T-367-10
Sentencia T-367/10
Sentencia
T-367/10
LEGITIMACION POR
ACTIVA-Agencia
oficiosa en materia de población desplazada
ASOCIACIONES DE
APOYO A POBLACION DESPLAZADA-Legitimación y condiciones como agentes
oficiosos para presentar acciones de tutela
GRUPO
INTERDISCIPLINARIO POR LOS DERECHOS HUMANOS ONG-Representa a
víctimas y familiares de masacres de Ituango Antioquia corregimientos La Granja
y El Aro ante Corte Interamericana de Derechos Humanos
PODER PARA
INTERPONER ACCION DE TUTELA-Ausencia de firma no implica oposición sino
dificultad para ubicar población desplazada por hechos ocurridos en 1996 y 1997
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES-Coordinación
entre autoridades públicas internas que ejecutan medidas cautelares y
decisiones judiciales de Corte Interamericana de Derechos Humanos
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
INACTIVIDAD PARA
PRESENTAR ACCION DE TUTELA-Razones que podrían justificarla
DERECHO A LA
VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHOS DE LOS
NIÑOS, MUJERES CABEZA DE FAMILIA, DISCAPACITADOS, PERSONAS DE TERCERA EDAD-Amenaza o
vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A
ESCOGER LUGAR DE DOMICILIO-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHOS AL
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE EXPRESION Y ASOCIACION-Amenaza o
vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Amenaza o vulneración por
desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
UNIDAD FAMILIAR Y PROTECCION INTEGRAL DE LA FAMILIA-Amenaza o
vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
SALUD EN CONEXIDAD CON LA VIDA-Amenaza o vulneración por
desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
INTEGRIDAD PERSONAL-Amenaza
o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
SEGURIDAD PERSONAL-Amenaza
o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
LIBERTAD DE CIRCULACION Y A PERMANECER EN SITIO ESCOGIDO PARA VIVIR-Amenaza o
vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO AL
TRABAJO Y LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Amenaza o
vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
ALIMENTACION MINIMA-Amenaza
o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
EDUCACION DEL MENOR-Amenaza
o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Amenaza
o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA PAZ-Amenaza o
vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
PERSONALIDAD JURIDICA-Amenaza
o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA
IGUALDAD-Amenaza
o vulneración por desplazamiento forzoso
VICTIMAS DEL
DESPLAZAMIENTO-Sujeto
pasivo del delito/VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO-Deriva los derechos de
verdad, justicia y reparación
DERECHO A LA
VERDAD-Esclarecimiento
de las circunstancias del desplazamiento
DERECHO A LA
VERDAD-Participación
del perjudicado en proceso penal por desplazamiento forzado
DERECHO A LA
JUSTICIA-Supone
que delito de desplazamiento forzado no debe quedar impune
DERECHO A LA
REPARACION Y AL RETORNO-Exige del Estado la recuperación de bienes
abandonados por víctimas del desplazamiento
DERECHO A
RECIBIR DE MANERA URGENTE TRATO PREFERENTE POR EL ESTADO-Reconocimiento
a población desplazada
DERECHO A
RECIBIR DE MANERA URGENTE TRATO PREFERENTE POR EL ESTADO-Imposibilidad
de preservar orden público y prevenir desplazamiento forzado
POBLACION
DESPLAZADA-Principio
de favorabilidad en interpretación de normas/COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ONU-Principios rectores del
desplazamiento forzado interno/POBLACION DESPLAZADA-Principio de
prevalencia del derecho sustancial en Estado Social de Derecho
COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Adopción de medidas cautelares se
incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico interno
COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Acción de tutela para conminar
autoridades públicas a cumplir medidas cautelares
DESPLAZADO-Condición proviene
de situación fáctica de desprotección
REGISTRO UNICO
DE POBLACION DESPLAZADA-Identificación de personas, situación
socioeconómica y necesidades básicas
CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Función jurisdiccional y consultiva
FALLO DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad internacional de
Colombia por violación de derechos humanos
SENTENCIA DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Reparación del daño por infracción de
derechos requiere plena restitución
CUMPLIMIENTO DE
ESTANDARES Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad
internacional del Estado por violación de derechos humanos/CUMPLIMIENTO DE
ESTANDARES Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS-Reparación
integral de víctimas
SISTEMA JURIDICO
COLOMBIANO PARA REPARACION DE VICTIMAS POR VIOLENCIA-Competencia de
jurisdicción contenciosa administrativa y acción penal
SENTENCIA DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Doble pago a víctimas producto de
instancia internacional y jurisdicción contenciosa administrativa
CONVENCION DE
VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS-Obligación y cumplimiento/PACTA SUNT
SERVANDA/CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS-No se podrá
invocar disposiciones de derecho interno como justificación de incumplimiento
CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Restitución de acontecimientos doce y
trece años atrás no se ha cumplido por exigirse inscripción en Sistema de
Información para Población Desplazada
SENTENCIA DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Carácter definitivo e inapelable/SENTENCIA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Pronto cumplimiento por el
Estado
CONVENCION DE
VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS DE 1969-Estados Parte no pueden por
razones de orden interno dejar de asumir responsabilidad internacional/CONVENCION
DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS DE 1969-Obligaciones convencionales
de Estados Parte vinculan poderes y órganos del Estado
POBLACION
DESPLAZADA-Estado
debe ubicar y garantizar derechos de víctimas y sus familias
DERECHO A LA
VIDA DIGNA Y LA JUSTICIA-Vulneración al exigir a víctimas de masacres de
Ituango inscripción en Sistema de Información para Población Desplazada como
requisito previo para acceder a reparación
CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Legitimación de personas
individualizadas para exigir cumplimiento de obligaciones estatales por hechos
violentos de 1996 y 1997 en corregimientos La Granja y El Aro municipio de
Ituango Antioquia
Referencia:
expediente T-2499665
Acción de tutela instaurada por
Dora Luz Correa García y otros contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Oficina Presidencial para la Acción Social.
Magistrada
Ponente:
Dra.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diez (2010)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de las sentencias proferidas en primera instancia por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 30 de septiembre de
2010; y en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en Sala de Decisión de Tutelas, el 20 de noviembre
de 2009.
I. ANTECEDENTES
La
representante legal de la organización no gubernamental denominada Grupo
Interdisciplinario por los Derechos Humanos, GIDH, que representa ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a las víctimas y familiares de víctimas de
las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), ocurridas en el municipio de
Ituango (Antioquia), interpuso acción de tutela contra el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Oficina Presidencial para la Acción Social, con el
propósito de que a los desplazados de este municipio, beneficiarios de la
sentencia de julio 1 de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se
les proteja el derecho a la vida digna y el derecho a la justicia mediante la
inscripción en el Sistema de Información para Población Desplazada, SIPOD, para
el reconocimiento y otorgamiento de todos los beneficios legales a que tienen
derecho.
Los
accionantes están relacionados en los cuadros I y II que acompañan la acción de
tutela, así:
Cuadro
I:
personas que no han sido inscritas en el Sistema de Información de Población
Desplazada por parte de Acción Social y que están individualizadas en el Anexo
IV de la Sentencia de la Corte IDH.
Beneficiario
Identificación
Grupo
Familiar
1
(1) ARANGO CORREA EVER
ANDRÉS
----------------------------
(2) ARANGO CORREA MÓNICA
LINEY
Menor de edad
-----------------
Cédula 43.916.227
Representante legal: DORA
LUZ CORREA GARCÍA, cédula 21.811.667, madre.
Ver numeral 40 de este
cuadro.
2
(3) AREIZA ALBEIRO
15.296.544
Dos hijos menores de
edad
3
(4) AREIZA ANA DE JESÚS
22.188.960
Esposo: Jairo Areiza,
cédula 15.367.931
Hijos menores: Carlos
Arturo, Daniel Amparo, Felipe Antonio, Luz Mary y Ninfa Amparo Areiza.
Corresponden a los
numerales 6, 7, 10, 12, 16 y 21 del Anexo IV.
4
(8) AREIZA DORA ÁNGELA
No ubicada
5
(9) AREIZA FABIÁN
HUMBERTO
662.794
Dos hijos a cargo
6
(11) AREIZA JAIDER
No ubicado
7
(14) AREIZA JOHN FRANCY
3.662.797
Vive con su hermano:
JUAN DE DIOS AREIZA, cédula 1.028.00083.
Corresponde al numeral
15 del Anexo IV.
8
(20) AREIZA MAURICIO
15.370.585
Vive solo
9
(26) AREIZA YOVANI
No ubicado
10
(27) AREIZA A. CÉSAR
15.296.545
Dos hijos menores a
cargo
11
(31) AREIZA BETANCUR
OMAIRA
No ubicada
12
(32) AREIZA GIRALDO
EDGAR DARÍO
No ubicado
13
(36) AREIZA JARAMILLO
GILDARDO
No ubicado
14
(37) AREIZA JARAMILLO
PEDRO PABLO
15.296.792
Cuatro hijos a cargo
15
(39)  AREIZA MONSALVE
JESÚS
No ubicado
16
(45) AREIZA POSSO MARÍA
BERNARDA
21.813.453
Hijo menor de edad:
William Andrés Areiza Posso
17
(47) AREIZA SUCERQUIA
LUZ DARY
No ubicada
18
(48) AREIZA TOBON JOHNY
AURELIO
15.329.139
Hija menor de edad:
Johann Patricia Areiza Pérez.
19
(50) BARRERA ANA MARÍA
21.813.171
Vive con sus hermanos:
Fernandina Barrera, cédula 21.813.328.
Francisco Arturo
Barrera, cédula 671.408.
Numerales 52 y 53 Anexo
IV
20
(63) BARRIENTOS DELFINA
S.
No ubicada
21
(66) BETANCUR DUAN
Fallecido
22
(67) BETANCUR JUAN
ESTEBAN
No ubicado
23
(71) CALLE FERNÁNDEZ
MARÍA OLVIA
Nombre correcto:
MARÍA OLIVA CALLE FERNÁNDEZ
21.490.739
Vive con sus hijos
menores de edad: Cristian de Jesús, Deicy Tatiana, Juan Carlos y Omar Albeiro
Calle Fernández.
Corresponden a los
numerales 68, 69, 70 y 72 del Anexo IV
24
(73) CALLEJAS YANCELLY
No ubicada
25
(76) CANO GUERRA ELIAS
Fallecido
26
(79) CANO GUERRA OMAIRA
No ubicada
27
(83) CARMONA DE ORTÍZ
MARÍA LIBIA
21.488.840
Vive con una hija mayor:
Gudiela Ortiz Carmona
28
(84) CARVAJAL BERTHA
22.188.622
Hijos Menores: Carvajal
Leidi Bibiana, Luis David, Wilber Arvey y Wilmar Albeiro.
Corresponden a los
numerales 87, 88, 89 y 90 del Anexo IV
29
(95) CHAVARRÍA CLAUDIA
CATALINA
No ubicada
30
(96) CHAVARRÍA ELIDIA
VIVIANA
1.045.078.240
Tiene un hijo menor a
cargo
31
(104) CHAVARRÍA MARÍA
CRISTINA
No ubicada
32
(106) CHAVARRÍA MIGUEL
ÁNGEL
3.506.681
Hijo menor: Mario Javier
Chavarría
Corresponde al numeral
105 del Anexo IV
33
(107) CHAVARRÍA NEVIO
MAURICIO.
Nombre correcto es NEVIO
DE JESÚS CHAVARRÍA HURTADO
Fallecido
Esposa: Marta lucía
Quintero, cédula 22.188.724
Tiene a cargo sus hijos:
Juliana y Johan Chavarría.
34
(108) CHAVARRÍA RAÚL
ANTONIO
Nombre correcto: RAFAEL
ANTONIO CHAVARRÍA
15.295.676
Esposa: Ledis Elena
Bernal Correa, cédula 22.193.540.
35
(112) CORREA GABRIEL
ÁNGEL
No ubicado
36
(113) CORREA LAURA ROSA
No ubicada
37
(115) CORREA CORREA
ALINA PATRICIA
21.815.945
Hijos menores: Leidi
Johann Vargas Correa,
Mariana Vargas Correa y
Karina Vargas Correa.
Esposo: Alfredo Vargas
38
(117) CORREA CORREA
GENNY YOHANA
43.908.209
Hijo menor: Manuel José
Correa Corea
39
(120) CORREA GARCÍA ALBA
CECILIA
21.815.103
Hijos: Diana Cecilia
Correa Correa, cédula 43.915.856,
Menor: Juan Daniel
Correa Correa
Corresponden al numeral
116 y 118 del Anexo IV
40
(121) CORREA GARCÍA DORA
LUZ
21.811.667
Vive con ARANGO CORREA
EVER ANDRÉS, menor de edad, y ARANGO CORREA MÓNICA LINEY.
Corresponden al numeral
1 y 2 de Anexo IV
41
(122) CORREA GARCÍA
GLORIA LUCÍA
Hijos: Ana Carolina,
Carlos Enrique y Maria Lucía Jaramillo Correa.
42
(123) CORREA GARCÍA
JORGE ENRIQUE
3.507.172
Convive con su compañera
permanente Ofelia Sánchez y con su hija mayor Angy Vanesa Correa Sánchez,
quien corresponde al numeral 132 del Anexo.
43
(124) CORREA GARCÍA LUÍS
GONZALO
70.575.701
Compañera permanente:
Doris Tobón
Hijos: Olga Cristina
Correa Tobón, cédula 43.978.215; corresponde al numeral 135 del Anexo IV.
Maria Elena Correa Tobón
y Ana Isabel Correa Tobón.
44
(125) CORREA GARCÍA
NUBIA DE LOS DOLORES
21.815.107
Vive con su hijo menor Mario
Enrique Ochoa Correa, quien corresponde al numeral 467 del Anexo
45
(126) CORREA GARCÍA OLGA
REGINA
22.059.058
Hijos: Yolima Shirley,
Rodrigo Alexander, Andrés Felipe, Sergio Andrés,  Olga Elena y Ana María
Zapata Correa. Corresponden los hijos a los numerales 685 a 689 del Anexo IV
46
(127) CORREA GARCÍA
SAMUEL ANTONIO
3.507.256
Vive con su compañera
permanente: Rosalía Piedrahita.
47
(130) CORREA MENDOZA
ELOLIS OMAIRA
No ubicada
48
(133) CORREA SÁNCHEZ
JORGE WEIMAR
1.037.262.399
Convive con su esposa y
un hijo
49
(136) COSSIO JARAMILLO
MARÍA GRACIELA
22.188.942
Hijos: Carlos Adrián
Zuleta Cossio
Jeison Andrés Zuleta
Cossio
Juan Felipe Zuleta
Cossio
Corresponden a los
numerales 696, 697 y 698 del Anexo IV
50
(137) CRESPO MILICIADES
DE JESÚS
3.649.793
Esposa: Gloria Emilce
Jiménez, cédula 1.045.076.211.
Corresponde al numeral
326 del Anexo IV.
Hijos mayores: Luz
Magali y Jeison Alexander Crespo Jiménez.
Hijos menores: Eni
Johann, Didier Johan, Dubis Zulei, Leidi Tatiana, Marisol, Gavis Neida y
Yurani Andrea Crespo Jiménez.
