T-691-15
Sentencia T-506/12
Sentencia T-691/15
ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional
En cuanto a la posibilidad de solicitar el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez, en concreto, mediante acción de tutela, cabe reiterar que en principio, en
virtud de su carácter residual y subsidiario, ella resulta improcedente para
buscar esas pretensiones debido a que para tales efectos existen otros
mecanismos ordinarios de defensa judicial, como las acciones laborales
ordinarias o la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho. No obstante, se exceptuará la regla anterior cuando se evidencie
la necesidad de actuar con prontitud para evitar un perjuicio irremediable y
proteger otros derechos fundamentales de quien solicita el amparo.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL
ESTADO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y
DERECHO AL TRABAJO-Permanencia en el empleo como medida de protección a especial
condición
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA-Se aplica a aquellos trabajadores que sufren una
disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Carece de todo efecto despido o terminación de contrato sin
la autorización previa del Ministerio de Trabajo
TRAMITE DE INCAPACIDADES LABORALES DE
ORIGEN COMUN
Frente al reconocimiento de la
incapacidad generada por enfermedad común o general el tramite será el
siguiente: (i) las Entidades Promotoras de Salud del Sistema de Salud, son las
responsables, en principio, del pago de las incapacidades originadas por los
primeros 180 días, (ii) tratándose del pago de las incapacidades mayores a 180
días corre por cuenta de la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se
encuentre afiliado el trabajador, prorrogable hasta que se produzca el dictamen
de invalidez por lo menos 360 días adicionales, (iii) tratándose de la pérdida del
50% o más de la capacidad laboral el fondo de pensiones deberá reconocerle al
trabajador la pensión de invalidez, (iv) si el trabajador no consigue el
porcentaje mínimo requerido para consolidar el derecho pensional, y por su
estado de salud le siguen ordenando incapacidades laborales, le corresponderá
al fondo de pensiones continuar con el pago de éstas.
INCAPACIDAD
LABORAL-Pago sustituye
salario
El pago de incapacidades laborales
sustituye al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado
de sus labores por enfermedad debidamente certificada, según las disposiciones
legales. No solamente se constituye en una forma de remuneración del trabajo
sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse
satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse
por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el
objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia.
INCAPACIDAD
LABORAL DE ORIGEN PROFESIONAL Y DE ORIGEN COMUN-Normatividad
aplicable
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
INCAPACIDADES LABORALES-Reglas
jurisprudenciales
El pago de las incapacidades tiene como finalidad resguardar
varios derechos fundamentales que se pueden ver afectados al disminuirse las
capacidades físicas o mentales del trabajador para acceder a una suma de dinero
con el cual solventar una vida en condiciones de dignidad. cuando la enfermedad
o accidente genere una incapacidad laboral, ésta debe ser pagada los tres (3)
primeros días por el empleador, del día cuatro (4) al ciento ochenta (180)
corresponde el pago a la EPS y del día ciento ochenta y uno (181) en adelante y
hasta por ciento ochenta (180) días más debe ser pagado por la administradora
de fondos pensionales, que pueden ser prorrogados por ciento ochenta (180) días
adicionales hasta tanto se haga el dictamen de pérdida de capacidad laboral.
PENSION
DE INVALIDEZ-Finalidad
PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos para
obtener reconocimiento y pago
FECHA DE
ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ-Concepto
FECHA DE ESTRUCTURACION DE INVALIDEZ
POR PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Se deben tener en
cuenta historia clínica y exámenes médicos
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de
la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y AL TRABAJO-Orden a Empresa de Servicios Públicos cancelar a
accionante los montos correspondientes a indemnización de que trata el artículo
26 de la Ley 361 de 1997
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y
AL TRABAJO-Orden a Empresa de Servicios
Públicos activar de manera inmediata al actor en el Sistema de Seguridad Social
en salud en calidad de empleado de la empresa
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y AL TRABAJO-Orden a Protección recaudar pruebas necesarias y que
hagan falta para calificar cabalmente la pérdida de capacidad laboral del actor
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y
AL TRABAJO-Orden a Protección adelantar trámites pertinentes para
que accionante sea calificado bajo la responsabilidad de dicha entidad, por
funcionarios que representen a la misma y según los lineamientos legales del
artículo 41 de la Ley 100 de 1993
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y AL TRABAJO-Orden
a Protección que de ser calificado el accionante con pérdida de capacidad
laboral superior al 50% proceda a reconocer y pagarle la pensión de invalidez,
una vez verificados los requisitos de ley y de haber lugar a ella
Referencia: expediente T-5.049.495
Acción de tutela instaurada por Gilberto Motivar Suárez contra la Empresa
Municipal de Servicios Públicos de Villa de Leyva E.S.P.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., once
(11) de noviembre de dos mil quince (2015)
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de
tutela dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, en la
acción de tutela interpuesta en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
El señor Gilberto Motivar Suárez,
actuando por medio de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la Empresa
Municipal de Servicios Públicos de Villa de Leyva “ESVILLA E.S.P.” (de ahora en
adelante ESVILLA E.S.P.[1])
invocando la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad
con la vida, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad
social, presuntamente vulnerados por la accionada por haberlo despedido injustamente,
sin reconocimiento de su precario estado de salud por enfermedad profesional y desconociendo
su expectativa de obtener una pensión, la cual, indica, le fue negada en el
Fondo de Pensiones por falta de cotizaciones.
1.
Hechos.
1.1.
Expone la apoderada que el accionante, de 50 años de edad, prestó
sus servicios como recolector de los residuos sólidos del municipio de Villa de
Leyva, sin que se le afiliara a seguridad social, de manera que desde el año de
1996 hasta 1999 trabajó en la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva “ESVILLA
E.S.P.” El 30 de noviembre de 1999 se expidió la resolución núm. 389 mediante
la cual lo nombraron auxiliar de servicios generales de la empresa municipal de
servicios públicos de Villa de Leyva ESVILLA E.S.P.
1.2.
Manifiesta que al
tiempo de su vinculación con la empresa se encontraba bien de salud, pero en
razón de su actividad repetitiva, consistente en agacharse, recoger del suelo
bolsas de papel con cada mano, correr tras el vehículo recolector soportando
frío y calor, le resultó un ganglio en el dorso de la mano derecha en el año de
1998, por el cual requirió cirugía.
1.3.
Señala que a
principios del año 2013 comenzó a sentir dolencias en las articulaciones de
manos, brazos, pies, piernas, cintura y en general en todo el cuerpo.
1.4.
Indica que en junio
de 2013 acudió a la E.P.S. debido a una “lumbalgia en los miembros inferiores,
compromiso inflamatorio de todas las vértebras lumbares, en donde lo atendieron
como una enfermedad general, resultando con artritis gotosa degenerativa”, por
lo cual se mantuvo inactivo durante 4 meses, según manifiesta, y con “las
manos torcidas durante más de un mes”.
1.5.
Pone de presente
que el estado de salud de su poderdante le impidió volver a trabajar toda vez
que le prescribieron incapacidades médicas hasta de 8 y 15 días en varias
ocasiones -teniendo la última fecha del 12 al 31 de mayo de 2014-.
1.6.
Expone que a
petición del actor, Saludcoop, mediante oficio del 1º de mayo de 2014, le
informó al señor Gilberto Motivar Suárez que había acumulado 276 días de
incapacidad por lo que procederían a certificarle dicha información para que
procediera con las gestiones correspondientes para el reconocimiento de una
posible pensión de invalidez.
1.7.
Sostiene que el 15
de mayo de 2014 la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Villa de Leyva
ESVILLA E.S.P. le comunicó al señor Gilberto Motivar Suárez que daba por
terminado su contrato de trabajo, iniciado en diciembre 1º de 1999, por haber
cumplido más de 180 días de incapacidades, lo que constituía una causal de
terminación por justa causa.
1.8.
Precisa que a
partir del 1º de junio de 2014 Saludcoop dejó de ofrecer sus servicios al
accionante.
1.9.
Finalmente, apunta
que en el fondo de pensiones Protección le indicaron de viva voz que no tenía
derecho a la pensión de vejez, toda vez que no cumplía con los requisitos de
ley puesto que le faltaban cotizaciones.
Por lo
anterior, solicita le sean amparados los derechos invocados; se le reintegre a
la empresa reubicándolo en un cargo que no le agrave su estado de salud; le sean
pagados los salarios y prestaciones sociales que ha dejado de percibir desde el
1º de junio de 2014 hasta el momento del reintegro; que se le reconozcan los
aportes al Sistema de Seguridad Social, salud, pensión y riesgos profesionales;
se le pague la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, por las circunstancias en que fue despedido, y que su
incapacidad se califique como de origen laboral, ya que la contrajo en la
empresa después de 18 años de servicios prestados.
2.
Trámite
procesal.
Mediante auto proferido el 24 de febrero
de 2015, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, Boyacá, admitió la
acción de tutela y corrió traslado a la Empresa de Servicios Públicos de Villa
de Leyva.
3.
Contestación de la
entidad accionada.
ESVILLA
E.S.P., mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2014, manifiesta que las
pretensiones del accionante no están llamadas a prosperar toda vez que la
empresa en ningún momento desconoció los derechos fundamentales invocados como
vulnerados por el accionante.
Lo
anterior, bajo el argumento de que en varias ocasiones hubo llamados de
atención al demandante, los que incluso conllevaron a la apertura de un proceso
disciplinario; que la gota es una enfermedad de origen común en la que influye
que haya antecedentes familiares, “problemas con el funcionamiento de los
riñones, consumir alimentos como la carne roja, alcohol y tabaco, incluso la
ingesta de medicamentos diuréticos o aspirina”; que la empresa cumplió sus
obligaciones como empleador y que el señor Motivar Suárez debió haber acudido a
los mecanismos legales de protección para su situación después de cumplir con
180 días de incapacidad, procedimiento que debía surtirse, según manifiesta,
ante su EPS y su fondo de pensiones.
4.       Decisión judicial de primera instancia.
Mediante fallo del 9 de marzo de 2015,
el Juzgado Promiscuo Municipal
de Villa de Leyva rechazó por improcedente la tutela iniciada por el señor Gilberto
Motivar Suárez, exponiendo que la acción no puede ser empleada para “revivir
términos y oportunidades procesales vencidas ni para convalidar el descuido y
negligencia de las personas que intervinieron en un proceso judicial,
administrativo o especial, sin hacer uso efectivo de los recursos a su alcance,
y que contempla el legislador justamente para proteger sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa material”, al considerar que
fue negligente al interponerla casi ocho (8) meses después de su despido.
La anterior decisión fue impugnada y remitida
para su conocimiento al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja.
5.    Impugnación.
Señala que el
poderdante precisamente no presentó ninguna reclamación “por el estado de
indefensión, de gravedad en su salud y estado económico en que quedó”. De
igual manera, sostiene que la Corte Constitucional ha indicado que los jueces
no pueden concentrarse únicamente en la configuración del principio de
inmediatez, sino que deben tener en cuenta que la vulneración persista. Así
mismo, señala que la demandada vulneró el derecho a la estabilidad laboral
reforzada del señor Motivar Suárez, toda vez que no hubo calificación previa a
su despido.
6.    Decisión judicial de segunda instancia.
El Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja resolvió el recurso con providencia de fecha 4 de
mayo de 2015, mediante la cual confirmó integralmente el fallo de primera
instancia.
Lo anterior,
bajo el argumento de que el contrato de trabajo terminó el 15 de mayo de 2014[2] y el
aquí accionante no ejerció acción alguna ante la jurisdicción ordinaria laboral
ni contencioso administrativa, pese a tratarse de acciones idóneas y eficaces
para la protección de los derechos invocados en la demanda de tutela. Así
mismo, manifestó que el principio de inmediatez no se configuró toda vez que el
accionante interpuso la acción ocho (8) meses después de la supuesta
vulneración, el 24 de febrero de 2015.
7.    Pruebas.
7.1.
Allegadas por el accionante
-
Fotocopia del oficio de fecha 15 de mayo de
2014, suscrito por el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Villa de
Leyva ESVILLA E.S.P., mediante el cual se comunica al señor Motivar Suárez la
terminación del contrato de trabajo celebrado el 1º de diciembre de 1999, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, es decir,
con justa causa por haber superado su incapacidad médica, más de 180 días, a
partir del 30 de mayo de 2014 (folio 10 del cuaderno
principal de tutela).
