T-613-10
Sentencia T-613/10
Sentencia
T-613/10
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Reconocimiento y pago
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION-Procedencia excepcional
De
manera excepcional la acción de tutela es procedente para reconocer y exigir el
pago de prestaciones pensionales. Ello, cuando quiera que: (i) no exista otro
medio de defensa. La Sala estima que en esta oportunidad la procedibilidad del
amparo constitucional se encuentra estrechamente vinculada al estudio de las
presuntas violaciones a los derechos fundamentales del actor y a las
condiciones especiales del presente asunto. Esto significa que la probable
vulneración iusfundamental incide directamente en la procedibilidad del amparo
solicitado. Por tanto, en el desarrollo del caso concreto, con el objeto de
evaluar la presunta vulneración alegada y la plausibilidad de una eventual orden
de amparo constitucional, se hará un análisis que integrará, al mismo tiempo,
el estudio de los requisitos formales de procedibilidad y materiales de
prosperidad de la acción de tutela judicial, o que existiendo, se establezca
que atendiendo a las condiciones del caso concreto y de quien reclama el
amparo, éste no resulta idóneo y eficaz para obtener la protección del derecho
presuntamente conculcado. En este evento, el amparo procede de manera
definitiva; (ii) a pesar de existir un medio ordinario de protección judicial
idóneo y eficaz, se haga necesario evitar la consumación de un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales del actor, evento en el cual la
tutela procederá en forma transitoria. Adicionalmente, para la prosperidad
material de la acción de tutela, el operador judicial debe advertir que (a)
exista prueba sobre la titularidad del derecho pensional reclamado y del
ejercicio de cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la
protección demandada y; (b) la afectación del mínimo vital del peticionario
esté demostrada en el proceso.
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Trámites administrativos no pueden obstaculizar el
reconocimiento del derecho a quien ya ha reunido los requisitos para acceder a
esta
Una
vez la persona cumple los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico
para acceder a una pensión, le son inoponibles las diferentes disputas que se
pudieren presentar entre las entidades potencialmente obligadas a garantizar su
derecho prestacional. En estos eventos, procede la acción de tutela para
amparar sus derechos fundamentales y remover los obstáculos que impiden el goce
efectivo del derecho fundamental a la seguridad social en su faceta pensional,
ordenando el pago de la prestación a la entidad que se presente, en principio,
como la principal obligada, y facultándola para que dentro de un término
razonable acuda a la respectiva jurisdicción especializada a discutir su
responsabilidad.
PENSION DE INVALIDEZ-Fundamentos normativos
(i) la pensión de invalidez contemplada en el artículo
39 de la ley 100 de 1993 ha sido objeto de diversas modificaciones por parte
del legislador, consagrando durante sus distintas vigencias requisitos
disímiles para su reconocimiento; (ii) por regla general la norma aplicable a
un trabajador que reclama su pensión de invalidez es aquella que estaba vigente
a la fecha de la estructuración de la invalidez y; (iii); las personas cuya
invalidez se estructuró entre el 28 de enero de 2003 y el 12 de noviembre del
mismo año, están cobijadas por la versión original del artículo 39 de la ley
100 de 1993, por ser esta disposición la que les otorga una condición más
favorable para el acceso a dicha prestación. En esa dirección, para hacerse
acreedor a la pensión de invalidez, este grupo poblacional debe reunir los
siguientes requisitos: “a) que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez” o; b)
que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca el estado de invalidez”
PENSION DE INVALIDEZ A CARGO DE GOBERNACION-Caso en que no se perfeccionó la afiliación a un
fondo de pensiones del demandante
La
Corte concluye que la gobernación departamental es la encargada de reconocer y
pagar la pensión de invalidez a la que tiene derecho el accionante. En esa
dirección, el ente departamental, al negar la pretensión pensional del
accionante a través de resolución 1416 de 2007 y abstenerse de resolver de
fondo la nueva petición que realizara el demandante en escrito del 31 de julio
de 2008, vulneró los derechos constitucionales a la seguridad social y al
mínimo vital del peticionario, el Departamento de Sucre, al no perfeccionar la
afiliación a un fondo de pensiones de su trabajador, comprometió su
responsabilidad en el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del
accionante, y debía por ello asumir la carga de liquidar y sufragar la misma. Atendiendo
a la condiciones del caso concreto la Corte observa que debido a: (i) la
precaria situación económica y médica del accionante; (ii) su avanzada edad y
condición de discapacidad; (iii) los diferentes obstáculos que para alcanzar el
goce y disfrute a una pensión de invalidez ha tenido que afrontar de manera
injustificada desde el año 2006 y; (iv) la ausencia en el proceso ordinario
laboral de un dictamen que se ajuste a la realidad de su situación fisiológica;
hace impostergable la adopción de medidas de protección constitucional que no
podrían realizarse oportunamente a través de los mecanismos ordinarios de
defensa judicial. Así las cosas, la situación planteada revela al Tribunal
Constitucional, que la acción de tutela impetrada por el accionante contra el
departamento de Sucre y otros, resulta procedente ante la manifiesta ineficacia
que los mecanismos ordinarios de defensa judicial muestran en el presente caso.
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Caso en que la Corte Constitucional autoriza al
demandante a retirar la demanda ordinaria laboral que cursa en Juzgado Laboral
En
el presente asunto, obra un dictamen de calificación de invalidez allegado por
el accionante en sus demandas ante el juez constitucional de tutela y el
ordinario laboral, en el que la junta regional de calificación de invalidez de
Sucre lo declara inválido con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del
69.10% y le señala como fecha de estructuración el 28 de abril de 2008.
Asimismo, aparece un documento enviado a esta Corporación por dicha junta
regional, en el que se informa que la fecha de estructuración de la invalidez
del actor corresponde en realidad al 16 de junio de 2003. Así, en tanto que en
el proceso que se tramita ante el juez laboral únicamente se incorporó el
documento que contiene el dictamen proferido por la junta regional de Sucre el
6 de mayo de 2008 y que fija como fecha de estructuración de la invalidez el 28
de abril de 2008, el juez de dicha causa no tendría la posibilidad de evaluar
la aplicabilidad del artículo 11 de la ley 797 de 2003, e incluso del artículo
39 de la ley 100 de 1993 en su versión original, normas estas que, de una
parte, son más favorables al peticionario y, de otra, presumiblemente
conducirían a dictar fallos contradictorios entre sí en las jurisdicciones
ordinaria y constitucional, pues el accionante no cumpliría con el requisito de
cotización de las 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores
a la fecha de estructuración de la invalidez, regla que el juez ordinario
aplicaría al actor en virtud de la fecha de estructuración del dictamen de
calificación de invalidez que reposa en dicho proceso. Por esta razón, y toda
vez que se demostró que el actor reúne los requisitos para acceder a una
pensión de invalidez, se encuentra en condición de extrema vulnerabilidad y la
acción de tutela resulta procedente de manera definitiva ante la manifiesta
ineficacia que los medios ordinarios de defensa judicial representan en el
presente caso, el Tribunal Constitucional autorizará al accionante a retirar la
demanda ordinaria laboral que cursa en el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Sincelejo, sin perjuicio de la facultad que le asiste por ministerio de la
ley al departamento de Sucre, de acudir a la jurisdicción competente a discutir
su responsabilidad en el pago de la pensión de invalidez del peticionario,
proceso en el cual podrá igualmente buscar el reintegro, de parte de quien allí
resulte condenado, de los dineros que hubiere pagado en cumplimiento de la
sentencia de revisión proferida por la Corte en el presente asunto.
Referencia:
expediente T-2435445
Acción de tutela de Filiberto Enrique  Román Beltrán contra la gobernación  departamental de Sucre, con
vinculación oficiosa de la alcaldía municipal de Sampués (Sucre), BBVA
Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., Citi Colfondos S.A. Pensiones y
Cesantías, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Sucre y el
Instituto de Seguros Sociales.
Magistrado
Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA.
Bogotá,
D.C., cinco (05) de agosto de dos mil diez (2010).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados(a) Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado en el asunto de la referencia por el
Juzgado Segundo (2°) Laboral del Circuito de Sincelejo (Sucre), el diecinueve
(19) de marzo de dos mil nueve (2009), en única instancia.
I. ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda
1. El señor Filiberto Enrique Román Beltrán[1],
persona de sesenta y nueve (69) años de edad[2], por medio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la gobernación del departamento de
Sucre[3], por considerar que la
accionada vulneró sus derechos constitucionales a la salud, a la seguridad
social y al mínimo vital. A continuación se sintetizan los fundamentos fácticos
y jurídicos de la demanda[4]:
1.1.
Filiberto Enrique Román Beltrán laboró desde el veinte (20) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) en la administración municipal de Sampués
(Sucre). Posteriormente, el primero (1°) de enero de dos mil tres (2003) fue
trasladado a la planta de personal del departamento de Sucre, en donde prestó
sus servicios hasta el veinte (20) de febrero de dos mil seis (2006), en el
cargo de celador grado uno (1).
1.2. En agosto de dos mil cuatro (2004), al actor le
fue diagnosticada la enfermedad de “parkinson”. La entonces EPS del
Instituto de Seguros Sociales[5], le prestó tratamiento médico hasta el mes de marzo
de dos mil seis (2006), fecha en que lo desvinculó.
1.3. El veinticuatro (24) de marzo de dos mil seis
(2006) el demandante solicitó al Instituto de Seguros Sociales le resolviera su
situación pensional. El dos (2) de mayo de dos mil seis (2006), el ISS le
comunicó que no aparecía inscrito en el régimen de seguridad social en
pensiones de la entidad.
1.4. En vista de que el municipio de Sampués y la
gobernación de Sucre descontaron del salario del accionante el dinero
correspondiente a aportes a pensión, y lo consignaron en la Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Horizonte S.A.[6], el actor solicitó a esta última AFP el
reconocimiento de su pensión de invalidez.
1.5. El día trece (13) de septiembre de dos mil seis
(2006), BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., le manifestó al peticionario
la imposibilidad de atender su solicitud por cuanto si bien los aportes
aparecían consignados allí, el accionante no figuraba como afiliado.
1.6. En virtud de lo anterior, el demandante requirió
el reconocimiento de su derecho pensional a la gobernación de Sucre. El ente
departamental el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007), negó la prestación
solicitada argumentando para el efecto que aunque la gobernación
equivocadamente consignó los aportes en BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías
S.A., había afiliado al demandante a la AFP Colfondos S.A. El accionante acudió
a esta última AFP, la que le expresó que no se encontraba entre sus afiliados.
1.7. En febrero de dos mil ocho (2008), el señor Román
Beltrán interpuso acción de tutela contra el municipio de Sampués, la
gobernación de Sucre y las AFP Horizonte y Colfondos S.A. El seis (6) de marzo
de dos mil ocho (2008), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo
(Sucre), tuteló los derechos a la seguridad social y al habeas data del
peticionario, y en consecuencia ordenó a la gobernación accionada la
calificación del grado de invalidez del actor y la entrega de toda su historia
laboral.
1.8. El seis (6) de mayo de dos mil ocho (2008), la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Sucre[7], declaró inválido al peticionario con una pérdida de
capacidad laboral de 69.10%, estructurada el veintiocho (28) de abril de dos
mil ocho (2008).
1.9. Con base en la calificación de invalidez
referida, el treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008), el señor Román
Beltrán solicitó a la gobernación de Sucre el reconocimiento de su pensión de
invalidez. Hasta el día de interposición de esta nueva acción de tutela,
cinco (5) de marzo de dos mil nueve (2009), la accionada no había respondido la
petición demandada.
1.10. Con fundamento en los hechos descritos, en la
demanda se solicita al juez de tutela, en síntesis, que se conceda el amparo
constitucional de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se
ordene al departamento de Sucre, como mecanismo transitorio, reconocer y pagar
la pensión de invalidez del actor, de manera retroactiva a partir de la fecha
en que fue retirado del cargo de celador grado uno (1), mediante Decreto N°.
0814 del 20 de febrero de 2006.
Intervención de la entidad accionada
2. La gobernación del departamento de Sucre, a través
del secretario de educación departamental se opuso a la prosperidad de la
acción de tutela con base en las consideraciones que a continuación se resumen:
2.1. El actor fue calificado con una pérdida de
capacidad laboral de 69.10%. En esa medida, no es posible reconocer la pensión
de invalidez solicitada, pues atendiendo a lo normado en el artículo 61 del
Decreto 1848 de 1969, “no se considera inválido al empleado oficial que
solamente pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al setenta y
cinco por ciento (75%)”.
2.2. “[N]o es cierto que no se cancelaron
las cotizaciones por parte del empleador al régimen de pensiones, pues lo que
hubo fue un error al enviarlas a otro Fondo de Pensiones de la misma
naturaleza, quien tampoco objetó absolutamente nada al momento de recibir las
consignaciones correspondientes al accionante”. El departamento de Sucre
oportunamente consignó los aportes a pensión del accionante ante las empresas
administradoras de pensiones, con ello, cumplió con su obligación legal frente
al demandante. Por esta razón, no resulta procedente asignar al departamento la
obligación de reconocer la pensión como empleador incumplido.
2.3. Si el actor cumple con los requisitos para
acceder a la pensión solicitada, es BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. ó
Citi Colfondos S.A. quienes tienen la obligación de reconocer tal prestación.
Ello por cuanto, frente a BBVA es claro que: (i) esa entidad recaudó los
aportes a pensión del accionante y no objetó ni devolvió en su debido momento
suma alguna por dicho concepto y; (ii) con su conducta, esta AFP edificó
un derecho en cabeza del actor, ya que si no era su afiliado, como lo alega, no
debió entonces recibir los dineros correspondientes a los aportes a pensión del
peticionario.
En lo relativo a Citi Colfondos S.A. señala que: (i)
el municipio de Sampués certificó que afilió al demandante a esa AFP a
través de formulario N°. 6920557 desde el 1° de enero de 1998 y; (ii)
Colfondos fue negligente al no adelantar las gestiones administrativas y
jurisdiccionales para el cobro de lo adeudado con relación a su afiliado.
2.4. La acción de tutela resulta improcedente porque (i)
no le corresponde al juez de tutela reconocer prestaciones económicas; (ii)
el actor cuenta con un mecanismo ordinario de defensa judicial ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; (iii) el departamento de
Sucre por medio de resolución 1416 de 2007 negó la prestación reclamada. Frente
a esta decisión el accionante no utilizó los mecanismos judiciales idóneos que
le permitían hacer valer sus derechos.
2.5. El derecho de petición fechado el 31 de julio de
2008 en el que el demandante reclama nuevamente el reconocimiento de la pensión
de invalidez, fue extraviado por la administración. Empero, conocida la copia
del mismo -anexa a la demanda de tutela-, se dio respuesta inmediatamente al
actor mediante escrito del 11 de marzo 2009, en donde se desestimó la
pretensión prestacional del accionante.
