T-219-09
SENTENCIA T-219/09
SENTENCIA T-219/09
(Marzo 27; Bogotá)
LIBERTAD DE EXPRESION-Reglas constitucionales relevantes
En atención a la importancia de ese derecho en una
democracia, la Corte Constitucional ha resaltado que frente a la libertad de
expresión existen tres reglas constitucionales relevantes: (i) una presunción
en favor de la libertad de expresión, que supone la primacía de esta
libertad frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en
casos de conflicto, incluso del buen nombre y la honra, según el caso. (ii) el
supuesto de inconstitucionalidad en las limitaciones relacionadas con la
libertad de expresión en materia de regulación del Estado y (iii) finalmente,
la prohibición de la censura previa.
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Derecho fundamental que se sustenta en el
intercambio de ideas y opiniones
En lo que respecta a la libertad de información, debe
señalarse que se trata igualmente de un derecho fundamental que se sustenta en
el intercambio de ideas y opiniones. Es por ello que se lo ha descrito como un
derecho de doble vía, que garantiza tanto la potestad de proveer información,
como el derecho a recibir una información veraz e imparcial. Además, se trata
de una libertad ligada al derecho a fundar medios masivos de comunicación, a la
prohibición de censura previa (Art. 73 superior), a la reserva de las fuentes o
secreto profesional (Art. 74 C.P), a la igualdad de oportunidades en el acceso
al espectro electromagnético y a la existencia de condiciones estructurales que
permitan un mercado de ideas libre y pluralista. Con todo, el derecho a informar
no es absoluto. La Carta requiere que la información transmitida lo sea,
atendiendo los requisitos de veracidad e imparcialidad. En cuanto al primero de
ellos, debe reconocerse que la definición de lo que es veraz ciertamente es
compleja. Si se trata de hechos que no pueden ser fácilmente comprobados por el
emisor, viola el principio de veracidad el periodista o la persona que los
presenta como hechos ciertos o definitivos. En algunas oportunidades, además,
se podrá ser estricto en cuanto a la exigencia de veracidad, porque podrá
probarse de manera evidente la inconsistencia de los hechos o su falsedad. En
otros casos, sin embargo, será imposible acreditar si son ajenos o no a las
afirmaciones, por lo que quien aporta la información deberá demostrar que fue
suficientemente diligente en la búsqueda de esa verdad. También es contrario al
principio de veracidad, la información que es presentada como una opinión,
cuando se afirma como un hecho cierto e indiscutible. En la sentencia T-094 de
1993 se destacó que la actitud del periodista en materia de veracidad, debe ser
la de actuar sin menosprecio por la verdad, por lo que la diligencia mínima que
se exige es una labor previa de verificación de los hechos incluidos en la
información. Así, la Corte le da importancia a la actitud que el periodista
asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha sido
diligente a lo largo del proceso informativo, así la información no sea
totalmente exacta.
DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINION-Columnas de opinión/ DERECHO DE OPINION
DEL COMUNICADOR
El derecho a la libertad de opinión es una de las
manifestaciones de la libertad de expresión. Por esta razón, siempre ha llamado
la atención que se alegue en materia de opiniones en medios de comunicación, la
exigencia de veracidad e imparcialidad, porque a priori se considera contrario
a la libertad plena de expresión que se afirme tal posibilidad. De este modo,
como se dijo en la sentencia T-213 de 2004, tales exigencias no se predican de
las columnas de opinión dado que la sociedad debe asumir como parte del
pluralismo que se reivindica, incluso las opiniones y expresiones subjetivas
que causen molestia o afecten el amor propio de las personas. Por ende, desde
esta perspectiva, es imposible exigir la veracidad e imparcialidad de una
columna de opinión. Con todo, no niega la sentencia, que la libertad de
expresión tenga límites, así como la libertad de opinión, ya que ninguna de las
dos es absoluta. Por lo tanto, si bien se ha dicho in génere que una columna de
opinión no tiene las exigencias propias del ejercicio de la libertad de
información -veracidad e imparcialidad-, sí se ha considerado que puede llegar
a ser procedente la rectificación y la tutela frente a pronunciamientos
relacionados con la libertad de opinión, en caso de que la información en la
que se soporta la columna de opinión, carezca de veracidad o afecte, al generar
confusión en la opinión pública de presentarse como opinión información que es
noticia, la vulneración de derechos fundamentales.
RECTIFICACION DE COLUMNAS DE OPINION POR
VIA DE TUTELA
Se tiene que el derecho a la opinión,
pertenece al ámbito de la conciencia del quien opina y está amparado plenamente
por la Carta, por cuanto implica la expresión de asuntos del fuero personal
interno del periodista ligados con su conciencia moral, religiosa, política,
que por consiguiente no puede ser interferidos por terceros si lesionar los
derechos fundamentales del primero. Con todo, cuando en una columna de opinión
se mencionan hechos, existe un límite de veracidad con respecto de la
información sobre la que se soporta la columna. En efecto, según lo sostenido
en la sentencia SU-1721 de 2000 de esta Corporación, cuando una columna de
opinión exprese hechos concretos es pertinente que tales expresiones sean
verdaderas, por lo que una columna de esa naturaleza, frente a los hechos que
exponga, deberá cumplir sobre ellos con el requisito de veracidad. De este
modo, aunque se garantiza constitucionalmente que la opinión siempre será libre
y que no podrá ser alterada por terceros por ser fundada en los valores y
expresiones personales de quien opina, cuando se incluyan hechos, éstos deben
ser ciertos y si no lo son, la rectificación debe recaer sobre las afirmaciones
relativas a tales hechos que adolecieron de certeza y no sobre las opiniones
correspondientes.
LIBERTAD DE PRENSA EN RELACION CON DERECHO
AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y A LA INTIMIDAD-Para resolver tensiones Juez debe tener en cuenta las
circunstancias de cada caso
Para resolver las tensiones que se presenten entre
estos derechos en conjunto, como ya se dijo, el juez constitucional debe tener
en cuenta las circunstancias de cada caso. Dentro de éstas, la Corte
Constitucional ha identificado una serie de variables a partir de las cuales se
puede determinar el grado de responsabilidad de los medios de comunicación, si
ello es del caso, en el compromiso de derechos fundamentales. Algunas de las
variables a considerar son: a) el grado de difusión de la información, b) su
naturaleza, c) la forma como se difunde y, d) la buena fe del medio de
comunicación.
DERECHO DE RECTIFICACION-Para que se considere que se ha hecho en
condiciones de equidad se han establecido condiciones por la jurisprudencia
Para que se considere que la rectificación se ha hecho
en condiciones de equidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido
que es necesario, (i) que la rectificación o aclaración se haga por quien la
difundió; (ii) que se haga públicamente; (iii) que tenga un despliegue y una
relevancia equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada y
(iv) que la rectificación conlleve para el medio de comunicación el
entendimiento de su equivocación, error, tergiversación o falsedad.
RECTIFICACION DE INFORMACION-Límite constitucional a la libertad de
prensa/RECTIFICACION DE INFORMACION-Equidad
RECTIFICACION DE INFORMACION EN CONDICIONES
DE EQUIDAD-Requisitos
SUBREGLAS RESPECTO DE CONCEPTOS DE EQUIDAD,
EQUIVALENCIA, DESPLIEGUE Y OPORTUNIDAD
DERECHO DE RECTIFICACION-Caso en que se desconocen reglas sobre éste
Por considerar que tales órdenes (i, ii, iii, iv),
desconocen reglas jurisprudenciales del derecho de rectificación (razonabilidad
del término, equivalencia y no exactitud en sus características técnicas,
finalidad de la misma) y tienen capacidad de afectar el derecho de información
y prensa del medio compelido a la rectificación y, finalmente, (v) por ordenar
rectificar opiniones -no informaciones-, con menoscabo de la libertad de
expresión y de opinión. En consecuencia, la Corte se abstiene de ordenar una
nueva rectificación al director de “Semana”, por considerar que la ya realizada
se ajusta a lo prescrito por la Corte Constitucional respecto del derecho de
rectificación, derecho a la honra y al buen nombre y libertad de información,
opinión y prensa, con lo cual se entiende restablecido el derecho lesionado del
accionante. En suma, no se ordenará al citado medio de comunicación que efectúe
una nueva rectificación, pues la violación a los derechos del demandante cesó
en el momento que se realizó la publicación ordenada por el juez constitucional
que se adecúa a lo previsto en la jurisprudencia de esta Corte.
Referencia: expediente T-2.097.300.
Accionante: José Alfredo Escobar Araújo.
Accionado: Director de la revista “Semana”.
Fallo de tutela objeto de revisión: Sentencia de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá del 12 de septiembre de 2008 (segunda
instancia) modificatoria del fallo del Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá
del 11 de agosto de 2008 (primera instancia).
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Cristina Pardo Schlesinger
y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda de tutela y pretensión del accionante[1].
El señor José Alfredo Escobar Araújo, en ejercicio de
la acción de tutela, demandó la protección de las autoridades judiciales, así:
1.1. Derechos fundamentales invocados: derecho a la honra, al buen nombre, a la
intimidad y a la dignidad humana.
1.2. Hecho vulnerador aducido: la información divulgada en medio de
comunicación, de haber sido homenajeado por persona a quien le endilgan nexos
con el narcotráfico, con fundamento en hechos inexistentes.
1.3. Pretensión: la rectificación de la información publicada por la revista
“Semana” - edición 1356-, en los siguientes términos: (i) anuncio de
rectificación en la portada de la revista; (ii) publicación de la carta de
rectificación del accionante, así como las remitidas por el Presidente del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el señor Ascencio
Reyes; (iii) publicación con las mismas características en que fue difundida la
noticia de un homenaje en su honor, en la ciudad de Santa Marta, financiado por
el señor Ascencio Reyes. En consecuencia, se ordene que “desde los titulares
de la Revista “Semana” se anuncie la rectificación, fundada en que la noticia
dada a conocer carece de absoluto sustento en la realidad pues informó
descontextualizadamente sobre hechos falaces y distorsionados, que no tienen
respaldo en prueba testimonial alguna”.
1.4. Fundamentos de la demanda:
1.4.1. Fundamentos de hecho:
- La revista “Semana” publicó un artículo titulado,
desde la portada, “El Rasputín de la justicia”, agregando en páginas
interiores, “El ‘mecenas’ de la justicia”[2]. El artículo
se centra en el Señor Ascencio Reyes, de quien destaca sus nexos con personas
comprometidas en el narcotráfico y el ser socio de sujeto solicitado en
extradición; también lo señala como benefactor de la Rama Judicial al organizar
homenajes para los Magistrados de las Altas Cortes y, específicamente, al
accionante. Dice la citada publicación:
“(…) Siete meses antes del capítulo de Neiva, en noviembre de 2005,
Reyes se había lucido también en Santa Marta en el homenaje a los magistrados
de la costa atlántica. En este caso, Ascencio Reyes figura como el organizador
del evento. Ese 23 de noviembre, en el club Santa Marta, el magistrado José
Alfredo Araújo como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, no ahorró
elogios para él: “Nuestro reconocimiento a Ascencio Reyes Serrano, también
opita, coordinador del evento, quien con su generosidad y dedicación probadas,
mantiene la llama inextinguible de la amistad que nos une de tiempo atrás y
permite evocar con cariño aquellos tiempos idos, los tiempos de la cometa”.
“¿Qué explicación dan los magistrados homenajeados, Yesid Ramírez y
José Alfredo Escobar? ¿Por qué las palabras de gratitud del ex presidente de la
Corte Carlos Isaac Nader? ¿Los otros magistrados fueron ingenuos al no
preguntar quién pagaba tanto confort? ¿Qué tanto sabe el fiscal Iguarán sobre Ascencio
Reyes, al punto que lo invitó a su posesión en la Casa de Nariño?”
- El artículo citado no aparece atribuido a algún
autor, motivo por el cual formula esta tutela en contra del director de la
revista “Semana”, el periodista Alejandro Santos Rubino, “a quien se le
solicitó expresamente, el pasado 9 de mayo, que rectificara la información
publicada, sin obtener respuesta alguna”.
- El medio mencionado “también se ha negado a
publicar las rectificaciones presentadas por el Doctor Alberto Rodríguez Alke,
Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y por el
Señor Ascencio Reyes Serrano, las cuales demuestran clara y categóricamente que
la falaz información no corresponde a la verdad de los hechos”, por lo
menos en cuanto a él se refiere.
- La revista “Semana” pretende vincular al actor con
el señor Asencio Reyes, pues la nota periodística busca relacionarlo con la
Rama Judicial para hacerlo aparecer como un benefactor de ésta, y al demandante
como el beneficiario de su homenaje en la ciudad de Santa Marta, con base en la
desinformación, cuando en realidad “el presunto ‘gran evento de la región
caribe’, al que se alude, fue un homenaje organizado el 10 de junio de 2005 por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Magdalena, por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Magdalena, como se acredita con la fotocopia de la invitación
oficial elaborada por el Distrito Judicial de Santa Marta, al cual además se
vincularon la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, para
rendir un tributo de amistad y afecto no solo a mí, sino a 5 distinguidos
juristas Costeños que ocupan cargos de Magistrados de Altas Cortes, lo que ya
de entrada demuestra la imprecisión de la nota periodística”. Además, el
evento se realizó en el Centro de Convenciones del Santa Mar Hotel y no en el
club Santa Marta, como erróneamente afirma la revista.
- Es falsa la acusación de que a los magistrados el
señor Reyes ha costeado vuelos chárter a Neiva o a cualquier otra ciudad, “toda
vez que los homenajes como los que aquí se cuestionan, son corrientes y lo
normal es que los gastos corren por cuenta de los magistrados de los Tribunales
y Consejos Seccionales, sin que se requiera o acepten dineros de personas
ajenas al evento, como además se concluye de la comunicación en la cual el
Presidente del Tribunal de Santa Marta solicitó la rectificación a la Revista “Semana”,
que se anexa a este escrito, la cual hasta la fecha tampoco ha sido publicada”.
- El homenaje llevado a cabo en la ciudad de Santa Marta
no fue solo para el accionante sino, también, para otros magistrados y a dicho
evento no asistió el señor Ascencio Reyes por no haber sido invitado. De tal
suerte “mal podía haber fungido como organizador o patrocinador del evento
y, en consecuencia, mucho menos nos dirigimos a él, ni elogiamos su inexistente
participación, como falsamente lo anunció la revista “Semana” en el artículo en
referencia”.
- Las palabras que se citan en la revista no fueron
pronunciadas en el homenaje en cuestión, al que no asistió el señor Reyes, “sino
en otro evento, esto es, un almuerzo organizado con cierta regularidad por la
Asociación de Magistrados y Ex Magistrados de las altas Cortes-región/ Caribe,
en el Jockey Club de Bogotá, al cual sí asistió en calidad de simple
organizador el señor Ascencio Reyes, a quien le agradecí protocolariamente su
colaboración, no la financiación del mismo, puesto que su costo fue sufragado,
por los participantes, con la compra de su respectiva boleta, como quiera que
al día siguiente llega la cuenta de cobro del consumo”.
- Lo relativo a los cuestionamientos que se hacen
sobre el señor Reyes no son de conocimiento del accionante; y la versión de
haber sido beneficiario suyo, es una “afirmación falsa, que carece de
soporte en la realidad y, por tanto no puede ser demostrada”.
- Ascencio Reyes, el 8 de mayo de 2008, envió a la revista
“Semana” una solicitud de rectificación respecto del artículo en referencia, en
la que ratifica que no asistió al homenaje que le tributaron al accionante en
la ciudad de Santa Marta, la cual no publicó la mencionada revista.
- Resulta perverso “distorsionar,
deformar, descontextualizar y tergiversar ante la opinión pública nacional, la
forma cómo ocurrieron los hechos, únicamente con el propósito de hacer que la
apariencia sea tomada como realidad y la opinión como verdad y de que la
ciudadanía se lleve la imagen de que el vínculo o nexo que existe entre José
Alfredo Escobar Araújo y el señor Ascencio Reyes está fundado en cualquier
prebenda económica que pueda recibir de Reyes (…). Con juicios como este, al
unir el nombre de Reyes con un extraditable, se deshonra, se difama, se vulnera
la integridad moral de José Alfredo Escobar Araújo, y de su familia, por parte
de la revista Semana”.
1.4.2. Fundamentos de derecho.
- La sentencia T-213 de 2004, de la Corte
Constitucional, fundamento de la procedencia de la tutela con el fin de evitar
la consumación del perjuicio irremediable de la imagen, dignidad, honra y buen
nombre del servidor público y ciudadano accionante, ante la negativa del
Director de la revista “Semana” a rectificar la información dada a conocer en
la edición 1356. Y la Sentencia T-080 de 1993 sobre la responsabilidad de los
medios de comunicación.
- El derecho fundamental al buen nombre, desarrollo
del principio de la dignidad humana, reconocido por el artículo 15 de la
Constitución Política, que genera para las autoridades la obligación de
respetarlo y hacerlo respetar en cumplimiento de los fines del Estado.
- Los artículos 1º, 15, 20, 21 y 42 constitucionales y
11 y 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita en San
José de Costa Rica en 1969. Entre ellos, el amparo a la honra y buen nombre, “en
cuyo texto, al proteger la libertad de pensamiento y expresión, paralelamente
estableció como limitante a tales derechos, el derecho al buen nombre, referido
en la Convención como la reputación de las personas”.
1.4.3. Pruebas solicitadas:
- Copia del artículo “El Rasputín de la justicia”
- “El ‘mecenas’ de la justicia”, publicado en la edición No. 1356 de la revista
“Semana”, abril 29 a mayo 5 de 2008, págs. 44, 45, 46 y 47 y portada.
- Copia de la solicitud de rectificación suscrita por
el peticionario de fecha 30 de abril de 2008, enviada personalmente y recibida
por el Sr. José Gerena y vía fax recibida por la señora Stella Osorio.
- Copia de la solicitud de rectificación presentada por
el Dr. Alberto Rodríguez Alke, Presidente del Tribunal Superior de Santa Marta,
el 9 de mayo de 2008, dirigida a la revista “Semana”.
- Copia de la solicitud de rectificación de fecha 12
de mayo de 2008, suscrita por Ascencio Reyes, dirigida a la revista “Semana”.
- Copia de la fotografía original publicada el día 19
de junio de 2005, en el “Hoy Diario del Magdalena”.
- Copia de la fotografía publicada por la revista “Semana”,
Edición 1356, de abril 28 a mayo 5 de 2008.
- Copia del artículo publicado el 14 de junio de 2005,
titulado “Un homenaje muy merecido” en el “Hoy Diario del Magdalena”.
- Copia de la invitación oficial elaborada por el
Distrito Judicial de Santa Marta.
2. Respuesta de la parte accionada[3].
2.1. El eje de la publicación cuestionada se refiere
al señor Ascenso Reyes -de ahí su titular “El ‘mecenas' de la Justicia” -
y no al accionante.
2.2. La revista se limitó a describir dos reuniones
sociales de gran interés, y el que el actor no desmiente las palabras que se le
atribuyen; por tal razón el lugar, fecha y oportunidad en que hayan sido
pronunciadas resulta indiferente.
2.3. El hecho de que los eventos hayan ocurrido en
lugares diferentes a los señalados por la revista no es relevante en punto a la
amistad del señor Reyes con algunos integrantes de las cortes, que no ha sido
desmentida.
2.4. El artículo no vulnera los derechos invocados por
el accionante, pues allí sólo se destaca la amistad, “sin expresar que ésta
haya implicado la existencia de actividades ilegales por parte del magistrado
demandante” ni relacionar a los socios del señor Reyes con el demandante.
2.5. Los servidores públicos no deben ofenderse cuando
los medios observan cuidadosamente su gestión y la muestran ante la opinión
pública, ni cuando les solicitan explicaciones públicas o privadas. “Semana”,
en el párrafo final de la nota cuestionada (página 47), “se limitó a
solicitar no solo al Dr. Escobar Araujo, las explicaciones a que tiene derecho
la ciudadanía, sin que ello pueda entenderse como vulneración de los derechos
fundamentales del magistrado accionante”.
2.6. Se está frente a una situación del control ciudadano
y periodístico del poder; y no resulta procedente acceder a la petición del
demandante de publicar su carta de rectificación, ni las de terceros que no son
sujetos en la relación procesal.
3. Hechos relevantes y medios de prueba.
3.1. Fotocopia del artículo “El ‘mecenas’ de la
justicia”, publicado en la edición No. 1356 de la revista “Semana”, abril 29
a mayo 5 de 2008[4].
3.2. Fotocopia de la portada de la edición 1356 de la revista
“Semana”[5].
3.3. Fotocopia de la solicitud de rectificación
suscrita por el señor José Alfredo Araújo de fecha 30 de abril de 2008, donde
aparece en letra manuscrita el nombre de José Gerena[6].
3.4. Fotocopia de las solicitudes de aclaración
dirigidas al Director de la revista “Semana”, de fechas 8 de mayo y 2 de julio
de 2008, firmadas por el Presidente del Tribunal Superior de Santa Marta[7].
3.5. Fotocopia de la solicitud de rectificación
firmada por el señor Ascencio Reyes y dirigida al Director de la revista “Semana”,
fechada el 8 de mayo de 2008 donde aparece un sello de la revista “Semana” del
12 del mismo mes y año[8].
3.6. Fotocopia de la fotografía publicada por la
edición 1356 de la revista “Semana”[9].
3.7. Fotocopia parcial del artículo publicado el 14 de
junio de 2005 en “Hoy Diario del Magdalena”, titulado “Un homenaje muy
merecido”[10].
3.8. Fotocopia de la fotografía publicada el 19 de
junio de 2008 en “Macondo”[11].
3.9. Fotocopia de la invitación del Distrito Judicial
de Santa Marta, para el homenaje al accionante y otros magistrados que se
realizaría el 10 de junio de 2005 en el Hotel Santamar.
4. Fallos de tutela e impugnación.
4.1. Primera instancia: Juzgado 16 Penal del Circuito
de Bogotá (sentencia del 11 de agosto de 2008)
4.1.1. Decisión: (i) otorga amparo constitucional de
los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, vida digna e intimidad del
accionante; (ii) también al derecho a la información de personas que tuvieron
acceso al artículo que incurrió en inexactitudes; (iii) ordena al director de
la revista “Semana” hacer la correspondiente rectificación, en la próxima
edición de dicho medio de comunicación.
