T-017-02
Sentencia T-
Sentencia T-017/02
DERECHO A LA
SALUD-Cirugía que no se
realiza por existir mora patronal en pago de aportes
La omisión de la entidad accionada, en
relación con la no realización de la cirugía requerida es totalmente
inexcusable, pues como ya se dijo no es la demandante la llamada a responder ni
a asumir la obligación poniendo en riesgo su salud y su calidad de vida por el
no pago de los aportes a la salud por parte de su empleador, más aún si se
tiene en cuenta que en dos ocasiones se solicitó al Seguro Social el suministro
de información necesaria para esclarecer los  hechos que generaron la presente
acción, y no fue posible obtener respuesta. Por considerar que se han vulnerado
los derechos fundamentales a la vida en conexidad con la salud y la calidad de
vida de la actora por parte de la demandada al negarse a prestar el servicio
quirúrgico requerido justificando su comportamiento en la mora patronal en el
pago de aportes lo cual no es de recibo por esta Corporación, máxime si se
refiere a pago de aportes hacia atrás respecto de los cuales la demandada no ha
reclamado ni cobrado coactivamente como es su obligación, purgando además la
mora con su comportamiento permisivo.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expediente T-458241
Acción de tutela
incoada por Sandra Arévalo Quintero contra el Seguro Social Seccional Valledupar.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO
RENTERIA
Bogotá, D. C.,
veintitrés (23) de enero de dos mil dos (2002).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86
y  241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados en el asunto de la  referencia por el Juzgado
4 Civil del Circuito de Valledupar y el Tribunal Superior Sala Civil Familia de
la misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y solicitud de amparo.
La ciudadana Sandra
Arévalo Quintero formuló acción de tutela contra el Seguro Social Seccional
Valledupar, alegando violación de los derechos a la vida, la salud y la
seguridad social, por cuanto sostiene estar afiliada al Seguro Social en
calidad de cotizante sin recibir la atención que requiere para mejorar su salud
y calidad de vida.
En la actualidad padece
de una enfermedad denominada COLITIS ULCERATICA o CROHN, que ha afectado sus
piernas encogiendo los tendones y haciendo imposible su movilización, al
presentar ARTROSIS BILATERAL DE RODILLAS, que en concepto del médico tratante
del Seguro Social, requiere manejo quirúrgico pues de lo contrario la dejaría
postrada en silla de ruedas disminuyendo en forma marcada su calidad de vida.
Manifiesta la
accionante que ha acudido en varias oportunidades ante el Seguro Social,
solicitando la realización del procedimiento requerido, obteniendo respuesta
negativa por la mora en el pago de los aportes, ya que adeuda sumas
equivalentes a $317.204. Adjunta fotocopia de autoliquidación del mes de
noviembre de 2000 reportada por el señor Hugo Rincón Lobo como empleada del
servicio doméstico.
Basándose en estos
hechos, considera que se le han vulnerado sus derechos y solicita se ordene la
práctica de la cirugía requerida y el suministro de los medicamentos y
elementos necesarios para su recuperación.
El Gerente del Seguro Social por su parte manifestó
que si no le han autorizado el procedimiento requerido es por cuanto se
presentan irregularidades en las cotizaciones para lo cual adjunta el reporte
de  aportes a riesgos profesionales, apareciendo reportada por el señor Hugo
Rincón Lobo desde agosto de 1996 hasta agosto de 2000. Así mismo, manifiesta
que se requiere tener 100 semanas de cotización, de las cuales 26 deben
corresponder al último año.
2. Fallo de
primera instancia
El Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Valledupar, mediante sentencia del 14 de diciembre de
2000 denegó la tutela interpuesta por la aquí accionante.
Al respecto afirmó
que aun cuando los derechos a la salud y la seguridad social adquieran el
carácter de fundamentales por su conexidad con el derecho a la vida, es
necesario para la materialización de su amparo, que la accionante cumpla con un
mínimo de exigencias.