Del fallo de única instancia
3. El Juzgado Segundo (2°) Laboral del Circuito de
Sincelejo, mediante sentencia del diecinueve (19) de marzo de dos mil nueve
(2009), negó el amparo constitucional. Al abordar el estudio del caso concreto,
el juez de instancia señaló:
“No es aceptable las excusas (sic) dadas por la Gobernación de Sucre en el
sentido que no es su culpa el error cometido por ellos al enviar los aportes en
pensión del accionado a otro fondo distinto al que se encontraba afiliado,
queriendo dar a entender que los que tenían que corregir tal error eran los
fondos antes mencionados [BBVA Horizonte S.A. y Citi Colfondos S.A.],
cuando el único responsable de la seguridad social en salud, pensión y afiliación
a una ARS (sic) es el empleador, él es el que tiene que responder ante
el empleado por sus falencias y falta de cuidado, máxime que se trata de la
seguridad a poder percibir (sic) en el futuro un[a] pensión  para
sobrevivir dignamente, después de haber prestado sus servicios durante toda una
vida a esa institución, y lo que es peor, como el caso que nos ocupa, el
padecimiento de una enfermedad que no le permite subsistir por si mismo por
cuanto el mal de parkinson, es una enfermedad progresiva e incurable que lo
imposibilita día a día aún para los oficios más insignificantes como es su
propio aseo personal y locomoción entre otros.
Muy a pesar de lo expresado anteriormente, el Juez de
tutela está limitado como en el presente caso, para reconocer prestaciones
sociales y reclamaciones litigiosas, que tienen un procedimiento especial y
expedito para reclamarlos, por tal motivo las pretensiones del accionante al
reconocimiento y pago de su pensión de invalidez por parte del accionado no es
posible por este medio de tutela (sic),
pues existe un proceso para resolver el caso específico reclamado, y sabemos
que la acción de tutela es residual, pues de lo contrario se convertiría en
otra instancia jurídica paralelas a las jurisdicciones existentes (sic)”.
Actuaciones
surtidas ante la Corte Constitucional
Vinculación
de las entidades que podrían verse afectadas con la sentencia de Revisión
4.
La Corte Constitucional, al advertir que la alcaldía municipal de Sampués, BBVA
Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., Citi Colfos S.A., el Instituto de Seguros
Sociales y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Sucre, podrían
estar comprometidas en la presunta afectación iusfundamental, y en ese
orden, en el eventual cumplimiento de la sentencia de revisión, procedió a
vincular a las anotadas entidades al trámite de tutela. En consecuencia, por
intermedio de la Secretaría General de la Corte, se puso en conocimiento de las
mismas, el contenido de la solicitud de tutela y de la sentencia de instancia,
para que en el término de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia que ordenó su comparecencia al proceso, expusieran los criterios
que a bien tuvieran en relación con los hechos sometidos al conocimiento del
juez constitucional.
4.1.
Citi Colfondos S.A., por medio de apoderada general, solicitó negar el amparo
impetrado en contra suya. Señaló que no ha realizado conducta alguna que
conduzca a concluir que vulneró los derechos fundamentales del accionante, ya
que: (i) el señor Filiberto Enrique Román Beltrán no se encuentra
afiliado a Citi Colfondos S.A.; (ii) el actor no ha presentado ante
Colfondos solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral ni de
reconocimiento de pensión de invalidez. Adicionalmente, advirtió que el
accionante, en el mes de abril de dos mil nueve (2009), interpuso demanda
ordinaria laboral en contra suya, de BBVA Horizonte S.A. y de la gobernación
del departamento de Sucre, con idénticas pretensiones a las que persigue en
acción de tutela.
4.2. La alcaldía municipal de Sampués, el Instituto de
Seguros Sociales, la junta regional de calificación de invalidez de Sucre y la
AFP BBVA Horizonte Pensiones y Censantías S.A., no se opusieron de manera
expresa a la acción de tutela.
Pruebas
practicadas por la Corte Constitucional
5. El Magistrado sustanciador decretó la práctica de
pruebas por considerarlas útiles y por ende, necesarias para resolver de fondo[8].
En virtud de lo anterior se ofició a las entidades accionadas así como al
peticionario, para que rindieran informe sobre los distintos hechos que se
relataron en el escrito de demanda.
5.1.
A la alcaldía municipal de Sampués se le ordenó, entre otras cosas, que
explicara “por qué razón, a pesar de su afirmación en el sentido de haber
realizado la afiliación del accionante a Colfondos S.A., esa entidad niega que
el peticionario figure como su afiliado. Allegue a esta Corte los documentos
que prueben la referida afiliación e indique la forma en que estos demuestran
dicho vínculo. Anexe, en especial, copia de la afiliación del señor Filiberto
Enrique Román Beltrán debidamente registrada por Colfondos S.A. u otra AFP”.
(fl. 9 Cdno 1 Corte)
El alcalde municipal de Sampués informó que en
conversación sostenida vía telefónica con el servicio al cliente de Colfondos
S.A., esa entidad le expresó que (i) aunque se hizo solicitud de
afiliación del señor Filiberto Enrique Román Beltrán, la misma fue rechazada y;
(ii) en el sistema de información de la AFP se registra que unas sumas
de dinero [giradas a nombre del accionante], fueron trasladadas al Instituto de
Seguros Sociales en los años dos mil dos (2002) y dos mil tres (2003).
5.2.
Al Instituto de Seguros Sociales se le
ordenó que relacionara los aportes que recibió por concepto de pensiones a
favor del accionante, indicando el nombre del empleador, las fechas en que los
recibió, el manejo que les dio y el destino de los mismos. Igualmente, se le
solicitó que respondiera por qué razón el ISS, a pesar de afirmar que el señor
Román Beltrán se encuentra afiliado a esa entidad por el riesgo de pensiones
desde el veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995),
no ha cobrado los aportes que se encuentran en mora desde mayo de mil novecientos
noventa y cinco (1995).
5.2.1. El Gerente del ISS Seccional Sucre, informó que
el señor Filiberto Enrique Román Beltrán “no registra afiliación en pensión
con ningún empleador. Se observa que estuvo afiliado en dos oportunidades a la
Administradora de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales en calidad de
trabajador independiente” para los periodos: (i)  del veinticuatro
(24) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), al dos (2) de mayo de
dos mil seis (2006) y; (ii) del veintitrés (23) de julio de dos mil ocho
(2008), al cuatro (4) de agosto del mismo año.
5.2.2.
Sobre los aportes presuntamente en mora dejados de cobrar al accionante, el
interviniente remitió a lo previsto en el numeral sexto (6°) de la circular 588
del 24 de febrero de 2004 del ISS, la cual señala: “Con la expedición de la
Ley 797 de 2003, se introdujo un cambio en la naturaleza de la afiliación de
los trabajadores independientes al Sistema General de Pensiones convirtiéndolos
en afiliados obligatorios al mencionado Sistema siempre y cuando subsista su
vinculación contractual. // Ahora bien, en tratándose de trabajadores
independientes, por el hecho de haber cambiado la condición de afiliados
voluntarios a afiliados obligatorios al Sistema General de Pensiones, ello no
significa que se les debe recibir o cobrar los aportes efectuados en forma
atrasada, pues las características dadas por el legislador a esta clase de
trabajadores, en lo tocante a la forma y pago de sus cotizaciones, no fueron
alteradas, y en consecuencia éstas continuarán abonándose por mes anticipado y
no por mes vencido”.
5.3. A BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. se le
ordenó que explicara por qué razón negó la solicitud pensional del accionante,
a pesar de haber recaudado los aportes a pensión de este durante varios años.
El representante legal para asuntos judiciales de BBVA
Horizonte S.A., informó que (i) el actor no ha estado afiliado a esa
compañía, toda vez que no ha diligenciado o radicado ante ella formulario de
vinculación; (ii) aunque los empleadores del demandante (alcaldía
municipal de Sampués y gobernación de Sucre) efectuaron aportes en el fondo de
pensiones BBVA Horizonte S.A. a nombre del señor Filiberto Enrique Román
Beltrán, ese hecho no implica de manera alguna que el peticionario haya estado
afiliado a esa AFP; (iii) con fundamento en el artículo 10 del Decreto
1161 de 1994, mediante comunicación de data diez (10) de abril de dos mil siete
(2007), la gobernación del departamento de Sucre solicitó ante el BBVA, el
traslado de los recursos consignados a nombre del accionante, con destino a
Citi Colfondos S.A., por considerar que esa era la AFP a la que se encontraba
vinculado el actor; (iv) como consecuencia de lo anterior, el
interviniente asegura que el veintitrés (23) y veintisiete (27) de abril de dos
mil siete (2007), BBVA Horizonte S.A. trasladó a Citi Colfondos S.A. los
dineros que se encontraban depositados en su entidad por concepto de aportes a pensión
del demandante, junto con el rendimiento generado por los mismos; (v) el
peticionario, por medio de escrito de dos (2) de agosto de dos mil seis (2006),
había solicitado a BBVA Horizonte S.A. el reconocimiento de su pensión de
invalidez. La AFP, en comunicación del trece (13) septiembre de dos mil seis
(2006), rechazó la petición del actor. Fundó su decisión en similares
argumentos a los que ahora expresa en el trámite de tutela.
5.4.
A la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Sucre se le ordenó que
enviara informe a esta Corporación en que respondiera la siguiente pregunta: “¿al
momento de determinar la fecha de estructuración de la invalidez del señor Román
Beltrán, tuvo en cuenta el importante deterioro que este venía sufriendo en su
estado de salud desde el año 2003, las distintas incapacidades que por
enfermedad común le dio su EPS de forma periódica desde el año 2003 al 2006 y
el contenido de su historia clínica desde por lo menos el año 2002? En su
respuesta deberá indicar, además, qué valoración dio a los anteriores elementos
de juicio, y su incidencia en la decisión adoptada al emitir el concepto de
invalidez y fecha de estructuración”. (fl. 288 Cdno. 1 Corte)
5.5.
A la Nueva EPS para que informara sobre el estado de la afiliación del
peticionario y el tratamiento médico que le estaba brindando. En respuesta al
requerimiento de la Corte, la Nueva EPS señaló que el actor “registra en la
base de datos de afiliados a la Nueva EPS, en calidad de cotizante
independiente con fecha de afiliación 1° de agosto de 2008…” (fl. 23 Cdno.
1 Corte). Sobre el tratamiento suministrado al accionante, manifestó que estaba
siendo prestado en la IPS Clínica Sampués y el Hospital San Ignacio de Bogotá.
5.6. Al Hospital San Ignacio de Bogotá se le solicitó
que remitiera a esta Corte informe en el que describiera “el actual estado de salud física y psicológica del
paciente Filiberto Enrique Román
Beltrán (c.c. 7.493.322), el cual según información de la Nueva EPS está siendo
atendido en ese Hospital”. (fl. 289
Cdno. 1 Corte). A través de su representante legal, el Hospital San Ignacio de
Bogotá remitió a esta Corporación disco compacto con la historia clínica del
actor.
5.7. Al señor Filiberto Enrique Román Beltrán, para
que expusiera a la Corte las condiciones socioeconómicas de existencia de su
núcleo familiar. En comunicación dirigida a este Tribunal, el accionante indicó
lo siguiente: “No poseo bienes muebles e inmuebles de valor significativo,
lo único que tengo es mi humilde vivienda, fruto de mi trabajo de toda mi
juventud, donde he convivido todo el tiempo con mi núcleo familiar y actualmente
resido con mi esposa, (…) casco urbano del municipio de Sampués, cuyo valor
comercial no supera los quince millones ($15.000.000.oo) de pesos. // No tengo
ingresos económicos por que mi estado de salud me imposibilita trabajar. Los
gastos que debo erogar para sostener mi núcleo familiar conformado por mi
esposa, mensualmente asciende más o menos a unos ochocientos mil ($800.000.oo)
pesos, viéndome obligado por mi incapacidad para trabajar, a recurrir a la
caridad de mis familiares, para poder mitigar las necesidades económicas de mi
hogar, ya que mi esposa es una persona de la tercera edad, no trabaja, no
disfruta de pensión, ni mucho menos tiene bienes”.(fl. 412 Cdno. 2 Corte)
Medida Provisional
6. Por medio de auto del diecinueve (19) de julio de dos mil
diez (2010), por considerar urgente y necesario adoptar medidas de protección
del derecho constitucional a la seguridad social del peticionario, la Sala
Novena de Revisión, ordenó al Juez Primero Laboral del Circuito de Sincelejo
que suspendiera el trámite del proceso ordinario laboral radicado bajo el
número 70.001.31.05.001.2009-00203-00, promovido por Filiberto Enrique Román
Beltrán contra la gobernación departamental de Sucre y otros en ese despacho
judicial, hasta tanto la Corte Constitucional dictara sentencia de revisión de
tutela en el presente asunto. En el análisis del caso concreto, luego de
abordar importantes elementos fácticos y jurídicos del sub judice, la
Sala se pronunciará sobre las razones que justificaron la adopción de esta
medida provisional.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo
determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de cinco
(05) de noviembre de dos mil nueve (2009), expedido por la Sala de
Selección Número Once (11) de esta Corporación.
a.
Problema jurídico planteado
De
acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a la
Sala Novena de Revisión determinar (i) si la presente acción de tutela
es procedente para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
a la que asegura el accionante tener derecho.
En este sentido, de manera específica, la
Corte deberá determinar si de conformidad con los hechos expuestos, los medios
ordinarios de defensa judicial son idóneos y eficaces para garantizar la
protección constitucional invocada. De encontrar procedente la acción, la Sala
establecerá (ii) si el ISS, Citi Colfondos S.A. y BBVA Horizonte
Pensiones y Cesantías S.A. vulneraron los derechos constitucionales del
accionante a la seguridad social y al mínimo vital, al negarle el
reconocimiento y pago de su pensión de invalidez con el argumento de que no se
encontraba afiliado a esas empresas y; (iii) si el departamento de Sucre
vulneró los mismos derechos al actor al negarle el reconocimiento y pago de su
pensión de invalidez con el argumento de que había trasladado el riesgo
pensiones a las entidades administradoras del sistema general de seguridad
social.
Para
dar solución al problema jurídico planteado, la Corte Constitucional reiterará
su jurisprudencia sobre (i) las condiciones constitucionales para la
procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento y pago
de acreencias pensionales; (ii) la inoponibilidad que tienen los
trámites administrativos respecto de quien ya reunió los requisitos para
acceder a una pensión y; (iii) los fundamentos normativos de la pensión
de invalidez consagrada en el artículo 39
de la ley 100 de 1993. Posteriormente, la
Sala aplicará estas reglas para solucionar el caso concreto.
b.
Solución del problema jurídico
Las
condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de
tutela frente al reconocimiento de pensiones. Reiteración de jurisprudencia.
