T-447-10
Sentencia T-447/10
Sentencia T-447/10
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Procedibilidad
REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Pautas de interpretación de normas aplicables/REGISTRO
UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Requisitos para procedencia de inscripción
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE DESPLAZADOS-Extemporaneidad en la declaración de los hechos que
constituyen desplazamiento
En el caso de las declaraciones que pretendan la
inclusión en el RUPD y se presente contrariando lo estipulado en el artículo 11
Decreto 2569 de 2000, será necesario por parte de la entidad hacer un examen
minucioso de los factores que pudieron influir en la extemporaneidad de la
declaración y no limitarse a rechazar de plano las solicitudes por esta razón.
Que la declaración sea sometida a un tiempo específico no es más que una
exigencia rígida que desconoce otras situaciones que persisten en los desplazados
como el miedo.
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reglas jurisprudenciales para su entrega y prórroga
La Corte en sentencia T-025 de 2004, indicó que la Ayuda
Humanitaria de Emergencia hace parte del catálogo de derechos básicos de la
población desplazada. En relación con la prórroga de la Ayuda Humanitaria de
Emergencia, la sentencia T-025/04 indicó que existen dos tipos de personas
desplazadas que debido a sus condiciones particulares resulta procedente esta
asistencia. Este grupo está compuesto por: i) personas que se encuentren bajo
situación de urgencia manifiesta o ii) aquellos que carezcan de las condiciones
para asumir su propio sostenimiento a través de proyectos de estabilización
socioeconómica, como el caso de niños sin acudientes, personas de la tercera
edad que por su avanzada edad o su delicado estado de salud resulta imposible
que puedan generar sus propios ingresos o madres cabeza de familia que deben
dedicar todo su tiempo al cuidado de niños menores o adultos mayores.
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y DECLARATORIA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SENTENCIA C-278 DE 2007-Efecto de la inexequibilidad respecto del plazo de
tres meses
El artículo 15 de la Ley 387 de 1997 consagró el
término máximo de tres (3) meses para recibir la Ayuda Humanitaria de
Emergencia y, de manera excepcional, su prórroga por un tiempo igual. La
sentencia C-278/07 declaró la
inconstitucionalidad condicionada de esta norma, en el sentido que la
asistencia humanitaria sería prorrogada hasta que el afectado esté en
condiciones de asumir su propio sostenimiento.
POBLACION DESPLAZADA Y EL DERECHO A RECIBIR
INFORMACION-Deber del Estado
Es
deber del Estado brindar información precisa y con participación del interesado
sobre las alternativas de subsistencia digna a las que puede acceder, con el
fin de definir sus posibilidades concretas para emprender un proyecto de
estabilización económica individual o colectivo, con miras a generar ingresos
que les permitan subsistir autónomamente al núcleo familiar. La labor de
acompañamiento informativo debe permitir identificar y clasificar cada caso en
particular, otorgando con pertinencia y prontitud la debida atención y
consideración a las condiciones particulares de cada desplazado o su grupo
familiar.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Vulneración por no inscribir a una persona en el RUPD
por encontrarse inscrita en el censo electoral de un sitio distinto al que
ocurrieron los hechos del desplazamiento
POBLACION DESPLAZADA Y EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE-La carga de la prueba
De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, una vez más se reitera que
en virtud del principio de la buena fe deben tenerse como ciertas las
declaraciones rendidas por el declarante. En este sentido si la entidad
considera que la declarante falta a la verdad, la carga de la prueba versa
sobre ésta y debe desvirtuar las afirmaciones por medios idóneos y
contundentes. Por lo tanto Acción Social deberá aportar otros elementos de
juicio que le permitan controvertir los hechos sobre el desplazamiento y ante
la falta de claridad deberá darle prioridad al principio de la buena fe y de
favorabilidad.
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Acción Social deberá inscribir a los peticionarios en
el RUPD y suministrarles la ayuda humanitaria e informarles sobre los programas
de estabilización socioeconómica
Referencia:
expediente T2516061 acumulados con los
expedientes T2535647, T2548105, T2561056 y T2541999.
Acciones de tutela instauradas separadamente por Simón
Bolívar Caicedo Ruano, Luis Bernardo Molina Sánchez, Blanca Lira Pérez Muñoz,
Luis Felipe Ruiz contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional y Rubiela Mendoza, contra Fonvivienda, la Gobernación
de Tolima, la Alcaldía de Ibagué y la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá
D.C. quince. (15) de junio de dos mil diez (2010).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle
Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos de proferidos por el Juzgado Primero de
Menores de Ibagué (expediente T-2535647), el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Villavicencio (expediente T-2561056), el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán (expediente T-2548105), el
Juzgado Segundo de Menores del Circuito de Villavicencio (expediente T- 2541999) y
en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín Sala Civil
(expediente T- 2516061).
I. ANTECEDENTES
Expediente
T2535647.
Antecedentes.
El
pasado mes de diciembre de dos mil nueve 2009, la ciudadana Rubiela Mendoza
interpuso acción de tutela ante el Juzgado Primero de Menores de Ibagué,
solicitando el amparo de sus derechos fundamentales, a la vida digna, a la
ayuda humanitaria de emergencia, a la salud, a la reparación por
desplazamiento, a la estabilización socioeconómica los cuales, en su opinión,
han sido vulnerados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Fonvivienda, la Gobernación de Tolima y la Alcaldía
de Ibagué.
Hechos.
1.
Rubiela Mendoza manifiesta ser desplazada por la violencia desde el 5 de
noviembre de 2002 del Corregimiento Anaime Municipio de Cajamarca por amenazas
de los grupos armados al margen de la Ley.
Así
mismo alega ser cabeza de familia, por cuanto tiene a cargo a Yovana Mercedes
Duran Mendoza (22 años), Jhon Fredy Duran Mendoza (26 años), Alexander Duran
Mendoza (29 años), Ángela Maria Duran Mendoza (32 años), Edison Duran Mendoza
(34 años), y a Sebastián Camilo Suárez Duran (12 años), Jasbleydy Alexandra
Duran Cárdenas (5 años), José Alfredo Duran Herrera (4 años), quienes son sus
nietos.
2.
La accionante manifestó haber recibido tres (3) mercados y  tres (3) arriendos.
Solicitud
de tutela.
Con
fundamento en los hechos narrados interpone acción de tutela solicitando que se
prorrogue la Ayuda Humanitaria de Emergencia y se le incluya en los planes de
estabilización socioeconómica que tiene el Estado para la población
desplazada.
Respuesta
de la entidad demandada.
La
Gobernación del Tolima respondió que era improcedente la acción de tutela por
no haberse dirigido concretamente solicitud del accionante contra cada una de
las instituciones que deben cumplir con los programas, planes y asistencia a
los desplazados.
Además
la entidad argumenta que no existió omisión alguna por su parte, que amenace
los derechos fundamentales invocados por la peticionaria. Agregó haber actuado
diligentemente en la cooperación y asistencia a la población desplazada a
través de la implementación de planes y programas de asistencia en materia de
salud, educación y asignación de tierras.
La
Alcaldía de Ibagué en su respuesta a la acción de tutela reiteró su compromiso
con los desplazados y el cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la
Ley. Mencionó de la creación de la Unidad de Atención y Orientación Integral a la
Población Desplazada del municipio donde se han atendido las solicitudes de los
interesados en la inclusión a los programas de estabilización socioeconómica.
Explica
que la entidad cuenta con voluntad política suficiente para apoyar a las
familias; tanto es así, que la Administración Municipal solicitó el
acompañamiento de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a efectos de
agilizar los procesos de toma de declaraciones de la población desplazada.
Por
todo lo anterior el Municipio de Ibagué asegura no haber vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Sentencia
de primera instancia.
El
Juzgado Primero de Menores de Ibagué deniega la tutela ya que la accionante no
demostró estar inscrita en el Registro Único de Población Desplazada, requisito
fundamental para acceder a las ayudas consagradas en la Ley. El Juez de la
instancia manifestó que en el expediente no se demostró que la accionante se
haya dirigido ante las autoridades competentes como la Procuraduría, Defensoría
del Pueblo y Personería Municipal entidades encargadas de recibir las
declaraciones por desplazamiento.
Fonvivienda
y Acción Social entidades también tutelada, pese a ser notificadas en tiempo no
se pronunciaron por lo que el Juez de la instancia falló la tutela sin tener en
cuenta valorar la respuesta de las demandadas.
Impugnación.
Vencido
el término para recurrir la accionante impugnó el fallo. Durante dicho trámite
se notificó personalmente a Acción Social y Fonvivienda, con el fin de que se
pronunciaran sobre los hechos constitutivos de la tutela.
Fonvivienda
realiza un planteamiento de las funciones que le asisten y de los requisitos
para el acceso a los subsidios de vivienda de interés social advirtiendo que
las Cajas de Compensación Familiar son las operadoras del Fondo y es allí donde
los interesados pueden obtener el formulario de postulación.
Concluida
esta explicación, la entidad tutelada solicitó la denegación de la tutela
impetrada ya que, a su juicio no había evidencia de la vulneración del derecho
a la vivienda digna mediante el desconocimiento de los derechos del accionante
por acción u omisión de la entidad.
Acción
Social hace un recorrido sobre la naturaleza jurídica de la entidad y precisa
que la ayuda que suministra, en virtud de las competencias que le asignó la
Ley, es la Ayuda Humanitaria de Emergencia.
La
entidad confirma que la accionante y su núcleo familiar sí se encuentran
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada y que la asistencia que
presta la entidad se hace efectiva en virtud de la inmediatez de la emergencia
que sufre la familia desplazada de su territorio por los hechos de violencia.
Acción
Social informa que entregó a la accionante, por concepto de Ayuda Humanitaria
de Emergencia, tres (3) meses de alimentación y tres (3) meses de alojamiento
por valor de un millón trescientos ochenta mil pesos $1.380.000 y un valor de
un millón quinientos mil pesos $1.500.000 por concepto de generación de
ingresos y que uno de los hijos de la accionante figura como beneficiario del
programa de Familias en Acción.
Agrega,
Acción Social que no tiene la calidad de ejecutor de los programas que se
adelantan con destino a la población desplazada; sin embargo informó que sirve
de ente coordinador con las entidades que ejecutan y realizan los programas de
atención de está población y que el interesado tiene la obligación de dirigirse
directamente ante tales entidades.
Por
lo que pide al Juez de conocimiento que se declare improcedente la tutela
debido a que Acción Social ha realizado dentro de sus competencias las acciones
para cumplir lo prescrito en la Ley.
Expediente
T2561056
Antecedentes.
El
16 de septiembre de 2009, Luis Bernardo Molina Sánchez interpuso acción de
tutela ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, solicitando
el reconocimiento de sus derechos como desplazado, los cuales en su opinión han
sido vulnerados por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional.
Hechos.
1.
El señor Luis Bernardo Molina Sánchez manifestó haber vivido durante diez (10)
años en el Municipio Puerto Príncipe Vichada de donde fue desplazado por
amenazas del frente 16 de las Farc, siendo este el lugar en el que tenía su
trabajo, casa y negocio.
2.
El accionante dice que rindió declaración sobre los hechos de desplazamiento
ante la Personería de Villavicencio.
3.
El peticionario dice que su esposa está afiliada al Sisben de Villavicencio,
por motivo de una cirugía ya que en su lugar de domicilio no hay Sisben.
4.
Mediante Resolución 500010391 de 7 de julio de 2009 Acción Social denegó la
inscripción en el Registro Único de la Población, con base en lo señalado en el
numeral 1 del artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, argumentando que la
declaración resulta contraria a la verdad.
La
entidad sustenta su decisión a partir de las consultas realizadas a las bases
de datos del Fondo de Solidaridad y Garantías en Salud (FOSYGA) donde figura el
accionante con una afiliación en salud con la EPS Cajacopi Atlántico en la
ciudad de Villavicencio, una afiliación de la esposa del accionante en salud
con la EPS Salud Total S.A. en la ciudad de Villavicencio, una inscripción de
cédula de la esposa del accionante en el censo electoral de Villavicencio y una
encuesta de Sisben en un municipio diferente al del desplazamiento,
Villavicencio.
5.
Notificado de la decisión el accionante procede a recurrir y apelar la
resolución que niega la inscripción, insistiendo en los hechos que motivaron la
inscripción y además manifestando que cuenta con testigos que pueden certificar
la permanencia en el sitio del cual fue expulsado. Además adjunta documento del
Presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Príncipe Vichada donde
certifica el tiempo durante el cual el accionante vivió allí.
6.
Por medio de resolución 500010391R del 20 de agosto de 2009, Acción Social
procedió a confirmar la decisión proferida en la resolución 500010391 del 7 de
julio de 2009 denegando la inscripción en el RUPD, ya que como resultado de las
consultas realizadas a la bases de datos del Departamento Nacional de
Planeación, la esposa del recurrente tiene una afiliación al Sisben en
Villavicencio, “ y que dentro de los requisitos para ser considerado como
usuario del Sisben, se encuentra que todas las personas relacionadas hagan
parte del grupo familiar encuestado y afirmar la permanencia de las mismas en
el lugar donde se aplica,…”. Esto le permite concluir a la entidad que la
esposa del accionante no se encontraba residiendo con su grupo familiar en el
municipio expulsor. Además, sustenta la decisión en el resto de las consultas
realizadas a las bases de datos estatales, determinando que hay una falta a la
verdad porque para la fecha del desplazamiento el accionante se encontraba en
un municipio diferente a aquel del que supuestamente fue expulsado.
Solicitud
de tutela.
