T-419-19
Sentencia T-419/19
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Caso en que se niega inscripción en el RUV como víctima del delito
contra la libertad y la integridad sexual, en desarrollo del conflicto armado
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Inscripción en el Registro Único de Víctimas como derecho
fundamental de la población desplazada al reconocimiento de su especial
condición
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
VICTIMAS-Finalidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
Y LA MOTIVACION DE LOS ACTOS QUE RESUELVEN SOLICITUDES DE INCLUSION EN EL RUV
La Corte
considera que las decisiones sobre solicitudes de inclusión en el RUV deben ser
motivadas por expresa disposición del Decreto compilador 1084 de 2015 y que
este deber, en esos casos, implica que el funcionario no se limite a negar la
pretensión de la persona por la mera valoración de la declaración realizada
para la inscripción, sino que su determinación encuentre sustento en material
probatorio suficiente.
RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY-Jurisprudencia constitucional
La
Constitución y varios instrumentos internacionales establecen obligaciones para
la prevención y protección del reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes. La jurisprudencia de la Corte Constitucional advierte que no se
conoce exactamente la dimensión del enlistamiento de menores por parte de los
grupos armados organizados al margen de la ley, lo que se explica por la falta
de denuncia y reporte de este delito. Este Tribunal también destacó que las
víctimas de reclutamiento forzado provienen de sectores sociales pobres,
analfabetas y rurales, su  enlistamiento se da por razones de tipo económico,
social, cultural, político, psicológico o emocional y que este hecho afecta
directamente los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a la
integridad personal, a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la expresión, a la educación, a la salud, a la familia y a la
recreación.
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN
EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO-Ámbito de
protección en la jurisprudencia constitucional
Esta
Corporación ha reconocido que existen problemas para que las mujeres denuncien
y pongan en conocimiento los delitos que atentan contra la libertad e
integridad sexual, lo que ocurre, entre otras cosas, por desconfianza de las
víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia, el miedo, porque son
objeto de amenazas, el sentimiento de vergüenza, la estigmatización, la
inexistencia de sistemas oficiales de atención a las víctimas, la falta de
acercamiento y acompañamiento institucional y la deficiencia en la formación de
funcionarios públicos para que entiendan el manejo y el acompañamiento
necesario en la atención de las víctimas de violencia sexual.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
VICTIMAS-Orden a la UARIV incluir a accionante en el RUV, como víctima de
violencia en desarrollo del conflicto armado
Referencia:
Expediente T-7.268.208
Acción de tutela
interpuesta por Valentina contra la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., once
(11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos
y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo proferido el 18 de enero de 2019 por el Juzgado Tercero de Familia
del Circuito de Villavicencio (Meta), dentro de la acción de tutela promovida
por Valentina contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la
Sala de Selección Número Cuatro mediante auto del 10 de abril de 2019, notificado
el 2 de mayo del mismo año.[1]
I.
ANTECEDENTES
Aclaración preliminar
La presente acción de tutela fue presentada
por una persona que solicita la protección de sus derechos fundamentales ya que
asegura ser víctima de la violencia por los hechos victimizantes de reclutamiento forzado y abuso sexual. En
aras de proteger su privacidad e intimidad, esta Sala suprimirá los datos que
permitan su identificación. Con tal finalidad su nombre y los de sus familiares
serán remplazados por unos ficticios que se escribirán en letra cursiva.
La anterior decisión se adopta conforme a lo dispuesto en el
artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015, por medio del cual se unifica y
actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional[2] y el numeral 1
del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos
artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en
especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan
otras disposiciones.[3]
Solicitud
La señora Valentina, quien actúa en
nombre propio, interpuso
acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y a la vivienda digna en su
condición de víctima del conflicto armado, presuntamente vulnerados por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, entidad que le negó la inscripción en el RUV y no reconoció los
hechos victimizantes que declaró.
La accionante puso en conocimiento de la entidad demandada que en el
año 1999 fue abusada sexualmente por miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia en el municipio de Tibú (Norte de Santander). También declaró que, en
el año 2001 fue reclutada de manera forzada por el mismo grupo
armado organizado al margen de la ley a sus 14
años de edad. Por su parte, la UARIV negó la inscripción en el RUV y el
reconocimiento de los hechos victimizantes bajo el argumento que la
peticionaria se desvinculó de las Autodefensas Unidas
de Colombia cuando era mayor de edad, de manera que no se cumplía lo dispuesto el
parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. A continuación, se exponen
los antecedentes de la acción de tutela:
1.  Hechos
1.1.    La señora Valentina nació el 12 de abril de 1987 en el
municipio de Tame (Arauca), por lo que actualmente tiene 32 años de edad.[4]
1.2.    La accionante manifestó que el 19 de agosto de 1999 residía con su
mamá y su hermana en la finca llamada “El alto de las águilas”, ubicada
en la vereda “Los Cocos” del municipio de Tibú (Norte de Santander).
Añadió que ese día fueron abordadas por miembros de las “Autodefensas
campesinas Córdobas de Urabá” quienes abusaron sexualmente de ellas.
1.3.    La actora aseguró que el 9 de agosto de 2001 regresaba a su casa con
una amiga y fueron abordadas por miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia, quienes las subieron a una camioneta y las reclutaron
de manera forzada.
1.4.    Resaltó que no pudo escapar o desmovilizarse porque quienes optaban
por esa salida en el grupo organizado al margen de la ley eran asesinados y que
su mamá no denunció el reclutamiento forzado debido a que fue amenazada.
1.5.    Expuso que su permanencia en las filas de las Autodefensas Unidas de
Colombia se extendió hasta el 5 de diciembre de 2005 y que salir de esta
situación fue posible dado el proceso de desmovilización del grupo armado
organizado al margen de la ley.
1.6.    El 18 de abril de 2018, la señora Valentina
rindió declaración ante la Defensoría de
Villavicencio para ser incluida en el Registro Único de Víctimas en los
términos del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.[5]
La accionante relató en la diligencia que había sido abusada sexualmente y
reclutada por miembros de las AUC de la siguiente manera:
“Eso fue el 19 de
agosto de 1999, cuando pasaron por la casa varios (grupo armado), no sé
cuántos, pero a la casa entraron cinco hombres armados, golpearon a mi mamá.
Ese día acabábamos de llegar del colegio con mi hermana, nos encerraron a las
tres en una pieza, golpearon a mi mamá porque ella les pedía que no nos
hicieran daño, que nosotras éramos unas niñas, le pegaban (…). Recuerdo que el
día 9 de agosto de 2001, cuando regresaba a la casa, llegaron tres manes en una
camioneta negra, yo iba con una amiga y a las dos nos alzaron y nos subieron a
la camioneta, menos mal que mi hermanita no había llegado de la escuela y si no
nos alzan a las dos. Ese día estaba mi mamá en la casa y esos hombres le
dijeron que no fuera a decir nada porque si ella hablaba, nos mataban porque ya
sabían a dónde quedaba la casa. Ese día me reclutaron con mi amiguita del
colegio los (grupos armados) yo tenía 14 años y ese mismo día nos llevaron para
Puerto Berrío Antioquia, allá me pusieron a un volteo terrible, recuerdo que
lloraba y ellos me decían ‘(…)’. Ellos me tuvieron hasta el día 05 de diciembre
del año 2005 que se (…), porque allá no podíamos pedir la baja porque nos
mataban. Mi mamá no denunció cuando me reclutaron, porque le daba miedo, temor
a que esos hombres vinieran y la mataran o se llevara a mis hermanos, pobrecita
mi mamá sufrió mucho por todo lo que nos pasó y cuando me reclutaron ya mi mamá
era madre cabeza de hogar, era sola para todo”.[6]
Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de
mayo de 2018
1.7.    Mediante Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas se pronunció sobre la solicitud de inscripción en el Registro Único de
Víctimas de la señora Valentina.
1.7.1.Inicialmente, en la resolución se expuso que la señora Valentina
no había rendido declaración sobre los hechos victimizantes dentro del término
establecido para tal efecto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
1.7.2.Dicho esto, la UARIV expuso las condiciones de vulnerabilidad
psicosocial de las mujeres víctimas de hechos que atentan contra su vida,
dignidad e integridad personal. La entidad se refirió al auto 009 de 2015[7] en el que la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia
T-025 de 2004 reconoció que las dificultades en la declaración
y denuncia de delitos se agudizan tratándose de casos de violencia
sexual y que los factores que influyen para que esto ocurra son: (i) la
desconfianza de las mujeres en la capacidad del Estado, así como (ii) la
prevalencia de factores socioculturales relacionados con la vergüenza y el
estigma social.
1.7.3.Dado que la señora Valentina manifestó que no había realizado
su declaración con anterioridad por miedo a que la asesinaran,[8] la UARIV encontró acreditada una circunstancia que permitía
subsanar la extemporaneidad de la declaración. En consecuencia, consideró que
procedía el análisis de los hechos victimizantes de (i) amenaza, hechos que
atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal y tortura,
ocurridos el 19 de agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra del
municipio de Tibú (Norte de Santander) y (ii) vinculación de niños, niñas y
adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados ocurrido el 9 de
agosto de 2001 en Villavicencio (Meta).
1.7.4.En la resolución se hace referencia al parágrafo 2 del artículo 3 de
la Ley 1448 de 2011 que delimita el concepto de víctima y dispone que “[l]os
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o
adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen
de la ley siendo menores de edad”. La entidad manifestó que en los
documentos anexos a la declaración “no se encontró alguno que dé cuenta que
la deponente se haya desvinculado siendo menor de edad”.[9]
1.7.5.La entidad señaló que el 28 de mayo de 2018, como parte de las
herramientas técnicas, consultó las bases de datos de la Procuraduría General
de la Nación y la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, indicó que en la Red
Nacional de información se consultó en el Sistema de Información de Reparación
Administrativa (SIRA), el Sistema de Información Víctimas de la Violencia
(SIV), en el Registro Único de Víctimas (RUV), en el Registro Único de
Población Desplazada y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
(ARN) y se encontró lo siguiente:
-
La señora Valentina se encuentra en el
Registro Único de Población Desplazada (RUPD). Declaración Nro. 199837 por “hecho
acaecido en el municipio de Tibú (Norte de Santander), el 29 de septiembre de
2000”.[10]
-
La señora Valentina se encuentra
relacionada en la base de datos de la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización (ARN) con código individual Nro. 20-01068, fecha de
desmovilización el 14 de diciembre de 2005.
1.7.6.En consecuencia, se negó la inscripción en el RUV pues, aunque la
accionante hacía parte de un grupo armado organizado al margen de la ley, su
desmovilización se presentó cuando era mayor de edad, de manera que no se
cumplía lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
Sobre el particular, la entidad manifestó lo siguiente:
“Finalmente,
teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la deponente, hacía parte del
grupo armado, por lo tanto, aunque la administración no desconoce las presuntas
afectaciones que pudo tener, no es posible RECONOCER los hechos victimizantes
declarados, ya que no cumple con los criterios establecidos en el parágrafo 2°
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, se aclara que la Agencia
para la Reincorporación y la Normalización (ARN), es la encargada de
implementar, diseñar y ejecutar los beneficios sociales, económicos y jurídicos
otorgados a la población desmovilizada de los grupos armados al margen de la
ley a los cuales podría acceder la deponente”.[11]
1.7.7.Así pues, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas decidió no incluir a Valentina en el
RUV y no reconocer los hechos victimizantes de amenaza; vinculación de niños,
niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, tortura y
hechos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal.
Recurso de reposición y en subsidio de
apelación
1.8.    El 18 de julio de 2018, la señora Valentina presentó recurso
de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nro. 2018-34360
del 28 de mayo de 2018.
1.9.    En el recurso advirtió que fue reclutada de manera forzada por las
Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque Central Bolívar – Pablo Emilio Guarín) cuando
era menor de edad y que no se desmovilizó del grupo armado antes de cumplir 18
años porque consideró que ponía en riesgo su vida y la de sus familiares.
1.9.1.Adujo que para ella es más importante que se le incluya en el RUV
por el hecho victimizante de violencia sexual. Expuso que esto ocurrió en el
año 1999, que fueron abusadas sexualmente su mamá, su hermana y ella, es una
situación que no ha podido superar y olvidar y debido a esto se desplazaron a
la ciudad de Villavicencio (Meta).
1.9.2.Añadió que luego de su desmovilización fue asesorada por la Agencia
Colombiana para la Reintegración pero nunca se le informó que podía declarar
como hecho victimizante el reclutamiento forzado.
1.9.3.Solicitó que se estudien todos los hechos victimizantes que declaró,
especialmente el de violencia sexual, se revoque la Resolución Nro. 2018-34360
del 28 de mayo de 2018 y se emita un nuevo acto administrativo mediante el cual
se le incluya en el RUV.
