T-044-10
Sentencia T-044/10
Sentencia T-044/10
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procede en el caso
de las personas desplazadas que también han sido victimas de la violencia del
conflicto armado
INSCRIPCION EN EL REGISTRO
UNICO DE DESPLAZADOS-Extemporaneidad en declaración de los hechos que
constituyen desplazamiento y solicitud de ayuda humanitaria cuando existe
fuerza mayor/VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO INTERNO-Caso en que se presenta
fuerza mayor por trastorno mental o sufrimiento hondo y duradero
REGISTRO UNICO DE POBLACION
DESPLAZADA-Ignorancia institucional sobre la ocurrencia de ciertos hechos
no es razón suficiente para negar la inscripción/REGISTRO UNICO DE POBLACION
DESPLAZADA-Casos en que procede el rechazo de la inscripción por parte de
la entidad pertinente
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA
POBLACION DESPLAZADA-Propiedad sobre bien inmueble ubicado en el sitio
donde se origino el desplazamiento no es causal absoluta para negar asignación
de subsidio
En suma, prima
facie es válido desde el punto de vista constitucional rechazar la solicitud de
asignación de un subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada, presentada
por una persona en situación de desplazamiento, con fundamento en que tiene una
propiedad sobre un bien inmueble. Sin embargo, esa razón no puede ser absoluta
sino que, por el contrario, debe estar sujeta a excepciones. En un caso como el
que ahora estudia la Sala, la exclusión del peticionario de la lista de
beneficiados con el subsidio, no se dio con fundamento en una razón suficiente,
porque (i) el bien inmueble de su propiedad está ubicado en el lugar desde el
cual se desplazó; (ii) las razones que condujeron al desplazamiento no han
desaparecido (aún siente miedo de retornar); (iii) no hay elementos objetivos
que conduzcan a concluir que la persona deriva beneficios de ese bien (cánones,
por ejemplo); y (iv) se advierte que la persona desplazada reúne las demás
condiciones para ser tenida en cuenta en la asignación de subsidios para
adquisición de vivienda nueva o usada. Por lo tanto, la entidad demandada violó
sus derechos a la vivienda digna y al retorno.
PRORROGA DE LA AYUDA
HUMANITARIA DE EMERGENCIA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Inexequibilidad
respecto del plazo de tres meses en sentencia C-278 de 2007/ATENCION
HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Término de atención humanitaria de emergencia
será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su
autosostenimiento
DERECHO DE PETICION DE DESPLAZADOS-Vulneración
por parte de Acción Social por no dar respuesta a la solicitud de acceso a
proyecto de estabilización socioeconómica de persona desplazada
DERECHO AL MINIMO VITAL DE
POBLACION DESPLAZADA-Obligación de la entidad accionada de entregar ayuda
humanitaria de emergencia y orientar sobre programas de atención a víctimas de
violencia y conflicto armado
VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Orden a SNAIPD prestar atención psicológica y psiquiátrica con el
fin de recuperar el nivel óptimo de salud física y mental de la víctima
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Acción
Social deberá realizar inscripción en el RUPD y suministrar la ayuda
humanitaria e informar sobre los programas de estabilización socioeconómica
DERECHO A SUBSIDIO DE VIVIENDA
PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Fonvivienda deberá realizar inclusión en lista
de adquisición de vivienda nueva o usada para población desplazada
Referencia: expedientes
T-2326704, T-2342707, T-2375862, T-2388145, T-2388941, T-2391097.
Acciones de tutela instauradas
por Camilo Antonio Sánchez contra Acción Social (T-2391097), Ana Felicia Muñoz
Cortés contra Acción Social (T-2326704), John Jaime Chica Ríos contra Acción
Social (T-2388941), Eduardo Jiménez Villa contra Acción Social y el Fondo
Nacional de Vivienda –Fonvivienda- (T-2388145), Amparo de Jesús Naranjo Ciro
contra Acción Social y el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- (T-2375862)
y la Asociación de Desplazados de la Costa Pacífica residentes en Cali y otros
–ASOCCPRC contra Acción Social (T-2342707)
Magistrada Ponente:
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.
Bogotá, D.C., dos (02) de febrero de dos mil diez (2010).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de las
decisiones proferidas por los jueces de instancia dentro de los siguientes
expedientes de tutela:
Expediente
Primera o única instancia
Segunda instancia
T-2326704
Juzgado
3° Civil del Circuito de Bucaramanga
Tribunal
Superior de Bucaramanga, Sala Laboral
T-2342707
Juzgado
2° Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali
Tribunal
Superior de Cali, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes
T-2375862
Juzgado
9° Civil del Circuito de Medellín
No
hubo
T-2388145
Juzgado
15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín
No
hubo
T-2388941
Juzgado
12 Civil del Circuito de Medellín
No
hubo
T-2391097
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Santa Marta
Tribunal
Superior de Santa Marta, Sala de Decisión Penal
Los expedientes fueron
seleccionados para revisión mediante auto del veinticuatro (24) de septiembre
de dos mil nueve (2009), dictado por la Sala Novena de Selección, disponiendo
adicionalmente acumularlos para que fueran decididos en una sola sentencia, si
así lo considera la Sala de Revisión.
I. METODOLOGÍA DE LA PRESENTE
SENTENCIA
La presente decisión tendrá la
siguiente estructura: I. Metodología de la sentencia; II. Antecedentes
(exposición de (i) las acciones de tutela, (ii) las repuestas de
las entidades accionadas y (iii) las decisiones de los jueces de
instancia de cada uno de los expedientes, y una relación de las pruebas
decretadas por la Corte Constitucional en sede revisión); III. Consideraciones
y fundamentos (exposición de los problemas jurídicos planteados por los casos;
resolución de los mismos y aplicación de esas reglas a los casos concretos) y
IV. Decisión (libramiento de las órdenes a que haya lugar).
II. ANTECEDENTES.
1. T-2391097 (Camilo Antonio Sánchez Flórez)
Acción de tutela
Camilo Antonio Sánchez Flórez declaró en junio de dos mil
seis (2006) que fue desplazado por la violencia desde mil novecientos noventa y
cuatro (1994) junto con otras trece personas –su grupo familiar- y Acción
Social les negó el derecho a ser incluidos en el Registro Único de Población
Desplazada (RUPD), bajo el entendimiento de que la declaración fue intentada de
forma extemporánea. Esa decisión fue objeto de reposición y, en subsidio,
apelación, pero fue confirmada en su integridad. Por lo anterior, el accionante
solicita que tanto él como su grupo familiar sean incluidos en el RUPD para
garantizar de esta manera la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, vida, salud, libertad de circulación, presunción de inocencia y
debido proceso.
Respuesta de la entidad demanda
Acción Social no presentó respuesta a la acción de tutela.
Pruebas que reposan en el expediente
- Resolución N° 587 del 11 de julio de 2006 “Por la cual
se decide una inscripción en el Registro Único de Población Desplazada de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
-Acción Social.-” (folio 8 del cuaderno principal).
- Resolución N° 749 del 1° de septiembre de 2006 “Por la
cual se decide sobre el recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución
587 de fecha de 11 de julio de 2006 No inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, -Acción Social-.” (folios 11 a 13 ibíd).
- Certificado de tradición y libertad del folio de matrícula
inmobiliaria N° 222-3450 (folios 17 a 20 ibíd).
- Cédula de ciudadanía del demandante (folio 21 ibíd).
- Solicitud de protección del derecho a la propiedad, la
vida y el trabajo presentada por el actor ante el Comandante de Policía de
Fundación el 15 de octubre de 1993 (folios 22 a 24 y 29 y 30 ibíd).
- Denuncias penales formuladas por el demandante (folios 25
a 27 ibíd).
- Certificación expedida por la Dirección de la Seccional
-DAS- del Departamento del Magdalena (folio 28 ibíd).
- Constancia expedida por el Batallón de Infantería
Mecanizado N° 5 Córdova (folio 31 ibíd).
Decisiones judiciales objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta,
mediante fallo del dieciséis (16) de abril de dos mil nueve (2009), negar la
tutela de los derechos fundamentales invocados, por considerar que en efecto la
solicitud de inscripción en el RUPD, además de haberse efectuado
extemporáneamente, es decir, mucho después del año siguiente a la ocurrencia
del desplazamiento, no indicó las razones por las cuales dejó transcurrir 11
años y 11 meses “entre los hechos que provocaron el desplazamiento y la
declaración rendida ante la Defensoría del Pueblo”.[1]
Impugnación
El tutelante apeló de la decisión de primera instancia. En
primer término señaló que el Decreto 2569 de 2000 es posterior a su
desplazamiento, el cual se produjo en mil novecientos noventa y cuatro (1994) y
por tanto no puede aplicársele pues sería darle efectos retroactivos
indebidamente. En segundo término,  apoyándose en jurisprudencia de la Corte
Constitucional, indicó que la aplicación del plazo para efectuar la inscripción
en el RUPD no debe realizarse de manera rígida, razón por la que resulta
aplicable la excepción de inconstitucionalidad. De hecho, sostuvo haber tardado
tanto tiempo en presentar su declaración porque ignoraba que como desplazado
tenía la posibilidad de acudir ante la entidad accionada con el fin de que
fueran restablecidos sus derechos, así como también el límite para efectuar el
trámite correspondiente. En tercer término, recalcó que los hechos que dieron
lugar al desplazamiento aún subsisten a tal punto que tan sólo hasta el 20 de
marzo de 2009 pudo presentar demanda reivindicatoria ante el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Pivijay “tendiente a obtener la restitución de los predios La
Gloria, El Paraver y El Alivio de los cuales soy copropietario y era
administrador para la época del desplazamiento”.[2]
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en fallo del ocho (8) de junio
de dos mil nueve (2009), confirmó la sentencia impugnada aunque por razones
distintas de las del a quo. Esta vez, la negativa la hizo residir en la
falta de inmediatez con la cual fue interpuesto el amparo, pues a juicio del
Tribunal hubo una demora injustificada en acudir ante el juez de tutela y, por
ese motivo, debía “n[e]ga[rse]” la tutela de los derechos invocados.
2. T-2326704 (Ana Felicia Muñoz Cortés)
Acción de tutela
Ana Felicia Muñoz Cortés interpuso acción de tutela contra
Acción Social, porque le negó la ayuda humanitaria a la cual se refiere el
artículo 16 de la Ley 418 de 1997 para las víctimas de la violencia y el
conflicto armado, bajo el entendimiento de que los hechos narrados por ella, y
que la harían beneficiaria de la ayuda, fueron declarados mucho después de un
año de haber ocurrido, y ese término de un año es el que en principio establece
la ley como límite para acceder a las ayudas correspondientes.
La señora Ana Felicia Muñoz Cortés se considera víctima de
la violencia causada por el conflicto armado, debido a diversos motivos, ya que
en el marco de la confrontación ha sido sujeto de los delitos de acceso carnal
violento, de tortura y del desplazamiento forzado. En primer lugar, asegura
haber sido víctima de un acceso carnal violento, perpetrado según su
declaración por cuatro paramilitares del Bloque Norte de las AUC. De ese
delito, fue fruto una de sus hijas. En segundo lugar, del delito de tortura, al
cual fue sometida porque los paramilitares buscaban a toda costa que ella les
suministrara información que supuestamente tenía sobre la guerrilla. Se afirma
en la tutela que a la ciudadana “le fue aplicado ácido en una pierna, en un
glúteo y le jalaron la oreja derecha con un alicate, la tomaron del pelo y la
golpearon contra el piso, le dieron puntapiés [y] la insultaron”. En tercer
lugar, manifiesta haber sido víctima del delito de desplazamiento forzado,
definitivamente, desde Pelaya hacia Bucaramanga. Pero, además, asegura que todo
esto va sumado al desaparecimiento y posterior muerte de su hijo José Bernardo
Robayo Muñoz, a quien estaban buscando las autodefensas por temer que estuviera
vinculado a la guerrilla. Así declaró la peticionaria, en noviembre de dos mil
ocho (2008), lo relacionado con estos hechos, ante la Fiscalía General de la
Nación, en la denuncia No. 028-8:
“Yo
vivía en Pelaya Cesar, yo tenía casa en el pueblo y tenía una parcela que se
llama La Hondía a 10 minutos de Pelaya Cesar, allá venía calzado y chance y el
domingo 21 de abril de 1996 estábamos con mi hijo José Bernardo Robayo Muñoz,
tenía 15 años y medio en la Parcela, cuando llegó una camioneta Luv de estacas
y preguntaron por Ana Felicia Muñoz Cortes y yo dije que yo era, ahí venían 6
hombres armados me agarraron y me amordazaron en la boca con un trapo rojo y me
echaron a la camioneta y a mi hijo, me vendaron también los ojos, me llevaron a
una vereda que se llama costilla, por un sabanal, cuando llegué allá me
empezaron a pegar con un látigo y me cogieron del pelo y me lanzaban contra el
suelo, yo les pregunté que qué querían que quiénes eran ellos y me dijeron que
eran de las auc y me dijeron que ellos querían nombres de los guerrilleros del
pueblo y que mi hijo era jefe guerrillero, el pela de 15 años y medio y yo le
decía que yo no conocía ningún guerrillero que yo era una mujer cristiana que
no sabía y entonces empezaron a golpear a mi hijo y a mi me colgaron de un
árbol de las manos y con una navaja me abrieron la blusa y me quitaron toda la
ropa delante de mi hijo empezaron a violarme, me violaron entre cuatro, (entra
en llanto), luego de eso me echaron un líquido en la pierna izquierda y en la
nalga, era algo que quemaba y me ardía mucho, me preguntaban que les diera el
nombre de los guerrilleros del pueblo y del monte y yo decía que no conocía
ningún guerrillero, me siguieron pegando, de ahí se fueron, se llevaron a mi
hijo y me dijeron que si colocaba el denuncio mataban a mi hijo y mataban a mí
y a todos mis hijos, yo por miedo me quedé callada dos meses a los dos meses al
ver que mi hijo no aparecía yo coloqué el denuncio en la Personería de Pelaya
Cesar, en la Personería de Curumaní Cesar, y entonces vino la Cruz Roja
Internacional y se hizo cargo de mi caso, yo tengo una hermana en Curumaní
Cesar, y me mandaron a donde mi hermana por mi situación de salud, yo quedé
como loca después de eso y me he mantenido escondida porque ellos me buscaban
por haber colocado el denuncio, de ahí la doctora de la Cruz Roja me llevó al
hospital de Valledupar, y allá me dijeron que estaba embarazada producto del
abuso de esos desgraciados, yo le supliqué mucho a los médicos que me ayudaran
que yo no quería parir de esos perros, pero no me ayudaron y hoy día tengo una
niña de 12 años, los cumple el 28 de diciembre y casi a los tres meses de haber
puesto el denuncio apareció mi hijo en las afueras de Curumaní, yo no pude
velarlo, la personería de Curumaní me regaló el cajón para enterrarlo, todo ese
embarazo lo pasé escondida en Curumaní y Chiriguana, y al año siguiente en el
año 1997, me vine a vivir a Bucaramanga con la niña recién nacida, y estoy
desde esa fecha acá, yo cuidaba carros, cuando había las zonas azules, y me he
tenido que ganar la vida lavando por días o planchando, después de haber tenido
mi casa y un futuro allá en mi pueblo, tener que venir a mendigar a esta
ciudad, últimamente no estoy haciendo nada porque estuve otra vez hospitalizada
en San Camilo. PREGUNTADO. ¿Desea agregar algo más? CONTESTO. Que se tenga en cuenta
mi caso para que así como están haciendo justicia en otros en el mío también.
Lo que oía ese día que pasó lo mío y lo de mi hijo es que nombraban a un
comandante Jimy, sólo oía eso, nada más”.
Tal como aparece narrado en la acción de tutela, la peticionaria
tuvo que huir de su lugar de habitación y “abandonar una parcela ubicada en la
Hondita de 20 hectáreas y ubicada a 10 minutos de Pelaya [y] cinco
camas, una estufa, un chifonier, un equipo de sonido, un televisor, una nevera,
30 gallinas, 5 marranos, 1 caballo, 1 burro, 2 vacas al aumento, 2 hectáreas de
cultivos de maíz, 2 hectáreas de cultivo de yuca”, así como algunas
herramientas de trabajo (pica, pala, machete, paladraga y barretones). Por otra
parte, la parcela que dejó tuvo que venderla en un millón de pesos
($1’000.000), de los cuales apenas recibió la mitad ($500.000).
Como consecuencia de estos problemas, dijo la tutelante, ha
tenido que ser internada en el Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga,
debido al constante miedo y pesadillas que ha experimentado durante el día y la
noche. La tutelante aportó una copia del certificado de atención por urgencias
del Hospital San Camilo, en la cual pueden leerse los siguientes registros
médicos:
“ENFERMEDAD
ACTUAL: cuadro clínico de 8 días de evolución caracterizado por miedo, la
paciente piensa que los paramilitares se la van a llevar además recuerdos de
torturas y ve a su hijo muerto, con ánimo triste llanto fácil, con pensamiento
ilógico con ideas delirantes, autorreferencial, alucinaciones auditivas,
visuales, ilusiones.
[…]
REVISÓN POR SISTEMAS:
[…]
EXAMEN MENTAL: Paciente vestida adecuadamente para la edad y género, con ánimo
triste, con alucinaciones visuales auditivas, llanto fácil, ideas delirantes
autorreferenciales de daño ilusiones introspección parcial prospección
intervenida.
Análisis:
paciente femenina de 53 años de edad remitida de consulta externa por presentar
alucinaciones auditivas, visuales, llanto fácil ideas delirantes del daño, con
juicio y raciocinio alterado los cuales necesitan manejo intrahospitalario.
Plan:
1. Hospitalizas, 2. Dieta corriente, [se relacionan algunos medicamentos]”.
Apoyada en la situación fáctica expuesta, la demandante
pidió ordenar a Acción Social la inclusión en el programa de atención a
víctimas y, como consecuencia, el reconocimiento y pago de la asistencia
humanitaria prevista en la Ley 418 de 1997.
Pruebas que reposan en el expediente
- Oficio N° SAV-12087 del 1° de abril de 2008 firmado por la
Subdirectora de Atención a víctimas de la violencia de Acción Social, mediante
el cual niega a la peticionaria la ayuda humanitaria prevista en la Ley 418 de
1997 (folio 7 del cuaderno principal).
- Solicitud de reparación administrativa elevada por la
demandante ante Acción Social el 23 de septiembre de 2008 (folio 9 ibídem).
- Certificado individual de defunción de José Bernardo
Robayo Muñoz (folio 10 ibíd).
- Comunicación firmada por el Jefe de la División Paz y
Derechos Humanos de la Gobernación de Santander, dirigida al Personero
Municipal de Floridablanca mediante la cual solicita “se le expida
Certificación de Desplazada por la Violencia a la señora ANA FENICIA (sic)
MUÑOZ CORTES (…) quien con sus menores seis (6) hijos viene huyendo del
municipio de Pelaya por las amenazas contra su integridad y la de sus hijos por
presuntos paramilitares” (folio 11 ibíd).
- Declaración extraproceso rendida ante la Notaría Séptima
de Bucaramanga el 30 de noviembre de 2006 (folio 12 ibíd).
- Historia clínica de la accionante (folios 17 a 20 ibíd).
- Registro de nacimiento N° 5384850 de José Bernardo Robayo
Muñoz (folio 23 ibíd).
- Denuncia formulada por la accionante ante la Fiscalía
General de la Nación (folios 24 y 28 ibíd).
Respuesta de la entidad demandada
Acción Social solicitó denegar la tutela solicitada, bajo la
consideración de que la petición de asistencia humanitaria, presentada por la
accionante, se hizo por fuera del año siguiente a la ocurrencia del hecho,
límite temporal establecido en la Ley 418 de 1997 (Art. 16). Afirmó que lo
mismo sucedió con la solicitud de reparación por vía administrativa, aunque –
agregó- en virtud del principio de favorabilidad fue incluida como beneficiaria
con el fin de tramitar su solicitud “ratificándole que ésta se encuentra en
estudio”.[3]
Decisiones judiciales objeto de revisión
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga en
fallo del veinte (20) de abril de dos mil nueve (2009) decidió tutelar el
derecho fundamental a la asistencia humanitaria, ordenando a la demandada
realizar la inscripción de la actora y su familia en el Programa de Atención a
Víctimas de la violencia, con el fin de hacer la entrega de la ayuda
humanitaria a que haya lugar, de conformidad con la normatividad que regula la
materia. Precisó que si bien la solicitud de inclusión fue realizada
extemporáneamente, “dicho retardo se encuentra justificado en la persecución
y amenaza de muerte que relata la peticionaria fue víctima, persecución de la
cual resulta factible concluir se genera un temor que anula la facultad de
decisión libre y voluntaria de una persona impidiéndole actuar conforme dicta
la razón y la lógica”.[4]
Impugnada la sentencia, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral en decisión del 3
de junio de 2009 confirmó la decisión, con similares argumentos.
3. T-2388941 (John Jaime Chica Ríos)
Acción de tutela
John Jaime Chica Ríos declaró como desplazado en marzo de
dos mil nueve (2009), pero su petición de ser incluido en el Registro Único de
Población Desplazada (RUPD) fue desestimada por Acción Social, bajo el
entendimiento de que su desplazamiento desde el Municipio de Andes, Departamento
de Antioquia, no se debió a factores de violencia. Ese rechazo, considera el
tutelante, viola diversos derechos fundamentales suyos y de su familia, como
personas en situación de desplazamiento. Para sustentarlo, primero refirió que
en concepto de Acción Social, la siguiente es una razón suficiente para
considerar que no debía accederse a la petición de registro:
“[e]l
declarante manifiesta haberse desplazado con su hogar el día 12 (doce) de
Febrero de 2009 de su lugar de residencia ubicado en el corregimiento de San
José en el municipio de Andes (Antioquia), lugar donde residió durante 36
(treinta y seis) años, viéndose obligado a desplazarse hacia el barrio Belén
Altavista en el municipio de Medellín (Antioquia), como consecuencia de hechos
violentos provenientes de grupos al margen de la ley. Sin embargo, al verificar
la información con las autoridades civiles militares (sic) de la localidad se
estableció que en dicho período, no hay reporte de alteraciones en el orden
público similares a las descritas por el declarante que obliguen la salida
forzosa de la región de la población civil, por lo tanto su descripción no
corresponde con el contexto real y actual de la zona, de este modo no es
posible considerar que los hechos narrados y su situación se enmarquen dentro
de la Ley 387 de 1997; en relación con los argumentos anteriores, es de señalar
que para que se configure la situación de desplazamiento forzado debe
presentarse una coacción que consecuentemente produzca el traslado y que dicha
coacción sea producto de grupos al margen de la ley, que para el caso que nos
ocupa se determina que no se configura ningunos de los aspectos arriba
mencionados, respecto a la deponente y su grupo familiar”.
No obstante, el peticionario considera que los hechos sí
ocurrieron tal como él lo afirmó en su declaración y, de hecho reitera las
circunstancias que lo movieron a desplazarse hacia el municipio de Medellín.