-
Fotocopias de las
órdenes médicas mediante las cuales se agenda al señor Motivar Suárez cita prioritaria
de ortopedia y traumatología, de fecha 31 de mayo de 2012; certificado de
ingreso a Saludcoop EPS, que describe la Epicrisis del señor Motivar, de fecha
12 de junio de 2013; control por consulta externa de neurocirugía, de fecha 22
de junio de 2013; control por consulta externa (medicina interna), de fecha 22
de junio de 2013; certificado de la incapacidad ordenada por Saludcoop del día
12 al día 26 de junio de 2013; orden de fisioterapia por diagnóstico de
lumbociática, de fecha 22 de junio de 2013 (folios 11
- 17 del cuaderno principal de tutela).
-
Fotocopia de la
Historia Clínica del accionante y los exámenes ordenados. (folios 18-42 del cuaderno principal de tutela).
-
Fotocopia de 13 incapacidades
emitidas por Saludcoop EPS, entre el 22 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014
(folios 43-55 del cuaderno principal de tutela).
-
Fotocopia del
documento emitido por la empresa ESVILLA E.S.P., que certifica que el señor
Motivar estuvo vinculado a ella del 1º de diciembre de 1999 al 30 de mayo del
año 2014, en el cargo de auxiliar de servicios generales (folio 56 del del cuaderno principal de tutela).
-
Copia del registro
civil de matrimonio y nacimiento del accionante (folio 57 del cuaderno principal de tutela).
-
Copia de la
Sentencia T-050 del 2011 de la Corte Constitucional, relacionada con el tema de
terminación unilateral del contrato de trabajo y el derecho a la estabilidad
laboral reforzada de persona en estado de debilidad manifiesta (folios 59-75 del cuaderno principal de tutela).
7.2.
Pruebas allegadas
por ESVILLA E.S.P.
­   Poder para actuar del Gerente de
ESVILLA E.S.P., decreto de nombramiento del Gerente de ESVILLA E.S.P. y acta de
posesión (folios 92-95 del cuaderno principal de tutela).
­   Copia de los estatutos de ESVILLA
E.S.P. (folios 96-106 del cuaderno principal de tutela).
­   Copia de la Resolución a través de la
cual el señor Gilberto Motivar se incorporó a la empresa como trabajador
oficial (folio 107 del cuaderno principal).
­   Copia de los memorandos consignados en
la historia laboral del demandante y de una acción disciplinaria en su contra
(folios 108-119 del cuaderno principal de tutela).
­   Copia de certificado e incapacidad
médica expedida por el Hospital San Francisco del Municipio de Villa de Leyva, el
5 de junio de 2002 (folio 120 del cuaderno principal de tutela).
­   Copia del oficio dirigido al
accionante en el año 2000 por parte del Gerente de la Empresa en relación con
la entrega de documentación indispensable para las afiliaciones al sistema de
seguridad social (folio 121 del cuaderno principal de tutela).
­   Copia del oficio dirigido al
accionante el 5 de mayo de 2014, suscrito por el Gerente de la Empresa,
mediante el cual comunica al accionante que solo se tendrá en cuenta las
incapacidades allegadas a la empresa y lo requiere para que envíe la de fecha 3
de marzo al 10 abril so pena de considerar que para esa época hubo abandono del
cargo (folio 122 del cuaderno principal de tutela).
­   Copia de la nómina en la cual se
relacionan los pagos efectuados al accionante asumidos por la empresa durante
el tiempo en que estuvo incapacitado y del reporte de dicha novedad (folio
123-134 del cuaderno principal de tutela).
­   Copia de la liquidación de
prestaciones sociales y comprobante de pago al accionante (folios 135-141 del
cuaderno principal de tutela).
­   Copia de la respuesta emitida el 1º de
mayo de 2014 por Saludcoop EPS al señor Motivar, mediante la cual se le informa
que los primeros 180 días consecutivos de incapacidad por una misma enfermedad
están a cargo de la EPS, y a partir del día 181 dicho reconocimiento pasa a ser
responsabilidad de los fondos de pensiones (folio 142 del cuaderno principal de
tutela).
­   Copia de la respuesta proferida por la
EPS Saludcoop, de fecha 3 de junio de 2014, mediante la cual se informa al
accionante acerca del inicio del trámite de pensión de invalidez ante el fondo
de pensiones respectivo (folio 143 del cuaderno principal de tutela).
II.
TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE REVISIÓN.
1.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 57
del Acuerdo 05 de 1992 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), que
faculta a esta Corporación para decretar pruebas en sede de revisión[3], esta Sala, mediante auto de 26 de octubre de 2015, resolvió:
“Primero.
ORDENAR a ESVILLA E.S.P.: (i) se sirva enviar a esta Corte el contrato
que suscribió con el señor Gilberto Motivar Suárez, identificado con la cédula
de ciudadanía número 6’.773.031 de Tunja; (ii) indicar la fecha y razones por
las cuales el señor Gilberto Motivar Suárez fue desvinculado de su cargo; (iii)
allegar los comprobantes de pago de los aportes a seguridad social efectuados
al señor Motivar durante los años 2013 y 2014; y (iv) informar si antes de la
fecha en que suscribió contrato formal con el señor Gilberto Motivar Suárez él
prestó algún otro servicio para la empresa y bajo qué figura contractual.
Segundo.
VINCULAR a la Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo “Saludcoop”,
a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada
“COMPARTA E.P.S`S”, a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección
S.A., a Positiva Compañía de Seguros S.A. (ARL) y a la Administradora de
Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales, toda vez que después
la decisión proferida dentro de este proceso de tutela pueden afectarse sus
intereses, a fin de que acompañe este asunto hasta las resultas del proceso.
Tercero.
ORDENAR a la Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo “Saludcoop”,
remitir a esta entidad, dentro del término de los tres (3) días siguientes a la
notificación de este auto, el dictamen de la pérdida de la capacidad laboral
del señor Gilberto Motivar Suárez en caso de habérsela practicado al accionante
en algún momento.
Cuarto.
ORDENAR a la Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación del presente auto, informe a la Corte
Constitucional: (i) cuál es la situación actual respecto de la situación
pensional del señor Gilberto Motivar Suárez ante esa entidad y, en caso de no
haber sido concedida pensión alguna, (ii) indicar los requisitos con los que
debe cumplir el señor Gilberto Motivar para la obtención del beneficio. Así
mismo (iii) solicita se sirva allegar su historia laboral.
Quinto.
ORDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A. que proceda a calificar la pérdida de la capacidad laboral del
señor Gilberto Motivar Suárez dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del presente auto, indicando el origen de la enfermedad en caso de
tenerla, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral.
Sexto. Proceda
la Secretaría General de esta Corporación a librar las comunicaciones
correspondientes y remitir copia del texto de tutela y sus anexos a las
entidades vinculadas.”
2.     La
Líder de Determinación de Condición de Invalidez (E) de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A., mediante escrito de fecha 10 de noviembre de
2015, allegó memorial para dar cumplimiento a los numerales cuarto y quinto del
auto de pruebas de fecha 26 de octubre de 2015. De igual forma anexó la
siguiente documentación:[4]
­
Copia de las
solicitudes de la historia clínica completa con exámenes y ayudas
diagnósticas dirigidas a la apoderada judicial del señor Motivar Suárez, al
accionante y a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de
Salud Subsidiada “COMPARTA E.P.S`S”, de fecha 9 de noviembre de 2015 (folios 25-27
del tercer cuaderno de tutela).
­
Certificado expedido por el fondo Protección para hacer constar
que en sus registros figuran los aportes obligatorios que relacionan en el
Estado de Cuenta que adjuntan (folio 162 del tercer cuaderno de tutela).
3.     La
apoderada de Positiva Compañía de Seguros S.A. (ARL), mediante escrito de fecha
5 de noviembre de 2015, allegó memorial con ocasión de la vinculación de esa
compañía a la acción de tutela, instaurada por el señor Gilberto Motivar Suárez.
Junto con el memorial anexó la siguiente documentación:[5]
­
Copia de la historia clínica de enfermedad general.
­
Copia de 3 incapacidades de enfermedad general expedidas en el
año 2013.
­
Escritura Pública núm. 1494 otorgando poder general a la abogada
Yuli Paola Santisteban Osorio.
4.     En
relación con las pruebas solicitadas a ESVILLA E.S.P. y a la Entidad Promotora
de Salud Organismo Cooperativo “Saludcoop”, la Secretaría General de esta Corte,
mediante oficio de 12 de noviembre de 2015, certificó que vencido el término
probatorio no se allegaron más pruebas.[6]
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Esta Sala es competente
para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento
del problema jurídico.
Con base en los hechos descritos en el caso reseñado,
concierne a esta Sala de Revisión establecer si una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal
vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad
laboral reforzada y al trabajo de un empleado oficial, al dar por terminada
unilateralmente su relación laboral argumentando que su incapacidad ha superado
180 días, sin contar con la autorización del Ministerio de Trabajo ni el
reconocimiento de una pensión de invalidez.
Para ello esta Sala entrará a
analizar los siguientes ejes temáticos: (i) procedibilidad de la acción de tutela; (ii) estabilidad laboral
reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta e indefensión como
resultado del deterioro de su estado de salud, tratando en concreto los siguientes
ítems: (a) reconocimiento y pago de incapacidades; (b) reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez y (c) pensión de invalidez. Con base en ello, (iii)
resolverá el caso concreto.
3.
Procedibilidad de la acción de tutela[7]
3.1. La Carta Política dispone en su artículo
86 que la acción de tutela procede como mecanismo para la defensa judicial ante
la amenaza o vulneración de un derecho fundamental, bien se trate de una acción
u omisión que provenga de una autoridad pública o de un particular. No obstante,
su carácter subsidiario pretende evitar que se soslayen los caminos
ordinarios para resolver controversias jurídicas y se convierta en un
instrumento supletorio cuando no se han empleado oportunamente dichos medios,
como si se tratase de una instancia o alternativa.
La Corte Constitucional ha señalado que en
principio la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata de reconocer
derechos de carácter prestacional, como pueden serlo el pago de salarios
dejados de percibir, indemnizaciones y pago de aportes en salud y pensión, entre
otros. Esto, toda vez que se espera que la persona interesada acuda a los
escenarios procesales que se han dispuesto por el legislador para dirimir
controversias de este tipo; es decir, ante la jurisdicción contenciosa
administrativa u ordinaria laboral, según se trate. Por ejemplo, en sentencia
T-043 de 2014 la Corte explicó:
“Por regla
general la acción de tutela resulta improcedente para reclamar por vía judicial
el reconocimiento o reliquidación de derechos de naturaleza pensional. Sin
embargo, en determinados eventos el recurso de amparo procede con el puntual
fin de salvaguardar bienes iusfundamentales cuya protección resulta
impostergable, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa judicial
existentes, atendiendo a las condiciones del asunto concreto, resulten
insuficientes para lograr dicho cometido, ya sea porque carecen de idoneidad o
eficacia, o porque se busca evitar la inminente consumación de un perjuicio
irremediable.”
No obstante, esta Corporación ha indicado que
el amparo procede de manera excepcional en determinados eventos con la
finalidad de salvaguardar bienes iusfundamentales cuya protección resulta
impostergable, de manera que se armonicen el carácter de subsidiariedad que
permea la tutela con la verdadera efectividad de los derechos fundamentales.
Así, la acción de
tutela no es la herramienta que debe emplearse cuando el interesado cuenta
con otros medios judiciales de defensa, salvo que la interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable o como mecanismo principal cuando
aquel medio no resulta eficaz ni idóneo.
En relación con la procedencia de la acción
de tutela como mecanismo definitivo de amparo, aun cuando existan otros medios
de defensa judicial, esta Corte ha señalado:
"Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la determinación de esos otros
procedimientos no obedece a una comprobación automática y meramente teórica,
sino que es función del juez, en cada caso concreto, analizar la funcionalidad
y eficacia de tales mecanismos y determinar si ellos, realmente, permiten
asegurar la protección efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.[8]
Si luego de una valoración fáctica y probatoria concluye que no responden
satisfactoriamente a las expectativas, es decir, si no son idóneos ni
eficaces, la acción de tutela tiene la virtud de desplazar la respectiva
instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto.[9]”
(Subrayado fuera
del texto original).
