T-819-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-819/14
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE
TUTELA-Requisitos de procedibilidad
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES EN MATERIA PENSIONAL-Procedencia excepcional
La
acción de tutela procede de manera excepcional cuando el desconocimiento del
derecho de pensión compromete el núcleo esencial de un derecho fundamental. La
Corte establece que procede de manera excepcional la acción de tutela cuando se
verifican los siguientes supuestos: (i) que sea interpuesta para evitar un
perjuicio irremediable; (ii) que la falta de reconocimiento de la prestación
social vulnere algún derecho fundamental, como lo es la vida, la dignidad
humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento tenga su
origen en actuaciones que sean manifiestamente contrarias a preceptos
superiores, con lo cual se desvirtúe la presunción de legalidad que recae sobre
todas las actuaciones administrativas.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo vital y vida
digna de sujetos de especial protección
Cuando
lo que el accionante busca es el reconocimiento de una pensión por invalidez,
la jurisprudencia ha indicado que se trata de un derecho fundamental per
se, el cual es susceptible de protección vía acción de tutela,
especialmente si concurren dos elementos: (i) la calidad del sujeto de especial
protección que la reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y de
debilidad manifiesta en que se encuentra ya sea por sus condiciones físicas o
mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de
invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos fundamentales
como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros
y, (ii) porque la importancia de su reconocimiento radica en el hecho de que en
la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye en el único sustento
económico con el que contaría la persona inválida y su grupo familiar.
DERECHO A LA SALUD Y ESPECIAL PROTECCION DE PERSONAS
PORTADORAS DEL VIH/SIDA-Reiteración de
jurisprudencia
Las personas que padecen de VIH/SIDA se hacen merecedoras de una “protección
constitucional reforzada”. Por consiguiente, es deber del Estado brindar
protección integral a las personas afectadas, por esta enfermedad catastrófica
que produce un acelerado deterioro en el estado de salud de quienes la padecen,
incrementando el riesgo de muerte de los pacientes cuando no reciben el
tratamiento adecuado de forma oportuna. La Corte ha manifestado que con el fin de hacer efectiva la
igualdad y la dignidad humana de los pacientes con
VIH/SIDA, la protección que debe brindar el Estado en materia de salud debe ser
integral dados los altos costos que demanda el tratamiento de la enfermedad.
PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos
para obtener reconocimiento y pago
Para
acceder a la pensión, es necesario el cumplimiento de tres requisitos: (i) la
declaratoria de invalidez; (ii) que la persona haya cotizado 50 semanas dentro
de los tres años anteriores a la fecha de su estructuración; y (iii) haber
cotizado un porcentaje del tiempo transcurrido entre la fecha en la que el
afectado cumplió 20 años de edad y la primera calificación del estado de
invalidez.
PENSION DE INVALIDEZ DE ORIGEN COMUN-Requisitos
Los requisitos que deben cumplirse
para obtener pensión de invalidez por enfermedad común son: a. Que el afiliado sea declarado
inválido y; b. que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Cuando se
trate de personas menores de veinte años, solo deben acreditar 26 semanas
cotizadas en el último año anterior al hecho causante de invalidez o su
declaratoria. Por otro lado cuando se trate de afiliados que hayan cotizado por
lo menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez,
solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres años.
PENSION DE INVALIDEZ DE
PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de
la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
Cuando
se trata de enfermedades que desmejoran las condiciones de salud de manera
paulatina, no pueden las Juntas de Calificación desconocer que las
circunstancias propias de ciertas enfermedades permiten por algún tiempo
ejercer alguna actividad y, por ende, cotizar al sistema. Bajo este supuesto,
la Corte ha considerado que no le es dable a las juntas establecer como fecha
de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral el mismo momento en que
se presenta la enfermedad o su primer síntoma, de esta manera, de las
cotizaciones se advierte que la persona en una etapa de la enfermedad fue un
trabajador productivo y pudo aportar al Sistema General de Pensiones, y que en
otra etapa de su vida esa productividad disminuyó, siendo la enfermedad la
posible causa de dicha disminución.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD, MINIMO VITAL Y VIDA
DIGNA DE ENFERMO DE VIH/SIDA-Orden a Colpensiones
reconocer y pagar pensión de invalidez
DERECHO AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez a
enfermo VIH/SIDA de forma definitiva
Referencia:
Expedientes T-4405611, T-4411498, T-4417468, T-4418406 y T-4419300 (AC)
Acciones
de tutela presentadas por Nicolás Eugenio Cano Durango; Gloria Stella Tafur
Villanueva; Marco Antonio González Sánchez; Rosalba Trujillo de Guzmán y Yaneth
Hernández Mateus, actuando como agente oficiosa de su esposo Elquin Hernando
Moreno; contra Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES-.
Magistrada (e) Ponente:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C.,
cinco (5) de noviembre de dos mil catorce (2014).
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
María Victoria Calle Correa, el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva y la
Magistrada (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en el artículo 241, numeral 9° de la Constitución Política y en los artículos
33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual
se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados
dentro de los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos
de tutela
T-4405611
Primera
Instancia: Sentencia del Juzgado Once Civil del
Circuito de Bogotá D.C., del 23 de abril de 2014.
Segunda
Instancia: Sentencia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, del 8 de mayo de 2014.
T-4411498
Primera Instancia: Sentencia
del Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá D.C., del 14 de
mayo de 2014.
T-4417468
Primera
Instancia: Sentencia del Juzgado Cuarenta
Civil del Circuito de Bogotá D.C., del 20 de febrero de 2014.
Segunda
Instancia: Sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil, del 15 de mayo de 2014.
T-4418406
Primera
Instancia: Sentencia del Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Cali, del 11 de marzo de 2014.
T-4419300
Primera
Instancia: Sentencia del
Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., del 19 de mayo de
2014.
I.
ANTECEDENTES
Acumulación
de procesos. Mediante Auto del diez (10) de julio de dos mil
catorce (2014) la Sala de Séptima de Selección acumuló entre sí los expedientes
T-4405611, T-4411498, T-4417468, T-4418406 y T-4419300 para que fuesen fallados
en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad de materia.
1.
Expediente T-4405611
1.1. Hechos
y demanda: El 2 de abril de 2014, el señor Nicolás Eugenio Cano Durango,
instauró acción de tutela contra Administradora Colombiana de
Pensiones-COLPENSIONES, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones de
dignidad, atendiendo a los siguientes hechos:
1.1.1. Señala
que desde el 2003 fue diagnosticado con el virus del VIH. Por lo anterior, se
ha visto sometido a un sinnúmero de tratamientos. (Folio No. 9)
1.1.2. Indica
que el Seguro Social valoró una pérdida de capacidad laboral equivalente al
38.4%, frente a la cual se presentaron los recursos respectivos.
1.1.3. El 4 de
diciembre de 2008, comenta que la junta Regional de Calificación de Invalidez
resolvió aumentar el porcentaje de invalidez a un 50.2% con fecha de
estructuración del 21 de julio de 2008 (Folios No. 18 y 19).
1.1.4. En vista
de esto, se presentó una solicitud ante el Seguro Social para el respectivo
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Sin embargo, mediante
Resolución Nº 038113 del 25 de Agosto de 2009 (Folios No. 5 y 6), se negó la
prestación económica por no cumplirse con el requisito de semanas cotizadas con
anterioridad a la fecha de estructuración; decisión posteriormente confirmada
por las Resoluciones Nº 06909 del 18 de Marzo de 2010 (Folio No. 2) y Nº 04492
del 16 de Noviembre de 2010 (Folios No. 3 y 4).
1.1.5 Manifiesta
que desde febrero de 2003 hasta febrero de 2008 estuvo en prisión, razón por la
cual no cumplía con el mencionado requisito.
1.1.6. Ante la
negativa de la accionada, menciona que siguió laborando en su oficio de
conductor hasta que por razones médicas no pudo seguirlo haciendo desde febrero
de 2014.
1.1.7. Adiciona
que, tiene escasos recursos económicos y una familia compuesta por su compañera
y un niño de 14 años quienes dependen económicamente de él. En este sentido,
solicita se le reconozca y pague la pensión de invalidez.
1.2. Respuesta
de la entidad accionada: A pesar de haberse notificado a
COLPENSIONES el inicio del trámite de la acción mediante oficio del 4 de abril
de 2014, dicha entidad no respondió en el término establecido la solicitud
sobre la demanda de tutela.
1.3. Del fallo
de primera instancia: El Juzgado Once Civil del Circuito de
Bogotá D.C. a través del fallo del 23 de abril de 2014 decidió denegar el
amparo solicitado, por considerar que en primer lugar, no se verifica el
requisito de inmediatez al haber transcurrido un poco más de 3 años desde la
Resolución Nº 04492 del 2010, la cual resolvió el recurso de apelación, y la acción
de tutela en el 2014. Además no se encuentra razón alguna que justifique la
demora en este sentido.
En segundo
lugar, argumenta el juzgado que el accionante tiene la posibilidad de efectuar
una nueva solicitud ante COLPENSIONES, haciendo uso del trámite idóneo ante la
autoridad correspondiente.
1.4
Del fallo de segunda instancia: El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, mediante
fallo del 8 de mayo de 2014, decidió confirmar la sentencia impugnada por el
accionante, hallándole razón a los argumentos y decisión del a-quo, y
adicionando que “la condición de debilidad manifiesta que pudiera constituir
protección constitucional reforzada para el accionante (…) no ostenta vocación
suficiente para obviar los requisitos legales que al respecto se establecen.”
2.
Expediente T-4411498
2.1. Hechos
y demanda: El 29 de abril de 2014, la señora Gloria Stella Tafur
Villanueva, instauró acción de tutela contra Administradora Colombiana de
Pensiones-COLPENSIONES, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo
vital, atendiendo a los siguientes hechos:
2.1.1. Afirma
que fue diagnosticada con la enfermedad de VIH/SIDA el día 12 de diciembre de
2003, fecha en la cual se encontraba asintomática por lo cual continuo
laborando y cotizando al Sistema General de Pensiones. (Folios No. 57 y 58)
2.1.2. Menciona
que en el 2004, fue diagnosticada adicionalmente de DIABETES MELLITUS 2,
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS RECURRENTE, NEUROPATIA PERISFERICA, HIPOACUSIA
DERECHA, DISMINUCIÓN DE AGUDEZA VISUAL EN EL OJO DERECHO Y ESTRABISMO. (Folios
No. 57 y 58)
2.1.3.
Considerando lo anterior, el 9 de marzo de 2011, la Gerencia Nacional de
Atención al Pensionado Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social
estableció pérdida de capacidad laboral del 67.90%, estructurada a partir del
12 de diciembre de 2003. Por lo cual, el 3 de junio de 2011 la accionante
solicitó la pensión de invalidez por enfermedad común ante el SEGURO SOCIAL.
(Folio No. 49)
2.1.4. Indica
que dicha entidad negó la prestación económica solicitada mediante la
resolución Nº 118011 del 17 de agosto de 2011 por no cumplirse con los
requisitos de los artículos 38 y 39 der la Ley 100 de 1993, modificados por la
Ley 860 de 2003. Estos son:
“Inválidos
con una pérdida laboral superior al 50%, acrediten 50 semanas cotizadas dentro
de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
y una fidelidad de cotización para con el sistema de al menos 20% del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de
la primera calificación del estado de invalidez.” (Folios No. 50
y 51)
2.1.5. Sostiene
que se interpusieron los recursos, sin embargo mediante Resolución Nº 17965 del
17 de mayo de 2012 el Seguro Social negó nuevamente la pensión de invalidez. 2.1.6.
En este sentido, se solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
entendiendo que la accionante es un sujeto de especial protección del Estado.
2.2. Respuesta
de la entidad accionada: A pesar de haberse notificado a
COLPENSIONES el inicio del trámite de la acción mediante oficio del 30 de abril
de 2014, dicha entidad no respondió en el término establecido la solicitud
sobre la demanda de tutela.