4.1.2. Fundamento de la decisión:
- Varias afirmaciones del artículo no corresponden a
la realidad, así: (i) el evento donde efectivamente se rindió un homenaje a
magistrados de la Costa de las Altas Cortes, estaba dirigido no sólo al
magistrado Escobar Araújo sino a otros magistrados, y se llevó a cabo no en el
Club Santa Marta como se afirma en la revista sino en el Santa Mar Hotel; (ii)
el homenaje fue organizado y financiado por los Tribunales Superior de Santa
Marta, Contencioso Administrativo del Magdalena, Gobernación del Magdalena y
Alcaldía de Santa Marta, y no por el señor Ascencio Reyes, quien no fue
invitado, según lo afirma el Presidente del Tribunal Superior quien precisó
además que “los recursos salieron de un fondo común de los Magistrados de
manos de la tesorera, Magistrada Luz Dary Rivera Goyeneche”; (iii) no está
demostrado que Ascencio Reyes sea el mecenas o benefactor de la justicia, en
tanto según lo afirma el demandante y el mismo Reyes en carta dirigida a revista
“Semana” para rectificación de la noticia, éste no fue invitado al evento de
Santa Marta, y tampoco fue su organizador; (iv) El homenaje en Neiva para
celebrar el nombramiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al que
el accionante también asistió, según lo informa él mismo, lo organizó pero no
lo financió el señor Reyes, como él asevera en su carta, ya que el dinero para
los pasajes fue pagado por varios Magistrados que asistieron al evento; (v) en
relación con los nexos entre el señor Reyes y un narcotraficante, aclaró aquel
que desconocía las actividades del segundo, y que su relación ha sido meramente
circunstancial en razón de la actividad que desempeña como vendedor de finca
raíz , por lo cual no podría atribuirse la misma condición al señor Reyes y
menos relaciones del Magistrado Escobar con personas respecto de las cuales se dice
tienen amistad o nexos o negocios o son socios de un extraditable. Lo anterior,
previo análisis del derecho a la libertad de expresión, información y prensa
contemplado en el artículo 20 de la Carta Política, y de la responsabilidad que
tienen los medios de comunicación en la publicación de sus notas o
informaciones periodísticas.
- La entidad accionada vulneró los derechos
fundamentales del actor, máxime considerando que éste solicitó la rectificación
y ella no le fue concedida (cabe anotar que el demandante solicitó adición de
la sentencia de primera instancia[12], para que se incluyera
como rectificación la comunicación por él dirigida a la revista “Semana”).
4.1.3. Solicitud de adición de la sentencia.
- El demandante solicitó adición de la sentencia de
primera instancia[13], para que se incluyera
como rectificación la comunicación por él dirigida a la revista “Semana”.
- Pide, además, que la revista “Semana” rectifique que
(i) el “gran evento de la región Caribe” , fue un homenaje organizado el 10 de
junio de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta,
Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, Consejo Seccional de la
Judicatura del Magdalena , invitación a la que se sumaron la Gobernación de
Magdalena y Alcaldía de Santa Marta, para rendir un tributo de amistad y afecto
tanto a él como a otros ilustres juristas costeños; (ii) el evento se llevó a
cabo en el Centro de Convenciones del Santa Mar Hotel y no en el sitio que equivocadamente
se mencionó; (iii) Ascenso Reyes no asistió porque no fue invitado, de tal
forma que mal podía fungir como organizador o patrocinador del evento; (iv) las
palabras de elogio al señor Reyes fueron pronunciadas protocolariamente por el
accionante pero no en el evento aludido sino en el almuerzo organizado con
alguna frecuencia por la Asociación de Magistrados y Ex magistrados de Altas
Cortes –región Caribe, en el Jockey Club de Bogotá, donde Reyes sólo fue un
simple organizador.
- Solicita que la retractación se adecúe a las mismas
características en que fue difundida la noticia.
- Posteriormente, envía otra comunicación al juzgado[14],
a la que adjunta fotocopia de la rectificación efectuada por la revista “Semana”
en la que, a su juicio, se evidencia la burla a la decisión judicial, porque
tal rectificación señala:
“…En cumplimiento del fallo de primera instancia expedido por el
Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, en acción e tutela interpuesta por el
doctor Escobar Araujo, “SEMANA” se permite rectificar dicho artículo en el
siguiente sentido: Ninguna de las informaciones publicadas por la revista
pretendió afirmar que los magistrados, y en especial el doctor Escobar Araujo,
tengan o hayan tenido vínculos con personajes que transitan por el camino de la
ilegalidad.”
- La solicitud de adición fue rechazada por el juez en
el auto que admitió la impugnación presentada por la revista “Semana”, al
considerarla improcedente en ese estado del proceso.
4.2. Impugnación presentada por la revista “Semana”.
El director de la revista “Semana”, a través de
apoderado, impugnó la decisión de primera instancia:
4.2.1. No está demostrada la vulneración de los
derechos fundamentales del actor y, por tanto, la sentencia debe ser revocada.
4.2.2. No hay razón para concluir que ha existido
vulneración a los derechos fundamentales del actor porque: (i) el artículo
titulado “El ‘mecenas’ de la justicia” se refirió al señor Ascencio
Reyes y así lo admitió el mismo accionante. Tan cierto es que en el subtítulo
se dijo:“(…) Un controvertido opita, que tiene influencia en la Fiscalía y
que les paga vuelos chárter a magistrados de las Altas Cortes, figura
como socio comercial de un extraditable”; (ii) el propio señor Reyes
en su escrito de mayo 8 de 2008 reconoce que tiene una copropiedad con un
extraditable; (iii) no se puede afirmar que “Semana” haya señalado al señor
Reyes como narcotraficante, en tanto sólo reseñó una relación jurídica nacida
de la condición de socios; (iv) la excelente relación del particular Ascencio
Reyes con los altos Magistrados de la Justicia, confirmada por el propio Reyes
en el escrito cuya copia anexó el accionante, no se pone en duda, sin que ello
constituya una conducta punible; (v) la revista “Semana” publicó en la edición
cuestionada uno de los apartes del discurso pronunciado por el accionante en el
Jockey Club de Bogotá, en cuyo contenido destacó la excelente relación con la
administración de justicia, resultando indiferente para el caso el lugar o
sitio en donde haya sido pronunciado, cuando su contenido no ha sido
cuestionado para nada por el Magistrado accionante; (vi) los lectores no pueden
concluir que el doctor Escobar Araújo esté vinculado al narcotráfico por el
hecho de que Ascencio Reyes tenga una copropiedad con un extraditable y tampoco
la revista lo ha mencionado; (vii) el derecho a la intimidad no se vulnera
porque las palabras del demandante fueron pronunciadas en público, ante
funcionarios de la Justicia.
4.2.3. Los planteamientos del juez de primera
instancia parten de supuestos jurídicos equivocados, toda vez que la Corte
Constitucional, en sentencias C-650 de 2003 y T- 066 de 1998, precisó la
función de control del poder estatal por parte de los medios de comunicación, reconociendo
que en caso de conflictos entre el derecho a la información y los derechos a la
honra, buen nombre e intimidad, respecto de personas y hechos de importancia
pública, predomina prima facie el derecho a la información.
4.2.4. En la actualidad no se discute, y menos se
cuestiona, el papel de control que tienen los medios sociales de comunicación frente
a los órganos del poder, constituyendo un medio eficaz para lograr la
prevención y sanción de sus abusos, a través de la información y la denuncia
públicas, y para avanzar en el reconocimiento de los derechos ciudadanos.
4.3. Segunda instancia: Sala Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá (providencia del 12 de septiembre de
2008).
4.3.1. Decisión: (i) es procedente la acción de tutela
y no hay lugar a revocar el fallo que concedió el amparo a los derechos
fundamentales a la información honra, buen nombre e imagen del accionante; (ii)
el accionante solicitó a la revista “Semana” la rectificación del artículo
controvertido que apareció en la edición 1356 de la misma, por considerar que
las manifestaciones allí contenidas no correspondían a la realidad, explicando
los hechos inexactos y aportando las evidencias que consideró necesarias para
fundar sus argumentos; habiendo tenido la oportunidad de rectificar, la revista
“Semana” no lo hizo, lo que llevó al demandante a solicitar la protección del
juez de tutela; (iii) no hay evidencia sobre la vulneración de los derechos a
la intimidad ni a la vida digna del demandante y, en consecuencia, se modifica
la decisión del Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, en el sentido de no
tutelar los derechos a la intimidad y a la vida digna del actor; (iv) se
modifica el fallo para ordenar al Director de la revista “Semana” que efectúe
la rectificación, de acuerdo con los lineamientos consignados en la parte
motiva de esta providencia, en la siguiente edición a la fecha en que se
notifique el presente fallo, con los mismos caracteres, colores, tamaño del
artículo original errado y posición indicadas.
Considerando el precedente jurisprudencial sobre el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad, se encuentra que la
rectificación inicialmente publicada por el accionado no se ajustó a los
parámetros y características con las que se difundió la noticia original. En
consecuencia, la orden de rectificación debe corresponder a los siguientes
términos:
“En la siguiente edición a la fecha en que se notifique el presente
fallo el director de la revista “SEMANA” dispondrá que con los mismos
caracteres, colores, tamaño del artículo original errado, se efectúe la nota de
rectificación así:
En la Portada de la revista en su parte superior al igual que en la
edición 1356, se escribirá NACIÓN: “El Rasputín de la justicia.
Rectificación”. En la sección de actualidad, un artículo anunciado JUDICIAL.-
Rectificación con título “El mecenas de la justicia”.
A continuación indicará la causa de la rectificación, mencionando
que en la edición N° 1356 del 28 de abril al 5 de mayo de 2008, se incurrió en
imprecisiones que deben ser corregidas de acuerdo a la solicitud del Magistrado
José Alfredo Escobar Araújo, Presidente para aquella época del Consejo Superior
de la Judicatura, y de conformidad con los soportes probatorios aportados.
- Indicará que el homenaje a los H. Magistrados Carlos Isaac Nader,
José Alfredo Escobar Araujo, Rodrigo Escobar Gil, Gustavo José Gnecco Mendoza,
Francisco Escobar Henríquez y Francisco Javier Ricaurte llevado a cabo en la
ciudad de Santa Marta, no fue organizado, ni financiado por el señor ASCENCIO
REYES de quien se dijo era el mecenas de la justicia, como erróneamente se dijo
por “Semana”, sino por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta, Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, Consejo Seccional de la
Judicatura del Magdalena, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa
Marta.
- Que dicho señor tampoco asistió al evento porque, según los
organizadores, no fue invitado y tampoco lo conocen.
- De igual forma aclarará que la celebración ocurrió en junio 10 de
2005 en Santa Mar Hotel y no en noviembre 23 en el Club Santa Marta como se
registró en la revista.
- Que como Asencio Reyes no asistió al evento, no es cierto que los
Magistrados José Alfredo Escobar Araújo e Isaac Nader hayan pronunciado en tal
oportunidad las palabras de agradecimiento y de elogio a que se refirió la revista.
- Que de acuerdo al escrito enviado a la revista por Ascencio Reyes el
12 de mayo de 2008, él sí participó como organizador del homenaje al doctor
Yesid Ramírez para celebrar su elección como Presidente de la Corte Suprema de
Justicia pero el costo de los pasajes aéreos con SATENA, que fue de $ 14.000.000
y no de $21,800.000, no fue sufragado de su bolsillo sino que “fueron aportados
por la mayoría de los 18 magistrados que componen el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y
el Consejo Seccional de la judicatura del Huila”.
- Que la revista en ningún momento quiso vincular a los magistrados
de las altas Cortes y en especial a José Alfredo Escobar Araújo con presuntas
actividades ilícitas de Ascencio Reyes Serrano o de José María Ortiz Pinilla, señalado
como narcotraficante y extraditado a los Estados Unidos.
- Que por consiguiente resulta apresurado y sin fundamento concluir
que Ascencio Reyes es “Mecenas de la Justicia” o “El Rasputín de la
Justicia”.
- Finalmente, hará mención explícita de todos los soportes
probatorios que anexó el Magistrado José Alfredo Escobar Araújo para desmentir
la información y de los escritos del Presidente del Tribunal Superior de Santa
Marta y el señor Ascencio Reyes”.
4.3.2. Fundamentos de la decisión:
- Por la forma de presentación del artículo, tanto la
portada, como el titular interior y el contenido, llevan al lector a poner en
tela de juicio “las manipulaciones que pueden existir entre funcionarios de
la rama judicial y en este caso, el señor Reyes, de quien se dice es socio de
un narcotraficante”.
- En el artículo reprochado se dieron a conocer hechos
que, según la revista, evidencian relaciones de amistad y aceptación de ofrecimientos
por parte del señor Ascencio Reyes a quien se ha calificado de
“enigmático”, “oscuro personaje” y “de dudoso pasado”, con
Magistrados de las Altas Cortes. La revista “Semana” “aseguró que en la
ciudad de Santa Marta, concretamente el 23 de noviembre de 2005 (Pág. 44 y 45
de la edición 1856 (sic)) en el Club Santa Marta, se llevó a cabo un homenaje
en honor de los Magistrados de la Costa Atlántica. Pero esto no es cierto,
porque aun cuando efectivamente sí hubo el aludido homenaje a tales
Magistrados, entre ellos al M. Escobar Araujo, tal celebración no se realizó en
dicha calenda sino en junio 10 de 2005 y además no fue en el Club Santa Marta,
sino en el Santa Mar Hotel”.
- Estas afirmaciones fueron desmentidas por el propio
accionante en la solicitud de rectificación a la revista, quien demostró con la
copia de la invitación al evento - el escrito del Presidente del Tribunal, y
las afirmaciones del propio Ascencio Reyes-, que éste no fue invitado ni fue el
organizador, oferente o benefactor, pues el homenaje estuvo a cargo de las
autoridades judiciales, a las que se unieron la Gobernación del Magdalena y el
Alcalde de Santa Marta[15], argumentos que no han
sido desmentidos con otra, o mejor evidencia por parte de la revista. Por lo
anterior, no había razón alguna para que se relacionara a dicho personaje con
el aludido evento y con los magistrados destinatarios del homenaje.
- En principio tales imprecisiones, no tendrían mayor
relevancia para efecto de la tutela de los derechos que el actor considera
vulnerados, como indica el impugnante, en tanto no se faltó a la verdad
respecto de la celebración de un homenaje en la ciudad de Santa Marta “y en
cierta manera se trataba de la información sobre un acontecimiento social
importante dada la calidad de sus destinatarios”. No obstante, la noticia
se equivocó tanto en la determinación de los oferentes del homenaje como en el
del organizador, “dejando entrever, a juzgar por los interrogantes finales
del artículo, y título “El mecenas de la justicia”, que el particular Ascencio
Reyes, oscuro y enigmático personaje, salpicado por una
investigación en la Fiscalía y socio o copropietario de un inmueble en Puerto
Lleras, de una u otra manera participó económicamente en el agasajo”. Tal
situación lleva al lector a entender “que las amistades de los Magistrados
de quienes se espera pulcritud absoluta, no son muy recomendables y que tras de
ellas hay algo oscuro”.
- Traer a colación “un discurso o palabras que no
fueron efectivamente allí pronunciadas, reflejan la intención de la revista de
complementar el sesgo de la noticia equivocada” y el hecho de que el actor
haya admitido que las palabras publicadas en la revista con elogio para Reyes
fueron dichas por él, pero no en el homenaje en Santa Marta sino en otra
ocasión, sí reviste relevancia en este trámite tutelar, contrario de lo que
sostiene el impugnante; porque cada evento tiene características y escenario
propios, y si no es cierto que Ascencio Reyes haya estado presente, ni organizado o financiado la celebración en Santa Marta, mal
podría atribuírsele al demandante la pronunciación de un discurso que en tal
escenario no existió.
- Respecto del pago del transporte aéreo de varios
magistrados y sus esposas en un vuelo chárter de Satena con destino a Neiva
para festejar la presidencia del Doctor Yesid Ramírez en la Corte Suprema de Justicia,
evento que según la revista tuvo un costo de $21.8 millones de pesos que
financió Ascencio Reyes, tanto el accionante como el señor Reyes han
suministrado una explicación que debe conocer la opinión pública. El que la
revista no haya procedido en tal sentido “resta objetividad a la noticia y
demuestra ánimo de perjudicar al sujeto de la misma en sus derechos
fundamentales”.
- La revista “no expresó en ninguno de sus apartes
de manera directa que el dinero provenía de una fuente ilícita”, pero tras
la noticia “se deja en el tapete un interrogante que enloda el nombre de los
involucrados, al evidenciar la necesidad de una explicación por parte de éstos”[16].
Aún cuando la revista deja abierto el interrogante sobre la explicación que han
de dar los magistrados a la denuncia pública, tal pregunta parece retórica
considerando que cuando el demandante da tal explicación, la revista guarda
silencio y desconoce sus argumentos.
- Con base en lo anterior no hay duda de que tal
información “afecta el buen nombre del Magistrado Escobar Araujo y de los
demás Magistrados destinatarios de la celebración, así como su imagen en la
medida en que, tratándose de atenciones provenientes de un ‘enigmático y oscuro
personaje’ que tiene nexos con un narcotraficante, induce al lector a pensar
que hay en cierta manera una connivencia de los Magistrados con los personajes
y dineros del narcotráfico”.
- Si bien es cierto que la conducta del servidor
público tanto pública como privada debe ser intachable, también lo es que la
amistad en sí misma no es suficiente para ponerla en tela de juicio, como forma
de control al ejercicio del poder. “En este caso no se ha establecido que a
sabiendas de los nexos del señor REYES con un narcotraficante y de las dudas
sobre sus actividades y forma de adquirir recursos económicos, o del interés
particular que sobre un asunto judicial específico tenga o haya tenido, los
Magistrados deliberadamente optaron por aceptar ofrecimientos o agasajos de
dicho personaje”.
- En relación con la
afirmación del impugnante que destaca la primacía del derecho a la información
sobre los derechos a la honra, intimidad y buen nombre, señala que tal
prevalencia no es absoluta y que en cada caso es necesario realizar una
ponderación basada en los principios de veracidad y de imparcialidad, “Y en
este caso la revista “Semana” ha desconocido tales principios”.
- Por el poder que poseen los medios de comunicación y
su capacidad de influir en la opinión pública, las personas se encuentran en
una situación de indefensión ante ellos, pues suelen manejar en sus editoriales
o artículos elementos de impacto sicológico que afectan, tanto al destinatario
de sus informaciones y opiniones como también su entorno, al igual que su
imagen o prestigio, honra, etc.
- Si bien “una de las finalidades de los medios de
comunicación radica en mantener a la opinión pública informada sobre hechos del
acontecer nacional y, como forma de control al ejercicio del poder del Estado,
evidenciar la conducta de los servidores públicos”, no es menos cierto que “el
desarrollo de su misión debe ceñirse a los criterios de veracidad e
imparcialidad”, por cuanto “una noticia mentirosa, amañada, sesgada,
incompleta o parcializada, sin lugar a dudas, no solo afecta la imagen del
sujeto de quien se habla, comenta o dice algo, sino a la opinión pública que
cree que la información difundida es cierta”.
5. Pruebas solicitadas por la Corte.
5.1. Pruebas solicitadas al Juzgado 16 Penal del
Circuito de Bogotá D.C.
- Se solicitó al Juzgado 16 Penal del Circuito de
Bogotá información sobre la existencia de un incidente de desacato en ese
Despacho. En su respuesta manifestó que efectivamente, (i) el accionante
solicitó dar trámite al incidente de desacato de conformidad con el artículo 52
del Decreto 2591 de 1991, por considerar que no se había dado cumplimiento al
fallo de segunda instancia; (ii) mediante providencia del 19 de noviembre del
2009 se declaró incumplida la orden proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá, por parte del Director de la revista “Semana”, imponiéndole tres días
de arresto y 6 Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes; (iii) en grado de
consulta la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá, decretó nulidad de
la actuación relacionada con el trámite incidental, devolviendo las diligencias
a ese Despacho 16 de diciembre del 2008.
- Se pidió al mismo Juzgado que enviara a este
Despacho, (i) copia de la providencia del 19 de noviembre de 2008 por la cual
se resolvió el incidente de desacato interpuesto por el accionante; (ii) copia
de la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que
decretó la nulidad de la actuación relacionada con el trámite incidental y,
(iii) copia de las diligencias adelantadas por ese despacho al igual que copia
de la nueva decisión que se hubiese tomado, con posterioridad al citado fallo
del Tribunal. El requerimiento fue respondido por el juzgado 16 Penal del
Circuito de Bogotá mediante el envío del incidente de desacato contra la
revista “Semana” y la actuación surtida con posterioridad a la decisión del
Tribunal Superior de Bogotá que declaró la nulidad del desacato surtido
anteriormente contra el citado medio de comunicación. En la información enviada
por el juzgado se observa que, mediante comunicación de fecha 10 de febrero de
2009, se informó al doctor Alejandro Santos Rubino, que mediante auto de fecha
9 de noviembre del mismo año, se dio inicio al trámite incidental de desacato,
por lo cual se procedió a correr traslado del escrito del incidente y sus
anexos, por el término de tres días, para dar contestación a la misma y pedir
pruebas en caso de considerarlo pertinente.
5.2. Pruebas solicitadas a la revista “Semana”.
- Se solicitó a la revista “Semana”, informara a este
Despacho sobre el cumplimiento de los fallos de primera y segunda instancia en
el asunto de la referencia. Mediante apoderado la revista respondió que se
hicieron dos rectificaciones en las publicaciones de agosto 18 y octubre 13 de
2008.
- Respecto de la primera adjunta copia de la página
18, que tiene en la parte superior el título “Enfoque” y en la parte
inferior derecha la palabra “Rectificación” a continuación de la cual se
lee:
En su número 1356, de mayo 26 de 2008, “SEMANA” publicó el articulo "El
'mecenas' de la Justicia", en el cual se hizo referencia a las
invitaciones sociales recibidas por altos funcionarios de la justicia,
atribuidas al señor Ascencio Reyes. En relación con uno de esos eventos, se
transcribió una parte del discurso con el que el doctor José Alfredo Escobar
Araújo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, agradeció la
generosidad del señor Reyes. También se dijo que éste es socio, en la propiedad
de un inmueble, de una persona relacionada con el narcotráfico y solicitada en
extradición por Estados Unidos.
En cumplimiento del fallo de primera instancia expedido por el
juzgado 16 penal del Circuito de Bogotá, en acción de tutela interpuesta por
doctor Escobar Araújo, “Semana” se permite rectificar dicho artículo en el
siguiente sentido: Ninguna de las informaciones publicadas por la revista
pretendió afirmar que los magistrados, y en especial el doctor Escobar Araújo,
tengan o hayan tenido vínculos con personajes que transitan por el camino de la
ilegalidad.
