T-407-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-407/12
(Bogotá DC, mayo 31)
INSTALACION DE CAMARAS DE
SEGURIDAD EN AULAS DE CLASE DE INSTITUCION EDUCATIVA-Vulneración del
derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad
ACCION
DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad
ESPACIO PUBLICO-Jurisprudencia
constitucional/ESPACIO PUBLICO-Elementos que integran el concepto
ESPACIO PRIVADO-Definición
PROTECCION DE LOS ESPACIOS
PRIVADOS-Asociado a la noción de intimidad
INTIMIDAD-Definición/INTIMIDAD
ASOCIADA CON EL RESPETO AL ESPACIO PRIVADO DE LAS PERSONAS-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A LA INTIMIDAD-Maneras
de vulneración
La Corte ha diferenciado tres diferentes maneras de
vulnerar el núcleo esencial del derecho a la intimidad, a saber: “La primera de
ellas es la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada persona se
ha reservado; la segunda, consiste en la divulgación de los hechos privados; y
la tercera, finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de
circunstancias personales, aspectos los dos últimos que rayan con los derechos
a la honra y al buen nombre”. Así, el alcance del derecho a la intimidad
depende de las restricciones que se impongan a los demás y aunque en principio
es considerado inalienable e imprescriptible, la posibilidad de limitarlo
obedece a razones de “interés general”, “legítimas”, y “debidamente
justificadas constitucionalmente”, que no afecten su núcleo esencial representado
por el espacio inviolable e inaccesible en el que el individuo actúa
libremente, sin injerencias, sin ser observado o escuchado. Esta exigencia
mínima de respeto se predica en todos los ámbitos desde la propia familia,
hasta en conglomerados reducidos como en los colegios y empresas, o con mayor
razón, en comunidades de mayores dimensiones como en una ciudad o país.
ESPACIOS SEMIPUBLICOS Y
SEMIPRIVADOS-Características
AULA DE CLASE-Definición/ZONAS
COMUNES DE COLEGIOS-Definición
DERECHO A LA EDUCACION DE
NIÑOS Y NIÑAS-Garantías
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE
LA PERSONALIDAD EN INSTITUCION EDUCATIVA-Línea jurisprudencial
INSTITUCION EDUCATIVA-Potestad sancionatoria según el foro en el que se
desarrolle la conducta/INSTITUCION EDUCATIVA-Potestad
sancionatoria en foros educativos/INSTITUCION EDUCATIVA-Potestad
sancionatoria en foros con proyección académica e institucional/INSTITUCION
EDUCATIVA-Potestad sancionatoria en foros estrictamente privados
ESTUDIANTES Y PROFESORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Gozan de los derechos a la libertad de expresión,
libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, debido
proceso, honra y buen nombre/DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Fundamental/LIBERTAD
DE CONCIENCIA EN EL CAMPO MORAL Y RELIGIOSO EN CENTROS EDUCATIVOS-Reiteración
de jurisprudencia/DERECHO A LA IGUALDAD EN PROCESO EDUCATIVO-Reiteración
de jurisprudencia/DEBIDO PROCESO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reiteración
de jurisprudencia/PROTECCION DE LA HONRA Y BUEN NOMBRE DE ESTUDIANTE-Reiteración
de jurisprudencia
LIBERTAD DE CATEDRA-Contenido
y alcance
UTILIZACION DE CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS O EN ESPACIOS PRIVADOS DE
ACCESO AL PUBLICO-Derecho
comparado
DERECHOS DE LOS MENORES SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION Y TITULARES DE
DERECHOS EN AULA DE CLASES-Juicio
de proporcionalidad para establecer si las medidas son razonables
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Niveles
de intensidad
FUNCION CORRECTIVA DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-No puede desbordar la
verdadera misión contrariando principios constitucionales y desconociendo
derechos fundamentales de los alumnos
Referencia: expediente
T-3.348.314
Fallos de tutela objeto de
revisión: Sentencia del Juzgado primero Penal del Circuito con Función de
Conocimiento del Distrito Judicial de Neiva-Huila, del 22 de noviembre de
2011, que negó el amparo constitucional.
Accionantes: Esperanza Tovar Hernández y Rosa Delia
Roldán Valbuena en representación de sus menores hijos
Accionada: Alba Luz Ortiz, Rectora de la Institución Educativa
Amelia Perdomo García, del Municipio de Yaguará
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión:
Mauricio González Cuervo, Adriana María Guillén Arango (E) y Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
1.
Demanda del accionante:
Las señoras Esperanza Tovar Hernández y Rosa Delia Roldán
Valbuena actuando en representación de sus menores hijos, estudiantes de  la
Institución Educativa Amelia Perdomo García,
sustentan su pretensión de amparo constitucional en los siguientes hechos y
consideraciones[1]:
1.1.
Elementos:
1.1.1 Derechos fundamentales invocados:
derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad.
1.1.2 Conducta que causa la vulneración: la
instalación de cámaras de seguridad en la Institución Educativa
Amelia Perdomo García en las aulas de clase desde el grado sexto hasta el grado
once.
1.1.3 Pretensión: ordenar a la rectora de la
Institución Educativa Amelia Perdomo García, reubicar
las cámaras de seguridad en un lugar diferente a las aulas de clase.
1.2. Fundamentos de la pretensión:
1.2.1. La
Institución Educativa Amelia Perdomo García a través
de la Rectora Alba Luz Ortiz, realizó la compra de siete cámaras infrarrojas
las cuales fueron instaladas en las aulas de clase desde el grado sexto hasta
el grado once.
1.2.2. Los
representantes del Consejo Estudiantil no estaban de acuerdo con la instalación
de las cámaras dentro de las aulas de clase y así lo declararon en comunicación
del 15 de junio de 2011, poniendo de manifiesto que la iniciativa no fue
aceptada por la mayoría de los estudiantes.
1.2.3. A
pesar de ello, algunas cámaras ya habían sido instaladas desde el año 2008.
1.2.4. Por
su parte, la rectora alega que las cámaras de seguridad son necesarias por el
aumento de los robos en la institución, y para mejorar la disciplina en los
salones.
2.
Respuesta de la accionada
La Rectora Alba Luz Ortiz,
presentó respuesta a la acción de tutela mediante escrito del 14 de noviembre
de 2011, señalando que el 20 de septiembre de 2010, la personera estudiantil,
el representante del Consejo Estudiantil, el líder de grado once cero uno y la
directora del grado, le enviaron un oficio solicitándole los cambiara a los
salones que contaban con cámaras de seguridad debido a que en repetidas
ocasiones se habían perdido objetos personales y útiles escolares. Además en el
acta del Consejo estudiantil no. 5 del 27 de septiembre de 2010, en el que participaron
tanto la rectora como los representantes de los estudiantes de doce grupos y la
personera estudiantil, se solicitaron entre otras cosas, cámaras de
seguridad.
Con respecto a la comunicación
del 15 de junio de 2011 al que hacen referencia las accionantes, manifiesta la
rectora que han transcurrido aproximadamente ocho meses de realizada la
solicitud contenida en el acta no. 5 y aceptada, por lo que se evidencia una
contradicción. Esto sin contar que el oficio de junio de 2011, fue firmado por
estudiantes que actualmente no hacen parte del Consejo Estudiantil de 2011,
incluyendo a la personera estudiantil quien tiene la condición de egresada.
Considera que las cámaras son
necesarias porque el horario del celador no cubre todas las horas de 6 AM a 6
PM, ni los domingos se cuenta con celaduría durante el día. Se aclara que en
las aulas de clase existen bibliobancos destinados a guardar textos, CPU y
videobeen, y que en este momento se está ejecutando un contrato para la
adquisición e instalación de aulas virtuales completas (aula especial) y
básicas (aulas de clase), por lo que resulta importante garantizar la seguridad
de estos equipos destinados a asegurar una educación de calidad. Indica que
también han solicitado la instalación de las cámaras, la licenciada María Elcy
Serrato Serrato, quien ha considerado necesaria la reubicación del grupo sexto
dos a un aula con cámara debido a las situaciones que se presentan afectando
negativamente la “sana convivencia”.
La rectora señala que la
instalación de cámaras no obedece a un capricho sino a la obligación de ofrecer
protección, seguridad y bienestar a la población estudiantil, tal y como lo
establece la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y de Adolescencia, en los
artículos 10, 18 y 44.
Finalmente, la accionante
presenta un cuadro indicando las diferencias entre los espacios del hogar y de
los salones de clase, resaltando la labor del educador respecto de los
estudiantes.
3. Decisión judicial objeto de revisión:
3.1 Única instancia. Juzgado
primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Distrito Judicial de
Neiva-Huila[2].
En decisión de única instancia en el proceso de la
referencia, el juez deniega el amparo solicitado por las accionantes. De un
lado, se aduce que no se evidencia por parte de la institución educativa
vulneración del derecho a la intimidad, porque la instalación de las cámaras en
el aula de clase no invade el ámbito personal de los estudiantes, ya que los
salones son espacios públicos donde profesores y alumnos interactúan para el
logro de objetivos académicos y que es diferente al ámbito personal y familiar
de los menores. Las imágenes que captan las cámaras son solamente del resorte
de la institución educativa y es en ese ámbito en el que deben ser apreciados
cuando sea el caso, es decir, que no deben por qué exhibirse a la comunidad, ni
en medios masivos de comunicación, dado que su contenido solo interesa a la
institución educativa.
Tampoco encuentra el juez que se esté afectando el derecho
al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes al instalar cámaras
de seguridad en el aula de clase, porque esto no les impide optar por su plan
de vida ni desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y
convicciones. En efecto, la única finalidad que tiene la medida es la de
garantizar la protección, seguridad y bienestar de los educandos. El hecho de
que la instalación se llevara a cabo en 2008 y que la decisión fuera
socializada en 2010 con los estudiantes, no vulnera los derechos ahora
reclamados en la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241 numeral 9- y lo desarrollado en el
Decreto 2591 de 1991[3].
2. Procedencia de la demanda
de tutela.
2.1. Alegación de afectación
de un derecho fundamental. Se alega la vulneración de los derechos a la
intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes de la
Institución Educativa Amelia Perdomo García.
2.2 Legitimación activa.
Las señoras Esperanza Tovar Hernández y Rosa Delia Roldán Valbuena
interpusieron la acción de tutela en representación de sus hijos menores de
edad (D. 2591/91 art. 1º).
2.3 Legitimación pasiva. La Institución Educativa Amelia Perdomo García es una Institución de carácter
público que presta el servicio público de educación, y como tal, es demandable
en proceso de tutela (CP, art. 86; D. 2591/91, art. 13).
2.4 Subsidiaridad. El amparo constitucional resulta
procedente en aquellos casos en que existiendo otros mecanismos ordinarios de
protección, estos se tornan ineficaces y carecen de idoneidad para evitar un
perjuicio irremediable, o cuando recae sobre un sujeto de especial protección
como en el presente caso.
En  esta ocasión, los estudiantes ya han interpuesto un derecho
de petición ante la rectora de la Institución, manifestando su inconformidad
con la medida adoptada sin obtener resultados. De este modo, la acción de
tutela se torna procedente para proteger sus derechos a la intimidad y al libre
desarrollo de la personalidad, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de
menores de edad que requieren de una especial protección constitucional.
2.5 Inmediatez. El
derecho de petición de los representantes del Consejo Estudiantil en relación
con la instalación de las cámaras de vigilancia tiene fecha del 15 de junio de
2011, y la tutela se interpone el 2 de noviembre del mismo año, es decir, cinco
meses después de esta última actuación ante la accionada, término que se considera
oportuno y razonable, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional en
esta materia.
3. Problema jurídico
constitucional.
De acuerdo con la situación fáctica expuesta, corresponde a
esta Sala de Revisión determinar: 1) Si la instalación de cámaras de seguridad
en el aula de clase, para posibilitar la seguridad de los estudiantes, tiene el
carácter de injerencia ilegítima, desproporcionada e irrazonable que afecta el
núcleo esencial de los derechos de los estudiantes al libre desarrollo de la
personalidad, de la libertad de cátedra de los profesores, y del derecho a la
intimidad de unos y otros; 2) Si el hecho de que la decisión sobre la
instalación de cámaras de seguridad no haya sido avalada por el consejo
estudiantil, agrava la supuesta ilegítima injerencia de los derechos de los
estudiantes.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se
pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) Relevancia del espacio en el
contexto del ejercicio de derechos fundamentales -espacios públicos y
privados-; ii) Estatus constitucional del aula de clase –definición, derechos
que se ejercen, riesgos en este contexto-; iii) La utilización de las cámaras
de vigilancia y la seguridad en las instituciones educativas; iv) Caso concreto.
4. Relevancia del espacio en el contexto del ejercicio de
derechos fundamentales
Los espacios, entendidos como lugares físicos[4] y sociales en los que las
personas viven y realizan sus actividades, pueden ser de diversa índole. A
continuación se describirán los espacios protegidos por la C.P. y reconocidos
por la jurisprudencia, y se estudiarán los derechos que en los mismos se ejercen.
4.1. Espacios públicos
4.1.1. El espacio público adquirió connotación
constitucional con la Carta de 1991. El artículo 82 de la C.P. establece como
deber del Estado “velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular”. Asimismo, el artículo 63 se refiere a la inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad de los “bienes de uso público”,
que no necesariamente constituyen espacio público, como bien lo aclaró la
sentencia SU-360 de 1999. Por su parte, el artículo 313 numeral 7º, establece
que será función de los concejos “reglamentar los usos del suelo”, con
la colaboración del Alcalde según lo dispone el artículo 315.
