C-295-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-295/12
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y EVASION
FISCAL DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y PATRIMONIO ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Se ajusta a los principios de equidad, reciprocidad y
postulados constitucionales en materia tributaria
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS
INTERNACIONALES-Contenido y alcance
El control de constitucionalidad formal de los
tratados internacionales apunta a analizar (i) la validez de la representación
del Estado; (ii) la realización de la consulta previa a las comunidades
indígenas y afrodescendientes, de ser procedente, al igual que (iii) el
acatamiento al trámite de una ley ordinaria, con dos particularidades: (i) la
iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos
relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) la remisión del tratado internacional, al que su correspondiente ley aprobatoria a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (Art. 241-10 C.N.). En tal sentido, en razón del trámite ordinario
de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la
comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la
publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en
los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que
entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la
sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes, (Art. 241-10 C.P.). En cuanto al elemento material del control de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en
confrontar las disposiciones del instrumento internacional y, a su vez,
aquellas de la ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos
constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no al Texto Fundamental.
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y EVASION
FISCAL DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y PATRIMONIO ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Trámite legislativo
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Requisitos constitucionales y legales en el trámite
legislativo
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y EVASION
FISCAL DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y PATRIMONIO ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Objetivo
El “Convenio  entre Canadá y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación
con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “protocolo”, hechos
en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de
junio de 2011, aprobatoria del mismo, tiene como objetivos principales: (i)
prevenir de manera efectiva conflictos de sobre imposición, los cuales afectan
a personas que, simultáneamente, mantienen vínculos personales, laborales o de
otro tipo con dos Estados diferentes; y, a su vez, (ii) pretende reforzar la
colaboración entre las autoridades tributarias competentes de ambos países,
reconciliando sistemas tributarios entre los Estados Contratantes, con el fin
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en consecuencia,
el fortalecimiento de los instrumentos para evitar la evasión y la elusión en
el tráfico internacional.
CONVENIOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION-Alcance y objetivos según la jurisprudencia
constitucional/DOBLE IMPOSICION-Elementos de conexión/ELEMENTO DE CONEXION-Concepto
ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION-Jurisprudencia constitucional
CONVENIO PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO-Alcance
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO-Contenido y alcance en el derecho tributario
internacional/ESTABLECIMIENTO PERMANENTE-Concepto
MODELO DE CONVENIO OCDE-Contenido y alcance
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y EVASION
FISCAL DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y PATRIMONIO ENTRE CANADA Y COLOMBIA-Reglas del modelo OCDE en materia de beneficios
empresariales
Referencia: expediente No. LAT-372.
Revisión de constitucionalidad del “Convenio  entre
Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto  sobre la renta y sobre
el patrimonio” y su “protocolo”, hechos en Lima, a los 21 días del
mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria
del mismo.
Magistrado Ponente:
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil doce
(2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión automática del “Convenio  entre Canadá y la República
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “protocolo”,
hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459
del 29 de junio de 2011, aprobatoria del mismo.
I.     ANTECEDENTES
La
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido
el cinco (5) de julio del año 2011, remitió a esta Corporación copia auténtica
de la Ley 1459 de 2011 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre
Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto  sobre la renta y sobre
el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de
noviembre de dos mil ocho (2008) ”, para que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida
sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
Mediante Auto del primero (1º) de agosto de 2011, el
Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una
decisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la
práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos. Recibidas
éstas, dictó auto de continuación de trámite el 27 de octubre de 2011, mediante
el cual ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales, cuarto y
siguientes del Auto del primero (1º) de agosto de 2011.
Vencido
el término de fijación en lista el 16 de noviembre de 2011, cumplidos los
trámites propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir
acerca del asunto de la referencia.
II.    LEY APROBATORIA Y TRATADO
INTERNACIONAL  SOMETIDOS AL EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A continuación se transcribe el texto de la ley
enviada para revisión:
“LEY 1459 DE 2011
(junio 29)
Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio
de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a
los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
Visto el
texto del Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21
días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto original en
castellano del Convenio y de su Protocolo, el cual consta de veintiséis (26)
folios, debidamente autenticados por la Coordinadora del Área de Tratados;
documento que reposa en los archivos de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Relaciones Exteriores).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 205 DE 2009
por medio
de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a
los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).
El Congreso de la República,
Visto el
texto del Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21
días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).
CONVENIO ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio
CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DESEANDO
concluir un Convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos a la renta y el patrimonio, HAN ACORDADO
lo siguiente:
I. ÁMBITO DEL CONVENIO
ARTÍCULO 1o.
PERSONAS COMPRENDIDAS.
El
presente Convenio será aplicable a las personas residentes en uno o ambos
Estados Contratantes.
ARTÍCULO 2o.
IMPUESTOS COMPRENDIDOS.
1. Este
Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
impuestos por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el
sistema de exacción.
2. Se
consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la
totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos,
incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de
bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe total de sueldos o salarios
pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los
impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a. en el
caso de Canadá a los impuestos fijados por el Gobierno de Canadá bajo la Ley
del Impuesto de Renta (de ahora en adelante “impuesto canadiense”);
b. en
Colombia:
i. el
Impuesto sobre la renta y complementarios;
ii. el
Impuesto de orden nacional sobre el patrimonio (en adelante denominado
“impuesto colombiano”).
4. El
Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o
sustancialmente similares e impuestos que se establezcan con posterioridad a la
fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se notificarán
mutuamente, las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus
respectivas legislaciones impositivas.
II. DEFINICIONES
ARTÍCULO 3o.
DEFINICIONES GENERALES.
1. Para
los propósitos de este Convenio, a menos que de su contexto se infiera una
interpretación diferente:
a. el
término “Canadá” significa el territorio canadiense, incluyendo su porción
terrestre, aguas internas y territorio marítimo, el espacio aéreo sobre estas
áreas, y también la zona económica exclusiva y la barrera continental, como
está definido por su legislación interna, de conformidad con la legislación
internacional;
b. el
término “Colombia” significa la República de Colombia;
c. los
términos “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan,
según lo requiera el contexto, Canadá o Colombia;
d. el
término “persona” comprende las personas naturales, las sociedades,
fideicomisos (“trust”), sociedades de personas y cualquier otra agrupación de
personas.
e. el
término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que
se considere persona jurídica para efectos impositivos;
f. el
término “empresa” aplica a la realización de cualquier actividad o negocio;
g. el
término “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado
Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un
residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del
otro Estado Contratante;
h. la
expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un
buque o aeronave explotada por una empresa de un Estado Contratante, salvo
cuando dicho transporte se realice principalmente entre puntos situados en el otro
Estado Contratante;
i. la
expresión “autoridad competente” significa:
i. en
Canadá, el Ministro de la Renta Nacional o su representante autorizado; y
ii. en
Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su representante
autorizado;
j. el
término “nacional”, en relación con el Estado Contratante, significa:
i.
cualquier persona natural que posea la nacionalidad de ese Estado Contratante;
y
ii.
cualquier persona jurídica, sociedad de personas o asociación constituida
conforme a la legislación vigente de ese Estado Contratante.
k. el
término “negocio” incluye la prestación de servicios profesionales y de otras
actividades de carácter independiente.
2. Para la
aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado Contratante, todo
término no definido en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera
una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la
legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio,
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que
resultaría de otras leyes de ese Estado.
ARTÍCULO 4o.
RESIDENTE.
1. Para
los propósitos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado
Contratante” significa:
a. toda
persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a
imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de
dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza
análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén
sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de
fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo,
y
b. ese
Estado y cualquier subdivisión política o autoridad local del mismo o cualquier
agencia o instrumento de dicho gobierno, subdivisión o autoridad.
2. Cuando,
en virtud de las disposiciones del párrafo 1o, una persona natural sea
residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la
siguiente manera:
a. dicha
persona se considerará residente solo del Estado donde tenga una vivienda
permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su disposición en
ambos Estados, se considerará residente solo del Estado con el que mantenga
relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
b. si no
pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus
intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en
ninguno de los Estados, se considerará residente solo del Estado donde viva
habitualmente;
c. si
viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se
considerará residente solo del Estado del que sea nacional;
d. si
fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común
acuerdo.
3. Cuando
una sociedad es nacional de un Estado Contratante y por las razones del párrafo
1o es residente de ambos Estados Contratantes, será considerada residente solo
en el Estado mencionado en primer lugar.
4. Cuando
por razón de las disposiciones del párrafo 1o, una persona diferente a la
persona natural o sociedad descritas en el párrafo 3o es residente de ambos
Estados Contratantes, las autoridades competentes de los Estados Contratantes
decidirán por mutuo acuerdo el asunto y determinarán la aplicación del Convenio
en tal caso. En ausencia de acuerdo, tal persona no podrá tener acceso a los
beneficios o exenciones fiscales previstos en el Convenio.
ARTÍCULO 5o.
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
1. Para
los propósitos de este Convenio, la expresión “establecimiento permanente”
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o
parte de su actividad.
2. La
expresión “establecimiento permanente” incluye, de manera especial:
a. las
sedes de dirección;
b. las
sucursales;
c. las
oficinas;
d. las
fábricas;
e. los
talleres, y
f. las
minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar en
relación con la exploración o explotación de recursos naturales.
3. La
expresión “establecimiento permanente” también incluye:
a. una
obra o proyecto de construcción, instalación o montaje, incluyendo la
planificación y los trabajos preparatorios, así como las actividades de
supervisión relacionadas con ellos, pero solo cuando dicha obra, proyecto de
construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses, y
b. la
prestación de servicios incluidos los servicios de consultorías, por parte de
una empresa de un Estado Contratante por intermedio de sus empleados u otras
personas naturales encomendadas por la empresa para ese fin en el otro Estado
Contratante, pero solo en el caso de que tales actividades prosigan en ese
Estado por un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un
periodo cualquiera de doce meses.
4. No
obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que la
expresión “establecimiento permanente” no incluye:
a. la
utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b. el
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c. el
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d. el
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías, o de recoger información, para la empresa;
e. el
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la
empresa cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar; o
f. el
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los literales a) a e),
a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que
resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5. No
obstante lo dispuesto en los párrafos 1o y 2o, cuando una persona, distinta de
un agente independiente al que le sea aplicable el párrafo 7o, actúe por cuenta
de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado Contratante,
poderes que la faculten para concluir contratos a nombre de la empresa, se
considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado
respecto de cualquiera de las actividades que dicha persona realice para la
empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las
mencionadas en el párrafo 4o y que, de ser realizadas por medio de un lugar
fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no fuere considerado como un
establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.
6. No
obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que una
empresa aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que
respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado
Contratante si recauda primas en el territorio de este otro Estado o si asegura
riesgos situados en él por medio de un representante distinto de un agente
independiente al que se aplique el párrafo 7o.
7. No se
considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado
Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por
medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente
independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de
su actividad, y que las condiciones de las transacciones entre el agente y la
empresa sean aquellas que se hubieren establecido entre empresas o partes
independientes.
8. El
hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea
controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que
realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera
de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
III. IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS
ARTÍCULO 6o.
RENTAS DE BIENES INMUEBLES.
1. Las
rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles
(incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Para
los efectos de este Convenio, la expresión “bienes inmuebles” tendrá el
significado que se le atribuye en las disposiciones tributarias relevantes del
Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión incluye en
todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo
utilizado en explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean
aplicables las disposiciones de derecho general relativas a los bienes raíces,
el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables o
fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos
minerales, fuentes y otros recursos naturales.
Los buques
y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.
3. Las
disposiciones del párrafo 1o son aplicables a las rentas derivadas de la
utilización directa, el arrendamiento, así como cualquier otra forma de
explotación de los bienes inmuebles y los ingresos derivados de la enajenación
de la propiedad.
4. Las
disposiciones de los párrafos 1o y 3o se aplican igualmente a las rentas
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.
ARTÍCULO 7o.
BENEFICIOS EMPRESARIALES.
1. Los
beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a
imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el
otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en
él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los
beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero
solo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente.
2. Sujeto
a lo previsto en el párrafo 3o, cuando una empresa de un Estado Contratante
realice (o haya realizado) su actividad en el otro Estado Contratante por medio
de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se
atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que este hubiera
podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas
o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con
total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente y
con todas las demás personas.
3. Para la
determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la
deducción de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los
fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y
generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el
Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte.
4. No se
atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de
que este compre bienes o mercancías para la empresa.
5. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios
atribuibles al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo
método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de
otra forma.
6. Cuando
los beneficios comprendan elementos de rentas regulados separadamente en otros
artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán
afectadas por las de este artículo.
ARTÍCULO 8o.
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO.
1. Los
beneficios de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la
explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden
someterse a imposición en ese Estado.
2. No
obstante lo previsto en el párrafo 1o y el artículo 7o, los beneficios de una
empresa de un Estado Contratante derivados del transporte por buques o
aeronaves, que se realice principalmente entre dos lugares del otro Estado
Contratante, podrán ser gravados en el otro Estado Contratante.
3. Para
los fines de este artículo:
a. el
término “beneficios” comprende los ingresos brutos que se deriven directamente
de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y
b. la
expresión “explotación de buques o aeronaves” por una empresa comprende
también:
i. el
fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo;
ii. el
arrendamiento de contenedores y equipo relacionado, siempre que dicho flete o
arrendamiento sea incidental a la explotación, por esa empresa, de buques o
aeronaves en tráfico internacional.
4. Las
disposiciones de los párrafos 1o y 2o se aplican también a los beneficios
procedentes de la participación en un consorcio “pool”, en una explotación en
común o en una agencia de explotación internacional.
ARTÍCULO 9o.
EMPRESAS ASOCIADAS.
1. Cuando:
a. una
empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante,
o
b. unas
mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control
o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro
Estado Contratante, y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus
relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o
impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes,
los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir
dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas,
podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en
consecuencia.
2. Cuando
un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado, y
someta, en consecuencia, a imposición, los beneficios sobre los cuales una
empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en ese otro
Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido
realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las
condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen
convenido entre empresas independientes, ese otro Estado, si está de acuerdo
que el ajuste efectuado por el Estado mencionado en primer lugar se justifica,
practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha
percibido sobre esos beneficios. Para determinar dicho ajuste, se tendrán en
cuenta las demás disposiciones de este Convenio y las autoridades competentes
de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.
3. Un
Estado Contratante no podrá modificar los ingresos de una empresa de acuerdo a
las circunstancias referidas en el párrafo 1o después de la expiración del
plazo previsto en su legislación nacional y, en ningún caso, después de siete
años desde el final del año en el cual los ingresos que estarían sujetos a tal
cambio habrían sido, a no ser por las condiciones mencionadas en el párrafo 1o,
atribuidos a la empresa.
4. Las
previsiones de los párrafos 2o y 3o no se aplicarán en el caso de fraude o
dolo.
ARTÍCULO 10.
DIVIDENDOS.
1. Los
dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
2. Sin
embargo, dichos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado
Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la
legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos
es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá
exceder del:
a. 5 por
ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una
sociedad que controla directa o indirectamente al menos el 10 por ciento de las
acciones con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos; y
b. 15 por
ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.
Este
párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las utilidades con
cargo a las cuales se pagan los dividendos.
3. El
término “dividendos” en el sentido de este artículo significa las rentas de las
acciones, de las acciones o bono s de disfrute, de las participaciones mineras,
de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que
permitan participar en las utilidades, así como las rentas de otras
participaciones sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones
por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la
distribución.
4. Las
disposiciones del párrafo 2o no son aplicables si el beneficiario efectivo de
los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado
Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una
actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí y
la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho
establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del
artículo 7o.
5. Cuando
una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga utilidades o rentas
procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en
que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la
participación que generan los dividendos esté vinculada efectivamente a un
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, ni tampoco someter las
utilidades no distribuidas de la sociedad a un impuesto sobre las mismas,
aunque los dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total
o parcialmente, en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.
6. Nada en
este Convenio se interpretará como un impedimento para que un Estado
Contratante imponga a las ganancias de una sociedad atribuidas a un
establecimiento permanente en aquel Estado, o a las ganancias atribuibles a la
enajenación de propiedad inmueble situada en aquel Estado, por una sociedad que
se dedica al comercio de bienes inmuebles, un impuesto adicional al que se
cobraría sobre las ganancias de una sociedad nacional de ese Estado, salvo que cualquier
impuesto adicional así exigido no excederá del 5 por ciento del monto de tales
ganancias y las mismas no hayan sido sujetas a este impuesto adicional en los
años fiscales anteriores. Para los fines de esta disposición, el término
“ganancias” significa las ganancias atribuibles a la enajenación de tales
bienes inmuebles situados en un Estado Contratante que puedan ser gravadas por
dicho Estado al tenor de lo dispuesto en el artículo 6o o del párrafo 1o del
artículo 13, y las utilidades, incluyendo cualquier ganancia, atribuida a un
establecimiento permanente en un Estado Contratante en un año o años previos,
después de deducir todos los impuestos, distinto del impuesto adicional aquí
mencionado, que fueron impuestos sobre dichas utilidades en ese Estado.
ARTÍCULO 11.
INTERESES.
1. Los
intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin
embargo, dichos intereses pueden también someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el
beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado
Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10% del importe bruto
de los intereses.
3. El
término “intereses”, en el sentido de este artículo significa las rentas de
créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en
particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones,
incluidas las primas y premios unidos a esos valores, bonos y obligaciones, así
como cualquier otro ingreso que la legislación del Estado de donde procedan los
intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en préstamo. Sin
embargo, el término “interés” no incluye las rentas comprendidas en los
artículos 8 o 10.
4. Las
disposiciones del párrafo 2o no son aplicables si el beneficiario efectivo de
los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado
Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por
medio de un establecimiento permanente situado allí y el crédito que generan
los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente.
En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7o.
5. Los
intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor
sea residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses sea
o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un
establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda
por la que se pagan los intereses, y estos se soportan por el establecimiento
permanente, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante
donde esté situado el establecimiento permanente.
6. Cuando
en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el
importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen,
exceda el importe que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de
tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a
este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a
imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo
en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
ARTÍCULO 12.
REGALÍAS.
1. Las
regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin
embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado,
pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el
impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de
las regalías.
