C-590-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-590/05
RECURSO DE CASACION-Características
RECURSO DE CASACION-Antecedentes históricos
RECURSO DE CASACION PENAL-Características en el nuevo sistema
procesal penal
RECURSO DE CASACION PENAL-Constituye un control constitucional y legal  en el
nuevo sistema procesal penal
Para
la Corte es claro que la expresa configuración legal de la casación penal como
“control constitucional y legal”  evidencia el propósito de adecuar el
instituto, de una manera mucho más directa, a referentes constitucionales.  Es
decir, al concebir el recurso extraordinario de casación como un control
constitucional y legal, se está evidenciando que la legitimidad de la sentencia
debe determinarse no sólo a partir de disposiciones legales sustanciales y
procesales, sino también respecto de normas constitucionales en tanto
parámetros de validez de aquellas. Y esto, en la estructura y dinámica de las
democracias constitucionales, es comprensible pues de la misma manera como la
legitimidad de la ley, incluida, desde luego, la ley penal, no se infiere de sí
misma sino de su compatibilidad con el Texto Fundamental; así también, la
legitimidad de las sentencias judiciales debe soportarse tanto en la ley como
en el ámbito de validez de ésta.
RECURSO DE CASACION PENAL-Procedencia en el nuevo sistema procesal penal
DEMANDA DE CASACION PENAL-Facultad de selección
CASACION PENAL-Causales
en el nuevo sistema procesal penal
RECURSO DE CASACION PENAL-Finalidades en el nuevo sistema procesal penal
RECURSO DE CASACION PENAL-Procedimiento en el nuevo sistema procesal penal
SENTENCIA DE CASACION PENAL-Procedencia de la acción de tutela
Es
manifiesta la inconstitucionalidad del aparte demandado del artículo 185 de la
Ley 906 de 2004 ya que al indicar que contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de casación en materia penal  “no procede ningún recurso
ni acción, salvo la de revisión”, está excluyendo la procedencia de la acción
de tutela contra ese tipo de pronunciamientos y con ello, qué duda cabe, está
contrariando el artículo 86 de la Carta Política ya que, como se ha visto, esta
norma no excluye tales pronunciamientos de ese mecanismo de protección de los
derechos fundamentales.  Es decir, en tanto que la voluntad del constituyente
expresada en la norma superior ya indicada fue que la acción de tutela se
aplicara respecto de los actos y omisiones de las autoridades públicas,
incluidas las judiciales, el legislador ha tomado la decisión, manifiesta en la
norma demandada, de excluir de la procedencia de ese recurso las sentencias que
resuelven la casación penal. Entonces, como es claro que una ley ordinaria no
puede, bajo ninguna circunstancia, modificar o suprimir la Constitución
Política y mucho menos uno de los mecanismos constitucionales de protección de
los derechos fundamentales, la expresión “ni acción”  que hace parte del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004 será expulsada del ordenamiento jurídico
pues genera un espacio institucional en el que los derechos fundamentales no
podrían ser protegidos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos especiales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia legitimada por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Argumento originalista
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Importancia
La
acción de tutela -o el llamado recurso de amparo o recurso de
constitucionalidad-  contra sentencias constituye uno de los ejes centrales de
todo el sistema de garantía de los derechos fundamentales. Este instrumento se
convierte no sólo en la última garantía de los derechos fundamentales, cuando
quiera que ellos han sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
una autoridad judicial, sino que sirve como instrumento para introducir la
perspectiva de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados
y definidos, exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado. En
otras palabras, la tutela contra sentencias es el mecanismo más preciado para
actualizar el derecho y nutrirlo de los valores, principios y derechos del
Estado social y democrático de derecho.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No vulnera los principios de seguridad jurídica y de
autonomía funcional del juez
El
valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de seguridad jurídica
suponen que los fallos son respetuosos de los derechos y ese respeto no se
determina a partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino del alcance
que les fije la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada para generar
certeza sobre su alcance. Y ello es lógico ya que si algo genera inseguridad
jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta Política por los
jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos fundamentales.  Este
es precisamente el peligro que se evita mediante la excepcional procedencia de
la tutela contra sentencias pues a través de ella se promueven lecturas
uniformes sobre el alcance de tales derechos y de la Carta Política como su
soporte normativo. Y en lo que atañe a la autonomía e independencia de los
jueces y tribunales, ellas deben entenderse en el marco de la realización de
los fines estatales inherentes a la jurisdicción y, en especial, de cara al cumplimiento
de su deber de garantizar la efectividad de los derechos a todas las personas.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-No viola la distribución constitucional de
competencias entre las altas cortes
El
argumento según el cual la tutela contra sentencias de última instancia afecta
la distribución constitucional de competencias entre las altas Cortes y, en
particular, la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado como “órganos de cierre” de la respetiva jurisdicción, es falso, pues el
juez constitucional no tiene facultades para intervenir en la definición de una
cuestión que debe ser resuelta exclusivamente con el derecho ordinario o
contencioso. Su papel se reduce exclusivamente a intervenir para garantizar, de
manera residual y subsidiaria, en los procesos ordinarios o contencioso
administrativos, la aplicación de los derechos fundamentales, cuyo intérprete
supremo, por expresa disposición de la Constitución, es la Corte
Constitucional.
DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO-Recurso de amparo contra sentencias de última
instancia en España
DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO-Recurso constitucional o recurso de protección
constitucional en Alemania
Referencia: expediente D-5428
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
185, parcial, de la Ley 906 de 2004
Actor: Rafael Sandoval López
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá,
D.C., ocho (8) de junio de dos mil cinco  (2005).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en relación con la demanda de inconstitucionalidad
que, en uso de su derecho político, presentó el ciudadano Rafael Sandoval López
contra el artículo 185, parcial, de la Ley 906 de 2004.
I. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
A continuación se
transcribe el texto de la disposición objeto de proceso.  Se subraya lo
demandado:
LEY No.906  DE  2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)
Artículo 185.  Decisión. Cuando la Corte
aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo
dentro de los sesenta  (60)  días siguientes a la audiencia de sustentación,
contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de
revisión.
La Corte está facultada para señalar en qué estado
queda el proceso en el caso de determinar que éste pueda recuperar alguna
vigencia.  En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo
lapso o a más tardar dentro de los cinco  (5)  días siguientes, citará a
audiencia para lectura del mismo.
II.
LA DEMANDA
De
acuerdo con el actor, la norma demandada vulnera los artículos 4º y 86 de la
Carta Política.  Esto es así por cuanto las sentencias de casación no son
intangibles, inmodificables, ni intocables pues, en caso de que se haya
incurrido en vías de hecho, procede contra ellas la acción de tutela como
mecanismo de protección de los derechos fundamentales vulnerados.  Así se
infiere tanto del artículo 86 superior, que no prohíbe la acción de tutela
contra sentencias, como del artículo 4º, de acuerdo con el cual la Carta
Política es norma de normas.  En ese marco, concluye el demandante, una norma
legal que, como la demandada, dispone que contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de casación no procede ninguna acción, salvo la de
revisión, contraría manifiestamente el Texto Superior y debe ser retirada del
ordenamiento jurídico.
III.
INTERVENCIONES
A.  Del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal
Esta
entidad se muestra de acuerdo con la demanda instaurada y le solicita a la
Corte declarar inexequible la disposición acusada.  Afirma que, en los términos
del artículo 86 de la Constitución, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia es una autoridad pública; que ésta, con sus acciones u omisiones,
puede vulnerar derechos fundamentales y que por ello contra las sentencias que
resuelven el recurso extraordinario de casación procede también la acción de
tutela.  De este modo, se afirma, como la norma demandada impide el ejercicio
de esta acción contra tales pronunciamientos, es contraria a la Carta y debe
ser declarada inexequible.
B.  Del
Ministerio del Interior y de Justicia
Este
Ministerio le solicita a la Corte declarar exequible el aparte demandado del
artículo 185 del Código de Procedimiento Penal.  Esta solicitud se apoya en los
siguientes argumentos:
1.
La casación tiene como objeto no sólo un fallo definitivo sino el contenido
material del proceso mismo y de allí su carácter de acción tutelar del derecho
sustancial y de las garantías procesales.  Es decir, se trata de un recurso
ligado al restablecimiento del imperio de la ley y de los derechos de los
intervinientes en el proceso.
2.
Contra la sentencia de casación procede la acción de revisión y, por lo tanto,
existiendo este medio de defensa judicial, no puede haber lugar a la acción de
tutela, tal como lo plantea el demandante.
3.
La casación ha sido reformulada como un control constitucional y legal del
fallo que procede, entre otras cosas, por falta de aplicación, aplicación
indebida o interpretación errónea de una norma del bloque de
constitucionalidad, constitucional o legal llamada a regular el caso.
4.
La revisión de la sentencia de casación mediante la acción de tutela afecta los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica pues existe un derecho
constitucional fundamental a la sentencia en firme y a la autoridad de la cosa
juzgada como reglas del debido proceso.  Este derecho se desconoce si se somete
a los intervinientes a una incertidumbre permanente sobre el sentido de la
decisión judicial del caso que los afecta, criterio admitido por la Corte en la
Sentencia C-543-92.
5.
El legislador, de manera legítima, decidió que era suficiente para garantizar
los derechos fundamentales de las personas, consagrar que contra la sentencia
de casación no procedería acción alguna a excepción de la revisión, lo que
armoniza con los mandatos constitucionales y con el principio de competencia
funcional.
6.
De admitirse la acción de tutela contra la sentencia de casación, se
desconocerían los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada y se enviaría
un mensaje equivocado para que toda persona a quien le fuera desfavorable ese
fallo, acudiera a esa acción, prolongando de manera indefinida las actuaciones
judiciales.
C.
Del ciudadano Néstor Raúl Correa Henao
Este
ciudadano le solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la norma en lo
acusado, pues si una sentencia de casación penal viola derechos fundamentales,
contra ella procede la acción de revisión.  Además, esta decisión acabaría con
el “choque de trenes”, es compatible con el insignificante efecto práctico de
la tutela contra sentencias de casación, disminuye la congestión en las Altas
Cortes y le pone fin a la motivación que se esgrime para modificar el régimen
del amparo constitucional.
Ahora,
si se entiende que las actuales causales de la acción de revisión no comprenden
la violación de un derecho constitucional fundamental, debería declararse la
constitucionalidad condicionada de la norma de tal manera que se asuma que esa
acción procede también por la violación de un derecho de esa índole.
Finalmente,
solicita que se extiendan los efectos del fallo a proferir a las sentencias de
casación de todas las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, así
como a las sentencias definitivas de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
y de todas las Secciones del Consejo de Estado.
D.
De la Facultad de Derecho de la Universidad Libre
Esta
Facultad le solicita a la Corte declarar inexequible la norma legal, en lo
demandado.  Para ello esgrime los siguientes argumentos:
1.
El constituyente de 1991 consagró la acción de tutela sin limitación alguna
para que toda persona pudiera reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resultaran
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad,
entendida ésta como autoridad pública que es el género y que comprende los
actos y las omisiones judiciales y legislativas.
2.