La noción de espacio público también ha sido definida por el
legislador, en el artículo 5º de la Ley 9 de 1989, como el “conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por
su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses,
individuales de los habitantes”.
Asimismo la jurisprudencia[5]
se ha referido al espacio público en múltiples ocasiones y ha establecido qué
elementos se entienden comprendidos en este concepto,
“Tomando en consideración las
precisiones anteriores, pueden reconocerse como elementos que integran el
concepto de espacio público, entre otros los siguientes[6]:
a-   Las
áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular (vías
públicas), - como por ejemplo las calles, plaza, puentes y caminos -.
b-   Las
áreas para la recreación pública, activa o pasiva, - léase estadios, parques y
zonas verdes, por ejemplo-.
c-    Las
franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, - es decir andenes o
demás espacios peatonales-.
d-   Las
fuentes agua, y las vías fluviales que no son objeto de dominio privado[7].
e-   Las
áreas necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos o para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones.
f-   Las
áreas para la preservación de las obras de interés público y de los elementos
históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la
conservación y preservación del paisaje.
g-   Los
elementos naturales del entorno de la ciudad.
h-   Lo
necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como la de sus elementos vegetativos,
arenas y corales.
i-
En general, todas las zonas existentes o debidamente proyectadas
en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen
por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo[8].
En todo caso, no existiendo
bienes de uso público por “naturaleza” y siendo tal destinación un mero
concepto jurídico, -modificable según las necesidades-, la noción de espacio
público igualmente resulta contingente y dependiente de lo que fije como tal el
legislador (Marienhoff).[9]”[10]
En este sentido, el espacio público es una categoría que
exhibe una clara connotación constitucional, en la que se comprenden aquellas
áreas destinadas a la circulación, la recreación, la instalación de servicios
públicos, de preservación de obras públicas, y en general todas las zonas en
las que prevalezca el interés y las necesidades colectivas, sobre las
particulares, en relación con su uso y disfrute.
4.1.2. Se trata de un lugar de uso común[11] en el que los ciudadanos
ejercen numerosos derechos y libertades. La más evidente es sin duda la
libertad de movimiento, pero en los espacios públicos, las personas también
pueden ejercer otros derechos como el de expresión, el derecho al trabajo, el
derecho de reunirse y manifestarse públicamente, o también el derecho a la
recreación, el acceso a la cultura y el derecho a realizar expresiones
artísticas, entre otros. Este tipo de espacios se caracterizan por ser lugares
de socialización, interacción, intercambio, integración y de encuentro para los
ciudadanos. También es concebido como un espacio democrático y político que se
remonta al modelo griego del agora en el que la política, el comercio y
el espectáculo[12]
representaban los elementos de un lugar de libre acceso en el que los
ciudadanos ejercían sus derechos cívicos[13].
4.1.3. A pesar de ser un espacio general de libertad, las
restricciones, que en Estados democráticos están previstas constitucional y
legalmente, se encaminan a garantizar el acceso, facilitar la convivencia y la
integridad del espacio. Así, el espacio público es un lugar en el que los
ciudadanos ejercen derechos y libertades que se encuentran limitados por los
derechos y libertades de los demás, y por las restricciones legítimas que
impongan las autoridades por razones de seguridad general o interés público.
Por esta razón se habla de un “espacio público normativo”, en términos de
Habermas, como un lugar de libre acceso y disfrute común, mediado por normas e
instituciones[14].
La anterior descripción general, permite concluir que el
espacio público es tanto un derecho ciudadano de acceso, utilización y goce,
como también, un lugar en el que se ejercen múltiples derechos, en un contexto
mediado por normas y susceptible de ser restringido por las autoridades.
4.2. Espacios privados
4.2.1. Por oposición a la noción de espacio público, el
espacio privado se define como el lugar donde la persona desarrolla libremente
su intimidad y su personalidad[15]
en un “ámbito reservado e inalienable”[16].
En este sentido, las residencias y los lugares en los que las personas habitan,
son el espacio privado por excelencia. Sin embargo, la jurisprudencia ha
admitido que el desarrollo de la intimidad y el libre ejercicio de las
libertades individuales, también se produce en el domicilio, que “comprende,
además de los lugares de habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios
o recintos aislados en los que la persona normal y legítimamente pretenda
desarrollar su propia vida privada, separada de los terceros y sin su
presencia”[17].
A pesar de lo anterior, no todos los lugares cerrados diferentes a la residencia,
gozan de la misma protección constitucional[18]
porque la privacidad en cada caso debe ponderarse con otros derechos. En otras
palabras, la Corte reconoce que existen diferentes esferas de privacidad e intimidad,
asociados a variados espacios, a las que corresponden distintos grados de
protección[19].
En este sentido, la sentencia C-505 de 1999 consideró lo siguiente,
“En efecto, si bien esta Corporación reitera que, para
determinados efectos constitucionales, los lugares de trabajo cerrados, gozan
de una cierta inviolabilidad domiciliaria a fin de proteger determinados
ámbitos de privacidad y reserva, esto no significa que esos espacios reciben
exactamente la misma protección constitucional que el lugar de habitación de
las personas naturales, por la sencilla razón de que el grado de intimidad de
los hogares es mucho más intenso que el de la esfera laboral, en donde no sólo
las relaciones son más públicas sino que las actividades tienen mayores
repercusiones sociales. Debe entonces distinguirse entre aquellos espacios que
interesan exclusivamente al titular del derecho y, aquellos en donde las
actividades pueden tener repercusiones sociales, tal y como sucede precisamente
con las relaciones laborales o empresariales”.
4.2.2. Al igual que el espacio público, el espacio privado,
es tanto un derecho como un lugar en el que se ejercen derechos, principalmente
la intimidad y las libertades individuales, como se mencionó anteriormente. La
garantía del respeto a esta esfera individual y privada se sustenta en el
principio de dignidad humana y autodeterminación, y es absoluta cuando las
acciones que en ella realizan los ciudadanos no tienen repercusiones sociales y
solo interesan al titular del derecho, mientras que se atenúa cuando se trata
de espacios cerrados menos íntimos en los que se desarrollan actividades con
mayores  efectos sociales[20].
Así, la garantía y protección de los espacios privados, está estrechamente
asociada a la noción de intimidad.
4.2.3. La intimidad es ante todo una categoría construida
cultural, social e históricamente. Es claro que el ámbito de lo íntimo ha ido
cambiando en el tiempo y varía en cada lugar: en otra época o en sociedades
particularmente cerradas o conservadoras, serían más o menos admisibles
conductas que implicaran injerencias en el ámbito personalísimo de los sujetos,
o tendencias al estilo del “gran hermano” en los que una cámara filma 24 horas
sobre 24 cada una de las acciones y movimientos de las personas en su
domicilio.
A partir de la etimología de la palabra intimidad, del latín
“intimus”, algunas corrientes filosóficas abordaron este concepto desde
la perspectiva de la soledad, el aislamiento y el ensimismamiento. Sin embargo,
la doctrina jurídica ha definido la noción de intimidad a partir de “las
manifestaciones o incidencias exteriores de o en nuestra vida privada”[21]. En otras
palabras, desde el ámbito jurídico, la intimidad se aborda a partir de la “proyección
inter-subjetiva” en el fuero externo, o bien por su manifestación en las
relaciones con los otros[22].
En este sentido, algunas teorías doctrinarias hablan de la intimidad como
objeto de protección jurídica en relación con los aspectos susceptibles de
mantenerse en reserva, si el individuo titular del derecho no quiere hacerlos
públicos y los oculte de manera adecuada para garantizar que se preserven en su
ámbito privado[23].
También se ha entendido la intimidad como derecho[24], frente a los poderes
públicos y privados, desde dos perspectivas: como defensa ante cualquier
intromisión en la vida privada de las personas, y como “derecho activo de
control”[25]
sobre la difusión de la información, que compete a su titular[26]. En la
jurisprudencia comparada, la noción de intimidad, antes focalizada en la
intensidad social de su manifestación, ha pasado a concentrarse en la tensión
que puede provocar la privacidad y el deseo de reserva de información del
titular del derecho, con respecto a intereses públicos o privados contrapuestos[27].
4.2.4. La jurisprudencia de la
Corte es extensa en materia de intimidad asociada con el respeto del espacio
privado de las personas. Desde 1992[28]
reconoció la intimidad como un derecho fundamental que permite a las personas
manejar su propia existencia como a bien lo tengan con el mínimo de injerencias
exteriores[29].
Se dijo en ese entonces que se trataba de un derecho “general, absoluto,
extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer
"erga omnes", vale decir, tanto frente al Estado como a los
particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a
priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación
de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la
protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o
definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad
absoluta (…)”[30].
En este sentido, la sentencia T-517 de 1998 estableció lo siguiente,
“Reiteradamente esta Corporación
ha señalado que el derecho a la intimidad permite y garantiza en los asociados,
el poder contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la
interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un
elemento esencial del ser,  se concreta en el derecho a poder actuar libremente
en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y
familiar, sin mas limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento
jurídico. En ese orden de ideas, y al no ser un espacio que forme parte del
dominio público, obedece al estricto interés de la persona titular del derecho
y por consiguiente no puede ser invadido por los demás.  Por esta razón, ese
espacio personal y ontológico, sólo "puede ser objeto de
limitaciones" o de interferencias "en guarda de un verdadero interés
general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1o. de la
Constitución". La jurisprudencia de la Corte Constitucional tal y como se
ha dicho, ha señalado que el derecho a la intimidad es entonces, inalienable, imprescriptible
y solo susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente
justificadas constitucionalmente.”
La salvaguarda de la intimidad y la protección frente a
intromisiones e injerencias de terceros en una esfera reservada únicamente al
individuo, estrechamente vinculada al  ejercicio de las libertades
individuales, con el libre desarrollo de la personalidad, es compatible con
los presupuestos esenciales del Estado democrático en el que los ciudadanos se
consideran, ante todo, seres libres y autónomos. De esta manera, la Corte ha
señalado que,
“La individualidad del
individuo, su posibilidad no siempre fácil de separarse del influjo de los
otros o de la masa, de realizar las actividades que les son afines y no las que
le sean impuestas, de reflexionar solitariamente, de optar por sus propias
preferencias, y de llegar a sus propias conclusiones frente a los dilemas de la
cotidianidad y de la política, en fin, la posibilidad de aislarse con frecuencia
u ocasionalmente del mundo, es de lo que depende el que pueda convertirse en un
sujeto de derechos y obligaciones, el que pueda ejercer  las responsabilidades
democráticas y participar en los procesos que forjan  un estado social de
derecho como lo es el colombiano. Sólo reconociendo la autonomía e
individualidad de las personas, puede hablarse del “respeto a la dignidad
humana” que sirve de fundamento al estado colombiano, según el artículo 1º
de la Constitución. La protección de esa esfera inmune a la injerencia de los
otros –del Estado o de otros particulares-, como prerrequisito para la
construcción de la autonomía individual que a su vez  constituye el rasgo
esencial del sujeto democráticamente activo, tiene que ser jurídicamente
relevante, y lo es, a través de los mecanismos constitucionales de protección
al derecho a la intimidad, los cuales no circunscriben su alcance a cierta
clase social económica o ilustrada, sino que se extienden, como no podía ser de
otra forma, a todas las personas amparadas por la Constitución”[31].
La Corte ha diferenciado tres diferentes maneras de vulnerar
el núcleo esencial del derecho a la intimidad, a saber: “La primera de ellas
es la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha
reservado; la segunda, consiste en la divulgación de los hechos privados; y la
tercera, finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de
circunstancias personales, aspectos los dos últimos que rayan con los derechos
a la honra y al buen nombre”[32].
Así, el alcance del derecho a la intimidad depende de las
restricciones que se impongan a los demás y aunque en principio es considerado
inalienable e imprescriptible[33],
la posibilidad de limitarlo obedece a razones de “interés general”[34],
“legítimas”, y “debidamente justificadas constitucionalmente”[35],
que no afecten su núcleo esencial representado por el espacio inviolable e
inaccesible en el que el individuo actúa libremente[36], sin injerencias, sin
ser observado o escuchado[37].
Esta exigencia mínima de respeto se predica en todos
los ámbitos desde la propia familia, hasta en conglomerados reducidos como en
los colegios y empresas, o con mayor razón, en comunidades de mayores
dimensiones como en una ciudad o país[38].
La Corte ha reconocido que el alcance del derecho a la
intimidad y su ámbito de protección se da a partir de la evolución de los
conceptos de “público” y “privado”, y su contenido depende de aquellos límites
establecidos por el derecho para determinar la mayor o menor intervención del
Estado en la esfera personal de los ciudadanos[39].
4.3. Espacios semi-públicos y semi-privados
4.3.1. El reconocimiento de diferentes esferas de
privacidad, así como de legítima intrusión en el ámbito personal e íntimo de
los ciudadanos, y la diferenciación establecida por la jurisprudencia entre
“domicilio” y “domicilio ampliado” para referirse a espacios en los cuales la
injerencia puede ser menor o mayor cuando se encuentran intereses constitucionales
en juego, sugieren la idea de la existencia de espacios semi-privados o
semi-públicos.
Como se enunció anteriormente, “dependiendo
del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad hacia el
conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad”[40].
La jurisprudencia[41]
ha distinguido diferentes niveles de intimidad que se vinculan a determinados
ámbitos y espacios, concretamente, a la esfera  personal, familiar, social y
gremial[42].
Aunque no ha habido como tal, una definición de espacios semi-privados o
semi-públicos, sino un reconocimiento de la posibilidad de restringir la
intimidad en esferas consideradas privadas, la Sala estima preciso diferenciar
esos espacios para efectos del caso concreto.
