T-862-04
Sentencia T-1051/03
Sentencia T-862/04
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para
reconocimiento y reajuste de mesadas pensionales
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Se garantiza mediante la acción de tutela
Cabe anotar que el derecho a la seguridad
social es un derecho fundamental, que en materia de pensiones comprende no sólo
el reconocimiento del derecho a acceder a ellas - cuando se reúnen los
requisitos para ellos -, sino también el pago oportuno de las mesadas y su
debido ajuste en el marco de una economía inflacionaria. No obstante, a pesar
de su carácter fundamental, la protección del derecho a la pensión de
jubilación, en cualquiera de sus componentes, puede lograrse a través de
acciones ordinarias diferentes a la acción de tutela, que, por su carácter
residual, sólo procederá ante una violación grave del derecho y cuando, además,
se presente la amenaza de un perjuicio irremediable. La edad del actor no es el
único factor que determina la procedencia excepcional de la acción de tutela,
por lo que cuando la Sala entre a analizar el caso concreto, se ocupará de
verificar si se reúnen los elementos propios de un perjuicio irremediable que
justifique la concesión del amparo constitucional.
REGIMEN PENSIONAL DE EXCONGRESISTA-Situaciones que pueden presentarse
PENSION DE JUBILACION DE EXCONGRESISTA-Base
de liquidación
REGIMEN DE TRANSICION EN PENSIONES
PENSION DE JUBILACION DE EXCONGRESISTA-Reajuste especial/DERECHO A LA
CONMUTACION PENSIONAL
PENSION DE JUBILACION DE EXCONGRESISTA-Requisitos para obtener el reajuste
especial
VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA, CONMUTACION
PENSIONAL Y REAJUSTE-Desconocimiento
de derechos
La Resolución mediante la cual FONPRECON se opuso a las peticiones,
constituye una vía de hecho administrativa por defecto fáctico, en tanto la
accionada arbitrariamente desconoció las pruebas que acreditan que el actor
reúne los requisitos necesarios para acceder a la conmutación pensional y al
reajuste especial. De esta manera, podría incluso afirmarse que la vía de hecho
administrativa se produjo, más que por desconocer las pruebas que obraban en el
expediente, por desconocer el derecho que ellas demostraban, sometiendo su
reconocimiento a requisitos innecesarios.
DERECHO A LA IGUALDAD-Distinción injustificada en cuanto al
reconocimiento de tiempo de servicio
FONPRECON vulneró el derecho a la igualdad del
accionante, pues no le brindó el mismo trato que a otros exparlamentarios que
se encontraban en la misma situación de hecho, en cuanto al tiempo de servicio.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia por condiciones distintas
Referencia:
expediente T-880833
Peticionario: José Orlando Arias Salcedo
Accionado: Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República FONPRECON
Magistrado Ponente:
Dr.
MARCO GERARDO MONROY CABRA.
Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos
mil cuatro (2004).
La Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto
Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Que pone fin al proceso de revisión del fallo de
segunda instancia adoptado el 23 de febrero de 2004, por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que revocó el fallo de
primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2003, por el Juzgado 37 Penal
del Circuito de Bogotá.
I.
HECHOS
1.
José Orlando Arias
Salcedo fue elegido Representante a la Cámara (suplente) por la circunscripción
electoral del departamento de Tolima, para el periodo de constitucional de 1982
a 1986.
2.
El 24 de agosto de
1984, José Orlando Arias Salcedo cumplió 50 años de edad, y el 12 de diciembre
del año siguiente completó 20 años de servicio, fecha para la cual ostentaba la
calidad Representante a la Cámara (suplente).
3.
El 7 de diciembre de
1988, la Caja de Previsión Social del Tolima, mediante Resolución No. 3070,
reconoció pensión mensual de jubilación a favor de José Orlando Arias Salcedo.
4.
El 4 de diciembre de
1998, José Orlando Arias Salcedo solicitó al Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República FONPRECON, de conformidad con los conceptos del 28 de
octubre de 1997 y del 27 de mayo de 1998 de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, la conmutación de su pensión de jubilación y el
reajuste especial de la misma, toda vez que cuando se desempeñaba como
congresista, reunió todos los requisitos necesarios para acceder a dicho
derecho.
5.
El 27 de septiembre de
2000, FONPRECON, mediante la Resolución No. 000588, negó la conmutación
pensional solicitada por José Orlando Arias Salcedo, bajo el argumento que no
se había dado lugar al trámite establecido para la figura.
6.
En contra de la
Resolución No. 000588 de 2000, el apoderado de José Orlando Arias Salcedo
presentó recurso de reposición, solicitando de nuevo la conmutación pensional.
7.
El 29 de enero de 2001,
FONPRECON, mediante la Resolución No. 000011, resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el apoderado de José Orlando Arias Salcedo y decidió revocar la
Resolución No. 000588 de 2000 y continuar con el trámite administrativo de la
conmutación pensional solicitada.
8.
El 12 de marzo de 2001,
FONPRECON, por medio del oficio No. 00554, solicitó al Fondo Territorial del
Pensiones del Tolima que aclarara la Resolución No. 3070 de 1998 e indicara el tiempo
de asistencia del actor a la Asamblea Departamental del Tolima como diputado.
9.
El 4 de abril de 2001,
la Secretaría Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del
departamento del Tolima, a través de la Resolución No. 210, aclaró la
Resolución 3070 de 1988, señalando que José Orlando Arias Salcedo se había
desempeñado como diputado de la Asamblea del Tolima en los siguientes periodos:
del 1º al 31 de octubre y del 1º al 30 de noviembre de 1978; en las sesiones
extraordinarias del 23 al 28 de febrero, del 1º al 28 de marzo, del 23 al 31 de
julio y del 2 de agosto de 1979, y en las sesiones ordinarias del 1º al 30 de
noviembre de 1979. En esta Resolución, el Fondo Territorial de Pensiones del
Tolima señaló que se había presentado un error en la trascripción de los datos,
pero que ese error no incidía en el tiempo requerido para el reconocimiento de
la pensión.
10.
El 8 de noviembre de
2001, FONPRECON, mediante el oficio No. DPE 2592, consultó al Fondo Territorial
de Pensiones del Tolima sobre su aceptación frente a la solicitud de
conmutación pensional de José Orlando Arias Salcedo, y frente a la posibilidad
de continuar girando a aquella entidad el valor de la mesada pensional que
venía reconociendo al actor. Esta consulta fue realizada de nuevo el 24 de
febrero y el 22 de abril de 2003, a través de los oficios No. DEP 0530 y DPE
1100, respectivamente.
11.
El 3 de septiembre de
2002, FONPRECON, mediante el oficio No. 3076, solicitó al Fondo Territorial de
Pensiones del Tolima que relacionara los tiempos en que José Orlando Arias
Salcedo trabajó en el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo (Tolima),
con el fin de dar trámite a la solicitud de conmutación.
12.
El 19 de diciembre de
2002, la Secretaría Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del
departamento del Tolima, mediante la Resolución No. 991, dio respuesta a la
solicitud de la demandada y señaló que José Orlando Arias Salcedo había
laborado en dicho juzgado entre el 10 y el 30 de agosto de 1955 en calidad de secretario,
y entre el 3 de abril y el 3 de junio de 1955, el 16 de octubre y el 30 de
diciembre de 1955, y el 1º y el 30 de enero de 1956, en calidad de oficial
mayor. De igual manera, decidió modificar parcialmente la Resolución No. 210 de
2001, en el sentido de incluir 187 días al tiempo de servicio de José Orlando
Arias Salcedo, correspondientes al tiempo que éste trabajó en el Juzgado
Primero Civil del Circuito del Guamo.
13.
El 11 de mayo de 2003,
el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima, por medio del oficio No.
AFTP-0370, manifestó a FONPRECON su aceptación del compromiso de girarle la
suma correspondiente a la pensión de jubilación reconocida a favor de José
Orlando Arias Salcedo.
14.
El 3 de junio de 2003,
el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima, por medio del oficio No.
AFTP-0458, reiteró su aceptación del compromiso de seguir girando el valor de
la mesada reconocida a José Orlando Arias Salcedo, a FONPRECON.
15.
El 29 de septiembre de
2003, FONPRECON, mediante la Resolución No. 1196, negó el reconocimiento de la
conmutación pensional solicitada por José Orlando Arias Salcedo.
16.
El 6 de octubre de
2003, José Orlando Arias Salcedo, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 1196 de 2003 de
FONPRECON.
17.
El 27 de noviembre de
2003, José Orlando Arias Salcedo, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República FONPRECON, por afirmar que dicha entidad había vulnerado sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a una
vida digna y a un trato especial por ser una persona de la tercera edad, al
negarle la conmutación pensional solicitada y al no dar respuesta al recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución No. 1196 de 2003 en la que se
produjo tal negativa. Los argumentos expuestos en la demanda fueron los
siguientes:
a)
Que la accionada
vulneró su derecho a la igualdad al haberle dado un trato diferente al que dio
a José Antonio Lacouture Dangond, exparlamentario a quien, a pesar de
encontrarse en su misma situación de hecho, concedió la conmutación pensional.
Afirmó que el Dr. Lacouture también completó 20 años de servicio cuando ocupaba
el cargo de Senador de la República, y que su pensión de jubilación, así mismo,
había sido reconocida por una entidad diferente a la demandada- CAJANAL -
motivos por los cuales debía habérseles proporcionado un trato igual. Agregó
que lo mismo sucedió con otras personas como Alfonso Gómez Oñoro, Aníbal Rafael
Martínez Zuleta, Julio Enrique Escallón, Hernando Segura Perdomo, Álvaro Ramos
Murillo, Antonio Ballona, Jaime Angulo Boza, Julio Varón Ortega y Juan Polo
Liz, a quienes, además, a diferencia suya, se les respetó el tiempo de servicio
con base en el cual les habían sido reconocidas sus pensiones de jubilación, y
no se les aplicó el sistema QCD para calcularlo.
b)
Que, de conformidad con
la ampliación del Concepto No. 1030 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, realizada en 1998, la edad mínima de jubilación para los
congresistas que consolidaron su derecho a la pensión de jubilación durante la
vigencia de la Ley 6º de 1945, es de 50 años; y que dicho requisito de edad se
mantuvo hasta el 13 de julio de 1993, fecha de publicación del Decreto 1359 de
1993.
c)
Que, como fue
reconocido en la sentencia T-456 de 1994 de la Corte Constitucional, y de
conformidad con el Decreto 1359 de 1993, los excongresistas que ya gozaban de
pensión de jubilación el 18 de mayo de 1992, fecha en la cual entró a regir la
Ley 4º de 1992, adquirieron el derecho al reajuste especial de su mesada
pensional, consistente en que ésta no puede ser inferior al 75% del ingreso
mensual promedio que por todo concepto devenguen los congresistas en la fecha
en que se decrete el reajuste.
d)
Que FONPRECON
desconoció el acto administrativo por medio del cual la Caja de Previsión
Social del Tolima le reconoció su pensión de jubilación, ya que no tuvo en
cuenta que en éste se establecía que su tiempo de servicio había sido de 20
años, 4 meses y 10 días. Así mismo, que ignoró las adiciones y modificaciones
hechas por la misma entidad a dicho acto, en lo relativo al tiempo de servicio.
e)
Que vulneró su derecho
al debido proceso, dado que la conmutación pensional ya le había sido
reconocida en la respuesta al recurso de reposición que interpuso.
f)
Que la decisión de la
demandada pone en grave peligro el mínimo vital de su núcleo familiar, pues en
la actualidad recibe una mesada pensional de $2.518.021, que una vez hechas las
deducciones y los descuentos por los que se encuentra afectada, se reduce a
$1.124.753, suma que no es suficiente para garantizar a él y a su familia lo
necesario para una subsistencia digna.