3. El
término “regalías” empleado en este artículo significa las cantidades de
cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor
sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas
cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y
el sonido, las patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos u otra propiedad intangible, o por el uso o derecho al
uso, de equipos industrial es, comerciales o científicos, o por informaciones
relativas a experiencia industrial, comercial o científica. El término
“regalías” también incluye los pagos recibidos por concepto de la prestación de
asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría. Sin embargo,
el término “regalías” no incluye ingresos relacionados con el artículo 8o.
4. Las
disposiciones del párrafo 2o no son aplicables si el beneficiario efectivo de
las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el Estado
Contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio
de un establecimiento permanente situado allí y el bien o el derecho por el que
se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7o.
5. Las
regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es
un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o
no residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los Estados Contratantes
un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la
obligación de pago de las regalías y dicho establecimiento permanente soporte
la carga de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado
donde esté situado el establecimiento permanente.
6. Cuando
en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el
importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los
que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario
efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no
se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso
podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado
Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
ARTÍCULO 13.
GANANCIAS DE CAPITAL.
1. Las
ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación
de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a
imposición en este último Estado.
2. Las
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del
activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado
Contratante tenga o haya tenido en el otro Estado Contratante, comprendidas las
ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (sólo
o con el conjunto de la empresa) pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
3. Las
ganancias de una empresa de un Estado Contratante derivadas de la enajenación
de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles
afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, pueden ser gravadas sólo
en ese Estado.
4. Las
ganancias derivadas por un residente de un Estado Contratante por la
enajenación de:
a.
acciones cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50 por
ciento de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante,
b. una
participación en una sociedad de personas, fondo fiduciario o en cualquier otra
entidad cuyo valor se deriva directa o indirectamente en más de un 50% de
bienes inmuebles situados en ese otro Estado, o
c. las
acciones u otros derechos en el capital de una sociedad que es residente del
otro Estado, si el residente del primer Estado mencionado fuese propietario, en
cualquier momento dentro del período de doce meses anteriores a la enajenación,
directa o indirectamente, de un 25 por ciento o más del capital de esa sociedad,
podrán ser gravados en ese otro Estado.
5. Las
ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los párrafos 1o, 2o, 3o y 4o sólo pueden someterse a imposición
en el Estado Contratante en que resida el enajenante.
6. Las
disposiciones del párrafo 5o no afectarán el derecho de un Estado Contratante a
imponer, de acuerdo a su legislación, un impuesto sobre las ganancias
provenientes de la enajenación de propiedades, diferentes a las consideradas en
las disposiciones de aplicación del párrafo 7o, derivadas por un individuo
residente del otro Estado Contratante y que ha sido residente del primer Estado
mencionado durante los seis (6) años inmediatamente anteriores a la enajenación
de la propiedad.
7. Cuando
un individuo deja de ser residente de un Estado Contratante e inmediatamente
después se convierte en residente del otro Estado contratante, para propósitos
tributarios se considerará en el primer Estado Contratante mencionado, que el
individuo ha enajenado sus propiedades y será gravado en ese Estado por esa
misma razón. El individuo podrá elegir ser tratado para propósitos tributarios
como si antes de llegar a ser residente de este Estado Contratante, hubiera
vendido y recomprado la propiedad por una cantidad equivalente al valor justo
de mercado en ese momento. Sin embargo, esta disposición no aplicará a la
ganancia proveniente de cualquier propiedad que se haya generado inmediatamente
antes de que el individuo se convierta en residente del otro Estado, la cual
podrá ser gravada en ese otro Estado. Tampoco aplicará a la ganancia derivada
de la propiedad inmueble ubicada en un tercer Estado.
ARTÍCULO 14.
RENTAS DE UN EMPLEO.
1. De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y
otras remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por
razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser
que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce
de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
2. No
obstante las disposiciones del párrafo 1o, las remuneraciones obtenidas por un
residente de un Estado Contratante en razón de un empleo ejercido en el otro
Estado Contratante se gravarán exclusivamente en el primer Estado mencionado así:
a. el
perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses
que comience o termine en el año fiscal considerado, y
b. las
remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una persona empleadora que no sea
residente del otro Estado, y
c. las
remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente que una persona
empleadora tenga en el otro Estado.
3. No
obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones
obtenidas por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave
explotado en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante
sólo podrán someterse a imposición en ese Estado, a menos que la remuneración
se derive por un residente del otro Estado Contratante.
ARTÍCULO 15.
PARTICIPACIONES DE DIRECTORES.
Los
honorarios de directores y otros pagos similares que un residente de un Estado
Contratante obtenga como miembro de un directorio o de un órgano similar de una
sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en
ese otro Estado.
ARTÍCULO 16.
ARTISTAS Y DEPORTISTAS.
1. No
obstante lo dispuesto en los artículos 7o y 14, las rentas que un residente de
un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el
otro Estado Contratante en calidad de artista, tal como de teatro, cine, radio
o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese
otro Estado. Las rentas a las que se refiere este párrafo incluyen las rentas
procedentes de cualquier actividad personal en el otro Estado Contratante
relacionadas con su renombre como artista del espectáculo o deportista.
2. No
obstante lo dispuesto en los artículos 7o y 14, cuando las rentas derivadas de
las actividades personales de los artistas o los deportistas, en esa calidad,
se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, dichas
rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que se
realicen las actividades del artista o el deportista.
3. Las
disposiciones del párrafo 2o no serán aplicables si se determina que ni el
artista ni el deportista, ni las personas relacionadas a su actividad
participan directa o indirectamente en los beneficios de la persona referida en
dicho apartado.
ARTÍCULO 17.
PENSIONES.
1. Las
pensiones y anualidades procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un
residente del otro Estado Contratante podrán ser gravadas en ese otro Estado.
2. Las
pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del
otro Estado Contratante pueden también someterse a imposición en el Estado del
cual proceden y de conformidad con la legislación de ese Estado. Sin embargo,
en el caso de pagos periódicos de pensiones, el impuesto así exigido no
excederá del menor de los siguientes:
a. 15% del
monto bruto del pago; y
b. la tasa
determinada en relación con el monto del impuesto que el receptor del pago de
otra forma hubiera tenido que pagar en el año, sobre el monto total de pagos
periódicos de pensiones percibidas por esa persona física en el año, si dicha
persona fuera residente del Estado Contratante del que procede el pago.
3. Las
anualidades distintas de las pensiones, procedentes de un Estado Contratante y
pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden también someterse a
imposición en el Estado del que proceden y de conformidad con la legislación de
ese Estado, pero el impuesto así exigido no excederá del 15% de la parte de estas
que esté sometida a imposición en ese Estado. Sin embargo, esta limitación no
es aplicable a los pagos únicos procedentes de la renuncia, cancelación,
redención, venta o cualquier otra enajenación de una renta vitalicia, o pago de
cualquier clase al amparo de un contrato de rentas vitalicias, cuyo costo en
todo o en parte, fue deducido al computar el ingreso de cualquier persona que
adquirió dicho contrato.
4. No
obstante cualquier disposición en el presente Convenio:
a. las
pensiones y asignaciones de guerra (comprendidas las pensiones y las
asignaciones pagadas a los veteranos de guerra o pagadas como consecuencia de
los daños o heridas sufridas como consecuencia de una guerra) procedentes de un
Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante no
serán sometidas a imposición en ese otro Estado en la medida en que no hubieran
sido sometidas a imposición, de haber sido percibidas por un residente del
Estado mencionado en primer lugar, y
b. el pago
de alimentos y otros pagos de manutención similares procedentes de un Estado
Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, que esté
sujeto a imposición en ese Estado en relación a los mismos, sólo serán
sometidos a imposición en ese otro Estado, pero el importe sobre el cual se
aplican estos impuestos no puede exceder del importe sobre el que se aplicarían
en el Estado Contratante mencionado en primer lugar, si el receptor fuese
residente del mismo.
ARTÍCULO 18.
FUNCIONES PÚBLICAS.
1. a. Los sueldos, salarios y otras remuneraciones
similares, excluidas las pensiones, pagados por un Estado Contratante o por una
de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona natural por
razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.
b. Sin
embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones similares sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se
prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:
i. es
nacional de ese Estado, o
ii. no ha
adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los
servicios.
2. Lo
dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 se aplica a los sueldos, salarios y
otras remuneraciones similares pagadas por razón de servicios prestados en el
marco de una actividad empresarial realizada por un Estado Contratante o por
una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.
ARTÍCULO 19.
ESTUDIANTES.
Las
cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o
capacitación un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido
inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro
Estado Contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar
con el único fin de proseguir sus estudios o capacitación, no pueden someterse
a imposición en ese Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de
ese Estado.
ARTÍCULO 20.
OTRAS RENTAS.
1. Las
rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los artículos
anteriores de este Convenio y que provengan del otro Estado Contratante,
también pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.
2. En el
caso de Canadá, cuando dichas rentas sean rentas de un fideicomiso distinto a
un fideicomiso en el que los aportes hayan sido deducibles, el impuesto así
exigido no excederá del 15% del monto bruto de las rentas, siempre que el
beneficiario efectivo resida en Colombia y las rentas estén sometidas a
imposición en Colombia.
IV. IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
ARTÍCULO 21.
PATRIMONIO.
1. El
patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un
Estado Contratante y que esté situado en el otro Estado Contratante, puede
someterse a imposición en ese otro Estado.
2. El
patrimonio constituido por bienes muebles, que formen parte del activo de un
establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
3. El
patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados por una empresa de un
Estado Contratante en el tráfico internacional y por los bienes muebles afectos
a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo puede someterse a imposición
en ese Estado Contratante.
4. Todos
los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado Contratante
sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
V. MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
ARTÍCULO 22.
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN.
1. En el
caso de Canadá, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:
a. sujeto
a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá en relación con la
deducción sobre el impuesto a pagar en Canadá por concepto del impuesto pagado
fuera de Canadá, y con cualquier modificación subsecuente a dichas disposiciones
“que no afecte sus principios generales” y a menos que se otorgue una mayor
deducción o beneficio en los términos de la legislación de Canadá, el impuesto
pagado en Colombia sobre beneficios, rentas o ganancias procedentes de Colombia
podrá ser deducido de cualquier impuesto canadiense a pagar respecto de dichos
beneficios, rentas o ganancias;
b. sujeto
a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá respecto a la
posibilidad de utilizar el impuesto pagado en un territorio fuera de Canadá
como crédito tributario contra el impuesto canadiense y a cualquier
modificación subsecuente de dichas disposiciones “que no afecte sus principios
generales” cuando una sociedad que es residente de Colombia pague un dividendo
a una sociedad que es residente de Canadá y que la misma controle directa o
indirectamente al menos el 10 por ciento del poder de voto en la primera
sociedad mencionada, el crédito deberá tomar en cuenta el impuesto pagadero en
Colombia por la primera sociedad mencionada respecto a las utilidades sobre las
cuales tal dividendo es pagado; y
c. cuando
de conformidad con cualquier disposición del Convenio, los ingresos obtenidos
por un residente de Canadá están exonerados de impuestos en Canadá, Canadá
puede, no obstante, al calcular el monto del impuesto sobre otros ingresos,
tomar en cuenta los ingresos exonerados de impuestos.
2. En
Colombia, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:
a. Cuando
un residente de Colombia obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que,
con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición
en el otro Estado contratante, Colombia permitirá, dentro de las limitaciones
impuestas por su legislación interna:
i. la
deducción (descuento) del impuesto sobre la renta de ese residente por un
importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el otro Estado;
ii. la
deducción (descuento) del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un
importe igual al impuesto pagado en el otro Estado contratante sobre esos elementos
patrimoniales, y
iii. la
deducción (descuento) del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la
sociedad que reparte los dividendos correspondientes a los beneficios con cargo
a los cuales dichos dividendos se pagan.
Sin
embargo, dicha deducción (descuento) no podrá exceder de la parte del impuesto
sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio, calculados antes de la
deducción (descuento), correspondiente a las rentas o a los elementos
patrimoniales que puedan someterse a imposición en el otro Estado Contratante.
b. Cuando
con arreglo a cualquier disposición de este Convenio, las rentas obtenidas por
un residente de Colombia o el patrimonio que posea estén exentos de impuestos
en Colombia, Colombia podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o
el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o
el patrimonio de ese residente.
3. Para
los efectos del presente artículo, se considerará que las rentas, ingresos o
ganancias de un residente de un Estado Contratante que puedan estar sujetos a
imposición en el otro Estado Contratante de conformidad con el presente
Convenio tienen su origen en ese otro Estado.
VI. DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 23.
NO DISCRIMINACIÓN.
1. Los
nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que sea más
gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar sometidos los nacionales de
ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con
respecto a la residencia.
2. Los
establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en
el otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a una imposición
menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas
actividades.
3. Nada de
lo establecido en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a
un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante
las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que
otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas
familiares.
4. Las
empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente,
poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del
otro Estado Contratante, no estarán sometidas en el primer Estado mencionado a
ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exijan o sean más
gravosas que aquellas a las que estén o puedan estar sometidas otras empresas
similares residentes del primer Estado mencionado cuyo capital esté, total o
parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o
varios residentes de un tercer Estado.
5. En este
artículo, el término “imposición” se refiere a los impuestos que son objeto de
este Convenio.
ARTÍCULO 24.
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO.
1. Cuando
una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados
Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté
conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los
recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá presentar a la
autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o,
alternativamente, si fuera aplicable el párrafo 1o del artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea nacional, una petición por escrito declarando los
fundamentos por los cuales solicita la revisión de dicha tributación. Para ser
admitida, la citada petición debe ser presentada dentro de los tres años
siguientes a la primera notificación de la medida que implica una imposición no
conforme con las disposiciones del Convenio.
2. La
autoridad competente a que se refiere el párrafo 1o, si la reclamación le
parece fundada y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria,
hará lo posible por resolver la cuestión mediante un procedimiento de acuerdo
mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar
una imposición que no se ajuste a este Convenio. Cualquier acuerdo al que se
llegue deberá implementarse, sin importar los límites de tiempo en la ley
interna de los Estados Contratantes.
3. Un Estado
Contratante no puede aumentar la base imponible de un residente de cualquiera
de los Estados Contratantes mediante la inclusión en la misma de rentas que
también hayan sido sometidos a imposición en el otro Estado Contratante,
después del vencimiento de los plazos previstos en su legislación interna, y en
todo caso, después de siete años contados a partir del último día del ejercicio
fiscal en el que la renta en cuestión se obtuvo. Lo previsto en este párrafo no
se aplicará en el caso de fraude o dolo.
4. Las
autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por
resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o
aplicación del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.
5. Las
autoridades de los Estados Contratantes pueden hacer consultas entre ellas a
efectos de la eliminación de la doble tributación en los casos no previstos en
el Convenio y pueden comunicarse directamente a efectos de la aplicación del
Convenio.
ARTÍCULO 25.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. Las
autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la
información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente
Convenio, o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo
a los impuestos de toda naturaleza y denominación exigibles por los Estados
Contratantes en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al
Convenio. El intercambio de información no está limitado por los artículos 1º y
2º.
2. La
información recibida por un Estado Contratante en virtud del párrafo 1o será
mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del
Derecho interno de este Estado y sólo se comunicará a las personas o
autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) que tienen
interés en la liquidación o recaudación de los impuestos, de los procedimientos
declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los
recursos en relación con los mismos, o de la supervisión de las funciones
anteriores. Estas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para
dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los
tribunales o en las sentencias judiciales.
3. En
ningún caso, las disposiciones del párrafo 1o y 2o podrán interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a:
a. adoptar
medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa,
o a las del otro Estado Contratante;
b.
suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las
del otro Estado Contratante; o
c.
suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya
comunicación sea contraria al orden público.
4. Cuando
la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad con este
artículo, el otro Estado Contratante utilizará las medidas para recabar
información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada,
sin importar el hecho de que este otro Estado no requiera de tal información
para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por
lo dispuesto en el párrafo 3o, siempre y cuando esas limitaciones no sean
interpretadas para impedir a un Estado Contratante proporcionar información
exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.
5. En
ningún caso las disposiciones del párrafo 3o se interpretarán en el sentido de
permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar información únicamente
porque esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de
cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa
información haga referencia a la participación en la titularidad de una
persona.
ARTÍCULO 26.
CLÁUSULAS ANTIABUSO.
1. Las
disposiciones de los artículos 10,11 y 12 no se aplicarán si el propósito o uno
de los principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación
o atribución de una acción, crédito o derecho, en relación con los cuales los
dividendos, intereses o regalías se pagan, fuera el obtener beneficios de uno o
más de estos artículos mediante tal creación o atribución.
2. Ninguna
disposición de este Convenio podrá interpretarse en el sentido de impedir que
un Estado Contratante someta a imposición los montos comprendidos en la renta
de un residente de ese Estado con respecto a sociedades de personas,
fideicomisos (“trust”), sociedades u otras entidades en las que dicho residente
posee participación.
3. El
Convenio no será aplicable a una sociedad, fideicomiso u otra entidad que sea
residente de un Estado Contratante y que efectivamente pertenezca a una o
varias personas no residentes de ese Estado, o que sea controlada directa o
indirectamente por las mismas, si el monto aplicado por dicho Estado sobre la
renta o patrimonio de la sociedad, fideicomiso, u otra entidad, es
sustancialmente menor al monto que hubiese sido aplicado por el referido Estado
(después de tomar en cuenta cualquier manera de reducción o compensación de la
cantidad del impuesto, incluyendo una devolución, reintegro, contribución,
crédito, beneficio a la sociedad, fideicomiso o sociedad de personas, o a
cualquier otra persona) si todas las acciones de la sociedad o todos los
intereses en el fideicomiso, u otra entidad, según sea el caso, pertenecieran
efectivamente a una o varias personas naturales residentes de ese Estado.
4. En el
evento en que una o más de las disposiciones del Convenio deriven resultados no
pretendidos o contemplados por él, los Estados Contratantes deberán consultarse
entre ellos con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente aceptable,
incluyendo posibles modificaciones al Convenio.
ARTÍCULO 27.
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES.
1. Las
disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas
consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o
en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.