Dice que un hombre desconocido llamó a su casa el seis (6) de febrero de dos
mil nueve (2009) a las dos de la mañana, y le dijo a su esposa de él, que ella
y su familia debían desocupar el pueblo o si no los mataban. En esa ocasión no
tomaron en serio la advertencia. Pero, seis días después acribillaron a balazos
al hermano del tutelante, a Óscar Alberto. Por esos días, dijo, según los
vecinos “se generó mucho terror en la comunidad porque transitaba mucha
gente desconocida para arriba y para abajo”. Así es como describe los
hechos el accionante:
“[s]iendo
aproximadamente el 6 de febrero de 2009, llamaron a mi esposa por teléfono, la
voz era de un hombre, a eso de las dos de la mañana, le dijeron que teníamos
que desocupar, todos, mi hermano OSCAR ALBERTO CHICA, mi mamá, mi papá y yo o
sino nos mataban, todos vivíamos vecinos; nos contó y nosotros le dijimos que
eso era algún desocupado, no le paramos bolas a eso, cuando el 12 de febrero a
las seis de la mañana cogieron a mi hermano OSCAR ALBERTO a balazos, saliendo
de la casa, le pegaron seis balazos, vivíamos en el corregimiento San José del
Municipio de Andes, lo trajimos al hospital de Andes y de allá lo remitieron
para acá para Medellín y a la noche siguiente de haberlo traído para Medellín
los vecinos ya comentaban que había mucha gente extraña por ahí, desconocidos,
que preguntaban por mi y me avisaron que no volviera, y ya a los 5 días murió
mi hermano; nosotros no teníamos problema por allá con nadie y por eso no le
paramos bola a la amenaza allá dicen que son grupos al margen de la ley, dicen
que son paramilitares; cuando a mi hermano lo mataron nos dicen que llegó una
sola persona pero lo estaban esperando varios más arriba; según los vecinos en esos
días se generó mucho terror en la comunidad porque transitaba mucha gente
desconocida para arriba y para abajo”.
Resalta que prueba de que en efecto existió una situación
propiciada por grupos armados al margen de la ley que dio lugar al
desplazamiento forzado, es la certificación expedida por la Personera Municipal
de Andes (Antioquia) en ese sentido. Por lo tanto, como la razón aducida por
Acción Social no es válida para rechazarle su solicitud de inscripción al RUPD,
pide que se le tutelen sus derechos y que se le ordene a Acción Social
incluirlo en el referido registro y entregarle las ayudas humanitarias a las
cuales tiene derecho.
Pruebas que reposan en el expediente
- Escrito de coadyuvancia de la acción de tutela suscrito
por Luis Antonio Osorio Granados, Asesor de Gestión con funciones asignadas de la
Defensora del Pueblo, Regional Antioquia (folio 1 del cuaderno principal).
- Formulario de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales de la Defensoría del Pueblo diligenciado por el actor (folio 2
ibídem).
- Oficio N° 29156-0506M firmado por la Defensora del Pueblo
Regional Antioquia (folio 4 ibíd).
- Resolución N° 20095001114302 del 16 de abril de 2009 “Por
la cual se decide sobre una inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, -Acción Social-” (folio 8 ibíd).
- Certificación expedida por la Personera Municipal de Andes
(Antioquia) que indica (folio 9 ibíd):
“La
suscrita Personera Municipal hace constar que JHON JAIME CHICA RIOS,
identificado con C.C. No. 15’531.865, se vio forzado a salir del municipio de
Andes – Antioquia, donde residió toda su vida, en compañía de su familia,
compuesta por su cónyuge, GLORIA ELCY CALDERÓN MUÑOZ, con C.C. 43’285.935 y sus
tres (3) hijos. Dicho desplazamiento obedeció a hechos violentos ocurridos el
11 de febrero de 2009, en el Corregimiento de  San José, en los cuales resultó
muerto su hermano; OSCAR CHICA RIOS.
La
anterior información es de conocimiento de todas las autoridades
administrativas, policiales y los hechos son objeto de investigación de la
Fiscalía General de la Nación, con sede en el Municipio”.
- Formato de inspección técnica realizada al cadáver del
Oscar Alberto Chica Ríos (folios 71 a 71 del cuaderno de revisión - expediente
T-2326704).
- Oficio N° JC0022-10 del 18 de enero de 2010 firmado por la
Personera del Municipio de Andes –Antioquia- (folio 87 ibídem).
Respuesta de la entidad demanda
Acción Social no presentó respuesta a la acción de tutela.
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, mediante
Sentencia del ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009) dispuso no tutelar los
derechos fundamentales del actor, porque contra la decisión del organismo
demandado procede la solicitud de revocatoria directa y él no la instauró.
4. T-2388145 (Eduardo Jiménez Villa)
Acción de tutela
Eduardo Jiménez Villa dice ser desplazado por la violencia
que se presenta en el municipio de Dabeiba (Antioquia), a causa del
enfrentamiento entre grupos armados ilegales y la fuerza pública. Añade que se
desplazó hacia la ciudad de Medellín, y en ella efectuó la declaración de
desplazamiento. Pero, además,  dice que se inscribió en el programa de
calificación y asignación de subsidios de vivienda a través de la Caja de
Compensación Familiar -COMFAMA-, solicitud que le fue negada por Fonvivienda
bajo la consideración de que se él es propietario de un inmueble, ubicado en el
municipio del cual se desplazó; es decir, en Dabeiba. El tutelante considera
que ese argumento le viola sus derechos fundamentales, pues según su opinión él
“no pued[e] regresar porque [su] vida corre peligro de muerte y además de
ello no pued[e] vender porque para vender t[i]en[e] que trasladar[s]e al lugar
y no pued[e] estar allá porque [es] objetivo militar lo que quiere decir que la
finca se perdió con todo”. Por lo tanto, el peticionario solicita la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y
subsidio de vivienda, y que se ordene al Fondo Nacional de Vivienda
-FONVIVIENDA- hacerle entrega de manera inmediata del subsidio familiar de
vivienda, en los términos dispuestos en la ley.
Prueba que reposa en el expediente
- Resolución N° 372 del 18 de junio de 2009 dictada por la
directora ejecutiva del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA- “Por la
cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución
602 de 16 de diciembre de 2008” (folios 6 a 10 del cuaderno principal).
Respuesta del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-
El Fondo Nacional de Vivienda solicitó negar la tutela
presentada. En su concepto, la inscripción del tutelante en la convocatoria “dirigida
a la población desplazada del año 2007 en la Caja de Compensación Familiar de
Antioquia – Comfama”, debía ser rechazada porque registraba “una
propiedad en el Municipio de Daveiva (sic) Antioquia, siendo
incompatible esa situación con la modalidad en la cual se postuló, es decir,
Adquisición de Vivienda Nueva o Usada para Hogares No Propietarios”. Según
el Fondo, cuando se advierte que una persona figura como propietaria de un bien
inmueble, pierde la posibilidad de acceder al subsidio familiar de vivienda,
pues según el artículo 7 de la Ley 3 de 1991, “solamente pueden ser
beneficiarios quienes se postulen para recibir el Subsidio Familiar de Vivienda
por carecer de recursos suficientes para obtener una solución de Vivienda”.
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín, en sentencia del 28 de julio de 2009 denegó la
tutela. Señaló en tal fallo que en el ordenamiento hay otros medios de defensa
judicial para cuestionar actos administrativos y que, en todo caso, no se
apreciaba una violación de los derechos fundamentales del peticionario. Al
finalizar la providencia resume:
“[t]eniendo
en cuenta que en el presente asunto no se evidencia la inminencia de un
perjuicio irremediable, y no siendo función del Juez Constitucional emitir un
juicio sobre la legalidad de un acto administrativo, el accionado se encuentra
en la facultad de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa con el
fin de que esta decida si la resolución se encuentra o ajustada a derecho”.
5. T-2375862 (Amparo de Jesús Naranjo Ciro)
Acción de tutela
Amparo de Jesús Naranjo Ciro dice que es madre cabeza de
familia y desplazada de San Carlos, Antioquia, razón por la cual fue incluida
en el RUPD en dos mil dos (2002).  Luego, en dos mil cuatro (2004), se
inscribió en el programa para recibir ayudas y para adquirir vivienda, esto
último en la Caja de Compensación Familiar -COMFAMA-, solicitud que fue negada
porque supuestamente tenía propiedades en Bogotá, lo que en su concepto no
tiene sentido por cuanto “no cono[ce] siquiera la ciudad de Bogotá”.[5]
De hecho, afirma que los certificados de libertad y tradición dan cuenta de
que no es la propietaria de los inmuebles, y eso mismo quiere demostrarlo
personalmente, pero no ha podido hacerlo –dice- porque “no t[i]en[e] dinero
para viajar a la capital”.[6] Enfatiza en que la
omisión de la entidad demandada (Acción Social y Fondo Nacional de Vivienda
-FONVIVIENDA-) vulnera los derechos fundamentales a la salud, vida, integridad
física, psicológica y moral, igualdad, ayuda humanitaria, familia y unidad
familiar.
La accionante solicita (i) el suministro de ayuda
humanitaria y (ii) la adjudicación y otorgamiento del subsidio de vivienda en
tanto la razón esgrimida por Fonvivienda es jurídicamente inaceptable pues los
inmuebles “de que invocan soy dueña no aparecen a mi nombre como demuestro
mediante los respectivos certificados de libertad que aporto”.[7]
Pruebas aportadas por la tutelante
- Cédula de ciudadanía de la demandante (folio 2 del
cuaderno principal).
- Valoración realizada por el médico y cirujano Gonzalo
Molina V. (folio 4 ibídem).
- Comunicación firmada por el Coordinador del Grupo de
Atención y Servicio al Usuario del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en la que informó a la demandante que “en cabeza de
algún (os) miembro (os) [del] hogar se encuentran radicados derechos
patrimoniales sobre un (os) bien (es) inmueble (e) ubicados en el municipio de Bogotá
D.C. // De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3 de
1991, solamente pueden ser beneficiarios quienes se postulen para recibir el
subsidio familiar de vivienda, por carecer de recursos suficientes para obtener
una solución de vivienda” (folio 5 ibíd).
- Comunicado a la población en situación de desplazamiento
publicado en el diario El Tiempo el 24 de enero de 2009, promovido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -Fondo Nacional de
Vivienda FONVIVIENDA- (folio 6 ibíd).
- Certificado de tradición y libertad del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 50S-879711 y 50S-314999 (folios 7
y 8 ibíd).
- Solicitud de revocatoria directa presentada por la
accionante ante el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA- contra la
Resolución N° 602 de 2008 (folio 11 ibíd).
- Derecho de petición formulado por la actora el 26 de
febrero de 2009 ante el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, para que, “se
investigue sobre las supuestas dos propiedades que poseo en esa ciudad, con Matrículas
Inmobiliarias: 050 S 00879711 y 050 S 00314999, se verifique el título
y el modo de adquisición y si provienen o no de mí y verificado lo anterior
autorizo para que se cancelen los registros que aparezcan a mi nombre en esos
Certificados de Tradición y así pueda continuar el trámite de otorgamiento y
adjudicación de subsidio de vivienda que como desplazada estoy tramitando en
Medellín por conducto de la CCF COMFAMA.” (folio 12 ibíd).
Respuesta de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional.
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín admitió la
demanda y sólo vinculó a Acción Social al proceso. Por su parte, Acción Social,
mediante escrito del catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009), solicitó “declarar
improcedente” la acción de tutela. Para empezar, aclara que su función
legal consiste en “hacer efectiva la entrega de Atención humanitaria de
Emergencia, consistente en tres (3) meses de asistencia alimentaria, tres (3)
meses de apoyo de alojamiento temporal y suministro de kits (Cocina, hábitat y
aseo) y la Prórroga de la ayuda humanitaria, si la persona en desplazamiento se
encuentra en las circunstancias previstas en la Sentencia T-025 de 2004”.
Así las cosas, asegura que aunque la tutelante está inscrita en el Registro
Único de Población Desplazada, no se le ha violado ningún derecho fundamental,
pues le han sido entregadas las respectivas ayudas que son responsabilidad de
Acción Social. En ese sentido, la entidad se sirve exponer cuáles han sido los
beneficios que le han sido brindados al hogar de la peticionaria, y además las
correspondientes fechas. A continuación se reproduce la información entregada
por la demandada:
Fecha entrega
Componente
Cantidad
11/12/2002
Asistencia no alimentaria
3
11/12/2002
Apoyo alojamiento
3
11/12/2002
Asistencia alimentaria
3
11/12/2002
Asistencia no alimentaria
3
11/12/2002
Acompañamiento psicosocial
1
11/12/2002
Asistencia no alimentaria
1
22/01/2003
Asistencia  alimentaria
3
22/01/2003
Asistencia  alimentaria
3
19/02/2003
Asistencia no alimentaria
3
19/02/2003
Asistencia no alimentaria
3
20/02/2003
Asistencia  alimentaria
1
20/02/2003
Apoyo alojamiento
1
20/02/2003
Acompañamiento psicosocial
3
20/02/2003
Asistencia no alimentaria
1
20/02/2003
Asistencia no alimentaria
1
20/02/2003
Vestuario
1
20/02/2003
Acompañamiento psicosocial
5
01/01/2004
Operación prolongada de
socorro y recuperación –OPSR- asistencia alimentaria rehabilitación
1
13/12/2004
Programa de vivienda
1
15/12/2004
Emprendimiento (creación)
1
18/02/2008
Emprendimiento (creación)
1
21/05/2008
Emprendimiento (creación)
1
25/06/2008
Emprendimiento (creación)
6
16/09/2008
Emprendimiento (creación)
1
18/11/2008
Emprendimiento (creación)
8
26/11/2008
Emprendimiento (creación)
10
21/12/2008
Emprendimiento (creación)
4
Del mismo modo, Acción Social señala que la tutelante
recibió una suma de seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000) como Prórroga de
la Ayuda Humanitaria, el quince (15) de agosto de dos mil ocho (2008).
En cuanto a la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia, Acción Social menciona que su entrega sólo es procedente cuando el
inscrito la solicita debidamente. Luego de eso, “dentro de los treinta y
cinco días siguientes a la solicitud”, una vez analizada la situación de
vulnerabilidad en la cual se encuentra, se decide lo correspondiente. Pero, si
en esos treinta y cinco (35) días no se ha resuelto nada sobre la procedencia
de la ayuda “por razones imputables al Estado”, “se procederá a
entregar una prórroga de la atención humanitaria para 30 ó 60 ó 90 días de
acuerdo con la composición del hogar y a los programas regulares en los que se
encuentra beneficiado”. Por otra parte, en lo que se refiere a la
generación de ingresos, dice Acción Social que la tutelante recibió un millón
cuatrocientos nueve mil quinientos veinticinco pesos, “en el marco de una
Propuesta de Atención Integral, con el cual se espera crear o fortalecer
iniciativas productivas o una oportunidad de vinculación laboral”. A
continuación, Acción Social se encarga de detallar lo que ha sido de la
situación de la tutelante al amparo de los demás programas de atención y
orientación de la población desplazada (estabilización socioeconómica, acceso a
adjudicación de tierras, programas del ICBF y educación). Entre lo que dice,
tiene relevancia que, según la entidad demandada, “verificada la página web
http:77websvr.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/Web, la señora Amparo de Jesús Naranjo
Ciro se encuentra afiliada y ha recibido beneficios en la siguiente entidad”,
y luego aparece un cuadro en el cual se puede leer que aparece en el “Régimen
contributivo” y afiliada a Salud Total EPS. Por lo demás, también dice la
demandada que la peticionaria ha sido vinculada a programas sociales dirigidos
por el SENA, por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo sostenible y
por la misma Acción Social.
Ahora bien, en lo que hace referencia a la solicitud en
concreto que motivó la acción de tutela; esto es, a la solicitud de asignación
del subsidio de vivienda, Acción Social dice que en la base de datos del portal
www.uniontemporaldecajas.org
aparece el núcleo familiar de la tutelante como beneficiado con un subsidio de
vivienda por valor de cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos
($4’475.000). Para mostrarlo, expone el cuadro que se reproduce a continuación:
JEFE DE HOGAR
Nombres y apellidos
AMPARO DE JESÚS NARANJO
CIRO
Identificación
22000000
Tipo
Cédula de ciudadanía
Dirección residencia
Cra. 46ª #108-25ª Dpto
Antioquia Mpio Medellín
Teléfono residencia
5222907 3429534
POSTULACIÓN
Consecutivo
154590
Estado
Asignados
Ciclo de cargue
Convocatoria 2004
–desplazados arrendamiento mejoramiento CSP y adquisición de vivienda nueva o
usada
Formulario
000070
Tipo de proyecto
Arrendamiento de vivienda
(Urbana) para hogares propietarios y no propietarios
Caja
CCF de Antioquia Comfama
Fecha postulación
2004-09-14
Año
2004
Calor de subsidio
solicitado
$4.475.000
Valor de subsidio
asignado
$4.475.000
Fecha de resolución
2004-12-15
Resolución asignación
807
Pero, por lo que alega la peticionaria, dice Acción Social,
no es ella “la entidad competente para aclarar la situación de la
accionante, por cuanto no contamos con la información requerida ni tenemos
acceso a las bases de datos que para tal fin se manejan, respecto a la
asignación y adjudicación de los Subsidios de Vivienda, por lo que deberá
dirigirse a la entidad encargada a fin de aclarar lo relacionado al mencionado
subsidio”.
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, en
sentencia del catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009) denegó la tutela de
los derechos fundamentales invocados. Tras referir lo que en su criterio son
los derechos fundamentales de la población desplazada, y de resaltar la
importancia que tienen para garantizar la dignidad de quienes son víctimas del
conflicto, el Juzgado advierte que Acción Social no es la entidad encargada de
resolver la petición subyacente a la tutela, pues en realidad es el Fondo
Nacional de Vivienda quien la rechazó de la convocatoria para la calificación y
asignación de subsidios de vivienda. Por lo tanto, el Juzgado decide negar la
acción de tutela.
Vinculación al proceso del Fondo Nacional de Vivienda
-FONVIVIENDA-, en la revisión
La Sala de Revisión vinculó al proceso, mediante Auto del
diecinueve (19) de octubre de dos mil nueve (2009), a Fonvivienda. Mediante
escrito radicado en esta Corporación el 30 del mismo mes, la entidad solicitó
que se negara la tutela, en tanto no había existido –a su juicio- vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales de la accionante, y eso lo sustenta
básicamente en dos razones. En primer lugar, sostiene, en que a la peticionaria
sí le asignaron subsidio de arrendamiento, mediante Resolución N° 807 de quince
(15) de diciembre de dos mil cuatro (2004). Y, en segundo lugar, en que ella
está efectivamente inscrita en el proceso de calificación y asignación del
subsidio de vivienda, en los términos del artículo 12, Decreto 951 de 2001 y el
artículo 1° del Decreto 170 de 2008. En efecto, en cuanto se refiere a este
último argumento, Fonvivienda aclara que la tutelante se inscribió en una
convocatoria realizada en dos mil siete (2007) y que, como ella misma lo dice,
fue rechazada por parte de la entidad encargada de la calificación y asignación
de los subsidios. Una vez, el rechazo se produjo porque supuestamente la
tutelante no figuraba como persona desplazada, inscrita en el RUPD; y otra vez,
porque se evidenció que “en principio, [l]a accionante registraba una
propiedad en el municipio (sic) de Bogotá – cundinamarca”. Remarca
Fonvivienda que este último rechazo es el que motivó la acción de tutela presentada
por la señora Amparo de Jesús Naranjo Ciro, y asimismo indica que esa situación
ya fue superada, pues a causa de una reposición material presentada por la
misma accionante, en la cual mostró que evidentemente no tenía propiedades en
Bogotá, la entidad accionada, mediante Resolución No. 734 de 2009, resolvió “reponer
la decisión de rechazo de la postulación de la señora NARANJO y, en
consecuencia, se dispuso continuar con el proceso de calificación y asignación
en los términos del artículo 1° del Decreto 170 de 2008”.[8]
6. T-2342707 (Asociación de Desplazados de la Costa Pacífica residentes en
Cali y otros -en adelante ASODCPRC-)
Acción de tutela
ASODCPRC, como organización creada para orientar a la
población en situación de desplazamiento forzado,[9]
presentó acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, en representación de los señores Paulina Angulo
Rodallega, Luz Aidé Caicedo Riascos, Sugeil Serna Montaño, Jhonny Erney Angulo
Guerrero, Vanesa Murillo Hurtado, Luz Nelly Riascos Torres, Carmela Ramírez
Arboleda, Alicia Ruiz Castro, Félix Antonio Rentería Mestizo, Sigifredo Serna
Montaño, Daniel Granados, María Victoria Largacha, José Claro Moreno Caicedo,
Rosalbina Ruiz Hinojosa, Stella Valencia Valencia, Yuri Gagarín Olarte García,
Guillermo Victoria Largacha, Martha Cecilia Montaño Montaño, Crescencia Córdoba
Largacha, Claudina Garcés Rodallega, Cenovia Leonarda Segura, Nery Valencia
Espinosa, Teresa Quiñones Torres, Lucenda Vivas Castro, Leovigildo Granados,
Eduar Sinisterra Montaño, María Mirian Torres Córdoba, Roberta Obregón
Sinisterra, Ruby Anjela Cárdena Torres, Nolfa Cuero Valencia, Ana Gloria Solis
Montaño, Graciela Aloima, María Tere Cardena Lozano, Delfa Cárdenas Lozano,
Juana Perlaza, Juliana Lagarcha Gamboa, Benjamín Lozano González, Wilmer
Arnovio Rivas Murillo, Eulices Murillo Granados, Felipa Arnulfa Montaño
Perlaza, Jhon Jairo Torres Torres, María Cipriana López Fajardo, Sandra Mabely
Valverde Angulo, Diana Patricia Hurtado, Carmen Suley Carabalí Solis, Martha
Cecilia Granja Carvajal, Luciano Rengifo Alomia y Natividad Caicedo Riascos,
con el fin de que les sean restablecidos los derechos fundamentales a la vida
digna, unidad familiar y petición, supuestamente vulnerados.
Asegura –la accionante- que la violación de derechos
fundamentales de los peticionarios recién mencionados, se produjo porque Acción
Social (i) o no les resolvió sus derechos de petición, instaurados con
el fin de obtener la primera ayuda humanitaria o su prórroga, (ii) o se
los respondió en el sentido de concedérselas, pero en últimas no se las
entregó, o se las entregó parcialmente.  En concreto, la acción de tutela
especifica de modo individual cuál ha sido el caso de cada una de las personas
a nombre de quienes se interpone el amparo. A continuación la Sala procede a
reproducir la información relevante.
Nombre de la
tutelante
Hechos
1. Paulina Angulo Rodallega
Dice que declaró como
desplazada en dos mil cuatro (2004) ante la entidad que hoy se conoce como
Acción Social, y que recibió una ayuda de emergencia durante tres meses, la
cual comprendió además de víveres para tres meses, tres meses de
arrendamiento, tres colchonetas, tres cobijas, una olla, una chocolatera, una
docena de platos y seis vasos. Luego le concedieron una prórroga por otros
tres meses de arrendamiento y un mercado para un período igual. Después de
vencido ese plazo, solicitó nuevamente una prórroga de la ayuda humanitaria
pero esta le fue negada. Más adelante, recibió una capacitación en iniciativa
empresarial y fue beneficiada con un subsidio para proyecto productivo por un
millón trescientos mil pesos ($1’300.000), los cuales invirtió en mercado y
en el funeral de su señora madre. Señala haberse desplazado desde López de
Micay, Departamento del Cauca, sitio al cual no puede regresar debido a que
aún está cruzado por el conflicto, y afirma estar viviendo con su esposo y
otras seis personas más. Se dedica actualmente al reciclaje.
2. Luz Aidé Caicedo Riascos
Dice que declaró como
desplazada en dos mil uno (2001) en la Defensoría del Pueblo y, como
consecuencia de ello, recibió una ayuda humanitaria que consistió en un
subsidio de arriendo y un mercado por un período de tres meses. Más adelante,
en dos mil cuatro (2004), la señora Caicedo Riascos recibió una prórroga de
la ayuda. Señala que la citada tutelante se desplazó de un corregimiento de
Buenaventura, Valle del Cauca, lugar donde actualmente está aún latente el
conflicto armado, de modo que no se siente segura de querer regresar. Agrega
que es madre de seis hijos, tres de ellos menores de edad, y los cuales
dependen de ella. Señala que presentó un derecho de petición el cinco (05) de
enero de dos mil nueve (2009), el cual aún no le han resuelto.
