atribuyeron, entre otros factores, a los altos costos laborales derivados de la
Convención Colectiva vigente la no presentación de ofertas para la adquisición
del Banco Cafetero S.A., durante la subasta adelantada el 18 de febrero de 2004
y iii) debido a que, ante la sorpresiva disolución de la entidad, los
principales medios de información aludieron insistentemente a la decisión como
una medida adoptada por el Gobierno Nacional para resolver el problema de los
altos costos laborales.
Advierte que no cuestiona “la legalidad y
constitucionalidad de los Decretos 3520 de Octubre 26 de 2004 y 610 de Marzo 7
de 2005”, asunto que reconoce tendrá que ser decidido por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, al resolver las acciones sometidas a su
consideración, pero pone de presente que a la luz de los principios que
orientan el Estado Social y Democrático de Derecho, se requiere verificar “si
los mecanismos liquidatorios que viene empleando el gobierno nacional (sic)
para entregar Entidades de naturaleza pública al capital transnacional están en
sintonía con la integralidad del ordenamiento constitucional vigente”.
Destaca que la decisión de disponer la liquidación del
Banco Cafetero S.A., “no obedeció a la secuencia lógica por la cual se
predispone la liquidación de una unidad de explotación económica (..) sino que
tuvo por objeto abolir la Convención Colectiva de Trabajo y de contera la
Organización Sindical, que dada su condición mayoritaria, representaba a todos
los trabajadores de la entidad (..)”.
Para sustentar lo expuesto, se detiene en la
circunstancia de que la entidad esté prestando el servicio “normalmente”,
por conducto de los extrabajadores de la misma, quienes, no obstante haber sido
despedidos, aceptaron, sin resistencia, la opción de “continuar laborando
pero vinculado (sic) con EMPRESAS TEMPORALES DE SERVICIO”, debido,
en gran parte “(..) a la debilidad a la que fue sometida sistemáticamente la
Organización Sindical”.
Sostiene, que así consideraciones diferentes a la
necesidad de desconocer la Convención Colectiva vigente hubieren motivado la
disolución y consiguiente liquidación del Banco Cafetero S.A., “ello no
convalida de ninguna manera que se transgredan derechos básicos e
institucionales con tanta raíz en la sociedad y en la historia como LA
SINDICALIZACIÓN, como lo ha señalado la Corte Constitucional, en cuanto al
derecho de asociación y libertad sindical, así como que los derechos laborales
que son de orden público y de especial naturaleza” –destaca el texto-.
Insiste en la necesidad de analizar en conjunto las
actuaciones adelantadas por el Gobierno Nacional y las directivas de la entidad
bancaria, entre la publicación del Decreto 610 de 2005, ocurrida el 7 de marzo
y el mes de mayo del mismo año, porque un análisis global de lo ocurrido
permite concluir que “se fulminó a la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS
UNEB, como representante de los trabajadores de BANCAFE, se vulneró la
Convención Colectiva, al punto que son varias las normas que, como en el caso
de la protección al sindicato, el liquidador se abstuvo de aplicar (..) pero sí
estuvo pronto a colocar a laborar al personal para GRANBANCO, a lo que, por su
puesto (sic), sí considera un acto de liquidación, antes que finiquitar
el negocio se convirtió en CONTRATISTA  de un servicio de mano de obra, en el
cual los trabajadores de un día a otro se quedaron con un patrono en
liquidación y prestando sus servicios a un tercero ajeno a la relación laboral”
–destaca el texto-.
Agrega que, además de lo expuesto, constitutivo de
violaciones de los derechos de asociación sindical de los trabajadores y de la
organización que los representaba, el Gobierno resolvió negar a los
trabajadores del Banco Cafetero S.A. en Liquidación su inclusión en un “RETEN
SOCIAL”, quebrantando de contera su derecho a la igualdad, como quiera que
el mecanismo protector viene siendo aplicado en la liquidación de otras
entidades públicas, “[AMINORANDO] EL EFECTO LIQUIDACIONAL, dentro de las
reformas a la estructura del estado (sic)”.
En síntesis solicita al juez de tutela que ordene el
restablecimiento de sus derechos fundamentales y “de los trabajadores de la
entidad”, y que en consecuencia de la protección se ordene al liquidador de
Bancafe S.A. i) abstenerse de aplicar el artículo 140 del C.S.T, “a la
dirección sindical”, al igual que el artículo 10 del Decreto 610 de 2005 “en
cuanto a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad que implique la
celebración de pactos o convenciones colectivas (..)”; ii) reconocer a los
trabajadores del Banco Cafetero en Liquidación los beneficios establecidos en
el artículo 12 de la Ley 790 de 2002; iii) disponer el reintegro del actor al
cargo que desempeñaba el 4 de mayo de 2005, sin lugar a la aplicación del
artículo 140 del C.S.T.; y iv) convocar al Comité Paritario de Vivienda.
4.      Intervención pasiva
a) El señor Presidente de la República y el
Departamento Administrativo de la Presidencia, por intermedio de apoderada,
solicitan “se “DENIEGUE EL AMPARO DEPRECADO POR IMPROCEDENTE” en
aplicación a lo dispuesto en los numerales 1° y 5° del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991, en cuanto a la solicitud de suspensión del decreto 610 de 2005,
en virtud de la presunción de legalidad y atendiendo la naturaleza de la acción
incoada, no siendo el escenario procesal para controvertirla, por ser de
competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo” –destaca
el texto-.
Advierte que el demandante “confunde la presidencia
de la República con el presidente de la República (sic)”, y aclara que “la
Presidencia de la República está legalmente representada por su Director (..)
es un Departamento Administrativo, cuyo objeto es el de asistir el primer
mandatario en sus funciones constitucionales y legales y brindarle apoyo
administrativo”.
Por consiguiente advierte, que de llegarse a adoptar
una decisión de fondo, esta no puede vincular “a la entidad que represento
puesto que de lo contrario se vulneraría el Principio legal de Distribución de
Competencias, y se evidenciaría una extralimitación de funciones”, y lo
mismo “[ predica] del Primer Mandatario , a quien señala el accionante como
cabeza del Gobierno Nacional (..) cuando se trata de una forma institucional
que adopta el poder público ejecutivo para poder administrar el Estado. (..)”.
Fundamenta su solicitud de improcedencia i) en que el
actor cuenta con otros medios de defensa judicial y el mismo no prueba la
existencia de un perjuicio irremediable; ii) en que la acción de tutela no
procede cuando se trata de actos de carácter general, impersonal y abstracto;
iii) en que el mecanismo de protección de los derechos fundamentales no ha sido
previsto para acceder al pago de acreencias laborales; y iv) en que no se
evidencia una vulneración o amenaza al mínimo vital del accionante.
Se detiene en la obligación de aplicar los precedentes
judiciales y alude a una decisión de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Cali, en la que este fallador “dentro de la acción incoada por el
representante legal del SINDICATO DE INDUSTRIA NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS
UNEB”, precisó que “(..) deviene la improcedencia de la Acción
Constitucional instaurada, por cuanto que la misma no se instituyó para
sustituir instancias ordinarias, que como se ha expuesto es tema propio de otra
jurisdicción”.
Afirma que los sindicatos u organizaciones sindicales,
que instauran acciones de amparo a nombre de sus afiliados, deberán identificar
a quienes concretamente resultaron afectados, con el objeto de legitimar por
activa su intervención, en consecuencia y habida cuenta que el demandante no
cumplió con tal presupuesto considera esta omisión una razón más para que se
niegue la protección, al igual que lo resolvió la Sala Penal antes citada, en
el asunto referido.
En síntesis, la apoderada del señor Presidente de la
República y del Departamento Administrativo de la Presidencia, solicita:
“(..) SE DENIEGUE POR IMPROCEDENTE la
presente acción de tutela, de conformidad con las razones anotadas en la
contestación. En defecto de lo anterior, se excluya a mi representado de cualquier
decisión de fondo, declarando probada la EXCEPCION POR FALTA DE LEGITIMACION
POR PASIVA de la Presidencia de la República y del Presidente de la República
(..)”.
b) El Ministro de Hacienda y Crédito Público
interviene en el presente asunto, para solicitar que se desvincule a la entidad
que representa de la pretensión del actor y que el amparo se niegue por
improcedente.
Para sustentar su solicitud destaca que el accionante “no
es funcionario de este Ministerio”, en consecuencia sostiene “no estamos
expresamente facultados para responder por pagos, vinculación de otras
entidades y/o derechos sindicales derivados de una relación laboral en la cual
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fue parte contratante”.
Además advierte, sobre la improcedencia de la acción
de tutela para obtener un pronunciamiento sobre la legalidad y
constitucionalidad del Decreto 610 de 2005, tanto por la naturaleza “general
impersonal y abstracta” de la norma, como en razón de que el actor cuenta
con otros mecanismos para el restablecimiento de sus derechos y no se vislumbra
que lo aqueje un perjuicio irremediable.
c) El Banco Cafetero S.A. en Liquidación contesta la
demanda en el sentido de solicitar que la acción se declare improcedente, habida
cuenta que “la interpretación y aplicación de estos derechos corresponden al
juez de trabajo y no al de tutela, lo contrario implicaría (..) inmiscuirse en
derechos de rango legal y adoptar una decisión que no es de su competencia,
dado el asunto que se controvierte, pues es la jurisdicción ordinaria laboral o
la contencioso administrativa, el (sic) competente para decidir si le
asiste o no el derecho aducido y si la conducta del Banco Cafetero en
liquidación, se ajustó  o no a derecho (..)”.
Se refiere a la decisión de la entidad de dar por
terminado el contrato de trabajo suscrito con el actor, en virtud de lo
dispuesto al respecto en el artículo 9° del Decreto que dispuso su disolución,
aclara que “la aplicación de dicha orden se encuentra condicionada en forma
temporal para aquellas personas que gozan de fuero sindical, hasta tanto se
profiera la sentencia de juez laboral (..)”; y recuerda que la misma
normatividad le prohíbe al Liquidador “entre otras cosas realizar
cualquier actividad que implique celebración de pactos o convenciones
colectivas o cualquier otro acto que no esté dirigido a la liquidación de la
entidad”.
Añade que la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita
entre el Banco Cafetero S.A. y la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB,
permite al empleador dar por terminado los contratos de trabajo “por justa
causa o en forma unilateral sin justa causa (..) siempre y cuando se cancele la
correspondiente indemnización por despido a cargo de la parte que toma la
decisión”.
En armonía con lo expuesto, sostiene que la
terminación de los contratos laborales sin justa causa y previa indemnización “constituye
una facultad legal que tiene el empleador de extinguir definitivamente la
relación laboral, la cual conforma el principio de autonomía contractual, sin
que en manera alguna implique desconocimiento de claros y perentorios mandatos
Constitucionales, amén  que la desvinculación de algunos de los trabajadores se
dio en virtud del Decreto 3520 de 2004 que ordenó la reestructuración del Banco
y del Decreto 610 del 7 de marzo/05 que dispuso la liquidación de la entidad”,
disposiciones éstas de las que dice continúan vigentes y se presumen legales,
amparados con la presunción de legalidad, como quiera que no han sido
suspendidas ni anuladas, por el juez competente.