2. No
obstante lo dispuesto en el artículo 4o, una persona que es miembro de una
misión diplomática, oficina consular o misión permanente de un Estado
Contratante ubicada en el otro Estado Contratante o en un tercer Estado será
considerada, para los fines de este Convenio, como residente sólo del Estado
que lo envía si dicha persona está sujeta en el Estado que la envía a las
mismas obligaciones relativas a impuestos sobre rentas totales que los
residentes de ese Estado.
ARTÍCULO 28.
DISPOSICIONES VARIAS.
1. Las
disposiciones de este Convenio no podrán interpretarse en el sentido de
restringir de modo alguno cualquier exención, desgravación, crédito u otra
deducción establecida por las leyes de un Estado Contratante para la
determinación del impuesto exigido por ese Estado.
2. Para
los fines del párrafo 3o del artículo 22 (Consulta) del Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios, los Estados Contratantes convienen que, no obstante
dicho párrafo, cualquier controversia entre ellos sobre si una medida cae
dentro del ámbito de este Convenio puede ser sometida al Consejo para el
Comercio de Servicios, según lo dispuesto en dicho párrafo, solamente con el
consentimiento de ambos Estados Contratantes. Cualquier duda relativa a la
interpretación de este párrafo será resuelta a tenor del párrafo 4o del artículo
24, o, en ausencia de un acuerdo en virtud de dicho procedimiento, de
conformidad con cualquier otro procedimiento acordado entre ambos Estados
Contratantes.
3. Las
contribuciones en un año por servicios prestados en ese año y pagados por, o
por cuenta de, una persona natural residente de un Estado Contratante o que
está presente temporalmente en ese Estado, a un plan de pensiones que es
reconocido para efectos impositivos en el otro Estado Contratante deberán,
durante un periodo que no supere en total 60 meses, ser tratadas en el Estado
mencionado en primer lugar, de la misma forma que una contribución pagada a un
sistema de pensiones reconocido para fines impositivos en ese Estado, si:
a. dicha
persona natural estaba contribuyendo en forma regular al plan de pensiones por
un periodo que hubiera terminado inmediatamente antes de que pasara a ser
residente de o a estar temporalmente presente en el Estado mencionado en primer
lugar, y
b. las
autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar acuerdan que el
plan de pensiones corresponde en términos generales a un plan de pensiones
reconocido para efectos impositivos por ese Estado.
Para los
fines de este párrafo, “plan de pensiones” incluye el plan de pensiones creado
conforme al sistema de seguridad social de cada Estado Contratante.
VII. DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 29.
ENTRADA EN VIGOR.
1. Cada
uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía
diplomática, una vez cumplidos los procedimientos exigidos por su legislación
para la entrada en vigor de este Convenio. Este Convenio entrará en vigor en la
fecha de la última notificación y las disposiciones del Convenio se aplicarán:
a. en
Canadá,
(i) en
relación con el impuesto retenido en la fuente, por las cantidades pagadas o
acreditadas a personas no residentes, a partir del primer día de enero del año
calendario siguiente a aquel en que el presente Convenio entre en vigor, y
(ii) en
relación con otros impuestos canadienses, por los ejercicios fiscales iniciados
a partir del primer día del mes de enero en el año calendario siguiente a aquel
en que el Convenio entre en vigor.
b. en
Colombia,
(i) con
respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades
que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como
gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario
inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor;
(ii) en
los demás casos, desde la entrada en vigor del Convenio.
ARTÍCULO 30.
DENUNCIA.
Este
Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados
Contratantes podrá, a más tardar el 30 de junio de cada año calendario
posterior a aquel en que el Convenio entre en vigor, dar al otro Estado
Contratante un aviso de terminación por escrito, a través de la vía
diplomática. En este caso, las disposiciones del Convenio dejarán de surtir
efecto:
a. en
Canadá,
(i)
respecto a impuestos retenidos en fuente en cantidades pagadas o acreditadas a
no residentes, después de la finalización de ese año calendario, y
(ii)
respecto a otros impuestos canadienses, por años tributarios que comiencen
después de la finalización de ese año calendario.
b. en
Colombia,
(i) con
respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades
que se paguen, abonen en cuenta o se contabilicen como gasto, a partir del
primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel
en que se da el aviso;
(ii) en
los demás casos, desde la fecha en que se da el aviso.
EN FE DE
LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados a tal efecto, han firmado
este Convenio.
HECHO en
duplicado en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, en inglés,
francés y español, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Por Canadá,
Firma ilegible.
Por la República de Colombia,
Firma ilegible.
PROTOCOLO
En el
momento de proceder a la firma del Convenio entre Canadá y la República de
Colombia y para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, han convenido en
las siguientes disposiciones que forman parte integrante del convenio:
1. Se
entenderá que:
a.
Respecto del párrafo 3o del artículo 5o, a los efectos del cálculo de los
límites temporales a que se refiere este párrafo, el periodo durante el cual se
realizan las actividades por una empresa asociada a otra empresa en el sentido
del artículo 9o, se sumará al período durante el cual son realizadas las
actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas
empresas son idénticas o sustancialmente similares o son realizadas en conexión
con el mismo sitio o proyecto.
b.
Respecto del párrafo 3o del artículo 5o, la planificación, los trabajos
preparatorios y las actividades de supervisión se deberán considerar asociadas
a una obra o proyecto de construcción o instalación, solamente si dicho trabajo
o actividad se realiza en la obra o en el proyecto de construcción o
instalación.
c. Para
propósitos del artículo 7o, las utilidades se le atribuirán a un
establecimiento permanente según el párrafo 2o del artículo 7o como si el
establecimiento permanente fuese una empresa que se maneja de manera
independiente de la empresa de la cual hace parte. El párrafo 3o del artículo 7o
establece el principio de que los gastos incurridos por la empresa, para
propósitos del establecimiento permanente, indistintamente de donde hayan sido
incurridos, se podrán deducir de las utilidades atribuibles al establecimiento
permanente. Para aplicar este párrafo, la deducibilidad de estos gastos
procederá siempre que se cumplan los requisitos, condiciones y limitaciones a
las cuales están sujetos, de acuerdo con la legislación interna del Estado
Contratante en el cual está ubicado el establecimiento permanente.
d. En el
caso de Colombia, para los efectos de este Convenio, el término “buques”
comprende todo tipo de naves.
e. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2o del artículo 10, para el caso de
Colombia, cuando una sociedad residente en Colombia no haya pagado el impuesto
sobre la renta sobre las utilidades que se repartan a los socios o accionistas
por tener una exención o por exceder el límite máximo no gravado contenido en el
artículo 49  y en el párrafo 1o del artículo 245  del Estatuto Tributario, el
dividendo que se reparta podrá someterse en Colombia a la tarifa del 15 por
ciento, si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista
residente en Canadá.
f. Para
mayor certeza, el término “derecho” en el párrafo 4o del artículo 12 incluye
los derechos contractuales a recibir pagos relativos a la prestación de
asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría.
g. Si
después de firmado el Convenio, Colombia suscribe con un Estado tercero un
Convenio que estipule disposiciones respecto de asistencia técnica, servicios
técnicos o servicios de consultoría que sean más favorables que aquellas
dispuestas en el artículo 12 del Convenio, dichas disposiciones aplicarán
automáticamente al Convenio, bajo las mismas condiciones, como si dichas
disposiciones se hubieren establecido en el Convenio. Dichas disposiciones
aplicarán a este Convenio a partir de la entrada en vigor del Convenio con el
Estado tercero. La autoridad colombiana competente le deberá informar a la
autoridad canadiense competente, sin demora, que se han cumplido las
condiciones de aplicación de este subpárrafo.
h. Los
párrafos 6o y 7o del artículo 13 son incluidos en el Convenio teniendo en
cuenta la legislación interna de Canadá respecto de las reglas que aplican a la
emigración de contribuyentes. En el momento de la firma de este Convenio,
Colombia no tiene reglas similares en su legislación interna y, por lo tanto, se
anticipa que estos párrafos solamente aplicarán, inicialmente, en casos de
personas que dejan de ser residentes de Canadá.
i.
Respecto del párrafo 2o del artículo 20, se acordó que este sólo aplica en el
caso de Canadá bajo el entendido de que, según la legislación interna de
Colombia, los ingresos de un fideicomiso mantienen la caracterización legal del
ingreso subyacente generado por ese fideicomiso.
j. Para
mayor certeza, el plazo límite de siete años a que se refiere el párrafo 3o del
artículo 24  y el párrafo 3o del artículo 9o, será aplicable únicamente cuando
en la legislación interna del Estado Contratante mencionado en primer lugar en
dichos párrafos se prevea un plazo superior.
EN FE DE
LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos
Gobiernos, han firmado este Protocolo.
HECHO en
Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, en duplicado, en inglés,
francés y español, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Por Canadá,
LAWRENCE CANNON,
Ministro de Asuntos Exteriores.
Por la República de Colombia,
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE,
Ministro de Relaciones Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2009
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE.
DECRETA:
Artículo
1o. Apruébase el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima,
a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).
Artículo
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el Convenio
entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima, a los veintiún (21) días del mes
de noviembre de dos mil ocho (2008), que por el artículo 1o de esta Ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a ...
Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de
Relaciones Exteriores.
Jaime Bermúdez Merizalde.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Óscar Iván Zuluaga.”
III.  INTERVENCIONES
1.     Dirección de Impuestos Nacionales –DIAN-
La
representante de la DIAN,  resalta  la importancia de los acuerdos para evitar
doble tributación en el contexto de una economía globalizada, en la medida que
permiten alcanzar estándares de competitividad en favor de la inversión
extranjera. Igualmente, señala que estos acuerdos evitan la evasión fiscal a
través de reglas a partir de las cuales los Estados se distribuyen la
competencia fiscal.
Afirma la
representante de la DIAN, que la doble tributación constituye uno de los
obstáculos a la inversión extranjera y al comercio internacional, puesto que
una renta obtenida por el contribuyente está sometida simultáneamente a un
mismo o similar impuesto en dos o más Estados; o, puede presentarse, a su vez,
cuando dos jurisdicciones tributarias consideran que el ingreso se produjo en
su territorio o cuando dos jurisdicciones afirman ser el país de residencia del
sujeto generador del ingreso gravado. Sobre el punto desarrolla toda una
argumentación respecto de la importancia de los tratados que evitan doble
imposición.
Para la DIAN,
se dio cumplimiento a los trámites formales exigidos en la Constitución por
haberse agotado cada una de las etapas señaladas por los artículos 154, 157 y
224 superiores, así como la competencia indicada en el artículo 150 numeral 6
de la Carta.
Respecto del
análisis material, afirma que ya la Corte Constitucional ha aprobado tratados
de igual naturaleza con otros Estados como Chile, Suiza y España. Así, señala
que el Convenio consta de treinta (30) artículos y un Protocolo que agrupó de
la siguiente manera: i. Los artículos 1º a 2ª definen el ámbito de aplicación
del Convenio: personas  residentes de uno o de ambos Estados contratantes e impuestos
comprendidos: renta y patrimonio). ii. Los artículos 3º, 4º y 5º enmarcan definiciones
generales del convenio, así como el significado de expresiones que serán
usadas  de manera frecuente como residente y establecimiento permanente. iii. El
artículo 6º, numerales 1º a 4º establecen los bienes considerados como inmuebles
que generan renta. iv. Los artículos 7 a 13 estipulan eventos en los cuales se puede someter a imposición de un Estado Contratante los beneficios de una empresa
como: intereses, regalías y ganancias de capital. v.  Los artículos 14 a 22, determinan las actividades o hechos sujetos al convenio. vi. Los artículos 23 a 24 contienen disposiciones de aceptación del tratado tales como: la cláusula de no
discriminación recíproca, el procedimiento amistoso entre los países
contratantes, cuando una persona considere que las medidas adoptadas por
cualquiera de los Estados no se adaptan al convenio. vii. Los artículos 25 a 26 precisan el intercambio de información, cláusulas antiabuso. viii. Artículo 27 directrices
para no afectar privilegios fiscales de los que gozan las misiones diplomáticas
y consulares. ix. Artículo 28. Medidas para no restringir los tratamientos de
exención o desgravación, crédito o deducción establecida por un Estado
contratante. x. Artículo 29. Notificación para le cumplimiento de los
procedimientos requeridos por la respectiva legislación interna para la entrada
en vigor del instrumento internacional. xi. Artículo 30. Establece el
procedimiento de denuncia del tratado. xii. Por último, el Protocolo tiene como
finalidad precisar y complementar los alcances del Convenio.
La entidad finaliza
su intervención señalando que el Convenio cumple con los requisitos de
reciprocidad y respeto a la soberanía consagrados en los artículos 9 y 224 de la
Carta. Señala la DIAN que el Acuerdo que se revisa, prevé obligaciones
recíprocas de las partes y contiene compromisos que permiten el acceso a la
información, razón por la cual solicita declarar su exequibilidad.
2.     Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio
de apoderada, afirma que el Convenio tiene como punto de partida el modelo
propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –en
adelante OCDE- de gran importancia en la negociación, aplicación e
interpretación de los convenios fiscales que corresponde al modelo “dinámico”,
que permite su actualización y modificación periódica y puntual como resultado
de continuos procesos de globalización  y liberación de la economía mundial.
Sin embargo, el texto recoge algunas modificaciones recogidas del modelo ONU y
otras propias de Colombia, con el fin de tener un modelo más adecuado a
nuestras necesidades.
El tratado bajo análisis –señala-  comprende  los
impuestos sobre la renta y el patrimonio para Colombia y Canadá y, a su vez,
ampara ingresos correspondientes a actividades empresariales, de transporte
aéreo y marítimo, de inversión, de rentas inmobiliarias, de servicios, de
capital, artistas y deportistas, entre otros. En ese orden de ideas, considera
que el texto del tratado, luego de describirlo artículo por artículo, respeta
íntegramente los postulados constitucionales relativos a las relaciones
internacionales y, en particular, responde a lo establecido en el artículo 226
de la Carta Política, según el cual, el Estado promoverá la internalización de
las relaciones sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia. Finalmente,
indica que este instrumento no se limita sólo a  regular materias estrictamente
impositivas, sino que establece cláusulas destinadas a prevenir la evasión
fiscal y, por ende, incluye cláusulas anti-abuso, de forma que no se generan
beneficios a quienes incurran en conductas impropias.
Por lo anterior, el Ministerio defendió la
exequibilidad de este instrumento internacional.
3.     Ministerio de Relaciones
Exteriores
EL Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de
representante, afirma que el Convenio en estudio proporciona mecanismos que
favorecen la estabilidad jurídica, con miras a garantizar que las condiciones
pactadas en materia tributaria pervivan de forma estable, pues Canadá es un
socio estratégico prioritario en la política exterior de Colombia para efectos
de atraer inversión.
De esta forma, sostiene que, en las disposiciones
previstas en el Convenio y su Protocolo se establecen las rentas y beneficios empresariales;
dividendos; intereses; regalías; ganancias de capital y pensiones, susceptibles
de ser sometidos a imposición en uno y otro Estado. Así mismo, las citadas
cláusulas determinan los impuestos aplicables al Convenio, a saber: (i) Los
establecidos por la República de Colombia, impuesto a la renta y
complementarios, y el impuesto nacional sobre patrimonio y (ii) Los consagrados
por Canadá, bajo la Ley del impuesto a la renta. De igual manera, se consagran
cláusulas anti-abuso, de no discriminación, de intercambio de información y de
exclusión en lo que se refiere a miembros diplomáticos y oficinas consulares.
Advierte este Ministerio que, el Convenio y el Protocolo
sub examine fueron suscritos con plenos poderes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 7º del Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, en el artículo 189, numeral 2º de la Constitución Política y
mediante autorización ejecutiva de 21 de agosto de 2009, en la cual el entonces
Presidente ordenó someterlo a aprobación del Congreso de la República. En
concordancia con dicha autorización, el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y en concordancia con los artículos 150,
numeral 16; 189, numeral 2o; y 224 de la Constitución Política, presentó ante la
Secretaria del Senado de la República el proyecto de ley aprobatoria del
Convenio y el Protocolo, el día 26 de noviembre de 2009.
Por  lo expuesto, solicita se declare su
exequibilidad.
4.     Instituto Colombiano de
Derecho Tributario
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
pronunciándose sobre los aspectos de fondo de la norma objeto de examen
determinó que “Teniendo en cuenta que el Convenio aprobado a través de la
Ley 1459 de 2011 tiene una estructura, contenido y alcance muy similar a los
Convenios aprobados por las leyes ya declaradas constitucionales por la Corte y
las diferencias que puedan contener en nada afectan el análisis de
constitucionalidad, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los
conceptos anteriormente enviados por el ICDT como por la misma Corte
Constitucional en las sentencias citadas, el Instituto considera que la Ley
1459 de 2011 es constitucional.”
Es así como, recuerda el Instituto, que a propósito de
la Sentencia C-383  de 2008, por la cual se declaró exequible la Ley 1261 de
2008, se establecieron aspectos que considera importantes y aplicables al
presente tratado: i. Se recoge la tesis del monismo moderado en virtud de la
cual las reglas del Convenio prevalecen sobre el derecho interno (punto 3.3. de
la sentencia), ii. Se acepta que el Convenio puede crear situaciones que
impliquen sacrificio fiscal (punto 3.1 de la sentencia), iii. Este tipo de
convenios genera vacíos en su redacción que pueden afectar su aplicación, entre
ellos: a. La mención al concepto de establecimiento permanente como elemento
para establecer la jurisdicción que va a cobrar el impuesto tanto para rentas
empresariales como para rentas por dividendos, intereses y regalías, en la
medida que el mismo no ha sido desarrollado en Colombia por lo cual requiere
una definición y reglas internas claras pues no debe confundirse con la
definición que el Código de Comercio trae de establecimiento permanente. b.
Dificultad para implementar de manera práctica las reglas antielusión y
antiabuso. c. Dificultades en relación con la imposición sobre los dividendos pagados
a los accionistas, en muchos casos exentos en el país, de forma que Colombia renuncia
a ese recaudo de fuente nacional, que en todo caso si va a ser cobrado por el
otro Estado.
5.     Universidad Externado de
Colombia
El director del Centro de Estudios Fiscales (CEF) del
Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, emitió
concepto sobre la constitucionalidad de la Ley 1459 aprobatoria del Convenio y
del Protocolo bajo examen.