2.3. Del fallo
de Primera instancia: El 14 de mayo de 2014, el Juzgado
Treinta y Cinco Laboral del Circuito Bogotá D.C., entendiendo que es deber del
Estado garantizar la protección de los derechos fundamentales aún más cuando se
trata de una persona con una enfermedad degenerativa que no puede seguir
trabajando para satisfacer sus necesidades mínimas, resolvió amparar de manera
transitoria el derecho fundamental a la seguridad social. Así, ordenó a
COLPENSIONES reconocer y pagar la pensión de invalidez advirtiendo que se
requería iniciar el correspondiente Proceso Ordinario Laboral dentro de un
término no mayor a 4 meses.
3.
Expediente T-4417468
3.1. Hechos
y demanda: El 10 de febrero de 2014, el señor Marco Antonio González
Sánchez, instauró acción de tutela contra Administradora Colombiana de
Pensiones- COLPENSIONES, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vida digna, al debido proceso, a la seguridad social y a
la salud, conforme a los siguientes hechos:
3.1.1.
Manifiesta que el día 31 de mayo de 2003 le fue encontrada una EXCLUSIÓN
FUNCIONAL DEL RIÑON DERECHO Y FILTRACIÓN GLOMERULAR DE 40.1ML/MINUTO (Folio No.
9). Por lo anterior, el 23 de Julio de 2003 le fue diagnosticado TUBERCOLISIS
RENAL DEGENERATIVA PROGRESIVA (Folio No. 11), requiriendo tratamiento de
terapia triple con RIFAMPICINA, ISONIACIDA YETAMBUTOL por tres meses.
3.1.2. Indica
que desde el 2006, se le empezaron a detectar obstrucciones en los riñones
(Folios No. 12-16). Así, el 11 de Octubre de 2011 se le encontró una ALTERACIÓN
DE AMBOS RIÑONES CON PÉRDIDA DE LA CORTEZA RENAL LA CUAL SE ENCUENTRA
REEMPLAZADA POR MÚLTIPLES IMÁGENES QUÍSTICAS. (Folio No. 17) Por la delicada
situación, señala que el 7 de mayo de 2012 se le colocó un CATÉTER PARA
TRATAMIENTO DE DIALISIS DURANTE 10 HORAS DIARIAS. (Folio No. 21)
3.1.3.
Adicionalmente, declara que el día 5 de marzo de 2013 fue hospitalizado en la
Clínica Nueva debido a ciertas infecciones (Folio No. 23), que trajeron como
consecuencia también múltiples incapacidades para un total de 180 días. (Folios
No. 24-29)
3.1.4. Sostiene
que el 11 de febrero de 2013, COLPENSIONES reconoció una pérdida de capacidad
laboral del 71.65%, con fecha de estructuración de la enfermedad del 14 de Mayo
de 2012. (Folios No. 33-35) De esta manera, el 10 de abril de 2013 se solicitó
el reconocimiento y pago de la respectiva pensión de invalidez.
3.1.5. Mediante
Resolución Nº 67482 del 19 de abril de 2013 se negó la pensión de invalidez al
encontrar “que el asegurado no acredita el requisito de las 50 semanas
cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez, razón por la cual no es procedente el
reconocimiento de la prestación solicitada”. (Folios No. 38-40) Decisión
que fue confirmada por la Resolución 106741 del 22 de Mayo de 2013 (Folios No
42-44).
3.1.6. Se indica
que ha presentado un derecho de petición ante la entidad demandada solicitando
la entrega de documentos concernientes a la negación de la pensión de invalidez
sin que este haya sido respondido de fondo. (Folio No. 46)
3.1.7. Se
solicita en conclusión, se tenga en cuenta como fecha de estructuración la
fecha del dictamen, y así se reconozca y pague la pensión de invalidez.
3.2. Respuesta
de la entidad accionada: A pesar de haberse notificado a
COLPENSIONES el inicio del trámite de la acción mediante oficio del 11 de
octubre de 2013, dicha entidad no respondió en el término establecido la
solicitud sobre la demanda de tutela.
3.3. Del fallo
de primera instancia: El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito
de Bogotá D.C., mediante fallo del 20 de febrero de 2014, decidió amparar los
derechos fundamentales invocados de manera transitoria. Lo anterior, al
encontrar probado que el accionante se encuentra en un estado delicado de
salud, cuyos tratamientos le imposibilitan tener medios para garantizar su
mínimo vital. De esta manera, se advierte que se debe acudir a la jurisdicción
ordinaria para el reconocimiento correspondiente de la prestación económica.
3.4. Impugnación
presentada por la parte accionante: El accionante
impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que su grave estado de
salud y su precaria situación económica son factores que en el caso en concreto
deben tenerse en cuenta para tutelar los derechos de forma permanente,
concediendo de manera definitiva el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez del señor MARCO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
3.5. Del fallo
de segunda instancia:El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. en sentencia del 15 de mayo de 2014, decide confirmar
la decisión de primera instancia. Para ello, se argumentó que si bien la regla
general corresponde al cumplimiento del requisito de subsidiaridad para no
usurpar competencias que son ajenas al juez constitucional, existen casos en
los que resulta menester proteger de manera excepcional y transitoria los
derechos fundamentales.
En esta medida,
se entiende que efectivamente la protección de la pensión de invalidez debe ser
un amparo transitorio. Por otro lado, se adiciona amparar el derecho de
petición vulnerado, el cual no había sido mencionado en la primera instancia.
4.
Expediente T-4418406
4.1. Hechos
y demanda: El 4 de febrero de 2014, Rosalba Trujillo de Guzmán, instauró
acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad,
a la vida y a la seguridad social, conforme a los siguientes hechos:
4.1.1.
Manifiesta que el 12 de julio de 2010, Medicina Laboral del Instituto de Seguro
Social, Seccional Valle del Cauca, le dictaminó una pérdida de capacidad
laboral de 52.30% y con fecha de estructuración del 10 de junio de 2010. (Folio
No. 18)
4.1.2. Agrega
que dado esto, solicitó la pensión de invalidez el 26 de agosto de 2010. No
obstante, esta fue negada a través de Resolución Nº 101287 del 23 de febrero de
2011 (Folios No. 9 y 10), decisión que fue posteriormente confirmada por la
Resolución Nº 221179 del 30 de agosto de 2013, “por no acreditar los
requisitos del artículo 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003” (Folios No. 11-14). 4.1.3. Solicita se
reconozca de manera inmediata su pensión de invalidez a partir de la fecha de
estructuración, lo anterior debido a esta condición médica y a su avanzada
edad.
4.2. Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas: A pesar de
haberse notificado a COLPENSIONES el inicio del trámite de la acción mediante
oficio del 21 de febrero de 2014, dicha entidad no respondió en el término
establecido la solicitud sobre la demanda de tutela.
4.3. Del fallo
de única instancia: El Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Cali, mediante fallo del 11 de marzo de 2014, resolvió negar el amparo ya
que la tutela no es el mecanismo idóneo para dirimir controversias con respecto
a prestaciones económicas de origen laboral. Además, no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que permita al juez constitucional
proteger de manera transitoria y excepcional el derecho invocado.
5.
Expediente T-4419300
5.1. Hechos
y demanda: El 24 de abril de 2014, la señora Yaneth Hernández Mateus,
actuando como agente oficiosa de su esposo Elquin Hernando Moreno, instauró
acción de tutela contra Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, al mínimo
vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones de dignidad, atendiendo
a los siguientes hechos:
5.1.1. Señala
que sufre de HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA CON UN POP COMPLICADA CON PERITONITIS
Y DESNUTRICIÓN SEVERA. Por lo anterior, desde el 24 de febrero de 2013 se
encuentra internado en el hogar Geriátrico Canitas de Nazareth. (Folio No. 18)
5.1.2. Indica
que el 10 de Septiembre de 2013 COLPENSIONES dictaminó una pérdida de capacidad
laboral de 65.14% con fecha de estructuración del 23 de julio de 2013. (Folios
No. 2, 7-10)
5.1.3. Sostiene
que el 12 de septiembre de 2013 presentó la solicitud para acceder a la
respectiva pensión de invalidez. Siendo esta negada por COLPENSIONES, mediante
Resolución 13623 del 16 de enero de 2014, por no cumplirse con los requisitos
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificada por el artículo 1 de la Ley
860 de 2003. (Folio No. 3-5)
5.1.4. Solicita
entonces, que se tenga en cuenta la delicada condición de salud de su esposo
así como también la incapacidad de continuar gozando las condiciones mínimas
para su subsistencia, y se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez.
5.2. Respuesta
de la entidad accionada: A pesar de haberse notificado a
COLPENSIONES el inicio del trámite de la acción mediante oficio del 9 de mayo
de 2014, dicha entidad no respondió en el término establecido la solicitud
sobre la demanda de tutela.
5.3. Del fallo
de Primera instancia: El Juzgado Treinta y Cinco Civil del
Circuito de Bogotá D.C. a través del fallo del 19 de mayo de 2014 decidió
denegar el amparo solicitado. Lo anterior, considerando que no se cumple con el
requisito de inmediatez y además “el actor de tutela tuvo una actitud pasiva
al no interponer los recursos de ley contra la decisión” de negar la
pensión de invalidez.
En este sentido
estableció que “es necesario que el accionante agote los medios de defensa
ordinarios que tiene a su alcance y proceda a acudir bien sea a la jurisdicción
ordinaria o a la contenciosa administrativa, para que sea ante estos que se
controvierta la resolución que aquí cuestiona”.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos
proferidos dentro de la acción de tutela de referencia, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral 9° de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento a lo dispuesto en el antes mencionado
Auto del diez (10) de julio de dos mil catorce (2014),  expedido por la Sala de
Séptima de Selección.
2.     Problema
jurídico y planteamiento del caso
Corresponde
a esta Sala establecer si COLPENSIONES vulneró los derechos de los accionantes
de las cinco acciones de tutela que procederá la Corte a resolver de forma
acumulada a través de esta providencia, al haberse negado a reconocer y pagar
las pensiones de invalidez por ellos solicitadas.
Para
dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala examinará: primero,
la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones de
carácter pensional; segundo, la especial protección que se le debe dar a
las personas que padecen VIH/SIDA; tercero, los requisitos para acceder
a la pensión de invalidez; cuarto, las reglas especiales para el
reconocimiento de una pensión de invalidez cuando se trata de personas que
padecen una enfermedad progresiva, degenerativa o congénita; y quinto,
el análisis de los casos concretos.
3.     Procedencia
de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones de carácter
pensional. Reiteración de jurisprudencia.
Esta
Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que la acción de tutela es un
instrumento jurídico de naturaleza especial, mediante el cual se pretende la
protección de los derechos fundamentales cuando éstos sean vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o en los eventos
previstos para los particulares. En este sentido, la acción de tutela es un
mecanismo “residual y subsidiario”, el cual sólo puede ejercerse cuando
la persona no cuente con otro medio de defensa judicial idóneo, salvo que se
utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  En
este sentido la Corte en Sentencia T-075 de 2009 se pronunció de la siguiente
manera:
“La
acción de tutela se creó como un mecanismo transitorio para garantizar la
protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución política de Colombia y como tal, el Decreto 2591 de 1991 la
reglamentó y señaló las reglas básicas de aplicación. Es así como el artículo
6º de dicha normativa delimitó su procedencia para situaciones en las cuales no
existieran recursos o mecanismos judiciales ordinarios, lo cual no obsta para
que se analice en cada caso si el procedimiento correspondiente resulta eficaz
de acuerdo a las circunstancias de hecho.”
