T-232-06
Manifiesta la señora Luz Myriam Moreno de Rojas que por medio de un
proceso de convocatoria pública, la Cámara de Comercio de
Sentencia T-232/06
LIQUIDACION
FORZOSA ADMINISTRATIVA-Aplicación de la garantía de
estabilidad laboral reforzada para personas de especial protección
constitucional igual que en los casos de reestructuración administrativa/LIQUIDACION
FORZOSA ADMINISTRATIVA-Aplicación de la garantía de estabilidad laboral
reforzada a padre cabeza de familia
LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA-Aplicación
de la garantía de estabilidad laboral reforzada a pesar que las causas
jurídicas de suspensión de empleos son diferentes a las de renovación
administrativa
SERVIDOR PUBLICO-Clasificación
RETEN SOCIAL-Aplicación Ley 790 de 2002
a situaciones de liquidación forzosa administrativa de entidades
descentralizadas de orden territorial
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Régimen
jurídico aplicable a empleados/EMPLEADOS PUBLICOS
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Régimen
servidores empresa servicios públicos domiciliarios
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-Determinación
del régimen jurídico/EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO-Servicios
públicos
TELETOLIMA-Naturaleza jurídica/TELETOLIMA-Sus
trabajadores tienen condición de servidores públicos
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Criterio de
procedibilidad de la acción de tutela
Referencia: expediente T-1210679
Acción de tutela instaurada por el señor Orlando Alberto Castillo
Farfán contra Teletolima S.A, en liquidación, Telecom., en liquidación, y la
Presidencia de la República.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil seis (2006).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO
BELTRÁN SIERRA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de
los fallos dictados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, en primera instancia, , y por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en segunda,  en el trámite de la acción de
tutela iniciada por el señor Orlando Alberto Castillo Farfán contra Teletolima
S.A, en liquidación, Telecom., en liquidación, y la Presidencia de la
República..
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado por
intermedio de apoderado el 23 de junio de 2005, el señor Orlando Alberto
Castillo Farfán solicita el amparo de sus derechos  fundamentales a la dignidad
humana, al trabajo, conexos con los derechos constitucionales a la estabilidad
laboral y a la seguridad social, presuntamente conculcados por los demandados.
Como sustento de la solicitud de amparo, el actor invoca los siguientes:
1. Hechos
Manifiesta el señor Castillo Farfán que
empezó a trabajar para la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima, “Teletolima
S.A”, el 16 de febrero de 1984, desempeñándose allí como estadígrafo.
Indica que como consecuencia de la
expedición de la Ley 790 de 2002 y de los Decretos 190 y 1612 de 2003, que
ordenaban, entre otras cosas, la supresión de la empresa de Telecomunicaciones
del Tolima “Teletolima S.A”, fue terminado su contrato de trabajo a partir del
13 de junio de 2003.Señala que para la fecha de su desvinculación llevaba
laborando 19 años, 3 meses y 27 días y tenía más de 49 años de edad.
Pone de presente al actor que el artículo
42 de la Convención Colectiva suscrita entre Teletolima y la organización
Sintraofitel, de la cual él hacía parte activa, preveía como requisitos para la
acceder a la pensión de jubilación contar con veinte (20) o más años de
servicio continuos o discontinuos, tener cincuenta años (50) de edad y haber
sido vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido con
anterioridad al 31 de enero de 1996.
También señala que de acuerdo con el artículo
12 de la Ley 790 de 2002, en desarrollo del programa de renovación de la
administración pública, cuentan con protección especial y no pueden ser
retirados del servicio los servidores que cumplan con la totalidad de los
requisitos de edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de
jubilación o vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la
promulgación de dicha Ley.
El señor Castillo Farfán alega que él se
encontraba cobijado por la antedicha protección especial y que, por ende, la
terminación de su contrato con Teletolima S.A fue contrario a tal normativa,
pues claramente se hallaba, de acuerdo con lo previsto en la convención
colectiva de la empresa, a menos de tres (3) años de acceder a la pensión de
jubilación.