1.
En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha indicado que la acción de
tutela resulta improcedente frente al reconocimiento de derechos de naturaleza
pensional[9]. “La consideración
anterior encuentra fundamento en el principio de subsidiariedad que caracteriza
la acción de tutela, y en la existencia, dentro del ordenamiento jurídico
colombiano, de mecanismos de defensa judicial ordinarios, en principio idóneos
para resolver las disputas originadas en el trámite del reconocimiento y pago
de este tipo de acreencias prestacionales”[10].
1.1.
Sin embargo, esta Corporación, con el objeto de armonizar el alcance de los
principios de subsidiariedad de la acción de tutela y efectividad
de los derechos fundamentales, precisó que en determinados eventos
excepcionales, el amparo constitucional procede con el preciso fin de
salvaguardar bienes constitucionales cuya inmediata protección resulta
necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa judicial existentes,
atendiendo a las condiciones del caso concreto, resulten insuficientes para
lograr dicho cometido.
Para
este efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de subreglas
que operan en escenarios constitucionales en los que se persigue el
reconocimiento de derechos pensionales. Así, el Tribunal Constitucional ha
estudiado dos situaciones distintas, cuando la acción de tutela (i) se
interpone como mecanismo principal o; (ii) se ejercita como medio de
defensa iusfundamental transitorio, a efectos de evitar un perjuicio
irremediable[11].
Al
respecto, en sentencia T-235 de 2010, la Corte Constitucional expresó lo
siguiente: “Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal,
el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de
defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para
lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados[12].
A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio
de defensa iusfundamental, implica que, aún existiendo medios de protección
judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio
irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela[13].
En este caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la acción de
tutela se conceda en forma transitoria, hasta tanto la jurisdicción competente
resuelve el litigio en forma definitiva”.
Del
mismo modo, el operador judicial debe examinar la situación fáctica que rodea
el asunto sometido a su conocimiento, y las particularidades de quien reclama
el amparo constitucional, pues, si se trata de sujetos de especial protección
constitucional o de personas que se encuentren en condiciones de debilidad
manifiesta, el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos
exigente.
Al
respecto, el Tribunal Constitucional en sentencia T-651 de 2009 expresó:
“En relación
con este requisito, de manera reiterada, la Corte ha considerado que la
condición de sujeto de especial protección constitucional -especialmente en el
caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados
(Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la
circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante,
permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos[14].
En este sentido, en reciente jurisprudencia, esta Corporación precisó que “en
concordancia con el carácter fundamental del derecho a la seguridad social, se
debe indicar que la condición de sujeto de especial protección constitucional
refuerza la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y
de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho (…)”.
1.2.
Igualmente, para la prosperidad material de la acción de tutela cuando con ella
se intenta proteger un derecho de naturaleza pensional, esta Corporación,
atendiendo a la excepcionalidad que rige al amparo constitucional en estos
casos, ha exigido la acreditación de los siguientes elementos: (i) la
existencia y titularidad del derecho reclamado, (ii) un grado importante
de diligencia al momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado y; (iii)
la afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho
prestacional.
1.2.1.
En cuanto a la certeza sobre la titularidad del derecho a la pensión y la
diligencia del demandante al reclamar la salvaguarda de sus derechos, el
Tribunal Constitucional en sentencia T-414 de 2009 puntualizó:
“4.2.4 En
cuarto lugar, esta Corporación ha afirmado que la acción de tutela procede
cuando se encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la
solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia[15].
Así, para admitir la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos,
quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de
reconocimiento de su pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al
menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de que ha desplegado
cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de
sus derechos -salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a
su voluntad-[16]”.
1.2.2.
En relación con la afectación del mínimo vital de quien solicite el amparo, es
pertinente recordar que esta Corporación en sentencia T-249 de 2006 señaló: “Así,
con relación a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de
acreencias laborales, particularmente cuando estas corresponden a pensiones de
jubilación, el juez constitucional, de manera previa deberá
verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: … (ii)
que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo
vital”. (Énfasis añadido).
1.3.
En conclusión, de manera excepcional la acción de tutela es procedente para
reconocer y exigir el pago de prestaciones pensionales. Ello, cuando quiera
que: (i) no exista otro medio de defensa judicial, o que existiendo, se
establezca que atendiendo a las condiciones del caso concreto y de quien
reclama el amparo, éste no resulta idóneo y eficaz para obtener la protección
del derecho presuntamente conculcado. En este evento, el amparo procede de
manera definitiva; (ii) a pesar de existir un medio ordinario de
protección judicial idóneo y eficaz, se haga necesario evitar la consumación de
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor, evento en el
cual la tutela procederá en forma transitoria. Adicionalmente, para la prosperidad
material de la acción de tutela, el operador judicial debe advertir que (a)
exista prueba sobre la titularidad del derecho pensional reclamado y del
ejercicio de cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la
protección demandada y; (b) la afectación del mínimo vital del
peticionario esté demostrada en el proceso.
Los
trámites administrativos no pueden obstaculizar el reconocimiento del derecho a
la pensión a quien ya ha reunido los requisitos para acceder a la misma.
Reiteración de jurisprudencia.
2.
De acuerdo con el artículo 48 de la Carta Política, la seguridad social es un
bien constitucional jurídicamente tutelado que goza de una doble connotación.
De una parte, es un servicio público “de
carácter obligatorio” que se presta con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, bajo la dirección, coordinación y
vigilancia del Estado[17]. De otra, es un “derecho
irrenunciable” en cabeza de todos los habitantes del territorio nacional[18].
En lo que concierne a su faceta como derecho
constitucional, esta Corporación en sentencia T-414 de 2009 precisó algunos de
los elementos que le dan sustento a esta garantía. En esa dirección, el
Tribunal indicó que “(…) el derecho a la seguridad es un verdadero derecho
fundamental cuya efectividad y garantía se deriva de (i) su carácter
irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados
internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de
su prestación como servicio público en concordancia con el principio de
universalidad”.
2.1. Asimismo, en la sentencia en cita, la Corte
Constitucional en armonía con lo consagrado en los distintos instrumentos
internacionales[19] que sobre el
reconocimiento, desarrollo y respeto del derecho a la seguridad social ha
suscrito el Estado colombiano[20], resaltó los aspectos
mínimos exigibles a los Estados cuando de la garantía del anotado derecho se
trata:
“En
este orden, dichos elementos comprenden: (1) la existencia de un sistema que
garantice las prestaciones y servicios sociales correspondientes a la
atención en salud, las consecuencias derivadas de la vejez, la incapacidad
para trabajar, el desempleo, los accidentes y enfermedades profesionales,
así como la atención especial y prioritaria a los niños, las mujeres en estado
de embarazo, los discapacitados y los “sobrevivientes y huérfanos”; (2) la razonabilidad,
proporcionalidad y suficiencia de las prestaciones en relación con las
contingencias que busquen atender; (3) la accesibilidad al sistema, específicamente,
la garantía de cobertura plena, la razonabilidad, proporcionalidad y
transparencia de las condiciones para obtener los beneficios y prestaciones, la
participación ciudadana en su administración y el reconocimiento oportuno de
las prestaciones”[21]. (Subrayado añadido).
Ahora
bien, el derecho a una pensión, como componente del derecho a la
seguridad social, tiene apoyo constitucional en distintas normas superiores. Al
respecto, esta Corporación en sentencia C-177 de 1998 puntualizó:
“6- El
reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento constitucional
en la protección especial que debe brindar el Estado al trabajo humano en todas
sus modalidades (art. 25), pues se impone que el fruto del trabajo continuado
durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, en condiciones
dignas, cuando la disminución de la producción laboral es evidente. Así mismo,
la pensión de vejez goza de amparo superior en los artículos 48 y 53 de la
Constitución, los cuales establecen que el pago de la pensión debe realizarse
de manera oportuna dentro de los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, propios de la seguridad social en Colombia.”.
Igualmente,
el Tribunal Constitucional, en la sentencia que se comenta reconoció que el
derecho a una pensión tiene un contenido constitucionalmente protegido. Sobre
el particular expresó:
“Existe
entonces un contenido constitucionalmente protegido al derecho a la pensión,
que puede ser caracterizado así: en la medida en que un asalariado ha
realizado las cotizaciones determinadas por la ley, o ha laborado los tiempos
legalmente previstos en aquellos casos en que el patrono asume la integralidad
de la cotización, entonces se entiende que el trabajador tiene derecho al
reconocimiento y pago oportuno de la pensión legalmente establecida, la cual
goza de protección y garantía efectiva por parte del Estado, todo lo cual, a su
vez, deriva de una obligación legal y constitucional de afiliarse a la
seguridad social, derecho que es irrenunciable (C.P. art. 48)”.
2.2.
De acuerdo con lo expuesto, resulta pertinente indicar que la Corte
Constitucional de forma constante ha sostenido que “una vez la persona reúne
los requisitos necesarios para acceder a una pensión, no puede ser sometida a
obstáculos o barreras que impidan el reconocimiento de su derecho pensional[22]”[23].
Bajo tal perspectiva, esta Corporación se ha encargado de estudiar diversas
situaciones en las que personas que reunieron los requisitos para hacerse
acreedoras a una pensión han visto obstaculizado el goce y disfrute de su
derecho por trámites administrativos y controversias legales a las que no
tendrían por qué estar sometidas.
2.2.1.
Así, en sentencia T-634 de 2008, este Tribunal se ocupó del caso de una mujer
de la tercera edad que habiendo reunido los requisitos para acceder a una
pensión de vejez se le negaba el reconocimiento de su prestación con el
argumento de que existía discusión en torno a la entidad que debía efectuar la
liquidación y el pago de la pensión. Al estudiar la procedibilidad de la acción
de tutela, la Corte Constitucional señaló cuanto sigue:
“Cabe
destacar, que una de las situaciones excepcionales en las cuales este Tribunal
ha encontrado procedente la acción de tutela, es la que se produce cuando una persona
que ha trabajado toda su vida para tener derecho a una pensión, ve obstruído el
reconocimiento y pago de su derecho por razones meramente burocráticas o por
disputas interadministrativas cuyo origen y solución no está al alcance del
titular del derecho.”.
Realizada
esta consideración, la Corte declaró la procedibilidad del amparo
constitucional y procedió a identificar cuál era la entidad que de conformidad
con el ordenamiento jurídico y las condiciones fácticas del caso concreto,
tenía la obligación de asumir la carga pensional de la demandante. Establecida
la responsabilidad prestacional, la Sala de revisión dispuso el pago de la
pensión por parte de quien se vislumbraba como la principal obligada,
facultándola para que realizara los respectivos trámites de recobro ante las
entidades que tuvieren que concurrir al pago de la mesada y, autorizándola a
promover proceso judicial ante el juez competente, con el objeto de que
discutiera allí su responsabilidad laboral.
En
efecto, en la sentencia que se comenta la Corte señaló:
“En
dichos eventos el mecanismo constitucional procede, de manera transitoria, para
ordenarle el pago a la entidad que, en principio, aparezca como responsable de
la obligación. Esta entidad, sin embargo, queda autorizada para repetir contra
la otra o las otras entidades que, en su criterio, deben asumir, total o
parcialmente, la respectiva obligación. En un proceso posterior, el juez competente
puede reasignar la responsabilidad por el pago de la obligación y condenar a la
entidad responsable al pago de los perjuicios causados.[24]
Ello por cuanto, la disputa entre estas entidades no puede afectar a quien
tiene el derecho a su pensión de jubilación. Como lo ha señalado esta
Corporación, esta disputa y la carga que ella conlleva, debe asignarse a las
entidades que, por su estructura administrativa y financiera, tienen capacidad
para asumir transitoriamente la carga pensional en discusión, y no por el
titular del derecho de cuya satisfacción depende la realización de su derecho
fundamental al mínimo vital[25]”.
2.2.2.
Del mismo modo, en sentencia T-1084 de 2007 la Corte Constitucional avocó la
revisión del caso de una mujer de la tercera edad a quien se le había negado el
reconocimiento de su pensión de vejez porque las entidades potencialmente
encargadas de reconocerla afirmaban no ser competentes para tramitar la
solicitud pensional. La Corte, después de  identificar la entidad obligada a
reconocer la prestación, le ordenó que procediera a liquidar y sufragar la
respectiva mesada, dejándola en libertad de controvertir su responsabilidad
ante el juez competente, y facultándola para que buscara el reintegro de las
cotizaciones realizadas en otras entidades. Expresó la Sala lo siguiente:
“Establecido
entonces que la entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión de
vejez es la entidad administradora de pensiones que recibe o a quien le
corresponde recibir el monto de las cotizaciones, en el periodo que la
prestación se causa (…) el amparo invocado tendrá que concederse, en el sentido
de disponer que se proceda al reconocimiento de la prestación sin mayor
dilación.
Lo
anterior, sin perjuicio del derecho del Seguro Social de exigir al Fondo de
Prestacionales Sociales del Magisterio el reintegro de las cotizaciones
recibidas por éste y de adelantar si así lo considera, acciones judiciales
encaminadas a la reparación de los daños que el error cometido por el municipio
de Barrancabermeja podría haberle causado.”.
2.2.3.
De otra parte, en sentencia T-893 de 2008 la Corte analizó el caso de una mujer
de escasos recursos a quien se le negó la sustitución de la pensión de
jubilación de que era beneficiario su esposo. En aquella ocasión la Corporación
encontró que pese a la suscripción de un acuerdo conciliatorio por parte del
esposo de la demandante con su empleador en el que renunciaba a su pensión, la
obligación prestacional se mantenía incólume en cabeza de los herederos del
patrono ya que se trataba de una garantía irrenunciable.
Verificada
la existencia del derecho, la Corte distribuyó la imposición pensional entre
los herederos del empleador particular, tomando en cuenta su diversa capacidad
de pago. Igualmente, ante la extrema vulnerabilidad de la accionante, el
Tribunal Constitucional trasladó a los demandados en tutela, la carga de acudir
a la jurisdicción ordinaria dentro de los 4 meses siguientes a la notificación
de la sentencia, so pena de tornarse en definitiva la resolución del asunto
dado en tutela.
En
el caso que se comenta, la Corte hizo énfasis en la flexibilidad que tiene el
juez de tutela para impartir las órdenes que resulten necesarias para la
protección de un derecho constitucional. Al respecto la Corte manifestó:
“De este
modo, se resalta un atributo cardinal de la tutela, acción judicial “que busca
ofrecer a las personas un remedio efectivo cuando la jurisdicción ordinaria no
se lo brinda y en la cual el juez debe ponderar, a partir de los hechos del
caso, no solo la decisión más razonable sino ante todo la orden que tendrá el
efecto práctico de garantizar el goce efectivo del derecho constitucional
fundamental amenazado o violado”[26]. Pues “[l]a tutela, es,
en esencia, una jurisdicción de equidad constitucional en defensa de la
dignidad humana y de los derechos fundamentales”.”.