Será el juez de tutela quien establezca si
procede o no el amparo, una vez valore si efectivamente se amenaza o vulnera el
derecho cuya protección se invoca. De forma que ante la inexistencia de otros
medios judiciales de defensa puede instaurarse la acción de manera definitiva, o
en el evento en que existan y estos no resulten idóneos y eficaces para evitar
un perjuicio irremediable procederá como un mecanismo transitorio. Al respecto
esta Corporación ha establecido la observancia de dos presupuestos para determinar
la procedencia de la siguiente forma:
“En primer lugar, si la tutela se
presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que no exista otro medio
judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo
en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de
los derechos fundamentales. Adicionalmente, en relación con la existencia del
otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que
no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la
acción de tutela. Basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la
demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para
iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo
transitorio”[10].
Por consiguiente, la regla general es que si existe
otro mecanismo de solución judicial el amparo resultará improcedente, salvo en
el evento que se determine que dicho medio no es idóneo o eficaz para la
protección del derecho o que se esté ante la ocurrencia de un perjuicio
irremediable[11].
En ese sentido, para otorgar el amparo de forma transitoria debe verificarse la
existencia de “un grave e inminente detrimento de un derecho fundamental,
que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e
impostergables”[12].
En conclusión, debe existir una evidencia fáctica de
la amenaza, que a su vez, debe ser inminente, caso en el cual se justifica la
adopción de medidas para evitar la configuración de un perjuicio irremediable; medidas
que deben ser de carácter urgente, lo que implica actuar con prontitud; y que
el perjuicio que pueda ocasionarse sea grave, lo que implica que el daño
recaiga sobre un bien de gran significación para la persona desde un punto de
vista objetivo. [13]
3.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que la finalidad
de la acción de tutela es otorgar una protección rápida y eficaz de los
derechos fundamentales que se encuentran amenazados o vulnerados, la acción
debe instaurarse dentro de un término prudente desde que se presenta el hecho
que amenaza o agravió a los derechos invocados.
De modo que no instaurar la acción dentro de un
tiempo razonable permite inferir que la inactividad se debe a la falta de
necesidad del trámite breve y sumario. Así, aun cuando no exista una norma en
el ordenamiento jurídico que consagre de manera expresa un término de caducidad
de la acción, no significa ello que pueda ser presentada en cualquier tiempo,
lo que premiaría, además, la falta de diligencia e indiferencia del demandante.
En relación con lo expuesto la Corte Constitucional,
en la sentencia T-883 de 2009, explicó:
“De este modo, la
oportunidad en la interposición de la acción de tutela se encuentra
estrechamente vinculada con el objetivo que la Constitución le atribuye de
brindar una protección inmediata, de manera que, cuando ello ya no sea posible
por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del
amparo constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir
un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia
implícita en el trámite breve y sumario de la tutela.”
Por consiguiente, atendiendo al tiempo modo y lugar
en que hayan sucedido los hechos que amenazan o vulneran los derechos fundamentales,
deberá el juez determinar la procedencia de la tutela, analizando la
inactividad que se haya podido presentar en su interposición, las consecuencias
de la demora y la existencia, eficacia e idoneidad de otros medios judiciales
de defensa.
De este modo, para declarar la improcedencia de la
tutela con fundamento en que no se configuró el principio de inmediatez se
requiere un análisis propio del caso y de las circunstancias en particular. Por
ejemplo, cabe citar lo que señaló la Corte Constitucional al resolver un asunto
en el cual había transcurrido un plazo amplio desde la negación de la
prestación hasta la interposición de la acción de amparo. En sentencia T-345 de
2009 precisó:
“En los únicos dos casos en
que no es exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la
interposición de la tutela, es (i) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera
vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es
actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le
han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros.
Atendiendo a lo anterior, se encuentra que la Corte
ha establecido que debe efectuarse un estudio menos rígido sobre el principio
de inmediatez, cuando evidencie que la vulneración se ha extendido por un
amplio periodo, independientemente de que el hecho que la originó sea lejano en
el tiempo, o cuando la situación de la persona no permita exigirle que acuda a un
juez, lo que se convertiría en una carga desproporcionada.
3.3. En cuanto a la posibilidad de solicitar el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez, en concreto, mediante acción de tutela, cabe
reiterar que en principio, en virtud de su carácter residual y subsidiario,
ella resulta improcedente para buscar esas pretensiones debido a que para tales
efectos existen otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, como las
acciones laborales ordinarias o la acción contencioso administrativa de nulidad
y restablecimiento del derecho.[14]
No obstante, se exceptuará la regla anterior cuando se evidencie
la necesidad de actuar con prontitud para evitar un perjuicio irremediable y
proteger otros derechos fundamentales de quien solicita el amparo.[15]
Así, por ejemplo, cuando se
pretenda salvaguardar
los derechos de personas que sufran una disminución en su capacidad laboral con
ocasión de afecciones en su salud física o mental, de aquellos a quienes no se
ha reconocido el derecho a la pensión y no tienen otro medio de subsistencia
encontrándose en riesgo su sostenimiento y el de su núcleo familiar, la acción
de tutela será procedente, dado que la afectación de esos derechos trasciende
el ámbito prestacional y compromete las condiciones de vida digna y el mínimo
vital, además del derecho de pensión que en sí mismo adquiere el carácter de
fundamental, como lo ha advertido este Tribunal en otras ocasiones.[16]
Como consecuencia de lo anterior la Corte Constitucional ha
señalado, en relación con la procedencia de la acción para evitar un perjuicio
irremediable cuando el accionante cuenta con otras herramientas de defensa
judicial, que la evaluación del daño debe hacerse teniendo en cuenta la
capacidad material de las personas que cuentan con alguna discapacidad para acceder
a la justicia ordinaria, ya que las limitaciones físicas o mentales pueden
convertirse en un obstáculo de acceso a la misma. Conforme con tal línea de
orientación ha indicado:
“Para el caso de las personas con
discapacidad, es evidente que la evaluación del perjuicio irremediable debe
realizarse en razón de la capacidad material que tiene este grupo poblacional
para el acceso a los medios judiciales ordinarios, competencia que se ve
significativamente disminuida en razón de la debilidad y la vulnerabilidad que
imponen la limitación física o mental. Así, cuando los derechos de este grupo
de personas resultan afectados por la omisión atribuible a la entidad
demandada, la Corte ha tutelado el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, en forma definitiva, teniendo en cuenta que se trata de
la prestación económica destinada a cubrir contingencias generadas por
enfermedad común o de otra índole, que inhabilitan al afiliado para el
ejercicio de la actividad laboral.[17]”
(Subrayado fuera del texto original).
En este sentido, acudir a los mecanismos ordinarios de defensa
judicial puede constituir una carga desproporcionada para los ciudadanos que se
encuentran en las circunstancias de debilidad descritas, especialmente si se
trata de pacientes que sufren patologías crónicas o degenerativas como puede
serlo la artritis gotosa degenerativa (entre otras), ante lo cual la acción de
tutela se convierte en el mecanismo que permite brindar la protección inmediata
de los derechos amenazados o vulnerados.
4. Estabilidad laboral reforzada de personas en
estado de debilidad manifiesta e indefensión como resultado del deterioro de su
estado de salud.
De la lectura de los artículos 13, 47, 53 y
54 de la Constitución Política se advierte la especial protección que el
ordenamiento confirió a aquellas personas que, como resultado de limitaciones
físicas, sensoriales o psicológicas, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta.
En efecto, el
artículo 13 de la Carta impone al Estado la obligación de amparar, en procura del respeto al derecho
a la igualdad, a todas las personas que por su condición física, mental o
económica se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. El artículo
47 señala que el estado adelantará “una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos, a quienes se prestará la atención especial que requieran”. Asimismo,
en los artículos 53 y 54 se consagran los principios de estabilidad en el trabajo
y la obligación del Estado y de los empleadores de ofrecer formación
profesional y técnica a quienes lo requieran.
La estabilidad laboral reforzada
consiste en una protección que se otorga a las personas que se encuentran en
estado de vulnerabilidad, para que reciban el pago de las incapacidades
mientras están cesantes y para que sus condiciones de debilidad no puedan ser
la causa de su despido u otra modificación laboral desfavorable. Sin embargo, como
en algunos casos es imposible reintegrar a la persona a su cargo, ya no
procederá la estabilidad laboral reforzada sino, en razón de su pérdida de la
capacidad laboral, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, de
cumplir con los requisitos para ser beneficiario de ella.
En este sentido,
una persona puede encontrarse en situación de debilidad manifiesta cuando sufre
de alguna discapacidad o se halla en condiciones desfavorables frente a otros
trabajadores. Sobre la
estabilidad laboral reforzada este Tribunal, en sentencia C-531 del 2000[18], señaló lo
siguiente:
“Con esa
estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del
discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física,
sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con
su capacidad laboral. Para tal fin deberán adelantarse los programas de
rehabilitación y capacitación necesarios que le permitan alcanzar una igualdad
promocional en aras del goce efectivo de sus derechos. La legislación nacional
no puede apartarse de estos propósitos en favor de los discapacitados cuando
quiera que el despido o la terminación del contrato
de trabajo tenga por fundamento la disminución física, mental o sicológica” [19] (Subrayado fuera del texto
original).
De acuerdo con lo que precede, cuando a un trabajador lo
incapaciten, tendrá derecho a que su empleador y el sistema de seguridad social
cubran el pago de las incapacidades a las que haya lugar y se mantenga su
vínculo laboral sin que el argumento para retirarlo del cargo pueda ser su
condición de enfermedad o discapacidad, de manera que una vez superado el
estado sea reintegrado a sus labores.
En sentencia T-198 de 2006, por
ejemplo, este Tribunal resolvió el caso de una persona que fue desvinculada de
su trabajo a pesar de encontrarse en un estado de debilidad manifiesta y sin
que hubiera sido calificada su pérdida de capacidad laboral. La Corte se
refirió al derecho a la protección laboral reforzada en relación con las
personas que durante el contrato sufren una mengua en su salud, en los
siguientes términos:
“La
jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada
establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores
discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de
salud en el desarrollo de sus funciones (…).
Aquellos
trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante el
transcurso del contrato laboral, deben ser considerados como personas que se encuentran
en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también
procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata
de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de
encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las
medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional
de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de
tutela identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de
elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un
amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o
restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia laboral, la protección
especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad
manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté
probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el
desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que
exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de
invalidez (…)”. (Subrayado fuera del texto original).
Este Tribunal también ha establecido que el amparo de la
estabilidad laboral reforzada cobija a aquellas personas que sufren una
disminución que les impida o dificulte desarrollar con normalidad sus funciones
por encontrarse en algunas situaciones de salud:
“Bajo tal supuesto, el amparo cobija
a quienes sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal
de sus funciones, por padecer i) deficiencia entendida como una pérdida
o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o
anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, esto es, cualquier
restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionado por
un desmedro en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser
humano; o, iii) minusvalidez, que constituye una
desventaja humana, al limitar o impedir el cumplimiento de una función que es
normal para la persona, acorde con la edad, sexo o factores sociales o
culturales.”[20]
Por esta misma línea, en relación con la estabilidad laboral
reforzada de las personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta
e indefensión, como resultado del deterioro de su estado de salud, esta Corte
ha señalado que también tienen derecho a su permanencia en el empleo, lo que se
traduce en la imposibilidad de ser despedido mientras no exista una de las
causales que la ley ha contemplado como justa causa de despido.[21]
En este sentido, la garantía se ha hecho extensiva a todos los
trabajadores que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta con
ocasión de las graves afectaciones que sufran en su salud, de manera que no se
trata de una protección que se brinde únicamente a las mujeres en estado de
embarazo, a los trabajadores aforados y a las personas que se hallen en
situación de discapacidad sino que se hace extensiva a estos.
