T-091-19
Sentencia T-091/19
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Vulneración del derecho a la educación en su
faceta de permanencia al no emitir orden de matrícula ante proceso
disciplinario adelantado que terminó en exclusión y del cual nunca fue
informado el accionante
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION
DE TUTELA-Acreditación cuando se está afectando
continuidad en proceso educativo y no se cuenta con acto administrativo
La Corte encuentra que el amparo
solicitado acredita el presupuesto de subsidiariedad, no solo porque se podría
estar afectando la continuidad en un proceso educativo lo que haría ineficaz el
mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, sino porque tal y
como lo corrobora la entidad accionada, “la sugerencia” de cambiar de
institución educativa no estuvo acompañada de un acto administrativo. Por el
contrario, fue informada y consignada en “el anotador” del estudiante y, por
ello, en estricto sentido no existía al menos prima facie un acto demandable
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
DERECHO
A LA EDUCACION-Servicio público con función social
DERECHO A LA EDUCACION-Niveles
EDUCACION PARA ADULTOS-Marco normativo
DERECHO A LA EDUCACION-Modalidades
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental tanto para los menores de edad como para los adultos
(i) el derecho a la educación es
fundamental para los menores de edad en virtud de lo dispuesto en el artículo
44 de la Constitución y será obligatoria entre los cinco y los quince años de
edad y comprenderá, como mínimo, un año preescolar y nueve de educación básica.
En el caso de los mayores de edad (ii) el derecho a la educación es un derecho
fundamental de desarrollo progresivo y flexible de manera que admite diferentes
modalidades de realización y, en consecuencia, no impone al Estado ni la
sociedad obligaciones equivalentes en materia de acceso y permanencia. Sin
embargo, (iii) cualquier restricción a la permanencia de un estudiante que
cumple la mayoría de edad estando en curso la educación media debe, además de
sustentarse en forma clara y precisa, encontrarse precedida de un procedimiento
acorde con las exigencias del debido proceso y las reglas fijadas en el manual
de convivencia. En este sentido, se vulnera el derecho cuando se desconocen las
facetas de acceso y permanencia, por ejemplo, ante la suspensión abrupta de la
prestación del servicio
AUTONOMIA DE INSTITUCION EDUCATIVA-Límites
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO-Requisitos del manual de convivencia
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Orden a Institución Educativa comunicar al accionante por escrito la posibilidad que tiene, si es
de su interés, reintegrarse al proceso formativo de la institución
DEBIDO
PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Advertir
a accionante que, en su condición de estudiante, debe cumplir sus deberes
académicos, administrativos y disciplinarios
Referencia: Expediente
T-6.747.388.
Acción de tutela
instaurada por Juan Diego Suaza Gutiérrez contra la Institución Educativa
Normal Superior de Pasca (Cundinamarca).
Magistrado
Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., primero
(1) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de
revisión del fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Pasca (Cundinamarca) que negó el amparo de los derechos
solicitados por Juan Diego Suaza Gutiérrez.
I.
ANTECEDENTES
A. LA DEMANDA
DE TUTELA[1]
1.
Juan Diego Suaza Gutiérrez interpuso acción de
tutela contra la Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca)
para la defensa de sus derechos fundamentales a la educación, la igualdad, el
debido proceso y  la dignidad humana. En consecuencia, solicitó que se ordene a
la accionada garantizarle la matrícula y la permanencia, para el año lectivo
2018, en el grado décimo dado que fue retirado de la accionada sin que, en
ningún momento, se le hubiera adelantado un proceso disciplinario, ni existiera
un acto de la rectoría o de otra dependencia que lo hubiese sancionado con la
expulsión.
B. HECHOS RELEVANTES
2. Indica el
accionante que para el año 2017, cursó el grado décimo en la Institución
Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca)[2].
3. Después de
haber reprobado dicho año lectivo[3], el actor se dirigió a la
Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca), con el fin de
realizar la matrícula correspondiente al período académico de 2018. No
obstante, asegura que, en dicho momento, se le indicó que no existía orden de
matrícula a su nombre y que desconocían los motivos de tal situación[4].
4. Después de
acudir al rector de la accionada, Juan Diego Suaza Gutiérrez fue remitido a la
coordinadora, quien le sugirió cambiar de institución, tras argumentar
problemas de convivencia[5]. El actor cuestiona tal
determinación porque durante el tiempo en el que estuvo vinculado al plantel
educativo accionado no fue notificado de ningún proceso disciplinario o
académico que hubiera culminado con la expulsión, ni con la imposición de
matrícula condicional.
5. Manifiesta
Juan Diego Suaza Gutiérrez que, si bien su desempeño académico en los últimos
tres (3) años no ha sido ideal[6], esto se ha debido a
problemas personales y que además, en sus propias palabras, no cuenta con los
recursos suficientes para “(…) asumir los gastos y garantizar el
desplazamiento a otra institución, ni cubrir los costos educativos de forma
independiente en una institución privada” al residir en el Municipio de
Pasca y no contar con un empleo que le permita cubrir sus necesidades y
educación[7].
6. El 30 de
enero de 2018, Juan Diego Suaza Gutiérrez –de 19 años[8]-
interpuso acción de tutela contra la Institución Educativa Normal Superior de
Pasca (Cundinamarca) para la defensa de sus derechos fundamentales a la
educación, la igualdad, el debido proceso y la dignidad humana. El amparo fue
acompañado de una solicitud de medida provisional, en la que el actor requirió
una orden en contra de la accionada para que, en un término no mayor a cuarenta
y ocho (48) horas, garantizara su matrícula y permanencia a fin de poder cursar
el grado décimo.
En la acción de
tutela advirtió Juan Diego Suaza Gutiérrez que sus derechos fueron afectados al
ser retirado de la accionada sin que, en ningún momento, se le hubiera
adelantado un proceso disciplinario, ni existiera un acto de la rectoría o de
otra dependencia que lo hubiese sancionado con la expulsión. Además, cuestionó
que sólo se hubiese enterado de tal determinación cuando pretendía efectuar la
matrícula para el 2018, circunstancia que –ya para dicho momento- le
dificultaría obtener un cupo en otro plantel educativo[9].
C. CONTESTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR –NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN- PASCA, CUNDINAMARCA
7. Mediante auto
del treintaiuno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Promiscuo
Municipal de Pasca (Cundinamarca) admitió la acción de tutela de la referencia
y, en consecuencia, ordenó ponerla en conocimiento de la Institución Educativa
Normal Superior de Pasca para que, en el término de tres (3) días, rindiera un
informe sobre los hechos y pretensiones que dieron origen a la interposición de
la acción de tutela[10].
En la misma
providencia, se dispuso negar la concesión de la medida provisional solicitada,
tras considerar el a quo que el accionante no había aportado la
documentación suficiente para demostrar que con la desescolarización la
Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) violó el derecho
a la educación o se rehusó a prestar el servicio público.
Institución Educativa Normal Superior -Nuestra Señora de la
Encarnación- de Pasca[11]
8. El seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), la accionada
dio respuesta[12]. Sobre los antecedentes,
afirmó que era cierto que: (i) Juan Diego Suaza Gutiérrez cursó el grado décimo
en la institución educativa accionada en el año 2017; (ii) el rector no tenía
conocimiento sobre las razones por las cuales se le había negado al actor el
cupo en la institución –pues para dicho momento no ocupaba tal cargo- y, por
tanto, lo remitió a la coordinadora, quien le sugirió el cambio de institución
por problemas de convivencia y bajo rendimiento académico; (iii) al momento en
el que el accionante se presentó en la Institución Educativa Normal Superior de
Pasca no existía orden de matrícula en su favor; y (iv) durante el tiempo en el
que Juan Diego Suaza Gutiérrez estudió en tal institución “(…) no fue
notificado de algún proceso disciplinario que culminara con expulsión o
matrícula condicional, lo que permite deducir que la institución no le negó el
derecho a la educación y SÍ le recomienda cambio de colegio”[13].
No obstante,  afirmó que –de acuerdo con el acta del Comité de Convivencia del
cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)[14]-
se sugirió reconsiderar el ingreso de algunos estudiantes y el cambio de
institución, entre los que se encontraba el actor.
9. Según consideró la accionada, a Juan Diego Suaza Gutiérrez se le
dio la oportunidad de buscar otros ambientes favorables a él, en consideración
a que sus antecedentes disciplinarios y académicos demuestran una actitud poco
colaboradora. Tal afirmación es derivada de la siguiente enunciación de hechos
que se registran en “el observador”[15]: (i) desde el 16 de
marzo de 2017, el estudiante ha incurrido en faltas al manual de convivencia,
tales como evasión a ciertas clases, reincidencia en llegadas tarde, pasar
copias durante la evaluación a la nivelación en la asignatura de química y la
inasistencia de los acudientes a las diferentes citaciones enviadas por
coordinación y (ii) falta de compromiso, durante los últimos tres (3) años, con
su rendimiento académico[16]. Por tales cuestiones,
el colegio afirma que el actor presentó un “(…) comportamiento poco
coherente con su edad[17]
cronológica y [la] poca responsabilidad que lo caracteriza teniendo en
cuenta la falta de compromiso ante las faltas reiteradas”[18].
10. Se reitera que el Comité de Evaluación y Promoción de Grado[19]
encontró mérito para “sugerir” el cambio de institución del actor, ya que de
conformidad con lo establecido en el sistema institucional de evaluación
–literal d) del artículo 28- es función de la comisión emitir recomendaciones
para docentes, estudiantes, padres de familia y demás instancias que “(…) favorezcan
(…) el mejoramiento en los desempeños de los estudiantes”[20].
En efecto, en la sesión se adoptó tal determinación y para respaldarla, a dicha
sesión fue invitada la Comisaria de Familia Sorangela Infante y la psicóloga
Municipal Luz Adriana Molina.
11. Frente a las preocupaciones del accionante sobre los costos que
implicaría un cambio de institución educativa, se afirma que de acuerdo a la
normatividad vigente en los establecimientos públicos la educación es gratuita.
Cosa diferente es que el accionante, según se expresa, “(…) ha
desaprovechado la oportunidad que le ha brindado la institución de prepararse
conforme a los requerimientos y lineamientos establecidos en el manual de
convivencia y demás normas legales vigentes, al incumplir reiteradamente los
deberes que como estudiante le asisten entendiendo que todo derecho implica el
cumplimiento de deberes básicos, que siendo de fácil cumplimiento, para este
joven le son indiferentes y por ende de poca importancia, más aún cuando en
éste momento ha cumplido la mayoría de edad”[21].
Por las razones enunciadas, la institución educativa señaló que no
existe vulneración del derecho a la educación. Por el contrario, para
salvaguardar su dignidad y buen nombre se recomendó separarlo de la institución
accionada. Ser estudiante, incluso del grado décimo, no lo libera de las
responsabilidades propias de su proceso educativo y de acatar el manual de
convivencia. La sentencia T-625 de 2013 reconoció que los estudiantes que
incumplan las exigencias académicas y disciplinarias del manual de convivencia
no podrán justificar su conducta invocando la protección del derecho a la
educación y que, además, los padres deben estar atentos al rendimiento
académico y disciplinario de éste dentro del plantel. Sobre esto último, la
accionada precisó que “(…) para el caso del accionante no se cuenta con un
acudiente continuo que asuma tales obligaciones, pues a los diversos
requerimientos de las directivas dada la conducta del educando, no asisten
oportunamente”[22]. En consecuencia,
solicitó al juez de instancia denegar las pretensiones de Juan Diego Suaza
Gutiérrez.
D. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
Tramitado en
primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Pasca (Cundinamarca), el trece (13) de febrero
de dos mil dieciocho (2018)[23]
12. El juez de
instancia negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por Juan Diego
Suaza Gutiérrez. Después de referirse a los antecedentes que motivaron el
amparo y a algunas providencias de esta Corporación[24],
consideró que existe el deber de los establecimientos educativos de ofrecer una
educación integral, la cual debe comprender la implementación de procesos
didácticos y pedagógicos que aseguren un acompañamiento individual al
estudiante. En este contexto, se expidió la Ley 115 de 1994.
No obstante,
también existen deberes de los docentes dentro del proceso educativo, de la
familia e, incluso, de los estudiantes, los cuales -a su vez- habilitan la
imposición de sanciones disciplinarias y académicas, siempre que se acate lo
preceptuado en el manual de convivencia y la autonomía de las instituciones,
así como el debido proceso y los derechos fundamentales de los estudiantes.
13. De acuerdo con dichas consideraciones,
el juez de instancia indicó que las autoridades de la institución educativa
recomendaron el cambio de colegio, con sustento en que el accionante cuenta con
siete (7) anotaciones, de las cuales la mayoría son por evadir clase. En
consecuencia, afirmó que para el despacho era claro que Juan Diego Suaza
Gutiérrez no deseaba continuar con su proyecto educativo en dicha institución y
como evidencia de ello están sus bajas calificaciones.
En relación con
la violación del debido proceso consideró que “[e]s cierto que no se le ha
notificado de ningún proceso disciplinario en su contra, pero también es cierto
que ha conocido todo el proceso desde hace 3 años, en los cuales su mal
comportamiento consignado en el observador deja entrever que no es su deseo
continuar la formación media”[25]. En consecuencia, debía
valorarse que el estudiante incurrió en faltas gravísimas contra el manual de
convivencia y el colegio respetó el debido proceso del accionante al permitirle
efectuar descargos. No obstante los compromisos que fueron adquiridos por el
actor. Además, cuestionó lo siguiente:
“Se pregunta también
este fallador, (¿) en dónde ha estado la familia de este joven en 3 años
seguidos en los cuales ha asistido al colegio por asistir? (sic) (¿) y hasta
ahora que cumplió la mayoría de edad, se percatan que debe continuar estudiando?