En lo concerniente a los aspectos formales, sostuvo la
importancia de atender a las directrices del anexo II de la Decisión 40 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), según el cual los convenios para evitar
doble tributación que suscriban los países miembros con otros Estados ajenos a
la subregión se deben guiar por el convenio tipo  y,  para su celebración, se
realizarán consultas con lo demás  miembros en el seno del Consejo de Política
Fiscal. Por lo anterior, estima que el Convenio debe ser enviado por la Corte
Constitucional al Tribunal de Justicia Andino en términos del artículo 123 de la
Decisión 500 de la CAN[1]
pues, de los “argumentos presentados por el Gobierno en la exposición de
motivos de la ley, se desprende que el CDI ha sido suscrito siguiendo las
directrices del Modelo de Convenio de la OCDE”. Argumenta que, de no
aplicar dicha Decisión, se podría vulnerar el artículo 9° de la Constitución, “pues
Colombia no estaría cumpliendo de buena fe las disposiciones comunitarias y,
por lo tanto, habría una vulneración del principio pacta sunt servanda, que la
Constitución y la propia Corte han querido preservar”.
En cuanto al fondo del asunto, el director del CEF
considera que, en términos generales, “los aspectos negativos de la aplicación
de los tratados obedecen a un tema de la ley interna, lo cual genera de facto
una falta de reciprocidad en la aplicación del tratado.”
En primer lugar, señala que “Colombia, en su
Estatuto Tributario, establece criterios muy laxos para considerar residente a
un sujeto extranjero, situación que contrasta con la mayoría de los Estados y
con el hecho de que los Convenios para Evitar la Doble Tributación, elaborados
desde el modelo de la OCDE, como lo son todos los celebrados por Colombia,
otorguen prevalencia al criterio de la residencia. A título de ejemplo,
mientras que en Colombia un extranjero sólo está sometido a tributar por renta
mundial luego del quinto año de ser residente fiscal (en términos colombianos),
en Canadá lo será a partir del primer momento en que se considere residente
fiscal.”
En lo que corresponde a los dividendos, según los artículos
48 y 49 del Estatuto Tributario, en buena parte no son gravados en Colombia, en
virtud de la aplicación de un sistema para evitar la doble tributación
sociedad-socio. La regla prevista por tales normas -y, por ende, del artículo
10 del Convenio- implicará que sea un beneficio tributario que otorga Colombia
únicamente en favor de Canadá, pero no en beneficio del contribuyente, puesto
que en últimas éste terminará soportando la misma carga económica cuando el
tributo se grave en Canadá, más no en Colombia. Así, al final se trataría de un
traslado de recaudo de Colombia a Canadá y el empresario no tendrá beneficio
tributario alguno.
En razón de lo anterior, el CEF propone “que los
CDI no incluyan el método de imputación para eliminar la doble imposición, como
se hace en el Convenio Colombia-Canadá, sino una cláusula de exención, que
resulta mas neutral ante los beneficios tributarios otorgados por los Estados,
ya que no considera dentro de la base gravable del impuesto las rentas de
fuente extranjera, estimulando así, verdaderamente la inversión.”
En segundo lugar, el CEF hace referencia al problema
de la figura de Establecimiento Permanente (EP), considerando que la
legislación interna colombiana no consagra una definición ni una regulación del
mismo, lo que podría “generar situaciones de pérdida de recaudación al
estado colombiano por la imposibilidad de aplicar tal institución.”. Por
esta razón, el CEF sugiere a la Corte que exhorte al Congreso de la República
para que éste incorpore una “reforma tributaria en lo atinente al
Establecimiento Permanente, so pena de poner en riesgo la seguridad jurídica
que debe existir por mandato constitucional en el ámbito tributario (Arts. 338
y 363 CN) y socavar la reciprocidad y profundizar en una pérdida de recaudación
que se genere por la inexistencia de regulación interna sobre la materia.”.
Se indica  que la misma Corte Constitucional  es consciente del asunto y así lo
indicó en la sentencia C-640 de 2010, al señalar que ciertos aspectos
instrumentales y administrativos del establecimiento permanente, como el
régimen aplicable para el cumplimiento de obligaciones formales, no estaban
incluidas en el tratado y, en consecuencia se requería reglamentar tales
aspectos, pues de lo contrario la aplicación de la aludida disposición
encontraría  dificultades en Colombia en detrimento del recaudo fiscal. A pesar
de ello, hoy día no se ha tramitado proyecto de ley alguno en tal sentido.
6.     Juan Carlos Bejarano
El ciudadano Bejarano precisa que, a pesar de que el
tema de doble tributación ha sido resuelto, en general, mediante reglas
unilaterales de derecho interno, es evidente que tales problemas pueden ser
resueltos con mayor eficiencia a través de acuerdos dirigidos a evitar la doble
tributación.
De esta forma, el ciudadano hace una relación de las
oportunidades en que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la
constitucionalidad de estos tratados, para lo cual menciona la Sentencia C-249
de 1994 (Acuerdo entre Colombia y Brasil); Sentencia C-160 de 2000 (Acuerdo
entre Colombia e Italia); Sentencia C-383 de 2008 (Convenio entre Colombia y
España); Sentencia C-460 de 2010 (Convenio entre Colombia y Suiza). Sobre este
último pronunciamiento, señaló que, pese a que estos acuerdos pueden significar
sacrificios fiscales para los Estados, se deben establecer obligaciones
recíprocas para las partes, de acuerdo con los principios internacionales de
equidad y reciprocidad, con el fin de que no se traduzcan en una condición
desfavorable o inequitativa.
Para este ciudadano el literal g) del Artículo 1º del
Protocolo  modificatorio del  ADT suscrito  entre Canadá  y Colombia  es
inexequible por violación  a los artículos 13 y 226 de la Constitución
Política.
Dicha disposición incorpora  la denominada cláusula “de
Nación más Favorecida” en relación con el tratamiento  de los ingresos
generados por concepto de servicios de asistencia técnica, servicios técnicos o
servicios de consultoría, en los siguientes términos:
“g. Si
después de firmado el Convenio, Colombia suscribe con un Estado tercero un
Convenio que estipule disposiciones respecto de asistencia técnica, servicios
técnicos o servicios de consultoría que sean más favorables que aquellas
dispuestas en el artículo 12 del Convenio, dichas disposiciones aplicarán
automáticamente al Convenio, bajo las mismas condiciones, como si dichas
disposiciones se hubieren establecido en el Convenio. Dichas disposiciones
aplicarán a este Convenio a partir de la entrada en vigor del Convenio con el
Estado tercero. La autoridad colombiana competente le deberá informar a la
autoridad canadiense competente, sin demora, que se han cumplido las
condiciones de aplicación de este subpárrafo.”
Sobre el punto, si bien la Corte Constitucional no ha
efectuado ningún reproche a este tipo de cláusulas por considerar  que
pretenden un trato igualitario frente a los inversionistas, de forma que una
vez el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el
derecho de otros Estados a  un tratamiento no menos favorable nace en forma
inmediata. No obstante, esta cláusula establece la obligación de manera
unilateral para Colombia, con lo cual se vulneran los principios de
reciprocidad, equidad y conveniencia nacional en términos del artículo 226 de la
Constitución Política. Es así como la finalidad de evitar una doble
tributación  internacional se logra gracias a la renuncia que hacen
recíprocamente los países de su potestad de gravar, pero la misma debe ser
recíproca, es decir, que si Canadá suscribe un convenio de doble imposición
tributaria en que se fijen condiciones más favorables para los inversionistas
de otro Estado no podrán tales beneficios ser extendidos a los inversionistas
colombianos, en tanto los inversionistas de Canadá sí podrán beneficiarse, en
el caso en que Colombia ofrezca condiciones tributarias más favorables a otro
Estado.
En consecuencia, solicita la exequibilidad
condicionada  de la cláusula de nación más favorecida, consagrada en el literal
g) del Artículo 1° del Protocolo.
IV.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACIÓN
En ejercicio de las competencias previstas en los
artículos 242.2 y 278 del texto constitucional, el Procurador General de la
Nación presentó concepto núm. 5269, dentro del trámite de la referencia, en el
cual solicitó a la Corte  lo siguiente:
Luego de hacer un análisis exhaustivo sobre el
cumplimiento de los requisitos formales de la Ley 1459 de 2011, el Procurador
no advierte la existencia de vicio alguno.
Con respecto al análisis material, señala que el
Convenio y el Protocolo sub examine, al pretender evitar la doble
imposición de tributos y la evasión fiscal en relación con el impuesto al
patrimonio, responde a la “misión de ambos estados parte de vigilar y
controlar de manera adecuada el pago de tributos”.
Finalmente, al analizar el contenido del Convenio y
del Protocolo, sostiene que ambos se desarrollan dentro de un marco de
reciprocidad, equidad y respeto, principios consagrados en los artículos 9, 226
y 227 del texto constitucional. Asimismo, afirma que se trata de un instrumento
internacional idóneo para lograr un manejo tributario adecuado y razonable,
acorde con los artículos 338, 345 y 363 de la Constitución.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicita a la
Corte declarar su exequibilidad.
V.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control
Según lo previsto en el artículo 241.10 de la
Constitución, corresponde a la Corte realizar el control automático de
constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban. Sobre el particular, cabe resaltar que el control confiado a esta
Corporación en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el
contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como
sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas
constitucionales aplicables.
2. Contenido y alcance del control formal de constitucionalidad
en materia de tratados internacionales
El control de constitucionalidad formal de los
tratados internacionales apunta a analizar (i) la validez de la representación
del Estado; (ii) la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas
y afrodescendientes, de ser procedente, al igual que (iii) el acatamiento al
trámite de una ley ordinaria, con dos particularidades: (i) la iniciación
del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a
relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) la remisión del
tratado internacional, al que su correspondiente ley aprobatoria a la Corte
Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva
(Art. 241-10 C.N.).
En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la
ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión
constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación
oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates
de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que
entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la
sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes, (Art. 241-10 C.P.).
En cuanto al elemento material del control de
constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, aquellas de la ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si se ajustan o no al Texto Fundamental.
3. Remisión del Acuerdo y su ley aprobatoria
La
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido
el 5 de julio del año en curso, remitió a esta Corporación copia auténtica de la
Ley 1459 de 2011“Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la
República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el impuesto  sobre la renta y sobre el
patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre
de dos mil ocho (2008) ”, para que de conformidad con lo previsto en
el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, decida sobre la exequibilidad
del tratado internacional y su ley aprobatoria.
4.     Negociación y celebración del
Tratado
La
Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, el deber
constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban y, a su vez, ha afirmado que tal análisis implica comprobar la
existencia de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar,
adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento
internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969[2].
En el caso bajo estudio, la Doctora Alejandra Valencia
Gartner, Directora de Asuntos Internacionales (E), remitió copia certificada de
la Aprobación Ejecutiva, de fecha del veintiuno (21) de agosto de 2009,
suscrita por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez,
mediante la cual se autorizó someter al Congreso de la República el “Convenio
entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto  sobre la renta y sobre
el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de
noviembre de dos mil ocho (2008)”
En estos casos, tal y como lo consideró la Corte en
sentencia C- 1710 de 2000, “no hay lugar a que la Corte verifique el poder
de los negociadores o firmantes del mismo, y de otra, como lo ha señalado en
anteriores oportunidades, de la presente revisión depende, en los términos del
artículo 241-10 de la Carta, la posibilidad de que el Presidente de la
República manifieste la voluntad del Estado de obligarse a dicho instrumento
adhiriendo al mismo”. No se presentó, en consecuencia, vicio alguno de
procedimiento.
5.     Trámite de aprobación de la
Ley 1459 de 2011 en el Senado de la
República
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las
actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las
certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Secretario General
del Senado de la República se pudo verificar que el trámite surtido en esa
Corporación para la expedición de la Ley No.1459 de 2011, fue el siguiente:
5.1   Presentación del proyecto de
ley aprobatoria y primer debate en la Comisión Segunda del Senado
El proyecto de Ley núm. 205 de 2009 Senado, “Por
medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de
Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo,
hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008) ”,
fue radicado el veintiséis (26) de noviembre de 2009 ante la Secretaría General
del Senado por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y
Crédito Público. El texto aparece publicado en la Gaceta del Congreso
núm.1207 del veintiséis (26) de noviembre  de 2009, pp. 16 a 32.
El texto de la Ponencia para primer debate se
encuentra publicado en la Gaceta del Congreso núm. 225 del diecinueve (19)
de mayo de 2010, pp. 1 a 6.
La aprobación del proyecto en la Comisión II del
Senado tuvo lugar el día nueve (9) de junio de 2010, según consta en el
Acta núm. 31 de la Sesión Ordinaria realizada en la Comisión II del Senado, la
cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 473 del treinta (30)
de julio de 2010.
A su vez, el proyecto de ley había sido previamente
anunciado el día ocho (8) de junio de 2010, según consta en el Acta núm. 30,
publicada en la Gaceta del Congreso núm. 473 del treinta (30) de julio de 2010
(pp 10, 12, 22-25), cuyo texto pertinente reza:
“El señor Presidente Manuel Enríquez
Rosero, informa:
Como se nos ha desbaratado el quórum, vamos a
suspender la discusión de este proyecto [proyecto de ley 20 5 de 2009] en estos
momentos. Vamos  a convocar para mañana a las 9:00 a.m., le pido a los
honorables Senadores, que mañana puede ser de pronto la última sesión,
necesitamos definir varios proyectos, en ese orden de ideas vamos a anunciar
los proyectos para la sesión siguiente  de la Comisión Segunda, que quedaran
pendientes, anunciando que se continuará con la discusión de este proyecto  que
ha sido suspendido  temporalmente. Señor Secretario, una vez  que termine de
anunciar los proyectos se  levantará la sesión convocando para mañana a las 9 a.m.
El señor Secretario de la Comisión, doctor Rafael
Sánchez, informa a la Presidencia:
Además de los proyectos que ya fueron anunciados [para
discusión y votación]  para mañana tendremos los proyectos  de ley números:
“… proyecto de ley  número 205 de 2009 Senado, por
medio del cual se aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal  en relación
con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio”, y su “Protocolo” hechos
en Lima, a los 21 días del mes de noviembre  de 2008.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de
Hacienda y Crédito Público.
Ponente  honorable Senadora  Nancy Patricia Gutiérrez
Castañeda.
Publicaciones: Proyecto de Ley. Gaceta del Congreso
número 1207 de 2009.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 225
de 2010.”
En cuanto al quórum y votación del proyecto de
ley, el Secretario de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:
“En relación a la solicitud del Honorable
Magistrado de certificar con exactitud el quórum deliberatorio y decisorio,
esta Secretaría informa que según como consta en el Acta No. 31  del 09 de
junio de 2010, publicada en la Gaceta No. 473 del 30 de julio de 2010 (págs.:
27, 28, 31-35, 39-40); el proyecto de ley fue aprobado de acuerdo al Acto
Legislativo No. 1 de 2009, donde se exige votación nominal y pública, así:
Al momento de abrirse el registro para votación de la
proposición final con que termina el informe de ponencia, el resultado fue el
siguiente:
VOTOS A FAVOR
VOTOS EN CONTRA
Angarita Medellín Dario
NINGUNO
Barriga Peñaranda Carlos Emiro
NINGUNO
Clopatofsky Ghisays Jairo
NINGUNO
Enríquez Rosero Manuel
NINGUNO
López Montaño Cecilia
NINGUNO
Restrepo Betancourt Luz Elena
NINGUNO
Velásquez Arroyave Manuel Ramiro
NINGUNO
Siguiendo con la votación y sometidos a consideración,
discusión  y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura del
articulado, el texto del articulado propuesto, el título del proyecto y su
quieren que éste pase a segundo debate en la Plenaria del Senado, tal como
consta en el Acta No. 31 del 09 de junio de 2010, publicada en la gaceta No.
473 del 30 de julio de 2010 (págs.: 27, 28, 31-35, 39-40); fueron aprobados por
los honorables senadores al momento de abrirse el registro, conforme al Acto
Legislativo  No. 01 de 2009 con votación nominal y pública cuyo resultado fue
el siguiente:
VOTOS A FAVOR
VOTOS EN CONTRA
Angarita Medellín Dario
NINGUNO
Barriga Peñaranda Carlos Emiro
NINGUNO
Clopatofsky Ghisays Jairo
NINGUNO
Enríquez Rosero Manuel
NINGUNO
López Montaño Cecilia
NINGUNO
Restrepo Betancourt Luz Elena
NINGUNO
Velásquez Arroyave Manuel Ramiro
NINGUNO
Constancia de esta votación  queda registrada  en el
Acta No.31 del 09 de junio de 2010, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda
del Senado  de esa fecha publicada en la Gaceta No. 473 del 30 de julio de
2010, la cual se anexa (págs. 27, 28, 31-35, 39-40)”
5.2.- Trámite en la Plenaria del Senado
El texto del informe de ponencia para segundo debate aparece
publicado en la Gaceta del Congreso núm. 366 del jueves diecisiete (17)
de junio de 2010, pp. 1 a 6.
El anuncio para discusión  y deliberación se realizó
en la sesión ordinaria del día martes veintiocho (28) de septiembre de 2010,
según Acta número 13 publicada en la Gaceta del Congreso núm. 787 del
martes diecinueve (19) de octubre de 2010, pp.61- 62, en los siguientes
términos:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor Presidente, los proyectos para la próxima sesión
son los siguientes:
‘…Proyecto de Ley  número 205 de 2009, por medio del
cual se aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio”, y su “protocolo”, hechos en
Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008”
La discusión y aprobación de la ponencia para segundo
debate se encuentra en el Acta de Plenaria núm. 14 de la sesión
ordinaria del día miércoles veintinueve (29) de septiembre de 2010, publicada
en la Gaceta del Congreso núm. 829 del día jueves veintiocho (28) de octubre
de 2010, pp. 7, 15, 17- 19, así
“Lectura de Ponencias y consideración  de
Proyectos en Segundo Debate
Proyecto de ley número 205 de 2009 Senado,
por medio de la
cual se aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio”, y su¿ Protocolo¿, hechos en lima a los 21
días del mes de noviembre de 2008.