Se refiere a la vulneración del derecho a la
asociación sindical, que el actor solicita le sea restablecido, para sostener
que “esta entidad bancaria no ha anulado, ni menos disminuido
considerablemente la libertad de asociación, ya que no ha asumido conductas
tales como obstaculizar su ejercicio, impedir las gestiones del sindicato,
adoptar medidas represivas, negar el derecho de huelga, entrabar afiliaciones
individuales, conceder beneficios a trabajadores no sindicalizados, ni cualquier
otro comportamiento de los aludidos en el inciso 2 del numeral 2 del art. 354
del C.S.T. modificado por el artículo 39 de la ley 5ª de 1990 (sic)”.
Agrega, al respecto que “el juez constitucional no
puede pasar inadvertido que como la negociación colectiva es un derecho que
supone la discusión de las condiciones que han de regir los contratos de
trabajo de los trabajadores vinculados a una convención colectiva de trabajo al
liquidador le está vedado realizar cualquier tipo de actividad que implique
celebración de pactos o convenciones colectivas o cualquier acto que no esté
dirigido a la liquidación de la entidad (..)”.
Encuentra lícita y debidamente justificada la decisión
del Banco que representa, de aplicar el artículo 140 del Código Sustantivo del
Trabajo, sin que a causa de la misma se vulneren los derechos de los
trabajadores, como quiera que se trata de una prerrogativa de la que el
empleador puede hacer uso de manera excepcional, y “en el caso bajo examen
motivos suficientemente serios, racionales y justos como lo es –la liquidación
de la entidad y el no tener un sitio donde desempeñar las funciones- sin que en
manera alguna constituya un capricho y arbitrariedad (..)”.
Respecto de la solicitud del actor, dirigida a que se
apliquen las previsiones de la Ley 790 de 2002 en el ámbito de la liquidación
del Banco Cafetero, se detiene en la naturaleza de la vinculación del actor y
pone de presente, que la normatividad en comento “estableció una protección
especial A LOS SERVIDORES PUBLICOS con el fin de no ser retirados del servicio
en desarrollo del programa de renovación de la administración pública (..)”.
Concluye entonces que la pretensión del actor tendrá
que negarse, habida cuenta que “AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO 092
DE 2000 Y ARTICULOS 1° Y 29 DE LOS ESTATUTOS DE BANCAFE TODOS LOS SERVIDORES
DEL BANCO A EXCEPCION DEL PRESIDENTE Y DEL CONTRALOR, SE RIGEN POR LAS NORMAS
DEL DERECHO PRIVADO”.
Recuerda, también, que “si bien la Ley 790 consagró
en principio una vigencia de tres años, no puede pasar inadvertido que por su
decreto reglamentario las disposiciones allí contenidas, se aplicarían a partir
del 1° de septiembre de 2002 hasta el 31 de enero de 2004”.
Finalmente, en relación con el reclamo del actor
atinente a que la entidad desconoce la Convención Colectiva, como quiera que no
ha procedido a reunir el Comité de Vivienda pactado en la misma, afirma que a
él, en su calidad de liquidador de BANCAFE, le está vedado realizar “nuevas
operaciones en desarrollo de su objeto social (..).”.
En síntesis solicita se niegue la acción
que se revisa, porque el actor cuenta con otros medios para hacer efectivos los
derechos que pretende restablecer, aunado a que el Banco Cafetero en
liquidación “no ha vulnerado (..) ningún derecho fundamental aducido por la (sic)
accionante”.
d) GRANBANCO S.A., por intermedio de apoderado,
interviene en el presente asunto, con el objeto de contestar la demanda y
solicitar que el amparo se niegue por improcedente.
El accionado afirma que la acción de tutela “no es
el escenario para controvertir la legalidad de actos administrativos, menos aún
para obtener declaraciones en asuntos laborales” y que al no existir prueba
de que el actor está siendo afectado de manera grave e irremediable no procede
conceder un amparo transitorio, como quiera que en reiterada jurisprudencia
esta Corporación tiene dicho que la acción de tutela no procede para el pago de
acreencias laborales, salvo que la situación del actor afecte su mínimo vital.
Trae a colación la sentencia de la Sala Laboral del H.
Tribunal Superior de Bogotá, confirmada por la Sala de Casación Laboral de la
H. Corte Suprema de Justicia, proferida el 23 de agosto de 2005 –radicado
13.493- para negar pretensiones similares a las que el actor formula y alude a
la falta de legitimación por activa de la pretensión de restablecimiento del
derecho a la asociación sindical de la Unión de Trabajadores Bancarios, en
razón de que en la demanda no se individualiza a cada uno de los trabajadores
afectados, ni se determinan en concreto los derechos vulnerados.
5.      Las decisiones que se revisan
5.1    Decisión de primera instancia
La Sala Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá niega
al señor Luis Fernando Valencia Taborda la protección invocada, toda vez que el
mecanismo de protección constitucional de los derechos fundamentales i) no
puede ser utilizado para propender por la inaplicación de actos de carácter
general impersonal y abstracto, como viene a ser el artículo 10 del Decreto 610
de 2005, “porque, para ello, la propia ley ha previsto el ejercicio de
acciones idóneas las que podrían ejercerse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y además porque se encuentra expresamente prohibido
por el decreto que reglamenta la acción tutelar” y ii) no procede, como
quiera que el actor “según su dicho goza de fuero sindical”, es decir “puede
demandar el restablecimiento de su derecho y la indemnización de perjuicios
mediante un procedimiento ágil (artículo 118 C.S.T). Señala la decisión:
“De manera que el actor puede acudir ante
el juez laboral para que éste, mediante el procedimiento ordinario atrás
señalado, determine la legalidad o ilegalidad del despido; orden que el juez de
tutela no puede proferir, en razón a que ello implica una valoración de pruebas
y un análisis jurídico propio de la actividad del juez natural. Nótese que en
el presente caso el actor predica a su favor la existencia de fuero sindical,
cuando dicha calidad no está plenamente acreditada, ya que si bien éste es
miembro de la Junta Directiva del Sindicato UNEB,  no es menos cierto , que no
hace parte de los que trata el artículo 407 de C.S.T. , esto es uno de los 5
primeros, ni de los 5 primeros suplentes, hecho que de por sí genera duda
respecto de la existencia de la garantía de no despido”.
Finalmente, respecto de la pretensión del actor,
atinente a que se restablezca su derecho a la igualdad y en consecuencia se
disponga la aplicación de las previsiones de la Ley 790 de 2002, dada su
condición de padre cabeza de familia, el fallador de primer grado considera que
“si en gracia de discusión se aceptara que efectivamente hay lugar a aplicar
esta ley a favor del actor, lo cierto es que no cumple con los requisitos
previstos en la sentencia de unificación 388 de 2005, según la cual para que
proceda el amparo de tutela, es necesario que el petente haya acreditado la
condición de padre cabeza de familia y que la entidad lo hubiere reconocido
como tal mediante las certificaciones correspondientes, exigencia que no se
cumple en el presente caso”.
5.2    Impugnación
El accionante impugna la decisión, para el efecto
señala que frente a “la utilización de conductas abusivas por parte del
empleador en la observancia de derechos básicos como el de Asociación Sindical
y a la Igualdad, pensar en la idea de mecanismos como las acciones ordinarias,
tornaría nugatoria la  protección de los derechos fundamentales invocados”,
se apoya en la sentencia T-234 de 2005, de la que trae apartes.
Se refiere a la prueba anexa a la demanda, para
destacar que la misma i) demuestra que la aplicación del artículo 140 del
C.S.T. obedeció “a nuestra condición de directivos del sindicato, pues al
resto de la planta de personal, se la dejó prestando el servicio”; ii)
indica que la misma condición explica los despidos de que fue objeto la
dirigencia sindical, como quiera que a la sazón no se seguía proceso
disciplinario alguno ni se investigaba conductas relacionadas con el ejercicio
del cargo; y iii) da lugar a establecer la exclusión de las directivas
sindicales, en razón de su militancia, del servicio contratado por GRANBANCO
S.A.
Echa de menos que la sentencia de primer grado i) no
considere el Convenio Administrativo suscrito entre el Banco Cafetero S.A. en
Liquidación y GRANBANCO S.A., ii) pase por alto la decisión del Gerente
liquidador de negarse a recibir el Pliego de Peticiones aduciendo que “no
tenía trabajadores sindicalizados ni organización sindical a su interior”,
mientras “en términos reales los trabajadores al momento de la liquidación
le continuaron prestando el servicio, en los mismos cargos, las mismas
instalaciones, misma papelería y giro del negocio (..)”; y iii) no se
pronuncie respecto de la Resolución del Ministerio de la Protección Social de
abstenerse de sancionar al empleador por el desconocimiento de la Convención
Colectiva en la materia.
Afirma que “el despido de que fui objeto” se
enmarca dentro del “proceso de aniquilamiento de la organización sindical,
iniciado el 7 de marzo de 2005”, habida cuenta i) que se produjo “junto
con el de seis compañeros más que hacíamos parte de la dirección sindical”, el
mismo día en que el Liquidador resolvió rechazar el Pliego de Peticiones y ii)
ocurrió estando su situación laboral bajo los efectos del artículo 140 del C.
S.T. y en ejercicio de un permiso sindical.
Señala que coincide con las consideraciones de la
providencia que controvierte, en lo relativo a que “el Decreto 610 no es
susceptible de ser atacado por la vía de la Acción de Tutela”, pero que
discrepa de la misma decisión en lo atinente a que el juez constitucional no
puede pronunciarse sobre el artículo 10 del mismo Decreto, por cuya virtud las
negociaciones colectivas favorables a los trabajadores están prohibidas,
mientras el Gerente liquidador “realiza actos que no siendo de la naturaleza
de la liquidación los ejecuta porque resultan favorables a GRANBANCO”.
Destaca que esta Corte, mediante sentencias T-072 y
T-734 de 2005, “ha ordenado el reintegro de varios directivos sindicales sin
considerar el estado de liquidación de la entidad”, y que igual decisión
adoptó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 10 de
agosto de 2005, concluye entonces que la sentencia de instancia debe revocarse
para en su lugar disponer su reintegro.
Sostiene que no entiende el porqué de la
discriminación a la que están siendo sometidos los trabajadores de la entidad,
en cuanto al beneficio previsto en la Ley 790 de 2002, “cuando
Convencionalmente estamos definidos como trabajadores oficiales y la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya ha hecho pronunciamientos en el
sentido que nuestra condición de estar sujetos por Estatutos de la entidad al
régimen del C.S.T. no quiere decir que no seamos trabajadores oficiales, pues
puede haber trabajadores oficiales regidos por Decretos especiales y otros que
se rijan por las normas del C.S.T.”.
Para concluir insiste en que el juez de tutela debe
restablecer los derechos fundamentales vulnerados gravemente, en el desarrollo
del proceso de disolución del Banco Cafetero S.A.
