T-830-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-830/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso de proceso de nulidad electoral tramitado contra
el acto que declaró electo a un alcalde municipal
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
La
tutela contra decisiones judiciales es de alcance excepcional y
restringido y se predica sólo de aquellos eventos en los que pueda
considerarse que una actuación del juzgador es manifiestamente contraria al
orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos
fundamentales como los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. La Sala Plena de la Corte en la sentencia C-590
de 2005 expuso el precedente vigente sobre la materia; en ella se
distingue entre requisitos generales y específicos de procedencia de la acción
de tutela contra sentencias. Los primeros tienen que ver con condiciones
fácticas y de procedimiento, que buscan hacer compatible el amparo con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal como la seguridad
jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del
juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de la
rama jurisdiccional. Los segundos se refieren a los defectos en que puede
incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL
La
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el desconocimiento sin
debida justificación del precedente judicial configura un defecto
sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las
autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud
de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. No obstante, esta
regla no es absoluta, pues no puede ignorarse que el Derecho es dinámico y cada
caso puede presentar elementos que no fueron concebidos con anterioridad en
otros fallos judiciales; por ende, las autoridades judiciales pueden apartarse
de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia,
pero con una justificación razonable y proporcional.
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL
El
defecto por desconocimiento del precedente constitucional se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia. Se desconoce el precedente constitucional, entre otras
hipótesis, cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido
declaradas inexequibles por sentencias de control de
constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de
un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia
de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela.
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL-No se desconoció por parte
del Tribunal Administrativo
El
fallo del Tribunal Administrativo no incurrió en el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, debido a
que no existía al momento de ser proferida, un precedente del Consejo de Estado
sobre la aplicación de la doctrina sobre la distribución ponderada de votos
para mediar la incidencia de las irregularidades al resultado electoral en
elecciones de cargos unipersonales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no existir defecto sustantivo en la
modalidad de desconocimiento del precedente judicial
Referencia: expediente
T-3.469.455
Acción de tutela instaurada por el señor Jaime Alberto
Ortega Álvarez y otros contra la
Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Bolívar.
Derechos fundamentales invocados: al debido proceso, a
la igualdad y al ejercicio de los derechos políticos.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil doce
(2012).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la
preside-, Alexei Egor Julio Estrada y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 18 de agosto de 2011, por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, que revocó la sentencia de primera instancia proferida por la
Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado el 24 de mayo de 2011, dentro de la acción de tutela promovida por Jaime
Alberto Ortega Álvarez y otros contra la
Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Bolívar.
El expediente llegó a la
Corte Constitucional por remisión de la
Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en virtud de lo ordenado por el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La
Sala de Selección No. 7 de la Corte, el 13 de julio de 2012, eligió para efectos
de su revisión el asunto de la referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
Los accionantes solicitan que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir, y en
consecuencia, se anule el fallo de segunda instancia proferido el 19 de febrero
de 2009 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual anuló el acto que
declaró a Carlos Segundo Durán Becerra como alcalde del municipio de Córdoba,
Departamento de Bolívar, para el período 2008-2011, y ordenó realizar un nuevo
escrutinio excluyendo las mesas de votación donde se presentaron
irregularidades. La solicitud se fundamenta en los siguientes antecedentes:
1.2.
ANTECEDENTES
GENERALES
1.2.1.  Acción de nulidad electoral
1.2.1.1.
En los comicios que
se llevaron a cabo el 28 de octubre de 2007 para la elección de alcalde en el
municipio de Córdoba (Bolívar), participaron los siguientes candidatos: Carlos Segundo Durán Becerra, por el partido Social de
la Unidad Nacional –Partido de la “U”-, Karina Paola Becerra Baños, por el
movimiento Apertura Liberal, y Gilberto Alfredo Sierra Rodríguez, por el
partido Convergencia Ciudadana. Los
resultados de la votación fueron los siguientes: Carlos Segundo Durán
Becerra: 3.226 votos, Karina Paola Becerra Baños: 3.176 votos, Gilberto
Sierra Rodríguez: 1.077 votos. Votos en blanco: 19, votos nulos: 89, votos no
marcados: 124, para un total de 7.711 votos.
1.2.1.2.      El 7 de diciembre de 2007, Karina Paola Becerra Baños, en desacuerdo con los
resultados de las votaciones, formuló acción de nulidad electoral contra “el
Acto de Escrutinio de Votos para Alcalde formulario E-26AL” por medio del cual
se declaró la elección de Carlos Segundo Durán Becerra como alcalde del
municipio de Córdoba (Bolívar) para el periodo 2008-2011.
1.2.1.3.      Su solicitud de nulidad se basó en que se presentaron
varias irregularidades en los comicios como (i) votación de personas que
habían sido excluidas por el Consejo Nacional Electoral del censo electoral del
municipio, debido a un fenómeno de trashumancia electoral; (ii)
designación como jurados de votación y habilitación para votar en el municipio,
de personas que también habían sido excluidas del censo electoral; (iii)
elaboración de actas de escrutinio con serias anomalías y falsedades; y (iv)
suplantación de votantes, entre otras. Como consecuencia de la declaración de
nulidad del acto de elección, solicitó que (a) se anulara la credencial
de alcalde expedida a nombre de Carlos Segundo Durán Becerra, (b) se
llevara a cabo un nuevo escrutinio de los votos y se excluyeran aquellos
afectados de nulidad por vicios o fraudes, y (c) se expidiera la
credencial de alcalde a quien en el nuevo escrutinio obtuviera la mejor votación,
quien aseguró ser ella.
La demanda de Karina Paola Becerra Baños
fue acumulada a la presentada por Marín Elías Vásquez contra el mismo acto
electoral, en la que denunció las siguientes irregularidades en los formularios
E-11: (i) voto en una mesa de sufragantes que se encontraban habilitados
para votar en otra mesa, (ii) inscripción de cédulas de personas
fallecidas y (iii) registro de cédulas inexistentes de conformidad con
el censo electoral.
1.2.1.4.      El 14 de noviembre de 2008, el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Cartagena denegó las pretensiones de las demandas. Concluyó que
si bien se encontraba probada la nulidad de 9 votos por trashumancia, no se
había probado la nulidad de los votos de algunos jurados de votación, ni la
alegada suplantación de varios electores. Las diferencias halladas en los
formatos E-11 entre el nombre y el número de identificación de varios votantes,
en sentir del a quo, en realidad obedecían a errores involuntarios de
los jurados. Dado que el número de votos viciados no era suficiente para mutar
el resultado de los comicios, el juzgado denegó las pretensiones de las
demandas.
1.2.1.5.      El 24 de noviembre de 2008, Karina Paola Becerra Baños
apeló la decisión de primera instancia, por considerar que (i) contiene aspectos
contradictorios, y (ii) da por ciertos supuestos edificados
deductivamente de apreciaciones subjetivas carentes de fundamento probatorio.
La peticionaria alegó que el juzgado encontró probada la irregularidad de más
de 50 votos (9 votos de ciudadanos que no estaban en el censo electoral del
municipio y más de 49 votos respecto de los cuales se presentó suplantación de
votantes), número suficiente para mutar el resultado del escrutinio; sin
embargo, se abstuvo de declarar la nulidad de la elección. Agregó que respecto
a los votos afectados por suplantación, el juzgado no estudió las pruebas que
demostraban su falsedad, como el dictamen pericial que obra en el expediente.
Con fundamento en estos argumentos, solicitó nuevamente la declaración de nulidad
de la elección.
1.2.1.6.      En sentencia del 19 de febrero de 2009, el Tribunal
Administrativo de Bolívar revocó la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Cartagena. Para el tribunal, el a quo no valoró la
totalidad de las pruebas allegadas al proceso –en particular un dictamen
pericial-, y realizó algunos análisis probatorios que chocan con la realidad.
Además, precisó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, toda inconsistencia en el formulario E-11 constituye falsedad, cosa
distinta es que el número de votos viciados tenga entidad numérica suficiente
para cambiar el resultado de la votación y conducir a la nulidad. Una vez
valoró las pruebas nuevamente, concluyó que se habían presentado las siguientes
irregularidades: 11 votos con fraude, 19 votos de personas que votaron dos
veces, 43 votos de personas que votaron en lugares distintos a los que les
correspondía, 14 votos de personas que votaron en distintos puestos de votación
con el mismo número de cédula, 4 votos de personas que votaron pese a que sus
números de cédula habían sido excluidos del censo electoral por la
Registraduría, y 12 votos respecto de los cuales se hallaron diferencias entre
la identidad de la personas registradas y el votante. Como las
irregularidades afectaban la validez de más de 50 votos, es decir, un número de
votos que podía variar el resultado electoral, el tribunal declaró la nulidad
del acto electoral y ordenó la práctica de un nuevo escrutinio.
1.2.1.7.      El 9 de marzo de 2009, Carlos Segundo Durán Becerra
interpuso un recurso que denominó “nulidad por inconstitucionalidad”
contra la sentencia del 19 de febrero anterior. El recurrente alegaba que el
tribunal había vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y había
incurrido en una vía de hecho por defecto fáctico, por las siguientes razones: (i)
el tribunal valoró algunas pruebas de manera irregular, especialmente el
dictamen pericial elaborado por un funcionario de la
Registraduría; (ii) se basó sin justificación en una interpretación
sobre la eficacia del voto que el Consejo de Estado desechó hace más de diez
años[1] y que,
además, es distinta a la que el mismo tribunal ha adoptado en otros fallos; y (iii)
desconoció el principio de jurisdicción rogada, ya que en las demandas de
nulidad electoral se denunciaban sólo 87 irregularidades en la votación y el
tribunal encontró probadas 103, es decir, un número superior al alegado por las
partes.
1.2.1.8.      El 10 de marzo siguiente, Karina Paola Becerra Baños
se opuso a la petición de nulidad por inconstitucionalidad y solicitó su
rechazo de plano con fundamento en el artículo 143 del Código de Procedimiento
Civil. A su juicio, la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad era
improcedente, ya que (i) no se basaba en ninguna de las causales de
nulidad establecidas en la ley, en particular en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil; (ii) se dirigía a cuestionar el contenido material
de la decisión de segunda instancia, con desconocimiento del artículo 309 del
Código de Procedimiento Civil que dispone que la sentencia no es revocable ni
reformable por el juez que la pronunció; y (iii) reproducía los
argumentos esgrimidos en la solicitud de aclaración que ya había sido rechazada
por el tribunal.
1.2.1.9.      El Tribunal Administrativo de Bolívar corrió traslado
a las partes de la solicitud de nulidad e indicó que contra la sentencia del 19
de febrero de 2009 no procedía recurso alguno.
1.2.1.10. El 31 de marzo de 2009, Karina Paola Becerra Baños presentó un nuevo
escrito de oposición a la petición de nulidad. Reiteró los argumentos expuestos
en oportunidades anteriores y precisó que la nulidad por violación del artículo
29 superior sólo se configura cuando se obtienen pruebas con violación del
debido proceso, y conduce a la declaración de nulidad de la prueba respectiva. Por
su parte, el 1 de abril de 2009, Carlos Segundo Durán Becerra presentó un nuevo
escrito mediante el cual buscaba demostrar la procedencia del “recurso de
nulidad por inconstitucionalidad”.
1.2.1.11. La Sala de
Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del 20 de
abril de 2009, declaró la nulidad
de todo lo actuado dentro del proceso electoral desde la sentencia del 19 de
febrero de 2009, incluida la sentencia. El tribunal encontró probada la
incongruencia de la sentencia, hecho que, en su concepto, se encuadra dentro de
la causal segunda de nulidad del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil: la incompetencia funcional del juez. A juicio del tribunal, el juez
electoral de segunda instancia adoptó una decisión ultra petita,
toda vez que se pronunció sobre 103 irregularidades en la votación, pese a que
la apelante sólo se había referido a 87.
