C-543-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-543/11
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Reglas en trámite de audiencia de los procesos civiles
verbales de mayor y menor cuantía
REDUCCION DEL PLAZO DE SUSPENSION DE LA AUDIENCIA PARA
PROFERIR SENTENCIA EN LOS PROCESOS CIVILES VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTIA-No vulnera la garantía de un orden justo, efectividad
de los derechos fundamentales, derecho de defensa, ni de acceso a la
administración de justicia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia
La Corte ha sistematizado las exigencias materiales
que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos
técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de
inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros,
ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la
acusación tiene que ser suficientemente comprensible (clara) y recaer
verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el
actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con
argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente
doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia).
Finalmente, la acusación tiene que estar formulada en forma completa y ser
capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada (suficiencia).
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carencia de especificidad en cargo
PROCESOS CIVILES VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTIA-Procedimiento/PROCESOS CIVILES VERBALES DE MAYOR Y
MENOR CUANTIA-Trámite de la audiencia
En los procesos verbales de mayor y menor cuantía,
tanto antes como después de la reforma, una vez se superan las etapas de
admisión, traslado y contestación de la demanda (artículos 428 del C.P.C) y
decididas las excepciones previas (artículo 429 ídem) –todo lo cual se hace por
escrito-, se señala fecha y hora para la audiencia (artículo 430 del C.P.C). En
esta, básicamente, el juez (i) intenta la conciliación, (ii) hace el
saneamiento del proceso, (iii) fija los hechos del litigio, (iv) practica los
interrogatorios de parte, (v) decreta y practica las pruebas (peritajes,
testimonios, inspecciones judiciales), (vi) oye los alegatos de conclusión de
las partes, (vii) dicta sentencia y (viii) resuelve sobre la concesión del
recurso de apelación (artículo 432 del C.P.C). Las modificaciones a las reglas
de la audiencia hechas por el artículo 25 de la ley 1395 de 2010 son, a grandes
rasgos, las siguientes:  (i) Se incluye expresamente la aplicación del artículo
25 de la ley 1285 de 2009, norma que prescribe que “agotada cada etapa del
proceso, el Juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que
acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar
dilaciones injustificadas”. (ii) No hay lugar a la objeción del dictamen
pericial.  (iii) Se incluye el interrogatorio por parte del juez a “quienes hayan
rendido los experticios aportados por las partes”. (iv) Se limita la facultad
de decretar inspección judicial al evento en que “la parte que la solicite no
pueda demostrar por medio de una videograbación los hechos sobre los cuales ha
de versar aquella”. (v) La sentencia deberá dictarse en la misma audiencia.
Sólo en caso de ser necesario, el juez podrá decretar un receso hasta por dos
horas para hacerlo. En la regulación anterior, aunque la sentencia también
debía dictarse en la misma audiencia, el juez, si ello no le era posible, podía
decretar una suspensión de diez días para hacerlo. (vi) Se consagra la
obligatoriedad de registrar la audiencia mediante un sistema de grabación
electrónica o magnetofónica. Se agrega que en ningún caso se trascribirá el
contenido de las grabaciones. Antes de la reforma se preveía el uso del sistema
de grabación pero sólo cuando se dispusiera de los elementos técnicos
adecuados. (vii) De conformidad con la modificación antedicha –grabación
obligatoria de la audiencia- se restringe el contenido del acta escrita de la
audiencia a: el nombre de las personas que intervinieron como partes,
apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, los documentos que se hayan
presentado, el auto que suspenda la audiencia y la parte resolutiva de la
sentencia. Nótese entonces que la sentencia se dicta sólo en forma verbal.
Antes de la reforma se incluía en el acta escrita la totalidad de la sentencia
y se permitía  que el juez llevara la sentencia por escrito para incorporarla
al expediente. (viii) Se agrega que “La inasistencia de alguna de las partes
hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las
pretensiones o las excepciones, según el caso”. (ix) Se añade que “El juez
proferirá sentencia por escrito, sin realizar audiencia, cuando por disposición
legal la falta de oposición del demandado determine la emisión inmediata de la
sentencia”.
REFORMAS A LA AUDIENCIA DE LOS PROCESOS CIVILES
VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTIA-Finalidad
PRINCIPIOS DE ORALIDAD, CONCENTRACION E INMEDIACION EN
LOS PROCESOS CIVILES-Jurisprudencia
constitucional
ORALIDAD-Escenario
de satisfacción de derechos constitucionales/AUDIENCIA ORAL-Precedida de
garantías referidas a la inmediación, concentración y publicidad
PRINCIPIOS DE ORALIDAD, CONCENTRACION E INMEDIACION EN
LOS PROCESOS CIVILES-Crean
condiciones para decisiones judiciales no solamente prontas sino también
respetuosas del debido proceso y del derecho de defensa
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
DISEÑO DE TERMINOS JUDICIALES Y LIMITES CONSTITUCIONALES-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
DISEÑO DE TERMINOS JUDICIALES-No es
absoluta/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES-Límites/JUEZ CONSTITUCIONAL-No está llamado a determinar
cuáles son los términos que se deben cumplir dentro de los procesos que
corresponden a la competencia discrecional del legislador, pues su misión es la
de controlar los excesos
LIMITES AL AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA
EN MATERIA DE DISEÑO DE TERMINOS JUDICIALES-Categorías
PRINCIPIO DE CELERIDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Jurisprudencia constitucional/CELERIDAD DE LOS
PROCESOS JUDICIALES-No es un fin en si misma, sino un mecanismo para
garantizar los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia/PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE CELERIDAD Y EL DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA JUSTICIA-Relación/ACCESO
A LA JUSTICIA FORMAL-Concepto/ACCESO A LA JUSTICIA MATERIAL-Concepto
PRINCIPIO DE CELERIDAD EN  LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Tensión con el derecho
fundamental de defensa/PRINCIPIO DE CELERIDAD EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y TENSION CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA-Jurisprudencia
constitucional
PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y EFICIENCIA-Deben encontrar un equilibrio con el derecho al debido
proceso
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Pasos
El primer paso del juicio consiste en determinar si la
norma busca una finalidad legítima desde el punto de vista de la Constitución
de 1991. El segundo paso del juicio de proporcionalidad es analizar si la medida
adoptada es idónea para lograr la finalidad que se ha identificado como
legítima. El tercer paso del juicio que se realiza estriba en determinar si la
limitación del derecho fundamental es una medida necesaria en el sentido de que
no existan otras que no lo restrinjan o lo hagan en menor medida.  En el cuarto
y último paso del juicio de proporcionalidad se debe analizar si la restricción
al derecho fundamental es proporcionada en sentido estricto, lo que significa
que “la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios
que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio
jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma
está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia,
debe ser declarada inconstitucional”.
PRINCIPIO DE INMEDIACION Y CONCENTRACION EN PROCESOS CIVILES VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTIA-Su aplicación crea las condiciones para que el juez
llegue fácil y rápidamente a una decisión justa al finalizar la audiencia o
máximo dos horas después
DISMINUCION DEL TERMINO MAXIMO DE SUSPENSION PARA
DICTAR SENTENCIA EN LOS PROCESOS CIVILES VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTIA-No puede ser entendida de manera aislada sino en
conjunto con las demás reformas hechas al procedimiento civil/DECISION
JUDICIAL TARDIA-Constituye en sí misma una injusticia
Referencia: expediente D-8368
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25
(parcial) de la ley 1395 de 2010 “por la cual se adoptan medidas en materia
de descongestión judicial”.
Demandante: Hernán Darío Velásquez Gómez
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil once (2011).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Hernán Darío Velásquez
Gómez interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 25
(parcial) de la ley 1395 de 2010 “por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial”.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la
disposición acusada y se subraya el aparte demandado.
LEY 1395 DE 2010
(julio 12)
Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010
Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
CAPÍTULO I.
REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
(…)
ARTÍCULO 25. El artículo 432 del Código de Procedimiento Civil
quedará así:
Artículo 432. Trámite de la audiencia. En la
audiencia se aplicarán las siguientes reglas:
1. El juez intentará la conciliación, hará el
saneamiento del proceso, fijará los hechos del litigio, practicará los
interrogatorios de parte en la forma establecida en el artículo 101, y dará aplicación al artículo 25 de la Ley 1285 de 2009.
2. A continuación
decretará las demás pruebas y las practicará de la siguiente manera:
a) Oirá el dictamen del perito designado y lo
interrogará bajo juramento acerca de su idoneidad y de los fundamentos de su
dictamen. De la misma manera podrán las partes controvertirlo. Si el perito no
concurre, el juez designará inmediatamente su reemplazo para que rinda dictamen
en la fecha de la continuación de la audiencia. En ningún caso habrá lugar a
objeción del dictamen.
b) Interrogará a quienes hayan rendido los experticios
aportados por las partes y hayan sido citados a la audiencia de oficio o a
solicitud de parte.
c) Recibirá las declaraciones de los testigos que se
encuentren presentes y prescindirá de los demás.
d) Decretará la práctica de inspección judicial cuando
la parte que la solicite no pueda demostrar por medio de una videograbación los
hechos sobre los cuales ha de versar aquella.
3. Concluida la práctica de pruebas el juez oirá hasta
por veinte minutos a cada parte, primero al demandante y luego al demandado.
4. La sentencia se emitirá en la misma audiencia,
aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si
fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el
pronunciamiento de la sentencia. En la misma audiencia se resolverá sobre
la concesión de la apelación.
5. La audiencia se registrará mediante un sistema de
grabación electrónica o magnetofónica. En el acta escrita se consignará
únicamente el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados,
testigos y auxiliares de la justicia, los documentos que se hayan presentado,
el auto que suspenda la audiencia y la parte resolutiva de la sentencia.
En ningún caso se hará transcripción del contenido de
las grabaciones. Cualquier interesado podrá pedir la reproducción magnética de
las grabaciones, proporcionando los medios necesarios.
En todo caso, de las grabaciones se dejará duplicado
que formará parte del archivo del juzgado.
6. La inasistencia de alguna de las partes hará presumir
ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones
o las excepciones, según el caso.
PARÁGRAFO. El juez proferirá sentencia por escrito,
sin realizar audiencia, cuando por disposición legal la falta de oposición del
demandado determine la emisión inmediata de la sentencia.
III. LA DEMANDA
El ciudadano dirige su demanda contra un aparte del numeral
4 del artículo 25 de la ley 1395 de 2010, el cual reformó el artículo 432 del
Código de Procedimiento Civil que se refiere a las reglas que se aplican a la
audiencia en los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía.
Concretamente acusa una parte del numeral 4 del artículo mencionado en la que,
después de señalar que la sentencia se emitirá en la misma audiencia, se
prescribe que “si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos
horas para el pronunciamiento de la sentencia”. Arguye que esta disposición
vulnera el Preámbulo de la Constitución y los artículos 2, 29, 228 y 229 de la
misma.
Inicia el actor por hacer unas consideraciones que
denomina “de carácter general”. Señala que “el fundamento real de la
demanda reside en que por la celeridad en la resolución del conflicto sometido
a proceso judicial se está sacrificando la justicia, afectando el derecho de
defensa, disminuyendo el derecho sustancial e impidiendo que el acceso a la
Administración de Justicia sea eficaz”. Ello porque los mencionados
principios y derechos “sólo se pueden cristalizar dentro del proceso
judicial, cuando el Juez tiene un término razonable para decidir” lo que no
ocurre con la expresión acusada “al darle al Juez un término de dos horas
para decidir un conflicto”. Agrega que “los procesos judiciales,
particularmente los relacionados con el Derecho Privado, plantean problemas que
difícilmente se pueden resolver en dos horas” y que “en la audiencia de
decisión se van a recaudar pruebas (…), se oirán las alegaciones (…) y viene la
ley a decir que el Juez, que aún no ha podido asimilar  el contenido de las
pruebas y de las alegaciones jurídicas, ¡tendrá cuando más dos horas para
decidir!”.
Complementa su razonamiento “de carácter general” al
decir que la norma acusada es irrazonable y desproporcionada. Frente a lo
primero estima que “es irrazonable, ya que no se aviene al sentido de la
realidad de los problemas jurídicos (…) pretender que un Juez está en capacidad
(…) de decidir en un plazo máximo de dos horas un proceso judicial cuando,
posiblemente, sólo dos horas antes se evacuó la totalidad de las pruebas y se
plantearon los argumentos jurídicos. Pruebas que exigen estudio y argumentos
que deben ser analizados. La norma acusada, de rebote, facilitará, por la
premura del tiempo, decisiones irrazonables que, ya se dijo, se apartan del
orden razonable que pretende la Constitución”. Respecto de lo segundo
considera que “es desproporcionada frente a los fines que se pretenden
porque so pretexto de decidir prontamente, fácilmente se pueden tomar
decisiones injurídicas (sic) que impiden la realización de la justicia, la
protección de derecho de defensa, el acceso eficaz a la Administración de
Justicia y la prevalencia del derecho sustancial (…) Existe una enorme
desproporción entre la enfermedad (proceso lentos), y la solución (sentencia en
un plazo máximo de dos horas). El camino para hacer pronta justicia no está en
determinar que un Juez tenga que sentenciar en dos horas a más tardar. El Juez
debe tener un término razonable que le permita, sin agraviar la celeridad,
tomar decisiones jurídicas y justas. Tal es el camino medio, el razonable, el que
se aviene a la Carta Política”.
Una vez realizadas las “consideraciones de carácter
general”, continúa el actor con la exposición de los cargos.
En primer lugar arguye que la norma acusada vulnera el
Preámbulo de la Constitución y el artículo 2 de la misma debido a que “al
exigir que el Juez dicte sentencia a más tardar dos horas luego de finalizado
el debate procesal, sin importar que la decisión sea ligera, injurídica (sic),
injusta, y permitiendo (por la exagerada celeridad) que el Juez no pueda
estudiar con serenidad las pruebas recogidas y analizar los argumentos de las
partes”, impide un orden justo (Preámbulo) y deriva en que la decisión, por
ser ligera, no sea garantía cierta de los derechos reconocidos en la
Constitución (artículo 2). En definitiva, a su juicio, se transgreden las
normas constitucionales mencionadas porque “no es posible lograr la justicia
–imperativo constitucional- con decisiones que se toman en un término que no
permite ponderar a plenitud la controversia judicial”.