La jurisprudencia constitucional admite la acción de tutela contra sentencias
judiciales, sólo de manera excepcional, cuando en ellas se ha incurrido en vías
de hecho; es decir, cuando se trata de sentencias abiertamente injustas.  Esta
postura es compatible con otros regímenes constitucionales como los de
Alemania, México, Chile, Argentina, España, Japón y Canadá.
3.
El sistema elaborado por la jurisprudencia constitucional en torno a ese punto
preserva el principio de seguridad jurídica, pero salva también el valor
constitucional de la justicia y lo hace sometiendo a los jueces a la norma
superior.
IV.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante
auto de 3 de noviembre de 2004, la Corte aceptó los impedimentos formulados por
el Procurador General de la Nación y por el Viceprocurador y ordenó la remisión
del proceso al despacho de aquél para que designe un funcionario que rinda el
correspondiente concepto.  Esta designación recayó en la Procuradora Auxiliar
para Asuntos Constitucionales.  Esta servidora, en el concepto rendido, le
solicitó a la Corte que se declare la constitucionalidad condicionada de la
norma parcialmente demandada en el entendido que la restricción en ella
consagrada hace referencia a las acciones legales y no a las constitucionales
y, entre éstas, la acción de tutela consagrada en el artículo 86 superior.  Los
fundamentos de su solicitud son los siguientes:
1.
La facultad de ejercer la acción de revisión conforme a los términos
establecidos en la norma acusada no permite afirmar que ella por sí misma haga
improcedente el uso de acciones constitucionales como la acción de tutela,
cuando se den los presupuestos para el efecto.  Es decir, cuando el fallo de
casación de la Corte Suprema de Justicia sea el resultado de una actuación
arbitraria e ilegítima, violatoria de los derechos fundamentales, especialmente
el debido proceso, debe proceder la acción que el constituyente diseñó para el
efecto, que no es otra que la acción de tutela.
2.
El hecho que el legislador señale en el artículo acusado que no procederá
ninguna acción, salvo la de revisión, ha de entenderse como la negación de las
acciones legales concebidas y diseñadas por el legislador a partir de la
cláusula general de competencia que le reconoce el artículo 150-2 de la Carta,
pero sin que ello implique la improcedencia de la acción constitucional
diseñada por el mismo constituyente para la defensa de los derechos
fundamentales frente a actos violatorios de los mismos por parte de quienes
están cumpliendo una función oficial.  Sólo bajo este entendido es
constitucional la expresión acusada del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.
Una interpretación contraria vulnera el artículo 86 superior.
3.
Cuando con la sentencia de casación se afecten derechos fundamentales, tornando
el fallo en un acto arbitrario, es procedente el ejercicio de la acción de
tutela, salvo si la violación está contemplada como una de las causales de la
acción de revisión, porque en dicho evento ha de proceder ésta, salvo que la
tutela se interponga como mecanismo transitorio, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
4.
Esta alternativa hermenéutica es compatible con la jurisprudencia
constitucional, pues ésta, desde la Sentencia C-543-92, admite, de manera
excepcional, la tutela contra sentencias judiciales, incluidas las sentencias
de casación penal, según lo evidencian, entre otras, las sentencias SU-1553-00,
T-082-02 y T-678-03.
V.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
A.
Competencia de la Corte
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la
demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada
forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 906 de 2004.
B.
Problema jurídico
En
el debate de constitucionalidad suscitado en este proceso con ocasión de la
demanda instaurada, se han asumido las siguientes posturas:
El
actor estima que la norma legal demandada impide que contra las sentencias que
resuelven el recurso extraordinario de casación en materia penal proceda la
acción de tutela y que ello contraría la Carta Política, fundamentalmente los
artículos 4º y 86.  Del mismo parecer son el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal y la Universidad Libre, entidades que, en sus intervenciones
solicitan, con base en los mismos argumentos, que el aparte demandado del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004 sea expulsado del ordenamiento jurídico.
El
Ministerio del Interior y de Justicia, por su parte, solicita a la Corte que
declare exequible esa disposición pues si contra la sentencia de casación
procede el recurso extraordinario de revisión, no puede haber lugar a la acción
de tutela, como lo plantea el demandante; mucho más si ese mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, en caso de aplicarse a la sentencia
de casación, implica un sacrificio de la cosa juzgada y de la seguridad
jurídica y un desconocimiento del derecho fundamental a la sentencia en firme.
El
ciudadano Néstor Raúl Correa Henao solicita a la Corte que declare exequible el
aparte normativo acusado, o que module los efectos del fallo de tal manera que
la acción de tutela proceda contra las sentencias de casación constitutivas de
vía de hecho y que se extiendan los efectos de la sentencia de constitucionalidad
que se profiera el régimen de la casación civil y laboral.
Finalmente,
la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte que condicione la constitucionalidad
del aparte normativo demandado a que se entienda que contra la sentencia de
casación lesiva de derechos fundamentales procede la acción de tutela.  Estima
que si bien es claro que una norma legal no puede limitar el alcance de los
mecanismos de protección de derechos de raigambre constitucional, es posible
una interpretación en contrario y ésta, por ser manifiestamente incompatible
con la Carta, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.
Pues
bien, del debate constitucional suscitado se infiere que el problema jurídico
que debe resolver la Corte con ocasión de la demanda instaurada es el
siguiente:
¿Una
norma legal que dispone que contra la sentencia que resuelve el recurso
extraordinario de casación en materia penal no procede recurso ni acción, salvo
la de revisión; vulnera el principio de supremacía de la Constitución
consagrado en el artículo 4º y la acción de tutela como mecanismo
constitucional de protección de los derechos fundamentales, consagrado en el
artículo 86 de la Carta Política?
C.  Solución del problema jurídico planteado
Para solucionar el
problema jurídico que se le plantea a la Corte con ocasión de la demanda de
inconstitucionalidad instaurada por el actor, se seguirá la siguiente
metodología:
1.  Se realizarán
algunas consideraciones sobre la índole jurídica del recurso extraordinario de
casación.
2.  Se tendrá en cuenta
el régimen de ese recurso extraordinario en el nuevo estatuto procesal penal.
3.
Fijado ese marco de análisis, se considerarán los cargos formulados contra el
aparte demandado del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.  Para ello
desarrollará los siguientes argumentos:
a.
Una ley ordinaria no puede
modificar o suprimir la Constitución Política.
b.
La acción de tutela procede contra
decisiones judiciales en los casos en que esta Corporación ha establecido.
c.
Al proferir la Sentencia C-543-92,
la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales.
d.
La procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta
Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos.
e.
Finalmente, los argumentos
expuestos contra la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son fácilmente rebatibles.
1.
Índole del recurso extraordinario de casación
1.
Bien se sabe que los jueces se encuentran sometidos al principio de legalidad y
que cada sentencia debe implicar la aplicación de las normas legales generales
y abstractas a supuestos fácticos específicos.  En este sentido, la sentencia
debe ser la concreción de la ley al caso sometido a juzgamiento.  No obstante,
puede ocurrir que la sentencia, en lugar de constituir un supuesto de
aplicación de la ley, resulte violatoria de ella.  Frente a este tipo de
eventos surge el recurso de casación como un remedio extraordinario contra las violaciones
de la ley contenidas en las sentencias de mérito.  De allí que el recurso de
casación plantee un juicio de legalidad contra la sentencia proferida en un
proceso penal.
En
ese sentido, el recurso de casación constituye un mecanismo extraordinario e
interno de control jurisdiccional de la legalidad de los fallos.  Se trata de
un mecanismo de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción de
los fallos judiciales a la ley que los gobierna.  Es extraordinario, por cuanto
se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva
consideración de lo que fue objeto de debate en ellas, sino un juicio de valor
contra la sentencia que puso fin al proceso por haberse proferido con violación
de la ley.  Es interno, por cuanto se surte al interior de cada jurisdicción,
siendo el competente para tramitarlo y resolverlo el Tribunal de Casación.
Finalmente, implica un juicio de valor que exige la confrontación de la
sentencia con la ley.
2.
Desde sus orígenes, que, no obstante algunas instituciones precedentes en el
antiguo régimen, se remontan a la Revolución Francesa, la casación se concibió
como un ámbito de defensa de la legalidad en virtud del cual se superan las
violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito.  En razón de
ello, el recurso de casación se asumió como una institución emblemática de la
modernidad política y, además, adquirió una impronta garantista.  Dos
situaciones explican el carácter con el que surgió el recurso extraordinario de
casación.  Por una parte, el giro que se presentó en la formulación del derecho
positivo, pues por tal dejó de considerarse la manifestación de la sola
voluntad del soberano y en su lugar se tomó, de la mano del contractualismo
clásico y fundamentalmente de Rousseau, como la expresión de la voluntad
general del pueblo.  Y, por otra parte, la igualdad de todos los ciudadanos
ante la ley, que, de proclama revolucionaria, pasó luego a convertirse en un
derecho expresamente reconocido en la Declaración de 1789[1].
En este contexto, cuando a través de la casación se controlaba que las
sentencias proferidas por los jueces fuesen respetuosas de la ley, lo que se
hacía era estructurar y dinamizar un instrumento normativo que permitía
reforzar esa concepción de la ley y su aplicación igualitaria.  En efecto, aún
hoy, cuando se casa una sentencia judicial se hace primar la voluntad general
expresada en la ley sobre la voluntad individual del juez y se le asegura al
ciudadano que esa ley se aplica a todos con sentido igualitario.
Desde
entonces se ha apostado por la casación como un mecanismo por medio del cual se
asegura la sujeción de los jueces a la ley y, por esa vía, se mantiene el
efecto vinculante del derecho positivo.  De allí que la Corte de Casación se
haya consolidado como un órgano de disciplina que asegura la observancia de la
ley en la administración de justicia y, por esa vía, como un realizador del
principio de igualdad en su aplicación, pues al unificar su interpretación evita
decisiones judiciales desarmónicas o incluso contradictorias.
2.
El recurso extraordinario de casación en el nuevo sistema procesal penal
3.
En la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expide el nuevo Código de
Procedimiento Penal, el recurso de casación fue constituido como un control
constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda
instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o
garantías fundamentales  (Artículo 181).  En torno a esta índole de la casación
la Corte advierte varias situaciones que deben destacarse.
4.
En primer lugar, el recurso se concibe como un control, es decir, como un
instrumento a través del cual se exige el respeto de un ámbito normativo en el
ejercicio del poder inherente a la jurisdicción.  Esto, desde luego, no es
nuevo, pues desde su momento originario el recurso extraordinario de casación
se asumió como una instancia de control de la judicatura.  De este modo, cuando
en la nueva normatividad se está aludiendo a ese recurso extraordinario como un
control se está siendo fiel con su origen y con su posterior evolución ya que
aún hoy ese recurso tiene una impronta disciplinante en la labor de aplicación
de la ley, propia de la judicatura.
5.
De otra parte, en la nueva regulación, se especifica el ámbito normativo
respecto al cual se ejerce el control de las sentencias de los jueces, pues se
indica expresamente que la casación constituye un control constitucional y
legal.