51
(141) CUADRO HILDA DEL
SOCORRO
Fallecida
Convivía con su madre,
Rosa Marina George Pérez, cédula 22.193.757
52
(146) CUADROS ARCADIO
3.506.589
Esposa: Escobar Ana
Lucía, cédula 22.189.122.
Corresponde al numeral
170 del Anexo.
53
(149) CUADROS FREDY
HUMBERTO
No ubicado
54
(151) CUADROS LUIS
ALBERTO
Nombre correcto:
ALBERTO ELÍAS CUADROS
Fallecido, CÉDULA
70.580.639
Hermana que dependía de
él: Amparo Cuadros, cédula 22.189.030
55
(154) CUADROS ROSANA
21.813.459
Esposo: Lázaro George,
cédula 3.506.521
Hijas: Gloria Emilcen
George, cédula 22.193.786.
Hijo menor: Saúl Arturo
George.
Corresponden  a los
numerales  240 y 251 del Anexo
56
(173) ESPINOSA HILDUARA
Nombre completo: ROSA
ILDUARA ESPINOSA GUERRA
21.813.445
Grupo familiar: Aracelly
Espinosa Guerra, hermana; tres sobrinos menores de edad.
57
(175) ESPINOSA MAGDALENA
Fallecida
58
(176) ESPINOSA OSCAR DE
JESÚS
No ubicado
59
(178) ESPINOSA TORRES
BLANCA ARNOBIA
Cédula 21.811.955.
Esposo: Albeiro Elías Jaramillo Cano
Hijo menor: Albeiro
Elías Jaramillo Espinosa.
60
(179) ESPINOSA TORRES
CARLOS ELIÉCER
98.628.529
Esposa: Dioselina Manco, cédula 43.418.436
Hijos menores: Juan
Daniel Manco y Juliana Espinosa Manco
61
(181) ESPINOSA TORRES
FABIÁN ALONSO
Fallecido, cédula 70.580.633
Esposa: Amalia Aleiza George, cédula 43.925.505
Hijos menores de edad:
Giovanni Alonso, Camilo Adrián y Natalia Espinosa Aleiza.
62
(182) ESPINOSA TORRES
FREDY
No ubicado
63
(184) ESPINOSA TORRES
MARTHA ELENA
Cédula 42.939.942.
Esposo: Genaro cano Taborda, cédula 71.085.806
Hijos: Dani Alexander
George Espinosa, Erika Cecilia, Juan Carlos, Lina Marcela, Cristian y
Sebastián cano Espinosa.
64
(186) ESPINOSA TORRES
YAELI
Cédula 43.915.351.
Esposo: Johan Bernardo Zapata López, cédula
15.513.996.
Hijo menor: Johan Felipe
Zapata Espinosa
65
(187) FLORES VEGA SANDRA
MILENA
No ubicada
66
(188) GARCÍA ALDEMAR
Nombre completo:
NELSON ALDEMAR GARCÍA AREIZA
Cédula 1.044.150.718
67
(191) GARCÍA DANIEL
ORLAY
Fallecido, cédula
15.296.578
Compañera: Rosa Angélica
Quintero Chica, cédula 43.269.637.
Hijo: Camilo Quintero
Chica
68
(193) GARCÍA EIDEZ
YORVEI
Fallecido
Esposa: Rosa Angélica
Quintero Chica, cédula 43.269.637
Hijos menores de edad:
Camilo Quintero Chica y Gonzalo Torres Quintero
69
(195) GARCÍA GLORIA
CECILIA
1.045.077.919
Tiene un bebé
70
(196) GARCÍA JAIME DE
JESÚS
Nombre correcto:
JAVIER DE JESÚS GARCÍA
Cédula 3.659.913
71
(202) GARCÍA MARIANO
ARCADIO
Cédula 15.297.103
72
(213) GARCÍA DE CORREA
MARÍA LIBIA
21.814.827
Esposo: Adán Enrique
Correa García, fallecido, quien corresponde al numeral 119 del Anexo
73
(216) GAVIRIA GILBERTO
ANTONIO
Fallecido
74
(225) GEORGE EDILMA
Cédula 22.189.490
75
(228) GEORGE ELIANA DEL
SOCORRO
No ubicada
76
(237) GEORGE JUAN JOSÉ
Fallecido
77
(238) GEORGE JULIO
Nombre completo:
JULIO ALFONSO GEORGE
3.506.700
Esposa; Marta Muñoz,
cédula 22.193.806
Otros hijos no
relacionados en el Anexo: Lucas Arbey, Marta Berenice y Yomaris Omaira George
Muñoz.
Hijos mayores: Hernando
Argiro George, cédula 1.045.077.017 y Julio Arcángel George, cédula
1.045.076.966
Hijo menor: Fabián
Alonso George.
Corresponden en su orden
a los numerales  233, 239  y 230 del Anexo IV
78
(242) GEORGE MARGARITA
Fallecida
Hijo: José Belisario
López George, cédula 70.579.256
79
(243) GEORGE MARÍA
NOHEMY
21.813.396
Esposo: Gabriel Ángel
Pérez, cédula 3.661.586
Hijo menor: Gildardo de
J Pérez
Hijo mayor: George Darío
Pérez
Corresponden a los
numerales 485, 486 y 514 del Anexo IV
80
(244) GEORGE NANCY DEL
SOCORO
Cédula 1.045.077.278
Tiene un bebé a cargo.
Vive además con su
hermano mayor: Luis Alberto Zapata, cédula 1.045.076.383
Padre: Ricardo George,
cédula 3.506.762
81
(247) GEORGE NONATO
3.506.702
Hijo menor: Nonato Jair
George
Corresponde al numeral
259 del Anexo IV
82
(256) GEORGE YOLANDA
Cédula 22.189.442
Hijos: Luz Janney y
Erika Sirley Cuadros George
83
(264) GEORGE PÉREZ
SOCORRO
No ubicada
84
(265) GIRALDO JUAN
ARCÁNGEL
15.297.443
85
(266) GIRALDO POSADA
ALEXIS
21.812.973
Hijo menor: Andrés
Humberto Zapata. Numeral 659 del Anexo IV
86
(267) GIRALDO POSADA
BAUDILIO
No ubicado
87
(269) GIRALDO POSADA
ELISENIA
No ubicada
88
(270) GIRALDO POSADA
NELLY EUGENIA
1.045.076.498
Dos hijos menores de
edad
89
(271) GIRALDO POSADA
YESI
70.580.641
90
(273) GÓMEZ ROSA NELLY
No ubicada
91
(275) GUERRA MARÍA
REGINA
fallecida
92
(276) GUERRA SANDRA
MILENA
No ubicada
93
(277) GUERRA MÚNERA
MIRIAM
No ubicada
94
(279) GUTIÉRREZ DIANA
MARCELA
Nombre correcto: DIANA
MARICELA GUTIÉRREZ NARANJO
Sin cédula
Tiene Dos hijos
Padre: Marcos Fidel
Gutiérrez, cédula 3.506.675
95
(282) GUTIÉRREZ FERNANDO
ARCÁNGEL
No ubicado
96
(285) GUTIÉRREZ JOSÉ
ANIBAL
No ubicado
97
(295) HENAO DIANA
CRISTINA
Nombre correcto: DIANA
CRISTINA MARTÍNEZ HENAO
22.193.516
Hijos menores de edad:
Jaider y Daniela Hernández Martínez.
98
(298) HIDALGO ARON
ALEXIS
No ubicado
99
(299) HIDALGO DUBAN
ARLEY
No ubicado
100
(300) JARAMILLO DAVINSON
JESÚS
No ubicado
101
(301) JARAMILLO GLADYS
22.188.671
Hijos menores de edad:
Nelson Adrián y Alexander Palacio Jaramillo.
Numerales 475 y476 del
Anexo
102
(302) JARAMILLO HERNÁN
J.
No ubicado
103
(303) JARAMILLO LIDA
Nombre completo: LIDA
LUCIDIA JARAMILLO CHAVARRÍA
22.193.814
Hijo menor: Julián
Asdrúbal Vélez Jaramillo
104
(304) JARAMILLO LUIS
OCARIS
No ubicado
105
(305) JARAMILLO MÓNICA
MILENA
No ubicada
106
(306) JARAMILLO GERARDO
Fallecido
Esposa: María Rocío Cano
Cuadros, cédula 21.813.309.
Hijos: Albeiro Elías y
Jeison Jaramillo Torres
107
(308) JARAMILLO CORREA
ANA CAROLINA
No ubicada
108
(309) JARAMILLO CORREA
CARLOS ENRIQUE
Exiliado
109
(310) JARAMILLO CORREA
CARLOS FERNANDO
Exiliado
110
(316) JARAMILLO POSADA
ÁNGELA PATRICIA
No ubicada
111
(317) JARAMILLO POSADA
JUAN JOSÉ
No ubicado
112
(332) JIMÉNEZ LEDYS
PATRICIA
38.794.117
Esposo: Wilder Muriel
Guzmán
Hijos menores de edad:
Maria Juliana Benítez Jiménez, Faber Johan Jiménez y Deiber Julián Muriel
Jiménez
113
(333) JIMÉNEZ LUIS
BERNARDO
15.320.130
Esposa: Silvia Rosa
Arango Jiménez, cédula 43.572.381.
Hijos mayores: Wilber
Estiven Vásquez Arango
Hijos menores: Faber
Alexis y Jeison Andrés Vásquez Arango; Yoimar Daniel Guzmán Arango; Anderson
Arbey y Maria Luisa Jiménez Arango.
114
(334) JIMÉNEZ LUIS
EDUARDO
1.042.765.945
115
(350) JIMÉNEZ JIMÉNEZ
ERIKA
Nombre correcto:
ERIKA ANDREA MAZO JIMÉNEZ
1.045.077.650
Esposo: Roberto Antonio
Rúa, cédula 71.689.648
Hijos menores: Javier
Herney, Wilmar Adrián y Yeimer Andrés Rúa mazo.
116
(360) LOPERA MARÍA
No ubicada
117
(361) LOPERA MENDOZA
JUAN
No ubicado
118
(363) LÓPEZ FRANCISCO
LUIS
No ubicado
119
(365) LÓPEZ HERNÁN
No ubicado
120
(374) MARTÍNEZ ALDUVAR
No ubicado
121
(375) MARTÍNEZ CARLOS
ALBERTO
70.542.582
Un hijo, no se pudo
determinar la identidad
122
(376) MARTÍNEZ DAIRON
No ubicado
123
(377) MARTÍNEZ EDISON
DARÍO
El nombre correcto es
EDISON DARÍO ORREGO
1.045.076.126
Esposa: Daniela Ávila
Fuentes
Hija menor de edad:
María Valentina Orrego Ávila.
124
(379) MARTÍNEZ FERNANDO
Nombre completo: MARIO
FERNANDO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
15.296.569
Esposa: Marly Janeth
Ladeut Arango, cédula 1.045.076.119.
Hijos Menores: María
Fernanda y Yurani Martínez Ladeut.
125
(380) MARTÍNEZ HÉCTOR
SAÚL
Cédula 70.579.270
126
(381) MARTÍNEZ IRALVIA
No ubicada
127
(382) MARTÍNEZ JAIME
Nombre completo: HÉCTOR
JAIME MARTÍNEZ FRANCO
3.650.811
Esposa: Alba Nelly
Meneses, cédula 22.187.828
Hija menor: Adriana
María y Morelia del Carmen Meneses.
Corresponde a los
numerales 414, 415 y 416 del Anexo
128
(383) MARTÍNEZ JEISON
No ubicado
129
(384) MARTÍNEZ MIGUEL
ÁNGEL
Fallecido
Tiene un hijo mayor de
edad: Miguel Antonio Martínez, cédula 15.316.820
130
(388) MARTÍNEZ CHICA
ROSALBA
22.188.349
Hijos: Diego Luis,
Marien del Socorro, Rafael Arcángel Toro Martínez, fallecido.
Esposo: Luis Enrique
Toro Zapata, fallecido.
Corresponde a los
numerales 625 a 628 del Anexo.
131
(394) MARTÍNEZ TORO
MARTHA OFELIA
Fallecida
132
(395) MAZO RAFAEL
No ubicado
133
(396) MAZO RAMÓN NONATO
Cédula
671. 481
134
(397) MELÉNDEZ WILLIAM
No ubicado
135
(400) MENDOZA ARROYAVE
LIBIA
No ubicada
136
(402) MENDOZA CORREA
EDGAR HUMBERTO
No ubicado
137
(413) MENDOZA POSSO
YOVANNI ALCIDES
15.295.694
Tres hijos menores de
edad: Nelly Johann, Isabela y Valentina Mendoza Pérez
138
(420) MONSALVE ZABALA
CELIA ROSA
21.367.211
Vive con su madre, Maria
Magdalena Zabala y tres sobrinos
139
(422) MORA GLORIA
CECILIA
No ubicada
140
(423) MORA JAIME DE
JESÚS
No ubicado
141
(424) MORA JORGE ANDRÉS
No ubicado
142
(425) MORA MEDARDO
ANTONIO
No ubicado
143
(426) MORA PATIÑO ELENA
DEL SOCORRO
Fallecida
144
(429) MÚNERA GRANDA
ARACELLY
22.188.907
Vive con sus hijos:
Adriana María, Alba Lucía, Deiby Fabián, Elvia Consuelo, Juan Esteban,
Liliana Patricia, María Marlene y Ramiro Alonso Múnera Granda.
Corresponde a los
numerales 427, 428, 431, 433, 436, 438, 440 y 442 del Anexo.
145
(435) MÚNERA GRANDA JUAN
ALBERTO
71.766.689
Esposa: Hilda Del
Socorro Estrada Giraldo, cédula 43.809.487.
Hijos menores: Juan Sebastián
y Jadiana Múnera Estrada.
146
(439) MÚNERA GRANDA
MARÍA CLEMENTINA
21.811.963
Esposo: Ovidio Torres
Hijos menores: Cristian,
Carolina, Esteban Torres Múnera.
Hijos mayores de edad:
Hilda y Fabio Múnera Granda
147
(441) MÚNERA GRANDA
MARTA CONSUELO
21.813.494
Hijos menores: Geraldine
Cano Múnera, Diego Arley y Juan Gabriel Múnera Granda
Corresponde a los
numerales 80, 432 y 437 del Anexo.