También consideró que la solicitud de
nulidad había sido formulada oportunamente, por dos razones: (i) según
el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, las nulidades procesales
pueden alegarse después de que es dictada la sentencia si se presentan durante
la actuación posterior a ésta o si ocurrieron en ella; y (ii) el
artículo 142 del Código de Procedimiento Civil dispone que la nulidad originada
en la sentencia y contra la que no procede recurso, puede alegarse dentro de la
oportunidad señalada en el inciso tercero del mismo artículo, es decir, dentro
del término de ejecución de las providencias, o mediante el recurso de
revisión. Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio del tribunal, Carlos Segundo
Durán Becerra solicitó la nulidad oportunamente dentro del término de
ejecutoria de la sentencia.
Así mismo, el tribunal estimó que en este caso la
causal de nulidad invocada por Carlos Segundo Durán Becerra no daba lugar al
recurso extraordinario de revisión –con lo cual la solicitud de nulidad hubiera
resultado improcedente-, puesto que la causal prevista en el numeral 6º del artículo
188 del Código Contencioso Administrativo consistente en “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”, sólo es alegable cuando no se formuló por la parte
en anteriores oportunidades, lo que no ocurrió en ese caso.
Finalmente, el tribunal no admitió la acusación de
violación del artículo 29 superior por indebida valoración del dictamen
parcial, pues en su sentir, el artículo 29 sólo se refiere a la práctica y
obtención de pruebas con violación del debido proceso, y no a la valoración de
las mismas.
1.2.1.12.
El 27 de abril de 2009, Karina
Becerra Baños interpuso recurso de reposición contra el auto proferido por el
tribunal. Reiteró que el tribunal no tenía competencia funcional para
pronunciarse sobre la solicitud de nulidad, por cuanto la sentencia había
quedado ejecutoriada el 17 de marzo de 2009. Agregó que no es cierto que en su
demanda sólo hubiera solicitado la exclusión de 87 votos. Indicó que Carlos
Durán Becerra no invocó una causal específica de nulidad, pues su solicitud se
basó exclusivamente en la violación del artículo 29 superior. Por último,
aseguró que el Tribunal Administrativo de Bolívar, con ocasión de una solicitud
de nulidad, llevó a cabo una revisión de fondo de la sentencia, como si se
tratara de otra instancia.
1.2.1.13.
Por medio de auto del 12 de
mayo de 2009, la Sala de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar
no repuso el auto.
1.2.1.14.
Como consecuencia de la
declaración de nulidad, la Sala de Decisión No. 3 del Tribunal
Administrativo de Bolívar profirió nueva sentencia de segunda instancia, el 18
de agosto de 2009, en la que confirmó el fallo de primera instancia dentro
del proceso de nulidad electoral[2].
1.2.2.  Acción de tutela interpuesta por Karina
Paola Becerra Baños
1.2.2.1.
La señora Becerra Baños instauró acción de tutela contra el auto del
20 de abril de 2009 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Sostuvo que el tribunal vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la defensa y al cumplimiento efectivo
de las sentencias ejecutoriadas, al proferir el auto que declaró la nulidad de
la sentencia proferida el 19 de febrero de 2009 por la misma corporación. En
consecuencia, solicitó al juez dejar sin efectos el auto y declarar en firme y
ejecutoriada la sentencia emitida por el tribunal el 19 de febrero de 2009.
Alegó la
accionante que el tribunal (i) se excedió en sus competencias y utilizó
esa oportunidad para convertirse en una tercera instancia, (ii) no tuvo
en cuenta que en la mencionada solicitud de nulidad no se invocó ninguna causal
de nulidad procesal de acuerdo al artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, e (iii) ignoró que su sentencia del 19 de febrero de 2009, junto
con el auto que rechazó la solicitud de aclaración, se encontraban ejecutoriados
desde el 17 de marzo del mismo año. Concluyó que los anteriores argumentos
evidenciaban defectos fácticos, procedimentales y orgánicos que hacían
procedente la acción de tutela.
1.2.2.2.
En única instancia, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia el 13 de julio de
2009, rechazó por improcedente la acción de tutela por existir otro medio de
defensa judicial en curso, ya que para el momento en que se interpuso la demanda,
se encontraba en trámite el recurso de apelación promovido por la actora contra
el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 20 de abril de
2009.
1.2.3.  Revisión por la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional
1.2.3.1.
El proceso de tutela fue seleccionado para revisión por la
Corte Constitucional, y mediante sentencia T-125 del 23 de febrero de 2010, la
Sala Séptima de Revisión revocó la decisión del 13 de julio de 2009 dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, resolvió:
“SEGUNDO. En
consecuencia, REVOCAR los autos proferidos por la
Sala de Decisión  No.3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, los días 20 de
abril y 12 de mayo de 2009, y ORDENAR dar de inmediato estricto cumplimiento a
la sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 19 de febrero de 2009, en el expediente acumulado No. 2007-00176-01
y 2007-001173-01, por la cual se declaró nula el acta de la elección del
alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar) Carlos Durán Becerra, periodo
2008-2011, excluyéndose 15 mesas y ordenándose nuevos escrutinios.
TERCERO. Así mismo, DEJAR
SIN EFECTOS la sentencia dictada el 18 de agosto de 2009, por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en la cual se confirma la sentencia del 14 de
noviembre de 2008 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena,
mediante la cual se deniegan las pretensiones de las demandas promovidas por
Martín Elías Velásquez y Karina Paola Becerra contra el acto que declaró la
elección del alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar).”
1.2.3.2.
La Sala consideró que el Tribunal Administrativo de Bolívar había incurrido en “un
defecto sustantivo al examinar la congruencia del fallo de segunda instancia
respecto de las peticiones de la actora a la luz del principio de no reformatio
in pejus, y al aplicar el numeral segundo del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, con fundamento en el cual declaró la existencia de una
nulidad por falta de competencia funcional”, disposición que era
inaplicable al caso.
1.2.3.3.
En cumplimiento de la sentencia T-125 de 2010, se realizó un nuevo
escrutinio en el municipio de Córdoba (Bolívar), que arrojó que la alcaldesa
electa era Karina Becerra Baños, quien tomó posesión el 20 de abril de 2010.
1.2.3.4.
El 17 de marzo de 2010, Carlos Segundo Durán Becerra solicitó la nulidad
de la sentencia T-125 de 2010, debido a que aseguró que la
Sala Séptima de Revisión se había “extralimitado en su competencia
funcional”. Alegó que “la sentencia de tutela proferida por la sala
séptima está viciada de nulidad por respaldar la misma una decisión judicial
anterior en el cual, como está dicho, el Tribunal encontró irregularidades que
no fueron planteadas en la demanda y por tanto estaba impedido para hacerlo por
razones de competencia funcional”. La nulidad fue negada por la
Sala Plena de la Corte Constitucional mediante auto 144 de 2012.
1.3.
ANTECEDENTES DEL CASO CONCRETO
1.3.1.  El 7 de abril del 2010, los accionantes, 145
ciudadanos del municipio de Córdoba (Bolívar), interpusieron acción de
tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Bolívar, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegidos, con ocasión de la providencia
del 19 de febrero de 2009, la cual, en virtud de la sentencia T-125 de 2010 de la
Corte Constitucional, quedó nuevamente en firme.
1.3.2.  Consideran que la sentencia
censurada se fundamentó en providencias de la
Sección Quinta del Consejo de Estado que contienen una jurisprudencia en
desuso. Al respecto, explican:
“(…) hacen relación
básicamente a la línea jurisprudencial, que se sintetiza en la misma sentencia
así ‘En consecuencia, si se encuentra un número suficiente de votos irregulares
que alteran el resultado electoral, la elección declarada debe anularse’ línea
jurisprudencial que a la fecha de la sentencia ya había sido desahuciada por el
Consejo de Estado, en sentencias recientes a la fecha (…) y que los
magistrados de la sala de decisión No. 3 del tribunal Administrativo (sic), no
se dieron por enteredaos (sic) y menos no siquiera, argumentaron el por que
(sic) se apartaban de la nueva línea jurisprudencial del Consejo de Estado
sobre la materia (…)” (énfasis fuera del texto original).
1.3.3.  Citan dos sentencias del Consejo
de Estado para señalar que no se dio aplicación al precedente sobre la doctrina
de distribución ponderada de votos acumulables. Indican que con ello se les
vulneró su derecho fundamental a elegir y ser elegidos, en virtud de que dentro
de las 15 mesas de votación cuyos votos fueron anulados en su totalidad por la
sentencia objeto de tutela, quedaron también anulados los votos de todos los
demandantes cuyo sufragio personal no había incurrido en irregularidad.
1.3.4.  Concluyen que conforme a la
situación anterior, “la sentencia proferida por la sala tercera de decisión
del Tribunal Administrativo de Bolívar, en fecha de febrero 19 de 2009 (…) desconoció
el precedente jurisprudencial que el órgano de cierre de esa respetada
jurisdicción, Consejo de Estado, ha establecido en [sus] sentencias
(…)”. En consecuencia, sostienen que el Tribunal incurrió en una de las
causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
como lo es el desconocimiento del precedente, razón por la cual, solicitan la
“anulación” del fallo del 19 de febrero de 2009, y que en su lugar, se
ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una nueva sentencia
en la cual tenga en cuenta la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado
frente a la materia.
1.4.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.4.1.  Admisión y traslado
La presente acción de
tutela correspondió por reparto a la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, cuyos magistrados se declararon impedidos, ya que conocieron la acción
de tutela que interpuso Karina Paola Becerra Baños contra el auto del 20 de
abril de 2009 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Mediante auto del 3
de junio de 2010, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró fundado el
impedimento manifestado por los magistrados de la
Sección Segunda y los separó del conocimiento del asunto. Por ende, fue
necesario integrar una sala de conjueces, que una vez designada, mediante auto
del 12 de enero de 2011, admitió la acción de tutela.
1.4.2.  Contestación de la demanda
Durante el trámite de
traslado, el a quo recibió varios escritos de Karina Paola Becerra Baños
y Carlos Segundo Durán Becerra, como coadyuvantes del Tribunal y de los
accionantes, respectivamente.
En síntesis, la
señora Becerra Baños señaló que del escrito de tutela se deduce un “abierto
desconocimiento” de los accionantes sobre la forma cómo se aplicó el
concepto de la distribución ponderada de los votos “en la sentencia de fecha
2 de octubre de 2008 o la mala fe, en cuanto pretenden que se aplique una
sentencia como precedente jurisprudencial, cuando esta no lo es”. Advirtió
que en la sentencia del Consejo de Estado que los accionantes citan como
precedente, “la distribución ponderada no se aplicó como método para
determinar los votos que debían anularse y sólo se utilizó como argumento por
parte de la sección quinta del Consejo de Estado, para demostrar que aún en el
caso de que todas las irregularidades expuestas por el demandante en aquel caso
prosperaran, aun aplicando la afectación ponderada, se concluyó que no se
modificaría el resultado electoral”.
En el mismo sentido,
aseguró que la Sección Quinta del Consejo de Estado no ha adoptado un método
definido de distribución ponderada de votos para resolver la nulidad en una
elección unipersonal, y por ello, para el caso concreto, no había un precedente
al momento de emitirse la sentencia del Tribunal.
Adicionalmente, la
coadyuvante solicitó la nulidad del proceso de tutela con base en el numeral 3°
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Afirmó que la
Corte Constitucional es parte en el presente proceso de tutela, teniendo en
cuenta que la decisión afecta lo señalado en la sentencia T-125 de 2010, y en
esa medida aseveró que ya existe cosa juzgada constitucional sobre los hechos
alegados por los actores. Mediante auto del 22 de junio de 2011, la
Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado decidió no acceder a la solicitud de
nulidad.
Por su parte, Carlos
Segundo Durán Becerra señaló que en virtud de la sentencia del 19 de
febrero de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo, fue despojado de su
condición de Alcalde del municipio de Córdoba, por lo que debían tomarse los
correctivos pertinentes, en tanto la decisión judicial se sustentó en
jurisprudencia reevaluada por el Consejo de Estado. Adujo que el Tribunal, en
razón del principio de la eficacia del voto, debió distribuir en forma
ponderada las irregularidades entre quienes obtuvieron votos en las mesas
afectadas, método que es aplicable en virtud del derecho a la igualdad, también
a la nulidad de elecciones unipersonales y no sólo de corporaciones públicas.