Agrega que también se viola el artículo 2 de la Carta
ya que la disposición “constituye un real obstáculo a la obligación que
tienen las autoridades de la República, entre ellas los Jueces, de proteger a
todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades” pues “con medidas apresuradas no se puede realizar una
protección efectiva de esos derechos y libertades cuando se trata de un
conflicto que por las características que lo rodean, exigen la toma de una
decisión razonablemente meditada”.
Así mismo, estima, “cuando se permiten decisiones
judiciales sin meditación razonable (…) se transgrede la exigencia del mismo
artículo 2 que consagra como una de los fines esenciales del Estado garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes que consagra la
Constitución”.
En segundo lugar sostiene que la norma acusada vulnera
el artículo 29 de la Constitución. Lo anterior debido a que “el derecho de
defensa (…) exige que los argumentos que se presentan para que un determinado
derecho sea reconocido por el Juez en el proceso judicial, sean analizados,
sopesados, valorados de manera adecuada. Cuando la argumentación que presentan
las partes dentro del proceso no pueden ser estudiadas con la mesura y
profundidad que exige una sentencia que va a solucionar definitivamente un
determinado conflicto, se altera el derecho de defensa porque, entonces, la
defensa será simbólica y no real (…) La misma violación (…) se da cuando no
existe un término razonable para analizar el conjunto de pruebas presentadas
(…)”. En suma, advierte, la expresión demandada “impide dos cosas a)
valorar debidamente la prueba recaudada, y b) estudiar concienzudamente los
argumentos de la demanda y de su respuesta” pues “Sostener que ese
término de dos horas es suficiente para realizar un análisis que contemple
todas las aristas del proceso, es contraevidente”. Aclara que no se trata
de un juicio de conveniencia “sino si ese término es suficiente para
proteger el derecho de defensa y realizar la justicia a la propende el Estado
colombiano”.
En tercer lugar el actor señala que la norma acusada
vulnera el artículo 228 de la Constitución “por privilegiar la forma del
juicio (…) sobre los derechos sustanciales que fácilmente pueden ser
conculcados con una decisión apresurada”. Explica que “si (…) la
disposición acusada no protege el derecho de defensa ni facilita la justicia,
es obvio que los derechos sustanciales se afectarán”.
En cuarto lugar, se trasgrede el artículo 229 de la
Carta Política “porque con decisiones sobre las cuales pesa el enorme
riesgo, por su celeridad, de ser erradas, se impide un acceso eficaz a la
administración de justicia”. Al tenor de esta norma constitucional, dice, “tiene
que ser la Administración de Justicia efectiva, que realice la justicia
material (…) no puede ser un acceso meramente formal, sino real, en el sentido
de que se protejan de verdad los derechos alegados en el proceso”.
Para finalizar, el demandante hace dos aclaraciones.
En primer término aclara que “no acusé de
inconstitucional la primera parte del artículo 25 en cuanto señala que el Juez
dictará sentencia inmediatamente, porque es posible que la naturaleza del
asunto y su complejidad permitan que el Juez lo haga así, por lo tanto, no
sería en sí mismo inconstitucional. En tal sentido no hay una relación con la
parte acusada que lleve a aseverar que existe una proposición jurídica
completa. La inconstitucionalidad radica en que el si el Juez no puede proferir
sentencia inmediatamente, tenga que hacerlo en dos horas”.
En segundo término aduce que “la simple
inexequibilidad de la expresión acusada implicaría que (…) la sentencia tendría
que dictarse obligatoriamente de manera inmediata. Lo que no es posible porque
así la solución sería peor que la norma como está redactada. Entonces, debe ser
declarada inconstitucional pero determinando en la decisión que el Juez tendrá
plazo razonable para decidir si no puede hacerlo inmediatamente por las
características del conflicto que debe decidirse. ¿Cuál plazo? Puede ser el que
existe hoy en el mismo artículo 432 del Código de Procedimiento Civil,
parágrafo 6: diez (10) días. Término más razonable para expedir una sentencia
que resuelva serenamente el conflicto, con sabiduría y justicia, que no
facilite la violación al derecho de defensa y que permita que la Administración
de Justicia sea realmente eficaz”.
IV. INTERVENCIONES
Debido a que sólo se tendrán en cuenta las
intervenciones allegadas en el término de fijación en lista, las intervenciones
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad del
Magdalena, de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali y de la Universidad
del Cauca no serán resumidas a continuación por haber sido recibidas por fuera
de tal término.
1. Intervención de la Universidad del Rosario
El Director de la Especialización en Derecho Procesal
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario interviene para
solicitar a la Corte que se declare la constitucionalidad condicionada del
aparte normativo demandado en el entendido de que “(…) si por la complejidad
del asunto sometido a su consideración el juez no puede dictar sentencia en la
misma audiencia, podrá hacerlo dentro de un plazo mayor a las dos horas (…)”.
Para justificar su petición señala que “(…) el
ineluctable elemento temporal que los conmina [se refiere a los jueces] a
dictar sentencia en tan reducido plazo, esto es, las dos horas que como máximo
autoriza el canon legal demandado, de seguro se convertirá en un motivo
adicional de insatisfacción para los justiciables, que no sólo incrementará los
niveles de desconfianza e incertidumbre que ya acusan quienes acuden a los
estrados judiciales, sino que además se erigirá en un factor más de
litigiosidad”.
Agrega el interviniente que “(…) aunque los propósitos
de la norma son bondadosos y podrán producir resultados satisfactorios en
aquellos asuntos en los que por la evidencia abrumadora del acervo probatorio o
la simplicidad de la contienda nada impida que se falle de inmediato o a lo
sumo dentro de las dos horas siguientes al cierre de las respectivas
alegaciones de las partes; en otros casos, dada la multiplicidad de hechos
constitutivos de la causa petendi; el amplio número de medios de convicción; la
pluralidad de sujetos que integran a las partes, así como la intervención de
terceros vinculados por la sentencia y lo complejo de la relación jurídico
sustancial sometida a la consideración del juez, exigirle a éste que en aras de
la celeridad en tan breve plazo tenga que proferir la sentencia de rigor, es
desmejorar el nivel de este tipo de providencias y, como ya lo dije,
incrementar la insatisfacción de los intervinientes en el proceso y su dilatada
permanencia en el mismo, pues frente a las previsibles falencias de enfoque y
los yerros argumentativos y de sustentación que en la sentencia cause la
premura del tiempo, se incrementarán las impugnaciones por vía de apelación y
con ella los eventuales recursos de casación”.
Concluye entonces que “(…) pese a que los fines de
la disposición acusada son loables, no lo son los medios diseñados por el
legislador, en la medida en que (…) estos no consultan los consabidos criterios
de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación que de antaño ha decantado la
Corte Constitucional cuando ha tenido que enfrentarse a estos menesteres”.
Así, “(…) lo que se impone es una exequibilidad
condicionada a que se entienda que la disposición es constitucional para
aquellos casos que no requieren mayor análisis de fondo y en los que para
sentenciarlos sea suficiente el tiempo que otorga el numeral 4 del artículo 432
del C.P.C. (…) pero que frente a los demás y cuando las precisas circunstancias
lo requieran por la complejidad del asunto, el juez podrá reservarse el
proferimiento de la sentencia para hacerlo dentro de los diez (10) días
siguientes a la audiencia de alegaciones finales”.
2. Intervención de la Universidad Externado de
Colombia
El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad
Externado de Colombia interviene para solicitar a la Corte que se declare la
constitucionalidad de la norma demandada.
Inicia su intervención recordando que “(…) la ley
1395 de 2010 en su artículo 25, introdujo importantes cambios en la forma como
se va a tramitar el proceso verbal previsto en el artículo 432 CPC (…) con el
fin de brindar herramientas legales para dotar de celeridad a la administración
de justicia en el área del derecho privado (…)”. Indica que (…) uno,
sino el principal, de los motivos de la Ley en comento es reducir el atraso y
la lentitud (…) de la rama judicial para resolver gran parte de los conflictos
civiles que se someten a su decisión”.
Asegura el interviniente que “(…) el éxito o el
fracaso del nuevo modelo inicia por un cambio en la forma que los jueces y
abogados litigantes trabajen en sus casos, pues ciertamente el día de la
audiencia prevista en el artículo 432 CPCP (o ‘el día del proceso’, como lo ha
denominado un respetado sector de la doctrina) será el momento más importante
para resolver la suerte del asunto judicial. En otras palabras, este nuevo
procedimiento verbal requiere de jueces y abogados litigantes estudiosos del
caso, acuciosos y proactivos en el recaudo y práctica del material probatorio
para el buen suceso de sus pretensiones o excepciones”.
Para justificar la constitucionalidad de la norma
señala que “(…) Es cierto, entonces, que el propósito del legislador con la
Ley 1395 de 2010 fue descongestionar los anaqueles de los despachos judiciales,
pero ello no implica per se que las medidas del legislador ataquen la
Constitución Nacional”. Ello porque “la norma es razonable y
proporcionada, en vista de que no pretende afanar al funcionario judicial en el
ejercicio de sus funciones constitucionales, ni mucho menos busca que profiera
una decisión sin importar que resulte desacertada ni que decida el asunto a la
ligera”.
Descarta la supuesta vulneración del artículo 29 de la
Constitución que reconoce el debido proceso y el derecho de defensa con el
argumento de que “(…) el término máximo para hacer receso en la audiencia es
suficiente para que los argumentos de las partes en el proceso sean analizados,
sopesados, valorados de manera adecuada. Además, la norma no incentiva a los
jueces para [que] prescindan en su análisis de la etapa probatoria y de
las alegaciones de las partes –las cuales se realizan en la audiencia- y acudan
a la misma con la sentencia previamente elaborada, lo que sí sería un claro
desconocimiento a los deberes constitucionales que tiene la justicia”.
Así mismo desecha la violación de los artículos 228 y
229 de la Constitución “(…) que consagran la prevalencia del derecho
sustancial y el acceso a la administración de justicia porque la norma no
pretende que el juez profiera una decisión apresurada, solo que lo haga dentro
de un término razonable, con el que se pueda conseguir la descongestión de la
justicia y se profieran prontamente decisiones definitivas, en un claro
equilibrio entre el necesario estudio del asunto y la diligencia necesaria de
los funcionarios judiciales”.
Explica el interviniente que “(…) no es cierto (…)
que sea imposible para un juez proferir en el término de dos horas una
sentencia ajustada a derecho (…) porque se parte del supuesto que el juez antes
de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 42 CPC ha leído el
expediente, tiene el caso estudiado, entiende las posturas de las partes en su
demanda y contestación; y sobretodo, durante el desarrollo de la misma debe
estar atento a la manera como se han practicado las pruebas, siguiendo los
parámetros de la inmediación, razón por la cual, no se deben llamar a engaño
quienes como el demandante sostienen que ese término es irrazonable para que el
juez adopte una decisión, pues se reitera, si el juez ha leído y analizado con
juicio los documentos integrantes del expediente y ha prestado atención a la
práctica de las pruebas, entonces el tiempo no será excusa para tener claro el
sentido de su decisión en un lapso no mayor de dos horas”.  Concluye
entonces que “(…) atender los reclamos del demandante va en contravía con
los objetivos que se aspiran lograr con la ley 1385 de 2010, y significaría un
retorno al estado actual de grave morosidad en la resolución de conflictos del
área civil”.
Agrega que la norma demandada “(…) responde a las
funciones de libre configuración legislativa que tiene el legislador, de
acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Nacional”. Advierte que “sobre
este punto no  puede perderse de vista la jurisprudencia de esa Honorable
Corporación [se refiere a la Corte Constitucional] que sobre el
particular sostiene que en materia de términos procesales el legislador tiene
plena autonomía para señalarlos siempre y cuando sean razonables y permitan la
realización del derecho sustancial”.
Por último señala que, de todos modos, “(…) una vez
proferida la sentencia, con todos los aciertos o desafueros que ésta pueda
contener, aún existen los recursos de ley para controvertirla ante el superior
jerárquico”.
3. Intervención de la Universidad Libre
El Área de Derecho Procesal de la Universidad Libre
interviene para solicitar a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de
la norma demandada.
Para iniciar su intervención explica que “el punto
materia de debate constituye lo que nosotros hemos venido denominando ‘el drama
de la justicia’, cuyo círculo vicioso, y por eso lo calificamos de drama, dejó
planteado Francesco Carnelutti así: (….) Por desgracia, la justicia, si es
segura no es rápida, y si es rápida no es segura”.
A continuación el interviniente manifiesta que “el
problema y la finalidad de la justicia es lograr acertar en la
aplicación de la ley para no vulnerar los derechos y la libertad de las
personas. Así, lo que debe exigirse de un sistema judicial, es que permita la
aplicación de la ley, del derecho, con acierto, porque esa es la única forma de
lograr justicia; es decir, es la única manera de administrar bien
justicia”.
Al tener en cuenta lo anterior, dice, “el
planteamiento de la pregunta resulta obvio: ¿qué es lo que se requiere para
aplicar el derecho con acierto? Lo que se requiere, a no dudarlo, es sabiduría,
experiencia, aparte del aspecto ético de la probidad y rectitud del órgano que
la imparte. Y sabiduría y experiencia son dos cosas que requieren de tiempo.
Por otra parte, el que es verdaderamente sabio y quiere decidir examinando
concienzudamente sus experiencias respecto de un tema propuesto en cuestión o
juzgamiento, suele dedicar un buen tiempo, para poder tomar esa decisión con
acierto. Por eso podemos decir que es una medida sabia darles tiempo a quienes
administran justicia para que puedan decidir con acierto; que, por el
contrario, señalarle a los jueces límites perentorios para que apliquen el
derecho, no es una medida sabia ni prudente”.
Continua indicando que “el problema de lograr ese
óptimo resultado [la decisión con acierto], con las debidas garantías
contradictorias, nos lleva a plantearnos el problema anexo de la rapidez, que
no es principal sino accesorio al grueso problema que es el logro de la
justicia. Y ¿será que la justicia dependerá exclusivamente de que el proceso
termine rápido como ahora se cree y quiere? ¿Se debe tender a la terminación de
los procesos de modo rápido, aun al precio de saber que esa aceleración puede
derivar en errores en el juzgamiento? Por supuesto que no! La rapidez no es un
valor. El logro de la justicia si lo es y es el principal de un proceso
judicial (…) Obvio, si se puede hacer justicia rápido, ese es el ideal; pero
para efectos del logro de la excelencia judicial, basta que se imparta justicia
en oportunidad. En consecuencia, un sistema eficiente de administración
de justicia, lo que debe propugnar no es por la rapidez sino por la
oportunidad”. Manifiesta entonces que “lo que se debe considerar, en
nuestro sentir, es cuál es el espíritu o la filosofía que inspira la Carta en
esta materia”.