148
(451) MUÑOZ VIVIANA
PATRICIA
No ubicada
149
(454) NARANJO DARWIN
Fallecido
150
(465) NOHAVÁ ROSA MARÍA
22.209.602
Vive sola
151
(466). OCHOA CORREA
JAVIER MAURICIO
3.556.204
Esposa: Dina Margarita
Zapata Eusse
Hija Menor: Isabel
Cristina Ochoa Zapata
No relacionados en el
Anexo
152
(469) OLARTE MIGUEL
ÁNGEL
No ubicado
153
(470) OQUENDO FRANCISCO
LUIS
No ubicado
154
(473) ORTIZ CARMONA
GUDIELA DEL CARMEN
32.560.915
Hijos menores a cargo:
Gloria Estefany Palacio, Luisa Fernanda y Jeferson Zapata
155
(474) ORTIZ CARMONA
ROSÁNGELA
32.560.897
Esposo: Sergio Palacio,
cédula 70.926.856
Hijos menores de edad:
Davinson Ferney y Esneider Palacio Ortiz
156
(478) PÉREZ ARTURO JOSÉ
No ubicado
157
(482) PÉREZ ERIKA
JOHANA
No ubicada
158
(484) PÉREZ FREDYS
ANTONIO
No ubicado
159
(490) PÉREZ MAGDALENA
YANET
No ubicada
160
(492) PÉREZ MARÍA
EMILSEN
No ubicada
161
(494) PÉREZ NEIDA DEL
SOCORRO
Fallecida
Esposo: César Darío
Rendón, cédula 70.115.595
162
(495) PÉREZ RAMÓN
EDUARDO
Fallecido
163
(496) PÉREZ WILLIAM
Fallecido
164
(497) PÉREZ WILLIAM
HERNANDO
No ubicado
165
(502) PÉREZ AREIZA
YAMILCEN EUNICE
Fallecida
166
(508). PÉREZ EUSEBIO
15.296.569, fallecido
Esposa: Flor María
Guzmán
Hijos menores: Yanceli
y Lorena Pérez Guzmán.
167
(509) PÉREZ G. MARTHA
ODILA
No ubicada
168
(510) PÉREZ G. MIRIAM
ROSA
1.002.065.095
Esposo: Jairo Peláez,
cédula 15.296.901
Dos hijos menores de
edad: Verónica y Leidy Peláez Pérez.
169
(511) PÉREZ G. REGOBERTO
No ubicado
170
(512) PÉREZ G. WILMAR
ANDRÉS
Menor de edad, Tarjeta
1007507708
171
(519) PÉREZ MAZO JORGE
Nombre completo:
JORGE DE JESÚS PÉREZ MAZO
Cédula 3.506.627
172
(520) PÉREZ  ROJAS
ARSENIO
No ubicado
173
(523) PIEDRAHÍTA CARLOS
No ubicado
174
(534) PIEDRAHÍTA HENAO
ALEJANDRO
3.506.748
Esposa: Dora Isleni
González Vásquez, cédula 32.561.411
Hijos menores: Johnatan
y Verónica Piedrahita Vásquez.
175
(535) PIEDRAHÍTA HENAO
FRANCISCO ADOLFO
3.506.572
Esposa: Magnolia Vélez,
cédula 43.285.359
Hijos menores: Luisa
Fernanda e Iván Andrés Piedrahita Vélez.
176
(538) PIEDRAHITA HENAO
MORELIA
21.813.488
Vive con su abuela,
Carlina Henao y con sus hermanos mayores, Luis Carlos Piedrahita Henao,
cédula 3.506.748  y Matilde Piedrahita Henao.
Corresponden a los
numerales 536 y 537 del Anexo.
177
(542) PIEDRAHÍTA HENAO
RODRIGO
Esposa: María Nelly
Lopera Henao
Hijos menores: Edwin
Alexander y Jeison Piedrahita Lopera
178
(543) PIEDRAHÍTA HENAO
SUSANA
42.961.181
Hijos mayores: Julio
Cesar Barrera, cédula 98.698.942 y Diana Lucía Barrera, cédula 43.973.932
Nieta menor de edad:
Valentina Echeverri Barrera
179
(545) PIEDRAHITA T.
ANTONIA
No ubicada
180
(551) PINO ANA DELIA
No ubicada
181
(556) PINO JAIME
HUMBERTO
No ubicado
182
(558) PINO LIGIA AMPARO
32.144.563
Una niña menor de edad:
Juliana Pino Espinoza.
183
(563) POSADA ALBEIRO
No ubicado
184
(565) POSADA CARLOS
ANDRÉS
No ubicado
185
(566) POSADA DAIRO
Fallecido
186
(577) POSADA RAMÓN
3.506.518
Hijos menores: Francy
Estella, José Reimundo, Luz del Socorro, María Andrea y Nancy Johann Posada
Areiza
Corresponden a los
numerales 568 a 571 y 574 del Anexo
187
(580) POSADA RUBÉN DARÍO
No ubicado
188
(581) POSADA VICENTE
No ubicado
189
(583) POSADA C. MARÍA
ROCÍO
No ubicada
190
(584) POSADA CANO JANETH
LORENA
No ubicada
191
(587) POSSO MOLINA
LETICIA
Fallecida
192
(589) POSSO MÚNERA AURA
ESTELA
21.813.456
Vive con sus hijos  John
Fredy Palacio Posso, Narciso Alonso George Posso y Sandra Johana Posso
Múnera;  con su padre, Miguel Ángel Posso Zapata y con su hermano, Gildardo
Alonso Posso.
193
(596) RESTREPO ESPINOSA
LIBARDO
3.651.327
Vive solo
194
(599) RESTREPO TORRES
GUIDO MANUEL
Fallecido
Hija: Laura Restrepo,
menor de edad. Madre: Margarita Zapata
195
(602) RESTREPO TORRES
NICOLÁS ALBEIRO
196
(604) RÍOS GABRIEL ÁNGEL
No ubicado
197
(605) RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
GUILLERMO
No ubicado
198
(606) ROJAS CHAVARRÍA
LUCÍA
No ubicado
199
(618) SIERRA TEJADA
LEDYS AMPARO
No ubicada
200
(619) TAPIAS JESÚS
ANTONIO
No ubicado
201
(620) TEJADA SIERRA
ALFREDO ANTONIO
No ubicado
202
(622) TOBÓN NOHAVÁ
VÍCTOR MANUEL
71.745.761
Compañera permanente:
Diana Marixa Parra Torres.
Hijos menores de edad:
Alexandra Tobón Parra y Jennifer Tobón Parra.
203
(623) TOBON NOHAVÁ
WALTER ALIRIO
15.295.874
Esposa: Sandra Milena
Muñoz, cédula 22.188.726
Hijos: Wellington Alexis
y Kevin Tobón Muñoz.
204
(629) TORRES ALBEIRO J.
No ubicado
205
(645) URIBE HÉCTOR FABIO
No ubicado
206
(648) VÁSQUEZ HEIDI
YOHANA
No ubicada
207
(649) VÁSQUEZ MARÍA DEL
CARMEN
No ubicada
208
(650) VÁSQUEZ MIGUEL
ÁNGEL
No ubicado
209
(655) ZABALA MESA MARÍA
MAGDALENA
22.189.652
Vive con una hija mayor
210
(658) ZAPATA GEORGE
ÁLVARO WILTON
1.001.498.064
Esposa: Divia Giraldo,
cédula 1.037.264.802
Hija menor: Carolina
Zapata George
Corresponde la esposa al
numeral 268 del Anexo.
211
(669) ZAPATA GEORGE
JOSUÉ NORBEY
15.297.016
Esposa: Flor Palacio,
cédula 22.217.876, espera un hijo
212
(677) SÍLFIDA LENIS
ZAPATA
Indocumentada
Dos hijos menores de
edad: Lesión Estiven y Angie Leandra George Osorio
213
(682) ZAPATA B. YOHANI
ALBERTO
No ubicado
214
(683) ZAPATA B. YORFAN
ELENA
No ubicada
215
(699) ZULETA ZABALA
ARACELLY DE JESÚS
42.996.925
Vive con sus hijos
menores: Hernán Darío y Lina Maritza Montoya Zuleta y Edison Alfonso Loaiza
Zuleta.
216
(700) ZULETA ZABALA
MARGARITA
43.046.493
Vive con su hija menor
Claudia Valencia Zuleta
217
(701) ZULETA ZABALA
ORLANDO ANTONIO
71.592.653
Vive con sus hijos Deyby
Fabián y Johnatan Zuleta Zapata
218
(702) ZULETA ZABALA
RODRIGO DE JESÚS
15.319.254
Vive con sus hijos César
Daniel Zuleta Martínez; Mauricio y Rodrigo Alonso Zuleta Monsalve
Nota:
El
número entre paréntesis que precede al nombre del beneficiario en el cuadro
anterior, corresponde al número del Anexo IV de la Sentencia de la Corte IDH.
Cuadro
II:
personas desplazadas de El Aro que no están relacionadas en el Anexo IV de la
Sentencia de la Corte IDH.
Grupo
familiar
Lugar
de residencia
Lugar
donde aplicará el subsidio
1
Ramón José Gómez Mora, cédula 3.504.346
Compañera: Blanca Rosa Mendoza, cédula 21.810.367.
Hijos: Samuel Darío Gómez Mendoza
Puerto Valdivia
Valdivia (A)
2
María Amparo Mejía Mora, cédula 32.557.600
Puerto Valdivia
Valdivia (A)
3
Nora Elena Chavarría Mejía, cédula 32.375.900.
Tiene una hija menor de edad
Puerto Valdivia
Valdivia (A)
4
Marta Isabel Chavarría Mejía, cédula 32.289.008.
Hijo menor de edad: Luvian Enrique Mejía Mora.
Puerto Valdivia
Valdivia (A)
5
Luis Alberto Sepúlveda Correa, cédula 15.295.958
Esposa: Ligia Esther González Parra, cédula
22.187.081.
Hijo menor: Alexis Sepúlveda González
Puerto Valdivia
Puerto Valdivia
6
Mary Luz Gómez Molina, cédula 22.193.819
Hijos menores: Kelly Daniela, Cristian Daniel, Elian
Andrés y John Adrián Gómez Gómez.
Puerto Valdivia
Valdivia
7
Javier Leoncio Pérez, cédula 15.295.445
Gladis Amparo Torres Jaramillo: 21.813.481.
Tiene dos hijos menor: Alexis Pérez Naranjo, Luz
Yancely Pérez Torres
Medellín
Valdivia
8
Luis Eduardo Salazar, cédula 3.508.420, fallecido
Esposa: Leonor Mora Villa; cédula 32.563.302
Hijos menores: Carlos Mario y Omar Enrique Salazar
Mora; Juan  Fernando Agudelo Salazar, Darli Dayana Torres Salazar, Diego
León  y Ruth Estela Salazar Mora.
Puerto Valdivia
Valdivia
9
NELSON DE JESÚS GONZÁLEZ ZAPATA, CÉDULA 71.767.390
Ituango
Medellín
10
NELSON ARLEY JIMENEZ JIMENEZ, CEDULA 15.296.598.
ESPOSA: NUBIA DEL SOCORRO PÉREZ GUTIÉRREZ, CÉDULA
22.189.041.
HIJO MENOR: JOINER ARLET JIMÉNEZ PÉREZ.
Puerto Valdivia
Valdivia
11
DINA AIDÉ TORRES GÓMEZ, CÉDULA 21.588.530
HIJOS MENORES DE EDAD: JULIÁN DAVID Y ANDRÉS FELIPE
TORRES GÓMEZ
Residente en Cáceres (A).
Cáceres
12
RAFAEL IGNACIO RESTREPO CORREA, CÉDULA 70.541.734
ESPOSA: LUZ ADRIANA OSPINA MALDONADO
HIJOS MENORES: DAYANA MARCELA Y DANIELA RESTREPO
OSPINA
Medellín
Medellín
13
MARIO EUGENIO TORRES DÁVILA, CÉDULA 70.579.254.
ESPOSA: MARÍA ISABEL ECHAVARRÍA.
TRES HIJOS MENORES DE EDAD: NANCY LUCERO, JULIANA
EUGENIA Y JUAN DAVID TORRES ECHAVARRÍA.
Medellín
Medellín
1. Hechos que
dieron origen a la acción de tutela
1.1.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), declaró la responsabilidad
internacional del Estado colombiano por la violación de múltiples derechos
reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a favor de 702
personas, mediante sentencia del 1 de julio de 2006.
1.2.
En el anexo IV de la sentencia se relacionó el listado de personas desplazadas
e identificadas a raíz de las dos masacres, beneficiarias de la medida de
reparación que contempla el num. 17 de la parte Resolutiva.
1.3.
La medida de reparación no se reduce solo a las personas identificadas en la
sentencia porque el  numeral 17 de la Parte Resolutiva y los párrafos 221 y 404
de la misma, la extienden a los “exhabitantes de los corregimientos de El Aro y
La Granja que se hayan visto desplazados”.
1.4.
Se realizaron varias reuniones de cumplimiento de la sentencia con asistencia
del grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH),  la Directora de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Oficina Presidencial para la Acción Social.
En
la primera reunión, realizada el 1 de noviembre de 2006, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, planteó la necesidad de discutir entre las diferentes
entidades estatales lo relativo a recursos económicos y presupuesto, puesto que
el “restablecimiento a condiciones similares” incluía el tema de tierra
y vivienda, no sólo de las personas desplazadas e identificadas en el Anexo IV,
sino de todos los desplazados de La Granja y El Aro.
En
la siguiente reunión, efectuada el 22 de noviembre de 2006, los representantes
del Estado manifestaron que existían varios inconvenientes para utilizar el
Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, el primero de los
cuales era “la falta de registro de las personas después de tantos años de
ocurrido el desplazamiento”.
En
reunión del 12 de junio de 2007, los representantes estatales informaron que el
cumplimiento de la medida de reparación lo lideraría la Oficina Presidencial
para la Acción Social. Por su parte, los representantes de las víctimas
manifestaron que no estaban interesados en el retorno debido a que las
condiciones de seguridad no lo permitían y solicitaron medidas de
restablecimiento socioeconómico para la población desplazada. Finalmente, la
representante de Acción Social expresó que el registro exigido en el Sistema de
Información de Población Desplazada (SIPOD) para acceder a los beneficios
legales, se haría por orden judicial, atendiendo a la obligatoriedad y
exigibilidad de las sentencias de la Corte Interamericana.
1.5.
El GIDH envió al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 30 de abril de 2008,
el listado de personas que hacían parte del Anexo IV de la Sentencia de la
Corte, indicando la composición de los grupos familiares, el número de
identificación de las personas y el lugar donde les interesaría acceder a un
subsidio de vivienda como parte del restablecimiento socioeconómico.
Información esta que fue complementada en julio 8 y 24 de 2008.
1.6.
En la reunión de cumplimiento de la sentencia efectuada el 18 de junio de 2008,
Acción Social informó que el cruce de datos efectuado entre la información
enviada por el GIDH y la registrada en el SIPOD, arrojaba 207 coincidencias, y
que,  a las personas que no estaban incluidas en el SIPOD se les tomaría la
declaración de desplazamiento como simple formalidad y se procedería a su
registro en una jornada especial que se realizaría en el municipio de Valdivia,
Antioquia, en un término máximo de 15 días.
1.7.
Después de trece (13) meses la jornada especial anunciada por Acción Social no
se ha realizado, como tampoco la inscripción de las personas, ni se ha iniciado
ningún tipo de restablecimiento económico.
1.8.
La Personería Municipal de Valdivia realizó un censo de población desplazada
por los hechos de El Aro, cuyos resultados fueron remitidos a las oficinas de
Acción Social en Medellín y Bogotá, muchas de las personas que fueron censadas
están relacionadas en el Anexo IV de la Sentencia de la Corte Interamericana y
sin embargo no están inscritas en el Sistema de Información de Población
Desplazada.
1.9.
El GIDH envió al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 16 de febrero de 2009,
una solicitud en el sentido de convocar a una reunión de cumplimiento de la
Sentencia de la Corte Interamericana para tratar de definir un mecanismo
especial para otorgar los subsidios de vivienda por intermedio de Fonvivienda,
entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda  y Desarrollo
Territorial.