2.2.4.
De forma similar había actuado la Corte en sentencia T-726 de 2007, en aquella
ocasión se trataba de una persona en condición de discapacidad a la que la
administradora de riesgos profesionales le había negado el reconocimiento de su
pensión de invalidez con el argumento de que el origen del accidente que
produjo la invalidez del actor no era profesional sino común, y por ende la
obligación pensional recaía, a su juicio, en la AFP y no en la ARP.
Al
construir los fundamentos jurisprudenciales de su sentencia, la Corte recalcó
lo siguiente:
“Adicionalmente,
la Corte ha indicado que cuando el no pago se origina en una disputa entre las
entidades eventualmente responsables sobre cuál de ellas debe asumir la
obligación y en qué montos, el juez puede ordenar el pago a la entidad que, en
principio, parezca con un mayor grado de responsabilidad. Si esto no es
posible, puede ordenar el pago compartido o incluso el pago a la entidad que
parezca mas solvente y sólida, mientras en el proceso ordinario que
corresponda, las entidades públicas o aseguradoras resuelven definitivamente
este conflicto de orden económico.
A este
respecto, la Corte ha señalado que resulta abiertamente desproporcionado
trasladar los efectos de una discusión de la naturaleza descrita al titular de
la pensión. No puede olvidarse que en estos casos, mientras de un lado se
encuentra una persona que ha satisfecho cumplidamente todos los requisitos para
acceder a la pensión y que necesita de esta renta para poder satisfacer sus
necesidades básicas, del otro, se encuentran empresas aseguradoras para quienes
el pago podría implicar un perjuicio económico pero no la violación de un
derecho fundamental. En estos casos, las empresas privadas o entidades públicas
que han sido transitoriamente obligadas al pago de la pensión, tendrán pleno
derecho a demandar a la empresa o entidad que consideren responsable de la
obligación y solicitar el pago de lo no debido y la totalidad de los perjuicios
causados”[27].
Al
abordar el análisis del caso concreto, la Corte concedió la tutela al constatar
que, de una parte, el accionante reunía los requisitos para acceder a su
pensión de invalidez y, de otra, se estaba viendo afectado en su mínimo vital
por la conducta omisiva de la ARP. En consecuencia, el Tribunal le ordenó a la
ARP que asumiera el pago de la pensión del actor, y teniendo en cuenta que ya
el accionante en tutela había acudido a la jurisdicción ordinaria en búsqueda
de la garantía de sus derechos, le facultó para que desistiera ante el juez
ordinario de la demanda laboral, pues la carga de promover el proceso ordinario
laboral le correspondía a la entidad de riesgos profesionales y no al
trabajador que se había visto afectado en sus derechos fundamentales. Al
respecto, la Corte precisó:
“Si Suratep
no estaba de acuerdo con el concepto de la Junta era esta empresa y no el
actor, quien debía acudir a la jurisdicción laboral para obtener una decisión
definitiva al problema planteado. En consecuencia, dado que la carga procesal
que se exige al actor no tiene sustento constitucional alguno y resulta
desproporcionada teniendo en cuenta la grave situación económica por la cual
atraviesa y bajo el entendido de que la misma surgió como efecto de un
incumplimiento grave de las obligaciones constitucionales fundamentales de
Suratep, la Sala autorizará al actor para desistir de la demanda laboral de la
referencia, caso en el cual las costas del proceso deben correr a cargo de
quien, según las consideraciones hasta ahora realizadas, incumplió la
obligación a su cargo: la empresa aseguradora Suratep”.
2.3.
En conclusión, una vez la persona cumple los requisitos contemplados en el
ordenamiento jurídico para acceder a una pensión, le son inoponibles las
diferentes disputas que se pudieren presentar entre las entidades
potencialmente obligadas a garantizar su derecho prestacional. En estos
eventos, procede la acción de tutela para amparar sus derechos fundamentales y
remover los obstáculos que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a
la seguridad social en su faceta pensional, ordenando el pago de la prestación
a la entidad que se presente, en principio, como la principal obligada, y
facultándola para que dentro de un término razonable acuda a la respectiva
jurisdicción especializada a discutir su responsabilidad.
Fundamentos normativos de la pensión de invalidez
consagrada en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Desarrollo y
evolución legal. Norma aplicable cuando se ha presentado un tránsito normativo.
3. El legislador, dando cumplimiento al mandato
constitucional consagrado en el artículo 48 superior, creó el sistema integral
de seguridad social (ley 100 de 1993), el cual contempla un sistema general de
pensiones cuyo objeto es “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan
en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de
cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de
pensiones” (art. 10). (Subrayado añadido).
3.1. Entre las prestaciones previstas por el
legislador en el cuerpo normativo de la ley 100 de 1993, interesa resaltar la
denominada pensión de invalidez por riesgo común, diseñada para cubrir la
contingencia invalidez a los
afiliados del sistema que por causa de un padecimiento de origen común sufra
serias limitaciones para el ejercicio de su actividad laboral[28].
En particular, esta pensión se establece con similares requisitos en los
regímenes de prima media y ahorro individual, en los artículos 39 y 69 de la
anotada ley, respectivamente[29].
3.1.1.
La pensión de invalidez por riesgo común ha sido objeto de diversas
modificaciones por parte del legislador, en particular por el artículo 11 de la
ley 797 de 2003 y el artículo 1° de la ley 860 de 2003. En la redacción
original del artículo 39 se indicaba que el reconocimiento del derecho a esta prestación era procedente cuando se
reunieran los siguientes requisitos: “a)
que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez” o; b) que habiendo dejado de cotizar al sistema,
hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
3.1.2. Posteriormente,
el artículo 11 de la ley 797 de 2003 reformó el contenido normativo del
artículo 39 en comento, introduciendo una distinción entre la invalidez
producida por enfermedad y la originada en un accidente. En
concordancia con la modificación señalada, el derecho al reconocimiento de la
pensión de invalidez implicaba acreditar, según el caso: “1. Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez. || 2. Invalidez causada por accidente:
Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores
al hecho causante de la misma.”
Mediante
sentencia C-1056 de 2003, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad
del artículo 11 de la ley 797 de 2003, por vicios de procedimiento. A juicio
del Tribunal Constitucional, el trámite legislativo dado a la norma demandada
vulneró el principio de consecutividad, pues “tan solo fue objeto de
aprobación en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes y sobre él no
se decidió ni por las Comisiones Séptimas en las sesiones conjuntas, ni tampoco
por [el] Senado de la Republica”.
3.1.3.
El Congreso de la República, a través de la ley 860 de 2003 nuevamente modificó
el artículo 39 de la ley 100 de 1993. El texto normativo -vigente actualmente-,
igualmente diferenció entre la invalidez causada por enfermedad y aquella
originada en un accidente. De acuerdo con esta reforma, tendrá derecho a la
pensión de invalidez por enfermedad quien se encuentre en estado de invalidez y
demuestre que ha cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de su estructuración; o quien por
causa de un accidente se halle en estado de invalidez y haya cotizado 50
semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la
invalidez; por su parte, los parágrafos 1° y 2°, señalan, respectivamente, que “los
menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado
veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez o su declaratoria” y; que “cuando el afiliado
haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para
acceder a la pensión de vejez solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en
los últimos tres (3) años”.
Empero,
adicionalmente, la ley 860 de 2003 introdujo un nuevo requisito a la pensión de
invalidez por riesgo común, ya fuera por enfermedad o accidente, consistente en
acreditar una fidelidad de cotización al sistema general de pensiones “al
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que [el afiliado] cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez”.
El Pleno de la Corte Constitucional mediante sentencia
C-428 de 2009 estudió la constitucionalidad del llamado requisito de fidelidad
incorporado por los numerales 1° y 2° del artículo 1° de la ley 860 de 2003. Al
abordar el análisis de la norma, la Corte encontró que dicho requisito aparejaba
una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más dispendioso el
acceso a la pensión de invalidez[30], situación que en principio
conduciría a su inconstitucionalidad. En efecto, en la anotada sentencia la
Corte expresó cuanto sigue:
“4.9. Ahora
bien, la Corte no puede desconocer, al confrontar los textos normativos del artículo
39 (original) de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas en los
numerales 1º y 2º del artículo 1º de  la Ley 860 de 2003, que el Legislador
agregó un requisito de acceso al beneficio pensional más gravoso para el
cotizante. En la norma -numerales 1° y 2°-, se estipuló la demostración de su
fidelidad de cotización para con el sistema con cotizaciones mínimas del “veinte
por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez”.
El
establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no estaba
prevista en la Ley 100 de 1993, aparece, prima facie, como una medida
regresiva en materia de seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la
pensión de invalidez. En este caso no hay población beneficiada por la norma
como en el requisito de las semanas mínimas de cotización, y no se advierte una
conexión entre el fin previsto en la norma -la promoción de la cultura de la
afiliación a la seguridad social y el control de los fraudes- con los
efectos producidos por la misma”.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional recordó que
de conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre la materia,
correspondía al legislador la carga de desvirtuar la presunción de regresividad
que recaía sobre la norma, a través de una argumentación que justificara de
forma razonable la necesidad de la reforma[31]. Al continuar su análisis, la Corte concluyó que el
legislador no logró demostrar la constitucionalidad de la disposición acusada,
y por el contrario, advirtió que el requisito de fidelidad resultaba gravoso
frente a las personas de la tercera edad, las cuales incluso no podrían
cumplirlo a pesar de cotizar el 100% de los periodos restantes. Al respecto, la
Corte puntualizó:
“(..). A pesar
de poder tener un fin constitucional legítimo, en tanto buscaría asegurar la
estabilidad financiera del sistema pensional mediante la cultura de afiliación
y disminución del fraude, la norma no es conducente para la realización de
dichos fines al imponer una carga mayor a las personas a quienes no se les
había exigido fidelidad -los afiliados de la tercera edad. En muchos casos, los
afiliados de la tercera edad que padecen de discapacidad van a encontrarse con
una barrera infranqueable de acceso al beneficio, pues muchos de ellos ya no
podrán cumplir el nuevo requisito consagrado en la norma, a pesar de cotizar el
100% de los periodos restantes. Se aprecia la desprotección a la población
incapacitada más vulnerable, como es la perteneciente a la tercera edad. (…)”.
En ese orden de ideas, esta Corporación en la
sentencia C-428 de 2009 en comento, concluyó “que el requisito de fidelidad
contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1° como en el 2°, deben
ser declarados inexequibles puesto que no se logró desvirtuar la presunción de
regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines
perseguidos por la misma”.
3.2. Ahora bien, en sentencia T-043 de 2007, la Corte
Constitucional, teniendo en cuenta los problemas de aplicación a casos
concretos que podría generar los múltiples cambios normativos sufridos por el
artículo 39 de la ley 100 de 1993, dedicó un apartado al análisis del principio
de favorabilidad en la determinación de la norma aplicable para el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
3.2.1. En un primer momento, la Corte estableció las
fechas entre las cuales estuvo vigente cada una de las normas que regularon los
requisitos de la pensión de invalidez. En ese sentido señaló lo siguiente:
“7.1. A partir
del tránsito normativo al que se hizo referencia anteriormente, se advierte que
desde el 1º de abril de 1994, fecha en la que entró en vigor el sistema general
de pensiones (Ley 100/93, art. 51), han estado en vigencia cuatro modalidades
de regulación en materia de densidad de cotizaciones para el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, a saber: Desde 1994 hasta el 28 de enero de
2003, estuvieron vigentes las reglas de la redacción “original” del artículo 39
de la Ley 100 de 1993. Luego, la Ley 797/03 modificó los requisitos, regulación
que tuvo vigencia hasta el 11 de noviembre de 2003, fecha en la que esta
Corporación declaró inexequible el artículo 11 de la mencionada Ley por vicios
de procedimiento en su formación. Así, en consideración a lo planteado por la Corte
en el sentido que la declaratoria de inexequibilidad de una norma derogatoria
conlleva la reincorporación al ordenamiento de la norma derogada[32],
el modelo legal del artículo 39 de la Ley 100/93 pervivió desde el 12 de
noviembre de 2003 hasta el 29 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 860 de 2003, cuyo artículo 1º modificó el artículo 39
citado”.
3.2.2. Del mismo modo, el Tribunal indicó que la norma
que gobernaba la solución del asunto relativo a la asignación y reconocimiento
de la pensión de invalidez, era aquella que estuvo vigente al momento de
estructurarse la invalidez. Al respecto la Corporación precisó:
“El artículo
16 del Código Sustantivo del Trabajo establece que las normas laborales, por
ser de orden público, producen efecto general e inmediato, por lo que no tiene
efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas
conforme a leyes anteriores. Desde esta perspectiva, al carecerse para el caso
de la pensión de invalidez de un régimen de transición, se concluye que, de
manera general y salvo las excepciones que se analizarán en apartado posterior
de este fallo, la norma aplicable en cada caso es la vigente al momento del
acaecimiento de la condición que hace exigible la prestación, es decir, la
fecha de estructuración de la discapacidad, declarada por la junta de
calificación correspondiente (Ley 100/93. arts. 42 y 43)”.
3.2.3. Luego, la Corte se preguntó “¿qué sucede en
aquellos eventos en que la norma vigente al momento de estructuración de la
invalidez era el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, norma que es luego
declarada inexequible y, en consecuencia, expulsada del ordenamiento jurídico
en razón de los efectos de la cosa juzgada constitucional (Art. 243 C.P.)?”.
Al abordar el interrogante propuesto, el Tribunal encontró que se presentaba
una situación particularmente problemática, “puesto que otorgar validez a la
aplicación del precepto declarado inconstitucional contraería el desconocimiento
de los efectos de la cosa juzgada constitucional en los términos del artículo
243 Superior. Empero, el efecto general e inmediato que la ley dispone para las
normas laborales obligaría, en principio, a aplicar la norma vigente al momento
de estructuración de la invalidez”.
Ante la incertidumbre sobre cuál debía ser la norma
aplicable en la hipótesis planteada, la Corporación advirtió que la
Constitución Política en su artículo 53 consagra el principio de favorabilidad
en materia laboral, desarrollado a nivel legislativo por el artículo 21 del
código sustantivo del trabajo. Según este precepto, en caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable
al trabajador, la cual deberá aplicarse en su integridad.