Luis
Bernardo Molina Sánchez interpone acción de tutela, solicitando el
reconocimiento de los derechos que le asisten como desplazado y que han sido
vulnerados por Acción Social al negarle la inscripción en el respectivo RUPD.
Respuesta
de la entidad demandada.
La
entidad demandada argumenta que no procede la inscripción y para esto toma como
referencia la decisión contenida en la resolución que resuelve el recurso de
reposición, en la que se concluye que no hay coincidencia con la declaración
del accionante de haber permanecido por diez (10) años junto con su grupo
familiar en el lugar donde fueron expulsados por hechos violentos.
Por
lo tanto Acción Social solicita al despacho declarar improcedente la tutela, en
razón que la entidad ha realizado dentro del marco legal todas las acciones
para dar cumplimiento a la Ley.
Decisiones
Judiciales objeto de revisión.
Sentencia
de primera instancia.
Allegada
la tutela al Juez Tercero Penal del Circuito de Villavicencio este resuelve
decretar improcedente el amparo ya que el accionante no demostró las calidades
y el cumplimiento de los requisitos que requiere la Ley 387 de 1997 para ser
inscrito en el RUPD y acceder a las ayudas y programas que se ha diseñado para
el amparo de la población desplazada. Además el Juez de conocimiento precisa
que no es el competente para determinar la condición de desplazado por la
violencia y que al accionante todavía le queda pendiente la decisión de la
apelación ante el superior en Acción Social.
Expediente
T2548105
Antecedentes.
Simón
Bolívar Caicedo Ruano interpone acción de tutela ante el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Popayán, solicita que se tutelen los derechos a
la vida digna, la integridad física, la unidad familiar, los cuales, en su
opinión han sido vulnerados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional.
Hechos.
1.
El accionante manifestó ser desplazado de la vereda del Charco, Municipio de
Bolívar, Cauca desde el 15 de marzo de 2009 tal y como lo declaró ante la
Procuraduría de Popayán.
2.
El accionante manifestó en el escrito de tutela que, por cuestiones de trabajo,
se desplazó al Departamento del Huila a principios de 2003 en donde ejerció su
derecho al voto, registrando su documento de identidad, así como la inscripción
en Salud y en la Caja de Compensación del mismo Departamento.
3.
Por medio de la Resolución 190010867 de 21 de mayo de 2009 Acción Social
deniega la inscripción en el RUPD.
4.
El accionante, el 26 de junio de 2009, interpuso el recurso de reposición
contra la resolución  que denegó la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada.
La
entidad resolvió el recurso de reposición con la expedición de la resolución
190010867R del 7 de octubre de 2009, por medio de la cual se confirma la
negativa a la inscripción con fundamento en que hay una falta a la verdad, toda
vez que realizada la verificación del documento de identidad del accionante en
la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra que
tiene la cédula inscrita para votar en la localidad de Isnos (Huila) lo que
difiere del lugar de ubicación donde supuestamente ocurrieron los hechos de
expulsión.
La
entidad sustenta su pronunciamiento en el contenido del artículo 316 de la
Constitución Política, que refiere que sólo los ciudadanos residentes de un
municipio pueden votar en él. A lo que la entidad afirma que debe existir una
conexidad entre el lugar de residencia y el de votación.
Solicitud
de tutela.
Con
fundamento en los hechos narrados, el ciudadano Simón Bolívar Caicedo Ruano,
solicitó la protección los derechos a la vida digna, la integridad física y la
unidad familiar porque con la negación de la inscripción en el Registro Único
de Población Desplazada, se vulneraron tales derechos.
Respuesta
de la entidad demandada.
El
fallo se adelanta sin el pronunciamiento de la entidad demandada.
Decisiones
Judiciales objeto de revisión.
Sentencia
de primera instancia.
Allegada
la tutela al despacho del Juez Sexto Administrativo del Circuito de Popayán y
luego de hacer un recuento de los hechos y los derechos constitucionales
vulnerados, el despacho se pronunció y declaró improcedente la tutela porque el
accionante goza de otros mecanismos de protección y no es la tutela el medio
principal ya que está ostenta una carácter residual y sólo entra a operar
cuando esta plenamente probado o el juzgador de la situación expuesta puede
evidenciar la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable.
La
decisión no fue impugnada por el accionante.
Expediente
T2541999
Antecedentes.
El
pasado veintinueve (29) de octubre de 2009, el ciudadano Luis Felipe Ruiz
interpuso acción de tutela ante el Juzgado Segundo de Menores de Villavicencio
Meta, solicitando el amparo al derecho a la igualdad de acuerdo a lo consagrado
en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el cual, en su
opinión, ha sido vulnerado por Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional.
Hechos.
1.
El accionante manifiesta ser desplazado del casco urbano de Miravalles,
Corregimiento de Miravalles, del Municipio del Castillo, Departamento del Meta
desde el año 2002, por amenazas contra su vida por parte de los comandantes
Omar y Julián de la AUC Bloque Centauros, declaración que rindió ante la
Procuraduría 48 Judicial II Administrativo de Villavicencio Meta.
2.
El accionante dijo que no declaró en el instante de haberse presentado los
hechos por miedo debido las amenazas de los grupos al margen de la Ley, más
concretamente de las AUC Bloque Centauros ya que le dieron veinticuatro (24)
horas para desocupar la región.
3.
El solicitante elevó derecho de petición el 20 de octubre de 2007, ante la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
solicitando información acerca del estado actual de su situación debido a que
Acción Social nunca lo notificó personalmente del contenido de la Resolución en
el tiempo para ejercer los derechos de controvertir la decisión.
4.
El 30 de noviembre de 2007 Acción Social, en respuesta a su derecho de
petición, anexa copia de la resolución 500013903 del 28 de diciembre de 2005,
en la que la entidad niega la inscripción del accionante en el Registro Único
de Población Desplazada, por cuanto hay un incumplimiento del artículo 11 del
Decreto 2569 de 2000, ya que la declaración rendida por el accionante supera el
año luego de acaecidas las circunstancias consagradas en el artículo 1 de la
Ley  387 de 1997.
5.
Conocida la Resolución el accionante aclaró que no era cierto el contenido de
la resolución en la medida que la declaración sobre los hechos del
desplazamiento se hizo ante la Procuraduría 48 Judicial II Administrativo de
Villavicencio Meta y no ante Personería de Villavicencio como figura en la
mencionada resolución. Para sustentar este hecho el accionante allegó al
proceso certificación de la Procuraduría 48 Judicial II Administrativo de
Villavicencio Meta.
Solicitud
de la tutela.
Con
fundamento en los hechos narrados, el ciudadano Luis Felipe Ruiz, solicitó la
protección al derecho fundamental de la igualdad supuestamente violados por
Acción Social con la negativa a la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada.
Respuesta
de la entidad demandada.
Mediante
escrito la entidad reitera lo expuesto en la resolución 500013903 del 28 de
diciembre de 2005, que niega la inscripción del accionante en el Registro Único
de Población Desplazada por cuanto hay un incumplimiento del artículo 11 del
Decreto 2569 de 2000, ya que la declaración rendida por el accionante supera el
año luego de acaecidas la circunstancias consagradas en el artículo 1 de la Ley
387 de 1997. La entidad, en su respuesta, adujo que al peticionario le quedaba
el agotamiento de la vía gubernativa para lograr el reconocimiento de los
derechos; y por todo lo anterior, pide al despacho declarar improcedente la
acción de tutela en razón que la entidad ha realizado dentro del marco legal
todas las acciones para dar cumplimiento a la Ley .
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Sentencia
de primera instancia.
El
Juez Segundo de Menores del Circuito de Villavicencio decidió denegar el amparo
porque el accionante no se acogió a los postulados que exige artículo 11 del
Decreto 2569 de 2000, debido a que la declaración rendida supera el año luego
de acaecidas la circunstancias consagradas en el artículo 1 de la Ley  387 de
1997 y manifiesta que el accionante tuvo la oportunidad de agotar la vía
gubernativa luego de notificarse de la resolución.
Impugnación.
El
tutelante impugna la tutela pero el recurso fue denegado por extemporáneo.
Expediente
T2516061.
Antecedentes.
Mediante
escrito del 2 de septiembre de 2009 la señora Blanca Lira Pérez Muñoz, con
coadyuvancía de la Defensoría del Pueblo de Medellín, interpuso acción de
tutela ante el Juez Doce Civil del Circuito de Medellín Antioquia solicitando
el amparo al debido proceso, dignidad humana, a la salud, a la vivienda
adecuada, y al mínimo vital, los cuales en su opinión han sido vulnerados por
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Hechos.
1.
La accionante rindió declaración juramentada el 16 de diciembre de 2008 ante la
Personería Municipal de Bello en la que relata haber sufrido un primer
desplazamiento en el año 1995 del Corregimiento de Nueva Antioquia, Municipio
de Turbo, por las FARC y no haber declarado en ese tiempo por miedo, y un
segundo desplazamiento debido amenazas directas contra sus hijos por el grupo
las Águilas Negras que operaba en el Barrio el Bosque, Municipio de Chigorodó,
Antioquia, desde el 18 de abril de 2007.
2.
Mediante la resolución 5001113862 del 30 de enero de 2009, Acción Social
determinó que no era procedente realizar la inscripción del Registro Único de
Población Desplazada, porque la accionante no se encuentra incursa en las
circunstancias de hecho previstas en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 2 artículo 11 del Decreto 2569 de 2000.
La
entidad afirma que luego, de haber consultado las bases de información sobre
servicios estatales, no hay reporte que el hogar se haya visto forzado a migrar
de su lugar habitual de residencia y/o actividad económica. De igual manera, de
la información recolectada por la Unidad Territorial, las autoridades civiles y
militares de la localidad se confirmó que para la fecha del desplazamiento no
se presentaron reportes de alteraciones en el orden público similares a las
descritas por la declarante.
3.
Conocida la resolución por el accionante interpone el recurso de reposición
insistiendo en el relato de los hechos de desplazamiento.
4.
La resolución 5001113862R del 19 de mayo de 2009 decide el recurso de
reposición interpuesto y confirma lo decidido en primera instancia.
La
decisión se sustenta en analizar el testimonio de la accionante en el escrito
de reposición: “Soy desplazada del corregimiento de Nuevo Antioquia en el
año 1995 por amenazas a mi núcleo familiar, llegue al municipio de Chigorodó
Antioquia en el mismo año…” del anterior testimonio la entidad concluye que
desde la ocurrencia de los hechos han transcurrido catorce (14) años, lapso que
ha permitido a la accionante poder restablecerse en su nuevo lugar de
asentamiento por el transcurso del tiempo y así lograr estabilidad
socioeconómica.
Continúa
la entidad con la otra parte del testimonio: “pero en el año 2007 me vi
obligada a desplazarme nuevamente por las mismas circunstancias y me radique en
el Municipio de Bello…”. Aquí la entidad hace referencia a la efectividad
de la política de Seguridad Democrática que ha logrado retomar el control del
territorio y que habiéndose consultado con las autoridades civiles, militares y
municipales para la fecha en que se produjeron los hechos no existen reportes
de alteraciones al orden público semejantes a las descritas.
Solicitud
de tutela.
Con
fundamento en los hechos narrados, la ciudadana Blanca Lira Pérez Muñoz, con
coadyuvancia de la Defensoría del Pueblo de Medellín, interpuso acción de
tutela solicitando el amparo al debido proceso, dignidad humana, a la salud, a
la vivienda adecuada, y al mínimo vital que han sido vulnerados por Acción
Social al negar la inscripción en el RUPD.
Respuesta
de la entidad demandada.
Acción
Social se pronunció diciendo que reitera los argumentos presentados en la
Resolución que niega la inscripción en el RUPD; retoma el contenido de ésta y
descarta la procedencia de la tutela como medio idóneo para solucionar esta
clase de peticiones.
Por
todo lo anterior pide al despacho negar las peticiones de la tutela en razón a
que la entidad ha realizado, dentro del marco legal, todas las acciones para
dar cumplimiento a la Ley.
Decisiones
judiciales objeto de revisión.
Sentencia
de primera instancia.
El
Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín decide que la tutela no es el medio
para lograr el reconocimiento de los derechos solicitados, ya que la accionante
puede ejercer la revocatoria directa contra el acto expedido por Acción Social
para lograr la inscripción y además, son considerables los motivos para no
hacer la inscripción.
Impugnación.
Impugnada
la tutela ante el Tribunal Superior de Medellín, en coadyuvancia con la
Defensoría del Pueblo, se insiste en el reconocimiento de los derechos que le
asiste como desplazada concluyendo que Acción Social ha desconocido las
situaciones fácticas que motivaron el desplazamiento, sin aportar prueba
contundente que desvirtúe las afirmaciones de la accionante y que respalde los argumentos
esgrimidos por la entidad para no realizar la inscripción.
Sentencia
de segunda instancia.
Con
ocasión de la impugnación de la tutela entra a decidir el Tribunal Superior de
Medellín Sala Civil, decide confirmar el fallo con el argumento que los
elementos que configuran el desplazamiento forzado como la coacción y traslado
dentro de la frontera del país no se ha visto configurados en este caso. Además
valora las consultas realizadas por Acción Social a las autoridades civiles y
militares de la localidad, que dicen que no hay alteraciones del orden público
en la zona.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar la decisión proferida dentro de las acciones de tutela de la
referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral
9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Teniendo
en cuenta las diferentes solicitudes de los actores en el proceso relacionadas
con la obtención efectiva de las ayudas previstas para la población desplazada
y a las razones por las cuales no la han recibido, la Sala considera que los
casos bajo revisión presentan un problema jurídico de tipo procedimental, que
cobija a todos los expedientes que se revisan, es si la acción de tutela es el
mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales
tales como, el derecho a la vida en condiciones de dignidad, el derecho a la
salud, a la educación, a la vivienda digna, el derecho a la igualdad y la
unidad familiar de personas en situación de desplazamiento.
En
este orden de ideas, para los expedientes, T2548105, T2561056, T2516061,
T2541999, la Corte deberá establecer: i) si las razones que expone Acción
Social para rechazar la inscripción en el RUPD de los accionantes vulnera los
derechos fundamentales de los desplazados a la vida en condiciones de dignidad,
a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la igualdad y a la unidad
familiar.
Para
el caso del expediente T2535647 se analizará si con la negativa de
conceder la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia y posterior
inclusión en los planes y programas creados para la población desplazada se
violan los derechos a la vida en condiciones de dignidad, a la salud, a la
educación, a la vivienda digna, a la igualdad y a la estabilización
socioeconómica.
A
fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos:
i) la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales de la población desplazada; ii) los principios y derechos
constitucionales que deben guiar entorno a la inscripción en el RUPD con el fin
de acceder a los componentes de la política pública en materia de
desplazamiento forzado; iii) las reglas jurisprudenciales definidas para la
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y las circunstancias bajo las
cuáles la Corte ha precisado que resulta procedente la entrega de la prórroga
de esta ayuda y la declaración de inconstitucionalidad hecha por la Corte en la
sentencia C-278/07, y iv) del deber de información que le asiste a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
3.
Procedibilidad de la acción de tutela en materia de desplazamiento forzado.
Reiteración de jurisprudencia.
En
reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha dispuesto que la acción de
tutela es el mecanismo judicial adecuado para la protección de los derechos
fundamentales de la población desplazada[1]. Si bien la Sala entiende
que dada la naturaleza jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social[2]
sus actuaciones pueden ser controvertidas por otros medios de defensa judicial,
en materia de desplazamiento forzado dichos medios resultan insuficientes y
extenuantes, configurando en algunos casos la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Así las cosas, la tutela es el instrumento más expedito para
brindar una protección adecuada y eficaz a los derechos fundamentales de uno de
los sectores más débiles de la población.
Al
respecto la Corte ha indicado:
“Esta
Corporación ha sostenido en varias ocasiones que con su deber de suministrar
atención y ayuda a la población desplazada para que cese la vulneración masiva
de sus derechos fundamentales, la tutela es el mecanismo idóneo y expedito para
lograr la protección de los mismos, a pesar de la existencia de otros
mecanismos de defensa que garanticen tal resultado, en vista de la precaria
situación en la que se encuentran y del peligro inminente que afrontan,
situaciones que no les permiten esperar hasta que la jurisdicción ordinaria se
ocupe de su caso.[3]”[4]
En
este mismo sentido:
“Ahora
bien, debe quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la
que se ven sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al
trámite de las acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de
la Red, ni a la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora
del Sistema. Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo
en cuenta las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que
justifican la procedencia de la acción de tutela.”[5]
Siguiendo
la anterior doctrina constitucional, desde el punto de vista estrictamente
procedimental, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y expedito para la
protección de los derechos fundamentales. Como esta Corporación lo ha
reconocido, la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada y la
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia o su respectiva prórroga, hacen
parte del catálogo de los derechos fundamentales mínimos de la población
desplazada[6].
Resuelto
el problema procedimental se adentra la Sala en el fondo de los asuntos.
4.
El Registro Único de Población Desplazada. Pautas de interpretación de las
normas aplicables. Reiteración de jurisprudencia.
Mediante
el Decreto 2467 de 2005, que fusionó la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional – ACCI a la Red de Solidaridad Social- RSS adoptando la
denominación de Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social, es la entidad encargada de la Coordinación
Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia. Dentro de sus funciones tiene el manejo Registro Único de
Población Desplazada, el cual es el instrumento idóneo que permite identificar
a la población desplazada para canalizar a través de él las ayudas a este
grupo.
La
Corte, en múltiples pronunciamientos, ha manifestado la importancia y
relevancia del registro de la población desplazada, ya que esta herramienta se
constituye como un medio adecuado que concentra los destinatarios de la
política pública en materia de desplazamiento. En este sentido, el registro
supone un manejo adecuado y responsable por parte de Acción Social, ya que de
estar inscrito o no depende el acceso a las ayudas dispuestas en materia de atención
al desplazamiento forzado.
En
este sentido, la sentencia T-025 del 2004 indicó que cuando una persona se
encuentre bajo las circunstancias de desplazamiento forzado, tiene derecho a
quedar registrada como tal, ya sea de forma individual o junto a su núcleo
familiar.[7] Adicionalmente, el
registro de la población desplazada se encuentra incluido en los Principios
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno,[8] que según la Corte hace
parte del bloque de constitucionalidad[9] y es un elemento
fundamental para la interpretación y la definición del alcance de los derechos
fundamentales de los desplazados.
El
procedimiento para la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada,
definido por la ley 387 de 1997 y el decreto reglamentario 2569 de 2000[10],
dispone que la persona deberá rendir una declaración sobre los hechos de su
desplazamiento ante la autoridad competente y posteriormente, Acción Social
tiene a su cargo realizar una valoración de esta declaración determinando si
procede o no, la inscripción en el mencionado Registro.
Para
determinar si la inscripción en el Registro de Desplazados es procedente, tanto
la ley 387 de 1997[11], como reiterada
jurisprudencia de la Corte, coinciden en señalar que la condición de
desplazamiento resulta de una circunstancia de hecho y no de la declaración que
se realice ante una autoridad o entidad administrativa[12].
Esta situación fáctica está compuesta por dos requisitos materiales, los cuales
deben ser comprobados por Acción Social en cada caso para que sea procedente la
inscripción en el RUPD. La Corte ha definido estos requisitos así:
“Sea
cual fuere la descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas
contienen dos elementos cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y
la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si estas dos
condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la
menor duda de que se está ante un problema de desplazados.”[13]
Una
vez confirmadas las dos condiciones que demuestran una situación de
desplazamiento, Acción Social debe proceder a realizar la inscripción del
declarante en el RUPD.
El
decreto 2591 de 2000 en su artículo 11 definió una serie de circunstancias en
las cuales el registro es improcedente y por lo tanto la persona queda
excluida: i) la declaración resulta contraria a la verdad; ii) existen razones
objetivas y fundadas de no cumplirse con los dos requisitos materiales que
permitan concluir que se está frente a una situación de desplazamiento, iii) la
declaración y la solicitud de inscripción se realice por fuera del término de
un año desde el momento en que ocurrió el desplazamiento.
En
varias oportunidades, la Corte ha señalado cuáles son las pautas que deben
primar para la adecuada interpretación de las normas que regulan la inscripción
en el RUPD[14]: i) las disposiciones de
derecho internacional que hacen parte de bloque de constitucionalidad, a saber:
a) el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949[15]
y b) los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas
para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas[16];
ii) el principio de buena fe[17]; iii) el principio de
favorabilidad y confianza legítima[18] y, iv) el principio de
prevalecía del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho.[19]
La
Corte ha encontrado que el registro en el RUPD debe estar guiado por ciertas
normas acogidas en reciente jurisprudencia:
“28.
En virtud de los anteriores principios la Corte ha identificado una serie de
reglas relativas al registro de una persona en el RUPD que vale la pena
recordar[20]. (1) En primer
lugar, los servidores públicos deben informar de manera pronta, completa y
oportuna a quien pueda encontrarse en situación de desplazamiento forzado,
sobre la totalidad de sus derechos y el trámite que deben surtir para exigirlos[21].
(2) En segundo término, los funcionarios que reciben la declaración y diligencian
el registro sólo pueden requerir al solicitante el cumplimiento de los trámites
y requisitos expresamente previstos en la ley para tal fin[22].
(3) En tercer lugar, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas,
prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante[23].
En este sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba
falta a la verdad, debe demostrar que ello es así[24];
los indicios deben tenerse como prueba válida[25]; y las
contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el
solicitante falte a la verdad[26]. (4) La declaración
sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debe analizarse de tal forma
que se tengan en cuenta las condiciones particulares de los desplazados así
como el principio de favorabilidad[27]. (5) Finalmente, la
Corte ha sostenido que en algunos eventos exigir que la declaración haya sido
rendida dentro del término de un año definido en las normas vigentes puede
resultar irrazonable o desproporcionado, en atención a las razones que
condujeron a la tardanza y a la situación que dio lugar el desplazamiento y en
la cual se encuentra la persona afectada[28].”
La
Corte también se ha detenido sobre el tema de la extemporaneidad en la
declaración de los hechos que constituyen en el desplazamiento como un de los
motivos para negar la inscripción en el RUPD. Así en sentencia T-328 de 2007, y
haciendo una extensión de los principios que deben ser tenidos en cuenta por
las autoridades encargadas del registro concluyó en especial:
“(5) Finalmente, la Corte ha sostenido que en algunos
eventos exigir que la declaración haya sido rendida dentro del término de un
año definido en las normas vigentes puede resultar irrazonable o
desproporcionado, en atención a las razones que condujeron a la tardanza y a la
situación que dio lugar el desplazamiento y en la cual se encuentra la persona
afectada[29].”
Así las cosas, en el caso de las declaraciones que
pretendan la inclusión en el RUPD y se presente contrariando lo estipulado en
el artículo 11 Decreto 2569 de 2000, será necesario por parte de la entidad
hacer un examen minucioso de los factores que pudieron influir en la
extemporaneidad de la declaración y no limitarse a rechazar de plano las solicitudes
por esta razón. Que la declaración sea sometida a un tiempo específico no es
más que una exigencia rígida que desconoce otras situaciones que persisten en
los desplazados como el miedo.
Partiendo
de las anteriores definiciones que reglamentan la inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada, se ha coincidido en lo siguiente: que debe
procederse a la inscripción, a la revisión de la declaración rendida, o en su
defecto, la recepción de una nueva declaración siempre y cuando en el caso concreto
se verifique que Acción Social: i) negó la inscripción con base en una
valoración de los hechos expuestos en la declaración de desplazamiento
contraria a los principios de favorabilidad y buena fe[30];
ii) expidió una resolución carente de motivación para negar la inscripción[31];
iii) ha negado la inscripción por causas imputables a la administración[32];
iv) ha negado la inscripción por el incumplimiento de requisitos no
contemplados por la ley para quedar inscrito en el Registro[33]
o ha exigido cumplir con requisitos formales que resultan desproporcionados[34];
o cuando v) no se registra al solicitante porque su declaración incurre en
contradicciones o su explicación de los hechos del desplazamiento no son claros[35];
vi) la exclusión se basa exclusivamente en la aplicación de la encuesta Sisben
sin que se aporten otras pruebas que permitan concluir que la persona no se
encuentra en situación de desplazamiento[36]; vii) no se ha tenido la
oportunidad procesal para interponer los recursos administrativos que permitan
controvertir las razones expuestas por Acción Social para negar la inscripción
en el Registro[37] y viii) la exclusión se
basa exclusivamente en la extemporaneidad de la declaración, sin tener en cuenta
otros elementos de juicio que pudieron incidir en la tardanza.[38]
Ahora
bien, hasta la fecha no han sido examinados por esta Corporación casos
similares en los que Acción Social niegue la inscripción en el RUPD a causa de
las consultas a las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil que arrojen como resultado la inscripción de la cédula en un sitio
diferente al municipio expulsor y siendo el momento para ello, cuestión que
será estudiada a continuación.
El
Decreto 1010 de 2000 le asigna está función a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y en su artículo 4 reseña lo siguiente:
“Misión de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Es
misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la
organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y
confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al
fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad,
promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la
voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus
modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba
registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos,
se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se
certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones
legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas.”
Complementando
lo anterior el Decreto 1010 de 2000:
“Artículo 5o. Funciones. Son funciones de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, las siguientes:
12. Llevar el Censo Nacional Electoral.
(…)
18.
Responder las solicitudes de personas naturales o jurídicas y organismos de
seguridad del Estado o de la rama judicial en cuanto a identificación,
identificación de necrodactilias y demás requerimientos, de acuerdo a la
normatividad vigente, teniendo como soporte la información contenida en las
bases de datos de registro civil y el sistema de identificación.
(…)
20.
Atender todo lo relativo al manejo de la información, las bases de datos, el
Archivo Nacional de Identificación y los documentos necesarios para el proceso
técnico de la identificación de los ciudadanos, así como informar y expedir las
certificaciones de los trámites a los que hubiere lugar.”
Así
las cosas, la función de entregar información acerca del censo electoral le
corresponde única y exclusivamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil
entidad competente para administrar e interpretar el contenido de las
bases de datos y para responder las solicitudes sobre el estado actual
del censo electoral para los ciudadanos, ya que en el caso de presentarse algún
tipo de duda o confusión con la consulta realizada es este organismo el que le
corresponde disiparla o interpretar la situación electoral para las personas.
Consultar el número de cédula de una persona con el
fin de verificar la ubicación del censo electoral refleja una realidad actual
que no indica que anteriormente se hayan presentado situaciones de
desplazamiento.
La interpretación de la ubicación de una persona por
el censo electoral no puede ser tan restrictiva, teniendo en cuenta que se
pueden presentar situaciones de movilidad al interior del territorio nacional,
alterando el sitio de sufragio, tales motivos exigen el análisis de cada caso concreto
que indiscutiblemente no puede arrogarlo la consulta a una base de datos.
Las consultas en las bases de datos no pueden ser
utilizadas para arrogar consecuencias negativas para los desplazados que
pretendan la inscripción en el RUPD y el análisis de la información allí
contenida debe ir acompañado de otros factores que evidencien plena certeza de
la ubicación, si se pretende alegar falta de conexidad entre el lugar de
votación y la residencia.
Conforme a los parámetros expuestos anteriormente la
Sala concluye para los casos sometidos a revisión en cuanto a la inscripción en
el RUPD: i) las declaraciones sobre los hechos constitutivos de desplazamientos
se basan en el principio de la buena fe de quien declara, siendo tarea a cargo
de Acción Social desvirtuar, las afirmaciones allí contenidas, conduciendo a
una carga de la prueba; y en el caso de existir duda sobre las declaraciones,
la entidad debe motivar con suficiente material probatorio la negativa a la
inscripción, entendiendo que el registro
en el RUPD es el medio adecuado que concentra los destinatarios de la política
pública en materia de desplazamiento razón por la cual sus pronunciamientos
sobre el reconocimiento del registro deben ser responsables y acertados para cada
caso en particular; ii) que en el proceso
de valoración de las declaraciones extemporáneas de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 Decreto 2569 de 2000, Acción Social debe examinar circunstancias de
modo, tiempo, lugar e incluso la condición social del declarante, situaciones
que pueden incidir en la declaración tardía; iii) que la aplicación de la
encuesta del Sisbén fuera de ser un argumento rebatible, no es hecho suficiente
para negar la inscripción en el RUPD; iv) que las consultas a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, cuyos resultados arrojen que el documento de
identidad está inscrito en el censo electoral de un municipio diferente al cual
ocurrieron los hechos de desplazamiento, no constituye plena prueba para
denegar la inscripción en el registro.
5.
La Ayuda Humanitaria de Emergencia. Reglas jurisprudenciales sobre su entrega y
su prórroga. Reiteración de Jurisprudencia. Declaración de inconstitucionalidad
de la sentencia C-278/07.
Dentro de las funciones que le asiste a Acción Social
se encuentra la entrega de la Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población
desplazada. En virtud de lo anterior la Ley 387, le confió a la entidad que “una
vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones
inmediatas tendientes a garantizar la Atención Humanitaria de Emergencia con la
finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender
sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas”
La Corte en sentencia T-025 de 2004, indicó que la Ayuda
Humanitaria de Emergencia hace parte del catálogo de derechos básicos de la
población desplazada. Además, para esta Corporación dicha ayuda constituye una
manifestación del derecho fundamental al mínimo vital, ya que el fin
constitucional que se propone es brindar aquellos mínimos necesarios para
aplacar las necesidades más apremiantes de la población desplazada[39].
En
relación con la prórroga de la Ayuda Humanitaria de Emergencia, la sentencia
T-025/04 indicó que existen dos tipos de personas desplazadas que debido a sus
condiciones particulares resulta procedente esta asistencia. Este grupo está
compuesto por: i) personas que se encuentren bajo situación de urgencia
manifiesta o ii) aquellos que carezcan de las condiciones para asumir su propio
sostenimiento a través de proyectos de estabilización socioeconómica, como el
caso de niños sin acudientes, personas de la tercera edad que por su avanzada
edad o su delicado estado de salud resulta imposible que puedan generar sus
propios ingresos o madres cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al
cuidado de niños menores o adultos mayores.
En el supuesto anterior para la Corte es un deber que
Acción Social continúe presentado la Ayuda Humanitaria necesaria hasta tanto la
situación de especial vulnerabilidad sea superada o cese; esta premisa requiere
un previo análisis de cada caso en concreto con el fin de determinar la
necesidad y conveniencia de la prórroga.
El artículo 15 de la Ley 387 de 1997 consagró el
término máximo de tres (3) meses para recibir la Ayuda Humanitaria de
Emergencia y, de manera excepcional, su prórroga por un tiempo igual. La
sentencia C-278/07 declaró la
inconstitucionalidad condicionada de esta norma, en el sentido que la
asistencia humanitaria sería prorrogada hasta que el afectado esté en
condiciones de asumir su propio sostenimiento.
Al respecto la Sentencia C-278/07
se pronunció diciendo,
“En lo que respecta a que el
término de la ayuda humanitaria de emergencia sea de tres meses, la Corte lo
encuentra corto mas no necesariamente contrario a la Constitución Política, en
la medida de su acople y flexibilidad frente a las características propias del
hecho concreto, además ante la posibilidad de adicional ayuda solidaria, por
ejemplo proveniente del sector privado o del exterior, o si las
correspondientes instituciones oficiales cumplen con su deber en forma
integrada, pronta y acuciosa.
Lo definitivamente inconstitucional, y así lo declarará la Corte, son
las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3) más”, del
parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, pues le imprimen rigidez al
plazo para la provisión de la ayuda humanitaria de emergencia a los
desplazados, impidiendo que estas personas puedan seguir recibiendo atención
del Estado por un tiempo mayor, mientras logran superar definitivamente su
situación de vulnerabilidad.”
Es apenas lógico que si el Estado parte de la
condición especial y preferente que gozan los desplazados, no tiene sentido la
imposición de límites en el tiempo para recibir la Ayuda Humanitaria de
Emergencia teniendo en cuenta que esta población ha sido vulnerable a causa de
la ineficiencia del Estado para garantizar el orden público, ya han tenido
suficiente con soportar la zozobra de dejarlo todo y además tener que aguantar
la presión del límite del tiempo para la asistencia.
La
declaratoria de inconstitucionalidad sobre el plazo consagrado en el artículo 15 de la Ley
387 de 1997, comporta para el Estado; a) brindar mayores oportunidades a las
personas que sufren por el desplazamiento para planificar sin el apremio del
tiempo sus necesidades de autosostenimiento, sin tener que ocuparse por las
necesidades de subsistencia inmediatas y b) contar con un mayor plazo para el diseño y puesta en ejecución de
los programas y planes específicos que sean necesarios en cada caso en
particular, garantizando la estabilización socioeconómica de las familias
desplazadas.
De acuerdo con los postulados desarrollados la Sala concluye que en
relación con la ayuda humanitaria de emergencia y su prórroga: i) el Estado tiene la obligación de otorgar la
asistencia humanitaria con el propósito de mitigar la emergencia surgida del
desplazamiento forzoso; ii) que, en principio, el Estado no podrá suspenderla
hasta tanto las condiciones que originaron la vulneración de los derechos
fundamentales de la víctima del desplazamiento desaparezcan; iii) que es propio
de aquel y corresponderá al desplazado permitir que se evalúe su situación,
para así determinar la viabilidad de la prórroga y de este modo comprobar si la
situación de vulnerabilidad permanece o ha cesado.
6. Del deber de información de las entidades para la
población desplazada.
La
Corte en Sentencia T-025 de 2004, señaló el procedimiento a seguir cuando se
reciban peticiones de los desplazados:
“Cuando
las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado, en
la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad
competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados peticionarios,
2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo máximo
dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del
término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y
en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda
acceder a los programas de ayuda;
este último requisito supone un seguimiento informativo, en que se le indica a
la persona los pasos a seguir para lograr la consecución del paquete de ayudas
que no sólo incluye la Ayuda Humanitaria de Emergencia, 4) si la solicitud
cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal,
adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las
prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los
requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo
se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba
efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela
para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los
desplazados.”
Partiendo
del anterior postulado es deber del Estado brindar información precisa y con
participación del interesado sobre las alternativas de subsistencia digna a las
que puede acceder, con el fin de definir sus posibilidades concretas para
emprender un proyecto de estabilización económica individual o colectivo, con
miras a generar ingresos que les permitan subsistir autónomamente al núcleo
familiar.
La
labor de acompañamiento informativo debe permitir identificar y clasificar cada
caso en particular, otorgando con pertinencia y prontitud la debida atención y
consideración a las condiciones particulares de cada desplazado o su grupo
familiar.
La Ley contempla una lista enunciativa de los derechos
de los desplazados que se conoce como la carta de derechos básicos:
“1.     Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con
su núcleo familiar.
2.  Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del
desplazamiento no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales sino que
por el contrario es sujeto de especial protección por el Estado;
3.  Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se
produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3
meses más y que tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y
agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestido adecuado, y (d)
servicios médicos y sanitarios esenciales.
4.  Tiene derecho a que se le entregue el documento que lo acredita
como inscrito en una entidad promotora de salud, a fin de garantizar su acceso
efectivo a los servicios de atención en salud;
5.  Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar
de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna
parte específica del territorio nacional;
6.  Tiene derecho a que se identifiquen, con su plena
participación, las circunstancias específicas de su situación personal y
familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puede
trabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir digna y
autónomamente.
7.  Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en
un establecimiento educativo.
8.  Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las
autoridades administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como
condición para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones de tutela,
aunque está en libertad para hacerlo;
9.  Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la
Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se
haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del
delito una reparación.”
En la sentencia T-328 de 2007
se consignó un pronunciamiento de la Corporación en el sentido del deber de las
entidades estatales de brindar información a los desplazados:
“Es
fundamental recordar que la Corte Constitucional ya ha sostenido que es
obligación del Estado “suministrar a la persona desplazada que lo requiera,
información sobre sus derechos y cómo ponerlos en marcha, en forma clara,
precisa y oportuna. Teniendo en cuenta que el grupo que lo requiere es el más
vulnerable, ya que se encuentra, en la generalidad de los casos, en una ciudad
extraña, lo que hace más difícil para ellas conocer y acceder a las
instituciones para obtener la ayuda humanitaria a la que tienen derecho. (...)
situaciones como la descrita son lo más alejado a un Estado social de derecho,
porque es al Estado al que le corresponde suministrar atención e información
precisa para la solución de las necesidades de las personas que sufren el
desplazamiento forzado y facilitar los procedimientos, como reconocimiento de
la dignidad humana, principio garantizado por la Constitución.”
En varias oportunidades se ha
detectado que la población desplazada no cuenta con información adecuada y
completa acerca de sus derechos, los ofrecimientos institucionales, los
procedimientos y requisitos para acceder a ellas, así como las instituciones
responsables de su prestación, generando incertidumbre dentro de este grupo
social acerca de los derechos que le asisten. El Estado en su obligación de
superar tal situación debe asegurarse de brindar las garantías oportunas para
que los desplazados cuenten la información necesaria para hacer valer sus
derechos.
III. ESTUDIO DE LOS CASOS CONCRETOS.
1.
Expediente T2535647.
Rubiela
Mendoza manifiesta ser desplazada por la violencia desde el 5 de noviembre de
2002 del Corregimiento Anaime, Municipio de Cajamarca, por amenazas de los
grupos armados al margen de la Ley
Así
mismo alega ser madre cabeza de familia, por cuanto tiene a su cargo a Yovana
Mercedes Duran Mendoza de 22 años de edad, Jhon Fredy Duran Mendoza de 26 años
de edad, Alexander Duran Mendoza de 29 años de edad, Ángela Maria Duran Mendoza
de 32 años de edad, Edison Duran Mendoza de 34 años de edad, y a Sebastián
Camilo Suárez Duran de 12 años de edad, Jasbleydy Alexandra Duran Cárdenas de 5
años de edad, José Alfredo Duran Herrera de 4 años de edad, quienes son sus
nietos.
Adicionalmente,
la accionante manifestó haber recibido tres (3) mercados y tres (3) arriendos,
y que al acudir a Acción Social para acceder a la prórroga de la Ayuda
Humanitaria de Emergencia, así como a los planes y programas de estabilización
socioeconómica, la entidad se ha negado, manifestando que después de un año del
desplazamiento no se pueden reclamar las ayudas por parte del Estado y que no
tiene derecho a nada.
Con
fundamento en los hechos narrados interpone acción de tutela contra Acción
Social, Fonvivienda, Gobernación de Tolima y Alcaldía de Ibagué, con el
objetivo de que le sea prestada nuevamente ayudas humanitarias de emergencia,
ya que las ayudas entregadas no son suficientes por ser madre cabeza de familia
y tener a su cargo cinco (5) hijos y tres (3) nietos. La peticionaria considera
vulnerados sus derechos a la vivienda, salud y educación y a la estabilización
socioeconómica.
Las entidades demandadas
respondieron así:
La
Gobernación del Tolima dijo que no era procedente la acción de tutela por no
haberse dirigido concretamente solicitud del accionante frente cada una de las
instituciones que debe cumplir con los programas, ayudas y asistencia a los
desplazados.
Además
la entidad argumenta que no existió omisión alguna por parte de la Gobernación
que amenace los derechos fundamentales invocados por la peticionaria, por
cuanto ésta manifiesta haber cumplido con los programas y planes de asistencia
a la población desplazada asignados por la Ley.
La
Alcaldía de Ibagué solicita el cese de la acción de tutela contra ella
impuesta, por cuanto ha cumplido con sus obligaciones como la creación de la
Unidad de Atención y Orientación Integral a la Población Desplazada.
El
Juez de primera instancia falló la tutela sin haber conocido el pronunciamiento
de Fonvivienda y Acción Social, y el argumento para negar la tutela se basó en
que la accionante no demostró la calidad de desplazada en el Registro Único de
Población Desplazada, contrariando la afirmado por Acción Social luego de que
aportó su escrito de contestación en el que certificó que la accionante sí se
encontraba inscrita en el RUPD.
La
accionante presentó la impugnación y durante el trámite de la misma se remitió
un despacho comisorio para notificar personalmente a Acción Social y
Fonvivienda con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos constitutivos de
la tutela.
Las mencionadas se
pronunciaron en el siguiente sentido:
Fonvivienda
afirmó que la accionante no había realizado solicitud alguna para el acceso a
los subsidios de vivienda de interés social y que puede presentar una postulación
en tal sentido.
Acción
Social confirmó que la accionante y su núcleo familiar sí se encuentran
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada, y que la asistencia que
presta la entidad es en virtud de la inmediatez de la emergencia. Que a está
familia se le ha entregado la Ayuda Humanitaria de Emergencia comprendida en
tres (3) meses de alimentación y tres (3) meses de alojamiento y que a la
accionante le asiste el deber de asistir directamente a las entidades que
regulan los planes y programas para los desplazados para acceder a los
beneficios allí contemplados y además manifiesta que por haber cesado la
vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado, no es procedente
acceder a las pretensiones de la tutela.
Por
otro lado, Acción Social manifestó que no tiene la calidad de ente ejecutor
pues solo es coordinador de los programas institucionales tendientes a lograr
la consolidación socioeconómica, educación, y salud de la población desplazada
y hace énfasis en que a la accionante le queda solo acudir a tales entidades de
manera independiente para acceder al abanico de posibilidades estatales.
Para
resolver el problema jurídico planteado, se pasa a verificar si como
consecuencia de la suspensión y no reconocimiento de la prórroga de la Ayuda
Humanitaria de Emergencia, las entidades demandadas han vulnerado los derechos
que le asiste al accionante en su calidad de desplazada.
Si
bien, Acción Social cumplió en la entrega primera de la Ayuda Humanitaria de
Emergencia consistente en tres (3) meses de alimentación y tres (3) meses de
alojamiento y otras ayudas complementarias, no es menos cierto que la
accionante en sus peticiones verbales ha solicitado la continuidad de las
ayudas que no sólo cobijan la prórroga de la Ayuda Humanitaria de Emergencia si
no además la inclusión en los programas ofrecidos por las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
(SNAIP) tales como los planes de educación, salud y subsidio de vivienda, ya
que para la accionante su situación de vulneración continúa por el mismo hecho
de haberlo dejado todo y no tener hasta el momento un plan de auto –
organización que le permita de manera independiente contar con estabilidad
económica y social.
La
accionante considera que las ayudas hasta el momento otorgadas no son
suficientes debido a la carga económica de toda su familia y como lo mencionó
la entidad se incluyó sólo un hijo en el programa de Familias en Acción estando
pendiente el resto.
Acción
Social exige que para lograr la prórroga de las ayudas humanitarias se surta un
proceso interno “que consiste en la verificación de las condiciones de
vulnerabilidad de la accionante, denominado CARACTERIZACIÓN consiste en
analizar los beneficios otorgados por la diferentes entidades que integran el
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIP), así
como las necesidades del núcleo familiar, con el fin de inscribirlos en los
programas que le permitan alcanzar su autosostenimiento y en especial permitan
el goce efectivo de los derechos.”
De
todo lo anterior se desprende que el proceso de “caracterización” ya se hubiera
efectuado y que en virtud del cumplimiento del requisito se hubiera entregado la
Ayuda Humanitaria de Emergencia, no siendo claro por qué se exige nuevamente a
la accionante acudir a la Unidad de Atención y Orientación para cumplir con
otra “caracterización” para ahora sí acceder a la inclusión en los programas
sociales dirigidos a la población desplazada, estando claro y según el
contenido de la respuesta de Acción Social que la “caracterización” consiste en
analizar los beneficios otorgados por las diferentes entidades que integran el
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIP).
Como
lo ha indicado reiterada jurisprudencia de la Corte, las personas desplazadas
merecen un trato digno y humanitario. Esto exige considerar que los altos
índices de analfabetismo presentes en esta población, y el llamado el “temor
reverencial” hacia las autoridades públicas, en algunas ocasiones pueden
influir en las declaraciones y solicitudes para la tutela de los derechos.
En
efecto del análisis del expediente se deduce que Acción Social en su calidad de
ente “coordinador” y no de ejecutor pretende someter al accionante a un eterno
peregrinaje institucional de trámites innecesarios, como requerir nuevamente la
caracterización, sin brindar la información oportuna y completa acerca de sus
derechos o simplemente ignorar las solicitudes realizadas por la accionante.
En
el caso en concreto se evidencia la falta de orientación e información adecuada
sobre cuáles son los procedimientos, requisitos y las entidades responsables de
la prestación y cubrimiento de los programas de atención al desplazado. Como se
señaló anteriormente la Corte en
sentencia T-025 de 2004 mencionó el procedimiento a seguir cuando se reciban
peticiones de los desplazados, que entre otros consiste en:
“1.
Atender de manera inmediata las solicitudes, que no es más que la inclusión en
la lista de desplazados.
2. Informar sobre la respuesta a su solicitud y en
caso de no cumplir con los requisitos indicar claramente el procedimiento para
corregirlo.”
Estas dos actividades suponen necesariamente una labor
de acompañamiento informativo sobre cuáles son las alternativas para que el
desplazado materialice su deseo de contar con las ayudas estatales, bien sea la
Ayuda Humanitaria de Emergencia, su prórroga o la inclusión en las diferentes
alternativas de estabilización socioeconómica.
Por
lo anterior, la Corte concluye que sí hay una vulneración a los derechos a la
vida digna, a la ayuda humanitaria de emergencia, a la salud, a la reparación
por desplazamiento y la estabilización socioeconómica por parte de Acción
Social.
En
este orden de ideas, la Corte concederá la presente acción de tutela con el fin
de amparar los derechos fundamentales de la accionante y evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.
La
Entidad deberá realizar una evaluación de las condiciones reales del accionante
con el fin de determinar la conducencia de la prórroga de la Ayuda Humanitaria
de Emergencia y si las demás ayudas entregadas fueron suficientes para superar
la condición de extrema vulnerabilidad que padece la accionante como madre
cabeza de familia. Si se verifica que las condiciones persisten, Acción Social
deberá informar a la accionante sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar
para la entrega de la asistencia humanitaria, la cual será prorrogada hasta que
dicha situación de urgencia finalice o sea superada.
En
el caso de Fonvivienda, Gobernación del Tolima y la  Alcaldía de Ibagué la Sala
decidirá no conceder la tutela ya que en el proceso no obra prueba que alguna
de estas entidades por acción u omisión haya vulnerado de los derechos
fundamentales de la accionante.
2.
Expediente T2561056.
El
señor Luis Bernardo Molina Sánchez manifiesta haber vivido en el Municipio
Puerto Príncipe durante diez (10) años, de donde fue desplazado por amenazas
del frente 16 de las Farc, en ese lugar tenía su trabajo, casa y negocio.
Por
medio de Resolución del 7 de julio de 2009 Acción Social niega la inscripción
en el Registro Único de la Población Desplazada, ya que la declaración resulta
contraria a la verdad.
La
entidad argumenta que no hay coincidencia con la declaración del accionante de
haber permanecido por diez (10) años junto con su grupo familiar en el lugar
donde fueron expulsados por hechos violentos.
El
accionante procede a recurrir y apelar la resolución que deniega la inscripción
y manifiesta que cuenta con testigos que pueden certificar la permanencia en el
sitio del cual fue expulsado, y adjunta documento del Presidente de la Junta de
Acción Comunal de Puerto Príncipe Vichada.
Acción
social responde el recurso negando nuevamente la inscripción en el RUPD y dice
que “dentro de los requisitos para ser considerado como usuario del Sisben,
se encuentra el que todas las personas relacionadas hagan parte del grupo
familiar encuestado y afirmar la permanencia de las mismas en el lugar donde se
aplica, destacando que la encuesta se destina para quienes manifiestan ser
residentes habituales de la ciudad o municipio donde se toma la encuesta…”.
Complementa
la entidad su negativa “El artículo 316 de la Constitución Política,
preceptúa que: En las votaciones que se realicen para la elección de
autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo
podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio.”
Teniendo
en cuenta lo expuesto, la entidad concluye que, de acuerdo a los hallazgos que
reposan en las bases de datos, la esposa del accionante no se encontraba
residiendo con su grupo familiar para la fecha del desplazamiento por que
estaba en Villavicencio.
El
Juez de conocimiento resolvió decretar improcedente el amparo ya que el
accionante no demostró las calidades y el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la Ley 387 de 1997 para ser considerado como desplazado y así poder
ser inscrito en el RUPD.
Para
resolver el problema jurídico planteado se pasa a verificar si las razones para
negar la inscripción en el RUPD por parte de Acción Social se ajusta a los
parámetros definidos por la Jurisprudencia de esta Corporación.
Acción
Social argumentó que el relato del accionante faltaba a la verdad. La entidad
verificó que se encontraba con afiliación en salud ante la EPS Cajacopi Atlántico
en Villavicencio, una afiliación de la esposa del accionante en salud en la
Entidad Promotora de Salud Total S.A. en Villavicencio, una inscripción de
cédula de la esposa del accionante en el censo electoral de Villavicencio y una
encuesta de Sisben en Villavicencio.
Sobre
este punto el accionante afirmó que: “señor juez que el caso que aparezca en
el Sisben es por el motivo de que tuve que mandar a la señora para una
operación y ahí fue el motivo para inscribirnos, pero yo me fui para mi lugar
donde trabajaba, pues allá no hay Sisben.”
En
la sentencia T-1083/00 la Corte estudió un asunto con hechos análogos al
anterior. En este caso, se trataba de una persona a la cual le fue aplicada la
encuesta del Sisben, pese a no residir de forma permanente en el lugar en donde
fue aplicada la encuesta. La accionante interpuso acción de tutela porque
considera que la actuación de las autoridades administrativas vulneran sus
derechos fundamentales “al imprimir en la ficha de encuesta una información
relativa a la vivienda en la cual ella se encontraba temporalmente (…)” y
que no corresponde a su verdadera situación socio económica.
En
esta oportunidad, la Corte consideró que no resultaba razonable aplicar la
encuesta del Sisben a una persona que se encontraba temporalmente en la
vivienda que es encuestada, sin embargo, ante este hecho, es necesario que la
persona encuestada informe si en el lugar en donde se aplica esta misma reside
de forma permanente o transitoria. Esto dijo la Corte:
“12.
No resulta razonable que una persona sea entrevistada en un lugar en el que se
encuentra de paso cuando la información sobre el tipo de vivienda, los servicios
con que cuenta o los electrodomésticos que contiene es tenida en cuenta para
realizar la respectiva clasificación socioeconómica. En estos casos, los
funcionarios encargados de practicar la respectiva ficha deben ser en extremo
cuidadosos e informar adecuadamente a las personas entrevistadas sobre las
consecuencias de la información que se consigne en la encuesta.
Al
anterior aserto podría oponerse el hecho de que la propia ficha permite
registrar el hecho de que la persona entrevistada no es propietaria ni
arrendataria del lugar en el que es encuestada (pregunta 22), pues, como fue
mencionado, a la pregunta tenencia de vivienda es posible responder una de las
siguientes tres alternativas: (1) propia – (2)  arrendada – (3) otra forma. No
obstante, no resulta claro cual es valor ponderado de esta respuesta, ni si la
misma es suficiente para valorar el hecho de que la persona se encuentre apenas
transitoriamente en un lugar. En este último caso, es evidente que no puede, de
ninguna manera, suponerse que un lugar de tránsito sea la vivienda de la
persona encuestada.  En otras palabras, si una persona es encontrada en una
casa de habitación en la que se encuentra de manera meramente transitoria, no
parece ajustado a la verdad suponer que se trata de su vivienda. Será entonces
la persona entrevistada quien, previa suficiente información, deberá indicar a
los funcionarios del SISBEN si el lugar en el que es encuestado es su lugar de
habitación o si se encuentra en él de manera transitoria.”
Así
por ejemplo, en sentencia T-1076 de 2005 esta Corte sostuvo que “la aplicación de la encuesta Sisben como etapa previa
a la concesión de beneficios a la población marginada, en especial la inclusión
en el régimen subsidiado de seguridad social en salud, no puede convertirse en
un instrumento para negar el acceso a otros programas a favor de las personas
en condiciones de debilidad manifiesta, como lo es la asistencia humanitaria a
la población desplazada. En ese sentido, la aplicación de la encuesta Sisben y
la entrega de la identificación correspondiente ratifican las condiciones de
extrema pobreza en que se encuentra la actora y su grupo familiar debido al
hecho del desplazamiento.”
Finalmente,
mediante sentencia T-215 de 2009, analizó el caso de una persona que sufrió dos
desplazamientos; un primer desplazamiento forzado del Corregimiento de
Turruladó del Municipio de Turbo –Antioquia- al Municipio de Bello debido al
cruel asesinato de su madre a manos de la guerrilla y que estando en el
Municipio de Bello –Antioquia, aprovecharon para incluir en el SISBEN a todo el
núcleo familiar.
En
la citada Sentencia la Corte mencionó “Con
base en ello, ha considerado que el hecho de que una persona se encuentre
afiliada al SISBEN en un sitio distinto del cual se huye, no impide el
reconocimiento de la condición de desplazado[40] pues la condición de
tal “es una circunstancia de
carácter fáctico, que se presenta cuando se ha ejercido cualquier forma de
coacción para el abandono del lugar habitual de residencia o de trabajo a otro
lugar dentro de las fronteras del Estado.”[41]
En
este orden de ideas y para el presente
caso no supone una interpretación razonable por parte Acción Social negar la
inscripción en el RUPD por haber sido encuestados y clasificados en el Sisben
de Villavicencio mas aún si no se tiene en cuenta que la inscripción en ese
Municipio se hizo por un motivo de fuerza mayor que implicaba practicarle una
cirugía a la esposa del accionante. Lo que permite colegir que existieron
razones suficientes para figurar en el Sisben de Villavicencio, no siendo este
indicio suficiente para desvirtuar la situación de desplazamiento.
De
todo lo anterior se deduce que, aunque la entidad insista en varias
oportunidades en considerar la aplicación de la encuesta del Sisben como plena
prueba infalible que desvirtúa la condición de desplazamiento, esta consideración
resulta debatible, impertinente y contraria a la buena fe.
Ahora
bien para el caso en concreto Acción Social niega la inscripción porque aparte
de haberse aplicado una encuesta para el Sisben en un municipio diferente, la
cédula de la esposa de la accionante figura inscrita en el censo electoral de
Villavicencio.
Con
relación a la consulta realizada a la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil donde se identifica a la esposa del accionante en el
censo electoral de Villavicencio, esta Corporación considera como ya se explicó
anteriormente que Acción Social no es el máximo órgano Electoral del país por
lo cual carece de la competencia para certificar la situación de un ciudadano en
el censo electoral.
Aún
en virtud de los principios de colaboración y coordinación que debe existir
entre las entidades públicas, las competencias sobre el manejo de la
información deben respetarse y manejarse de manera responsable por las
entidades encargadas de dar la información sobre los aspectos de sus
facultades.
Dentro
de las funciones que le asisten a Acción Social no se encuentra la de imponer
trabas a los desplazados que pretendan lograr la inscripción al RUPD, por el
contrario a está entidad le asiste el deber de  promover los derechos de la
población desplazada. Todo esto teniendo en cuenta que el desplazamiento es una
situación de hecho y no requiere del posterior reconocimiento de autoridades
administrativas ni de estar inscrito ante las mismas autoridades para así
acceder a las ayudas estatales.
Por
lo anteriormente expuesto y de acuerdo con las reglas de interpretación para la
inscripción en el RUPD mencionadas anteriormente, esta Corporación considera
que no es prueba definitiva y sigue siendo debatible, impertinente y contrario
a la buena fe no inscribir a una persona en el RUPD por habérsele practicado la
encuesta del Sisben o por encontrarse inscrito en el censo electoral de un
sitio diferente al que ocurrieron los hechos desplazamiento.
En
este orden de ideas, la Corte concederá la presente acción de tutela con el fin
de amparar los derechos fundamentales del accionante y evitar la consumación de
un perjuicio irremediable. Esta Corporación ordenará que se realice la
inscripción en el RUPD, y como consecuencia se le otorguen las ayudas
establecidas en la Ley.
De
igual manera se solicitará a Acción Social para que en casos de necesitar
información contenida en las bases de datos de los organismos estatales dirija
directamente sus solicitudes a la entidad competente de expedirla, sin olvidar
que la interpretación de la misma debe ser objetiva, veraz y pertinente
aplicada para cada caso en concreto y que como se dijo anteriormente los
resultados por si solos no pueden ser utilizados para arrogar consecuencias
negativas en la inscripción en el RUPD.
3.
Expediente T2548105.
El
accionante manifiesta que es desplazado de la vereda del Charco, Municipio de
Bolívar, Cauca desde el 15 de marzo de 2009 tal y como lo manifiesta en la
declaración juramentada ante la Procuraduría de Popayán.
Por
medio de la Resolución 190010867 de 21 de mayo de 2009 Acción Social niega la
inscripción en el RUPD. El accionante interpone el recurso de reposición contra
la resolución que denegó la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada.
La
entidad resuelve el recurso de reposición y confirma el contenido de la
Resolución, debido a que hay una falta a la verdad según lo que consagra el
artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 toda vez realizada la verificación del
documento de identidad del accionante en la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil se encuentra que tiene la cedula inscrita para votar
en la localidad de Isnos (Huila) lo que difiere su lugar de ubicación donde
supuestamente ocurrieron los hechos de expulsión.
El
accionante considera que con la negativa a la inscripción Acción Social se
vulnera sus derechos a la vida digna, la integridad física y la unidad
familiar.
El
Juez decidió declarar improcedente la tutela por que el accionante goza de
otros mecanismos de protección para lograr la satisfacción de sus derechos.
Para
resolver el problema jurídico planteado se pasa a verificar si las razones para
negar la inscripción en el RUPD por parte de Acción Social se alinean a los parámetros
definidos por la Jurisprudencia de esta Corporación.
Acción
Social argumentó que el relato de la accionante faltaba a la verdad. La entidad
verificó que el accionante se encontraba inscrito en el censo electoral de un
municipio diferente al declarado como expulsor.
El
accionante manifiesta “que por cuestiones de trabajo, a principios del año
2003 viaje al Departamento del Huila, específicamente al municipio de Isnos,
donde labore casi por cinco años” y posteriormente agrega “el señor que
me contrato en esa época para trabajar en su finca y unos amigos, me pidieron
el favor que les colaborara con el voto para un candidato amigo de ellos, y fue
así como inscribí mi cédula en ese sitio.”  Complementa diciendo “También
me inscribieron a salud y a la Caja de Compensación de comfamiliar del Huila.”
Al
respecto la Sala reitera lo expuesto para el Expediente T2561056 en cuanto a
las consultas en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
En
el caso concreto la entidad no valoró las declaraciones del accionante bajo el
principio de la buena fe pese a citarlo en la Resolución que resuelve el
Recurso de Reposición, dejando a cargo del accionante la obligación de aportar
más pruebas con el fin de desvirtuar las apreciaciones de la entidad. Esta
posición es contraria a los principios de la carga de la prueba a cargo de la entidad
y además desconoce motivos expuestos por el accionante que explican su
participación en el censo electoral de Isnos.
Por
lo anteriormente expuesto, resulta contrario a los parámetros definidos por la
Corte y de acuerdo con las reglas de interpretación para la inscripción en el
RUPD mencionadas anteriormente, esta Corporación considera que no es prueba
infalible y sigue siendo debatible, impertinente, contrario a la buena fe no
inscribir a una persona en el RUPD por encontrarse inscrito en el censo
electoral de un sitio diferente al que ocurrieron los hechos de desplazamiento.
En
este orden de ideas, la Corte concederá la presente acción de tutela con el fin
de amparar los derechos fundamentales de la accionante y evitar la consumación
de un perjuicio irremediable. Esta Corporación ordenará que se realice la
inscripción en el RUPD, y como consecuencia se le otorguen las ayudas
establecidas en la Ley.
Como
se mencionó anteriormente se solicitará a Acción Social para que en casos de
necesitar información contenida en las bases de datos de los organismos
estatales dirija directamente sus solicitudes a la entidad competente de
expedirla, sin olvidar que la interpretación de la misma debe ser objetiva,
veraz y pertinente aplicada para cada caso en concreto y que como se dijo
anteriormente los resultados por si solos no pueden ser utilizados para arrogar
consecuencias negativas en la inscripción en el RUPD.
4.
Expediente T2541999.
El
accionante manifiesta ser desplazado del casco urbano de Miravalles,
Corregimiento de Miravalles, del Municipio del Castillo, Departamento del Meta
desde el año 2002, por amenazas contra su vida por parte de los comandantes
Omar y Julián de la AUC Bloque Centauros, de acuerdo a la declaración que
rindió ante la Procuraduría 48 Judicial II Administrativo de Villavicencio
Meta.
Elevó
derecho de petición el 20 de octubre de 2007, ante la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional, solicitando información acerca
del estado actual de su situación.
El
30 de noviembre de 2007 Acción Social da respuesta a su derecho de petición y
anexa copia de la resolución 500013903 del 28 de diciembre de 2005, negando la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, ya que la declaración
rendida supera el año luego de acaecidas la circunstancias consagradas en el
artículo 1 de la Ley  387 de 1997.
La
entidad responde y manifiesta acogerse a lo dicho en la resolución 500013903
del 28 de diciembre de 2005, que niega la inscripción del accionante en el
Registro Único de Población Desplazada por cuanto hay un incumplimiento al
artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, debido a que la declaración supera el año
luego de acaecidas la circunstancias consagradas en el artículo 1 de la Ley 387
de 1997. La entidad, en su respuesta, dice que al peticionario le queda el
agotamiento de la vía gubernativa para lograr el reconocimiento de los
derechos.
El
accionante afirma que no declaró en el instante de haberse presentado los
hechos por miedo debido las amenazas de los grupos al margen de la Ley,  más
concretamente de las AUC Bloque Centauros ya que le dieron veinticuatro (24)
horas para desocupar la región y que por falta de conocimiento del resultado de
la declaración que rindió no interpuso los recursos de Ley. Aclara que no es
cierto que haya declarado en la Personería de Villavicencio sino ante la
Procuraduría 48 Judicial II Administrativo de Villavicencio Meta.
El
Juez de tutela decidió denegar el amparo porque el accionante no se acogió a
los postulados que exige artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, debido a que la
declaración rendida supera el año luego de acaecidas la circunstancias
consagradas en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997 y manifiesta que el
accionante tuvo la oportunidad de agotar la vía gubernativa luego de
notificarse de la resolución, tomando la decisión de no realizar ninguna
gestión.
Para
resolver el problema jurídico planteado se pasa a verificar si las razones para
negar la inscripción en el RUPD por parte de Acción Social se alinean a los
parámetros definidos por la Jurisprudencia de esta Corporación.
Acción
Social argumentó que no procede la inscripción en el RUPD y explica lo
siguiente “EL DECLARANTE MANIFIESTA QUE VIVIO EN EL MUNICIPIO DEL CASTILLO
META HASTA HACE DOS AÑOS Y DOS MESES, RINDIO POR TANTO LA DECLARACIÓN HASTA EL
31 DE AGOSTO DEL 2005, PRECPETUA (sic). EL NUMERAL TERCERO DEL ARTICULO
11 DEL DECRETO 2569 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2000, AL SEÑALA (sic). COMO
UNA CAUSAL PARA NO EFECTUAR LA ISCRIPCIÓN (sic). EN EL REGISTRO, LO
SIGUIENTE: 3. CUANDO EL INTERESADO EFECTUE LA DECLARACIÓN Y SOLICITE LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DESPUES DE UN (1) AÑO DE ACAECIDAS LAS
CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS EN EL ARTICULO 1° DE LA LEY 387 DE 1997”
De
lo anterior se coligue que el único elemento de juicio valorado por Acción
Social para negar la inscripción fue la extemporaneidad en la declaración del
accionante sin tener en cuenta las razones expuestas por él para no declarar en
el tiempo a consecuencia del miedo.
Partiendo
la especial condición de la población desplazada y los traumas sufridos por el
hecho de las amenazas y el desplazamiento forzado, no es desproporcionado
valorar que factores como el temor incidan en la decisión de declarar o el
momento en el cual hacerlo.
En
la sentencia C-047 de 2001 la Corte declaró exequible el plazo de un año para
solicitar la ayuda humanitaria, con el presupuesto que el término de un año
fijado por el Legislador para acceder a la ayuda humanitaria comenzará a
contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito
que impidieron presentar oportunamente la solicitud.
Finalmente,
esta Corporación considera que antes de entrar a decidir debe pronunciarse
sobre las actuaciones irregulares de Acción Social. En primer lugar la entidad
no notificó al accionante de la Resolución que negó la inscripción en el RUPD,
motivando la interposición de un Derecho de Petición para conocer el contenido
del documento; y en segundo lugar, Acción Social dice que el accionante rinde
la declaración de los hechos de desplazamiento ante la Personería de
Villavicencio no siendo esto cierto de acuerdo al documento que certifica que
la declaración tuvo lugar en la Procuraduría 48 Judicial II Administrativo de
Villavicencio Meta.
Por todo lo anterior, resulta contrario a los
parámetros definidos por la Corte negar la inscripción en el RUPD cuando la
declaración de los hechos que originaron el desplazamiento sea posterior a un
(1) año sin que la entidad haga un análisis concienzudo de los factores que
pudieron influir en la extemporaneidad de la declaración.
En
este orden de ideas, la Corte concederá la presente acción de tutela con el fin
de amparar los derechos fundamentales de la accionante y evitar la consumación
de un perjuicio irremediable. Esta Corporación ordenará que se realice la
inscripción en el RUPD y, como consecuencia, se le otorguen las ayudas
establecidas en la Ley.
5. Expediente T2516061.
La
accionante rindió declaración juramentada el 16 de diciembre de 2008 ante la
Personería Municipal de Bello en la que relata haber sufrido un primer
desplazamiento en el año 1995 del Corregimiento de Nueva Antioquia, Municipio
de Turbo por las FARC y un segundo desplazamiento por las Águilas Negras que
operaba en el Barrio el Bosque Municipio de Chigorodó, Antioquia el 18 de abril
de 2007.
Mediante
la resolución 5001113862 del 30 de enero de 2009, Acción Social  determinó que
no era procedente realizar la inscripción del Registro Único de Población
Desplazada, porque el accionante no se encontraba incurso en las circunstancias
de hecho previstas en el articulo 1 de la Ley 387 de 1997, de acuerdo con lo
señalado en el numeral 2 artículo 11 del Decreto 2569 de 2000.
La
entidad dice que, luego de revisar “las bases de información sobre servicios
y oferta estatal se determina que el hogar no se ha visto forzado a migrar de su
lugar habitual de residencia y/o actividad económica.”
Como
complemento la entidad afirma que del reporte enviado por las autoridades
civiles y militares de la localidad se estableció que no hubo alteraciones del
orden público para la fecha en las que la accionante dice haber sido desplazada
forzosamente de esa parte del territorio.
La
accionante interpuso el Recurso de Reposición y la entidad con la Resolución
5001113862R del 19 de mayo de 2009, decide el recurso de conformando la
decisión de primera instancia.
La
decisión se sustenta en analizar el testimonio de la accionante en el escrito
de Reposición, “Soy desplazada del corregimiento de Nuevo Antioquia en el
año 1995 por amenazas a mi núcleo familiar, llegue al municipio de Chigorodó
Antioquia en el mismo año…”. Del anterior testimonio la entidad concluye
que desde la ocurrencia de los hechos han transcurrido catorce (14) años,
demasiado tiempo que ha permitido a la accionante poder restablecerse en su
nuevo lugar de asentamiento por el transcurso del tiempo y así lograr
estabilidad socioeconómica.
Sigue
la entidad con la otra parte del testimonio “pero en el año 2007 me vi
obligada a desplazarme nuevamente por las mismas circunstancias y me radique en
el Municipio de Bello…”. Sobre el particular la entidad dice que habiéndose
consultado con las autoridades civiles, militares y municipales para la fecha
en que se produjeron los hechos no existen reportes de alteraciones al orden
público semejantes a las descritas.
La
accionante considera que Acción Social con la decisión de no inscribirla en el
RUPD ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad
humana, a la salud, a la vivienda adecuada y al mínimo vital.
El
Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín decide que la tutela no es el medio
para lograr el reconocimiento de los derechos solicitados ya que al accionante
le queda la Revocatorio Directa contra el acto expedido por Acción Social para
lograr la inscripción y que además son considerables los motivos para no hacer
la inscripción.
La
decisión de primera instancia es impugnada y el Tribunal Superior de Medellín
Sala Civil, decide confirmar el fallo diciendo que los elementos que configuran
el desplazamiento forzado como la coacción y traslado dentro de la frontera del
país no se ha visto configurados en este caso, además valora las consultas
realizadas por Acción Social a las autoridades civiles y militares de la localidad,
que dicen que no hay alteraciones del orden público en la zona.
Para
resolver el problema jurídico planteado se pasa a verificar si las razones para
negar la inscripción en el RUPD por parte de Acción Social se alinean a los
parámetros definidos por la Jurisprudencia de esta Corporación.
Como
se señaló, fueron dos los motivos por los que Acción Social negó la inscripción
en el RUPD: i) transcurso del tiempo y ii) ausencia de alteraciones de orden
público.
La
accionante manifestó en petición de tutela que no acudió en el año 1995 a
denunciar los hechos de hostigamiento ante las autoridades por miedo y
desconocimiento de las gestiones que se podían adelantar al obtener la ayuda
del Estado; sin embargo la accionante vivió otra situación de desplazamiento en
el año 2007, siendo esta situación la que motivó la declaración por
desplazamiento y el acercamiento a las entidades encargadas de brindar las
ayudas ofrecidas para los desplazados y por supuesto tuvo que mencionar el
desplazamiento del año 1995 ante Acción Social.
De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, una vez más se reitera que
en virtud del principio de la buena fe deben tenerse como ciertas las
declaraciones rendidas por el declarante. En este sentido si la entidad
considera que la declarante falta a la verdad, la carga de la prueba versa
sobre ésta y debe desvirtuar las afirmaciones por medios idóneos y
contundentes.
Por
lo tanto Acción Social deberá aportar otros elementos de juicio que le permitan
controvertir los hechos sobre el desplazamiento y ante la falta de claridad
deberá darle prioridad al principio de la buena fe y de favorabilidad.
De
la revisión del expediente se evidencia que la entidad no aportó ninguna prueba
contundente que permita concluir que no existió una situación de desplazamiento
forzado que permita respaldar los argumentos esgrimidos por la entidad para no
realizar la inscripción en el RUPD.
En
este orden de ideas, la Corte concederá la presente acción de tutela con el fin
de amparar los derechos fundamentales de la accionante y evitar la consumación
de un perjuicio irremediable. Esta Corporación ordenará que se realice la
inscripción en el RUPD, y como consecuencia se le otorguen las ayudas
establecidas en la Ley.
V.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.
REVOCAR la sentencia del Juez Primero
de Menores de Ibagué y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales como desplazado de la accionante Rubiela Mendoza.
Segundo.
ORDENAR a la Unidad
Territorial del Tolima- Ibagué de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que,
en el término de ocho (8) días a partir de la notificación de esta sentencia,
proceda a realizar una evaluación real de las condiciones del accionante para
determinar si las ayudas entregadas fueron acordes con las necesidades
tuteladas. Una vez se haya verificado que las condiciones de vulneración
continúan Acción Social deberá proceder a la entrega de las ayudas.
Acción
Social en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente decisión informará a la accionante cuáles son los procedimientos y
requisitos para la inclusión a los diferentes programas de estabilización
socioeconómica.
Tercero.
EXCLUIR a Fonvivienda, Gobernación del Tolima y la  Alcaldía de
Ibagué como sujetos de la presente acción de tutela y de las decisiones tomadas
por está Corporación.
Cuarto.
REVOCAR la Sentencia del Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales como desplazado de Luis Bernardo Molina
Sánchez.
Quinto.
ORDENAR a la Unidad Territorial de
Meta de de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la
notificación de esta sentencia, proceda a inscribir al accionante el en RUPD.
Acción
Social en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente decisión informará a la accionante cuáles son los procedimientos y
requisitos para la inclusión a los diferentes programas de estabilización
socioeconómica.
Sexto.
REVOCAR la Sentencia del Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Popayán y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales como desplazado de Simón Bolívar Caicedo
Ruano.
Séptimo. ORDENAR a la Unidad Territorial del Cauca de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que,
en el término de de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de
esta sentencia, proceda a inscribir al accionante en el RUPD.
Acción
Social en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente decisión informará a la accionante cuáles son los procedimientos y
requisitos para la inclusión a los diferentes programas de estabilización
socioeconómica.
Octavo.
REVOCAR la Sentencia del Juzgado
Segundo de Menores del Circuito de Villavicencio y en su lugar CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales como desplazado de Luis Felipe Ruiz
Tovar.
Noveno. ORDENAR a la Unidad Territorial del Meta de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta
sentencia, proceda a inscribir al accionante el en RUPD.
Acción
Social en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente decisión informará a la accionante cuáles son los procedimientos y
requisitos para la inclusión a los diferentes programas de estabilización
socioeconómica.
Decimo.
REVOCAR la Sentencia del Tribunal
Superior de Medellín Sala Civil y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales como desplazado a Blanca Liria Pérez Muñoz.
Décimo
primero. ORDENAR a la Unidad
Territorial de Antioquia de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional que, en el término de de cuarenta y ocho (48) horas a
partir de la notificación de esta sentencia, proceda a inscribir al accionante
el en RUPD.
Acción
Social en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente decisión informará a la accionante cuáles son los procedimientos y
requisitos para la inclusión a los diferentes programas de estabilización
socioeconómica.
Décimo
segundo. NOTIFICAR la presente
providencia a la Sala de Revisión que profirió la sentencia T-025/04 para lo
que considere pertinente.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente en comisión
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sobre este mismo punto ver: T-740/04, T-175/05, T-1094/04, T-563/05,
T-1076/05, T-882/05, T-1144/05, T-086/06 y T-468/06, entre otras.
[2] Al respecto la Corte ha señalado lo siguiente: “Precisamente para hacer frente a esta nueva categoría de
colombianos, el ordenamiento jurídico ha confiado a la Red de Solidaridad
Social -que es un establecimiento público del orden nacional, dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- la tarea de
promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y
vulnerable del país, de la que indudablemente hace parte la franja de los
desplazados. Ellos, por las terribles circunstancias a que los ha conducido la
confrontación armada, tienen derecho constitucional a que el Estado despliegue
su acción de manera efectiva, oportuna y eficiente, con miras a su amparo y al
disfrute de garantías básicas de las que han sido violentamente despojados.”
T-1635/00
[3] Ver al respecto las
sentencias T-227 de 1997, T-327 de 2001, T-1346 de 2001, T-098 de 2002, T-268
de 2003, T-813 de 2004, T-1094 de 2004, entre otras.
[4] T-563/05
[5] T-086/06
[6] Sobre
estos derechos en particular la sentencia T-025/04 dijo: “Estos derechos han
sido desarrollados por la ley y conforman una carta de derechos básicos de toda
persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno. Así, a cada
desplazado se le informará que:
1.
Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo familiar.
2.
Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del desplazamiento no
ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales sino que por el contrario
es sujeto de especial protección por el Estado;
3.
Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el
desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más y que
tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable, (b)
alojamiento y vivienda básicos, (c) vestido adecuado, y (d) servicios médicos y
sanitarios esenciales. (…)”
[7] Ver nota al pie número 8.
[8] Principios Rectores del Desplazamiento
Forzado Interno, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de
Personas Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas
para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.
1.4.11. El Principio 20 consagra (1) el derecho de todo ser humano a ser
reconocido como persona jurídica en todo lugar, y (2) la necesidad de que para
hacer efectivo este derecho en cabeza de las personas desplazadas, las
autoridades competentes expidan todos los documentos que sean necesarios
para el disfrute de sus derechos, tales como pasaportes, documentos de
identificación personal, certificados de nacimiento y certificados de
matrimonio. En particular, se especifica que las autoridades deberán facilitar
la expedición de nuevos documentos, o la reposición de los documentos que se
hayan perdido en el curso del desplazamiento, sin imponer para ello condiciones
irrazonables, tales como exigir el retorno al área de residencia habitual para
obtener los documentos requeridos. También (3) se especifica que existe
igualdad de derechos entre hombres y mujeres para obtener los documentos
necesarios en cuestión, así como para que se expida tal documentación con el
nombre propio del solicitante.” Tomado
del Anexo 3 a la sentencia T-025/04.
[9] Al
respecto ver: SU-1150/00,
T-327/01, T-098/02, T-268/03, T-419/03 y T-602/03. En
el anexo 3 a la sentencia T-025/04, se consideró que: “la importancia de este documento para el ordenamiento
jurídico nacional, así como la naturaleza vinculante de algunas de las
disposiciones de derecho internacional que se encuentran reflejadas e
interpretadas en él (art. 93, C.P.), han sido resaltadas por la jurisprudencia
de esta Corporación en sucesivas oportunidades. (…) Como se puede
apreciar, la Corte Constitucional ha llegado incluso a considerar que
algunas de las disposiciones contenidas en los principios forman parte del
bloque de constitucionalidad”
(Énfasis fuera del texto)
[10] Una
descripción más detallada del procedimiento para la inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada fue hecha por la Corte en la sentencia T-563/05
la cual dispuso: De las
disposiciones contenidas en las anteriores normas se concluye que el
procedimiento que debe seguirse para que una persona sea inscrita en el RUPD,
es el que a continuación se explica:
(i)
La persona desplazada debe
rendir una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su desplazamiento
ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las
personerías distritales o municipales, o cualquier despacho judicial. Dicha
declaración debe presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los
hechos.
(ii)
Una vez una de las
anteriores autoridades recibe la declaración de quien solicita la inscripción,
debe remitirla de inmediato a la Red de Solidaridad Social o a una de sus
unidades territoriales, con el objeto de que se efectúe su estudio con miras al
registro del solicitante. El incumplimiento de este deber acarrea
responsabilidad disciplinaria.
(iii)
A partir del momento en
que la autoridad autorizada para la inscripción recibe la declaración del
desplazado, ésta tiene 15 días hábiles para valorarla junto con otros datos y
pruebas que tenga en su poder sobre los hechos señalados por aquél como
causantes del desplazamiento. Una vez realizado este estudio, debe informar al
peticionario si su inclusión en el RUPD fue aceptada, o las razones por las
cuales fue rechazada. El acto administrativo que niega el registro debe
notificarse y contra él proceden los recursos de la vía gubernativa.
[11] El artículo 1 de la ley 387 de 1997 define a la persona
desplazada en los siguientes términos: “ARTICULO
1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.”
[12]
En este sentido el registro de la población desplazada no constituye un reconocimiento
de su condición, pues como ya se explicó, esta es una herramienta técnica para
la implementación de la política pública en materia de desplazamiento. Al
respecto la Corte ha indicado: “La condición de desplazado por la violencia es
una circunstancia de carácter fáctico, que concurre cuando se ha ejercido
coacción para el abandono del lugar habitual de residencia a otro sitio dentro
de las fronteras de la propia nación.  En ese sentido, la inscripción en el
RUPD carece de efectos constitutivos de esa condición; por lo que, en cambio,
dicho Registro cumple únicamente las finalidades de servir de herramienta
técnica para la identificación de la población afectada y como instrumento para
el diseño e implementación de políticas públicas que busquen salvaguardar los
derechos constitucionales de los desplazados.” T-1076/05
[13] T-227/97
[14] Al
respecto la sentencia T-327/01 expone: “Para realizar una interpretación razonable al artículo 2 inciso 2 del
decreto 2569 de 2000, se deben aplicar criterios de interpretación sistemática,
teleológica, y más favorable a la protección de los derechos humanos. Siendo
esto así, al aplicar la interpretación sistemática, se debe tener muy claro que
el decreto contentivo del artículo en estudio es desarrollo reglamentario de
una ley que reconoce el desplazamiento forzado como situación de hecho; a su
vez, esta ley es desarrollo de un sistema constitucional al cual están
incorporadas normas supranacionales como lo son los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos, emanados de la ONU y el artículo 17 del Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que buscan
proteger a los desplazados y no exigen certificación de tal fenómeno de facto.
