T-142-17
Sentencia T-142/17
ACCION
DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia
A
través de las distintas Salas de Revisión de la Corte se ha concluido que la
tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales de la población
desplazada, y que tal protección incluye aquellos eventos en los cuales la
UARIV omite hacer efectiva la entrega de la ayuda humanitaria o la
indemnización administrativa.
PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD E
INMEDIATEZ FRENTE A POBLACION DESPLAZADA-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DE
POBLACION DESPLAZADA-Deber de dar respuesta oportuna, eficaz y de
fondo
La jurisprudencia constitucional ha resaltado la obligación de las
autoridades ante quienes se elevan solicitudes respetuosas, de atender las
mismas en forma oportuna, eficaz y de fondo. Asimismo, ha determinado que esta
obligación cobra mayor trascendencia en aquellas entidades responsables de
atender y reparar a las víctimas de desplazamiento forzado. Esta Corporación ha sostenido que el
derecho de petición de personas que se encuentran en condición de
desplazamiento tiene una protección reforzada, por tanto el manejo de la
información, su registro y control resultan de vital importancia, dado
que las autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de las
solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su
comunicación efectiva a la persona desplazada. La atención adecuada a los
derechos de petición de la población desplazada hace parte del mínimo de
protección constitucional que debe brindarse a quienes tienen tal condición, pues
integra el derecho a ser reconocido, escuchado y atendido por el Estado, lo
cual es inherente al principio de la dignidad humana, y por tal motivo, debe
ser amparado con el fin de obtener por parte de las autoridades una decisión de
fondo a lo requerido por el ciudadano, con base en un estudio sustentado del
requerimiento, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha
sido presentada la petición.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA
HUMANITARIA-Deber del Estado de garantizar la entrega de la
ayuda humanitaria a población desplazada
AYUDA HUMANITARIA-Naturaleza,
características y modalidades
En cuanto a las
características que debe contener la atención humanitaria esta Corporación ha
identificado las siguientes: (i) protege la
subsistencia mínima de la población desplazada; (ii) es considerada un derecho
fundamental; (iii) es temporal; (iv) es integral; (v) tiene que reconocerse y
entregarse de manera adecuada y oportuna, atendiendo la situación de emergencia
y las condiciones de vulnerabilidad de la población desplazada; y (vi) tiene
que garantizarse sin perjuicio de las restricciones presupuestales.
AYUDA HUMANITARIA-Marco normativo
AYUDA HUMANITARIA-Etapas
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Eliminación
del término máximo para la atención humanitaria de emergencia/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Término
de atención humanitaria de emergencia debe ser flexible/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Término
de atención humanitaria de emergencia será prorrogable hasta que el afectado
esté en condiciones de asumir su autosostenimiento
PRORROGA DE AYUDA HUMANITARIA-Diferencia entre
prórroga general y prórroga automática
(i) La prórroga general es aquella que debe ser solicitada por cualquier persona
desplazada, la cual se encuentra sujeta a una valoración realizada previamente
por la entidad competente sobre las circunstancias de vulnerabilidad del
posible beneficiario, con el propósito de determinar si es o no procedente su
otorgamiento. (ii) La prórroga automática opera en casos en los cuales por circunstancias de debilidad
manifiesta, como por ejemplo que se encuentren en riesgo derechos de una
persona en condición de discapacidad, debe otorgarse nuevamente la atención de
forma inmediata. Debe entregarse de manera integral, completa e
ininterrumpida, sin necesidad de programar o realizar visitas de verificación y
asumiendo que se trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema lo
que justifica el otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en que las autoridades
comprueben que se han logrado condiciones de autosuficiencia integral y de
dignidad, momento en el cual podrá procederse mediante decisión motivada, a la
suspensión de la prórroga.
AYUDA HUMANITARIA Y DERECHO A LA IGUALDAD-Reglas
jurisprudenciales respecto de turnos y orden de entrega
INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Reglas
jurisprudenciales definidas para su entrega
INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Marco normativo
DERECHO DE PETICION, DIGNIDAD HUMANA Y MINIMO VITAL-Orden
a la UARIV reanudar entrega de los componentes de la ayuda humanitaria a
accionante
DERECHO DE PETICION, DIGNIDAD HUMANA Y MINIMO VITAL-Orden
a la UARIV profiera acto administrativo que decida de fondo solicitud de
indemnización administrativa
DERECHO DE PETICION,
DIGNIDAD HUMANA Y MINIMO VITAL-Orden a la UARIV hacer entrega material de
indemnización administrativa
Referencia:
Expedientes acumulados:               T-5875158, T-5881994 y T-5881995
Acción
de tutela instaurada por: Maribel del Carmen López Cabrales, Rosa Margarita
Rivera Restrepo y Albeiro David Torres contra la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas - UARIV
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos
mil diecisiete (2017).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo y la Magistrada María Victoria Calle Correa, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión[1] de los
fallos proferidos en única instancia contra la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, por: (i) el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia), el 9 de agosto de
2016, dentro de la acción de tutela interpuesta por Maribel del Carmen López
Cabrales (expediente
T-5875158); (ii) el Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino
(Antioquia), el 29 de julio de 2016, dentro de la acción de tutela interpuesta
por Rosa Margarita Rivera Restrepo (expediente T-5881994); y (iii) el
Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino (Antioquia), el 10 de
agosto de 2016, dentro de la acción de tutela interpuesta por Albeiro David
Torres (expediente T-5881995). En los fallos mencionados se concedieron los
amparos, ordenándose el reconocimiento de la ayuda humanitaria en el expediente
T-5875158 y de la indemnización administrativa en los expedientes T-5881994 y
5881995.
I.  ANTECEDENTES
Los actores en los procesos de la
referencia entablaron acciones de tutela contra la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante la UARIV), al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo
vital y petición,
por los hechos que a continuación se indican:
1. Expediente T-5875158
1.1
Maribel
del Carmen López Cabrales
de
41 años de edad[2],
solicita ayuda humanitaria de emergencia dada su condición de víctima de
desplazamiento forzado. Manifiesta que es madre cabeza de hogar debidamente inscrita
en el Registro Único de Población Desplazada y que debe sufragar sola el pago
de arriendo, servicios públicos, alimentación, salud educación, entre otros.
1.2
Indica la actora que elevó solicitud a la UARIV el día 11 de julio de 2016, con
el fin de que se le entregara atención humanitaria para superar la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra junto a su grupo familiar. No obstante,
la entidad accionada se abstuvo de dar respuesta a la mencionada petición.
1.3
El 30 de julio de 2016, la actora presentó tutela que fue repartida al Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó con el fin de que se ordenará a la UARIV
el reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria. Para ello adjuntó al
escrito de tutela: (i) la petición elevada ante la UARIV[3];
y (ii) copia de la cédula de ciudadanía[4].
1.4
Luego de admitida la tutela y de correrse traslado de la misma a la UARIV para
su contestación, dicha entidad guardó silencio. Así, el 9 de agosto de 2016 el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó decidió conceder el amparo
impetrado, ordenando que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo la UARIV entregará la ayuda humanitaria a la accionante[5].
1.5
Según el juzgado de instancia, en vista de la “flagrante e innegable
vulneración por parte del representante legal de la entidad accionada, de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, quien es una desplazada por
la violencia (sic), procede de plano la protección de los mismos.”[6]
Esta decisión no fue objeto de impugnación.
2. Expediente T-5881994
2.1
Rosa Margarita Rivera Restrepo de 74 años de edad[7],
solicita indemnización administrativa dada su condición de víctima de
desplazamiento forzado. Manifiesta que hace muchos años (no precisa fecha) fue
expulsada de la vereda nudillales del municipio de Uramita (Antioquia) por
parte de un grupo al margen de la ley.
2.2
Agrega que como consecuencia del conflicto que se vive en la zona, su sobrino
René Antonio Rivera del cual era madre de crianza fue asesinado. Señala que
luego del desplazamiento ha tenido que vivir en casa de una hermana en el
municipio de Frontino (Antioquia).
2.3
Indica la actora que elevó solicitud a la UARIV, con el fin de que se le
reconociera la indemnización administrativa. A esta comunicación la UARIV le
contestó el 24 de mayo de 2016, reconociéndole el derecho a recibir la
indemnización administrativa pretendida, pero sostuvo que de acuerdo con su
capacidad presupuestal, sólo le es posible “asignar un turno para otorgar la
indemnización a partir del 30 de agosto de 2019, bajo el turno GAC-190830.0346” [8].
2.4
El 7 de julio de 2016 la actora presentó la tutela asignada al Juzgado
Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino (Antioquia), con el fin de que se
ordenara la entrega urgente de la indemnización administrativa, pues manifiesta
que se está quedando ciega y dada su condición de adulta mayor su atención debe
ser prioritaria. Anexa al escrito de tutela los siguientes documentos: (i) copia
de la respuesta que la UARIV dio a su petición[9]; (ii)
copia de la solicitud de autorización de servicios de salud para
oftalmología con su diagnóstico[10]; y
(iii) copia de la cédula de ciudadanía[11].
2.5
Luego de admitida la tutela y de correrse traslado de la misma a la UARIV,
dicha entidad contestó que a la accionante no se le estaba vulnerando ningún
derecho fundamental en virtud a que existió un pronunciamiento de fondo sobre
su  petición.
2.6
Conforme a lo expuesto, el juez de única instancia decidió conceder el amparo pedido
ordenando que dentro de los 45 días siguientes a la notificación del fallo se
realizara el pago del valor de la indemnización administrativa a favor de la
actora[12].
2.7
El despacho judicial argumentó para tal efecto, que: (i) la respuesta
dada por la UARIV a la solicitud de indemnización administrativa de la actora
constituía un reconocimiento de tal prestación; (ii) la indemnización
pretende reparar a las víctimas como consecuencia de las acciones desplegadas
por grupos al margen de la ley; y (iii) en virtud a la condición de
debilidad manifiesta de la accionante en razón a su edad y sus problemas de
salud, era viable ordenar el pago de la prestación solicitada de manera
inmediata. Esta decisión no fue objeto de impugnación.
2.8
Posteriormente, la UARIV presentó un informe de cumplimiento del fallo judicial
informando que la indemnización administrativa se pagaría el día 28 de abril de
2017. Además agregó que tal decisión de anticipar el pago, ya había sido
informada a la accionante[13].
3. Expediente T-5881995
3.1 Albeiro David Torres de 44 años de
edad[14],
solicita indemnización administrativa dada su condición de víctima de
desplazamiento forzado. Afirma que vivía en el municipio de Dabeiba (Antioquia)
hasta que llegó un grupo armado al margen de la ley que lo expulsó en el año de
1998, por lo que ahora vive en Frontino en casa de una tía junto a su hijo de
11 años. Además cuenta que no tiene un trabajo estable del cual pueda derivar
un sustento digno y suficiente para su hogar.
3.2
El actor señala que se ha comunicado en diferentes oportunidades con la UARIV e
incluso manifiesta que hace varios días (no precisa una fecha exacta) envió una
petición a esta entidad solicitando que le realicen la encuesta “PAARI”[15]
para determinar las carencias de su hogar. No obstante, dice que no le han
dado una respuesta concreta a su requerimiento.
3.3
El 27 de julio de 2016, el accionante presentó tutela que fue repartida al
Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino (Antioquia) con el fin de
que se ordenara la entrega de la indemnización administrativa, en virtud a que
considera que cumple con los criterios de priorización, al ser padre cabeza de
hogar y tener un hijo menor de edad a su cargo. Aporta a la solicitud de amparo
los siguientes documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía[16];
(ii) copia de la constancia de estudio y la tarjeta de identidad de su
hijo menor[17]; y (iii)
copia de la respuesta que la UARIV dio a su petición fechada el día 17 de
junio de 2016, en la que la accionada le informa que su hogar se encuentra en
proceso de identificación de carencias, el cual una vez culminado permitirá
adoptar una decisión motivada mediante acto administrativo que le será
notificado[18].
3.4
Una vez se dio trámite a la solicitud de tutela la UARIV guardó silencio, por
lo que el juez de única instancia otorgó el amparo deprecado ordenando que
dentro de los 45 días siguientes a la notificación del fallo se realizará el
pago del valor de la indemnización administrativa a favor de la actora[19].
3.5
El sustento de su decisión fue: (i) la UARIV en la respuesta dada al
derecho de petición le reconoció el derecho a la indemnización administrativa;
y (ii) el actor se encuentra en especiales condiciones de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta por ser cabeza de hogar, con un menor a cargo y no tener
un trabajo estable para satisfacer las necesidades básicas de su núcleo
familiar.
4. Pruebas decretadas y recaudadas en
sede de revisión
4.1 Mediante
auto del 8 de febrero de 2017, se decretó la práctica de pruebas, a fin
de esclarecer
aspectos fácticos de las tutelas que son objeto de acumulación. Puntualmente se
ofició a la UARIV con el fin de que remitiera copia del Registro Único de
Víctimas e informara si los accionantes cumplían con los requisitos para ser
beneficiarios de ayuda humanitaria e indemnización administrativa, según el
caso. Adicionalmente, se pidió a la UARIV que remitiera copia de las
actuaciones administrativas
que ha realizado para el reconocimiento y entrega efectiva de las mencionadas
prestaciones económicas.
4.2 La UARIV a través de comunicación
calendada el 17 de febrero de 2017, se pronunció sobre el requerimiento
judicial realizado por esta Corporación informando que[20]:
(i) los actores se encontraban incluidos en el Registro Único de
Víctimas; (ii) en el expediente T-5875158 en el que es accionante
Maribel del Carmen López Cabrales, mediante acto administrativo del 10 de
agosto de 2016 se suspendió definitivamente la entrega de los componentes de la
atención humanitaria al advertirse que el hogar de la actora no tenía afectada
su subsistencia mínima. Lo anterior, con fundamento en que uno de los miembros
del hogar (sin especificar cuál de ellos) aparecía en el régimen contributivo
de salud e igualmente era usuario de un producto financiero, y además, que
verificada la información del formulario de promoción de la Estrategia Unidos
se determinó que este hogar supera la línea de pobreza extrema.[21];
(iii) en el expediente T-5881994 en el que es accionante Rosa Margarita
Rivera Restrepo, se reiteró que el turno para entregar la indemnización
administrativa se había asignado para el día 30 de agosto de 2019; (iv) igualmente,
en relación con el expediente T-5881995 donde es accionante Albeiro David
Torres se repitió lo expuesto por el actor, en el sentido  que se llevará a
cabo un proceso de identificación de carencias que una vez culmine permitirá
adoptar una decisión de fondo sobre su reclamación.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el
inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.[22]
2. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
2.1 Los actores manifestaron tener la
condición de desplazados por la violencia y no contar con medios para su
subsistencia ni la de su respectivo grupo familiar, por lo cual presentaron en
forma personal e individual petición de interés particular a la UARIV, con el
fin de que se les
entregara: (i) en el
expediente T-5875158 ayuda humanitaria; y (ii) en los expedientes
T-5881994 y T-5881995 indemnización
administrativa. No
obstante, en relación con el expediente T-5881994 la inconformidad radica en
que si bien la UARIV reconoció el derecho a la indemnización administrativa su
entrega se fijó para el 19 de agosto de 2019 aduciendo razones presupuestales. Al
no obtener respuesta satisfactoria y de fondo sobre sus requerimientos, cada
uno de los peticionarios entabló tutela invocando la protección de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y  petición. A través de sentencias
de tutela provenientes de distintos despachos judiciales se decidió otorgar el
amparo solicitado, en virtud a la situación de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de los actores.