En este orden de ideas, en opinión del interviniente, “la
demanda de inconstitucionalidad en esto está muy bien orientada, ya que alude
al hecho incuestionable de que lo que se quiso fue constituir un estado
social de derecho. Y no un estado cualquiera, sino uno que pudiera cumplir
sus finalidades con justicia. Para ello con gran acierto la demanda acude a
apoyarse en el Preámbulo de la Constitución (….) y de esta suerte se puede
determinar con total seguridad que una finalidad básica y esencial de nuestra
organización institucional, consiste en que los distintos órganos de poder,
pero más todavía aquellos que tienen a su cargo la función judicial, la cumplan
atendiendo al deber de obrar con justicia”. Agrega que “este propósito,
como se indica en la demanda, esta expresado contundentemente desde el
Preámbulo de la Constitución; pero también fluye coherentemente de todo el
orden constitucional”. Así, “(…) por ejemplo su art. 2, o en el art.
228, que establece puntualmente que la administración de justicia es una
función pública, en cuya misión prevalecerá el derecho sustancial (…)”.
A juicio del interviniente, de conformidad las normas
constitucionales mencionadas, “el debido proceso no podrá entenderse a plenitud,
si no se consagran procedimientos que aseguren el acierto en las
decisiones judiciales, que es la forma de lograr la justicia; y de esta
suerte, el imponer límites reducidos de tiempo, no es ciertamente el mejor
ingrediente normativo para el logro de tal propósito”.
De lo expresado concluye que “resulta contrario a la
Carta, que una ley expresamente imponga a los jueces el deber de fallar
simplemente en el término angustioso de dos horas; porque la disposición
prefiere que se ajusten a cumplir tal término, a que fallen con seriedad y
correctamente (…)”. Se pregunta “¿cómo podría ahora un juez considerar
razonadamente su decisión en el reducido término de dos horas?”.
Por último expresa el interviniente que “con la
prosperidad de la demanda no se generaría ningún vacío, puesto que al desaparecer
la disposición, cobraría vida y se entraría a aplicar el término previsto para
dictar sentencia que se tiene previsto en el original texto del art. 124 del
C.P.C.” (cuarenta días).
4. Intervención del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal interviene
para solicitar a la Corte que se declare la constitucionalidad de la norma
demandada.
Manifiesta que “lejos de infringir las normas
constitucionales, el precepto impugnado es coherente con la Carta Política,
puesto que todo ciudadano reclama una pronta y eficaz justicia y es
precisamente esto lo que inspiran las disposiciones de la ley 1395 de 2.010,
que adopta un esquema oral una vez se notifica al demandado, puesto que en la
misma audiencia en que se recaudan las pruebas el juez encuentra en perfectas
posibilidades de dictar sentencia”.
Explica que “las innovaciones adoptadas por la ley
1395 de 2.010 exigen que tanto las partes como el juez estén preparados para el
desarrollo de la audiencia, por lo que al iniciarse la misma el juez ha debido
analizar de manera juiciosa la demanda y su contestación, no de otra forma
podrá realizar los interrogatorios exhaustivos a las partes para fijar el
litigio y decretar las pruebas ceñidas hacia los hechos relevantes”. Señala
que “en el nuevo sistema que recoge la ley 1395 de 2.010, se preservan
principios esenciales para adelantar un proceso de manera ágil y eficaz, como
son los de inmediación, concentración, contradicción y oralidad, los cuales
permiten que el juez pueda dictar sentencia inmediatamente se practiquen las
pruebas y escuche los alegatos de las partes”. Así, “en la audiencia deberán
estar presentes el juez y las partes, y cuando se estén practicando las
pruebas, aquel deberá ir razonando para verificar las coherencias que ellas le
indiquen, interviniendo de manera activa en su desarrollo, no sólo al
interrogar a las partes y testigos, sino también a los peritos que deberán
concurrir a la audiencia. Practicadas las pruebas las partes intervendrán para
alegar de conclusión y enseguida el juez dictará sentencia. No obstante, si la
complejidad del asunto no le permite dictar inmediatamente su decisión, podrá
hacer el receso hasta por dos horas, para proferir sentencia. Receso razonable
para meditar y acudir a preceptos y citas jurisprudenciales que le permitan
dictar la sentencia de manera eficaz”.
Asegura que “lo anterior es viable sin que ello
signifique que la decisión sea precipitada y afecte el derecho sustancial, ya
que el juez debe estar preparado para hacerlo, como preparados deben estar los
apoderados puesto que inmediatamente se practiquen las pruebas expondrán sus
alegatos de conclusión, es decir, que a medida que avanza la audiencia van
proyectando los argumentos que alegarán”. Indica que “la indiscutible
presencia del juez en la audiencia y los poderes inquisitivos que la ley le
otorga en materia de pruebas, brindan garantías para que el juez esté en
condiciones de dictar inmediatamente la sentencia, la cual será eficaz y
ajustada al derecho sustancial, gracias al razonamiento que el juez irá
haciendo en la audiencia de lo que el material probatorio le vaya señalando,
con la posibilidad de decretar el receso señalado para profundizar sobre los
aspectos complejos que surjan y acudir a las citas jurisprudenciales y a los
criterios auxiliares que requiera para dictar sentencia”.
5. Intervención del Ministerio del Interior y de
Justicia
La Dirección de Ordenamiento Jurídico del Ministerio
del Interior y de Justicia interviene para solicitar a la Corte que se declare inhibida
para pronunciarse sobre la demanda de la referencia en razón a que los cargos
formulados en ella no cumplen con los requisitos exigidos por la jurisprudencia
constitucional.
A juicio del interviniente, “el actor estructura su
demanda (….) a partir de un entendimiento erróneo de su contenido y alcance y a
partir de apreciaciones meramente subjetivas sobre sus condiciones de
aplicación (…) entiende el accionante que las dos horas (…) constituyen un
término subsidiario en caso de que la sentencia no pueda ser pronunciada de
manera inmediata en la misma audiencia, lo cual no es cierto, pues esas dos
horas se consagran es como una extensión, dentro de la misma audiencia, para
dictar en ella la respectiva sentencia, precisamente para que el juez o magistrado
que atiende el caso cuente con mayor tiempo para consolidar su criterio y
emitir un fallo justo a partir de los elementos de juicio expuestos durante el
desarrollo de la audiencia”. En este sentido, considera, “no puede
hablarse de un término de dos horas para dictar sentencia en los procesos
verbales regulados por el artículo del cual hace parte la norma demandada,
sino, en términos generales, de la emisión de la sentencia dentro de la misma
audiencia, en la cual se hace un receso de dos horas inmediatamente después de
fijados los hechos, practicadas las pruebas y escuchados los argumentos de las
partes”. Indica que lo anterior “implica la falta de certeza en las
razones de inconstitucionalidad expuestas en la demanda (…)”, exigencia que
debe satisfacer todo cargo de inconstitucionalidad.
Adicionalmente, en su sentir, “el actor construye
sus argumentos a partir de apreciaciones subjetivas de su parte sobre la
aplicación práctica de la norma demandada, porque, según él, dicha norma puede
dar lugar a que la decisión sea ligera, injurídica e injusta, con lo cual está
poniendo en tela de juicio la idoneidad y probidad del respectivo funcionario
judicial para emitir un fallo acorde con los hechos, pruebas y argumentos
apreciados directamente por él dentro de la respectiva audiencia, en la cual se
dictará la correspondiente sentencia”.  Por ello, estima que no se cumple
el requisito de pertinencia que debe tener todo cargo de inconstitucionalidad.
De todos modos, el interviniente manifiesta que, en
caso de que la Corte considere que la demanda si cumple con los requisitos
necesarios para efectuar un análisis de fondo, le solicita declarar la
constitucionalidad de la norma demandada.
En su concepto, “los cargos (…) no están llamados a
prosperar porque, dentro de la libertad de configuración de las normas
procesales judiciales, el legislador fijó, en el aparte demandado, el término
máximo de receso en la audiencia en el proceso verbal de carácter civil, con
fundamento en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como es, por una
parte, garantizar la justicia efectiva a partir del criterio de prontitud y,
por otra parte, que esa prontitud se diera, dentro del contexto del proceso
verbal, bajo el principio de continuidad de las etapas del proceso, en
concordancia con el principio de inmediatez en la apreciación de los elementos
de juicio necesarios para decidir de manera eficaz sobre las pretensiones de la
demanda, evitando que el transcurso del tiempo altere lo percibido, visto y oído
por el juez o magistrado en la misma audiencia, incluyendo los argumentos
expuestos por las partes y las pruebas decretadas y practicadas dentro de la
misma audiencia”.
Añade que “con la emisión de la sentencia en la
misma audiencia (…) [se] se garantiza aún más que la decisión tenga
relación más directa e inmediata con las pruebas y los argumentos apreciados en
el desarrollo de dicha audiencia, pues precisamente por la gran congestión de
la cual adolece la justicia procesal civil, el respectivo juez o magistrado se
ven obligados a atender simultáneamente múltiples procesos, con pretensiones
diferentes, en virtud de lo cual va perdiendo continuidad en el desarrollo de
las etapas de cada proceso, lo que implica mayor desconexión entre lo apreciado
en cada etapa y la decisión final”.
Agrega que “por esta congestión en la
Administración de Justicia, los términos más amplios para tomar una decisión no
garantizan necesariamente un juicio más justo, más reflexivo y más coherente
con los elementos de juicio percibidos en el desarrollo del proceso, porque de
todas maneras el funcionario judicial debe adoptar múltiples decisiones en un
corto tiempo, acorde con las metas de productividad establecidas por el órgano
competente”.
Explica que la norma demandada “se enmarca dentro
del principio de oralidad de la Administración de Justicia, el cual constituye
un mecanismo para el logro de la justicia pronta y eficaz, favoreciendo la
inmediación, acercando el juez a las partes y generando condiciones que
propicien la simplificación de los procedimientos”.
Por último recuerda que “en caso de producirse una
sentencia completamente ajena a los hechos probados dentro de la respectiva
audiencia del proceso verbal, el interesado, sin perjuicio de los recursos
ordinarios y extraordinarios que procedan contra la decisión, tendrá la
posibilidad de instaurar la correspondiente Acción de Tutela, por violación del
derecho al debido proceso, en los términos y condiciones fijados por la Corte
Constitucional”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la
Constitución, el Procurador General de la Nación rinde concepto de
constitucionalidad número 5109, en el cual solicita a la Corte Constitucional
que declare exequible la norma acusada.
Explica que en la audiencia regulada por el artículo
parcialmente demandado, “el juez debe intentar la conciliación, sanear el
proceso, fijar los hechos del litigio y practicar los interrogatorios de parte,
antes de decretar y practicar las demás pruebas, luego de lo cual debe oír a
las partes y dictar sentencia. Todas estas actuaciones ocurren en una misma
audiencia que, como es obvio, puede tomar varias horas o días”.
Indica que “el actor asume que el término por el
cual puede decretarse un receso para dictar sentencia, que es hasta de dos
horas, es de dos horas. Al hacerlo confunde un término máximo, que bien puede
ser menor, con un término único. Este primer error de apreciación, está
acompañado por un segundo error, pues el actor asume también que el juez deberá
decretar dicho receso, a pesar de que la norma lo faculta para decretarlo sólo
en el caso de que sea necesario, por lo cual es posible que en algunas
audiencias no se decrete ningún receso, ni por dos horas ni por menos tiempo.
La errónea inteligencia de la norma lleva al actor a cuestionar que el término
de dos horas, que estima necesario y único, es irrazonable y desproporcionado,
pues no permite al juez valorar de manera juiciosa las pruebas y los argumentos
de las partes”. Señala enfáticamente que “una censura de tal guisa
elaborada, no está llamada a prosperar, como pasa a verse”.
Señala que “la decisión de que en una sola
audiencia el juez deba cumplir con (…) múltiples tareas (…) la toma la ley con
el propósito de  lograr una pronta y cumplida justicia a las personas que
acceden a la justicia. Este propósito acorde a la Constitución, pues esta
dispone, entre otros en los artículos 228 y 229, que el acceso a la justicia, y
la propia administración de justicia, deben ser oportunos, prontos y eficaces.
La morosidad en el acceso a la justicia, y en la administración de justicia, no
corresponde a los fines esenciales del Estado y en especial al principio de
efectividad reconocido por el artículo 2° Superior. De la mera circunstancia de
que una decisión se tome en una sola audiencia, se decrete o no se decrete un
receso, y dure éste dos horas o menos, no implica per se que dicha decisión sea
ligera, injurídica o injusta. Y no lo implica, pues de la circunstancia de que
una decisión se tome luego de múltiples audiencias y después de muchos años o
lustros, no se sigue, contrario sensu, que la decisión judicial sea pesada,
jurídica y justa. Bien puede ocurrir que no lo sea o que no lo sea, pero en
todo caso, y esto no admite duda, es que será una decisión lenta, morosa y
tardía”.
Añade que “Si el juez está presente en la audiencia
y la dirige, no se entiende por qué habría de tener que enterarse de las
pruebas sólo antes de dictar sentencia, en un receso de dos horas, como lo
pretende mostrar el actor. Lo mismo puede decirse de los argumentos de las
partes, que son oídos y sopesados por el juez, durante un tiempo razonable y
suficiente. No se aprecia, pues, de qué manera se vulnera el debido proceso o
el acceso a la justicia. La posibilidad de decretar un receso de hasta dos
horas en la audiencia, si fuere necesario, existe para que el juez pueda
meditar su decisión, no para que valore las pruebas o repase los argumentos de
las partes, pues, se reitera, eso ya lo ha hecho en la propia audiencia”.
Por último indica que “no debe olvidarse que la
expresión demandada hace parte de unas reglas que se aplican a una audiencia,
valga decir, a una institución propia del proceso oral, regida por el principio
de oralidad, del cual se ocupa la Corte, entre otras, en la Sentencia C-713 de
2008, para advertir que se trata de un principio constitucional”.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente para conocer
de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta.