Máxime que se encuentra en extra edad; pues la situación fáctica es que
reiteradamente el señor SUAZA ha faltado a sus deberes como estudiante y con la
institución en un proceso integral que debe ser reforzado con la asistencia de
la familia y no atribuir única y exclusivamente tal responsabilidad a la
Institución Educativa, quien ha hecho lo que la norma le indica y la psicología
le orienta, situaciones de las que no se percató el joven SUAZA GUTIÉRREZ.
Finalmente, en estas
condiciones el amparo constitucional no puede pretermitir una parte de la
educación integral donde todos los actores son de suma importancia y el más
importante es el del educando; y si es su deseo terminar su educación media, lo
puede hacer a través de otras modalidades de educación y así las cosas, el
amparo deprecado no procederá”[26].
14. En
consecuencia, de acuerdo a las consideraciones expuestas por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Pasca (Cundinamarca), se negó el amparo solicitado por
Juan Diego Suaza Gutiérrez.
E. ACTUACIONES
ADELANTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
15. Mediante
auto del veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018)[27],
proferido por el Magistrado Sustanciador[28],
se solicitó complementar la información allegada al proceso[29].
16. También se
ofició al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de
Cundinamarca para que absolviera algunos interrogantes sobre el caso estudiado.
Mientras que, por su parte, a la Alcaldía Municipal de Pasca se le requirió –entre
otras circunstancias- para que informara a esta Corporación cuántas
instituciones públicas existen en este municipio para cursar el grado décimo,
así como los índices de deserción escolar, de escolaridad  y de analfabetismo.
Institución
Educativa Normal Superior de Pasca[30]
17. La accionada
indicó que, el 21 de noviembre de 2017, quien en su momento se desempeñaba como
rectora encargada de la institución, le informó y notificó en el “observador”
al señor Juan Pablo Suaza –padre de Juan Diego Suaza Gutiérrez-, que se recomendaba
el cambio de colegio de su hijo, pues el accionante “(…) seguía incurriendo
en faltas al manual de convivencia y no daba muestra de mejoramiento en sus
desempeños, comportamiento y actitud”[31]. En similar
sentido, el docente y asesor del grado 10.03, afirma que el 5 de diciembre del
mismo año, al momento de la entrega de boletines y clausura del año le informó
“de manera verbal”[32] que el estudiante no
contaba con la orden de matrícula por tener recomendaciones vigentes de cambio
de institución, las cuales habían sido ratificadas por Comisión de Evaluación y
de Promoción.
18. Juan Diego
Suaza Gutiérrez estuvo vinculado a la accionada siete (7) años, donde cursó el
grado sexto en el 2010, pero después de haber reprobado el año y repetirlo en
otra institución, reingresó para cursar el grado séptimo en 2012, octavo en
2013 –el cual debió repetir en el año 2014-, grado noveno en 2015, grado décimo
en 2016 que debió cursar nuevamente en 2017. Los problemas que determinaron su
exclusión se centraron en la evasión de clases, arribo tarde al salón,
incumplimiento de los compromisos de mejoramiento, evasión de la institución,
cierta actitud rebelde y desafiante con las normas e irrespeto a sus
compañeros, el supuesto “mal manejo de las relaciones de pareja y demostraciones
afectivas durante la jornada escolar”[33], establecer
un noviazgo con una menor de edad e inasistencia de los padres a algunas
reuniones citadas con los docentes y directivos.
En consecuencia,
se aclara que “[a]l estudiante no se le inició como tal un proceso
disciplinario dado que los correctivos siempre fueron de carácter pedagógico y
formativo como es la pretensión de los nuevos manuales de convivencia
institucional y siempre buscando establecer un vínculo con la familia para que
desde allí se orientaran acciones en búsqueda de mejores y mayores niveles de
responsabilidad y compromisos del estudiante”[34].
En este marco se
argumenta que el comportamiento del joven es poco coherente con su edad,
afirmación que se considera validada por la psicología evolutiva, pues al
cumplir 17 y 18 años de edad, se esperaba del estudiante que pudiera establecer
hábitos de estudio y un mayor grado de responsabilidad que, según se advierte,
no demostraron sus conductas. En efecto, en el año 2017, el accionante debido a
su falta de interés reprobó el grado décimo y, no obstante que sus padres no
siempre asistían a las reuniones, el 21 de noviembre de 2017, en una reunión
con el padre se pudo establecer que existían ciertos problemas familiares que
han terminado por afectar la vida emocional del estudiante y que, a su vez,
contaba con ciertos problemas de autoridad frente a las normas impuestas en su
casa. Con sustento en ello, se indica que es por ello que -en su oportunidad-
se afirmó que al estudiante las normas le eran indiferentes.
19. Ante la
conducta descrita, la preocupación de la institución se centró en concluir que
el proyecto educativo de la accionada no respondía a los intereses y
necesidades del educando. Por lo que se consideró que el cambio de institución
podía darle “un nuevo aire” a su proceso formativo. En efecto, “sugerir” el
cambio de institución se consideró como la opción más viable para el
accionante. Con mayor razón, si existe la posibilidad de que el estudiante se
vincule a la Institución Educativa Adolfo León Gómez o a un programa de
educación para adultos.
Además, según
reporte del Sistema Nacional de Matrícula –SIMAT-, se estableció que el
accionante se encuentra matriculado y estudiando en la Institución Educativa
San Gabriel del Municipio de Viotá (Cundinamarca).
Finalmente, se
adujo que “la sugerencia de cambio de institución” va acompañada de la
retención de la orden de matrícula en la rectoría, mientras que la expulsión,
por su parte, es una figura que implicaría la cancelación de la matrícula a
través de un acto administrativo, como correctivo de última instancia[35].
Ministerio de
Educación Nacional[36]
20. La Oficina
Asesora Jurídica dio respuesta a los requerimientos del auto de pruebas e
indicó que, con sustento en la jurisprudencia de esta Corporación, la negativa
de expedir la orden de matrícula debe fundarse en faltas al manual de
convivencia y, por tratarse de una sanción disciplinaria, deben estar tales
causales previamente establecidas en el manual de convivencia para respetar el
principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a la educación de los
alumnos. En consecuencia, se expone que “(…) sancionar a un estudiante sin
las debidas garantías procedimentales y a partir de unos hechos que no son
claros o que no constituyen faltas disciplinarias, es contrario a la
Constitución y afecta el derecho a la educación”[37].
21. En relación
con el momento hasta el cual debe garantizarse en una institución educativa
pública tal servicio, se indica que  el artículo 8° del Decreto 1680 de 1994
establece el marco legal sobre la garantía del derecho a la educación de la
población que, por algún motivo, se encuentra por fuera de los rangos de edad
para cursar determinado grado, los cuales son definidos por los
establecimientos educativos y las Secretarías de Educación. De acuerdo a tal
norma, las instituciones deben brindar formas de validación o nivelación, con
el fin de incorporarlos al grado que corresponda, según el plan de estudio. De
forma ideal, deben ser atendidos mediante un modelo flexible en el mismo
establecimiento, pero ante tal imposibilidad, no es posible que el
establecimiento o la Secretaría de Educación evadan la responsabilidad de
garantizar la atención educativa.
Sobre las causas
que se han identificado del bajo rendimiento escolar y del deber de las
instituciones de adoptar ciertas medidas preventivas, antes de adoptar la
decisión de desvincular al estudiante, indicó que de acuerdo a la normatividad
vigente, en un establecimiento educativo no debe existir -al evaluar los aprendizajes
desde los académico y el comportamiento social-, “(…) una mezcla innecesaria
y confusa entre los criterios de promoción desde lo académico y los criterios
de permanencia y promoción de lo disciplinario”[38].
En tal contexto,
estableció que el Decreto 1290 de 2009 “(…) construye y propone al país para
evaluar los aprendizajes desde lo académico, estableciendo en el artículo 4º,
los elementos del Sistema de Evaluación de Estudiantes, tal como se aclara en
el Documento No. 11 del Ministerio de Educación,  desde un paradigma de
evaluación diagnóstica, formativa y no solamente sumativa”[39].
Allí, se fijaron las funciones propias del Consejo Académico y de la Comisión
de Evaluación que, de existir, debe verificar el conducto regular y únicamente
el debido proceso de carácter formativo.
Por su parte, el
Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la Ley 1620 de 2013, propone la
actualización de los manuales de convivencia para que manejen el conflicto
escolar y valoren el comportamiento social, desde el aula, como garantía de más
y mejores aprendizajes. En tal marco, se encuentran las funciones del Comité de
Convivencia Escolar y del Consejo Directivo.
22. Agrega que
el Ministerio de Educación ha emprendido distintas medidas para mitigar la
deserción escolar, pero que las mismas dependen de la capacidad instalada de la
entidad territorial y de que el municipio garantice la asignación de cupos.
Precisa que en Pasca (Cundinamarca) existen dos instituciones educativas
públicas, esto es, la Normal Superior –Nuestra Señora de la Encarnación- y la
Institución Educativa Departamental Rural –Adolfo León Gómez-.
23. De acuerdo
al Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), que es reportado por los rectores de
los establecimientos y la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para el año
2017, las siguientes son las tasas de deserción y de matrícula:
Tasa
de deserción Intra-anual en el sector oficial del municipio de Pasca
Transición
Primaría
Secundaria
Media
Total
4,17%
2,10%
6,28%
5,08%
4,45%
Tasa
de matriculación
5 años
6 a 10 años
11 a 14 años
15 a 16 años
5 a 14 años
5 a 16 años
53,33%
58,35%
93,07%
97,19%
71,59%
75,45%
24. Finalmente,
como alternativa de acceso al sistema educativo de un estudiante de décimo
grado –mayor de edad- que es desvinculado de una institución educativa pública,
afirma el Ministerio de Educación que una opción a considerar es la educación
para adultos regulada en el Decreto 1075 de 2015 y, en particular, lo dispuesto
en el artículo 2.3.3.5.3.5.1.
Secretaría de
Educación de Pasca (Cundinamarca)[40]
25. A través de
la de la Oficina Asesora Jurídica, se indicó que la garantía al debido proceso
debe aplicarse a los procesos disciplinarios, adelantados por los centros
educativos públicos y privados. En consecuencia, la imposición de la sanción
debe efectuarse mediante un procedimiento en el cual el implicado pueda
presentar su defensa y controvertir las pruebas. En consecuencia, la regulación
de tales circunstancias en los manuales de convivencia deben garantizar: (i) la
comunicación de apertura del proceso disciplinario en contra del estudiante;
(ii) la formulación verbal o escrita de los cargos, con la precisa indicación
de las normas violadas, las posibles pruebas y sanciones; (iii) el término para
rendir los descargos y solicitar las pruebas; y, finalmente, (iv) la decisión
de fondo adoptada mediante resolución motivada y supeditada a los recursos de
ley. En consecuencia, se consideró que una institución educativa “(…) no
puede negarse a matricular a un estudiante por una situación disciplinaria, sin
haber surtido el debido proceso establecido en la norma y de esta manera violar
el derecho fundamental a la educación del estudiante”.
Sobre la
permanencia en el establecimiento educativo, después de hacer referencia al
artículo 98 de la Ley 117 de 1994 y a otras disposiciones reglamentarias,
indicó que a un estudiante mayor de dieciocho años, que cursa el grado décimo
en una institución pública, se le debe garantizar la continuidad de la
prestación del servicio hasta la culminación del proceso educativo, salvo que
existan graves faltas disciplinarias que lleven a la imposición de una sanción.
Asimismo, entre otras cuestiones, hizo referencia al procedimiento de
asignación de cupos, a los desarrollos reglamentarios para evitar la deserción
escolar, a que en el Municipio de Pasca existen dos instituciones educativas de
carácter público y que, de acuerdo al Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT-,
Juan Diego Suaza Gutiérrez se encuentra matriculado en el grado décimo en la
Institución Educativa Departamental San Gabriel del Municipio de Viotá
(Cundinamarca).
Alcaldía
Municipal de Pasca[41]
26. El Alcalde
indicó que tal municipio cuenta con dos instituciones educativas de carácter
oficial a saber: (i) la Normal Superior –Nuestra Señora de la Encarnación- de
Pasca que cuenta con una educación básica, media y formación complementaria y
(ii) la Institución Educativa Departamental Rural –Adolfo León Gómez- que se
encuentra, a diferencia de la anterior, en el perímetro rural y ofrece
educación básica, media, así como algunos programas para educación formal en
favor de adultos.
De acuerdo a un
estudio del DANE, para el año 2014, el analfabetismo en dicho municipio fue del
6.3 % y la tasa de deserción escolar del 2.3% e informa que, de cualquier
forma, la Institución Educativa Departamental Rural –Adolfo León Gómez- se
encuentra a un (1) kilómetro de distancia de la primera, por lo cual una opción
para el accionante es vincularse a la educación formal que se presta allí para
adultos los días sábados.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
27. Esta Corte
es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así
como en virtud del auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte,
que decidió someter a revisión la decisión adoptada por el juez de instancia.
B. CUESTIONES
PREVIAS RELATIVAS A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
28. Previo al
análisis del objeto de la acción de tutela interpuesta, es necesario estudiar
los requisitos de procedencia de la demanda relativos a (i) la legitimación por
activa y por pasiva, (ii) la observancia de la exigencia de inmediatez y (iv)
la subsidiariedad.
29. Legitimación
por activa: Juan Diego Suaza Gutiérrez interpuso acción de tutela contra la
Institución Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca), acorde con el
artículo 86 de la Carta Política, conforme al cual toda persona que considere
que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados,
podrá interponer acción de tutela en nombre propio o a través de un
representante que actúe en su nombre. El actor aduce la presunta afectación de
sus derechos fundamentales a la educación, la igualdad, el debido proceso y  la
dignidad humana por parte del referido centro educativo al cual estuvo
vinculado.