Bajo tal óptica, la Corte Constitucional determinó que
la versión original del artículo 39 de la ley 100 de 1993 ofrecía una condición
más favorable a quienes les fue estructurada su invalidez en la fecha en que
estuvo vigente el artículo 11 de la ley 797 de 2003, razón por la cual esta
sería la disposición aplicable. En otras palabras, esta Corporación determinó
que a los sujetos cuya invalidez se les estructuró entre el 28 de enero de 2003
(fecha en que entró a regir la ley 797 de 2003) y el 12 de noviembre del mismo
año (fecha en que se reincorporó al ordenamiento jurídico la versión original
del artículo 39 de la ley 100 de 1993), les sería aplicable la versión original
del artículo 39 del sistema general de pensiones, y no el artículo 11 de la ley
797 de 2003, pues producto de la declaratoria de inexequibilidad de esta última
disposición, la norma original cobró nuevamente vigencia, siendo la más
favorable entre las disposiciones en conflicto.
En efecto, en la sentencia que se examina la Corte
puntualizó:
“7.9. El
análisis efectuado permite a la Corte inferir que para el evento analizado,
existen argumentos razonables y suficientes que permiten defender la aplicación
al caso concreto de los preceptos de la Ley 100/93 u otra norma favorable, en
contraposición a los de la Ley 797/03 en lo referente a la determinación de los
requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, cuando la
estructuración de la discapacidad operó durante la vigencia de este último
precepto. Ante la duda comprobada sobre la determinación de la norma aplicable,
resulta perentoria la aplicación por parte del juez del principio
constitucional de favorabilidad laboral, según el cual debe preferirse la norma
que imponga condiciones menos gravosas al trabajador para la consolidación de
una situación jurídica particular.  En ese sentido, el estudio de los preceptos
mencionados demuestra que las reglas del artículo 11 (sic) [39] de la
Ley 100/93 en su versión “original” muestran las condiciones más favorables de
acceso a la prestación, en tanto exige una menor densidad de cotizaciones y
omite el requisito de fidelidad mínima al sistema”.
3.3. En conclusión, (i) la pensión de invalidez
contemplada en el artículo 39 de la ley 100 de 1993 ha sido objeto de diversas
modificaciones por parte del legislador, consagrando durante sus distintas
vigencias requisitos disímiles para su reconocimiento; (ii) por regla
general la norma aplicable a un trabajador que reclama su pensión de invalidez
es aquella que estaba vigente a la fecha de la estructuración de la invalidez
y; (iii); las personas cuya invalidez se estructuró entre el 28 de enero
de 2003 y el 12 de noviembre del mismo año, están cobijadas por la versión
original del artículo 39 de la ley 100 de 1993, por ser esta disposición la que
les otorga una condición más favorable para el acceso a dicha prestación. En
esa dirección, para hacerse acreedor a la pensión de invalidez, este grupo
poblacional debe reunir los siguientes requisitos: “a) que el afiliado se encuentre cotizando al régimen
y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de
producirse el estado de invalidez” o;
b) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca el estado de invalidez”
c.
Del caso concreto
Cuestión previa
1.
Como se indicó en el antecedente 1.7 de esta sentencia, el accionante presentó
en el año 2008 acción de tutela contra algunas de las entidades que figuran
como accionadas en el presente asunto. Por esa razón, se hace necesario
estudiar la probable improcedencia de la acción de tutela por efecto del artículo
38 del decreto 2591 de 1991 -por el cual se reglamenta el ejercicio de la
acción de tutela- en el que se establece que “[c]uando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la
disposición citada contiene una norma que prohíbe la presentación de dos o más
tutelas, con base en los mismos supuestos fácticos y con el fin de satisfacer
la misma pretensión material. Ese mandato tiene la finalidad de evitar
conductas que, de manera  dolosa o caprichosa, congestionen el aparato judicial
y restrinjan el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia
de otros ciudadanos, mediante el ejercicio abusivo del derecho a la tutela
efectiva y el desconocimiento del principio de lealtad procesal.
En ese orden de ideas, este  Tribunal ha establecido que la
acción de tutela es temeraria e improcedente cuando: “desconoce el principio de buena fe, en tanto la
persona asume una actitud indebida para satisfacer intereses individuales a
toda costa y … expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin razón
alguna se instaura nuevamente una acción de tutela”[33],
y ha puntualizado que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) [i]dentidad de
partes, (ii) identidad de hechos, (iii) identidad de pretensiones[34]”[35],
y (iv) ausencia de justificación para la presentación de la nueva demanda.[36]
1.1.
En el sub judice la acción de tutela presentada en el año 2008 y la que
ahora ocupa la atención de la Sala, ciertamente envuelven situaciones fácticas
y jurídicas disímiles que las hacen diferentes. Un hecho resulta fundamental
para arribar a esta conclusión, en la acción de 2008 el actor aún no había sido
evaluado por la junta regional de calificación de invalidez, y por ello, no era
procedente establecer si existía el derecho a una pensión de invalidez, caso
que se revela distinto a la actual acción, en la que el porcentaje de pérdida
de capacidad laboral ya ha sido fijado, y por ende, se hace procedente estudiar
el posible reconocimiento de una pensión de invalidez a favor del accionante.
1.2.
Una consideración adicional se hace necesaria para desvirtuar la temeridad e
improcedencia del amparo constitucional por efecto del artículo 38 del decreto
2591 de 1991: la diversidad de partes que operan en una acción respecto de la
otra. El actor, con fundamento en el dictamen de la junta regional de
calificación de invalidez de Sucre, interpuso acción de tutela únicamente
frente al departamento de Sucre en el presente asunto, fue la propia Corte
Constitucional la que decidió vincular al trámite a las entidades que
igualmente fungen como accionadas en la acción de 2008, así como a la junta
regional de calificación de invalidez de Sucre, entidad que como se verá,
tendrá una participación esencial en el presente amparo constitucional e
introducirá aspectos fácticos y jurídicos que hacen substancialmente disímil
esta acción con respecto a la de 2008.
1.3.
Las precisiones realizadas llevan a la Corte Constitucional a concluir que la
presente acción de tutela no resulta temeraria e improcedente por virtud del
artículo 38 del decreto 2591 de 1991.
De
la procedibilidad formal y la procedencia material de la acción de tutela en el
presente caso.
2. La Sala estima que en esta oportunidad la
procedibilidad del amparo constitucional se encuentra estrechamente vinculada
al estudio de las presuntas violaciones a los derechos fundamentales del actor
y a las condiciones especiales del presente asunto. Esto significa que la
probable vulneración iusfundamental incide directamente en la
procedibilidad del amparo solicitado. Por tanto, en el desarrollo del caso
concreto, con el objeto de evaluar la presunta vulneración alegada y la
plausibilidad de una eventual orden de amparo constitucional, se hará un
análisis que integrará, al mismo tiempo, el estudio de los requisitos formales
de procedibilidad y materiales de prosperidad de la acción de tutela[37].
En esa medida, la Corte partirá por exponer las
condiciones materiales de subsistencia del accionante y analizará la diligencia
del actor en la búsqueda de una adecuada protección a sus derechos;
posteriormente se verificará la existencia del derecho a una pensión de
invalidez a favor del demandante  y se identificará la entidad que tendría que
encargarse de reconocer la obligación pensional. Finalmente, de constatarse la
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario y la necesidad de
adoptar medidas de protección, la Sala, con respaldo en los elementos recién
descritos, determinará si los medios de defensa judicial ordinarios resultan
idóneos y eficaces para proteger los derechos conculcados y si por consiguiente
el amparo constitucional resulta procedente.
De las condiciones
materiales de subsistencia del peticionario y su diligencia en la búsqueda de
protección a sus derechos constitucionales.
3.
La Sala constató que el actor se encuentra en condiciones de extrema
vulnerabilidad, es sujeto de especial protección constitucional y se ha
mostrado diligente al momento de buscar el respeto de sus derechos
constitucionales.
3.1.
En efecto, en el escrito de demanda de tutela, así como en el informe rendido
a esta Corte bajo la gravedad de juramento, el accionante manifestó que no
posee bienes muebles e inmuebles de valor representativo, cuenta únicamente con
una casa de habitación ubicada en una zona estratificada en el nivel 2
socioeconómico de Sincelejo, ni él ni su esposa tienen rentas o ingresos
económicos fijos por sumas significativas de dinero, se halla desempleado y sin
posibilidad física de realizar algún trabajo, el último cargo desempeñado fue
el de celador grado uno en el departamento de Sucre en el año 2006, y su
manutención depende de los dineros que sus familiares -también de escasos
recursos- le aportan de forma periódica (fls. 412 a 430 Cdno. 2 Corte).
3.2.
En la misma dirección, se tiene que el actor cuenta actualmente con 69 años de
edad y se encuentra en condición de discapacidad con una pérdida de fuerza
laboral del 69.10% a mayo 6 de 2008, fecha de la junta de calificación de
invalidez que evaluó sus condiciones físicas. Esto sin perjuicio del deterioro
propio de la enfermedad de párkinson que hace inferir el empeoramiento
de las condiciones de salud del demandante y la probable disminución de su
expectativa de vida a la fecha (fls. 414 a 427 Cdno. 2 Corte).
3.3.
En armonía con lo expuesto, resulta relevante destacar algunos apartes de la
historia clínica del accionante, que además de llevar al convencimiento sobre
la precaria situación de salud del actor y el progresivo deterioro de su
patología, evidencian que incluso desde antes de la terminación de su relación
laboral con el departamento de Sucre tenía serios padecimiento médicos.
Así,
se observa que le fueron reconocidas licencias por enfermedad (incapacidad) en
los meses de julio, agosto, octubre, y diciembre de 2004; mayo, marzo, junio,
julio, agosto, septiembre y noviembre de 2005 y; enero, febrero, marzo y mayo
de 2006, cada una por un término de 30 días (fls. 172 a 212 Cdno. 2 Corte)[38].
De conformidad con la historia médica del accionante, el 16 de junio de 2003 la
Clínica General de Sucre indicó que este tenía un “cuadro clínico de aprox. (sic)
06 años de evolución caracterizado inicialmente por trastorno de la marcha y
dificultad para agarrar objetos con las manos. Evolución progresiva apareciendo
posteriormente temblor distal de reposo en las 4 extremidades” (fl. 144
Cdno. 2 Corte). Posteriormente, en junta neuroquirurgica de febrero 7 de 2008
celebrada en el Hospital San Ignacio de Bogotá, se indicó: “paciente con
enfermedad de parkinson severa, que ha producido incapacidad y deterioro total
en su calidad de vida. Ha sido refractario a manejo médico adecuado. Requiere
cirugía funcional mediante estimulación cerebral profunda bilateral” (fl.
309 Cdno. 1 Corte).
3.4.
Aunado a lo expuesto, es de resaltar que los sujetos procesales de la parte
accionada, pese a tener la carga de la prueba en lo que a sus intereses
respecta, no controvirtieron las afirmaciones que sobre sus condiciones
económicas y de salud realizó el accionante en su demanda de tutela, ni
agregaron al proceso documentos u otros elementos de juicio que permitieran
desvirtuar las conclusiones a las que ha llegado la Corte en torno a las
circunstancias de existencia del demandante.
3.5.
Igualmente, es pertinente señalar que el demandante se ha mostrado diligente en
la búsqueda de una adecuada protección a sus derechos. En ese sentido, ha
elevado distintas reclamaciones administrativas desde por lo menos el año 2006
ante la gobernación departamental de Sucre, el ISS, las AFP Citi Colfondos S.A.
y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., e incluso inició proceso ordinario
laboral en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo -el cual se
encuentra en curso-, sin que hasta el momento, y a pesar de su diligencia, haya
encontrado una adecuada solución a su situación pensional.
3.6.
Así las cosas, el análisis integrado de los anteriores elementos demuestran a la
Sala que el actor (i) se ubica en una posición de debilidad manifiesta y
extrema vulnerabilidad; (ii) es sujeto de especial protección
constitucional; (iii) actualmente tiene seriamente comprometido su
derecho fundamental al mínimo vital y; (iv) ha cumplido con la carga de
buscar la protección de sus derechos constitucionales mediante diversos
mecanismos administrativos y judiciales.
De
la titularidad del derecho a una pensión de invalidez.
4.
En el presente caso, para determinar la norma aplicable al momento de resolver
sobre la pensión de invalidez reclamada, la Corte debe establecer cuál fue la
fecha de estructuración de la invalidez del actor, pues de conformidad con la
jurisprudencia constitucional sobre la materia, la norma aplicable a un trabajador que reclama su pensión de invalidez
es aquella que estaba vigente a la fecha de la estructuración de la misma (Supra
3.2.2.).
4.1.
En el sub judice, el accionante anexó a sus demandas ante el juez
constitucional de tutela y el ordinario laboral, un dictamen de la junta
regional de calificación de invalidez de Sucre que lo declara inválido con un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 69.10%, le señala como fecha de
estructuración el 28 de abril de 2008 y cataloga su invalidez como de origen
común[39] (fls. 80 a 83 Cdno.1
Juzgado). Asimismo, aparece un documento enviado a esta Corporación por dicha
junta regional (aclaración de dictamen de calificación N°. 150 del 5 de mayo de
2008), en el que se informa que la fecha de estructuración de la invalidez del
actor corresponde en realidad al 16 de junio de 2003, manteniéndose
igual el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la invalidez
(fls. 7 a 12 Cdno. 2 Corte).
4.2.
En cuanto al origen del documento enviado a esta Corte por la junta regional,
es preciso indicar que este Tribunal al advertir posibles inconsistencias en la
fecha de estructuración de la invalidez del accionante registrada en el
dictamen presentado por el demandante ante los jueces laboral y constitucional
de tutela, decidió (i) vincular al trámite de amparo a la anotada junta[40]
y; (ii) decretar y practicar pruebas tendientes a verificar la auténtica
fecha de estructuración de la invalidez del actor (Supra 5.4.).
Ante
cuestionamiento realizado por esta Corte sobre la idoneidad de la experticia
que determinó la fecha de estructuración de la invalidez del actor, el
secretario de la referida junta de calificación indicó que por error
involuntario se consignó como fecha de estructuración de la invalidez el 28
de abril de 2008, y no el 16 de junio de 2003, día en que en verdad habría
operado la misma. Al respecto, el aludido secretario aseveró: “… estamos
haciendo la respectiva corrección pidiendo las disculpas del caso. Revisado el
expediente y de acuerdo a los soportes encontrados en la Historia Clínica la
fecha de estructuración de la enfermedad es el 16 de junio de 2003”. (fl. 7
Cdno. 2 Corte)
Igualmente,
anexó original de la aclaración de dictamen de calificación N°. 150
del 5 de mayo de 2008, suscrito por los miembros de esa junta evaluadora,
en el que se señala lo siguiente: “paciente evaluado por la Junta de
Invalidez de Sucre (06-05/08) cuya fecha de estructuración de la invalidez fue
impugnada a través de tutela interpuesta por el afectado, por lo que se procede
a la revisión de la historia clínica y el dictamen correspondiente de la JCI de
Sucre. // Una vez revisada toda la documentación pertinente del caso se concluye
que la fecha de estructuración corresponde a la fecha 16-06/03 y no a la fecha
28-04/08 ya que la historia clínica elaborada por el neurólogo clínico en fecha
anotada es concluyente en el sentido que dicha evaluación corresponde a la
sintomatología que el paciente viene y ha presentado repetidamente relacionada
con enfermedad clásica del sistema nervioso central como parkinson (trastorno
bilateral), cuyo tratamiento y recomendaciones se encuentra acorde con dicho
diagnóstico”. (fl 12 Cdno Corte 2)
En concordancia con lo anterior, es menester señalar
que la Corte a través de auto de 6 de mayo de 2010 ordenó poner en conocimiento
de los sujetos procesales los documentos enviados por la junta regional a los
que se ha hecho referencia, para que se pronunciaran sobre ellos si así lo
consideraban pertinente. Sin embargo, vencido el término de traslado las partes
guardaron silencio, aspecto que conllevó la firmeza de la referida aclaración
pericial que fijó como fecha de estructuración de la invalidez el 16 de junio
de 2003.