Manifestó que esta cantidad no alcanza para
cubrir los gastos ordinarios de su hogar, dado que posee un hijo de 40 años que
padece sindrome convulsivo de por vida y crisis aquinéticas, razón por
la cual fue declarado interdicto y requiere medicamentos y tratamientos de un
alto valor, como la medicina carbamazepinax de 400 mg., que debido a su
grave situación económica, en varias oportunidades no ha podido adquirir a
tiempo.
g)
Y por último, que es
una persona de la tercera edad en evidente situación de debilidad manifiesta,
debido a la violación fragante de sus derechos fundamentales por FONPRECON.
Por tanto, solicitó que en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del respectivo fallo, se ordenara al Fondo de
Prestaciones Sociales del Congreso de la República FONPRECON, (1) acceder a su
solicitud de conmutación pensional, (2) proceder a reajustar el monto de su
pensión, (3) continuar actualizando las mesadas anualmente de conformidad con
lo establecido en al Ley 100 de 1993; y (4) realizar el pago retroactivo de la
diferencia entre lo recibido y la cantidad que arroje el reajuste, desde el
momento de la presentación de la solicitud.
1.
El 5 de diciembre
de 2003, José Orlando Arias Salcedo, por intermedio de su apoderado, adicionó
la demanda de tutela señalando:
a)
Que el demandado sólo
hasta la presentación de la demanda de tutela, decidió oficiar a la Caja de
Previsión Social del Tolima para que confirmara el tiempo de servicio prestado
por el peticionario en el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo
(Tolima), lo que debía haber hecho desde la interposición del recurso de
reposición en contra del acto administrativo en que se negó la conmutación, con
lo que afirma la demandada "(…) no solo (sic) pretende darle una
respuesta ligera y sin fundamento a su Señoría, sino que además nuevamente
pretende desconocer un procedimiento ya agotado en el expediente de mi
prohijado".
b)
Que sus 20 años de
servicios dentro de la administración pública están plenamente certificados por
las entidades para las que laboró, y que, de igual modo, su cálculo fue
efectuado por el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima, razón por la cual
procedió a modificar la Resolución inicial mediante la cual le había reconocido
la pensión de jubilación.
c)
Que aunque fuera cierto
que sólo trabajó para el Estado 19 años, 8 meses y 24 días, conforme a los
resultados arrojados por el sistema QCD, a dicho lapso luego debían haberse
adicionado los 187 días que laboró en el Juzgado Primero Civil del Circuito del
Guamo (Tolima), con lo que se obtiene un total de 20 años, 3 meses y 1 día de
servicios. De esta manera, indicó, se vulneró su derecho a la igualdad, ya que
la adición de esos días de servicio, certificados después de la presentación de
la solicitud de conmutación, sí se llevó a cabo en el caso del excongresista
Alfonso Gómez Oñoro.
d)
Que hubo una
vulneración del derecho al debido proceso, porque la accionada desconoció los
actos administrativos proferidos por el Fondo Territorial de Pensiones del
Tolima, donde se  reconocía su tiempo de servicio.
Contestación de la demanda
El 3 de diciembre de 2003, FONPRECON dio respuesta a
la demanda de tutela interpuesta en su contra por José Orlando Arias Salcedo,
afirmando, en primer lugar, que el accionante no cumple con los requisitos
señalados en el Concepto No. 1030 de 1997 de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, ampliado en 1998, toda vez que no acreditó que el
año número 20 de servicios lo hubiese completado mientras ostentaba la calidad
de Congresista.
Al respecto sostuvo que si bien mediante la Resolución
No. 0991 del 19 de diciembre de 2002, el Fondo Territorial de Pensiones
Públicas del departamento del Tolima adicionó 187 días de servicio al tiempo
establecido en la Resolución en la que reconoció la pensión de jubilación a
favor de José Orlando Arias Salcedo, y que parece que con ese tiempo completa
los 20 años de servicio requeridos para la conmutación, en tanto dicho tiempo
no fue confirmado por la entidad, lo que correspondía era negar la solicitud
del accionante.
Y, en segundo lugar, que no procede la acción de
tutela, pues el peticionario actualmente percibe una pensión equivalente a
$1.878.835,oo, de modo que no puede aducir  "(…) que no posee medios
para subsistir".
II. PRUEBAS
1.
Copia de la Resolución
No. 3070, de fecha 7 diciembre de 1988, mediante la cual la Dirección de la
Caja de Previsión Social del Tolima reconoció una pensión mensual de jubilación
a favor de José Orlando Arias Salcedo, por la suma inicial de $182.584,95. En
dicho documento consta (1) que el accionante completó 20 de años de servicio el
12 de diciembre de 1985; (2) que la pensión se haría efectiva a partir del día
en que el peticionario demostrara su retiro definitivo del servicio activo a
través de declaración jurada; (3) que la pensión ascendería al 75% del promedio
mensual de los haberes devengados durante su último año de servicio; (4) que
ésta debía ser pagada en proporción al tiempo servido, por las entidades para
las cuales laboró durante los 20 años de servicio; (5) que la Caja Nacional de
Previsión Social del Tolima cancelaría la totalidad de la pensión mensual al
accionante, y que ésta, luego, se encargaría de repetir contra las demás
entidades obligadas; (6) que la pensión reconocida es incompatible con el
desempeño de cargos públicos remunerados, salvo las excepciones previstas en la
ley (fols. 35 a 37 cuaderno principal).
2.
Copia de la Resolución
No. 210, del 4 de abril de 2001, mediante la cual la Secretaría Administrativa
del Fondo Territorial de Pensiones del Tolima aclaró la Resolución No. 3070 de
1988 de la Dirección de la Caja de Previsión Social del Tolima, por medio de la
cual reconoció pensión mensual de jubilación a favor de José Orlando Arias
Salcedo (fols. 38 a 40 cuaderno principal).
3.
Copia del oficio DPE
No. 3076 de FONPRECON, de fecha 3 de septiembre de 2002, mediante el cual
solicita al Fondo Territorial de Pensiones del Tolima aclarar y relacionar los
tiempos laborados por José Orlando Arias Salcedo en el Juzgado Primero Civil
del Circuito del Guamo (Tolima) (fol. 41 cuaderno principal).
4.
Copia de la Resolución
No. 991, del 19 de diciembre de 2002, por medio de la cual la Secretaría
Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Tolima modificó
parcialmente su Resolución No. 210 de 2001, en el sentido de agregar 187 días
al tiempo de servicio de José Orlando Arias Salcedo, correspondientes al
periodo que éste trabajo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo
(Tolima). En dicho documento consta que el accionante había solicitado la
conmutación de su pensión ante FONPRECON, razón por la cual esta entidad
requirió se relacionaran los tiempos que aquél laboró en el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Guamo (Tolima) (fols. 42 y 43 cuaderno principal).
5.
Copia de la liquidación
del tiempo de servicio de José Orlando Arias Salcedo, realizado por FONPRECON,
en el que figura que este corresponde a 19 años, 8 meses y 24 días (fol. 46
cuaderno principal).
6.
Copia de la solicitud
de reconocimiento de prestaciones económicas, radicada con el No. 1670,
presentada por José Orlando Arias Salcedo ante FONPRECON el 4 de diciembre de
1998 (fol. 47 cuaderno principal).
7.
Copia de la Resolución
No. 000011 de FONPRECON, del 29 de enero de 2001, en la que resolvió el recurso
de reposición interpuesto por el apoderado de José Orlando Arias Salcedo, en
contra de la Resolución 000588 de 2000 de la misma entidad, y decidió revocarla
y ordenar que se continuara con el trámite administrativo de la solicitud de
conmutación pensional (fols. 48 a 52 cuaderno principal).
8.
Copia del oficio No.
AFTP-0370, del 11 de mayo de 2003, mediante el cual el Fondo Territorial de
Pensiones del Tolima reiteró a FONPRECON su aceptación del compromiso de
cancelar la cuota parte pensional que le corresponde de la mesada que recibe
José Orlando Arias Salcedo (fol. 67 cuaderno principal).
9.
Copia del oficio
AFTP-0458, del 3 de junio de 2003, en el que el Fondo Territorial de Pensiones
del Tolima aclaró a FONPRECON que, en cumplimiento de las normas vigentes,
aceptaba el compromiso de seguir cancelando el valor de la mesada pensional de
José Orlando Arias Salcedo, siempre que no se exigiera una suma mayor a la que
le venía pagando (fol. 68 cuaderno principal).
10.
Copia de la Resolución
No. 0428 de 1999 de FONPRECON, mediante la cual aceptó la afiliación de José
Antonio Lacouture Dangond y se hizo cargo de la pensión de jubilación que le
había sido reconocida previamente por la Caja Nacional de Previsión, a partir
del 27 de julio de 1995. En este documento se indica que José Antonio Lacouture
Dangond se desempeñó como Senador de la República por la circunscripción
electoral del departamento de la Guajira, entre 1978 y 1982, y que cuando
ostentaba dicha calidad, completó los 20 años de servicios que exige la ley
para acceder a la pensión de jubilación (fols. 70 a 77 cuaderno principal).
11.
Copia de la Resolución
No. 001062 de FONPRECON, de fecha 23 de noviembre de 1998, por medio de la cual
aceptó la afiliación de Anibal Rafael Martínez Zuleta y se hizo cargo del pago
de la pensión de jubilación que había sido reconocida a favor de éste por la
Caja Nacional de Previsión, a partir del 31 de julio de 1995. En este documento
se indica que Anibal Rafael Martínez Zuleta prestó 25 años de servicios y que
para el 10 de octubre de 1972, cuando completó 20 años de servicios, ostentaba
la calidad de Congresista (fols. 78 a 84 cuaderno principal).
12.
Copia de la Resolución
No. 00509 de FONPRECON, del 20 de junio de 2002, mediante la cual revocó su
Resolución No. 01287 de 2001 y ordenó la afiliación de Alfonso Gómez Oñoro y la
asunción del pago de la pensión de jubilación que el departamento de Atlántico
había reconocido a favor de éste, a partir del 27 de marzo de 1996. En este
documento se indica que Alfonso Gómez Oñoro prestó sus servicios al Estado por
espacio de 23 años y que ocupó el cargo de congresista (fols. 85 a 90 cuaderno
principal).
13.
Copia de la constancia
expedida el 22 de marzo de 2002, por el Subsecretario General de la Cámara de
Representantes, sobre el tiempo que José Orlando Arias Salcedo se desempeñó
como Representante a la Cámara (suplente) por la circunscripción electoral del
departamento del Tolima, en el periodo constitucional de 1982-1986. Allí se
señala que el accionante tomó posesión del cargo el 26 de octubre de 1982, que
salió el mismo día y fue reemplazado por Pablo Rodríguez Ruiz, quien ocupaba el
cargo de manera principal, que desde el 10 de octubre de 1983 actuó
ininterrumpidamente hasta el 19 de julio de 1986, fecha en la cual terminó el
periodo constitucional (fol. 91 cuaderno principal).
14.
Copia de la
certificación expedida por el Pagador de la Cámara de Representantes, el 12 de
agosto de 1987, sobre lo devengado por José Orlando Arias Salcedo entre 1982 y
1986 (fols. 92 y 93 cuaderno principal).
15.
Copia de la Resolución
No. 1196 del 29 de septiembre de 2003, mediante la cual FONPRECON negó la
solicitud de conmutación pensional de José Orlando Arias Salcedo, afirmando que
al efectuar de nuevo la liquidación de su tiempo de servicio con el programa
QCD de la División de Prestaciones Económicas de la entidad, ésta encontró que
este ascendía sólo a 19 años, 8 meses y 24 días para cuando ostentaba la
calidad de Congresista (fols. 94 a 96 cuaderno principal).
16.
Copia de la cédula de
ciudadanía de José Orlando Arias Salcedo, donde consta que su fecha de
nacimiento es el 15 de agosto de 1934 (fol. 97 cuaderno principal).
17.
Copia del comprobante
de pago de la mesada pensional que José Orlando Arias Salcedo recibió en el mes
de junio de 2003. En este documento se observa que la suma neta que percibió el
accionante fue de $1.124.753,oo (fol. 98 cuaderno principal).
