T-823-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
SENTENCIA T-823/08
(Agosto 21 de 2008)
FONDO NACIONAL DEL AHORRO-Deber de informar a usuarios la
redenominación de créditos hipotecarios
DERECHO A LA INFORMACION-Redenominación de créditos hipotecarios
FONDO NACIONAL DEL AHORRO-Abuso de posición dominante
FONDO NACIONAL DEL AHORRO-Modificación unilateral de lo inicialmente
pactado en el crédito
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO NACIONAL
DEL AHORRO-Procedencia por
violación al debido proceso y principio de la buena fe al variar
unilateralmente las condiciones del contrato de mutuo para la adquisición de
vivienda
FONDO NACIONAL DEL AHORRO-Deber de restablecer el crédito en pesos y
en el plazo indicado, según lo indicado inicialmente
Referencia: Expediente T-1.863.978
Accionante: Yudy Perea Garcés
Accionado: Fondo Nacional de Ahorro
Fallo objeto de revisión: sentencia de la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 5 de marzo de 2008,  revocatoria
de sentencia del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, del 5 de
febrero de 2008.
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo
Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensión.
La señora Yudy Perea Garcés, por intermedio de
apoderada[1], ejerce acción de tutela[2]
para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad, vulnerados, a su juicio, por el Fondo Nacional de Ahorro, en
razón del cambio unilateral dispuesto por la entidad en las condiciones del
contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que había celebrado tiempo atrás
con la accionante.
1.1.  Fundamentos de la pretensión.
Sostiene la actora que en el contrato de mutuo se
había estipulado que la obligación a favor del Fondo Nacional de Ahorro se
cancelaría en 192 cuotas mensuales pagaderas a 16 años, las cuales se
incrementarían anualmente con el IPC certificado por el DANE. En relación con
los intereses, se había determinado que sobre el capital adeudado se pagaría
una tasa de intereses variable, adoptada mediante acuerdo expedido por la Junta
Directiva de la Entidad, que resultara de tomar el IPC vigente a la fecha del
desembolso del crédito, más 5 puntos. No obstante lo acordado, argumenta, el FNA
“abusó de su posición dominante al modificar las condiciones pactadas al
variarle sus sistemas de amortización de pesos a Unidades de Valor Real (Uvr),
pues unilateralmente cambió de las 192 cuotas inicialmente pactadas a 251
cuotas; es decir, cambió el acuerdo inicial de pagar el 16 años para pagar la
deuda en 21 años”.
Considera la demandante que al modificarse de manera
unilateral las condiciones inicialmente pactadas, “variando el régimen de
pagos, aumentando el plazo y preliquidándolo en  UVR, volviendo el crédito
impagable”, lesionó sus intereses, generándole un grave perjuicio económico
y poniéndola en riesgo de perder su vivienda. Tal decisión fue adoptada sin ser
ella consultada, privándola así de poder defenderse de tan arbitraria medida,
motivo por el cual estima le han violado su derecho al debido proceso. Por lo
expuesto, solicita se ordene al Fondo Nacional de Ahorro “reestablecer el
crédito en pesos y en el plazo inicialmente pactado”, para lograr la
protección de sus derechos.
2. Respuesta de la entidad accionada
El Fondo Nacional de Ahorro[3]
informa en su intervención que otorgó a la accionante un crédito por valor de $
16.996.280.00 (como consta en la escritura pública contentiva del contrato de
mutuo civil garantizado con hipoteca y desembolsado el día 24 de marzo de 1999),
cuyas condiciones pactadas eran la aplicación de un sistema en pesos denominado
técnicamente “Gradiante Geométrico Escalonado en pesos” el cual
presentaba cuotas crecientes en pesos y demás condiciones  estipuladas en la
escritura mencionada.[4]
Sostiene que se requirió ajustar el
contrato celebrado a los sistemas de amortización establecidos en la Ley 546 de
1999, por lo que tuvo que redenominar los créditos de sus afiliados de pesos a
UVR, aplicando el sistema denominado “Cíclico Decreciente en UVR”, el
cual se ajustaba mejor a las necesidades económicas de los afiliados, y
aplicando una metodología financiera que favoreciera los intereses de los ahorradores,
pues de haberse mantenido el crédito en pesos el valor de las cuotas podía
resultar tan alto que superaría el 30% del ingreso mensual del afiliado, lo
cual no es permitido por la ley. Con fundamento en lo expuesto, el Fondo a
mediados del año 2000 comenzó a realizar los ajustes financieros
correspondientes, haciéndole saber a la accionante mediante el envío mensual de
las facturas correspondientes, sobre las condiciones  de amortización del crédito,
intereses, cuotas en mora, saldo entre otros; además remitió una comunicación
en la cual le explicaron las razones y justificaciones que había tenido el FNA,
para cambiar su sistema de amortización.
De otro lado, advierte, que la
entidad realizó el cambio con base en la facultad otorgada dentro del contrato
de mutuo, donde en el parágrafo se acordó: “…que el Fondo Nacional podrá
variar las condiciones de amortización del crédito modificando como
consecuencia de ello el valor de las cuotas mensuales a fin de adecuarlas a las
nuevas condiciones, decisión que será comunicada por la entidad al deudor por
cualquier medio”, circunstancia  que se dio mediante comunicación directa
entre la entidad y el afiliado a través de la factura que mes a mes envía, con
lo cual el afiliado inmediatamente se enteró del cambio de amortización realizado.
