T-604-17
Sentencia
T-604/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia por incumplir requisito de
inmediatez en proceso laboral
Referencia: expediente T-6.245.624
Acción de tutela
interpuesta por Alonso Castañeda Rendón, en contra de la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado
ponente:
CARLOS BERNAL
PULIDO
Bogotá, D.C.,
dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo
Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela proferido el día 8 de junio de 2017 por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia del 5 de abril de 2017 de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la
acción de tutela promovida por Alonso Castañeda Rendón en contra de la Sala
Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
El expediente de la referencia fue
escogido para revisión mediante Auto del 24 de julio del 2017, proferido por la
Sala de Selección número siete[1].
I.
ANTECEDENTES
1.       Hechos probados
1.
Alonso
Castañeda Rendón presentó demanda ordinaria laboral el 7 de febrero de 2006, en
contra de Alejo García Casallas y otros, con el objeto de que se declarara la
existencia de una relación laboral entre las partes, a partir del 12 de enero
de 1975 y hasta el 15 de junio de 2005. Solicitó la condena de la parte
demandada por los siguientes conceptos:
“1. salarios
causados entre el 15 de junio de 2003 y el 15 de junio de 2005, 2. Cesantías e
intereses de cesantías causadas desde la relación laboral, 3. Sanción por el no
pago de intereses de cesantías durante todo el tiempo de servicios, 4. Primas
de servicios causadas durante la relación laboral, 5. Vacaciones causadas en
toda la relación laboral, 6. Dominicales, festivos y descansos compensatorios
causados durante la relación laboral, 7. Aportes para pensiones y seguridad
social, dejados de cancelar durante la relación laboral, 8. Indemnización por
despido debidamente indexada, 9. Indemnización moratoria por falta de pago,
establecida en el Art. 56 del Código Sustantivo del Trabajo…”[2].
2.
El
conocimiento del proceso estuvo a cargo del Juzgado Octavo Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá que, en Sentencia No. 379 de 21 de octubre
de 2013, resolvió absolver a los demandados. Señaló que la parte demandante no
demostró la existencia de la relación laboral[3], en la medida que “no existió
material probatorio suficiente para acreditar la prestación personal del
servicio”[4].
3.
La
sentencia fue impugnada por el demandante. En segunda instancia, la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la Sentencia
No. 016 del 31 de enero de 2014, confirmó el fallo de primera instancia.
Argumentó que la parte demandante tenía la obligación procesal de demostrar los
elementos estructurales de la relación laboral, aspecto que no fue acreditado
dentro del proceso[5].
4.
Aunque
no es objeto de la pretensión de tutela, el accionante puso de presente la
existencia de un segundo proceso laboral que promovió en contra de Ana Dolores
Pinilla y José Mongui[6],
en el cual su apoderado, Hugo Javier Martín Alfonso, no apeló la decisión que
denegó sus pretensiones[7].
Según explica, este apoderado también representó, en un proceso de sucesión, a
los herederos de Alejo García Casallas, demandado en el primer proceso laboral,
quien, a su vez, fue apoderado del tutelante, dentro de un proceso
reivindicatorio en el cual fue demandado por Ana Dolores Pinilla y José Mongui[8].
5.
El
proceso de sucesión al que se hizo referencia en el hecho anterior, corresponde
al expediente No. 2013-415, que se adelanta en el Juzgado 22 de Familia de
Bogotá. Dentro de este trámite  se le otorgó al tutelante, a partir del 12 de
noviembre de 2013, a título de depósito gratuito, el bien inmueble “Casalote”,
ubicado en la Carrera 26F No. 35C-34 Sur, de la ciudad de Bogotá, por un
término indefinido[9].
En este predio, presuntamente, el accionante prestaba sus servicios a favor del
presunto empleador demandado.
6.
El
17 de marzo de 2017, Alonso Castañeda Rendón, por intermedio de apoderado
judicial interpuso acción de tutela en contra de la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del primer proceso
laboral que promovió, que corresponde al indicado en los fundamentos jurídicos
(en adelante f.j) 1 y 3, y que es objeto de conocimiento en la presente
causa.