3. Sugeil Serna Montaño
Dice que declaró como
desplazada en noviembre de dos mil tres (2003). Un mes después le fue
concedida una ayuda humanitaria de emergencia consistente en un mercado para
tres meses, un subsidio de arrendamiento por doscientos setenta mil pesos
($270.000), además de sábanas, una olla, cuatro platos, cuatro cucharas, un
bolinillo, un cucharón, vasos, una colchoneta, tres cobijas y un platón.
Luego solicitó una prórroga el diecinueve (19) de enero de dos mil nueve
(2009) para que le prorrogaran la ayuda humanitaria pero no se lo
respondieron.
4. Jhonny Erney Angulo Guerrero
Dice que declaró como
desplazado en diciembre de dos mil siete (2007) y cuatro meses después de eso
recibió una ayuda humanitaria de emergencia por un millón ciento cincuenta
mil pesos ($1’150.000) y ciento veintidós mil pesos ($122.000) en vestuario.
Dice que a los dos meses se le ofreció una capacitación para recibir el
subsidio con cargo a proyecto productivo y le fue entregado un millón
quinientos mil pesos ($1’500.000). Aduce que ese dinero lo empleó en pagar
unas deudas que tenía le quedaron setecientos mil pesos ($700.000) con los
cuales inició un negocio de venta de gallinas ahumadas, muchas de ellas al
fiado y, luego, no le pagaron por muchas de ellas. Indica que se desplazó
desde Chocó, y que en el sitio concreto del cual se tuvo que ir se ha
agudizado la violencia. Manifiesta que presentó dos derechos de petición ante
Acción Social para que le prorrogaran la ayuda humanitaria pero no le
respondieron.
5. Vanessa Murillo Hurtado
Dice que declaró como
desplazada en septiembre de dos mil siete (2007) y, un poco más adelante,
recibió ayuda humanitaria por un valor de un millón seiscientos noventa y
nueve mil pesos ($1’699.000). Asegura que desde febrero de dos mil ocho
(2008) está inscrita en la lista de peticionarios de ayuda para proyectos
productivos, pero que aún no se la han concedido. Por eso ha presentado
diversos derechos de petición: el veintiséis (26) de marzo y el veintiuno
(21) de mayo de dos mil ocho (2008), y el veintisiete (27) de enero de dos
mil nueve (2009). Los tres se los respondieron, y en el último le
manifestaron que estaba inscrita en el programa de generación de ingresos,
pero después de un año le dijeron que aún estaba en lista de espera. Señala
que es desplazada del Chocó, de un sitio que no sale aún del conflicto; que
tiene cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, un hermano y un nieto; que
ella es la cabeza del hogar; y que todos los de su familia dependen de su
trabajo informal.
6. Luz Nelly Riascos Torres
Dice que declaró como
desplazada en octubre de dos mil siete (2007) y recibió gracias a la Cruz
Roja Internacional  una ayuda humanitaria. Luego, Acción Social le entregó un
subsidio por cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000). En su momento, la
tutelante pidió una prórroga de la ayuda humanitaria, pero le respondieron
que no podía pedirla porque todavía no había recibido ni siquiera la primera
ayuda. Establece que no puede regresar al lugar del desplazamiento porque la
situación de inseguridad no ha mejorado tanto. Asegura ser madre cabeza de
familia, tener cuatro hijos menores de edad que dependen de ella, y trabajar
vendiendo chontaduro en la calle de manera informal. Indica que presentó un
derecho de petición solicitando ayuda el veintisiete (27) de enero de dos mil
nueve (2009), pero que no le han dado la asistencia requerida.
7. Carmela Ramírez Arboleda
Dice que declaró como
desplazada – no específica en cuál fecha- y le dieron ayuda humanitaria de
emergencia consistente en un mercado para tres meses, y en tres cheques cada
un por ciento diez mil pesos ($110.000). Señala que pese a haber pedido en
varias ocasiones “la ayuda para reactivación económica a través de un
proyecto productivo” no le han dado respuesta.
8. Alicia Ruiz Castro
Dice que declaró como
desplazada en febrero de dos mil ocho (2008). En ese mismo año recibió quinientos
quince mil pesos ($515.000) el diecinueve (19) de septiembre, trescientos
treinta y cinco mil pesos ($335.000) el dieciocho (18) de octubre y
trescientos treinta y cinco mil pesos ($335.000) en el mes siguiente. Además,
señala que recibió ayuda para vestuario por un valor de ciento treinta y tres
mil doscientos pesos ($133.200). Asegura que su grupo familiar está compuesto
por ella y otras cuatro personas, las cuales dependen de las ayudas
económicas a la personas en situación de desplazamiento.
9. Félix Antonio Rentería Mestizo
Dice que declaró como
desplazado en noviembre de dos mil siete (2007). Manifiesta haber recibido
una ayuda humanitaria de emergencia que consistió en tres bonos por valor de
doscientos quince mil pesos ($215.000), en trescientos treinta mil pesos para
arrendamiento, y luego en un subsidio productivo por un millón seiscientos
mil pesos ($1’600.000) que invirtió “en el montaje de un negocio pero por
falta de capital semilla para sostenerlo y ser competitivo debió cerrarlo”.
10. Sigifredo Serna Montaño
Manifiesta que declaró como
desplazado en enero de dos mil cuatro (2004). Dice que Acción Social le dio
noventa mil pesos ($90.000) cada mes durante tres meses, además de un
mercado, una olla, un sartén, una chocolatera, un plató, una colchoneta, una
cobija y una toalla. Adicionalmente, Acción Social le otorgó un sustento para
el restablecimiento económico, equivalente a un millón quinientos sesenta y
dos mil pesos ($1’562.000) y para compra de vivienda usada le entregaron un cheque
por un valor de diez millones ochocientos cincuenta y siete mil pesos
($10’857.000), pero con ese dinero no ha podido pagar ninguna vivienda porque
hay que hacer muchos trámites, razón por la cual radicó una nueva petición,
la cual no le ha sido resuelta.
11. Daniel Granados
Dice que efectuó
declaración como persona desplazada por la violencia en agosto de dos mil
cinco (2005). Expresa que Acción Social le entregó una ayuda humanitaria por
cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000) para arrendamiento, además de tres
mercados y dos meses de trabajo para EMSDIRVA, empleo en el cual devengó un
salario mínimo mensual. Según dice, ese trabajo temporal fue asumido por
Acción Social como proyecto de reactivación económica. Afirma que ha
solicitado en varias ocasiones una ayuda para su reactivación económica y
pese a que le hicieron alguna vez una visita, no le ofrecieron una respuesta.
Agrega que interpuso un derecho de petición en enero de dos mil nueve (2009),
que no le han resuelto.
12. María Victoria Victoria Largacha
Dice que declaró como
desplazada en octubre de dos mil cuatro (2004). Acción Social le hizo entrega
de tres meses de mercado y de arriendo, en efectivo, por un valor de
trescientos mil pesos ($300.000), además de un cargo temporal, durante dos
meses, en EMSIRVA, donde le pagaba un salario mínimo mensual. Más adelante,
le otorgó un subsidio para proyecto productivo equivalente a un millón
trescientos setenta mil pesos ($1’370.000); luego le dieron una nueva ayuda,
esta vez de doscientos setenta mil pesos ($270.000) y tres mercados más.
Manifiesta que participó en el programa Cali sin hambre, en ejecución del
cual tuvo el siguiente problema: “esto era una olla comunitaria
(restaurante) el cual se me quemó el 24 de julio de 2006, donde perdí todo lo
que había comprado para la olla comunitaria y lo personal, salimos sin nada”.
Después de eso solicitó a distintas entidades una nueva ayuda. En septiembre
dos mil ocho (2008), la peticionaria recibió una ayuda por un millón
trescientos setenta mil pesos,  ($1’370.000) pero aduce que esa ayuda no es
suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar
compuesto por ocho (8) personas. Expone, además, que presentó un derecho de
petición el veinte (20) de enero de dos mil nueve (2009) y que aún no ha
recibido respuesta.
13. José Claro Moreno Caicedo
Dice que declaró haber sido
desplazado por la violencia, en marzo de dos mil cinco (2005). Manifiesta
haber recibido una ayuda humanitaria que correspondía a tres mercados, tres
meses de arriendo por noventa mil pesos ($90.000) cada uno, una olla, tres
platos, tres cucharas y tres colchonetas. Menciona que le otorgaron un millón
trescientos setenta y ocho mil pesos ($1’378.000) para proyecto productivo.
Luego presentó una solicitud de prórroga pero no se la contestaron, y más
adelante presentó una nueva petición, en enero de dos mil nueve (2009), que
tampoco le han respondido.
14. Rosalvina Ruiz Hinojosa
Dice que declaró como
desplazada en febrero de dos mil ocho (2008), y a los cuatro meses de haberlo
hecho le entregaron una ayuda humanitaria equivalente a un millón doscientos
quince mil pesos ($1’215.000) para arrendamiento, y además mercado,
utensilios de aseo y cocina, y ciento veinte mil pesos ($120.000) para
vestuario. Por otra parte, fue beneficiaria de un subsidio por un millón
cuatrocientos cincuenta mil pesos ($1’450.000) como parte del proyecto de
estabilización económica. Pero, aduce, las ayudas que le han ofrecido hasta
ahora no han sido suficientes para ella, porque tiene asma y vive con otras
cinco personas dependientes. Por ese motivo interpuso una solicitud ante
Acción Social en enero de dos mil nueve (2009), la cual no le han resuelto
todavía.
15. Stella Valencia Valencia
Dice que declaró como
desplazada en marzo de dos mil siete (2007). Como parte de la ayuda
humanitaria le entregaron tres bonos por valor de ciento quince mil pesos
($115.000) cada uno y, además, le otorgaron un millón doscientos mil pesos
para proyecto productivo, los cuales usó para pagar deudas y arriendos, y el
remanente no le alcanzó para pagar siquiera la materia prima. Afirma que no
tiene vivienda, que su grupo familiar está compuesto por cinco personas y que
en junio de dos mil ocho (2008) y en enero de dos mil nueve (2009) radicó
sendos derechos de petición, sin haber obtenido respuesta de Acción Social.
16. Yuri Gagarin Olarte García
Dice que declaró como
desplazado en febrero de dos mil ocho (2008) y recibió un subsidio por un
millón setecientos mil pesos ($1’700.000). No especifica cuál fue la acción u
omisión supuestamente violatoria de sus derechos fundamentales.
17. Guillermo Victoria Largacha
Dice que declaró como
desplazado en enero de dos mil cinco (2005). Expresa haber recibido una ayuda
humanitaria equivalente a cien mil pesos ($100.000) durante tres meses,
además de tres mercados, un kit de aseo, dos colchonetas y dos sábanas.
Señala que en dos mil siete (2007) le dieron un mercado adicional. Por otra
parte, indica que en dos mil ocho (2008) le entregaron ayuda para un proyecto
productivo, pero que sólo le alcanzó para comprar algunas herramientas de
trabajo. Afirma que a causa de un derecho de petición presentado por él ante
Acción Social recibió un millón cuatrocientos setenta mil pesos ($1’470.000).
Además, comenta que en un incendio perdió todo lo que había conseguido.
Manifiesta haber interpuesto un derecho de petición en enero de dos mil nueve
(2009) que aún no le han resuelto.
18. Martha Cecilia Montaño Montaño
Dice que declaró como
persona en situación de desplazamiento en julio de dos mil uno (2001). Sin
embargo, dice que sólo recibió ayuda humanitaria de emergencia tres años
después, y que consistió en un subsidio de arrendamiento por trescientos mil
pesos ($300.000). Más adelante –afirma- en una campaña le dieron un mercado
para tres meses “la carta de estudio y una carta cheque para vivienda que
por la tramitología y falta de recursos” no ha podido emplearla para
comprar la casa. Asegura que aún no le han dado ayuda para emprender su
proyecto de sostenimiento económico. Con todo, señala que su núcleo familiar
está compuesto por siete personas. Manifiesta haber presentado un derecho de
petición en enero de dos mil nueve (2009) y que no se lo han resuelto.
19. Crecencia Córdoba Largacha
Dice que su marido declaró
como desplazado, pero que luego se separaron, y aunque en varias ocasiones ha
solicitado a Acción Social la asistencia humanitaria para ella, nunca le ha
correspondido ni un pedazo de esas ayudas, y según dice a su ex compañero
tampoco.
20. Claudina Garcés Rodallega
Dice que declaró como
desplazada en octubre de dos mil cinco (2005). Manifiesta vivir con otras
cuatro personas, y que Acción Social le ha hecho entrega a ella de tres
mercados, trescientos treinta mil pesos ($330.000) para tres meses de arriendo,
dos cobijas, tres sábanas de metro, una olla, un cucharón, una jarra, cinco
platos de pasta, cinco cucharas de lata, cinco tenedores, y además la
beneficiaron con un curso de emprendimiento empresarial. Sin embargo, por
este último no recibió dinero; en cambio se vio obligada a pagar el
transporte, y además la hicieron comprar un cuaderno que todavía conserva.
21. Cenovia Leonarda Segura
Dice que declaró como
desplazada, aunque no especifica en cuál fecha. Expresa que recibió un
mercado, ciento cincuenta mil pesos ($150.000) para arriendo, una ayuda para
proyecto productivo por un millón cuatrocientos setenta y cinco mil pesos
($1’475.000), y además una caja con alimentos no perecederos y otra con
utensilios de aseo, más cuatrocientos once mil doscientos pesos ($411.200) y
el pago total del bachillerato de su hija y su nieta.
22. Nery Valencia Espinosa
Dice que declaró como
desplazada, aunque no especifica en cuál fecha. Dice vivir con cuatro menores
de edad, y haber recibido tres bonos que sumados equivalían a un millón
doscientos treinta mil pesos ($1’230.000) y una ayuda para proyecto
productivo de un millón quinientos cincuenta mil pesos ($1’550.000). No
expone cuál es la acción u omisión que supuestamente violó sus derechos
fundamentales.
23. Teresa Quiñones Torres
Dice que declaró como
desplazada en febrero de dos mil dos (2002). Aduce que en octubre de dos mil
cinco y después de haber presentado varios derechos de petición recibió dos
mercados, tres meses de arriendo de cien mil pesos ($100.000) cada uno, una
carta de estudio para sus hijos, una inclusión en el proyecto Cali sin hambre
“que era una olla comunitaria”, ayuda para proyecto productivo
equivalente a un millón treinta mil pesos ($1’030.000). Con este último
dinero dice haber reforzado la olla comunitaria, pero que se le quemó más
adelante en el incendio de “invasión jarillón del río cauca”, razón
por la cual fue reubicada en “potrero grande” donde le cobran un
dinero que no está en capacidad de pagar. No especifica cuál fue la acción u
omisión violatoria de sus derechos fundamentales.
24. Lucenda Vivas Castro
Dice que declaró como
desplazada en abril de dos mil ocho (2008). Recibió de parte de Acción Social
un bono de quinientos veintiséis mil pesos ($526.000), un segundo bono de trescientos
treinta y cinco mil pesos ($335.000) y uno tercero por este mismo valor,
además de una cama, una cobija y “aseo personal”. Expresa estar
obligada a pagar cincuenta mil pesos ($50.000) de arrendamiento, y que su
esposo es constructor pero que no tiene trabajo actualmente. Sostiene haber
recibido una ayuda para proyecto productivo equivalente a un millón
quinientos sesenta mil pesos ($1’560.000) con la cual compró un carro de
comida y el resto del dinero lo gastó en el funeral de su hermano “a quien
mataron los paramilitares en la invasión Colonia Nariñense”. No expone
cuál es la acción u omisión que violó sus derechos fundamentales.
25. Leovigildo Granados
Dice que declaró como
desplazado en febrero de dos mil dos (2002). Dice haber recibido tres
mercados por parte de “visión mundial”. Luego, le dieron un millón
quinientos mil pesos ($1’500.000). Manifiesta haber radicado un derecho de
petición, pero que en la respuesta recibida por él se refieren a otro sujeto,
de nombre Jesús Iván Cardona, y dicen de él que no ha declarado como persona
en situación de desplazamiento. Considera que esa es “una inconsistencia
al responder un derecho de petición que no se puede dar por respondido”.
26. Eduar Sinisterra Montaño
Dice que declaró como
desplazado en septiembre de dos mil ocho (2008) pero hasta hoy –dice- no le
han entregado ninguna clase de ayuda.
27. María Miriam Torres Córdoba
Dice que declaró como
desplazada en marzo de dos mil cinco (2005). Expresa que le otorgaron tres
mercados y ciento noventa mil pesos ($190.000) para arriendo. En dos mil seis
sufrió “medio derrame cerebral”. En dos mil siete (2007) solicitó una
prórroga de la ayuda humanitaria pero no le han dado una respuesta.
28. Roberta Obregón Sinisterra
Dice que declaró como
desplazada en enero de dos mil cuatro (2004). Dice que el Minuto de Dios le
entregó tres mercados, pero no recibió instrumentos de cocina, de cama, de
aseo, y tampoco fue beneficiada con subsidios de arrendamiento. Afirma que le
otorgaron una carta cheque para compra de vivienda pero que por la “mucha
tramitología” y el valor de la carta, no le alcanza. Expresa no tener
capacidad de endeudamiento y por eso estar en incapacidad de comprar una casa.
Dice ser madre cabeza de hogar y tener tres hijos menores de edad por los
cuales tiene que velar. No expone cuál es la acción u omisión supuestamente
violatoria de sus derechos fundamentales.
29. Ruby Anjela Cardena Torres
Dice que declaró como desplazada
en febrero de dos mil dos (2002) y recibió tres mercados, además de
trescientos cincuenta mil pesos para arriendo. Manifiesta ser madre cabeza de
hogar, compuesto por ella y cinco menores de edad. No expone cuál es la
acción u omisión supuestamente violatoria de sus derechos fundamentales.
30. Nolfa Cuero Valencia
Dice que declaró como
desplazada en julio de dos mil ocho (2008). Declara que recibió tres bonos
por un millón setecientos cincuenta mil pesos ($1’750.000) en total, y una
ayuda adicional de ciento ochenta mil pesos para vestuario. Pero expresa que
con eso les pagó el estudio a sus hijos –tiene cinco de ellos- pues es madre
cabeza de familia. No dice cuál es la acción u omisión supuestamente
violatoria de sus derechos fundamentales.
31. Solis Montaño
Dice que declaró como
desplazada en febrero de dos mil ocho (2008). Expresa haber recibido tres
bonos por un millón setecientos cincuenta mil pesos ($1’750.000) en total, y
una ayuda adicional de ciento ochenta mil pesos para vestuario. Manifiesta
ser madre cabeza de un hogar con cinco hijos menores de edad. No menciona la
acción u omisión supuestamente violatoria de sus derechos fundamentales.
32. Graciela Aloima
Dice que declaró como
desplazada pero no específica en cual fecha. Afirma que presentó un derecho
de petición en octubre de dos mil siete (2007) y un mes después le
respondieron que había sido inscrita en una lista para visita domiciliaria,
pero hasta la fecha en que interpuso la tutela no había tenido lugar.
33. María Tere Cardena Lozano
Dice que declaró como
desplazada en julio de dos mil siete (2007). Dice haber recibido de Acción
Social dos colchonetas, dos cobijas, un juego de sábanas, dos toallas, una
olla, una jarra pequeña, cuatro pocillos, cuatro cucharas, cuatro platos,
cuatro juegos de cubiertos, un molinillo, tres bonos por doscientos quince
mil pesos ($215.000) cada uno, un bono de trescientos mil pesos ($300.000),
además de ochenta mil pesos ($80.000) para vestuario y un millón doscientos
mil pesos ($1’200.000) para proyecto productivo.  Con este último dinero
–afirma- montó una fritanga, pero como se le enfermó uno de los tres hijos
que tiene, y como ella es madre cabeza de hogar, perdió “el plante”.
No señala cuál es la acción u omisión supuestamente violatoria de sus
derechos fundamentales.
34. Delfa Cardena Lozano
Dice que declaró como
desplazada pero no especifica en cuál fecha. Expone en la tutela que recibió
tres bonos de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) cada uno, tres
cobijas, tres juegos de sábanas, tres colchonetas, tres toallas, una olla,
una jarra pequeña, siete platos, siete pocillos, siete juegos de cubiertos,
un cucharón, además de un millón quinientos mil pesos para proyecto
productivo ciento ochenta mil pesos como ayuda para vestuario de sus nueve
(9) hijos. Afirma ser madre cabeza de familia pero no expone cuál es la
acción u omisión supuestamente violatoria de sus derechos fundamentales.
35. Juana Perlaza
Dice que declaró como
desplazada en noviembre de dos mil siete (2007). Señala que en la Cruz Roja
Internacional le dieron tres mercados, y al año siguiente Acción Social le
otorgó trescientos treinta mil pesos ($330.000) para arriendo, más un millón
cuatrocientos cincuenta mil pesos ($1’450.000), y luego por medio de un
derecho de petición le dieron seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000).
Afirma que su grupo familiar está compuesto por cuatro personas. No
especifica cuál es la acción u omisión supuestamente violatoria de sus derechos
fundamentales.
36. Juliana Largacha Gamboa
Dice que declaró como
desplazada en dos mil dos (2002). Manifiesta que en “visión mundial”
le dieron tres mercados a cambio de trabajo. Dice que en Acción Social le
dieron tres meses de arriendo, tres ollas, cuatro platos, cuatro cucharas,
cuatro cuchillos de mesa, una cama, cuatro colchonetas, tres juegos de
sábanas, un kit de aseo y una carta de estudio. Afirma haber pedido ayuda
varias veces, porque tiene siete (7) hijos, de los cuales dos son especiales.
No establece cuál es la acción u omisión supuestamente violatoria de sus
derechos fundamentales.
37. Benjamín Lozano González
Dice que declaró como
desplazado pero no precisa en cuál fecha. En la tutela, el peticionario
manifiesta haber sido beneficiario de tres bonos, cada uno por doscientos
quince mil pesos ($215.000), además de dos colchonetas, dos cobijas, dos
juegos de sábanas, dos toallas, una olla, una jarra, trescientos cincuenta
mil pesos ($350.000) de arriendo, una ayuda para proyecto productivo por un
millón doscientos mil pesos ($1’200.000), y en virtud de un derecho de
petición mediante el cual solicitaba una prórroga, recibió seiscientos mil
pesos ($600.000) adicionales. Sin embargo, expone que su grupo familiar está
compuesto por cinco personas y que esas ayudas no son suficientes para su
restablecimiento socioeconómico.
38. Wilmer Arnovio Rivas Murillo
Dice que declaró como
desplazado en junio de dos mil cinco (2005). Expone que en “Carvajal de la
casona” le entregaron tres mercados, doscientos ochenta mil pesos
($280.000) para arriendo. Sin embargo, dice que pese a estar joven no logra
conseguir trabajo, y que aun cuando ha solicitado subsidio para emprender un
proyecto productivo no se lo han dado. Además, afirma haber solicitado la
prórroga de la ayuda humanitaria y aún no se la han otorgado. Vive con su
grupo familiar de cinco personas y dice: “me encuentro viviendo en la
mendicidad”.
39. Eulices Murillo Granados
Dice que declaró como
desplazado en junio de dos mil cinco (2005). Expresa vivir en un grupo
familiar conformado por dos personas y haber recibido de parte de El minuto
de Dios tres mercados y doscientos setenta mil pesos ($270.000) para
arriendo.
40. Felipa Arnulfa Montaño Perlaza
Dice que declaró como
desplazada en octubre de dos mil siete (2007). Dice haber recibido un bono
por seiscientos cuarenta y un mil pesos ($641.000) como ayuda humanitaria, un
millón seiscientos mil pesos ($1’600.000) como aporte a proyecto productivo.
Afirma haber pedido luego una prórroga y, como respuesta, le otorgaron
trescientos veinte cinco mil pesos ($325.000). No indica cuál es la acción u
omisión supuestamente violatoria de sus derechos fundamentales.