Adicionalmente,
en la Sentencia SU-622 de 2001, la Corte Constitucional se refirió al tema de
la siguiente manera:
“La
Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en
el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez:
la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción
en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente,
susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no
disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un
perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°, de la Constitución); la
segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de
aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.”[1]
Por
otro lado, ésta Corporación ha sido enfática en establecer que la acción de
tutela no
procede para reclamar el pago de prestaciones sociales, ya que este tipo de
controversias son competencia de la jurisdicción laboral, y ello es así, porque
que la seguridad social debe ser entendida “como un derecho social que no
tiene aplicación inmediata”, en consecuencia los conflictos que derivados
de ella se susciten deben ser resueltos por la justicia ordinaria.[2]
Sin
embargo, este Tribunal Constitucional ha contemplado que la acción de tutela
procede de manera excepcional cuando el desconocimiento del derecho de pensión
compromete el núcleo esencial de un derecho fundamental.[3]
Es
así pues, como la Corte establece que procede de manera excepcional la acción
de tutela cuando se verifican los siguientes supuestos: (i) que sea interpuesta
para evitar un perjuicio irremediable; (ii) que la falta de reconocimiento de
la prestación social vulnere algún derecho fundamental, como lo es la vida, la
dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento
tenga su origen en actuaciones que sean manifiestamente contrarias a preceptos
superiores, con lo cual se desvirtúe la presunción de legalidad que recae sobre
todas las actuaciones administrativas.[4]
Dicho
lo anterior, “el reconocimiento de la pensión puede adquirir una connotación
de derecho fundamental cuando por conexidad ponga en peligro otros derechos de
naturaleza fundamental, entre ellos la vida, el mínimo vital, la dignidad
humana de las personas de la tercera edad. Bajo esta premisa, cuando se
niegue el reconocimiento de una pensión y dicha condición involucre
directamente a personas de avanzada edad – las cuales por su condición se
consideran sujetos de especial protección – deberá considerarse la procedencia
de la acción de tutela.”[5]
(Subrayado fuera de texto)
Por
otra parte, cuando la tutela es promovida con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, el examen del requisito de
subsidiariedad es más exhaustivo. La Corte ha establecido ese requisito, sobre
el entendido de que la solución de dicho asunto, atañe en principio a las
jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativa.[6]
En
lo ateniente al primer requisito mencionado, el accionante debe acreditar la
inminencia de un perjuicio irremediable. Con ese fin, la doctrina
constitucional prevé que para que se compruebe este requisito debe acreditarse
en el caso concreto[7]
lo siguiente:
“(i)
se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un
grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el
perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona;
(iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben
ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben
considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de
protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a
condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño
irreparable.”[8]
De
la misma manera, se establece en la doctrina constitucional que la evaluación
de los requisitos mencionados no corresponde a un simple escrutinio fáctico,
por el contrario, se deben tener en cuenta las circunstancias particulares del
accionante de manera tal que se pueda determinar la existencia o no del
perjuicio. La Corte en este respecto ha puntualizado:
“(…)
deberá analizarse si el afectado pertenece a alguna de las categorías
sujetas a la especial protección del Estado.  Para la Corte, la pertenencia
a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de
la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los
mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la
igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los
grupos mencionados. Desde esta perspectiva, “tratándose de sujetos de especial
protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en
forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva.  De un lado, es
preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es
decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía
privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la
persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto.”[9]
Así
mismo, esta Corporación ha destacado que el juicio de procedibilidad de la
acción de tutela debe ser flexible cuando se trata de personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta y demandan una protección
constitucional especial como son, los ancianos, los niños, las mujeres
embarazadas, las madres o padres cabeza de familia o las personas que padecen
algún tipo de discapacidad física o mental.[10]
En
el caso específico de las personas de la tercera edad, esta flexibilización
obedece a la manera en la que se limitan sus oportunidades de acceso al mercado
laboral, ante el deterioro de su capacidad productiva.[11]
Específicamente la Corte ha dicho:  “someter a un litigio laboral, con las
demoras y complejidades propias de los procesos ordinarios, a un adulto mayor
con disminución de su capacidad laboral que le impide acceder a un trabajo,
resulta muy gravoso para él, con serios perjuicios para el desenvolvimiento
inmediato de su vida personal y familiar, menguando su calidad de vida”.[12]
Ahora,
cuando lo que el accionante busca es el reconocimiento de una pensión por
invalidez, la jurisprudencia ha indicado que se trata de un derecho fundamental
per se, el cual es susceptible de protección vía acción de tutela,
especialmente si concurren dos elementos: “(i) la calidad del sujeto de
especial protección que la reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y
de debilidad manifiesta en que se encuentra ya sea por sus condiciones físicas
o mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de
invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos
fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital
entre otros y, (ii) porque la importancia de su reconocimiento radica en el
hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye en
el único sustento económico con el que contaría la persona inválida y su grupo
familiar”.[13]
Sobre
este particular, la Corte en Sentencia T-962 de 2011 decidió sobre una acción
de tutela interpuesta por una persona con deficiencias físicas que le impiden
el normal desarrollo de sus funciones. En ese caso, la accionante solicitó
pensión de invalidez la cual le fue negada estableciendo esta Corporación que
cuando se solicita  el reconocimiento de una pensión de invalidez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que al estar frente a un derecho
fundamental per se, es procedente la protección de los derechos por
medio de la acción de tutela cuando se cumplen con dos requisitos de calidad de
sujeto e importancia para el sustento del reconocimiento de la pensión,
desarrollados en el párrafo anterior.[14]
En
este sentido la Corte ha sostenido:
“El
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, o en su defecto de
la indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la
vida, la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a
través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al
mandato constitucional que impone como deber el garantizar a todos los
habitantes ‘el derecho irrenunciable a la seguridad social.’ Se garantiza el
derecho a la vida, pues se reconoce en favor de quien ha sufrido disminución o
pérdida de su capacidad laboral una suma de dinero mensual que le permita velar
por su subsistencia y, en caso dado, por la de su familia, y además la
integridad física por cuanto como consecuencia de su estado de salud y de sus
limitaciones permanentes, el Estado le brinda una especial protección, además
de la asistencia médica derivada de su situación personal; se garantiza el
derecho al trabajo, ya que cuando el afectado no puede ofrecer al menos la
mitad de su capacidad laboral, se le exime de su obligación social de trabajar,
y a la vez se preserva su derecho en cuanto si recupera su capacidad, puede
volver a desempeñarse en el ejercicio de sus actividades laborales”[15]
De
igual modo, en la Sentencia T-259 de 2003, al revisar una tutela instaurada
contra una Administradora de Fondos de Pensiones, la Corte consideró:
“En
este orden de ideas, esta Sala reitera la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que ha señalado que el titular de un derecho fundamental en
condiciones de debilidad manifiesta no está obligado a soportar la carga que
implica la definición judicial de la controversia, pues la inminencia y
gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las medidas para
impedir su consumación hacen que en el presente caso deba concederse la tutela
del derecho a la seguridad social del peticionario”.
También
expresó en esa oportunidad que se ocasiona un perjuicio grave y se desconoce el
derecho al mínimo vital de las personas que se encuentran en debilidad
manifiesta, cuando se les obliga a someterse a un litigio laboral para obtener
la salvaguarda de sus derechos. Específicamente la Corte estableció:
“Someter
a un litigio laboral al solicitante, le ocasiona un grave perjuicio y un
desconocimiento de su derecho al mínimo vital, pues las condiciones de
debilidad manifiesta, que incluso excede la urgencia que se presenta en caso de
pensionados, demuestra una urgencia inminente que requiere el amparo inmediato
de los derechos del solicitante de la tutela”[16]
Lo
anterior ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, señalando que
cuando los accionantes son sujetos de especial protección se debe hacer un análisis
de procedibilidad el cual esté estrechamente relacionado con la presencia de un
perjuicio irremediable y siguiendo la lógica que se aplica cuando se alega la
falta de idoneidad de las vías judiciales ordinarias. Específicamente sostuvo:
“(…)
si el demandante es un sujeto de especial protección constitucional, el
análisis de procedibilidad vinculado a la presencia de un perjuicio
irremediable sigue la misma lógica que se aplica cuando se alega la falta de
idoneidad de las vías judiciales ordinarias: los criterios de procedencia
formal se flexibilizan, en atención a los aspectos que caracterizan al actor
como un sujeto de especial protección y al contexto específico que define su
caso concreto.”[17]
Conforme
a las consideraciones expuestas, es válido afirmar que la acción de tutela es
procedente cuando se solicita el reconocimiento de una pensión de invalidez
siempre y cuando la negativa de conceder dicha pensión esté en conexidad con un
derecho fundamental y que esté de por medio la efectiva salvaguarda de los
derechos de sujetos de especial protección.[18]
En conclusión,
la Corte ha considerado que cuando la pensión de invalidez constituye el único
sustento económico con el que cuenta una persona en situación de discapacidad y
su grupo familiar, y al tratarse de personas que no pueden acceder a un trabajo
quedando en situación de indefensión y vulnerabilidad, la acción de tutela es
procedente para reconocer dicha pensión de invalidez.
4.
Especial protección constitucional a personas
portadoras de VIH/SIDA – Reiteración jurisprudencia.
La
Corte Constitucional ha concedido el amparo de los derechos fundamentales
cuando se está ante un sujeto de especial protección constitucional o de personas
que por sus condiciones económicas, físicas o mentales se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta. Particularmente, las personas que
padecen de VIH/SIDA se hacen merecedoras de una “protección constitucional
reforzada”. Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección
integral a las personas afectadas, por esta enfermedad catastrófica que produce
un acelerado deterioro en el estado de salud de quienes la padecen,
incrementando el riesgo de muerte de los pacientes cuando no reciben el
tratamiento adecuado de forma oportuna.
En
sentencia T-843 de 2004, esta Corporación advirtió que, tratándose de enfermos
de VIH/SIDA, el Estado debe adoptar una posición activa para garantizar que no
se le condene a vivir en condiciones inferiores. Por tal motivo, le corresponde
implementar políticas y programas para, aunque no sea posible lograr una
solución definitiva, por lo menos hacer menos gravosa y penosa esa enfermedad.
En este sentido, se convierte en una obligación del Estado y las autoridades
correspondientes brindar un amparo especial con el fin de garantizar sus
derechos fundamentales y su dignidad, impidiendo que sean objeto de un trato
discriminatorio
La
protección especial a este grupo poblacional se fundamenta en el principio de
igualdad (art. 13 C.P), según el cual el Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta y en el de solidaridad, como uno de
los principios rectores de la seguridad social (arts. 1 y 48 C.P.). Bajo esos
parámetros la Corte ha manifestado que con el fin de hacer efectiva la igualdad
y la dignidad humana de los pacientes con VIH/SIDA, la
protección que debe brindar el Estado en materia de salud debe ser integral
dados los altos costos que demanda el tratamiento de la enfermedad.
En
conclusión, los portadores de VIH son sujetos de especial protección debido a
que se está ante una enfermedad mortal que causa el deterioro progresivo del
estado de salud, por lo que la sociedad debe tomar conciencia acerca de la
situación en la que se encuentran estas personas con el objeto de brindarles un
trato igualitario, solidario y digno con el fin de poder llevar una vida plena.
5. Requisitos
para acceder a la pensión de invalidez. Reiteración de jurisprudencia
El sistema
General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo, ante
contingencias como la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de pensiones y demás prestaciones.[19]
El artículo 48
de la Constitución Nacional dispone en el inciso 1, que la seguridad social
constituye un "servicio público de carácter obligatorio", y en
el inciso 2 establece que se "garantiza a todos los habitantes el
derecho irrenunciable a la seguridad social". En este mismo sentido,
la Corte en sentencia T-658 de 2008 consideró que "El derecho a la
seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para
garantizar a todas las personas su dignidad humana, es un verdadero derecho
fundamental".
La pensión de
invalidez es aquella prestación económica que se otorga cuando una persona, ya
sea por enfermedad de origen común o profesional o por haber padecido un
accidente, ha sufrido pérdida de la capacidad laboral que le impide llevar una
vida normal. Teniendo en cuenta esto, la Corte Constitucional ha definido la
pensión de invalidez como “una prestación destinada a proteger los riesgos o
contingencias que provocan estados de incapacidad, con cargo al sistema de
seguridad social, de acuerdo con las directrices del Estado y con sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstas en la Carta
Política”[20]
Se considera que
una persona está en situación de invalidez cuando pierde el 50% o más de su
capacidad laboral por una causa no provocada intencionalmente.[21] La pérdida
de la capacidad laboral debe estar determinada por las entidades del sistema
facultadas para ello, como son el ISS, las ARL, las EPS y las aseguradoras, así
como las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez.