Adicionalmente alega que el 11 de
septiembre de 2003 solicitó a Teletolima su reintegro y que esta petición fue
negada. De igual manera presentó solicitudes en el mismo sentido a Telecom., en
liquidación, empresa que era accionista mayoritaria de Teletolima S.A, y a la
Presidencia de la República; entidades que no le dieron respuesta directa a su
reclamo, conformándose con remitir sus solicitudes a la Empresa de
Telecomunicaciones del Tolima, para que fuera ésta la que contestara.
Además indica que, ante la imposibilidad
de obtener su reintegro acudiendo directamente a su antiguo empleador, inició
ante el Tribunal Administrativo de Tolima una acción de cumplimiento para ser
restituido en su antiguo cargo. El 26 de abril de 2005 tal Tribunal declaró
improcedente la acción al considerar que el despido del actor era consecuencia
de un acto administrativo y que, por consiguiente, la vía idónea para ventilar
su legalidad ante los jueces no era la acción impetrada sino la de nulidad y
restablecimiento.
El demandante considera que no cuenta con
otro medio de defensa judicial para la defensa de sus intereses, por
consiguiente hace las siguientes:
2.
Solicitudes
El señor Orlando Alberto Castillo Farfán
pide al juez de tutela proteger los derechos fundamentales que considera
violados y ordenar su reintegro, sin solución de continuidad, a la empresa
Teletolima S.A hasta que esta sea liquidada de forma definitiva.
Dicho reintegro, de acuerdo con lo pedido
por el demandante, debe comprender el pago de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde el 14 de junio de 2003, compensando dicha
suma con aquello recibido por él por concepto de liquidación al momento de su
desvinculación
El actor también pide que en caso de que
Teletolima S.A no se encuentre en capacidad de cumplir con lo pedido, el juez
de tutela ordene a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “Telecom.”,
accionista principal de Teletolima S.A, el cumplimiento de la sentencia. De igual
manera que, ante la eventual imposibilidad de que Teletolima y Telecom. cumplan
con lo ordenado, se obligue en este sentido a la Presidencia de la República
como representante de la Nación.
3. Trámite
procesal.
3.1 Presentada la demanda de amparo constitucional
ante los jueces del circuito de Ibagué, le corresponde en reparto al Juzgado
Segundo Laboral de dicho circuito, el cual la admite; sin embargo,
posteriormente observa su incompetencia para conocer del proceso de acuerdo con
el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, decreta la nulidad de lo actuado y
dispone la remisión del proceso al Tribunal Superior de Ibagué.
3.2 La Sala de decisión Laboral de esta
última corporación judicial, mediante auto de 12 de julio de 2005, avoca
conocimiento de la demanda de tutela incoada por el señor Orlando Alberto
Castillo Farfán y dispone correr traslado a los demandados.
3.3 Como
resultado de dicho trámite procesal, la  Presidencia de la República  solicita
al juez de instancia denegar por improcedente el amparo deprecado.
Aduce la entidad
que la acción de tutela es de carácter residual, que es improcedente para
discutir asuntos de carácter laboral y que los ámbitos propios de tal debate
son la jurisdicción contencioso administrativa y la laboral.
Además señala
que la Presidencia de la República no es responsable desde ningún punto de
vista por las relaciones laborales de Teletolima S.A, en liquidación.
3.4 Teletolima,
en liquidación, solicita igualmente al Tribunal Superior de Ibagué –Sala
Laboral- denegar el amparo.
Indica la
empresa que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, es
cierto que los servidores a tres (3) años de pensionarse están cobijados por
una protección especial denominada “retén social”. Empero –señala- dicha
protección comprende solamente a quienes detentan la calidad de servidores
públicos, de acuerdo con el artículo 13 de la misma Ley, la cual se adquiere en
virtud de la naturaleza del régimen jurídico aplicable a la entidad.
Manifiesta que
en el caso de Teletolima S.A, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 142 de
1994, las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores son de
carácter privado, regidas por el Código Sustantivo del Trabajo y que, por
consiguiente, el actor no detenta la calidad de servidor público, requisito
necesario para estar incluido en el “retén social”
Aclara que
Teletolima S.A se encuentra en proceso de liquidación y que, por ende, su
personería jurídica aún no se ha cancelado.