41. Jhon Jairo Torres Torres
Dice que declaró como
desplazado en mayo de dos mil ocho (2008). Al años, aproximadamente, al
tutelante le dieron tres bonos por un monto total de un millón ciento ochenta
mil pesos ($1’180.000), además de un de kit de habitación, cocina y aseo.
Luego lo hicieron partícipe de un curso de tres meses y al final le otorgaron
una ayuda por un millón seiscientos mil pesos ($1’600.000), pero como ya
debía esa plata porque había tenido que pedirla prestada para pagar pasajes y
tres meses de arriendo, entonces sólo le alcanzó para comprar una sanduchera
industrial y un poquito de surtido para iniciar el pago del arriendo debido.
Señala que su grupo familiar está compuesto por cinco personas. No indica
cuál es la acción u omisión supuestamente violatoria de sus derechos
fundamentales.
42. María Cipriano López Fajardo
Dice que declaró como
desplazada en febrero de dos mil cuatro (2004). Dice que vive con otras dos
personas, pero nunca ha recibido nada; ni siquiera la carta de estudios para
su hija.
43. Sandra Mabely Valverde Angulo
Dice que declaró como
desplazada, aunque no específica en cuál fecha. Manifiesta que la ayuda
humanitaria de la cual se benefició fue incompleta, y que consistió en un
apoyo para proyecto productivo (a su juicio insuficiente), y en un subsidio
para vivienda (también insuficiente). En su concepto, ninguno de los aportes
le ha permitido lograr el restablecimiento socioeconómico y brindarle a su
familia “una alimentación regular y un estudio”.
44. Diana Patricia Hurtado
Dice que declaró como
desplazada en febrero de dos mil ocho (2008). Según la acción de tutela, ella
recibió un millón de pesos ($1’000.000) para alimentación, para kit de
cocina, de habitación y de aseo personal, y adicionalmente un millón
quinientos mil pesos ($1’500.000) para proyecto productivo.
45. Carmen Suley Carabalí Sols
Dice que declaró como
desplazada en octubre de dos mil ocho (2008). Sin embargo, manifiesta no
haber recibido ayudas humanitarias, a pesar de que es madre cabeza de
familia, tiene dos niñas pequeñas y no cuenta con medios para darles de
comer. Sostiene que pese a no estar acostumbrada a ello, ha tenido que vivir
en la mendicidad.
46. Martha Cecilia Granja Carbajal
Dice que declaró como
desplazada en mayo de dos mil siete (2007). Como consecuencia, recibió tres
mercados; además, trescientos treinta mil pesos ($330.000) para arriendo, dos
meses de trabajo para EMSIRVA donde le pagaban un salario mínimo mensual.
Luego recibió novecientos mil pesos ($900.000) y con ese dinero empezó “a
fritar porque no [l]e alcanzaba para otro negocio”. Pero “el plante” –dice-
se le acabó posteriormente porque su marido se enfermó con cáncer, y ella
tuvo que gastarse su dinero en la compra de medicamentos en transporte al
hospital, en pago de arriendo y comida.
47. Luciano Rengifo Aloma
Dice que declaró como
desplazado en octubre de dos mil ocho (2008), pero según él no le han dado
ninguna ayuda.
48. Natividad Caicedo Riascos
Dice que declaró como
desplazada en mayo de dos mil ocho (2008) y, luego, recibió tres bonos por un
total de un millón ciento ochenta mil pesos ($1’180.000). Además, fue
beneficiado con una ayuda para proyecto productivo por valor de un millón
quinientos cuarenta mil pesos ($1’540.000). Pero sostiene que esas ayudas no
son suficientes para su auto sostenimiento porque su grupo familiar está
compuesto por cinco personas, entre las cuales hay un adulto mayor y un menor
de edad. No indica cuál es la acción u omisión supuestamente violatoria de
sus derechos fundamentales.
La Asociación que las agrupa–ASODCPRC- asevera que todas
estas personas están inscritas en el registro único de población desplazada
(RUPD), son originarias de diversas regiones del país, especialmente de la
Costa Pacífica, y que se encuentran junto con sus familias, desde hace algún
tiempo, en la ciudad de Cali, como “víctimas del conflicto armado interno
que vive nuestro país”.[10] Afirma que todas esas
familias están sufriendo una violación de su derecho a la vida digna pues se
encuentran en un “alto grado de indigencia, miseria y mendicidad total”.
Por eso pide que (i) se le ordene a Acción Social brindarles un Proyecto
para Restablecimiento Socio-Económico que realmente les permita crear una micro
empresa productiva, y darles alimento y estudio a sus hijos, (ii) y se
le ordene a Acción Social y al Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada que adopte medidas para responder oportunamente las
peticiones formuladas por las personas en situación de desplazamiento.
Respuesta de la entidad demandada
Mediante escrito del veintiuno (21) de abril de dos mil
nueve (2009), la Subdirectora de Atención a la Población Desplazada de la
Agencia Presidencial para la Acción Social solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela. Sostuvo, específicamente que el ciudadano
“José Arcenio Riascos Riascos fue quien interpuso la acción de tutela y que una
vez “contrastados los datos suministrados por [él] en las bases de datos de
las entidades del SNAIPD y el Registro Único de Población Desplazada –RUPD de
la entidad, no fue posible determinar con certeza si la (sic) accionante
ostenta la condición de desplazado”. No obstante, señaló que esa falta de
certeza se podía deber a que al introducir el nombre en la base de datos se
advertía “(i) HOMONIMIA, (ii) El nombre y/o número de cédula reporta en RUPD
otra persona y, (iii) El número de cédula al cruzarlo con la base de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil reporta otra persona”. Por último,
adujo que la acción de tutela sólo es procedente para solicitar la protección
de derechos fundamentales y no, como cree “la persona mal asesorada”,
que es “la Panacea que resuelve todos los problemas a las personas”.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de
Conocimiento de Santiago de Cali decidió, por medio de fallo del veinticuatro
(24) de abril de dos mil nueve (2009), conceder la tutela de los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, “a la ayuda humanitaria
permanente, a la ayuda para la estabilización socioeconómica, a la aplicación
de los derechos de salud, a la reparación por desplazamiento, al mejoramiento
de vivienda, al kit de vestuario, al proyecto productivo, a la educación de sus
hijos y al auxilio funerario”. En consecuencia, le ordenó a la entidad
demandada entregarles a los accionantes la ayuda humanitaria, hasta tanto pudieran
auto sostenerse; orientarlos adecuadamente para que pudieran acceder a los
demás programas de atención para la población desplazada, especialmente en lo
relacionado con servicios de salud y educación, previa entrevista domiciliaria
con el fin de verificar las condiciones de vulnerabilidad en las que viven; y,
finalmente, le ordenó que en asocio con la Secretaría de Salud de Santiago de
Cali inscribiera, vinculara y afiliara a los peticionarios y a sus núcleos
familiares al SISBEN, si es que no estaban adscritos al sistema de salud. Para
decidir, el Juzgado tuvo en consideración (i) que la Asociación podía en
este caso agenciar los derechos de las personas relacionadas en la tutela, pues
se cumplían los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 1991 y en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional a este respecto; (ii) que de
acuerdo con la normatividad legal y reglamentaria las personas en situación de
desplazamiento forzado tienen derecho a contar con ayuda humanitaria,
estabilización socioeconómica y retorno o restablecimiento; (iii) que la
garantía de estos componentes o “etapas” de la atención a la población
desplazada, es responsabilidad del Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada (SNAIPD), en cabeza de Acción Social, y de las entidades
territoriales; (iv) que en este caso se advierte, en los núcleos
familiares a los cuales pertenecen los y las peticionarias, la presencia de
niños, madres cabeza de familia, personas pertenecientes a minorías étnicas,
adultos mayores, personas y familias enteras en situación de marginalidad; (v)
que, así las cosas, y de acuerdo con la Sentencia C-278 de 2007, en la cual
se decidió que la ayuda humanitaria de emergencia no debía ser temporal cuando
la situación de vulnerabilidad persistía, estimó que las personas tenían
derecho a que se les concediera la acción de tutela.
Impugnación
Mediante escrito radicado el siete (07) de mayo de dos mil
nueve (2009), la entidad demandada impugnó el citado fallo. Para sustentar la
solicitud de revocatoria adujo varios argumentos y expuso la situación de
algunos de los tutelantes. En primer lugar, sostuvo que la acción de tutela
incoada debía ser declarada improcedente por cuanto hay otros procedimientos administrativos
establecidos para que la población en situación de desplazamiento forzado pueda
tener “una atención equitativa y en igualdad de condiciones”.[11]
En segundo lugar, manifestó que la señora Juliana Largacha Gamboa no se
encontraba inscrita en el Registro Único de Población Desplazada, razón por la
cual mientras no se surtiera el trámite correspondiente (declaración,
evaluación y registro) no era posible hacerle entrega de ningún tipo de
beneficio. En tercer lugar, expuso que en su interpretación la ayuda
humanitaria de emergencia, conforme lo establece la Ley 387 de 1997, es
temporal e inmediata, y que si ha de ser prorrogada es necesario determinar
previamente la condición socioeconómica de los núcleos familiares para tener
certeza de la situación de vulnerabilidad, lo cual únicamente puede ser
definido con la entrevista domiciliaria. Así mismo, recordó las condiciones
necesarias previstas en el Decreto 2569 de 2000 y la sentencia T-025 de 2004
para que la entrega de los beneficios sociales y económicos pueda ser
prorrogada y sostuvo que, dada la regulación jurídica pertinente, en estos
momentos “está cumpliendo con su deber legal de brindar satisfactoriamente la
Atención Humanitaria de Emergencia a que se refiere el artículo 15 de la Ley
387 de 1997”, y eso trató de sustentarlo haciendo referencia al historial
de ayudas que registran algunos de los tutelantes. A continuación se expondrá
un cuadro en el cual puede determinarse a cuáles personas hizo referencia, y el
historial relatado por Acción Social:
Nombre de la
tutelante
Historial de
recepción de beneficios
1. Paulina Angulo Rodallega
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
02/11/2005
Acompañamiento
psicosocial
Otra
3
02/11/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
2
02/11/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
2
02/11/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
2
02/11/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
2
01/03/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
13/07/2007
Subsidio programa flias
en acción
Remisión
1
08/05/2008
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
13/07/2007
Programa flias en acción
Remisión
1
31/03/2006
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
22/09/2004
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
04/08/2004
Asistencia alimentaria
Mercados
3
01/07/2007
Programa flias en acción
Remisión
1
20/06/2006
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
2. Luz Aidé Caicedo Riascos
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/08/2001
Otro
Otro
1
11/09/2001
Asistencia alimentaria
Mercados
1
07/12/2001
Programas ICBF
Remisión
1
22/07/2004
Asistencia alimentaria
Mercados
3
23/07/2004
Asistencia alimentaria
Mercados
3
01/01/1900 (sic)
Asistencia alimentaria
Mercados
1
01/01/1900 (sic)
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
28/08/2007
Programa flias en acción
Remisión
1
28/08/2007
Programa flias en acción
Remisión
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
2
3. Sugeil Serna Montaño
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
25/11/2003
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
09/02/2004
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
15/12/2004
Programa de vivienda
Remisión
1
28/05/2004
Otro
Otro
1
13/12/2004
Operación prolongada de
socorro y recuperación –OPSR- asistencia alimentaria rehabilitación
Operación prolongada de
socorro y recuperación –OPSR- asistencia alimentaria rehabilitación
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
1
4. Jhonny Erney Angulo Guerrero
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
19/02/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
3
26/09/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
28/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
2
28/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
25/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
06/08/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
29/09/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
24/10/2008
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Apoyo económico
1
5. Vanessa Murillo Hurtado
Además de lo que aparecerá
en el cuadro siguiente, dice Acción Social que a la tutelante, por solicitud
de enero nueve (9) de dos mil ocho (2008), “se le programó tres meses de
asistencia alimentaria, tres meses de auxilio de alojamiento, igualmente
[por] solicitud 1811 de 26 de marzo de 2009 se le programó un mes de prórroga
de la ayuda humanitaria”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
14/09/2007
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
3
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
2
6. Luz Nelly Riascos Torres
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
2
Adicionalmente, dice Acción
Social, la tutelante recibió las siguientes sumas de dinero por concepto de
ayuda humanitaria:
Fecha
Valor
22/08/2008
$420.000
14/02/2009
$578.000
7. Carmela Ramírez Arboleda
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/07/2007
Programa flias en acción
Remisión
1
8. Alicia Ruiz Castro
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/10/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
22/09/2008
Orientación
Derecho responsabilidad y
oferta institucional
1
22/09/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
1
22/09/2008
Entrega de recursos para
transporte
Apoyo económico
1
15/12/2008
Asistencia no alimentaria
Kit de bebé
1
15/12/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
01/10/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
14/11/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
14/11/2008
Entrega de recursos para
medicamentos
Apoyo económico
1
14/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
24/10/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
24/10/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
24/10/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
9. Félix Antonio Rentería Mestizo
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
30/04/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
10. Sigifredo Serna Montaño
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/02/2004
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
01/02/2004
Otro
Otro
3
10/02/2004
Asistencia alimentaria
Mercados
3
10/02/2004
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
10/02/2004
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
10/02/2004
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
3
26/04/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
09/07/2004
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
2
04/03/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
11. Daniel Granados
Además de lo que aparecerá
en el cuadro siguiente, dice Acción Social que al tutelante, por solicitud
1181 de 26 de marzo de dos mil nueve (2009), “se le programó [l]a entrega
de un mes de prórroga de la ayuda humanitaria”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
05/09/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
05/09/2005
Acompañamiento
psicosocial
Actividades lúdicas o
recreativas
3
05/09/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
3
05/09/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
05/09/2005
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
05/09/2005
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
12/07/2007
Subsidio programa flias
en acción
Remisión
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
2
12/07/2007
Programa de flias en
acción
Remisión
1
01/04/2008
Programa de capacitación
laboral
Remisión
1
01/04/2008
Vinculación laboral
Apoyo económico
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
12. María Victoria Victoria Largacha
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/01/1900 (sic)
Asistencia alimentaria
Mercados
1
01/01/1900 (sic)
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
01/01/1900 (sic)
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
01/01/1900 (sic)
Otro
Otro
1
01/01/1900 (sic)
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
01/01/1900 (sic)
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
03/01/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
20/10/2005
Emprendimiento (creación)
Seguimiento y
acompañamiento
1
20/10/2005
Emprendimiento (creación)
Capacitación
1
20/10/2005
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
04/01/2006
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
25/07/2005
Asistencia alimentaria
Mercado y kit de aseo
1
13. José Claro Moreno Caicedo
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
22/07/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
3
22/07/2005
Acompañamiento
psicosocial
Actividades lúdicas o
recreativas
3
22/07/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
22/07/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
3
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
22/07/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
22/07/2005
Acompañamiento
psicosocial
Actividades lúdicas o
recreativas
3
10/10/2006
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Capacitación
1
10/10/2006
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Apoyo económico
1
14. Rosalbina Ruíz Hinojosa
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
20/05/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
20/05/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
20/05/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
20/05/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
20/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
2
20/05/2008
Asistencia no alimentaria
Apoyo para bebé
1
08/05/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
08/05/2008
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
01/04/2008
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
01/04/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
01/04/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
01/04/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
08/05/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
08/05/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
08/05/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
08/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
14/08/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
14/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
30/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
29/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Capacitación
1
22/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
22/07/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
27/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Capacitación
1
29/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
15. Stella Valencia Valencia
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
10/07/2007
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
10/07/2007
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
10/07/2007
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
4
10/07/2007
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
10/07/2007
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
10/07/2007
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
10/07/2007
Asistencia alimentaria
Bonos, alimentos y aseo
3
10/07/2007
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
16. Yuri Gagarin Olarte García
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
21/05/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
21/05/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
1
27/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
28/08/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
26/06/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
26/06/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
26/06/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
26/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
2
08/07/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
16/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
19/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
17/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Capacitación
5
11/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
02/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
11/07/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
11/07/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
11/07/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
15/09/2008
Emprendimiento (creación)
Seguimiento y
acompañamiento
1
17. Guillermo Victoria Largacha
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, al tutelante se le programó “mediante solicitud 1811 del 26
de marzo de 2009 [l]a entrega de un mes de prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
12/08/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
2
18. Martha Cecilia Montaño Montaño
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/01/1900 (sic)
Asistencia alimentaria
Mercados
1
07/12/2001
Programas ICBF
Remisión
1
22/07/2004
Asistencia alimentaria
Mercados
3
23/07/2004
Asistencia alimentaria
Mercados
3
03/01/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
01/10/2002
Subsidio programa flias
en acción
Remisión
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
2
19. Crecencia Córdoba Largacha
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 1191 del 2
de marzo de 2009 [l]a entrega de un mes de prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
1
20. Claudina Garcés Rodallega
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
23/09/2005
Vinculación laboral
Pasantía
1
23/09/2005
Vinculación laboral
Capacitación
1
23/09/2005
Vinculación laboral
Apoyo económico
1
21. Cenovia Leonarda Segura
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
05/03/2007
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
3
05/03/2007
Asistencia alimentaria
Mercados
3
06/03/2008
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Apoyo económico
1
22/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
22/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
22/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
22/11/2008
Asistencia no alimentaria
Mercados
1
22. Nery Valencia Espinosa
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 1961 de
fecha 2 de abril de 2009 [u]n mes de prórroga de la ayuda humanitaria”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
19/08/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y Kit
1
19/08/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
19/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
27/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
22/09/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
22/09/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
22/09/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
22/09/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
14/10/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
14/10/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
14/10/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
14/10/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
18/09/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
12/11/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
23. Teresa Quiñones Torres
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/01/1900 (sic)
Asistencia alimentaria
Mercados
1
12/08/2002
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
14/08/2002
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
16/08/2002
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
06/11/2002
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
15/04/2002
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
28/04/2002
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
07/11/2002
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
12/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
1
29/12/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
27/10/2005
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Seguimiento y
acompañamiento
1
27/10/2005
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Capacitación
1
27/10/2005
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Apoyo económico
1
12/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
3
12/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
3
24. Lucenda Vivas Castro
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 1961 de
fecha 2 de abril de 2009 [u]n mes de prórroga de la ayuda humanitaria”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
09/06/2008
Orientación
Derec. Respons- y oferta
institucional
1
09/06/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
09/06/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
1
11/07/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
11/07/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
11/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
10/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
18/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
01/08/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
01/08/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
01/08/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
17/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
31/07/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
10/09/2008
Emprendimiento (creación)
Acompañamiento
psicosocial
1
18/09/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
18/09/2008
Emprendimiento (creación)
Acompañamiento
psicosocial
1
17/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
18/07/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
05/08/2008
Emprendimiento (creación)
Capacitación SENA
5
07/10/2008
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Seguimiento y
acompañamiento
1
25. Leovigildo Granados
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, al tutelante en mayo de dos mil nueve (2009) se le “entregó
la suma de $1.470.000 por concepto de la ayuda humanitaria, la cual fue
cobrada a través de Efecty”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/01/1900 (sic)
Asistencia alimentaria
Mercados
1
01/01/1900 (sic)
Otro
Otro
1
27/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
1
27/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
2
27/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
2
26. Eduar Sinisterra Montaño
Dice Acción Social que a su
grupo familia “se le programó la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia, razón por la cual el accionante deberá dirigirse a la Unidad de
Atención y Orientación de Cali, para que un funcionario de Acción Social le
indique el lugar y fecha de la entrega”.
27. María Miriam Torres Córdoba
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
22/07/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
3
22/07/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
22/07/2005
Acompañamiento
psicosocial
Actividades lúdicas o
recreativas
3
28. Roberta Obregón Sinisterra
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/02/2004
Otro
Otro
3
27/08/2007
Programa flias en acción
Remisión
1
29. Ruby Ángela Cardena Torres
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 1811 del
26 de marzo de 2009 [l]a entrega de un mes de prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
27/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
1
01/10/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
01/01/1900 (sic)
Asistencia alimentaria
Mercados
1
28/10/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
28/10/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
1
04/11/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
27/01/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
2
30. Nolfa Cuero Valencia
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
27/11/2008
Entrega recursos
Apoyo económico
1
27/11/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
27/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
06/11/2008
Orientación
Derec. Respons- y oferta
institucional
1
08/11/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
08/11/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
1
10/12/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
10/12/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
10/12/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
10/12/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
19/11/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
31. Solis Montaño
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
08/07/2008
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
11
08/07/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
08/07/2008
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
08/07/2008
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
08/07/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
08/07/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
23/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
27/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
2
14/08/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
14/08/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
14/08/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
27/10/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
01/11/2008
Emprendimiento (creación)
Seguimiento y
acompañamiento
1
12/09/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
12/09/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
12/09/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
15/08/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
32. Graciela Aloima
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 4711 del
10 de diciembre de 2008 [l]a entrega de tres meses de auxilio de alojamiento
y [d]e asistencia humanitaria”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
11/09/2000
Programa de salud
Remisión
1
20/09/2000
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
2
20/09/2000
Asistencia alimentaria
Mercados
2
20/09/2000
Vestuario
Apoyo económico
3
20/09/2000
Programa de salud
Remisión
6
10/09/2001
Asistencia alimentaria
Mercados
2
29/08/2007
Programa flias en acción
Remisión
1
33. María Tere Cardena Lozano
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Tipo B
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Tipo A
1
34. Delfa Cardena Lozano
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
30/04/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
2
35. Juana Perlaza
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
06/02/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
14/11/2008
Emprendimiento (creación)
Capacitación
1
09/10/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
04/11/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
04/11/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
22/11/2008
Emprendimiento (creación)
Seguimiento y
acompañamiento
1
09/10/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
3
15/11/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
36. Juliana Largacha Gamboa
No aparece relacionada en
la impugnación.
37. Benjamín Lozano González
Dice Acción Social que al
tutelante se le programó “mediante solicitud 1811 del 26 de marzo de 2009
[l]a entrega de un mes de prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia”.
Además que ha recibido las siguientes sumas por concepto de asistencia
humanitaria:
Fecha
Valor
22/05/2008
$650.000
28/11/2008
$325.000
17/12/2008
$411.200
38. Wilmer Arnovio Rivas Murillo
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 1961 [u]n
mes de prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/01/1900 (sic)
Asistencia alimentaria
Mercados
1
01/01/1900 (sic)
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
01/01/1900 (sic)
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
01/01/1900 (sic)
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
11
01/01/1900 (sic)
Otro
Otro
1
01/01/1900 (sic)
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
01/01/1900 (sic)
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
39. Eulices Murillo Granados
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 1961 [u]n
mes de prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit higiene y aseo
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
22/07/2005
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
22/07/2005
Asistencia alimentaria
Mercados
3
22/07/2005
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
3
22/07/2005
Acompañamiento
psicosocial
Actividades lúdicas o
recreativas
3
01/07/2007
Programa de flias en
acción
Remisión
1
40. Felipa Arnulfa Montaño Perlaza
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
06/02/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
3
30/09/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
30/09/2008
Emprendimiento (creación)
Acompañamiento
psicosocial
1
10/07/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
30/07/2008
Emprendimiento (creación)
Acompañamiento
psicosocial
1
18/07/2008
Emprendimiento (creación)
Capacitación SENA
5
11/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
3
11/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
16/12/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
3
12/10/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
41. Jhon Jairo Torres Torres
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
O8/07/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
28/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
19/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
27/08/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
27/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
22/05/2008
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
22/05/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
22/05/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
1
16/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
23/06/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
23/06/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
23/06/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
17/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Capacitación
5
03/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
2
09/06/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
09/06/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
09/06/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
12/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
09/08/2008
Emprendimiento (creación)
Seguimiento y
acompañamiento
1
21/11/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
21/11/2008
Asistencia no alimentaria
Hábitat, cocina y vajilla
1
21/11/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
21/11/2008
Asistencia alimentaria
Mercados
1
42. María Cipriano López Fajardo
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
0/01/1900 (sic)
Otro
Otro
1
09/06/2003
Apoyo documento de
identidad
Apoyo económico
1
12/04/2004
Apoyo documento de
identidad
Apoyo económico
1
13/04/2004
Apoyo documento de
identidad
Apoyo económico
1
43. Sandra Mabely Valverde Angulo
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
01/01/1900
Otro
Otro
1
01/01/2002
Otro
Otro
1
11/12/2007
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Apoyo económico
1
44. Diana Patricia Hurtado
Dice Acción Social que,
además de los beneficios relacionados en la tabla que se reproduce a
continuación, a la tutelante se le programó “mediante solicitud 1961 [u]n
mes de prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia”.