4.3.2. En un extremo se
encuentra la calle como espacio público por excelencia y, de otro lado, el
domicilio privado como espacio privado por definición. Espacios “intermedios”
que tienen características tanto privadas como públicas, son los lugares de
trabajo como las oficinas, los centros educativos como los colegios y las
universidades, los restaurantes, los bancos y entidades privadas o estatales
con acceso al público, los almacenes y centros comerciales, los cines y teatros,
los estadios, los juzgados y tribunales, entre otros.
Dependiendo del lugar, se
permitirá una mayor o menor injerencia por parte de particulares o autoridades
del Estado, y podrán ejercerse diferentes tipos de derechos, como el derecho al
trabajo, al estudio, a la libertad de cátedra, a la recreación, a la cultura, a
la información y de petición.
4.3.3. El nivel de protección de
la intimidad y de otras libertades individuales en estos espacios, varía en
cada caso. Por ejemplo, en un establecimiento educativo o en una oficina, la
posibilidad de restringir la intimidad, será menor que en un centro comercial.
Evidentemente, en dichos lugares, hay una comunidad con códigos de convivencia
y reglas preestablecidas, que también comparte cierta intimidad circunscrita a
la vida común en el contexto cerrado del trabajo y del establecimiento
educativo al cual solo acceden los trabajadores, o los estudiantes y
profesores. Estos espacios cerrados en los que un conjunto de personas
comparten una actividad y en los que el acceso al público es restringido, son
espacios semi-privados y, por ende, las injerencias a la intimidad y demás
libertades que se ejercen en tales contextos, son limitados. Sin embargo, no
son espacios privados, porque las acciones de cada uno de los individuos en una
oficina, o en un establecimiento educativo, tiene repercusiones sociales: no se
trata del individuo en su propio ámbito de acción, sino del individuo en una
comunidad.
4.3.4. De otro lado, los
espacios semi-públicos, son lugares de acceso relativamente abierto en los que
diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar cierta
actividad puntual dentro de un espacio compartido: un cine, un centro
comercial, un estadio. A diferencia de los espacios públicos, en estos lugares
puede exigirse determinada conducta a las personas y eventualmente requerirse
condiciones para la entrada: por ejemplo la compra de una boleta para ingresar
a un teatro, la necesidad de apagar los celulares en un cine y de guardar
silencio, etc. Sin embargo, algunos requisitos no son tan estrictos como en los
lugares semi-privados: para entrar a un centro comercial no es necesario que
las personas tengan uniforme, como sí puede suceder en un colegio o en una
oficina, ni tampoco se exige que las personas permanezcan en dicho espacio, a
diferencia de los colegios u oficinas donde se debe cumplir con una jornada
laboral. Aunque son sitios cerrados, hay gran flujo de personas y mayor
libertad de acceso y movimiento, por lo cual las restricciones a la intimidad
son tolerables por cuestiones de seguridad y por la mayor repercusión social de
las conductas de las personas en dichos espacios.
4.3.5. De lo anterior se
desprenden algunas conclusiones: 1) Tanto en los espacios semi-públicos como
los semi-privados la mayoría de las actividades que llevan a cabo las personas
tienen repercusiones sociales, aún así, pueden existir algunas acciones o
actividades que solo interesan a la persona que las realice, y que de ninguna
manera pueden ser objeto de restricciones (en lugares de servicios personales,
de vestuario o descanso[43],
por ejemplo); 2) Los espacios semi-privados y semi-públicos son cerrados y
exigen cierto comportamiento a las personas, pero se diferencian por el mayor o
menor grado de acceso público a los mismos, o por la permanencia de determinado
grupo de personas en dicho lugar, o por el mayor o menor efecto social de las
conductas de los individuos; 3) Existe una relación inversamente proporcional
entre la mayor o menor libertad en los espacios y el nivel de control de la
conducta para fines preventivos que justifica la intromisión en la intimidad de
las personas, siempre que no afecte la dignidad humana o que resulte
desproporcionadamente lesiva para los derechos fundamentales: los espacios
semi-públicos, cuentan con menores limitaciones a las libertades individuales,
pero, por lo mismo, hay mayor tolerancia al control y vigilancia sobre las
conductas de las personas con el fin de evitar y prevenir situaciones de riesgo
ya que las repercusiones sociales son mayores; por el contrario, a pesar de las
reglas y restricciones en los espacios semi-privados, el hecho de que se trate
de lugares en los que las personas realizan actividades cotidianas, como el
estudio o el trabajo, o que sean espacios en los que son menores los efectos
sociales de las conductas desplegadas por los sujetos, limita las intromisiones
a la intimidad.
5. Estatus constitucional del
aula de clases y de las zonas comunes de los colegios -definición, derechos que
se ejercen, riesgos en este contexto
5.1. Definición
del aula de clase
5.1.1. Teniendo en
cuenta las definiciones propuestas en el apartado anterior, es posible
caracterizar el aula de clase como un lugar semi-privado, en el que se propende
la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo personal y social de los alumnos.
Estudios sobre la
naturaleza de las aulas de clase desde una perspectiva sistémica, las definen
como lugares en los que “los espacios formales e informales se convierten en
espacios sociales de participación e interacción en ese vasto universo escolar”[44]; también han sido caracterizadas como
foros de cultura, microsistemas de aprendizaje y enseñanza[45]
con roles, tensiones y conflictos; espacios de encuentro entre profesores,
alumnos y padres de familia; lugares de interacción cultural “en donde los procesos de construcción valorativa se constituyen
en uno de los fundamentos de todo proceso formativo”[46] y espacios en los que se manifiestan influencias de índole
familiar, social y cultural, o bien “como
espacio de producción y reproducción de contenidos ideológicos, culturales,
relaciones sociales que lo crean y lo mantienen. En este sentido, se puede
pensar el aula como un espacio donde se juega un orden social y cultural, así
como diversas manifestaciones de su oposición[47] ”.
La
convivencia escolar y la imposición de reglas relacionadas con el espacio, los
tiempos y las responsabilidades (factores que unen a los miembros de una
comunidad a pesar de las diferencias de cada individuo), así como los procesos
de aprendizaje y enseñanza, promueven el desarrollo de habilidades sociales, “en su proceso de integración a la vida social, en la
participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio
proyecto de vida”[48].
En
otras palabras, en los procesos de enseñanza y a través de la normativización
de la conducta en el aula de clase, se produce un tipo de socialización que
promueve el respeto, la tolerancia y los valores democráticos de igualdad y
justicia. De lo anterior se desprende que en el aula, no solo se adquieren
conocimientos académicos, sino también habilidades sociales y ciudadanas.
5.1.2. Es esta la
visión que se desprende de la Constitución Política en el artículo 67 en su
consagración de la educación como derecho y servicio público[49], también de los
artículos 28 y 29 de la Convención
sobre Derechos del Niño, siendo los fines de la misma, de acuerdo con el
artículo 5º de la Ley 115 de 1994, la adquisición de conocimiento y de capacidad crítica, reflexiva y analítica, el desarrollo de
la personalidad en el marco de una formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual,
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos, la formación en el
respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, la formación para la
participación ciudadana, la conciencia para la conservación del medio ambiente
y de la salud. También la jurisprudencia ha interpretado este derecho
considerando que: “La realización efectiva del derecho a la educación
exige un proceso de interiorización y práctica efectiva, por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa, de principios fundamentales para la
convivencia armónica, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el
pluralismo y la igualdad en la diferencia.” [50]
Cuando el
derecho a la educación se predica de los niños, su protección está amparada en
el artículo 44 C.P. y se eleva a la categoría de derecho fundamental[51].
La jurisprudencia ha reiterado que las instituciones educativas deben
establecer un reglamento y una metodología de formación acorde a las
condiciones de los educandos, respetando en todo momento los derechos de los
niños (Art. 44 C.P.), el derecho a la protección y a la formación integral del
adolescente (Art. 45 C.P.) y todas las libertades consagradas en el Artículo 27
de la C.P., teniendo en cuenta que en cada etapa de su desarrollo personal el
alumno tendrá comportamientos típicos de cada edad[52].
5.1.3. De otro lado, los espacios
comunes de los colegios como los pasillos, el patio, los comedores, las salas,
si bien son lugares donde estudiantes de diferentes niveles se relacionan,
juegan y se mueven con mayor libertad, representan ámbitos en los que la
formación propia del aula de clase se prolonga, a través de la imposición de
normas de conducta que promueven el respeto y la tolerancia entre los
estudiantes. En efecto estos lugares de interacción y de juego, también son
espacios de convivencia y comunicación.
5.1.4. De este modo,
en las dinámicas propias de la vida escolar y en las interrelaciones que se
crean entre los miembros de la comunidad educativa, cobran particular
importancia los roles y la repercusión de las acciones de cada individuo en el
aula de clases y en el establecimiento educativo en general. Como se mencionó
anteriormente, se trata de un verdadero sistema social mediado por normas de
convivencia, en el que se reconoce un interés legítimo por limitar las
libertades individuales en aras de mantener el orden, la disciplina y un “ambiente
pedagógicamente productivo”[53].
5.2. El aula de
clase como espacio de ejercicio de derechos
5.2.1. Los derechos
y libertades que gozan los alumnos, se refieren en primer lugar a la educación,
pero también incluyen otro tipo de derechos y libertades que se ejercen con
mayor o menor restricción, como la libertad de expresión, de conciencia, el
libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la integridad, el derecho a
la igualdad, a la intimidad, a la honra, el derecho de petición, el debido
proceso, entre los más representativos. Por su parte, los docentes gozan de
libertad de cátedra en los términos del artículo 27 de la C.P..
A continuación se
procederá a realizar un breve repaso de los derechos arriba mencionados, con el
fin de ilustrar cuál es el estatus constitucional del aula, haciendo particular
énfasis en el derecho al libre desarrollo de la personalidad cuya violación,
junto al derecho a la intimidad, ha sido referida en el presente caso por los
accionantes.
5.2.2. El
derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo
16 C.P., íntimamente relacionado con la dignidad humana y con la
autodeterminación, se ha caracterizado como derecho de “estatus activo” porque
requiere el despliegue de capacidades individuales sin restricciones ajenas no
autorizadas en el ordenamiento jurídico[54].
Ha sido definido como la posibilidad que tiene cada persona de escoger su
propia opción de vida, limitada únicamente por los derechos de los demás y por
el ordenamiento jurídico[55].
Según la Corte, este derecho “se manifiesta singularmente en la definición
consciente y responsable que cada persona puede hacer frente a sus propias
opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente,  en  la
pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la
sociedad.”[56]
Con razón, la Corte ha precisado que este derecho fundamental es un derecho
de carácter relacional, porque protege las decisiones de las personas frente a
algún asunto particular, es decir que, protege la autonomía para decidir
respecto de algo[57].
Por lo anterior, esta libertad
se desconoce cuando a una persona se le impide “alcanzar o perseguir
aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las
circunstancias que dan sentido a su existencia”[58], de
manera arbitraria, irrazonable e injustificada. Evidentemente es un derecho que
puede ser limitado en ciertas circunstancias pero no bastan las “simples
consideraciones a priori de interés general o de bienestar colectivo,
desarrolladas de manera vaga e imprecisa.”[59]
El respeto de esta libertad en
establecimientos educativos, también ha sido ampliamente estudiado por la
Corte, la cual ha asumido posiciones diferentes a lo largo del tiempo. En
principio, la línea jurisprudencial fue más garantista del libre desarrollo de
la personalidad por encima de otros derechos[60];
luego, la Corte adoptó una posición más conservadora, circunscribiendo esta
libertad a los requerimientos que la formación integral que la educación exige[61]; y
finalmente, se estableció una tercera línea en la que se propendió un
equilibrio entre del libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de
que las instituciones educativas impongan ciertas obligaciones orientadas a
hacer efectivos los fines de la educación[62].
En todo caso, ha sido una posición unánime de la Corte, el considerar que en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, no se pueden incluir prácticas que vulneren
el núcleo esencial del libre desarrollo de la personalidad, ya que solo el
reconocimiento del “otro”, la tolerancia y el respeto por la diversidad en
estos contextos es capaz de promover la formación de los educandos en los
valores y principios que sustentan al Estado democrático[63].
Con el fin de ilustrar la
posición de la Corte en relación con el libre desarrollo de la personalidad, se
resumen a continuación algunas sentencias significativas en esta materia.
En la sentencia T-065 de 1993, la Corte amparó los derechos de unos
estudiantes que se negaban a cortarse el cabello de acuerdo a las reglas de la
institución educativa en la que cursaban estudios, afirmando que dicha conducta
no atentaba contra los derechos de los demás ni contra el ordenamiento
jurídico, razón por la cual, si el colegio consideraba que los alumnos debían
llevar el cabello corto, debían utilizar instrumentos más adecuados para lograr
este propósito a través de la educación y no de métodos autoritarios. Asimismo
en la sentencia T-118 de 1993, protegieron los derechos de un estudiante expulsado
de una institución educativa por haber botado en ella un condón; en aquella
ocasión, la Corte señaló que la sanción era significativamente desproporcionada
frente a la falta cometida, más aun teniendo en cuenta la edad del educando, y
reiteró que la función de los establecimientos educativos es ante todo instruir
y formar. Igualmente, en la sentencia T-377 de 1995, se ampararon los derechos
de una estudiante expulsada del plantel educativo por haber tomado la decisión de
convivir con su novio, acto que según la institución era contrario a la moral y
a la filosofía del colegio, pero que la Corte reprochó por tratarse de una
situación que solo incumbía a la estudiante, ocasionando la vulneración de sus
derechos a la dignidad, a la educación, al debido proceso y al libre desarrollo
de la personalidad, en un establecimiento creado para formar en el respeto y la
tolerancia a la diferencia como condición de convivencia. En la sentencia T-124
de 1998, la Corte estudió el caso de un estudiante al que le habían negado en
varias ocasiones el acceso a clase por haberse dejado crecer el cabello, y al
que personas encargadas de la
disciplina, le habían puesto sobrenombres como “homosexual”, “drogadicto” y
“escachalandrado”; en esa ocasión la Corte llamó la atención de la institución
educativa, por considerar que la limitación legítima de  una opción
personal se debe producir solamente frente a circunstancias que generen
violaciones reales a los derechos de los demás o al ordenamiento jurídico, de
modo que “las  simples
invocaciones del interés general, de los deberes sociales (CP art. 15), o de
los derechos ajenos  de rango legal, no son suficientes para limitar el
alcance de este derecho”; en
ese orden de ideas, si bien el manual de convivencia al que se han
comprometidos los padres y el menor es obligatorio, por la presunción legal de la
Ley 115 de 1994, éste siempre debe adecuarse a los principios constitucionales.