2.       Pretensiones y fundamentos de
la acción
7.
La
parte accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales a la
primacía de la realidad laboral sobre las formas, mínimo vital, trabajo digno,
acceso a la administración de justicia efectiva, seguridad jurídica y vivienda
digna. En consecuencia, solicita se revise la sentencia proferida por la Sala
de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá[10], de que da
cuenta el f.j.3.
8.
En
relación con el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela, señala que se agotaron todas las instancias posibles dentro del proceso
laboral. Adicionalmente, indica que de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia
T-1031 de 2001, el juez de tutela debe actuar cuando evidencia una
interpretación contraria a los preceptos constitucionales, así no se hubiese
interpuesto el recurso de casación[11].
9.
En
cuanto a la inmediatez, señala que el accionante es una persona de la tercera
edad, iletrado y que padece de diversas afecciones de salud. Además, que su
esposa también es una persona de la tercera edad y que las decisiones
impugnadas desconocen sus derechos fundamentales, al punto que pueden llevarlo
a un estado de indigencia. De otra parte, explica que aunque su abogado en el
proceso laboral apeló el fallo de primera instancia, no estuvo al tanto del
desarrollo de la segunda instancia y, por tal razón, no se acudió en vía tutela
con anterioridad[12].
3.       Respuesta de la parte accionada
10.
El
Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá informó que dentro del proceso
10011-31-03-023-2013-0566-00, ordinario reivindicatorio de dominio de José
Mongui Gutiérrez y Ana Dolores Pinilla Montes contra Alonso Castañeda Rendón,
se profirió sentencia el 16 de diciembre de 2016, en la que se negaron las pretensiones
de la demanda y se concedió recurso de apelación. Así mismo, indicó que el
proceso debía ser enviado al Tribunal Superior de Bogotá el día 31 de marzo de
2017[13].
11.
Mediante
oficio de 30 de marzo de 2017, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá
solicitó que se le desvinculara de la actuación, por ser  ajeno a los hechos de
la acción de tutela, toda vez que no intervino en el proceso laboral objeto de
la acción[14].
12.
El
Juzgado 42 Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá señaló, por una parte, que
respecto del proceso ordinario No. 2014-345 conoce actualmente el Juzgado 51
Civil del Circuito de Bogotá, y que en relación con el proceso ordinario
laboral 11001310501720060011001 - 11001310502620150028401, “igualmente se
atiene a la actuación procesal allí surtida”[15].
13.
El
Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá indicó que en el expediente No.
2015-248 se profirió fallo absolutorio, el 18 de julio de 2016, que se confirmó
mediante providencia del 30 de noviembre de 2016, de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá. Señaló que la decisión fue en derecho, que se
materializó el principio de doble instancia y que no considera adecuado el uso
de la tutela como una tercera instancia. Finalmente, indicó que no se
acreditaron las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, requisitos necesarios, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional[16].
4.       Decisiones objeto de revisión
14.
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del 5 de abril de 2017[17],
declaró improcedente la acción de tutela, por no reunir los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez. Sobre el primero, indicó que el accionante no
instauró el recurso extraordinario de casación contra la decisión de 31 de
enero de 2014, previsto en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social, el cual era procedente en atención a la cuantía de las
pretensiones. En relación con el principio de inmediatez, señaló que entre la
última actuación judicial cuestionada (31 de enero de 2014) y la interposición
de la acción de tutela (23 de marzo de 2017) transcurrieron más de 3 años,
razón por la cual no era procedente el estudio de fondo de la decisión.
15.