30. Legitimación
por pasiva: El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[42]
establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una
autoridad pública que vulnere o amenace un derecho fundamental. En el caso
estudiado, al dirigirse la acción de tutela contra la Institución Educativa
Normal Superior de Pasca (Cundinamarca), entidad educativa del orden
departamental, se entiende acreditado este requisito de procedencia.
31. Inmediatez: En relación con el
presupuesto de inmediatez, que presupone la  interposición de la acción en un
término razonable desde la presunta afectación del derecho, se advierte que Juan
Diego Suaza Gutiérrez interpuso acción de tutela el treinta (30) de enero de
dos mil dieciocho (2018)[43], después de que se le
informara que -de acuerdo al Acta del Comité de Convivencia del cuatro (4) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017)- se había “sugerido” un cambio de
institución. En consecuencia, se constata que han trascurrido menos de dos
meses entre la adopción de la medida de desescolarización y la interposición de
la acción de tutela de la referencia, por lo que al ser tal lapso razonable,
debe entenderse que la solicitud de amparo fue oportuna.
32.
Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en los cuales sea
interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. La sentencia T-763 de 2006[44]
indicó -en un caso relacionado con la protección del derecho a la educación-
que en
principio las controversias suscitadas deben ser planteadas ante la jurisdicción
ordinaria o contenciosa administrativa. No obstante, cuando se encuentren comprometidos
derechos fundamentales, es necesario evaluar la eficacia en concreto del medio
judicial y, en particular, valorar que frente al derecho a la educación, el
juez constitucional debe ser cuidadoso y analizar si se afecta la continuidad
en la prestación del servicio:
“En diferentes oportunidades la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de continuidad
garantiza la efectiva prestación y la permanencia del servicio público de
educación, de tal modo
que, las interrupciones que excepcionalmente se presenten deben estar
debidamente justificadas. En este sentido, es claro que cualquier tipo de
controversia que se genere en desarrollo de la prestación del servicio, y que
afecte su continuidad, repercute directamente en el ejercicio del derecho
fundamental a la educación, de tal modo que, atendiendo a las causales de
procedencia excepcional de la acción de tutela señaladas anteriormente, la
misma puede usarse con la finalidad de preservar la continuidad del proceso
formativo. Tal procedencia puede darse, según las circunstancias del caso, de
manera definitiva o  transitoriamente mientras el asunto se decide en la
vía ordinaria”[45].
En esa dirección, la
sentencia T-129 de 2016 -que estudió la solicitud de un menor de edad que
pretendía, por sus graves circunstancias personales, acceder a un cupo de
educación media para adultos- afirmó que en tales supuestos debía estudiarse si
se estaba afectando la continuidad del proceso educativo, lo que haría
procedente la acción de tutela, ante el carácter urgente de la pretensión de
reintegro y la necesidad de evitar la interrupción del mismo. Ello incluso
cuando -en abstracto- podría proceder el mecanismo de control de nulidad y
restablecimiento de derechos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, al ser el objeto de debate un acto proferido por un colegio
público[46].
33. Con fundamento en lo anterior,
la Corte encuentra que el amparo solicitado por Juan Diego Suaza Gutiérrez
acredita el presupuesto de subsidiariedad, no sólo porque se podría estar
afectando la continuidad en su proceso educativo lo que haría ineficaz el
mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, sino porque tal y
como lo corrobora la entidad accionada, “la sugerencia” de cambiar de
institución educativa no estuvo acompañada de un acto administrativo. Por el
contrario, fue informada y consignada en “el anotador” del estudiante y,
por ello, en estricto sentido no existía -al menos prima facie- un acto
demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
34. En esta oportunidad le corresponde a la
Sala Cuarta de Revisión determinar si la Institución Educativa Normal Superior
de Pasca (Cundinamarca) vulneró los derechos a la educación, a la igualdad y al
debido proceso de Juan Diego Suaza Gutiérrez -de 19 años-, por la negativa de
emitir la orden de matrícula en su favor para el grado décimo, a pesar de que
nunca fue informado de proceso disciplinario o académico alguno que hubiere
culminado con su exclusión.
Con la finalidad de resolver el referido problema jurídico, la
presente sentencia  referirá la jurisprudencia relativa a la naturaleza
jurídica del derecho a la educación básica y media (sección D) y los supuestos
en los cuales es posible su restricción en los colegios (sección E). Luego de
ello, resolverá la situación planteada por  el accionante (Sección F).
D. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA.
35. Fundamento y naturaleza del derecho a la educación.
El derecho a la educación fue previsto de forma
expresa en la Constitución de 1991 y definido para los menores de edad como fundamental
(arts. 44 y 67). A su vez, el artículo 45 de la Carta Política impone
expresamente al Estado y a la sociedad la obligación de garantizar la
protección y la formación integral del adolescente y de la juventud:
“El adolescente tiene derecho a la protección y a
la formación integral. // El Estado y la sociedad garantizan la participación
activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo
la protección, educación y progreso de la juventud”.
En esa dirección, la Constitución prevé que el Estado debe
(i) regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia sobre la educación[47].
Igualmente, (ii) le atribuye a la educación la condición de servicio público a
la que se adscribe una función social  que, en los términos del inciso 1º del
artículo 67 de la Constitución, (iii) tiene por objeto promover el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura[48].
Esta definición constitucional del papel central de la educación fue reconocida
en la ley 115 de 1994 al definirla como “(…) un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes”[49].
A su vez, (iv) el
inciso 3º del artículo 67 de la Carta Política indica que la educación será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como
mínimo, un año de prescolar y nueve de educación básica. Por su parte, (v) el
inciso 4º de la misma disposición prescribe que [l]a educación será gratuita
en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos
a quienes puedan sufragarlos”[50].
36. Esta
Corporación ha precisado la naturaleza jurídica del
derecho a la educación de los mayores de edad y la procedencia de la acción de
tutela para garantizar su protección. Como señaló en la sentencia T-356 de 2017[51],
este derecho también es fundamental para dicho grupo. Sin embargo, el alcance
de su protección es diferenciado en función (i) del nivel de enseñanza “alcanzando su mayor nivel de protección en la
educación básica, disminuyendo progresivamente hasta la educación superior y de
posgrado, en las que los elementos prestacionales se vuelven preponderantes”. En adición a ello las posiciones jurídicamente
garantizadas por tal derecho dependen de otros factores relativos, por ejemplo,
(ii) a la edad del estudiante.
El carácter fundamental del derecho a la educación -aun en
el caso de los adultos- tiene apoyo en la idea según la cual“(…) la
educación es inherente y esencial al ser humano, dignificadora de la persona (…),
además de constituir el medio a través del cual
se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás
bienes y valores de la cultura”[52] . De acuerdo a lo anterior, la sentencia T-428 de 2012 –en la que se
estudiaron los compromisos educativos del Estado con la población joven y
adulta- precisó que se vulnera tal derecho cuando se desconocen las facetas de
acceso y permanencia ante “la suspensión
abrupta de la prestación del servicio”.
La Corte, en todo caso, advirtió que la universalidad del derecho a la
educación no supone la equiparación de las obligaciones del Estado en cada
caso. En ese sentido precisó que habrá de valorarse el grupo poblacional al que
pertenece el estudiante de acuerdo a su edad y su nivel educativo pues, a modo
de ejemplo, a pesar de que el acceso a la educación básica de los adultos es
una obligación de aplicación inmediata, “[e]l acceso a la educación de los
mayores de edad en los restantes niveles –entre los cuales se encuentra la educación
media, esto es, el grado décimo y undécimo- supone un esfuerzo
progresivo (…)”.
37. Contenidos
constitucionales del derecho a la educación. Teniendo en cuenta lo señalado
es necesario  precisar, de una parte,  los contenidos del derecho a educación
media y algunas de sus diferencias con aquella que se desarrolla en los niveles
preescolar y básico[53]. A su vez, de otra
parte, es indispensable establecer el alcance de dichos contenidos respecto de
las personas que han llegado a la mayoría de edad.
38. El inciso 1º del artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 precisa que “(…) [l]a instrucción
elemental será obligatoria” y que “[l]a instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos”. Tal disposición contrasta
con el inciso tercero del artículo 67, según el cual la educación será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y deberá comprender, como mínimo, un año de preescolar
y nueve de educación básica.
Este Tribunal ha
indicado que la armonización de tales disposiciones exige considerar que “(…) el compromiso del Estado colombiano con
respecto a la educación se predica respecto de todos los niveles educativos
-desde el preescolar hasta el superior- pero con primacía de un mínimo -un año
de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria- el cual deberá
cumplir con los mismos requisitos establecidos para la enseñanza primaria, es
decir universalidad, gratuidad y obligatoriedad, a partir del cual se debe
avanzar progresivamente hacia la asequibilidad de dos años más de preescolar,
dos años adicionales de secundaria y educación superior”[54].
38.1. Según se señaló el derecho a la
educación es fundamental en los menores de edad en virtud de lo dispuesto en el
artículo 44 de la Constitución[55].
Tal reconocimiento se complementa con la regla del inciso tercero del artículo
67,  según la cual “(…) será obligatoria entre los cinco y los quince años
de edad y (…) comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica”. Esta obligación, en todo caso, no excluye la educación
media como uno de los componentes del derecho fundamental de los menores de
edad[56].
38.2. Ahora bien, en lo relativo al
alcance del derecho a la educación respecto de los servicios de educación
básica y media para los mayores de edad, es indispensable precisar que su forma de realización, y en
particular la garantía de acceso y permanencia, variará en función de las particularidades
de cada situación. En efecto, la garantía de acceso a la educación de los
mayores de edad puede contemplar un marco diferenciado de protección, de manera
que –como lo ha dicho este tribunal- en el caso de los adultos “la
obligación estatal de proveer educación (…) se materializa en la
creación de un sistema especial que consulte los intereses de un grupo
poblacional específico, con el fin de que la necesidad de trabajar no impida
que las personas mayores de edad reciban la educación que no les fue impartida
durante su infancia y adolescencia”[57].
De manera que “(…) responde a la realidad de los adultos como personas que
se encuentran activas en el trabajo y que, en razón a su actividad, requieren
de una flexibilidad especial que posibilite el acceso al sistema educativo”[58]. En atención a ello, la
regulación legal vigente ha previsto la necesidad de establecer formas especiales de enseñanza para la población mayor de
edad[59]. El carácter diferenciado en
la prestación del servicio no implica, sin embargo, que el Estado pierda
interés en ello y, de hecho, el artículo 51 de la Ley 115 de 1994 prescribe
como objetivos de la educación para adultos, entre otros, (i) adquirir y actualizar su formación básica y
facilitar el acceso a los distintos niveles educativos y (ii) desarrollar la
capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y
comunitaria.
38.3. La
posibilidad de implementar modalidades diferenciadas en la educación para
adultos implica, al mismo tiempo, la facultad de las instituciones educativas
para adoptar medidas particulares en aquellos casos en los cuales: (i) se
demuestre -de forma clara y precisa- la vinculación de un estudiante mayor de
edad con actuaciones académicas o disciplinarias insatisfactorias, o
dificultades comportamentales significativas y, además, que tales hechos (ii) puedan
afectar el desarrollo de los programas educativos de aquellos colegios cuyo
proyecto se dirige principalmente a menores de edad. En esos casos, como ha
quedado expuesto, las autoridades públicas tienen el deber y las competencias
-con fundamento en el artículo 67 constitucional- para implementar planes de
educación que permitan a las personas que han alcanzado la mayoría de edad
acceder a servicios educativos.
Ahora bien y en
esto debe insistir la Corte, la regla anterior no habilita a las instituciones
educativas para afectar la permanencia de los alumnos que han desarrollado su
proceso académico en tales instituciones, invocando únicamente la circunstancia
de que el estudiante exceda la edad promedio de las personas. Toda limitación a
la permanencia educativa, aun de un mayor de edad, exige encontrarse motivada,
fundarse en el respeto del debido proceso y sujetarse al manual de convivencia.
39. En síntesis,
(i) el derecho a la educación es fundamental para los menores de edad en virtud
de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución y será obligatoria entre
los cinco y los quince años de edad y comprenderá, como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica. En el caso de los mayores de edad (ii)
el derecho a la educación es un derecho fundamental de desarrollo progresivo y
flexible de manera que admite diferentes modalidades de realización y, en
consecuencia, no impone al Estado ni a la sociedad obligaciones equivalentes en
materia de acceso y permanencia. Sin embargo, (iii) cualquier restricción a la
permanencia de un estudiante que cumple la mayoría de edad estando en curso la
educación media debe, además de sustentarse en forma clara y precisa,
encontrarse precedida de un procedimiento acorde con las exigencias del debido
proceso y las reglas fijadas en el manual de convivencia. En ese sentido, se
vulnera el derecho cuando se desconocen las facetas de acceso y permanencia,
por ejemplo, ante la suspensión abrupta de la prestación del servicio.
E. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS COLEGIOS Y LA GARANTÍA AL DEBIDO
PROCESO COMO SUPUESTO INDISPENSABLE PARA SU RESTRICCIÓN.
40. Teniendo en
cuenta la controversia planteada, la Corte se ocupará (i) del alcance general
de la autonomía de los colegios; (ii) de los límites que la Corte ha impuesto a
las actuaciones de los colegios en aquellos casos en los que sus decisiones
afectan el derecho a la educación; y (iii) de los procedimientos que -por regla
general- deben preceder o acompañar la imposición de cualquier restricción de
dicho derecho.