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
20/06/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
20/06/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
20/06/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
09/07/2008
Asistencia alimentario
Apoyo económico
1
09/07/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
09/07/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
03/09/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
26/06/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
26/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
2
11/08/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
17/07/2008
Acompañamiento
psicosocial
Capacitación
5
28/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
16/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
23/11/2008
Emprendimiento (creación)
Seguimiento y
acompañamiento
1
07/07/2008
Perfil ocupacional
Perfil ocupacional
1
19/06/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
20/05/2008
Orientación
Derec. Respons- y oferta
institucional
1
20/05/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
20/05/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
1
02/09/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
45. Carmen Suley Carabalí Sols
Dice Acción Social que a la
tutelante se le programó “mediante solicitud 1691 de 20 de marzo de 2009
la entrega de un mes de prórroga de la ayuda humanitaria”.
46. Martha Cecilia Granja Carbajal
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
29/01/2008
Vinculación laboral
Apoyo económico
1
29/01/2008
Acompañamiento
psicosocial
Capacitación
1
29/01/2008
Vestuario
Apoyo económico
1
29/01/2008
Asistencia no alimentaria
Cocina y vajilla
1
29/01/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
29/01/2008
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
1
29/01/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
29/01/2008
Acompañamiento
psicosocial
Talleres
1
29/01/2008
Asistencia alimentaria
Bonos, alimentos y aseo
1
29/01/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
29/01/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
1
47. Luciano Rengifo Aloma
Dice Acción Social que al
grupo familiar del tutelante “mediante solicitud No. 961 de 17 de febrero
de 2001 se le programó la entrega de tres meses de auxilio de arrendamiento”.
48. Natividad Caicedo Riascos
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Cantidad
05/07/2008
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Apoyo económico
1
14/05/2008
Acompañamiento
psicosocial
Asesoría y
fortalecimiento plan de vida
1
08/05/2008
Orientación
Derec. Respons. Y oferta
institucional
1
08/05/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
08/05/2008
Atención integral
Asistencia alimentaria,
alojamiento y kit
1
06/06/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
06/06/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
06/06/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
03/07/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio arriendo mensual
1
03/07/2008
Entrega recursos para
transporte
Apoyo económico
1
03/07/2008
Asistencia alimentaria
Apoyo económico
1
13/09/2008
Emprendimiento
(fortalecimiento)
Seguimiento y
acompañamiento
1
Tras relacionar los beneficios que han recibido algunas de
las personas a nombre de quienes se interpuso la acción de tutela, Acción
Social menciona que realizó visitas domiciliarias a los hogares de algunos de
ellos y, de conformidad con el resultado a los que se llegó, “procedió a
programar la ayuda según el caso”. Entre las personas a quienes se les
realizó visita domiciliaria figuran, según Acción Social, Sugeil Serna Montaño,
Jhony Erney Angulo Guerrero, Vanessa Murillo Hurtado, Luz Nelly Riascos Torres,
Daniel Granados, María Victoria Victoria Largacha, Guillermo Victoria Largacha,
Martha Cecilia Montaño, Teresa Quiñónez Torres, Leovigildo Granados, Roberta
Obregón Sinisterra, Graciela Aloima, María Tere Cárdenas Lozano, Delfa Cárdenas
Lozano, Juana Perlaza, Benjamín Lozano González, Wilmer Arnubio Rivas Murillo,
Felipa Arnulfo Montaño Perlaza y Martha Cecilia Granja Carvajal. Sin embargo,
no específica a cuál de los núcleos familiares que representan esas personas se
le asignó el derecho a beneficiarse de las prórrogas solicitadas por ellas.
Además, Acción Social señaló que la afiliación al sistema de
seguridad social no es un asunto que le corresponda definir a esta entidad, al
menos a partir de las entrevistas domiciliarias. Por otra parte, indicó que la
población desplazada tiene derecho a acceder a los beneficios ofrecidos por la
institucionalidad. En ese sentido, manifestó que Acción Social, como entidad
Coordinadora que es del SNAIPD, “ha suscrito actas de compromiso con las
entidades que hacen parte del SNAIPD, con el objeto de autorizar el ingreso de
estas a la base de datos del RUPD –línea WEB-, para que accedan a la
información y de manera inmediata brinden a la población en situación de
desplazamiento, la atención dentro del ámbito de su competencia”. Así, a
continuación, la entidad demandada se encarga de señalar a qué entidades o
dependencias gubernamentales les corresponde brindar cada componente de la
oferta institucional a la población en situación de desplazamiento: (i) el
de educación, que es garantizado por medio del Ministerio de Educación y de las
secretarías departamentales y municipales de educación, y que “contempla de
manera gratuita la educación básica primaria, secundaria y media y corresponde
a las Secretarías Municipales o Departamentales impartir las directrices a las
Instituciones Educativas, a través de circulares, sobre la prioridad que tiene
la población en situación de desplazamiento para acceder a cupos educativos”;
(ii) el de salud, que es garantizado por medio del Ministerio de la
Protección Social y de las secretarías departamentales y municipales de salud,
y en virtud del cual las personas desplazadas tienen derecho “a ser
atendidas por la Red Hospitalaria Pública, sin ningún costo” pues mediante
el decreto 2131 de 2003 el Ministerio de la Protección Social –dice la entidad
demandada- señaló que “todas las entidades territoriales (Municipios y
Departamentos), las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS), las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) y
todas las empresas que hagan parte del sistema de salud deben adecuar su
infraestructura para asegurar la atención en salud a la población en situación
de desplazamiento”; (iii) el de subsidio de vivienda, que se
garantiza por medio del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo
Territorial –FONVIVIENDA-, entidad esta última que asigna y paga el subsidio si
el solicitante del subsidio agota el procedimiento consistente en postularse
ante las cajas de compensación para acceder al subsidio, previo cumplimiento de
los requisitos mínimos solicitados por estas; (iv) el de acceder a la
adjudicación de tierras, que es garantizado por medio del INCODER, pues en
virtud de la Ley 1152 de 2007 –asegura Acción Social- “se implementó el
subsidio integral para la compra de tierras para población desplazada, cuya
adjudicación se efectúa a través de un procedimiento público y transparente y
cuyo acceso depende de una calificación que otorga el INCODER”; (v) el
de la ayuda psicológica, garantizado por el ICBF a los menores de edad y, por
lo tanto, dice Acción Social, “se invita a las personas en situación de
desplazamiento para que se acerquen al Centro Zonal o Unidad de Atención del
ICBF más cercano y  presentar la solicitud respectiva”; (vi) el de
estabilización socioeconómica, que se brinda por conducto del SENA, en lo que
hace a capacitación, y de Bancoldex y el Banco Agrario, en lo referente al
crédito para financiar iniciativas productivas.
Con esa relación, Acción Social considera que puede afirmar:
“[e]n este orden de ideas, se informa al despacho que la accionante debe
acercarse a estas entidades y adelantar el procedimiento señalado por cada una
de ellas, a efectos de acceder a esta oferta institucional, en razón a que
Acción Social no puede entrar a asumir competencias que no le corresponden y
que son propias de cada entidad”. Con todo, señala que algunas personas se
han visto beneficiadas por la ayuda denominada “Generación de ingresos”, y
menciona a las siguientes personas: Paulina Angulo Rodallega, Jhony Erney
Angulo Guerrero, Félix Antonio Rentería Mestizo, Daniel Granados Torres, María
Victoria Victoria Largacha, José Claro Moreno Caicedo, Rosalbina Ruiz Hinojosa,
Stella Valencia Valencia, Yuri Gagarin Olarte García, Guillermo Victoria
Largacha, Claudina Garcés Rodallega, Cenovia Leonarda Segura, Nery valencia
Espinoza, Teresa Quiñones Torres, Lucenda Vivas Castro, Ana Gloria Solís
Montaño, Delfa Cárdenas Lozano, Juana Perlaza, Felipa Arnulfo Montaño perlaza,
Jhon Jairo Torres Torres, Sandra Mabely Valverde Angulo, Diana Patricia Hurtado
Riascos, Marta Cecilia Granja Carvajal, Natividad Caicedo Riascos.
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, en fallo del 2 de junio de 2009,
decidió tutelar los derechos fundamentales de algunas de las personas a nombre
de quienes se invoca la acción de tutela, y por eso decidió “revocar y
modificar” el fallo de primera instancia. En primer lugar, señaló que la
tutelante Juliana Largacha no tenía derecho a ser incluida en el RUPD porque no
había efectuado esa solicitud previamente, ante Acción Social, y la acción de
tutela no es el medio adecuado para solicitar por primera vez la inclusión en
ese Registro. En segundo lugar, el Tribunal manifestó que sólo algunas de las
personas que integran el grupo de los tutelantes, exponen los elementos
suficientes para considerar que están en situación de urgencia extraordinaria,
por ser personas de la tercera edad o madres cabeza de familia, y a su juicio
esas personas son Luz Aidé Castro (madre cabeza de familia), Luz Nelly Riascos
(madre cabeza de familia), Vanessa Murillo (madre cabeza de familia), Nolfa
Cuero (madre cabeza de familia), Ana Gloria Solís (madre cabeza de familia),
Maria Tere Cárdena (madre cabeza de familia), Delfa Cárdenas (madre cabeza de
familia), Leovigildo Granados (persona de la tercera edad, Ruby Ángela Cárdena
(madre cabeza de familia) y Carmen Suley Carabalí (madre cabeza de familia). En
cuanto a los otros accionantes, dice el Tribunal, no hay elementos para
considerar que tengan derecho a la prórroga o a la ayuda humanitaria permanente
y por eso decide revocar las órdenes correspondientes que en ese sentido dictó
el Juzgado de primera instancia. En cambio, respecto de ellos, le ordenará a
Acción Social que realice una visita domiciliaria para que verifique las
condiciones socioeconómicas en las cuales viven y dictamine si hay lugar a lo
que pretenden mediante tutela, en este proceso.
En tercer lugar, el Tribunal consideró que la Asociación de
Desplazados de la Costa Pacífica Residentes en Cali y otros instauraron un
derecho de petición colectivo ante Acción Social, mediante el cual le
solicitaron el reconocimiento del derecho a recibir la ayuda humanitaria de
emergencia, pero que la entidad estatal no lo respondió. Por lo tanto, concedió
la tutela del derecho de petición de los tutelantes involucrados en la
solicitud respetuosa que elevaron ante Acción Social, y le ordenó a esta última
que se pronunciara “respecto de la situación de cada uno de los miembros de la
Asociación de desplazados de la Costa Pacífica Residentes en Cali y Otros
ASODCPRC, tal como lo hizo en el escrito de impugnación de la acción de tutela,
esta vez como respuesta al derecho de petición instaurado por los accionantes”.
Finalmente, en cuanto hace referencia a la afiliación al sistema general de
seguridad social en salud, el Tribunal consideró que esa labor no era
competencia de Acción Social y que por lo tanto no tenía por qué atribuírsele
ese deber.
7. Actuación surtida durante la Revisión adelantada por la
Corte Constitucional
Mediante proveído del 19 de octubre de 2009 se dispuso en
algunos expedientes conformar debidamente el contradictorio y allegar elementos
de juicio adicionales para adoptar la decisión de fondo, razón por la cual se
ordenó:
- En el expediente T-2375862 (Amparo de Jesús Naranjo Ciro),
poner en conocimiento del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA- el contenido
de la solicitud de tutela para que esa entidad se pronunciara acerca de las
pretensiones formuladas por la demandante. Igualmente, se requirió a la misma
entidad copia del acto administrativo que resolvió la solicitud de revocatoria
directa presentada por la actora contra la Resolución N° 602 de 2008.
- En el expediente T-2388145 (Eduardo Jiménez Villa), poner
en conocimiento de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional el contenido del escrito de tutela para que se
pronunciara respecto del petitum del actor.
- En el expediente T-2388941 (John Jaime Chica Ríos),
oficiar a la Fiscalía General de la Nación del Municipio de Andes -Antioquia-
para que indique si en la actualidad existen trámites judiciales en curso
derivados de los hechos violentos ocurridos el 11 de febrero de 2009 en el
corregimiento de San José de esa municipalidad, que dieron lugar a situaciones
de desplazamiento forzoso tal y como fue puesto de presente en la certificación
allegada al trámite tutelar por el demandante, suscrito por la doctora Juliana
Andrea Correa Castro, Personera Municipal.
Así mismo, ofició a la Personería del mismo Municipio con el
fin de que indique qué actuaciones ha emprendido para mitigar la situación de
desplazamiento forzoso puesta de presente por el accionante derivada de los
hechos violentos ocurridos el 11 de febrero de 2009 en el Corregimiento de San
José, evento que fue certificado por ese despacho el 11 de mayo de la misma
anualidad.
Se recibieron escritos de (i) Fonvivienda dentro de la
acción de tutela incoada por Amparo de Jesús Naranjo Ciro (T-2375862); (ii)
Fiscalía General de la Nación y Personería Municipal de Andes -Antioquia- en la
acción de tutela de John Jaime Chica Ríos (T-2388941). Por último, respecto del
expediente de tutela de Eduardo Jiménez Villa (T-2388145) la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional guardó
silencio durante el término concedido.[12]
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es competente
para revisar las decisiones dictadas por los jueces de instancia en los
expedientes de tutela de la referencia, de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Planteamiento
de los problemas jurídicos
Primer problema
jurídico. Sobre la extemporaneidad de las declaraciones de
desplazamiento y las solicitudes de ayuda humanitaria a las víctimas del
conflicto y de la violencia -expedientes T-2326704 (Ana Felicia Muñoz
Cortés) y T-2391097 (Camilo Antonio Sánchez Torres).- En estos dos casos,  se
les han negado a los tutelantes Ana Felicia Muñoz Cortés y Camilo Antonio
Sánchez Torres, así como a sus correspondientes núcleos familiares, las ayudas
humanitarias a las que tienen derecho las víctimas del conflicto armado y las
víctimas del desplazamiento forzado. La razón principal para ello ha sido esencialmente
la misma: que las ayudas deprecadas por ambos están limitadas en principio para
quienes las soliciten dentro del año siguiente al hecho que los hace
considerarse víctimas, y que en los casos concretos ambos peticionarios
solicitaron las ayudas mucho después de haber pasado un año, contado desde que
ocurrieron los hechos que motivaron sus respectivas postulaciones a los
beneficios. No obstante, por ejemplo la tutelante Ana Felicia Muñoz aduce tener
problemas de salud mental a causa de los hechos por los cuales considera ser
víctima. Narra que unos paramilitares la accedieron carnalmente mediante
violencia, humillándola delante de su hijo, y la torturaron aplicándole ácido
en diversas partes de su cuerpo. Además uno de sus hijos fue objeto de desaparición
y posterior muerte. Así las cosas, la Sala debe ocuparse de un problema
jurídico ya resuelto en diversas oportunidades por esta Corte: ¿viola los
derechos de una persona que se considera a sí misma (y razonablemente) como víctima
del conflicto armado o del desplazamiento forzado, que la entidad encargada de
administrar las ayudas humanitarias para sujetos en esas condiciones le niegue
la ayuda humanitaria bajo el entendimiento de que ha dejado pasar mucho tiempo
para solicitarla, contado desde el hecho por el cual se considera víctima,  aun
cuando la persona haya sido sometida a una numerosa cadena de actos violatorios
de sus derechos humanos (acceso carnal violento, desaparición forzada, tortura,
homicidio, desplazamiento forzado, secuestro)  y, como consecuencia precisa de
eso, haya sufrido dolores emocionales y mentales, hondos, duraderos e intensos?
Segundo problema
jurídico. Sobre la negativa de inscribir a un desplazado en
el RUPD, bajo el argumento de que se ignoran alteraciones del orden público en
el tiempo o el espacio en el cual la persona dice haber sido desplazada por la
violencia -expediente T-2388941 (John Jaime Chica Ríos)-.  En este caso,
Acción Social le negó al tutelante su inclusión en el RUPD, por  considerar que
en la zona y en la época en la cual él dice haberse desplazado por la
violencia, no hay reportes de alteraciones del orden público. En consecuencia, la
Sala debe pronunciarse sobre un problema jurídico ya resuelto en diversas
ocasiones por la Corte Constitucional: ¿viola los derechos de una persona
que razonablemente se considera víctima del desplazamiento forzado, y que
solicita ayuda humanitaria de emergencia, que la agencia encargada de registrar
a las personas desplazadas y de administrarles las ayudas humanitarias se la
niegue bajo el argumento de que las autoridades ignoran si hubo razones
efectivas para forzar a alguien a desplazarse desde el territorio donde tenía
su habitación?
Tercer problema
jurídico. Sobre la negativa de concederle a un desplazado el
subsidio de vivienda porque tiene un bien inmueble de su propiedad en el lugar
de donde se vio obligado a desplazarse por causa de la violencia-
expediente T-2388145 (Eduardo Jiménez Villa)-. En este caso, Fonvivienda le
negó al tutelante, desplazado del municipio de Dabeiba, el subsidio de vivienda
en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada para hogares no propietarios,
porque consideró que él no tenía derecho a ese beneficio habida cuenta de su
condición de propietario de un bien inmueble ubicado en el lugar del
desplazamiento; es decir, en Dabeiba, Antioquia. Ello, a pesar de que el
tutelante no ha albergado la voluntad de retornar a ese municipio,
esencialmente por miedo a la violencia. De esta manera, la Corte Constitucional
deben resolver el siguiente problema: ¿viola los derechos de una persona que
es considerada institucionalmente como víctima del desplazamiento forzado, que
se le niegue la posibilidad de beneficiarse con un subsidio para adquirir
vivienda porque tiene una vivienda de su propiedad, pero precisamente en el
lugar desde donde se desplazó y al cual no puede retornar por razones asociadas
a las causas que originaron inicialmente su desplazamiento forzado?
Cuarto problema
jurídico. Sobre el derecho de las madres cabeza de familia en
situación de desplazamiento a que se les prorrogue la ayuda humanitaria de
emergencia hasta que dejen de necesitarla –expediente T-2375862 (Amparo de
Jesús Naranjo Ciro).- En este caso hay una persona en situación de
desplazamiento que, además, es madre cabeza de familia, y como está en una
situación que –a su juicio- es de urgencia extrema, reclama la prórroga de la
ayuda humanitaria de emergencia hasta tanto esté en capacidad de superar la
urgencia por la cual atraviesan ella y los miembros de su núcleo familiar.  En
este caso, por tanto, le corresponde a la Sala decidir el siguiente problema: ¿viola
los derechos de una persona que es considerada institucionalmente como víctima
del desplazamiento forzado, y que además es madre cabeza de familia, que la
entidad encargada de administrar los subsidios para la población a la cual
pertenece se los suspenda pese a que no logra demostrar que la tutelante cuenta
con los medios suficientes para su autosostenimiento?
Quinto problema
jurídico. Sobre el derecho de petición de acceso a un
proyecto de estabilización socioeconómica de las personas en situación de
desplazamiento –expediente T-2342707 (Asociación de Desplazados de la Costa
Pacífica residentes en Cali y otros -ASOCCPRC-).- En el expediente referido
también se relacionan muchos casos de personas que han sido institucionalmente
reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado y que, en tal condición,
han presentado peticiones respetuosas para acceder a determinados subsidios
estatales, pero no se las han resuelto. Por consiguiente, al respecto le
corresponde a la Sala decidir el siguiente problema jurídico: ¿viola los
derechos de una persona que es considerada institucionalmente como víctima del
desplazamiento forzado, que la entidad encargada de administrar los subsidios
para la población a la cual pertenece, no le responda las peticiones
respetuosas que efectúe para acceder a los programas de estabilización
socioeconómica?
A continuación, la
Sala se referirá a la procedibilidad de la acción de tutela para solicitar la
protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento y de
quienes se pueden considerar víctimas de la violencia derivada del conflicto
armado; luego procederá a resolver cada uno de los problemas jurídicos y, justo
después, a decidir los casos de conformidad con las reglas que de esas
resoluciones se deriven.
3. Procedencia de
la acción de tutela para reclamar la protección de las personas en situación de
desplazamiento y de las víctimas de la violencia originada en el conflicto
armado
La acción de tutela
procede de forma principal cuando la persona no tenga a su disposición un medio
de defensa judicial de los derechos fundamentales; o cuando lo tiene pero es
inadecuado para proteger esos derechos; y en principio de forma transitoria
cuando el otro medio es adecuado pero no lo suficiente como para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.). Pues bien, según la
jurisprudencia de la Corte, en el caso de las personas desplazadas, y también
de quienes han sido víctimas de la violencia originada en el conflicto armado,
la acción de tutela es el medio de defensa judicial pertinente e idóneo
(especialmente cuando se persigue la obtención de asistencia humanitaria)
porque dada la situación de extrema vulnerabilidad en la cual suelen
encontrarse, el amparo es el único “mecanismo que resulta idóneo y eficaz para
defender sus derechos fundamentales ante una actuación ilegítima de las
autoridades encargadas de protegerlos, es la acción de tutela”.[13]
Por consiguiente, a continuación procederá la Sala a resolver el fondo de los
problemas jurídicos previamente planteados.
4. Sobre el primer
problema jurídico. La extemporaneidad en la declaración de desplazamiento y en
la solicitud de ayuda humanitaria para las víctimas de la violencia y el
conflicto armado, y la fuerza mayor de un trastorno mental o de un sufrimiento
hondo y duradero. Inmediatez de la acción de tutela en el caso del expediente
T-2391097 (Camilo Antonio Sánchez Torres)
Las personas que
puedan ser consideradas víctimas de la violencia política tienen, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 418 de 1997, derecho a la asistencia humanitaria. En
efecto, según el artículo 16 de esa Ley, las víctimas de la violencia originada
en el conflicto armado tienen derecho “a recibir la ayuda
indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer
los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el
artículo 15”.[14] Del mismo modo, el
artículo 15 de la Ley 387 de 1997 contempla el derecho de quienes puedan
considerarse víctimas del desplazamiento forzado a que el Gobierno Nacional
inicie las acciones inmediatas y adecuadas, con el fin de “socorrer[las],
asistir[las] y proteger[las] y atender sus necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas”. Estos derechos, si bien aparecen formulados en la ley, son
condiciones indispensables, muchas veces, para que las personas víctimas de
delitos conexos al conflicto armado puedan satisfacer sus necesidades básicas
más elementales y, por lo tanto, para contribuir en la garantía de una vida
verdaderamente digna a quienes los solicitan.
No obstante, la Ley ha establecido una oportunidad para
reclamar las prestaciones humanitarias, tanto en la Ley 418 de 1997 como en el
Decreto 2569 de 2000, reglamentario de la Ley 387 de 1997. En ambas
normatividades, se establece que la agencia encargada de administrar las ayudas
humanitarias no debe acceder a la solicitud –en la primera- de entrega o –en la
segunda- de inclusión en el RUPD (y consecuente entrega), cuando el
peticionario deja pasar más de un año para reclamar lo correspondiente, contado
desde el momento en el cual se produjo el hecho que posibilitó su calificación
como víctima de la violencia o, en su caso, como desplazado por la violencia.
