T-046-99
Sentencia T-046/99
Sentencia
T-046/99
MEDIO AMBIENTE
SANO-Conservación por el
Estado y la comunidad
Uno de los
principales aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia
al tratamiento de las riquezas naturales de la Nación y el medio ambiente, a
través de una nueva conciencia que se refleja en claros compromisos tanto para
el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservación y
protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, indispensable para la
supervivencia de estas y de las futuras generaciones.
MEDIO AMBIENTE
SANO-Deber de conservación
por el Estado/MEDIO AMBIENTE SANO-Derecho deber
LIBERTAD DE
EMPRESA Y DERECHO AL AMBIENTE SANO-Compatibilidad
Existe para los
particulares una especial responsabilidad en la preservación y protección del
medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa se
atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden
derivarse amenazas a derechos de importante envergadura para las personas.
Sobre el particular, la Corte ha sido enfática en señalar que la realización de
la actividad económica debe sujetarse a las normas ambientales expedidas, con
el fin de mantener un medio ambiente sano a través de un desarrollo económico
sostenible, y con el control de las autoridades ambientales.
ACCION DE CLASE O
DE GRUPO-Alcance
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Criterios
que deben observarse para la protección por tutela
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Protección
excepcional por tutela
La regla general
del artículo 88 de la Carta Política, según la cual la protección del derecho e
interés colectivo al medio ambiente sano se obtiene mediante el ejercicio de
las acciones populares o las de clase o grupo, se exceptúa cuando, de la
apreciación fáctica en concreto de los hechos efectuada por el juez de tutela,
se logra deducir que la perturbación al mismo presenta un nexo de causalidad
con la acción u omisión de la autoridad pública o del particular, según el
caso, ocasionando la vulneración o amenaza en forma directa e inminente de
derechos fundamentales de las personas, respecto de los cuales se solicita el
correspondiente amparo.
DEFENSOR DEL
PUEBLO-Legitimación para
interponer tutela
DEFENSOR DEL
PUEBLO-Presunción
indefensión de menores
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Demostrada
la afectación individual y concreta de un derecho fundamental procede la tutela/MEDIO
AMBIENTE SANO-Perturbación
Es evidente que
la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que atentan
contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por
lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza directa a derechos
fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la
intimidad y en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un
interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat
natural y la especie humana. De manera que, en el evento de llegarse a
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneración o
amenaza aun derecho de ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de
la acción de tutela.
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental por
conexidad
DERECHO A LA
SALUD DE LOS NIÑOS-Fundamental
DERECHO A LA
INTEGRIDAD FISICA-Alcance
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Omisión de
autoridad en protección vulnera igualdad entre la población
Ante la
realización de un actividad económica que pueda producir contaminación del
medio ambiente, cuando resultan ineficaces o insuficientes los controles que
por ella misma corresponde implantar, como aquellos radicados en manos de las
autoridades competentes para mantener las condiciones básicas ambientales que
permitan mejorar la calidad de vida y proporcionar un bienestar general, se
vulnera el derecho fundamental a la igualdad de aquellas personas que resultan
afectadas por las actuaciones contaminantes, en virtud de la salvedad que se
les impone para disfrutar el derecho a gozar de un ambiente sano y de otros
derechos conexos, consolidándose en un trato que aparece como discriminatorio
dada la desproporcionada carga que asumen respecto de los demás miembros de la
población en general.
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Partículas
de carbón en el aire que afectan la salud y vida de moradores de sociedad
portuaria
DERECHO A LA INTIMIDAD-Particulas de carbón en el aire que afectan el
ambiente sano
Referencia:
Expediente T-183.139.
Peticionario :
Ricardo Correal Morillo, Director (E) de la Dirección Nacional de Recursos y
Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo.
Demandada :
C.I. PRODECO
PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -C.I. PRODECO S.A.-.
Magistrado
Ponente :
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA.
Santafé de Bogotá,
D. C., veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
En desarrollo de sus
atribuciones constitucionales y legales, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, procede a revisar las
sentencias proferidas en el proceso de la referencia.
I.     ANTECEDENTES.
1.     La
solicitud.
El señor Ricardo Correal
Morillo, Director (E) de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales de la Defensoría del Pueblo, formuló acción de tutela en nombre y
representación de Daniel Alejandro Rojas, Hernán Ruíz Rodríguez, Ronny
Jessurrum, Pamela Jessurrum, Katty Jessurrum y Ramón Guerra, habitantes de la
Bahía de Santa Marta, en el área próxima al terminal carbonífero, y en el de
las demás personas afectadas por la presunta contaminación producida con el
transporte, cargue y descargue del carbón en el puerto de C.I. PRODECO
PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -C.I. PRODECO S.A- ubicado en esa misma ciudad, a
fin de que se les amparen sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, en
conexidad con el derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, al estimarlos vulnerados con las acciones y omisiones realizadas
por dicha empresa privada, para lo cual solicita se adopten las medidas
pertinentes que garanticen el adecuado ejercicio de esa actividad.
2.     Hechos.
Los hechos que
sustentaron el ejercicio de la acción fueron, en síntesis, los siguientes:
En la zona turística
de Santa Marta, en inmediaciones del aeropuerto Simón Bolívar, sobre la
carretera Troncal de la Costa o del Caribe, en el kilómetro 19 de la vía que
conduce de esa ciudad a Barranquilla, la compañía C.I. PRODECO PRODUCTOS DE
COLOMBIA S.A. -C.I. PRODECO S.A-. tiene un terminal portuario, con un área de
62 hectáreas, en donde se desarrollan las actividades de recepción, manejo y
embarque de carbón, procedente de las zonas carboníferas del país, en
Cundinamarca, Cerrejón Central, La Guajira, y la Jagua de Ibérico, en el Cesar.
Dicha compañía, no
obstante haber adoptado tecnologías modernas y adecuadas para evitar los
posibles efectos ambientales nocivos, serios y graves a los habitantes y a las
zonas hoteleras aledañas por la emisión de partículas de carbón en el
mencionado proceso con respecto al mineral, fue objeto de cuestionamiento en la
tutela de la referencia, toda vez que al efectuar el transporte entre las minas
de carbón y el puerto carbonífero de Santa Marta, se presenta diseminación de
partículas de dicho mineral.
Así mismo, se
denuncian los riesgos que por accidentes ocasionan las tractomulas
transportadoras del mineral, al igual que la contaminación que se genera
durante el cargue de las barcazas y buques en la zona portuaria, dado que el
sistema se hace mediante grúas de gran tamaño y capacidad que recogen el carbón
de las barcazas, cargadas en el puerto y remolcadas hasta el buque, a través de
una almeja, levantando la carga y conduciéndola hasta las escotillas de los
compartimientos del buque, para finalmente soltarla en la bodega, operación que
por efectuarse aún en el aire disemina el polvo de carbón a grandes distancias
y sobre la superficie marina con cuidados mínimos, como lo atestiguan las
innumerables quejas de los vecinos y pescadores. Además, el cargue y descargue
del carbón en la zona portuaria ha ocasionado algunos hundimientos, como
ocurrió con 2 barcazas transportadoras, lo que generó daños ambientales en la
flora y la fauna marina, aún sin evaluar totalmente, en cuanto a su impacto a
corto y largo plazo.
Igualmente, en las
actividades que se desarrollan en el área del puerto también se causan
problemas a los pobladores del sitio, originados en la manipulación del carbón,
mediante las bandas transportadoras y los patios de acopio y almacenamiento, ya
que el mineral es arrastrado y diseminado por la acción de la temperatura y el
viento, presentándose, así mismo, problemas en las operaciones de
aeronavegación en el aeropuerto vecino, por el tamaño que alcanzan las pilas de
carbón.
3.      Fundamentos
de la demanda de tutela.
El actor manifiesta
en su libelo que la acción de tutela es procedente ya que la demanda pretende
proteger los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a gozar de un
ambiente sano, de una pluralidad de personas que viven dentro del área de
influencia de la compañía accionada, y que han resultado afectadas en forma
individual y permanente por las acciones y omisiones de aquella.
Además, advierte
que, si bien la empresa demandada es de naturaleza privada, puede ser objeto de
la acción de tutela, por la vulneración que produce en esos derechos y en la
medida en que ha atentado grave y directamente contra el interés colectivo
(C.P., art. 84, inciso 4), a través de actuaciones que se extienden a la
población restante ubicada en el área de influencia, siendo la más afectada la
infantil, la cual se encuentra en estado de indefensión y cuya protección
prevalece por encima de cualquier consideración. Adicionalmente, esas mismas
razones lo llevan a sustentar la legitimidad de la Defensoría del Pueblo para
actuar en la presente acción de tutela, en virtud del “control defensorial”
que esa entidad debe ejercer respecto de la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las personas.
De otra parte,
precisa que la problemática enunciada incide directamente sobre el medio
ambiente, vulnerando el derecho a la salud y desmejorando la calidad de vida de
las personas afectadas, así como afectando la industria del turismo tradicional
en esa zona del país y desconociendo los principios establecidos en la
Declaración de Río, según la cual, el desarrollo económico debe ser sostenible
con protección del medio ambiente.
Por todo lo
anterior, solicita que se tutelen los derechos fundamentales invocados, así
como cualquier otro de igual naturaleza que resulte afectado y, en consecuencia
de ello, se expidan las siguientes órdenes:
“Primero: El cese
inmediato de las actividades que están ocasionando vulneración de los derechos
fundamentales a la salud, la vida, y a gozar de un ambiente sano de los
habitantes de la zona de influencia, bajo el Puerto de C.I. Prodeco S. A.
Segundo: Que se
ordene a la autoridad ambiental competente - Ministerio del Medio Ambiente y/o
las Corporaciones Autónomas Regionales - la realización del monitoreo o
seguimiento a la actividad de la Empresa Prodeco.  Ante la posibilidad de que
esta empresa y otras carboneras se ubiquen en el futuro puerto de aguas
profundas, en el tajamar occidental, en la ciudad de Barranquilla, se verifique
el cumplimiento de la normatividad ambiental a las empresas carboníferas que
allí se instalen.
Tercero: Que la
compañía Prodeco, en el lugar que en se ubique, prevea y esté preparada ante
las contingencias, tales como el hundimiento de barcazas, y que ésta tome
acciones preventivas para que éstos hechos no ocurran.
Cuarto: No emitir
partículas en ninguna de las etapas del proceso de explotación, transporte y
embarque para lo cual se adoptarán las tecnologías apropiadas existentes.
Quinto: Hacer más
eficiente, desde el punto de vista ambiental y de la salud, el sistema de
transporte de carbón de la mina al puerto.  Se debe incrementar el transporte
de carbón por vía férrea y con la seguridad adecuada.
Sexto: Maximizar el
manejo ambiental en todas las áreas de influencia para no contaminar.
Séptimo: Dar
cumplimiento al convenio de producción limpia suscrito entre le gobierno y el
sector carbonífero.
Octavo: Dentro de
los planes de compensación, tener en cuenta la actividad de los pescadores para
involucrarlos en proyectos económicos, puesto que un manejo del carbón, sin
mayores efectos negativos sobre el medio ambiente y la población, ofrece
amplios márgenes de sostenibilidad ecológica, como sucede en otros países del
mundo, como es el caso Holanda.”