Presentación del problema jurídico
2.- El actor demanda un aparte del numeral 4 del
artículo 25 de la ley 1395 de 2010, el cual reformó el artículo 432 del Código
de Procedimiento Civil (C.P.C) sobre las reglas de la audiencia de los procesos
civiles verbales de mayor y menor cuantía. En este numeral se indica que la
sentencia se emitirá en la misma audiencia y, enseguida, el aparte acusado prescribe
que “si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para
el pronunciamiento de la sentencia”. Sostiene el demandante que esta
disposición vulnera el Preámbulo de la Constitución y los artículos 2, 29, 228
y 229 de la misma.
En primer lugar arguye que exigir al juez que, en caso
de no ser posible dictar sentencia en la misma audiencia, lo haga a más tardar
dos horas después, no le permite “ponderar a plenitud la controversia
judicial” ya que no podrá estudiar las pruebas recogidas y analizar los
argumentos de las partes con serenidad y, en este sentido, no se tomará una
decisión “razonablemente meditada”. Esto, asevera, conllevará decisiones
judiciales que no garantizan un orden justo, imperativo constitucional plasmado
en el Preámbulo de la Constitución, y que no serán garantía cierta de los
derechos reconocidos en la Constitución, fin esencial del Estado Colombiano al
tenor del artículo 2 de la misma. Adicionalmente, por la misma razón, no se
podrá cumplir con la obligación que tienen las autoridades colombianas de
proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las
personas, como lo prescribe el mismo artículo 2.
En segundo lugar el demandante sostiene que la norma
acusada vulnera el derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la
Constitución. Señala que el contenido de este derecho incluye que las pruebas y
los argumentos que se presentan en el proceso judicial, sean analizados,
sopesados y valorados de manera adecuada. A su juicio, la norma acusada
trasgrede tal contenido porque “sostener que ese término de dos horas es
suficiente para realizar un análisis que contemple todas las aristas del
proceso, es contraevidente”. En ese sentido, dice, “la defensa será
simbólica y no real”. Aclara que no se trata de un juicio de conveniencia “sino
si ese término es suficiente para proteger el derecho de defensa”.
En tercer lugar el actor señala que la norma acusada
vulnera el artículo 228 porque privilegia la forma del juicio sobre el derecho
sustancial ya que “si (…) la disposición acusada no protege el derecho de defensa
ni facilita la justicia, es obvio que los derechos sustanciales se afectarán”.
En cuarto lugar, asegura que se viola el artículo 229
de la Constitución porque “con decisiones sobre las cuales pesa el enorme
riesgo, por su celeridad, de ser erradas, se impide un acceso eficaz a la
administración de justicia”. Recuerda que este artículo ordena que el
acceso a la justicia sea real o material “en el sentido de que se protejan
de verdad los derechos alegados en el proceso” y no meramente formal como,
en su sentir, hace la norma demandada.
La demanda indica que lo que se acusa de
inconstitucional no es que la sentencia se deba dictar en la misma audiencia,
sino que, en caso de que el juez lo estime necesario, sólo podrá decretar un
receso de máximo dos horas para hacerlo. A juicio del actor, este máximo es
irrazonable por ser insuficiente para dictar una sentencia de conformidad con
los parámetros que, en su opinión, exigen el Preámbulo de la Constitución y los
artículos 2, 29, 228 y 229 de la misma. Así, propone una constitucionalidad
condicionada del aparte normativo que demanda en el sentido de que, en caso de
considerarlo necesario, los jueces de los procesos civiles verbales de mayor y
menor cuantía tendrán un plazo máximo de diez días para dictar sentencia;
término que extrae de la redacción que el artículo 432 del C.P.C. tenía antes
de su reforma mediante la ley 1395 de 2010.
Ahora bien, a pesar de que el demandante sólo acusa la
expresión “Si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos
horas para el pronunciamiento de la sentencia”, la Sala interpreta la
demanda para entender que comprende todo el numeral 4 del artículo 25 de la lay
1395 de 2010 porque no es posible entender y analizar la constitucionalidad de
la facultad de los jueces de los procesos civiles verbales de mayor y menor
cuantía de decretar, de ser necesario, un receso máximo de dos horas para
dictar sentencia sino se comprende que, en caso de no serlo, la sentencia
deberá dictarse en la misma audiencia. Ello se hace patente si se repara en que
el mismo actor en su demanda recurre constantemente al contenido de todo el
numeral 4 para explicar los cargos que propone.
3.- Algunos intervinientes coinciden con los
planteamientos de la demanda en el sentido de que el término máximo del receso
para dictar sentencia previsto en el aparte normativo acusado puede resultar
irrazonable o desproporcionado en aquellos procesos civiles verbales de mayor y
menor cuantía que, por su complejidad, requieren de más tiempo para ser
decididos. Aseguran que, en estos casos, el término máximo de dos horas para
dictar sentencia impedirá al juez acertar en la aplicación del derecho en la
sentencia judicial, dando al traste con el propósito de hacer justicia; fin
que, a la luz de Constitución, prevalece cuando colisiona con el principio de
celeridad. Al igual que el demandante estiman que, en algunos casos, no es
posible tomar de forma razonada una decisión judicial en el término máximo de
dos horas después de finalizada la audiencia. Agregan que las decisiones
judiciales desacertadas que se producirían generarían mayor litigiosidad y por
ende mayor demora en la resolución de los conflictos, impidiéndose así la
consecución del fin de la reforma que es la descongestión judicial.
Otros intervinientes y el Ministerio Público defienden
la constitucionalidad de la norma acusada porque la consideran razonable y
proporcionada. La razonabilidad y proporcionalidad del término máximo de receso
para dictar sentencia viene dada, en su sentir, por dos razones: (i) antes de
la audiencia, el juez debe haber estudiado la demanda y su contestación y (ii) los
principios de oralidad, concentración e inmediación que orientan el desarrollo
de la audiencia aseguran la presencia del juez en la práctica de todas las
pruebas y en la presentación de los argumentos esgrimidos por ambas partes. A
su juicio, esto crea las condiciones para que, una vez finalizada la audiencia
o máximo dos horas después, el juez tenga una visión fundamentada del problema
jurídico y dicte una sentencia ajustada a derecho. Estiman entonces que la
norma demandada logra un adecuado equilibrio entre los principios de justicia y
celeridad. Recalcan que uno de los componentes del derecho de acceso a la
justicia es su prontitud y aseveran que, acoger la pretensión del demandante,
impediría la consecución del fin de la reforma cual es la descongestión
judicial. Añaden que, según la jurisprudencia constitucional, en materia de
términos judiciales, el legislador tiene un amplio margen de configuración que
sólo tiene como límite el principio de razonabilidad, el cual, en este caso, se
respeta. Por último recuerdan que, si alguna de las partes considera que la
decisión judicial no es acorde a derecho, tiene a su alcance los recursos de
ley e, incluso, la acción de tutela, con lo cual se garantiza la realización de
la justicia y el respeto de los derechos.
Finalmente, uno de los intervinientes pide a la Corte
declararse inhibida para fallar de fondo en razón de que los cargos planteados por
el actor no satisfacen los requisitos de certeza y pertinencia trazados por la
jurisprudencia Constitucional. Sobre la falta de certeza indica que el
demandante entiende erróneamente la norma demandada al considerar que prescribe
un término para fallar, cuando en realidad sólo puede hablarse de que la
sentencia se dictará en la misma audiencia con un receso máximo de dos horas en
caso de ser necesario. Acerca de la falta de pertinencia asegura que los cargos
están basados en apreciaciones subjetivas sobre la aplicación práctica de la
norma demandada.
4.- Así pues, corresponde a la Sala Plena determinar si
los cargos presentados por el demandante cumplen con las exigencias que para
los mismos ha construido la jurisprudencia constitucional pues en caso de no
ser así se impondría una sentencia inhibitoria. Si al menos algunos de los
cargos satisfacen los requisitos diseñados por la jurisprudencia de esta Corte,
la Sala procederá a responderlos.
De manera general, de conformidad con los cargos
planteados en el asunto de la referencia, esta Corte deberá resolver si la
previsión de que, en caso de ser necesario, el juez podrá decretar un receso de
máximo de dos horas en la audiencia de los procesos civiles verbales de mayor y
menor cuantía con el objetivo de dictar sentencia vulnera la Constitución. Para
resolver este interrogante, antes de estudiar cada uno de los cargos
planteados, la Sala se pronunciara sobre (i) la reforma a la audiencia de los
procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía mediante la ley 1395 de 2010
y sus motivaciones, (ii) la jurisprudencia constitucional sobre los principios
de oralidad, concentración e inmediación en los procesos civiles, (iii) el
margen de configuración legislativa en materia de diseño de los términos judiciales
y sus límites constitucionales y (iv) la celeridad como principio de la
administración de su justicia, su relación con los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la justicia y su tensión con el derecho
fundamental de defensa.
Jurisprudencia constitucional acerca de los requisitos
que deben cumplir los cargos de inconstitucionalidad y estudio de su
satisfacción en el presente caso
5.- El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 consigna
los requisitos que debe contener toda demanda de inexequibilidad, uno de los
cuales es el registrado en el numeral tercero de la citada disposición, a
saber: el señalamiento de las razones por las cuales las normas
constitucionales invocadas se estiman violadas. La Corte Constitucional se ha pronunciado
de manera reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que, si
bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a
mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad, deben existir requisitos
y contenidos mínimos que permitan a este Tribunal la realización satisfactoria
del estudio de constitucionalidad, es decir, el líbelo acusatorio debe ser
susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.
La Corte ha sistematizado[1]
las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin
caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y
ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el
demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes.
Esto significa que la acusación tiene que ser suficientemente comprensible
(clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada
(cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta
(especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no
legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente
individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación tiene que estar formulada
en forma completa y ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada (suficiencia).
Pasa la Sala a analizar si los cargos planteados en la
demanda de la referencia satisfacen los requisitos antedichos.
6.- Recuérdese que, en el primer cargo, el demandante
arguye que la norma demandada, al exigir al juez que, en caso de no ser posible
dictar sentencia en la misma audiencia, lo haga a más tardar dos horas después,
no le permite “ponderar a plenitud la controversia judicial” ya que no
podrá estudiar las pruebas recogidas y analizar los argumentos de las partes
con serenidad y, en este sentido, no se tomará una decisión “razonablemente
meditada”. Esto, asevera, conllevará decisiones judiciales que no
garantizan un orden justo, imperativo constitucional plasmado en el Preámbulo
de la Constitución, y que no serán garantía cierta de los derechos reconocidos
en la Constitución, fin esencial del Estado Colombiano al tenor del artículo 2
de la misma. Adicionalmente, por la misma razón, no se podrá cumplir con la
obligación que tienen las autoridades colombianas de proteger la vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas, como lo
prescribe el mismo artículo 2.
Encuentra la Sala que este primer cargo carece de
especificidad. Sobre esta exigencia la Corte ha explicado que “las razones
son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada
desconoce o vulnera la Carta Política a través de la formulación de por lo
menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver
sobre su inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales  que no se relacionan concreta y directamente
con las disposiciones que se acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la
acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de
constitucionalidad”[2].
El actor se limita a indicar que el Preámbulo de la
Constitución prescribe la garantía de un orden justo y que el artículo 2 de la misma
determina que uno de los fines del estado Colombiano es la garantía cierta de
los derechos reconocidos en la Constitución e impone a las autoridades la obligación
de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de
las personas. Sin embargo, no explicita por qué, del contenido de estas normas
constitucionales, se deriva el mandato de que las normas procesales deben
permitir a los jueces “ponderar a plenitud la controversia judicial”, estudiar
las pruebas recogidas, analizar los argumentos de las partes con serenidad y
tomar una decisión “razonablemente meditada”. En este orden de ideas no
se planteó la manera como el aparte acusado desconoce estas normas de la Carta
Política y, en consecuencia, no se presenta en la demanda una oposición
objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución lo que impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de
constitucionalidad e impone a la Sala inhibirse para fallar de fondo por el primer
cargo.
7.- El segundo cargo consiste en que la norma acusada
vulnera el derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución.
Se señala que el contenido de este derecho incluye que las pruebas y los
argumentos que se presentan en el proceso judicial, sean analizados, sopesados
y valorados de manera adecuada. A juicio del actor, la norma acusada
trasgrede tal contenido porque “sostener que ese término de dos horas es
suficiente para realizar un análisis que contemple todas las aristas del
proceso, es contraevidente”. En ese sentido, dice, “la defensa será
simbólica y no real”. Aclara así mismo que no se trata de un juicio de
conveniencia “sino si ese término es suficiente para proteger el derecho de
defensa”.
Estima la Sala que este segundo cargo satisface las
exigencias constitucionales antes reseñadas y, en consecuencia, se pronunciará
de fondo sobre el mismo. Particularmente resalta la Sala que en este punto el
demandante construye una oposición específica entre el contenido cierto de la
disposición acusada –en caso de ser necesario los jueces de los procesos
civiles verbales de mayor y menor cuantía podrán decretar, en la audiencia, un
receso de máximo dos horas para dictar sentencia- y el contenido del derecho de
defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución -que incluye, en su
sentir, que las pruebas y los argumentos que se presentan en el proceso
judicial, sean analizados, sopesados y valorados de manera adecuada-. Ello
mediante un argumento pertinente de naturaleza constitucional: el receso por
máximo dos horas es supuestamente insuficiente o irrazonable para que el juez
en su sentencia respete los mencionados contenidos del derecho de defensa.
8.- En lo relativo al tercer cargo, la Sala encuentra
que no satisface el requisito de especificidad. En este, el demandante
argumenta, sin más, que la norma acusada vulnera el artículo 228 porque
privilegia la forma del juicio sobre el derecho sustancial ya que “si (…) la
disposición acusada no protege el derecho de defensa ni facilita la justicia,
es obvio que los derechos sustanciales se afectarán”.
Como se ve, sólo se señala que el artículo 228 de la
Constitución prescribe que en las decisiones judiciales prevalecerá el derecho
sustancial pero no se explica por qué el receso de máximo dos horas para dictar
sentencia en los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía hace
prevalecer las formalidades sobre el derecho sustancial en las decisiones
judiciales, sólo se indica que ello “es obvio”. Así, no se planteó la
manera como el aparte acusado desconoce el artículo 228 de la Carta Política y,
en consecuencia, no se presenta en la demanda una oposición objetiva y
verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución lo que
impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad e
impone a la Sala inhibirse para fallar de fondo por el tercer cargo.