5.3    Decisión de segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de
Justicia confirma la sentencia impugnada i) porque  “las pretensiones del
actor respecto de que se lo reintegre al cargo y se declare que fue desvinculado
injustamente con desconocimiento de su fuero sindical, es evidente que deben
demandarse ante la justicia laboral”; ii) como quiera que “la tutela no
fue prevista para lograr la derogatoria, declaración de inexequibilidad o
cualquier otra vía que saque del ordenamiento jurídico normas que, expedidas
por el órgano competente, en principio gozan de la presunción de acierto y
legalidad”; iii) debido a que “tratándose de disposiciones legales, que
precisamente por esto tienen carácter general impersonal y abstracto, el
numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 expresamente dispuso que
contra ellas no procede la acción de tutela”; y iv) a causa de que la
controversia probatoria y jurídica planteada por el actor, respecto de la
aplicación de los beneficios previstos en la “Ley 790 del 2002 o de “retén
social” (..) debe darse respetando las reglas de un debido proceso que solo
puede brindarlas el juez establecido para el efecto”.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar los fallos que se
reseñan, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por la decisión de
la Sala de Selección Número Once de esta Corporación, conforme al auto de 15 de
diciembre de 2005.
2.      Problema Jurídico Planteado
Debe esta Sala revisar las sentencias proferidas por
las Salas Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá y de Casación Penal de la H.
Corte Suprema de Justicia que niegan al señor Luis Fernando Valencia Taborda la
protección de sus derechos fundamentales a la asociación sindical, a la
negociación colectiva, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y
justas, dentro de la acción de tutela promovida por él mismo, con la
coadyuvancia de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, contra el Banco
Cafetero BANCAFE S.A. en Liquidación, el Presidente de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y GRANBANCO S.A.
Los jueces de instancia, niegan la protección por
improcedente i) habida cuenta que la inconstitucionalidad del artículo 10 del
Decreto 610 de 2005, que prohíbe al Gerente Liquidador del Banco Cafetero
BANCAFE S.A. negociar con la organización que agrupa a los trabajadores
sindicalizados de la entidad, debe controvertirse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; ii) como quiera que la aplicación de las
previsiones del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 requiere de parte del actor
la demostración de los requisitos que exige la disposición sin desmedro del derecho
de la entidad demandada de controvertirlos y iii) toda vez que es el juez
laboral el competente para evaluar las condiciones en que el actor fue
despedido y decidir sobre su derecho al reintegro. Afirman, además, que la
situación del actor no demanda la atención transitoria prevista en el artículo
86 constitucional, por cuanto no está probado que el despido haya afectado su
mínimo vital.
No obstante el actor destaca que no controvierte la
constitucionalidad del Decreto que dispuso la disolución del Banco Cafetero
BANCAFE S.A., asunto del que conoce en la actualidad la jurisdicción en lo
contencioso administrativo, sino que propende por la inaplicación de la norma a
la luz de los artículos 4°, 13, 38, 39, 53 y 55 de la Carta Política y porque
se analice en conjunto lo sucedido con la Unión Nacional de Empleados Bancarios
UNEB y la dirigencia de la entidad vinculada al Banco Cafetero, entre el 7 de
marzo de 2005 y el mes de mayo del mismo año, en razón de la expedición del
Decreto 610 de 2005; con el fin de que el juez constitucional i) disponga su
reintegro, ii) decida sobre su derecho a la negociación colectiva y haga
cumplir la Convención vigente en materia de vivienda y iii) se pronuncie sobre
su derecho a ser beneficiado de las previsiones de la Ley 790 de 2002, en
condiciones de igualdad.
Ahora bien, esta Corte ha considerado pertinente la
intervención de los jueces de amparo, siempre que los requisitos impuestos por
el ordenamiento no permitan a la justicia del trabajo emitir órdenes inmediatas
de reintegro y conseguir que las mismas se cumplan de todas maneras, como
quiera que la existencia de los medios ordinarios que hacen improcedente la
intervención del juez de amparo deberá ser apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante,
al tenor de los artículos 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 1991.
De modo que inicialmente la Sala habrá de reiterar la
jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela, además
de reiterar el carácter fundamental de la libertad sindical y de negociación
colectiva, como quiera que el actor hace consistir su derecho al reintegro en
la Convención Colectiva que le otorga la calidad de aforado.
3.      Consideraciones preliminares.
Reiteración de jurisprudencia
3.1    Carácter fundamental del derecho a
la libertad sindical
El artículo 38 de la Carta Política
garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades sociales, el artículo 39 del mismo ordenamiento se refiere en
concreto al derecho de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos y
asociaciones, sin intervención del Estado, con sujeción al orden legal y los
principios democráticos y la misma disposición reconoce a los trabajadores el
fuero y las garantías que requieren para agruparse y participar activamente en
la estructura y funcionamiento de las organizaciones que velan por sus
intereses.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos[7], por su parte, reconoce a
toda persona el derecho de reunión y asociación pacíficas, al igual que el de
fundar sindicatos y afiliarse a ellos –artículos 20.1 y 23.4-.
Los artículos 22 y 8° de los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos[8] y de Derechos
Económicos Sociales y Culturales[9] respectivamente y en
igual sentido el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[10],
a la vez que dotan de efecto vinculante a la libertad sindical que la
Declaración de los Derechos Humanos proclama, se refieren al derecho “de los
sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público, o para protección de los derechos
y libertades ajenos”.
Destacan esas disposiciones el carácter
fundamental de la libertad de asociación de empleadores y trabajadores, en
cuanto no “[autorizan] a los Estados Partes en el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical
y a la protección del derecho de sindicación adoptar medidas legislativas que
menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en la
forma que menoscabe dichas garantías”.
En armonía con lo expuesto y en razón de
que el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo[11], la Declaración de
Filadelfia -anexa a dicha Constitución-[12] y la
Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo[13]
erigen a la libertad sindical como principio esencial de las relaciones
laborales en procura de la paz y la justicia social[14]
i) la Comisión de Investigación y Conciliación en Materia de Libertad Sindical
examina las quejas sobre violación de derechos sindicales que somete a su
consideración el Consejo de Administración de la OIT sobre países Miembros de
la Organización o contra Estados Parte de las Naciones Unidas[15],
así el Estado no haya ratificado los convenios internacionales sobre libertad
sindical[16], siempre que se cuente
con su autorización; y el ii) Comité de Libertad Sindical investiga los
informes que involucran a los Estados Parte de la OIT, por violaciones a la
libertad sindical, independientemente de la ratificación de los mencionados
Convenios, sin que para el efecto se requiera el consentimiento del Estado
involucrado[17].
3.2    Convenio 98 de la OIT. Bloque de
constitucionalidad
Dispone el Convenio 98 de la OIT –Ley 27 de
1976- sobre la aplicación de la libertad de sindicación y la negociación
colectiva que los Estados “deberán adoptar medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para estimular y fomentar entre los empleadores y las
organizaciones de empleadores por una parte, y las organizaciones de
trabajadores, por la otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de
negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contactos
colectivos, las condiciones de empleo”.
Además esta Corte, mediante reiterada
jurisprudencia sobre la materia, ha señalado con claridad que la Constitución
de la OIT y los Convenios 87 y 98 hacen parte del bloque de constitucionalidad,
en cuanto “versan sobre derechos que no pueden ser suspendidos ni aún bajo
los estados de excepción[18]”.
La noción de bloque de constitucionalidad,
en punto a los Convenios 87 y 98 de la OIT, en la jurisprudencia de esta Corte
y su evolución se condensa en la sentencia C-401 de 2005[19].
En esa oportunidad, con ocasión del estudio
de la inconstitucionalidad de la expresión”los convenios”, contenida en
el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, porque al decir del ciudadano
demandante “los convenios internacionales del trabajo que han sido
ratificados por Colombia no son simples normas de aplicación supletoria por
parte de los operadores jurídicos” esta Corte declaró exequible la
disposición “en el entendido de que (i) no exista convenio aplicable
directamente, como fuente principal o prevalente, al caso controvertido, y (ii)
el convenio que se aplique supletoriamente esté debidamente ratificado por
Colombia”.
Para el efecto la Corte se detuvo en las decisiones de
constitucionalidad y de tutela que han abordado la obligatoriedad de los convenios
de la OIT y recordó cómo i) “en un primer momento se enfatizó que todos los
convenios internacionales del trabajo hacen parte de la legislación interna –
en armonía con lo establecido en el inciso 4 del artículo 53 de la Constitución;
ii) más adelante “varias sentencias empezaron a señalar que varios convenios
de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad” y, iii) “posteriormente,
se hizo una distinción entre ellos para señalar que algunos pertenecen al
bloque de constitucionalidad en sentido estricto y otros al bloque de
constitucionalidad en sentido lato”. Señala la decisión:
“20. En conclusión, es preciso distinguir
entre los convenios de la OIT, puesto que si bien todos los que han sido
“debidamente ratificados” por Colombia, “hacen parte de la legislación interna”
(C.P:, art. 53, inciso cuarto) -es decir, son normas jurídicas principales y
obligatorias para todos los habitantes del territorio nacional, sin necesidad
de que una ley posterior los desarrolle en el derecho interno- no todos los
convenios forman parte del bloque de constitucionalidad (C.P., art. 93), en
razón a que algunos no reconocen ni regulan derechos humanos, sino aspectos
administrativos, estadísticos o de otra índole no constitucional. Igualmente, es
claro que algunos convenios deben necesariamente formar parte del bloque de
constitucionalidad, puesto que protegen derechos humanos en el ámbito laboral.
Adicionalmente, la Corte Constitucional puede, como ya lo ha hecho, de acuerdo
con criterios objetivos, indicar de manera específica qué otros convenios
forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato (C.P. art. 93,
inciso 2), en razón a que son un referente para interpretar los derechos de los
trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la
protección del trabajador (C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25
y 53). Cuando algún convenio prohíba la limitación de un derecho humano durante
un estado de excepción o desarrolle tal prohibición, corresponde a la Corte
señalar específicamente su pertenencia al bloque de constitucionalidad en
sentido estricto (C.P., art.93, inciso 1), como también lo ha realizado en
sentencias anteriores” –se
destaca-.
Consideró la Corporación i) que el “espectro
de temas tratados en los convenios internacionales del trabajo es muy amplio y
diverso”, ii) que los “Convenios 87, 98 relativos a la libertad
sindical, al derecho de sindicación y a la negociación colectiva y los números
29 y 105, relativos a la abolición del trabajo forzoso, se refieren a los
derechos humanos en el trabajo”, al igual que los Convenios 169 sobre
pueblos indígenas y tribales, 138 sobre la edad mínima y 182 sobre las peores
formas del trabajo infantil; y iii) enfatizó en su aplicación obligatoria, “por
todas las autoridades y los particulares para asegurarse de que las leyes
nacionales sean interpretadas de manera acorde con la Constitución y tales
convenios”. Señala la providencia:
“Hasta el año 2002, Colombia había
ratificado 55 convenios, de los 185 que había aprobado la OIT hasta 2003. Pues
bien, los convenios ratificados por Colombia también se refieren a una amplia
diversidad de temas, que abarcan desde los derechos humanos fundamentales en
el trabajo (como los convenios Nos. 87 y 98, relativos a la libertad sindical,
al derecho de sindicación y a la negociación colectiva; los  Nos. 29 y 105,
relativos a la abolición del trabajo forzoso, etc.) hasta las estadísticas
del trabajo (convenio 160), pasando por los asuntos de la simplificación de la
inspección de los emigrantes (convenio 21), de la inspección del trabajo
(convenios 81 y 129) y de la preparación de las memorias sobre la aplicación de
convenios por parte del Consejo de Administración de la OIT (convenio 116) –se
destaca-.
