C-496-16
Sentencia C-496/16
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Causales de impedimento o recusación para magistrados, jueces y
conjueces
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
TRAMITE LEGISLATIVO-No toda omisión
puede ser sometida a control constitucional
OMISION LEGISLATIVA-Clases
OMISION LEGISLATIVA
ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Competencia de la Corte Constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Condiciones mínimas
Para efectos de proceder al
examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido
el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario
el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre
la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador.
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Garantía de
independencia e imparcialidad del funcionario judicial
ATRIBUTOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO JUDICIAL-Jurisprudencia constitucional
ATRIBUTOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO JUDICIAL-Diferencia
La Corte ha explicado
claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad
en los siguientes términos: “[la] independencia, como su nombre lo indica, hace
alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean
sometidos a presiones, […] a insinuaciones, recomendaciones, exigencias,
determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de
la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras
autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales”. Sobre
la imparcialidad, ha señalado que esta “se predica del derecho de igualdad de
todas las personas ante la ley (Art. 13
C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en
el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para
que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las
personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad
judicial”.
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD-Dimensiones/IMPARCIALIDAD-Doble
dimensión
La jurisprudencia constitucional
le ha reconocido a la noción de imparcialidad,
una doble dimensión: (i) subjetiva, esto es, relacionada con “la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se
incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos
procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse
impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales
previstas al efecto”; y (ii) una dimensión objetiva,
“esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se
ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y
orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto’”. No se pone con
ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la
instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del
proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por
lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue.
IMPARCIALIDAD COMO ATRIBUTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Contenido y alcance en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos/JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA-Relevancia de la imparcialidad como atributo nuclear
de la administración de justicia
IMPEDIMENTO Y RECUSACION-Diferencia
La Corte diferencia el
impedimento de la recusación en que el primero tiene lugar cuando el juez, ex
oficio, es quien decide abandonar la dirección del proceso, en tanto que la
segunda se produce por iniciativa de los sujetos en conflicto, ante la negativa
del juez de aceptar su falta de aptitud para decidir el litigio.
ATRIBUTOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO JUDICIAL-Finalidad
IMPEDIMENTOS Y
RECUSACIONES-Carácter excepcional y taxativo de las causales
en que se originan, lo cual exige una interpretación restrictiva de las
mismas
RECUSACION-Causales objetivas y subjetivas
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA-Reglas jurisprudenciales aplicables
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que para definir si el legislador ha
incurrido en una omisión relativa es preciso (i) que exista una norma sobre
la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador.
IMPEDIMENTO O RECUSACION POR INTERES DIRECTO O INDIRECTO EN PROCESO-Contenido y alcance
IMPEDIMENTO O RECUSACION CONTRA JUEZ O CONJUEZ POR SER O HABER SIDO
CONTRAPARTE DE LAS PARTES O DE SUS APODERADOS-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
RECUSACION E IMPEDIMENTO PARA JUECES Y CONJUECES POR SER O HABER
SIDO CONTRAPARTE DE ALGUNA DE LAS PARTES O DE SUS APODERADOS-Alcance/DERECHO A LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ-Contenido y
alcance
Referencia: Expediente
D-11258
Actores: Ramiro Bejarano
Guzmán y Ana Bejarano Ricaurte
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 “Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, y el artículo 141 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de
la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
Magistrada
ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá, D.C.,
catorce (14) de septiembre de
dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
1. Los ciudadanos Ramiro Bejarano
Guzmán y Ana Bejarano Ricaurte instauraron acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 130 de la Ley 1437
de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”, y el artículo 141 de la Ley 1564 de 2012
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan
otras disposiciones”, por considerar que vulneran los artículos 2,
13, 29 y 229 de la Constitución Política.
2. Mediante auto del quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016), se admitió la
demanda de la referencia y se ordenó poner en conocimiento de la misma al
Presidente del Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y del
Derecho. Asimismo, se invitó a participar en el presente juicio al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Comisión
Colombiana de Juristas –CCJ–, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad –DEJUSTICIA––, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado
de Colombia y al
Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 244 de la
Constitución, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991. Por último, se ordenó correr
traslado al Procurador General de la Nación y fijar en lista la disposición
normativa acusada para efectos de la intervención ciudadana, según lo
estipulado en el artículo 7º del mismo Decreto.
3. Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.
NORMA
DEMANDADA
4. A continuación
se transcriben las disposiciones demandadas:
“LEY 1437 DE 2011
(enero 18)
Diario Oficial No.
47.956
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
[…]
ARTÍCULO 130.
CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo
150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del
acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la ejecución
del hecho u operación administrativa materia de la controversia.
2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil, hubieren intervenido en condición de
árbitro, de parte, de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de perito o
de agente del Ministerio Público, en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo
se esté surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de
servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las
entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de
tercero interesado.
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de
asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados
vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios
mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de
los terceros interesados.”
LEY 1564 DE 2012
(julio 12)
Diario Oficial No.
48.489
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por medio de la cual
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 141. CAUSALES
DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las
siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.
2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier
actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o
algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.
3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de
alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado
de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.
4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o
alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o
administrador de bienes de cualquiera de las partes.
5. Ser alguna de las partes, su representante o
apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.
6. Existir pleito pendiente entre el juez, su
cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral
3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.
7. Haber formulado alguna de las partes, su
representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su
cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o
civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se
refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el
denunciado se halle vinculado a la investigación.
8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero
permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal
o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o
estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el
respectivo proceso penal.
9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el
juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.
10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o
alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero
de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o
apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento
de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público.
11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o
alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de
las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de
actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o
testigo.
13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o
alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de
alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.
14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente
o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito
pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe
fallar.”
III.
DEMANDA
5. Los demandantes afirmaron que
las disposiciones normativas acusadas vulneran los artículos 2º
(fin esencial del Estado de promover la efectividad de los derechos), 13
(derecho a la igualdad), 29 (imparcialidad judicial) y 229 (derecho de acceso a
la administración de justicia) de la Constitución Política.  Lo anterior,
debido a la existencia de una omisión legislativa relativa, toda vez que en los
artículos 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA) y 141 del Código General del Proceso (en
adelante CGP), al regular las causales de impedimento y recusación que aplican a quienes actúan como conjuez, se ignora
la causal de “haber sido o ser contraparte de alguna de las partes o sus
apoderados”. Plantearon sus argumentos en los siguientes términos:
“De las normas citadas previamente se puede concluir
que, ni en la legislación procesal civil –cuyo Código General del Proceso sirve
de guía y norma supletoria para otros regímenes procedimentales– ni en la
administrativa, existe prohibición alguna para que una persona, que actúa como
conjuez, juzgue a quien ha sido o es actualmente su contraparte en otro
proceso. El descuido parece explicable pues el legislador se restringió a
someter a quien actúa como conjuez a las mismas causales de quien de manera
permanente administra justicia. En principio, parecería una remisión normativa
que cumple con la finalidad de exigir el mismo estándar de comportamiento a los
conjueces, como a los jueces.
Aun así, desconoce la diferencia estructural del
ejercicio profesional entre el abogado que es juez y el que ejerce como conjuez
ocasionalmente, pero dedica su actividad profesional mayoritariamente a ejercer
la abogacía, es decir el ejercicio del litigio. Por este motivo, cuando el
legislador reguló las causales que podían comprometer la libre apreciación e
independencia de un juez en el proceso, jamás contempló la posibilidad de que
dicho juez se enfrentara como contraparte a una de las partes en sus propios
procesos, en vista de que [a] los jueces les está vedado el ejercicio
profesional de la abogacía, mientras en su cabeza radica la competencia
constitucional de administrar justicia.
Los conjueces, que son particulares que se
desempeñan ordinariamente como abogados y abogadas, enfrentan la labor de
administrar justicia desde una perspectiva profesional diferente. Dicha
circunstancia no se puede juzgar como positiva o negativa pues es simplemente
el resultado del sistema de sustituciones que ideó nuestro
legislador para suplir la falta de jueces imparciales en todos los casos. Aun
así, quien actúa como conjuez, y tiene la labor de juzgar a quien ha sido, o,
peor aún, es su contraparte en otro proceso, puede ver seriamente comprometida
su labor de administrar justicia de manera imparcial.
Por supuesto, esta específica causal de “haber sido
o ser contraparte de alguna de las partes o sus apoderados” no se incluyó en
las que actualmente se aplican a los conjueces pues, como se expuso, no es una
causal enrostrable a los jueces por razones propias de su oficio. En efecto, de
suyo el juez no se ocupa de representar intereses ajenos mientras administra
justicia, en cambio en el conjuez esa coincidencia es tan permanente como
obligada. A pesar de ello, la falta de esta regulación vulnera estructuralmente
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, y constituye una omisión legislativa relativa que
la Corte está en el deber de reconocer.
En el mismo sentido, aunque no son muchas las
ocasiones en las que un juez deberá juzgar a una persona que en el pasado fue
su contraparte, en los casos excepcionales en que ello ocurra, también se
configura la causal de impedimento que el legislador ignoró y en este caso se
esboza.
Además, en este caso [también] se violenta el
derecho a la igualdad, pues en otros apartes del ordenamiento existen
provisiones que sí impiden que, quien administra justicia o funge como servidor
público, haya actuado como contraparte de alguna de las partes que debe juzgar
o administrar”[1].
En relación con los criterios que deben reunirse
para acreditar la existencia de una omisión legislativa relativa, expresaron
los demandantes:
5.1. Que exista una norma
sobre la cual se predique necesariamente el cargo. Señalaron que en cada
una de las disposiciones normativas demandadas (art. 141 CGP y art. 130 CPACA) se concreta la omisión. Reiteraron que las causales de
impedimento y recusación que establece el artículo 141 del CGP, que sirve como
régimen fundamental de las normas procesales, y el artículo 130 del CPACA, no
contemplan la situación en la que el juzgador (bien sea juez o conjuez) deba abstenerse de intervenir como tal en un proceso por ser o haber sido contraparte de las
partes del trámite en curso o de sus apoderados[2].
5.2. Que la misma excluya de
sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta.
Insistieron los demandantes en que ninguna de las
disposiciones normativas acusadas contempla la causal de prohibir al juzgador
(bien sea juez o conjuez) conocer de un asunto en donde actúen personas que
fueron o son sus contrapartes, tanto en condición de partes como de apoderados,
y que dicha omisión resulta determinante para proteger y materializar los
derechos consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Carta[3]. Precisaron que no se trata de una causal
que se predique únicamente de los conjueces, sino que también involucra a los jueces que han tenido la oportunidad de ejercer la abogacía y posteriormente se
dedican al oficio de administrar justicia. Asimismo, indican
que la circunstancia omitida no encaja en las causales existentes en el
artículo 141 del CGP, conocidas como interés y pleito pendiente, y que son
descritas, respectivamente, en los siguientes términos: “Tener el
juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo
o indirecto en el proceso” y “6. Existir pleito
pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su
representante o apoderado”. En
este punto recordaron que las causales de impedimento y recusación tienen un
carácter taxativo y que su interpretación debe realizarse de forma restringida.