También en la sentencia SU-641 de 1998, se protegieron los derechos
fundamentales a la educación y libre desarrollo de la personalidad de un alumno
al que las directivas de una institución educativa, querían obligar a cortarse
el cabello y quitarse un arete, ya que era lo que establecía el Manual de
Convivencia, caso en que la Corte ordenó la modificación del reglamento escolar
señalando que éste no podía adoptar patrones estéticos excluyentes como faltas
disciplinarias. De otro lado, en la sentencia SU-642 de 1998, se amparó
el derecho al libre desarrollo de la personalidad de una menor de 4 años a la
cual se le exigía cortarse el cabello como requisito de admisión en un jardín
infantil para evitar el contagio de piojos y liendres; la sentencia distinguió
dos tipos de situaciones para determinar la intensidad de protección de este
derecho fundamental: “1) el asunto sobre el que se produce la decisión sólo
interesa a quien la adopta y no afecta derechos de terceros ni compromete
valores objetivos del ordenamiento que otorguen competencias de intervención a
las autoridades, motivo por el cual el ámbito decisorio se encuentra incluido
dentro del núcleo esencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad (ejemplo, asuntos relacionados con la identidad sexual de los
individuos); y, 2) la decisión versa sobre un asunto que compromete derechos
de terceros o se relaciona con valores objetivos del ordenamiento que autorizan
la intervención de las autoridades, caso en el cual el asunto objeto de la
decisión se localiza en la zona de penumbra del derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad, en la que, como es sabido, son admisibles
aquellas restricciones que sean razonables y proporcionadas (cuando por
ejemplo, concurren otros derechos fundamentales de igual valor como la vida, la
integridad personal, la salud o la educación)”; así, cuando las
limitaciones se producen en la denominada “zona de penumbra” el juez
constitucional debe intervenir para realizar un juicio de proporcionalidad que
le permita determinar si en el caso concreto la medida que afecta el libre
desarrollo de la personalidad, es proporcional y razonable, por ende ajustada a
la Constitución. En la sentencia T-516 de 1998[64],
la Corte revisó el caso de una estudiante que había sido considerada “mal
ejemplo” por el plantel educativo al que asistía, y que fue obligada a utilizar
un uniforme diferente al de sus compañeras, debido a que había decidido vivir
en unión libre con su novio; la Corte reconoció que se habían violado sus
derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, y que, si
bien el reglamento y manual de convivencia del colegio son importantes y deben
ser acatados por los estudiantes, el
poder disciplinario que emana del mismo no puede convertirse en un instrumento
de coacción sino en un mecanismo orientado a cumplir con los objetivos de la
educación, proporcionando a los alumnos formación en los valores morales,
sociales y cívicos, que les permitan definir y afirmar su personalidad y
ejercer sus potencialidades humanas. También en la sentencia T-243 de 1999, la
Corte protegió los derechos a la
igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y al
debido proceso de una alumna que había sido sancionada por los directivos de su
institución educativa con el castigo de “suspensión del uniforme”, por haber
sido vista fuera de las instalaciones del plantel educativo, junto a muchachos
“de dudosa reputación”; la Corte consideró que un colegio no puede sancionar a
una estudiante, que a la salida de su actividad académica y rumbo a su lugar de
residencia, se encuentre a jóvenes de su edad y departa con ellos durante algún
tiempo, por cuanto ello desconocería abiertamente el núcleo esencial del
derecho a la libre expresión y la naturaleza social propia del ser humano, como
tampoco se le puede imputar a la menor que esté incurriendo en una “conducta
contraria a la moral”, y menos aún si no se le ha respetado el debido proceso. No
protegió en cambio la Corte en la sentencia T-435 de 2002, el derecho a la
intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de una menor a la que se le
solicitó la práctica de un examen de sexología y embriaguez por considerar que “la
preponderancia del interés colectivo de mantener el ambiente educativo sobre el
derecho a la educación de la hija de la demandante, constituye un fin
justificado constitucionalmente, ya que ella no cumplió con su correlativo
deber de acatamiento de las reglas; fue proporcional, pues la actitud de la
menor al consumir bebidas alcohólicas portando el uniforme del colegio causa un
daño en la imagen del mismo y da un mal ejemplo a las demás estudiantes y, por
último, fue necesaria”, pues no había otro modo de poner fin a las faltas
cometidas por la estudiante. En la sentencia T-839 de 2007, se
ampararon los derechos de una menor a la cual se le exigió el retiro del
piercing que llevaba en la cara como requisito para iniciar sus clases en una Institución educativa, por lo que la Corte
decidió que la restricción en la utilización de dichos accesorios, contemplada
en el manual de convivencia, violaba el artículo 16 C.P. porque la utilización del piercing, hace parte del derecho a la propia imagen, en cuyo ejercicio toda persona está
facultada para decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los
demás, lo anterior sumado a que el uso de dicho accesorio era irrelevante para
el desarrollo integral de la menor en el plantel educativo.
De la anterior
reseña de algunas de las sentencias más importantes de la Corte en materia de
libre desarrollo de la personalidad en los colegios, se deduce una línea
jurisprudencial que, si bien reconoce la importancia de los reglamentos y de
los manuales de convivencia, considera que estos deben ajustarse a la
Constitución, y es más bien garantista de este derecho en contextos educativos
en los cuales debe prevalecer la formación en el respeto y la tolerancia.
5.2.4. Si bien el derecho a la
intimidad fue abordado en el acápite anterior, cabe señalar que la Corte
tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia T-491 de 2003, sobre los
diferentes ámbitos en los que es posible ampliar o limitar la facultad
disciplinaria y sancionatoria en las instituciones educativas a favor del
derecho a la intimidad de los alumnos. Estos han sido definidos como: (i) los
foros educativos “el ejemplo más claro lo constituye el plantel o la sede
institucional, donde las conductas de los alumnos están sujetas a un control
riguroso de la comunidad educativa, en la medida en que allí se desarrolla gran
parte del proceso formativo de los docentes”, (ii) los foros con proyección
académica e institucional en los que también puede exigirse obediencia a
ciertas reglas de conducta por encontrarse en juego el nombre de la institución
como en los “desfiles, actividades culturales o eventos deportivos llevados
a cabo fuera de la institución pero donde ésta se vea representada por alguno
de sus miembros o cuando el estudiante porta el uniforme del colegio”, y
(iii) los foros estrictamente privados en los que la conducta de los miembros
de la comunidad es exclusivamente de su incumbencia y no afecta el nombre de la
institución ni interfiere con las actividades académicas, por ende, no puede
ser objeto de sanción por hacer parte de la esfera íntima y autónoma del
estudiante. En este orden de ideas, la aludida sentencia fijó la siguiente
sub-regla relativa a la intimidad en el ámbito de los establecimientos
educativos: “Cuando a un alumno se le impone una sanción por un
comportamiento que hace parte exclusiva de su intimidad, de su vida privada, y
que no tiene incidencia o afecta al centro educativo, se vulnera con ello  sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y, por supuesto, a la
intimidad.   En efecto, el derecho a la intimidad permite que los individuos
cuenten con un espacio privado que no puede ser invadido por las instituciones
educativas, pues éste constituye un elemento esencial de cada ser humano donde
se potencia la independencia para adoptar las decisiones que le conciernen.
Además, como dicha sanción repercute directamente en su facultad de
autodeterminación personal y en el desarrollo de su proyecto de vida, el
derecho al libre desarrollo de la personalidad resultaba igualmente afectado”.
5.2.5. De otro lado,
la libertad de expresión consagrada en artículo 20 C.P.[65], es un derecho
fundamental que según la Corte[66] constituye una “condición
indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad, en un
prerrequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento, y un
presupuesto cardinal de las sociedades políticas abiertas, pluralistas y
democráticas”[67].
Asimismo el artículo 12-1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12
de 1991), establece que "los Estados parte garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño". La jurisprudencia[68]
ha indicado que existe una presunción a favor de la libertad de expresión,
manifestada entre otras cosas, en su primacía frente a otros derechos, valores
y principios constitucionales en caso de conflicto (a menos que se demuestre en
el caso concreto lo contrario), y la sospecha de inconstitucionalidad de las
limitaciones sobre esta libertad y la aplicación de un control de
constitucionalidad estricto. La libertad de expresión tiende a prevalecer en
las sociedades democráticas porque es más tolerable el riesgo derivado de este
derecho, que el de su limitación. Se trata de una libertad esencial en cuanto “a
través de la expresión se pueden materializar diferentes derechos
fundamentales, como la libertad religiosa, la participación política o el libre
desarrollo de la personalidad”[69].
En particular, con
respecto a la libertad de expresión en los establecimientos educativos, la
Corte se ha pronunciado considerando que, “la libertad
de expresión propugnada por la Constitución Política de 1991  faculta a la
persona para que pueda exteriorizar sus  ideas y opiniones en cualquier
escenario y desde luego en las instituciones educativas este derecho debe
predicarse de la comunidad educativa en general (educandos, profesores,
directivos etc). Así, la persona sea cual fuere el ambiente social en el que se
desempeñe está facultado constitucionalmente para dar a conocer libremente su
pensamiento extendiéndose desde luego al campo moral y religioso”[70].
En la sentencia Su-667 de 1998, se reconoció que la garantía de esta libertad
es exigible en “todos aquellos que se hallan en capacidad efectiva de
"gobierno"”, que tengan una organización deliberante, en el marco
de las distintos establecimientos y agrupaciones públicas o privadas en las que
no es posible impedir, interferir, obstruir, obstaculizar ni sancionar “el
libre flujo de la expresión individual o colectiva en sus diversas
modalidades”. En efecto, en estas organizaciones, las personas tienen
derecho a expresar y a manifestar libremente sus puntos de vista, situación que
por lo demás garantiza el artículo 2º C.P. que consagra el derecho de las
personas a participar en las decisiones que los afectan, garantizada en el
artículo 2 de la Carta Política. También en el derecho comparado es posible encontrar
amplios debates sobre la libertad de expresión en los establecimientos
educativos. En este orden de ideas, la Corte Suprema de Estados Unidos ha
fallado numerosos casos relacionados con este tema adoptando posiciones más
garantistas respecto de la libertad de expresión de los estudiantes en las
clases, y más restrictivas en relación con los profesores de establecimientos
educativos públicos por su calidad de empleados públicos[71].
5.2.6. Relacionado
con lo anterior, en la sentencia T-397 de 1998 la Corte se
pronunció sobre la libertad de conciencia en el campo moral y religioso en los
centros educativos, y sostuvo que la tarea educativa debe desarrollarse, “sobre
el supuesto de que su objetivo es la persona, titular de un ámbito propio de
libertad, que debe respetarse. Los educadores tienen el derecho y el deber de
formar a los alumnos, como lo manda la Constitución Política, transmitiéndoles
principios, valores y reglas de vida que garanticen una estructura personal
apta para cumplir después un papel en el seno de la sociedad y para asumir en
ella las responsabilidades y deberes que les incumban. En el terreno de la
moral y la religión, suministrados los factores que el colegio acoge, según la
filosofía en que se inspira, la función educativa no puede llegar hasta la
exigencia forzosa ni hasta la constricción del educando para que asuma en su
totalidad las convicciones inculcadas, ni para que adopte la decisión
fundamental en cuanto a la opción de sus creencias, pues ello corresponde al
área inalienable de su libertad”. En el ámbito internacional la libertad de conciencia y
específicamente la libertad de cultos en los establecimientos educativos, ha
sido objeto de fuertes debates, como en el caso de los crucifijos en las aulas
de clase, o de la utilización del velo. La Corte Europea de Derechos del
Hombre, en contravía de la decisión tomada por el Consejo de Estado Italiano en
2006, falló en el 2009 el caso Lautsi vs Italia, considerando que la presencia
de crucifijos en las aulas de clase violaba el derecho de los padres de educar
a sus hijos según sus convicciones, y la libertad religiosa de los alumnos, sin
embargo esta decisión fue revocada el 18 de marzo de 2011 por la “Grand Chambre”, que absolvió al Estado
Italiano considerando que no existe evidencia sobre la violación de los
derechos alegados por la exposición del crucifijo en los salones de clase. Por
otra parte, la Ley n. 2010-1192 del 11 de octubre de 2010 en Francia, prohibió
la utilización del velo en todo el territorio nacional incluidos los lugares
destinados al servicio público, las instituciones, los establecimientos
públicos o los que tengan misión de servicio público, como los tribunales, la
prefectura, los hospitales, y los establecimientos de educación; esta ley fue
declarada constitucional por el Consejo Constitucional Francés[72].
Esta política ha sido replicada en otros países como Bélgica, España y el reino
Unido.