Ello sugiere que para establecer cuáles
convenios ratificados por Colombia integran el bloque de constitucionalidad es
necesario que la Corte proceda a  decidirlo de manera específica, caso por
caso, tal como lo ha venido haciendo en las sentencias anteriormente citadas.
18. Desde la perspectiva mencionada, la
Corte comparte el concepto expuesto por varios intervinientes acerca de que
algunos convenios internacionales del trabajo forman parte del bloque de
constitucionalidad. Estos convenios son los que la Corte ha indicado o señale
en el futuro.
19. Así, pues, hacen parte del bloque de
constitucionalidad aquellos convenios que la Corte, después de examinarlos de
manera específica, determine  que pertenecen al mismo, en atención a las
materias que tratan. De esta manera, los convenios internacionales del trabajo
hacen parte del bloque de constitucionalidad cuando la Corte así lo haya
indicado o lo señale en forma específica. Así lo hizo, por ejemplo, en las
sentencias que se mencionaron atrás acerca del convenio 169, sobre pueblos
indígenas y tribales, y de los convenios 87 y 98, sobre la libertad sindical y
sobre la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva
–se destaca-.
A la Corte también le corresponde señalar
si un determinado convenio de la OIT, en razón de su materia y otros criterios
objetivos, forma parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto,
puesto que  prohíbe la limitación de un derecho humano durante un estado de
excepción o desarrolla dicha prohibición contenida en un tratado internacional
(C.P., art. 93, inciso 1). Así lo hizo, como ya se vio, en la sentencia C-170
de 2004, en relación con los convenios 138, sobre la edad mínima, y 182, sobre
las peores formas del trabajo infantil.
(..)
El carácter normativo obligatorio de los
convenios de la OIT ratificados por Colombia impide que sean considerados como
parámetros supletorios ante vacíos en las leyes.
21. Lo anterior indica que de ninguna
manera los convenios internacionales del trabajo pueden ser considerados
simplemente como parámetros supletorios en el  ordenamiento laboral.
Independientemente de la definición acerca de cuáles son los convenios que
forman parte del bloque de constitucionalidad, es claro que todos forman parte
de la legislación interna, lo que significa que no pueden ser relegados, por
regla general, a parámetros supletorios de interpretación ante vacíos
normativos en el orden legal.
Adicionalmente, aquellos convenios que
integran el bloque de constitucionalidad han de ser aplicados por todas las
autoridades y los particulares para asegurarse de que las leyes nacionales sean
interpretadas de manera acorde con la Constitución y tales convenios. Por lo
tanto, al resolver “el caso controvertido” – en los términos del artículo 19
del Código Sustantivo del Trabajo acusado en el presente proceso-, tales
convenios son norma aplicable de manera principal y directa, y han de incidir
en la determinación del alcance de las normas legales que también sean aplicables.
Adicionalmente, los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en
sentido estricto han de prevaler en el orden interno (C.P., art. 93, inc. 1),
lo cual ha de ser reconocido y respetado al resolver “el caso controvertido.”
En este orden de ideas, al determinar la
normatividad aplicable a un asunto que compromete el derecho a la negociación
colectiva, debe considerarse, “el Preámbulo de la Carta Política, e incluir
los artículos 1, 5, 39, 53, 56 y 93 de ese Estatuto Superior,  (..) la Constitución
de la OIT y [el Convenio 98 debidamente ratificado por el Congreso], que versan
sobre derechos que no pueden ser suspendidos ni aún bajo los estados de
excepción); además, los artículos pertinentes de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos”[20].
3.3    Estabilidad de los representantes de
los trabajadores
En concordancia con el derecho de los
trabajadores a asociarse libremente y debido a la necesidad de adoptar medidas
para hacer realidad la protección constitucional a la libertad sindical y a la
negociación colectiva, el artículo 39 de la Carta Política reconoce a los
representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión y la legislación laboral dispone que los fundadores
de las organizaciones sindicales, sus directivas y miembros adherentes, no
serán despedidos, ni desmejorados en sus condiciones laborales sin justa causa,
debidamente calificada por el juez del trabajo.
El artículo 39 de la Carta Política y el
Código Sustantivo del Trabajo acogen, entonces, la Recomendación 143 de la OIT “sobre
la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los
trabajadores en la empresa”, adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad, el 2 de junio
de 1971, en su quincuagésima sexta reunión.
Prevé la Recomendación a que se hace mención, entre
otros aspectos relacionados con la protección a los representantes de los
trabajadores, que éstos deberían gozar de protección eficaz contra todo acto
que pueda perjudicarles, incluido el despido por razón de su condición, de su
gestión y de su participación en la actividad sindical, “siempre que dichos
representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros
acuerdos comunes en vigor” y que dicha protección debería contar con
medidas específicas como las siguientes:
a) Definición detallada y precisa de los
motivos que pueden justificar la terminación de la relación de trabajo de los
representantes de los trabajadores.
b) Exigencia de consulta, dictamen o
acuerdo de un organismo independiente, público o privado, o de un organismo
paritario antes de que el despido de un trabajador sea definitivo.
c) Procedimiento especial de recurso
accesible a los representantes de los trabajadores que consideren que se ha
puesto fin injustamente a su relación de trabajo, o que sus condiciones de
empleo han sido modificadas desfavorablemente, o que han sido objeto de trato
injusto.
d) Por lo que se refiere a la terminación
injustificada de la relación de trabajo de los representantes de los
trabajadores, el establecimiento de una reparación eficaz que comprenda, a
menos que ello sea contrario a los principios fundamentales de derecho del país
interesado, la reintegración de dichos representantes en su puesto, con el pago
de los salarios no cobrados y el mantenimiento de sus derechos adquiridos.
e) Imponer al empleador, cuando se alegue
que el despido de un representante de los trabajadores o cualquier cambio
desfavorable en sus condiciones de empleo tiene un carácter discriminatorio, la
obligación de probar que dicho acto estaba justificado.
f)Reconocer la prioridad que ha de darse a
los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo
en caso de reducción del personal”.
En la misma línea, dispone el Código Sustantivo del
Trabajo:
“Artículo 405.—Modificado. D. 204/57, art.
1º. Definición. Se denomina “fuero sindical” la garantía de que gozan algunos
trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de
trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez de
trabajo.
Artículo 406.—Subrogado. L. 50/90, art. 57.
Modificado. L. 584/2000, art. 12. Trabajadores amparados por el fuero sindical.
Están amparados por el fuero sindical:
a) Los fundadores de un sindicato, desde el
día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el
registro sindical, sin exceder de seis (6) meses;
b) Los trabajadores que, con anterioridad a
la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el
amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;
c) Los miembros de la junta directiva y
subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin
pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los
comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este
amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más,
y
d) Dos (2) de los miembros de la comisión
estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o
confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por
seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1)
comisión estatutaria de reclamos.
Parágrafo 1º—Gozan de la garantía del fuero
sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos,
exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil,
política o cargos de dirección o administración.
Parágrafo 2º—Para todos los efectos legales
y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del
certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la
copia de la comunicación al empleador.
Artículo 407.—Miembros de la junta
directiva. Amparados. 1.  Cuando la directiva se componga de más de cinco (5)
principales y más de cinco (5) suplentes, el amparo sólo se extiende a los
cinco (5) primeros principales y a los cinco (5) primeros suplentes que figuren
en la lista que el sindicato pase al patrono (§ 3688).
2.  La designación de toda junta directiva
o cualquier cambio que ocurra en su composición debe notificarse al patrono en
la forma prevista en los artículos 363 y 371. En caso de cambio, el antiguo
miembro continúa gozando del fuero durante los tres (3) meses subsiguientes a
menos que la sustitución se produzca por renuncia voluntaria del cargo sindical
antes de vencerse la mitad del período estatutario o por sanción disciplinaria
impuesta por el sindicato, en cuyos casos el fuero cesa ipso facto para el
sustituido.
3. En los casos de fusión de dos o más
organizaciones sindicales, siguen gozando de fuero los anteriores directores
que no queden incorporados en la junta directiva renovada con motivo de la
fusión, hasta tres (3) meses después de que ésta se realice.
Artículo 408.—Modificado. D. 204/57, art.
7º. Contenido de la sentencia. El juez negará el permiso que hubiere solicitado
el patrono para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical, o para
desmejorarlo, o para trasladarlo si no comprobare la existencia de una justa
causa.
Si en el caso de que trata el inciso
primero del artículo 118 del Código Procesal del Trabajo se comprobare que el
trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero
sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al patrono a pagarle, a
título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del
despido.
Igualmente, en los casos a que se refiere
el inciso tercero del mismo artículo, se ordenará la restitución del trabajador
al lugar donde antes prestaba sus servicios o a sus anteriores condiciones de
trabajo, y se condenará al patrono a pagarle las correspondientes
indemnizaciones”.
Se aprecia en la normatividad transcrita, la
protección de que deben gozar los representantes de los trabajadores contra
todo acto que pueda perjudicarles, incluido el despido por razón de su condición,
de su gestión y de su participación en la actividad sindical, tal como lo prevé
el artículo 19, numeral 6°, literales b) y d) del Convenio Constitutivo de la
OIT.
Efectivamente, dispone la disposición en cita que una
vez determinado por la Conferencia General de la Organización que una cuestión
del orden del día adopta la forma de Recomendación[21],
surgen para los Estados Parte las obligaciones de someter el instrumento a las
autoridades competentes, para que éstas adopten las medidas necesarias para
ajustarse a la recomendación y de informar al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo sobre “el estado de su legislación y la práctica
en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en
qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de
la recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda considerarse
necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.”
La Comisión de Expertos en Aplicación de
los Convenios 87 y 98 las Recomendaciones de la OIT sobre libertad sindical y
negociación colectiva ha elaborado un manual sobre protección contra actos de
discriminación sindical, del que, para efectos del asunto que ocupa a la Sala,
es del caso recordar:
-Que la protección del derecho de
asociación comporta la contratación, el periodo del empleo y el momento de la
cesación laboral.
-Que dada la necesidad de contrarrestar el
despido de los trabajadores, en razón del ejercicio de sus libertades
sindicales, por ser esta medida “la que acarrea consecuencias más graves y
es también la más evidente”, la Comisión recomienda a los países Miembros
de la Organización i) “adoptar una disposición tendente a reforzar la
protección en la materia al establecer que ha de darse prioridad a los
representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en
caso de reducción de personal –Recomendación 143[22]-;
ii) crear condiciones que permitan la reinstalación de los “representantes
sindicales en su condición anterior y que éstos sigan ejerciendo su mandato de
conformidad con la voluntad de los afiliados[23]”;
iii) “instituir procedimientos rápidos poco costosos e imparciales para
prevenir actos de discriminación o ponerles remedio lo antes posible”; iv) “(..)
exigir que sea el empleador quien pruebe que la medida impugnada como
antisindical tenía relación con otras cuestiones que no sean sindicales”
–Convenio 158-; v) prever indemnizaciones “que no estén expresadas en cifras
absolutas, sino que las disposiciones pertinentes se formulen de manera que
permita mantener su carácter disuasivo”; y vi) establecer sanciones con la
doble finalidad “de castigar a los responsables de violar un derecho
fundamental y de ejercer un efecto preventivo de disuasión” para así
reforzar la protección contra la discriminación en el trabajo por causa de la
libertad sindical[24].