- En relación con la rectificación ordenada por el
Tribunal Superior de Bogotá adjunta copia de la página 20 de la edición de
octubre 13 de 2008 que tiene en la parte superior el título de “ACTUALIDAD”
y a continuación se lee:
“RECTIFICACIÓN”
“EL MECENAS DE LA JUSTICIA”
Por orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, “Semana”
se permite manifestar que en la edición #1356 se incurrió en imprecisiones que
deben ser corregidas, de acuerdo con la solicitud del magistrado José Alfredo
Escobar Araújo presidente para aquella época del Consejo Superior de la
Judicatura, y de conformidad con los soportes probatorios aportados.
El homenaje a los magistrados Carlos Isaac Náder, José Alfredo
Escobar Araújo presidente, Rodrigo Escobar Gil, Gustavo José Gnecco Mendoza,
Francisco Escobar Henríquez y Francisco Javier Ricaurte, llevado a cabo en
Santa Marta, no fue organizado ni financiado por el señor Ascencio Reyes, de
quien se dijo erróneamente que era el mecenas de la justicia, sino por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Magdalena, el Consejo Seccional de la Judicatura del
Magdalena, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.
Dicho señor tampoco asistió al evento porque, según sus
organizadores, no fue invitado y tampoco lo conocen. La celebración ocurrió el
10 de junio de 2005 en Santa Marta Hotel y no el 23 de noviembre en el Club
Santa Marta, como se registró en la revista.
Como Ascencio Reyes no asistió al evento, no es cierto que los
magistrados José Alfredo Escobar Araújo e Isaac Náder hayan pronunciado en tal
oportunidad las palabras de agradecimiento y de elogio a que se refirió la revista.
De acuerdo con el escrito enviado a la revista por Ascencio Reyes el
12 de mayo de 2008, él sí participó como organizador del homenaje al doctor Yesid
Ramírez para celebrar su elección como presidente de la Corte Suprema de
Justicia, pero el costo de los pasajes aéreos con Satena, que fue de 14.000.000
de pesos, y no de 21.800.000 pesos, no fue sufragado de su bolsillo sino que
“fueron aportados por la mayoría de los 18 magistrados que componen el Tribunal
Superior del distrito judicial de Neiva, el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila”.
La revista en ningún momento quiso vincular a los magistrados de las
Altas Cortes y en especial a José Alfredo Escobar Araújo con presuntas
actividades ilícitas de Ascencio Reyes Serrano o de José María Ortiz Pinilla,
señalado como narcotraficante y extraditado a Estados Unidos. Por consiguiente,
resulta apresurado y sin fundamento concluir que Ascencio Reyes es “mecenas de
la justicia” o el “Rasputín de la justicia”.
Finalmente, el magistrado Escobar Araújo expresó a esta revista su
rechazo a lo dicho en la edición mencionada mediante comunicación del 30 de
abril pasado. En el expediente obraron además una copia de la invitación hecha
por el Distrito Judicial de Santa Marta al homenaje del que se habla, una carta
del señor Ascencio Reyes Serrano que desmiente lo afirmado en el artículo y dos
cartas de rectificación enviadas a esta revista por el presidente del Tribunal
Superior de Santa Marta, doctor Alberto Rodríguez Akle.
Advierte que:
(…) “sobre el título que debía ir en la portada, obsérvese que la
providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá proferida el 12 de
Septiembre de 2008 es una providencia confusa. En efecto, la orden de marras
ordenaba publicar en la portada de la revista en su parte superior el texto
"NACIÓN: El Rasputín de la Justicia. Rectificación".
Sin embargo, si se observa con cuidado ese título no tiene un
correspondiente artículo dentro de las páginas de la revista. Por un error de
la revista se incluyó dicho título en la portada, cuando en realidad no hay
ningún título de los artículos del contenido de la revista que tuviese
exactamente esa titulación. El artículo que fue objeto de la tutela tiene un
título con alguna similitud pero que no coincide exactamente con el referido
título de la portada. En ese sentido, no podría aseverarse con seguridad que la
referencia de la portada conduce necesariamente al artículo bajo
cuestionamiento, por lo que mal podría pensarse que el título en la portada
puede vulnerar los derechos de las personas mencionadas en el artículo "El
‘mecenas’ de la justicia".
A esto se agrega, una confusión mayor, como es el hecho, que se
ampliará más adelante, de que la orden de corregir la expresión en la portada,
aparte de lo ya mencionado, carecía de todo sentido, puesto que el artículo no
era un artículo referido al señor José Alfredo Escobar Araújo sino al señor Ascencio
Reyes, con lo cual no se encuentra relación alguna y, por el contrario, resulta
completamente desproporcionado y arbitrario que se ordene la rectificación de
un título en portada que no menciona el nombre del señor José Alfredo Escobar
Araújo, que no estaría haciendo relación con ningún artículo de las páginas
interiores, y que en el peor de los casos podría sólo relacionarse con un
artículo que se refiere al señor Ascencio Reyes.
Así, en la medida en que es imposible que un lector que leyera el
titulo de la portada hiciera ningún tipo de asociación con el señor José
Alfredo Escobar Araújo, resulta totalmente irracional y desproporcionado que se
ordene una rectificación de dicho título, más aún cuando no coincide con el
título del artículo cuestionado.
De igual manera sucede con la expresión "Judicial
-rectificación" que se exigió incluir en la rectificación ya que se
estableció que el artículo debía ser publicado en ACTUALIDAD, razón por la
cual, en cambio de JUDICIAL-RECTIFICACIÓN se incluyó la expresión
ACTUALIDAD-RECTIFICACIÓN.
- La revista incluye en su respuesta un cuadro donde
muestra la forma como cumplió la orden del ad quem, hace luego un
recuento sobre lo que ha dicho esta Corte en materia de rectificación y
concluye que las reglas jurisprudenciales en la materia fueron acogidas por “Semana”,
pues considera que se le dio el mismo despliegue que al artículo generador de
la lesión, la revista aceptó que con la publicación del párrafo que hacía
referencia al señor José Alfredo Escobar Araujo se incurrió en imprecisiones
que debían ser corregidas, y se cumplieron los principios de oportunidad y
equivalencia.
6. Intervención de la revista “Semana”.
Mediante apoderado, la revista “Semana” allega escrito
de intervención en el proceso de revisión de las decisiones adoptadas en el
proceso de la referencia, así:
6.1. La Corte debe (i) revocar el fallo impugnado, y
en consecuencia, abstenerse de tutelar los derechos fundamentales del
demandante; (ii) subsidiariamente, en caso de confirmar la sentencia, debe establecer
la suficiencia de las rectificaciones realizadas por la revista “Semana” para
la protección al derecho de rectificación de accionante. Lo anterior, con base
en: (a) la libertad de expresión y sus dimensiones jurídicas; (b) la libertad
de información como dimensión de la libertad de expresión; (c) la primacía del
derecho a la información sobre otros derechos; (d) los parámetros del derecho a
la libertad de información; y (e) el derecho a la información respecto de la
calidad de personaje público.
6.2. La información del artículo es verdadera y no
habría lugar a rectificación alguna. La decisión del Tribunal Superior de
Bogotá constituye censura, por lo cual vulnera el derecho a la información y la
libertad de prensa de la revista “Semana”. La orden del juez de tutela es
arbitraria y desproporcionada.
6.3. No habría lugar a una rectificación, por cuanto
los únicos datos específicos que, luego de las versiones del accionante,
aparecen razonablemente como imprecisiones fácticas de la publicación son:
“1. Que el homenaje a los Magistrados de la ciudad de Santa Marta se
había realizado en el Club Santa Marta en Noviembre de 2005, cuando dicho
homenaje aparece como realizado en dicha ciudad, pero en un fecha diferente y
no en ese lugar sino en el Santa Marta Hotel.
2. Que el discurso a que se hace referencia en la publicación y que
fue la pieza central que da lugar a la acción de tutela, sí se pronunció por el
José Alfredo Escobar Araújo haciendo referencia al señor Ascencio Reyes, pero
no con ocasión del homenaje mencionado anteriormente, sino en una oportunidad
diferente, en el Jockey Club de Bogotá.
3. Que el señor Ascencio Reyes había organizado el homenaje de Santa
Marta referido, lo que aparentemente no es cierto, aunque obsérvese que el
Tribunal llega a esa conclusión simplemente por la versión del accionado (sic),
según la cual no fue invitado y tampoco lo conocen”.
Si bien el Tribunal da por hecho que el homenaje al
doctor Yesid Ramírez no fue pagado por el señor Ascencio Reyes, sino por la
mayoría de los 18 magistrados que componen el Tribunal de Distrito Judicial de
Neiva, ello no fue probado en el proceso y lo único que se ha establecido
razonablemente como información incorrectamente mencionada en el artículo son
aspectos marginales, que no afectan la validez del fondo de la información y
que no hacen daño a la honra, buen nombre o intimidad de ninguno de los
referidos.
6.4. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá
constituye censura, en tanto la revista “Semana” se vio obligada a divulgar en
su medio de comunicación información que no comparte, con el único fin de dar
cumplimiento a una orden judicial, pues en criterio del Tribunal la manera de
dar cumplimiento satisfactorio a la orden de tutela por parte de la revista era
la inclusión dentro de la rectificación de las frases textuales que se
determinaron en el fallo.
El Tribunal no se limitó solamente a dictar parámetros
sobre el tamaño, el tipo de letra, el sitio de publicación así como los
lineamientos generales del contenido de la rectificación, sino que le indicó al
medio lo que tenía que decir, “con el agravante de que lo que al medio se le
ordenaba informar se refería no sólo al señor José Alfredo Escobar Araújo sino
al señor Ascencio Reyes, quien no es accionante en el presente proceso”.
6.5. La orden del juez de tutela es arbitraria y
desproporcionada porque:
En muchos aspectos va más allá de lo pedido por el
propio accionante, o excede el objeto de la litis o va mucho más allá de
cualquier criterio de razonabilidad y proporcionalidad, porque:
“a. Se obliga al accionado a incluir en la
rectificación información que no corresponde a hechos objetivos sino a
apreciaciones subjetivas del fallador, por demás equivocadas”.
Obligar a la revista a decir lo que quiso o no quiso
hacer con la publicación “es tanto como juzgar la conciencia de la revista”, lo
que resulta inaceptable: en primer lugar, porque la tutela no fue interpuesta
por el señor Ascencio Reyes; y en segundo lugar, porque se impone en la parte
resolutiva rectificar una frase que hace referencia exclusivamente a dicho éste
y no al accionante.
Ejemplo de ello es que se impuso a la revista la
obligación de decir que no quiso vincular a los magistrados de las altas Cortes
y en especial José Alfredo Escobar Araújo con presuntas actividades ilícitas de
Ascencio Reyes Serrano o de José María Ortiz Pinilla, y que por tanto “resulta
apresurado y sin fundamento concluir que Ascencio Reyes es "mecenas de la
Justicia" o " el Rasputín de la justicia".
Las expresiones de "el mecenas de la
justicia" o "el Rasputín de la justicia" son afirmaciones
subjetivas que no requieren prueba específica y que no se contradicen solo con
el hecho de que el señor Reyes haya enviado una carta a la revista señalando
que si participó como organizador del homenaje al doctor Yesid Ramírez pero que
el homenaje no fue sufragado por él.
“b. Se obliga a la Revista a rectificar aspectos que
están totalmente por fuera de la causa procesal”.
El Tribunal toma como verdadera la versión de los
hechos de quien no es parte en el proceso, que fue incorporada por el
demandante como prueba de unos hechos que resultaban importantes en su caso,
pero no como una prueba de la presunta vulneración de los derechos del señor Ascencio
Reyes, por lo cual no se debieron desvirtuar las afirmaciones de la accionada
con base en una versión informal.
La información contenida en la revista sobre la
relación existente entre el señor Ascencio Reyes y el homenaje al doctor Yesid
Ramírez, no solo es cierta sino que no tiene conexión con los derechos que el
actor invoca como vulnerados. “El hecho de que posteriormente en el mismo
artículo en hechos completamente distintos a este se vincule al señor José
Alfredo Escobar Araújo con el señor Ascencio Reyes, por un discurso que por
demás es también cierto”, no puede convertirse en razón para que se
rectifique todo lo que se refiera al señor Ascencio Reyes, así no se relacione
con el demandante.
“c. La orden contiene mandatos evidentemente
desproporcionados e irrazonables”.
Obligar a la accionada a incluir en la rectificación
todos los documentos anexados por su contraparte para desmentir la información
del escrito que se controvierte, sólo significa que se trata de una suposición
o presunción del Tribunal, a favor de una de las partes, sobre el valor
probatorio de esos soportes documentales y sobre su capacidad para desmentir
las afirmaciones del citado artículo, lo cual en el caso concreto es
inaceptable, considerando que "dichas pruebas no fueron individualmente
objeto de controversia en el proceso, ni tampoco su valor probatorio fue
valorado en la sentencia”.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
Esta Sala es competente para revisar la providencia de
tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículos 86 y 241
numeral 9; en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36; y en el Auto del 18
de noviembre de 2008 de la Sala de Selección de Tutela Número Once de la Corte
Constitucional.
2. Problema jurídico.
2.1. Entrará la Sala de Revisión de la Corte
Constitucional a resolver si: (i) la publicación de la revista “Semana” vulneró
los derechos fundamentales del accionante; (ii) y si, de haberlo hecho, los
términos de rectificación ordenados a la revista son compatibles con los
derechos de libertad de información.
2.2. Antes de analizar el caso concreto la Corte
examinará (i) la procedencia de la acción de tutela contra particulares y,
específicamente, medios de comunicación; (ii) la legitimación por activa y por
pasiva; (iii) la responsabilidad social de los medios de comunicación; (iv) las
libertades de expresión, información y prensa, y los derechos a la honra, el
buen nombre la intimidad y la imagen; el derecho de rectificación y (v) finalmente,
el análisis del caso concreto.
3.
Consideración general: procedibilidad de la acción de tutela frente a los
medios de comunicación.
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra
particulares.
3.1.1. La Constitución Política de Colombia, en relación con la
procedencia de la acción de tutela contra frente a sujetos distintos de
autoridades públicas, lo siguiente (CP, artículo 86, inciso final):
(…)
“La ley establecerá los casos en los que la
acción de tutela procede Contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión”.
Y el Artículo
42 del Decreto 2591 de 1991, precisa:
“La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:
(...)
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la trascripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
(...)
9. Cuando la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción…”.
3.1.2. Las normas transcritas permiten el ejercicio de
la acción de tutela contra particulares y de los numerales 7 y 9 de la segunda
norma citada se deriva que procede, específicamente, contra los medios de
comunicación, siendo condición para tal fin que el accionante haya solicitado
al medio respectivo la rectificación de la información, y éste no la haya
realizado.
3.2. Fundamento de la procedencia de la acción de
tutela contra medios de comunicación, en cuanto personas u organizaciones
particulares.
3.2.1. El conflicto es inherente a la vida social,
estando cualquier persona en posibilidad, actual o potencial, de ser sujeto
activo o pasivo de la vulneración de los derechos. Con todo, en las relaciones
sociales, determinados individuos u organizaciones públicas o privadas ostentan
posiciones de supremacía o predominio, desde las cuales agencian fines
colectivos y ejercen controles recíprocos, con posibilidad de afectación de los
derechos ajenos en grados que están escapan al alcance del ciudadano común.
Este tipo de poder implica una desigualdad en la relación que se establece
entre los que lo detentan y los demás: “El poder siempre implica relaciones
asimétricas (…), es preciso enfatizarlo, siempre implica desigualdad”[17].
En tal sentido, la doctrina ha considerado que los medios de comunicación
masiva son un poder[18], que aunque sustraído
del concepto tradicional del Poder Público, entra en el juego de los
equilibrios, pesos y contrapesos de una sociedad.
3.2.2. El Tribunal Constitucional Español calificó la
actividad de los medios como “función constitucional”, por formar parte
del sistema de pesos y contrapesos que configura una democracia y por ser un
instrumento para prevenir la arbitrariedad de los gobernantes[19].
También la doctrina concibe a los medios de comunicación como actores
esenciales de la vida democrática, por lo que entre sus objetivos debe estar el
“brindar información sobre los aconteceres que tienen un significado de
trascendencia por lo que toca a la formación del destino de un país y su
sociedad, así como ser contrapeso, escudriñador y expositor de los excesos de
poder”[20]. De otra parte, la
Corte Constitucional ha manifestado que “los medios constituyen verdaderas estructuras
de poder cuyo creciente influjo en los más variados ámbitos de la vida
social los sustrae de la simple calificación de "particulares", por
oposición al concepto de "autoridades públicas", para ubicarlos,
dentro de un contexto realista, como organizaciones privadas cuya misma
actividad las dota de gran fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones
afectan a la comunidad entera y, en caso de lesionar los derechos
fundamentales de los asociados, lo hacen con un incontrastable efecto
multiplicador”[21] (subrayado
fuera del texto original). Ambos enfoques confirman la condición estructural
aludida de los medios masivos de comunicación.
3.2.3. Por la función que desempeñan los medios de
comunicación y la naturaleza del oficio de informar en las sociedades abiertas,
la actuación de los medios es forzosamente pública y unilateral: la restricción
del carácter potencialmente masivo de los mismos sería su negación; y la
imposición de la aquiescencia previa del sujeto de información, como condición
para la publicación de una noticia, entrañaría censura y vulneración del
derecho constitucional de informar y ser informado. Estos rasgos inherentes a
la libertad de prensa potencian la situación de desventaja del individuo frente
a ellos, con riesgos para la efectiva defensa de sus derechos. De ahí que la
Corte Constitucional defina la relación entre individuo y medio masivo como una
de aquellas situaciones que admite el amparo constitucional por la vía de la
acción de tutela.
3.2.4. En relación con el estado de indefensión,
previsto en la Constitución Política (art. 86) para efecto de la procedencia de
la tutela contra particulares, la Corte Constitucional ha precisado que la indefensión
refiere a la condición en que se encuentra la persona que “ha sido puesta en
una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las
agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las
cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene
posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses.
En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de
determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la persona[22]”[23].
Es el caso típico de quien carece de medios idóneos de defensa, o se encuentra
en situación de marginación social o económica, de seres de avanzada o corta
edad, o con limitaciones físicas o psíquicas o discapacidad, del reinsertado,
desplazado, de las mujeres embarazadas o madres cabeza de familia y de personas
en situación de especial sujeción frente al Estado, entre otras. También la
Corte ha precisado algunos casos en los cuales la preeminencia económica o
social pone a las personas en situación de desigualdad, merecedora del amparo
constitucional: “Tal es el caso de los medios de comunicación[24],
clubes de fútbol[25], empresas
que gozan de una posición dominante en el mercado[26]
o las organizaciones privadas de carácter asociativo, como asociaciones
profesionales[27],
cooperativas[28] o
sindicatos[29]”[30].
(Subrayado fuera de texto)
3.2.5. En cuanto a la calificación jurídica dada por la
Corte Constitucional a la relación del ciudadano con los medios de
comunicación, el fallo T-611 ya mencionado precisa que "No parece
necesario demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la persona
frente a los medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos
-analizada la situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de
la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en
el local, tienen el formidable poder del impacto noticioso (…). Este conjunto
de elementos confiere a los medios incalculables posibilidades de apabullar al
individuo, dejándolo inerme frente a los ataques de que pueda ser objeto[31].
(…) Pero, por otra parte, el sistema jurídico en vigor, fuera de la tutela, no
ofrece mayores posibilidades de reacción efectiva y concreta a favor de quien
vea conculcado o amenazado su derecho a la intimidad por un medio de
comunicación"[32].
3.2.6. Dado lo anterior, la acción de tutela aquí
propuesta es procedente para la protección de un derecho fundamental, ya que la
relación trabada entre un medio masivo de comunicación y una persona que aduce
afectación proveniente del mismo, ha sido tipificada por la Corte
Constitucional como estado de indefensión, situación que se ajusta a las
previsiones del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Con ello busca tanto la
protección del derecho de todas las personas a la honra y al buen nombre, de
ser el caso, sino también el derecho a la rectificación de informaciones
erróneas, falsas, incompletas o inexactas en los medios de comunicación. Tal su
fundamento constitucional: la indefensión eventual del ciudadano frente al
poder social mediático.
3.3. La tutela, medio eficaz de defensa judicial.
Según los artículos 86 de la Constitución y 6º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela sólo es procedente en cuanto el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para el amparo de sus
derechos. En el caso de los derechos a la honra y al buen nombre, el
ordenamiento jurídico colombiano ha previsto diferentes instrumentos para su
protección, entre los que se encuentran las acciones civiles y penales en
contra del agresor. No obstante, la Corte ha señalado que a pesar de la
existencia de tales medios ordinarios de defensa, no por ello la acción de
tutela resulta desplazada como medio de protección, teniendo en cuenta que no
siempre es posible que se predique la existencia de un delito por hechos
relacionados con la vulneración de esos derechos, pero sí que pueda
consolidarse una lesión de los mismos sin que la conducta pueda adecuarse a un
tipo penal determinado.
Esta Corporación, tras analizar la efectividad de los
diversos instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para perseguir la
responsabilidad penal y civil del agresor y defender los derechos fundamentales
a la honra y al buen nombre[33], consideró pertinente el amparo
constitucional como medio de protección, en la medida en que algunas conductas,
en desarrollo de la libertad de información o de opinión, pueden significar la
afectación de estos derechos sin que se presente animus injuriandi
propio del ordenamiento penal. Así, el amparo constitucional resulta ser un
medio de defensa eficaz e independiente de la protección penal o civil que
pudiera obtener un tutelante, y además, permite la armonización de derechos
como la libertad de información y el buen nombre y honra de las personas, en el
ámbito de los derechos fundamentales[34].
3.4. Legitimación por pasiva.
3.4.1. Considerando que la información difundida por
los medios puede vulnerar derechos fundamentales de terceros, la Corte ha
encontrado razonable “(…)
que se identifique a los autores de los distintos conceptos y comentarios que
se transmiten, a fin de precisar quién debe responder por afirmaciones
injuriosas, inexactas, o que invaden la privacidad de las personas” [35]. En
esos casos, la persona afectada puede acudir al juez de tutela para solicitar
el amparo constitucional “actuando tanto contra el medio como contra el
autor de la publicación o contra los dos al tiempo”[36].
3.4.2. Cuando no existe autor conocido o el medio opta
por la presentación anónima de una información o comentario, la Corte ha
previsto que en esos casos “no sólo se involucra el medio sino quien lo
dirige, en cuanto ha asumido su representación desde el punto de vista
informativo y tiene a su cargo las responsabilidades inherentes a la difusión
de informaciones. Dada su función, se supone que el Director conoce la
información que habrá de propagar a través del medio que orienta, de lo cual se
deriva su propia obligación de verificar que ella se ajuste a la realidad y
tenga el respaldo probatorio suficiente como para hacerla pública” [37].