5.3. Que la exclusión de los
casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente. Afirmaron
que no es posible identificar razón alguna que justifique la omisión de la
causal de “haber sido o ser contraparte de alguna de las partes o sus
apoderados” en los artículos acusados, y que “[t]an
vacía es la omisión que la misma causal se encuentra en otros apartes del
ordenamiento sin contradicción alguna”.[4]
5.4. Que la falta de
justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación
legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma. Sostuvieron que además de que la omisión de
incluir la causal de impedimento y recusación planteada en líneas anteriores
vulnera los postulados de la independencia judicial, también desconoce el
derecho a la igualdad toda vez que otros ordenamientos sí la
reconocen. Así, refirieron el numeral 4º del artículo 84 de la Ley 734
de 2002[5],
el numeral 4º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004[6] y el
artículo 16 de la Ley 1563 de 2012[7].
Al respecto, precisaron que “[n]o existe
ninguna razón que permita concluir que los funcionarios judiciales penales, los
árbitros y los servidores públicos deben tener un mayor grado de imparcialidad
que aquellos regulados por el CGP y CPACA”, y concluyeron
que “la diferenciación entre los regímenes citados y aquellos demandados
no encuentra justificación alguna y su diferenciación vulnera estructuralmente
el derecho a la igualdad”[8].
5.5. Que la omisión sea el
resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador. Señalaron que la Constitución consagra la
obligación para el legislador de regular el ejercicio
del derecho al debido proceso, como derecho fundamental que es y como valor
principal que guía los regímenes procesales plasmados en los códigos procedimentales. Así, la regulación de las
causales de impedimento y recusación se encuentra expresamente comprendida como
un desarrollo fundamental del derecho al debido proceso, de allí que las
omisiones que de dicho sistema se predican, le son atribuibles exclusivamente
al legislador. Finalmente, solicitaron a la Corte que declare la existencia de
una omisión legislativa relativa que neutralice dicha situación
inconstitucional, incluyendo la hipótesis de “haber sido o ser contraparte
de alguna de las partes o sus apoderados” en las causales de impedimento y
recusación consagradas en los artículos 130 del CPACA y 141 del CGP, o darle
una lectura que permita concluir sin duda alguna que dicho supuesto de hecho
hace parte del sistema de impedimentos y recusaciones y como tal está proscrito
en los procesos judiciales.
IV.
INTERVENCIONES
Ministerio de Justicia y del Derecho
6. El Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio[9] en su intervención le solicitó
a la Corte emitir una sentencia de exequibilidad condicionada en
relación con los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de
2012, de tal manera que se entienda que también constituye causal de
impedimento o recusación de los jueces o magistrados en la jurisdicción
ordinaria en su competencia civil y en la jurisdicción contencioso
administrativa, el “haber sido o ser contraparte de alguna de las partes o
sus apoderados”. Dice que, como lo plantean los accionantes, sí se
configura una omisión legislativa relativa en las disposiciones normativas
acusadas, al no contemplar la causal de impedimento y recusación descrita, como
sí está prevista en las especialidades penal y disciplinaria, lo que constituye
una vulneración de los artículos 2º (fin esencial del
Estado de promover la efectividad de los derechos), 13 (derecho a la igualdad),
29 (debido proceso en su arista de imparcialidad judicial[10]) y
229 (derecho de acceso a la administración de justicia) de la Constitución
Política.
Universidad de la Sabana
7. Un miembro de la Clínica jurídica de Interés Público y Derechos
Humanos de la Universidad de la Sabana[11] sostuvo que en el caso
concreto no hay omisión legislativa relativa como lo plantean los accionantes,
sino omisión legislativa absoluta debido a que los artículos 130 de la Ley 1437
de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012 consagran todas las posibilidades de
impedimentos y recusaciones de los jueces y los conjueces. Explicó que si bien en
virtud del artículo 61 de la Ley 270 de 1996 todas las causales de impedimento
y recusación que se aplican a los jueces obligan igualmente a los conjueces,
por cuanto estos últimos se igualan a los primeros en el marco de un juicio
específico, no ocurre igual en caso contrario, en la medida en que las causales
que vinculan a los conjueces no podrían aplicárseles a los jueces o resultarían
inocuas debido a la diferencia esencial del ejercicio profesional de ambos. Lo
anterior, resaltó, porque no puede asimilarse la situación profesional de los
conjueces a la de los jueces ya que estos últimos por impedimento legal no
pueden ejercer la abogacía. Así las cosas, afirmó que de la revisión de los
artículos acusados no se puede concluir que haya un desarrollo imperfecto, sino
que por el contrario este es perfecto, lo cual descarta una omisión legislativa
relativa. No obstante, manifestó que se observa una omisión legislativa
absoluta, asunto que no puede ser objeto de demanda de inconstitucionalidad, pues
en el caso de los conjueces se requeriría una nueva norma, específica para
ellos, que incluya la causal de “haber sido o ser contraparte de alguna de
las partes o sus apoderados”.
Asimismo, señaló que en caso de presentarse un pleito pendiente entre el
juez y cualquiera de las partes, su representante o apoderado, puede dar
aplicación al numeral 6º del artículo 141 del CGP, es decir, que en eventos en
los que el juzgador sea contraparte de las partes en litigio en un proceso
concomitante al que actúa como juez, este se encuentra impedido para juzgar.
En atención a lo anterior, solicitó (i) declarar la exequibilidad
de los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012, y (ii)
declarar la existencia de una omisión legislativa absoluta en relación con la
causal específica para los conjueces de “haber sido o ser contraparte de
alguna de las partes o sus apoderados”, y exhortar al Congreso a legislar
al respecto.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
8. El delegado del Instituto Colombiano de Derecho Procesal[12]
le solicitó a la Corporación declarar la exequibilidad de los textos
normativos acusados al considerar que la situación planteada en la demanda como
causal de recusación de los conjueces, esto es, “haber sido o ser
contraparte de alguna de las partes o sus apoderados”, ya está regulada en
la legislación en el numeral 6º del artículo 141 del CGP que establece la
existencia de pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente
o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. Causal
esta, según explicó, que también aplica para los procesos que se tramitan ante
la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de la expresa remisión
hecha por el artículo 130 del CPACA al Código de Procedimiento Civil (hoy CGP).
Asimismo, señaló que dicha inferencia también se deduce de la interpretación
del artículo 16 de la Ley 1563 de 2012, que dispone que los árbitros y los
secretarios están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas
para los jueces en el Código de Procedimiento Civil (hoy CGP), en el CPACA, y
en el Código Disciplinario Único, donde expresamente consagra el numeral 4º del
artículo 84 la causal de “[h]aber sido apoderado o defensor de alguno de los
sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos…”.
Intervención ciudadana
9. Un ciudadano que intervino en el proceso[13]
le solicitó a la Corporación declarar la exequibilidad de las
disposiciones normativas demandadas, debido a que no existe la omisión
legislativa aducida, puesto que la causal planteada en la demanda de “haber
sido o ser contraparte de alguna de las partes o sus apoderados” puede
subsumirse, desde un punto de vista objetivo, en el numeral 1º del artículo 141
del CGP que establece como causal de recusación que el juez, su cónyuge,
compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés directo o
indirecto en el proceso. Además sostuvo que si el impedimento y la recusación
se hacen necesarios para evitar la afectación de la imparcialidad e
independencia del administrador de justicia (juez o conjuez), situación que
involucra ya un plano subjetivo, puede acudirse al numeral 9º ibíd. que consagra la existencia de enemistad
grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o
apoderado. En este punto, señaló que “es comprensible que exista enemistad
calificable como de grave entre dos personas, cuando se acude a un proceso
judicial, puesto que el proceso judicial evidencia la existencia de un
conflicto; por lo cual, sí sería relevante que esta postura fuese delimitada
interpretativamente por la Corte en sus considerandos, más allá de la necesidad
de condicionar la exequibilidad de las normas impugnadas lo cual no consider[a]
necesario…”[14].
V.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
10. El Procurador General de la Nación mediante concepto No. 006093 del cinco
(5) de mayo de dos mil dieciséis (2016)[15], le solicitó a la Corte
Constitucional, en primer lugar, inhibirse de efectuar un
pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 130 de la Ley 1437 de
2011, por falta de especificidad y suficiencia de los cargos formulados. En
segundo lugar, declarar la exequibilidad del artículo 141 de la Ley 1564
de 2012, debido a que la inclusión de la causal relativa al apoderamiento, “si
bien puede implicar una regulación alternativa de los impedimentos, en todo
caso no es un imperativo mínimo constitucional, elemento imprescindible para
poder declarar una omisión legislativa”[16].
En relación con la necesidad de una inhibición frente al artículo 130 de
la Ley 1437 de 2011, explicó que como dicha disposición normativa es una norma
en blanco que se completa con la legislación procesal civil, la omisión se
presentaría únicamente en la disposición general de la legislación procesal
civil, la cual funge como norma supletiva. Asimismo, resaltó que no se
formularon argumentos específicos y suficientes frente a las circunstancias
particulares y concretas de la jurisdicción contencioso administrativa.
En lo que tiene que ver con la omisión legislativa relativa propuesta
contra el artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, señaló que no existe tal omisión
debido a que el legislador no vulnera ningún mínimo constitucional al no prever
la causal que se reclama en el ordenamiento procesal civil. Para explicar lo
anterior, divide sus argumentos así: (i) no existe una verdadera
exclusión de los efectos benéficos de una regulación existente a un grupo que
debía estar incluido o, lo que es lo mismo, no se transgrede el
principio-derecho a la igualdad, y (ii) el legislador no viola un
imperativo constitucional mínimo al no disponer la causal presuntamente
omitida. Al respecto, sostuvo:
“3.2.1. Sobre el respeto a la igualdad
[…] para que se configure una violación a la igualdad indudablemente se
hace necesario que se confiera un tratamiento diferenciado a dos grupos que
deberían ser tratados en forma análoga o, para el caso específico de la omisión
legislativa relativa, que un grupo sea excluido de los efectos benéficos de una
regulación que debería cobijarle.
Pues bien, en la demanda sub examine se plantea que legislaciones
distintas como la disciplinaria, la penal o el régimen de arbitraje, contienen
una regulación benéfica distinta que excluye de sus efectos las disposiciones
acusadas. No obstante, esta vista fiscal encuentra diferencias sustanciales
entre los regímenes señalados y advierte que este es un motivo suficiente para
concluir que el legislador estaría autorizad[o] para establecer un tratamiento
diferenciado entre los regímenes señalados y el civil, motivo por el cual no
podría pensarse, sin más, que en las normas demandadas existe una exclusión de los
efectos benéficos de una disposición (o disposiciones) que, por razones de
igualdad, también debería cobijar a los grupos omitidos.
Para efectos de sustentar lo anterior, debe señalarse, en primer lugar,
que los asuntos disciplinarios y penales son de naturaleza sancionatoria, y que
por ende resulta razonable que tengan un régimen de impedimentos más extenso y
restrictivo que el que existe para los asuntos civiles e incluso
administrativos. Tal motivo es suficiente para determinar que no sirven como
grupo de comparación, o como parámetro de inclusión de los efectos benéficos de
la norma, en otras palabras que no resultan idóneas para estructurar un juicio
de igualdad en sede de omisión legislativa relativa.
