T-040-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-040/13
DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION-Diferencias
La Sala considera necesario resaltar algunas
características y cualidades de la libertad de información. Se diferencia de la
libertad de expresión en sentido estricto en que ésta protege la transmisión de
todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien
se expresa, mientras que la libertad de información protege la comunicación de
versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,
personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere
de lo que está ocurriendo. Es un derecho fundamental de “doble vía”, que
garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información
veraz e imparcial. Así mismo, la libertad de información supone la necesidad de
contar con una infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir,
mientras que la libre expresión son necesarias únicamente las facultades y
físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su pensamiento y opinión.
Por lo demás, es también una libertad trascendental en la democracia, pues es a
través de los medios de comunicación que la ciudadanía está informada sobre los
sucesos que los pueden afectar en las decisiones de los representantes
políticos o en sucesos del ámbito económico o social de interés general.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad
e imparcialidad
Referente
a los principios de veracidad e imparcialidad de la información, debe
precisarse lo siguiente. En cuanto a la veracidad como límite interno, la
Corte Constitucional ha afirmado que la veracidad de una información hace
referencia a hechos o a enunciados de carácter fáctico, que pueden ser
verificados, por lo que no cubre las simples opiniones. No obstante, en algunos
eventos es difícil en una noticia distinguir entre hechos y opiniones, por
ello, se ha considerado que vulnera el principio de veracidad el dato fáctico
que es contrario a la realidad, siempre que la información se hubiere publicado
por negligencia o imprudencia del emisor. Igualmente, la
Corte ha establecido que es inexacta, y en consecuencia en contra del
principio de veracidad, la información que en realidad corresponde a un juicio
de valor u opinión y se presenta como un hecho cierto y definitivo, por eso,
los medios de comunicación, acatando su responsabilidad social, deben
distinguir entre una opinión y un hecho o dato fáctico objetivo. La veracidad
de la información, ha afirmado la Corte, no sólo tiene que ver con el hecho de
que sea falsa o errónea, sino también con el hecho de que no sea equívoca, es
decir, que no se sustente en rumores, invenciones o malas intenciones o que
induzca a error o confusión al receptor. Finalmente, resulta vulnerado también
el principio de veracidad, cuando la noticia o titular, pese a ser literalmente
cierto, es presentado de manera tal que induce al lector a conclusiones falsas
o erróneas. En cuanto al principio de imparcialidad de la información hace
referencia, y exige al emisor de la información, a establecer cierta distancia
entre la crítica personal de los hechos relatados y las fuentes y lo que se
quiere emitir como noticia objetiva. En esa medida, cuando un periodista desea
emitir una información debe contrarrestarla con diferentes fuentes y
confirmarla, si es el caso, con expertos en la materia, y evitar que lo
recolectado y confirmado se “contamine” con sus prejuicios y valoraciones
personales o del medio donde trabaja
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE INFORMACION Y OPINION-Reiteración de jurisprudencia sobre la
verdad y la imparcialidad como límites cuando exista colisión con otros
derechos
El
derecho a la libertad de expresión no sólo es un derecho fundamental sino un
principio fundante de la sociedad democrática. Por su parte, la libertad de información, como especie
concebida dentro de la libertad de expresión, se constituye, pues, en un
derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez
implica obligaciones y responsabilidades, que se sustentan en los principios de
veracidad e imparcialidad, y en el derecho de rectificación. Así, ante la
colisión de derechos fundamentales como la libertad de expresión e información
y los derechos a la intimidad, al buen nombre o a la honra, respecto de los
cuales la Constitución no establece  ningún orden jerárquico que sirva de
directriz para resolver tales conflictos, al juez le corresponde hacer una
cuidadosa ponderación de los intereses en juego teniendo en cuenta las
circunstancias concretas.
DERECHO A LA
RECTIFICACION DE INFORMACION-Reglas jurisprudenciales
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido y
alcance del derecho a la rectificación en variados casos de acciones de tutela
contra medios de comunicación, en las que se presentan tensiones entre la
libertad de información y prensa y los derechos fundamentales a la honra, al
buen nombre y a la intimidad. Estableció esta Corporación las siguientes
premisas, que posteriormente serían reglas constantes de su jurisprudencia
sobre el derecho de rectificación: (i) El derecho a la información, como lo ha
subrayado la jurisprudencia, es de doble vía, con lo cual se quiere significar
que puede ser reclamado tanto por el sujeto activo como por los sujetos pasivos
de la relación informativa, es decir, por quien emite las informaciones y por
quien las recibe. Este último puede exigir que le sean suministradas con
veracidad e imparcialidad y aquél, por la misma razón, tiene a su cargo los
deberes correlativos, (ii) del lado del receptor, la garantía del derecho a la
información implica que ésta sea cierta –verdadera y sustentada en la
realidad-, objetiva –su forma de presentación no es sesgada, pretenciosa o
arbitraria- y oportuna –entre los hechos y su publicación existe inmediación,
es decir, que entre el hecho y la información no medie un tiempo amplio en el
que la noticia pierda interés o incidencia-,  (iii) la relevancia de la
responsabilidad social de los medios de comunicación, la cual implica que la
información que difundan sea veraz e imparcial, y (iv)  la solicitud previa de
rectificación como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra el
medio de comunicación. De esa forma, en el evento en que se haya afectado el
derecho al buen nombre o a la honra, el interesado deberá, para acudir a la
acción de tutela, previamente solicitar al medio responsable rectificar la
información errónea, falsa o inexacta.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION-Es
de doble vía
La
libertad de información es un derecho fundamental de doble vía, toda vez que su
titular no es solamente quien emite la información, como sujeto activo, sino
quien la recibe, como sujeto pasivo, y en esa medida, implica de quien la
difunde, responsabilidades y cargas específicas que evite la vulneración de
otros derechos fundamentales como el buen nombre, la dignidad y la honra. Como
se señala en la Constitución, la responsabilidad social de los medios de
comunicación implica la obligación de emitir noticias veraces e imparciales,
pues cuando éstas no cumplen estos parámetros, la persona que se siente
perjudicada por informaciones erróneas, inexactas, parciales e imprecisas,
puede ejercer su derecho de rectificación ante el medio respectivo, para que,
cumpliendo con la carga de la prueba, se realice la corrección conforme a sus
intereses. Concretamente, tratándose de noticias o informaciones de interés general
que vinculan a una persona con hechos delictivos, que están en proceso de
investigación por parte de las autoridades competentes, los periodistas deben
ser especialmente juiciosos y diligentes con el lenguaje que utilizan en la
información emitida, pues no pueden inducir al lector a la culpabilidad de la
persona nombrada como un hecho cierto, pues se estarían desconociendo los
principios constitucionales transcritos.
MEDIOS DE COMUNICACION-Deben emitir información veraz e imparcial, distinguir
entre hechos y opiniones, y en caso dado realizar las rectificaciones que se
soliciten
Los
medios de comunicación como partícipes principales de la circulación de
información deben ejercer su actividad conforme a la responsabilidad social que
les exige la Constitución Política, lo anterior implica que deben emitir
información veraz e imparcial, distinguir los hechos de opiniones, y en caso
dado realizar las rectificaciones que se soliciten con fundamento. El afectado
por informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas, que lesionen su
honra o su buen nombre, tiene un derecho, que hoy es de rango constitucional, a
obtener del medio que las haya difundido la correspondiente rectificación en
condiciones de equidad. El de rectificación es un derecho de la misma
naturaleza fundamental del que tiene el sujeto activo a informar y de los
derechos a la honra y al buen nombre, que por su conducto se protegen. Concretamente,
cuando se exige que la libertad de información se ejerza conforme al requisito
de veracidad, se está estableciendo, por una parte, un deber específico de
diligencia a cargo del informador, quien solo debe transmitir como hechos, lo
que ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos, y por otra parte,
se privan de garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a
la información, actúa con desconocimiento de la veracidad o falsedad de lo
comunicado. Así pues, información veraz significa, en los términos del artículo
20 constitucional, información comprobada según los cánones de la actividad
informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones.
LIBERTAD DE INFORMAR Y RECIBIR INFORMACION VERAZ E
IMPARCIAL-Garantía
constitucional
La veracidad no sólo se desconoce cuando se
presentan hechos falsos o inexactos o no se distingue entre una opinión y los
elementos fácticos objetivos en una noticia emitida, sino también resulta
desconocido este principio, cuando la información que se emite, a pesar de que
concuerda con la realidad, se presenta al lector con un lenguaje y una
exposición que lo induce a la confusión o al error. Al respecto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en afirmar, que no se
trata solamente de establecer si la información que se suministra al público
tiene sustento en la realidad.  También corresponde a los derechos del
receptor de la noticia el de la certidumbre en que la forma de transmisión o
presentación de ella sea objetiva, es decir, que se halle despojada de toda
manipulación o tratamiento arbitrario; libre de inclinación tendenciosa y
deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las informaciones efectos
normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran, considerados
en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio para distorsionarlas. También
ha señalado que la obligación de diferenciar la noticia de cualquier otro
contenido, “no significa que los medios deban presentar las noticias como
relatos puros sobre los hechos acaecidos, pues la libertad de opinión de los
periodistas y la defensa del pluralismo autorizan que los medios valoren de
determinada manera lo sucedido. El deber constitucional que se les impone, en
desarrollo del principio de veracidad, consiste en que tales valoraciones no
deformen la divulgación de las informaciones sobre los sucesos, ni induzcan a
error al receptor de la noticia”
PRESUNCION DE INOCENCIA EN INFORMACION DE MEDIOS DE
COMUNICACION-Vulneración
por desconocimiento del principio de veracidad en asuntos donde la información
emitida sugiere que una persona tiene antecedentes penales o se encuentra
vinculada a actividades ilícitas
La jurisprudencia ha puesto de presente que el
desconocimiento del principio de veracidad, en asuntos donde la información
emitida sugiere que una persona tiene antecedentes penales o se encuentra
vinculada a actividades ilícitas, conlleva la vulneración del derecho
fundamental a la presunción de inocencia, garantía prevista en el artículo 29
de la Constitución Política. Lo anterior resulta lógico si se tiene en cuenta
que una noticia no puede adelantarse a los resultados de una investigación
judicial, pues se presentaría un desbalance entre la equidad de la información
emitida y la recibida que vulnera inevitablemente derechos como la honra y el
buen nombre. En suma, resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de un mal
entendido concepto de la libertad de información, el impacto que causa en el
conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión de actos
delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el incalculable
perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después resulta que las
informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o que el medio se
precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva del sumario,
o a confundir una investigación con una condena.  No puede sacrificarse
impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los
jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo
quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de
información.
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA
HONRA-Vulneración por Casa Editorial El Tiempo por presentación de
información inexacta e imprecisa en publicación “Los hombres de la mafia en
los llanos” que pone en duda inocencia del accionante
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA
HONRA-Orden a Casa Editorial El Tiempo modificar título de noticia para que no
induzca a error y para no dar por cierto hechos que al final no fueron
acertados en el caso del accionante
ACCION DE TUTELA CONTRA GOOGLE-Improcedencia de rectificación de
información por cuanto presta servicio de búsqueda de información que hay en la
red
Referencia: expediente T-3.623.589
Acción de Tutela instaurada por Guillermo Martínez
Trujillo contra Google Colombia Ltda y la
Casa Editorial El Tiempo.
Derechos fundamentales invocados: dignidad humana,
intimidad personal y familiar, buen nombre, honra, debido proceso, concretamente,
la presunción de inocencia.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil trece
(2013)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside,
Alexei Egor Julio Estrada y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 8 de agosto de 2012, por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 17
Civil del Circuito de la misma ciudad el 5 de julio de 2012, dentro de la
acción de tutela promovida por el señor Guillermo Martínez Trujillo por medio
de apoderado judicial contra Google de Colombia Ltda., y Casa Editorial El
Tiempo.
El expediente llegó a la
Corte Constitucional por remisión del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá,
en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La
Sala de Selección No. 9 de la Corte, el 27 de septiembre de 2012, eligió para
efectos de su revisión el asunto de la referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
El señor Guillermo Martínez Trujillo, por
medio de apoderado judicial, solicita al juez de tutela que ampare sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad personal y familiar, al buen
nombre, a la honra, al debido proceso, concretamente, la presunción de
inocencia, y en consecuencia, se ordene a las entidades demandadas eliminar de
sus registros del artículo titulado “Los hombres de la mafia en los llanos”
en el que él aparece mencionado, y asegurar que no volverá a aparecer.
1.1.1.  Hechos en que sustenta la demanda
1.1.1.1.
Manifiesta el accionante, que el día 30 de octubre de
2011 al acceder a la página del buscador Google Colombia y digitar su nombre
completo apareció como primer resultado de la búsqueda una página (www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-686784)  proveniente del sitio web del periódico
El Tiempo de Bogotá con el artículo titulado “Los Hombres de la mafia en los
Llanos” (C. 4, Fls. 11 y 12).
1.1.1.2.
Sobre lo anterior,
el accionante procede a aclarar el contexto del artículo de la siguiente forma:
1.1.1.2.1.
Relata que el día
11 de octubre de 1993, fue interceptada la aeronave Cheyene 400 LS de matrícula
HK3891 por aeronaves de la
Fuerza Aérea Colombiana. Debido al hostigamiento la referida nave por las
autoridades, aterrizó en la pista denominada “fama” ubicada en la finca
“Matejumo” en jurisdicción del municipio de Barranca de Upía (Meta).
1.1.1.2.2.
Aclara, que el
predio donde aterrizó la nave hallada por las autoridades, lo tenía en
arrendamiento junto con el señor Ricardo Fajardo Villarraga. Sobre ese predio
ejercían actividades de fumigación aérea.
1.1.1.2.3.
Afirma, que una vez
aterrizó la nave, la tripulación huyó dejando “además de abandonada la
aeronave veintiséis (26) timbas de veinte (20) galones cada una con contenido
de una sustancia, un maletín negro con cartas de aeronavegación, cuatro (4)
tarros de aceite, una (1) unidad de repuestos para aeronave, tres (3) tanques
de oxígeno, tres (3) mangueras, tres (3) llaves de paso, un (1) embudo, una (1)
manguera de oxígeno, entre otros elementos”. Advierte, que todos estos
elementos fueron así evidenciados en el relato de la resolución de acusación de
la Fiscalía dentro del proceso de investigación sobre los hechos.
1.1.1.2.4.
Aduce, que debido a
los hechos sucedidos en 1993, el diario El Tiempo, publicó el 10 de junio de
1997 una información judicial con el título de “Los hombres de la mafia en los
Llanos”, en la que se refería, entre otras personas, al accionante como
integrante de una organización criminal, dedicada al tráfico ilícito de
estupefacientes.
1.1.1.2.5.
Expresa el
apoderado, que el 7 de noviembre de 1997, un Fiscal Delegado ante los Juzgados
Regionales de Bogotá acusó a su representado como presunto infractor en calidad
de autor del artículo 64 de la Ley 30 de 1986, apoyando su acusación en los
hechos narrados. La investigación fue adelantada inicialmente por la
Fiscalía Delegada ante los Fiscales Regionales de Bogotá y luego por la
Fiscalía regional de la ciudad de Villavicencio ante la cual el señor
Guillermo Martínez compareció para escuchar la imputación en su contra.