Esta
especificación expresa del parámetro de control que se aplica a las sentencias
recurridas en casación también es novedosa y podría dar lugar a inferir que en
el nuevo sistema la casación penal tiene un alcance más amplio a aquél que le era
inherente en regímenes anteriores, pues se controlan ya no sólo las
infracciones de la ley sino también de la Carta y del bloque de
constitucionalidad, según se infiere del numeral 1 del artículo 181.  No
obstante, esta apreciación no sería exacta pues la referencia a la ley que,
como parámetro de control,  se hacía en los anteriores regímenes de la casación
se entendía en un sentido amplio, que comprendía, desde luego, las infracciones
de la Carta Política por los jueces en sus sentencias[2].
Esa es la razón por la que en la Corte Suprema de Justicia se concibió, por
ejemplo, la doctrina de las nulidades jurisprudenciales de origen
constitucional, a través de la cual se invalidaban, en sede de casación, los
procesos en los que se habían desconocido las garantías constitucionales de
trascendencia procesal, a pesar de que no habían sido previstas como causales
taxativas de nulidad en la legislación procesal penal de ese entonces[3].
De
todas maneras, para la Corte es claro que la expresa configuración legal de la
casación penal como “control constitucional y legal”  evidencia el
propósito de adecuar el instituto, de una manera mucho más directa, a
referentes constitucionales.  Es decir, al concebir el recurso extraordinario
de casación como un control constitucional y legal, se está evidenciando que la
legitimidad de la sentencia debe determinarse no sólo a partir de disposiciones
legales sustanciales y procesales, sino también respecto de normas
constitucionales en tanto parámetros de validez de aquellas. Y esto, en la
estructura y dinámica de las democracias constitucionales, es comprensible pues
de la misma manera como la legitimidad de la ley, incluida, desde luego, la ley
penal, no se infiere de sí misma sino de su compatibilidad con el Texto
Fundamental; así también, la legitimidad de las sentencias judiciales debe
soportarse tanto en la ley como en el ámbito de validez de ésta.
6.
Además de lo expuesto, el recurso de casación procede contra las sentencias
proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos.  En
este punto, es evidente que se prescindió de presupuestos formales que limitan
la procedencia del recurso, regla que marca una gran distancia con regímenes
anteriores en los que esa procedencia estaba supeditada al cumplimiento de
exigencias generalmente relacionadas con la competencia del juez de segunda
instancia que profirió el fallo y con la pena imponible al delito.  A
diferencia de tal régimen, en el actual ese tipo de condicionamientos
procesales del instituto desaparecieron.
Esta
nueva regulación permite que todos los problemas planteados en sede de
aplicación de la ley penal puedan debatirse en casación y ello
independientemente de la punibilidad fijada para el tipo penal de que se trate
o de la competencia establecida para su conocimiento.  De esta manera, se
facilita que la Corte Suprema de Justicia realice los fines del recurso
extraordinario de casación, no sólo respecto de ámbitos delimitados por
presupuestos estrictamente formales, sino en consideración a los problemas de
fondo planteados en todo supuesto de aplicación de la ley penal contenido en
una sentencia de segunda instancia.
Con
todo, se impone precisar que la procedencia de la casación contra todas las
sentencias proferidas en segunda instancia en procesos adelantados por delitos,
se ha armonizado con el reconocimiento de una facultad de selección a la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia  (Artículo 184, Ley 906 de 2004).  En
efecto, el Código de Procedimiento Penal permite que la Corte Suprema de
Justicia no seleccione aquellas demandas de casación en las que el demandante
carezca de interés, se prescinda de señalar la causal, no se desarrollen los
cargos o cuando se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para
cumplir algunas finalidades del recurso.  De esta forma se procura mantener un
punto de equilibrio entre la procedencia del recurso contra todas las
sentencias de segunda instancia, de tal manera que se asegure que los fines de
la casación se realicen sin consideración a límites formales, pero, al mismo
tiempo, se fijan unos parámetros que racionalizan el recurso.
7.
De otro lado, el recurso extraordinario de casación procede cuando las
sentencias penales de segunda instancia afectan derechos o garantías
fundamentales.  Esta contextualización es compatible con el sentido que se le
imprimió al recurso pues, tratándose de un control constitucional y legal, es
evidente que la legitimidad de la sentencia se supedita al respeto de los
derechos y las garantías fundamentales  -tanto sustanciales como procesales-
que están en juego en el proceso penal.
Es
decir, si los derechos fundamentales, en tanto ámbitos de afirmación y
realización de la dignidad del hombre y de la democracia participativa y
pluralista, constituyen el fundamento y límite del poder público, incluido el
poder punitivo del Estado; cae de su peso que el respeto de esos derechos
constituye un parámetro de control de los actos de la jurisdicción y,
particularmente, de las sentencias. Por lo tanto, si la casación penal es hoy
un control de constitucionalidad y legalidad de los fallos penales, ese control
pasa, de manera necesaria e ineludible, por la verificación del respeto de los
derechos de esa índole que están en juego en el proceso penal.
8.
En este entendido, la afectación de derechos o garantías fundamentales se
convierte en la razón de ser del juicio de constitucionalidad y legalidad que,
a la manera de recurso extraordinario, se formula contra la sentencia.  O lo
que es lo mismo, lo que legitima la interposición de una demanda de casación es
la emisión de una sentencia penal de segunda instancia en la que se han
vulnerado derechos o garantías fundamentales.  Precisamente por ello se ha
presentado también una reformulación de las causales de casación, pues éstas,
en la nueva normatividad, sólo constituyen supuestos específicos de afectación
de tales garantías o derechos. En efecto:
a.
La causal primera recoge los supuestos de violación de derechos o garantías
fundamentales por falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación
indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal,
llamada a regular el caso.  Adviértase cómo, en esta causal, se hace una
referencia expresa a normas del bloque de constitucionalidad o constitucionales;
referencia que resulta compatible con la índole del recurso como juicio de
constitucionalidad y legalidad contra la sentencia.  Carecería de sentido que,
a pesar de habérsele conferido ese alcance tan relevante, sólo hubiera lugar a
la casación penal por infracción de normas legales y no de otras normas
superiores.
b.
La causal segunda recoge los supuestos de violación de derechos o garantías
fundamentales en el ámbito específico del debido proceso y del derecho de
defensa, pues ella remite al desconocimiento del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las
partes.  En esta sede ha quedado regulada ahora la emisión de la sentencia en
un proceso viciado de nulidad por afectación de la estructura básica del
proceso penal o por afectación de las garantías que les asisten a las partes,
tal como ocurre con el derecho de defensa del imputado o con los derechos de la
víctima en el proceso penal.
c.
Finalmente, la causal tercera recoge supuestos de violación de derechos o
garantías fundamentales por el manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la
sentencia.  De este modo, el desconocimiento del régimen constitucional y legal
de la prueba deja de ser un supuesto de infracción indirecta de la ley
sustancial y se convierte en una causal autónoma para cuestionar la validez
constitucional y legal del fallo.  El redimensionamiento de esta causal de
casación es compatible con la potenciación de los fundamentos constitucionales
de las pruebas penales, entre los que ocupan lugar preponderante ya no sólo el
derecho de toda persona a presentar pruebas y a controvertir las que se
presenten en su contra, el mandato de exclusión de la prueba ilícita  y el
mandato de no autoincriminación consagrados en los artículos 29 y 33 de la
Carta, sino también los principios de publicidad, oralidad, inmediación,
contradicción y concentración y la necesidad de autorización por parte del juez
que ejerza las funciones de control de garantías para toda medida que afecte
derechos fundamentales y respecto de la cual la Fiscalía General no cuente con
atribuciones constitucionales; principios y necesidad consagrados en el
artículo 250 superior, numerales 4 y 3, respectivamente.
Para
concluir este punto, hay que indicar que en el nuevo régimen de la casación
penal se mantiene una norma de reenvío al régimen legal de la casación civil
cuando aquella únicamente tiene por objeto la reparación integral decretada en
la providencia que resuelve el incidente de que dan cuenta los artículos 102 a
108 de la Ley 906 de 2004.
9.
De acuerdo con el nuevo régimen de procedimiento penal, el recurso
extraordinario de casación pretende la efectividad del derecho material, el
respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios
inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia  (Artículo 180, Ley 906
de 2004).  De este modo, los vicios de procedimiento o de juicio que se
formulan contra una sentencia penal de segunda instancia se dirigen a que, con
la mediación del Tribunal de Casación, en un supuesto específico, se realicen
los fines del proceso penal y se unifique la jurisprudencia.
En
cuanto a la realización de los fines del proceso penal como finalidad del
recurso extraordinario de casación hay que indicar que las normas de derecho
material o sustancial sólo son efectivas y las garantías de los intervinientes
se respetan:
a.
Si en un supuesto específico se reconstruye la verdad histórica; es decir, si
se hace claridad sobre los hechos penalmente relevantes acaecidos, pues el
proceso penal de una democracia constitucional no puede renunciar al
conocimiento de la verdad como presupuesto ineludible para la realización de la
justicia penal.
b.
Si, sobre la base de esa reconstrucción histórica de lo acaecido, se hace
justicia, bien manteniendo el efecto vinculante del principio de presunción de
inocencia que ampara a todo imputado, cuando no hay manera de desvirtuarlo, o
bien declarando su responsabilidad penal si ella está demostrada, pues de esta
manera se le cierra el paso a la impunidad.
c.
Si al interior del proceso se reconocen y realizan los derechos que amparan a
los intervinientes en el proceso penal, fundamentalmente los derechos que le
asisten al imputado, en tanto sujeto de imputación penal, y los de la víctima,
en tanto titular de los bienes jurídicos vulnerados o puestos en peligro con
ocasión del delito.
De
acuerdo con ello, si en el curso de las instancias de un proceso se ha renegado
de los fines del proceso penal y se ha llegado a una sentencia que se abstiene
de realizarlos, es legítimo que a través del recurso extraordinario de casación
se adecue el proceso a la Constitución y a la ley y que se lo realice de tal
manera que se haga de aquél un supuesto de afirmación y no de negación de estos
ámbitos normativos vinculantes.
Por
otra parte, la casación se orienta también a la unificación de la
jurisprudencia, pues el sistema penal de una democracia asume unos costos muy
altos en el ámbito de su propia legitimidad cuando proliferan múltiples
interpretaciones de la ley penal que, frente a casos específicos, terminan por
sacrificar los principios de seguridad jurídica e igualdad.  Por ello, en aras
del respeto del principio de legalidad por parte de jueces y tribunales y de la
realización del derecho de toda persona a una igualitaria aplicación de la ley
penal, es que el recurso extraordinario de casación se orienta a la promoción
de la interpretación uniforme de la ley.  Esta finalidad tiene un efecto
irradiador sobre los niveles inferiores de la jurisdicción, en virtud del cual
a éstos se les impone una muy exigente carga argumentativa, superior a la
emprendida por la Corte de Casación, para que les resulte legítimo apartarse de
esa interpretación de la ley penal pues, como se lo indicó en la Sentencia
SU-120-03, M. P. Álvaro Tafur Galvis:
i) Una misma autoridad judicial –individual o
colegiada- no puede introducir cambios a sus decisiones sin la debida
justificación, ii) los jueces no pueden apartarse por su sola voluntad de las
interpretaciones que sobre el mismo asunto ha hecho la Corte Suprema de
Justicia, y iii) ésta no puede renunciar a su labor de darle unidad al
ordenamiento jurídico. Es que los asociados requieren
confiar en el ordenamiento para proyectar sus actuaciones, de manera que tanto
las modificaciones legales, como las mutaciones en las interpretaciones
judiciales deben estar acompañadas de un mínimo de seguridad –artículo 58 C.