Por último
considera que la acción de tutela es improcedente, pues no se encuentra probada
la vulneración o la amenaza a los derechos fundamentales del actor.
3.5 La Empresa
Colombiana de Telecomunicaciones “Telecom.”, en liquidación, se abstiene de
intervenir en el trámite procesal.
II. LAS
SENTENCIAS QUE SE REVISAN.
1.
Sentencia de primera instancia.
En sentencia de 26 de julio de 2005, la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
resuelve negar por improcedente el reclamo de tutela hecho por el señor
Orlando Alberto Castillo Farfán.
La Sala de
Decisión considera que la demanda de amparo resulta improcedente al contar el
demandante con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la satisfacción
de sus pretensiones.
Además señala
que, toda vez que el despido ocurrió el 13 de junio de 2003, la demanda no
satisface el principio de inmediatez. Indica que pese a que el demandante
inició otras acciones legales para buscar la protección de sus derechos, esta
circunstancia  no desvirtúa el largo tiempo transcurrido desde la ocurrencia de
los hechos que originan la demanda, ya que la acción elegida por el actor –la
de cumplimiento- resultaba a todas luces improcedente.
Por último
señala que de acuerdo con los lineamientos de la sentencia SU-388 de 2005, el
actor debía cumplir con el requisito de haber presentado acción de tutela con
anterioridad a tal pronunciamiento de la Corte, si ahora deseaba buscar amparo;
requisito que -de acuerdo con la Sala- no se encontraba satisfecho.
2.
Impugnación
Inconforme con
la anterior decisión, el señor Orlando Alberto Castillo Farfán  impugna y
solicita al juez de alzada que revoque la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, conceda el amparo deprecado.
El demandante
echa de menos en la sentencia del Tribunal un estudio de fondo del caso que le
fue planteado. Reitera que como trabajador oficial, al cumplir los supuestos
normativos del artículo 12 de la Ley 790 de 2002, debía ser incluido en el
“retén social” También señala que la presentación de la acción de tutela parece
tardía, pero que la Sala de Decisión Laboral no consideró que él había hecho
una petición directa de reintegro a su antiguo empleador y que inició una
acción contenciosa administrativa cuyo fallo se produjo apenas en el año 2005.
Indica que la
vulneración de sus derechos es tan inminente que hace procedente la tutela,
pues el proceso de liquidación puede terminar en cualquier momento.
3.
Sentencia de segunda instancia
El 13 de septiembre de 2005, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resuelve confirmar el fallo
impugnado.
La Sala de
Casación considera que el debate planteado por el actor es de naturaleza
eminentemente legal y de contenido patrimonial que, dada la subsidiaridad de la
acción de tutela, ésta resulta improcedente para obtener el reintegro
solicitado. Además señala que no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable para el actor.
III.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de
los fallos objeto de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política de 1991 y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, y por lo dispuesto en el Auto de la Sala de
Selección número Once de 28 de noviembre de 2005.
2. Problema jurídico.
La  Sala debe
establecer si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales al trabajo y
a la vida digna del actor –u otros de este carácter- al haber sido éste desvinculado
de la empresa Teletolima S.A como consecuencia del proceso de la liquidación de
la misma, teniendo en cuenta que el demandante alega que su situación, por
encontrarse próximo a adquirir el derecho de pensión de jubilación por la
convención colectiva existente en la empresa, se encontraba cobijado por las
medidas de “retén social” previstas en la Ley 790 de 2002. Para resolver el
presente problema debe considerarse también lo dicho por uno de los demandados
en el sentido de que el régimen legal de la relación laboral que tenía el
demandante con Teletolima no se encuentra dentro de lo previsto por el artículo
13 de la Ley 790 de 2002.