Establece que al
afiliarse una persona al Seguro Social, se generan obligaciones reciprocas, por
una parte el afiliado se compromete al pago de los aportes periódicos, y por
otra, la entidad se compromete a prestar el servicio medico, quedando claro que
ante el incumplimiento de lo pactado, no es posible exigir la contraprestación.
Concluye entonces,
que por no estar al día en el pago de los aportes la accionante, no se
acreditan los presupuestos para la prestación del servicio, no siendo dable
obtener el amparo solicitado.
3. Fallo de
segunda instancia
La Sala Civil
Familia del Tribunal Superior de Valledupar, mediante sentencia del 16 de
febrero de 2001,  decidió la impugnación confirmando el fallo de primera
instancia.
Como fundamento de
su decisión menciona la sentencia SU - 480 de 1997 de la Corte Constitucional,
en la que se establece que las EPS prestan el servicio de salud a los afiliados
que coticen, respetando los períodos mínimos de cotización, y que por su
carácter de servicio público adquiere relevancia el principio de continuidad.
Afirma que en
aquellos casos en los cuales el beneficiario es trabajador, quien debe realizar
los aportes es el patrono, por lo que en el evento en el que este incurra en
mora, no se puede afectar al trabajador que requiera la prestación del
servicio, pues esta amparado por la teoría de la apariencia. Por el contrario,
es diferente cuando la mora es culpa de un trabajador independiente, que cotiza
directamente, ya que este pierde el derecho a la atención durante la mora.
Concluye que de
conformidad con el artículo 61 del Decreto 806 de 1998, al demostrar la
accionante su incapacidad de pago, podrá acudir a una entidad prestadora del
servicio de salud pública o privada con la que tenga contrato el Estado para
obtener la atención.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1.  Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
revisar el fallo de instancia proferido en el trámite de este proceso, en
virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; correspondiendo a la
Sala Primera de Revisión adoptar la decisión respectiva.
2.  El
problema jurídico planteado.
En el presente caso
se pretende determinar si la accionante tiene derecho a la prestación del
servicio médico que requiere a pesar del estado de mora en el que se encuentra
en el pago de los aportes a la entidad accionada.
2.1.    Solución
al problema planteado.
Al respecto esta Corporación se ha
pronunciado en sentencia C-177 de 1998 con ponencia del Doctor Alejandro
Martínez Caballero, reiterada en sentencia SU- 562 de 1999, en los siguientes
términos:
"El artículo 209 de la Ley 100 de 1993
acusado dispone que, en el sistema contributivo, la ausencia de cotización es
causal de suspensión de la afiliación al sistema general de seguridad social en
salud. Por ende, la norma autoriza que cuando se presenta incumplimiento del pago
de la cotización no se suministre el servicio de salud. Sin embargo, conviene
aclarar que en caso de trabajadores asalariados, el empleador está obligado
tanto a descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden a
los trabajadores a su servicio, como a girar los aportes y las cotizaciones a
la entidad promotora de salud (inciso 2º del art. 161 de la Ley 100 de 1993).
Por tal razón, incluso en el caso en que no se hubiere realizado la deducción
obligatoria, el empleador es responsable por la totalidad del aporte (art. 22
en consonancia con el 161 de la Ley 100 de 1993). Por consiguiente, el momento
jurídico del pago de la cotización coincide con el descuento de la cuota
correspondiente, sólo en el caso de los trabajadores dependientes. Por el
contrario, para los otros afiliados obligatorios al sistema general de
seguridad social en salud, esto es para pensionados y trabajadores
independientes con capacidad económica, el pago de la cotización debe ser
directo.