Así dicen las respectivas disposiciones:
“[a]rtículo
16. En desarrollo
del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las
víctimas, estas recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal la ayuda
indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer
los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el
artículo 15. Esta ayuda humanitaria será prestada por las entidades públicas
así: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal y de
acuerdo con las directrices que para el efecto señale su Consejo Directivo, y
por las demás entidades públicas señaladas en la presente ley, dentro del marco
de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del año
siguiente a la ocurrencia del hecho” (Ley 418 de 1997).
“Artículo
11. De la no inscripción. La entidad en la que haya delegado la
inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la
condición de desplazado en los siguientes casos:
[…]
3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el
Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el
artículo 1° de la Ley 387 de 1997” (Decreto 2569 de 2000).
Así las cosas, aun cuando se
considera que una víctima de la violencia ocasionada por el conflicto armado, o
específicamente del desplazamiento forzado, tiene derecho a recibir una ayuda
humanitaria de emergencia, para satisfacer sus necesidades básicas, las razones
que sustentan la exigibilidad de ese derecho se desvirtúan cuando la persona
deja pasar demasiado tiempo para reclamar la correspondiente ayuda. Se
entiende, en ese contexto, que si la persona ha dejado transcurrir un lapso tan
amplio para requerir la ayuda estatal, después de todo no es tan urgente y, por
lo tanto, debe dársele prioridad a quienes sean también víctimas y demanden,
ellos sí, protección urgente de parte de las instituciones. En gran medida a
causa del carácter de ayuda frente a urgencias, que presenta la ayuda
humanitaria a que tienen derecho las personas desplazadas y las víctimas de la
violencia política, la Corte Constitucional consideró en la Sentencia C-047 de
2001, al examinar la validez de la oportunidad para reclamarla, que la norma
era en principio ajustada a la Constitución porque tenía como objetivo el de “atender
de manera urgente las necesidades de las víctimas del conflicto armado”.[15]
Ahora bien, en
la misma Sentencia C-047 de 2001, esta Corte consideró que el término para
solicitar la ayuda humanitaria de las víctimas de la violencia política no era
conforme a la Constitución, cuando la víctima lo ha dejado pasar por estar
sometida a una fuerza mayor. Por lo tanto, la Corporación declaró la
exequibilidad del artículo 16, Ley 418 de 1997, pero “bajo el entendido de
que el término de un año fijado por el Legislador para acceder a la ayuda
humanitaria, comenzará a contarse a partir del momento en que cese la fuerza
mayor o el caso fortuito que impidieron presentar oportunamente la solicitud”.
Actualmente, el propio artículo 16 contiene esa salvedad, en un parágrafo que
fue introducido por la Ley 782 de 2002.[16] En un sentido similar se
ha pronunciado la Corte, cuando quien solicita la ayuda humanitaria de
emergencia es una persona desplazada sometida a fuerza mayor y lo hace, por
consiguiente, amparada en lo dispuesto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569
de 2000, pero habiendo dejado transcurrir más de un año para declarar sobre su
situación.[17] Por consiguiente, si
bien las víctimas de la violencia originada en el conflicto armado y del
desplazamiento forzado tienen un año para iniciar los trámites encaminados a la
obtención de la ayuda humanitaria, ese término deja de correr cuando la
persona se ve sometida a una fuerza mayor. Con todo, como lo ha señalado esta
Corte, la concurrencia o no de una fuerza mayor debe ser examinada según los principios
de buena fe y favorabilidad, de modo que no se conviertan en cargas probatorias
demasiado exigentes para personas, como las víctimas de la violencia política y
los desplazados, que están en un estado de precariedad y abandono tan altos.
Pues bien, en
los casos examinados por la Sala en esta oportunidad; esto es, en las acciones
de tutela contenidas en los expedientes T-2326704 (Ana Felicia Muñoz Cortés) y
T-2391097 (Camilo Antonio Sánchez Torres), se advierte que según un
enjuiciamiento preliminar, y sin tener en consideración todos los elementos
relevantes posibles, podría haber una fuerza mayor. En efecto, la circunstancia
palmaria de ser víctima del desplazamiento forzado ha sido considerada por la
Corte Constitucional, para ciertos efectos precisos, como una fuerza mayor. Por
ejemplo, en la Sentencia C-1186 de 2008, la Corte Constitucional consideró
inconstitucional el desistimiento tácito de las pretensiones civiles y de
familia, cuando se produce por la inacción, y se hace valer contra los
intereses –entre otras- de las víctimas del desplazamiento forzado.[18]
En esa hipótesis, estimó la Corte, las personas están sometidas a una fuerza
tan irresistible, que legitima la falta de actuación de quienes ejercerían lo
que fuera necesario en aras de salvaguardar sus intereses, si estuvieran en
condiciones ideales.
No obstante la
aparente validez de esta conclusión, lo cierto es que la jurisprudencia
constitucional ha asumido que incluso una persona desplazada, o en todo caso
víctima de la violencia política, podría no recibir los beneficios
institucionales correspondientes, si declara por fuera de la oportunidad
legalmente establecida para ello.[19] Eso significa, desde
luego, que el hecho de haber sido víctima del desplazamiento forzado, por
ejemplo, no es suficiente por sí solo para considerar que se esté sometido a
una fuerza mayor, de las que suspenden el conteo del término para solicitar la
ayuda humanitaria de emergencia, ante las autoridades competentes.
Por ese motivo,
esta Sala considera que, específicamente, la acción de tutela interpuesta por
Camilo Antonio Sánchez Torres para reclamar la asistencia humanitaria no está
llamada a prosperar, pues el peticionario dejó pasar casi doce (12) años para
reclamar una ayuda que tiene la connotación de ser prestada ante la urgencia
de quien recién ha sido víctima del desplazamiento forzado, o de quien lo fue
hace algún tiempo pero por razones de fuerza mayor no la había solicitado. Por
lo demás, el simple paso del amplio lapso, tampoco es justificado de una manera
adecuada por el peticionario quien se limita sencillamente a reconocer el
transcurso de un largo término sin actuar. Esa constatación es suficiente para
negar la tutela impetrada.  Con todo, a eso debe sumársele que el actor
interpuso la acción de tutela después de haber pasado dos años desde que le
negaron la ayuda, con lo cual además habría una razón para declarar
improcedente el amparo, de acuerdo con lo que ha establecido la jurisprudencia
constitucional.[20] Por consiguiente, la
Sala procederá a confirmar la Sentencia del ocho (08) de junio de dos mil nueve
(2009), proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta que a su vez confirmó la expedida por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta el dieciséis (16) de abril de
dos mil nueve (2009), y en consecuencia resolverá negar la tutela de los
derechos invocados por el peticionario.
En cambio, la
narración efectuada por la señora Ana Felicia Muñoz Cortés indica de modo
suficiente que ha tenido razones poderosas para no efectuar la solicitud de
ayuda humanitaria dentro del tiempo formalmente establecido.  En efecto, para
empezar, hay indicios de que la tutelante no ha conservado a plenitud sus
facultades mentales desde que ocurrieron los hechos, y durante todo este
tiempo. De hecho, como lo acredita su historia clínica, la actora ha sufrido
episodios de alucinaciones, ha experimentado la alteración de su capacidad de
raciocinio y una sensible disminución, en general, de su salud mental; y todo
eso tiene como causa contribuyente el conjunto de actos que fueron perpetrados
en contra suya y de los suyos hace más de diez años. Si eso es así, hay que
concluir que durante todo este tiempo la tutelante ha estado sometida a una
fuerza irresistible –la que emerge de su  falta de sanidad mental- y, por lo
tanto, la tardanza en la solicitud de la ayuda humanitaria está justificada.
Pero a eso
habría que sumarle también el sufrimiento hondo y duradero que han debido
producirle los hechos que narra en la tutela. Bajo el supuesto de que conocía
sus derechos, para ella pudo no haber sido fácil acudir a una entidad a
solicitar las ayudas a que tiene derecho como víctima, en los años siguientes a
la fecha en que ocurrió su trágica experiencia. En primer lugar, por el
sentimiento de futilidad que tiene cualquier ayuda material cuando las personas
han perdido bienes inapreciables, más valiosos que la fortuna, como la vida, la
libertad o la dignidad. En segundo lugar, debido precisamente al temor de tener
que recordar, siquiera por un instante, los brutales acontecimientos de los
cuales fue víctima. Suponer que el Estado sólo puede ayudarla inmediatamente
después de que se vea sometida a semejantes vejámenes y atropellos, y no
después de que ha pasado un tiempo suficiente para que “recupere” su capacidad
de afrontar las necesidades del día a día, es responder con indolencia y apatía
ante el sufrimiento atroz de una mujer que sufrió en carne propia el maltrato
injusto a su libertad sexual, a su pudor y su dignidad, y perdió a su hijo en
circunstancias dolorosas.
Por lo tanto, el
Estado debe responder con solidaridad en casos que suponen la carga de un daño
interior de inmensa magnitud, y tolerar tiempos amplios de duelo y aceptación
de lo ocurrido, pues es natural que en esos eventos, y al menos durante un
tiempo, las víctimas no sientan la necesidad de las ayudas materiales, ni
quieran tampoco rememorar acontecimientos tan trágicos en escenarios públicos.
Cuando hay elementos para suponer que el dolor padecido por una persona es tan
intenso, precisamente por haber sido sometida a una cadena prolongada y brutal
de actos abiertamente vejatorios de sus derechos humanos, como en este caso,
no es preciso indagar si ha habido una fuerza mayor distinta a esa, pues un
dolor de esa naturaleza es una fuerza lo suficientemente irresistible como para
que justifique una tardanza como la que se presentó en este caso. El que,
después de todo este tiempo, la tutelante se haya sobrepuesto a esa fuerza, no
es evidencia de que la fuerza haya sido resistible. Es evidencia de que degeneró
en una fuerza resistible, sólo gracias al paso del tiempo.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el fallo del
tres (3) de junio de dos mil nueve (2009), emitido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el cual a su vez
confirmó el expedido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga, y en consecuencia a tutelar el derecho fundamental al mínimo vital
de la señora Ana Felicia Muñoz Cortés. Por lo tanto, le ordenará a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social, que realice todas las gestiones necesarias para que en un plazo no
mayor de ocho (8 días), contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, le entregue a la actora, efectivamente, si aún no lo ha hecho, la
ayuda humanitaria solicitada, y la oriente adecuadamente y la acompañe para que
pueda acceder a los demás programas de atención para población víctima de la
violencia y el conflicto armado, en lo que respecta a los programas de
estabilización económica y vivienda.
Pero, además y especialmente, la Corte le ordenará a Acción
Social que coordine con el Ministerio de Protección Social y con las
Secretarías de Salud del Departamento de Santander y el Municipio de
Bucaramanga, para que le presten los servicios médicos asistenciales que
requiera para recuperar el nivel óptimo de salud física y mental.[21]
Esos servicios deberán incluir, por lo menos, las siguientes actividades: (i)
una valoración médica especializada de la accionante y los miembros de su
núcleo familiar, que incluya tanto el diagnóstico por parte de profesionales en
salud mental (psicólogos y psiquiatras) como en salud física, acompañados por
profesionales expertos en enfoque psicosocial para víctimas; (ii) un
seguimiento profesional continuo sobre el estado de salud física y metal de la
tutelante y su familia, afectadas hasta que se restaure el nivel óptimo de
salud física y mental; (iii) un acompañamiento financiero institucional
(de Acción Social, el Ministerio de Protección Social y las Secretarías de
Salud del Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga), en caso de
que se requiera desembolsar algún dinero para las prestaciones médico
asistenciales requeridas por la señora Ana Felicia Muñoz Cortés y las personas
que componen su núcleo familiar, y por lo tanto también en caso de que el
desembolso se requiera para su transporte y estadía en un municipio diferente
al de su habitación, cuando se den con finalidades estrictamente médico
asistenciales.
5. Sobre el segundo
problema jurídico. La ignorancia institucional sobre la ocurrencia de ciertos
hechos no es una razón suficiente para dejar de inscribir a una persona en
situación de desplazamiento en el RUPD
De acuerdo con el
artículo 1° de la Ley 387 de 1997 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, desplazada por la violencia es toda persona que se haya visto
sometida a dos condiciones: en primer lugar, al desplazamiento coactivo que, en
segundo lugar, se produzca dentro de los confines del territorio nacional.[22]
Por ese motivo la Corte Constitucional, en la Sentencia T-227 de 1997, señaló
que dos elementos bastan para determinar si una persona ha sido o no desplazada
por la violencia:
“[s]ea
cual fuere la descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas
contienen dos elementos cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y
la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si  estas dos
condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la
menor duda de que se está ante un problema de desplazados”[23].
Pues bien, las
personas respecto de quienes pueda decirse que son desplazadas por la violencia
tienen derecho a ser incluidas en el Registro Único de Población Desplazada
(RUPD). No obstante, Acción Social que es la entidad encargada de determinar si
una persona debe ser incluida dentro de ese Registro, puede rechazar la
solicitud de inscripción en tres eventos, expresados así en el artículo 11 del
Decreto 2569 de 2000:
“[a]rtículo
11. De la no inscripción. La entidad en la que se haya delegado la
inscripción, no efectuará la inscripción en el  registro de quien solicita la
condición de desplazado en los siguientes casos:
1.
Cuando la declaración resulte
contraria a la verdad.
2.
Cuando existan razones objetivas y
fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las
circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
3.
Cuando el interesado efectúe la
declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de
acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
En
tales eventos, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten
a dicha entidad para tal determinación, el cual deberá ser notificado al
afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión que los
resuelva agota vía gubernativa”.
Con todo, la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido diversas condiciones de constitucionalidad
de las interpretaciones de esas causales de rechazo. De manera que –según la
jurisprudencia- si Acción Social rechaza una solicitud de inclusión en el RUPD
infringiendo esas condiciones de constitucionalidad, viola la Constitución y
los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento.[24]
Para este caso interesa destacar cuál es una de las condiciones que debe
observar Acción Social, cuando pretende rechazar una solicitud de inscripción
en el RUPD amparada en el numeral 2 del artículo 11; es decir, cuando aduce que
existen “razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se
deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1°
de la Ley 387 de 1997”. En ese caso, la jurisprudencia ha reiterado que el
desconocimiento de ciertos hechos, por parte de la autoridad, no es suficiente
para concluir que la persona no es desplazada. En efecto, por ejemplo, en la
Sentencia T-821 de 2007, la Corte Constitucional concedió la tutela a una mujer
a quien se le negó su inclusión en el RUPD bajo el argumento de que las
autoridades no registraban alteraciones del orden público en la zona y en el
tiempo en que, según la peticionaria,  habían ocurrido los hechos del
desplazamiento. La Corporación reiteró, entonces, que la sola ignorancia
institucional acerca de los hechos narrados por una solicitante no era una
razón suficiente para desvirtuar su declaración y, en consecuencia, para
concluir que no había existido desplazamiento forzado. Dijo, al respecto:
“por
la aplicación del principio de buena fe, el desconocimiento por parte de la
autoridad de los hechos ocurridos no es prueba suficiente de la no ocurrencia
del acontecimiento narrado por el solicitante. En efecto, los hechos
generadores del desplazamiento pueden ir desde la notoriedad nacional, hasta la
extrema reserva de ámbitos privados[25]”. [26]
Aplicada esa regla al caso del tutelante John Jaime Chica
Ríos (expediente T-2388941), conduce a concluir que su solicitud de inclusión
fue mal rechazada, pues la negativa de Acción Social se fundó exclusivamente en
que las autoridades no registraban alteraciones del orden público en la zona y
en el tiempo en que, según el tutelante, habían ocurrido los hechos generadores
del desplazamiento. Esa –ha dicho la jurisprudencia de la Corte- no es una
razón suficiente para negarle a una persona que dice ser desplazada, y en quien
debe presumirse buena fe, su inclusión al Registro Único de Población
Desplazada ni para negarle las ayudas y subsidios que de esa inscripción se
derivan. Por lo demás, en el expediente obra certificación expedida por la
Personera Municipal de Andes (Antioquia) que indica que el accionante sí fue
desplazado por la violencia, de ese municipio (folio 9 ibídem):
“La
suscrita Personera Municipal hace constar que JHON JAIME CHICA RIOS,
identificado con C.C. No. 15’531.865, se vio forzado a salir del municipio de
Andes – Antioquia, donde residió toda su vida, en compañía de su familia,
compuesta por su cónyuge, GLORIA ELCY CALDERÓN MUÑOZ, con C.C. 43’285.935 y sus
tres (3) hijos. Dicho desplazamiento obedeció a hechos violentos ocurridos el
11 de febrero de 2009, en el Corregimiento de  San José, en los cuales resultó
muerto su hermano; OSCAR CHICA RIOS.
La
anterior información es de conocimiento de todas las autoridades administrativas,
policiales y los hechos son objeto de investigación de la Fiscalía General de la
Nación, con sede en el Municipio”.
Dado que, en consecuencia, la razón aducida por Acción
Social para negarse a registrarlo en el sistema es insuficiente, la Sala
procederá a revocar el fallo del ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009),
expedido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, y por consiguiente
tutelará el derecho al mínimo vital del señor John Jaime Chica Ríos. Por lo
tanto, le ordenará a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social, que los inscriban a él y a su núcleo
familiar de manera inmediata en el Registro Único de Población Desplazada y,
consecuentemente, en el Sistema Único de Registro de Desplazados. Además, le
ordenará que realice todas las gestiones necesarias para que en un plazo no
mayor de ocho (8 días), contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, le entregue al actor, efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda
humanitaria solicitada, y lo oriente adecuadamente y lo acompañe para que pueda
acceder a los demás programas de atención para población desplazada,
especialmente en lo que respecta a los servicios de salud y educación para sus
hijas menores, acceso a los programas de estabilización económica o vivienda.
6. Sobre el tercer
problema jurídico. La propiedad sobre un bien inmueble como causal para
rechazar la solicitud de asignación de un subsidio para adquisición de vivienda
nueva o usada, presentada por una persona desplazada, es generalmente válida.
Excepcionalmente no lo es, cuando la propiedad está ubicada en el sitio desde
el que la persona se desplazó
El subsidio de
vivienda familiar que se les otorga a quienes han sido víctimas del
desplazamiento forzado ha sido concebido por la Corte como un derecho
fundamental específico, adscrito al derecho fundamental general a la vivienda
digna, consignado así en la Carta Constitucional de los derechos fundamentales:
“[a]rtículo 51. Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda”.
De un modo más
concreto, puede decirse que, en la jurisprudencia de la Corte, el subsidio de
vivienda familiar para la población desplazada ha sido reconocido como un
desarrollo particular del derecho fundamental que tiene toda persona en
situación de desplazamiento a exigirle al Estado la provisión de “vivienda y
alojamiento básicos”.[27] Por ese motivo, en la
Sentencia T-742 de 2009, la Corporación le concedió la acción de tutela a una
persona desplazada a quien le negaron la asignación de un subsidio de vivienda
familiar, bajo el argumento de que tenía una propiedad precisamente en el sitio
del cual fue desplazada. Para resolver ese caso la Corte expuso, entre otros
argumentos, que el derecho a contar con la ayuda estatal para tener vivienda y
alojamiento básicos adquiere fuerza de derecho fundamental, cuando la persona
ha tenido que sufrir el desplazamiento forzado:
“[c]uando
se trata de la población desplazada, [e]l derecho a la vivienda digna tiene un
carácter fundamental en dos sentidos. Primero, respecto de un contenido mínimo
de acuerdo con el cual el Estado tiene la obligación de proveer vivienda y
alojamiento básicos a las personas que han sufrido un desplazamiento forzado.
Y, segundo, en todos los casos en que se verifica la estrecha relación que la
satisfacción del derecho a la vivienda guarda con otros derechos cuyo carácter
fundamental tiene un amplio consenso, tales como el derecho a la igualdad o el
derecho al debido proceso.[28]”[29]
Pero, además, el
derecho a recibir un subsidio para adquisición de vivienda nueva o usada se
deduce del derecho general de toda víctima del desplazamiento forzado al
retorno.[30] De hecho, esa
prerrogativa es reconocida expresamente por la Ley 387 de 1997, y así lo
dispone en su artículo 16:
“[e]l Gobierno Nacional apoyará a la
población desplazada que quiera retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con
las previsiones contenidas en esta ley, materia de protección y consolidación y
estabilización socioeconómica”.
Sin embargo, si
la persona quiere retornar a su “lugar de origen” pero el Estado no
puede garantizarle un retorno en condiciones adecuadas; o si el Estado puede
hacerlo, pero la persona no tiene voluntad de retornar por miedo o por el temor
de ser nuevamente víctima del desplazamiento, no es posible obligarla a
hacerlo. Por el contrario, lo correcto en esas hipótesis es que el Estado le
garantice a la víctima su estabilización socioeconómica en otro sitio
del territorio, por ejemplo mediante el acceso a programas que –como dice el
artículo 25 del Decreto 2569 de 2000- le permitan satisfacer, en ese otro
lugar, “sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación
a través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto
desarrollen el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, en el ámbito
de sus propias competencias y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal”.[31]
Pero, lo
anterior no significa que cualquier persona que haya sido en algún momento
desplazada por la violencia tenga derecho, en cualquier circunstancia, a exigir
que se le asigne un subsidio de vivienda familiar. De hecho, la ley puede
establecer limitaciones razonables a la obtención de subsidios; límites que
pueden versar, por ejemplo, sobre el número de ocasiones en las cuales una
persona puede recibirlos; o sobre el monto máximo que puede recibir una persona
a título de subsidio, todo ello atendiendo a la disponibilidad presupuestal y,
especialmente, a la aceptabilidad de dichos límites para garantizar el goce
efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna y, en general, a la
dignidad de las personas desplazadas.
No obstante,
también es necesario precisar que no toda clase de restricciones a la
asignación de los subsidios es conforme a la Constitución. Por ejemplo, en la
Sentencia T-742 de 2009,[32] la Corte consideró que
se violaba el derecho fundamental a la vivienda digna de una persona víctima
del desplazamiento forzado, al haberle negado el subsidio para adquisición de
vivienda nueva o usada con fundamento en una aplicación distorsionada de la
normatividad aplicable. En esa oportunidad, además de otras razones, la Corte
consideró que se violaba la Constitución porque la entidad encargada de
asignarlo había interpretado que no tenía derecho al subsidio una persona que
contaba con un mero derecho de posesión sobre un bien inmueble, a pesar de que
lo realmente exigido por la ley era que la persona no fuera propietaria de
otro bien inmueble destinado a vivienda.
De hecho, toda
restricción deviene inconstitucional si supone una interferencia ilegítima en
los derechos fundamentales de la persona en situación de desplazamiento. Así
ocurre, por ejemplo, si entorpece o dificulta de forma injustificada el derecho
a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado. La
pregunta es, entonces, si puede considerarse conforme al Estatuto Fundamental
una decisión administrativa que priva a las personas desplazadas de la
posibilidad de reclamar un subsidio para adquisición de vivienda nueva o usada,
cuando se basa para ello en que quien solicita el subsidio tiene propiedades
sobre un bien inmueble, precisamente, en el municipio desde donde se vieron
obligadas a migrar, por razones irresistibles, y si por esas razones las
personas tienen miedo de regresar a ese lugar. A juicio de la Sala, una restricción
semejante, en su formulación absoluta, debe ser considerada contraria a la
Carta, pues viola los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado a la
vivienda digna y al retorno.
En efecto, una
condición necesaria (pero insuficiente) para garantizar los referidos derechos
de las personas en situación de desplazamiento, es que se cumplan de un modo
aceptable las siguientes dos normas: (i) la que prohíbe obligar a la
persona a retornar al lugar del desplazamiento, a pesar de que su voluntad sea
la de no regresar, por miedo o por haber hecho una nueva vida en otro sitio del
territorio nacional; (ii) la que ordena hacer todo lo posible para que
el sitio de recepción de la persona desplazada no sea un lugar tan inhóspito y
hostil, que prácticamente la conmine a retornar o a desplazarse nuevamente.