Concluye la Comisión su informe sobre la
materia, en los siguientes términos.
“223. El artículo 1 del Convenio núm. 98
garantiza a los trabajadores una protección adecuada contra los actos de
discriminación antisindical, tanto en el momento de ser contratados como en el
curso del empleo, e incluso al momento de la cesación de la relación laboral, y
abarca todas las medidas de carácter discriminatorio (despidos, traslados,
descenso de grado y cualquier otra medida perjudicial para el trabajador). La
protección prevista en el Convenio es particularmente importante en el caso de
los representantes y dirigentes sindicales, los cuales deben poder contar con
la garantía de que no sufrirán perjuicio alguno en razón de su mandato
sindical.
224. No obstante, la eficacia de las
disposiciones legislativas depende, en gran medida de la forma en que tales
disposiciones se aplican en la práctica, así como de los mecanismos de
reparación y de las sanciones previstos. Las normas legislativas son
insuficientes si no van acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de
sanciones suficientemente disuasivas para asegurar su aplicación. Los
mecanismos de protección de carácter preventivo (por ejemplo, la autorización
previa de la inspección del trabajo en caso de despido) son particularmente
útiles a este respecto. La obligación impuesta al empleador de probar que la
medida impugnada como antisindical tenía relación con otras cuestiones que no
sean sindicales, o el establecimiento de una presunción en favor de los
trabajadores, constituyen un medio complementario para asegurar una protección
eficaz de los derechos sindicales garantizados por el Convenio. Una legislación
que permita, en la práctica, que el empleador ponga término al empleo de un
trabajador a condición de pagar la indemnización prevista por la ley para todos
los casos de despido injustificado, cuando el motivo real es su afiliación o
sus actividades sindicales, es insuficiente, habida cuenta del artículo 1 del
Convenio. La legislación debería prever asimismo un mecanismo eficaz en materia
de medios de reparación. El reintegro del trabajador despedido con el pago de
indemnizaciones retroactivas constituye el medio más apropiado de remediar los
actos de discriminación antisindical”.
De conformidad con lo expuesto, para esta
Sala es claro que desmejorar a un trabajador aforado o despedirlo sin justa
causa comprobada por el juez del trabajo, en periodos de estabilidad reforzada
previamente convenida, constituyen conductas de discriminación antisindical y
dan derecho al reintegro, como quiera que los artículos 38 y 39 de la Carta
Política disponen que los trabajadores y empleadores pueden asociarse
libremente en defensa de sus intereses y los tratados y convenios sobre
derechos humanos, aprobados por el Congreso, reconocen el carácter fundamental
de la libertad sindical, dada su relación con las libertades civiles y su
vocación para conseguir la paz y la justicia social, calidad ésta que el
Estado, en los términos de los artículos 9 y 93 de la Constitución Política,
está en el deber de hacer prevalecer, adoptando las medidas que resulten
necesarias para contrarrestar los actos que discriminan a los trabajadores, en
razón de la militancia sindical.
Ahora bien, el periodo de estabilidad reforzada no
comporta que los trabajadores aforados no puedan ser despedidos, desmejorados o
trasladados con justa causa, sino que ésta deberá ser valorada por el juez del
trabajo para resolver en consecuencia si el foro se mantiene o si el mismo
permanece, con pleno respeto de las garantías constitucionales del trabajador y
del patrono, como se verá.
3.4    Restablecimiento del derecho a la
libertad sindical. Acción de reintegro y acción de tutela
3.4.1 El Código Procesal del Trabajo regula
el procedimiento que debe seguir el empleador con miras a obtener el permiso
para despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador aforado y la misma
normatividad regula el trámite a que deberá sujetarse la pretensión de
reintegro del activista sindical que llegar a ser perjudicado en su condición
laboral, sin autorización del juez del trabajo.
En este orden de ideas y en consideración a
que los procedimientos a que se hace mención resultan en principio eficaces
para restablecer a los trabajadores aforados en sus condiciones laborales, dada
su brevedad[25] y especialidad[26],
esta Corte ha considerado, también en principio, improcedente la intervención
del juez de amparo con igual propósito, sin perjuicio de que la situación
demande de una orden de inmediato cumplimiento, no comprendida en la
competencia atribuida a otras autoridades judiciales, tal como lo establece el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.
Esta Corte ha considerado, por ejemplo, que
en razón de las disposiciones de los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo
en la materia, algunos militantes sindicales podrían ser trasladados,
desmejorados en sus condiciones laborales e incluso despedidos, a causa del
ejercicio de su derecho de sindicación, sin posibilidades de restitución o
reintegro, salvo por la intervención del juez constitucional, como quiera que
la protección legal comprende a un número determinado de gestores, opera dentro
de un plazo y exige de los afectados cargas demostrativas que los mismos no
siempre se encuentran en capacidad de cumplir[27].
3.4.2 También esta Corte ha encontrado ineficaces los
procedimientos ordinarios para hacer cumplir las medidas de estabilidad
constitucional reforzada, establecidas con el propósito de mitigar estados
evidentes de discriminación, necesidad y vulnerabilidad, particularmente cuando
el desaparecimiento de quien tendría que cumplir la medida es inminente.
En este orden de ideas, mediante sentencias
de unificación[28] esta Corte dispuso el
reintegro inmediato de quienes, no obstante gozar del derecho a la permanencia
en el cargo fueron despedidos de una entidad pública en liquidación.
Recordó la Corporación cómo las políticas o
medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, con miras a
eliminar o mitigar las desigualdades de tipo social, cultural o económico que
los afectan, tuvieron su origen “en el derecho norteamericano con la Ley
Nacional de Relaciones Laborales de 1935, según la cual si un empresario
discriminaba a un sindicato o miembro de aquel, debía suspender su actuación y
adoptar “acciones afirmativas” para ubicar a las víctimas en el lugar que
estarían si no hubieran sido discriminadas”, y también puntualizó que
dichas medidas en el Estado Social de derecho constituyen un instrumento de
gran valía en la “transición de la igualdad formal a la igualdad sustantiva
o material” –SU-388 de 2005-.
Ahora bien, en punto del procedimiento para
hacer efectivas las medidas de estabilidad reforzada, en las sentencias de
unificación a que se hace referencia, la Corte consideró que así existan otros
mecanismos de defensa “por tratarse de un proceso de liquidación cuya
fecha límite es relativamente próximo (a más tardar el 12 de junio de 2007) la
acción de tutela se proyecta como el mecanismo apropiado para asegurar un
verdadero respeto de los derechos fundamentales (..)”, como quiera que “(..)
las otras vías judiciales podrían resultar eficaces ante la próxima e
inexorable desaparición de la empresa” –SU-388 de 2005[29],
se destaca-.
En esta misma orientación, las Salas
Primera y Segunda de Revisión[30], en consideración al
estado de liquidación del Banco Cafetero BANCAFE S.A. revocaron las decisiones
de instancia, las cuales, aduciendo la existencia de otra vía, negaban las
acciones promovidas por trabajadores sindicalizados despedidos por la entidad
y, en su lugar, ordenaron al Liquidador de la accionada el reintegro inmediato
de los accionantes sin solución de continuidad, como quiera que “la acción
de tutela se convierte en procedente, en forma excepcional y con efectos
definitivos como la única acción judicial para garantizar” el derecho a la
libre asociación sindical, ante la conducta abusiva, desproporcionada e
inconstitucional del patrono que afecta una organización sindical al punto de
lograr su extinción –T-234 de 2005-.
4.      Caso Concreto
4.1    La protección invocada y las
decisiones de instancia
Revelan los antecedentes que el señor Luis
Fernando Valencia Taborda interpone acción de tutela en contra del Banco
Cafetero BANCAFE S.A. en Liquidación, GRANBANCO S.A., la Presidencia de la
República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por violación de sus
derechos fundamentales a la asociación, a la negociación colectiva, a la igualdad,
al trabajo en condiciones dignas y justas y a la vivienda, porque el Liquidador
de la entidad financiera demandada inicialmente lo conminó a devengar salario
sin prestar el servicio para el que fue contratado -11 de marzo de 2005-, para
luego terminar su contrato de trabajo -28 de abril de 2005-, sin justa causa y
sin reparar en su condición de padre cabeza de familia.
Destaca el actor -sin contradicción de
parte de los accionados- su condición de miembro activo de la Unión Nacional de
Empleados Bancarios UNEB desde el año de 1995, a la vez que relaciona su
calidad de integrante de la Junta Directiva y del Comité Operativo Nacional de
la organización sindical en el año 2000, la designación como integrante de la
mencionada Junta –10 a 12 de marzo de 2005-, su asistencia al XXIV Congreso
Nacional Extraordinario de la organización sindical reunido en Bogotá entre el
10 y el 12 de marzo de 2005 y el permiso sindical del que gozaba, a tiempo de
su despido.
Demuestra el nombrado -de manera que las
entidades tuteladas no desvirtúan- el acuerdo suscrito entre Sintrabanca
primeramente y luego UNEB con el Banco Cafetero BANCAFE S.A., ahora en
Liquidación, por cuya virtud los trabajadores sindicalizados “no podrán ser
despedidos”, dentro de los seis meses siguientes a los eventos programados
por la organización sindical y, en caso contrario, “el Banco procederá a
reintegrarlo entendiéndose que no hubo interrupción del contrato de trabajo”.
Se detiene además el señor Valencia Taborda
en las actuaciones adelantadas por el Gobierno Nacional con miras a disolver la
entidad financiera, las cuales -a su parecer- tuvieron el evidente propósito de
“abolir la Convención Colectiva de Trabajo y de contera la Organización
Sindical, que dada su condición mayoritaria representaba a todos los
trabajadores de la entidad” y, como indicantes de su aserto, señala:
-La decisión del Liquidador de BANCAFE i)
de devolver el pliego de peticiones sometido a su consideración por el
Presidente de UNEB, por conducto del Ministerio del ramo, con fundamento en el
artículo 10 del Decreto 610 de 2005 y ii) la Resolución del Ministerio de la
Protección Social de abstenerse de sancionar a la entidad, en razón del
contenido litigioso de la pretensión de la organización sindical.
-La suscripción, por parte del mencionado
Liquidador, de un Convenio Interadministrativo de Suministro de Servicios, en
calidad de contratista, con una entidad creada para tal fin “en las mismas
instalaciones, con los mismos trabajadores el mismo tráfico de clientes y usuarios
y la misma papelería”, de la entidad en estado de liquidación.
-El tratamiento dado a “todos los
miembros de la dirección nacional del Sindicato” consistente en eximirlos
de “trabajar para el Banco Cafetero en liquidación” y así impedirles “dar
orientación a los trabajadores”, previo “bloqueo de los carnés
magnéticos de ingreso de los directivos sindicales adscritos al Edificio del
C.C.I. que quedó como sede de Gran banco S.A. y donde laboran unos 800
trabajadores”.