En segundo lugar, se tiene que al evaluar la situación del arbitraje se
evidencia una situación particular como es, para empezar, que la razón por la
cual aplica en el arbitraje la referida causal de impedimento tiene fundamento
en una remisión en conjunto a los impedimentos previstos en el régimen
disciplinario y en el régimen civil [art. 16 de la Ley 1563 de 2012]. Lo que
significa que el legislador dispuso para el régimen arbitral un régimen de
impedimentos conscientemente mucho más gravoso que el previsto para el
Código de Procedimiento Civil, ya que, además de integrar aquel, integró
uno adicional y diverso.
Dicho proceder demuestra, entonces, que existe una decisión legislativa
expresa de no equiparar el régimen procesal civil de impedimentos con el
arbitral y que, también por ello, éstos no son regímenes en principio
comparables.
Ahora bien, en tercer lugar esta jefatura encuentra, en todo caso, que
dicha distinción no es caprichosa sino que obedece a un principio de razón
suficiente. En efecto, mientras que los jueces e incluso los conjueces son
funcionarios que resultan designados directamente por el Estado, los árbitros
son designados por el principio de habilitación, y esta situación hace que uno
y otro régimen sean sumamente distintos, al punto que el legislador tiene un
amplísimo margen de configuración legislativa al respecto, dado que puede
elegir posturas antagónicas, es decir, podría elegir darles un tratamiento
igualitario o un tratamiento diferenciado y específico. || […] Diferencia,
entonces, que es suficientemente importante para poder distinguir los dos
regímenes procesales como no comparables y sometidos a un amplísimo margen de
configuración procesal, incluso en lo relativo a la figura de los impedimentos.
En otras palabras, ambos grupos resultan inhábiles para sustentar un eventual
juicio de igualdad de cara a la omisión legislativa relativa, toda vez que no
existe una auténtica exclusión de los efectos benéficos de una norma, a un
grupo que sí debería participar en aquellos.
3.2.2. Sobre la inexistencia de un imperativo constitucional desconocido
con la omisión legislativa
Los accionantes planean que existe un desconocimiento de mínimos
imperativos frente a la regulación adecuada del debido proceso y del acceso a
la administración de justicia, motivo que justificaría que se declare la
existencia de una omisión legislativa inconstitucional.
Sin embargo, ha de resaltarse que la referida omisión no ocurrió en razón
del tránsito de legislación entre el Código General del Proceso y el Código de
Procedimiento Civil pues, si fuera así, efectivamente existiría un indicio de
posible inconstitucionalidad, en especial por cuanto la nueva regulación habría
reducido las garantías preexistentes. No obstante, como no [hubo] supresión de
garantías con el cambio de legislación procesal, la omisión formulada habrá de
analizarse en forma autónoma frente a los deberes constitucionales imperativos
derivados de las garantías constitucionales presuntamente desconocidas.
En primer lugar el jefe del ministerio público le da la razón a los
accionantes cuando esgrimen que el debido proceso y el derecho de acceso a la
administración de justicia son garantías constitucionales fundamentales y que,
por ello, el legislador tiene el deber de respetarlas cuando expide las
regulaciones procesales. En concreto, aciertan al afirmar que la figura de las
recusaciones e impedimentos resultan ser instituciones fundamentales para
garantizar tales derechos y, en especial, el derecho a un juez imparcial.
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que exista un deber de maximizar
la regulación de las causales de impedimento, sino únicamente que el legislador
debe efectuar una ponderación entre la garantía de un juez imparcial, la
celeridad y los bienes jurídicos ventilados en cada proceso, según su
respectiva naturaleza y especificidades.
[…]
De otra parte, resulta relevante encontrar que la doctrina y la
jurisprudencia son concordantes en determinar que las causales de impedimento
son de interpretación restrictiva; pues si existiera un deber de máximos frente
a los impedimentos, entonces la regla de interpretación debería ser lo
absolutamente opuesto.
Por ende, de todo lo anterior se infiere que el deber de la regulación de
los impedimentos, antes de ser de máximos resulta ser efectivamente de mínimos,
y esto conforme a las siguientes reglas:
En primer lugar, deben distinguirse dos tipos de situaciones, aquellas
que conducen a la alteración de la imparcialidad del juez con un grado de
certeza mayor y aquellas que potencialmente podrían llegar a hacerlo, con un
grado de certeza medio o menor. Esto, pues mientras que las primeras implican
efectivamente un imperativo de regulación legislativa, las segundas se
encuentran en el margen de libertad de configuración normativa.
En el mismo sentido, en segundo lugar, existe una necesidad de
ponderar los bienes jurídicos ventilados en los regímenes procesales, pues
a mayor relevancia de los bienes jurídicos, ciertas circunstancias podrían
tornarse de potestativas e imperiosas. No obstante, y por la misma razón, en
aquellos eventos donde no hay bienes jurídicos especialmente relevantes como la
libertad, los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, entre otros,
el legislador tiene una mayor capacidad de libertad de configuración, más aún
si se trata de una causal con un grado de potencialidad menor de alterar la
imparcialidad del fallador.
Pues bien, para esta vista fiscal la causal presuntamente omitida es de
aquellas que se encuentran en el margen de la libertad de configuración
legislativa, en especial de cara a los regímenes procesales que no afectan la
libertad, la presunción de inocencia, o similares, y en donde los imperativos
resultarían menores. Lo anterior, por cuanto la condición de apoderado
contraparte en sí misma no tiene la fuerza necesaria para acarrear una
necesaria e indiscutible variación de la imparcialidad del juzgador.
Ahora, no se quiere decir con esto que la condición de contraparte o
apoderado no podría llegar a mutar la imparcialidad, sino simplemente que ello
ocurriría por la existencia de otros elementos que no se [identifican]
exactamente con la condición de apoderado o de contraparte en sí misma, sino,
como lo mencionan los accionantes, con otras circunstancias anexas que
efectivamente pueden llevar a la animadversión personal.
No obstante, el jefe del ministerio público estima que tales
circunstancias circundantes, verdaderas causantes del impedimento, se
encuentran efectivamente incluidas en las causales de impedimentos ya
existentes en el Código General del Proceso. Y de allí que la situación de
apoderamiento en sí misma, aunque eventualmente pudiera llegar a mutar la imparcialidad,
no se encuentra en uno de los mínimos imperativos que el legislador está en la
obligación de prever, sino únicamente en aquellos que obedecen a su libertad de
configuración” (subrayas y cursivas originales)[17].
VI.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. De
conformidad con el numeral 4º
del artículo 241 de la
Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra
normas legales, como las acusadas en esta oportunidad.
Examen de aptitud de la acción
pública. Condiciones mínimas para provocar un fallo de fondo
2. Teniendo en cuenta que
los argumentos de los accionantes generaban una mínima duda sobre la
constitucionalidad de los artículos 130 de la Ley 1437 de
2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo” y 141 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio
de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”, en virtud del principio pro
actione la demanda fue admitida para su estudio.
El
Procurador General de la Nación, no obstante, le solicitó a la Corporación
declararse inhibida para efectuar un pronunciamiento de fondo respecto al artículo
130 de la Ley 1437 de 2011, por falta de especificidad y suficiencia de los
cargos formulados. Además, teniendo en consideración que, según su criterio,
dicha disposición es una norma en blanco que se completa con la legislación
procesal civil, la omisión acusada se presentaría únicamente en la disposición
general de la legislación procesal civil, la cual funge como norma supletiva.
En relación con la aptitud de la demanda
interpuesta contra los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011
y 141 de la Ley 1564 de 2012, cabe anotar que la jurisprudencia
constitucional ha señalado que toda demanda debe ser analizada a la luz del
principio pro actione, dado el carácter público que la Constitución
misma le atribuye a la acción de inconstitucionalidad; pero también ha
sostenido que en ella deben concurrir unas condiciones mínimas que permitan
guiar la labor del juez constitucional y orientar, asimismo, el debate de los
intervinientes en el proceso que pretende adelantarse. Es así que el Decreto
2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios
y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, en su
artículo 2º prescribe que la demanda debe contener: (i) el señalamiento
de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente
por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial (num.
1º); (ii) la indicación de las normas constitucionales que se consideren
infringidas (num. 2º); (iii) las razones que sustentan la acusación,
esto es, el por qué se estima que se violan los textos constitucionales (num.
3º); (iv) cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por
la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado (num. 4º), y (v) la razón por la cual la Corte es competente
para conocer de la demanda (num. 5º).
En este orden
de ideas, en la demanda es necesario determinar el concepto de la violación[18].
De conformidad con la jurisprudencia constitucional el concepto de la
violación se formula debidamente cuando (i) se identifican las
normas constitucionales vulneradas; (ii) se expone el contenido
normativo de las disposiciones acusadas, y (iii) se expresan las razones
por las cuales los textos demandados violan la Constitución. Esas razones deben
ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
Conforme a lo expuesto en la
sentencia C-1052 de 2001[19],
toda demanda de inconstitucionalidad debe exponer razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes. Estas exigencias constituyen una
carga mínima de argumentación que debe cumplir todo ciudadano, y que resulta
indispensable a pesar de la naturaleza pública e informal que caracteriza a la
acción de constitucionalidad. En consecuencia, las razones de
inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de
exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la
presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que
significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas,
caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido
normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que
excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera
que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o
corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos
a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de
generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o
disposición demandada”[20].
Sobre el tema de las omisiones legislativas, la Corte Constitucional
ha aceptado en numerosas providencias que el legislador puede vulnerar
garantías constitucionales por vía de una omisión. No obstante, la misma
jurisprudencia reconoce que no toda omisión puede ser sometida a control
constitucional. En efecto, las omisiones absolutas, tal como las conoce la doctrina[21],
consisten en la falta total de regulación normativa, referida a un aspecto que
debe ser reglado. Como la Constitución circunscribe la competencia de la Corte
a decidir las demandas de inconstitucionalidad presentadas por cualquier
ciudadano “contra las leyes”, ausencia total de normatividad no está
sujeta a control constitucional por vía de acción pública (CP art 241 num 4). “La
acción pública de inconstitucionalidad –dice la Corte– si bien permite
realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la
fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las
directrices constitucionales [...]. Por esta razón, hay que excluir de
esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas
absolutas: si no hay actuación, no hay acto  qué comparar con las normas
superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control.
La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad
por omisión legislativa absoluta”[22].
Ahora bien, la omisión legislativa también puede ser relativa. Para
la Corte, el legislador incurre en una omisión de esta naturaleza cuando regula
una materia, pero deja por fuera supuestos análogos a los que fueron incluidos,
a fin de que la norma armonizara con el texto superior; o cuando dicha
condición jurídica es incluida, pero resulta insuficiente o incompleta frente a
situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos[23]. La jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha señalado los
criterios a partir de los cuales resulta procedente el examen de
constitucionalidad de una posible omisión legislativa relativa[24].
En la sentencia C-185 de 2002[25]
afirmó al respecto:
“[…] para efectos de proceder al examen de
constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso
en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el
cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la
cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador”[26].