"En
síntesis, las relaciones jurídicas que surgen entre el empleador y la entidad
de seguridad social son jurídicamente separables de aquellas que se derivan del
vínculo entre el trabajador y los entes que administran los recursos destinados
a la prestación de los servicios de salud, puesto que aun en caso en que se
imponga una sanción por omisión y que se logre el pago de la cotización, el
derecho del trabajador no se agota sino que es indispensable que se garantice
la efectividad del mismo (C.P. artículo 2º).  En este orden de ideas, la
pregunta obvia que surge es la siguiente: ¿el incumplimiento del deber de
cotizar justifica constitucionalmente la interrupción de los servicios de salud
al empleado por parte de la EPS e incluso la suspensión de la afiliación al
sistema, tal y como lo establece la norma acusada? Para responder a ese
interrogante, la Corte procederá a determinar cuál es el alcance
constitucionalmente protegido al derecho a la seguridad social en materia de
salud, para luego establecer si la aparente restricción consagrada por la
disposición impugnada es legítima...
En la misma
Sentencia de Unificación se continúa señalando:
“En el caso
colombiano, la aplicación ineludible de los principios está basada en el
artículo 2° de la C. P. que señala como uno de los fines del estado “garantizar
la efectividad de los principios”. Luego, el principio de la continuidad en
el servicio público de salud de los trabajadores dependientes no puede ser
afectado ni siquiera cuando se incurre en mora superior a los seis meses, en el
pago de los aportes, porque la disposición que permite suspenderle el servicio
a quienes estén en esta circunstancia es una regla de organización dentro de la
seguridad social establecida en la ley 100 de 1993 que no se puede extender a
la “garantía de la seguridad social” establecida como principio mínimo
fundamental en el artículo 53 de la C. P. que, para efectos de los contratos
suspendidos de trabajo tiene un argumento adicional en la ley 222 de 1995.
(...)
Como se
aprecia, en el primer inciso se consagra la continuidad en la prestación de los
servicios públicos en los casos en que el empleador está en concordato y se
halla en mora con la entidad prestadora del servicio. Con igual o superior
razón el trabajador a quien se le presta los servicios públicos de seguridad
social, con fundamento en relación laboral vigente, queda amparado con dicho
principio de continuidad...
(...)
Existe pues una
responsabilidad compartida entre la EPS y el patrono, por lo cual puede ser
procedente que en determinados casos, y según las particularidades de las
diversas situaciones, los jueces de tutela ordenaran a uno o al otro el
cumplimiento de las prestaciones de salud que eran necesarias para proteger un
derecho fundamental….
Ahora bien, la
jurisprudencia es unánime en relación con la imposibilidad de que la
responsabilidad por el no pago de los aportes patronales recaiga sobre el
trabajador, pues esto "implicaría trasladar al trabajador, activo o
retirado, sin razón jurídica atendible, las nocivas consecuencias de la
negligencia e irresponsabilidad patronal"[1].
Por consiguiente, si el empleador no efectúa oportunamente las transferencias
de los aportes obrero- patronales en materia de salud, que efectivamente fueron
deducidos de los salarios, las consecuencias jurídicas de su incumplimiento no
pueden afectar el derecho del trabajador a la salud.[2], más
aún cuando "la omisión del empleador es incompatible con la confianza
depositada por el trabajador", por ende el principio de la buena fe (C.P.
art. 83), resultaría de ese modo quebrantado"[3]….
Se encuentra
acreditado dentro del expediente que la demandante esta afiliada a la entidad
accionada en calidad de cotizante dependiente del señor Hugo Rincón
( Fl. 14 ), que
padece de enfermedad denominada CROHN, por lo que él médico tratante el doctor
Otto Pérez le ordenó la practica de una cirugía con carácter urgente de
PRÓTESIS DE AMBAS RODILLAS Y MUÑECA IZQUIERDA para que esta pueda continuar con
su ambulación normal, ( Fl. 31 ), sin embargo, no ha sido posible su
realización ya que como se afirma por la misma accionante y por el doctor Saúl
Celis Carvajal, representante del Seguro Social, se adeudan algunas sumas por
concepto de aportes desde el año de 1997. ( Fls. 26 a 29 ).
El Sistema de
Seguridad Social en Salud en Colombia opera a través de dos regímenes,
encaminados a satisfacer las necesidades en salud de toda la población, la
aplicación de estos, depende de la capacidad de pago de las personas.