Insiste en que el Fondo transformó los créditos de vivienda de sus afiliados de
pesos a UVR por disposición expresa del legislador y no por una decisión
adoptada en abuso de posición dominante, como se ha malinterpretado de manera
generalizada.
Para concluir, resalta que la
acción de tutela no puede ser utilizada para hacer respetar derechos de rango
legal, ni para hacer cumplir leyes, decretos o cualquier otra norma de rango
inferior y que el presente caso versa sobre una controversia contractual de
tipo civil, por lo que la accionante cuenta con otros medios de defensa para
obtener la protección de sus derechos, agregando que tampoco se cumple con el requisito
de inmediatez, toda vez que la acción invocada por la actora como supuestamente
vulneradora de sus derechos fundamentales tuvo ocurrencia hace más de cinco (5)
años y no da a conocer hechos que evidencien que actualmente se le esté
generando un perjuicio.
3.  Hechos relevantes y medios de prueba.
3.1. La señora Perea Garcés celebró contrato de mutuo
con garantía hipotecaria con el Fondo Nacional de Ahorro por un valor de $ 16.828.000.00[5],
obligación que se pagaría en un plazo de 16 años y en 192 cuotas mensuales
sucesivas e incrementadas anualmente, que corresponden a capital, prima de
seguros e intereses corrientes; a su vez se estipuló un incremento anual de las
cuotas en relación con el año inmediatamente anterior correspondiente al índice
de precios al consumidor (I.P.C) certificado por el DANE, para el mismo período
y prima de servicios e intereses, corrientes o moratorios; además se acordó que
sobre el capital adeudado pagaría una tasa de intereses variable, adoptada
mediante acuerdo expedido por la Junta Directiva de la Entidad, que resultara
de tomar el índice de precios al consumidor IPC vigente a la fecha del
desembolso del crédito, mas cinco cero (5.00) puntos[6].
3.2. El FNA modificó las condiciones pactadas a
mediados del año 2000 y realizó ajustes financieros, redenominando el sistema
de amortización, intereses, cuotas en mora, saldo entre otros.[7]
3.3. La accionante presentó derecho de petición ante la
accionada el día 12 de octubre de 2005, para que se respetara el convenio
inicialmente pactado, manifestando que las condiciones de mutuo[8]
“han sido modificadas en forma unilateral, arbitraria y por demás desmedidas
toda vez que de 192 cuotas pasó a doscientos cincuenta y una(251) cuotas, y de
liquidación en pesos, pasó de U.V.R. (unidad de valor real) desatendiendo el
acuerdo inicialmente pactado sin tener en cuenta mi opinión ya que no me
encontraba solicitando la reliquidación del crédito en comento” y resalta
de igual manera que “la reglamentación que el Fondo Nacional de Ahorro aduce
para aumentar el número de cuotas y cambiar las condiciones del crédito de
pesos a U.V.R., es posterior a la firma de la escritura y por ende del contrato
por lo que dicha entidad ha legislado hacia atrás en clara violación del
principio de favorabilidad y sobre todo colocándome en una posición de
sometimiento unilateral lo que se refleja en perjuicio de mi patrimonio
económico por la aplicación de una norma en forma retroactiva, cuando se debe
tener en cuenta el principio de favorabilidad respecto de la parte más débil,
dicha favorabilidad es reclamada por ustedes en todos los casos”[9].
3.4. La entidad accionada dió respuesta al derecho de
petición presentada por la accionante[10], manifestándole que dicha
entidad “tratando de buscar equilibrio entre el valor de la cuota y el
ajuste del salario, decidió que todos los créditos aumentaran la cuota en el
mismo porcentaje de incrementos de los salarios, o sea con el IPC anual. La
anterior decisión produjo un menor valor de cuotas al inicialmente pactado, lo
que necesariamente se debe compensar con un mayor plazo o con las realización
de abonos extraordinarios a capital”, agregó que la Ley 546 de 1999 en sus cinco
(5) sistemas de amortización permitidos, “no contempla el plan de
amortización con el que nació su crédito por lo que el FNA debió ajustar el
crédito al sistema cíclico decreciente en UVR por períodos anuales, por ser
este sistema el más parecido y que mejor se ajusta al ingreso de la mayoría de
nuestros deudores y en lo referente al costo del crédito, el FNA decidió
cambiar de un (IPC +5%) a un costo similar del 5% efectivo anual sobre la UVR”.
En este orden de ideas, concluye que las decisiones
adoptadas por el Fondo han buscado mejorar las condiciones iniciales de su
crédito, procurando que los deudores puedan pagar cumplidamente las cuotas,
manteniendo un índice de cartera sana, permitido y exigido por la Superintendencia
Financiera.[11]
4. Decisiones judiciales.
4.1. Primera Instancia.
El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá
concedió el amparo al estimar que no obstante que el Fondo Nacional de Ahorro, “no
tiene una función en su naturaleza jurídica, ni de establecimiento de crédito y
de vivienda o de administrador de fondo de cesantías y pensiones, al desplegar
su objeto, ocupa una posición dominante frente a sus afiliados, lo que hace en
principio, que exista una asimetría del poder de negociación de las partes,
razón por la cual, en caso de abusarse del derecho en función de tal posición,
se están vulnerando, entre otros, derechos como el del debido proceso que es de
raigambre fundamental”.