3. Cobertura del “retén social”
previsto en la Ley 790 de 2002
3.1 Es un hecho ampliamente conocido que la Ley 790 de 2002, en su
artículo 12, creó unas medidas de protección laboral especial y las hizo
extensivas a las madres cabeza de familia, a los trabajadores con limitación
física, mental, visual o auditiva, y a los servidores que cumplieran con la
totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su
pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a
partir de la promulgación de la Ley. Esta Ley fue promulgada en el Diario
Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002, y a partir de dicha fecha entró
en vigencia, por lo que, para los efectos de la protección laboral de las
personas con expectativas de pensionarse, es esta fecha la que, por mandato
legal debe tenerse en cuenta. También es un hecho conocido que mediante la Sentencia
C-1039 de 2003 la expresión "las madres" en el texto de la norma
comentada fue declarada condicionalmente exequible "en el entendido que
la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma
situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el
grupo familiar al que pertenecen"[1].
Ahora bien, cabe indicar que de acuerdo con el artículo 13 del mismo
estatuto “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades
extraordinarias al Presidente de la República” quedó establecido que las
disposiciones del capítulo referente a la rehabilitación profesional y técnica
de los servidores de las entidades reestructuradas, entre las cuales estaba
previsto el “retén social”,  se aplicaban a los servidores públicos del orden
nacional retirados del servicio a partir del 1o. de septiembre del año 2002 y
hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias que se conferían en tal
ley.
3.2 Es necesario aclarar  el alcance de
la expresión servidor público que utiliza la norma anteriormente reseñada. Así
pues, debe señalarse que, tal y como lo expuso esta Corporación en la sentencia
C-484 de 1995[2],
la Constitución de 1991, recogiendo los antecedentes legislativos y no de modo
exhaustivo, clasificó a los servidores públicos del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios en (i) miembros de las
corporaciones públicas; (ii) empleados públicos; y (iii) trabajadores
oficiales, asignándole a cada una de estas categorías ciertas características
como la vinculación legal y reglamentaria y el régimen de carrera en el caso de
los empleados públicos y la posibilidad de establecer un régimen de
prestaciones sociales mínimas en el caso de los trabajadores oficiales
(artículos 122, 123, 125 y 150, numeral 19, literal f). Así pues, es necesario
concluir que la expresión servidor público utilizada en el artículo 13 de la
Ley 790 de 2002 cobija por igual a los miembros de las corporaciones públicas;
a empleados públicos y a los trabajadores oficiales.
3.3 También es imperativo aclarar que en
sentencia T-768 de 2005, esta Corte consideró que se debía extender el ámbito
de aplicación de la Ley 790 de 2002 a las situaciones de liquidación forzosa
administrativa de entidades descentralizadas del orden territorial. Al respecto
indicó la Corporación:
“...aunque la
protección laboral reforzada que el legislador otorgó a aquellas personas que
se encontraban en las condiciones descritas por el artículo 12 de la ley 790 de
2002, se circunscribe a aquellos trabajadores que eventualmente pudieran verse
afectados en desarrollo del programa de renovación de la administración
pública, no obstante, dicha protección no se agota allí, como quiera que la
disposición referida es simplemente una aplicación concreta de las garantías
constitucionales, las cuales están llamadas a ser aplicadas cuando quiera que
el ejercicio del derecho fundamental pueda llegar a verse conculcado. En este
orden de ideas, debe tenerse presente que la implementación de este tipo de
medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los
artículos 13, 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí
mismos fines esenciales en el Estado Social de Derecho.
4. La naturaleza jurídica de Teletolima. Sus trabajadores tienen la
condición de servidores públicos.
4.1 El Decreto 1612 de 2003, expedido por el Gobierno Nacional,
dispuso la supresión de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima –Teletolima
S.A. E.S.P- y ordenó su disolución y liquidación. En dicho decreto se
consideró, entre otras cosas, que dadas las facultades conferidas por el
Congreso de la República al Presidente para adelantar un Plan de Renovación de
la Administración Pública (es decir, las conferidas en la Ley 790 de 2002)
dicha empresa, que si bien era de carácter anónimo, se encontraba controlada
por Telecom, y debía ser disuelta y liquidada.