1.9.4.Como anexo del escrito de reposición y apelación se presentó la
declaración con fines extraprocesales rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio (Meta) por
la señora Helena, madre de la accionante. La deponente puso de presente
que el 19 de agosto de 1999 fueron abusadas sexualmente sus dos hijas, entre
las que se encuentra Valentina y ella por miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia. Indicó que luego de este hecho se trasladaron a
Villavicencio (Meta) debido a que fueron amenazadas de muerte. También señaló
que su hija Valentina fue reclutada por el Bloque Central Bolívar y que
no denunciaron ese hecho por las amenazas de las que fueron objeto.[12]
Resolución Nro. 2018-34360R del 31 de
julio de 2018 (Reposición)
1.10.   La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas confirmó la decisión de no
incluir a Valentina en el RUV a través de la Resolución Nro. 2018-34360R
del 31 de julio de 2018.
1.10.1. La entidad
advirtió que en la resolución recurrida se subsanó la extemporaneidad de la
declaración y se valoraron los hechos victimizantes expuestos. Finalmente,
concluyó que “no es viable proceder a revocar Resolución (sic) Nro.
2018-34360 de 28 de mayo de 2018, afirmando que el motivo por el cual no se
reconocerán lo hechos victimizantes de Amenaza, vinculación de niños, niñas y
adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, Tortura y Hechos
que atentan contra la Vida, la Dignidad y la Integridad Personal a la señora [Valentina]
en el Registro Único de Víctimas, se da por la incompatibilidad entre su
situación particular y las situaciones jurídicas del artículo 3° Parágrafo 2°
de la ley 1448 de 2011 contemplada para las personas víctimas del conflicto
armado interno”.[13]
1.10.2. Con
fundamento en lo anterior, la UARIV confirmó la Resolución Nro. 2018-34360 del
28 de mayo de 2018.
Resolución Nro. 201848050 del 10 de
septiembre de 2018 (Apelación)
1.11.   Por medio de la Resolución Nro. 201848050 del 10 de septiembre de
2018, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto contra
la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018 mediante la cual se
decidió no incluir a Valentina en el RUV.
1.11.1. La entidad
puso de presente como elemento de contexto, “para tener un conocimiento más
amplio de cómo eran las expresiones de conflicto armado en la zona de
ocurrencia de los hechos manifestados (…) en el municipio de Tibú Norte de
Santander, el 09 de agosto de 2001 y 19 de agosto de 1999”[14] lo siguiente:
“Según la
publicación realizada por la Cruz Roja Colombiana con la Cruz Roja Española
denominada ‘En Impacto Humanitario en Víctimas Civiles por la Contaminación por
Armas en Colombia 1984-2014’, se establece que: ‘(…) En cuanto a asesinatos
selectivos, entre 1981 y 2012, se ejecutaron indiscriminadamente 182 que
dejaron como saldo 1.764 víctimas. De estos hechos 30 son atribuidos a
organismos del Estado y Fuerza Pública, los cuales impactaron 142 víctimas. Los
paramilitares cometieron 27 hechos con un total de 662 víctimas, mientras la
acción conjunta de Paramilitares y Policía Nacional se adjudica un asesinato
selectivo. Entre los grupos guerrilleros, FARC, ELN, ERP, la CGSB, Milicias
Populares y Guerrilla No identificada, perpetraron 74 hechos victimizantes de
este tipo con un total de 243 víctimas. Los asesinatos selectivos se realizaron
mucho más en Cúcuta, Ocaña y la región del Catatumbo. Debe recordarse cómo esta
región es una de las más azotadas por el conflicto teniendo en cuenta la presencia
de varios GAO y su constante confrontación por el control de la zona en el cual
residen muchos intereses geoestratégicos para estos. Entre los años 2000 y 2003
se realizaron en mayor cantidad asesinatos selectivos. Cabe recordar que para
esta época los paramilitares incursionaron de una manera mucho más profunda en
el territorio a través de sus diferentes bloques que hicieron presencia en el
departamento. Todo lo anterior puede entenderse también debido a que … el
principal factor generador de violencia (…) que ha incidido de manera
determinante en la degradación del conflicto armado (en el departamento), lo
constituye la disputa entre organizaciones armadas al margen de la ley por el
control de las zonas estratégicas en el desarrollo de la confrontación. En esta
competencia por el control de los territorios, estos pasan sucesivamente de
manos de un actor armado a otro, sin que haya podido establecerse un control
perdurable por alguno de ellos. Esto es lo que se observa en la zona del
Catatumbo, donde los grupos ilegales han atacado con especial intensidad
civiles inermes por medio de asesinatos selectivos y de masacres. Debe
considerarse igual manea (sic) que los asesinatos perpetrados en el
departamento tienen relación con ‘… la actuación de la delincuencia común y
organizada… Para el año 2011 se registra la realización de 160 asesinatos
selectivos, los cuales pueden deberse al fenómeno de los GAE, ya que según la
base de datos del CNMH la mayoría de estos asesinatos fueron realizados por
paramilitares o grupos armados no identificados. Los sectores de la población
más afectados por estos asesinatos a lo largo de todos estos años han sido los
sindicalistas, las autoridades públicas, los indígenas y los periodistas (…)’”.[15]
1.11.2. La entidad
advirtió que el hecho victimizante de amenaza no cuenta con una definición
concreta en las normas internacionales aunque “debe entenderse como una
violación potencial que se presenta como inminente y próxima, llevando consigo
dos aspectos, a saber: el derecho de seguridad personal y el deber de
protección en cabeza del Estado a través de las autoridades competentes”.[16]
1.11.3. Tratándose
del hecho victimizante de tortura, la entidad se refirió al artículo 2 de la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la tipificación
de este hecho punible contenida en la Ley 589 de 2000, por la cual se expidió
el Código Penal.
1.11.4. Con
respecto al hecho victimizante de lesiones, la UARIV citó el artículo 111 de la
Ley 599 de 2000, por la cual se expidió el Código Penal. También se refirió la Guía Interinstitucional para la
Atención de las Víctimas del Conflicto Armado en la que se expone que la lesión
psicológica se entiende en su acepción clínica como “la deficiencia,
discapacidad o menoscabo que afecta la capacidad de adaptación de la víctima en
sus diferentes áreas de funcionamiento (familiar, laboral, afectiva, social,
educativa y de relaciones de pareja”.[17]
1.11.5. Sobre el
hecho victimizante de reclutamiento forzado se hizo alusión a los Convenios de
Ginebra y la Ley 1448 de 2011. Consideró que para incluirla en el RUV era
necesario contar con un elemento técnico para demostrar el reclutamiento y la
certificación expedida por el CODA, la cual no se encuentra dentro del
expediente.
1.11.6. La entidad
también mencionó el hecho victimizante de tortura y precisó que en un Informe
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mencionan algunas
conductas que pueden enmarcarse dentro de este hecho. Dicho esto, expuso lo que
se cita a continuación:
“Es importante
señalar que para la fecha y lugar de los hechos se evidencian otros factores
delincuenciales no necesariamente asociados al conflicto armado interno que
vive el país, no existe denuncia ante autoridad competente por este hechos
(sic), no se ha individualizado a los autores del hecho, como tampoco se ha
podido establecer que fue perpetrado por grupos armados al margen de la ley”.[18]
1.11.7. La UARIV estimó
que no procedía la solicitud de inclusión de la señora Valentina en
atención a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011,
aunque podía acudir a la justicia ordinaria para obtener verdad, justicia y
reparación. Por lo anterior, confirmó la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de
mayo de 2018.
Solicitud de amparo constitucional
1.12.   La señora Valentina aseguró en la demanda de tutela que la UARIV,
dentro de los actos administrativos en los que le negó la inscripción en el RUV
y no reconoció los hechos victimizantes puestos en conocimiento, determinó que
su declaración se presentó de manera extemporánea y adujo que ello no es cierto
de acuerdo con la Ley 387 de 1997.
1.13.   En la demanda de tutela existen acápites relativos a (i) la especial
protección constitucional de la población desplazada por la violencia, (ii) la
ayuda humanitaria de emergencia para la población en situación de
desplazamiento, (iii) el derecho a la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia y (iv) el derecho a la igualdad de los desplazados en el pago de la
ayuda humanitaria de emergencia y sus prórrogas, así como el deber de la
administración de informar una fecha cierta dentro de un plazo oportuno y
razonable para el suministro de dicho beneficio. La actora anexó copia simple
de la tarjeta de identidad de Sofía que tiene 11 años de edad[19] y al parecer es su hija, así como el Registro Civil de su hijo Carlos
que tiene 5 años de edad.[20]
1.14.   La accionante expuso que “además de todos los sufrimientos que he
pasado durante estos años, no es justo que no me incluyan en el registro único
de víctimas y me nieguen por ende esa calidad, ya que en la actualidad todavía
vivo con temor y angustia por todo lo sucedido. Es por eso Señor juez que le
solicito interceder por mí y por mi familia”.[21] Finalmente, solicitó que se ordene a la entidad accionada reconocer
y pagar las ayudas humanitarias a las que asegura tener derecho, en atención a
que considera que es una persona protegida constitucionalmente.
2.  Traslado y contestación de la demanda
2.1.    Mediante auto del 14 de diciembre de 2018, el Juzgado Tercero de
Familia de Villavicencio (Meta) avocó conocimiento de la acción de tutela y
corrió traslado a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas para que en el
término de dos días, contados a partir del recibo de la comunicación, presentara
la contestación de la acción constitucional, expusiera las razones de hecho y
de derecho que considerara pertinentes, ejerciera su derecho de defensa y remitiera
la documentación que soportara su respuesta.
2.2.    La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas no se pronunció con respecto a la acción de tutela de
la referencia.
3.  Decisión judicial objeto de revisión
3.1.    En sentencia del 18 de enero de 2019, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito
de Villavicencio (Meta) determinó que el problema
jurídico a resolver consistía en determinar si la UARIV vulneró los derechos de
la señora Valentina “al no incluirla como víctima en los términos de la Ley
1448 de 2011 y con ello, acceder a las ayudas humanitarias que en esta acción
se reclaman”.[22]
3.2.    La autoridad judicial realizó un examen del requisito de
subsidiariedad y citó la sentencia T-332 de 2016[23] para referirse a la procedencia excepcional de la tutela contra
actos administrativos que, por su naturaleza, se encuentran amparados por el
principio de legalidad.
3.3.     Señaló que la accionante ya agotó los recursos en sede
administrativa y puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para resolver su controversia mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, el juzgado declaró la
improcedencia de la acción de tutela.
3.4.    La anterior decisión no fue objeto de impugnación.
II.CONSIDERACIONES
1.
Competencia
y procedibilidad
1.1.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de
tutela adoptado en el proceso de la referencia.
1.2.
Legitimación en la causa por activa y
pasiva
1.2.1.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución
Política y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo
preferente y sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o
por quien actúe legítimamente a su nombre, la protección de sus derechos
fundamentales. Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”.[24]
1.2.2.
En la tutela de la referencia se cumplen cabalmente los
requisitos en mención puesto que la acción constitucional fue interpuesta
directamente por la señora Valentina para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la vida digna, al mínimo vital y a la vivienda digna.
1.2.3.
Asimismo, la acción de amparo se dirigió contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, entidad que expidió
los actos administrativos mediante los cuales se resolvió la petición de la
accionante y le negó la inclusión en el RUV. Por lo anterior, está
legitimada por pasiva en virtud de los artículos 86 de la Carta Política y 5
del Decreto 2591 de 1991.
1.3.
Inmediatez
1.3.1. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión
que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. Sobre el
particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto”.[25]
1.3.2. Al
respecto se tiene que la UARIV negó la pretensión de la accionante de ser
incluida en el RUV y de reconocer los hechos victimizantes declarados mediante
las resoluciones (i) Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de
2018, (ii) Nro. 2018-34360R del 31 de julio de 2018 (Reposición) y (iii) Nro.
201848050 del 10 de septiembre de 2018 (Apelación). Por su parte, la señora Valentina presentó la tutela el
13 de diciembre de 2018.
1.3.3. Para
la Sala se cumple el requisito de inmediatez pues entre la fecha en que se
expidió el último acto administrativo mediante el cual se negó la inclusión en
RUV a la accionante (10 de septiembre de 2018) y la interposición de tutela (13
de diciembre de 2018) transcurrieron 3 meses y 3 días, término que la Sala
estima prudencial.
1.4.