El
accionante, por intermedio de apoderado judicial, impugnó la decisión de
instancia. Ratificó los argumentos expuestos en la acción, en cuanto a los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Frente al primero, indicó que se
agotaron los medios ordinarios y extraordinarios de defensa y que, por falta de
defensa técnica, no presentó el recurso extraordinario de casación, pues su
representado es una persona iletrada que, además, no cuenta con los recursos
para pagar los honorarios de un casacionista. En relación con el principio de
inmediatez, precisó que el accionante es una persona de la tercera edad, al
igual que su esposa, que es iletrado y que padece de un delicado estado de
salud; por tanto, señala que se encuentra dentro de los supuestos contemplados
en la sentencia T-037 de 2013 para flexibilizar la exigencia de inmediatez de
la acción. De igual forma, indicó que la inactividad del abogado que lo
representó en el proceso ordinario laboral que se cuestiona fue la causa
eficiente para que no se interpusiera el recurso de casación y para que tampoco
se hubiere presentado la acción de tutela en un tiempo razonable[18].
16.
Mediante
sentencia del 8 de junio de 2017, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión de primera instancia. Adujo que los
requisitos de procedencia de la acción de tutela no eran simples enunciados y
que era reiterada la postura de la Corte Constitucional en la materia, tal como
se da cuenta en las sentencias C-590 de 2005, T-332, T-780 y T-212 de 2006.
Señaló que el recurso extraordinario de casación era un medio idóneo para la
protección de los derechos. En consecuencia, consideró que era necesaria su
interposición para acudir ante el juez constitucional, pues la omisión del
tutelante no es posible que se supla por medio de la tutela. Con relación a la
inmediatez, concluyó que la acción debía ser interpuesta en un plazo “razonable,
oportuno y justo”, y que no podía premiarse, mediante el estudio de fondo
de la acción, “la desidia o negligencia de los actores”, porque se
convertiría en un factor de inseguridad jurídica. Finalmente, desvirtuó el
argumento que se señaló en la impugnación relativo a la falta de recursos para
contratar un abogado, pues, indicó, pudo haber solicitado amparo de pobreza
para subsidiar los gastos del proceso o requerir un abogado de oficio[19].
5.       Actuaciones en sede de revisión
17.
El
14 de agosto de 2017 se recibió, por este despacho, escrito presentado por el
abogado Luis Arturo López Cifuentes, apoderado del accionante, en el que
informó acerca del estado de los diferentes procesos judiciales que se
relacionaron en la tutela[20].
Según indicó:
-
El
27 de septiembre de 2017, a las 03:00 p.m., se debe llevar a cabo audiencia
para resolver el recurso de apelación a la sentencia dictada por el Juzgado 49
Civil Circuito de Bogotá, dentro del proceso reivindicatorio que adelantan José
Mongui y Ana Dolores Pinilla en contra del accionante.
-
En
el Juzgado 22 de Familia, cursa el proceso No. 110013110022201300415, sucesión
de Alejo García Casallas.
-
En
el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, se adelanta el
proceso No. 11001310304220140034500 -resolución de contrato del bien inmueble
ubicado en la carrera 30 No. 38-34 Sur-, en el que es demandante Alejandro
García Bustamante y demandados Ana Dolores Pinilla Montes y José Mongui
Gutiérrez.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.       Competencia
18.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo
de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con lo prescrito por los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Procedencia
de la acción. Problema jurídico
19.
Le
corresponde a la Sala establecer, de manera preliminar, si la acción de tutela
cumple con los requisitos para su procedencia, en especial el de inmediatez. De
hacerlo, la Sala debe determinar el problema jurídico de fondo a resolver, de
cara a la protección de los derechos fundamentales alegados por el tutelante.
3.      Análisis
de procedencia de la acción
20.
La
acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato, oportuno y adecuado
para las garantías fundamentales, frente a situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86 de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado, pacíficamente, por
esta Corte, que son requisitos para la procedencia, previo estudio de fondo del
caso, la acreditación de legitimación en la causa[21], un
ejercicio oportuno (inmediatez[22])
y un ejercicio subsidiario[23]
respecto de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se trate
de un supuesto de perjuicio irremediable. Además, cuando se interpone para
cuestionar providencias judiciales, la Corporación ha exigido que se acrediten
los siguientes requisitos de procedibilidad: (i) relevancia constitucional de
la cuestión que se discute; (ii) agotamiento de la totalidad de los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso judicial; (iii)
presentación, en un término razonable y proporcionado; y, (iv) identificación
razonable de los hechos generadores de la vulneración y de los derechos
vulnerados[24].