-El despido “de que fui objeto (..)
junto con seis compañeros más de la dirección sindical (..) una semana después
de haberle presentado el Pliego de Peticiones a la entidad”.
Los jueces de instancia, por su parte -como
quedó explicado- niegan la protección por improcedente, debido a que
corresponde a las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y ordinaria
resolver, respectivamente, sobre la conformidad con la Carta Política del
Decreto 610 de 2005, pronunciarse sobre el derecho del actor al reintegro y
resolver si el mismo tiene derecho a ser beneficiado de la protección prevista
en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, dada la vulneración de su derecho a
asociarse y a no ser discriminado, en razón de su militancia en una
organización sindical.
4.2    Procedibilidad de la acción
Delimitado el objeto de la protección que se revisa,
se deberá establecer la procedencia de las medidas solicitadas por el actor
para la efectividad de la misma, que el demandante concreta i) en que se ordene
a las accionadas pasar por alto el artículo 10 del Decreto 610 de 2005; ii) en
que esta Corte se pronuncie sobre la aplicación del artículo 140 del Código
Sustantivo del Trabajo “exclusivamente a la dirección sindical”; iii) en
que se le hagan extensivos los beneficiados previstos en el artículo 12 de la
Ley 790 de 2002; iv) en que se ordene su reintegro al cargo que ocupaba el 4 de
mayo de 2005, sin solución de continuidad y con la advertencia de que no será
eximido de laborar; y v) en que se disponga la convocatoria del Comité
Paritario de Vivienda.
4.2.1 Improcedencia del amparo para resolver sobre el
artículo 10 del Decreto 610 de 2005, la aplicación del artículo 140 del Código
Sustantivo del Trabajo y la convocatoria al Comité Paritario de Vivienda
4.2.1.1        Sobre el artículo 10 del Decreto 610 de
2005
Sabido es que la acción de tutela opera en forma
subsidiaria y residual y que el actor podría ejercer las acciones previstas en
el Código Contencioso Administrativo, para controvertir la constitucionalidad y
legalidad del artículo 10 del Decreto 610 de 2005, con el fin de que se
resuelva sobre la decisión del Gobierno Nacional de disolver el Banco Cafetero
BANCAFE y así mismo prohibir “cualquier tipo de actividad que implique
celebración de pactos o convenciones colectivas”.
Se conoce, además, porque el actor así lo afirma y las
entidades accionadas no lo desvirtúan, que en la actualidad cursan ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, “acciones de Nulidad y
Restablecimiento del derecho por varios ciudadanos ante el Consejo de Estado”, contra
el Decreto 610 de 2005[31].
Lo anterior conduce a la Sala a sostener que los
pronunciamientos que el actor solicita, respecto del artículo 10 del Decreto
610 de 2005, proferido por el Presidente de la República el 7 de marzo de 2005,
es asunto ajeno al juez de amparo, en razón de que su conocimiento ha sido
confiado a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
Con todo, podría argüirse que el artículo 86 de la
Carta dispone que la acción de amparo procede como mecanismo transitorio, para
evitar un perjuicio irreparable cuando el afectado cuenta con otro medio de
defensa judicial, y  que el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991 prevé el
trámite conjunto de la acción de tutela “con la acción de nulidad y de los
demás precedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”,
al punto que si el Juez constitucional así lo considera “podrá ordenar que
no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta
cuya protección se solicita, mientras dure el proceso”.
La procedencia de la acción de tutela como amparo
transitorio para evitar la realización de un perjuicio irremediable, no
obstante el trámite que al respecto se adelante ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sobre el mismo asunto, requiere que la amenaza o el
daño que se pretenden solventar se deriven real y efectivamente de la
disposición que se solicita inaplicar y está claro que el perjuicio que sufre
el actor toca con la terminación de su contrato de trabajo y no con la
prohibición impuesta al Liquidador de la entidad de realizar actividades que
impliquen celebración de pactos o convenciones colectivas, al punto que de
llegarse a considerar la incompatibilidad con la Carta Política del artículo 10
del Decreto 610 de 2005, la inaplicación de la norma, en sí misma, no
conduciría al reintegro del actor.
Además, hay que entender que el Presidente de la Unión
Nacional de Empleados Bancarios UNEB si bien coadyuva al actor en su demanda no
promueve la acción directamente, asunto éste que le impide a esta Sala entrar a
considerar la violación del derecho de la organización sindical a la
negociación colectiva, aunado a que no se conoce que la organización sindical
hubiere recurrido la decisión del Gerente Liquidador de rechazar el pliego de
peticiones que le fuera notificado el 25 de abril de 2005, al punto que no
podría decirse que la UNEB se interesa, en realidad, en la inaplicación del
artículo 10 del Decreto 610 de 2005.
Ahora bien, el actor denuncia que la UNEB fue
debilitada por los accionados, debido a las acciones adelantadas con miras a
extinguirla definitivamente y las entidades accionadas no desvirtúan su aserto,
de modo que lo indicado tiene que ver con disponer el reintegro del señor
Valencia Taborda, sin solución de continuidad al cargo que ocupaba el 4 de mayo
de 2005 e informar a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, para
que adelanten las investigaciones pertinentes.
4.2.1.2        La aplicación del artículo 140 del
Código Sustantivo del Trabajo
El numeral 4 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
dispone que “la acción de tutela no procederá” cuando, entre otras
causales, “sea evidente que la violación del derecho generó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”,
y el artículo 24 de la misma normatividad prevé la intervención del juez de
tutela, sin perjuicio de la consumación del daño, con miras a que se prevenga a
la autoridad para que aquello que ya no se puede remediar no vuelva a
acontecer.
Ahora bien, revelan los antecedentes i) que el 11 de
marzo de 2005 el Gerente Liquidador del Banco Cafetero exoneró al actor de “trabajar
para el Banco Cafetero en liquidación”, a la vez que le advertía que la
entidad cancelaría su salario, de la forma acostumbrada, de acuerdo con lo
previsto al respecto en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y ii)
que el 4 de mayo de la misma anualidad la entidad resolvió dar por terminado el
contrato de trabajo suscrito con el señor Valencia Taborda, con fundamento en
el literal e) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y las
previsiones de los Decretos 3520 de 2004 y 610 de 2005, como más adelante se
verá.
Se observa entonces que el juez de amparo nada puede
remediar en cuanto a lo ocurrido entre el 11 de marzo y el 4 de mayo de 2005,
en la relación jurídico laboral entonces existente entre el Banco Cafetero
BANCAFE S.A. en Liquidación y el señor Luis Fernando Valencia Taborda.
Lo anterior sin perjuicio del derecho del actor y de
la organización sindical, si así lo consideran, de acceder a la jurisdicción en
lo contencioso administrativo, con miras a que el juez competente disponga
sobre la reparación de los daños causados por la aplicación del Código
Sustantivo del Trabajo a los trabajadores sindicalizados individualmente
considerados, que así lo demanden y a la UNEB, sin desmedro de las garantías
constitucionales de partes y terceros.
4.2.1.3        Convocatoria al Comité Paritario de
Vivienda
El actor sostiene que el Gerente liquidador del Banco
Cafetero no ha convocado al Comité Paritario de Vivienda, previsto en la
Convención Colectiva de Trabajo con el objeto de adjudicar los préstamos para
vivienda que la entidad bancaria accionada se comprometió a constituir, asunto
que el funcionario confirma en cuanto considera que el artículo 10 del Decreto
610 de 2003 no le permite “realizar cualquier actividad que implique
celebración de pactos como el de vivienda, por cuanto no esta (sic) encaminado
a la liquidación de la entidad sino a mejorar las condiciones de los
trabajadores”.
Se observa entonces que la Convocatoria que el actor
echa de menos está directamente relacionada con el pronunciamiento de
incompatibilidad de la Carta Política de la citada disposición, asunto que como
ya se dijo corresponde dilucidar a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Además la renuencia del Gerente liquidador no se
traduce en vulneración de derecho alguno del actor, como quiera que el actor no
menciona estar interesado en adquirir vivienda, y, lo que es más importante, no
se conoce manifestación alguna por parte de la Unión Nacional de Empleados
Bancarios respecto del incumplimiento de la Convención suscrita con el Banco
Cafetero en la materia.
4.2.2 Procedencia de la acción de amparo para resolver
sobre el derecho al reintegro
Como ha sido explicado, acudiendo para el efecto a las
sentencias SU-388 y 389 de 2005, la acción de tutela se erige como el único
medio eficaz, para hacer cumplir las previsiones constitucionales sobre fuero
sindical, de frente al estado de inminente liquidación del Banco Cafetero.
El despido del actor. Corresponde al juez
del trabajo calificar las causas esgrimidas por la entidad
Se conoce de autos que el Banco Cafetero
BANCAFE S.A. convino con las organizaciones sindicales que agrupan a los
trabajadores de la entidad, inicialmente el Sindicato Nacional de Trabajadores
del Banco Cafetero y más adelante la Unión Nacional de Empleados Bancarios i)
que la asistencia “a las Asambleas y/o Plenum Nacionales y Cursillos
Sindicales” no daría lugar al despido del trabajador “sin justa causa
dentro de los seis meses siguientes a la culminación de cada evento (..)”;
ii) que de llegarse a incumplir el acuerdo, “dicho despido se considerará
nulo”; y iii) que el reintegro del trabajador despedido daría lugar a
entender “que no hubo interrupción del contrato de trabajo para todos los
efectos legales y convencionales”.
Está demostrada también i) que el actor
asistió al Congreso de la organización sindical UNEB efectuado entre el 10 y el
12 de marzo de 2005, ii) que a finales del mes de abril del 2005 el señor
Valencia Taborda gozaba de permiso sindical para asistir a cursillo y iii) que
el Gerente Liquidador del Banco Cafetero resolvió dar por terminado el contrato
de trabajo que vinculaba al actor con la entidad, a partir del 4 de mayo de
2005, aludiendo a las previsiones de los Decretos 3520 de 2004 y 610 de 2005 en
la materia, como también al literal e) del artículo 61 del Código Sustantivo.
Sostuvo el Gerente mencionado, en
comunicación dirigida al actor el 29 de agosto del mismo año que “la ruptura
definitiva del nexo laboral que lo vinculó con el Banco Cafetero “hoy en
liquidación” no configuró un despido sino que obedeció a uno de los modos
autónomos de terminación legal del contrato de trabajo, tal como lo señala el
literal e) del artículo 61 del C.S.T., subrogado por el artículo 5° de la Ley
50/90”, en aplicación de lo dispuesto en los Decretos ya referidos.
No obstante, lo cierto es que el trabajador
no podía ser despedido sin previo levantamiento del fuero sindical, dada su
calidad de trabajador aforado, como lo preceptúan el Preámbulo de la Carta
Política y los artículos 1°, 5, 39, 53, 56 y 93 del mismo ordenamiento, la
Constitución de la OIT y el Convenio 98 debidamente ratificado por el Congreso,
además, los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 406, 407 y 408,
113 y siguientes de los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo.
Dentro del anterior contexto, el Gerente
Liquidador del Banco Cafetero no puede sustraerse a la previa calificación del
juez de trabajo si requiere dar por terminado el contrato de trabajo del actor,
así fuere por justa causa.