Por último, solicita
recaudar como material probatorio los antecedentes administrativos del asunto y
decretar la práctica de una inspección judicial en el puerto carbonífero de la
empresa accionada, con el fin de corroborar los hechos expuestos en la tutela;
así mismo, tener como pruebas documentales los registros fotográficos del área
afectada y fílmicos de la operación que se realiza en el puerto, los informes
técnicos emitidos por INVEMAR, los informes de visita de la Defensoría del
Pueblo, los de monitoreo ambiental de las empresas, las quejas recibidas por
esa entidad, y demás documentos a los cuales se hace referencia en el folio 12
del expediente, al igual que la sentencia SU-442 de 1.997 de la Corte
Constitucional, en la cual se evidenció una contaminación por partículas de
carbón en la ciudad de Santa Marta, por parte de sociedades portuarias, entre
esas la accionada en la presente tutela.
II.    TRAMITE
PROCESAL DE LA ACCION DE TUTELA.
1.     Intervención
en defensa de la empresa accionada.
A través de
apoderado, la accionada se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando
que la acción de tutela es improcedente, dado que lo que se pretende proteger
son derechos colectivos y controvertir actos generales, impersonales y
abstractos, como ocurre en el presente caso. En su criterio, la Defensoría del
Pueblo sólo podía solicitar la tutela de derechos fundamentales, relacionados
con derechos colectivos como el medio ambiente, de haberlos individualizados en
cabeza de sus representados, pues lo contrario implicaría una defensa en
abstracto, propia del ejercicio de la acción popular; de manera que, al no
haberse logrado esa identificación en forma plena, elemento esencial en la
agencia oficiosa por la que presume actúa el accionante, ni la violación o
amenaza de sus derechos fundamentales, ni el nexo de causalidad con los actos
de la sociedad demandada, el amparo solicitado no era viable, máxime al
advertir que existe un pleito pendiente, ya que cursa en el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Santa Marta una acción popular promovida en contra de
C.I. PRODECO S.A.
Luego el actor buscó
desvirtuar los presuntos problemas ambientales imputados en su contra,
argumentando que el ejercicio de la actividad social de C.I. PRODECO S.A. se
realiza de conformidad con la normatividad vigente en materia de uso del suelo,
operación y funcionamiento, transporte terrestre del mineral, límites
permitidos de emisión de partículas en el aire, control ambiental, emisiones
atmosféricas y su monitoreo (D.02/82, Ley 9/79, y artículos D.L. 2811/74), un
uso de tecnología apropiada para el manejo de la carga, con tecnificación de
sus operaciones terrestres y marítimas, cumpliendo así con las normas sobre
seguridad aeroportuaria, según lo dispuesto por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Precisó, además, algunos aspectos relativos
a su defensa, como que el asentamiento de dicha empresa se produjo en forma
previa a la conformación de una zona turística que aún no ha sido definida como
tal en el plan de ordenamiento territorial, el hundimiento de las barcazas
mencionadas fue fortuito; que la causa de las infecciones respiratorias agudas
provienen de virus y bacterias y no por el polvillo del carbón; que según
estudios realizados se concluye que el carbón no constituye amenaza ambiental
ni contaminante, e indica que se trata de la realización de una actividad
desarrollada acorde con la libertad de empresa, por lo que mal podría una
acción legal basada en prejuicios y apreciaciones y cargas infundadas obtener
el resarcimiento de daños o perjuicios inexistentes y no probados.
Por último, respecto de la Sentencia SU-
442/97 de la Corte Constitucional, manifestó que el objeto de la tutela en esa
oportunidad era proteger la salud y la vida de habitantes de la ciudad de Santa
Marta por la mala calidad de los servicios públicos, por lo que allí no se practicaron
pruebas técnicas para la verificación de los efectos nocivos del carbón en la
salud de las personas; de manera que, no existía prueba suficiente idónea,
conducente y pertinente que demuestrara que las afecciones a la salud sufridas
por los accionantes fueran causadas por efecto del polvillo del carbón, por lo
que solicitó se practicaran otras y se valoraran las aportadas al proceso.
2.     Las
decisiones judiciales que se revisan.
2.1.  Primera
Instancia  - Tribunal Superior de Santa Marta - Sala Penal.
Mediante sentencia
del 21 de julio de 1.998, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta,
concedió la tutela impetrada en favor de los demandantes Daniel Alejandro Rojas
Sánchez, Martha Elisa Monalve Cuéllar, Isabel Perea Contreras, Julio Jessurrum
Paichault, y otros habitantes de la zona aledaña al puerto carbonífero de C.I.
PRODECO S.A., por las siguientes razones :
Respecto de la
procedencia de la acción de tutela, el juzgador indicó que esta es viable
cuando se trata de la violación o amenaza del derecho al ambiente sano, por la
conexidad que presenta con una posible vulneración de derechos fundamentales
individuales, prevaleciendo en tal caso sobre las acciones populares para
otorgar el respectivo amparo. Además, agregó que, según la jurisprudencia
constitucional, el derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a
la vida y a la salud de las personas, por lo que el Estado debe garantizar su
prestación como servicio público prioritario entre los objetivos estatales
(C.P., art. 49) y como respuesta a la exigencia constitucional de garantía de
una mejor calidad de vida (C.P, art. 366), con la correspondiente satisfacción
de las necesidades de salud, en razón a su carácter prestacional.
En lo que hace al
caso particular, hizo mención a las pruebas trasladadas y recaudadas en su
momento por la Corte Constitucional, al proferir la sentencia SU-442 de 1.997 y
a las practicadas por el mismo Tribunal Superior de Santa Marta ; el
detalle de las mismas se hará en un acápite posterior.
Como conclusión del
material probatorio recaudado y aportado al proceso, el a quo observó el
inadecuado manejo del carbón por la sociedad accionada, en el proceso de cargue
y descargue, frente a los derechos a la vida y salud de la población y de
contera con afectación en el turismo; no obstante, aclaró que, si bien la
explotación del carbón no se puede detener puesto que es una fuente de trabajo
y desarrollo, el lugar escogido para ello no es el adecuado, como así lo
expresó el Departamento Nacional de Planeación, en documento DNP -2503- UINF,
Bogotá, diciembre de 1.990, cuando se proyectaba la construcción del muelle
carbonífero de la DRUMMOND, documento que, en su concepto, ha sido desestimado
por las autoridades nacionales y locales y, según el cual, la única zona del
país en donde la citada actividad no causaría daño en la ecología, ambiente, y
salud de las personas es la Bahía Portete, en el Cabo de la Vela, por ser zona
desértica.
En consecuencia,
resolvió tutelar los derechos a la vida, a la salud y al ambiente sano de los
accionantes y demás habitantes de la zona aledaña al puerto carbonífero de C.I.
PRODECO S.A., ordenando la reubicación de esa actividad en un lugar apropiado,
para lo cual otorgó un plazo de tres (3) años, ya que la misma no es posible cumplirla
en 48 horas, con el fin de conceder un tiempo prudencial y razonable que
permita solucionar internamente lo relativo a los compromisos contractuales,
previamente adquiridos por la empresa accionada, teniendo en cuenta la
legalidad de su ejercicio.
-        La impugnación.
El apoderado de la
parte accionada impugnó la anterior providencia, con base en los siguientes
argumentos :
Alegó la
improcedencia de la ación de tutela, por una parte, para la defensa de un grupo
indeterminado de personas presumiblemente afectadas por la contaminación
denunciada, sin individualización de sus derechos fundamentales, ni
demostración de la lesión de los mismos con la actuación de la entidad
demandada, para un amparo impersonal y abstracto que, en su concepto, es
materia de la acción popular; por otra parte, por tratarse de la
conducta legítima de un particular (D. 2591/91, art. 45), ya que en la
ejecución de la actividad portuaria la empresa demandada se ha ceñido al
ordenamiento jurídico vigente en materia administrativa (D. 2591 de 1.991,
arts. 6 y 8), ambiental y de seguridad aeronáutica; y, por último, por la
inadecuada actuación de la Defensoría como agente oficioso, ya que esta figura
sólo puede darse cuando el representado no está en condiciones de defenderse
(D.2591/91, art. 10).
Así mismo, planteó
un desconocimiento de los derechos al debido proceso y defensa de su
representada, por cuanto la decisión se fundamentó en declaraciones
testimoniales de personas que tenían interés directo en el proceso, en
inspecciones o reconocimientos visuales, con carencia de peritazgos técnica y
científicamente practicados, y basada en pruebas trasladadas y no
controvertidas por la demandada, dentro del proceso original, incumpliendo los
requisitos exigidos en el artículo 185 C.P.C.
Además, sostuvo que
el Tribunal de instancia se abstuvo de practicar pruebas de medición sobre la
emisión de partículas y el levantamiento topográfico de las pilas de carbón,
desconociendo conceptos y estudios elaborados por instituciones especializados,
como los muestreos de contaminación en las estaciones de medición de partículas
del conjunto residencial de los Alcatraces y en el Aeropuerto, avalados por las
respectivas autoridades ambientales (Resolución 521/97 del Ministerio del Medio
Ambiente), los cuales indicaban un sometimiento a los límites anuales y
promedios geométricos máximos autorizados (Decreto 02/82, art. 31) y
evidenciaban que la muestra no sólo está conformada por carbón, sino también
por otros minerales, como el del Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras, que concluyó científicamente que no existía afectación al ambiente
marino, ni en las playas por la operación del puerto.
Por último, solicitó
tener en cuenta las pruebas aportadas en la contestación de la demanda y
decretar la práctica de dictámenes periciales por parte de médicos
especialistas en neumología, para verificar el nexo de causalidad entre las
presuntas enfermedades pulmonares que padecen los afectados y las actividades
que desarrolla C.I. PRODECO S.A.
2.2.  Segunda
Instancia-        Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Penal.
La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 2 de septiembre de
1.998, confirmó el fallo del a quo, en cuanto a la tutela de los
derechos a la vida, ambiente sano y a la salud del menor Daniel Alejandro Rojas
Sánchez y de las ciudadanas Martha Elisa Monsalve Cuéllar, Isabel Perea
Contreras, Julio Jessurrum Painchault y otros habitantes de la zona aledaña al
puerto carbonero de C.I. PRODECO S.A., y la extendió al derecho a la intimidad
de las mismas personas, por las molestias permanentemente causadas con los
residuos del carbón en residencias y lugares aledaños, afectando su
tranquilidad, sosiego doméstico y la estética de los predios. Dicha decisión se
apoyó en los siguientes fundamentos:
De un lado, estimó
suficientes los elementos de juicio con los cuales el Tribunal Superior de
Santa Marta acreditó la real y efectiva vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, salud, integridad física y medio ambiente, así como
del derecho a la intimidad; por lo tanto, afirmó que el derecho a gozar de un
medio ambiente sano no puede postergarse, sacrificando los derechos enunciados,
sobre la base de que la entidad accionada ha cumplido las disposiciones legales
y/o administrativas sobre el ambiente y en el ejercicio de una actividad lícita
“no solamente por la índole de las normas y bienes que entrarían en
conflicto sino por la primacía de los derechos fundamentales sobre los
legales.”.
Además, puntualizó
que no es posible esperar la ocurrencia de daños irreparables en las personas
para salvaguardar tales derechos, ya que la acción de tutela también procede
ante su amenaza, por lo que es deber del juez constitucional disponer las
medidas encaminadas al mejoramiento de las condiciones ambientales, para que la
calidad de vida de la población no se vea afectada cuando es evidente el mal
que se está causando con la emisión de partículas de carbón por parte de la
demandada, como en el presente caso.
Adicionalmente, se
pronunció a favor de la legitimación que tiene la Defensoría del Pueblo para
instaurar la acción de tutela “habida consideración de que algunos afectados
en sus derechos fundamentales al medio ambiente sano, en conexidad con la salud
y la vida, son menores, pues respecto de ellos se presume su situación de
indefensión y desamparo“; de la misma manera, expresó que a pesar de que la
sociedad demandada es de naturaleza privada, es viable la legitimación pasiva
acreditada en la circunstancia de encontrarse debatiendo, en el asunto sub
examine, un interés colectivo que repercute en los derechos fundamentales
individuales.
No obstante, señaló
que la protección constitucional debe limitarse a los enunciados derechos y no
puede extenderse a otras actividades invocadas, tales como la afectación al
turismo, la accidentalidad en las carreteras de tránsito, la desvalorización de
la propiedad raíz, la afectación de la fauna marina y flora por hundimiento de
barcazas, entre otros, pues para reclamar dichos perjuicios se cuenta con otras
acciones administrativas y judiciales pertinentes. Además, consideró que deben
excluirse de la decisión las acciones u omisiones de las autoridades Nacionales
y Distritales cuyos controles se extrañan, por la falta de vinculación al
proceso.
Finalmente, halló
desmedida la orden impartida por el a quo para la reubicación de las
instalaciones de la empresa, por lo que modificó la sentencia impugnada, en el
sentido de que la misma consolide, en un término de tres (3) meses, un
cronograma de razonable duración para la realización de inversiones necesarias,
que permitan eliminar toda influencia malsana y molesta a los derechos de los
pobladores de la zona, el cual deberá ser aceptado y en su cumplimiento
supervigilado y controlado por el Tribunal Superior de Santa Marta, debiendo
comprender todo el proceso de transporte terrestre, almacenamiento, cargue y
descargue de carbón en el puerto y en sus lugares adyacentes, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones que para la expedición de las diversas
licencias le hayan impuesto las distintas autoridades ambientales,
administrativas y de salud. Igualmente, el cronograma tendrá que comprender los
estudios técnicos para que el Tribunal Superior mencionado pueda impartir la
aprobación y realizar las demás actividades.
III.    PRUEBAS
RECAUDADAS Y PRACTICADAS.
1.
Fundamento probatorio del Tribunal Superior de Santa Marta.
1.1.   Inspección judicial al expediente de tutela
No. 10.950 ubicado en el Tribunal Contencioso Administrativo de Santa Marta, en
el cual la Corte Constitucional profirió la citada sentencia SU-442 de 1.997, a
fin de tomar copias de las pruebas practicadas en dicha oportunidad por esa
Corporación, respecto de la contaminación ambiental por carbón en esa ciudad,
de las cuales se destacan:
- Inspección judicial realizada en las
instalaciones de los puertos carboníferos de la DRUMMOND, PRODECO y CARBOANDES
al proceso de transporte y cargue de carbón en las barcazas y mediante
helicóptero en la zona de descargue del carbón en los buques, de lo cual se
constata que no se atienden en forma íntegra las reglas y procedimientos
establecidos para ese efecto, que eviten la dispersión del polvillo del carbón
con la consecuente contaminación, sobre lo cual el Director de CORPAMAG
advierte que es difícil ejercer un control por la falta de barcos para
adelantar la correspondiente vigilancia.
- Visita efectuada a las instalaciones del
Hotel El Decamerón Puerto Galeón en la cual se confirma la concentración del
polvillo del carbón en paredes y pisos.
- Declaraciones
rendidas por los vecinos de la zona entre El Rodadero y el Puente del Doctor,
quienes aseguran que existe un problema de contaminación visual por la
expedición de partículas de carbón que contaminan las playas y que ha dado
lugar a quejas de habitantes y turistas.
Además, se reafirma
que el proceso de muestreo y medición del mismo no es confiable porque las
encargadas de hacerlo son las mismas empresas supuestamente contaminadoras.
- Análisis minearológico de las muestras
recolectadas en las estaciones de medición de partículas en suspensión ubicadas
en el conjunto residencial Los Alcatraces y en el Aeropuerto, por CORPOMAG, estableciéndose
la participación de partículas de carbón.
- Dada la existencia de partículas de carbón
en el aire y su inhalación por los habitantes de Santa Marta, la Sala solicitó
un concepto al Ministerio de Salud sobre los efectos que podía producir en las
personas el mencionado polvillo de carbón; al respecto dicha entidad
señaló :
"Principales
efectos de la exposición a polvo de carbón
1.
Rinitis - enfermedad rino-sinusal.
2.
Bronquitis industrial (cuando no se atribuye al cigarrillo).
3.
Neumoconiosis del carbon (el agravante es su gravedad y pronóstico, dado
que sus efectos son irreversibles).
4.
Agravamiento de otras enfermedades.
Problemas
relevantes:
1.- Incremento de
explotación artesanal (mayor riesgo de enfermar - accidente o muerte).
2.- Adecuación
ambiental de la política carbonífera por el Impacto ambiental y la afectación
poblacional.
RIESGO DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA
EXTRACCION DE CARBON
Del total de AT
(128.081) durante 1995, el sector de explotación del carbón se constituyó como
la novena de las 26 actividades económicas.
Promedio de Días
de Incapacidad
a) A nivel nacional
= 28.3
b) Por extracción de
carbón = 7.8
(...)
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOCIAL Y AMBIENTAL
DE LA MINERIA DEL CARBON - CERREJON ZONA CENTRO Y LA
JAGUA DE IBERICO - 1990 - 1995
Entidades que lo realizaron: ISS - CENSAT -
MINSALUD
MUESTRA TOTAL DE
TRABAJADORES : 410,
en los cuales se encontró 12.5% Prevalencia Neumoconiosis y 46%, sospechosos de
Enfermedad Neumoconiótica.
CONCLUSIONES :
La extracción de Carbón
constituyó la 4a. actividad económica causante de costos a cargo del ISS
durante 1995.
Sus efectos no
solo tienen impacto ocupacional, sino que realmente comprometen la salud
poblacional de aquellas regiones en las que se explota el mineral" (negrillas y subrayas fuera de
texto).”.
1.2.   Inspección judicial realizada por el
Tribunal Superior de Santa Marta a las instalaciones de la sociedad demandada,
y construcciones vecinas, en la cual se escuchan en declaración a varios de sus
habitantes, entre los cuales están: Julio Ernesto Jessurrum Painchault, Ramón
Rafael Guerra Mejía, Fernando Avila Peña, quienes en términos generales
coincidieron en señalar que, la actividad que realiza C.I. PRODECO S.A., ha
desmejorado el medio ambiente, con la producción de un polvillo de carbón que
los afecta a ellos y a sus familias en su salud, que dificulta la respiración,
produce alergias, asma, etc., siendo los más afectados los niños a quienes han
tenido que alejar del lugar para su recuperación, lo que además les impide
llevar una vida tranquila. Complementariamente, mencionan el ruido que produce
la actividad en el puerto con perturbación del sueño y los múltiples accidentes
ocasionados por las tractomulas transportadoras de carbón, por lo que solicitan
se adopten medidas urgentes que den solución definitiva a este problema, dentro
de las cuales está la de impedir la ampliación del puerto.
Se destaca el
testimonio del ingeniero Pedro Daniel Rojas León, residente en el conjunto Los
Alcatraces, quien manifestó que, a pesar de haberse dirigido a la Corte
Constitucional, la situación sigue igual y agravándose, influyendo
negativamente en la salud de las personas, como ocurre con sus hijos, en
especial de Daniel Alejandro Rojas Sánchez, quien presenta una alergia al
polvillo agravada por la irritabilidad al mismo ; para demostrar lo cual
suministra los dictámenes de los respectivos galenos, dejando constancia de la
afectación de muchas personas por esa razón y de la vegetación y playas de la
zona.
1.3.   Diligencia de inspección judicial
practicada en el conjunto residencial Los Alcatraces, ubicado en el kilómetro
17 que de Santa Marta conduce a Ciénaga, en la cual se evidencia existencia de
polvillo en los inmuebles en su interior y exterior, así como en la capilla y
se constata la afectación en la salud de sus moradores, con base en los
testimonios recibidos a la Gerente, la señora Caridad Acosta Camargo, y a la
señora Marta Elisa Monsalve Cuéllar, quien manifiesta sufrir malestar por la
presencia del polvo del mineral, así como ataques bronquiales causados por
envenenamiento con el carbón. También a la señora Isabel Perea Contreras,
trabajadora en el conjunto, quien a su vez pone de presente sus ahogos por la
misma causa, los cuales han tenido que se tratados médicamente.
Allí se pone de
nuevo de presente que las mediciones de contaminación en la zona las hacen las
mismas compañías contaminadoras, pudiendo esto influir en la veracidad de los
resultados y que los hundimientos de barcazas con contaminación del agua, se
han producido por el mal manejo en el cargue del carbón, sin que se hayan
establecido sanciones por el Ministerio del Medio Ambiente.
Por último, el
Tribunal verifica en la carpeta de visitas al conjunto que, durante seis (6)
meses, los funcionarios de la DRUMMOND ni de PRODECO han asistido a realizar
las correspondientes monitoreos de las partículas de carbón. Sobre este
particular el Tribunal estima un posible incumplimiento de las normas
ambientales de control de emisión de partículas, exigidas por la Ley 9 de 1.979
y el Decreto Ley 2811 de 1.974. Además, considera que de los estudios
realizados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-José Benito
Vives de Andreis, sobre el reconocimiento ambiental del área marina circundante
al puerto y de las playas cercanas al conjunto residencial Los Alcatraces, no
se puede afirmar rotundamente que “el carbón, y específicamente las
partículas que de él emanan, no son nocivas para la salud humana, animal y
ambiental. La razón para ello es apenas obvia por cuanto que como allí mismo se
afirma, “la determinación de este tipo de interacciones requiere de estudios
especializados, que en ningún momento fueron el propósito del presente
trabajo.” y porque además, “no existen antecedentes bibliográficos sobre
condiciones similares”.”.
1.4.   El Tribunal, del material probatorio,
concluye que los lugares próximos al puerto carbonero, están siendo afectados
notablemente por los efectos desagradables del polvillo de carbón que allí llega,
como ocurre en la propiedad del señor Julio Jessurrum, tal como se comprobó por
el Centro de Estudios Ambientales C.E.A. de la Universidad del Magdalena, a
partir de las muestras analizadas.
Así mismo, con base
en las certificaciones medicas adjuntas al expediente, observa que el polvillo
del carbón suspendido en el aire es perjudicial para la salud, como lo muestra
el padecimiento del niño Daniel Alejandro Rojas Sánchez, de 5 años de edad y
las señoras Martha Elisa Monsalve Cuéllar e Isabel Perea Contreras, al igual
que los hijos de Julio Jessurrum y Ramón Rafael Guerra Mejía.
De igual modo, se
confirman los efectos nocivos que causan las partículas de ese mineral en el
aire en la salud, según los conceptos emitidos por el Ministerio de Salud y por
el Centro de Estudios Ambientales C.E.A. de la Universidad del Magdalena.
Igualmente, en su concepto, han sido importantes las anotaciones del perito
médico Dr. Jesús Santander Guerrero sobre el proceso de generación de la
neumoconiosis y sus estragos en el organismo por esa misma causa ; en
cambio, las del perito Dr. Alvaro Enrique Rodríguez Saavedra, que manifiesta la
carencia de pruebas respiratorias para diagnosticar enfermedades de ese orden y
con ese origen, se contrastan con las evidencias mismas que en sentido
contrario aparecen en el expediente.
Lo anterior llevó al
Tribunal al convencimiento de la inconveniencia del “manipuleo del carbón
con la salud general de la población y de contera con el turismo”, por lo
que manifiesta que, si bien la explotación del carbón no se puede detener por
ser una fuente de trabajo y desarrollo, el lugar escogido para ello no es el
adecuado, para lo cual se apoya y cita apartes del documento elaborado por el
Departamento Nacional de Planeación ( DAP- 2503 - UINF, Bogotá Diciembre de
1.990), en el cual se señala:
“... PROBLEMAS AMBIENTALES.-
"De
acuerdo con los estudios realizados, los valores de emisión del polvillo del
carbón calculados para el manejo de 10 Mta., son del orden de 4.370 toneladas.
De estos, cerca del 32% se originan durante las actividades de cargue,
descargue y manejo de carbón en la pila.  Estas emisiones originan altas
concentraciones de material en un área de 3 Km., en dirección del viento.  Si
se considera una reducción óptima del 60% en las emisiones por efectos de las
medidas de control, la distancia mínima de amortización se reduce a 1.500
metros.
"Dada
la cercanía de las instalaciones hoteleras y del turismo en general, la
contaminación de playas y zonas aledañas perjudican directamente éstas
actividades.  Por otra parte, para los volúmenes previstos, se estima una
movilización de cerca de 27 trenes de 100 vagones por día, lo cual junto a las
actividades portuarias produce altos niveles de ruido. Esto, evidentemente,
altera la vocación recreacional y de descanso de toda el área,..."
(...)
“...,
El funcionamiento del Muelle de Prodeco ha creado algunos conflictos, debido al
crecimiento de la actividad recreacional y turística hacia el sur...."
(...)
“C) Puerto Zúñiga
hasta la Quebrada del Doctor,.
“En
la evaluación de esta área se identificaron diversos aspectos que se consideran
son incompatibles con las actividades relacionadas con el manejo y embarque del
carbón.  Estos son:
1º CONFLICTO CON El
TURISMO:
"Al
igual que la zona anterior, la Corporación Nacional de Turismo - C.N.T. -
declaró recurso turístico nacional al Municipio de Santa Marta.  De igual
manera, por Acuerdo 002 de 1988, el Concejo Municipal de Santa Marta designó la
zona comprendida entre Santa Marta y la Quebrada del Doctor como de uso
turístico.  En la actualidad existe en esta zona instalaciones hoteleras y
casas de recreos ya establecidas, y se desarrolla una intensa actividad
turística.  Sobre [sic] entre estos el Hotel Gran Galeón, Residencias
Turísticas, Plenomar, Urbanización Bello Horizonte, Cabañas Pachócolo, Conjunto
Puesta del Sol, Los Alcatraces y Piedra Hincada, los cuales representan
inversiones muy cuantiosas.
"Cabría
esperar que, de aproberse la construcción de un Puerto Carbonífero en la zona,
se podrían presentar demandas por los perjuicios causados a los propietarios de
la zona por la desvalorización de sus predios, cuyos valores dependen de sus
posibilidades turísticas.  Ya que la C. N. T. iniciará próximamente en la zona
de Pozos Colorado el desarrollo de uno de los complejos turísticos más
importante del país, la posibilidad de construir el puerto en esta zona, se
convertiría en un posible obstáculo para interesar a inversionistas nacionales
y extranjeros en el proyecto...”.
2.      Pruebas
practicadas por la Corte Constitucional.
Mediante auto del 18
de noviembre de 1.997, se dispuso por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas la
práctica de una inspección judicial en la ciudad de Santa Marta, con la
asistencia de los Magistrados integrantes de la misma, a fin de verificar los
hechos materia del proceso de tutela, especialmente, en cuanto al
funcionamiento del proceso de cargue y descargue del carbón en las
instalaciones del puerto carbonero de C.I. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.
Comoquiera que en la
demanda de tutela presentada se denuncia la contaminación del ambiente,
mediante partículas de carbón en ese proceso realizado por la empresa
accionada, resultaba imperioso practicar una diligencia de inspección judicial
que permitiera evidenciar la veracidad de las quejas sobre la concentración de
partículas de carbón en el aire y en el mar, tanto en lo que corresponde a la
zona portuaria de la empresa accionada como en lugares aledaños, así como las
posibles consecuencias que esas partículas han presentado en la salud de las
personas por quienes la Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección
Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, como actora, reclama la protección
de derechos fundamentales.
- Resumen
de los aspectos más importantes de la diligencia de inspección judicial
realizada por los Magistrados de la Sala Sexta de Revisión de Tutela.
Durante la diligencia de inspección
judicial realizada el día 20 de noviembre de 1.998, la Sala con la colaboración
de las autoridades de policía del departamento del Magdalena, sobrevolaron en
helicóptero el puerto carbonífero donde se realizan las actividades
relacionadas con el transporte, embarque y desembarque del carbón para ser
exportado, divisándose las instalaciones y equipos destinados a la operación
del mismo, así como su incorporación en los buques. Posteriormente, se llevó a
cabo un diligencia judicial en las oficinas de C.I. PRODECO S.A., con la
asistencia del presidente y representante legal de la empresa accionada, así
como del jefe del departamento ambiental y el apoderado judicial de la misma,
en el proceso en referencia, en la cual el primero hizo un recuento de la forma
como la compañía ha venido ejerciendo las actividades relacionadas con el
transporte del carbón hacia el exterior desde el momento mismo de la extracción
del mineral de las minas del Cerrejón Central (Cesar) y Lenguazaque
(Cundinamarca).
En cumplimiento de la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
del 2 de septiembre de 1.998, se presentó un ejemplar del “Plan de acción
ambiental para optimizar el control de emisiones atmosféricas en el puerto
carbonífero de Santa Marta”, elaborado en octubre de 1.998, al igual que un
folleto titulado “Una visión de la Empresa y su importancia para Santa Marta”,
así como, un informe de actividades sobre el control de contaminación para el
período comprendido entre abril y septiembre de 1.998, documentos incorporados
al expediente como pruebas, para ser valoradas y apreciadas en su oportunidad.
Acto seguido los directivos de la empresa respondieron algunos interrogantes y
observaciones relacionadas con el proceso de embarque y desembarque que realiza
la compañía, así como en relación con la instalación de redes de monitoreo de
partículas de aire, autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente y la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
En lo atinente a la manera como funcionan
esos equipos de monitoreo, la empresa señaló que son calibrados adecuadamente para
garantizar precisión y veracidad en las muestras, y que el análisis de los
muestreos se hace en un laboratorio independiente, en un proceso que debe ser
aprobado por CORPAMAG, arrojando los mismos resultados que cuando la empresa lo
hacía directamente, los cuales se remiten trimestralmente tanto a ese organismo
como al Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente se hizo referencia a factores
externos como la brisa y sus consecuencias.
Posteriormente, la diligencia se trasladó
al edificio “Los Alcatraces”, residencia de algunos de los habitantes
presuntamente afectados, siendo interrogado el Sr. Daniel Rojas León, padre del
menor Daniel Alejandro, a quien se le tuteló en las sentencias de instancia los
derechos a la vida, ambiente sano y salud, manifestando que el niño (6 años)
sufre de afecciones respiratorias desde los 9 meses, que por ello ha necesitado
de hospitalización y práctica de operaciones (amígdalas y adenoides), con el
fin de mejorar su capacidad respiratoria, la cual se ha visto disminuida, dada
la alergia al polvillo del carbón, y que si bien no es éste la causa primaria
de la enfermedad genera la irritación que produce el “cierre de bronquios”.
Además, se indicó que los monitoreos que
realizaban las empresas DRUMMOND y C.I. PRODECO S.A., fueron suspendidos por
decisión de la junta directiva de la administración del edificio para evitar
“preconcebir pruebas”, de manera que la única modificación que se presenta a la
fecha es las de las lluvias que eliminan el polvillo. Por último, se hizo entrega
de una certificación de CORPAMAG sobre el análisis de laboratorio del agua y
sedimento, a fin de determinar los residuos que ésta presenta. La parte
accionada, para controvertir lo anterior, resalta el parentesco entre el
testigo y el menor y el hecho de que no se haya realizado el examen médico
solicitado con neumólogos de medicina legal; así mismo, indica que en la misma
zona realizan actividades ECOPETROL y la DRUMMOND y una estación de servicios,
por lo cual, no es claro que C.I. PRODECO S.A. sea la única causante posible de
la afección del menor. Por su parte la Dra. Martha Elisa Monsalve, presente en
la diligencia, intervino señalando que desde hace 10 años reside en el lugar y
que tiene a su servicio a la Sra. Isabel Perea, quien ha dado muestras de
asfixia y de problemas respiratorios cuando permanece en el edificio, para lo
cual posee certificación médica del Dr. Jhon Sabogal y adujo también que su
nieta presentó problemas respiratorios originados en la contaminación. El
presidente de la empresa intervino para manifestar que el monitoreo se realiza
de conformidad con el Decreto 02 de 1.982 y el apoderado del accionado
cuestionó el testimonio de la Dra. Monsalve por tener interés directo en el
proceso y el de la Sra. Perea, por ser subordinada de aquella, descalificando
las certificaciones médicas, al provenir de profesionales particulares, y
señalando que el puerto carbonero más cercano no es el de C.I. PRODECO S.A..
Adicionalmente, el Sr. Pedro Peña,
representante de los hoteles Decamerón, rindió testimonio acerca de la
contaminación por polvillo de carbón en las instalaciones del hotel originada
en la actividad de C.I. PRODECO S.A.; a continuación la Dra. Monsalve solicitó
se desestimara la prueba de tacha del testimonio presentada por el accionado en
consideración a que las personas por ella mencionadas no son las que formulan
la tutela, sino la Defensoría del Pueblo. A su vez, la parte accionada pidió
que se practicaran las pruebas médicas pertinentes y expresó que en los
exámenes de espirometría realizados a los trabajadores de la empresa no se
encontró ningún tipo de enfermedad respiratoria.
La diligencia fue suspendida y
posteriormente reanudada el 21 de noviembre siguiente, efectuándose un
recorrido que permitiera divisar el transporte del carbón desde el puerto, a
través de la barcaza, mediante remolcador y hasta el buque de carga del mineral
de exportación, observándose la expedición de un humo negro en esta operación,
respecto del cual el jefe de operación de C.I. PRODECO S.A. solicitó que se
dejara constancia según la cual, ello obedecía al esfuerzo que realizaba el
“exhosto” de la grúa en el momento de sacar el mineral de la barcaza, sin que
se evidenciara la existencia de salidas del mismo, ni de partículas de carbón
hacia el exterior, es decir que no provenía de la actividad de la extracción
del mineral, como se constató en la diligencia mencionada. Además, el Sr.
Daniel Rojas manifestó que el carbón dentro de la barcaza fue sometido a
intensa humedad, previamente a la realización de la diligencia de inspección, y
que el polvillo que llega a sus inmuebles es producto de la actividad de la
empresa accionada. Para finalizar, algunos Magistrados realizaron un recorrido
aéreo a las instalaciones del puerto de C.I. PRODECO S.A., dándose con esto
terminada la diligencia.
IV.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.     Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para revisar las anteriores providencias de
tutela, dentro del proceso de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas
en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política, en
concordancia con el Decreto 2591 de 1.991 y en cumplimiento del auto de fecha
20 de octubre de 1.998, proferido por la Sala de Selección Décima de esta
Corporación.
2.      La materia
a examinar.
Como se expresó con
anterioridad, los hechos que sustentan la formulación de la acción de tutela
tuvieron lugar en la ciudad de Santa Marta, en el terminal portuario de la
compañía C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -C.I. PRODECO S.A-., en virtud
de las actividades de recepción, manejo y embarque de carbón que ésta realiza,
del mineral proveniente de las zonas carboníferas del país correspondientes a
Cundinamarca, el Cerrejón Central y la Jagua de Ibírico, por los posibles
efectos ambientales nocivos que se han causado con la emisión de partículas de
carbón en el transcurso de las mismas y que al parecer han repercutido en la
salud de los habitantes y en el ambiente de las zonas aledañas.
Las actividades que
han sido objeto de mayor censura por la alta diseminación de partículas de
carbón en el ambiente, se refieren al transporte en tractomulas sin carpado,
desde las minas al puerto carbonífero de Santa Marta, el cargue de las barcazas
y buques en la zona portuaria a través de una operación que genera gran
dispersión de ese polvo mineral en el aire y sobre la superficie marina, los
hundimientos de barcazas transportadoras, posiblemente con daños en la flora y
la fauna subacuática, el manejo del carbón, mediante las bandas transportadoras
y en los patios de acopio y el almacenamiento del mismo, afectando inclusive
las operaciones de aeronavegación en el aeropuerto vecino; actividades que al
parecer no presentan un control y un cuidado permanente por parte de la empresa
responsable, según las innumerables quejas de los pescadores y pobladores de la
región.
La parte demandante,
representada por la Defensoría del Pueblo, la integran moradores del área de
influencia de la sociedad portuaria, quienes se están viendo afectados por las
acciones y omisiones de la misma, respecto de su derecho a gozar de un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado y, por conexidad, a los derechos a la salud y
la vida, con desmejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas,
siendo la población infantil la más vulnerable, la cual se encuentra en estado
de indefensión y cuya protección debe prevalecer por encima de cualquier
consideración; presentándose, igualmente, perjuicios en la industria del
turismo tradicional en esa zona del país, con desconocimiento de los principios
establecidos en la Declaración de Río, sobre desarrollo sostenible.
Igualmente, como se
indicó los jueces de instancia, a su turno, concedieron el amparo de los
derechos invocados por el demandante. Así, la Sala Penal del Tribunal Superior
de Santa Marta, como fallador de primera instancia, tuteló los derechos a la
vida, al ambiente sano y a la salud de los representados y demás habitantes de
la zona aledaña al puerto carbonífero de C.I. PRODECO S.A., al encontrarlos
vulnerados con las acciones y omisiones de esa empresa, tornando en prevalente
la acción de tutela para el respectivo amparo, ya que el derecho al medio
ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las
personas.
Lo anterior llevó al
a quo a concluir que, frente a la salud general de la población y de
contera el turismo, es inconveniente el manejo que se le está dando al carbón
en esa región y aclaró que si bien la explotación del carbón no se puede
detener, como fuente de trabajo y desarrollo, el lugar no es el adecuado,
apoyándose en el documento DNP -2503- UINF. Bogotá, Diciembre de 1.990, del
Departamento Nacional de Planeación, y proponiendo como allí se hace la Bahía
Portete en el Cabo de la Vela, por ser zona desértica, para lo cual ordenó la
reubicación de esa actividad en un lugar más propicio, en un tiempo prudencial
y razonable de tres años.
Por su parte, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su condición de juez
de tutela de segunda instancia, confirmó la anterior decisión de amparo de los
derechos a la vida, ambiente sano y a la salud del menor Daniel Alejandro Rojas
Sánchez y de las ciudadanas Martha Elisa Monsalve Cuéllar, Isabel Perea
Contreras, Julio Jessurrum Painchault y otros habitantes de la zona que
presenta la mencionada problemática, extendiendo la protección al derecho a la
intimidad de dichas personas y de los demás vecinos de la zona del puerto
carbonero, pero revocando la orden de reubicación impartida a la empresa
accionada.
La anterior decisión
se obtuvo al encontrar desproporcionada la reubicación de las instalaciones de
la empresa en un plazo de tres (3) años, de manera que la modificó para que, en
un término de tres (3) meses, la sociedad demandada elabore un cronograma de
inversiones a fin de eliminar toda influencia malsana y molesta a la salud,
vida e intimidad de los pobladores de la zona, el cual deberá ser aceptado,
supervigilado y controlado en su cumplimiento por el a quo, debiendo
comprender todo el proceso de transporte terrestre, almacenamiento, cargue y
descargue de carbón en el puerto y en sus lugares adyacentes.
De otro lado, el
apoderado de la empresa accionada manifestó ante el juez de tutela de primera
instancia que la acción de tutela era improcedente ya que no existía una
individualización plena y real de los afectados y de la vulneración de derechos
colectivos, suponiendo una defensa en abstracto e impersonal de los derechos al
ambiente sano, a la salud y a la industria del turismo, sin evidenciarse un
perjuicio irremediable en cabeza de algún accionante o el desconocimiento de
derechos fundamentales, y advirtiendo que existe un pleito pendiente, mediante
una acción popular promovida en contra de C.I. PRODECO S.A. ante el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, manifestándose acerca de todas y
cada una de las acusaciones que en su contra se manifestaron.
Luego, en la
impugnación, además de lo antes referenciado, la parte demandada insistió en
que la acción de tutela no era el camino adecuado para objetar los permisos de
operación y funcionamiento de la entidad demandada como sociedad portuaria;
además, que la misma no ha incumplido las normas constitucionales, legales y
administrativas en materia ambiental, ni tampoco las de seguridad aeronáutica,
tornando en inviable la acción por tratarse del cuestionamiento de una conducta
legítima de un particular; igualmente, que las pruebas no fueron debidamente
practicadas según los requisitos exigidos en el artículo 185 C.P.C. y desde la
perspectiva técnica y científica requerida, desconociendo estudios elaborados
por instituciones especializadas y peritazgos idóneos, lo que considera ha
vulnerado sus derechos al debido proceso y defensa; y, adicionalmente, que no
se ha logrado demostrar que exista contaminación ambiental del mar ni de las
playas por fuera de los límites legales permitidos que ponga en riesgo la salud
y la vida de las personas, ni un nexo de causalidad entre las presuntas
enfermedades pulmonares que padecen los afectados y las actividades que desarrolla
C.I. PRODECO S.A.
Con fundamento en lo
anterior, en las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas dentro del
proceso de tutela de la referencia y las pruebas practicadas, es preciso
adoptar la decisión correspondiente por la Corte Constitucional, sin que haya
necesidad de decretar pruebas adicionales, por haberse llegado al
convencimiento pleno acerca de los hechos que dieron lugar al ejercicio de la
acción (Decreto 2591 de 1.991, art. 22); por consiguiente, se procede a la
revisión de las sentencias de instancia, teniendo en cuenta las precisiones que
en seguida se realizan.
3.     La
responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad para la conservación
de un medio ambiente sano.
Uno de los
principales aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia
al tratamiento de las riquezas naturales de la Nación y el medio ambiente, a
través de una nueva conciencia que se refleja en claros compromisos tanto para
el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservación y
protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, indispensable para la
supervivencia de estas y de las futuras generaciones.
Por ello, constituye
un fin esencial del Estado promover la prosperidad y el bienestar general, así
como el mejoramiento de la calidad de vida de la población, entre otras
actuaciones, mediante la solución de las necesidades insatisfechas con la
prestación de los servicios públicos de salud, educación, saneamiento
ambiental y agua potable (C.P., arts. 2o. 49 y 366).
Así las cosas, cabe
señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección de la
diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de
los factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más
importantes para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente
definidos respecto de la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado,
las cuales vienen acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad
de imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados,
junto con el deber de cooperación con otras naciones para la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80).
Forma parte, igualmente,
de ese abanico de potestades y deberes estatales la facultad de intervención
que por mandato de la ley tiene el Estado en ciertas actividades como director
general de la economía, como ocurre con la explotación de los recursos
naturales en aras de la preservación de un medio ambiente sano (C.P., art.
334), el cual ha sido entendido en su concepto y alcance dentro del
ordenamiento superior vigente por la Corte de la siguiente manera:
“El medio ambiente
desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el
equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y
cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido
como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas  normas que
establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las
autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.
En efecto, la
protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter
de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación
eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales
como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha
sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un
reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos [1].
(Artículo 366 C.P.)”. (Sentencia T-453 de 1.998, M.P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero).
Complementan,
entonces, las responsabilidades estatales aludidas, los actos de participación
y las obligaciones a cargo de la comunidad para la consecución de los objetivos
en materia ambiental; en virtud de lo cual, los ciudadanos pueden tomar parte
en las decisiones que afecten el medio ambiente debiendo a su vez proteger los
recursos naturales y velar por la conservación del mismo, sin olvidar que la
potestad de todos a gozar de un ambiente sano constituye un derecho de carácter
colectivo en la forma de un “derecho-deber”[2] (C.P., arts. 70,
79 y 95).
4.     Compatibilidad
entre la libertad de empresa y el derecho al ambiente sano.
El ordenamiento
constitucional vigente consagra un modelo económico que garantiza un amplio
espacio de libertad para la actividad económica y la iniciativa privada, dentro
de los límites del bien común; no obstante, dicho ejercicio presenta una
reserva legal para la exigencia de permisos previos, licencias, o requisitos
adicionales que permitan ejercitar un derecho o desarrollar una actividad[3], así como, para
delimitar su alcance, cuando así lo exijan el interés social, el ambiente
y el patrimonio cultural de la Nación. En este contexto la empresa, como base
del desarrollo, se encuentra sujeta a una función social que implica
obligaciones (C.P., art. 84 y 333).
En este ámbito de
libertad de acción, se observa que existe para los particulares una especial
responsabilidad en la preservación y protección del medio ambiente, cuando
quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa se atente contra su
equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse amenazas a
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la
Corte ha sido enfática en señalar que la realización de la actividad económica
debe sujetarse a las normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un
medio ambiente sano a través de un desarrollo económico sostenible, y con el
control de las autoridades ambientales, de la forma que se cita a continuación:
" Las normas
ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie
de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y
mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que
representa la actividad económica  al interés público o social que exige la
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la
ley ambiental,  los reglamentos y  las autorizaciones que debe obtener de la
entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.
El particular al
realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause
deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de
los niveles permitidos por la autoridad ambiental.
Hay que concluír que
la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo
condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando
las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la
preservación ambiental  debe necesariamente atender a ello - pues en general,
la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales,
incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.
La autoridad
ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando
su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si
los excede, el bien común exigirá que  restrinja o se prohiba al particular el
ejercicio de su actividad.
No se pueden señalar
límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad
contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es
establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando
menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de
tal actividad, aparte de que debe pagar, según  las tasas de retribución
ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta
contaminar.”. (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
5.      El
derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente se salvaguarda a
través de las acciones populares o las de clase o grupo, salvo que con su
afectación se vulneren o amenacen derechos de rango fundamental en forma
concreta e individualizable.
El derecho a gozar
de un ambiente sano no constituye un derecho de rango fundamental, sino un
derecho y un interés colectivo, que junto con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, la libre
competencia económica y otros de naturaleza similar a criterio del legislador,
cuenta para su protección, en el ordenamiento jurídico vigente, con las
mecanismos procesales necesarios mediante las llamadas acciones populares y las
de clase o de grupo consagradas en el artículo 88 constitucional.
Con las acciones
populares se obtiene, en forma preventiva, la salvaguarda de los derechos e
intereses colectivos, en cuanto se refieren a una finalidad pública, por lo que
con ellas no se puede “perseguir la reparación subjetiva o plural de los
eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la autoridad
pública o del particular sobre ellos”[4],
para ese fin existen las acciones de grupo o de clase y las demás acciones
ordinarias y, en oportunidades, la acción de tutela (C.P., art. 86).
Las acciones de
clase o grupo para la Corte “son, igualmente regulables por la ley y no
hacen referencia exclusiva a los derechos constitucionales fundamentales, ni
sólo a los derechos colectivos, pues también comprenden a los derechos
subjetivos de origen constitucional o legal y necesariamente suponen la
existencia, reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado y cuya
reparación se puede pedir ante el juez.  Empero exigen siempre que el daño sea
de aquellos que son  causados en ciertos eventos a un número plural de personas
que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidas con prontitud,
inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios.”.[5]
Sin embargo, debe
precisarse que cuando de la afectación de un derecho e interés colectivo como
el medio ambiente resulta una amenaza o vulneración concreta de un derecho
fundamental determinable en forma individual, una vez demostrada la respectiva
conexidad, procede la acción de tutela, dentro de los siguientes criterios:
“... existen casos
en los que por la vulneración o amenaza de derechos colectivos se produce la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En estas circunstancias, la
jurisprudencia constitucional ha sido clara al concluir que ante estos eventos
resulta viable la acción de tutela[6],
siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y se acredite la real
vulneración o amenaza del derecho fundamental, razón por la cual en reiteradas
ocasiones esta Corporación ha señalado que  :
“(…) si una
persona individualmente considerada puede probar que la misma causa (
perturbación del medio ambiente) esta afectando o amenazando de modo directo
sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su
integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección
efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que
necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de las acciones
populares.” [7]
En estas condiciones,
se ha considerado efectivamente que dada la conexidad del ataque entre derechos
colectivos y fundamentales deberá prevalecer la tutela sobre las acciones
populares[8],
para garantizar la protección de los derechos fundamentales, la unidad de
defensa y la economía procesal.
Sin embargo, para
que prospere el mecanismo excepcional de la acción de tutela en estos casos,
como se dijo con anterioridad,
“ (…)es necesario
que se pruebe - y de manera fehaciente - que en efecto están en peligro o
sufren lesión los derechos fundamentales del accionante. Igualmente deberá
acreditarse  el nexo causal existente entre el motivo alegado como causante del
daño colectivo y el perjuicio o amenaza individual que el peticionario dice
afrontar.” [9]
En ese orden de
ideas, se requiere para el conocimiento de una acción orientada en ese sentido,
que exista un daño o amenaza concreta de los  derechos fundamentales del
solicitante o su familia, una perturbación de derechos colectivos y un nexo
causal o vínculo directo entre uno y otro, de manera tal que se pueda
determinar directamente que la lesión o amenaza del derecho fundamental es
producto de la perturbación de los derechos colectivos.”. (Sentencia T-453 de
1.998, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
Así pues, la regla
general del artículo 88 de la Carta Política, según la cual la protección del
derecho e interés colectivo al medio ambiente sano se obtiene mediante el
ejercicio de las acciones populares o las de clase o grupo, se exceptúa cuando,
de la apreciación fáctica en concreto de los hechos efectuada por el juez de
tutela, se logra deducir que la perturbación al mismo presenta un nexo de
causalidad con la acción u omisión de la autoridad pública o del particular,
según el caso, ocasionando la vulneración o amenaza en forma directa e
inminente de derechos fundamentales de las personas, respecto de los cuales se
solicita el correspondiente amparo. En este evento procede la acción de tutela
conforme a la jurisprudencia de la Corporación, sobre la materia, lo que
determina el análisis de los hechos ya relatados.
6.     Caso
sub examine.
6.1.  Procedencia
de la acción de tutela por la legitimación activa y pasiva en la causa.
Uno de los aspectos
sobre los cuales el apoderado judicial de la sociedad demandada cuestiona la
formulación de la presente acción de tutela, se refiere a la falta de
legitimación del Director (E) de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales de la Defensoría del Pueblo para presentarla a nombre de varios
habitantes del área próxima al terminal carbonero afectados con la
contaminación producida por el transporte y embarque de carbón en la ciudad de
Santa Marta, por la sociedad demandada C.I. PRODECO S.A., con el propósito de
obtener la protección de los derechos a la salud y a la vida, en conexidad con
el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que, en
su opinión, la agencia oficiosa por la que actúa el Defensor, sólo puede darse
cuando su titular no esté en condiciones de defenderse y por haberse omitido
identificar plenamente a sus “representados”.
En primer término,
cabe advertir que, el artículo 282 de la Carta Política establece como una de
las funciones del Defensor del Pueblo la de “interponer las acciones de
tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados”. Con base
en este mandato superior, los artículos 10, 46 y 49 del Decreto 2591 de 1.991 “por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”, preceptúan que el Defensor del Pueblo podrá ejercer
dicha acción en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en
situación de desamparo o indefensión, sin perjuicio del derecho que a ella le
asiste, al igual que los personeros municipales en calidad de defensor en la
respectiva entidad territorial, por delegación expresa del Defensor del Pueblo.
Así pues, la
indefensión constituye un presupuesto esencial de habilitación al Defensor del
Pueblo o a los personeros municipales para ejercer actos de representación de
las personas en la tutela, la cual se presume respecto de los menores de edad
cuando sus derechos se ven envueltos negativamente por la acción de una
autoridad o de los particulares, a partir del claro mandato del numeral 9 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1.991, como sucede en el presente caso, siendo
extensible la misma a los eventos de tutela incoada contra autoridades
públicas. Adicional a lo anterior, la Corte[10]
ha señalado que, en virtud del artículo 44 constitucional que consagra una
protección especial a los niños, la actuación del Defensor del Pueblo y de los
personeros municipales podría producirse simplemente alegando su condición de
personas, toda vez que con base en dicho precepto superior, cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento pleno de los derechos
de los menores, así como la sanción de los infractores, dentro de lo cual
estarían incluidos los pedimentos que por la vía de la acción de tutela se
tramitan.
De manera que, aun
cuando en el presente caso no reposa en el expediente copia de la autorización
exigida para su intervención a nombre de los accionantes, no se puede perder de
vista que por tratarse en su mayoría de menores de edad quienes conforman la
parte actora, específicamente identificados, el Director (E) de la Dirección
Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo se
encontraba legitimado para actuar en su nombre y por delegación del Defensor
del Pueblo (Resolución No. 159 de 1.994).
De otro lado, se
observa que frente a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
establecidos en el artículo 86 superior, en lo que toca con la legitimación por
pasiva de la misma, en el caso particular ésta se dirigió contra la persona
jurídica privada C.I. PRODECO S.A. Como lo señala el artículo 86 de la Carta
Política, la acción de tutela no sólo fue instituida para la protección de los
derechos fundamentales de las personas por la acción u omisión de las
autoridades públicas que puedan vulnerarlos o amenazarlos, sino también
respecto de las actuaciones y omisiones de los particulares, para quienes la
procedencia es excepcional y en la medida en que se configure alguna de las
siguientes situaciones: 1. que el particular se encuentre encargado de la
prestación de un servicio público; 2. que la conducta del particular afecte
grave y directamente el interés colectivo; y 3. que el solicitante se halle
respecto del accionado en estado de subordinación o indefensión.
El sustento de la
presentación de la acción contra la empresa demandada se dirige a comprobar que
las conductas realizadas al desarrollar su objeto social han excedido el límite
normal que se exige en dicha actividad, produciendo una afectación grave y
directa del interés colectivo, por una eventual contaminación del aire con
partículas de carbón en el desarrollo de su actividad de transporte, cargue y descargue
de dicho mineral en el puerto ubicado en la bahía de Santa Marta, con
desconocimiento de los derechos fundamentales en concreto de pobladores de la
zona, en conexidad con el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, lo que demanda una intervención judicial para protegerlos.
Además, no cabe duda
que las personas por quienes la Defensoría del Pueblo actúa en la tutela,
excluyendo a los menores, se encuentran indefensas ante la empresa C.I. PRODECO
S.A.. toda vez que les es “...imposible actuar de manera efectiva para
neutralizar los efectos de los actos u omisiones en que aquella incurre, por lo
cual resulta inevitable el daño o la amenaza a sus derechos fundamentales. En
tales hipótesis se hace indispensable la presencia y la actuación del juez en
sede de tutela para garantizar de manera cierta la eficacia de tales derechos a
la luz de la Constitución.”.[11]
Por lo tanto, de las
probanzas que obran en el proceso de tutela se desprende la existencia de una
real indefensión de los actores, ya que, no obstante el cumplimiento alegado
por la accionada de las exigencias legales y reglamentarias sobre el
particular, es evidente la producción de partículas de carbón que han
ocasionado molestias a los actores por su vecindad a la zona del puerto y a
otros miembros de sus familias, tanto en sus personas como en las zonas
privadas en que habitan y en el aire que respiran, como lo aseveran los fallos
de instancia, con fundamento en el abundante material probatorio sobre este
asunto, el cual no es posible desconocer.