21.
Con
relación al requisito de legitimación, el tutelante es titular de los
derechos que invoca como vulnerados, en la medida en que fue la parte
demandante en el proceso judicial cuya decisión última cuestiona; por tanto, se
acredita legitimación activa. Con relación a la legitimación pasiva, la Sala
Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá es la presunta
autoridad pública que los amenaza, al haber proferido la sentencia que se
cuestiona en sede de tutela, mediante la cual se confirmó la sentencia de
primera instancia dentro del proceso laboral No. 11001310501720060011001.
22.
En
cuanto a la inmediatez, la acción no se ejerce de manera oportuna, si se
tiene en cuenta que entre la ocurrencia de la presunta vulneración, que
corresponde a los hechos descritos en el f.j. 3 (31 de enero de 2014), y
la presentación de la acción de tutela (17 de marzo de 2017) transcurrió un
término superior a 6 meses, periodo que la Corte ha considerado, prima facie,
razonable para su ejercicio[25],
en especial en aquellos casos en que se cuestionan decisiones judiciales[26].
Lo dicho no significa que no se puedan acreditar circunstancias particulares
que permitan al juez un análisis más minucioso de la problemática específica
del accionante[27],
como seguidamente se analiza.
23.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en afirmar que en aquellos
eventos en que la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales, el
examen respecto de la acreditación del requisito de inmediatez, debe realizarse
con un mayor nivel de exigencia[28].
En uno de los pronunciamientos recientes sobre la materia, la Corporación
señaló:
“Cuando la
acción de tutela se presenta mucho tiempo después de la acción u omisión que se
alega como violatoria de derechos, se desvirtúa su carácter apremiante [...]
particularmente, tratándose de tutela contra providencias judiciales, el
presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada”[29].
24.
Así
mismo, en la sentencia C-590 de 2005[30],
que sistematizó la jurisprudencia de la Corporación en materia de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, se resaltó
la importancia de la doctrina de la inmediatez para armonizar la garantía de
los derechos fundamentales involucrados en los procesos judiciales con el
principio de seguridad jurídica, inherente al Estado de Derecho[31]. La
exigencia de un término razonable para la interposición de la acción de tutela
evita una afectación severa al principio de seguridad jurídica, que asegura la
confianza de los ciudadanos en la estabilidad de las decisiones judiciales.
25.
La
definición acerca de cuál es el término “razonable” que debe mediar entre la
fecha de notificación de una decisión judicial y su cuestionamiento en sede de
tutela no ha sido pacífica en la jurisprudencia. Por tal razón, como se indicó
en el f.j. 22, este solo puede definirse como prima facie, en la
medida en que el juez constitucional debe valorar si uno superior puede
considerarse como razonable, atendiendo al tiempo, a las razones de la demora
en acudir a la acción, a las circunstancias específicas del caso, a las
condiciones del tutelante (en especial su situación concreta de
vulnerabilidad), a los intereses jurídicos creados para las demás partes del
proceso judicial que se cuestiona y a la jurisprudencia constitucional en casos
análogos.
26.
En
el presente asunto, tal como se indicó en el f.j. 22, el tiempo
transcurrido entre la firmeza de la decisión judicial que se cuestiona y la
presentación de la acción de tutela fue superior a 3 años. En la impugnación de
la sentencia de tutela de primera instancia, (f.j. 15) el accionante
justificó la demora en las siguientes tres razones: (i) sus condiciones
especiales, al ser una persona de la tercera edad, iletrada y padecer de un
delicado estado de salud; (ii) enmarcarse su situación en los presupuestos
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia T-037 de 2013; y (iii) la
inactividad del apoderado que lo representó en el proceso judicial cuya
sentencia última se cuestiona.
27.
Para
la Sala, por una parte, no es razonable considerar cómo, a pesar de las
especiales condiciones del accionante, propuestas por su apoderado en sede de
tutela, ellas no fueron un impedimento para promover, por intermedio de un
nuevo apoderado judicial, un segundo proceso laboral, con fundamento en hechos
análogos a los que se cuestionan en la sentencia de la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, como quedó enunciado en el f.j.
