C-274-16
Sentencia
C-274/16
NORMA DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE
LA PROFESION DE ENFERMERIA-Exclusión del ordenamiento que preveía la
posibilidad de disposiciones legales y reglamentarias que permitieran
tratamientos que atenten contra los derechos a la vida, la dignidad y los
derechos humanos de los pacientes.
NORMA DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE
LA PROFESION DE ENFERMERIA-Atribución del profesional de enfermería de
Ejercer su derecho de objeción de conciencia/OBJECION DE CONCIENCIA POR
PROFESIONAL DE ENFERMERIA-Ejercicio conforme a los lineamientos
constitucionales establecidos en la jurisprudencia constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
mínimos
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE
DERECHO-Dignidad, vida e integridad como pilares fundamentales
PROTECCION CONSTITUCIONAL A LA
INTEGRIDAD FISICA Y MORAL DE LA PERSONA-Genera claras obligaciones para el
Estado y los particulares
EJERCICIO DE LA PROFESION DE
ENFERMERIA-Responsabilidad deontológica  y respeto de los derechos humanos
DEONTOLOGIA-Definición
La
Deontología, en el campo de las profesiones, ha sido considerada como una
disciplina que opera “como puente entre lo ético y lo jurídico, en sentido
estricto puede considerarse a ésta como el conjunto de normas de menor grado de
positivación, que no están regidas por sanción estatal, pero que sin ser
netamente jurídicas sí que implican disposiciones disciplinarias, dado que
emanan de un órgano de control profesional (o de autocontrol de la profesión),
es decir, de la organización colegial específica de cualquiera de las
profesiones existentes. Cabe decir, por tanto, que la deontología es una ética
de mínimos, pues constituye los deberes mínimamente exigibles a cualquier
profesional.
EJERCICIO DE LA PROFESION DE
ENFERMERIA-Acto de cuidado se erige sobre la base del respeto y la no
discriminación por razones de edad, raza, credo, cultura, discapacidad,
identidad de género, orientación sexual, opinión política, nacionalidad o
condición social/CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PARA LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA-Instrumento
internacional
PROFESION DE ENFERMERIA-Dimensión
social
CODIGOS DEONTOLOGICOS-Alcance
PROFESION DE ENFERMERIA-Regulación
de la responsabilidad deontológica para su ejercicio
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
OBJECION DE CONCIENCIA EN EL AMBITO DE LA SALUD-Contenido y alcance/OBJECION
DE CONCIENCIA EN EL AMBITO DE LA SALUD-Límites/OBJECION DE CONCIENCIA
POR PROFESIONALES DE LA SALUD-Requisitos sustanciales
OBJECION DE CONCIENCIA-Titularidad
DERECHO FUNDAMENTAL A OBJETAR
CONCIENCIA-Su efectividad no está subordinada a la regulación legal, se
encuentra íntimamente relacionado con el carácter democrático y pluralista del
sistema político y se inserta en la cláusula general de libertad
Referencia: expediente D-11099
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 9 de la Ley
911 de    2004 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de
responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en
Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan
otras disposiciones”.
Actores: William Fernando Castañeda Ariza y William Eduardo
Mejía Aguilar.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá D.C.,
veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067
de 1991, ha proferido la presente Sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241, numeral 4º
de la Constitución, los ciudadanos William Fernando Castañeda Ariza y William
Eduardo Mejía Aguilar solicitan a esta Corte que declare la inexequibilidad del
parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de 2004, por considerar que vulnera los artículos
1º, 11, y 12 de la Constitución Política.
Mediante auto del 10 de noviembre de
2015, el magistrado sustanciador admitió la demanda al constatar que reunía los
requisitos exigidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.
En la misma providencia dispuso correr
traslado al Procurador General de la Nación, a fin  de que emitiera su concepto
en los términos establecidos en los artículos 241-2 y 278-5 de la Constitución;
se fijó en lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara
o defendiera la norma y se comunicó de la iniciación del mismo al Presidente de
la República, al Presidente del Congreso, para los fines previstos en el
artículo 244 de la Carta, así como al Ministro del Interior, al Ministro de
Justicia y del Derecho, y al Ministro de Salud.
Adicionalmente se invitó a participar a
las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia,
Javeriana, Nacional de Colombia, de los Andes, Sergio Arboleda, Icesi de Cali,
Libre, Eafit de Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de
Antioquia y del Rosario, para que intervinieran en el proceso con la finalidad
de que rindieran concepto técnico sobre la constitucionalidad de la disposición
demandada.
Así mismo, a la Superintendencia Nacional
de Salud, a las Facultades de Enfermería de las Universidades Nacional de
Colombia, de la Sabana, del Bosque, y de la Pontificia Universidad Javeriana. A
la Asociación Colombiana de facultades de Enfermería – Acofaen, a la Fundación
Pro Derecho a Vivir dignamente, y  a la Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia-ANEC.
Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley
2067 de 1991, esta Corporación procede a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II.
NORMA DEMANDADA
A continuación se
transcribe la norma demandada según publicación en el Diario Oficial No  45.693 de 6 de octubre de 2004,
subrayando y destacando el segmento acusado.
“LEY 911 DE 2004
(Octubre 5)
Diario Oficial No.
45.693 de 6 de octubre de 2004
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por la cual se
dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el
ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el régimen
disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones.
(…)
TÍTULO III.
RESPONSABILIDADES DEL
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA PRÁCTICA.
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES
DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CON LOS SUJETOS DE CUIDADO.
Artículo 9. Es
deber del profesional de enfermería respetar y proteger el derecho a la vida de
los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Asimismo respetar su
dignidad, integridad genética, física, espiritual y psíquica.
La violación de
este artículo constituye falta grave.
PARÁGRAFO: En los
casos en que la ley o las normas de las instituciones permitan procedimientos
que vulneren el respeto a la vida, la dignidad, y  derechos de los seres
humanos, el profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de
conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus derechos o imponérsele
sanciones.”
III. LA DEMANDA
Los ciudadanos
demandantes consideran que el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de 2004 es
contrario a los artículos 1°, 11 y 12 de la Constitución Política, que
consagran la dignidad humana, la vida y la prohibición de ser sometido a
tratos crueles, inhumanos y degradantes, no sólo como derechos
fundamentales, sino también como valores y principios del ordenamiento jurídico
y del Estado colombiano.
Sostienen los
demandantes que la norma acusada contempla y fomenta la posibilidad de
implantar reglamentos o leyes que causen afrenta a las personas, contrariando
imperativos constitucionales inquebrantables como el principio de dignidad
humana, el derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o
degradantes, con la aparente garantía de la objeción de conciencia. De tal
manera que el parágrafo demandado no sólo permite la existencia de normas
incompatibles con los valores y principios de la Constitución Política, sino
que también posibilita la materialización de la vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, la vida y la integridad personal de los
pacientes o usuarios del sistema de salud,  relativizando así valores y
principios que soportan el ordenamiento jurídico y el Estado colombiano.
Afirman los
demandantes que la objeción de conciencia de los profesionales de enfermería
que se invoca en la disposición, en lugar de proteger los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la vida y a la integridad  personal de
los pacientes, tan sólo protege la dignidad humana de los profesionales de
enfermería, en su dimensión de autonomía o de vivir como se quiere. De tal
forma que, discrecionalmente, son los profesionales de enfermería quienes
pueden oponerse a los procedimientos previstos en las normatividades de las
instituciones prestadoras de salud, dejando incólume la posibilidad de que
estas instituciones avalen y desarrollen  procedimientos que violen la
dignidad, la vida e integridad de los pacientes o que deriven en tratos
crueles, inhumanos y degradantes.
Argumentan que, en
virtud de la norma acusada, el paciente se encuentra en una situación de
desprotección, teniendo en cuenta que esta guarda silencio sobre la posibilidad
que tiene el paciente de participar en las decisiones que lo afectan, a fin de
oponerse a procedimientos que vulneren sus derechos a la dignidad, a la vida o
a la integridad personal. En términos de los demandantes, este “silencio se
convierte en un vacío legal que riñe con la dignidad humana de quienes sean
sometidos al ejercicio profesional de la enfermería (...)”, y que es
llenado indebidamente por la disposición acusada, que faculta a las
instituciones prestadoras de salud para consentir y adelantar procedimientos
que vulneren los derechos a la dignidad humana, a la vida y a la integridad de
los usuarios del sistema de salud, conforme a sus reglamentos o normatividad
interna.
En tal sentido, de
acuerdo con los demandantes, la norma acusada vulnera la dignidad humana
de los pacientes en sus tres dimensiones, a saber: (a) vivir como se quiere
–determinar su proyecto de vida-; (b) vivir bien –contar con condiciones
materiales para desarrollar el proyecto de vida-, y (c) vivir sin humillaciones
–gozar de la intangibilidad de sus bienes patrimoniales, integridad física y
moral-. Para los demandantes, el parágrafo acusado además de no permitir a los
pacientes ejercer su autonomía o decidir sobre los procedimientos a los cuales
serán sometidos, conlleva a que los pacientes sean sujetos pasivos de
procedimientos que violan de manera directa su vida e integridad física y
moral.
En relación con el derecho
a la vida de los pacientes, los demandantes consideran que, si bien la
disposición acusada vulnera el carácter inviolable de este derecho, se deben
hacer dos importantes salvedades o aclaraciones:
La primera,
relacionada con (a) la eutanasia, toda vez que este procedimiento, a
juicio de los demandantes, no puede considerarse como vulneratorio del derecho
a la vida a la luz de la Constitución y la jurisprudencia, en la medida que
poner fin a la vida de manera digna hace parte de los contenidos y alcances
“correlativos”  tanto del derecho a la vida como del derecho a la dignidad.
La segunda,
relativa a (b) la Ley 1733 de 2014 o Ley “Consuelo Devis Saavedra”
que, si bien prevé la participación de los pacientes en la decisión o
elección de los procedimientos paliativos para tratar enfermedades
terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la
enfermedad de alto impacto en la calidad de vida, en concepto de los
demandantes, no resultaría aplicable para regular la participación de los
pacientes en las decisiones relacionadas con enfermedades distintas a las allí
mencionadas. Para las demás enfermedades, según los demandantes, la
participación de los usuarios del sistema de salud se vería sometida a la Ley
911 de 2004, que como se observa contiene un vacío en la materia y, por el
contrario, sustituye la participación o la voluntad de los pacientes mediante
disposiciones unilaterales de las instituciones prestadoras de salud, que
pueden avalar la realización de procedimientos contrarios a la dignidad, a la
vida y a la integridad de los mismos.
Finalmente, los
demandantes destacan que la expresión acusada “relativiza” o vulnera la prohibición
de tratos crueles, inhumanos y degradantes, prevista no solamente en la
Constitución Política, sino también en las obligaciones internacionales
contraídas por el Estado colombiano.
Con base en las
anteriores consideraciones, los demandantes solicitan “expulsar el parágrafo
del ordenamiento jurídico en virtud de su inconstitucionalidad.”
IV. INTERVENCIONES
INTERVENCIONES DE
ENTIDADES OFICIALES
1.     Ministerio de
Justicia y del Derecho
El Ministerio de
Justicia y del Derecho solicita emitir una decisión inhibitoria en relación con
el parágrafo único del artículo 9º de la Ley 911 de 2004, o en su defecto, se
declare la exequibilidad de dicho parágrafo en relación con los cargos de la
demanda.
Sostiene que la
norma demandada no contiene la hipótesis normativa planteada por los
accionantes sobre la cual edifican los cargos. Por ende,  “no existe objeto
sobre el cual pueda recaer un examen de fondo por parte de la Corte
Constitucional. El parágrafo acusado, no contempla contenido alguno que permita
o promueva la interrupción de la vida y la vulneración de los derechos a la
dignidad humana y a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes,
sino que, por el contrario, aun estando prohibida la objeción de conciencia
para el personal que asista al médico antes y después de la intervención
necesaria para interrumpir el embarazo o para propiciar la interrupción de la
vida en los casos autorizados por la jurisprudencia constitucional, a la cual
deben someterse las leyes, normas, procedimientos y actuaciones sobre la
materia, el parágrafo acusado permite que el personal de enfermería ejerza la
objeción de conciencia en tales casos autorizados”.
Agrega que “no
solamente no está prohibido constitucionalmente remitir a leyes y normas que
autoricen la interrupción de la vida en las condiciones precisadas por la Corte
Constitucional, sino que la misma ha exhortado a que se expidan tales leyes y
normas, a efectos de garantizar el derecho fundamental a la dignidad humana y a
la autonomía de la voluntad informada, para el caso de la muerte digna, y los
derechos a la vida y a la salud de la mujer gestante, en el caso de la
interrupción del embarazo en los tres caos especiales autorizados
constitucionalmente a la luz de la interpretación de la misma por la Corte
Constitucional.”
2.     Ministerio de Salud
y Protección Social
El Ministerio de
Salud y Protección Social solicita la declaratoria de exequibilidad de
la norma acusada, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
El objeto de
protección de la norma es el derecho fundamental a la objeción de conciencia de
los profesionales de enfermería o, en general, del personal sanitario, quienes “por
motivos éticos, religiosos, científicos o técnicos”, pueden considerar que
un procedimiento vulnera la vida, la integridad o la dignidad de los pacientes.
El ejercicio de este derecho se fundamenta en la libertad de conciencia, en el
derecho a la no discriminación, en el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y en la libertad religiosa, previstos en los artículos 18, 13, 16
y, 19 de la Constitución Política.
El derecho fundamental
a la objeción de conciencia de los profesionales de enfermería,  no sustituye o
se superpone al derecho de los pacientes a dar su consentimiento informado
frente a los procedimientos médicos o de cuidado, a los que son sometidos. Por
el contrario, este se encuentra prolijamente protegido dentro del ordenamiento
jurídico a través del artículo 5 de la Ley 23 de 1981, el artículo 6 de la Ley
911 de 2004 –que establece la garantía del consentimiento informado de los
pacientes como parte de las obligaciones de los profesionales de enfermería-, a
través de la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección
Social y de la jurisprudencia constitucional (T-560 A de 2007).
El ejercicio de la
enfermería presupone, por tanto, el deber ético y legal de proteger el derecho
del paciente a dar su consentimiento informado. En consecuencia, con
independencia de que el profesional de enfermería, ejerza o no, su derecho
fundamental a la objeción de conciencia frente a ciertos procedimientos, debe
informar primero a los pacientes sobre los mismos a fin de que estos brinden su
consentimiento.
3.     Superintendencia
Nacional de Salud
La Superintendencia
Nacional de Salud solicita a la Corte que declare la exequibilidad
condicionada de la disposición demandada. Señala que podría considerarse
que el parágrafo del artículo 9º de la Ley 911 de 2004 trasgrede la Carta
Política si se entiende que podrían existir leyes o normas que permitan la
aplicación de procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la dignidad humana
y en general los derechos humanos. Sin embargo, atendiendo la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, en especial las sentencias C-239 de 1997 y C-355 de
2006, sugiere la exequibilidad condicionada de la norma, en razón a que,
efectivamente, existen circunstancias excepcionales en las que el respeto a la
vida, la dignidad y los derechos de los seres humanos pueden entrar en
conflicto con el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa
y a la libertad de conciencia de los individuos.
En tales casos,
deberá garantizarse la objeción de conciencia a los profesionales de
enfermería, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Política, sin que
esto implique que las instituciones prestadoras de salud puedan objetar su
conciencia. Por el contrario, estas se encuentran obligadas a garantizar la
disponibilidad de profesionales de enfermería no objetores de conciencia a fin
de prestar los servicios de salud requeridos.
INTERVENCIONES DE
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
1.     Universidad
Nacional de Colombia – Facultad de Enfermería
La profesora Renata
Virginia González Consuegra, en su condición de Decana dela Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, presentó concepto técnico en
favor de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 9 de la Ley 11 de
2004.
Sostiene la
académica que desde el punto de vista profesional de la actividad disciplinar
de la enfermería, la norma enjuiciada no vulnera el ordenamiento constitucional,
toda vez que analizada la ley desde una perspectiva integral y sistemática con
las demás normas y jurisprudencia aplicable al caso. Así, el parágrafo acusado
se enmarca dentro de los postulados del derecho a la objeción de conciencia por
parte de los destinatarios de la ley, y de ninguna manera genera un vacío o una
antinomia legal que propicie la vulneración de los derechos fundamentales de la
vida y la dignidad humana, conclusión a la que solo podría llegarse mediante
una lectura aislada y fragmentaria de la disposición demandada. Si se llegare a
aceptar la petición de los demandantes, ello daría paso a que se “eliminara
uno de los derechos imprescindibles de nuestra actividad profesional como lo es
la objeción de conciencia”.
Destaca la
profesora González Consuegra que la Enfermería como profesión requiere del
componente ético para guiar la práctica, el cual va más allá del conocimiento
de los códigos y las normas legales. Citando doctrina especializada[1], señala
que este saber “encierra aquellas acciones voluntarias que son deliberadas y
sujetas al juicio de lo bueno y lo malo, incluyendo juicios de valor moral
relacionados con motivos, intenciones, o formas de carácter; implica además las
acciones necesarias para minimizar la operación moral que las enfermeras
enfrentan ante  dilemas éticos y morales, es decir, se relaciona con las
decisiones éticas que a diario debe tomar la enfermera.”
La intervención se
opone al cargo relacionado con la presunta vulneración del principio de
dignidad humana haciendo énfasis en que el artículo 3º inciso 3º de la ley
parcialmente acusada, refiere al acto de cuidado de enfermería el cual
se da a partir de la comunicación e interrelación humanizada entre el
profesional de enfermería y el ser humano sujeto de cuidado, proceso en el que
el respeto de la autonomía como presupuesto indispensable para el cuidado a la
luz del principio de dignidad resulta imprescindible.
En relación con el
cargo por vulneración al derecho a la vida, expresa que los demandantes parten
de una interpretación incorrecta de la norma desde el punto de vista jurídico y
técnico, toda vez que analizada la ley en su integridad y en concordancia con
el ordenamiento constitucional y legal, la norma acusada otorga la posibilidad
de que el profesional en enfermería actúe conforme a su posición ética y moral
respecto o ante eventuales casos en los que se visualice una afectación a los
derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana, ejerciendo su derecho
a la objeción de conciencia.
Con respecto al
cargo por vulneración del artículo 12 C.P., manifiesta que  mediante el acto
de cuidado de enfermería “se identifican y priorizan las necesidades del
sujeto de cuidado y se decide el plan de cuidado de enfermería, con el propósito
de promover la vida, prevenir la enfermedad, intervenir en el
tratamiento, en la rehabilitación y dar cuidado paliativo con el fin de
desarrollar, en lo posible, las posibilidades individuales y colectivas”.
El acto de cuidado
de enfermería está fundamentado en las teorías, tecnologías y conocimientos
actualizados de la enfermería, de las ciencias biológicas, sociales y
humanísticas por lo que “ante los casos en que la ley o las normas de las
instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la
dignidad y los derechos de los seres humanos”, el profesional de la enfermería
podrá “hacer uso de la objeción de conciencia para salvaguardar estos
derechos, pues es su deber como Profesional de Enfermería y como ciudadano”.
El objeto de
protección de la norma es, por tanto, la objeción de conciencia de los
profesionales de enfermería como derecho fundamental ampliamente protegido y
delimitado por la jurisprudencia constitucional destinada al personal sanitario
(C-355 de 2006, T-209 de 2008 y T-388 de 2009), así como por las Resoluciones
4905 de 2006 y 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por
ende, de declararse inexequible la norma acusada se podría suprimir por
completo el derecho fundamental a la objeción de conciencia en titularidad de
los profesionales de enfermería y se podría estar consintiendo, de manera
contraproducente, el desarrollo de procedimientos que, en efecto, vulneren los
derechos a la dignidad, vida e integridad de los pacientes.
2.  Universidad el Bosque
– Facultad de Enfermería
La
profesora Rita Cecilia Plata de Silva, en su condición de
Decana de la  Facultad de Enfermería de la Universidad del Bosque
solicita que se declare la exequibilidad de la disposición demandada, de
acuerdo con el siguiente argumento:
Parte de
la idea que el objeto de regulación de la norma es la objeción de conciencia,
cuyo fundamento en el respeto a la libertad de conciencia, garantía que
presupone una proyección interna y externa. De esta manera, la libertad de
conciencia implica no solamente el derecho a realizar juicios de conciencia,
sino también el reconocimiento de una libertad de actuación conforme a ellos.
Apoyada en
doctrina, señala que los profesionales de la enfermería se encuentran
enfrentados a tres tipos de conflictos: la incertidumbre moral, el dilema ético
y la angustia moral. Y agrega que “De negarse la objeción de conciencia al
profesional, esto traería como consecuencia, como bien lo ha documentado la
literatura nacional e internacional, el tercer tipo de conflicto al que se ha
hecho referencia. Se trata de la angustia moral, en la cual el enfermero,
sabiendo en conciencia qué es lo correcto, es decir, cuál es su deber, ejecuta
acciones conforme a lo que normas externas (por ejemplo: orden o prescripción
médica, normas institucionales) le exigen (…) La objeción de conciencia permite
reducir la probabilidad de que ocurra la angustia moral al permitir al
profesional de la enfermería decidir, en coherencia con sus principios y
valores sobre lo correcto y lo incorrecto en lo que tiene que ver con el
cuidado de Enfermería que proporciona ”.
A través
de la objeción de conciencia, el profesional, como sujeto moral, expresa
precisamente que asume la responsabilidad por el correcto ejercicio de la
profesión. Así, la importancia de la objeción de conciencia radica en que
permite mantener la integridad moral del profesional, al reconocerlo como un
ser humano libre y no como un mero objeto, por lo tanto, se requiere mantener
en el orden jurídico el parágrafo demandado.
3.     Universidad
de Ibagué – Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
El
profesor Omar A. Mejía Patiño, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Ibagué considera que la norma acusada debe ser
declarada inexequible, con fundamento en los siguientes argumentos:
Sostiene
que la disposición demandada parte de un supuesto fáctico en el que pueden
presentarse normas (leyes o actos administrativos) que violen los derechos
fundamentales a la vida, dignidad e integridad de los pacientes, siendo con
ello normas incompatibles con la Constitución Política. No obstante, la
disposición demandada establece una consecuencia jurídica que a su juicio
resulta incoherente con este supuesto como es la procedencia de la objeción de
conciencia por parte de los profesionales de enfermería.
Agrega
que cuando una norma es contraria a la Constitución, la consecuencia lógica
para rebatirla es recurrir a la acción pública de inconstitucionalidad, más no
a la objeción de conciencia, como lo establece la disposición demandada. La
objeción de conciencia sólo es aplicable como consecuencia jurídica, cuando
existen normas válidas o constitucionales, pero que son refutables moralmente
en un escenario de falta de consenso o de certidumbre moral sobre las mismas.
Así las cosas, la objeción de conciencia no resulta adecuada como remedio
frente a normas inconstitucionales, en tanto se limita a apartar al profesional
de enfermería del cumplimiento de las normas, más no las retira del
ordenamiento jurídico.
Sumado
a lo anterior, la disposición acusada conlleva al uso generalizado de la
objeción de conciencia, promoviendo un incumplimiento asimismo generalizado de
las normas, cuando la objeción de conciencia, realmente, es un “derecho
excepcional” que sólo procede para su ejercicio en supuestos claramente
definidos y bajo procedimientos previamente delimitados, verbigracia, en los
casos del aborto, el servicio militar obligatorio y la prestación de juramento.
En
consecuencia, es necesario que se reglamente el ejercicio excepcional del
derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de enfermería, así
como se ha hecho bajo exhortos de la Corte Constitucional en casos análogos
para el personal médico (C-355 de 2006 y T-388 de 2009).
INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIONES
GREMIALES, SOCIALES Y ACADÉMICAS
1.
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN
María
del Carmen Gutiérrez Agudelo, Directora Ejecutiva de la Asociación
Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN, considera que la norma
acusada debe ser declarada exequible, de conformidad con los siguientes
argumentos:
Sostiene
que la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo demandado conllevaría a la
supresión del derecho fundamental a la objeción de conciencia de los
profesionales de enfermería del ordenamiento jurídico, vulnerando con ello
derechos y principios constitucionales como el deber de protección de las
creencias; los derechos y las libertades de los ciudadanos; la prohibición de
ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a la
igualdad y a la no discriminación;  el libre desarrollo de la personalidad; la
libertad de cultos; la libertad de expresión y la presunción de la buena fe;
garantías consagradas en los artículos 2°, 12, 13, 16, 19, 20 y 83 de la
Constitución Política.
En
concepto de ACOFAEN, una declaratoria de inconstitucionalidad haría “inviable
el ejercicio de la profesión” y obligaría de manera irrestricta a todos los
profesionales de enfermería a participar en procedimientos como la interrupción
voluntaria del embarazo, la eutanasia y la planificación familiar, entre otros,
sin contemplar sus principios éticos y morales.
Afirma
que el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia no
menoscaba el derecho de los pacientes a dar su consentimiento informado sobre
los tratamientos que les son aplicados. Y agrega que en caso de que el
profesional de enfermería objete su conciencia frente a ciertos procedimientos,
se deberá garantizar que otro profesional preste el servicio y la atención
requerida por el paciente, salvaguardando así sus derechos fundamentales.
Destaca, además, que el derecho a la objeción de conciencia no se encuentra
bajo la titularidad única de los profesionales de enfermería, sino que ampara
también a la generalidad de los profesionales de la salud o sanitarios.
Expone
que la norma demandada debe ser interpretada en su contenido y alcance de
manera sistemática con otras disposiciones que rigen la profesión de
enfermería, las cuales establecen el deber de garantizar el derecho al
consentimiento previo e informado a los pacientes, de un lado, y, de otro, la
prohibición de incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los mismos.
Dentro de estas normas se encuentran los artículos 2 y 3 de la Ley 266 de 1996,
así como los preceptos 1, 5, 6 y 12 de la Ley 911 de 2004.
Finalmente,
ACOFAEN señala que la objeción de conciencia del personal sanitario se
encuentra protegida y delimitada por la jurisprudencia constitucional, para lo
cual hace referencia a las sentencias C-355 de 2006, T-209 de 2008 y T-388 de
2009.
2.
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia – ANEC
Beatriz
Carvalo Suarez, Presidenta de la Junta Nacional de ANEC solicita a la Corte que
declare la exequibilidad de la norma acusada, conforme a los siguientes
argumentos:
El
sentido y objeto de la norma están orientados a proteger la objeción de
conciencia de los profesionales de enfermería, como manifestación de los
contenidos éticos y morales de la profesión. Estos contenidos se encuentran
guiados por el deber de preservar los derechos fundamentales tanto de pacientes
como de profesionales, cuando sean amenazados, incluso, por las normas
proferidas por las instituciones prestadoras de salud.
La
objeción de conciencia de los profesionales de enfermería, así como sus
contenidos éticos y morales, no son caprichosos o arbitrarios, son producto de
una construcción social en el marco del ejercicio profesional, que propende no
sólo por las reivindicaciones individuales -incluso laborales-, sino también
por el cuidado de los pacientes, es decir, por la promoción de su vida e
integridad. La vida, dignidad e integridad de los pacientes no son escindibles
del criterio ético del profesional de enfermería. El ejercicio de la objeción
de conciencia es, por tanto, una forma o manifestación más de la labor de
cuidado ante eventuales amenazas a la vida y a la integridad de los pacientes.
Así,
señala “en el parágrafo del artículo 9, de la ley 911 de 2004, la objeción
de conciencia adquiere su máxima acepción cuando establece ligazón funcional
con el artículo del cual forma parte, ya que se vincula el deber del profesional
por preservar los derechos fundamentales, y establece una barrera protectora de
los valores que, a todas luces, revisten un interés intrínseco para la
comunidad.”
Por
su parte, la objeción de conciencia es una expresión de “una relación entre
individuo -el profesional de enfermería- y el poder –las instituciones
empleadoras-, entre la conciencia del cuidado y el modelo de salud, un
mecanismo que puede llegar a resolver conflictos entre mayorías y minorías. Así
esta acción tenga carácter personal e íntimo y no persiga el cambio normativo,
es un medio de participación y por tanto protegido en un Estado Social de
Derecho, cuyo impacto puede llevar al cambio de normatividades.”
Destaca
que la supresión de la objeción de conciencia del ordenamiento que regula el
ejercicio de la enfermería implicaría la anuencia de los profesionales de
enfermería con las múltiples fallas actuales del sistema de salud. Conduciría,
así mismo, a que los profesionales de enfermería se vieran sometidos a
sanciones injustificadas por defender los contenidos éticos de la profesión
mediante el ejercicio de la objeción de conciencia.
Recalca
que la disposición acusada no viola u omite el derecho de los pacientes a
participar y a brindar su consentimiento informado en los procedimientos que
les sean aplicados, por el hecho de regular de manera específica el derecho a
la objeción de conciencia y el ejercicio de la autonomía de los profesionales
de enfermería, menos aun cuando el ejercicio de la profesión supone una
constante relación y comunicación con los pacientes, así como su participación
informada en los procedimientos.
Indica
que el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de 2004 no puede  interpretarse
en el sentido de ser permisivo con normas y procedimientos que contraríen el
orden constitucional y la vida, la dignidad y la integridad de los pacientes.
Esta no era la intención del legislador. El objeto de protección de la norma,
como fue referido, es el ejercicio de la objeción de conciencia de los
profesionales de enfermería, como mecanismo de prevención u oposición ética
frente a los reglamentos proferidos por las instituciones prestadoras de salud,
a fin de que no vulneren los derechos de los pacientes ni de los profesionales
de enfermería. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad estatal de
supervisar estos reglamentos.
Indica
que procedimientos como la eutanasia y también el aborto están fuera de la
órbita de acción de los profesionales de enfermería como sujetos activos, en
ese orden de ideas, no conllevan ni a su responsabilidad ética ni legal.
Finalmente,
se señala que el ejercicio de la enfermería implica la proscripción de los
tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las directrices promovidas por el
Consejo Internacional de Enfermeras, como referente normativo de la profesión,
establecen que los profesionales de enfermería deben abstenerse de participar
en prácticas como la pena de muerte, la tortura y los tratos crueles, inhumanos
y degradantes.
3.
Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente
La
Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente solicita que se declare la exequibilidad
de la disposición acusada, no sólo teniendo en cuenta como parámetros de
constitucionalidad las normas constitucionales invocadas por los actores –art.
1°, 11 y 12 de la Constitución Política-, sino también los siguientes derechos,
deberes, normas y consideraciones:
(i)  (a) el derecho de los
pacientes a la autonomía y libertad de disponer de su propio cuerpo; (b) la
libertad de pensamiento, conciencia y religión, de acuerdo con el artículo 18
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; (c) el derecho a la objeción
de conciencia, reconocido en el artículo 18 de la Constitución Política; (d) el
deber de los profesionales de la salud de respetar no sólo la vida de los
pacientes, sino también su autonomía y dignidad; (e) el carácter ponderable de
los derechos, en contraposición con un carácter absoluto (C-355 de 2006); y (f)
el derecho a morir de manera digna, reconocido por el artículo 44 del Decreto
1543 de 1997 y la T-970 de 2014, que no se opone al carácter inviolable de la
vida, así como tampoco a la prohibición de incurrir en tratos crueles,
inhumanos y degradantes.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, el señor Procurador
General de la Nación, mediante concepto 006039 del 12 de enero de 2016,
solicita a la Corte su inhibición en el presente proceso de
constitucionalidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:
Los
contenidos y alcances atribuidos por los demandantes a la norma acusada no se
corresponden con  los que se derivan de la misma, en tal sentido, no se cumple
con el requisito de procedibilidad de la demanda de constitucionalidad,
relativo a la certeza sobre los cargos formulados contra la disposición
demandada. En primer término, los demandantes consideran, de manera errónea,
que la norma acusada faculta a proferir reglamentos y a desarrollar
procedimientos que vayan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de
los pacientes. En segundo término, los accionantes asumen equívocamente que la
norma demandada omite el derecho de los pacientes a consentir de manera
informada o no los procedimientos médicos que les son aplicados, pues según los
demandantes esta posibilidad se deja, de manera exclusiva, en titularidad de
los profesionales de enfermería a través del ejercicio de la objeción de
conciencia.
Contrario a los
contenidos y alcances atribuidos por los demandantes al precepto acusado, esta
tiene como objeto la protección del derecho fundamental a la objeción de
conciencia de los profesionales de enfermería, que se aplica en caso de
encontrar normas y procedimientos que violen los derechos de los pacientes a la
vida, a la dignidad y a la integridad, o a no ser víctimas de tratos crueles,
inhumanos y degradantes, sin que esto signifique que la norma acusada faculte a
desarrollar reglamentos o procedimientos vulneratorios de los derechos
fundamentales de los pacientes.
En
concepto del Procurador:
(…) Desde una
perspectiva constitucional efectivamente no debe, ni debería existir ninguna
disposición jurídica que permita o promueva que se atente contra la vida y la
dignidad de una persona, como bien lo afirman los actores. Sin embargo, lo
cierto es que (que) sí existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano
servicios médicos que implican el desconocimiento de la vida (…) y que han sido
avalados por la Corte Constitucional como constitucionalmente admisibles al
mismo tiempo que incluso de algunos de ellos se ha pretendido hacer derivar
obligaciones de las personas e instituciones del sector de la salud; también
existen prácticas que en la actualidad se realizan sin restricción alguna de
acuerdo con las nuevas técnicas científicas o procedimientos médicos que, más
allá de que jurídicamente sean reconocidos o no como transgresores de la vida
de otros seres humanos, en todo caso admiten ser juzgados en conciencia como
tales, por ejemplo por los profesionales de la enfermería, en razón de las
discusiones e incertidumbres médicas que respecto de ellos existen, las cuales
generan dudas razonables y comprensibles”.
Menciona el Jefe
del Ministerio Público como procedimientos que desconocerían la vida y dignidad
de sus destinatarios, pero que son avalados por la jurisprudencia
constitucional, la fertilidad asistida (T-644 de 2010) y la maternidad
subrogada (T- 968 de 2009 y SU-683 de 2014). Frente a estos supuestos el
Ministerio Público estima pertinente el desarrollo de una valoración moral por
parte de los profesionales de enfermería, quienes no deben verse compelidos a
practicarlos en virtud de normas externas, sobre las que, de un lado, hay poca
certeza y, de otro, se asumen posturas que relativizan los derechos, desde una
“perspectiva conflictivista” de los mismos. La objeción de conciencia,
en estos casos, es expresión de otros derechos fundamentales protegidos por la
Constitución Política, a través de los artículos 18, 19 y 20, como lo son la
libertad de conciencia, de cultos y de pensamiento.
En síntesis, para el Procurador “el parágrafo del artículo 9º la Ley
911 de 2004 se orienta a la protección de la libertad de conciencia del
personal de enfermería – en lo que no es más que una aplicación de la cláusula
general y de aplicación inmediata, prevista en el artículo 18 superior para
todas las personas- permitiendo que se objete en conciencia respecto de los
servicios que deben ser prestados en establecimientos de salud que impliquen la
vulneración de la vida o la anulación de la dignidad, aún cuando en tales casos
se entienda que la protección jurídica de la vida o de la salud no alcance a
amparar a algunos sujetos o formas de vida”.
Finalmente, considera la Procuraduría que la disposición acusada no
desconoce el derecho de los pacientes a participar en los procedimientos
médicos o a brindar su consentimiento informado sobre los mismos. El hecho de
que este derecho no sea regulado de manera expresa por la norma demandada, no
significa que la objeción de conciencia ejercida por el profesional de
enfermería se superponga sobre este derecho en la titularidad de los pacientes.
El derecho al consentimiento informado de los mismos debe ser observado de
acuerdo con su amplia regulación en el ordenamiento jurídico, tanto en la
Constitución Política como en la Ley 23 de 1981 y la Ley 1751 de 2015.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia de la
Corte
1. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política,
la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión
acusada hace parte de una Ley de la República, en este caso, de la Ley 911 de
2004.
Cuestión
preliminar.
Examen de aptitud sustantiva de la demanda
2. Como cuestión previa a la identificación de los problemas
jurídicos y la metodología de la presente decisión, la Sala debe determinar si
la demanda presentada por los ciudadanos William Fernando Castañeda Ariza y
William Eduardo Mejía Aguilar, ofrece un cargo de constitucionalidad que cumpla
con las condiciones fijadas por la Ley y la jurisprudencia de esta Corte. Esto
es necesario debido a que tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho –en su
intervención- como el Procurador General de la Nación –en su concepto-,
coincidieron en señalar que la demanda no cumple con
estas condiciones mínimas, toda vez que se funda en una interpretación
irrazonable del parágrafo del artículo 9º de la Ley 911 de 2004 dado que, en su
criterio, la norma  no contiene la hipótesis normativa planteada por los
accionantes sobre la cual edifican los cargos, y por ende la demanda carecería
de certeza.
3. El artículo 2º del Decreto 2067
de 1991 establece que las demandas que presenten los ciudadanos en ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad deberán contener: (i) el señalamiento
y transcripción de las normas acusadas; (ii) la indicación de las normas
constitucionales que se consideran infringidas y de (iii) las razones por las
cuales se estiman violadas. Adicionalmente, deberá indicarse (iv) la razón por
la cual la Corte es competente para conocer de la demanda y, cuando la norma se
impugne por vicios de forma (iv) el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado.
4. El tercero de los requisitos antes indicados, conocido como concepto
de violación, requiere que el demandante despliegue una labor argumentativa
que permita a la Corte fijar de manera adecuada los cargos respecto de los
cuales debe pronunciarse.  En ese orden de ideas, esta Corporación ha
consolidado una doctrina[2] según la cual, las razones en que se funda el concepto de la
violación deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
En lo que concierne al requisito
de certeza la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que este
presupuesto argumentativo exige que, de una parte, la demanda recaiga sobre una
proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida
por el actor, o implícita”; y de otra parte,  que los cargos de la demanda
se dirijan efectivamente contra las normas impugnadas y no sobre otras normas
vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de
inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la
interpretación del texto acusado.
La Corte ha establecido también que la apreciación del cumplimiento
de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro
actione, de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento
vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la
Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación
tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda
habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda
y fallando de fondo.
5. En el presente
proceso, observa la Corte que los accionantes derivaron del parágrafo del
artículo 9º de la Ley 911 de 2004, dos proposiciones normativas, a saber: (i)
la permisión generalizada de desarrollar reglamentos y prácticas contrarios a
la vida, a la dignidad y a la integridad de los seres humanos en su condición
de pacientes; y (ii) la presunta omisión legislativa y la consecuente
negación del derecho de los pacientes a participar o a manifestar su
consentimiento informado en los procedimientos médicos o de enfermería que
sobre ellos recaen.
Respecto de la
primera proposición normativa, encuentra la Sala que, independientemente de que
exista o no, un quebrantamiento a los mandatos constitucionales que invocan los
demandantes, su planteamiento se inserta en el contenido normativo del
parágrafo enjuiciado. En efecto, dicho precepto señala que “En los casos en
que la ley o las normas de las instituciones permitan procedimientos que
vulneren el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos, el
profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de conciencia (…)”. Para
los demandantes este enunciado normativo “contempla y fomenta la posibilidad
de implantar reglamentos o leyes que causen afrenta a las personas,
contrariando imperativos constitucionales inquebrantables como el principio de
dignidad humana, el derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles,
inhumanos o degradantes, con la aparente garantía de la objeción de
conciencia”.
Para los ciudadanos
demandantes el parágrafo acusado no sólo permitiría la existencia de normas
incompatibles con los valores y principios de la Constitución Política, sino
que también posibilitaría la materialización de la vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la vida y a la integridad personal de los
pacientes o usuarios del sistema de salud,  relativizando así valores y
principios que soportan el ordenamiento jurídico y el Estado colombiano.
Esta lectura de los
demandantes sobre el precepto acusado, sin duda parte del contenido normativo
acusado, e involucra un sentido que puede ser atribuible al precepto acusado,
comoquiera que el segmento inicial de la norma enjuiciada prevé  la hipótesis
de que existan leyes o normas que regulen la actividad de los profesionales de
la enfermería que vulneren el respeto a la vida, la dignidad y los derechos de
los seres humanos, previendo a renglón seguido el comportamiento deontológico
exigido a estos profesionales.
Por consiguiente,
para la Sala este cuestionamiento cumple con el presupuesto de certeza, único
atributo cuestionado por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, y en
consecuencia, abordará el análisis de fondo sobre el cargo relativo a la
eventual quebrantamiento de los artículos 1, 11 y 12 de la Carta, en virtud de
que la norma, en criterio de los actores, contempla y fomenta la posibilidad de
implantar reglamentos o leyes que establezcan procedimientos que causen afrenta
a las personas, bajo la aparente garantía de la objeción de conciencia. Dicho
planteamiento, relativo a un ámbito tan sensible como el que involucra los
derechos fundamentales de los pacientes, genera al menos una duda sobre la
compatibilidad de la norma con los mandatos superiores invocados en la demanda
que debe ser dilucidada por la Corte.
6. No ocurre lo
mismo con el segundo argumento esbozado por los demandantes, esto es,  la presunta
omisión legislativa en que habría incurrido el legislador debido a la supuesta “negación
del derecho de los pacientes a participar o a manifestar su consentimiento
informado en los procedimientos médicos o de enfermería que sobre ellos recaen”.
Este enunciado, como lo anotan el Ministerio de Justicia y la Procuraduría
General de la Nación, no se deriva del contenido normativo acusado.
En efecto, el
parágrafo del artículo 9º acusado, forma parte del capítulo I (Título III)
relativo a “Las responsabilidades del profesional de enfermería con los
sujetos de cuidado” en el que se destacan los deberes de estos
profesionales frente a la preservación de la vida, la dignidad y la integridad
de los pacientes y la posibilidad de objetar en conciencia los procedimientos,
normas y leyes que vulneren esos principios y valores.
El consentimiento
informado a que hace referencia el cargo cuya aptitud se examina, es objeto de
regulación en el capítulo II (Título II) de la Ley 911 de 2004, relativo a las “Condiciones
para el ejercicio de la enfermería”. En el artículo 6º se prevé que “El
profesional de enfermería deberá informar y solicitar el consentimiento a la
persona, a la familia, o a los grupos comunitarios, previa realización de las
intervenciones de cuidado de enfermería, con el objeto de que conozcan su
conveniencia y posibles efectos no deseados, a fin de que puedan manifestar su
aceptación u oposición a ellas”. Igualmente, el artículo 3º  ubicado en el
capítulo II (Título I) relativo al “Acto de cuidado de Enfermería” establece
que éste “Se da a partir de la comunicación y relación interpersonal
humanizada entre el profesional de enfermería y el ser humano, sujeto de
cuidado, la familia  o grupo social, en las distintas etapas de la vida,
situación de salud y del entorno”.
Como puede
advertirse, el cargo relativo a la supuesta omisión de  regulación sobre el
consentimiento informado del paciente no es imputable al contenido normativo
acusado, comoquiera que otros preceptos de la misma ley se encargan de establecer
reglas en torno a este aspecto. En efecto, de conformidad con la ley
parcialmente acusada, el ejercicio de la profesión de enfermería supone una
constante relación y comunicación con el paciente, su familia o su entorno, a
fin de garantizarle el derecho a la participación en los procedimientos
médicos, así como el derecho al consentimiento informado; y aunque el derecho a
la participación del paciente no se encuentre regulado de manera expresa dentro
de la norma demandada, no significa que se esté negando o sustituyendo mediante
la objeción de conciencia del profesional de enfermería, pues el derecho al
consentimiento informado, cuya titularidad reposa en los pacientes, se
encuentra ampliamente regulado en otras disposiciones jurídicas (artículos 3º y
6º de la Ley 911 de 2004, la Ley 23 de 1981[3] y la Ley 1751 de 2015[4]), que deben ser interpretadas de manera
sistemática con la disposición acusada.
De acuerdo con esta
regulación, el ejercicio de la enfermería presupone el deber ético y legal de
proteger el derecho del paciente a dar su consentimiento informado. En
consecuencia, con independencia de que el profesional de enfermería, ejerza o
no, su derecho fundamental a la objeción de conciencia frente a ciertos
mandatos o procedimientos, su deber prioritario es informar a los pacientes
sobre los mismos a fin de que estos brinden su consentimiento.
Como bien lo
indican el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, el ámbito de
regulación de la norma enjuiciada no es el consentimiento informado del
paciente, asunto al que refieren otros preceptos de la misma ley, sino la
objeción de conciencia por parte del profesional de enfermería, de donde
deviene la falta de certeza del cargo, toda vez que refiere a una
hipótesis normativa  que no es objeto de regulación en el precepto enjuiciado.
Así, la Corte
circunscribirá su pronunciamiento a la censura relativa al presunto
quebrantamiento de los derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad de
los pacientes, en virtud de lo que los actores califican como “la permisión
generalizada – por parte del precepto acusado- de desarrollar
reglamentos y prácticas contrarios a la vida, a la dignidad y a la integridad
de los seres humanos en su condición de pacientes”.
Planteamiento del
problema jurídico y metodología de la decisión
7. Los
demandantes consideran que el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de
2004 vulnera los derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad de los
pacientes (artículos 1°, 11 y 12 de la Constitución Política). En su criterio,
la norma permite y promueve que se regulen y practiquen procedimientos médicos
o de enfermería contrarios a estos derechos. Por tal razón, solicitan la inexequibilidad
de la totalidad del parágrafo.
8. La mayoría
de los intervinientes se manifestaron en favor de la declaratoria de exequibilidad
de la norma demandada. En este sentido se pronunciaron el Ministerio de
Justicia y del Derecho – de manera subsidiaria-, el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud – de manera
condicionada-, la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia, la Facultad de Enfermería de la Universidad el Bosque,  ACOFAEN, ANEC
y la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente.
Para estas
instituciones y organizaciones: (i) la norma demandada no faculta a
reglamentar y a desarrollar procedimientos que vayan en contra de la vida, la
dignidad o la integridad de los pacientes; (ii) suprimir la disposición
acusada del ordenamiento jurídico resulta desproporcionado y deja a los
profesionales de enfermería sin garantías para ejercer su derecho fundamental a
la objeción de conciencia, obligándolos a participar en procedimientos sobre
los cuales pueden tener reparos éticos y morales; (iii) la objeción de
conciencia no sólo es expresión de los criterios morales o éticos del
profesional de enfermería, sino también de los principios nucleares que
orientan la profesión de enfermería y que propugnan por la protección de los
derechos fundamentales de los pacientes.
9. De otra parte,
tanto la solicitud de constitucionalidad condicionada presentada por la
Superintendencia Nacional de Salud, como la de inexequibilidad,
formulada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Ibagué, se sustentan en que el parágrafo demandado parece permitir o, en
definitiva, admite la coexistencia de normas contrarias a la Constitución
Política dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, o se debe interpretar el
parágrafo acusado en el sentido que, en efecto, no permite tal coexistencia y
que tan sólo se refiere a normas que –aunque válidas jurídicamente- generan
reparos morales en los profesionales de enfermería (como por ejemplo, en los
casos del aborto y la eutanasia), como lo propone la Superintendencia; o se
debe eliminar por completo el parágrafo demandado del ordenamiento jurídico,
como lo propone la Universidad de Ibagué.
10. De acuerdo con
el panorama así planteado, corresponde a la Corte determinar si la norma que
establece la posibilidad que el profesional de enfermería haga uso de la
objeción de conciencia “en los casos de que la ley o las normas de las
instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la
dignidad y los derechos de los seres humanos”, contraviene pilares
fundamentales del ordenamiento constitucional como son el principio de dignidad
humana, el derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o
degradantes (Arts. 1, 11, 12 C.P.). A este problema central subyace otro,
consistente en determinar bajo qué presupuestos, el ejercicio de la objeción de
conciencia por parte de los profesionales de la enfermería resulta compatible
con el derecho fundamental de los pacientes a acceder a un servicio de salud
oportuno, continuo y de calidad.
Para resolver este
problema jurídico la Sala hará referencia a: (i) la dignidad, la
vida y la integridad humanas como pilares fundamentales del Estado Social de
Derecho; (ii) la responsabilidad deontológica y el respeto de los
derechos humanos, en el ejercicio de la enfermería, y a su regulación en la
legislación colombiana; (iii) recordará las reglas jurisprudenciales
sobre objeción de conciencia en general, y específicamente en materia de salud;
(iv) establecerá el alcance de la norma acusada en el contexto de la ley de
la cual forma parte y sus antecedentes; y (v) en ese marco se
pronunciará sobre el problema jurídico identificado.
La dignidad, la
vida y la integridad como pilares fundamentales del Estado Social y Democrático
de Derecho
11. La profesión de enfermería gira en torno a unos
imperativos éticos fundamentales como son los de promover la salud, prevenir la
enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento de los pacientes. De
ahí que el respeto por derechos fundamentales de gran importancia y jerarquía
en el orden constitucional colombiano como la dignidad, la vida y la integridad
personal, constituya un elemento inherente al ejercicio de esta profesión. Se
trata de derechos inalienables e interdependientes que gozan de primacía al
tenor del artículo 5° de la Carta.
11.1. Al proclamar  el artículo 1° que el Estado
Social de Derecho se funda en el respeto a la dignidad humana, la Constitución
reconoce que toda persona, independientemente de sus virtudes o merecimientos
personales goza de una preeminencia que la hace titular de derechos y destinataria
de la justicia. De este reconocimiento de la dignidad como fundamento de la
organización política se derivan unos deberes positivos y de abstención para el
Estado:
“Declarar
que la dignidad humana representa el primer fundamento del Estado social de
derecho implica consecuencias jurídicas a favor de la persona, como también
deberes positivos y de abstención para el Estado a quien corresponde velar
porque ella cuente con condiciones inmateriales y materiales adecuadas para el
desarrollo de su proyecto de vida. Por condiciones inmateriales se entienden
los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive
espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles e
inmanentes deben ser amparados por el Estado, pues de otra manera la persona
podría ser objeto de atentados contra su fuero íntimo y su particular manera de
concebir el mundo. Por condiciones materiales han de entenderse los
requerimientos tangibles que permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de
cosas que, según sus posibilidades y necesidades, le permiten realizar su
particular proyecto de vida”[5].
11.2. En estrecha relación e interdependencia con la
dignidad humana, “El derecho a la vida humana está establecido desde el preámbulo
mismo de la Constitución Política, como un valor superior que debe asegurar la
organización política, pues tanto las autoridades públicas como los
particulares deben propender por garantizar y proteger la vida humana y con
mayor razón, si prestan el servicio de seguridad social. Igualmente en los
artículos 11 y 13 Superiores, se establece el derecho a la vida como inviolable
y se consagra como deber del Estado el de protegerlo, en especial, el de
aquellas personas que por su condiciones económicas, físicas o mentales, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y en el mismo sentido,
ordena sancionar los abusos y maltratos que contra ellos se cometan. En armonía
con lo expresado, el artículo 48 de la Carta, proclama que la seguridad social
debe sujetarse a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en
los términos que establece la ley, y el artículo 365 ibídem, señala que los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que como
tal, tiene el deber de asegurar su prestación de manera eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.
De igual manera, esta Corporación en diferentes providencias ha
destacado la importancia del derecho a la vida, como el más trascendente y
fundamental de todos los derechos y ha indicado que éste debe interpretarse en
un sentido integral de “existencia digna” conforme con lo dispuesto en el
artículo 1º Superior, que establece que la República se funda “en el respeto de
la dignidad humana.[6]”
11.3. La protección constitucional a la integridad
física y moral a la persona  (Art. 12 C.P.) genera, así mismo, claras obligaciones
para el Estado y los particulares:
“La prohibición de someter a las personas a tratos crueles,
inhumanos o degradantes ha sido formulada en términos tajantes por nuestra
Constitución y por múltiples tratados e instrumentos internacionales de
derechos humanos que vinculan al país. Por una parte, la Carta Política, cuyo
artículo primero establece que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado
en el respeto de la dignidad humana, proscribe dichos tratos en su artículo 12,
otorgándole a la garantía correspondiente el carácter de derecho fundamental: “Nadie
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”. La prohibición en cuestión se ha consignado –en
términos igualmente tajantes porque es un derecho intangible- en el artículo 5
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 5 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, así como en una serie de instrumentos destinados
específicamente a combatir tales arbitrariedades: (i) la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas frente a la tortura y
a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea
General el 9 de diciembre de 1975 –cuyo artículo 2 dispone que cualquier acto
que constituya un trato cruel, inhumano o degradante es una ofensa a la
dignidad humana y deberá ser condenado por ser una negación de los propósitos
de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de los derechos humanos más
básicos-; (ii) la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -ratificada por Colombia
mediante la Ley 70 de 1986-, y (iii) la Convención Interameriana para prevenir
y sancionar la tortura –ratificada mediante Ley 409 de 1997-. El hecho de que
tales instrumentos y tratados no admitan excepción alguna frente a esta
prohibición, ha llevado a la comunidad internacional a reconocer que se trata
de una norma de ius cogens, es decir, de un mandato imperativo de
derecho internacional que no admite acuerdo en contrario, excepciones ni
derogaciones por parte de los Estados, quienes están en el deber inaplazable e
ineludible de dar cumplimiento a sus obligaciones en la materia[7].
(…)
(e)l Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado, en su
Observación General No. 20 de 1992, que “la finalidad de las disposiciones
del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es
proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona”[8],
y que “la prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente a
los actos que causan a la víctima dolor físico, sino tambien a los que causan
sufrimiento moral”[9].
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de
Luis Lizardo Cabrera contra la República Dominicana[10],
precisó que ni la Convención Americana de Derechos Humanos ni la Convención de
las Naciones Unidas contra la Tortura establecen qué debe entenderse por “trato
inhumano o degadante”, ni dónde se encuentra el límite entre éstas actuaciones
y la tortura; sin embargo, recogiendo algunas definiciones adoptadas por los
organismos europeos de derechos humanos, se estableció que (a) el trato
inhumano es aquel que causa un sufrimiento físico, mental o psicológico severo,
por lo cual resulta injustificable, y (b) el trato degradante es aquel que
humilla gravemente al individuo frente a los demás, o le compele a actuar en
contra de su voluntad”[11].
12. La primacía que
el artículo 5° de la Constitución Política reconoce a estos derechos, se
traduce en el deber de todos, en especial de los poderes públicos, de reconocerlos,
respetarlos, armonizarlos, tutelarlos y promoverlos. Por consiguiente la
actividad del Estado será legítima si se dirige a favorecer su ejercicio, e
ilegítima en cuanto los ignore o quebrante. La primacía de los derechos
fundamentales, impone, en consecuencia, a las autoridades públicas deberes y
prohibiciones. El legislador, los jueces y las autoridades administrativas
están obligadas a sujetar el ejercicio de sus competencias a los límites que la
primacía de estos derechos les demarca.
La responsabilidad deontológica y el respeto de
los derechos humanos en el ejercicio de la profesión de enfermería
13. La Deontología, en el campo de las profesiones,
ha sido considerada como una disciplina que opera “como puente entre lo
ético y lo jurídico, en sentido estricto puede considerarse a ésta como el
conjunto de normas de menor grado de positivación, que no están regidas por
sanción estatal, pero que sin ser netamente jurídicas sí que implican
disposiciones disciplinarias, dado que emanan de un órgano de control profesional
(o de autocontrol de la profesión), es decir, de la organización colegial
específica de cualquiera de las profesiones existentes. Cabe decir, por tanto,
que la deontología es una ética de mínimos, pues constituye los deberes
mínimamente exigibles a cualquier profesional”[12].
14. En el ámbito de las profesiones que interactúan
con los sistemas de salud, es preciso destacar que se desenvuelven en la
actualidad en un contexto de notables cambios organizativos, competenciales,
influenciado por los avances de las ciencias biomédicas y las posibilidades
técnicas contemporáneas, fenómenos éstos que plantean la necesidad de nuevos
enfoques no solamente sobre el papel que desempeñan los profesionales, sino
también sobre el alcance de los derechos de los pacientes. Esta realidad exige
a los profesionales, en específico a los de la enfermería, unos conocimientos
que favorezcan y faciliten su interacción con otros campos del conocimiento
como el derecho y la bioética y que les permita resolver con seguridad y
asertividad los múltiples conflictos éticos y normativos que deben enfrentar en
el desarrollo  de su práctica profesional.
15. Los avances científicos y terapéuticos, si bien
fundamentales para ofrecer cada día mayores posibilidades de control y alivio
de la enfermedad pueden, así mismo, exponer a la persona y su dignidad a la
instrumentalización bajo criterios utilitaristas. La incuestionable relación de
la profesión de enfermería con la protección y la promoción de los derechos
humanos en las sociedades, ha dado lugar a un importante movimiento
internacional[13]
orientado a promover a través de las asociaciones nacionales, regulaciones
orientadas a unos objetivos comunes como son los de promover cuidados de
enfermería de calidad y de cobertura universal; auspiciar políticas de salud acertadas
en todo el mundo; y propender por la adaptación de los programas académicos a
los avances científicos.
16. Según lo estipula el Código Deontológico
Internacional de Enfermería (CDIE)[14]
aprobado en el seno del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), esta
profesión gira en torno a cuatro deberes fundamentales: promover la salud,
prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Para el
cumplimiento de estos imperativos éticos el CDIE destaca tres aspectos
esenciales. En primer lugar, (i) el respeto a los derechos humanos como
elemento inherente a la enfermería; en segundo lugar, (ii) la función
social que cumple la profesión de enfermería; y en tercer lugar (iii) la
responsabilidad que conlleva la práctica de esta profesión.
16.1. Sobre el primer aspecto esencial a la
profesión de enfermería, el CDIE destaca que “Son inherentes a la enfermería
el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el
derecho a la vida y a la libre elección, a la dignidad y a ser tratado con
respeto”. [15]
A partir de ello, conforme al mismo documento, los derechos humanos, la
equidad, la justicia y la solidaridad, son valores que se encuentran en la base
del “acto de cuidado”. Así, al dispensar los cuidados que demanda esta disciplina,
los profesionales de enfermería deben ajustar su comportamiento al respeto de
los derechos humanos y ser sensibles “a los valores, costumbres y creencias
espirituales de la persona, la familia y la comunidad”, según lo pregona el
mismo código.
Bajo estas consideraciones el acto de cuidado
propio de la profesión de enfermería se erige sobre la base del respeto y la no
discriminación por razones de edad, raza, credo, cultura, discapacidad,
identidad de género, orientación sexual, opinión política, nacionalidad o
condición social. Esta norma genérica de conducta impone determinados
comportamientos y actitudes que tienen que ver con la provisión de información
suficiente, oportuna y culturalmente adecuada que promueva el consentimiento
fundamentado para los cuidados de enfermería; la preservación del derecho a
elegir o rechazar el tratamiento;  la configuración de sistemas de
registro y gestión que protejan la confidencialidad de la información; así como
el desarrollo y vigilancia de la seguridad medioambiental en el lugar de
trabajo[16].
Este entramado axiológico que sirve de orientación
al ejercicio profesional de la enfermería provee a estos profesionales -dispensadores
de cuidados- de parámetros universales del más elevado estándar moral, para
la resolución de los dilemas éticos a los que frecuentemente se ven enfrentados
en el desarrollo de su actividad.
16.2. En cuanto a la dimensión social de la
profesión de enfermería el CDIE proclama que los profesionales de la enfermería
prestan servicios de salud a la persona, a la familia y a la comunidad. Son
concebidos como agentes sociales esenciales en la implementación y desarrollo
de acciones encaminadas a satisfacer necesidades de salud y sociales del
público y “en especial de las poblaciones vulnerables”. Los mandatos del
CDIE, se fundamentan en presupuestos con dimensión social como el respeto por
los valores, costumbres y creencias de los pueblos,  la defensa de la equidad y
la justicia social en la distribución de los recursos, la promoción del acceso
de todos a los cuidados de salud y a los demás servicios sociales y económicos.
Postula el documento en comento
que “El Código deontológico del CIE para la
profesión de enfermería es una guía que sólo tendrá significado
como documento vivo si se aplica a las realidades de la enfermería y de la
atención en salud en una sociedad cambiante”[17].
16.3. El elemento de la responsabilidad en
la práctica de enfermería del CDIE, postula que dichos profesionales como dispensadores
de cuidados están obligados a rendir cuentas de su práctica; a mantener su
competencia mediante la formación continua; a desplegar una conducta personal
que honre la profesión y fomente la confianza del público; a cultivar una
actitud evaluativa respecto del empleo de la tecnología, los avances
científicos y las medidas terapéuticas extraordinarias en forma compatible con
la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas; y a contribuir de manera
activa en el desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en
la investigación que favorezca la práctica fundada en pruebas[18].
17. Los códigos deontológicos no tienen  la
pretensión de prever todas las posibles cuestiones éticas que se puedan
presentar en la práctica profesional. Su cometido es el de recoger en forma
ordenada las grandes orientaciones que deben guiar a los profesionales en el
desarrollo de su actividad, estableciendo unos límites y unos parámetros que
faciliten la toma de decisiones morales de manera informada y libre, y que
permitan resolver en forma adecuada y responsable los constantes dilemas
bioéticos  a los que se enfrenta el profesional en su práctica.
El proceso de toma de decisiones profesionales, así
como las acciones colectivas que deban emprender los profesionales de la
enfermería para generar contextos de cuidado que propicien la realización de
los derechos fundamentales tanto de los usuarios del sistema de salud
–pacientes- como de los mismos dispensadores de cuidados –profesionales de
enfermería-, deben  estar asistidos por los valores y los intereses de ambas
partes.
18. Los códigos deontológicos contemporáneos se han
concebido como instrumentos para garantizar la calidad en la gestión y
asistencia sanitaria, de la cual es signo fundamental el respeto por  los
derechos de los pacientes. En este sentido, la preocupación de los
profesionales de la enfermería por “conocer e indagar sobre su responsabilidad
profesional pone de manifiesto la interiorización de un concepto de profesión
en el más profundo sentido de la palabra, pues preguntarse y debatir acerca de
los límites y los grados de responsabilidad profesional es un signo inequívoco
de auténtico profesionalismo. Pues bien, en este sentido, una de las mejores
manifestaciones de profesionalidad viene determinada por el respeto de los
derechos de los pacientes en el contexto de los procesos asistenciales, pero no
solamente como expresión del deber moral de reconocimiento de la dignidad y la
libertad de las personas, sino por la importancia que tiene esa actitud como
elemento de calidad asistencial” [19].
Es de destacar que uno de los indicadores para la
evaluación de los planes de calidad asistencial está relacionado con “los
derechos de los pacientes y con criterios referidos a la humanización de la
asistencia, lo cual, evidentemente, pone de manifiesto el interés de los
profesionales y los gestores de servicios sanitarios por difundir y afianzar,
dentro de la cultura de la calidad, aspectos especialmente dirigidos a tutelar
los derechos de los pacientes y usuarios de esos servicios y a asegurar la
eficacia en el ejercicio legítimo de los mismos”[20].
19. En conclusión, la deontología ha sido concebida un
conjunto normativo que actúa como puente entre lo ético y lo jurídico y
consigna de manera ordenada los deberes mínimos exigibles a cualquier
profesional. En el caso de la enfermería el CDIE, propone tres ejes en torno a
los cuales debe girar un código deontológico: (i) el respeto a los
derechos humanos como elemento inherente a la enfermería; (ii) la
función social que cumple la profesión de enfermería; (iii) la
responsabilidad que conlleva la práctica de esta profesión. Los códigos
deontológicos no prevén todas las posibles cuestiones éticas que se puedan
presentar en la práctica profesional. Su cometido es el de recoger las grandes
orientaciones que deben guiar a los profesionales en el desarrollo de su
actividad, estableciendo unos límites y unos parámetros que faciliten la toma
de decisiones morales de manera informada y libre, y que permitan resolver en
forma adecuada y responsable los constantes dilemas bioéticos a los que se enfrenta
el profesional en su práctica.
La regulación de la responsabilidad deontológica
para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia.
20. En desarrollo del artículo
26 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 266
de 1996 “Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y
se dictan otras disposiciones”. En ella definió la naturaleza de la
profesión, los principios que la rigen, sus propósitos fundamentales, el ámbito
de su ejercicio, los entes rectores de dirección, organización, acreditación y
control, y las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.
Entre otros órganos de
dirección y control creó el Tribunal Nacional Ético de Enfermería “con
autoridad para conocer de los procesos disciplinarios, ético -profesionales que
se presentan en la práctica de quienes ejercen la enfermería en Colombia”[21].
Adicionalmente, le entregó a este órgano la facultad de adoptar el Código
de Ética de Enfermería[22].
Sin embargo, esta disposición fue derogada por la Ley 911 de 2004 “Por la
cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el
ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el régimen
disciplinario correspondiente y se distan otras disposiciones”.
El Congreso de la República,
mediante la Ley 911 de 2004 asumió la competencia que en 1996 le había otorgado
a un ente privado como es el Tribunal Nacional Ético de Enfermería, para
expedir el Código Deontológico de esta profesión. Se argumentó en la exposición
de motivo del proyecto de ley que condujo a la aprobación del mencionado
estatuto que se trataba de una facultad reservada al órgano legislativo,
comoquiera que incorporaba preceptos que imponían límites al ejercicio del
derecho al trabajo del que son titulares los profesionales de la enfermería, y
correspondía a un desarrollo directo de los artículos 25 y 26 de la Carta. En
este sentido se indicó que:
“A pesar de que la Ley 266 de 1996, entregó la facultad para
adoptar el Código de Ética al Tribunal Nacional Ético de Enfermería, este
organismo se ha visto limitado a cumplir el mandato legal, ya que un Código
Ético, debe contener aspectos que se mencionan en este proyecto de ley, y que
no pueden ser competencia de estos tribunales, sino que esta competencia está
reservada sólo al Legislador y no puede en consecuencia ser delegada porque
toca con la limitación de derechos atinentes a un derecho fundamental que es el
derecho al trabajo.
Cuando hablamos por ejemplo de principios y valores
éticos, fundamentos deontológico del ejercicio de la enfermería,
responsabilidad en la práctica de la enfermería, del proceso deontológico
disciplinario profesional y sanciones. Un Código de Ética no se refiere a
reglamentaciones técnicas o administrativas solamente, un Código de Ética hace
relación directa al ejercicio de un derecho, en este caso al derecho de
ejercicio de un derecho fundamental al trabajo de enfermería.
(…)
Todo lo expuesto anteriormente nos permite concluir que no
obstante que el Congreso de Colombia entregó la facultad de expedir el Código
de Ética al Tribunal Ético Nacional de Enfermería, no puede cumplir con este
mandato porque es un asunto que está reservado a la ley, en consecuencia en
este mismo proyecto procederemos a la derogatoria del numeral primero del
artículo 11 de la Ley 266 de 1996, para darle a este proyecto el estudio
correspondiente”. [23]
21. El Código Deontológico para
la Enfermería adoptado mediante la Ley 911 de 2004 aspira a poner la práctica
de esta profesión a tono con los principios y finalidades que orientan la
garantía del derecho a la salud en la Constitución Política de 1991, y a “reglar
la responsabilidad ética de quienes ejercen la profesión de enfermería en
procura del respeto a los derechos, la dignidad y la vida de los seres humanos
y además el régimen disciplinario a que deberán someterse, sin perjuicio de las
acciones que en cualquier circunstancia adelanten las autoridades competentes”[24].
22. El ordenamiento previsto en la Ley 911 de 2004
se encuentra estructurado en seis títulos. El primero relativo a “Los
principios y valores éticos del acto de cuidado de enfermería”, contiene una
declaración de principios y valores éticos[25]; define el acto de
cuidado como el ser y esencia del ejercicio de la profesión el cual debe
fundamentarse en conocimientos actualizados de las ciencias biológicas,
sociales y humanísticas. El título segundo contempla “Los fundamentos
deontológicos del ejercicio de la enfermería”, su ámbito de aplicación y
las condiciones para su ejercicio. En el título tercero, referido a las “Responsabilidades
del profesional de enfermería en la práctica”, se incluyen los deberes del
profesional de enfermería con los sujetos de cuidado; con sus colegas y otros
miembros del recurso humano en salud; así como con las instituciones y la
sociedad. Adicionalmente, en este título se regula la responsabilidad del
profesional de enfermería en la investigación, la docencia y en la gestión y
manejo de los registros de enfermería (historias clínicas). En el título
cuarto, regula lo atinente a los tribunales éticos de enfermería, su objeto,
competencia y organización. En tanto que en el quinto diseña el proceso
deontológico disciplinario profesional, sus normas rectoras, así como las
etapas del procedimiento, los descargos, la actividad probatoria, el fallo la
segunda instancia, establece las sanciones, los recursos, las causales de
nulidad, la prescripción. Y finalmente, en el título sexto, contempla reglas de
vigencia y derogatoria.
23. El mencionado estatuto adopta como principios y
valores fundamentales del acto de cuidado, propio de la enfermería, “el
respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, sin
distingo de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición
socioeconómica e ideología política” (Art. 1º), y enuncia como principios
éticos orientadores de la responsabilidad deontológica del profesional de la
enfermería, los de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia,
veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad. La práctica profesional estará
guiada, así mismo, por los principios y valores que consagra la Constitución y
aquellos que rigen el sistema de seguridad social en salud como son la
integralidad[26],
la individualidad[27],
la dialogicidad[28],
la calidad[29],
la continuidad[30]
y la oportunidad[31]
(Art. 1º de la Ley 266 de 1996).
24. Para los efectos de esta decisión cabe destacar
que el artículo 9°, ubicado en el título tercero, capítulo primero, que incluye
reglas sobre la responsabilidad del profesional de enfermería con los sujetos
de cuidado, establece que “Es deber del profesional de enfermería respetar y
proteger el derecho a la vida de todos los seres humanos, desde la concepción
hasta la muerte. Así mismo, respetar su dignidad, integridad genética, física,
espiritual y psíquica”, advirtiendo que la violación de este precepto
constituye falta grave.
De otro lado, en el parágrafo de la misma norma
prevé que “En los casos en que la ley o las normas de las instituciones
permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la dignidad y
derechos de los seres humanos, el profesional de la enfermería podrá hacer uso
de la objeción de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus
derechos o imponérsele sanciones”.
Comoquiera que este aparte de la regulación hace referencia a la
objeción de conciencia como una garantía a la que podría acudir el profesional
de la enfermería para resolver eventuales dilemas que podrían surgir en su
quehacer entre la ley, las normas de las instituciones, los procedimientos, y
sus íntimas convicciones sobre la vida, la dignidad y los derechos humanos de
los pacientes, a continuación se expondrá una síntesis de los desarrollos que
ha efectuado la jurisprudencia de esta Corte respecto del derecho fundamental a
objetar en conciencia, y  los límites constitucionales para su ejercicio cuando
está de por medio otro derecho fundamental como la salud.
El derecho fundamental a la objeción de conciencia
en el ámbito de la salud
25. El artículo 18 de la Constitución Política
garantiza la libertad de conciencia al  establecer que “Nadie será (…)
obligado a actuar contra su conciencia”. En esta cláusula se inscribe el
derecho a la objeción de conciencia como una legítima expresión de la libertad
humana de dirigir en forma autónoma su propia racionalidad, sin otro límite que
la eficacia de los derechos de terceros y el bien común. Es una garantía que
reconoce y reafirma que el ser humano, en tanto ser de elecciones,  está
ontológicamente facultado para aceptar o rehusar, pero que recuerda, así mismo,
que “la Constitución impone deberes en consideración
a intereses generales de la comunidad y que responden al criterio conforme al
cual todas las personas están obligadas a contribuir al mantenimiento de las
condiciones que permiten la armónica convivencia”[32].
26. El sustento conceptual de la objeción de
conciencia, cuyo propósito inicial es preservar las propias convicciones sean
ellas de orden ideológico, filosófico, religioso o moral[33], se
encuentra en la concepción de los derechos fundamentales como ámbitos de la
autonomía individual y a su vez, como límites infranqueables para el legislador
y la administración, en un estado democrático y pluralista
De manera general, ha precisado esta Corte que “la
objeción de conciencia se presenta cuando el cumplimiento de la normatividad
vigente exige por parte de las personas obligadas a cumplirla un comportamiento
que su conciencia prohíbe[34](…)
Quien ejerce la objeción de conciencia (…) es una persona que ¨se apega al
Derecho, pero su observancia le provoca problemas con sus convicciones morales
más íntimas, con su conciencia crítica[35]¨. La
idea central consiste en que se incumple un deber jurídico por razones morales
y se busca con ello preservar la propia integridad moral, lo que no supone el
propósito de que otras personas “se adhieran a las creencias o practiquen las
actuaciones del [de la] objetor [(a)][36].””[37]
27. La consagración de la objeción
de conciencia como derecho fundamental está íntimamente relacionada con el
carácter democrático y pluralista del modelo político y con el reconocimiento de
la necesidad de ponderar cuando entran en tensión la personal valoración ética
de una acción humana, con imperativos normativos que amparan derechos de
terceros o el bien común, pues como lo ha destacado la jurisprudencia de esta
Corte “así como los derechos no tienen carácter absoluto, tampoco lo tienen
los deberes, so pena de transmutar el Estado en uno de índole autoritario y por
lo mismo contrario a la vigencia de las libertades individuales”[38].
Es por ello que la jurisprudencia de esta Corte ha destacado que:
“6.1. La democracia liberal y el Estado Social de Derecho reconocen
la autonomía y la libertad del individuo como una de las bases que la
justifican y le sirven como presupuesto deontológico. En ese sentido, todas las
personas tienen derecho a ejercer sus proyectos de vida de forma compatible con
su conciencia, sin ningún otro límite que la eficacia de los derechos de
terceros.  Así, existe un vínculo entre la libertad de conciencia, la libertad
religiosa y la cláusula general de libertad.  En ese sentido, se ha señalado
que “…existe un escenario de realización humana dentro del cual las
interferencias estatales o son inadmisibles o exigen una mayor carga de
justificación. Así, quien objeta por razones de conciencia goza prima facie de
una presunción de corrección moral. El Estado, debe, entretanto, aportar los
argumentos que justificarían una intervención en este campo en principio inmune
a cualquier interferencia.”[39]
La Constitución, del mismo modo, impone deberes a los ciudadanos,
todos ellos relacionados con la satisfacción del bien común. Estos deberes son
de obligatorio cumplimiento para todos los individuos, en tanto vinculan a las
personas con la noción de una ciudadanía responsable y democrática. En cuanto a
esos deberes, se ha indicado por la jurisprudencia que se trata “…de
comportamientos que se imponen a los particulares en consideración a intereses
generales de la comunidad y que responden al criterio conforme al cual todas
las personas están obligadas a contribuir al mantenimiento de las condiciones
que permiten la armónica convivencia. Los deberes encuentran fundamento en el
principio de solidaridad y son presupuestos del orden y de la existencia misma
de la sociedad y del derecho. En la base de esos deberes está la idea misma de
sometimiento al Derecho y la obligatoriedad de la que son revestidos obedece a
la consideración de que si cada persona pudiese, según los dictados de su conciencia,
decidir cuáles normas acata y cuáles no, se desvertebraría el orden y se haría
imposible la existencia de la comunidad organizada.”[40]”[41]
28. De otra parte, la jurisprudencia
ha indicado, que el derecho a no ser obligado a actuar contra la conciencia no
se encuentra subordinado a su desarrollo legal, y que es importante definir
criterios a partir de los cuales pueda hacerse efectiva la aplicación inmediata
de este derecho:
“En la Constitución de 1991, sin embargo, el asunto se ha consagrado
de una manera más amplia, por cuanto de acuerdo con la previsión del artículo
18 Superior, el derecho a no ser obligado a actuar contra la conciencia no se
encuentra subordinado a la ley. Así, en escenarios distintos al del servicio
militar, no se ha exigido una ley de desarrollo para hacer efectivo el derecho
a la objeción de conciencia.[42]
Eso impone definir el criterio a partir del cual pueda hacerse efectiva
la aplicación inmediata del derecho, sobre la base de que no toda manifestación
de una reserva de conciencia puede tenerse como eximente frente a los deberes
jurídicos, ni, en el otro extremo, todos los deberes jurídicos pueden
pretenderse ineludibles, aún sobre las consideraciones de conciencia de los
individuos.
Debe haber un criterio de ponderación que haga énfasis en la
consideración de la naturaleza del reparo de conciencia, la seriedad con la que
es asumido, la afectación que su desconocimiento produce en el sujeto, etc.,
frente a, por otra parte, la importancia del deber jurídico en relación con el
cual se plantea y las circunstancias en las que se desarrolla, aspecto en el
que cabe examinar, por ejemplo, la posibilidad de suplir a los objetores en el
cumplimiento del deber omitido[43],
o de sustituirlo por otro de similar naturaleza que no plantee conflictos de
conciencia a dichos objetores. En este último sentido, la Corte Constitucional
se ha pronunciado en torno a la posibilidad de conciliar el cumplimiento del
deber con modalidades que lo hagan compatible con las consideraciones de
conciencia.[44]
Uno de los criterios para establecer la seriedad y el significado
del asunto de conciencia planteado por el objetor es la vinculación del mismo
con la libertad religiosa. Así, si se esgrimen consideraciones religiosas, “(…)
sería incongruente que el ordenamiento, de una parte garantizara la libertad
religiosa, y de otra se negara a proteger las manifestaciones más valiosas de
la experiencia espiritual, como la relativa a la aspiración de coherencia a la
que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento
que puede pertenecer al núcleo esencial de la libertad religiosa, define
igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que
refuerza aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la
expresión cabal de las convicciones personales más firmes.” [45]”[46]
Esta Corporación se ha pronunciado en varias
oportunidades sobre la objeción de conciencia, en materias como el servicio
militar[47],
la educación[48],
respecto de la obligación de prestar juramento[49], en relación con
obligaciones laborales[50]
y en materia de salud[51],
entre otras.  A continuación se hará referencia a los criterios específicos y a
los límites que, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, deben ser
observados cuando el ejercicio del derecho a no ser obligado a actuar contra la
propia conciencia entra en tensión con el derecho fundamental a la salud de los
pacientes. Estas pautas, establecidas en el contexto de la atención en salud
frente a procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, en los eventos
autorizados por el orden jurídico, aportan valiosos criterios aplicables frente
a otros procedimientos o actos de cuidado de los que sean responsables los
profesionales de enfermería.
Los
límites al ejercicio del derecho a objetar conciencia en el ámbito de la salud
29. La garantía del derecho fundamental a la
objeción de conciencia exige que las convicciones que esgrime quien lo ejerce,
no sean sometidas a verificación acerca de si son justas o injustas, acertadas
o erróneas. En principio, ha insistido esta Corte, la sola existencia de estos
motivos podría justificar la objeción de conciencia[52].
30. Sin embargo, también ha indicado que cuando la
exteriorización de las propias convicciones morales con el propósito de rehusar
el cumplimiento de un deber jurídico – la cual prima facie puede parecer
justificada- entra en conflicto con el ejercicio de los derechos de otra
persona, en este caso con el derecho a la salud de los pacientes, el asunto se
convierte en un problema de límites al ejercicio de los derechos fundamentales,
esto es, en un problema de colisión entre el derecho fundamental a objetar y
los valores, principios, derechos o bienes protegidos mediante el deber
jurídico incumplido[53].
Frente a tales eventualidades, la jurisprudencia de
esta corporación ha destacado la necesidad de que existan unos criterios de
ponderación que hagan énfasis, de una parte, en la naturaleza del reparo de
conciencia, la seriedad con la que es asumido, la afectación que su
desconocimiento produce en quien objeta[54]; y de otra, en la
importancia del deber jurídico frente al cual se plantea la objeción, su mayor
o menor proyección social, el grado de interferencia que el ejercicio del
derecho a objetar produce respecto de los derechos de terceras personas, o el
grado de reversibilidad de la lesión que tal incumplimiento produce [55].
Adicionalmente, habría que considerar las circunstancias en que se desarrolla
la objeción, las posibilidades de suplir a los objetores en el cumplimiento del
deber rehusado, o de sustituirlo por otro de similar naturaleza que no plantee
conflictos de conciencia a dichos objetores[56].
A partir de pautas como las mencionadas, ha
indicado la jurisprudencia que “(…) Cuando la obligación en cabeza de quien
objetó implica una intervención apenas marginal o mínima de los derechos de
terceras personas o puede encontrarse una persona que cumpla esa obligación sin
que exista detrimento alguno de tales derechos, entonces no se ve motivo para
impedir el ejercicio de la objeción de conciencia. Lo mismo sucede cuando el
deber jurídico se establece en propio interés o beneficio de quien efectúa la
objeción”[57].
Ha precisado, sin embargo esta Corte, que si bien “parece
posible sentar algunas pautas orientadoras, el derecho a alegar la
inobservancia de un deber jurídico por motivos de conciencia debe ser analizado
a la luz de las exigencias de cada caso en concreto”[58].
31. A continuación se reseñaran algunas pautas y
requisitos sustanciales y formales que la jurisprudencia[59] ha
establecido para que profesionales de la salud puedan ejercer su derecho a la
objeción de conciencia, permitiendo su  coexistencia con los derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la integridad personal, y a
acceder a servicios de salud de calidad de los usuarios del sistema. Estas pautas y requisitos han sido consignados fundamentalmente en
las sentencias C-355 de 2006; T-209 de 2008 y T-388 de 2009, en relación con la
objeción de conciencia de los profesionales de la salud frente a la
interrupción voluntaria del embarazo, en los casos autorizados por el orden
jurídico. No obstante, resulta importante su mención como guías orientadoras
frente a conflictos bioéticos que puedan surgir respecto de otros
procedimientos, tratamientos o actos de cuidado de los que sean responsables
los profesionales de la enfermería.
32. El fundamento para el diseño de unas pautas y
requisitos para el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los
profesionales de la salud, orientadas a permitir su coexistencia con los
derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad, a la libertad, a
la integridad personal y al acceso a servicios de salud de calidad, de los
usuarios del sistema se encuentra en: “i. el carácter relacional de los
derechos que implica, de un lado, ejercer con libertad las libertades pero sin
que ese ejercicio redunde en abuso o interfiera de manera injustificada,
desproporcionada o arbitraria en el ejercicio de las libertades de las demás
personas. ii. Significa, de otro lado, que las personas se reconozcan como
parte integrante de un conglomerado social frente al cual surge el deber de
propugnar por actuaciones respetuosas del bienestar general, solidarias, justas
y equitativas. Actuaciones todas estas, sin las cuales el desarrollo integral
de las personas y de la sociedad en su conjunto sería muy difícil e incluso
poco probable. Y, finalmente, iii. resalta el papel especial que dentro de la sociedad
cumplen los profesionales de la salud, especialmente cuando su labor implica la
prestación de un servicio público, pues a la vez que se coloca en una posición
especial respecto de los usuarios del servicio, de la misma se derivan deberes
imposibles de aplazar o eludir.”[60]
33. En cuanto a requisitos sustanciales, la
jurisprudencia ha hecho referencia a los siguientes:
33.1. Los profesionales de la salud pueden acudir a la objeción de conciencia siempre y cuando se trate
realmente de una “convicción de carácter filosófico, moral o
religioso debidamente fundamentada”, pues de lo que
se trata no es de poner en juego su opinión en torno a si está o no de acuerdo
con el procedimiento o tratamiento;
33.2. Los profesionales de la salud pueden eximirse
del deber de llevar a cabo un procedimiento, tratamiento o acto de cuidado, por
motivos de conciencia, siempre y cuando se garantice la prestación del servicio
o acto rehusado  en condiciones de calidad y de seguridad para la salud y la
vida del paciente, sin imponerle cargas adicionales o exigirle actuaciones
obstaculicen su acceso a los servicios de salud requeridos, y con ello,
desconocerle sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud,
a la integridad personal, a la dignidad humana[61].
33.3. En cuanto a la titularidad para
ejercer el derecho a la objeción de conciencia la Corte ha dejado en claro que el
derecho a la objeción de conciencia se predica de la persona en quien reposa el
deber jurídico, profesional y asistencial de llevar a cabo el acto que
considera contrario a sus íntimas convicciones morales, filosóficas o
religiosas, y ha insistido en que el ejercicio de la objeción de conciencia no
se asimila a la simple opinión que se tenga sobre un asunto; por el contrario,
son las más íntimas y arraigadas convicciones de la persona las que pueden
servir como fundamento para el ejercicio de este derecho.
34. Desde el punto de vista formal, ha dicho la
Corte que el profesional de la salud que pretenda ejercer su derecho a objetar
conciencia deberá hacerlo por escrito expresando:
34.1. Las razones por las cuales el acto que debe
realizar es contrario a sus más íntimas convicciones morales, filosóficas o
religiosas, para lo cual no servirán formatos generales de tipo colectivo, ni
aquellos que realice persona distinta a quien ejerce la objeción de conciencia;
y
34.2. La indicación del profesional que suplirá al
objetor u objetora en el cumplimiento del deber omitido. Esto teniendo siempre
como presupuesto que se tenga certeza sobre la existencia de dicho profesional,
sobre su pericia para llevar a cabo el procedimiento requerido y de su
disponibilidad para garantizar la oportunidad del mismo.
Estas reglas fueron establecidas por la Corte con
la pretensión de respetar el carácter garantista y plural que tiene el núcleo
esencial de los derechos fundamentales, y a la vez generar elementos
para impedir que la objeción de conciencia se constituya en barrera de acceso a
la prestación del servicio esencial de salud, aportando seriedad y rigurosidad
en el ejercicio de la garantía fundamental de rehusar el cumplimiento de un
deber por razones de conciencia[62].
35. En conclusión, el derecho
fundamental a objetar en conciencia deriva del artículo 18 de la Carta, su
efectividad no está subordinada a la regulación legal, se encuentra íntimamente
relacionado con el carácter democrático y pluralista del sistema político y se
inserta en la cláusula general de libertad. Cuando esta garantía fundamental
entra en conflicto con derechos de la misma jerarquía, el asunto se convierte
en un problema de límites en el ejercicio de los derechos fundamentales, y
surge entonces la necesidad de acudir a criterios de ponderación, que atiendan la
naturaleza del reparo de conciencia, la seriedad con la que es asumido, la
afectación que su desconocimiento produce en quien objeta; y de otra,  la
importancia del deber jurídico frente al cual se plantea la objeción, su mayor
o menor proyección social, el grado de interferencia que el ejercicio del
derecho a objetar produce respecto de los derechos de terceras personas, o el
grado de reversibilidad de la lesión que tal incumplimiento produce. Así mismo,
habría que considerar las circunstancias en que se desarrolla la objeción, las
posibilidades de suplir a los objetores en el cumplimiento del deber rehusado,
o de sustituirlo por otro de similar naturaleza, que no plantee conflictos de
conciencia a dichos objetores.
Cuando la objeción de conciencia
se ejerce en el campo de la salud, es preciso tener en cuenta unas reglas
específicas consistentes en que la titularidad reposa en los profesionales que
deben participar directamente en la intervención o procedimiento. La
objeción de conciencia se debe manifestar por escrito y contener las razones
que impiden al profesional llevar a cabo el procedimiento o intervención, e
indicar el profesional que suplirá al objetor(a) en el cumplimiento del deber omitido.
Análisis de constitucionalidad
36. Los
demandantes consideran que el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de
2004 vulnera los derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad de los
pacientes (artículos 1°, 11 y 12 de la Constitución Política). En su criterio,
la norma permite y promueve que se regulen y practiquen procedimientos médicos
o de enfermería contrarios a estos derechos. Por tal razón, solicitan la inexequibilidad
de la totalidad del parágrafo.
A partir de la
demanda, las intervenciones y el concepto del Ministerio Público la Sala
identificó dos problemas jurídicos sobre los cuales debía pronunciarse:
(i) Determinar si la
norma que establece la posibilidad de que el profesional de enfermería haga uso
de la objeción de conciencia “en los casos de que la ley o las normas de las
instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la
dignidad y los derechos de los seres humanos”, contraviene pilares
fundamentales del ordenamiento constitucional como son el principio de dignidad
humana, el derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o
degradantes (Arts. 1, 11, 12 C.P.).
(ii) Establecer bajo
qué presupuestos, el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los
profesionales de la enfermería resulta compatible con el derecho fundamental de
los pacientes a preservar su dignidad, su vida y su integridad mediante el
acceso oportuno a los servicios de salud.
A continuación
procede la Sala a pronunciarse sobre estas dos cuestiones.
(i) La expresión “En
los casos en que la ley o las normas de las instituciones permitan
procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la dignidad  y derechos de
los seres humanos”,  contenida en el parágrafo del artículo 9° de la Ley
911 de 2004,  quebranta los derechos a la dignidad, a la vida y a la integridad
de los pacientes.
37. El parágrafo
del artículo 9° de la Ley 911 de 2004, acusado en su integridad, establece que “En
los casos en que la ley o las normas de las instituciones permitan procedimientos
que vulneren el respeto a la vida, la dignidad  y derechos de los seres
humanos, el profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de
conciencia, sin que por esto se les pueda menoscabar sus derechos e
imponérseles sanciones”.
Esta norma forma
parte del capítulo[63] que
regula la “Responsabilidad del profesional de enfermería con los sujetos de
cuidado”. El artículo 9° en el cual se inserta el parágrafo examinado prevé
que “Es deber del profesional de enfermería respetar y proteger el derecho a
la vida de los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Así mismo,
respetar su dignidad, integridad genética, física, espiritual y síquica”.
38. Como lo
advierte un importante número de intervinientes el objetivo de la norma parece
ser el de introducir explícitamente en el código deontológico de la profesión
de enfermería la posibilidad de que estos profesionales ejerzan la
prerrogativa, ya prevista en la Constitución (Art. 18), de acudir a la objeción
de conciencia, sin que ello les genere menoscabo a sus derechos o la imposición
de sanciones. Esta posibilidad, desde luego, está amparada por el precepto
constitucional  en mención.
Sin embargo, es
preciso detenerse en el primer segmento de la norma enjuiciada. El hecho de que
este reconduzca el ejercicio de la objeción de conciencia a “los casos en
que la ley o las normas de las instituciones permitan procedimientos que
vulneren el respeto a la vida, la dignidad  y derechos de los seres humanos”, implica
que el legislador previó como correctivo frente a  preceptos de naturaleza
legal, administrativa o reglamentaria que vulneren el respeto a la vida, la
dignidad y los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud, el
ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la
enfermería.
39. Este contenido
normativo presenta serios e insalvables problemas de constitucionalidad. En
primer lugar, porque admite y tolera, de antemano, que el propio legislador o
las instituciones prestadoras del servicio de salud, emitan disposiciones que
entrañen vulneración a los derechos a la vida, a la dignidad y a los derechos
humanos de los pacientes. Un enunciado que admite regulaciones que vulneren los
derechos humanos comporta una sustracción por parte del legislador de su deber
de legitimar sus actuaciones mediante mandatos orientados al respeto, promoción
y defensa de estos derechos, cuya primacía vincula a todos los poderes
públicos.
40. En segundo
lugar, porque, además de tolerar la existencia de disposiciones contrarias a
pilares esenciales de la organización política como la dignidad, la vida y en
general, los derechos humanos, contempla un correctivo que no es idóneo para
enfrentar las afectaciones ius fundamentales que esos preceptos pueden generar,
comoquiera que deja librada su salvaguarda a la voluntad de los profesionales
de enfermería que decidan ejercer la objeción de conciencia. Esta manera de
concebir la protección y defensa de estos principios y derechos esenciales genera
un déficit de protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud
que resulta  contrario a los imperativos constitucionales de respeto a la
dignidad humana (Art. 1°), inviolabilidad de la vida (Art. 11), y preservación
de la integridad física y mental (Art. 12) de los pacientes.
No debe perderse de
vista  que  la norma forma parte del estatuto que regula la responsabilidad
deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería, el cual adopta
como principios y valores fundamentales que orientan el ejercicio de esta
profesión “el respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus
derechos, sin distingos de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua,
cultura, condición socioeconómica e ideología política” (Art. 1º).  La
inclusión en ese mismo contexto normativo de un precepto que admite y tolera la
existencia o emisión de normas contrarias a esos valores que dice proteger y
promover, debilita y erosiona el elevado estándar moral que se pretendió dar al
estatuto.
41. El segmento
normativo enjuiciado se opone así mismo al carácter humanista y pro homine
que se quiso imprimir a una regulación que concibe el acto de cuidado como “el
ser y esencia del ejercicio de la profesión” y se da “a partir de la
comunicación y relación interpersonal humanizada entre el profesional  de
enfermería y el ser humano sujeto de cuidado, la familia o grupo social, en las
distintas etapas de la vida, situación de salud y entorno”. Cuyo propósito
es el de “promover la vida, prevenir la enfermedad, intervenir en el
tratamiento, en la rehabilitación y dar cuidado paliativo, con el fin de
desarrollar, en lo posible, las potencialidades individuales y colectivas” (Art.3º).
Tal como quedó registrado  en los fundamentos de
esta providencia los desarrollos y las corrientes internacionales en materia
deontológica pregonan que “son inherentes a la enfermería el respeto de los
derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a
la libre elección, a la dignidad y a ser tratado con respeto” [64]
y consideran  los derechos humanos, la equidad, la justicia y la
solidaridad, como valores que se encuentran en la base del “acto de
cuidado”. Estos valores, que también son imperativos constitucionales, se
ven contrariados por la norma que tolera que la ley o las regulaciones de las instituciones
de salud establezcan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, a la
dignidad y a los derechos humanos.
Un código deontológico no puede, por un lado,  exigir
a los profesionales de enfermería  ajustar su comportamiento a parámetros de
elevado estándar moral como el respeto a la vida, a la dignidad, a los derechos
humanos y ser sensibles a estos valores esenciales en los que se sustenta el
orden jurídico, y, paralelamente, introducir un precepto que tolera la
existencia de normas contrarias a ese marco axiológico que sirve de orientación
al ejercicio de la profesión.
42. A partir de las anteriores consideraciones,
encuentra la Sala que la expresión “En los casos en el que la ley
o las normas de las instituciones permitan procedimientos que vulneren el
respeto a la vida, la dignidad, y los derechos de los seres humanos,” contenida en el
parágrafo del artículo 9° de la Ley 911 de 2004, en efecto tolera o admite la existencia
de normas, procedimientos o prácticas que contrarían el orden constitucional y
en particular, que atentan contra la vida (Art. 11), la dignidad (Art. 1°) y la
integridad de los pacientes (Art. 12).  El legislador se sustrajo así de su
deber de legitimar su actividad en el marco del respeto, la promoción y la defensa
de los derechos fundamentales, cuya primacía vincula a todos los poderes
públicos en el ejercicio de sus competencias. Por consiguiente la Corte
declarará su inexequibilidad.
(ii) La objeción
de conciencia, por parte del profesional de enfermería, debe ser ejercida conforme
a los lineamientos constitucionales establecidos en la jurisprudencia en el
ámbito dela salud
43. Comoquiera que
la demanda se dirigió contra el contenido integral del parágrafo del artículo 9°
de la Ley 911 de 2004, declarada la inexequibilidd del primer aparte de esta
disposición, procede la Corte a examinar el segmento final del precepto
acusado, esto es, la expresión “el profesional de enfermería podrá hacer uso
de la objeción de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus
derechos e imponérseles sanciones”.
Sobre el particular
observa la Corte que declarada la inconstitucionalidad del segmento inicial del
parágrafo acusado, la expresión “el profesional de enfermería podrá hacer
uso de la objeción de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus
derechos e imponérseles sanciones”, en sí misma no se muestra contraria a
los preceptos constitucionales invocados por los demandantes, esto es, el
derecho a la vida, a la dignidad y a los derechos humanos.
44. Este aparte de
la norma examinada establece la posibilidad para los profesionales de esta
disciplina de apartarse de un deber jurídico, por considerarlo contrario a sus
íntimas, profundas y sinceras convicciones morales, éticas, filosóficas o
religiosas, sin que por ese solo hecho se les pueda deducir responsabilidad
disciplinaria o menoscabar sus derechos como profesionales del ramo. No
obstante, la prerrogativa allí establecida, que constituye un derecho
fundamental de estos profesionales, debe ser ejercida en los términos en que lo
ha establecido la jurisprudencia de esta Corte al interpretar el artículo 18 de
la Carta, cuando su ejercicio entra en conflicto con otros derechos,
específicamente con el derecho a la salud.
En este
orden de ideas, los profesionales de enfermería pueden acudir a la objeción de
conciencia cuando el orden jurídico vigente les exija cumplir un comportamiento
que su conciencia les prohíbe. La objeción de conciencia en general, y en
particular tratándose de profesionales de enfermería, puede invocarse frente a
un deber jurídico del cual su titular se aparta, para obedecer los dictados de
su conciencia, y preservar así la propia integridad moral. Sin embargo, dicho
reconocimiento debe ser armonizado con los derechos de los pacientes a recibir
atención oportuna, continua, integral y de calidad.
No en vano entre los principios y valores éticos
del acto de cuidado de enfermería se encuentran el respeto a la vida, a la
dignidad de los seres humanos, específicamente de los pacientes, sin distingos
asociados a la edad, el credo, el sexo, la raza, la ideología o la condición
socioeconómica  (Art. 1° L. 911/04). El acto de cuidado de enfermería debe
estar orientado así mismo por los principios que guían el sistema de salud y
seguridad social, esto es, la integralidad, la individualidad, la dialogicidad,
la calidad y la continuidad (Art. 2° ib.).
45. Cabe
recordar aquí que la garantía del derecho fundamental a la objeción de
conciencia exige que las convicciones que esgrime quien lo ejerce, no sean
sometidas a verificación objetiva acerca de si son justas o injustas, acertadas
o erróneas. Lo que sí exige es que los motivos en que se funda el ejercicio de
este derecho, emerjan de  las más íntimas y arraigadas convicciones del
individuo, de modo que la simple opinión que se tenga sobre un asunto no
constituye fundamento suficiente para rehusar el cumplimiento de un deber
legal, al amparo de la objeción de conciencia.
46. El precepto examinado, ubicado en el  contexto
de los principios deontológicos que orientan el estatuto del cual forma parte,
busca generar contextos de cuidado que propicien la realización de los derechos
fundamentales tanto de los usuarios del sistema de salud –pacientes- como de
los mismos dispensadores de cuidados –los profesionales de enfermería-.
De manera que bajo
una perspectiva integral y sistemática de la norma, en el contexto de los
principios que rigen el estatuto del cual forma parte, el segmento normativo
examinado no se encuentra en contraposición con los derechos de los pacientes,
toda vez que se enmarca dentro de los postulados del derecho a la objeción de
conciencia por parte de los destinatarios de la ley, el cual, se insiste, debe
ser ejercido dentro de los límites que ha establecido la jurisprudencia en
materia de salud.
47. El
objeto de protección de la norma, como ya se refirió, es el ejercicio de la
objeción de conciencia de los profesionales de enfermería, como herramienta que
les permite expresar su oposición ética frente a mandatos legales o
reglamentarios proferidos por las instituciones prestadoras de salud, que en
virtud de sus íntimas y profundas convicciones personales consideren contarios
a valores que como dispensadores de cuidados se comprometió a defender y
promover como son la dignidad, la vida y la integridad de los pacientes.
48. La
norma examinada protege, de una parte, el derecho fundamental de los
profesionales de la enfermería a seguir su propio sentido ético, a ser fieles a
la regla de comportamiento que les dicta su conciencia en el ejercicio de su
práctica como dispensadores de cuidados; y de otra, el derecho de los pacientes
a que su dignidad, el respeto por su vida, su autonomía y demás derechos
humanos comprometidos en el acto de cuidado, se erijan en parámetro y límite
del ejercicio de esta profesión. La norma enjuiciada brinda así la posibilidad
a los profesionales de enfermería de resolver los conflictos entre su
conciencia y la ley positiva, entre el deber jurídico y el deber moral, sin que
ello pueda redundar en desmedro de los derechos de los pacientes a la preservación
de su dignidad, de su vida y de su integridad física y psicológica.
49.
Justamente, en virtud de las exigencias de ponderación que el ejercicio del
derecho fundamental a la objeción de conciencia impone, cuando ello puede
entrar en conflicto con la garantía del derecho fundamental de los usuarios a
acceder a servicios de salud dignos, integrales, continuos, con calidad y
oportunidad, procede la Corte a reiterar las reglas jurisprudenciales
establecidas sobre el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de
conciencia por parte de profesionales de la salud, en los términos expuestos en
los fundamentos 25 a 35 de esta sentencia.
Cabe
precisar que el hecho de que se admita que el propósito del legislador al
expedir el parágrafo del artículo 9º de la Ley 911 de 2004, fue el de dejar
explícito en la ley el derecho fundamental de los profesionales de enfermería a
la objeción de conciencia, no excluye que la interpretación de esta garantía se
complemente y precise con los desarrollo que sobre el particular ha efectuado
la jurisprudencia, especialmente cuando dicho ejercicio se efectúa por parte de
profesionales de la salud.
50. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia de
esta Corte, y aquí se reitera, el derecho a la objeción de conciencia, en este
caso de los profesionales de enfermería, constituye una legítima expresión de
su libertad de dirigir en forma autónoma su propia racionalidad, sin otro
límite que la eficacia de los derechos de terceros (particularmente de los
pacientes) y el bien común. Es una garantía que reconoce y reafirma que el ser
humano, en tanto ser de elecciones, está ontológicamente facultado para aceptar
o rehusar, pero que recuerda, así mismo, que “la Constitución impone deberes
en consideración a intereses generales de la comunidad
y que responden al criterio conforme al cual todas las personas están obligadas
a contribuir al mantenimiento de las condiciones que permiten la armónica
convivencia”[65].
51. La tensión latente entre la efectividad de la
garantía fundamental de objetar en conciencia el cumplimiento de un deber
jurídico por parte de los profesionales de la salud, y los derechos
fundamentales de los pacientes y usuarios del sistema de salud, ha llevado a la
jurisprudencia de esta Corte al diseño de unas pautas y criterios, orientados a
facilitar la coexistencia de estos derechos. Por consiguiente, en el caso de
los profesionales de enfermería son aplicables las siguientes pautas y
requisitos:
51.1. Los profesionales de enfermería pueden acudir a la objeción de conciencia siempre y cuando se trate
realmente de una “convicción de carácter filosófico, moral o
religioso debidamente fundamentada”, pues de lo que
se trata no es de poner en juego su opinión en torno a si está o no de acuerdo
con el procedimiento o tratamiento;
51.2. Los profesionales de enfermería pueden
eximirse del deber de llevar a cabo un procedimiento, tratamiento o acto de
cuidado, por motivos de conciencia, siempre y cuando se garantice la prestación
del servicio o acto rehusado  en condiciones de calidad y de seguridad para la
salud y la vida del paciente, sin imponerle cargas adicionales o exigirle
actuaciones obstaculicen su acceso a los servicios de salud requeridos, y con
ello, desconocerle sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la
salud, a la integridad personal, a la dignidad humana.
51.3. El profesional de la enfermería que
ejerza el derecho a objetar en conciencia el cumplimiento de un deber, deberá
hacerlo personalmente y por escrito, expresando las razones por las que
considera que el acto que debe realizar es contrario a sus íntimas y arraigadas
convicciones éticas, filosóficas, morales o religiosas. Debe indicar, así
mismo, el profesional que lo suplirá en el cumplimiento del deber omitido,
teniendo en cuenta para ello la certeza sobre la existencia de dicho
profesional, su pericia para llevar a cabo el procedimiento o acto de cuidado
requerido, y la disponibilidad para garantizar la oportunidad del mismo.
52. A través de los requisitos y pautas señalados
se pretende armonizar el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de
los profesionales de enfermería, con los derechos fundamentales a la vida, a la
salud, a la dignidad, a la autonomía, a la integridad personal y al acceso a
servicios de salud con calidad, integralidad y oportunidad de que son titulares
los usuarios del sistema de salud. Aparte de reconocer el carácter relacional
de los derechos fundamentales, una interpretación de esta naturaleza promueve
en los profesionales de enfermería su reconocimiento como agentes valiosos en
una sociedad, comoquiera que su labor tiene claras implicaciones en la
protección y defensa tangible de los derechos humanos, dada la posición
especial que ocupan frente al usuario; interactúan en forma determinante en la
prestación de un servicio público, y su actividad incide en el bienestar
general y en la construcción de una sociedad más solidaria, justa y equitativa.
53. Por
las razones expuestas, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “el
profesional de la enfermería podrá hacer uso de la objeción de conciencia, sin
que por esto se les pueda menoscabar sus derechos e imponérseles sanciones”
contenida en el parágrafo del artículo 9º de la Ley 911 de 2004 “Por la cual se
dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el
ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se establece el régimen
disciplinario correspondiente y se distan otras disposiciones”. No encontró la Corte
que el  contenido normativo de este segmento, interpretado de conformidad con
las reglas jurisprudenciales expuestas, fuese contrario a los principios,
derechos y valores contenidos en los artículos 1, 11 y 12 de la Constitución,
específicamente al derecho a la dignidad, a la vida y al respeto de la
integridad física y psicológica de los pacientes destinatarios de los servicios
de enfermería.
54. Una interpretación sistemática del aparte normativo examinado
con los principios que orientan el código deontológico para la enfermería en
Colombia, permite sostener que la misma reafirma el valor de la dignidad, la
vida y los derechos humanos como estándares normativos de la más elevada
jerarquía moral, a los que deben sujetarse en el ejercicio de la profesión las
enfermeras y los enfermeros, incluso, cuando acuden a invocar de manera
legítima su derecho a objetar en conciencia. De manera que lo que
pretende el segmento normativo examinado, interpretado en forma sistemática con
los principios en que se sustenta el estatuto del cual forma parte, es proveer
un marco axiológico que sirva de orientación al ejercicio profesional de la
enfermería y que suministre a estos profesionales -dispensadores de
cuidados- parámetros universales del más elevado estándar moral, para la
resolución de los dilemas éticos que pueda enfrentar, sin que con ello se
menoscaben los derechos de los pacientes a acceder a un servicio de salud
oportuno, integral, continuo y de calidad.
55. El ámbito de
regulación de del segmento normativo examinado lo constituye el derecho
fundamental a la objeción de conciencia del que son titulares los profesionales
de enfermería. A pesar de que, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia de
esta Corte, la efectividad de esta garantía fundamental no está subordinada a
su desarrollo legal, nada obsta para que el legislador enuncie en un código
deontológico este derecho, sin perjuicio de que para precisar su interpretación
y alcance se acuda a los desarrollos jurisprudenciales que la jurisprudencia
constitucional ha efectuado en torno al artículo 18 de la Carta Política. Esto
último resulta de especial importancia cuando se trata de la regulación del
derecho a objetar en conciencia el cumplimiento de un deber por parte de los
profesionales de la salud, en particular de las enfermeras y enfermeros, toda
vez que la jurisprudencia de esta Corte ha diseñado unas pautas y requisitos
para su ejercicio en aras de armonizar su garantía con la efectividad de los
derechos fundamentales de los pacientes, sujetos destinatarios del acto de
cuidado propio de la enfermería.
56. Una vez
declarada la inconstitucionalidad parcial del parágrafo del artículo 9° de la
Ley 911 de 2004 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de
responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en
Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se distan
otras disposiciones”, el contenido de este precepto será del siguiente
tenor: “el profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de
conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus derechos o imponérsele
sanciones”.
VII. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “En los casos en que la ley o
las normas de las instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto
a la vida, la dignidad, y los derechos de los seres humanos,” contenida en el parágrafo del artículo 9º de la
Ley 911 de 2004, y EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el
segmento normativo “el profesional de enfermería podrá hacer uso de la
objeción de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus derechos o
imponérsele sanciones”, contenida en la misma disposición.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y
archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con aclaración de
voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Con aclaración de
voto
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de
voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de
voto
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE
VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-274/16
NORMA DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION DE ENFERMERIA-Comparte concepto del Ministerio Público que sostiene que no debería
existir disposición jurídica que permita o promueva se atente contra la vida y
dignidad de una persona (Aclaración de voto)
NORMA DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION DE ENFERMERIA-Acompaña
ponencia bajo el entendido que no limita la objeción de conciencia (Aclaración de voto)/OBJECION DE CONCIENCIA-Ejercicio queda
con ámbito de aplicación más amplio (Aclaración de voto)/DERECHO A LA
OBJECION DE CONCIENCIA-Constitución no establece
restricciones para su ejercicio (Aclaración de voto)
LIBERTAD DE CONCIENCIA-Limitaciones al
ejercicio (Aclaración de voto)/DERECHO FUNDAMENTAL A LA OBJECION DE
CONCIENCIA-Garantía (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente
D-l 1099. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 9 de
la Ley 911 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones en materia
de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería
en Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan
otras disposiciones”.
Magistrada
Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Si bien, comparto la decisión de mayoría
estimo imperioso aclarar mi voto, por las razones que, de manera sucinta,
seguidamente expongo:
La demanda se
dirigió contra el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de 2004, el cual
establecía: "PARAGRAFO: En el caso en el que la ley o las
normas de las instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a
la vida, a la dignidad, y los derechos de los seres humanos, el profesional de
enfermería podrá hacer uso de la objeción de conciencia, sin que por esto se le
pueda menoscabar sus derechos o imponérsele sanciones”. Según los cargos
de la demanda, la existencia de este precepto permitiría que en la ley y en los
reglamentos se incorporaran reglas que atentaran contra la vida, la dignidad o
cualquier otro derecho equivalente. Igualmente, señaló que la disposición
acusada desconocía el derecho de los pacientes a participar en los
procedimientos médicos o a brindar su consentimiento informado sobre los
mismos.
Debo señalar que la norma demandada, de
la forma como venía redactada, no hacía cosa distinta que reconocer el derecho
a la libertad de conciencia de los profesionales de la enfermería,
específicamente, tratándose de aquellas situaciones en las que la ley o los
reglamentos de las instituciones de salud que por virtud de los
pronunciamientos emanados de esta corporación hayan incorporado, de alguna u
otra manera, la posibilidad de emprender acciones, omisiones o procedimientos
que pudieran estimarse como vulneradores del derecho a la vida, a la dignidad y
a cualquier otro derecho de similar significación. Luego, estos profesionales
de la salud, de acuerdo con sus convicciones, bien podían abstenerse de actuar
en contra de las mismas.
Desde ese punto de vista, comparto el
concepto del Ministerio Público en cuanto sostuvo que: "Desde una
perspectiva constitucional efectivamente no debe, ni debería existir ninguna
disposición jurídica que permita o promueva que se atente contra la vida y la
dignidad de una persona, como bien lo afirman los actores. Sin embargo, lo
cierto es que sí existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano servicios
médicos que implican el desconocimiento de la vida (...) y que han sido
avalados por la Corte Constitucional como constitucionalmente admisibles al mismo
tiempo que incluso de algunos de ellos se ha pretendido hacer derivar
obligaciones de las personas e instituciones del sector de la salud; también
existen prácticas que en la actualidad se realizan sin restricción alguna de
acuerdo con las nuevas técnicas científicas o procedimientos médicos que, más
allá de que jurídicamente sean reconocidos o no como transgresores de la vida
de otros seres humanos, en todo caso admiten ser juzgados en conciencia como
tales, por ejemplo por los profesionales de la enfermería, en razón de las
discusiones e incertidumbres médicas que respecto de ellos existen, las cuales
generan dudas razonables y comprensibles".
Y es que, en efecto, el contenido de la
norma obedece a la realidad de se vive actualmente en Colombia, hoy por hoy, se
puede recurrir a una serie de maneras de disponer del derecho a la vida de los
cuales se citan como ejemplos, el aborto, la eutanasia, la fertilidad asistida,
la maternidad subrogada, entre otros.
Sin embargo, la mayoría de la Sala,
dándole alcance a los cargos del demandante, en el sentido de que en nuestro
Estado Social de Derecho, es inconcebible de que en la Ley o en los reglamentos
se incorporen disposiciones que puedan conculcar el derecho a la vida, a la
dignidad humana u otros derechos de igual categoría, decidió declarar
inexequible la primera parte de la disposición demandada; quedando está última
con el siguiente enunciado: "el profesional de enfermería podrá
hacer uso de la objeción de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar
sus derechos o imponérsele sanciones "
Vista así las cosas decidí acompañar la
ponencia, tal y como quedó el texto en cuestión, bajo el entendido de que no
limita la objeción de conciencia frente a los supuestos reseñados en el texto
original, y genera el efecto o la consecuencia de que el ejercicio de la
objeción de conciencia queda con un ámbito de aplicación mucho más amplio,
aspecto que comparto, si se tiene en cuenta que el artículo 18 constitucional
que consagra ese derecho al señalar que "se garantiza la libertad de
conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia" en modo alguno
establece restricciones para su ejercicio.
Es pues, desde esa perspectiva que
comparto la decisión que finalmente se adoptó, sin embargo, considero que
algunos de los criterios que se exponen en las motivaciones a título de ratio deciden di y que, a mi modo
de ver, constituyen típicos "dichos al pasar" o "obiter
dictum", no han debido esbozarse apropósito de limitar el
ejercicio de la libertad de conciencia, no obstante que la implicación inicial
del pronunciamiento adoptado fue extender su campo de actuación en los términos
en los que la disposición constitucional citada lo previene, más sin embargo,
de esas limitaciones al ejercicio de la libertad de conciencia, compartiría las
que están relacionadas en el punto (45.3), que ciertamente recogen lo que la
jurisprudencia ha dicho al respecto en el sentido de que "la garantía
del derecho fundamental a la objeción de conciencia exige que las convicciones
que esgrime quien lo ejerce, no sean sometidas a verificación objetiva acerca
de si son justas o injustas, acertadas o erróneas. Lo que sí exige es que los
motivos en que se funda el ejercicio de3 este derecho, emerjan de las más
íntimas y arraigadas convicciones del individuo, de modo que la simple opinión
que se tenga sobre un asunto no constituye fundamento suficiente para rehusar
el cumplimiento de un deber legal, al amparo de la objeción de conciencia
".
Fecha ut supra,
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-274/16
NORMA DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION DE ENFERMERIA-Sentencia debió formular algunas precisiones en torno a la
titularidad individual y no colectiva o institucional de la objeción de
conciencia (Aclaración de voto)
DERECHO FUNDAMENTAL A LA OBJECION DE CONCIENCIA EN EL AMBITO DE LA SALUD-Corte debió incorporar postura en relación con la naturaleza
exclusivamente individual de la posibilidad de alegar inobservancia de un deber
jurídico por motivos de conciencia (Aclaración de voto)
DERECHO A LA OBJECION DE CONCIENCIA-Reconocimiento
a personas naturales (Aclaración de voto)/OBJECION DE CONCIENCIA-No es admisible que entidades prestadoras de servicios médicos o
sanitarios hagan uso de forma institucional o colectiva (Aclaración de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Protección de derechos
fundamentales en la actividad de los profesionales de la salud (Aclaración de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-No es adecuado excluir un
parámetro jurisprudencial tan relevante como es la titularidad individual y no
colectiva (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-11099
Demanda
de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de
2004 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad
deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se
establece el régimen disciplinario correspondiente y se distan otras
disposiciones”.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento los motivos que me conducen a aclarar mi voto en
la sentencia de la referencia, proferida por votación mayoritaria de la Sala
Plena en sesión del 25 de mayo de 2016.
1.
La sentencia C-274 de 2016 estudió una
demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo del artículo 9 de la
Ley 911 de 2004, norma que establecía la posibilidad, para el profesional de
enfermería, de hacer uso de la objeción de conciencia en aquellos casos en que
la ley o las normas de las instituciones permitieran procedimientos
que atentaran contra “el respeto a la vida, la dignidad y los derechos de
los seres humanos.”
2.
Parte de la norma acusada fue declarada
inexequible por admitir y tolerar, de antemano, que el Legislador o las
instituciones establecieran normas contrarias a la vida, a la dignidad y a los
derechos humanos. Además, la Sala consideró que el precepto normativo no
consagraba un mecanismo idóneo para la protección de estos derechos, comoquiera
que se dejaba librada a la voluntad del profesional de enfermería la defensa de
los mismos a través del ejercicio de la objeción de conciencia.
En lo restante, se mantuvo en el ordenamiento jurídico el enunciado
normativo que faculta al profesional de enfermería para hacer uso de la objeción
de conciencia, sin que por esto se le puedan menoscabar sus derechos o
imponérsele sanciones. Al respecto, la Corte precisó que el aparte
declarado exequible desarrolla el derecho fundamental a la objeción de
conciencia, previsto en el artículo 18 Superior. En este sentido, se reconoció
la posibilidad de que los profesionales de la enfermería acudan a la objeción
de conciencia, siempre que hagan uso de ella conforme a los lineamientos que la
jurisprudencia constitucional ha establecido para su ejercicio en el ámbito de
la salud.
3.
Aunque comparto plenamente la decisión adoptada,
considero que la sentencia ha debido formular algunas precisiones en torno a la
titularidad individual y no colectiva o institucional de la objeción de
conciencia. En efecto, dentro de la reiteración de las pautas jurisprudenciales
que rigen el ejercicio de este derecho fundamental en el ámbito de la salud (y
que son exigibles a los profesionales de la enfermería), ha debido incorporarse
la postura establecida por la Corte Constitucional en relación con la
naturaleza exclusivamente individual de la posibilidad de alegar la
inobservancia de un deber jurídico por motivos de conciencia.
4.
Por lo tanto, es oportuno hacer referencia a la
regla jurisprudencial que se echa de menos en la sentencia respecto de la cual
aclaro mi voto y que es pertinente para el adecuado entendimiento de la
objeción de conciencia en materia de salud.
5.
En las sentencias C-355 de 2006,[66]
T-988 de 2007[67]
y T-209 de 2008,[68]
(entre varias otras decisiones)[69]
aplicables a los profesionales de la salud, la Corte Constitucional ha
sostenido que “la objeción de conciencia no es un derecho del cual son
titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a
personas naturales,”[70]
de modo que no resulta admisible que las entidades prestadoras de servicios
médicos o sanitarios (cualquiera que sea su denominación) hagan uso de la
objeción de conciencia de forma institucional o colectiva.
Esta postura jurisprudencial se encuentra plenamente justificada,
pues con ella se pretende garantizar la prestación del servicio público
esencial de salud y evitar posibles barreras de acceso al mismo. De esta
manera, se protegen los derechos fundamentales implicados en la actividad de
los profesionales de la salud, particularmente en casos especialmente
controvertidos como el de la interrupción voluntaria del embarazo en aquellos
eventos en los que el ordenamiento jurídico lo permite.[71]
6.
En consecuencia, no considero adecuado excluir
un parámetro jurisprudencial tan relevante –como lo es la titularidad
individual y no colectiva de la objeción de conciencia– de la recopilación de
reglas constitucionales que rigen el ejercicio de este derecho y a las cuales
se sujeta la actuación de los profesionales de enfermería. Por ende, considero
que la ponencia que contó con la aprobación mayoritaria de la Sala ha debido
incluir este aspecto.
De esta manera, expongo las razones que me motivan
a aclarar mi voto respecto de las consideraciones formuladas en la decisión que,
en esta oportunidad, ha tomado la Sala Plena.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-274/16
NORMA
DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION DE ENFERMERIA-La providencia
pudo haber profundizado en mayor detalle las subreglas que la jurisprudencia
constitucional ha construido en relación a los límites existentes en materia de
objeción de conciencia respecto de procedimientos en materia de salud (Aclaración
de voto)
OBJECION
DE CONCIENCIA-Alcance (Aclaración de voto)
OBJECION
DE CONCIENCIA-Encuentra límites en los derechos de los demás y en la existencia
de deberes jurídicos vinculados a aspectos como los requerimientos de orden
público, la tranquilidad, la salubridad o la seguridad colectiva (Aclaración
de voto)
Referencia: expediente D-11099
Demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de 2004 "Por la cual
se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el
ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se establece el régimen
disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones ".
Magistrado
ponente:
Luis Ernesto
Vargas Silva
Con el debido
respeto por las decisiones de esta Corporación, presento aclaración de voto al
fallo adoptado por la Sala Plena dentro de la sentencia C-274 de 2016, mediante
la cual se analizó la constitucionalidad de el parágrafo del artículo 9 de la
Ley 911 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones en materia
de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería
en Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan
otras disposiciones ".
Comparto las premisas centrales sobre las
que se fundamenta el citado fallo, tales como: (i) el contenido
normativo demandado presenta serios e insalvables problemas de
constitucionalidad, porque admite y tolera la existencia de regulaciones que
vulneren los derechos humanos y (ii) contempla un
correctivo que no es idóneo para enfrentar las afectaciones ius fundamentales
que
esos preceptos pueden generar, comoquiera que deja librada su salvaguarda a la
voluntad de los profesionales de enfermería que decidan ejercer la objeción de
conciencia.
Sin embargo,
considero que la providencia emitida por la Sala Plena pudo haber profundizado
en mayor detalle las subreglas que la jurisprudencia constitucional ha
construido en relación a los límites existentes en materia de objeción de
conciencia respecto de procedimientos en materia de salud. En este sentido,
esta corporación ha destacado de una lado: (i) la existencia de
criterios de ponderación al derecho a la objeción de conciencia y (ii) la presencia de
límites constitucionales a las prerrogativas derivadas de esta garantía
constitucional.
Así las cosas, en materia de objeción de
conciencia cuando el beneficiario ejerce una disciplina médica o relacionada
con el cuidado y atención de pacientes, requiere de la existencia de unos
criterios de armonización que hagan énfasis en la naturaleza de los derechos en
juego, la seriedad con la que es asumida la objeción y la afectación que su
ejercicio eventualmente puede producir en terceras personas que acuden al
sistema de salud. En esta medida vale precisar que:
(i)    Los profesionales
de la salud pueden eximirse del deber de llevar a cabo un procedimiento,
tratamiento o acto de cuidado, por motivos de conciencia, siempre y cuando se
garantice la prestación del servicio o acto rehusado en condiciones de calidad
y de seguridad para la salud y la vida del paciente.
(ii) El ejercicio del
derecho a la objeción de conciencia debe ser claro y expreso, razón por la cual
no puede encubrirse la negación de servicios y procedimientos mediante la
interposición de barreras administrativas e institucionales.
(iii)La simple opinión
que se tenga sobre un asunto no constituye fundamento suficiente para rehusar
el cumplimiento de un deber legal, al amparo de la objeción de conciencia.
(iv) Al no ser la
objeción de conciencia un derecho absoluto, su ejercicio se encuentra limitado
por la propia constitución, es decir, no puede vulnerar los derechos
fundamentales de las mujeres.
(v)    Los profesionales
del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben proceder a la
interrupción del embarazo y, si el médico respectivo se niega a practicarlo
fundándose en la objeción de conciencia, su actividad no queda limitada a tal
manifestación sino que tiene la obligación subsiguiente de remitir
inmediatamente a la madre gestante a otro profesional que esté habilitado para
su realización, quedando sujeto a que se determine si la objeción de conciencia
era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la
profesión médica[72].
(vi) La prohibición de
prácticas discriminatorias para la gestante, y los profesionales de la salud
que no presenten objeción de conciencia para la práctica del procedimiento de
IVE, así como la obligación de quién la presenta de remitir de manera inmediata
a la mujer a otro profesional habilitado para llevar a cabo el procedimiento de
IVA, son mecanismos que garantizan la plena vigencia de la Constitución y hacen
efectivos los derechos humanos de las mujeres, y cumplen los compromisos adquiridos
por Colombia internacionalmente[73].
(vii) En
excepcionales casos, (como pudiera ser el de una urgencia médica), la posibilidad
de alegar la objeción de conciencia por parte del personal sanitario puede llegar
a restringirse e incluso prohibirse, ya que no existe una única fórmula que permita
resolver situaciones en tención.[74]
Así mismo, la Corte ha expresado que cuando se aborda el derecho a la
objeción de conciencia pueden presentarse tensiones con otros derechos de mayor
importancia constitucional. En este sentido ha precisado: [e]l problema
surge cuando la exteriorización de las propias convicciones morales con el
propósito de evadir el cumplimiento de un deber jurídico interfiere el
ejercicio de los derechos de otras personas. Dicho en otros términos: cuando
con el ejercicio de la objeción de conciencia se obstaculiza el ejercicio de
los derechos de terceras personas, entonces el asunto se convierte en un
problema de límites al ejercicio de derechos fundamentales, esto es, en un problema
de colisión entre el derecho individual y los valores y principios, derechos o
bienes protegidos por el deber jurídico"[75].
Entre
estos derechos que pueden llegar a entrar en colisión, claramente se destacan
la salud, la integridad y la vida.
Conforme a lo anteriormente expuesto, es
claro que la objeción de conciencia encuentra límites en los derechos de los
demás y en la existencia de deberes jurídicos vinculados a aspectos como los
requerimientos del orden público, la tranquilidad, la salubridad o la seguridad
colectiva.
De esta manera dejo expuestas las razones
que me llevan a aclarar voto en la presente decisión
Fecha ut supra,
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Aclaración
de voto de la Magistrada
María
Victoria Calle Correa
a
la Sentencia C-274/16
NORMA
DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION DE ENFERMERIA-Problema
de técnica legislativa (Aclaración de voto)
Este es pues el problema de técnica legislativa básico que
contempla la norma legal acusada. Establece un derecho de objeción de
conciencia para casos en los cuales se presenta una grave violación a un deber
jurídico superior. En otras palabras, se permite objetar la conciencia cuando
los mandatos de ésta coinciden con los del orden constitucional vigente. Esto
genera el doble problema constitucional. Por una parte, se restringe indebida e
injustificadamente el derecho de toda persona a su libertad de conciencia y,
por otra, dado el tipo de restricción impuesta, deviene inane la institución
misma de objeción de conciencia.
OBJECION DE CONCIENCIA-Finalidad (Aclaración de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Contenido (Aclaración de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-En la medida en que los mandatos internos
coinciden con los impuestos externamente por el orden jurídico, no hay tensión
ni ruptura en el individuo (Aclaración de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Es cuando el mandato constitucional o
legal le reclama al ser humano actuar en contra de sus creencias fijas, serias
y profundas, tal como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional en la
materia, es preciso invocarla para ser eximido del cumplimiento del mandato
jurídico (Aclaración de
voto)
NORMA
DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION DE ENFERMERIA-Desnaturalización
de la figura de objeción de conciencia, cuya importancia radica en proteger,
justamente, los mandatos y deberes que no impone el ordenamiento jurídico sino
la conciencia (Aclaración de voto)
NORMA
DEL CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION DE ENFERMERIA-La
objeción de conciencia para los enfermeros y enfermeras, según el parágrafo
acusado en su versión original, sería una figura sin ninguna utilidad práctica
(Aclaración de voto)
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA OBJECION DE CONCIENCIA EN EL AMBITO DE LA SALUD-No era
deseable que el juez constitucional hubiese declarado exequible condicionadamente
la norma acusada, como manera de preservar el derecho constitucional hasta
donde fuera posible (Aclaración de voto)
Referencia: D-11099
Demanda
de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 9 de la Ley 911 de
2014.
Magistrada
Ponente
Luis
Ernesto Vargas Silva
Acompaño
la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-274 de 2016,[76]
en la cual se resolvió declarar constitucional el derecho de las personas
profesionales de enfermería (la regla legal de la segunda parte del parágrafo
acusado; -par., art. 9, Ley 911 de 2004-, a saber: “el profesional de
enfermería podrá hacer uso de la objeción de conciencia, sin que por esto se le
pueda menoscabar sus derechos o imponérsele sanciones”), pero declarar
inconstitucional la identificación de las causales por las cuales se podría
invocar dicha objeción de conciencia (la regla legal de la primera parte del
parágrafo en cuestión, a saber: “En los casos en que la ley o las normas de
las instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la
dignidad, y  derechos de los seres humanos”).
1.
A la luz del orden constitucional vigente, las personas que se dedican a la
enfermería, al igual que las demás personas, tienen el derecho a su libertad,
lo que contempla, entre otras dimensiones, el derecho a no ser obligado a
actuar en contra de su conciencia (art. 18, CP). En tal medida, el orden
constitucional vigente, tal como lo señala la sentencia C-274 de 2016 que
acompaño con mi voto, reconoce a estos profesionales el derecho a la llamada
‘objeción de conciencia’ para evitar que se les obligue a cumplir un deber
jurídico que les implicaría actuar en contra de profundas convicciones de
carácter filosófico, moral, político o religioso. Tal derecho constitucional
puede ser identificado a partir de la constitución, el bloque de
constitucionalidad, la jurisprudencia constitucional y la legislación
estatutaria relevante para el efecto.[77]
2.
Una de los parámetros para la determinación del derecho a la objeción de
conciencia de las personas que se dedican a la enfermería es la importancia de
su actividad. Las enfermeras y los enfermeros son personas de cuyo trabajo
depende el goce efectivo del derecho a la salud de las personas que requieren
un determinado servicio médico. Por ello, respaldo plenamente a la Corte
Constitucional cuando advierte: “los profesionales de la salud pueden
eximirse del deber de llevar a cabo un procedimiento, tratamiento o acto de
cuidado, por motivos de conciencia, siempre y cuando se garantice la prestación
del servicio o acto rehusado  en condiciones de calidad y de seguridad para la
salud y la vida del paciente, sin imponerle cargas adicionales o exigirle
actuaciones obstaculicen su acceso a los servicios de salud requeridos, y con
ello, desconocerle sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la
salud, a la integridad personal, a la dignidad humana” (apartado 33.2 de
las consideraciones de la sentencia C-274 de 2016).
3.
En tal sentido, cabe resaltar, la totalidad de ‘las pautas y requisitos
sustanciales y formales que la jurisprudencia ha
establecido para que profesionales de la salud puedan ejercer su derecho a la
objeción de conciencia’, a las que la sentencia que acompaño como mi voto
(C-274 de 2016) hace referencia.[78]
4.
Comparto la decisión adoptada por la Corte Constitucional para declarar la
inexequibilidad parcial de la norma legal acusada. Pero es preciso aclarar el
problema de técnica legislativa que está en la raíz de este caso y que genera
la duda de constitucionalidad que posteriormente da objeto a la decisión de la
Corte.
4.1.
La objeción de conciencia tiene sentido cuando una persona se enfrenta a un
grave dilema: tener que seguir los mandatos de su conciencia o los mandatos
jurídicos. En aquellos casos en los que el orden constitucional vigente y los
mandatos de la conciencia coinciden, poco se requiere la objeción de conciencia.
Precisamente, el cumplimiento del deber jurídico, al coincidir con el deber que
impone la conciencia, no genera una tensión sino que, al contrario, permite que
el cumplimiento de aquél implique el cumplimiento de éste.
4.2.
Este es pues el problema de técnica legislativa básico que contempla la norma
legal acusada. Establece un derecho de objeción de conciencia para casos en los
cuales se presenta una grave violación a un deber jurídico superior. En otras
palabras, se permite objetar la conciencia cuando los mandatos de ésta
coinciden con los del orden constitucional vigente. Esto genera el doble
problema constitucional. Por una parte, se restringe indebida e
injustificadamente el derecho de toda persona a su libertad de conciencia y,
por otra, dado el tipo de restricción impuesta, deviene inane la institución
misma de objeción de conciencia.
4.2.1.
Como se indicó, la objeción de conciencia busca evitar que las personas se
tengan que enfrentar, en lo posible, a situaciones en las cuales deban elegir
entre el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y las obligaciones dictadas
por la propia conciencia. Se trata de un mandato expreso en la Carta Política,
según el cual  (i) ‘nadie será molestado por razón de sus convicciones o
creencias’;  (ii) nadie será compelido a revelarlas; y  (iii) nadie será ‘obligado
a actuar contra su conciencia’ (art. 18, CP). La objeción es importante
cuando los mandatos de la conciencia se enfrentan con los del orden jurídico.
Pero esto no ocurre, la persona no enfrente dilema alguno. Por el contrario, en
la medida en que los mandatos internos coinciden con los impuestos externamente
por el orden jurídico, no hay tensión ni ruptura en el individuo. Así, la
persona no ve afectada su libertad de conciencia. Es cuando el mandato
constitucional o legal le reclama al ser humano actuar en contra de sus
creencias fijas, serías y profundas, tal como lo ha indicado la jurisprudencia
constitucional en la materia, es preciso invocar la objeción de conciencia para
ser eximido del cumplimiento del mandato jurídico.
El
parágrafo acusado, tal cual como fue concebido por el legislador, restringe la
objeción de conciencia de las personas que ejercen la enfermería a los casos en
los que el deber de una ‘norma institucional’ vaya en contra de la vida, la
dignidad humana o algún otro derecho propio de un ser humano. Todas aquellas
creencias que sean vitales para una persona que no sean un procedimiento que
afecte el derecho a la vida, la dignidad o el resto de los derechos humanos,
como por ejemplo tener que guardar reposo durante el sabath (desde la
puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado), podría verse
irrazonablemente desprotegidas. ¿Si una institución de salud puede respetar a
una persona que sea enfermera el derecho a guardar el sabath,
adjudicando la prestación de un servicio de salud en ese momento de la semana a
otra persona, porque tendría derecho bajo el orden constitucional vigente a
dejar de reconocer este ámbito de la libertad de conciencia? No existiría razón
alguna para que la entidad o institución de salud respectiva, respete el
derecho a no actuar en contra de su propia conciencia a ese enfermero o
enfermera. En otras palabras, el parágrafo acusado dice a toda persona que es enfermera
o enfermero que sólo respetará el mandato constitucional de no obligarlos a
actuar contra su conciencia si sus creencias y los mandatos de su conciencia
coinciden con el derecho a la vida, la dignidad humana o a los derechos
humanos. Cualquier creencia filosófica, religiosa, política o moral, que sea
profunda, fija y sincera que no coincida con estos aspectos de los derechos
humanos, de manera pública y amplia, no podría ser invocada. Se trata a todas
luces de una desnaturalización de la figura de objeción de conciencia, cuya
importancia radica en proteger, justamente, los mandatos y deberes que no
impone el ordenamiento jurídico sino la conciencia.
La
sentencia C-274 de 2016 hace referencia a la jurisprudencia constitucional para
mostrar cómo el ámbito de protección de la figura de objeción de conciencia es
mucho más amplio que la simple oposición con la vida, la dignidad o los
derechos humanos.[79]
El
deber de respeto a la dignidad humana, a la vida y a los derechos fundamentales
en general se desprende del texto de la Constitución misma, del bloque de
constitucionalidad, de la ley estatutaria en salud y de la jurisprudencia
constitucional, entre otros referentes jurídicos. En modo alguno depende del
parágrafo analizado por la Corte en la sentencia C-274 de 2016, el cual tan
sólo repite un deber ya contemplado en el ordenamiento. Con o sin la existencia
de dicho aparte normativo la dignidad, la vida y los derechos fundamentales
deben guiar el quehacer diario de la enfermería y es imposible entender que tal
obligación desaparecería en caso de
Así
pues la objeción de conciencia para los enfermeros y enfermeras, según el
parágrafo acusado en su versión original, sería una figura sin ninguna utilidad
práctica. Permitía dejar de cumplir un deber que, en cualquier caso, no se
podía cumplir. Y permitiría defender los mandatos de la conciencia, pero sólo
si éstos coinciden con los del ordenamiento jurídico.
4.3.
Comparto en menor grado la razón que da la sentencia según la cual se ha de
controlar el texto del parágrafo, en tanto éste implicaría una autorización
legal para que las “normas de las instituciones permitan procedimientos que
vulneren el respeto a la vida, la dignidad, y  derechos de los seres
humanos”.  Bajo ninguna circunstancia sería razonable o aceptable tal
interpretación a la luz de la constitución. Ello implicaría entender que la
aplicación de la Constitución depende de lo que decida el legislador, lo cual
supondría no aceptar el mandato según el cual la Carta Política es ‘norma de
normas’. Es la ley la que depende de la Constitución, no al contrario. Es la
Constitución la que da sustento y legitimidad a la ley.
4.3.1.
A la luz del orden constitucional vigente es aceptable entender, por ejemplo,
que el parágrafo exonera de cumplir un reglamento institucional contrario a los
derechos fundamentales, a la vida y a la dignidad humana de forma inmediata,
sin tener que esperar las decisiones administrativas o judiciales que declaren
lo evidente: que no son jurídicamente válidos ni legítimos reglamentos
institucionales contrarios a la vida, la dignidad y los derechos propios de
todo ser humano. La existencia de un contrato o el deber que surgen de estar
prestando un servicio de carácter público, no puede estar por encima del
cumplimiento de uno mandatos básicos y estructurales del orden constitucional.
En tal medida, se insiste, el parágrafo no estaría autorizando a expedir tal
suerte de normas institucionales, interpretación claramente contraria a los
presupuestos del orden constitucional vigente, sino que estaría estableciendo
expresamente el derecho de las personas que ejercen la enfermería a dejar de
acatar ese tipo de reglas institucionales.
4.3.2.
Podría preguntarse, ¿era deseable que el juez constitucional hubiese declarado
exequible condicionadamente la norma acusada, como manera de preservar el
derecho constitucional hasta donde fuera posible? La respuesta es negativa, al
menos por dos razones. La primera de ellas es que la restricción que parecería
fijar el parágrafo en cuestión al derecho de objeción de conciencia de los
enfermeros a la cual se hizo referencia (4.2.1.) no parece razonable ni
legítima. Así la interpretación de la autorización a expedir manuales
contrarios a la dignidad y los derechos humanos quede claramente excluida del
ordenamiento, permanecería el riesgo de una interpretación restrictiva del
derecho de objeción de conciencia. La segunda razón es que, como se dijo, la
posibilidad de dejar de atentar contra la vida, la dignidad y los derechos
humanos es más que una opción, es un deber, en especial, si se trata de una
persona que es enfermera o enfermero. Sus obligaciones constitucionales y
legales están claramente por encima de sus deberes y obligaciones
reglamentarias y contractuales. Bajo ninguna hipótesis se podría afectar
deliberadamente la vida, la dignidad o los derechos humanos de una persona que
sea paciente, o sea pariente o acudiente de éste, con base en que se tenía el imperioso
deber de cumplir una norma institucional contraria al orden
constitucional vigente.  Así, al tratarse de una regla legal que no es
necesaria, por cuanto establece un deber que ya hacía parte del ordenamiento
jurídico y al implicar en todo caso un riesgo para el alcance y la comprensión
de la libertad de conciencia de los enfermeros, no existen razones para salvar
la norma acusada, así sea condicionándola.
5.
La solución correcta, tal como lo estableció la Corte Constitucional, era
aclarar la confusión de técnica legislativa que había generado un riesgo en el
ejercicio y goce efectivo de un derecho constitucional, declarando exequible la
existencia de tal derecho (la objeción de conciencia de las personas que son
enfermeros), pero inexequible la restricción de su ejercicio a los casos en los
que las normas de una determinada institución vaya en contra del derecho a la
vida, la dignidad  humana, o cualquier otro derecho propio de un ser humano.
Presentar
estas observaciones y precisiones con relación a la decisión judicial que
comparto, es la razón por la cual aclaro mi voto a la sentencia C-274 de 2016.
Fecha
ut supra.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Carper B. y Villalobos M.
[2] La síntesis comprehensiva de
este precedente se encuentra en la sentencia C-1052 de 2001, reiterada en
múltiples decisiones posteriores; recientemente en las sentencias C-912 de
2013, C-612 de 2015 y  C-160 de 2016, entre muchas otras.
[3] “Por la cual se dictan normas
en materia de ética médica”.
[4] “Por la cual se regula el
derecho fundamental a la salud”. El artículo 10 de esta ley establece: Derechos
y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de
salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la
prestación del servicio de salud: (…) d) A obtener información clara, apropiada
y suficiente por parte del profesional de la salud tratante que le permita
tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los
procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna
persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir tratamiento de
salud”.
[5] Corte Constitucional, sentencia
C-336 de 2008.
[6] Corte constitucional, sentencia
T-060 de 2006.
[7] Ver, en este sentido, SUDRE, Frédéric:
“Article 3”. En: PETTITI, Louis-Edmond; DÉCAUX, Emmauel; IMBERT, Pierre-Henri
(eds.): “La Convention Européenne des Droits de l’Homme – Commentaire
article par article”.
[8] Comité de Derechos Humanos,
Observación General No. 20: “La prohibición de la tortura y los tratos o penas
crueles”, 1992.
[9]  Id.
[10] Caso No. 10832 de 1997; en él se
estudió la situación de un individuo que había sido arrestado y torturado por
las autoridades dominicanas, luego de haber sido acusado de actividades
terroristas y robo.
[11] Corte Constitucional, sentencia
T-741 de 2004.
[12] Arroyo Gordo, María del Pilar,
Pulido Mendoza, Rosa, y Antequera Vinagre José María: “Responsabilidad y
deontología de los profesionales de la enfermería”. Ed. DAE, 1ª. ed.,
Madrid, 2005, p. 22 y ss.
[13] El Consejo Internacional de
Enfermería (CIE), fundado en 1899, agrupa a más de 130 Asociaciones Nacionales
de Enfermería. En su seno, se adoptó en 1953 un Código Deontológico
Internacional de Enfermería, revisado y reafirmado en varias oportunidades, la
última de ellas en el año 2012.
[14] Disponible en http://www.icn.ch/es/who-we-are/code-of-ethics-for-nurses/. Consultado el 7 de mayo de
2016, 10:20 am.
[15] Preámbulo del Código Deontológico
Internacional de Enfermería.
[16] CDIE, Elemento del Código No. 1.
[17] CDIE, Sugerencias para su uso.
[18] CDIE, Elemento del Código
No. 2.
[19] María del Pilar Arroyo Gordo, et
al, op. cit., p. 53.
[20] Ibídem.
[21] Ley 266 de 1996, artículo 10.
[22] Ley 266 de 1996, artículo 11 numeral 1° en su versión
original establecía: “Son funciones
del Tribunal Nacional Ético de Enfermería las siguientes: 1. Adoptar el Código
de Ética de Enfermería (…)”.
[23] Ponencia para primer debate en
Cámara al Proyecto de Ley 187/01 Senado-185/01Cámara.
[24] Ibídem.
[25] Título I, capítulo I.
[26] Orienta el proceso de cuidado de
enfermería a la persona, familia y comunidad con una visión unitaria para
atender sus dimensiones física, social, mental y espiritual.
[27] Asegura un cuidado de enfermería
que tiene en cuenta las características socioculturales, históricas y los
valores de la persona, la familia y la comunidad que atiende. Permite
comprender el entorno y las necesidades individuales para brindar un cuidado de
enfermería humanizado, con el respeto debido a la diversidad cultural y la
dignidad de la persona, sin ningún tipo de discriminación.
[28] Fundamenta la interrelación
profesional de enfermería-paciente, familia, comunidad, elemento esencial del
proceso del cuidado de enfermería que asegura una comunicación efectiva,
respetuosa, basada en relaciones interpersonales simétricas, conducentes al
diálogo participativo en el cual la persona, la familia y la comunidad expresan
con libertad y confianza, sus necesidades y expectativas de cuidado.
[29] Referida a la  satisfacción
de la  persona usuaria del servicio  de enfermería y de salud,
así como en la satisfacción del personal
de enfermería  que presta dicho servicio.
[30]Orienta las dinámicas de
organización del trabajo de enfermería para asegurar que  se
den  los  cuidados  a  la  persona, la
familia  y  la comunidad  sin interrupción temporal, durante todas
las etapas y los procesos  de la vida, en los períodos de salud y de enfermedad.
Se complementa con el principio de oportunidad que
asegura que los cuidados  de enfermería se  den
cuando  las  personas, la  familia  y  las
comunidades  lo  solicitan, o  cuando  lo
necesitan,  para  mantener la  salud,  prevenir las
enfermedades o complicaciones.
[31] Asegura que
los cuidados de enfermería
se den cuando las personas, la  familia  y
las  comunidades  lo  solicitan, o  cuando  lo
necesitan,  para  mantener la  salud,  prevenir las
enfermedades o complicaciones.
[32] Corte Constitucional, sentencia
C-728 de 2009.
[33] Marina Gascón Abellán, Obediencia
al Derecho y Objeción de Conciencia, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1990, p. 202. Citada en la sentencia T-388 de 2009.
[34] Ibíd., p. 203.
[35] Ibíd.
[36] Marina Gascón Abellán, ob. Cit.,
p. 217.
[37] Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2009.
[38] Corte Constitucional, sentencia
T-455 de 2014.
[39] Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2009.
[40] Corte Constitucional, sentencia
C-728 de 2009.
[41] Corte Constitucional, sentencia
C-455 de 2014.
[42]   Así, por ejemplo, sin
necesidad de ley que desarrolle el derecho a la objeción de conciencia, en la
Sentencia T-547 de 1993, se protegió la libertad de conciencia de una persona
que, por motivos religiosos, se negaba a rendir el juramento necesario para
formular una denuncia penal. Del mismo modo, en la Sentencia T-588 de 1998 se
protegió el derecho a la objeción de conciencia en el caso de unos padres que,
por consideraciones religiosas, se oponían a que sus hijos participasen en la
práctica de ciertas danzas que resultaba contraria a su sentimiento religioso.
En la Sentencia T-982 de 2001, por su parte, la Corte protegió el derecho de
una trabajadora a no laborar durante el sabath, así eso implicase una
reorganización de su horario laboral.
[43]    En esta dirección por
ejemplo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido el derecho de los médicos
a negarse, por consideraciones de conciencia, a la práctica de abortos en los
casos previstos en la Sentencia C-355 de 2006, pero señala, al mismo tiempo,
que en esa hipótesis está obligados a remitir a la paciente a un profesional
que esté en condiciones de practicar el procedimiento.
[44]    Así, por ejemplo, frente a la
objeción de conciencia al servicio militar, se ha planteado que, como
alternativa, los objetores deberían prestar un servicio social, también
obligatorio, en condiciones equivalentes. Sobre esta materia, en la Sentencia
T-026 de 2005, la Corte señaló que “[e]n tanto los imperativos en que se
traducen las preferencias espirituales de los fieles pueden generar tensiones
con los derechos de otros, tanto el constituyente, como el legislador en
desarrollo de la norma superior, prefirieron la opción dialógica para conciliar
los diferentes intereses y derechos hasta donde esto sea posible. Es, entonces,
en la perspectiva del diálogo y el acuerdo en donde deben concertase los
diversos derechos e intereses sobre el punto.”
[45]   Cfr. T-026 de 2005.  En esa
sentencia la Corte, al estudiar el caso de una persona que alegaba que su
derecho a la libertad religiosa había sido violado por el SENA, debido a la
cancelación de su matrícula por la falta de asistencia al módulo dictado los
viernes y sábados, en atención a que esos días, según sus creencias, deben ser
consagrados a Dios, consideró que esa persona era miembro activo y fiel de la
iglesia adventista del séptimo día, de conformidad con la cual, el sábado debe
guardarse para la adoración del Señor y que esta práctica no constituye tan
sólo una eventualidad, sino un deber irrenunciable y definitorio de los
miembros del mencionado culto, razón por la cual debía concederse el amparo
solicitado.
[46] Corte Constitucional, sentencia
C-728 de 2009.
[47] Sentencias T-409 de
1992, C-511 de 1994, C-561 de 1995, T-363 de 1995, C-740 de 2001, T-355 de
2002, T-332 de 2004, T-455 de 2014.
[48] Sentencias T-539ª de
1993, T-075 de 1995, T-588 de 1998, T-877 de 1999, T-026 de 2005.
[49] Sentencias T-547 de
1993, C-616 de 1997.
[50] Sentencias T-982 de
2001, T-332 de 2004.
[51] Sentencias T-411 de
1994, T-744 de 1996, T-659 de 2002, C-355 de 2006, T-209 de 2008, T-388 de
2009.
[52] En este sentido las sentencias
C-728 de 2009 y T-388 de 2009.
[53] Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2009.
[54] Corte Constitucional, sentencia
C-728 de 2009.
[55] Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2009.
[56] Corte Constitucional, sentencia
C-728 de 2009
[57] Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2009
[58] Ibídem.
[59] Estas pautas y requisitos han
sido consignados fundamentalmente en las sentencias C-355 de 2006; T-209 de
2008 y T-388 de 2009, en relación con la objeción de conciencia de los
profesionales de la salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo, en
los casos autorizados por el orden jurídico. No obstante, resulta importante su
mención como guías orientadoras frente a conflictos bioéticos que puedan surgir
frente a otros procedimientos, tratamientos o actos de cuidado que deban
desarrollar los profesionales de la enfermería.
[60] Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2009.
[61] Esta regla fue sentada en la
sentencia C-355 de 2006 para el caso de la interrupción voluntaria del
embarazo, en los casos en que es permitido por el orden jurídico. En las
sentencias T- 209 de 2008 y T-388 de 2009, fue reiterada con la siguiente
formulación: “En la sentencia T-209 de 2008, la Corte sostuvo que la objeción de conciencia no
[era] un derecho absoluto” e insistió en que “[l]os profesionales de la
salud [debían] atender las solicitudes de interrupción de embarazo en forma
oportuna de conformidad con la sentencia C-355 de 2006 y [era] su obligación remitir
inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de la salud que [pudiera]
practicar dicho procedimiento.”
(T-388 de 2009).
[62] Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2009.
[63] Título III, capítulo II de  la
Ley 911 de 2004.
[64] Preámbulo del Código Deontológico
Internacional de Enfermería.
[65] Corte Constitucional, sentencia
C-728 de 2009.
[66]
Sentencia C-355 de 2006. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería.
[67]
Sentencia T-988 de 2007. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[68]
Sentencia T-209 de 2008. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[69] Estas
decisiones han sido reiteradas, entre otras, por las sentencias C-859 de 2006
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-946 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-327
de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[70] Sentencia
C-355 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería;
sentencia T-209 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[71] Sentencia
T-209 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[72] T-209 de 2008
[73] Ibídem
[74] Ver T-1059 de
2001, Si bien dicha sentencia no abordó el fenómeno de objeción de conciencia
en el caso de urgencias médicas, si precisó que: "la Corte
también ha realizado ejercicios de ponderación de la libertad de conciencia con
los deberes jurídicos que tienen las personas, para concluir que,
eventualmente, a la luz de las circunstancias de cada caso, éstos pueden
prevalecer sobre aquella”.
[75]  Sentencia T-388 de 2009
[76] Corte Constitucional, sentencia
C-274 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa;
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Gloria Stella Ortiz Delgado; Jorge Iván
Palacio Palacio).
[77] Al respecto pueden verse, entre
otras, las sentencias C-728 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV
María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva) -el salvamento de voto versó sobre la existencia de
una omisión legislativa relativa, no con relación a la existencia de la
objeción de conciencia en el orden constitucional vigente- y T-430 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa).
[78] Dice al respecto la sentencia
C-274 de 2016: “[…] Estas pautas y requisitos han sido consignados
fundamentalmente en las sentencias C-355 de 2006; T-209 de 2008 y T-388 de
2009, en relación con la objeción de conciencia de los profesionales de la
salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos
autorizados por el orden jurídico. No obstante, resulta importante su mención
como guías orientadoras frente a conflictos bioéticos que puedan surgir
respecto de otros procedimientos, tratamientos o actos de cuidado de los que
sean responsables los profesionales de la enfermería.”
[79] Ver los apartes 29 y siguientes
de las consideraciones de la sentencia C-274 de 2016.