C-378-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-378/08
JUSTICIA ARBITRAL-Concepto/JUSTICIA ARBITRAL-Elementos
La jurisprudencia constitucional, concibe la justicia
arbitral como el ejercicio de una competencia que tiene origen en la
habilitación de las partes como manifestación de la autonomía de su voluntad y
se encamina a resolver las controversias que se presentan en un caso concreto
con efecto de cosa juzgada. La justicia arbitral en consecuencia: (i) es un
mecanismo alternativo de resolución de conflictos; (ii) supone el ejercicio de
la función jurisdiccional por particulares; (iii) tiene naturaleza procesal; (iv)
es de carácter transitorio o temporal; (v) profiere fallos en derecho o en
equidad; (vi) se desarrolla en los términos que señala la ley; (vii) debe
ejercerse dentro de las fronteras que le fijan los preceptos constitucionales.
JUSTICIA ARBITRAL-Aplicable en asuntos que sean susceptibles
de transacción
ARBITRAJE-Definición
El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las
partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, difieren su
solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la
facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión llamada laudo
arbitral.
ARBITRAMENTO-Carácter procesal/ARBITRAMENTO-Facultades de
los árbitros
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
resaltado el carácter procesal del arbitramento como mecanismo alternativo de
resolución de conflictos, concibiendo el arbitramento como un proceso que
garantiza los derechos de las partes enfrentadas, mediante un conjunto de
etapas y oportunidades para discutir argumentos, valorar pruebas, controvertir
la posición de la otra parte e incluso controlar las decisiones de los
árbitros. Por mandato legal, los árbitros cuentan prima facie con las mismas
facultades procesales de las que disponen las autoridades judiciales estatales,
esto es, el poder: (i) de decisión para resolver en forma obligatoria la
controversia; (ii) de coerción, para procurar los elementos necesarios a fin de
obtener el cumplimiento de la decisión, y (iii) de documentación o
investigación para practicar pruebas, valorarlas y encontrar la verdad procesal
indispensable para adoptar la decisión que corresponda.
LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIA JUDICIAL-Semejanzas
El laudo arbitral se equipara a una sentencia judicial
por cuanto pone fin al proceso y desata de manera definitiva la cuestión
examinada. Adicionalmente, los árbitros son investidos de manera transitoria de
la función pública de administrar justicia, la cual, ha sido calificada
legalmente como un servicio público, motivo por el cual, no cabe duda que en
sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales están
vinculados por los derechos fundamentales, por lo que resulta procedente la
acción de tutela cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de un
proceso arbitral.
MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROCESAL-Se ejerce
dentro de las fronteras que fija la Constitución Nacional/MARGEN DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Su trasgresión hace necesario
el ejercicio del control constitucional
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
facultad de configuración de la Legislación se ejerce de conformidad con los
preceptos establecidos en la Norma Fundamental cuando: (i) observa principios y
fines del Estado tales como la justicia y la igualdad, entre otros; (ii) vela
por la vigencia de los derechos fundamentales de las ciudadanas y de los
ciudadanos, lo cual, en el caso de las regulaciones en materia procesal, supone
garantizar derechos tales como el debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia; (iii) obra conforme a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad en la definición de las formas y (iv) permite la puesta en
vigencia del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas.
En el evento en que la Ley se aparte de los criterios enunciados, se torna
necesario el ejercicio del control por parte de la Corte Constitucional de
forma que se asegure la vigencia de las fronteras que marca la Norma
Fundamental.
MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA ARBITRAL-Existencia
de límites materiales para someter controversias a decisión de árbitros/JUSTICIA
ARBITRAL-Opera cuando los derechos en conflicto son de libre disposición
por su titular
La Corte Constitucional ha admitido cómo respecto del
arbitramento existen límites materiales, esto es, que aún mediando la
habilitación a las partes no toda cuestión materia de controversia puede ser
sometida genéricamente a la decisión de árbitros. Ha entendido la Corte que la
justicia arbitral únicamente puede operar cuando los derechos en conflicto son
de libre disposición por su titular, es decir, cuando respecto de ellos existe
plena libertad de disposición. Tal facultad de renuncia o disposición es
precisamente la que determina el carácter de transigible de un derecho o de un
litigio.
ACCION DE IMPUGNACION-Asuntos sometidos a esta acción no son
transigibles
En el ordenamiento jurídico colombiano existen diversas
disposiciones que establecen que los asuntos sometidos a acción de impugnación
no son transigibles, como es el caso del artículo 13 de la Ley 270 de 1996
(Estatutaria de la Administración de Justicia), así como el artículo 111 de la
Ley 446 de 1998 que establecen que los asuntos sometidos a acción de
impugnación no son transigibles, por lo que no resulta factible ventilar ante
árbitros estas cuestiones que de conformidad con la ley están excluidas de
cualquier posibilidad de transigir.
DECISIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y
JUNTA DE SOCIOS DE SOCIEDADES COMERCIALES-Validez y legitimidad/DECISIONES DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS Y JUNTA DE SOCIOS DE SOCIEDADES COMERCIALES-Impugnación ante
autoridades judiciales garantiza el acceso a la administración de justicia/SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Competencia para conocer impugnación de actos o decisiones de
asambleas de accionistas, juntas de socios y de juntas directivas de sociedades
Las decisiones adoptadas en el contexto de una
asamblea de socios o de una junta directiva han de cumplir con un conjunto de
requisitos legales a fin de producir plenos efectos jurídicos. No observar
tales exigencias, puede traer consigo la ineficacia, la nulidad relativa o
absoluta y la no oponibilidad de las actuaciones. De ahí que la cautela legal
contenida en el artículo 194 demandado según la cual las acciones de
impugnación consignadas en las normas citadas habrán de ser ventiladas ante las
autoridades judiciales estatales, así se haya pactado previamente cláusula
compromisoria, adquiere un sentido específico cual es evitar que las partes de
un contrato sometan a transacción aquellos asuntos ligados con la presencia de
defectos que cuestionan la validez o la legitimidad de las actuaciones por
ellas suscritas. Esta previsión legal se encamina a proteger objetivos tales
como la garantía de igual acceso a la administración de justicia de los
ciudadanos y las ciudadanas quienes tienen el derecho de controvertir la
validez y legitimidad de decisiones societarias. Resulta preciso recordar que
en virtud de lo establecido por el artículo 137 de la Ley 446 del 14 de julio
de 1998, la Superintendencia de Sociedades tiene competencia para conocer de la
impugnación de actos o decisiones de Asamblea de Accionistas o Junta de Socios
y de Juntas Directivas, en su caso, de las sociedades vigiladas por esa misma
entidad, mediante un proceso verbal sumario, precepto que fue examinado por la
Corte Constitucional y declarado exequible por los cargos analizados mediante
sentencia C-672 de 1999 y también declarado ajustado a la Constitución respecto
de los reproches formulados con fundamento en la sentencia C-833 de 2006.
ARBITRAMENTO-Exclusiones
Ha dicho la Corte Constitucional en varias de sus
sentencias que existen diversas cuestiones que han de permanecer excluidas del
arbitramento, por ejemplo, asuntos tales como los relacionados con el estado
civil o aquellos que tengan que ver con los derechos de las personas con
limitaciones psíquicas o respecto de derechos que la ley prohíba disponer. En
igual sentido, ha manifestado la Corporación que aquellas cuestiones en los que
se encuentra de por medio el orden público, la soberanía nacional o el orden
constitucional deben ser ventilados ante las autoridades estatales.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
ARBITRAMENTO-Límites al
poder habilitante de las partes
La Legislación está facultada para establecer límites
al poder habilitante de las partes. Tales restricciones se refieren, de un
lado, a la temporalidad de la actividad de las personas particulares como
administradoras de justicia y, de otro, a las cuestiones acerca de las cuales
pueden versar sus decisiones. Dicho de otro modo: la justicia arbitral no solo
se sujeta a un límite temporal por cuanto está circunscrita al término que las
partes y en su defecto la ley, señalen para el ejercicio de esta potestad, sino
que igualmente se ajusta a un límite material, demarcado por los asuntos que
son susceptibles de ser resueltos por particulares. Así las cosas, no obstante
la cláusula de habilitación en cabeza de las personas particulares para someter
a la justicia arbitral la resolución de sus controversias, existen materias que
no pueden ser sometidas genéricamente a la decisión de árbitros. Se infiere que
las materias susceptibles de arbitramento son aquellas que pueden ser objeto de
su transacción, es decir, los derechos y bienes patrimoniales respecto de los
cuales sus titulares tienen capacidad legal de disposición.
IMPUGNACION DE DECISIONES DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS Y JUNTA DE SOCIOS DE SOCIEDADES COMERCIALES-Persigue un fin de interés público
La cautela legal contenida en el precepto acusado
persigue un fin de interés público cual es asegurar a los socios que las
diferencias existentes respecto de la validez o legitimidad de las actuaciones
que los vinculan, sean de conocimiento de las autoridades judiciales estatales.
Dada la trascendencia de las cuestiones en juego – la validez o legitimidad de
los actos societarios – ha de garantizarse que las discrepancias al respecto no
sean decididas de manera ad hoc – por un árbitro o centro de arbitraje – sino
que sean resueltas por la justicia estatal. La previsión legal contenida en la
disposición acusada se enmarca dentro de los asuntos que le compete regular a la
Legislación en virtud de la cláusula general de competencia. Por ser problemas
relacionados con la validez de los actos societarios, la Ley puede resolver que
tales aspectos no sean llevados ante árbitros sino que sean decididos por medio
de la justicia estatal y al hacerlo de manera expresa convierte el legislador
tales normas en asuntos indisponibles por parte de los particulares.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE REGULACION
QUE RESTRINGE LA ACTIVIDAD ECONOMICA O LA INICIATIVA PRIVADA-Aplicación del criterio de
inconstitucionalidad manifiesta
Si la regulación legislativa que restringe
la actividad económica o la libre iniciativa privada no vulnera de modo claro la
Constitución Nacional o establece limitaciones manifiestamente irrazonables o
desproporcionadas, debe ser considerada constitucional.
LIBERTAD ECONOMICA Y LIBRE INICIATIVA-Límites constitucionales en su regulación
DECISIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y
JUNTA DE SOCIOS DE SOCIEDADES COMERCIALES-Carácter de intransigible a la posibilidad de impugnar
ante los jueces los actos societarios afectados en su validez/IMPUGNACION ANTE
JUSTICIA ORDINARIA DE DECISIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y JUNTA DE SOCIOS
DE SOCIEDADES COMERCIALES-Posibilita la suspensión de las actuaciones
impugnadas
Si se prescinde de la intervención por parte de la
justicia ordinaria en asuntos de tanta entidad como los relacionados con la
validez o legitimidad de las actuaciones societarias, la decisión adoptada no
sería ya respetada y obedecida en virtud de su carácter erga omnes y, más bien,
sería únicamente conocida por los socios o codueños de la sociedad o de la
empresa. Asimismo, si se cierra la posibilidad de acudir a la justicia
ordinaria, los administradores de la sociedad así como el revisor fiscal
quienes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 del Código de
Comercio pueden ejercer acción de impugnación de las actuaciones societarias,
se verían privados para ejercer tales acciones por cuanto ellos no son parte
del contrato social y tampoco de la cláusula compromisoria. Resulta
indispensable destacar que según lo establecido por el artículo 241 del Código
de Procedimiento Civil, quien acude a la acción de impugnación puede solicitar
la suspensión de las actuaciones impugnadas hasta el mismo momento en el que se
presente una decisión de fondo, lo que tiene por finalidad evitar que se provoquen
graves perjuicios. Esta posibilidad no se presenta dentro el trámite arbitral.
Referencia: expediente D-6932
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 194 (parcial) del Decreto 410 de 1971
Demandante: Fabián López Guzmán
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de
dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública establecida en el
artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Fabián López Guzmán solicitó ante
esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 194 (parcial) del Decreto 410
de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio.”
Mediante auto de veintiuno de septiembre de 2007, el
Magistrado Sustanciador admitió la demanda contra el precepto contenido en el
referido decreto y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 244 de la
Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 11 del Decreto 2067 de
1991, ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República,
al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Superintendencia de Sociedades,
para que si lo estimaban oportuno, intervinieran directamente o por medio de
apoderado escogido para el efecto indicando las razones que, en su criterio,
justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas
demandadas. Dispuso asimismo correr traslado de la demanda al Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor. Invitó a la
Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO -, a la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, a las Facultades de Derecho de las Universidades
Nacional, EAFIT y Externado para que, de considerarlo pertinente, indicaran los
motivos que justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad del
precepto demandado.
Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de
esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la
Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto del Decreto
demandado:
DECRETO 410 DE 1971
(marzo 27)
Diario Oficial No. 33.339, del 16 de junio de 1971
“Por el cual se expide el Código de Comercio”
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de
las facultades extraordinarias que le confiere el
numeral 15 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968,
y cumplido el requisito allí establecido,
DECRETA:
(…)
CAPÍTULO VII.
ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES
SECCIÓN I.
ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DE SOCIOS
(…)
“ARTÍCULO 194. <ACCIONES DE IMPUGNACIÓN
INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE>.
Las acciones de impugnación previstas en este Capítulo se intentarán
ante los jueces, aunque se haya pactado cláusula compromisoria, y se
tramitarán como se dispone en este mismo Código y, en su defecto, en la forma
prevista en el Código de Procedimiento Civil para los procesos abreviados.”
III. LA DEMANDA
El actor considera que el precepto parcialmente
demandado vulnera los artículos 116 y 333 de la Constitución Nacional. Sustenta
su acusación en los motivos que se exponen a renglón seguido.
Según el demandante, a partir de lo consignado por el
artículo 116 de la Constitución Nacional se desprende el derecho de acceso a la
justicia arbitral por cuanto este precepto contempla la posibilidad de
conformidad con la cual los particulares están facultados para administrar
justicia como árbitros. En tal sentido, estima el actor que los particulares
pueden pactar válidamente cláusulas compromisorias en virtud de las cuales
acuerden someter las diferencias surgidas con ocasión del giro ordinario de sus
negocios a un tribunal de arbitramento. Concluye que esta prerrogativa
constitucional es puesta en entredicho por el artículo 194 del Código de
Comercio el cual prevé que las acciones de impugnación señaladas por el
ordenamiento deben tramitarse siempre ante la jurisdicción ordinaria.
Subraya el actor, las consecuencias que trae consigo,
en su opinión, el que una vez pactada la cláusula compromisoria por los socios
para resolver todas sus controversias, incluidas las acciones de impugnación,
estos se vean obligados a ventilar sus conflictos ante la jurisdicción
ordinaria. En su parecer, lo anterior atenta contra los principios procesales
de celeridad, eficacia y economía procesal. A su juicio, el precepto acusado
“ignora la voluntad de los socios.”
El socio que desde un comienzo opta por dirimir toda
clase de conflictos societarios, incluida la impugnación, ante la justicia
arbitral “es porque económicamente puede hacerlo.” Agrega, que al declararse
inexequible el precepto demandado se le confiere mayor protección a los socios
de una compañía y no se desconocen los derechos de los socios minoritarios, ni
mucho menos el orden público. Afirma, que, por el contrario, “se le garantizan
(los derechos) igual que como ocurre en la jurisdicción ordinaria, solo que el
conflicto se resuelve más rápido, lo que se traduce en economía procesal y, por
consiguiente, en economía para el actor.”
Sostiene, de otra parte, que el artículo 333 de la
Constitución Nacional eleva a rango constitucional la autonomía de la voluntad
privada la cual también resulta desconocida por el precepto acusado. Añade, al
respecto, que las cláusulas compromisorias en tanto expresiones del ejercicio
de la libertad contractual son una manifestación de dicha autonomía y que la
negación de sus efectos, tal como a su juicio sucede con lo dispuesto por el
artículo 194 del Código de Comercio acusado, representa una infracción del
artículo 333 superior.
Por las razones señaladas, el actor solicita a la
Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del precepto demandado.
IV. INTERVENCIONES
1.- Superintendencia de Sociedades
La ciudadana Claudia Consuelo Pedraza Córdoba en su calidad
de abogada, funcionaria de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia
de Sociedades por medio de escrito allegado a la Secretaría de esta Corporación
el día 17 de octubre de 2007 solicitó que se declarara la exequibilidad del
precepto acusado. Ofreció las siguientes razones en apoyo de su punto de vista.
Recordó el escrito de intervención, que las decisiones
adoptadas en el contexto de una asamblea de socios o de una junta directiva,
exigían el cumplimiento de los requisitos legales con el objeto de producir
plenos efectos jurídicos. La ausencia de tales requerimientos, insistió, puede
traer como consecuencia la “ineficacia, la nulidad relativa (tutela al interés
particular), nulidad absoluta (tutela al interés público) y no oponibilidad de
las actuaciones. Destacó, más adelante, que en el evento de presentarse
conflictos con respecto a las decisiones adoptadas por el máximo órgano de una
sociedad o por su junta directiva el legislador había previsto de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 194 que la justicia ordinaria tendría la competencia
exclusiva para conocer de tales discrepancias incluso si se había pactado
cláusula compromisoria. Trajo a la memoria la Superintendencia de Sociedades
que esta situación había variado de manera sustancial por cuanto la Ley 222 de
1995 en su artículo 239 - confirmada más adelante por lo dispuesto en el
artículo 137 de la Ley 446 de 1998 - había dispuesto, a su turno, que la
Superintendencia de Sociedades también estaba facultada para conocer y dirimir
por medio de proceso verbal sumario la impugnación de actos o decisiones que se
hayan tomado en sociedades por ella vigiladas.
Añadió, de otra parte, que era preciso tener en cuenta
el parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995 según el cual a la
Superintendencia de Sociedades se le había conferido la facultad, esta vez
administrativa y no jurisdiccional, para verificar los presupuestos de
ineficacia siempre que se tratara de los casos señalados en el Libro Segundo
del Código de Comercio y en relación con las sociedades no sometidas a la
vigilancia o control de otra Superintendencia.
A partir de lo expuesto, concluyó que de conformidad
con la legislación vigente las únicas autoridades con capacidad declarativa en
asuntos atinentes a los vicios de las decisiones adoptadas durante las
reuniones del máximo órgano social o de la junta directiva de una compañía eran,
de una parte, la justicia ordinaria y, de otra, la Superintendencia de
Sociedades. En relación con la justicia arbitral, hizo un recuento de la
legislación aplicable y subrayó que el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 había
modificado el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989 y, en ese orden de cosas,
había dispuesto que el arbitraje era “un mecanismo por medio del cual las
partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, [deferían]
su solución a un tribunal arbitral, el cual [quedaba] transitoriamente
investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión
denominada laudo arbitral …” (Énfasis y subrayas dentro del texto presentado
por la Superintendencia de Sociedades).