4. Adicionalmente, ejerció una defensa técnica activa en el proceso
reivindicatorio en el que fue demandado y propuso como excepción de fondo la
prescripción adquisitiva de dominio sobre el bien inmueble en el que,
presuntamente, ejercía sus labores como celador (f.j. 5). De otra parte,
no se evidencia una condición vulneratoria o de amenaza de los derechos
fundamentales del tutelante, a causa de su situación económica, si se tiene en
cuenta que resultó probado que el inmueble a que se hizo referencia le fue
entregado a título de depósito gratuito (f.j. 5.), hasta tanto se
resolviera, de manera definitiva, el proceso de sucesión en el que se le
entregó de manera cautelar.
28.
De
otra parte, aunque es cierto, como lo afirma el accionante, que en la Sentencia
T-037 de 2013, la Corte Constitucional flexibilizó la aplicación del requisito
de inmediatez, las razones allí expuestas no son aplicables al presente asunto,
si se tiene en cuenta que la situación fáctica y jurídica es disímil. En dicha
oportunidad se cuestionó un acto administrativo dictado por el Instituto de los
Seguros Sociales; en el sub examine se trata del cuestionamiento de una
sentencia.
29.
Además,
para la Corporación, asumir el estudio de fondo de la acción, luego de que la
decisión judicial que se cuestiona hubiese quedado ejecutoriada 3 años después,
puede desconocer los derechos de aquellas personas que fueron demandadas por el
accionante y que obtuvieron una sentencia favorable ante la jurisdicción
ordinaria laboral. Además, es de tener en cuenta que, para el momento en que se
profiere la presente sentencia, quien fuera demandado en el proceso judicial
cuya sentencia se cuestiona ha fallecido, y, en consecuencia serían sus
herederos los llamados a asumir los efectos de una nueva decisión judicial, en
caso de que prosperara la acción de tutela.
30.
Como
resultado del anterior análisis, en el presente caso no se acredita el
requisito de inmediatez de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Por tanto, no es procedente realizar un estudio de fondo del asunto, al no
haber superado los requisitos de procedibilidad de la acción.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la
sentencia del 8 de junio de 2017, proferida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia que declaró improcedente la acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
Segundo.-
LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto Ley
2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase,
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA
MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1] La Sala de
Selección Número Siete estuvo integrada por los Magistrados Carlos Bernal
Pulido y Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[2] Folios 37 a 40
del Cuaderno 1.
[3] Folios 54 a 65
del Cuaderno 1.
[4] Folio 64  del
Cuaderno 1
[5] Folios 66 a 77
del Cuaderno 1.
[6]  En uno de los
anexos de la acción tutela (folio 78), se aportó un disco compacto con la
grabación de la audiencia de fallo de este proceso, de julio 18 de 2016, que le
correspondió al Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá. En este proceso fue
demandante quien ahora tutela y demandados los señores José Mongui y Ana
Dolores Pinilla. El Juzgado denegó las pretensiones de la demanda, en la medida
que evidenció contradicciones y falta a la verdad del demandante, pues, en el
proceso reivindicatorio en el que fue demandado propuso como excepción la de
prescripción adquisitiva de dominio, lo que, para el Juzgado, dejaba claro que
no existía relación laboral alguna. Por tanto, al no encontrar acreditados los
elementos de la relación laboral, consideró que se desvirtuaban los
presupuestos de hecho de la demanda. Esta sentencia no fue apelada por las
partes.
[7] Folio 31 del
Cuaderno 1.