En todo caso, cuando se trate de la vulneración del derecho a la
estabilidad laboral reforzada, la Corte ha señalado que deben verificarse los
siguientes requisitos para poder ordenar el reintegro laboral:
“La comprobación de una discriminación como la indicada depende de
tres aspectos: (i) que el peticionario pueda considerarse una persona
discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga
conocimiento de tal situación; y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin
permiso del Ministerio de la Protección Social.”.[22]
Así, se entiende vulnerado el derecho a la estabilidad laboral
reforzada, cuando el empleador prescinde de los servicios del trabajador
conociendo que se trata de una persona en situación de discapacidad o que se
encuentra en un estado de debilidad manifiesta y sin contar con el aval de la
autoridad de trabajo.
La figura de la estabilidad
laboral reforzada no solo cobija a mujeres embarazadas, a personas en situación
de discapacidad, a los aforados, sino también a aquellos que se encuentren en
una situación de debilidad manifiesta a razón de una grave afectación en su
salud, lo que garantiza a quien se halle en estas condiciones mantenerse en su
empleo o ser reubicado, y a que se le reconozca una indemnización equivalente a
180 días de salario en caso de ser desvinculado sin la correspondiente
autorización de la autoridad de trabajo, según indica el inciso segundo del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
4.1.
Autorización de la autoridad de trabajo
La Ley 361 de 1997[23] establece
mecanismos de integración social de las personas con limitaciones que se
encuentran en condiciones de debilidad manifiesta (menores de edad, mujeres en
estado de embarazo o trabajador discapacitado), frente a las cuales se activa
la protección constitucional conocida como estabilidad laboral reforzada, razón
por la cual se requerirá autorización de la autoridad de trabajo para que
proceda el despido como lo establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
según el cual:
“Artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso
anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.” (Subrayado fuera del texto
original).
Sin esta autorización, ante la
necesidad de amparar derechos de sujetos especialmente protegidos por la
Constitución, la Corte ha precisado, que ante su despido es posible acceder al
reintegro por orden de tutela, para restablecer su derecho a la estabilidad
laboral reforzada.
“Otro tanto
sucede en materia de la regulación de un trámite expedito que permita a los
trabajadores discapacitados, despedidos sin la autorización del Ministerio de
la Protección Social, ejercer el derecho a la estabilidad reforzada y obtener
de manera inmediata el restablecimiento de sus condiciones laborales, en cuanto
tampoco las normas procesales prevén un procedimiento acorde con la premura que
el asunto comporta, conminando al trabajador a adelantar procesos engorrosos
que no restablecen su dignidad y nada hacen por romper esquemas injustamente
arraigados en nuestro medio, como aquel de que un limitado físico, sensorial o
psíquico es ‘una carga’ para la sociedad.”  (Subrayado fuera del texto
original).
En la sentencia T-687 de 2009 se examinó el caso de una
funcionaria pública en situación de discapacidad, madre cabeza de familia, que
fue retirada del servicio, quien durante más de 20 años había ocupado en la
Defensa Civil Colombiana cargos administrativos que no eran de dirección,
manejo y confianza.
Lo anterior, por cuanto sufrió una incapacidad por enfermedad
común que superó los 180 días y a raíz de la misma una pérdida de su capacidad
laboral del 25.6%, retiro que además se surtió sin que la demandada hubiese
acudido ante el inspector de trabajo ni tampoco intentado, al menos, su
reubicación laboral, por lo cual solicitaba el reintegro. En este caso la Corte
sostuvo lo siguiente:
“En conclusión, todos los empleadores
deben cumplir el procedimiento estipulado en la ley 361 de 1997 para despedir a
un trabajador discapacitado, y en consecuencia, debe mediar autorización de
la oficina de trabajo, pues de lo contrario el despido será ineficaz,
incluso si el trabajador recibió la indemnización que menciona el inciso
segundo del artículo 26 de la ley 361 de 1997. En efecto, la Sala de Revisión
considera que la protección legal acordada a las personas discapacitadas debe
ser entendida a la luz del principio de igualdad, lo cual conduce a afirmar que
no es constitucionalmente admisible establecer diferencias entre trabajadores
vinculados por contrato laboral y funcionarios públicos. Unos y otros se
encuentran protegidos por la Carta Política, y en consecuencia, no pueden ser
terminados sus contratos laborales o sus respectivas relaciones legales y
reglamentarias por el simple hecho de padecer una enfermedad que afecte su
capacidad laboral. En efecto, la debida prestación del servicio público debe
armonizarse con el derecho al trabajo de las personas discapacitadas, y en
consecuencia, padecer una enfermedad, sea de origen común o profesional, no
basta para desvincular a un servidor público, cuando quiera que éste pueda
efectuar otras labores acordes con su experiencia y capacidades físicas e
intelectuales, y sobretodo, sin que medie la previa autorización del respectivo
Inspector del Trabajo.” (Subrayado fuera del texto original).
En sentencia T-642 de 2010 la
Corte recordó que se requiere el permiso de la autoridad de trabajo para que
sea eficaz el despido de quienes sufren afecciones en su salud y se encuentren
por ello en una situación de debilidad manifiesta. En esa ocasión señaló lo
siguiente:[24]
“Así, en
aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del deterioro
de su estado de salud, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo
hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación
laboral, previamente verificada por el inspector de trabajo o la autoridad que
haga sus veces.
En virtud
de lo anterior, si el juez constitucional logra establecer que el despido o
la terminación del contrato de trabajo de una persona cuya salud se encuentra
afectada seriamente se produjo sin la autorización de la autoridad del trabajo,
deberá presumir que la causa de desvinculación laboral es la circunstancia de
debilidad e indefensión del trabajador y, por tanto, concluir que se causó una
grave afectación de los derechos fundamentales del accionante. Así, el juez
deberá conceder el amparo invocado, declarar la ineficacia del despido y
ordenar su reintegro a un cargo acorde con su situación especial. (Subrayado
fuera de texto).
En suma,
en virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave
afectación de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser
despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta
que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa
verificación y autorización de la autoridad laboral correspondiente. En tal
sentido, para efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el
lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz y, por tanto,
el juez de amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro
del trabajador a un cargo acorde con su estado de salud”. (Subrayado fuera
del texto).
En otro proceso, resuelto
mediante sentencia T-415 de 2011, la Corte ordenó el reintegro de la
accionante, a la que le fue diagnosticada una pérdida de capacidad laboral
permanente del 44.16%, quien consideró vulnerados por parte de su empleador,
sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la
seguridad social, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso
y a la estabilidad laboral reforzada, por haber terminado su contrato de trabajo
sin contar con la autorización previa del Ministerio de Trabajo. En dicha
providencia este Tribunal indicó:
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii)
discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv) en
general todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud; (b) esa
circunstancia les impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, y (c) se tema que, en esas condiciones
particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en
circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la estabilidad
laboral reforzada.
Pues bien,
quienes sean titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada se
benefician de dos normas de carácter fundamental, vinculadas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional a las garantías de la Carta: en
primer lugar, de la prohibición que pesa sobre el empleador de despedir o terminarle
su contrato a una “persona limitada, por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo”; y, en segundo lugar, de la
obligación del juez de presumir el despido discriminatorio, cuando una persona
en circunstancias de debilidad manifiesta es desvinculada del empleo sin
autorización de la oficina del trabajo.
En
consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a) desvinculó a un sujeto
titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada sin solicitar la
autorización de la oficina del trabajo, y (b) que no logró
desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que
conoce del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor del
trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación del despido
laboral (con la consiguiente causación del derecho prima facie del demandante a
recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir en el
interregno); (ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que
ofrezca condiciones iguales o similares que las del cargo desempeñado por él
hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado
de salud, sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en tercer lugar, el
derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo,
si es el caso (art. 54, C.P.); (iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de
las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997)”.
Por consiguiente, “la protección especial de
quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta
se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su
situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de discapacitados”[25],
respecto de
quien se hace necesario también la obtención de la aprobación por parte de la
autoridad del trabajo para proceder con su despido.
Ahora bien, aun
cuando la jurisprudencia se ha referido a que “[c]on esa estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia
en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva
limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y
en conformidad con su capacidad laboral”[26],
debe tenerse
en cuenta lo establecido en la Ley 361 de 1997, según la cual, si la calificación de la invalidez
otorgada a una persona le hace perder su capacidad laboral al punto de no poder
ser reincorporado a su empleo, podrá el empleador, con autorización del
inspector de trabajo, prescindir de los servicios del empleado sin perjuicio
del pago de las indemnizaciones que corresponda. Al respecto esta Corporación
ha indicado:
“Ahora, frente al
reconocimiento de la incapacidad generada por enfermedad común o general el tramite
será el siguiente: (i) las Entidades Promotoras de Salud del Sistema de Salud,
son las responsables, en principio, del pago de las incapacidades originadas
por los primeros 180 días, (ii) tratándose del pago de las incapacidades
mayores a 180 días corre por cuenta de la Administradora de Fondos de Pensiones
a la cual se encuentre afiliado el trabajador, prorrogable hasta que se
produzca el dictamen de invalidez por lo menos 360 días adicionales, (iii)
tratándose de la pérdida del 50% o más de la capacidad laboral el fondo de
pensiones deberá reconocerle al trabajador la pensión de invalidez, (iv) si el
trabajador no consigue el porcentaje mínimo requerido para consolidar el
derecho pensional, y por su estado de salud le siguen ordenando incapacidades laborales,
le corresponderá al fondo de pensiones continuar con el pago de éstas”.[27]
En sentencia T-772 de 2012, por ejemplo, esta Corte se refirió a
la autorización del Ministerio del Trabajo para despedir o dar por terminado el
contrato de una persona en situación de vulnerabilidad en los siguientes
términos:[28]
“El Ministerio de Trabajo tiene
que pronunciarse respecto de la solicitud de autorización que realiza el
empleador acerca del despido de una persona en situación de vulnerabilidad,
esto debido a la especial protección constitucional de la que gozan los
mencionados. Además, esta obligación no constituye una mera formalidad sin
sentido, por lo cual no es dable que el Ministerio incumpla con este deber
absteniéndose de emitir pronunciamiento alguno, pues éste tiene la obligación
de analizar el caso y emitir su concepto favorable o no respecto del tema
cuestionado. De igual manera, en los casos en los cuales se alegue una justa
causa por parte del empleador, el Ministerio del Trabajo debe verificar si existe
o no la misma, esto en razón a la especial protección que tienen las personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad por lo que, se debe
verificar si en realidad el despido se debe a la justa causa alegada o es en
razón de la condición de vulnerabilidad del trabajador.” (Subrayado fuera del texto
original).
Por esta misma línea, en relación
con la autorización del Ministerio de Trabajo que se requiere para prescindir
de los servicios de una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta,
esta Corte en sentencia T-746 de 2013 señaló:
“Ha sido reiterativa la Corte
en su posición de que las medidas de la estabilidad laboral reforzada
consagran la exigencia de obtener autorización de parte del Ministerio de
Trabajo para poder despedir al empleado que goce de esta protección, aun cuando
se esté ante una justa causa. Es importante enfatizar que la conservación o
permanencia de un empleo por cierto periodo de tiempo no es un derecho
fundamental. No obstante, la Constitución de 1991 quiso garantizar a algunos
sujetos la especial protección de su derecho al trabajo mediante la estabilidad
laboral reforzada, la cual consiste, como ya se dijo, en que la desvinculación
de las mujeres embarazadas, los trabajadores aforados, las personas en situación
de discapacidad y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
como producto de un deterioro en su salud, no puede presentarse sin la previa
autorización de la autoridad competente.” (Subrayado fuera del texto original).
Por consiguiente, los trabajadores que se encuentran en situación
de debilidad manifiesta tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada sin
importar el tipo de contrato laboral, siempre que su condición haya sido
certificada como discapacidad por las entidades competentes, y cuando no sea
posible su reintegro por haber obtenido una calificación superior al 50% de
pérdida de la capacidad laboral, deberá iniciarse el estudio de los requisitos
necesarios para otorgar la pensión de invalidez.