Pues bien, sin perjuicio de lo que se diga sobre el
mérito de la demanda, la Corte considera que los actores aportan argumentos
claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes para sustentar cada uno
de los criterios indicativos de omisión legislativa relativa. En efecto, los
demandantes indican que los
artículos 141 del Código General del Proceso y 130 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no incorporan expresamente
una causal de recusación e impedimento para jueces y conjueces por “haber sido o ser contraparte de alguna de las partes o sus
apoderados”, lo cual es cierto. Esa falta de inclusión expresa de la
hipótesis referida se predica tanto del artículo 141 del Código General del Proceso como del 130 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo cual no
hay motivo para limitar el pronunciamiento a solo uno de ellos. La
ausencia de esa causal en forma expresa en las normas acusadas la consideran
inconstitucional los actores, por cuanto a su juicio carece de justificación y
es una hipótesis que afecta la imparcialidad de los jueces o conjueces, como
puede inferirse del hecho de que aparece en otros regímenes legales de
recusaciones e impedimentos. Ese argumento es claro, pues puede
entenderse cabalmente. La demanda es además específica y suficiente,
toda vez que se refiere de manera puntual a cómo la norma censurada vulnera la
Constitución y despierta una sospecha razonable de constitucionalidad, y de
hecho expone por qué se reúne cada uno de los requisitos de la omisión
legislativa relativa. Finalmente, la acción pública plantea razones pertinentes,
pues aunque invoca los regímenes de impedimentos y recusaciones previstos en
otros Códigos y Estatutos legales, lo hace para poner referentes de igualdad,
ya que el cargo propone es una confrontación con los artículos 2º, 13, 29 y 229
Superiores, típica del control constitucional. Por tanto, la Corte procederá a
estudiarla de fondo.
Presentación del caso y planteamiento del
problema jurídico
3. Los
actores sostienen que los artículos 130 de la Ley
1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012 incurren en omisión legislativa relativa, debido a que no incluyen como
causal de impedimento o recusación de los jueces y los conjueces “haber sido
o ser contraparte de alguna de las partes o sus apoderados”, con lo cual a
su juicio se desconoce los artículos 2º, 13, 29 y 229 de la Constitución
Política. Señalan que no existe un principio de razón suficiente para no haber
contemplado dicha causal de impedimento o recusación, cuya ausencia tiene en su
sentir graves implicaciones tratándose de los conjueces, pues estos normalmente
ejercen su profesión de manera activa en el litigio por lo que puede ser
plausible que se presente la situación descrita en la norma, en los procesos en
los cuales actúan como tales, lo cual no excluye que también los jueces puedan
incurrir en ella. Cuestionaron que esta disposición sí se encuentra prevista en
la Ley 734 de 2002[27]
(num. 4º, art. 84), la Ley 906 de
2004[28]
(num. 4º, art. 56) y la Ley 1563 de 2012[29]
(art. 16), y no en las previsiones legales cuestionadas, lo que crea una
desventaja entre quienes comparecen a los procedimientos disciplinarios y a los
procesos penal y arbitral, por una parte, y quienes están regidos por el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, por la otra.
Agregan que los sucesos de tener
un interés directo o un pleito pendiente responden a situaciones diferentes de
la que echan de menos en la regulación censurada, y que dicha conclusión se
fundamenta en la existencia del deber de interpretación restrictiva de los
impedimentos. Finalmente, exponen que esa situación desconoce el principio de
imparcialidad judicial y, con ello, el debido proceso (art. 29 C.P.) y el
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), lo que
confluye en la afectación del artículo 2º constitucional que establece que uno
de los fines esenciales del Estado es promover la efectividad de los derechos, pues
permitir que quien es o ha sido contraparte o apoderado de una de las partes
del proceso sea su juzgador, limita estructuralmente la materialización del
derecho a la justicia y toda aquellas garantías que por medio de ella se
alcanzan.
El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que el Tribunal declare
la exequibilidad condicionada de los artículos demandados, bajo el argumento de que en su
criterio sí se configura una omisión legislativa relativa, de forma tal que se
entienda que también constituye causal de impedimento o recusación de los
jueces o magistrados en la jurisdicción ordinaria en su competencia civil y en
la jurisdicción contencioso administrativa, el “haber sido o ser contraparte
de alguna de las partes o sus apoderados”.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal le solicitó a la Corporación
declarar la exequibilidad de las disposiciones acusadas, al considerar que la situación planteada en la
demanda como causal de recusación de los conjueces, esto es, “haber sido o
ser contraparte de alguna de las partes o sus apoderados”, ya está regulada
en el numeral 6º del artículo 141 del Código General del Proceso que establece
la existencia de pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero
permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, y cualquiera de las partes, su representante o
apoderado. Causal esta, según explicó, que también aplica para los procesos que
se tramitan ante la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de la
expresa remisión hecha por el artículo 130 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte, el ciudadano Ramiro Cubillos Velandia se pronunció en el
mismo sentido, pero bajo el entendido de que la circunstancia reclamada por los
demandantes puede subsumirse en el numeral 1º del artículo 141 del Código
General del Proceso, que establece como causal de recusación que el juez, su
cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés directo o
indirecto en el proceso. Además señaló que como el régimen de impedimentos y
recusaciones se hace necesario para evitar la afectación de la imparcialidad e
independencia del administrador de justicia, sea este juez o conjuez, desde un plano
subjetivo, puede acudirse al numeral 9º ibíd. que
consagra la existencia de enemistad grave o
amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o
apoderado.
La Universidad de la Sabana a su vez le solicitó a la Corte que declare
la exequibilidad de los artículos 130 de la Ley 1437
de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012 y la existencia de una omisión legislativa absoluta en relación con la
causal que debe establecerse para los conjueces de “haber sido o ser
contraparte de alguna de las partes o sus apoderados”; en consecuencia, pidió
exhortar al Congreso para que legisle al respecto. Lo anterior, en razón de que
no se puede concluir que la disposición normativa acusada realice un desarrollo
imperfecto de las causales de recusación de los jueces, pues lo que observa es
un desarrollo correcto al respecto. Asimismo, sostuvo que en el caso de que se
presente la existencia de un pleito pendiente entre el juez y cualquiera de las
partes, su representante o apoderado, puede darse aplicación al numeral 6º del
artículo 141 del Código General del Proceso.
Finalmente, el Procurador General de la Nación le solicitó a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad del artículo 141 de la Ley 1564 de
2012, debido a que la inclusión de la causal relativa al apoderamiento, “si
bien puede implicar una regulación alternativa de los impedimentos, en todo
caso no es un imperativo mínimo constitucional, elemento imprescindible para
poder declarar una omisión legislativa”[30].
Con fundamento en lo anterior, la
Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿incurre el
legislador en una omisión legislativa relativa que vulnera los derechos a la igualdad (art. 13 C.P.), la
imparcialidad judicial (art. 29 C.P.) y el derecho de acceso a la
administración de justicia (art. 229 C.P.), con lo cual a su vez se desconoce
el fin esencial del Estado de promover la efectividad de los derechos (art. 2º
C.P.), al no contemplar en los
artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de
2012 como causal expresa de impedimento y recusación de
los magistrados, jueces y conjueces el haber
sido o ser contraparte o apoderado de alguna de las partes?
Con el fin de dar respuesta a la
cuestión planteada la Sala Plena procederá, en primer lugar, a mencionar brevemente
la jurisprudencia constitucional sobre la independencia e imparcialidad del
funcionario judicial y su relación con el régimen de impedimentos y
recusaciones. En segundo lugar, precisará el contenido de los artículos
141 del Código General del
Proceso y 130 de la Ley 1437 de 2011. Luego examinará
si en el caso de los artículos cuestionados el legislador incurrió en una
omisión legislativa relativa.
Los impedimentos y las
recusaciones, garantía de independencia e imparcialidad del funcionario
judicial[31]
4. La jurisprudencia de esta Corte
ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del
funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de
impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29
de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía[32].
La independencia y la imparcialidad
judicial, como objetivos superiores, deben ser valoradas desde la óptica de los
órganos del poder público –incluyendo la propia administración de justicia–, de
los grupos privados y, fundamentalmente, de quienes integran la litis,
pues solo así se logra garantizar que las actuaciones judiciales estén
ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre
los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)[33].
La Corte ha explicado claramente
la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los
siguientes términos: “[la] independencia, como su nombre lo indica, hace
alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean
sometidos a presiones, […] a insinuaciones, recomendaciones, exigencias,
determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de
la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras
autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales”.
Sobre la imparcialidad, ha señalado que esta “se predica del derecho de
igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13
C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en
el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios
para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de
las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad
judicial”[34].
Dentro de este contexto, la
jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noción
de imparcialidad, una doble dimensión: (i) subjetiva, esto es, relacionada
con “la probidad y la independencia del juez, de
manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a
alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate,
debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de
cualquiera de las causales previstas al efecto”; y (ii)
una dimensión objetiva, “esto es, sin
contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se ofrezcan las garantías
suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir
cualquier duda razonable al respecto’”.[35] No se
pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la
instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del
proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por
lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue
[36]”[37].
En el ámbito continental, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado contenido y alcance al
concepto de imparcialidad como atributo de la administración de justicia. En el
auto 169 de 2009[38],
la Corte Constitucional reprodujo algunos de los apartes más relevantes en este
sentido, en los siguientes términos:
“La imparcialidad del Tribunal implica que sus integrantes no tengan un
interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes
y que no se encuentren involucrados en la controversia.
El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su
conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la
integridad del Tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la
administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de
todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de
las funciones jurisdiccionales”.[39]
Sobre el alcance y los elementos del concepto de imparcialidad el
Tribunal Internacional ha señalado que éste “supone que el Tribunal o juez no
tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice[40]. […]
Así mismo, la Comisión Interamericana ha distinguido al igual que otros órganos
internacionales de protección de los derechos humanos[41], dos
aspectos de la imparcialidad, un aspecto subjetivo y otro objetivo.[42]
El aspecto subjetivo de la imparcialidad del tribunal trata de
determinar la convicción personal de un juez en un momento determinado, y la
imparcialidad subjetiva de un juez o de un tribunal en un caso concreto se
presume mientras no se pruebe lo contrario.
Con relación al aspecto objetivo de la imparcialidad, la CIDH considera
que exige que el Tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen
cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso. Si la
imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en
contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente
de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados
autorizan a sospechar sobre la imparcialidad[43]”[44].
Así mismo, los “Principios
Básicos relativos a la independencia de la Judicatura” aprobados por el VII
Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de
la Delincuencia, 1990, señalan que la imparcialidad se refiere, entre otros
aspectos, a que el juez no tenga opiniones preconcebidas ni compromisos o tome
partido por alguna de las partes en el caso que se le somete. Así, se menciona
la perspectiva según la cual la imparcialidad es la actitud sicológica de
probidad y rectitud para administrar justicia.
Lo anterior, según la
jurisprudencia de esta Corporación, explica por qué el legislador, en ejercicio
de la facultad de configuración normativa (artículo 150 nums. 1º y 2º C.P.), se
vio precisado a incorporar en el ordenamiento jurídico las instituciones
procesales de impedimentos y recusaciones, con las cuales se pretende mantener
la independencia e imparcialidad del funcionario judicial, quien por un acto
voluntario o a petición de parte, debe apartarse del proceso que viene
conociendo cuando se configura, para su caso específico, alguna de las causales
que se encuentran expresamente descritas en la ley[45].