Subsidiariedad
1.4.1. Los
artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que la
acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, esta Corporación ha
establecido que “un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela
cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho
fundamental invocado”.[26]
1.4.2. En el asunto objeto de análisis, el Juzgado Tercero de Familia del
Circuito de Villavicencio (Meta) declaró que la señora Valentina podía acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver su
controversia a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.4.3. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
resulta desproporcionado exigir a una
víctima el agotamiento de los recursos en sede contencioso-administrativa y, por este motivo, declarar la improcedencia de la acción de
amparo.[27] Además esta Corporación considera que la tutela
es el mecanismo idóneo para garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales de la población víctima del conflicto armado “cuando su
satisfacción depende de la inclusión en el Registro Único de Víctimas”.[28]
1.4.4. Ahora
bien, la Corte Constitucional ha señalado que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no resulta eficaz tratándose
de casos en los que se cuestiona la inclusión en el RUV de personas que
manifiestan ser víctimas del conflicto armado interno.
1.4.5. Con relación a lo anterior, diferentes salas de
revisión han considerado que (i) la resolución de una controversia en la
jurisdicción contencioso administrativo puede prolongarse considerablemente, lo
que desconoce la urgencia que requieren las decisiones sobre los derechos de
las víctimas del conflicto[29]
y (ii) que las medidas cautelares que podrían solicitarse en ese tipo de
procesos pueden resultar improcedentes para la protección de garantías
fundamentales, en casos en los cuales “la actuación administrativa acusada pueda
tener apariencia de validez porque existe una disposición legal que le sirva de
sustento, pero dicha disposición se opone a normas sobre derechos fundamentales
con rango constitucional”.[30]
1.4.6. Adicionalmente, la Sala Octava de
Revisión en la sentencia T-290 de 2016[31]
se pronunció acerca de la procedencia de la tutela para controvertir la
motivación de los actos administrativos proferidos por la UARIV en los
siguientes términos:
“[S]i bien podría sostenerse que la acción de
tutela es improcedente por cuando para cuestionar la motivación del acto
administrativo expedido por la UARIV el afectado puede acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
contencioso administrativa, debe considerarse que en estos casos el ciudadano
que acude a la jurisdicción constitucional es sujeto de especial protección, y
dado que la inclusión en el registro permite acceder a medidas asistenciales o
de reparación por los hechos violentos victimizantes, para la Sala de Revisión
es claro que el mecanismo ordinario de defensa antes mencionado no resulta
eficaz para la protección oportuna de los derechos de las víctimas que acuden a
pedir el amparo”.
1.4.7. Particularmente,
en las sentencias T-301 de 2017,[32]
T-299 de 2018[33]
y T-211 de 2019[34]
diferentes salas de revisión se pronunciaron de fondo frente a tutelas en las
que los accionantes solicitaron la inclusión en el RUV y declaraban, entre
otros, los hechos victimizantes de reclutamiento forzado y violencia sexual. En
las providencias se estimó que el requisito de subsidiariedad debe
flexibilizarse tratándose de víctimas del conflicto y dentro de su análisis es
necesario considerar que el medio de nulidad y
restablecimiento del derecho y las medidas cautelares dentro del mismo no son
eficaces, a lo que se suma que los procesos ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo puede tardarse mucho y requieren de la asesoría de
un abogado, contrario a lo que ocurre con la acción de amparo.
1.4.8. En el asunto de la referencia, los
actos administrativos por medio de los cuales la UARIV negó la
inclusión de Valentina en el RUV y no reconoció los hechos victimizantes
declarados son susceptibles de ser controlados en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. No obstante, la Sala considera que la tutela procede
de manera definitiva dada la ineficacia del mecanismo de defensa judicial para garantizar el amparo de los derechos de
la accionante.
2.
Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos
con antelación, la Sala Séptima de Revisión considera que el problema jurídico
a resolver en el presente caso es el siguiente:
¿La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulneró los derechos fundamentales de la
accionante al debido proceso y a ser incluida en el RUV, cuando mediante actos
administrativos negó la inscripción en esta herramienta por el hecho
victimizante de abuso sexual bajo el argumento que su desmovilización se
presentó cuando ya había cumplido la mayoría de edad, de manera que no se
cumplía lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y al
no pronunciarse respecto del hecho victimizante de reclutamiento forzado que declaró?
Para resolver el problema jurídico
planteado, la Sala estudiará a continuación
las siguientes temáticas: (i) el derecho fundamental de las
víctimas a la inclusión en el RUV, (ii) el derecho al debido proceso administrativo,
así como la motivación de los actos que resuelven solicitudes de inclusión en
el RUV, (iii) el marco jurídico y jurisprudencial en materia de reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al
margen de la ley y (iv) la situación de las mujeres víctimas del conflicto
armado por violencia sexual y otros hechos victimizantes.
3.  El derecho fundamental de las víctimas a la inclusión
en el RUV[35]
3.1.
La Corte Constitucional sostiene que “la condición de víctima del conflicto armado interno
genera el derecho a la inclusión en el RUV de forma individual o con su núcleo
familiar”.[36]
3.2.    Asimismo, este Tribunal reconoce que la inscripción en
el RUV constituye un derecho fundamental[37]
dado que materializa el reconocimiento de las víctimas y el acceso a “los
mecanismos de protección y garantía de atención, asistencia y reparación
integral por vía administrativa, consagrados en la Ley 1448 de 2011”.[38]
3.3.
Por su parte, la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones” establece en su artículo 154 la
responsabilidad de la UARIV del
funcionamiento del Registro Único de Víctimas y que dicha herramienta estaría
soportada en la información del antiguo Registro Único de Población Desplazada
que manejaba la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional.
3.4.
De igual forma, los artículos 155 y 156 de la ley
antes enunciada disponen que la UARIV tiene 60 días para decidir sobre las
solicitudes de inclusión en el RUV y que los funcionarios deben consultar las
bases de datos que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y
Reparación a las Víctimas y llevar a cabo la valoración de información
contenida en la solicitud de registro, así como las pruebas recaudada en el
proceso de verificación de acuerdo con los principios constitucionales de
dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.
3.5.
Por su parte, el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015[39] define el RUV como “una
herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las
víctimas” y que sirve como instrumento para (i) identificar la población
que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y
(ii) como elemento para el diseño e implementación de políticas públicas, por
lo que la inscripción no tiene efectos constitutivos con respecto a la calidad
de víctima.
3.5.1.El artículo 2.2.2.1.4.[40] del mismo decreto
señala que los servidores públicos deben interpretar las normas que los
orientan teniendo en cuenta los principios de favorabilidad, buena fe,
prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho, participación
conjunta y los derechos a la confianza legítima, al trato digno y al hábeas
data. Además, dispone que la UARIV tiene que adelantar “las medidas
necesarias para que el Registro Único de Víctimas contribuya al conocimiento de
la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica”.
3.5.2.A su vez, el artículo
2.2.2.3.5.[41] del decreto
compilador determina que los servidores públicos encargados de recibir las
solicitudes de registro deben “informar de manera pronta, completa y
oportuna a quien pueda ser víctima en los términos del artículo 3 de la Ley
1448 de 2011, sobre la totalidad de sus derechos y el trámite que deben surtir
para exigirlos” y tienen, entre otras, las  siguientes responsabilidades:
(i) garantizar la atención, preferente, digna y respetuosa de las personas que solicitan la
inscripción, (ii) brindar orientación y (iii) recabar, en el Formato Único de Declaración, “la información necesaria sobre las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como la caracterización
socioeconómica del solicitante y de su núcleo familiar, con el propósito de
contar con información precisa que facilite su valoración, desde un enfoque
diferencial, de conformidad con el principio de participación conjunta
consagrado en el artículo 29 de la Ley 1448 de 2011”.
3.5.3.Finalmente, el Decreto 1084 de 2015 establece en el artículo 2.2.2.3.11.[42] que la
verificación de los hechos victimizantes impone a la UARIV el deber de evaluar “elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le
permitan fundamentar una decisión frente a cada caso particular” y realizar
“consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras
fuentes que se estimen pertinentes”.
3.6.
El decálogo de artículos referenciados anteriormente contiene el
estándar normativo impuesto a la UARIV y a los funcionarios de esta entidad
cuando tengan que decidir sobre las solicitudes de
inclusión en el RUV. Corresponde ahora hacer mención de los pronunciamientos
de la Corte Constitucional sobre la materia para armonizar el análisis
sistémico de las disposiciones antes reseñadas junto con la interpretaciones y
decisiones contenidas en la jurisprudencia constitucional.
3.6.1.Además, esta Corporación ha sido enfática al sostener que el RUV es una herramienta de carácter técnico cuya inscripción
no otorga la calidad de víctima pues se
trata de un acto de carácter declarativo.[43]
Sin perjuicio de lo anterior, reconoce que es un instrumento para identificar a
los destinatarios de ciertas medidas de protección[44] y que “por su conducto (i)
se materializan las entregas de ayudas de carácter humanitario; (ii) el acceso
a planes de estabilización socio económica y programas de retorno,
reasentamiento o reubicación y, (iii) en términos generales el acceso a la
oferta estatal y los beneficios contemplados en la ley”.[45]
3.7.
Ahora bien, este Tribunal, dentro de la revisión
de acciones de tutela, ha identificado falencias por parte de la UARIV al
momento de llevar a cabo el proceso de valoración de las solicitudes de
inclusión de personas en el RUV, dado el desconocimiento de los principios de
carga de la prueba, buena fe y favorabilidad, además de la falta de motivación
de dichos actos administrativos. Por lo anterior, y en aras de la protección de
los derechos de las personas que pretenden ser registradas como víctimas del conflicto,
la Corte reconoció que es posible ordenar la inscripción o la revisión
de la declaración rendida cuando se verifique que la UARIV dentro de su actuación:
“(i) ha efectuado una
interpretación de las normas aplicables contraria a los principios de
favorabilidad y buena fe; (ii) ha exigido formalidades irrazonables o
desproporcionadas o ha impuesto limitantes para acceder al registro que
no se encuentran en las normas aplicables; (iii) ha proferido una decisión que
no cuenta con una motivación suficiente; (iv) ha
negado la inscripción por causas ajenas al solicitante; o (v) ha
impedido que el solicitante exponga las razones por las cuales considera que se
halla en situación de desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos
arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que
le niega la inscripción en el Registro”.[46]
3.8.
Con respecto a la carga de la prueba y al
principio de buena fe, la Corte ha sido enfática al reiterar que, en virtud del
artículo 83 superior, se debe presumir la buena fe de las actuaciones de las
autoridades públicas y de los particulares. Al respecto, en la sentencia T-327 de 2001,[47] la
Sala Sexta de Revisión analizó un caso en el que una persona solicitó la
inscripción en el antiguo RUPD (Registro Único de Población Desplazada) y
expuso que la presunción reconocida en la Constitución implica la inversión de
la carga de la prueba y que “es a quien desea contradecir la afirmación a
quien corresponde probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la
ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no
ocurrencia”.
3.8.1.A su vez, el proceso de
valoración de solicitudes de inclusión en el RUV debe hacerse teniendo en
cuenta que el Estado está obligado a respetar la presunción de buena fe, que
las víctimas pueden acreditar el daño por cualquier medio aceptado y probar “de
manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta
proceda a relevarla de la carga de la prueba”.[48]
3.8.2.De esta manera, “en virtud del principio de
buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie, las declaraciones y pruebas
aportadas por el declarante. En este sentido, si el funcionario considera que
la declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así;
los indicios deben tenerse como prueba válida; y las contradicciones de la
declaración no son prueba suficiente de que el solicitante falte a la verdad”.[49]
3.9.
En suma, de acuerdo con el marco jurídico y la
jurisprudencia constitucional, el RUV es una herramienta administrativa cuya
inscripción no tiene efectos constitutivos de la calidad de víctima por ser un
acto meramente declarativo, debe contribuir a la verdad y la reconstrucción de
la memoria histórica y permite, entre otras cosas, la identificación de los
destinatarios de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011.
3.10.
Por su parte, dentro del proceso de verificación
para la inscripción en el mencionado registro, los funcionarios de la UARIV
pueden acudir a bases de datos, a los sistemas
que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de
Víctimas o a otras fuentes y deben valorar la
información teniendo en cuenta la dignidad humana los principios de buena fe,
confianza legítima, la prevalencia del derecho sustancial. Además, sus
decisiones, necesariamente, tienen que evaluar elementos jurídicos, técnicos y
de contexto.