De acuerdo con lo anterior, dijo la entidad
interviniente, resulta factible afirmar que la justicia arbitral se aplica en
relación con asuntos que puedan ser objeto de transacción, esto es, “se limita
a aquellas [controversias] que admiten que las partes en conflicto efectúen
concesiones recíprocas con tal de llegar a un acuerdo que finiquite el
conflicto.” Por el contrario, insistió la Superintendencia de Sociedades, los
vicios que pueden presentarse en relación con los negocios jurídicos tales como
“la ineficacia, la nulidad y la inoponibilidad que se derivan de presupuestos
taxativamente planteados por la ley lo cual los hace intransigibles, no
resultan materia sobre la cual arbitrar, en tanto que lo dispuesto en normas de
orden público no puede ser materia de concesión.” Insistió la interviniente que
de modo congruente con el universo normativo, el legislador había exceptuado
del arbitraje las impugnaciones contra las decisiones adoptadas por el máximo
órgano social de una compañía.
Más adelante, la Superintendencia de Sociedades
consideró preciso reconocer cómo si bien era cierto que por virtud de lo
dispuesto en el artículo 110 del Código de Comercio la ley le ofrecía un gran
margen de apreciación a los particulares, en lo que se refería al contrato de
sociedad, tal libertad no era ilimitada y era la misma ley la que imponía
límites. Enfatizó en que las normas que componían el Código de Comercio eran
normas de orden público, esto es, imperativas e indisponibles motivo por el
cual el principio de autonomía de la voluntad no regía de modo absoluto en esta
materia. Acentuó cómo el artículo 4º del Código de Comercio establecía que las
“estipulaciones contractuales sólo se [preferirían] respecto de normas legales
supletivas y de la costumbre mercantil, nunca respecto de una norma expresa,
tal como el artículo 194 demandado.” Señaló la interviniente que la restricción
de la autonomía de la voluntad privada también tenía lugar en otros campos del
derecho e incluso dentro del ámbito de las sociedades comerciales existían
limitaciones (régimen de mayorías, quórum necesario para adoptar decisiones,
etc.).
Por los motivos expuestos, estimó que la última parte
del artículo 194 del Código de Comercio demandada en la presente ocasión, no
desconocía “bajo ningún punto de vista los mandatos constitucionales” y
solicitó a la Corte declarar su exequibilidad.
2. Intervención presentada por el Departamento de
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de
Colombia.
Por medio de escrito recibido en la Secretaría General
de la Corte Constitucional el día 17 de octubre de 2007 el ciudadano Ramiro
Bejarano Guzmán como ciudadano en ejercicio y en su condición de Director del
Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia, solicitó a la Corte Constitucional que declarara la
constitucionalidad de la disposición demandada. Aportó las siguientes razones
en apoyo de su solicitud.
En contraposición a lo expuesto por el demandante,
sostuvo el interviniente que el aparte acusado no desconocía lo dispuesto por
el artículo 116 superior. Afirmó, sobre el particular, que “la razón de tornar
ineficaz un pacto arbitral respecto de las controversias de impugnación de
actas y decisiones de asambleas, juntas directivas y de socios de sociedades no
[obedecía] a un capricho, menos a una arbitrariedad del legislador
extraordinario.” A su juicio, la ratio legis que sirvió de inspiración a
este legislador conserva vigencia en la actualidad pues impide, de un lado, que
las partes “transijan las diferencias entre accionistas y socios con la sociedad,
cuando estas son salpicadas de vicios de nulidad absoluta; y de otro, la
circunstancia de no forzar a accionistas y socios a convocar costosos
tribunales de arbitramento.”
Insistió el ciudadano Bejarano y, para tales efectos
se apoyó en la doctrina, que de conformidad con lo dispuesto tanto en el
artículo 13 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de
Justicia) como en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998[1],
que los asuntos sometidos a acción de impugnación no eran susceptibles de
transacción. Llamó la atención el interviniente acerca de que la libertad de
fijar cuáles eran los asuntos objeto de transacción estaba limitada por la
naturaleza misma del derecho en cuestión. Apoyándose en la jurisprudencia
constitucional (Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 2001) enfatizó que le
correspondía al legislador fijar en qué casos estaba restringida la posibilidad
de transar. Indicó, más adelante, que “la libre disposición por parte de su
titular [debía] entenderse como la libertad de renuncia en todo o en parte y
ésta a su vez [determinaba] el carácter transigible de un litigio o de un
derecho. La sociedad al detentar la calidad de sujeto pasivo de la acción,
señaló, está representando la suma de todos los intereses de los socios que
están en ella, por lo tanto el interés de la sociedad es un interés público de
todos los socios.”
Al estar de por medio un asunto de interés público,
agregó, no resulta factible que la sociedad por intermedio de su representante
“tenga la capacidad de disposición en una sola persona y, como consecuencia de
ello, los asuntos que tengan relación con este punto no pueden ser objeto de
transacción. Precisamente, la voluntad del legislador se orientó a establecer
que aquellas controversias entre los socios relacionadas con la pretensión de
anulación de las decisiones adoptadas por las asambleas, juntas directivas o de
socios de las sociedades debían ser resueltas en exclusiva por parte de los
jueces ordinarios y jamás por árbitros. Esta decisión se justifica según el interviniente,
por cuanto “en la órbita de la política legislativa bien puede el legislador
reservar sólo a los jueces ordinarios unas determinaciones, para que el derecho
dictado por los jueces sea el que trace el sentido preciso de la
jurisprudencia, bien como una de las fuentes del derecho o como criterio
auxiliar de la actividad judicial, en los términos de que trata el artículo 230
de la [Constitución Nacional].”
Destacó el interviniente, que los árbitros eran, en
efecto, jueces. Acentuó, no obstante, que sus decisiones no constituían
jurisprudencia arbitral. Dijo al respecto: “[e]n efecto, la jurisprudencia,
fuente del derecho, ha de provenir de los jueces ordinarios de la nación,
porque son estos los que pertenecen y hacen parte de un órgano jurisdiccional,
elemento extraño al árbitro. La jurisprudencia fuente del derecho no puede
definirse con simplista criterio gramatical, según el cual todo lo que implique
decisión sobre algún litigio, es jurisprudencia. (…) La jurisprudencia es
aquella que identifica un órgano jurisdiccional en concreto que por pertenecer
a una de las ramas del poder público, identifica un parecer o concepto sobre
una norma o tendencia jurídica.”
En contraste con lo anterior, subrayó, “los árbitros
que deciden un litigio no reflejan la opinión de una corporación pública, ni
siquiera privada, pues tampoco comprometen a los centros de arbitraje, en los
eventos en los que se trata de tribunales administrados por estos.” En su
opinión, los árbitros “representan sólo su particular opinión de un asunto que
ha sido sometido a su conocimiento, pues tampoco podría decirse que lo
expresado como fundamento de un fallo arbitral compromete o identifica a todos
los árbitros que de una u otra manera han fallado casos similares.” Recalcó el
ciudadano Bejarano que la jurisprudencia no podía reducirse a lo que fuera
capaz de conceptuar “una justicia remunerada, como la arbitral, en veces
administrada de manera desordenada, interesada y no en pocas ocasiones en
presencia de una ostensible parcialidad de unos árbitros que no siempre
[tenían] claros sus deberes para declararse impedidos, cuando en ellos
[concurrían] causales claras de impedimento y de recusación. Por lo anterior,
consideró el ciudadano Bejarano Guzmán que era sano el que “en términos judiciales
y democráticos [cuando los socios] tengan que disentir de las decisiones de las
sociedades acudan a un juez ordinario, en vez de verse compelidos a ventilar
sus controversias delante de costosos tribunales de arbitramento.”
Indicó que la consecuencia de declarar la
inexequibilidad del precepto demandado se traduciría de inmediato en que los
socios de las diferentes clases de sociedades tendrían en el futuro que
“provocar la integración de tribunales de arbitramento cada vez que [tuvieran]
que disentir de una decisión societaria, lo que en buen romance [equivaldría]
cerrarle el camino de acceso a la justicia a quienes [carecieran] de recursos
económicos, o al menos [implicaría] entorpecerlo, pues [ellos] tendrían que
intentar la convocatoria de un tribunal a sabiendas de que por adolecer de
recursos, éste no [podría] funcionar [o] lo peor, conduciría a una parte
económicamente débil a tener que convocar un arbitramento para enfrentarse a la
sociedad de la que es accionista o socio corriendo el riesgo de que [ante la
carencia de recursos] para pagar el 50% de los honorarios y gastos, tal rubro
lo asuma su poderosa contraparte, la que por es camino quedaría en capacidad de
demandar a ese accionista o socio, para forzarlo [por medio] de un proceso
ejecutivo a rembolsar la parte pertinente, según las voces perentorias del
inciso 3 del artículo 144 del decreto 1818 de 1998[2].”
Con fundamento en los motivos indicados, solicitó que la
Corte Constitucional declarara la inexequibilidad del precepto demandado.
3.- Intervención del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
En escrito allegado a la Secretaría General de esta
Corporación el día 17 de octubre de 2007 el ciudadano Álvaro Peñaranda Álvarez
actuando a nombre y representación del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo expuso las razones en las que sustentó la defensa de la norma acusada.
Según el interviniente la norma demandada no desconoce
ni el artículo 116 de la Constitución Nacional ni el artículo 333 superior. En
su opinión, el actor parte de “una falsa concepción filosófica jurídica sobre
la existencia de libertades absolutas en todas las actividades que puede el
hombre realizar en sociedad.” Estima, que esta concepción resulta por entero
errada pues “desde tiempos inmemoriales y frente al origen y a la existencia
del Estado, como aparato regulador de las relaciones entre sus asociados
entendidos como personas jurídicas y/o naturales, siempre se ha argumentado que
todos y cada uno de los miembros de esa sociedad han acordado vivir en ella [y
con el propósito de] lograr su armonía y la concordia entre sus integrantes
pactan algunos parámetros de convivencia ciudadana.” En esta misma línea de
pensamiento, recuerda el interviniente cómo en un Estado social de derecho “no
existen libertades absolutas” y la máxima de conformidad con la cual los
derechos terminan donde comienzan los de los demás se constituye en una
garantía y en “pieza fundamental para la seguridad y mantenimiento del orden
social y justo.” Considera el interviniente que el legislador en el caso sub
examine no pretendió nada diferente a observar la máxima descrita.
Respecto de los reparos efectuados por el demandante
en relación con la supuesta vulneración del artículo 133 superior, indicó el
interviniente que lo que tal precepto establecía eran “los principios de
libertad de empresa e iniciativa particular o privada” y consignaba asimismo
“principios relacionados con la libre competencia.” Insistió, sin embargo, que
lo plasmado en el mencionado artículo no podía entenderse en términos absolutos
ni abstractos pues las exigencias allí previstas tenían también por objeto
trazar límites a la libertad económica mediante la ley “cuando así lo exijan
las condiciones tendientes a la satisfacción del interés social, de ahí que las
empresas o sociedades comerciales de iniciativa y creación privada, sean
supervisadas y controladas por órganos previamente creados para el efecto por
el propio Estado.”
Aunado a lo anterior, manifestó el interviniente que
de declararse la inexequibilidad del precepto demandado – dejando de lado la
intervención del funcionario judicial - esto traería como consecuencia que la
decisión adoptada ya no sería respetada y obedecida en virtud de su carácter erga
omnes sino que estas decisiones serían conocidas únicamente “por los socios
o codueños de la sociedad o de la empresa.” Así, agregó, “las actuaciones
registradas ante estos órganos [tendrían] efectos privados, mientras que los
actos, decisiones o fallos proferidos por los funcionarios jurisdiccionales son
de conocimiento general y [producen efectos] erga omnes.
Por las razones expresadas solicitó a la Corte
Constitucional abstenerse de declarar la inexequibilidad del precepto
demandado.
4.- Intervención de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia
Por medio de escrito presentado ante la Secretaría
General de la Corte Constitucional, el ciudadano Saúl Sotomonte Sotomonte
presentó escrito de intervención a nombre de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia. A continuación se transcriben los motivos que ofreció el
interviniente para pedir a la Corte que declarara la constitucionalidad de la
norma demandada.
“1. No obstante que no existen actas detalladas sobre
[el origen del artículo 194 del Decreto 410 de 1971 a partir] de los
comentarios de algunos redactores del Código de Comercio se deduce que la norma
se originó en las siguientes consideraciones:
1.1.
Por la época varios
juristas sostenían que los Tribunales de Arbitramento no eran competentes para
declarar nulidades. Posición ya superada.
1.2.
Si se tiene en cuenta
que de conformidad con el artículo 193 inciso tercero del mismo código, la
acción de impugnación también puede ser ejercida por los Administradores de la
Sociedad o por el Revisor Fiscal, se tendría que si tales controversias se
someten a la justicia arbitral, los así legitimados no podrían iniciar tales
acciones por cuanto que no son parte del contrato social y, por tanto, tampoco
de la cláusula compromisoria.
1.3.
Las partes
comprometidas por la cláusula compromisoria deben estar dispuestas a cancelar
las costas del mismo trámite, lo que le limita en mayor medida el acceso a la
justicia a las minorías y al mismo revisor Fiscal.
2.
De conformidad con el
artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, el actor en demanda de
impugnación puede pedir la suspensión de los actos impugnados hasta cuando haya
decisión de fondo para así evitar graves perjuicios, lo cual no es procedente
en el trámite arbitral.
3.
Con la limitación
establecida en el artículo 194 no se está afectando el derecho que se tiene de
acceder a la justicia. Todo lo contrario, se está reafirmando la prioritaria
función que en esta materia le corresponde al Estado.
4.
Además de conformidad
con la ley 222 de 1995 y con la ley 446 de 1998, de manera desafortunada se
estableció que en materia de impugnaciones los interesados también pueden
recurrir ante la Superintendencia de Sociedades.
Con fundamento en los motivos expresados, el
interviniente solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad
del precepto acusado.
5.- Intervención de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia ANDI
Por medio de escrito presentado ante la Secretaría de la
Corte Constitucional el día 31 de octubre de 2007 el ciudadano Luis Carlos
Villegas Echeverri solicitó a la Corporación que declarara la inexequibildad
del precepto demandado. Dividió su escrito en tres partes. En la primera, se
encaminó a identificar el bien jurídico tutelado con el precepto. En la
segunda, abordó el estudio de pertinencia del artículo e indicó las que, a su
juicio, configuraban contradicciones con el fin buscado. Por último, indicó de
qué manera podría evolucionar la legislación relacionada con la temática bajo análisis.
Respecto del bien jurídico tutelado indicó la
intervención que el artículo 194 del Decreto 410 de 1971 había tenido como
propósito proteger “los intereses de accionistas minoritarios que eventualmente
podrían verse afectados en el ejercicio de su derecho de impugnación a través
de la consagración de una cláusula compromisoria. Admitió el interviniente que
esta protección era legítima pero se preguntó más adelante si constituía una
vía idónea para conseguir dicho objetivo y no existían otras vías que
permitieran llegar al mismo resultado.
Llegó a la conclusión según la cual “la norma
impugnada no [resultaba] ser la vía adecuada para proteger el bien jurídico
supracitado, pues su formulación y aplicación práctica [contrariaba] en primer
lugar el fin que ella misma [perseguía] y, simultáneamente, una serie de
preceptos constitucionales.”Explicó a continuación que en relación con la
protección de los derechos de accionistas minoritarios existía un conjunto de
prescripciones contenidas en el “Código de mejores prácticas corporativas para
Colombia o Código País” “que redundaba en mayor beneficio de los accionistas y
que vía autorregulación complementa las prácticas que en materia de gobierno
corporativo profesan las sociedades colombianas.” Manifestó el interviniente
que en lo relativo a las controversias que se susciten entre la sociedad, sus
accionistas y sus administradores el mencionado código recomendaba “vías de
arreglo directo y formas alternativas de solución de conflictos tomando siempre
en cuenta las limitaciones de los pequeños accionistas o inversionistas.” A
partir de allí, dedujo el interviniente que los conflictos suscitados debían
“ser resueltos privilegiando mecanismos extrajudiciales de solución y, en
primer lugar, el arreglo directo, dentro de un marco de respeto por los
derechos de los accionistas minoritarios.”
En opinión del ciudadano el precepto demandado trae
como consecuencia paras los accionistas minoritarios “la imposibilidad de
acudir a otra serie de vías procesales y extraprocesales de impugnación de las
decisiones de la sociedad, pues indica de manera taxativa que la única vía de
objeción que se tiene es la de acudir ante los jueces ordinarios.” Enfatiza que
de lo dicho se sigue “el absurdo de que los accionistas se vean obligados a
prescindir de mecanismos de arreglo directo, como la transacción o la
conciliación e, igualmente, imposibilita la vía arbitral generando que tengan
que esperar que la decisión sea tramitada por el juez civil, con los costos
económicos y de tiempo que ello genera, pues deberán incurrir en los gastos que
cualquier proceso implica y adicionalmente, tendrán que esperar que un largo y
lento proceso abreviado termine.”
Acentuó el interviniente que la norma en cuestión
tornaba imposible entregar competencia a un tercero investido temporalmente de
jurisdicción pues obligaba a acudir a la jurisdicción ordinaria aún cuando se
hubiera pactado cláusula compromisoria. Con ello, añadió, se restringe de modo
ilegítimo el principio de habilitación consignado en el artículo 116 de la
Constitución Nacional “pues no existe ningún argumento de interés público que
faculte al legislador para impedir que los particulares, en desarrollo del
principio citado, entreguen temporalmente facultades jurisdiccionales a
particulares.”
Encontró el ciudadano Villegas Echeverri que la norma
acusada restringía de manera injustificada el principio de libre iniciativa
privada así como la autonomía de la voluntad privada por cuanto con su
aplicación se generaba la imposibilidad de que las diferencias presentadas en
el contexto de la sociedad o entre los socios o entre los socios y los
administradores fueran resueltos mediante el trámite arbitral u otras vías de
arreglo directo. Insistió en que esto también afectaba a los socios
minoritarios pues los privaba de poder acudir a “vías más expeditas para la
solución de un conflicto.”