La Corte diferencia el impedimento
de la recusación en que el primero tiene lugar cuando el juez, ex officio,
es quien decide abandonar la dirección del proceso, en tanto que la segunda se
produce por iniciativa de los sujetos en conflicto, ante la negativa del juez
de aceptar su falta de aptitud para decidir el litigio[46].
Entonces, dentro del propósito
fundamental de la función judicial de impartir justicia a través de diversos
medios, “la administración de justicia debe
descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan
esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces”[47],
principios que se garantizan a través de las causales de impedimento y recusación
reguladas por el legislador.
Asimismo, la jurisprudencia de
esta Corporación[48]
ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del
funcionario judicial están orientados a salvaguardar los principios esenciales
de la administración de justicia, y se traducen en un derecho subjetivo de los
ciudadanos en la medida que forman parte del debido proceso, establecido en el
artículo 29 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre Derechos
Humanos aprobados por el Estado colombiano[49]. Sobre el
particular señaló la Corte:
“Los impedimentos constituyen un mecanismo
procedimental dirigido a la protección de los principios esenciales de la
administración de justicia: la independencia e imparcialidad del juez, que se
traducen así mismo en un derecho subjetivo de los ciudadanos, pues una de las
esferas esenciales del debido proceso, es la posibilidad del ciudadano de
acudir ante un funcionario imparcial para resolver sus controversias. (artículo
29 de la Constitución Política, en concordancia con diversas disposiciones
contenidas en instrumentos de derechos humanos, tales como los artículos 14.1
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 10º de la Declaración Universal de Derechos
Humanos)”[50].
En la sentencia C-881 de 2011[51], en
el marco del estudio de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra una
expresión del inciso 2º del artículo 335 de la Ley 906 de 2004[52], el
cual establece que el juez que conozca de la preclusión quedará impedido para
conocer del juicio, y que perseguía que ese mismo impedimento se hiciera
extensivo al fiscal que formula la fallida solicitud, la Corporación se refirió
al carácter excepcional de los impedimentos y las recusaciones y, por ende, a
la naturaleza taxativa de las causales en que se originan, lo cual exige una
interpretación restrictiva de las mismas. Al respecto, señaló:
“Técnicamente, el impedimento es una facultad
excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto
específico, separándose de su conocimiento, cuando considere que existen
motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente
comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta
en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una
limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia (Artículo 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los
órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado que los impedimentos
tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma
restringida”[53].
En suma, los impedimentos y las recusaciones son herramientas
orientadas a la protección de principios esenciales de la administración de
justicia como la independencia y la imparcialidad del funcionario judicial.
Estos atributos en cuanto se dirigen a garantizar el
debido proceso, tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la
Carta y en los principales convenios internacionales sobre Derechos Humanos adoptados
por el Estado colombiano, y se convierten en derechos
subjetivos del ciudadano.
La Corte
procede entonces a precisar el contenido estricto
de las disposiciones normativas demandadas.
Las causales de
recusación contempladas en los artículos 141 del Código General del Proceso y 130 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
5. El artículo 141
del Código General del Proceso establece las causales de recusación para los
magistrados, los jueces y los conjueces[54],
en este último evento en virtud de los
artículos 140 ibíd. y 61 de la Ley 270 de 1996[55]. Dicho texto
normativo retomó las causales que establecía el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil[56],
derogado por el literal c) del artículo 626 del Código General del Proceso, incorporando el entendimiento que la
Corte Constitucional le dio a la disposición[57].
Conforme lo establecido en el artículo 140 del Código General del Proceso, cuando
concurra alguna de las causales de recusación en los magistrados, los jueces o
los conjueces encargados de la decisión de un asunto concreto, deberán
declararse impedidos tan pronto como adviertan su existencia, expresando los
hechos en que se fundamentan.
Por su parte, el
artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece que “[l]os magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 141 del Código General del Proceso]” y, además, en los eventos particulares
descritos por el mismo texto normativo[58].
El artículo 141 del Código General del
Proceso constituye entonces la normativa fundamental en lo que al régimen de
impedimentos y recusaciones se refiere, pues integra otros ordenamientos
procesales como el establecido en el artículo 130 de Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su mismo cuerpo incorpora dicha
previsión.
El legislador no incurrió en una omisión legislativa relativa al determinar las causales de
impedimento y recusación en los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y
141 de la Ley 1564 de 2012
6. La demanda plantea un problema de inconstitucionalidad
originado en una supuesta omisión legislativa relativa. Como se mencionó, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que para definir si el legislador ha incurrido en
una omisión relativa es preciso (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el
cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos
casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto
normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de
los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv)
que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de
la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el
resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador[59]. La
Corte Constitucional procede entonces a verificar si estos requisitos se
cumplen en el presente caso.
(i)
En primer lugar, la omisión legislativa se predica de los artículos 130 de la
Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012, y en concepto de la Sala es algo
verificable. Ambas disposiciones se refieren a las causales de recusaciones e
impedimentos en los procesos regidos por los respectivos estatutos normativos.
(ii) Resulta cierto además, como se afirma en la
demanda, que las disposiciones normativas acusadas, artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la
Ley 1564 de 2012, no prevén expresamente como causal de
impedimento o recusación de magistrados, jueces y conjueces “haber sido o ser contraparte de
alguna de las partes o sus apoderados”. Tal trato
es asimismo diverso del conferido en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), el
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y el Estatuto de Arbitraje (Ley
1563 de 2012), disposiciones que sí consagran
parcialmente la hipótesis reclamada por los demandantes. En efecto, la Ley 734
de 2002 (num. 4º, art. 84) y la Ley 1563 de 2012 (art. 16) establecen como
causal de impedimento y recusación para los servidores públicos que ejerzan la
acción disciplinaria y para los árbitros y los secretarios, “[h]aber sido
apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de
cualquiera de ellos,…”. De otro lado, la Ley 906 de 2004 (num. 4º, art. 56)
estatuye como causal de impedimento “[q]ue el funcionario judicial haya sido
apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de
cualquiera de ellos,…”. Es entonces correcto
afirmar que se instituye una diferenciación regulatoria entre estas
codificaciones y estatutos, de un lado, y los Códigos General del Proceso y de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, del otro, en
lo que atañe a la consagración de una causal expresa de impedimento y
recusación de jueces y conjueces por haber sido o ser contraparte de alguna de las partes o sus apoderados. En estos últimos, vale decir, no está contemplada explícitamente
esa causal.
(iii) Ahora bien, la omisión legislativa relativa exige además de la
ausencia de una hipótesis, un ingrediente o condición en la regulación legal, que la misma  carezca
de un principio de razón suficiente, situación que debe ser sustentada por los
accionantes. En este caso, no obstante, la Corte no se enfrenta a una carencia
de justificación suficiente de la configuración legislativa, debidamente
probada por los actores. La causal que los demandantes echan de menos en el
Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo está expresamente prevista en el Código
Disciplinario Único, en el Código de Procedimiento Penal vigente y en el
Estatuto Arbitral. Esa diferente regulación, y la ausencia de una consagración
expresa en las normas acusadas de la causal que los actores extrañan, obedecen
a un principio de razón suficiente. Para mostrarlo es preciso en primer lugar
destacar no solo la diferencia formal entre las regulaciones referidas, sino el
contenido material de cada uno de los regímenes de causales de recusaciones e
impedimentos que los actores invocan. Aunque en las formas es claro que las
normas demandadas no contemplan de modo expreso una causal de recusación
contra jueces o conjueces por “haber sido o ser
contraparte de alguna de las partes o sus apoderados”, esto en sí mismo no
indica que esa causal no esté parcialmente contenida de forma lógica
entre las hipótesis expresamente reguladas.
En efecto, la causal
que los accionantes señalan como ausente de las disposiciones censuradas se
refiere a dos situaciones, diferenciables por los tiempos en que están llamadas
a ocurrir: “haber sido contraparte de alguna de las partes o de sus
apoderados” alude al pasado, mientras “ser contraparte de alguna de las
partes o sus apoderados” se refiere al presente, a una situación actual o
en curso. Pues bien, como lo señala uno de los intervinientes en este proceso,[60] al
menos la segunda parte de la hipótesis que los actores extrañan ya está en
parte contenida en el Código General del Proceso, artículo 141 numeral 6, pues
establece como causal de recusación e impedimento, la de “[e]xistir pleito
pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su
representante o apoderado”. Se trata sin duda de una regulación distinta en
su forma de la que provoca este proceso y aparece en el Código de Procedimiento
Penal, el Código Disciplinario Único y el Estatuto Arbitral, pero equivale en
parte a lo que los demandantes reclaman, y está prevista en el Código General
del Proceso y se aplica por remisión expresa a los procesos regulados por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA art 130).
Ciertamente, esa
causal de recusación general por pleito pendiente solo contiene de forma
parcial el caso que los demandantes consideran omitido. Puede decirse entonces
que no hay una causal que comprenda integralmente, en el Código General del
Proceso y el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la hipótesis
de ser o haber sido contraparte de alguna de las partes o de
sus apoderados. No obstante, esto no quiere decir que en la hipótesis de
jueces o conjueces que sean o hayan sido contrapartes de las partes o de sus
apoderados no puedan plantearse otras causales de recusación, cuando concurran
además de esa, otras circunstancias objetivas que erosionen su imparcialidad. Es
posible, en primer lugar, que el hecho de ser o haber sido el juez o conjuez
contraparte de una de las partes o de sus apoderados en el proceso en curso haya
despertado en aquél sentimientos de enemistad grave o amistad íntima para con estas
o sus representantes judiciales, caso en el cual podría invocarse la causal del
artículo 141 numeral 9 del Código General del Proceso. También puede ocurrir
que el juez o conjuez haya sido contraparte de una de las partes en el proceso
en curso, pero haya dejado de serlo, caso en el cual podría aplicarse la causal
del artículo 141 numeral 12 del Código General del Proceso. Igualmente puede
acontecer si el juez o conjuez fue contraparte de una de las partes o sus
apoderados en otro proceso, por haber formulado denuncia penal o disciplinaria
contra ellos y haber intervenido como parte civil o víctima, pues en esa
situación el caso se controlaría por el artículo 141 numeral 8 del Código
General del Proceso.
Fuera de estas causales, es
legalmente admisible que el haber sido contraparte de una de las partes o de
sus apoderados genere en el juez o conjuez del caso un “interés directo o
indirecto en el proceso”, evento en el cual se aplicaría la causal del
artículo 141 numeral 1 del Código General del Proceso. En efecto, la
normatividad no hace diferencia entre el tipo de interés, razón por la cual una
interpretación puramente literal conduce a entender que el puede ser de
cualquier tipo: patrimonial, intelectual o moral. Esta interpretación ha sido
aceptada, además, por la jurisprudencia nacional históricamente, pues ella ha
admitido que el interés puede ser de diversas clases, entre las cuales ha
mencionado el interés moral y el intelectual, además del patrimonial. Desde
1935, la Sala de Negocios Generales de la
Corte Suprema de Justicia sostenía, al resolver el impedimento presentado por
uno de los Magistrados, que el artículo 435 del Código Judicial, en tanto no
distinguía entre tipos de interés cuando establecía que era suficiente causa de
impedimento o recusación “[t]ener interés en el pleito el Juez, o alguno de
sus parientes expresado en el numera 1°”, admitía que un interés de orden
moral en la decisión también pudiera considerarse causa legítima de impedimento.