La Presidencia indica a la Secretaría dar
lectura a la proposición con que termina el informe.
Por Secretaría se da lectura a la
proposición positiva con que termina el informe de ponencia.
‘(…) La Presidencia indica a la Secretaría
continuar con el siguiente proyecto de ley.
Proyecto de ley  número 205 de 2009
Senado, por medio del cual se
aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio”, y su “protocolo”, hechos en Lima a los
21 días del mes de noviembre de 2008.
La Presidencia  indica a la Secretaría dar lectura a
la proposición con que termina  el informe.
Por Secretaria se da lectura a la proposición positiva
con que termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria
la proposición  positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de
ley número 205 de 2010 Senado, cierra su discusión y, de conformidad con el
Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica a la Secretaria  abrir
el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
La Presidencia cierra la votación  e indica a la
Secretaria cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación.
Por Secretaria se informa el siguiente resultado:
Por el Sí       : 53
Por el No: 05 Votos
TOTAL : 58 Votos
Votación nominal a la proposición positiva
con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 205 de 2009
Senado, por medio
de la cual se aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio”, y su “Protocolo”, hechos en Lima a los 21
días del mes de noviembre de 2008.
Honorables
Senadores
Por el
Sí
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Alfonso
López Héctor Julio
Arbeláez
Escalante Amparo
Ashton
Giraldo Álvaro Antonio
Baena
López Carlos Alberto
Ballesteros
Bernier Jorge Eliécer
Barriga
Peñaranda Carlos Emiro
Benedetti
Villaneda Armando
Casado de
López Arleth Patricia
Cepeda
Sarabia Efraín José
Char
Abdala Fuad Ricardo
Clavijo
Contreras José Iván
Correa
Jiménez Antonio José
Corzo
Román Juan Manuel
Delgado
Blandón César Tulio
Delgado
Ruiz Edinson
Enríquez
Maya Carlos Eduardo
Enríquez
Rosero Manuel Mesías
Galvis
Aguilar Honorio
García
Burgos Nora María
García
Valencia Jesús Ignacio
Gechem
Turbay Jorge Eduardo
Guerra de la
Espriella Antonio del Cristo
Herrera
Acosta José Francisco
Hoyos
Giraldo Germán Darío
Iragorri
Hormaza Jorge Aurelio
Jiménez
Gómez Gilma
Laserna
Jaramilllo Juan Mario
Londoño
Ulloa Jorge Eduardo
Lozano
Ramírez Juan Francisco
Martínez
Aristizábal Maritza
Mazenet
Corrales Manuel Julián
Merlano
Morales Eduardo Carlos
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Motoa
Solarte Carlos Fernando
Name
Cardozo José David
Name
Vásquez Iván Leonidas
Paredes
Aguirre Myriam Alicia
Rapag
Matar Fuad Emilio
Rendón
Roldán Liliana Mar
Restrepo
Escobar Juan Carlos
Rizzeto
Luces Juan Carlos
Rodríguez
Sarmiento Milton Arlex
Sánchez
Ortega Camilo Armando
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Valera
Ibáñez Félix José
Velasco
Chaves Luis Fernando
Vélez
Uribe Juan Carlos
Villalba
Mosquera Rodrigo
Virgüez
Piraquive Manuel Antonio
Wilches
Sarmiento Claudia Jeanneth
Zuluaga
Artistizábal Jaime Alonso
29. IX. 2010.
Votación nominal a la proposición positiva
con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 205 de 2009
Senado, por medio
de la cual se aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio”, y su “Protocolo”, hechos en Lima a los 21
días del mes de noviembre de 2008.
Honorables
Senadores
Por el
No
Avellaneda
Tarazona Luis Carlos
Moreno
Rojas Néstor Iván
Ramírez
Ríos Gloria Inés
Robledo
Cas tillo Jorge Enrique
Romero
Galeano Camilo Ernesto
29. IX. 2010.
En consecuencia, ha sido aprobada la
proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley
número 205 de 2010 Senado.
Se abre segundo debate
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria
la omisión de la lectura  del bloque del articulado y cierra su discusión.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria
el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta ¿Adopta la Plenaria
el articulado propuesto?
La Presidencia indica  a la Secretaría dar lectura al
título del proyecto.
Por Secretaria se da lectura el título del Proyecto de
ley número 205 de 2010 Senado, por medio del cual se aprueba el “Convenio entre
Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio”, y su “protocolo”, hechos en Lima a los 21 días del mes de
noviembre de 2008, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre  de 2008.
Leído este, la Presidencia lo somete a consideración
de la Plenaria, y cerrada su discusión pregunta ¿Aprueban  los miembros de la
Corporación  el título leído?
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y
reglamentarios, la Presidencia pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el
proyecto de ley aprobado surta su trámite en la honorable Cámara de
Representantes?
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado,
título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes el
Proyecto de ley número 205 de 2010 Senado, cierra su discusión y, de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
La Presidencia cierra la votación e indica
a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación.
Por Secretaría se
informa el siguiente resultado:
Por el Sí: 54
Por el No: 05
TO TAL: 59 Votos
Votación nominal a la omisión de la
lectura del articulado, título y que surta su tránsito en la honorable Cámara
de Representantes, el del Proyecto de ley número 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio¿, y su¿ Protocolo¿, hechos en Lima a los 21 días del mes de
noviembre de 2008.
Honorables
Senadores
Por el
Sí
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Alfonso
López Héctor Julio
Arbeláez
Escalante Amparo
Ashton
Giraldo Álvaro Antonio
Baena
López Carlos Alberto
Ballesteros
Bernier Jorge Eliécer
Barriga
Peñaranda Carlos Emiro
Benedetti
Villaneda Armando
Casado de
López Arleth Patricia
Cepeda
Sarabia Efraín José
Char
Abdala Fuad Ricardo
Clavijo
Contreras José Iván
Córdoba
Suárez Juan de Jesús
Correa
Jiménez Antonio José
Corzo
Román Juan Manuel
Delgado
Blandón César Tulio
Delgado
Ruiz Edinson
Elías
Vidal Bernardo Miguel
Enríquez
Maya Carlos Eduardo
Enríquez
Rosero Manuel Mesías
Galvis
Aguilar Honorio
García
Burgos Nora María
García
Valencia Jesús Ignacio
Guerra de la
Espriella Antonio del Cristo
Herrera
Acosta José Francisco
Hoyos
Giraldo Germán Darío
Iragorri
Hormaza Jorge Aurelio
Jiménez
Gómez Gilma
Laserna
Jaramilllo Juan Mario
Londoño
Ulloa Jorge Eduardo
Lozano
Ramírez Juan Francisco
Martínez
Aristizábal Maritza
Mazenet
Corrales Manuel Julián
Merheg
Marún Juan Samy
Merlano
Morales Eduardo Carlos
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Motoa
Solarte Carlos Fernando
Name
Cardozo José David
Name
Vásquez Iván Leonidas
Paredes
Aguirre Myriam Alicia
Rapag
Matar Fuad Emilio
Rendón
Roldán Liliana Mar
Restrepo
Escobar Juan Carlos
Rodríguez
Sarmiento Milton Arlex
Sánchez
Ortega Camilo Armando
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Suárez
Mira Olga Lucía
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Valera
Ibáñez Félix José
Velasco
Chaves Luis Fernando
Villalba
Mosquera Rodrigo
Virgüez
Piraquive Manuel Antonio
Wilches
Sarmiento Claudia Jeanneth
Zuluaga
Artistizábal Jaime Alonso
29. IX. 2010.
Votación nominal a la omisión de la
lectura del articulado, título y que surta su tránsito en la honorable Cámara
de Representantes, el del Proyecto de ley número 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio¿, y su¿ Protocolo¿, hechos en Lima a los 21 días del mes de
noviembre de 2008.
Honorables
Senadores
Por el
No
Avellaneda
Tarazona Luis Carlos
Moreno
Rojas Néstor Iván
Ramírez
Ríos Gloria Inés
Robledo
Castillo Jorge Enrique
Romero
Galeano Camilo Ernesto
29. IX. 2010
En consecuencia, ha sido aprobada la
omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que
surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes el Proyecto de ley
número 205 de 2010 Senado.
La Presidencia indica a la Secretaría
continuar con el siguiente proyecto de ley.”
En últimas, analizados los textos de las Gacetas del
Congreso se concluye que el proyecto de ley aprobatoria del tratado
internacional: (i) fue anunciado el día 28 de septiembre de 2010 para ser
votado “la próxima sesión”; (ii) la cual se realizó el día 29 de
septiembre de 2010, fecha en que en efecto fue votado por la plenaria del
Senado.
5.3.- Trámite en la Comisión II de la Cámara de
Representantes
El Proyecto de ley número
116 de 2010 Cámara 205 de 2010 Senado, por medio del cual se aprueba el “Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio”, y su “protocolo”, hechos en Lima a los 21 días del
mes de noviembre de 2008, fue publicado en la Gaceta del Congreso No.1008 del 1º
de diciembre de 2010, páginas 7 a la 17.
El anuncio de este proyecto de ley se hizo el
día veintitrés (23) de marzo de 2011, según consta en el Acta No.29,
el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso núm. 177 del once (11) de
abril de 2011, p. 27. El texto del anuncio es el siguiente:
“Hace uso de la palabra  la señora
Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor Presidente, está en el orden del día
el Proyecto de ley 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado ¿usted me ordena
hacer el anuncio  para la próxima sesión donde haya aprobación de proyectos de
ley?.
Hace uso de la palabra el señor Presidente
Honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Anunciamos ese proyecto para la próxima
sesión donde se traten  proyectos de ley señora Secretaria.
Hace uso de la palabra  la señora
Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anunciamos para la próxima sesión el
siguiente Proyecto de ley número 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado por medio del cual se aprueba el “Convenio entre
Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio”, y su “protocolo”, hechos en Lima a los 21 días del mes de
noviembre de 2008.
Ponencia primer debate en Cámara Gaceta del
Congreso 1008 de 2010.”
La discusión y aprobación del proyecto de ley en la
Comisión II de la Cámara de Representantes tuvo lugar el día veintinueve (29)
de marzo de 2011, según consta en el Acta núm. 30, la cual aparece
publicada en la Gaceta del Congreso núm. 277 del diecisiete (17) de mayo de 2011,
pp. 6 a la 11, en los siguientes términos:
“Hace uso de la palabra la señora
Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor Presidente. Cuarto punto del
orden del día; discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate,
anunciados en sesión del miércoles 23 de marzo de 2011.
Proyecto de ley 116 de 2010 C, 205 de 2009 S, por medio de la
cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de
noviembre de 2008.
Hace uso de la palabra el señor Presidente
honorable Representante, Albeiro Vanegas Osorio:
La ponencia de este proyecto de ley le
corresponde al honorable Representante del Partido Conservador, Juan Carlos
Sánchez Franco. Antes de darle la palabra, señor Representante, conforme lo
indica el procedimiento, señora secretaria, sírvase leer el informe con que
termina la ponencia de este proyecto de ley.
Hace uso de la palabra la señora
Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí, Presidente. Por lo anteriormente
expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley me
permito proponer a los honorables Representantes de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente dar primer debate al Proyecto de ley 116 de 2010 C, 205 de 2009 S, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo,
hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008. En los términos
aprobados por la plenaria del honorable Senado de la República. Del
honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco, Ponente.
Leída la proposición con que termina el
informe de ponencia, señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente
honorable Representante, Albeiro Vanegas Osorio:
que está pidiendo dar primer debate al
proyecto de ley. Tiene la palabra honorable Representante, Juan Carlos Sánchez.
‘(…)
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Le agradecemos al doctor Alfredo Rodríguez
Cadena. Le ruego el favor al doctor Alfredo Rodríguez Cadena llevarle el
mensaje al Director de la Dian que en forma tan explícita y breve se lo expuso
aquí el Doctor Óscar de Jesús Marín, en el sentido de que los Representantes de
la Comisión Segunda quieren ser escuchados por el Director de la DIAN que si no
estoy mal, estamos mañana con él presentes, mañana continuamos en ello.
Representantes estamos en la discusión del
primer debate del Proyecto de ley número 116/010 Cámara, 205 de 2009 Senado, “por
medio de la cual se aprueba el convenio entre Canadá y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal, en relación
con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en
Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008”. Estamos en ese proyecto de ley, y volvemos a tomar en consideración el informe de ponencia
para preguntar si aprueban los honorables Representantes el informe de ponencia”
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el informe de ponencia
señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Señora Secretaria, sírvase dar lectura a
los tres artículos que forman el proyecto de ley en debate. Se votarán en
bloque los tres artículos, no se leerán. Están en consideración los artículos
que forman parte del proyecto de ley que son ampliamente conocidos por las
Gacetas conforme la ley establece darlo a conocer.
Anuncio que va a cerrarse la discusión de
ese articulado que están en las Gacetas, queda cerrada la discusión, aprueba la
comisión los artículos del proyecto de ley”
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el articulado del
proyecto señor Presidente por unanimidad.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Señora Secretaria favor leer el título del
proyecto.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por medio de la cual se aprueba el
Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal, en relación con el impuesto sobre
la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del
mes de noviembre de 2008.
Ha sido leído el título del proyecto.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Aprueba la comisión el título del proyecto
leído?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el título del proyecto
leído señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Pregunto si quiere la comisión que el
proyecto de ley sea ley de la república.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado por unanimidad señor
Presidente, el hecho de que los honorables Representantes han manifestado que
quieren que pase a segundo debate y sea ley de la República.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
De esta manera se aprueba en la Comisión
segunda en primer debate el proyecto de ley en referencia y se designa como
ponente para segundo debate en la plenaria de la Cámara al Doctor, Juan Carlos
Sánchez Franco.”
En cuanto al quórum y votación del proyecto de
ley, el Secretario de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:
“ que en sesión del día 29 de marzo  de 2011, Acta No.
30, publicada en la Gaceta del Congreso de la República No. 277 del 17 de mayo
de 2011, se llevó a cabo la discusión y aprobación del referido proyecto de
ley, en la sesión se hicieron presentes 17 Honorables Representantes quedando
de la siguiente forma la votación:
Leída la proposición con que termina el informe de
ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, Dr. Juan Carlos Sánchez
franco, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación
ordinaria. Página 10.
Sometido a consideración, el articulado del Proyecto,
publicado en la gaceta No. 1008 de 2010 se aprobó por unanimidad en votación
ordinaria. Página 10.
Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea
Ley de la República, se aprobó por unanimidad votación ordinaria. Páginas 10 y 11.”
5.4.- Trámite en la Plenaria de la Cámara de
Representantes
El texto de la Ponencia para segundo debate en Cámara,
aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 313 del veinticinco (25)
de mayo de 2011, pp. 1 a la 13.
El anuncio previo a votación se realizó el día siete (7)
de junio de 2011, según Acta de Plenaria núm. 69 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso núm. 717 de veintiséis (26) de septiembre de
2011, página 54, en la cual se lee lo siguiente:
“Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez:
Señor Presidente, honorables Congresistas,
se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del día de mañana,
8 de junio, o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos
de ley o actos legislativos.
‘(…) Proyecto de ley
número 116 del 2010 Cámara, 205 del 2009 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima a los 21
días mes de noviembre del 2008.”
Durante la sesión Plenaria de la Cámara de
Representantes del día ocho (8) de junio de 2011, según consta en el Acta de
Plenaria núm. 70 publicada en la Gaceta del Congreso núm. 718 de veintiséis (26)
de septiembre de 2011, páginas 31 a 34, fue aprobado el instrumento
internacional, en los siguientes términos:
“Proposición:
Por lo anteriormente expuesto, y conforme
a lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a la
de Plenaria de la Corporación dar segundo debate al Proyecto de ley número 116
de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición, y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio y su protocolo, hecho en Lima a los 21 días del mes de noviembre
del 2008”, en los términos aprobados por la Plenaria el honorable Senado de la
República.
‘(…)
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Ábrase el registro, señora Secretaria.
Jefe de Sección de Relatoría, doctor Raúl
Ávila Hernández, informa:
Se abre el registro, Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Estamos votando la proposición con que
termina el informe de ponencia.
Jefe de Sección de Relatoría, doctor Raúl
Ávila Hernández, informa:
Albeiro Vanegas    vota sí
Crisanto Pizo                  vota sí
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Obed Zuluaga                 vota sí
Hernán Penagos    vota sí
Marta Ramírez                vota sí
Camilo Abril          vota sí
Hugo Velásquez     vota sí
Victoria Vargas               vota sí
Jaime Cervantes     vota sí
Jaime Rodríguez    vota sí
Iván Agudelo                   vota sí
Heriberto Escobar vota sí
Gilberto Betancourt         vota sí
Roberto Herrera    vota sí
Jair Arango           vota sí
Dídier Burgos                 vota sí
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:Carlos Correa                   vota sí
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Dídier Tavera                  vota Sí
Yensy Acosta          vota Sí
Juan Diego Gómez vota sí
Luis Felipe Lemus  vota sí
Mónica Anaya                 vota sí
Hernando Hernández      vota no
Iván Cepeda                    vota no
Carlos Amaya                 vota no
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Se va a cerrar la votación
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
César Franco                  vota sí
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Estamos votando, honorables.
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Señores Representantes, se está votando el
informe de ponencia.
Orlando Velandia  vota sí
Jimmy Sierra          vota sí
Señores Representantes, quien vote
electrónicamente no lo haga manual, porque se altera el resultado.
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Se va a cerrar la votación.
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Laureano Acuña    vota sí
Germán Varón                vota sí
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Se cierra, señora Secretaria. Informe la
votación.
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Sí, Presidente. Se cierra la votación con
el siguiente resultado:
82 por el sí
7 por el no
Señor Presidente, ha sido aprobada la
proposición con que termina el informe ponencia.
Publicación de los registros de votación
Se anexa nota aclaratoria
‘… Proyecto de ley número 116 de 2010
Tema a votar: Ponencia
Sesión plenaria: Miércoles 8 de junio de 2011
Nota aclaratoria de votación, sesión
plenaria 8 de junio de 2011
La suscrita Subsecretaria General de la
honorable Cámara de Representantes aclara que por un error involuntario por
parte del funcionario que anunció la votación correspondiente a la ponencia del
Proyecto de ley número 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar
la Doble Imposición y para prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el
Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en Lima, a
los 21 días del mes de noviembre de 2008, se permite aclarar de la siguiente
manera:
1. Que el funcionario que anunció la
votación dijo que por el sí votaron 82, cuando en realidad se
registraron 83 votos por el sí, con el voto del honorable Representante
Carlos Arturo Correa Mojica.