41. El grado de autonomía de los colegios no es equivalente al
que se reconoce a las universidades[60] cuyo fundamento
se encuentra en lo dispuesto por el artículo 69 de la Carta Política. En
efecto, en el ámbito de escolaridad básica y media el estudiante se encuentra
en un proceso de formación académica que apenas comienza y que pretende
cimentar las bases familiares y sociales, “(…) de suerte que no hay una verdadera disposición para que asuma por su propia
iniciativa de manera responsable las cargas académicas”. Los colegios, en consecuencia, tienen deberes
especiales en tales etapas dado que el estudiante es un ser en formación que,
gradualmente, asumirá de forma autónoma sus obligaciones y las consecuencias de
sus comportamientos. Por ello, las obligaciones de atención y seguimiento de
los colegios se acentúan y se concretan en los objetivos que han sido definidos
en los artículos 16 -educación preescolar-, 21 –educación básica y 30
–educación media- de la Ley 115 de 1994. Conforme a esa regulación, es
indispensable promover las competencias y actitudes adecuadas para avanzar,
posteriormente, a la educación universitaria en la que la madurez alcanzada
implica, a su vez, reconocer a los estudiantes un mayor grado de independencia.
Dicho de otra forma, en la
educación  formal –art. 10 de la ley 115 de 1994- debe asegurarse un esfuerzo
educativo particular que varía, significativamente, de aquel que tiene lugar cuando
se emprenden estudios universitarios. Ello explica, entonces, que la
intervención estatal en la actividad de colegios y universidades no resulte
equivalente. Por tanto, en el caso de los colegios -por estar este ciclo
diseñado para niños y adolescentes- se inicia un proceso gradual de formación
que no es igual al del estudiante universitario, quien cuenta con una mayor
madurez e independencia dado que, al menos prima facie, ha adquirido las
competencias mínimas que deben promoverse en las etapas que conforman la
educación formal –preescolar, básica y media-.
Esto explica que la
jurisprudencia constitucional se haya esforzado por precisar el alcance
concreto de la autonomía de los colegios, estableciendo las pautas generales
que deben regir los procesos educativos a su cargo. En ese contexto ha
determinado límites sustantivos y procedimentales de dicha autonomía a partir
de una interpretación conjunta de la obligación de proteger los derechos
fundamentales de los estudiantes y la calificación de la educación como un
derecho-deber que compromete al estudiante al Estado, a la sociedad y a su
familia.
41.1. Límites
constitucionales a la facultad disciplinaria y a la regulación de los manuales
de convivencia en los colegios[61].
Desde que se promulgó la Constitución, la Corte ha identificado los límites a
los manuales de convivencia. Entre ellos se encuentran los que se desprenden
del derecho al libre desarrollo de la personalidad[62].
Este tribunal ha establecido que “(…) los
reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos,
normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como
tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se
aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de
seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la
personalidad  de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país
que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico cultural y social  principio
de práxis general”[63].
Con fundamento en ese derecho (art. 16 C.P), ha
establecido en sede de tutela que no resulta posible: (i) exigirle a los
hombres un corte de pelo determinado[64] o dejar
de utilizar accesorios como aretes[65], pues
ha considerado que ello supondría imponer un “patrón estético excluyente”[66] proscrito por la Constitución; (ii) la
expulsión de alumnas que han quedado embarazadas[67] mientras estudian en el colegio o la
desmejora de sus condiciones de vinculación[68];
(iii) impedir a una alumna utilizar el uniforme de la institución por
encontrarse en unión libre y, posteriormente, desvincularla por tal razón[69]; (iv) la suspensión de alumnas con
calificaciones satisfactorias por el hecho de haber contraído matrimonio civil[70]; (v) establecer la prohibición de asistir
con normalidad a la institución educativa por haber sido sorprendida, por fuera
del colegio, desnuda con un hombre casado[71];
o (vi) coartar la libertad de definir la orientación sexual e, incluso, plasmar
en el manual de convivencia la prohibición de exteriorizar conductas
homosexuales en las mujeres[72].
41.2. De otra parte, la dignidad humana ha sido amparada
en el ámbito escolar. Así, en su faceta de vivir sin humillaciones, la Corte
(i) exigió contrarrestar la segregación psicológica sufrida por una niña de
nueve años propiciada por la indicación de su profesora de ser portadora de VIH[73]; (ii) prohibió el escarnio público como
sanción en los colegios, al considerar que trata de “(…) una forma de
violencia moral contra el menor (de edad), que no puede ser adoptada como práctica pedagógica o
sanción disciplinaria sin faltar al respeto que se debe a la dignidad de la
persona, y contra la cual debe ser protegido el niño”[74];
(iii) determinó que los mecanismos de disciplina no pueden terminar por
distorsionar la personalidad del sujeto[75];
y (iv) señaló que la educación debe prestarse en condiciones aptas para
desarrollar el proceso educativo, de modo que los estudiantes no pueden verse
sometidos a suplir la falta del personal de un colegio con su propio trabajo[76].
41.3. En adición
a ello la jurisprudencia constitucional ha concluido que (i) el derecho a la
igualdad prohíbe a los colegios  adoptar medidas discriminatorias, tales como
impedir el reingreso de estudiantes debido a su preferencia homosexual[77];
(ii) la intimidad y la integridad física
proscribe que en ejercicio de sus facultades disciplinarias los colegios
fuercen a los estudiantes a practicarse en la enfermería del colegio pruebas de
sangre con el fin de determinar si han consumido alucinógenos[78]; y (iii) el derecho a la libertad
religiosa y de cultos impide exigir, como requisito para estudiar en una
institución educativa determinada, que las mujeres porten uniforme[79] con pantalones, pues ello podría afectar a
alumnas que pertenecían a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia[80].
41.4. En suma, los manuales de convivencia y, en
general, la autonomía de los colegios se subordina al estricto respeto de los
derechos contenidos en la Constitución Política de 1991, tales como el libre
desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la igualdad y la libertad
religiosa. Por ende, “[s]iempre se aplicarán las disposiciones
constitucionales en caso de existir incompatibilidad entre ellas y las
disposiciones jurídicas de jerarquía inferior, como lo es el reglamento de un
colegio”[81].
42. La
educación como derecho-deber y el debido proceso. Desde sus primeros pronunciamientos la Corte Constitucional
estableció que la educación es un derecho-deber, de manera que su titular se
sujeta al cumplimiento de algunas cargas[82]. En
consecuencia, “[e]l estudiante tiene una obligación consigo mismo -en
primer lugar-, con la familia, la sociedad y el Estado -en segundo lugar-, para
lograr el progreso en su formación académica”[83]. Así,
la sentencia T-491 de 2003 estableció que la educación tiene proyecciones
múltiples como derecho fundamental y deber, por lo que existen obligaciones de
instituciones y estudiantes derivadas de su función social:
“La educación es también de proyección
múltiple: es un derecho fundamental y a la vez es un deber. Así, una de las
características esenciales del derecho a la educación,  en virtud de su
función social, es generar obligaciones recíprocas entre los actores del
proceso educativo. Estas obligaciones significan que la institución educativa,
de un lado, tiene el deber de ofrecer una educación acorde con los parámetros
sociales y culturales exigidos por la comunidad, bajo los supuestos de libertad
de enseñanza, aprendizaje, investigación científica o tecnológica.  Y por otra
parte, desde la óptica del estudiante, el deber se traduce en el cumplimiento
de las normas sobre comportamiento, rendimiento personal y académico
previamente establecidas en el manual de convivencia pero que no se restringen
exclusivamente al centro educativo sino que se reflejan en otros ámbitos, según
se explicará más adelante.
Las obligaciones
correlativas constituyen entonces condiciones indispensables para el goce
efectivo del derecho a la educación. Dentro de la órbita de su autonomía
los establecimientos educativos deben proporcionar una educación acorde con las
políticas que fije el Estado. A su turno, los educandos tienen el derecho a
adquirir los conocimientos propios y adecuados para su desarrollo personal y
moral, pero se les exige un determinado rendimiento académico, sin olvidar el
cumplimiento al régimen interno administrativo y disciplinario adoptado en la
comunidad educativa a la que pertenecen”[84].
En
este contexto, la imposición de  medidas disciplinarias o sancionatorias por
parte de las instituciones educativas si bien hace parte de sus atribuciones, debe
articularse con fines educativos[85],
puesto que se trata de “(…) una actividad
formativa, no autoritaria, que requiere de alumnos activos, creativos y
participantes en lugar de pasivos, repetidores y sumisos”[86]. En efecto, pese a
que se ha reconocido que los colegios cuentan con un amplio margen de
regulación y actuación en materia disciplinaria[87], las medidas
de carácter sancionatorio son, ante todo, “(…) herramientas legítimas de todo plantel educativo para
conducir y guiar el proceso formativo de sus estudiantes”[88]. De
manera que las mismas no son un instrumento de retaliación, sino que
constituyen medios y oportunidades para facilitar la educación del alumno y
fomentar sus potencialidades[89].
43. A partir de lo
anterior, se ha concluido que no existe un listado taxativo de instrumentos a
disposición de las instituciones educativas siempre que sean acordes con la
Constitución y con los manuales de convivencia de cada colegio. En esa
dirección, el incumplimiento de las cargas asociadas a la disciplina[90] y al rendimiento académico[91], ha sido entendido como un motivo que, en
principio, justifica la imposición de sanciones[92], incluyendo la expulsión del
establecimiento educativo[93].
44. En todo caso, en el
marco de los procesos disciplinarios –regidos por el manual de convivencia- y
de acuerdo a la gravedad de la conducta, antes de desvincular a un
alumno de una institución educativa, es necesario asegurar un diálogo real con las
diferentes instancias académicas y administrativas, que haga posible identificar
“(…) los problemas, necesidades y carencias específicas del alumno, de
manera tal que esté en capacidad de orientarlo en la búsqueda de alternativas
que propicien su formación integral”[94].
En ese contexto deben los interesados, con el acompañamiento profesional que se
requiera, (i) identificar las causas que han propiciado las dificultades del
estudiante; (ii) definir las oportunidades de actuación disponibles atendiendo
las circunstancias concretas; (iii) valorar la efectividad de las medidas
adoptadas; e (iv) identificar formas de seguimiento oportuno y periódico. En
todo caso, en función de la edad de cada estudiante la
etapa formativa que por regla general debe ser previa a la sanción, podrá
ajustarse en virtud del grado de madurez y la capacidad jurídica[95]
del estudiante para asumir los compromisos acordados.
45. En este contexto, es siempre posible imponer
restricciones o sanciones de mayor intensidad las cuales, en todo caso, deben
sujetarse a las garantías que integran el debido proceso escolar. De acuerdo
con la sentencia T-967 de 2007, tal derecho exige considerar los siguientes
factores: (i) la edad
del estudiante, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto
que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y
familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter
preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición
de la sanción puede tener para el  estudiante y su futuro educativo; y (vi) la
obligación del Estado de garantizar a los adolescentes su permanencia en el
sistema educativo. Asimismo el procedimiento debe contemplar, al menos,
las siguientes etapas:
“(…) (1) la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se atribuyen las conductas susceptibles de sanción; (2) la formulación
verbal o escrita, clara y precisa de las conductas que se reprochan y que dan
origen al proceso disciplinario, así como el señalamiento provisional de las
correspondientes faltas disciplinarias (con la indicación de las normas
reglamentarias que consagran tales faltas) y de
las consecuencias que dichas faltas pueden acarrear; (3) el traslado al
inculpado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos
formulados; (4) la indicación de un término durante el cual puede formular sus
descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el
pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto
motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los
hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, las decisiones de las autoridades
competentes”.
46.
En síntesis, los colegios y centros educativos pueden
adoptar sanciones, siempre que se garantice, en cada caso, el respeto al debido
proceso y a la defensa[96], el cual exige la
primacía de la Constitución, la garantía de los derechos reconocidos en ella,
la aplicación de los manuales de convivencia –cuyos contenidos no podrán ser
caprichosos, arbitrarios o discriminatorios-, y la sujeción a los principios
que rigen la imposición de restricciones a los derechos (legalidad, necesidad y
proporcionalidad).
F. CASO
CONCRETO
47. Corresponde a la Corte determinar si la Institución
Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) vulneró los derechos a la
educación, a la igualdad y al debido proceso de Juan Diego Suaza Gutiérrez –de
19 años-, por la negativa de emitir la orden de matrícula en su favor, pese a
que nunca fue informado de proceso disciplinario o académico alguno que hubiere
culminado con su exclusión del colegio.
48. La educación es un derecho-deber y, por tanto, los colegios en
su autonomía pueden tomar en consideración el desempeño disciplinario y
académico como motivo para valorar y definir la permanencia de un alumno. Si
bien el colegio accionado podría haber tomado en consideración criterios
válidos para desvincular a Juan Diego Suaza Gutiérrez, la forma en que adoptó
dicha decisión vulneró su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, el derecho a la educación en su faceta de permanencia en la
educación media.
En efecto, esta
Corporación encuentra que la negativa de expedir una orden de matrícula
-fundada en razones poco claras- desconoce el manual de convivencia, el
principio de legalidad, el debido proceso, así como también el derecho que le
asiste al implicado a ser oído, antes de la notificación de la sanción. Esta
conclusión se apoya en las siguientes razones:
48.1. No existe
prueba en el expediente que dé cuenta del seguimiento continuo al proceso de
aprendizaje del accionante que permitiera concluir que la sanción cuenta con un
carácter educativo y que era necesaria para su formación escolar. Pese a que el
colegio accionado indica que sí indagó en los problemas personales de Juan
Diego Suaza Gutiérrez, los cuales podrían haber influido en su desempeño, no se
evidencia una valoración concreta y específica al momento de que el Comité de Evaluación y Promoción de Grado “sugiriera” el cambio de
colegio -se hace alusión sólo a una reunión con el padre llevada a cabo el 21
de noviembre de 2017-.