1.1.1.2.6.
Señala, que el
proceso fue conocido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio, el cual el 23 de agosto de 2003 ordenó la cesación del
procedimiento por solicitud de la defensa de su representado, en virtud de que
el término de prescripción de la acción penal se había cumplido. Agrega, que
una vez ordenada la cesación del procedimiento la autoridad judicial ordenó
también, a todos los organismos del Estado en donde existieran registros que
afectaran el buen nombre de los implicados en el proceso, incluido el actor,
fueran cancelados.
1.1.1.2.7.
El apoderado
advierte que “ni en la época de las investigaciones penales a que me he
referido, ni con posterioridad a ellas el señor Guillermo Martínez Trujillo ha
sido vinculado a investigación penal alguna, por ninguna conducta punible y en
especial por conductas relativas al tráfico de narcóticos”.
1.1.1.2.8.
Aduce que la
información del diario El Tiempo fue suministrada en su momento por la
Policía Nacional y mantenida como archivo hasta la fecha.
1.1.1.3.
El apoderado alega
que “la conducta de mi poderdante no respondió ni responde en la actualidad
a la información que aparece en la página del buscador GOOGLE y guardada en el
archivo del diario “EL TIEMPO” como “LOS HOMBRES DE LA
MAFIA EN LOS LLANOS”. Ayer y ahora esa información tiene fundamento en
suposiciones, apreciaciones subjetivas y caprichosas de los funcionarios de
policía, reproducirlas por los agentes de la información y del medio de
comunicación contra quien se ejerce este recurso de amparo”.
1.1.1.4.
Finalmente, expresa
que el accionante presentó un derecho de petición a las empresas demandadas, en
el que les solicitaba la eliminación de los registros y la seguridad de que no
se volvieran a publicar. Sin embargo, ninguna de las entidades contestó el
derecho de petición, y en consecuencia, no actuaron conforme a lo solicitado.
1.2.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Juzgado diecisiete (17) Civil del
Circuito de Bogotá mediante auto de 21 de junio de 2012, admitió la demanda y
concedió dos días a la parte demandada para pronunciarse sobre los hechos en
que se fundamenta la acción.
1.2.1.
Casa Editorial
El Tiempo S.A.
Mediante
escrito del 4 de julio de 2012, el representante legal suplente para fines
judiciales, de la Casa Editorial El Tiempo, solicitó denegar la acción de
amparo.  Presentó defensa argumentando que si un ciudadano solicitaba
rectificar la información publicada, ésta debía ser errónea o falsa, y su
peticionario debía demostrar las calidades incorrectas de esta información. De
esa forma, señaló que “El accionante allega a su escrito de tutela, la
providencia que ordena terminar la investigación, pero en la misma, se evidencia
que los hechos narrados en la noticia que es objeto de debate, son reconocidos
por el fiscal y el juez de conocimiento de la investigación mencionada, e
incluso por el mismo accionante, lo que quiere decir que lo que fue publicado
por el portal de información, lejos de ser falso o incorrecto, fue cierto y
además, verificable con la sentencia allegada por el señor Martínez al escrito
de tutela, y muy seguramente, con el resto del expediente (…)”.
Concluyó
que debía declararse un “hecho jurídico superado”, toda vez que la
entidad había realizado un seguimiento periodístico al artículo, y con la
decisión judicial sobre la cesación del procedimiento, se había incluido la
anotación correspondiente[1].
Sin embargo, no procedía la rectificación toda vez que la providencia judicial
no concluía la inocencia del accionante sino que sólo declaraba la terminación
debido a la prescripción, que hace que el hecho no haya quedado desvirtuado.
1.2.2.
Google Colombia
Ltda.
Mediante
escrito del 4 de julio de 2012, el representante legal de Google Colombia,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el
accionante.
En
primer lugar, alegó que Google Colombia tiene como objeto comercial “la
venta, distribución, comercialización y desarrollo, en forma directa o
indirecta, de productos y servicios de hardware y software, productos y
servicios relacionados a internet y publicidad en internet o por cualquier otro
medio”, en ese sentido, Google Colombia no es la entidad responsable de las
acusaciones que se presentan por el actor, en razón de que no es quien
administra el servicio del buscador de Google Inc.
En
segundo lugar, advirtió que “el proveedor de servicios de búsquedas, no es
responsable del contenido de las páginas que figuren como resultados de
búsquedas, ni tampoco es responsable como erróneamente lo afirma el accionante
por “mantener en sus registros” determinada información”. Referente a lo
anterior, realizó una breve explicación sobre el funcionamiento de la red de
internet y el servicio de búsqueda que presta Google, y resaltó que Google
administra un índice que vincula palabras con direcciones URL de páginas de
internet, es decir, “es el fichero de una gran biblioteca que es internet y
como tal, por su intermedio se ordenan las páginas de internet que, siguiendo
con el ejemplo dado, serían los libros de esa supuesta biblioteca”. La
información que es ingresada a internet por los dueños de las páginas de
internet determina cuál es el resultado que los usuarios de Google recibirán
como respuesta a sus búsquedas que abarcan temas complejos o intereses
concretos de cada persona. Con base en lo anterior, adujo que si bien en el
buscador se pueden encontrar los datos de una persona, ello no obedece a que
sea esta entidad la que tiene los datos y quien los ingresa, sino que, existe
un tercero que agregó tal información a su página de internet y a través de la
búsqueda realizada, Google encontró que los caracteres ingresados concuerdan
con la información encontrada e incluida por una tercera persona.
Así,
expresó que “no existe en el funcionamiento de Google la intención de
generar un archivo de datos relacionados a personas físicas determinadas o
determinables. Google es un simple intermediario entre los usuarios de Internet
y una enorme cantidad de páginas de Internet, siendo la función de Google
facilitar a los usuarios la ubicación de páginas de Internet”. En virtud de
ello, no es competencia ni responsabilidad de Google, rectificar, corregir,
eliminar o complementar la información que arroja una búsqueda concreta.
Finalmente,
en lo referente al derecho de petición, señalado por el accionante, aclaró que
se había dado respuesta oportuna mediante escrito del 16 de marzo de 2012, y
para acreditarlo, aportó el documento correspondiente.
1.3.
DECISIONES
JUDICIALES
1.3.1.
Decisión de primera
instancia
Mediante sentencia proferida el 5 de julio
de 2012, el Juzgado Diecisiete
(17) Civil del Circuito de Bogotá decidió negar la acción de tutela.
Consideró el a-quo que conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que proceda la protección a los
derechos  a la honra y al buen nombre, la información emitida ha de ser
errónea, “corriendo la carga de la prueba en cabeza del actor (…) en tanto
que el proceder del medio periodístico está revestido de buena fe”. En ese
orden, explicó que “La decisión de prescripción nada dice sobre si la
presunta conducta punible se cometió o no, sino que su existencia no fue
comprobada en contra del acusado, dentro de los términos fijados por las normas
penales, (…) de suerte que dicho pronunciamiento no tiene el poder suasorio para
tildar de errada la información objeto de la presente acción”.
1.3.2.
Impugnación
El apoderado judicial del actor, presentó
escrito de impugnación el 11 de julio de 2012, mediante el cual expresó su
desacuerdo con la decisión del juez de primera instancia. Reiteró los
argumentos de la demanda, y adicionalmente advirtió que el juez de instancia
había guardado silencio respecto de la responsabilidad de Google, hecho éste
que permitía concluir que esta entidad era responsable, por el sólo hecho de
ser intermediario de los usuarios de Internet, de la información a la que
conducía la búsqueda.
Igualmente, alegó que los derechos
fundamentales a la dignidad humana y al buen nombre de su apoderado, continuaban
siendo vulnerados por las entidades demandadas hasta tanto se mantuviera el
artículo sobre los carteles de la mafia, y sobre esto aclaró, que no buscaba la
rectificación sino la eliminación total de estos registros. Manifestó, que lo
mencionado en el artículo periodístico atacado, eran suposiciones que habían
sido desvirtuadas por una decisión judicial sustentada en la presunción de
inocencia que debía prevalecer sobre ellas.
Para terminar, en lo referente a la
aclaración realizada por la Casa Editorial El Tiempo sobre el artículo[2],
afirmó que no era suficiente toda vez que se seguía manteniendo la información
que conducía a perjuicios irremediables a sus derechos fundamentales, y resaltó
que esa aclaración era producto de los derechos de petición presentados y el
inicio de la acción de amparo, pero que la conducta omisiva había sido
permanente en el tiempo hasta el presente año.
1.3.2.1.
El representante
legal de Google Colombia, presentó escrito respondiendo a la impugnación
del actor, y reiteró que no era responsable de la información que estaba siendo
atacada por el actor, porque “la compañía no puede ni modificar ni eliminar
la información allí presentada y mucho menos verificar si la misma puede ser
publicada o no pues esto corresponde exclusivamente al respectivo dueño de cada
página”, y en esa medida, existía una indebida legitimación por pasiva.
1.3.3.
Decisión de segunda
instancia
Mediante sentencia proferida el 8 de
agosto de 2012, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, confirmó la decisión de primera instancia.
En primer lugar, consideró que el amparo
solicitado no procedía, toda vez que la
Casa Editorial El Tiempo había agregado al archivo una aclaración acerca de la
providencia que puso fin al proceso penal por prescripción, y señaló que el
accionante no registraba antecedentes.
En segundo lugar, haciendo referencia al
artículo 15 de la
Constitución Política y a la Ley 1266 de 2008, aclaró que el habeas data
permitía al titular del dato publicado, reclamar contra informaciones falsas o
inexactas, o carentes de actualidad o que han caducado, contingencias que,
respecto de la información de prensa, solo pueden atacarse mediante la
demostración de la inexactitud o el error y agotando el recurso de la
rectificación, actuaciones que no se acreditaban en el caso concreto.
1.4.
PRUEBAS
1.4.1.
Pruebas que
obran en el expediente
-
Copia de los
certificados de existencia y representación legal de las sociedades Casa
Editorial El Tiempo y Google Colombia Limitada, emitidos por la
Cámara de Comercio de Bogotá[3].
-
Copia impresa del
artículo “Los hombres de la mafia en los Llanos”[4].
-
Declaraciones rendidas
por los señores José Osvaldo Trimiño Mora y Carlos Arturo García Torres en las
que se denota la honorabilidad y buen nombre del señor Guillermo Martínez
Trujillo[5].
-
Certificado expedido
por la Policía Nacional el 15 de febrero de 2012, mediante el cual se hace
constar que el señor Guillermo Martínez Trujillo no registra antecedentes[6].
-
Copia del auto del 27
de agosto de 2003, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio en el que se decreta la cesación del
procedimiento[7].
-
Copia de correo
electrónico del ingeniero de proyectos de la
Casa Editorial El Tiempo, el señor William Soto, mediante el cual se informa
sobre la información de historias publicadas en 1997, con la última
modificación realizada el  3 de julio de 2012[8].
-
Copia de las
aclaraciones realizadas sobre el artículo por la
Casa Editorial El Tiempo, mediante las cuales se expresa que “Guillermo
Martínez Trujillo fue favorecido con cesación de procedimiento”, del 4 de julio
de 2012[9].
2.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además,
procede la revisión en virtud de la selección realizada por la sala
correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
La Sala
debe estudiar si la Casa Editorial El Tiempo S.A., y Google Colombia Ltda.,
vulneraron los derechos fundamentales de habeas data, buen nombre, honra y
dignidad humana al señor Guillermo Martínez Trujillo, al no eliminar de sus
archivos y registros el artículo denominado “Los hombres de la mafia de los
Llanos”, en el cual se nombra al accionante como integrante del cartel de
estupefacientes.
En ese orden, la
Sala, en primer lugar, reiterará la jurisprudencia de esta Corporación
sobre los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información;
en segundo lugar, se hará referencia al alcance del derecho a la
rectificación y finalmente, pasará a realizar el análisis del caso
concreto.
2.3.
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN. Reiteración jurisprudencial.
2.3.1.  La libertad de expresión se encuentra reconocida en la
Constitución Política en el artículo 20, el cual reza;
“Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura”.
Se desprende de esta disposición, el derecho de toda
persona de expresar y difundir sus opiniones, ideas, pensamientos, narrar
hechos, noticias, y todo aquello que considere relevante, y el derecho de todos
de recibir información veraz e imparcial, lo que conlleva la libertad de fundar
medios de comunicación que tengan por objeto informar sobre hechos y noticias
de interés general. En otras palabras,
mientras que, por un lado,
el artículo establece la libertad de expresar y difundir los propios
pensamientos y opiniones, por el otro se señala que existe libertad para
informar y recibir información veraz e imparcial. La primera libertad se
refiere al derecho de todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas,
mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado
sobre los hechos o sucesos cotidianos.
De la misma forma, el derecho a la libertad de
expresión, es un principio del ejercicio de la democracia pues es en el marco
de un estado democrático donde la participación de la ciudadanía adquiere
especial relevancia, y en desarrollo de ella, se garantiza la libertad de
expresar las distintas opiniones y de manifestar los pensamientos minoritarios
sin miedo a ser reprimido por poderes estatales. En efecto, la
Carta Democrática Interamericana[10]
en su artículo 4 dispone como un componente del ejercicio de la democracia
transparente, el derecho a la libertad de expresión y de prensa.
2.3.2.
En el mismo orden, los
instrumentos internacionales, concretamente los del Sistema Interamericano
consagran también el derecho a la libertad de expresión; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos—en su artículo 13—, la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y la
Declaración Americana—en su artículo IV—, ofrecen un conjunto de garantías
para la protección preferente de esta libertad en el marco de los Estados
Democráticos, incluso la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión[11] de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha afirmado que desde una
perspectiva comparada con otros sistemas regionales de protección de derechos
humanos, como el europeo[12]
y el universal[13],
el ámbito interamericano ”fue diseñado para ser el más generoso, y para
reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de información,
opiniones e ideas”. Por ello, los pronunciamientos de la
Comisión Interamericana y la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos han resaltado que la libertad de
expresión cumple una triple función en el sistema democrático: a) asegura el
derecho individual de toda persona a pensar por cuenta propia y a compartir con
otros el pensamiento y la opinión personal[14],
b) tiene una relación estrecha, indisoluble, esencial, fundamental y
estructural con la democracia, y en esa medida, el objetivo mismo del artículo
13 de la Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas
democráticos, pluralistas y deliberativos, mediante la protección y fomento de
la libre circulación de ideas y opiniones[15],
y c) finalmente, es una herramienta clave para el ejercicio de los demás
derechos fundamentales, toda vez que “se trata de un mecanismo esencial para
el ejercicio del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la
educación, a la identidad étnica o cultural y, por supuesto, a la igualdad no
sólo entendida como el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al
goce de ciertos derechos sociales básicos”[16].
De la misma manera, en lo referente a la titularidad
del derecho, la Corte Interamericana ha sido clara en señalar que la libertad de expresión se caracteriza por ser un
derecho con una doble dimensión: una dimensión individual, consistente en el
derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e
informaciones; y una dimensión colectiva o
social, consistente en el derecho de la
sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los
pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada[17].