P.-, en consecuencia los jueces actúan arbitrariamente y por ello incurren en
vía de hecho, cuando se apartan, sin más, de la doctrina probable al
interpretar el ordenamiento jurídico.
10.
En cuanto al procedimiento diseñado por el legislador para el recurso
extraordinario de casación, se tiene lo siguiente:
a.
Están legitimados para recurrir en casación los intervinientes que tengan
interés. Es decir, pueden hacerlo la Fiscalía General de la Nación, el defensor
y el imputado  (Artículos 114.13, 125.7 y 130, respectivamente, de la Ley 906
de 2004).
b.
El recurso debe interponerse dentro de los 60 días siguientes a la última
notificación de la sentencia y para ello debe presentarse una demanda que
contenga de manera precisa y concisa las causales invocadas y sus fundamentos
(Artículo 183 de la Ley 906 de 2004).  Para la Corte es evidente el propósito
del legislador de despojar al recurso extraordinario de casación del carácter
rígido y formalista que le había caracterizado.  De allí que se exija la
presentación de una demanda en la que se indiquen las causales invocadas y los
fundamentos que se esgrimen, exigencias que resultan compatibles con la nueva
sistemática de las causales que dan lugar a la interposición del recurso.
c.
La Corte Suprema decide en 30 días acerca de la admisión de la demanda y, como
se indicó, está facultada para no seleccionarla, mediante auto que admite
insistencia, cuando el demandante carece de interés, no señala la causal, no
desarrolla los cargos o no se precisa del fallo de casación para cumplir alguna
de las finalidades del recurso  (Artículo 184 de la Ley 906 de 2004).
La
ley dispone que la Corte no puede tener en cuenta causales diferentes que las
alegadas por el demandante.  Pero eso sólo es  “en principio”  pues, a
renglón seguido dispone que  “deberá superar los defectos de la demanda para
decidir de fondo”  y señala los parámetros que debe tener en cuenta para
proceder de esa forma y que son los fines de la casación, su fundamentación, la
posición del impugnante dentro del proceso y la naturaleza de la controversia
planteada.
En
los 30 días siguientes se realiza una audiencia de sustentación del recurso,
acto al que pueden acudir los no recurrentes para ejercer el derecho de
contradicción dentro de los límites de la demanda.
d)
El artículo 185 regula lo relacionado con la decisión del recurso
extraordinario de casación.  Esta norma dispone lo siguiente:
Artículo 185.  Decisión. Cuando la Corte
aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo
dentro de los sesenta  (60)  días siguientes a la audiencia de sustentación,
contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión.
La Corte está facultada para señalar en qué estado queda
el proceso en el caso de determinar que éste pueda recuperar alguna vigencia.
En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo
lapso o a más tardar dentro de los cinco  (5)  días siguientes, citará a
audiencia para lectura del mismo.
Con
posterioridad se regulan aspectos relacionados con la acumulación de varias
demandas para ser decididas en una sola sentencia, la extensión del recurso a
los no recurrentes en cuanto les sea favorable, la no agravación de la pena
cuando el condenado fuese recurrente único, la suspensión del término de
prescripción con la sentencia de segunda instancia y una nueva contabilización
de este término hasta por cinco años, el mantenimiento de la competencia del
juez de primera instancia para resolver sobre la libertad y demás asuntos no
vinculados con la impugnación y la facultad de la Corte de anticipar turnos
para emitir sus fallos por razones de interés general  (Artículos 186 a 191 de la
Ley 906 de 2004).
3.
Consideración del cargo formulado
a.
Una ley ordinaria no puede modificar o suprimir la Constitución Política
11.
La Constitución colombiana de 1991 al consagrar y regular la acción de tutela
estableció claramente su ámbito de aplicación. En efecto, según el artículo 86
de la Carta la tutela procederá, de manera subsidiaria y expedita, para
proteger los derechos fundamentales de todas las personas contra posibles
vulneraciones producidas por una acción u omisión de cualquier autoridad
pública. Al respecto dijo la norma citada:
Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma y por quién actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública (...) Esta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Una
lectura simple de este artículo permite concluir, sin mayor dificultad, que el
ámbito constitucional de aplicación de la acción de tutela incluye la tutela
contra decisiones judiciales. En efecto, si se acepta que las autoridades
judiciales son autoridades públicas, no cabe duda alguna sobre la procedencia
de la acción de tutela para proteger, de manera subsidiaria, los derechos
fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por cualquier acción
u omisión de los jueces de la República. En este sentido, la tutela en
Colombia. -como el amparo en España o el recurso de constitucionalidad en
Alemania-, es una acción judicial autónoma, residual y subsidiaria, creada para
asegurar la eficacia prevalente de los derechos fundamentales en todos los
ámbitos en los cuales dichos derechos puedan resultar vulnerados -incluyendo el
ámbito judicial-, que procederá sólo cuando se hubieren agotado todos los
medios ordinarios o extraordinarios para su defensa o, excepcionalmente, cuando
la protección resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable.
En
la citada norma superior es evidente que el constituyente no realizó
distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de
excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de
protección de los derechos fundamentales.  Precisamente por ello en la norma
superior indicada se habla de  “cualquier”  autoridad pública.  Siendo ello
así, la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación
del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y específicamente
contra las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana
tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir
decisiones que se tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el
estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales.
Ese
tipo de decisiones legitiman la intervención de los jueces constitucionales en
tales procesos, aunque, desde luego, no para resolver el supuesto específico de
aplicación de la ley que concierne al caso planteado, sino para resolver la
controversia suscitada con ocasión de la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales.
12.
Desde luego, una comprensión de la Constitución como sistema normativo plantea
la necesidad de armonizar la procedencia de la acción de tutela contra ese tipo
de pronunciamientos con principios constitucionales como el de seguridad
jurídica, con la distribución superior de competencias y con otros principios
específicos de la jurisdicción, también de índole constitucional, como los de
autonomía e independencia.
De
ese modo, si se equilibran, por una parte, la índole constitucional de la
acción de tutela como mecanismo diseñado por el propio constituyente para la
protección de los derechos fundamentales, con, por otra parte, los demás
principios constitucionales y con los fundamentos superiores de la
administración de justicia, la conclusión a la que se arriba es que la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones tomadas por la
jurisdicción debe ser excepcional, es decir, debe limitarse a aquellos casos
que efectivamente configuren una lesión o una puesta en peligro de derechos
fundamentales.  Sobre este punto, ese es el alcance de la Carta Política de
1991 y de esa manera ha sido interpretada por esta Corporación.
13.
Ahora, es claro que ese régimen constitucional de la acción de tutela, por
estar previsto en la Constitución y por estar ésta dotada de valor normativo
-al punto que se trata, justamente, de la norma suprema del ordenamiento
jurídico-  no puede ser interferido por el legislador con miras a restringir su
ámbito de aplicación.  Es decir, una ley ordinaria no puede, bajo ninguna
circunstancia, modificar o suprimir la Constitución Política y mucho menos uno
de los mecanismos constitucionales de protección de los derechos
fundamentales.  Y esta última precisión se hace dado que la Carta de 1991
concibe tales derechos como razón de ser, como fundamento y límite del poder
que el pueblo delegó en las autoridades y, siendo ello así, si al alcance del
legislador no está ninguna norma superior, mucho menos lo están aquellas que
tocan directamente con aspectos que resultan inescindibles al Estado
constitucional de derecho.
Adviértase
que la Constitución consagró reserva de ley estatutaria para el desarrollo y
ampliación de los derechos fundamentales y de sus mecanismos de protección.  De
acuerdo con esto, se trata de un tema tan vertebral a la democracia constitucional
colombiana, que incluso el desarrollo y la ampliación de los mecanismos de
protección de esos derechos fueron sometidos al procedimiento legislativo
cualificado y al control judicial previo inherente a las leyes estatutarias.
Luego, si sobre ese ámbito procede la reserva de ley estatutaria, es evidente
que el legislador ordinario no tiene competencia alguna para regular un espacio
vital tan sensible como ese.
14.
En ese contexto, esto es, si la acción de tutela es un mecanismo de protección
de los derechos fundamentales concebido directamente por el poder constituyente
colombiano; si éste, aparte de consagrar ese mecanismo, instituyó también su
ámbito de aplicación; si de éste ámbito no excluyó la función jurisdiccional y,
en consecuencia, las decisiones de los jueces y tribunales y si consagró una
reserva de ley estatutaria para su regulación y ampliación, incluidos sus
mecanismos de protección, es claro que el legislador ordinario no tiene
atribución alguna para interferir ese régimen constitucional y mucho menos para
restringir el ámbito de aplicación de la acción de tutela, atribución está que
ni siquiera le ha sido reconocida al legislador estatutario.
15.
Si en este contexto se considera el debate suscitado en este proceso de
constitucionalidad, se tiene que el actor demanda la expresión  “ni acción”
que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en el que se regulan
aspectos relacionados con la sentencia que decide el recurso extraordinario de
casación.  En el contexto de ese artículo, el aparte demandado impide la
procedencia de recursos o acciones contra la sentencia de casación, excepto la
acción de revisión.
16.
Ahora bien, ¿qué alcance debe dársele a la expresión  “ni acción” que
hace parte del artículo 185 ya citado?  En principio, podría entenderse como
una alusión a acciones legales.  No obstante, la única acción legal que procede
contra la sentencia que decide el recurso extraordinario de casación es la de
revisión.
En
efecto, según el artículo 192 de la Ley 906 de 2004 la acción de revisión  “procede
contra sentencias ejecutoriadas” en los siete supuestos allí indicados y la
sentencia que resuelve la casación es precisamente una sentencia ejecutoriada.
Sin embargo, esa acción es justamente la que se ha exceptuado de la
prohibición contenida en la norma.  Si ello es así, el aparte normativo
demandado carecería de sentido pues dispone que no proceden acciones legales
contra la sentencia de casación a pesar de que el mismo sistema procesal penal
no consagra acciones legales contra ese fallo, a excepción de la revisión, la
que se excluye expresamente del ámbito de esa prohibición.
De
este modo, es claro que la referencia que se hace a la improcedencia de
recursos y acciones contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario
de casación no alude a acción legal alguna.
17.
En ese orden de ideas, la única posibilidad de que esa regla jurídica se dote
de sentido es que la expresión  “ni acción” que hace parte del artículo
185 de la Ley 906 de 2004 se tome como una alusión a acciones constitucionales
y, en especial, como una excepción a la acción de tutela.  Es decir, en virtud
de esa regla de derecho, la acción de tutela no procede contra la sentencia de
casación.