18.
Copia del registro civil
de nacimiento de Henry Arias Bonilla, hijo de José Orlando Arias Salcedo y Ana
Rita Bonilla Olaya, el 18 de octubre de 1960 (fol. 99).
19.
Certificado expedido el
11 de noviembre de 2003, por Raúl Antonio Hurtado, médico especialista en
neurología y neurocirugía, sobre el estado de salud de Henry Arias Bonilla. En
él consta que Henry Arias Bonilla, de 43 años de edad, sufrió a los 11 meses de
nacido severas complicaciones neurológicas que le produjeron síndrome
convulsivo y crisis aquinésticas sin control medicamentoso, y que lo
colocaron en estado de incapacidad permanente. El médico tratante afirmó que
sólo desde el año 2002 puede caminar independientemente y que su coeficiente
intelectual es muy bajo, razón por la cual requiere de compañía permanente (fol.
100 cuaderno principal).
20.
Copia del contrato de
arrendamiento del apartamento 202 del edificio ubicado en la Calle 14 No. 2-91
de la ciudad de Ibagué, suscrito el 18 de julio de 1998, por Ulises Sanabria
González, como arrendador, y por José Orlando Arias Salcedo, como arrendatario
(fols. 101 y 102 cuaderno principal).
21.
Declaración de parte
rendida por José Orlando Arias Salcedo ante la Notaría 5º del Circuito de
Ibagué (Tolima) en la que manifiesta: (1) que en el año de 1991 sufrió un grave
accidente de transito junto con su nieto de 11 años de edad, y que para poder
pagar los gastos médicos que dicho accidente generó, tuvo que vender su casa de
habitación; (2) que el menor ha requerido varias cirugías y tratamientos
médicos porque perdió mucha masa encefálica en el accidente, y que él ha tenido
que asumir parte de los gastos generados por éstos, pues el padre del menor
falleció y su madre, hija del accionante, devenga un salario bajo; (3) que
tiene una nieta minusválida a la que también debe apoyar económicamente, ya que
su padre la abandonó; y (4) que debe pagar $80.000 mensuales al Seguro Social,
por concepto de la cotización de su hija mayor, a quien afilió como trabajadora
independiente con el fin de que su nieta pudiera recibir atención médica (fols.
103 a 105 cuaderno principal).
22.
Copia de la factura de
venta No. 0100122490 de la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., por
el uso del teléfono 2634723, correspondiente a la dirección Calle 14 No. 2-91,
apartamento 203, entre el 14 y el 31 de junio de 2003, por la suma de $200.000
(fol. 106 cuaderno principal).
23.
Copia de la factura de
venta No. 10338-1, de la Compañía Eléctrica del Tolima S.A. E.S.P. NERTOLIMA,
de fecha 7 de noviembre de 2003, por el consumo realizado entre el 12 de
septiembre y el 13 de octubre de 2003 en el inmueble ubicado en la Calle 14 No.
2-91, apartamento 202, de Ibagué,  por la suma de $33.533 (fol. 107 cuaderno
principal).
24.
Copia de la factura de
venta No. 1196766 de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.
E.S.P. oficial IBAL, correspondiente al consumo efectuado en octubre de 2003 en
el inmueble ubicado en la Calle 14 No. 9-91, apartamento 2002, de la ciudad de
Ibagué, por la suma de $33.139 (fol. 108 cuaderno principal).
25.
Copia de la
certificación expedida por la Dirección Seccional de la Rama Judicial del
Distrito de Ibagué, el 20 de marzo de 2001, sobre los salarios devengados por
José Orlando Arias Salcedo cuando trabajaba en el Juzgado Civil del Circuito
del Guamo (Tolima) (fols. 115 y 116 cuaderno principal).
26.
Carta dirigida a la
Dirección Seccional de la Rama Judicial del Distrito de Ibagué (Tolima), por
FONPRECON, el 2 de diciembre de 2003, solicitándole confirmar el tiempo que
José Orlando Arias Salcedo laboró en el Juzgado Civil del Circuito del Guamo
(Tolima) (fols. 123 y 124 cuaderno principal).
27.
Copia de la sentencia
del 18 de julio de 2000, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección "B", mediante la cual negó la tutela instaurada
por José Orlando Arias Salcedo en contra del Fondo Nacional de Previsión Social
del Congreso de la República, por violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al pago oportuno de su pensión de jubilación, y en cuya
demanda solicitó que se ordenara a la demandada efectuar el aporte que le
corresponde para la conformación de su mesada pensional, dado que se desempeñó
como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del
departamento del Tolima durante el periodo constitucional de 1982 a 1986 (fols.
217 a 220 cuaderno principal).
28.
Copia de la Resolución
No. 0007 del 8 de enero de 2004, mediante la cual FONPRECON, con base en el
fallo de tutela dictado por el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá, el 12
de diciembre de 2003, reconoció que el accionante había completado 23 años, 3
meses y 11 días de servicio, y en consecuencia, dispuso (1) su afiliación a la
entidad; (2) que la misma se hiciera cargo del pago de la pensión que le venía
cancelando la Caja de Previsión del Tolima; (3) que se reajustara el valor de
la misma, a partir del 4 de diciembre de 1998, al 75% de los que percibía un
congresista en ejercicio en ese mismo año, es decir, a la suma de
$7.839.010,62; y (4) que se hiciera el pago retroactivo de la diferencia entre
esta última suma y lo recibido efectivamente por el peticionario como mesada
pensional, desde el 4 de diciembre de 1998 (fols. 199 a 203 cuaderno
principal).
El 25 de agosto de 2004, cuando el
expediente ya había sido seleccionado para su revisión, José Orlando Arias
Salcedo, por intermedio de su apoderado, allegó las siguientes pruebas:
29.
Copia del recibo de
pago del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en el Calle 14 No. 2-91,
apartamento 202, de Ibagué, a nombre de José Orlando Arias Salcedo,
correspondiente al mes de enero de 2004, por la suma de $380.000,oo (fol. 110
cuaderno 4).
30.
Copia del recibo de
pago del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en el Calle 14 No. 2-91,
apartamento 202, de Ibagué, a nombre de José Orlando Arias Salcedo,
correspondiente al mes de febrero de 2004, por la suma de $380.000,oo (fol. 110
cuaderno 4).
31.
Copia de la carta
dirigida por Ulises Sanabria a la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A., el
1º de diciembre de 2003, solicitando se financiara la deuda contraída con la
misma por José Orlando Arias Salcedo - arrendatario de un inmueble de su
propiedad -, debido a la prestación del servicio telefónico entre el 15 de
agosto y el 15 de septiembre de 2003, ya que manifestó que a su arrendatario le
era imposible pagar de contado (fol. 111 cuaderno 4).
32.
Comprobante de pago de
la mesada pensional de José Orlando Arias Salcedo, en el mes de diciembre de
2003. Allí se observa que el accionante recibió la suma de $4.283.215,oo,
incluyendo la prima de final de año (fol. 114 cuaderno 4).
33.
Relación de la
programación de pago del crédito No. 55003010033939, adquirido por José Orlando
Arias Salcedo en el Banco Popular, de fecha 24 de agosto de 2004. En este
documento consta que se pactaron 48 cuotas para el pago de la deuda, que cada
cuota sería de $347.868,oo, que el valor total del crédito es de $10.300.000,oo,
y que a la fecha sólo se han desembolsado $2.070.272,oo (fols. 115 a 120
cuaderno 4).
34.
Certificación expedida
por Surley Bueno Monsalve, administradora de la Cooperativa Multiactiva
Licarseev, el 24 de agosto de 2004, sobre el crédito adquirido por José Orlando
Arias Salcedo con dicha entidad, el 21 de octubre de 2003, por la suma de
$2.270.000,oo. En este documento se indica que para el pago de la deuda, en la
actualidad el tutelante se encuentra cancelando cuotas mensuales de $272.000,oo
(fol. 121 cuaderno 4).
35.
Copia de la
certificación expedida por Ana Yolanda Tibaquira M., funcionaria del
Departamento de Cartera de la Cooperativa de Crédito y Servicio Bolarquí LTDA
COOBOLARQUI, el 23 de agosto de 2004, sobre el crédito adquirido por José Orlando
Arias Salcedo con dicha entidad, bajo la libranza No. 66242, por la suma de
$4.133.592,oo. En este documento se informa que, a la fecha, el accionante
adeuda la cantidad de $1.722.330,oo y que se encuentra cancelando cuotas
mensuales por un valor de $344.466,oo (fol. 122 cuaderno 4).
36.
Certificación expedida
por Arnulfo Pinilla Gaviria, rector del Colegio Tolimense de Ibagué, el 24 de
agosto de 2004, sobre los costos escolares que José Orlando Arias Salcedo ha
cancelado en el año en curso por concepto de matricula ($220.000,oo) y
pensiones ($128.000,oo mensuales) de Cesar Augusto Arias Sánchez (fol. 123
cuaderno 4).
37.
Certificación expedida
por Marleny Estupiñán Guarizo, rectora del colegio Santa Teresita de Ibagué, el
24 de agosto de 2004, sobre los costos escolares que José Orlando Arias Salcedo
ha cancelado en el año en curso por concepto de pensiones ($45.000,oo
mensuales) de los menores María José Arias Padilla, Diana Marcela Arias Padilla
y Luis Eduardo Arias Sánchez (fol. 124 cuaderno 4).
38.
Certificación expedida
por la Hermana Olga Ortíz Betancour, rectora del colegio Institución Educativa
de la Presentación de Ibagué, el 24 de agosto de 2004, sobre los costos
escolares que José Orlando Arias Salcedo ha cancelado en el año en curso por
concepto de matricula ($161.600,oo por cada niño), pensiones ($160.650,oo
mensuales por cada niño) y cuota de asociación de padres de familia ($40.000,oo
por cada niño) de las menores María Camila Salcedo Arias, Lina Marcela Arias
Sánchez y Angélica Arias Padilla (fol. 125 cuaderno 4).
39.
Certificación expedida
por Ferney Quintero Rodríguez, Subgerente de Gestión Operativa del banco BBVA
sucursal Ibagué, el 24 de agosto de 2004, sobre los créditos adquiridos por
José Orlando Arias Salcedo con dicha entidad. En este documento se informa que
a la fecha, el actor adeuda al banco $28.375.267,oo, por concepto de un crédito
de remodelación, deuda para cuyo pago cancela mensualmente cuotas de
$945.183,oo, y $68.927.079,oo, por concepto de crédito hipotecario de vivienda,
deuda para cuyo pago cancela cuotas mensuales de $1.286.096,oo (fol 126
cuaderno 4).
40.
Declaración
extrajudicial rendida por Martha Yolanda Arias Bonilla, el 23 de agosto del año
en curso, ante la Notaría Segunda del Circuito de Ibagué. En dicha diligencia,
Martha Yolanda Arias Bonilla manifestó que es ama de casa; que es hija de José
Orlando Arias Salcedo; que depende económicamente de su padre, porque fue
abandonada por su esposo hace 9 años; que tiene una hija llamada María Carolina
Cruz Arias, quien padece parálisis cerebral espástica y, por lo tanto, debe
desplazarse en silla de ruedas; que, así mismo, el canon de arrendamiento
($400.000,oo) del lugar donde vive junto con su hija, es pagado por su padre;
que éste también le colabora con los gastos médicos de su hija; y que no puede
trabajar porque su hija requiere atención personal permanente (fol. 127
cuaderno 4)
41.
Copia del registro de
nacimiento de María Carolina Cruz Arias, en el que consta que es hija de Martha
Yolanda Arias Bonilla y Mario Cruz (fol. 129 cuaderno 4).
42.
Copia del contrato de
arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 5° No. 5-09 de Ibagué,
apartamento del primer piso, celebrado entre Ana Rita Bonilla de Arias
(arrendataria) – esposa del tutelante - y la firma Bonilla Hernández LTDA
(arrendador), el 1° de mayo de 2004. En este documento consta que la
arrendataria se obligó a pagar cánones mensuales por la suma de $430.000,oo, y
que José Orlando Arias Salcedo es deudor solidario.(fols. 130 y 131 cuaderno 4).