La Ley 100 de
1993 estableció los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, en caso
de dictaminarse una pérdida de la capacidad laboral del 50% o superior. Estos
son:
“Artículo
39: Requisitos para obtener la pensión de invalidez
Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los
siguientes requisitos:
a)
Que el afiliados se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez,
y
b)
Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca el estado de invalidez.”
Este artículo
fue modificado por la Ley 797 de 2003, introduciendo variaciones a los
requisitos, sin embargo esta ley fue declarada inexequible por  esta
Corporación por vicios de trámite, mediante sentencia C-1056 de 2003.
Posteriormente,
la Ley 860 de 2003, mediante su artículo 1°, modificó los requisitos del
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, disponiendo lo siguiente:
“Artículo
39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la
pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez causada por enfermedad: que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los último tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para el sistema sea al menos de
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez.
2.
Invalidez causada por accidente: que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma, y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez.
Parágrafo
1°. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al
hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo
2°. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años[22]”.
La Corte en
sentencia C-428 de 2009 declaró exequible el numeral 1º de la Ley 820 de 2003,
salvo la expresión “y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez”, la cual fue declarada inexequible, indicando que los
cambios que introdujo la Ley 860 de 2003 al artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
hacían mucho más rigurosos los requerimientos para acceder a la pensión, pues
adicionó al porcentaje de invalidez y a las semanas cotizadas el requisito de
fidelidad al sistema.
De esta manera,
el nuevo artículo 39 establece que para acceder a la pensión, es necesario el
cumplimiento de tres requisitos: (i) la declaratoria de invalidez; (ii) que la
persona haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha
de su estructuración; y (iii) haber cotizado un porcentaje del tiempo
transcurrido entre la fecha en la que el afectado cumplió 20 años de edad y la
primera calificación del estado de invalidez.
En consecuencia,
la Corte consideró que algunas de las exigencias establecidas en la Ley 860 de
2003 eran desproporcionadas e irracionales, y por lo tanto decidió: “primero:
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, salvo
la expresión ‘y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez’, la cual se declarará INEXEQUIBLE. Segundo: Declarar EXEQUIBLE el
numeral 2° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión ‘y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menor veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió (20) años de edad
y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez’, la cual se
declara INEXEQUIBLE”.[23]
Por último, la
Corte Constitucional, en Sentencia C-727 de 2009, estudió la demanda de
constitucionalidad en contra del Artículo 1 de la Ley 860 de 2003. En esa
oportunidad esta Corporación decidió estarse a lo resuelto en la sentencia
C-428 de 2009, indicando respecto al parágrafo 2 de la norma, que: “El
parágrafo 2º establece una excepción a la regla fijada en los incisos 1 y 2 del
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en cuanto al número de semanas exigibles
durante los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Los
cargos originalmente planteados por el accionante establecían una comparación
entre el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1 de la Ley 860 de
2003. Sin embargo, el contenido del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, fue
modificado por la sentencia C-428 de 2009, como resultado de la declaratoria de
exequibilidad parcial de los numerales 1 y 2”. (Subrayado por fuera del
texto).
De acuerdo con
lo expresado, la Corte especificó que el parágrafo 2 establece una excepción a
la regla fijada en los incisos 1 y 2 de dicho artículo en cuanto al número de
semanas exigibles durante los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez, pues establece una condición más beneficiosa para quienes hayan
alcanzado el nivel de cotización del 75% del total de semanas que se requieren
para adquirir la pensión de vejez. De esta manera, el requisito para dichas
personas es de 26 semanas cotizadas en los últimos tres (3) años.
En conclusión,
los requisitos que deben cumplirse para obtener pensión de invalidez por
enfermedad común son:
a.     Que
el afiliado sea declarado inválido y;
b.     que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
Cuando se trate
de personas menores de veinte años, solo deben acreditar 26 semanas cotizadas
en el último año anterior al hecho causante de invalidez o su declaratoria. Por
otro lado cuando se trate de afiliados que hayan cotizado por lo menos el 75%
de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá
que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres años.[24]
6. Derecho a la
pensión de invalidez cuando se trata de una pérdida de la capacidad laboral
paulatina en razón a que es generada por enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas. Reiteración de Jurisprudencia.
En concordancia
con el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la
Ley 860 de 2003, toda persona tiene derecho a la pensión de invalidez cuando es
declarada inválida por enfermedad o por accidente y siempre y cuando haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración.[25]
La Corte
Constitucional, ha indicado que los tres (3) años anteriores que consagra la
disposición legal se cuentan a partir de la fecha de estructuración de la
invalidez, es decir, desde el momento en el cual la persona declarada en
situación de invalidez perdió su capacidad de laborar. Por vía jurisprudencial,
la Corte ha distinguido entre aquellas situaciones que generan de forma inadvertida
la pérdida de la capacidad laboral, como puede ser un accidente de trabajo, y
aquellas otras en las que se deriva la pérdida de una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita. Al respecto ha sostenido:
“Cuando
la invalidez proviene de un accidente o de una situación de salud que generó la
pérdida de capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración otorgada
por la Junta coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho, sin embargo,
hay casos en los que la fecha en que efectivamente una persona está en
incapacidad de trabajar es diferente a la fecha indicada en el dictamen de
calificación de la pérdida de capacidad labora. Dicha situación se presenta
casi siempre cuando la persona invalida padece de enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas y la pérdida de la capacidad laboral se presenta de
manera paulatina”.[26]
(Subrayado
fuera de texto)
Cuando se trata
de enfermedades que desmejoran las condiciones de salud de manera paulatina, no
pueden las Juntas de Calificación desconocer que las circunstancias propias de
ciertas enfermedades permiten por algún tiempo ejercer alguna actividad y, por
ende, cotizar al sistema. Bajo este supuesto, la Corte ha considerado que no le
es dable a las juntas establecer como fecha de estructuración de la pérdida de
la capacidad laboral el mismo momento en que se presenta la enfermedad o su
primer síntoma, de esta manera, de las cotizaciones se advierte que la persona
en una etapa de la enfermedad fue un trabajador productivo y pudo aportar al
Sistema General de Pensiones, y que en otra etapa de su vida esa productividad
disminuyó, siendo la enfermedad la posible causa de dicha disminución.
Con respecto a
lo anterior, la Corte en sentencia T-699A de 2007, determinó:
“(…)
es posible que, en razón del carácter progresivo y degenerativo de la
enfermedad, pueden darse casos, como el presente, en lo que, no obstante que de
manera retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la
invalidez, la persona haya conservado capacidades funcionales y, de hecho, haya
continuado con su vinculación laboral y realizado los correspondiente aportes
al sistema de seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el
examen de calificación de la invalidez. Así pues, el hecho de que la
estructuración sea fijada en una fecha anterior al momento en que se pudo
verificar la condición de inválido por medio de la calificación de la junta,
puede conllevar que el solicitante de la pensión acumule cotizaciones durante
un periodo posterior a la fecha en la que, según los dictámenes médicos, se
había estructurado la invalidez, y durante el cual se contaba con las
capacidades física para continuar trabajando y no existía un dictamen en el que
constara la condición de invalidez.
En
consecuencia, se presenta una dificultad en la contabilización de las semanas
de cotización necesarias para acceder a la pensión, toda vez que, si bien la
ley señala que tal requisito debe verificarse a la fecha de estructuración, en
atención a las condiciones especiales de esta enfermedad, puede ocurrir que, no
obstante que haya algunas manifestaciones clínicas, el portador esté en la
capacidad de continuar trabajando, y de hecho siga realizando los aportes al
sistema por un largo periodo, y, sólo tiempo después, ante el progreso de la
enfermedad y la gravedad del estado de salud, se vea en la necesidad de
solicitar la pensión de invalidez, por lo que al someterse a la calificación de
la junta se certifica el estado de invalidez y se fija una fecha de
estructuración hacia atrás. Así las cosas, no resulta consecuente que el
sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión”.
Adicionalmente,
en Sentencia T-163 de 2011, la Corporación determinó que “(…) es viable
concluir que, cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de
una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita, a quien se le ha determinado una fecha de
estructuración de invalidez en forma retroactiva, deberá tener en cuenta los
aportes realizados al Sistema, durante el tiempo comprendido entre dicha fecha,
y el momento en que la persona pierde su capacidad laboral de forma permanente
y definitiva”. (Subrayado fuera del texto).
Lo anterior
significa qué, cuando una persona tiene una enfermedad de carácter progresivo y
degenerativo, pero ha conservado capacidades funcionales que le han permitido
continuar con una vinculación laboral, y como consecuencia de ello, continuar
realizando los aportes correspondientes al sistema de seguridad social hasta el
momento en el que se le practicó el examen de calificación de invalidez, en
dicho examen se verifica la condición de invalidez con fecha retroactiva, es
decir antes de la solicitud del examen. En virtud de esa situación, se puede
dar que la persona acumule cotizaciones durante un periodo posterior a la fecha
en que según los dictámenes médicos, se había estructurado la invalidez.
Lo anterior,
conlleva a una dificultad en la contabilización de las semanas, sin embargo,
teniendo como fundamento los precedentes jurisprudenciales referenciados, es
posible concluir que cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento
de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o cognitiva, a quien se le ha determinado una fecha de
estructuración de invalidez de forma retroactiva, se deberán tener en cuenta
los aportes realizados al Sistema General de Pensiones, durante el tiempo
comprendido entre dicha fecha y el momento en que la persona pierde su
capacidad laboral de forma permanente y definitiva.
7. Análisis de los
casos concreto
7.1. Expediente
T-4.405.611
El señor Nicolás
Eugenio Cano Durango, instauró la acción de tutela contra COLPENSIONES por
estimar transgredidos sus derechos fundamentales a la salud, mínimo vital, a la
seguridad social y a la vida en condiciones dignas,  dado que pese a habérsele
reconocido el 4 de diciembre de 2008 pérdida de capacidad laboral en un 50.20%
por la Vicepresidencia de Pensiones – Gerencia Nacional de Atención al
Pensionado del Instituto de los Seguros Sociales, y haber cotizado a dicho
Instituto desde el diecinueve (19) de octubre de mil novecientos ochenta y
nueve (1989), ésta negó el reconocimiento de la pensión al argumentar que a la
fecha de estructuración del estado de invalidez -el 21 de julio de 2008-, el
demandante no cumplía el requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas en
los tres años inmediatamente anteriores a la referida fecha.
Considera la
Sala de Revisión relevante resaltar que, en casos como el que se analiza, la
acción de tutela se constituye en un mecanismo expedito para la protección
efectiva de las garantías fundamentales, en atención a que el actor, es
portador de VIH/SIDA, con una pérdida de capacidad laboral de 50.20% para el 21
de julio de 2008. Adicionalmente, carece de capacidad económica para sufragar
sus gastos de subsistencia. En esa medida, los mecanismos de defensa que ofrece
la justicia ordinaria para resolver la controversia planteada, haría nugatoria
la protección efectiva de sus derechos constitucionales, por lo cual es
procedente la decisión sobre el derecho pensional reclamado por vía de tutela[27].
Mediante Resolución No. 038113 del 25 de agosto de 2009, la
Jefatura del Departamento de atención al pensionado de la seccional
Cundinamarca y D.C., negó al accionado el reconocimiento de la pensión de
invalidez por no cumplir con el mencionado requisito de semanas cotizadas. Esta
decisión fue confirmada por las Resoluciones No. 06909 del 18 de marzo de 2010
y No. 04492 del 16 de noviembre de 2010.