9. En el cuarto cargo el actor asegura que la norma
demandada viola el artículo 229 de la Constitución porque “con decisiones
sobre las cuales pesa el enorme riesgo, por su celeridad, de ser erradas, se
impide un acceso eficaz a la administración de justicia”. Recuerda que este
artículo ordena que el acceso a la justicia sea real o material “en el
sentido de que se protejan de verdad los derechos alegados en el proceso” y
no meramente formal como, en su sentir, hace la norma demandada.
La Sala considera que el cargo descrito no cumple con
requisito de pertinencia pues no se basa en un argumento de naturaleza
constitucional sino en una apreciación subjetiva e infundada del demandante
según la cual las decisiones judiciales céleres corren un enorme riego de ser
erradas.
De conformidad con el análisis precedente, la Sala
sólo se pronunciara de fondo respecto del cargo relativo a la violación del
derecho de defensa (artículo 29 de la Constitución).
La reforma a la audiencia de los procesos civiles
verbales de mayor y menor cuantía mediante la ley 1395 de 2010 y sus
motivaciones
10.- Como su nombre lo indica, la ley 1395 de 2010
tiene como objetivo adoptar medidas dirigidas a descongestionar la
administración de justicia. En efecto, en la exposición de motivos que acompañó
el entonces proyecto de ley, el Gobierno Nacional, autor del mismo, expresó que
“(…) en Colombia, como en muchos otros países, la demanda de justicia crece
en forma permanente, y, por diversos motivos, no pueden multiplicarse, a
voluntad, los recursos que serían necesarios para hacer frente a tal
crecimiento de las necesidades de justicia. Por estas razones, y sin perjuicio
de los esfuerzos que se sigan realizando para aumentar la inversión en
justicia, resulta indispensable buscar otros caminos para combatir la
congestión y la mora judicial”[3].
Según la misma exposición de motivos, “las
soluciones deben buscarse en varios campos, combinando diversos criterios”[4].
Así las cosas, las reformas que se propusieron se agruparon de manera
general dentro de las siguientes categorías -sin perjuicio de otras modificaciones
puntuales que no encajan en las mismas-: (i) desjudicialización de conflictos,
(ii) simplificación de procedimientos y trámites y (iii) racionalización del aparato
judicial a través de un control más estricto de la demanda de justicia[5].
Así mismo, las modificaciones propuestas abarcaron varios ámbitos tales como
(i) el procedimiento civil, (ii) el trámite de la adopción, (iii) el
procedimiento ante la jurisdicción del trabajo y la seguridad social, (iv) la
conciliación extrajudicial, (v) las acciones constitucionales, (vi) las
atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, (vii) el procedimiento ante
la jurisdicción contencioso administrativa y (viii) el proceso de extinción de
dominio, entre otros.
11.- Dentro de las reformas que se hicieron al
procedimiento civil cabe destacar, por su relación con el asunto de la
referencia, la desaparición del proceso ordinario (artículo 20 de la ley 1395
de 2010) y del proceso abreviado  (artículo 23 ídem) y la unificación del
proceso civil en el procedimiento verbal (artículo 22 ídem). Antes de la
reforma, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil prescribía que los
asuntos de mayor cuantía y los que no versaban sobre derechos patrimoniales se
sujetaban al procedimiento ordinario, mientras que los asuntos de menor cuantía
se decidían por el trámite del proceso abreviado y los de mínima por el proceso
verbal sumario. Ahora, de conformidad con el artículo 22 de la ley 1395 de
2010, los asuntos de mayor y menor cuantía y los que no versen sobre derechos
patrimoniales se sujetarán al procedimiento del proceso verbal de mayor y menor
cuantía, mientras que los asuntos de mínima cuantía se decidirán por el trámite
del proceso verbal sumario.
Además, la reforma instauró el proceso verbal como el
“proceso residual” de la jurisdicción civil (artículo 22 ídem). Antes de la ley
1395 de 2010, todo asunto que no estuviera sometido a un trámite especial se decidía
mediante el proceso ordinario, en adelante, estos asuntos se tramitarán por el
proceso verbal.
12.- Las referidas modificaciones tienen básicamente
dos objetivos[6]. En primer lugar, la
desaparición de los procesos civiles ordinario y abreviados busca cumplir con
el artículo 1 de la ley 1285 de 2009 -que modificó el artículo 4 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia- el cual dispuso, como regla
general, la oralidad en los procesos judiciales. En este se prescribe que “Las
actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con
las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales
con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los
procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”[7].
En segundo lugar, en concordancia con el fin de descongestionar la administración
de justicia, se pretende lograr mayor celeridad en la solución de las
controversias civiles a través de la reducción de los términos del proceso, pues
los procedimientos ordinarios y abreviados preveían tiempos procesales más
prolongados que los del proceso verbal.
Estos objetivos fueron reconocidos recientemente por
esta Corte en la sentencia C-124 de 2011. En esta se expresó que “el
objetivo de la Ley 1395/10 es evidente: obtener la descongestión de los
despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la
celeridad y la consecución de decisiones sin dilaciones justificadas, de
acuerdo con el mandato constitucional, sirviéndose para ello de un modelo
procesal regido por la oralidad, de una nueva concepción del procedimiento
civil, fundada en la preeminencia de las audiencia orales, en contraposición
con el peso específico del proceso escrito, vigente hasta la reforma anotada.
El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de
configuración legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un
instrumento de superación de la inveterada congestión de la jurisdicción civil
en Colombia. Esta solución legislativa, que está dirigida a garantizar un
proceso eficiente y, a su vez, respetuoso de los derechos fundamentales de las
partes, en especial el debido proceso, se muestra prima facie compatible con la
Constitución. A su vez, la preferencia que hace la Ley 1395/10 por la oralidad
en el proceso civil significa una reconceptualización de la función de
administración de justicia. Por años, el procedimiento civil ha sido
arquetípicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido
denominados por décadas como verbales.  En tal sentido, la reforma legal en
comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo
del proceso”.
13.- En lo que toca con los procesos verbales de mayor
y menor cuantía, la ley 1395 de 2010 (artículo 25) reformó, entre otras cosas,
el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil que regula las reglas de la
audiencia -recuérdese que el aparte normativo demandado en el asunto de la
referencia hace parte de este artículo-.
En los procesos verbales de mayor y menor cuantía, tanto
antes como después de la reforma, una vez se superan las etapas de
admisión, traslado y contestación de la demanda (artículos 428 del C.P.C) y
decididas las excepciones previas (artículo 429 ídem) –todo lo cual se hace por
escrito-, se señala fecha y hora para la audiencia (artículo 430 del C.P.C). En
esta, básicamente, el juez (i) intenta la conciliación, (ii) hace el
saneamiento del proceso, (iii) fija los hechos del litigio, (iv) practica los
interrogatorios de parte, (v) decreta y practica las pruebas (peritajes,
testimonios, inspecciones judiciales), (vi) oye los alegatos de conclusión de
las partes, (vii) dicta sentencia y (viii) resuelve sobre la concesión del
recurso de apelación (artículo 432 del C.P.C).
Las modificaciones a las reglas de la audiencia hechas
por el artículo 25 de la ley 1395 de 2010 son, a grandes rasgos, las
siguientes:
(i)
Se incluye expresamente la
aplicación del artículo 25 de la ley 1285 de 2009, norma que prescribe que “agotada
cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control de legalidad para sanear
los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se
trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de
evitar dilaciones injustificadas”.
(ii)
No hay lugar a la objeción del
dictamen pericial[8].
(iii)
Se incluye el interrogatorio por
parte del juez a “quienes hayan rendido los experticios aportados por las
partes”.
(iv)
Se limita la facultad de decretar
inspección judicial al evento en que “la parte que la solicite no pueda
demostrar por medio de una videograbación los hechos sobre los cuales ha de
versar aquella”.
(v)
La sentencia deberá dictarse en la
misma audiencia. Sólo en caso de ser necesario, el juez podrá decretar un
receso hasta por dos horas para hacerlo. En la regulación anterior, aunque la
sentencia también debía dictarse en la misma audiencia, el juez, si ello no le
era posible, podía decretar una suspensión de diez días para hacerlo.
(vi)
Se consagra la obligatoriedad de
registrar la audiencia mediante un sistema de grabación electrónica o
magnetofónica. Se agrega que en ningún caso se trascribirá el contenido de las
grabaciones. Antes de la reforma se preveía el uso del sistema de grabación pero
sólo cuando se dispusiera de los elementos técnicos adecuados.
(vii)
De conformidad con la modificación
antedicha –grabación obligatoria de la audiencia- se restringe el contenido del
acta escrita de la audiencia a: el nombre de las personas que intervinieron
como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, los documentos
que se hayan presentado, el auto que suspenda la audiencia y la parte
resolutiva de la sentencia. Nótese entonces que la sentencia se dicta sólo en
forma verbal. Antes de la reforma se incluía en el acta escrita la totalidad de
la sentencia y se permitía  que el juez llevara la sentencia por escrito para
incorporarla al expediente.
(viii)
Se agrega que “La inasistencia
de alguna de las partes hará presumir ciertos los hechos susceptibles de
confesión en que se fundan las pretensiones o las excepciones, según el caso”.
(ix)
Se añade que “El juez proferirá
sentencia por escrito, sin realizar audiencia, cuando por disposición legal la
falta de oposición del demandado determine la emisión inmediata de la
sentencia”.
Para mayor claridad, se transcribe en el siguiente
cuadro comparativo el texto del artículo 432 del C.P.C., antes y después de la
reforma hecha mediante el artículo 25 de la ley 1395 de 2010.
Redacción del artículo 432 del C.P.C. antes de la
reforma hecha por el artículo 25 de la ley 1395 de 2010
Redacción del artículo 432 del C.P.C. tal como fue
reformado por el artículo 25 de la ley 1395 de 2010
Artículo
432. Para el trámite de la audiencia se aplicarán las siguientes reglas:
Parágrafo
1. Iniciación, Conciliación y Duración. El juez aplicará, en lo pertinente,
lo dispuesto en los parágrafos 2o. y 3o. del artículo 101.
Parágrafo
2. Saneamiento del Proceso. El juez aplicará lo dispuesto en el parágrafo 5o.
del artículo 101.
Parágrafo
3. Fijación de Hechos, Pretensiones y Excepciones De Merito. Para estos
efectos el juez dará aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 6o. del
artículo 101.
Parágrafo
4. Instrucción. A continuación el juez, de oficio o a petición de parte,
decretará las pruebas y para su práctica se procederá de la siguiente manera:
a)
Recibirá los documentos que se aduzcan y el testimonio de las personas que se
encuentren presentes, prescindiendo de los demás;
b)
Oirá el dictamen de los peritos. Si estos no concurren, designará
inmediatamente a quienes deban reemplazarlos y de ser posibles les dará
posesión; en caso contrario, lo hará dentro de los tres días siguientes al
envío del aviso telegráfico de que trata el numeral 9o. del artículo 9., y el
dictamen se rendirá en la audiencia que se señale para el quinto día
siguiente a dicha posesión;
c)
Rendido el dictamen, se dará traslado en la misma audiencia a las partes;
éstas podrán solicitar aclaraciones que se resolverán inmediatamente si fuere
posible, o en la audiencia de que trata el inciso siguiente. Si las partes
manifiestan que objetan el dictamen por error grave, dentro de los tres días
siguientes deberán fundamentar la objeción mediante escrito en que
solicitarán las pruebas que pretendan hacer valer, y se procederá como
disponen los numerales 5o. a 7o. del artículo 238.
Si
se decreta nuevo dictamen de peritos, deberá rendirse en audiencia que tendrá
lugar el décimo día siguiente, y
d)
Cuando se decrete la práctica de una inspección o una exhibición fuera del
recinto del juzgado, en la misma audiencia se señalará fecha y hora para el
quinto día siguiente.
Parágrafo
5. Alegaciones. Concluida la instrucción, el juez oirá hasta por veinte
minutos a cada parte, primero a la demandante y luego a la demandada.
Parágrafo
6. Sentencia, Costas, Apelación y Consulta. Cumplido lo anterior, el juez
proferirá sentencia en la misma audiencia, si le fuere posible. De lo
contrario suspenderá ésta por diez días, y en su reanudación la pronunciará,
aun cuando no asistan las partes ni sus apoderados.
En
la audiencia en que se profiera la sentencia se resolverá sobre la apelación
o la consulta, si fuere el caso.
Parágrafo
7. Grabación de lo actuado y Acta. En la audiencia podrá utilizarse el
sistema de grabación electrónica o magnetofónica, siempre que se disponga de
los elementos técnicos adecuados y así lo ordene el juez. Cuando así ocurra,
en el acta escrita se dejará constancia únicamente de las personas que
intervienen como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, de
los documentos que se hayan presentado, del auto que en su caso haya
suspendido la audiencia y ordenado reanudarla, y se incorporará la sentencia
completa que se profiera verbalmente, esto último sin perjuicio de que el
juez lleve la sentencia por escrito para agregarla al expediente.
Cualquier
interesado podrá pedir la reproducción escrita o magnetofónica de las
grabaciones, proporcionando los medios necesarios para ello.
En
todo caso, de las grabaciones se dejará duplicados que formarán parte del
archivo del juzgado, bajo custodia directa del secretario, hasta la
terminación definitiva del proceso. Si una de las grabaciones llegue a
perderse o deteriorarse en cualquiera de sus partes, el juez podrá
reproducirla empleando otra.
Artículo 432.
Tramite de la Audiencia. En la audiencia se aplicarán las siguientes reglas:
1.
El juez intentará la conciliación, hará el saneamiento del proceso, fijará
los hechos del litigio, practicará los interrogatorios de parte en la forma
establecida en el artículo 101, y dará aplicación al artículo 25 de la Ley
1285 de 2009.
2. A continuación decretará las
demás pruebas y las practicará de la siguiente manera:
a)
Oirá el dictamen del perito designado y lo interrogará bajo juramento acerca
de su idoneidad y de los fundamentos de su dictamen. De la misma manera
podrán las partes controvertirlo. Si el perito no concurre, el juez designará
inmediatamente su reemplazo para que rinda dictamen en la fecha de la
continuación de la audiencia. En ningún caso habrá lugar a objeción del
dictamen.
b)
Interrogará a quienes hayan rendido los experticios aportados por las partes
y hayan sido citados a la audiencia de oficio o a solicitud de parte.
c)
Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y
prescindirá de los demás.
d)
Decretará la práctica de inspección judicial cuando la parte que la solicite
no pueda demostrar por medio de una videograbación los hechos sobre los
cuales ha de versar aquella.