4.3. En conclusión, la fecha de estructuración de la
invalidez del actor que tiene plenos efectos jurídicos en el presente asunto es
la de 16 de junio de 2003, por ser la que mejor se acomoda a la verdad material
y procesal del presente asunto[41].
4.4. Ahora bien, al momento de la estructuración de la
invalidez del actor, el sistema general de pensiones contenido en la ley 100 de
1993 le era aplicable a los trabajadores del departamento de Sucre y del
municipio de Sampués, así como a quienes se encontraban afiliados al ISS y a
los fondos privados de pensiones[42].
Bajo tal óptica, siendo la invalidez del actor de
origen común y teniendo como fecha de estructuración el 16 de junio de 2003, la
norma aplicable en principio sería la consignada en el artículo 11 de la ley
797 de 2003 entonces vigente. No obstante, como lo ha señalado esta
Corporación, “las personas cuya
invalidez se estructuró entre el 28 de enero de 2003 y el 12 de noviembre del
mismo año, están cobijadas por la versión original del artículo 39 de la ley
100 de 1993, por ser esta disposición la que les otorga una condición más
favorable para el acceso a dicha prestación” (Supra 3.3.).
En ese sentido, para hacerse acreedor a la pensión de
invalidez a la luz de los presupuestos del artículo 39 de la ley 100 de 1993 en
su versión original, deben reunirse los siguientes requisitos: “a) que el afiliado se encuentre cotizando al régimen
y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de
producirse el estado de invalidez” o;
b) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca el estado de invalidez”.
4.5. En el presente caso, como al momento de
producirse el estado de invalidez al actor se le estaban realizando las
deducciones correspondientes a aportes a pensión, el supuesto de hecho que se
acomoda a su situación fáctica es el contenido en el literal “a” del
artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su versión original. De ahí que de
conformidad con este requisito el actor satisfaga las previsiones legales para
acceder a su pensión de invalidez, como pasa a analizarse.
En efecto, está acreditado que (i) Filiberto
Enrique Román Beltrán laboró desde el 20 de enero de 1994 hasta el 31 de
diciembre de 2002 en la administración municipal de Sampués (fls. 213-214 Cdno.
1 Corte); (ii) el 01 de enero de 2003 fue trasladado sin solución de
continuidad desde la alcaldía de Sampués a la planta de personal del
departamento de Sucre en donde prestó sus servicios como celador grado 1 hasta
el 20 de febrero de 2006 (fl. 263 a 271 Cdno. 1 Corte); (iii) a lo largo
de su vinculación con la administración municipal y posteriormente con la
departamental, le fueron descontados de su salario mes a mes los aportes
correspondientes a pensión (fls. 215 a 254 Cdno. 1 Corte) y; (iv) según
dictamen de la junta regional de calificación de invalidez de Sucre, el
demandante tiene una pérdida de capacidad laboral del 69.10% estructurada el 16
de junio de 2003, aspecto que de acuerdo con el artículo 38 de la ley 100 de
1993 le confiere la calidad de inválido.
4.6. De este modo, está probado que el accionante
tiene derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez en cuantía que habría
de liquidarse de conformidad con las normas pertinentes de la ley 100 de 1993
(en especial el artículo 40), y demás disposiciones concordantes del
ordenamiento jurídico.
Del
responsable de asumir la carga de reconocer y sufragar la prestación pensional
a la que tiene derecho el actor.
5.
Según se indicó en los fundamentos jurisprudenciales de esta providencia, “una
vez la persona cumple los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico
para acceder a una pensión, le son inoponibles las diferentes disputas que se
pudieren presentar entre las entidades potencialmente obligadas a garantizar su
derecho prestacional” (Supra 2.3.). En estos eventos, ha dicho la
Corte, la acción de tutela procede para amparar los derechos constitucionales
conculcados y remover los obstáculos que impiden el goce efectivo del derecho
pensional, “ordenando el pago de la prestación a la entidad que se presente,
en principio, como la principal obligada, y facultándola para que dentro de un
término razonable acuda a la respectiva jurisdicción especializada a discutir
su responsabilidad” (Supra 2.3.).
Así las cosas, establecida la existencia del derecho a
una pensión de invalidez cuya titularidad radica en cabeza del señor Filiberto
Enrique Román Beltrán, la Sala, atendiendo al material probatorio obrante en el
proceso, debe determinar quién es, en principio, el responsable de reconocer y
sufragar los dineros correspondientes a la pensión de invalidez del actor.
5.1.
Como ya se ha señalado, el accionante requirió ante el ISS, su empleador y las
AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y Citi Colfondos S.A., el
reconocimiento de su pensión de invalidez sin obtener una respuesta favorable a
su pretensión.
La
alcaldía municipal de Sampués y la gobernación de Sucre excusaron su
comportamiento aduciendo que en su calidad de empleadores del actor trasladaron
el riesgo pensiones a Citi Colfondos S.A., entidad a la que aseguran
afiliaron al accionante. Por su parte, el ISS y las AFP Citi Colfondos S.A. y
BBVA Horizonte S.A., rechazaron la solicitud del actor alegando para ello que
el accionante nunca estuvo vinculado a esas entidades.
5.2. Toda vez que la situación pensional del
peticionario siempre ha estado regulada por la ley 100 de 1993 –y no por el
decreto 1848 de 1969 como lo sostuvo el departamento de Sucre-, para la Corte
resulta evidente que los artículos 17[43] y 22[44]
de esa ley, normas que imponen al empleador el pago de las cotizaciones a
pensiones, y el decreto 1642 de 1995 -“por el cual se reglamenta la
afiliación de trabajadores al sistema general de pensiones”-, son
vinculantes para la administración departamental de Sucre, empleador del
accionante al momento de estructurarse su invalidez.
En ese sentido, es pertinente indicar que los incisos
1° y 4° del artículo 8 del decreto 1642 de 1995 prescriben que “En todos los
casos, respecto de aquellos trabajadores que hubiesen sido afiliados por fuera
del término a cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público
del nivel nacional o territorial, o del sector privado, las prestaciones que
llegaren a causarse durante tal periodo por razón de invalidez o de muerte por
riesgo común, serán reconocidas y pagadas por la caja, fondo o entidad que lo
afilió por fuera de término. // (…) Para los empleadores del sector
público del nivel territorial, el reconocimiento y pago de las pensiones de
invalidez o de sobrevivientes por riesgo común, que se hubiesen causado
durante el periodo de no afiliación al Sistema General de Pensiones, se
efectuará por parte del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Territorial
correspondiente, con cargo a los recursos que le deben destinar las entidades
territoriales para tal fin”. (Énfasis añadido)
Del
mismo modo, resulta necesario advertir que en sentencia T-721 de 2009, esta
Corporación señaló que “[e]l ordenamiento jurídico colombiano, a
través de la anotada ley [100 de 1993], radicó en cabeza de todo
empleador, la obligación impostergable de afiliar a sus trabajadores al sistema
general de seguridad social” y enfatizó que “la referida obligación del
empleador y el correlativo derecho del trabajador, debe realizarse en la
práctica, pues, para tener por cumplido el mandato que el legislador impuso
sobre el empleador, no es suficiente su simple acatamiento formal sino, ante
todo, su materialización”[45].
Bajo
ese marco, la gobernación departamental de Sucre, en caso de no acreditar que
afilió al accionante al sistema general de pensiones, tendría que asumir el
reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de invalidez del actor, pues
esta se causó en vigencia de la relación laboral que sostuvo con Filiberto
Enrique Román Beltrán.
5.3.
El departamento de Sucre envío a la Corte Constitucional copia simple de un
formulario de “vinculación o traslado al fondo de cesantías y pensiones
obligatorias” número 6920557 de Citi Colfondos S.A. con el que pretende
demostrar la afiliación del accionante a ese fondo privado (fl. 449 Cdno. 2
Corte). Esta Corporación, mediante autos del 2 y 15 de junio de 2010 puso en
conocimiento de Citi Colfondos S.A. el formulario allegado por el departamento
y le ordenó a esa AFP que explicara a la Corte las razones que tenía para
afirmar que el actor no se encontraba entre sus afiliados.
En
su respuesta, Citi Colfondos S.A. reconoció que se trataba de un formulario
usado por la compañía en los procesos de afiliación, sin embargo indicó que el
ejemplar puesto a su consideración no era legible, se encontraba sin
diligenciar en su totalidad, no contaba con el sello de Citi Colfondos S.A., no
era posible identificar la firma que allí aparecía suscrita, no había sido
radicado en la empresa y no obraba copia del mismo en el archivo de la
compañía. Lo anterior, aseveró el representante de Colfondos S.A., era
consistente con “el hecho de que no se reporta afiliación a Citi Colfondos
S.A.” a nombre del demandante (fl. 473 Cdno. 2 Corte).
5.4.
La Sala encuentra que el departamento de Sucre no logró probar a la Corte la
afiliación del trabajador Filiberto Enrique Román Beltrán al fondo de pensiones
Citi Colfondos S.A. Ello por cuanto: (i) sin que implique tarifa legal,
lo cierto es que el diligenciamiento del formulario de afiliación valida la
vinculación a ese sistema y en esa medida se constituye en documento relevante
al momento de probar la adhesión a ese sistema. En el proceso de tutela, sin
embargo, existen serias dudas sobre la idoneidad del formulario allegado al
expediente, incertidumbre que debe ser resuelta por el juez ordinario
competente, pues los argumentos expresados por Citi Colfondos S.A. para negar
la existencia de la afiliación se presentan, en principio, razonables; (ii)
no obra prueba en el expediente que conduzca a la Corte al convencimiento sobre
la efectiva afiliación del accionante a la AFP Citi Colfondos S.A., máxime
cuando el empleador no allegó al proceso la comunicación de que trata el artículo
11 del decreto 692 de 1994[46] y; (iii) en
vigencia de la relación laboral la alcaldía municipal de Sampués y la
gobernación de Sucre no realizaron aportes a Citi Colfondos S.A. en calidad de
empleadores del actor, aspecto que habría implicado para el fondo la carga de
requerir a quien realizó la consignación con el objeto de determinar el motivo
de la misma, situación que no acaeció justamente porque las entidades
territoriales no efectuaron aportaciones a esa AFP.
5.5.
El departamento de Sucre alega igualmente que BBVA Horizonte S.A. al recibir
durante varios años los aportes a pensión del demandante y no expresar al
respecto reproche alguno, asumió la responsabilidad de responder por la
contingencia que el accionante ahora reclama por vía constitucional.
Frente
a este argumento, resulta pertinente indicar que ciertamente  el artículo 10
del decreto 1161 de 1994[47], impone a la aseguradora
la obligación de comunicar al empleador sobre el pago de aportes de personas
que no figuran como sus afiliados tan pronto tenga conocimiento de esa
circunstancia. Al respecto, es menester señalar que la norma no contempla expresamente
como consecuencia específica del incumplimiento de dicha disposición, la
admisión de una especie de afiliación de hecho del sujeto a nombre del
cual se consignan los aportes, sino la obligación de abonar las sumas
respectivas en una cuenta especial de personas no vinculadas y su
posterior devolución a quien las depositó erradamente, o el traslado de los
dineros al fondo de pensiones al que en verdad se encontrare afiliado el sujeto[48].
De este modo, si bien la Corte Constitucional evidencia que BBVA Horizonte S.A.
obró de manera negligente al incumplir su obligación y mantener durante un buen
término bajo su administración dineros que no le correspondían, no impondrá a
dicha AFP la carga de asumir la pensión, pues su responsabilidad definitiva
tendría que discutirse en un eventual proceso ordinario o contencioso
administrativo, escenario idóneo para esclarecer el compromiso de dicha AFP en
el reconocimiento de la pensión del accionante.
5.6.
En el proceso de tutela igualmente se encuentra acreditado que el accionante
figuró en la base datos del ISS como afiliado en calidad de trabajador independiente
durante los periodos del 24 de marzo de 1995 al 2 de mayo de 2006 y del 23 de
julio de 2008 al 4 de agosto del mismo año. Tal circunstancia podría implicar
respecto de esa entidad la obligación de atender el pago de la pensión
invalidez del demandante.
La
Sala, no obstante, no impondrá en sede de tutela ninguna obligación al ISS por
las siguientes razones: (i) de conformidad con los documentos que obran
en el proceso, es notorio que ni el accionante ni su empleador hicieron aporte
alguno a esa entidad y; (ii) la Corte Constitucional ha entendido que en
el evento en que un trabajador se encuentre afiliado a una AFP privada o a la
administradora del régimen del prima media (ISS) sin que estas hayan efectuado
el cobro de los aportes en mora, se configura un allanamiento a la mora que
hace responsable a la entidad de reconocer la contingencia que el riesgo
cumplido hubiere podido originar. Sin embargo, esa regla ha tenido aplicación
en casos en los cuales la afiliación del sujeto se ha dado en calidad de
trabajador dependiente, evento en el que el artículo 24 de la ley 100 de
1993[49] faculta al fondo de
pensiones a realizar los cobros coactivos de rigor al empleador incumplido. En
el sub judice empero, la afiliación del señor Román Beltrán con el ISS
se dio en condición de trabajador independiente, por lo que el ISS no tenía
conocimiento alguno sobre la existencia del empleador del accionante y por
ende, no tenía la posibilidad de elevar cobros contra este.
5.7.
Visto el anterior escenario, la Corte concluye que la gobernación departamental
de Sucre es la encargada de reconocer y pagar la pensión de invalidez a la que
tiene derecho Filiberto Enrique Román Beltrán. En esa dirección, el ente
departamental, al negar la pretensión pensional del accionante a través de
resolución 1416 de 2007 y abstenerse de resolver de fondo la nueva petición que
realizara el demandante en escrito del 31 de julio de 2008, vulneró los
derechos constitucionales a la seguridad social y al mínimo vital del señor
Román Beltrán, pues como se ha explicado, el departamento de Sucre, al no
perfeccionar la afiliación a un fondo de pensiones de su trabajador,
comprometió su responsabilidad en el reconocimiento de la pensión de invalidez
a favor del accionante, y debía por ello asumir la carga de liquidar y sufragar
la misma.