El Régimen
Subsidiado esta orientado a la prestación del servicio medico a aquellas
personas que no tienen recursos económicos suficientes para la realización de
un aporte periódico, y que por lo tanto no pueden contribuir con la
financiación del Sistema, funciona a través del SISBEN.
El  Régimen
Contributivo,  a diferencia del Subsidiado, se aplica al grupo de población
conformado por trabajadores y pensionados, que por sus ingresos tiene capacidad
de pago, y que al momento afiliarse a una Entidad Prestadora del Servicio de
Salud adquieren la obligación de realizar un aporte continuo como
contraprestación a la obtención del servicio, entre estos se diferencia a los subordinados
de los independientes, ya que para los primeros la obligación del pago recae en
el empleador y para los segundos en ellos directamente, respondiendo así ante
el incumplimiento.
Con base en la
jurisprudencia constitucional y el acervo probatorio obrante en esta
investigación, se puede afirmar que al ser la accionante cotizante subordinada
a su empleador, este asume la obligación de hacer los aportes a la entidad
prestadora del servicio de salud, ya que al momento de afiliar a la trabajadora
adquirió el compromiso de realizarlos periódica y continuamente como requisito
esencial para que esta pueda acceder a los servicios médicos. Por su parte  la
entidad accionada, en este caso el Seguro Social  se encuentra comprometida con
la accionante, a la realización de la cirugía de PRÓTESIS DE AMBAS RODILLAS Y
MUÑECA IZQUIERDA, ya que a diferencia de lo expuesto en los fallos de
instancia, se puede afirmar que ante el incumplimiento del empleador esta no
puede exonerarse de tal responsabilidad, pues el trabajador en este caso la
accionante no esta en la obligación de asumir las consecuencias de la mora en
el pago de los aportes, es decir, no se le puede imponer una sanción por no ser
la directamente responsable.
Por las razones anteriormente expuestas,
fuerza concluir que la omisión de la entidad accionada, en relación con la no
realización de la cirugía requerida es totalmente inexcusable, pues como ya se
dijo no es la demandante la llamada a responder ni a asumir la obligación
poniendo en riesgo su salud y su calidad de vida por el no pago de los aportes
a la salud por parte de su empleador, más aún si se tiene en cuenta que en dos
ocasiones se solicitó al Seguro Social el suministro de información necesaria
para esclarecer los  hechos que generaron la presente acción, y no fue posible
obtener respuesta.
Por considerar que se han vulnerado los
derechos fundamentales a la vida en conexidad con la salud y la calidad de vida
de la actora por parte de la demandada al negarse a prestar el servicio
quirúrgico requerido justificando su comportamiento en la mora patronal en el
pago de aportes lo cual no es de recibo por esta Corporación, máxime si se
refiere a pago de aportes hacia atrás respecto de los cuales la demandada no ha
reclamado ni cobrado coactivamente como es su obligación, purgando además la
mora con su comportamiento permisivo. Fuerza entonces amparar a la actora y
proteger sus derechos  revocando los fallos proferidos por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Valledupar y Juzgado 4º. Civil del Circuito de la misma
ciudad.
III. DECISIÓN.
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Revocar los fallos proferidos por la Sala
Civil del Tribunal Superior de Valledupar y Juzgado 4º. Civil del Circuito de
la misma ciudad, por los cuales se denegó la tutela de los derechos invocados
en su demanda por la señora Sandra Arévalo Quintero. En consecuencia, se Concede
el amparo de los derechos invocados por Sandra Arévalo Quintero y como
consecuencia de ello se, Ordena al Instituto de los Seguros Sociales
realizar las gestiones necesarias para llevar a efecto el Procedimiento
Quirúrgico requerido por la actora, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia.
Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional. Sentencia T-606 de
1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Sentencia T-606 de 1996, T-072 de 1997. T-171
de 1997, T-299 de 1997, T-202 de 1997, T-398 de 1997.
[3] Sentencia T-323 de 1996. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Se reiteró en la sentencia T-299 de 1997.