El artículo 1º del mentado decreto definió la naturaleza de
Teletolima, indicando que se trataba de una empresa de servicios públicos,
oficial y del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio e independiente. ¿Qué significa tal calificación? De
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, numeral 14. una empresa
oficial deservicios públicos es aquella en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas
tienen el 100% de los aportes. En relación con el régimen laboral de este tipo
de empresas, el artículo 41 de la misma Ley indica que:
“ ARTÍCULO 41. APLICACIÓN DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las personas que presten sus servicios a las
empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de
trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código
Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten
sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se
acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17o., se regirán por las
normas establecidas en el inciso primero[3]
del artículo 5o. del Decreto-ley 3135 de 1968.”
A su vez, el artículo 5º del Decreto-ley 3135 de 1968 estipula lo
siguiente:
ARTICULO 5o. EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Las personas que prestan sus servicios en los
Ministerios Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos
Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En
los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará que actividades
pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo[4].
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales[5]; sin
embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de
dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad
de empleados públicos[6].
La Corte Constitucional se pronunció en relación con
la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley 142 de 1994 mediante las
sentencias C-253 y C-483 de 1996. En la primera de ellas se dijo:
Estima la Corte que el artículo 41 de la Ley 142 de
1994 al disponer que el régimen de los servidores de las empresas de servicios
públicos domiciliarios que adopten la forma de empresas industriales y
comerciales del Estado, es el consagrado en el inciso primero del artículo 5o.
del Decreto 3135 de 1968 relativo a los empleados públicos, y no al inciso 2o.
de la misma disposición que se refiere a los trabajadores oficiales, resulta
contrario a la Carta Política en el aparte acusado, por las siguientes razones:
Con la remisión aludida se desconoce el principio constitucional de la igualdad
de quienes prestan sus servicios a las empresas industriales y comerciales del
Estado, por cuanto éstas por regla general vinculan a las personas que laboran
para ellas en calidad de trabajadores oficiales, como lo señala el actor, y de
manera excepcional de conformidad con sus estatutos, a quienes desempeñen
cargos de dirección y confianza se les otorga la categoría de empleados
públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. del Decreto 3135 de
1968. Es evidente que el Legislador tiene facultad para fijar el régimen que
corresponda a quienes prestan sus servicios en las empresas industriales y
comerciales del Estado, pudiendo señalarles la calidad de empleados públicos,
pues la función encaminada a la prestación de los servicios públicos permite
que estén sometidos al marco jurídico "que fije la ley". No resulta
razonable ni idóneo sacrificar injustamente derechos constitucionales laborales
propios de esta clase de servidores como son los derivados del derecho de asociación
y de la negociación colectiva en la regulación de las relaciones laborales. No
comparte la Corporación el criterio según el cual el Legislador quiso
otorgarles la categoría de empleados públicos a los servidores de las empresas
industriales y comerciales del Estado que presten servicios públicos
domiciliarios. Lo expresado no significa que los estatutos de las empresas
industriales y comerciales del Estado que presten servicios públicos
domiciliarios, no puedan determinar cuáles de sus servidores se consideran
empleados públicos, en relación con las actividades de dirección o confianza
que desempeñen, de conformidad con el inciso 2o. del Decreto 3135 de 1968.
Sin necesidad siquiera de entrar en el
debate de si los funcionarios de Teletolima S.A eran empleados públicos o
trabajadores oficiales, lo que resulta de palmaria claridad es que ostentaban
la calidad de servidores públicos, al tratarse, tal y como se reconoce en el
mismo decreto que da pie a la liquidación de la empresa, de una oficial de
servicios públicos del orden nacional.
5. Caso concreto
5.1 El señor Orlando Alberto Castillo Farfán busca la protección de
sus derechos fundamentales, que considera violados al haber sido despedido el
13 de junio de 2003 de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima “Teletolima
S.A”, por haber entrado ésta en liquidación El actor aduce que toda vez le que
faltaban menos de tres (3) años para acceder a la pensión de jubilación debió
ser incluido en el programa de “retén social” previsto en el artículo 12 de la
Ley 790 de 2002 . Solicita su reintegro a dicha entidad.