4.  El derecho al debido proceso administrativo y la motivación de los actos que resuelven solicitudes de inclusión
en el RUV[50]
4.1.    La Constitución Política contempla en su artículo 29 el derecho
fundamental al debido proceso que se aplica indistintamente a las actuaciones
judiciales y administrativas. La Corte Constitucional reconoció desde sus
inicios que esta garantía es una manifestación del Estado Social de Derecho que
permite la protección de las personas frente a las actuaciones del Estado en
todas sus manifestaciones[51]
y cuya finalidad es salvaguardar la seguridad jurídica.[52]
4.2.    Por su parte, la Corte Constitucional definió el derecho fundamental
al debido proceso administrativo como la “regulación jurídica previa que
limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y
obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las
autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los
procedimientos señalados en la ley o los reglamentos”.[53] De la misma manera, este Tribunal
determinó que el debido proceso se aplica durante toda la actuación
administrativa e involucra los
principios de legalidad, competencia, publicidad, y los derechos de defensa,
contradicción y controversia probatoria y de impugnación.[54]
4.3.    Asimismo, esta Corporación reconoció que la motivación en la Constitución
Política de 1991 es expresión del principio de publicidad que se consagró en el
artículo 209 superior, el cual establece que “[l]a función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad (…)” y que el Estado Colombiano se encuentra sometido al
derecho, tal como se desprende del artículo 1 superior, por lo que la
motivación “le da una información al juez en el instante que pase a ejercer el
control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y
si corresponde a los fines señalados en el mismo”.[55]
4.4.    La Corte también señaló que el deber enunciado evita posibles abusos
o arbitrariedades de la entidad que profiere el acto administrativo y asegura
las condiciones sustanciales y procesales para que el administrado ejerza la
defensa de sus derechos al controvertir la decisión que le es desfavorable.[56]
4.5.    Ahora bien, esta Corporación recalcó que el deber de la UARIV de
motivar las decisiones que resuelven solicitudes de inclusión en el RUV se
reforzó por el artículo 42 del Decreto 4800 de 2011 (artículo 2.2.2.3.16.
del Decreto compilador 1084 de 2015) que dispone que dicho
acto administrativo deberá contener, entre otras cosas, “[l]a motivación suficiente por la cual se llegó a la decisión de no
inclusión”, de manera que el administrado conozca
las razones por las cuales se adoptó la determinación y cuente con elementos de
juicio suficientes para controvertirla.[57]
4.5.1.Sobre el hecho victimizante de desplazamiento este Tribunal advirtió
que “en caso de existir duda sobre las declaraciones de los solicitantes, se
entiende que la entidad debe motivar con suficiente material probatorio la
negativa a la inscripción en el RUV”[58] y que, por
tratarse de un instrumento de carácter fundamental que permite la
identificación de los destinatarios de la política
pública en materia de desplazamiento, los “pronunciamientos sobre el
reconocimiento del registro deben ser responsables y acertados para cada caso
en particular.[59]
4.5.2.En este mismo sentido, la Corte reconoció que “el acto administrativo por el cual se niega la
inclusión en el RUV debe contar con motivación suficiente, por lo que la mera
contradicción [con] la declaración
de una persona no puede dar lugar a que se profiera una decisión en sentido
negativo. En este escenario, la entidad, dentro de sus competencias, debe
asumir la carga probatoria y demostrar que no se cumplen los supuestos para
acceder a la solicitud de inscripción”.[60]
4.6.    En este punto, es necesario hacer referencia a la sentencias T-163
de 2017[61]
y T-149 de 2019,[62]
en las que las salas Quinta y Segunda de Revisión, respectivamente, ordenaron a
la UARIV que realizara las “gestiones administrativas necesarias para
capacitar a los funcionarios encargados de resolver las peticiones y
solicitudes relacionadas con la inscripción en el Registro Único de Víctimas
(RUV), en relación con los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional (tanto en sede de control abstracto de constitucionalidad
como de revisión de tutelas).
4.7.    En suma, este Tribunal reconoce que el derecho al debido proceso
administrativo representa un límite al ejercicio del poder público y garantiza
que las actuaciones del Estado en todas sus manifestaciones respeten los
derechos de los involucrados, por lo que los procedimientos se deben adelantar
con sujeción a los principios de legalidad, competencia, publicidad, y los
derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria y de impugnación,
que hacen efectiva la intervención y defensa del administrado.
4.7.1.A su vez, la motivación es la expresión del principio de publicidad
contenido en el artículo 209 superior y, de acuerdo con la jurisprudencia,
evita abusos o arbitrariedades, permite al administrado conocer los motivos de
una decisión administrativa que lo afecta para ejercer la defensa de sus
derechos e intereses y hace posible que los funcionarios judiciales adelanten
el control jurídico del acto.
4.7.2. Particularmente, la Corte considera que las decisiones sobre
solicitudes de inclusión en el RUV deben ser motivadas por expresa disposición
del artículo 2.2.2.3.16. del Decreto compilador 1084 de 2015 y que este deber,
en esos casos, implica que el funcionario no se limite a negar la pretensión de
la persona por la mera valoración de la declaración realizada para la
inscripción, sino que su determinación encuentre sustento en material
probatorio suficiente.
5.  Marco jurídico y jurisprudencial en materia de reclutamiento de
niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen
de la ley
5.1.    El artículo 44 de la Constitución política dispone que los niños
deben ser protegidos “contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos” y que existe una obligación en cabeza de la familia, la
sociedad y el Estado de asistirlos y protegerlos “para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
5.2.    También existen varios instrumentos internacionales que se refieren al reclutamiento de niños y contienen las
obligaciones de los Estados sobre la materia.
5.2.1.El artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra
de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional, establece que “los niños menores de quince años no
serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que
participen en las hostilidades”.
5.2.2.Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en
el numeral 3 del artículo 38 que los estados partes se deben abstener de
“reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15
años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean
menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad”.
5.2.3.El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de los niños en conflictos armados en su
artículo 3 se refiere a la edad para el reclutamiento voluntario en las fuerzas
armadas de los Estados parte. A su vez, el artículo 4 señala que “[l]os
grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en
ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años”
y la obligación de los Estados de adoptar medidas tendientes a impedir el
reclutamiento de niños.
5.2.4.El artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional consagra que dentro de los crímenes de guerra se encuentra  el
reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o la utilización de
estos para participar activamente en las hostilidades.
5.2.5.Finalmente, en el artículo 3 del Convenio 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil se delimita la expresión “las peores formas de
trabajo infantil” y se incluyó “todas las formas de esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para
utilizarlos en conflictos armados”.
5.3.    Por otra parte, el numeral 7 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006,
Código de la Infancia y la Adolescencia, establece el derecho de los niños,
niñas y adolescentes de ser protegidos, de manera que no resulten reclutados y
utilizados por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. En el
mismo sentido se encuentra el numeral 30 del artículo 40 de la ley que dispone
la obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes “contra
la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley”.
5.4.    La Ley 1448 de 2011, tiene por objeto establecer un conjunto
de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y
colectivas, en beneficio de las víctimas.
5.4.1.El artículo 3 define quiénes se consideran víctimas para efectos de
la ley y en el parágrafo 2 precisa que “[l]os miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas,
salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de
edad”.
5.4.2.Por su parte, el artículo 181 establece que los niños, niñas
y adolescentes víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización y precisó
que cuando se trata de “reclutamiento ilícito, deben haber sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de
edad para acceder a la indemnización”.
5.5.    La protección del reclutamiento de los niños, niñas y
adolescentes también se ha desarrollado a nivel jurisprudencial. Los
pronunciamientos de la Corte Constitucional se han preocupado por la
delimitación de esta práctica generalizada en el conflicto armado colombiano y
por la adopción de medidas para su prevención.
5.6.    Así pues, en la sentencia C-172 de 2004[63] se realizó la revisión de Constitucionalidad de la Ley 833 de 2003,
por medio de la cual se aprobó el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de los niños en conflictos armados”. En esta oportunidad, la Corte declaró la
exequibilidad del protocolo teniendo en cuenta que su contenido se adecua y
desarrolla los preceptos constitucionales. Sobre la protección de los niños y
adolescentes frente al reclutamiento advirtió lo siguiente:
“[E]n
situaciones de conflicto armado los niños y niñas resultan ser blanco de
hostilidades y los efectos sicológicos y sociales son profundos. El
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a la confrontación armada vulnera
sus derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad, al libre
desarrollo de la personalidad, a la expresión, a la educación, a la salud, a la
familia y a la recreación, entre otros”.
5.7.    En la sentencia C-203 de 2005[64]
la Corte se pronunció sobre el proceso de juzgamiento de los menores
desmovilizados de grupos armados ilegales. La providencia realizó un análisis con respecto a las causas, las razones y los efectos del
fenómeno del reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos al margen
de la ley.
5.7.1.Dentro de las
consideraciones, la Sala Plena mencionó que las víctimas de reclutamiento
forzoso “provienen de sectores
sociales pobres, analfabetas y rurales”,
su incorporación puede presentarse de manera forzada, aparentemente “voluntaria”
y, excepcionalmente, de forma voluntaria y responde a motivos o presiones de
tipo económico, social, cultural, político, psicológico o emocional. La Corte
indicó que dentro del conflicto armado los niños y adolescentes cumplen tanto
roles principales como de apoyo y que la “definición de ‘menor combatiente’
debe incluir a todos los menores que no cumplen funciones de combate
propiamente dicho pero sí llevan a cabo alguno de los distintos roles de apoyo
que pueden desempeñar en torno a las hostilidades”.
5.7.2.Para terminar,
este Tribunal aseguró que “[l]os menores de edad son objeto
de protección especial por el Derecho Internacional Humanitario, a varios
niveles que resultan relevantes para conflictos internos tales como el
colombiano; así, (i) en primer lugar los menores son protegidos como parte de
la población civil, (ii) además reciben especial protección por tratarse de
miembros particularmente vulnerables de la población civil, y (iii)
cuandoquiera que participan directamente en las hostilidades, son beneficiarios
de disposiciones protectivas específicas para su situación”.
5.8.    En el Auto 251 de 2008, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional analizó la protección de los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de
la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia
T-025 de 2004. En la providencia se deja claro que el reclutamiento forzado de
niños, niñas y adolescentes es una práctica criminal en la que incurren en
forma extensiva, sistemática y habitual los grupos armados ilegales que toman
parte del conflicto armado en Colombia y, dado su alto riesgo, constituye una
de las principales causas de desplazamiento en el país.
5.8.1.Asimismo, se dejó claro que la dimensión del reclutamiento forzado
no podía determinarse con exactitud ante la falta de denuncia y reporte de este
delito que se presenta por el miedo de víctimas y familias a las retaliaciones
por parte de los perpetradores y la inacción de las autoridades encargadas de
la investigación y juzgamiento penal.
5.8.2.La Sala aseguró que, en la mayoría de los casos, el carácter
aparentemente voluntario del alistamiento se presenta por la manipulación de
niños, niñas y adolescentes por parte de los integrantes de los grupos armados
organizados al margen de la ley y que algunos de los factores de riesgo de
reclutamiento se son (i) la desprotección por ausencia de los padres o
cuidadores, (ii) la pobreza de las familias de los menores de edad, (iii) la
violencia intrafamiliar, (iv) la experiencia previa de la violencia armada y
(v) la existencia de un clima social y cultural de idealización de la guerra y
de los valores bélicos.
5.8.3.Finalmente, la Sala manifestó que el Estado se encontraba “en mora de cumplir con su obligación de adoptar un programa claro y
sólido de prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes
por parte de los grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional”.
5.9.    Mediante la Sentencia C-253A de 2012,[65] la Sala Plena de la
Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 3 y 75 (parciales) de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”. Los demandantes señalaron que
los apartes demandados desconocían lo dispuesto en el preámbulo y los artículos
1, 2, 5, 13, 29, 44, 45, 59, 93, 229 y 230 de la Constitución Política.
5.9.1.Uno de los cargos se dirigió a atacar la
segunda parte del parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 que excluyó
de la condición de víctima a los niños, niñas o adolescentes víctimas de
reclutamiento forzado que no hubieren sido desvinculados del grupo armado
organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
5.9.2.Sobre
el particular, los demandantes señalaron que el reclutamiento forzado de niños,
niñas y adolescentes se presentó como dinámica de la guerra y por la omisión de
prevenir y contrarrestar esta práctica, por lo que ahora el Estado no puede
eludir su responsabilidad y la obligación del restablecimiento de derechos.
5.9.3.Los
actores también señalaron que el aparte demandado desconocía que los niños,
niñas y adolescentes que fueron reclutados de manera forzada y solo lograron
desmovilizarse luego de cumplir la mayoría de edad fueron sujetos pasivos del
delito de reclutamiento forzado, tenían la calidad de víctimas de violación al
DIH y debían acceder a los beneficios de la ley.
5.9.4.Para
analizar ese cargo, la Sala Plena estudió el siguiente problema jurídico: “¿La
fijación de la condición conforme a la cual es necesario que los niños, niñas o
adolescentes que sean miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley se hubiesen desvinculado de tales grupos siendo menores de edad, como
condición para que puedan ser reconocidos como víctimas en el marco de la Ley
1448 de 2011, resulta contraria al deber de protección de los menores y a los
principios de igualdad y no discriminación, al establecer una exclusión
absoluta que desconoce la gravedad del delito de reclutamiento forzado y la
calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH
que les corresponde a quienes los sufren, en contravía con el concepto
universal de víctima?”