Sostuvo al respecto que “[l]a ley no distingue la clase de interés que ha de
tenerse en cuenta en este caso, y no haciéndose tal distinción, el interés
moral queda comprendido en la causal de impedimento”.[61]
Pues bien, la posibilidad de recusar a un juez o conjuez por tener
interés moral en la decisión, o el imperativo que dichos servidores tienen de
declararse impedidos cuando concurra tal circunstancia, constituye una
hipótesis de garantía de la imparcialidad judicial cuando no se presente
ninguna otra causal de recusación o impedimento, y se configura cuando en quien
está llamado ejercer jurisdicción pueda “acreditarse
con absoluta claridad la afectación de su fuero interno, o en otras palabras,
de su capacidad subjetiva para deliberar y fallar”.[62] En consecuencia, si bien el juez o
conjuez que ha sido contraparte de una de las partes o de sus apoderados no
puede ser recusado ni puede declararse impedido por ese solo hecho, eso no
significa que entonces su situación sea inmune al principio constitucional de
imparcialidad (CP art 29), pues en virtud de este último puede ser apartado del
conocimiento del asunto si esa u otra circunstancia despiertan en él un interés
moral en la actuación, que realmente afecte su fuero interno o capacidad
subjetiva de fallar conforme a derecho, por el derecho mismo.
Fuera de esos casos, es verdad que la sola circunstancia de ser o
haber sido contraparte de una de las partes o de sus apoderados no constituye
una causal objetiva de recusación en los Códigos General del Proceso y de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En contraste,
esa situación es causal aparentemente objetiva de recusación en los procesos
regulados por el Código de Procedimiento Penal y el Código Disciplinario Único.
Ahora bien, esa diferencia entre regulaciones, en los términos antes indicados,
se puede explicar razonablemente en que esa sola circunstancia puede ser considerada
por el legislador como indicador de falta de imparcialidad, pero no
necesariamente tiene que configurarse como causa suficiente para el efecto. Cuando
además de esa situación concurra otra; por ejemplo, enemistad grave o amistad
íntima, pleito pendiente, interés moral, o el hecho objetivo de haber sido
partes en el mismo proceso o denunciantes en un proceso penal o disciplinario
anterior o concomitante, cabe invocar estas últimas causales de recusación o
impedimento expresamente previstas en la ley. Sin embargo, cuando no concurre
ninguna de estas otras hipótesis, y el juez o conjuez del caso fue contraparte
de una de las partes o de sus apoderados, no se ve por qué haya de asumirse
necesariamente su falta de imparcialidad.
De hecho, aunque el Código de Procedimiento Penal, como lo señalan
los actores, contempla expresamente esta causal de impedimento y recusación, lo
cual parecería indicar que es de naturaleza objetiva, lo cierto es que la Corte
Suprema de Justicia ha señalado que en realidad no lo es sino cuando esa
situación se presenta en el mismo proceso en el que el juez está llamado a
ejercer funciones jurisdiccionales. En contraste, cuando el juez o conjuez ha
sido contraparte de las partes o de sus apoderados en un proceso diferente al
que está en curso, la jurisprudencia exige demostrar, además de esa
circunstancia, una afectación concreta a la imparcialidad judicial. Es decir,
no basta con probar un hecho objetivo, sino que debe acreditarse una duda
razonable de afectación subjetiva de quien encarna la autoridad jurisdiccional.
En efecto, al menos desde el auto del 4 de septiembre de 1998, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la causal de
impedimento y recusación contra el juez por ser o haber sido contraparte de las
partes o de sus apoderados “resulta atendible cuando
en la misma actuación judicial se presente la circunstancia de que el fallador
y uno de los sujetos procesales hayan sido contrapartes. Pero, en tratándose de
procesos diferentes, es menester que el funcionario que se declara impedido
demuestre que, conforme  a las circunstancias que cobijan la relación
jurídico-procesal, su imparcialidad y objetividad se van a ver afectadas”.[63]
Esta posición se ha reiterado en múltiples ocasiones, y por eso por ejemplo en
el auto del 9 de mayo de 2007 de la misma Corporación se dijo al respecto:
“…vale reiterar que la
jurisprudencia de la Corte ha sido pacífica en torno al concepto de contraparte
como motivo excusante para conocer del proceso, pues su alcance implica una
doble perspectiva, a saber:
“a) Que dicha
condición se predique en el mismo proceso, es decir, que el juez que debe
resolver el asunto tenga al mismo tiempo la condición de adversario frente a
cualquiera de los sujetos procesales.
“b) Que esa
condición de adversario se presente en otro proceso, evento en el cual
‘deberán examinarse las específicas circunstancias temporales y morales que
caracterizan la relación jurídico procesal, y determinar así la incidencia
concreta que tal calidad pueda tener en la objetividad e imparcialidad del
funcionario”.[64]
Como se observa, en
realidad, ni siquiera en el proceso regulado por el Código de Procedimiento
Penal, en el que se consagra expresamente la causal de recusación e impedimento
para jueces y conjueces por ser o haber sido contrapartes de las partes o sus
apoderados, esa sola circunstancia es considerada como indicador suficiente de
falta de imparcialidad judicial. No advierte la Sala Plena de esta Corporación
razón alguna para dudar fundadamente de la imparcialidad de un juez civil o
contencioso administrativo, solo por el hecho de haber sido contraparte de las
partes o de sus apoderados en procesos diferentes al que está en curso, y con
independencia de las circunstancias en que se hubiese desarrollado. La Corte no
está entonces ante un caso en el cual la omisión cuestionada, entendida en
sentido estricto, carezca de justificación suficiente. Tal omisión se justifica
suficientemente en que esa circunstancia objetiva no es en cuanto tal un
elemento que baste por sí mismo para demostrar, ausentes otras condiciones, falta
de imparcialidad en el juez o conjuez de la causa.
(iv) La
diferencia regulatoria que se observa entre las normas
demandadas y las que contemplan las causales de
impedimentos y recusaciones en los Códigos de Procedimiento Penal y Disciplinario Único y en el Estatuto
Arbitral no afecta, por otra parte, el derecho a
la igualdad de las personas sujetas a procesos regulados en cada uno. El principio de igualdad ciertamente es aplicable al análisis de
validez de las reglas que contemplan causales de recusación e impedimento en
procesos ordinarios y contencioso- administrativos. Por
ejemplo, en la sentencia C-600 de 2011[65],
la Corte controló la constitucionalidad de dos causales de recusación e
impedimento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto contemplaban una hipótesis en la cual figuraban los
parientes del juez en primer grado de consanguinidad y no los parientes en grado primero civil (hijo e hija adoptivos y padre o madre adoptantes). La Corte sostuvo
que en ese caso se vulneraba el
principio de imparcialidad, en concordancia con el de igualdad por cuanto, ante
situaciones que contemplaban igual compromiso de la imparcialidad judicial, las
disposiciones entonces acusadas ofrecían tratamientos legislativos
diferenciados. Por este motivo, condicionó la exequibilidad de las normas
controladas, en el entendido de que “incluyen
también  a los parientes en el grado primero civil (hijo e hija adoptivos
y padre o madre adoptantes)”.[66]
No obstante, esta Sala discrepa de que el principio de igualdad
pueda entenderse como el derecho a un catálogo único de
hipótesis uniformes que den lugar recusar o a autorizar a un juez para
declararse impedido, con independencia de la clase de proceso de que se trate,
o de los bienes jurídicos involucrados. El legislador está
expresamente autorizado para “[e]xpedir códigos en todos los ramos de la
legislación y reformar sus disposiciones” (CP art 150 num 2). Esta
competencia comprende la de establecer, dentro de un amplio de margen de
configuración, regímenes procesales diferenciados, e incluso la de introducir
diferencias dentro de un régimen procesal.[67]
Desde luego, el Congreso tiene también ciertos límites en este ejercicio. No
puede en principio introducir distinciones fundadas en motivos sospechosos de
inconstitucionalidad, como por ejemplo el sexo, la raza, el origen nacional o
familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica (CP art 13).
Tampoco puede establecer diferencias de trato entre regímenes o dentro de un mismo régimen que supongan una discriminación irrazonable
para las personas.[68]
Pero sí puede configurar esquemas de garantías de imparcialidad que sean
diferentes entre sí, según la naturaleza del proceso y de los derechos
sustanciales en juego, en tanto esto no suponga una
discriminación para las personas o la violación de otro principio
constitucional. Cuando el legislador consagra
sistemas de recusación e impedimento para el proceso civil o contencioso
administrativo, en realidad no está obligado a reproducir
exactamente los que consagre para el proceso penal, de tutela, de
constitucionalidad o de arbitraje. Las diferencias entre estos regímenes no
reflejan por sí mismas una desigualdad de trato entre personas, pues una
misma persona puede simultáneamente ser parte de un proceso civil y de un
proceso penal, y se le aplicarían las causales de impedimentos y recusaciones en condiciones de
igualdad dentro de cada régimen procesal particular. Por eso la Corte ha
señalado que al interpretar la Constitución debe
tenerse presente que el derecho a la igualdad busca asegurar un tratamiento
igual entre personas y no entre regímenes jurídicos o procesos
jurisdiccionales:
“El principio
de igualdad se predica de las personas, no de las leyes. En efecto, cuando se
demandan las diferencias entre regímenes establecidos por el legislador, la
Corte ha señalado que a las mismas personas se les pueden aplicar ambos
regímenes, dependiendo de las circunstancias en que se encuentren y de las
decisiones que voluntariamente éstas adopten”.[69]
En algunas
ocasiones, ciertamente, las diferencias entre regímenes pueden suponer una
discriminación objetiva e injustificada entre personas.[70] Pero
esa realidad debe ser debidamente demostrada por el actor en cada caso. En la
presente ocasión, sin embargo, la Corte no advierte que más allá de la
diferencia cierta entre la regulación de las causales de impedimento y recusación
de los Códigos General
del Proceso y de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por una parte, y los Códigos de Procedimiento Penal,
Disciplinario Único y Estatuto Arbitral, por otra, se haya demostrado también
una discriminación o la vulneración de un principio constitucional. Lo único
que se ha verificado es una diferencia entre regímenes, establecidos para
procesos diferenciables entre sí por su naturaleza, dentro de cada uno de los cuales
se han de aplicar sus causales propias en condiciones de igualdad. Por lo cual
la omisión legislativa que se cuestiona en las normas demandadas no solo no
carece de un principio de razón suficiente, sino que en cuanto tal tampoco
acarrea la vulneración del derecho a la igualdad o de un principio
constitucional distinto.