De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones,
expedido por COLPENSIONES y actualizado a 9 de diciembre de 2013, con
anterioridad al 21 de julio de 2008, fecha de estructuración de su pérdida de
capacidad laboral, en el último periodo que cotizó el accionante, correspondía
al comprendido entre el 1 de noviembre de 2001 y el 30 de noviembre del mismo
año, lo que demostraría efectivamente que en el periodo de tres años anterior a
la fecha de estructuración, el señor Cano Durango no cotizó.
Sin embargo, un hecho relevante que COLPENSIONES no tuvo en
cuenta en su estudio, fue que tal y como es alegado por el demandante en su
acción de tutela y no fue cuestionado por la Administradora de Pensiones, quien
guardó silencio durante el proceso constitucional, fue que el señor Cano se
encontró pagando pena privativa de la libertad entre febrero de 2003 y febrero
de 2008.
Ese hecho, implica que durante el periodo que el accionante
estuvo privado de la libertad, una de las consecuencias de su situación es que
no puede desempeñar el oficio o profesión que tenía estando en libertad. Al no
poder trabajar, tampoco se encuentra en posibilidad de hacer cotizaciones a
pensiones, lo que implica que el periodo en el que estuvo en la cárcel, no
puede ser contado para efectos de cumplir con el requisito de 50 semanas
cotizadas en los últimos tres años anteriores a la estructuración.
Hacerlo así, implicaría extender las consecuencias de la
sanción penal a circunstancias más allá de la misma, infligiendo un castigo
adicional que se trasladaría a la restricción de derechos fundamentales como el
de la seguridad social, de personas, que como es el caso del accionante, ya han
pagado su deuda con la sociedad. Esta situación constituiría una vulneración
del principio de legalidad, pues implicaría la aplicación de una pena que no
está previamente establecida en la normatividad penal, así como al principio de
proporcionalidad pues se le exigiría realizar cotizaciones a alguien que no
está en condiciones de hacerlo.
Por esa razón,
no puede verificarse el cumplimiento de las 50 semanas cotizadas desde el 21 de
julio de 2008, tres años hacia atrás, pues comprendería a parte del periodo en
el que el accionante estaba en la cárcel. Por el contrario, la contabilización
se tendrá que realizar desde el momento anterior al ingreso a prisión del señor
Cano Durango, en la medida en que coincide el periodo inmediatamente anterior a
la fecha de estructuración, con el periodo en el que el accionante se
encontraba privado de la libertad y con imposibilidades de cotizar.
Procederá la
Sala de Revisión a establecer si el accionante cotizó más de 50 semanas en los
tres años anteriores al mes de febrero de 2003, fecha en que el accionante
ingresó a la cárcel. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas, el señor
Nicolás Eugenio Cano Durango cotizó 108,44 semanas en el periodo
comprendido entre febrero de 2000 y febrero de 2003, así:
Nombre o Razón
Social
Desde
Hasta
Semanas
Cooperativa
Nacional de Transportad
01/01/2000
31/12/2000
50,43[28]
Unión
Comercial de Transportes S.A.
01/04/2000
31/05/2000
6.86
Unión
Comercial de Transportes S.A
01/06/2000
30/06/2000
4,29
Cooperativa
Nacional de Transportad
01/01/2001
31/10/2001
42,57
Cooperativa
Nacional de Transportad
01/11/2001
30/11/2001
4,00
Total semanas
cotizadas
108,44
De acuerdo con el anterior análisis, encuentra la Sala que el
accionante cumple con los requisitos legales para obtener la pensión de
invalidez, toda vez que tiene una pérdida de la capacidad laboral del 50,20 %,
por causa de origen no profesional y no provocada intencionalmente[29],
se trata de una enfermedad degenerativa como es el VIH/SIDA y que en los tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de pérdida de la capacidad
laboral, descontando el periodo en el que le era imposible hacer aportes al
sistema general de pensiones por encontrarse privado de la libertad, cotizó 108,44
semanas, es decir, más de las cincuenta (50) semanas exigidas para obtener la
pensión de invalidez[30].
En cuanto al
cumplimiento del requisito de inmediatez que los jueces de instancia
consideraron en este caso en concreto que no se cumplía, toda vez que habían
pasado más de tres años entre el momento en que COLPENSIONES negó la solicitud
de pensión de invalidez y la interposición de la acción de tutela. Sin embargo,
considera la Sala que la función que cumple la acción de tutela, como ha sido
manifestado por la jurisprudencia de esta Corporación, “no se agota con
el simple paso del tiempo, sino que continua vigente mientras el bien o interés
que se pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado para evitar que se consume
un daño antijurídico de forma irreparable”.[31]
En ese sentido,
ha identificado la Corte Constitucional la existencia de circunstancias bajo
las cuales es admisible la demora en la presentación de a la acción de tutela:
(i) que se trate de una vulneración que perdura en el tiempo, de esta forma
aunque la violación de los derechos se presentó hace algún tiempo, la situación
de desprotección del accionante puede ser verificada actualmente. (ii) las
circunstancias personales en las que se encuentra el accionante que hacen
desproporcionada el exigirle al afectado presentar el recurso, desconociendo
su   “estado
de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros”[32].
En el contexto
particular de la situación del accionante, se trata de una persona que sufre
una enfermedad degenerativa como lo es el VIH/SIDA, que si bien después de
haber sido estructurada, le permitió seguir trabajando y ganando su sustento,
aun poniendo en riesgo su salud y su vida, hasta un punto en el que le es
imposible continuar haciéndolo, tal y como lo alega en su escrito de tutela,
demostrando la vigencia que tiene la vulneración a los derechos que se genera
como consecuencia del no reconocimiento de la pensión de invalidez.
Por las razones
expuestas, considera la Sala de Revisión, que así como lo ha realizado en otras
oportunidades en las que incluso ha mediado un lapso superior,[33] en esta ocasión se
cumple con el requisito de inmediatez, haciendo procedente la tutela.
Como conclusión,
después de haber analizado el caso concreto del señor Cano Durango, la Sala
encuentra necesario proteger los derechos fundamentales invocados por él. Por
lo tanto, procederá a revocar los fallos proferidos el 23 de abril de 2014 por el
Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá y el 8 de mayo de 2014 por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad y, en su
lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la salud, al mínimo
vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas del accionante.
En concordancia,
se ordenará a la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que dentro de los cinco
(5) primeros días siguientes a la comunicación de esta sentencia, reconozca y
pague la pensión de invalidez a que tiene derecho el señor Nicolás
Eugenio Cano Durango,
de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
7.2.
Expediente
T-4.411.498
En el caso de la
señora Gloria Stella Tafur Villanueva, ella instauró la acción de tutela
contra COLPENSIONES por estimar transgredidos sus derechos fundamentales a la
vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo
vital,  dado que pese a habérsele reconocido el 9 de marzo de 2011 pérdida de
la capacidad laboral en un 67.90% por la Vicepresidencia de Pensiones –
Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del Instituto de los Seguros
Sociales, ésta negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, bajo el
argumento que a la fecha de estructuración el 12 de diciembre de 2003, la
accionante no cumplía el requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas en
los tres años inmediatamente anteriores a la referida fecha.
Considera la
Sala de Revisión relevante nuevamente resaltar como se hizo en el caso anterior,
que en situaciones como la que se analiza, la acción de tutela se constituye en
un mecanismo expedito para la protección efectiva de las garantías
fundamentales, en atención a que la actora, es portadora de VIH/SIDA, y
adicionalmente fue diagnosticada en el 2004 con DIABETES MELLITUS 2, INFECCIÓN
DE VÍAS URINARIASRECURRENTE, NEUROPATIA PERISFERICA, HIPOACUSIA DERECHA,
DISMINUCI´ON DE AGUDEZA VISUAL EN EL OJO DERECHO Y ESTRABISMO. En esa medida,
los mecanismos de defensa que ofrece la justicia ordinaria para resolver la
controversia planteada, haría nugatoria la protección efectiva de sus derechos
constitucionales, por lo cual es procedente la decisión sobre el derecho
pensional reclamado por vía de tutela[34].
La accionante fue calificada con una pérdida de la capacidad
laboral del 67.90% mediante dictamen del Seguro Social del 9 de marzo de 2011,
con fecha de estructuración del 12 de diciembre de 2003. Sin embargo, la Sala
de Revisión observa que
la invalidez de la señora Tafur Villanueva no pudo haberse estructurado en la
fecha fijada por el Instituto de Seguros Sociales. Esta afirmación se
fundamenta inicialmente en la definición reglamentaria establecida en el
Decreto 917 de 1999[35] de la fecha de
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, según la cual, esta “es
la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral
en forma permanente y definitiva.”[36]
Como
prueba de que no había perdido de forma permanente y definitiva su capacidad
laboral, en la acción de tutela la demandante afirmó: “A la fecha del diagnóstico
[12 de diciembre de 2013] se encontraba asintomática, es decir, no presentaba
ningún tipo de problema de salud que le impidiera trabajar, ni tenía ninguna discapacidad.
(…) || Desde la fecha del dictamen y la fecha de la estructuración de la
pérdida de la capacidad laboral fijada en este, estuvo laborando y cotizando al
sistema general de pensiones toda vez que durante este tiempo no presentó
ninguna discapacidad ni problema para laborar. (…) || Para el sistema general
en pensiones ha cotizado un total de quinientas treinta punto noventa y siete
(530,97) semanas”.
Por
lo anterior, considera la Corte que COLPENSIONES vulneró los derechos de la
accionante al desconocer los aportes y cotizaciones que ella realizó con
posterioridad al 12 de diciembre de 2003, ya que se demuestra de las pruebas
que obran en el expediente que la accionante realizó aportes en los años 2007
al 2011. Frente a estas situaciones se ha pronunciado en reiteradas
oportunidades esta Corporación sosteniendo que:
“La jurisprudencia
ha explicado que las regulaciones sobre el tema disponen que la fecha de la
invalidez corresponde al momento preciso en que la persona pierde la capacidad
laboral. Por ello, explica la Corte, en algunos casos ha resultado errado que
las juntas de calificación tomen como fecha de estructuración de la invalidez
la fecha en que diagnosticó la enfermedad. Pues, dicha fecha no representa el
momento en que la persona ya no puede laborar más. Por lo cual, se deben contar
las cotizaciones realizadas hasta el momento en que se dictamina la
calificación de la invalidez en un porcentaje superior al 50%. Y, a partir de
dicha fecha (de la calificación) exigir el requisito de las cotizaciones
mínimas. Esto, en tanto que el diagnóstico de una enfermedad de deterioro
progresivo no significa per se la incapacidad de seguir laborando”.[37]
En ese orden de ideas y en virtud del
principio de primacía de la realidad, la fecha de estructuración de la
invalidez “debe comprobarse en términos materiales y no solamente formales”[38]. De acuerdo a
lo observado por la Corte en el caso de la señora Tafur Villanueva, deberá ser
tomada en cuenta como fecha de estructuración la fecha en la que se expide la
Resolución que dictamina la pérdida de la capacidad laboral en el 67,90% -9 de
marzo de 2011-. Así, teniendo en cuenta que los últimos aportes realizados a
COLPENSIONES por la accionante, de acuerdo con su Reporte de Semanas Cotizadas,
corresponden al periodo del 1 de febrero de 2011 al 30 de septiembre del mismo
año, el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la
fecha de estructuración, deberán tener en cuenta dichos aportes.
Lo anterior permite llegar a la conclusión
que desde su verdadera fecha de estructuración que corresponde al 9 de marzo de
2011, en el periodo que corresponde a los tres años anteriores, la accionante
cotizó 175,28 semanas, lo cual es superior a las 50 requeridas por la
Ley 100 de 1993 y que de acuerdo con la entidad accionada, no cumplía.
A continuación se muestra el detalle de
las semanas cotizadas por la señora Tafur Villanueva:
Nombre o Razón
Social
Desde
Hasta
Semanas
Nelly
Elizabeth Pachón Cortes
01/02/2008
31/12/2008
42,00
Nelly
Elizabeth Pachón Cortes
01/01/2009
31/12/2009
49,71
Nelly
Elizabeth Pachón Cortes
01/01/2010
30/11/2010
46,57
Nelly
Elizabeth Pachón Cortes
01/12/2010
31/12/2010
0,14
Heriberto
Villegas Amaya
01/01/2011
31/01/2011
2,86
Heriberto
Villegas Amaya
01/02/2011
30/09/2011
34,00
Total semanas
cotizadas
175,28
En virtud de lo demostrado, la Sala concluye
que la accionante reúne los requisitos para acceder de manera definitiva a la
pensión de invalidez de conformidad con los artículos 38 y 39 de la ley 100 de
1993, en razón a que posee más de 50 semanas de cotización en los últimos tres
años, si se toma como fecha de estructuración la del momento en el cual se
expidió el dictamen de invalidez, como ha sido realizado por la Corte Constitucional
en otros casos con identidad fáctica al de la accionante.[39]
La situación descrita fue reconocida por
el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, quien actuando como
instancia constitucional, en Sentencia del 14 de mayo de 2014 tuteló los
derechos de la accionante, ordenando a COLPENSIONES el reconocimiento de la
pensión de invalidez. Sin embargo, el reconocimiento de la dicha pensión se
hizo de manera transitoria, toda vez que entendió que la accionante disponía de
otro medio de defensa judicial, como lo era la jurisdicción ordinaria laboral.
En razón a ello, otorgó un plazo no mayor a cuatro (04) meses, contados a
partir de la notificación del fallo de tutela, so pena de que se perdiese la
eficacia del amparo por él otorgado.
La Sala de Revisión procederá a revocar
la decisión del juez de instancia constitucional, toda vez que no encuentra
justificada la decisión de reconocer la pensión de manera transitoria y no de
forma definitiva. En primer lugar, se deben tener en cuenta las circunstancias
personales de la accionante, se trata de una mujer portadora de VIH/SIDA que
adicionalmente presenta otras enfermedades que afectan gravemente su salud,
tratándose así de una persona en evidente situación de vulnerabilidad, a la que
el Estado tiene la obligación de brindar asistencia especial.
En segundo lugar, el cumplimiento de los
requisitos para obtener la pensión de invalidez, como se demostró
anteriormente, son ciertos y no generan discusión alguna que amerite ser
llevada ante el juez ordinario. Se presenta una vulneración de derechos actual
y que debe ser superada por el juez constitucional, toda vez que la entidad
accionada ya tomó la decisión de desconocer los derechos que tenía la señora
Tafur Villanueva, contradiciendo con ello la jurisprudencia de este tribunal
que lo obligaba a mirar en detalle cada caso concreto antes de negar el
cumplimiento de alguno de los requisitos consignados en los artículos 38 y 39
de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, el condicionar la protección
de los derechos así como la eficacia de las decisiones de amparo al agotamiento
de los recursos ordinarios, en circunstancias, que como se explicó en el
párrafo anterior no generan duda, es poner una carga adicional a quien por su
delicado estado de salud, no debe soportarla.
En este orden de ideas y de conformidad
a lo anteriormente expuesto, se ordenará a COLPENSIONES reconocer y pagar a la
actora la pensión de invalidez como mecanismo definitivo debido a la existencia
de una afectación múltiple a sus derechos fundamentales. Por ello, revocará el
fallo de primera instancia y, en su lugar, prescribirá que la Administradora de
Pensiones accionada continúe con el reconocimiento de la pensión de invalidez
de la señora Tafur Villanueva de forma permanente sin que sean necesaria acudir
a la jurisdicción ordinaria para ello.
7.3.
Expediente
T-4.117.468
El señor Marco
Antonio González Sánchez,
instauró el 10 de febrero de 2014 acción de tutela contra COLPENSIONES por
estimar transgredidos sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la vida digna, al debido proceso, a la seguridad social y a la salud,  dado que pese
a habérsele reconocido el 11 de febrero de 2013 pérdida de la capacidad laboral
en un 71.65% por la Vicepresidencia de Pensiones – Gerencia Nacional de
Atención al Pensionado del Instituto de los Seguros Sociales, ésta negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez, bajo el argumento que a la fecha de
estructuración el 14 de mayo de 2012, el accionante no cumplía el requisito de
haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres años inmediatamente
anteriores a la referida fecha.
Considera la
Sala de Revisión relevante resaltar que este caso plantea los mismo problemas
jurídicos que el anterior, reunidos principalmente en dos: (i) ¿En el caso de
enfermedades degenerativas progresivas la fecha de estructuración de la pérdida
de capacidad laboral es distinta a la del diagnóstico y por el contrario debe
ser la de la fecha de reconocimiento de la invalidez superior al 50%? Y (ii) En
el marco del proceso de tutela, si se identifica la vulneración de derecho en
contra del accionante que redundan en la necesidad de reconocer la pensión de
invalidez, ¿dicho reconocimiento debe ser transitorio en espera de un
pronunciamiento del juez ordinario o por el contrario debe ser definitivo?
Para dar
respuesta los dos problemas planteados, considera la Sala de Revisión
nuevamente acertado considerar que en situaciones como la que se analiza, la
acción de tutela se constituye en un mecanismo expedito para la protección
efectiva de las garantías fundamentales, en atención a que al accionante le fue
diagnosticado TUBERCOLISIS RENAL DEGENERATIVA PROGRESIVA como
consecuencia de que le fue encontrada una EXCLUSIÓN FUNCIONAL DEL RIÑON DERECHO
Y FILTRACIÓN GLOMERULAR DE 40.1ML/MINUTO en el año 2003 y posteriormente en el
2011 una ALTERACIÓN DE AMBOS RIÑONES CON PÉRDIDA DE LA CORTEZA RENAL LA CUAL SE
ENCUENTRA REEMPLAZADA POR MÚLTIPLES IMÁGENES QUÍSTICAS, que le implicó la
colocación de un CATÉTER PARA TRATAMIENTO DE DIALISIS DURANTE 10 HORAS DIARIAS. En esa medida,
los mecanismos de defensa que ofrece la justicia ordinaria para resolver la
controversia planteada, haría nugatoria la protección efectiva de sus derechos
constitucionales, por lo cual es procedente la decisión sobre el derecho
pensional reclamado por vía de tutela[40].
El accionante fue calificado con una pérdida de la capacidad
laboral del 71.65% mediante dictamen del Seguro Social del 11 de febrero de
2013, con fecha de estructuración de la enfermedad del 14 de mayo de 2012. Sin
embargo, la Sala de Revisión observa que la invalidez de la señora Tafur
Villanueva no pudo haberse estructurado en la fecha fijada por el Instituto de
Seguros Sociales. Esta afirmación se fundamenta en la definición reglamentaria
establecida en el Decreto 917 de 1999[41] de la fecha de
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, según la cual, esta “es
la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral
en forma permanente y definitiva.”[42]
En el
Reporte de Semanas Cotizadas expedido por COLPENSIONES a 9 de enero de 2014, se
logra evidenciar que el accionante continuó realizando aportes con
posterioridad a la fecha de estructuración en la que se supone se presentó una
pérdida definitiva de la capacidad laboral que le impediría trabajar y seguir
cotizando al sistema de pensiones.
Por
lo anterior, considera la Corte que COLPENSIONES vulneró los derechos del accionante
al desconocer los aportes y cotizaciones que él realizó con posterioridad al 14
de mayo de 2012. Frente a estas situaciones se ha pronunciado esta Corporación
sosteniendo que:
“En este
contexto, es posible que, en razón del carácter progresivo y degenerativo de la
enfermedad, pueden darse casos, como el presente, en los que, no obstante que
de manera retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la
invalidez[43], la persona
haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado con su
vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema de
seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de
calificación de la invalidez. Así pues, el hecho de que la estructuración sea
fijada en una fecha anterior al momento en que se pudo verificar la condición
de inválido por medio de la calificación de la junta, puede conllevar a que el
solicitante de la pensión acumule cotizaciones durante un periodo posterior a
la fecha en la que, según los dictámenes médicos, se había estructurado la
invalidez, y durante el cual se contaba con las capacidades físicas para
continuar trabajando y no existía un dictamen en el que constara la condición
de invalidez.
En consecuencia,
se presenta una dificultad en la contabilización de las semanas de cotización
necesarias para acceder a la pensión, toda vez que, si bien la ley señala que
tal requisito debe verificarse a la fecha de estructuración, en atención a las
condiciones especiales de esta enfermedad, puede ocurrir que, no obstante que
haya algunas manifestaciones clínicas, el portador esté en la capacidad de
continuar trabajando, y de hecho siga realizando los aportes al sistema por un
largo periodo, y, solo tiempo después, ante el progreso de la enfermedad y la
gravedad del estado de salud, se vea en la necesidad de solicitar la pensión de
invalidez, por lo que al someterse a la calificación de la junta se certifica
el estado de invalidez y se fija una fecha de estructuración hacia atrás. Así
las cosas, no resulta consecuente que el sistema se beneficie de los aportes
hechos con posterioridad a la estructuración para, luego, no tener en cuenta
este periodo al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el reconocimiento de la pensión”.[44]
En el mismo sentido también se pronunció
la Corte en la Sentencia T-432 de 2011, al resolver la acción de tutela
presentada por una persona diagnosticada con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica – EPOC a quien no le querían reconocer para cumplir el requisito de
semanas cotizadas para obtener la pensión de invalidez, las causadas con
posterioridad a la fecha de estructuración. En esa oportunidad esta Corporación
estableció como principio decisorio para estos casos el siguiente:
“En casos de pensiones de invalidez causadas por
enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, cuando se señala como fecha
de estructuración de la invalidez la fecha en que al paciente le apareció el
primer síntoma y no la fecha en que por su estado de salud ya no pueda volver a
trabajar, el no contarle las semanas que el accionante cotizó después de la
fecha de la estructuración de la invalidez le vulnera sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Por las razones
expuestas anteriormente la Sala encuentra ajustado a derecho otorgar la
protección constitucional en el caso concreto”.
En ese orden de ideas y en virtud del
principio de primacía de la realidad, la fecha de estructuración de la
invalidez “debe comprobarse en términos materiales y no solamente formales”[45]. De acuerdo a
lo observado por la Corte en el caso de la señora Tafur Villanueva, deberá ser
tomada en cuenta como fecha de estructuración la fecha en la que se expide la
Resolución que dictamina la pérdida de la capacidad laboral en el 71,65%, es
decir, el 11 de febrero de 2013. Así, teniendo en cuenta que los últimos
aportes realizados a COLPENSIONES por la accionante, de acuerdo con su Reporte
de Semanas Cotizadas, corresponden al periodo del 1 de enero de 2013 al 4 de abril
del mismo año, el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años
anteriores a la fecha de estructuración, deberán tener en cuenta dichos
aportes.
Lo anterior permite llegar a la
conclusión que desde su verdadera fecha de estructuración que corresponde al 11
de febrero de 2012, en el periodo que corresponde a los tres años anteriores, el
accionante cotizó 90 semanas, lo cual es superior a las 50 requeridas
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y que de acuerdo con la entidad
accionada, no cumplía.
A continuación se muestra el detalle de
las semanas cotizadas por el señor González Sánchez, en el lapso relevante para
la obtención de la pensión de invalidez:
Nombre o Razón
Social
Desde
Hasta
Semanas
Marco Antonio
González Sánchez
01/08/2011
30/11/2012
68,57
Marco Antonio
González Sánchez
01/12/2012
31/12/2012
4,29
Marco Antonio
González Sánchez
01/01/2013
30/04/2013
17,14
Total semanas
cotizadas
90
En virtud de lo demostrado, la Sala
concluye que el accionante reúne los requisitos para acceder de manera
definitiva a la mencionada prestación social  de conformidad con los artículos
38 y 39 de la ley 100 de 1993, en razón a que posee más de 50 semanas de
cotización en los últimos tres años, si se toma como fecha de estructuración la
del momento en el cual se expidió el dictamen de invalidez, como ha sido
realizado por la Corte Constitucional en otros casos con identidad fáctica al
del accionante.[46]
La situación descrita fue reconocida por
los jueces constitucionales de instancia, quienes tutelaron los derechos del
accionante, ordenando a COLPENSIONES el pago de la pensión de invalidez. Sin
embargo, el reconocimiento de la dicha pensión se hizo de manera transitoria,
toda vez que tanto el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de
Bogotá D.C., en su fallo de primera instancia del 20 de febrero de 2014, como
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. en sentencia del 15
de mayo de 2014 que resolvió la impugnación, consideraron que la
accionante disponía de otro medio de defensa judicial, como lo era la
jurisdicción ordinaria laboral. En razón a ello, otorgó un plazo no mayor a
cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación del fallo de tutela, so
pena de que se perdiese la eficacia del amparo por él otorgado.