Por lo anterior, alegó que la sentencia del Tribunal incurría en una nulidad al
desconocer el precedente del Consejo de Estado, y en consecuencia, vulneraba el
derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
El tribunal demandado
guardó silencio.
1.5.
DECISIONES
JUDICIALES
1.5.1.
Sentencia de primera
instancia
Mediante sentencia
del 24 de mayo de 2011, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado tuteló los derechos fundamentales de los
accionantes y anuló (i) la sentencia del 19 de febrero de 2009 proferida
por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, (ii) el
escrutinio realizado en cumplimiento de tal sentencia, (iii) el acto de
elección y el acta de posesión de Karina Paola Becerra Baños como alcaldesa.
Adicionalmente, declaró que “al aplicar el precedente judicial contenido de
la doctrina de la distribución ponderada de los votos nulos no procede la
anulación de la elección del señor CARLOS SEGUNDO DURÁN BECERRA como alcalde
del municipio de Córdoba-Bolívar cuya elección se ajusta a derecho”.
Consideró que la
orientación jurisprudencial del Consejo de Estado es clara respecto a que al
presentarse evidencia de votos irregulares, debe realizarse su distribución
ponderada entre los candidatos, lo que excluye la simple anulación de la
totalidad de los votos de las mesas en las que se detecten vicios. Dicho
precedente, según el juez de instancia, estaba vigente al momento de emitirse
la sentencia del 19 de febrero del 2009, de acuerdo con dos sentencias de la
Sección Quinta del Consejo de Estado del 22 de mayo y el 2 de octubre de 2008.
Asimismo, señaló que
la sentencia del 19 de febrero de 2009, no sólo se apartó del precedente, sino
que lo hizo sin dar una justificación razonable que diera cimiento a la
anulación de las 15 mesas de votación, lo que evidencia una vía de hecho.
1.5.2.
Sentencia de segunda instancia
Como tercera
interesada, la señora Becerra Baños, luego de intentar una solicitud de nulidad
y una aclaración de la sentencia del a quo, ambas negadas, impugnó la
decisión de primera instancia.
Mediante sentencia
del 18 de agosto de 2011, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el fallo del a quo y denegó
la tutela por ser improcedente. Afirmó que para ese momento se tramitaba el
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 19 de febrero de
2009 del Tribunal Administrativo de Bolívar, formulado por Carlos Segundo Durán
Barrera, y por ello no era posible estudiar de fondo la demanda, “habida
cuenta de que a pesar de que el referido recurso no fue interpuesto por los ahora
actores, las consecuencias jurídicas de su resolución cobijan no sólo al señor
Carlos Durán Becerra, sino a los demandantes”.
Igualmente, sostuvo
que ninguno de los accionantes se encontraba enfrentado a un perjuicio
irremediable, por cuanto el hecho de que no se adoptara una decisión inmediata,
no conllevaba que se lesionara o amenazara con lesionar sus derechos
fundamentales.
El 28 de noviembre de
2011 se solicitó la aclaración de la sentencia de segunda instancia, solicitud
a la que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
respondió negativamente el 19 de enero de 2012.
1.6.
PRUEBAS
Se encuentran en el expediente las siguientes
pruebas documentales relevantes:
1.6.1.  De los antecedentes generales
1.6.1.1.      Copia de la demanda de nulidad electoral
interpuesta por Karina Paola Becerra
Baños, contra el acto de elección de Carlos Segundo Durán Becerra como alcalde
del municipio de Córdoba, Bolívar, para el periodo 2008-2011 (folios 164-193
C. 3).
1.6.1.2.  Copia de la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, el 14 de
noviembre de 2008, dentro del proceso de nulidad electoral de Karina Paola
Becerra Baños y Martín Elías Velásquez, contra el acto de elección de Carlos
Segundo Durán Becerra como alcalde del municipio de Córdoba, Bolívar (folios
194-235 C. 3).
1.6.1.3.      Copia de la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 19 de febrero de 2009, dentro del
proceso de nulidad electoral de Karina Paola Becerra Baños y Martín Elías
Velásquez, contra el acto de elección de Carlos Segundo Durán Becerra como
alcalde del municipio de Córdoba, Bolívar (folios 241-298
C. 3).
1.6.1.4.      Copia del recurso de “nulidad por
inconstitucionalidad” interpuesto por el apoderado judicial de Carlos Segundo
Durán Becerra, el 9 de marzo de 2009, contra la sentencia del 19 de febrero de
2009 del Tribunal Administrativo de Bolívar (folios 168-190
C. 3).
1.6.1.5.      Copia del auto proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, el 25 de marzo de 2009, por medio del cual corrió
traslado a las partes del la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad
formulada por Carlos Segundo Durán Becerra (folios 218
C. 3).
1.6.1.6.      Copia del auto proferido por la
Sala de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, el 20 de abril
de 2009, por medio del cual declaró la nulidad procesal de todo lo actuado
dentro del proceso electoral a partir de la sentencia del 19 de febrero de
2009, incluida la sentencia (folios 231-245
C. 3).
1.6.1.7.      Copia del recurso de reposición interpuesto
por el apoderado judicial de Karina Paola
Becerra Baños, el 27 de abril de 2009, contra el auto que declaró la nulidad de
lo actuado en el proceso electoral (folios 246- 259
C. 3).
1.6.1.8.  Copia del auto
del 12 de mayo de 2009, por medio del cual la
Sala de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar no repuso el
auto del 20 de abril de 2009 (folios 269-277
C. 3).
1.6.1.9.      Copia de la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar,
el 18 de agosto de 2009, después de que se declarara la nulidad de todo lo
actuado en segunda instancia (folios 28-109
C. Principal).
1.6.1.10. Copia de la demanda de nulidad electoral interpuesta
por Martín Elías Vásquez contra el acto de elección de Carlos Segundo Durán
Becerra como alcalde del municipio de Córdoba, Bolívar, para el periodo
2008-2011 (folios 154-1-164 C. 3).
1.6.2.  De los antecedentes del caso concreto
1.6.2.1.      Certificaciones electorales de cada uno de
los accionantes de las elecciones del 27 de octubre de 2007 (folios 54-69
C. 1).
1.6.2.2.      Copia del auto del 26 de marzo de 2010, por
medio del cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena ordenó dar cumplimiento al fallo T-125 de 2010 de la
Corte Constitucional (folios 133-134 C. 1).
1.6.2.3.      Copia de la intervención como tercero de
Karina Paola Becerra Baños, del 7 de abril de 2010, dirigida al Consejo de
Estado (folios 73-76 C. 1).
1.6.2.4.      Copia de la adición a la intervención como
tercero interviniente de Karina Paola Becerra Baños del 12 de abril de 2010,
dirigida al Consejo de Estado (folios 123-130
C. 1).
1.6.2.5.      Copia de la coadyuvancia presentada por
Carlos Durán Becerra, el 14 de abril de 2010 (folios 140-144
C. 1).
1.6.2.6.      Copia de la intervención como tercero
interviniente de Karina Paola Becerra Baños, del 9 de agosto de 2010, dirigida
al Consejo de Estado (folios 231-239 C. 1).
1.6.2.7.      Copia del escrito suscrito por los
accionantes el 17 de junio de 2010, dirigido a la
Sección Segunda del Consejo de Estado, solicitando el fallo pronto de la
acción de tutela interpuesta el 7 de abril del 2010 (folios 161, 163, 165 y 166
C. 1).
1.6.2.8.      Copia de la solicitud de nulidad de la
sentencia T-125 de 2010 de la
Corte Constitucional, de fecha de 29 de abril de 2010, formulada por Carlos
Segundo Durán Becerra (folios 408-428 C. 2).
1.6.2.9.      Copia de la intervención como coadyuvante
de Carlos Durán Becerra, del 25 de agosto de 2010, apoyando el argumento de
desconocimiento de precedente judicial (folios 247-260
C. 1).
1.6.2.10. Copia del recurso extraordinario de revisión
interpuesto el 21 de julio de 2010, por Carlos Segundo Durán Becerra contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 19 de febrero
de 2009 (folios 277-293 C. 1).
1.6.2.11. Copia del auto proferido el 21 de febrero de 2011 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual admite el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar del 19 de febrero de 2009 (folio 305
C. 3).
1.6.2.12. Copia de escrito de tercero interviniente de Karina
Paola Becerra Baños, del 26 de enero de 2011, dirigida al Consejo de Estado
(folios 393-402 C. 1).
1.6.2.13. Copia del escrito de impugnación del fallo de primera
instancia proferido por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, del 24 de mayo de 2011 (folios 642-654
C. 2).
1.6.3.
Pruebas
solicitadas en sede de revisión
Mediante auto del 13 de septiembre de 2012, la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas ordenó a la
Sección Quinta del Consejo de Estado,
remitir copia auténtica de la providencia –si ésta ya se había producido- que
resolvió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Carlos
Durán Becerra contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 19
de febrero de 2009.
Sobre lo solicitado y las respuestas oportunamente
allegadas a la Secretaría General de la
Corte Constitucional, se hará referencia a lo largo de las consideraciones y
el análisis del caso concreto.
2.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además,
procede la revisión en virtud de la selección realizada por la sala
correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
La Sala
debe estudiar los siguientes problemas jurídicos:
En primer lugar, debe determinar si la acción de tutela presentada
por Jaime Alberto Ortega Álvarez y otros ciudadanos cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
para cuestionar la sentencia
del Tribunal Administrativo de Bolívar del 19 de febrero de 2009, dictada dentro del proceso de
nulidad electoral tramitado contra el Acto que declaró electo a Carlos Segundo
Durán Becerra como alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar) para el periodo
2008-2011.
En
segundo lugar, en caso de reunirse los anteriores requisitos, la
Sala examinará si la providencia censurada adolece de alguna de las
causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, específicamente (i) si desconoció el precedente establecido
por el Consejo de Estado sobre la aplicación de la doctrina de la
distribución ponderada de votos para medir la incidencia de las irregularidades
en un resultado electoral en elecciones uninominales, y (ii) de ser así,
si tal desconocimiento conlleva la vulneración del derecho de los peticionarios
a elegir.
Para resolver estos interrogantes, la
Sala desarrollará las siguientes temáticas: (i) la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la causal
de procedibilidad por defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento del
precedente judicial, y (iii) la causal de procedibilidad específica
por desconocimiento del precedente constitucional. Con fundamento en esas
consideraciones se realizará el análisis del caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
2.3.1.  Atendiendo los parámetros establecidos en los
artículos 86 de la
Constitución Política, 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[3],
esta Corte ha decantado progresivamente pautas respecto a las condiciones excepcionales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.3.2.  Según lo ha expresado esta Corporación, la tutela
contra decisiones judiciales es de alcance excepcional y restringido[4]
y se predica sólo de aquellos eventos en los que pueda considerarse que una
actuación del juzgador es manifiestamente contraria al orden jurídico o al
precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales como los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Esta
afirmación encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del
Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado,
concretamente, “(i) en el carácter normativo y supremo de la
Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el
reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii)
en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la
interpretación de la Constitución y la protección de los derechos
fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para
promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus
derechos fundamentales.”[5]
2.3.3.  La Sala Plena de la
Corte en la sentencia C-590 de 2005[6]
expuso el precedente vigente sobre la materia; en ella se distingue entre
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. Los primeros tienen que ver con condiciones fácticas y de
procedimiento, que buscan hacer compatible el amparo con la eficacia de valores
de estirpe constitucional y legal como la seguridad jurídica, los efectos de la
cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la
distribución jerárquica de competencias al interior de la rama jurisdiccional.
Los segundos se refieren a los defectos en que puede incurrir una decisión
judicial y que la hacen incompatible con la
Constitución.
Los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, según lo expuso la sentencia C-590 de
2005[7], son
los siguientes:
“Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.”
“Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.”
“Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, comportaría sacrificar los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
“Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. No obstante, si la irregularidad comporta grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio correspondiente.”
“Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.”
“Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la Sala respectiva, se tornan definitivas.”
De otro lado, las causales específicas o defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencias judiciales son los
siguientes:
“Defecto procedimental absoluto, falencia que
se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido. Igual que en el caso anterior, la concurrencia del defecto fáctico
tiene naturaleza cualificada, pues se exige que se esté ante un trámite
judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de
procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada
responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial y,
en consecuencia, desconoce el derecho fundamental al debido proceso.[8]
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.  Al respecto, debe recalcarse que este es uno de los supuestos
más exigentes para su comprobación como causal de procedencia de la acción de
tutela contra sentencias. Ello debido a que la valoración de las pruebas en el
proceso es uno de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio
de la autonomía e independencia judicial. El ejercicio epistemológico que
precede al fallo es una tarea que involucra, no solo la consideración acerca de
las consecuencias jurídicas que, en materia probatoria, impone el ordenamiento
jurídico positivo, sino también la valoración que de los hechos del caso
realice el funcionario judicial, a partir de su propia experiencia y de su
conocimiento sobre el área del derecho correspondiente, tópicos que suelen
reunirse bajo el concepto de sana crítica.
Defecto material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto. Esta misma falencia concurre cuando se presenta una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Así, el
defecto material o sustantivo apela a la necesidad de que la sentencia judicial
tenga un soporte racional argumentativo mínimo, esto es, que (i) se soporte en las
normas constitucionales y legales que resulten aplicables; (ii) acredite
consonancia entre la motivación, que da cuenta del reconocimiento de esos
preceptos de derecho positivo y su contraste con el material probatorio legal y
debidamente recaudado durante el trámite, y la decisión que adopta el juez del
conocimiento.[9]
Error inducido, tradicionalmente denominado como “vía de hecho por
consecuencia”  que se presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.[10]
Sentencia sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.  Este tipo de falencia
se distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino
en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido.  Es evidente
que una exigencia de racionalidad mínima de toda actuación judicial es que
exprese los argumentos que hacen inferir la decisión
correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse,
la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.”[11]
“Violación directa de la
Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la
Carta Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual
modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”(énfasis de la Sala).
El estudio jurisprudencial permite advertir
que el asunto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales “se muestra complejo, puesto que la adecuada protección
de los principios y valores constitucionales implica un ejercicio de
ponderación entre la eficacia de la mencionada acción -presupuesto del Estado
Social y Democrático de Derecho-, y la vigencia de la autonomía e independencia
judicial, el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica”.[12]
2.3.4.
En resumen, como ha sido
señalado en reciente jurisprudencia, la acción de tutela contra providencias judiciales es
un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la
decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las
cuales tornan la decisión incompatible con la
Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es
concebida como un juicio de validez y no como un juicio de corrección[13]del
fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación normativa, que dieron origen a la controversia.
Debido a que el cargo que se presenta en la demanda es
el “desconocimiento del precedente del Consejo de Estado”, se puntualizarán a
continuación dos de las causales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales: (a) el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y (b) el desconocimiento del precedente
constitucional en sentido estricto.
2.4.
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
Para efectos del presente capítulo, se
hará referencia primero al defecto sustantivo como causal de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, y luego se procederá analizar
concretamente el desconocimiento del precedente judicial como modalidad de la
causal mencionada.
2.4.1.
El defecto
sustantivo aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
desconoce las disposiciones de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado. Específicamente, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo
cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso
que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por
ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente
inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa
no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una
interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial
–horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de
las partes en el proceso[14].
2.4.2.  Para examinar el contenido de este defecto sustantivo
en la modalidad de desconocimiento del precedente, la
Sala considera necesario comenzar por examinar la diferencia entre los
conceptos de antecedente y precedente.
El primero –antecedente- se refiere
a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede
tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos,
interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el
caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador,
lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a
la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e
igualdad.
Esta noción fue esbozada en la sentencia
T-292 de 2006[15],
en la que la Corte, ante la pregunta de “¿debe entenderse por precedente
cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al
caso en estudio?”, la
Corte indicó lo que sigue:
“La respuesta a esta inquietud es negativa
por varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una
sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha
visto (vgr. la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque
se identifique adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta
perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de
constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la
sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras
palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema
jurídico en estudio o no”.
El segundo concepto –precedente-[16],
por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones
fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.
Esta noción ha sido adoptada en sentencias
como la T-794 de 2011[17],
en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para
identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que
se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso
a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a
una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente”[18]
Esta Corporación ha diferenciado entre dos
clases de precedentes, el horizontal y el vertical[19],
de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El
primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de
unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel
constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que
deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la
Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre
dentro de su respectiva jurisdicción[20].
En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores[21].
2.4.3.  El precedente no sólo es orientador sino obligatorio,
como se explica a continuación. Vale la pena resaltar que existen razones
adicionales para justificar la vinculatoriedad del precedente constitucional,
las cuales se analizarán en apartes posteriores.
La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con
el artículo 230 superior. De
acuerdo con este precepto de la
Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e
independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por
la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es
sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes
del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la
jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción[22].
La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido
proceso y buena fe[23].
El precedente es una figura
que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica[24],
igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad[25]
en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales[26].
En palabras de la Corte Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el
ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro
razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención
a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84
C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas
judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial,
en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema
jurídico”[27].
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más
razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y
en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe
tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado
la solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la
doctrina ha establecido como precedente:“tratar las decisiones previas como enunciados
autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para
decisiones subsecuentes”
y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones
previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante”[28]
(énfasis de la Sala).
2.4.3.  Así pues, por las razones expuestas, la jurisprudencia
de esta Corporación ha sostenido que el desconocimiento sin debida
justificación del precedente judicial configura un defecto sustantivo,
en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades
judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios
del debido proceso, igualdad y buena fe[29].
No obstante, esta regla no es absoluta,
pues no puede ignorarse que el Derecho es dinámico y cada caso puede presentar
elementos que no fueron concebidos con anterioridad en otros fallos judiciales;
por ende, las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, pero con una
justificación razonable y proporcional. La
Corte Constitucional ha establecido al respecto que:
“(…) vale aclarar que la regla de vinculación del
precedente no puede ser adoptada de manera absoluta (…) Por ello, siempre que
se sustenten de manera expresa, amplia y suficiente, las razones por las cuales
va a desconocer o cambiar una posición anterior, el operador judicial puede
apartarse de ella.
(…)  el juez (singular o colegiado) sólo puede
apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando
demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona,
lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como
si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En
segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual
explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un
juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”[30].
Por ejemplo, la
Corte Constitucional ha considerado que jueces de la jurisdicción contencioso
administrativa han desconocido el precedente del Consejo de Estado, y en
consecuencia, ha concedido la tutela contra las providencias atacadas por
existencia de un defecto sustantivo, en sentencias como la
T-934 de 2009[31],
T-351 de 2011[32], T-464 de
2011[33] y T-212 de 2012[34].
En estos casos, la Corporación observó que existía un precedente consolidado sobre
la tasación de las indemnizaciones por daño moral, que había sido desconocida
sin razones por las autoridades demandadas[35].
Estos ejemplos muestran que es más sencillo constatar la presencia de un
defecto sustantivo cuando existe un precedente consolidado; sin embargo, esto
no significa que la inobservancia de un precedente individual sin la debida
justificación no dé lugar eventualmente a la procedencia de la acción de
tutela.
2.4.4.  En resumen, los jueces tienen un deber de obligatorio
cumplimiento y es el de (i) acoger las decisiones proferidas por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso
administrativa o constitucional) cuando éstas constituyen precedentes, y/o (ii)
sus propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual
al acceder a la justicia. Sin embargo, esta regla no es absoluta, ya que los
jueces pueden apartarse de dicho precedente, pero cumpliendo la carga
argumentativa antes descrita y construyendo una mejor respuesta al problema
jurídico. En este orden de ideas, por ejemplo, cuando un juez de inferior
jerarquía se aparta de un precedente establecido en su jurisdicción por el
órgano de cierre o de su propio precedente, sin exponer un razonamiento
proporcional y razonable para el efecto, incurre en la causal de procedibilidad
de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como consecuencia,
una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
de las personas partícipes del proceso respectivo, entre otros.
2.5.
DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
2.5.2.  El defecto por desconocimiento del precedente
constitucional se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la
Corte Constitucional en su jurisprudencia[36]. Se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte establece el alcance de un derecho fundamental o señala la
interpretación de un precepto que más se ajusta a la
Carta, y luego el juez ordinario resuelve un caso limitando sustancialmente
dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada por el órgano de cierre
de la jurisdicción constitucional. En tales casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[37]
u otros mandatos de orden superior.
2.5.3.  La supremacía del precedente constitucional surge del
artículo 241 de la
Constitución Política, el cual asigna a la
Corte Constitucional la función de salvaguardar la
Carta como norma de normas –principio de supremacía constitucional[38]. En efecto,
esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, las decisiones de la
Corte Constitucional son obligatorias tanto en su parte resolutiva, como en su
ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la
controversia[39].
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes, se “(…) genera en el ordenamiento jurídico colombiano una
evidente falta de coherencia  y de conexión concreta con la
Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca
del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la
eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se
multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún
cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional
preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[40]
En este sentido, la
Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en la sentencia T-656 de 2011[41]:
“(…) el deber de
acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia
constitucional, en la medida en que la normas de la
Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de
fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y
contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo así,
resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía constitucional”.
2.5.4.  La sentencia T-351 de 2011[42] explica que el sentido,
alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la
Corte Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de
revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que se deben acatar (i)
para garantizar el carácter normativo de la
Constitución como norma de normas, en tanto la
Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta[43], y (ii) para
unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de
igualdad.
En lo referente a las sentencias de control abstracto
de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de
los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. De un lado,
cualquier norma que sea declarada inconstitucional por parte de la
Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no
puede ser aplicada por ninguna autoridad. De otro lado, la ratio decidendi
de todas las sentencias de control abstracto de constitucional  –bien declaren
o no inexequible una disposición-, debe ser también atendida por todas las
autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la
Constitución.
En cuanto a los fallos de revisión de tutela, el
respeto de su ratio decidendi es necesario para lograr la concreción de
los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima -que
prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones
imprevistas- y para garantizar los mandatos constitucionales y la realización
de los contenidos desarrollados por su intérprete autorizado. Es por esto que
la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los
pronunciamientos realizados en los fallos de revisión de tutela deben
prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades
judiciales, aún sean altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones[44].
En este punto es importante aclarar que en el caso de
las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control abstracto de constitucionalidad
proferidas por la Corte Constitucional, basta una sentencia para que exista un
precedente, debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de
un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan
problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la
Constitución Política[45].
2.5.5.  En este orden de ideas,
se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la
interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse
a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de
una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la
Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
control de constitucionalidad o de revisión de tutela[46].
Al respecto, vale la pena traer a colación
las pautas resaltadas en la sentencia T-351
de 2011[47],
para establecer cuándo hay un desconocimiento del precedente constitucional:
“(i) Determinar la existencia de un precedente o de un
grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas
decisionales contenidas en estos precedentes. (ii) Comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues
de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad. (iii)
Verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra
manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine”.
2.5.6.
En algunas ocasiones la
jurisprudencia ha clasificado el defecto por desconocimiento del precedente
constitucional también como una hipótesis de defecto sustantivo. Entre las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra fallos
judiciales se pueden presentar diversos tipos de relaciones, y en un caso
pueden concurrir varios defectos. Así, tanto la doctrina[48] como la jurisprudencia[49] han
identificado el “desconocimiento del precedente judicial”, tanto como una modalidad
del defecto sustantivo –como ya se advirtió -, y como una causal autónoma de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
palabras de la Corte Constitucional:
“(…) el desconocimiento del precedente puede
derivar en un defecto sustantivo cuando se irrespeta la cosa juzgada
constitucional establecida en sentencias con efectos erga omnes, o en la
vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (entre otros)
cuando el juez se aparta de la doctrina constitucional contenida en la ratio
decidendi de los fallos de  revisión de tutela”[50] (resaltado fuera del texto original).