(v) Finalmente, la omisión legislativa relativa que se cuestiona en este caso como
inconstitucional no es fruto del incumplimiento de un deber específico impuesto
por el constituyente al legislador. Los accionantes dicen que el legislador
tenía el deber de garantizar el derecho al debido proceso, y en particular el
derecho a no ser juzgado sino por juez imparcial, y deducen de allí que tenía
también el deber más específico de contemplar una causal de recusación o
impedimento para el juez o conjuez por haber “sido contraparte de
alguna de las partes o de sus apoderados”. Ahora bien, aunque es indudable
que el legislador tiene en virtud de la Constitución el deber de garantizar la
imparcialidad judicial en todos los procesos (CP art 29), la Corte no encuentra
que este deber se concrete en el de consagrar necesariamente la hipótesis de recusación e impedimento para
jueces y conjueces, en los procesos regulados por los Códigos demandados, por
ser o haber sido contrapartes de las partes o sus apoderados. No se pregunta la
Corte, en este caso, si forma parte del margen de configuración del legislador
contemplar esa hipótesis entre las causales de recusación o impedimento, por
ejemplo en el Código de Procedimiento Penal, pues no es ese el objeto de este
pronunciamiento. Pero no se observa razón alguna para considerar que la
consagración de esa causal, individualmente considerada, sea un deber
específico del Congreso. En primer lugar, no hay ninguna cláusula
constitucional que lo establezca expresamente. En segundo lugar, tampoco
el derecho a la igualdad implica, por las razones antes indicadas, la
uniformidad automática de las causales de recusación e impedimento, y la
extensión al proceso ordinario o contencioso administrativo del régimen
previsto para el proceso penal o para las actuaciones disciplinarias o
arbitrales.
El de contemplar
una causal de recusación e impedimento para los jueces y los conjueces por ser
o haber sido contrapartes de alguna de las partes o de sus apoderados no es,
por último, un deber específico tácito que se deduzca razonablemente de
una lectura integral de la Constitución. Ciertamente, la Constitución garantiza
el derecho a la imparcialidad del juez (CP arts 29 y 228), pero esto no
equivale a una configuración concreta y detallada de las causales de recusación
e impedimento. Lo que exige este principio es que los sistemas de recusación e
impedimento garanticen la imparcialidad judicial, y en los casos relevantes
para este proceso, los Códigos Generales del Proceso y de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ya la garantizan. En efecto,
en los procesos regulados por cada una de esas codificaciones, si bien no basta
con acreditar el hecho objetivo de que el juez o conjuez sea o haya sido
contraparte de las partes o de sus apoderados, este elemento puede articularse
con otros para contribuir a demostrar la concurrencia de una causal de
recusación o impedimento, como por ejemplo al aducir enemistad grave, amistad íntima, interés moral, o haber sido parte
en el mismo proceso o denunciante en un proceso penal o disciplinario anterior
o concomitante. A todo lo cuales ha de sumarse que además de estas hay otras
hipótesis de recusación e impedimento, contenidas en las normas legales
cuestionadas, y que en conjunto ofrecen instrumentos suficientes de
imparcialidad para todas las personas. Huelga por último señalar que si quedan
dudas relacionadas con la imparcialidad del juez o conjuez, originadas en sus
actuaciones institucionales durante el proceso, las mismas pueden sujetarse a
control por medio de los recursos ordinarios y extraordinarios de cada régimen
procesal, o a la acción de tutela si se dan las condiciones de procedencia para
ello, establecidas en la jurisprudencia constitucional.
7. En virtud de
las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional declarará exequibles por el cargo analizado en la presente
sentencia los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES los
artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley
1564 de 2012, por el cargo analizado en la sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 6 y 7 del expediente de constitucionalidad.
[2] Folio 10 ibíd.
[3] En este punto, se refirieron a los principios de
autonomía e independencia judicial que orientan la función judicial, y al
sistema de impedimentos y recusaciones encaminado a proteger y conservar la
imparcialidad de los funcionarios judiciales. Asimismo, señalaron que dicho sistema
debe ser cuidadosamente observado por cualquier persona que se encuentre
autorizada para impartir justicia, es decir, que también los conjueces están
obligados a cumplir dicho régimen, como se deriva claramente del artículo 61 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley  270 de 1996).
[4] Folio
18 del expediente de constitucionalidad.
[5] El artículo 84 de la Ley 734 de 2002, “por la cual se
expide el Código Disciplinario Único”, dispone: “Causales de impedimento y
recusación. Son causales de impedimento y recusación, para los servidores
públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes: || […] || 4.
Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o
contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su
opinión sobre el asunto materia de la actuación”.
[6] El artículo 56 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”, establece: “Son causales de
impedimento: || […] || 4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o
defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera
de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia
del proceso.
[7] El artículo 16 de la Ley 1563 de 2012, “por medio de
la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan
otras disposiciones”, señala: “Los árbitros y los secretarios están impedidos y
son recusables por las mismas causales previstas para los jueces en el Código
de Procedimiento Civil, por las inhabilidades, prohibiciones y conflictos de
intereses señalados en el Código Disciplinario Único,…”.
[8] Folio 21 del expediente de constitucionalidad.
[9] Doctor
Fernando Arévalo Carrascal. Adjuntó la Resolución No. 0641 de 2012, por la cual
se delega la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho
para intervenir en procesos de defensa del ordenamiento jurídico (folio 82 del
expediente de constitucionalidad); del acta de posesión No. 0004 del veinte
(20) de enero de dos mil catorce (2014) en el cargo de Director Técnico de la
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del
Viceministerio de Promoción de la Justicia (folio 81 ibíd.) y del Decreto 2897
de 2011, emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuyo
numeral 6º del artículo 15, se asigna a la Dirección de Desarrollo del Derecho
y del Ordenamiento Jurídico, la función de ejercer la defensa del ordenamiento
jurídico en las materias de competencia del Ministerio (folio 83 ibíd.).
[10] En
este punto sostuvo que “[s]iendo la imparcialidad inherente e inescindible de
[los derechos de debido proceso y acceso a la administración de justicia], ella
obliga constitucionalmente a contemplar medidas efectivas que impidan su
vulneración. || En este orden de ideas, en la medida en que el hecho de que el
juez o magistrado haya sido o sea contraparte de alguna de las partes o sus
apoderados puede incidir de manera directa o indirecta en su imparcialidad
dentro del respectivo proceso, […], siendo inclusive una causal objetiva cuando
la condición de contraparte se presenta en relación con el mismo proceso, no
hay razón constitucional alguna para excluir este hecho como causal de impedimento
o recusación de todos los jueces y magistrados, independientemente de la
jurisdicción en la cual actúen, pues de lo contrario se estarían vulnerando los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en
condiciones de igualdad para quienes se vean afectados con la parcialidad que
se configura con ese hecho, lo que a su vez implica el incumplimiento del fin
esencial del Estado de garantizar la efectividad de los derechos, como lo ponen
de presente los accionantes” (folio 79 del expediente de constitucionalidad).
[11] El ciudadano José
Miguel Rueda Vásquez.
La intervención obra a folios 84 al 90 del expediente de constitucionalidad.
[12] El ciudadano Martín Bermúdez Muñoz. La intervención obra a folios 66 al 74 del
expediente de constitucionalidad.
[13] El señor Ramiro Cubillos Velandia. La intervención obra a folios 59 al 65
ibíd.
[14] Folio
64 del expediente de constitucionalidad.
[15] Folios 93 al 101 ibíd.
[16] Folio
95 (reverso) ibíd.
[17] Folios
97 al 100 (reverso) del expediente de constitucionalidad.
[18] Ver, al respecto, las sentencias C-1052 de
2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-405 de 2009 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva), C-012 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez. S.V. Jorge Iván
Palacio Palacio), C-423 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y el auto
249 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[19] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Se sigue de cerca la exposición de la sentencia C-330
de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Estas condiciones fueron ampliamente
desarrolladas en la sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
y, desde entonces, han sido reiteradas de manera constante por este Tribunal.
[21] Sentencia C-635 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
Respecto a la omisión legislativa absoluta pueden ser consultadas las
sentencias C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-780 de 2003 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), C-509
de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y
C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
entre otras.
[22] Sentencia C-543 de 1996 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz. A.V. Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez
Caballero y José Gregorio Hernández Galindo). Ver también, las sentencias C-073 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-540 de 1997 (M.P.
Hernando Herrera Vergara).
[23] Sentencia
C-442 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). Respecto a la omisión legislativa relativa, ver
sentencias las C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-427 de 2000 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), C-635 de 2000 (Álvaro Tafur Galvis), C-1225 de 2004
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-1266 de 2005, (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), C-647 de 2010, (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-586 de 2014 (M.P.
María Victoria Calle Correa) y C-422 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
S.V. María Victoria Calle Correa), entre otras.
[24] Sentencias C-543 de 1996 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz. A.V. Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y José
Gregorio Hernández Galindo); C-067 de 1999 (M.P. (E). Martha Victoria Sáchica
Méndez. S.V. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-427 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa);  C-1549 de 2000 (M.P. (E). Martha Victoria Sáchica Méndez); C-041 de
2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-090 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett); C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-809 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett, A.V.
Jaime Araujo Rentería); C-208 y C-311 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. S.V. Alfredo Beltrán Sierra y A.V. Rodrigo Escobar Gil);  C-509 de 2004 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett); C-1172 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández);
C-1009 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. S.V. Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería, Jaime
Córdoba Triviño y Alfredo Beltrán Sierra); C-823 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-1266 de
2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); C-249 de 2009 (M.P. Mauricio
González Cuervo. S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Clara
Elena Reales Gutiérrez, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas
Silva); C-314 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); C-173 de 2010 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub); C-942 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez); C-090
de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); C-127 de 2011 (M.P. María
Victoria Calle Correa); C-600 del 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa);
C-619 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. A.V. María Victoria Calle
Correa), y C-642 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[25] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] Sentencia C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[27] “Por la cual se expide el Código Disciplinario
Único”.
[28] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal”.
[29] “Por medio de la cual se expide el Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”.
[30] Folio
95 (reverso) ibíd.
[31] En
este tema se reitera lo planteado por la Corporación en la sentencia C-600 de
2011 (M.P. María Victoria Calle Correa), en la que se declararon exequibles por
el cargo de omisión legislativa relativa las expresiones “cónyuge” y “su
cónyuge” empleadas en los numerales 7º, 8º, 10, 11, 13 y 14 del artículo 150
del Código de Procedimiento Civil, bajo el entendido que comprenden también al
compañero o compañera permanente; así como las expresiones “o pariente en
primer grado de consanguinidad”, empleadas en los numerales 7º y 8º del mismo
texto normativo, en el entendido que incluyen también a los parientes en el
grado primero civil (hijo e hija adoptivos y padre o madre adoptantes).
[32] Sentencia
T-080 de 2006 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. S.V. Manuel José Cepeda Espinosa) y
auto 169 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[33] Ibídem.
[34] Sentencia C-365 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), ya citada.
[35] El numeral 2° del artículo 24 de la Constitución
española de 1978 señala que “todos tienen derecho al Juez ordinario
predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse
culpables y a la presunción de inocencia”. Cita original.
[36] Esta garantía también se ha considerado
como elemento esencial del debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, reconocida a partir de la interpretación del art.
6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales de 1950, de conformidad con el cual “Toda persona tiene derecho a
que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable
por un tribunal independiente e imparcial…”. Cita original.
[37] Sentencias C-545 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla) y C-762 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), y auto 169 de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[38] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[39] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paramana Iribarne vs. Chile (2005).
Fundamentos jurídicos 146 y 147. Cita
original.
[40] Ver
Informe No. 17/94, Guillermo Maqueda, Argentina, OEA/Ser. L/V/II.85, Doc. 29, 9
de febrero de 1994, párr. 28. No publicado. Cita
original.