Para
apoyar esta tesis podría invocarse el carácter de la casación como control
constitucional y legal del fallo.  En virtud de ese alcance de la casación
penal, podría argumentarse, es coherente que contra la sentencia que desata ese
recurso extraordinario no proceda la acción de tutela, pues si ese recurso
plantea un control de constitucionalidad y legalidad de la sentencia, no
tendría sentido un nuevo recurso con miras a la protección de los derechos y
garantías fundamentales.
18.
No obstante, este punto de vista es equivocado, pues desconoce la supremacía
que la Constitución ejerce sobre la ley en la democracia constitucional
colombiana.  Ello es así en tanto, por medio de una norma legal, se restringiría
el alcance de un mecanismo constitucional que, como la acción de tutela, fue
diseñado para la protección de los derechos fundamentales. En efecto, en tanto
que el artículo 86 superior ordena que la acción de tutela procede contra la
acción u omisión de cualquier autoridad pública que afecte o amenace derechos
fundamentales, incluidas, como se ha visto, las autoridades judiciales; la
norma legal parcialmente cuestionada estaría restringiendo la procedencia de
esa acción constitucional contra la sentencia que decide el recurso
extraordinario de casación.
Además,
ese argumento pierde de vista que no existe incompatibilidad entre el recurso
extraordinario de casación y la acción de tutela, pues todos los recursos
judiciales configurados por el ordenamiento jurídico se orientan, de una manera
u otra, a la defensa de los derechos fundamentales. Como se indicó, si bien la
casación, al interior de cada jurisdicción es un recurso extraordinario contra
la sentencia, desde una perspectiva constitucional es un medio judicial
ordinario de defensa de los derechos fundamentales. Por ello, la acción de
tutela es importante como mecanismo constitucional subsidiario de protección de
tales derechos, pues se potencia cuando aquellos han resultado ineficaces. Es
decir, si el recurso extraordinario de casación no resulta un medio judicial
idóneo y eficaz de protección de los derechos y garantías fundamentales
afectados en el proceso penal y la sentencia que lo resuelve desconoce esa
situación, nada impide que el afectado acuda ante la jurisdicción
constitucional en demanda de amparo para tales derechos.
En
este sentido, por ejemplo, un imputado al que se le ha vulnerado el derecho de
defensa por no haber estado asistido por defensor en el momento de la
formulación de la imputación, puede solicitar, al interior de ese mismo
proceso, la anulación de la actuación y contra la decisión que se profiera
puede interponer los recursos legales ordinarios.  Pero si no obstante esa
situación, la actuación no es invalidada, nada se opone a que luego intente, en
sede de casación, la invalidación de la sentencia y del proceso en el que ella
se dictó.  Y si en esta sede no se atiende su pedimento y concurren los exigentes
presupuestos necesarios para ello, bien puede interponer acción de tutela en
procura de protección del derecho fundamental al debido proceso.
Entonces,
nótese cómo no existe incompatibilidad sino armonía entre la concepción de la
casación como un control de constitucionalidad y legalidad del fallo lesivo de
derechos y garantías fundamentales y la acción de tutela, como mecanismo
constitucional subsidiario de protección de los derechos fundamentales.
19.
En estas condiciones, es manifiesta la inconstitucionalidad del aparte
demandado del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 ya que al indicar que contra
la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia
penal  “no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión”, está
excluyendo la procedencia de la acción de tutela contra ese tipo de
pronunciamientos y con ello, qué duda cabe, está contrariando el artículo 86 de
la Carta Política ya que, como se ha visto, esta norma no excluye tales
pronunciamientos de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
Es decir, en tanto que la voluntad del constituyente expresada en la norma
superior ya indicada fue que la acción de tutela se aplicara respecto de los
actos y omisiones de las autoridades públicas, incluidas las judiciales, el
legislador ha tomado la decisión, manifiesta en la norma demandada, de excluir
de la procedencia de ese recurso las sentencias que resuelven la casación
penal.
Entonces,
como es claro que una ley ordinaria no puede, bajo ninguna circunstancia,
modificar o suprimir la Constitución Política y mucho menos uno de los
mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales, la
expresión  “ni acción”  que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004
será expulsada del ordenamiento jurídico pues genera un espacio institucional
en el que los derechos fundamentales no podrían ser protegidos.
b.
La acción de tutela procede contra decisiones judiciales en los casos que la
Corte Constitucional ha establecido
20.
Como se indicó, según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela
es un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Este mecanismo de protección de los derechos fundamentales ha permitido entre
nosotros afirmar el carácter vinculante de la Carta Política y ha dotado a
todas las personas de un verdadero resorte institucional que les permite acudir
ante los jueces para exigir el respeto de tales derechos.
De
este modo, los derechos fundamentales, otrora sólo objeto de consagración
normativa y discusión académica, hoy se asumen como facultades inviolables en
tanto manifestaciones de la dignidad humana que vinculan a los poderes públicos
e incluso, en algunos casos, a los particulares y que son susceptibles de
judicializarse en aras de su reconocimiento efectivo gracias a un procedimiento
preferente y sumario.  Por ello, si la principal característica del
constitucionalismo contemporáneo viene determinada por el reconocimiento del
carácter normativo de los Textos Fundamentales, no puede desconocerse que la
exigibilidad de las normas constitucionales que consagran derechos
fundamentales, frente a supuestos específicos de vulneración o amenaza, ha
jugado un papel central en tal reconocimiento.
21.
A pesar de que la Carta Política indica expresamente que la acción de tutela
procede  “por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”
susceptible de vulnerar o amenazar derechos fundamentales, en algunos ámbitos
se ha cuestionado su procedencia contra sentencias, no obstante tratarse de
actos emanados de jueces y tribunales en tanto autoridades públicas y la
consecuente posibilidad, aunque sumamente excepcional, de que a través de tales
actos se vulneren o amenacen derechos fundamentales.
Sin
embargo, el panorama es claro ya que como regla general la acción de tutela no
procede contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.  Entre ellos,
en primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la
Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las
sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático.
En
cuanto a lo primero, no puede desconocerse que la administración de justicia,
en general, es una instancia estatal de aplicación del derecho, que en
cumplimiento de su rol debe atenerse a la Constitución y a la ley y que todo su
obrar debe dirigirse, entre otras cosas, a garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, incluidos, obviamente, los
derechos fundamentales. Si esto es así, lo obvio es que las sentencias
judiciales se asuman como supuestos específicos de aplicación del derecho y que
se reconozca su legitimidad en tanto ámbitos de realización de fines estatales
y, en particular, de la garantía de los derechos constitucionales.
En
cuanto a lo segundo, no debe perderse de vista que el derecho, desde la
modernidad política, es la alternativa de legitimación del poder público y que
tal carácter se mantiene a condición de que resulte un instrumento idóneo para
decidir, de manera definitiva, las controversias que lleguen a suscitarse pues
sólo de esa forma es posible definir el alcance de los derechos y crear las
condiciones necesarias para su adecuado disfrute.  De allí el valor de cosa
juzgada de que se rodean las sentencias judiciales y la inmutabilidad e
intangibilidad inherentes a tales pronunciamientos, pues de no ser así, esto
es, de generarse una situación de permanente incertidumbre en cuanto a la forma
como se han de decidir las controversias, nadie sabría el alcance de sus
derechos y de sus obligaciones correlativas y todos los conflictos serían
susceptibles de dilatarse indefinidamente.  Es decir, el cuestionamiento de la
validez de cualquier sentencia judicial resquebrajaría el principio de
seguridad jurídica y desnudaría la insuficiencia del derecho como instrumento
de civilidad.
Y
en cuanto a lo tercero, no debe olvidarse que una cara conquista de las
democracias contemporáneas viene dada por la autonomía e independencia de sus
jueces.  Estas aseguran que la capacidad racionalizadora del derecho se
despliegue a partir de las normas de derecho positivo y no de injerencias de
otros jueces y tribunales o de otros ámbitos del poder público.  De allí que la
sujeción del juez a la ley constituya una garantía para los asociados, pues
estos saben, gracias a ello, que sus derechos y deberes serán definidos a
partir de la sola consideración de la ley y no por razones políticas o de
conveniencia.
22.
Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra
sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los
fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la
autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura
del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales
la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan
derechos fundamentales.
23.
En ese marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en
fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.  Esta línea
jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido
objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.
24.
Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6].  De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7].  No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta
una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[9].  Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.
25.
Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una
acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente,
al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
i.
Violación directa de la Constitución.
Estos
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.  Esta evolución de la doctrina
constitucional fue reseñada de la siguiente manera en un reciente
pronunciamiento de esta Corte:
(E)n los últimos años se ha venido presentando una
evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que
hacen viable  la acción de tutela contra providencias judiciales. Este
desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser
atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales,
y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea
necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es  más
adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la
acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente
manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha
evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los
conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se
fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los
casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.’[12] En este caso (T-1031 de
2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia
judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o
cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a
remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se
redefine en los siguientes términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez
de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con
ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales
por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente,
cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de
alguno de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:
(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii)
error inducido; (iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del
precedente y  (vi) violación directa de la Constitución.”[13]”[14]
26.
Los argumentos expuestos en los fundamentos anteriores de esta providencia
resultan suficientes para demostrar que desde cualquier perspectiva posible, el
artículo 86 de la Constitución ampara la procedencia de la acción de tutela
contra las decisiones judiciales de última instancia y que hay lugar a ella en
los supuestos indicados por la jurisprudencia de esta Corporación.
c.
Al proferir la Sentencia C-543-92, la decisión de la Corte no fue excluir la
tutela contra decisiones judiciales
27. Se ha sostenido
que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-543-92, declaró la
inexequibilidad de varias disposiciones legales que permitían la tutela contra
sentencias.  Con base en esa referencia se afirma que el amparo constitucional
de los derechos fundamentales no procede contra decisiones judiciales porque
así lo estableció esta Corporación en un fallo de constitucionalidad; fallo
que, a diferencia de las decisiones proferidas con ocasión de la revisión de
las sentencias de tutela, tiene efectos erga omnes.
Este argumento, como
pasa a indicarse, parte de una premisa equivocada y, además, desconoce la
doctrina constitucional.  Por ello no suministra fundamento alguno para, contra
lo que la Constitución ordena, restringir el ámbito de procedencia de la acción
de tutela.
28. Así, por una
parte, hay que indicar que a través de la sentencia C-543/92 la Corte
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991, disposiciones que consagraban la acción de tutela contra
decisiones judiciales. No obstante, en esa oportunidad la Corte indicó de
manera expresa que la acción de tutela si podía proceder contra omisiones
injustificadas o actuaciones de hecho de los funcionarios judiciales, cuando
quiera que las mismas vulneraran los derechos fundamentales. Al respecto
señaló:
De conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por
la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo, que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe contra los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las  cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual si está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, queda supeditado a lo
que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como
estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia[15].
De
este modo, no es cierto que la Corte, en el fallo citado, haya descartado, de
manera absoluta, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales.  Lo que hizo en esa oportunidad fue excluir del ordenamiento jurídico
unos preceptos normativos que afirmaban la procedencia de ese mecanismo contra
las sentencias como regla general y no como excepción.  De allí que la Corte,
en la motivación de ese pronunciamiento, haya delineado genéricamente los
supuestos en los que de manera excepcional procedía la acción de tutela contra
tales decisiones.
29.
Por otra parte, la postura que se comenta desconoce la doctrina constitucional
pues esta Corporación no sólo ha realizado una interpretación autorizada de la
Sentencia C-543-92, sino que, como se indicó en precedencia, ha construido una
uniforme línea jurisprudencial que desarrolla los supuestos excepcionales de
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales.  Sobre el sentido de la
decisión tomada en la citada sentencia, la Corte, en la Sentencia SU-1184-01,
expuso:
...coincide parcialmente ésta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en reconocer la
obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las sentencias de
constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992, pero no
comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que era
contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de
tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía de
hecho, o conlleve la amenaza de un perjuicio irremediable.
En cambio, coincide plenamente esta Sala de Revisión
con la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia dentro del proceso T-600048, la cual, en lugar de descartar de manera
absoluta la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
verificó si en el caso concreto ésta era procedente. Concluyó que no lo era y
que en todo caso no se trataba de una vía de hecho. También coincide con lo
expuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por la
misma razón.
La diferencia entre la posición adoptada por la Sala
de Casación  Laboral, por un lado, y las Salas de Casación Civil y Penal, por
otro, estriba en que mientras la primera sostiene que la acción de tutela nunca
procede contra providencias judiciales, las segundas estiman que en ciertos
casos excepcionales, cuando se reúnen estrictos requisitos analizados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, ella sí procede contra providencias
judiciales.
Esta Sala de Revisión subraya que el artículo 86 de la
Constitución dice que la tutela procede cuando los derechos fundamentales
“resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas y sus providencias
constituyen su principal forma de acción.
Además, la Corte Constitucional en sus salas de
revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias
judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho.
No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia,
como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien interpreta con
autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia Corte
Constitucional, así como esta Corporación ha reconocido que quién interpreta
con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte
Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al alcance de las
leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria” (artículo 234 C.P.), constituye un derecho viviente.[16]”.[17]
30.  Entonces, no es
cierto que la Corte, en un fallo de constitucionalidad, haya excluido la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues tanto de
la motivación de ese pronunciamiento como de la interpretación que la misma
Corte ha hecho del mismo y del desarrollo de su jurisprudencia se infiere que
la acción de tutela procede contra decisiones judiciales en los supuestos que
la misma Corte ha indicado.
d.
La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está
legitimada también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos
31.
Por otra parte, no sobra recordar que, tal y como lo ha indicado reiteradamente
la Corte, la acción de tutela no sólo se encuentra respaldada en el artículo 86
de la Carta sino también en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
incorporados a la Constitución por vía del artículo 93 de la Carta[18].
Dichas normas establecen la obligación de los Estados partes de implementar un
recurso sencillo, efectivo y breve de protección efectiva de los derechos
fundamentales contra cualquier acción u omisión de las autoridades públicas que
pudiera vulnerarlos. En este sentido, el artículo 25 de la Convención Americana
señala:
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Pero
esos instrumentos de derecho público internacional no sólo le imponen al Estado
colombiano la obligación de consagrar un mecanismo de protección de los
derechos fundamentales, sino también la obligación de garantizar el
cumplimiento de las decisiones proferidas al resolver ese recurso.  Como lo
indicó la Corte en el auto del 17 de febrero de 2004,
Según lo ha sostenido esta Corporación[19],
la garantía del cumplimiento de las órdenes a través de las cuales se concede
el amparo de derechos fundamentales amenazados o violados, ya sea que provenga
de los jueces de instancia o de la propia Corte Constitucional, además de tener
un claro fundamento constitucional, también encuentra un hondo respaldo en el
derecho internacional sobre derechos humanos. Así, por citar tan sólo algunos
ejemplos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2°) y la
Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25), incorporados al orden
interno mediante las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, además de
exigirle a los Estados partes la implementación de un recurso sencillo,
efectivo y breve que ampare los derechos fundamentales, también los obliga a “garantizar
el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso”.
32.
En consecuencia, una limitación del ámbito de protección de la acción de tutela
tal como la que podría desprenderse de la disposición parcialmente demandada no
sólo vulneraría el artículo 86 de la Carta sino los artículos 2 y 25 antes
mencionados y, por contera, las obligaciones internacionales del Estado
colombiano en materia de protección de Derechos Humanos.
e.
Los argumentos expuestos contra la tutela contra decisiones judiciales son
fácilmente rebatibles
33.
No obstante la legitimidad constitucional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, distintas esferas de la función  jurisdiccional han
cuestionado la legitimidad de tal procedencia.  Para ello han expuesto
múltiples decisiones que, como se aprecia en seguida, son fácilmente
rebatibles.
34.
Contra la interpretación más simple y ortodoxa del texto del artículo 86
trascrito, se ha opuesto una interpretación presuntamente “originalista” en
virtud de la cual lo que debe primar a la hora de comprender el sentido
normativo de una disposición no es la letra clara de la misma -o su texto-
sino la voluntad del constituyente al momento de escribirla. En este sentido
afirman que cuando el constituyente dijo que la tutela procedería contra
acciones u omisiones de las autoridades públicas no quiso en realidad decir
autoridades públicas sino autoridades administrativas y que sin embargo
consideró que esto resultaba tan natural y obvio que no parecía necesario
precisarlo.
Aparte
de la dificultad de dar prelación al método originalista en casos como
el presente, -es decir, en aquellos casos en los cuales la aplicación de dicho
método podría contradecir abiertamente el texto de la disposición y,
adicionalmente, podría tener como efecto la restricción de un mecanismo de
garantía de los derechos fundamentales- , lo cierto es que en este caso la
aplicación rigurosa del método originalista no nos conduciría al
resultado mencionado.
En
efecto, si bien es cierto que algunos delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente consideraban que la tutela no debía proceder contra sentencias
judiciales, también lo es que la gran mayoría participó de la idea de consagrar
una acción que  -como el amparo en España o el recurso de constitucionalidad en
Alemania-  pudiera proceder contra las decisiones judiciales. En este sentido
es importante recordar que la propuesta presentada por un conjunto de
delegatarios destinada a restringir en el sentido que se estudia el ámbito de
protección de la acción de tutela, resultó amplia y expresamente derrotada por
la mayoría con el argumento, claramente expuesto en el debate, según el cual
impedir la tutela contra decisiones judiciales podría crear un ámbito de
impunidad constitucional y reduciría la eficacia de los derechos fundamentales
a su simple consagración escrita[20].
35.
Pero el único argumento que se ha opuesto a la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias no es el argumento originalista. Adicionalmente
se ha sostenido que no es de la “naturaleza” de esta acción servir de medio
para impugnar las providencias judiciales. No obstante, al contrario de lo que
se ha afirmado sobre los límites naturales o “consustanciales” de la acción de
tutela, la doctrina constitucional comparada parece coincidir de manera unánime
en que la tutela  -amparo o acción de constitucionalidad-  contra las
sentencias es un corolario lógico del modelo de control mixto de
constitucionalidad.
En
efecto, cualquier texto relevante de doctrina constitucional comparada reconoce
que el control de constitucionalidad de las sentencias es un instrumento
necesario para garantizar, simultáneamente, la primacía de la Constitución y de
los derechos fundamentales. Los desacuerdos en la doctrina y la jurisprudencia
más especializada se producen más bien en torno al alcance de esta figura y al
tipo y grado de eficacia de los derechos fundamentales en el ámbito judicial.
No obstante, a estas alturas de la evolución de la doctrina constitucional,
parece que nadie niega la importancia de que exista un último control de
constitucionalidad de aquellas sentencias que hubieren podido vulnerar los
derechos fundamentales de las partes y, en particular, el derecho de acceso a
la administración de justicia.
No
puede perderse de vista que la más importante transformación del derecho
constitucional en la segunda mitad del siglo XX fue la consagración de la
Constitución como una verdadera norma jurídica. En otras palabras, en el nuevo
Estado constitucional, las constituciones  -y en particular los derechos
fundamentales- dejaron de ser normas formalmente prevalentes pero jurídicamente
irrelevantes para convertirse en las normas jurídicas de mayor eficacia o poder
vinculante dentro del ordenamiento. Para lograr esta transformación, los
distintos sistemas jurídicos incorporaron al texto constitucional poderosos
sistemas de garantía tendientes a asegurar la sujeción de todos los órganos del
Estado a las disposiciones constitucionales y, muy en particular, a los
derechos fundamentales.
En
este novedoso y potente sistema de protección de la Constitución, la tutela
contra sentencias juega un papel fundamental: el control de constitucionalidad
de las sentencias sirve para desplegar con fuerza la eficacia normativa de los
derechos fundamentales en todos los ámbitos de aplicación del derecho. En otras
palabras, de lo que se trata es de asegurar el llamado “efecto irradiación” de
los derechos fundamentales en jurisdicciones acostumbradas a seguir fielmente
los mandatos del derecho legislado sin atender a las normas constitucionales
que podrían resultar relevantes para resolver la respectiva cuestión.
Entonces,
la acción de tutela -o el llamado recurso de amparo o recurso de
constitucionalidad-  contra sentencias constituye uno de los ejes centrales de
todo el sistema de garantía de los derechos fundamentales. Este instrumento se
convierte no sólo en la última garantía de los derechos fundamentales, cuando
quiera que ellos han sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
una autoridad judicial, sino que sirve como instrumento para introducir la
perspectiva de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados
y definidos, exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado. En
otras palabras, la tutela contra sentencias es el mecanismo más preciado para
actualizar el derecho y nutrirlo de los valores, principios y derechos del
Estado social y democrático de derecho.
36.
Adicionalmente, el control eventual de las sentencias por parte de la Corte
Constitucional, es el mecanismo encontrado por el constituyente para garantizar
la unificación de la jurisprudencia. En estos términos, la necesidad de que
exista un órgano único que tenga la función de unificar la jurisprudencia
relativa al alcance de los derechos fundamentales, no es sino la aplicación al
sistema mixto de control constitucional de las estrategias más ortodoxas de los
sistemas jurídicos occidentales, tendientes a asegurar la unidad en la
interpretación y aplicación del derecho y garantizar así el derecho de igualdad
y el principio de seguridad jurídica.
En
virtud de tal unificación, se pretende asegurar que la interpretación y
aplicación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos
fundamentales por parte de todos los jueces de la República  -con independencia
de la causa que se encuentren juzgando-  resulte coherente  y ordenada. En este
sentido, parece obvio que la función de unificación de la jurisprudencia
materialmente constitucional esté adscrita a un sólo órgano judicial y que este
sea quien tiene asignada la misión de servir como intérprete último de la
Carta.
A
este respecto no sobra recordar que en tanto las disposiciones
constitucionales, y en particular las disposiciones iusfundamentales, suelen
tener una estructura especial  -en general la doctrina las ha denominado
estructura o “textura” abierta-  las mismas exigen para su interpretación
además de los métodos tradicionales de interpretación del derecho, otros
especiales y propios del derecho constitucional. En este sentido, es
fundamental que exista un órgano último especializado en estas materias, que
adicionalmente pueda ser objeto de permanente vigilancia y control, dado que
tiene a su cargo la función de servir como intérprete supremo de la
Constitución.