Como se refirió
en la sección precedente, indagar en la situación del estudiante debe incidir
en la definición de los medios pertinentes que, articulados en  planes de
acción, le brinden la oportunidad de enfrentar las dificultades. Los propósitos
de formación que se adscriben al sistema de educación no desparecen cuando los
estudiantes cumplen la mayoría de edad. Mucho menos cuando su actividad
educativa ha tenido lugar desde su adolescencia. La exclusión injustificada
–esto es sin motivos claros y con sujeción al debido proceso- no promueve, de
hecho, uno de los objetivos de formación que para los adultos prevé el artículo
51 de la ley 115 de 1994 consistente en desarrollar en
el estudiante la capacidad de participación en la vida económica, política,
social, cultural y comunitaria. En tal dirección, el respeto al
derecho al debido proceso debe fomentar la participación activa de los
estudiantes, a través de los canales institucionales contemplados para ello,
con el fin de que se involucren en los asuntos que los afectan.
48.2. No existen
diferencias sustanciales entre la expulsión de un alumno y la “sugerencia” de
su desvinculación, cuando esta última circunstancia se encuentra acompañada de
la negativa a emitir la correspondiente orden de matrícula. De modo que debía
darse plena aplicación a las garantías mínimas del debido proceso y, en
particular, era necesario considerar la situación concreta del estudiante. Sin
embargo, como así lo confirma la accionada, nunca se inició un proceso
disciplinario en contra de Juan Diego Suaza Gutiérrez y ni siquiera existe un
acto motivado que dé cuenta de la determinación de la accionada de retirarlo. No puede entenderse
por tal, como lo supone la Normal Superior de Pasca, una anotación en el
“observador” y la afirmación verbal de tal circunstancia ante su padre.
48.3. Fueron
desconocidas varias reglas del manual de convivencia -aportado por la
accionada-. Primero, (i) el deber de clasificar la situación por la cual se
consideró que el actor afectó la convivencia y determinar si era una falta de
tipo I, II y III (artículo 52) -incluso encuentra la Corte, después de examinar
el contenido del manual, que algunas de las faltas atribuidas podrían
corresponder al tipo I (artículo 53) como llegar tarde al salón, evadir clases
y no reportar las justificaciones de ausencia. Segundo, (ii) la obligación de
cumplir el protocolo para este tipo de situaciones (artículo 55) que, al menos,
implicaba un diálogo reflexivo que buscara persuadir al adolescente “(…) a comprometerse a mejorar y no reincidir en la situación presentada”
antes de efectuar la anotación en “el observador”. Tercero
(iii) la exigencia del artículo 65 conforme al cual “[e]l debido proceso es
un derecho fundamental establecido en el artículo 29 de la Constitución
política, que consiste en el procedimiento que se hace a los estudiantes
infractores conforme a leyes preexistentes, ante las autoridades competentes y
de conformidad con el Manual de Convivencia Escolar”. Igualmente, advierte
la Sala que el comportamiento del colegio (iv) no evidencia el cumplimiento de
los principios del artículo 66 del manual de convivencia relativos a la
legalidad de la falta y del correctivo, la participación, la motivación y la
proporcionalidad.
Según lo allí
dispuesto debían desarrollarse varias fases relativas a la indagación
preliminar, la formulación de cargos, la notificación al estudiante, el
período  de defensa y la remisión al Comité de Convivencia. Igualmente debía
respetarse la competencia del rector para impartir la acción correctiva y
sancionatoria y la posibilidad de interponer recursos ante la Rectoría y/o el
Consejo Directivo. En particular, destaca la Corte, que el artículo 70 del
correspondiente manual de convivencia  indica que “[t]oda sanción
disciplinaria, con excepción de las Actas de compromiso, debe imponerse por
Resolución motivada y es competencia exclusiva de la Rectoría. Una vez
analizada la Situación por el Comité de Convivencia Escolar, quien podrá
sugerir el tipo de sanción a imponer”. A su vez el artículo 15 prescribe
que cuando un estudiante se matricula en la Institución Educativa Normal
Superior de Pasca adquiere y goza del derecho “[a]l debido proceso, a ser
escuchado y a la defensa y a que se le notifique oportunamente de las
decisiones tomadas por las autoridades institucionales”, así como “[a] un
procedimiento académico y pedagógico, que le permita superar dificultades de
orden personal, familiar, académico y de conducta (actitud)”.
48.4. Con
fundamento en lo expuesto se concluye que en el caso objeto de estudio se ignoró
que la vigencia del debido proceso es un presupuesto indispensable para aplicar
una sanción o restringir el derecho a la educación en los colegios y que existe,
de acuerdo con el manual de convivencia, la obligación de agotar la etapa
formativa. La institución accionada no sólo desconoció el debido proceso
constitucional, sino también las disposiciones del manual de convivencia que,
como expresión de la autonomía escolar, garantizan los derechos de los alumnos.
No es opcional aplicar la regulación contenida en tales manuales, dado que los
mismos concretan los principios de legalidad, defensa y proporcionalidad, entre
otros.
49. Ante tal
situación, le correspondería a la Corte ordenar el reintegro del accionante, no
sin antes indicar que tal determinación no implica el reconocimiento de una
especie de inmunidad pues, como se precisó, la educación es un derecho-deber
que exige del estudiante, entre otras cosas, comprometerse académica y
disciplinariamente con su formación.
No obstante, tal
y como lo reporta la institución accionada y la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, después de efectuar una consulta al Sistema
Nacional de Matrícula –SIMAT-, al parecer Juan Diego Suaza Gutiérrez se
encuentra estudiando en un colegio público de otro municipio de Cundinamarca. La
Sala desconoce las circunstancias de su nueva vinculación escolar -dado que no
se recibió respuesta del actor a los requerimientos del auto de pruebas- de
manera que su reintegro a la institución accionada se supeditará a que éste
manifieste -de forma explícita y por escrito- la voluntad de continuar o no en
esta institución, después del requerimiento que deberá efectuar la accionada
dentro de setenta y dos (72) horas, siguientes a la notificación de esta
providencia.
En caso de
efectuarse el reintegro, es necesario que en atención al tiempo transcurrido,
se estructure un plan de formación particular en favor del accionante, para que
Juan Diego Suaza Gutiérrez pueda retomar su educación en
el grado que corresponda, sin que se vea afectado por el avance del plan de
estudios que al momento de reincorporarse pueda haberse dado respecto a tal
ciclo. En ese sentido, la institución deberá permitir la nivelación del actor
con el plan de estudios, así como propiciar un diálogo abierto sobre las
posibilidades del accionante en esta institución educativa.
51. No le asiste
razón al Juzgado Promiscuo Municipal de Pasca
(Cundinamarca) que negó los derechos invocados por Juan Diego Suaza Gutiérrez y
que afirmó que el continuo mal comportamiento puede suplir el debido proceso
formal, que exige la Constitución para la imposición de sanciones. En
consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá revocar
tal decisión y, en su lugar, se ampararán los derechos al debido proceso y a la
educación del accionante.
G. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
52. Le
correspondió a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Institución
Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) vulneró los derechos a la
educación, a la igualdad y al debido proceso de Juan Diego Suaza Gutiérrez –de
19 años-, por la negativa en emitir la orden de matrícula en su favor, pese a
que nunca fue informado de proceso disciplinario o académico alguno que hubiere
culminado con su expulsión.
53. Como
resultado de las sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de
esta providencia, observa la Sala lo siguiente:
(a)   El derecho a la educación es fundamental para los menores de edad
en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución y será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá, como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica. En el caso de los mayores de edad el
derecho a la educación es un derecho fundamental de desarrollo progresivo y
flexible de manera que admite diferentes modalidades de realización y, en
consecuencia, no impone al Estado ni a la sociedad obligaciones equivalentes en
materia de acceso y permanencia.
Sin
embargo, toda restricción a la permanencia de un estudiante que cumple la mayoría
de edad estando en curso la educación media debe, además de sustentarse en una
justificación clara y precisa, encontrarse precedida de un procedimiento acorde
con las exigencias del debido proceso y las reglas fijadas en el manual de
convivencia. En ese sentido, se vulnera ese derecho cuando se desconocen las
facetas de acceso y permanencia, por ejemplo, ante la suspensión abrupta de la
prestación del servicio.
(b) Los
colegios y centros educativos pueden adoptar sanciones, siempre que se
garantice, en cada caso, el respeto al debido proceso y a la defensa, el cual
se materializa en la primacía de la Constitución, el respeto irrestricto a los
derechos reconocidos en ella,  la aplicación de los manuales de convivencia, y el
respeto de los principios que rigen la imposición de restricciones a los
derechos (legalidad, necesidad y proporcionalidad).
54. Por lo anterior la Sala concluyó que, si bien el colegio podía tomar en consideración criterios válidos
para desvincular al estudiante como los relacionados con la disciplina, la
forma en la que adoptó la determinación de desescolarización de Juan Diego
Suaza Gutiérrez vulneró su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, el derecho a la educación en su faceta de permanencia. En
consecuencia, se revocará la decisión del juez de instancia y, en su lugar, se
concederá el amparo de tales derechos fundamentales.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-REVOCAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pasca (Cundinamarca), el trece
(13) de febrero de dos mil dieciocho (2018), que negó el amparo de los derechos
solicitados por Juan Diego Suaza Gutiérrez. En su lugar, TUTELAR los
derechos a la educación y al debido proceso del actor.
Segundo.-
ORDENAR a la Institución
Educativa Normal Superior de Pasca (Cundinamarca) que, en el término de setenta
y dos (72) horas, siguientes a la notificación de esta providencia, se
comunique con Juan Diego Suaza Gutiérrez – empleando para el efecto el SIMAT,
de la institución educativa en que se encuentre o, en general a partir de
cualquier información de la que disponga- y le indique por escrito sobre la
posibilidad que tiene, si es de su interés, reintegrarse al proceso formativo
en la accionada. Una vez notificado, el solicitante contará con cinco (5) días
hábiles para solicitar su reintegro, en caso contrario, se entenderá que ha
desistido de tal posibilidad. De la notificación deberá dejarse constancia
escrita y remitirla al juez de primera instancia para lo de su competencia.
En caso de
efectuarse el reintegro, la Institución Educativa Normal Superior de Pasca
(Cundinamarca) deberá definir un plan de formación particular en favor de Juan Diego Suaza Gutiérrez para que pueda retomar su educación en el
grado que corresponda, sin que se vea afectado por el avance del plan de
estudios que al momento de reincorporarse pueda haberse dado. En ese sentido,
la institución debería permitir la nivelación del actor con el plan académico,
así como propiciar un diálogo abierto, sobre las posibilidades del accionante
en esta institución educativa.
Tercero.- ADVERTIR a Juan Diego Suaza Gutiérrez que, en su condición de estudiante, debe cumplir sus deberes académicos, administrativos y
disciplinarios. De no proceder así, las autoridades educativas podrán, agotando
los procedimientos que correspondan -según lo indicado en la parte motiva de
esta decisión-, adoptar las medidas previstas en las normas que rigen la
actividad educativa.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA
T-091/19
DEBIDO
PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Para
el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, debió limitarse a la
inexistencia de un medio principal (Aclaración de voto)
AUTONOMIA DE
INSTITUCION EDUCATIVA-No es reconocida a los
miembros de la comunidad educativa (Aclaración de voto)
No se trata de una garantía personal en cabeza de cada uno de ellos,
sino del conjunto de sujetos involucrados en el acto educativo. Se traduce en
garantías institucionales, esto es, facultades que se concretan a favor de la
institución; la regulación y la autodirección de las relaciones al interior de
ella, son una prerrogativa del cuerpo colegiado para orientar un proyecto de
formación y no, directamente, de los estudiantes que se vinculan a él, por lo
que la madurez de estos, en últimas, parecería irrelevante. En esa medida,
disiento del planteamiento de la sentencia. Esta Corporación ha entendido que
las instituciones educativas gozan de autonomía y las distinciones sobre sus
niveles se explican en función del propósito que cumple cada tipo de
establecimiento en el marco del sistema educativo, pues “por su naturaleza,
origen y fines [esas esferas de autonomía] son esencialmente diversas”.
DERECHO A LA EDUCACION-Referencia al carácter
progresivo del derecho ameritaba un pronunciamiento sobre la exigibilidad del
ciclo de formación media (Aclaración de voto)
DERECHO A LA EDUCACION-Utilización del concepto de educación formal no
corresponde a lo que la doctrina ha asumido sobre ella (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
T-6.747.388.
Acción de tutela instaurada
por Juan Diego Suaza Gutiérrez contra la Institución Educativa Normal Superior
de Pasca (Cundinamarca).
Magistrado Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de
la Corte Constitucional, a continuación, presento las razones que me conducen a
aclarar el voto en la Sentencia T-091 de 2019, adoptada por la mayoría de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en sesión del 1° de marzo
del presente año.
En términos generales comparto la decisión, pero
disiento de algunas consideraciones sobre la subsidiariedad, la autonomía
escolar, y la educación formal y la media. Además, tengo reparos sobre otras
afirmaciones y referencias que explicaré a continuación.
1. La Sentencia T-091 de 2019 se profirió con
ocasión de la solicitud de amparo formulada por Juan Diego Suaza Gutiérrez, de
19 años. Según el expediente, en el año 2017, él fue estudiante del grado décimo
de la accionada y lo reprobó. Al intentar vincularse a la institución para el
2018, se le informó que no existía orden de matrícula a su nombre. Las
autoridades del colegio le informaron que el Comité de Evaluación y Promoción
de Grado, con la presencia de la Comisaria de Familia y de la Psicóloga
Municipal, sugirió el cambio de plantel educativo a causa de su bajo
rendimiento académico y de algunas dificultades de convivencia. Sin embargo, el
actor manifestó que nunca fue enterado de un proceso disciplinario o académico
en su contra, que hubiese derivado en la expulsión.