1.10.
EL GIDH sostiene que las personas en cuyo favor se interpone la tutela residen
en diferentes partes de Antioquia, siguen siendo desplazadas, están en
condiciones económicas precarias que ponen en peligro su mínimo vital, son
beneficiarias de las medidas de reparación ordenadas por la Corte
Interamericana el 1 de julio de 2006, y a pesar de estar identificadas ni
siquiera se ha logrado su registro en el Censo de Población Desplazada.
2.
Peticiones
Los
accionantes solicitan que se ordene:
2.1.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores:
Que
en el ejercicio de sus funciones propias, conmine a la Oficina Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional a que cumpla de inmediato
lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia
del caso Masacres de Ituango.
2.2.
A la Oficina Presidencial para la Acción Social:
2.2.1.
Que se realice de inmediato la inscripción en el sistema de registro de
población desplazada de las personas relacionadas en el Cuadro I, las cuales
hacen parte del Anexo IV de la Sentencia de la Corte, así como de las personas
del Cuadro II, con fundamento en los párrafos 221, 404 y Punto Resolutivo 17 de
la Sentencia de la Corte, sin exigencia de formalidades excepcionales.
2.2.2.
Subsidiariamente, solicitan que se ordene programar en un plazo no mayor de
quince (15) días, las jornadas de inscripción acordadas, en los municipios de
Medellín, Yarumal, y Valdivia (Antioquia).
2.2.3.
Que se ordene de manera inmediata, tanto a favor de todas las personas
desplazadas de La Granja y El Aro con ocasión de los hechos que dieron lugar a
la sentencia de la Corte Interamericana ya inscritas en el sistema de
información de población desplazada, como respecto de quienes se ordene su
inscripción en esta tutela, el inicio de las gestiones para el restablecimiento
económico.
2.2.4.
Que el fallo de tutela beneficie al grupo familiar de las personas
identificadas y fallecidas que se relacionen en la presente acción.
3.
Respuesta a la acción de tutela por parte de la Dirección de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores
La
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio
de Relaciones Exteriores, en su escrito de respuesta a la acción de tutela se
refirió a cuatro aspectos:
3.1.
Legitimidad para interponer la acción de tutela
La
Dirección de Derechos Humanos manifestó que existían dudas sobre la
legitimación de la señora María Victoria Fallon para interponer la acción de
tutela porque: (i) el poder que existió para la representación ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, no puede hacerse extensivo para el proceso
de amparo; (ii) aún si se aceptara que el poder es procedente, para varios de
los presuntamente afectados no existe poder de ninguna clase; (iii)  algunas de
las personas a favor de quienes se interpone la acción de tutela no están
ubicadas y otras han fallecido; y (iv) la accionante no alega ser agente
oficiosa en la causa, ni prueba siquiera sumariamente que las personas en
nombre de quienes interpone la tutela se encuentran en alguna situación que les
impida promover la acción u otorgar el poder, incluso, algunas de las personas
en nombre de quienes dice interponer la acción, no han entrado en contacto con
la señora Fallon ni con la organización.
3.2.
Procedimiento adelantado para el cumplimiento de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y competencia del Ministerio de  Relaciones
Exteriores
En
primer lugar, la Dirección precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores
es el organismo encargado de representar al Estado colombiano ante los órganos
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, representación que se hace a
nombre de las tres ramas del poder público y no de una entidad en particular y
que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son
decisiones judiciales contra el Estado como un todo y por tanto vinculan a toda
la institucionalidad, sin tomar en consideración su estructura interna.
En
segundo lugar, describió el procedimiento administrativo que se adelanta para
cumplir con las decisiones judiciales, en las siguientes etapas:
(i)
Notificada la sentencia al Estado colombiano por medio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, éste la transmite a diferentes entidades del Estado,
entre las cuales se incluyen representantes de al menos dos ramas del poder
público.
(ii)
En reunión de la Comisión Intersectorial Permanente de Derechos Humanos
(Decreto 321 de 2000), presidida por el Vicepresidente de la República y con
asistencia de diferentes representantes del Estado, se realiza la división
institucional de las medidas de acuerdo a sus competencias constitucionales y
legales y “la voluntad para el cumplimiento de las obligaciones
internacionales”.
(iii)
De conformidad con el Decreto 110 de 2004, la Dirección de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario coordina y hace seguimiento al cumplimiento
de las sentencias con otras instituciones del Estado y los representantes de
las víctimas, revisando el estado de cumplimiento de las medidas, identificando
las dificultades para su ejecución, generando posibles salidas a las
dificultades que se presenten y recolectando información para elaborar informes
de cumplimiento del Estado colombiano con destino a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
3.3.
Legitimación por pasiva
La
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no cuenta con
ningún poder especial frente a otras instituciones del Estado, razón por la
cual  no le es posible realizar ninguna actividad encaminada a conminar o
requerir de manera obligatoria alguna actividad por parte de éstas.
La
medida de reparación en el caso Masacres de Ituango fue asignada a la Agencia
Presidencial para la Acción Social en virtud de su competencia legal y de
acuerdo con múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional.
En
consecuencia, la Dirección no es la autoridad contra la cual debe ejercerse la
presente acción de tutela al no ser la responsable de la posible vulneración de
los derechos alegados.
3.4.
Actuaciones adelantadas por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores
Las
diferentes actividades que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores
para el cumplimiento de la medida de reparación consistente en retorno y
atención a la población desplazada ordenada en la Sentencia, se sintetizan en
los siguientes puntos:
(i)
Remisión de la sentencia de la Corte Interamericana a diferentes instituciones
del Estado como la Agencia Presidencial para la Acción Social.
(ii)
Reuniones con el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos para  el
cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, efectuadas  el 1 y 22
de noviembre de 2006,  el 12 de junio de 2007, el 12 y 18 de junio de 2008, el
8 de julio de 2008, el 15 de enero de 2009, el 28 de abril de 2009, el 4 de
junio de 2009 y el 11 de septiembre de 2009.
(iii)
Informes de cumplimiento de la sentencia a la Corte Interamericana mediante
comunicaciones  DDH de 43497/2324 del 27 de agosto de 2007 y DDH.GOI de
59621/2806 del 14 de octubre de 2008.
(iv)
Asistencia a la reunión de la Comisión Intersectorial Permanente de Derechos
Humanos celebrada el 29 de marzo de 2007 en la que se designó el cumplimiento
de la medida de reparación consistente en retorno y atención a la población
desplazada  a la Agencia Presidencial para la Acción Social.
(v)
Comunicaciones por medio de las cuales se remite a la Agencia Presidencial para
la Acción Social información sobre el caso Masacres de Ituango y los listados
de las personas desplazadas correspondientes; se le envía copia de los
documentos enviados por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos a la
Corte Interamericana sobre el cumplimiento de la sentencia y se le solicita dar
pronta respuesta a las solicitudes de los representantes de las víctimas
(oficio DDH 28339/1452 de 28 de mayo de 2009); se le remiten las ayudas de
memoria de las reuniones realizadas; se le solicita el cumplimiento de algunos
compromisos adquiridos en las distintas reuniones así como dar respuesta a las
comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos respecto del
cumplimiento de las medidas de reparación; y se le invita a realizar reuniones
de seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
3.5.
Cuestiones adicionales
3.5.1.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia frente a la cual
las víctimas y sus representantes deben acudir para presentar sus quejas sobre
el posible incumplimiento del Estado respecto de las medidas de reparación.
3.5.2.
En la acción de tutela no se hace ninguna referencia al lugar de ubicación de
las personas a favor de las cuales se instaura el recurso (salvo 13 personas),
ni tampoco existe prueba, así sea sumaria, de su voluntad y situación concreta
que haga necesario que se otorguen medidas de estabilización socioeconómica.
3.5.3.
Varias de las personas enlistadas en la acción de tutela que nos ocupa están
también incluidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como beneficiarias de otras medidas de reparación, como se aprecia en
los Anexos I, II y III de la sentencia.
4.
Decisión de primera instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala de Decisión Penal,
mediante sentencia del 30 de septiembre de 2009, resolvió tutelar los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la justicia material de las
personas relacionadas en el Anexo No. 1 con sus respectivos grupos familiares,
en su condición de desplazados del municipio de Ituango,  a raíz de los hechos
ocurridos en los corregimientos La Granja y El Aro en los años 1996 y 1997,
respectivamente.
El
Tribunal precisó en primer lugar que el objeto de la acción de tutela no era
establecer si el Estado colombiano había dado cumplimiento a la Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida el 1 de julio de 2006 en el
caso conocido como “Masacres de Ituango”, puesto que ésta competencia se la
había reservado la Corte Interamericana para sí misma. En segundo lugar, que la
Sentencia de la Corte Interamericana constituía, sin embargo, un referente que
reforzaba la obligación que tiene el Estado colombiano frente a la población
desplazada del municipio de Ituango a raíz de los hechos ocurridos en los
corregimientos de La Granja y El Aro. Y en tercer lugar, que abordaría el
problema tanto de las personas relacionadas en la Sentencia de la Corte
Interamericana (Cuadro No. 1 de la demanda de tutela) como de las que no
alcanzaron a ser identificadas en su momento por múltiples razones, pero que se
encontraban individualizadas en la demanda de tutela (Cuadro No. II). El
problema se abordaría a partir de los derechos de los desplazados en Colombia,
los cuales han sido clasificados en el grupo de personas  que  requieren de
especial protección por parte del Estado, y cuyos derechos han tenido
desarrollo tanto legal (Ley 387 de 1997 y Decreto 2569 de 2000) como
jurisprudencial.
Frente
a la falta de legitimación por activa aducida por la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, el Tribunal estimó que en la
medida en que la accionante actuaba como representante legal de la organización
de carácter no gubernamental denominada Grupo Interdisciplinario por los
Derechos Humanos -GIDH-, no existía razón para cuestionarla respecto de las
personas enlistadas en los cuadros I y II que habían firmado otorgándole poder.
No
obstante, frente a las personas que no habían firmado consideró que no existía
poder que legitimara la actuación de la representante legal del GIDH, máxime
cuando tales  personas no pudieron ser contactadas, figuran como no ubicadas, y
no era posible determinar ni siquiera si tenían interés o persistía su
situación de desplazamiento. Lo que se predica igualmente de los beneficiarios
del grupo familiar de las personas ya fallecidas, relacionadas por la
accionante, que no otorgaron poder para interponer la acción constitucional, y
de las personas que estando inscritas en el Sipod tampoco otorgaron dicho
poder.
Respecto
al requisito de la inmediatez, haciendo eco de la jurisprudencia
constitucional, acotó que cuando las circunstancias de desplazamiento persisten
ya sea porque no se ha garantizado a los afectados el retorno o porque no se ha
logrado su recuperación económica, el tiempo transcurrido no constituye un
obstáculo para interponer la acción de tutela si esta procede como único
mecanismo para remediar la situación y garantizar a la población vulnerable la
vigencia de sus derechos.
En
relación con los requisitos para el reconocimiento de los derechos de los
desplazados, recogiendo nuevamente lo preceptuado por la jurisprudencia
constitucional (sentencia T-346 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil), señaló que
dicho reconocimiento no puede estar supeditado a una declaración por parte de
la entidad pública o privada encargada, por cuanto la condición de desplazado
era una situación de hecho que implicaba una masiva, sistemática y continua vulneración
de los derechos fundamentales de las víctimas.
En
este sentido, frente al grupo poblacional desplazado por la violencia desde los
años 1996 y 1997, reconocido por la instancia internacional como víctima de las
Masacres de Ituango (cuadro I), el Tribunal consideró que no existen argumentos
válidos que permitan justificar la dilación que se advierte en el proceso de
inscripción en el registro de la población desplazada, y por ende, de su
inclusión en los programas de estabilización socioeconómica. De manera que, la
jornada prevista para recepcionar declaraciones de los desplazados con asiento
en el municipio de Valdivia, tampoco puede convertirse en condicionamiento para
llevar a cabo la inscripción en el RUPD, desconociendo la inmediatez que reclama
la atención que requiere la población desplazada, sin perjuicio de su utilidad
para evaluar las condiciones individuales de cada desplazado y su grupo
familiar, así como las acciones a seguir.
Además,
hizo extensivas tales obligaciones frente a todas las personas que fueron
identificadas con posterioridad a la sentencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas en el cuadro II que acompaña
la acción de tutela.
Finalmente,
precisó que la entidad responsable de la atención a la población desplazada es la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, como
coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada (SNAIPD), y como tal la conminó a cumplir las siguientes
directrices:
(i)
Ordenar de manera inmediata la inscripción en el RUPD de las personas que
aparecen relacionadas en el Anexo 1, sin condicionar la misma a la exigencia de
requisitos o formalidades adicionales. Este proceso de inscripción no podrá
prolongarse por más de quince (15) días hábiles a partir de la notificación del
fallo de tutela.
(ii)
Disponer de los recursos y adelantar las acciones que considere necesarias para
lograr la estabilización socioeconómica de las personas relacionadas en el
Anexo 1, informando de manera oportuna y adecuada a los beneficiarios, el
procedimiento a seguir y las entidades a las cuales deben acudir para la
materialización de los programas y proyectos que se establezcan.
5.
Impugnación de la decisión de primera instancia
Por
escrito del 5 de octubre de 2009, la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, impugnó el fallo proferido por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Antioquia, precisando, en primer lugar, que en ningún
momento había pretendido sustraerse al cumplimiento de la orden impartida por
la corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la sentencia que resolvió
la acción iniciada con ocasión de las Masacres de Ituango, ni mucho menos
negarse a brindar la atención humanitaria a las víctimas del desplazamiento
forzado que resultaron afectadas.
Sin
embargo, señala que a pesar de que la Corte Constitucional ha precisado que el
desplazamiento forzado es una situación de hecho que no requiere reconocimiento
por parte de la autoridad competente, no puede perderse de vista que el
legislador estableció una serie de mecanismos para poder acceder a los
beneficios o ayudas humanitarias diseñadas para su atención, tales como la
declaración ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales o cualquier despacho
judicial, de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad. De
manera que, previamente a la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada, RUPD, “se hace una valoración de los hechos relatados con el
objeto de establecer la veracidad y el encuadramiento en el marco normativo
respectivo.”
Así,
para poder acceder a los beneficios establecidos en la Ley 387 de 1997 se
requiere estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada por la
Violencia, previa declaración de quien alega dicha condición, de acuerdo con
los arts. 1 y 32 de la misma ley.[1]
Al
ordenar de manera tan perentoria (15 días hábiles) la inscripción en el RUPD de
las personas que aparecen relacionadas en la acción de tutela, sin
condicionarla al cumplimiento de los requisitos legales, así como la
consecución de los recursos necesarios para lograr la estabilización
socioeconómica, el Tribunal ha dado una orden demasiado genérica que desconoce
además las particularidades del caso, tales como la inexistencia de un censo
con información confiable que permita por lo menos individualizar a las
víctimas del desplazamiento y a sus respectivos núcleos familiares, las
diferentes situaciones de las personas frente al Registro Único de Población
Desplazada RUPD (no declarantes, no incluidos, entre otros), la imposibilidad
material de identificación debido a la falta de información y las consecuencias
de la inscripción en el Registro en las actuales circunstancias.