43.
Copia del recibo de
pago No. 83823-2, del 14 de octubre de 2003, del Instituto de Ortopedia
Rososevelt, por concepto de servicios médicos prestados a María Carolina Cruz
Arias, por la suma de $278.100,oo (fol. 135 cuaderno 4).
44.
Copia de la factura de
venta No. 0226287, del 15 de octubre de 2003, del Instituto de Ortopedia
Rososevelt, por concepto de servicios médicos prestados a María Carolina Cruz
Arias, por la suma de $278.100,oo (fol. 136 cuaderno 4).
45.
Copia de la historia
clínica de María Carolina Cruz Arias en el Instituto de Ortopedia Infantil
Roosevelt, en el que consta que la paciente posee “(…) diagnóstico de
cuadriplegia espástica, con antecedentes de cirugías a nivel de sus aductores
bilaterales y de isquitibiales bilaterales en agosto de 1999, además se realizó
neurectomía de obturadores en forma bilateral. Su tono muscular es espástico y
presenta deficiencias en sus equilibrios en todas las direcciones. En bípedo no
logra estabilidad” (fols. 137 a 151 cuaderno 4).
III. DECISIONES JUDICIALES
A. Primera Instancia
El 12 de diciembre de 2003, el Juzgado 37
Penal del Circuito de Bogotá concedió la tutela a los derechos fundamentales de
José Orlando Arias Salcedo por estimar:
a)
Que el hecho de que
estén en curso los recursos de la vía gubernativa en contra de la Resolución
No. 1196 de 2003 de FONPRECON, mediante la cual dicha entidad negó la solicitud
de conmutación pensional del tutelante, no impide la procedencia de la acción
de tutela, pues de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 2591 de 1991, no es
necesario interponer previamente la reposición u otro recurso administrativo
para que ésta sea admitida.
b)
Que a pesar de existir
otros medios de defensa de los derechos fundamentales del accionante, debido a
las circunstancias especiales del caso y la naturaleza de los derechos
involucrados, la acción de tutela es el mecanismo principal.
c)
Que el tiempo de
servicio aducido por el accionante y que la entidad demandada se niega a
aceptar, ya fue legalmente reconocido por el Fondo Territorial de Pensiones del
Tolima mediante un acto administrativo debidamente ejecutoriado, de modo que la
actuación de FONPRECON desconoció el principio de legalidad y el de buena fe en
relación con lo que certifican las entidades públicas.
d)
Que los congresistas,
para el momento en que José Orlando Arias Salcedo reunió los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, estaban cobijados por un régimen especial y
anterior a la norma que FONPRECON aduce para desconocer el derecho adquirido
del primero. En efecto, el a quo señaló que el accionante, durante el
tiempo se desempeñó como congresista, cumplió con los dos requisitos exigidos
por la ley para adquirir la pensión de jubilación conforme al régimen especial:
tener 50 años cumplidos y haber completado 20 años de servicio, como fue
reconocido por el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima.
El juez de primera instancia concluyó
entonces que FONPRECON había incurrido en una vía de hecho por defecto
sustantivo, toda vez que se basó en una norma completamente inaplicable en el
caso concreto y desconoció el régimen especial en materia de pensiones al que
está sometido el peticionario.
Finalmente, agregó que al negarse la
demandada a reconocer la conmutación pensional solicitada, puso en peligro la
subsistencia del accionante y las personas que dependen de él, razón que
confirma la decisión de conceder la tutela.
Impugnación
Mediante escrito de fecha 13 de enero de
2004, FONPRECON apeló la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado
37 Penal del Circuito de Bogotá, por considerar:
a)
Que el juez de primera
instancia había vulnerado su derecho al debido proceso, pues no tuvo en cuenta
que José Orlando Arias Salcedo presentó recurso de reposición en contra de la
Resolución No. 1196 del 29 de septiembre de 2003, y que la decisión de dicho
recurso sería la que culminaría de manera natural la actuación administrativa
ante la entidad.
b)
Que el Juzgado 37 Penal
del Circuito de Bogotá desconoció el hecho de que el accionante ya había
interpuesto acción de tutela en contra de la misma entidad, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Corporación que mediante sentencia del 18 de
julio de 2000, negó la tutela. Con base en estos hechos afirmó que el
peticionario había actuado con temeridad.
c)
Que existen otros
mecanismo ordinarios de defensa, y que si el a quo consideraba que el
medio más expedito y especial para proteger los derechos fundamentales del
actor era la acción de tutela, debía haberse acreditado la existencia de un
perjuicio irremediable y haberse concedido la tutela como mecanismo
transitorio.
d)
Que en el caso de José
Orlando Arias Salcedo no se ha configurado un perjuicio irremediable, pues éste
goza de una pensión digna, de modo que no hay afectación de su mínimo vital.
e)
Que el juez de tutela
no está facultado para decidir sobre el derecho de una persona a  recibir una
pensión o a un ajuste pensional, ya que ello corresponde al juez natural, quien
debe establecerlo a través de los procedimientos legalmente previstos.
B. Segunda instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, por sentencia del 23 de febrero de 2004, revocó el
fallo de primera instancia dictado por el Juzgado 37 Penal del Circuito de
Bogotá, y en su lugar negó la acción de tutela impetrada por José Orlando Arias
Salcedo por estimar que el problema jurídico del caso particular, no gira en
torno al desconocimiento de normas favorables que debían haberse tenido en cuenta
para el reconocimiento del derecho reclamado, sino que radica en la
demostración o no de los requisitos necesarios para acceder a la conmutación
pensional, y que están contenidos en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993 y
en el Concepto 1030 del Consejo de Estado.
Agregó que tampoco se vislumbra vulneración
alguna del debido proceso, pues el accionado siguió los pasos señalados por el
Decreto 1359 de 1993. Y finalmente sostuvo que la tutela era improcedente, en
tanto lo buscado es el reconocimiento de un derecho prestacional, labor que
corresponde al juez ordinario.
Revisión de la Corte Constitucional
El 17 de junio de 2004, el apoderado judicial de José
Orlando Arias Salcedo allegó a esta Corporación un memorial en el que expuso
los siguientes argumentos:
a)
Que la accionada había
desconocido su derecho adquirido a obtener la pensión de jubilación bajo un
régimen especial, así como sus derechos fundamentales, dado que, como
consecuencia del fallo de tutela de primera instancia dictado por el Juez 37
Penal del Circuito de Bogotá y por orden de FONPRECON, el Fondo Territorial del
Pensiones del Tolima lo excluyó de la nómina de pensionados.
b)
Que mediante la
Resolución No. 0007 del 8 de enero de 2004, por medio de la cual la accionada
dio cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia y accedió a la
conmutación pensional reclamada, dicha entidad no cumplió simplemente con un
acto formal, sino que modificó sustancialmente su criterio, concepto y
calificación jurídica de los hechos y las pruebas aportadas al expediente
administrativo, reconociendo su error de computo de tiempo de servicio, y
afirmando que, en realidad, el peticionario había acreditado como tiempo de
servicio 23 años, 3 meses y 11 días para cuando ocupaba el cargo de
congresista. Estima entonces el accionante que la aludida resolución constituye
una prueba sobreviniente en la que debe basarse la Corte Constitucional para
decidir.
c)
Que en tanto en el
fallo de primera instancia se ordenó la afiliación, asunción de pago y reajuste
de su pensión por FONPRECON, desde 4 de diciembre de 1998, fecha de la
presentación de la solicitud de conmutación, dicha sentencia debe ser
adicionada, pues la afiliación, asunción de pago y reajuste debe reconocerse
desde el 4 de diciembre de 1995, fecha desde la cual debe efectuarse el pago de
la diferencia entre el reajuste y lo efectivamente devengado.
Sostuvo el accionante que esto es así, por
cuanto "(…) reza el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo que
las acciones que emanan de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años,
que se contarán desde que la respectiva obligación se haya (sic) exigible,
entendiéndose en concordancia al artículo 24 del Decreto 2837 de 1986 que si
bien el derecho sustancial de la pensión es imprescriptible, las cuotas o
mesadas pensionales causadas y no reclamadas entre el 20 de julio de 1986,
fecha en que cesó sus funciones de Congresista y el 4 de diciembre de 1995,
naturalmente están prescritas, pero no aquellas causadas entre esta última
fecha y al fecha en que fue solicitada la Conmutación pues el mero hecho de la
solicitud que se formuló interrumpe la prescripción para los tres últimos
años."
d)
Que en tanto se trata
de una persona de la tercera edad, no puede ser sometido a la duración de un
proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que,
probablemente, para la fecha en que se dicte la providencia definitiva, ya
habrá dejado de existir.
e)
Que el reconocimiento y
pago de su pensión de jubilación debe regirse por la Ley 6 de 1945 y el Decreto
1723 de 1964, que establecen como requisitos para acceder a ella 50 años de
edad y 20 años de servicio, y no por la Ley 33 de 1985 que elevó el requisito
de la edad a 55 años, pues el parágrafo 2º de su artículo 1º de esta última
norma mantuvo las condiciones que venían rigiendo para los empleados oficiales
que hubiesen cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio al momento
de entrada en vigencia de la misma.
f)
Que, adicionalmente,
tiene derecho a beneficiarse del régimen de transición en materia pensional
previsto por el artículo 36 de la Ley 100, puesto que fue pensionado con
anterioridad a la Ley 4º de 1992, porque ocupó el cargo de Representante a la
Cámara antes del 1º de abril de 1994, y dado que, para esta misma fecha, ya
contaba con más de 55 años de edad y había prestado sus servicios por más de 15
años.
En este mismo memorial solicitó a la Corte la práctica
de una inspección judicial dentro del proceso de revisión del expediente para
verificar los presupuestos fácticos de la acción, el trámite dilatorio que
FONPRECON ha dado a su solicitud, y la violación de su derecho a la igualdad
por comparación con los demás casos citados en la demanda.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es competente de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991,
para revisar el presente fallo de tutela.
B. Fundamentos
a.
Problema
jurídico
Compete determinar a esta Sala de Revisión
si los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a una vida
digna y a la protección especial de las personas de la tercera edad de José
Orlando Arias Salcedo, fueron vulnerados por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República FONPRECON, al negarse a aceptar la conmutación
pensional solicitada por aquél, así como a efectuar el reajuste especial de su
mesada pensional, de conformidad con la Ley 4º de 1992 y el Decreto 1359 de
1993.
Para resolver la cuestión, la Sala se
ocupará de los siguientes asuntos: En primer lugar, realizará un análisis de la
procedencia de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y reajuste de
pensiones de jubilación, y, en segundo lugar, estudiará el régimen pensional de
los excongresistas, con el fin de determinar los requisitos necesarios para
acceder a la conmutación pensional y al reajuste especial solicitados por el
actor.
b.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y reajuste
de mesadas pensionales
En el caso que se analiza, el tutelante
solicita que se ordene a FONPRECON, la conmutación de su pensión de jubilación
y, en consecuencia, el reajuste especial de su mesada y el pago retroactivo
desde la presentación de la solicitud. Se trata entonces de peticiones
relacionadas con el reconocimiento, pago y reajuste de prestaciones derivadas
del derecho fundamental a la seguridad social, que, como ha sido señalado por
esta Corporación, en principio corresponde resolver a la jurisdicción
ordinaria, dado que la decisión depende de la verificación de una serie de
requisitos legales. Por tal razón, comenzará la Sala por abordar los casos en
que la acción de tutela procede excepcionalmente, a pesar de la existencia de
otros medios judiciales de defensa de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, para reclamar este tipo de prestaciones.