Lo cierto es que independientemente del tipo de
defecto en el que se clasifique –como defecto autónomo o como modalidad de
defecto sustantivo-, el desconocimiento del precedente constitucional, además
de violar los derechos de las partes a la igualdad y al debido proceso, entre
otros, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo que constituye una
razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la providencia
atacada.
2.6.
CASO CONCRETO
2.6.1.  Resumen de los hechos
De acuerdo con el material probatorio que obra en el
expediente, la Sala observa que se encuentran probados los siguientes hechos:
2.6.1.1.
El 28 de octubre de 2007 se llevaron a cabo elecciones para la
Alcaldía del municipio de Córdoba (Bolívar), en las que resultó ganador Carlos
Segundo Durán Becerra con 3.226 votos, mientras que la señora Karina Paola
Becerra Baños finalizó en el segundo lugar con 3.176 votos.
2.6.1.2.
En desacuerdo con el resultado, la señora Becerra Baños presentó demanda
de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Durán Becerra.
2.6.1.3.
De la demanda conoció el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Cartagena, quien en decisión del 14 de noviembre de 2008, negó las pretensiones.
2.6.1.1.
La providencia fue apelada por la demandante y, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia
del 19 de febrero de 2009, revocó la decisión del a quo, por considerar
que éste no valoró la totalidad de las pruebas allegadas al proceso –en
particular un dictamen pericial-, y realizó algunos análisis probatorios que
chocan con la realidad. Además, precisó que, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, toda inconsistencia en el formulario E-11
constituye falsedad, cosa distinta es que el número de votos viciados tenga
entidad numérica suficiente para cambiar el resultado de la votación y conducir
a la nulidad. Como las irregularidades afectaban la validez de más de 50 votos,
es decir, un número de votos que podía variar el resultado electoral, el
tribunal declaró la nulidad del acto electoral y ordenó la práctica de un nuevo
escrutinio.
2.6.1.2.
Frente a lo anterior, el señor Durán Becerra interpuso un recurso que
denominó como “nulidad por inconstitucionalidad”, en el que advirtió que el
Tribunal había vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y había
incurrido en una ‘vía de hecho’ por defecto fáctico, al valorar de manera
inadecuada el dictamen pericial elaborado por un funcionario de la
Registraduría y aplicar una doctrina del Consejo de Estado en desuso.
2.6.1.4.
Mediante auto del 20 de abril de 2009, la
Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a la
petición y declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso electoral,
y emitió una nueva sentencia que confirmó el fallo del juez de primera
instancia.
2.6.1.5.
La señora Becerra Baños instauró acción de tutela contra el auto del 20
de abril de 2009 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar. De la acción de
tutela conoció la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en sentencia del
13 de julio de 2009, la rechazó por improcedente por existir otro medio de
defensa judicial en curso: el recurso de apelación promovido por la actora
contra el auto proferido por el Tribunal el 20 de abril de 2009.
El proceso de tutela
fue seleccionado para revisión por parte de la
Corte Constitucional. En Sentencia T-125 del 23 de febrero de 2010, la
Sala Séptima de Revisión revocó la decisión del 13 de julio de 2009 dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, resolvió: (i)
revocar el auto proferido por la Sala de Decisión No. 3 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, (ii) dar estricto cumplimiento a la
sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 19 de febrero de 2009, por la cual se declaró nula el acta de la
elección de Carlos Durán Becerra, y (iii) dejar sin efectos la nueva
sentencia dictada por el Tribunal y que había confirmado el fallo de primera
instancia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena.
Carlos Segundo Durán
Becerra solicitó la nulidad de la sentencia T-125 de 2010, y su solicitud fue
rechazada en julio de 2012.
2.6.1.6.
En cumplimiento de la sentencia T-125 de 2010 y en virtud de que el fallo
del 19 de febrero de 2009 cobró firmeza, se realizó un nuevo escrutinio, que
arrojó que la alcaldesa electa era Karina Becerra Baños, quien tomó posesión el
20 de abril de 2010.
2.6.1.7.
Una vez el fallo de
segunda instancia dictado por el Tribunal el 19 de febrero de 2009 recobró
firmeza, Carlos Segundo Durán Becerra interpuso recurso de revisión.
2.6.1.8.
Adicionalmente, el 7
de abril de 2010, Jaime Alberto Ortega
Álvarez y otros ciudadanos residentes en el municipio de Córdoba, interpusieron
acción de tutela contra la sentencia del Tribunal del 19 de febrero de 2009, ya
que consideran que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a elegir y ser elegido, en tanto se fundamentó en una doctrina del
Consejo de Estado en desuso. Por esta razón argumentan que el fallo censurado
adolece de una “vía de hecho” por desconocimiento del precedente y, en
consecuencia, debe ser revocado.
Según los tutelantes, la providencia que atacan se fundamentó en
sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado que “hacen relación básicamente
a la línea jurisprudencial, que se sintetiza en la misma sentencia así “En
consecuencia, si se encuentra un número suficiente de votos irregulares que
alteran el resultado electoral, la elección declarada debe anularse” línea
jurisprudencial que a la fecha de la sentencia ya había sido desahuciada por el
Consejo de Estado, en sentencias recientes a la fecha (…) y que los
magistrados de la sala de decisión No. 3 del tribunal Administrativo (sic), no
se dieron por enteredaos (sic) y menos no siquiera, argumentaron el por que
(sic) se apartaban de la nueva línea jurisprudencial del Consejo de Estado
sobre la materia (…)”. (Resaltado fuera del texto original). En respaldo de
su argumento y para demostrar cuál es el precedente del Consejo de Estado que el
tribunal demandado debía acatar, citan dos sentencias del Consejo de Estado:
·
Sentencia
del 22 de mayo de 2008, expediente
11001-03-28-000-2006-00119-00(4060-4068-4069-4070) proferida por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado,
·
Sentencia
del 2 de octubre de 2008, expediente 44001-23-31-000-2007-00236-01, proferida
por la sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo
de Estado.
Aseveran que al
apartarse del precedente y declarar la nulidad de los votos de 15 mesas, entre
los que se encontraban sus votos los cuales no adolecían de ninguna
irregularidad, se desconocieron sus derechos fundamentales, especialmente el
derecho al voto.
2.6.1.9.
En sentencia de primera
instancia del 24 de mayo de 2011, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado tuteló los derechos fundamentales de los
accionantes y anuló la sentencia del 19 de febrero de 2009 y el acto de
elección y el de posesión de Karina Paola Becerra Baños. Los conjueces consideraron
que el Tribunal acusado efectivamente se apartó de la doctrina de distribución
ponderada de los votos nulos entre los candidatos, el cual excluye la simple
anulación de la totalidad de los votos de las mesas de votación en las que se
detecten irregularidades. Además indicaron que precedente estaba vigente al
momento de emitirse la sentencia del 19 de febrero del 2009, en virtud de dos
sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 22 de mayo y el 2 de
octubre de 2008.
2.6.1.10. En sentencia de segunda instancia del 18 de agosto de
2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el fallo del a quo
y denegó la tutela por improcedente. Afirmó que para ese momento se
tramitaba el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 19 de
febrero de 2009 formulado por el señor Carlos Segundo Durán Barrera, y por
ello, no era posible considerar el estudio de fondo de la providencia motivo de
inconformidad, “habida cuenta de que a pesar de que el referido recurso no
fue interpuesto por los ahora actores, las consecuencias jurídicas de su
resolución cobijan no sólo al señor Carlos Durán Becerra, sino a los demandantes”.
Igualmente sostuvo que ninguno de los accionantes se encontraba enfrentado a un
perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional del amparo.
2.6.1.11. El 19 de julio de 2012, la
Sección Quinta del Consejo de Estado declaró impróspero el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Carlos Segundo Durán Becerra contra
la sentencia del Tribunal demandado del 19 de febrero de 2009. El recurrente
alegó tres cargos: (i) desconocimiento del precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado, (ii) “el tribunal no valoró de manera adecuada las
pruebas del proceso y por eso llegó a una conclusión errada respecto de las
inconsistencias en las votaciones” y (iii) el fallo recurrido contiene una
decisión “extra petita”. Sin embargo, el Consejo de Estado,  consideró que los
cargos formulados por el actor no se ajustaban a la causal de revisión del
numeral sexto (6°) del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.
Debido a que se trata de una acción de
tutela contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, la
Sala pasa entonces a estudiar si en este caso se reúnen los requisitos de
procedencia y alguna de las causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
2.6.2.
Examen de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala observa que en el
caso sub examine se cumplen los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, como a
continuación se analiza:
Los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 de 2005[51],
son: (i) que la cuestión planteada al juez
constitucional sea de relevancia constitucional[52]; (ii)
que se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial, previstos en el
ordenamiento jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable[53];
(iii) que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta
oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de inmediatez[54];
(iv) que en el evento de tratarse de una irregularidad procesal, se
indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisión que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[55];
(v) que la vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido
alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando hubiera sido
posible[56]
y (vi) que no se trate de tutela contra tutela.
2.6.2.1.
En el caso bajo estudio se
discute una cuestión de relevancia constitucional, ya que los
accionantes invocan como infringidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, y concretamente, el a elegir, los cuales indudablemente son de
carácter constitucional. En efecto, el
caso versa sobre un posible desconocimiento del precedente judicial vertical
por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual presuntamente
conlleva la vulneración de los derechos fundamentales invocados, y del principio
de eficacia del voto.
Sobre el derecho al voto, reconocido en el numeral
primero del artículo 40,  es importante recordar que la
Corte Constitucional ha señalado que es el principal mecanismo de participación
ciudadana y “se adquiere como consecuencia misma de la ciudadanía y, por
ello, su ejercicio depende solamente del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Constitución para el efecto”[57].
En el mismo sentido ha señalado que es un derecho fundamental/deber, y un
instrumento primordial para la realización del principio democrático como
mecanismo establecido para la participación de la ciudadanía en las elecciones,
plebiscitos, referendos y consultas populares[58].
Es un derecho que tiene por objeto garantizar la formación de la voluntad
política y la intervención de los ciudadanos sobre las decisiones públicas y en
la elección de sus representantes ante el poder público. En palabras de la
Corte:
“El derecho al voto trasciende el plano subjetivo de
su titular, y adquiere una dimensión objetiva, en la medida en que su ejercicio
contribuye a la consolidación del proceso democrático. Desde una perspectiva
subjetiva, el voto ha sido tradicionalmente clasificado como un
derecho-libertad, de la misma manera que las libertades de culto, asociación,
reunión, petición, elección de profesión u oficio. Estos derechos comparten su
referencia a la libertad y se diferencian de otro tipo de derechos encaminados
a proteger la igualdad material de las personas y que comprenden, entre otros,
el derecho a la educación de los niños, a la seguridad social y al trabajo. La
participación política bajo su forma de sufragio, comprende no sólo la
actividad subjetiva encaminada a ejercer el derecho, sino también una cierta acción
del Estado encaminada a crear las condiciones necesarias para que el ejercicio
del derecho tenga lugar. Lo segundo es una condición indispensable de lo
primero”[59].
En
ese orden, la Corte ha reconocido la importancia de la faceta prestacional de
la participación política indicando en la sentencia C-142 de 2001[60] que el
derecho al voto requiere de una “adecuada, consciente y eficiente
organización electoral que facilite su realización” y que uno de los
elementos que comprende su núcleo esencial es el derecho “que tienen los
ciudadanos a obtener del Estado los medios logísticos e informativos para que
la elección pueda llevarse a término de manera adecuada y libre”.[61]
Por lo anterior, esta Sala considera que la presente
acción tiene una verdadera trascendencia constitucional.
2.6.2.2.