Adujo que los resultados académicos que tuvo a lo
largo de los tres últimos años no fueron satisfactorios debido a su situación
particular. Agregó que su condición le impide costear el traslado a otro centro
educativo o su vinculación a un colegio privado. Por ese motivo acudió al juez
de tutela para que garantice su matrícula y permanencia en la institución
demandada.
El 13 de febrero de 2018, en única instancia, el
juez de tutela negó el amparo porque el derecho a la educación le impone un
deber al estudiante que fue incumplido en este caso; además, la imposición de
sanciones a los educandos depende de la autonomía de la institución y de la
aplicación del manual de convivencia. Sostuvo que el bajo rendimiento académico
del actor solo podía indicar su voluntad de no continuar formándose en la
institución. Y aunque advirtió que no se le abrió ningún proceso, recalcó que
durante los tres últimos años de formación el estudiante debió conocer la
situación en la que se encontraba.
2. En relación con esa situación, la Sala Cuarta
de Revisión analizó si “la Institución Educativa Normal Superior de Pasca
(Cundinamarca) vulneró los derechos a la educación, a la igualdad y al debido
proceso de Juan Diego Suaza Gutiérrez -de 19 años-, por la negativa de emitir
la orden de matrícula en su favor para el grado décimo, a pesar de que nunca
fue informado de proceso disciplinario o académico alguno que hubiere culminado
con su exclusión”. Al respectó concluyó que sí lo hizo, pues no garantizó el
debido proceso en el caso del actor y adoptó una medida que, en la práctica, es
equivalente a la expulsión sin acatar las reglas derivadas del manual de
convivencia.
Para llegar a esa conclusión, la sentencia abordó
los requisitos de procedencia de la acción de tutela y adelantó consideraciones
sobre el derecho a la educación y lo que denominó “autonomía de los colegios”.
3. Estoy de acuerdo con la decisión adoptada y
con las medidas previstas para el restablecimiento de los derechos. Mi disenso
se concentra en varios aspectos contenidos en la parte motiva de la sentencia.
El primero es la visión sobre el principio de subsidiariedad; el segundo, el
abordaje sobre la “autonomía de los colegios”; el tercero, un vacío sobre el
alcance del derecho a la educación media; el cuarto, las conclusiones sobre las
faltas en que habría incurrido el estudiante, sin oírlo; y el quinto, una
imprecisión sobre la utilización del concepto de educación formal.
Primero. El principio de subsidiariedad fija
reglas que no se ciñen a este asunto y para hacerlo recurre a decisiones no
aplicables.
4. La sentencia de la que me aparto sostuvo que
cuando el derecho a la educación está en debate, el interesado cuenta con una
vía judicial de defensa principal: la contencioso administrativa. A ello dedicó
buena parte del análisis, con respaldo en algunas decisiones de esta
Corporación. Finalmente concluyó que, dado que en este asunto no se expidió un
acto administrativo, los mecanismos ante esa jurisdicción no operan en el caso
concreto y el actor no dispone de ninguna vía de acción más allá de la acción
de tutela.
5. Desde mi punto de vista, las consideraciones
sobre los mecanismos de defensa en la jurisdicción contencioso administrativa
no tienen cabida en este asunto, pues no es clara la procedencia de los medios
de control contencioso administrativos en este asunto. El análisis debió
limitarse a la inexistencia de un medio principal, que es lo que realmente
sustenta la conclusión sobre la satisfacción del requisito de subsidiariedad.
6. Por otro lado, la existencia de aquella vía
para debatir asuntos relacionados con la educación en un colegio se sustenta
fundamentalmente en dos sentencias: la T-763 de 2006 y la T-129 de 2016.
La Sentencia T-763 de 2006 abordó el caso de un
estudiante que cuestionaba a una institución privada, que no era un colegio
sino una universidad, pues le impidió la matrícula por falta de pago de los
derechos correspondientes. Se analizó el asunto y la procedencia desde el punto
de vista de la existencia de un contrato entre las partes. Por ende, la Sala de
Revisión destacó que “las controversias que surjan entre las partes sobre la
interpretación de las cláusulas de un contrato deben ser llevadas a la
jurisdicción ordinaria o contenciosa para que, según sea el caso, el juez
determine su alcance y aplicación”. Sobre este punto, encontró que la acción
era procedente para resguardar el derecho a la educación y la continuidad del
servicio, aun cuando ante la naturaleza contractual del asunto el actor tenía
otros mecanismos de defensa. Desde mi posición, este no era un asunto
equiparable al que concentra la atención de la Sala de Revisión en esta
oportunidad.
Por su parte, la Sentencia T-129 de 2016 abordó
el caso de un menor de edad que reclamaba el ingreso a la educación para
adultos, con el propósito de lograr tiempo para trabajar y apoyar a su madre,
quien se encontraba en una condición de salud delicada. Esta decisión se usa en
el fallo del que me aparto para realzar la tesis de que el actor cuenta con un
medio principal de defensa, cuando las consideraciones de esa providencia
apuntan a que “no es claro que exista otro medio de defensa para obtener el
amparo de los derechos a la educación y a la igualdad, invocados por la madre
del menor”. Considero que esa providencia sostenía la tesis contraria a la que
el fallo defendió y dice aspectos distintos a los que la ponencia afirma que
dice.
Ninguna de las dos providencias puede sustentar
los planteamientos de esta decisión. Sus supuestos de hecho son completamente
distintos a los del asunto que se aborda y el presente asunto tenía condiciones
especiales que ameritaban conclusiones diferentes.
7. Así las cosas, pese a que comparto la
conclusión de la satisfacción del requisito de subsidiariedad, me alejo de las
consideraciones adicionales que (i) no soportan las deducciones sobre este
asunto y (ii) no están respaldadas por la jurisprudencia citada.
Segundo. Hay un esfuerzo por distinguir la
autonomía escolar y la universitaria a través de la madurez de los estudiantes,
lo cual es discutible
8. La sentencia de la que me aparto consideró que
tanto las universidades como los colegios tienen autonomía para regularse.
Señaló que el Estado tiene un grado diversificado de intervención en el
escenario educativo en uno y otro caso. Puede imponer mayores límites a las
instituciones de educación básica y media en tanto los sujetos a los que se
destina se encuentran en un proceso de formación inicial, por lo que las
obligaciones de atención y seguimiento se acentúan. Por el contrario, en las
universidades “la madurez alcanzada implica, a su vez, reconocer a los
estudiantes un mayor grado de independencia”, lo que significa el
reconocimiento de una autonomía más amplia, que se concreta en la autonomía
universitaria.
9. No comparto el que se haya empleado como rasgo
distintivo entre la autonomía universitaria y la escolar, la madurez del
estudiantado sin ninguna otra consideración. Para mí, este criterio no revela
la naturaleza de ninguna de las tipologías de autonomía educativa
referenciadas.
10. Empezaré por destacar que ni la autonomía
escolar ni la universitaria son reconocidas a los miembros de la comunidad
educativa. No se trata de una garantía personal en cabeza de cada uno de ellos,
sino del conjunto de sujetos involucrados en el acto educativo. Se traduce en
garantías institucionales, esto es, facultades que se concretan a favor de la
institución; la regulación y la autodirección de las relaciones al interior de
ella, son una prerrogativa del cuerpo colegiado para orientar un proyecto de
formación y no, directamente, de los estudiantes que se vinculan a él, por lo
que la madurez de estos, en últimas, parecería irrelevante. En esa medida,
disiento del planteamiento de la sentencia.
11. Esta Corporación ha entendido que las
instituciones educativas gozan de autonomía y las distinciones sobre sus
niveles se explican en función del propósito que cumple cada tipo de
establecimiento en el marco del sistema educativo, pues “por su naturaleza,
origen y fines [esas esferas de autonomía] son esencialmente diversas” .
Todas las instituciones de educación tienen
ciertas facultades para concretar el acto educativo a través de criterios
pedagógicos y didácticos propios, que las distinguen entre sí y que responden a
la pluralidad de visiones que circulan en la sociedad. Estas facultades están
asociadas, en general, a la regulación de la relación entre los miembros de la
comunidad académica y a la proyección institucional, mediante la fijación de
valores y principios por desarrollar. Cada entidad puede disponer su propio
sendero educativo en el marco de la Constitución y la ley. Ello asegura la
diversificación de la oferta educativa, que no es otra cosa que la afirmación
de la libertad de pensamiento y la libertad de asociación en algunos casos.
Sin embargo, la autonomía escolar implica un
menor margen de acción que la universitaria porque el cometido de la formación
en el escenario de escuelas y colegios es la formación básica, la disciplina,
la regulación y la articulación entre el cuerpo, el tiempo y el espacio, como
el reconocimiento de los valores sociales y los avances teóricos, como
fundamentos de la socialización y del aprender a vivir juntos, en el marco de
las directrices constitucionales. Un plantel dedicado a la educación básica y
media tiene facultades para fijar su proyecto educativo institucional, su
manual de convivencia (como acuerdos participativos entre los miembros de la
comunidad educativa -Decretos 1860 de 1994 y 180 de 1997), y de orientar la
formación por impartir al tenor de lo dispuesto en la Ley 115 de 1992. No
obstante, escuelas y colegios están sujetos a las directrices, recursos y
disposiciones fijados por la Nación y las entidades territoriales para la
prestación del servicio educativo.
Por su parte, la autonomía universitaria se
concreta como un derecho reconocido por el constituyente en favor de las
universidades, para asegurar la lógica y la producción científica sin
intervención del campo político o económico, “teniendo las instituciones
libertad de acción, siempre bajo los parámetros establecidos por la
Constitución y la Ley” . Confiere potestades en tres dimensiones: académica,
financiera y política, de modo que la autogestión de la institución resulta
mucho más amplia, para asegurar la función crítica de la ciencia.
La formación inicial del sujeto está concentrada
en la inserción de la persona en la sociedad para afianzar en el educando los
valores sociales, culturales e intelectuales; en este escenario el agente
participa en un proceso de aproximación a aquellos. Entre tanto, la educación
superior está concentrada en la producción del saber, por lo que demanda ser un
escenario de generación autónoma del mismo; el estudiante además de adoptar
conocimiento estará en la capacidad y en el escenario propio para crearlo.
Mientras el proceso inicial acerca al individuo al conocimiento universal, en
la universidad es agente y, por eso, debe esforzarse por la elaboración y
proposición de nuevas miradas hacia el conocimiento, ejercicio que requiere un
mayor ámbito de acción para impedir que la verdad sea dispuesta por reglas
ajenas al campo académico.
Eso es lo que explica la distinción en la
intensidad de ambos tipos de autodeterminación, y no la madurez de los
estudiantes como lo planteó la posición mayoritaria de la Sala.
12. Apreciar las distinciones entre la autonomía
escolar y la universitaria sobre la base de la madurez de los estudiantes
presenta dos problemas adicionales. Por un lado, invisibiliza que la autonomía
universitaria históricamente ha estado ligada a la existencia de la educación
superior y a su propósito crítico, de modo que su autogestión opera como un
límite al poder del Estado. Por el otro, la reduce a una respuesta ante las
condiciones particulares de sus estudiantes, sin relacionarla, como lo está,
con las demandas de construcción del pensamiento y el conocimiento objetivo e
imparcial por parte de la sociedad.
13. Con sustento en estos razonamientos me aparto
del enfoque que adoptó la Sentencia T-091 de 2019 sobre la autonomía de los
colegios y los criterios empleados para compararla con la autonomía
universitaria.
Tercero. La referencia al carácter progresivo del
derecho a la educación ameritaba un pronunciamiento sobre la exigibilidad del
ciclo de formación media
14. La alusión a la progresividad del derecho a
la educación se empleó para visibilizar que existen ciclos que, indudablemente,
hacen parte del mínimo asegurable por parte del Estado. Según la sentencia se
trata de la formación básica y también de la educación de las personas adultas,
aunque con distintos grados de protección en atención al nivel por desarrollar
y la edad del educando. Sin embargo, aun cuando el problema se refiere
específicamente a la formación media para personas que ya alcanzaron la mayoría
de edad, este tema no se aborda para dejar claro si en la actualidad, es
posible considerar que la educación media debe ser asegurada por el Estado.
A mi modo de ver, esa era una cuestión
determinante para resolver el asunto. Era importante resaltar cómo la educación
media se considera parte de las prestaciones que actualmente son objeto de
protección por parte de las autoridades. Ya en sentencias como la T-428 de 2012
se ha reconocido que el Estado ha implementado esfuerzos por garantizar la
disponibilidad y la accesibilidad a este ciclo de formación para personas
mayores de edad. Entonces, en ese nivel, el acceso de los adultos es una
prestación de aplicación inmediata, pues los avances en relación con él
sugieren un desarrollo del derecho a la educación, cuya falta de reconocimiento
resultaría inconstitucional. Ello permitía concluir que la educación media es
asegurada y, de cara a la prohibición de regresividad, sería ya una de las
prestaciones asociadas al contenido irreductible del derecho fundamental a la
educación.
15. Como quiera que la sentencia se abstuvo de
expresarlo, considero importante aclarar este asunto conforme mi postura al
respecto.
Cuarto. Hubo planteamientos sobre las conductas
del actor, sin que este se haya pronunciado sobre las mismas
16. La sentencia, al referir los vacíos que
existieron en el caso y destacar cómo la institución educativa demandada
inobservó el contenido del manual de convivencia que la rige, se apresuró a
hacer consideraciones sobre el tipo de falta que habría cometido el actor.
Destacó que el colegio estableció una clasificación de las faltas de sus
estudiantes y que era deber de las autoridades educativas aplicarla al caso,
por lo que era evidente una omisión que comprometió el derecho al debido
proceso. Hasta ese punto comparto las consideraciones de la postura mayoritaria
de la Sala.