Recuerda la Sala que la acción de tutela es
un mecanismos subsidiario de protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, que procede sólo ante la vulneración grave de los mismos y cuando
no existan otras vías judiciales para su defensa. Sin embargo, en los eventos
en los que el juez constitucional advierta que esas otras vías no son lo
suficiente idóneas ni eficaces para proporcionar un amparo efectivo a los
derechos fundamentales involucrados, y para evitar la materialización de un
perjuicio irremediable, deberá conceder el amparo de manera transitoria, o
incluso, de manera definitiva cuando las circunstancias del caso lo ameriten.
Cabe resaltar que aunque los artículos 86
de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991 hablan sólo de la
procedencia excepcional de la tutela como mecanismo transitorio, estas normas
no excluyen la posibilidad de que a través de la tutela se dicten ordenes
definitivas cuando las circunstancias especiales del caso así lo requieran, por
ejemplo, porque en el expediente esta plenamente acreditado el derecho cuyo reconocimiento
se reclama. En estos eventos, instar a los accionantes a acudir a las vías
ordinarias después de que se ha concedido el amparo de la tutela, implicaría un
desgaste innecesario de la administración de justicia.[1]
Ahora, sobre la idoneidad de los medios
ordinarios de defensa, la Corte ha manifestado que el juez de tutela debe
establecer en cada oportunidad, si en términos cualitativos, las acciones
ordinarias ofrecen la misma protección que se lograría a través de la tutela[2], teniendo en cuenta el
contenido de los derechos involucrados.[3]
Es por ello que en cada caso esta obligado a "(…) evaluar si la lesión
del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado, podría obtener igual
o mayor protección a la que él prodigaría, si el afectado hace uso de los
mecanismos ordinarios, y, si su puesta en ejecución, no degeneraría en una
mayor lesión de los derechos del afectado, a la que ya ha recibido, o que
podría recibir".[4]
Y respecto de la determinación del
perjuicio irremediable, esta Corporación ha sostenido que éste debe reunir las
siguientes características:
"En primer lugar, el perjuicio debe
ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza
y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta,
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es
decir, que suponga un detrimento  sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable."[5]
Se trata, por tanto, de la existencia de un
riesgo inminente de que se produzca un daño sobre los derechos fundamentales
del afectado que, de ocurrir, no podría ser reparado, de modo que las medidas
de protección se hacen urgentes e impostergables para superar tan grave
situación.
Aquí, cabe anotar que el derecho a la
seguridad social es un derecho fundamental, que en materia de pensiones
comprende no sólo el reconocimiento del derecho a acceder a ellas - cuando se
reúnen los requisitos para ellos -, sino también el pago oportuno de las
mesadas y su debido ajuste en el marco de una economía inflacionaria. No
obstante, a pesar de su carácter fundamental, la protección del derecho a la
pensión de jubilación, en cualquiera de sus componentes, puede lograrse a
través de acciones ordinarias diferentes a la acción de tutela, que, por su
carácter residual, sólo procederá ante una violación grave del derecho y
cuando, además, se presente la amenaza de un perjuicio irremediable.
Ahora, el accionante afirma que en su caso
se ha configurado dicha amenaza y que, por tanto, debe concederse el amparo
constitucional, toda vez que, por una parte, es una persona de la tercera edad
que debe ser acreedora de una protección especial por parte del Estado y de la
sociedad y, por otra parte, ya que la pensión de jubilación que actualmente
percibe no es suficiente para garantizarle a él y a su familia una vida digna,
más teniendo en cuenta que tiene un hijo de 43 años que desde los 11 meses de
edad se encuentra incapacitado, y que requiere de medicamentos y tratamientos
de alto costo.
Sobre este punto, anota la Sala que si bien
es cierto que en el caso de las personas de la tercera edad, esto es quienes
han superado los 70 años de vida[6],
se presume que la pensión de jubilación es el único ingreso con el que cuentan
para proporcionarse un mínimo de condiciones que les permitan llevar una
existencia digna[7],
puesto que por la perdida de capacidad física - fuerza laboral - que el paso de
los años conlleva, es difícil que puedan obtener otros ingresos, esta
presunción es susceptible de ser desvirtuada cuando se observe que el
accionante cuenta con otros recursos económicos que le garantizan por lo menos
un mínimo de condiciones materiales.[8]
En tal hipótesis, el accionante deberá acudir a la jurisdicción ordinaria para
que se resuelvan sus pretensiones.
En efecto, la Corte ha manifestado que son
varios los elementos que el juez debe ponderar a la hora de determinar la
existencia de un perjuicio irremediable y, en consecuencia, la procedencia
excepcional de la acción de tutela ante la solicitud del reajuste de mesadas
pensionales. Estos elementos son:
"(…) Tales factores en la ponderación
son los siguientes, según la jurisprudencia de esta Corte: 1) edad para ser
considerado sujeto de especial protección; 2) situación física, principalmente
de salud; 3) grado de afectación de los derechos fundamentales, en especial el
mínimo vital; 4) carga de la argumentación o de la prueba de dicha afectación;
5) actividad procesal mínima desplegada por el interesado.”[9]
En consecuencia, la edad del actor no es el
único factor que determina la procedencia excepcional de la acción de tutela,
por lo que cuando la Sala entre a analizar el caso concreto, se ocupará de
verificar si se reúnen los elementos propios de un perjuicio irremediable que
justifique la concesión del amparo constitucional.
c.
El régimen
pensional de los excongresistas
Se requiere ahora hacer un breve análisis
de la evolución histórica del régimen pensional de los excongresistas, con el
fin de determinar los requisitos que debe reunir el tutelante para la
procedencia de sus solicitudes de conmutación pensional y de reajuste de su
mesada pensional. Para el efecto, partiremos del estudio realizado por esta
Corporación en la sentencia T-482 de 2001, en la que, a propósito de un caso
similar al objeto de este pronunciamiento[10],
la Corte se ocupó de la normativa que desde comienzos del siglo pasado ha
regulado la materia.
Como se indica en aquél fallo, el artículo
17 de la Ley 6º de 1945 dispuso que los empleados y obreros nacionales de
carácter permanente gozarían de una pensión vitalicia de jubilación cuando
llegaran a los 50 años de edad y después de 20 años de servicio continuo o
discontinuo. Dicha norma establecía que la pensión sería equivalente a las dos
terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de
treinta pesos ($30) ni  exceder de doscientos pesos ($200) en cada mes.
Posteriormente, el artículo 7º de la Ley 48
de 1962 estableció que los miembros del Congreso y de las Asambleas
Departamentales gozarían de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales
previstas para los servidores públicos en la ley 6º de 1945, es decir,
extendió el derecho a acceder a una pensión vitalicia de jubilación a los
parlamentarios, en las mismas condiciones que fueron establecidas en la Ley 6º
de 1945.
El artículo 2º del Decreto 1723 de 1964,
reglamentario de la Ley 48 de 1962, se ocupó luego de la cuantía de las mesadas
pensionales de los exparlamentarios, y determinó que éstas debían ser
equivalentes a las dos terceras partes del promedio de asignaciones devengadas
durante el último año de servicios, o del promedio de lo devengado en los tres
últimos años, a opción del beneficiario.
Más adelante, la Ley 33 de 1985 creó, en su artículo
14, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República FONPRECON, como
un establecimiento público de orden nacional, con autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
FONPRECON se encargaría entonces, de acuerdo con el artículo 15 ibídem,
de efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los
Congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados del mismo Fondo.
En relación con los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación, el artículo 1º ibídem[11] señaló
que la edad de jubilación de los empleados oficiales se elevaría a los 55 años,
pero mantuvo el requisito de los 20 años de servicio continuo o discontinuo. En
tal caso, la cuantía de la mesada debía ser equivalente al 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
Como se señaló en la sentencia T-481 de 2001, esta norma también se aplicaba al
caso de los parlamentarios.
No obstante, el parágrafo 2º del artículo
en mención estableció las siguientes excepciones:
·
Que a los empleados
oficiales que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 hubieran
completado 15 años o más de servicio continuo o discontinuo, se les seguirían
aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la misma Ley, es decir, la edad de jubilación continuaría siendo
50 años.
·
Que los empleados
oficiales que después de 20 años de servicio continuo o discontinuo, en el momento
de entrada en vigencia de la Ley, se hallaran retirados del servicio, tendrían
derecho cuando cumplieran 50 años de edad, si eran mujeres, o 55 años de edad,
si eran hombres, a una pensión de jubilación que se reconocería y pagaría de
acuerdo con las disposiciones que regulaban la materia en el momento de su
retiro.
Finalmente, el parágrafo 3º del artículo 1º
ibídem señaló que en todo caso los empleados oficiales que a la entrada
en vigencia de la Ley 33 de 1985, hubieran reunido todos los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación - a pesar de que ésta no se hubiese
reconocido -, se seguirían rigiendo por las normas anteriores que regulaban la
materia.
La Ley 4º de 1966, en su artículo 4,
aumentó la mesada pensional de los parlamentarios al 75% del promedio mensual
obtenido en el último año de servicios. Esta ley fue desarrollada por el
Decreto 3135 de 1968, que  insistió en el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año, como base de liquidación de la mesada.
Posteriormente, la Constitución de 1991
asignó al Gobierno la función de fijar el régimen salarial y prestacional de
los miembros del Congreso de la República, conforme a los parámetros generales
que serían señalados por el Congreso para el efecto. Así, el numeral 19 del
artículo 150 de la Carta, sobre las funciones del Congreso de la República,
dispone:
"19. Dictar las normas generales, y
señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública."
En cumplimiento de la norma en mención, el
Congreso expidió la Ley 4º de 1992, que estableció los parámetros generales a
los que debía sujetarse el Gobierno Nacional para cumplir con dicha función.
Esta ley ordenó, por una parte, en su artículo 2º, la exigencia del respeto por
los derechos adquiridos, y por otra parte, en su artículo 17, que el monto de
la mesada de los excongresistas no podría ser inferior al 75% del ingreso
promedio mensual que durante el último año y por todo concepto percibiere un
congresista
Con base en la Ley 4º de 1992, el Gobierno
expidió el Decreto 1359 de 1993 que reguló de manera especial el régimen de
pensiones, reajustes y sustituciones pensionales de quienes, en lo sucesivo y a
partir de la entrada en vigencia de la referida ley, adquirieran la calidad de
Senador o Representante a la Cámara.
Este Decreto dispuso lo siguiente:
·
Que quienes reunieran
los requisitos de edad indicados en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley
33 de 1985, estos son 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, y además
completaran 20 años de servicio continuo o discontinuo (1) en una o varias
entidades de derecho público, incluido el Congreso de la República, o (2) o que
hubiesen cotizado parte de ellos en el sector privado y ante el Instituto de
Seguros Sociales, tendrían derecho a una pensión vitalicia de jubilación
(artículo 7º).
·
Que dicha pensión vitalicia
no podría ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el
último año y por todo concepto, devengaran los Congresistas en ejercicio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del mismo Decreto (artículo
7º).
·
Que los Congresistas
que se hubiesen pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4º de 1992,
tendrían derecho a un reajuste en su mesada pensional, por una sola vez,
de manera tal que ésta no fuera inferior al 50% de la pensión a la que tendrían
derecho los actuales parlamentarios. Sin embargo, para acceder a este
beneficio, el Decreto exigió que el excongresista pensionado no hubiese variado
esa condición como consecuencia de su reincorporación al servicio público en un
cargo distinto al de miembro del Congreso, que hubiere implicado el incremento
y reliquidación de su mesada pensional. Finalmente, se estableció que el
reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994 (artículo
17).
Luego, con la expedición de la Ley 100 de
1993, que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, se estableció un
régimen de transición para los trabajadores que para la fecha de entrada en
vigencia de la misma, hubieran cumplido 35 años o más, en el caso de las
mujeres, 40 años o más, en el caso de los hombres, o 15 años o más de servicio
cotizados. Estas personas, de conformidad con el artículo 36 ibídem,
tendrían derecho a pensionarse cuando reunieran los requisitos de edad y tiempo
de servicio señalados en el régimen pensional anterior y, así mismo, el monto de
su pensión se regiría por dicho régimen.