Sostuvo que en el caso objeto de estudio “se halla
que sin consulta previa que hubiese posibilitado la anuencia de la tutelista se
alteraron, en forma unilateral e inconsulta (amén de privada por carecer de
publicidad que el acto recurría), las condiciones en que se pactó
primigeniamente el contrato de muto celebrado lo cual como se dijo en fallo
T-793 /04, afecta directamente el derecho fundamental al debido proceso”.
Para concluir, señaló que si el FNA entendía que había
una indebida forma de amortización del crédito acordado, debió haber ajustado
el sistema, pero no alterar como lo hizo, ni el plazo, ni el crédito que fuera
desembolsado en moneda legal, para trocarlo al indicador económico denominado
UVR.[12]
4.2. Impugnación
La decisión anterior fue apelada por la entidad
accionada, manifestando que el Fondo, para el desarrollo de su actividad, está
sujeto a las normas de derecho privado y que en razón de que fue requerido por la
Superintendencia Bancaria por aplicar un sistema de amortización no aprobado,
hecho que se constituyó en una excepción, por lo cual el Fondo debió tomar una
decisión urgente y adoptó el sistema de amortización “cíclico decreciente en
UVR”.
De igual manera señaló que el Fondo no vulneró derecho
fundamental alguno, toda vez que “envió comunicación de presidencia a la
accionante y le informó de manera clara, comprensible y precisa las condiciones
del crédito, e igualmente le solicitó acercarse o comunicarse a la entidad para
que manifestara si estaba de acuerdo con el sistema escogido y en su defecto
informara a la entidad cual sistema escogía, pero hasta la fecha no hemos
recibido información alguna”.
Sostuvo que en el caso objeto de estudio se plantea una
controversia contractual de tipo civil, motivo por el cual la accionante cuenta
con otros medios de defensa para obtener la protección de sus derechos que considera
se le están vulnerando al redenominar su crédito de pesos a UVR, pues la Corte
ha señalado las características esenciales de la acción de tutela, como son la
subsidiaridad y la inmediatez, lo que implica que la tutela requiere su
formulación oportuna y que además, no este llamada a remplazar los procesos
ordinarios o especiales.[13]
4.3. Segunda Instancia
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá revocó la providencia de instancia, al estimar que existen
otros medios de defensa diferentes a la acción de tutela para superar el
conflicto planteado. Además, advirtió que las modificaciones del crédito fueron
informadas a la deudora en el año 2002, donde consta el nuevo plazo y cobro en
unidades de valor real, sin que obre prueba alguna que indique que ésta no las
aceptó, pues solamente acredita una solicitud en la que pide información sobre
el cambio de las nuevas condiciones, petición reiterada por la demandante en
septiembre y noviembre de 2007, lo cual hace a la vez  improcedente el amparo, dado
que el tiempo transcurrido desde la época en que tuvieron lugar los hechos cuestionados
y la acción de tutela interpuesta no existe un término razonable y
proporcionado.[14]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala es competente para la revisión del caso, con
fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36
del Decreto 2591 de 1991, en cumplimiento del Auto del doce (12) de mayo de
2008, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte
Constitucional.
2.  El Problema Jurídico.
Corresponde a esta Sala de Revisión establecer si el Fondo
Nacional de Ahorro, está vulnerando los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de la peticionaria, al modificar las condiciones iniciales
pactadas en el contrato de mutuo, donde se estipulaba que el crédito otorgado
era en pesos, a un plazo de dieciséis (16) años, para un total de 192 cuotas,
las cuales se incrementarían anualmente con el IPC certificado por el DANE,
para en su lugar cambiarlo por uno en UVR, que se pagaría en 251 cuotas y se
prolongaría por el término de 21 años, con lo cual estima se vulneró su derecho
al debido proceso, pues dicho cambio se hizo sin que mediara su consentimiento,
argumentándose para el efecto que se estaba adecuando la obligación a los
parámetros de la Ley 546 de 1999, y a las Circulares de la Superintendencia
Bancaria.
Para responder el problema jurídico, la Sala se ocupará
de examinar  preliminarmente los siguientes temas reiterados por la Corte: i) el
principio de buena fe y respeto a los actos propios; y ii) el deber del Fondo
Nacional de Ahorro de concertar con los deudores la aprobación de las
modificaciones en las condiciones de los créditos con ellos pactados.
2.1.  Principio de buena fe y respeto a los actos
propios. Deber del Fondo Nacional de Ahorro de concertar con los deudores la
aprobación de las modificaciones en las condiciones de los créditos con ellos
pactados.
Esta Corporación en reiterada jurisprudencia[15]
se ha pronunciado en relación con las modificaciones unilaterales que ha
efectuado el Fondo Nacional de Ahorro a los créditos hipotecarios otorgados
para la financiación de la compra de vivienda, las que ha sustentado en la
necesidad de adecuar los créditos otorgados a las exigencias de la Ley 546 de
1999, así como a las directrices fijadas por los entes de control[16]
y ha precisado que tal actuación desconoce los principios de buena fe y del
respeto de los actos propios, por cuanto al otorgar tales créditos lo hizo
teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno de sus deudores,
quienes confiaban razonablemente en que las estipulaciones acordadas se
mantendrían durante todo el tiempo de la obligación. De allí, entonces, que cuando
las condiciones pactadas inicialmente son alteradas sin contar con el
consentimiento previo y expreso de los deudores, se viola su derecho
fundamental al debido proceso[17], en la medida que se desconoce
el principio de la buena fe y el respeto de los actos propios que hace
procedente el amparo constitucional.
En Sentencia T-626 de 2005[18],
esta Corte sostuvo que cuando la entidad acreedora realiza modificaciones
unilaterales sobre las condiciones de los créditos de vivienda, sin la
aprobación del deudor, tal actuación es violatoria del principio de buena fe,
del derecho al debido proceso y de respeto a los actos propios.
“3.1 La buena fe, el respeto de los actos propios, y la modificación
unilateral de los contratos: En casos
precedentes análogos a los presentes, la Corte ha considerado que el principio
de buena fe que preside las relaciones contractuales se encuentra especialmente
comprometido, y que la alteración unilateral de los términos contractuales
prima facie desconoce dicho principio y el del respeto a los actos propios. En
efecto, sobre el particular esta misma Sala de decisión recientemente consideró
lo siguiente:
‘3. Principio de buena fe y respeto de los actos propios. Deber del
Fondo Nacional de Ahorro de contar con la aprobación de los deudores para
modificar las condiciones de los créditos que ha otorgado.
‘ El  principio de  buena fe, comprometido en las tutelas que se
revisan, está consagrado en el artículo 83 de la Carta Política en los
siguientes términos: ‘Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las actuaciones que aquellos adelanten ante éstas’. De allí que haya
señalado esta Corporación que la aplicación de este principio no se limita al
nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempo
hasta su extinción.
‘La buena fe implica la obligación de mantener en el futuro la
conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la
seriedad del procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto
vinculante de los actos[19].
‘Así pues, la alteración unilateral de los términos contractuales
causada por alguna de las partes, desconoce el principio de buena fe y el
respeto a los actos propios, es decir, el desconocimiento de la máxima según la
cual  a nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos, cuando no
obedece a una conducta legítima[20].’[21]”
De igual manera la Corte[22]
se ha referido específicamente  a las modificaciones que el FNA ha realizado a
los contratos de mutuo y ha concluido que el principio de buena fe y el
respeto de los actos propios, deben ser tenidos en cuenta por dicha entidad, pues
cuando otorga un crédito para la adquisición de vivienda a largo plazo, crea
unas condiciones particulares para cada uno de los deudores en las que ellos
confían legítimamente se mantendrán a lo largo de toda la obligación; por
tanto, si éstas son alteradas por la entidad acreedora de manera unilateral e
inconsulta, se configura una situación que vulnera el derecho fundamental al
debido proceso.
Además, este Tribunal al resolver casos similares al
que aquí se revisa, ha reiterado la importancia del principio de buena fe, que
debe estar presente en todas las relaciones contractuales, con miras a proteger
el debido proceso. Es así como en sentencia T-207 de 2006, concedió la
protección del derecho fundamental al debido proceso de una persona a quien el
Banco Colmena S.A. reliquidó en Unidades de Valor Real -UVR- el crédito de
vivienda del demandante que había sido pactado inicialmente en moneda legal
colombiana, sin que aquél expresara su consentimiento. Lo anterior, por cuanto
analizadas las pruebas aportadas, se observó que la entidad demandada omitió
informar previamente al ciudadano sobre la redenominación del crédito para
compra de vivienda de interés social y, por tanto, vulneró el derecho al debido
proceso de la persona titular del crédito.
En dicha oportunidad esta Corporación precisó, que:
“(iii) La pretermisión del procedimiento de información del deudor
hipotecario, por parte de la entidad acreedora, a fin de obtener su
consentimiento previo para modificar el crédito, afecta los principios de la
confianza legítima y la buena fe, como quiera que la suscripción de un contrato
permite a las partes confiar en que el mismo se cumplirá tal y como fue pactado
y que no sufrirá alteraciones provenientes de ninguna de las partes.
“(iv) Así mismo, las modificaciones unilaterales que recaigan sobre
las condiciones iniciales en que haya sido pactado un crédito de vivienda
configuran una clara violación del derecho al debido proceso, por
desconocimiento del debido respeto al acto propio[23].”
De conformidad con lo expuesto, resulta claro entonces
que  una entidad financiera no puede efectuar una reliquidación que no haya
sido previamente consentida por el titular del crédito. Por consiguiente,
solamente una vez surtido el procedimiento de información previa dirigida al deudor,
seguido del ejercicio del derecho de contradicción por el titular de la deuda y
la manifestación expresa de su consentimiento en relación con los cambios
surtidos  a las condiciones inicialmente pactadas, la entidad financiera podrá
llevar a cabo la reliquidación de un crédito de vivienda a largo plazo. Lo
anterior por cuanto, para este Tribunal la exigencia de un procedimiento que
permita al deudor manifestar su consentimiento previamente a la reliquidación
de un crédito de vivienda es la única manera de garantizar la vigencia de los
derechos de aquél al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y debido
proceso.[24]
Sobre el cambio unilateral de las condiciones del
contrato de mutuo para la adquisición de vivienda por parte del FNA, bajo el
argumento de que se debían adecuar los contratos de mutuo a la Ley 546 de 1999,
la Corte señaló en la Sentencia T-822 de 2003[25], lo siguiente[26]:
“...la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional considera
que debe concederse la tutela porque se violó el debido proceso en los cinco
casos, en razón de no existir información suficiente al reliquidarse y
redenominarse los créditos por parte del Fondo Nacional de Ahorro; y, en
consecuencia, deben revocarse todas las decisiones de instancia que no
aceptaron el amparo.
La Corte ordenará que en la información que se debe dar a los
deudores, el Fondo Nacional de Ahorro debe tener en cuenta lo estipulado en la
ley 546 de 1999 y lo ordenado en la Circular Externa #085 de 2000 de la
Superintendencia Bancaria que establece algunas de las condiciones que se deben
llenar en la información para que se estime suficiente:
- ‘INFORMACION AL DEUDOR. En
cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la ley 546 del 23 de diciembre de
1999, las entidades destinatarias de este instructivo deberán remitir a todos
sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda vigentes
y para los nuevos que se otorguen, una información clara, cierta, comprensible
y oportuna respecto de las condiciones de sus créditos, de manera tal que el
usuario conozca suficientemente la operación del sistema, la composición de las
cuotas, el comportamiento del crédito durante su vigencia y las consecuencias
de su incumplimiento”. (Subraya fuera de texto).
Para lograr esa información precisa y completa, la citada Circular
098 de 2000 también recuerda que “en el artículo 20 de la ley 546 de 1999,
norma cuya exequibilidad fue condicionada por la sentencia C-955/2000 proferida
por la H. Corte Constitucional, la entidad acreedora al momento de hacer la
evaluación de la solicitud de reestructuración de una obligación de este tipo,
deberá verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que resulte
viable la reestructuración:.... a. Que la primera cuota del crédito una vez
reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente
más del 30% de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de
2000.....’
Además, se dará cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de
la sentencia C-955 de 2000, numerales 13 y 19, transcritos en la parte motiva
del presente fallo.
Solamente cuando se llenen las condiciones antes indicadas se puede
dar por efectuada la información, sin violación al debido proceso.”
En armonía con lo expuesto este Tribunal sostuvo en
Sentencia T-652 de 2005[27], que “el Fondo
Nacional de Ahorro, al modificar de manera unilateral e inconsulta las
condiciones de los créditos de vivienda otorgados a sus deudores: (i) afecta de
manera flagrante el derecho al debido proceso de sus asociados y (ii) abusa de
su posición dominante pues la modificación de las condiciones de los créditos
que ha otorgado deben ser consultados con el deudor dentro del marco arriba
descrito, más aún cuando existen diversas opciones que permiten mantener los
créditos en pesos”.
2.2. El deber del Fondo Nacional de Ahorro de
concertar con los deudores la aprobación de las modificaciones en las
condiciones de los créditos con ellos pactados.
La Corte en Sentencia T-1092 de 2005[28]
revisó un caso similar al planteado en esta ocasión, en el que el FNA procedió
a la modificación de las condiciones pactadas en un crédito de vivienda en el
cual inicialmente debía ser cancelada en un plazo de 16 años, es decir en 192
cuotas mensuales sucesivas, sin contar con el consentimiento expreso del
titular de la obligación crediticia. En esa ocasión, la Corte reiteró la
jurisprudencia precedente y estableció que es “deber de los
deudores concertar con los deudores la aprobación de las modificaciones en las
condiciones de los créditos con ellos pactados”.
En dicho fallo, la Sala Revisión, resaltó que“el
accionante confió en que las condiciones pactadas al momento de suscribir el
crédito de vivienda con el F.N.A., se mantendrían hasta la cancelación total
del mismo. Sin embargo, la entidad accionada justificando su conducta en la
necesidad de adecuar dicha obligación a lo dispuesto por la Ley de Vivienda y a
lo ordenado por la Superintendencia Bancaria, y abusando igualmente de su
posición dominante, modificó las condiciones inicialmente pactadas, sin
consultar dichos cambios con el tutelante,[29]
vulnerando así su derecho al debido proceso pues si bien dicha entidad al igual
de lo ocurrido en el caso resuelto por esta Corte en sentencia T-626 de 2005
remitió en su momento una comunicación al accionante en la que expuso dicho
cambio, no se aprecia por ninguna parte que la misma hubiere dispuesto un
procedimiento para que el actor hubiere dado a conocer su voluntad acerca de
los cambios ocurridos”.
Por último es importante traer a colación lo afirmado en
Sentencia T-611 de 2005, donde se sostuvo que no basta suministrar información
sobre la reliquidación de los créditos. Sobre el particular dijo textualmente: “independientemente
de las informaciones que en su momento el Fondo suministró a cada uno de los
demandantes, lo cierto es que no obra en ninguno de los expedientes prueba
alguna que acredite que la entidad demandada adelantó un proceso tendiente, no
sólo a informar sobre los cambios introducidos, sino también a conocer la
voluntad expresa de los deudores en cuanto a la modificación de sus créditos”.
De conformidad con lo expuesto, queda claro que la
conducta asumida por el Fondo Nacional de Ahorro de efectuar modificaciones
inconsultas a las condiciones pactadas inicialmente con sus deudores respecto a
los créditos otorgados para la adquisición de vivienda, en decir de la Corte: (i)
afectan de manera flagrante el derecho al debido proceso de los asociados y (ii)
denota un claro abuso de la posición dominante del F.N.A en esta relación
contractual, por cuanto la alteración de las condiciones de los créditos
otorgados a los deudores las debió consultar con ellos de manera previa, máxime
cuando existen diversas opciones financieras que permiten conservar los
créditos en pesos[30].
3. Análisis del caso concreto
3.1. La señora Yudy Perea Garcés solicita la
protección de sus derechos al debido proceso, vivienda digna y buena fe,
presuntamente vulnerados por el Fondo Nacional de Ahorro como consecuencia de
la conversión a UVR efectuada sobre su crédito de vivienda, que inicialmente
fue pactado en moneda legal colombiana y la subsiguiente modificación
unilateral de las condiciones iniciales del contrato de mutuo suscrito por
ambas partes.
3.2. De conformidad con el material probatorio
allegado al expediente en el trámite de la acción de tutela, se encuentra
demostrado que la accionante es titular de un crédito de vivienda otorgado por
el FNA en virtud de un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que
se encuentra registrado en la escritura pública No. 0024 del 6 de enero de 1999
de la Notaría Trece de Bogotá.[31]
3.3. En consecuencia, por tener la calidad de deudora
de un crédito para vivienda, la demandante es una de las beneficiarias de las
normas sobre financiación contenidas en la Ley 546 de 1999 y en particular, las
destinadas a la protección de los usuarios de tales créditos.
3.4. Por este motivo, el Fondo Nacional de Ahorro, en
calidad de entidad participante en el sistema especializado de financiación  de
vivienda tenía la obligación de efectuar en relación con el crédito de vivienda
de la señora Perea Garcés, los cambios necesarios en el sistema de amortización
del crédito otorgado de manera tal que se ciñera a los parámetros contemplados
en la ley -prohibición de la capitalización de intereses, tasa fija de interés
durante todo el plazo del préstamo- e igualmente brindar a la actora la
posibilidad de ejercer sus derechos y manifestar su voluntad en relación con el
cambio de las condiciones pactadas al inicio de la relación contractual, frente
al plan de amortización de la deuda tal como fue enunciado en el punto
anterior.
3.5. Ahora bien, según lo afirma la actora el Fondo
Nacional de Ahorro reliquidó su crédito y como resultado de lo anterior, lo extendió
de 199 cuotas a 251, pagaderas en un plazo no de 16 años, como se había pactado,
sino de aproximadamente 21 años, sin consultarle previamente tales cambios y dar
su consentimiento.  Por lo anterior, esta Sala advierte que el Fondo Nacional
de Ahorro llevó a cabo la reliquidación del crédito de la actora de manera
unilateral y en ausencia de un procedimiento tendiente a brindarle información
previa y suficiente sobre el cambio que sería realizado, en aras de que en su
calidad de deudora pudiera ejercer sus derechos, discutir con la entidad el
mantenimiento de las condiciones pactadas al inicio de la relación contractual
y expresar su voluntad en relación con dicha modificación.
3.6. Por ello y acorde con lo sostenido por la Corte
Constitucional en anteriores oportunidades[32], la
información que en su momento haya suministrado el Fondo Nacional de Ahorro
acerca de la modificación de las circunstancias pactadas inicialmente en
relación con créditos de vivienda otorgados, no exime a dicha entidad de
adelantar un procedimiento dirigido a permitir el ejercicio del derecho de
contradicción del titular del crédito y obtener su consentimiento acerca de la posible
modificación de las circunstancias pactadas. En efecto, como quedó dicho en
punto anterior, no es suficiente para la entidad financiera demostrar que
comunicó a la persona usuaria de un crédito de vivienda la modificación de las
condiciones pactadas, como en efecto lo realizó el Fondo Nacional de Ahorro en
el caso sub examine sino que, además, con el fin de sujetar su actuación
al derecho fundamental al debido proceso, debe promover un procedimiento previo
a la modificación que le permita conocer la voluntad del deudor. Ese
procedimiento previo de interlocución con el titular del crédito, le permitirá,
de un lado, adelantar la reliquidación y redenominación del crédito, es decir
modificar las condiciones pactadas, si el deudor ha manifestado su aquiescencia
en tal sentido o, de otro lado, acudir ante el juez competente para que dirima
la controversia contractual, en caso de que no se cuente con la aprobación del
deudor.
3.7. Por estos motivos, la Sala considera que el Fondo
Nacional de Ahorro quebrantó el principio constitucional de buena fe y vulneró
el derecho fundamental de la señora Perea Garcés, al debido proceso toda vez
que en concordancia con la jurisprudencia analizada en las consideraciones de
este fallo, al titular de un crédito de vivienda debe serle respetada su
confianza legítima en que las condiciones inicialmente pactadas en el contrato
de mutuo permanecerán y que, en caso de una modificación, le asiste la
posibilidad de discutir con su contraparte las implicaciones de la misma e
incluso oponerse a los cambios propuestos.
3.8. De otra parte, esta Sala observa que la señora
Perea Garcés intentó ejercer sus derechos mediante derecho de petición de octubre
12 de 2005 (cuaderno 1º, fls. 2-4 del expediente) donde solicitó al Fondo
Nacional de Ahorro no aplicar el sistema de amortización en UVR a su crédito.
En dicha solicitud explicó que el sistema planteado no mejoraría las
condiciones establecidas para el pago de su crédito de vivienda y, por el
contrario agravaría la situación pactada para el pago total de la obligación,
por lo que solicitó se restablecieran las condiciones inicialmente pactadas.
3.9. Dicha petición no fue atendida por el Fondo
Nacional de Ahorro, entidad que en los estados de cuenta del crédito del
peticionario conserva la denominación de la deuda en UVR. En respuesta a dicha
comunicación el FNA adjuntó una proyección de la obligación redenominada en UVR
hasta el 13 de  noviembre de 2007, que obra a folios 11 a 18, cuaderno 1º.
Así las cosas, la Sala advierte que el Fondo Nacional
de Ahorro realizó una modificación unilateral de las condiciones del contrato
de mutuo celebrado en el año 1999, en ausencia del consentimiento previo del
titular del crédito de vivienda y no obstante la oposición de la señora Perea
Garcés en su calidad de usuaria del crédito. Para ésta Sala es claro que la
actuación de la deudora ante el Fondo Nacional de Ahorro demuestra su
preocupación por los cambios unilaterales realizados, evidencian su diligencia
en los asuntos relacionados con su obligación crediticia y desvirtúan la oposición
del Fondo Nacional de Ahorro basada en que la accionante esperó cinco años para
manifestar su descontento por la decisión de reliquidar su crédito.
4. Conclusión.
Con fundamento en lo expuesto, esta Sala, considera
que el Fondo Nacional de Ahorro, vulneró el derecho fundamental de la actora al
debido proceso, toda vez que alteró las condiciones contractuales pactadas en
relación con el crédito de vivienda de la peticionaria en ausencia de un
procedimiento previo que le permitiera manifestar su aquiescencia con tal
modificación. En virtud de lo anterior y en armonía con la jurisprudencia
reiterada por esta Sala en sus consideraciones, se ordenará al Fondo Nacional
de Ahorro restablecer el crédito en pesos según lo pactado inicialmente con la
demandante en el contrato de mutuo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia
dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
del 5 de marzo de 2008, por la cual negó la tutela promovida por Yudy Perea Garcés
contra el Fondo Nacional de Ahorro y, en su lugar, CONCEDER la tutela de su
derecho fundamental al debido proceso.
SEGUNDO. ORDENAR a la accionada que proceda de conformidad con estas
instrucciones:
a)
Que en el término de cinco (5) días a partir de la notificación de la presente
sentencia restablezca el crédito en pesos y en el plazo indicado, según lo
pactado inicialmente con la demandante.
b)
Una vez cumplido lo anterior, ordenar que, dentro de los quince (15)
días siguientes, suministre a la señora Yudy Perea Garcés información clara,
completa y comprensible del estado del crédito y del comportamiento del mismo,
de llegarse a convenir en su modificación, con miras a adecuarlo a los
lineamientos legales y jurisprudenciales en la materia.
c)
En el evento en que sea necesario modificar las condiciones inicialmente
pactadas del crédito en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en pesos
adquirió la demandante, y que debe continuar en pesos, será necesario contar
con su consentimiento o aquiescencia, y, en caso contrario, se mantendrán las
condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio de que el Fondo Nacional de
Ahorro pueda acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia
contractual.
TERCERO.- LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
La Dra. Gladys Castro Moreno actúa en nombre de la señora Yudy Perea Garcés,
según el poder otorgado, que obra a  folio 1º  del cuaderno 1.
[2]La
acción fue presentada el 28 de enero de 2008. Folios 55 a 61 cuaderno 1.
[3]En
oficio dirigido al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá. Folios 81 a 85 del Cuaderno #1.
[4] Ver Estado de Cuenta  del
fecha 13 de noviembre de 2007. Folios 11 y 12 del Cuaderno #1.
[5]
“..registrado en la accionada bajo el crédito No. 51916797-2, constituida a
favor del Fondo Nacional de Ahorro mediante escritura pública No 0024 del 06 de
enero de 1999, (…) otorgada en la notaria trece (13) del circuito de Bogotá, la
cual trata sobre la hipoteca de primer grado sobre el bien inmueble” de
propiedad de la accionante. Ver folio 2 a 4 del cuaderno 1.
[6] Ver folios 6 al 8 del
cuaderno 1.
[7] Oficio del Fondo Nacional
de Ahorro. Folios 81 a 85 del cuaderno 1.
[8]
consignadas en la escritura 0024 del 6 de enero de 1999, radicada en la notaria
13 del circuito de Bogotá
[9] Folios 7
y 8 del Cuaderno #1.
[10] El 12 de octubre de
2005.
[11]
Ver folios 9-10, y 19- 20 oficios proferidos por el Fondo Nacional de Ahorro el
24 de septiembre y el 22 de noviembre de 2007.
[12] Folios 86 al 88 del
Cuaderno #·1.
[13] Folios
90 al 96 del Cuaderno #1.
[14] Folios 10
a 15 del Cuaderno #2.
[15] Sentencias T-822 de 2003, T-357 de 2004, T-793 de
2004, T-212, T-611, T-626 , T-652 de 2005 y T-1092 de 2005, T-207  y T-391 de
2006, entre otras.
[16] Superintendencia
Bancaria.
[17] Sentencia T-611 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[18] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[19]
Ver Sentencia T-141/04 (M.P.: Alfredo Beltrán Sierra) Cita ésta a su vez la
Sentencia T-475/92 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz)
[20]
Sentencia T-793 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[21]
Sentencia T- 611 de 2005, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22] Sentencias T-822 de 2003, T-357 de 2004, T-793 de
2004, T-212 de 2005  T-611, T-626, T-652 y T-1092 de 2005.
[23]
Cfr. Fundamento jurídico 10. Ibidem.
[24]
En la sentencia T-212 de 2005, la
Corte estimó que “...los usuarios de
créditos a largo plazo les asiste el derecho de contar con la oportunidad de
discutir con su acreedor el mantenimiento de las condiciones pactadas, al punto
que las modificaciones inconsultas, por el solo hecho de la imposición, además
de constituir manifestaciones abusivas, contrarias a la buena fe y al respeto
por el acto propio, infunden desconfianza a las actividades financieras y
quebrantan, no sólo los derechos patrimoniales de sus deudores, sino particular
y principalmente sus derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo
de la personalidad”. Esta sentencia
fue reiterada en los fallos T-1250
de 2005 y T-1092 de 2005.
[25] M. P. Marco Gerardo
Monroy Ca­bra.
[26]
Posteriormente en la Sentencia T-793 de 2004, se
dijo sobre el asunto lo siguiente: “Ahora
bien, sin profundizar en el tema, no resultaba necesario para el Fondo Nacional
de Ahorro abusar de su posición dominante y desmotar el crédito sin que el
beneficiario de éste pudiese participar de ninguna manera en el proceso, sino
que incluso le era dable a la entidad, si percibía que existía una indebida
forma de amortización, conservar para su afiliado el sistema de pesos, pero
ajustando la forma de liquidación de intereses a los parámetros legales. Además
debe tenerse en cuenta que, según lo transcribe la misma entidad demandada, la
orden proveniente de la Superintendencia Bancaria en virtud de la cual tomó la
decisión de modificar el crédito del autor, instaba al Fondo a ajustar los
sistemas de amortización, mas no a variar los créditos obtenidos en moneda
legal al sistema de unidades de valor real, UVR.. En resumen, esta Sala
considera que la conducta del Fondo Nacional del Ahorro es violatoria de los
derechos fundamentales del actor. En consecuencia ordenará a esta entidad
restablecer el crédito en pesos según lo pactado inicialmente con el actor. Una
vez cumplido aquello, la entidad demandada deberá verificar si dicho crédito
cumple o no con lo que esta misma Corporación y la Ley han establecido en
relación con la prohibición de capitalización de intereses. En caso de que se
verifique que el crédito del actor resulta contrario a lo que se ha establecido
en dicho sentido, el Fondo Nacional del Ahorro deberá dar al señor Forero Silva
información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de dicha condición,
de manera tal que éste conozca suficientemente cómo opera el crédito, la
composición de las cuotas, el comportamiento del crédito y cual va a ser el
procedimiento a seguir por parte del Fondo Nacional del ahorro para ajustar el
crédito a la prohibición de capitalización de intereses, conservando el pacto
inicial en el sentido de que aquel se denominaría en pesos. En el evento en que
sea necesario, para ajustar a la jurisprudencia de ésta Corporación, modificar
las condiciones inicialmente pactadas del crédito en cuanto al plazo o monto de
las cuotas que en pesos adquirió el señor Mauricio Forero Silva y que debe
continuar en pesos, será necesario contar con el consentimiento o aquiescencia
del señor Forero Silva y en caso de que éste no lo de, se mantendrán las
condiciones inicialmente pactadas, pero el Fondo Nacional del Ahorro podrá
acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia contractual.”
[27]
Este pronunciamiento fue reiterado en las sentencias T-1092 de 2005, T-1157 de
2005, T-1186 de 2005, T-207 de 2006.
[28] M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[29]
“En efecto, si se revisa el contenido del documento que obra a folios 80 y
81 del expediente, se advierte claramente que el F.N.A., exponiendo los
argumentos de orden legal que respaldan su decisión, modifica las condiciones
inicialmente pactadas en el contrato de mutuo celebrado con el señor Cuero
Góngora, sin que del contenido de dicho documento se pueda considerar que tal
decisión se tomó previa aquiescencia del deudor. Por el contrario, se observa
que efectuadas las modificaciones a las condiciones del contrato de mutuo, sólo
le quedaba al accionante someterse a ellas y aceptarlas sin más miramientos,
con lo cual es clara la violación del derecho fundamental al debido proceso”.
[30]
Sentencia T-611 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[31] Cuaderno 1º, fls. 2 a 4
del expediente.
[32] Ver sentencias T- 822 de 2003, T- 611 de 2005, T-626 de 2005 y T- 1092
de 2005. En este último fallo, la Corte afirmó que si
bien el Fondo Nacional del Ahorro remitió en su momento una comunicación al
accionante en la que expuso el cambio en las condiciones inicialmente pactadas,
no se aprecia por ninguna parte que la misma hubiere dispuesto un procedimiento
para que el actor hubiere dado a conocer su voluntad acerca de los cambios
ocurridos.