De este modo, en el evento en
el que, por cualquier causa, el empleador decida dar por terminado un contrato
laboral de una persona amparada por una incapacidad, la eficacia de esa
determinación está condicionada a que previamente la autoridad de trabajo
competente autorice su despido, verificando la existencia de una causal
objetiva para ello, la cual no puede coincidir con la situación de la
limitación física del trabajador.
4.2.
Pago y reconocimiento de incapacidades
Aquellos
trabajadores que sean incapacitados por sufrir afecciones en su salud tendrán
derecho a no ser despedidos por esa causa, a menos que se cuente con el permiso
de la autoridad de trabajo, por lo que además tendrán derecho al reconocimiento
de las prestaciones a que haya lugar por las ausencias que legalmente certifique
la EPS al empleador.
En este sentido,
“el pago de
incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el
trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente
certificada, según las disposiciones legales”. Así,  “no solamente
se constituye en una forma de remuneración del trabajo sino en garantía para la
salud del trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige
su dignidad humana, sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada
a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su
sustento y el de su familia”. [29]
De manera que el trabajador
tiene derecho a que se le reconozca un justo trato durante el tiempo en que se
encuentre involuntariamente inactivo en sus funciones laborales por
perturbaciones en su salud.[30] De esto se desprende que
la obligación de pagar estas incapacidades está repartida entre el empleador y
la EPS.
En desarrollo de lo anterior, el artículo 206 de la Ley 100 de
1993 dispone:
“Artículo 206. -Incapacidades. Para
los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen
contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de
estos riesgos las empresas promotoras de salud podrán subcontratar con
compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional
y accidente de trabajo serán reconocidas por las entidades promotoras de salud
y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas
contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se
expida para el efecto.”
Asimismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969, por medio del cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968, que
prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el
privado y regula el régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales, se entiende por enfermedad no profesional, “todo
estado patológico morboso, congénito o adquirido, que sobrevenga al empleado
oficial por cualquier causa, no relacionada con la actividad específica a que
se dedique y determinado por factores independientes de la clase de labor
ejecutada o del medio en que se ha desarrollado el trabajo”[31].
En relación con lo anterior, el artículo 18 del Decreto 3135 de 1968, establece
lo siguiente:
“Artículo 18º: Auxilio
por enfermedad. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar
sus labores, ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán
derecho a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el
tiempo de la enfermedad, las siguientes remuneraciones:
a) Cuando la
enfermedad fuere profesional, el sueldo o salario completo durante ciento ochenta
(180) días, y
b) Cuando la
enfermedad no fuere profesional, las dos terceras partes del sueldo o salario
durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del mismo por los noventa
(90) días siguientes.
Parágrafo-La licencia por
enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.
Cuando la
incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días, el empleado o trabajador será
retirado del servicio, y tendrá derecho a las prestaciones económicas y
asistenciales que este Decreto determina.”
Por
esta misma línea, el artículo 21 del Decreto 2400 de 1968[32]
señala que los empleados, cuando medie justa causa, pueden obtener
permiso con goce de sueldo hasta por tres (3) días. De manera que durante estos
tres primeros días de incapacidad será el empleador quien cubra esos pagos y no
el sistema de seguridad social.
En el Decreto
1848 de 1969 se ha consagrado, en relación con las incapacidades de los empleados
públicos y trabajadores oficiales que sean certificadas por la EPS, que ellas
darán lugar a diferentes prestaciones. El artículo 9º dispone lo siguiente:
“Artículo 9º.- Prestaciones. En caso de incapacidad comprobada
para trabajar, motivada por enfermedad no profesional, los empleados públicos y
los trabajadores oficiales tienen derecho a las siguientes prestaciones:
a) Económica, que
consiste en el pago de un subsidio en dinero, hasta por el término máximo de
ciento ochenta (180) días, que se liquidará y pagará con base en el salario
devengado por el incapacitado, a razón de las dos terceras (2/3) partes de
dicho salario, durante los primeros noventa (90) días de incapacidad y la mitad
del mencionado salario durante los noventa (90) días siguientes, si la
incapacidad se prolongare; y
b) Asistencial,
que consiste en la prestación de servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos,
de laboratorio y hospitalarios, a que hubiere lugar, sin limitación alguna y
por todo el tiempo que fuere necesario.”
En cuanto a la
forma como se pagarán las prestaciones mencionadas, el artículo 10 del Decreto
1848 de 1969 establece lo siguiente:
“Artículo
10:-Efectividad de las
prestaciones.
1. La prestación económica
mencionada en el literal a) del artículo 9 de este Decreto, se pagará así:
a) Si la correspondiente
entidad nominadora designa un empleado para que reemplace interinamente al
titular, durante el tiempo en que este permanezca incapacitado para trabajar,
en uso de licencia por enfermedad no profesional, dicha prestación económica se
pagará por la entidad de previsión a que se halle afiliado el empleado
incapacitado para trabajar, y
b) En el evento de que no se
designe reemplazo al empleado incapacitado para trabajar, se pagará la
expresada prestación económica por la entidad empleadora, con imputación a la
partida señalada en el respectivo presupuesto para cubrir sus salarios y en los
períodos señalados para los pagos de dichos salarios.
2. La prestación asistencial
expresada en el literal b) del artículo 9 de este Decreto, se suministrará por
la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado
incapacitado.
Si no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión, dicha prestación asistencial será suministrada
directamente por el servicio médico de la entidad o empresa oficial empleadora.
A falta de dicho servicio
médico esta prestación se suministrará por intermedio de la institución que la
entidad empleadora deberá contratar para tal efecto.
Parágrafo.- Si la incapacidad para trabajar no excediere
de tres (3) días, conforme al dictamen médico correspondiente, el empleado
solicitará el permiso remunerado a que se refiere el artículo 21 del Decreto
2400 de 1968.”
De la
normatividad citada concluye esta Corte que el pago de los primeros tres días
de incapacidad estarán a cargo del empleador, como si se tratase de un permiso
remunerado, conforme lo establece el parágrafo del artículo 10º del Decreto
1848 de 1968; y si la misma se llegare a extender la Entidad Promotora de Salud
a la que se encuentre afiliado el servidor sería la encargada de cubrir los
pagos.
El Decreto 1295 de 1994[33] establece en su artículo 12 que “[t]oda
enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o
calificados como de origen profesional, se consideran de origen común”.
Bien se trate de una incapacidad laboral derivada de una
enfermedad, o de un accidente de origen profesional, las Administradoras de
Riesgos Laborales -ARL- tienen a su cargo las incapacidades de trabajo cuando
se presente un dictamen que califique el accidente o la enfermedad que las
ocasiona como de origen profesional.
En el caso de incapacidad
laboral causada por enfermedad profesional, el Sistema General de Riesgos
Profesionales dispone que es responsable por el pago la administradora de
riesgos laborales (ARL) a la cual esté afiliado el trabajador, incluyendo las
incapacidades que se causen con posterioridad a los primeros 180 días. Ello de
acuerdo con lo previsto para el efecto por los artículos 1, 5, 7 de la Ley 776
de 2002,“por la cual se dictan normas sobre la organización, administración
y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
En este sentido, la regla general es que a la Entidad Promotora de
Salud -EPS- le corresponde hacerse cargo de las prestaciones económicas
derivadas de la incapacidad de un trabajador dependiente cuando la enfermedad
sea de origen común.
Por su parte, los pagos que no se encuadren dentro de las
hipótesis referidas estarán a cargo de los fondos de pensiones. Así, si la AFP[34]del trabajador posterga el trámite de
evaluación ante las juntas de calificación de invalidez (lo cual puede hacer
hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 días de incapacidad otorgada
por la EPS) deberá otorgar al empleado un subsidio equivalente a la incapacidad
que venía disfrutando.[35]
Cuando el trabajador obtiene una calificación de su invalidez que
supera el cincuenta por ciento (50%), si está a la espera de que se decida si
procede el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el fondo de
pensiones al cual se encuentre afiliado deberá cubrir las incapacidades
laborales, aunque se hayan causado después de ciento ochenta (180) días de
incapacidad.[36]
La jurisprudencia ha explicado que “[e]l pago de las
incapacidades tiene como finalidad resguardar varios derechos fundamentales que
se pueden ver afectados al disminuirse las capacidades físicas o mentales del trabajador
para acceder a una suma de dinero con el cual solventar una vida en condiciones
de dignidad. Cuando la enfermedad o accidente genere una incapacidad laboral,
ésta debe ser pagada los tres (3) primeros días por el empleador, del día
cuatro (4) al ciento ochenta (180) corresponde el pago a la EPS y del día
ciento ochenta y uno (181) en adelante y hasta por ciento ochenta (180) días
más debe ser pagado por la administradora de fondos pensionales, que pueden ser
prorrogados por ciento ochenta (180) días adicionales hasta tanto se haga el
dictamen de pérdida de capacidad laboral.”[37]
De lo expuesto la Sala arriba
a las siguientes conclusiones con relación a la situación de un trabajador que por
causa de una enfermedad no profesional es incapacitado por un período superior
a 180 días.
Una vez se cumple un período
de 180 días continuos de incapacidades, al empleador le corresponde
reintegrarlo o reubicarlo, conforme con su estado de salud. Si excede ese
término, el responsable de pagar las prestaciones que se causen será el fondo
de pensiones, hasta que se produzca un dictamen sobre su pérdida de capacidad
laboral o se restablezca su salud.
Ahora bien, si el dictamen
indica que el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral superior al
50%, y siempre que cumpla con los requisitos legales, se causará a su favor la
pensión de invalidez, pero si la pérdida es inferior al 50%, y se siguen
dictando incapacidades laborales, le corresponderá al fondo de pensiones continuar
pagándolas, siempre que exista concepto favorable de rehabilitación o hasta que
este se emita o se pueda efectuar una nueva calificación de su invalidez.
En cualquiera de los dos
eventos descritos el empleador está obligado a mantener el vínculo jurídico
laboral con el trabajador y a continuar con el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social, conforme con lo que establezca el concepto sobre
su rehabilitación, o mientras que este se emite, o hasta que se pueda efectuar
una nueva calificación de su invalidez, que le permita consolidar su derecho a
la pensión, o lo habilite para retomar sus labores, lo que garantiza el acceso
del afiliado al servicio de salud. Lo anterior a menos que la autoridad de
trabajo autorice la desvinculación del trabajador.
Finalmente, que en lo que
tiene que ver con la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa
causa por parte del empleador[38], cuando un
trabajador alcanza incapacidades originadas en enfermedad común por un período
de 180 días, se debe establecer si, conforme con un dictamen médico, el
trabajador puede ser reintegrado a su trabajo o reubicado en otro con funciones
acordes con su estado de salud si presenta una discapacidad parcial.
4.3.
Pensión de invalidez.
Son múltiples los instrumentos internacionales que contienen planteamientos
dirigidos a la protección de los derechos de las personas en condiciones de
discapacidad, los cuales señalan deberes de comportamiento tanto por parte de
las personas como de los estados, trazando parámetros y lineamientos de acción
encaminados a la prevención de la discapacidad y a otorgar la atención
requerida en condiciones de integración social y de superación.[39]
En concreto, el derecho a la seguridad social se encuentra
consagrado, entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos[40], el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales[41], la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[42] y el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales[43].
Según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993[44], estado de invalidez es el que adquiere una
persona que “por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
La jurisprudencia ha reconocido la pensión de invalidez como un
derecho que consiste en el reconocimiento y pago de una compensación económica, que se entrega periódicamente a aquellas
personas cuya capacidad laboral se ha visto disminuida con el fin de
salvaguardar sus necesidades básicas y solventar la vida en condiciones dignas.[45]
Para acceder a la pensión de invalidez causada
tanto por enfermedad como por accidente laboral, bien sea en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o en el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad[46], deben
verificarse los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 39 de la Ley
100 de 1993, modificado
por la Ley 860 de 2003:
“Artículo 39. Requisitos para
obtener la pensión de invalidez: Tendrá derecho a la pensión de invalidez el
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez causada por
accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
PARÁGRAFO 1º. Los menores de veinte (20) años de
edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.[47]
PARÁGRAFO 2º. Cuando el afiliado haya cotizado
por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión
de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres
(3) años.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de esa ley[48], el Instituto de Seguros Sociales, la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, las Administradoras de Riesgos
Laborales -ARL-, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y
muerte y las Entidades Promotoras de Salud -EPS- serán las encargadas de
determinar la pérdida de la capacidad laboral y calificar el grado de invalidez
de las personas.