5.2.7. Con respecto
a la dignidad e integridad del niño, el artículo 42 y 44 de la C.P. ordena la
garantía de los derechos a la integridad física de los menores. A su vez, la
Ley 1098 de 2006 establece en el artículo 45 la Prohibición de sanciones crueles,
humillantes o degradantes consagrando que “los directores y educadores de los centros
públicos o privados de educación formal, no formal e informal, no podrán
imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los
estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su
dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en
los manuales de convivencia escolar”. La jurisprudencia ha reconocido que, debido a que los niños
son sujetos vulnerables de especial protección constitucional, la Constitución
busca garantizar la intangibilidad mental, moral y espiritual de los
mismos limitando el ejercicio de las libertades de los terceros que puedan
afectarlos[73].
Asimismo, se ha considerado que los castigos infringidos a un menor, pueden
afectar su libre desarrollo de la personalidad y tener consecuencias a nivel
psicológico y emocional, por lo cual desde la Asamblea Constituyente se
estableció que la educación que se sustenta en el empleo de castigos físicos y
morales, que humillan al niño afectando su autoestima, desconoce los derechos
humanos y los principios pluralistas y democráticos del Estado[74].
5.2.8. En lo que tiene que ver con el respecto al derecho a la igualdad,
las sentencias T-02 de 1992 y T-309 de 1993, reconocieron que también se aplica
en los colegios “ya
que por la función misma que cumple el proceso educativo, la educación es uno
de aquellos derechos que realiza materialmente el principio y el derecho a la
igualdad (artículos 5o y 13 de la C.P.), toda vez que como se expresó en la
sentencia T-02 de 1992 (M.P. Alejandro Martinez Caballero), "en la medida
en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad
de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona".
Asimismo la igualdad en la educación significa tratar de igual manera a todos
los alumnos con independencia de sus resultados académicos o de otras
consideraciones que desconozcan la Constitución.
5.2.9. El debido proceso en las instituciones educativas también ha sido
objeto de protección por parte de la jurisprudencia constitucional.  En la
sentencia T-491 de 2003[75], por ejemplo, se
amparó el derecho de una alumna que había sido inscrita como irregular en su
colegio por haber sido encontrada desnuda en una casa ajena y que interpuso la
tutela contra la institución argumentando que fue sancionada por una conducta extraña a
sus obligaciones con el Colegio, en detrimento de sus derechos al debido proceso,
a la intimidad y a la educación; en aquella ocasión, la Corte determinó que
todas las sanciones que se impongan a los alumnos deben ser públicas, claras y
estar previamente establecidas en la ley o reglamento de la institución. En
dicha sentencia se estableció que “al imponer una sanción se
pretende asegurar el cumplimiento de un reglamento interno, sustentado en los
principios y valores que orientan el desarrollo de una comunidad académica y
que se materializa en la consagración de un conjunto de deberes y
prohibiciones, cuya infracción puede ser reprochada por una institución
educativa con la condición de que sea respetado el debido proceso”. Es
importante que se reconozca el debido proceso en todas las actuaciones que las
directivas de las instituciones educativas inicien contra los estudiantes,
teniendo en cuenta que las conductas sancionables son solo aquellas que
perturben la vida escolar y el proceso educativo, o que afecten gravemente el
buen nombre del centro docente, y no aquellas que se relacionan con la
escogencia de las opciones de vida de cada estudiante y con su libre desarrollo
de la personalidad. Asimismo, la sentencia T-309 de 2003 reiteró que cuando se
imponen sanciones disciplinarias desconociendo el debido proceso de los
alumnos, también se vulnera el derecho al buen nombre y el derecho a la
educación como “elemento dignificador de la persona y un instrumento de
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura”[76],
razón por la cual, el respeto al debido proceso se constituye en una limitante
de los comportamientos injustificados y desproporcionados en los que puedan
incurrir quienes prestan el servicio público de educación.  En la sentencia T-266 de 2006, sobre un
caso en el que se tomó una prueba de sangre a un alumno sospechando que
consumía estupefacientes, la Corte consideró que es una expresión
natural del acatamiento al proceso justo a que se refiere el artículo 29 de la
C.P., la observancia de la totalidad de las directrices que se hallan
consignadas en dichos reglamentos, como quiera que éstos constituyen la
Constitución del Colegio, la cual resulta obligatoria siempre y cuando respete
los dictados de las normas superiores.
5.2.10. La protección de la honra y el buen nombre de los
menores y en particular de los alumnos, se sustenta en dos razones analizadas
por la Corte en sentencias previas: en primer lugar, porque los niños y
adolescentes se encuentran en un proceso de construcción social de su
personalidad por lo que el interés jurídico a su buen nombre se encuentra
apenas en formación; en segundo lugar, porque los menores, que se encuentran en
estado de indefensión, requieren identificar modelos de corrección ajustados a
su autonomía en función del interés superior del menor[77]. En relación con este
tema, en la sentencia T-220 de 2004, se señaló que “el problema empieza
cuando tales hechos son socializados por parte de las directivas (bajo
su especial comprensión y juicio) como hechos censurables o incorrectos y,
sobre todo, cuando tal valoración está de la mano de la identificación y de la
calificación pública de la persona que realiza tales conductas. En estas
situaciones se presenta un factor que incide en la construcción social de la
personalidad, del carácter, y de la posición concreta de la persona aludida”.
5.2.11. Así como se reconocen estos derechos a los alumnos,
los profesores en las instituciones educativas también gozan de los derechos a
la libertad de expresión, la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la
personalidad, a la intimidad, al debido proceso, a la honra y al buen nombre. De
otro lado, la libertad de cátedra consagrada en el artículo 27 de la C.P., es
un derecho exclusivo de los docentes en los contextos educativos, y se
encuentra asociado con la libertad de pensamiento del profesor y su facultad de
establecer la metodología y la orientación del curso dentro de los marcos
fijados por la ley.  De este modo, el alcance de la libertad de cátedra
comprende la posibilidad de que el docente se oponga a las órdenes impartidas
por las autoridades administrativas de la institución cuando estas desconozcan
sus ideas y opiniones[78].
En la sentencia T-800 de 2002, se amparó la libertad de cátedra de un profesor
de filosofía al que se le terminó el contrato de trabajo por haber recomendado
la lectura del libro “El Decamerón”
de Giovanni Baccaccio a las alumnas de grado undécimo por considerar que esta
conducta se oponía a  la libertad religiosa y de conciencia invocada por
las directivas del plantel educativo; en esa ocasión la Corte decidió proteger
el derecho a la libertad de cátedra del accionante reiterando que, en el marco
de la responsabilidad que la labor del docente supone[79],
“la función que cumple el profesor requiere que éste pueda, en principio, en
relación con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas y
convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e
indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue más
apropiado para impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la
libertad de cátedra, junto a las facultades que se acaba de describir,
incorpora un poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir
instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una
determinada orientación ideológica”[80].
5.2.12. De la anterior descripción, se desprende que las
aulas de clase son espacios de ejercicio de derechos amparados
constitucionalmente, cuya garantía se ve reforzada en el interés superior del
menor y en la libertad de cátedra de los docentes. En los procesos de
aprendizaje y enseñanza, los educadores y los directivos deben respetar los
derechos y libertades fundamentales de los educandos, tanto en los reglamentos
como en los manuales de convivencia, de modo que se logren equilibrar las
necesidades de los menores con los principios orientadores del plantel
educativo. De este modo, la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar
de toda la comunidad escolar a través de los reglamentos en ningún momento
puede oponerse a la Constitución ni restringir el núcleo esencial del libre
desarrollo de la personalidad y de la libertad de expresión; los directivos y
docentes no pueden establecer diferencias de tratos ni imponer determinados
valores morales y religiosos a los educandos ni imponer sanciones humillantes
que afecten su buen nombre en procesos violatorios del debido proceso. De otro
lado, los directivos y los estudiantes, deben respetar las ideas y opiniones de
los docentes, sin limitar su capacidad de organizar la clase y la metodología
del curso.
5.2.13. Es importante reiterar que, dentro de las
instituciones educativas, hay algunas restricciones a los derechos que son más
o menos legítimas. Por ejemplo en el interior del aula, se pueden requerir
cierto comportamiento que, por el contrario, no es exigible en los corredores o
áreas comunes de los colegios. Es decir que en la misma institución se pueden
identificar espacios con mayores o menores restricciones de derechos, lo cual
se encuentra asociado a la finalidad para la cual haya sido concebido el
espacio: en el aula de clases debe mantenerse la disciplina, se debe poner
atención al profesor, participar ordenadamente, hacer las tareas y exámenes; en
el patio se puede hablar libremente, correr, jugar, comer, dormir, etc..
Entonces, si bien en el patio y en los corredores hay que respetar ciertas
reglas, es un ambiente más libre que el de los salones, y un lugar más abierto
a las interacciones entre estudiantes de diferentes grados y profesores.
5.3. Los riesgos a los derechos de los estudiantes y las
amenazas potenciales en las instituciones educativas
5.3.1. Con el fin de adentrarnos en la materia de discusión
del presente caso, es igualmente importante señalar, cuáles son los riesgos y
peligros que pueden presentarse en las instituciones educativas. Así, es sabido
que en el interior de los planteles educativos se pueden presentar episodios
delictivos asociados al hurto de bienes de otros alumnos o del propio colegio,
de violencia entre los estudiantes, matoneo, tráfico de estupefacientes, porte
de armas, entre otros.
5.3.2. Para entender mejor este tema resulta
ilustrativo el Informe Convivencia y
seguridad en ámbitos escolares de Bogotá D.C. elaborado por el Observatorio de
convivencia y seguridad ciudadana, de la Subsecretaría de asuntos para la
convivencia y seguridad ciudadana en 2006[81].
Dicho estudio es importante puesto que en nuestro país no existen prácticamente
registros administrativos asociados con los problemas de convivencia y
seguridad de la infancia y la adolescencia, y muchas veces pasan inadvertidos,
espacialmente cuando la violencia ocurre entre pares. Los problemas
identificados en el informe, si bien se circunscriben a Bogotá y Municipios
aledaños, y pueden variar con respecto a las problemáticas que se presentan en
municipios de otros departamentos, son representativos de los problemas que se
pueden presentar en los colegios. Estos tiene que ver con: 1) alto índice de
hurtos menores sin violencia; 2) formas de maltrato emocional como insultos,
exclusión o rechazo por el grupo de compañeros; 3) tipos de maltrato o acoso
escolar (bullying) por miembros del propio curso o de otros niveles; 4)
acoso sexual verbal en  estudiantes o por medio de contactos sexuales no
deseados; 5) porte de armas blancas dentro de colegio; 6) consumo de alcohol y
de drogas ilegales.
5.3.3. Asimismo el estudio sobre
“Victimización en colegios de Bogotá” realizado por la Secretaría de Gobierno
del Distrito Capital, con la colaboración del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y  la Universidad de los Andes, trató de
identificar las manifestaciones de las conductas agresivas, violentas y
delictivas de los jóvenes bogotanos de grados, fue el fundamento del análisis
sobre la  “Exposición a la violencia, competencias ciudadanas y agresión:
contribuciones específicas y combinadas de los barrios, escuelas y familias. Un
estudio con estudiantes bogotanos de quinto a once grado”[82]. En dicho estudio se
estableció que en las instituciones educativas es generalizada la exposición a
la violencia y la agresión, así como conductas de intimidación hacia otras
personas dentro de su ambiente escolar, lo cual según la escasa doctrina en la
materia, genera verdaderos problemas psicológicos relacionados con la ansiedad,
depresión, estrés postraumático, disociaciones, rabia y preocupaciones sexuales.
Así, los estudiantes que temen ser agredidos, se inhiben en sus interacciones
sociales para no ser víctimas de la violencia, lo cual genera un aumento en la
permisividad ante la agresión.
5.3.4. Estas situaciones que
pueden presentarse en los colegios, se constituyen en conductas vulneradoras de
derechos de los estudiantes principalmente de la integridad personal, la
dignidad, la vida y la salud, por lo que ameritan la puesta en práctica de
mecanismos para la prevención y el castigo de quienes incurren en ellas.
6. La utilización de cámaras
de vigilancia y la seguridad en las instituciones educativas
6.1. Los métodos de vigilancia
son mecanismos orientados a la prevención del delito o de las faltas por medio
de la disuasión y a la identificación de delincuentes en un entorno físico
determinado. En este sentido, las cámaras de seguridad, reducen la posibilidad
de cometer delitos porque al estar el espacio bajo vigilancia, se hace más
difícil cometer un delito en la impunidad.
6.2. La utilización de cámaras
de vigilancia es en la actualidad generalizada a nivel mundial en los espacios
públicos. Amplios debates se han generado en relación con las expectativas de
privacidad que pueden tener las personas en estos ámbitos, y se ha discutido si
se justifica la existencia de mecanismos intrusivos de la intimidad con el fin
de prevenir el delito. Sin embargo, en épocas recientes, la ciudadanía
especialmente en países amenazados por el terrorismo, han preferido
salvaguardar la seguridad común sobre las expectativas ciudadanas de
preservación del anonimato. Los derechos que se pueden afectar en el espacio
público por la presencia de cámaras, incluyen la libertad de expresión, de
manifestación y reunión, así como el derecho a la intimidad y a la protección de
la persona “en su capacidad de decidir como presentarse al mundo”[83]. En efecto,
las cámaras no solo graban las actuaciones delictivas sino todas las
actividades que realizan las personas en las calles y otros lugares públicos,
con el agravante de que los ciudadanos a veces no saben que están siendo
grabados, ni tampoco quién los está observando y para qué se utilizan dichos
videos. No obstante, en muchos países se ha optado por transformar el espacio
público en un espacio de vigilancia, más que en promover cambios a partir del
análisis de los comportamientos delictuosos o violentos.