5.9.5.La
Corte se refirió a la potestad de configuración del legislador para fijar
limitaciones a los derechos fundamentales dependiendo de la materia objeto de
regulación y llegó a la conclusión que en el caso de la Ley 1448 de 2011 “el
legislador contaba con cierto margen de configuración para que, entre las
distintas alternativas en juego, optase por las que considerase más adecuadas
para hacer frente a la situación de violencia que enfrenta el país y ofreciesen
las mayores probabilidades de conducirlo hacia el objetivo de reconciliación,
sobre la base, desde luego, de que no se desborden los límites imperativos que
se derivan del ordenamiento constitucional y del conjunto de instrumentos
internacionales vinculantes para Colombia”.
5.9.6. Los demandantes sostuvieron que la
ley establece un trato discriminatorio contra quienes integran los
grupos armados al margen de la ley porque les impide ser considerados víctimas.
No obstante, la Sala consideró que los accionantes incurrieron en un error
sobre el alcance de las normas acusadas, en atención a que el artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011 no define o modifica el concepto de víctima y, por el
contrario, lo que hace es “identificar, dentro del universo de las víctimas,
entendidas éstas, en el contexto de la ley, como toda persona que haya sufrido
menoscabo en su integridad o en sus bienes como resultado de una conducta
antijurídica, a aquellas que serán destinatarias de las medidas especiales de
protección que se adoptan en ella”.
5.9.7.Sobre el cargo según el cual el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley
1448 de 2011 excluyó de la condición de víctima a los niños, niñas o
adolescentes víctimas de reclutamiento forzado que no hubieren sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de
edad, la Corte señaló lo siguiente:
“Cuando se
sobrepase el límite de la minoría de edad, cambian las circunstancias que le
imponen al Estado el deber de especial protección y por ello, resulta admisible
que la ley de víctimas establezca como límite para acceder a las medidas de
protección en ella consagradas el hecho de que la desmovilización haya ocurrido
mientras las personas sean menores de edad. Se resalta que ello no quiere decir
que a partir de ese momento las personas queden privadas de toda protección,
porque, por una parte, en la propia ley se incluye un capítulo en el que de
manera amplia se consagran los derechos de los menores y, en particular se
señala que una vez los niños, niñas y adolescentes cumplan la mayoría de edad,
podrán ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la
Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas, siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de
un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo
para la Dejación de las Armas. Por otra parte, al margen de esas previsiones,
quienes se vincularon a los grupos armados siendo menores de edad, pueden,
cuando sean adultos, acceder a los mecanismo ordinarios de verdad justicia y reparación,
así como a los programas especiales de reinserción y de integración social que
ha previsto el Estado”.
5.9.8.En consecuencia, la Sala Plena declaró la exequibilidad del primer
inciso del parágrafo segundo del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
5.10.   En suma, la Constitución y varios instrumentos internacionales
establecen obligaciones para la prevención y protección del reclutamiento
forzado de niños, niñas y adolescentes.
5.11.   La jurisprudencia de la Corte Constitucional advierte que no se
conoce exactamente la dimensión del enlistamiento de menores por parte de los
grupos armados organizados al margen de la ley, lo que se explica por la falta
de denuncia y reporte de este delito.
5.12.   Este Tribunal también destacó que las víctimas de reclutamiento forzado
provienen de sectores sociales pobres,
analfabetas y rurales, su  enlistamiento se da por razones de tipo económico,
social, cultural, político, psicológico o emocional y que este hecho afecta directamente los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes a la integridad personal, a
la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión,
a la educación, a la salud, a la familia y a la recreación.
5.13.   Finalmente, la Corte declaró la exequibilidad del primer inciso del
parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por lo que las medidas
previstas en materia de reclutamiento solo aplican para los niños, niñas y
adolescentes que se desvinculen de los grupos armados organizados al margen de
la ley siendo menores de edad.
6.  La situación de las mujeres víctimas del conflicto armado por
violencia sexual y otros hechos victimizantes.
6.1.
Las consecuencias del conflicto armado y especialmente del
desplazamiento forzado en la mujer han sido de desproporcionadas magnitudes en diferentes
latitudes del mundo y también en Colombia, y así lo ha reconocido desde décadas
anteriores la jurisprudencia de la Corte Constitucional[66].
Por tal razón, existen diversas disposiciones y obligaciones del
Estado colombiano en relación con la prevención de la discriminación y la
violencia contra la mujer, específicamente de las que han sido víctimas del
conflicto armado, y en forma particular de desplazamiento. De tal modo, existen
diferentes instrumentos internacionales dentro de los que vale resaltar: (i) la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)[67]; (ii) el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)[68]; (iii) la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978)[69]; (iv) la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (1979)[70]
[71]
y, (v) la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (“Convención de Belem
Do Pará”) (1994)[72];
vi) Los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario
que definen protecciones especiales, a saber el principio de distinción[73]
y el principio humanitario y de respeto por las garantías
fundamentales del ser humano[74]
y, vii) los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado
Interno (1998)[75], que están fundados en el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos[76].
6.2.    El artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 se ocupa del enfoque
diferencial y precisó que este principio reconoce la existencia de poblaciones
con características particulares en razón de su edad, género, orientación
sexual y situación de discapacidad. En consecuencia, la norma impone al Estado
el deber de ofrecer especiales garantías y medidas de protección
a los grupos expuestos a mayor riesgo de afectación. Además, la norma establece
que “el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de
atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a
la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser
la causa de los hechos victimizantes”.
6.3.    Por su
parte, el parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 1448 de 2011
dispone que “[e]n cada una de las entidades públicas en las
que se brinde atención y/o asistencia a víctimas, se dispondrá de personal
capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y género, que asesore y
asista a las víctimas”.
6.4.    A través del auto 092 de 2008, la Sala Segunda de Revisión adoptó
medidas con respecto a la protección de los derechos fundamentales de
las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado,
en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en
la sentencia T-025 de 2004.
6.4.1.      En el auto se identificaron riesgos de género que producen mayor
vulnerabilidad a las mujeres víctimas del conflicto armado, a saber: “(i) el riesgo de violencia
sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado;
(ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y
roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte
de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de
sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo
de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de
familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares
o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de
alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de
la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados
a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su
pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o
de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas
afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato
por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado
de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas
del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su
proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus
redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus
tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales
dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades
inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación
y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x)
el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico
durante el proceso de desplazamiento. Luego de valorar jurídicamente estos diez
riesgos desde un enfoque de prevención del desplazamiento forzado, la Corte
Constitucional ordena en el presente Auto que el Gobierno Nacional adopte e
implemente un programa para la prevención de los riesgos de género que causan
un impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres, programa que
ha de ser diseñado e iniciar su ejecución en un término breve en atención a la
gravedad del asunto – a saber, tres meses a partir de la comunicación de la
presente providencia”.
6.4.2.      El primer riesgo analizado fue el de violencia, explotación o abuso
sexual en el marco del conflicto armado y, sobre el particular, la Sala indicó
lo siguiente:
“La violencia
sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e
invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la
explotación y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales
enfrentados, y en algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de
la Fuerza Pública. Numerosas fuentes nacionales e internacionales han informado
a la Corte Constitucional, mediante relatos consistentes, coherentes y
reiterados, sobre la ocurrencia reciente de cientos de actos atroces de
contenido sexual contra niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores a todo
lo ancho del territorio nacional y en distintos escenarios del conflicto
armado”.
6.4.3.      La Sala refirió que recibió relatos de mujeres que dan cuenta de actos
de violencia sexual perpetrados por actores del conflicto armado interno y puso
de presente el aumento de la comisión de estos hechos victimizantes contra
niñas.
6.4.4.      Ahora bien, dentro del análisis de las medidas estatales para
contrarrestar y prevenir la violencia sexual contra las mujeres, la Sala
determinó que en estos casos se “desarrolla un triple proceso de
invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e
impunidad de los perpetradores”, que se explica por las siguientes
circunstancias.
i.
La desconfianza de las
víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia.
ii.
El miedo justificado
por las amenazas de retaliaciones contra quienes denuncien lo ocurrido por
parte de los perpetradores o miembros de su grupo.
iii.
El sub-registro oficial
de los casos.
iv.
Factores culturales
tales como la vergüenza, aislamiento y estigmatización.
v.
La ignorancia y
desinformación de las víctimas sobre sus derechos y los procedimientos
existentes para hacerlos efectivos.
vi.
La sub-valoración y
distorsión de los crímenes perpetrados por parte de las autoridades encargadas
de su reporte e investigación, clasificándolos como delitos “pasionales” por su
contenido sexual.
vii.
La inexistencia de
sistemas oficiales de atención a las víctimas sobrevivientes de la violencia
sexual.
viii.
La inexistencia de
sistemas de formación para funcionarios públicos, que los sensibilicen frente
al problema y frente a las necesidades especiales de atención de las víctimas
de la violencia sexual.
ix.
La casi total impunidad
de los perpetradores, particularmente si pertenecen a grupos armados ilegales.
x.
En algunos casos
reportados, el miedo de las autoridades judiciales a investigar crímenes
sexuales cometidos por miembros de los grupos armados al margen de la ley.
xi.
El hecho de que en
términos reales, las víctimas de la violencia sexual en el país ven dificultado
su acceso a los servicios básicos por factores adicionales.
6.4.5.      La Sala determinó que los factores enunciados tenían como común
denominador la ausencia de respuesta estatal que “refuerza el
desconocimiento de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la
garantía de no repetición de las víctimas”. En consecuencia, se ordenó la
creación de un programa de prevención de la violencia sexual contra la mujer
desplazada y de atención integral a sus víctimas.
6.5.    Mediante el auto 009 de 2015, hizo seguimiento a la creación e implementación del programa de prevención del impacto
de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el
marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual
contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco
del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.
6.5.1.      La Sala aseveró que las mujeres se enfrentaban a problemas para dar
a conocer a las autoridades competentes los hechos que tienen que ver con la
violencia sexual ejercida contra ellas y reiteró que, en el caso de los delitos
sexuales, las mujeres desconfían de la capacidad del estado para prestar
asistencia y protección cuando pongan en conocimiento la comisión de estos actos
que atentan contra sus derechos.
6.5.2.      La Sala también anunció que “en ciertas zonas del país existe una
carencia de acompañamiento institucional, que motive, facilite o acompañe
directamente la declaración o la interposición de denuncias por parte de las
mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión al conflicto armado y al
desplazamiento forzado”.
6.6.    En conclusión, no cabe duda que, en el marco del conflicto armado
interno, las mujeres han visto vulnerados sus derechos. La Constitución,
incluidos los instrumentos internacionales y la legislación establecen
obligaciones y medidas para contrarrestar y prevenir la violencia contra las
mujeres en todo ámbito y, particularmente, dentro del conflicto armado.
6.7.    La Ley 1448 de 2011 establece un enfoque diferencial ante el
reconocimiento de poblaciones vulnerables e impone al Estado colombiano la
obligación de ofrecer garantías y medidas de protección a los grupos que tienen
mayor riesgo, como en el caso de las mujeres. La Ley también dispone que las
entidades públicas deben disponer de personal capacitado en atención de
víctimas de violencia sexual y género.
6.8.    La Corte Constitucional, en el marco del seguimiento a la sentencia
T-025 de 2004 encontró que uno de los factores que producen vulnerabilidad a
las mujeres es el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual
en el marco del conflicto armado.
6.9.    Finalmente, esta Corporación ha reconocido que existen problemas
para que las mujeres denuncien y pongan en conocimiento los delitos que atentan
contra la libertad e integridad sexual, lo que ocurre, entre otras cosas, por
desconfianza de las víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia,
el miedo, porque son objeto de amenazas, el sentimiento de vergüenza, la
estigmatización, la inexistencia de sistemas oficiales de atención a las
víctimas, la falta de acercamiento y acompañamiento institucional y la
deficiencia en la formación de funcionarios públicos para que entiendan el
manejo y el acompañamiento necesario en la atención de las víctimas de
violencia sexual.
7.  Caso concreto
Hechos
7.1.    La señora Valentina nació el 12 de abril de 1987 en el
municipio de Tame (Arauca), por lo que actualmente tiene 32 años de edad.[77]
7.2.    La accionante aseguró que el 19 de agosto de
1999, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia abusaron
sexualmente de su mamá, su hermana y ella. Precisó que este hecho ocurrió en la
finca en la cual se encontraban domiciliadas en el municipio de Tibú (Norte de
Santander).
7.3.    La señora Valentina fue incluida
en el denominado Registro Único de Población Desplazada (RUPD). La declaración
que sustentó esta inclusión fue radicada bajo el consecutivo Nro. 199837 por “hecho
acaecido en el municipio de Tibú (Norte de Santander), el 29 de septiembre de
2000”.[78]
7.4.    La actora indicó que el 9 de agosto de 2001, cuando tenía 14 años de
edad, ella y una amiga fueron reclutadas de manera forzada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
7.5.    Valentina cumplió 18 años el 12 de abril
de 2005 y su vinculación con las Autodefensas Unidas de Colombia finalizó en
diciembre de 2005 por el proceso de desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley.
7.6.    El 18 de abril de 2018, la señora Valentina rindió
declaración ante la Defensoría de Villavicencio para ser incluida en el Registro
Único de Víctimas. Como hechos victimizantes relató que fue abusada sexualmente
el 19 de agosto de 1999 y
reclutada de manera forzada el 9 de agosto de 2001 por
miembros de las AUC. En la declaración resaltó que su mamá no denunció su
reclutamiento porque había sido amenazada por miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley.
7.7.    Mediante Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018, la
UARIV decidió no incluir a Valentina
en el RUV y no reconocer los hechos victimizantes de amenaza; vinculación de
niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados,
tortura y hechos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal.
7.7.1.La entidad manifestó que aunque la declaración de la señora Valentina se presentó de manera
extemporánea, ello estaba justificado debido al miedo que le generaba las
posibles represalias que tendría adelantar esta diligencia.
7.7.2.La UARIV consideró que procedía el análisis
de los hechos victimizantes de (i) amenaza, hechos que atentan contra la vida,
la dignidad y la integridad personal y tortura ocurridos el 19 de agosto de
1999 en el corregimiento de La Gabarra del municipio de Tibú (Norte de Santander)
y (ii) vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas
con grupos armados ocurrido el 9 de agosto de 2001 en Villavicencio (Meta).
7.7.3.Finalmente, la entidad señaló que la inclusión en el RUV por el
hecho victimizante de reclutamiento forzado requiere que la persona acredite
que su desvinculación del grupo armado organizado al
margen de la ley se presentó  siendo menor de edad, tal como lo dispone el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Sobre este
punto, encontró que Valentina está relacionada
en la base de datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
(ARN) con código individual Nro. 20-01068 y su fecha de desmovilización es el
14 de diciembre de 2005, momento para el cual tenía 18 años de edad.
7.8.    El 18 de julio de 2018, la señora Valentina presentó recurso
de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nro. 2018-34360
del 28 de mayo de 2018. En el documento advirtió, entre otros asuntos, (i) que
para ella es más importante ser incluida en el RUV por el abuso sexual del que
fue víctima en el año de 1999, circunstancia que obligó a su grupo familiar a
desplazarse hacia la ciudad de Villavicencio (Meta), (ii) que fue reclutada de
manera forzada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque Central Bolívar
– Pablo Emilio Guarín) cuando era menor de edad, y (iii) que no se pudo
desvincular de las AUC antes de cumplir 18 años porque ponía en riesgo su vida
y la de sus familiares, de manera que solo con el proceso de desmovilización
pudo dejar las filas del grupo armado organizado al margen de la ley.
En consecuencia, solicitó a la UARIV que
estudiara todos los hechos victimizantes declarados, en especial el que se
refiere a la libertad e integridad sexual, se revocara el acto administrativo
atacado y se emitiera uno en el que se le incluyera en el RUV.
7.9.    La entidad demandada se pronunció con respecto al recurso de
reposición formulado mediante Resolución Nro. 2018-34360R del 31 de julio de
2018 en la que confirmó la decisión de no incluir a Valentina en el RUV. La UARIV aseveró que no se acreditó el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
7.10.   El recurso de apelación fue resuelto por la UARIV a través de la Resolución Nro. 201848050 del 10 de septiembre de 2018. En el acto
administrativo fue citado un extracto de una publicación realizada por la Cruz
Roja Colombiana con la Cruz Roja Española denominada “En Impacto Humanitario
en Víctimas Civiles por la Contaminación por Armas en Colombia 1984-2014”.
7.10.1. Además, la
entidad intentó delimitar los hechos victimizantes de amenaza,
tortura, lesiones, así como reclutamiento forzado y señaló que “para la fecha y lugar de los hechos se evidencian otros factores
delincuenciales no necesariamente asociados al conflicto armado interno que
vive el país, no existe denuncia ante autoridad competente por este hechos
(sic), no se ha individualizado a los autores del hecho, como tampoco se ha
podido establecer que fue perpetrado por grupos armados al margen de la ley”.[79]
7.10.2. La UARIV
estimó que no procedía la solicitud de inclusión en el RUV, en atención a lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y que la
señora Valentina podía
acudir a la justicia ordinaria para obtener verdad, justicia y reparación. Por
lo anterior, se confirmó Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018.
7.11.   La accionante presentó la demanda de tutela el 13 de diciembre de
2018 y, a su juicio, se le negó la inclusión en el RUV por presentar la
declaración de los hechos victimizantes de manera extemporánea. En la tutela expuso que “además de todos los sufrimientos que he pasado durante
estos años, no es justo que no me incluyan en el registro único de víctimas y
me nieguen por ende esa calidad, ya que en la actualidad todavía vivo con temor
y angustia por todo lo sucedido. Es por eso Señor juez que le solicito
interceder por mí y por mi familia”.[80] Finalmente, solicitó que se ordenara a la entidad accionada
reconocer y pagar las ayudas humanitarias a las que asegura tener derecho, en
atención a que considera que es una persona protegida constitucionalmente.
Análisis de la posible vulneración de
los derechos fundamentales de la accionante
7.12.   Dicho esto, corresponde a la Sala examinar si la
entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la accionante al negarle
la inclusión en el Registro Único de Víctimas.
7.13.   La accionante señaló en la demanda de tutela que en los actos
administrativos en los que negó su inclusión en el RUV y el
reconocimiento de los hechos victimizantes, la UARIV consideró
que su declaración era extemporánea.
7.13.1. Sobre el
particular, conviene aclararle a la accionante que de acuerdo con el artículo
155 de la Ley 1448 de 2011, para ser incluidas en el RUV “[l]as víctimas
deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término de
cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para
quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2)
años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean
con posterioridad a la vigencia de la ley”.
7.13.2. El mismo
artículo también dispone que los términos dispuestos deben ser cumplidos salvo
cuando se acredite un “evento de fuerza mayor que haya impedido a la
víctima presentar la solicitud”.
7.13.3. En el
asunto de la referencia, los hechos victimizantes que expone la señora Valentina ocurrieron antes del 10 de
junio de 2011, fecha de la promulgación de la Ley 1448. En consecuencia, la
accionate tenía que presentar su declaración antes del 10 de junio de 2015,
fecha en la que se cumplían los cuatro años a los que hace alusión el artículo
155 de la ley.
7.13.4. En la
Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018, la
UARIV indicó que la señora Valentina presentó su declaración de manera
extemporánea ya que solo lo hizo hasta el 18 de abril de 2018. Sin perjuicio de
ello, la entidad (i) tomó en consideración que la deponente había asegurado que
no se había acercado a rendir declaración antes por miedo a ser asesinada, (ii)
se refirió a las condiciones de vulnerabilidad psicosocial de las mujeres
víctimas y (iii) concluyó que procedía el análisis de los hechos victimizantes.
7.14.   Ahora bien, para dar respuesta al problema
jurídico puesto a consideración y estudiar la posible vulneración de los
derechos fundamentales de la señora Valentina, la Sala adelantará un análisis de los dos posibles hechos
victimizantes que la accionante señaló dentro de su
declaración ante la Defensoría de Villavicencio y en la acción de tutela, a
saber:
7.15.    (i) Reclutamiento forzado de menores: La UARIV no vulneró los
derechos fundamentales de la señora Valentina al no incluirla en el RUV por el hecho victimizante de reclutamiento
forzado tal como pasará a explicarse.
7.15.1. El parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 dispone que “[l]os
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o
adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen
de la ley siendo menores de edad”.
7.15.2.
La Corte declaró la exequibilidad de este inciso
en la sentencia C-253A de 2012.[81] La Sala Plena concluyó que, para los efectos de la Ley 1448 de 2011,  solo son considerados
víctimas los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados de manera
forzada y se desvincularon del grupo armado organizado al margen de la
ley siendo menores de edad.
7.15.3.
Para esta Corporación resultó
admisible que la ley de víctimas estableciera como límite para acceder a las
medidas de protección que la desmovilización ocurriera mientras sean menores de
edad y que esto no significaba que se privara a las personas que se encuentren
en esta situación de toda garantía dado que (i) tenían la posibilidad de
ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas y (ii) también están habilitados para acceder a los mecanismos
ordinarios de verdad justicia y reparación.
7.15.4. La
accionante solicitó la inclusión en el RUV y como hecho victimizante relató que
fue reclutada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia el 9
de agosto de 2001, cuando tenía 14 años de edad.
7.15.5. La actora
señaló tanto en la declaración del 18 de abril de 2018
rendida ante la Defensoría de Villavicencio como en la
demanda de tutela que se desvinculó de las Autodefensas Unidas de Colombia el 5
de diciembre de 2005, debido al proceso de desmovilización que adelantó el grupo
armado organizado al margen de la ley.
7.15.6. Ahora bien, la señora Valentina está relacionada en la base de datos de la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN) con código individual Nro. 20-01068 y
su fecha de desmovilización es el 14 de diciembre de 2005.
7.15.7. Las fechas
de los hechos que debe ser tenidos en cuenta para resolver la solicitud de
inclusión en el RUV serán resumidas y ordenadas en la siguiente tabla.
Hechos
Fecha de la
ocurrencia del evento
Nacimiento
12 de abril de 1987
Reclutamiento forzado
9 de agosto de 2001 (14 años de edad)
Mayoría de edad
12 de abril de 2005
Desvinculación de las AUC
14 de diciembre de 2005 (18 años, 8
meses y 2 días de edad)
7.15.8. De acuerdo
con lo antes expuesto, la Sala encuentra que aunque la actora declaró que su
reclutamiento se presentó cuando era menor de edad, su desvinculación de las
Autodefensas Unidas de Colombia se dio luego de cumplir 18 años, de manera que
la decisión de no incluirla en el RUV por el hecho victimizante objeto de
estudio se encuentra ajustada a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia
constitucional sobre la materia.
7.16.    (ii) Delitos contra la libertad e integridad
sexual: La
accionante presentó declaración el 18 de abril de 2018
ante la Defensoría de Villavicencio, solicitó la
inclusión en el RUV y aseguró que el día 19 de agosto de 1999 su mamá, su
hermana y ella fueron abusadas sexualmente por miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia en la finca en la que residían, ubicada
en el municipio de Tibú (Norte de Santander).
7.16.1. La UARIV
resolvió la solicitud de inclusión en el RUV mediante resoluciones (i)
Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018, (ii) Nro. 2018-34360R del 31 de julio
de 2018 (Reposición) y (iii) Nro. 201848050 del 10 de septiembre de 2018
(Apelación). Dentro de todos los actos administrativos la entidad se pronunció
frente al reclutamiento forzado pero no ocurrió lo mismo tratándose del hecho
victimizante de abuso sexual.
7.16.2. Tanto en
el primer acto administrativo como en el que se resuelve la reposición solo se
hace alusión a que la señora Valentina no cumple los requisitos del parágrafo 2
del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 para que ser incluida en el RUV.
7.16.3. Por otra
parte, en el acto administrativo en el que se resuelve la apelación, la UARIV
se refiere a los hechos victimizantes de amenaza,
tortura, lesiones, así como reclutamiento forzado y señaló simplemente lo que
se cita a continuación:
“Es importante
señalar que para la fecha y lugar de los hechos se evidencian otros factores
delincuenciales no necesariamente asociados al conflicto armado interno que
vive el país, no existe denuncia ante autoridad competente por este hechos
(sic), no se ha individualizado a los autores del hecho, como tampoco se ha
podido establecer que fue perpetrado por grupos armados al margen de la ley”.[82]
7.16.4. Para la
Sala, la entidad demandada omitió deliberadamente referirse al hecho
victimizante de abuso sexual que puso de presente la accionante. Como puede
observarse, en el recurso que se interpuso contra la decisión administrativa,
la accionante indicó que para ella es más importante la inclusión en el RUV por
el delito del que fue víctima y que vulneró su libertad e integridad sexual.
Textualmente recalcó lo siguiente:
“Sin embargo, PARA
MI ES MAS IMPORTANTE, que no se me excluya de la inclusión por el hecho
victimizante de VIOLENCIA SEXUAL el cual lo declare (sic) en esa misma
declaración con el formato FUD-BJ000352318. La cual se produjo el 19 de agosto
de 2018”.[83]
7.16.5. Así las
cosas, para la Sala existe una vulneración de los derechos al debido proceso y al
reconocimiento como víctima del conflicto armado de la señora Valentina dado que la UARIV no resolvió
su petición de ser incluida en el RUV por el hecho victimizante de abuso
sexual.
7.16.6. En el caso
analizado, es claro que la entidad demandada no prestó el acompañamiento
requerido a la señora Valentina pese a que manifestó ser víctima de violencia sexual y dejó de
pronunciarse sobre la solicitud de inclusión por este hecho victimizante que
afecta su libertad e integridad sexual.
7.16.7. El
parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 1448 de 2011 dispone que “[e]n
cada una de las entidades públicas en las que se brinde atención y/o asistencia
a víctimas, se dispondrá de personal capacitado en atención de víctimas de
violencia sexual y género, que asesore y asista a las víctimas”.
7.16.8. Como se
explicó en el acápite anterior, la violencia sexual contra la mujer es una
práctica habitual, extendida, sistemática e invisible y se ve agravada por el
miedo, la desconfianza de las afectadas con respecto al sistema de justicia, la
falta de acompañamiento, la estigmatización y la deficiencia en la formación de
los funcionarios que atienden sus requerimientos.
7.16.9. Así pues,
un modo de perpetuar la vulneración de los derechos de las mujeres que
aseguran ser víctimas de la violencia es hacer caso omiso a sus peticiones y, tal
como ocurre en el caso analizado, silenciar e ignorar el relato de los hechos
victimizantes, a lo que se suma la falta de respuesta frente a la inclusión en
el RUV.
7.16.10.
En el marco de sus funciones, correspondía a la
UARIV estudiar la procedencia de la solicitud de la accionante, brindarle
atención, asesoría y asistencia y motivar el acto administrativo en el que se
decidía sobre su inclusión en el RUV.
7.16.11.
Además, la UARIV debía exponer elementos de
contexto congruentes con la situación y el hecho victimizante de la declarante
y no limitarse a citar un extracto de una publicación
realizada por la Cruz Roja Colombiana con la Cruz Roja Española denominada “En
Impacto Humanitario en Víctimas Civiles por la Contaminación por Armas en
Colombia 1984-2014”, en el que se hace alusión a asesinatos selectivos.
7.16.12.
Resulta paradójico que aunque la accionante
solicitó la inclusión en el RUV y manifestó ser víctima de abuso sexual, el
elemento de contexto analizado tenía que ver con asesinatos selectivos en el
municipio de Tibú (Norte de Santander) entre los años 1999 a 2001.
7.16.13.
Es de público conocimiento el accionar de los
grupos paramilitares en el departamento de Norte de Santander. Sobre el
particular, en el documento denominado “Catatumbo: Memorias de
vida y dignidad” del Centro Nacional de Memoria Histórica se pone de
presente que entre 1999 y 2004, el Bloque Catatumbo de las AUC (Autodefensas
Unidas de Colombia) “convirtió a Tibú y a El Tarra en referencia nacional
por las masacres, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violencia
sexual y el amplio repertorio de modalidades o tipos de violencia que desató en
este territorio”.[84]
7.16.14.
El informe construye una mirada
histórica, transversal y comprehensiva de lo sucedido en la región y aunque no
aborda un tipo de violencia en específico sí indica que el establecimiento de
los paramilitares en la región del Catatumbo estuvo acompañado de actos que
afectaron, principalmente, los derechos a la libertad e
integridad sexual de niñas y mujeres casadas o embarazadas.
7.16.15.
Particularmente, en el documento del Centro Nacional
de Memoria Histórica se hace un recuento de 255 casos de violencia
sexual cometidos por los paramilitares en el Catatumbo que fueron documentados por el Observatorio de memoria y Conflicto, entre los
que se destacan “los municipios de Tibú con 88 casos, Teorama
con 59, San Calixto con 42, Ocaña con 20 y El Tarra con 30”.
7.16.16.
De entrada, la Sala observa que la UARIV omitió
pronunciarse sobre el hecho victimizarte de abuso sexual que declaró la
accionante y esa postura asumida por la entidad accionada solo demuestra el
proceso de invisibilidad oficial que afecta a quienes aseguran ser víctimas del
conflicto.
7.16.17.
Por otra parte, no resulta congruente poner en
cabeza de la víctima la obligación de demostrar con elementos probatorios la
ocurrencia de los delitos que atentan contra su libertad
e integridad sexual. Se insiste que en estos casos las entidades estatales
tienen la obligación de brindar atención y asistencia, así como evaluar elementos jurídicos, técnicos y de contexto
que le permitan fundamentar una decisión frente a cada caso particular.
7.16.18.
Además de evaluar elementos de contexto como el
antes referenciado, la entidad también debía tener en cuenta que la accionante
fue incluida en el denominado Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y
manifestó que su salida del municipio de Tibú (Norte de Santander) estuvo
motivada por el abuso sexual del que asegura fueron víctimas su mamá, su
hermana y ella.
7.16.19.
Lo anteriormente descrito permite a esta Sala
concluir que la UARIV no actuó de manera diligente y, en el marco de sus
funciones, dejó de pronunciarse sobre el hecho victimizante que se refiere a la
libertad e integridad sexual y que sobre el cual la señora Valentina requirió especial atención. De
ahí que no existiera atención, asistencia, acompañamiento por personal
capacitado, motivación alguna y que la definición de su
situación jurídica fuera desestimada sin la menor atención.
7.17.
La jurisprudencia constitucional reconoce que es posible ordenar la inscripción o inclusión en el RUV cuando se verifique que la
UARIV profirió  una decisión que no cuenta con motivación suficiente.[85]
En el caso particular, no hay motivación alguna frente al hecho victimizante
que declaró la accionante sobre abuso sexual. De esta
manera, para la efectiva protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al reconocimiento como víctima del conflicto
armado de la actora, la Sala resolverá
y ordenará lo siguiente:
7.18.
Inicialmente, revocará la sentencia del 18 de enero de 2019, proferida por el Juzgado Tercero de Familia del
Circuito de Villavicencio (Meta) en la que declaró la improcedencia de la
tutela interpuesta por Valentina contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas por existir otro medio de defensa judicial. En su lugar, concederá
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al reconocimiento como víctima del conflicto armado.
7.19.
En consecuencia, dejará sin efectos jurídicos las resoluciones Nro.
2018-34360 del 28 de mayo de 2018, Nro. 2018-34360R del 31 de julio de 2018 y
Nro. 201848050 del 10 de septiembre de 2018 expedidas por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, mediante las cuales decidió
no incluir a Valentina en el RUV y no reconocer los hechos victimizantes
de amenaza; vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades
relacionadas con grupos armados, tortura y hechos que atentan contra la vida,
la dignidad y la integridad personal.
7.20.
La Sala
ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, expida un acto
administrativo en el que incluya a la señora Valentina en el Registro
Único de Víctimas -RUV-, como víctima del “delito contra la libertad y la
integridad sexual en desarrollo del conflicto armado”, para que pueda gozar de
los beneficios que de ello se derivan.
7.21.
También ordenará a la UARIV que inicie la
prestación de los servicios sicosociales y sicológicos, con enfoque diferencial
de género, a la señora Valentina.
7.22.
Finalmente, la Sala ordenará a la entidad
accionada que en el proceso de reparación integral atienda a la accionante con
enfoque diferencial de género y debida diligencia en el amparo de sus derechos
fundamentales.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia del 18 de enero de 2019,
proferida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Villavicencio
(Meta) en la que declaró la improcedencia de la tutela interpuesta por Valentina
contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas por existir otro medio de defensa
judicial. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y al reconocimiento como víctima del
conflicto armado.
SEGUNDO.- DEJAR
SIN EFECTOS JURÍDICOS las resoluciones Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018,
Nro. 2018-34360R del 31 de julio de 2018 y Nro. 201848050 del 10 de septiembre
de 2018 expedidas por la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante las cuales decidió no incluir a Valentina en el
RUV y no reconocer los hechos victimizantes de amenaza; vinculación de niños,
niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, tortura y
hechos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal.
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, expida un acto administrativo en el que resuelva
la solicitud que presentó señora Valentina y la incluya en el Registro
Único de Víctimas -RUV-, como víctima del “delito contra la libertad y la integridad
sexual en desarrollo del conflicto armado”, para que pueda gozar de los beneficios
que de ello se derivan.
CUARTO.- ORDENAR a la
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) que, en el término máximo de quince (15) días hábiles siguientes a
partir de la notificación de esta sentencia, inicie la prestación de los
servicios sicosociales y sicológicos, con enfoque diferencial de género, a la
señora Valentina, que la apoyen en la superación de los impactos emocionales
derivados de la violencia sexual y en el restablecimiento de su salud mental y
emocional.
QUINTO.- ORDENAR a la
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) que en el proceso de reparación integral atienda a la accionante con
enfoque diferencial de género y debida diligencia en el amparo de sus derechos
fundamentales.
SEXTO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General
de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las
partes –a través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36
del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sala de Selección Número Cuatro de 2019, integrada por los Magistrados Cristina
Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos.
[2]
Acuerdo 02 de 2015, por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de
la Corte Constitucional. Artículo 62. Publicación de providencias. En la
publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o el Magistrado
sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o
circunstancias que identifiquen a las partes.
[3]
Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599
de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual
con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Artículo 13.
Derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual. Las víctimas de
violencia sexual sin perjuicio de los derechos, garantías y medidas
establecidos en los artículos 11 y 14, y el Capítulo IV del Título IV de la Ley
906 de 2000 <sic, es 2004>; en los artículos 8o, 19, 20, 21 y 22 de la
Ley 1257 de 2008; en los artículos 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53,
54, 69, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 149, 150, 151, 181, 182, 183, 184, 186,
187, 188, 190, 191 de la Ley 1448 de 2011; en el artículo 54 de la Ley 1438 de
2011; en el artículo 15 de la Ley 360 de 1997; en los artículos 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198 de la Ley 1098 de 2006 y demás disposiciones que las
modifiquen o adicionen, tienen derecho a: 1. Que se preserve en todo momento la
intimidad y privacidad manteniendo la confidencialidad de la información sobre
su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros,
incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es
irrenunciable para las víctimas menores de 18 años (…).
[4] La señora Valentina
aportó como prueba una copia simple de su cédula de ciudadanía. Folio 7 del
cuaderno principal.
[5]
En la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de
mayo de 2018 expedida por la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas quedó
registrado que la señora Valentina rindió declaración ante la Defensoría
de Villavicencio el 18 de abril de 2018. Folio 16 del cuaderno principal del
expediente.
[6]
El relato que hizo Valentina cuando rindió
declaración ante la Defensoría de Villavicencio el 18 de abril de 2018 quedó
registrado en la Resolución Nro.
2018-34360 del 28 de mayo de 2018 mediante la cual se le negó la inclusión en
el RUV. Folio 16 del cuaderno principal del expediente.
[7]
Corte Constitucional, auto 009 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[8]
La Valentina
indicó dentro del proceso para ser incluida en el RUV que “no había
declarado antes porque me daba miedo que nos podían matar (sic)”.
[9]
Folio 19 del cuaderno principal del expediente.
[10]
Folio 19 del cuaderno principal del expediente.
[11]
Folio 19 del cuaderno principal del expediente.
[12]
Folio 15 del cuaderno principal del expediente.
[13]
Folio 23 del cuaderno principal del expediente.
[14]
Folio 28 del cuaderno principal del expediente.
[15]
Folio 28 del cuaderno principal del expediente.
[16]
Folio 28 del cuaderno principal del expediente.
[17]
Folio 28 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[18]
Folio 29 del cuaderno principal del expediente.
[19]
La señora Valentina
aportó copia simple de la tarjeta de identidad de Sofía  nacida en el
municipio de Villavicencio (Meta) el 22 de marzo de 2008. Folio 8 del cuaderno
principal del expediente.
[20]
La señora Valentina
aportó copia simple del Registro Civil de su hijo Carlos nacido en
el municipio de Villavicencio (Meta) el 6 de abril de 2014. Folio 9 del
cuaderno principal del expediente.
[21]
Folio 1 del cuaderno principal del
expediente (reverso).
[22]
Folio 40 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[23]
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2016 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[24]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
[25] Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa).
[26] Corte Constitucional, sentencia T-311
de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y SU-772 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[27]
Corte Constitucional, sentencias T-192 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-006 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), T-692 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-525 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa),
T-573 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa), T-417 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-301 de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez), T-584 de 2017
(MP José Fernando Reyes Cuartas) y T-227 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger), en las que esta Corporación ha sido enfática al advertir
que tratándose de víctimas de la violencia resulta desproporcionado exigir el
agotamiento de los medios de defensa judicial existentes en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
[28]
Corte Constitucional,
sentencia T-290 de 2016
(MP Alberto Rojas
Ríos), en la que la Sala Octava indicó que “debido
al particular estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población víctima
del conflicto armado interno, la acción de tutela es el mecanismo judicial
idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, cuando
su satisfacción depende de la inclusión en el Registro Único de Víctimas”.
[29]
Corte Constitucional, sentencias T-301 de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez), T-342 de
2018 (MP Alejandro Linares Cantillo) y T-393-18
(MP Alberto Rojas Ríos; SV Carlos Bernal Pulido).
[30]
Corte Constitucional, sentencia T-299 de 2018 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[31]
Corte Constitucional, sentencia T-290 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos).
El argumento sobre la procedencia de la tutela para
controvertir la motivación de los actos administrativos proferidos por la UARIV
se reiteró en la sentencia T-621 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SV Carlos Bernal Pulido).
[32]
Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez).
[33]
Corte Constitucional, sentencia T-299 de 2018 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[34]
Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2019 (MP
Cristina Pardo Schlesinger).
[35]
Algunas consideraciones de este capítulo fueron retomadas de la sentencia T-227
de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[36]
Corte Constitucional, sentencia T-290 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos) en la que
la Sala Octava de Revisión se refirió al derecho de las víctimas a la inclusión en el RUV.
[37]
Corte Constitucional. Sobre el carácter fundamental del derecho de las víctimas
a la inscripción en el RUV pueden consultarse las sentencias: T-163 de 2017 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado), T-478 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado),
T-478 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), T-227 de 2018 (MP
Cristina Pardo Schlesinger), T-171 de 2019 (MP Cristina
Pardo Schlesinger) y T-169 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[38]
Corte Constitucional, sentencia T-169 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[39]
Decreto 1084 de 2015. Artículo 2.2.2.1.1. (compilado del artículo
16 del Decreto 4800 de 2011).
[40]
Decreto 1084 de 2015. Artículo 2.2.2.1.4. (compilado del artículo 19 del
Decreto 4800 de 2011).
[41] Decreto 1084 de 2015. Artículo 2.2.2.3.5. (compilado
del artículo 31 del Decreto 4800 de 2011).
[42]
Decreto 1084 de 2015. Artículo 2.2.2.3.11.
(compilado del artículo 37 del Decreto 4800 de 2011).
[43]
Corte Constitucional, sentencias T-451 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo) y
T-834 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[44]
Corte Constitucional, sentencia T-290 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos).
[45]
Corte Constitucional, sentencia T-556 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa).
[46]
Corte Constitucional, sentencia T-328 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), en la
que esta Corporación sintetizó las hipótesis en las que es procedente ordenar la
inscripción en el RUV o la revisión de la declaración rendida para la inclusión
en el registro. Lo anterior se reiteró en las sentencias T-630 de 2007 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-156 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil, T-1134
de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-582 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-087 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis
Ernesto Vargas Silva), T-112 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-301 de
2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez) y T-584 de 2017 (MP José Fernando Reyes
Cuartas).
[47]
Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), reiterada
en las providencias T-268 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-821
de 2007 (MP Catalina Botero Marino AV Jaime Araújo Rentería), T-458 de 2008 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-647 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández;
AV Jaime Araújo Rentería), T-006 de 2009 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-179 de
2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-092 de 2012 (MP Mauricio González
Cuervo) y T-1064 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada).
[48]
Ley 1448 de 2011. Artículo 5. Principio de buena fe. El Estado presumirá la
buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá
acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En
consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido
ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga
de la prueba.
[49]
Corte Constitucional, sentencia (MP Jaime Córdoba Triviño).
[50]
Algunas consideraciones de este capítulo fueron retomadas de la sentencia T-227
de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[51]
Corte Constitucional, sentencia T-120 de 1993 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[52]
Corte Constitucional, sentencias T-347 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) y
T-404 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía), en las que se reconoció que el derecho
al debido proceso garantiza la protección de la seguridad jurídica.
[53]
Corte Constitucional, sentencia T-467 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) en la
que se definió el derecho al debido proceso administrativo. Las sentencias
T-238 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-706 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) y T-533 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez AV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo) reiteran dicha definición.
[54]
Corte Constitucional, sentencia T-559 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[55]
Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero;
SV Susana Montes Echeverry (Conjuez) y Fabio Morón Díaz).
[56]
Corte Constitucional, sentencia T-707 de
2015 (MP María Victoria Calle Correa).
[57]
Corte Constitucional, sentencia T-991 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[58]
Corte Constitucional, sentencias T-692 de 2014 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
y T-556 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa).
[59]
Corte Constitucional, sentencia T-692 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[60]
Corte Constitucional, sentencia T-301 de
2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez).
[61]
Corte Constitucional, sentencia T-163
de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[62]
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2019 (MP Diana Fajardo Rivera;
SV Alejandro Linares Cantillo).
[63]
Corte Constitucional, sentencia C-172
de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Alfredo
Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería; AV
Rodrigo Escobar Gil), por medio de la cual se realizó la revisión
de Constitucionalidad de la Ley 833 de 2003, por la que se aprobó el “Protocolo
Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños
en conflictos armados”
[64]
Corte Constitucional, sentencia C-203 de 2005
(MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo
Escobar Gil y Clara Inés Vargas Hernández), que resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el
parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 2002 “Por medio de la cual se
prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley
548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”. Esta Corporación
declaró la exequibilidad de la disposición demandada y determino que “para que
el juzgamiento penal de los menores combatientes desmovilizados sea plenamente
respetuoso de su status en tanto sujetos de protección jurídica reforzada, es
indispensable que el proceso judicial en cuestión (i) se oriente hacia el logro
de las finalidades resocializadoras, educativas, protectivas y tutelares que le
corresponden a todo juzgamiento penal de menores, (ii) respete y materialice
los deberes especiales del Estado en relación con los niños y adolescentes
implicados, según se han reseñado en la presente sentencia, tanto en su calidad
de menores infractores, como de menores que han participado en el conflicto
armado, y en tanto víctimas del reclutamiento forzoso, y (iii) se desarrolle
sin perjuicio de que exista una cercana cooperación entre las autoridades
judiciales y las autoridades administrativas del ICBF encargadas de desarrollar
el proceso de protección resocializadora, al cual debe ingresar sin excepción
todo menor combatiente desmovilizado”.
[65]
Corte Constitucional, sentencia C-253A de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SV María Victoria Calle Correa; SVP Juan Carlos Henao Pérez,
Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva y AV Luis Ernesto Vargas
Silva).
[66]
Revisar entre otras, las sentencias de la Corte
Constitucional: T-554 de 2003, T-458 de 2007, T-520 A de 2009, T-1015 de 2010,
T-078 de  2010, T-843 de 2011, T- 205 de 2011.
[67]
En virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos” (Artículo 1), “toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de… sexo” (Artículo
2), y “todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”
(Artículo 7).
[68]
Establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”, los cuales “se
derivan de la dignidad inherente a la persona humana” (preámbulo), “los
Estados Partes en el Presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto” (Artículo 3), y “la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de… sexo” (Artículo
26). (Se subraya).
[69]
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que
sus Estados Partes “se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de…
sexo” (Artículo 1) y que todas las personas “tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley” (Artículo 24).
[70]
Ratificada por Colombia mediante Ley 51 de 1981.
[71]
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer establece que “la discriminación
contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto
de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y
cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar
de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad”
(Preámbulo), que los Estados Partes se comprometen a “seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación
contra la mujer”, con claras obligaciones positivas que de allí se derivan
(Artículo 2), por lo cual “tomarán en todas las
esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural,
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre” (Artículo 3).
[72]
Ratificada por Colombia mediante Ley 248 de 1995. Los artículos 1º y 2º
establecen la definición y el ámbito de aplicación: “Artículo 1. Para los
efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer
incluye la violencia física, sexual y psicológica: || a. que tenga lugar dentro
de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer,
y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; || b. que
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar,
y || c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera
que ocurra.” OEA. Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem Do
Pará”) (1994).
[73]
Proscribe, entre otras, los ataques dirigidos contra la población civil y los
actos de violencia destinados a sembrar terror entre la población civil, que
usualmente preceden y causan el desplazamiento, y en otras oportunidades tienen
lugar después de que el desplazamiento ha tenido lugar-
[74]
Cobija a las mujeres como personas, en relación con quienes existen varias
garantías fundamentales directamente aplicables a la situación que se ha puesto
de presente ante la Corte. Entre ellas (i) la prohibición de la discriminación
en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, (ii) la prohibición del
homicidio, (iii) la prohibición de la tortura y de los tratos crueles,
inhumanos y degradantes -que es en sí misma una norma de ius cogens-, (iv)
la prohibición de los castigos corporales y los suplicios -norma de ius
cogens como tal-, (v) la prohibición de las mutilaciones, de las
experimentaciones médicas o científicas u otras actuaciones médicas no
requeridas por la persona afectada y contrarias a las normas médicas
generalmente aceptadas -la cual de por sí es una norma de ius
cogens-, (vi) la prohibición de la violencia de género, de la violencia
sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el pudor; (vii) la
prohibición de la esclavitud y de la trata de esclavos -norma con
rango propio de ius cogens-, (viii) la prohibición del trabajo forzado
no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición de las desapariciones forzadas,
(x) la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, (xi) la
obligación de respetar las garantías judiciales esenciales y por los principios
de legalidad de los delitos y de las penas y de responsabilidad penal
individual, (xii) la prohibición de los castigos colectivos, (xiii) la
obligación de proteger los derechos de las mujeres afectadas por los conflictos
armados, (xiv) la obligación de proteger los derechos especiales de los niños
afectados por los conflictos armados, junto con la prohibición de reclutamiento
infantil y la prohibición de permitir la participación directa de niños en las
hostilidades, (xv) la prohibición absoluta de los crímenes de lesa humanidad
cometidos en el curso de un conflicto armado –norma igualmente revestida del
carácter autónomo de ius cogens-, y (xxii) la prohibición de los actos
de terrorismo. Ver las referencias específicas que se harán más adelante a
estas garantías fundamentales. Ver la sentencia C-291 de 2007.
[75] Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas
para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Francis Deng. “Principio
11: 1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad física,
mental o moral. 2. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los
desplazados internos serán protegidos, en particular, contra: - la
violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de
violencia contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de
ataque a la libertad sexual; (…). Principio 19: 1. Los desplazados internos
enfermos o heridos y los que sufran discapacidades recibirán en la mayor medida
posible y con la máxima celeridad la atención y cuidado médicos que requieren,
sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. Cuando sea
necesario, los desplazados internos tendrán acceso a los servicios psicológicos
y sociales. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la
mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en
particular los servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado de
las víctimas de abusos sexuales y de otra índole”. (Se subraya).
[76]
Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno (1998). Principio 1: “los desplazados internos disfrutarán
en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho
internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país”. Principio 4: provee el criterio interpretativo primordial a este
respecto en relación con las mujeres desplazadas, al disponer que los
Principios en general “se aplicarán sin distinción alguna de… sexo”, a
pesar de lo cual ciertos desplazados internos, tales como “las mujeres
embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia”
y otras personas especialmente vulnerables “tendrán derecho a la protección
y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta
sus necesidades especiales”.
[77]
Folio 7 del cuaderno principal.
[78]
Folio 19 del cuaderno principal del expediente.
[79]
Folio 29 del cuaderno principal del expediente.
[80]
Folio 1 del cuaderno principal del
expediente (reverso).
[81]
Corte Constitucional, sentencia C-253A de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SV María Victoria Calle Correa; SVP Juan Carlos Henao Pérez,
Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva y AV Luis Ernesto Vargas
Silva).
[82]
Folio 29 del cuaderno principal del expediente.
[83]
Folio 12 del cuaderno principal del expediente.
[84]
Centro Nacional de Memoria Histórica. “Catatumbo:
Memorias de vida y dignidad”. 2018. Disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/catatumbo-memorias-de-vida-y-dignidad.
[85]
Corte Constitucional, sentencia T-328 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), en la
que esta Corporación señaló que una de las hipótesis en las que es procedente
ordenar la inscripción en el RUV o la revisión de la declaración rendida para
la inclusión en el registro se presenta cuando la entidad profiere una decisión
que no cuenta con una motivación suficiente. Lo anterior se reiteró en las
sentencias T-630 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-821 de 2007 (MP
Catalina Botero Marino; AV Jaime Araújo Rentería), T-156 de 2008 (MP Rodrigo
Escobar Gil), T-1134 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-582 de 2011
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-087 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-112 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-004 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera; SVP Alejandro Linares
Cantillo) en casos de desplazamiento forzado. También se reiteró la regla en
eventos en los que se estudió la inclusión en el RUV por casos de desaparición
forzada: T-417 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-393 de 2018 (MP Alberto
Rojas Ríos; SV Carlos Bernal Pulido), homicidio: T-301 de 2017 (MP Aquiles
Arrieta Gómez), T-584 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas), T-227 de 2018 (MP
Cristina Pardo Schlesinger) y T-149 de 2019 (MP Diana Fajardo Rivera; SV
Alejandro Linares Cantillo), así como acceso carnal violento: sentencia T-211 de 2019 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).