3.
Concluida la práctica de pruebas el juez oirá hasta por veinte minutos a cada
parte, primero al demandante y luego al demandado.
4.
La sentencia se emitirá en la misma audiencia, aunque las partes o sus
apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere necesario,
podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la
sentencia. En la misma audiencia se resolverá sobre la concesión de la
apelación.
5.
La audiencia se registrará mediante un sistema de grabación electrónica o
magnetofónica. En el acta escrita se consignará únicamente el nombre de las
personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de
la justicia, los documentos que se hayan presentado, el auto que suspenda la
audiencia y la parte resolutiva de la sentencia.
En
ningún caso se hará transcripción del contenido de las grabaciones. Cualquier
interesado podrá pedir la reproducción magnética de las grabaciones,
proporcionando los medios necesarios.
En
todo caso, de las grabaciones se dejará duplicado que formará parte del
archivo del juzgado.
6.
La inasistencia de alguna de las partes hará presumir ciertos los hechos
susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones o las
excepciones, según el caso.
Parágrafo. El juez proferirá sentencia por escrito, sin realizar audiencia,
cuando por disposición legal la falta de oposición del demandado determine la
emisión inmediata de la sentencia.
14.- Como se puede deducir de lo explicado, las
modificaciones hechas a las reglas de la audiencia de los procesos civiles
abreviados de mayor y menor cuantía responden a las mismas motivaciones que, en
general, tuvieron las demás reformas al procedimiento civil[9].
En primer lugar, avanzar aún más en la aplicación de
la oralidad de conformidad con el mandato del artículo 1 de la ley 1285 de 2009,
que modificó el artículo 4 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia[10].  En efecto, aunque los
procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía ya eran orales pues, una vez
superadas las etapas de admisión, traslado, contestación de la demanda y
decisión de excepciones previas, las siguientes se llevaban a cabo en audiencia,
existían algunas normas que impedían un mayor nivel de aplicación del principio
de oralidad.
Por ejemplo, no era obligatoria la grabación
electrónica o magnetofónica de la audiencia sino que ésta se supeditaba a que se
dispusiera de los elementos técnicos adecuados, lo cual, ante la ausencia de
los mismos, resultaba en la trascripción de lo sucedido en la audiencia. Con la
reforma del artículo 432 del C.P.C., se profundiza la aplicación del principio
de oralidad ya que es obligatoria la grabación electrónica o magnetofónica de
la audiencia y se prohíbe la trascripción de estas grabaciones.
Otro ejemplo de este tipo de normas -que impedían un
mayor nivel de aplicación del principio de oralidad- era la trascripción de la
totalidad de la sentencia en el acta escrita de la audiencia y la posibilidad
de que el juez llevara la sentencia por escrito para incorporarla al
expediente. Con la reforma hecha mediante el artículo 25 de la ley 1395 de
2010, la sentencia se dicta de forma verbal y en el acta tan sólo se transcribe
su parte resolutiva.
En segundo lugar, las mencionadas reformas a la
audiencia de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía buscan mayor
celeridad en la solución de las controversias civiles, en concordancia con el
fin de la ley 1395 de 2010 cual es descongestionar la administración de
justicia. Este objetivo se pretende lograr a través de dos vías (i) la
simplificación del procedimiento y (ii) la reducción de los tiempos procesales.
Son ejemplos de lo primero, (i) el control de
legalidad que debe ejercer el juez al finalizar cada etapa del proceso para sanear
los vicios que puedan acarrear nulidades con el objetivo de que estos no se
puedan alegar en las etapas siguientes y de este modo evitar dilaciones en el
proceso, (ii) la imposibilidad de objetar el dictamen pericial, (iii) la
limitación de la inspección judicial al evento en que “la parte que la
solicite no pueda demostrar por medio de una videograbación los hechos sobre
los cuales ha de versar aquella”, (iv) la previsión de que “la
inasistencia de alguna de las partes hará presumir ciertos los hechos
susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones o las excepciones,
según el caso” y (v) la posibilidad del juez de dictar sentencia por
escrito, sin realizar audiencia, cuando por disposición legal la falta de
oposición del demandado determine la emisión inmediata de la sentencia.
Es ejemplo de lo segundo la nueva redacción del
numeral 4 del artículo 432 del C.P.C., aparte normativo demandado en el asunto
de la referencia. Como se vio, se conserva la previsión de que la sentencia
debe dictarse en la audiencia y de que, en caso de ser necesario, el juez podrá
suspenderla para hacerlo, sin embargo, se reduce el tiempo máximo de esta
suspensión de diez días a dos horas.
Visto lo anterior, es evidente que la modificación
hecha en el aparte normativo demandado tiene una clara motivación consistente
en dotar de mayor celeridad al proceso civil verbal de mayor y menor cuantía, a
través de la reducción de los términos procesales, en concordancia con el fin
de la ley 1395 de 2010 cual es descongestionar la administración de justicia.
Jurisprudencia
constitucional sobre los principios de oralidad, concentración e inmediación en
los procesos civiles
15.-
Con ocasión de la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley
estatutaria que se convirtió en la ley 1285 de 2009 -modificatoria de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia-, esta Corporación se pronunció en
la sentencia C-713 de 2008 acerca del principio de oralidad en los procesos
judiciales, el cual, en virtud de la reforma, quedó incorporado en el artículo
4 de esta última ley[11].
Advirtió la Corte que una de las
innovaciones que pretendía hacer la ley 1285 de 2009 era “la implantación de
la oralidad como un mecanismo para el logro de una justicia pronta y eficaz”.
Al respecto estimó que la “oralidad en las actuaciones judiciales (…) no
contraviene la Constitución, pues con ella se pretende propiciar condiciones
indispensables para imprimir celeridad al trámite de las actuaciones propias de
los diferentes procesos, con miras a superar la congestión judicial que
constituye uno de los más graves problemas de la administración de justicia, y
garantizar con ello la protección y efectividad de los derechos de los
asociados, en cuanto concierne a la convivencia social, al orden justo y más
específicamente al acceso a la administración de justicia, consagrado como
derecho fundamental en el artículo 229 Superior”.
Indicó así mismo que “la implementación
de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la
pretendida celeridad en la administración de justicia, favoreciendo la
inmediación, acercando el juez a las partes y generando condiciones que
propicien la simplificación de los procedimientos, razones todas estas que
avalan la constitucionalidad de la reforma en este aspecto puntual”.
Explicó la Corte que “(…) la oralidad
en la administración de justicia se concibe como una norma que tiene la
estructura de principio”, razón por la cual su “(…) alcance
puntual debe ser definido por el Legislador de acuerdo con las características
y necesidades de cada procedimiento en particular, lo que permite que su
desarrollo e implementación pueda hacerse en forma gradual”. Encuentra la
Sala que, en el caso del procedimiento civil, este principio ya fue
desarrollado por el legislador mediante las reformas hechas al Código de
Procedimiento Civil a través de la ley 1395 de 2010.
16.-
Esta Corte, en la sentencia C-124 de 2011, tuvo recientemente la oportunidad de
pronunciarse respecto del principio de oralidad en los procesos civiles en el
marco de la ley 1395 de 2010, así como respecto de la concentración e
inmediación que lo acompañan[12].
En
esta decisión la Corte expresó que “la instauración de la oralidad (…) es un
escenario de satisfacción de derechos constitucionales.  Ello en el entendido
que la audiencia oral está precedida de garantías que, si bien tienen raigambre
procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia. Estas garantías refieren a la inmediación, la
concentración y la publicidad.
La
inmediación, como es sabido, versa sobre la constatación personal del juez y
las partes del material probatorio y las acciones procedimentales en sí mismas
consideradas, dirigidas a la formación de un criterio íntimo y directo sobre
los argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el caso.  Sin duda alguna,
la inmediación tiene profundos efectos en la debida administración judicial,
puesto que permite la consecución de más y mejores decisiones, lo que redunda
en la satisfacción del valor justicia, nodal para el Estado constitucional. El
mismo tópico ha sido considerado en similares términos por la  jurisprudencia
de la Corte, la cual ha indicado que entre los principios que inspiran la
estructuración y la interpretación de las normas jurídicas procesales se
encuentra el de la inmediación, en virtud del cual el juez debe tener una
relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto con los demás sujetos
del mismo, es decir, las partes y los intervinientes, como con su contenido o
materia, de principio a fin. Se considera que mediante la aplicación de dicho
principio es más posible descubrir la verdad de los hechos y proferir una
decisión justa, es decir,  alcanzar el ideal del derecho[13].
La
concentración, que busca que el desarrollo del proceso se efectúe en una o
pocas audiencias, tiene incidencia directa en el logro de un procedimiento sin
dilaciones injustificadas, en la medida en que supera las dificultades que
sobre ese particular presenta el trámite escrito que, por su misma naturaleza,
suele dilatarse en el tiempo (…) La concentración, en relación a la actividad
probatoria, comporta que ésta se desarrolle en una sola audiencia, o de ser
imposible, en varias, próximas en el tiempo al objeto de que no desaparezcan de
la memoria del juez los actos orales que él ha presenciado (…)”.
Con
base en lo anterior, es posible concluir que esta Corte ha avalado la
constitucionalidad de la introducción del principio de oralidad en todos los
procesos judiciales como mecanismo para lograr mayor celeridad en los mismos. Lo
mismo ha hecho en el caso concreto del procedimiento civil, en vista de que, prima
facie, los principios de oralidad, inmediación y concentración crean
condiciones para decisiones judiciales no solamente prontas sino también respetuosas
del debido proceso y del derecho de defensa.
Margen
de configuración legislativa en materia de diseño de los términos judiciales y
sus límites constitucionales
17.-
La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido invariablemente que corresponde al
legislador diseñar los procedimientos judiciales pues, de conformidad con el
artículo 150 numerales 1 y 2 de la Constitución, corresponde al Congreso “expedir
los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” así
como, en general, “hacer las leyes” y reformarlas[14].
Esta
competencia incluye configuración de todos los elementos de cada una de las
actuaciones que se adelantan en la jurisdicción tales como las etapas de los
procesos, las instancias de los mismos, los recursos contra las providencias
judiciales, los términos correspondientes a cada una de las etapas, las
ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para
conocer de determinados asuntos, el régimen probatorio y los mecanismos de
publicidad de las actuaciones, entre otros[15].
18.-
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el margen de
configuración legislativa en materia de diseño de los procedimientos judiciales
es amplio “en tanto la Carta Política no prevé un modelo particular sobre la
materia, de modo que corresponde al Congreso, legitimado en el principio
democrático representativo, regular esa materia a partir de los criterios que
considere más convenientes”[16]. En otras
palabras, “todo cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos
que lo haya establecido directamente la Constitución, corresponde al legislador
(…)”[17].
19.-
Concretamente respecto de la facultad del legislador de fijar los términos
procesales, la Corte ha indicado que “(…) no existe una disposición expresa
en el Texto sobre  la duración de los términos judiciales; el Constituyente se
limitó a establecer al respecto que los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado (art. 228 CP); así que el
Legislador, como se ha dicho, tiene un extenso margen de acción (…) Se entiende
entonces, que el establecimiento de los términos en general (…) está dentro de
la órbita de funciones del legislador y en esa labor es autónomo”[18].
Así,
se ha señalado que “la mayor o menor brevedad de los términos legales ha de
corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo se haya
formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos un
parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si
unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades
de llegada ante los tribunales (…) Por lo anterior, el juez constitucional no
está llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir
dentro de los procesos”[19].
20.-
A pesar de este amplio margen reconocido al legislador en materia de diseño de
procedimientos judiciales en general y, específicamente, en lo que toca con los
términos procesales, la jurisprudencia constitucional también ha destacado que
esta facultad no es absoluta o ilimitada. En este sentido, “(…) como sucede
con toda atribución de competencia en el Estado Democrático, existen límites
sustantivos que contienen y dan forma al poder congresional de fijar esos
procedimientos”[20].
Recientemente,
en la sentencia C-124 de 2011, esta Corporación sistematizó estos límites en
tres categorías.
Según
la referida sentencia, “el primer grupo de limitaciones refiere a aquellas
cláusulas constitucionales que determinan tanto los fines esenciales del
Estado, en general, como los propósitos propios de la administración de
justicia, en particular”.  Se precisó que “en relación con los segundos,
no resultarán admisibles formas de procedimiento judicial que nieguen la
función pública del poder judicial, en especial la imparcialidad y autonomía
del juez, impidan la vigencia del principio de publicidad, privilegien otros
parámetros normativos distintos al derecho sustancial, impongan procedimientos
que impiden el logro de una justicia oportuna, o hagan nugatorio el
funcionamiento desconcentrado y autónomo de la función jurisdiccional (Art. 228 C.P.)”[21].
En
cuanto al segundo grupo de restricciones, se expresó que este “está
relacionado con la aplicación de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, exigibles de toda actuación pública o de los particulares.
Esto implica que las normas procedimentales deben estar dirigidas a cumplir con
propósitos admisibles desde la perspectiva constitucional, ser adecuados para
cumplir con esas finalidades y no interferir con el núcleo esencial de
derechos, principios o valores superiores”[22].
Finalmente,
identificó el tercer plano de limitaciones como aquel que se “refiere a la
vigencia de los derechos fundamentales intermediados por el trámite judicial,
especialmente el derecho al debido proceso.  En tanto el procedimiento judicial
encuentra su justificación constitucional en la obtención de decisiones justas
que resuelvan los conflictos de la sociedad, el mismo debe garantizar que las
garantías que la Carta confiere a las partes no sean menoscabadas.
Específicamente, el proceso judicial debe permitir el logro efectivo de los
distintos componentes del derecho al debido proceso, como son los principios de
legalidad, contradicción y defensa, de favorabilidad en los casos que resulte
aplicable, de presunción de inocencia para los trámites propios del derecho
sancionador, etc. Estas garantías se suman a otras, vinculadas a distintos
derechos fundamentales, como son la igualdad de trato ante autoridades
judiciales, la vigencia de la intimidad y la honra, la autonomía personal y la
dignidad humana, entre muchas otras”[23].
21.-
Según la jurisprudencia constitucional, estos mismos son los límites del
legislador al momento de determinar la extensión de los términos judiciales. En
este caso la jurisprudencia se ha referido especialmente a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad[24] -segundo grupo de
restricciones- y a los derechos fundamentales –tercer grupo de restricciones-[25].