La Sala de Revisión procederá a revocar
la decisión de los jueces de instancia constitucional, toda vez que no
encuentra justificada la decisión de reconocer la pensión de manera transitoria
y no de forma definitiva, por las razones que expone a continuación: En primer
lugar, se deben tener en cuenta las circunstancias personales del accionante, se
trata de una persona que sufre una penosa enfermedad que lo obliga a estar en
constante tratamiento, vive en arriendo y manifiesta no tener como pagarlo ya
que por su padecimiento no puede laborar. Sobre su situación de riesgo y
desprotección, alega el apoderado del accionante en escrito remitido a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 17 de octubre de los
corrientes: “CON CIALISSI (SIC) 12 HORAS DIARIAS, TAN ES ASÍ, QUE SI NO SE LE
OTORGA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, NO TENDRÍA NINGÚN INGRESO PARA SOBRELLEVAR SU
VIDA, SU ENFERMEDAD Y MUCHO MENOS TENER UNA VIDA DIGNA”.
En segundo lugar, el cumplimiento de los
requisitos para obtener la pensión de invalidez, como se demostró
anteriormente, éste es un hecho cierto y no genera discusión alguna que amerite
ser sometida ante el juez ordinario. Se presenta una vulneración de derechos
actual y que debe ser superada por intermedio del juez constitucional, toda vez
que la entidad accionada ya tomó la decisión de desconocer los derechos que
tenía el señor González Sánchez, contradiciendo con ello la jurisprudencia de
este tribunal que lo obligaba a mirar en detalle cada caso concreto antes de
negar el cumplimiento de alguno de los requisitos consignados en los artículos
38 y 39 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, el condicionar la protección
de los derechos así como la eficacia de las decisiones de amparo al agotamiento
de los recursos ordinarios, en circunstancias, que como se explicó en el
párrafo anterior no generan duda, es poner una carga adicional a quien por su
delicado estado de salud, no está en condiciones de soportarla.
En este orden de ideas y de conformidad
a lo anteriormente expuesto, se ordenará a COLPENSIONES reconocer y pagar al
demandante la pensión de invalidez como mecanismo definitivo, debido a la
existencia de una afectación múltiple a sus derechos fundamentales. Por ello,
revocará los fallos de primera y segunda instancia y, en su lugar, prescribirá
que la Administradora de Pensiones accionada continúe con el reconocimiento de
la pensión de invalidez del señor Marco Antonio González Sánchez de forma
permanente sin que sea necesario acudir a la jurisdicción ordinaria para ello.
7.4.
Expediente
T-4.418.406
El 4 de febrero
de 2014, la señora Rosalba Trujillo de Guzmán instauró acción de tutela contra
COLPENSIONES por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a
la igualdad, a la vida y a la seguridad social. Manifestaba que el 12 de julio
de 2010, Medicina Laboral del Instituto de Seguro Social, Seccional Valle del
Cauca, le dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 52.30% y con fecha de
estructuración del 10 de junio de 2010.
Con base en el
mencionado dictamen, solicitó la pensión de invalidez el 26 de agosto de 2010.
No obstante, esta fue negada a través de Resolución Nº 101287 del 23 de febrero
de 2011, la cual fue posteriormente confirmada por la Resolución Nº 221179 del
30 de agosto de 2013, “por no acreditar los requisitos del artículo 38 y 39
de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003”. Puntualmente,
las Resoluciones que niegan la prestación hacen referencia la no acreditación de
las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de
estructuración.
Al igual que en
los casos analizados anteriormente, en esta oportunidad la Sala de Revisión
entrará a determinar si efectivamente la accionante cumple con el requisito de
semanas cotizadas, en especial teniendo en cuenta como fecha de estructuración,
la del dictamen de pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y no la de
la fecha del diagnóstico de la enfermedad.
Como primera
medida, encuentra la Corte que a pesar de ser muy cercanos la fecha de
estructuración y la fecha del dictamen, pues se trata de una diferencia de un
mes, en el caso de la accionante, ese mes puede hacer la diferencia para
cumplir el número de semanas requeridas para acceder a la pensión de invalidez.
Efectivamente,
de acuerdo con la información que obra en la Resolución No. 221179 del 30 de
agosto de 2013, como consecuencia de la revisión del historial laboral
actualizado de la accionante, la entidad accionada encontró información
diferente a la originalmente tenida en cuenta para tomar la decisión recurrida.
Sin embargo, en la respuesta a la reposición la opinión de COLPENSIONES siguió
siendo la misma.
En la mencionada
decisión administrativa se tiene en cuenta los siguientes datos de número de
días cotizados durante los tres años anteriores a la fecha del dictamen, que
resulta relevante para el reconocimiento de la prestación a favor de la señora
Trujillo de Guzmán:
Nombre o Razón
Social
Desde
Hasta
Días
Trujillo de Guzmán  Rosalba
01/05/2007
30/06/2007
60
Trujillo de Guzmán  Rosalba
01/09/2009
31/07/2010
330
Total días
cotizados
390
De acuerdo con
esa información, en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, la
accionante acumularía un total de 55 semanas cotizadas, lo que le permitiría
cumplir con el requisito para acceder a la pensión de invalidez.
En virtud de lo demostrado, la Sala
concluye que la accionante reúne los requisitos para acceder de manera
definitiva a la pensión de invalidez de conformidad con los artículos 38 y 39
de la ley 100 de 1993, en razón a que posee más de 50 semanas de cotización en
los últimos tres años, si se toma como fecha de estructuración la del momento
en el cual se expidió el dictamen de invalidez, como ha sido realizado por la
Corte Constitucional en otros casos con identidad fáctica al de la accionante.[47]
Considera la
Sala de Revisión relevante resaltar que, en casos como el que se analiza, la
acción de tutela se constituye en un mecanismo expedito para la protección
efectiva de las garantías fundamentales, en atención a que la accionante tiene
una pérdida de capacidad laboral de 52.30%. Adicionalmente, carece de capacidad
económica para sufragar sus gastos de subsistencia. En esa medida, los
mecanismos de defensa que ofrece la justicia ordinaria para resolver la
controversia planteada, haría nugatoria la protección efectiva de sus derechos
constitucionales, por lo cual es procedente la decisión sobre el derecho
pensional reclamado por vía de tutela.
Como conclusión,
después de haber analizado el caso concreto de la señora Trujillo de Guzmán, la
Sala encuentra necesario proteger los derechos fundamentales invocados por
ella. Por lo tanto, procederá a revocar el fallo del 11 de marzo de 2014,
proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y, en su lugar,
concederá el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la
igualdad, a la vida y a la seguridad social de la accionante.
En concordancia,
se ordenará a la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que dentro de los cinco
(5) primeros días siguientes a la comunicación de esta sentencia, reconozca y
pague la pensión de invalidez a que tiene derecho la señora Rosalba Trujillo de
Guzmán, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
7.5.
Expediente T-4.419.300
El caso del señor
Elquin Hernando Moreno, presenta una singularidad fáctica que hace que su
análisis sea distinto al desarrollado en los casos anteriores, ya que no se
trata de una discusión sobre la fecha de estructuración desde la cual se
contará el requisito de número de semanas cotizadas, sino que por el contrario
en este caso en particular la Corte encuentra necesario hacer referencia a la
aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional, para concluir
que el accionante tiene derecho a la pensión de invalidez en virtud de lo
dispuesto  en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año.
Con respecto a la procedencia de la
aplicación del principio de favorabilidad, reconocido en los artículos 53 de la
Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del trabajo[48], en materia
pensional, esta Corte ha señalado principalmente que dicho principio no opera
únicamente cuando existe conflicto entre dos normas, por el contrario, también
opera cuando una sola norma admite varias interpretaciones. En materia pensional,
el juez en cada caso concreto, debe establecer cuál es la norma que resulta más
favorable al trabajador, enfrentando cada una de las distintas normas
contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia
de la ley 100 de 1993 existían.[49]
Así, la Corte Constitucional ha amparado
los derechos de las personas en situación de invalidez que no logran acreditar
los requisitos que consagra el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, ya que no les
fue posible cotizar las cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores
a la fecha de estructuración, que prevé la norma, pero que pudieron: (i)
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 (versión inicial) de
la Ley 100 de 1993, cotizando así veintiséis (26) semanas durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de estructuración, (ii) cotizaron trecientas
(300) semanas en cualquier época, cumpliendo así con el requisito previsto en
el Acuerdo 049 de 1990[50], o (iii)
lograron cotizar ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la invalidez o trescientas semanas en cualquier momento en los
términos del Decreto 232 de 1984.
Igualmente, es preciso señalar que la
Corte siempre ha verificado que la persona hubiera cumplido con las condiciones
de las normas derogadas antes de la entrada en vigencia de la norma posterior,
para poder otorgar la protección. De tal manera que, si se aplica el Acuerdo
049 de 1990, el peticionario debe haber cotizado las semanas exigidas antes del
primero 1º de abril de 1994, día en que entró a regir la Ley 100 de 1994.[51]
Así las cosas, los principios de favorabilidad
y condición más beneficiosa, son mandatos constitucionales, los cuales se
encuentran debidamente respaldados en la legislación y en la jurisprudencia
laboral y de seguridad social, por lo que deben ser empleados cuando se
presentan las condiciones mencionadas, con el fin de amparar los derechos
constitucionales de las personas.
En el caso
concreto del accionante, se trata de una persona que el próximo 26 de noviembre
cumplirá 58 años, que sufre de HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA CON UN POP COMPLICADA
CON PERITONITIS Y DESNUTRICIÓN SEVERA, y que de acuerdo con certificación que
reposa en el expediente, desde el 24 de febrero de 2013 se encuentra internado
en el hogar Geriátrico Canitas de Nazareth.
Como
consecuencia de su enfermedad, el 10 de Septiembre de 2013 COLPENSIONES
dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 65.14% con fecha de
estructuración del 23 de julio de 2013. En virtud de dicho dictamen, el 12 de
Septiembre de 2013 presentó solicitud para acceder a la respectiva pensión de
invalidez, la cual fue negada por COLPENSIONES, mediante Resolución 13623 del
16 de enero de 2014, por no cumplirse con los requisitos del artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.
Según el texto
de la mencionada Resolución de COLPENSIONES, el señor Moreno Silva, presentó
cotizaciones entre el 2 de abril de 1977 y el 30 de noviembre de 1984, por un
total de 2.276 días, lo que equivale a 325,14 semanas, cumpliendo así
con lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año, según el cual:
“Tendrán derecho
a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las
siguientes condiciones:
a) Ser inválidos
permanente total o inválido permanente absoluto o gran invalido, y
b) Haber
cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad
al estado de invalidez”. (Negrilla fuera del texto original).
Con lo anterior,
queda demostrado que si bien efectivamente el accionante no cumplía los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez a la luz de la normatividad
vigente a la fecha de estructuración, como lo son los del artículo 38 y 39 de
la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley860 de 2003, si
cumple los prescritos por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, régimen que
se aplica al caso en concreto a  la luz del principio constitucional de
favorabilidad en materia laboral.