En atención a lo anterior, la votación
anunciada debe ser corregida y queda de la siguiente manera:
Votación anunciada:
Por el sí: 83
Por el no: 7
Flor Marina Daza Ramírez.
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Articulado, título y pregunta.
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Señor Presidente, este proyecto de ley
tiene tres artículos y ninguno tiene proposición.
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
En consideración el articulado, el título
y la pregunta. Continúa su discusión, va a cerrarse. Título, Secretaria.
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Proyecto de ley número
116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la Doble
Imposición y para prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la
Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hecho en Lima a los 21 días del mes
de noviembre de 2008. Señor Presidente, ha sido leído el título.
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
En consideración el articulado del título,
la pregunta, continúa su discusión, va a cerrase, queda cerrada. Ábrase el
registro.
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Se abre el registro para hacer la
votación, señor Presidente.
Señor Presidente, en este momento se va a
votar el articulado, el título y la pregunta si quieren que este proyecto sea
Ley de la República.
Dirección de la Presidencia, doctor Carlos
Alberto Zuluaga Díaz:
Se cierra, señora Secretaria.
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Sí, Presidente. Se cierra con el siguiente
resultado:
81 por el sí.
8 por el no.”
En cuanto al quórum y votación del proyecto de
ley, el Secretario General de la Cámara de Representantes certificó lo
siguiente:
“Que en la sesión plenaria de la H. Cámara de
Representantes del día ocho (8) de junio de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y ocho (158)  H. Representantes, fue
considerada y aprobada con las mayorías que exige la Constitución y la Ley el
articulado y el título al Proyecto de Ley No. 116/2010 Cámara, 205/2009 Senado,
convertido en la Ley No.1459 de Junio 29 de 2011 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA EL ‘CONVENIO ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO’ Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LIMA A LOS 21 DÍAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2008” de la siguiente manera:
Ponencia para segundo debate fue aprobado a través de
votación nominal de la siguiente manera:
Si: 82 votos
No: 7 votos
No votaron: 76
El articulado, título del Proyecto y la pregunta “si
quieren que este Proyecto de Ley, sea Ley de la República”, fueron aprobados a
través de votación nominal:
Si: 81 votos
No: 8 votos
No votaron: 76
Se discutió y se aprobó en segundo debate
constituyéndose quórum decisorio.”
6.-   El cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1459
de 2011
6.1    Iniciación del trámite en el Senado
A partir del examen efectuado por la Corte
Constitucional, pudo  verificarse que el Proyecto de Ley inició su curso en el
Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la Constitución.
6.2   Término que debe mediar entre
debates y análisis de trámite en dos legislaturas
En lo que respecta a las exigencias derivadas de lo
dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los términos que deben
mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión
constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de ocho (8) días, y
entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la
otra, es de quince (15) días.
En el caso concreto es posible evidenciar lo
siguiente:
-
Aprobación en Comisión II de
Senado: nueve (9) de junio de 2010.
-
Aprobación en Plenaria de Senado: veintinueve
(29) de septiembre de 2010.
-
Aprobación en Comisión II de
Cámara: veintinueve (29) de  marzo de 2011.
-
Aprobación en Plenaria de Cámara: ocho
(8) de junio de 2011.
El anterior recuento evidencia que, efectivamente, mediaron
más de ocho (8) días entre las aprobaciones en Comisiones y Plenarias, al igual
que más de quince (15) días entre la aprobación en la una y la otra Cámara.
En relación con el cumplimiento del artículo 162
Constitucional, se evidencia que no se excedieron las dos legislaturas, con lo
cual se da estricto cumplimiento al precepto superior.
6.3    Publicaciones oficiales
En el numeral 1° del artículo 157 de la Constitución
se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del proyecto y de
la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en la
comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así:
-
Proyecto de ley: Gaceta del
Congreso núm. 1207 de veintiséis (26) de noviembre  2009.
-
Texto de Ponencia para Primer
Debate: Gaceta del Congreso núm. 225 del diecinueve (19) de mayo de 2010.
-
Aprobación del Proyecto en
Comisión II de Senado: Gaceta del Congreso núm. 366 del diecisiete (17) de junio
de 2010.
-
Texto de la Ponencia para Segundo
Debate en Senado: Gaceta del Congreso núm. 366 del diecisiete (17) de junio de
2010.
-
Aprobación del Texto en Plenaria
de Senado: Gaceta del Congreso núm. 829 de veintiocho (28) de septiembre de
2010.
-
Texto de la Ponencia para Primer
Debate en Cámara: Gaceta del Congreso núm. 1008 del primero (1°) de diciembre
de 2010.
-
Aprobación del Texto del Proyecto
de Ley en Comisión II de Cámara: Gaceta del Congreso núm. 277 del diecisiete
(17) de mayo de 2011.
-
Texto de la Ponencia para Segundo
Debate en Cámara: Gaceta del Congreso núm. 313 del veinticinco (25) de mayo de
2011.
Como puede observarse, no se presentó vicio alguno en
materia de publicaciones oficiales.
6.4.- Quórum y Mayorías
Fue
posible verificar que el trámite legislativo observó el requisito del quórum
decisorio, en el sentido prescrito por el artículo 146 de la Constitución
Nacional, y que, igualmente, se cumplieron los debates y aprobaciones en las
Comisiones Segundas Permanentes y en las Plenarias de Senado y Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 y 163 superiores. Veamos:
a.
Comisión Segunda del Senado
En cuanto al quórum y votación del proyecto de
ley, el Secretario de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:
“En relación a la solicitud del Honorable Magistrado
de certificar con exactitud el quórum deliberatorio y decisorio, esta
Secretaría informa que según consta en el Acta No. 31 del 09 de junio de 2010,
publicada en la gaceta No. 473 del 30 de julio de 2010 (págs.7, 28,31-35,
39-40); el proyecto de ley fue aprobado de acuerdo con el Acto Legislativo
No. 01 de 2009, donde se exige una votación nominal  y pública, así:
Al momento de abrirse el registro  para votación de la
proposición final  con que termina el informe de ponencia, el resultado fue el
siguiente:
VOTOS A FAVOR
VOTOS EN CONTRA
Angarita Medellín Dario
NINGUNO
Barriga Peñaranda Carlos Emiro
NINGUNO
Clopatofsky Ghisays Jairo
NINGUNO
Enríquez Rosero Manuel
NINGUNO
López Montaño Cecilia
NINGUNO
Restrepo Betancur Luzelena
NINGUNO
Velásquez Arroyave Manuel Ramiro
NINGUNO
Siguiendo con la votación y sometidos a consideración,
discusión y votación la proposición mediante la cual  se omitió la lectura del
articulado, el texto del articulado, el título del proyecto y si quieren que
este pase a segundo debate en la Plenaria del Senado, tal como consta en el
Acta No. 31 del 09 de junio de 2010, publicada  en la Gaceta No. 473 del 30 de
julio de 2010 (págs. 27, 28, 31-35, 39-40); fueron aprobados por los Honorables
Senadores presentes  al momento de abrirse el registro, conforme al Acto
Legislativo No. 01 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue
el siguiente:
VOTOS A FAVOR
VOTOS EN CONTRA
Angarita Medellín Dario
NINGUNO
Barriga Peñaranda Carlos Emiro
NINGUNO
Clopatofsky Ghisays Jairo
NINGUNO
Enríquez Rosero Manuel
NINGUNO
López Montaño Cecilia
NINGUNO
Restrepo Betancur Luzelena
NINGUNO
Velásquez Arroyave Manuel Ramiro
NINGUNO
Constancia de esta votación queda registrada en el
Acta No. 31 del 09 de junio de 2010, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda
del Senado de esa fecha publicada en la Gaceta No. 473 del 30 de julio  de
2011, la cual se anexa (págs.:27,28, 31-35, 39-40)”
b.
Plenaria del Senado
El Secretario General del Senado de la República
certificó lo siguiente:
“La discusión y aprobación del proyecto de ley en la
sesión ordinaria del día miércoles 29 de septiembre de 2010 según Acta número
14, publicada en la gaceta del congreso número 829 del jueves 28 de septiembre
de 2010 paginas (sic) 7, 15, 17-19. La votación nominal fue de 59 votos así: 54
votos por el SI, y 05 votos por el NO. Adjuntamos fotocopia autenticada de la
gaceta del Congreso.”
c.
Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes
En cuanto al quórum y votación del proyecto de
ley, el Secretario de la Comisión II de la Cámara de Representantes certificó
lo siguiente:
“que en sesión de día 29 de marzo de 2011, Acta No.
30, publicada en la Gaceta del Congreso de la República No. 277 del 17 de mayo
de 2011, se llevó a cabo la discusión y aprobación del referido proyecto de
ley, en la sesión se hicieron presentes 17 Honorables Representantes quedando
de la siguiente forma la votación:
Leída la proposición con que termina el informe de
ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, Dr. Juan Carlos Sánchez
franco, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación
ordinaria. Página 10.
Sometido a consideración, el articulado del Proyecto,
publicado en la gaceta No. 1008 de 2010 se aprobó por unanimidad  en votación
ordinaria. Página 10.
Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea
Ley de la República, se aprobó por unanimidad votación ordinaria. Páginas 10 y 11.”
Como se nota la votación no se realizó en forma
nominal y pública, sino de manera ordinaria. A pesar de ello, se presentó
unanimidad en la votación  y ninguno de los congresistas presentes solicitó
votación nominal, razón por la cual no se presenta desconocimiento de las
minorías, con lo cual  se configura la hipótesis del numeral 16 del artículo
129 de la Ley 5ª de 1992[3].
d.
Plenaria de la Cámara de
Representantes
La certificación emitida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes dice lo siguiente[4]:
“Que en Sesión Plenaria de la H. Cámara de
Representantes del día ocho (8) de Junio de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y ocho (158) Honorables Representantes, fue
considerada y aprobada con las mayorías que exige la Constitución y la Ley el
articulado y el título al Proyecto de Ley No. 116/2010 Cámara, 205/2009 Senado,
convertido en la Ley No. 1459 de Junio de 2011“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA
EL ‘CONVENIO ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO’ Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LIMA A LOS 21 DÍAS DEL
MES D ENOVIEMBRE DE 2008” de la siguiente manera:
Ponencia para segundo debate  fue aprobado a través de
votación nominal de la siguiente manera:
Si: 82 votos
No: 7 votos
No votaron: 76
El articulado, título del Proyecto y la pregunta “si
quieren que este Proyecto de Ley, sea Ley de la República”, fueron aprobados a
través de votación nominal:
Si: 81 votos
No: 8 votos
No votaron: 76
Se discutió y se aprobó en segundo debate
constituyéndose quórum decisorio.”
7.-
Sanción Presidencial
Por último, el numeral 4º del artículo 157 de la
Constitución establece que ningún proyecto será ley sin haber obtenido la
Sanción por el Gobierno Nacional. En esta oportunidad, según fue reseñado, el
Presidente de la República impartió la sanción correspondiente el veintinueve (29)
de junio de 2011 y su publicación como Ley 1459 de 2011 se hizo en el diario
oficial 48116 de treinta (30) de junio de 2011.
8.- Conclusión sobre la revisión formal de la
ley
Examinado el trámite surtido en el Congreso de la
República al proyecto de Ley número 205 de 2009 Senado y 116 de 2010 Cámara, “Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto  sobre la renta y sobre
el patrimonio” y su “protocolo”, hechos en Lima, a los 21 días del
mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria
del mismo, la Corte advierte que el mismo cumplió a cabalidad con las
exigencias previstas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso (Ley 5ª
de 1992) para la aprobación de este tipo de normas. En consecuencia, desde el
punto de vista formal se declarará la exequibilidad de la Ley 1459 del 29 de
junio de 2011.
9.-   Análisis material sobre el contenido del Convenio aprobado
mediante Ley 1459 de 2011
9.1.- Objetivo y aspectos generales
El “Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio” y su “protocolo”, hechos en Lima, a los 21 días del
mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria
del mismo, tiene como objetivos principales: (i) prevenir de manera efectiva
conflictos de sobreimposición, los cuales afectan a personas que,
simultáneamente, mantienen vínculos personales, laborales o de otro tipo con
dos Estados diferentes; y, a su vez, (ii) pretende reforzar la colaboración
entre las autoridades tributarias competentes de ambos países, reconciliando
sistemas tributarios entre los Estados Contratantes, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en consecuencia, el
fortalecimiento de los instrumentos para evitar la evasión y la elusión en el
tráfico internacional.
9.2.- Alcance y objetivos de los
Convenios para evitar la doble imposición (CDI). Reiteración de la
jurisprudencia
Con
la globalización económica, los Estados se han visto en la necesidad de
modificar su legislación y política fiscal interna en razón de los conflictos
de aplicación de la ley tributaria en el espacio y de la pluralidad de
elementos de conexión[5],
los cuales han generado doble tributación[6]
para los nacionales de cada país. Así, cada Estado pretende aumentar su
capacidad competitiva, atrayendo “inversión extranjera, mediante el
establecimiento de unas normas tributarias que ofrezcan las respectivas
garantías de estabilidad y seguridad jurídica.”[7]
Colombia
viene avanzado paulatinamente en la materia, al punto que a la fecha se han
suscrito cuatro convenios de esta naturaleza, aplicando como parámetros para la
negociación: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la
Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho de los Tratados entre estados y
organizaciones internacionales y, además, el modelo de la OCDE y directrices del
modelo de la ONU.
Dentro
de los más recientes e importantes que ha suscrito, se encuentran la Decisión
40 del Acuerdo de Cartagena, remplazada por la Decisión 578 del Convenio
Multilateral de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); el Convenio de doble
imposición entre Colombia y España, aprobado por la Ley 1082 de 2006 (Sentencia
C- 383 de 2008); el Convenio de doble imposición entre Colombia y Chile,
aprobado por la Ley 1261 de 2008 (Sentencia C-577 de 2009); y, por último, el
Convenio de doble imposición entre Colombia y Suiza, aprobado por la Ley 1344
de 2009 (Sentencia C-460 de 2010).
Estos Convenios son acuerdos
solemnes entre Estados contratantes que tienen una naturaleza jurídica dual,
pues son tratados internacionales y, al mismo tiempo, forman parte del
ordenamiento jurídico interno, cuyo objeto principal es el de eliminar los
conflictos positivos de tributación, originados por el ejercicio de la
soberanía fiscal de los Estados. En este sentido, cada Estado “autolimita” su
potestad tributaria con el fin de cederla, o mejor, de crear un “’micro-sistema
fiscal’ entre ambos estados contratantes.”[8].
En este sentido, estos acuerdos no implican necesariamente “ceder en el
propósito de conseguir mayores recursos –como erróneamente se creyó en Colombia
hasta hace muy poco- sino, por el contrario, fomentar la generación de mayores
recursos a través de la vinculación de nuevas inversiones, adoptar medidas
tendientes a la neutralidad del sistema tributario mediante la prevención de la
doble imposición y fortalecer las herramientas de fiscalización como resultado
del afianzamiento de las relaciones con autoridades de impuestos de otros
países apoyados en medidas como la asistencia mutua en la recaudación de
impuestos y el intercambio de información.”[9]
.
En conclusión, tal como se afirmó en la sentencia
C-383 de 2008, por medio de estos Convenios “… los Estados firmantes buscan
ofrecer condiciones más favorables para el tráfico jurídico y de inversiones y
negocios entre los dos países, que se espera redunden en el crecimiento de
ambas economías, al tiempo que a través de la mutua cooperación, previenen que
tales condiciones puedan generar perjuicios a la efectiva recaudación de las
rentas tributarias legalmente debidas a cada uno de ellos.”
9.3   Principales cláusulas de los ADT. Reiteración
Como se ha explicado, los ADT tienen como objetivo
delimitar la potestad tributaria de los Estados signatarios. Tal como
expresamente se analizó en la sentencia C-577 de 2009, el fenómeno de la doble
tributación internacional pasa por dilucidar el significado del llamado “elemento
de conexión”, que consiste en las relaciones existentes entre las personas,
los objetos y los hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más
Estados, pudiendo ser subjetivos, si se vinculan con las personas
(nacionalidad o la residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a
los hechos (fuente de producción o pago de la renta, lugar del ejercicio de la
actividad, ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente
o sitio de celebración del contrato).
En este orden de ideas, teniendo en consideración un
debate internacional, importa diferenciar entre el país donde se sitúa la
empresa o el receptor de la inversión y donde se obtiene la renta producida por
los capitales (país de la fuente), y aquel donde reside el titular de
los fondos suministrados y que obtiene la renta de los capitales invertidos en
el exterior (país de la residencia). De allí que la discusión se ha
planteado, en los últimos años, acerca de cuál de los dos principios debería
prevalecer: si aquel del Estado de la fuente, normalmente en vía de desarrollo
y receptor de inversión extranjera, o el atinente al Estado de residencia,
usualmente exportador de capitales.
De allí que se haga referencia al modelo de convención
adoptado en el seno de la OCDE que, por regla general apunta a que las
utilidades de las empresas son gravadas exclusivamente por el Estado de la
residencia, y no donde se genera la fuente. De tal suerte que aparece la figura
de “establecimiento permanente”, presente en diversos ADT, que surge
como una excepción, atribuyendo una competencia a favor del Estado de la
fuente, a condición de que en su territorio se encuentre realmente instalado
aquél y únicamente en la medida en que las utilidades de la empresa le sean
imputables. De allí que, el Estado de la fuente está excepcionalmente
autorizado a tributar los resultados de las actividades que ejercen empresas
extranjeras en su territorio con cierta intensidad, materializada en la
instalación de un establecimiento estable, de suerte tal que aquéllas que son
meramente accidentales u ocasionales, que no supongan la existencia de una base
fija, escapan a su competencia tributaria[10].
Los Estados en vía de desarrollo, por su parte, han
criticado la figura del establecimiento permanente, por su carácter
restrictivo, por cuanto preferirían la mayor amplitud suministrada por el
principio de territorialidad, en su acepción de Estado de la fuente, lo cual
les permite gravar utilidades obtenidas en su territorio por empresas
extranjeras, aunque éstas no dispongan de un establecimiento permanente ubicado
en aquél[11].