3.4.3. En el caso objeto de revisión, observa la Sala
que el artículo debatido no fue publicado a cargo de autor conocido, por lo
cual el sujeto pasivo de la acción indicado por el demandante, la revista
“Semana” representada por su Director, está legitimado para obrar en este
proceso.
4. Consideración general: los medios de
comunicación y los derechos involucrados.
4.1. La importancia de los medios de comunicación y la
garantía de su responsabilidad social.
4.1.1. La noción genérica de “prensa” - como actividad
periodística-, es un concepto que abarca la función de los medios en la
difusión masiva de información y opiniones e incluye tanto la prensa escrita
como también la radio, la televisión y formas más novedosas de comunicación
tipo internet y páginas electrónicas, entre otras[38].
4.1.2. Los medios de comunicación tienen un impacto determinante
en la difusión de opiniones e informaciones en la sociedad[39],
que hace de su actividad un componente fundamental de la democracia[40],
ya que contribuyen a la formación de la opinión pública, al funcionamiento del
sistema político[41], promueven el
pluralismo, la libertad de pensamiento y expresión, y favorecen el control
sobre los poderes públicos y privados[42] facilitando el debate
libre y abierto entre los diversos sectores de la comunidad y la aproximación a
diversas visiones de mundo[43]. Internacionalmente,
tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la correspondiente
Corte, han coincidido en manifestar “que una sociedad que no esté bien
informada, no es plenamente libre”[44]. En la
jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha dejado establecido que los
medios de comunicación social juegan un rol esencial como “…vehículos para
el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad
democrática”[45] y la Corte ha sostenido
que “es indispensable que [los medios] recojan las más diversas
informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales
de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad
la función social que desarrollan”[46].
4.1.3. Precisamente, en virtud del gran poder social
que detentan[47] debido a su influencia
en las actitudes y conductas de la comunidad, la difusión masiva de
informaciones puede llevar aparejados riesgos implícitos importantes que pueden
significar a su vez, la tensión con otros derechos fundamentales protegidos[48],
que el constitucionalismo moderno exige armonizar. De esta forma, la Corte
Constitucional ha resaltado recíprocamente como rasgos particulares de la
libertad de prensa, tanto:
“(1) su importancia medular para la democracia; (2) su trascendencia
para el desarrollo de la personalidad individual; (3) el poder social de los
medios de comunicación, con los riesgos implícitos y conflictos potenciales que
conlleva; [Como] (4) el hecho de que el funcionamiento de los medios de
comunicación involucra el ejercicio de derechos fundamentales por distintos
sujetos, y tiene el potencial de lesionar derechos fundamentales ajenos;
(5) la responsabilidad social adscrita, por lo mismo, al ejercicio de la
libertad de prensa; (6) la previsión expresa de un margen para la
regulación estatal de esta libertad en la Carta Política, y la posibilidad de
establecer limitaciones puntuales con cumplimiento estricto de las condiciones
constitucionales, y sujetas a un control estricto de constitucionalidad; (7) su
potencial para entrar en conflicto con otros derechos fundamentales, los cuales
estarán sujetos a ponderación y armonización concreta sobre la base inicial de
la primacía de la libertad de prensa; y (8) el carácter de servicio
público que tiene el funcionamiento de algunos medios de comunicación, con sus
efectos constitucionales”[49]. (Subrayas fuera del
original).
4.1.4. Así, los medios tienen una gran responsabilidad
no sólo con su audiencia, sino con la sociedad y el Estado, pues en el
ejercicio de su actividad, pueden contribuir a la consolidación efectiva de la
democracia o incidir negativamente en las garantías ciudadanas[50].
Es por esto que, por mandato del artículo 20 Superior, los medios de
comunicación tienen una expresa responsabilidad social, carga legítima que en
el caso de la transmisión de información, supone la exigencia de (i) veracidad
e imparcialidad; (ii) la distinción entre informaciones y opiniones, y (iii) la
garantía del derecho de rectificación[51]. En
ese sentido, los informes
periodísticos difundidos de manera irresponsable, con fines indebidos, falsos,
calumniosos, erróneos o inexactos, pueden significar en la práctica un abuso de
su libertad de información y la afectación correlativa de derechos
fundamentales[52]. En consecuencia, con
independencia de otras formas de responsabilidad, - civil o penal -, la
responsabilidad social de los medios puede ser exigible mediante el ejercicio del
derecho de rectificación y, en caso de negativa, mediante la acción de tutela[53].
4.2. Los derechos fundamentales a la libertad de expresión,
información y opinión.
El artículo 20 de la Constitución Política,
interpretado a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia
según el mandato de los artículos 93 y 94 Superiores, entraña los siguientes
contenidos: (i) la libertad de expresión, en estricto sentido; (ii) la
libertad de información con sus componentes de libertad de búsqueda de
información, libertad de informar y la libertad y derecho de recibir
información; (iii) la libertad de prensa que incluye la de fundar medios
masivos de comunicación y administrarlos sin injerencias; (iv) el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad; y (v) las prohibiciones de censura,
pornografía infantil, instigación pública y directa al genocidio, propaganda de
la guerra y apología del odio, la violencia y el delito[54].
4.2.1. El derecho a la libertad de
expresión.
4.2.1.1. El artículo 13 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
obtener y difundir informaciones e ideas, por cualquier medio escogido para el
efecto y sin censura previa[55], así como el derecho de
todas las personas a recibir recíprocamente esas informaciones[56].
La Declaración Americana de los Derechos
del Hombre también ha reconocido ese derecho en su artículo 4º. La Corte
Europea de Derechos Humanos, por su parte, ha señalado con ocasión del artículo
10 del Convenio Europeo que consagra la protección al derecho a la libertad de
expresión, que existen unos estándares de interpretación de ese derecho, que
pueden ser reseñados brevemente de la siguiente forma: en la revisión de una
situación particular, es pertinente determinar (a) si las expresiones
utilizadas [en conflicto] son hechos, opiniones o juicios de valor; (b) si las
expresiones utilizadas forman parte de las materias de debate público, de
interés público legítimo o de debate político; (c) si las expresiones utilizadas
afectan la vida privada de alguien y (d) determinar el tono de la expresión y
la manera como ha sido expresado el hecho[57].
La evaluación de estas exigencias permitirá establecer si existe una
vulneración o no de ese derecho.
4.2.1.2. Para el caso de la
Constitución colombiana, el
artículo 20 de la Carta, consagra como uno de los derechos fundamentales de las
personas, el derecho a la libertad de expresión y como una de las varias
dimensiones de esa libertad, el derecho a "informar y a recibir
información veraz e imparcial"[58]. La libertad
de expresión, en consecuencia, además de ser fundamental e inherente a todas
las personas, puede ser definida como un derecho que le permite a todos,
comunicar y exteriorizar libremente sus pensamientos, opiniones, conceptos,
ideas y creencias[59], a través de cualquier
medio que sea pertinente para el efecto, -oral, escrito, impreso, artístico,
etc.,- y el derecho-derivado de esa garantía-, a no ser molestado por dichas
expresiones[60]. Así, tanto la forma de
expresar las ideas como los medios que se utilicen para difundirlas, encuentran
protección constitucional. En el mismo sentido, se trata de una libertad
constitucional que protege “tanto las expresiones socialmente aceptadas como
las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones
ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o
simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la
libertad constitucional incluye tanto el contenido de la expresión como su
tono. Así, lo que puede parecer chocante o vulgar para unos puede ser natural o
elocuente para otros, de tal forma que el hecho de que alguien se escandalice
con un determinado mensaje no es razón para limitarlo, mucho menos si el que se
escandaliza es un funcionario público. Su ejercicio conllevará, en todo caso,
deberes y responsabilidades para quien se expresa”[61].
Finalmente, en atención a la importancia de ese
derecho en una democracia, la Corte Constitucional ha resaltado que frente a la
libertad de expresión existen tres reglas constitucionales relevantes: (i) una
presunción en favor de la libertad de expresión, que supone la primacía
de esta libertad frente a otros derechos, valores y principios constitucionales
en casos de conflicto, incluso del buen nombre y la honra, según el caso. (ii)
el supuesto de inconstitucionalidad en las limitaciones relacionadas con la
libertad de expresión en materia de regulación del Estado y (iii) finalmente,
la prohibición de la censura previa[62].
4.2.2. El derecho a la libertad de
información.
4.2.2.1. En lo que respecta a la libertad de
información, debe señalarse que se trata igualmente de un derecho
fundamental que se sustenta en el intercambio de ideas y opiniones[63].
Es por ello que se lo ha descrito como un derecho de doble vía, que
garantiza tanto la potestad de proveer información, como el derecho a recibir
una información veraz e imparcial[64]. Además, se trata de una
libertad ligada al derecho a fundar medios masivos de comunicación, a la
prohibición de censura previa (Art. 73 superior), a la reserva de las fuentes o
secreto profesional (Art. 74 C.P), a la igualdad de oportunidades en el acceso
al espectro electromagnético y a la existencia de condiciones estructurales que
permitan un mercado de ideas libre y pluralista.
4.2.2.2. Con todo, el derecho a informar no es
absoluto. La Carta requiere que la información transmitida lo sea, atendiendo
los requisitos de veracidad e imparcialidad. En cuanto al primero
de ellos, debe reconocerse que la definición de lo que es veraz ciertamente es
compleja[65]. Si se trata de hechos
que no pueden ser fácilmente comprobados por el emisor, viola el principio de
veracidad el periodista o la persona que los presenta como hechos ciertos o
definitivos. En algunas oportunidades, además, se podrá ser estricto en cuanto
a la exigencia de veracidad, porque podrá probarse de manera evidente la
inconsistencia de los hechos o su falsedad. En otros casos, sin embargo, será
imposible acreditar si son ajenos o no a las afirmaciones, por lo que quien
aporta la información deberá demostrar que fue suficientemente diligente en la
búsqueda de esa verdad. También es contrario al principio de veracidad, la
información que es presentada como una opinión, cuando se afirma como un hecho
cierto e indiscutible[66]. En la sentencia T-094
de 1993 se destacó que la actitud del periodista en materia de veracidad, debe
ser la de actuar sin menosprecio por la verdad, por lo que la diligencia
mínima que se exige es una labor previa de verificación de los hechos incluidos
en la información. Así, la Corte le da importancia a la actitud que el
periodista asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha
sido diligente a lo largo del proceso informativo, así la información no sea
totalmente exacta.
Ahora bien, en lo que respecta a la imparcialidad,
la exigencia es que el periodista guarde distancia frente a sus fuentes, a fin
de no aceptar de plano y de manera automática todas sus afirmaciones, sino que
pueda aportar variadas posiciones cuando un hecho así lo requiera. La
información que le sea suministrada, en consecuencia, debe ser contrastada con
versiones diversas sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o
expertos[67], para plantear todas las
aristas del debate. Además, “el comunicador está en el deber de cuestionar
sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias
y prejuicios afecten también su percepción de los hechos”[68]
y sólo su posición particular, de manera inexacta, sea la que sea presentada.
4.2.3. El derecho a la libertad de
opinión.
4.2.3.1. La Facultad de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, en el concepto técnico que
rindió ante la solicitud de esta Corporación con ocasión del trámite de la
sentencia T-1198 de 2004, precisó que una de las diferencias entre las noticias
y las opiniones en los medios de comunicación, parte de las divergencias en la
aproximación a los hechos entre el periodismo de información, -en el que el comunicador
asume el rol de transmisor presentando los hechos de manera neutral-, mientras
que con el periodismo de opinión, el comunicador toma una posición determinada
frente a unos hechos, buscando a través de la presentación persuasiva de los
mismos, expresar esa opinión. En estas últimas columnas, los autores escriben
sobre los temas de interés, asumiendo la responsabilidad por sus ideas, y
basándose en hechos previamente divulgados por los medios o en aquellos sobre
los que hayan tenido algún conocimiento por investigación o fuentes.
4.2.3.2. Ahora bien, el derecho a la libertad de
opinión[69] es una de las
manifestaciones de la libertad de expresión. Por esta razón, siempre ha llamado
la atención que se alegue en materia de opiniones en medios de comunicación, la
exigencia de veracidad e imparcialidad, porque a priori se considera
contrario a la libertad plena de expresión que se afirme tal posibilidad. De
este modo, como se dijo en la sentencia T-213 de 2004, tales exigencias no se
predican de las columnas de opinión dado que la sociedad debe asumir como parte
del pluralismo que se reivindica, incluso las opiniones y expresiones
subjetivas que causen molestia o afecten el amor propio de las personas[70].
Por ende, desde esta perspectiva, es imposible exigir la veracidad e
imparcialidad de una columna de opinión.
4.2.3.3. Con todo, no niega la sentencia, que la
libertad de expresión tenga límites, así como la libertad de opinión, ya que
ninguna de las dos es absoluta. Por lo tanto, si bien se ha dicho in génere
que una columna de opinión no tiene las exigencias propias del ejercicio de la
libertad de información -veracidad e imparcialidad-, sí se ha considerado que
puede llegar a ser procedente la rectificación y la tutela frente a
pronunciamientos relacionados con la libertad de opinión, en caso de que la
información en la que se soporta la columna de opinión, carezca de veracidad o
afecte, al generar confusión en la opinión pública de presentarse como opinión
información que es noticia, la vulneración de derechos fundamentales.
Históricamente, la pretensión de modificación de
opiniones particulares de un periodista, amparadas en el concepto de libertad
de expresión, hizo suponer a esta Corporación durante varios años, que la rectificación
en tales casos no era posible por vía de tutela, por tratarse de la
manifestación subjetiva y particular de una opinión en un medio de
comunicación. Como lo recordó la sentencia T-602 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz): “Toda persona es libre de opinar lo que a bien tenga en
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sin importar qué tan molesta,
equivocada, provocadora, revolucionaria o inmoral pueda ser la idea expresada.
Por eso mismo la censura, prohibida tajantemente por la Carta (art. 20, inc.2),
sólo es legítima cuando se ejerce sobre formas de expresión que impiden grave y
directamente el ejercicio de derechos ajenos”. De
este modo, desde los primeros años de existencia de esta Corporación, se creó
una regla consistente en que las columnas de opinión en principio, por su
naturaleza, no son susceptibles de rectificación por tratarse de la
manifestaciones subjetivas de los periodistas relacionadas con su libertad de
expresión, no susceptibles de las exigencias propias de las notas informativas
y así, se llegó a la conclusión de que sólo era posible la procedencia de dicha
rectificación, para el caso de columnas que se refirieran a informaciones cuya
esencia se fundase en hechos y circunstancias fácticas claras, y no en las
apreciaciones subjetivas del comunicador[71],
a menos de que existiese confusión entre unas y otras.
Por lo tanto, también era claro en esos
momentos, que los periodistas estaban obligados a distinguir entre columnas de
información y artículos de opinión, so pena de confundir a los receptores de la
información y afectar derechos de terceros. Así lo estableció esta Corte en la sentencia T-080 de
1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), al sostener que:
"La simultánea e inescindible coexistencia de hecho y opinión
en una determinada presentación noticiosa puede constituir una información
inexacta y generar el deber legal de rectificación...
"La peculiar presentación de la información -mezcla de hechos y
opiniones- entraña inexactitud si al público en general no le es posible
distinguir entre lo realmente sucedido y las valoraciones o reacciones
emocionales que los hechos acaecidos suscitan en el intérprete y comunicador de
la información. Los actos de deformar, magnificar, minimizar, descontextualizar
o tergiversar un hecho pueden desembocar en la inexactitud de la información al
hacer que la apariencia sea tomada como realidad y la opinión como verdad,
ocasionando con ello un daño a los derechos fundamentales de un tercero".
En consecuencia, existe la obligación del periodista
de distinguir claramente entre opiniones e información[72]
y que la distancia entre la realidad y la opinión no sea de tal grado que se “comprometan
el prestigio o la imagen de las personas que son objeto de tales opiniones”[73].
4.2.3.4. Las reglas
mencionadas previamente, han soportado consideraciones adicionales con el
avance de la jurisprudencia, que permiten hoy concluir que existe autorización
constitucional bajo ciertos supuestos, para que proceda la rectificación de
columnas de opinión por vía de tutela.
En efecto, la Corte Constitucional
advirtió en la sentencia T-1329 de 2001[74],
que la libertad de opinión no tenía carácter absoluto y que por ese
hecho, podría llegar a ser susceptible de control constitucional excepcional,
cuando su ejercicio significara el desconocimiento de derechos fundamentales de
terceros[75]. En una
oportunidad posterior dijo también la Corte, que no obstante la improcedencia
de la solicitud de rectificación con respecto a columnas de opinión, esa
restricción debía entenderse “sin perjuicio de que el ejercicio responsable
de la libertad de prensa exija que el medio diferencie claramente las opiniones
que le merece cierta información, de los datos que obtiene a través de sus
investigaciones”[76]. Posición
que ya había sido considerada
previamente en la sentencia citada con anterioridad sobre la necesidad de esa
diferenciación y en la T-472 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) en la que
se dijo que: “[e]l ejercicio responsable de la libertad de prensa [exige]
que el medio diferencie claramente las opiniones que le merece cierta
información de los datos que obtiene a través de sus investigaciones.”
(Subrayas fuera del original). Asimismo, la
Corte aceptó con posterioridad, la alternativa de ordenar la rectificación de
opiniones si el sustento de tales juicios eran especulaciones o hechos sin
fundamento o no comprobados, presentados como ciertos en la columna de opinión,
afectando con ellos la honra y el buen nombre de terceros[77].
En la sentencia T-602 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se dijo
precisamente lo siguiente:
“[L]a opinión debe expresarse de manera responsable y profesional,
sin dar lugar a interpretaciones equívocas, pues están de por medio la
honra y buen nombre de las personas respecto de quienes se opina, así como el
derecho del público a recibir información veraz e imparcial. En la práctica, el
periodista tiene el derecho de opinar sobre cualquier cosa -y es deseable que
ejercite ese derecho-, aún cuando su opinión no se base en hechos sino en
meras especulaciones, pero no le es dado hacer aparecer dichas
especulaciones como si fueran hechos ciertos. Ello se deduce del deber de
responsabilidad social que el Estatuto Superior les impone (art. 20, inc.2), y
del derecho a la información que allí se proclama. […] las opiniones que en
ejercicio de su libertad de expresión emita el periodista, deben
manifestarse en forma clara, precisa y no dar lugar a interpretaciones
equívocas por el contexto en que se presenten o por la forma en que se expresen.
Debe distinguirse claramente entre los hechos que se informan y la opinión
que ellos le merecen al periodista que los evalúa. Una conducta distinta es
contraria al profesionalismo con que el periodista debe, según dispone la
Constitución, ejercer su libertad de expresión.” (Subrayas fuera del original).”
También admitió la Corte como
plausible, la rectificación de columnas de opinión, cuando su contenido fuera
inexacto por ausencia de hechos ciertos que sirvieran de soporte a las
opiniones respectivas, sobre la base de confusión entre los hechos presentados
en la columna y la opinión del periodista, en detrimento del buen nombre de terceros.[78]
De ahí se desprendió entonces la regla
de la procedencia excepcional de la rectificación de los artículos de opinión
por vía de tutela, cuando de la valoración que realiza el comunicador es
posible extractar unos hechos susceptibles de rectificación, que han sido
entendidos como consideraciones informativas en las que él se ha basado para estructurar
su opinión. De resultar ellas ajenas a la verdad, afectan por ese hecho
derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, el comunicador esté
obligado en la actualidad, cuando en sus columnas se involucran hechos sobre
los que basa su opinión, a “cerciorarse de la veracidad” de los mismos[79].
Tal verificación significará que más allá de exigencias probatorias
exhaustivas, se debe llegar al convencimiento bajo presupuestos de buena fe de
que los hechos en que fundan sus opiniones son ciertos, so pena de proceder una
solicitud de rectificación.
4.2.3.5. En conclusión, se
tiene que el derecho a la opinión, pertenece
al ámbito de la conciencia del quien opina y está amparado plenamente por la
Carta, por cuanto implica la expresión de asuntos del fuero personal interno
del periodista ligados con su conciencia moral, religiosa, política, que por
consiguiente no puede ser interferidos por terceros si lesionar los derechos
fundamentales del primero. Con todo, cuando en una columna de opinión se
mencionan hechos, existe un límite de veracidad con respecto de la información
sobre la que se soporta la columna. En efecto, según lo sostenido
en la sentencia SU-1721 de 2000 de esta Corporación, cuando una columna de
opinión exprese hechos concretos es pertinente que tales expresiones sean
verdaderas, por lo que una columna de esa naturaleza, frente a los hechos que
exponga, deberá cumplir sobre ellos con el requisito de veracidad. De este
modo, aunque se garantiza constitucionalmente que la opinión siempre será libre
y que no podrá ser alterada por terceros por ser fundada en los valores y
expresiones personales de quien opina, cuando se incluyan hechos, éstos deben
ser ciertos y si no lo son, la rectificación debe recaer sobre las afirmaciones
relativas a tales hechos que adolecieron de certeza y no sobre las opiniones
correspondientes.
4.3. La libertad de prensa y su relación con los derechos fundamentales
al buen nombre, a la honra y a la intimidad.
4.3.1. La libertad de información y en concreto, la
libertad de prensa, son derechos cuya protección puede favorecer tensiones indiscutibles
con otros derechos de la personalidad, como el derecho al buen nombre (C.P. art.
15), la honra (C.P. art. 21) y el derecho a la intimidad (C.P. art. 20). Ahora
bien, si bien existe prima facie una protección preferente a la libertad
de opinión, ciertamente amenazas contra la honra, el buen nombre y otros
derechos fundamentales, autorizan la intervención constitucional, pues ningún
derecho fundamental se reputa absoluto. Así, es posible concluir que en casos
de tensión entre derechos, el objetivo constitucional será siempre el de lograr
una adecuada armonización y ponderación de los mismos.
4.3.2. El derecho al buen nombre, por su parte,
hace referencia a “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en
razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de las acciones
protagonizadas por él”[80]. Se trata entonces de un
derecho que gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño
dentro de la sociedad[81], al punto de no ser
posible el reclamo de su afectación, cuando el comportamiento de la persona
misma es el que impide a los asociados “considerarla digna o acreedora de un
buen concepto o estimación”[82]. Por su parte, la honra
alude a la reputación de la persona en un sentido de valoración
intrínseca por cuanto “la honra o reputación es externa, llega desde afuera,
como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de
que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento
interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de
nosotros –honra-”[83].
4.3.3. Estos derechos fundamentales, pueden ser
protegidos tanto en sede de tutela como a través de las instancias penales a
las que se hizo referencia[84], cuando ello sea
conducente. La doctrina nacional y la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia coinciden en la necesidad de que exista animo
injuriandi para que se considere que la conducta se adecua a los tipos
penales pertinentes.
Mas para que se predique una violación del derecho al
buen nombre en sede constitucional, se requiere que las afirmaciones propuestas
en función del derecho a la libertad de información y prensa, carezcan de
veracidad. El derecho al buen nombre como expresión de la reputación o la fama
que tiene una persona, “se lesiona por las informaciones falsas o erróneas
que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se
tiene del individuo”. De esta forma por ejemplo, en la sentencia T-1319 de
2001, la Corte consideró que las expresiones dirigidas a cuestionar la aptitud
de un director técnico de un equipo deportivo no vulneraban en el caso concreto
ese derecho constitucional, con ocasión del ámbito relacional en el que el
accionante desarrollaba su trabajo, dado que no podía sostenerse: “que
existiera un atentado contra el buen nombre del demandante, si dicha
calificación es producto de la manera como la sociedad –de la cual hace parte
el demandado-, aprecia su ejercicio profesional como director técnico del
equipo que dirigía. Tampoco se aprecia violación de la honra del demandante,
pues las imputaciones –ineptitud, incompetencia, etc.- no aluden a la
personalidad del demandante, sino al ejercicio de su profesión de director
técnico. Es decir, no implican una minusvalía [del actor] como persona anónima,
sino del personaje público (…), director técnico del equipo de fútbol.”
4.3.4. Ahora bien, en la tensión entre libertad de
opinión y buen nombre, generalmente prevalece la primera, salvo que se trate de
opiniones insultantes, las cuales son objeto de reproche constitucional. En el
mismo sentido, en la generalidad de los casos, esta Corporación ha avalado la
primacía de la libertad de prensa, "salvo que se demuestre por el
afectado la intención dañina o la negligencia al presentar hechos falsos,
parciales, incompletos o inexactos que vulneran o amenazan sus derechos
fundamentales"[85] como soporte a las
opiniones que se expresan.
4.3.5. En lo concerniente al derecho a la honra, la
opinión debe guardar una estrecha relación con los hechos en los que se apoya.
Así, no sólo opiniones insultantes merecen reproche constitucional, sino
también opiniones que, a la luz de los hechos, resulten excesivamente
exageradas, siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar a
la persona en sí misma considerada. Tratándose del buen nombre, el ánimo de
injuriar se encuentra directamente ligado a la transmisión de información falsa
o errada y a la opinión meramente insultante, en tanto que en relación con la
honra, puede abarcar situaciones más amplias.
4.3.6. En lo referente al derecho a la intimidad, la
Corte ha encontrado que aun cuando la información suministrada al público sea
veraz, se compromete el núcleo esencial del derecho a la intimidad si la
información pertenece de manera exclusiva al fuero íntimo de las personas. En la
sentencia T-512 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se dijo que, “tratándose
del derecho a la intimidad, en principio no puede hablarse de rectificación
pues la lesión se produce aunque los hechos sean exactos, salvo que, además de
invadirse la esfera íntima de la persona o la familia”, se estén
transmitiendo o publicando datos que riñan con la verdad.
4.3.7. El artículo 14 de la Constitución Política, que
señala que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica” y del derecho al buen nombre[86] ha derivado
la jurisprudencia el derecho a la imagen que: (i) es inherente a la persona en
cuanto expresión directa de su individualidad e identidad; (ii) está conformada
por un conjunto de elementos relacionados con las singularidades del sujeto;
(iii) es disponible por la persona lo que porta como una forma de
autodeterminación del sujeto y eventualmente del derecho al libre desarrollo de
la personalidad[87]. Respecto
de este derecho ha dicho la Corte: “Una consideración elemental de respeto a
la persona y a su dignidad, impiden que las características externas que
conforman su fisonomía o impronta y que lo identifican más que cualquiera otro
signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre
disposición y manipulación por terceros. De ahí que con las limitaciones
legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda
del conocimiento y demás intereses públicos superiores, se estime que toda
persona tiene derecho a su propia imagen y que, sin su consentimiento, ésta no
puede ser injustamente apropiada, publicada, expuesta, reproducida o
comercializada por otro”[88].
4.3.8. Para resolver las tensiones que se presenten
entre estos derechos en conjunto, como ya se dijo, el juez constitucional debe
tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Dentro de éstas, la Corte
Constitucional ha identificado una serie de variables a partir de las cuales se
puede determinar el grado de responsabilidad de los medios de comunicación, si
ello es del caso, en el compromiso de derechos fundamentales. Algunas de las
variables a considerar son: a) el grado de difusión de la información, b) su
naturaleza, c) la forma como se difunde[89] y, d) la
buena fe del medio de comunicación[90].
El primero de esos elementos puede llevar a considerar
que la magnitud del perjuicio causado es mayor, si se informa erróneamente a un
amplio sector de la población. La afectación puede ser menos intensa, cuando el
error o la ausencia de veracidad de la información sólo sean del conocimiento
de un segmento parcial de la población. El segundo aspecto se refiere al tipo
de información de que se trate. Asuntos relacionados exclusivamente con la vida
íntima de los individuos no podrán ser tratados de la misma manera que los que
tengan que ver con su vida pública. Por ello, los medios de comunicación
tendrán mayor amplitud para informar sobre la conducta de un funcionario en
cuanto a sus funciones públicas, que en lo que atañe a su comportamiento como
persona privada. De la misma forma deberán evaluarse los aspectos relacionados
con si se trata de una información o una opinión, ya que en el segundo caso
operan las ya expresadas diferencias entre unos aspectos y otros, por lo que
una opinión contraria a estos derechos, debe llevar implícita en principio,
descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional o estar
soportada en hechos que no corresponden a la verdad.
4.3.9. La jurisprudencia, tratándose de las
actuaciones públicas de las personas que, por sus condiciones o por la función
que desempeñan, tengan una mayor relevancia e interés sociales, ha sostenido
que la conducta de estas personas reviste gran importancia dentro del sistema
democrático, en la medida en que ella puede afectar el interés general y los
derechos de los individuos. Por lo tanto, ello justifica un ámbito de
protección más amplio para la libertad de prensa y por consiguiente una mayor
limitación de los derechos de la personalidad de los personajes públicos, para
efectos de garantizar la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan sus derechos
civiles y políticos y, particularmente, para que tengan la posibilidad de
controlar eficazmente las cuestiones que los afectan. Esta Corporación,
analizando el tema, señaló que:
“Cuando se presentan conflictos entre el derecho a la información y
los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, en el caso de las
personas y los hechos de importancia públicos, predomina prima facie
el primero. En estos eventos, el derecho de información debe ser preferido,
en principio, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente
a los medios de comunicación. Del reconocimiento de que los medios cumplen en
este campo una función importantísima para la vigencia del sistema democrático
se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión
de las entidades estatales - y de los poderes privados. Si se impusieran
fuertes restricciones sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría en medida
notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos
poderes.
“No desconoce la Corte que la referida amplitud de la libertad de
prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las personas que
se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en
principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación
social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos derechos.
En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto del interés
general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas como su
vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad.” [91]
Empero también ha puntualizado la Corte que: “El
real alcance de la jurisprudencia citada se limita, entonces, a reducir el
ámbito de intimidad de tales personajes de tal manera que “sus actividades
públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de
la sociedad”. Por lo tanto, concluir que la injusta difamación de un personaje
público está permitida por el sólo hecho de su condición, es un contrasentido
constitucional que no atiende al postulado de respeto por la dignidad humana
consagrado en nuestra Carta como elemento esencial del Estado Social de
Derecho”[92]. De esta forma, el hecho
de que el “afectado” sea un personaje público no supone a priori la
inoperancia de la protección constitucional a los derechos al buen nombre, a la
honra y a la intimidad. Simplemente significa[93], que se
tornan más estrictos los juicios tendientes a demostrar que no existe un
balance en la opinión o que se presenta un ánimo persecutorio. Así, será,
en buena medida, el comportamiento del personaje el que responda a las
opiniones y deberá ser manifiesta la afectación e inadmisibles
los comentarios en una democracia constitucional[94].
4.3.10. Finalmente, en lo que se refiere a la carga
asumida por el periodista, la sentencia de unificación SU-056 de 1995,
estableció que debe presumirse la buena fe del comunicador y que, por lo tanto,
si una persona alega una vulneración de sus derechos fundamentales por la
difusión de una información falsa, debe probar que lo es. Con todo, la buena fe
del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en error, a
pesar de que haya cumplido con la obligación de verificar su información, pues
la misma naturaleza dinámica de su labor le impide, en algunos casos, ser tan
exhaustivo. Por lo tanto, esta presunción de buena fe no excluye la posibilidad
de error y tampoco, ostenta el carácter de una presunción de derecho que no
admita prueba en contrario. El juez de tutela debe entrar a constatar en cada
caso si el medio de comunicación ha incurrido en un error evidente o si,
existen elementos que permitan desvirtuar la presunción constitucional de buena
fe del periodista.
4.4.
Elementos de derecho constitucional comparado en
cuanto a la libertad de información y opinión con referencia a notas dirigidas
contra funcionarios públicos o autoridades políticas.
4.4.1. Con el propósito de ilustrar cómo
ha sido el debate sobre la tensión entre la protección de la libertad
información y de opinión y los derechos al buen nombre, honra e intimidad de
personajes públicos ligados al funcionamiento del Estado o la política en otros
países, la Corte presenta brevemente algunos de los casos más relevantes que se
han dado en otra latitudes con el propósito de señalar que nunca ha sido un
debate fácil, y que requiere de un análisis particular en cada caso concreto.
4.4.2. En primer lugar, un fallo de la
Corte Suprema de los Estados Unidos denominado New York Times vs. Sullivan
(1964) ha sido señalado por la doctrina especializada[95],
como un punto de inflexión en el tema de la libertad de expresión en lo que
respecta a las críticas dirigidas contra funcionarios públicos. En esa
oportunidad, la Corte Suprema de ese país resolvió un caso relacionado con un
aviso de prensa en el que el Comité para la Defensa de Martin Luther King
denunciaba entre otras cosas en Alabama, algunas supuestas arbitrariedades
realizadas por la policía de ese estado, pero sin invocar nombres concretos. El
Comisionado de Alabama, M.L.Sullivan consideró que esas denuncias se referían a
su gestión, por lo que alegó que esa publicación era falsa y difamatoria y
demandó en consecuencia. Al interior del Estado, el señor Sullivan venció en
las dos instancias el proceso que presentó en contra del semanario, a pesar de
que éste alegaba que se trataba de una nota pagada por terceros. Arribado el
caso a la Corte Suprema de Justicia, ésta señaló que el análisis de la
situación propuesta debía partir del principio de que en una democracia “la
discusión sobre los asuntos públicos debía ser desinhibida, sin trabas,
vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces
desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios públicos”[96].
A renglón seguido estableció la llamada teoría de la “actual malice”,
que se expresa sobre la base de una profunda protección a la libertad de
expresión y de opinión ante manifestaciones inexactas o difamatorias, “a
menos que se compruebe que ellas fueron hechas con real malicia, es
decir, con conocimiento de que ésta era falsa o con temeraria despreocupación,
acerca de su verdad o falsedad”. El estándar propuesto con esa decisión
exige aún hoy bajo la jurisprudencia de ese país, que se trate de una (i)
figura pública (ii) que exista temeraria despreocupación sobre la falsedad de
la manifestación presentada por el periodista y (iii) que se diferencie entre
opiniones y hechos, ya que la opinión siempre es libre[97].
Como la exigencia de diferenciación
entre hechos y opiniones es tan compleja, una vez realizada una manifestación
personal, ha dicho la jurisprudencia norteamericana en el caso Ollman vs.
Evans (1985) dirimido por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de
Columbia, que se requiere para facilitar un estudio en la materia, realizar un
test compuesto por 4 factores para ese discernimiento, así: (1) la
especificidad de los términos utilizados en el artículo, puesto que un lector
razonable, a priori, no puede inferir hechos de una manifestación
indefinida y ambigua; (2) la verificabilidad objetiva de lo que afirma la
columna, porque un lector razonable no puede considerar que una manifestación
sin verificación, pueda contener “hechos”, en otras palabras debe
entenderse que se trata de una columna de opinión, que no presenta hechos; (3)
el contexto lingüístico donde fue utilizada la expresión y (4) el contexto
social donde la manifestación aparece[98].
4.4.3. En el ámbito de la Corte Europea
de Derechos Humanos, también se han resuelto casos en este sentido, como ha
ocurrido en los procesos Lingens vs. Austria[99](1986), Oberschlick vs Austria
(1997)[100]
y Castells vs. Spain[101].
En estas oportunidades esa Corporación interpretó de manera estricta las
restricciones impuestas por los Estados a expresiones de opinión en casos de
interés público y relacionados con autoridades que desempeñaban actividades
públicas, favoreciendo en ambas oportunidades la opinión de los periodistas que
habían proferido tales columnas en contra de los funcionarios públicos
involucrados.
En otro caso, Thorgierson vs. Iceland
(1988) la Corte mantuvo la postura de que en principio, en asuntos relacionados
con expresiones relacionadas con asuntos políticos y de interés público,
estaban legitimados los duros y hasta hostiles comentarios, aunque pudiesen
resentir a las personas en contra de quien iban dirigidos, sobre la base de la
prevalecencia de la libertad de expresión en estos casos[102].
Un límite a esta consideración, se sentó
en el caso Tammer vs. Estonia (2001) cuando un periodista publicó un
artículo sobre un asunto relacionado con una relación romántica del Primer
Ministro de ese país con una mujer casada. La Corte en esa oportunidad
consideró que asuntos del fuero privado de los funcionarios no eran de interés
público por lo que estimó conducente la restricción que el Estado hizo a la
libertad de expresión del periodista en su momento.
Con todo debe recordarse que en los casos anteriores
la valoración que ha hecho la Corte Europea se soporta en el siguiente
análisis: (i) que la medida de restricción del Estado, a través de sus leyes,
se encuentre prevista en las normas nacionales. (ii) Que cumpla con un fin
lícito (moralidad, imparcialidad y deber de protección de la reputación de las
personas) y (iii) finalmente que la medida pretenda lograr el interés general
de una sociedad democrática[103].
Ahora bien, al interior de los Estados europeos y no
al nivel de sus decisiones internacionales, cada uno de ellos dentro de su
ámbito, sostiene tesis con matices diferentes en cuanto a la prevalencia del
derecho a la libertad de opinión. Muchos de ellos comparten la consideración de
que las columnas de opinión que involucren hechos deben responder a un mínimo
de verificación sobre su veracidad otros consideran que la opinión no puede ser
sometida a la verificación[104].
4.4.4. En el Sistema Interamericano, por su parte se ha dicho
en estos casos, que cuando las expresiones vertidas a través de medios masivos
de comunicación se refieren a personajes públicos, o de relevancia pública, en
aras del legítimo interés general en juego, éstos deben soportar cierto riesgo
a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o
informaciones de ese calibre.
En tal orden
de ideas, en la sentencia Kimel vs. Argentina del 2 de mayo de 2008 por
ejemplo[105], se reiteró lo ya adelantado en otros casos[106]
en el sentido de que “las expresiones concernientes a la idoneidad de una
persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por
funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección
[en cuanto a la libertad de expresión], de manera que se propicie el debate
democrático”.
4.5. Derecho de rectificación.
4.5.1. La Constitución Política consagra,
expresamente, el derecho a la rectificación (CP, art 20, inc 2º) en precisos
términos: “Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad”. Es la forma jurídica directamente adoptada por el Constituyente
de 1991 para dirimir conflictos entre las libertades de expresión, información
y prensa, y de éstos con otros derechos constitucionales. En el marco de los
derechos humanos, el derecho de rectificación goza del mismo rango fundamental
de los derechos a recibir información veraz e imparcial, a la honra, el buen
nombre, la imagen, la intimidad, la vida y la integridad personal, la no
discriminación, entre otros que puedan resultar afectados por la actividad
informativa y que se busca proteger con su ejercicio[107]
La rectificación ha sido también materia de regulación
en la legislación internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos
-"Pacto de San José de Costa Rica" aprobado en la Ley 74 de 1968,
dice (art. 14):
"1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en
las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión
tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni
disponga de fuero especial”[108].
En relación con la equidad, a juicio de la Corte, es “un
valioso instrumento que busca restablecer, al menos en el caso de la
información respectiva, un equilibrio entre el poder de los medios de
comunicación y la impotencia en que se encuentra, frente a ellos, la persona”[109].
Mas sus implicaciones trascienden a la esfera de la cultura social, por cuanto
representa una garantía de la eficacia del derecho a la información, ya que “fortalece
y afirma la certeza colectiva”[110] y contribuye a la
formación de una opinión pública libre e ilustrada.
4.5.2. Para que se considere que la rectificación se
ha hecho en condiciones de equidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que es necesario, (i) que la rectificación o aclaración se
haga por quien la difundió; (ii) que se haga públicamente[111];
(iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la
información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve
para el medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error,
tergiversación o falsedad[112]. Cuando la obligación
de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe establecer en la
respectiva providencia “los lineamientos precisos bajo los cuales ésta
deberá ser realizada. Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los
derechos fundamentales de quien fue afectado con la información falsa divulgada
y asegurar su efectivo restablecimiento”[113].
4.5.3. Respecto de los conceptos de equidad,
equivalencia, despliegue y oportunidad, la Sentencia T-626 de 2007[114]
precisó una serie de sub-reglas construidas por la jurisprudencia
constitucional, así:
(i) La garantía de equivalencia “no supone una
correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la
publicación inicial y su aclaración o rectificación” [115].
Lo fundamental es la finalidad perseguida con la aclaración de la
información falsa o inexacta, esto es, que la rectificación tenga la aptitud de
restablecer los derechos del ciudadano cuyos derechos lesionó.
(ii) Respecto de la oportunidad de la rectificación, la
Corte ha establecido que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un
término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa
verificación de los hechos”[116]. En
este punto, nuevamente es determinante que la aclaración tenga la virtud de
garantizar la tutela efectiva de los derechos de la persona afectada, de modo
que las circunstancias específicas de cada caso ilustrarán sobre el término que
debe correr entre la publicación o difusión de la información lesiva del
derecho y su rectificación, consultando la circunstancias fácticas indicativas
del grado de dificultad para hacer las constataciones requeridas, la frecuencia
o periodicidad del medio emisor, etc.
(iii) En relación con la carga probatoria que recae en
la persona que pide la rectificación, existen dos situaciones diferentes: según
si la información ha consistido en aseveraciones sobre hechos específicos, o si
se ha tratado de afirmaciones vagas o indefinidas no soportadas en hechos
concretos. En el primer caso, la persona afectada “debe presentar las
pruebas pertinentes para sustentar su solicitud de rectificación” [117];
en el segundo caso, dada la dificultad o imposibilidad de demostrar tal clase
de asertos, se releva al afectado de entrar a probar la inexactitud o falsedad
de los hechos, de conformidad con la conclusiones decantadas en la teoría
general de las pruebas judiciales. En estos eventos, dice la Corte,
“surge para el medio la carga de sustentar su negativa a rectificar y la de
demostrar la veracidad e imparcialidad de la información trasmitida[118].
(iv) Son las informaciones, no los pensamientos,
criterios u opiniones, los hechos periodísticos susceptibles de rectificación[119].
Esta pauta elemental de la jurisprudencia, se limita a recoger la experiencia
más que centenaria de las sociedades libres, en las que circula el adagio
propio del oficio de la comunicación social: el comentario es libre, la
información es sagrada. Siendo el derecho de información del comunicador
correlativo con el derecho a recibir información “veraz e imparcial”,
como manda la Carta, la rectificación tiene un fin constitucionalmente válido
consistente en la reparación del daño infligido a un derecho ciudadano por obra
de una información mendaz o sesgada. Tratándose de opiniones, en cambio, se
está ante el derecho a la libre expresión del pensamiento, un derecho esencial
que se remite al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y a la
construcción autónoma del proyecto de vida, esto es, a la noción misma de
dignidad humana; y, también, indisolublemente, se está ante el derecho a la
libre difusión de las ideas, clave del progreso cognocitivo y científico de la
humanidad como del pluralismo político y social. Con todo, la Corte
Constitucional, al ratificar la inviolabilidad de la opinión, ha considerado
que “existe en cabeza del periodista un deber de cerciorarse razonablemente
de la veracidad de los hechos o de las premisas en los cuales fundamenta su
opinión o juicio de valor, bajo el presupuesto de la buena fe”, y ello,
como se expresó, implica para el comunicador la consecuencia de responder por
ellos, en cuanto hechos, que no opiniones.[120]
(v) Finalmente, cabe señalar que la réplica, entendida
como la asunción por parte del afectado de la defensa del derecho que considera
lesionado por una información a través de una versión propia que controvierte
la afirmación difundida, no es constitucionalmente equiparable al derecho de
rectificación en condiciones de equidad. Es cierto que la réplica permite un
pluralismo de enfoques y puntos de vista que ilustra mejor al público receptor
de la información o la noticia, y en consecuencia propicia un sano equilibrio
informativo que lo hace recomendable. Pero en punto a la resolución de las
tensiones entre los derechos a la información y otros derechos ciudadanos, el
Constituyente de 1991 optó por la búsqueda y preservación de la verdad, a
través del mecanismo extrajudicial de la rectificación, que realizada en los
términos constitucionales, también es elemento de equilibrio informativo. En
consecuencia, para la jurisprudencia constitucional, “el mecanismo que la
Constitución concibe y consagra para el restablecimiento extrajudicial de los
derechos fundamentales que sean vulnerados como consecuencia de la
extralimitación en el ejercicio informativo, es el derecho a la rectificación
en condiciones de equidad y no la réplica[121].
5. El caso Concreto.
5.1. Relación sumaria de los hechos y decisiones
judiciales.
5.1.1. Los fallos de tutela objeto de revisión tienen
origen en la demanda interpuesta por el ciudadano José Alfredo Escobar Araujo
(accionante), Presidente del Consejo Superior de la Judicatura en la época de
los hechos, contra la revista “Semana” representada por su Director, periodista
Alejandro Santos Rubino (accionado). Los fallos de tutela, con algunas
diferencias, ampararon el derecho fundamental del accionante y ordenaron sendas
rectificaciones a la revista. Específicamente, el fallo de segunda instancia,
sobre el que recae directamente la presente revisión, dispone los términos en
que debe realizarse la rectificación por parte de “Semana”.
5.1.2. La revista accionada ha procedido a hacerlo en
dos ocasiones, manteniendo el accionante su desacuerdo con la forma realizada.
En concreto, ha considerado que la revista incumplió la orden judicial
impartida por el juez de tutela en la segunda instancia, respecto de los
términos de rectificación, concluyendo que la vulneración a su derecho
fundamental subsiste. Con base en lo anterior, ha tramitado el accionante
incidente de desacato ante el juez de primera instancia, quien consideró
incumplida la orden de tutela y procedió a imponer al Director de “Semana”
sanciones de arresto y multa, auto que a la fecha se halla en estado de
consulta ante el superior jerárquico.
5.1.3. El demandante acepta que (i) que las
calificaciones del “Rasputín” de la “justicia” y el mecenas de la justicia se
refieren al señor Ascencio Reyes y no a él[122]; (ii) que el
homenaje que se le ofreció en Santa marta sí se realizó pero en fechas y lugar
diferente al señalado en el artículo debatido; (iii) que las palabras de elogio
al señor Ascencio Reyes sí las dijo, pero no en el homenaje de Santa Marta al
que éste no asistió, sino en un almuerzo de Magistrados y Ex Magistrados de las
altas Cortes-región Caribe, en el Jockey Club de Bogotá; (iv) que a dicho acto
sí asistió en calidad de simple organizador el señor Ascencio Reyes; (v) que le
agradeció “protocolariamente” su colaboración en la organización, no la
financiación del mismo, ya que su costo fue sufragado por los participantes.
5.1.4. El demandante presentó a la revista “Semana” la
correspondiente solicitud de rectificación y aportó material de prueba en sustento
de su petición cuyo valor probatorio se admite, en tanto no fueron
controvertidas u objetadas, ni se cuestionó su autenticidad. Entre los
elementos de prueba adjuntados por el accionante se encuentran:
(i) la invitación al homenaje de que fue parte el
accionante y que se realizó el 10 de junio de 2005 en el “Hotel Santamar”;
(ii) copia de comunicación enviada al Director de la revista
“Semana” por el doctor Alberto Rodríguez Akle, en su calidad de Presidente del
Tribunal Superior de Santa Marta, solicitando a la revista “Semana” aclarar, en
iguales términos de la difusión inicial, lo publicado en el artículo “El
‘mecenas’ de la Justicia” donde “se afirma que un homenaje rendido a los
Honorables Magistrados Costeños que ocupan cargos en las Altas Cortes, fue
organizado y financiado en cuanto al transporte, por alguien a quienes ustedes
ponen en tela de juicio por tener algún tipo de vínculos con un
narcotraficante”. Añade la comunicación citada que:
“No podemos menos que rechazar enérgicamente tal afirmación, por
cuanto su contenido es mal intencionado, perverso y carente de toda realidad.
Si bien el escritor se cuidó de no referenciar al Tribunal de Santa Marta como
organizador de ese agasajo, del contenido del artículo se infiere que su
logística estuvo a cargo de este organismo, corno efectivamente así ocurrió.
Sin embargo, en el texto incurren en aseveraciones carentes de verdad que hacen
indispensable un pronunciamiento de nuestro porte al respecto”.
(…)
Vale la pena aclarar, que regularmente los Honorables Magistrados de
las Altas Cortes vienen o esta ciudad a cumplir eventos académicos u oficiales,
invitados por esta Corporación, jamás por el particular que ustedes identifican
como ASCENCIO REYES, a quien no conocernos, ni mucho menos puede figurar como
organizador de evento alguno en el cual tenga participación el Tribunal de
Santa Marta.
Todas y cada una de las actividades que se organizan por esta
entidad judicial, se sostienen con nuestro propio patrimonio, con nuestro
sueldo, mediante cuotas que se establecen en su debido momento, conformando un
tondo especial.
En la línea aérea Avianca reposa la compra de tiquetes, con dineros
desembolsados personalmente por nuestra Tesorera, la Honorable Magistrada LUZ
DARY RIVERA GOYENECHE, quien puede dar fe de tales erogaciones.”
(iii) Solicitud de rectificación del señor Ascencio
Reyes a la revista “Semana”, señalando que:
“Respecto del evento de Neiva mencionado en el artículo debatido
señala: “asumí con entusiasmo la tarea de coordinar el evento, para lo cual me
encargue de distribuir las invitaciones, contratar el transporte y elaborar el
programa respectivo. En ejercicio de tal encargo, a través de la Agencia de
Viajes y Turismo Basan, de propiedad de mis dos hijas y mi ex esposa, se nos
recomendó, para reducir costos y para garantizar la seguridad de estas
personalidades, contratar con la aerolínea Satena, por cuenta inicialmente de
dicha empresa, el servicio de dos vuelos chárter en la ruta Bogotá — Neiva -
Bogotá, para trasladar a todos los invitados especiales, entre quienes se
encontraban, por supuesto la mayoría de los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y de otras Altas Cortes. Aún cuando inicialmente el valor previsto fue
de 21,8 millones de pesos, lo cierto es que como quiera que solo fue necesario
realizar 3 vuelos, el valor final que se canceló por dicho servicio, como lo
puede certificar Satena, fue de 14 millones de pesos, los cuales fueron
aportados por la mayoría de los 18 Magistrados que componen el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y entregados por el
suscrito a Viajes y Turismo Basan”
Añadió el señor Reyes:
“…me honra la amistad que sostengo de tiempo atrás con distinguidos
Magistrados del Poder Judicial Colombiano, el cual se eleva majestuoso ante las
demás Ramas del Poder Público.
(…)
“En segundo lugar, tampoco es cierto y constituye otra calumnia e injuria
afirmar que organicé, coordiné y mucho menos financié en Noviembre del 2005 un
homenaje para el Magistrado José Alfredo Escobar Araújo en la ciudad de Santa
Marta. Según tengo entendido dicho evento se realizó el 10 de Junio del año
2005, en honor de los Magistrados Carlos Isaac Naden, Francisco Javier Ricaurte
Gómez, Rodrigo Escobar Gil, Francisco Escobar Henríquez, Gustavo Genecco
Mendoza y José Alfredo Escobar Araújo, al cual no asistí porque no fui invitado
al acto y tampoco tuve la posibilidad de colaborar a su realización”.
(…)
5.1.5. El juez de primera instancia consideró que
varias afirmaciones del artículo no corresponden a la realidad, así:
(i) el evento donde efectivamente se rindió un
homenaje a magistrados de la Costa de las Altas Cortes, estaba dirigido no sólo
al magistrado Escobar Araujo sino a otros magistrados, y se llevó a cabo no en
el Club Santa Marta como se afirma en la revista sino en el “Santa Mar Hotel”;
(ii) el homenaje fue organizado y financiado por los
Tribunales Superior de Santa Marta, Contencioso Administrativo del Magdalena,
Gobernación del Magdalena y Alcaldía de Santa Marta y no por el señor Ascencio
Reyes quien no fue invitado, según lo afirma el Presidente del Tribunal
Superior, quien precisó además que “los recursos salieron de un fondo común
de los Magistrados de manos de la tesorera, Magistrada Luz Dary Rivera
Goyeneche”;
(iii) No está demostrado que Ascencio Reyes sea el
mecenas o benefactor de la justicia, en tanto según lo afirma el demandante y
el mismo Reyes en carta dirigida a la revista “Semana” para rectificación de la
noticia, éste no fue invitado al evento de Santa Marta, y tampoco fue su
organizador;
(iv) El homenaje en Neiva para celebrar el
nombramiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al que el
accionante también asistió, según lo informa él mismo, lo organizó pero no lo
financió el señor Reyes, como él asevera en su carta, ya que el dinero para los
pasajes fue pagado por varios Magistrados que asistieron al evento;
(v) En relación con los nexos entre el señor Reyes y
un narcotraficante, aclaró aquel que desconocía las actividades del segundo, y
que su relación ha sido meramente circunstancial en razón de la actividad que
desempeña como vendedor de finca raíz, por lo cual no podría atribuirse tal
condición al señor Reyes, y menos relaciones del Magistrado Escobar con
personas respecto de las cuales se dice tienen amistad o nexos o negocios o son
socios de un extraditable.
El fallo concluye que la entidad accionada vulneró los
derechos fundamentales del actor, máxime considerando que éste solicitó la
rectificación y ésta no se realizó.
5.1.6. El juez de segunda instancia realizó un extenso
análisis del caso:
(i) Hace una descripción de la forma como fue
presentado el artículo tanto en la portada como en el titular interior y
concluye que éstos unidos al contenido, pues llevan al lector a poner en tela
de juicio “las manipulaciones que pueden existir entre funcionarios de la
rama judicial y en este caso, el señor Reyes, de quien se dice es socio de un
narcotraficante”.
(ii) Precisa que en el artículo reprochado, se dieron
a conocer hechos que según la revista evidencian relaciones de amistad y
aceptación de ofrecimientos por parte del señor Ascencio Reyes a quien se ha
calificado de “enigmático”, “oscuro personaje” y “de dudoso pasado”,
con Magistrados de las Altas Cortes.
(iii) Establece que la revista “Semana” “aseguró
que en la ciudad de Santa Marta, concretamente el 23 de noviembre de 2005 (Pág.
44 y 45 de la edición 1856 (sic)) en el Club Santa Marta, se llevó a cabo un
homenaje en honor de los Magistrados de la Costa Atlántica. Pero esto no es
cierto, porque aun cuando efectivamente sí hubo el aludido homenaje a tales Magistrados,
entre ellos al M. Escobar Araujo, tal celebración no se realizó en dicha
calenda sino en junio 10 de 2005 y además no fue en el Club Santa Marta, sino
en el Santa Mar Hotel”. Señala que en principio tales imprecisiones, no
tendrían mayor relevancia para efecto de la tutela de los derechos que el actor
considera vulnerados, como indica el impugnante, en tanto no se faltó a la
verdad respecto de la celebración de un homenaje en la ciudad de Santa Marta “y
en cierta manera se trataba de la información sobre un acontecimiento social
importante dada la calidad de sus destinatarios”.
(iv) No obstante, a juicio del Tribunal, la noticia se
equivocó tanto en la determinación de los oferentes del homenaje como en el del
organizador, “dejando entrever, a juzgar por los interrogantes finales del
artículo, y título “El mecenas de la justicia”, que el particular Ascencio
Reyes, oscuro y enigmático personaje, salpicado por una investigación en la
Fiscalía y socio o copropietario de un inmueble en Puerto Lleras, de una u otra
manera participó económicamente en el agasajo”. Tal situación a juicio del
Tribunal lleva al lector a entender “que las amistades de los Magistrados de
quienes se espera pulcritud absoluta, no son muy recomendables y que tras de
ellas hay algo oscuro”. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el propio
accionante en la solicitud de rectificación a la revista, que demostró con la
copia de la invitación al evento, el escrito del Presidente del Tribunal, y las
afirmaciones del propio Ascencio Reyes, que éste no fue invitado ni fue el
organizador, oferente o benefactor, pues el homenaje estuvo a cargo de las
autoridades judiciales, a las que se unieron la Gobernación del Magdalena y el
Alcalde de Santa Marta[123], argumentos que no que
no han sido desmentidos con otra o mejor evidencia por parte de la revista. Por
lo anterior concluye que no había razón alguna para que se relacionara a dicho
personaje con el aludido evento y con los magistrados destinatarios del
homenaje.
(v) Con base en lo anterior no duda el ad quem
que tal información “afecta el buen nombre del Magistrado Escobar Araujo y
de los demás Magistrados destinatarios de la celebración, así como su imagen en
la medida en que, tratándose de atenciones provenientes de un ‘enigmático y
oscuro personaje’ que tiene nexos con un narcotraficante, induce al lector a
pensar que hay en cierta manera una connivencia de los Magistrados con los personajes
y dineros del narcotráfico”.
(vi) Coincide con el impugnante en cuanto a que la revista
“no expresó en ninguno de sus apartes de manera directa que el dinero
provenía de una fuente ilícita”, pero considera que “tras el
planteamiento de la noticia se deja en el tapete un interrogante que enloda el
nombre de los involucrados, al evidenciar la necesidad de una explicación por
parte de éstos”[124]. Adicionalmente señala
que aún cuando la revista deja abierto el interrogante sobre la explicación que
han de dar los magistrados a la denuncia pública, tal pregunta parece retórica
considerando que cuando el demandante da tal explicación, la revista guarda
silencio y desconoce sus argumentos.
(vii) Precisa que si bien es cierto que la
conducta del servidor público tanto pública como privada debe ser intachable,
también lo es que la amistad en sí misma no resulta suficientes para ponerla en
tela de juicio, como forma de control al ejercicio del poder. “En este caso
no se ha establecido que a sabiendas de los nexos del señor Reyes con un
narcotraficante y de las dudas sobre sus actividades y forma de adquirir
recursos económicos, o del interés particular que sobre un asunto judicial
específico tenga o haya tenido, los Magistrados deliberadamente optaron por
aceptar ofrecimientos o agasajos de dicho personaje”.
(viii) Estima que “traer a colación un discurso o
palabras que no fueron efectivamente allí pronunciadas, reflejan la intención
de la revista de complementar el sesgo de la noticia equivocada”, y que el
hecho de que el actor haya admitido que las palabras publicadas en la revista
con elogio para Reyes fueron dichas por él, pero no en el homenaje en Santa
Marta sino en otra ocasión, contrario de lo que sostiene el impugnante, sí
reviste relevancia en este trámite tutelar, porque cada evento tiene
características y escenario propios, y si no es cierto que Reyes Ascencio haya
estado presente, ni organizado o financiado la celebración en Santa Marta mal
podría atribuírsele al demandante la pronunciación de un discurso que en tal
escenario no existió.
(ix) Respecto del pago del transporte aéreo de varios
magistrados y sus esposas en un vuelo chárter de Satena con destino a Neiva
para festejar la presidencia del Doctor Yesid Ramírez en la Corte Suprema de
Justicia, evento que según la revista tuvo un costo de $21.8 millones de pesos
que financió Ascencio Reyes, considera el Tribunal que tanto el accionante como
el señor Reyes han suministrado una explicación, que debe conocer la opinión
pública y el hecho de que la revista no haya procedido en tal sentido “resta
objetividad a la noticia y demuestra ánimo de perjudicar al sujeto de la misma
en sus derechos fundamentales”.
5.2. Razón jurídica de la decisión.
5.2.1. En el caso sometido a examen, la revista
“Semana” publicó un artículo titulado “El ‘mecenas’ de la justicia”, referente
a un tema de interés público como es la recta administración de justicia. Además,
el demandante, que fue mencionado en el artículo que se cuestiona, es una figura
de relevancia pública en tanto se trata del magistrado José Alfredo Escobar
Araújo, del Consejo Superior de la Judicatura, presidente para aquella época de
esa Corporación. Por ello, el análisis de ponderación entre (i) los derechos a
la honra, el buen nombre, la vida digna y la intimidad que se invocan como
violados y (ii) las libertades de expresión información y prensa, debe ser
extremadamente riguroso y partir de la base de la prevalencia de éstas sobre
aquellos.
5.2.2. En el citado artículo se expusieron hechos y
opiniones respecto del señor Ascencio Reyes y los vínculos que tiene con
integrantes de la rama judicial. El artículo mezcla en ocasiones los hechos con
las opiniones y en él se hacen las siguientes afirmaciones (En el aparte que en
los medios suele denominarse “sumario”, que no es otra cosa que la exposición
abreviada o resumida de la materia que se trata, y que viene inmediatamente
después del título) dice: “Un controvertido opita, que tiene influencia en la
Fiscalía y que les paga vuelos chárter a magistrados de las Altas Cortes,
figura como socio comercial de un extraditable”. Como puede observarse los
verbos utilizados en la frase indican que se trata de hechos ciertos. Posteriormente
dentro del artículo se menciona que casi todos los magistrados de las tres
salas de la Corte fueron a Neiva a un homenaje y que “en Neiva los esperaba
el hombre que sería el organizador de los homenajes: Ascencio Reyes
Serrano. Un enigmático personaje que la opinión pública no conoce, pero que en
los altos círculos de la justicia es hombre orquesta. Su amistad viene de
tiempo atrás con magistrados y ex magistrados y es un hecho, para funcionarios
de la justicia, que tiene influencia en la Fiscalía de Mario Iguarán. Reyes
pagó de su bolsillo 21,8 millones de pesos para costear los vuelos chárter
Bogotá-Neiva-Bogotá que los llevaron al homenaje, según cuenta un magistrado
que estuvo en el viaje. La suma le fue pagada a la aerolínea Satena a través de
la agencia Viajes y Turismo Basan, de propiedad de Ascencio Reyes y su familia”.
En lo relativo al demandante el artículo señala: “Siete
meses antes del capítulo de Neiva, en noviembre de 2005, Reyes se había lucido
también en Santa Marta en el homenaje a los magistrados de la costa atlántica.
En este caso, Ascencio Reyes figura como el organizador del evento. Ese
23 de noviembre, en el club Santa Marta, el magistrado José Alfredo Escobar
Araújo, como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, no ahorró
elogios para él: ‘Nuestro reconocimiento a Ascencio Reyes Serrano, también opita,
coordinador del evento, quien con su generosidad y dedicación probadas,
mantiene la llama inextinguible de la amistad que nos une de tiempo atrás y
permite evocar con cariño aquellos tiempos idos, los tiempos de la cometa’.
A la capital de Magdalena viajaron casi todos los
funcionarios de los organismos de control oriundos de ese litoral. Por algo
llamaron al evento el gran encuentro de la ‘región costeña’. (…). El artículo en cuestión finaliza con los
siguientes párrafos que se transcriben en lo pertinente: “El país reconoce
el enorme esfuerzo que los magistrados están haciendo por depurar a Colombia de
la para-política, pero sin duda tendrán ellos también que explicar por qué
terminaron viajando en un chárter al parecer financiado por un particular con
relaciones poco claras. ¿Qué explicación dan los magistrados homenajeados,…y
José Alfredo Escobar?…¿Los otros magistrados fueron ingenuos al no preguntar
quién pagaba tanto confort? …”.
5.2.3. Si bien en los párrafos relativos al homenaje en
Santa Marta y al doctor Escobar Araújo no se menciona el pago del viaje, de lo
dicho en el contexto del artículo -en especial de lo expresado en el sumario y
en la pregunta dirigida al demandante para que explique por qué terminó
viajando “en un chárter al parecer financiado por un particular con
relaciones poco claras”- se puede razonablemente inferir que el hecho
planteado como verdad a lo largo del artículo -la financiación de vuelos chárter
a los magistrados por el señor Ascencio Reyes- cobija al demandante, quien queda
en la situación de justificar un hecho que, como se desprende de las pruebas
aportadas, no ocurrió. En cuanto a los presuntos pagos de vuelos chárter hechos
por el señor Ascencio Reyes a los magistrados de las Altas Cortes, incluyendo
al demandante, se estima que el medio de comunicación demandado ha debido
confirmarlos antes de hacerlas públicas[125].
5.2.4. Es cierto que la sola amistad con una persona
no constituye delito como lo afirma el demandante, pero también lo es que en ningún
momento la revista “Semana” la consideró como tal. Las expresiones relativas a
dicha amistad se entienden como opiniones que, como tales, son libres, y si
bien pueden percibirse por sus destinatarios como provocadoras o fuertes, no
exceden los límites de la crítica permitidos, máxime tratándose de una figura
de relevancia pública y de un tema que interesa a toda la sociedad, como es el
de la recta administración de justicia y la probidad de quienes están llamados
a aplicarla.
5.2.5. Esta Corporación encuentra que el artículo “El
‘mecenas’ de la Justicia” contiene hechos ciertos como los homenajes
realizados a magistrados y la existencia de un terreno de pertenencia del señor
Ascencio Reyes en compañía con un presunto narcotraficante.
También, la información contiene referencias que,
según las pruebas y lo dicho por el actor y no desmentido por el medio, no
fueron demostradas: (i) fecha y lugar del evento de Santa Marta; (ii) la
organización del mismo por el señor Ascencio Reyes; (iii) pronunciamiento en
dicho evento de palabras de elogio a quien ni fue su organizador ni fue
invitado; (iv) el pago de vuelos chárter a magistrados de las Altas Cortes. Sobre
tal entendimiento, por la forma de presentación del artículo se advierte que el
mismo conducía al lector a llevarse una percepción respecto de los aludidos que
no se compadece con las pruebas que se encuentran en el proceso. Además, para la
Sala, la información suministrada por la revista demandada, en aquello en que
no fue veraz, tampoco fue imparcial, ya que a partir de hechos no comprobados
mezcla estas informaciones con opiniones en las que se cuestiona el proceder
los magistrados de las Altas Cortes y en particular del demandante. Al
respecto, la Sala considera importante reiterar los siguientes puntos que ya
han sido materia de pronunciamiento de la Corte: (a) la necesidad de que los
titulares de prensa no se hagan de tal manera que la audiencia se forme
convicciones erróneas respecto del contenido de la información[126];
(b) la necesidad de que las opiniones estén claramente diferenciadas de los
hechos sobre los que tal opinión se basa y (c) la importancia de los principios
de veracidad e imparcialidad en el ejercicio del derecho a la información, pues
si bien, el periodista tiene un claro derecho constitucional a expresar su
opinión personal en relación con los hechos sobre los cuales informa, debe
dejar claro para los receptores cuáles son los hechos y cuál la opinión que
sobre ellos se emite[127].
5.2.6. Así, para la Sala es claro que el medio lleva
al lector a una serie de conclusiones relacionadas con pagos inexistentes
supuestamente realizados por el señor Ascencio Reyes a los magistrados de las
Altas Cortes, entre ellos el demandante, inferencias que tan sólo expresan la
opinión del medio. Por tratarse de opiniones, la revista estaría amparada por
la protección constitucional a la actividad periodística si pudiera observarse
de manera clara e inequívoca que se trataba de interpretaciones del medio
informativo que expresa al abrigo de su libertad de opinión. No obstante, por
la forma en que el artículo fue redactado, las conclusiones personales de los
periodistas se presentan como hechos realmente ocurridos, lo cual, como se vio,
dista por completo de la realidad probada en el proceso. Por lo tanto, existió
un desconocimiento de los principios del artículo 20 de la Carta y, en
consecuencia una vulneración de los derechos a la honra y buen nombre del
demandante. No ocurre lo mismo respecto del derecho a la intimidad, en tanto no
se observa que en ningún momento el medio haya afectado la esfera íntima del
demandante, tal como la ha entendido la jurisprudencia de esta Corte.
5.2.7. Esta Corporación encuentra también que los
fallos de instancia realizaron un análisis serio sobre el asunto que les fue
planteado. No obstante lo cual, cabe preguntarse si la orden que impartió el
juez de segunda instancia se ajustó a los asuntos que debían ser rectificados
por su referencia al demandante y por el respeto que el medio debe a sus
receptores. Como se señaló en la parte considerativa de este fallo, lo usual es
que el juez constitucional determine condiciones en que debe realizarse la
rectificación. Cabe recordar que los términos en los cuales según el juez de
instancia debió realizarse la rectificación por parte de la revista “Semana”
fueron los siguientes:
“En la siguiente edición a la fecha en que se notifique el presente
fallo el director de la revista “SEMANA” dispondrá que con los mismos
caracteres, colores, tamaño del artículo original errado, se efectúe la nota de
rectificación así:
En la Portada de la revista en su parte superior al igual que en la
edición 1356, se escribirá NACION: “El Rasputín de la justicia.
Rectificación”.
En la sección de actualidad, un artículo anunciado JUDICIAL.-
Rectificación.
Y como título “El ‘mecenas’ de la justicia”
A continuación indicará la causa de la rectificación mencionado que
en la edición N° 1356 del 28 de abril al 5 de mayo de 2008, se incurrió en
imprecisiones que deben ser corregidas de acuerdo a la solicitud del Magistrado
José Alfredo Escobar Araújo, presidente para aquella época del Consejo Superior
de la Judicatura y de conformidad con los soportes probatorios aportados.
Indicará que el homenaje a los H. Magistrados Carlos Isaac Nader,
José Alfredo Escobar Araujo, Rodrigo Escobar Gil, Gustavo José Gnecco Mendoza,
Francisco Escobar Henríquez y Francisco Javier Ricaurte llevado a cabo en la
ciudad de Santa Marta, no fue organizado, ni financiado por el señor Ascencio
Reyes de quien se dijo era el mecenas de la justicia, como erróneamente se dijo
por “SEMANA”, sino por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta, Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, Consejo Seccional de la
Judicatura del Magdalena, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa
Marta.
Que dicho señor tampoco asistió al evento porque según los
organizadores no fue invitado y tampoco lo conocen.
- De igual forma aclarará que la celebración ocurrió en junio 10 de
2005 en Santa Mar Hotel y no en noviembre 23 en el Club Santa Marta como se
registró en la revista.
- Que como Ascencio Reyes no asistió al evento, no es cierto que los
Magistrados José Alfredo Escobar Araújo e Isaac Nader hayan pronunciado en tal
oportunidad las palabras de agradecimiento y de elogio a que se refirió la revista.
- Que de acuerdo al escrito enviado a la revista por Ascencio Reyes
el 12 de mayo de 2008, él sí participó como organizador del homenaje al
doctor Yesid Ramírez para celebrar su elección como Presidente de la Corte
Suprema de Justicia pero el costo de los pasajes aéreos con SATENA, que fue de
$ 14.000.000 y no de $21,800.000, no fue sufragado de su bolsillo sino que
“fueron aportados por la mayoría de los 18 magistrados que componen el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila y el Consejo Seccional de la judicatura del Huila”.
- Que la revista en ningún momento quiso vincular a los magistrados
de las altas Cortes y en especial a José Alfredo Escobar Araújo con presuntas
actividades ilícitas de Ascencio Reyes Serrano o de José María Ortiz Pinilla,
señalado como narcotraficante y extraditado a los Estados Unidos.
- Que por consiguiente resulta apresurado y sin fundamento concluir
que Ascencio Reyes es “El mecenas de la justicia” o “El Rasputín de
la justicia”.
- Finalmente, hará mención explícita de todos los soportes
probatorios que anexó el Magistrado José Alfredo Escobar Araújo para desmentir
la información y de los escritos del Presidente del Tribunal Superior de Santa
Marta y el señor Ascencio Reyes. (Negrilla dentro del texto)
De conformidad con el texto transcrito, se concluye
que la orden del juez de segunda instancia se ajustó a tópicos que debían ser
rectificados, por su referencia al demandante y por el respeto que el medio
debe a sus receptores, salvo en lo relativo a la publicación del título en la
portada pues la expresión “el Rasputín de la justicia” no se refería al
demandante sino al señor Ascencio Reyes y, además, se pedía expresamente que dentro
del texto mismo de la rectificación se señalara que “resulta apresurado y
sin fundamento concluir que Ascencio Reyes es “mecenas de la
justicia “ o “el Rasputín de la justicia”.
5.2.8. La orden del juez de segunda instancia fue
atendida por la revista “Semana” en la edición Nº 1380 de octubre 13 de 2008,
donde, en la página 20 sección actualidad, publicó la rectificación solicitada
por el juez de tutela. La pregunta que ahora debe absolverse se refiere a si la
rectificación publicada por la revista a raíz del fallo de segunda instancia se
ajustó a lo previsto en éste.
(i) La orden del juez de segunda instancia y la
rectificación que con base en ella hizo la revista, se resumen en el siguiente
cuadro:
ORDENES
IMPARTIDAS EN EL FALLO PROFERIDO POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
BOGOTÁ SOBRE LA FORMA COMO LA REVISTA “SEMANA” DEBÍA HACER LA RECTIFICACIÓN.
RECTIFICACIÓN
EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.
Mismos
caracteres.
La letra
del artículo en general es parecida a la de la información publicada inicialmente.
“El ‘mecenas’ de la justicia” no está del mismo tamaño que el del
artículo controvertido.
Mismos
colores.
Se
utilizan los colores rojo y negro para los textos y fotografía a todo color
del tutelante. Los colores no se utilizan en la misma forma en que fueron
utilizados en el artículo original. Así en el original solo ‘mecenas’ aparece
en rojo mientras en la rectificación todo el título aparece en rojo.
Mismo
tamaño del artículo original errado.
Se realiza
la rectificación en un Artículo de media página aproximadamente.
En la
portada de la revista en su parte superior al igual que en la edición 1356,
se escribirá NACIÓN: “El Rasputín de la Justicia. Rectificación”.
No se
incluyó en la portada el texto ordenado por el juez de tutela.
En la
sección de actualidad, un artículo anunciando: JUDICIAL.-Rectificación.
El
Artículo es publicado en la sección de Actualidad en donde seguidamente en
mayúsculas se consigna el título de rectificación, pero no aparece el título
JUDICIAL exigido por el juez de tutela.
Como
título “El ‘mecenas’ de la justicia”.
Título “El
‘mecenas’ de la justicia".
Causa
de la rectificación mencionando que en la edición N° 1356 del 28 de abril al
5 de mayo de 2008, se incurrió en imprecisiones que deben ser corregidas de
acuerdo a la solicitud del Magistrado José
Alfredo Escobar Araújo, presidente para aquella época del Consejo Superior
de la Judicatura y de conformidad con los soportes probatorios aportados.
"
“Por orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
“SEMANA” se permite manifestar que en la edición #1356 se incurrió en
imprecisiones que deben ser corregidas, de acuerdo con la solicitud del
magistrado José Alfredo Escobar Araújo presidente para aquella época del
Consejo Superior de la Judicatura, y de conformidad con los soportes
probatorios aportados”.
La
expresión subrayada aparece en negrilla.
Indicará
que el homenaje' a los H. Magistrados Carlos Isaac Nader, José Alfredo Escobar Araújo, Rodrigo Escobar Gil, Gustavo José
Gnecco Mendoza, Francisco Escobar Henríquez y Francisco Javier Ricaurte
llevado a cabo en la ciudad de Santa Marta, no fue organizado, ni financiado
por el señor Ascenio Reyes de quien se dijo era el mecenas de la
justicia, como erróneamente se dijo por “Semana”, sino por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Tribunal Contencioso
Administrativo del Magdalena, Consejo Seccional de la Judicatura del
Magdalena, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.
“El homenaje a los magistrados Carlos Isaac Náder, José Alfredo
Escobar Araújo, Rodrigo Escobar Gil, Gustavo José Gnecco Mendoza, Francisco
Escobar Henríquez y Francisco Javier Ricaurte, llevado a cabo en Santa Marta,
no fue organizado ni financiado por el señor Ascenio Reyes, de quien se dijo
erróneamente que era el mecenas de la justicia, sino por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, el Tribunal Contencioso Administrativo
del Magdalena, el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, la
Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.”
Que
dicho señor tampoco asistió al evento porque según los organizadores no fue
invitado y tampoco lo conocen.
“Dicho señor tampoco asistió al evento porque, según sus
organizadores, no fue invitado y tampoco lo conocen. “
-De
igual forma aclarará que la celebración ocurrió en junio 10 de 2005 en Santa
Mar Hotel y no en noviembre 23 en el Club Santa Marta como se registró en la revista.
“La
celebración ocurrió el 10 de junio de 2005 en Santa Marta Hotel y no el 23 de
noviembre en el Club Santa Marta, como se registró en la revista”.
-Que
como Ascencio Reyes no asistió al evento, no es cierto que los Magistrados José
Alfredo Escobar Araújo e Isaac Nader hayan pronunciado en tal oportunidad las
palabras de agradecimiento y de elogio a que se refirió la revista.
“Como Ascencio
Reyes no asistió al evento, no es cierto que los magistrados José Alfredo
Escobar Araújo e Isaac Nader hayan pronunciado en tal oportunidad las
palabras de agradecimiento y de elogio a que se refirió la revista.”
-Que de
acuerdo al escrito enviado a la revista por Ascencio Reyes el 12 de mayo de
2008, él sí participó como organizador del homenaje al doctor Yesid Ramírez
para celebrar su elección como Presidente de la Corte Suprema de Justicia
pero el costo de los pasajes aéreos con Satena, que fue de $ 14.000.000 Y no
de $21,800.000, no fue sufragado- de su bolsillo sino que "fueron
aportados por la mayoría de los 18 magistrados que componen el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila y el Consejo Seccional de la judicatura del
Huila".
“De acuerdo con el escrito enviado a la revista por Ascencio Reyes
el 12 de mayo de 2008, él sí participó como organizador del homenaje al
doctor Yesid Ramírez para celebrar su elección como presidente de la Corte
Suprema de Justicia, pero el costo de los pasajes aéreos con Satena, que fue
de 14.000.000 de pesos, y no de 21.800.000 pesos, no fue sufragado de su
bolsillo sino que "fueron aportados por la mayoría de los 18 magistrados
que componen el Tribunal Superior del distrito judicial de Neiva, el Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila y el Consejo Seccional de la Judicatura
del Huila".”
-Que la
revista en ningún momento quiso vincular a los Magistrados de las altas
Cortes y en especial a José Alfredo Escobar
Araújo con presuntas actividades ilícitas de Ascencio Reyes Serrano o
de José María Ortiz Pinilla, señalado como narcotraficante y
extraditado a los Estados Unidos. '
“La
revista en ningún momento quiso vincular a los magistrados de las Altas
Cortes y en especial a José Alfredo Escobar Araújo con presuntas actividades
ilícitas de Ascencio Reyes Serrano o de José María Ortiz Pinilla, señalado
como narcotraficante y extraditado a Estados Unidos.”
-Que
por consiguiente resulta apresurado y sin fundamento concluir que Ascencio
Reyes es "mecenas de la justicia" o "el Rasputín de la
justicia".
“Por
consiguiente, resulta apresurado y sin fundamento concluir que ASCENCIO REYES
es "mecenas de la justicia " o el "Rasputín de la
justicia".”
-Finalmente,
hará mención explícita de todos los soportes probatorios que anexó el
Magistrado José Alfredo Escobar Araújo para desmentir la información y de los
escritos del Presidente del Tribunal Superior de Santa Marta y el señor
ASCENCIO REYES.(Negrilla fuera del texto)
“Finalmente,
el magistrado Escobar Araújo expresó a esta revista su rechazo a lo dicho en
la edición mencionada mediante comunicación del 30 de abril pasado. En el
expediente obraron además una copia de la invitación hecha por el Distrito
Judicial de Santa Marta al homenaje del que se habla, una carta del señor
Ascencio Reyes Serrano que desmiente lo afirmado en el artículo y dos cartas
de rectificación enviadas a esta revista por el presidente del Tribunal
Superior de Santa Marta, doctor Alberto Rodríguez Akle.”
(ii) Como puede observarse la rectificación publicada
por la revista “Semana” se ajustó a lo ordenado por el juez de segunda
instancia salvo en lo relativo al título que debía aparecer en la portada, al
tamaño de la letra en el título y a la expresión “JUDICIAL” en el anuncio que
debía realizar en la “sección de actualidad”.
5.2.9. Esta Sala considera que la revista “Semana”
interpretó razonablemente la manera como debía corregir la información que
había divulgado sobre el demandante: publicó un nuevo artículo titulado como “El
‘mecenas’ de la Justicia”, tal y como lo fue la impresión objeto de debate;
su contenido expresó lo dispuesto por el juez constitucional en la parte
resolutiva de su decisión e hizo mención de los soportes probatorios que anexó
el Magistrado para desmentir la información, en particular de los escritos del
Presidente del Tribunal Superior de Santa Marta y el señor Ascencio Reyes; se
presentó en un espacio de media página superior al espacio en que se menciona
al demandante en el artículo original[128] y con un
despliegue semejante al del artículo inicialmente publicado, en una sección de
importancia dentro de la revista como lo es la sección de ACTUALIDAD y con
presentación de una fotografía del demandante.
5.2.10. Si bien el tamaño y colores del título “El
‘mecenas’ de la Justicia” no son exactamente iguales a los del inicial, tal
circunstancia no resulta relevante en el presente caso para considerar que se
haya desatendido la orden de tutela, pues la finalidad de corregir la
información inicial errada y de restablecer el buen nombre del demandante se ha
cumplido con la nueva publicación así caracterizada, no siendo posible afirmar,
como sí ocurrió en la primera rectificación, que el tamaño y lugar utilizados
por la revista para publicar la rectificación no son adecuados para llamar la
atención del lector sobre el artículo. En efecto, la rectificación que nos
ocupa restaura el equilibrio entre la información y los derechos del
demandante, en condiciones de equivalencia, sin que proceda la exigencia de una
correspondencia matemática, a que ha aludido la Corte, entre los rasgos y
características de la publicación original y la rectificatoria. Adicionalmente,
al rehacer la información, la revista reconoce pública y expresamente haber
incurrido “en imprecisiones que deben ser corregidas, de acuerdo con la
solicitud del magistrado José Alfredo Escobar Araújo presidente para aquella
época del Consejo Superior de la Judicatura, y de conformidad con los soportes
probatorios aportados”.
5.2.11. El criterio de razonabilidad también debe ser
consultado al momento de precisarse judicialmente la oportunidad de la
publicación. Así, la orden de presentación de la rectificación en la “siguiente
edición a la fecha en que se notifique el presente fallo” pudo llegar a
resultar desproporcionada como carga en cabeza de medios que, por las
particularidades del proceso de impresión, se encuentren en seria dificultad de
cumplir tal mandato judicial sin afectar la regularidad de su circulación y
distribución al público o sacrificar información valiosa para la sociedad. De
este modo, la libertad de información y prensa demandan un lapso razonable para
la realización de la rectificación, ya que la rigidez en la determinación de
los plazos y fechas puede afectar derechos de prensa y de información de la
sociedad. Una definición de publicación de la nota correctiva, por ejemplo en
las ediciones inmediatamente siguientes, tiene la virtud de armonizar la efectividad
de la rectificación con las limitaciones y exigencias que recaen sobre los
medios de comunicación social.
6. Conclusión.
La Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, al
fallar el proceso de tutela instaurado por José Alfredo Escobar Araújo contra
el director de la revista “Semana”, Alejandro Santos Rubino, decidirá lo
siguiente:
6.1. Confirmar la decisión de tutelar el derecho
fundamental a la honra y al buen nombre del accionante, adoptada por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de septiembre
de 2008. Así, dar por ajustadas a la Constitución las órdenes de rectificación
relativas a: hacer explícita la misma, señalar su causa, la real autoría de la
financiación y organización del homenaje ofrecido en Santa Marta al accionante
- su lugar y hora de realización - y del ocurrido en Neiva, los concurrentes al
mismo, las circunstancias de tiempo y lugar de la emisión de palabras de
agradecimiento por el accionante, la no vinculación del accionado con presuntas
actividades ilícitas de terceras personas, y la mención de soportes probatorios
de sus afirmaciones.
6.2. Revocar la orden de rectificación dictada por el
Tribunal Superior, en lo relacionado con:
(i) La fecha de la rectificación “en la siguiente
edición a la fecha en que se notifique el presente fallo” (tomado de la
sentencia de 2ª instancia).
(ii) Las características de diagramación de la
rectificación “con los mismos caracteres, colores, tamaño del artículo
original errado” (tomado de la sentencia de 2ª instancia).
(iii) La expresión “en la portada de la revista en
su parte superior al igual que en la edición 1356, se escribirá NACION: El
Rasputín de la justicia. Rectificación”.
(iv) La ubicación del artículo en una sección
predeterminada.
(v) La publicación de la siguiente expresión: “resulta
apresurado y sin fundamento concluir que Ascencio Reyes es ‘mecenas de la
justicia’ o el ‘Rasputín de la justicia’ (tomado de la sentencia de 2ª
instancia).
Lo anterior, por considerar que tales órdenes (i, ii,
iii, iv), desconocen reglas jurisprudenciales del derecho de rectificación
(razonabilidad del término, equivalencia y no exactitud en sus características
técnicas, finalidad de la misma) y tienen capacidad de afectar el derecho de
información y prensa del medio compelido a la rectificación y, finalmente, (v)
por ordenar rectificar opiniones -no informaciones-, con menoscabo de la
libertad de expresión y de opinión.
6.3. En consecuencia, la Corte se abstiene de ordenar
una nueva rectificación al director de “Semana”, por considerar que la ya
realizada se ajusta a lo prescrito por la Corte Constitucional respecto del
derecho de rectificación, derecho a la honra y al buen nombre y libertad de
información, opinión y prensa, con lo cual se entiende restablecido el derecho
lesionado del accionante. En suma, no se ordenará al citado medio de
comunicación que efectúe una nueva rectificación, pues la violación a los
derechos del demandante cesó en el momento que se realizó la publicación
ordenada por el juez constitucional que se adecúa a lo previsto en la
jurisprudencia de esta Corte.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la decisión de tutelar el derecho fundamental a la honra y
buen nombre del señor José Alfredo Escobar Araujo, adoptada por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en providencia de 12 de
septiembre de 2008.
Segundo. CONFIRMAR la decisión de no conceder el amparo al derecho a la
intimidad del accionante, adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en providencia de 12 de septiembre de 2008.
Tercero. REVOCAR la orden de rectificación dictada por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en providencia de 12 de septiembre
de 2008, en lo relacionado con lo definido en la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto. ABSTENERSE de ordenar al señor Alejandro Santos Rubino, director de la
revista “Semana”, que efectúe una nueva rectificación, por considerarla ya
realizada de acuerdo con lo prescrito en la presente sentencia.
Quinto. Por Secretaría General, líbrese la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada (E)
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela fechada el 28 de julio de 2008. Ver
folios 1 a 18 del cuaderno 1.
[2] Revista Semana, edición 1356, del 26 de mayo de 2008.
[3] Folios 40 a 46 del cuaderno 1.
[4] Folios 19 a 21 del cuaderno 1.
[5] Folio 34 del cuaderno 1.
[6] Folios 22y 23 del cuaderno 1.
[7] Folios 25 a 27 del cuaderno 1. Allí, en su calidad de Presidente del
Tribunal Superior de Santa Marta, solicitó a la revista “Semana” aclarar en
iguales términos de la difusión inicial lo publicado en el artículo “El
‘Mecenas’ de la Justicia” donde “se afirma que un homenaje rendido a los
Honorables Magistrados Costeños que ocupan cargos en las Altas Cortes, fue
organizado y financiado en cuanto al transporte, por alguien a quienes ustedes
ponen en tela de juicio por tener algún tipo de vínculos con un
narcotraficante”. Añade la comunicación citada que:“No podemos menos que
rechazar enérgicamente tal afirmación, por cuanto su contenido es mal
intencionado, perverso y carente de toda realidad. // Si bien el escritor se
cuidó de no referenciar al Tribunal de Santa Marta como organizador de ese
agasajo, del contenido del artículo se infiere que su logística estuvo a cargo
de este organismo, como o efectivamente así ocurrió. Sin embargo, en el texto
incurren en aseveraciones carentes de verdad que hacen indispensable un
pronunciamiento de nuestra parte al respecto”. (…) // Vale la pena
aclarar, que regularmente los Honorables Magistrados de las Altas Cortes vienen
o esta ciudad a cumplir eventos académicos u oficiales, invitados por esta
Corporación, jamás por el particular que ustedes identifican como Ascencio
Reyes, a quien no conocernos, ni mucho menos puede figurar como organizador de
evento alguno en el cual tenga participación el Tribunal de Santa Marta. // Todas
y cada una de las actividades que se organizan por esta entidad judicial, se
sostienen con nuestro propio patrimonio, con nuestro sueldo, mediante cuotas
que se establecen en su debido momento, conformando un tondo especial. // En la
línea aérea Avianca reposa la compra de tiquetes, con dineros desembolsados
personalmente por nuestra Tesorera, la Honorable Magistrada Luz Dary Rivera
Goyeneche, quien puede dar fe de tales erogaciones.”
[8] Folios 28 a 31 del cuaderno 1. El señor Ascencio Reyes solicitó a la
revista “Semana” rectificar lo dicho en el artículo reprochado señalando que: “Respecto
del evento de Neiva mencionado en el artículo debatido señala: “asumí con
entusiasmo la tarea de coordinar el evento, para lo cual me encargue de.
distribuir las invitaciones, contratar el transporte y elaborar el programa
respectivo. En ejercicio de tal encargo, a través de la Agencia de Viajes y
Turismo Basan, de propiedad de mis dos hijas y mi ex esposa, se nos recomendó,
para reducir costos y para garantizar la seguridad de estas personalidades,
contratar con la aerolínea Satena, por cuenta inicialmente de dicha empresa, el
servicio de dos vuelos chárter en la ruta Bogotá — Neiva - Bogotá, para
trasladar a todos los invitados especiales, entre quienes se encontraban, por
supuesto la mayoría de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de
otras Altas Cortes. Aún cuando inicialmente el valor previsto fue de 21,8
millones de pesos, lo cierto es que como quiera que solo fue necesario realizar
3 vuelos, el valor final que se canceló por dicho servicio, como lo puede
certificar Satena, fue de 14 millones de pesos, los cuales fueron aportados por
la mayoría de los 18 Magistrados que componen el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y entregados por el suscrito a
Viajes y Turismo Basan” Añadió el señor Reyes:“…me honra la amistad que
sostengo de tiempo atrás con distinguidos Magistrados del Poder Judicial
Colombiano, el cual se eleva majestuoso ante las demás Ramas del Poder Público.