El dictamen que emitan las entidades enlistadas debe incluir el
porcentaje de la afectación en términos de deficiencia, discapacidad y
minusvalía, su origen y la fecha de estructuración, la
cual define el momento en el que se consolida el derecho a exigir el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, atendiendo a la normatividad
vigente[49].
En cuanto a la fecha de estructuración del estado de invalidez, el
Decreto 1507 de 2014, mediante el cual se expide el Manual Único para la
Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, consagra:
“Artículo 3. Definiciones. Para
efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes
definiciones:
(…)
Fecha de estructuración: Se
entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su
capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una
enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las
secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser
determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta
por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.
Esta fecha debe soportarse en
la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser
anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la
capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia
clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso,
esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la
calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado
laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral.
(…)”
La fecha de estructuración de la invalidez debe comprobar que, en
términos materiales y no solamente formales (el simple acaecimiento de
determinada dolencia, accidente o enfermedad), una persona no puede
desempeñarse en un trabajo habitual, según lo establecido en el Decreto 917 de
1999[50].
Igualmente, la estructuración deber ser compatible con los postulados
constitucionales (artículos 13 y 47 de la Constitución) y legales respectivos
(artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993).
Finalmente, debe tenerse en cuenta que cuando se trata de personas
que han adquirido una calificación de invalidez laboral superior al 50%,
derivada de enfermedades degenerativas, congénitas o crónicas, la fecha de
estructuración debe ser aquella en la que la persona no pudo volver a trabajar
por su estado de salud, dado que si señalara otro momento de estructuración,
por ejemplo el momento en que le apareció el primer síntoma, ello podría
conllevar a no contabilizar las semanas cotizadas posteriormente, lo que
vulneraría sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.[51]
Con las consideraciones generales expuestas procederá
esta Sala a evaluar la situación objeto de revisión.
5.
Caso concreto
5.1. Teniendo en cuenta los
antecedentes descritos, el primer asunto del cual debe ocuparse la Sala es el
atinente a la procedibilidad de la tutela, toda vez que los jueces de instancia
rechazaron la acción por considerar que el demandante dejó transcurrir más de 8
meses sin interponer la misma y sin acudir con anterioridad a la jurisdicción
ordinaria laboral.
Es cierto que la tutela se instauró pasado ese
término desde el momento del despido y sin acudir primero ante los mecanismos
ordinarios de defensa existentes. No obstante, esta Sala considera que el
análisis de la inmediatez y la subsidiariedad frente a personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta no puede ser tan riguroso.[52]
En el caso en estudio, para la época del
despido el accionante se encontraba incapacitado y a causa de los dolores en
sus rodillas, brazos, cadera y columna se le dificultaba su movilidad, según
describe la historia clínica que reposa en el expediente[53],
por lo que es comprensible su falta de celeridad para interponer la acción.
De manera que al tratarse de una persona con
serias afecciones en su salud y que a raíz de las mismas quedó sin empleo amenazándose
con ello su mínimo vital, la rigurosidad en la evaluación del principio de
inmediatez y del perjuicio irremediable debe moderarse en razón de la capacidad
material con la que cuenta el actor para acceder a la justicia ordinaria, que
en este caso se ve disminuida a raíz de la debilidad y la vulnerabilidad que
imponen la limitación física que padece.
La atención y respuesta ante esta situación
está revestida de urgencia debido a que con ocasión de la artritis gotosa
degenerativa el actor se vio obligado a ausentarse del trabajo y con ocasión de
la disminución su capacidad laboral se vio impedido para desarrollar sus
funciones.
Esta Sala considera que si bien el actor pudo
haber elevado sus pretensiones ante la jurisdicción ordinaria para resolver la
controversia relacionada con la determinación de la eficacia de su despido y el
pago de las indemnizaciones a que considera tiene derecho, la acción es
procedente a efectos de evitar un perjuicio irremediable.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que al
momento de interponer esta acción el señor Gilberto Motivar Suárez comportaba
la calidad de sujeto de especial protección constitucional al estar sufriendo fuertes
afecciones en su salud y encontrarse en un estado de debilidad manifiesta.
Además, el autor no empleó la
tutela como una herramienta para suplantar los mecanismos de defensa ordinarios
ni de forma negligente, toda vez que no se trata de una acción dirigida a
revivir términos procesales prescritos, si se tiene en cuenta que las acciones
en materia laboral prescriben en tres años desde el momento en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible[54],
a menos que se trate de prescripciones especiales consagradas en otros estatutos.
Así, el demandante requiere definir a la mayor
brevedad su situación laboral y pensional ante su delicado estado de salud, que
es propio de especial consideración, por lo que la jurisdicción ordinaria
laboral no puede tenerse como un mecanismo de defensa idóneo y eficaz.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta las
circunstancias descritas, esta Corporación encuentra procedente la acción de
tutela, por lo que entrará a estudiar si ESVILLA E.S.P. tiene la obligación de reintegrar
al señor Gilberto Motivar Suárez y a pagar las acreencias solicitadas por él, o
en su defecto la terminación del vínculo laboral se encuentra cobijada por la
ley.
5.2. Esta Sala debe determinar si
ESVILLA E.S.P. vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral
reforzada y al trabajo del señor Gilberto Motivar Suárez, al dar por terminada
unilateralmente su relación laboral argumentando que su incapacidad había
superado 180 días, sin contar con la autorización del Ministerio de Trabajo ni
el reconocimiento de una pensión de invalidez
Sea lo primero precisar que en el
expediente no obra prueba alguna que permita sostener que desde el año de 1996
hasta 1999, el actor trabajó para la Empresa Municipal de
Servicios Públicos de Villa de Leyva E.S.P., como
recolector de los residuos sólidos del Municipio de Villa de Leyva. Por esta
razón, esta Sala no entrará a pronunciarse al respecto. Se advierte que la
resolución que lo nombra en el cargo de auxiliar de servicios generales de la
empresa es de fecha 30 de noviembre de 1999.
5.3. Como se mencionó en la parte
considerativa de esta sentencia, la estabilidad laboral reforzada es un derecho
encaminado a garantizar a los trabajadores la permanencia en el empleo luego de
adquirir una limitación física, sensorial, sicológica o de cualquier otro tipo,
y se ha consagrado como un mecanismo de protección especial que atiende a la
capacidad laboral.
De acuerdo con esto, si la incapacidad o
discapacidad no impide que el trabajador desarrolle una actividad de trabajo
dentro de la empresa, esta se encuentra en la obligación de garantizarle la
rehabilitación y ocuparlo en alguno de sus empleos reubicando a su personal,
hasta su recuperación si la posibilidad de la misma se ha pronosticado.[55]
5.4. En
relación con el pago de las incapacidades se tiene que el empleador debe asumir
el de los primeros tres (3) días, del día cuatro (4) al ciento ochenta (180) la
EPS, y la administradora de fondos pensionales del día ciento ochenta y uno
(181) en adelante y hasta por ciento ochenta (180) días más, los que pueden ser
prorrogados por ciento ochenta (180) días adicionales hasta tanto se practique
el dictamen de pérdida de capacidad laboral.[56].En
el sub judice, concluye esta Corte que el empleador cumplió, al menos en
principio, con sus obligaciones.
Lo anterior, atendiendo al certificado emitido por la empresa el
veintiocho de enero de 2015[57],
según el cual esta satisfizo la obligación del pago de las incapacidades del
señor Motivar Suárez, toda vez que canceló los montos correspondientes por
dicho concepto durante el tiempo en que el demandante estuvo incapacitado. En
el certificado se lee lo siguiente:
“(…)
Que el señor GILBERTO MOTIVAR SUÁREZ,
identificado con la Cédula de ciudadanía núm. 6.773.031 de Tunja, estuvo vinculado
a esta empresa desde el 1ro de diciembre de 1999 hasta el 30 de mayo del año
dos mil catorce (2014) en el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEADOR
- TRIPULANTE), con una última asignación básica mensual de OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE ($825.100.00).
Es de aclarar que mientras estuvo
incapacitado se le canceló el 66.66% de salario por dicha causa.
Dada en Villa de Leyva, a los
veintiocho (28) días del mes de enero del dos mil quince (2015).
(…).”
Ahora, si bien el documento establece que durante el tiempo que el
señor Motivar Suárez estuvo incapacitado se le canceló el 66% del salario, se
observa que la notificación del despido se efectúo el día 15 de mayo de 2014,
época para la cual el señor Motivar contaba con una incapacidad, prescrita del
11 al 31 de mayo de 2014, lo que pone en evidencia que la terminación del
vínculo laboral se surtió mientras el actor se encontraba incapacitado. En concreto, el 15 de mayo de 2014 ESVILLA E.S.P. le notificó al actor que daría por
terminado el contrato a partir del 30 de mayo, por haber superado 180 días de
incapacidad, señalando que ello constituía una justa causal de despido.
Desde tal
perspectiva se advierte vulneración de los derechos fundamentales invocados, si
se tiene en cuenta que el señor Gilberto Motivar Suárez se encontraba
incapacitado en la fecha en que le notificaron la terminación del contrato y
que, por lo mismo, se requería para su desvinculación,
autorización emitida por el Ministerio del Trabajo.
En desarrollo de
esto, la normatividad colombiana establece que las personas que padecen una
incapacidad permanente parcial sufren graves limitaciones por las que pueden
ser víctimas de discriminación; por ello, en procura de la protección laboral la
ley 361 de 1997 consagra mecanismos de integración social de las personas
con limitación y establece, en su artículo 26, que ninguna limitación
servirá como argumento válido para obstaculizar una vinculación laboral, a
menos que se verifique que la condición es incompatible e insuperable en el
cargo a desempeñar.
Aunado a lo anterior, esa misma disposición consagra que ninguna
persona podrá ser separada de su empleo por razón de su limitación, a menos que
el empleador cuente con una autorización emitida por parte de la oficina de
trabajo, que de no existir permite inferir, como en el sub júdice, que
la causa del despido fue su estado de salud, mucho más si se tiene en cuenta
que la empresa tenía conocimiento de que el actor venía presentando problemas
en su salud.
Si bien es cierto que la empresa manifiesta que al actor se le
hicieron diferentes anotaciones en su historia laboral por incurrir en otras
faltas disciplinarias, no lo es menos que se le impusieron las sanciones
correspondientes en cada caso, distando la presente situación de lo ocurrido en
aquellas oportunidades, toda vez que en esta ocasión se trata de la ausencia
justificada del accionante a cumplir con sus labores al encontrarse
incapacitado por su entidad promotora de salud.
De esta manera, al superar el actor el término de incapacidad de
180 días, no era procedente su despido inmediato como pretende argumentar la empresa,
sino que se requería de la autorización del Ministerio de Salud para verificar
las condiciones del despido y establecer así si el mismo procedía y podría
considerarse eficaz.
5.5. En ese sentido, al acreditarse que la terminación del
contrato del señor Motivar Suárez, sujeto de especial protección constitucional
que demanda un trato digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta en
que se encuentra debido a su estado de salud, no se llevó a cabo mediando
autorización del Ministerio de Trabajo, se dará aplicación a la presunción
referida y se ordenará al empleador reintegrar al señor Motivar Suárez, pagarle
la indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y los
salarios y aportes en seguridad social dejados de cancelar desde el momento del
despido hasta la fecha de su reintegro.[58]
Por lo anterior la Sala procederá
a revocar la sentencia del cuatro (4) de mayo de 2015, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Oralidad de Tunja, mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia, en
el sentido de rechazar la acción de tutela.