17. Sin embargo, una vez mencionado lo anterior y
pese a la claridad que existía sobre el compromiso de la mencionada garantía
constitucional, la sentencia señaló que “después de examinar el contenido del
manual” era claro que las conductas del accionante se subsumían en aquellas
clasificadas como “tipo I”. No coincido con esta idea por varias razones.
A mi juicio esas consideraciones son innecesarias
para determinar este caso, pero lo que más preocupación genera es que (i)
reflejan una intromisión innecesaria en la dinámica del colegio y en la
perspectiva del Comité de Convivencia y del rector, como autoridades facultadas
para formular los cargos que correspondan, interpretar las normas y aplicarlas
en su comunidad; y (ii) finalmente, son emitidas sin haber escuchado al actor
sobre su postura respecto de las acusaciones del colegio, con lo que se genera
una nueva lesión al debido proceso en su contra con origen en esas aseveraciones.
Entonces, no puedo compartirlas.
Quinto. La utilización del concepto de educación
formal no corresponde a lo que la doctrina ha asumido sobre ella
18. Finalmente debo hacer una precisión. En el
fundamento jurídico 41, la sentencia plantea una distinción entre la educación
formal y la educación universitaria. Por educación formal, entiende los ciclos
de preescolar, básica y media, y emplea esa expresión para distinguir estos
niveles de la educación superior.
Al respecto es necesario aclarar que la
formalidad, la informalidad y la no formalidad en la educación no son
categorías establecidas en función del grado, nivel o ciclo formativo, sino de
las especificidades de la organización institucional para la educación. En esa
medida, la educación formal revela las condiciones en que se lleva a cabo el
acto educativo, que usualmente se caracteriza por “un marco prescrito de
aprendizaje; un evento de aprendizaje organizado; la presencia de un profesor
designado; el otorgamiento de una calificación o crédito o; la especificación
externa de resultados de aprendizaje” . En esa medida, la educación formal
también se puede impartir en instituciones de formación universitaria, por lo
que no comparto las manifestaciones de la Sala sobre esa materia.
De esta manera, expongo las razones que me
conducen a aclarar el voto respecto de la Sentencia T-091 de 2019, adoptada por
la Sala Cuarta de Revisión.
Fecha ut
supra,
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Acción de tutela presentada el 30 de enero de 2018. Folio 4 del
cuaderno principal.
[2] Afirmación contenida en el primer hecho de la acción de tutela.
Folio 5 del cuaderno principal.
[3] Sin que se especifique la fecha de este suceso.
[4] Afirmación contenida en el segundo hecho de la acción de tutela.
Folio 5 del cuaderno principal.
[5] Para sustentar tal afirmación aporta el paz y salvo por retiro de
la institución, emitido el diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho
(2018). Folio 2 del cuaderno principal.
[6] Certificado de nota del año lectivo 2017. Folio 3 del cuaderno
principal. Se puede extraer que obtiene como notas definitivas de las áreas,
las siguientes: (i) Pedagogía: 3,7 / (ii) Ciencias económicas: 3,5 // (iii)
Ciencias Políticas: 2,9 // Ciencias sociales: 1,9 // Ética y valores: 3.5 //
Filosofía: 3,5 // Humanidades: 3,2 // Ciencias naturales: 3,2 // matemáticas:
2,7 // Tecnología e informática: 3,6 // Artes. 4,7 // Educación religiosa: 2,7
// Educación física: 4,8 // Comportamiento: 3.8. El sistema de calificación
parece basarse en la nota máxima de 5,0 en consideración a que su nivel en
artes y en educación física se determinó por la institución como “superior”.
[7] Folio 5 del cuaderno principal. Afirmación contenida en el hecho
quinto  y sexto de la acción de tutela.
[8] Folio 1 del cuaderno principal. Fotocopia de la contraseña expedida
por la Registraduría Nacional del Estado Civil en donde consta que el
accionante nació el seis (6) de enero de mil novecientos noventa y nueve
(1999).
[9] Afirmación contenida en el hecho séptimo de la acción de tutela.
Folio 5 del cuaderno principal.
[10] Auto admisorio. Folio 8 del cuaderno principal.
[11] Folios 10 a 30 del cuaderno principal. Contestación a la
acción de tutela.
35 a 109 del cuaderno principal. Contestación
a la acción de tutela de la referencia y anexos.
[12] Folios 27 a 30 del cuaderno principal. Contestación a la acción de
tutela.
[13] Folio 27 del cuaderno principal. Contestación a la acción de
tutela.
[14] En el Acta de Comité de Convivencia consta que se debía invitar al
Comité a revisar los cambios de colegio para ciertos estudiantes que “lo
merecen”, teniendo en cuenta que ellos deben separarse de la institución para “(…)
brindarles otros espacios y en cierta forma es una manera de prevenir otros
problemas que se han convertido en graves para la buena marcha de la
institucionalidad”. No obstante, en relación con Juan Diego Suaza Gutiérrez
sólo se indica que “Se recomienda cambio de institución”,  Folios
23 a 26 del cuaderno principal (anexo 1).
[15] En el “Observador” del estudiante para el año 2017 de la
Institución Educativa Normal Superior de Pasca consta una anotación por evasión
de clases (16/03/17) que es informada a uno de los acudientes; otras por llegar
tarde a la clase de Religión y evadir clases, molestar y una más por entorpecer
el trabajo en clase con otro estudiante. Folios 18 a 20 del cuaderno principal.
[16] Para acreditar tales circunstancias, se aportan  algunas
anotaciones del estudiante, en donde se le efectúa un llamado de atención por
evadir tres clases. Folios 21 a 22 del cuaderno principal (anexo 2).  Además,
se aporta el certificado de notas del año 2017, al que ya se hizo referencia en
la acción de tutela, y los del año 2016 y 2015. Folios 10 a 14 del cuaderno
principal (anexo 3).
[17] Se aporta fotocopia de la contraseña
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil en donde consta que el
accionante nació el seis (6) de enero de mil novecientos noventa y nueve
(1999). Folio 17 del cuaderno principal (anexo 5).
[18] Folio 28 del cuaderno principal. Contestación a la acción de
tutela.
[19] De acuerdo con el Acta de Comisión Evaluación –Grado
Décimo-, realizada el 30 de noviembre de 2017, se determinó que serán
promovidos de grados los estudiantes que no deban ninguna asignatura y quienes
hubieren obtenido el nivel básico en su evaluación. Además, se solicita revisar
la permanencia de –entre otros- Juan Diego Suaza Gutiérrez debido a sus
problemas de convivencia, bajo rendimiento académico y poco acatamiento de las
normas institucionales. Folio 14 a 16 del cuaderno principal (anexo 4).
[20] Afirmación contendía en el folio 28 del cuaderno principal.
Contestación a la acción de tutela.
[21] Folio 28 del cuaderno principal. Contestación a la acción de
tutela.
[22] Folio 29 del cuaderno principal. Contestación a la acción de
tutela.
[23] Folio 31 a 48 del cuaderno principal. Sentencia
proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pasca (Cundinamarca), el
trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
[24] Tales como la sentencias T-569 de 1994, T-1225 de 2000, T-642 de
2001, T-671 de 2003, T-767 de 2005, T-492 de 2010 y T-068 de 2012.
[25] Folio 47 del cuaderno principal.
[26] Folio 48 del cuaderno principal.
[27] Folio 13 a 15 del cuaderno de Revisión.
[28] El inciso primero del artículo 64 del Reglamento de la Corte
Constitucional –Acuerdo 02 de 2015- dispone que “[c]on
miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y
para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes,
el Magistrado sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una
vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de las partes o terceros
con interés por un término no mayor a tres (3) días para que se pronuncien
sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará en la Secretaría
General”.
[29] En consecuencia, se ofició (i) a Juan Diego Suaza Gutiérrez con el fin
de que precisara –entre otras cuestiones- su situación socioeconómica, las
fechas en las cuales fue informado por la Institución Educativa Normal Superior
de Pasca (Cundinamarca) de la inexistencia de la orden de matrícula y del
informe de la coordinadora que sugirió su cambio de institución; los motivos
personales que lo llevaron a contar con un bajo rendimiento académico en los
tres (3) últimos años y si recibió el acompañamiento requerido por parte de la
accionada; la cantidad de colegios públicos que existen en Pasca (Cundinamarca)
y la distancia entre ellos y su residencia; así como, finalmente, si en la
actualidad se encuentra vinculado a una institución educativa diferente. // A su
vez, (ii) se ofició a la Institución Educativa Normal Superior de Pasca
(Cundinamarca) para que aclarara si el estudiante o algún miembro de su
familia, en algún momento previo a que el primero se acercara a formalizar la
matrícula, fue informado de que la misma no sería emitida; explicara, en
detalle, los problemas de convivencia que enfrentó Juan Diego Suaza Gutiérrez
durante el tiempo en que estuvo vinculado a la institución educativa accionada
y por qué si los mismos revestían tal gravedad -sumado al rendimiento
académico- para no renovar su matrícula, no se dio apertura a un proceso
disciplinario en su contra; cómo sustentan las afirmaciones sobre el supuesto “comportamiento
poco coherente con la edad” del accionante y si existió acompañamiento de
algún psicólogo o experto en la materia que dé cuenta de tales afirmaciones o
que hubiera conocido el caso; si en algún momento la accionada indagó por la
existencia de alguna situación familiar o personal a la que pudiera ser
atribuido el bajo rendimiento académico de Juan Diego Suaza Gutiérrez; con qué
criterios es posible considerar, en el caso objeto de estudio, la
proporcionalidad entre la conducta del accionante y la sanción de no emitir la
matrícula para el año siguiente; por qué considera la accionada que “sugerir”
el cambio de institución de Juan Diego Suaza Gutiérrez podría llegar a
beneficiarlo y, por tanto, enmarcarse dentro de la competencia descrita en el
sistema institucional de evaluación –literal d) del artículo 28- conforme al
cual es función de la Comisión de Evaluación emitir recomendaciones para
docentes, estudiantes, padres de familia y demás instancias que “(…) favorezcan
en el mejoramiento en los desempeños de los estudiantes”[29]. // Por último, se requirió
información sobre los colegios públicos que existen en Pasca (Cundinamarca), el
procedimiento para asignar y matricularse en un colegio público, las
diferencias sustanciales existentes entre la expulsión y la sugerencia de
cambiar de institución, cuando la misma va acompañada de la no emisión de la
matrícula en la accionada y para que la misma aportara el manual de convivencia
o cualquier reglamento que, en particular, se refiera al procedimiento
contemplado para la expulsión o la no emisión de la orden de matrícula y los
reglamentos de funciones de la Comisión de Evaluación y del Comité de
Convivencia.
[30] Folios 56 a 59 del cuaderno de Revisión.
[31] Folio 57 del cuaderno de Revisión.
[32] Ibídem.
[33] Ibídem.
[34] Ibídem.
[35] A dicha contestación de la acción de tutela se adjuntó un disco
compacto en el que se aporta el Manual de Convivencia de la Institución
Educativa Normal Superior de Pasca y los reglamentos de funciones de la
Comisión de Evaluación y del Comité de Convivencia Escolar. Folio 59 del
cuaderno de Revisión.
[36] Folios 27 a 33 del cuaderno de Revisión.
[37] Folio 31 del cuaderno de Revisión.
[38] Folio 28 del cuaderno de Revisión.
[39] Folio 28 del cuaderno de Revisión.
[40] Folios 34 a 54 del cuaderno de Revisión.
[41] Folio 26 del cuaderno de Revisión.
[42] De conformidad con el
Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991:“La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”. CP, art 86º; D 2591/91, art 1º
[43] Folio 4 del cuaderno principal.
[44] Es necesario aclarar que dicha sentencia estudió este presupuesto
en relación con una universidad privada. No obstante lo anterior, reconoce la
posibilidad de que en los procesos ordinarios –o, como en  el caso objeto de
estudio, del contencioso administrativo- sean conocidas, en principio, las
controversias suscitadas frente al  derecho a la educación. Destacó la Corte
que una de las consideraciones relevantes para realizar el examen de
subsidiariedad es, precisamente, si se ha interrumpido el proceso educativo
como servicio público que es, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994.
[45] Sentencia T-763/06. Esta providencia fue reiterada en la sentencia
T-832/11, en la que se analizó la necesidad de garantizar la continuidad de los
procesos educativos, también en relación con centros educativos de carácter
público.
[46] Sobre esto último, es posible consultar lo dispuesto en la
sentencia T-437/05.
[47] Inciso final del artículo 67 de la Constitución Política de 1991.
[48] Artículo 67 de la Constitución Política de 1991.
[49] Artículo 1° de la Ley 115 de 1994.
[50] La sentencia C-376/10 declaró la exequibilidad condicionada del
artículo 183 de la Ley 115 de 1994, que regula el pago de derechos académicos
en los establecimientos educativos de carácter público, “(…) en el entendido que la competencia
que la norma otorga al Gobierno Nacional para regular cobros académicos en los
establecimientos educativos estatales, no se aplica en el nivel de
educación básica primaria, la cual es obligatoria y gratuita”.
[51] En la sentencia T-356 de 2017 se estudió un caso de una
persona, mayor de edad, vinculada a la educación superior y se indicó dicho
carácter. Así, si ello es aplicable para los mayores de edad con vinculación
universitaria, también debe considerarse que –como en el caso concreto-  es
predicable para los mayores de edad que no han culminado su educación media.
En tal sentido, si este derecho se ha considerado
fundamental en estas etapas
[52] Sentencia T-807/03 que reiteró la postura expuesta en la sentencia
T-002/92. Esta orientación fue recientemente retomada por la Sentencia
T-476/15.