Informa
que se han realizado jornadas en el municipio de Valdivia, el 28 y 29 de
septiembre de 2009, concertadas con el Grupo Interdisciplinario de Derechos
Humanos (GIDH) y con el acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, orientadas a garantizar que la ayuda
humanitaria sea entregada a los reales destinatarios y no simplemente a cumplir
un fallo de manera retórica e intrascendente. Estas reuniones se han visto
perturbadas por marchas, movilizaciones y enfrentamientos que han impedido la
realización de un esquema especial de atención articulada por Acción Social.
Sin embargo, las oficinas del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y
Personería) están obligadas a recibir las declaraciones de todas y cada una de
las personas que se consideren afectadas por el desplazamiento interno para que
al día siguiente sean remitidas a la Unidad Territorial de Acción Social para
su valoración y decisión administrativa como administrador legal del Registro
Único de Población Desplazada, RUDP.
Acción
Social señala que 1871 personas han sido cruzadas con el registro Único de
Población Desplazada como personas afectadas por los hechos de El Aro de 1997,
incluidas las 231 enlistadas en la acción de tutela, y que de esas 1871
personas, 562 no han podido ser cruzadas con el registro porque no tienen
nombres completos o documento de identificación.
Respecto
de las 231 personas o “supuestos accionantes”, cuyos nombres fueron
suministrados en la acción de tutela, Acción Social presenta el siguiente
informe:
(i)
121 personas no tienen datos completos.
(ii)
110 han sido plenamente identificados por los accionantes (tienen documentos de
identidad), pero sólo  43 se han acercado para ser atendidos.
(iii)
32 personas de las 110 identificadas por los accionantes se cruzaron con el
Sistema de Registro y se identificaron 26 que ya estaban incluidas en el RUPD.
En relación con las 6 personas no incluidas, sus casos serán revisados para
facilitar su inclusión.
En
relación con la legitimación en la causa, Acción Social insiste en que la
representante de las víctimas actuó sin poder y en que a pesar de que las
personas en condición de desplazamiento, inscritas o no, demandan de todas las
autoridades un trato preferencial en razón el estado de vulnerabilidad en que
se encuentran, en el caso concreto, no se cumplen los requisitos exigidos por
la jurisprudencia constitucional para aducir la existencia de un perjuicio
irremediable, a saber, la inminencia, la urgencia y la gravedad de los hechos
que hacen impostergable la tutela. Además, considera que los accionantes debieron
recurrir a la jurisdicción ordinaria.
A
partir de los anteriores elementos Acción Social concluye que la orden
impartida por el Tribunal Superior de Antioquia con motivo de la acción de
tutela,  desborda las facultades de juez constitucional porque ordena la
inscripción automática de unas personas que no han podido ser individualizadas
por el mismo Grupo que actúa en representación de sus intereses, lo cual
demuestra la necesidad de depurar los listados existentes para garantizar el
acceso real a los programas de atención a la población desplazada y brindarles
toda la ayuda necesaria en consonancia con la magnitud del sufrimiento
padecido, pero cumpliendo los procedimientos administrativos previstos para el
efecto.
6.
Decisión de segunda instancia
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión de
Tutelas, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2009, confirmó el fallo
impugnado con fundamento en las siguientes consideraciones:
6.1.
Respecto a la legitimación para actuar de la representante de los demandantes a
la luz del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, la Sala estimó que el
hecho de que el poder se haya otorgado a una persona jurídica constituye una
irregularidad insustancial porque (i) en el trámite de tutela impera el
principio de informalidad al punto que ni siquiera se requiere presentación
personal; (ii) la demanda no tiene pretensión diferente que la de reclamar los
derechos fundamentales que se estiman vulnerados por la Agencia Presidencial
para la Acción Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores por no haber
inscrito a los accionantes en el Sistema de Información de Población Desplazada
y no tomar las medidas encaminadas a su restablecimiento socioeconómico; y
(iii) el poder cumple con los demás presupuestos: consta por escrito, es
especial y lo presenta un abogado.
6.2.
Respecto de la presunta afectación de los derechos fundamentales de los señores
Amparo Cuadros (hermana del fallecido Alberto Elías Cuadros), José Belisario
López George (hijo de la fallecida Margarita George), Rosalba Martínez Chica (a
nombre de quien firma Elena del Socorro Mora Patiño sin especificar el vínculo
entre ellas), Luis José Naranjo (firma en la casilla de Darwin Naranjo), César
Darío Rendón (esposo de Neida del Socorro Pérez), Laura Restrepo (hija del
fallecido Manuel Guido Restrepo), María Leonor Mora Villa (firma en
representación del fallecido Luis Eduardo Salazar, sin especificar el vínculo
que los une), la Sala está de acuerdo en que no es posible amparar los derechos
fundamentales cuya protección reclaman, pues en unos casos no acreditaron el
vínculo que los unía con los fallecidos, y en otros, no acreditaron la razón
por la que firmaban a nombre de éstos.
Precisa
la Sala que a pesar de que en otras oportunidades se ha admitido que los hijos,
los padres o el cónyuge, soliciten el amparo constitucional de los derechos de
sus ascendientes o descendientes, hermanos o familiares en razón a las
especiales circunstancias de indefensión o incapacidad en que se encuentran
aquellos, esas circunstancias deben estar debidamente probadas, lo cual no se
dio en el presente caso.
6.3.
En lo referente a la calidad de desplazados por la violencia de los
demandantes, la Sala la encuentra plenamente probada de acuerdo con la
sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que
se declaró responsable al Estado colombiano y se le condenó a indemnizar y
reparar los daños causados por los hechos ocurridos en junio de 1996 y octubre
de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ubicados
en el municipio de Ituango (Antioquia). En esta sentencia se individualizó y
reconoció como víctimas a la mayoría de personas que interponen el recurso de
amparo, de manera que los requisitos mencionados en el artículo 32 de la Ley
387 de 1997 para acceder a los beneficios, no resultan exigibles en el presente
caso. De lo contario, se estaría desconociendo “la decisión de un organismo
internacional de carácter jurisdiccional, en la que se analizó ampliamente no
sólo las circunstancias que rodearon el desplazamiento, sino la condición de
víctimas de los actores.”
De
ahí que la Sala en su fallo sostenga que “resulta cuestionable que sea
precisamente el organismo creado por el gobierno nacional para atender en
debida forma a la población desplazada, en aras de mitigar su condición, quien
se rehúse a inscribir en el RUPD a aquellos que han sido reconocidos
internacionalmente, mediante un fallo de carácter judicial como desplazados por
la violencia. (…).
Y
más reprochable aún, que después de más de tres años de haberse proferido la
decisión, se pretenda que las víctimas de tan execrable crimen cumplan con unos
requisitos que ya fueron satisfechos dentro del proceso en el cual el Estado
colombiano resultó condenado.”
II.
CONSIDERACIONES.
1.     Competencia
Esta
Sala de Revisión es competente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Problema
jurídico
Corresponde
a esta Sala determinar si los accionados vulneraron los derechos a la vida
digna y a la justicia, al exigirle la inscripción en el Sistema de Información
para Población Desplazada, Sipod, a los accionantes víctimas de los
acontecimientos violentos ocurridos en los corregimientos de La Granja en 1996
y El Aro en 1997, del municipio de Itaungo, reconocidos  por un fallo judicial
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como desplazados por la violencia,
como requisito para acceder a algunas de las medidas de reparación previstas en
la Sentencia del 1 de julio de 2006 proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Antes
de analizar el caso concreto la Sala examinará (i) la legitimación por activa;
(ii) la legitimación por pasiva; (iii) el requisito de inmediatez; (iv) la
procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los
derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado;
(v) la calidad de desplazado; y (vi) el alcance de la  Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006.
3.     Consideraciones
previas
3.1.
Legitimación
por activa. Agencia oficiosa
La
jurisprudencia constitucional ha admitido, como regla general, la posibilidad
de agenciar oficiosamente los derechos de terceros que no están en condiciones
de promover su propia defensa cuando la persona cuyos derechos han sido
vulnerados o amenazados es (i) un menor de edad; (ii) un enfermo grave; (iii)
un indigente; o (iv) una persona con incapacidad física o mental, que no puede
ejercer su propia defensa.
No
obstante, también, ha permitido esta posibilidad cuando se trata de población
desplazada por la violencia, porque en la mayoría de los casos se trata de
personas especialmente protegidas por la Constitución como menores de edad,
mujeres cabeza de familia, personas de la tercera edad y minorías étnicas, para
las cuales, dada su extrema vulnerabilidad,  la exigencia de presentar
directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de
sus derechos, resulta excesivamente onerosa.[2]
Dentro
de este contexto, se ha reconocido a las asociaciones creadas con el propósito
de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, la
posibilidad de actuar como agentes oficiosos de los desplazados, pero bajo
ciertas condiciones que garanticen el acceso a la justicia e impidan abusos que
desnaturalicen la acción de tutela. De manera que dichas organizaciones estarán
legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de sus miembros siempre y
cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) se haga a través de su
representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación
dentro del proceso de tutela; ii) se individualice, mediante una lista o un
escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se
promueve la acción de tutela; y iii) no se deduzca de los elementos probatorios
que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga
en su nombre. Cumplidos estos requisitos, las asociaciones podrán interponer la
acción en nombre de sus representados siempre que constaten la amenaza o
vulneración de sus derechos fundamentales.[3]
En
el presente caso, la acción de tutela fue interpuesta por la representante
legal del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH),
organización no gubernamental que representa ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a las víctimas y familiares de víctimas en el caso conocido
como Masacres de Ituango, por los hechos ocurridos en los corregimientos de La
Granja en 1996 y El Aro en 1997, del municipio de Ituango (Antioquia).
El
GIDH tiene por objeto principal la denuncia, la defensa y la promoción de los
derechos humanos y la prestación de asistencia jurídica, social y humanitaria a
las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La
calidad de representante de la actora fue reconocida en la Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006[4], y el GIDH
continúa representando a las víctimas  y a sus familiares en el proceso de
cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana.
En
los Cuadros I y II que acompañan la demanda de tutela, el GDIH individualizó a
cada uno de los desplazados de las Masacres de Ituango con su respectivo grupo
familiar, algunos de los cuales firmaron expresamente un nuevo poder para
interponer la tutela que nos ocupa, sin que se pueda concluir del expediente
que la ausencia de firma implica una oposición a la misma. Es más bien el
resultado de la dificultad de ubicarlos, cuando han transcurrido más de diez
(10) años desde el momento en que se generaron los hechos, acentuada por el
poco esfuerzo desplegado por las entidades estatales responsables de la
protección y garantía de los derechos de la población desplazada por la
violencia.
En
consecuencia es procedente la tutela interpuesta por el GIDH en nombre de los
beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
relacionados en el Cuadro I[5], así como de
las personas desplazadas de EL Aro relacionadas en el Cuadro II[6], que acompañan
la demanda de tutela.
3.2.
Legitimación por pasiva.
El Ministerio de
Relaciones Exteriores, de conformidad con el Decreto 110 de 2004[7], es una
instancia gubernamental de coordinación entre las diversas autoridades públicas
internas encargadas de ejecutar directamente el contenido de las medidas
cautelares y las decisiones judiciales provenientes de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y es el interlocutor válido entre el Estado colombiano y
los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La Corte ha
considerado en relación con esta competencia de coordinación del Ministerio de
Relaciones Exteriores que “no puede limitarse a informar las decisiones
adoptadas por la CIDH a las diversas instancias internas encargadas
directamente de la ejecución de las mismas y, viceversa, reportar al órgano
internacional los avances en la materia. En efecto, en estos casos, la labor de
coordinación lleva implícitos aspectos materiales y no solamente formales, lo
cual se traduce en la facultad con que cuenta el Ministerio para conminar a las
diversas autoridades al cumplimiento inmediato de lo ordenado por la CIDH y
correlativamente el deber que le asiste a éstas  de colaborar efectivamente con
aquél poniendo a su disposición los recursos logísticos y operativos que sean
necesarios para la consecución del fin. Al mismo tiempo, la Cancillería tiene
la obligación de buscar, por todos los medios disponibles, que en el mundo de
lo fáctico la medida cautelar despliegue todos sus efectos, lo cual no
significa nada distinto a asumir el asunto como propio orientando, por ejemplo,
a la víctima sobre la existencia de los diversos programas estatales a los
cuales puede recurrir para proteger sus derechos fundamentales.”[8]
Así
las cosas, en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene obligaciones
concretas de carácter material respecto de medidas y decisiones de los
organismos internacionales de protección de los derechos humanos, la Sala
encuentra debidamente constituida la legitimación por pasiva.
3.3.
Inmediatez
Otro
de los requisitos de procedencia de la acción de tutela derivado del artículo
86 de la Constitución es su interposición en un lapso razonable y proporcionado
a partir del hecho que dio lugar a la vulneración alegada.[9] Al respecto ha
dicho la Corte que con tal requisito se pretende evitar que la acción de tutela
se emplee como una “herramienta que premia la desidia, negligencia o
indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad
jurídica.[10]
La
Corte ha precisado que para efectos de establecer si el requisito de la
inmediatez se cumple, el juez debe constatar: “1) si existe un motivo válido
para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados.”[11]
Varias
son las razones que podrían aducirse para justificar válidamente la inactividad
del accionante, según la jurisprudencia constitucional: (i) la ocurrencia de un
suceso de fuerza mayor o caso fortuito; (ii) la incapacidad del actor para
ejercer oportunamente la defensa de sus derechos; (iii) la existencia de una
amenaza grave e inminente que resulte urgente conjurar de manera inmediata
mediante la acción interpuesta; (iv) la ocurrencia de un hecho completamente
nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias
previas y que justifique la tardanza en el ejercicio de los derechos[12]; (v) la
permanencia de la vulneración es permanente en el tiempo, es decir,  la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual[13]; y (vi) la
especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales (estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otras), convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez.[14]
La
Sala encuentra que pese a que los hechos ocurrieron en los años 1996 y 1997, la
vulneración de los derechos de las personas en cuyo nombre se interpone la acción
de tutela, han permanecido en el tiempo, y en tanto no se haya resuelto, la
condición desfavorable de los accionantes es actual.
3.4.
Procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los
derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado.
Reiteración de jurisprudencia
La
jurisprudencia constitucional, en virtud del artículo 86 de la Carta, ha
reconocido que la acción de tutela procede como mecanismo de protección de los
derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado,
puesto que éstas “gozan de un estatus constitucional especial que no puede
simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la Constitución obliga a
las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente
protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado
cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la satisfacción de sus
necesidades más apremiantes.”[15]
Esta
condición de sujetos de especial protección constitucional que tienen las
víctimas de desplazamiento forzado interno, ha sido el fundamento para aceptar
que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo y expedito para la
protección de sus derechos fundamentales, a pesar de la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial.[16]
Entre
los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o
vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de
esta Corte[17] ha señalado los
siguientes:
1)
El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas las circunstancias
infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar
provisional de llegada y los frecuentes riesgos que amenazan directamente su
supervivencia.[18] Los Principios
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno[19], que
contribuyen a la interpretación de este derecho en el contexto del
desplazamiento forzado interno son los Principios 1, 8, 10 y 13, que se
refieren, entre otras cosas, a la protección contra el genocidio, las
ejecuciones sumarias y las prácticas contrarias al derecho internacional
humanitario que pongan en riesgo la vida de la población desplazada.