6.3. De otro lado, la filmación
en espacios privados como el domicilio, no son tan generalizadas. Las cámaras
pueden ser instaladas para garantizar la seguridad, por voluntad del
interesado, cuando por ejemplo quiere vigilar la conducta del personal de
servicio, o en el perímetro de una casa para evitar los asaltos, o pueden ser
utilizadas para filmar las actividades de las personas dentro de la casa con
diferentes fines. En estos casos, no es el Estado o el dueño de un espacio
semi-público o semi-privado quien controla la grabación, sino el propio
individuo, por consiguiente, al pertenecer a su esfera privada, no se vulnera
derecho alguno a menos de que la información sea divulgada por un tercero.
6.4. En los espacios que hemos
definido como semi-privados o semi-públicos, se ha verificado en tiempos
recientes un aumento de los sistemas de vigilancia mediante cámaras. Es el caso
de los centros comerciales, las oficinas, los supermercados y los
establecimientos educativos. En la sentencia T-768 de 2008, se establecieron
algunos parámetros para la legitimidad de la injerencia en esferas
semi-privadas como las de la oficina y se estableció lo siguiente,
“En
este marco de ideas, al estudiar cada caso en particular se deberán analizar,
diversas situaciones tales como: (i) el objeto social que desarrolla la
empresa, pues es lógico que las medidas se refuercen en bancos o
establecimientos públicos tales como organismos de inteligencia, en los que
esté en juego la seguridad nacional; (ii) el lugar donde la medida es
implementada, pues es razonable que recaiga en lugares donde se desarrolle la
actividad laboral que, por ejemplo, se encuentren abiertos al público, pero no
lo sería en aquellos donde el trabajador ejerce una esfera privada como lugares
de descanso, tales como baños o vestuarios; (iii) la finalidad de la medida,
que guarden una relación directa con la seguridad necesaria de las
instalaciones de trabajo o el control del cumplimiento de los deberes y
funciones de los trabajadores; (iv) que pueda tomarse otras medidas menos
invasivas para lograr los propósitos legítimos; (v) que los perjuicios
derivados de la medida, en lo posible, sean mínimos; (vi) que la medida sea
conocida, pues de manera excepcional puede legitimarse medidas subrepticias; y
(vii) que la medida no implique someter a la persona a tratos crueles,
inhumanos o degradantes, los cuales se encuentran proscritos de manera
absoluta.”
6.5. En la medida en que el uso de cámaras de vigilancia se
ha difundido en todo el mundo, y ha dejado de restringirse a los espacios
públicos por excelencia, para extenderse a esferas más privadas, algunos países
han empezado a formular políticas y a responder a los retos que supone la
utilización de la tecnología y la informática para fines de control. Por
ejemplo, el constituyente español ha reconocido la insuficiencia del derecho a
la intimidad para regular la utilización de estos dispositivos, y ha consagrado
el derecho fundamental del pleno disfrute de los derechos ciudadanos frente al
uso cada vez más difuso del tratamiento automático de datos personales. El
contenido de dicho derecho incluye: 1) el derecho a consentir la recolección,
obtención y acceso a los datos personales de las personas; 2) el derecho a ser
informado en todo momento de quien conserva dichos datos y para qué los
utiliza, pudiéndose el afectado negarse a esa posesión o uso; 3) derecho a
oponerse a que los datos personales se utilicen para fines diferentes a los que
determinaron su obtención; 4) derecho a decidir cuáles de esos datos pueden
cederse a un tercero; y derecho a acceder, rectificar o cancelar los datos
personales insertos en ficheros[84].
En otros países se han fijado parámetros para la utilización
de las cámaras de vigilancia en los espacios públicos o en los espacios
privados de acceso al público. Por ejemplo en Canadá[85] se ha establecido que
los sistemas de video solo pueden ser utilizados cuando otras medidas
orientadas a proteger la seguridad pública hayan fracasado y deben justificarse
con base en estudios o reportes de delitos que ponen en riesgo la comunidad;
igualmente deben tenerse en cuenta las implicaciones para la privacidad y
mitigar al máximo el impacto sobre la misma en la recolección, uso, revelación
y retención de información personal; se deben realizar consultas con las partes
interesadas y las organizaciones deben asegurar que el diseño y la operatividad
del sistema no sean intrusivos de la privacidad. Es relevante analizar los
lugares más apropiados para fijar los dispositivos que solo deberán cubrir el
área requerida para los fines de seguridad del lugar donde se instalan, deberá
comunicarse al público la existencia de las cámaras y determinar el personal
que tendrá acceso a la información.
En España, la imagen recibe el tratamiento de dato de
carácter personal, y es amparada por las normas de protección de la información
relativa a personas físicas identificables[86];
en este orden de ideas, las cámaras son consideradas como mecanismos
subsidiarios, y solo pueden ser instaladas si la finalidad que se persigue no
puede ser obtenida a través de otros medios que sean menos intrusivos de los
derechos a la intimidad y a la protección de datos personales, además, las
imágenes grabadas para la vigilancia en espacios públicos deben ser borradas en
el término máximo de un mes; el tratamiento de los datos debe en todo momento
respetar los derechos de los afectados, o bien, el derecho a la información de
las personas filmadas, el consentimiento para la recogida y tratamiento de los
datos personales, o su cesión a terceros, el derecho de acceso, rectificación y
cancelación de los datos personales, y a la seguridad y confidencialidad de la
información[87].
En Bélgica, la Ley del 21 de marzo de 2007 conocida como la
“Ley de las cámaras”, reconoce que estas pueden ser instaladas en lugares
abiertos, cerrados pero accesibles al público, y cerrados no accesibles al
público, siendo diferente el tratamiento de la información dependiendo del
entorno. En todos los casos se proscribe la injerencia desproporcionada  en la
vida privada de las personas y se establece que las cámaras deben ser instaladas
únicamente cuando se haya descartado la efectividad de otras medidas de
vigilancia. Asimismo, es necesario informar al público sobre la existencia de
las cámaras, el video solo debe abarcar las áreas concernidas para efectos de
seguridad y se prevé un plazo perentorio para la eliminación de las imágenes
captadas[88].
6.6. Teniendo
en cuenta el Informe Convivencia y seguridad
en ámbitos escolares de Bogotá D.C. citado previamente, en las consideraciones
del Proyecto de Acuerdo No. 481 de 2008 "Por medio del cual
se establecen medidas de seguridad y convivencia en los colegios de Bogotá a
través de la instalación de cámaras de video", el Concejo de Bogotá
consideró la necesidad de instalar cámaras de vigilancia en el
interior (principales corredores y áreas comunes) y exterior de las
instituciones educativas, para reducir los índices de maltratos emocionales,
acoso sexual, robos, venta de estupefacientes y agresiones personales. En este
sentido, la instalación de cámaras de video en los colegios públicos, se pensó
como una estrategia para permitir identificar hechos de violencia, así como a
personas ajenas a la población educativa que promovieran conductas contrarias a
la ley, o de estudiantes que no entran a clase o que salgan sin autorización. En
las consideraciones se estableció que “es importante dejar claro que las Cámaras
no serán ubicadas dentro de las aulas donde reciben clases los estudiantes
sino, en aquellos lugares como corredores, y áreas comunes destinadas para
deportes, para ello, cada plantel educativo deberá realizar un informe de los
lugares del colegio donde los jóvenes están expuestos a conductas delictivas
por parte de sus mismos compañeros”.
Actualmente en Bogotá se
implementa un plan piloto para instalar 607 cámaras de seguridad en 192 colegios de la ciudad
con el fin de disminuir los índices de violencia y controlar la venta
de estupefacientes en el interior de las
instituciones[89].
6.
Caso concreto.
6.1. En el presente caso, se
debate si la instalación de cámaras de vigilancia dentro de las aulas de clase
de un colegio, desconoce los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de
la personalidad de los alumnos, entre otros derechos que deben ser garantizados
tanto al estudiantado como a los mismos docentes, y si la situación se ve
agravada por la falta de consentimiento de los representantes estudiantiles frente
a la supuesta imposición de dicha medida.
6.2. De un lado, las directivas
del colegio argumentan que la instalación de cámaras desde 2008 responde a la
necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes y preservar las
instalaciones del instituto educativo que ha sido recientemente equipado con
aparatos y materiales requeridos para la educación de los alumnos. De otro
lado, los accionantes consideran que esas medidas son extremadamente lesivas
del derecho a la intimidad y del libre desarrollo de la personalidad de los
estudiantes.
6.3. Para resolver la cuestión
planteada, será necesario ponderar los derechos de los menores sujetos de
especial protección y titulares de derechos en un espacio que no es del todo
privado. La Corte ha establecido que cuando se presentan tensiones entre
derechos fundamentales, es necesario analizar las medidas restrictivas de los
derechos y libertades aplicando un juicio de proporcionalidad para establecer
si las medidas son razonables y proporcionadas[90].
Dicho juicio consiste, como lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia,
“en establecer si la medida limitativa persigue una finalidad constitucional,
si es idónea respecto del fin pretendido, si es necesaria por no existir
alternativa razonable menos limitativa de la libertad e igualmente eficaz y,
finalmente, si el sacrificio a la autonomía resulta adecuado y estrictamente
proporcional en relación con la finalidad pretendida.[91]”[92]. La
intensidad del juicio dependerá de la cercanía al núcleo esencial de los
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad.
6.4. Para establecer la
proporcionalidad de la medida adoptada, es importante determinar la intensidad
del juicio de proporcionalidad que se aplicará en este caso. La jurisprudencia
de la Corte ha señalado la existencia de tres niveles de intensidad en la
aplicación de dicho juicio,
“(I) Test leve, según el cual
basta con que la medida persiga un fin legítimo (o no prohibido por la
Constitución) y que resulte idónea para alcanzar el fin propuesto para que, en
principio, la misma supere el juicio de proporcionalidad.  De acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corte, tal es el estándar que, en principio, corresponde
aplicar cuando se enjuician medidas que versan exclusivamente sobre materias 1)
económicas, 2) tributarias o 3) de política internacional, sin que ello
signifique que el contenido de una norma conduzca inevitablemente a un test
leve; 4) cuando está de por medio una competencia específica definida por la Constitución
en cabeza de un órgano constitucional; 5) cuando se trata del análisis de una
normatividad preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente; y
6) cuando del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima
facie una amenaza para el derecho en cuestión. (II) Test intermedio, en el
cual ya no sólo se requiere que el fin sea legítimo sino además
constitucionalmente importante, en tanto la medida enjuiciada promueve
intereses públicos que gozan de protección constitucional.  Adicionalmente se
exige que el medio, no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente
a alcanzar el fin buscado por la norma sometida a control judicial y que la
medida no resulte evidentemente desproporcionada en términos del peso ponderado
del bien constitucional perseguido respecto del bien constitucional
sacrificado. Dicho estándar ha de aplicarse, según lo establecido por esta
Corte: 1) cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional
no fundamental, o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja
en la afectación grave de la libre competencia. (III) Test estricto, que
incorpora elementos especialmente exigentes.  Así, en este tipo de estándar no
sólo se exige que el fin de la medida sea legítimo e importante, sino además imperioso.
El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino
además necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio
alternativo menos lesivo. Adicionalmente, se incluye la aplicación
de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los
beneficios de adoptar la medida enjuiciada deben ser claramente superiores a
las restricciones que ella impone a los principios constitucionales afectados
con la misma.  De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, el test estricto
se aplica en los siguientes eventos:  1) cuando está de por medio una
clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de
prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la
Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en personas en
condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados,
sectores sin acceso efectivo a la toma  de decisiones o minorías insulares y
discretas; 3) cuando la medida prima facie afecta el goce de un derecho
constitucional fundamental; 4) cuando se examina una medida que crea un
privilegio”[93].
Teniendo en cuenta la
clasificación anteriormente reseñada sobre la intensidad de los juicios de
proporcionalidad, la Sala considera que en este caso debe aplicarse un test
estricto. En primer lugar, porque la instalación de cámaras de seguridad en los
colegios, puede afectar a estudiantes quienes son menores de edad, y por ende,
sujetos de especial protección constitucional. En segundo lugar, porque
eventualmente la medida estaría afectando los derechos fundamentales de los
alumnos en las instituciones educativas, no solo al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad, sino a todo el catálogo de libertades
fundamentales y derechos expuestos en acápites anteriores. Por lo anterior, se
exige un juicio de esta naturaleza debido a la relevancia
constitucional de los valores que estarían amenazados con la medida objeto de
análisis.
6.6. Con relación a la
instalación de las cámaras de vigilancia en el interior de las aulas la Sala
hace las siguientes consideraciones.
1) Como se ha ilustrado a lo
largo de esta providencia, la instalación de cámaras de vigilancia responde a
las necesidades de seguridad que puedan requerirse en todo tipo de espacios. En
el caso particular de la Institución Educativa Amelia Perdomo García de
Yaguara, se aducen como razones para la implementación de esta medida las
quejas de los estudiantes respecto de los hurtos que ocurren dentro del
colegio, la insuficiencia de la celaduría por no cubrir todos los días de la
semana ni las horas de 6 a.m. a 6 p.m., la existencia de bibliobancos, CPU,
videobeen, televisor de 58 pulgadas, que serán próximamente complementados con
nuevos materiales para crear aulas virtuales completas y básicas[94].  De lo
anterior se desprende claramente que la finalidad perseguida con esta medida es
constitucional porque se orienta tanto a garantizar la seguridad de los
estudiantes, como de los equipos e instalaciones del colegio.