En igual sentido, la libertad de expresión,
no es un derecho absoluto y se encuentra sujeta a ciertas restricciones
en los Tratados Internacionales, las cuales  deben estar
expresamente  fijadas por la ley  y ser necesarias para:  a)
asegurar el respeto a los derechos o la reputación  de los demás;
b)  la protección  de la seguridad  nacional, el orden público o
la salud o la moral públicas (artículo 19 numeral 13, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la
Ley 74 de 1968).
2.3.3.
Pues bien, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera acorde con los
organismos internacionales[18].
Esta Corporación desde muy temprano en su jurisprudencia reconoció el valor de este
derecho en el marco de una democracia con las siguientes palabras:
“Aunque la libertad de expresar y difundir
el propio pensamiento y opiniones es un derecho de toda persona, no es sólo un
derecho individual, sino también garantía de una institución política
fundamental: "la opinión  pública libre". Una opinión pública
libre está indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor
fundamental y un requisito de funcionamiento del estado democrático. Sin
una comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros
derechos que la Constitución consagra, reducidos a formas hueras las
institucionales representativas y participativas y absolutamente falseado el
principio de la legitimidad  democrática”[19]. (Énfasis de la
Sala)
Así mismo, la jurisprudencia constitucional, cuando se
presentan conflictos entre la libertad de información y expresión y otros
derechos, le da prevalencia, en principio, a éstas, pues este carácter
privilegiado de la libertad de expresión y de información se deriva de su
importancia con el libre mercado de ideas para la ciudadanía en el marco de una
democracia. La consecuencia de esta naturaleza prevalente es que su protección
tiene presunciones
constitucionales – la presunción de cobertura de toda expresión por el ámbito
de protección constitucional, la sospecha de inconstitucionalidad de toda limitación
de la libertad de expresión, la presunción de primacía de la libertad de
expresión sobre otros derechos, valores o intereses constitucionales con los
cuales pueda llegar a entrar en conflicto y la presunción de que los controles
al contenido de las expresiones constituyen censura[20].
En la sentencia T-1148 de 2004[21]
la Corte advirtió que los derechos a la libertad de expresión e información “se encuentran especialmente protegidos por la
Constitución de 1991, como garantía de participación en la conformación,
gestión y control del poder político, así como instrumentos para la definición
individual de posiciones culturales, sociales, religiosas y políticas. Los actos comunicativos, fundamentales para la
circulación de ideas y para la transmisión de todo tipo de manifestaciones,
también son un presupuesto básico para la deliberación democrática. Tienen la
misión de informar a la ciudadanía sobre los asuntos públicos o privados de
interés social, de hacer posible su discusión pública y pluralista, y de guiar
la formación de opiniones. La protección de estos derechos es consecuencia del
reconocimiento de la necesidad de un flujo equilibrado de hechos, críticas y
opiniones para el desarrollo participativo del proceso democrático.”
Igualmente, la sentencia T-391 de 2007[22], es una de las
providencias más relevantes en el desarrollo del contenido del derecho a la
libertad de expresión y la libertad de prensa, concretamente. En este fallo la
Corte estudió la acción de tutela interpuesta por Radio Cadena Nacional RCN
contra la decisión judicial proferida por el Consejo de Estado sobre una acción
popular interpuesta por una organización de la sociedad civil que exigía la
protección de la moral pública y las buenas costumbres de la juventud por los
términos utilizados y los programas “soeces” y que invitaban a la agresión que
reproducía el programa “El Mañanero de la
Mega”. La providencia del Consejo de Estado concedió la protección de los
derechos colectivos y ordenó al Ministerio de Comunicaciones iniciar
investigación para determinar si se debía o no restringir el formato utilizado
por RCN en la emisión del programa radial “El Mañanero de La
Mega” y ordenó a RCN adecuar el contenido del programa, pues consideró que el
programa desconocía el derecho al acceso a una eficiente prestación de los
servicios públicos y los derechos de los usuarios. Posteriormente, el
Ministerio de Comunicaciones emitió una resolución en la que impuso una multa a
RCN por infracción a las normas que rigen el servicio público de radiodifusión
y el Código del Menor. En sede de la acción de tutela promovida por la
Radio Cadena Nacional con el programa radial, los jueces de instancia
denegaron la protección a los derechos fundamentales de libertad de expresión y
de información por considerar que no procedía la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La Corte Constitucional en
sede de revisión de la acción de tutela decidió dejar sin efectos las
decisiones de las entidades demandadas por vulnerar el derecho fundamental a la
libertad de expresión, concretamente la libertad de prensa y de información, en
los siguientes términos:
”Tanto
el Consejo de Estado, como el Ministerio de Comunicaciones, con los medios
aplicados han violado de manera directa las libertades de expresión stricto
senso, información y prensa protegidas en el artículo 20 de la
Constitución, en la medida en que desconoció abiertamente la regla de
neutralidad de las actuaciones estatales frente al contenido de las expresiones
al ordenar directamente la adecuación de los contenidos del programa radial, en
contravía de la jurisprudencia, e incumplió los requisitos constitucionales que
han de satisfacer las limitaciones de la libertad de expresión señalados en
precedentes constitucionales vinculantes”
Pues bien, para esta Sala es importante resaltar
algunas de las consideraciones que componen la ratio decidenci de la
sentencia en comento, sobre todo haciendo especial énfasis la libertad de
información y de prensa. En cuanto al contenido del derecho a la libertad de
expresión en sentido genérico, resaltó once elementos normativos diferenciales
del artículo 20 de la
Constitución Política:
“(a) La libertad de expresar y difundir
el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de
fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito,
impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se
expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas. Esta libertad fundamental
constituye la libertad de expresión stricto senso, y tiene una doble
dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se
está expresando. (b) La libertad de buscar o investigar información
sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de
informar y la de recibir información, configura la llamada libertad de
información. (c) La libertad de informar, que cobija tanto
información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo,
a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar
información y la libertad de recibirla, configura la llamada libertad de
información. (d) La libertad y el derecho a recibir información
veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda
índole, por cualquier medio de expresión. Junto con los anteriores elementos,
configura la libertad de información. (e) La libertad de fundar
medios masivos de comunicación. (f) La libertad de prensa, o
libertad de funcionamiento dichos medios masivos de comunicación, con la
consiguiente responsabilidad social. (g) El derecho a la rectificación
en condiciones de equidad. (h) La prohibición de la censura, cualificada
y precisada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,  (i) La prohibición de la
propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito,
cualificada y precisada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, (j) La prohibición de la pornografía
infantil, y (k) La prohibición de la instigación pública y directa al
genocidio.”[23]
De la misma manera, la
Corte resaltó que la expresión, en sus diversas manifestaciones, cuenta con un
estatus jurídico especial, y un grado de inmunidad significativo frente
a regulaciones y restricciones estatales. Este lugar privilegiado, se justifica
principalmente por varios fundamentos que pretende garantizar un Estado Social
de Derecho: “a) consideraciones filosóficas sobre la búsqueda de la verdad,
b) razones derivadas del funcionamiento de las democracias, c) motivos
atinentes a la dignidad y autorrealización individual, d) consideraciones sobre
la preservación y aumento del patrimonio cultural y científico de la sociedad, y
e) motivos históricos y consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal
de intervenir apropiadamente en esta esfera”[24].
En la misma providencia se estableció que el
derecho a la libertad de información es una especie de la libertad de
expresión. En ese orden aclaró que existen diferentes modalidades de expresión
que exigen en sí mismos el ejercicio de otros derechos fundamentales distintos
a la libertad de expresión en estricto sentido, entre las cuales pueden
nombrarse las siguientes: “(a) la correspondencia y demás formas de
comunicación privada, (b) los discursos estéticos, morales, emotivos o
personales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de
conductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la protección
constitucional explícita de la libre expresión artística; (c) la objeción de
conciencia; (d) el discurso religioso; (e) el discurso académico, investigativo
y científico; (f) las expresiones realizadas en el curso de manifestaciones
públicas pacíficas; (g) el discurso cívico o de participación ciudadana, y (h)
el discurso de identidad, que expresa y refuerza la propia adscripción cultural
y social”, y añade posteriormente, que el discurso periodístico es uno de
los modos de expresión sujetos a un mayor margen de regulación estatal, debido
a su incidencia en el interés público y al impacto que tiene la información
emitida por los medios de comunicación en el pensar de la gente, por ello lleva
implícita cargas, deberes y responsabilidades constitucionales expresas, como
se verá más adelante[25].
2.3.4.
Particularmente y para
efectos del caso concreto, la Sala considera necesario resaltar algunas
características y cualidades de la libertad de información. Se diferencia de la
libertad de expresión en sentido estricto en que ésta protege la transmisión de
todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien
se expresa, mientras que la libertad de información protege la comunicación
de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,
personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere
de lo que está ocurriendo[26].
Es un derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza tanto el derecho a
informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial[27].
Así mismo, la libertad de información supone la necesidad de contar con una
infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir, mientras que la
libre expresión son necesarias únicamente las facultades y físicas y mentales
de cada persona para exteriorizar su pensamiento y opinión. Por lo demás, es también
una libertad trascendental en la democracia, pues es a través de los medios de
comunicación que la ciudadanía está informada sobre los sucesos que los pueden
afectar en las decisiones de los representantes políticos o en sucesos del
ámbito económico o social de interés general[28].
2.3.5.
Debido a su
importancia frente a la ciudadanía en general, el ejercicio de la libertad de
información exige ciertas cargas y responsabilidades para su titular. Los
principales deberes hacen referencia a la calidad de la información que se
emite, en el sentido en que debe ser veraz e imparcial y respetuosa de los
derechos fundamentales de terceros, particularmente los del buen nombre y la
honra[29].
Cuando se ejerce la libertad de información a través de los medios de
comunicación, la jurisprudencia ha trazado una distinción entre la transmisión
de información fáctica y la emisión de opiniones o valoraciones de hechos. La
información sobre hechos, en tanto ejercicio de la libertad de información, ha
de ser veraz e imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos
hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto senso, no está
sujeta a estos parámetros. Las opiniones equivocadas y parcializadas
gozan de la misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes[30].
De la misma manera, el Estado tiene el deber de respetar la información emitida
por los medios de comunicación y garantizar la circulación amplia de la
información aún aquellos que revelen aspectos negativos de las propias
instituciones estatales.
2.3.6.
En el mismo orden,
el artículo 20 de la Constitución exige a los medios de comunicación, para
ejercer la libertad de información y de prensa, una responsabilidad social, la
cual, como ha dicho la Corte Constitucional, “esta responsabilidad se hace
extensiva a los periodistas, comunicadores y particulares que se expresan a
través de los medios, en atención a los riesgos que éstos plantean y su
potencial de lesionar derechos de terceros, así como por su poder social y su
importancia para el sistema democrático. La responsabilidad social de los
medios de comunicación tiene distintas manifestaciones. En relación con la
transmisión de informaciones sobre hechos, los medios están particularmente
sujetos a los parámetros de (i) veracidad e imparcialidad, (ii) distinción
entre informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación”[31].
(Énfasis de la Sala)
2.3.7.
Referente a los principios de
veracidad e imparcialidad de la información, debe precisarse lo siguiente[32]. En cuanto a
la veracidad como límite interno, la
Corte Constitucional ha afirmado que la veracidad de una información hace
referencia a hechos o a enunciados de carácter fáctico, que pueden ser
verificados, por lo que no cubre las simples opiniones[33]. No obstante, en algunos
eventos es difícil en una noticia distinguir entre hechos y opiniones, por
ello, se ha considerado que vulnera el principio de veracidad el dato fáctico
que es contrario a la realidad, siempre que la información se hubiere publicado
por negligencia o imprudencia del emisor. Igualmente, la
Corte ha establecido que es inexacta, y en consecuencia en contra del
principio de veracidad, la información que en realidad corresponde a un juicio
de valor u opinión y se presenta como un hecho cierto y definitivo, por eso,
los medios de comunicación, acatando su responsabilidad social, deben
distinguir entre una opinión y un hecho o dato fáctico objetivo[34]. La veracidad de la
información, ha afirmado la Corte, no sólo tiene que ver con el hecho de que
sea falsa o errónea, sino también con el hecho de que no sea equívoca, es
decir, que no se sustente en rumores, invenciones o malas intenciones[35] o que
induzca a error o confusión al receptor[36].
Finalmente, resulta vulnerado también el principio de veracidad, cuando la
noticia o titular, pese a ser literalmente cierto, es presentado de manera tal
que induce al lector a conclusiones falsas o erróneas[37].
En cuanto al principio de imparcialidad de la
información, la Corte Constitucional en la sentencia T-080 de 1993[38] estableció
que “envuelve una dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye
elementos valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión”,
en consecuencia, “una rigurosa teoría general y abstracta sobre la
interpretación haría imposible exigir la presentación imparcial de un hecho, ya
que toda interpretación tendría algo de subjetivo. El Constituyente no quiso
llegar hasta este extremo y optó por vincular la exigencia de imparcialidad de
la información al derecho al público a formarse libremente una opinión, esto
es, a no recibir una versión unilateral, acabada y “pre-valorada” de los hechos
que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista
contrarios expuestos objetivamente”. En otras palabras, la imparcialidad
hace referencia, y exige al emisor de la información, a establecer cierta
distancia entre la crítica personal de los hechos relatados y las fuentes y lo
que se quiere emitir como noticia objetiva. En esa medida, cuando un periodista
desea emitir una información debe contrarrestarla con diferentes fuentes y
confirmarla, si es el caso, con expertos en la materia, y evitar que lo
recolectado y confirmado se “contamine” con sus prejuicios y valoraciones
personales o del medio donde trabaja[39].
Con base en lo anterior, es importante concluir que el
derecho a la libertad de expresión no sólo es un derecho fundamental sino un
principio fundante de la sociedad democrática. Por su parte, la libertad de información, como especie
concebida dentro de la libertad de expresión, se constituye, pues, en un
derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez
implica obligaciones y responsabilidades, que se sustentan en los principios de
veracidad e imparcialidad, y en el derecho de rectificación. Así, ante la
colisión de derechos fundamentales como la libertad de expresión e información
y los derechos a la intimidad, al buen nombre o a la honra, respecto de los
cuales la Constitución no establece  ningún orden jerárquico que sirva de
directriz para resolver tales conflictos, al juez le corresponde hacer una
cuidadosa ponderación de los intereses en juego teniendo en cuenta las
circunstancias concretas.
A continuación se analizará el derecho fundamental de
rectificación como parámetro de la libertad de información y prensa.
2.4.
EL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN. Reiteración jurisprudencial.
Como se explicó previamente, el derecho a informar
conlleva obligaciones y responsabilidades para quien emite la información. Es
allí donde cobra importancia la responsabilidad social de los medios de
comunicación, los cuales, en el ejercicio de su profesión deben contrastar los
elementos fácticos de las noticias que emiten y comunicarlas de la manera más
imparcial, evitando mezclar los hechos de sus opiniones induciendo al lector a
conclusiones erróneas, falsas o inexactas[40].
En ese orden, los receptores de la información tienen correlativamente el
derecho de rectificación, el cual se trata a) de un derecho que tiene el
afectado por la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o
aclarada, por un aparte; y por otra, b) de una obligación del medio de
comunicación para aclarar, actualizar o corregir la información emitida[41].
2.4.1.
La jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha desarrollado el contenido y alcance del derecho a la
rectificación en variados casos de acciones de tutela contra medios de
comunicación, en las que se presentan tensiones entre la libertad de
información y prensa y los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a
la intimidad. Por ejemplo, en la sentencia T-512 de 1992[42], en uno de sus
principales pronunciamientos sobre el tema, la
Corte analizó el caso de un señor a quien los medios de comunicación se
referían como autor de un crimen, a pesar de que estaba siendo penalmente
juzgado y todavía no tenía una sentencia en su contra. Estableció esta
Corporación las siguientes premisas, que posteriormente serían reglas
constantes de su jurisprudencia sobre el derecho de rectificación[43]: (i)
El derecho a la información, como lo ha subrayado la jurisprudencia, es de
doble vía, con lo cual se quiere significar que puede ser reclamado tanto
por el sujeto activo como por los sujetos pasivos de la relación informativa,
es decir, por quien emite las informaciones y por quien las recibe. Este último
puede exigir que le sean suministradas con veracidad e imparcialidad y aquél,
por la misma razón, tiene a su cargo los deberes correlativos, (ii) del
lado del receptor, la garantía del derecho a la información implica que ésta
sea cierta –verdadera y sustentada en la realidad-, objetiva –su forma de
presentación no es sesgada, pretenciosa o arbitraria- y oportuna –entre los
hechos y su publicación existe inmediación, es decir, que entre el hecho y la
información no medie un tiempo amplio en el que la noticia pierda interés o
incidencia-,  (iii) la relevancia de la responsabilidad social de los
medios de comunicación, la cual implica que la información que difundan sea
veraz e imparcial, y (iv)  la solicitud previa de rectificación como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra el medio de
comunicación. De esa forma, en el evento en que se haya afectado el derecho al
buen nombre o a la honra, el interesado deberá, para acudir a la acción de
tutela, previamente solicitar al medio responsable rectificar la información
errónea, falsa o inexacta. Sobre lo anterior se pueden resaltar las siguientes
consideraciones:
“Resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de
un mal entendido concepto de la libertad de información, el impacto que causa
en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión
de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el
incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después
resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o
que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la
reserva del sumario, o a confundir una investigación con una condena.  Se
tiene a este respecto un conflicto entre el derecho del medio informador y el
de la persona ofendida, que debe ser resuelto, a la luz de la
Constitución, teniendo en cuenta que, frente a la justicia, no puede ser más
valioso un distorsionado criterio de la libertad de información que el derecho
a la honra, garantizado en favor de toda persona por el artículo 21 de la
Carta Política, pues en tales casos no es lícito al medio ni al periodista
invocar como justificantes de su acción los derechos consagrados en los
artículos 20 y 73 de la Carta.
(…)
El caso de las informaciones falsas, tendenciosas,
incompletas o parcializadas, revela claramente un quebranto del concepto sobre
lo que es la libertad y sobre el derecho de que gozan los destinatarios de esas
informaciones, aparte del ya expresado daño que una noticia errónea puede
causar en cuanto a la honra, el prestigio y aún la vida de las personas, el
orden público, la tranquilidad social, o el normal desenvolvimiento de las
actividades económicas, muy sensibles, por su naturaleza, al pánico y a la
zozobra. No se trata solamente de establecer si la información que se
suministra al público tiene sustento en la realidad.  También corresponde a los
derechos del receptor de la noticia el de la certidumbre en que la forma de
transmisión o presentación de ella sea objetiva, es decir, que se halle
despojada de toda manipulación o tratamiento arbitrario; libre de inclinación
tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las informaciones
efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran,
considerados en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio para
distorsionarlas”. (Énfasis de la
Sala)
En igual sentido, se refirió esta Corporación en
sentencia T-332 de 1993[44],
en la cual el actor manifestaba que en la edición No. 28.670 del diario "El
Tiempo", apareció publicada en primera página una noticia titulada "Escobar
aún tiene 130 enlaces a su lado", en el cual se afirmaba que entre los
socios directos del reconocido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, figuraba
el "doctor Penagos, cirujano plástico", como "amigo y auxiliador
del capo". El accionante señalaba que él era el único cirujano plástico de
apellido “Penagos” que laboraba en la ciudad de Medellín, razón por la cual la
mencionada noticia lo vinculaba directamente con el delincuente Pablo Escobar y
las actividades del denominado Cartel de Medellín. Ante la gravedad de los hechos,  el peticionario
acudió a la Fiscalía General de la
Nación, la cual certificó que no existía investigación criminal alguna en su
contra. Por ello, el solicitó al medio de prensa rectificar la información. La
Corte con base en ello, consideró que:
“El Estado de Social
de Derecho al fundarse en el respeto a la dignidad de la persona humana (art. 1
C.P.), protege de manera especial la honra como derecho (Arts. 2 y 21
C.P.). Por ello,  el inciso 2o. del artículo 20 otorga a los afectados
por el ejercicio  indebido de la libertad de prensa, el derecho a la
rectificación.  Es éste, justamente el derecho a través del cual se busca
garantizar, de modo más efectivo los derechos a la honra y al buen
nombre.  La rectificación debe hacerse, al tenor del precepto
constitucional, en condiciones de equidad”.
En desarrollo de lo anterior, en sentencia T-074 de
1995[45],
confirmó la decisión que concedió la acción de tutela interpuesta por el señor
Juan Manuel Cruz Aguirre contra la
Revista Semana y su Director, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al encontrarse publicada una noticia sobre la influencia del
narcotráfico en el fútbol profesional colombiano en la cual aparecía su nombre
como participante del negocio. La Corte encontró acreditado que el medio
publicó información falsa, y a pesar de esto no realizó la rectificación
respectiva de manera oportuna, y en consecuencia vulneró los derechos
fundamentales a la honra y buen nombre del actor. Señaló la
Corporación lo siguiente:
“Dado que la rectificación no se produjo oportunamente
y puesto que, varias semanas después, cuando se publicó la carta del
solicitante, el semanario agregó nuevos datos, carentes de todo respaldo,
resulta indudable que fueron lesionados los derechos a su honra y a su buen
nombre y que, por otra parte, se desconoció la presunción de inocencia que
lo favorecía, según el artículo 29 de la
Carta, mientras no fuera desvirtuada -previo un debido proceso- por decisión
judicial en firme. A juicio de la Corte, si de antecedentes penales se
trataba, la revista "Semana" ha debido aplicar lo previsto en el
artículo 248 de la
Constitución Política: "Únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales en todos los órdenes legales". (Énfasis de la
Sala)
En el mismo sentido, se pronunció la
Corte en la sentencia T-066 de 1998[46],
en la cual estableció que los medios masivos de comunicación tienen derecho de
denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan
conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a
que se produzca un fallo para informar de la ocurrencia de un hecho delictivo.
Sin embargo, deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de la
información que incrimine a una persona, en cuyo caso, deben obtener de la
autoridad judicial o administrativa competente, los elementos fácticos
necesarios para corroborar la veracidad de la información que se pretende
divulgar, evitando así, sustituir a los jueces en el ejercicio de su función de
administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes. De
otra manera, podrían vulnerar derechos fundamentales como la honra y el buen
nombre de la persona que se trate la publicación[47].
Igualmente, en la sentencia T-634 de 2001[48], en la cual
al accionante se le había relacionado con actos de corrupción en un titular de la
Revista Cambio, la Corte puntualizó, en cuanto al contenido concreto del
derecho de rectificación frente a informaciones erróneas:
“El derecho de rectificación es considerado como una garantía
constitucional para la protección de la verdad en la comunicación pública o
como un procedimiento de protección de la libertad de expresión y los derechos
de la personalidad.
Desde el primer ángulo, según la doctrina española, el derecho de
rectificación puede ser contemplado desde una doble óptica: como garantía del
derecho a la información pasiva y como garantía de la veracidad del objeto del
derecho a la información, y consiste en el ejercicio de la facultad de difusión
para establecer la verdad. Desde el segundo, tiene también una doble
vertiente: la defensa de la persona aludida y su satisfacción moral (elemento
subjetivo), y la veracidad y pluralidad de la información para una correcta
formación de la opinión pública  libre (elemento objetivo). Pero también
puede encuadrarse como una responsabilidad del informador y dentro de los
deberes de carácter social y público que tiene asignados en el correcto
cumplimiento de su tarea y en la necesidad de respetar la verdad, impidiendo el
abuso de la función informativa y contrastando su versión de los hechos con la
del aludido en la información publicada de forma que se eviten posibles lesiones
a personas o instituciones por informaciones inexactas o incompletas”.
Además,
en este caso la Revista se defendía señalando que había tomado la información
de informes de inteligencia
realizados al interior de la misma Armada Nacional, los cuales se suministraron
como material probatorio dentro del proceso de revisión de la acción de tutela.
La Corte concluyó que estaba acreditada la veracidad de los hechos aducidos en
la noticia:
“De todo lo anterior se puede concluir que
la información suministrada y publicada por la
Revista Cambio es cierta, completa e imparcial dado que ha podido comprobarse
por la misma. Así mismo, se puede señalar que ha sido producto de una
investigación periodística juiciosa y completa donde además se permitió la
participación del actor, lo cual permite establecer que esta reúne las
condiciones exigidas por la
Carta Política como son la “veracidad  e imparcialidad”.
De otra parte, la opinión e interpretación
periodística referida a los hechos objeto de la información resulta así mismo
válida y susceptible de protección dado que como se señaló antes los hechos o
información objeto de su interpretación se encuentran demostrados. Reunidas las
condiciones de “veracidad e imparcialidad” en la información suministrada y
publicada dentro de la misma publicación objeto de inconformidad para el actor,
procede la protección al derecho a la libre expresión y opinión de la
Revista Cambio, dado que además como se mencionó con la publicación del
material objeto de la información se permite a la opinión pública establecer la
diferencia entre hechos y opiniones, formándose así mismo su propia opinión o
criterio sobre los hechos, lo que no implica que el medio no pueda libremente
expresar su pensamiento y opinión sobre los mismos”.
Ahora bien, en sentencias más recientes la
Corte Constitucional en su jurisprudencia ha reiterado las reglas antes
expuestas. A manera de ilustración pueden resaltarse las siguientes. En la
providencia  T-626 de 2007[49]
se reiteró la importancia de los principios de veracidad e imparcialidad para
la emisión de la información sin la vulneración de otros derechos
fundamentales, y se realizó una síntesis de los parámetros jurisprudenciales
sobre el derecho fundamental de rectificación en “condiciones de equidad”, los
cuales merecen ser transcritos:
“Para que la rectificación en condiciones
de equidad se acomode a los postulados constitucionales, la jurisprudencia de
esta Corporación ha establecido los siguientes requisitos generales: (i) que la
rectificación o aclaración tenga un despliegue informativo equivalente al que
tuvo la noticia inicial; y (ii) que el medio de comunicación reconozca
expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una
falsedad[50].
9. Sobre los correctivos judiciales
aplicables para el restablecimiento del equilibrio informativo la
jurisprudencia constitucional  ha construido una serie de subreglas de las que
se destacan algunas de particular relevancia para la resolución del asunto bajo
examen.
(i) En relación con la garantía de equivalencia ha
indicado que ésta no supone una correspondencia matemática en cuanto a
duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o
rectificación. Lo fundamental es que la rectificación o aclaración de la
información falsa o parcializada constituya un verdadero remedio a la
vulneración de los derechos de la persona concernida, para lo cual se requiere
que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, pues “de lo que se trata
es que el lector – o receptor – pueda identificar con facilidad la relación
existente entre la rectificación y el artículo enmendado” [51]
(ii) Sobre la oportunidad con la que  la rectificación
debe ser efectuada para que cumpla con su cometido de garantizar la
protección efectiva de los derechos de  quien ha sido afectado por una
información errónea, ha establecido que “el medio llamado a rectificar debe
hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde
luego, previa verificación de los hechos”[52]
(iii) Respecto de la carga de la prueba en cabeza de
quien solicita la rectificación la Corte ha considerado dos situaciones
distintas: (1) cuando se solicita rectificación de una información donde se
hacen aseveraciones sobre unos hechos concretos, la persona que se considera
afectada con estas informaciones debe presentar las pruebas pertinentes para
sustentar su solicitud de rectificación; (2) cuando las afirmaciones del medio
informativo son injuriosas y se refieren a una persona específica, pero tienen
un carácter amplio e indefinido, es decir no fundadas en hechos concretos, se
releva a la persona afectada de la carga de demostrar su inexactitud por la
imposibilidad en que se encuentra de hacerlo. En estos eventos, surge para el
medio la carga  de sustentar su negativa a rectificar y la de demostrar la
veracidad e imparcialidad de la información trasmitida[53].
(iv) Ha establecido también la jurisprudencia que el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad es una garantía de la
persona frente a los medios de comunicación, que sólo es predicable de las
informaciones más no de los pensamientos u opiniones considerados en sí mismos.
De ahí la imposibilidad de solicitar la rectificación cuando el contenido que
se pretende atacar está exclusivamente en el campo de las opiniones[54].
Este criterio se ha matizado con la consideración que existe en cabeza del
periodista un deber de cerciorarse razonablemente de la veracidad de los hechos
o de las premisas en los cuales fundamenta su opinión o juicio de valor, bajo
el presupuesto de la buena fe.[55]
(v) Por último, la posibilidad de réplica por parte
del lesionado, no goza de la misma estirpe constitucional del derecho de
rectificación en condiciones de equidad. Si bien la publicación de un texto
en el que la persona afectada asuma su defensa controvirtiendo las afirmaciones
difundidas, favorece el equilibrio con la exposición de diferentes puntos de
vista ante el público receptor, el constituyente optó por exigir la preservación
de la verdad, más que la promoción del equilibrio informativo. En consecuencia,
el mecanismo que la Constitución concibe y consagra para el restablecimiento
extrajudicial de los derechos fundamentales que sean vulnerados como
consecuencia de la extralimitación en el ejercicio informativo, es el derecho a
la rectificación en condiciones de equidad y no la réplica[56]”.
En la sentencia T-260 de 2010[57], la
Corte analizó una acción de tutela interpuesta contra las directivas de RCN
Televisión y de Noticias RCN, quienes permitieron que saliera al aire una
información en la que, consideraba el accionante, se le señalaba como
responsable de haber incurrido en actuaciones delictivas, sin existir
resolución judicial que así lo hubiere establecido. En esta ocasión el Tribunal
Constitucional, a aparte de advertir las reglas desarrolladas por la
jurisprudencia, resaltó, y agregó a la sentencia anteriormente citada, que “para que se considere que la rectificación
se ha hecho efectivamente en condiciones de equidad, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que es necesario cumplir con un grupo de exigencias:
(i) que la rectificación o aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que
se haga públicamente[58];
(iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la
información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve para el
medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error,
tergiversación o falsedad[59].
Cuando la obligación de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe
establecer en la respectiva providencia “los lineamientos precisos bajo los cuales ésta deberá ser realizada.
Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los derechos fundamentales
de quien fue afectado con la información falsa divulgada y asegurar su efectivo
restablecimiento”[60].
Finalmente, puede terminar por nombrarse la sentencia
T-003 de 2011[61],
según la cual el grado de responsabilidad social del medio en el uso del
lenguaje para informar, es aquél necesario para evitar crear confusión o una
comprensión errada sobre lo que se informa. El medio es libre de escoger el
lenguaje para comunicar una información sin falsear lo que verdaderamente
ocurrió mediante el empleo de vocablos que distorsionan la realidad, lo cual no
significa que el grado de precisión exigido sea el mismo que aplicaría un
experto en la disciplina correspondiente al tema de la noticia[62].
2.4.2.
En breve, la libertad de
información es un derecho fundamental de doble vía, toda vez que su titular no
es solamente quien emite la información, como sujeto activo, sino quien la
recibe, como sujeto pasivo, y en esa medida, implica de quien la difunde,
responsabilidades y cargas específicas que evite la vulneración de otros
derechos fundamentales como el buen nombre, la dignidad y la honra. Como se
señala en la Constitución, la responsabilidad social de los medios de
comunicación implica la obligación de emitir noticias veraces e imparciales,
pues cuando éstas no cumplen estos parámetros, la persona que se siente
perjudicada por informaciones erróneas, inexactas, parciales e imprecisas,
puede ejercer su derecho de rectificación ante el medio respectivo, para que,
cumpliendo con la carga de la prueba, se realice la corrección conforme a sus
intereses. Concretamente, tratándose de noticias o informaciones de interés
general que vinculan a una persona con hechos delictivos, que están en proceso
de investigación por parte de las autoridades competentes, los periodistas
deben ser especialmente juiciosos y diligentes con el lenguaje que utilizan en
la información emitida, pues no pueden inducir al lector a la culpabilidad de
la persona nombrada como un hecho cierto, pues se estarían desconociendo los
principios constitucionales transcritos.
Con base en los criterios jurisprudenciales antes
expuestos la Sala procederá a resolver el caso concreto.
2.3.
CASO CONCRETO
2.3.1.  Resumen de los hechos
2.3.1.1.
Conforme al auto
interlocutorio proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio, el 27 de agosto de 2003, anexado al expediente
de tutela por el actor; el 11 de octubre de 1993, fue interceptada la aeronave
Cheyene 400 LS de matrícula HK3891 por aeronaves de la
Fuerza Aérea Colombiana, en una pista denominada “fama” ubicada en la finca
“Matejumo” en jurisdicción del municipio de Barranca de Upía (Meta). Una vez
aterrizó la nave, la tripulación huyó dejando “además de abandonada la
aeronave veintiséis (26) timbas de veinte (20) galones cada una con contenido
de una sustancia, un maletín negro con cartas de aeronavegación, cuatro (4)
tarros de aceite, una (1) unidad de repuestos para aeronave, tres (3) tanques
de oxígeno, tres (3) mangueras, tres (3) llaves de paso, un (1) embudo, una (1)
manguera de oxígeno, entre otros elementos”[63].
Según la providencia judicial, “se dijo
para aquel entonces que la pista que sirvió para el aterrizaje del aerodino y
la tripulación del mismo, resultó ser de responsabilidad y manejo de la
sociedad constituida por RICARDO FAJARDO VILLARRAGA y GUILLERMO MARTÍNEZ
TRUJILLO según se hiciera constar en el certificado de existencia y
Representación Legal expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá y relativa a la
Matrícula mercantil N. 513951, circunstancia esta por la que fueron vinculados
los precitados caballeros”[64].
El apoderado del accionante confirma estos
hechos señalando que el predio donde aterrizó la nave lo tenía el actor en
arrendamiento junto con el señor Ricardo Fajardo Villarraga, con el objeto de
ejercer actividades de fumigación aérea[65].
Debido a los hechos descritos, el 7 de
noviembre de 1997, un Fiscal Delegado ante los Juzgados Regionales de Bogotá
acusó al accionante como presunto infractor en calidad de autor del artículo 64
de la Ley 30 de 1986[66].
La investigación fue adelantada inicialmente por la
Fiscalía Delegada ante los Fiscales Regionales de Bogotá y luego por la
Fiscalía regional de la ciudad de Villavicencio ante la cual el señor
Guillermo Martínez compareció para escuchar la imputación en su contra.
El proceso fue conocido por el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, el cual mediante
auto interlocutorio proferido el 23 de agosto de 2003 –mencionado previamente
para narrar los hechos que dieron origen a la imputación y a la vinculación del
actor en el proceso penal-, ordenó la cesación del procedimiento por solicitud
de la defensa de su representado, en virtud de que el término de prescripción
de la acción penal se había cumplido.
2.3.1.2.
El diario El
Tiempo, publicó el 10 de junio de 1997 una información judicial con el título
de “Los hombres de la mafia en los Llanos”, en la que se refería, entre
otras personas, al accionante como integrante de una organización criminal
dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes.
2.3.1.3.
Posteriormente, el accionante el día 30 de octubre de 2011,
digitó su nombre completo en la página del buscador Google Colombia y apareció
como primer resultado de la búsqueda una página (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-586784) proveniente del sitio web del periódico
El Tiempo de Bogotá con el artículo titulado “Los Hombres de la mafia en los
Llanos” (C. 4, Fls. 11 y 12). El nombre del actor aparece en una lista al
final del documento, como una persona a quien le emitieron orden de captura en
su contra. En el escrito de tutela el actor relacionó el contenido de esta
noticia con los hechos del año 1993 y el proceso penal en su contra entre los
años 1997 y 2003[67].
En ese orden, el apoderado advierte que “ni
en la época de las investigaciones penales a que me he referido, ni con
posterioridad a ellas el señor Guillermo Martínez Trujillo ha sido vinculado a
investigación penal alguna, por ninguna conducta punible y en especial por
conductas relativas al tráfico de narcóticos”.
El apoderado alega que “Al decretarse la cesación del procedimiento por esta
razón y no ser ya posible ninguna acción judicial por esos hechos la
información contenida en su página de buscador derivada del archivo de El
Tiempo no corresponde a la verdad en el día de hoy como nunca correspondió a la
verdad la información (…)”, “la conducta de mi poderdante no respondió ni responde en la
actualidad a la información que aparece en la página del buscador GOOGLE y
guardada en el archivo del diario “EL TIEMPO” como “LOS HOMBRES DE LA
MAFIA EN LOS LLANOS”. Ayer y ahora esa información tiene fundamento en
suposiciones, apreciaciones subjetivas y caprichosas de los funcionarios de
policía, reproducirlas por los agentes de la información y del medio de
comunicación contra quien se ejerce este recurso de amparo”.
Finalmente, el accionante presentó un
derecho de petición el 20 de diciembre de 2011
a las empresas demandadas, en el que les solicitaba eliminar los registros y
asegurar que no se volviera a publicar la noticia con su nombre.
El Tiempo, el 4 de julio de 2012,  luego de
notificada la acción de tutela, incluyó en el artículo una aclaración previa en
la que se deja constancia que al accionante, al señor Guillermo Martínez
Fajardo, la autoridad judicial puso fin al proceso penal en su contra mediante
cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal. A saber:
“JUZGADO ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO
DECRETÓ LA CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO A FAVOR DE GUILLERMO MARTINEZ TRUJILLO Y
RICARDO FAJARDO VILLARRAGA El juzgado primero penal del circuito especializado
de Villavicencio meta puso fin mediante cesación de procedimiento, al proceso
penal que se adelantó contra los señores GUILLERMO MARTINEZ TRUJILLO Y RICARDO
FAJARDO VILLARRAGA por prescripción de la acción penal, en relación con los
hechos de los cuales dieron cuenta nuestras publicaciones de 10 de junio de 1997
y 7 de octubre del mismo año”.[68]
Los jueces de instancia denegaron el amparo
solicitado, toda vez que,
el a quo señaló que se presumía la buena fe del medio periodístico y
advirtió “La decisión de prescripción nada dice sobre si la presunta
conducta punible se cometió o no, sino que su existencia no fue comprobada en
contra del acusado, dentro de los términos fijados por las normas penales, (…)
de suerte que dicho pronunciamiento no tiene el poder suasorio para tildar de
errada la información objeto de la presente acción”. Por su parte, el ad
quem confirmó la decisión, considerando que El Tiempo había realizado la
aclaración y actualización de la noticia, y que en gracia de discusión, no se
había acreditado el error o la inexactitud de la información emitida que
presuntamente lo perjudicaba.
2.3.2.  Examen de procedencia de la acción de
tutela
2.3.2.1.
Legitimación por
activa
El artículo 10 del Decreto 2591
de 1991  habla acerca de las personas que están legitimadas para presentar
la acción de tutela. Al respecto, señala:
"Artículo 10. Legitimidad e interés.
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos (…)”
En este caso el señor Guillermo Martínez Trujillo, el
accionante, ejerció la acción de tutela por intermedio de representante
judicial por considerar que la denegación las entidades demandas de eliminar
los registros de la noticia donde aparece su nombre vinculado a hechos
delictivos, vulnera sus derechos fundamentales, cumpliéndose con lo establecido
en el artículo precedente.
2.3.2.2.
Legitimación por
pasiva
Según el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela procede, en particular, contra las
autoridades públicas cuyas acciones u omisiones afecten o amenacen derechos
fundamentales de una persona.
Específicamente, el artículo 42 del decreto 2591 de
1991, el cual consagra la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, dispone en su numeral séptimo “Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia
de la misma”.
Como se explicó en la sentencia T-1015 de 2006[69],
“la legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la
medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no
se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la
entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la
vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.”[70]
Pues bien, en primer lugar, en el caso concreto, la
acción de tutela es procedente por tratarse de un particular que ejerce el
derecho de información como medio de comunicación, y del cual se alega que con
la información emitida ha vulnerado presuntamente derechos fundamentales como
la honra y el buen nombre.
En segundo lugar, como lo ha establecido la
Corte Constitucional, los medios de
comunicación son organizaciones que tienen un poder sobre el público receptor,
dado su extraordinaria influencia  en el seno de la sociedad, y frente a ellos las
personas se encuentran en un estado de  indefensión[71]. Ha establecido la
Corte en innumerables fallos,[72]
que existe una presunción del estado de indefensión de los accionantes frente a
los medios de comunicación, y por tanto, no es necesario demostrarlo, en razón
del enorme poder de impacto con que aquellos cuentan, dada su influencia en los
diversos ámbitos de la vida social.
Finalmente,
advierte la Sala que en el caso concreto, el responsable de la información
emitida, y por ende de su posible rectificación, es el medio de comunicación
que recolectó, analizó, procesó y divulgó la noticia, es decir, la casa
Editorial El Tiempo, a través de su página electrónica oficial. En ese orden a
quien procede realizar la rectificación, en caso dado, es a esta entidad. Por
el contrario, para la Sala de Revisión, Google Colombia S.A. no es
responsable de la noticia “Los hombres de la mafia de los llanos”, pues
como bien lo explicó esta empresa en el escrito de contestación, Google presta
un servicio de búsqueda de la información que hay en toda la red, y no es quien
redacta o publica tal información, sino que es un simple motor de
búsqueda al cual no se le puede endilgar la responsabilidad sobre la veracidad
o imparcialidad de un respectivo artículo, noticia o columna que aparezca en
sus resultados.
Señaló
el representante de Google Colombia acertadamente que “el proveedor de
servicios de búsquedas, no es responsable del contenido de las páginas que
figuren como resultados de búsquedas, ni tampoco es responsable como
erróneamente lo afirma el accionante por “mantener en sus registros”
determinada información”. Referente a lo anterior, Google administra un
índice que vincula palabras con direcciones URL de páginas de internet, es
decir, “es el fichero de una gran biblioteca que es internet y como tal, por
su intermedio se ordenan las páginas de internet que, siguiendo con el ejemplo
dado, serían los libros de esa supuesta biblioteca”. La información que es
ingresada a internet por los dueños de las páginas de internet determina cuál
es el resultado que los usuarios de Google recibirán como respuesta a sus
búsquedas que abarcan temas complejos o intereses concretos de cada persona.
En
virtud de ello, por los elementos fácticos y para efectos de resolver el
caso sub examine, no es competencia ni responsabilidad de
Google, rectificar, corregir, eliminar o complementar la información que arroja
una búsqueda concreta, sino del medio de comunicación, escritor, columnista,
etc., que incluye y procesa la información en internet. Sin perjuicio de que,
por características distintas, haya casos donde una base de datos que cumple la
función de Google, pueda generar alguna vulneración de un derecho fundamental
por la información que administra.
2.3.2.3.
Principio de
inmediatez
Otro requisito procedimental de la acción
de tutela establecido por vía jurisprudencial, es la oportunidad para hacer uso
de la acción. La naturaleza principal de la acción de tutela es la de: i)
proteger y restablecer los derechos fundamentales que han sido vulnerados, y ii)
evitar un perjuicio irremediable cuando exista una amenaza real e inminente a
un derecho fundamental. Es por esa razón que el accionante debe solicitar la
protección de sus derechos fundamentales en un plazo razonable o prudencial, es
decir, la acción de tutela no podría ejercitarse en un tiempo indefinido desde
el momento en que ocurrió el hecho que originó la vulneración o amenaza, porque
perdería su misma naturaleza y conllevaría a sacrificar la seguridad jurídica[73].
En los casos en los que se solicita la
rectificación de información directamente al medio de comunicación, y ésta no
ha sido realizada o no lo ha sido conforme a los parámetros establecidos en la
jurisprudencia constitucional, la Corte ha establecido criterios específicos
para la aplicación del principio de inmediatez de la acción de tutela. En la
sentencia T-681 de 2007[74]
formuló las siguientes subreglas:
“(i) Son dos los requisitos que debe llenar la
solicitud de rectificación ante el medio de comunicación: (a) la solicitud debe
ser formulada de manera oportuna y (b) en la solicitud debe señalarse de modo
explícito los puntos en donde el interesado considera que existió una
información errónea; (ii) La acción debe ser interpuesta dentro de un plazo
razonable para evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como
herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o
se convierta en un factor de inseguridad jurídica. (iii) La razonabilidad del
término está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto”[75].
En el caso bajo estudio, a pesar de que la
información cuestionada fue publicada en el año de 1997 en la página web de El
Tiempo, como único medio de publicación, para la
Sala, debe concluirse que se ha dado cumplimiento al requisito de inmediatez
de la acción de tutela, toda vez que la solicitud de rectificación ante el
medio de comunicación fue presentada en un plazo de dos meses desde que el
accionante tuvo conocimiento de la noticia publicada la página web de El Tiempo
y de su referencia en ella, y advirtió que sus derechos fundamentales al
buen nombre y a la honra estaban siendo afectados por la información emitida.
Aún en gracia de discusión, la
Sala recuerda que la Corte ha aclarado que si el medio de comunicación está en
disposición de rectificar –pese a que la solicitud fue presentada luego de vencido
el término-, se entiende que el medio se
allana a la extemporaneidad de la solicitud y el requisito para que proceda la
tutela se debe dar por cumplido[76].
Además, la acción de tutela fue presentada
dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de
rectificación, término este que también es razonable, teniendo en cuenta que el
accionante estaba a la espera de las respuestas de las entidades demandadas.
2.3.2.4.
Principio de
subsidiariedad
El artículo 42 del decreto 2591 de 1991, el cual
consagra la procedencia de la acción de tutela contra particulares, dispone en
su numeral séptimo “Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas
o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información
o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue
publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma”.
(Énfasis de la Sala)
De manera que, la única condición para
acceder a la acción de tutela en un caso en el que se solicita la
rectificación, es que el interesado allegue la información cuestionada y haya
acudido primero al medio de prensa responsable para corregirla. Al respecto, la Corte ha afirmado que cuando se plantea el
desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales a la honra y al
buen nombre, “el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto diferentes
instrumentos para su protección, entre los que se encuentran las acciones
civiles y penales en contra del agresor”[77].
Sin embargo, aún cuando existen instrumentos ordinarios de defensa, “no por
ello la acción de tutela resulta desplazada como medio de protección, teniendo
en cuenta que no siempre es posible que se predique la existencia de un delito
por hechos relacionados con la vulneración de esos derechos, pero sí que pueda
consolidarse una lesión de los mismos sin que la conducta pueda adecuarse a un
tipo penal determinado[78]”.
Es por este motivo, que la rectificación previa se convierte en una herramienta
clave, pues le ofrece la oportunidad al medio “sobre cuya información hay
inconformidad, para que rectifique o aclare”[79].
Por tanto, la única exigencia que se
requiere cumplir para que proceda instaurar la acción de tutela es que el
demandante haya solicitado previamente al medio informativo la rectificación de
los datos publicados[80].
Ello por cuanto se parte de la presunción de que el medio ha actuado de buena
fe, lo que implica que se le ha de brindar la oportunidad de corregir la
información divulgada[81].
Descendiendo al caso en referencia, la
Sala encuentra que el accionante solicitó rectificación directamente al medio
accionado, y en ella precisó exactamente cuál era el contenido periodístico que
a su juicio afectaba sus derechos constitucionales. Igualmente explicó, tanto
en la solicitud de rectificación como en el escrito de tutela, las razones por
las cuales dichas afirmaciones afectaban su derecho a la honra y al buen nombre[82].
Acreditada como está la satisfacción de esos
requisitos de procedibilidad para el caso de tutelas orientadas a conseguir una
rectificación mediática equitativa, corresponde a la
Sala examinar las cuestiones de fondo.
2.3.3.  Análisis de la vulneración alegada
La Sala debe estudiar si la
Casa Editorial El Tiempo S.A., vulneró los derechos fundamentales de habeas
data, buen nombre, honra y dignidad humana al señor Guillermo Martínez
Trujillo, al no eliminar de sus archivos y registros el artículo denominado “Los
hombres de la mafia de los Llanos”, en el cual se nombra al accionante como
integrante del cartel de estupefacientes.
Como anotación previa, la
Sala debe aclarar que el derecho fundamental de habeas data invocado por el
actor, no es aplicable al caso, toda vez que la discusión se centra en la
información periodística difundida por un medio de comunicación en el ejercicio
de la libertad de expresión, y en su rectificación, no de una información de
una base de datos o archivos regulada por la
Ley Estatutaria analizada por esta Corporación en sentencia C-748 de 2011[83].
2.3.3.1.
Ahora bien, la
Sala considera que es de suma importancia realizar la transcripción integral
de la noticia cuestionada con el objeto de formular algunas precisiones
posteriores.
“LOS HOMBRES DE LA
MAFIA EN LOS LLANOS
La madrugada del 23 de diciembre de 1995 el Bloque de
Búsqueda arribó al Meta en busca del entonces prófugo Hélmer Pacho Herrera.
Aunque los 41 allanamientos no fueron suficientes para hallar el rastro del
cuarto hombre del cartel de Cali, sí dejaron al descubierto la existencia de
otra poderosa organización de la mafia.
Se trataba de un cartel de drogas que había crecido
silenciosamente en los Llanos Orientales aprovechando el hecho de que las
autoridades dedicaban todos sus esfuerzos a desvertebrar los carteles de Medellín
y Cali.
Los documentos hallados, durante esa operación y otros
tantos incautados por la
Policía Antinarcóticos en más de 200 allanamientos, se convirtieron en las
evidencias suficientes para que la
Fiscalía General de la Nación expidiera en las últimas horas 29 órdenes de
captura contra los principales integrantes del cartel de los Llanos (ver
infografía).
Cada una de estas personas deberá responder por la
presunta comisión de los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, los
mismos cargos que enfrentan Gloria Emelina Muñoz Santoyo y Franklin Romero, dos
de principales cabecillas de la organización hoy en prisión (ver recuadro).
Es una organización dedicada al narcotráfico que tiene
su centro de operaciones en el Meta y sus laboratorios y pistas clandestinas en
Guaviare y Vichada, revela un informe de la
Policía.
El cartel del Llano agrega el informe se encuentra al
mando de un jefe principal... conocido con los alias de Finaloa o El Gordo, que
por el momento no tiene orden de captura.
El imperio La organización, sostiene la
Policía, es dueña de un imperio económico que está conformado por compañías de
fumigación, concesionarios, bodegas, estaciones de servicio, hoteles, modernos
edificios y casas, haciendas y empresas de transportes terrestre y aéreo.
Además, en la actualidad las autoridades adelantan
seguimiento bancarios para detectar y congelar las decenas de cuentas bancarias
que la organización mueve en el sistema bancario colombiano.
Ahora que tenemos a esta gente plenamente identificada
sostiene avanzaremos en el fortalecimiento de operaciones para desvertebrar su
imperio económico, sus redes de comunicación y de apoyo y su aparato de
seguridad, sostiene el director de la
Policía, general Rosso José Serrano.
Según las investigaciones de la
Policía, el cartel del Llano cuenta con una organización similar a los
carteles de Medellín y Cali.
Un grupo de hombres se encargan de dirigir el aparato
armado, otro lidera el proceso de producción de la base de coca, otro se
encarga de la cristalización del alcaloide, otro se encarga de la
comercialización de los insumos químicos, otro administra las pistas
clandestinas y otro dirige las rutas para embarcar la droga al exterior, reveló
un oficial de la Policía.
Trasteo del cartel de Cali El primer campanazo de
alerta sobre la existencia de la organización delictiva la dio a finales de
1995 el entonces coronel Rafael Reyes Santos al asumir la comandancia de la
Policía Meta. Estamos investigando si hubo un trasteo del cartel de Cali o qué
es lo que está pasando aquí, dijo el oficial.
Fue entonces cuando el Bloque arribó en busca del rastro
de Pacho Herrera y, aunque no encontró el rastro del jefe del cartel de Cali,
sí despejó muchas de las sospechas del coronel Reyes.
Además de inmovilizar dos avionetas y decomisar 52 armas de fuego y 106 equipos de
comunicaciones, el Bloque halló documentos que revelaban la existencia de un
grupo de traquetos, como se les conoce a los segundos en la organización del
narcotráfico, que manejaban varios laboratorios en Sardinata, cerca a Mapiripán
(Meta), y en Caño Jabón y Barranquillita, en las selvas del Guaviare.
Otros documentos dejaron al descubierto los cultivos
que poseía el cartel del Llano en la sierra de La
Macarena y en los alrededores de Vistahermosa, Puerto López, Puerto Gaitán y
Acacías.
Una vez evaluada esta información, la
Policía asestó el 27 de octubre del año pasado el más duro golpe a la
organización al destruir un narcolaboratorio que cubría más de 50 mil
hectáreas. Ese mismo día también quedó al descubierto la alianza del cartel con
las Farc (ver nota anexa).
Ahora, con las 29 órdenes de captura emitidas por la
Fiscalía, el coronel Leonardo Gallego, director de Policía Antinarcóticos, se
trabajará intensamente para desintegrar esa organización.
El cartel de los Llanos Gloria Emelina Muñoz Santoyo (capturada) Finaloa o El
Gordo (sin orden de captura) Franklin Ramírez Colorado (capturado) 1. Fabio
Jeferson Ayala Uregui 2. Crisanto Bohórquez 3. Epifanio Ruiz Rojas 4. Justiniano
Rubiano Martínez 5. Juan de Jesús León Muñoz 6. Jesús Antonio Naicipa Montoya
7. Mauricio Alberto Mesa Vallejo 8. Aristóbulo Higuera 9. Ricardo Fajardo
Villarraga 10. Julio César Chilito García 11. Guillermo Martínez Trujillo
12. Julián Soto García 13. Darío de Jesús Pareja Posada 14. Franklin Dionisio
Montesino Acosta 15. Haider Fagith Castellanos Montesino 16. Guillermo Alvaro
Burbano Moncayo 17. José Eduardo García Osorio 18. Gustavo Adolfo Soto García
19. Carlos Julio Guzmán Torres 20. Henry Alberto Montesino Acosta 21. Luis
Alfonso Ladino 22. Luis Alberto Rodríguez 23. Jorge Gamboa 24. José Antonio
Gamboa 25. Gabriel Rodríguez 26. Uriel Manrique 27. Tewisto Gamboa 28. Hermides
Morales 29. Jorge Eliécer Sandoval Meta: centro de operaciones Guaviare:
laboratorios y pistas Vichada: laboratorios y pistas” (Énfasis de la Sala)
“Publicación eltiempo.com Sección Otros Fecha de
publicación 10 de junio de 1997 Autor ALIRIO BUSTOS REDACTOR DE EL TIEMPO” (Énfasis de la
Sala)
2.3.3.2.
El actor asegura –sin haber
sido desvirtuado por El Tiempo-, que la razón por la cual fue nombrado en la
noticia presentada, fue en razón a la investigación iniciada en su contra en el
año 1993 en la que se encontró una aeronave abandonada dentro de una pista de
aterrizaje que aparecía a su nombre. Como consecuencia que en el año 2003 se
declaró la cesación del procedimiento en su contra por prescripción de la
acción penal, el accionante afirma que la información que aún aparece en la
página ya no corresponde a la realidad, y por ende, exige que se elimine del
archivo del medio de comunicación.
2.3.3.3.
Lo primero que advierte la
Sala de Revisión en el caso bajo estudio, es que de una lectura juiciosa de la
noticia cuestionada, se desprende la descripción de un contexto general sobre
un presunto cartel de mafia en la región de los Llanos Orientales. El
periodista describe, con base en informes de la
Policía Antinarcóticos, los descubrimientos que se han dado en aquella región
sobre operaciones de tráfico, cultivo y manejo de ilícitos. No obstante, la
Sala nota que la noticia no se refiere en ninguna parte sobre la investigación
concreta del señor Guillermo Martínez Trujillo, sino que sólo se limita a
nombrarlo como un integrante de “el cartel de los Llanos” por tener en
su contra una investigación penal con hechos al parecer vinculados con la época
y lugar del contexto descrito.
2.3.3.4.
En ese orden de ideas, es un
hecho cierto que las partes no cuestionan, que al momento de la emisión de la
noticia se presentaba el contexto descrito en la región de los Llanos, e
incluso, es cierto el hecho que al momento de la emisión de esta información el
accionante se encontraba vinculado a un proceso penal. En efecto, el actor
afirma:
“Estas son someramente las circunstancias de las
cuales se dedujeron las suposiciones contenidas en la información y registro objeto
de esta petición y reclamo y que fueron destacadas en el periódico EL TIEMPO
bajo el epígrafe “LOS HOMBRES DE LA MAFIA EN LOS LLANOS”. Este registro ha
permanecido inalterado por espacio por más de once (11) años sin que el
medio de comunicación responsable haya actualizado la información y haya
variado los registros como consecuencia de lo que finalmente resultó de la
investigación y juicio correspondiente”.
“Al decretarse la cesación del procedimiento por esta
razón y no ser ya posible ninguna acción judicial por esos hechos la
información contenida en su página de buscador derivada del archivo de El
Tiempo no corresponde a la verdad en el día de hoy como nunca correspondió
a la verdad la información (…)”
Así, advierte la
Sala que la inconformidad del accionante no se enfoca en el contexto descrito
en la noticia por el periodista, sino en que su nombre no haya sido retirado
luego de la cesación del procedimiento penal y que haya sido relacionado, por
esa sola acusación, a ser perteneciente a un cartel de la mafia en los Llanos,
como es presentado por el titular de la noticia y posteriormente en el listado
de vinculados a procesos penales.
2.3.3.5.
Pues bien, la
Sala considera que, a pesar de que El Tiempo agregó la nota de actualización
sobre la cesación del procedimiento a favor del señor Martínez Trujillo, la
forma como fue presentada la noticia, relacionando sin ninguna explicación
clara y suficiente, el nombre del accionante, con el contexto del tráfico de
narcóticos en los Llanos, desconoce el principio de veracidad de la libertad de
la información y vulnera los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra[84].
2.3.3.6.
Cabe recordar, que según las
consideraciones expuestas en la presente providencia, los medios de comunicación como partícipes principales
de la circulación de información deben ejercer su actividad conforme a la
responsabilidad social que les exige la
Constitución Política, lo anterior implica que deben emitir información veraz
e imparcial, distinguir los hechos de opiniones, y en caso dado realizar las
rectificaciones que se soliciten con fundamento. El afectado por informaciones
falsas, erróneas, inexactas o incompletas, que lesionen su honra o su buen
nombre, tiene un derecho, que hoy es de rango constitucional, a obtener del
medio que las haya difundido la correspondiente rectificación en condiciones de
equidad. El de rectificación es un derecho de la misma naturaleza fundamental
del que tiene el sujeto activo a informar y de los derechos a la honra y al
buen nombre, que por su conducto se protegen.
2.3.3.7.
Concretamente, cuando se exige
que la libertad de información se ejerza conforme al requisito de veracidad, se
está estableciendo, por una parte, un deber específico de diligencia a cargo
del informador, quien solo debe transmitir como hechos, lo que ha sido objeto
de previo contraste con datos objetivos, y por otra parte, se privan de
garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la
información, actúa con desconocimiento de la veracidad o falsedad de lo
comunicado. Así pues, información veraz significa, en los términos del artículo
20 constitucional, información comprobada según los cánones de la actividad
informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones[85].
En
el mismo sentido, la veracidad no sólo se desconoce cuando se presentan hechos
falsos o inexactos o no se distingue entre una opinión y los elementos fácticos
objetivos en una noticia emitida, sino también resulta desconocido este
principio, cuando la información que se emite, a pesar de que concuerda con la
realidad, se presenta al lector con un lenguaje y una exposición que lo induce
a la confusión o al error. Al respecto, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sido clara en afirmar, que no se trata solamente de establecer si la información
que se suministra al público tiene sustento en la realidad.  También
corresponde a los derechos del receptor de la noticia el de la certidumbre
en que la forma de transmisión o presentación de ella sea objetiva, es decir,
que se halle despojada de toda manipulación o tratamiento arbitrario; libre de
inclinación tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las
informaciones efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que
las configuran, considerados en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio
para distorsionarlas[86].
También ha señalado que la obligación de
diferenciar la noticia de cualquier otro contenido, “no significa que los
medios deban presentar las noticias como relatos puros sobre los hechos
acaecidos, pues la libertad de opinión de los periodistas y la defensa del
pluralismo autorizan que los medios valoren de determinada manera lo sucedido.
El deber constitucional que se les impone, en desarrollo del principio de
veracidad, consiste en que tales valoraciones no deformen la divulgación de las
informaciones sobre los sucesos, ni induzcan a error al receptor de la noticia”[87]
A
propósito de los hechos del asunto sub examine, tratándose de la
información de medios de comunicación que se refiere a hechos delictivos por
parte de ciudadanos mencionados en ella, la
Corte ha señalado que los medios masivos de comunicación tienen derecho de
denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan
conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a
que se produzca un fallo para informar de la ocurrencia de un hecho delictivo.
Sin embargo, deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de la
información que incrimine, pues no pueden inducir al receptor a un error o
confusión sobre situaciones que aún no han sido corroboradas integralmente por
las autoridades competentes. En palabras de esta Corporación:
“(…) cuando se trata de hechos que están
sometidos a investigación judicial, la jurisprudencia de esta Corte ha
considerado que estos hechos pueden y deben ser dados a conocer a la ciudadanía
a través de los medios de comunicación, en razón del interés general que
entrañan. Sin embargo,  el manejo de esta información es muy delicado y
merece especial cuidado por parte del emisor. En estas materias los
medios de comunicación deben limitarse a hacer la exposición objetiva y escueta
de lo acaecido, absteniéndose de hacer análisis infundados y de inclinar, sin
evidencias, las opiniones de quienes reciben la información.
Hacer que el receptor de la información
considere verdadero algo que aún no ha sido establecido, merced al uso sesgado
de titulares, comentarios, interrogantes, o inferencias periodísticas puede
conducir a defraudar a la comunidad, en cuanto se le trasmite información
errónea o falsa. Ha
indicado además, que la tarea fiscalizadora que cumplen  los medios en un
sistema democrático, no puede desarrollarse adecuadamente si ellos se conforman
con las informaciones que le suministren los interesados en un litigio. Su
misión exige que indaguen siempre más allá”[88].
Adicionalmente, la jurisprudencia ha puesto
de presente que el desconocimiento del principio de veracidad, en asuntos donde
la información emitida sugiere que una persona tiene antecedentes penales o se
encuentra vinculada a actividades ilícitas, conlleva la vulneración del derecho
fundamental a la presunción de inocencia, garantía prevista en el artículo 29
de la Constitución Política. Lo anterior resulta lógico si se tiene en cuenta
que una noticia no puede adelantarse a los resultados de una investigación
judicial, pues se presentaría un desbalance entre la equidad de la información
emitida y la recibida que vulnera inevitablemente derechos como la honra y el
buen nombre.
En suma, resulta de gravedad extrema
olvidar, en aras de un mal entendido concepto de la libertad de información, el
impacto que causa en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude
a la comisión de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y
el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después
resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o
que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva
del sumario, o a confundir una investigación con una condena.  No puede
sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco
sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia,
definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la
libertad de información.
2.3.3.8.
De tal forma, para la
Sala de Revisión, a pesar de que no se discute la veracidad del contexto
general descrito en la noticia, y que es cierto el hecho de que el accionante
tenía en su contra una investigación penal, la forma como se presenta el
contenido del artículo “Los hombres de la mafia de los Llanos” con
relación al nombre del accionante, incurre en una falta de claridad e
inexactitud que induce al error al receptor de la información provocando la
vulneración de sus derechos fundamentales, por las siguientes razones:
i)
En primer lugar,
obsérvese cómo el titular de la noticia, y posteriormente el listado de
personas referido al final del artículo –en donde se encuentra el señor
Guillermo Martínez Trujillo- los encabeza como “El cartel de los Llanos”,
inducen al receptor a tener por ciertos los hechos de su membrecía a la mafia
descrita, y en ese orden, resulta confusa la información emitida. En efecto, de nada sirve que el contenido de la
noticia sea exacto si el titular usado para encabezarla no lo es y viceversa.
Los titulares determinan, con frecuencia de modo irreversible, el criterio que
se forma el receptor de las informaciones acerca del alcance de las mismas y,
en consecuencia, cuando son erróneos, inexactos o sesgados, comunican el vicio
a la integridad de la información publicada. La forma en que el medio presenta
sus informaciones incide de manera directa y definitiva en el impacto del mensaje
que transmite y, por tanto, de esa forma -de la cual es responsable el medio-
depende en buena parte la confiabilidad de lo informado.[89] En otras
palabras, el parámetro de veracidad de la información debe predicarse del
conjunto de ella, esto quiere decir, que es necesario que todos los elementos
expresados en el material informativo que se publica se clara y precisa como
unidad informativa.
ii)
En segundo lugar, la
Sala advierte, que a pesar de que el mismo accionante afirmó que su nombre en
la noticia era debido a la investigación-ya referida- en su contra, con sólo la
lectura de la noticia no existe una relación clara entre la investigación penal
del señor Martínez Trujillo y el contexto de mafia descrito, pues no hay una
alusión a la situación concreta del actor. En otras palabras, el nombre de él
se menciona al final sin mostrar una relación precisa con el contexto descrito.
Lo anterior, tiene como consecuencia sugerir al lector que el accionante estaba
vinculado directamente a alguna de esas operaciones de tráfico de narcóticos
relatadas, sin que las autoridades competentes se hayan pronunciado al
respecto. Por esas razones, para la Sala es de suma importancia que, en
cumplimiento del principio de veracidad, los medios de comunicación al
referirse a hechos delictivos, deben tener especial cuidado para presentar la
relación de los hechos ilícitos que informan con las personas que nombran como
presuntamente responsables de ellos[90].
Así, un buen ejercicio del periodista hubiera sido establecer con exactitud y
con los fundamentos suficientes por qué razón el señor Martínez Trujillo estaba
vinculado a las presuntas mafias sugeridas, y no sólo limitarse a nombrarlo por
fuera de contexto.
2.3.3.9.
Conclusión y
decisión a tomar
2.3.3.9.1.
Con todo, no se
está discutiendo la veracidad de la noticia en cuanto a la verdad del contexto
descrito de manera general por parte de El Tiempo, sino en relación a la forma
como fue presentado el contenido de la noticia y su relación con el nombre del
accionante dentro del artículo. Así, el reproche que se pretende declarar al
medio de comunicación – Casa Editorial El Tiempo-, es el desconocimiento del
principio de veracidad de la información, por emitir una noticia que no aclara
específicamente las circunstancias y razones por las cuales se relaciona al
señor Martínez Trujillo con el mismo contenido, y en cambio sí induce al
receptor a creer que hace parte a una cartel de la mafia en los Llanos –con el
titular-, sin hacer alusión y relacionarla con la investigación penal que
llevaba la Fiscalía en ese entonces contra el accionante, con el objeto de
sustentar las afirmaciones.
2.3.3.9.2.
Teniendo en cuenta
las apreciaciones realizadas en esta providencia, la información presentada sin
la suficiente exactitud que permite verificar la verdad de los hechos y evitar
a la confusión al lector, desconoce el principio de veracidad y es procedente
el derecho de rectificación para exigir la protección de los derechos al buen
nombre y a la honra del actor, como ocurre en el presente caso. No obstante, se
resalta que la rectificación procedente no es la pretendida por el accionante,
es decir, eliminar la noticia, sino la de realizar aclaraciones precisas
sobre las razones por las cuales se vincula el nombre del señor Martínez
Trujillo al contexto relatado.
La Sala
reconoce que El Tiempo no debe –como lo pretende el actor- eliminar la
información emitida para hacer efectiva la rectificación solicitada, pues su
contenido, respecto al actor, de encontrarse vinculado a una investigación
penal al momento de los hechos, es un hecho cierto que lo confirma el mismo
tutelante. No obstante, como la información no fue presentada de manera
cuidadosa y conforme los parámetros jurisprudenciales expuestos -tratándose de
la denuncia de hechos ilícitos-, aún se está ante la vulneración de los
derechos fundamentales al buen nombre y honra del actor, pues no se realizó la
actualización oportunamente, y por ende, es procedente la rectificación. De
esa manera, es necesario que el medio de comunicación precise las razones por
las cuales fue nombrado el actor, si es el caso relacione el proceso en el que
se declaró cesado el procedimiento por prescripción, con el contexto descrito
en el artículo, y señale las circunstancias-base de sus afirmaciones. En
efecto, cuando el medio corrige o modifica la información irregularmente
difundida, favorece el equilibrio entre el poder de los medios de comunicación
y la vulnerabilidad e indefensión de las personas afectadas por el abuso de
estas amplias libertades.
En ese sentido, la
Sala considera que la aclaración que incluyó el medio de comunicación a la
noticia, advirtiendo que en el caso del señor Martínez Trujillo se había
declarado la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, es
una actuación valiosa que logra parte del equilibrio entre el receptor y el
emisor, pero no es suficiente para evitar la vulneración de los derechos
mencionados, puesto que la noticia aún está siendo presentada de manera
inexacta e imprecisa, lo que pone en duda su inocencia. Por ello, el medio de
comunicación deberá incluir en la noticia, además, las razones concretas y
sucintas por las cuales el nombre del accionante apareció como parte del
contexto descrito en la publicación, es decir, la relación entre la acusación
penal en contra del actor y los sucesos referidos de manera general.
Adicionalmente, es pertinente que el título no induzca al error al lector, y
por esa razón, se advertirá al medio de comunicación para que modifique el
titular con uno acorde con lo que se explica en la noticia, y para que en el
listado al que hace referencia al final de la noticia, se modifique la
introducción de “El cartel de los Llanos”, por “personas
presuntamente vinculadas”, para no dar por cierto hechos que al final no
fueron acertados como sucedió en el caso del señor Martínez Trujillo.
2.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de segunda instancia emitido por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 8 de agosto de
2012, la cual confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado
17 Civil del Circuito de Bogotá, el 5 de julio de 2012, en cuanto denegó el
amparo y, en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana del señor Guillermo Martínez
Trujillo, en el sentido fijado de esta providencia.
SEGUNDO.- En consecuencia, ORDENAR a la
Casa Editorial El Tiempo S.A., que, en un término de diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, manteniendo la noticia con la
nota previa ya incluida, proceda a, (i) modificar el título de la
noticia “Los hombres de la mafia en los Llanos”, de modo que no induzca
al error sobre la generalidad de los hechos que se describen a continuación, (ii)
al final del artículo, modificar la frase que presenta el listado de quienes
tienen investigación por los hechos referidos, por el de “personas
presuntamente vinculadas”, e  (iii)  incluir en la noticia un
relato sucinto de los hechos y razones por las cuales se incluyó el nombre del
señor Guillermo Martínez Trujillo al final de la publicación y su relación con
el contexto descrito en la noticia.
TERCERO.- Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEXEI JULIO ESTRADA
A LA
SENTENCIA T-040/13
ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Juez de tutela excepcionalmente puede
ordenar a un medio de comunicación modificar el título y el contenido de una
noticia previamente publicada (Aclaración de voto)
Referencia: expediente T-3.623.589
Acción de tutela instaurada por Guillermo Martínez
Trujillo contra Google Colombia Ltda. y la
Casa Editorial El Tiempo.
Magistrado
Ponente
JORGE
IGNACIO PRETELT  CHALJUB
Si bien comparto
la decisión adoptada, considero necesario aclarar mi voto porque considero que
solamente de manera excepcional puede el juez de tutela ordena a un medio de
comunicación modificar el título y el contenido de una noticia previamente
publicada. En efecto, considero que este tipo de órdenes supone una restricción
muy gravosa de la libertad de información, que se justifica sólo en ocasiones
excepcionales, por ejemplo,  cuando se trata de noticias inexactas como sucede
en la presente providencia.
Fecha ut
supra,
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
[1]
Copia del artículo periodístico con la aclaración del 10 de julio de 2012, que
afirma “GUILLERMO MARTÍNEZ TRUJILLO FUE FAVORECIDO CON CESACIÓN DE
PROCEDIMIENTO mediante decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio, de agosto 2 de 2003 (…) cuyo nombre apareció en
la información Los hombre de ma mafia en los Llanos de junio 10 de 1997”.
Expediente Cuaderno 4, folios 111 al 113. Aportado también por el accionante
con el escrito de impugnación.
[2]
Copia del artículo periodístico con la aclaración del 10 de julio de 2012, que
afirma “GUILLERMO MARTÍNEZ TRUJILLO FUE FAVORECIDO CON CESACIÓN DE
PROCEDIMIENTO mediante decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio, de agosto 2 de 2003 (…) cuyo nombre apareció en
la información Los hombre de ma mafia en los Llanos de junio 10 de 1997”.
Expediente Cuaderno 4, folios 111 al 113. Aportado por el accionante con el
escrito de impugnación.
[3]
Expediente cuaderno 4, folios 26 al 37.
[4]
Expediente cuaderno 4, folios 11 y 12.
[5]
Expediente cuaderno 4, folios 14 y 15.
[6]
Expediente cuaderno 4, folio 25.
[7]
Expediente cuaderno 4, folios 16 al 24.
[8]
Expediente cuaderno 4, folio 61.
[9]
Expediente cuaderno 4, folios 62 al 65.
[10] Ver la
Carta Democrática Interamericana emitida en el marco del Vigésimo Octavo
Período Extraordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, el 11 de
septiembre de 2011 en Lima, Perú. Disponible en: http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
[11] Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
“Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la
Libertad de Expresión”, 30 de diciembre de 2009. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/
[12] Ver artículo 10 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
[13] Ver artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[14] Ver CIDH. Informe No. 11/96. Caso No. 11.230. Francisco
Martorell. Chile. 3 de mayo de 1996, párr. 56.
[15] Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
1985. Serie A No. 5, párr. 52.
[16] Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
“Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la
Libertad de Expresión”, 30 de diciembre de 2009. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/
[17] Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr.
53; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de
septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 75; Corte I.D.H., Caso López
Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1º de febrero de 2006. Serie C No. 141,
párr. 163; CIDH. Alegatos ante la
Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 101.1
a); Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia del 2 de julio de 2004,
Serie C No. 107, párr. 108; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú.
Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 146; CorteI.D.H, Caso
Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C
No. 111, párr. 77; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo
Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No.
73, párr. 64; Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
1985. Serie A No. 5, párr. 30; CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre
la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88.
doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995; CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor
Manuel Oropeza. México. 19 de noviembre de 1999, párr. 51; CIDH. Informe
No. 11/96, Caso No. 11.230. Francisco Martorell. Chile. 3 de mayo de
1996. Párr. 53. Corte IDH. Caso
Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y
Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248.
[18] Desde sus inicios se pueden citar innumerables
sentencias tales como T-512 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-332
de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-425 de 1994
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-552 de 1995
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-602 de 1995
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-472 de 1996
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-066 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1682 de 2000
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[19] Cfr. Sentencia T-403 de 1992
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[20] Ver sentencia T-391 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] M.P. Rodrigo Escobar
Gil. Criterio Reiterado en la sentencia T-325 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[22] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Criterios reiterados en la sentencia T-1037 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[23] Cfr. Sentencia T-391 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24]
Cfr. Sentencia T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25]
Ver sentencia T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Ver sentencia SU-056 de 1995
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[27] Ver sentencia T-512 de 1992
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[28] El derecho a informar
parte de la protección de otros derechos fundamentales como el derecho de
acceso a la información pública, directamente vinculado con el derecho de
petición, la libertad de expresión artística y literaria, la prohibición de la
censura previa, el derecho a fundar medios  de comunicación, la reserva de las
fuentes, el derecho a comunicarse, el derecho a la igualdad de oportunidades en
el acceso al espectro electromagnético, el derecho de acceso a la información
personal y socialmente relevante, y la existencia de condiciones necesarias
para garantizar el libre mercado de diversas ideas y opiniones.
[29] Ver entre otras,
sentencias T-074 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-104 de 1996
M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-056 de 1995
M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-391 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-496 de 2009
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[30] La jurisprudencia a
sostenido que el derecho de rectificación, por ejemplo, es una garantía de la
persona frente a los poderosos medios de comunicación, pero sólo es predicable
de las informaciones, más no de los pensamientos y opiniones en sí mismos
considerados. Ver entre otras, sentencias T-048 de 1993
M.P. Fabio Morón Díaz, SU-056 de 1995
M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-1682 de 2000
M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-391 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-219 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo.
[31] Cfr. Sentencia T-391 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32]
En cuanto a la libertad de información y prensa,
resultan de gran importancia, para entender los principios de veracidad e
imparcialidad, los artículos constitucionales 73; el cual declara que la actividad periodística gozará de
protección para garantizar su libertad e independencia profesionales, y el 74;
el cual  asegura la inviolabilidad del secreto profesional, que interesa en
grado sumo a los periodistas, y el derecho de acceso a los documentos públicos
como una regla general cuyas excepciones únicamente la ley puede
establecer.  A todo lo cual se agrega la perentoria prohibición de todas
las formas de censura.
[33] Ver entre otras,
sentencias T-080 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-074 de 1995
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[34] En la
Sentencia de Unificación 1721 del 2000
M.P. Álvaro Tafur Galvis, “Una  información parcial, que no diferencia
entre  hechos  y opiniones en la presentación de la noticia,
subestima al  público receptor, no brinda la posibilidad a los lectores u
oyentes  para escoger  y  enjuiciar  libremente, y adquiere
los  visos  de  una actitud  autoritaria,  todo
lo cual es contrario  a  la  función social  que
cumplen  los medios de comunicación  para  la  libre
formación de la opinión pública”. Ver sentencias T-512 de 1992
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-010 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-634 de 2001
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-787 de 2004
M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[35]
T-439 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36]
T-298 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37] Ver sentencia T-259 de 1994
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[38] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[39] Ver por ejemplo la
sentencia T-066 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que la
Corte encontró vulnerado el principio de imparcialidad de la información,
porque la revista accionada había publicado información contenida en un
documento no oficial del Ejército –en el que se sindicaba, sin ninguna prueba,
a ciertos servidores públicos de ser colaboradores de grupos al margen de la
ley- sin asumir una posición crítica respecto de la fuente, ni de solicitar
justificación a las personas involucradas .
[40] En la sentencia T-1721
de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis,  se estableció ampliamente que la libertad de
información no es absoluta por cuanto implica responsabilidades y deberes
sociales; es decir, la información y la noticia deben ser veraces e
imparciales, y cuando los hechos o acontecimientos relatados no lo sean, el
afectado podrá solicitar la rectificación de la información inexacta o falsa. Y
será el presunto afectado con la información quien deberá aportar las pruebas
de que las publicaciones realizadas no son veraces, y por lo tanto, no
corresponden a la realidad o distorsionan los hechos.
[41]
La jurisprudencia constitucional denomina el derecho a la información como un
derecho de doble vía porque su titular no es solamente quien difunde la
información (sujeto activo), sino también quien la recibe (sujeto pasivo). Este
criterio surgió desde la sentencia T-512 de 1992
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, reiterado recientemente en la sentencia
T-260 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.
[42] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[43] Entre las primeras sentencias que se encuentran sobre
el derecho de rectificación, se pueden ver: Sentencias T-603 de 1992
M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, T-609 de 1992
M.P. Fabio Morón Díaz,T-048 de 1993 M.P. Fabio Morón Díaz, T-050 de 1993
M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, T-080 de 1993
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-274 de 1993
M.P. Jorge Arango Mejía, T-332 de 1993
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-369 de 1993
M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-563 de 1993
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-595 de 1993
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[44] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[45] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[46] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esta providencia la
Corte Constitucional concedió la tutela presentada por un alcalde municipal,
debido a la afectación de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y
debido proceso, como consecuencia de la publicación que hizo la
Revista Semana de un artículo titulado “Los alcaldes de la guerrilla”, en el
cual hizo público un informe del Ejército Nacional que acusaba a varios
alcaldes de tener vínculos directos con la subversión o de ser sus
colaboradores.
[47] Criterio reiterado en la
sentencia T-626 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[48] M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[49] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[50] “Sobre
la rectificación en condiciones de equidad se pueden consultar las sentencias
T-603 de 1992; T-274 de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993;
T-259 de 1994; T.381 de 1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998; y T-
1198 de 2004”.
[51] “Sentencia
T-066 de 1998”.
[52] “Sentencia
T-074 de 1995”.
[53] “Sentencias
T- 050 de 1993; SU- 056 de 1995 y T-437 de 2004”.
[54] “Esta
diferenciación se deriva de la consideración de la libertad de información y la
libertad de opinión como distintas dimensiones de la libertad de expresión a
las que se les asignan diferentes alcances. Mientras que la libertad de opinión
no tiene prima facie restricciones, la libertad de información admite
algunas restricciones derivadas de las exigencias de veracidad e
imparcialidad.  (T- 048 de 1993)”.
[55] Cfr. “Sentencia
SU 1721 de 2000. En esta sentencia se decidió la tutela interpuesta contra un
columnista que se refirió de manera crítica a la gestión adelantada por un
funcionario de una entidad estatal, quien consideró que con ocasión de la publicación
se le vulneraron sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. El
funcionario concernido solicitó la rectificación mediante una carta que envió
al medio, cuyo texto fue publicado con la correspondiente réplica del
columnista. El funcionario concernido consideró que tal proceder no permitió
aclarar completamente el contenido de la publicación. La
Corte confirmó la decisión de segunda instancia que concedió parcialmente la
tutela al constatar que algunos de los hechos en los cuales el periodista fundó
sus opiniones no eran ciertos”.
[56] “Esta subregla fue
aplicada en la sentencia T-1198 de 2004”.
[57] M.P.
Mauricio González Cuervo.
[58] Corte Constitucional. Sentencia T-274 de 1993. Allí
dijo la Corte que “la rectificación, en rigor, implica el reconocimiento
público del error”. Ver, además, la sentencia T-332 del 12 de 1994.
[59] Sobre la rectificación en condiciones de equidad se
pueden consultar las sentencias T-332 de1993; T-603 de 1992; T-274 de 1993; T-
332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T-381 de 1994; T-074
de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998; T- 1198 de 2004; T-626 de 2007; T-787 de
2004.
[60] Corte
Constitucional. Sentencia T-684 de 2004. “La rectificación en sí, no
contiene formulas sacramentales, pues la forma como ésta debe realizarse
depende de cada caso concreto. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que ésta debe hacerse con igual despliegue e importancia y por el
mismo conducto utilizado inicialmente”.
[61] M.P.
Mauricio González Cuervo. En esta providencia la
Corte le correspondió determinar si el hecho de que en un medio masivo
de comunicación se afirme que alguien es “acusador” de otra, u otras personas,
investigadas penalmente, sin explicar el fundamento para utilizar dicho
calificativo, vulnera su derecho a la honra y al buen nombre.
[62] Al
respecto pueden verse además, las sentencias
T-1000 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-1225 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[63] Folios 16-24, cuaderno
de primera instancia del expediente de tutela.
[64] Folios 16-24, cuaderno
de primera instancia del expediente de tutela.
[65] Folio 38, escrito de
acción de tutela, cuaderno de primera instancia del expediente de tutela.
[66] “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de
Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”. Artículo 64: “Incurren en
Contravención: El dueño, poseedor o arrendatario de predios donde: a) Existen o
se construyan pistas de aterrizaje sin autorización del Departamento
Administrativo de la
Aeronáutica Civil, b) Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización
de la Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato
aviso a las autoridades civiles, militares o de policía mas cercana, c)Existan
pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la
Aeronáutica Civil, que no de inmediato aviso a las autoridades de que trata el
literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en las
circunstancias previstas en el literal a) del numeral 1o. del presente
artículo”.
[67] En el escrito de
solicitud de rectificación, el accionante afirma: “Estas son someramente las
circunstancias de las cuales se dedujeron las suposiciones contenidas en la
información y registro objeto de esta petición y reclamo y que fueron
destacadas en el periódico EL TIEMPO bajo el epígrafe “LOS HOMBRES DE LA
MAFIA EN LOS LLANOS”. Folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[68] Folios 62-64  y 111,
cuaderno de primera instancia del expediente de acción de tutela.
[69] MP.
Álvaro Tafur Galvis.
[70] Cfr. sentencias T-1015
de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis. MP. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[71] En sentencia T-260 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo, la Corte señaló que “en el medio social
existen organizaciones de orden público y privado que ocupan posiciones
dominantes a partir de la cuales suelen agenciarse fines colectivos así como
ejercerse controles que en ocasiones terminan por afectar derechos ajenos. Con
ello –dijo la Corte–, se pone en evidencia la asimetría en las relaciones, lo
que trae consigo desigualdad. Entre estos poderes dominantes que se presentan
en la vida social y generan asimetrías, los medios de comunicación masiva
juegan un papel destacado”.
[72] Ver entre otras,
sentencias T-259 del 1 de junio de 1994, MP. Doctor José
Gregorio Hernández y T-219 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[73] Ver, sentencia T-196 de 2010
M.P. María Victoria Calle Correa.
[74] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[75] Criterio reiterado
recientemente en la sentencia T-260 de 2010
M.P. Mauricio González Cuervo.
[76] Ver sentencia T-681 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[77] Cfr. Sentencia T-074 de 1995
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[78] Cfr. Sentencia T-074 de 1995
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[79] Corte Constitucional. Sentencia
T-074 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[80] Ver, entre otras, las sentencias T-512
M.P.José Gregorio Hernández Galindo, T-603
M.P. carlos Gaviria Díaz y T-609 del año 1992, T-323 de 1993, T-259 de 1994 y
T- 472 de 1996.
[81] “Tan sólo se puede acudir a la vía judicial cuando
se haya agotado, sin obtener éxito, la solicitud de rectificación ante el mismo
medio (…) Lo que se busca es dar oportunidad al medio sobre cuya información
hay inconformidad, para que rectifique o aclare.  En este como en otros campos,
es preciso partir de la base de la buena fe y, siendo posible que el medio de
comunicación no hubiese tenido intención o voluntad de agravio, es menester que
se le permita corregir lo dicho o escrito antes de plantearle un conflicto
judicial”. “No parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se
encuentra la persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente
recordar que ellos -analizada la situación desde el punto de vista de su
potencialidad-, aparte de la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en
el ámbito nacional, ya en el local, tienen el formidable poder del impacto
noticioso; cuentan con la capacidad de la presentación unilateral de cualquier
acontecimiento; gozan de la ventaja que representa la posibilidad de repetición
y ampliación de las informaciones sin límite alguno; manejan potentes
instrumentos que pueden orientar y condicionar las reacciones psicológicas del
público, resaltar u opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en
el momento de cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello,
disponen del excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la
rectificación y contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las
"notas de la Redacción" en el caso de la prensa escrita, ya por
conducto de los comentarios o glosas del periodista en los medios
audiovisuales, sin ocasión de nueva intervención por parte del ofendido // Este
conjunto de elementos confiere a los medios incalculables posibilidades de
apabullar al individuo, dejándolo inerme frente a los ataques de que pueda ser
objeto”. Estas subreglas han sido reiteradas por la
Corte Constitucional en repetidas ocasiones. Ver, por ejemplo, T- 611 de 1992
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-094 de 1995
M.P. José Gregorio Hernández Galindo T-066 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-368 de 1998
M.P. Fabio Morón Díaz, SU 1721 de 2000
M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-213 de 2004
M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-1198 de 2004
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-755 de 2005
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-588 de 2006
M.P. Jaime Araujo Rentería; T-626 de 2007
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-681 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espìnosa y T-219 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo.
[82] Folios 2-13, cuaderno de
primera instancia del expediente de acción de tutela.
[83] En esta ocasión la
Corte precisó: “Lo mismo ocurre con la mención del artículo 20 superior
sobre el derecho a la información. Ciertamente, el derecho a la información,
tanto en su dimensión activa y pasiva, es decir, el derecho a expresar y
difundir información -incluidas las propias opiniones- y el derecho a recibir
información veraz e imparcial, converge en algunos aspectos con el derecho al
habeas data, en tanto, por ejemplo, (i) el derecho a la información
puede recaer sobre datos personales y, (ii) en su faceta activa
comprende el derecho a la rectificación que puede versar sobre datos
personales. Sin embargo, el derecho a la información comprende todo tipo de
datos, no solamente el dato personal, de ahí que deba concluirse que los dos
derechos comprenden ámbitos de protección diferentes y que el proyecto de ley
sujeto a revisión no desarrolla comprensivamente el derecho a la información”.
[84] En la sentencia T-259 de
1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, dijo la
Corte que el derecho al buen nombre se ha entendido como el derecho a
resguardar la propia imagen frente a la colectividad; imagen o concepto
integrado por un conjunto de valores, acciones y disposiciones que tienen
respecto de las personas los demás miembros de la colectividad en relación con “su
comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y
profesionales, antecedentes y ejecutorias”. Subrayó, asimismo, que aquellas
personas las cuales por virtud de sus propias acciones o actuaciones han
generado un concepto negativo frente a los demás integrantes de la sociedad, no
pueden exigir protección del buen nombre. Insistió, por el contrario, en que cuando
los medios de comunicación difunden informaciones inexactas o lesionan el
prestigio del que goza una persona frente a los demás miembros de la sociedad,
entonces resulta factible exigir la protección por vía tutelar del derecho al
buen nombre.
[85] Ver sentencias T-439 de 2009
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-260 de 2010
M.P. Mauricio González Cuervo.
[86] Ver en el mismo sentido,
las sentencias T-206 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía, T-634 de 2001
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-626 de 2007
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-298de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[87]
Cfr. Sentencia C-010 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[88]
Cfr. Sentencia T-066 de 1998 Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver también sentencias
T-259 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-626 de 2007
M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
[89] En este sentido, ver sentencias T-259 de 1994
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-066 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-036 de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-1225 de 2003
M.P. Manuel José cepeda Espinosa, entre otras.
[90]
“[e]l derecho a que se rectifiquen las
informaciones falsas, erróneas o inexactas cuya difusión haya lesionado la
honra o el buen nombre de una persona, es una garantía de rango constitucional
establecida para asegurar la veracidad de la información y para restablecer o
atenuar la lesión a los derechos que puedan ser vulnerados por su
inobservancia. En efecto, cuando el medio corrige o modifica la información
irregularmente difundida, favorece el equilibrio entre el poder de los medios
de comunicación y la vulnerabilidad e indefensión de las personas afectadas por
el abuso de estas amplias libertades”.
Sentencia T-546 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.