Esta ley también abrió la posibilidad de
incorporar al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, a los Congresistas, siempre y cuando se respetaran los
derechos adquiridos (artículo 273).
El Gobierno nacional expidió, entonces, el
Decreto 1293 de 1994, con el fin de reunificar el régimen de seguridad social
de los exparlamentarios y en éste indicó:
·
Que el Sistema General
de Pensiones se aplicaría a los Representantes a la Cámara, Senadores y
empleados del Congreso de la República, con excepción de los cubiertos por el
régimen de transición previsto en el artículo 2º de dicho Decreto, al que se
accede al reunir los mismo requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
·
Que el régimen de
transición se emplearía también en el caso de las personas que hubiesen sido
Senadores o Representantes a la Cámara con anterioridad al 1º de abril de 1994
– fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 - fueran o no elegidos de
nuevo para legislaturas posteriores, siempre que reunieran los requisitos
previstos en el artículo 2º ibídem para dicha fecha, salvo que para
aquel momento hubieran estado cobijados por un régimen diferente, caso en el cual
se seguiría aplicando éste (parágrafo del artículo 2º).
·
Que los Senadores y
Representantes a la Cámara que cumplieran con alguno de los requisitos
previstos en el artículo 2º ibídem, tendrían derecho al reconocimiento
de su pensión de jubilación cuando cumplieran con los requisitos de edad y
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas establecidos en el Decreto
1359 de 1993, y que, de igual modo, el monto de su pensión, la forma de
liquidación y el ingreso base de liquidación se regiría por las reglas
señaladas en el mismo Decreto (artículo 3º).
·
Que, así mismo, el
régimen de transición previsto en los artículos 2º y 3º del Decreto en mención,
se aplicaría a los Senadores y Representantes a la Cámara que durante la
legislatura que terminaba el 20 de julio de 1994, tuviesen una situación
jurídica consolidada por haber completado antes de dicha fecha, 20 años de
servicio continuo o discontinuo en una o diferentes entidades de derecho
público incluido el Congreso de la República, o cotizados en parte en el sector
privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad. Estas
personas, en cuanto a la edad de jubilación, se seguirían rigiendo por lo
dispuesto en el literal b) del artículo 2º del decreto 1723 de 1964, que
establece que una vez cumplido el tiempo de servicio de 20 años, podrían
obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad de 50 años.
Finalmente, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, en concepto emitido el 28 de octubre de 1997[12], se refirió al régimen
de transición previsto en los Decreto 1359 de 1993 y 1293 de 1994, y a los
requisitos que deben reunir los congresistas y excongresistas para acceder a
una pensión vitalicia de jubilación, de la siguiente forma:
“PRIMERO. El decreto 1359 de 1993
expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades constitucionales y
legales, en particular de la contenida en el artículo 17 de la ley 4ª de 1992,
por el cual estableció un régimen  especial de pensiones en favor de los
congresistas, hizo remisión jurídicamente admisible a la ley 33 de 1985, en
particular al artículo 1º parágrafo 2º, que establece la edad requerida para
tener derecho a una pensión vitalicia de jubilación.
El decreto 1293 de 1994 no remitió
directamente a la ley 33 de 1985 sino al decreto 1359 / 93 y en su aplicación a
esta ley.
Como la remisión la hace el decreto 1359
al parágrafo de un artículo  específico (el 1º de la ley 33), no existe razón
válida para aplicar otras disposiciones de la misma ley, como es la exclusión
de los  regímenes especiales y tampoco para revivir el artículo 21 del decreto
2837 de 1986 el cual fue reemplazado con la legislación posterior, o sea las
leyes 4ª de 1992 y 100 de 1993 y los decretos 1359 de 1993, 1293 y 691 de 1994,
que constituyen la normatividad aplicable en la materia relacionada con la
pensión de jubilación de los congresistas.
SEGUNDA. La edad de pensión para los congresistas bajo el
régimen de transición previsto en el decreto 1293 de 1994 es la establecida por
el decreto 1359 de 1993.
Este decreto 1359 resulta ser el mismo
“régimen anterior al cual se encuentren afiliados” previsto en el artículo 36
de la ley 100 de 1993, o sea, en cuanto a la edad, es la señalada en el
parágrafo 2º del artículo 1º de la ley 33 de 1985; existe una sola excepción a
esta norma consignada  en el mismo decreto 1293 de 1994  y que se relaciona a
continuación.
En síntesis la edad de pensión de los
congresistas bajo el régimen de transición es la siguiente:
- cuando cumplan 50 años de edad, si son
mujeres, o 55 años de edad, si son hombres (parágrafo 2º, art. 1º, ley 33 /
85),
- excepcionalmente quienes habiendo tenido
una situación jurídica consolidada antes del 20 de junio de 1994, consistente
en 20 años de servicios, la edad mínima para obtener el reconocimiento de la
pensión de jubilación es de 50 años (art. 3º, decreto 1293 / 94).
En consecuencia, los congresistas que no
estén amparados por el régimen de transición, se rigen por el sistema general
de la ley 100 de 1993, es decir la edad mínima de jubilación para las mujeres,
55 años y para los hombres, 60 años.”
Esta misma Corporación, en el
referido concepto indicó, en relación con el reajuste especial de la pensión de
los exparlamentarios ya pensionados, lo que sigue:
“Por tanto, la edad exigida por el artículo
7º del decreto 1359 de 1993  debe cumplirse teniendo la condición de
congresista  o  conservando durante  todo  el   tiempo  exigido  de
cotizaciones (20 años) la investidura; en caso distinto, puede posteriormente
completar el estatus de pensionado sumando otras cotizaciones en entidades de
derecho público o del sector privado pero ya con otro régimen (…)”.
“3.Un congresista no adquiere el derecho a
pensión de  acuerdo a las exigencias contenidas en el régimen aplicable del
decreto 1359 de 1993,  si no alcanzó a cumplir la edad  determinada en éste o
no cotizó el número de mesadas exigidas por la ley en tal carácter.
En consecuencia, la  aspiración de
pensionarse por haber sido congresista alguna vez carece de sustento válido
para tal efecto, pues esta sola condición  no es suficiente para acceder al
régimen especial.”
Vale la pena aclarar que si bien el
parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, norma a la que remite el
Decreto 1359 de 1993 en cuanto a los requisitos necesarios para acceder al
reajuste pensional, establece que la regla general en relación a la edad, es 50
años para las mujeres y 55 años para los hombres, ello no excluye la aplicación
de la excepción contenida en este mismo parágrafo y referida a las personas
que, para la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1986, ya habían completado 15
años de servicio. Para estas personas el requisito de edad es sólo de 50 años.
En este orden de ideas, aunque el Concepto
1030 de 1997 del Consejo de Estado señala como requisitos para tener el derecho
al reajuste especial únicamente las reglas generales en cuanto a edad previstas
en el parágrafo 2º del artículo 1º ibídem, ello no excluye la aplicación
de la salvedad contemplada en la misma disposición.
Ahora, a partir del recuento anterior se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
En primer lugar, en relación con los
requisitos que deben reunir los excongresistas para acceder a una pensión de
jubilación vitalicia, tenemos las siguientes situaciones:
·
Durante la vigencia de
la Ley 42 de 1962, es decir, hasta la expedición de la Ley 33 de 1985, los
congresistas podían acceder a la pensión de jubilación vitalicia cuando
cumplieran 50 años de edad y completaran 20 años de servicio continuo o
discontinuo.
·
Con la expedición de la
Ley 33 de 1985, la edad de jubilación de los congresistas se elevó a 55 años,
pero se mantuvo el requisito de los 20 años de servicio continuo o discontinuo.
·
Sin embargo, los parlamentarios
que a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 ya hubieran completado 15
años de servicio continuo o discontinuo, se seguirían pensionando a la edad de
50 años.
·
Así mismo, quienes a la
entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 ya hubiesen completado 20 años de
servicio continuo o discontinuo, y ya se hallaran retirados del servicio,
podrían pensionarse cuando alcanzaran los 50 años de edad, en el caso de las
mujeres, o los 55 años de edad, en el caso de los hombres.
·
Con la expedición del
Decreto 1359 de 1993, los congresistas podrían pensionarse cuando cumplieran 50
años de edad, si son mujeres, o 55 años de edad si son hombres, y cuando
completaran 20 años de servicio continuo o discontinuo en el sector público o
en el privado, en este último evento, siempre que hubiesen cotizado las semanas
respectivas ante el Instituto de Seguros Sociales.
·
Luego, a partir de la
expedición del Decreto 1293 de 1994, los parlamentarios tienen derecho a
pensionarse cuando cumplan 55 años de edad, si son mujeres, o 60 años de edad,
si son hombres, y cuando hayan cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier
tiempo al Sistema General de Pensiones (reglas generales de la Ley 100 de
1993).
·
No obstante, quienes
para el 1º de abril de 1994 tuviesen ya cumplidos 35 años o más de edad, en el
caso de las mujeres, 40 años o más de edad, en el caso de los hombres, o 15
años o más de servicio continuo o discontinuo, se seguirían rigiendo por el
régimen pensional anterior, es decir, en cuanto a la edad, las mujeres se
seguirían pensionando a los 50 años y los hombres a los 55 años.
·
Finalmente, quienes
tuvieran una situación jurídica consolidada antes del 20 de julio de 1994,
consistente en 20 años de servicio, podrían pensionarse a los 50 años de edad.
En segundo lugar, respecto de la base de
liquidación de la pensión de jubilación de los excongresistas, tenemos:
·
Que desde la expedición
del Decreto 1763 de 1964, el monto de las mesadas debía ser equivalente a las
dos terceras partes del promedio de asignaciones devengadas durante el último
año de servicios o del promedio de lo devengado en los tres últimos años, a
opción del beneficiario.
·
Que con la entrada en
vigencia de la Ley 4º de 1966, las pensiones de los excongresistas debían ser
equivalentes al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
·
Que en la Ley 4º de
1992 y en el Decreto 1359 de 1993, se dispuso que el monto de la mesada
pensional de los excongresistas no podría ser inferior al 75% del ingreso
promedio mensual que durante el último año y por todo concepto devengaran los
congresistas en ejercicio para el momento de adquirir el derecho.
·
Que los
exparlamentarios que se encuentran en el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en los artículos 2º y 3º del Decreto 1293
de 1994, se seguirían rigiendo por las reglas anteriores.
·
Que los excongresistas
no incluidos en el régimen de transición, se regirían por lo dispuesto al
respecto por la Ley 100 de 1993.
Por último, sobre el derecho al reajuste
especial que reclama el accionante se debe afirmar:
·
Que los excongresistas
que se hubiesen pensionado antes de la entrada en vigencia de la Ley 4º de
1992, pero que no hubiesen variado dicha condición como consecuencia de su
reincorporación al servicio público, tienen derecho a un reajuste en su
mesada, por una sola vez, para que esta no sea inferir al 50% de la pensión a
la que tendrían derecho los parlamentarios que ostentaran dicha calidad para el
momento en que se decretara el reajuste.
La Corte Constitucional, en la sentencia
T-456 de 1994[13],
interpretó la disposición en mención en el sentido de que ésta debía entenderse
en armonía con la Ley 4º de 1992, que indica que la mesada pensional de los
exparlamentarios no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio mensual que
durante el último año, y por todo concepto, percibieran los congresistas en
ejercicio. De manera, el reajuste especial conlleva que la pensión de
jubilación de los excongresistas deba ser equivalente a ese 75%, y nunca
inferior al 50% de la pensión a la que tendrían derecho los parlamentarios que
ocupen el cargo para la época en que se decrete el reajuste.
·
Que para acceder al
reajuste especial aludido, es necesario que el excongresista haya cumplido la
edad prevista en el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, durante el tiempo que
se desempeñó como Senador o Representante a la Cámara, o que hubiese
permanecido 20 años al servicio del Congreso, aunque no se alcanzara la edad
requerida.