2)
Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados
y las personas de tercera edad, y de otros grupos especialmente protegidos “en
razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son
obligadas a desplazarse.”[20] La
interpretación de estos derechos deberá hacerse de conformidad con lo que
establecen los Principios Rectores 2, 4 y 9 sobre protección especial a ciertos
grupos de desplazados.
3)
El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del
riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven
forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo. [21] Los Principios
Rectores 5, 6, 7, 14 y 15 contribuyen a la interpretación de este derecho, en
particular, a la determinación de prácticas prohibidas por el derecho
internacional que impliquen una coacción al desplazamiento de las personas, o
su confinamiento en lugares de los cuales no puedan salir libremente.
4)
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión
y de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que precede a los
desplazamientos”[22] y las
consecuencias que dichas migraciones surten sobre la materialización de los
proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a sus
nuevas circunstancias de desposeimiento. Los Principios Rectores 1 y 8 son
pertinentes en la interpretación de estos derechos.
5)
Los derechos económicos, sociales y culturales de los desplazados se ven
afectados por las características propias del desplazamiento.[23] El alcance
mínimo de estos derechos ha sido interpretado de conformidad con los Principios
Rectores 3, 18, 19, y 23 a 27, que se refieren a las condiciones para
garantizar un nivel de vida digna, y el acceso a la educación, la salud, el
trabajo, entre otros derechos.
6)
La unidad familiar[24] y la protección
integral de la familia[25], puesto que el
desplazamiento implica una dispersión de las familias afectadas. Los Principios
Rectores 16 y 17 están dirigidos, entre otros aspectos,  a precisar el alcance
del derecho a la reunificación familiar.
7)
El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida, no sólo porque el
acceso de las personas desplazadas a los servicios esenciales de salud se ve
sustancialmente dificultado por el hecho de su desplazamiento, sino
porque las deplorables condiciones de vida que se ven forzados a aceptar tienen
un altísimo potencial para minar su estado de salud o agravar sus enfermedades,
heridas o afecciones preexistentes.[26] Los Principios
Rectores 1, 2 y 19 precisan el alcance de este derecho en el contexto del
desplazamiento forzado interno.
8)
El derecho a la integridad personal[27] resulta
amenazado tanto por los riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas
desplazadas, como por el alto riesgo de ataques al que están expuestos por su
condición misma de desposeimiento.[28] A este derecho
se refieren los Principios Rectores 5, 6 y 11.
9)
El derecho a la seguridad personal[29], porque el
desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos,
presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y
desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados. Para la
interpretación del alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento
forzado interno son pertinentes los  Principios Rectores 8, 10, 12, 13 y 15.
10)
La libertad de circulación por el territorio nacional[30] y el derecho a
permanecer en el sitio escogido para vivir[31], puesto que la
definición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario
de la migración a otro punto geográfico para allí establecer un nuevo lugar de
residencia. Los Principios Rectores 1, 2, 6, 7 y 14 resultan relevantes para la
interpretación del alcance de estos derechos en relación con la población
desplazada.
11)
El derecho al trabajo[32] y la libertad de
escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se
ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades
habituales. Para la interpretación de estos derechos resultan relevantes los
Principios Rectores 1 a 3, 18, 21, 24 y 25, que establecen criterios para
garantizar medios para la obtención de un nivel de vida adecuado y la
protección de sus propiedades o posesiones.
12)
El derecho a una alimentación mínima[33], que resulta
insatisfecho en un gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza
extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden
satisfacer sus necesidades biológicas más esenciales que repercuten, por ende,
sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales, en
particular sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud.
Ello es especialmente grave cuando el afectado es un menor de edad. Para la
interpretación del alcance de este derecho son pertinentes los Principios
Rectores 1 a 3, 18 y 24 a 27, relativos al nivel de vida adecuado que se debe
garantizar a la población desplazada y a la asistencia humanitaria.
13)
El derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren
un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su
proceso de formación.[34] En relación con
este derecho, resultan relevantes los Principios  Rectores 13 y 23.
14)
El derecho a una vivienda digna[35], puesto que las
personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios
hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones
inapropiadas de alojamiento en los sitios hacia donde se desplazan, cuando
pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este
derecho, los Principios Rectores 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben
ser garantizados a la población desplazada a fin de proveerles vivienda y
alojamiento básicos.
15)
El derecho a la paz[36], cuyo núcleo
esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos
de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados
por el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de
dirigir ataques contra la población civil.[37] Para la interpretación
de este derecho son pertinentes los Principios Rectores 6, 7, 11, 13 y 21 que
prohíben el desconocimiento de las normas de derecho internacional humanitario
que protegen a los no combatientes.
16)
El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del
desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro
como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación
de los representantes legales, cuando se trata de menores de edad que son
separados de sus familias.[38] El alcance de
este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno se encuentra
expresamente consagrado en el Principio Rector 20.
17)
El derecho a la igualdad[39],
por dos circunstancias: (i) porque la condición de desplazado que es la única
que diferencia a la población desplazada de los demás habitantes del territorio
colombiano, es la que precisamente genera la vulneración de los derechos
fundamentales; y (ii) porque el hecho del desplazamiento, en muchas
oportunidades, se produce por la pertenencia de la persona afectada a
determinada agrupación o comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación
respecto de los actores en el conflicto armado por sus opiniones políticas.
Estos criterios han sido proscritos como factores de diferenciación por el
artículo 13 de la Carta.[40]  Los alcances de
este derecho han sido definidos por los Principios Rectores 1 a 4, 6, 9 y 22,
que prohíben la discriminación a la población desplazada, recomiendan la
adopción de medidas afirmativas a favor de grupos especiales dentro de la
población desplazada y resaltan la importancia de que a los desplazados se les
garantice un trato igualitario.
Además, en la medida en
que toda víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de
desplazamiento[41],
de tal condición se derivan los derechos de verdad, justicia y reparación.
El
derecho a la verdad ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional[42]
como el esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las circunstancias del
desplazamiento -agentes causantes (no sólo el grupo armado culpable, sino
también los autores intelectuales y materiales concretos) y móviles de los
agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento forzado, entre otros.
De
este derecho hace parte también la participación del perjudicado dentro del
proceso penal, en cuanto implica conocimiento del curso del proceso y facilita
la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida en que
las víctimas fueron testigos directos del hecho.[43] Reafirman el
derecho a la verdad los Principios Rectores 16.1 y 16.2.[44]
El
derecho a la justicia supone que este delito no debe quedar impune, y en
consecuencia, el Estado debe garantizar el acceso a la administración de
justicia a quien fue víctima del delito y velar por que el hecho punible sea
castigado a través del aparato jurisdiccional.[45]
El
derecho a la reparación y al retorno exige una actuación diligente del Estado
en la efectiva recuperación de los bienes que las víctimas del delito se vieron
compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente, tal y
como lo consagran los principios 28 y 29.2 de los Principios Rectores de los
desplazados internos.[46]
Debido
a los numerosos derechos constitucionales afectados por el desplazamiento y en
consideración a las especiales circunstancias de debilidad, vulnerabilidad e
indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia
constitucional les ha reconocido, con fundamento en el artículo 13
constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un trato preferente por
parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud en la atención de sus
necesidades, puesto que “de otra manera se estaría permitiendo que la
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones,
se agravara.”[47]
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido también que este deber estatal
además de encontrar soporte en el artículo 13 de la Carta, tiene su fundamento
último, en la imposibilidad del Estado para cumplir con la obligación básica de
preservar las condiciones mínimas de orden público necesarias para prevenir el
desplazamiento forzado de personas y garantizar la seguridad de todos sus
asociados. Así lo ha sostenido la Corte:
“(…)
esta Corporación ha considerado que al Estado le compete impedir que el
desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido establecidas para
respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero también
ha dicho que si ‘no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de
sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle  a los cientos de
miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar
condiciones extremas de existencia la atención necesaria para reconstruir sus
vidas.’[48]
Lo anterior comporta que la situación de cada una de las personas y familias
desplazadas por la violencia deba ser un asunto prioritario de las autoridades.”[49]
En
consecuencia, las autoridades están obligadas a tomar medidas especiales a
favor de los desplazados que los hagan menos vulnerables, reparen las
injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se orienten a la
realización efectiva de los derechos que generan un bienestar mínimo que les
permita ser autónomos y autosuficientes.[50] El alcance de
estas medidas se determina de acuerdo a tres parámetros principales: (i) el
principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la
población desplazada, (ii) los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado
Interno, emanados de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y
Social (Ecosoc) de la ONU, en 1998, y (iii) el principio de prevalencia del
derecho sustancial en el contexto del Estado Social de Derecho.[51]
Incluso,
la jurisprudencia constitucional ha llegado a afirmar que las medidas
cautelares[52] adoptadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se incorporan de manera automática
al ordenamiento jurídico interno y que la acción de tutela es un mecanismo
adecuado para conminar a las autoridades públicas para que cumplan lo dispuesto
en ellas, cuando en un determinado asunto hubieren incumplido con sus deberes
constitucionales.[53]
3.5.
La calidad de desplazado se adquiere de facto. Reiteración de jurisprudencia
En
la sentencia T-458 de 2008[54], la Corte
Constitucional reiteró su consolidada línea jurisprudencial en el sentido de
resaltar que la condición de desplazado “es el resultado de una particular
situación de hecho en la cual se encuentra una persona, la cual se caracteriza,
en términos generales, por la coincidencia de los siguientes elementos: (i) en
primer lugar, se presenta una migración dentro de las fronteras del territorio
nacional. (ii) El motivo del traslado obedece a la amenaza, o vulneración
efectiva, que se cierne sobre las libertades fundamentales del Ciudadano. (iii)
Adicionalmente, se observa que dicha afectación guarda un estrecho vínculo con
supuestos relacionados con el conflicto armado o con infracciones de las
garantías consignadas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.”
En
este mismo sentido la Ley 387 de 1997 en su artículo 1 define como desplazado a
“toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
o alteren drásticamente el orden público.”
Dentro
de este contexto, la Corte ha reconocido de manera contundente que, en la
medida en que la condición de desplazado proviene de una especial situación
fáctica de desprotección, no se requiere de un título plasmado en una
declaración administrativa para reclamar la protección especial o reforzada que
el Estado debe otorgar.[55]
En
este mismo sentido, la Corte ha concluido que la inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada, RUPD, constituye básicamente una herramienta
para lograr la identificación de la población desplazada, establecer su
situación socioeconómica y las necesidades básicas insatisfechas, entre otros
aspectos, con el propósito de diseñar  y adoptar medidas eficaces para
atenderla de manera adecuada. Por tanto, “el instrumento creado para lograr
la “identificación” de la población desplazada no puede convertirse en una
barrera de acceso a las prestaciones que buscan garantizar su protección, con
lo cual los efectos que se derivan de la inclusión en el registro son meramente
declarativos y en forma alguna afectan la condición objetiva del
desplazamiento.”[56]
Igualmente,
en la sentencia T-327 de 2001[57], la Corte
precisó que “la inscripción en el RUPD no puede ser la que otorga el
carácter de desplazado, toda vez que la protección de los derechos
fundamentales de aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares a
causa del conflicto armado, no puede condicionarse a una certificación expedida
por determinada autoridad a partir de una valoración subjetiva de una serie de
hechos que se presentan a su consideración.[58] Una conclusión
contraria desconocería el carácter material de la Constitución y la eficacia
directa que caracteriza los derechos fundamentales.”[59]
En
conclusión, para la Corte la inscripción en el RUPD de la población desplazada
no es el acto constitutivo del desplazamiento forzado, sino una herramienta
técnica que busca identificar a ésta población y determinar sus
características, con el fin de actualizar la información de atención y
seguimiento de los servicios prestados por el Estado.[60]
3.6.
La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de
2006.
Según el art. 1
del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte “es
una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte
ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada
Convención y del presente Estatuto.”
La Corte
Interamericana ejerce  dos tipos de funciones, según el artículo 2 de su
Estatuto: (i) la función jurisdiccional, por medio de la cual determina si un
Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno
de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana (se rige
por los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[61]); y (ii) la
función consultiva a través de la cual, responde las consultas que le formulan
los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma, sobre temas
relacionados con la interpretación de la Convención Americana o con otros
tratados relativos a la protección de los derechos humanos (se rige por el
artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[62]).
La
función jurisdiccional está dirigida a aquellos Estados que han ratificado o
adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los cuales se
encuentra el Estado colombiano; mientras que la función consultiva está
dirigida a todos los Estados miembros de la OEA y a los órganos principales de
la misma, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea
General, el Consejo Permanente, la Comisión Interamericana de Mujeres, entre
otros.
El
30 de julio de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra
el Estado de Colombia, originada en las denuncias 12.050 (La Granja) y 12.266
(El Aro) respecto del municipio de Ituango (Antioquia), recibidas el 14 de
julio de 1998 y el 3 de marzo de 2000, respectivamente. Los casos fueron
acumulados por decisión de la Comisión el 11 de marzo de 2004.
En el escrito de
contestación de la demanda del 14 de enero de 2005, el Estado colombiano “acept[ó]
su responsabilidad internacional por la infracción de la obligación de respeto,
en cuanto toca con la violación de los derechos a la vida [artículo 4 de la
Convención Americana], a la integridad personal [artículo 5 de la Convención
Americana], a la libertad personal [artículo 7 de la Convención Americana] y a
la propiedad privada [artículo 21 de la Convención Americana]” de aquellas
personas señaladas en la demanda (…).”[63]
Mediante fallo
del 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana por unanimidad, en primer
lugar,  admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado
por el Estado de Colombia por la violación de los derechos consagrados en la
Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 4 (Derecho a la
Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad
Personal), y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención, en perjuicio
de las personas señaladas en el párrafo 426 de la parte resolutiva de la
Sentencia, y todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) de dicho instrumento, de conformidad con los párrafos 56
a 72 de la Sentencia, con sus consecuencias jurídicas en materia de
reparaciones.
En segundo
lugar, declaró  la violación por parte del Estado colombiano de los siguientes
derechos:
1) El derecho a
la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en relación con el
artículo 1.1 (Obligación de Respectar los Derechos) de la misma, en perjuicio
de las personas señaladas en el numeral 3 de la parte resolutiva.
2) El derecho a
no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, consagrado en
el artículo 6.2 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre) de la Convención,
en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respectar los Derechos) de dicho
Tratado, en perjuicio de las personas indicadas en el numeral 4 de la parte
resolutiva.
3) El derecho a
la libertad personal, consagrado en el artículo de la Convención, en relación
con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho Tratado, en
perjuicio de las personas señaladas en el numeral 5 de la parte resolutiva.
4) El derecho a
la propiedad privada, consagrado en el artículo 21 de la Convención, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma,
en perjuicio de las personas que perdieron bienes en El Aro, quienes se
encuentran señaladas en el párrafo 200.a  de la Sentencia.