5.2 La Sala considera que en este caso deberá confirmar los fallos
de instancia porque el proceso de tutela iniciado por el señor Castillo Farfán
no cumple con el requisito de inmediatez, previsto en el artículo 86 de la
Carta Política en relación con el mecanismo de amparo constitucional.
Es necesario reiterar aquí lo tantas veces dicho por esta
Corporación en relación con que la búsqueda de la protección de los derechos
fundamentales a través de la acción de tutela debe cumplir con unas exigencias
mínimas, entre las cuales se cuenta el cumplimiento de un grado de inmediatez
entre la ocurrencia de los hechos que originan la presunta vulneración y la
presentación de la demanda de amparo.
Ello porque es la misma constitución la que en aquel artículo que
regula la acción de tutela señala que: “Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata[7]
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.”
Conforme a los
hechos narrados y las pruebas obrantes en el proceso, el señor Orlando Alberto
Castillo Farfán fue desvinculado de Teletolima S.A E.S.P el 13 de junio de
2003.
Ciertamente, al haber sido
informado el actor de la decisión que afectaba supuestamente sus derechos
fundamentales, constituía un deber del mismo recurrir al juez constitucional,
dentro de un término razonable, con el fin de obtener de éste el
restablecimiento efectivo de su derecho. Esta Corporación ha sostenido que: "...en cuanto el principio de la
inmediatez es consustancial a la protección que la tutela ofrece a los derechos
fundamentales de las personas, su ejercicio está condicionado por un deber
correlativo: la interposición actual y oportuna de la
acción…”[8]
Observa  la Sala que es sólo
después de 24 meses y 10 días de la ocurrencia del hecho supuestamente
generador de la violación alegada, cuando el demandante  decide acudir a la
acción de tutela. Para determinar la procedencia de la acción de tutela, en
relación con la regla de la 'inmediatez', la Corte ha señalado, entre otros
elementos, que el juez constitucional debe constatar: “...si existe un motivo válido para la inactividad
de los accionantes...”[9]; es decir, si es
predicable la existencia de una justa causa por la cual no ejercitó la acción
de manera oportuna.
Recalca la Sala, que conocida la
determinación de Teltolima de dar por terminada la relación laboral con el aquí
demandante y por la inconformidad de éste frente a la misma, al considerarla
lesiva de sus derechos, se hacía imperativo para sus intereses intentar la
acción de la manera más pronta. Permitir el transcurso de más de dos años, sin
que exista en el expediente razón o causa válida que justifique la demora en el
ejercicio de la tutela, ni el surgimiento de hechos nuevos que obliguen a la
protección actual de los derechos alegados, muestra el poco interés en el
asunto y sugiere que la presunta vulneración de los derechos invocados no es
actual.
5.3 Así pues, esta Sala –reitera- confirmará el fallo de segunda
instancia  por no encontrar satisfecho el requisito de inmediatez propio de la
acción de tutela.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR el fallo dictado por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia  el 13 de septiembre de 2005, por medio
del cual confirmó aquel en el que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué denegó el 26 de julio de 2005 el
amparo solicitado por el señor Orlando Alberto Castillo Farfán en el proceso de
tutela que éste inició contra la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima
“Teletolima S.A E.S.P” –en liquidación-, Telecom. – en liquidación- y la
Nación- Presidencia de la República, pero por la razón expuesta en esta
sentencia.
Segundo.- Por Secretaria
General, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Sentencia C-1039/03 MP: Alfredo Beltrán Sierra
[2]
M.P. Fabio Morón Díaz.
[3]
Expresión declarada inexequible mediante sentencia C-253 de 1996 MP: Hernando
Herrera Vergara
[4]
Expresión declarada inexequible mediante sentencia C-484 de 1995 MP: Fabio
Morón Díaz
[5]
Expresión declarada exequible mediante sentencia C-283 de 2002 MP: Alfredo
Beltrán Sierra.
[6]
Expresión declarada exequible en sentencia C-484 de 1995 MP: Fabio Morón Díaz.
[7]
Subrayado no original
[8]
Sentencia T-834 de 2005 M.P: Clara Inés Vargas Hernández. Subrayado no
original.
[9]
Ibídem.