2.2 En sede de revisión, dando respuesta
al decreto de pruebas ordenado por esta Corporación[23],
la UARIV sostuvo que los accionantes se encontraban inscritos en el Registro
Único de Víctimas y que en el expediente T-5875158, mediante acto administrativo,
se suspendió definitivamente la entrega de la atención humanitaria a la actora
por desvirtuarse la afectación a la subsistencia mínima de su hogar. Lo
anterior, con fundamento en que uno de los miembros del hogar (sin especificar
cuál de ellos) aparecía en el régimen contributivo de salud e igualmente era
usuario de un producto financiero, y además, que verificada la información del
formulario de promoción de la Estrategia Unidos se determinó que este hogar
supera la línea de pobreza extrema. Frente a los otros expedientes de tutela la
UARIV reiteró lo expuesto por los accionantes en las solicitudes de amparo.
2.3 Con base en lo
expuesto, corresponde a la Sala Primera de Revisión ocuparse de resolver los
siguientes problemas jurídicos:
En los expedientes T-5875158 y
T-5881995:
¿Vulnera la UARIV los derechos fundamentales a la dignidad
humana, mínimo vital y petición, de personas víctimas del desplazamiento forzado, quienes manifiestan que
no cuentan con medios para su subsistencia, al omitir contestar de fondo la
petición de entrega de: (i) ayuda humanitaria; y de (ii) indemnización administrativa, respectivamente, e igualmente no dar respuesta a
las tutelas interpuestas?
Y en el
expediente T-5881994:
¿Vulnera la UARIV los derechos fundamentales a la dignidad
humana, mínimo vital y petición, de una mujer de 74 años de edad, víctima del desplazamiento forzado, que
manifiesta que no cuenta con medios para su subsistencia, al contestar la
solicitud de indemnización administrativa informándole que cumple los
requisitos para ser titular de la prestación reclamada pero postergando su
entrega hasta en agosto del año 2019?
2.4 Para dar solución al problema jurídico planteado, la
Sala: (i) mencionará la jurisprudencia de
esta Corporación relacionada con la procedencia de la acción de tutela para
exigir la protección de los derechos fundamentales vulnerados a la población
desplazada; (ii) reiterará los criterios que se deben tener en cuenta
para responder satisfactoriamente derechos de petición elevados por este grupo
poblacional; (iii) señalará las reglas jurisprudenciales definidas para
la entrega de la ayuda humanitaria y la indemnización
administrativa; y  por último, (iv) resolverá el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela
para proteger los derechos fundamentales vulnerados de la población desplazada
3.1
Legitimación para actuar
3.1.1
Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política
establece que la acción de tutela es mecanismo de defensa al que puede acudir
cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales[24]. En esta
oportunidad, los accionantes Maribel del Carmen López Cabrales, Rosa Margarita
Rivera Restrepo y Albeiro David Torres, actuando en nombre propio, pretenden la
defensa de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y
petición, en virtud de las presuntas acciones y omisiones negligentes en las
que ha incurrido la UARIV, al no pronunciarse de fondo sobre la petición de
entrega de ayuda humanitaria e indemnización administrativa a la cual
consideran tener derecho en virtud a su condición de víctimas del
desplazamiento forzado. Por tal razón, se encuentran legitimados para
intervenir en esta causa.
3.1.2
Legitimación por pasiva. Los artículos 13 y 42 del Decreto 2591
de 1991[25]
consagran las personas contra las cuales se puede dirigir la acción de tutela.
Así, la acción se puede invocar contra una autoridad pública o un particular,
que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional
fundamental.
La
legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal
de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Es un presupuesto procesal que exige que la persona contra
quien se incoa la tutela sea la autoridad o el particular que efectivamente
vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental. Por tanto, el amparo no
resultará procedente si quien desconoce o amenaza el derecho no es el
demandado, sino otra persona o autoridad. Dicha persona, además, debe estar
plenamente determinada[26].
A
través de las distintas Salas de Revisión de la Corte se ha concluido que la
tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales de la población
desplazada, y que tal protección incluye aquellos eventos en los cuales la
UARIV omite hacer efectiva la entrega de la ayuda humanitaria o la
indemnización administrativa. Teniendo en cuenta que en el presente caso (i)
la acción se dirige contra una entidad de derecho público como es la UARIV, que
tiene dentro de sus funciones legales la de atender y reparar integralmente a las víctimas de la violencia; y además, (ii)
las pretensiones de las tutelas acumuladas en esta providencia son de su
competencia, se concluye que existe legitimación en la causa por pasiva[27].
3.2 En el
presente asunto se cumple con el requisito de subsidiariedad e inmediatez de la
acción de tutela
3.2.1 Subsidiariedad. En
reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que pese a existir otros
medios de defensa judicial para proteger a la población en
situación de desplazamiento forzado, los mismos resultan insuficientes para brindar protección
eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio que enfrenta esta
población[28]. Además, resultaría desproporcionado
exigirles el agotamiento previo de los recursos judiciales ordinarios, pues
equivaldría a imponer cargas adicionales a las que han tenido que soportar en
su condición de víctimas de la violencia.
3.2.2 Además, no
es posible exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios, toda vez
que tratándose de población desplazada  prevalece la necesidad de asegurar la
realización efectiva de los derechos que se encuentran comprometidos, como
consecuencia de lo dispuesto en los principios rectores del desplazamiento
interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la interpretación
y definición de las normas jurídicas que se vinculan con las medidas de
protección a favor de la población desplazada[29].
3.2.3 Las
personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus
constitucional especial que no puede simplemente tener un “efecto retórico”[30].
Tienen
derecho a un trato preferente y urgente por parte de las autoridades públicas,
dado que el desplazamiento forzado conlleva  múltiples violaciones a los
derechos fundamentales[31].
3.2.4
Conforme a lo expuesto, la Sala considera que se cumple el principio de
subsidiariedad en las acciones de tutela bajo estudio, por cuanto los actores no
cuentan con otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo para exigir la
entrega de la ayuda humanitaria y su prórroga, la cual les ha sido negada por
la UARIV. Además se trata de personas que manifiestan ser cabezas de hogar y no
tener empleo ni contar con recursos para la subsistencia de su grupo familiar. En consecuencia, es necesaria la intervención del
juez constitucional pues se trata de familias desplazadas que al parecer
están viendo amenazados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo
vital y petición.
3.2.5
Inmediatez. El cumplimiento de este requisito procura que el amparo sea
interpuesto oportunamente. Su satisfacción pretende asegurar que se cumpla el
objetivo de protección actual, inmediata y efectiva de garantías fundamentales.
El juez debe verificar que la interposición de la tutela no se haga en forma
tardía, o en tal caso, determinar si existe un motivo válido o una justa causa
para el no ejercicio oportuno de la acción constitucional[32].
En relación con la situación de desplazamiento forzado, esta supone un
escenario de enorme vulneración de los derechos fundamentales de las personas
afectadas, que no culmina con su traslado temporal a un territorio que le es
ajeno[33].
Así, determinar el momento específico en el que se produce o en el que cesa la
afectación es una circunstancia difícil, al igual que lo es saber si la
tutela fue interpuesta en un término razonable. Además, puede admitirse el estudio de fondo de una solicitud que ha
dejado transcurrir un tiempo considerable, en los casos en que se advierte que
la afectación es vigente y actual.
3.2.6
Por las razones expuestas, la Sala considera que las tutelas promovidas por los
accionantes fueron instauradas en un plazo proporcional y razonable.
Específicamente, revisados cada uno de los expedientes de la referencia se
tiene que: (i) en el expediente T-5875158 la actora Maribel del
Carmen López Cabrales radicó ante la UARIV petición de interés particular el 11
de julio de 2016 y al no ser contestada instauró acción de tutela el 29 de
julio del mismo año; (ii) en el expediente T-5881994 la
accionante Rosa Margarita Rivera Restrepo recibió contestación a su petición
por parte de la UARIV el 24 de junio de 2016, y dada su inconformidad con la fecha
prevista para la entrega de la indemnización administrativa, elevó solicitud de
amparo el 14 de julio de ese año; y (iii) en el expediente T-5881995 el
actor Albeiro David Torres recibió respuesta de la UARIV a su requerimiento el
17 de junio de 2016, e igualmente inconforme con la información que dicha
entidad le dio, presentó tutela el 27 de julio de la misma anualidad. Así, se
concluye que entre las solicitudes de los accionantes, las respuestas emitidas
por la UARIV y la presentación de la tutela transcurrió un lapso de tiempo que
en cada caso particular no es superior a un (1) mes, el cual es moderado y
permite concluir que se cumple con el requisito de inmediatez.
Además,
teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado interno en el que se ha
presentado la vulneración de sus derechos fundamentales, se puede inferir que
las condiciones de afectación aún subsisten, y que la exigencia de agotar los
recursos ordinarios representa una carga excesiva frente a las condiciones de
indefensión y vulnerabilidad que rodean a los actores.
3.2.7 Una vez superado el análisis de
procedencia de las acciones de tutela objeto de acumulación, a continuación la
Sala entrará a estudiar de fondo las solicitudes de amparo, y se ocupará de
resolver los problemas jurídicos formulados.
4. El deber de dar respuesta oportuna,
eficaz y de fondo, a las peticiones elevadas por la población desplazada
4.1 La jurisprudencia constitucional ha resaltado la obligación de las
autoridades ante quienes se elevan solicitudes respetuosas, de atender las
mismas en forma oportuna, eficaz y de fondo[34].
Asimismo, ha determinado que esta obligación cobra mayor trascendencia en
aquellas entidades responsables de atender y reparar a las víctimas de
desplazamiento forzado[35].
4.2 En relación con las peticiones de
ayuda que eleva la población desplazada, la sentencia T-025 de 2004[36]
estableció que las autoridades competentes tienen el deber de: i)
incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios; ii) informarle
a la víctima de desplazamiento forzado dentro del término de quince (15) días
el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; iii)
informarle dentro del mismo término si la solicitud cumple con los requisitos
para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede
corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; iv) si la
solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad
presupuestal, tendrá que adelantar los trámites necesarios para obtener los
recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v)
si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal
suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el
procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido. En todo caso,
deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales
y respetar los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento forzado[37].
4.3 En igual sentido, esta Corporación
ha sostenido que el derecho de petición de personas que se encuentran en
condición de desplazamiento tiene una protección reforzada, por tanto el manejo
de la información, su registro y control resultan de vital importancia, dado
que  las autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de las
solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su
comunicación efectiva a la persona desplazada[38]. La atención adecuada a
los derechos de petición de la población desplazada hace parte del mínimo de
protección constitucional que debe brindarse a quienes tienen tal condición, pues integra
el derecho a ser reconocido, escuchado y atendido por el Estado, lo cual es
inherente al principio de la dignidad humana, y por tal motivo, debe ser
amparado con el fin de obtener por parte de las autoridades una decisión de
fondo a lo requerido por el ciudadano, con base en un estudio sustentado del
requerimiento, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha
sido presentada la petición[39].
5. Reglas jurisprudenciales definidas
para la entrega de la ayuda humanitaria y su prórroga
5.1 Naturaleza y características de
la ayuda humanitaria[40].
En sentencia T-062 de 2015[41]
la Corte señaló que uno de los principales problemas que tienen las víctimas
del desplazamiento forzado es la incapacidad de generar ingresos para proveer
su propio sostenimiento, pues una vez salen de su lugar de origen son sometidas
a condiciones infrahumanas, hacinadas en zonas marginadas de las ciudades
intermedias o capitales, donde la insatisfacción de las necesidades básicas es
habitual y su arribo influye decididamente en el empeoramiento de las
condiciones generales de vida de la comunidad allí asentada: alojamiento,
salubridad, abastecimiento de alimentos y agua potable, entre otros[42].
5.2 Así, una vez ocurren los hechos que
generan el desplazamiento forzado se origina el deber del Estado de brindar
ayuda humanitaria a la población víctima del flagelo dada su estrecha conexión
con el derecho a la subsistencia mínima y el derecho fundamental al mínimo
vital[43].
Tales derechos, deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por las
autoridades competentes, puesto que en ello se juega la subsistencia digna de
las personas que se hallan en esta situación. Por lo tanto, la ayuda humanitaria tiene como finalidad asistir,
proteger y auxiliar a la población desplazada para superar la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra.
5.3 En cuanto a las características que
debe contener la atención humanitaria esta Corporación ha identificado las
siguientes: (i) protege la subsistencia
mínima de la población desplazada[44]; (ii) es considerada un derecho fundamental[45]; (iii) es temporal; (iv) es integral[46];
(v) tiene que reconocerse y entregarse de manera adecuada y oportuna,
atendiendo la situación de emergencia y las condiciones de vulnerabilidad de la
población desplazada[47]; y (vi) tiene que
garantizarse sin perjuicio de las restricciones presupuestales.[48]
5.4 Etapas que comprende la ayuda
humanitaria. La política pública en materia de desplazamiento forzado, está
contenida principalmente en la Ley 387 de 1997[49] y la
Ley 1448 de 2011[50]. En la sentencia
T-707 de 2014[51],
se hace un resumen de estas etapas que se complementa con lo establecido en
otras disposiciones normativas, tal y como se puede ver a continuación:
(i) Ayuda humanitaria inmediata: se encuentra
contemplada en el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011[52] y en el
artículo 108 del Decreto 4800 de 2011[53],
y es aquella que se otorga a las personas que: (i) manifiesten haber sido
víctimas del desplazamiento forzado en los casos que resulta agravada la
situación de vulnerabilidad que enfrentan; (ii) requieren un albergue temporal;
y (iii) asistencia alimentaria. La obligación de entrega de este beneficio se
encuentra en cabeza del ente territorial de nivel municipal, el cual, sin
demora alguna, debe facilitarlo desde el momento que se presenta la declaración
del hecho victimizante y hasta que tenga lugar la inclusión en el Registro
Único de Víctimas[54].
(ii) Ayuda
humanitaria de emergencia: aparece regulada en el artículo 64 de la Ley
1448 de 2011 reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014[55], y en
los artículos 109 a 111 del Decreto 4800 de 2011. De acuerdo con las normas en
cita, su entrega tiene lugar después de que se ha logrado el registro en el
RUV, siempre que el desplazamiento haya ocurrido dentro del año previo a la
declaración. Para el efecto, es preciso que se haya superado la etapa inicial
de urgencia y el desplazado haya ingresado al sistema integral de atención y
reparación. Esta asistencia se compone de auxilios en materia de alimentación,
artículos de aseo, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina y alojamiento
transitorio. Dependiendo del nivel de vulnerabilidad que se determine luego de
la caracterización de la situación particular que afronta cada núcleo familiar,
variarán los montos y cantidades de la ayuda. Por último, la administración del
beneficio en comento se encuentra a cargo de la UARIV.