(…) //“En segundo lugar, tampoco es cierto y constituye otra calumnia e injuria
afirmar que organicé, coordiné y mucho menos financié en Noviembre de 2005 un
homenaje para el Magistrado José Alfredo Escobar Araújo en la ciudad de Santa
Marta. Según tengo entendido dicho evento se realizó el 10 de Junio del año
2005, en honor de los Magistrados Carlos Isaac Naden, Francisco Javier Ricaurte
Gómez, Rodrigo Escobar Gil, Francisco Escobar Henríquez, Gustavo Onecco Mendoza
y José Alfredo Escobar Araújo, al cual no asistí porque no fui invitado al acto
y tampoco tuve la posibilidad de colaborar a su realización”.
[9] Folio 33 del cuaderno 1.
[10] Folio 35 del cuaderno 1.
[11] Folio 32 del cuaderno 1.
[12] Folios 74 a 76 del cuaderno 1.
[13] Folios 74 a 76 del cuaderno 1.
[14] Folios 77 a 79 del cuaderno 1.
[15] Menciona el Tribunal que “Respecto del homenaje a Santa Marta dice
el controvertido artículo: ‘… en este caso, Ascencio Reyes figura como el
organizador del evento. Ese 23 de noviembre, en el club de Santa Marta, el
magistrado José Alfredo Escobar Araujo, como presidente del Consejo Superior de
la judicatura, no ahorró elogios para él:… (…) … Es evidente que los
magistrados lo aprecian mucho. Incluso algunos le contaron a SEMANA que Reyes
puede llevar unos 20 años codeándose con los principales jueces del país y sabe
para qué es el poder’ (Subrayado nuestro).
Lo anterior deja entrever a la Sala que la revista
Semana con esta nota ha colocado no solamente al ciudadano Escobar Araújo como
funcionario público que se codea con Reyes, sino a los jueces del país y además
de eso sabe para qué es el poder. Se pregunta la Sala el poder de qué, que puede
hacer él – Señor Reyes – si es conocido por los jueces del país, en qué puede
influir sobre ellos, sobre qué y para qué, o sea, qué beneficios saca o ha
sacado con estas amistades”.
[16] El Tribunal reprodujo los interrogantes planteados por la revista así:
“¿Qué explicación dan los magistrados homenajeados, Yesid Ramírez y José
Alfredo Escobar? ¿Porqué las palabras de gratitud del ex presidente de la
Corte Carlos Isaac Náder? ¿Los otros magistrados fueron ingenuos al no preguntar
quién pagaba tanto confort?....”
[17] COSER, Lewis A. The notion of power: theoretical developments. In:
COSER, L. A. y ROSENBERG, B. Sociological theory. A book of readings. Nueva York y Londres: Macmillan, 1976.
[18] Entre las muchas definiciones de poder está la de José Carpizo “El
poder es una relación en la cual una persona, un grupo, una fuerza, una
institución o una norma condiciona el comportamiento de otra u otras, con
independencia de su voluntad y su resistencia”, en: “Los medios de comunicación
masiva y el Estado de derecho, la democracia, la política y la ética” México,
Boletín Mexicano de Derecho Comparado. N° 96 septiembre diciembre de 1999.
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/96/art/art2.pdf[18]
[19] STC 176/1995
[20] Stein Velasco José Luis F. “Democracia y medios de comunicación”
México, Universidad Nacional Autónoma de México, instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2005
[21] Sentencia No. T-611/92 M.P. Alejandro
Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
[22] Sentencia T-1040 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[23] Para diferenciar la indefensión del estado de subordinación, previsto
también en el artículo 86 de la Constitución, la Corte precisó: "...la
subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia,
como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con
los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del
establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace
referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona
respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un
orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica
en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida
ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que
se trate" Sentencia T-290 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[24] Sentencia T-066 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] Sentencia T-498 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, T-368 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz, T-796 de 1999, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[26] Sentencias T-584 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-152 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil, T-579 de 1995 y T-375 de 1997,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-602 de 1998, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[27] Sentencia T-697 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[28] Sentencia T-394 de 1999, M. P. Martha Victoria
Sáchica de Moncaleano.
[29] Sentencia T-329 de 2005, M. P. y T-331 de 2005, M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[30] Sentencia T-947 DE 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[31] Sentencia T-611 de 1992 M.P. Alejandro
Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz
[32] Sentencia T-611 de 1992 M.P. Alejandro
Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz
[33] Ver entre otras las sentencias T-611 de 1992 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-263 de 1998.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-1319 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-392 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar
Gil y T-787 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[34] Ver sentencias C-255 de 1997 y T-622 de 1995 entre
otras.
[35] Sentencia C-010 de 2000 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[36] Sentencia T-074 de 1995 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[37] Sentencia T-074 de 1995 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[38] Cfr. Sentencia T-213 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[39] Cfr. Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[40]Organización de los Estados Americanos. Derecho
a la libertad de pensamiento y expresión y la importancia de los medios de
comunicación. Asamblea General. Ag/Res. 2287 (Xxxvii-O/07). Aprobada en la
cuarta sesión plenaria, del 5 de junio de 2007. Tomado de: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5843.pdf
[41] Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esta sentencia la
Corte estudió el caso de un alcalde municipal que presentó tutela contra la
Revista Semana, con fundamento en la publicación que ese medio hizo de un
informe denominado “Los Alcaldes de la Guerrilla”, según el cual se informaba
que con fundamento en un documento de inteligencia del ejército, existían 138
alcaldes que podían tener vínculos con las FARC. El burgomaestre que presentó
la tutela alegó que con ese artículo, se le violaron sus derechos fundamentales
a la honra, buen nombre, etc. La Corte consideró efectivamente vulnerados los
derechos fundamentales de los afectados.
[42] Cfr. Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[43] Sentencia T- 332 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[44] Corte I.D.H. La colegiación obligatoria de
periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
[45] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 117.
[46] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 117. Cfr. Caso Herrera Ulloa, supra nota
1, párr. 117.
[47] En el caso Kimel vs. Argentina del 2 de mayo de 2008, la Corte
Interamericana advirtió también de la necesidad de proteger los derechos
humanos de quien “enfrenta el poder de los medios” (párr. 57).
[48] Cfr. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[49] Cfr. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[50] Cfr. Sentencia T-368 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz.
[51] Cfr. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[52] Cfr. Sentencia T-512 de 1992. M.P. José Gregorio
Hernández.
[53] Cfr. Sentencia T-080 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[54] Sentencia
391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[55] La jurisprudencia del Sistema Interamericano insiste en la prohibición
de la censura previa y sólo autoriza responsabilidades ulteriores. En ese
sentido, las restricciones a la libertad de expresión que sean invocadas
deberán estar orientadas necesariamente a satisfacer un interés superior
imperativo. En el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos (Art. 10),
se debe demostrar la “existencia de una necesidad social imperiosa” para las
restricciones a la libertad de expresión. Con todo, el Artículo 13 de la
C.A.D.H. señala específicamente una restricción a la libertad de expresión
consistente en el deber de prohibición por ley de los Estados Parte, de “toda
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Al respecto
revisar: Claudia Martín, Diego Rodríguez Pinzón y José A. Guevara,
compiladores, en: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Washington
Collage of Law, American University, 2004.
[56] Corte I.D.H. Opinión Consultiva OC-5/85.
[57] Véase, Justicia Penal y Libertad de Prensa. San José de Costa
Rica, ILANUD, Comisión de las Comunidades Europeas, 1992. Citado por: Eduardo
A. Bertoni, El Derecho a la Libertad de Pensamiento y expresión en el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en: Claudia
Martín, Diego Rodríguez Pinzón y José A. Guevara, compiladores, en: Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Washington Collage of Law, American
University, 2004.
[58] Según la sentencia T- 391 de 2007: “El artículo 20 de la Carta
Política consagra varios derechos y libertades fundamentales distintos. (a) La
libertad de expresar y difundir (…) Esta libertad fundamental constituye
la libertad de expresión stricto senso, y tiene una doble
dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se
está expresando. (b) La libertad de buscar o investigar información
sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de informar
y la de recibir información, configura la llamada libertad de información.
(c) La libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos
como información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier
medio de expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad
de recibirla, configura la llamada libertad de información. (d) La
libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre
hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de
expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de
información. (e) La libertad de fundar medios masivos de comunicación.
(f) La libertad de prensa, o libertad de funcionamiento dichos medios
masivos de comunicación, con la consiguiente responsabilidad social. (g) El derecho
a la rectificación en condiciones de equidad. (h) La prohibición de la
censura, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, (i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del
odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, (j) La prohibición
de la pornografía infantil, y (k) La prohibición de la instigación
pública y directa al genocidio.”
[59] Cfr. Sentencia T-1198 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[60] Cfr. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[61] Cfr. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[62] Cfr. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[63] Sentencia T-080 de 1993 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-602 de 1995 MP. Carlos Gaviria Díaz.
[64] Sentencia T-1198 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[65] Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[66] Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[67] Sentencia T-080 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[68] Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[69] T-213 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[70] Sentencia T-1319 de 2001, sentencia T-028 de
1996.
[71] Sentencia T-048
de 1993. M. P. Fabio Morón Díaz.
[72] Sentencia T-602 de 1995. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[73] Sentencia T-263 de 1998.
[74] T-1329 de 2001, M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes.
[75]Sentencia T-1319 de 2001, M. P.
Rodrigo Uprimny Yepes.
En esa sentencia se dijo que existe una protección prima facie de la
libertad de opinión a partir de la Carta del 91 y que como no se trata de un
derecho absoluto, puede entrar en colisión con otros derechos fundamentales
como el buen nombre, la honra, la vida y la integridad física.
[76]Ver sentencia T-066
de 1998 y SU-1721 de 2000. M. P. Álvaro Tafur Gálvis.
[77]Sentencia T-602 de 1995. M. P. Carlos
Gaviria Díaz.
[78]Sentencia T-1198 de 2004, M.P.
Rodrigo Escobar Gil. Mediante esta sentencia la Corte ordenó una rectificación
a un columnista del semanario El Espectador con ocasión de la denuncia de
supuestas irregularidades de una funcionaria, pero dejó clara la ausencia de
responsabilidad del medio de comunicación en cuanto a las opiniones expresadas
por sus columnistas.
[79] Sentencia
SU-1721 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Gálvis.
[80] Cfr. Sentencia T-411 de 1995
[81] Cfr. Sentencia T-1319 de 2001 M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes
[82] Sentencia SU-056 de 1995. M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[83] Sentencia C-063 de 1994
[84] Ver sentencias T-1319 de 2001 y C-489 de 2002, entre
otras.
[85] Sentencia T-80 de 1993. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[86] Sentencia T-947de 2008 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. “…el derecho al buen nombre no se refiere exclusivamente al
concepto que se tenga de una persona, sino que igualmente hace referencia a la
buena imagen o representación externa del sujeto…”
[87] Sentencia No. T-090/96 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Ver además sentencias T-471 de 1999 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, T-405 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-947de 2008 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[88] Sentencia No. T-090/96 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[89] Ver Sentencia SU-056 de 1995 M.P. Antonio Barrera
Carbonell; T-293 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández.
[90] Ver Sentencia T-512 de 1992 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[91] Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[92] Sentencia Su- 1721 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[93] Sentencia SU-1723 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[94] Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[95] Eduardo A. Bertoni. El Derecho a la
Libertad de Pensamiento y expresión en el Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos, en: Claudia Martín, Diego Rodríguez Pinzón y José
A. Guevara, compiladores, en: Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Washington Collage of Law, American University, 2004.
[96] Caso citado por Eduardo A. Bertoni Op Cit.
[97] En Argentina la Corte Suprema de Justicia adoptó ese
estándar en el caso J.M. Morales Solá. Dijo esa Corte lo siguiente: “Esa
doctrina (real malicia) se resume en la exculpación de los periodistas acusados
criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por
informaciones falsa poniendo a cargo de los demandantes la prueba de que las
informaciones falsas lo fueron con conocimiento de que lo era o con imprudente
y notaria despreocupación sobre su veracidad. El derecho de prensa no ampara
los agravios, la injuria, la calumnia, la difamación. No protege la falsedad ni
la mentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta
despreocupación por verificar la realidad de la información. Ampara, si a
la prensa, cuando la información se refiere a cuestiones públicas, a
funcionarios, figuras públicas o particulares involucrados en ella, aún si la
noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, en cuyo caso los que se
consideran afectados, deben demostrar que el periodista conocía la falsedad de
la noticia y obró con real malicia con el propósito de injuriar o calumniar”.
Tomado de: Diego Rodríguez Pinzón y otros. La Dimensión Internacional de los
derechos Humanos. Guía para la aplicación de la norma internacionales.
Washington 1999.
[98] Tomado de Eduardo A. Bertoni. Op Cit, página 455.
[99] En este caso el periodista Lingens publicó dos
artículos en la revista Austriaca “Profil” donde era jefe de redacción, en los
que criticaba duramente al canciller Bruno Kreisky por proteger con motivos
políticos a una persona que había servido en la SS calificándolo por ese hecho,
de “inmoral e indigno”. El Canciller querelló al periodista y obtuvo condena
penal, por cuanto este no pudo probar la verdad de sus afirmaciones. La
Corte Europea, que protegió los derechos el periodista, alegó que a la prensa
le compete publicar informaciones e ideas sobre lo que se discute en el terreno
político, incluso si son ásperas para algunos. Por lo tanto a pesar de se
alegue la protección de los derechos como el de la reputación, este debe ser
pesado sobre la base del interés de una discusión política abierta en aspectos
políticos. Ver CEDH. Lingens vs. Austria. Sentencia del 8 de julio de 1986.
Dijo la Corte:”una cuidadosa distinción debe hacerse entre hechos y juicios
de opinión. Los hechos pueden ser demostrados mientras que la verdad de
los juicios de valor no es susceptible de prueba. Los hechos sobre los
cuales el demandante fundo sus opiniones, no pueden ser negados y además
éste obró de buena fe”. Ver
Alistair Mowbray. Cases and Materials on the European Convention of Human
Rights. Oxford University Press.
2007.
[100] En este caso, el editor de una revista publicó un
artículo en el que señaló que un líder político de Austria era un “idiota”, por
haber dado un discurso en el que alegaba que los soldados que habían servido en
la Segunda Guerra Mundial independientemente del lado en el que habían luchado,
habían peleado por la paz y la libertad y eran los únicos con derecho a alegar
la libertad de expresión en los tiempos modernos. La Corte consideró que la
palabra “idiota” debía ser considera ciertamente polémica pero no podía por ese
hecho ser estimada como un ataque personal gratuito en contra del líder
político, bajo el supuesto de que el autor mismo había dado en su columna
razones objetivas para una afirmación que él mismo entendía como provocativa.
Además, se trata de una opinión del periodista cuya verdad no es susceptible de
prueba. Una opinión en ese sentido puede ser considerada excesiva en algunos
casos, según la Corte, pero no en este, porque si bien llamar a una persona
pública de esa forma puede ser ofensivo, en este caso la palabra no parece
desproporcionada bajo el contexto en que explica su opinión en ciudadano en
mención.
[101] En ese caso, el demandante escribió un artículo en el
que acusaba a algunas autoridades del Gobierno de unas desapariciones. La
expresión que usó fue la siguiente: “Detrás de estos actos sólo puede estar el
gobierno”. El periodista fue acusado de insultar al gobierno y por consiguiente
fue procesado por el Estado. Ante la Corte Europea se declaró en su favor la
violación del artículo 10. Dijo la Corte: “En los sistemas democráticos, las
acciones u omisiones del gobierno tienen que ser sometidas a un fuerte
escrutinio por el gobierno, la prensa y la opinión pública”. Ver Alistair Mowbray. Cases and Materials
on the European Convention of Human Rights. Oxford
University Press. 2007.
[102] Tomado de Eduardo A. Bertoni. Op Cit, página 455.
[103] Celeste Gay Fuentes. La jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos del Hombre en materia de libertad de expresión y su
aplicación por el Tribunal Constitucional Español. Tomado de: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1989_120_259.PDF
[104] En la sentencia del Tribunal constitucional español
107 de 1988, se dijo que en el caso de que se haga uso de la libertad de
expresión no puede pedirse la verdad de lo difundido por cuanto a diferencia de
la libertad de información esa libertad es más amplia, aunque esa presunción
pierde su razón de ser en el supuesto de que se ejercite con respecto a
conductas privadas, carentes de interés público cuya difusión y enjuiciamiento
sean innecesarios para la formación de una opinión pública libre.
[105] Eduardo Gabriel Kimel es un periodista, escritor e
investigador histórico, que publicó varios libros relacionados con la historia
política argentina, entre ellos “La masacre de San Patricio”, en el que expuso
el resultado de su investigación sobre el asesinato de cinco religiosos. El
libro criticó la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de
los homicidios, entre ellas un juez. Conforme a lo expuesto por la Comisión. El
Juez mencionado por el señor Kimel promovió una querella criminal en su contra
por el delito de calumnia, señalando que “si bien la imputación deshonrosa
hecha a un Magistrado con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones
constituiría desacato en los términos del art[ículo] 244 del Código de Fondo,
hoy derogado, la específica imputación de un delito de acción pública configura
siempre calumnia”.
[106] Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 98 y Caso
Herrera Ulloa.
[107] Sentencia T-074 de 1995. Ver también las
sentencias T-472 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz T-479 de 1993 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, T-066 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-626
de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[108] Adicionalmente el Código Deontológico Europeo de la
Profesión Periodística prescribe que “A petición de las personas afectadas,
se rectificará por los medios de comunicación, con el tratamiento informativo
adecuado de manera automática y rápida, las informaciones y las opiniones que
sean falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones
adecuadas y si es necesario indemnizaciones por los daños”. Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, “Código Deontológico Europeo de la
Profesión Periodística” Resolución aprobada por unanimidad en Estrasburgo, 1
de Julio de 1993.
[109] Sentencia. T-074 de 1995 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[110] Sentencia T-074 de 1995 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[111] Sentencia T-274 de 1993 M.P. Jorge Arango
Mejía “..la rectificación, en rigor, implica el reconocimiento público del
error”.Ver además T-332 del 12 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[112] Sobre la rectificación en condiciones de equidad se pueden
consultar las sentencias T-332 de1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
T-603 de 1992 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, T-274 de 1993 M.P. Jorge Arango
Mejía, T- 332 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-479 de 1993 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-595 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
T-259 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T.381 de 1994 M.P.. Hernando
Herrera Vergara T-074 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-472 de 1996
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-066 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-
1198 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-626 de 2007 M.P. Jaime Córdoba
Triviño, Sentencia T-787 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[113] Sentencia T-684 de 2004 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández. “La
rectificación en sí, no contiene formulas sacramentales, pues la forma como
ésta debe realizarse depende de cada caso concreto. Con todo, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que ésta debe hacerse con igual despliegue e
importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente[113].
[114] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[115] Sentencia
T-066 de 1998.
[116] Sentencia
T-074 de 1995.
[117] Sentencias
T- 050 de 1993; SU- 056 de 1995 y T-437 de 2004.
[118] Sentencias
T- 050 de 1993; SU- 056 de 1995 y T-437 de 2004.
[119] Esta
diferenciación se deriva de la consideración de la libertad de información y la
libertad de opinión como distintas dimensiones de la libertad de expresión a
las que se les asignan diferentes alcances. Mientras que la libertad de opinión
no tiene prima facie restricciones, la libertad de información admite
algunas restricciones derivadas de las exigencias de veracidad e imparcialidad.
(T- 048 de 1993).
[120] Sentencia
SU 1721 de 2000. En esta sentencia se decidió la tutela interpuesta contra un
columnista que se refirió de manera crítica a la gestión adelantada por un
funcionario de una entidad estatal, quien consideró que con ocasión de la
publicación se le vulneraron sus derechos fundamentales a la honra y el buen
nombre. El funcionario concernido solicitó la rectificación mediante una carta
que envió al medio, cuyo texto fue publicado con la correspondiente réplica del
columnista. El funcionario concernido consideró que tal proceder no permitió
aclarar completamente el contenido de la publicación. La Corte confirmó la
decisión de segunda instancia que concedió parcialmente la tutela al constatar
que algunos de los hechos en los cuales el periodista fundó sus opiniones no
eran ciertos.
[121] Esta subregla fue aplicada en la sentencia T-1198 de
2004.
[122] Folio 10 cuaderno 1.
[123] Menciona el Tribunal que “Respecto del homenaje a
Santa Marta dice el controvertido artículo : ‘… en este caso, ASCENCIO Reyes
figura como el organizador del evento. Ese 23 de noviembre, en el club de Santa
Marta, el magistrado José Alfredo Escobar Araujo, como presidente del Consejo
Superior de la judicatura, no ahorró elogios para él:… (…) … Es evidente que
los magistrados lo aprecian mucho. Incluso algunos le contaron a SEMANA que
Reyes puede llevar unos 20 años codeándose con los principales jueces del país
y sabe para qué es el poder’ (Subrayado nuestro).
Lo anterior deja entrever a la Sala que la revista
Semana con esta nota ha colocado no solamente al ciudadano ESCOBAR ARAUJO como
funcionario público que se codea con Reyes, sino a los jueces del país y además
de eso sabe para qué es el poder. Se pregunta la Sala el poder de qué, que
puede hacer él – Señor Reyes – si es conocido por los jueces del país, en qué
puede influir sobre ellos, sobre qué y para qué, o sea, qué beneficios saca o
ha sacado con estas amistades”.
[124] El Tribunal reprodujo los interrogantes planteados
por la revista así: “¿Qué explicación dan los magistrados homenajeados,
Yesid Ramírez y José Alfredo Escobar? ¿Porqué las palabras de gratitud
del ex presidente de la Corte Carlos Isaac Náder? ¿Los otros magistrados
fueron ingenuos al no preguntar quién pagaba tanto confort?....?”
[125] Sentencia No. T-074 de 1995 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
“Por el sólo hecho de publicar algo, el medio
respectivo se responsabiliza de lo publicado. Si ha recurrido a terceros en
calidad de fuentes y hace públicos los datos que ellos suministran, sin
ocuparse en su verificación, asume los riesgos inherentes al crédito que les ha
concedido”.
[126] Sentencia T-259 de 1994 MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
[127] Sentencia T-602 de 1995 MP. Carlos Gaviria Díaz.
[128] Sentencia T-066 de 1998 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. “La equivalencia
no puede predicarse de la extensión”.