Lo expuesto en razón del fuero convencional
que se desprende de la Convención Colectiva suscrita el 23 de mayo de 1978, más
tarde asumida por UNEB –diciembre de 1999-, actualmente en vigor, en los
términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que el
Convenio 98 de la OIT encuentra en la negociación un mecanismo de gran valor
para “reglamentar, por medio de contactos colectivos, las condiciones de
empleo” –artículo 4°-, y esta Corte ha considerado que las Convenciones
Colectivas son una “verdadera fuente de derechos y obligaciones (..) pues
entraña la creación de un subsistema jurídico de cobertura restringida al cual
deben someterse trabajadores y empleador en el desarrollo de su relación
laboral”[32].
Concluyó entonces la Corte que en lo
referido a los trabajadores afiliados a una determinada organización sindical y
su empleador, de la Convención Colectiva se derivan derechos adquiridos y
obligaciones de imperativo cumplimiento que como tales deberán ser respetados,
“por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia[33].
En este punto debe considerarse lo trascendente que
resulta frente a la disolución del Banco Cafetero el llamado de la Conferencia
General del Trabajo a los Estados relativa a la necesidad de fomentar “la
comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias
organizaciones”, con el fin i) de “desarrollar la economía en su
conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de
elevar el nivel de vida”; y ii) de llegar “en la mayor medida posible, a
soluciones aceptadas de común acuerdo” –Recomendación 113 artículos 4° y
5°-.
De manera que la terminación del contrato
de trabajo de un activista sindical, convencionalmente aforado, si no va
acompañadas de una causa justa y un procedimiento previo[34],
donde el aludido pueda contradecir alegar y probar a su favor, constituye, en
sí misma, medida reprochable de discriminación antisindical. Señala la Corte[35]:
"Así, la posibilidad de terminación
unilateral que la ley otorga al patrono en los contratos individuales de
trabajo, no debe abrir las puertas para que aquél, amparado en ella, prescinda,
sin control ni medida y de manera colectiva o masiva, de los servicios de los
trabajadores bajo su dependencia para mermar el número de miembros activos de
los sindicatos.
Por este camino, si tal ejercicio
arbitrario, desproporcionado e irrazonable de la facultad legal se admitiera
como ajustado a la Constitución, independientemente del número de trabajadores
afectados, todos ellos -por coincidencia- integrantes del mismo sindicato, de
nada valdría la garantía de asociación que, en la Carta, los favorece, y serían
apenas teóricos derechos básicos como el de fuero sindical, el de negociación
colectiva y el de huelga, pues en esa hipótesis -que no acepta la Corte
Constitucional- bastaría con invocar, como en este caso lo ha hecho
"CODENSA", las normas legales en referencia y la facultad patronal de
despido sin justa causa mediante indemnización, para lograr, con el beneplácito
de los jueces, el desmonte, el debilitamiento o la volatilización de un
sindicato, o la sensible disminución de sus efectivos.
El panorama que se tendría no sería otro
que el de un Estado que, no obstante tener en su Constitución claramente
garantizadas las libertades de asociación sindical, de negociación colectiva y
de huelga, y de consagrar la protección especial estatal al trabajo, además de
hallarse obligado a acatar los convenios de la OIT y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, crearía, mediante normas legales, los
instrumentos necesarios para hacerlas inútiles, vanas e inoperantes por el
fácil expediente del uso masivo y caprichoso de la facultad en ellas concedida
a los empleadores.
En últimas, mediante la indemnización, la
empresa resultaría "comprando" la libertad de asociación sindical de
sus empleados”[36].
De modo que el Gerente Liquidador del Banco Cafetero
reintegrará al actor al cargo que ocupaba el 4 de mayo de 2005 sin solución de
continuidad y le reconocerá el valor de los salarios, reajustes y prestaciones
sociales que el mismo habría podido percibir, si le hubiera respetado su derecho
al fuero convencional.
Lo anterior sin perjuicio  i) del derecho del señor
Valencia Taborda de acceder a la justicia en demanda de una prestación mayor,
si así lo considera[37], ii) el derecho de la
entidad de acudir ante el Juez del trabajo, para efecto de dar por terminado el
contrato que vincula al trabajador, en vigencia del fuero convencional y iii)
de descontar el valor de las  indemnizaciones que el patrono pudiere haber
reconocido –artículo 64, numeral 4°, literal d) del C.S.T-[38].
5.      Conclusiones. Las sentencias de instancia se
confirmarán parcialmente
La Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Bogotá y la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia niegan al
señor Luis Fernando Valencia Taborda el amparo de sus derechos fundamentales a
la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la igualdad, al trabajo
en condiciones dignas y justas y a la vivienda, en cuanto consideran que el
ordenamiento prevé procedimientos eficaces que hacen improcedente la acción de
tutela para obtener pronunciamientos sobre la conformidad con la Carta Política
del artículo 10 del Decreto 610 de 2005, como quiera que -tal como lo consideran
los falladores de instancia- tal competencia ha sido concedida a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, que actualmente tramita el
asunto, sin que se vislumbre que para remediar la situación que afecta se
requiera un pronunciamiento del juez de amparo al respecto.
De igual manera y habida cuenta que ante un
daño consumado, no procede emitir órdenes de inmediato cumplimiento, será la
jurisdicción de lo contencioso administrativo la competente para disponer sobre
la reparación de los daños causados al señor Valencia Taborda por la aplicación
del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo sin la previa calificación
del juez del trabajo, como correspondía. Sin perjuicio de que las denuncias del
actor tengan que ser conocidas por la Procuraduría y la Fiscalía General de la
Nación, para lo de su competencia, tal como lo disponen los artículos 39 de la
Ley 50 de 1990 y 200 de la Ley 599 de 2000.
No obstante, las sentencias de instancia,
en cuanto niegan al actor su derecho al reintegro serán revocadas, para en su
lugar disponer que el actor sea reintegrado al cargo que ocupaba el 4 de mayo
de 2005 o a uno de igual o de superior categoría y que si la entidad pública
insiste en desmejorarlo, trasladarlo o despedirlo, someta el asunto a la consideración
del juez laboral, en los términos de los artículos 113 y siguientes del Código
Procesal del Trabajo.
De manera que en las cuarenta y ocho horas
siguientes a esta decisión, el Gerente Liquidador del Banco Cafetero
reintegrará al actor al cargo que ocupaba el 11 de marzo de 2005, sin solución
de continuidad, con la advertencia de que el señor Luis Fernando Valencia no
podrá ser discriminado por razón de su militancia sindical, de manera que no
podrá ser exonerado de ejecutar la labor para la que fue contratado, ni
desmejorado o trasladado, salvo por razones debidamente justificadas como quedó
explicado.
Lo anterior, en cuanto no se discute i) que
el 11 de marzo de 2005 el Gerente liquidador del Banco Cafetero resolvió
exonerar al actor de ejecutar la labor para la que fue contratado, aduciendo
una justa causa que no fue calificada por el juez del trabajo y ii) que en
iguales condiciones, es decir sin el previo levantamiento del fuero que lo
protege, el señor Valencia Taborda fue retirado de la entidad sin que la
jurisdicción del trabajo conociera de la decisión.
De otra parte, en consideración a que el
artículo 12 de la Ley 790 de 2002 confiere derecho de estabilidad en el proceso
de reestructuración de la Rama Ejecutiva del poder público, a las madres y
padres cabeza de familia que cumplen las exigencias legales y constitucionales,
está claro que si el actor así lo solicita y para el efecto cumple con los
requisitos establecidos en el ordenamiento, el Gerente Liquidador de la entidad
accionada deberá pronunciarse al respecto.
De modo que la Sala revocará parcialmente
los fallos de instancia para en su lugar i) confirmar las providencias en
cuanto a la improcedencia de la acción para resolver sobre la conformidad del artículo
10 del Decreto 610 de 2005, y ii) disponer el reintegro del actor, sin solución
de continuidad, sin perjuicio del derecho de la entidad pública accionada a
iniciar el correspondiente proceso de levantamiento de fuero sindical e iii)
informar a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación sobre las
denuncias del actor sobre persecución sindical, para que adelanten las
investigaciones y adopten los correctivos del caso.
III.    DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR, en cuanto a la improcedencia de la
acción para resolver sobre el artículo 10 del Decreto 610 de 2005, la
aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y la convocatoria
al Comité Paritario de Vivienda, las sentencias proferidas el 27 de septiembre
y el 15 de noviembre de 2005, por la Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia,
dentro de la acción de tutela instaurada por Luis Fernando Valencia Taborda
directamente y como miembro de la Junta Directiva Nacional y la coadyuvancia de
la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, en contra del Banco Cafetero
BANCAFE S.A. en Liquidación, GRANBANCO S.A., la Presidencia de la República y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por violación de sus derechos
fundamentales a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la
igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la vivienda.
Segundo.- REVOCAR las anteriores decisiones en cuanto a la
improcedencia de la acción de tutela para resolver sobre el derecho del actor
al reintegro y en su lugar conceder la protección.
En consecuencia el Gerente Liquidador del Banco Cafetero BANCAFE S.A., dentro del término de
las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, reintegrará al
señor LUIS FERNANDO VALENCIA TABORDA al cargo que ocupaba el 4 de mayo de 2005
o, de no ser ello posible, a uno de igual o de superior categoría.
Entendiéndose, para el efecto, que no hubo solución de continuidad en el
contrato de trabajo que a la fecha indicada vinculaba al actor con la entidad
financiera en liquidación y que el empleador podrá descontar los valores
reconocidos al trabajador por concepto de salarios y prestaciones sociales, por
el mismo periodo, e indemnización por despido injusto, de haberse efectuado,
sin afectar su supervivencia ni la de su familia.
Tercero.- Informar a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación sobre
las perturbaciones en el ejercicio de los derechos de libertad sindical y
negociación colectiva denunciados por el actor, para que se adelanten las
investigaciones pertinentes y se adopten los correctivos del caso. Ofíciese por
la Secretaría General de esta Corporación y remítase copia de esta providencia.
Cuarto.- Por Secretaría líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] De conformidad con el Artículo Segundo del documento, la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita entre BANCAFE  y la UNEB “tendrá una vigencia
de dos (2) años comprendidos entre el primero (1°) de diciembre de 1999 y el
treinta (30) de noviembre del año 2001” –artículo 478 C.S.T.-.
[2] El Decreto 610 de 2005, “por el cual se ordena la disolución y
liquidación del Banco Cafetero S.A.” fue proferido por el Presidente de la
República en ejercicio de “facultades constitucionales y legales en especial
las previstas en el Numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política y
en el Artículo 52 de la Ley 489 de 1998”.
[3] El Decreto 611 de 2005 “por el cual se aprueba la planta de
personal de GRANBANCO S.A.”, fue proferido por el Presidente de la
República “en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 115 de
la Ley 489 de 1998”.
[4] El Decreto 612 de 2005 “por el cual se hace un nombramiento”,
fue proferido por el Presidente de la República “en ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, consagradas en el artículo 189 numeral
13 de la Constitución Política”.