Así,
por ejemplo, ha expresado que “(…) la mayor o menor brevedad de los términos
legales ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo
se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los
casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para
evaluar si unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las
posibilidades de llegada ante los tribunales. Y, a no ser que de manera
evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se
halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o
acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de
suyo mandatos constitucionales. Por lo anterior, el juez constitucional no está
llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro
de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de
controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación.  El examen
constitucional en estos casos consiste, entonces, en verificar la razonabilidad
de las medidas adoptadas por el legislador”[26]
(subrayado fuera del texto original).
En
similar sentido ha manifestado que “dentro de la misión que le corresponde
al Juez constitucional no está la de dilucidar cuestiones atinentes a aspectos
meramente procesales que tienen que ver con la mayor o menor amplitud de los
términos para el ejercicio de las actuaciones procesales requeridas para la
efectividad de los derechos, que corresponden a la competencia discrecional del
legislador, salvo cuando se impongan limitaciones o restricciones
injustificables e irrazonables que afecten el núcleo esencial de los derechos”[27]
subrayado fuera del texto original).
La
celeridad como principio de la administración de su justicia, su relación con
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia y su
tensión con el derecho fundamental de defensa
22.-
Esta Corte, desde sus primeras sentencias, ha identificado la celeridad como
uno de los principios que debe regir la administración de justicia bajo la
Constitución de 1991[28]. Ello se desprende del
artículo 228 de la Constitución que prescribe que “los términos procesales
se observaran con diligencia” y del artículo 209 de la misma que instaura
el principio de celeridad como uno de los que debe caracterizar la actuación
administrativa[29]. Esto último en vista de
que “los postulados rectores de la función administrativa también tienen
operancia en el desarrollo de la función jurisdiccional, como manifestaciones
que son del poder del Estado”[30].
Recuérdese
que uno de los temas tratados en las discusiones de la Asamblea Nacional
Constituyente relativos a la Administración de Justicia fue, precisamente, la
necesidad de introducir el principio de celeridad en este campo de la actividad
estatal ya que “es por todos sabido que uno de los mayores males que aquejan
a la administración de justicia es la morosidad en la prestación de este
servicio público. Procesos de índole penal, civil, laboral y contencioso
administrativo demoran en los despachos respectivos un considerable tiempo
haciéndose nugatoria la Administración de Justicia y causándose con ello
gravísimas consecuencias de todo orden a la convivencia social de los
ciudadanos”[31].
Con
fundamento en los artículos constitucionales antes mencionados, esta Corte ha
señalado que “el proceso se encuentra regido, entre otros, por los
principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites
procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la
ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre
su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia” [32].
Además,
es pertinente anotar que el principio constitucional de celeridad fue recogido
por la ley estatutaria de la administración de justicia en su artículo 4, tanto
en su versión original[33] como en la reforma
efectuada a la misma mediante la ley 1285 de 2009[34],
y que en ambas ocasiones la Corte avaló la constitucionalidad de la inclusión
del mencionado principio al ser un desarrollo de los artículos 228 y 209 de la
Carta Política[35].
23.-
Ahora bien, la celeridad que debe revestir los procesos judiciales no es un fin
en sí misma, sino un mecanismo para garantizar dos derechos fundamentales de
suma importancia en el Estado Social de Derecho: el debido proceso y el acceso
a la justicia.
Por
un lado, la relación entre el principio constitucional de celeridad y el
derecho al debido proceso se hace patente porque, al tenor del artículo 29 de la
Constitución, uno de los contenidos de este derecho fundamental es el derecho a
un proceso sin dilaciones indebidas[36]: “el derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en nuestro Estatuto Fundamental en su
artículo 29, se encuentra en armonía con el derecho a que se administre pronta
y cumplida justicia, es decir, en la vigencia y realización del principio de
celeridad procesal que debe regir las actuaciones de todos los funcionarios de
la Rama Judicial”[37].
Por
otro lado, la jurisprudencia de esta Corte ha resaltado la estrecha relación existente
entre el principio constitucional de celeridad y el derecho fundamental al
acceso a la justicia (artículo 229 de la Constitución) con base en el concepto
material -no formal- de acceso a la justicia que implantó la Constitución de
1991.  Estos calificativos han sido usados para señalar que un acceso a la
justicia formal consistiría, simplemente, en “la facultad del particular de
acudir físicamente ante la Rama Judicial -de modo que se le reciban sus
demandas, escritos y alegatos y se les dé trámite-”[38],
mientras que en un sentido material el acceso a la justicia significa, entre
otras cosas, el derecho a que el conflicto planteado a la administración de
justicia sea resuelto de manera pronta[39].
El
concepto de acceso a la justicia material ha sido explicado de la siguiente
manera por la Corte Constitucional: “la jurisdicción no cumple con la tarea
que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de
esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio,
atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los
ciudadanos. La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido
netamente formal, sino que radica en la posibilidad real y verdadera,
garantizada por el Estado, de que quien espera la resolución de un proceso, la
obtenga oportunamente.  (…) Así las cosas, vale decir, que una decisión
judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los
conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la
natural tendencia a agravarse” [40].
Es
por esta doble relación que la Corte ha expresado que “la justicia que se
demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la
acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie
de garantías constitucionales (…)”, entre las cuales se encuentran, “la
garantía de la celeridad en los procesos judiciales” y “la garantía de
acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los
actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato
jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso,
con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad
de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación
controvertida (art. 229 C.P.)”[41]. En otras
palabras, es “parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a
la administración de justicia, el derecho fundamental de las personas a tener
un proceso ágil y sin retrasos indebidos”[42].
En
este orden de ideas, la falta de celeridad en la administración de justicia
resulta violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la justicia y, en ese sentido, no sólo es legítimo que el Estado diseñe mecanismos
que hagan más céleres los procesos judiciales, sino que ello es una obligación constitucional
del mismo, en cuanto su deber es garantizar el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales.
24.-
No obstante lo anterior, también es necesario reconocer que la celeridad en la
administración de justicia puede en ocasiones colisionar con el derecho de defensa
-que también hace parte del contenido del derecho al debido proceso-, si para
lograrla, por ejemplo, se limitan las oportunidades y se reducen los términos
procesales para presentar y controvertir los argumentos y las pruebas, así como
para impugnar las providencias judiciales.
Frente
a esta colisión, la Corte ha indicado como punto de partida que “el derecho
al debido proceso, como todos los derechos fundamentales, no es un derecho
absoluto. Su ejercicio (…) puede ser objeto de limitaciones que resultan ser
necesarias para realizar otros principios superiores  o para garantizar otros
derechos fundamentales que en cierto momento pueden verse confrontados con
aquel”, tales como la celeridad procesal, el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas y el derecho al acceso a la justicia[43].
Esta
posibilidad de limitación cobra sentido si se entiende que “(…) una posición
según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a
extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al
fin último comentado de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho
también superior a un debido proceso sin dilaciones injustificadas (C.P art.
29). Así por ejemplo, si al incriminado hubiera de oírsele cuantas veces
quisiera, o si fuera necesario practicar todo tipo de pruebas sin consideración
a su conducencia o pertinencia, el trámite se haría excesivamente dilatado y no
se realizaría tampoco el principio de celeridad al que se refiere al artículo
228 superior cuando indica que los términos procesales deben ser observados con
diligencia” [44].
Entendido
lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, para solucionar esta
colisión, “corresponde a la Corte establecer si dicha limitación es
proporcionada. En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez
constitucional debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen
límites a los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha definido que la
verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una
finalidad legítima, sino que también debe establecerse si la limitación era
necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha
restricción sea constitucional, se requiere que sea ponderada o proporcional en
sentido estricto. Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a
evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los
derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera.
Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior
al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces
es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional”[45].
Así
las cosas, es posible afirmar que “estos principios [celeridad y
eficiencia] deben encontrar un equilibrio con el derecho al debido proceso,
es decir con el derecho de las partes a defenderse y a impugnar las decisiones.
Ese equilibrio puede ser diseñado de muy distintas formas (…) El legislador
tiene en esta materia un marco de libertad de configuración normativa, el cual
puede ser controlado por el juez constitucional con el objeto de impedir
excesos o la violación de los derechos fundamentales”[46],
lo cual, como se vio, puede hacerse a través de un juicio de proporcionalidad.
Con
base en las anteriores consideraciones generales pasa la Corte a analizar el
cargo planteado en la demanda.
Análisis del cargo de inconstitucionalidad
25.- El primero de los dos cargos a analizar por parte
de la Sala consiste en que la norma acusada vulnera el derecho de defensa
reconocido en el artículo 29 de la Constitución. Se señala por el actor que el
contenido de este derecho incluye que las pruebas y los argumentos que se
presentan en el proceso judicial sean analizados, sopesados y valorados de
manera adecuada. A juicio del actor, la norma acusada trasgrede tal
contenido porque “sostener que ese término de dos horas es suficiente para
realizar un análisis que contemple todas las aristas del proceso, es
contraevidente”. En ese sentido, dice, “la defensa será simbólica y no
real”. Aclara así mismo que no se trata de un juicio de conveniencia “sino
si ese término es suficiente para proteger el derecho de defensa”.
Como se ve, el demandante denuncia una contradicción entre
el contenido de la disposición acusada –en caso de ser necesario los jueces de
los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía podrán decretar, en la
audiencia, un receso de máximo dos horas para dictar sentencia- y el contenido
del derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución, el cual
incluye, en su sentir, que las pruebas y los argumentos que se presentan en el
proceso judicial, sean analizados, sopesados y valorados de manera adecuada. Contraposición
que sustenta en que el receso por máximo dos horas es supuestamente
insuficiente o irrazonable para que el juez en su sentencia respete los
mencionados contenidos del derecho de defensa.
26.- Al respecto, la Sala parte de la base de que,
según la jurisprudencia constitucional antes reseñada, el legislador goza de un
amplio margen de configuración en lo que toca con el diseño de los términos
judiciales pues no existe disposición expresa sobre su duración en la
Constitución[47]. Es por ello que, en
principio, no resulta inconstitucional que el legislador, mediante el aparte
normativo demandado, haya reducido –de diez días a dos horas- la duración
máxima del receso de la audiencia para dictar sentencia en los procesos civiles
verbales de mayor y menor cuantía.
Sin embargo, como se expresó, la jurisprudencia
constitucional también ha trazado los límites de este amplio margen de
configuración legislativa bajo la idea de que en “toda atribución de
competencia en el Estado Democrático, existen límites sustantivos”[48];
límites que fueron sistematizados recientemente en tres categorías en la
sentencia  C-124 de 2011. Estas son (i) las cláusulas constitucionales que
determinan tanto los fines esenciales del Estado, en general, como los propósitos
propios de la administración de justicia, en particular, (ii) los principios de
razonabilidad y proporcionalidad y (iii) la vigencia de los derechos
fundamentales intermediados por el trámite judicial, especialmente el derecho
al debido proceso.
La demanda de la referencia plantea, precisamente, que
la norma demandada trasgredió dos de los límites referidos (ii) los principios
de razonabilidad y proporcionalidad y (iii) el derecho a la defensa –parte
integrante del derecho al debido proceso-. Por ello, para resolver el presente
cargo, debe la Sala analizar si en efecto tal extralimitación se produjo.
27.- Así mismo, el demandante argumenta que el aparte
normativo demandado, so pretexto de descongestionar la administración de
justicia, desconoció el derecho de defensa.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional
estudiada, no sólo es legítimo que el Estado diseñe mecanismos que hagan más
céleres los procesos judiciales[49], sino que ello es una
obligación constitucional del mismo en cuanto la falta de celeridad en la
administración de justicia resulta violatoria de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la justicia[50]. Así, en principio, el
propósito de la norma demandada –descongestionar la jurisdicción civil- es
legítimo desde el punto de vista constitucional.
No obstante, la misma jurisprudencia ha reconocido que
los medios para lograr este propósito pueden en ocasiones colisionar con el
derecho de defensa al limitarlo, que es precisamente lo que plantea el
demandante. Al respecto, esta Corte ha determinado que lo que corresponde al
juez constitucional en estos casos establecer, mediante un juicio de
proporcionalidad, si dicha limitación al derecho fundamental es proporcionada
y, en ese sentido, logra un equilibrio entre los derechos y principios
constitucionales en juego[51].
28.- Advierte entonces la Sala que, para responder
satisfactoriamente todas las aristas de este primer cargo, es necesario
realizar a la norma demanda un juicio de proporcionalidad, pues con su
resultado se determinará si el legislador, en su propósito de imprimir
celeridad a los procesos civiles mediante la reducción del término máximo de
suspensión de la audiencia para dictar sentencia en el proceso verbal de mayor
y menor cuantía, se excedió en su amplio margen de configuración legislativa al
limitar en forma desproporcionada el derecho de defensa través de la
consagración de un término irrisorio o irrazonable.
Antes de iniciar la aplicación de este juicio de
proporcionalidad, es necesario recordar que la limitación al derecho de defensa
consiste, según la demanda, en que el término máximo de dos horas de suspensión
de la audiencia para dictar sentencia en el proceso civil verbal de mayor y
menor cuantía resulta insuficiente para que el juez valore a profundidad los
argumentos y las pruebas presentadas por las partes, haciendo que la defensa
que se efectuó durante el proceso resulte simbólica y no real.
29.- El primer paso del juicio consiste en determinar
si la norma busca una finalidad legítima desde el punto de vista de la Constitución
de 1991[52].
Según se expuso, la ley 1395 de 2010, dentro de la
cual se encuentra el aparte demandado, tiene como objetivo general adoptar
medidas dirigidas a descongestionar la administración de justicia a través de
varios mecanismos.
En el caso de los procesos ante la jurisdicción civil,
la ley mencionada escogió lograr tal finalidad mediante (i) la instauración de
la oralidad, en cumplimiento del mandato del artículo 1 de la ley 1285 de 2009
-que modificó el artículo 4 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia- el cual dispuso, como regla general, la oralidad en los procesos
judiciales y (ii) la reducción de los términos del proceso. En efecto, ya se
vio como las más importantes reformas al proceso civil, incluidas las reformas
a la audiencia de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía, se
dirigieron a (i) avanzar aún más en la aplicación de la oralidad y a (ii)
buscar mayor celeridad en la solución de las controversias civiles, a través de
(a) la simplificación del procedimiento y (b) la reducción de los tiempos
procesales.