Con fundamento en lo expuesto, concluyó que el
artículo impugnado no lograba proteger el bien jurídico que intentaba tutelar y
más bien lo afectaba y contradecía, de paso, el principio de habilitación de
los particulares para ejercer de modo temporal funciones judiciales (artículo
116) y el principio de libre iniciativa privada motivo por el cual debe ser
retirado del ordenamiento. Para terminar, estimó el interviniente que lo
anterior sería una buena forma de continuar el desarrollo legislativo pues
significaría dar un paso adelante en el sentido de posibilitar a las partes
interesadas para que sean ellas mismas quienes “en desarrollo de la autonomía
negocial que debe caracterizar sus relaciones, escojan el medio idóneo para
solucionar sus diferencias a través de los diferentes mecanismos ofrecidos por
el Estado para hacerlo (arreglo directo, conciliación, transacción, arbitraje,
etc.).”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El concepto número 4420 emitido por el
Procurador fue allegado a la Secretaría General de esta Corporación el día 14
de noviembre de 2007. La Vista Fiscal solicitó a la Corte Constitucional
declarar la exequibilidad de la expresión “ante los jueces aunque se haya
pactado cláusula compromisoria” contenida en el artículo 194 del Decreto 410 de
1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio”. Sustentó su
solicitud en los motivos que se sintetizan a continuación.
La Vista Fiscal encontró que en el asunto sub
judice el problema jurídico consistía en determinar si el artículo 194 del
Código de Comercio al establecer como obligatorio el conocimiento de acciones
de impugnación de las decisiones de la asamblea o junta de socios por parte de
la justicia ordinaria aún cuando se hubiese pactado cláusula compromisoria
desconocía, por un lado, el artículo 116 de la Constitución Nacional de
conformidad con el cual los particulares pueden ser investidos transitoriamente
de la función de administrar justicia en la condición de árbitros habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad y, por otro, el
artículo 333 superior, que establece que la libertad económica y la iniciativa
privada son libres.”
En relación con los reparos de
inconstitucionalidad elevados por el demandante admitió el Jefe del Ministerio
Público que si bien era cierto los particulares podían ser investidos con la
función de administrar justicia en forma transitoria y estaban, en
consecuencia, habilitados para fallar en derecho o en equidad, no menos cierto
era que la justicia arbitral constituía un mecanismo “alternativo excepcional y
oneroso en relación con la función de administrar justicia que corresponde al
Estado. Según el artículo 228 superior, al Estado le corresponde por la vía
ordinaria solucionar los conflictos que se presenten entre particulares o entre
éstos y el Estado. Uno de los rasgos específicos de la justicia estatal,
resaltó el Procurador es precisamente la gratuidad.
En relación con el principio de gratuidad,
enfatizó la Vista Fiscal cómo la jurisprudencia constitucional había sido
reiterativa en afirmar que “la justicia arbitral no podía reemplazar o
disminuir el campo de acción de la función permanente de administrar justicia
por parte del Estado.” En tal sentido, insistió en que la justicia arbitral era
onerosa y recalcó que por este motivo no podía extenderse de tal manera que
llegara al extremo de sustituir la justicia gratuita a cargo del Estado. En ese
mismo orden de ideas, recalcó que “a la justicia arbitral sólo [debía] acudirse
excepcionalmente y como mera opción.” Lo contrario, significaría, en su opinión
“fortificar la justicia arbitral en menoscabo de la justicia a cargo del
Estado” y podría traer consigo que por la vía del arbitramento termine por
imponerse a la parte débil de una relación jurídica “la solución de un
conflicto que en algunas ocasiones puede implicar la renuncia a sus derechos e
intereses (Corte Constitucional. Sentencia C-672 de 1999).
En desarrollo de su punto de vista, el Jefe
del Ministerio Público hizo mención de lo establecido en el artículo 11 de la
Ley 446 de 1998 por medio del cual el legislador define la figura del arbitraje
en tanto que “mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto
de carácter transigible defieren su solución a un tribunal arbitral, el
cual queda transitoriamente revestido de la facultad de administrar justicia,
profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.” (Énfasis y subrayas
añadidas por el Jefe del Ministerio Público). Recordó el Procurador que la
Corte constitucional había declarado exequible la expresión transigible
contenida en el artículo en mención por medio de la sentencia C-098 de 2001, la
cual citó en extenso.
Dado que de conformidad con la legislación
vigente no resulta factible transigir respecto de una decisión adoptada por la
asamblea o junta de socios que desconoce las prescripciones legales o
estatutarias, concluyó la Vista Fiscal que el legislador había tenido razón
válida para limitar la voluntad de las partes y disponer por medio de la
expresión acusada que las acciones de impugnación contra esos actos irregulares
no podían intentarse ante particulares. Luego de recordar que el artículo 137
de la Ley 446 de 1998 había atribuido a la Superintendencia de Sociedades la
facultad para conocer de la impugnación de actos o decisiones de asamblea de
accionistas o juntas de socios y de juntas directivas de sociedades vigiladas
por ella, señalando que la acción indemnizatoria a que hubiere lugar por los
posibles perjuicios que derivaran del acto o decisión que se declararan nulos
sería competencia exclusiva del juez –asunto que fue declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-833 de 2006 -, solicitó a la Corte
declarar la exequibilidad del precepto parcialmente demandado en la presente
ocasión.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la
Constitución Nacional.
Objeto de la demanda
2.- El demandante estima que la expresión contenida en
el artículo 194 (parcial) del
Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio” de
conformidad con el cual las acciones de impugnación previstas en el
correspondiente Capítulo del Código de Comercio “se intentarán ante los jueces, aunque se haya pactado
cláusula compromisoria” desconoce tanto el artículo 116 de la Constitución
Nacional como el artículo 333 superior por cuanto, de una parte, impide el
acceso a la justicia arbitral desconociendo que según el artículo 116 los
particulares pueden pactar válidamente cláusulas compromisorias en virtud de
las cuales acuerdan someter las discrepancias que se presenten con ocasión del
giro ordinario de sus negocios a un tribunal de arbitramento y, de otra parte,
vulnera la autonomía de la voluntad así como la libre iniciativa privada que
son una manifestación del ejercicio de la libertad contractual en armonía con
lo previsto por el artículo 333 de la Constitución Nacional.
La mayoría de los intervinientes y la Vista Fiscal
estiman que la norma demandada debe declararse exequible pues, si bien es
cierto el artículo 116 de la Constitución prevé la posibilidad de someter las
discrepancias suscitadas en desarrollo de las actividades comerciales a un
tribunal de arbitramento, esta facultad no es absoluta y se extiende únicamente
a aquellos asuntos que puedan ser objeto de transacción, lo que no sucede con
la actuaciones tendientes a desconocer normas de imperativo cumplimiento cuyo
falta de observancia puede producir la ineficacia del acto o da lugar a la
nulidad del mismo. En estos eventos, se trata de cuestiones no susceptibles de
transacción por lo que resulta claro que su impugnación se plantee ante la
justicia ordinaria. De lo contrario, podría incurrirse en denegación de
justicia respecto de las partes económicamente débiles quienes se verían impedidas
para convocar costosos tribunales de arbitramento quedando al albur de lo que
disponga la parte más fuerte desde el punto de vista económico. Respecto del
supuesto desconocimiento del artículo 333 de la Constitución Nacional,
recuerdan estos intervinientes que los derechos allí contenidos no son
absolutos y que el ejercicio de los mismos puede verse restringido por el
Estado cuando existan motivos constitucionalmente relevantes que lo
justifiquen.
Uno de los intervinientes estimó, por su parte, que el
precepto demandado debía ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Consideró que el objetivo buscado por la expresión demandada - proteger los
intereses de los socios minoritarios - estaba justificado desde el punto de
vista constitucional, pero se cuestionó si la vía utilizada por el legislador
lograba ese propósito y llegó a la conclusión según la cual ese no era el
camino adecuado, por cuanto en lugar de ofrecer a los socios minoritarios la
posibilidad de acudir a vías –procesales y extraprocesales - más expeditas y
rápidas para solucionar las controversias, los sometía a los trámites lentos y
complejos de la justicia ordinaria. Con ello no sólo se desconocía lo dispuesto
por el artículo 116 de la Constitución sino que se restringía de modo
injustificado la libre iniciativa privada garantizada por el artículo 333
constitucional.
Problema jurídico
3.- En la presente ocasión le corresponde a la Corte
Constitucional determinar si el artículo 194 del Código de Comercio al
establecer como obligatorio el conocimiento de acciones de impugnación de las
decisiones de la asamblea o junta de socios por parte de la justicia ordinaria
- aún cuando se hubiese pactado cláusula compromisoria - vulnera, de una parte,
el artículo 116 de la Constitución Nacional, de conformidad con el cual los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de árbitros habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad y desconoce, de otra parte, el
artículo 333 superior mediante el cual se protege la libertad económica y la libre
iniciativa privada.
Para efectos de resolver el problema jurídico
planteado, la Corte Constitucional se pronunciará sobre los siguientes tópicos:
(i) sentido y alcances del arbitramento; (ii) criterios jurisprudenciales
respecto de: (a) el margen de configuración de la Legislación y sus límites en
materia procesal; (b) la libertad de configuración legislativa en el
proceso arbitral; (iii) análisis de los cargos.
Sentido y alcances del arbitramento
4.- De conformidad con lo establecido por
el último inciso del artículo 116 de la Constitución Nacional, “los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los
términos que determine la ley”. El referido precepto, constituye el
fundamento constitucional de la justicia arbitral y define los principales
elementos que la caracterizan. En ese orden, la justicia arbitral: (i) es un
mecanismo alternativo de resolución de conflictos expresamente autorizado por la
Constitución Nacional; (ii) supone el ejercicio de la función jurisdiccional
por particulares[3]; (iii) tiene naturaleza procesal; (iv) es de carácter transitorio o temporal;
(v) profiere fallos en derecho o en equidad; (vi) se desarrolla en los términos
que señala la ley, de manera que al Legislador le corresponde una amplia
libertad de configuración de la justicia arbitral; (vii) debe ejercerse dentro
de las fronteras que le fijan los preceptos constitucionales.
5.- El Legislador colombiano, por su parte, ha
desarrollado también lo concerniente a la justicia arbitral reconocida de modo
expreso en el artículo 116 superior en numerosas disposiciones. En primer
lugar, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se refiere al
arbitraje en su artículo 8º cuando alude a los mecanismos alternativos de
solución de conflictos y en el numeral 3 del artículo 13, que señala
textualmente:
“Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados
por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad
con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje las leyes
especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio
de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la
ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad.” (Énfasis
añadido).
Esta disposición delimita las materias que pueden ser
sometidas a la justicia arbitral y, en igual dirección, exige que sean asuntos
susceptibles de transacción. Así mismo confía al legislador el señalamiento de
las reglas procesales que regulen el arbitraje. Prevé, por lo demás, que dichas
reglas puedan ser acordadas por personas particulares. El Decreto 1818 de 1998 compiló
las diversas disposiciones que regulan los mecanismos alternativos de solución
de conflictos, y en su parte segunda se ocupó de manera específica del
arbitramento. En esa medida, tuvo un carácter unificador de la legislación
existente hasta el momento[4].
6.- El artículo 115 del mencionado Decreto, compila el
artículo 111 de la Ley 446 de 1998 y define el arbitraje en los siguientes
términos:
“El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes
involucradas en un conflicto de carácter transigible, difieren su
solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la
facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión llamada laudo
arbitral.” (Énfasis añadido).
7.- Las disposiciones siguientes del Título I de la
Parte segunda del Decreto 1818, agrupa las disposiciones relacionadas con los
aspectos generales de la justicia arbitral, tales como las modalidades de
arbitraje, el pacto arbitral, y los árbitros; el Título II contiene, a su
turno, las regulaciones relacionadas con el proceso arbitral; el Título III
reúne, por su parte, las normas especiales y la Parte Cuarta del citado Decreto
recopila las disposiciones de la Ley 80 de 1993 relacionadas con la solución de
controversias contractuales en materia de contratación estatal.
8.- La
jurisprudencia constitucional, concibe la justicia arbitral como el ejercicio
de una competencia que tiene origen en la habilitación de las partes como
manifestación de la autonomía de su voluntad y se encamina a resolver las
controversias que se presentan en un caso concreto con efecto de cosa juzgada[5].
Ha destacado la Corte cómo una vez investidos los árbitros del poder de
administrar justicia para un asunto en particular, obran en calidad de
autoridades judiciales, por lo cual el laudo arbitral se equipara a un acto
jurisdiccional que adoptado después de seguir el procedimiento preestablecido
para verificar los hechos, valorar las pruebas y extraer una consecuencia en
derecho o en equidad, según la voluntad de las partes, hace tránsito a cosa
juzgada al igual que las sentencias judiciales[6].
Desde esa perspectiva, la Corte ha caracterizado el
laudo arbitral, sea en derecho o en equidad, como una decisión eminentemente
jurisdiccional que equivale a una providencia judicial, en la medida en que
resuelve el conflicto entre las partes pronunciándose sobre los hechos,
pretensiones, pruebas y reglas jurídicas aplicables[7].
El acuerdo arbitral recibe en el ordenamiento jurídico colombiano diferentes
denominaciones –pacto arbitral, pacto compromisorio-, así como puede revestir
diferentes formas –cláusula compromisoria, compromiso-, y puede abarcar un
conflicto específico o, por el contrario, referirse en general a las
discrepancias que puedan surgir de una determinada relación contractual. En
suma, ha dicho la Corte, que la justicia arbitral adquiere su sentido y razón
de ser en el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y
voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración
de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus discrepancias[8].
9.- En ese orden de ideas y haciendo referencia en
particular a los aspectos en que se distinguen la justicia arbitral y la
justicia administrada por las autoridades judiciales de la República, ha
precisado la Corte cómo mientras las autoridades judiciales realizan una
función pública institucional, inherente a la existencia misma del Estado, los
árbitros desempeñan esa función en virtud de la habilitación que les han
conferido en ejercicio de la autonomía de su voluntad contractual las partes
que se enfrentan en un conflicto determinado[9]. También ha
acentuado la Corporación, que la justificación constitucional de este mecanismo
de resolución de conflictos radica no sólo en su contribución a la
descongestión, eficacia, celeridad y efectividad del aparato estatal de
administración de justicia, sino en que proporciona a los ciudadanos y a las
ciudadanas una opción voluntaria de tomar parte activa en la resolución de sus
propios conflictos[10], materializando así el
régimen democrático y participativo que diseñaron las y los Constituyentes[11].
10.- El papel que desempeña la voluntad autónoma de
las partes le otorga a la justicia arbitral unos rasgos característicos que la
Corte Constitucional ha destacado en sus desarrollos jurisprudenciales[12]. Así, ha dicho la Corporación que una de
las particularidades más notables de la justicia arbitral concierne a su
transitoriedad o temporalidad. Dado que son las partes de un vínculo
contractual quienes habilitan a los árbitros para resolver el conflicto que
pueda presentarse en el desarrollo de dicha relación, su función está
claramente demarcada en el tiempo. Una vez se resuelve la controversia,
desaparece la razón de ser de la habilitación[13]. En sentido
similar, resulta una peculiaridad del arbitramento el que las partes asumen la
responsabilidad de precisar de modo diligente los alcances así como las
consecuencias jurídicas y económicas que tendrá para ellas acudir a la justicia
arbitral[14].
De otra parte, la justicia arbitral se distingue
también por cuanto aquellas situaciones que contribuyen a viciar de nulidad la
voluntad de las partes que acuden a este mecanismo con el fin de resolver sus
diferencias, afectan tanto la legitimidad del tribunal arbitral como la de las
decisiones que él adopte lo que, ha sostenido la Corte, “constituye un obstáculo
indebido en el acceso a la administración de justicia; de tal manera, el pacto
arbitral debe resultar de la libre discusión y autónoma aceptación por las
personas concernidas, sin apremio alguno[15], a la luz de
su evaluación autónoma de las circunstancias que hacen conveniente recurrir a
tal curso de acción, y no de una imposición que afecte su libertad negocial[16].
Adicionalmente, ha destacado la Corte otra característica específica de la
justicia arbitral, a saber, que al ser el principio de voluntariedad o
habilitación el que determina su marco de acción, los asuntos que no se hallen
dentro del margen de disposición y autonomía de las partes en conflicto no
pueden ser ventilados ante los particulares que actúan en calidad de árbitros.
11.- Concomitante con lo anterior, ha hecho
hincapié la Corte en que las decisiones de las personas que obran en calidad de
árbitros pueden ser tanto en derecho como en equidad. En la sentencia SU-837 de
2002 se pronunció la Corte Constitucional sobre el arbitraje en equidad y sostuvo
al respecto que en esta eventualidad las razones para sustentar la decisión no
requerían “ser normativas, a diferencia de lo que sucede con la decisión en
derecho.” No obstante, resaltó la Corporación cómo también en el caso de los
fallos que se adoptan en equidad debía tenerse en cuenta el marco mínimo fijado
por la Constitución y por la Ley. Subrayó que las personas facultadas para
decidir como árbitros en equidad debían resolver las diferencias que se sometieran
a su jurisdicción “respetando los derechos y facultades constitucionales,
legales y convencionales de las partes, así el referente para justificar la
decisión [fuera] otro, diferente a las normas jurídicas.”
Destacó la Corte que la decisión en equidad
auscultaba “las circunstancias concretas del conflicto y [propugnaba] por la
justicia del caso, sin necesidad de basarse en referentes normativos positivos.”
En lo relativo a la justificación, encontró la Corporación que la persona que
actuaba como arbitro en equidad estaba obligada a aportar razones para
sustentar su decisión, pues, de lo contrario, no se entendería motivado el
fallo y afirmó que “cuando no [existían] razones que apoyaran la decisión en
equidad, ésta no [podía] ser tenida como ejercicio legítimo de una función
pública, al tornarse incontestable y sinónimo de un acto inexpugnable y
arbitrario.”
12.- En definitiva, la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional ha resaltado asimismo el carácter procesal del arbitramento como
mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Ha explicado la Corporación
que se trata de un proceso, puesto que los particulares, al administrar
justicia como árbitros, deben materializar, dentro de la lógica propia del
arbitraje y atendiendo a sus especificidades, los derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia,
respetando el marco trazado por el legislador. Por ello, el arbitramento se
concibe como un proceso que garantiza los derechos de las partes enfrentadas,
mediante un conjunto de etapas y oportunidades para discutir argumentos,
valorar pruebas, controvertir la posición de la otra parte e incluso controlar
las decisiones de los árbitros[17].
También ha sostenido la Corte que, por mandato legal,
los árbitros cuentan prima facie con las mismas facultades procesales de
las que disponen las autoridades judiciales estatales, esto es, el poder: (i) de
decisión para resolver en forma obligatoria la controversia; (ii) de coerción,
para procurar los elementos necesarios a fin de obtener el cumplimiento de la
decisión, y (iii) de documentación o investigación para practicar pruebas,
valorarlas y encontrar la verdad procesal indispensable para adoptar la
decisión que corresponda[18].