(iii) Ayuda
humanitaria de transición: está establecida en el artículo 65 de la Ley
1448 de 2011 y en los artículos 112 a 116 del Decreto 4800 de 2011. En general,
es aquella que se entrega a las personas desplazadas incluidas en el Registro
Único de Víctimas, cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a
un año contado a partir de la declaración, cuando no se hubiere podido
restablecer las condiciones de subsistencia, pero cuya valoración no sea de tal
gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de
emergencia. Esta ayuda tiene como finalidad servir de puente para consolidar
soluciones duraderas. Desde esta perspectiva, incluye componentes de
alimentación y alojamiento los cuales se encuentran a cargo de la UARIV y del
ente territorial[56].
5.5 Prórroga de la ayuda humanitaria.
Con relación al carácter temporal de la ayuda humanitaria, la Corte en
sentencia C-278 de 2007[57],
al realizar el control de constitucionalidad del artículo
15 de la Ley 387 de 1997[58], indicó que esta no puede estar
sujeta a un plazo fijo inexorable, pues aunque es conveniente tener una
referencia temporal, la ayuda debe ser flexible y estar condicionada a que se
supere la situación de vulnerabilidad. En igual sentido, esta Corporación se ha
pronunciado en sede de tutela sobre la necesidad de que la entrega de la ayuda
humanitaria no se interrumpa sino hasta cuando el afectado se encuentre en
condiciones materiales para asumir su propia manutención[59].
Conforme lo expuesto,
no existe un plazo máximo para el otorgamiento de la ayuda humanitaria, y la
misma puede prorrogarse y extenderse en el tiempo para aquellas víctimas que:
(i) se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad o
urgencia extraordinaria; (ii) no estén en condiciones de asumir por sí
mismos su sostenimiento a través de un proyecto de estabilización o
restablecimiento socioeconómico; y (iii) sean sujetos de protección
constitucional reforzada o protección con enfoque diferencial como los niños,
niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres cabeza de familia. Los
requisitos para determinar si es procedente la prórroga de la ayuda humanitaria
no dependerán del transcurso de un tiempo dado, sino de la evaluación que se
efectúe en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones
personales de los afectados.
5.6 Por otra parte, de
acuerdo con el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, la prórroga
varía según la etapa de atención humanitaria en la que se encuentre el
beneficiario, por lo cual puede ser de orden general o automática. (i) La prórroga
general es aquella que debe ser solicitada
por cualquier persona desplazada, la cual se encuentra sujeta a una valoración
realizada previamente por la entidad competente sobre las circunstancias de
vulnerabilidad del posible beneficiario, con el propósito de determinar si es o
no procedente su otorgamiento. (ii) La prórroga automática opera en casos en los cuales por circunstancias de debilidad
manifiesta, como por ejemplo que se encuentren en riesgo derechos de una
persona en condición de discapacidad, debe otorgarse nuevamente la atención de
forma inmediata. Debe entregarse de manera integral, completa e
ininterrumpida, sin necesidad de programar o realizar visitas de verificación y
asumiendo que se trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema lo
que justifica el otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en que las
autoridades comprueben que se han logrado condiciones de  autosuficiencia
integral y de dignidad, momento en el cual podrá procederse mediante decisión
motivada, a la suspensión de la prórroga[60].
5.7 Turnos y orden de entrega de la ayuda
humanitaria. Una expresión del
derecho a la igualdad en la asignación de la ayuda humanitaria es que para su
entrega se prevean turnos que permitan optimizar su asignación. En reiterada
jurisprudencia esta Corporación ha señalado que los turnos son un mecanismo
operativo que permite garantizar la eficiencia, eficacia, racionalización y
especialmente, la igualdad al momento de hacer la entrega de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la fijación de turnos en un lapso desproporcionado
desnaturaliza la ayuda que debe ser inmediata, oportuna y efectiva, por lo que
es necesario determinar el momento concreto y real en el que se hará la entrega
de la ayuda, el cual en todo caso debe ser un término razonable[61].
Asimismo, esta Corporación también ha sostenido que la
asignación de turnos debe consultar el nivel de vulnerabilidad de los
beneficiarios, pues es imprescindible brindar protección reforzada a quien además
de desplazado pertenece a uno de los grupos de especial protección
constitucional como son las madres cabeza de familia, personas
en situación de discapacidad, adultos mayores, entre otros[62].
5.8 Finalmente, es pertinente mencionar
que mediante Auto 373 del 23 de agosto de 2016[63], la Sala Especial de
Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, al evaluar las acciones gubernamentales
para la superación del estado de cosas inconstitucional en la situación de la
población desplazada, y específicamente pronunciarse sobre el componente de
ayuda humanitaria, señaló que el nivel de cumplimiento de la sentencia frente a
la orden de realizar ajustes importantes a dicho componente es medio,
toda vez que las actuaciones desplegadas muestran resultados que impactan
favorablemente el goce efectivo del derecho a la subsistencia mínima de la
población desplazada. No obstante, los programas implementados y la capacidad
institucional demostrada aún es formalmente aceptable, pues pese a que ha
aumentado el número de ayudas entregadas, continúan las demoras que afectan a
las personas que se encuentran en vulnerabilidades altas, a las cuales se les
exigen requisitos desmedidos que condicionan su acceso a las ayudas
humanitarias[64].
Así, las falencias de las políticas
públicas en la situación de la población desplazada subsisten, y en esta medida
también lo hacen las prácticas inconstitucionales que obligan a la intervención
del juez de tutela de acuerdo con la problemática específica que presente cada
caso[65].
6. Reglas jurisprudenciales
definidas para la entrega de la indemnización administrativa[66]
6.1 Dentro de las medidas previstas en la Ley 1448
de 2011, para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas de
desplazamiento forzado, el artículo 25 de la precitada cuerpo normativo,
estableció que la reparación comprende las medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, las cuales
se implementarán de acuerdo con la vulneración de sus derechos y las
características del hecho victimizante.
Sin embargo, también precisó que las medidas de
asistencia como la ayuda humanitaria no sustituyen ni reemplazan a las medidas
de reparación, por lo que los gastos que se generen por la prestación de
servicios de asistencia, de ninguna forma pueden ser descontados de la
indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho  las víctimas.
En cuanto a la indemnización por vía administrativa,
el Decreto Reglamentario 4800 de 2011[67] modificó el programa de reparación
individual para las víctimas creado mediante el Decreto 1290 de 2008,
fijando en su artículo 155 un régimen de transición para este tipo
solicitudes de reparación anteriores a la expedición del Decreto 4800 de 2011[68].
6.2 De dicho régimen de transición es preciso
resaltar que las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas
en virtud del Decreto 1290 de 2008, que al momento de publicación del Decreto
4800 de 2011 no hayan sido resueltas por el Comité de Reparaciones
Administrativas, se tendrán como solicitudes de inscripción en el Registro
Único de Víctimas y deberá seguirse el procedimiento establecido en este último
decreto para la inclusión de solicitantes en el registro. Si el o los
solicitantes ya se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada (en adelante RUPD), se seguirán los procedimientos establecidos en
el Decreto 4800 de 2011 para la entrega de la indemnización administrativa.
Para las solicitudes de indemnización
administrativa presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 4800 de 2011, el título VII
relativo a las medidas de reparación integral, en el capítulo III, entre los
artículos 146 a 162, define los aspectos de la indemnización por vía
administrativa, entre los cuales se pueden destacar el monto a pagar por los
diferentes daños que se pueden causar a las víctimas[69].
En
cuanto a la distribución de la indemnización en el artículo 150 se indican los
porcentajes en que la misma se debe realizar, teniendo en cuenta los familiares
y el cónyuge o compañero permanente de la víctima[70].
6.3 De esta forma, la persona que
pretenda reclamar la reparación administrativa por cumplir con la calidad de
víctima, que se describe en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de
2011, deberá previa inscripción en el Registro Único de Víctimas, solicitarle a
la UARIV la entrega de la indemnización administrativa a través del formulario
que esta disponga para el efecto, sin aportar documentación adicional salvo
datos de contacto o apertura de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si
la entidad lo considera pertinente (art. 151). En ese orden, si hay lugar a ello
se entregará la indemnización administrativa en pagos parciales o un solo pago
total atendiendo a criterios de vulnerabilidad y priorización[71].
6.4 En igual sentido, a través del
Decreto 1377 de 2014[72] se
reglamenta la ruta de atención, asistencia y reparación integral, en
particular en lo relacionado con la medida de indemnización administrativa a
víctimas de desplazamiento forzado, determinándose como criterios de
priorización para la entrega este tipo de indemnización[73]: (i) el que se
hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima y se encuentre en
proceso de retornó o reubicación;  (ii) no estar suplidas sus carencias
en materia de subsistencia mínima dada la situación de extrema urgencia y
vulnerabilidad manifiesta por la condición de discapacidad, edad o
composición del hogar; y (iii) que pese a que se han superado las
carencias en materia de subsistencia mínima no se haya podido llevar a cabo el
retorno o reubicación por razones de seguridad[74].
6.5 Conforme a lo anterior, se concluye que el
ordenamiento jurídico vigente contempla reglas que permiten a las víctimas del
conflicto armado obtener la reparación integral para sí y para los miembros de
su familia. Entre las medidas de reparación se encuentra la indemnización
administrativa, cuyo procedimiento de entrega, criterios de distribución y
montos, está encaminado a optimizar la asignación masiva de reparaciones
previstas para víctimas del conflicto armado.
7. Casos concretos
Expedientes
T-5875158 y T-5881995
7.1 Estos expedientes tienen en común
que la UARIV guardó silencio durante el término de traslado de las acciones, y en
consecuencia el juez de única instancia concedió la protección constitucional, ordenando
la entrega con relación al expediente T-5875158 de la ayuda humanitaria de
emergencia, y en el asunto concerniente al expediente T-5881995 de la
indemnización administrativa.
7.2 Frente a lo expuesto por los actores
en cada uno de los escritos de tutela se destaca que: (i) en el
expediente T-5875158 Maribel del Carmen López Cabrales de 41 años de edad
suscribe un formato de tutela indicando que es madre cabeza de hogar y que paga
servicios públicos. Sin embargo, no señala las condiciones de tiempo, modo y
lugar en las que ocurrió el desplazamiento forzado ni da mayor detalle de su
situación actual, sólo se limita a solicitar la ayuda humanitaria de emergencia[75].
(ii) en el expediente T-5881995 Albeiro David Torres de 44 años de edad
manifiesta que en 1998 fue expulsado de Dabeiba por un grupo armado, que ahora
vive en Frontino en casa de una tía junto a su hijo de 11 años y que no tiene
trabajo estable, por lo cual pide la cancelación de la indemnización
administrativa. En ambos procesos los actores indican que pese a que han pedido
el reconocimiento de las prestaciones económicas mencionadas, la UARIV se ha
abstenido de darles una respuesta de fondo[76].
7.3 En relación con las pruebas aducidas
se tiene que: (i) en el expediente T-5875158 se aportó al escrito de
tutela la solicitud de ayuda humanitaria elevada por la actora ante la UARIV y
copia de su cédula de ciudadanía; y (ii)  en el expediente T-5881995 el
actor allegó con la solicitud de amparo la respuesta que dio la UARIV a su
petición de reconocimiento de indemnización administrativa. En ella la entidad
accionada indica que su hogar se encuentra en proceso de identificación de
carencias y que una vez culmine esta labor adoptará decisión de fondo sobre la
reclamación la cual le será comunicada. Adicional a estos documentos, el actor
anexó copia de la cédula de ciudadanía y copia de la tarjeta de identidad de su
hijo de 13 años de edad al igual que una constancia de estudio del menor.
7.4 Asimismo, está Corporación profirió
auto de pruebas el 8 de febrero de 2017, en el que pidió a la UARIV un
pronunciamiento sobre cada uno de los amparos aquí acumulados y la remisión de
las actuaciones desplegadas[77]. Si
bien la UARIV no respondió las tutelas en la oportunidad prevista para ello, con
respecto a lo pedido por la Corte, la entidad aportó pruebas con relación a
cada uno de los expedientes acumulados e informó que los actores se encontraban
inscritos en el Registro Único de Víctimas[78]. En tal
sentido, la UARIV precisó que a la accionante Maribel del Carmen López Cabrales
(expediente T-5875158) se le había suspendido definitivamente la entrega de la
atención humanitaria por desvirtuarse la afectación a la subsistencia mínima de
su hogar. Lo
anterior, con fundamento en que: (i) un miembro del hogar aparecía en el
régimen contributivo de salud como cotizante y usuario de un producto
financiero; y (ii) verificada la información del formulario de promoción
de la “Estrategia Unidos” se determinó que el hogar de la actora supera la
línea de pobreza extrema[79]. En relación
con los otros expedientes acumulados la UARIV reiteró lo expuesto por los
accionantes en las solicitudes de amparo.
7.5 Ahora bien, analizados los fallos judiciales de única
instancia que son objeto de revisión en este apartado (expedientes
T-5875158 y T-5881995),
se advierte que los mismos dieron plena
validez a las manifestaciones que los actores plasmaron en los escritos de
tutela, y en consecuencia procedieron al reconocimiento de plano de las
prestaciones económicas reclamadas, esto es, la ayuda humanitaria de emergencia
e indemnización administrativa, respectivamente. En tal sentido, cada una de
estas sentencias aún sin contar con suficientes elementos de convicción ordenó
a la UARIV el reconocimiento de las obligaciones pecuniarias mencionadas,
presumiendo la veracidad y la buena fe en lo narrado por los actores y apoyándose
en el silencio de la entidad pública que omitió contestar las tutelas.
7.6 Por lo anterior, esta
Sala de Revisión considera necesario
examinar si los expedientes objeto de análisis encajan dentro de la presunción
de veracidad consignada en Decreto 2591 de 1991, según la cual se tendrán por
ciertos los hechos alegados por el accionante cuando el juez requiera
información y la misma no sea allegada oportunamente, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa[80].
La jurisprudencia constitucional
de esta Corporación ha sostenido que tal presunción tiene sustento en: (i)
la necesidad de resolver con prontitud las acciones de tutela, en la medida en
que están de por medio derechos fundamentales; y (ii) el carácter
vinculante de las decisiones judiciales del cual depende la eficaz protección de
las garantías fundamentales[81].
Tratándose de la población
desplazada la presunción de veracidad ha sido aplicada por esta Corporación en
un sinnúmero de oportunidades cuando se presenta desinterés o negligencia de la
autoridad pública o particular contra quien se ha interpuesto la acción de
tutela[82]. Es
extensa la jurisprudencia que reconoce que dadas las especiales condiciones de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las personas en condición de desplazamiento,
presumir la verdad en lo que ellas narran, es una consecuencia necesaria y útil
para castigar la desidia de aquel que debió haberse pronunciado sobre el
requerimiento judicial y no lo hizo.
La presunción de veracidad esta
armonizada con el principio de buena fe en virtud de la cual deben tenerse como
ciertas, prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el
declarante, pues es a quien desea contradecir la afirmación al que le
corresponde probar la ocurrencia o no del hecho[83]. Para esta Corte, en muchas ocasiones las causas del desplazamiento son silenciosas y casi
imperceptibles, siendo imperioso que se presuma la buena fe y se brinde
protección urgente a quien se encuentra en situación de desplazamiento[84].
Una de las
formas en que se proyecta el principio de buena fe es a través de la inversión
de la carga de la prueba, por tanto corresponde al Estado y no a la persona en
condición de desplazamiento demostrar que sus afirmaciones y declaraciones no
coinciden con la verdad. En este sentido, esta Corte ha indicado que uno de los
elementos que pueden conformar el conjunto probatorio de un desplazamiento
forzado son los indicios y especialmente el hecho de que la persona haya
abandonado sus bienes y comunidad[85].
Así, afirmar que se es desplazado es una circunstancia que en principio supone
la existencia de vivencias en medio del conflicto armado donde está presente el
despojo, los actos de violencia y las crisis humanitarias. En este contexto se
impone un deber de atención prioritaria por parte del Estado, el cual deja de
subsistir cuando se demuestra que la información brindada por quien manifiesta
ser desplazado es contraria a la realidad[86].
Sin embargo,
esta Corporación también ha sostenido que la presunción de veracidad no es una
autorización legal para que el juez decida sin certeza respecto de los hechos
que dieron origen a la controversia, pues está facultado para realizar
una labor probatoria previo a decidir si concede o no el amparo deprecado.
Por ejemplo, en
sentencia T-600 de 2009[87],
la Corte al resolver varios expedientes de tutela acumulados en los que un
conjunto de personas víctimas de desplazamiento forzado alegaban la vulneración
de sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital por el no
suministro de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, sostuvo, que “es
esencial que el juez llegue al conocimiento de la situación litigiosa para
proferir un fallo que desarrolle la finalidad de garantizar los derechos
fundamentales, esto es, la primacía del derecho sustancial”. Además, señaló
que el juez debe ser promotor de decisiones justas, no un simple espectador,
para lo cual es necesario que lleve a cabo una conducta oficiosa que garantice
los derechos fundamentales y una administración de justicia legítima.
En el mismo
sentido, se encuentra la sentencia T-675 de 2014[88] que aborda la presunción de
veracidad en materia de tutela y el principio de buena fe aplicable a aquellas
solicitudes que eleva la población desplazada ante las autoridades. Dicha
decisión sostiene que: “si bien la Constitución y la ley ordenan presumir la
buena fe y la veracidad en las actuaciones de los particulares, especialmente
de aquellos en situación de vulnerabilidad, ello no implica que las alegaciones
no deban estar mínimamente sustentadas con elementos de prueba que acrediten el
derecho que se pretende.” Por tanto, si bien al juez le corresponde en
principio tener como ciertos los hechos declarados por el actor, en aquellos
casos en los que la parte accionada no se pronuncia, tal circunstancia no significa
que pueda aceptar de plano lo afirmado pues la sentencia debe estar sustentada
en hechos que han sido verificados y sobre los cuales existe certeza.
Aunado a lo anterior, en este mismo fallo se precisó que
tratándose de la entrega de prestaciones económicas la informalidad de la
tutela no exoneraba al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los
hechos en que basa sus pretensiones. Por ello, es necesario contar con
elementos que brinden la convicción de que la obligación que se reclama no es
incierta ni discutible sino que existe plenamente. Además, la Corte consideró
que decretar el pago del dinero reclamado
por quien se encontraba en situación de desplazamiento podría desatender los
procedimientos técnicos que tiene la entidad para distribuir los recursos de
gasto social, dado que existía incertidumbre acerca de las condiciones
concretas de las ayudas de las que era titular el actor. Finalmente, en aquella oportunidad se ordenó a la UARIV que en un tiempo
prudente revisara la situación concreta del accionante para que, de ser el caso, le entregaran sin dilaciones el dinero reclamado,
en las condiciones establecidas en el programa de atención del que fuera
beneficiario[89].
Así, ante la
ausencia de elementos probatorios que permitan al juez tener certeza sobre el
derecho que reclama el accionante, o cuando existan fundadas razones para
considerar que su inactividad pueda conducir a una decisión que carezca de un
sentido de justicia material, le corresponde hacer uso de sus facultades de
oficiosidad en materia probatoria para indagar y auscultar la realidad de la
situación fáctica sometida a su conocimiento. En caso de no lograr que la
accionada le responda, tendrá el deber de ponderar las circunstancias
específicas del caso sub judice y adoptar la decisión que en derecho
corresponda.
Con
relación a las sentencias que aquí se analizan, esta Sala de Revisión considera
que le era dable presumir al juez de instancia la veracidad de lo narrado por
los actores, en relación a que son desplazados por la violencia, y que habían
pedido a la entidad el reconocimiento de ayuda humanitaria e indemnización
administrativa, respectivamente, sin obtener un pronunciamiento de fondo. No
obstante, el juez de tutela reconoció las mencionadas prestaciones, sin que
mediaran pruebas y elementos de convicción que respaldaran y acreditaran el
cumplimiento de los requisitos legales necesarios para acceder a tales
beneficios.
El
juez omitió hacer uso de la facultad de oficiosidad probatoria que la ley le
otorga, con el fin de determinar si los supuestos de hecho descritos por las
partes cumplían con los criterios
y parámetros que deben tenerse en cuenta para la entrega de los componentes de atención
humanitaria e indemnización administrativa a las víctimas del desplazamiento
forzado[90]. Por lo
tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se advertirá a los juzgadores
de instancia que en lo sucesivo se abstengan de reconocer de plano estas solicitudes,
sin que obren pruebas que brinden la convicción y certeza en relación con la
existencia y exigibilidad de este tipo de obligaciones de contenido pecuniario.
7.7 Sin embargo,
en el expediente T-5875158 en el que es accionante Maribel del Carmen López
Cabrales, se debe señalar que la UARIV en respuesta al auto de pruebas
decretado en sede de revisión informó que mediante acto administrativo se había
suspendido definitivamente la entrega de la atención humanitaria. En la
mencionada decisión, la UARIV explicó que al ser la atención humanitaria una
medida asistencial dirigida a mitigar o suplir carencias en el derecho a la
subsistencia mínima de los hogares víctimas del desplazamiento forzado, se hace
imperioso identificar las carencias en los componentes de alojamiento temporal
y alimentación. Tal actividad implica una valoración integral de la situación
de los hogares considerando individualmente a cada una de las personas que los
integran.
La UARIV informó
que con respecto a este asunto desplegó un procedimiento de medición de
carencias que incluye el análisis de la información obtenida mediante los
diferentes registros administrativos o instrumentos de caracterización
disponibles[91].
Así, según lo señalado en el acto administrativo proferido por la UARIV en el
que se suspendió definitivamente la ayuda humanitaria, se advirtió que[92]: (i) dentro de los
miembros del hogar conformado por Maribel del Carmen López Cabrales, quien es
la persona designada para recibir la ayuda humanitaria, existe un integrante
que es cotizante dentro del régimen contributivo, circunstancia que
evidencia la estabilidad en la generación de ingresos y desvirtúa la afectación
a la subsistencia mínima; (ii) al confrontar con la central de
información financiera – CIFIN, la cual está autorizada para llevar el control
de personas que han adquirido productos financieros, se estableció que un
miembro del hogar de la accionante adquirió uno de estos productos, estimándose
que hay capacidad de endeudamiento al interior del núcleo familiar; y (iii)
finalmente, al verificar la información del formulario de promoción de la
“estrategia unidos”, que es un programa gubernamental de protección social que
apunta a la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad de las personas menos
favorecidas, este hogar supera la línea de pobreza extrema y cuenta con la
capacidad de cubrir al menos los componentes de alojamiento temporal y
alimentación de la subsistencia mínima.
No obstante, esta Sala de Revisión
considera imperioso hacer un llamado de atención a la UARIV, toda vez que prima
facie se advierten reparos frente a la actuación administrativa surtida y
que culminó con la expedición del acto administrativo que suspendió
definitivamente la ayuda humanitaria a la actora Maribel del Carmen López
Cabrales los cuales se sintetizan así: (i) en el acto administrativo
mencionado, sostiene la UARIV que uno de los miembros del hogar está incluido
como cotizante dentro del régimen contributivo, y además, es usuario de un
producto financiero[93],
concluyendo que el núcleo familiar de la actora tiene fuentes de ingreso y
capacidad de endeudamiento. Sin embargo, tales argumentos son planteados en
forma genérica e impersonal pues no se precisa cuál de los integrantes del
grupo familiar se encuentra en las circunstancias aludidas; y (ii) señala
la accionada que al verificar la información del
formulario de promoción de la iniciativa gubernamental “estrategia unidos”, el
hogar de la actora supera la línea de pobreza extrema, sin explicar los parámetros
ni las variables que se consideraron para extraer tal conclusión, es decir, que
no sustenta las circunstancias fácticas que le dan justificación.
Esta Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los casos en que
no se reconoce la ayuda humanitaria o su prórroga, aduciendo únicamente requisitos
y apreciaciones que no coinciden con las verdaderas condiciones materiales en
las que se encuentra el beneficiario de la mencionada prestación económica.
Concretamente, ha establecido que la sola afiliación al sistema de seguridad
social no elimina la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la
población desplazada, y en esa medida, no le puede hacer perder los derechos
que esa calidad le confiere, por lo que es necesario previo a negar la atención
humanitaria verificar las verdaderas condiciones materiales en las que se
encuentra el hogar que es beneficiario de la atención humanitaria[94].
Al igual que es equivocado suponer que la inclusión en el régimen
contributivo de un miembro del núcleo familiar significa haber alcanzado
suficiencia económica, además beneficiarse de un producto financiero, sin
especificar las condiciones en las que el mismo se adquirió, no permite
concluir de plano que se cuenta con una fuente estable y duradera de ingresos.
Es posible que simplemente tales circunstancias sean el resultado de una
vinculación laboral precaria o temporal cuyos extremos no fueron precisados.
Igualmente, tampoco es acertado considerar que el mejoramiento en las
condiciones de vida de un miembro del grupo familiar resuelva definitivamente
las dificultades en la subsistencia mínima de los demás integrantes del mismo.
Por lo tanto, para la Sala tales situaciones no son prueba suficiente de
que la afectación a la subsistencia mínima de Maribel del Carmen López Cabrales
haya cesado, en consecuencia, se ordenará a la UARIV que adelante todas las
gestiones pertinentes a efectos de precisar cuál es la situación económica de
la actora. Mientras ello sucede, deberá reanudarle transitoriamente la entrega
de la ayuda humanitaria. Igualmente, se advertirá  a la entidad accionada que
en caso de que profiera una nueva decisión administrativa que suspenda la
atención humanitaria, deberá motivar de manera suficiente tal actuación
teniendo en cuenta las siguientes previsiones: (i) señalar en cuál integrante
del grupo familiar de la actora concurren las circunstancias que hacen
desvirtuar la extrema vulnerabilidad del hogar; y (ii) explicar detalladamente
qué tipo información se obtuvo en los registros administrativos o instrumentos
de caracterización disponibles, pues la simple afirmación de que el hogar de la
actora supera la línea de pobreza extrema según la “estrategia unidos”, es
insuficiente para privarla de la atención humanitaria, y además, no le
permitirá a la actora garantizar su derecho a controvertir la decisión. Así,
solo mediante una juiciosa y diligente actuación administrativa dirigida a
establecer con certeza si en cada caso particular ha desaparecido la amenaza
que se cierne sobre la subsistencia mínima, será posible adoptar las decisiones
que correspondan.
Conforme a lo expuesto, se
revocará parcialmente la decisión contenida en el expediente T-5875158
examinada por esta Sala de Revisión, con el fin de conceder transitoriamente el
amparo a los derechos fundamentales de petición, dignidad humana y mínimo
vital, pero por las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia,
se ordenará a la UARIV que en un plazo no superior a quince (15) días, contados
a partir de la notificación de la presente providencia, se reanude la
entrega de los componentes de la ayuda humanitaria a Maribel del Carmen
López Cabrales con las precisiones antes anotadas.
7.8 En cuanto al
expediente T-5881995 en el que es accionante Albeiro David Torres, la respuesta
que dio la UARIV al auto de pruebas decretado por esta Corporación, permite confirmar
que la entidad accionada se ha limitado a contestar su petición de
indemnización administrativa de manera formal, pues ha repetido que llevará a
cabo un proceso de identificación de carencias de subsistencia mínima del hogar
que facilitará la focalización de la ayuda. Tal respuesta la expresó la
UARIV en la comunicación dirigida a Albeiro David Torres con radicado
201672031006641 de fecha 2 de agosto de 2016, que se adjuntó a la contestación
del auto de pruebas proferido por esta Corporación, y es idéntica a la que
meses antes le había dado en comunicación con radicado No. 201672026747011 de
17 de junio de 2016 y que se anexó al escrito de tutela presentado por el
actor. Así, se advierte que esta actividad de constatación en el hogar de la
accionante, ha sido postergada por parte de la UARIV más de 8 meses, pues desde
que se presentó la tutela en julio de 2016 y hasta la respuesta al auto de
pruebas en febrero de 2017, tal situación persiste.
De tal manera,
se concluye que ante las contestaciones genéricas, formales y evasivas de la
UARIV, en las que se ha abstenido, reiteradamente, de indicar una fecha cierta
y concreta para decidir sobre la petición de indemnización administrativa y el
momento en el que hará su entrega material, se hace necesario otorgar el amparo
deprecado. Por tanto, se revocará parcialmente el fallo de única instancia
proferido dentro del expediente T-5881995, que reconoció de plano la indemnización
administrativa solicitada por Albeiro David Torres, sin verificar el
cumplimiento de los requisitos requeridos para su otorgamiento. En su lugar, concederá
el amparo de los derechos fundamentales de petición, dignidad humana y mínimo
vital, pero por las razones expuestas en esta providencia, y modificando las
órdenes que con tal fin se adoptaron en la sentencia que es materia de
revisión.
Conforme a lo anterior, se ordenará a la
UARIV que en un plazo no superior a treinta (30) días, contados a partir de la
notificación de la presente providencia, se profiera acto administrativo que
decida de fondo la solicitud de indemnización administrativa elevada por Albeiro David Torres. En caso de ser procedente el
reconocimiento de dicha prestación, en el mismo acto que la reconozca se deberá
indicar un término razonable y perentorio en el que la UARIV hará su
correspondiente entrega material.
Expediente
T-5881994
7.9 En este expediente la señora Rosa
Margarita Rivera Restrepo de 74 años de edad solicitó a la UARIV el
reconocimiento de la indemnización administrativa, teniendo en cuenta que fue
desplazada de la vereda Nudillales del municipio de Uramita (Antioquia) por un
grupo al margen de la ley. Además un sobrino al que crio, fue asesinado con
ocasión del conflicto armado, y esta circunstancia sumada a los difíciles
problemas de orden público ocasionó su desplazamiento, tal como lo acreditó la UARIV
en la respuesta al auto de pruebas[95], por lo
que se ubicó en Frontino (Antioquia) donde vive con una hermana que la acogió
en su casa. En respuesta a la solicitud de indemnización administrativa de la
actora, la UARIV mediante comunicación de fecha 24 de mayo de 2016, le informó
que le entregaría la indemnización a partir del 30 de agosto de 2019.
7.10 Inconforme con la respuesta, la
actora presentó tutela pidiendo que la prestación económica reclamada se le
reconociera con urgencia, en virtud a su grave situación económica y sus quebrantos
de salud.
7.11 La UARIV respondió la solicitud de
amparo indicando que: (i) la actora estaba incluida en el Registro Único
de Víctimas; (ii) no existió vulneración en su actuación por cuanto la
petición fue contestada en forma clara, precisa y congruente con lo solicitado,
pues le informaron que la indemnización se entregaría el 30 de agosto de 2019
por estar priorizada de acuerdo con los criterios definidos en la normatividad
reglamentaria; (iii) por lo tanto, pidió negar el amparo al considerar
que existía un hecho superado[96]. Mediante
fallo de única instancia se ampararon los derechos fundamentales conculcados a
la actora y se ordenó la entrega de la indemnización administrativa dentro de
los 45 días siguientes a la notificación de la sentencia.
7.12 Es claro que la UARIV tal y como lo
sostuvo al contestar la tutela, reconoció el derecho de la accionante a recibir
ayuda humanitaria, pero no se trata de un hecho superado porque la ayuda no le
ha sido entregada efectivamente. La actora pretende recibirla en forma urgente
pues vive en condiciones de pobreza extrema.
7.13 La UARIV al determinar que la entrega material de la indemnización
administrativa se haría en el mes de agosto del año 2019, no tuvo en cuenta las
circunstancias específicas de la actora, quien es una mujer adulta mayor de 74
años con un diagnóstico de pérdida su visión en forma grave[97] que le
hace difícil valerse por sí misma. Además, de acuerdo con los antecedentes fácticos
relatados la actora no tenía a nadie que se encargara de su cuidado, por lo que
ha tuvo que vivir en casa de una hermana. En ese sentido,
ante la condición de vulnerabilidad, la indemnización administrativa se
convierte en un medio necesario y urgente para mejorar sus condiciones de vida
y así aminorar la afectación al mínimo vital que actualmente sufre.
Postergar más de tres años la entrega
material de la indemnización administrativa, a personas que como la actora, se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta derivada en buena medida de
hechos de violencia propios del conflicto armado no resultaría razonable ni
proporcional.
Como ha sostenido esta Corporación en
otras ocasiones, la razonabilidad en los trámites y tiempos de atención a la
población desplazada, debe ser analizada estrictamente, propendiendo porque los
mismos sean simples y expeditos a fin de no imponer cargas desproporcionadas a
las víctimas, pues solo de esta forma será posible garantizar la protección
especial a la que tienen derecho[98].
En el presente asunto, es necesario
tener en cuenta que si
bien la problemática del desplazamiento forzado lesiona por igual los derechos
de un conglomerado poblacional, tiene el potencial de afectar en mayor medida a
personas que sufren quebrantos de salud propios de su avanzada edad, que la
expone a una situación de mayor debilidad y vulnerabilidad que justifican la
protección constitucional prioritaria[99].
En esta oportunidad, la Corte debe conceder el amparo y, disponer
que la indemnización administrativa le sea entregada a la accionante en el
término de treinta (30) días, por cuanto en Rosa Margarita Rivera Restrepo convergen varias
condiciones de vulnerabilidad, como es: (i) que se trata de una mujer
adulta mayor de 74 años; y (ii) tiene problemas de salud que la están
dejando ciega y le dificultan valerse por sí misma.
7.14
Ahora bien, teniendo en cuenta que el fallo judicial de única instancia que es
objeto de revisión en esta sección  (expediente T-5881994), concluyó que era
prioritario acceder al pago de la indemnización administrativa sin someterla a
ningún turno, esta Sala de Revisión, atendiendo a estas mismas circunstancias que
ya se han subrayado en esta providencia, mantendrá el sentido de la decisión
Por lo tanto, se
revocará parcialmente la decisión contenida en el expediente T-5881994
examinada por esta Sala de Revisión, con el fin de conceder el amparo a los
derechos fundamentales de petición, dignidad humana y mínimo vital, pero por
las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, se ordenará a la UARIV
que en un plazo no superior a treinta (30) días, contados a partir de la
notificación de la presente providencia se haga la entrega material de la
indemnización administrativa correspondiente.
8. Conclusión
8.1
Los actos administrativos de la UARIV a través de los cuales se restrinja el
acceso a los componentes de la atención humanitaria a la población desplazada,
no podrán sustentarse en información general e indeterminada de los integrantes
del núcleo familiar. En tal sentido, la UARIV tiene la carga de: (i) precisar
cual o cuales son los integrantes del
grupo familiar de la actora en los que concurren las circunstancias que hacen
desvirtuar la extrema vulnerabilidad del hogar; y (ii) explicar
detalladamente qué tipo de información se obtuvo en los registros
administrativos o instrumentos de caracterización disponibles, a fin de que se
garantice el derecho a conocer y controvertir los elementos de convicción que
sustentan la decisión.
8.2 El accionante que en su calidad de víctima de la violencia y
del desplazamiento forzado, solicite ayuda humanitaria o indemnización
administrativa tiene derecho a que la misma sea reconocida, siempre que del
escrito de amparo o en el transcurso del trámite tutelar, se pueda advertir a
través de los medios de prueba y convicción el cumplimiento de los criterios
y parámetros previstos en la normatividad vigente para la entrega de los
componentes de atención humanitaria e indemnización administrativa. En caso de
ser procedente el reconocimiento, en el mismo acto se deberá señalar un término
razonable en el que se hará la correspondiente entrega material, ponderando el
grado de urgencia de acuerdo con la edad y las condiciones de salud del
peticionario. Si la decisión es negativa pero el solicitante no ha recibido
respuesta, el juez de tutela podrá ordenar a la entidad accionada un
pronunciamiento de fondo a través de acto administrativo.
8.3 El
accionante que en su calidad de víctima de la violencia y del desplazamiento
forzado, sea titular de la indemnización administrativa y se encuentre dentro
de los criterios de priorización previstos en el Decreto 1377 de 2014[100], tiene derecho a que su
entrega no se postergue indefinidamente. En tal caso, cuando no se fije una
fecha precisa para la entrega de la prestación económica correspondiente o la
misma se aplace en forma excesiva, el juez de tutela podrá ordenar su entrega
material dentro de un término razonable que deberá delimitar en su providencia
atendiendo a las circunstancias específicas de vulnerabilidad expuestas por el
accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política;
RESUELVE
Primero.- En relación
con el expediente T-5875158, REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de
única instancia proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó
(Antioquia) de fecha 9 de agosto de 2016, que tuteló el derecho fundamental a
la vida digna y ordenó la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la
accionante Maribel del Carmen López Cabrales. En su lugar, CONCEDER
TRANSITORIAMENTE el amparo de los derechos fundamentales de petición, dignidad
humana y mínimo vital a la actora, por las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, que en un plazo no superior a quince (15) días, contados
a partir de la notificación de la presente providencia, se reanude la
entrega de los componentes de la ayuda humanitaria a Maribel del Carmen
López Cabrales. Igualmente ADVERTIR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, que en caso de que profiera un nuevo acto administrativo que
suspenda la ayuda humanitaria, deberá verificar previamente las condiciones
materiales de la accionante y su grupo familiar, motivando de manera suficiente
tal actuación de acuerdo con las previsiones realizadas en esta providencia.
Tercero.- En relación con
el expediente T-5881995, REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de única
instancia proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino
(Antioquia) de fecha 10 de agosto de 2016, que tuteló los derechos
fundamentales a la protección especial a las víctimas, a la reparación integral
y a la indemnización administrativa en conexidad con el derecho a la vida y
mínimo vital y ordenó la entrega de la indemnización administrativa al
accionante Albeiro David Torres. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales de petición, dignidad humana y mínimo vital al
actor, por las razones expuestas en esta providencia.
Cuarto.- ORDENAR a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, que en un plazo
no superior a treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, profiera acto administrativo que decida de fondo la
solicitud de indemnización administrativa elevada por Albeiro
David Torres. En caso de ser procedente el reconocimiento de dicha prestación, en el mismo acto
se deberá indicar un término razonable y perentorio en el que se hará su
correspondiente entrega material.
Quinto.- En relación con
el expediente T-5881994, REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de única
instancia proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino
(Antioquia) de fecha 15 de julio de 2016, que tuteló los derechos fundamentales
a la protección especial a las víctimas, a la reparación integral y a la
indemnización administrativa en conexidad con el derecho a la vida y mínimo
vital y ordenó la entrega de la indemnización administrativa a la accionante Rosa
Margarita Rivera Restrepo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales a la dignidad humana y mínimo vital a la actora, por las
razones expuestas en esta providencia.
Sexto.- ORDENAR
a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, hacer la entrega
material de la indemnización administrativa a la accionante Rosa Margarita Rivera
Restrepo, en un plazo no superior a treinta (30) días, contados a partir de la
notificación de la presente providencia.
Séptimo.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En Auto
del 25 de noviembre de 2016, la Sala de Selección de Tutelas número once de
esta Corporación, dispuso la revisión de los expedientes de la referencia y su
acumulación entre sí, por presentar unidad de materia, para que sean fallados
en una sola sentencia. Los accionantes en su condición de desplazados solicitan
el reconocimiento de: (i) ayuda humanitaria; y (ii) reparación administrativa.
[2] Folio 5
del cuaderno principal del expediente T-5875158.
[3] Folio 4
del cuaderno principal del expediente T-5875158. En adelante siempre que se
cite un folio se entenderá que hacer parte del cuaderno principal.
[4] Folio 5
del expediente T-5875158.
[5] Folio
7-8 del expediente T-5875158.
[6] Ibídem.
[7] Folio 7
del expediente T-5881994.
[8] Folio
4-5 del expediente T-5881994.
[9] Ibídem.
[10] Folio 6
del expediente T-881994. Este documento aparece emitido por la Empresa Social
del Estado Hospital María Antonia Toro de Elejalde de Frontino (Antioquia) el
día 20 de mayo de 2016.
[11] Folio 7
del expediente T-881994.
[12] Folio
17-19 del expediente T-5881994.
[13] Folio
22-28. En esta comunicación de la UARIV al Juzgado Promiscuo de Familia, de
fecha 11 de agosto de 2016, la accionada da cuenta del cumplimiento del fallo e
informa que le asignó turno a la actora para la entrega de la indemnización el
día 28 de abril de 2017.
[14] Folio 6
del expediente T-5881995.
[15] De
acuerdo con la cartilla sobre indemnización administrativa a víctimas del
conflicto armado, publicada por la UARIV,  la “PAARI” hace referencia a: “El
Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral- PAARI, es una entrevista
personalizada que puede hacerse de manera presencial o telefónica, la cual
permite identificar las necesidades y capacidades actuales de las víctimas, con
el fin de facilitar el acceso a las medidas de asistencia y reparación a las
que tienen derecho.” Dicha cartilla puede consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/cartilla-090.pdf
[16] Folio 6
del expediente T-5881995.
[17] Folio 9
y 10 del expediente T-5881995. En estos documentos consta que el menor Cristian
Camilo David Londoño durante el año 2016 se encontraba cursando el grado sexto
de educación básica secundaria y que tiene 13 años de edad.
[18] Folio 4
y 5 del expediente T-5881995.
[19] Folio
13-15 del expediente T-5881995.
[20] Folio
13-31 del cuaderno de revisión del expediente T-5875158.
[21] A folio
24-25 del cuaderno de revisión del expediente T-5875158 obra Resolución No.
0600120160380185 del 10 de agosto de 2016 “Por la cual se suspende
definitivamente la entrega de los componentes de la atención humanitaria”. En
el precitado acto administrativo se indicó que luego de surtir el procedimiento
de identificación de carencias se determinó que el hogar conformado por Maribel
del Carmen López Cabrales, quien fue designada para recibir la atención
humanitaria, y que se encuentra integrado por Marlys Lagares López, Jhon Kennedy
Hernández Vargas, Marloydys Hernández López, tiene a uno de sus miembros como
cotizante dentro del régimen contributivo, circunstancia que evidencia
estabilidad en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o
parcialmente los componentes de alojamiento temporal y alimentación en torno a
su subsistencia mínima. Agrega el mencionado acto administrativo que a través
de la verificación de la información del formulario de promoción de la
Estrategia Unidos, se determinó que este hogar supera la línea de pobreza
extrema, de acuerdo con los criterios definidos por este programa pues cuenta
con capacidad para cubrir al menos los componentes de alojamiento temporal y
alimentación de la subsistencia mínima. Finalmente, en la mencionada decisión
administrativa se indica que de acuerdo con la evaluación de la información
confrontada por la Central de Información Financiera – CIFIN entidad
perteneciente a Asobancaria, se logró determinar que uno de los miembros del
hogar adquirió un producto financiero, lo cual refleja capacidad de
endeudamiento y de obtención de ingresos que le permite cumplir con sus
obligaciones financieras.
[22] “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[23] De
folio 13-31 del cuaderno de revisión del expediente T-5875158 obra respuesta de
la UARIV al auto de pruebas decretado por esta Corporación.
[24]
Constitución Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
[25]
Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud.”
Artículo 42. “Procedencia. La acción de tutela
procederá contra acciones u omisiones de particulares (…)”.
[26] T-1191
de 2004 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta sentencia los accionantes
alegan que el Presidente de la República, vulneró sus derechos fundamentales a
la honra, al buen nombre, a promover y defender los derechos humanos, y a la
integridad física y a la vida de sus miembros, al haber acusado a varias
organizaciones defensoras de derechos humanos de tener vínculos con grupos terroristas. En su decisión, la Corte señaló que
la tutela no es procedente por falta de legitimación en la causa por activa,
debido a la ausencia de identificación de los sujetos cuyos derechos pudieron
haber resultado amenazados o vulnerados con ocasión de las declaraciones del
Presidente, en tanto sus afirmaciones se dirigieron a un género de
organizaciones e individuos muy amplio (defensores de derechos humanos), lo
cual impide individualizar a las personas concretas cuyos derechos pudieron
resultar lesionados.
[27] Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones” A través de esta ley se crea la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas –
UARIV  (Artículo 166). Dentro de sus funciones se destaca la de entregar
indemnización administrativa y asistencia humanitaria a la población desplazada
(Artículo 168, numeral 7 y 16).
[28] En tal
sentido, pueden consultarse las sentencias T-1635 de 2000 (M.P José Gregorio
Hernández), T-098 de 2002 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-038 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-042 de 2009 (MP. Jaime Córdoba
Triviño), T-234 de 2009 (MP. Clara Elena Reales Gutiérrez), T-299 de 2009 (MP.
Mauricio González Cuervo), Sentencia T-840 de
2009 (M.P María Victoria Calle Correa), T-106 de 2010 (M.P Jorge Iván
Palacio), T-946 de 2011 (M.P María Victoria Calle Correa), T-218
de 2014 (M.P María Victoria Calle Correa), T-832 de 2014 (M.P Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-626 de 2016 (M.P María Victoria Calle Correa).
[29] T-598
de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez) En esta sentencia la Corte amparó
el derecho al debido proceso de una desplazada, que solicitaba que se ordenara
a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas que nuevamente
caracterizara a su grupo familiar y que procediera a separarla del núcleo en el
que originalmente se encontraba inscrita, para registrarla en uno nuevo
compuesto por ella y sus dos hijos menores de edad, nacidos luego del
desplazamiento del cual fue víctima. Lo anterior, por cuanto el sustento de su
nueva familia depende del otorgamiento de la ayuda humanitaria a su nombre.
[30] T-827
de 2007 (M.P Catalina Botero Marino) En esta decisión la Corte amparó el
derecho de una mujer y de sus dos hijas a ser reconocidas como personas en
situación de desplazamiento forzado, y en consecuencia a ser reconocidas en el
registro único de población desplazada. Lo anterior, por cuanto acción social cambio
de manera constante las razones de hecho y de derecho en las que fundamentaba
su negativa al registro y aplicó normas legales y reglamentarias al margen de
las directrices constitucionales en materia de protección especial a las
personas en situación de desplazamiento forzado.
[31] T-098 de 2002 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) En esta decisión, se
resuelven varios expedientes de tutela acumulados y se amparan los derechos
fundamentales de varias familias compuestas principalmente por mujeres cabeza
de familia, menores, ancianos y algunos indígenas, cuyas solicitudes de
atención en salud, estabilización económica y reubicación, no habían sido
atendidas por la Red de Solidaridad.
[32] En este sentido, cfr. T-526 de 2005 (M.P Jaime Córdoba
Triviño), T-016 de 2006 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), T-825 de 2007 2006
(M.P Manuel José Cepeda Espinosa), T-243 de 2008 2006 (M.P Manuel José Cepeda
Espinosa), T-883 de 2009 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[33] T-840
de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa), en esta sentencia la Corte consideró
que se vulneraba el derecho al mínimo vital y dignidad humana de la accionante
y de su núcleo familiar, al suspenderse la entrega de la ayuda humanitaria sin
haberse probado que en el caso de la actora no habían cesado las condiciones
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales. Según se
extrae de los hechos de la tutela, la accionante y su núcleo familiar fueron
desplazados por la violencia desde el año 2001, momento desde el cual fueron
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada para recibir los
beneficios de la ley 387 de 1997. Sin embargo, desde el año 2002 Acción Social
no continuó prestándole ningún tipo de ayuda humanitaria. Con fundamento en lo
anterior, la Corte concedió el amparo invocado y le ordenó a Acción Social
reanudar la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la que tenía
derecho la accionante hasta tanto las condiciones que dieron origen a la
vulneración de sus derechos fundamentales desaparecieran.
[34] En este
apartado se sigue de cerca la sentencia T-626 de 2016 (M.P. María Victoria
Calle Correa). Ahora, en relación al derecho de petición de la población
desplazada se pueden ver, entre otras, las siguientes sentencias: T-025 de 2004
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-417 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-839
de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-136 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño),
T-559 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería), T-501 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo), T-044 de 2010 (María Victoria Calle Correa), T-085 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa), T-106 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-463 de
2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-466 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-497 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-517 de 2010
(MP. Mauricio González Cuervo), T-705 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-702 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-955 de 2012 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio), T-172 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-192 de
2013 (MP Mauricio González Cuervo), T-831A de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-218 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), T-692 de 2014 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-908 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo),
T-001 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo), T-112 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), T-527 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), T-167 de 2016
(MP. Alejandro Linares Cantillo).
[35] T-172
de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) En este fallo se
ampararon los derechos fundamentales de petición, consulta previa, entre
otros, del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú. Lo anterior, por no ser incluida dentro de las reuniones efectuadas con la empresa
privada y con el Ministerio del Interior en el proceso de consulta previa para
la construcción de un puerto multipropósito en la isla de Barú, el cual sería
ejecutado a cargo de la “Sociedad Portuaria Puerto Bahía” y cuya ejecución
afectó los recursos naturales de la zona y obstaculizó la pesca artesanal que
era el sustento económico de muchas de las familias de la comunidad.
[36] (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). En esta ocasión, la Corte declaró el
estado de cosas inconstitucional en razón a la violación masiva, prolongada y
reiterada de los derechos de la población desplazada, la cual a juicio de la
Corporación, no era imputable a una única autoridad, sino que obedecía a un
problema estructural que afectaba a toda la política de atención diseñada por
el Estado. En razón de lo anterior, la Corte impartió una serie de órdenes con
el fin de solventar esa grave situación.
[37] Al
respecto pueden consultarse las sentencias T-307 de 1999 (Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-839 de 2006 (M.P Álvaro Tafur Galvis) y T-501 de 2009 (M.P Mauricio González
Cuervo), en las cuales la Corte dejó sentado que “La protección reforzada en
materia de derecho de petición es claramente exigible, más aún de las
autoridades encargadas de la superación del “estado de cosas
inconstitucional” que ha generado dicho fenómeno, en la medida que se
trata de personas que se encuentran en una situación de violación múltiple,
masiva y continua de sus derechos fundamentales”.
[38]
Sentencia T-501 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo) En este pronunciamiento
de la Sala Quinta de Revisión, se consideró que Acción Social vulneró el
derecho de petición de una mujer desplazada, al omitir dar respuesta a sus
solicitudes de la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y un plan para la
ejecución de un proyecto productivo. El Alto Tribunal en la parte resolutiva,
ordenó a la entidad accionada realizar una visita al hogar de la peticionaria a
fin de determinar su situación socioeconómica y la procedencia de la ayuda
humanitaria de emergencia.
[39] Ibídem.
[40] Sobre
la ayuda humanitaria y su prórroga pueden verse, entre otras sentencias, las
siguientes: T-419 de 2003 (M.P Alfredo Beltrán Sierra), T-645 de 2003 (M.P
Alfredo Beltrán Sierra), T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-770 de 2004
(M.P Jaime Córdoba Triviño), T-136 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño) T-496 de
2007 (M.P Jaime Córdoba Triviño), T-605 de 2008 (M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-704 de 2008 (M.P  Manuel José Cepeda Espinosa), T- 817 del 2008 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández), T-868 de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil) T-042 de
2009 (M.P Jaime Córdoba Triviño), T-840 de 2009 (M.P María Victoria Calle
Correa), T-882 de 2009 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-044 de 2010
(M.P María Victoria Calle Correa), T-419 de 2010 (M.P María Victoria Calle
Correa), T-033 de 2012 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-182 de 2012 (M.P
María Victoria Calle Correa), T-561 de 2012 (M.P María Victoria Calle Correa),
T-702 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-162 de 2013 (M.P Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-192 de 2013 (M.P Mauricio González Cuervo), T-414 de 2013
(M.P Nilson Pinilla Pinilla), T-590 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva),
T-831A de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-950 de 2013 (M.P Luis Ernesto
Vargas Silva), T-218 de 2014 (M.P María Victoria Calle Correa), T-520 de 2014
(M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-689 de 2014 (M.P Martha Victoria Sáchica
Méndez), T-707 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-112 de 2015 (M.P
Jorge Iván Palacio Palacio), T-134 de 2015  (M.P Martha Victoria Sáchica
Méndez),  T-157 de 2015 (M.P Mauricio González Cuervo), T-511 de 2015 M.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-062 de 2016 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva)
[41] M.P
Luis Ernesto Vargas Silva. En esta decisión la Sala Decima de Revisión de esta
Corporación, resolvió varios expedientes de tutela acumulados en los que el
problema jurídico era determinar si los actores eran beneficiarios o no de
ayudas humanitarias. Precisamente en uno de los expedientes la accionante
consideraba vulnerados sus derechos fundamentales a la atención humanitaria de
emergencia, a la salud y a la vivienda digna por parte del Banco Agrario de
Colombia, tras exigirle la presentación de su cédula de ciudadanía para
entregar la ayuda humanitaria asignada por la UARIV, pese a que la actora
informó que su documento de identidad fue hurtado y que solo se podía
identificar con su contraseña. Al respecto señaló la Corte que si bien la
cédula, por regla general, “permite acreditar la identidad de las personas,
también lo es que no siempre es el único mecanismo para obtener la convicción
sobre la identidad de los beneficiarios de las ayudas humanitarias. Por lo
tanto, en situaciones en las que no se disponga de la cédula de ciudadanía para
reclamar la ayuda humanitaria al Banco le asiste el deber de informar al
peticionario sobre la posibilidad de aportar medios alternativos para
determinar su identidad.”. Conforme a lo expuesto, en ese caso puntual se
ampararon los derechos fundamentales vulnerados, y que condicionaron la entrega
de la ayuda humanitaria asignada por la UARIV a la presentación de la cédula
sin tener en cuenta que la demandante contaba con la contraseña y estuvo
dispuesta a aportar medios alternativos para demostrar que era la beneficiaria
del componente humanitario.
[42]
Ver también sentencia SU-1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[43]
Ver Auto 099 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[44] En la sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte sostuvo que según los
Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, “la población
desplazada tiene derecho a la subsistencia mínima como expresión del derecho
fundamental al mínimo vital y que a través de la provisión de la ayuda
humanitaria el Estado satisface su deber imprescindible en relación con la
subsistencia mínima de esa población”. En igual sentido
pueden verse otras sentencias como la T-888 de 2013 (Luis Ernesto Vargas Silva)
En esta sentencia se ampararon los derechos de varios accionantes cuyos
expedientes se habían acumulado, en su calidad de población desplazada por la
violencia. Las acciones de tutela se habían entablado en contra de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social-, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DAPS-  y
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), con el fin de que se les protegieran sus derechos
fundamentales asociados a la ayuda humanitaria de emergencia como parte de la atención
integral a la población víctima de desplazamiento forzado.
[45]
Ver sentencias T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-136 de 2007
(MP Jaime Córdoba Triviño) y T-868 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), entre
otras.
[46] “La
entrega dispersa de la ayuda humanitaria va de la mano, en muchas ocasiones,
con la entrega incompleta de los componentes que debe cubrir dicha ayuda. Esta
situación, ha reiterado la Corte Constitucional, no sólo desnaturaliza el
propósito que debe regir la entrega de la ayuda humanitaria puesto que no llega
efectivamente a entregarse durante la etapa de emergencia, y su entrega parcial
y tardía equivale a paliar esporádicamente necesidades básicas insatisfechas
sino que se perpetúa la situación de emergencia producto del desplazamiento
forzado al permanecer la población desplazada en condiciones de vida
violatorias de su derecho al mínimo vital, poniendo en riesgo y/o vulnerando el
derecho al mínimo vital de la población desplazada.” Corte Constitucional.
Auto 099 del 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas). En la misma dirección, ver
sentencias T-451 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda) y T- 817 del 2008 (MP. Clara
Inés Vargas Hernández).
[47] T-856
de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla). En esta decisión la Corte determinó que en
el actor y su grupo familiar concurrían tres componentes de vulnerabilidad que
demandaban su protección reforzada como eran: la avanzada edad, la discapacidad
y la presencia de un menor; por lo tanto, concluyó que no se podía condicionar
el reconocimiento de la ayuda humanitaria a la necesidad de presentar una
solicitud. “Existen situaciones excepcionales de vulnerabilidad en las que
resulta desproporcionado exigir al peticionario que realice una solicitud ante
la autoridad competente y, así, debe operar la presunción que genera la
prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia, hasta que se
compruebe su efectiva estabilidad socioeconómica.”
[48]“El
Estado tiene la obligación constitucional y legal de reservar el presupuesto
necesario para proveer oportunamente la Ayuda Humanitaria de Emergencia, de
suerte que la ausencia de recursos no puede convertirse de ninguna manera en
una excusa para someter al conjunto de la población desplazada a una espera
desproporcionada de la asistencia". Sentencia T-690A de 2009 (MP. Luis
Ernesto Vargas Silva). En la misma dirección, ver las sentencias T-868
de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y T-496 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño),
esta última reiterada en los pronunciamientos T-476 de 2008 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), y T-586 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[49] “Por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en
la República de Colombia.”
[50] “Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones.” El artículo 47 de esta ley
desarrolla la garantía de la ayuda humanitaria en los siguientes términos:  “Las víctimas de que trata
el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las
necesidades que guarden relación con el hecho victimizante, con el objetivo de
socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio
en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación
de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento
de la misma”. Debe consultarse
también, el Decreto 4157 de 2011, “Por el cual se determina
la adscripción de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”,
el Decreto 4800 de 2011, “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones”, y el Decreto 4802 de 2011, “Por el cual se
establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la atención y
reparación integral a las víctimas.”
[51] M.P
Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esta sentencia que resolvió varios
expedientes acumulados, los problemas jurídicos giraron en torno a determinar
si la UARIV vulneró los derechos fundamentales a la defensa, a la igualdad, a
la vida digna y al mínimo vital, entre otros, de los accionantes y sus núcleos
familiares, cuando no priorizó la entrega de la ayuda humanitaria y dejó de
tener en cuenta las condiciones de especial vulnerabilidad de los actores. En
la decisión se protegieron los derechos de los accionantes.
[52] “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.”
[53] “Por
el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.”
Artículo 108. Ayuda humanitaria inmediata. La entidad territorial receptora
de la población víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de
alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de
cocina y alojamiento transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción
en el Registro Único de Víctimas. (…)
[54]
El parágrafo 1º del artículo 63 de la Ley 1448 de 2011
señala que: “Podrán acceder a esta ayuda humanitaria las personas que
presenten la declaración de que trata el artículo 61 de esta Ley,
y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro de los tres
(3) meses previos a la solicitud. // Cuando se presenten casos de fuerza mayor
que le impidan a la víctima del desplazamiento forzado presentar su declaración
en el término que este parágrafo establece, se empezará a contar el mismo desde
el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento, frente a
lo cual, el funcionario del Ministerio Público indagará por dichas
circunstancias e informará a la Entidad competente para que realicen las
acciones pertinentes.”
[55] “Mediante
el cual se reglamentan los artículos 182 de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65,
66, 67 y 68 de la Ley 1448 de 2011, se modifican los artículos 81 y 83 del
Decreto número 4800 de 2011, se deroga el inciso 2° del artículo 112 del
Decreto número 4800 de 2011.”
[56] Ley
1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018“. Artículo 122. Componente de alimentación en la atención
integral a las víctimas. Modifíquese los siguientes parágrafos de los artículos
47, 65 y 66 de la Ley 1448 de 2011, los cuales quedarán así: “Las entidades
territoriales en primera instancia y la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación a Víctimas subsidiariamente deberán prestar el
alojamiento y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera
inmediata a la violación de los derechos o en el momento en que las autoridades
tengan conocimiento de la misma”. “(…) La Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) deberá adelantar las
acciones pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en
situación de desplazamiento. De igual forma lo hará en coordinación con los
entes territoriales para garantizar el alojamiento temporal de la población en
situación de desplazamiento. (…)”
[57] M.P
Nilson Pinilla Pinilla En esta sentencia se declaró INEXEQUIBLE las expresiones
“máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3) más”, contenidas en el
parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y EXEQUIBLE el resto del
parágrafo, en el entendido que el término de la atención humanitaria de
emergencia previsto en esa disposición será prorrogable hasta que el afectado
esté en condiciones de asumir su autosostenimiento.
[58] “Por
la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Artículo 15
De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas
tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad
de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas. En todos los casos de
desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las
zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los
envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la
población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes
para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las
normas del Derecho Internacional Humanitario. (…)”.