5) El derecho
establecido en el artículo 11.2 de la Convención relativo a la
prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y en el
domicilio, en relación con los artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y
1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las
personas cuyos domicilios fueron destruidos en El Aro, quienes se encuentran
señaladas en el párrafo 200.b de la Sentencia.
6) El derecho de
circulación y de residencia, consagrado en el artículo 22 de la Convención, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma,
en perjuicio de las personas desplazadas de El Aro y La Granja, quienes se
encuentran señaladas en los párrafos 225 y 235 de la Sentencia.
7) El derecho a
las medidas de protección que por su condición de menores de edad requerían,
los niños señalados en el numeral 9 de la parte resolutiva, consagrado en el
artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo
1.1 (Obligación de Respetar los Derechos).
8) El derecho a
la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma,
en perjuicio de las víctimas ejecutadas en El Aro y La Granja y sus familiares,
señalados en los párrafos 257 y 265 de la Sentencia.
9) El derecho a
la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención, en
relación con los artículos 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre), 7
(Derecho a la Libertad), 11.2 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 21
(Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia) y
1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma,  en perjuicio de las
personas señaladas en los párrafos 269, 270, 276 y 277 de la Sentencia.
10) El derecho a
la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención,  en
relación el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en
perjuicio de todos los pobladores de La Granja y El Aro.
11) Los derechos
consagrados en los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de todas las personas cuyos
derechos fueron vulnerados, y no se les garantizó el pleno acceso a la
justicia, quienes se encuentran señaladas en el párrafo 344 de la Sentencia.
La Sentencia la
Corte Interamericana precisó que la reparación del daño ocasionado por la
infracción de los anteriores derechos (obligación internacional) requiere,
siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum),
la cual consiste en “el restablecimiento de la situación anterior a la
violación.”  Y de no ser esto posible, como en el presente caso, “el
tribunal internacional debe determinar una serie de medidas para que, además de
garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias
producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una
indemnización como compensación por los daños ocasionados.”[64]
Además, de
manera expresa indicó que la obligación de reparar, que se regula en todos los
aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los
beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o
incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho
interno.[65]
Concretamente,
respecto de las reparaciones señaló que (i) consisten en medidas que tienden a
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas; (ii) su naturaleza
y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial; y
(iii) no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima
o sus sucesores.[66]
En el siguiente
cuadro se presenta el tipo de daño causado con la correspondiente medida de
reparación establecida por la Corte Interamericana en la Sentencia.
Pérdidas
Reparación
Beneficiarios
Daño
Material
1)
Daño emergente:
-
pérdida de bienes muebles  e inmuebles
-
pérdida de 1200 cabezas de ganado
2)
Lucro cesante
Indemnización
tasada en equidad
Víctimas
Daño
Inmaterial
1)
desplazamiento forzado
2)
desposesión
3)
trabajos forzados
4)
tortura psicológica
5)
detenciones arbitrarias
5)
ejecuciones
6)
sufrimiento, angustia moral, terror e inseguridad
1)
Compensación económica:
indemnización
tasada en equidad
2)
Otras formas de reparación:
a)  Obligación del Estado de
investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los
responsables:
- El
Estado debe realizar las debidas diligencias para activar y completar
eficazmente las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos
los autores de la masacre y de las personas responsables por acción o por
omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los
derechos violados.
- El
Estado debe llevar a término el proceso penal sobre las masacres de Ituango,
de forma que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de
los responsables. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente
divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer
la verdad acerca de los hechos del presente caso.
Para
cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el
presente caso, Colombia debe:
i)
remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad;
ii)
utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y
el proceso judicial; y
iii)
otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores,
testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y
otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales
pobladores de Ituango
b) Tratamiento adecuado a los
familiares de las víctimas:
medida
de reparación que busca reducir los padecimientos físicos y psicológicos de
todos los familiares de las víctimas ejecutadas.  Con el fin de contribuir a
la reparación de estos daños, el Tribunal dispone la obligación a cargo del
Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los
servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas
personas, previa manifestación de su consentimiento, y por el tiempo que sea
necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento
psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares
de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares
e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de
una evaluación individual.
c)      Garantías estatales de
seguridad para los ex habitantes del municipio de Ituango que decidan
regresar:
el
Estado deberá garantizarles su seguridad, lo cual deberá incluir la
supervisión de las condiciones prevaleciente en la forma y término que
permitan garantizar dicha seguridad. Si no existieran estas condiciones el
Estado deberá disponer de los recursos necesarios y suficientes para procurar
que las víctimas de desplazamiento forzado puedan reasentarse en condiciones
similares a las que se encontraban antes de los hechos en el lugar que ellas
libre y voluntariamente indiquen.
d) Disculpa pública y
reconocimiento de responsabilidad internacional:
como una medida de
satisfacción para las víctimas y garantía de no repetición de las graves
violaciones de derechos humanos producidas, el Estado deberá reconocer públicamente,
con presencia de altas autoridades, su responsabilidad internacional por los
hechos de las masacres en El Aro y La Granja, y pedir una disculpa a los
familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida por haber
incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad
personal, integridad personal y vida de esas personas, como consecuencia de
las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e
investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la
justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su
perjuicio.
e)
Programa de vivienda:
el
Estado debe implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea
de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus
casas y que así lo requieran.  El Estado debe desarrollar este programa
dentro de un plazo que no excederá cinco años, a partir de la notificación de
la Sentencia.
f) Placa:
el Estado deberá fijar una placa en un
lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El
Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los
hechos que dieron lugar al presente caso. Las placas deberán ser instaladas
dentro del año siguiente a la notificación de la presente Sentencia.  El
contenido de dichas placas deberá ser acordado entre los representantes de
las víctimas y el Estado.
g)     Educación en derechos
humanos:
el Estado deberá
adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos
armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de
protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y
sobre los límites a los que debe estar sometido. Para ello, el Estado deberá
implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos
humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes dentro de las fuerzas
armadas colombianas.
h) Publicación de
las partes pertinentes de la presente Sentencia:
el
Estado publicar dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación
de la presente Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario
de circulación nacional, la Sección de esta Sentencia denominada Hechos
Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte
resolutiva de la misma.
Víctimas
y sus familiares
Como
se puede apreciar a partir del examen del cumplimiento de los estándares y
obligaciones internacionales de derechos humanos se determina la
responsabilidad internacional del Estado por violación de los derechos humanos
de las personas sujetas a su jurisdicción, y una vez establecida se busca la
reparación integral de las víctimas que, además de la indemnización, supone la
restitución, la reparación, la rehabilitación y la garantía de no repetición.
En
nuestro sistema jurídico una reparación similar sólo se lograría con la
conjunción de la acción de reparación directa por daño antijurídico que se
ejerce ante la jurisdicción contenciosa administrativa (centrada en la
indemnización monetaria o reparación material) y la acción penal (investiga y
sanciona a los responsables, cumpliendo con la garantía de no repetición).
Frente
a la posibilidad de un doble pago producto de la instancia internacional y la
jurisdicción contenciosa administrativa, la Sentencia de la Corte
Interamericana prevé que en caso de que algunas de las víctimas hayan obtenido
a nivel interno indemnizaciones a su favor, los montos obtenidos podrán ser
deducidos por el Estado al momento de abonar a dichas personas las reparaciones
pecuniarias fijadas en la Sentencia.[67]
Por
su parte el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
dispone que “[t]odo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”
(pacta sunt servanda); y el artículo 27 que una parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento
de un tratado.
En
consecuencia, las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en desarrollo de su competencia judicial, obligan al
Estado colombiano no sólo a un cumplimiento oportuno sino pleno, sin que sea
admisible una potestad discrecional para escoger cuales cumple y cuales no;
realizar equivalencias entre medidas, por ejemplo, cambiar la asignación de una
vivienda por un subsidio para vivienda, o la asistencia médica especializada
que deben recibir en razón de su particular situación de indefensión, por una
general que haga caso omiso de tal condición; y sin trasladar la responsabilidad
del cumplimiento o del incumplimiento de las medidas a las víctimas, a sus
familiares, a sus representantes, o a todos ellos.
3.7.
El caso concreto
La
Corte Interamericana de Justicia declaró  la violación por parte del Estado
colombiano, con ocasión de las denominadas Masacres de Ituango, de los derechos
a la vida, a no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, a
la libertad personal, a la propiedad privada, a la prohibición de
injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y en el domicilio, a la
circulación y residencia, a la integridad personal, y a las garantías
judiciales, los cuales encajan dentro de los derechos que han sido reconocidos
por la jurisprudencia de esta Corporación como derechos fundamentales
constitucionales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de
desplazamiento forzoso.
Con
fundamento en esta declaración condenó al Estado colombiano a cumplir una serie
de medidas de reparación, señaladas en el cuadro anterior, cuyo objeto esencial
es la plena restitución entendida como el restablecimiento de la situación
anterior a la violación.
Esta
restitución, basada en acontecimientos que sucedieron doce y trece años atrás y
ordenada hace más de tres años por la Corte Interamericana, no ha podido
cumplirse en sus elementos esenciales: obligaciones en materia de atención en
salud, vivienda y seguridad, porque las entidades estatales responsables de la
atención y protección de la población desplazada han exigido el cumplimiento de
requisitos adicionales previstos en la legislación interna para el acceso a las
medidas de reparación previstas por la Corte Interamericana, específicamente la
inscripción en el Sistema de Información para Población Desplazada, SIPOD. La
Sala de Revisión encuentra que con  tal proceder se desconoció:
(i)
El artículo 68.1 de la Convención Americana, el cual  estipula que “los Estados
Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo
caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la
implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus
decisiones.
(ii)
El carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte
Interamericana, las cuales según el artículo 67 de la Convención Americana,
deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
(iii)
El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969, el cual dispone que los Estados Parte no pueden, por razones de orden
interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida; y que
las obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los
poderes y órganos del Estado;
(iv)
La obligación de los Estados Parte en la Convención de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios  en el
plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en
relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es
decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino
también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al
cumplimiento de las decisiones del Tribunal; y
(v)
El compromiso que adquirió el Estado colombiano al reconocer la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana, el 21 de junio de 1985, de cumplir sus
decisiones y asegurar su implementación en el orden interno, de acuerdo con el
artículo 68.1 de la Convención Americana.
Observa
la Corte que en el transcurso de los tres años que han pasado desde la
expedición de la Sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son
múltiples los obstáculos  que han impedido un avance significativo en el
cumplimiento de la Sentencia, originados principalmente en errores de
apreciación e interpretación de los diferentes funcionarios con
responsabilidades en materia de desplazamiento forzado. Entre los más
relevantes se encuentra la transferencia de algunas de las obligaciones del
Estado a los representantes de las víctimas, como por ejemplo, la ubicación de
las víctimas, el establecimiento de sus necesidades y requerimientos, y la
elaboración de listados  con diferentes propósitos, entre otras, como requisito
previo para acceder a las medidas de reparación que les han sido reconocidas.
También ha contribuido de manera decisiva el hecho de que para el cumplimiento
de tales medidas se requiera el concurso de muchas entidades, cuya agenda y
compromisos institucionales, terminan por postergar la atención prioritaria que
la población desplazada demanda por su especial estado de vulneración y
desprotección.
Para
esta Sala, es obligación principal del Estado idear los procedimientos que se
requieran para ubicar a las personas desplazadas, razón por la cual no resulta
admisible que los funcionarios públicos aduzcan el incumplimiento  por parte de
los peticionarios de las víctimas, en el suministro de tal información, para
posponer de manera indefinida el cumplimiento de obligaciones de carácter
internacional que por mandato constitucional prevalecen en el orden interno, e
incluso de las obligaciones establecidas por la ley y la jurisprudencia interna
para garantizar los derechos fundamentales vulnerados de las víctimas y sus
familias.
Como
ya se señaló, la jurisprudencia constitucional ha reconocido y reiterado en
numerosas oportunidades, que en razón a los derechos constitucionales afectados por
el desplazamiento y en consideración a las especiales circunstancias de
debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los
desplazados, esta población tiene derecho a recibir de manera urgente un trato
preferente por parte del Estado en la atención de sus necesidades vitales, que
los haga menos vulnerables y permita la realización efectiva de sus derechos.
Por
tanto, en la medida en que (i) el fallo de la Corte interamericana de Derechos
Humanos determinó de manera expresa las personas que fueron víctimas del
desplazamiento forzado originado por las denominadas Masacres de Ituango,
hechos que fueron investigados y constatados por el organismo internacional y
sobre los cuales el Estado colombiano reconoció su responsabilidad; (ii) las
decisiones judiciales de este Tribunal obligan al Estado colombiano sin que sea
oponible la legislación interna para su cumplimiento; (iii) la población
desplazada por la violencia ha sido reconocida como sujeto de especial
protección debido a la extrema vulnerabilidad en que se encuentra; y (iv) las
autoridades encargadas de garantizar los derechos de la población desplazada y
de velar por el pronto resarcimiento y reparación de los derechos vulnerados no
han actuado con la diligencia que ameritan las circunstancias; la Sala
considera que el Registro Único de Población Desplazada por la Violencia, en
este caso, se ha constituido en un obstáculo insalvable que ha perpetuado la
vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.
Así
las cosas, no
constituye una interpretación armoniosa con esta concepción, ni favorable a los
intereses de la población que se busca proteger, la exigencia de un título plasmado
en una declaración administrativa para reclamar la protección especial o
reforzada que el Estado debe otorgar. En ningún caso, el registro puede
convertirse en  una barrera de acceso a las prestaciones que con él se
pretenden garantizar.
Las
entidades demandadas al exigir a los accionantes víctimas de las denominadas
Masacres de Ituango la inscripción en el Sistema de Información para Población
Desplazada, Sipod, como requisito previo para acceder a algunas de las medidas
de reparación (vivienda, seguridad y servicio médico principalmente) ordenadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 1 de julio
de 2006, vulnera sus derechos fundamentales a la vida digna y a la justicia,
desconociendo con tal proceder no sólo los compromisos internacionales del
Estado colombiano sino también el mandato constitucional y la reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido de dar pronta y oportuna
atención a los grupos de personas que por su situación de indefensión y
vulnerabilidad requieren  especial protección por parte del Estado.
Respecto
de las personas que han sido individualizadas con posterioridad a la expedición
de la sentencia de la Corte Interamericana,  por la organización no
gubernamental Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, esta Sala considera
que están legitimadas para exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales
en materia de desplazamiento forzado, en tanto el Estado no logre desvirtuar su
condición y serán beneficiarias de las medidas de reparación contenidas en la
sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, previstas de manera general para todos los miembros de las poblaciones
afectadas por los hechos violentos que tuvieron lugar en los años de 1996 y
1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro del municipio de Ituango
(Antigua), conocidos como las Masacres de Ituango.
La
Sala procederá entonces a confirmar parcialmente los fallos de instancia en
tanto comparte la tutela de los derechos vulnerados invocados por la
representante de los actores, pero se aparta de la decisión de exigir el
registro de las personas beneficiarias de la sentencia del 1 de julio de 2006
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como requisito adicional para el
cumplimiento de lo ordenado en la misma por las razones antes expuestas.