Pues bien, la causal empleada por Fonvivienda para rechazarle al tutelante la
solicitud de asignación del subsidio, contraviene precisamente la segunda
norma, pues interpone en la vía del reasentamiento un obstáculo innecesario, ya
que la finalidad que pretende perseguir puede ser satisfecha de otro modo menos
oneroso para los derechos del solicitante a la vivienda digna y al
reasentamiento.
Para dilucidar
adecuadamente el punto, conviene señalar que el subsidio de vivienda familiar
persigue –como se ha dicho- garantizarle a la persona una vivienda digna, y no
simplemente una propiedad sobre un bien inmueble. Si el objetivo del subsidio
fuera el de garantizarle a la persona, sencillamente, la adquisición del
derecho de dominio sobre un bien inmueble, tal vez habría muy buenas
razones para considerar que si la persona ya tiene una propiedad, puede
privársela de la posibilidad de recibir un subsidio en orden a adquirir otra
más. Sin embargo, no es una mera titulación civil el objetivo de los
subsidios, sino la satisfacción de una necesidad humana básica real, como es la
de contar con un lugar donde poder pasar las noches, resguardarse de las
adversidades del clima, y tener un espacio elemental de privacidad que a su vez
les depare a las personas la posibilidad de salvaguardar su dignidad. Así, dado
que la finalidad del subsidio está estrictamente ligada con la posibilidad de
contar –como ha dicho la Sentencia T-025 de 2004- con “vivienda y
alojamiento básicos”, no es suficiente verificar que una persona tiene otra
propiedad.
Ahora bien,
suponiendo que la finalidad del subsidio para adquisición de vivienda nueva o
usada sea el de depararles a las víctimas del desplazamiento una vivienda
digna, un medio adecuado para asignarlo –en contextos de recursos limitados-
puede construirse sobre la base de identificar quiénes carecen de viviendas.
Cuando un Estado no cuenta con recursos suficientes para concederles subsidios
de adquisición de vivienda a todos los habitantes de su territorio que se
consideren, razonablemente, desplazados por la violencia, debe establecer
prioridades entre ellos. Un buen criterio de prelación puede ser el de
verificar si la persona solicitante cuenta con los recursos suficientes para
proveerse, autónomamente, una vivienda. Porque si quien solicita la asignación
del subsidio tiene la suficiente solvencia económica, y además la liquidez,
para adquirir la propiedad sobre un bien inmueble, parece que los recursos
públicos deben ser destinados para contribuir en el empeño de otra persona, que
no tiene recursos, para conseguir una vivienda propia y llevar una vida digna.
Pues bien, al
considerar que ese es el criterio de prelación, un buen indicio para
determinar si la persona peticionaria del subsidio tiene recursos es que no
cuente con propiedades sobre bienes inmuebles. Por lo que, si se constata que
un solicitante es titular del derecho de dominio sobre un bien inmueble, es
razonable presumir que tiene recursos suficientes para proveerse, de
manera autónoma, una vivienda. De hecho, es razonable presumir que ya tiene una
vivienda propia. Por eso, en principio es válido rechazar la postulación
de una persona al subsidio de vivienda si, por ejemplo, ella se desplaza desde
un municipio del sur de Colombia hacia la Capital del país, pero tiene un bien
inmueble precisamente en la Capital. Lo mismo podría decirse, prima facie, de
quienes tienen propiedades sobre bienes inmuebles en cualquier otro lugar del
territorio, ya que si ellos cuentan efectivamente con un lugar donde pueden
acomodar su habitación, los recursos públicos deben priorizarse y asignárselos
a quienes no tienen siquiera una propiedad sobre un bien inmueble ni tampoco
una vivienda propia en el territorio nacional. En definitiva, generalmente es
válido  rechazarle a una persona su postulación al subsidio para adquisición de
vivienda nueva o usada, tras constatar que esa persona tiene una o más
propiedades sobre bienes inmuebles.
Sin embargo,
advierte la Sala, un rechazo por ese motivo es válido sólo si efectivamente
contribuye a evitar la inversión injusta de los recursos públicos, en contravía
de la prioridad de asignarle subsidio a la población desplazada que no tiene
recursos para proveerse una vivienda de forma autónoma y que tiene esa necesidad
básica realmente insatisfecha. Por eso mismo, la mera constatación de que
una persona tiene una vivienda no es en todos los casos una razón suficiente
para desestimar la solicitud de asignación de subsidios para adquisición de
vivienda nueva o usada. Si, en un caso, por razones relacionadas con
factores objetivos (violencia política) o subjetivos (miedo a amenazas,
zozobra) la persona no puede dirigirse al sitio donde está ubicada la vivienda
para habitarla, y tampoco hay razones para considerar que esté derivando
beneficios lucrativos de ella, que le permitan proveerse una vivienda de forma
autónoma, ese motivo es constitucionalmente insuficiente para justificar el
rechazo. Porque, si la persona no puede dirigirse al lugar donde está la
vivienda (por razones objetivas o subjetivas asociadas al conflicto), y no se
prueba de forma fehaciente que se beneficia lucrativamente del derecho de
dominio que tiene sobre ese bien, es contrario al principio de buena fe
presumir que la persona tiene recursos suficientes para proveerse, de manera
autónoma, una vivienda. Y, por consiguiente, es inconstitucional asumir que no
tiene derecho al subsidio.
Un ejemplo
paradigmático puede ser el de quien abandonó su lugar de residencia debido a la
violencia política, y dejó en ese sitio un predio de su propiedad. Si en un
caso de esas características, la persona manifiesta tener miedo de retornar, y
no existen elementos objetivos que conduzcan a concluir que deriva ganancias de
ese bien inmueble, suficientes para hacerse a una vivienda digna, entonces debe
considerarse que tiene todas las condiciones para postularse a la asignación
del subsidio, pues en su caso la inversión de los recursos públicos está
justificada y responde, de forma óptima, a los criterios de prelación en la adjudicación
de los subsidios. Ese es, precisamente, el caso de Eduardo Jiménez quien (i)
tiene su propiedad, pero en el sitio desde el cual se desplazó conminado
por la violencia ilegítima ejercida en su contra; (ii) manifiesta sentir
miedo de retornar a ese sitio, y por eso no puede considerarse que tenga en esa
propiedad una vivienda; y (iii) no hay elementos objetivos que permitan
concluir que esté recibiendo algún beneficio de esa propiedad. En consecuencia,
tiene derecho a que se lo considere como un postulante legítimo al subsidio de
adquisición de vivienda nueva o usada, pues en su caso es una necesidad básica
real y apremiante, que no tiene cómo garantizarse de forma autónoma.
De hecho, en un
caso como el suyo, si el peticionario se ve rechazado del grupo de quienes
tienen opción de recibir el subsidio, entonces puede ser conducido a adoptar
comportamientos como los siguientes, que en definitiva podrían poner en riesgo
sus derechos fundamentales: (i) retornar a la propiedad para adoptarla
como su vivienda, pero eso podría suponer de nuevo el sometimiento a las causas
que lo hicieron migrar, o a un estado de constante inquietud y miedo; (ii) vender
el inmueble a distancia, aunque eso no siempre es posible bien sea porque está
siendo ocupado ilegítimamente, o no está siendo ocupado pero la forma de
efectuar el negocio material y el negocio jurídico (la compraventa y la
tradición del bien) requiere retornar, así sea transitoriamente, al sitio del
desplazamiento, con el mismo riesgo para los bienes fundamentales de la
persona; o (iii) tratar de conseguir una vivienda por su propia cuenta,
y eso supone una desprotección excesiva para una persona generalmente
desarraigada, que ha tenido que abandonar todo su entorno social y material,
por el temor de perder sus bienes vitales más preciados.
En suma, prima
facie es válido desde el punto de vista constitucional rechazar la
solicitud de asignación de un subsidio de adquisición de vivienda nueva o
usada, presentada por una persona en situación de desplazamiento, con
fundamento en que tiene una propiedad sobre un bien inmueble. Sin embargo, esa
razón no puede ser absoluta sino que, por el contrario, debe estar sujeta a
excepciones. En un caso como el que ahora estudia la Sala, la exclusión del
peticionario de la lista de beneficiados con el subsidio, no se dio con
fundamento en una razón suficiente, porque (i) el bien inmueble de su
propiedad está ubicado en el lugar desde el cual se desplazó; (ii) las
razones que condujeron al desplazamiento no han desaparecido (aún siente miedo
de retornar); (iii) no hay elementos objetivos que conduzcan a concluir
que la persona deriva beneficios de ese bien (cánones, por ejemplo); y (iv) se
advierte que la persona desplazada reúne las demás condiciones para ser tenida
en cuenta en la asignación de subsidios para adquisición de vivienda nueva o
usada. Por lo tanto, la entidad demandada violó sus derechos a la vivienda
digna y al retorno.
Otro sería el
caso, si se hubieran dado las condiciones (i), (ii) y (iv), pero la entidad
administrativa hubiera demostrado objetivamente (de un modo fehaciente)
que el postulante recibía dineros, por ejemplo, por el arrendamiento de esa
propiedad o por concederla a título de tenencia a otra persona. En esta última
hipótesis, que por supuesto no es la que analiza la Corte, la entidad
administrativa habría tenido la potestad de reclamarle el subsidio –si ya se lo
concedió- o de rechazar su postulación –si está en proceso de otorgárselo-,
pues se puede suponer que tenía condiciones relevantes para proveerse una
vivienda.
Dado que, se
reitera, en este caso sólo se adujo por parte de Fonvivienda que el tutelante
Eduardo Jiménez debía ser rechazado por tener una propiedad en Dabeiba, y esa
no es una razón suficiente para rechazar la postulación de una persona al
subsidio para adquisición de vivienda nueva o usada, cuando el bien inmueble
está ubicado en el sitio desde el cual se desplazó por la violencia, la persona
manifiesta sentir miedo de retornar a ese sitio, y no hay elementos objetivos
que permitan concluir que está derivando beneficios lucrativos de la propiedad
sobre ese bien, en cantidad suficiente para proveerse autónomamente una
vivienda digna, entonces Fonvivienda le vulneró el derecho a la vivienda digna
y al  retorno. Por lo tanto, es necesario tutelar el derecho que le asiste a la
vivienda digna y, en consecuencia, revocar la sentencia del veintiocho (28) de
julio de 2009 del Juzgado Quince Penal del Circuito de Medellín, con Funciones
de Conocimiento. Así las cosas, la Sala le ordenará al Fondo de Vivienda
Nacional –FONVIVIENDA- que incluya al peticionario Eduardo Jiménez Villa en la
lista de aspirantes al subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada para la
población desplazada.
7. Sobre el cuarto problema jurídico. El derecho a la
prórroga de la asistencia humanitaria para la población en situación de
desplazamiento
Toda persona en situación de desplazamiento tiene derecho a
una ayuda humanitaria de emergencia por un término de tres (3) meses,
prorrogable (parágrafo, artículo 15 de la Ley 387 de 1997).[33]
Esa ayuda tiene el propósito de contribuir a que las personas, víctimas del
desplazamiento forzado, satisfagan sus necesidades básicas más elementales de “alimentación,
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica
y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas” (artículo 15, inciso 1°, Ley 387 de 1997).
Ahora bien, en su versión original, el derecho a la prórroga
de la asistencia humanitaria sólo podía darse una sola vez más, por un término
de otros tres meses. Recuérdese que el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 traía
un parágrafo que decía:
“[p]arágrafo.
A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo
de tres meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres más”
Esa prórroga era, por otra parte,
sumamente excepcional, pues de acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, sólo podía
concederse cuando se estuviera ante alguno de los siguientes supuestos: (i) que
en el hogar, uno cualquiera de sus miembros tuviera discapacidad física o
mental, parcial o total, debidamente certificada por las entidades prestadoras
de salud en atención humanitaria y de emergencia; (ii) que la jefatura del
hogar fuera femenina, o masculina mayor de 65 años y así apareciera reportado
en la declaración; (iii) que alguno cualquiera de los miembros de la familia
sufriera enfermedad terminal, debidamente certificada por las entidades
prestadoras de salud en atención humanitaria y de emergencia; (iv) que a juicio
de Acción Social se presentara una situación de parecida gravedad a las
enunciadas, aun cuando no apareciera expresamente señalada en el Decreto.[34]
Ahora bien, la Corte
Constitucional ha examinado la constitucionalidad tanto del límite temporal en
la concesión de las ayudas, como de las hipótesis en las cuales es procedente
otorgarlas. En cuanto al tiempo durante el cual se pueden entregar las ayudas, la
Corte en la Sentencia C-278 de 2007 declaró inexequibles las expresiones
subrayadas (“máximo” y  “excepcionalmente por otros tres [meses] más”)
debido a que  contrariaban la Constitución.[35] Por consiguiente, el
parágrafo precitado quedó así:
“[p]arágrafo.
A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio de tres
meses, prorrogables”.
Por lo demás, el aparte normativo
restante del parágrafo fue declarado exequible “en el entendido que el
término de la atención humanitaria de emergencia previsto en esa disposición
será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su
autosostenimiento”. Asimismo, en cuanto se refiere a las hipótesis en las
cuales es posible conceder la prórroga, la Corte Constitucional señaló en la
Sentencia T-025 de 2004, y lo reiteró posteriormente, que ella debía concederse
a las siguientes personas que además sean desplazadas por la violencia:
“(a)
quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) quienes no estén
en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de
estabilización o restablecimiento socio económica,  como es el caso de los
niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por
razón de su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad
de generar ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su
tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su
responsabilidad”.
Pues bien, en este proceso hay
un expediente en el cual se solicita  la prórroga de la ayuda humanitaria, a
saber: en el expediente T-2375862 (Amparo de Jesús Naranjo Ciro). La Sala
considera que la tutelante, aunque solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia, no sólo no recibió respuesta de Acción Social, sino que la
citada entidad gubernamental en el informe presentado al proceso de tutela se
refirió en términos abstractos al procedimiento que debe observarse para
perseguir la prórroga de la ayuda humanitaria, y omitió hacer referencia al
caso concreto de la peticionaria. Dado que la señora es madre cabeza de
familia, está en una de las condiciones establecidas expresamente por el
Decreto 2569 de 2000, artículo 21, como una causal de las que amerita la
concesión de la prórroga de la ayuda humanitaria, la Sala procederá a revocar
parcialmente el fallo dictado el catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009)
por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, y en consecuencia a
tutelar el derecho al mínimo vital de la señora Amparo de Jesús Naranjo Ciro.
Por lo tanto, le ordenará a Acción Social que en el término máximo de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, le reconozca y entregue la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia.
Ahora bien, la Sala advierte que la tutelante también
instauró el amparo para recibir la protección judicial de su derecho
fundamental a la vivienda digna, concretado en el derecho a acceder a las
convocatorias de asignación de subsidios para adquisición de vivienda nueva o
usada. Al respecto, lo que alcanzó a señalar la tutelante fue que se le había
violado su derecho a la vivienda digna porque se la había rechazado de la
convocatoria de asignación de subsidios para adquisición de vivienda nueva o
usada a la población en situación de desplazamiento, porque supuestamente tenía
una propiedad en Bogotá, afirmación que en su concepto era falsa. Sin embargo,
como lo advirtió Fonvivienda en el memorial que envió a la Corte, en sede de
Revisión, el acto por medio del cual la tutelante fue rechazada de la
convocatoria fue posteriormente revocado “y, en consecuencia, -­dijo
Fonvivienda- se dispuso continuar con el proceso de calificación y
asignación en los términos del artículo 1° del Decreto 170 de 2008”.[36]
Por consiguiente, la Sala procederá a declarar el hecho superado a este
respecto.
8. Sobre el quinto
problema jurídico. El derecho de petición de acceso a un proyecto de
estabilización socioeconómica de las personas en situación de desplazamiento
La Constitución Política
establece el derecho de toda persona a “presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución” (art. 23, C.P.). Así, la Carta estatuye que el derecho
fundamental de petición no sólo consiste en la facultad de la persona de
formular una petición respetuosa ante las autoridades, sino también en el
derecho a recibir de ellas una respuesta, que además sea rápida y de fondo. De
ese modo, la respuesta esperada a la petición “debe cumplir con estos
requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”[37]
Cuando quien presenta la
petición respetuosa es una persona desplazada, la Corte Constitucional ha
señalado de forma precisa y detallada cuál es el procedimiento que deben seguir
las autoridades o personas que estén en el debe darles trámite y responderlos,
para no violar el derecho fundamental de petición contemplado en el artículo 23
de la Carta. Así, la Sentencia T-025 de 2004 señaló:
“cuando
las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado, en
la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad
competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados
peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el
tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle
dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su
trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para
que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los
requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites
necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en
que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe
disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el
beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo
caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes
legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados. Este mismo
procedimiento deberá realizarse en relación con las peticiones de los actores
en el presente proceso de tutela, en particular para las solicitudes de
otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de
restablecimiento socio económico”.
Pues bien, en los casos que presenta el expediente T-2342707
(Asociación de Desplazados de la Costa Pacífica residentes en Cali y otros
–ASOCCPRC), es posible advertir que muchas de las peticiones formuladas por las
personas desplazadas que reclaman la tutela de sus derechos fundamentales, no
fueron resueltas por Acción Social. En ellas reclamaban básicamente, como lo
señala la propia acción de tutela,  el acceso a un proyecto para
restablecimiento socio-económico, sin embargo en muchos casos Acción Social no
emitió siquiera una respuesta. A continuación se presenta un cuadro que
contiene la información de cuántos de quienes conforman la parte activa de la
tutela, instaurada por Asociación de Desplazados de la Costa Pacífica,
residentes en Cali, han formulado algún derecho de petición ante Acción Social
pero no han recibido respuesta:
TUTELANTE
¿Presentó peticiones individuales?
(¿Cuántas?)
¿Recibió respuestas?
(¿Cuántas?)
¿Presentó petición colectiva?
(Folios
29-31)
¿Recibió respuesta?
1. Paulina Angulo Rodallega
Sí (1)
Sí.
Sí.
No
2. Luz Aidé Caicedo Riascos
Sí (1)
Sí.
Sí.
No
3. Sugeil Serna Montaño
Sí (2)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
4. Jhonny Erney Angulo
Guerrero
Sí (1)
No hay prueba de la
contestación.
NO.
----
5. Vanessa Murillo Hurtado
Sí (3)
Sí (1)
Sí.
No
6. Luz Nelly Riascos Torres
Sí (2)
Sí (1)
Sí.
No
7. Carmela Ramírez Arboleda
Sí (1)
No hay prueba de la
contestación.
NO.
----
8. Alicia Ruiz Castro
Sí (1)
No hay prueba de la
contestación.
NO.
----
9. Félix Antonio Rentería
Mestizo
Sí (1)
Sí (1)
NO.
----
10. Sigifredo Serna Montaño
Sí (3)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
11. Daniel Granados Torres
Sí (2)
Sí (1)
Sí.
No
12. María Victoria Victoria
Largacha
Sí (5)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
13. José Claro Moreno
Caicedo
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
14. Rosalbina Ruiz Hinojosa
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
15. Stella Valencia
Valencia
Sí (2)
Sí (1)
Sí.
No
16. Yuri Gagarin Olarte
García
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
17. Guillermo Victoria
Largacha
Sí (3)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
18. Martha Cecilia Montaño
Montaño
Sí (5)
Sí (2)
Sí.
No
19. Crecencia Córdoba
Largacha
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
20. Claudina Garcés
Rodallega
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
21. Cenovia Leonarda Segura
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
22. Nery Valencia Espinosa
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
23. Teresa Quiñones Torres
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
24. Lucenda Vivas Castro
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
25. Leovigildo Granados
Sí (3)
Sí (1)
Sí.
No
26. Eduar Sinisterra
Montaño
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
27. María Miriam Torres
Córdoba
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
28. Roberta Obregón
Sinisterra
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
29. Ruby Anjela Cardena
Torres
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
30. Nolfa Cuero Valencia
No.
---
NO.
----
31. Ana Gloria Solis
Montaño
Sí (2)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
32. Graciela Aloima
Sí (1)
Sí (1)
Sí.
No
33. María Tere Cardena
Lozano
Sí (2)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
34. Delfa Cárdenas Lozano
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
35. Juana Perlaza
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
36. Juliana Largacha Gamboa
Sí (3)
Sí (1)
Sí.
No
37. Benjamín Lozano
González
Sí (2)
No hay prueba de
contestación.
No hay prueba de
contestación.
No
38. Wilmer Arnovio Rivas
Murillo
No.
---
NO.
----
39. Eulices Murillo
Granados
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
40. Felipa Arnulfa Montaño
Perlaza
No.
---
NO.
----
41. Jhon Jairo Torres
Torres
Sí (2)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
42. María Cipriano López
Fajardo
No.
---
Sí.
No
43. Sandra Mabely Valverde
Angulo
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
NO.
----
44. Diana Patricia Hurtado
Sí (1)
No hay prueba de
contestación.
Sí.
No
45. Carmen Suley Carabalí
Sols
Sí (1)
No hay prueba de la
contestación.
NO.
----
46. Martha Cecilia Granja
Carbajal
Sí (1)
No hay prueba de la
contestación.
NO.
----
47. Luciano Rengifo Aloma
Sí (1)
No hay prueba de la
contestación.
NO.
----
48. Natividad Caicedo
Riascos
No.
---
NO.
----
Como se ve, de los cuarenta y ocho (48) tutelantes, sólo hay
cuatro a los que no se les ha vulnerado su derecho de petición; tres de ellos
(Nolfa Cuero, Wilmer Arnobio Rivas Murillo y Natividad Caicedo Riascos), porque
no presentaron en absoluto derechos de petición, y otro (Félix Antonio Rentería
Mestizo) porque recibió respuesta al único derecho de petición que presentó.
De resto, a todos los otros tutelantes se les desconoció el
derecho de petición y eso se infiere de que exhibieron en el expediente copias
aceptables de los derechos de petición instaurados ante Acción Social mucho
antes de haber interpuesto la acción de tutela, pero manifestaron no haber
recibido respuesta, afirmación que no fue desvirtuada por Acción Social. Eso
significa que Acción Social les vulneró el derecho fundamental a las siguientes
personas:  Paulina Angulo Rodallega, Luz Aidé Caicedo Riascos, Sugeil Serna
Montaño, Jhonny Erney Angulo Guerrero, Vanesa Murillo Hurtado, Luz Nelly
Riascos Torres, Carmela Ramírez Arboleda, Alicia Ruiz Castro, Sigifredo Serna
Montaño, Daniel Granados, María Victoria Largacha, José Claro Moreno Caicedo,
Rosalbina Ruiz Hinojosa, Stella Valencia Valencia, Yuri Gagarín Olarte García,
Guillermo Victoria Largacha, Martha Cecilia Montaño Montaño, Crescencia Córdoba
Largacha, Claudina Garcés Rodallega, Cenovia Leonarda Segura, Nery Valencia
Espinosa, Teresa Quiñones Torres, Lucenda Vivas Castro, Leovigildo Granados,
Eduar Sinisterra Montaño, María Mirian Torres Córdoba, Roberta Obregón
Sinisterra, Ruby Anjela Cárdena Torres, Ana Gloria Solis Montaño, Graciela Aloima,
María Tere Cardena Lozano, Delfa Cárdenas Lozano, Juana Perlaza, Juliana
Lagarcha Gamboa, Benjamín Lozano González, Eulices Murillo Granados, Felipa
Arnulfa Montaño Perlaza, Jhon Jairo Torres Torres, María Cipriana López
Fajardo, Sandra Mabely Valverde Angulo, Diana Patricia Hurtado, Carmen Suley
Carabalí Solis, Martha Cecilia Granja Carvajal y Luciano Rengifo Aloima. Esto
es suficiente para que la Sala tutele el derecho fundamental de petición de
todas esas personas y, por lo tanto, para que confirme la orden dada el dos (2)
de junio de dos mil nueve (2009) por la Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,[38]
en el sentido de que “en el término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, contado a partir del día siguiente al recibo de la comunicación
pertinente, [p]ronunci[arse] si aún no lo ha hecho, sin evasivas, de manera
concreta y en la actuación que corresponde respecto de los derechos de petición
impetrados”. En consecuencia, ordenará a Acción Social que individualice
adecuadamente todas y cada una de las peticiones contenidas en el expediente
T-2342707 y que les dé respuesta de fondo, si aún no lo ha hecho, en un término
que no puede ser superior a los quince (15) días siguientes a la notificación
de la presente sentencia.