2) Asimismo la medida parece idónea
porque sirve para la consecución del fin buscado. En efecto, por medio de las
cámaras es posible no solo disuadir a los estudiantes a cometer infracciones
contra la ley y el reglamento, sino que también se permite identificar a
quienes lo desconozcan. Igualmente, por medio de las cámaras es posible
mantener vigiladas las áreas en las que se encuentran los equipos que sirven a
los docentes en el proceso de enseñanza, tales como la televisión, los
computadores y el videobeen. Sin duda no se trata de una medida
contraproducente o que no aporte a la solución del problema. Sin embargo no hay
muchos estudios que sustenten, más allá de la percepción de la gente, la real
disminución de la violencia y los hechos delictivos como consecuencia de la
instalación de cámaras de seguridad[95].
3) Sin embargo, surgen dudas
sobre si existen otros mecanismos menos lesivos para lograr el fin señalado con
una eficacia similar a la de la instalación de las cámaras. En efecto, se
podría pensar en otros mecanismos para salvaguardar la seguridad de los
educandos y de las instalaciones. Tratándose de un contexto de formación, es
natural propiciar a través de procesos educativos, la importancia del respeto y
de la tolerancia. Teniendo en cuenta que los colegios son lugares de
aprendizaje de ciudadanía, este tipo de políticas en el mediano y largo plazo
contribuyen a la formación de personas responsables y concientes en todos los
ámbitos y no solo en los colegios. Asimismo conviene tener en cuenta que es
responsabilidad de los docentes y del personal de la institución, mantener el orden
y estar atentos a las conductas que infrinjan la ley y el reglamento del
colegio por parte de los alumnos. Igualmente podría pensarse en contratar una
celaduría permanente para evitar hurtos y daños a los materiales y demás
elementos de la institución. Incluso la misma existencia de cámaras en
corredores y sitios comunes de los colegios, se constituye en una medida
alternativa para mantener el orden y la seguridad tanto de los estudiantes,
como de los equipos del colegio. Por consiguiente, la instalación de cámaras no
sería el único mecanismo efectivo para mantener la disciplina y evitar la
violencia entre los alumnos, o los daños al establecimiento.
4) Sin embargo, para tener mayor
claridad sobre la proporcionalidad de la medida, es preciso evaluar si en aras
de la salvaguarda de la seguridad en el colegio, se estén sacrificando más de
la cuenta los derechos que se ven afectados con la medida.
En este sentido, la Sala
considera que la presencia de cámaras implica un sacrificio desproporcionado
para los alumnos en relación, no solo a la intimidad y el libre desarrollo de
la personalidad, sino a todo el abanico de derechos y libertades individuales
que se ejercen en dichos espacios. En efecto, como se mencionó anteriormente, las
aulas de clase son espacios semi-privados en los que los estudiantes
transcurren su jornada desarrollando rutinas de aprendizaje y socialización que
pueden verse inhibidas por la presencia de las cámaras de video, lo cual
claramente limita su libre desarrollo de la personalidad. En este orden de
ideas, otras libertades como la de expresión, pueden verse afectadas si los
estudiantes temen participar en la clase creyendo que lo que dicen o piensan
pueda ser utilizado en su contra, o que cualquier acción que realizan será
grabada para luego sancionarlos. Incluso el debido proceso podría verse violado
si la información es utilizada, no solo para salvaguardar la seguridad de
estudiantes y de la institución, sino también para reprimir otro tipo de
conductas, o para comprobar, por ejemplo, que un estudiante copió durante un
examen, o que no prestaba suficiente atención al profesor. Igualmente los
profesores pueden ver coartada su libertad de cátedra al sentirse
constantemente observados, y esta situación amenazaría su derecho a dirigir la
formación de los alumnos.
Es importante señalar que la
capacidad de autodeterminarse y de desarrollarse plenamente como ser humano,
solamente se propicia en ciertas condiciones. El libre desarrollo de la
personalidad y de las potencialidades individuales requiere, en ocasiones,
estar exenta de la observación y censura ajena. En este sentido “la
presencia de una vigilancia no deseada disuade de realizar todo aquello que el
individuo quisiera hacer fuera del alcance de la percepción ajena y por
consiguiente recorta la autonomía en la determinación de su obrar”[96].
De este modo, la autodeterminación en el espacio de convivencia que representa
el aula de clase, exige que los estudiantes se sientan confiados para intervenir
y participar en el proceso de formación y aprendizaje.
Adicionalmente, los riesgos de
la utilización de estos mecanismos, consisten entre otros, en la intervención o
injerencia sobre comportamientos que no constituyen delito o infracción al reglamento
del colegio generalizando el control social dentro del las aulas, hasta generar
una verdadera “panoptización” de la misma, en la imposición de cierta idea de
lo que representa un comportamiento correcto en todos los sentidos y en la
promoción de un ambiente en el que se inhiben todas las expresiones y
manifestaciones típicas de los contextos escolares.  A lo anterior se suma el
peligro relativo a la conservación y utilización de la información obtenida a
través de las cámaras de vigilancia.
Por lo anterior, se considera
que la instalación de cámaras de vigilancia dentro de las clases invade de
manera irrazonable y desproporcionada los derechos y libertades que se ejercen
en el interior de las aulas al reprimir conductas que no necesariamente se constituyen
en infracciones e inhibiendo relaciones y procesos propios de estos espacios
educativos.
6.7. Con respecto al argumento de las accionantes en el
sentido de que la instalación de las cámaras no fue aprobada por el Consejo
Estudiantil, la Sala encuentra que no hay claridad sobre si la instalación de
cámaras fue o no solicitada y aprobada por los representantes, ya que en el
acta  n. 05 de 2010 solo aparece citada “en varios” una referencia a las
cámaras. Sin embargo, independientemente de la aprobación o no de esta medida
por parte de los estudiantes, es claro que esta no supera el juicio de
proporcionalidad y se constituye en violatoria de los derechos fundamentales de
estudiantes y profesores.
Conclusión
La Corte siempre ha reconocido la función correctiva de los
docentes y directivos de las instituciones educativas, pero también ha
considerado que esa competencia no puede desbordar la verdadera misión del
educador contrariando los principios constitucionales y desconociendo los
derechos fundamentales de los alumnos. Como lo establece la Ley general de educación en sus artículos 91 y 92,
el educando es el centro del proceso educativo y su formación debe promover el
pleno desarrollo de su personalidad, no solamente a través del acceso al
conocimiento sino también mediante la educación en valores éticos, morales y
ciudadanos que contribuyan al desarrollo socio-económico del país. Por su
parte, los educadores son quienes orientan dicho proceso de formación,
enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, cuyo fin es
precisamente el de prestar el servicio público de educación.
Cuando los individuos se
relacionan entre si en determinados entornos sociales, de alguna manera
renuncian a mantener en reserva algunos aspectos de su personalidad o
informaciones que les conciernen. En estos espacios, las personas comparten
algunos intereses o conforman una comunidad que tiene una finalidad, y en estos
ámbitos la injerencia de terceros puede inhibir la realización de las
actividades de sus integrantes. Pero si bien la protección de estos ambientes
es más flexible que la que se garantiza al individuo en su ámbito privado, o a
la familia, en estos contextos sociales, también se requiere evitar la
injerencia de personas extrañas. Entonces, incluso en entornos sociales, los
individuos no pierden su derecho a la intimidad y es posible ampararlo frente a
las intromisiones injustificadas de terceros.
Por esta razón la Sala considera
que, si bien la seguridad de las instituciones educativas es un objetivo
legítimo, las medidas de vigilancia en el interior de las aulas de clase a
través de las cámaras pueden representar una violación de la intimidad y de las
libertades individuales de los educandos y de los docentes.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- Revocar la
sentencia del 22 de noviembre de 2011 del Juzgado primero Penal del Circuito
con función de conocimiento del distrito judicial de Neiva.
SEGUNDO.- En consecuencia, amparar los derechos a la
intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes de la
Institución Educativa Amelia Perdomo García de Yaguara removiendo las cámaras
de seguridad instaladas dentro de las aulas de clase.
TERCERO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
ADRIANA GUILLÉN
ARANGO       GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
Magistrada
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-407/12
Referencia: expediente T-3.348.314
Acción de tutela instaurada por
Esperanza Tovar Hernández y Rosa Delia Tovar Valbuena en representación de sus
menores hijos contra la rectora de la Institución Educativa “Amelia Perdomo
García”, del Municipio de Yaguará – Huila.
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Mi salvamento de voto a la decisión mayoritaria obedece a
las siguientes razones:
En el caso examinado se dilucida si las cámaras de
vigilancia, instaladas  por razones de seguridad, -robo de objetos personales y
útiles escolares-, en las aulas de la Institución Educativa  “Amelia Perdomo
García” del Municipio de Yaguará – Huila, afectan los derechos fundamentales al
libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de los menores alumnos.
Al hacer una ponderación entre estos derechos, la sentencia
concluye que si bien la medida es constitucional, porque se orienta a
garantizar tanto la seguridad de los estudiantes como de los equipos
electrónicos de trabajo, y parece idónea, porque con la instalación de las
cámaras es posible disuadir a los estudiantes de cometer infracciones en cuanto
que con ellas se facilita la identificación de los responsables, existen otros
mecanismos menos lesivos de las aludidas garantías fundamentales para alcanzar
esos fines.  Relaciona como ejemplo de tales mecanismos (i) la existencia de
procesos educativos para concientizar a los alumnos sobre la importancia del
respeto y la tolerancia, (ii) la implementación de tareas para resaltar la
responsabilidad tanto de los docentes como del personal de la institución,
orientadas a mantener el orden y a estar a atentos a la ocurrencia de
comportamientos lesivos de la ley y los reglamentos, (iii) la contratación de
una celaduría permanente para evitar hurtos y daños materiales a elementos de
la institución, e incluso (iv) la existencia de cámaras en corredores y sitios
comunes de los colegios.  Por ello concluye que deben retirarse las cámaras de
vigilancia de los salones de clases.
El anterior ejercicio, antes de realizar un juicio de
proporcionalidad entre las garantías en contienda, extremó la protección de los
derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y de las
libertades individuales de los educandos,  inadvirtiendo la regla de
interpretación “Pro infans” según la cual es deber ineludible amparar a
los menores de cualquier abuso o conducta lesiva que afecte su desarrollo
armónico e integral, que en el caso concreto debe observarse a través de la
aplicación del principio de la armonización concreta de derechos.
Los fundamentos fácticos de la demanda y su contestación
dan cuenta de continuos hurtos en la institución educativa con tendencia a
incrementarse y de que en los salones de clase los menores estudiantes también
han visto desaparecer sus objetos personales y los útiles escolares, lo que
incide negativamente en su formación integral y en su seguridad, más aún cuando
en las aulas se cuenta igualmente con una serie de equipos necesarios para
impartir la exigida educación de calidad.
Por lo demás, no puede perderse de vista que últimamente se
han puesto en boga comportamientos de intimidación, acoso u hostigamiento
escolar, conocidos con el nombre de “matoneo” o “bullying”, cuya
forma más común es el robo, del cual son víctimas tanto los estudiantes como los
docentes, que ven comprometida su seguridad, concebida como componente
necesario para lograr una vida digna.  Se trata de una nueva generación que
requiere de renovadas y avanzadas estrategias para prevenir la afectación de
sus derechos fundamentales y garantizar su protección.
Los medios de comunicación, las fundaciones universitarias,
las asociaciones médicas, y la sociedad en general informan con asiduidad
sobre las reprochables consecuencias del matoneo.
Caracol Radio informó que en Colombia 1 de cada 5 niños es
víctima de matoneo.  Así lo concluyó de la aseveración realizada por la
Fundación Universitaria de Ciencias de la salud en el sentido de que el 20% de
los niños en el país son víctima de esta problemática de intimidación escolar.
La Directora del ICBF sostuvo que la entidad adelanta más
de 100 procesos de restitución de derechos a niños que han resultado afectados
por esta intimidación silenciosa.
El Diario El Tiempo destacó la adopción de decisiones
judiciales dirigidas a determinar la situación académica y de convivencia de
una menor afectada por un supuesto caso de matoneo escolar de un profesor a sus
alumnos.  También dio cuenta de matoneo a docentes de colegios públicos y
privados, así como de la existencia de investigaciones para establecer si el
matoneo escolar motivó el suicidio de una menor.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Psiquiatría ha
señalado que el matoneo debe enfrentarse con políticas de fomento de la
convivencia promovidas por directivas estudiantiles, los estudiantes y sus
familiares.
No faltan titulares de prensa que aseguran que el robo es
la forma más común del matoneo en los colegios en Colombia.
Este reflejo de la cruda realidad pone de presente que las
medidas recomendadas en el fallo, como menos invasivas de los derechos
amparados, no resultan suficientes, por sí solas, para prevenir, tratar, y
conjurar toda la problemática planteada, siendo adecuado el auxilio que prestan
las cámaras de vigilancia, incluso en los salones de clase y aún en momentos en
que los estudiantes no estén en él, oportunidad en la cual pueden acceder a
ellos otras personas, con propósitos proclives, sabedores que serían los únicos
lugares desprovistos de vigilancia.
Ahora bien, ante la preocupación de afectar igualmente los
derechos fundamentales a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad,
con la instalación de cámaras de vigilancia en las aulas de clase, la
ponderación de los mismos en un entorno de armonización con el derecho a la
seguridad de los estudiantes, docentes y demás personal de dirección del
plantel educativo, permitiría concertar el no funcionamiento de las mismas durante
el desarrollo de asignaturas relacionadas con asuntos religiosos, políticos,
sexuales, etc., donde es más exigente el respeto a la intimidad y a los
derechos de libertad, pero no desmontarlas totalmente, pues aun bajo la
perspectiva de la decisión de mayoría bien podrían funcionar fuera de las horas
de clases, como medida de seguridad frente a las contingencias indicadas.
Por último advierto que las afectaciones a los derechos de
los niños, por la presencia de las cámaras de vigilancia en los salones de
clase, que en gran medida justifican la decisión de mayoría, no se respaldan en
estudios científicos que hayan abordado el tema con rigor y que, por lo mismo,
ameriten acoger sus consideraciones o conclusiones.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
Acción de tutela presentada  el 2 de noviembre de 2011
[2]
Sentencia proferida el 22 de noviembre de 2011 (Folios 50 a 54 del cuaderno principal)
[3]
En Auto del 31 de enero de 2012 de la Sala de Selección de Tutela Número Uno de
la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión
y se procedió a su reparto.
[4]
La Corte ha abordado en innumerables sentencias lo privado y lo público como
una esfera individual o colectiva. En esta ocasión, se tiene en cuenta esta
jurisprudencia, pero el debate se focaliza en la descripción de los espacios
físicos como tales, en los cuales las personas ejercen diferentes tipos de
derechos.
[5]
T-895 de 2010, C-765 de 2006, SU-360 de 1999, T-508 de 1992, T-551 de 1992,
entre muchas otras.
[6]
Estos elementos se encuentran descritos en el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, complementados con comentarios doctrinales y jurisprudenciales.
[7]
Corte Constitucional. Sentencia T-508 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz.
[8]
Ley de 1989. Artículo 5º.
[9]
Ver Miguel Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[10]
SU-360 de 1999
[11]
T-228 de 1995
[12] Don Mitchell. “The End of Public Space?
People's Park, Definitions of the Public, and Democracy”. DOI:
10.1111/j.1467-8306.1995.tb01797.xa. Páginas 108-133, Dec 2010
[13]
Obviamente, el libre acceso para quienes eran considerados ciudadanos
[14] Op. Cit Mitchell
[15] C-505 de 1999, C-024 de 1994
[16]
C-181 de 1997
[17]
C-041 de 1994
[18]
C-505 de 1999
[19]
Ibidem
[20]
Ibídem
[21]
Antonio Enrique Pérez Luño. El derecho a la intimidad. En: Constitución y
derechos fundamentales. Ministerio de la Presidencia. Secretaría general técnica, Centro de estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid , 2004, p. 639 y ss
[22]
T-787 de 2004. En sentido similar, esta sentencia señaló: “Desde esta
perspectiva, el concepto de ‘privacidad’ o ‘de lo privado’, corresponde a los
asuntos que en principio tocan exclusivamente con los intereses propios y
específicos de la persona humana, sin que afecten o se refieran a los demás
miembros de la colectividad; razón por la cual, sobre estos asuntos la sociedad
a través del ordenamiento jurídico, no le exige o le impone a las personas el
deber de informar o comunicar. Desde esta perspectiva, a contrario sensu, si
alguna materia es considerada por el derecho de importancia o relevancia
pública, su naturaleza se transforma de un asunto íntimo a una cuestión
socialmente catalogada como común o general”.
[23]
Rojas Gómez, Miguel Enrique. “Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción
en la intimidad”. Tesis doctoral. Universidad Externado de Colombia, Agosto
2011
[24]
Derecho reconocido a nivel internacional en numerosos instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 12), Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 17 num. 1), Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño (art. 16), Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes
del Hombre (art. 5, 9 y 10), Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.
Art. 11 num. 2). Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (art. 8 num. 1), Declaración de los derechos y
libertades fundamentales (art. 6 num. 2), entre otros.
[25]
Ibídem
[26] La sentencia T-552 de 1997, estableció al respecto
que: “El derecho a la intimidad implica la facultad de exigir de los demás
el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es
resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas
conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el
que no caben legítimamente las intromisiones externas. Algunos tratadistas han
definido este derecho como el ‘control sobre la información que nos concierne’
(“Estudios sobre el derecho a la intimidad”. Editorial Tecnos. Madrid 1982.
Pág. 17); otros, como el ‘control sobre cuándo y quién puede percibir
diferentes aspectos de nuestra persona’.
[27]Op.
Cit Rojas Gómez
[28]
C-640 de 2010
[29]
Sentencia T-414 de 1992
[30]
Sentencia T-414 de 1992
[31]
C-640 de 2010
[32]
T-696 de 1996, T-169 de 2000 y T-1233 de 2001
[33]
T-517 de 1998
[34]
Al respecto, la sentencia T-414 de 1992, indicó que sólo: “puede ser objeto
de limitaciones” o de interferencias “en guarda de un verdadero interés
general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1o. de la Constitución"
[35]
C-640 de 2010, T-787 de 2004
[36]
C-640 de 2010 , T-287 de 2004, T-430 de 1992:  “La existencia del núcleo
esencial de dicho derecho, exige que existan espacios medulares en donde la
personalidad de los sujetos pueda extenderse en plena libertad, pues deben
encontrarse excluidos del dominio público. En aquellos espacios la garantía de
no ser observado (el derecho a ser dejado sólo) y de poder guardar silencio, se
convierten en los pilares esenciales que permiten asegurar el goce efectivo del
derecho a la intimidad”
[37]
T-530 de 1992: Se afirmó también que la intimidad es “el espacio intangible,
inmune a las intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser
forzado a escuchar o a ser lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho
a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto.”
[38] En la sentencia T-611 de 1992, la Corte expresó: “La persona no puede estar sujeta de modo permanente a la observación y a la injerencia de sus
congéneres. Inclusive tiene derecho a reclamar de sus propios familiares, aún
los más allegados, el respeto a su soledad en ciertos momentos,
la inviolabilidad de sus documentos personales y de su correspondencia, así
como la mínima consideración respecto de problemas y circunstancias que desea
mantener en reserva. Si ello ocurre en el interior de la familia,
dentro de la cual se presume que existe la máxima expresión de confianza, tanto
más se explica y justifica éste derecho en cuanto alude a personas extrañas a
esa unidad aunque sean conocidas o existan respecto de ellas relaciones de
amistad, compañerismo, subordinación o superioridad y con mucho mayor
fundamento si se trata de conglomerados, aunque sean reducidos (vgr. colegio,
universidad, empresa, barrio) y con mayor razón frente a comunidades de grandes
dimensiones (vgr. pueblo, departamento, país)”.
[39]
T-787 de 2004,  T-066 de 1998
[40]
Ibídem
[41]
Ibídem
[42]
Ibídem: “Dichos grados de privacidad comprenden todo aquello relativo a la
intimidad de las personas como son sus relaciones familiares, costumbres,
prácticas sexuales, salud, domicilio, comunicaciones personales, los espacios
para la utilización de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los
secretos profesionales y todo comportamiento del sujeto que únicamente puede
llegar al conocimiento de otros, siempre y cuando el mismo individuo decida
relevar autónomamente su acceso al público”.
[43]
T-768 de 2008
[44] Josefina Quintero Corzo, Raúl Ancízar Munévar
Molina, Juan Carlos Yepes Ocampo. Aula Investigativa: un espacio para construir saber pedagógico. Universidad de Caldas,
Manizales-Colombia. http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/no26/Aula/Aula.htm.
[45]
Ortega y colaboradores (1998) La convivencia escolar: Que es y cómo abordarla.
España: Consejería de Educación y Ciencia
[46]
Op. Cit. Quintero, Ancízar y Yepes
[47]
Guzman, B., Graciela y S. Pilar Jiménez, "El aula: espacio de
interrelación de quehaceres y finalidades educativas", en: El aula
universitaria, UNAM, México, 1991.
[48]
Mtra. María Juana Berra
Bortolotti y Mtro. Rafael Dueñas Fernández. Facultad de Psicología-BUAP. Centro
Escolar Lic. Miguel Alemán. Convivencia escolar y habilidades sociales. REVISTA
CIENTÍFICA ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA ICSa-UAEH, No. 7. http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/12_-_No._7.pdf
[49]
Ver también Ley
1098 de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia art. 17, 28, 29, 39, 43 y 45
[50]
T-101 de 1998
[51]
T-015 de 1994
[52]
T-118 de 1993
[53] Alison
Lima. “Shedding first amendment rights at the classroom door?:
The effects of Garcetti and Mayer on education in public schools”. En: George
Mason Law Review, Fall, 2008 16 Geo. Mason L. Rev. 173
[54]
T-532 de 1992
[55]
T-435 de 2002
[56] T-124 de 1998
[57]
SU-642 de 1998
[58]
T-532 de 1992 ver también, entre muchas otras, T-429 de 1994, T-124 de 1998, C-309
de1997
[59] T-429 de 1994
[60]
T-065 de 1993, T-118 de 1993, T-377 de 1995, T-476 de 1995,  T-248 de 1996;
T-366
de 1997, T-633/97, T-636 de 1997
[62]
T-124 de 1998, SU-642 de 1998
[63]
T-435 de 2002
[64]
Ver decisión en el mismo sentido de la anotada sentencia en un caso similar, en
la sentencia T-272 de 2001
[65]
También reconocida en varios tratados internacionales obligatorios para
Colombia por ejemplo, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y el 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[66]
SU-667/98 MP. José Gregorio Hernández Galindo, al referirse a la libertad de
expresión manifestó que “el derecho a expresar con libertad el propio
pensamiento, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias tiene el
carácter de fundamental en cuanto de él es titular toda persona, sin ningún
tipo de discriminaciones, a partir del reconocimiento que hace el orden
jurídico sobre su íntima vinculación a la esencia misma del ser humano, la
naturaleza racional de éste y su inserción, también natural, en la
sociedad...”.
[67]
T-391 de 2007
[68]
Ibídem
[69]
Ibídem
[70]
T-749 de 2003
[71]
Op. Cit., Lima
[72]
Décision n° 2010-613 DC du 07 octobre 2010. La única reserva se hizo en relación con la utilización
del velo en los lugares de culto: "que
l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait
restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts
au public"
[73]
T-266 de 2006
[74]
T-402 de 1992
[75] En dicho fallo se reiteró la sentencia T-391 de 2003, la cual estableció que es
fundamental que tanto los reglamentos como los manuales de convivencia de las
instituciones educativas garanticen los presupuestos necesarios del debido
proceso.
[76]
T-780 de 1999.
[77]
T-266 de 2006
[78] T-535 de 2003
[79]
T-493 de 1992
[80]
T-588 de 1998
[81] El informe
contiene un análisis general de las estadísticas descriptivas que  resultaron
de esta encuesta luego de su expansión por el DANE a la población escolar total
matriculada en los grados considerados por el estudio (826.455 estudiantes) en
los planteles escolares de Bogotá y municipios aledaños. Bogotá, diciembre 2006
[82] Natalia
Melgarejo Caicedo, Adriana Ramírez Forero. Trabajo de grado para optar por el
título de PSICÓLOGAS. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales,
Departamento de Psicología. “Exposición a la violencia, competencias ciudadanas
y agresión: contribuciones específicas y combinadas de los barrios, escuelas y
familias. Un estudio con estudiantes bogotanos de quinto a once grado”
[83]
Von Hirsch, Andrew. “Cuestiones éticas en torno a la vigilancia en espacios
públicos mediante cámaras de televisión”. En: InDret Revista para el
análisis del derecho. Barcelona, Octubre de 2007. www.indret.com
[84]
Cerezo Dominguez, Ana Isabel y Díez Ripollés, José. Videocámaras y prevención
de la delincuencia en lugares públicos. Análisis jurídico y criminológico.
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y Tirant lo blanch. Valencia, 2011
[85] Ann Cavoukian, Pd. D. Commissioner. Guidelines for the use of video
surveillance Camaras in public places. Information and Privacy
Commissioner of Ontario. September, 2007
[86]
Ley de Protección de Datos  de Carácter Personal
15/1999.(LOPD 15/99)
[87]
Op. Cit Cerezo Dominguez y Díez Ripollés
[88]
Commission de protection de la vie privée. Les caméras de surveilance et notre
vie privée. http://www.privacycommission.be/fr/in_practice/camera/
[89]
http://www.elespectador.com/articulo-224622-192-colegios-de-bogota-se-instalaran-607-camaras-de-seguridad
[90] C-720 de 2007: “Según el principio de proporcionalidad, una
restricción de los derechos fundamentales podrá considerarse
constitucionalmente aceptable siempre y cuando no vulnere una garantía
constitucional específica (como por ejemplo la prohibición de la pena de muerte
o el derecho a una defensa técnica en materia penal) y supere el test o juicio
de proporcionalidad. Este juicio quedará superado cuando: 1) tal restricción
persiga un fin constitucionalmente legítimo; 2) constituya un medio idóneo para
alcanzarlo; 3) sea necesaria, al no existir otro medio menos lesivo y que
presente una eficacia similar para alcanzar el fin propuesto; 4) exista
proporcionalidad entre los costos y los beneficios constitucionales que se
obtienen con la medida enjuiciada”.
[91]
Véanse las sentencias C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero);
T-067/98 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[92]
T-517 de 1998
[93]
C-673 de 2001, C-720 de 2007
[94]
Contestación de la acción de tutela contenida en el Folio 34 del Cuaderno
principal
[95]
Op. Cit Cerezo Domínguez y Díez Ripollés. El resultado del estudio de la
instalación de cámaras en algunas calles de Málaga, concluyó que éstas no
contribuyeron a reducir notablemente la actividad delictiva. Según los datos de
la Policía la reducción fue de 1.9%, y de la encuesta a ciudadanos el
decremento fue del 3.6%. Al parecer ocurrió un fenómeno de desplazamiento de la
delincuencia hacia calles no vigiladas por las cámaras
[96]
Op. Cit Rojas Gómez