13.- Puestas así las cosas, las personas elevadas a la
categoría de árbitros ejercen las atribuciones que les son conferidas legal y
convencionalmente dentro del marco fijado por la Constitución Nacional. Lo
anterior no implica desconocer el principio de voluntariedad sino trazarle
ciertos límites más allá de los cuales no pueden avanzar los árbitros. En
relación con lo expresado, ha recordado la jurisprudencia constitucional cómo de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 superior le compete a la Ley “fijar
las reglas aplicables al funcionamiento de los tribunales de arbitramento”[19],
y ha insistido en que esta exigencia constitucional no implica recortar “en
modo alguno la autonomía de la voluntad de las partes que deciden acudir al
arbitraje como forma apta para zanjar sus diferencias[20].”
Resulta, entonces, palmario que la Ley se restringe a establecer el trámite
aplicable al correspondiente procedimiento, “acatando (…) lo dispuesto por el
artículo 29 de la Constitución[21].”
Otra particularidad que ha acentuado la Corte[22]
y que guarda un estrecho nexo con lo hasta aquí expuesto, tiene que ver con que
la justicia arbitral sólo existe cuando media habilitación voluntaria, tal como
lo dispone el artículo 116 superior. En consecuencia, en el evento en que las
personas particulares hayan omitido establecer un procedimiento específico,
corresponde al Legislador regular la materia en consonancia con lo establecido
por los artículos 116 y 29 de la Constitución Nacional pues “si los árbitros
cumplen la función pública de administrar justicia, es razonable que el
Legislador regule en términos generales el marco dentro del cual lo habrán de
hacer, con sujeción a la Constitución[23].”
14.- Justo en relación con la facultad de decisión en
cabeza de las personas que fungen como árbitros, ha dicho la jurisprudencia
constitucional que a estas personas les compete “desatar la controversia
presentada a su examen, potestad que ejercen mediante la expedición del laudo
arbitral,” esto es, “por medio de la providencia que pone fin al trámite arbitral.”
Tal providencia es, por su contenido formal, al igual que por su contenido material,
una verdadera sentencia judicial y, en esa medida, tiene alcances y efectos
similares a los de un fallo judicial pues hace tránsito a cosa juzgada y presta
mérito a ejecutivo[24].” Así lo indicó en la
sentencia C-242 de 1997 cuando sostuvo lo siguiente:
“Adicionalmente,
la decisión arbitral concretada en un laudo arbitral, bien sea en derecho o
en equidad, es eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia
judicial, en cuanto resuelve el litigio suscitado entre las partes,
pronunciándose sobre los hechos, resolviendo sobre las pretensiones, valorando
las pruebas y declarando el derecho a la luz de los mandatos constitucionales y
legales o atendiendo a los principios de equidad. Claro está, que la
ejecución y control de ese laudo corresponde a la jurisdicción ordinaria
permanente.” (Negrillas fuera del texto).
15.- Queda entonces de relieve que la
justicia arbitral posee uno rasgos propios pero implica de todas maneras el
ejercicio de la función jurisdiccional por parte de personas particulares
(árbitros). Las decisiones que se adoptan en el marco de la justicia arbitral
son, por consiguiente, de naturaleza jurisdiccional y, en tal medida, el
arbitramento “expresa el ejercicio de una función pública esencial del Estado,
que excepcionalmente permite a los particulares (…) impartir justicia cuando
las partes quieren poner término a sus diferencias en forma personal y
amigable”[25], pues en tanto que “mecanismo
alterno de solución de conflictos, supone la derogación que hacen las partes de
la jurisdicción que en cabeza de [las autoridades judiciales] ejerce el Estado,
para que frente a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, sean
terceros distintos de los jueces, quienes con carácter definitivo resuelvan la
controversia suscitada, mediante una decisión –fallo arbitral- que al igual que
las decisiones de los jueces de la República, haga tránsito a cosa juzgada[26].”
En otros términos, el proceso arbitral es desde la
óptica material un proceso judicial, y, en tal sentido, el laudo arbitral se
equipara a una sentencia judicial por cuanto pone fin al proceso y desata de
manera definitiva la cuestión examinada. Adicionalmente, los árbitros son
investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia,
la cual, ha sido calificada legalmente como un servicio público, motivo por el
cual, no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los
tribunales arbitrales están vinculados por los derechos fundamentales, y que la
acción de tutela es procedente cuando estos sean vulnerados o amenazados con
ocasión de un proceso arbitral[27].
Hasta aquí resulta factible afirmar, en consecuencia,
que el arbitramento es un mecanismo cuya función reviste especial importancia
en el contexto de la administración de justicia. Las personas pueden optar por
acudir a tal herramienta con el propósito de descongestionar el funcionamiento
de la justicia y con ello abrir espacio a una forma adicional de participación
de las personas particulares en la resolución de sus propios conflictos.
Ahora bien, tal como sucede con los asuntos de orden
procesal, la Constitución Nacional le reconoce a la Ley un muy amplio espacio
de apreciación también para regular aspectos relativos a la justicia arbitral.
Antes de precisar las características de tal regulación y los límites a los que
debe ajustarse, recordará la Sala Plena sus lineamientos jurisprudenciales
atinentes al margen de configuración legislativa en materia procesal.
Margen de configuración de la Legislación y sus
límites en materia procesal.
16.- La cláusula general de competencia prevista en la
Constitución a favor de la Legislación, - numeral 2º del artículo 150 -, le
confiere a esta última un extenso margen de configuración dentro del cual puede
regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás
aspectos de las instituciones procesales, en general. Esta atribución
constitucional adquiere especial relevancia, por cuanto hace factible que la
Ley determine las regulaciones con sustento en las cuales se garantiza la plena
efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C. N.) y se
asegura el acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.
N.). De otra parte, estas reglas fijadas por la Ley contribuyen a consolidar la
seguridad jurídica, la razonabilidad, el equilibrio en los procesos así como
posibilita otorgar plena vigencia al principio de legalidad característico del
Estado Social de Derecho[28].
17.- En sucesivas ocasiones ha recordado la
jurisprudencia constitucional cómo “el proceso no es un fin en sí mismo, sino
que se concibe y estructura para realizar la justicia y con la finalidad
superior de lograr la convivencia pacífica  de
los asociados [y de las asociadas] (Preámbulo y artículo 1 de la Constitución
Nacional)[29].” Las normas procesales
tienen por demás el objetivo de procurar que los procesos se realicen de manera
que se cumpla con los principios de celeridad y eficacia de las respuestas
jurisdiccionales y se protejan los derechos e intereses de las partes que en
ellos intervienen o han sido a ellos vinculadas.
Siempre y cuando se respeten las garantías
fundamentales consignadas en la Constitución Nacional, goza la Ley de un amplio
margen de apreciación para regular las formas propias de cada juicio
comprendidas estas como “el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según
la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las
diversas instancias judiciales o administrativas”[30].
En esta misma línea, la jurisprudencia constitucional[31]
ha reiterado cómo, de conformidad con los artículos 29, 150 y 228 superiores,
las facultades otorgadas a la Ley para fijar las formalidades procesales son
amplias[32].
18.- Lo dicho en precedencia permite concluir que si
bien es cierto la libertad de configuración del Legislador no es absoluta y no
puede rayar desde luego en la arbitrariedad o ser desproporcionada[33],
también resulta obligado admitir que no le está permitido al Legislador
restringir de manera injustificada tal libertad de configuración y debe, más
bien, encaminarse a garantizar que el margen de apreciación legislativa se
ejerza dentro de las fronteras que le fija la Constitución Nacional[34].
Así las cosas, ha reiterado la jurisprudencia
constitucional que la facultad de configuración de la Legislación se ejerce de
conformidad con los preceptos establecidos en la Norma Fundamental cuando: (i)
observa principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad,
entre otros; (ii) vela por la vigencia de los derechos fundamentales de las
ciudadanas y de los ciudadanos[35], lo cual, en el caso de
las regulaciones en materia procesal, supone garantizar derechos tales como el
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C. N.)[36]; (iii) obra conforme a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las
formas[37] y (iv) permite la puesta
en vigencia del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las
formas (artículo 228 C. N.)[38].
19.- Según la Corte Constitucional, no se consideran
válidas aquellas regulaciones orientadas a anular o a obstaculizar sin
justificación alguna el derecho de acción[39] precisamente
por cuanto uno de los objetivos constitucionales más destacados consiste en “realizar
objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial[40].”
Al punto que, en el evento en que la Ley se aparte de los criterios enunciados,
se torna necesario el ejercicio del control por parte de la Corte
Constitucional de forma que se asegure la vigencia de las fronteras que marca la
Norma Fundamental. Sobre el particular, ha insistido la Corporación en[41]
que cuando la ley diseña los procedimientos judiciales:
“no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de
acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el
ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia
recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos, deben propender por
hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del
juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez
natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción
de debido proceso.”
De todos modos ha destacado la Corte Constitucional en
jurisprudencia reiterada que[42] aún cuando la Legislación goza de un amplio
margen de configuración,
“(...) el ejercicio de esta facultad no es absoluto ni puede ser
arbitrario, en tanto debe atender los límites fijados en la Constitución[43], según lo señala el artículo 4º superior al consagrar el principio
fundamental de supremacía de la [Constitución Nacional], en cuya aplicación el
Congreso no puede ejercer sus potestades sino con observancia de las
limitaciones que [de allí deriven]. En otras palabras, el legislador goza de
libertad para señalar las formas propias de cada juicio en la medida en que no
ignore en su ejercicio las garantías básicas previstas por el Constituyente”.
20.- Amén de las consideraciones efectuadas con
antelación, importa destacar aquí el amplio espacio de apreciación que la
Constitución le reconoce a la legislación para regular aspectos procesales de
conformidad con los principios de conveniencia y de oportunidad pero, desde
luego, ajustándose asimismo a las fronteras que le traza el texto
constitucional. A continuación, recordará la Corte algunos de los principales
lineamientos jurisprudenciales en relación con el margen de configuración de la
Ley para regular aspectos atinentes al proceso arbitral.
Libertad de configuración legislativa en el proceso arbitral
21.- La jurisprudencia constitucional se ha
referido específicamente a la libertad de configuración legislativa del proceso
arbitral. La sentencia C-330 de 2000 ilustró sobre este extremo cómo también en
lo relativo a la regulación de la justicia arbitral goza la Ley de una extensa
libertad de configuración. Dijo
la Corte que “en virtud del principio de voluntariedad, el
legislador [podía] contemplar varias alternativas de regulación del proceso
arbitral, las cuales [iban] desde dejar en libertad a las partes para definir
cuáles serán las reglas procesales aplicables hasta exigir ciertos requisitos y
etapas, pasando por establecer normas supletorias de la voluntad de las partes[44].”
En relación con lo expresado, recordó la
Corporación cómo en el artículo 112 de la Ley 446 de 1998 - el cual fue
reproducido, a su turno, por el artículo 116 del Decreto 1818 de 1998 -, se
dispuso que: “[e]l arbitraje [podría] ser independiente, institucional o legal.”
Que “el arbitraje independiente [era] aquel en que las partes [acordaban] autónomamente
las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto; que el
arbitraje “institucional, aquel en el que las partes se [sometían] a un
procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje; y legal, cuando a falta
de dicho acuerdo, el arbitraje se [realizaba] conforme a las disposiciones
legales vigentes”.
En este mismo sentido, rememoró que el
artículo 13-3 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia, había precisado en relación con esta temática que “tratándose de
arbitraje, las leyes especiales de cada materia [establecerían] las reglas del
proceso, sin perjuicio de que los particulares [pudieran] acordarlas”. Así
mismo, tuvo a la vista la Corte Constitucional, cómo los pronunciamientos
efectuados en desarrollo de su jurisprudencia han contribuido a esclarecer
también las fronteras a las que debe ajustarse la Ley cuando se encamina a regular
el funcionamiento de los tribunales de arbitramento.
22.- En concordancia con lo anterior, puso de presente
la Corte cómo en la sentencia C-431 de 1995 había explicado que le competía a la
Legislación determinar aspectos relacionados con: (i) los asuntos y la forma en
que los particulares pueden administrar justicia como árbitros; (ii) los
límites y términos en que los árbitros están habilitados para administrar
justicia, y (iii) la funciones y facultades de los árbitros, que son las mismas
de los jueces estatales cuando el arbitraje es en derecho[45].” Enfatizó la Corporación que estas
delimitaciones habían de ejercerse sin vaciar de contenido el derecho de las
personas particulares a ventilar las diferencias que pudieran presentarse en el
desarrollo de sus relaciones contractuales ante la justicia arbitral[46].
23.- Recientemente, en sentencia SU-174 de 2007 la
Corte reiteró su jurisprudencia sobre el criterio para establecer cuáles
asuntos podían ser objeto de decisión por parte de un tribunal de arbitramento
(arbitrabilidad objetiva) así como acerca de la posibilidad de ciertos sujetos
para acudir a este mecanismo de resolución de conflictos (arbitrabilidad
subjetiva). En punto a la denominada “arbitrabilidad objetiva” insistió la Sala
Plena en que únicamente podían someterse a arbitramento asuntos transigibles.
En lo relativo manifestó:
“Sólo se pueden someter a arbitramento los asuntos transigibles. La jurisprudencia constitucional ha señalado claramente que el
arbitramento tiene límites materiales, en el sentido de que no todos los
asuntos se pueden someter a la decisión de los árbitros. En términos generales,
únicamente se pueden sujetar a este tipo de procedimiento los asuntos de
naturaleza transigible, que pueden ser objeto de libre disposición,
negociación o renuncia por las partes en conflicto y, en consecuencia, se
incluyen dentro de la órbita de su voluntad. En consecuencia, existen ciertas
materias que, por su naturaleza no transigible ni sujeta a disposición, deben
necesariamente ser resueltas por los jueces de la República.”
24.- Así pues, a la luz de la perspectiva descrita, la
Corte Constitucional ha admitido de modo constante cómo respecto del
arbitramento existen límites materiales, esto es, que aún mediando la
habilitación a las partes “no toda cuestión materia de controversia puede
ser sometida genéricamente a la decisión de árbitros.” (Énfasis añadido).
Ha entendido la Corte que la justicia arbitral únicamente puede operar cuando “los
derechos en conflicto son de libre disposición por su titular”, es
decir, cuando respecto de ellos existe plena libertad de disposición.”
(Énfasis añadido). Tal facultad de renuncia o disposición es precisamente la
que “determina el carácter de transigible de un derecho o de un litigio.” Es,
por tanto, la naturaleza misma del derecho la que fija los alcances de la
libertad de renuncia. Le corresponde a la Ley establecer en qué casos opera la
posibilidad de disposición.
25.- A partir de lo hasta aquí señalado, resulta factible
distinguir algunas de las principales fronteras que fijan la Constitución y la
Ley para el ejercicio de la justicia arbitral, tanto como los límites a los que
debe ajustarse también la libertad de configuración de la ley. Con fundamento
en lo dicho será preciso, entonces, que la Sala Plena de la Corte
Constitucional constate si la cautela acusada en el asunto sub judice, -
en la medida en que implica un contenido normativo específico-, fue establecida
por la Ley dentro de los límites que marca la Constitución Nacional o si, como
lo sostiene el demandante, prosperan los cargos elevados contra el artículo 194
(parcial) del Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de
Comercio” por vulnerar, respectivamente, los artículos 116 y 333 superiores.
Para tales efectos, encuentra la Sala Plena pertinente analizar, primero, el
contenido del precepto demandado.
Análisis de los cargos
26.- Antes de confirmar si en el asunto sub examine
prosperan o no los cargos elevados por el actor, estima la Sala oportuno
examinar la expresión acusada a la luz de lo dispuesto en el Título VII del
Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio” en el
que se encuentra inserta. Ha de observarse, por demás, que allí se contemplan
asuntos relativos a la Asamblea o Junta de Socios y Administradores de las
Sociedades Comerciales. De esta suerte, en la Sección del mismo título
referente a la Asamblea General y Junta de Socios se regula lo concerniente a
las reuniones ordinarias de la Asamblea o Junta de Socios (artículo 181); a la
convocatoria y deliberación de reuniones ordinarias y extraordinarias (artículo
182); a la comunicación de reuniones a la Superintendencia (artículo 183); a la
representación del socio en la Asamblea o Junta de socios (artículo 184); a la
incompatibilidad de administradores y empleados (artículo 185); al lugar y
quórum de reuniones (artículo 186); a las funciones generales de la Junta o
Asamblea de Socios (artículo 187); a la obligatoriedad de las decisiones de la
Junta o Asamblea de Socios (artículo 188); a la constancia en actas de las
decisiones de la Junta o Asamblea de Socios (artículo 189); a las decisiones
ineficaces, nulas o inoponibles tomadas en Asamblea o Junta de Socios (artículo
190); a la impugnación de decisiones de la Asamblea o Junta de Socios (artículo
191); a la declaración de nulidad de una decisión de la Asamblea o Junta de
Socios (artículo 192; a la protección de los derechos de terceros e
indemnización a la sociedad (artículo 192).
27.- Según lo establecido en esta sección del Código
de Comercio, los socios se reúnen en junta de socios o asamblea general
ordinaria una vez al año, por lo menos, en la época señalada en los estatutos y
se congregarán en forma extraordinaria cuando sean citados por los
administradores, por el revisor fiscal o por la entidad oficial que ejerza el
control permanente sobre la sociedad (artículo 181). En las reuniones
ordinarias o extraordinarias, la junta o asamblea de socios cumple las
siguientes funciones generales, sin perjuicio de las especiales propias de cada
tipo de sociedad: (i) estudiar y aprobar las formas de los estatutos; (ii)
examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deban rendir los administradores; (iii) disponer de las utilidades sociales
conforme al contrato y a las leyes; (iv) hacer las elecciones que corresponda,
según los estatutos o las leyes, fijar las asignaciones a las personas así
elegidas y removerlas libremente; (v) considerar los informes de los
administradores o del representante legal sobre el estado de los negocios
sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso; (vi) adoptar, en
general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el
interés común de los asociados; (vii) constituir las reservas ocasionales y
(viii) las demás que les señalen los estatutos o las leyes (artículo 187 ibíd.).
28.- Allí mismo se dispone que las
decisiones adoptadas por la junta de socios o la asamblea general, con el
número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, obligarán a todos
los socios, aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter
general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos. El carácter general de
las decisiones se entenderá sin perjuicio de los privilegios pactados con
sujeción a las leyes y a los estatutos (artículo 188 ibíd.). Las reuniones
deben realizarse en el lugar del dominio social, con sujeción a lo prescrito en
las leyes y en los estatutos en cuanto a convocatoria o quórum. Salvo los casos
en que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de
socios se celebrarán de conformidad con las reglas consagradas en los artículos
427 y 429 del Código de Comercio.