En relación con la edad indicada en el
artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, se presentan dos hipótesis:
·
Si el congresista no
había alcanzado 15 años de servicio para la entrada en vigencia de la Ley 33 de
1985, la edad requerida es 50 años, si se trata de mujeres, o 55 años, si se
trata de varones.
·
Pero si el
exparlamentario, para esa misma época, ya había completado 15 años de servicio,
la edad a la que debía llegar durante su paso por el Congreso, era de 50 años.
En este contexto, cuando un excongresista
pensionado por una entidad distinta a FONPRECON, reúna los requisitos señalados
en el párrafo anterior, tendrá derecho a la conmutación pensional y al reajuste
especial de su pensión de jubilación por una sola vez, esto significa, que
FONPRECON deberá hacerse cargo en adelante del pago de su pensión, por
supuesto, reclamando a las demás entidades obligadas a contribuir al pago de
las mesadas, la cuota que les corresponde, y deberá ajustar el monto de la
pensión, en primer lugar, para que no sea inferior al 75% de ingreso promedio
mensual que los congresistas activos perciben por todo concepto, y en adelante,
anualmente y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, tal como se
establece en la Ley 100 de 1993.
a.
Caso concreto
Para
comenzar, la Sala considera necesario analizar si en el caso de José Orlando
Arias Salcedo, la negativa de FONPRECON frente a la solicitud de la conmutación
pensional y de reajuste especial de su mesada pensional, le está causando un
perjuicio irremediable – tanto a él como a su familia -, pues como ya fue
analizado en apartes previos, tratándose del reconocimiento y reajuste de
mesadas pensionales, la acción de tutela sólo procede excepcionalmente, cuando
se evidencie la presencia de un perjuicio irremediable.
Sobre este punto la Sala advierte que
aunque José Orlando Arias Salcedo pertenece a la tercera edad, ya que su
nacimiento ocurrió el 25 de agosto de 1934, este elemento por sí sólo no hace
procedente el amparo constitucional, puesto que deberán verificarse otros
factores tales como su situación física, principalmente de salud, el grado de
afectación de sus derechos fundamentales, en especial el mínimo vital, la carga
de la argumentación o de la prueba de dicha afectación y la actividad procesal
mínima que haya desplegado, mas cuando se encuentra probado que Fondo
Territorial de Pensiones del Tolima le reconoció el derecho a la pensión de
jubilación en el año de 1988.
Ahora,
haciendo una ponderación de los aludidos factores, la Sala concluye que en el
caso bajo estudio, efectivamente existe la amenaza de configuración de un
perjuicio irremediable, lo que en principio hace procedente la acción de
tutela. En efecto, si bien José Orlando Arias Salcedo recibe mensualmente una
pensión que por lo menos hasta el año anterior ascendía a la suma de
$1.124.753,oo, dicha cantidad no es suficiente para que pueda proporcionarse a
él y a su familia, un mínimo de condiciones materiales que garanticen una
existencia digna, por las siguientes razones:
En
primer lugar, toda vez que tiene un hijo de 43 años de edad – Henry Arias
Bonilla - que desde los 11 meses de nacido, presenta graves quebrantos de
salud, que han llevado a su declaración de interdicción y a que dependa
completamente de sus padres. Henry Arias Bonilla, según consta en el
expediente, padece síndrome convulsivo y crisis aquinéticas sin control
medicamentoso, razón por la cual debe consumir diariamente el medicamento Carbamezapina
de 400 mg.
Y,
en segundo lugar, dado que el accionante es una persona de la tercera edad, que
no puede esperar a que se surta el tramite de un proceso ordinario ante lo
contencioso administrativo para que se tutelen sus derechos fundamentales,
pues, posiblemente, para el momento del fallo definitivo, habrá dejado de
existir, de manera que los demás mecanismos judiciales de defensa no son
idóneos en el caso particular. A esto se debe agregar que FONPRECON aún no se
ha dado respuesta al recurso de reposición que José Orlando Arias Salcedo
interpuso en contra de la Resolución que negó sus solicitudes, lo cual
constituye un obstáculo para el ejercicio de las acciones ordinarias que
correspondan.
Ahora
deberá la Sala verificar si se ha producido la violación de los derechos
fundamentales de José Orlando Arias Salcedo al debido proceso, a la igualdad y
al mínimo vital, al negarse la demandada a la conmutación pensional y al
reajuste solicitados, a pesar de que es claro que éste tiene el derecho a
ellos.
En
efecto, al tutelante le asiste el derecho a la conmutación y al reajuste,
porque para la época en que se desempeñó como Representante a la Cámara
(suplente) por la circunscripción electoral del departamento del Tolima, es
decir, entre 1982 y 1986, alcanzó los 50 años de edad.
La
regulación de los requisitos para que se pueda efectuar la conmutación
pensional y el reajuste especial de las pensiones de los exparlamentarios, como
ya fue explicado, están contenidos en el Decreto 1359 de 1993, que establece,
básicamente, que el excongresista que quiera beneficiarse de ellos, debe haber
reunido la edad necesaria para pensionarse, mientras se desempeñaba como
Senador o como Representante a la Cámara, de conformidad con el parágrafo 2º
del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, o debe haber completado 20 años de
servicio en el Congreso, aunque la edad para pensionarse la alcanzara después
de ocupar el cargo.
El
parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, como también ya fue
señalado, dispone que los requisitos para acceder a la pensión de jubilación,
en cuanto a la edad, son 50 años en el caso de las mujeres, o 55 años en el
caso de los hombres
Sin
embargo, esta misma disposición remite, en el caso de los excongresistas que
para la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 ya hubiesen completado 15 años
o más de servicio continuo o discontinuo, a los requisitos de edad previstos en
el régimen anterior, es decir, el previsto en la Ley 48 de 1962 que disponía
que la edad de jubilación era de 50 años.
Entonces,
como José Orlando Arias Salcedo ya se encontraba pensionado para la entrada en
vigencia de la Ley 4º de 1992 y nunca se reincorporó al servicio, como para la
entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 ya había completado más de 15 años de
servicio, de hecho en 1985 completó 20 años de servicio, y como para la época
en que fue Representante a la Cámara (suplente) – 1982 a 1986 – llegó a los 50
años de edad, es forzoso concluir que tienen derecho al reajuste especial
previsto en la Ley 4º de 1992 y desarrollado por el Decreto 1359 de 1993.
Cabe
aclarar que el caso José Orlando Arias Salcedo es distinto al caso revisado por
esta Corporación en la sentencia T-482 de 2001, en el que se le exigía al
tutelante haber cumplido 55 años de edad durante el tiempo en que ocupó el
cargo de Senador, para acceder al reajuste especial. La diferencia radica en
que el actor del aludido caso, para la entrada en vigencia de la Ley 33 de
1985, no había prestado sus servicios por más de 15 años, de modo que no se
encontraba incluido en la excepción del parágrafo 2º del artículo 1º ibídem
– que remite al régimen anterior en cuanto a la edad de jubilación (50 años
de edad).
Por
otra parte, también se debe resaltar que FONPRECON nunca ha discutido que el
peticionario haya reunido el requisito de edad necesario para acceder a la
conmutación y al reajuste, sino que su oposición se basa en que, aduce, no se
ha acreditado que José Orlando Arias Salcedo haya completado los 20 años de
servicio exigidos por el Decreto 1359 de 1993 para el efecto.
Sobre
este punto encuentra la Sala que en el expediente está plenamente acreditado
que al accionante prestó sus servicios al Estado por más de 20 años, porque:
·
Cuando la Caja de Previsión Social del Tolima
conoció de la solicitud de reconocimiento de pensión de jubilación presentada
por José Orlando Arias Salcedo, verificó su tiempo de servicio y su edad, y
encontró que éste había completado 20 años de servicio el 12 de diciembre de
1985 y que había cumplido 53 años de edad el 24 de agosto de 1988, motivos por
los cuales decidió reconocer la pensión solicitada (fol. 36 cuaderno
principal).
·
El Fondo Territorial de Pensiones del Tolima de nuevo
admitió que el tutelante había completado más de 20 años de servicio en la
Resolución No. 991 de 2002, mediante la cual, además, modificó su Resolución
No. 210 de 2001, en el sentido de agregar 187 días al tiempo de servicio de
José Orlando Arias Salcedo, correspondientes a periodo que éste trabajó en el
Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo (Tolima) (fols. 42 y 43 cuaderno
principal).
También
advierte la Sala que el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima confirmó
varias veces, a diferencia de lo que aduce FONPRECON, no sólo el tiempo de
servicio de José Orlando Arias Salcedo, que supera los 20 años, sino también su
aceptación del compromiso de seguir girando la cuota parte que le corresponde
de la mesada pensional reconocida a favor de éste. Esto se puede verificar en
los siguientes documentos:
·
En el oficio No. AFTP-0370 del 11 de mayo de
2003 (fol. 67 cuaderno principal).
·
En el oficio AFPT-0458 del 5 de junio de 2003
(fol. 68 cuaderno principal).
Y,
finalmente, si se toma por cierto, como afirma FONPRECON, que el tiempo de
servicio que el accionante alcanzó fue sólo de 19 años, 8 meses y 24 días,
según los resultados arrojados por el sistema QCD, en tanto este calculo fue
efectuado por la demandada antes de que el Fondo Territorial de Pensiones del
Tolima adicionara la Resolución 210 de 2001, en el sentido de agregar 187 días
al tiempo de servicio de José Orlando Arias Salcedo, es necesario afirmar que
el actor, desde este punto de vista, también superó los 20 años de servicio, pues
la suma de los 187 días adicionados a los resultados aducidos por la accionada,
superan los 20 años.
FONPRECON
afirma que esos 187 días de servicio no fueron confirmados, de modo que no
podían ser tenidos en cuenta. Sin embargo, observa la Sala que también esta
situación se encuentra plenamente acreditada, tanto en el acto administrativo
en el que fueron agregados los 187 días al tiempo de servicio reconocido a José
Orlando Arias Salcedo, como en la certificación expedida por el Director
Seccional de la Rama Judicial del Distrito de Ibagué, el 20 de marzo de 2001,
sobre el periodo de labores y los salarios devengados por el actor cuando
trabajaba en el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo (Tolima) (fols.
115 y 116 cuaderno principal).
En
consecuencia, FONPRECON desconoció no sólo las pruebas que acreditan que José
Orlando Arias Salcedo completó 20 años de servicio durante el tiempo en que
ocupó el cargo de Representante a la Cámara (suplente), sino que también dilató
injustificadamente el tramite administrativo de reconocimiento de la
conmutación pensional[14],
toda vez que desde hace bastante tiempo tenía en su poder los elementos
necesarios para decidir a favor del accionante, razones que conducen a la
conclusión de que vulneró el derecho fundamental al debido proceso de éste.
En
este contexto, la Resolución No. 1196 del 29 de septiembre de 2003, mediante la
cual FONPRECON se opuso a las peticiones de José Orlando Arias Salcedo,
constituye una vía de hecho administrativa por defecto fáctico, en tanto la
accionada arbitrariamente desconoció las pruebas que acreditan que el actor
reúne los requisitos necesarios para acceder a la conmutación pensional y al
reajuste especial. De esta manera, podría incluso afirmarse que la vía de hecho
administrativa se produjo, más que por desconocer las pruebas que obraban en el
expediente, por desconocer el derecho que ellas demostraban, sometiendo su
reconocimiento a requisitos innecesarios.[15]
Adicionalmente,
a la fecha FONPRECON no ha resuelto el recurso de reposición que el actor, a
través de su apoderado judicial, interpuso el 6 de octubre de 2003, en contra
de la Resolución No. 1196 del 29 de septiembre del mismo año, en la que negó la
conmutación pensional y el reajuste especial requeridos. Se debe anotar que, a
claras luces, se ha superado el tiempo razonable en el que se deben resolver
los recursos que se presentan en contra de los actos administrativos, situación
que confirma la violación del derecho al debido proceso de José Orlando Arias
Salcedo.