De
la falta de idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios de defensa
judicial en el sub examine.
6.
Establecido que el departamento de Sucre vulneró el derecho a la seguridad
social en su contenido pensional del actor y afectó su mínimo vital, y que por
ello se hace necesario la adopción de medidas urgentes de protección, la Sala
analizará si los mecanismos ordinarios de defensa judicial existentes son
idóneos y eficaces para otorgar la garantía constitucional requerida por el
peticionario.
En
los antecedentes fácticos de esta sentencia, la Corte señaló que Citi Colfondos
S.A. puso de presente a la Corporación la existencia de un proceso ordinario
laboral promovido por el actor de la tutela contra la gobernación departamental
de Sucre y otros, en donde igualmente se persigue el reconocimiento del derecho
a una pensión de invalidez a favor del demandante.
Al
respecto, atendiendo a la condiciones del caso concreto la Corte observa que
debido a: (i) la precaria situación económica y médica del accionante; (ii)
su avanzada edad y condición de discapacidad; (iii) los diferentes
obstáculos que para alcanzar el goce y disfrute a una pensión de invalidez ha
tenido que afrontar de manera injustificada desde el año 2006 y; (iv) la
ausencia en el proceso ordinario laboral de un dictamen que se ajuste a la
realidad de su situación fisiológica; hace impostergable la adopción de medidas
de protección constitucional que no podrían realizarse oportunamente a
través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
Así
las cosas, la situación planteada revela al Tribunal Constitucional, que la
acción de tutela impetrada por Filibertro Enrique Román Beltrán contra el
departamento de Sucre y otros, resulta procedente ante la manifiesta ineficacia
que los mecanismos ordinarios de defensa judicial muestran en el presente caso.
De
las medidas de protección a tomar en el presente asunto.
7.
A continuación la Sala analizará la forma de impartir las órdenes necesarias
para salvaguardar de manera efectiva los derechos constitucionales conculcados.
7.1.
La Corte revocará la sentencia de instancia denegatoria de amparo, y en su
lugar tutelará los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de
Filiberto Enrique Román Beltrán. En consecuencia, dejará sin valor y efecto la
resolución 1416 de 2007 proferida por el gobernador de Sucre el 30 de mayo de
2007 por medio de la cual se negó la solicitud de pensión de invalidez del
demandante (fl. 57 Cdno. 1 Juzgado) y ordenará a la gobernación departamental
de Sucre que expida un nuevo acto administrativo en el que se reconozca y
liquide la pensión de invalidez del señor Román Beltrán, disponiendo su
inclusión en la nómina de pensionados de la entidad.
De
igual forma, la Corte enfatiza que este no es el escenario idóneo para esclarecer
la responsabilidad definitiva del municipio de Sampués, el ISS y las AFP BBVA
Horizonte S.A. y Citi Colfondos S.A., en orden a determinar una posible
concurrencia en el pago de la mesada pensional, ya que esta es una labor que
corresponde al juez laboral, limitándose la competencia de la Corte a la
adopción de las medidas que estima pertinentes para la salvaguarda iusfundamental
impetrada por vía de tutela. Esto es, a imponer la carga de reconocer la
pensión de invalidez a la entidad que en principio se vislumbra como la
principal responsable de asumirla, concediéndole eso sí la facultad de ejercer
las acciones ante la jurisdicción competente en busca de la exoneración de su
responsabilidad, si a ello hubiere lugar.
7.2.
Del mismo modo, en atención a la situación de extrema vulnerabilidad del
accionante y a la afectación de su mínimo vital, y de conformidad con órdenes
similares adoptadas en las sentencias T-299 de 2010 y T-276 de 2010, la Corte
ordenará al responsable de asumir la pensión, el pago del retroactivo
correspondiente a las mesadas dejadas de percibir que se encuentren dentro de
los tres años inmediatamente anteriores a la notificación de esta sentencia,
debidamente indexadas a tiempo presente[50], sin perjuicio
de la facultad que le asiste al accionante de acudir a los mecanismos
judiciales ordinarios en búsqueda del pago retroactivo de los restantes
periodos, si a ellos considera tener derecho.
7.3.
Ahora bien, teniendo en cuenta que se encuentra cursando en este momento
proceso ordinario laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Sincelejo -en el que también se persigue el reconocimiento de la pensión de
invalidez del accionante-, la Corte analizará la forma de hacer compatible el
amparo constitucional con el trámite que allí se surte.
En
diversas oportunidades en las que se han tramitado procesos de tutela  de forma
simultánea con procesos ordinarios en los que se busca la protección del
derecho fundamental a la seguridad social, la Corte Constitucional ha concedido
el amparo iusfundamental de forma transitoria mientras el juez de la
especialidad laboral resuelve la litis de manera definitiva, y ha
remitido copia del fallo de revisión al juez ordinario al considerar que el
proceso que allí se surte tendrá similar solución a la otorgada en sede
constitucional[51].
En
otras ocasiones, atendiendo a determinadas condiciones especiales presentes en
cada caso concreto y con el objeto de brindar una efectiva protección al
derecho amparado, esta Corporación ha optado por autorizar al afectado el
retiro de la demanda ordinaria, trasladando la carga de acudir a la
jurisdicción competente al responsable de asumir la obligación pensional (Supra
2.2.1. a 2.3.).
7.3.1.
En el presente asunto, como ya se indicó, obra un dictamen de calificación de
invalidez allegado por el accionante en sus demandas ante el juez
constitucional de tutela y el ordinario laboral, en el que la junta regional de
calificación de invalidez de Sucre lo declara inválido con un porcentaje de
pérdida de capacidad laboral del 69.10% y le señala como fecha de estructuración
el 28 de abril de 2008. Asimismo, aparece un documento enviado a esta
Corporación por dicha junta regional, en el que se informa que la fecha de
estructuración de la invalidez del actor corresponde en realidad al 16 de junio
de 2003.
Así,
en tanto que en el proceso que se tramita ante el juez laboral únicamente se
incorporó el documento que contiene el dictamen proferido por la junta regional
de Sucre el 6 de mayo de 2008 y que fija como fecha de estructuración de la
invalidez el 28 de abril de 2008, el juez de dicha causa no tendría la
posibilidad de evaluar la aplicabilidad del artículo 11 de la ley 797 de 2003,
e incluso del artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su versión original, normas
estas que, de una parte, son más favorables al peticionario y, de otra,
presumiblemente conducirían a dictar fallos contradictorios entre sí en las
jurisdicciones ordinaria y constitucional, pues el accionante no cumpliría con
el requisito de cotización de las 50 semanas dentro de los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, regla
que el juez ordinario aplicaría al actor en virtud de la fecha de
estructuración del dictamen de calificación de invalidez que reposa en dicho
proceso.
Por
esta razón, y toda vez que se demostró que el actor reúne los requisitos para
acceder a una pensión de invalidez, se encuentra en condición de extrema
vulnerabilidad y la acción de tutela resulta procedente de manera definitiva
ante la manifiesta ineficacia que los medios ordinarios de defensa judicial
representan en el presente caso, el Tribunal Constitucional autorizará al
accionante a retirar la demanda ordinaria laboral que cursa en el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Sincelejo[52], sin perjuicio de la
facultad que le asiste por ministerio de la ley al departamento de Sucre, de
acudir a la jurisdicción competente a discutir su responsabilidad en el pago de
la pensión de invalidez del señor Filiberto Enrique Román Beltrán, proceso en
el cual podrá igualmente buscar el reintegro, de parte de quien allí resulte
condenado, de los dineros que hubiere pagado en cumplimiento de la sentencia de
revisión proferida por la Corte en el presente asunto[53].
7.3.2.
En el evento en que el departamento opte por acudir a la jurisdicción competente
para controvertir su responsabilidad pensional, deberá observar los siguientes
parámetros: (i) demandar a quien(es) considere verdadero(s)
responsable(s) de asumir la carga pensional; (ii) en caso de que el juez
competente determine que el departamento no es el responsable de asumir la
carga pensional pero no pueda imponer la obligación a otra entidad por no haber
sido convocada al proceso, el departamento en todo caso deberá continuar
garantizando la pensión del actor por no haber acertado al momento de
determinar la entidad a demandar y; (iii) deberá continuar sufragando la
mesada pensional del accionante durante todo el proceso, hasta tanto otra
entidad se haga cargo de la misma, incluso si la sentencia de primera instancia
fuere apelada o el expediente llegare a ser objeto de algún recurso
extraordinario.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar la suspensión del término del trámite de revisión, decretada mediante
auto del veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010).
Segundo.-
Revocar la sentencia denegatoria de
amparo proferida por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Sincelejo (Sucre) el diecinueve (19) de marzo de dos
mil nueve (2009) en única instancia, y en su lugar, conceder la tutela
de los derechos constitucionales al mínimo vital y a la seguridad social de
Filiberto Enrique Román Beltrán.
Tercero.-
Dejar sin valor y efecto la resolución
1416 de 2007 proferida por el gobernador de Sucre el 30 de mayo de 2007 por
medio de la cual se negó la solicitud de pensión de invalidez de Filiberto
Enrique Román Beltrán.
Cuarto.-
Autorizar al señor Filiberto Enrique
Román Beltrán para que, dentro del término de que trata el numeral quinto (5°)
de la parte resolutiva de esta sentencia, si así lo desea, desista del proceso
ordinario laboral radicado bajo el número 70.001.31.05.001.2009-00203-00,
promovido por él contra la gobernación departamental de Sucre y otros, que
cursa actualmente en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo.
Quinto.- Revocar la medida provisional adoptada en auto
del diecinueve (19) de julio de dos mil diez (2010) por la Sala Novena de
Revisión en el asunto de la referencia, y en su lugar, ordenar a la Juez
Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, conceda un término
de diez (10) días al señor Filiberto Enrique Román Beltrán para que este se
pronuncie sobre su decisión de desistir o continuar con el trámite del proceso
ordinario laboral radicado bajo el número 70.001.31.05.001.2009-00203-00,
promovido por él contra la gobernación departamental de Sucre y otros.
La
providencia que dicte la Juez Primero Laboral del Circuito de Sincelejo en
cumplimiento a lo ordenado por esta Corte deberá ser debidamente notificada a
las partes a través de estado, y comunicada telegráficamente al demandante y su
apoderado. Si vencido el término concedido el actor no se pronunciare o lo
hiciere en forma negativa, la juez reanudará el trámite corriente de dicho
proceso ordinario hasta su culminación; en caso contrario, esto es, si el
accionante manifiesta su intención de desistir del proceso, la Juez, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha manifestación, decretará la
terminación del proceso y ordenará el inmediato archivo definitivo del
expediente, absteniéndose de condenar en costas al demandante.
Sexto.-
Ordenar a la gobernación
departamental de Sucre, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
al archivo definitivo del proceso ordinario
laboral radicado bajo el número 70.001.31.05.001.2009-00203-00 que cursa en su
contra en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, y siempre  y
cuando el archivo se haya dado por desistimiento del demandante en ejercicio de
la autorización otorgada por esta Corte en los numerales cuarto (4°) y quinto
(5°) de esta providencia, proceda a reconocer, liquidar y pagar una pensión de
invalidez a Filiberto Enrique Román Beltrán y el retroactivo correspondiente a
las mesadas pensionales dejadas de percibir dentro de los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de notificación de esta sentencia,
debidamente indexadas a tiempo presente, de conformidad con lo establecido en
la parte motiva de esta sentencia (Supra 4.0 a 4.6, 7.1. y 7.2 Del caso
concreto).
La
gobernación departamental de Sucre al cumplir esta orden, podrá requerir el
traslado de los aportes a pensión del señor Filiberto Enrique Román Beltrán de
parte de quien esté administrando o tenga depositados los mismos, a través de
los mecanismos administrativos del caso y las acciones judiciales que estime
pertinentes.
Séptimo.-
Advertir a la gobernación
departamental de Sucre que en caso de que promueva acción judicial ante la
jurisdicción competente tendiente a controvertir el pago de la pensión de
invalidez a la que ha sido condenada en esta providencia y a buscar el
reintegro de los dineros que hubiere sufragado en cumplimiento de la misma,
deberá seguir y respetar los parámetros trazados en la parte motiva de esta
sentencia (Supra 7.3.2. Del caso concreto).
Octavo.- Disponer que el Juez Segundo Laboral del
Circuito de Sincelejo, como juez de tutela de única instancia, vigile el
cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia, respetando los deberes y
ejerciendo las facultades que como juez constitucional le impone y otorga el
ordenamiento jurídico. En especial –y si es del caso-, resolverá las discrepancias
que se pudieren presentar en la liquidación de la mesada pensional del actor y
en la determinación de la suma correspondiente al retroactivo de las mesadas
que dejó de percibir.
Noveno.- Dése cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] En adelante
también el accionante, el peticionario o el demandante.
[2] Nació el 14 de
febrero de 1941. (fl. 80 Cdno.1)
[3] En adelante
también la gobernación departamental o el departamento.
[4] En este aparte
se sigue la exposición del accionante. La Sala igualmente complementará la
narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos
aportados por el peticionario y la demandada.
[5] En adelante
también el ISS.
[6] En adelante
también BBVA Horizonte S.A.
[7] En adelante
también la Junta Regional.
[8] Por la amplitud de las pruebas obrantes en el
expediente, en este aparte la Corte sólo hará referencia a aquellas que
resultan relevantes para la decisión de revisión. En el análisis del caso
concreto, la Sala extenderá su estudio a otros elementos probatorios que no han
sido expresamente señalados en este acápite.
[9] Por tratarse de
una reiteración jurisprudencial, en este apartado la Sala seguirá la exposición
realizada en la sentencia T-235 de 2010 sobre las condiciones de procedibilidad
de la acción de tutela frente al reconocimiento de derechos pensionales.
[10]
Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2010.
[11]Al respecto, en Sentencia T-239 de 2008 se señaló:
“Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la acción
es procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será
lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, siempre que se
cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad
de la acción, decisión que tiene efectos temporales[11]. Y procederá cómo
mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico
correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al “no goza(r)
de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales
con la urgencia requerida” Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2009,
T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007.
[12] En
sentencia T-668 de 2007 se precisó: “Para la Corte, la tardanza o demora en
la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y reliquidación de
la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede
llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo
vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio
justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la
intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de
tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de
los derechos fundamentales”.
[13] Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus
características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 expresó: “Dicho
perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por
ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean
urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.”. Así mismo, sobre las características que debe reunir el
perjuicio irremediable, pueden consultarse las sentencias T-225 de 1993, SU-544
de 2001, T-1316 de 2001, T-983 de 2001, entre otras.
[14] Véanse las
sentencias T-702 de 2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007.