[59] En tal sentido, pueden verse entre
otras las siguientes sentencias: T-312 de 2005 (M.P Jaime Córdoba Triviño), en
la cual se instó a la entonces Red de Solidaridad Social, a que se continuara
proveyendo ayuda humanitaria a una persona de 61 años con un núcleo familiar
integrado también por personas de la tercera edad, dado que (i) no
estaban en capacidad de generar sus propios ingresos; (ii) se encontraban
incluidos en el Registro Nacional de Población Desplazada por la Violencia y  (iii)
habían elevado peticiones infructuosas con el fin de que se les brindara la
ayuda humanitaria. En sentencia T-688
de 2007 (M.P Nilson Pinilla Pinilla), la Corte concedió la protección a una
persona en situación de discapacidad y víctima de desplazamiento forzado, que
solicitaba la prórroga de la ayuda humanitaria. Para ello ordenó el
restablecimiento de ésta hasta cuando se encontrara en condiciones de asumir su
sostenimiento. En
sentencia T-560 de 2008 (M.P Jaime Araujo Rentería), la Corte consideró que la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia no
depende de un término específico, sino de las necesidades materiales de quien
se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Agregó que el estatus no
depende del paso del tiempo sino del cumplimiento de condiciones materiales
gracias a las cuales los derechos fundamentales de estas personas se ven
reestablecidos. En sentencia T-157 de 2015 (M.P Mauricio González
Cuervo) se protegieron los derechos fundamentales al mínimo vital, la vida
digna y la reparación integral, presuntamente vulnerados por la decisión de la
UARIV de no suministrar de forma inmediata la prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia a un adulto mayor. Así, se consideró que dadas las particulares
condiciones del accionante y su núcleo familiar, este se encontraba en una
situación de extrema vulnerabilidad por lo que requería de la entrega inmediata
de la prórroga de la ayuda humanitaria, como único recurso para sobrellevar una
vida en condiciones de dignidad. Igualmente, en
sentencia T-062 de 2016, se ampararon los derechos fundamentales de una mujer a
la que el Banco Agrario le negó el pago de la ayuda humanitaria por no
acreditar la respectiva cédula de ciudadanía. En el fallo se señaló que la
entrega de la ayuda humanitaria no puede condicionarse a la presentación de la
cédula de ciudadanía, pues implica una carga exagerada que desconoce la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada.
Además, se señaló que en situaciones en las que la persona no disponga de
documento de identificación para reclamar la ayuda humanitaria, la entidad debe
informar al peticionario sobre la posibilidad de aportar medios alternativos
para determinar su identidad. Esta misma línea jurisprudencial ha sido
reiterada por la Corte Constitucional en varias decisiones como por ejemplo las
sentencias T-868 de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil), T-840 de 2009 (M.P María
Victoria Calle Correa), T-497 de 2010 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
T-561 de 2012 (M.P María Victoria Calle Correa), T-162 de 2013 (M.P Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-702 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) y T-950 de 2013
(M.P Luis Ernesto Vargas Silva).
[60] Ver
sentencias T-704 de 2008 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), T-702 de 2012 (M.P
Luis Ernesto Vargas Silva), T-707 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[61] T-112
de 2015 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) En esta sentencia se resolvieron
varios casos relacionados con el derecho fundamental de petición y de ayuda
humanitaria. Entre los expedientes que fueron objeto de revisión, se revocaron
algunas decisiones que habían negado la tutela como medio para proteger el
derecho a la ayuda humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado y la
prórroga de la misma. En tal sentido, se ordenó a la UARIV que les otorgara la
ayuda humanitaria requerida, en los términos de los artículos 63 a 65 de la Ley
1448 de 2011 y del Decreto 4800 de 2011, hasta que los actores se encuentren en
condiciones de asumir su autosostenibilidad. También ordenó las prórrogas
automáticas de la ayuda humanitaria por tratarse de víctimas que por su
situación de especial vulnerabilidad, pues dada sus condiciones derivadas de un
enfoque diferencial, los cobija la presunción constitucional de prórroga
automática de ayuda humanitaria.
[62] Ver
sentencias T-182 de 2012 y T-218 de 2014 (M.P María Victoria Calle Correa) En
igual sentido, el Decreto 2569 de 2014 (Mediante el cual se reglamentan los
artículos 182 de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1448 de
2011, se modifican los artículos 81 y 83 del Decreto número 4800 de 2011, se
deroga el inciso 2° del artículo 112 del Decreto número 4800 de 2011”) en
su artículo 7º dispone los criterios para la entrega de la atención humanitaria
señalando: “Atendiendo lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto número 4800
de 2011, la entrega de los componentes de la atención humanitaria a las
víctimas del desplazamiento forzado se fundamenta en los siguientes criterios:
1. Vulnerabilidad en la subsistencia mínima. Para los efectos de lo previsto en
el artículo 62 de la Ley 1448 de 2011 y en el Capítulo V del Título VI del
Decreto número 4800 de 2011 se entenderá como vulnerabilidad en la subsistencia
mínima la situación de una persona que presenta carencias en los componentes de
la atención humanitaria a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del
artículo 5° de este decreto. 2. Variabilidad de la atención humanitaria. Los
montos y componentes de la atención humanitaria dependerán de la vulnerabilidad
de cada hogar, determinada con base en la evaluación de las condiciones y las
características particulares, reales y actuales de cada uno de sus miembros, en
el marco de la aplicación del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación
Integral a las Víctimas (MAARIV). 3. Persona designada para recibir la atención
humanitaria. La atención humanitaria se entregará al integrante del hogar que
se designe como su representante según las preferencias, costumbres,
condiciones y características particulares del hogar. 4. Temporalidad. La
entrega de atención humanitaria dependerá de las carencias en los componentes
de alojamiento temporal y/o alimentación de los hogares solicitantes y de la
relación de estas carencias con el hecho del desplazamiento. Esta entrega
deberá suspenderse definitivamente cuando se dé cualquiera de las condiciones
descritas en el artículo 21 de este decreto.”
[63] M.P
Luis Ernesto Vargas Silva. Auto por medio del cual se hace una “Evaluación
de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas
Inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del
seguimiento a los autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011”.
[64] Página
226 y 227 del Auto 373 de 2016.
[65] Si bien
al juez constitucional no le corresponde analizar por vía de tutela el
presupuesto que manejan las entidades accionadas, sí está dentro de sus
atribuciones amparar los derechos fundamentales vulnerados por la omisión de
las autoridades encargadas de desarrollar políticas y programas de prevención,
atención y protección a personas desplazadas. Un ejemplo adicional a los que
aquí se han mostrado es la sentencia T-419 de 2003 (M.P Alfredo
Beltrán Sierra). En este caso se estudiaron dos expedientes de tutela
acumulados relacionados con atención y protección a la población desplazada; en
el primer caso se otorgó la ayuda humanitaria requerida pero la misma era
insuficiente, y en el segundo caso no se prestó ningún apoyo ni colaboración
humanitaria. En su decisión, la Corte concede la tutela para que
se les otorgue a los actores la ayuda humanitaria de emergencia prevista por la
ley 387 de 1997, relacionada con vivienda, programas de capacitación laboral,
orientación y aprobación de un proyecto productivo, así como apoyo en temas de
educación y atención en salud.
[66] Como se
indicó en la sentencia T-197 de 2015 (M.P Martha Victoria Sáchica Méndez), la
indemnización de las víctimas como componente de la reparación integral, puede
garantizarse por vía judicial y/o administrativa. En la reparación judicial se
investiga y sanciona al responsable de las violaciones de derechos y se le
obliga a responder económicamente por los daños materiales y morales
ocasionados a las víctimas, siendo necesario la identificación y evaluación del
daño de cada víctima, la utilización de evidencia para establecer exactamente
las pérdidas. No obstante, la vía judicial no es idónea ni adecuada frente a
violaciones masivas y sistemáticas de derechos ocurridas en un extenso período
de tiempo, pues este es un medio viable en contextos en los que las violaciones
de derechos son la excepción, el número de víctimas es más reducido y en los
que es más fácil recoger evidencia y probar los daños particulares. A diferencia
de la reparación judicial, la que se realiza en sede administrativa se sustenta
en el principio de subsidiariedad y complementariedad, aunque se encuentran
sometidos a ciertas restricciones que impiden una compensación plena
equivalente a la de la reparación judicial, dado que su finalidad es reparar al
mayor número de personas de manera justa y adecuada. Por este vía es posible la
determinación de montos indemnizatorios menores a los de la justicia ordinaria,
en virtud al universo de destinatarios y a las medidas de impacto que se
buscan. La indemnización por vía administrativa se caracteriza por ser un
proceso más flexible y ágil que la reparación judicial y promover el acceso de
todas las víctimas, quienes cuentan con el contrato de Transacción, mediante el
cual la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las
sumas que el Estado debe reconocerle por concepto de su victimización, con el
objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente;
lo anterior, siempre y cuando se cuente con la consentimiento de la víctima.
Sin embargo, en aquellos casos en donde las víctimas hayan sufrido graves
violaciones a sus derechos humanos, tales como delitos de lesa humanidad, la
víctima per se no estaría renunciando a una reclamación judicial, conforme a
los lineamientos jurisprudenciales.
[67] Decreto
4800 de 2011 “por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y
se dictan otras disposiciones”.
[68] Decreto
4800 de 2011, “Artículo 155 Régimen de transición para solicitudes de
indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del presente
decreto. Las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas en
virtud del Decreto 1290 de 2008, que al momento de publicación del presente
decreto no hayan sido resueltas por el Comité de Reparaciones Administrativas,
se tendrán como solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas y
deberá seguirse el procedimiento establecido en el presente decreto para la
inclusión del o de los solicitantes en este Registro. Si el o los solicitantes
ya se encontraren inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, se
seguirán los procedimientos establecidos en el presente decreto para la entrega
de la indemnización administrativa. Si de la descripción de los hechos
realizada en las solicitudes se desprende que los hechos victimizantes
ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con los requisitos para acceder a la
indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
no incluirá al o a los solicitantes en el Registro Único de Víctimas pero
otorgará la indemnización administrativa. De esta situación se le informará
oportunamente al o a los solicitantes. Parágrafo 1°. El o los solicitantes a
los que se refiere el presente artículo tendrán derecho al pago de la
indemnización administrativa de forma preferente y prioritaria, mediante la
distribución y en los montos consignados en el Decreto 1290 de 2008, siempre
que sean incluidos en el Registro Único de Víctimas, se encontraren inscritos
en el Registro Único de Población Desplazada o se les reconociere la
indemnización administrativa en los términos del inciso segundo. Parágrafo 2°.
Las solicitudes de indemnización por vía administrativa presentadas después de
la promulgación de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Ley 418 de 1997, con
sus respectivas prórrogas y modificaciones, se regirán por las reglas establecidas
en el presente decreto. Parágrafo 3°. Cuando sea necesario acopiar información
o documentos adicionales para decidir sobre la solicitud de reparación por vía
administrativa presentada en el marco del Decreto 1290 de 2008, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
deberá impulsar el trámite manteniendo el caso en estado de reserva técnica.
Mientras una solicitud permanezca en estado de reserva técnica no se entenderá
como decidida de manera definitiva.”
[69] Estos montos de indemnización podrán
ser otorgados a todas las víctimas que tengan derecho a esta medida de
reparación (parágrafo 1º) y, por cada víctima se adelantará sólo un trámite de
indemnización por vía administrativa al cual se acumularán todas las
solicitudes presentadas respecto de la misma (parágrafo 2º).
[70] Decreto
4800 de 2011, “Artículo 150. Distribución de la indemnización. En caso de
concurrir varias personas con derecho a la indemnización por la muerte o
desaparición de la víctima, de conformidad con el inciso 2° del artículo 3° de
la Ley 1448 de 2011, el monto de la indemnización administrativa se distribuirá
así: 1. Una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%)
del monto estimado de la indemnización será entregada al cónyuge, compañero o
compañera permanente o pareja del mismo sexo y el otro cincuenta por ciento
(50%) se distribuirá entre los hijos; 2. A falta de cónyuge, o compañero o
compañera permanente o pareja del mismo sexo, el cincuenta por ciento (50%) del
monto estimado de la indemnización será distribuido entre los hijos, y el otro
cincuenta por ciento (50%) entre los padres supérstites; 3. A falta de hijos,
el cincuenta por ciento (50%) del monto estimado de la indemnización será
pagado al o a la cónyuge, o compañero o compañera permanente o pareja del mismo
sexo, y el otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre los padres
supérstites; 4. En el evento en que falten los padres para los casos
mencionados en los numerales 2 y 3 anteriores, el total del monto estimado de
la indemnización será entregado al cónyuge, o compañero o compañera permanente
o pareja del mismo sexo o distribuido entre los hijos, según sea el caso; 5. A
falta de cónyuge, o compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo,
hijos y padres, el total del monto estimado de la indemnización será entregado
a los abuelos supérstite; 6. A falta de todos los familiares mencionados en los
numerales anteriores, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas reconocerá una indemnización de manera
simbólica y pública.”
[71]
El inciso tercero del artículo 151 del Decreto 4800 de 2011 dispone: “Para el pago de la indemnización administrativa la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
no deberá sujetarse al orden en que sea formulada la solicitud de entrega, sino
a los criterios contemplados en desarrollo de los principios de progresividad y
gradualidad para una reparación efectiva y eficaz, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 del presente decreto”.
[72] Decreto
1377 de 2014. “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 132 de la
Ley 1448 de 2011 y se modifica el artículo 159 del Decreto número 4800 de 2011
en lo concerniente a la medida de indemnización a las víctimas de
desplazamiento forzado, se regulan algunos aspectos de retorno y reubicación y
se dictan otras disposiciones.” Los criterios de priorización para la
entrega de la indemnización administrativa fueron actualizados por la
Resolución 00090 del 17 de febrero de 2015 expedida por la UARIV.
[73] Decreto
1377 de 2014, artículo 7.
[74] En el
Decreto 2569 de 2014 “Mediante el cual se reglamentan los artículos 182 de
la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1448 de 2011, se
modifican los artículos 81 y 83 del Decreto número 4800 de 2011, se deroga el
inciso 2° del artículo 112 del Decreto número 4800 de 2011”, se fijan los criterios técnicos con los cuales se evalúa
la superación de la situación de vulnerabilidad derivada del hecho victimizante de desplazamiento forzado.
[75] Folio
1-6 del expediente T-5875158.
[76] Folio
1-10 del expediente T-5881995.
[77] Específicamente,
esta Sala de Revisión solicitó a la UARIV en el mencionado auto de pruebas, que
con relación a los accionantes: (i) remitiera copia del Registro Único de
Víctimas; (ii) informara  si cumplen con los requisitos previstos en la
normatividad legal vigente para que se les reconozca las prestaciones
reclamadas; y (iii) remitiera copia de las actuaciones administrativas que ha
realizado para el reconocimiento y entrega efectiva de las prestaciones.
[78]De folio
13-31 del cuaderno de revisión del expediente T-5875158, obra respuesta de la
UARIV al auto de pruebas decretado por esta Corporación.
[79] Tal
decisión se adoptó mediante acto administrativo calendado el 10 de agosto de
2016. Las razones fueron que uno de los miembros del hogar aparece como
cotizante dentro del régimen contributivo, igualmente es beneficiario de un
crédito financiero, y además, que de acuerdo con la verificación de la
información del formulario de promoción de la Estrategia Unidos, se determinó
que este hogar supera la línea de pobreza extrema (folio 24-25 del cuaderno de
revisión del expediente T-5875158).
[80] Decreto
2591 de 1991 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política'', artículo 19 y 20. Artículo
19.-Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra
quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la
documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión
injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad. El
plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sean la índole
del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los
informes se considerarán rendidos bajo juramento. Artículo 20.-Presunción de
veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa.