37.
Por los argumentos expuestos parece, más que razonable, indispensable que la
acción de tutela pueda interponerse contra sentencias judiciales de última
instancia y que las tutelas contra sentencias puedan llegar a la Corte
Constitucional para que sea esta Corporación, en su calidad de intérprete
supremo de la Carta,  quien defina finalmente el alcance de los derechos
fundamentales en las distintas áreas del derecho legislado.
38.
Se ha dicho también que la tutela contra sentencias vulnera los principios de
seguridad jurídica y de autonomía funcional del juez.
A
este respecto hay que decir que si bien las acciones judiciales ordinarias
constituyen supuestos de reconocimiento y respeto de los derechos
fundamentales, de resultar inidóneos e ineficaces, la persona tiene derecho a
hacer uso de la acción de tutela como mecanismo subsidiario de protección
directamente configurado por el constituyente.  Lo contrario implicaría admitir
que la democracia constitucional colombiana está concebida de tal manera que
una persona a la que se le ha vulnerado un derecho fundamental en una sentencia
respecto de la que no existen otros mecanismos ordinarios de protección, está
condenada a sobrellevar esa vulneración y con esto se estaría renunciando al
efecto vinculante de los derechos fundamentales.
El
valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de seguridad jurídica
suponen que los fallos son respetuosos de los derechos y ese respeto no se
determina a partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino del alcance
que les fije la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada para generar
certeza sobre su alcance.  Y ello es lógico ya que si algo genera inseguridad
jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta Política por los
jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos fundamentales.  Este
es precisamente el peligro que se evita mediante la excepcional procedencia de
la tutela contra sentencias pues a través de ella se promueven lecturas
uniformes sobre el alcance de tales derechos y de la Carta Política como su
soporte normativo.
39.
Y en lo que atañe a la autonomía e independencia de los jueces y tribunales,
ellas deben entenderse en el marco de la realización de los fines estatales
inherentes a la jurisdicción y, en especial, de cara al cumplimiento de su
deber de garantizar la efectividad de los derechos a todas las personas.  Es
decir, la Constitución no configura tal autonomía y tal independencia como
atributos idóneos para negar la garantía de esos derechos.  Por el contrario,
esa autonomía y esa independencia deben asumirse como un mandato de
proscripción de injerencias indebidas en el ejercicio de la función
jurisdiccional, pero en el entendido que ésta se orienta a la afirmación y no a
la negación de los fundamentos de la democracia colombiana.  De allí que, si
esto último ocurre, es decir, si la jurisdicción da lugar a afectaciones de
derechos fundamentales, tales decisiones deban removerse del mundo jurídico
para restablecer el efecto vinculante de esos derechos.
Ahora,
la intervención del juez constitucional en los distintos procesos es únicamente
para efectos de proteger los derechos fundamentales afectados.  Al respecto en
reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que la función del
juez constitucional no es la de reemplazar al juez de la causa ni la de crear
incertidumbre a la hora de definir el sentido del derecho. Muy por el
contrario, el Juez constitucional debe tener particular cuidado a la hora de
evaluar si una determinada decisión judicial vulnera los derechos fundamentales
de una de las partes.
En
ese sentido, los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez
constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar
al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las
pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional,
subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego
de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de
indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente  -es decir segura
y en condiciones de igualdad-  de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho.   En este sentido en una de las más recientes sentencias
sobre esta línea la Corte indicó:
4. Coincide la Corte con la Sala de Casación Laboral
en el sentido de sostener que los principios de seguridad jurídica y autonomía
funcional son principios rectores de la administración de justicia. No
obstante, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, la procedencia especial
de la acción de tutela contra decisiones judiciales lejos de afectar tales
principios, tiende a su garantía y protección. En efecto, en cuanto se refiere
al principio de la seguridad jurídica, resulta claro que se garantiza en mucha
mayor medida la seguridad de los ciudadanos sobre alcance y sentido del
derecho, si existe una manera de unificar las decisiones judiciales en cada una
de las distintas materias o ramas del derecho y no si su interpretación se
encuentra librada exclusivamente al criterio solitario e inmune de cada juez.
Ese es justamente el papel de la casación en materia laboral, civil o penal, el
de unificar el sentido de las normas que los jueces deben aplicar para resolver
las distintas controversias jurídicas. En este sentido, no debe extrañar que en
los regímenes de control de constitucionalidad mixto –como el colombiano, el
alemán o el español–  exista un recurso que, como la acción de tutela, permita
garantizar la unidad de la interpretación judicial de los derechos y las
garantías fundamentales, en particular, la garantía del debido proceso
constitucional...
Ahora bien, para garantizar que el control judicial
resulte ajustado a los principios de especialización y jerarquía, la tutela
contra sentencia se debe interponer ante el superior funcional del accionado.
Si se dirige contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el
Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será
repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda. Finalmente, tratándose de la protección
de derechos constitucionales fundamentales, la Corte Constitucional tendrá la
última palabra en tanto guardiana e intérprete suprema de la Constitución.
Sólo a través de un control de esta naturaleza, con un
único órgano de cierre en materia constitucional, será posible asegurar que
todos los jueces de la República, obligados como están a aplicar la
Constitución cuandoquiera que ello resulte conducente para resolver la
respectiva causa, tengan una doctrina relativamente coherente sobre el alcance
y significado de las garantías constitucionales.  De otra forma, cada juez o,
en el mejor de los casos, cada jurisdicción, podría tener una lectura distinta
e incluso contradictoria de las disposiciones constitucionales, sin que
resultara posible unificar el sentido del derecho constitucional para generar
una verdadera seguridad jurídica.
También se afirma que la violación de la seguridad
jurídica se produce dado que no existe un término de caducidad de la tutela
contra sentencias. En consecuencia, en cualquier momento la persona que
disienta de una decisión judicial puede impugnarla mediante la acción de
Tutela. En este sentido, como se desarrollará en detalle más adelante, es
cierto que la falta de un término de caducidad puede dar lugar a la violación
del principio de la seguridad jurídica. Sin embargo, para conjurar este riesgo
la jurisprudencia constitucional ha desarrollado la doctrina de la inmediatez.
Según esta doctrina, la acción de tutela debe ser interpuesta en un término
razonable y  proporcionado como mecanismo para proteger, de manera inmediata,
el derecho vulnerado o amenazado. De otra forma se estaría premiando la
inacción de la parte interesada y afectando severamente el principio universal
de la seguridad jurídica, es decir, la tranquilidad que deben tener los
ciudadanos sobre la estabilidad de la decisiones judiciales...
Finalmente, se ha sostenido que se viola la seguridad
jurídica y la autonomía funcional del juez por la mera posibilidad de revocar
las sentencias mediante la acción de tutela. Este argumento llevaría a sostener
que la segunda instancia es también una violación de la seguridad jurídica y de
la autonomía funcional, como lo seria también el recurso de casación. En
efecto, hasta agotar dichos recursos la sentencia no hace tránsito a cosa
juzgada y su existencia habilita justamente al juez de alzada a revocar la
decisión del juez de instancia y a marcar las pautas de interpretación y
fijación del sentido del derecho. En este sentido, la tutela debe ser vista,
simplemente, como un control constitucional absolutamente excepcional y de muy
corta duración, arbitrado por la propia Constitución para que en el Estado
constitucional exista una cierta unidad en la interpretación y aplicación de
las normas fundamentales y, especialmente, del debido proceso constitucional.
En otras palabras, para asegurar la vigencia del principio de igualdad y del
importante valor de la seguridad jurídica.[21]
40.
De otra parte, se ha sostenido que la tutela contra sentencias de última
instancia viola la distribución constitucional de competencias entre las más
altas Cortes de justicia pues, por esta vía, la última palabra en materia
penal, civil o laboral no la tendrá la Corte Suprema por vía de casación sino
el juez constitucional por vía de tutela.
En
este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez
ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho
legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la
aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes
y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.
En
otras palabras, se trata de una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma
para asegurar, cuando todos los recursos anteriores han fallado, que a las
personas sometidas a un proceso judicial no les violen sus derechos
constitucionales fundamentales. No se trata entonces de garantizar la adecuada
aplicación del resto de las normas que integran el sistema jurídico o de los
derechos que tienen origen en la ley.
41.
Adicionalmente, este mecanismo sólo puede operar cuando todos los mecanismos
anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere acudido a ellos de
manera diligente. En este sentido, la acción de tutela no suplanta ni reemplaza
a los mecanismos ordinarios ni puede servir para remediar la negligencia de
alguna de las partes procesales. Se trata, simplemente, de una revisión
extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones
judiciales cuando la persona presuntamente afectada ha agotado todos los
recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en condiciones de
indefensión. Si las acciones y recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
han operado adecuadamente, nada nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues
los jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar
los derechos fundamentales concernidos.
En
los términos que han sido planteados, resulta indudable que quien debe definir
el alcance de todas las áreas del derecho ordinario es la Corte Suprema de
Justicia y que corresponde al Consejo de Estado establecer el alcance de las
normas que integran el derecho contencioso administrativo. Sin embargo, compete
a la Corte Constitucional la tarea de establecer, en última instancia, el
contenido constitucionalmente vinculante de los derechos fundamentales,
derechos que deben ser tenidos en cuenta por los jueces ordinarios y
contenciosos a la hora de definir los asuntos a ellos asignados.
42.
La tutela contra sentencias, entonces, tiene simplemente la función de
garantizar que en esta tarea de aplicación simultánea de la Constitución y la
ley, la supremacía de los derechos fundamentales sobre la ley quede
suficientemente resguardada. En este sentido, si una cuestión resulta ser
simultáneamente de relevancia legal y constitucional, resulta claro que el juez
de la causa debe aplicar el derecho constitucional  -de conformidad con los
dictámenes de su intérprete supremo-  y el derecho ordinario  -siguiendo las
pautas del máximo órgano de la respectiva jurisdicción-.
43.
En conclusión, el argumento según el cual la tutela contra sentencias de última
instancia afecta la distribución constitucional de competencias entre las altas
Cortes y, en particular, la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado como “órganos de cierre” de la respetiva jurisdicción, es
falso, pues el juez constitucional no tiene facultades para intervenir en la
definición de una cuestión que debe ser resuelta exclusivamente con el derecho
ordinario o contencioso. Su papel se reduce exclusivamente a intervenir para
garantizar, de manera residual y subsidiaria, en los procesos ordinarios o
contencioso administrativos, la aplicación de los derechos fundamentales, cuyo
intérprete supremo, por expresa disposición de la Constitución, es la Corte
Constitucional.
Ahora
bien, si el argumento que ha sido expuesto se funda simplemente en que el juez
constitucional pueda ordenarle al juez de última instancia que revoque su decisión
y que profiera otra de conformidad con los derechos fundamentales, es esta una
simple consecuencia del nuevo modelo en el cual la norma que tiene primacía es la
Constitución. En este sentido, nadie pensaría que viola la distribución
constitucional de competencias la posibilidad de que una corte internacional,
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda ordenarle al Estado, a
través de una decisión judicial, que revoque una sentencia de última instancia
y profiera una nueva decisión de conformidad con los derechos humanos que el
Estado colombiano se ha comprometido a proteger. En este caso la Corte
Interamericana no estaría siendo la última instancia en materia civil,
contenciosa o constitucional sino cumpliendo su labor como órgano encargado de
asegurar la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
aquellos países del Continente que la han suscrito y han aceptado someterse a
su jurisdicción.
44.
Finalmente, el último argumento que se ha utilizado para sostener que no es
posible derivar del texto del artículo 86 la procedencia de la tutela contra
sentencias de última instancia es un argumento de derecho comparado acompañado
de una premonición sobre el caos que esta figura puede causar en un sistema
jurídico que pretende ser “bien ordenado”. Para responder someramente este
argumento la Corte se limitará a hacer una breve alusión a sistemas comparados
como el sistema alemán o el español, en los cuales parecen existir sistemas
jurídicos bien ordenados pese a que la “tutela” contra sentencias de última
instancia ocupa mas del 80% de los recursos de amparo o protección
constitucional presentados ante los respectivos Tribunales Constitucionales.
Actualmente,
casi la totalidad de los sistemas jurídicos que adoptaron en la segunda mitad
del siglo XX el sistema de control de constitucionalidad mixto incorporan un
mecanismo que sirve para que el juez constitucional
-usualmente el máximo tribunal constitucional- pueda controlar la
constitucionalidad de las decisiones judiciales de última instancia proferidas
en las restantes jurisdicciones[22]. En la mayoría de los
casos se trata de un recurso o acción judicial subsidiaria, residual, autónoma
y expedita que se encuentra limitada, exclusivamente, al estudio de las
cuestiones iusfundamentales relevantes y que permite que el juez
constitucional revoque una decisión judicial de última instancia siempre que
encuentre que la misma vulnera los derechos fundamentales.
En
la medida en que el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se
agoten, antes de interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa. Por esta razón, el recurso de amparo opera casi
fundamentalmente contra sentencias judiciales de última instancia, es decir,
contra sentencias del Tribunal Supremo –o de la Corte Suprema-.  Ahora bien,
dado que la protección de los derechos fundamentales debe armonizarse con la
protección de la seguridad jurídica, el ordenamiento legal dispone de un
término de caducidad de 20 días fuera de los cuales no procederá el recurso[23].
En
España, el recurso de amparo contra sentencias de última instancia tiene la
función de proteger los derechos fundamentales eventualmente afectados, la
supremacía de la Constitución y la constitucionalización del derecho legislado.
En general, el recurso procede cuando el juez ha aplicado una norma declarada
inconstitucional, cuando ha dejado de aplicar los derechos fundamentales
aplicables al caso o cuando ha vulnerado el derecho a la tutela judicial
efectiva. Finalmente, resulta relevante mencionar que el artículo 5.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y Tribunales están
vinculados a la interpretación que haga el Tribunal Constitucional de los
derechos fundamentales[24].
A
su turno, en Alemania el Recurso Constitucional o Recurso de Protección
Constitucional es un recurso subsidiario, residual y autónomo que se interpone
ante el Tribunal Constitucional cuando quiera que se trate de proteger un
derecho fundamental presuntamente afectado por acciones de las autoridades
públicas incluyendo, naturalmente a los jueces.  Gracias a este recurso el
Tribunal Constitucional pudo influir decisivamente en la constitucionalización
del derecho legislado y en la forma como las autoridades judiciales
incorporaron a su quehacer cotidiano los principios, valores y derechos del
nuevo Estado constitucional.
Según
la doctrina del Tribunal, procede el recurso contra una sentencia judicial de
última instancia siempre que la sentencia hubiere aplicado una norma
inconstitucional o cuando incurrió en una grave infracción del debido proceso
constitucional o cuando dejó de garantizar los derechos fundamentales que
estaban en juego en el correspondiente proceso. En Alemania una altísima
proporción de los recursos de protección constitucional se dirigen a impugnar
sentencias judiciales de última instancia que han podido vulnerar los derechos
fundamentales de alguna de las partes del proceso.
45.
En suma, la tutela contra sentencias judiciales constituye un elemento esencial
en los distintos sistemas de control mixto de constitucionalidad para
garantizar, simultáneamente, la defensa de los derechos subjetivos y la
primacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico.
Conclusión
46. En las condiciones que se han
dejado expuestas, entonces, es claro para esta Corporación que una ley
ordinaria no puede modificar o suprimir la Constitución Política y con mayor
razón uno de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales en ella
consagrados; que la acción de tutela procede contra decisiones judiciales en
los casos en que esta Corporación ha establecido y con cumplimiento de los
presupuestos generales y específicos ya indicados; que al proferir la Sentencia
C-543-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones
judiciales; que la procedencia de la acción de tutela contra tales decisiones está
legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de
Derechos Humanos, en tanto instrumentos de derecho internacional público que
hacen parte del bloque de constitucionalidad y que vinculan al Estado
colombiano, y que los argumentos expuestos contra la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales son infundados y, por lo mismo,
fácilmente rebatibles.
Esta
carga argumentativa permite concluir que una norma legal que dispone que contra
la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia
penal no procede recurso ni acción, salvo la de revisión; vulnera el principio
de supremacía de la Constitución consagrado en el artículo 4º y la acción de
tutela consagrada en el artículo 86.  De allí el imperativo de expulsarla del
ordenamiento jurídico, como, en efecto, lo hará la Corte.
48.
Finalmente, esta Corporación no puede atender la solicitud formulada por uno de
los intervinientes en el sentido que el efecto de ese pronunciamiento se
extienda al régimen legal de la casación civil y laboral pues, como se sabe, un
Tribunal Constitucional no es un juez oficioso de la constitucionalidad de todo
el ordenamiento jurídico.  Por el contrario, cuando se trata de un control
desatado en virtud del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
su competencia se circunscribe, en cada caso, a aquellas normas que han sido
demandadas por el actor, con excepción de los supuestos de unidad normativa,
ninguno de los cuales concurre en el presente caso.
VI. DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar
INEXEQUIBLE la expresión  “ni acción”, que hace parte del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Presidente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado
doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, no firma la presente sentencia por encontrarse en
comisión debidamente autorizada por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado
doctor HUMBERTO SIERRA PORTO, no firma la presente sentencia por encontrarse en
comisión debidamente autorizada por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Piero Calamandrei, La Casación Civil.  Traducción de
Santiago Sentís Melendo.  Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina,
1945. Tomo I, Volumen II. pág. 15 y ss.
[2] Como en su momento lo expuso Alberto Goenaga,  “¿En
qué sentido hay que entender aquí la palabra ley?  Hay que entenderla en un
sentido amplio; en el de todo precepto general y solemne emanado inmediata o mediatamente
de la voluntad del soberano, aplicable a la controversia y capaz de determinar
derechos entre los litigantes.  Por consiguiente, comprende la Constitución,
los Códigos, los Tratados diplomáticos, los Decretos de carácter legislativo y
todas las disposiciones del poder Ejecutivo que constitucionalmente tengan
fuerza de leyes, en su parte sustantiva, esto es, en aquellas partes que
conceden, niegan o declaran derechos”.  Alberto Goenaga, Recurso de
Casación, Bogotá, Casa Tipográfica Fénix, 1962, p.111.  Citado por Fabio
Calderón Botero.  Casación y Revisión en Materia Penal.  Bogotá, 1985, 2ª
edición, p.66.
[3] Debe tenerse en cuenta la importancia que revestía
esta postura de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en una época en
la que el régimen procesal penal había optado por regular el instituto de las
nulidades de acuerdo con el principio de taxatividad y según el cual sólo
aquellas irregularidades expresamente previstas en la ley podían invalidar lo
actuado.  De allí que la Corte haya admitido,  “en guarda de los principios
superiores de la Constitución y para casos extremos, nulidades no establecidas
por la ley procesal de modo expreso, deducidas de lo dispuesto en el artículo
26 de la suprema ley y a las que ha denominado nulidades supralegales o
constitucionales”.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 8 de mayo de 1970.
[4]  Sentencia 173/93.
[5] Sentencia T-504/00.
[6] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[7] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[8] Sentencia
T-658-98
[9] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01
[10] Sentencia T-522/01
[11] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[12] Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que
“(…) el pretermitir la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en
improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura
llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho
fundamental. En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la
interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo
que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la
forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí que, en este caso,
ante la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales del
demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de
garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar
los medios judiciales de defensa.”
[13] Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte
decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la
persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación,
constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el
requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
[14] Sentencia T-453/05.
[15] Sentencia C-543/92
[16] En la Sentencia C-557 de 2001 se consideró al
respecto lo siguiente: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas
es un control abstracto porque no surge de su aplicación en un pro­ceso
particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse
sin tener en cuenta el con­texto dentro del cual la norma fue creada (i.e.
su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha
vi­vido). En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jurídica depende
del contexto dentro del cual es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples
dimensiones de ese contexto –bien sea la lingüística, que permite fijar su
sentido natural, o bien la sociológica, que hace posible apreciar sus funciones
reales- se destaca la actividad de los expertos que han interpretado los
conceptos técnicos que ella contiene y que los han aplicado a casos concretos.
Obviamente, esos expertos son los jueces y los doctrinantes especializados en
la materia tratada en la norma; dentro de ellos, una posición preeminente la
ocupan los órganos judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una
jurisdicción. Así lo ha establecido la Constitución al definir al Consejo de
Estado como “tribunal supremo de lo contencioso administrativo” (art. 237- 1 de
la CP) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria” (art. 234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de
ambos órganos es un referente indispensable para apreciar el significado
viviente de las normas demandadas. Al prestarles la atención que su ubicación
institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor
hermenéutica dentro de un mismo sistema jurídico. Obviamente, cuando no exista
jurisprudencia sobre las normas objeto del control constitucional, la Corte
Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar
los artículos demandados.”
[17] Sentencia T-057/2004
[18] Al respecto Cfr entre otros, los autos 220A/02,
149A/03, 010/04 y la sentencia SU-1158/03.
[19] Cfr. Auto  del 6 de agosto de 2003, Sala Primera de
Revisión (M.P. Jaime Araujo Rentaría) y Sentencia SU-1158 de 2003, ya citada,
entre otras.
[20] En este aparte se hace referencia a la
propuesta sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando
Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina
Hernández y María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.182 en la
cual se propone restringir el ámbito de aplicación de la tutela y los debates
consecuentes hasta la votación definitiva del texto del hoy artículo 86 de la
Constitución. Dicha propuesta fue votada y negada por la Asamblea.
[21] T-315 de 2005.
[22] En algunos caos se establecen causales específicas de
procedibilidad como en los casos de Chile y Perú. En el caso de Ecuador no hay
tutela contra sentencias.
[23] Artículos 43.2 y 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional Español.
[24] Según la norma mencionada: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento
jurídico, y vincula a todos los Jueces y tribunales, quienes interpretarán y
aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las
resoluciones dictadas por el tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.