En suma, los casos más frecuentes de doble imposición
tienen lugar cuando un país grava con base en la fuente, usualmente
donde se genera el enriquecimiento, y el otro lo hace con base en el sistema de
residencia; es decir, se presenta un conflicto entre fuente y residencia[12]. En otras
palabras, el fenómeno de la doble tributación internacional se explica por la
inexistencia en el derecho internacional público de normas, con carácter
general, que limiten el ejercicio de la soberanía tributaria de los Estados. De
allí que cada uno de ellos, de manera autónoma, regule su sistema tributario,
bien sea con base en el principio de la fuente o situs de la renta (principio
de territorialidad) o de conformidad con la residencia o domicilio fiscal
del sujeto pasivo de la obligación tributaria (principio de
extraterritorialidad). La anterior situación conduce, en la práctica, a una
coexistencia de normas aplicables a un mismo supuesto fáctico, afectando de
esta manera la movilidad de capitales, tecnología, bienes y servicios. De allí
la necesidad de adoptar un instrumento internacional o ADT, que resuelva el
conflicto de leyes tributarias[13].
9.4   Descripción
general del instrumento internacional y de su Protocolo
El Convenio entre Colombia y
Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación
con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio (ADT), está conformado por
treinta (30) artículos y un Protocolo.
El artículo 1° define el ámbito de aplicación personal del Convenio,
esto es, las personas comprendidas: Serán entonces las personas residentes de
uno o de ambos Estados Contratantes.
El artículo 2º indica los impuestos que se comprenden en el tratado,
estos son, la renta y el patrimonio exigibles por cada Estado Contratante.
Además, se definen los alcances de tales gravámenes y la posibilidad de que el
Convenio se extiende a impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente
similares.
Los artículos 3º, 4º y 5° enmarcan las definiciones
generales del Convenio, así como el significado de expresiones que serán
utilizadas de manera frecuente como es el caso del “residente” de un
Estado Contratante y de un “establecimiento permanente”.
A lo largo de los
artículos 6 a 21 del ADT se regulan las rentas
comprendidas por el
instrumento internacional, en los siguientes términos: rentas de bienes
inmuebles (art.6); beneficios empresariales (art.7); transporte marítimo y aéreo (art.8); empresas
asociadas (art.9); dividendos (art.10); intereses (art.11); regalías (art.12):
ganancias de capital (art.13); rentas de un empleo (art.14); participaciones de
directores (art.15); artistas y deportistas (art. 16); pensiones (art. 17); remuneraciones
por funciones públicas (art.18); estudiantes (art.19) y otras rentas (art.20).
Los numerales del artículo 21 hacen énfasis en los
lineamientos que se deben tener en cuenta respecto a la imposición del
patrimonio constituido por bienes muebles, inmuebles, explotación de buques y
aeronaves, así como todos los demás elementos del patrimonio de un residente de
un Estado Contratante que sólo puede someterse a imposición de ese Estado.
Los artículos 22 a 28 del ADT regulan lo atinente a los diversos métodos
para evitar la doble imposición, tales como la eliminación de la doble
imposición (art. 22); las disposiciones especiales encaminadas a evitar la
discriminación (art. 23); el procedimiento de acuerdo mutuo (art. 24); el
intercambio de información y las cláusulas
antiabuso (arts. 25 y 26); la
regulación de los privilegios fiscales de miembros de misiones diplomáticas y
de oficinas consulares (art. 27); y las disposiciones de carácter general (art.
28).
Bajo el
título “disposiciones finales”, los artículos 29 y 30 regulan temas
propios de la técnica de los tratados internacionales, referidos a la entrada
en vigor del ADT y su correspondiente denuncia.
Por último, el Protocolo del Convenio entre Canadá y la
República de Colombia para evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, tiene como finalidad precisar y
complementar el alcance de algunas de las disposiciones del respetivo Convenio.
9.5
Examen
de constitucionalidad del articulado del tratado internacional
En este acápite la Corte abordará el análisis material
de constitucionalidad del “Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio” y su “protocolo”, hechos en Lima, a los 21 días del
mes de noviembre de 2008.
Desde ya se advierte que en el juicio de
constitucionalidad no corresponde a la Sala adelantar una valoración de
aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad de los tratados, por ser un
asunto ajeno a las funciones jurídicas asignadas a la Corte como garante de la
supremacía e integridad de la Constitución (art. 241-10 CP). Dicha valoración
compete al Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las
relaciones internacionales (art. 189-2 CP) y al Congreso al decidir si aprueba
o no un tratado mediante ley (art. 150-16 CP). En consecuencia, los reparos de
orden práctico y en general de conveniencia que en este sentido han formulado
algunos intervinientes no serán objeto de análisis respecto del Convenio y su
Protocolo.
En cuanto a la referencia que la Universidad Externado
de Colombia ha efectuado a la Decisión número 40 de la Comunidad Andina de
Naciones, tal como la Corte lo advirtió en las sentencias  C-383 de 2008,  C-577
de 2009 y C-460 de 2010 por la cual se declaró exequible la Ley 1261 de 2008,
se advierte que la misma no forma parte del bloque de constitucionalidad y por
esa razón no es parámetro de confrontación en este caso particular. Sin
embargo, debe precisarse que la misma fue remplazada por la Decisión 578 de la
Comunidad Andina de Naciones que no contempla ningún tipo de consulta
obligatoria de los Estados miembros, razón por la cual no encuentra la Corte
fundamento alguno para remitir el texto del tratado a consulta del Consejo de
Política Fiscal  o a ningún otro organismo del sistema andino de
integración.
9.5.1 Artículo 1º y 4º.-
De conformidad con el artículo 1°, este Convenio será
aplicable a aquellas personas que sean residentes en uno o ambos de los Estados
Contratantes, disposición que se complementa con el contenido del artículo 4° del
mismo instrumento, por el cual se establecen reglas claras y precisas para
determinar quiénes deben considerarse “residentes” de uno u otro Estado.
Sobre este último punto la Corte advierte que las reglas señaladas en orden a
determinar quién es residente para efectos tributarios se ajusta a lo dispuesto
en el artículo 363 Superior. En términos del principio de universalidad, las
personas domiciliadas en el país, en principio, son gravadas en la totalidad de
sus rentas con independencia del lugar en el cual se producen, es decir,
atendiendo un factor subjetivo (residencia) aunque el elemento objetivo
(fuente) se localice en el exterior.
9.5.2 Artículo 2º.-
Por su parte el artículo 2º del tratado internacional
precisa cuáles son los tributos nacionales comprendidos en el ADT: Para el caso
colombiano el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio; en tanto
para Canadá los impuestos fijados por el Gobierno de Canadá bajo la
denominación “Ley de impuesto de renta”. No advierte la Sala vulneración
alguna en relación con los gravámenes cubiertos por el presente convenio, más
aún si como se precisa en el numeral 4º de este artículo, el Convenio aplica a
impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente similar.
9.5.3 Artículo 3º.-
Por su parte, el artículo 3º consagra definiciones
generales usadas a lo largo del texto del Convenio de manera recurrente, sin
que en relación con el mismo proceda observación alguna.
9.5.4 Artículo 5º.-
El artículo 5º del convenio define y regula una figura que
ha encontrado objeción reiterada en el estudio de constitucionalidad de esta
clase de Convenios y es la de “Establecimiento Permanente (EP)”. Por
virtud de esta figura de acuerdo con la doctrina internacional “(…) el
Estado de la fuente está excepcionalmente autorizado a tributar los resultados
de las actividades que se ejercen en su territorio con cierta intensidad,
materializada en la instalación de un establecimiento estable, de suerte tal
que las actividades meramente accidentales, ocasionales o que no presupongan
una base fija, escapan a su competencia tributaria.” [14]. De esta forma, las utilidades podrán ser gravadas en
el Estado donde se generaron y no en donde reside la empresa, “pero solo en la medida en que sean imputables al
establecimiento permanente situado allí.”[15]
Asimismo, la Dirección de Impuestos  y de
Aduanas Nacionales -DIAN- ha establecido que “el derecho a gravar las utilidades empresariales por
parte del Estado de la fuente nace del hecho de acoger en su territorio un
lugar fijo de negocios de una empresa de otro Estado que llega a hacer parte de
su economía y por lo tanto debe contribuir con el pago de impuestos en el país
de la fuente.”[16].
Es así como el EP en el modelo OCDE, en el derecho comparado (vrg.
Argentina) y en el presente Convenio, ha sido entendido como el “lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa
realiza toda o parte de su actividad.”
Pues bien, a pesar de la adición realizada por Colombia con respecto a los
establecimientos permanentes y, además, a pesar de existir una amplia
definición a nivel internacional, la legislación interna colombiana, por su parte,
no ha consagrado  aún definición o regulación expresa
respecto al EP.
Es así como hasta ahora  para interpretar el alcance de tal
definición se ha acudido al artículo 471 del Código de Comercio, del cual puede
inferirse que las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia y que
realicen actividades permanentes en el país, deben constituir una sucursal a la
cual le serán aplicables los artículos 20 y 21 del Estatuto Tributario[17].
Por consiguiente, Colombia podrá gravar las rentas de fuente nacional que
obtengan las sociedades extranjeras que realicen actividades permanentes en el
país a través de sucursales. El anterior artículo es uno de los casos (por no decir
el único) que evidencia que una sucursal es considerada establecimiento
permanente.
En
sentencia C-383 de 2008, la Corte consideró que el término establecimiento
permanente, usado de manera reiterada, era análogo, aunque más
amplio, al concepto de establecimiento de comercio y, determinó, a su
vez, que esta figura permitía establecer el lugar en el cual “deben cumplirse de manera preferente las obligaciones
tributarias que un determinado negocio genere y que en principio se refieran a
ambos Estados.” Por su parte, en
sentencia C-577 de 2009 se determinó que el EP “precisa la existencia de una
instalación material, con ánimo de permanencia, que esté a disposición de la
empresa, la cual debe ejercer su actividad en esa instalación o mediante ella,
no siendo requisito sine qua non la productividad o la rentabilidad.”.
Sin embargo,
en sentencia C- 460 de 2010, la Corte argumentó que un EP no puede
equipararse necesariamente a un establecimiento de comercio, ni a una sucursal,
pues, como bien lo establece el artículo 5° del Convenio, se puede estar en
presencia de ésta incluso en hipótesis como “una obra o proyecto de
construcción, instalación o montaje”, las cuales no guardan simetría con las
instituciones de derecho mercantil antes mencionadas. Por esta razón,
advierte que ciertos aspectos instrumentales y administrativos del establecimiento
permanente, como el régimen aplicable para el cumplimiento de las obligaciones
formales, no están comprendidas en el texto del artículo 5° del presente
tratado.”. En consecuencia, indicó que era necesario reglamentar dichos
aspectos, “pues de lo contrario, la aplicación de la aludida disposición
encontrará serias dificultades en Colombia en detrimento del recaudo fiscal.”
La anterior conclusión resulta acertada si se tiene en
cuenta que para el caso concreto el mismo artículo 5 del Convenio suscrito con
Canadá, incluyó expresamente el concepto
de EP, así: “…la prestación de
servicios incluidos los servicios de consultorías, por parte de una empresa de
un Estado Contratante por intermedio de sus empleados u otras personas
naturales encomendadas por la empresa para ese fin en el otro Estado
Contratante, pero solo en el caso de que tales actividades prosigan en ese
Estado por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un
periodo cualquiera de doce meses.” Esta
adición “proviene de las
recomendaciones del modelo de la Organización de las Naciones Unidas en el que
se justifica su inclusión en el hecho de que la prestación de servicios por
parte de las empresas puede reportar beneficios significativos”[18]. De igual manera, dentro de este artículo se encuentran
establecidas figuras jurídicas que son consideradas establecimientos
permanentes (sucursales, oficinas, minas, pozos de petróleos, entre otros) y
las que no.
En es orden, la indefinición por parte del Estado
Colombiano de la figura de establecimiento permanente no es argumento
suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la disposición en estudio,
en la medida que el mismo instrumento internacional establece las pautas para
su definición, razón por la cual su texto se encuentra exequible. Sin embargo,
ello no significa que no se extrañe y reclame del legislador regulación interna
en tal sentido ya que es claro que se hace necesario definir aspectos instrumentales y administrativos del establecimiento
permanente, como el régimen aplicable para el cumplimiento de las
obligaciones formales, pues de lo contrario, como tantas veces lo ha señalado la
Corte, la aplicación de tal medida encontrará serias dificultades en Colombia
en detrimento del recaudo fiscal.
9.5.5 Artículo 6º
El artículo 6° por su parte, regula las rentas de bienes inmuebles,
incluidas dentro de ellas la provenientes de explotaciones agrícolas o
forestales, las  rentas de bienes muebles, cuyo alcance será el que establezcan
las normas internas del lugar donde estos se encuentren ubicados. Este artículo
corresponde al tipo  elaborado por la OCDE, por el cual se garantiza, como ya
se estableció en la sentencia C-577 de 2009, la competencia acumulativa del
Estado de la fuente (may be taxed), según el cual las rentas
provenientes de bienes se somete a imposición en la jurisdicción tributaria de
la fuente, es decir, en el lugar en donde aquellos están ubicados (locus rei
sitae), de suerte que “ debe entenderse que las rentas inmobiliarias son
tributables por el Estado de la fuente, sean o no imputables al establecimiento
permanente en él situado”[19].
En consecuencia, no encuentra la Corte reproche constitucional frente a este
artículo.
9.5.6 Artículo 7º
El artículo 7º del modelo OCDE[20] estipula
como objeto del Convenio los beneficios empresariales. Este artículo establece
dos reglas en la materia: (i) Los
beneficios  de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse
a imposición de ese Estado, a menos que lleve a cabo actividades empresariales
en el territorio de aquél mediante un establecimiento permanente situado en tal
lugar, es decir, que el Estado de la fuente detenta poder tributario sobre la
renta empresarial en la medida en que desarrolle actividades mediante la figura
del establecimiento permanente. Adicionalmente, se garantiza el trato separado
con la empresa a la cual pertenece el establecimiento permanente; y (ii) para
la determinación  de los beneficios del establecimiento permanente  se
permitirá la deducción de gastos.
De allí que el artículo 7
del ADT se ajuste a los principios tributarios fijados en el artículo 363
Superior.
Esta disposición contiene reglas materiales de tributación
que guardan conexión con el artículo 5º antes revisado en la medida  que
radican fundamentalmente la imposición en el establecimiento permanente. la
justificación jurídico-tributaria de este principio radica en la idea
comúnmente aceptada en el ámbito internacional de que una empresa residente de
un Estado contratante que realiza actividades en un segundo  Estado no participa
de manera relevante en la  vida económica de este último sino opera en su
territorio a través de un establecimiento permanente, lo cual supone un umbral
mínimo de territorialidad que justifica el gravamen del Estado de la fuente por
la renta empresarial obtenida en su territorio. De esta manera la existencia de
un establecimiento permanente es un factor habilitante que una vez superado
debe dar paso a otro principio y es determinar en qué medida se limita el poder
de imposición, el cual en este caso se circunscribe a los beneficios, como
empresa distinta o separada, en línea con lo previsto en el artículo 9º de este
mismo convenio.
9.5.7 Artículo 8º
El artículo 8 del CDT,
referente al transporte marítimo y aéreo, tampoco ofrece reparo de orden
constitucional. La actividad de transporte
marítimo y aéreo, ofrece complejidades en materia de tributación, razón por la
cual usualmente se establece como principio la reserva del Estado de la
residencia y permitir al otro Estado Parte tributar el tráfico efectuado
exclusivamente dentro de sus fronteras.[21]
9.5.8 Artículo 9º
El artículo 9º del Convenio trata como materia del tratado
la figura de las empresas asociadas que no son otra cosa que el resultado de la
globalización económica. Así, numerosos grupos empresariales  de carácter
multinacional o transnacional crean vínculos en relación con los cuales se
vuelve imperativo  establecer normas de reparto de soberanía tributaria. De
esta manera cuando las operaciones entre empresas trascienden el ámbito
territorial de un Estado es necesario determinar  qué Estado tiene competencia
para someter a gravamen las rentas generadas de forma que no se produzca doble
tributación internacional.
En consecuencia, el citado artículo trata de establecer
algunas reglas, primero señalando cuándo se está en presencia de una  entidad
asociada, de forma que ello sucederá cuando exista una participación directa o
indirecta de una entidad residente de un Estado en la dirección, control o
capital de otra entidad residente en otro Estado, así las sociedades matrices,
las filiales y las sociedades sometidas a control común se considerarán
entidades asociadas. Por tanto, este artículo pretende que se respete el
principio de libre concurrencia en la aplicación de la normativa interna en la
medida que permite a los Estados presentar sus resultados contables, de forma
que se incluyan los beneficios o rentas de la empresa declarados en el importe
necesario para reflejar los beneficios o rentas que hubieran obtenido partes de
forma independiente para que puedan someterse a imposición.
En consecuencia no se encuentra contradicción alguna con el
texto constitucional.
9.5.9 Artículo 10º
El artículo 10 del Convenio y el literal e) del artículo 1
del Protocolo, permiten a la jurisdicción
tributaria de la fuente someter a imposición los dividendos pagados por
sociedades que residen en un Estado a los socios residentes en el otro Estado
contratante, aunque sometido al cumplimiento de ciertos requisitos. La importancia de los artículos mencionados deviene en
que, son unas de las disposiciones “de mayor relevancia para las empresas
multinacionales y, en general, para la inversión extranjera directa
internacional”.[22]
Por regla general, estos dividendos no están sujetos a gravamen
alguno en Colombia, según el artículo 48 y el artículo 49 del Estatuto Tributario,
con el fin de evitar la doble tributación socio-sociedad. Ello evidencia una dificultad para Colombia por su sistema de
tributación sociedad-socio que hace necesaria la introducción de elementos
adicionales a la cláusula de dividendos con el fin de preservar la tributación
sobre las utilidades de la sociedad. La tributación vigente en Colombia es un
sistema integrado o de imputación que grava las utilidades o los dividendos a
una tarifa general que no excede del 33%.
Así las cosas, de acuerdo con los artículos mencionados del
Convenio y del Protocolo, aunque el contribuyente no tuviera la obligación de
tributar en Colombia, sí lo tendría que hacer en Canadá (país que si grava
al socio) y, por ende, el contribuyente no se beneficiaría de esta medida
en principio concebida para fomentar la inversión. De manera que se estaría
frente a un simple traslado del recaudo de Colombia en favor de Canadá, pero
este defecto deviene de nuestra legislación interna y no es imputable per se
al convenio. En este sentido, si bien se afecta el principio de
reciprocidad, pues el recaudo únicamente sería procedente  en Canadá, lo cierto
es que afecta al contribuyente más no al Estado Colombiano, el cual de todas
maneras por su legislación interna otorgó esos beneficios a los dividendos en
general y con independencia del sujeto y de la fuente.
Ahora bien, el posible problema parece superarse si se
tiene en cuenta que de acuerdo con lo pactado en la letra e) del Protocolo, se
establece que  para el caso de Colombia cuando una sociedad residente en el
país  no haya pagado el impuesto a la renta sobre utilidades que se repartan a
los socios  o accionistas por tener una exención o por exceder el límite
máximo no gravado contenido en el artículo 49 del Estatuto Tributario, el
dividendo que se reparta podrá someterse en Colombia a la tarifa del 15%, si el
beneficiario efectivo del dividendo es socio o accionista residente en Canadá.
9.5.10         Artículo 11
Respecto al tema de los
intereses (art. 11 del ADT), dispone que aquellos “procedentes de un Estado
Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Estado”. En tal sentido, cabe señalar
que en el parágrafo 3 del artículo 11 del modelo de convenio OCDE, se define
los intereses como toda renta de créditos de cualquier naturaleza, acompañados
o no de garantías hipotecarias o de una cláusula de participación en las
utilidades del deudor y, nominalmente, las rentas de los fondos públicos y de
títulos, comprendidos los bonos ligados a aquéllos. A decir verdad, el elemento
nuclear del concepto de interés es la contraprestación de los créditos de
cualquier naturaleza.[23]
Las anteriores previsiones no se oponen a la Constitución.
9.5.11                   Artículos
12 y 13
El artículo 12 del ADT,
regulatorio de las regalías no ofrece reparo alguno de constitucionalidad. En
efecto, aquéllas procedentes  de un Estado contratante y pagadas a un residente
del otro Estado Parte, “pueden someterse a imposición en ese otro Estado”, principio
que igualmente prevé algunas excepciones, es decir, que una regalía puede
también, bajo ciertas condiciones, puede verse sometida a imposiciones del
Estado de procedencia y de acuerdo con su legislación interna.
No obstante lo anterior,
conviene precisar que la noción misma de regalía ha sido de difícil
encuadramiento por parte de la doctrina. En efecto, aunque el tema se encuentra
regulado en los modelos de la OCDE, la ONU y la Decisión 578 de la CAN, lo
cierto es que subsisten múltiples controversias referidas a la caracterización
o calificación de determinadas operaciones sobre intangibles en tanto que
regalías[24].
Sin embargo, tales discusiones de orden técnico escapan al alcance del control
de constitucionalidad sobre los tratados internacionales, salvo que, de manera
evidente, planteen realmente un problema de inconformidad con la Carta
Política. Otro tanto puede afirmarse en relación con el artículo 13 del ADT
referente a las ganancias de capital.
9.5.12                   Artículos
14 a 20
Los artículos 14 a 18 y 20 del CDT hacen referencia a la prestación de diversos servicios, tales como aquellos
ejecutados por personal independiente, directores, artistas y deportistas. Las
anteriores disposiciones se ajustan a la Constitución por cuanto facilitan el
ejercicio de actividades laborales y culturales entre Colombia y Canadá, en la
medida en que los trabajadores de ambos Estados no se verán sometidos a una
doble imposición por la prestación de un mismo servicio. Similares
consideraciones se pueden realizar en lo atinente al artículo 19 del ADT
referido a los estudiantes.
En materia de pensiones,
el artículo 18 del ADT dispone que “Las pensiones procedentes de un Estado
Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar, pero el
impuesto así exigido no podrá exceder del 15% del importe bruto de las
pensiones”. Como se puede observar, el artículo examinado apunta a evitar
los efectos de la doble tributación en relación con el pago de las pensiones,
lo cual se ajusta al artículo 48 Superior. En efecto, si bien no se estipula
una exención total, el porcentaje gravado del 15% resulta razonable.
Así mismo, el artículo 18
del CDT regula lo atinente a las funciones públicas, estableciendo como regla
la siguiente: “Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las
pensiones, pagados por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones
políticas o autoridades locales a una persona natural por razón de servicios
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado”.
Sobre el particular,
merece la pena precisar que la redacción del citado artículo se inspiró en la
regla establecida en el artículo 19 del modelo OCDE de la tributación
exclusiva en el Estado de la fuente en cuanto a las remuneraciones pagadas por
entidades públicas a personas físicas, como consecuencia de servicios prestados
en el ejercicio de funciones públicas. En tal sentido, no se advierte
contradicción alguna con la Constitución.
9.5.13                   Artículo
21
El artículo 21 del ADT
consagra lo referente a la imposición del patrimonio, aspecto clave en materia
de doble imposición, precisando que tal noción comprende “bienes inmuebles,
que posea un residente de un Estado Contratante y que esté situado en el otro
Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado”. Se
trata, en esencia, de determinar unas reglas destinadas a limitar el ejercicio
de la soberanía fiscal de los Estados Partes, y en consecuencia, conforme con
los mandatos del artículo 9 Superior.
9.5.14
Artículo 22
El artículo 22 del ADT
fija los métodos y reglas mediante los cuales los Estados contratantes van a
eliminar el fenómeno de la doble tributación internacional. En tal sentido, el
Estado Canadiense se compromete a que “el impuesto pagado en Colombia  sobre
beneficios, rentas o ganancias procedentes de Colombia podrá ser deducido de
cualquier impuesto canadiense  a pagar respecto de dichos beneficios, rentas o
ganancias”.  De igual manera y en punto a solucionar el tema de los
dividendos planteado en el numeral 9.5.9 de esta providencia, Canadá se obliga
a reconocer como crédito tributario contra el impuesto canadiense el impuesto
pagado en Colombia  cuando una sociedad que es residente en Colombia pague un
dividendo a una sociedad  que es residente en Canadá y controle  al menos el
10%  del poder de voto en la primera sociedad, de forma que el crédito deberá
tomar en cuenta el impuesto pagadero en Colombia por la primera sociedad
respecto de las utilidades sobre las cuales el dividendo es pagado.
Por su parte, el Estado
colombiano evitará la doble imposición de la manera siguiente: cuando un
residente de Colombia obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con
arreglo a las disposiciones del Convenio puedan someterse a imposición en Canadá,
Colombia permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación
interna: (i) el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por
ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Canadá,
en su caso, neto del Impuesto de Primera Categoría; (ii) el descuento del
impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto
pagado en Canadá sobre esos elementos patrimoniales; y (iii) el descuento del
impuesto sobre la renta efectivamente pagado por una sociedad que reparte los
dividendos correspondientes a los beneficios con cargo a los cuales dichos
dividendos se pagan (Impuesto de Primera Categoría). Sin embargo, tal deducción
(descuento) no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o del
impuesto sobre el patrimonio calculados antes de la deducción (descuento)
correspondiente  a las rentas o a los elementos patrimoniales que puedan
someterse a imposición  en el otro Estado contratante.
Tal como ya se señaló en la sentencia C-577 de 2009, los
mencionados métodos y reglas se inscriben en la evolución que ha conocido la
práctica de la fiscalidad internacional, encaminada a eliminar, o al menos
atenuar, los efectos de la doble imposición tributaria, sea por medio de la
suscripción de un ADT, como en el presente caso, o a falta de aquel,
considerando la necesidad de colaboración y cooperación internacionales. En tal
sentido, se han ideado sistemas tales como (i) exención de las rentas obtenidas
en el exterior (exemptio method); (ii) crédito por impuestos exonerados
(tax credit); (iii) crédito por impuestos exonerados (tax sparing
credit); (iv) crédito por impuesto nacional (matching credit);
(v) crédito por inversiones en el exterior (investment tax credit); (vi)
reducción del impuesto (tax reduction); y (vii) sistema de aplazamiento
(tax deferral).[25]
Así las cosas, los
mencionados métodos y las reglas encaminados a combatir el fenómeno de la doble
imposición internacional, previstos en el texto del ADT suscrito entre Colombia
y Canadá, se ajustan a la Constitución, por cuanto se apoyan en principio de
reciprocidad y equidad.
9.5.15                   Artículo
23
El artículo 23 del ADT
desarrolla otro de los principios esenciales en materia de doble imposición,
cual es, la no discriminación. En tal sentido dispone que “Los nacionales de
un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a
ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exija o que sea
más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar sometidos los
nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en
particular con respecto a la residencia”. Tal disposición se ajusta al
principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, y en consecuencia,
es conforme con el artículo 9 Superior.
9.5.16                   Artículo
24
El artículo 24 del ADT regula un procedimiento de
acuerdo mutuo, consistente en que “Cuando una persona considere que las
medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes implican o pueden
implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones de
este Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho
interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del
Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1°
del artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea nacional una petición
por escrito declarando los fundamentos por lo cuales solicita la revisión de
dicha tributación”. A renglón seguido dispone que la autoridad competente “…
si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma encontrar una
solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un
procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado
Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por
resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o
aplicación del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo”. La
Corte considera que las anteriores disposiciones se ajustan a la Constitución,
por cuanto sencillamente regulan un mecanismo de solución de controversias,
propio de los tratados bilaterales, y por ende, conforme con el artículo 9
Superior.
9.5.17                   Artículo
25
El artículo 25 del ADT tampoco ofrece reparo alguno de
constitucionalidad, en la medida en que se limita a prever un intercambio de
información entre los Estados contratantes, mecanismo precisamente encaminado a
combatir el fenómeno de la doble tributación.
9.5.18                   Artículo
26
El artículo 26 regula las cláusulas antiabuso, con las
cuales se sigue la decisión 578 de la CAN, según la cual ningún país miembro
aplicará a las personas domiciliadas en otro país un trato menos favorable  que
el tratamiento que se da a personas domiciliadas en su territorio respecto de
los impuestos señalados en el Convenio. Aspecto que en sí mismo no ofrece
ningún cuestionamiento de orden constitucional.
9.5.19                   Artículos
27 y 28
El artículo 27 del ADT prevé lo referente a los
miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares, disponiendo que “Las
disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas
consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o
en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales”. La anterior
previsión se ajusta a los dictados del artículo 9 Superior, en cuanto garantiza
la vigencia de los privilegios fiscales que Colombia ha reconocido a otros
Estados, en virtud de tratados y costumbre internacionales.
Tampoco ofrece reparo el artículo 28 del ADT titulado
“disposiciones varias”, en la medida que sólo complementa el contenido y
alcance del convenio.
9.5.20                  Artículos 29 y 30.
A su vez, los artículos 29 y 30 del ADT, referentes a
la denuncia y entrada en vigor del tratado se ajustan igualmente a la
Constitución, por cuanto se trata de previsiones conformes con la práctica de
los Estados en materia de instrumentos internacionales.
9.6              El Protocolo
En lo que dice relación al Protocolo del Convenio entre la República de
Colombia y la República de Canadá, la Corte encuentra reparo de carácter
constitucional.
Si bien en las intervenciones se planteó objeción en relación con la
letra g) del artículo 1º del Protocolo, que establece la cláusula de “nación más favorecida” de carácter
unilateral en cabeza de Colombia, en virtud de la cual en el evento en que el
Estado colombiano suscriba un acuerdo de tipo impositivo con un tercer Estado
que contemple mejores condiciones, éstas se entenderán extendidas
automáticamente a la República del Canadá, país que por virtud de la misma
cláusula no se obliga a garantizar la igualdad de trato. Al respecto, la Corte
considera que esa circunstancia no representa un vicio de inconstitucionalidad por
sí solo a la luz del principio de reciprocidad, porque tal como se señaló en a
sentencia C-460 de 2010, el Convenio y su Protocolo no pueden valorarse a
partir de una lectura independiente de cada uno de sus artículos, sino que se exige
una interpretación conjunta e integral del Acuerdo, que en este caso armoniza
con dicho principio al ser el resultado de los consensos alcanzados. Sin
embargo, se reitera el llamado al Gobierno y al Congreso de la República para
que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúen la
pertinencia de este tipo de cláusulas en los tratados internacionales y
particularmente en los Acuerdos para evitar la doble tributación.
10.
Constitucionalidad de la
Ley 1459 de 2011
En cuanto al contenido de la Ley 1459 de 2011, por la
cual se aprobó  el “Convenio  entre
Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio” y su “protocolo”, hechos en Lima, a los 21 días del
mes de noviembre de 2008,, la Corte
tampoco encuentra reparo alguno de constitucionalidad.
En efecto, el artículo 1º se limita a aprobar el
Convenio y el Protocolo antes mencionados. El artículo 2º precisa que, conforme
a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, sobre vigencia en Colombia
de los Tratados Internacionales y su publicación[,
el Convenio y su Protocolo “obligarán al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo”, norma que
armoniza con lo previsto en el artículo 241-10 de la Constitución, según la
cual el Gobierno sólo puede efectuar el canje de notas y perfeccionar el
vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control constitucional
respectivo. Y el artículo 3º por el cual se señala la entrada en vigencia de la
ley no plantea ninguna problemática de orden constitucional.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del “Convenio
entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio” y su “Protocolo”, hechos en Lima a los 21 días del
mes de noviembre de 2008.
SEGUNDO.-  Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1459 de 29 de junio de 2011, por medio de la cual se aprueba  “Convenio  entre Canadá y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación
con el impuesto  sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “protocolo”,
hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
TERCERO.- Disponer
que se comunique esta Sentencia al Presidente de la República para lo de su
competencia, así como al Presidente del Congreso de la República.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional
y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSÓN PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SACHICA
MENDEZ
Secretaria General
[1] Artículo 123 de la Decisión 500 de la CAN “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual
la sentencia fuera de única instancia o última instancia, que no fuere
susceptible de recursos en el derecho interno, en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico dela
Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y
mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”
[2] El artículo 7° de la citada Convención dispone que la
representación de un Estado para todo lo relativo a la celebración de un
tratado es válida en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando la persona
delegada presenta los adecuados plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica
del Estado, o de otras circunstancias, se deduce que existe la intención de
considerar a la persona que participa en la negociación como la representante
del Estado para esos efectos, prescindiendo de la presentación de plenos
poderes (7.1-b); o (3) cuando se deduce de las funciones que cumple la persona
delegada, sin tener que presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el
mismo artículo considera que, por razón de sus funciones, representan a su
Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (i) los
jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores
(7.2-a); (ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va
a celebrar (7.2-b) y (ii) el representante acreditado por el Estado ante una
conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los
órganos de ésta (7.2-c).Verificada la ocurrencia de alguna de las
circunstancias descritas, debe entenderse cumplido el requisito de
representación del Estado para cada una de las diversas etapas dentro de la
celebración de un tratado internacional.
[3]
LAT-377 de 2012.
[4] Folio 136 de cuaderno principal.
[5] En sentencia C-577 de 2009 se definió el “elemento de
conexión” como aquél “mediante el cual se
tiende un puente entre el hecho descrito por el concepto-marco y el
ordenamiento jurídico aplicable. De tal suerte que, los denominados elementos
de conexión consisten en relaciones existentes entre las personas, los objetos
y los hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más Estados, pudiendo
ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad o la residencia),
u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos (fuente de producción o
pago de la renta, lugar del ejercicio de la actividad, ubicación de los bienes,
localización del establecimiento permanente o sitio de celebración del
contrato).”
[6] De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la doble imposición es aquella que se presenta
cuando una renta obtenida por un contribuyente está sometida, simultáneamente,
a un mismo o similar impuesto en dos o más Estados.
[7] Ver al respecto la sentencia  C-577 de 2009.
[8] Instituto Colombiano de Derecho Tributario. “Estudios de
derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición.” Legis
Editores S.A. Pág. 9.
[9] Instituto Colombiano de Derecho Tributario. “Estudios de
derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición.” Legis
Editores S.A. pp 67 y sg.
[10] Tomado de la sentencia C-577 de 2009, cita de Ludwig,
M., L’imposition des entreprises ayant des etablissements stables a
l’étranger, París, 2003.
[11] Sentencia C-577 de 2009. Referencia a Better,
R., The taxation of permanent establishments, Amsterdam, 1993.
[12] J. Sol Gil, “Alcance general, impuestos cubiertos y definiciones en los convenios de doble
imposición”, Estudios de Derecho Internacional Tributario. Los Convenios de
Doble Imposición, Bogotá, 2006, p. 77.
[13] Ibídem.
[14] XAVIER; Alberto.”Derecho tributario internacional”. Editorial
Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires, Argentina. 2005. Pág. 329.
[15] Concepto DIAN.
[16] Concepto DIAN.
[17] DIAN, Oficio 038958 del 18 de abril de 2008.
[18] Concepto DIAN.
[19]
Sentencia C-577 de 2009.
[20] El articulo 7° del modelo OCDE consagra expresamente: “Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente
pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa realice
sus actividades en otro Estado contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él. Si la empresa realiza sus actividades de dicha
manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro
Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento
permanente”
[21] Sentencia C-577 de 2009, tomado de
Chrétine, M. Une espece originale de traités fiscaux: les conventions
internacionales sur les doubles impositions des entreprises maritimes et
aériennes, París, 1970.
[22] Instituto
Colombiano de Derecho Tributario. “Estudios de derecho internacional
tributario. Los convenios de doble imposición.” Legis Editores S.A. Pág.
330.
[23] Xavier, Alberto, Derecho Tributario  Internacional.
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2005.
[24] Hoyos, C, “Los cánones o regalías en los
convenios de doble imposición”, Estudios de Derecho Internacional
Tributario. Los convenios de doble imposición, Bogotá, 2006, pp. 549 y ss.
[25] Montaño, C, Manual de derecho
tributario internacional, Ecuador, 2006.