Igualmente, se verifica la
inexistencia de otros medios de defensa judicial, pues los
accionantes no fueron parte, ni participaron como terceros interesados en el
proceso de la acción de nulidad electoral[62],
y por ende, no pueden acudir a los recursos ordinarios o extraordinarios para
controvertir la sentencia de segunda instancia dictada por la
Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar. Además, pueden acudir
a esta vía sumaria como electores interesados en la transparencia del sufragio
y en la necesidad de proteger su voluntad política manifestada en las elecciones
correspondientes.
Es relevante advertir que contra la sentencia censurada
del 19 de febrero de 2009, Carlos Segundo Durán Becerra –parte en el proceso de
nulidad electoral- interpuso recurso extraordinario de revisión, el cual fue
declarado impróspero el 19 de julio de 2012 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. Sobre esto es necesario señalar dos
cuestiones: (i) la primera, es que los accionantes no podían acudir a este
recurso extraordinario al no haber sido partes en el proceso contencioso, como
ya se mencionó, y (ii) la segunda, es que a pesar de que uno de los cargos del
señor Durán Becerra en el recurso de revisión hacía referencia al
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado -muy similar al alegato
principal de los accionantes- el cargo concreto fue declarado impróspero al no
corresponder a alguno de los presupuestos que podrían viciar de nulidad la
sentencia recurrida. Por ello, si en algún sentido la prosperidad del recurso
tenía efectos también para los actores de la tutela, como lo sugirió el juez de
segunda instancia, lo cierto es que las pretensiones de los tutelantes son
distintas a la parte recurrente, y aún si fueran similares, el recurso ya fue
declarado impróspero.
2.6.2.3.
En cuanto al requisito de la inmediatez,
advierte la Sala que la acción de tutela fue ejercida en un plazo razonable,
toda vez que la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar fue emitida el
19 de febrero de 2009, y fue anulada, posteriormente, mediante auto del 10 de
marzo del mismo año, sin embargo, readquirió obligatoriedad a partir de la
sentencia T-125 del 23 de febrero de 2010 de la
Corte Constitucional. En ese orden, los accionantes interpusieron la presente
acción el 7 de abril de 2010, es decir, mes y medio después de expedida la
sentencia del Tribunal Constitucional en sede de revisión.
2.6.2.4.
De otra parte, se observa que
en el presente caso, los interesados identificaron de manera razonable los
hechos que, en su concepto, generaron la vulneración de sus derechos
fundamentales, señalaron las causas del agravio y expresaron en su escrito de
tutela el carácter fundamental de los derechos conculcados.
2.6.2.5.
Por último, se advierte que la
acción de tutela bajo análisis no está orientada a controvertir otros fallos de
tutela que se hubiesen proferido con anterioridad sobre los mismos hechos,
pues lo que cuestiona es una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar
con ocasión de un proceso de nulidad electoral.
2.6.3.
Examen de los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
2.6.3.1.
Las causales específicas hacen referencia a la
concurrencia de defectos en el fallo atacado que lo hacen incompatible con los
preceptos constitucionales. Estos defectos son, entre otros: (a)
orgánico, (b) procedimental, (c) fáctico, (d) material o
sustantivo, (e) error inducido, (f) sentencia sin motivación, (g)
desconocimiento del precedente constitucional y (h) violación directa de
la Constitución Política.
2.6.3.2.
En el presente
caso, los accionantes alegaron como causal de procedibilidad de la acción de
tutela el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en los
siguientes términos:
“Que la sentencia
del 19 de febrero de 2009 emitida por la
Sala No. 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, se fundamentó en
sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado que ‘hacen relación
básicamente a la línea jurisprudencial, que se sintetiza en la misma sentencia
así “En consecuencia, si se encuentra un número suficiente de votos irregulares
que alteran el resultado electoral, la elección declarada debe anularse’ línea
jurisprudencial que a la fecha de la sentencia ya había sido desahuciada por el
Consejo de Estado, en sentencias recientes a la fecha (…) y que los
magistrados de la sala de decisión No. 3 del tribunal Administrativo (sic), no
se dieron por enteredaos (sic) y menos no siquiera, argumentaron el por que
(sic) se apartaban de la nueva línea jurisprudencial del Consejo de Estado
sobre la materia, y en virtud de su fallo judicial declararon la ineficacia de
los votos contenidos en las 15 mesas de votación, donde los accionantes
depositamos nuestros votos (…) desconociendo la jurisprudencia de la
DISTRIBUCIÓN PONDERADA”.
La Sala debe señalar en
este punto, que la causal específica sobre el desconocimiento del precedente
del Consejo de Estado alegado por los actores, debe ser interpretado como un
cargo de defecto sustantivo[63],
de conformidad con las consideraciones previas. En efecto, los actores alegan
que presuntamente el Tribunal, por medio de su fallo, desconoció el precedente
vertical establecido por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa, con lo que vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y
al debido proceso. No se trata pues, en el caso concreto, de un desconocimiento
del precedente constitucional; como ya tuvo la
Sala la oportunidad de explicar, dicha causal autónoma se refiere a la
inobservancia del precedente sentado por la
Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la
Constitución.
2.6.3.3.
Para resolver si efectivamente
se presentó el defecto alegado, lo primero que advierte la
Sala es que la discusión sobre el método de la distribución ponderada de votos
para declarar la nulidad de un escrutinio, se relaciona con un tema de
naturaleza propiamente electoral que le corresponde fijar al Alto Tribunal de
lo contencioso administrativo, y sobre el que la
Corte Constitucional no se ha pronunciado.
2.6.3.4.
Los accionantes invocan el
desconocimiento del precedente sustentándose en dos sentencias de la
Sección Quinta del Consejo de Estado que se refieren a la aplicación de la
doctrina de la distribución ponderada de votos como método para medir la
incidencia de irregularidades probadas en el resultado electoral.
Para establecer si estos pronunciamientos constituyen
precedente vertical, es primero importante recordar: (i) qué debe
entenderse como “precedente” y (ii) cuándo una decisión es relevante para resolver un
caso posterior.
2.6.3.4.1.
Como se señaló en la parte
considerativa de esta providencia, precedente es aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia[64].
El precedente puede consolidarse en una línea jurisprudencial cuando de forma
reiterada se emplea la misma ratio decidendi para resolver problemas
jurídicos similares.
2.6.3.4.2.
Una vez
identificada una sentencia o grupo de sentencias que constituyen precedente, se
debe establecer si son relevantes o no para resolver el nuevo caso objeto de
examen. Para ello deben analizarse los siguientes elementos:
“a) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una
regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, b) La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante, c) Los hechos
del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o
plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente.
En este sentido será razonable que cuando en una situación similar, se observe
que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez
esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[65].
Estos tres elementos hacen que una
sentencia o grupo de sentencias anteriores se constituyan en un precedente
aplicable a un caso concreto, y, en esa medida, que sea vinculantes en virtud
de los principios de igualdad y debido proceso, entre otros. De allí que se
pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia o grupo de
sentencias anteriores y pertinentes cuya ratio representa una regla
(prohibición, orden o autorización) determinante para resolver el caso, dados
unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad
semejantes[66].
2.6.3.5.
Claro lo anterior,
procede esta Sala de Revisión a verificar si en el caso concreto existía un
precedente que obligara al Tribunal Administrativo de Bolívar, y si el Tribunal
se apartó del mismo e inobservó las reglas jurisprudenciales establecidas para
tal fin.
2.6.3.5.1.Los actores citan dos
sentencias del Consejo de Estado para señalar que no se dio aplicación al
precedente judicial de la doctrina de distribución ponderada de votos
acumulables.
El primer fallo que mencionan es la sentencia del 22
de mayo de 2008, expediente 11001-03-28-000-2006-00119-00(4060-4068-4069-4070),
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En este pronunciamiento
se estudiaron las acciones de nulidad electoral presentadas por tres ciudadanos
contra el acto que declaró la elección de
los ciudadanos Wilmer David González Brito y Bladimiro Nicolás Cuello Daza, por
el Partido Liberal Colombiano y por el Partido Conservador Colombiano,
respectivamente, como Representantes a la
Cámara por la Circunscripción Electoral del Departamento de la
Guajira para el periodo constitucional 2006-2010, contenido en el Acuerdo No.
8 de junio 5 de 2006 expedido por el Consejo Nacional Electoral.
Los demandantes invocaban la causal de nulidad por la
presencia de registros electorales falsos o apócrifos, o de elementos falsos o
apócrifos que hubieren servido para su formación, derivada de la alteración
electoral.[67] Sobre esta causal, el Consejo de Estado reiteró la
necesidad de que en relación con esta clase de irregularidades, se realizara el
análisis de su incidencia electoral para establecer si prospera o no la
nulidad, sin desconocer el principio de la eficacia del voto[68]. Lo relevante en esta sentencia es que por primera
vez la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, introdujo el sistema
de distribución ponderada como mecanismo de distribución de votos falsos
probados entre los candidatos, debido a la reforma constitucional que produjo
el Acto Legislativo 01 de 2003 y al principio de la eficacia del voto. En
palabras del Consejo de Estado:
“La jurisprudencia que venía siendo aplicada no
consulta el espíritu de la Reforma Política en atención a que confrontar el
número de irregularidades probadas contra la diferencia existente entre el
último de los candidatos elegidos a una Corporación Pública y el candidato no
electo que le sigue en orden descendente, sólo privilegia el individualismo
político, criterio ajeno a la filosofía de la reforma, donde se reconoce la
primacía de los partidos o movimientos políticos, colectivos que en verdad son
los que se disputan el poder político (…) con la entrada en vigencia de la
Reforma Política, que sólo admite como partidos o movimientos beneficiarios de
las curules aquéllos que superen el umbral predeterminado, se implantó, por
regla general, el sistema de asignación de escaños mediante la cifra
repartidora, con el matiz de que las listas pueden inscribirse con o sin voto
preferente. El advenimiento de esta reforma constitucional, la falta de
normatividad legal que de manera expresa regule el tratamiento que debe darse a
las votaciones de las mesas afectadas por votos irregulares, cuando la
existencia de los mismos conduzca a la declaratoria de nulidad de la elección,
aunado al principio del secreto del voto, que impide precisar qué partido o
candidato se benefició de los votos falsos o apócrifos, hace imprescindible la
adopción de una nueva línea jurisprudencial para determinar la incidencia de
los votos irregulares en el resultado electoral y su correlación frente al
principio de eficacia del voto”.
En el mismo sentido, afirmó que “en aquellos
eventos en que los votos
irregulares provienen de suplantación de electores, diferencias entre
formularios E-11 y E-24, votos depositados frente a cédulas correspondientes a
personas fallecidas o con pérdida de derechos políticos o de cualquier otra
modalidad de fraude respecto del cual no es posible determinar el partido o
candidato que resultó beneficiado, para calcular la incidencia de aquellos es
preciso acudir al sistema de distribución ponderada[69]”.
Por su parte, la sentencia del 2 de octubre de 2008,
expediente 44001-23-31-00-2007-00236-01, de la
Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la acción de nulidad electoral
presentada por dos ciudadanas contra el acto que declaró al señor Humberto
Rafael Martínez Fajardo como Alcalde Municipal de Manaure (La
Guajira), para el período 2008-2011 por el Partido Conservador. Las ciudadanas
alegaban la existencia de votos falsos o apócrifos en varias modalidades[70], pero la
Sección Quinta, al iniciar el estudio de los cargos, advirtió que “la
demanda no tiene vocación de prosperidad porque muchos de los señalamientos no
son ciertos y porque la magnitud de las irregularidades denunciadas en el
hipotético evento en que fueran ciertas, no tendrían la virtud de modificar el
resultado electoral”[71].
Lo relevante de esta segunda sentencia es que el
Consejo de Estado anunció que para medir la incidencia de las irregularidades
en un resultado electoral en cargos uninominales, también es posible emplear el
método de la distribución ponderada de votos, por al menos dos razones: (i)
en virtud del Acto Legislativo 01 de 2003 que introdujo un sistema de
disciplina partidista, que igualmente afecta las elecciones de cargos
uninominales, y (ii) por el carácter secreto del voto, el cual impedía
establecer si las irregularidades halladas benefician a uno u otro candidato o
partido o movimiento político. En otras palabras, el Consejo de Estado anunció
que era deseable comenzar a emplear esa nueva doctrina en el futuro.