[53] El artículo 27 de la ley 115 establece que la educación formal cuenta con tres (3) niveles: (a) preescolar, que
comprenderá al menos un grado obligatorio; (b) educación básica, que se
desarrollará en nueve grados y (c) la educación media que cuenta con dos
grados. En particular, sobre esta última establece que ella “(…) constituye
la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y
comprende dos grados, el décimo (10o) y el undécimo (11o). Tiene como fin la
comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el
ingreso del educando a la educación superior y al trabajo”[53].
[54] T-646/11.
[55] En este contexto la sentencia T-323/94 indicó que, de acuerdo al
artículo 1° de la Convención Sobre los Derechos Niños, la cual fue ratificada
por el Estado Colombiano mediante la Ley 12 de 1991, se debe entender que son
niños todas las personas menores de 18 años. En efecto, concluyó que las
personas “(…) con edades entre 15 y 18 años que no hayan terminado sus nueve
primeros años de educación básica, gozan de la protección especial consagrada
en el artículo 67 de la Carta, como resultado del trato preferencial establecido
en el artículo 44 de la C.P.”. Ver también la sentencia T-163/07.
[56] La sentencia T-533/09 precisó que lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 67 de la Constitución no significa que “(…) el Estado colombiano no tenga el compromiso de hacer
que la educación sea asequible a las personas de todas las edades en todos los
niveles educativos, sino que, de nuevo, privilegia el logro de un mínimo: disponibilidad de la
educación para niños y niñas entre los cinco y los quince años en los grados de
educación también preferentes antes señalados -un año de preescolar, primaria y
cuatro años de secundaria-. // A partir de este mínimo el Estado tiene el deber
de progresar hacia la asequibilidad de la educación de las demás personas en
los demás grados educativos”.
[57] Sentencia T-458/13.
[58] Ibídem.
[59] El artículo 50
de la Ley 115 de 1994 dispone que “[l]a
educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y
grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su
formación, o validar sus estudios”. // “El Estado
facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y
semipresencial para los adultos”.
[60] Sentencia T-473/93.
[61] La agrupación que se efectúa a continuación, a partir de los
derechos en juego, no puede entenderse como una exclusión de otros derechos
valorados en cada una de las sentencias referidas. Por el contrario, pretende
hacer explícitos algunos límites de la facultad disciplinaria de los colegios
frente a derechos como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad
humana y la igualdad, sin desconocer que –en los casos enunciados- existen
asuntos transversales que implican la afectación simultánea a otros derechos.
[62] La sentencia T-524 de 1992 estudió el caso de una alumna mayor de edad
a quien se le comunicó que no sería recibida para el grado undécimo debido a
fallas de disciplina, entre las cuales se encontraba la consistente en
maquillarse los ojos. En esta oportunidad, la Corte concluyó que la nueva
concepción de la Constitución de 1991 también irradia el ámbito social de la
educación y, por tanto, “[l]os sujetos que participan en el proceso
educativo ya no se encuentran separados entre actores pasivos receptores de
conocimiento y actores activos depositarios del saber. // El principio
constitucional que protege el libre desarrollo de la personalidad y el derecho
a la participación de la comunidad educativa, han hecho del estudiante un
sujeto activo con deberes y derechos que toma parte en el proceso educativo”.
// “A diferencia de la Carta del 86, el sujeto del proceso educativo
no es pasivo enteramente, sumiso, carente de toda iniciativa, marginado o ajeno
a la toma de decisiones y al señalamiento de los rumbos fundamentales de su
existencia”. // Es, por el contrario, titular privilegiado  de una
dignidad humana que persuade y condiciona el contenido del ordenamiento, así
como también del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la educación,
a la asociación, a la participación democrática”. // “Pero también
debe destacarse que dicho sujeto tiene unos deberes que lo comprometen
abiertamente con la solidaridad social”.
[63] Ibídem.
[64] Sentencia T-065/93.
[65] SU-641/98. Sobre este tema también es posible consultar las
sentencias T-366/97, T-633/97, T-021/99, T-179/99, T-021/99, SU-642/98,
T-793/98, T-037/02, T-839/07, T-098/11 y T-565/13. Incluso en la sentencia
T-656/99 se hizo referencia a la imposibilidad de retirar a una alumna por
haberse tinturado el pelo de un color distinto al natural.
[66] Según se indicó, “[e]l género al
que se pertenece, la opción sexual de cada quien, el origen nacional, étnico y
familiar, así como las características físicas de las personas no pueden ser
causa de exclusión o sanción en el sistema educativo colombiano, aunque sí
pueden ser factor a tener en cuenta para la especialización de las
instituciones en la educación masculina, femenina o especial, en aquellos
lugares donde la oferta del servicio no se reduzca a la institución que
pretenda centrar su prestación en sólo una parte de la población que la demanda
con derecho”.
[67] Sentencia T-211/95.
[68] Sentencia T-618/98. Al respecto, es posible consultar las
sentencias T-772/00, T-1101/2000, T-683/02, T-348/07 y T-393/09.
[69] Sentencia
T-377/95. En esta providencia se estableció que “[u]no
de los principales objetivos del proceso educativo es lograr que el educando,
al tiempo que se desarrolla como individuo único y diferenciable, autónomo y
libre, aprenda a socializar y armonizar sus comportamientos en relación con los
demás, teniendo como presupuesto básico el reconocimiento y respeto del
"otro" en cuanto sujeto que detenta los mismos derechos (…). A
su vez se indicó que “[l]a educación en un Estado Social de Derecho ha de
propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente
los alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la
convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la
igualdad en la diferencia. // No basta, por parte del ente educador, con
el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de
un modelo pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogenizar
comportamientos y actitudes ante la vida, como, en este caso, equivocadamente
lo cree el representante de los profesores en el consejo directivo, para quien
el actual estado civil de  la actora "...no garantiza la igualdad del
comportamiento que deben observar los estudiantes menores...", concepción
ésta que va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas de
pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier
modelo que propenda por la colectivización u homogenización del pensamiento de
los individuos. // Al contrario, se trata desde la escuela básica de
viabilizar el desarrollo del  individuo como fin en sí mismo,
permitiéndole el acceso al conocimiento, a las artes y en general a las
distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda
desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado
por la coexistencia de paradigmas de vida, no solo diferentes, sino incluso
antagónicos. // Sólo así el individuo adquirirá la capacidad necesaria
para ejercer su autonomía de manera racional, aceptando y respetando el derecho
que asiste a los demás de hacer lo mismo; esto es, sin que ello implique
vulnerar los valores, principios y derechos que para todos consagra la
Constitución”. Al
respecto, también es posible consultar la sentencia T-516/98.
[70] Sentencia T-853/04.
[71] Sentencia T-491/03.
[72] Sentencia T-435/02.
[73] Sentencia T-337/95. En tal oportunidad,
dispuso esta Corporación que “[e]n
el caso examinado, por lo menos dos aspectos del proceso educativo, se han
mostrado insuficientes: la educación "en la democracia y para la
democracia" y la educación sexual. El irrespeto y la discriminación de que
es objeto la menor por parte de sus compañeros, aunado al desconocimiento y
falta de comprensión - de acuerdo a su grado de desarrollo cognitivo y
emocional - de las materias sexuales que es ostensible en todos los menores
involucrados, acreditan el aserto y hacen imperioso que se corrija de inmediato
la situación a través de los recursos pedagógicos que sean más conducentes”.
[74] Sentencia T-143/99
[75] Así se estableció en la sentencia T-782/02, en la que la Corte
constató que una profesora le colgó un letrero a un alumno de segundo grado,
que decía “soy tonto”. En dicha oportunidad,  consideró la Corte que cuando
se apela al noble propósito pedagógico, pero se recurre a llamados de atención
humillantes, la disciplina no cumple su cometido, sino que transforma en un
mecanismo de distorsión de la personalidad del estudiante contrariando, con
ello, la Constitución.
[76] Así se determinó en la sentencia T-516 de 1996, en la que estudio el
caso de un colegio público sin servicios de vigilancia, aseadores, secretariado
y biblioteca, en el que los estudiantes eran quienes debían ejercer tales
funciones. En efecto, se concluyó que “NO es correcto que en un colegio no
haya suficiente personal para cubrir elementales necesidades como las de
secretaria o las de aseo, o que un servidor público destinado para tal efecto
no labore las ocho horas diarias para las cuales se le paga, sino que lo hago
solo dos horas porque esa es la costumbre, no es expresión de los deberes
constitucionales mirar con indiferencia el deterioro de un colegio con la
disculpa de trámites burocráticos o peleas interinstitucionales, no tiene
presentación que la exigencia de una colaboración a los alumnos, destinándolos
media hora para que laboren en el aseo, en vez de ser una experiencia
fructífera se convierta en distracción y afecte la disciplina”.
[77] Sentencia T-101/98. En consecuencia, se concluyó que se había
desconocido el derecho dispuesto en el artículo 13 de la Constitución “(…) al constituirse su condición sexual en una variable que
como tal se evalúo en el proceso que condujo al consejo directivo
a adoptar una decisión”. En
similar sentido, también es posible consultar la sentencia T-435/02.
[78] Sentencia T-266/06.
[79] No obstante, debe considerarse que la sentencia T-307 de 1994
consideró que, en principio, el uso del uniforme es una exigencia válida que
puede ser fijado por el manual de convivencia.
[80] Sentencia T-832/11.
[81] Sentencia T-683/02.
[82] Sentencia T-186/93.
[83] Ibídem.
[84] Sentencia T-491/03.
[85] Sobre el fin de la educación y la facultad disciplinaria de los
colegios, es posible consultar la sentencia T-473/93.
[86] Sentencia SU-641/98.
[87] Sentencia T-967/07.
[88] Sentencia T-853/04.
[89] Ibídem.
[90] La sentencia T-341 de 2003 sostuvo que “(…) las normas que prescriben la conducta a seguir en determinado plantel
educativo y las sanciones contempladas como consecuencia de su violación
constituyen el conjunto de regulaciones que permiten la convivencia en él. //
Así, las disposiciones atinentes al comportamiento social se expresan en los
reglamentos internos o manuales de convivencia de cada centro y constituyen una
herramienta pedagógica encaminada a propiciar que los alumnos aprendan
principios, valores, responsabilidades, y se eduquen con disciplina y respeto
en sus relaciones cotidianas con sus compañeros y docentes. Estas normas
establecen por tanto criterios y procedimientos de comportamiento y de interacción
entre alumnos, docentes y autoridades del centro educativo”.
[91] La sentencia T-442 de 1998 advirtió que el rendimiento académico
puede llegar a ser un motivo válido para la restricción del derecho a la
educación.
[92] La sentencia T-341 de 1993 señaló que “[e]l
hombre -considera la Corte- debe estar preparado para vivir en armonía con sus
congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para
asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la libertad dentro de las
normas que estructuran el orden social. // “Así, pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni
verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos
esenciales, reduciéndolo al concepto vacío de pertenencia a un establecimiento
educativo. //
La vinculación formal de la persona a un plantel resulta ser inútil si no
está referida al contenido mismo de una formación integral que
tome al individuo en las distintas dimensiones del ser humano y que se imparta
con la mira puesta en la posterior inserción de aquel en el seno de la sociedad”.
// “De lo
dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas,
en materia académica, disciplinaria, moral y física, o cuando demanda de él
unas responsabilidades propias de su estado, así como
cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que
comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y sujeto al orden
jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el
contrario, entregando a éste la calidad de educación
que la Constitución desea”.
[93] La sentencia T-671/03 aseguró que “(…) la permanencia de los educandos en el sistema educativo está
condicionada a su concurso activo en la labor formativa intelectual y disciplinaria,
y por ello, la falta de rendimiento, la indisciplina reiterada y la ausencia de
motivación y compromiso con la instancia educativa, pueden tener la suficiente
entidad como para que el alumno sea retirado del establecimiento o no sea
aceptado nuevamente en el lugar donde debía responder y no lo logra por su
propia causa”.
[94] Así lo concluyó la Corte Constitucional en la sentencia T-407 de
1996, en la cual estudió el caso de un alumno que estuvo en un proceso de
desintoxicación y rehabilitación para consumidores de drogas ilícitas.
[95] En este caso, se hace referencia a la capacidad para ejercer el
libre desarrollo de la personalidad. La sentencia SU-642 de 1998 -al
diferenciar la capacidad dispuesta en la ley- indicó que existe, incluso en los
niños, el derecho a proteger sus elecciones personales. En tanto “(…) los
individuos adoptan en uso de sus facultades de juicio y autodeterminación, es
natural que la protección constitucional a las mismas sea más intensa cuanto
más desarrolladas y maduras sean las facultades intelecto-volitivas de las
personas con base en las cuales éstas deciden el sentido de su existencia”.
Conforme a ello, entre las variables que deben tenerse en consideración para la
determinación de esta capacidad se encuentran (i) la madurez psicológica de la
persona y (ii)  la materia sobre la cual verse la decisión.
[96] De acuerdo con la sentencia T-944 de 2000, “(…) toda imposición de sanciones, inclusive en los centros
docentes, debe estar precedida de la realización de un procedimiento donde se
permita al implicado el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.
// Es un principio universalmente reconocido  que la garantía del debido
proceso ha sido establecida a favor de la persona, cuya dignidad exige que si
se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento
jurídico, tiene derecho a que se le oiga y se examinen y evalúen las pruebas
que obran en su contra y también las que constan en su favor. // Es claro que
no podría entenderse cómo esa garantía, reconocida al ser humano frente a quien
juzga o evalúa su conducta, pudiera ser exigible únicamente al Estado; también
los particulares, cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o
castigos, están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido
proceso, y es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su
integridad, los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le
sean aplicados”.