En su lugar,
concederá el amparo constitucional al señor Gilberto Motivar Suárez y ordenará
a la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Villa de Leyva E.S.P.
cancelar al señor Gilberto Motivar Suárez los montos
correspondientes a la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
Igualmente, atendiendo a la
pérdida de capacidad establecida en la calificación, deberá reintegrarlo en el
mismo u otro cargo (si es menor al 50%), e independientemente del porcentaje de
valoración obtenido reconocer el pago de los salarios, aportes a la seguridad
social y cotizaciones a pensión dejados de cancelar al accionante desde el
momento de su despido hasta que se surta su reintegro o se reconozca y pague la
pensión de invalidez de haber lugar a ella.
Asimismo se ordenará a la Empresa de Servicios Públicos de Villa de
Leyva ESVILLA E.S.P. activar de manera inmediata al actor en el Sistema de
Seguridad Social en Salud en calidad de empleado de la empresa toda vez que fue
desvinculado desde el 1 de junio de 2014 como consecuencia del despido sin
justa causa.
5.6. De otra parte, si
bien es cierto que el demandante no introdujo ninguna pretensión relacionada
con la pensión de invalidez, ello no significa que deba quedar desprotegido en
sus derechos. Aun cuando se solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías Protección S.A. allegar a esta Sala la calificación de la pérdida
de capacidad del señor Motivar Suárez, ello no fue posible y contrario sensu
manifestó:
“Ahora bien, respecto a la información solicitada, me permito
informar que una vez revisadas las bases de datos de esta entidad no se
encontró solicitud, ni petición formal por parte del señor Motivar Suárez que
nos permita establecer la existencia de un trámite de prestación económica por
invalidez, vejez o sobrevivencia, razón por la cual no es posible para esta
Administradora dar cumplimiento a la orden impartida por el Despacho en lo que
se refiere a calificar la pérdida de la capacidad laboral del señor Gilberto
Motivar Suárez dentro de los (5) días siguientes a la notificación del presente
auto, indicando el origen de la enfermedad en caso de tenerla, la fecha de
estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, toda vez que
no contamos con la documentación necesario para dar inicio al trámite de
calificación de la pérdida de la capacidad laboral del citado señor”. [59]
Por lo anterior, esta Sala ordenará a la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda
a recaudar las historias clínicas, reportes, valoraciones, exámenes médicos
periódicos; y, en general, todas las pruebas necesarias y que hagan falta,
según el Decreto 2463 de 2001 y el Manual Único de Calificación de Invalidez,
para valorar cabalmente la pérdida de capacidad laboral del señor Gilberto
Motivar Suárez.
Para el efecto, la entidad deberá adelantar
todas las prácticas médicas necesarias con el fin de obtener un diagnóstico
completo, real y actualizado sobre la patología del accionante. Además, deberá recolectar
todas aquellas historias clínicas e informes de los médicos y terapeutas que lo
han tratado, con el fin de considerarlas igualmente en el proceso de
calificación.
5.7. Del mismo modo, se ordenará al
representante legal de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A. que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, proceda a adelantar todos los trámites
pertinentes -médicos y administrativos- para que el señor Gilberto Motivar
Suárez sea calificado, bajo la responsabilidad de dicha entidad, por
funcionarios que representen a la misma y según los lineamientos legales del
artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias, así como
teniendo en cuenta todos los criterios técnico- científicos y éticos dispuestos
por el Manual Único de Calificación de la Invalidez y demás normas
concordantes.
En todo caso, el dictamen que califique la
pérdida de capacidad laboral del accionante deberá estar listo a más tardar
dentro del plazo previsto y los gastos en que pueda incurrirse para su práctica
correrán por cuenta de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A.
De
manera que si el diagnóstico emitido indica que el actor puede ser reintegrado
a sus antiguas labores, la empresa deberá incorporarlo a su mismo puesto de
trabajo u otro de igual o superior jerarquía; si establece una pérdida de
capacidad laboral inferior al 50%, que no le permita el desarrollo de las
actividades en las que se venía desempeñando pero sí otras, así deberá proceder
reubicándolo en unas diferentes y de obtenerse una calificación superior al 50%
de pérdida de capacidad laboral, la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. deberá cotejar los requisitos exigidos por la ley para
conceder la pensión de invalidez dentro del término de cuarenta y cinco (45)
días contados a partir de la notificación de esta providencia, junto con el
respectivo retroactivo pensional a que hubiere lugar.
Finalmente,
se ordenará a la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, de todas
las gestiones que realice informe de manera inmediata al juez de primera
instancia, quien verificará el cumplimiento efectivo de las órdenes de
protección. Además, deberá reportar el estado del proceso de calificación del
accionante los días quince (15) y último de cada mes, durante los siguientes 2
meses a partir de la notificación de la presente providencia.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR
las sentencias proferidas el nueve (9) de marzo de 2015 por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Villa de Leyva y el cuatro (4) de mayo de 2015 por el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, dentro del proceso de
la referencia, mediante las cuales se rechazó por improcedente la solicitud
impetrada. En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
a la salud en conexidad con la vida, al trabajo, al mínimo vital, la igualdad y
la seguridad social del señor Gilberto Motivar Suárez.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva ESVILLA E.S.P.
cancelar al señor Gilberto Motivar Suárez los montos correspondientes a la
indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. De igual
manera, atendiendo a la calificación de la pérdida de capacidad laboral que
obtenga el señor Gilberto Motivar Suárez y al diagnóstico emitido por lo
médicos de la Junta de Calificación, se sirva reintegrarlo a la empresa en el
mismo cargo o en uno diferente si el diagnóstico emitido por los médicos
tratantes da lugar a ello (inferior al 50% de la pérdida de la capacidad), y
proceda, independientemente de la calificación obtenida, a pagar los salarios,
los montos correspondientes a la seguridad social y cotizaciones a pensión
dejados de cancelar al accionante a partir de la fecha de su despido, hasta que
se surta su reintegro o se reconozca y pague la pensión de invalidez de haber
lugar a ella.
TERCERO.- ORDENAR a la Empresa de Servicios Públicos de Villa de
Leyva ESVILLA E.S.P. activar de manera inmediata al actor en el Sistema de
Seguridad Social en Salud en calidad de empleado de la empresa, toda vez que
fue desvinculado desde el 1 de junio de 2014 como consecuencia de la
terminación del contrato sin autorización del Ministerio de Trabajo.
CUARTO.- ORDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección
S.A. que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, proceda a recaudar las historias clínicas, reportes, valoraciones,
exámenes médicos periódicos y en general todas las pruebas necesarias y que
hagan falta, según el Decreto 2463 de 2001 y el Manual Único de Calificación de
Invalidez, para calificar cabalmente la pérdida de capacidad laboral del señor
Gilberto Motivar Suárez.
Para el efecto, la entidad deberá adelantar
todas las prácticas médicas necesarias con el fin de obtener un diagnóstico
completo, real y actualizado sobre la patología del accionante. Además, deberá
recepcionar todas aquellas historias clínicas e informes de los médicos y
terapeutas que lo han tratado, con el fin de considerarlas igualmente en el
proceso de calificación.
QUINTO.- ORDENAR a la Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a adelantar todos los
trámites pertinentes -médicos y administrativos-, para que el señor Gilberto
Motivar Suárez sea calificado, bajo la responsabilidad de dicha entidad, por
funcionarios que representen a la misma y según los lineamientos legales del
artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias, así como
teniendo en cuenta todos los criterios técnico- científicos y éticos dispuestos
por el Manual Único de Calificación de la Invalidez y demás normas
concordantes.
SEXTO.- ORDENAR a la Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, de ser calificado el señor
Gilberto Motivar Suarez con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%,
proceda a reconocer y pagarle al señor Motivar Suárez la pensión de invalidez
–una vez verificados los requisitos de ley y de haber lugar a ella- dentro del
término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, junto con el respectivo retroactivo pensional a que haya
lugar.
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. que, de todas las gestiones que realice la entidad, informe
de manera inmediata al juez de primera instancia, quien verificará el
cumplimiento efectivo de las órdenes de protección. De igual forma, deberá
reportar el estado del proceso de calificación del accionante los días quince
(15) y último de cada mes, durante los siguientes 2 meses a partir de la
notificación de la presente providencia.
OCTAVO.- Por secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La empresa de
servicios públicos demandada, se denomina Empresa Municipal de Servicios
Públicos de Villa de Leyva E.S.P. y para todos sus efectos puede identificarse
con la sigla ESVILLA E.S.P., de conformidad con lo establecido en sus estatutos.
Folios 94-106 del cuaderno principal de tutela.
[2] Lo correcto es
como se evidencia a folio 10 del cuaderno principal de tutela,
que el 15 de mayo la empresa notificó al señor Motivar Suárez la terminación
del contrato, a partir del 30 de mayo de 2014.
[3] “Artículo
57. Pruebas
en revisión de tutelas. Con miras a la protección inmediata y efectiva del
derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela
elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo considera conveniente,
decretará pruebas. En este evento, la Sala respectiva podrá ordenar que se
suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario”.
[4] Folios
23-24 del tercer cuaderno de tutela.
[5] Folios 34
a 46 del tercer cuaderno de tutela.
[6] Folio
22 del tercer cuaderno de tutela.
[7] Ver
consideraciones de la sentencia T-491 de 2015 proferida por esta Sala (Sala
Sexta de Revisión).
[8] Sentencia T-127
de 2011. Cfr. Sentencias T-100 de 1994, T-338 de 1998 y T-228 de 1995, entre
otras.
[9] Sentencia T-672 de 1998.
[10] Sentencia T-072 de 2008.
[11] Sentencia SU-037 de 2009, indicó: “La posibilidad de dar
trámite a una petición de tutela como mecanismo transitorio exige, por una
parte, (i) demostrar que es inminente un perjuicio irremediable para el derecho
fundamental y, por la otra, (ii) que existe otro mecanismo de defensa judicial
al que se puede acudir para decidir con carácter definitivo la controversia
planteada en sede de tutela.”
[12] Sentencia
T-106 de 2015.
[13] Sentencia
T-956 de 2013.
[14] Ver sentencias
T-550 de 2008, T- 163 de 2011, T-962 de 2011 y T-142 de 2013, entre otras.
[15] Ver sentencia
T-627 de 2013. En esta sentencia, en uno de los tres casos que la Corte
estudió, el demandante instauró acción de tutela contra un fondo de pensiones,
por considerar que la decisión que le negó el reconocimiento del derecho a la
pensión de invalidez vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social,
al mínimo vital, la dignidad humana, los derechos de personas en estado de
discapacidad, en conexidad con el derecho a la vida, con base en los siguientes
hechos: al accionante se le calificó con pérdida de capacidad laboral del
71,15%, de origen común. Con fundamento en este dictamen, el señor solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez. El ISS rechazó la solicitud al
considerar que no se encontraban satisfechos los requisitos para adquirir el
derecho a la pensión de invalidez, ya que el accionante sólo tenía 7 semanas
cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez. El demandante adujo que si bien no cotizó 50 semanas durante los
tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, si cotizó 50
semanas en los tres años previos al 28 de abril de 2008, fecha en que se
calificó la pérdida de capacidad laboral del 71,15%. Debido a su enfermedad, el
accionante perdió la visión y padecía insuficiencia renal, por ello debía someterse
a diálisis, no podía trabajar y su sostenimiento era asumido por su
progenitora. Con base en lo expuesto, el ciudadano pidió que se ordenara a
Colpensiones reconocer y pagar la pensión de invalidez, porque cumplía con los
requisitos para ello. En esta oportunidad la Corte ordenó al fondo de pensiones
que realizara todas las acciones tendientes al reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a favor del accionante, incluyendo el valor retroactivo al
que hubiera lugar, al considerar que el demandante era un sujeto de especial
protección constitucional por su condición de discapacidad visual, la
enfermedad degenerativa que padecía y los demás problemas de salud; por carecer
de un ingreso económico regular que le permitiera procurarse la satisfacción de
las necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda. También al
establecer que el señor cumplía con los requisitos para obtener la pensión de
invalidez.
[16] En sentencia T-653 de 2004, este Tribunal señaló lo siguiente: “Considerados
estos factores, el derecho a la pensión de
invalidez adquiere el carácter de derecho fundamental por sí mismo, por
tratarse de personas que por haber perdido parte considerable de su capacidad
laboral, no pueden acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se
convierte en la única fuente de ingresos con la que cuentan para la
satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia, así como para
proporcionarse los controles y tratamientos médicos requeridos.” En este
mismo sentido se expresó en sentencia T-223 de 2012 al indicar: “La jurisprudencia
constitucional ha considerado que el derecho a la pensión de invalidez, puede,
bajo determinadas circunstancias, adquirir rango fundamental cuando
se relaciona con el derecho a la vida, al mínimo vital, al trabajo, la salud y
la igualdad, de las personas que sufren una disminución parcial o total de su
capacidad laboral por razones ajenas a su voluntad.”
[17] Sentencia T-627 de 2013.
Ver también las sentencias T- 100 de 1994, T- 1338 de 2001, T-859 de 2004,
T-630 de 2006 y T-043 de 2007.
[18] En la que se estudió la
constitucionalidad de los incisos 1o. (parcial) y 2o del artículo 26 de la Ley
361 de 1997. La Corte declaró exequible la expresión “salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo” contenida en el inciso 1o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y el “inciso 2o. del artículo 26 de la Ley
361 de 1997 bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y
debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad
(C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en favor
de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54),
carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una
persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la
oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa
causa para el despido o terminación del respectivo contrato”.
[19] Mediante
sentencia C-458 de 2015 se estudió la constitucionalidad de algunas expresiones
contenidas en algunas normas por considerar que el lenguaje podía tener
implicaciones inconstitucionales, toda vez que podría ser entendido y utilizado
con fines discriminatorios. Sin embargo, se estableció que el uso de algunas
expresiones como parte del lenguaje técnico jurídico pretende definir una
situación legal y no hacer una descalificación subjetiva de ciertos individuos.
En ese sentido, varias expresiones fueron declaradas exequibles por los cargos
analizados en esta oportunidad y otras exequibles condicionadamente. El término
discapacitado se reemplazó por “persona en situación de discapacidad”.
Por su parte las definiciones legales y lexicográficas de las expresiones
“discapacitado”, “inválido”, “sordo”, “minusválido”, “persona con limitaciones”
y “limitados” se declararon exequibles al considerar que están desprovistas de
los componentes peyorativos que los demandantes les atribuyeron.
[20] Sentencia
T-196 de 2006. Ver también las sentencias T-341 de 2009 y T-651 de 2012, entre
otras.
[21] Sentencia
T-754 de 2012. Ver también T-198 de 2006.
[22] Sentencia
T-554 de 2008. Ver también sentencia T-462 de 2010, T-651 de 2012 y T-447 de
2013 entre otras.
[23] “Por la
cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones." En la sentencia T-148 de
2012 se señaló que la Ley 361 de 1997 tiene como finalidad “la integración social
de las personas con limitación, de lo cual se infiere que a los servidores
públicos de la carrera judicial también les corresponde integrarse en el mundo
social. Bien, todas las referencias hechas en la Ley 361 tienen que ver con las
personas con limitaciones de manera general, sin excluir de ese universo a
aquellas que son servidoras públicas.
No es entonces plausible
que el intérprete exceptúe de los derechos aportados por la Ley que se comenta
a las personas de la carrera judicial, puesto que ello contravendría el
principio de igualdad (art. 13 de la C.N.) y el artículo 53 constitucional que
ordena que se prefiera la situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Más aun,
el artículo 2° de la Ley 361 establece que “[e]l Estado garantizará y velará
por que (sic) en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre
habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas,
físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales”, de tal suerte que una
interpretación que excluya a los empleados judiciales de los efectos de la
norma constituye una discriminación infundada de aquellas que la misma Ley
reprocha en su artículo 2°, interpretación que, por lo demás, se antoja
incoherente con los principios generales que informan la Ley 361.
5.3. Así mismo, es
preciso mostrar que los servidores públicos que padecen algún tipo de
discapacidad, al igual que lo que sucede con las demás personas nombradas en
cargos de carrera, sólo pueden ser retirados del servicio con sustento en
alguna de las causales recopiladas en el artículo 125 de la Constitución. Sin
embargo, y debido a su especial protección constitucional, su retiro, a
diferencia de lo que ocurre con el resto de servidores no discapacitados, debe
contar con la anuencia de la Oficina de Trabajo, en los casos en que está se
requiera habida cuenta de la modificación introducida por el Decreto 019 de
2012. De no ser esto así, se tornaría anodina la especial protección
constitucional que los ampara (arts. 13 y 54 de la Carta), pues en la práctica
gozarían de la misma estabilidad que el resto de empleados de carrera no
discapacitados que sólo pueden ser retirados por una de las causales del
artículo 125 superior sin requerirse autorización alguna de la Oficina de
Trabajo.”
[24] En esta
providencia la Corte revisó el caso de una persona a quien su empleador dio por
terminado su contrato de trabajo por haber superado los 180 días por
incapacidad no profesional.
[25] Sentencia T-198 de 2006.
[26] Sentencia
C-531 de 2000.
[27] Sentencia T-457 de 2013.
En esta ocasión la Corte estudió el caso de una persona que solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales, en su parecer transgredidos por las empresas
para las cuales trabajaba al desvincularlo de su cargo cuando se encontraba
incapacitado y sin una causa objetiva que motivara dicha decisión. Sin embargo la
Corte declaró la improcedencia de la tutela por la inobservancia del requisito
de inmediatez. En este caso la Corte estableció que el actor “no interpuso
la acción de tutela dentro de un término razonable a partir de la ocurrencia de
los hechos que daban lugar a la amenaza o violación de los derechos
fundamentales, pues el despido se efectuó el 26 de agosto de 2012 y la acción de
amparo fue impetrada el 31 de octubre de 2013, de lo cual se colige que dejó
transcurrir 14 meses aproximadamente desde la notificación de la terminación
del vínculo laboral y el ejercicio de la acción de tutela. (Folio 9-10)”.
[28]  “Mediante
la sentencia T-772 de 2012, la Corte Constitucional resolvió la solicitud de
amparo presentada por un ciudadano que consideró que empresa en la que
trabajaba vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, al
trabajo, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral. Lo
anterior, debido a que fue despedido sin la previa autorización del Ministerio
de Trabajo y en esos momentos se encontraba incapacitado como producto de la
enfermedad profesional que padecía en ese momento”. En dicha sentencia, “luego
de determinar que se había configurado una vulneración a los derechos
fundamentales del actor debido a que el hecho de que la empresa accionada
terminara la relación laboral cuando el trabajador seguía sufriendo las
secuelas del “stress laboral” que le fue diagnosticado, y, sin la autorización
del Ministerio de Trabajo, se concluye que la decisión de despido fue con
ocasión del estado de salud del accionante. Adicionalmente, se reiteró que para
casos como el presente, donde se comprueba que la razón del despido es la
situación de debilidad manifiesta del trabajador, la Corte Constitucional ha
ordenado el reintegro laboral del trabajador”. Como consecuencia de lo
anterior, dicha Sala de Revisión ordenó entre otras cosas, el reintegro del
accionante a la empresa.
[29] Sentencia
T-311 de 1996.
[30] Sentencia
T-311 de 1996.
[31] Decreto 1848 de 1969, artículo 8º.
[32] Por el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se
dictan otras disposiciones.
[33] “Por el cual se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.”
[34] Administradora de Fondos de Pensiones.
[35] Ver
sentencias T-333 de 2013 y T-491 de 2015, entre otras.
[36] Ver
sentencias T-333 de 2013 y T-491 de 2015, entre otras.
[37] En la sentencia
T-004 de 2014 la Corte concedió el amparo de tutela a una persona, de 58 años,
quien interpuso acción de tutela contra la empresa empleadora, quien afirmaba
que desde marzo de 2013 fue excluido de nómina y no le pagaban las
incapacidades adeudadas después del día 540 de ser causadas como consecuencia
de una disminución física dictaminada por la Junta Regional de Calificación de
la Invalidez en una pérdida de capacidad laboral del 51.77% estructurada el 30
de enero de 2012. La Corte estableció que el actor sí tenía derecho al pago de
las incapacidades causadas después del día 540 y por ello ordenó a BBVA
Horizonte cancelar las incapacidades insolutas respecto del accionante desde el
mes de marzo de 2013, hasta que el Fondo de Pensiones realizara los trámites
administrativos necesarios para reconocer y pagar la pensión de invalidez,
momento a partir del cual cesarían los efectos de este fallo.
[38] Código
Sustantivo del Trabajo “Artículo 62. Terminación del contrato por
justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo:
A). Por parte del empleador:
1. (…)
15. La enfermedad
contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así
como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo,
cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El
despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y
no exime al {empleador} de las prestaciones e indemnizaciones legales y
convencionales derivadas de la enfermedad.
En los casos de los
numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el
{empleador} deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince
(15) días.”
[39] Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948). Pacto Internacional de derechos de las personas
con retardo mental (1971). Declaración de los derechos de los impedidos (1975).
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976). Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976). Declaración de las
personas sordo ciegas (1979). Decenio de Acción Mundial para las personas con
Discapacidad (Asamblea General de las Naciones Unidad. Resolución 37/52
diciembre de 1982). Programa de acción Mundial para las Personas con Discapacidad
(ONU). Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el
Mejoramiento de la Atención en Salud Mental (1991). Convención sobre los
derechos del niño (En su artículo 23 trata los derechos de y los deberes para
con los niños con impedimentos físico y mental). Recomendación “Sobre la
Adaptación y Readaptación Profesionales de los inválidos de la OIT”.
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad y la Declaración de Cartagena
de 1992 “Sobre Políticas Integrales para las personas con Discapacidad en el
Área Iberoamericana” entre otros.
[40] Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad.”
[41] “Artículo 9º: Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social.”
[42] Artículo 16: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social
que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez
y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a
su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de
subsistencia”
[43] “Artículo
9º. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad
que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones
de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de
personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá
al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes
de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia
retribuida por maternidad antes y después del parto.”
[44] "Por
la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones".
[45] Sentencias T-550 de 2008,
T-062A de 2011, T-138 de 2012 y T-463 de 2012, entre otras.
[46] Establece el artículo 69 de la Ley 100 de 1993 : “El estado de invalidez, los
requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto y el sistema de su
calificación en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se regirá por
las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente Ley”.
[47] Parágrafo
declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-020 de 2015 de 21 de enero, en el sentido de que se aplique, en
cuanto sea más favorable, a toda la población joven, conforme a los fundamentos
jurídicos 60 y 61 de la parte motiva de esta sentencia.
[48] Modificado
por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 del 10 de enero de
2012. “Artículo. 41.- Calificación del
estado de invalidez. El estado de invalidez será determinado de
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el
manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno
Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por
pérdida de la capacidad laboral.”
[49] Sentencia T-627 de 2013.
[50] Que modifica
el Decreto 692 de 1995 “por el cual se adopta el Manual Único para la
Calificación de la Invalidez.”
[51] Sentencias T-699A de 2007, T-710 de 2009 y T-043 de 2014,
entre otras.
[52] Ver sentencias
T-515 A de 2006, T-201 de 2013, T-276 de 2014 y T-702 de 2014, entre otras.
[53] “Enfermedad
actual: cuadro de +/-5 meses de dolor poliarticular en manos; carpos; codos;
rodillas y región lumbar; asociado a importante limitación funcional; viene
remitido por ortopedia para valoración; ha sido manejado con aines con mejoría
parcial.” Folio 18 del cuaderno principal de tutela. A folio 28 se lee: “EXF:
paciente en regulares condiciones generales presenta rigidez articular en codos
con flexión de 90 grados y extensión de -30 grados con dolor a la palpación en
columna lumbosacra limitación y dolor a la movilidad de las rodillas con arcos
de movilidad conservados. Sin déficit neurovascular distal.”
[54] Código
Sustantivo del Trabajo. Artículo 488. “Regla general. Las acciones
correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3)
años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible,
salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código
Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.
[55] Sentencia
T-850 de 2011.
[56] Sentencia T-004 de 2014.
[57] Folio 56 del cuaderno principal.
[58] Sentencia
T-936 de 2009.
[59] Folios 24-27
del tercer cuaderno de tutela.