Por
otro lado, advierte también la Sala que FONPRECON vulneró el derecho a la
igualdad del accionante, pues no le brindó el mismo trato que a otros
exparlamentarios que se encontraban en su misma situación de hecho, en cuanto
al tiempo de servicio.
En
efecto, de la lectura de las Resoluciones de FONPRECON No. 0458 de 1999 (fols.
70 y 71 del cuaderno principal), No. 1062 de 1998, (fols. 78 a 84 del cuaderno
principal) y No. 00509 de 2002 (fols. 85 a 90 del cuaderno principal), mediante
las cuales la demandada accedió a la solicitud de conmutación pensional de José
Antonio Lacouture Dangond, Anibal Rafael Martínez Zuleta, y Alfonso Gómez
Oñoro, respectivamente, se advierte que en ningún caso se aplicó el sistema de
calculo de tiempo de servicio QCD, y que el reconocimiento de la conmutación
pensional y del reajuste especial de la pensión, en cuanto al tiempo de
servicio, sólo se basó en las resoluciones de las entidades que anteriormente
habían reconocido pensiones de jubilación a favor de aquellos y habían
realizado los respectivos cálculos.
De esta manera, deberá ordenarse a la
accionada actuar de la misma manera que lo hizo con el resto de
exparlamentarios, y, por lo tanto, no aplicar el sistema QCD, sino proceder a
reconocer la conmutación y el reajuste solicitados por José Orlando Arias
Salcedo, con base en el tiempo de servicio calculado por el Fondo Territorial
de Pensiones del Tolima.
Por último, en relación con la vulneración
del derecho al mínimo vital del actor y de su familia, como señaló la Sala al
verificar la existencia del perjuicio irremediable, en el expediente obran
suficientes pruebas que demuestran la penosa situación económica del actor, y
la insuficiencia de la mesada pensional que le venía siendo pagada por el Fondo
Territorial de Pensiones del Tolima, para cubrir los gastos ordinarios de él y
su núcleo familiar.
Si a lo anterior se suma, como afirma el
peticionario, que después del fallo de primera instancia que concedió el amparo
constitucional, el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima dejó de
consignarle las mesadas pensionales, afirmación que no fue controvertida en el
proceso, tenemos que la situación es ahora aún peor, porque entonces la familia
de José Orlando Arias Salcedo ya no cuenta con ningún ingreso para garantizarse
una existencia digna.
Antes de terminar, aclara la Sala que el
accionante no actúo con temeridad al interponer una nueva acción de tutela en
contra de la misma entidad, como afirma el accionado, pues en la tutela fallada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de julio de 2000, el actor
no buscaba el reconocimiento de la conmutación pensional sino que la accionada
efectuara el aporte que le corresponde para la conformación de su mesada
pensional, de acuerdo con los años que ocupó el cargo de Representante a la
Cámara (suplente).
En atención a los anteriores argumentos,
esta Sala de Revisión concederá el amparo constitucional a los derechos
fundamentales de José Orlando Arias Salcedo al debido proceso, a la igualdad y
al mínimo vital, y ordenará a FONPRECON que, en el término que se señalará en
la parte resolutiva de esta providencia y de conformidad con lo expuesto en los
apartes anteriores, dé respuesta al recurso de reposición interpuesto por el
apoderado judicial de aquél, en contra de la Resolución No. 1196 de FONPRECON,
del 29 de septiembre de 2003, a través de la cual negó el reconocimiento de la
conmutación pensional y del reajuste especial de las mesadas solicitados.[16]
Por tanto, para proferir dicho acto
administrativo, FONPRECON debe tener en cuenta el tiempo de servicio calculado
por el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima en la Resolución No. 991 de
2002, que adicionó al tiempo de servicio de José Orlando Arias Salcedo 187 días
correspondientes al periodo que éste trabajó en el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Guamo (Tolima). Por consiguiente, deberá acceder a la conmutación
pensional solicitada por el actor, así como al reajuste especial de su mesada,
de conformidad con la Ley 4º de 2992 y el Decreto 1359 de 1993.
De igual modo, se ordenará a FONPRECON
comenzar a pagar las mesadas ajustadas a las que José Orlando Arias Salcedo
tiene derecho, con el objeto de garantizar la protección del mínimo vital de
éste y de su familia.
Finalmente, la Sala no se pronunciará sobre
el pago retroactivo pretendido por el tutelante, pues se trata de un asunto que
no compete al juez de tutela en tanto escapa de la protección que se debe
brindar a los derechos fundamentales del actor para evitar el perjuicio
irremediable acreditado. Para lograr esto bastará con la orden de pago a
futuro.[17]
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: Revocar el fallo de segunda instancia dictado por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de
febrero de 2004, que a su vez revocó la sentencia de primera instancia dictada
el 12 de diciembre de 2003, por el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá.
SEGUNDO: Conceder el amparo constitucional a los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital de José
Orlando Arias Salcedo, y, en consecuencia, ordenar al Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República, que en el término de 48 horas contadas a
partir de la notificación de la presente providencia, resuelva el recurso de
reposición presentado por el apoderado judicial del accionante, en contra de la
Resolución No. 1196 de 2003 de la accionada.
Para resolver dicho recurso, el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República debe tener en cuenta el tiempo de
servicio calculado por el Fondo Territorial de Pensiones del Tolima en la
Resolución No. 991 de 2002 y, en ese orden de ideas, deberá acceder a la
conmutación pensional solicitada por José Orlando Arias Salcedo, así como al
reajuste especial de su mesada pensional, de acuerdo con la Ley 4º de 1992 y
con el Decreto 1359 de 1993, tal como fue señalado en la parte motiva de este
fallo.
TERCERO: Ordenar al Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República que en el término de cinco (5) días contados a partir de la
expedición del acto administrativo al que se refiere en numeral segundo de la
parte resolutiva de esta providencia , pague a José Orlando Arias Salcedo la
primera mesada pensional ajustada a la que tiene derecho, y que en lo sucesivo
lo siga haciendo de manera oportuna.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver
por ejemplo la sentencia T-235 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En
ella esta Corporación examinó el caso de una persona de la tercera edad a la
que el Instituto de Seguros Sociales había negado el reconocimiento de la
pensión de jubilación a la que se acreditó tenía derecho, aduciendo que las
demás entidades obligadas a contribuir a su financiación, no habían expedido y
cancelado los respectivos bonos pensionales. En dicha oportunidad, la Corte, de
manera definitiva, ordenó el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación
del accionante, teniendo en cuenta el régimen de transición al que pertenecía.
[2] Ver
la respecto las sentencias T-384 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-1316
de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny y SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño,
entre otras.
[3] Cfr.
Sentencia SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4]
Sentencia T-384 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5]
Sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[6] Ver
entre otras las Sentencias T-076 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; T-295 de
1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-116 de 2000 MP. Alejandro Martínez
Caballero y T-452 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[7] Es
por ello que esta Corporación en la sentencia T-463 de 2003, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett, señaló la importancia de la cancelación oportuna de las
mesadas pensionales a los adultos mayores, por su relación directa con el
derecho que asiste a estas personas a unas condiciones de vida digna, a la
salud y al aseguramiento del mínimo vital , entre otros. Ver también en este
sentido la sentencia T-456 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] Ver
al respecto las sentencias T-463 de 2003, M.P. Eduardo Montelaegre Lynett.
[9]
Sentencia SU-975 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda. En dicha oportunidad esta Corporación se pronunció con respecto al trato desigual que se venía dando a los ex magistrados de las
Altas Cortes pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4º de 1992
frente de los magistrados pensionados con posterioridad a dicha fecha, los
cuales recibían casi tres veces más por concepto de mesada. Para solucionar la
vulneración al derecho a la igualdad, se ordenó la aplicación analógica de la
regla a través de la cuál se había solucionado un caso similar, a saber, el de
los ex-congresistas.
[10] En
la sentencia T-452 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte revisó la
acción de tutela interpuesta por Guillermo Benavides Melo en contra de
FONPRECON, en tanto esta última se había negado a aceptar la conmutación de su
pensión de jubilación y a efectuar el respectivo reajuste. El accionante había
ocupado el cargo de Senador de la República entre 1980 y 1981, en 1991 la Caja
Nacional de Previsión le reconoció su derecho a la pensión de jubilación,
estaba enfermo de diabetes y para la fecha de presentación de la demanda,
contaba con 68 años de edad. La Corte, en tal ocasión, confirmó el falló de
segunda instancia que había negado el amparo constitucional, porque si bien el
accionante, aunque no era de la tercera edad, si había acreditado padecer una
enfermedad grave, no reunía los requisitos necesarios para la conmutación
pensional, pues cuando era congresista no cumplió los 55 años de edad, como
establece el Decreto 1359 de 1993.
[11] "ARTICULO 1o. El
empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a
que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
No quedan sujetos a esta regla general
los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza
justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos
que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de
vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su
consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años
(60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
PARAGRAFO 1o. Para calcular el tiempo
de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, sólo se computarán
con jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las
horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese
límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas
por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días
laborados y adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme
a la ley.
PARAGRAFO 2o. Para los empleados
oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.
Quienes con veinte (20) años de labor
continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen
retirados del servicio , tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años
de edad si son mujeres o cincuenta y cinco (55) sin son varones, a una pensión
de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que
regían en el momento de su retiro.
PARAGRAFO 3o. En todo caso los
empleados oficiales que a la fecha de vigencia de esta Ley, hayan cumplido los
requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las
normas anteriores a esta Ley. "
[12] Radicación
No.1030 C.P. Luis Camilo Osorio Isaza
[13] M.P. Alejandro Martínez Caballero. La
Corte conoció en esa oportunidad del caso de varios exparlamentarios,
pensionados con anterioridad al 18 de mayo de 1992, a quienes FONPRECON había
reajustado su pensión de jubilación sólo de acuerdo al 50% de lo que recibirían
los parlamentarios activos para el momento en que se efectuó el reajuste,
desconociendo las previsiones de la Ley 4º de 1992 que establece que la pensión
de los excongresistas no podría ser inferior al 75% del ingreso promedio
mensual que durante el último año y por todo concepto devengaran los
congresistas.
[14] La
Corte ha manifestado en varias ocasiones, que es inaceptable la prolongación en
el tiempo y la dilación injustificada en los trámites administrativos de un
asunto que lleva implícitos derechos como el de la seguridad social y el
disfrute de una pensión que garantice condiciones dignas de existencia. Al
respecto ha sostenido que este tipo de prácticas burocráticas resultan
contrarias a la Constitución y vulneran los derechos y garantías personales de
los ciudadanos. Ver por ejemplo las sentencias T-1294 de 2000, M.P. Fabio Morón
Díaz, T-491 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda, y T-235 de 2002, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, referidas a la demora en la emisión de bonos pensionales.
[15]
Esta Corporación ha manifestado, refiriéndose al reconocimiento de pensiones de
jubilación cuando está de por medio la expedición de bonos pensionales, y
empleando este mismo argumento, que las entidades encargadas de tal
reconocimiento incurren en una vía de hecho si, a sabiendas de que una persona
tiene el tiempo y la edad requeridos para acceder a la pensión, a través de una
Resolución se les niega la pensión con la disculpa de que no se ha cancelado el
bono pensional, argumento que sólo es una disculpa ante la ineficiencia
administrativa. Ver al respecto las sentencias T-671 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y T-235 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[16] En
la sentencia T-358 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, esta Corporación
profirió una orden similar en el caso de un exmagistrado de la Corte Suprema de
Justicia, a quien en ISS le negó el reconocimiento de su pensión de jubilación,
y tampoco resolvió los recursos que aquél había presentado en contra de la
Resolución en la que se produjo la negativa. La Corte, entonces, ordenó dar
respuesta al recurso de reposición en los términos señalados en la parte motiva
de la providencia.
[17] Ver
al respecto, entre otras, las sentencias T-364 de 1995, Jorge Arango Mejía,
T-056 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.