[8] Como otro de
los anexos de la acción tutela (folio 91), se adjuntó un disco compacto con la
grabación de la audiencia de fallo del 16 de diciembre de 2016, que presidió el
Juez 49 Civil Circuito de Bogotá, dentro del proceso de reivindicatorio que
adelantaron los señores José Mongui Gutiérrez y Ana Dolores Pinilla Montes en
contra del tutelante, para que se les reconociera el dominio del inmueble que
se describe en el f.j. 4. En este proceso se denegaron las pretensiones
de la demanda, pues no se acreditó la posesión del demandado. En consecuencia,
al ser el demandado un mero tenedor, se señaló que debió seguirse proceso de
restitución de tenencia.  Esta decisión fue apelada por la parte demandante y,
tal como se da cuenta en el título 5, “Actuaciones en sede de revisión”,
la audiencia de fallo está programada para el día 27 de septiembre de 2017.
[9] Folios 92 al 93
del Cuaderno 1. Aunque el documento solo se encuentra firmado por el tutelante,
y no por el depositante, en el video correspondiente a la audiencia de fallo
del proceso reivindicatorio (folio 91) en el minuto 13:25 a 14:25 se señala por
el apoderado del accionante,  que el bien inmueble le fue entregado a título de
depósito gratuito.   Este hecho es relevante, en la medida en que el inmueble
que aquí se describe corresponde a aquel en el que el tutelante, según se
desprende de los elementos probatorios del proceso ordinario laboral que se
impugna, ejercía su labor, y al que se hace referencia más adelante.
[10] Folio 2 del
Cuaderno 1.
[11] Folio 11 del
Cuaderno 1.
[12] Folio 12 del
Cuaderno 1.
[13] Folios 34 al 37
del Cuaderno 2.
[14] Folio 38 del
Cuaderno 2.
[15] Folios 39 al 40
del Cuaderno 2.
[16] Folios 42 al 45
del Cuaderno 2.
[17] Folios 49 al 53
del Cuaderno 2.
[18] Folios 72 al 79
del Cuaderno 2.
[19] Folios 3 al 20
del Cuaderno 3.
[20] Folios 13 al 14
del Cuaderno Principal de Revisión.
[21] Cfr., artículo
10 del Decreto Ley 2591 de 1991 y, entre otras, la Sentencia T-020 de 2016.
[22] Cfr.,
artículo 86 de la Constitución y, entre otras, las sentencias SU-961 de
1999, T-584 de 2011 y T-246 de 2015.
[23] Cfr., artículo
6.1 del Decreto 2591 de 1991.
[24] Sentencia C-590
de 2005.
[25] Entre otras, en
tales términos se pronunció la Corte en las sentencias T-187 de 2012 y T-137 de
2017. En esta última sentencia, de hecho, por tratarse de un supuesto en el que
la acción de tutela se ejercitó contra una providencia judicial, se señaló que
el requisito de inmediatez debía apreciarse de manera más estricta.
[26] En la sentencia
T-038 de 2017, respecto al requisito de inmediatez en aquellos eventos en que
se estudian tutelas contra providencias judiciales, señaló esta Corporación: “Particularmente,
tratándose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de
inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la
tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existiría
incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. [...]
Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser más exigente,
pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente”.
[27] Con relación a
la acreditación del requisito de inmediatez, su apreciación se fundamenta en la
valoración de las circunstancias del caso, para derivar razones justificatorias
de la posible “inactividad” de quien pide la protección de sus derechos
fundamentales. Entre otras, la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado las siguientes, como razones válidas: (i) la especial situación
personal del tutelante; (ii) si la vulneración de los derechos fundamentales,
presumiblemente, se extiende en el tiempo; (iii) la entidad de la vulneración
alegada; (iv) la actuación de la persona o ente contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la eventual protección de los derechos. Cfr., Sentencia
SU-391 de 2016.
[28] Cfr.,
entre otras, las sentencias T-016 y T-905 de 2006, T-594 y T-844 de 2008.
[29] Sentencia T-038
de 2017.
[30] En esta
sentencia se declaró inexequible la expresión “ni acción”, contenida en
el artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Esta expresión se refería a la
imposibilidad de interponer cualquier recurso o acción contra el fallo que
decidiera sobre la casación en materia penal.
[31] En la citada
providencia se catalogó a la inmediatez como el tercer requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, en los
siguientes términos: “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos”.