Ahora bien, a eso habría que sumársele que posiblemente se
les violaron los derechos, al no haber accedido a las solicitudes particulares
de garantizarles el acceso a proyectos de restablecimiento socioeconómico. Sin
embargo, en sede de tutela no es posible identificar adecuadamente cuántos de
quienes aparecen como peticionarios de amparo no han contado con la posibilidad
de acceder a proyectos de estabilización socioeconómica y por qué no, o cuántos
lo han hecho y en qué forma, sino que más bien se puede advertir una incuria
general por parte de Acción Social en la atención de las solicitudes
presentadas por ellos. Sin duda, cada caso merece una atención particular, y en
el expediente no hay información suficiente como para proceder a efectuar un
análisis adecuado de los hechos. Por lo tanto, la Sala procederá a ordenarle a
Acción Social que además de responder a las solicitudes elevadas por cada una de
las personas, adelante los trámites indispensables para definir, en el término
perentorio de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta
providencia, si los tutelantes (Paulina Angulo Rodallega, Luz Aidé Caicedo
Riascos, Sugeil Serna Montaño, Jhonny Erney Angulo Guerrero, Vanesa Murillo
Hurtado, Luz Nelly Riascos Torres, Carmela Ramírez Arboleda, Alicia Ruiz
Castro, Félix Antonio Rentería Mestizo, Sigifredo Serna Montaño, Daniel
Granados, María Victoria Largacha, José Claro Moreno Caicedo, Rosalbina Ruiz
Hinojosa, Stella Valencia Valencia, Yuri Gagarín Olarte García, Guillermo
Victoria Largacha, Martha Cecilia Montaño Montaño, Crescencia Córdoba Largacha,
Claudina Garcés Rodallega, Cenovia Leonarda Segura, Nery Valencia Espinosa,
Teresa Quiñones Torres, Lucenda Vivas Castro, Leovigildo Granados, Eduar
Sinisterra Montaño, María Mirian Torres Córdoba, Roberta Obregón Sinisterra,
Ruby Anjela Cárdena Torres, Nolfa Cuero Valencia, Ana Gloria Solis Montaño,
Graciela Alomia, María Tere Cardena Lozano, Delfa Cárdenas Lozano, Juana
Perlaza, Juliana Lagarcha Gamboa, Benjamín Lozano González, Wilmer Arnovio
Rivas Murillo, Eulices Murillo Granados, Felipa Arnulfa Montaño Perlaza, Jhon
Jairo Torres Torres, María Cipriana López Fajardo, Sandra Mabely Valverde
Angulo, Diana Patricia Hurtado, Carmen Suley Carabalí Solis, Martha Cecilia
Granja Carvajal, Luciano Rengifo Alomia y Natividad Caicedo Riascos) reúnen los
requisitos indispensables para acceder a proyectos de restablecimiento
socioeconómico y, en caso afirmativo, que dentro de los diez días subsiguientes
los inscriba debidamente en los mismos y les permita disfrutar efectivamente de
ellos; o si no, que les explique detalladamente por qué.
Finalmente, para que los
tutelantes puedan estar debidamente asesorados, la Corte Constitucional enviará
copia de la presente sentencia al Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, en
orden a que, en ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 282 de la
Carta, los oriente e instruya en el ejercicio y defensa de sus derechos (art.
281, No. 1, C.P.).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- En el
expediente T-2391097 (Camilo Antonio Sánchez Flórez), CONFIRMAR la
Sentencia del ocho (08) de junio de dos mil nueve (2009), proferida por la Sala
de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta
que a su vez confirmó la expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Santa Marta el dieciséis (16) de abril de dos mil nueve (2009), y en
consecuencia NEGAR la tutela de los derechos invocados por el
peticionario.
Segundo.- En el expediente
T-2326704 (Ana Felicia Muñoz Cortés),  CONFIRMAR el fallo del tres
(3) de junio de dos mil nueve (2009), emitido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el cual a su vez confirmó el
expedido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, y en
consecuencia TUTELAR el derecho fundamental al mínimo vital de la señora
Ana Felicia Muñoz Cortés.
Tercero.- En el expediente T-2326704 (Ana
Felicia Muñoz Cortés), ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, que:
(i)
realice todas las gestiones necesarias para que en un plazo no mayor
de ocho (8 días), contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, le entregue a la actora, efectivamente, si aún no lo ha hecho, la
ayuda humanitaria solicitada, la oriente adecuadamente y la acompañe para que
pueda acceder a los demás programas de atención para población víctima de la
violencia y el conflicto armado, en lo que respecta a los programas de
estabilización económica y vivienda; y
(ii)  como
coordinador del SNAIPD, coordine con el Ministerio de Protección Social y con
las Secretarías de Salud del Departamento de Santander y el Municipio de
Bucaramanga, para que le presten los servicios médicos asistenciales que
requiera para recuperar el nivel óptimo de salud física y mental. Esos
servicios deberán incluir, por lo menos, las siguientes actividades: (Primero)
una valoración médica especializada de la accionante y los miembros de su
núcleo familiar, que incluya tanto el diagnóstico por parte de profesionales en
salud mental (psicólogos y psiquiatras) como en salud física, acompañados por
profesionales expertos en enfoque psicosocial para víctimas; (Segundo)
un seguimiento profesional continuo sobre el estado de salud física y metal
de la tutelante y su familia, afectadas hasta que se restaure el nivel óptimo
de salud física y mental; (Tercero) un acompañamiento financiero
institucional (de Acción Social, el Ministerio de Protección Social y las
Secretarías de Salud del Departamento de Santander y el Municipio de
Bucaramanga), en caso de que se requiera desembolsar algún dinero para las
prestaciones médico asistenciales requeridas por la señora Ana Felicia Muñoz
Cortés y las personas que componen su núcleo familiar, y por lo tanto también
en caso de que el desembolso se requiera para su transporte y estadía en un
municipio diferente al de su habitación, cuando se den con finalidades
estrictamente médico asistenciales.
Cuarto.- En el expediente T-2388941 (John
Jaime Chica Ríos),  REVOCAR el fallo del ocho (8) de junio de dos mil
nueve (2009), expedido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, y en
consecuencia TUTELAR el derecho al mínimo vital del señor John Jaime
Chica Ríos.
Quinto.- En el expediente T-2388941 (John
Jaime Chica Ríos), ORDENAR le ordenará a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, que los inscriban
a él y a su núcleo familiar de manera inmediata en el Registro Único de
Población Desplazada y, consecuentemente, en el Sistema Único de Registro de
Desplazados. Además, le ordenará que realice todas las gestiones necesarias
para que en un plazo no mayor de ocho (8 días), contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, le entregue al actor, efectivamente, si
aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria solicitada, y lo oriente adecuadamente
y lo acompañe para que pueda acceder a los demás programas de atención para
población desplazada, especialmente en lo que respecta a los servicios de salud
y educación para sus hijas menores, acceso a los programas de estabilización
económica o vivienda.
Sexto.- En el expediente
T-2388145 (Eduardo Jiménez Villa), REVOCAR la Sentencia del
veintiocho (28) de julio del Juzgado Quince Penal del Circuito de Medellín con
Funciones de Conocimiento y, en consecuencia, TUTELAR el derecho que le
asiste a la vivienda digna.
Séptimo.- En el expediente
T-2388145 (Eduardo Jiménez Villa), ORDENAR al Fondo de Vivienda
Nacional –FONVIVIENDA- que incluya al peticionario Eduardo Jiménez Villa en la
lista de aspirantes al subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada para
la población desplazada, y le asigne un subsidio de vivienda familiar con
arreglo a los criterios de prelación establecidos en la ley y en los
reglamentos correspondientes.
Octavo.- En el expediente
T-2375862 (Amparo de Jesús Naranjo Ciro), REVOCAR parcialmente el fallo
dictado el catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Medellín, y en consecuencia a TUTELAR el derecho
al mínimo vital de la señora Amparo de Jesús Naranjo Ciro. Por otra parte, DECLARAR
EL HECHO SUPERADO en cuanto se refiere a la solicitud de protección del
derecho a la vivienda digna.
Noveno.- En el expediente
T-2375862 (Amparo de Jesús Naranjo Ciro), ORDENAR a Acción Social que en
el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, le reconozca y entregue la prórroga de
la ayuda humanitaria de emergencia.
Décimo.- En el expediente
T-2342707 (Asociación de Desplazados de la Costa Pacífica residentes en
Cali y otros –ASOCCPRC), CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dada el dos
(2) de junio de dos mil nueve (2009) por la Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que a su vez
decidió revocar y modificar la sentencia de primera instancia dictada el
veinticuatro (24) de abril de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Segundo penal
para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali, y en
consecuencia TUTELAR el derecho de petición de los accionantes Paulina
Angulo Rodallega, Luz Aidé Caicedo Riascos, Sugeil Serna Montaño, Jhonny Erney
Angulo Guerrero, Vanesa Murillo Hurtado, Luz Nelly Riascos Torres, Carmela
Ramírez Arboleda, Alicia Ruiz Castro, Sigifredo Serna Montaño, Daniel Granados,
María Victoria Largacha, José Claro Moreno Caicedo, Rosalbina Ruiz Hinojosa,
Stella Valencia Valencia, Yuri Gagarín Olarte García, Guillermo Victoria
Largacha, Martha Cecilia Montaño Montaño, Crescencia Córdoba Largacha, Claudina
Garcés Rodallega, Cenovia Leonarda Segura, Nery Valencia Espinosa, Teresa Quiñones
Torres, Lucenda Vivas Castro, Leovigildo Granados, Eduar Sinisterra Montaño,
María Mirian Torres Córdoba, Roberta Obregón Sinisterra, Ruby Anjela Cárdena
Torres, Ana Gloria Solis Montaño, Graciela Alomia, María Tere Cardena Lozano,
Delfa Cárdenas Lozano, Juana Perlaza, Juliana Lagarcha Gamboa, Benjamín Lozano
González, Eulices Murillo Granados, Felipa Arnulfa Montaño Perlaza, Jhon Jairo
Torres Torres, María Cipriana López Fajardo, Sandra Mabely Valverde Angulo,
Diana Patricia Hurtado, Carmen Suley Carabalí Solis, Martha Cecilia Granja
Carvajal y Luciano Rengifo Aloima. Asimismo, REVOCAR PARCIALMENTE esa
misma providencia, y por consiguiente TUTELAR el derecho de los
ciudadanos Paulina Angulo Rodallega, Luz Aidé Caicedo Riascos, Sugeil Serna
Montaño, Jhonny Erney Angulo Guerrero, Vanesa Murillo Hurtado, Luz Nelly
Riascos Torres, Carmela Ramírez Arboleda, Alicia Ruiz Castro, Félix Antonio
Rentería Mestizo, Sigifredo Serna Montaño, Daniel Granados, María Victoria
Largacha, José Claro Moreno Caicedo, Rosalbina Ruiz Hinojosa, Stella Valencia
Valencia, Yuri Gagarín Olarte García, Guillermo Victoria Largacha, Martha
Cecilia Montaño Montaño, Crescencia Córdoba Largacha, Claudina Garcés
Rodallega, Cenovia Leonarda Segura, Nery Valencia Espinosa, Teresa Quiñones
Torres, Lucenda Vivas Castro, Leovigildo Granados, Eduar Sinisterra Montaño,
María Mirian Torres Córdoba, Roberta Obregón Sinisterra, Ruby Anjela Cárdena
Torres, Nolfa Cuero Valencia, Ana Gloria Solis Montaño, Graciela Alomia, María
Tere Cardena Lozano, Delfa Cárdenas Lozano, Juana Perlaza, Juliana Lagarcha
Gamboa, Benjamín Lozano González, Wilmer Arnovio Rivas Murillo, Eulices Murillo
Granados, Felipa Arnulfa Montaño Perlaza, Jhon Jairo Torres Torres, María
Cipriana López Fajardo, Sandra Mabely Valverde Angulo, Diana Patricia Hurtado,
Carmen Suley Carabalí Solis, Martha Cecilia Granja Carvajal, Luciano Rengifo
Alomia y Natividad Caicedo Riascos.
Décimo primero.- En el
expediente T-2342707 (Asociación de Desplazados de la Costa Pacífica
residentes en Cali y otros –ASOCCPRC) ORDENAR a Acción Social:
(i) que individualice
adecuadamente todas y cada una de las peticiones contenidas en el expediente y
que les dé respuesta de fondo, si aún no lo ha hecho, en un término que no
puede ser superior a los quince (15) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, y
(ii) que adelante los
trámites indispensables para definir, en el término perentorio de los treinta
(30) días siguientes a la notificación de esta providencia, si los tutelantes
(Paulina Angulo Rodallega, Luz Aidé Caicedo Riascos, Sugeil Serna Montaño,
Jhonny Erney Angulo Guerrero, Vanesa Murillo Hurtado, Luz Nelly Riascos Torres,
Carmela Ramírez Arboleda, Alicia Ruiz Castro, Félix Antonio Rentería Mestizo,
Sigifredo Serna Montaño, Daniel Granados, María Victoria Largacha, José Claro
Moreno Caicedo, Rosalbina Ruiz Hinojosa, Stella Valencia Valencia, Yuri Gagarín
Olarte García, Guillermo Victoria Largacha, Martha Cecilia Montaño Montaño,
Crescencia Córdoba Largacha, Claudina Garcés Rodallega, Cenovia Leonarda
Segura, Nery Valencia Espinosa, Teresa Quiñones Torres, Lucenda Vivas Castro,
Leovigildo Granados, Eduar Sinisterra Montaño, María Mirian Torres Córdoba, Roberta
Obregón Sinisterra, Ruby Anjela Cárdena Torres, Nolfa Cuero Valencia, Ana
Gloria Solis Montaño, Graciela Alomia, María Tere Cardena Lozano, Delfa
Cárdenas Lozano, Juana Perlaza, Juliana Lagarcha Gamboa, Benjamín Lozano
González, Wilmer Arnovio Rivas Murillo, Eulices Murillo Granados, Felipa
Arnulfa Montaño Perlaza, Jhon Jairo Torres Torres, María Cipriana López
Fajardo, Sandra Mabely Valverde Angulo, Diana Patricia Hurtado, Carmen Suley
Carabalí Solis, Martha Cecilia Granja Carvajal, Luciano Rengifo Alomia y
Natividad Caicedo Riascos) reúnen los requisitos indispensables para acceder a
proyectos de restablecimiento socioeconómico y, en caso afirmativo, que dentro
de los diez días subsiguientes los inscriba debidamente en los mismos y les
permita disfrutar efectivamente de ellos; o si no, que les explique
detalladamente por qué.
Décimo segundo.- ENVIAR, por conducto de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, copia de la presente Sentencia
al Defensor del Pueblo del Valle del Cauca.
Décimo tercero.- LIBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí establecidos.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folio 39 ibíd.
[2] Folio 45 ibíd.
[3] Folio 37 del cuaderno principal.
[4] Folio 81 del cuaderno principal.
[5] Folio 14 del cuaderno principal.
[6] Folio 14 reverso ibídem.
[7] Folio 18 reverso ibídem.
[8] Folio 29 del cuaderno de revisión del expediente T-2326704.
[9] Inscrita en el Registro Único Nacional de Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante Resolución N° 070 del 15 de
junio de 2006.
[10] Folio 1 del cuaderno principal.
[11] Folio 268 del cuaderno principal.
[12] El 30 de noviembre de 2009, teniendo en cuenta que la información
solicitada no fue remitida en su totalidad, se requirió a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Fiscalía
General de la Nación de Andes -Antioquia- y Personería del mismo municipio para
que allegaran la información solicitada.
[13] Sentencia T-821 de 2007 (MP Catalina Botero
Marino). En esa ocasión, se resolvía el caso de una mujer desplazada por la
violencia que reclamaba la protección de su derecho, y el de su familia, a la
ayuda humanitaria de emergencia. La Corte Constitucional consideró, como
aparece expresado en la cita, que la tutela era el mecanismo directo e idóneo
de protección de los derechos invocados por ella. Similar consideración fue
expuesta por la Corte Constitucional en la Sentencia T-188 de 2007 (MP Álvaro
Tafur Galvis), esta vez aplicada al caso de víctimas del conflicto armado, pero
no específicamente del delito de desplazamiento forzado, sino de homicidio. En
esa oportunidad, la Corporación consideró que el amparo era el medio procedente
y, como fundamento de esa decisión, adujo que “el sistema de protección
internacional de los derechos humanos fundamentales prevé que la población
civil, necesitada de ayuda humanitaria, a causa de emergencias naturales o
conflictos armados, tiene derecho a contar con recursos apropiados a sus
circunstancias de apremio y desprotección[13],
para acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación,
como prolongación natural i) del derecho a la vida[13], ii) de la prohibición
de tratos crueles, inhumanos o degradantes[13]
y iii) del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental y de un nivel de vida adecuado[13]
–artículos 1°, 2°, 5° 9°, 11, 12 y 93 C.P.”.
[14] El artículo 16 de la Ley 418 de 1997 se presenta tal y como fue
modificado por el artículo 7 de la Ley 782 de 2002, luego prorrogado por el
artículo 1° de la Ley 1106 de 2006.
[15] (MP Eduardo Montealegre Lynett). En esa oportunidad se enjuició
precisamente el apartado del artículo 16 de la Ley 418 de 1997, que limita el
tiempo para reclamar la asistencia humanitaria cuando se es víctima de la violencia
originada en el conflicto armado.
[16] Dice el citado parágrafo 1°: “[e]n caso
fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la víctima presentar oportunamente
la solicitud, el término a que se refiere la presente disposición debe contarse
a partir del momento en que cesen los hechos motivo de tal impedimento”.
[17] En la Sentencia T-136 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño), la Corte
Constitucional le ordenó a Acción Social inscribir en el Registro Único de
Población Desplazada, a una persona que declaró sobre su situación después de
haber pasado la oportunidad de un año establecida por la ley, pues consideró
que existían suficientes elementos para juzgar como fuerza mayor las
circunstancias a las cuales se vio sometida.
[18] Sentencia C-1186 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[19] Justamente por eso declaró la exequibilidad, aunque condicionada, del
artículo 16 de la Ley 418 de 1997 que fija la referida oportunidad para
solicitar la ayuda humanitaria. Véase la Sentencia C-047 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett).
[20] En efecto, las resoluciones de Acción Social cuestionadas por el
tutelante datan del dos mil seis (2006), mientras que la acción de tutela fue
instaurada en dos mil nueve (2009).Este término no es inmediato, y tampoco se
advierte ninguna justificación de la tardanza. Véase, sobre la inmediatez, la
Sentencia SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[21] Esta orden sigue esencialmente lo dispuesto por la Corte en la
Sentencia T-045 de 2010 (Sala segunda de Revisión), en la cual se resolvía
precisamente el caso de mujeres víctimas de la violencia política.
[22] Dice el artículo 1° de la Ley 387 de 1997:, que desplazada es “[t]oda
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando
su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida,
su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o
se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las
siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público”.
[23] Sentencia T-227 de 1997 (MP. Alejandro
Martínez Caballero).
[24] Para una referencia específica a las condiciones de constitucionalidad
de las causales de rechazo, puede verse la Sentencia T-821 de 2007 (MP.
Catalina Botero Marino), en la cual la Corte examinó la acción de tutela
interpuesta por una mujer a quien se le había rechazado una y otra vez la
solicitud de inclusión en el RUPD, con fundamento en las tres diversas causales
de ni inscripción establecidas en el Decreto 2569 de 2000.
[25] Sentencia T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[26] Sentencia T-821 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino).
[27] Sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
consideración 5.2.
[28] Ver, entre otras, la Sentencia T-585 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[29] Sentencia T-742 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[30] Sentencia T-025 de 2004
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[31] La propia Ley
387 de 1997, en su artículo 17, establece que el acceso a los programas de
vivienda hace parte del derecho de las personas desplazadas, que no están en
condiciones o en disposición de retornar a su lugar de origen, a la
estabilización socioeconómica.
[32] (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[33] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-278 de 2007.
[34] Decreto 2569 de 2000, artículo 21.
[35] La Corte Constitucional, en la Sentencia C-278 de 2007 (MP Nilson
Pinilla Pinilla), dijo que el término de tres meses como estimación inicial no
resultaba contraria a la Carta, pero sí era inconstitucional que ese término
fuera definitivo o prorrogable sólo en casos excepcionalísimos. Expresó,
entonces, que la norma enjuiciada: “tal como está concebida, lleva en la
práctica a que el término para brindar ayuda humanitaria opere en contra y no a
favor de los desplazados, como debe ser, pues, se repite, conforme a lo
dispuesto en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en el
Estado, en cuya contra también repercutirá el escaso tiempo otorgado, recae la
responsabilidad de solucionar la situación de esas personas y, por tanto, debe
llevar a cabo acciones oportunas, efectivas y suficientes en tal sentido,
observando, al efecto, los principios rectores de humanidad, imparcialidad y no
discriminación”. Por lo tanto, frente al régimen de excepcionalidad de la
prórroga de las ayudas, dijo: “[s]i bien es conveniente que la referencia
temporal exista, debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los
medios eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, hasta
salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, particularmente
en esa primera etapa de atención, en la cual se les debe garantizar condiciones
de vida digna que hagan viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución
definitiva mediante la ejecución definitiva mediante la ejecución de programas
serios y continuados de estabilización económica y social”.
[36] Folio 29 del cuaderno de revisión del
expediente T-2326704. En el expediente reposa también copia del acto de
revocatoria, y en él puede leerse: “ARTICULO PRIMERO. REPONER, la
decisión adoptada mediante la Resolución No. 602 del 16 de diciembre de 2008,
expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, en virtud de los recursos de
reposición interpuestos por los ciudadanos cuyos nombres e identificaciones se
relacionan a continuación, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia:
No.
DOCUMENTO
NOMBRES
APELLIDOS
MOTIVO DESVIRTUADO
12
22000000
AMPARO DE JESUS
NARANJO CIRO
El hogar tiene una o más propiedades a nivel nacional MI.
050S00879711 y MI. 050S00314999 CATASTRO BOGOTA; Aporta Certificados de
Tradición y Libertad de los inmuebles.
ARTÍCULO SEGUNDO. Como consecuencia de lo ordenado en el artículo
anterior, se ordena continuar con el proceso de calificación y asignación en
los términos del artículo 1° del Decreto 170 de 2008, respecto de los hogares
encabezados por el miembro que se relaciona en el artículo primero del presente
acto administrativo. || ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente a
los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, a través de las Cajas de Compensación Familiar en
donde se postularon, en atención a la obligación contenida en el numeral 3.13.
“Recepción y solución de reclamaciones en preselección y en asignaciones (…)”
del contrato de encargo de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda
y CAVIS UT; indicando que contra ella no procede recurso alguno y en
consecuencia queda agotada la vía gubernativa”.
[37] Sentencia T-377 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero). Sobre el
derecho a recibir una respuesta oportuna, puede verse también la Sentencia
T-197 de 2009 (MP. Clara Elena Reales Gutiérrez).
[38] Providencia que a su vez decidió revocar y
modificar la sentencia de primera instancia dictada el veinticuatro (24) de
abril de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Segundo penal para Adolescentes
con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali.