T-034-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-034/13
ACCION DE TUTELA CONTRA
DECISION DE JUNTA DIRECTIVA DE CONJUNTO RESIDENCIAL-Procedencia excepcional para proteger derecho a la
tenencia de animales domésticos como parte del libre desarrollo de la
personalidad y de la intimidad familiar
LEGITIMACION POR PASIVA EN
TUTELA-Subordinación frente a
decisiones de Asamblea de Propietarios en Conjunto de propiedad horizontal
En los casos de propiedad horizontal, esta Corporación
ha admitido que los copropietarios o los residentes de un conjunto residencial
se encuentran obligados a cumplir con las determinaciones que se adoptan por
los órganos de administración y dirección, en virtud de lo previsto en la ley.
Dicha situación, en criterio de la Corte, genera un estado de subordinación,
pues se crea una relación de dependencia como producto de un mandato legal. En
el asunto bajo examen, se acredita el requisito de la legitimación por pasiva,
en el entendido que tanto la Asamblea de Propietarios como el Consejo de
Administración del Conjunto Residencial, son órganos de decisión de dicha
propiedad horizontal frente a la cual la accionante se encuentra en estado de
subordinación. No sobra recordar que el artículo 55 de la Ley 675 de 2001,
dispone que el citado consejo de administración tiene la función de adoptar las
decisiones necesarias para que la persona jurídica, esto es, la propiedad
horizontal, cumpla con los fines dispuestos en el reglamento que la rige.
REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL-Existencia mecanismos de
defensa para controversias
En relación con los mecanismos previstos para resolver
las  controversias suscitas con ocasión de la aplicación de régimen de
propiedad horizontal, la Ley 675 de 2001 prevé varios instrumentos dirigidos a
solucionar las disputas que surjan entre los propietarios y la persona jurídica
que representa a un conjunto residencial, o entre los copropietarios.
REGLAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL-Evolución de
jurisprudencia respecto procedencia de la acción de tutela frente a mecanismos
de defensa para resolver controversias entre propietarios y la Asamblea General
o Consejo de Administración
ACCION DE TUTELA CONTRA
CONJUNTO RESIDENCIAL-Cumple
requisitos de subsidiariedad e inmediatez
REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL-Corresponde a la Asamblea
General de Propietarios aprobar reformas al reglamento, según ley 675/01
REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL-Imposición de sanciones
deben respetar el debido proceso
REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL Y SANCIONES QUE PUEDE CONTENER EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
O MANUALES DE CONVIVENCIA-Clases de
sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, según ley 675/01
No cabe duda que los reglamentos de propiedad
horizontal y los manuales de convivencia constituyen un acto de voluntad de la
Asamblea General, como resultado del ejercicio del derecho a la propiedad de
sus integrantes. Los deberes, obligaciones, derechos y sanciones que en ellos
se incluyan deben estar acordes con la Constitución y la ley, en especial con
los derechos fundamentales de aquellos que se ven cobijados por sus normas. En
cuanto el alcance de las sanciones, es preciso señalar que ellas deben atender
a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, previa determinación de
un fin legítimo que las justifique.
TENENCIA DE ANIMALES
DOMESTICOS QUE TIENEN LA CONDICION DE MASCOTAS-Supone para el propietario el ejercicio de derechos
fundamentales tales como la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, la
intimidad individual y familiar
Esta Sala encuentra que la tenencia de una mascota
involucra el ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad personal y familiar, incluso –en algunos casos–
toca aspectos referentes a la protección y defensa del derecho a la igualdad y
a la libertad de locomoción, como se evidenció en la Sentencia C-479 de 2011.
Para la Corte, la tenencia de un animal doméstico encuentra limitaciones en los
derechos de los demás copropietarios, de manera que se deben cumplir con
aquellas exigencias que se prevén para su transporte y cuidado en el
ordenamiento jurídico, tales como el uso de bozales y cadenas, al tiempo que se
aseguran sus condiciones de alimentación, movilidad, luminosidad, aseo, abrigo
e higiene.
REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL-Caso en que se prohíbe el
uso de ascensores comunes para transportar mascotas, exceptuando cuando sirven
de guía al propietario e imponiendo multa del 50% del valor de la cuota mensual
de administración
TENSION ENTRE EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACION DE LA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS FRENTE AL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD, INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR POR TENENCIA DE MASCOTAS-Juicio de proporcionalidad
DERECHO A LA INTIMIDAD
PERSONAL Y FAMILIAR Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Orden a Asamblea de Propietarios que inaplique
artículo que prohíbe el uso de ascensores comunes para transportar mascotas, y
se abstenga de hacer efectivo el cobro de las multas por el incumplimiento
Referencia: expediente T-3595627
Asunto: Acción de tutela
interpuesta por la señora Norma Lucia Rojas Krichilski contra la Asamblea de
Propietarios y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial Pinar de la
Colina II
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veintiocho (28) de
enero de dos mil trece (2013)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela proferidos por el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá y el
Juzgado 37 Penal Municipal de la misma ciudad, correspondientes al trámite de
la acción de amparo constitucional impetrada por la señora Norma Lucia Rojas
Krichilski contra la Asamblea de Propietarios y el Concejo de Administración
del Conjunto Residencial Pinar de la Colina II.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
1.1.1. Indica la accionante que actualmente reside en la
ciudad de Bogotá en el Conjunto Residencial Pinar de la Colina II. Al igual que
otras 27 personas que habitan en el mismo conjunto residencial convive con una
mascota, en concreto con un perro[1].
1.1.2. Según relata la señora Rojas Krichilski, el 17 de diciembre
de 2011, la Asamblea General de Propietarios modificó el Manual de Convivencia
del Conjunto, en el sentido de prohibir el uso de los ascensores para cualquier
tipo de mascota, excepto para los perros que sirvan de guía[2].
1.1.3. Como consecuencia de la prohibición en mención, la
accionante sostiene que la empresa encargada de la administración del edificio
(Aservice Ltda.), le impuso por primera vez a uno de los residentes que tiene
mascota una sanción de $ 171.000 pesos, equivalente al 50% de la cuota de
expensas comunes.
1.2. Solicitud de amparo
constitucional
1.2.1. La accionante solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad,
a la intimidad personal y familiar y a la propiedad, los cuales –afirma– están
siendo vulnerados por la Asamblea de Propietarios y el Consejo de
Administración del Conjunto Residencial Pinar de la Colina II, como
consecuencia no sólo de la decisión de prohibir el transporte de mascotas en
los ascensores del conjunto, sino también por el hecho de imponer una sanción
pecuniaria a quienes incurran en dicha conducta.
1.2.2. En relación con la
procedencia de la acción de amparo constitucional, la demandante señaló que los
medios contemplados en la Ley 675 de 2001,para resolver las controversias
relacionadas con la propiedad horizontal, no resultan idóneos para dar
respuesta a los derechos comprometidos[3]. En este sentido, en primer lugar, afirma que no
existe voluntad de las partes para solucionar la disputa a través de los
mecanismos alternativos de resolución de conflictos; en segundo lugar, dice que
no se cumplen con los supuestos legales para que proceda el proceso verbal, de conformidad
con lo dispuesto en la Sentencia C-595 de 2003; y finalmente, señala que las
acciones frente a las autoridades administrativas no están llamadas a
prosperar, cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales.
1.2.3. En lo que se refiere a
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados, la accionante
manifiesta que existe un desconocimiento de su derecho a la propiedad, pues se
está prohibiendo el uso de los ascensores que se encuentran dentro de su
dominio para el transporte de su canino. De igual manera, sostiene que se
presenta una trasgresión de su derecho al libre desarrollo de la personalidad,
en el entendido que esta Corporación ha reconocido que la convivencia con una
mascota constituye una expresión legítima de la voluntad del individuo y una
forma de expresión del ser humano, como se constata en las Sentencias T-035 de
1997, T-119 de 1998 y C-439 de 2011.
1.2.4. Para la señora Rojas
Krichilski, el juez de tutela debe tener en cuenta lo establecido por esta
Corporación en el examen de constitucionalidad del artículo 87 de la Ley 769 de
2002, el cual prohibía expresamente el uso del servicio de transporte público
por pasajeros acompañados de animales. En dicha oportunidad, en palabras de la
accionante, la Corte ratificó que la consagración de este tipo de prohibiciones
es desproporcionada, por lo que declaró la exequibilidad condicionada de dicha
norma, en el sentido de exceptuar el transporte que se haga en condiciones de
salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad según las reglas aplicables. En
este orden de ideas, la demandante considera que –en aplicación de la citada regla–
no es posible establecer una prohibición absoluta de uso del ascensor en
compañía de una mascota, pues ello constituye una restricción a la tenencia del
mismo y un desconocimiento de la voluntad de su titular.
1.2.5. Finalmente, la
accionante hace referencia al artículo 108-B del Código Nacional de Policía[4], de acuerdo con la modificación realizada por la Ley
746 de 2002[5]. En este contexto, concluye que la citada disposición
no consagra una prohibición expresa sobre el uso de los ascensores de conjuntos
residenciales por parte de los propietarios acompañados de sus mascotas, por lo
que manifiesta que la restricción acogida en el manual de convivencia de la
propiedad horizontal carece de sustento jurídico.
1.2.6. En este orden de ideas,
la accionante solicita que se “derogue” o “retire” el artículo 50 del Manual de
Convivencia del Conjunto Residencial Pinar de la Colina II; al tiempo que
pretende que se ordene al Consejo de Administración que no haga efectivo el
cobro de las sanciones pecuniarias que hubiesen sido impuestas.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1 La Administración del citado Conjunto Residencial
solicita que el amparo invocado sea denegado, pues la accionante pudo impugnar
el Manual de Convivencia o reclamar su suspensión dentro de los 2 meses
siguientes a la fecha de su modificación, conforme se establece en el artículo
421del Código de Procedimiento Civil[6]. De ahí que, en su criterio, ante la falta de uso del
citado mecanismo de defensa judicial, no le sea posible a la accionante acudir
a la acción de tutela como una vía para suplir su inactividad, sobre
todo si se tiene en cuenta que, en el presente caso, la modificación que se
hizo al Manual respetó las reglas del debido proceso, ya que fue adoptada en
una asamblea extraordinaria, previo cumplimiento de las reglas de citación de
los copropietarios y en donde participó la accionante.
1.3.2. En cuanto a los derechos
invocados como vulnerados, se sostiene que no existe un desconocimiento del
derecho a la propiedad, pues éste no es absoluto y las limitaciones que se le
impongan, cuando se ajusten a la ley, son constitucionales. Adicionalmente,
contrario a lo establecido por la actora, se afirma que la limitación
cuestionada encuentra fundamento legal en el artículo 108-B del Código Nacional
de Policía, por lo que resulta ajustada a la Constitución. Por último, se considera
que no existe una vulneración al libre desarrollo de la personalidad, ya que
–en ningún momento– se ha prohibido la presencia, adquisición o tránsito de las
mascotas en la copropiedad, más allá de la limitación referente al uso del
ascensor, la cual se justifica en la necesidad de preservar el ambiente sano de
los copropietarios del conjunto.
1.4.
Pruebas relevantes que obran en el expediente
A continuación se enumeran las pruebas relevantes
allegadas al proceso:
·     Copia de la Escritura Pública No. 1147 del 16 de marzo
de 2012, por medio de la cual se protocoliza el Manual de Convivencia de la
Copropiedad Edificio Pinar de la Colina II[7].
·     Copia de la respuesta al derecho de petición incoado
por la accionante, en el que se solicita a la Administración que elimine la
norma que prohíbe el uso de los ascensores para el transporte de las mascotas[8].
·     Copia de la comunicación enviada por la Administración
a la señora Cecilia Ovalle, en donde se le informa que se le impondrá una multa
correspondiente al 50% del valor de la cuota mensual de expensas comunes
ordinarias, por el hecho de infringir la prohibición objeto de reproche
prevista en el Manual de Convivencia[9].
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
2.1
. Primera instancia
En sentencia del 28 de mayo de 2012, el Juzgado 37
Penal Municipal de Bogotá tuteló los derechos invocados por la accionante. En
criterio de la citada autoridad judicial, el artículo 50 del Manual de
Convivencia vulnera la Constitución al imponer una limitación irrazonable y
desproporcionada frente a los derechos fundamentales de la actora. Indicó el
juez que el transporte de una mascota en un ascensor no afecta el derecho al
ambiente sano de la comunidad, pues se trata de una prerrogativa directamente
vinculada con el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y el derecho
a la intimidad. Por esta razón, en la parte resolutiva del fallo en mención, se
ordenó la exclusión del artículo cuestionado y se declaró la ineficacia de las
multas que hubieran sido impuestas en virtud de su aplicación.
2.2. Impugnación
La administradora del Conjunto Residencial Edificio
Pinar de la Colina II  interpuso recurso de apelación en contra de la citada
decisión, en el cual reiteró los argumentos presentados en la contestación de
la demanda y agregó que, en el presente caso, el juez no explicó cuáles
derechos constitucionales fueron vulnerados, sino que se limitó a desvirtuar la
vulneración al medio ambiente sano de los copropietarios.
2.3. Segunda instancia
En sentencia del 12 de julio de 2012, el Juzgado 39
Penal del Circuito de Conocimiento revocó la decisión del a-quo y negó
el amparo. Luego de examinar el alcance de la Ley 675 de 2001, la mencionada
autoridad judicial manifestó que: “las decisiones que afectan y regulan a la
copropiedad en general deben adoptarse y regirse por lo que ordene el órgano
principal de administración, que no es otro que la asamblea general de
copropietarios, la cual tiene la función de determinar las normas y directrices
dentro de las cuales se [desarrollan las relaciones] de cohabitación o
convivencia pacifica entre los distintos propietarios (…)”[10].
Con fundamento en lo anterior, afirma que la
regulación concerniente al tema objeto de discusión fue delegada por la ley a
los copropietarios, de manera que no se puede desconocer la legitimidad de las
decisiones adoptadas mediante su asamblea, más aún cuando con dicha prohibición
no se está afectando la tenencia de las mascotas en la propiedad privada de
cada uno de los habitantes del conjunto, ni en el tránsito de las zonas
comunes. Desde esta perspectiva, para el ad-quem, la norma cuestionada
no vulnera ningún derecho fundamental y, por el contrario, constituye una
manifestación de la regla de la mayoría, la cual no fue cuestionada por los
medios previstos para tal fin.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
3.1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 13 de septiembre
de 2012 proferido por la Sala de Selección número Nueve.
3.2. Planteamiento de los
problemas jurídicos
3.2.1. A partir de las circunstancias fácticas que
dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas
en las respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe dar respuesta a
los siguientes problemas jurídicos, en primer lugar, si es procedente el
ejercicio de la acción de amparo constitucional en contra de la asamblea de propietarios y del concejo de
administración de un conjunto residencial, como órganos designados por la ley para la dirección y administración de una
propiedad horizontal[11], cuando se alega la vulneración de los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal
y familiar de uno de sus propietarios, a pesar de que se invoca por los
demandados la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.
En caso de que la respuesta al citado interrogante sea
afirmativa, esta Sala deberá determinar si la Asamblea de Propietarios y el
Consejo de Administración del Conjunto Residencial Pinar de la Colina II
vulneraron los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y
a la intimidad de la accionante, como consecuencia de la decisión de incluir en
el Manual de Convivencia una norma en la que se prohíbe el transporte de
mascotas a través de los ascensores comunales, so pena de incurrir en una multa
equivalente al 50% del valor de la cuota mensual de expensas comunes ordinarias
vigentes.
3.2.2. Con
el propósito de resolver estos problemas jurídicos, inicialmente la Sala hará
una breve reiteración de la jurisprudencia relacionada con la procedencia de la
acción de tutela en contra de las asambleas de propietarios y de los
particulares que administran conjuntos residenciales (3.3); a continuación
estudiará el régimen de propiedad horizontal y el tipo de sanciones que se
pueden establecer en los reglamentos de copropiedad o en los manuales de
convivencia (3.4); luego reiterará los procedentes jurisprudenciales vinculadas
con la tenencia de mascotas (3.5); y por último, analizará el caso concreto
(3.6).
3.3.
Procedencia de la acción de amparo constitucional en contra de las asambleas de
propietarios y de los particulares que administran conjuntos residenciales
El artículo 86 del Texto Superior establece los
requisitos que deben ser tenidos en cuenta por parte del juez constitucional
para que proceda el estudio de la acción de tutela. Inicialmente esta norma
establece que la solicitud de amparo tiene por objeto la protección efectiva e
inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley[12].
Asimismo, el citado precepto señala que la acción de
amparo constitucional sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable[13]. Esto significa que la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, por virtud del cual“procede de manera
excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto
se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos
judiciales ordinarios para asegurar su protección”[14]. El carácter
residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias
atribuido por la Constitución Política a las diferentes autoridades judiciales,
lo cual se sustenta en los principios de independencia y autonomía de la
actividad judicial.
Por último, la acción de tutela también exige su
interposición dentro de un plazo razonable, contado desde el momento en el que
se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de tal manera que
el amparo constitucional no se convierta en un factor de inseguridad jurídica y
de posible afectación de los derechos de terceros[15]. Este requisito ha sido identificado por la
jurisprudencia como principio de inmediatez.
A continuación
se hará un breve recuento del contenido de los citados requisitos de
procedencia, con miras a determinar si los mismos se acreditan o no en el caso
concreto.
3.3.1. Legitimación por activa
La Constitución Política, en el artículo 86, reconoce
el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se
desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que consagra: “la
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no este en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
En el presente caso, la Sala encuentra que la señora
Rojas Krichislki solicita en nombre
propio la protección de sus derechos al
libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, por lo que se encuentra acreditado el requisito de
la legitimación por activa. Aun cuando en la demanda se afirman que existen otros 27 copropietarios que tienen
mascotas y que se encuentran en la misma situación, esta Corporación no
encuentra ningún elemento de juicio que permita inferir que la actora está
actuando en su representación o que la solicitud de amparo se extienda más allá
de los hechos planteados.
3.3.2. Legitimación por pasiva
El artículo 86 del Texto Superior establece, como ya
se dijo, que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e
inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En
relación con estos últimos, tanto en la Carta Política como en el Decreto 2591
de 1991[16], se prevén las siguientes hipótesis de procedencia:
(i) cuando el particular se encuentra encargado de la prestación de un servicio
público; (ii) cuando con su conducta afecta de manera grave y directa el
interés colectivo; o (iii) cuando existe un estado de subordinación o
indefensión entre el solicitante del amparo y quien supuestamente incurrió en
la violación de un derecho fundamental[17].
En los casos de propiedad horizontal, esta Corporación
ha admitido que los copropietarios o los residentes de un conjunto residencial
se encuentran obligados a cumplir con las determinaciones que se adoptan por
los órganos de administración y dirección, en virtud de lo previsto en la ley[18]. Dicha situación, en criterio de la Corte, genera un
estado de subordinación, pues se crea una relación de dependencia como producto
de un mandato legal[19].
En el asuntobajo examen, se acredita el
requisito de la legitimación por pasiva, en el entendido que tanto la Asamblea
de Propietarios como el Consejo de Administración del Conjunto Residencial
Pinar de la Colina II, son órganos de decisión de dicha propiedad horizontal
frente a la cual la accionante se encuentra en estado de subordinación. No
sobra recordar que el artículo 55 de la Ley 675 de 2001, dispone que el citado
consejo de administración tiene la función de adoptar las decisiones necesarias
para que la persona jurídica, esto es, la propiedad horizontal[20], cumpla con los fines dispuestos en el reglamento que
la rige[21].
3.3.3. Subsidiariedad
3.3.3.1. Este principio tiene su origen en el inciso
3° del artículo 86 del Texto Superior y en el numeral 1° del artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, conforme a los cuales la acción de tutela sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. No obstante,  conforme lo ha sostenido la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación, la existencia de las otras vías judiciales debe
ser analizada en cada caso concreto en cuanto a su eficacia e idoneidad. Por
ello, si el medio no permite resolver el conflicto en su dimensión
constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho
comprometido, es procedente conceder la tutela como mecanismo de amparo
definitivo de los derechos fundamentales invocados[22].
3.3.3.2. En relación con los mecanismos previstos para
resolver las  controversias suscitas con ocasión de la aplicación de régimen de
propiedad horizontal, la Ley 675 de 2001 prevé varios instrumentos dirigidos a
solucionar las disputas que surjan entre los propietarios y la persona jurídica
que representa a un conjunto residencial, o entre los copropietarios. Estos
mecanismos son los siguientes:
(i) En primer lugar, cuando se pretenda controvertir
una decisión de la Asamblea General de Propietarios, el artículo 49 de la Ley
675 de 2001 indica que el administrador, el revisor fiscal y los propietarios
podrán impugnarla dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la comunicación
o publicación del acta que la contenga[23], por medio del procedimiento previsto en el artículo
194 del Código de Comercio[24]. En todo caso, el parágrafo de la norma en cita
plantea la siguiente excepción:
“Exceptúanse de la disposición
contenida en el presente artículo, las decisiones de la asamblea general, por
medio de las cuales se impongan sanciones por incumplimiento de obligaciones no
pecuniarias, que se regirán por lo dispuesto en el Capítulo Segundo, del Título
II de la presente ley.”
Como se observa de lo expuesto, las decisiones de la
Asamblea General de Propietarios que impongan sanciones por el incumplimiento
de obligaciones no pecuniarias tienen un mecanismo especial de impugnación, el
cual se encuentra consagrado, por vía de remisión, en el artículo 62 de la Ley
675 de 2001, en los siguientes términos:
“Artículo 62. Impugnación de
las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias.El propietario
de bien privado sancionado podrá impugnar las sanciones por incumplimiento
de obligaciones no pecuniarias.
La impugnación sólo podrá
intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la
respectiva sanción. Será aplicable para efectos del presente artículo, el
procedimiento consagrado en el artículo 194 del
Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o
complementen.”
(ii) En segundo lugar, el artículo 58 de la Ley 675 de
2001 indica que para solucionar las controversias que se presenten entre “los
propietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el
administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de
dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o
interpretación de esta ley y del reglamento de propiedad horizontal (…)” se
debe acudir al Comité de Convivencia[25]y a mecanismos alternativos para la solución de
conflictos[26].
(iii) En tercer lugar, el parágrafo 3° del artículo 58
de la citada ley advierte que para dirimir los conflictos que surjan entre los
propietarios o tenedores de un edificio o conjunto, o entre ellos y la
administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona
jurídica, se deberá adelantar un proceso verbal sumario cuando se decida acudir
ante una autoridad judicial[27].
(iv) Por último, en aquellos casos en que se planteen
controversias relacionadas con la tenencia de ejemplares caninos, se puede
acudir al proceso policivo por perturbación de la propiedad, en la medida en
que la Ley 746 de 2002 adiciona un capítulo especial al Código Nacional de
Policía, en el que se otorga competencias sobre dicha materia[28]
3.3.3.3. Con fundamento lo anterior, la Sala hará un
estudio de los pronunciamientos jurisprudenciales referentes al principio de
subsidiariedad y a la procedencia de la acción de tutela con ocasión de
controversias que se relacionan con el régimen de propiedad horizontal, a
partir del reconocimiento de los citados mecanismos de defensa judicial.
3.3.3.3.1. Como punto de partida, es preciso señalar
que esta Corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre los
reglamentos de propiedad horizontal y sobre las controversias que se generan
entre los propietarios, o entre éstos y la Asamblea General o el Consejo de
Administración[29]. Inicialmente, la Corte analizó la procedencia de la
acción de amparo constitucional a partir del reconocimiento del proceso verbal
sumario como mecanismo principal de defensa judicial, en virtud de lo
establecido en el artículo 8° de la Ley 16 de 1985[30], el cual fue derogado por el artículo 87 de la Ley
675 de 2001, con la consagración de nuevas herramientas para la solución de
disputas, en los términos previamente expuestos en el acápite 3.3.3.2 de esta
providencia.
De la revisión de los precedentes planteados con
anterioridad a la expedición de la Ley 675 de 2001, se observa la siguiente
evolución jurisprudencial:
(i) En los primeros años, en
especial, a partir de la Sentencia T-233 de 1994, la Corte señaló que el
proceso verbal sumario no era una herramienta idónea para la protección de
derechos fundamentales, básicamente porque la duración de su trámite era mayor
al de una acción de tutela[31].
En la citada providencia se
estudió una acción interpuesta en contra de una asamblea de copropietarios, la
cual supuestamente vulneró los derechos fundamentales de los residentes de un
conjunto, al obligarlos a cancelar y contratar el valor respectivo a un
servicio de cable, sin importar si tenían o no interés en el mismo. Como la
accionante no quería el mencionado servicio, se negó a cancelar las cuotas que
por dicho concepto se encontraban incluidas en el valor de la administración,
lo que conllevó a que se constituyera en mora.
En respuesta a esta situación, la
Asamblea le prohibió su participación en las reuniones de la copropiedad y le
inició un proceso ejecutivo para el cobro de las acreencias, frente a lo cual
promovió la acción de tutela dirigida a proteger los derechos al libre
desarrollo de la personalidad, a la intimidad, al voto democrático y al disenso.
En criterio de la Corte, como
ya se dijo, el proceso verbal sumario era ineficaz ante la demora en su
trámite, por lo que la acción de amparo se convertía en el mecanismo principal
de protección judicial. En lo que concierne a la discusión de fondo, este
Tribunal concedió la protección de los derechos fundamentales invocados por la
actora, por cuanto consideró que la asamblea general sólo tiene competencia
para tomar decisiones respecto del régimen de copropiedad y no frente a servicios
destinados a las unidades residenciales, en contravía de los derechos a la
libertad y a la intimidad familiar. Por esta razón, ordenó a la Junta
Administradora del conjunto residencial que excluyera a la accionante de la
lista de suscriptores del servicio de cable y que le aceptaran las cuotas
ordinarias de administración, sin el recargo que se le impuso por la conexión
de la señal.
(ii) Siguiendo esta misma
línea, en la Sentencia T-333 de 1995, se reiteró la ratio expuesta en la
citada providencia, conforme a la cual el proceso verbal sumario no era idóneo
para la protección de los derechos fundamentales. Al respecto, se dijo que:
“La tutela, destinada en este
caso a amparar los derechos fundamentales de los demandantes a la libertad e
intimidad personal y familiar, constituye el mecanismo ideal y efectivo de
protección de éstos con el fin de contrarrestar el abuso de poder en que incurrió
la asamblea general al adoptar decisiones que escapan de su competencia y que
determinaron la violación de dichos derechos, porque no se puede supeditar
la vigencia y goce de los derechos fundamentales a la posibilidad de su amparo
a través de la utilización de medios procesales distintos a los previstos en la
Constitución para su protección, que han sido instituidos con finalidades
diferentes y que realmente no son garantía para su protección efectiva. Dicho
de otra manera, al juez civil dentro del proceso verbal sumario que se instaura
para dirimir una controversia en torno a la propiedad horizontal concreta su
estudio y decisión al aspecto central de ésta, esto es, a lo que atañe con las
materias ya especificadas, antes que al amparo de los derechos fundamentales,
violados o amenazados; por lo tanto, eventualmente puede abstenerse de adoptar
medidas concretas tendientes a poner fin o a evitar su violación, como las que
usualmente decreta el juez de tutela, con lo cual dichos derechos pueden quedar
carentes de protección.” (Subrayas fuera de texto)
(iii) Al estudiar la posible vulneración de los
derechos fundamentales de los deudores morosos de cuotas de administración, con
ocasión de la imposición de sanciones por parte de la copropiedad, la Sala
Plena de esta Corporación profirió la Sentencia SU-509 de 2001, en la señaló
que los copropietarios están sujetos a los reglamentos de propiedad horizontal,
por lo que –en  principio– las controversias relacionadas con los mismos deben
someterse en su definición a las reglas del procedimiento verbal sumario, con
excepción de aquellos casos en que dichos reglamentos puedan “desconocer o
amenazar los derechos constitucionales fundamentales”, caso en el cual es
procedente la acción de tutela[32].
Si bien la regla que se propone en la citada providencia
parece seguir la misma línea expuesta en las Sentencias T-233 de 1994 y T-333
de 1995, en lo que respecta a la falta de eficacia o de idoneidad del proceso
verbal sumario para proteger derechos fundamentales, su reconocimiento como
mecanismo excepcional de defensa guarda concordancia con lo expuesto –entre
otras– en las Sentencias T-210 de 1993, T-019 de 1995 y T-440 de 1995, en las
que se admitió que las controversias referentes a juicios de legalidad sobre el
alcance de los reglamentos de propiedad horizontal deben ser sometidas al
citado proceso verbal sumario y, por lo tanto, la acción de tutela no es
procedente.
(iv) En los años subsiguientes, este Tribunal mantuvo
el mismo precedente por virtud del cual se reconoce a la acción de tutela como
mecanismo principal de protección frente a las disputas originadas con ocasión
de las decisiones y/o actuaciones de las asambleas de copropietarios y/o de los
consejos de administración, cuando de por medio se encuentre el amparo de
derechos fundamentales, con excepción de las siguientes hipótesis:
(a) cuando se
evidencia que se acude a la acción de tutela como medio para eludir el
cumplimiento de los deberes u obligaciones[33];
(b) cuando se
discute controversias de orden económico[34];
(c) cuando se
discuten controversias sobre la modificación de bienes de uso común o sobre la
utilización general del edificio[35] y;
(d) cuando la
acción versa sobre controversias de rango legal, sin que estén comprometidos
derechos fundamentales[36].
3.3.3.3.2. En relación con los nuevos mecanismos para
resolver controversias consagrados en la Ley 675 de 2001 y en las demás
disposiciones que la complementan, este Tribunal ha tenido ocasión de
pronunciarse frente a la acción de impugnación contra las decisiones adoptadas
por la asamblea general de propietarios, prevista en el artículo 49 de la
citada ley.
En este sentido, en la Sentencia T-717 de 2004, al
revisar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de una acción de tutela
interpuesta en contra de una determinación adoptada por la asamblea de
propietarios de un conjunto residencial, mediante la cual se nombró como
miembros del consejo de administración a
los integrantes de la plancha que había obtenido la mayoría de los votos,
excluyendo de la adjudicación de vacantes a los integrantes de la de aquella
que quedó en segundo lugar, esta Corporación estableció que el mecanismo principal de protección de los derechos
cuyo amparo se solicitaba era la acción de impugnación, con el señalamiento de
la siguiente excepción:
(…) En situaciones
particulares, la acción ordinaria prevista por la legislación puede no
resultar eficaz para la protección de los derechos fundamentales que
son transgredidos por quienes ejercen la administración y dirección de un bien
sujeto al régimen de propiedad horizontal, tales como las Juntas
Administradoras, Consejos Administrativos, Asambleas de Copropietarios o
cualquier otro órgano que detente la dirección o administración de la
copropiedad[37].
La tutela resultará procedente entonces, previa verificación de que el
medio de defensa judicial, apreciado en concreto en cuanto a su eficacia y
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante, no resulta
idóneo para lograr a través de él la protección del derecho fundamental.
(subrayas fuera de texto)
Obsérvese como, siguiendo la misma regla general de
procedencia prevista en el artículo 86 del Texto Superior y separándose de la
línea expuesta en los fallos precedentes, esta Corporación señaló que frente a
los otros mecanismos de defensa judicial, como ocurría en dicho caso con la
acción de impugnación, el juez de tutela debe observar con sumo cuidado si
dicho medio cumple con los requisitos de idoneidad y eficacia necesarios para
asegurar un amparo integral, en relación con los derechos fundamentales
comprometidos.
3.3.3.4. En este orden de ideas, del conjunto de
precedentes expuestos sobre la materia, tanto con anterioridad como con
posterioridad a la expedición de la Ley 675 de 2001, encuentra la Sala que es
posible plantear unas reglas específicas de procedencia de la acción de tutela,
en los casos en que se controvierten decisiones de la asamblea general de
propietarios o del consejo de administración, que agrupen el desarrollo
jurisprudencial expuesto.
Así, en primer lugar, el amparo constitucional tan
sólo se convierte en un  mecanismo principal de protección, cuando se gestiona
la salvaguarda de derechos fundamentales como el debido proceso[38], la libertad de locomoción[39] o la dignidad humana[40], siempre que el otro medio de defensa judicial no
resulte idóneo y eficaz para tal fin. En caso contrario, como lo ha admitido la
Corte a partir de la lectura del artículo 86 del Texto Superior y del artículo
6.1 del Decreto 2591 de 1991, es preciso examinar si dicho medio resulta lo
suficientemente expedito para evitar un perjuicio irremediable, pues de lo
contrario la acción de tutela tan sólo prosperaría como mecanismo transitorio
de defensa judicial.
En segundo lugar, cuando la controversia se limita a
simples juicios de legalidad sobre el alcance de los reglamentos de propiedad
horizontal, o sobre el cumplimiento de las obligaciones propias de dicho
régimen, o cuando la discrepancia tiene que ver con aspectos exclusivamente de
orden económico o de uso de los bienes de la copropiedad, en criterio de la
Corte, los medios ordinarios de defensa judicial, entre ellos el procesos
verbal sumario o el proceso abreviado, son los llamados a servir como vías
judiciales de solución.
3.3.3.5. En el caso sometido a revisión, el asunto que
da pie a la interposición de la solicitud de amparo no se refiere a una mera
controversia legal, o a una simple discrepancia económica, o a una pretensión
dirigida a incumplir con los deberes y obligaciones de la copropiedad. Se trata
de una disputa en la que se cuestiona una decisión adoptada por la mayoría (la
modificación del manual de convivencia) que puede afectar los derechos
fundamentales de la accionante a la libertad de locomoción, al libre desarrollo
de la personalidad y a la intimidad familiar y personal. Existe un problema
jurídico de relevancia constitucional, en donde se busca determinar si la
decisión de la Asamblea General de Propietarios de prohibir el transporte de
mascotas en el ascensor del conjunto residencial, vulnera los derechos
fundamentales previamente mencionados.
Al analizar los mecanismos contemplados en la Ley 675
de 2001 para resolver las disputas que se suscitan en torno a la propiedad
horizontal, en primer término, encuentra la Sala que no es viable exigirle a la
accionante que agote los mecanismos alternativos de resolución de conflictos,
ni que acuda al proceso verbal sumario, pues en este caso no se pretende dar
fin a un conflicto originado entre propietarios, o entre ellos y el
administrador o el consejo de administración, sino lo que se evidencia es la
necesidad de eliminar una decisión que se incluyó en una norma del manual de
convivencia y cuyos efectos pueden ser lesivos de los derechos fundamentales
cuya protección se invoca.
Tampoco es procedente el proceso policivo por tenencia
de ejemplares caninos, por una parte, porque no es un mecanismo de defensa
judicial sino una actuación de contenido eminentemente administrativo[41] y, por la otra, porque la pretensión y el objeto del
amparo si bien están relacionadas con una mascota, no se circunscriben a un
problema de tenencia, sino a una disputa sobre el alcance de una decisión de
carácter general, o lo que es lo mismo, una norma a través de la cual se
prohíbe el uso de los ascensores comunes para su transporte.
Por lo tanto, en el caso objeto de estudio, el único
mecanismo ordinario que podría resultar aplicable para la resolución de la
controversia planteada es la acción de impugnación de las decisiones adoptadas
por la Asamblea General de Propietarios, a través del proceso abreviado[42]. No obstante, esta alternativa tampoco resulta idónea
para la resolución del conflicto, en primer lugar, porque el ejercicio de la
citada acción, en los términos del artículo 49 de la Ley 675 de 2001, tiene
como objetivo impugnar las decisiones de las asambleas por desconocer las
prescripciones legales o el reglamento de la propiedad horizontal[43], mientras que, en el asunto sub judice, el
problema jurídico sometido a revisión se enfoca en una disputa directa de
naturaleza constitucional, por virtud de la cual –como ya se dijo– se cuestiona
si la decisión adoptada por la mayoría (a través de la aprobación de una norma
que modifica el manual de convivencia) puede afectar los derechos fundamentales
de la actora a la libertad de locomoción, al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad familiar y personal. Y, en segundo lugar, porque
existe un elemento apremiante que justifica la intervención del juez
constitucional, como lo es el hecho de que se prevea la imposición de una
sanción equivalente al 50% del valor de la cuota ordinaria de administración,
lo que exige verificar la validez constitucional de la decisión adoptada, en
especial cuando de por medio se encuentra el respeto al contenido de derechos
de rango iusfundamental.
En
consideración a lo anteriormente planteado, la Sala concluye que la presente
acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, por lo que antes de
iniciar el examen de los temas de fondo, restaría por verificar si se satisface
o no el principio de inmediatez.
3.3.4. Principio de inmediatez
La procedibilidad de la acción de tutela también exige
que su interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a
partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, de manera que el amparo constitucional no se convierta en un
factor de inseguridad jurídica y de posible afectación de los derechos de
terceros[44]. Este requisito ha sido identificado por la
jurisprudencia como inmediatez[45].
En criterio de este Tribunal, si con la acción de
tutela se busca la protección inmediata de los derechos fundamentales,
es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia
de la amenaza o violación de dichos derechos. Una actuación en sentido
contrario, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción,
pues cuando el accionante no actúa con prontitud en la solicitud del amparo, se
infiere que éste no requiere de una protección urgente, efectiva e inmediata[46].
En la acción sometida a revisión, la Asamblea General
de Propietarios votó favorablemente las normas de convivencia de la propiedad
horizontal el 17 de diciembre de 2011 y el acta fue protocolizada el 16 de
marzo de 2012, mientras que la acción de tutela fue radicada el 11 de mayo del
año en cita. De ahí que, como se observa, transcurrieron menos de seis meses
entre el momento de la interposición de la solicitud de amparo y la expedición
de la norma que presuntamente vulnera los derechos fundamentales de la accionante.
A juicio de esta Corporación, dicho término resulta razonable y, por lo tanto,
acorde con el requisito de inmediatez.
3.3.5. En consecuencia, este Tribunal encuentra
satisfechos todos los requisitos de procedencia de la acción de amparo
constitucional, por lo que se procederá al estudio de las demás materias
necesarias para poder emitir un pronunciamiento de fondo.
3.4. Del régimen de propiedad horizontal y de las
sanciones que puede contener el reglamento de propiedad horizontal o en las
manuales de convivencia. Reiteración de jurisprudencia
3.4.1. Esta Corporación, en la Sentencia C-318 de
2002, realizó un breve recuento del origen y de la razón de ser del régimen de
la propiedad horizontal, con ocasión del examen de varios artículos de la Ley
675 de 2001. Al respecto, la Corte señaló que la regulación sobre esta materia
nació como consecuencia de los acontecimientos y la destrucción de inmuebles
acaecida el 9 de abril de 1948, con el propósito no sólo de facilitar la
reconstrucción de los bienes arruinados, sino también de proveer viviendas a
aquellas personas que migraron a las zonas urbanas, en respuesta al proceso de
industrialización del país.
En desarrollo de lo expuesto, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 1286 de 1948, con el fin de incentivar la construcción de
edificios de varios niveles, lo que condujo al desarrollo de otras formas de
edificación diferentes a la individual y a un uso más eficiente del suelo. Más
adelante, el citado decreto se convirtió en la Ley 182 de 1948, “sobre el
régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio.”
Con la promulgación de la mencionada ley, se reguló la
propiedad horizontal y se buscó dar respuesta a varios interrogantes que
surgieron de la nueva forma de construcción, en especial en lo referente a la
convivencia cotidiana de las personas que comparten bienes y servicios comunes.
En este orden de ideas, como primera medida, se determinó que la propiedad de
las zonas comunes era de la comunidad, de manera que “cada propietario será
dueño exclusivo de su piso o departamento, y comunero en los bienes afectados
al uso común.”[47]Así mismo se instituyó que para la administración de
las zonas comunes, los propietarios de los diversos pisos podrían constituir
una sociedad o redactar un reglamento de copropiedad donde se establezcan sus
derechos y obligaciones.
No obstante, ante la complejidad del tema, el Congreso
de la República expidió la Ley 16 de 1985, que modificó la normatividad de la
propiedad horizontal. Para tal efecto, esta última se definió como “una
forma de dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o particular
determinadas partes de un inmueble y sujeta las áreas de éste destinadas al uso
o servicio común de todos o parte de los propietarios de aquéllas al dominio de
la persona jurídica que nace conforme con las disposiciones de esta ley”. Así
las cosas, en cuanto a la propiedad común, como se infiere de lo expuesto, se
determinó que su administración estaría a cargo de una  persona jurídica
diferente a los propietarios de bienes privados[48], lo que condujo a una modificación de su naturaleza
respecto de la Ley 182 de 1948, en donde se acudía a la figura de la comunidad.
Ambos regímenes mantuvieron su vigencia, con ocasión de lo establecido en el
artículo 10° de la citada Ley 16 de 1985[49].
Como respuesta a los diferentes inconvenientes que
surgieron por la  existencia de los dos regímenes expuestos, se expidió la ya
mencionada Ley 675 de 2001, “Por medio de la cual se expide el régimen de
propiedad horizontal”. Este nuevo régimen normativo derogó las Leyes 182 de
1948, 428 de 1998[50] y 16 de 1985. Como novedad creó un sólo régimen de
propiedad horizontal, con una única modalidad de administración de los bienes
comunes, previa preservación de la personalidad jurídica autónoma de la
copropiedad.
En la Sentencia C-318 de 2002, al pronunciarse sobre
una demanda que buscaba la participación de los tenedores en el régimen de
propiedad horizontal, esta Corporación explicó que “el derecho de dominio
sobre los bienes comunes nace directamente del derecho que adquirieron los
propietarios de los bienes privados. Es decir, de la propiedad de los bienes
privados deviene el derecho de dominio de los bienes comunes, con todas las
consecuencias que ello significa”[51]. Por esta
razón, es claro que la propiedad sobre un bien en una edificación involucra la
coexistencia de dos derechos: el primero correspondiente a un área privada
determinada y, el segundo, que comprende la propiedad colectiva sobre las áreas
comunes, de las cuales son copropietarios los titulares de las citadas áreas
privadas[52].
3.4.2. En cuanto a la administración o manejo de la
copropiedad, como se indicó anteriormente, en la Ley 182 de 1948 se dijo que la
propiedad horizontal podía ser administrada por una sociedad y que, en caso de
que la misma no se conformara, se debía expedir un reglamento en donde se
precisaran los derechos y obligaciones de los copropietarios[53]. Con el cambio de normatividad, esto es, con la
expedición de la Ley 675 de 2001, dicha propiedad se debe canalizar a través de
una persona jurídica autónoma, que nace con la inscripción de la escritura
pública del reglamento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos[54]. El reglamento, como se establece en la ley, “regula
los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o
conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal.”[55]
Ahora bien, la citada Ley 675 de 2001, en el artículo
38, dispone que le corresponde a la Asamblea General de Propietarios aprobar
las reformas al reglamento de la propiedad horizontal. Dicha asamblea está
compuesta por la totalidad de los propietarios de los bienes privados, o por
sus representantes, los cuales tendrán derecho a participar en la deliberación y
a votar en las decisiones que se adopten. Al ser la máxima autoridad de la
copropiedad, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la
Constitución y en la ley, sus determinaciones serán de obligatorio cumplimiento
para todos los copropietarios, incluyendo a quienes sean disidentes o a quienes
no estuvieron presentes en la votación[56].
En todo caso, en la Sentencia C-522 de 2002, esta Corporación
señaló que el valor del voto de cada propiedad individual depende del tipo de
decisiones que se pretenden adoptar por la Asamblea General Propietarios. Así
lo dispuso al condicionar la exequibilidad del parágrafo 2º del artículo 37 de
Ley 675 de 2001, conforme al cual: “el voto de cada propietario equivaldrá
al porcentaje del coeficiente de propiedad del respectivo bien privado”, enel
entendido que: “cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda, el voto de
cada propietario equivaldrá al porcentaje de coeficiente de propiedad del
respectivo bien privado, sólo para las decisiones de contenido económico
conforme a lo expresado en la parte motiva de la sentencia”. Al respecto,
expresamente indicó que:
“La Corte Constitucional
considera importante resaltar que en las asociaciones de copropietarios de
bienes inmuebles destinados a la vivienda se toma múltiples decisiones que no
responden a la regla económica del equilibrio entre derecho y deberes sino que
se encuentran vinculados al diario vivir y que definen las reglas de la
convivencia entre los habitantes de un conjunto residencial tales como: la
tenencia de mascotas, el uso de los ascensores, y parques, reglas para el
acceso a los apartamentos, personal autorizado para ingresar y circular, el
ingreso del personal de servicios a domicilio, el horario para realizar
trasteos, el uso del salón comunal, etc. son decisiones que limitan los
derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad o el derecho
a la intimidad que no comprometen el patrimonio de los copropietarios y, por
ello, la votación no debe definirse a partir del coeficiente de propiedad sino
de la participación de cada propietario en igualdad de condiciones: un voto por
cada unidad privada”.
3.4.3. En cuanto a los manuales de convivencia se ha
reconocido que su origen corresponde a una decisión autónoma de la Asamblea de
Propietarios, a través de la cual se establecen el conjunto de derechos,
obligaciones y deberes de los residentes de una copropiedad, cuyo origen
deviene de los artículos 2° y 3° de la Ley 675 de 2001, que obligan a que en
los reglamentos de propiedad horizontal se propenda por el establecimiento de
relaciones pacíficas y de solidaridad social entre los copropietarios y
tenedores. Los manuales de convivencia, en términos prácticos, son una parte
del reglamento de la copropiedad.
3.4.4. Ahora bien, como los reglamentos y las manuales
de convivencia pueden contener reglas que afectan derechos fundamentales, la
Corte ha establecido que la potestad de regulación de las Asambleas de
Propietarios se encuentra limitada por la Constitución y la ley.[57] Precisamente, en la Sentencia T-555 de 2003, se
estableció que: “a pesar de que la decisión de la Asamblea de Copropietarios
haya sido adoptada respetando ciertos procedimientos y sistemas de mayorías,
resultaría inaplicable si contrariase, por ejemplo, los derecho fundamentales a
la igualdad, la libre locomoción, el derecho al trabajo o las libertades económicas.
En igual sentido, carecería de efectos jurídicos una delegación en tal sentido,
y por supuesto, la ejecución de la misma por el órgano correspondiente.”[58]
3.4.5. En cuanto al tipo de sanciones que se pueden
imponer a los residentes de una copropiedad, teniendo en cuenta el asunto
sometido a decisión, es preciso señalar que el artículo 59 de la Ley 675 de
2001 se refiere a aquellas que se derivan del incumplimiento de obligaciones no
pecuniarias. Puntual-mente, se dice que:
“Clases de
sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. El
incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en
la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, por parte de los
propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban responder en los
términos de la ley, dará lugar, previo requerimiento escrito, con indicación
del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si
a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones:
1. Publicación en lugares de
amplia circulación de la edificación o conjunto de la lista de los infractores
con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción.
2. Imposición de multas
sucesivas, mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores,
cada una, a dos (2) veces el valor de las expensas necesarias mensuales, a
cargo del infractor, a la fecha de su imposición que, en todo caso, sumadas no
podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del
infractor.
3. Restricción al uso y goce de
bienes de uso común no esenciales, como salones comunales y zonas de recreación
y deporte.
Parágrafo. En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes
comunes esenciales o de aquellos destinados a su uso exclusivo.”
La imposición de dichas sanciones debe respetar el derecho
al debido proceso, conforme se establece en el artículo 60 de la citada ley, en
los siguientes términos:
“Artículo
60. Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la
asamblea general o por el consejo de administración, cuando se haya creado y en
el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad. Para
su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de
propiedad horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa y
contradicción e impugnación. Igualmente deberá valorarse la intencionalidad del
acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes, y
se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de
acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia.
Parágrafo. En el reglamento de propiedad horizontal se indicarán
las conductas objeto de la aplicación de sanciones, con especificación de las
que procedan para cada evento, así como la duración razonable de las previstas
en los numerales 1° y 2° del artículo precedente, de la presente ley.”
En la Sentencia T-108 de 2005, esta Corporación se
pronunció sobre los límites que tienen las Asambleas Generales para establecer
sanciones en el reglamento de propiedad horizontal, con ocasión del estudio de
una acción de tutela instaurada por los propietarios de un apartamento a los
cuales la administración del conjunto les informó que crearía una agenda que
diera cuenta del comportamiento de los niños y, con fundamento en ello,
impondría sanciones equivalentes a 25 salarios mínimos cada vez que se
recibiera una queja por parte de los guardas de seguridad. Aun cuando la Corte
indicó que no había vulneración a los derechos fundamentales, sí reconoció un
conjunto de restricciones al momento de ejercer la atribución sancionatoria.
Sobre este particular, dijo que:
“(…) la adopción de correctivos
debe guardar relación directa con los objetivos del régimen de propiedad
horizontal y nunca puede considerarse como suficiente el simple hecho de que
esté prevista en el manual de convivencia, aunque la Asamblea General goza de
un amplio margen de apreciación al momento de aprobar los reglamentos internos.
En otras palabras, toda sanción demanda parámetros de razonabilidad de
tal manera que persiga un fin legítimo, sea idónea para su realización y no se
refleje como desproporcionada en términos de costo-beneficio.”[59]
Adicionalmente, indicó que:
“[Sólo] pueden ser objeto de
sanción aquellas conductas que atiendan parámetros de proporcionalidad y
razonabilidad y guarden relación directa con la seguridad o la armónica
convivencia de los residentes. Por tal motivo, aun cuando es cierto que no se
ha impuesto ninguna multa, la Corte hace un llamado a la administración del
Conjunto Residencial para que en el evento de adelantar un proceso sancionatorio
solamente tenga en cuenta aquellas conductas relevantes para los intereses de
la comunidad e inaplique las sanciones que se refieran a cuestiones
individuales, aún si están previstas en el reglamento de copropiedad.”
En el mismo sentido, en la
Sentencia T-035 de 1997 se estableció que:
“[El] citado reglamento
constituye un negocio jurídico mediante el cual las partes, en condiciones de
igualdad, pactan libremente las estipulaciones correspondientes y deciden sobre
los derechos disponibles, como a bien tengan. Sin embargo, las características
propias del mismo y la circunstancia de que en él se pueden comprometer
derechos constitucionales fundamentales obliga a señalar que las mencionadas
estipulaciones tienen que sujetarse a unas reglas mínimas de proporcionalidad,
razonabilidad y objetividad, ajustadas a los mandatos constitucionales a fin de
garantizar la convivencia pacífica entre copropietarios y vecinos, ante el goce
legítimo de los derechos que en la comunidad se ejercitan, para así
armonizarlos de manera que el ejercicio de los derechos de unos se limite por
el ejercicio de los demás.
Por lo tanto, el contenido del
reglamento de copropiedad no podrá ir más allá de la regulación de los derechos
que exige el mantenimiento de la comunidad, de aquello que resulte necesario
para su existencia, seguridad y conservación, y con las limitaciones
mencionadas; así las cosas, no podrán ser oponibles, por virtud del mismo,
cláusulas relativas a derechos que no trascienden el ámbito de lo privado y que
por tanto forman parte del núcleo esencial de derechos como la intimidad o la
autonomía privada, sobre los cuales se admiten excepciones cuando entran en
conflicto con los derechos de los demás o el orden jurídico. A contrario sensu,
los derechos que trascienden ese espacio íntimo pueden ser objeto de regulación
más amplia, siempre bajo los parámetros que imponen los principios y valores
del ordenamiento constitucional.
Esos límites procuran evitar
que en las decisiones que se adopten en la asamblea general de copropietarios
se violen los derechos de las minorías a través de la votación impositiva de la
mayoría.”
3.4.6. Por consiguiente, no cabe duda que los
reglamentos de propiedad horizontal y los manuales de convivencia constituyen
un acto de voluntad de la Asamblea General, como resultado del ejercicio del
derecho a la propiedad de sus integrantes. Los deberes, obligaciones, derechos
y sanciones que en ellos se incluyan deben estar acordes con la Constitución y
la ley, en especial con los derechos fundamentales de aquellos que se ven
cobijados por sus normas. En cuanto el alcance de las sanciones, es preciso
señalar que ellas deben atender a los parámetros de razonabilidad y
proporcionalidad, previa determinación de un fin legítimo que las justifique.
3.5. De la tenencia de mascotas como expresión de los
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad
3.5.1. Inicialmente se hará un breve resumen de las
providencias en la cuales esta Corporación se ha pronunciado sobre la tenencia
de mascotas. Así, en un primer momento, en la Sentencia T-035 de 1997, la Corte
estudió dos expedientes de tutela en donde los accionantes consideraban que sus
derechos estaban siendo vulnerados, por las decisiones que las autoridades
demandadas tomaron en relación con sus mascotas. En el primer caso, se alegaba
la violación del derecho al debido proceso, con ocasión de la determinación
adoptada por un inspector de policía de ordenar el retiro de los perros de la
accionante para reubicarlos en otro lugar distinto a su lugar de residencia, a
partir de una querella por perturbación a la posesión interpuesta por uno de
sus vecinos. En el segundo, se estudió la solicitud de amparo presentada por un
copropietario, quien consideró que sus derechos fundamentales a la propiedad
privada y al mínimo vital estaban siendo vulnerados, por las multas impuestas
por la administración originadas en la tenencia de un perro en su apartamento.
Luego de limitar el alcance de su decisión a los
animales que normalmente conviven bajo la dependencia del hombre, excluyendo el
examen de los animales domesticados o bravíos; esta Corporación señaló –por
primera vez–  que la tenencia de animales domésticos supone el ejercicio de los
derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad
personal y familiar, los cuales son objeto de protección y garantía jurídica.
En relación con el libre desarrollo de la
personalidad, este Tribunal sostuvo que se trata de un derecho cuyo contenido
implica la posibilidad que tiene todo individuo de desarrollarse según sus
propias aptitudes y capacidades, sin restricciones ajenas y adicionales a las
contempladas por el ordenamiento jurídico. De ahí que, se entiende que se
configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide, de
forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar
y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia[60].Para la Corte, una prohibición que conduzca a negar
la posibilidad de escoger si se tiene o no una mascota implica una violación
del citado derecho, pues se considera que la tenencia de animales domésticos,
en muchos casos, corresponde al plan de vida de una persona, al constituir
móviles a través de los cuales se expresa el cariño y la compañía en grado
quizás igual o superior al de un integrante de una familia o de un núcleo
social.
En cuanto a la intimidad personal y familiar (CP art.
15), la Corte señaló que se trata de un derecho cuya principal finalidad es
resguardar un ámbito de vida privada o familiar, excluido del conocimiento
ajeno y de cualquier tipo de intromisiones, sin el consentimiento de su
titular. Por esta razón se ha dicho que su núcleo esencial se encuentra en la
existencia de un espacio “inmune a intromisiones externas”[61]. En criterio de este Tribunal, se presenta un
desconocimiento del citado derecho, cuando se imponen restricciones o
limitaciones externas desproporcionadas e injustificadas, como lo sería la
prohibición de tenencia de mascotas.
Sin embargo, a juicio de esta Corporación, el
ejercicio de los citados derechos también admite limitaciones, básicamente por
la necesidad de respetar los derechos de las demás[62] y de mantener una coexistencia armónica y pacífica
entre los copropietarios. Entre las restricciones que se pueden imponer a la
tenencia de mascotas, se destacaron las siguientes:
“[El] respeto a las condiciones
de protección de los animales (…) Ley 84 de 1989, las cuales están encaminadas
a garantizar la vida, la promoción de la salud y el bienestar de los animales.
Esas hacen referencia al deber de cuidado en cuanto a sus necesidades de
movilidad, luminosidad, aireación, aseo e higiene o de abrigo, suministro de
bebida y alimento, así como de medicinas y cuidados indispensables para
mantener al animal con buena salud y sin enfermedades, a efecto de garantizar
su integridad física y mantenerlos en condiciones apropiadas para la
convivencia respectiva.
[Por otra parte] la asamblea
general de copropietarios [puede] exigir del propietario del animal doméstico
una conducta determinada que lo proteja y que garantice las condiciones ya
señaladas y que, al mismo tiempo, asegure la tranquilidad de los vecinos, como
por ejemplo, establecer un control al número de animales que puedan albergarse
en el lugar de habitación el que serán ubicados, así como, requerir a los
propietarios otorgarles la debida atención, y la adopción de medidas que
aseguren que la permanencia de los mismos en la copropiedad no resulte abusiva,
peligrosa ni molesta.
Es evidente que la presencia de
un animal en un sitio residencial y concretamente en el edificio sometido al
régimen de propiedad horizontal puede ocasionar perturbaciones de diferente
índole con respecto a los copropietarios del inmueble. Empero, para ello el
propietario del animal estará en la obligación de adoptar los precauciones
necesarias que impidan dichas perturbaciones o las medidas correctivas del caso
(v.g. el uso de bozales y cadenas, el suministro de una adecuada educación, la
limpieza de los lugares usados por los animales, etc.), exigibles por la
asamblea general o las personas que la representen, siendo el propietario de la
mascota el responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar por su
culpa, negligencia, acción u omisión.”
Con fundamento en los argumentos expuestos, en el
primer caso, la Corte denegó el amparo, pues adujo que la acción de tutela no
era procedente al incumplir con el requisito de subsidiariedad, ya que estaba
pendiente la decisión del recurso de apelación con respecto a la providencia
del inspector de policía de ordenar el retiro de los perros de la accionante de
su lugar de residencia. En cuanto segundo, la Corte concedió el amparo y
estableció que la multa impuesta conculcó los derechos mencionados, esto es,
los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y
familiar, “toda vez que la medida implicó una sanción pecuniaria por el
ejercicio de derechos garantizados en la Carta Política, razón por la cual
dicha estipulación es ineficaz, aun cuando haya sido adoptada por mayoría en la
asamblea general de copropietarios”. En este orden de ideas, se expuso que:
“La Sala estima que si bien la
asamblea hizo mención en cuanto a la imposibilidad de prohibir la tenencia de
animales domésticos, e intentó redefinir el sustento para el cobro de la “cuota
extraordinaria obligatoria”, la naturaleza sancionatoria con que se implantó se
mantiene en la decisión adoptada en el Acta No. 20 del 12 de marzo de 1994,
como se concluye del estudio del expediente.
En cuanto a lo anterior, la
Sala insiste en que la tenencia de animales domésticos en el inmueble de los
actores, sometido al régimen de propiedad horizontal, no conlleva de manera
alguna a infringir dicho régimen, por lo cual esta actuación no podía dar lugar
a la imposición de sanciones pecuniarias por el ejercicio de un derecho sin
desconocer el ordenamiento constitucional superior en la medida en que
vulneraría los derechos fundamentales ya señalados y, por lo tanto, ser estos
susceptibles de protección mediante la vía de la acción de tutela.”
3.5.2. Con posterioridad, en la Sentencia T-874 de
2001, la Corte estudió una tutela interpuesta en contra de una propietaria de
un perro de raza pitbull que residía en el mismo barrio de la actora. Para la
accionante, el perro era una amenaza para sus hijos pues era paseado sin correa
o bozal y había atacado a la mascota de la familia y a su hija. En los
considerandos del fallo, esta Corporación reiteró que la tenencia de animales
domésticos en el lugar de residencia debe se entendido como un ejercicio de los
derechos al libre de la personalidad y a la intimidad personal y familiar[63]. No obstante, en palabras de la Corte, ello no es
óbice para que se cumplan las normas de convivencia y se asuma la
responsabilidad por los daños o perjuicios que se lleguen a derivar por su
incumplimiento[64]. Al examinar el caso concreto, se otorgó el amparo
solicitado, ya que se acreditó que el demandado no cumplía con las normas
territoriales para la conducción de caninos de raza pitbull (Decreto 1068 de
2000), por lo que se ordenó a su propietaria tomar las medidas necesarias para
no incurrir en actos de perturbación frente a sus  vecinos, al tiempo que se le
impuso el cumplimiento irrestricto de la regulación contemplada sobre la
materia.
3.5.3. Más adelante, en la Sentencia T-595 de 2003,
este Tribunal conoció de una acción de tutela interpuesta por la administradora
de un edificio en la ciudad de Santa Marta, la cual solicitó la protección de
su derecho fundamental al trabajo. La controversia se enfocó en que los
demandados (propietarios de una unidad residencial donde trabajaba) eran
poseedores de un perro, el cual la había agredido en varias oportunidades
causándole lesiones y traumatismos, circunstancia que le impedía volver a
desempeñar sus labores. Luego de una exhaustiva revisión de las pruebas
aportadas y de un cuidadoso análisis de la procedencia de la acción, la Corte
concluyó que el perro sí había agredido a la accionante, por lo que concedió el
amparo y ordenó a sus propietarios que cumplieran lo estipulado en los
artículos 108-A al 108-I del Código Nacional de Policía.
3.5.4. Recientemente, en la Sentencia C-439 de 2011,
este Tribunal se pronunció sobre constitucionalidad de una norma que prohibía
el transporte de animales en vehículos de transporte público[65]. En la citada providencia, la Corte reiteró que la
tenencia de mascotas constituye una expresión del ejercicio de los derechos al
libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, cuya
limitación es posible en términos de razonabilidad y proporcionalidad[66].
Al adelantar el examen de la disposición cuestionada,
esta Corporación evidenció que existía una tensión entre la finalidad
perseguida por el transporte público y el reconocimiento de la igualdad,
autonomía, intimidad y dignidad de las personas, en función de la decisión de
transportar sus mascotas. Para resolver dicha tensión se acudió al juicio de
proporcionalidad, en el que se encontró que, en primer lugar, la prohibición
demandada se ajustaba a un fin constitucionalmente válido, consistente en
permitir que los pasajeros puedan acceder al servicio de transporte público en
condiciones de seguridad, salubridad y comodidad; y en segundo lugar, que dicha
prohibición no superaba el juicio de necesidad, en la medida en que existían
otros mecanismos menos onerosos para asegurar la satisfacción de ese mismo fin[67].
Al respecto, este Tribunal advirtió que la seguridad y
salubridad de los pasajeros, se ve protegida cuando los dueños de las mascotas
cumplen con los requisitos establecidos en la ley para asegurar su debida
tenencia[68], como lo son cumplir con las reglas de vacunación,
hacer uso de bozales y correas, etc. En cuanto a la comodidad en el transporte
de pasajeros, se observó que su examen debía hacerse en atención a las
diferentes tallas y características de los animales domésticos y al modo de
transporte automotor, por lo que no cabía la imposición de una prohibición
absoluta sin consideración a dichos elementos[69].
Por último, la Corte
también encontró que la prohibición demandada desconocía el derecho a la
igualdad y la libertad de locomoción de quien se veía en la necesidad de
transportarse con su mascota. Por ello, declaró la exequibilidad de la expresión “ni animales” contenida en el
artículo 87 de la Ley 769 de 2002 “bajo el entendido que se exceptúan de
dicha prohibición los animales domésticos siempre y cuando sean tenidos y
transportados en condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y
tranquilidad según las reglas aplicables.”
3.5.5. El último precedente sobre la materia se
encuentra en la Sentencia          T-155 de 2012, en la que se solicitó el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al libre desarrollo de
la personalidad y a la intimidad personal y familiar, los cuales fueron
presuntamente vulnerados por la decisión de la administración del conjunto
residencial donde habitaba el accionante, consistente en expulsar a su perro de
raza rottweiller en un término de cinco días, por ser potencialmente peligroso,
sin que se hubiese surtido la posibilidad de controvertir la decisión.
En este caso, se reiteró que la tenencia de mascotas
constituye un ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad
y a la intimidad personal y familiar. No obstante, igualmente se estableció que
al tratarse de una “raza potencialmente peligrosa”, se debía hacer un estudio
más riguroso en cuanto a las atribuciones de las asambleas de copropietarios,
en especial en lo referente a la posibilidad de adoptar medidas para evitar los
riesgos de que terceras personas sean atacadas por dicho perro.
Bajo esta perspectiva, la Corte resolvió que si bien
existen otras medidas que se pueden utilizar para evitar el riesgo que genera
una raza potencialmente peligrosa, como los es el uso del bozal, la correa o
cerciorarse de que efectivamente el animal esté vacunado, las mismas no son tan
eficaces para proteger los derechos a la vida o a la integridad personal de los
residentes de un conjunto residencial.
Por esta razón, esta Corporación concluyó que la
Constitución no prohíbe que las copropiedades limiten el derecho de tenencia de
perros potencialmente peligrosos, bajo el entendido de que dicha decisión se
adopta para garantizar la convivencia tranquila de la comunidad, con sujeción a
los siguientes requisitos: “(i) debe estar contemplada en el reglamento de la
copropiedad, (ii) sustentada en el incumplimiento, por parte del copropietario
o arrendatario, de las normas [previstas] para efectos de tener una mascota al
interior de la misma; y (iii) sólo puede ser adoptada como la última ratio.”
Estas exigencias, en criterio de la Corte, permiten lograr un equilibrio
entre los derechos del tenedor de la mascota y las atribuciones que tiene la
asamblea general de propietarios.
Adicionalmente, en caso de que se imponga la sanción,
es necesario respetar el derecho al debido proceso por medio de la observancia
de las siguientes medidas: (i) no puede disponerse la expulsión del perro
potencialmente peligroso sin que se haya desconocido la normatividad vigente;
(ii) se debe respetar el derecho de contradicción mediante el otorgamiento de
un tiempo prudente para dar respuesta; y (iii) la decisión debe ser adoptada
por un órgano independiente e imparcial.
Al revisar el caso concreto, la Corte concluyó que
efectivamente se le había vulnerado el derecho al debido proceso al accionante,
básicamente por no haberle concedido un espacio para controvertir la decisión,
por lo que se concedió el amparo y se dejó sin efectos la decisión de
expulsión.
3.5.6. Luego del recuento jurisprudencial realizado,
esta Sala encuentra que la tenencia de una mascota involucra el ejercicio de
los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la
intimidad personal y familiar, incluso –en algunos casos– toca aspectos
referentes a la protección y defensa del derecho a la igualdad y a la libertad
de locomoción, como se evidenció en la Sentencia C-479 de 2011. Para la Corte,
la tenencia de un animal doméstico encuentra limitaciones en los derechos de
los demás copropietarios, de manera que se deben cumplir con aquellas
exigencias que se prevén para su transporte y cuidado en el ordenamiento
jurídico, tales como el uso de bozales y cadenas, al tiempo que se aseguran sus
condiciones de alimentación, movilidad, luminosidad, aseo, abrigo e higiene.
Por lo demás, se admite que las asambleas de
copropietarios establezcan restricciones para regular su tenencia, siempre que
tengan como finalidad garantizar la convivencia pacífica y tranquila de la
comunidad y se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La
validez y eficacia de dichas limitaciones igualmente responde al tipo de
mascota sobre la cual se imponen las normas de la copropiedad, por lo que
incluso es posible llegar a prohibir la tenencia de razas potencialmente
peligrosas, si dicha medida se implementa como última ratio.
3.6. Análisis del caso concreto
3.6.1. En el asunto sometido a revisión, la Sala se
pronunciara sobre la solicitud de amparo de la propietaria de una mascota que
vive en un conjunto residencial, la cual estima que sus derechos fundamentales
al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal están siendo
vulnerados, por la decisión que adoptó la Asamblea General de prohibir el uso
de los ascensores comunes para su transporte, excepto cuando sirvan de guía al
propietario. De acuerdo con el artículo 50 del Manual de Convivencia, el
incumplimiento de esta prohibición genera la imposición de una multa del 50%
del valor de la cuota mensual de expensas comunes ordinarias.
En palabras de la accionante, si bien es cierto que la
normatividad vigente, específicamente el Código Nacional de Policía, se refiere
al transporte de mascotas en los ascensores, no existe una prohibición expresa
al respecto, de manera que la decisión del conjunto residencial carece de
fundamento jurídico. En respuesta a la acción, la Administración del Conjunto
Residencial argumentó que la prohibición sí encuentra sustento en el citado
Código de Policía y que, por ello, se ajusta a la Constitución y a la ley.
Agregó que su finalidad es salvaguardar el derecho al medio ambiente de los
copropietarios.
El juez de primera instancia concedió el amparo y
ordenó la exclusión del artículo 50 del Manual de Convivencia, por ser una
norma que limita de manera desproporcionada e irrazonable los derechos
fundamentales de la accionante. No obstante, dicha providencia fue revocada por
el juez de segunda instancia, el cual concluyó que la regulación de la tenencia
de mascotas se encuentra en cabeza la copropiedad, circunstancia que impide
desconocer su legitimidad y amparar los derechos fundamentales invocados.
3.6.2.Una vez satisfechos los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, conforme se expuso en el
acápite 3.3 de esta providencia, la Sala entrará a resolver si la prohibición
incluida en el artículo 50 del Manual de Convivencia vulnera los derechos al
libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de locomoción y a la
intimidad personal y familiar de la accionante, al ser propietaria de una
mascota, frente al derecho de autodeterminación que le asiste a la asamblea de
propietarios.
3.6.3. Como se estableció en el
acápite 3.4 de esta providencia, la atribución que tiene la asamblea general
para regular la convivencia de los habitantes de un conjunto residencial por
medio del reglamento de propiedad horizontal, se encuentra limitada por la
Constitución y la ley. Asimismo, como previamente se señaló, la posibilidad de
imponer sanciones por parte de los órganos de administración de una copropiedad
no sólo debe responder a un fin legítimo y a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, sino que también debe observar la garantía del debido
proceso.
Por lo demás, como se mencionó
en el punto 3.5 de este fallo, la tenencia de mascotas y la posibilidad de
desenvolverse con ellas en sociedad, constituye una expresión del ejercicio de
los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la
intimidad personal y familiar, incluso –en algunos casos– toca aspectos
referentes a la protección y defensa del derecho a la igualdad y a la libertad
de locomoción. La tenencia de un animal doméstico encuentra limitaciones en el
ordenamiento jurídico y en las disposiciones que se establezcan por las
asambleas de copropietarios, las cuales, se insiste, deben ajustarse a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
3.6.4. Con fundamento en lo
anterior, al igual que ha ocurrido en otras oportunidades, es claro que este
Tribunal se encuentra ante una hipótesis de tensión entre el derecho a la
autodeterminación de la asamblea de propietarios, con miras a preservar las
condiciones de salubridad y de protección al medio ambiente de los habitantes
de un conjunto residencial, frente a la salvaguarda del contenido de los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y
familiar y a la libertad de locomoción de la accionante.
3.6.5. Para efectos de resolver
esta tensión se hará uso del juicio de proporcionalidad de la medida, como
herramienta para determinar su validez y eficacia constitucional. Así las
cosas, en el presente caso, se analizará si efectivamente el artículo 50 del
Manual de Convivencia del Conjunto Residencial Pinar de la Colina II al limitar
los derechos fundamentales de la accionante (i) responde a un fin
constitucional legítimo; (ii) es adecuado, apropiado o apto para cumplir dicho
fin (idoneidad); (iii) no existe otro medio alternativo que resulte
menos oneroso frente a los derechos comprometidos (necesidad); y (iv) no
implica el sacrificio de valores y principios que tengan un mayor peso de aquél
que se pretende satisfacer con la medida (proporcionalidad en sentido
estricto)[70].
3.6.5.1. En primer lugar, en lo
que respeta a la realización de un fin constitucional legítimo, la Asamblea de
Propietarios señala que la medida tiene como propósito proteger el ambiente
sano y la convivencia pacífica de los propietarios y residentes del conjunto.
Se trata de una disposición que se origina de la atribución reconocida a la
Asamblea de disponer las reglas mínimas que permitan la coexistencia armónica
entre los copropietarios[71], cuyo objetivo resulta acorde con los mandatos
previstos en el Texto Superior, en la medida en que pretende mejorar los lazos
de convivencia de los habitantes de una unidad residencial, con sujeción al
valor de la paz y a la protección de la salubridad pública (CP arts. 2, 22 y
88).
Por lo demás, como se establece
en la ley y lo ha admitido la jurisprudencia constitucional, es claro que la
Asamblea General de Propietarios tiene la potestad de autodeterminación a la
hora de establecer los parámetros de convivencia, lo que, en principio, implica
que cuenta con la posibilidad de establecer limitaciones a los derechos de los
copropietarios, incluso cuando tienen la condición de ausentes o disidentes. De
ahí que, en criterio de la Sala, se encuentra satisfecho el primer requisito
del juicio de proporcionalidad.
3.6.5.2. En segundo lugar, es
preciso examinar si la medida es idónea para lograr la satisfacción del fin
propuesto. Sobre este punto, observa la Sala que el uso de los ascensores por
parte de las mascotas podría implicar que al tratarse de un espacio cerrado,
utilizado por los propietarios, arrendatarios y visitantes, sea ensuciado por
los olores y los desperdicios de los animales domésticos cuyos tenedores
habitan la unidad residencial. De igual manera, el uso del ascensor podría
tener la virtualidad de generar una situación de tensión para aquella persona
con temor a los perros, pues es evidente que ella se sentirá incomoda para
transportarse en un área reducida con dicho animal. En este orden de ideas, a
juicio de la Corte, no cabe duda de que dicha prohibición es apropiada y apta
para lograr el objetivo propuesto, ya que se inscribe en la lógica de proteger
la salubridad[72] y de asegurar una coexistencia armónica entre los
residentes del conjunto demandado.
3.6.5.3. En tercer lugar, se
estudiará si existen otros medios alternativos que resulten menos onerosos
frente a los derechos comprometidos (criterio de necesidad). Al
respecto, por una parte, la Sala encuentra que efectivamente existen otros
mecanismos para asegurar la salubridad y convivencia de los copropietarios,
como lo serían la posibilidad de regular los horarios en el uso de los
ascensores o la de establecer medidas de custodia que minimicen el peligro o la
incomodidad de los vecinos u otras personas en general con el transporte de los
perros, tales como el uso de bozales y/o cadenas. Incluso, en relación con los
olores, se puede solicitar a los usuarios que velen por la higiene y salubridad
de los ascensores, por ejemplo, con el uso de ambientadores.
Se trata, en términos
generales, no sólo del cumplimiento del conjunto de medidas que se encuentran
previstas en la Ley 746 de 2002, cuyo objeto es regular la tenencia de
ejemplares caninos en todo el territorio nacional, con el fin de proteger la
integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio
animal, sino también de aquellas reglas que expresa y directamente la Asamblea
General decida adoptar en términos de higiene, sanidad y custodia.
Como se observa el ordenamiento
jurídico brinda la oportunidad de acudir a un conjunto de medidas que, al mismo
tiempo que salvaguardan la salubridad y convivencia de los copropietarios,
permiten el ejercicio de los derechos fundamentales al libre de desarrollo de
la personalidad, a la intimidad personal y familiar y a la libertad de
locomoción de los tenedores de mascotas, como ocurre con la accionante. De ahí
que, una prohibición absoluta como la expuesta en el Manual de Convivencia del Conjunto
Residencial Pinar de la Colina II resulta desproporcionada, pues limita la
posibilidad real de tenencia de dichos animales, por ejemplo, en casos en los
que los residentes tengan problemas de desplazamiento con ocasión de una
discapacidad, sufran de alguna enfermedad o tengan una lesión que recomiende el
no uso de escaleras, o vivan en pisos superiores y por cuestiones de edad se
dificulte su movilidad.
De ahí que, encuentra la Sala
que la medida efectivamente no satisface el juicio de proporcionalidad, pues no
cumple con el requisito de necesidad, al existir otras alternativas menos
onerosas frente a los derechos comprometidos.
3.6.6. Así las cosas, es claro
que la restricción del uso del ascensor por parte de las mascotas es
desproporcionada y, por ello, vulnera los derechos de la accionante al libre
desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, pues
existen otras medidas alternativas que permiten garantizar las condiciones de
salubridad y convivencia de la copropiedad, las cuales pueden plasmarse en el
Manual de Convivencia (horarios, turnos, etc.), sin desconocer los parámetros
normativos previstos en la Ley 746 de 2002 sobre tenencia y cuidado de
ejemplares caninos.
Por esta razón, se ordenará a la
Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Pinar de la Colina
II, no sólo inaplicar sino también retirar del Manual de Convivencia la norma
cuestionada, al tiempo que le corresponde al Consejo de Administración de la
misma copropiedad, directa o indirectamente, adoptar las medidas necesarias
para abstenerse de hacer efectivo el cobro de las sanciones impuestas por el
incumplimiento de la prohibición allí prevista.
La presente decisión no implica
que la citada Asamblea General de Propietarios quede excluida de la posibilidad
de regular las normas de convivencia que permitan el cuidado y la atención en
el manejo de mascotas en el conjunto residencial, o que protejan la integridad
y salubridad de sus residentes y visitantes. Por el contrario, dicha posibilidad
subyace en el derecho a la autodeterminación del citado órgano de dirección,
sólo que sometida a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley,
como se establece en esta providencia.
3.6.7. Finalmente, frente al
argumento del demandado referente a que la prohibición tiene como sustento
legal lo expuesto en el Código Nacional de Policía, encuentra la Sala que el
artículo 108-B de dicha codificación establece que se podrá regular la presencia
de ejemplares caninos en los ascensores de edificios públicos y privados.
Textualmente, la norma en cita establece que:
“ARTÍCULO 108-B. <Artículo
adicionado por el artículo 2 de la Ley 746 de 2002. El nuevo texto es el
siguiente:> Se permitirá la presencia de ejemplares caninos en los
ascensores de edificios públicos y privados que, como guías acompañen a su
propietario o tenedor. Para los demás ejemplares, será deber de la
copropiedad reglamentar su permisibilidad. En las zonas comunes de
propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos
deberán ir sujetos por medio de traílla, y provistos de bozal si es el caso
específico de perros potencialmente peligrosos según las definiciones dadas por
la presente ley.”[73]
Encuentra la Sala que la
hipótesis de“permisibilidad”tiene dos acepciones, una por medio de la
cual se puede permitir el uso de los ascensores por parte de ejemplares
caninos, y otra por virtud de la cual se puede prohibir. Así las cosas,
ateniéndose a lo expuesto anteriormente, la interpretación referente a la
prohibición resulta desproporcionada a la luz de la Constitución, motivo por el
cual el argumento expuesto por el demandado no esta llamado a prosperar.
3.6.8. Por las razones
anteriormente señaladas, la Sala procederá a revocar la Sentencia proferida el
día 12 de julio de 2012 por el Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá que negó el amparo solicitado y, en su lugar, se ampararán los derechos
de la accionante al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad
personal y familiar, a través de las órdenes de protección previamente
expuestas.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la Sentencia del 12 de julio de
2012 proferida por el Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá
que negó el amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos de la
accionante al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y
familiar.
Segundo.- ORDENAR a la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Pinar de la Colina II, que a partir de la
notificación del presente fallo, inaplique el artículo 50 del Manual del
Convivencia, hasta que se proceda a su retiro definitivo en la próxima reunión
ordinaria o extraordinaria que se convoque conforme a lo previsto en la ley.
Tercero.- ORDENAR al Consejo de Administración de la misma copropiedadad, que a partir de
la notificación del presente fallo, adopte            –directa  o
indirectamente– las medidas necesarias para abstenerse de hacer efectivo el
cobro de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la prohibición
prevista en el citado artículo 50 del Manual de Convivencia.
Cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría
General
[1] En el escrito allegado a la Sala de Selección número Nueve de 2012, se
indicó que la accionante era propietaria de un perro de raza eFrench Poodle
[2]Precisamente, en el artículo 50 del referido Manual, se dispuso
que: “Se prohíbe el uso de los ascensores para cualquier tipo de mascota,
excepto los canes que sirvan de guía a su propietario. La violación de esta
norma será objeto de una multa del 50% del valor de la cuota mensual de
expensas comunes ordinarias vigentes del infractor. Sin perjuicio de las
sanciones policivas o estatutarias.”
[3]Estos son: (a) someter el conflicto a un comité de
convivencia creado y reglamentado por la copropiedad; (b) usar mecanismo
alternativos de solución de conflictos; (c) acudir ante los jueces civiles
mediante un proceso verbal; y (d) someter la controversia a una instancia
administrativa como loson los inspectores de policía.
[4]“Se permitirá la presencia de ejemplares caninos en los ascensores de
edificios públicos y privados que, como guías acompañen a su propietario o
tenedor. Para los demás ejemplares, será deber de la copropiedad reglamentar su
permisibilidad. En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos
residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla,
y provistos de bozal si es el caso específico de perros potencialmente peligrosos
según las definiciones dadas por la presente ley.”
[5]“Artículo 108.B. Se permitirá la presencia de ejemplares caninos en
los ascensores de edificios públicos y privados que, como guías acompañen a su
propietario o tenedor. Para los demás ejemplares, será deber de la copropiedad
reglamentar su permisibilidad. En las zonas comunes de propiedades horizontales
o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio
de traílla, y provistos de bozal si es el caso específico de perros
potencialmente peligrosos según las definiciones dadas por la presente ley.”
[6]“Artículo 421. Impugnación de actos de
asambleas, juntas directivas o de socios. La demanda de impugnación de
actos o decisiones de asambleas de accionistas o de juntas directivas o de
socios de sociedades civiles o comerciales, sólo podrá proponerse dentro de los
dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y deberá dirigirse contra
la sociedad; si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término
se contará desde la fecha de la inscripción.
En la demanda podrá pedirse la suspensión del acto impugnado; el juez
la decretará si la considera necesaria para evitar perjuicios graves y el
demandante presta caución en la cuantía que aquél señale. Este auto es apelable
en el efecto devolutivo.”
[7]Folios 16-41, cuaderno 2.
[8]Folios 42-44, cuaderno 2.
[9]Folios 45-46, cuaderno 2.
[10] Folio 7, cuaderno 2.
[11] Sobre la Asamblea General de Propietarios el artículo 38 de la Ley 675 de 2011 dispone que: “La asamblea general de propietarios es el órgano de
dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley (…)”.
Por su parte, el artículo 55 de la citada ley se refiere al Consejo de
Administración, en los siguientes términos: “Al consejo de administración le
corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona
jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de
propiedad horizontal.”
[12] El artículo
42 del Decreto 2591 de 1991 consagra las hipótesis de procedencia de la acción
de tutela contra particulares.
[13] Véanse, entre otras, las Sentencias T-336 de 2009, T-436 de 2009,
T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[14] Sentencia T-723 de 2010.
[15] Sentencia T-279 de 2010.
[16] Artículo 42.
[17] Al respecto, entre otras, se pueden consultar las Sentencias T-233 de
1994, T-457 de 1995, T-100 de 1997, T-1386 de 2000, T-143 de 2000, T-317 de
2001, T-874 de 2001 y T-163 de 2002, T-385 de 2002, T-595 de 2003, T-108 de
2005 y T-661 de 2008.
[18] El artículo 37 de la Ley 675 de 2001 dispone que: “(…) Las
decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de
obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los
ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo
pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto.”
[19] La jurisprudencia ha entendido la subordinación como una relación de
dependencia de una persona para con otra, ya sea producto de una relación
jurídica creada por la ley o como consecuencia del deber de una persona de acatar
las ordenes proferidas por otra. Véase, al respecto, la Sentencia T-698 de 2012.
[20] Ley 675 de 2001, art. 4.
[21] Expresamente, la norma en cita establece que: “Al consejo de
administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a
que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el
reglamento de propiedad horizontal.”
[22] Sentencia SU-961 de 1999.
[23]“Artículo 49. impugnación de decisiones.El
administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados,
podrán impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios,
cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la
propiedad horizontal.
La impugnación sólo podrá intentarse dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta.
Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado
en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen,
adicionen o complementen.”
[24]“Artículo 194. Acciones de impugnación
interposición y trámite. Las acciones de impugnación previstas en
este Capítulo se intentarán ante los jueces, aunque se haya pactado cláusula
compromisoria, y se tramitarán como se dispone en este mismo Código y, en su
defecto, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para los
procesos abreviados.” Esta norma fue derogada por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, el cual entró a regir a partir del 12 de octubre de dicho año. A pesar de
la citada derogatoria, salvo los casos de compromiso o clausula compromisoria, la
impugnación podrá ser resuelta por vía judicial a través de un proceso
abreviado, en virtud de lo establecido en el artículo 408, numeral 6, del
Código de Procedimiento Civil. Al respecto, la disposición en cita establece
que: “Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos,
cualquiera que sea su cuantía: (…) 6. Impugnación de actos o decisiones de
asambleas de accionistas, y de juntas directivas o de socios, de sociedades
civiles o comerciales, cuando con ellos se contravenga la ley o los estatutos
sociales, y la correspondiente indemnización”.
[25]El
numeral 1° del artículo 58 de la Ley 675 de 2001 dispone que: “1.
Comité de Convivencia. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con
ocasión de la vida en edificios de uso residencial, su solución se podrá
intentar mediante la intervención de un comité de convivencia elegido de
conformidad con lo indicado en la presente ley, el cual intentará presentar
fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las
relaciones de vecindad. Las consideraciones de este comité se consignarán en un
acta, suscrita por las partes y por los miembros del comité y la participación
en él será ad honorem.”
[26]El numeral 2° del artículo 58 de la Ley 675 de 2001 señala que: “2. Mecanismos
alternos de solución de conflictos. Las partes podrán acudir, para la solución
de conflictos, a los mecanismos alternos, de acuerdo con lo establecido en las
normas legales que regulan la materia.”
[27]El
parágrafo 3° del artículo 58 de la Ley 675 de 2001 establece que: “Parágrafo 3o. Cuando se acuda a la autoridad jurisdiccional
para resolver los conflictos referidos en el presente artículo, se dará el
trámite previsto en el Capítulo II del Título XXIII del Código de Procedimiento
Civil, o en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o complementen.”Por su parte, el citado Código de Procedimiento Civil en el artículo
435 dispone que: “Asuntos que comprende: (…) Se tramitarán en
única instancia por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes
asuntos: (…) Parágrafo 1. En consideración a su naturaleza: 1.
Controversias sobre la propiedad horizontal de que tratan el artículo 7. de la Ley 182 de 1948 y los artículos 8. y 9. de la Ley 16 de 1985(…)”.
[28]Al
respecto se puede consultar la Sentencia T-155 de 2012. La citada norma establece que: “Artículo 108-A De las contravenciones
especiales con respecto a la tenencia de ejemplares caninos. La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas urbanas y rurales
requiere que las circunstancias de su alojamiento en el aspecto higiénico y
sanitario, de alimentos y custodia, sean las adecuadas, y que no se produzca
ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas en
general, o para el propio animal.”
[29]Véanse, entre otras, las Sentencias T-210 de 1993, T-074 de 1994, T-115
de 1994, T-233 de 1994, T-228 de 1994, T-333 de 1995, T-456 de 1995, T-474 de
1995, C-336 de 1995, SU-479 de 1997, T-035 de 1997,   T-070 de 1997, T-440 de
1997, T-630 de 1997, T-670 de 1997, T-216 de1998, T-266 de 1998, T-267 de 1998,
T-308 de 1998, T-454 de 1998, T-418 de 1999, T-470 de 1999, T-454 de 1999, T-789
de 1999, T-143 de 2000, SU-509 de 200- T-1081 de 2001, T-106 de 2002, T-443 de
2002, T-568 de 2002, T-732 de 2002,         T-055 de 2003, T-146 de 2003, T-513
de 2003, T-555 de 2003, T-595 de 2003, T-633 de 2003, T-1015 de 2004, T-1084 de
2004, T-1149 de 2004, T-468 de 2004, T-108 de 2005, T-1106 de 2005, T-126 de
2005,         T-595 de 2005, T-019 de 2006, T-1076 de 2006, T-155 de 2012 y
T-698 de 2012.
[30]“Artículo 8º.-Competencia
y procedimiento. Las diferencias que surgieren entre
propietarios y entre éstos y la persona jurídica que nace de lo dispuesto en el
artículo 3 de la presente Ley, con motivo del ejercicio de sus derechos o el
cumplimiento de sus obligaciones como propietarios de los bienes de dominio
exclusivo o particular o como integrantes de la persona jurídica antes
mencionada, serán sometidas a decisión judicial, mediante el trámite del
proceso verbal de que trata el título XXIII, sección primera del libro 3 del
Código de Procedimiento Civil. Al mismo trámite se someterán las diferencias
que surjan sobre la legalidad del reglamento y de las decisiones de la asamblea
general.
Parágrafo.- Lo dispuesto en el inciso anterior no impide
que los interesados puedan recurrir a las autoridades de Policía para los
efectos preventivos de su competencia.”
[31]  Al respecto, en la citada sentencia se estableció que: “Así, en cuanto al proceso verbal sumario, su
trámite se inicia una vez aceptada la demanda, luégo (sic) se notifica al
demandado quien cuenta con cuatro días para contestar; si propone excepciones
de mérito, éstas se trasladan por el término de tres días, vencido el cual se
celebra la audiencia de conciliación; si se logra la conciliación, el juez,
mediante un auto, declara terminado el proceso; en caso contrario, decreta la
práctica de pruebas, corre traslado a las partes para que formulen las
alegaciones y, por último, profiere la sentencia.  Se trata, entonces,
de  un proceso que, tal como está consagrado legalmente, demanda un tiempo
muy superior al de la tutela, cuyo trámite es preferente -su estudio tiene
prelación a cualquier otro que esté sometido a consideración del juez- y
sumario -el juez de tutela dispone de 10 días, contados a partir de la
solicitud, para decidir-, en razón de que su consagración constitucional tiene
como propósito, precisamente, el restablecimiento inmediato del derecho
fundamental. // Por lo que es necesario concluir, que si bien el juez civil
tiene competencia y cuenta con los medios necesarios para evitar que a la
demandante se le vulnere el derecho a participar en las decisiones de la
asamblea de copropietarios, no puede, antes de dictar sentencia, impedir que la
junta administradora ejecute judicialmente a la accionante, ni ordenar que cese
la violación a sus derechos a la libertad e intimidad personal y familiar, lo
que sí es materia de la sentencia de tutela”.
[32]Dicha providencia fue citada, entre otras, en las Sentencias
T-1082 de 2001, T-568 de 2002, T-146 de 2003 y T-555 de 2003.
[33]Sobre este punto se puede revisar la Sentencia T-228 de 1994, en la que se estudióuna acción de tutela interpuesta por unos
arrendatarios que alegaban que sus derechos se encontraban vulnerados,por el
cobro de una multa como consecuencia de la mora en el pago de la
administración.
[34]En la Sentencia T-630 de 1997,se indicó que: “(…) es claro que el juez de tutela no puede exonerar el pagos de
expensas de administración ni puede favorecer el incumplimiento de los deberes
u obligaciones derivadas de la vida en comunidad, pues como bien lo afirmó esta
Corporación: abusa de la acción de tutela quien, desquiciando el objeto de la
misma, pretende amparar lo que no es un derecho suyo sino precisamente aquello
que repugna al orden jurídico y que apareja responsabilidad y sanción: la
renuencia a cumplir las obligaciones que contrate."
[35]Sentencia T-454 de 1998.
[36]Un ejemplo de esto puede ser la Sentencia T-440 de 1997 en la que se estudió la acción interpuesta por la propietaria de un
inmueble a la cual no le permitían el ingreso  para realizar arreglos locativos
y no le expedían un paz y salvo para que pudiera efectuar su trasteo por cuanto
se adeudaban cuotas de administración anteriores a la compra del bien. En esa
oportunidad la Corte indicó que la acción de tutela no era procedente pues el
procedimiento adecuado era el proceso verbal sumario. Asimismo, en la Sentencia T-595 de 2003 se señaló que: “dicho
mecanismo, consagrado en el parágrafo 3 del artículo 58 de la Ley 675 de 2001, es idóneo para garantizar derechos de rango legal, pero no fundamentales,
como  se sugiere en el caso que ocupa la atención de la Corte.”
[37] Sentencia T-663 de 2003.
[38] Sentencia T-1194 de 2004.
[39] Sentencia T-464 de 2004.
[40] Sentencia T-698 de 2012.
[41]En la Sentencia T-292 de 2003, la cual fue citada en la Sentencia T-155 de 2012, se dijo que: “La Sala advierte que el mismo argumento sirve de apoyo para cuestionar la eficacia de las autoridades de
policía cuando se acude para proteger derechos fundamentales, porque como se
manifestó, la policía es autoridad administrativa y no judicial, y no se puede
afirmar que sea el mecanismo más expedito para resolver problemas en que se vea
comprometido un derecho de esta naturaleza. Aunque la policía puede actuar en
casos de perturbación de la posesión, por ejemplo, o para mantener la
tranquilidad de los ciudadanos, lo cierto es que no cuenta con las herramientas
jurídicas necesarias para garantizar la defensa de derechos fundamentales.”
[42] Este mecanismo se encuentra contemplado en
los artículos 49 y 62 de la citada Ley y fue descrito en el aparte 3.3.3.2.1 de
la presente providencia.
[43]“Artículo 49. impugnación de decisiones.El
administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados, podrán
impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no
se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad
horizontal.
La impugnación sólo podrá intentarse dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta.
Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado
en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen,
adicionen o complementen.”(Subrayado no original).
[44] Sentencia T-279 de 2010.
[45] Véanse, entre otras, las Sentencias SU-961 de 1999, T-344 de 2000,
T-1169 de 2001, T-105 de 2002,         T-575 de 2002, T-843 de 2002, T-315 de
2005, T-993 de 2005 y T-1140 de 2005.
[46] Sentencia
T-279 de 2010.
[47] Artículo 2° de la Ley 182 de 1948.
[48] Artículo 3° de la Ley 16 de 1985.
[49] En la Sentencia C-488 de 2002, se estudió la constitucionalidad del esquema
de transición creado para que las edificaciones pudieran acogerse al régimen
establecido en la Ley 675 de 2001. En relación con la normatividad contenida en
las Leyes 182 de 1948 y 16 de 1985 se estableció que: “De
manera que las Leyes 182 de 1948 y 16 de 1985 desarrollaron un derecho
inmobiliario que respondió a una misma estructura, la que se sintetiza en los
siguientes puntos:
a)
La existencia de un inmueble único en torno del cual convergían intereses
individuales y comunes.
b)La
delimitación de espacios en el inmueble único, por razón de las salidas
individuales a la vía pública, aspecto decisivo para que fuera posible el
aprovechamiento individual de pisos y departamentos.
c)
El reconocimiento de una comunidad de intereses en torno de la utilización y
mantenimiento de los elementos comunes, requeridos (i) para la existencia,
seguridad y conservación del edificio, y (ii) para la correcta utilización de
los bienes privados.
d)El
establecimiento de pautas generales de organización de los intereses comunes de
administración.
e)La
oponibilidad del sistema a futuros adquirentes y terceros.
f)La
indivisión forzosa de los bienes comunes.”
[50]“por la cual se adiciona y reglamenta lo relacionado con las unidades
inmobiliarias cerradas sometidas al régimen de propiedad horizontal.”
[51]Sentencia
C-318 de 2002.
[52]Sentencia C-726 de 2000, citada en la Sentencia C-318 de 2002.
[53] Artículo 11.
[54]Artículo
4° de la Ley 675 de 2001.
[55]Artículo
2° de la Ley 675 de 2001.
[56]Artículo
37 de le Ley 675 de 2001.
[57] Sentencias T-216 de 1998 y T-596 de 2003.
[58]En
dicha providencia la Corte estudió la acción de tutela de un propietario de un
local en el centro comercial Unicentro de Medellín que alegaba que el Consejo
de Administración del centro comercial violaba sus derechos fundamentales al
incluir en el reglamento una norma que obligaba a los comerciantes a abrir sus
locales el día domingo, so pena de una multa de 130.000 pesos por cada día que
no abrieran. En esa oportunidad la Corte tuteló el derecho fundamental a la
libertad económica del accionante y ordenó dejar sin efectos la circular del
Consejo de Administración que contenía la cuestionada norma.
[59]Subrayas
y sombreado por fuera del texto original.
[60]Sentencia T-522 de 1992.
[61]Sentencia T-530 de 1992.
[62] El artículo 95 de la Constitución Política dispone que: “ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; (…)”
[63] Expresamente se dijo que: “la Sala estima que el mantenimiento de un animal doméstico, como el caso de un perro, en el lugar de habitación,
siempre que no ocasione perjuicios a los copropietarios o vecinos, constituye
un claro desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P,
art.16) y a la intimidad personal y familiar (C.P., art.15) que el Estado debe
respetar, como medio para que el ser humano exprese su autonomía y sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico
establecido, desde luego observando todas las normas relacionadas con la
convivencia de un animal de estas condiciones y los seres humanos de su
alrededor.”
[64] Al respecto, se expuso que: “de acuerdo a todo lo anteriormente
planteado, que es evidente que la presencia de un animal de las características
del perro de propiedad de la señora VELASQUEZ RAMIREZ, en un sitio residencial
puede ocasionar perturbaciones de diferente índole, generando amenaza y peligro
dadas sus condiciones, empero, para ello el propietario del animal estará en la
obligación de adoptar los precauciones necesarias que impidan dichas
perturbaciones o las medidas correctivas del caso (v.g. el uso de bozales y
cadenas, el suministro de una adecuada educación, la limpieza de los lugares
usados por los animales, etc.), exigibles por las autoridades de policía,
siendo el propietario de la mascota el responsable de los daños y perjuicios
que puedan ocasionar por su culpa, negligencia, acción u omisión.”
[65]Artículo 87 de la Ley 769 de 2002, conforme al cual: “En los vehículos de
servicio público de pasajeros no deben llevarse objetos que puedan atentar la
integridad física de los usuarios; ni animales, salvo que se
trate de perros lazarillos. El equipaje deberá transportarse en la bodega, baúl
o parrilla.”
[66] Sobre la materia se dijo que: “LaCorte Constitucional en diferentes
providencias ha reconocido que la tenencia de animales domésticos es una
expresión de los derechos fundamentales, por lo que no hay duda de que ese
estrecho vínculo que surge entre el animal y el hombre con ocasión de su
convivencia, es una expresión positiva del ejercicio inherente al derecho del
libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 de la C.P.), entendido como el derecho a la autodeterminación o libertad general de acción, que se
vulnera cuando al individuo se le impide, de forma arbitraria o
desproporcionada, alcanzar, ejercer o perseguir aspiraciones legítimas en
relación con sus elecciones, y, del derecho a la intimidad (Art. 15 de la C.P.) que se desarrolla en el ámbito de la vida privada personal y familiar, inmune a
intromisiones externas, que impidan, por ejemplo, el derecho de convivir con
una mascota sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los
demás y el orden jurídico,de manera que no puede negar la Corte que tales derechos deben ser objeto de protección y garantía jurídica.”
[67] Al pronunciase sobre el juicio de necesidad, se dijo que: “vale la
pena indicar que el juicio de necesidad tiene que ver, según lo ha señalado la Corte, con que no exista otro medio alternativo al trato diferenciado, mediante el cual se
pueda lograr el mismo objetivo o finalidad que la perseguida por la norma, con
igual o mayor idoneidad, pero sin que sea necesario el menoscabo o restricción
de derechos fundamentales”.
[68]Frente a los requisitos de salubridad, la Corte indica que son aquellas medidas contempladas en la Ley 849 de 1989, en la Ley 9ª de 1979 y en el Decreto Reglamentario 2257 de 1986.
[69]De lo anterior, el Tribunal creó unas reglas específicas y
concluyó que no existen razones de necesidad y proporcionalidad suficientes
para impedir el transporte de animales domésticos en el sistema público de
pasajeros. Sobre este punto, concluyó que:
“a). En el caso de transporte público mixto que involucre el
transporte de pasajeros, la prohibición no es necesaria pues esa modalidad de
transporte está diseñada para el acarreo de bienes u objetos, dentro de los
cuales se encuentran las mascotas. Especialmente si se tiene en cuenta que este
tipo de transporte –busesabiertos como chivas o camperos–es utilizado para
transportar animales domésticos de tipo rural como cerdos, gallinas, chivos y
demás.
b). En el servicio de transporte terrestre automotor individual de
pasajeros, como son los taxis;la Corporación determinó que no se pone en riesgo
la seguridad, comodidad o salubridad de otros pasajeros por su carácter
individual. De manera que no existe una tensión con derechos de terceros y por
lo tanto, en este tipo de transporte tampoco se debe aplicar la prohibición, siempre
y cuando el tenedor cumpla con los requisitos fijados en la ley y se atiendan a
los reglamentos que para tal fin expidan las empresas transportadoras.
c).  En el caso de transporte automotor colectivo de pasajeros,
como buses; la Corte indicó que la norma no era necesaria para el caso de
mascotas de talla pequeña o mediana que puedan ser cargados por sus
propietarios, cuando se atiendan los demás requisitos legales. Sin embargo en
el caso de animales de tallas grandes, efectivamente la finalidad de comodidad
implica que no sea posible que se transporten estas mascotas en el transporte
colectivo de pasajeros. Lo anterior, no obsta a las empresas operadoras del
servicio para que fijen en sus reglamentos condiciones especificas para el
transporte de éstos, como horarios específicos, rutas especiales, entre otras.”
[70]Textualmente,
el artículo 50 del Manual de Convivencia establece que: “Se prohíbe el uso de los ascensores para cualquier tipo de
mascota, excepto los canes que sirvan de guía a su propietario. La violación de
esta norma será objeto de una multa del 50% del valor de la cuota mensual de
expensas comunes ordinarias vigentes del infractor. Sin perjuicio de las
sanciones policivas o estatutarias.”
[71]Ley
675 de 2011, arts. 37 y 38.
[72]Si
bien es cierto que en la respuesta a la acción de tutela se hizo referencia al
medio ambiente sano, encuentra la Sala que en realidad se pretende la
protección del derecho a la salubridad.
[73]Subrayado
y sombreado por fuera del texto original.