No obstante, estas consideraciones hacen parte de la obiter
dicta de la providencia, pues en el caso concreto la
Sección Quinta falló con fundamento en otras razones. En efecto, antes de
entrar a examinar si las irregularidades alegadas estaban efectivamente
probadas en el expediente, la Sección observó que éstas, a la luz de cualquiera
de las metodologías empleadas por la jurisprudencia contenciosa, es decir, (a)
la de atribuir todas las irregularidades probadas al candidato electo[72] o (b) la de distribuir las irregularidades de
forma ponderada entre los participantes en la elección, no tenían la entidad
numérica suficiente para alterar el resultado electoral. Estas fueron las
palabras de la Sección Quinta al inicio de las consideraciones:
“(…) desde ya anticipa la
Sala que la demanda no tiene vocación de prosperidad porque muchos de los
señalamientos no son ciertos y porque
la magnitud de las irregularidades denunciadas en el hipotético evento en que
fueran ciertas, no tendrían la virtud de modificar el resultado electoral” (énfasis
fuera del texto).
Para llegar a esta conclusión, la
Sección realizó el siguiente, análisis: (i)
observó que si todas las imputaciones de los demandantes hubieran sido
ciertas, habría un total de 233 irregularidades. (ii) Luego
calculó la diferencia de votos existente entre aquellos obtenidos por el
candidato que resultó ganador y el que le seguía en orden numérico; la
diferencia la estimó en 978 votos. (iii)
A continuación, estudió si los votos
presuntamente viciados -233- podían alterar el resultado electoral, teniendo en
cuenta la diferencia de votos obtenida entre los candidatos -978-. A juicio de la
Corporación, esos 233 votos, a la luz de cualquiera de las metodologías
mencionadas por la jurisprudencia electoral ((a) la de atribuir todas las
irregularidades probadas al candidato electo o (b) la de distribuir las
irregularidades de forma ponderada entre los participantes en la elección), no
tenían la entidad numérica suficiente para alterar el resultado electoral. Por
estas razones, denegó las pretensiones.
La Sala reitera que la doctrina
de la distribución ponderada de votos la mencionó la
Sección Quinta con el único propósito de advertir que, aún utilizando esa
nueva metodología –como un argumento secundario-, las irregularidades alegadas
no eran suficientes para cambiar el resultado electoral. Estas fueron las
palabras de la Sección Quinta:
“Así las cosas, reitera la
Sala que
aún suponiendo la veracidad de cada
una de las irregularidades denunciadas con la demanda, el acto de elección
demandado se mantendría incólume, pues se observa que bajo la metodología
adoptada con el fallo del 22 de mayo de 2008 el candidato vencedor señor
HUMBERTO RAFAEL MARTINEZ FAJARDO seguiría aventajando al candidato JAIRO
PUSHAINA ARPUSHANA por 957 votos. Esta
metodología, como se podrá advertir, permite a los jueces precisar antes de
adelantar la valoración de los documentos electorales, si el quantum de las
irregularidades denunciadas tiene la potencialidad de modificar el resultado
electoral, lo cual es de la mayor utilidad
para lograr la efectiva realización de algunos de los principios fundamentales
de la función pública, como son la eficacia, la economía y la celeridad; de
modo que si hechas las operaciones del caso, con base en las irregularidades
denunciadas por el actor, no hay lugar a modificar los resultados electorales,
así lo debe concluir en su fallo el juez para no emplear un tiempo valioso
examinando documentos electorales, que bien puede destinarse a la decisión de
otros procesos judiciales” (énfasis fuera de texto).
2.6.3.5.2.
Ahora bien, teniendo claras
las circunstancias de las sentencias alegadas como precedentes, la
Sala procede a analizar su pertinencia para este caso:
Debe resaltarse es que ambas sentencias son
pronunciamientos previos a la providencia atacada, es decir, la sentencia del
Tribunal del 19 de febrero de 2009.
Por otra parte, la primera sentencia referida,
es decir, la del 22 de mayo de 2008, no es un precedente aplicable al
caso, toda vez que no tiene elementos fácticos similares a los del caso bajo
estudio. Por ejemplo, aquella sentencia se refiere a elecciones populares para
cargos de corporaciones públicas, como lo es la
Cámara de Representantes, y en el caso concreto se analiza una elección de
cargo uninominal. Por esta razón, ese primer fallo donde se aplica la doctrina
de la distribución ponderada de votos por primera vez, no es aplicable al caso
concreto, por tratarse de dos elecciones distintas.
En cuanto a la segunda sentencia citada por los
accionantes, aparentemente cuenta con elementos fácticos muy similares a los
del caso concreto, por ser una elección popular para un cargo uninominal
–alcaldías de Manaure y Córdoba-, y por cuanto las irregularidades en los comicios
alegadas son también muy parecidas a las del caso concreto[73]. Sin embargo, tampoco constituye un precedente,
pues se trata de un pronunciamiento aislado cuya ratio decidendi
no comprende una regla que resuelva la presente controversia.
La Sala reitera que la
Sección Quinta del Consejo de Estado mencionó que la metodología de
distribución ponderada de votos podría ser aplicable a controversias sobre
cargos uninominales; no obstante, (a) la decisión partió de una hipótesis distinta a la del
caso resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar: la
Sección Quinta observó que el número de irregularidades alegadas en ese caso –sin
siquiera entrar a examinar si estaban probadas- no tenían la entidad numérica
para alterar el resultado electoral bajo ninguna de las dos modalidades de
medición, lo que no ocurre en la presente controversia, toda vez que el número
de irregularidades alegadas por los demandantes –Karina Paola Becerra Baños y Marín Elías Vásquez-, bajo una de las doctrinas de
medición, sí puede alterar el resultado. Adicionalmente, (b) la ratio
decidendi de la decisión del Consejo de Estado no sirve para solucionar la
disputa bajo estudio, entre otras razones, porque la doctrina de la
distribución ponderada de votos no fue la razón que fundamentó la decisión, ni
de la ratio decidendi se extrae que tal doctrina deba emplearse para
este caso perentoriamente.
2.6.3.6.
Así las cosas, la
Sala de Revisión considera que en el caso concreto, al al no existir un
precedente aplicable al caso que haya sido inobservado por el Tribunal
demandado, no es posible declarar la procedibilidad de la acción de tutela por
defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial. Así pues, los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y el derecho político a elegir, no fueron vulnerados por la
sentencia emitida por el Tribunal.
2.6.4.      Conclusiones
2.6.4.4.  Todo
desconocimiento del precedente judicial –sea de juez ordinario o
constitucional- por parte de un funcionario judicial, sin explicar las razones
por las cuales se aparta, incurre en un defecto sustantivo causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante
lo anterior, cuando se trata del desconocimiento del precedente constitucional,
no sólo incurre en un defecto sustantivo, sino además incurre en la causal
específica del desconocimiento del precedente como causal independiente, esto
en razón de que se trata de sentencias que establecen criterios y contenidos de
la Carta Política, que es norma de normas, y que por ende, deben ser
obligatorios para toda autoridad judicial, incluso para la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, órganos de cierre de las
otras jurisdicciones.
2.6.4.5.
El concepto de precedente debe distinguirse del concepto de
antecedente. El precedente hace referencia, por
regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos,
y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver
la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el
desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un
defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas
las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en
virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
2.6.4.6.
Independientemente del
tipo de defecto en el que se clasifique –como defecto autónomo o como modalidad
de defecto sustantivo-, el desconocimiento del precedente constitucional,
además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al debido proceso,
entre otros, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo que
constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la
providencia atacada.
2.6.4.7.
El fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar del 19 de
febrero de 2009 no incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial como causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, debido a que no existía al momento de
ser proferida, un precedente del Consejo de Estado sobre la aplicación de la
doctrina sobre la distribución ponderada de votos para mediar la incidencia de
las irregularidades al resultado electoral en elecciones de cargos
unipersonales.
La sentencia emitida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado el 2 de octubre de 2008, que los actores
citan como precedente desconocido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, es
apenas un antecedente aplicable al caso concreto; no constituye precedente, ya
que tiene un patrón fáctico diferente al de la controversia bajo estudio, y su ratio decidendi no contiene una regla que
sirva para resolver la presente disputa.
En consecuencia, y teniendo en cuenta las razones
expuestas, la Sala procederá a confirmar el fallo de segunda instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones expuestas
en esta providencia.
Por último, para la
Sala de Revisión es de suma importancia llamar la atención a los jueces de
instancia que tuvieron conocimiento de la presente acción de tutela, toda vez
que su trámite duró casi un año y medio, tiempo desproporcionado para
pronunciarse sobre una acción de naturaleza sumaria, que tiene por objeto
proteger derechos fundamentales y evitar un perjuicio irremediable. El mismo
Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo tercero (3°) que el trámite de la
acción de tutela debe desarrollarse con arreglo de los principios de celeridad
y eficacia, por esa razón el artículo 15 señala que su trámite debe tener
prelación por parte del juez que tiene conocimiento y que los plazos son
perentorios e improrrogables. Estas disposiciones deben cumplirse por las
autoridades judiciales, no sólo por ser una norma de obligatorio cumplimiento,
sino por la naturaleza misma de la acción de tutela.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 18 de agosto de 2011, la cual revocó la sentencia de primera instancia y negó el
amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
El recurrente asegura que, según la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado,
cuando se pruebe la falsedad de algunos votos, el juez electoral debe calcular
la participación porcentual de cada candidato respecto de la cantidad de votos
obtenidos inicialmente, y en esa misma proporción asignar los votos irregulares
a cada uno de ellos.
[2]
Las razones de la decisión fueron las siguientes: el tribunal
estimó que no es cierto que el juez de primera instancia se hubiera
basado en el dictamen pericial rendido por la
Registraduría para fallar; en su concepto, el a quo no lo tuvo en
cuenta por encontrarlo improcedente. Respecto de los testimonios que la
demandante aseguró no habían sido valorados, consideró que la no valoración
había sido acertada, pues los testimonios no cumplían los requisitos necesarios
para ser ratificados. Afirmó que el juez de primera instancia había obrado
legalmente al no declarar la nulidad de 9 votos de ciudadanos que, pese a estar
excluidos del censo electoral del municipio, votaron. Para el tribunal, en
atención al principio de eficacia del voto y dado que esos 9 votos no podían
alterar el resultado del escrutinio, lo correcto era no anularlos. También aseguró
que el juez de primera instancia había llevado a cabo un análisis razonable de
los otros 49 votos cuya nulidad solicitó la demandante, pues conforme a las
reglas de la sana crítica, adecuadamente concluyó que las inconsistencias que
presentaban los formularios electorales se debían a errores involuntarios de
los jurados sin entidad suficiente para conducir a la nulidad de los votos y
mutar el resultado de las elecciones. Finalmente, adujo que de conformidad con
la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado sobre eficacia del voto basada en
un criterio de proporcionalidad, aún si el a quo hubiera encontrado
probadas las 87 irregularidades electorales denunciadas, no habría podido
declarar la nulidad de la elección. Según este nuevo estándar jurisprudencial,
los 87 votos irregulares tendrían que haberse repartido a prorrata de la
participación obtenida por cada candidato de la siguiente manera: 38 para
Carlos Segundo Durán Becerra, 37 para Karina Paola Becerra Baños y 12 para
Gilberto Alfredo Sierra Rodríguez. Una reducción de 38 votos en la votación
obtenida por Carlos Segundo Durán Becerra –a juicio del tribunal- no era
suficiente para mutar los resultados del escrutinio.
[3] “Artículo 25. Protección
Judicial:
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.
Los Estados partes se comprometen:
a.
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b.
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c.
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.
Los Estados partes se comprometen:
a.
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b.
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c.
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.”
[4]
Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: alcance excepcional y
restringido “que se justifica en razón a los principios constitucionales de
los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar
la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los
jueces y el sometimientos general de los conflictos a las competencias
ordinarias de éstos”.