En
relación con los señores Belisario López George, César Darío Rendón Laura
Restrepo y Amparo Cuadros Cuadros, que según los jueces de instancia no
pudieron acreditar el vínculo con los fallecidos, en tanto hijos, esposos, y
hermanos, la Sala procederá a tutelar sus derechos en la medida en que la
calidad bajo la cual actuaron no fue desvirtuada.
Respecto
de  los ciudadanos Rosalba Martínez Chica, Luis José Naranjo y María Leonor
Mora Villa, se confirmará el fallo de segunda instancia puesto que actuaron sin
especificar ningún vínculo con las víctimas que fallecieron en las masacres de
Ituango, ni la razón por la cual firmaron a nombre de ellas.
La
Corte ordenará entonces a la Agencia Presidencial para la Acción Social dar
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sin más dilaciones. Para estos efectos
deberá emplear todos los medios a su alcance como publicaciones en radio,
prensa y televisión, con cubrimiento nacional y local, incluida la radio
comunitaria, por lo menos una vez al mes en todos los medios y durante el
término de seis meses, en horarios y espacios de alta audiencia, para informar
a la población afectada por las Masacres de Ituango de las medidas de
reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las
personas individualizadas en dicho fallo y del procedimiento a seguir para
acceder a ellas, así como de los programas de apoyo integral a la población
desplazada que ofrece al Gobierno Nacional para el resto de afectados por los
hechos violentos acaecidos en los corregimientos de La Granja en 1996 y El Aro
en 1997, del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia.
Igualmente,
se conmina al Ministerio de Relaciones Exteriores a ejercer una función de
coordinación efectiva en la que se ilustre de manera adecuada y oportuna a las
diferentes entidades del Estado responsables de la atención de la población
desplazada por la violencia, de la necesidad de cumplir con los fallos
judiciales de los organismos internacionales, pero sobre todo, de las
implicaciones que tiene para una población especialmente vulnerable por su
situación de indefensión, el incumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales para el goce y garantía efectiva de sus derechos.
IV.    DECISION
En mérito de lo anterior, la Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR parcialmente
los
fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia, Sala de Decisión Penal, por sentencia del 30 de septiembre de 2009 y
la Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Penal, el 20 de noviembre de
2009, dentro de la acción de tutela instaurada por Dora Luz Correa García y
otros contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina Presidencial
para la Acción Social, en tanto se tutelan los derechos de los accionantes,
pero se revoca la exigencia del registro de las personas beneficiarias de la
sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como requisito adicional para el cumplimiento de lo ordenado en la
misma, prevista en el ordinal segundo de la sentencia del 30 de septiembre de
2009 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, orden que a su
vez fue confirmada en la sentencia del 20 de noviembre de 2009 proferida por la
Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
Segundo.- TUTELAR
los derechos a la vida digna y a la justicia de Amparo Cuadros (hermana del
fallecido Alberto Elías Cuadros), José Belisario López George (hijo de la
fallecida Margarita George), César Darío Rendón (esposo de Neida del Socorro
Pérez) y Laura Restrepo (hija del fallecido Manuel Guido Restrepo), en los
términos de la parte motiva de esta sentencia.
Tercero.-
ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social informar a través de radio,
prensa y televisión, con cubrimiento nacional y local, incluida la radio
comunitaria, por lo menos una vez al mes en todos los medios y durante el
término de seis meses, en horarios y espacios de alta audiencia, a la población
afectada por las Masacres de Ituango de las medidas de reparación ordenadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las personas individualizadas
en dicho fallo y del procedimiento a seguir para acceder a ellas, así como de
los programas de apoyo integral a la población desplazada que ofrece al
Gobierno Nacional para el resto de afectados por los hechos violentos acaecidos
en los corregimientos de La Granja en 1996 y EL Aro en 1997, del municipio de
Ituango en el departamento de Antioquia.
El
término de seis (6) meses previsto para efectuar las publicaciones señaladas no
pospone el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana hasta que se
consolide un número determinado de beneficiarios, por el contrario, éstos
deberán ser reparados en la medida en que se vayan presentado ante las
entidades y organismos previstos en todo el territorio nacional por la Agencia
para el efecto.
Cuarto.- Conminar al
Ministerio de Relaciones Exteriores a ejercer una función de coordinación
efectiva en la que se ilustre de manera adecuada y oportuna a las diferentes
entidades del Estado responsables de la atención de la población desplazada por
la violencia, de la necesidad de cumplir con los fallos judiciales de los
organismos internacionales, pero sobre todo, de las implicaciones que tiene
para una población especialmente vulnerable por su situación de indefensión, el
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales para el goce y
garantía efectiva de sus derechos.
Quinto.-
Por
Secretaria General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] “ARTICULO
1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente
el orden público.
PARAGRAFO.
El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de
desplazado.”
“ARTICULO
32. DE LOS BENEFICIOS CONSAGRADOS EN ESTA LEY. Artículo modificado por el
artículo 32 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto es el siguiente: Tendrán
derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente ley, los
colombianos que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1
de la misma y que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la
Nación, o ante la Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales o
Distritales, en formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social.
Cualquiera de estos organismos que reciba la mencionada declaración remitirá
copia de la misma, a más tardar el día hábil siguiente, a la Red de Solidaridad
Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o
municipal, para su inscripción en el programa de beneficios.
PARÁGRAFO.
Cuando se establezca que los hechos declarados por quien alega la condición de
desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga
la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.”
[2] Sentencia T-025 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[3] Ibídem.
[4] La Corte Interamericana
de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional el Estado
colombiano por la violación de múltiples derechos reconocidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, por
los hechos ocurridos en los corregimientos de La Granja en 1996 y El Aro en
1997, del municipio de Ituango (Antioquia).
[5] Folios 5-22 del
expediente.
[6] Folios 22-23 del
expediente.
[7] “Artículo 3. Funciones. (…). 6.
Ser interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones oficiales que
se adelanten entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros
países, así como con los organismos internacionales. (…) 9. Coordinar, en
materia de relaciones exteriores, las Agencias del Estado y las actividades de la
Administración Pública, en todos sus órdenes y niveles.”
Artículo
21. Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Son
funciones de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, las siguientes: (…) 2. Promover y desarrollar las acciones estratégicas
necesarias para la atención y el manejo de los temas de derechos humanos y
Derecho Internacional Humanitario en el ámbito internacional. (…) 7. Transmitir
a las entidades estatales pertinentes las solicitudes de acción urgente que le
formulen al Estado colombiano los organismos internacionales de protección de
los derechos humanos ante amenazas o situaciones especiales de riesgo, hacer
seguimiento de las medidas adoptadas en virtud de tales amenazas o situaciones
y presentar los informes periódicos a que haya lugar. 8. Coordinar el manejo de
los casos individuales, que por posibles violaciones de derechos humanos, sean
denunciados internacionalmente y transmitidos al Gobierno de Colombia por los
organismos internacionales de protección, y definir las pautas que deben
tenerse en consideración en relación con actuaciones de especial trascendencia
jurídica. (…)”.
[8] Sentencia T-558 de 2003
(MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[9] En la Sentencia
T-730 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño) la Corte dijo: “2.  Por una parte,
si la acción de tutela pudiera interponerse varios años después de ocurrido el
agravio a los derechos fundamentales, carecería de sentido la regulación que el
constituyente hizo de ella.  De esa regulación se infiere que el suministro del
amparo constitucional está ligado al principio de inmediatez, es decir, al transcurso
de un prudencial lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de los
derechos y la interposición del mecanismo de protección. Nótese que el
constituyente, para evitar dilaciones que prolonguen la vulneración de los
derechos invocados y para propiciar una protección tan inmediata como el
ejercicio de la acción, permite que se interponga directamente por el afectado,
es decir, sin necesidad de otorgar poder a un profesional del derecho; orienta
el mecanismo al suministro de protección inmediata; sujeta su trámite a un
procedimiento preferente y sumario; dispone que la decisión se tome en el
preclusivo término de diez días; ordena que el fallo que se emita es de
inmediato cumplimiento y, cuando se dispone de otro medio de defensa judicial,
permite su ejercicio con carácter transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.”
[10] Sentencia T- 678 de 2006 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández).
[11] Sentencia T-173 de 2002
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[12] Sentencias T-678 y 1009 de 2006 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería); y T-299 de 2009 (MP. Mauricio
González Cuervo).
[13] Sentencia T-299 de 2009 (MP. Mauricio González
Cuervo).
[14] Sentencia T-158 de 2006 (MP. Humberto Antonio
Sierra Porto).
[15] Sentencia T-821 de 2007 (MP.  Catalina Botero
Marino. SV. Jaime Araújo Rentería).
[16] Sentencias T-740 de 2004 y
T-1076 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-175 de 2005 (MP. Jaime Araujo
Rentería); T-1094 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-563 de 2005 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra); T-882 y T-1144 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y
T-468 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[17] Sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[18]
Sentencia SU-1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[19] Emanados
de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la
ONU, en 1998.
[20]
Sentencia T-215
de 2002 (MP. Jaime
Córdoba Triviño).
[21]
Sentencia T-227
de 1997 (MP.
Alejandro Martínez Caballero).
[22]
Sentencia SU-1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[23]
Sentencia T-098
de 2002 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[24]
Sentencia SU-1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[25]
Sentencia T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[26]
Sentencia T-645 de 2003 (MP. Alfredo Beltrán Sierra).
[27] Sentencias T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo);  T-327 de 2001 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra); y T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[28] Sentencia T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[29]
Sentencias T-258
de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); y T-795 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[30]
Sentencias T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-327 de 2001
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);  T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil);  y
T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[31] Sentencia
T-227 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[32] Sentencias
T-669 de 2003 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo); T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1346 de 2001 (MP.
Rodrigo Escobar Gil); y T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[33]
Sentencia T-098
de 2002 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[34]
Sentencia T-215 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[35]
Sentencia T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[36]
Sentencia T-721
de 2003 (MP. Álvaro
Tafur Galvis).
[37]
Sentencia C-328 de 2000 (MP.  Eduardo Cifuentes Muñoz).
[38]
Sentencia
T-215 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[39]
Sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[40] Sentencia T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[41] Artículo 159 del Código Penal: "Deportación,
expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. El que con
ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación
militar, deporte, expulse, o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento
a la población civil, incurrirá (…)."
Artículo
17, Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra: "1. No se podrá
ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el
conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o
razones militares imperiosas.  Si tal  desplazamiento tuviera que efectuarse,
se tomarán las medidas posibles para que la población civil sea acogida en
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y
alimentación.
2. No se podrá forzar a las personas civiles a
abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto."
[42] Sentencias T-275 de 1994 (MP. Alejandro Martínez
Caballero); C-293 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz. SV. Antonio Barrera
Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón
Díaz); y SU-717 de 1998 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[43] Sentencia
T-275 de 1994 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[44] "1. Los desplazados internos tienen derecho
a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos.
2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar
el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán
con los organismos internacionales competentes dedicadas a esta labor.
Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les
notificarán los posibles resultados."
[45] Sentencia T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[46] “PRINCIPIO
28: “1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad
primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan
el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o
su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte
del país. Esas autoridades tratarán  de facilitar la reintegración de los
desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.
2.
Se harán esfuerzos especiales para asegurar la plena participación de los
desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su
reasentamiento y reintegración”.
“PRINCIPIO
29: "2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la
responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan
regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la
medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las
que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible,
las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización
adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que
la obtengan."
[47]
Sentencias T-602
de 2003 (MP. Jaime
Araujo Rentería);
y T-669 de 2003 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[48]
Sentencia SU- 1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[49] Sentencia T-721 de 2003 (MP.  Álvaro Tafur Galvis).
[50]
Sentencia T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[51] Sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[52] En relación con este tipo de medidas ha dicho la
Corte: “La naturaleza jurídica de las medidas cautelares sigue siendo la
misma, es decir, se trata de un acto jurídico adoptado por un organismo
internacional de protección de los derechos fundamentales mediante el cual se
conmina al Estado demandado para que adopte, en el menor tiempo posible,  todas
las medidas necesarias, de orden administrativo o judicial, a fin de que cese
una amenaza que se cierne sobre un derecho humano determinado. La práctica de la
CIDH en la materia muestra además que tales medidas, decretadas por un órgano
de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser adoptadas en el curso de un
proceso que se adelante contra un Estado Parte o incluso sin que haya sido
presentada aún la demanda, es decir, como una especie de medida cautelar
previa.” Ver: Sentencia T-558 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[53] Sentencias
T-327 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra) y T-558 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández). En ésta última providencia dijo la Corte: “es necesario tomar en
consideración que las medidas cautelares aluden no a situaciones generalizadas
de violaciones de los derechos humanos en un Estado sino a casos concretos,
particularizados, con beneficiarios determinados, que apuntan a salvaguardar
los derechos a la vida e integridad personal de éstos, razón por la cual, no es
de recibo el argumento de que el Estado destinatario de las medidas cautelares
goce de absoluta liberalidad para cumplir o no lo decidido por la CIDH, tanto
menos y en cuanto el otorgamiento de aquéllas no constituye prejuzgamiento
sobre el fondo de la cuestión.”
[54] MP.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[55] Sentencia T-458
de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[56] Sentencia T-328
de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño). Ver también sentencia T-563 de 2005 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[57] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[58] Ver al respecto las sentencias T-327 de 2001 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-268 de 2003 (MP.      Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[59] Ver también, sentencia T-468 de 2006 (MP. Humberto Antonio
Sierra Porto).
[60] Sentencias
T-258
de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-327 de 200l (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra); T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-602 de 2003
(MP. Jaime Araújo Rentería); T-721 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-985 de
2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-1215 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández); T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-740 de 2004 (MP.
Jaime Córdoba Triviño); T-1094 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa);
T-175 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería); T-563 de 2005 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra); T-882 de 2005 (MP. Álvaro
Tafur Galvis); T-1076 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-1144 de 2005 (MP. Álvaro Tafur
Galvis); T-086 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-468 de 2006 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto);  T-328 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño);  T-496 de
2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño);  T-611 de 2007 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla); T-630 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); T-821 de 2007 (MP.
Catalina Botero Marino);  T-056
de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-458 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto); T-647 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. AV. Jaime Araújo
Rentería); T-006 de 2009 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); y  T-042 de 2009
(MP. Jaime Córdoba Triviño).
[61] “Artículo 61
1.    Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a
someter un caso a la decisión de la Corte. // 2.    Para que la
Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los
procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.”
“Artículo 62  1.
Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o
aplicación de esta Convención.// 2.    La declaración puede ser
hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario
General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros
Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. //
3.    La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta
Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan
reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como
se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”
“Artículo 63 1. Cuando decida que
hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de
esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. //
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté
conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere
pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su
conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”
[62] “Artículo 64  1. Los Estados miembros
de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de
esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los
derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en
los que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos
Aires. // 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización,
podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes
internas y los mencionados instrumentos internacionales.”
[63] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango Vs.
Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006, p. 5.
[64]  Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango Vs.
Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 347.
[65]  Ibídem.
[66] Ibídem, párrafo 348.
[67] Párrafo
365.