[5] En igual sentido a la comunicación de 11 de marzo de 2005 dirigida
al actor, el Director de Recursos Humanos del Banco Cafetero en Liquidación
envió comunicaciones a Mary Zuleima Martínez Campo, Dora María Vidal Rosero,
Margot Cecilia Realpe Mora, Gloria Amparo Rincón Narváez Diego Humberto
González Lozano, Saúl Antonio Figueroa Villa, Esperanza Trochez Mondragón,
Edward Adolfo Arias Martínez, Jesús Armando Cardozo Ramírez y María Lily Robayo
Rozo.
[6] “Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Expediente
23028 del cuatro de febrero de 2005 Magistrado Ponente Camilo Tarquino
Gallego”.
[7]  La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948 -Resolución 217 A (III)-.
[8] El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se suscribió
por los delegados a la  Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966 -Resolución 2200 A (XXI)-, entró en vigor el
23 de marzo de 1976 y fue aprobado mediante Ley 74 de 1968
[9] El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
se suscribió el 16 de diciembre de 1966 en la Asamblea General de las Naciones
Unidas -Resolución 2200 A (XXI)-. Entró en Vigor el 3
de Enero de  1976. Fue aprobado mediante Ley 74 de 1968.
[10] La Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y
adoptada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972
[11]El Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, entre otros aspectos, considera “(..) que existen condiciones de
trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran
número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para
la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas
condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de
trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de
trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía
de un salario vital, adecuada protección del trabajador contra las
enfermedades, sean o no profesionales y contra los accidentes del trabajo,
protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de
vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados
en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo
de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la
enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas”. –El texto
original de la Constitución de la OIT fue aprobado en 1919, y ha sido
modificado por enmiendas adoptadas en 1922, 1945, 1946, 1953, 1962 y 1972.
[12] El artículo 427 del Tratado de Versalles relaciona “el derecho
de asociación para todos los fines que no sean contrarios a las leyes, así para
los obreros para los patronos” entre los principios que deben regir las
condiciones de trabajo, la Declaración de Filadelfia, incorporada luego a la
Constitución de la OIT, proclama, entre otros principios que deben inspirar la
política de sus miembros “la libertad de expresión y de asociación” como
esencial “para el progreso constante” -Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia en su vigésima
sexta reunión, 10 de mayo de 1944-
[13] La Declaración Relativa a los Principios Fundamentales del Trabajo
fue proclamada en la 86 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT reunida
en Ginebra en 1988 –CIT/1988/PR20A-.
[14] Al respecto se puede consultar la Declaración de la OIT relativa a
los principios fundamentales en el trabajo - CIT/1998/PR20A-.
[15] Resolución 277(X) de 17 de febrero de 1950 del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas.
[16] Los Convenios 87 y 98 sobre Libertad Sindical y Derecho de
Sindicación y Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, fueron
adoptados en las trigésima primera y trigésima segunda reunión de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 9 de julio
de 1948 y el 1° de julio de |949 respectivamente.
[17] Oficina Internacional del Trabajo, La Libertad Sindical,
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, OIT, 1996.
[18] Sentencia T-568
de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz. Al respecto de esta decisión, en la Sentencia
C-401 de 2005 esta Corte señala: “En la sentencia T-568 de 1999, M.P. Carlos
Gaviria Díaz, se planteó por primera vez la integración de los convenios
internacionales del trabajo al bloque de constitucionalidad para tratar sobre
asuntos estrictamente laborales. La sentencia, que versó sobre el despido de
trabajadores sindicalizados de las Empresas Varias de Medellín que continuaron
participando en un cese de labores - a pesar de que la asamblea permanente que
habían convocado había sido declarada ilegal por el Ministerio del Trabajo -
concedió el amparo impetrado.  En la ratio decidendi de la providencia se
expresó que, al analizar el caso, las autoridades gubernamentales y judiciales
habían desconocido el derecho aplicable, por cuanto no habían atendido lo
dispuesto en los convenios internacionales del trabajo y en los tratados de
derechos humanos”. En consecuencia la Sala Cuarta de Revisión dispuso
revocar las sentencias que revisaba y en su lugar entre otras declaraciones,
resolvió i) ordenar a las Empresas Públicas de Medellín reintegrar a 209
trabajadores; y ii) condenar “in genere” a la accionada a pagar al Sindicato
actor una indemnización.”
[19] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia T-568 de 1999, ya citada.
[21] Sobre el carácter no vinculante de las Recomendaciones adoptadas
por la Conferencia General de la Confederación Internacional del Trabajo, entre
otras, se pueden consultar la Sentencia C-562 de 1992 M.P. Jaime Sanín
Greiffestein, C-147de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía y C-468de 1997 M.P.
Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
[22] La Recomendación 143 de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, emitida el 2 de junio de 1971, dispone i) que en
todo despido de un militante sindical deberán precisar los motivos, a fin de
calificar su justificación, ii) que el despido deberá ser calificado por un organismo
independiente,  iii) que la instancia de consulta del despido de un gestor
sindical deberá surtirse antes de que la terminación unilateral del contrato de
trabajo se efectúe causando un daño al trabajador y iv) que el trabajador
aforado deberá contar con un procedimiento especial y ágil para que obtener su
reintegro, siempre que fuere despedido sin justa causa comprobada y debidamente
calificada.
[23] Sobre la necesidad de disponer el reintegro de los trabajadores
despedidos por razón de su militancia sindical, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en sentencia del 2 de febrero de 2001, caso Baena Ricardo y
otros, sobre el derecho a la libertad sindical y las medidas especiales
proferidas para su protección, considerando que “ (..) consta en el acervo
probatorio del presente caso que al despedir a los trabajadores estatales, se
despidió a dirigentes sindicales que se encontraban involucrados en una serie
de reivindicaciones”, y que para el efecto, “(..) se pretendió darle
fundamento a la desvinculación laboral masiva de dirigentes sindicales y de
trabajadores del sector público, actuación que sin duda limita las
posibilidades de acción de las organizaciones sindicales en el mencionado
sector (..)” ordenó al Estado Parte su reintegro y el pago de las
indemnizaciones del caso, porque “ (..)
aquella ley estaba no sólo permitiendo la desvinculación laboral de los
dirigentes sindicales, sino abrogando los derechos que les otorgaban estas
últimas normas al regular el proceso de despido de los trabajadores que gozaban
de fuero sindical (..)”
[24] En este punto el Informe III, Parte 4B, de la Conferencia 81 de la
OIT, ejemplifica las sanciones previstas en las legislaciones de Colombia,
Rumania y Swazilandia para combatir las medidas antisindicales. Dice al
respecto: “Por ejemplo, Colombia: la Comisión tomó nota con satisfacción de que
el art. 39 de la ley núm. 50, de 1990, ha aumentado el monto de las sanciones
aplicables en caso de actos atentatorios contra el derecho de asociación (que
se eleva ahora a una multa equivalente al monto de 5 a 100 veces el salario
mínimo mensual más alto), sin perjuicio de las sanciones penales a que haya
lugar en virtud del art. 292 del Código Penal (arresto de uno a cinco años)
(ICE, 1991, pág. 269). Rumania: art. 48 de la ley núm. 54, de 1991, sobre los
sindicatos (pena de prisión de seis meses a dos años). Swazilandia: arts. 35,
10 y 76 de la ley sobre las relaciones de trabajo, de 1980 (multa 30 días de
cárcel)”.
[25] Al respecto la
sentencia C-381 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esta oportunidad
la Corte estudió la inconstitucionalidad de los artículos 113, 114 y 118 del
Código Procesal del Trabajo y los declaró conformes con la Carta Política, en
el entendido de que “el término que el empleador tiene para interponer la
acción de levantamiento de fuero es concomitante con el conocimiento de la
ocurrencia de una causa justa para solicitar la autorización de despido,
traslado o desmejoramiento del trabajador aforado (..) en atención a la
prontitud con la que deben ser resueltas las controversias arriba enunciadas y
a la naturaleza del levantamiento y la razón de ser de su garantía (..)”..
[26] El carácter especial de las acciones de levantamiento de fuero y de
reintegro a causa del mismo, se pueden consultar las sentencias T-731 de 2001
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-029 de 2004 M.P. Alvaro Tafur Galvis. En estas
decisiones las Salas Quinta y Octava de Revisión respectivamente, concedieron
la protección constitucional invocada, como quiera que los jueces laborales,
por fuera de su competencia, entraron a considerar las condiciones del
empleador para negar el reintegro del trabajador aforado, sin perjuicio de su
despido sin levantar el fuero, en una acción especial establecida para
comprobar tal levantamiento,  exclusivamente.
[27] Mediante sentencia T-135 de 2002 M.P. Alvaro Tafur Galvis, esta
Sala ordenó el reintegro de varios trabajadores, a quienes no alcanzaba la
protección que confiere la legislación laboral, no obstante haber sido
despedidos sin justa causa, tan pronto como el patrono conoció que gestaban la
conformación de una organización sindical.
[28] SU- 388 y 389 de 2005 MM PP Clara Inés Vargas Hernández y Jaime
Araujo Rentería respectivamente.
[29] En igual sentido la sentencia T-1169 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[30] Sentencias T-072  y T-234 de 2005 MM PP Alfredo Beltrán Sierra y
Jaime Araujo Rentería.
[31] Demandas 200500172 y 200500222 C.P. Martha Sofía Sanz Tobón –autos
admisorios proferidos el  9 de septiembre de 2005-.
[32] Sentencia C-314 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
inconstitucionalidad de los artículos 16 y 18, parciales del Decreto 1750 de
2003. En igual sentido SU-1185 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[33] En consideración al carácter normativo de las convenciones
colectivas, reconocido en la doctrina y en la jurisprudencia, mediante la
sentencia a que se refiere la nota anterior fue declarado inexequible el aparte
“Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones
jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así
como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán
ser afectadas”, contenido en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, “por
restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el
cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo
18”.
[34] Respecto de la obligación del patrono de exponer con claridad las
causas del despido, mantenerlas  y permitir al trabajador contradecirlas se
pueden consultar las sentencias C-594 de 1997 M.P. Alejandro Martinez Caballero
y C-299 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta última decisión esta Corte
declaró exequible el numeral 3º del literal a) del artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo, “en los términos de la presente sentencia y, bajo el
entendido de que para aplicar esta causal es requisito indispensable que se
oiga previamente al trabajador en ejercicio del derecho de defensa",
previsión que mediante sentencia T-546 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la
Sala Octava de revisión entendió referida a todas las causales de terminación
unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador.
[35] Sobre la connotación del despido colectivo de los trabajadores
sindicalizados, como medida contraria a la libertad sindical se puede consultar,
entre otras, la sentencia T-436 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[36] En la oportunidad que se reseña la Corte dispuso el reintegro de
los trabajadores sindicalizados despedidos de una empresa prestadora de
servicios públicos toda vez que “una actitud como la asumida en este caso
por la empresa demandada desestimula de manera grave la asociación sindical, en
cuanto directa o subliminalmente conduce a los trabajadores a escoger entre su
permanencia en la empresa y su ejercicio de la señalada libertad fundamental”.
[37] Respecto del derecho del trabajador de ser indemnizado plenamente
por los daños ocasionados a causa de la terminación del contrato de trabajo sin
justa causa, consultar la sentencia C-1507 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo. En igual sentido C-110 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[38] Al respecto consultar las sentencias SU-388 y 389 de 2005 ya
citadas.