[5]
Sentencia T-078 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas.
[6]
M.P. Jaime Córdoba Triviño
[7]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[8]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324 de 1996
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “… sólo en aquellos casos en los cuales el
acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, -
bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo
expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez
constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se
produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las
condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para
proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de
competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía
de hecho por defecto orgánico.
[9]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “… opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador
[10] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia SU-014 de 2001
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez: “Es posible distinguir la sentencia
violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial
- presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que
aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos
constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[11] “Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.”
[12] Cfr. Sentencia  T-310 de
2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[13] Sentencia T-555 del 19
de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[14] Ver Sentencia
T-087 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193
de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo.
[15] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[16] Según
el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados
realistas”, el precedente judicial puede ser entendido en cuatro acepciones;
(i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio
autoritativo y (iv) precedente- ratio decidendi consolidada o precedente
orientación. Este último hace referencia a “es la ratio decidenci por
hipótesis común  a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de
sentencias pronunciadas en un arco de tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen
que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones del mismo, o similar tipo ,
con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir  ahora,(…)”. Esta
acepción es el precedente entendido en el sentido más restringido según el
autor. Las demás acepciones hacen referencia similar al concepto propuesto por la
Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que
trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende
resolver.
[17]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[18] Cfr.
sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317 de 2001.
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y
T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[19] Ver
entre otras, sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[20] Ver entre otras, T-123
de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
[21] Ver,
entre otras, las sentencias T-211 de 2008
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[22] En palabras de la
Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia también ha
señalado que la adopción de la
Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y
particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la
Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como
parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de
interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372
de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[23]En este sentido, entre
muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de 1999
M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
C-820 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo.
[24] Sobre este
principio, es posible afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente,
en el deber de un juez de fallar casos que presenten elementos fácticos y
puntos en derecho similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos
que acuden a la justicia, en virtud del respeto del principio de igualdad y la
coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el
caso en que lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior
aplicable al caso que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura
y descalificar las otras consideraciones que han sido base de anteriores
decisiones.
[25] La
sentencia C-104 de 1993 con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez
Caballero, estableció el punto de partida jurisprudencial en relación con el
derecho a la igualdad y las decisiones judiciales en los siguientes términos: “El
artículo 229 de la Carta debe ser considerado con el artículo 13 idem, de tal
manera que el derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no
sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también
el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y
tribunales en situaciones similares”.
[26] Ver
sentencia T-683 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La actividad judicial supone la
interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, aspecto que implica
que el funcionario determine en cada proceso la norma que se aplicará al caso
concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener comprensiones
diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella,
por esta razón, efectos distintos”.
[27] Cfr.
Sentencia T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras,
sentencias T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[28] Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks
(ed.) English Private Law, 1, Oxford University Press, pp. 1-29 (2000). Citado por Bernal Pulido, Carlos. “El
precedente en Colombia”. Revista de derecho del Estado. Universidad Externado
de Colombia, páginas 81-94 (2008).  Ver en el mismo sentido, “American Law In a Global Context. The Basics”.
Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la
interpretación de una norma o situación concreta. Esto se identifica con los
hechos, el problema jurídico, las consideraciones que sustentan y son
relevantes para la decisión, y la solución que se declara para el caso. Para
identificar un caso como precedente: stare decisis (casos previos que vinculan
como precedente), ratio decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter
dicta (argumentos por decir que no son la razón de ser de la decisión ni son
vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción libre).“American Law In a Global Context. The Basics”.
Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
[29] Ver
entre otras, sentencias T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288
de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] Cfr.
Sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza.
[32] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[33] M.P.Jorge Iván Palacio
Palacio.
[34] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[35] Lo
mismo puede verse en sentencias T-156 de 2009
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[36] Ver
sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-230 de 2011
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[37] Ver sentencia
T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Ver
sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39] Sentencia SU-168 de 1999.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[40] Sentencia T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[41] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[42] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso
el ICFES interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo
de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar que dichas
autoridades judiciales desconocieron los derechos de la entidad, al emitir
sentencias dentro de un proceso de reparación directa en las cuales declararon
su responsabilidad, condenándolos al pago de perjuicios morales a favor del
demandante. A juicio del actor, las providencias controvertidas adolecen de
defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de desconocer el precedente
del Consejo de Estado en materia de determinación y tasación de perjuicios
morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de la demandante, por
considerar que las sentencias controvertidas adolecen de una motivación en
materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el control legal y
constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de trato por parte
de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede llegar a un
grave detrimento del erario público. La
Corte concede el amparo invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda
instancia en lo referente a la tasación de perjuicios morales, ordenando a la
respectiva autoridad judicial dictar sentencia de reemplazo.
[43] Ver
además sentencias T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[44] En
palabras de la Corte: “En síntesis, la
Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos
de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la
administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la
Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho
precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por
qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por
distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración
de justicia porque “…las decisiones de la
Corte y su interpretación de la
Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.” Cfr.
Sentencia T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia
T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[45] De la
misma forma las sentencias de unificación de la
Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente según el
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la
Corte Constitucional en sentencia C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[46] Ver
sentencia T-1092 de 2007
M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso
el ICFES interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo
de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar que dichas
autoridades judiciales desconocieron los derechos de la entidad, al emitir
sentencias dentro de un proceso de reparación directa en las cuales declararon
su responsabilidad, condenándolos al pago de perjuicios morales a favor del
demandante. A juicio del actor, las providencias controvertidas adolecen de
defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de desconocer el precedente
del Consejo de Estado en materia de determinación y tasación de perjuicios
morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de la demandante, por
considerar que las sentencias controvertidas adolecen de una motivación en
materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el control legal y
constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de trato por parte
de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede llegar a un
grave detrimento del erario público. La
Corte concede el amparo invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda
instancia en lo referente a la tasación de perjuicios morales, ordenando a la
respectiva autoridad judicial dictar sentencia de reemplazo.
[48] Ver por
ejemplo Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Vías de Hecho. Acción de tutela
contra providencias judiciales”. Ed. Ibáñez  (2012). Véase cómo, incluso, el
doctrinante al explicar el “desconocimiento del precedente”, lo señala tanto en
el defecto sustantivo como en una causal autónoma posteriormente, páginas 224,
138 y 254.
[49] Ver, entre otras, sentencias SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-351 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] Cfr.
Sentencia T-351 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[51] Sentencia del 8 de junio
de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[52] El juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes (C-590 de 2005,
M. P. Jaime Córdoba Triviño).
[53] De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última” (C-590 de 2005).
[54] “Es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” (C-590 de 2005).
[55] “Si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio” (C-590 de 2005).
[56] “Si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio” (C-590 de 2005).
[57] Cfr. Sentencia
C-490 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Ver
sentencia T-603 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[59] Cfr.
Sentencia T-603 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[60] M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[61] Cfr.
Sentencia C-224 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[62] “Cabe resaltar que en la acción de nulidad electoral, por tratarse de
una acción pública, es el interés de la comunidad el que debe interpretarse y
no simplemente la pretensión de un actor determinado, pues aunque la solicitud
de nulidad electoral no sea completamente precisa, si de ella se deduce
claramente lo que se pretende a favor de la comunidad, no podría rechazarse y,
en consecuencia, deberá darse trámite a dicha solicitud en virtud del principio
de primacía del derecho sustancial sobre el derecho procesal”. Sentencia T-332 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63] Como se
mencionó en las consideraciones de la presente providencia, un juez de menor
jerarquía puede incurrir en un defecto sustantivo cuando desconoce el
precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que
hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la
jurisprudencia. Ver sentencia T-436 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[64]
La sentencia T-292 de 2006 se afirma que la ratio decidendi es la “formulación
del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de
la decisión judicial”.
[65] Cfr.
Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además sentencia
T-110 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[66] Ver
Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Vías de hecho. Acción de tutela contra
providencias judiciales”. Séptima Edición. Ed. Ibáñez (2012).
[67] “(…) como cuando se
supone la votación de personas que no han intervenido en las urnas, se hacen
constar resultados que son ajenos a los verdaderamente escrutados (por exceso o
por defecto),  se finge la calidad de jurado de votación para sufragar sin
estar autorizado, o se aduce una autorización para votar inexistente, o también
cuando se altera materialmente el contenido de las actas o se incorporan en los
cómputos de votos actas inválidas, y en general, cuando la declaración que
contiene el documento no corresponde a la realidad” Sentencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado del 22 de mayo de 2008.
[68] Principio
consagrado en el numeral 3° del artículo 1° del Código Electoral, según el
cual, ante la existencia de elementos falsos en los registros electorales que
conduzcan a la declaración de nulidad de una elección es indispensable que
estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, es decir, que tengan
la capacidad de alterar el resultado inicial.
[69] “según el cual, se toma el número de votos
fraudulentos que por cualquiera de los anteriores conceptos fueron acreditados
en una mesa de votación y se distribuye en forma ponderada entre las listas
abiertas (votos solamente por la lista y votos por candidatos), listas cerradas
y votos en blanco,  dependiendo  de la participación que tenga cada uno en el
total de los votos de la mesa, cálculo que se repite en cada una de las mesas
donde se haya comprobado la existencia de las anteriores irregularidades”.
[70] Afirman las demandantes que “En dichas elecciones se
presentaron los siguientes casos de falsedad: a) Suplantación de electores; b)
Los jurados de votación votaron dos veces, tanto en la mesa donde actuaron como
en la mesa donde figuraba su cédula, además de que para esa labor fueron
designadas personas que no estaban inscritos en el respectivo censo electoral;
c) En los formularios E-11 aparecen votando más de 6 jurados de votación; d) Se
anularon votos donde la voluntad del elector era inequívoca; e) Los resultados
registrados en los formularos E-11, E-14 y E-24 no coinciden con las tarjetas
electorales efectivamente depositadas, esto es fueron computados votos que
carecen de respaldo real en el formulario E-11; f) Se permitió votar a personas
que no pertenecían al censo electoral municipal, como jurados fueron designadas
personas sin residencia electoral en el municipio, personas fallecidas o con
interdicción de derechos y funciones públicas y con cédulas inexistentes, es
decir el Archivo Nacional de Identificación y Censo Electoral no tuvo en cuenta
la capacidad electoral de las personas que debían ejercer tales funciones, (…);
g) Los jurados de votación fueron suplantados; (…) Se permitió votar a
ciudadanos a quienes el Consejo Nacional Electoral, a través de la
Resolución 1514 de 2007, les canceló su inscripción (aproximadamente 4.500
personas), violándose con ello lo previsto en el artículo 316 de la
Constitución, así como el artículo 4 de la
Ley 163 de 1994 y algunos fallos de la
Corte Constitucional y de esta Sección”.
[71] Se
demostraron como votos de sufragantes ajenos al censo del municipio de Manaure
226, y por mayor número de votos con relación al número de sufragantes 7, para
un total de 233 irregularidades. La cantidad de anomalías probadas, frente a
los 978 votos con que aventajó el alcalde electo el señor Humberto Rafael
Martínez Fajardo (6.802 votos) a su inmediato seguidor el señor Jairo Pushaina
Arpushana (5.824), evidencia que las mismas carecen de entidad suficiente para
modificar el resultado electoral.
[72] Esta
tesis hace referencia a que la incidencia de las irregularidades en el
resultado electoral se mide con base en la diferencia existente entre la
votación del candidato electo y la de  aquél que le siguió en orden.
[73] El Tribunal Administrativo de Bolívar, encontró
probadas las siguientes irregularidades: 11 votos con fraude, 19 votos de
personas que votaron dos veces, 43 votos de personas que votaron en lugares
distintos a los que les correspondía, 14 votos de personas que votaron en
distintos puestos de votación con el mismo número de cédula, 4 votos de
personas que votaron pese a que sus números de cédula habían sido excluidos del
censo electoral por la Registraduría, y 12 votos respecto de los cuales se
hallaron diferencias entre la identidad de la personas registradas y el
votante.