[41] Para
la Corte Europea, la imparcialidad del juzgador se compone de elementos
subjetivos y objetivos. Sobre este punto la Corte Europea ha desarrollado una
extensa jurisprudencia (Casos DE Cubre, Hauschildt, entre otros). Cita original.
[42] Idem.
Cita original.
[43] 64).
En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea D.H., caso Hauschilt
del 24 de mayo de 1989, serie A n° 154, p, 21, par. 48. Cita original.
[44] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Malary
vs. Haití (2002). Fundamentos jurídicos 74 y 75.
[45] Ver la sentencia C-365 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Posición reiterada
en la sentencia C-600 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[46] Ibídem.
[47] Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
S.P.V. Vladimiro Naranjo Mesa y José Gregorio Hernández Galindo; S.V. José
Gregorio Hernández Galindo; S.P.V. Alejandro Martínez Caballero; A.V. Eduardo
Cifuentes Muñoz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa; A.V.
Vladimiro Naranjo Mesa y Hernando Herrera Vergara, y S.P.V. Hernando Herrera
Vergara).
[48] Sentencias T-266 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-080 de 2006 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
S.V. Manuel José Cepeda Espinosa), T-176
de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo), entre otras, y autos 169 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva) y 039 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[49] Sentencia T-080 de 2006 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. S.V. Manuel José Cepeda
Espinosa), reiterada en auto 169 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[50] Sentencia T-176 de 2008 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[51] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[52] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
[53] Sentencia C-881 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión la
Sala Plena declaró exequible por el cargo de omisión legislativa relativa, la
expresión “El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer
del juicio” contenida en el inciso segundo del  artículo 335 de la Ley 906 de
2004, en un juicio en que el actor peticionaba que el impedimento que la norma
prevé para el juez que niega la solicitud de preclusión, se hiciera extensivo
al fiscal que formuló la fallida solicitud.
[54] El artículo 141 del Código General del Proceso,
dispone: “Son causales de recusación las siguientes: || 1. Tener el juez, su
cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto
en el proceso. || 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación
en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de
sus parientes indicados en el numeral precedente. || 3. Ser cónyuge, compañero
permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o
apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad. || 4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de
bienes de cualquiera de las partes. || 5. Ser alguna de las partes, su
representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de
sus negocios. || 6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge,
compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y
cualquiera de las partes, su representante o apoderado. || 7. Haber formulado
alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o
disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en
primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o
después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la
ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la
investigación. || 8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente
o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o
disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar
aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el
respectivo proceso penal. || 9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre
el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. || 10. Ser el
juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo
grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de
alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de
persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o
empresa de servicio público. || 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de
alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas. ||
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las
cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado,
agente del Ministerio Público, perito o testigo. || 13. Ser el juez, su
cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral
1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del
proceso. || 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que
se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar”.
[55] El artículo 140 del CGP, establece: “Declaración de
impedimentos. Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra
alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como
adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta…”.
El artículo 61 de la Ley 270 de 1996, dispone: “DE LOS CONJUECES. Serán
designados conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de
las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para
desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser
miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna
entidad que cumplan funciones públicas durante el período de sus funciones. Sus
servicios serán remunerados. || Los conjueces tienen los mismos deberes que
los Magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de éstos…”
(negrillas fuera de texto).
[56] El artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 88, del Decreto
Extraordinario 2282 de 1989, dispone: “Causales de recusación. Son causales de
recusación las siguientes: || 1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil interés directo o indirecto en el proceso. || 2. Haber conocido
del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o algunos de sus
parientes indicados en el numeral precedente. || 3. Ser el juez cónyuge o
pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. || 4. Ser
el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados, guardador de
cualquiera de las partes. || 5. Ser alguna de las partes, su representante o
apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.
|| 6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus
parientes indicados en el numeral 3º, y cualquiera de las partes, su
representante o apoderado. || 7. Haber formulado alguna de las partes, su
representante o apoderado, denuncia penal contra el juez,
su cónyuge, o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de
iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos
ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se
halle vinculado a la investigación penal. || 8. Haber formulado el
juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, denuncia
penal contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquéllos
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso
penal. || 9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la
ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las
partes, su representante o apoderado. || 10. Ser el juez, su
cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes,
su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho
público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. || 11. Ser el
juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral
anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en
sociedad de personas. || 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de
actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o
testigo. || 13. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes
de la iniciación del proceso. || 14. Tener el juez, su cónyuge o
alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil,
pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe
fallar”.
[57] Sentencia C-600 de 2011.
[58] El artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, establece como causales específicas de impedimento y
recusación las siguientes: “1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la
expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en
la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia.
|| 2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
único civil, hubieren intervenido en condición de árbitro, de parte, de tercero
interesado, de apoderado, de testigo, de perito o de agente del Ministerio
Público, en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo el
correspondiente recurso de anulación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
|| 3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los
niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que
concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado. ||
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna
de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la
condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades
contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados”.
[59] Sentencia C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Unánime). En esa oportunidad la Corte se inhibió de resolver el fondo de un
cargo por omisión legislativa relativa, por cuanto la supuesta omisión no era
predicable de la norma acusada. En ese contexto, la Corporación recogió la
jurisprudencia sobre la materia y le dio a la noción de omisión legislativa
relativa consistencia terminológica. Desde entonces, esta Corporación ha
reiterado ese test en distintas ocasiones. Ver, por ejemplo, las sentencias C-809 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, A.V. Jaime Araujo Rentería); C-208 y C-311 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
S.V. Alfredo Beltrán Sierra y A.V.
Rodrigo Escobar Gil);  C-509 de
2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-1172 de 2004
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-1009
de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Clara Inés Vargas Hernández,
Jaime Araujo Rentería, Jaime Córdoba Triviño y Alfredo Beltrán Sierra); C-823 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-1266 de
2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); C-249 de 2009 (M.P. Mauricio
González Cuervo. S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Clara Elena Reales
Gutiérrez, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva); C-314 de
2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); C-173 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub);
C-942 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez); C-090 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub); C-127 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa); C-600 del
2011 (M.P. María Victoria Calle Correa); C-619 de 2011 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. A.V. María Victoria Calle Correa), y C-642 de 2012 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[60] Instituto
Colombiano de Derecho Procesal.
[61] Auto del
6 de junio de 1935. Sala de Negocios Generales de la
Corte Suprema de Justicia (MP Aníbal Cardozo Gaitán), Gaceta Judicial, Tomo
XLII, No. 1897, 1935, p. 87. Además, pueden verse, en el mismo sentido, los
Autos del 17 de marzo de 1995. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, y del 17 de junio de 1998, de la
Sala de Casación Penal (MP Fernando E. Arboleda Ripoll). No. Radicación 14104.
[62] Auto 080A de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil. Unánime).
En esa ocasión se resolvía precisamente una recusación dirigida contra todos
los magistrados de la Corte Constitucional, por supuestamente tener interés en
la decisión, lo cual comprendía el cargo de supuesto interés moral en la misma.
[63] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Auto del 4 de septiembre de 1998 (MP Carlos E. Mejía Escobar). Radicado No.
14772.
[64] Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal. Auto del 9 de mayo de 2007 (MP Jorge Luis Quintero Milanés).
Radicado No. 22435. Reiterado luego, por ejemplo, en los autos del 11 de
diciembre de 2007 (MP Yesid Ramírez Bastidas), radicado No. 28784; del 28 de
julio de 2010 (MP Augusto J. Ibáñez Guzmán), radicado No. 34637; del 7 de junio
de 2012 (MP Julio Enrique Socha Salamanca), radicado No. 39168; del 11 de
febrero de 2014 (MP Fernando Alberto Castro Caballero), radicado No. 36784,
entre otros. En todos estos casos, la Corte debía resolver impedimentos o
recusaciones fundadas en la causal que los accionantes del presente proceso
echan de menos. El Consejo de Estado, en materia de tutela en la cual se aplica
el Código de Procedimiento Penal, también ha prohijado esta posición al
resolver un caso similar, refiriéndose en forma expresa a la jurisprudencia de
la Sala de Casación Penal, por ejemplo en el auto del 12 de marzo de 2015,
Sección Quinta (CP Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez), Expediente:
11001-03-15-000-2014-01869-01.
[65] MP. María Victoria Calle Correa.
[66] Sentencia C-600 de 2011 (MP María Victoria Calle
Correa. Unánime). En lo pertinente señaló: “no
encuentra la Sala una justificación objetiva y razonable que fundamente
válidamente la exclusión de relaciones familiares que tienen la potencialidad
de afectar la posibilidad del ciudadano de acudir ante un funcionario imparcial
para resolver sus controversias, de igual manera a como lo hacen las incluidas
en la norma demandada. No existe una finalidad constitucionalmente imperiosa o
importante que lleve a sugerir que se requiera introducir tal trato diferente
entre cónyuges y compañeros o entre parientes de consanguinidad o por grado
civil. Por el contrario debe protegerse la neutralidad de las decisiones
judiciales, frente a interferencias derivadas de relaciones y sentimientos
familiares, que es un imperativo que se sigue el principio de igualdad. Lejos
de existir alguna justificación para que se dé un trato diferente, existen
razones para dar un trato igual a las situaciones que se comparan, en tanto
comprometen de forma similar la neutralidad e independencia judicial, como fue
expuesto previamente.”
[67] Sentencia
C-365 de 2000 (MP Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En esa ocasión se
demandaron dos causales de recusación e impedimento del Código de Procedimiento
Civil que se configuraban por hechos ajenos al proceso, por lo cual no se
perfeccionaban si esos mismos hechos se originaban dentro del mismo proceso. La
Corte encontró que esa distinción no vulneraba la Constitución, sino que era
razonable. En ese contexto indicó: “para efectos de establecer el diseño de los procedimientos
judiciales, el legislador goza de un amplio margen de libertad configurativa
(C.P. art. 150-1° y 2°). Tal facultad, propia del ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, habilita a este órgano para que, discrecionalmente, regule
aspectos tan trascendentales para la administración de justicia como lo es el
referido a la fijación de las causales que dan lugar al incidente de
impedimento o recusación, implementadas y modificadas en forma razonable “a
partir de consideraciones socio-políticas de conveniencia y oportunidad”.
[68] Sentencia C-155 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía.
Unánime). En ese caso, la Corte declaró inexequible la regulación de una causal
de impedimento y recusación para los jueces y magistrados, en tanto la
configuraba cuando los jueces y magistrados hubiesen conocido en instancias de
un asunto procesal en específico, pero excluía de la hipótesis el caso en que el
juez de segunda instancia hubiese sido una sala única o cuando la Sala Penal
del Tribunal respectivo tuviera un número inferior a seis magistrados. La
Corporación no encontró ningún fundamento para esta exclusión, que vulneraba
entonces el derecho a igual imparcialidad judicial en los procesos penales, por
lo cual la declaró inexequible aunque preservó la regla general de impedimento.
[69] Sentencias
C-400 de 2007 y C-188 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[70] Como
ocurrió, por ejemplo, en los casos resueltos en las sentencias C-155 de 1996 y
C-600 de 2011, antes referidas.