[81] T-825
de 2008 (M.P Mauricio González Cuervo). En esta decisión se ampara el derecho a
la estabilidad laboral reforzada de una mujer que fue desvinculada durante el
embarazo y a la cual no le fue pagada su indemnización por despido sin justa
causa. En este caso se aplicó la
presunción de veracidad frente a la
manifestaciones hechas por la accionante, dando por sentado que ella informó al
empleador sobre su estado de embarazo un mes antes de que se produjera el
despido
[82] Sobre la
presunción de veracidad en materia de desplazamiento forzado pueden verse,
entre otras sentencias, las siguientes: T-268 de 2003 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-721 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1094 de 2004 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-563 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-1144 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-086 de 2006 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández), T-468 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-110 de
2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-630 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-821 de 2007 (M.P. Catalina Botero Marino), T-156 de 2008 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-458 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T 299
de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-541 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-169 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-179 de 2010
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-517 de 2010 (M.P. Mauricio González
Cuervo), T-746 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-423 de 2011 (M.P.
Juan Carlos Henao Pérez), T-092 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-441
de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-579 de 2012 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-218 de 2014 (María Victoria Calle Correa), T-675 de
2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-680 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-068 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[83] T-169
de 2010 (M.P Mauricio González Cuervo). En esta decisión se amparan los
derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la
seguridad social, entre otros, de varias personas en situación de
desplazamiento por la falta de respuestas de fondo, clara y oportunas a los
derechos de petición interpuestos por los accionantes, donde solicitaron la
entrega de las ayudas humanitarias contempladas en la Ley 387 de 1997 por parte
de Acción Social. Asimismo, por la negativa de dicha entidad de inscribir en el
RUPD a una de las demandantes y a su menor hija. En esta decisión la Corte
sostuvo que: “al presumirse la buena fe se da
una inversión de la carga de la prueba correspondiendo al funcionario
administrativo que vaya a negar el registro por falsa información, el probar
que tal hecho no ocurrió. El no tener conocimiento de la ocurrencia del mismo
no es ni siquiera indicio de su no ocurrencia. Como ha establecido la Corte en
reiteradas ocasiones, en las situaciones de desplazamiento se pueden encontrar
hechos silenciosos o sutiles de difícil naturaleza probatoria y no por tal
dejan de ser causa justificada de desplazamiento. Por lo tanto, al no haberse
desvirtuado la afirmación del accionante de una manera idónea esta es veraz por
la aplicación del principio de buena fe”.
[84] T-327
de 2001 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra). En
esta decisión la Corte indicó que ante la sistemática violación de los derechos
fundamentales de la población desplazada los funcionarios encargados de
recibirles declaración para la inscripción en el Registro Único de Víctimas,
deben tener en cuenta que: “(i) la mayoría de las personas desplazadas por
la violencia provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso
es exigua -motivo por el cual el grado de analfabetismo es alto-; (ii) en
muchas ocasiones quien es desplazado por la violencia proviene de contextos en
los cuales se ha educado a las personas en una especie de "temor
reverencial" hacia las autoridades públicas; (iii) en el momento de rendir
un testimonio ante las autoridades, el grado de espontaneidad y claridad con el
que podrían hacerlo se reduce considerablemente; (iv) a las circunstancias del
entorno de origen de los desplazados, se añaden las secuelas de la violencia.
No es fácil superar el trauma causado por los hechos generadores del
desplazamiento forzado. Esta situación puede conllevar traumas sicológicos,
heridas físicas y afectivas de difícil recuperación, además de la inminente
violación de derechos humanos que se da desde que la persona es víctima del
delito de desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento del
desplazado al momento de rendir la declaración; y (v) el temor de denunciar los
hechos que dieron lugar al desplazamiento hace que no exista espontaneidad en
su declaración.”
[85] Ibídem.
[86] La Corte ha sostenido
que en materia de desplazamiento forzado es el Estado quien tiene la carga de
probar que las declaraciones de la persona no corresponden a la verdad. Por
ejemplo, en sentencia T-563 de 2005 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra)  la
Corte indicó algunas pautas que deben guiar la valoración de las declaraciones
de quienes solicitan la inscripción en el Registro Único de Víctimas (Antes
Registro Único de Población Desplazada). En aquella oportunidad sostuvo: “en
primer lugar,  debe presumirse la buena fe de los peticionarios, no sólo en
virtud del artículo 83 de la Carta, sino en atención a los factores antes
citados, lo cual conlleva un desplazamiento de la carga de la prueba hacia la
dependencia de la Red encargada del registro. En segundo lugar, ha indicado que
en caso de duda sobre la veracidad de los hechos declarados, debe favorecerse
al desplazado, sin perjuicio de que una vez que se le ha comenzado a brindar
asistencia se revise su caso y se tomen las medidas que correspondan. Para terminar,
ha afirmado que la Red no puede negar la inscripción de una persona en el RUPD
por el simple hecho de encontrar contradicciones en sus declaraciones. En estos
eventos, la Corte ha señalado que, en tanto se invierte la carga de la prueba,
le corresponde a la Red probar que las declaraciones del peticionario son
falsas, de manera que sin tal prueba no puede negar el registro y la entrega de
las ayudas. Por último y en concordancia con lo anterior, si una persona
desplazada afirma haber realizado una declaración sobre los hechos que dieron
lugar a su traslado y aporta certificación al respecto proveniente de una de
las autoridades previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red
de Solidaridad debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a
la solicitud de inscripción. En este orden, si la declaración no fue remitida a
una de sus unidades territoriales, no podrá concluir sin prueba adicional, que
la declaración no se realizó, sino que tendrá que tomar una nueva declaración al
peticionario y efectuar su respectiva valoración.”
[87] M.P
Juan Carlos Henao Pérez. En esta decisión la Corte amparó los derechos de la
población desplazada que reclamaba la entrega de ayuda humanitaria de
emergencia y se insistió acerca de la labor probatoria del juez constitucional.
Asimismo, en la parte resolutiva de la decisión se instó a los jueces de
instancia para que velaran por el amparo de los derechos fundamentales y en
caso de duda acerca de la transgresión de estos, ejecutaran de oficio acciones
tendientes a adquirir certeza que guíe la resolución del asunto puesto a su
consideración.
[88] M.P
Jorge Iván Palacio Palacio.
[89] En la
sentencia T-999 de 2012 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) citada en la sentencia
T-675 de 2014 que aquí se comenta, se resolvió un asunto donde el accionante
afirmaba ser beneficiario de ayuda humanitaria dada su condición de desplazado,
sin que fuera aportada ninguna prueba que así lo acreditara. En esa oportunidad
la Corte resaltó la importancia de que existan medios de prueba suficientes
para poder ordenar la entrega de sumas dinerarias y con ello evitar la
posibilidad de defraudación. Sostuvo en aquella oportunidad: “En síntesis,
si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado que la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para hacer valer los derechos fundamentales de la
población desplazada, también ha hecho alusión a que el reconocimiento por este
medio de prestaciones económicas como las ayudas humanitarias, exige acreditar,
aunque sea sumariamente, los requisitos que configuran la acreencia. Dentro de
estos aspectos mínimos que deben ser probados se encuentra precisamente el que
el accionante tenga la condición de beneficiario. De la misma forma, en virtud
del principio de reciprocidad (art. 95 Superior) los particulares tienen
deberes que deben respetar en sus actuaciones ante las autoridades,
especialmente cuando acuden a la acción de tutela. Dentro de estos se
encuentran los de la buena fe y de colaboración con la administración de
justicia (arts. 83 y 95 Superiores), lo cual implica un comportamiento leal y
con probidad como parte de las condiciones mínimas para vivir en sociedad.
Desde el punto de vista procesal, a los jueces les corresponde prevenir,
remediar, sancionar y denunciar los hechos que resulten contrarios a estos
postulados (arts. 37 del CPC y 42 CGP)”. En esta sentencia la Corte declaró
improcedente el amparo, por cuanto en sede de revisión se pudo determinar que
la accionante no se encontraba registrada en las bases de datos de la UARIV
como beneficiaria de dichos auxilios. Sumado a ello, no fue recibida prueba
alguna por parte de esta en donde se acreditara aunque fuera sumariamente su
condición, aun cuando ello le fue solicitado mediante auto de pruebas.
[90] Por
ejemplo, dentro de los criterios y parámetros que se deben tener en cuenta para
la entrega de los componentes de la atención humanitaria a las víctimas del desplazamiento
forzado, el Decreto 2569 de 2014 destaca los siguientes: (i) la vulnerabilidad
en la subsistencia mínima , la cual se presenta en aquellos hogares que por sus
características socio demográficas y económicas particulares y por su
conformación para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, no
puedan cubrir por sus propios medios los componentes de subsistencia mínima en
materia de alojamiento temporal y alimentación ; (ii) la variabilidad de la
atención humanitaria de acuerdo con la evaluación de vulnerabilidad de cada
hogar; (iii) la persona designada para recibir la ayuda humanitaria, la cual
debe ser un integrante del hogar; y (iv) la temporalidad, la cual depende de
las carencias en materia de alojamiento temporal y alimentación. En igual
medida, tratándose de los criterios de priorización para la estimación del
monto de la indemnización por vía administrativa, el Decreto 1084 de 2015
dispone que deberá tenerse en cuenta: la naturaleza y el impacto del hecho
victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la
víctima, desde un enfoque diferencial.
[91] Al
respecto puede consultarse la Resolución 00351 del 8 de mayo de 2015, “por
la cual se desarrolla el procedimiento para la entrega de la atención
humanitaria de emergencia y de transición a la víctimas de desplazamiento
forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas”.
[92] A folio
24-25 del cuaderno de revisión del expediente T-5875158 obra la Resolución No.
0600120160380185 del 10 de agosto de 2016 “Por la cual se suspende
definitivamente la entrega de los componentes de la atención humanitaria”
[93] Esta
información según relata la UARIV, se obtuvo a través de la RUAF (Registro
Único de Afiliación) que contiene la información de todos los afiliados al
sistema integral de seguridad social; e igualmente, de la CIFIN (Central de
Información Financiera), encargada de llevar un control de todas las personas
que han  adquirido productos financieros.
[94] Así lo
indicó la Corte Constitucional en el Auto 099 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas
Silva), proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de
2004. En la parte resolutiva del mencionado auto la Corte ordenó a la UARIV que
se abstenga de negar la solicitud de ayuda humanitaria de la población
desplazada a partir de la sola verificación de su afiliación al régimen
contributivo de seguridad social; la sola consideración de un número
determinado de ayudas entregado con anterioridad; o cualquier otro requisito,
formalidad y apreciación que no sea fiel con la situación en la que se encuentra
la población desplazada, o que no se encuentre establecida en la ley. Además
agregó que  tal decisión de negar la atención humanitaria, por el contrario,
siempre tiene que atenerse a las condiciones materiales y a las circunstancias
reales en las que se encuentra este grupo poblacional. Igualmente, la Corte en
sentencia T-888 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), decidió la solicitud
de amparo de varios accionantes que se encontraban en situación de
desplazamiento y a los cuales la UARIV les había negado la entrega de una
prórroga de ayuda humanitaria, debido a que se encontraban afiliados al régimen
contributivo en salud, lo que en criterio de la accionada permitía inferir, que
habían alcanzado su auto sostenimiento económico. En la mencionada decisión se
indicó que “la falencia detectada en la entrega efectiva de la ayuda
humanitaria de emergencia o de su prórroga, justificada en la presunción de la
superación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta por la sola
afiliación al sistema a la seguridad social, vulnera de plano, el derecho al
mínimo vital y a la mínima subsistencia de quienes reclaman la entrega de dicha
ayuda.”
[95] A folio
17 del cuaderno de revisión del expediente T-5875158, la UARIV dando respuesta
al auto de pruebas decretado en sede de revisión señaló que la accionante Rosa
Margarita Rivera Restrepo se encontraba incluida en el Registro Único de
Víctimas por el hecho victimizante desplazamiento forzado ocurrido el
27/04/2000 en el municipio de Uramita (Antioquia), situación que fue valorada
por la UARIV el 06/02/2013.
[96] Folio
11-16 del expediente T-5881994.
[97] A folio
6 del expediente T-5881994 obra autorización de servicios de salud para
consulta externa de oftalmología, dada por la ESE Hospital María Antonia Toro
de Elejalde de Frontino (Antioquia) de fecha 23/05/2016. En dicha autorización
se indica que le han diagnosticado catarata lo cual le hace ver nubado en ambos
ojos.
[98] T-293
de 2015 (M.P Gloria Stella Ortiz Delgado) En esta sentencia se resolvieron
varios expedientes de tutela acumulados y dirigidos contra la UARIV y el DPS,
al considerar los accionantes vulnerados los derechos fundamentales de
petición, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la reparación
integral, al mínimo vital, y al debido proceso, ya que, en su criterio dichas
entidades no contestaron de fondo los derechos de petición interpuestos para
obtener la indemnización administrativa, a la que consideraban tener derecho.
En la decisión se otorga el amparo y se ordena hacer efectiva la indemnización
administrativa dentro de la vigencia fiscal del año en el que se profiere el
fallo.
[99] En
relación con procedencia de la acción de tutela para adelantar los turnos en la
asignación de beneficios de la población desplazada, en ciertas circunstancias
la Corte ha ordenado darle prioridad a sujetos aún más vulnerables, dentro de
la misma población desplazada. Por ejemplo, en sentencia T-919 de 2006 (M.P
Manuel José Cepeda Espinosa) se señaló que entre el grupo poblacional de personas
desplazadas, que de por sí amerita un tratamiento especial por su condición
víctimas de la violencia, pueden hallarse casos en los que la indefensión y
vulnerabilidad este acentuada frente a la generalidad de personas desplazadas.
En tales eventos, dadas las condiciones concurrentes de debilidad que les
asisten se hace necesario dar un trato prioritario. En ese caso particular, se
ordenó la entrega prioritaria de un subsidio de vivienda de interés social a
una familia desplazada en la que uno de sus miembros, menor de edad, sufría una
grave enfermedad.
[100]
Decreto 1377 de 2014 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 132
de la Ley 1448 de 2011 y se modifica el artículo 159 del Decreto número 4800 de
2011 en lo concerniente a la medida de indemnización a las víctimas de
desplazamiento forzado, se regulan algunos aspectos de retorno y reubicación y
se dictan otras disposiciones.”; “Artículo  7°. Indemnización individual
administrativa para las víctimas de desplazamiento forzado. La indemnización
administrativa a las víctimas de desplazamiento forzado se entregará
prioritariamente a los núcleos familiares que cumplan alguno de los siguientes
criterios: 1. Que hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima
y se encuentre en proceso de retorno o reubicación en el lugar de su elección.
Para tal fin, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
formulará, con participación activa de las personas que conformen el núcleo
familiar víctima un Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI).
2. Que no hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima debido
a que se encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad
manifiesta debido a la condición de discapacidad, edad o composición del hogar.
3. Que solicitaron a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas acompañamiento para el retorno o la reubicación y este no pudo
realizarse por condiciones de seguridad, siempre y cuando hayan suplido sus
carencias en materia de subsistencia mínima. Parágrafo. La Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas ejercerá la coordinación interinstitucional
para verificar las condiciones de seguridad de la zona de retorno o reubicación
en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, y para
promover el acceso gradual de las víctimas retornadas o reubicadas a los
derechos a los que hace referencia el artículo 75 del Decreto número 4800 de
2011.” Estos criterios de priorización para la entrega de la indemnización
administrativa han sido complementados por la Resolución 00090 del 17 de
febrero de 2015 expedida por la UARIV.