29.- El artículo 190 del Código de Comercio
establece, de una parte, que las decisiones de la Asamblea o Junta de Socios
serán ineficaces, cuando se toman en contravía de lo dispuesto por el artículo
186 de la misma codificación[47]. Determina, de igual
forma, que aquellas decisiones adoptadas “sin el número de votos previstos en
los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social,
serán absolutamente nulas.” Ordena, por último, que aquellas decisiones “que no
tengan carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 188, serán
inoponibles a los socios ausentes o disidentes[48].”
30.- En el artículo 191 se prevé, por su parte, que
los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes
“podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando
no se ajusten a las prescripciones legales o estatutos.” Se estipula, además,
que “[l]a impugnación sólo podrá ser intentada dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de la reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, a
menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos
en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contarán a partir de
la fecha de la inscripción.”
31.- En el artículo 192 se preceptúa, a su turno, que
una vez declarada la nulidad de una decisión de la asamblea, “los administradores tomarán, bajo su
propia responsabilidad por los perjuicios que ocasione su negligencia, las
medidas necesarias para que se cumpla la sentencia correspondiente; y, si se
trata de decisiones inscritas en el registro mercantil, se inscribirá la parte
resolutiva de la sentencia respectiva.” En el artículo 193 se prescribe, por
demás, que lo dispuesto en el artículo 192 se aplicará “sin perjuicio de los
derechos derivados de la declaratoria de nulidad para terceros de buena fe.”
Se ordena, adicionalmente, que no obstante lo allí
determinado, los perjuicios sufridos por la sociedad con ocasión del motivo
mencionado “le serán indemnizados solidariamente por los administradores que
hayan cumplido la decisión, quienes podrán repetir contra los socios que la
aprobaron. La acción de indemnización prevista en este artículo sólo podrá ser
propuesta dentro del año siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia
que declare nula la decisión impugnada. La acción podrá ser ejercida por
cualquier administrador, por el revisor fiscal o por cualquier asociado en
interés de la sociedad.”
32.- A partir de lo hasta aquí expuesto, resulta claro
que las decisiones adoptadas en el contexto de una asamblea de socios o de una
junta directiva han de cumplir con un conjunto de requisitos legales a fin de
producir plenos efectos jurídicos. No observar tales exigencias, puede traer
consigo la “ineficacia, la nulidad relativa (tutela al interés particular),
nulidad absoluta (tutela al interés público) y no oponibilidad de las
actuaciones.”
33.- Dentro del conjunto de normas referido en
precedencia, la cautela legal contenida en el artículo 194 demandado según la
cual las acciones de impugnación consignadas en las normas citadas habrán de
ser ventiladas ante las autoridades judiciales estatales, así se haya pactado
previamente cláusula compromisoria, adquiere un sentido específico cual es
evitar que las partes de un contrato sometan a transacción aquellos asuntos
ligados con la presencia de defectos que cuestionan la validez o la legitimidad
de las actuaciones por ellas suscritas.
Adicionalmente, esta previsión legal se encamina a
proteger objetivos tales como la garantía de igual acceso a la administración
de justicia de los ciudadanos y las ciudadanas quienes tienen el derecho de
controvertir la validez y legitimidad de decisiones societarias, lo que redunda
en beneficio de aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes
para convocar onerosos tribunales de arbitramento.
34.- Esta disposición adoptada por la Legislación no
es la única de su clase existente en el ordenamiento jurídico colombiano. El
artículo 13 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de
Justicia), así como el artículo 111 de la Ley 446 de 1998[49]
establecen que los asuntos sometidos a acción de impugnación no son transigibles.
Más arriba se trajo a la memoria, cómo estas dos normatividades previeron que
no era factible ventilar ante árbitros cuestiones las cuales de conformidad con
la ley están excluidas de cualquier posibilidad de transigir.
Aquí también resulta preciso recordar que en virtud de
lo establecido por el artículo 137 de la Ley 446 del 14 de julio de 1998, la Superintendencia
de Sociedades tiene competencia para conocer de la impugnación de actos o
decisiones de Asamblea de Accionistas o Junta de Socios y de Juntas Directivas,
en su caso, de las sociedades vigiladas por esa misma entidad, mediante un
proceso verbal sumario. Debe la Sala mencionar asimismo cómo dicho precepto fue
examinado por la Corte Constitucional y fue declarado exequible por los cargos
analizados mediante sentencia C-672 de 1999. Posteriormente, también fue
declarado ajustado a la Constitución respecto de los reproches formulados con
fundamento en la sentencia C-833 de 2006.
35.- Sobre el particular resulta importante destacar
que la jurisprudencia constitucional no ha permanecido ajena a esta temática y
que la Corporación se pronunció respecto de una cuestión similar en la
sentencia C-098 de 2001 cuando le correspondió estudiar la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 111 (parcial) de la mencionada
Ley 446 de 1998, “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
normas del decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de
Procedimiento Civil, se derogan otras de la ley 23 de 1991, se modifican y
expiden normas del Código de Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia[50].”
El actor estimó en aquella ocasión que el precepto
acusado desconocía el artículo 116 de la Constitución Nacional toda vez que
introducía “límites a las materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje”
esto es, fronteras “materiales que la norma constitucional no [contemplaba]” y
que por tanto, “el legislador no podía fijar.” Sostuvo el demandante, que la
Constitución no había trazado ninguna restricción en relación con los
conflictos que podían ser ventilados ante la justicia arbitral por lo cual el
precepto acusado al circunscribir esta posibilidad a los conflictos respecto de
asuntos susceptibles de transacción reducía el campo de aplicación del precepto
constitucional, modificándolo y quebrantándolo. Estimó el demandante que la
única limitación constitucionalmente permitida era la necesidad de habilitar a
las partes que fungieran como árbitros para resolver los conflictos surgidos,
por manera que si las y los Constituyentes no habían fijado más restricciones
mal podía hacerlo la Legislación[51].
36.- La Corte Constitucional recordó y reiteró los
lineamientos fijados por su jurisprudencia y puso énfasis en que tanto la
conciliación como la amigable composición debían comprenderse como figuras
respecto de las cuales, las y los Constituyentes habían reconocido una “función
fundamental dentro la administración de justicia” por cuanto al ser mecanismos
a los que podían recurrir opcionalmente las personas para resolver sus
controversias sin la intervención directa de las autoridades estatales, abrían
paso no únicamente a la descongestión del aparato de justicia sino [a] la
participación activa de los particulares en la definición de sus conflictos.” Tuvo
en cuenta la Corte que:
"...estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos
[encontraban] base constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el
artículo 116 superior sino también en otros principios y valores
constitucionales. Así, su presencia [podía] constituir una vía útil, en ciertos
casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se
[potenciaba] la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (CP art. 228)[52].”
Precisó la Corporación cómo la Constitución Nacional
había establecido en el artículo 1º superior un régimen democrático y
participativo que propiciaba la colaboración de las personas particulares en el
ejercicio de la administración de justicia y había promocionado, en tal
sentido, su participación en la solución de sus propios conflictos. De ahí, que
fuera por entero factible el que la Ley estimulara “la resolución de conflictos
directamente por los propios afectados, mediante figuras tales como la
conciliación o la amigable composición, o terceros que no [fueran] jueces, como
sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y
comunitarias[53]."
Cierto es, subrayó la Corporación en aquella ocasión,
que “los medios alternativos de resolución de conflictos permiten la
realización de un sinnúmero de principios y valores que son fundamento mismo de
la Constitución de 1991.” No lo es menos, sin embargo, que estos mecanismos “no
pueden ni han de ser entendidos de forma tal, que desplacen definitivamente al
Estado como administrador de justicia, cuando es de la esencia de un Estado, y
más aún de un Estado concebido como Social de Derecho, contar con un aparato de
justicia que en forma pronta, oportuna y eficaz haga realizable y garantice los
derechos de [las personas], en procura de lograr una convivencia pacífica de
todos los asociados.” (Énfasis añadido). Trajo a la memoria cómo en
relación con lo dicho, la Corporación había establecido mediante sentencia
C-672 de 1999 específicamente lo siguiente:
"Si bien la Corte ha avalado la justicia arbitral como un
mecanismo alternativo para la solución de los conflictos, ello no puede
interpretarse en el sentido que aquélla resulte privilegiada frente a la
función permanente de administrar justicia por parte del Estado, ni que ésta
pueda verse cada vez más sustituida o reducida en su campo de acción. La
institución de la justicia arbitral, que es onerosa, no puede expandirse a tal
extremo que implique el reemplazo de la administración de justicia gratuita a
cargo del Estado. Debe buscarse, por el contrario, el fortalecimiento de
ésta para que ella sea la preferida y utilizada por las personas para
solucionar sus conflictos, de tal suerte que a la justicia arbitral sólo se
acuda excepcionalmente y como una mera opción. Ello es así, porque
robustecer en extremo la justicia arbitral en desmedro de la justicia a cargo
del Estado, puede significar, en muchos casos, que se imponga a la parte débil
en una relación jurídica, por la vía del arbitramento, la solución de un
conflicto, que en ciertas ocasiones puede implicar la renuncia a sus derechos e
intereses." (Énfasis añadido).
37.- Estima la Sala que las anteriores consideraciones
contribuyen a alumbrar los alcances, así como las limitaciones de la justicia
arbitral y deja claro que en el escenario legislativo, asiento de la
representación popular, pueden adoptarse medidas encaminadas a establecer
fronteras. No cosa diferente se desprende de la libertad de configuración
prevista en el artículo 150 superior a la cual se hizo referencia más arriba. La
Ley está, por tanto, habilitada para determinar cuáles son los asuntos que
deben quedar “excluidos del conocimiento y decisión de [las personas]
particulares[54].” Desde luego, también
el margen de configuración de la legislación ha de ser respetuoso con los
preceptos constitucionales y no puede tornar inane la alternativa que las y los
Constituyentes otorgaron a las personas involucradas en un conflicto para “acceder
a mecanismos alternos de administración de justicia.”
De lo dicho no se sigue, sin embargo, que esta
facultad en cabeza de las personas particulares de acceder a mecanismos
alternativos para la solución de sus controversias pueda llevarse al extremo de
“privilegiar el uso de éstos, al punto de dejar la resolución de asuntos
vitales para el Estado y para el interés general a la decisión de particulares
que sólo transitoriamente y para un caso concreto, pueden administrar justicia.”
Ha dicho la Corte Constitucional en varias de sus sentencias que existen
diversas cuestiones que han de permanecer excluidas del arbitramento, por
ejemplo, asuntos tales como los relacionados con el estado civil o aquellos que
tengan que ver con los derechos de las personas con limitaciones psíquicas o
respecto de derechos que la ley prohíba disponer[55].
En igual sentido, ha manifestado la Corporación que aquellas cuestiones en los
que se encuentra de por medio “el orden público, la soberanía nacional o el
orden constitucional” deben ser ventilados ante las autoridades estatales[56].
38.- La Legislación está por tanto facultada para
establecer límites al poder habilitante de las partes. Tales restricciones se
refieren, de un lado, a la temporalidad de la actividad de las personas
particulares como administradoras de justicia y, de otro, a las cuestiones
acerca de las cuales pueden versar sus decisiones. Dicho de otro modo: la
justicia arbitral no solo se sujeta a un límite temporal “por cuanto está
circunscrita al término que las partes y en su defecto la ley, señalen para el
ejercicio de esta potestad[57]” sino que igualmente se
ajusta a un límite material, “demarcado por los asuntos que son susceptibles de
ser resueltos por particulares[58].”
Así las cosas, no obstante la cláusula de habilitación
en cabeza de las personas particulares para someter a la justicia arbitral la
resolución de sus controversias, existen materias que no pueden ser sometidas
genéricamente a la decisión de árbitros. La Corte ha sido clara en destacar
cómo resulta inadmisible extender la materia objeto de arbitramento a asuntos
que trasciendan la capacidad de disposición de las partes y respecto de las
cuales no existe habilitación alguna[59]. Parece pues obligado
inferir que "las materias susceptibles de arbitramento son aquellas que
pueden ser objeto de su transacción, es decir, los derechos y bienes
patrimoniales respecto de los cuales sus titulares tienen capacidad legal de
disposición[60]." Cómo lo indicó la
Corte Constitucional en la sentencia C-098 de 2001,
“la justicia arbitral sólo puede operar cuando los derechos en
conflicto son de libre disposición por su titular, es decir, que frente a ellos
exista la libertad de renuncia en un todo o en parte. Esta capacidad de
renuncia o de disposición, es lo que determina el carácter de transigible de un
derecho o de un litigio. Esta libertad de renuncia está determinada por la
naturaleza misma del derecho y corresponde al legislador establecer en qué
casos ésta es posible - capacidad legal de disposición -. Así, frente a ciertos
derechos o bienes, el legislador podría optar por permitir su disponibilidad y,
en esa medida, los conflictos que de ellos se susciten someterlos a la decisión
de un árbitro, si esa es la voluntad de las partes.”
39.- La reseña efectuada con antelación permite extraer,
pues, criterios para comprender la cuestión sometida a debate de una manera más
clara, esto es, contribuye a establecer que la finalidad perseguida por la
previsión legal contenida en el precepto demandado se justifica desde el punto
de vista constitucional y no contradice lo dispuesto por el artículo 116 ni por
el artículo 333 superiores al prohibir que se ventilen ante la justicia
arbitral las controversias relacionadas con la impugnación de actas y
decisiones de asambleas, juntas directivas y de socios de sociedades.
Dicho de otra manera: la cautela legal contenida en el
precepto acusado persigue un fin de interés público cual es asegurar a los
socios que las diferencias existentes respecto de la validez o legitimidad de
las actuaciones que los vinculan, sean de conocimiento de las autoridades
judiciales estatales. Dada la trascendencia de las cuestiones en juego – la
validez o legitimidad de los actos societarios – ha de garantizarse que las
discrepancias al respecto no sean decididas de manera ad hoc – por un
árbitro o centro de arbitraje – sino que sean resueltas por la justicia
estatal.
40.- Lo explicado hasta este lugar lleva a desvelar
que en el caso sub judice el margen de configuración reconocido a favor
de la Ley por la Constitución Nacional se ejerció dentro de las fronteras que
traza esta Ley Fundamental. La previsión legal contenida en la disposición
acusada se enmarca dentro de los asuntos que le compete regular a la
Legislación en virtud de la cláusula general de competencia. Por ser problemas
relacionados con la validez de los actos societarios, la Ley puede resolver que
tales aspectos no sean llevados ante árbitros sino que sean decididos por medio
de la justicia estatal y al hacerlo de manera expresa convierte el legislador
tales normas en asuntos indisponibles por parte de los particulares.
Puestas las cosas de esta forma, puede decirse que en
el asunto sub judice la Legislación obró dentro de las fronteras que
trazan los preceptos constitucionales. Así, aseguró que las ciudadanas y los
ciudadanos puedan someter a la justicia estatal una actuación de tanta trascendencia
para su relación contractual como lo es la impugnación de actos societarios
afectados en su validez y legitimidad. Dicho de otro modo, la previsión
demandada no solo resulta justificada a la luz de los preceptos
constitucionales sino que es, a un mismo tiempo, razonable y proporcionada[61]
así como permite conferir plena vigencia al principio de la primacía del
derecho sustancial sobre las formas[62]. No encuentra, por
tanto, la Sala Plena que el cargo en contra de la cautela contenida en el
artículo 194 del Código de Comercio por vulnerar el artículo 116 superior pueda
prosperar.
41.- Respecto del reparo elevado en contra de la
previsión legal contenida en el precepto demandado por desconocimiento del
artículo 333 de la Constitución Nacional, no puede perderse de vista que lo que
aquí se discute se vincula con la posibilidad de trazar fronteras frente a la
libertad económica y la libre iniciativa privada. Si bien es cierto también
resultan en este lugar pertinentes las consideraciones efectuadas más arriba
relativas al margen de configuración de la Legislación, es preciso mencionar
asimismo que en lo relacionado con esta temática la Corte Constitucional ha
desarrollado una significativa línea jurisprudencial y ha dicho sobre el
particular que en este campo no opera un test de constitucionalidad estricto.
En este ámbito ha insistido la Corte en que
la justicia constitucional debe respetar las razones de oportunidad y
conveniencia que respaldaron la decisión en el escenario legislativo hasta el
punto de exigir como criterio de evaluación la noción de inconstitucionalidad
manifiesta, esto es, “sólo si de manera directa la norma vulnera los derechos
fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales, o incurre en
regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, deberá el juez
declarar la inconstitucionalidad de la norma[63].” Por tanto, si la regulación legislativa que
restringe la actividad económica o la libre iniciativa privada no vulnera de
modo claro la Constitución Nacional o establece limitaciones manifiestamente
irrazonables o desproporcionadas, debe ser considerada constitucional.
Conviene recordar en este lugar que según
el artículo 333 la actividad económica y la iniciativa privada son libres[64].
Ahora bien, ese mismo precepto exige que tales tareas se desarrollen dentro de
los límites del bien común y con la asunción de las responsabilidades que del
ejercicio de estas facultades puedan derivarse. El artículo 333 precisa por
demás que la empresa en tanto base del desarrollo tiene una función social que
implica obligaciones y le reconoce a la Legislación, más adelante, la
posibilidad de delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo
requiera, entre otras, el interés social.
42.- Cuanto se ha expuesto, permite concluir que en
relación con la libertad económica y la libre iniciativa privada la justicia
constitucional ha de practicar prima facie un test débil, pues en este
campo se admite “una amplia intervención por parte de los poderes públicos para
el cumplimiento de los fines de interés general a los que alude la Constitución.
Esta intervención no puede, sin embargo, eliminar de raíz la mencionada libertad
y cualquier restricción que se trace debe obedecer a criterios de razonabilidad
y proporcionalidad. La Legislación puede entonces entrar a regular aspectos
relacionados con la libre iniciativa y la libertad en materia económica pero ha
de sujetarse a ciertos criterios que han sido sistematizados por la
jurisprudencia constitucional de la manera como se transcribe a continuación
“i) necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley;
ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii) debe
obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la
referida garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad; y v) debe
responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad[65].”
43.- En este lugar resulta oportuno advertir que los
criterios mencionados han sido objeto de precisiones por parte de la
Corporación. En primer término, se ha dicho que la posibilidad de establecer restricciones
y límites en materia económica no es la misma en todos los campos. Se
presentan, por ejemplo, terrenos en los cuales la restricción resulta
reforzada. Ello sucede principalmente respecto de aquellas materias “en las
cuales el constituyente consagró mandatos específicos de intervención del
Estado en la economía, como por ejemplo en el ámbito de los servicios públicos[66],
o de la medicina prepagada[67], la televisión[68],
o de la actividad financiera, bursátil y aseguradora[69].”
En otras esferas, verbigracia, respecto de
asociaciones que no tienen contenido económico o esencialmente patrimonial, la
situación es distinta, puesto que “la Constitución no prevé formas de dirigismo
estatal político o ético sino que, por el contrario, consagra como principio el
pluralismo y la coexistencia de las más diversas formas de vida[70].”
Por ese motivo, las facultades de intervención de la Legislación en este ámbito
son mucho menores y están sujetas a un test constitucional más estricto, pues “basta
que tal intervención no tenga justificación constitucional expresa y clara o no
esté fundada en la existencia de un riesgo claro e inminente para que se deba
declarar su inexequibilidad por violación de la libertad de asociación[71].”Ahora
bien, en el caso sub judice encuentra la Sala Plena que debe respetarse el
margen de configuración de la legislación por los motivos que se exteriorizan a
renglón seguido.
44.- Aquí resulta preciso reparar en que el
artículo 194 del Código de Comercio prevé la posibilidad de que los actos
societarios afectados en su validez o legitimidad se ventilen ante la justicia
ordinaria – pese a haberse pactado cláusula compromisoria –. Como se dijo en
precedencia, la importancia de la temática así como su repercusión en las
relaciones societarias justifica por entero que la legislación le otorgue el
carácter de intransigible a la posibilidad de impugnar ante los jueces los
actos societarios afectados en su validez.
De una parte, si se prescinde de la
intervención por parte de la justicia ordinaria en asuntos de tanta entidad
como los relacionados con la validez o legitimidad de las actuaciones
societarias, la decisión adoptada no sería ya respetada y obedecida en virtud
de su carácter erga omnes y, más bien, sería únicamente conocida por los
socios o codueños de la sociedad o de la empresa. Cosa distinta sucede cuando
las decisiones respecto de los posibles vicios de nulidad que afectan las
actuaciones societarias son emitidas por la justicia ordinaria. En esas
eventualidades los fallos proferidos por las autoridades judiciales producen
efectos erga omnes y son de conocimiento general.
De otra parte, resulta preciso tener en cuenta – como
lo advirtió uno de los intervinientes – que si se cierra la posibilidad de
acudir a la justicia ordinaria, los administradores de la sociedad así como el
revisor fiscal quienes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 del Código
de Comercio pueden ejercer acción de impugnación de las actuaciones
societarias, se verían privados para ejercer tales acciones por cuanto ellos no
son parte del contrato social y tampoco de la cláusula compromisoria. No en
última instancia, resulta indispensable destacar que según lo establecido por
el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, quien acude a la acción de
impugnación puede solicitar la suspensión de las actuaciones impugnadas hasta
el mismo momento en el que se presente una decisión de fondo, lo que tiene por
finalidad evitar que se provoquen graves perjuicios. Esta posibilidad no se
presenta dentro el trámite arbitral.
45.- En efecto, el artículo 133 superior se encamina a
ordenar la garantía de los principios de libertad de empresa e iniciativa
particular o privada. Ahora bien, lo plasmado en el mencionado artículo no
puede entenderse en términos absolutos ni abstractos pues las exigencias allí
previstas habilitan a la legislación para trazarle límites a dichas libertades “cuando
así lo exijan las condiciones tendientes a la satisfacción del interés social.”
De ahí se sigue que las sociedades comerciales de iniciativa y creación privada
pueden ser supervisadas y controladas por órganos previamente creados para el
efecto por el propio Estado cuando existen motivos constitucionales que, como
ocurre en el presente caso, lo justifican.
A propósito de lo anterior resulta pertinente traer a
colación las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-098 de 2001[72] la cual ha sido reiterada en repetidas
oportunidades y, más recientemente, en la sentencia SU-174 de 2007. Como ya se
mencionó, en aquella ocasión la Corporación consideró de manera expresa que
restringir la competencia de la justicia arbitral al conocimiento de asuntos
susceptibles de transacción resultaba por entero compatible con los preceptos
constitucionales. Indicó la Corte sobre el particular, que la justicia arbitral
sólo podía operar cuando los derechos en discordia eran de libre disposición de
sus titulares, esto es, únicamente podía versar sobre aquellos derechos frente
a los cuales se predica la libertad de renuncia en todo o en parte, pues,
insistió la Corte, es precisamente esta capacidad de renuncia o disposición la
que marca el “carácter transigible de un derecho o litigio.” Bajo este perfil,
la libertad de renuncia “está determinada por la naturaleza misma del derecho y
corresponde al legislador establecer en qué casos ésta es posible - capacidad
legal de disposición -.”
46.- Son suficientes las consideraciones efectuadas
con antelación para concluir que el legislador goza de un muy amplio margen de
configuración en virtud del cual está autorizado a establecer que los
conflictos suscitados en relación con ciertos derechos o bienes – en el caso
que ocupa la atención de la Sala Plena las acciones de impugnación de actos
societarios afectados en su validez o legitimidad - se ventilarán ante la
justicia estatal así se haya pactado cláusula compromisoria.
En suma: los asuntos relacionados con la nulidad de
los actos societarios, constituyen un problema de legalidad. Vista la temática
desde esa perspectiva, se encuentra dentro del margen de configuración
legislativa definir qué autoridades poseen capacidad declarativa en asuntos
atinentes a la presencia de vicios en las decisiones adoptadas durante las
reuniones de la junta directiva de una sociedad, cuestión ésta que en relación
con el asunto que ocupa la atención de la Sala, le corresponde por mandato de la
Ley decidir, de una parte, a la justicia ordinaria y, de otra, a la
Superintendencia de Sociedades.
Tal como lo recordó esta última entidad en su escrito
de intervención, cuando respecto de un negocio jurídico efectuado en desarrollo
de una relación societaria se presenta “la ineficacia, la nulidad y la
inoponibilidad” derivadas de los supuestos establecidos previa y taxativamente
por la ley, no le es dado a las partes estimar que estos asuntos puedan ser
objeto de transacción, es decir, tales cuestiones dejan de ser “materia sobre
la cual arbitrar” pues constituyen normas de orden público sobre las cuales no
puede recaer transacción alguna.
47.- Por las razones expresadas en la presente
sentencia, estima la Sala Plena que no prosperan los cargos elevados en contra
de la cautela establecida por el artículo 194 del Código de Comercio. En virtud
de lo dicho, la Corte declarará la exequibilidad de la norma parcialmente
demandada respecto de los cargos estudiados en esta providencia.
VII. DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados,
la expresión contenida en el artículo 194 del Decreto 410 de 1971 “Las acciones
de impugnación previstas en este Capítulo se intentarán ante los
jueces, aunque se haya pactado cláusula compromisoria.”
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Con aclaración de voto
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
Con aclaración de voto
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magitrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACION
DE VOTO A LA SENTENCIA C-378 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Regla general (Aclaración de voto)
ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR
PARTICULARES-Limitaciones
(Aclaración de voto)
TEST DE IGUALDAD NORTEAMERICANO-Alcance/TEST DE IGUALDAD EUROPEO-Alcance
(Aclaración de voto)
TEST DE IGUALDAD-Inaplicables en control de
constitucionalidad (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-6932
Demanda de inconstitucionalidad
contra el  artículo 194 (parcial) del Decreto 410 de 1971.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto frente al presente fallo,
el cual decide declarar exequible por los cargos analizados, la expresión
contenida en el artículo 194 del Decreto 410 de 1971 “Las acciones de
impugnación previstas en este Capítulo se intentarán ante los jueces, aunque
se haya pactado cláusula compromisoria”, ya que si bien el suscrito
magistrado se encuentra de acuerdo con la parte resolutiva de la presente
sentencia, en cuanto declara exequible por los cargos analizados dicha
expresión, considero necesario realizar algunas precisiones en relación con la
parte considerativa y motiva de la misma, como paso a exponer a continuación:
1. En primer término, considero necesario
observar que no se puede caer en la confusión que plantea el demandante al
invertir la regla general en materia de administración de justicia, regla que
no es la que el actor señala, sino la regla según la cual quienes administran
justicia son los jueces y sólo de forma excepcional, los particulares como
árbitros o conciliadores.
La anterior es la regla que precisamente
establece el artículo 116 de la Constitución Política y de la cual debe partir
el presente análisis de constitucionalidad, sin aceptar en este punto el
enfoque presentado por el demandante.
2. De conformidad con la anterior premisa,
para el suscrito magistrado aún aceptando que los árbitros tengan facultad para
resolver ciertas cuestiones, los jueces la tienen para las mismas y todas las
demás facultades que la Constitución y la ley les asigna. Por eso no puede
considerarse de ninguna manera inconstitucional el que los jueces deban asumir
el conocimiento de las impugnaciones de que trata el precepto demandado.
3. De otra parte y una vez sentada la
anterior premisa sobre la regla general de administración de justicia por los
jueces de la República, es necesario precisar así mismo que en este caso no
podía haber lugar a ningún condicionamiento de la exequibilidad de la norma
demandada, por cuanto cuando se trata de cuestiones sobre las mayorías
requeridas para adoptar decisiones, como en el presente caso, estas cuestiones
no pueden ser objeto de transacción entre las partes por cuanto constituyen
normas de orden público. Por tanto, es de recordar aquí que respecto de las
normas de orden público no pueden disponer las partes.
Así mismo, a juicio del suscrito magistrado
el texto de la norma es claro y no admite interpretación distinta a la de que
todos los supuestos de impugnación de esos actos deben ser formulados ante los
jueces. En el contenido normativo del precepto demandado se trata de decidir
acerca de la validez y legitimidad de las decisiones de los órganos directivos
de una sociedad, la cual no procede sin declaración del juez, pues como ya se
anotó se trata de cuestiones de orden público sobre las cuales no se puede
negociar o transigir. Por lo demás, es de observar también, que se trata de
acciones que se deciden en términos muy breves.
3. Finalmente el suscrito magistrado debe
expresar su discrepancia sobre los argumentos expuestos en la presente sentencia
en torno a la no operancia de un test estricto, cuando se trata de ejercer el
control de constitucionalidad frente al artículo 333 de la Constitución
Nacional.
En este sentido me permito retirar aquí mi posición
jurídica a este respecto[73], en cuanto discrepo
frente a la tesis que sostiene la existencia de diferentes grados de control de
constitucionalidad, por cuanto a mi juicio lo que la Constitución Política
ordena es la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en su
totalidad, de conformidad con el artículo 241 Superior, sin realizar
diferencias de grados o niveles para dicho control de constitucionalidad.
En este sentido, me permito insistir en esta
oportunidad en mis reservas frente a la clasificación y utilización de
diferentes test para el control de constitucionalidad: test rígido o estricto,
intermedio y flexible.[74] Estos test se vienen
utilizando en el constitucionalismo colombiano, en mi concepto, de manera
acrítica, sin comprender su origen y trasfondo histórico.
Por esta razón, considero necesario distinguir entre
el constitucionalismo norteamericano, donde tiene su origen esta diferenciación
de diferentes test de constitucionalidad, y el constitucionalismo europeo, en
el cual se aplica más una racionalidad de medio-fines para determinar si la
medida cumple con los criterios de proporcionalidad, racionalidad y
adecuación.
En el constitucionalismo norteamericano, la Corte
Suprema sólo aplicaba un test, que siempre era un test estricto. Sin embargo,
en un momento histórico determinado, bajo el gobierno del presidente Franklin
Delano Roosevelt, la Corte Suprema choca con el Ejecutivo, choque que produce
la imposición del gobierno y el doblegamiento de la Corte Suprema ante el poder
político del ejecutivo. Es precisamente entonces, cuando la Corte Suprema
norteamericana comienza a hacer la distinción entre test rígido y flexible, con
el fin de aplicarle a los proyectos de ley de iniciativa gubernamental un test
más flexible con el cual aprobaran el examen abstracto de constitucionalidad.
Es de esta forma, como la Corte Suprema norteamericana
empieza a aplicar un test flexible adecuado a determinados fines políticos. La
escogencia del test se produce entonces de acuerdo con la finalidad política
preexistente, que se manifiesta en el interés político de aprobar o reprobar
como ajustada al ordenamiento constitucional una determinada normatividad.
Adicionalmente, la Corte Suprema norteamericana se percata de que aún con los
dos tipos de test creados, en algunos casos no puede aplicarse ninguno de los
dos, por lo cual recurre a la creación de un tercer test, el “test intermedio”.
Frente a estos test de constitucionalidad, autores
como Dworkin han realizado críticas que este magistrado comparte, en el sentido
de objetar dicha división y clasificación, la cual no obedece en últimas a
criterio alguno, sino más bien a la solución acrítica de un conflicto entre el
Gobierno y la Corte Suprema, en donde ésta última se doblega a los fines
políticos impuestos por la primera. De esta forma, la Corte Suprema cumple con
la finalidad política preimpuesta a través de la aplicación de un test de
constitucionalidad más suave con el cual algunas leyes puedan pasar el estudio
abstracto de constitucionalidad que, de lo contrario, esto es, aplicando un
test estricto o rígido, no pasarían como leyes ajustadas a la Constitución.
En Colombia, la Constitución no diferencia entre
grados de control de constitucionalidad y no consagra la aplicación de ningún
test, sino que lo que manda de manera categórica, como ya se anotó, es la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Nuestra Constitución
no permite entonces que una ley o una norma puede ser “más” o “menos”
constitucional, sino que es o no es constitucional. Por tanto, sostengo que en
nuestro constitucionalismo no se deben aplicar estos test de constitucionalidad,
que en mi criterio, sirven para justificar veladamente la finalidad política
del juez constitucional, ya que reitero, que lo que la Constitución manda es la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.
Así mismo, nuestra Constitución no define la
aplicación de los test de constitucionalidad en relación a determinados temas,
que deban ser estudiados de acuerdo al test rígido, al test intermedio o al
test flexible. Así por ejemplo, no define la Constitución que a los tratados
internacionales se les debe aplicar el test intermedio, lo que se ha venido
haciendo por vía de práctica judicial de esta Corte, entre otras razones,
porque los temas de tratados internacionales pueden ser, en mi concepto, de
vital importancia para el país y el Estado, como por ejemplo cuando se trata de
tratados de paz. Del mismo modo, tampoco define nuestra Constitución la aplicación
del “test intermedio” en materia del procedimiento civil, como lo ha aplicado
esta Corporación en algunos casos.
Igualmente, el suscrito magistrado reitera su
discrepancia frente a la tesis relativa a aplicar un test que mida la
intensidad de la intervención del Estado y de la regulación legal de la
actividad económica de los particulares. Así las cosas, difiero de la tesis de
que la intervención estatal en la economía puede variar de intensidad
dependiendo del tipo de actividad económica objeto de la intervención, lo cual
implica también una variación en la intensidad en la regulación legal de la
actividad económica de los particulares, por cuanto considero que en aras del
interés y la utilidad pública el Estado y la regulación legal pueden presentarse
con similar intensidad en todos los sectores de la economía, de conformidad con
los artículos 333, 334 y 335 de la Constitución Política.
Respecto de este tema, me encuentro por tanto más
cercano del constitucionalismo europeo, que no aplica esta clase de test sino
que se rige por una lógica de medios-fines, y me aparto del constitucionalismo
norteamericano en la aplicación de estos test diferenciados en niveles y
grados, que en el fondo lo que demuestran, en mi criterio, es el doblegamiento
del juez constitucional ante el poder político del gobierno.
Con fundamento en lo expuesto, aclaro mi voto a la
presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
A LA SENTENCIA C-378 de
2008
EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Aspectos en
los que se refleja su pluralismo (Aclaración de voto)
En Colombia existe una sólida y saludable tradición de
pluralismo en el ejercicio de la magistratura que se refleja en: i) el voto de
los magistrados es conocido y divulgado, usualmente en un comunicado oficial de
la Corte, lo que permite a los ciudadanos conocer la posición de cada
magistrado; ii) las sentencias son firmadas por todos los magistrados, lo que
permite a cada uno señalar, debajo de su rúbrica, si aclara o salva el voto;
iii) las deliberaciones constan en un acta accesible al público inmediatamente
después de ser aprobadas por el pleno de la Corte donde se recogen los
argumentos de cada magistrado; y iv) a la correspondiente sentencia se deben
adjuntar las opiniones disidentes de los magistrados, si las hay, o sea, los
salvamento o aclaraciones de voto.
EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA EN TRIBUNALES
CONSTITUCIONALES EN DERECHO COMPARADO-Francia (Aclaración de voto)
EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA EN TRIBUNALES
CONSTITUCIONALES EN DERECHO COMPARADO-Estados Unidos (Aclaración de voto)
EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA EN TRIBUNALES
CONSTITUCIONALES EN DERECHO COMPARADO-Alemania (Aclaración de voto)
ACLARACION DE VOTO-Sentido y contenido de opinión disidente/SALVAMENTO
DE VOTO-Sentido y contenido de opinión disidente (Aclaración de voto)
En nuestro contexto hay cuestiones constitucionales de
enorme relevancia sobre las cuales cabe anticipar una evolución, lo cual es un
aliciente para que la opinión disidente sea escrita, no para atacar a la Corte,
sino para sentar bases sólidas que propicien un cambio de jurisprudencia, y
dada la misión trascendental que cumplen las sentencias de la Corte de fijar el
significado de la Constitución, la decisión de escribir una opinión separada o
disidente también implica una responsabilidad, articular una crítica útil a la
sentencia de la Corte, en especial cuando dicha sentencia puede llegar a
constituirse en un precedente. Si una opinión separada o disidente no puede ser
orientada en ese sentido, el juez que salve o aclare su voto puede satisfacer
sus convicciones jurídicas simplemente anunciando que no esta de acuerdo con la
Corte.
Referencia: expediente D-6932
Demanda de inconstitucionalidad contra el
Decreto 410 de 1971- Código de Comercio (art. 194, parcial).
Demandante: Fabián López Guzmán
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
En esta oportunidad me limitaré a reiterar lo que he
señalado en otras aclaraciones o salvamentos de voto, puesto que no considero
pertinente explicar en extenso mi posición sobre lo decidido en la presente
sentencia. Basta con señalarla públicamente al votar y firmar la sentencia, y con
expresar mi criterio sobre las opiniones disidentes.
A diferencia de lo que sucede en otros países de
tradición romano-germánica, en Colombia existe una sólida y saludable tradición
de pluralismo en el ejercicio de la magistratura.[75]
Esta se refleja en cuatro aspectos: (i) el voto de los magistrados es conocido
y divulgado, usualmente en un comunicado oficial de la Corte, lo cual permite a
los ciudadanos conocer la posición de cada magistrado, (ii) las sentencias son
firmadas por todos los magistrados, lo cual le permite a cada uno señalar
públicamente, debajo de su rúbrica, si aclara o salva el voto, (iii) las
deliberaciones constan en un acta accesible al público inmediatamente después
de ser aprobada por el Pleno de la Corte donde se recogen los argumentos de
cada magistrado, y (iv) a la correspondiente sentencia se deben adjuntar las
opiniones disidentes de los magistrados, si las hay, o sea, los salvamentos o
aclaraciones de voto. Además, la Secretaria General puede certificar cómo voto
cada magistrado, si un interesado así lo solicita.
Estos cuatro aspectos - que constituyen una de las
fortalezas de nuestra tradición judicial - son separables, como lo demuestra el
derecho comparado.[76] O sea que es
perfectamente posible que un magistrado opte por disentir, pero deponga su
interés en criticar la sentencia correspondiente, cultivar el individualismo,
hacer gala de su conocimiento o mostrar soluciones alternativas que considera
más apropiadas. Todo en aras de contribuir a fortalecer a la institución
judicial a la cual pertenece y a que las sentencias fijen el sentido de la
Constitución con sólida autoridad.
Habrá, por supuesto, casos en que dicha contribución
se logre mejor escribiendo una opinión separada, siempre dentro del mayor
respeto por la institución. Así lo estimé necesario, por ejemplo, en la
sentencia sobre el aborto (C-355 de 2006), la cual compartí enteramente.
Escribí una aclaración de voto a dicha sentencia para agregar algunos
argumentos fundados en el derecho comparado, con el fin de dar elementos de
juicio orientados a impulsar desarrollos futuros en la materia, no para
criticar la sentencia.[77] En cambio, en la primera
sentencia en la cual participé sobre la igualdad de las parejas del mismo sexo
(SU-623 de 2001), escribí un salvamento de voto conjunto para tratar de abrir
el camino hacia evoluciones jurisprudenciales encaminadas a proteger a las
parejas del mismo sexo, como en efecto sucedió varios años después sobre bases
distintas a las que en 2001 dividieron a la Corte.
Lo mismo hice en temas menos “duros” pero importantes
en el contexto colombiano, como la posibilidad de subsanar algunos vicios de
procedimiento (C-333 de 2005). Mi orientación anti-formalista me conduce a
declarar el vicio pero también a admitir, como lo dice expresamente la
Constitución desde 1991, que si se reúnen ciertas condiciones la ley puede ser
devuelta para que la falla en el procedimiento pueda ser subsanada. Así sucede
ahora frecuentemente con las leyes aprobatorias de tratados públicos. Es que en
nuestro contexto hay cuestiones constitucionales de enorme relevancia sobre las
cuales cabe anticipar una evolución, lo cual es un aliciente para que la
opinión disidente sea escrita, no para atacar a la Corte, sino para sentar
bases sólidas que propicien un cambio de jurisprudencia. Ello también ocurrió,
por supuesto, antes de la Carta de 1991. Un buen ejemplo de ello es el
salvamento de voto del magistrado Luis Sarmiento Buitrago a favor del control
material de los decretos declarativos de un estado de excepción durante la
vigencia de la Constitución de 1886. Si bien la Corte Suprema de Justicia nunca
dio ese paso, en la Constitución de 1991 se plasmaron los fundamentos para que la
Corte Constitucional avanzara en esa dirección, como en efecto aconteció.
Fue este espíritu constructivo el que me animó a
abstenerme de seguir repitiendo el mismo salvamento de voto (ver, por ejemplo,
el que escribí a la T-080 de 2006) a las sentencias de tutela que ordenaban la
terminación indiscriminada de cualquier proceso ejecutivo hipotecario
denominado en UPAC[78]. Una vez que la Sala
Plena decidió asumir el conocimiento de varias tutelas acumuladas con el fin de
unificar la jurisprudencia, dejé de escribir una opinión disidente en las Salas
de Revisión en las cuales participé y tampoco lo hice en la sentencia de
unificación donde la Corte construyó un enfoque diferente sobre nuevas premisas
compartidas por casi todos los magistrados (SU- 813 de 2007).
Ahora bien, las sentencias de la Corte cumplen una
misión trascendental consistente en fijar el significado de la Constitución.
Por lo tanto, la decisión de escribir una opinión separada o disidente también
implica una responsabilidad primordial: articular una crítica útil a la
sentencia de la Corte, en especial cuando dicha sentencia puede llegar a
constituirse en un precedente. Si una opinión separada o disidente no puede ser
orientada en ese sentido, el juez que salve o aclare su voto puede satisfacer
sus convicciones jurídicas simplemente anunciado que no esta de acuerdo con la
Corte.
Así interpretó el famoso jurista Roscoe Pound el
dilema de escribir o no opiniones disidentes, en un artículo publicado en 1953[79].
Para Roscoe Pound la actitud de varios jueces movidos por la vanidad o el
orgullo personal, que creían que tenían que escribir una opinión individual
para cualquier caso, era contraproducente desde el punto de vista del progreso
del derecho. Por eso destacó el siguiente canon de ética judicial: “Un juez
no debe ceder a la vanidad de su opinión ni valorar de manera más alta su
reputación individual que la de la Corte a la cual le debe lealtad.” (Canon
19, parágrafo 3, ABA, 1924). De tal forma que hay una diferencia entre anunciar
un desacuerdo y, adicionalmente, escribir en extenso una crítica de la
sentencia de la cual el magistrado difiere.
Frecuentemente se pasa por alto que inclusive en
Estados Unidos donde, a diferencia de Europa, existe una larga tradición de
admitir las opiniones disidentes, varios magistrados entendieron que, en
determinadas circunstancias, tanto la certeza del derecho como la solidez de la
Corte aconsejan reducir el disenso y promover la unanimidad. Es bien sabido,
por ejemplo, que el jurista Earl Warrem trabajó
arduamente para conseguir que la sentencia Brown v. Board of  Education –
mediante la cual se puso fin a la segregación racial en los colegios públicos-
fuera unánime. Así mismo, John Marshall solo escribió nueve opiniones
disidentes en cuarenta y cuatro años de ejercicio de la magistratura, puesto
que comprendió que el nacimiento del control constitucional y la consolidación
de la Corte investida de la autoridad para decir qué dice la Constitución,
requería de una clara cohesión institucional. Por esa misma razón, Marshall aceptó
ser magistrado ponente de sentencias con las cuales estaba en desacuerdo.[80]
Además, en este caso el ímpetu de afinar la pluma para
criticar la sentencia se ha desvanecido después de tranquilas reflexiones en
torno al sentido de las opiniones separadas o disidentes. Estas me han llevado
a darme cuenta de que aun los juristas admirados por la claridad, elocuencia,
pertinencia y seriedad de sus opiniones disidentes, estimaban que no tenía
sentido insistir, una y otra vez, en escribir de manera individual la posición
que expresaron en las deliberaciones y mucho menos las que habían sostenido a
lo largo del tiempo. No se debe olvidar que Oliver Wendel Holmes - denominado
el gran disidente - sostenía que cuando un magistrado escribe un salvamento o
aclaración de voto debe recordar que “esta dando su punto de vista sobre el
derecho, no peleando con otro gallo”. Esto llevó en múltiples ocasiones al
magistrado Holmes a señalarles a los colegas de la Corte con los cuales
compartía una opinión disidente, que debían modificar los términos empleados en
el escrito correspondiente para respetar el principio ético de la civilidad en
el disentimiento.
No se trata de seguir una regla de consenso,
inapropiada en un contexto pluralista y en todo caso superada por la
divulgación de los votos de cada magistrado. El objetivo esencial es contribuir
a la consolidación de una institución que, como la Corte Constitucional, adopta
decisiones que definen el rumbo del país en temas que despiertan enorme
sensibilidad, tienen un impacto profundo o están sujetos de manera recurrente a
la dura prueba del litigio constitucional.
Entonces, honro esa responsabilidad consustancial a la
administración de justicia, que ha de ser tenida en cuenta por el juez
constitucional cuando - más allá de hacer pública su posición al advertir que
salva o aclara el voto - decide escribir una opinión disidente: la voz
individual del magistrado debe contribuir a esclarecer el derecho, en lugar de
confundir, y debe inscribirse en el respeto por la majestad de la justicia, en
lugar de tratar de deslegitimarla.
Fecha ut
supra,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Aclaración de voto a la Sentencia C-378/08
(Bogotá
DC, Abril 23 de 2008)
JUSTICIA ARBITRAL-Aplicable en asuntos susceptibles de
transacción (Aclaración de voto)
FACULTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA ARBITRAL-No puede
contravenir disposiciones de ley estatutaria (Aclaración de voto)
ARBITRAMENTO-Forma alternativa de solución de controversias que
contribuye a la realización de fin del Estado (Aclaración de voto)
El arbitramento, como una forma alternativa y constitucionalmente
aceptada para la solución de controversias, a través de particulares
temporalmente investidos de la función de administrar justicia, contribuye a la
realización del fin del Estado de brindar acceso a la justicia de sus
asociados.
CLAUSULA COMPROMISORIA-Ineficacia frente a la acción de
impugnación (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D- 6932
Demandante: Fabián López Guzmán
Norma Demandada: Artículo 194 (parcial)
del Decreto 410 de 1971
Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto
Con todo respeto,
aclaro mi voto frente a la sentencia de constitucionalidad aprobada por la
Corporación en sesión del 23 de abril de 2008. Si bien comparto el sentido de
la decisión tomada por la Sala Plena en torno a la exequibilidad del aparte del
artículo demandado, debo hacer énfasis en dos cuestiones fundamentales que, en
mi opinión, deben ser puestas de relieve:
1.- Es
menester introducir en el análisis de constitucionalidad del artículo 194
parcial del Decreto 410 de 1971, la disposición estatutaria contenida en el
artículo 13 de la Ley 270 de 1996, como un referente necesario para determinar
la adecuación del dispositivo demandado al ordenamiento constitucional, en
especial frente al tema de la arbitrabilidad objetiva[81].
2.- La Ley
270 de 1996, en su artículo 13, señala que podrán ser materia de decisión
arbitral todos aquellos “asuntos susceptibles de transacción”. Este
concepto básico de transigibilidad de la materia arbitral, contenido en la ley
estatutaria,  ha sido desarrollado en leyes ordinarias que han puntualizado en
casos concretos los asuntos susceptibles de transacción. Dado que “no todo
aspecto que de una forma u otra se relacione con la administración de justicia
debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria”[82],
esta Corte en sentencia C-672/1999 encontró que tales desarrollos en leyes
ordinarias no son contrarios al orden constitucional, esto es, que no existe
una reserva estatutaria sobre la materia[83].
3.- No
obstante, es claro que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
consagra “los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los
jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se
someten a su conocimiento”[84] y se
reconoce que “en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se
incorporan los principios mínimos que deben observarse cuando se administra
justicia por conducto de las autoridades administrativas o de los particulares
y que todos los demás aspectos no previstos en sus regulaciones deben
ser desarrollados por la vía de la ley ordinaria”[85].
Así, no es posible para el legislador ordinario contravenir las disposiciones
de la ley estatutaria sin sobrepasar su facultad de configuración.
4.- Sobre el
tema en concreto, la Corte Constitucional ha
interpretado lo que se debe entender por transigible y cómo dar aplicación a
tal definición frente al tema del arbitramento:
“se ha entendido que la justicia arbitral sólo puede operar cuando
los derechos en conflicto son de libre disposición por su titular, es decir,
que frente a ellos exista la libertad de renuncia en un todo o en parte. Esta
capacidad de renuncia o de disposición, es lo que determina el carácter de
transigible de un derecho o de un litigio. Esta libertad de renuncia está
determinada por la naturaleza misma del derecho y corresponde al legislador
establecer en qué casos ésta es posible”[86].
5.- En el
presente caso, la Corte Constitucional ha debido estudiar si la materia objeto
de análisis encaja en aquello que no es transigible, para luego  determinar si
la disposición de ineficacia de la cláusula compromisoria frente a la acción de
impugnación, contenida en el artículo 194 del Decreto 410 de 1971, era adecuada
al ordenamiento jurídico. La razón de la constitucionalidad de tal norma no
puede circunscribirse al ejercicio de las facultades ordinarias del legislador
frente a la materia del arbitraje: es necesario contrastarla con la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia,  que establece limitación a los
temas susceptibles de ser conocidos por un tribunal arbitral.
6.-
Finalmente, el arbitramento, como una forma alternativa y  constitucionalmente
aceptada para la solución de controversias  a través de particulares
temporalmente investidos de la función de administrar justicia, contribuye a la
realización del fin del Estado de brindar acceso a la justicia a sus asociados.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] “Por la cual se adoptan como legislación
permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del
Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia
y acceso a la justicia.”
[2] “Por medio del cual se expide el Estatuto de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos.”
[3] Abre la posibilidad para que en desarrollo de la autonomía
de la voluntad se le confíe la resolución de controversias a una o más personas
particulares que adquieren el carácter de árbitros y administran justicia
resolviendo la disputas que ante ellas se ventilan por medio de decisión –
laudo arbitral – cuya obligatoriedad las partes han pactado de manera
anticipada.
[4] En el ordenamiento jurídico colombiano numerosas
disposiciones hacen alusiones a la justicia arbitral, tales como el Decreto
2279 de 1989, La Ley 23 de 1991, la Ley 80 de 1993, y la ley 446 de 1998. El
Decreto Ley 1818 de 1998 “por medio del cual se expide el estatuto de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos” compiló tales
disposiciones en un solo cuerpo normativo, sin embargo, como es lógico no incluyó
preceptos posteriores a su expedición, tales como la Ley 546 de 1999.
[5] Así se dijo en
la sentencia C-431 de 1995: “En primer lugar, cabe señalar que el acto arbitral
puede definirse como aquel por medio del cual una persona o varias a nombre del
Estado, en ejercicio de una competencia atribuida por éste y consultando solo
el interés superior del orden jurídico y la justicia, definen el derecho
aplicable a un evento concreto, luego de haber comprobado los hechos y de
inferir una consecuencia jurídica, cuyo rasgo esencial es el efecto del
tránsito a cosa juzgada”.
[6] Así lo explicó la
Corte en la antes citada sentencia C-431 de 1995: “Una vez integrado o
constituido el Tribunal, los árbitros quedan investidos de la facultad o poder
de administrar justicia en el caso concreto o litigio correspondiente, en el
cual profiere actos jurisdiccionales. En este sentido, los árbitros obran en
forma similar a cualquier juez, ya que mediante un procedimiento
preestablecido, deben comprobar los hechos planteados por las partes, valorar
las pruebas aportadas y extraer de ese acervo, una consecuencia definitoria,
contenida en un proveído, denominado laudo arbitral, que formal y materialmente
es revestido de las características de verdadera sentencia, pues se trata de un
acto de declaración de certeza del derecho, que produce efectos de cosa
juzgada”. El efecto de cosa juzgada que cobija los laudos también se indicó en
la sentencia C-1436 de 2000, donde se explicó que “el arbitramento como
mecanismo alterno de solución de conflictos, implica la  derogación que hacen
las partes de la jurisdicción que, en cabeza de los jueces ejerce el Estado,
para que frente a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, sean
terceros distintos de los jueces, quienes con carácter definitivo resuelvan la
controversia suscitada, mediante una decisión –fallo arbitral- que al igual que
las decisiones de los jueces de la República,  haga tránsito a cosa juzgada”.
[7] Así se dijo en
la sentencia C-242 de 1997: “Adicionalmente, la decisión arbitral concretada en
un laudo arbitral, bien sea en derecho o en equidad, es eminentemente
jurisdiccional y equivale a una providencia judicial, en cuanto resuelve el
litigio suscitado entre las partes, pronunciándose sobre los hechos,
resolviendo sobre las pretensiones, valorando las pruebas y declarando el
derecho a la luz de los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a los
principios de equidad. Claro está, que la ejecución y control de ese laudo
corresponde a la jurisdicción ordinaria permanente”.
[8] Dijo la Corte en la sentencia C-098 de 2001 que “el
arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ha de
entenderse como la derogación que hacen las partes involucradas en un conflicto
o precaviendo su existencia, de la jurisdicción en cabeza del Estado y en favor
de un particular (árbitro), quien queda investido de la facultad temporal de
resolver con carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión
denominada laudo arbitral,  las diferencias que se susciten entre ellos”.
[9] Sentencia C-294
de 1995, en la que se afirmó: “En principio, solamente puede señalarse
una diferencia fundamental entre la justicia que administran los árbitros y la
de los tribunales y jueces de la República a la cual se refiere el inciso
primero del mismo artículo 116. Tal diferencia es ésta: // Cuando los
tribunales y jueces enumerados en el inciso primero del artículo 116
administran justicia, ejercen una función pública cuya razón de ser está en la
existencia misma del Estado: no puede pensarse en un Estado que no administre
justicia a sus súbditos. Los árbitros también ejercen una función pública,
establecida en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, y en las
leyes que regulan el arbitramento. Pero en cada caso concreto tienen que ser "habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad". Dicho en
otros términos: según la Constitución, las leyes que regulen el arbitramento
tienen que partir de la base de que es la voluntad de las partes en
conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para
actuar”.
[10] En este sentido, en la sentencia C-098 de 2001, se
dijo: “…el arbitramento como la conciliación o la amigable composición, han de
entenderse como institutos a los que el Constituyente les reconoció una función
fundamental dentro la administración de justicia, pues son mecanismo a los que
pueden recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus
controversias, sin la intervención directa del Estado, lo que permite no sólo
la descongestión del aparato de justicia sino la participación activa de los
particulares en la definición de sus conflictos”.
[11] En este sentido, en la sentencia C-163 de 1999 la
Corte señaló: “Además, estos mecanismos alternativos de resolución de
conflictos encuentran base constitucional no sólo en su reconocimiento expreso
en el artículo 116 superior sino también en otros principios y valores
constitucionales. Así, su presencia puede constituir una vía útil, en ciertos
casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual
se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (CP art. 228).
Además, y más importante aún, la Carta establece un régimen democrático y
participativo (CP art. 1º), que propicia entonces la colaboración de los
particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios
conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el Legislador
estimule la resolución de conflictos directamente por los propios afectados,
por medio de figuras como la conciliación o la amigable composición, o por
terceros que no sean jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de
ciertas autoridades administrativas y comunitarias”.
[12]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU 174 de 2007.
[13] Sentencia C-294 de 1995, en la que se afirmó que “los
particulares solamente pueden ser investidos de la función de administrar
justicia, en calidad de conciliadores o en la de árbitros, transitoriamente.