El aparte normativo demandado es ejemplo de esta
última herramienta pues la nueva redacción del numeral 4 del artículo 432 del
C.P.C. conserva la previsión de que la sentencia debe dictarse en la audiencia
y de que, en caso de ser necesario, el juez podrá suspenderla para hacerlo, pero
reduce el tiempo máximo de esta suspensión de diez días a dos horas. Así, la
modificación que se acusa tiene una clara motivación consistente en dotar de
mayor celeridad al proceso civil verbal de mayor y menor cuantía, a través de
la reducción de los términos procesales, en concordancia con el fin de la ley
1395 de 2010 cual es descongestionar la administración de justicia.
Esta finalidad –dotar de celeridad a la administración
de justicia-, como se ha señalado ya en varias ocasiones, es
constitucionalmente legítima pues, según jurisprudencia reiterada de esta
Corte, la celeridad es uno de los principios que debe regir la administración
de justicia bajo la Constitución de 1991[53], al tenor de los
artículos 228 y 209 de la misma[54]. Pero adicionalmente, de
conformidad con esta jurisprudencia, este objetivo es un imperativo para el
Estado colombiano pues la celeridad es un mecanismo para garantizar los
derechos fundamentales al debido proceso -el cual protege el derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas[55]- y al acceso a la
justicia –que, en un sentido material, incluye el derecho a que el conflicto
sea resuelto de manera pronta[56].
30.- El segundo paso del juicio de proporcionalidad es
analizar si la medida adoptada es idónea para lograr la finalidad que se ha
identificado como legítima[57].
A juicio de la Sala, es evidente que la medida tomada
por el legislador –reducción de diez días a dos horas del tiempo máximo de
suspensión de la audiencia para dictar sentencia- es idónea para lograr el fin
propuesto –mayor celeridad en el proceso civil- pues con ello se asegurará que
la sentencia se dicte más rápidamente.
31.- El tercer paso del juicio que se realiza estriba
en determinar si la limitación del derecho fundamental es una medida necesaria
en el sentido de que no existan otras que no lo restrinjan o lo hagan en menor
medida[58].
Al respecto la Sala encuentra que, dentro del amplio
margen de configuración del que goza el legislador en esta materia, éste
escogió una medida poco restrictiva del derecho de defensa. Es verdad que en
adelante el juez civil que estime necesario suspender la audiencia en los
procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía, con el fin de dictar
sentencia, cuenta con un término máximo mucho más corto. También es cierto que
esta reducción acorta considerablemente el tiempo con el que cuenta para
analizar, en la sentencia, los argumentos y pruebas presentados por las partes.
Sin embargo, esta medida es menos restrictiva del derecho de defensa que otras
que usualmente se toman para lograr celeridad en los procesos judiciales, como limitar
las oportunidades y reducir los términos procesales para que las partes
presenten y controviertan los argumentos y las pruebas, así como para que
impugnen las providencias judiciales. Nótese que la norma demandada reduce un
término máximo que se concede al juez, no a la partes. Al tener en cuenta lo
anterior, la Sala estima que la medida tomada en el aparte acusado es necesaria
para lograr el fin que se propone.
32.- En el cuarto y último paso del juicio de
proporcionalidad se debe analizar si la restricción al derecho fundamental es
proporcionada en sentido estricto, lo que significa que “la restricción de
los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición
genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los
ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad
de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada
inconstitucional”[59].
Como se sustentará a continuación, la Sala concluye
que una comparación entre la restricción hecha al derecho fundamental y los
beneficios de la misma arroja que la medida acusada es proporcional en sentido
escrito y, por tanto, constitucional.
En
este caso la restricción que la norma demandada hace del derecho de defensa es
mínima. Esto porque, a pesar de que se acorta considerablemente el tiempo con
el que el juez cuenta para analizar en la sentencia los argumentos y pruebas
presentados por las partes, los principios de inmediación y concentración inherentes
a la oralidad que rige el proceso civil verbal le permiten a éste llegar al
final de la audiencia con los elementos necesarios para tomar una decisión
ajustada a los hechos y al derecho.
En
efecto, en la sentencia C-124 de 2011, esta Corte reconoció que mediante la
aplicación del principio de inmediación “es más posible descubrir la verdad
de los hechos y proferir una decisión justa”. Ello debido a que en virtud
de este principio “el juez debe tener una relación directa y sin
intermediarios con el proceso, tanto con los demás sujetos del mismo, es decir,
las partes y los intervinientes, como con su contenido o materia, de principio
a fin”; relación directa que se concreta a su vez en “la constatación
personal del juez (…) del material probatorio y las acciones procedimentales en
sí mismas consideradas”, lográndose así “la formación de un criterio
íntimo y directo sobre los argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el
caso”. En el mismo sentido se expresó respecto del principio de concentración
en vista de que, al desarrollarse el proceso y actividad probatoria en una o en
pocas audiencias siempre próximas, se logra “que no desaparezcan de la
memoria del juez los actos orales que él ha presenciado”. La aplicación de
estos dos principios crea entonces las condiciones para que el juez llegue fácil
y rápidamente a una decisión justa al finalizar la audiencia o máximo dos horas
después.
Adicionalmente,
la Sala llama la atención sobre el hecho de que la considerable disminución del
término máximo de suspensión para dictar sentencia en los procesos civiles
verbales de mayor y menor cuantía no puede ser entendida de manera la aislada
sino en conjunto con las demás reformas hechas al procedimiento civil. Debe
tenerse en cuenta que el procedimiento civil fue objeto de importantes
transformaciones a causa de la profundización de la aplicación de los
principios de oralidad, inmediación y concentración. Por ejemplo, las
modificaciones hechas a la audiencia del proceso civil verbal de mayor y menor
cuantía, mediante el artículo 25 de la ley 1395 de 2010, incluyen una según la
cual la sentencia siempre será oral y nunca escrita en el acta de la audiencia,
como venía sucediendo (numeral 5). Se releva entonces al juez de la obligación
de redactar un escrito contentivo de la decisión y, por tanto, el tiempo que
requerirá para preparar la decisión será necesariamente menor.
Con
esta mínima restricción se logran por otro lado grandes beneficios en materia
del principio constitucional de celeridad en la administración de justicia pues,
haya suspensión o no de la audiencia, la sentencia que define el conflicto
siempre será dictada una vez se concluya la actividad probatoria y la
presentación de los argumentos de las partes, lo que a su vez permite
garantizar de mejor forma el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones
indebidas y el derecho fundamental al acceso a la justicia que, en un sentido
material, incluye el derecho a que el conflicto sea resuelto de manera pronta.
Insistentemente ha resaltado esta Corte la importancia de una justicia pronta
al punto de señalar que “una decisión judicial tardía, constituye en sí
misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan
cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”[60].
En conclusión, la norma acusada supera el juicio de
proporcionalidad realizado lo que significa que el legislador, en su propósito
de imprimir celeridad a los procesos civiles mediante la reducción del término
máximo de suspensión de la audiencia para dictar sentencia en el proceso verbal
de mayor y menor cuantía, no se excedió su amplio margen de configuración
legislativa ni limitó en forma desproporcionada el derecho de defensa. En
consecuencia el aparte demandado será declarado exequible por el cargo
analizado.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “Si fuere necesario,
podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la
sentencia” contenida en el numeral 4 del artículo 25 de la ley 1395
de 2010.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Ver, entre otras, la sentencia C-1052 de 2001.
[2] Ibídem.
[3] Gaceta del Congreso número 825 del 19 de noviembre de 2008.
[4] Ibídem.
[5] Ibídem.
[6] Ponencia para para primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que se convirtió en la ley 1395 de 2010.  Gaceta del Congreso número 262 del 26 de mayo de 2010.
[7] Mediante Sentencia C-713-08 de 2008 se declararon
constitucionales los incisos 1 y 2 del artículo 1 de la ley 1285 de 2009 “en
el entendido de que la oralidad sólo puede ser exigible de conformidad con las
reglas procedimentales que fije el Legislador”.
[8] Aparte declarado exequible mediante sentencia C-124 de 2011.
[9] En este sentido la sentencia C-124 de 2011.
[10] “Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales
deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará
nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura
de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los
nuevos avances tecnológicos”.
[11] “Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales
deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará
nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura
de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los
nuevos avances tecnológicos”.
[12] Ello a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra un
aparte del artículo 25 de dicha ley en el cual se prescribe que “en ningún caso
habrá lugar a objeción del dictamen”, el cual fue declarado exequible en la
sentencia C-214 de 2011.
[13] [Sentencia C-830 de 2002].
[14] En este sentido las sentencias C-652 de 1997, C-1335 de
2000, C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-370 de 2006, C-471 de
2006, C-124 de 2011, entre muchas otras.
[15] Al respecto ver las sentencias C-1335 de 2000 y C-570 de
2003, entre otras.
[16] Sentencia C-124 de 2011. En similar sentido las sentencias
C-652 de 1997, C-1335 de 2000, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-471 de 2006,
entre otras.
[17] Sentencia C-570 de 2003.
[18] Sentencia C-1335 de 2000.
[19] Sentencia C-1264 de 2005. En el mismo sentido las
sentencias C-416 de 1994 y C-012 de 2002.
[20] Sentencia C-124 de 2011. En similar sentido las sentencias
C-652 de 1997, C-1335 de 2000, C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-1264 de 2005,
C-370 de 2006 y C-471 de 2006, entre otras.
[21] En este sentido las sentencias C-652 de 1997, C-1264 de 2005,
C-471 de 2005 entre otras.
[22] En el mismo sentido las sentencias C-652 de 1997, C-047 de
2001, C-428 de 2002, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C.471 de 2006, entre otras.
[23] En similar sentido las sentencias C-047 de 2001, C-570 de
2003, C-310 de 2004, C-1264 de 2005, C-370 de 2006, C-471 de 2006, entre otras.
[24] En las sentencias C-652 de 1997, C-047 de 2001, C-428 de
2002, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-471 de 2006, entre otras.
[25] En las sentencias C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-310 de
2004, C-1264 de 2005, C-370 de 2006, C-471 de 2006, entre otras.
[26] Sentencia C-1264 de 2005. En el mismo sentido la sentencia
C-012 de 2000.
[27] C-416-94, reiterada en la C-012-02 y en la C-874-03.
[28] Ver las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de
1996, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001, T-558 de 2003, C-874 de
2003, C-183 de 2007 y C-713 de 2008, entre muchas otras.
[29] En este sentido las sentencias T-450 de 1993, C-416 de
1994, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001 y T-558 de 2003.
[30] Sentencia C-416 de 1994.
[31] Gaceta Constitucional Nº 88 del lunes tres (3) de junio de
1991.
[32] C-416 de 1994.
[33] “ARTÍCULO 4. CELERIDAD. La administración de justicia debe ser
pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto
cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye
causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya
lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función
disciplinaria”.
[34] ARTÍCULO 4o. CELERIDAD Y ORALIDAD. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>  La
administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de
fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales
serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios
judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará
respecto de los titulares de la función disciplinaria.
Las
actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con
las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos
procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la
unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos
avances tecnológicos.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Autorizase al Gobierno Nacional para que durante los próximos cuatro
años incluya en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta
el 0.5% del Producto Interno Bruto de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos, para
desarrollar gradualmente la oralidad en todos los procesos judiciales que
determine la ley y para la ejecución de los planes de descongestión.
[35] Ver las sentencias C-037 de 1996 y C-713 de 2008.
[36] “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Toda persona
se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (subrayado
fuera del texto original).
[37] Sentencia T-558 de 2003 que reiteró la sentencia T-577 de
1998.
[38] Sentencia T-292 de 1999.
[39] En este sentido las sentencias T-1171 de 2003 y T-084 de 2004.
[40] Sentencia T-577 de 1998.  En el mismo sentido las sentencias
T-190 de 1995, T-546 de 1995, T-450 de 1998, C-181 de 2002, T-366 de 2005 y
T-753 de 2005.
[41] Sentencia C-416 de 1994. En igual sentido las sentencias
T-1171 de 2003 y T-084 de 2004.
[42] Sentencia C-037 de 1996.  En igual sentido las sentencias
C-100 de 2001 y C-713 de 2008.
[43] Sentencia C-648 de 2001.
[44] Sentencia C-648 de 2001.
[45] Sentencia C-648 de 2001.
[46] Sentencia C-803 de 2000. En el mismo sentido la sentencia
C-699 de 2000.
[47] Sentencias C-416 de 1994, C-1335 de
2000, C-012 de 2002 y C-1264 de 2005, entre otras.
[48] Sentencia C-124 de 2011. En similar sentido las sentencias
C-652 de 1997, C-1335 de 2000, C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-1264 de 2005,
C-370 de 2006 y C-471 de 2006, entre otras.
[49] Ver las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de
1996, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001, T-558 de 2003, C-874 de
2003, C-183 de 2007 y C-713 de 2008, entre muchas otras.
[50] Sentencias C-416 de 1994, T-190 de
1995, T-546 de 1995, C-037 de 1996, T-450 de 1998, T-577
de 1998, C-100 de 2001, C-181 de 2002, T-558 de 2003,
T-1171 de 2003, T-084 de 2004, T-366
de 2005, T-753 de 2005 y C-713 de 2008, entre otras.
[51] Sentencias C-803 de 2000, C-699 de 2000 y C-648 de 2001.
[52] Sentencia C-648 de 2001.
[53] Ver las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de
1996, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001, T-558 de 2003, C-874 de
2003, C-183 de 2007 y C-713 de 2008, entre muchas otras.
[54] En este sentido las sentencias T-450 de 1993, C-416 de
1994, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001 y T-558 de 2003.
[55] Sentencias T-558 de 2003 y  T-577 de 1998.
[56] En este sentido las sentencias C-416 de 1994, T-190 de 1995, T-546 de 1995, C-037 de 1996, T-450 de 1998, T-577 de 1998, C-100 de 2001, T-1171 de 2003, C-181 de 2002, T-1171 de 2003, T-084 de 2004, T-366 de 2005, T-753 de 2005 y C-713 de 2008.
[57] Sentencia C-648 de 2001.
[58] Sentencia C-648 de 2001.
[59] Sentencia C-648 de 2001.
[60] Sentencia T-577 de 1998.  En el mismo sentido las sentencias
T-190 de 1995, T-546 de 1995, T-450 de 1998, C-181 de 2002, T-366 de 2005 y
T-753 de 2005.