6.2    Vulneración
o amenaza del derecho a la vida, a la salud, a la intimidad y a la integridad
física con la perturbación al medio ambiente y, en el caso en estudio, por la
emisión de partículas de carbón.
Es evidente que la
perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que atentan contra
la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general
llevan envuelta una vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de
las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y en
conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia
vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la
especie humana. De manera que, en el evento de llegarse a demostrar que en
forma individual y concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun
derecho de ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de
tutela.
Así las cosas, el
derecho a la vida, valor y bien fundamental, consagrado en el artículo 11
constitucional como inviolable, comprende una garantía que no sólo es
atribuible a la posibilidad de existencia de los seres humanos, sino también, a
una existencia de conformidad con la dignidad humana, lo cual implica en
condiciones saludables, en las cuales se haga evidente la promoción, protección
y recuperación de la salud como objetivo estatal, a fin conservar los estados
de normalidad física y mental adecuados a las exigencias del desempeño y
actividad humanos. Al respecto se pronunció la Corte en la sentencia T-395 de
1.988[12]:
“... el concepto de
vida al que en reiteradas ocasiones ha hecho alusión esta Corporación, no es
un concepto limitado a la idea restrictiva de peligro de muerte, que daría
lugar al amparo de tutela solo en el evento de encontrarse el individuo a punto
de fenecer o de perder una función orgánica de manera definitiva; sino que se
consolida como un concepto mas amplio a la simple y limitada  posibilidad de
existir o no, extendiéndose al objetivo de  garantizar también una existencia
en condiciones dignas. Lo que se pretende entonces, es respetar la situación
“existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad”, ya que
“al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable”[13],
en la medida en que sea posible.”.
Obsérvese como el
derecho a la salud (C.P., art. 49), en principio de naturaleza prestacional,
puede llegar a convertirse en un derecho fundamental, dada la conexidad que
presenta con el derecho a la vida, en cuanto forma parte del mismo en forma
interdependiente e inescindible, de manera que, la afectación del derecho al
goce de un ambiente sano, puede traer como consecuencia su amenaza y por ende
la de la misma vida, como predicado de ésta, como así lo señaló la Corte:
“ El derecho a la
salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que pueden
agruparse en dos grandes bloques:  el primero, que lo identifica como un
predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar contra la
salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida, de allí que,
conductas que atenten contra el medio ambiente sano (inc. 1o.  art. 49 C.N.),
se tratan de manera concurrente con los problemas de la salud; fuera de que el
reconocimiento del Derecho a la Salud prohibe las conductas que las personas
desarrollen, con dolo o culpa, que causen daño a otro, imponiendo a los
infractores las responsabilidades penales y civiles de acuerdo con las
circunstancias.  Por estos aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho
fundamental (..).”.(Sentencia T-484 de 1.992, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Esa
determinación del derecho a la salud como fundamental o prestacional, resulta,
en consecuencia, materia de análisis del caso en particular; sin embargo, dicho
carácter fundamental es permanentemente predicable cuando de los derechos de
los niños se trata, siguiendo los mandatos del artículo 44 de la Carta Política[14]. Además,
la protección especial constitucional de la cual puede ser objeto el derecho a
la salud se produce en forma independiente al grado de afectación del derecho
fundamental con el cual presenta su conexidad; basta con la afectación del núcleo
esencial del derecho a la salud para que justifique la procedencia sin demora
del amparo tutelar, así pues, no es necesaria la negación de los derechos
fundamentales en conexidad con la salud para tramitarlo[15].
A lo
anterior se adiciona el hecho de que el derecho a la integridad física (C.P.,
art. 12), entendida como “el
respeto a la corporeidad del hombre de forma plena y total, de suerte que
conserve su estructura natural como ser humano”[16], puede resultar
eventualmente afectado con las amenazas que se ciernen sobre el ambiente, y que
han puesto en peligro el derecho a la salud y a la vida, en virtud del elemento
relacional intrínseco entre ellos que impide una consideración aislada para su
vigencia y salvaguarda, como así lo señaló la Corte, en esa providencia, de la
siguiente manera:
“ Es cierto que la
salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, pero nunca
desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello cuando
se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos a la
salud e integridad física, porque lo que se predica del género cobija a cada
una de las especies que lo integran. Es un contrasentido manifestar que el
derecho a la vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes
-derecho a la salud y derecho a la integridad física- no lo son.
Cuando se habla del
derecho a la salud, no se está haciendo cosa distinta a identificar un objeto
jurídico concreto del derecho a la vida, y lo mismo ocurre cuando se refiere al
derecho a la integridad física. Es decir, se trata de concreciones del derecho
a la vida, mas no de bienes jurídicos desligados de la vida humana, porque su
conexidad próxima es inminente. En cambio, respecto de los demás derechos
fundamentales la conexidad con el derecho a la vida no es directa, sino que
aquellos se refieren siempre a éste, pero de manera indirecta y mediata.”.
Igualmente, el
derecho a un ambiente sano presenta una innegable conexión con el derecho a la
intimidad de las personas (C.P., art. 15), de manera que, la lesión del primero
redunda en la efectividad del segundo, ya que coarta en oportunidades la
libertad de autodeterminación de las personas en razón a condiciones exageradas
inevitables a las cuales se puedan ver expuestos y que implican molestias para
desarrollarse en su ámbito privado personal y familiar. Así lo ha señalado la
Corporación:
“... Modernamente,
la jurisprudencia constitucional ha extendido la protección del ámbito o esfera
de la vida privada, implícita en el derecho fundamental a la intimidad, a
elementos o situaciones inmateriales como "el no ser molestado" o
"el estar a cubierto de injerencias arbitrarias", trascendiendo la
mera concepción espacial o física de la intimidad, que se concretaba en las
garantías de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. El ruido
molesto y evitable[17]
es un fenómeno percibido desde la órbita jurídico constitucional como una
"injerencia arbitraria" que afecta la intimidad de la persona o de la
familia.(...)
(...)
“El particular que,
prevalido de la inacción de las autoridades públicas, contamina el aire y
ocasiona molestias a las personas que permanecen en sus hogares hasta un grado
que no están obligadas a soportar, vulnera simultáneamente el derecho a un
ambiente sano y el derecho fundamental a la intimidad (CP arts. 15 y 28). La
generación de mal olor en desarrollo de la actividad industrial es arbitraria
cuando, pese a la existencia de normas sanitarias y debido al deficiente
control de la autoridad pública, causa molestias significativamente
desproporcionadas a una persona hasta el grado de impedirle gozar de su
intimidad.”. (Fundamento jurídico No. 4, Sentencia T-219 de 1.994, M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
Por último, debe
manifestarse que según criterio de la Corte Constitucional el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política “.... se traduce
en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a
unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de
donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en
aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias
constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el
reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo
biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas ésas que en
justicia deben ser relevantes para el derecho.”.[18]
De manera pues que,
ante la realización de un actividad económica que pueda producir contaminación
del medio ambiente, cuando resultan ineficaces o insuficientes los controles
que por ella misma corresponde implantar, como aquellos radicados en manos de
las autoridades competentes para mantener las condiciones básicas ambientales
que permitan mejorar la calidad de vida y proporcionar un bienestar general, se
vulnera el derecho fundamental a la igualdad de aquellas personas que resultan
afectadas por las actuaciones contaminantes, en virtud de la salvedad que se
les impone para disfrutar el derecho a gozar de un ambiente sano y de otros
derechos conexos, consolidándose en un trato que aparece como discriminatorio
dada la desproporcionada carga que asumen respecto de los demás miembros de la
población en general.
Ahora bien, los
criterios antes señalados son, perfectamente, aplicables a la actividad
económica atinente a la explotación, transporte, cargue y descargue de los
minerales como en este caso sucede con el carbón.
Sin duda, las
partículas en suspensión como resultado de la realización de esa actividad
económica, pueden llegar a afectar la composición del aire y por lo tanto deben
estar sometidas a específicas medidas sanitarias y de control de la calidad del
mismo, tendientes a proteger la estabilidad del medio ambiente, el bienestar
general y en especial la salud y demás derechos de la población circunvecina.
Esta actividad de vigilancia se adelanta de conformidad con lo establecido en
la Ley 9 de 1.979 “por la cual se dictan medidas sanitarias” que en
materia de protección del medio ambiente y en lo relativo a las emisiones
atmosféricas, asigna al Ministerio de Salud la obligación de señalar las normas
sobre calidad del aire según los postulados de esa Ley y del Decreto-ley 2811
de 1.974 “por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.”.
Según, el Decreto 02
de 1.982 “por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09
de 1979 y el Decreto -ley 2811 de 1974, en cuanto emisiones atmosféricas”,
establece que constituye contaminación del aire “la presencia o acción de
los contaminantes en condiciones tales de duración, concentración o intensidad,
que afecten la vida y la salud humana, animal o vegetal; los bienes materiales
del hombre o de la comunidad, o interfieran su bienestar.”.
El incumplimiento de
las normas de calidad del aire pueden, en consecuencia, generar un
desconocimiento del derecho colectivo al medio ambiente sano y a los
fundamentales como la vida, la salud, en conexidad con esta, la integridad
personal, la intimidad y la igualdad, en la forma antes mencionada. Veamos, si
en el caso que estudiaron los jueces de tutela, respecto del cual se emitieron
las decisiones que corresponde revisar a esta Sala, se desconocieron tales
derechos y si la sociedad demandada fue la causante, con su actividad social,
de ese hecho.
6.3.  Conclusión.
Efectuadas las
anteriores precisiones, en el asunto que ocupa la atención de la Corte, con
base en los hechos comprobados y las pruebas recaudadas, la Sala llega a las
siguientes conclusiones:
Es indudable que, no
obstante el cumplimiento de las normas ambientales por parte de la accionada,
como lo dedujeron los fallos de instancia, existe una concentración de
partículas que cubren la zona del puerto carbonífero de C.I. PRODECO S.A. y sus
lugares aledaños, la cual tiene origen en el proceso de transporte, cargue y
descargue del mineral que se lleva a cabo por la empresa accionada, según se ha
demostrado mediante las pruebas trasladadas y por todas aquellas acopiadas por
el Tribunal Superior de Santa Marta y valoradas por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, como ya se expuso en el acápite No. III de
esta providencia; entre ellas, diversos testimonios recaudados, dictámenes
periciales allegados, fórmulas médicas, estudios y conceptos técnicos
aportados, todos los cuales obran en el expediente.
En consecuencia, se
encuentra acreditada una afectación del ambiente por la emisión de partículas
de carbón en el conjunto residencial Los Alcatraces, en el Aeropuerto y en el
Hotel Decamerón de la ciudad de Santa Marta, lo que dio lugar a ordenar en su
oportunidad al Ministerio del Medio Ambiente, la elaboración y adopción de un
proyecto de control integral de manejo del carbón, específicamente destinado al
proceso de cargue y descargue, con mecanismos de evaluación de la cantidad y
efectos del polvillo esparcido en el ambiente, vigilados por la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena y con conocimiento de sus resultados por la
Secretaría de Salud de ese departamento, así como del citado Ministerio y el de
Salud, para aplicar las medidas preventivas tendientes a evitar la posible
contaminación.
Como lo aseveran los
fallos materia de revisión, dichas partículas al esparcirse por el aire además
de la perturbación que producen en el medio ambiente en sus componentes de aire
y agua, con la propagación constante del polvillo de carbón, no sólo permiten
apreciar una causa de contaminación del ambiente sino también una repercusión
en los pobladores vecinos que se ven expuestos a él, generando enfermedades
respiratorias y pulmonares, según las certificaciones médicas aportadas,
comprometiendo así la salud de la población, especialmente de la infantil, como
lo demuestran los padecimientos verificados en el presente caso respecto de los
niños Daniel Alejandro Rojas, Julio Jessurrum, al igual que de los adultos
Marta Elisa Monsalve Cuéllar e Isabel Perea Contreras.
Los efectos nocivos
de la diseminación del polvo del carbón no sólo se evidencia de la comprobación
directa en habitantes del lugar en el cual se plantea la problemática, sino que
a través de estudios y conceptos de alta confiabilidad, como el expedido por el
Ministerio de Salud, se establece que la permanente exposición a ese mineral no
sólo produce un impacto ocupacional, sino que realmente compromete la salud de
la gente de las regiones en las cuales se explota, entre las cuales están la
rinitis, la bronquitis industrial, la neumoconosis del carbón y el agravamiento
de otras enfermedades.
Como se
ha observado, atentar contra la salud de las personas por la afectación del
medio ambiente dentro del cual deben desarrollarse como seres vivientes, además
de poner en peligro una vida en condiciones saludables, como ocurre en el
presente caso, atenta contra la dignidad humana y, adicionalmente, lesiona el
derecho a la integridad personal, al verse transformados negativamente los
estados físicos de las personas, pudiéndose traducir en una posible amenaza del
derecho a la vida de los mismos, dada la conexidad innegable entre unos y
otros.
De igual forma,
resulta viable señalar que dicha causa de contaminación, genera restricción de
la capacidad de autodeterminación de las personas que viven cerca del puerto,
en la medida en que las mismas se ven sometidas a una constante, incontrolable
y arbitraria injerencia en la intimidad y vida privada, con la diseminación del
polvillo en sus lugares de residencia y privados, lesionando la tranquilidad,
sosiego doméstico y la estética de los predios, en un grado injustificado que
evidencia un trato discriminatorio de los mismos.
Por otra
parte, las condiciones no
totalmente saludables y sanitarias a las cuales se han visto sometido los moradores vecinos del puerto por la actividad económica de
transporte, cargue y descargue de carbón de la sociedad accionada, les
ha impedido conservar un estado salud físico apropiado a sus necesidades. Esto,
puede derivar en enfermedades graves que degeneren en padecimientos serios que
involucren su integridad personal y vida, e incidir negativamente en su
tranquilidad y sosiego domésticos, dada la injerencia constante en sus lugares
de recogimiento, impidiendo el ejercicio del derecho al goce de un ambiente
sano y a la efectividad de los demás derechos mencionados en toda su plenitud,
así como sometiéndolos a una desigualdad en relación con las demás personas,
que determina la necesidad de proceder a una protección
inmediata, de índole constitucional, como la que ofrece la acción de tutela,
habida cuenta de que los niños ante esta situación pueden resultar muy
afectados.
Como así mismo lo
advirtieron las sentencias de instancia, en criterio que comparte esta Sala,
del materia probatorio disponible se encuentra que el sustento para formular la
presente acción de tutela por la Defensoría del Pueblo, en nombre de habitantes
vecinos del puerto carbonífero aludido, no supuso simples afirmaciones de la
existencia de actos perturbadores[19],
sino que en realidad existía una comprobación efectiva de los mismos,
atribuibles, aunque no en forma exclusiva, a la actividad que realiza la
empresa accionada y un nexo de causalidad[20]
con la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales invocados en el
libelo de demanda, que torna en procedente el amparo tutelar, lo que lleva a
esta Sala a confirmar la decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, con las adiciones pertinentes.
Cabe mencionar, como
se hizo oportunamente en el fallo que resolvió la impugnación que, el supuesto
cumplimiento de los límites de los niveles de concentración de las partículas
de carbón en suspensión, emitidas por la empresa accionada, permitidos por el
Decreto 02 de 1.982 y, en general, la sujeción de la misma a las normas de
saneamiento ambiental[21],
como lo es en lo relativo a los permisos de funcionamiento y operación, según
lo alegado por la sociedad accionada en su defensa, no constituye una razón
suficiente para desvirtuar las acusaciones sobre la vulneración y amenaza de
derechos fundamentales de la población cuando las mismas resultan evidentes,
ignorando una realidad, como es que la actividad carbonífera adelantada por la
empresa accionada está produciendo efectos nocivos en el medio ambiente y en la
población que ameritan una intervención de las respectivas autoridades, en este
caso de los jueces constitucionales, por tratarse de niños y de derechos
fundamentales de las personas.
Además, no se puede
olvidar que una de las objeciones a los resultados de los muestreos que se
realizan para vigilar la presencia de partículas de carbón en el aire en las
áreas aledañas a la actividad de la empresa consistía en la seguridad en los
mismos, dado que son las mismas empresas contaminadoras quienes los realizan.
De aceptar una
argumentación esbozada en el sentido planteado por la empresa demandada, se
produciría un rebasamiento y desviación de la finalidad estatal de asegurar la
efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionalmente
consagrados a las personas, en un Estado social de derecho precisamente fundado
en la justicia, la igualdad, la vigencia de un orden social justo y la
convivencia pacífica, toda vez que no presenta un sustento constitucional
suficiente exigir a alguien que soporte un sacrificio irrazonable en el
ejercicio de sus derechos, a fin de permitir la explotación de una actividad
económica, que si bien se desarrolla en ejercicio de una libertad económica, se
encuentra sometida a los límites del bien común, el interés social, el ambiente
y el patrimonio cultural.
En la confrontación
de derechos y de libertades, sin lugar a dudas prevalece el reconocimiento de
la persona humana y su derecho a la existencia en condiciones dignas y
saludables, sin injerencias que coarten sus libertades, así como a disfrutar de
un medio ambiente sano; de manera que, resulta totalmente adecuada, en el caso
que se examina, la decisión de impartir órdenes preventivas a fin de
implementar los correctivos necesarios para reducir el efecto nocivo que está
produciendo por la emisión de partículas de carbón durante la actividad que
realiza la sociedad accionada, a fin de amparar los derechos fundamentales de
los accionantes y demás personas afectadas, sin desconocer la protección a
libertad de empresa de la sociedad demandada.
Por ello mismo, la
Corte encuentra improcedente e inconveniente la orden de reubicación de la
sociedad C.I. PRODECO S.A., dada por el juez de primera instancia, Sala Penal
del Tribunal Superior de Santa Marta, y, por el contrario, acoge la decisión
que al respecto emitió la segunda instancia, a través de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que la empresa
demandada debe consolidar, en un término de tres (3) meses, un cronograma de
razonable duración para la realización de inversiones necesarias que permitan
eliminar toda influencia malsana y molesta a la salud e intimidad de los
pobladores de la zona, que comprenda todo el proceso de transporte terrestre,
almacenamiento, cargue y descargue de carbón en el puerto y en sus lugares
adyacentes, el cual deberá ser aceptado y supervigilado y controlado en su
realización por el Tribunal Superior de Santa Marta, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones que, para la expedición de las diversas
licencias, le hayan sido impuestas por las distintas autoridades ambientales,
administrativas y de salud.
Adicionalmente,
con el fin de hacer efectivos los correspondientes controles de contaminación
en dicha zona, es necesario que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena,
CORPAMAG, trace un cronograma y evalúe autónomamente su cumplimiento, para lo
cual, los gastos que dicha actividad ocasionen estarán a cargo de C.I. PRODECO S.A. Así mismo, copia de las conclusiones de la evaluación que lleve a cabo
CORPAMAG, se entregarán a la Defensoría del Pueblo de Santa Marta y a las
personas tuteladas.
Debe
precisarse que, para la evaluación de los controles de contaminación, se hace
necesario que el Fondo Común Los Alcatraces facilite la instalación de los
mismos según lo ordene CORPAMAG, para lo cual se impartirá la correspondiente
orden.
Por último, cabe
agregar que no existe demostración alguna acerca de la desvalorización de los
predios y viviendas de los habitantes de la zona, como resultado de la referida
problemática, ni de la actividad turística que se desarrolla en ella que
justifique una protección del derecho a la propiedad privada solicitado en la
demanda, ya que no basta el señalamiento de una hipotética afectación por una
determinada actividad empresarial sin comprobar en qué modo y cuantía se han
ocasionado unos perjuicios por la actividad cuyo ejercicio se cuestiona.
En consecuencia, la
Sala confirmará el fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en el proceso de la referencia, con las adiciones
pertinentes que se ordenarán en la parte resolutiva de la presente providencia.
V.    DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia el 2 de septiembre de 1.998, adicionándola en el sentido de
que a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, le
corresponderá trazar un cronograma y evaluar autónomamente su cumplimiento,
conforme a lo expuesto en la parte motiva, a fin de que sea efectivo el control
de la contaminación en dicha zona, para lo cual los gastos que se ocasionen
estarán a cargo de C.I.
PRODECO S.A.
Así
mismo, copia de las conclusiones de la evaluación que se lleve a cabo por
CORPAMAG se entregará a la Defensoría del Pueblo de Santa Marta y a las
personas tuteladas.
Segundo.-
Con el fin de facilitar la evaluación de los controles de contaminación, el
Fondo Común Los Alcatraces facilitará la instalación de los controles que ordene
CORPAMAG.
Tercero.-
LIBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines allí establecidos.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T-254/93.
Antonio Barrera Carbonell.
[2] Sentencia C-059 /94, M.P. Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[3] Ver la Sentencia C-632/96, M.P. DR.
Hernando Herrera Vergara.
[4] SU-067/93, M.P. Drs. Fabio Morón Díaz y
Ciro Angarita Barón.
[5] Idem.
[6] Ver  Sentencias T-437 de 1992, T-62,
T-254, T-320, T-366, T- 376 de 1993, T-126 de 1994, T-257 de 1996, SU -257 de
1997, entre otras.
[7] SU 257 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[8] Sentencia T- 254 de 1993. M.P. Dr.
Antonio Barrera Carbonell.
[9] Sentencia T- 539 de 1992.
[10] Ver la Sentencia T-331/97, M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo.
[11] Sentencia T-014/94, M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo.
[12] M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[13] Sentencia  T-494/93. M.P. Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[14] Ver las Sentencias SU-225/98, M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz y T-415/98, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[15] Ver la Sentencia T-260/98, M.P. Dr. Fabio
Morón Díaz.
[16] Sentencia T-494/93, M.P. Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[17]Corte Constitucional. ST-210 de 1994.
[18] Sentencia T-432/92, M.P. Dr. Simón
Rodríguez Rodríguez.
[19] Sentencia T-115/97, M.P. Dr. Hernando
Herrera Vergara.
[20] Sentencia T-462/96, M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo.
[21] Ley 9 de 1.979 y Decreto Ley 2811 de
1.974.