Si se hace una interpretación teleológica de la norma, se observa que el fin de
tal artículo es brindar protección y Ayuda frente a una situación que, como se
reconoce en el inciso primero de tal artículo, se da por la ocurrencia de los
hechos de una manera estructurada. No requiere el citado artículo la necesidad
del reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en
un caso concreto. Igualmente, realiza una interpretación en el sentido que más
convenga a la finalidad de la norma, se encuentra que frente al tratamiento de
tan grave situación como lo es el desplazamiento forzado,  lo más razonable es
entender que no se puede condicionar la existencia de una realidad a la
afirmación de su configuración por parte de las autoridades. Finalmente, de
acuerdo con el criterio hermenéutico de la interpretación más favorable a la
protección de los derechos humanos. Al  aceptar como válida tal interpretación,
el inciso segundo de la norma en estudio se debe tomar como una serie de pautas
para facilitar una organizada protección de los derechos fundamentales de los
desplazados.”
[15] “Artículo 17. Prohibición de los
desplazamientos forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si
tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá
forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
[16] Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de
1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones
Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis
Deng.
[17] Al respecto la Corte ha señalado: “ (…) al analizar los casos de los desplazados se debe tener en cuenta
el principio constitucional de la buena fe. No deben formulársele preguntas
capciosas tendientes hacer incurrir a la persona en contradicción; debe
recordarse que como posibles secuelas mentales del desplazamiento la persona no
sea capaz de recordar los hechos con total nitidez y coherencia; y debe darse una
atención inmediata a la recepción de su declaración. En resumen, al desplazado
debe mirársele como ser digno que no ha perdido su condición de sujeto
protegido por los derechos constitucionales y que aún más, es un sujeto que
merece especial protección del Estado.” T-327/01
[18] Cfr. T-025/04
[19] Cfr. T-025/04
[20]  En la sentencia T-1076 de 2005 sobre esta misma cuestión
dijo la Corte: “En cuanto se refiere al registro de una
persona en el RUPD la Corte ha sostenido, específicamente, lo siguiente: (i) La
interpretación favorable de las normas que regulan la materia permite sostener
que la condición de desplazado forzado interno es una situación fáctica, que no
está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el
RUPD; (ii) las exigencias procedimentales para esa inscripción sólo pueden ser
aquellas expresamente fijadas en la ley, sin que los funcionarios encargados de
esa labor estén facultados para exigir requisitos adicionales; (iii) la
declaración sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debe analizarse de
tal forma que se tengan en cuenta las condiciones particulares de los
desplazados, que en la mayoría de los casos les dificultan relatarlos con
exactitud; y (iv) estas declaraciones están amparadas por la presunción de
buena fe, lo que traslada a los funcionarios competentes la carga probatoria
para desvirtuar los motivos expresados por el afectado.”.
[21] En la
sentencia T-563 de 2005 se describen y explican las etapas de la inscripción en
el RUPD. Sobre el derecho de las personas en situación de desplazamiento a
recibir información plena, eficaz y oportuna ver T-645 de 2003.
[22] Cfr. Sentencia T-1076 de 2005.
[23] Al
respecto la Corte ha sostenido que en materia de desplazamiento forzado la
carga de probar que las declaraciones de la persona no corresponden a la verdad
corresponde al Estado. Así por ejemplo, sobre la presunción de validez de las
pruebas aportadas, la Corte ha señalado: “si una persona desplazada afirma
haber realizado una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su traslado
y aporta certificación al respecto proveniente de una de las autoridades
previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red de Solidaridad
debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a la solicitud
de inscripción..”. Sentencia T-563 de 2005.
[24] Al
respecto la Corte ha señalado: “es a quien desea contradecir la afirmación a
quien corresponde  probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la
ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no
ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable dimensión del problema que hace
que en muchas ocasiones las entidades gubernamentales sean desconocedoras del
mismo. En muchas ocasiones las causas del desplazamiento son silenciosas y casi
imperceptibles para la persona que no está siendo víctima de este delito. Frente
a este tipo de situaciones es inminente la necesidad de la presunción de buena
fe si se le pretende dar protección al desplazado.” Sentencia T-327 de 2001.
[25] Al
respecto dijo la Corte: “uno de los elementos que pueden conformar el conjunto
probatorio de un desplazamiento forzado son los indicios y especialmente el
hecho de que la persona haya abandonado sus bienes y comunidad. Es contrario al
principio de celeridad y eficacia de la administración el buscar llegar a la
certeza de la ocurrencia de los hechos, como si se tratara de la tarea de un
juez dentro de un proceso, ya que al hacer esto se está persiguiendo un
objetivo en muchas ocasiones imposible o en extremo complejo, como se ha
expresado anteriormente, la aplicación del principio de buena fe facilita la
tarea del funcionario de la administración y le permite la atención de un
número mayor de desplazados.”. Sentencia  T-327 de 2001.
[26] Para la
Corte la inversión de la carga de la prueba se produce en virtud de la
aplicación de los principios de buena fe y favorabilidad y en atención a las
especiales circunstancias en las que suelen encontrarse las personas en
situación de desplazamiento forzado. Por estas mismas circunstancias la Corte
ha entendido que las inconsistencias en la declaración no pueden ser prueba
suficiente de su falsedad. Al respecto la Corporación ha dicho que al momento
de recibir la correspondiente declaración, los servidores públicos deben tener
en cuenta que: “(i) la mayoría de las personas desplazadas por la
violencia provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso es
exigua -motivo por el cual el grado de analfabetismo es alto-; (ii) en
muchas ocasiones quien es desplazado por la violencia proviene de contextos en
los cuales se ha educado a las personas en una especie de "temor
reverencial" hacia las autoridades públicas; (iii) en el momento de
rendir un testimonio ante las autoridades, el grado de espontaneidad y claridad
con el que podrían hacerlo se reduce considerablemente; (iv) a las
circunstancias del entorno de origen de los desplazados, se añaden las secuelas
de la violencia. No es fácil superar el trauma causado por los hechos
generadores del desplazamiento forzado. Esta situación puede conllevar traumas
sicológicos, heridas físicas y afectivas de difícil recuperación, además de la
inminente violación de derechos humanos que se da desde que la persona es
víctima del delito de desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento
del desplazado al momento de rendir la declaración; y (v) el temor de
denunciar los hechos que dieron lugar al desplazamiento hace que no exista
espontaneidad en su declaración.”
[27] Ibidem.
[28] Al respecto cabe recordar que en la sentencia C-047 de 2001 la Corte declaró exequible el plazo de un año para solicitar la
ayuda humanitaria, bajo el entendido de que el término de un año fijado por el
Legislador para acceder a la ayuda humanitaria comenzará a contarse a partir
del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron
presentar oportunamente la solicitud. Ver nota 38 infra.
[29] Al respecto cabe recordar que en la sentencia C-047 de 2001 la Corte declaró exequible el plazo de un año para
solicitar la ayuda humanitaria, bajo el entendido de que el término de un año
fijado por el Legislador para acceder a la ayuda humanitaria comenzará a
contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito
que impidieron presentar oportunamente la solicitud.
[30]Al respecto la Corte ha señalado: “(…) la valoración de los hechos que se declaran
originadores del desplazamiento, debe hacerse a partir de la buena fe de quien
lo declara. Si la solicitante manifestó que salió de la población en donde
habitaba, por la llegada de grupos paramilitares, esto debe tomarse como cierto
hasta tanto las mismas autoridades demuestren que no es así. La Red de
Solidaridad Social (hoy Acción Social), cuenta con medios suficientes para
verificar la situación social de los lugares de Colombia de donde manifiestan
los declarantes que fueron desplazados, así como las fechas en que ello
supuestamente ocurrió. Además, pueden también determinar sumariamente los
lugares del país en donde tienen influencia los actores armados.” T-458/06
[31] Sobre este punto, la Corte precisó: “(…) contrario
a lo sostenido por el juez de primera instancia, y de acuerdo con el de
segunda, la Resolución carece de motivación y si el punto de partida para
analizar la situación de quien solicita la inscripción en el registro, para
concederlo o no, es su declaración, es claro que no se observa la objetividad
con la cual se otorgó la inscripción a la madre del actor y su núcleo familiar,
en tanto a él le fue negada, pues la entidad accionada no refutó los argumentos
del actor sobre la zona de origen del desplazamiento que es la misma de la de
señora madre de su esposa, entonces, es claro que no hubo un estudio de las
condiciones subjetivas del actor, ni de las objetivas entre el relato suyo y el
de su suegra. (…)” T-1144/05 En este mismo sentido la sentencia T-086/06
indicó: “A la Corte en esta oportunidad, no le queda más que censurar
categóricamente la conducta asumida por los funcionarios de (…) la Red de Solidaridad Social, quienes ante las posibles incoherencias
presentes en la declaración (que, por cierto, la Sala no alcanza a detectar) se
limitaron a expedir unas resoluciones confusas que, sin duda, no tienen la
suficiente entidad para negar la inscripción en el Registro Nacional de
Población Desplazada (…) En efecto, esta entidad se limitó a indicar,
sin ninguna explicación, que los hechos no eran cobijados por la Ley 387 sino
más bien, se ajustaban a los beneficios previstos en la Ley 418 de 1997, es
decir, a la actora se le consideró como víctima del conflicto armado pero
–paradójicamente- se le negó el status de desplazada por la violencia.  Pues
bien, agregado a este contrasentido, la Red olvidó que era su deber, conforme a
los artículos 12 y 13 de la Constitución Política y el principio de buena fe,
cotejar los hechos denunciados, comprobar plenamente que esta persona no tenía
la calidad de desplazada y, en todo caso, dejarlo claramente consignado en las
respectivas Resoluciones.”
[32] En una decisión anterior se dispuso: “(…) la
Red de Solidaridad no puede trasladar los efectos de las omisiones de las autoridades
encargadas de tomar las declaraciones y de efectuar la inscripción de las
víctimas del desplazamientos en el RUPD, a estos últimos, sino que su
obligación es remediar la situación y brindar una respuesta oportuna a las
solicitudes de los desplazados. Por lo tanto, la Sala ordenará a la Red de
Solidaridad Social, en vista de la pérdida de la declaración del peticionario,
tomarle de nuevo su declaración y estudiar su caso en el menor tiempo posible,
con miras a su inscripción y la de su núcleo familiar en el RUPD, con el fin de
permitir su acceso a la asistencia que la Red debe brindar a la población
desplazada.” T-563/05
[33] Al respecto la Corte ha sostenido: “(…) las exigencias
procedimentales para esa inscripción sólo pueden ser aquellas expresamente
fijadas en la ley, sin que los funcionarios encargados de esa labor estén
facultados para exigir requisitos adicionales (…)” T-1076/05
[34] En este sentido la Corte ha señalado: “Para la
Sala, el estado de desplazamiento (…) se encuentra demostrado con las distintas
declaraciones rendidas por él ante los jueces de tutela.  Ese estado material
no puede ser desconocido argumentando el carácter extemporáneo de la solicitud
de inscripción en el registro nacional de población desplazada pues tal
condición no se adquiere por virtud del acto formal de inscripción sino por el
hecho cierto del desplazamiento.  Por lo tanto, esa es una razón
sustancialmente insuficiente para negarle la inscripción y para desvincularlo
de los programas de protección dispuestos para tal protección.” T-740/04
[35] Sobre este aspecto la Corte ha indicado: “(…) [L]as contradicciones en lo dicho por una persona
desplazada no tienen ineludiblemente como consecuencia perder la atención a la
que se tiene derecho como desplazado, a no ser que se compruebe que el sujeto
no es en realidad desplazado. Es en este sentido que ha de interpretarse el
numeral 1º del artículo 11 del Decreto 2569 de 2000[35] citado por la Red de
Solidaridad Social, según el cual, la no inscripción procede cuando “la
declaración resulte contraria a la verdad”. La verdad a que se refiere la norma
es el hecho mismo del desplazamiento, y no cualquier elemento de la declaración
sobre hechos distintos que puedan sugerir alguna inconsistencia o error. Ahora
bien, con el fin de establecer si las inconsistencias presentadas en una
declaración llevan a concluir que el desplazamiento alegado no tuvo lugar, las
autoridades tienen la posibilidad de contrastar la versión del solicitante con
una amplia gama de indicios sobre el hecho mismo del desplazamiento.” T-1094/04
[36] Al respecto la Corte ha precisado lo siguiente:
“(…)[L]a aplicación de la encuesta Sisben (…) no puede convertirse en un
instrumento para negar el acceso a otros programas a favor de las personas en
condiciones de debilidad manifiesta, como lo es la asistencia Humanitaria a la
población desplazada. (…) ” T-1076/05
[37] La Corte ha sostenido que: “(…) la
Red ha desconocido el mandato de presunción de buena fe que deriva del artículo
83 de la Carta y que ha sido desarrollado por esta Corporación en el caso de
las víctimas del desplazamiento forzado, por cuanto no ha dado valor a la
certificación que (…) aportó sobre la declaración que realizó en el año 2000
sobre los hechos que dieron lugar a su huída junto con su familia (…)”
[38] Sentencia  T 328 de 2007.
[39] En este mismo sentido, el principio 18 de los Principios
del Desplazamiento Forzado Interno precisa el alcance de la asistencia
humanitaria. Sobre este Principio, el anexo 3 de la sentencia T-025/04 indicó:
Al respecto la Corte señaló: “El derecho a una subsistencia
mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está
precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades
competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el
acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b)
alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios
médicos y sanitarios esenciales.” (…)También se dispone que las
autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la
participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la
planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho
debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27
reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia
Humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la
subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia Humanitaria se refiere
tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el
desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas
de restablecimiento económico y de retorno.”
[40] Corte Constitucional. Sentencia T-630 de 2007.
[41] Corte Constitucional. Sentencia T-328 de 2007.