[15] Véanse las
sentencias T-019 de 2009, T-099 de 2009, T-752 de 2008, T-729 de 2008, T-702 de
2008, T-052 de 2008, T-597 de 2007, T-169 de 2003 y T-571 de 2002.
[16]
Sobre este aspecto se pueden consultar las sentencias T-567 de 2007, T-529 de
2007 y T-432 de 2005.
[17] En atención a la sentencia C-623 de 2004, la
seguridad social “cumple con los tres postulados básicos para categorizar a
una actividad como de servicio público, ya que está encaminada a la
satisfacción de necesidades de carácter general, exigiendo el acceso continuo,
permanente y obligatorio de toda la colectividad a su prestación, y además,
siendo necesario e indispensable para preservar la vigencia de las garantías
fundamentales en el Estado Social de Derecho”.
[18] Sobre el particular, en la sentencia C-623 de 2004, la
Corte estableció que la seguridad social como derecho implica, de un lado, la
posibilidad de exigir al Estado “la realización de un hecho positivo o
negativo (…) consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa”, y por otro,
para su efectiva realización, “la sujeción a normas presupuestales,
procesales y de organización, que lo hagan viable y, además, permitan mantener
el equilibrio del sistema”.
[19] El artículo 93 de la Constitución Nacional establece
que: “Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno. // Los derechos y deberes consagrados en esta Carta,
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”. Para una completa caracterización de la figura del bloque de
constitucionalidad y las disposiciones normativas que lo conforman se puede
consultar la sentencia C-488 de 2009.
[20] Para una relación y análisis de los convenios y
tratados que consagran el derecho a la seguridad social y hacen parte  del
bloque de constitucionalidad, ver sentencias T-414 de 2009, T-090 de 2009,
T-448 de 2008 y T-468 de 2007.
[21]
Corte Constitucional, sentencia T-414 de 2009.
[22] Al
respecto, ver entre otras las sentencias T-SU-430 de 1998,  T-668 de 2007 y
T-634 de 2008.
[23]
Corte Constitucional, sentencia T-758 de 2009.
[24] Ver la Sentencia T-691 de 2006.
[25]
Ídem.
[26] Sentencia SU-837
de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[27] En la misma sentencia la Corte justificó su decisión
de trasladar a las empresas aseguradoras la obligación de acudir a la
jurisdicción ordinaria de la siguiente manera:“Obligar a la persona que
tiene derecho a la pensión a esperar a la culminación de un proceso ordinario,
trabado entre las entidades eventualmente responsables del pago, para poder
acceder a su mesada, resulta abiertamente desproporcionado. En este sentido,
las empresas aseguradoras o las entidades públicas suelen tener la capacidad
económica para asumir temporalmente el pago de la mesada pensional, mientras
para la persona discapacitada que ha honrado cumplidamente sus obligaciones con
el sistema, el costo que apareja el no pago de su pensión – mientras las
entidades resuelven cuál de ellas es la obligada –, puede resultar
absolutamente injusto y devastador”.
[28] El
artículo 38 del sistema integral de seguridad social, señala que se considera
inválida, a efectos de hacerse acreedor a una pensión de invalidez, la persona
que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
[29] Al
respecto, el artículo 69 de la Ley 100 de 1993 señala lo siguiente: “El estado
de invalidez, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto y
el sistema de su calificación en el régimen de ahorro individual con
solidaridad, se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 38,39,
40 y 41 de la presente Ley”.
[30] En
la sentencia C-428 de 2009 la Corte Constitucional se refirió al principio de
progresividad de los derechos sociales en los siguientes términos: “Esta
Corporación, retomando e interpretando las normas tanto de la Constitución como
de los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad[30], ha
señalado que el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un
determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del
legislador en materia de derechos sociales se ve restringida por el estándar logrado.
En otras palabras, todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es
constitucionalmente problemático, por contradecir, prima facie, el mandato de
progresividad[30]”. Mas
adelante el Tribunal Constitucional agregó: “En el mismo sentido, y como garantía
de compromiso con la progresividad, está claro que una norma que se presente
como desfavorable frente al estándar de protección en  materia de derechos
económicos, sociales y culturales, habrá de presumirse regresiva[30], por lo que
se impone una carga especialmente rigurosa al Estado que se vea en la necesidad
de aplicarla, de darle una consideración particularmente cuidadosa a la medida,
que además deberá justificarse plenamente, como única forma para desvirtuar la
presunción”.
[31] En
cuanto al juicio de constitucionalidad que recae sobre una disposición que se
presuma regresiva, la Corte Constitucional en sentencia C-507 de 2008 indicó lo
siguiente: “Como ya lo ha explicado esta Corte, cuando una medida regresiva
es sometida a juicio constitucional, corresponderá al Estado demostrar, con
datos suficientes y pertinentes, (1) que la medida busca satisfacer una
finalidad constitucional imperativa; (2) que, luego de una evaluación juiciosa,
resulta demostrado que la medida es efectivamente conducente para lograr la
finalidad perseguida; (3) que luego de un análisis de las distintas
alternativas, la medida parece necesaria para alcanzar el fin propuesto; (4)
que no afectan el contenido mínimo no disponible del derecho social
comprometido; (5) que el beneficio que alcanza es claramente superior al costo
que apareja[31]”.
[32]
Sobre este tópico puede consultarse las sentencias C-501/01, C-427/02 y
C-357/03.
[33]
Sentencia T-1215 de 2003. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández.)
[34] Cfr. Sentencias
T-502 de 2008, T-568 de 2006, T-184 de 2005, entre muchas otras.
[35] Vid. Sentencia
T-568 de 2006; otras, en las cuales se efectúa un recuento similar son las
providencias T-020 de 2006, T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082
de 1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998, T-263 de 2003  T-707 de 2003.
[36] Cfr. T-568 de
2006, T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-883 de
2001.
[37] Igual
criterio se aplicó en las sentencia T-758 de 2009 y T-595 de 2007.
[38] Estos
documentos se encuentran dentro de la historia clínica del actor que fue
enviada a esta Corporación el 12 de abril de 2010 por la gerencia nacional de
servicios ambulatorios de la vicepresidencia del ISS-EPS. Igualmente, dicha
entidad informó a la Corte que se hallan bajo su custodia las historias
clínicas de los pacientes que fueron atendidos por las desaparecidas ESE del
ISS. El anterior informe se rindió ante requerimiento efectuado por este
Tribunal en auto del 25 de marzo de 2010 (fl. 1 Cdno. 1 Corte).
[39] La
Sala infiere que en el proceso ordinario laboral únicamente obra el dictamen
que fija como fecha de estructuración de la invalidez el 28 de abril de 2008.
Esto por cuanto la aclaración al dictamen pericial allegado a la Corte por la
junta regional de calificación de invalidez de Sucre fue proferido cuando el
expediente ordinario ya se encontraba al despacho de la señora juez para
proferir sentencia ordinaria. Igualmente, la Corte observa que la Juez Primero
Laboral del Circuito de Sincelejo no decretó la práctica de prueba alguna
encaminada a realizar una nueva evaluación sobre la invalidez del actor.
[40] La
Corte justificó la decisión de vincular al proceso de tutela a la junta
regional de calificación de invalidez de Sucre de la siguiente manera: “…es
de suma importancia, para la debida conformación del contradictorio, la
vinculación de la mencionada Junta Regional de Calificación de Invalidez, toda
vez que, según se evidencia del expediente, por una parte, el actor venía
padeciendo serios quebrantos en su salud desde el año 2003, no obstante, la
Junta Regional fijó como fecha de estructuración de invalidez el 28 de abril de
2008. De otra, en el dictamen emitido por la Junta Regional no se observa, en
principio, una motivación suficiente que dé cuenta de las
razones de naturaleza técnico-científica que sustentaron la
decisión de estructurar como fecha de invalidez el 28 de abril de 2008”.
(fl. 286 Cdno. Corte 1).
[41] El
13 de mayo de 2008 BBVA Horizonte S.A. envió a esta Corte escrito en el que
señaló: “Finalmente, es pertinente señalar que BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías S.A. no tiene ninguna observación en relación con el dictamen emitido
por la junta regional de calificación de invalidez de Sucre en relación con el
señor Filiberto Enrique Román Beltrán remitido con su oficio, en la medida en
que esta sociedad administradora no es parte interesada en el mismo, ya que el
señor Filiberto Enrique Román Beltrán no es afiliado al fondo de pensiones
obligatorias administrado por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.”. (fl.
404 Cdno. 2 Corte).
[42] El parágrafo del artículo 151 de la ley 100 de 1993
prescribe que “El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el
30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad
gubernamental”. El magistrado sustanciador, por medio de auto del 11 de
mayo de 2010 ordenó a la alcaldía municipal de Sampués y a la gobernación
departamental de Sucre, que certificaran a la Corte en qué fecha entró a regir
la ley 100 de 1993 en la respectiva entidad territorial. La alcaldía municipal
de Sampués informó a la Corte Constitucional que el 30 de junio de 1995 comenzó
a regir el sistema general de pensiones para los servidores públicos de esa
municipalidad; mientras que el departamento de Sucre señaló que el sistema
general de seguridad social en pensiones contenido en la ley 100 de 1993 fue
puesto en vigencia para los servidores públicos de esa administración
departamental a partir del 13 de marzo de 1995 por medio del decreto 0083 de la
misma fecha.
[43] El siguiente es el contenido normativo del artículo
17 de la ley 100 de 1993: “Obligatoriedad de las cotizaciones. <artículo
modificado por el artículo 4 de la ley 797 de
2003. el nuevo texto es el siguiente:> durante la vigencia de la relación
laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse
cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por
parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. // La obligación
de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder
a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o
anticipadamente. // Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que
decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes”.
[44] El siguiente es el contenido normativo del artículo
22 de la ley 100 de 1993. “Obligaciones del empleador. el empleador será
responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su
servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento
de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias
que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas
sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a
su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. // El
empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no
hubiere efectuado el descuento al trabajador”.
[45] Corte Constitucional, sentencia T-721 de
2009. En la sentencia que se comenta, la Corte Constitucional concedió la
tutela del derecho fundamental a la salud de una persona a la cual su empleador
había intentado afiliar sin éxito al régimen de seguridad social en salud. El
Tribunal consideró que el empleador, con el envío -a la EPS- de los documentos
pertinentes para llevar a cabo la afiliación de la accionante, no cumplió con
su obligación de garantizar el acceso a los servicios de salud de su
trabajadora. En esa medida, ordenó al empleador que pagara a la actora los
dineros correspondientes a los gastos hospitalarios en que incurrió.
[46] El siguiente es el contenido normativo parcial del
artículo 11 del decreto 692 de 1994: “Diligenciamiento de la selección y
vinculación. La selección del régimen implica la aceptación de
las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.
// La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en los artículos
anteriores es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de
trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la
selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de
la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el
objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar. (…)”.
(Énfasis añadido)
[47] Decreto por el cual se dictan normas en materia del
sistema general de pensiones. El contenido normativo del artículo 10 es el
siguiente: “Consignaciones de personas no vinculadas. Cuando se
reciban cotizaciones de personas que no aparezcan vinculadas a la respectiva
administradora o fondo de pensiones, las administradoras, inmediatamente
detecten el hecho y en todo caso dentro de los veinte (20) días calendario
siguientes a la recepción, abonarán las sumas respectivas en una cuenta
especial de cotizaciones de no vinculados. // Así mismo, las administradoras
deberán requerir a la persona que haya efectuado la consignación, con el objeto
de determinar el motivo de la misma. Si la consignación obedeciere a un error,
los dineros serán devueltos a la persona que la efectuó.  // Cuando las
cotizaciones se hubieran entregado a una administradora del Régimen de Prima Media
y correspondieren a una persona vinculada a otra administradora o a un fondo de
pensiones, las mismas, previas las deducciones a que haya lugar, deberán ser
trasladadas dentro de los cinco 85) días hábiles inmediatamente siguientes a
aquel en el cual se conozca el nombre del destinatario correcto de aquellas. Si
las cotizaciones se hubieran efectuado a un Fondo de Pensiones, la devolución
de los dineros deberá efectuarse dentro del término señalado, junto con sus
valorizaciones a que se hace referencia en los incisos anteriores del presente
artículo. // Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el Decreto 903 de 1994.  // Parágrafo. En los eventos en
los que de conformidad con lo previsto en el presente artículo, hubiere lugar a
devolver o trasladas las sumas recibidas, la respectiva administradora estará
facultada para descontar, a título de gestión de administración, una suma no
superior a la comisión que se cobre a quienes se encuentren cesantes, de
conformidad con lo que al efecto determine la Superintendencia Bancaria”.
[48] Esta consideración se realiza sin perjuicio de lo que
eventualmente pudiere estimar el juez ordinario competente sobre la
interpretación y sentido del artículo 10 del decreto 1161 de 1994 y la
responsabilidad de la AFP Horizonte S.A. en la causación de la pensión de
invalidez del actor.
[49] El contenido normativo del artículo 24 de la ley 100 de 1993 es el
siguiente: “Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras
de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del
incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo”.
[50] El departamento de Sucre al momento de liquidar el
monto de la mesada pensional y establecer el valor retroactivo de las mesadas
dejadas de percibir, observará por lo menos los siguientes parámetros, en lo
pertinente: (i) para determinar el porcentaje del ingreso base de
liquidación debe tener en cuenta todo el tiempo que el actor laboró en el
municipio de Sampués y el departamento de Sucre, esto es el periodo del 20 de
enero de 1994 al 20 de febrero de 2006; (ii) aplicará las normas
pertinentes de la ley 100 de 1993, en especial el artículo 40, el artículo 178
del C.C.A., y las demás normas concordantes del ordenamiento jurídico; (iii)
seguirá la fórmula de indexación empleada por la Corte Constitucional en la
sentencia T-098 de 2005 y; (iv) en ningún caso el monto de la mesada
pensional podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. La Corte
dispondrá asimismo, que las controversias que se pudieren presentar al momento
de liquidar el monto de la pensión y el valor del retroactivo, sean
solucionadas por el juez de tutela de primera instancia, a quien se le asignará
la vigilancia sobre el cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia, sin perjuicio
de lo que llegare a concluir el juez ordinario en un eventual proceso laboral.
[51] Al
respecto ver sentencia T-550 de 2008.
[52] La
Juez igualmente se abstendrá de condenar en costas al demandante en la medida
que se ha demostrado en el trámite de tutela la responsabilidad del
departamento de Sucre en el reconocimiento de la pensión de invalidez del
accionante, sin perjuicio de la condena que decida o no imponer a los restantes
sujetos procesales.
[53] La
orden adoptada en sede de Revisión resulta igualmente viable en la medida que
los sujetos procesales del proceso ordinario laboral referido tuvieron la
oportunidad de comparecer al presente trámite de tutela.