Esta transitoriedad es evidente no sólo por el texto mismo de la norma, sino
porque al ser las partes en conflicto potencial o actual las que habilitan a
los árbitros, al resolverse el conflicto desaparece la razón de ser de la
función arbitral”. Más tarde, en la sentencia C-330 de 2000 se reafirmó que “el
arbitramento es de carácter temporal. No es posible pensar que las
atribuciones judiciales que se confieren a particulares en calidad de árbitros,
puedan ejercerse de manera indefinida, pues de la naturaleza del arbitramento
se deriva la existencia de una jurisdicción meramente transitoria, limitada en
el tiempo, a la resolución del conflicto específico que las partes deciden
llevar ante el tribunal.  De no ser así, se crearía una jurisdicción paralela a
la ordinaria que, con grave perjuicio del orden público (…)”.
[14]
Dijo la Corte en la sentencia C-330 de 2000: “Es deber de las partes, con el
propósito de dotar de eficacia a sus determinaciones, establecer con precisión
los efectos que se siguen de acudir a la justicia arbitral y conocer las
consecuencias jurídicas y económicas subsiguientes a su decisión; sólo así se
puede hablar de un verdadero acuerdo. (…)La manifestación de voluntad, que da
lugar a la sujeción de ciertos eventos a la decisión de los árbitros debe
ajustarse a una regulación detallada, destinada a garantizar que la puesta en funcionamiento
de la justicia arbitral no sea el fruto del deseo caprichoso de los sujetos en
contención. El fundamento de esta figura procesal debe ser la determinación
libre de las partes de acudir a un mecanismo alternativo para resolver
conflictos. Como en todo negocio jurídico, también en el acuerdo que da paso al
arbitraje, es deber de las partes establecer con precisión los efectos que han
de seguirse de acudir a la justicia arbitral y conocer las consecuencias
jurídicas y económicas que tal decisión produce; sólo así puede decirse que la
cláusula compromisoria es plenamente eficaz”.
[15] En la sentencia C-098 de 2001 se señaló que la
característica constitucional central de esta institución es que las partes del
conflicto determinan en forma autónoma y voluntaria que no serán los jueces
estatales sino un particular habilitado por ellos el que resolverá su
controversia, sin apremio alguno para ejercer su poder habilitante: “La nota
característica de este instituto, requisito que la propia Constitución impone y
que la jurisprudencia constitucional ha resaltado (…),  está en que los sujetos
en controversia o que prevean que pueden llegar a estarlo, determinen autónoma
y voluntariamente que su diferencia no será decidida por el Estado a través de
sus jueces, sino por un particular a quien ellos le reconocen el poder y la
competencia para resolver sus desavenencias - poder habilitante de las partes -.
Es, en este contexto, en donde el arbitramento adquiere su condición de
mecanismo alternativo de resolución de conflictos, pues son las partes las que
voluntariamente y sin apremio alguno, deciden no hacer uso del aparato de
justicia estatal”.
[16] En
este sentido, en la sentencia C-060 la Corte explicó –en relación con un
contrato de concesión-: “En este punto, resulta necesario reiterar que, tanto
el convenio que da origen al contrato de concesión -sobre el que versa el
parágrafo parcialmente demandado-, como todas las decisiones tomadas en
desarrollo de este vínculo contractual, tienen que ser el resultado de la libre
discusión de las partes, y no de la aceptación de cláusulas y condiciones
impuestas por la ley o uno de los contratantes.  Si algún significado ha de
dársele al principio de autonomía de la voluntad, que estructura todo el
régimen de contratación nacional (pública y privada), éste tiene que ver con la
posibilidad de que sean las propios sujetos de la relación jurídica, quienes
decidan el destino de su vínculo y obviamente, los procedimientos y autoridades
que habrán de resolver los eventuales desacuerdos; de esta forma se garantiza,
no sólo el recto y libre ejercicio de la voluntad individual, sino el adecuado
acceso a la administración de justicia. (…) Sobre este particular, no puede
perderse de vista el hecho de que, tanto la cláusula compromisoria -que se
incluye en los contratos con el propósito de hacer posible los arreglos
arbitrales-, como el compromiso, son entidades jurídicas que surgen del acuerdo
explícito de las partes y, como tal, son el resultado del análisis de
circunstancias concretas que desde el punto de vista jurídico -incluso
económico-, hacen recomendable recurrir a un tribunal de arbitramento”.
[17]
Este punto se explicó así en la sentencia C-330 de 2000: “El arbitramento,
tal como ha sido concebido en nuestro ordenamiento jurídico, es una figura
procesal. Cuando la Constitución defiere a los particulares la función de
administrar justicia en calidad de árbitros, les confía, como a todos los demás
jueces, la solución de contenciones jurídicas entre las partes en concordancia
con la Constitución y las leyes.  De ahí que la institución arbitral en nuestro
ordenamiento tenga el carácter de un proceso, que garantiza los derechos de las
partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la
discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aun, la
propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros. // El
arbitramento es un verdadero procedimiento judicial -en sentido material- y,
como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las
normas que regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista
formal como material. Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con
rigor las garantías del debido proceso aplicables a toda actuación judicial,
pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios,
adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la legislación,
si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos constitucionales
fundamentales”.
[18] En
la sentencia C-431 de 1995 se afirmó, en este sentido, lo siguiente: “Los
jueces como autoridades que ejercen en forma permanente la función de
administrar justicia, gozan de ciertos poderes, a saber: a) El poder de
decisión, por medio del cual resuelven con fuerza obligatoria la controversia.
b) El poder de coerción, mediante el cual se procuran los elementos necesarios
para el cumplimiento de la decisión. c) El poder de documentación o
investigación, en virtud del cual se le otorga la facultad de decretar y
practicar pruebas, ya sea de oficio o a petición de parte, para llegar con la
valoración de ellas, a una verdad real y de esa forma poder adoptar la decisión
que en derecho corresponda, y d) El poder de ejecución, que está íntimamente
ligado con el de coerción, pero que tiene su propio sentido, pues si bien
implica el ejercicio de coacción y aún de la fuerza contra una persona, no
persigue facilitar el proceso sino imponer el cumplimiento de un mandato claro
y expreso, sea que se derive de una sentencia o de un título proveniente del
deudor y al cual la ley le asigne ese mérito. // En principio, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley 23 de 1991, estos poderes son
atribuibles tanto al juez como al árbitro, en cuanto éste goza de los mismos
deberes, poderes y facultades que para los jueces consagran las normas del
Código de Procedimiento Civil, así como por su asimilación a los jueces del
circuito. // Sin embargo, esta misma ley impone una limitación al Tribunal de
Arbitramento con el objeto de evitar un cambio de competencia, ya que en el
parágrafo del artículo 40 ibídem, establece en forma expresa que de la
ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, lo cual ha sido reiterado
por la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte
Constitucional”.
[19]
Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 1994.
[20]
Ibíd.
[21]
Ibíd.
[22]
Sentencia C-163 de 1999.
[23]
Dijo la Corte: “Así las cosas, la Corte Constitucional comparte plenamente el
argumento expuesto por el actor, según el cual la justicia arbitral sólo está
permitida constitucionalmente si está habilitada por las partes. Sin embargo,
resulta equivocado deducir de esta premisa que el Legislador está impedido para
regular el procedimiento que rige este tipo de mecanismos de solución de
conflictos, pues si bien el acceso a la justicia arbitral es voluntario, la
función de administración de justicia por árbitros deberá desarrollarse “en los
términos que determine la ley” (C.P. art. 116). // En este orden de ideas, el
artículo 116 de la Carta debe interpretarse en armonía con el artículo 29
superior, según el cual toda persona tiene derecho a ser juzgado ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio”, lo cual permite concluir que, en situaciones donde los
particulares no acordaron procedimiento especial que los regule, le corresponde
al Legislador fijar las formas procesales de cada juicio, lo que incluye, el
proceso arbitral. Por consiguiente, si los árbitros ejercen la función pública
de administrar justicia, es razonable que el Legislador configure el marco
general y las directrices de la actuación arbitral, dentro del marco de la
Constitución”.
[24]
Corte Constitucional. Sentencia T-244 de 2007.
[25]
Corte Constitucional. Sentencia C-431 de 1995.
[26]
Corte Constitucional. Sentencia C-1436 de 2000.
[27] Corte Constitucional. Sentencia T-244 de 2007.
[28]
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1993.
[29]
Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2001. Ver también sentencia C-316 de
2002.
[30]
Corte Constitucional. Sentencia C-562 de 1997.
[31] Ver entre otras las sentencias C-742 de 1999, C-384
de 2000, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000, C-680 de
1998.
[32]
Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001.
[33]
Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 2002.
[34]
Corte Constitucional. Sentencia C-204 de 2001.
[35]
Corte Constitucional. Sentencia C-728 de 2000 y C-1104 de 2001, entre otras.
[36]
Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000.
[37]
Corte Constitucional. Sentencias C-1104 de 2001 y C-1512 de 2000.
[38]
Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002.
[39]
Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 1997.
[40]
Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999.
[41] Corte
Constitucional. Sentencia C-555 de 2001.
[42] Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 2002.
[43]
Corte Constitucional. Sentencia C-327 de 1997.
[44] Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2007.
[45] Se
explicó en esa oportunidad cómo el arbitramento surgía “por voluntad de las partes
de someter un conflicto ante un tercero -árbitro-, habilitado por ellas para
proferir un fallo en derecho o en equidad, en los términos que determine la
ley.  // De esa manera, entonces, es a la ley a quien corresponde determinar:
a) los asuntos y la forma en que los particulares pueden administrar justicia
en la condición de árbitros; b) los límites y términos en que los árbitros
están habilitados para administrar justicia, y c) sus funciones y facultades,
que son las mismas que tienen los jueces ordinarios”.
[46] Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2007.
[47] ARTÍCULO 186.
<LUGAR Y QUORUM DE REUNIONES>. Las reuniones se realizarán en el lugar
del dominio social, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos
en cuanto a convocación y quórum. Con excepción de los casos en que la ley o
los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se
celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429. / ARTÍCULO
427. <QUORUM PARA DELIBERACIÓN Y TOMA DE DECISIONES>. La asamblea
deliberará con un número plural de personas que represente, por lo menos, la
mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se exija
un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos
presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados actos
una mayoría especial. /ARTÍCULO
429. <REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA POR DERECHO
PROPIO-REGLAS>. <Artículo subrogado por el artículo 69 de la Ley 222
de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Si se convoca a la asamblea y ésta
no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que
sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios cualquiera sea
la cantidad de acciones que esté representada. La nueva reunión deberá
efectuarse no antes de los diez días ni después de los treinta, contados desde
la fecha fijada para la primera reunión. / Cuando la asamblea se reúna en sesión
ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, también
podrá deliberar y decidir válidamente en los términos del inciso anterior. / En las
sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de valores, en las
reuniones de segunda convocatoria la asamblea sesionará y decidirá válidamente
con uno o varios socios, cualquiera sea el número de acciones representadas.”
[48] “ARTÍCULO 188.
<OBLIGATORIEDAD DE DECISIONES DE LA JUNTA O ASAMBLEA>. Reunida la junta
de socios o asamblea general como se prevé en el Artículo 186, las decisiones
que se adopten con el número de votos previsto en los estatutos o en las leyes
obligarán a todos los socios, aún a los ausentes o disidentes, siempre que
tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos. /
PARÁGRAFO. El carácter general de las decisiones se entenderá sin perjuicio de
los privilegios pactados con sujeción a las leyes y al contrato social.”
[49] “Por la cual se
adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley
23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia.”
[50] La norma está contenida en el Título II Del Arbitraje
que consigna los preceptos generales. "Artículo 111.- Definición y
modalidades. El artículo 1° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: /
"Artículo 1º. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes
involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un
tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de
administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.” /
"El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en
derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho
positivo vigente. En este evento el Árbitro deberá ser Abogado inscrito. El
arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido
común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian sus fallos en razón de sus
específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el
arbitraje es técnico. / "Parágrafo. En la Cláusula compromisoria o en el
compromiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el
fallo será en derecho."
[51] El problema jurídico que planteó la Sala Plena de la
Corte Constitucional fue el siguiente:”[c]orresponde a esta Corporación
determinar, si cuando el legislador establece que sólo los asuntos de carácter
transigible son susceptibles de ser sometidos al mecanismo del arbitramento, se
contraviene la disposición constitucional contenida en el artículo 116, según
la cual, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia en la calidad de árbitros debidamente habilitados por
las partes, pues considera el demandante, que el Constituyente no impuso
ninguna restricción en cuanto a las materias susceptibles de ser sometidas a
este mecanismo alterno de resolución de conflictos.”
[52] Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 1999.
[53]
Ibíd.
[54]
Corte Constitucional. Sentencia C-242 de 1997.
[55] Corte Constitucional. Sentencia C-294 de 1995.
[56] Corte Constitucional. Sentencia C-1436 de 2000.
[57] Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 2001.
[58]
Ibíd.
[59]
Corte Constitucional. Sentencia C-T-057 de 1995.
[60]
Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 2001.
[61]
Corte Constitucional. Sentencias C-1104 de 2001 y C-1512 de 2000.
[62]
Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002.
[63] Corte Constitucional. Sentencia C-265 de 1994. En el mismo sentido sentencia
C-445 de 1995.
[64] ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa
privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio,
nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
/ La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. / La empresa, como base del desarrollo, tiene una función
social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. / El Estado, por mandato de
la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará
o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado nacional. / La ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación.”
[65] Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2002.
[66]
Que tiene fundamento en el artículo 365 de la C. N. Ver entre otras la
sentencia C-579 de 1999.
[67]
Cuya justificación es el artículo 49 de la Carta, ver por ejemplo la sentencia
C-176/96.
[68]
Con base en el artículo 77 de la Constitución. Ver la sentencia C-333 de 1999.
[69]
Que tiene por fundamento el artículo 335 de la Constitución, en este sentido la
C-332 de 2000.
[70]
Corte Constitucional. Sentencia C-392 de 2007.
[71] Ibíd.
[72] La norma legal objeto de examen estaba contenida en
el primer inciso del artículo 111 de la Ley 446 de 1998, que reza:
“Definición y modalidades. El artículo 1° del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
‘Artículo 1º. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes
involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un
tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de
administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral (…)’”.
La
decisión adoptada por la Corte fue: “Declarase EXEQUIBLES las
expresiones ‘de carácter transigible’ contenidas en el artículo 111 de la Ley
446 de 1998”.
[73] Ver Aclaraciones de Voto a las Sentencias
C-422 del 2005, C-540 del 2005, C-078 del 2006; C-673 del 2001, C-260 del 2008 entre
otras.
[74] Ver por ejemplo Aclaración de Voto a la sentencia
C-422 del 2005 del magistrado Jaime Araújo Rentería.
[75] Desde el siglo XIX los magistrados han podido salvar o aclarar el
voto. Sin remontarnos más allá de la vigencia de la Constitución de 1886, cabe
resaltar que en la primera sentencia en la cual se juzgó, en control previo, un
acto del legislador, se presentaron salvamentos de votos.
[76] En efecto, en Francia están prohibidas las opiniones
disidentes en el Consejo Constitucional, pero las actas de sus deliberaciones
son públicas, varias décadas después de su aprobación. En Estados Unidos están
permitidas las opiniones disidentes, pero no existen actas de las
deliberaciones. Mucho de la evolución del pensamiento de la Corte estadounidense
queda consignado por escrito en los memorandos y notas oficiales que se cruzan
los magistrados, los cuales son públicos también después de varias décadas. En
Alemania, después de un complejo y extenso proceso, se pasó de la interdicción
de las opiniones disidentes a su admisión. Ello sucedió a raíz del famoso caso
Spiegel, resuelto en 1966, en el cual los magistrados se dividieron 4 contra 4.
Ante la ausencia de mayoría por la inconstitucionalidad, el acto controvertido
en dicho caso se consideró convalidado. Para entonces, las opiniones disidentes
no estaban permitidas. Entonces, la Corte Constitucional alemana optó por
publicar las dos opiniones enfrentadas como parte de la sentencia misma, sin
divulgar los nombres de los magistrados. Ello suscitó un debate sobre si las
opiniones disidentes deberían ser permitidas. En 1968 se llevó a cabo un debate
apasionado al respecto en el Congreso de Derecho, organizado por la asociación
de juristas. Luego de una votación, los juristas se inclinaron a favor de
permitir las aclaraciones y salvamentos de voto, a pesar de que los magistrados
que integraban las cinco altas cortes alemanas votaron en contra (158 contra
65). En 1970, el Parlamento modificó la Ley Orgánica de la Corte Constitucional
Federal alemana para permitir las opiniones disidentes.
[77] Inclusive respecto de estas cuestiones tan álgidas, algunos
magistrados han preferido abstenerse de hacer públicas las razones de su
posición. En Alemania, en la primera sentencia sobre el aborto, dos magistrados
escribieron sus opiniones disidentes. Por eso, se cree que la votación fue 6
contra 2. No obstante, en realidad fue una sentencia 5 contra 3, ya que uno de
los magistrados de la minoría decidió no escribir un salvamento de voto.
[78] Los puntos de mi disenso se originaron en que a mi juicio la
tutela no debía ser concedida sin verificar si el interesado había solicitado
la terminación del proceso, si el inmueble estaba efectivamente destinado a
vivienda, si el deudor había aceptado la reliquidación del crédito  o si el
inmueble ya había sido adjudicado a una familia que lo adquirió de buena fe
para vivir en él
[79] Roscoe Pound. Cacoethes Dissentiendi: The Heated Judicial
Dissent. 39 A.B.A.J. (1953), 794.
[80] El justicia Antonin Scalia, un vigoroso disidente en la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, critica esta actitud en un
ensayo sobre la opinión disidente. Ver The Dissenting Opinion. 1994 J. Sup. Ct.
Hist. 33.
[81] Sentencia SU-174/2007
M.P. Manuel José Cepeda
[82] Sentencia C-037/1996
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[83] “En tal virtud, se
concluye que las cuestiones que aparecen reguladas en las normas acusadas
corresponden a aspectos o materias que puede desarrollar el legislador mediante
una ley ordinaria, ya que no se trata de asuntos que tocan con los fundamentos
de la estructura general de la administración de justicia ni con los principios
que deben ser observados por los jueces en ejercicio de las competencias a
ellos otorgadas, sino con situaciones relacionadas con la atribución de función
jurisdiccional a los particulares, como ocurre en el arbitramento o la amigable
composición, o a organismos administrativos, como son las superintendencias
mencionadas, a los cuales se les confía la misión de decidir ciertas
controversias en materia comercial y financiera”. (Sentencia C-672/1999 M.P.
Antonio Barrera Carbonell)
[84] Sentencia C-037/1996
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[85] Sentencia
C-672/1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell (subrayas fuera del texto original)
[86] Sentencia C-098/2001
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez