T-447-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-447/08
DERECHO AL TRABAJO-Alcance
ENFERMEDAD NO PROFESIONAL-Definición
CONTRATO REALIDAD-Prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal
PRESUNCION DE RELACION LABORAL-Inversión
de la carga de la prueba
INCAPACIDAD NO PROFESIONAL-Requisitos de
los cuales depende el reconocimiento de las incapacidades no profesionales
DERECHO AL TRABAJO-Reintegro
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Valoración
para efectos de determinar el grado de discapacidad y el origen de la misma
Referencia: expediente T-1.613.082
Acción de tutela instaurada por Adalberto Castilla Pájaro contra
FAMISANAR E. P. S.
Magistrado Ponente
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C.,
ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por
los Magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández, y Humberto
Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el
Juzgado Primero Penal Municipal de Cartagena en la acción de tutela instaurada
por Adalberto Castilla Pájaro contra FAMISANAR E. P. S.
I. ANTECEDENTES
El Ciudadano Adalberto Castilla Pájaro interpuso acción de tutela
con el objetivo de obtener amparo judicial de sus derechos fundamentales a la
vida, la salud y la seguridad social, los cuales, según el escrito de demanda,
han sido conculcados por la entidad demandada debido a la ocurrencia de los
hechos que a continuación resume la Sala:
1.- A partir del día 16 de diciembre de 2004 el
accionante fue afiliado a la Empresa Promotora de Salud Famisanar por parte de
la Cooperativa “Otamos Asociados”, a la cual el Ciudadano prestaba sus
servicios.
2.- El día 31 de enero de 2005 el peticionario sufrió un
“stroke hemorrágico (derrame cerebral)” por el cual fue hospitalizado en
la Clínica Blasdelezo. En el escrito de tutela el accionante informó que “como
consecuencia de esta enfermedad, la cual me afectó el funcionamiento del
hemicuerpo izquierdo y alteraciones visuales en el ojo izquierdo, y por ello,
la empresa donde me encontraba laborando dio por terminado mi contrato y así
dejó de cotizar a la EPS FAMISANAR LTDA”.
3.- Como parte de la atención ofrecida por la entidad
demandada, Famisanar EPS autorizó el pago de varias incapacidades ordenadas por
el médico tratante. Sin embargo, sobre el particular el peticionario informó
que al momento de promover el proceso de tutela, la institución le adeudaba “las
incapacidades de 17 días desde el 30 de enero hasta el 15 de febrero de 2005
por un lado, y por otro lado, las incapacidades de 15 y 30 días de fechas 6 y
13 de abril de 2005”.
4.- El señor Castilla Pájaro solicitó a la entidad
demandada la práctica de una calificación médica en la cual se estableciera el origen
y grado de invalidez que padecía, dado que, según manifiesta el Ciudadano,
perdió de manera definitiva la visión del ojo izquierdo y, adicionalmente, en
la actualidad padece una limitación funcional del hemicuerpo izquierdo. Sobre
el particular, señaló que no obtuvo respuesta a tal solicitud por parte de la
entidad accionada.
Para terminar, el Ciudadano solicitó al juez ordenar a
Famisanar E. P. S. la autorización de la valoración de su incapacidad laboral y
el pago de las incapacidades relacionadas, como mecanismo de protección de sus
derechos fundamentales. Adicionalmente, como argumento empleado para indicar la
urgencia de la petición elevada, el accionante informó que los estragos
ocasionados a su salud por el derrame cerebral le han impedido desempeñar
cualquier tipo de labor, lo cual ha sometido a su núcleo familiar a una difícil
situación económica, circunstancia que, a su vez, amenaza los derechos
fundamentales al mínimo vital de cada uno de sus miembros.
II. Intervención del demandado
Por medio de escrito presentado el día 7 de marzo de
2007, el representante de la entidad demandada radicó escrito de contestación
de demanda en el cual se opuso a la pretensión de amparo elevada por el
accionante. Luego de adelantar un examen de la normatividad de seguridad social
que regula el pago de incapacidades y la orden de valoración por la Junta
regional de calificación de invalidez; manifestó que las incapacidades
correspondientes al lapso comprendido entre el 6 de abril y el 20 de abril
habían sido debidamente autorizadas y canceladas. Igualmente, informó que fue
autorizado un segundo pago para el término que se extendió entre el 21 de marzo
y el 5 de abril, el cual no había sido reclamado por el peticionario.
En cuanto a la segunda pretensión, señaló que, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 2463 de 2001, la solicitud de la
valoración que ha de realizar la Junta regional de calificación de invalidez
corresponde al Fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el trabajador,
razón por la cual no le resulta oponible tal obligación. Para concluir, con el
objetivo de hacer hincapié en la improcedibilidad de la primera petición, en el
escrito fueron consignados varios pronunciamientos de esta Corporación a
propósito del carácter excepcional de las pretensiones de orden económico en el
contexto de un proceso de tutela.
III. Sentencia objeto de revisión
3.1. El día 2 de marzo de 2007, la Señora Jueza Primera
Penal Municipal de Cartagena recibió prueba testimonial rendida por el
accionante en la cual precisó su pretensión de amparo e informó con mayor
detalle las circunstancias fácticas sobre las cuales se apoya la petición. En tal
sentido, el accionante hizo especial énfasis en la situación económica en la
cual se encuentra en la actualidad; sobre el particular, manifestó lo
siguiente: “necesito que me ayuden por (Sic) no quiero seguir siendo
una carga para mi familia, es muy dura nuestra situación económica porque
tenemos deudas de alimentación y además mi hija –quien según el testimonio
es menor de edad- tuvo que suspender sus estudios”.
3.2. Por solicitud presentada por el accionante, los
Ciudadanos Alberto Manuel Galarcio Miranda y Alejandro Enrique Rivero García
rindieron testimonio con el objetivo de informar al Despacho judicial el grado
de incapacidad laboral del peticionario y las condiciones fácticas que rodeaban
su núcleo familiar.
3.3. El día 14 de marzo de 2007 el Juzgado Primero Penal
Municipal de Cartagena negó por improcedente la acción de tutela promovida por
el Ciudadano Castilla Pájaro. Como fundamento de la decisión adoptada, el
Despacho señaló que en el caso concreto se observaban al menos dos
controversias que, por su naturaleza, desbordan la esfera de competencias
confiada al juez de tutela y que, por tal razón, debían ser resueltas ante la
jurisdicción laboral ordinaria. Se trataba, en primer lugar, de las
incapacidades cuyo pago reclamaba el accionante, pues al examinar los
pronunciamientos de las partes se deduce que no hay acuerdo respecto de su
existencia y reclamación. En segundo término, el a quo concluyó que
tampoco es pacífico el punto acerca del destinatario de la obligación de
promover la valoración ante la Junta regional de calificación de invalidez. Por
las razones anotadas el Juzgado negó la solicitud de amparo.
IV. PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA DE REVISIÓN
Mediante auto del 28 de agosto de 2007 la Sala de Revisión ordenó la
vinculación de la Cooperativa Otamo Asociados al proceso de tutela de la
referencia en la medida en que, si bien dicha entidad no fue demandada por el
Ciudadano en la acción inicialmente promovida, aquella podría resultar
involucrada dentro de las decisiones adoptadas en el proceso de amparo. En tal
sentido, solicitó a su representante legal que se pronunciara sobre las
pretensiones y el problema jurídico planteado por la aludida acción. Adicionalmente,
en la misma providencia se ordenó a Famisanar EPS informar de manera amplia y
suficiente el conjunto de prestaciones médicas ofrecidas al Ciudadano para la
recuperación de su salud.
4.1. Respuesta a la solicitud de pruebas
4.1.1.- La Ciudadana Stella Caicedo Villota, en su
calidad de representante legal de Otamo asociados, se pronunció sobre el
auto de pruebas anteriormente reseñado con el objetivo de solicitar a la Sala
de Revisión la confirmación de la decisión de instancia mediante la cual fue
negada la pretensión de amparo de los derechos fundamentales del accionante. En
cuanto a la información requerida en la providencia, manifestó que el Ciudadano
Castilla Pájaro se vinculó a la Cooperativa en calidad de trabajador asociado a
partir del día 16 de diciembre de 2004, fecha a partir de la cual se desempeñó
como “ayudante de construcción”. Adicionalmente, señaló que al
demandante “se le cancelaron por parte de la Cooperativa las compensaciones
ordinarias y las prestaciones económicas a que tenía derecho como Trabajador
Asociado por concepto de su enfermedad de origen común. En el mismo sentido
indicó que “El señor presentó a OTAMO ASOCIADOS únicamente la incapacidad
certificada por la EPS del día 5 de febrero de 2005 al 24 de febrero de 2005
por 20 días. La incapacidad correspondiente desde el día 21 de marzo de 2005,
hasta el día 5 de abril de 2005 el señor ADALBERTO CASTILLO PAJARO de igual
manera fue cancelada por OTAMO ASOCIADOS. La incapacidad correspondiente al 6
de abril de 2005 hasta el día 20 de abril de 2005 no se presentó a OTAMO, razón
por la cual quedó pendiente de pago por la EPS, No obstante ser obligación
establecida en el Régimen de Trabajo Asociado por parte del Sr. Castilla Pájaro
presentar esta incapacidad para que la Cooperativa pueda tramitar el pago de la
misma y continuar en el registro social como Trabajador Asociado y habérsele
requerido por la misma”.
Aunado a lo anterior, la representante informó que la
obra por la cual fue contratado el Ciudadano concluyó en el mes de abril de
2005, razón por la cual la Cooperativa llevó a cabo la liquidación de los
convenios de asociación suscritos con los trabajadores.
4.1.2.- Mediante comunicación recibida por la Secretaría
de esta Corporación el día 3 de septiembre de 2007, la representante legal de
Famisanar EPS informó a la Sala que el Ciudadano Adalberto Enrique se afilió a
dicha entidad el día 22 de enero de 2005 como cotizante y que en la actualidad la
vinculación se encuentra cancelada “por pérdida de capacidad de pago”.
En cuanto al pago de las incapacidades médicas prescritas, manifestó que la
entidad realizó los siguientes pagos: “a. Incapacidad desde el día 6 de
abril de 2005, hasta el 20 de abril de 2005, la cual se encuentra autorizada y
cancelada. Incapacidad desde el 21 de marzo de 2005, hasta el 5 de abril de
2005, la cual se encuentra autorizada por la EPS, le fue entregada al APODERADO
del usuario la AUTORIZACIÓN para que tramitara el cobro de la incapacidad
directamente con la empresa por valor de $216.678. Hasta la fecha ya le fueron
autorizadas las incapacidades, que en su momento el usuario radicó y las cuales
NO SUPERAN LOS 180 DIAS, en atención a lo dispuesto por el art. 227 del
Código Laboral”.
De otra parte, acerca de la pretensión elevada por el
Ciudadana mediante la cual solicita la calificación de la pérdida de capacidad
laboral, señala que en su calidad de EPS, según lo dispuesto en el artículo 23
del Decreto 2463 de 2001, no le corresponde promover tal valoración pues esta
responsabilidad es exigible, en el caso concreto, a la correspondiente Administradora
del fondo de pensiones.
Para terminar, con fundamento en las consideraciones
desarrolladas por esta Corporación en sentencia T-015 de 2003, solicitó al juez
de tutela desestimar las pretensiones del accionante toda vez que, según la
exposición del representante, por esta vía el Ciudadano reclama prestaciones de
contenido prestacional, las cuales, por su naturaleza, se encuentran fuera de
los márgenes del proceso de amparo.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.- Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para
revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.- Asunto a tratar
Antes de resolver la solicitud de tutela que ha sido
planteada a esta Sala de Revisión, es preciso dar respuesta al siguiente
problema jurídico: ¿la conservación del empleo, como expectativa del empleado,
constituye una pretensión amparada por el derecho al trabajo, cuando quiera que
el trabajador ha padecido un riesgo de origen común? Con el objetivo de
resolver el asunto formulado, la Sala llevará a cabo un examen de las
siguientes consideraciones con fundamento en las cuales procederá a solucionar
la pretensión de amparo: (i) El derecho al trabajo como garantía iusfundamental.
(ii) Protección constitucional al trabajador que ha padecido un riesgo de
origen común y el principio de solidaridad. (iii) El postulado de primacía de
la realidad sobre las formalidades en materia laboral.
El derecho al trabajo como garantía iusfundamental.
Reiteración de jurisprudencia
Sin lugar a dudas, una de las insignias más notables del
Estado Social de Derecho (artículo 1° superior) se encuentra en el compromiso
asumido por la organización estatal consistente en brindar protección a los
derechos económicos, sociales y culturales. Como ha sido señalado de manera
abundante en la jurisprudencia de esta Corporación, en estas garantías se
materializa el propósito que animó el tránsito del Estado de Derecho, anclado
en una concepción puramente formal de las libertades, a este nuevo modelo en el
cual se reconoce el trasfondo económico y social que subyace la totalidad de
las relaciones que se establecen en el ordenamiento, del cual depende, en último
término, la posibilidad real de goce de tales libertades.
En tal sentido, el objetivo al cual se hace alusión
consiste en ofrecer un acceso material al conjunto de derechos
reconocidos en los textos constitucionales, pues gracias a la profunda escisión
entre economía y derecho –la cual había sido concebida como la fórmula ideal
para la realización de las libertades de los Ciudadanos- se hizo evidente la
necesidad de enmendar las rupturas del tejido social que habían surgido como
consecuencia de la liberalización total del mercado que, a su vez, había
apartado a buena parte de la población de la oportunidad de ejercer sus
libertades fundamentales. El Estado Social de Derecho emerge, entonces, como el
resultado de una acentuada reformulación de los instrumentos para la
consecución de la libertad y, hasta cierto punto, de una nueva reflexión acerca
del concepto mismo de libertad que pretende ser amparada en las democracias
constitucionales.
En este contexto, el derecho al trabajo adquiere una
innegable importancia como condición, en la mayoría de los casos insustituible,
para la realización de los derechos fundamentales, motivo por el cual la
realización de los supuestos que lo hagan posible constituye uno de los asuntos
más relevantes que deben ser atendidos no sólo por el Estado, sino por la
sociedad en conjunto.
El texto constitucional colombiano da fe de la enorme
importancia que adquiere el derecho al trabajo en este panorama, no sólo como medio
de participación activa en la economía, sino adicionalmente como herramienta
para la realización del ser humano como Ciudadano, esto es, como integrante
vivo de la asociación que aporta de manera efectiva elementos para la
consecución de los fines de la sociedad. En tal sentido, el preámbulo de la
Carta reseña como propósito esencial del acta fundacional vertida en la
Constitución Nacional el aseguramiento de “la vida, la convivencia, el  trabajo,
la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”.
De manera específica, el artículo 25 superior consagra
este derecho en los siguientes términos: “El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”[1]. De acuerdo a la
tradicional distinción que traza una frontera entre los diferentes derechos
consignados en los textos superiores, se concluye que el trabajo es un derecho
constitucional amparado por el ordenamiento jurídico. Empero, tal caracterización
deja sin resolver el interrogante sobre la eventual naturaleza iusfundamental
que esta garantía pueda revestir.
Como ocurre con el conjunto de derechos económicos,
sociales y culturales, en contra de dicho reconocimiento se suelen oponer
razones de diferente índole que, en últimas, acusan el elemento prestacional
que los distingue como el obstáculo más importante para su estructuración como
derechos fundamentales amparables por vía de tutela. Para analizar la validez
de tales argumentos, la Sala encuentra preciso realizar un breve examen de
dicha posición.
En primer lugar, con fundamento en la clasificación
ampliamente difundida en la doctrina y la jurisprudencia, según la cual el
proceso histórico que permitió la consolidación de los derechos humanos enseña
una categorización de éstos de acuerdo a las demandas exigibles; se ha
sostenido que el derecho al trabajo no recoge una pretensión de contenido
fundamental en la medida en que éste hace parte de los derechos de segunda
generación, los cuales por su raigambre puramente prestacional no son objeto de
protección por vía de amparo. De acuerdo a tal consideración, sólo aquellos
derechos que en estricto sentido amparan la libertad de los Ciudadanos,
mediante el establecimiento de esferas de autodeterminación dentro de las
cuales no es legítima la intervención del Estado ni de terceros, son
considerados verdaderos derechos fundamentales.
Esta Corporación ha encontrado dos objeciones en
relación con esta formulación, las cuales apuntan a una misma idea: (i) en
primer término, ha señalado la imprecisión de esta categorización de los
derechos fundamentales en la medida en que la distinción por generaciones de
dichas garantías sólo explica de manera rigurosa tales derechos como producto
histórico, sin ahondar de manera suficiente en la manera en que éstos deben ser
satisfechos, puesto que en ningún caso su cumplimiento depende de la
observación exclusiva de un deber, bien de abstención o de prestación. En tal
sentido, en sentencia T-557 de 2006 la Corte Constitucional señaló que “Debe
afirmarse que esta distinción no deja de ser artificial en muchos sentidos, y
desconoce pronunciamientos en el seno de la comunidad internacional en el
sentido que todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos
sociales y culturales, son indivisibles e interdependientes[2]”. (ii) En segundo
lugar, sumado al elemento histórico aludido, se observa que esta idea trae
consigo una insostenible simplificación del contenido de los derechos
fundamentales pues su adopción supone aceptar que la totalidad de las
libertades clásicas se consiguen mediante mandatos de abstención; mientras que
las garantías sociales imponen en todos los casos deberes de prestación. Al
contrario, al examinar con detenimiento la estructura de los derechos
fundamentales se concluye que éstas son garantías de doble vía, dado que
reclaman obligaciones de ambos tipos. Así ocurre, por vía de ejemplo, en el
caso de los derechos políticos, los cuales a pesar encontrarse inscritos dentro
de la categoría de los derechos de primera generación –esto es, de abstención-,
reclaman la más alta participación del Estado mediante el establecimiento de la
estructura organizacional y electoral que los hace posibles. A su vez, el
derecho a la conservación de la identidad cultural indígena[3] –derecho cultural de
tercera generación- impone una fuerte proscripción a la intervención del Estado.
Por las razones anotadas, tal diferenciación entre
derechos de abstención –de primera generación- y derechos prestacionales –de
segunda generación- como criterio de reconocimiento de los derechos fundamentales, no constituye un elemento válido para negar de manera terminante
el carácter fundamental a los derechos sociales y de manera específica al
derecho al trabajo.
Ahora bien, desde la perspectiva del Derecho
internacional, esta garantía ha sido consagrada en el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[4] (PIDESC), como se lee a continuación: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le
aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos
los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor,
sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario
igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para
sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y
la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos,
dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El
descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de
trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los
días festivos”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Pacto,
la lectura de esta disposición, y de las restantes que componen el Tratado, se
encuentra sometida al principio de progresividad, máxima que establece el
alcance de las obligaciones exigibles a los Estados que han suscrito dicho
acuerdo. Sobre el particular, en la observación general número 3° el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -órgano encargado de la vigilancia
del cumplimiento del Pacto- señaló que en desarrollo de este postulado, las organizaciones
estatales asumen el compromiso de no deshacer el espectro de protección
ofrecido a los derechos reconocidos en el PIDESC, mandato que ha sido conocido
como la obligación de no retroceso en materia de derechos sociales. En
tal sentido, en opinión del Comité, los Estados no pueden adoptar prima
facie medidas que impliquen un repliegue en la senda de protección que haya
avanzado el Estado con el objetivo de procurar amparo a estos derechos[5].
En el caso particular del derecho al trabajo, un primer análisis de
la consideración anterior llevaría a concluir que la obligación asumida por el
Estado colombiano consiste en no disminuir las garantías ofrecidas al empleo
subordinado por la legislación laboral. No obstante, como lo señaló el Comité
en el mismo pronunciamiento, tal interpretación resulta a todas luces contraria
al designio seguido por los Estados al momento de suscribir el Pacto, en la
medida en que el objetivo principal consistía en la adopción de medidas específicas
de protección en materia de derechos económicos, sociales y culturales, a lo
cual se opone esta débil lectura de tales compromisos. De manera puntual indicó
que la firma del instrumento supone la aceptación de una “una obligación
mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada
uno de los derechos (…) Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no
establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser”.
En este punto emerge con claridad el reconocimiento del
trabajo como derecho fundamental, en la medida en que recoge un compromiso
irreductible en favor de los Ciudadanos que da lugar a prestaciones específicas
que pueden ser amparadas por vía de tutela. Dichos niveles esenciales, toda vez
que comprometen la dignidad del ser humano, no pueden ser concebidos como el
resultado baldío de postulados programáticos carentes de significado jurídico,
pues en realidad resumen una obligación impostergable que se enmarca en un
ordenamiento constitucional que ofrece al trabajo un lugar preponderante dentro
de los valores defendidos por la Carta.
De lo anteriormente señalado se deduce la enorme
importancia que ostenta la jurisdicción ordinaria laboral, pues, al tiempo que
es la encargada de resolver las controversias suscitadas a propósito de las
relaciones de trabajo y del sistema de seguridad social; recibe el encargo de
asegurar protección a este derecho fundamental, empresa en la cual adquieren
valor los postulados consignados en el artículo 53 superior a propósito de la
igualdad, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales, la situación más favorable al trabajador, la primacía de la
realidad, entre otros.
En suma, corresponde al juez laboral la importante tarea
de garantizar protección judicial al derecho fundamental al trabajo, tal como
lo recomienda el experticio que tiene esta autoridad judicial en la materia y
por ser el escenario propio de las acciones laborales el más indicado para
garantizar una adecuada reivindicación de las garantías eventualmente infringidas.
Sin embargo, en determinados eventos los mecanismos
ofrecidos por la jurisdicción laboral no resultan los más adecuados de cara al ineludible
compromiso de amparo de este derecho. En estos casos, la acción de tutela es el
instrumento judicial idóneo para asegurar protección al aludido derecho y,
dependiendo de las circunstancias concretas, habrá de ser empleado como
mecanismo de solución definitiva o transitoria de la violación específica. Para
efectos de llevar a cabo la valoración de la procedibilidad de la acción, como
fue señalado por esta Corporación en sentencia T-097 de 2006, el juez de tutela
deberá adelantar un juicioso análisis de la controversia particular que haya
sido planteada para efectos de establecer los siguientes elementos: (i) que el
asunto debatido guarde relevancia constitucional[6];
(ii) que el problema constitucional planteado aparezca probado de tal manera
que la verificación de la vulneración del derecho fundamental no requiera un esfuerzo
probatorio que desborde las facultades y competencias del juez de amparo[7]; y, finalmente, (iii)
que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente para proteger la
garantía al trabajo en condiciones dignas y justas.
Ahora bien, antes de continuar con el examen de la
procedibilidad de la acción de tutela, es necesario advertir que, al igual que
ocurre con la totalidad de los derechos fundamentales, el derecho al trabajo se
encuentra vinculado a otras garantías gracias al nexo profundo que comparten
estas libertades, el cual les comunica el norte ideológico que comparten, el
cual apunta siempre a la cabal realización del principio de dignidad humana.
Así las cosas, el derecho al trabajo guarda una estrecha relación con los
derechos fundamentales a la seguridad social, la salud, el mínimo vital, la
libertad de escogencia de oficio, el libre desarrollo de la personalidad, entre
otros.
En este punto es necesario resaltar que dicha relación
de articulación tan sólo indica la unidad de propósito que recorre el conjunto
de derechos reunidos bajo el signo de los derechos fundamentales. Lo
anterior significa que la alteración de una determinada garantía –en este caso,
el derecho al trabajo- de manera ineluctable concluye en la afectación de otros
derechos que la rodean –Vgr. La infracción del derecho al trabajo puede
conducir a una afectación del mínimo vital, la unidad familiar, la dignidad humana,
entre otros-
Por tal razón, en todos los casos se presenta una
relación de conexidad con derechos de diferente orden, tal como se hace
evidente al suponer una violación cualquiera de un derecho fundamental específico,
en cuyo caso se observa que, sin importar la garantía particular en la cual se
piense, tal infracción coincide con una vulneración del derecho a la dignidad
humana –Vgr. Libertad de locomoción – dignidad humana; derecho a la educación –
dignidad humana; derecho al debido proceso – dignidad humana. La anterior
consideración pone de presente en el caso particular del derecho bajo estudio que
la procedibilidad de la acción de tutela en asuntos laborales no puede depender
de una alegada relación de conexidad con otros derechos fundamentales, tal como
suele exigirse a los derechos económicos, sociales y culturales; pues dicha
exigencia trae consigo dos proposiciones que suscitan serios reparos: (i) en
primer lugar, por esta vía se niega la naturaleza iusfundamental del
derecho al trabajo, en la medida en que se demanda la acreditación de un
vínculo con un derecho del cual sí se pueda predicar efectivamente tal
carácter; (ii) en segundo término, como ha sido señalado en esta providencia, en
cierta medida tal requisito es un contrasentido dado que una vulneración de un
derecho fundamental –cualquiera sea éste- en todos los casos trae consigo la
alteración de otras garantías, por lo que en estos eventos siempre se presenta
una relación de conexidad.
De acuerdo a las consideraciones precedentes, en
numerosas oportunidades, tanto por vía de constitucionalidad como de tutela, esta
Corporación se ha pronunciado a favor de la protección constitucional del
derecho al trabajo: (i) #n las sentencias SU- 511 de 1995, SU-547 de 1997,
SU-519 de 1997 y T-097 de 2006 concedió amparo a la garantía “a trabajo
igual salario igual”, razón por la cual ordenó a los empleadores demandados
la realización de una  nivelación salarial que pusiera fin a la discriminación de
la cual eran víctimas los accionantes de los respectivos procesos de tutela.
(ii) En sentencia C-076 de 2006[8]
la Sala Plena señaló que en ningún caso la limitación de una persona podría ser
motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación
fuese claramente demostrada como incompatible e insuperable respecto de las
funciones esenciales del cargo a desempeñar; razón por la cual declaró
inconstitucional una disposición contenida en el estatuto de notariado que
limitaba el acceso al trabajo a las personas sordas o mudas. (iii) En sentencia
T-394 de 1999 la Corte concedió amparo a los derechos fundamentales de un
miembro de una Cooperativa de Transporte quien fue retirado del servicio debido
a su edad -57 años-, razón por la cual ordenó su reintegro y la adecuación de
los estatutos de la entidad demandada “a los principios y derechos
consagrados por la Constitución Política”. (iv) En las sentencias T-167 de
1994, T-063 de 1995, T-146 de 1999 y T-144 de 1999 esta Corporación ordenó el
pago de salarios y prestaciones sociales a empleados que se encontraban
prestando sus servicios a los empleadores demandados en los procesos de tutela,
quienes se habían apartado del deber legal y constitucional de cumplir con
dichas obligaciones patronales. (v) En sentencia T-026 de 1996 se ordenó el
reintegro de un trabajador que se desempeñaba como auxiliar de servicios
varios, quien fue despedido por su empleador debido a que éste consideraba que
el tipo de labores que desarrollaba debían ser realizadas por una mujer. (vi)
En sentencia C-531 de 2000 la Sala Plena condicionó la exequibilidad del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, disposición que autoriza el despido de
personas que padezcan algún tipo de discapacidad por justa causa, cuando quiera
que tal decisión se encuentre autorizada por el inspector de trabajo. El
condicionamiento señalado consistió en que en aquellos eventos en los cuales la
persona sea retirada sin dicha autorización, el despido será ineficaz. (vii) En
el mismo sentido, en sentencia C-470 de 1997 la Sala Plena profirió un fallo de
exequibilidad condicionada del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo
con el objetivo de limitar la interpretación de esta disposición en el sentido
en que “carece de todo efecto el despido de una servidora pública durante el
embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente
autorización previa del funcionario del trabajo competente, en el caso de las
trabajadoras oficiales, o sin la correspondiente resolución motivada del jefe
del respectivo, en donde se verifique la justa causa para el despido, en el
caso de las empleadas públicas”
Para concluir este aparte, cabe señalar que en todos
estos eventos se encuentra de por medio la infracción, concreta o en abstracto
–como ocurre en las providencias de constitucionalidad reseñadas- del derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas.
Ahora bien, esclarecida esta cuestión inicial sobre la
cual se apoyan las consideraciones restantes, la Sala procederá a examinar las
obligaciones en cabeza del empleador a propósito del aseguramiento de una
estabilidad laboral relativa a favor del trabajador en el caso de los riesgos
de origen común.
Protección constitucional al trabajador que ha
padecido un riesgo de origen común. El principio de solidaridad
Al examinar el conjunto de principios que preside el
ordenamiento constitucional colombiano se observa que uno de sus más luminosos
postulados se concreta en el principio de la solidaridad. El artículo 1°
superior establece que la organización estatal, fundada bajo la rúbrica del
Estado Social de Derecho, se apoya en “el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”. A su vez, en el artículo 95 constitucional se consigna
una serie de deberes ciudadanos dentro de los cuales se encuentra el mandato de
“Obrar conforme al principio de solidaridad social”.
En el caso particular de las relaciones laborales el
influjo de la máxima de solidaridad adquiere un notable matiz debido a las
particulares circunstancias en las cuales se encuentra el trabajador frente a
su empleador al desarrollar el objeto del contrato de trabajo. En tal sentido,
la primera condición que es preciso destacar es la situación de desequilibrio
en la cual se encuentran los sujetos, pues como lo establece el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, uno de los elementos esenciales que define la
existencia de dicho contrato consiste en “la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para
exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del contrato”. Si bien de acuerdo a dicha
disposición el desarrollo de esta facultad habrá de ser ejercida dentro de
estrictas fronteras que pretenden asegurar protección al “honor, la dignidad
y los derechos mínimos del trabajador”; el reconocimiento de esta
atribución en cabeza del empleador somete al trabajador a una situación de
desequilibrio que pretende ser aliviada mediante el establecimiento de determinadas
garantías en la ley laboral[9]. Sobre el particular, en sentencia T-062 de 2007, la Corte señaló
lo siguiente:
En tal sentido, el texto constitucional garantiza al
trabajador que pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, una
especial protección que parte del reconocimiento de la subordinación que
caracteriza las relaciones laborales y, al mismo tiempo, allana el camino para
la consecución de un orden justo al cual se compromete la Constitución desde su
preámbulo.
Así las cosas, del aludido principio de solidaridad se
deducen obligaciones concretas dirigidas al empleador, las cuales se encuentran
contenidas en el derecho fundamental al trabajo. En esta oportunidad resulta
oportuno llevar a cabo un examen a propósito del deber endilgado al patrón –el
cual surge como corolario de la máxima de solidaridad- en aquellos eventos en
los cuales el trabajador sufre un riesgo de origen común. Con el objetivo de
iniciar dicho examen es preciso volver sobre el contenido del artículo 7° del
Decreto 2351 de 1965, en el cual se compilan las causales de terminación del
contrato laboral por justa causa.
Dichas causales, en términos generales, han sido dispuestas con el
objetivo de asegurar que la labor del empleado se desarrolle dentro de
parámetros que garantizan una eficaz prestación del servicio, un ambiente de
respeto laboral y confiabilidad respecto de las condiciones personales y
profesionales del trabajador. Empero, como ya lo ha indicado esta Corporación[10], el empleador no puede
recurrir a esta facultad de manera arbitraria, pues resulta forzoso asegurar
que en estos casos el trabajador cuente con la oportunidad de ejercer su derecho
de defensa e, igualmente, se impone el agotamiento de un proceso que se adecue
al tipo de infracción y, especialmente, a la obligación de respeto del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 del texto
constitucional.
De manera específica, el numeral 15 de la mencionada disposición
establece la siguiente causal como justa causa de despido por parte del
empleador:
15) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga
carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo
incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento
ochenta días.
El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de
dicho lapso y no exime al patrono de las prestaciones e indemnizaciones legales
y convencionales derivadas de la enfermedad.
En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la
terminación del contrato, el patrono deberá dar aviso al trabajador con
anticipación no menor de quince (15) días.
Esta causal de despido fue sometida a examen de constitucionalidad
por esta Corporación en sentencia C-079 de 1996. En tal providencia, la Corte
empezó por definir la enfermedad no profesional como aquel "estado
patológico morboso, congénito, o adquirido que sobrevenga al trabajador por
cualquier causa, no relacionada con la actividad específica a que se dedique y
determinado por factores independientes de la clase de labor ejecutada o del
medio en que se ha desarrollado el trabajo".
En esta ocasión la Corte encontró ajustada al texto constitucional
esta disposición pues consideró que el fin al cual se encontraba orientada
encontraba pleno asidero en las disposiciones que componen la Constitución,
pues busca garantizar, en el caso específico de las enfermedades contagiosas,
el interés general y el mantenimiento del estado de salud de los trabajadores
que laboran al servicio del empleador de la misma empresa.
Al respecto, recordó la Corte que en los eventos de incapacidad
temporal que no supera los 180 días, sobre el empleador recae la obligación de
reinstalar al trabajador en el cargo que desempeñaba, deber que no tiene matiz
alguno en los casos de incapacidad permanente parcial, en los cuales no se ha
logrado una total recuperación de la salud del trabajador. En tales eventos, el
empleador está igualmente obligado a reubicar al trabajador en el cargo que
venía desempeñando, de ser posible de acuerdo al tipo y grado de incapacidad, o
a proveer otro cargo de acuerdo a las exigencias que ya fueron señaladas. De
manera puntual, la Sala Plena señaló lo siguiente:
Cabe observar que al terminar el período de
incapacidad temporal dentro del término de los 180 días de que trata la norma
materia de revisión, el empleador está en la obligación de reinstalar al
trabajador en el cargo que desempeñaba si recupera su capacidad de trabajo, de
manera que la existencia de una incapacidad parcial no constituye obstáculo
para la reinstalación mencionada, si los dictámenes médicos determinan que el
trabajador puede continuar desempeñando el trabajo. De la misma manera,
corresponde al empleador proporcionar al trabajador incapacitado parcialmente
un trabajo compatible con sus aptitudes (artículo 16 del Decreto 2351 de 1965)[11].
Ahora bien, al punto de establecer la constitucionalidad de la
causal de despido en sí, la Corte repasó las disposiciones superiores que
ofrecen al trabajo una protección reforzada, señalando que si bien éste es un
verdadero derecho cuya protección especial corresponde al Estado colombiano, el
acaecimiento de los eventos relacionados en el numeral 15, en los estrictos
términos de la disposición, se opone al fiel cumplimiento de las obligaciones
recíprocas emanadas del contrato de trabajo, como lo son la prestación personal
del servicio por parte del trabajador y la remuneración a cargo del empleador.
Concluyó, entonces, que el supuesto de hecho descrito afecta de manera
indefinida el equilibrio, y la existencia misma, de la relación laboral, por lo
que la facultad que concede, no solo resulta proporcional, sino que coincide
con el tramado constitucional sobre amparo al trabajador en la medida en que
las disposiciones complementarias aseguran el bienestar del empleado y, si es
del caso, su efectivo reintegro.
Esta consideración adquiere especial valor al analizar los incisos
segundo y tercero del numeral 15, pues éstos recuerdan que el correcto empleo
de esta causal de despido impone la obligación de esperar el término de
recuperación establecido por la ley y agregan que, en ningún caso, exime del
deber de cancelar a favor del trabajador las eventuales prestaciones e
indemnizaciones que se le adeuden. Vale recordar que en este caso el empleador
debe dar aviso al trabajador tal decisión con una antelación de 15 días.
Para terminar, en la mencionada providencia la Corte señaló que la
consagración de esta causal no es más que el establecimiento de una garantía de
estabilidad relativa que beneficia al trabajador, por lo que no puede
entenderse como una prerrogativa a favor del empleador que lesiona los
intereses de aquel[12],
sino que al contrario es una medida de protección que, al mismo tiempo, ampara
la posición del empleador, quien no puede ser sometido a “derivar perjuicio
injustificado como consecuencia de la falta de prestación personal del servicio”.
Concluida esta consideración a propósito del deber en cabeza del
empleador en materia de riesgos de origen común, procede la Sala a realizar una
breve reiteración jurisprudencial sobre el principio de realidad en materia
laboral, después de lo cual resolverá la acción de tutela interpuesta por el
Ciudadano.
Principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades en materia laboral
Uno de los postulados desarrollados de manera más
prolija en materia laboral por esta Corporación es aquel conocido como el “principio
de contrato realidad” o “primacía de la realidad sobre las formalidades”[13]. Como fue señalado en
sentencia C-166 de 1997, esta máxima guarda relación con el principio de prevalencia
del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 del texto constitucional
como uno de los preceptos rectores de la administración de justicia. En
desarrollo de esta máxima, corresponde al juez llevar a cabo un atento examen
de cada uno de los elementos que rodean la prestación de servicios de manera
tal que logre determinar el contenido material de la relación que subyace la
pretensión de las partes que se dirigen a la autoridad judicial. En tal
sentido, el operador jurídico se encuentra llamado a hacer prescindencia de los
elementos formales que envuelven el contrato con el objetivo de establecer si
en el caso concreto se presentan los elementos que de acuerdo al artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo definen el vínculo laboral.
Como ha sido señalado en precedencia, este principio,
que confía una labor calificada a las autoridades judiciales, es uno de los
instrumentos consignados en el texto constitucional que busca aminorar el
desequilibrio propio de las relaciones laborales, pues, en otras palabras, lo
que pretende dicho postulado es asegurar que el operador jurídico devele el
eventual aprovechamiento de la situación de necesidad e inferioridad en que se
encuentra el trabajador, la cual beneficia al empleador, quien pretende
encubrir el contrato de trabajo y, por esta vía, verse exonerado de las
obligaciones prestacionales que le corresponden. Como fue señalado en sentencia
T-992 de 2005 “En conclusión, el principio de primacía de la realidad en las
relaciones laborales permite determinar la situación real en que se encuentra
el trabajador respecto del patrono, la realidad de los hechos y las situaciones
objetivas surgidas entre estos. Debido a esto es posible afirmar la existencia
de un contrato de trabajo y desvirtuar las formas jurídicas mediante las cuales
se pretende encubrir, tal como ocurre con los contratos civiles o comerciales o
aún con los contratos de prestación de servicios”.
Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo
establece una presunción que ha de tenerse en cuenta en el marco de las
relaciones laborales. Textualmente la disposición en comento establece lo
siguiente: “Se presume que toda relación de trabajo
personal está regida por un contrato de trabajo”. Sobre el particular, en sentencia C-665
de 1998 la Sala Plena de esta Corporación señaló que existe una suerte de
sinergia entre esta presunción y el principio de
primacía de la realidad que apunta al propósito de brindar cabal protección a las garantías ofrecidas por el texto constitucional al
trabajador. Empero, señaló que el tipo de presunción establecida por el Código era de naturaleza legal,
razón por la cual podía ser desvirtuada por el empleador mediante la acreditación del hecho contrario, esto es, probando que el servicio personal del trabajador no se prestó con el
ánimo de que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le
impusiera dependencia o subordinación “sin que
para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato
correspondiente”[14].
Con fundamento en las consideraciones hasta ahora desarrolladas,
procede esta Sala de Revisión a resolver la pretensión de amparo interpuesta
por el accionante.
Caso concreto
El Ciudadano Adalberto Castilla Pájaro promovió un
proceso judicial de amparo con el propósito de obtener protección judicial de
sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social; garantías
que habrían sido vulneradas por Famisanar EPS debido a la decisión adoptada por
la entidad consistente en negar el pago de determinadas incapacidades
prescritas por el médico tratante como consecuencia del “stroke hemorrágico
(derrame cerebral)” padecido por el peticionario el día 31 de enero de
2005. De manera específica, indicó que la Empresa promotora de salud le
adeudaba “las incapacidades de 17 días desde el 30 de enero hasta el 15 de
febrero de 2005 por un lado, y por otro lado, las incapacidades de 15 y 30 días
de fechas 6 y 13 de abril de 2005”. Adicionalmente, señaló como causa de la
supuesta violación de sus derechos fundamentales la oposición formulada por
Famisanar a su petición de ordenar a su costo la valoración de la pérdida de la
capacidad laboral.
Durante el trámite de revisión la Sala decidió vincular
a la Cooperativa Otamo Asociados, entidad a la cual el accionante estaba
prestando sus servicios en calidad de trabajador asociado al momento de sufrir
la dolencia que afectó de manera notable su estado de salud.
Con el objetivo de resolver las pretensiones específicas
reclamadas por el accionante, es preciso realizar un examen de cada una de
éstas de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en esta providencia.
Empero, antes de llevar a cabo dicho estudio pormenorizado es menester
adelantar una consideración preliminar sobre el tipo de vinculación existente
entre el Ciudadano y la Cooperativa Otamo Asociados.
Aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades en materia laboral
Una de las razones alegadas por la Cooperativa Otamo
Asociados como fundamento de oposición a la pretensión de amparo elevada por el
Ciudadano consiste en que, en el caso concreto, no existía un vínculo laboral
entre dicha entidad y el accionante. Tal como lo manifestó su representante
legal a esta Sala de Revisión: “La primera aclaración que es pertinente
hacer, es que el señor ADALBERTO CASTILLA PAJARO, identificado con C.C.
7.884.286 de Arjona, no tenía celebrado con la Cooperativa OTAMO ASOCIADOS un
contrato laboral, porque está taxativamente prohibido por la legislación
Cooperativa de Trabajo Asociado”.
Sin embargo, la Sala de Revisión encuentra dos elementos
dentro del expediente de tutela que permiten arribar a una conclusión
sustancialmente diferente a aquella señalada por la Cooperativa en cuanto al
tipo de vinculación que sostenía el señor Castilla Pájaro. De ser cierto que el
Ciudadano era trabajador asociado de dicha Cooperativa, de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional[15],
éste no tendría un vínculo de subordinación frente a la persona jurídica, pues,
al contrario, tendría la calidad de propietario participante. Empero, el
análisis de las siguientes pruebas sugieren una conclusión distinta: (i) en
primer lugar, en la comunicación dirigida al peticionario el día 16 de marzo de
2005, la Gerente de la Cooperativa informa lo siguiente “Hasta la fecha no
hemos recibido otros registros de incapacidad por parte suya, por lo tanto la
Cooperativa asume que no le fueron otorgadas. Como usted sabe los trabajos
de la obra se están finalizando, por lo tanto solicitamos se acerque a la obra
para que reciba su respectiva liquidación como trabajador Asociado”
(énfasis fuera de texto). (ii) En segundo término, en el escrito dirigido a
esta Sala de Revisión, la representante legal manifestó “La obra para la
cual la Cooperativa prestaba los servicios en la ciudad de Cartagena se
concluyó en el mes de abril de 2005 y se procedió a la liquidación de todos
los convenios de asociación de los trabajadores conforme a la legislación
establecida” (énfasis fuera de texto).
El análisis de las afirmaciones proferidas por la misma
representante legal de la Cooperativa permite deducir que los supuestos
trabajadores asociados carecían del poder de decisión que es consustancial a
las organizaciones de esta índole, consistente en la posibilidad de participar
en términos reales en las decisiones definitivas sobre la administración de la
asociación, tal como ocurre con medidas trascendentales como la liquidación de
la totalidad de los convenios de asociación. Los pronunciamientos de la
representante legal dan cuenta de una decisión unilateral adoptada por la
Cooperativa, en la cual a los trabajadores sólo les correspondía acudir con el
objetivo de reclamar los pagos correspondientes.
Adicionalmente, no deja de causar extrañeza a esta Sala
de Revisión que, a pesar de haber liquidado “todos los convenios de
asociación de los trabajadores”, en la actualidad la Cooperativa se
mantiene funcionando y presta aún sus servicios, tal como lo demuestra el
certificado de existencia y representación legal de la entidad. El cese de
tales convenios en un auténtico vínculo cooperativo llevaría sin más a la
terminación de la asociación. Sin embargo, en el caso concreto no ocurrió esta
consecuencia que la Sala estima forzosa, razón por la cual es necesario
reconsiderar la relación contractual que sostenía en este contexto el Ciudadano
Castilla Pájaro con la Cooperativa.
En este punto resulta oportuno señalar que, de acuerdo a
lo manifestado por la representante legal[16],
el aludido vínculo fue iniciado el día 16 de diciembre
de 2004 y se extendió hasta el día 16 de marzo de 2005, fecha en la cual el
accionante recibió una comunicación mediante la cual fue citado para que
reclamara su respectiva liquidación. Del análisis del mismo documento, la Sala
deduce que la labor para la cual fue contratado como “ayudante de
construcción”[17]
constituye una prestación personal del servicio, circunstancia que da pie a la
aplicación de la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo
del Trabajo.
A partir del anterior examen la Sala advierte que en el
caso concreto prevalecen las disposiciones de carácter laboral bajo las cuales se
empleó el accionante, sobre aquellas de índole cooperativa. En consecuencia, de
conformidad con el principio constitucional previsto en el artículo 53 de la
Carta Política, según el cual prima la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, la Sala concluye que
en el caso bajo estudio se configura una relación laboral dependiente y por
consiguiente regida por un contrato de trabajo. De acuerdo a tal consideración,
la Sala dará aplicación a las disposiciones del Código Sustantivo para resolver
la pretensión de amparo.
Improcedencia de la reclamación del pago de
incapacidades no profesionales por falta de certeza sobre la existencia de la
obligación
A pesar de que en ocasiones precedentes esta Corporación
ha ordenado el pago de esta prestación como medio de protección de los derechos
fundamentales a la seguridad social y el mínimo vital, en la medida en que “la
creación de la incapacidad no profesional obedece al designio de asegurar la
conservación de un conjunto de condiciones que le permita al trabajador la
recuperación de su salud y el mantenimiento de las condiciones fácticas que
rodeaban a su grupo familiar antes de la ocurrencia del suceso que ha afectado
su salud”[18];
en esta oportunidad dicha petición no está llamada a prosperar en la medida en
que, a pesar de que conforme al material probatorio recaudado durante el
trámite de la acción se encuentra acreditado el grave estado de salud en que se
encuentra el peticionario a causa de la dolencia padecida, no existe certeza
sobre si efectivamente hubo un incumplimiento en el pago de las incapacidades
por parte de Famisanar EPS.
En tal sentido, al examinar el expediente de tutela, la
Sala encuentra que la entidad demandada aportó en el escrito de contestación de
demanda documentos que acreditan en principio la realización de los
pagos reclamados[19].
Cabe anotar que a pesar de la expedición del auto de pruebas proferido por la
Sala de Revisión[20],
el asunto no logró ser esclarecido, razón por la cual no se habrá de ordenar el
pago de las incapacidades no profesionales reclamadas. Sobre el particular, en
líneas anteriores se señaló como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela “(ii) que el problema constitucional planteado aparezca probado de
tal manera que la verificación de la vulneración del derecho fundamental no
requiera un esfuerzo probatorio que desborde las facultades y competencias del
juez de amparo”. Dado que la Sala se encuentra en esta oportunidad ante una
dificultad probatoria que excede los márgenes del proceso de tutela, el
eventual incumplimiento en el pago de la prestación podrá ser demandado ante la
jurisdicción laboral por el Ciudadano Castilla Pájaro, sin que la decisión
ahora adoptada suponga forma alguna de prejudicialidad.
Violación del derecho fundamental al trabajo por
parte de la Cooperativa Otamo Asociados por haber terminado la vinculación del
accionante, a pesar de la garantía de estabilidad consagrada en el numeral 15
del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965
Como fue señalado con anterioridad, el numeral 15 del
artículo 7° del Decreto 2351 de 1965 contiene una garantía de estabilidad
relativa a favor del trabajador incapacitado por razones de salud, la cual es
consecuencia directa de la aplicación del principio constitucional de
solidaridad en materia laboral. En tal sentido, en cabeza del empleador recae
la obligación de reinstalar al trabajador que ha padecido una incapacidad
temporal que no supera los 180 días, tal como ocurrió en el caso del
accionante.
A partir del examen del expediente de tutela se concluye
que el período de incapacidad dictaminado al peticionario por el
correspondiente médico tratante no supera el lapso indicado en la disposición,
lo cual hace evidente la infracción del derecho al trabajo del Ciudadano en la
medida, en que de acuerdo a una prescripción legal, aquel tenía derecho a
conservar el empleo que venía ocupando. No obstante, en plena contradicción con
la legislación analizada y el consecuente principio de solidaridad sobre el
cual ésta se apoya, la Cooperativa decidió de manera unilateral dar por
terminado el vínculo que sostenía con el señor Castilla Pájaro.
En tal sentido, se encuentra acreditada la vulneración
del derecho fundamental al trabajo. Empero, como fue señalado en esta
providencia, de acuerdo al principio de subsidiariedad, corresponde a la
jurisdicción laboral conocer este tipo de controversias a menos que se
satisfagan los requisitos anotados sobre la procedibilidad de la acción de
tutela como mecanismo de amparo del derecho conculcado. Siguiendo tal línea de
argumentación, la Sala encuentra que en el caso concreto se reúne la totalidad
de los requisitos descritos, tal como se explica a continuación: De acuerdo al
precedente establecido en la sentencia T-097 de 2006, la Sala encuentra, en
primer lugar, (i) que el asunto planteado guarda relevancia constitucional en
la medida en que se encuentran comprometidos derechos fundamentales como la
salud, la seguridad social, el mínimo vital y, por supuesto, el derecho al
trabajo; lo cual revela la urgencia de conceder amparo inmediato a tales
garantías. (ii) En segundo término, se observa que el problema constitucional
específico, relacionado con la ilegitimidad del despido a la luz de las
disposiciones pertinentes, se encuentra plenamente esclarecido a partir de su
perspectiva probatoria. (iii) Para terminar, se observa que el mecanismo
judicial ordinario resulta insuficiente para proteger la garantía al trabajo en
condiciones dignas y justas dado el grave estado de salud en el cual se
encuentra el Ciudadano debido a la dolencia padecida por la cual se originó el
conflicto ahora planteado a esta Sala de Revisión.
Por consiguiente, la Sala concederá amparo al derecho
fundamental al trabajo en cabeza del Ciudadano Castilla Pájaro y, en
consecuencia, de acuerdo a la prescripción contenida en el numeral 15 del
artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, ordenará la reinstalación del accionante
al cargo que venía desempeñando o, en caso de no ser posible, le proporcione un
trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes. Sin embargo, dicha orden
será sometida a los términos descritos en la consideración siguiente
Calificación del estado de invalidez
Para terminar la solución del caso planteado, la Sala
debe hacer referencia a la regulación en materia de seguridad social a
propósito de la calificación del estado de invalidez en estos eventos. Sobre el
particular, el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, establece lo siguiente: “Corresponde
al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de
invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en
primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de
invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no
esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a
la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de
Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante
la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.
De acuerdo a la disposición trascrita corresponde, entre
otras autoridades, a las Entidades Promotoras de Salud llevar a cabo dicha
valoración para efectos de determinar el grado de discapacidad y el origen de
la misma. En consecuencia, se ordenará a Famisanar EPS la realización de tal
calificación para que, de acuerdo a los resultados médicos se examine la
eventual pérdida de capacidad laboral y sean adoptadas las medidas pertinentes
de acuerdo a la ley de seguridad social.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos en
este proceso, ordenada mediante auto del veintiocho (28) de agosto de 2007.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Penal Municipal de Cartagena y, en consecuencia, CONCEDER
amparo al derecho fundamental al trabajo del Ciudadano Adalberto Castilla
Pájaro.
TERCERO.- ORDENAR a la Representante
Legal de la Cooperativa Otamo Asociados que reintegre al actor en el término de
cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta sentencia al
cargo que venía desempeñando o, en caso de no ser posible, le proporcione un
trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes. En consecuencia, deberá
asumir las obligaciones patronales que le correspondan de acuerdo a la ley de
seguridad social
CUARTO.- ORDENAR al Representante Legal
de la Empresa Promotora de Salud Famisanar que determine la pérdida de
capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de la dolencia
padecida por el Ciudadano Adalberto Castilla Pájaro. Adicionalmente, se le
advertirá al accionante que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de
la Ley 100 de 1993, de no compartir la calificación médica ordenada podrá
acudir a la correspondiente Junta de Calificación de Invalidez del orden
regional, en cuyo caso resultarán aplicables las disposiciones del Decreto 2463
de 2001 sobre funcionamiento de las Juntas de calificación.
QUINTO.-
LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ponente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Ausente
con permiso
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] A su vez, el artículo 53 superior
establece: “ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados,
hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores.”.
[2]
[Cita del aparte transcrito] Cfr. Inter. Alia. Comité de Derechos
Económicos sociales y culturales, Observación General 2, Medidas
internacionales de asistencia técnica, 1990. Párrafo 6; Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3, La índole de las
obligaciones de los Estados Partes, 1990, Párrafo 8.
[3]
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
[4] En el mismo sentido, la Convención Americana de
Derechos Humanos establece lo siguiente: “Artículo 6 Derecho al Trabajo 1.
Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes
se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la
orientación vocacional y
al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente
aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen
también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada
atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva
posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Artículo 7
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen
que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que
toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones
nacionales, de manera
particular: a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones
de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual
por trabajo igual, sin ninguna distinción; b. el derecho de todo trabajador a
seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que
mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la
reglamentación nacional respectiva; c. el derecho del trabajador a la promoción
o ascenso dentro de su trabajo para lo
cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de
servicio; d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con
las características
de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos
de
despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la
readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la
legislación
nacional; e. la seguridad e higiene en el trabajo; f. la prohibición de trabajo
nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores
de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud,
seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo
deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún
caso
podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación
para
beneficiarse de la instrucción recibida; g. la limitación razonable de las
horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las
jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos,
insalubres o
nocturnos; h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones
pagadas, así como la
remuneración de los días feriados nacionales”
[5] En consecuencia, las medidas que supongan una
disminución de dicho margen de protección deberán estar plenamente
justificadas, lo cual exige del Estado tener en cuenta los siguientes
referentes normativos: (i) el panorama que surge de la consideración de la
totalidad de derechos consagrados en el Pacto Internacional y, en segundo
lugar, (ii) el deber de aprovechamiento pleno del máximo de recursos con los
que cuenta la organización estatal.
[6]
Al respecto, dijo la Corte en la sentencia T-335/2000 que
“[l]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan
una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no
revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”.
[7] Sentencias T-079/95, T-638/96, T-373/98, T-335/00.
[8] En esta providencia la Corte Constitucional se
pronunció sobre la exequibilidad del numeral 2° del artículo 133 del Decreto
960 de 1970 –Estatuto del notariado-; disposición que establece lo siguiente: “Artículo
133. No podrán ser designados como notarios a cualquier título:
(...) 2. Los sordos, los mudos, los ciegos y quienes padezcan
cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad necesaria para
el debido desempeño del cargo.”
[9] Así las cosas, el propósito de asegurar protección a
la parte débil del vínculo contractual se materializa en buena parte de las
máximas recogidas en el artículo 53 superior, en las cuales es evidente el
designio de favorecer al empleado como consecuencia de la situación de
desequilibrio y desventaja en la que se encuentra. No de otra forma puede explicarse
la proclamación de máximas como la “situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho; primacía de la realidad sobe formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales”, entre otras.
[10]
Sentencias C-299 de 1998 y C-1443 de 2000
[11]
La disposición citada establece lo siguiente: “Artículo 16. Reinstalación en
el empleo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los patronos están
obligados: a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si
recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no
será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que
el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo; b) A proporcional a los
trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus
aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean
necesarios. 2.- El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un
despido injustificado”
[12] Textualmente, la providencia señala lo
siguiente: “[A] juicio de la Corporación, la causal de terminación unilateral
del contrato de trabajo por parte del empleador, en la forma mencionada, no
resulta contraria a la Carta Política, ya que lejos de constituir una
vulneración al derecho del trabajo, consagra una garantía de estabilidad
relativa en beneficio del trabajador incapacitado por razones de salud”
[13]
Sentencias T-286 de 1994, T-290 de 1994, T-469 de 2004, T-793 de 2003, T-489 de
1999, T-798 de 1999, T-290 de 2006, C-124 de 2004, C-425 de 2005, T-203 de
2000, T-1006 de 2004, entre otras.
[14] Ver sentencia T-255 de 2004
[15]
Sentencia C-211 de 2000
[16]
Cuaderno 2, folio 17
[17]
Idem
[18]
Sentencia T-468 de 2007
[19]
Cuaderno número 2, folios 30 a 33
[20] Vid supra iv. Pruebas decretadas por la
Sala de Revisión