En ese orden de
ideas, considera la Sala de Revisión relevante resaltar que, en casos como el
que se analiza, la acción de tutela se constituye en un mecanismo expedito para
la protección efectiva de las garantías fundamentales, en atención a que el
actor tiene una pérdida de capacidad laboral de 65.14%. Adicionalmente, carece
de capacidad económica para sufragar sus gastos de subsistencia. En esa medida,
los mecanismos de defensa que ofrece la justicia ordinaria para resolver la
controversia planteada, haría nugatoria la protección efectiva de sus derechos
constitucionales, por lo cual es procedente la decisión sobre el derecho
pensional reclamado por vía de tutela.
Como conclusión,
después de haber analizado el caso concreto del señor Elquin Hernando Moreno,
la Sala encuentra necesario proteger los derechos fundamentales invocados por
él. Por lo tanto, procederá a revocar el fallo del 19 de mayo de 2014,
proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá D.C. y,
en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a
la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones de
dignidad del accionante.
En concordancia, se ordenará a la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que dentro de los cinco (5) primeros días
siguientes a la comunicación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de
invalidez a que tiene derecho el señor Elquin Hernando Moreno, de acuerdo con lo
dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Dentro del
expediente T-4.405.611, REVOCAR las
sentencias proferidas
el 23 de abril de 2014 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá y el 8
de mayo de 2014 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de la misma ciudad,
que denegó la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Nicolás
Eugenio Cano Durango.
En su lugar, CONCEDER la tutela de sus derechos fundamentales a la salud, al
mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas y ORDENAR
a COLPENSIONES que, dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a la
comunicación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de invalidez a que
tiene derecho el accionante, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo.- Dentro del
expediente T-4.411.498, REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de
Bogotá del 14 de mayo de 2014, que reconoció de manera transitoria el derecho a
la pensión de invalidez de la señora Gloria Stella Tafur Villanueva.  En su
lugar, CONCEDER de forma definitiva la pensión de invalidez a la cual
tiene derecho, y ORDENAR a COLPENSIONES que teniendo en cuenta los
argumentos esgrimidos en esta decisión, continúe el pago de forma definitiva de
la pensión de invalidez en favor de la accionada, y que si suspendió dicho pago
lo renueve en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas, contadas
desde el momento en que le sea notificada esta providencia.
Tercero.- Dentro del
expediente T-4.117.468, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá D.C., en su fallo de primera instancia del
20 de febrero de 2014, y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. en sentencia del 15 de mayo de 2014, que reconoció
de manera transitoria el derecho a la pensión de invalidez del señor Marco
Antonio González Sánchez.  En su lugar, CONCEDER de forma definitiva la
pensión de invalidez a la cual tiene derecho, y ORDENAR a COLPENSIONES
que teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en esta decisión, continúe el
pago de forma definitiva de la pensión de invalidez en favor del accionante, y
que si suspendió dicho pago lo renueve en un término no superior a las cuarenta
y ocho (48) horas, contadas desde el momento en que le sea notificada esta
providencia.
Cuarto.-  Dentro del
expediente T-4.418.406, REVOCAR la sentencia del 11 de marzo
de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali que, denegó la
protección de los derechos fundamentales invocados por la señora Rosalba
Trujillo de Guzmán.  En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales a la salud, a la igualdad, a la vida y a la
seguridad social
por los argumentos presentados en esta providencia, y ORDENAR a la
COLPENSIONES que, dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a la
comunicación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de invalidez a que
tiene derecho la accionante, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Quinto.-  Dentro del
expediente T-4.419.300, REVOCAR
la sentencia del
19 de mayo de 2014, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito
de Bogotá D.C. que,
denegó la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor
Elquin Hernando Moreno.  En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales
a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones
de dignidad
por los argumentos presentados en esta decisión, y ORDENAR a la
COLPENSIONES que, dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a la
comunicación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de invalidez a que
tiene derecho la accionante, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Sexto.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)
[1] Ver Sentencias C-543 de 1992 y T-937
de 2007.
[2] Ver Sentencias: T-498 de 2010,
T-103 de 2008, T-075 de 2009, T-822 de 2009  y T-862 de 2013
[3] Ver Sentencia T-075 de 2009
[4] Ver Sentencias T-043 de 2007,
T-103 de 2008, T-075 de 2009, T-848 de 2009, T-962 de 2011 y T-862 de 2013
[5] Ver Sentencia T-075 de 2009
[6] Ver Sentencias T-044 de 2011 y
T-453 de 2012.
[7] Sobre los requisitos, la Corte
Constitucional en Sentencia T-1316 de 2001: Esta sentencia sintetiza la regla
jurisprudencial reiterada por la Corte a partir del análisis efectuado en la
decisión T-225/93, la cual estudió a profundidad los elementos que integran las
condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad propios del
perjuicio irremediable. Sobre este particular, la sentencia en comento indicó:
“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión
de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
A).El perjuicio ha de ser inminente:
"que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior
se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente
consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas,
que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga
el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es
imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace
efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa
que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren
para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir,
como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa
a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con
lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad
de la urgencia.
C).   No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a
la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el
orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que
la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por
parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad,
por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en
la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D).La urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que
ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de
ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de
la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha
esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de
continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es
inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido,
de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado
ya en forma directa o como mecanismo transitorio.”
[8] Ver Sentencia T-043 de 2007
[9] Ibídem
[10] Ver Sentencias T-103 de 2008,
T-550 de 2008 y T-962 de 2011.
[11] Ver Sentencias T-001 de 2009 y
T-453 de 2012.
[12] Ver Sentencia T-001 de 2009
[13] Ver Sentencias T-550 de 2008, T
-938 de 2008 y T- 962 de 2011.
[14] Ver Sentencias T-930 de 2008 y
T-962 de 2011
[15]Ver Sentencias T-619 de 1995,
T-550 de 2008  y T-962 de 2011.
[16] Ver Sentencia T- 259 del 26 de
marzo de 2003.
[17] Ver Sentencia T-453 de 2012
[18] Ver Sentencia T-075 de 2009
[19] Artículo 10 de la Ley 100 de
1993
[20] Corte Constitucional. Sentencia
T-951 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[21] Artículo 38 de la Ley 100 de
1993
[22] El mencionado artículo fue
modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 “Por la cual se reforman
algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se dictan otras disposiciones.
[23] Ver Sentencia C-428 de 2009.
[24] Ley 100 de 1993. Artículo 39.
[25] ARTICULO.  39.- Requisitos para obtener la
pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado
al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2.
Invalidez
causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma
PARAGRAFO 1.- Los menores de veinte (20)
años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en
el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.
PARAGRAFO 2.- Cuando el afiliado haya cotizado
por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión
de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres
(3) años.
[26] Ver Sentencia T-962
de 2011.
[27] En Sentencia
T-509 de 2010, esta Corporación expuso: “… [D]debemos
recordar que la misma jurisprudencia constitucional ha señalado que no resulta
aceptable someter a las personas con una particular condición de
vulnerabilidad, al agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de
carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen
como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva
sus derechos fundamentales, pues de someterlas a dichos trámites se podría
llegar a comprometer hasta su propia dignidad”.
Cfr. Sentencia T-036 de 2011
[28] Debido a que el
accionante ingreso a la cárcel en el mes de febrero de 2003, contamos el
periodo de tiempo en el que se verificarán si se cumplieron con las 50 semanas
hasta el mes de febrero de 2000, por eso al cálculo de 50, 43 semanas, le
descontamos 4,00 semanas, correspondientes al mes de enero, lo que nos da un
resultado parcial de 46,43 semanas y total del 108, 44 semanas.
[29] Artículo 38, Ley 100 de 1993.
[30] Artículo 39, Ley 100 de 1993.
[31] Sentencia T-590 de
2014, reiterando Sentencia T-495 de 2001.
[32] Ver entre otras, las
Sentencias T- 593 de 2007, T-158 de 2006, T-792 de 2009, T-1028 de 1010, T-187
de 2012 y T-844 de 2013.
[33] La Corte ha aceptado
en diversas ocasiones la procedencia de la acción de tutela a pesar de mediar
un amplio espacio de tiempo entre la vulneración y la presentación del recurso.
En este sentido ver Sentencias T-158 de 2006, T-468 de 2007, T-696 de 2007,
T-789 de 2008, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-1028 de 2010, T-671 de 2011,
T-860 de 2011, T-463 de 2012, T-602 de 2012, T-072 de 2013, SU-158 de 2013,
T844 de 2013, y T-942 de 2013.
[34] En Sentencia
T-509 de 2010, esta Corporación expuso: “… [D]debemos
recordar que la misma jurisprudencia constitucional ha señalado que no resulta
aceptable someter a las personas con una particular condición de
vulnerabilidad, al agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de
carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen
como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva
sus derechos fundamentales, pues de someterlas a dichos trámites se podría
llegar a comprometer hasta su propia dignidad”.
Cfr. Sentencia T-036 de 2011
[35] “Por el cual se
modifica el Decreto 692 de 1995.”
[36] Decreto 917 de 1999, “Por
el cual se modifica el Decreto 692 de 1995”, artículo 3°. “Fecha de
estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba un subsidio por incapacidad temporal,
no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.”
[37] Sentencias T-671 de 2011, T-885
de 2011, T-163 de 2011 y T-893 de 2013.
[38] Cfr.  Ibídem.
[39] Ver Sentencias T-998
de 2012 y T-893 de 2013 entre otros.
[40] En Sentencia
T-509 de 2010, esta Corporación expuso: “… [D]debemos
recordar que la misma jurisprudencia constitucional ha señalado que no resulta
aceptable someter a las personas con una particular condición de
vulnerabilidad, al agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de
carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen
como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva
sus derechos fundamentales, pues de someterlas a dichos trámites se podría
llegar a comprometer hasta su propia dignidad”.
Cfr. Sentencia T-036 de 2011
[41] “Por el cual se
modifica el Decreto 692 de 1995.”
[42] Decreto 917 de 1999, “Por
el cual se modifica el Decreto 692 de 1995”, artículo 3°. “Fecha de
estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba un subsidio por incapacidad temporal,
no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.”
[43]   El artículo 3 de Decreto 917
de 1999 al definir la fecha de estructuración señala: “Es la fecha en que se
genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente
y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la
historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser
anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras
dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a
percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.
[44] Sentencia T-699A de
2007.
[45] Cfr.  Ibídem.
[46] Ver Sentencias T-998
de 2012 y T-893 de 2013 entre otros.
[47] Ver Sentencias T-998
de 2012 y T-893 de 2013 entre otros.
[48] Artículo 21: “en caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable
al trabajador, evento en el que la regulación que se adopte deberá aplicarse en
su integridad”.
[49] Ver sentencia C-168 de 1995.
[50] Al respecto la Corte
ha precisado que no
existe un límite a este respecto siempre y cuando la persona que solicita la
pensión de invalidez haya acreditado uno de los requisitos necesarios durante
la vigencia de la norma derogada. Así, por ejemplo, lo precisó en la Sentencia
T-832A de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) al señalar que “en lo relativo
a la posición de la Sala de Casación Laboral sobre la imposibilidad de
confrontar regímenes jurídicos que no son inmediatamente sucesivos para efecto
de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, la Sala Novena de
Revisión considera que si bien la protección de los derechos eventuales tiene
límites como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional y ordinaria, el
argumento acogido por la Sala de Casación desconocería que las mencionadas
restricciones están dadas por criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Para esta Sala de la Corte Constitucional no basta efectuar reformas
legislativas sucesivas para suprimir la protección de las expectativas
legítimas. Una medida tal desconocería la necesidad de tomar en consideración
aspectos como la proximidad entre el cambio legislativo que varió los
presupuestos de reconocimiento de la garantía pretendida y el instante en que
la persona adquiriría definitivamente la pensión, la intensidad del esfuerzo
económico desplegado por el afiliado, entre otros elementos indispensables para
determinar una protección razonable y proporcionada de los derechos eventuales
como por ejemplo los índices de desempleo, los niveles de informalidad laboral o
la ausencia o presencia de mecanismos de protección social supletorios”.
[51] Ver sentencia T-483 de
2014.