T-806-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-806/12
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION
DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
Es
necesario constatar que se alegue la vulneración de derechos fundamentales por
parte de quien presenta la acción de tutela. Una vez el juez ha verificado que
se encuentran en disputa derechos de raigambre iusfundamental, debe
proceder a analizar los elementos objetivos y subjetivos que condicionan la
prosperidad del amparo. El elemento subjetivo, referente a la legitimación por
activa y por pasiva de los sujetos que intervienen como parte en el proceso y,
en segundo término, el elemento objetivo, circunscrito al cumplimiento de los
principios de subsidiaridad y de inmediatez.
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Organización de naturaleza privada
En
el presente caso, se acredita la existencia de una relación de indefensión del
accionante frente a la Asociación demandada, pues la negativa de ésta a
autorizar la cesión del cupo o carné de afiliación de su padre, supone en
principio la imposibilidad de ingresar a trabajar como miembro activo de
ASOTABA, decisión que lo puede llegar a afectar en sus derechos fundamentales
al trabajo y al mínimo vital y móvil. Frente a esta situación el peticionario no
cuenta con los medios suficientes para oponerse a dicha determinación e incluso
controvertir su alcance, toda vez que él no hace parte de la Asociación y por
ello no puede utilizar los recursos previstos para tal fin en los estatutos. En
virtud de estas premisas se constata la existencia de la causal de indefensión
que permite que la Asociación demandada se convierta en sujeto pasivo de la
presente acción de tutela frente a la solicitud que el señor Juan Carlos
Martínez presentó en nombre propio.
LEGITIMACION POR ACTIVA-Agencia oficiosa
En
la acción de tutela es procedente el uso de la agencia oficiosa, con el fin de
promover el amparo constitucional de quien se encuentra imposibilitado para
ejercer su propia defensa, a través de la intervención de un tercero
indeterminado que actúe a su favor, sin la mediación de poderes.
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
La
Corte ha reconocido que se pueden agenciar derechos ajenos, siempre y cuando
quien actué en nombre de otro: i) exprese que está obrando en dicha calidad, y
ii) demuestre que el agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de
ejercer su propia defensa.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCION DE MATERIA-Configuración
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Improcedencia por falta de acreditación de los
requisitos que se exigen
Referencia: expediente T-3486071
Acción de tutela instaurada por Juan Carlos Martínez
Gutiérrez contra ASOTABA                    –Asociación de Taxistas del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón–
Magistrado Ponente:
LU
Bogotá DC, doce (12) de octubre dos mil
doce (2012)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
legales y constitucionales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela
proferidos por el Juzgado Trece Penal
Municipal con funciones de control de garantías de Cali y el Juzgado Doce Penal
del Circuito de la misma ciudad, correspondientes
al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por Juan Carlos Martínez Gutiérrez contra ASOTABA –Asociación
de Taxistas del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón–.
I.
ANTECEDENTES
El
peticionario solicita que se protejan sus derechos fundamentales y los de su
padre, a la igualdad, al trabajo, a la vida y al mínimo vital y móvil. Para tal
efecto, señala que la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
-en adelante ASOTABA- se negó a autorizar la posibilidad de ceder a su favor el
cupo de su padre en dicha Asociación, de forma arbitraria y a todas luces
contraria al orden jurídico aplicable. Como soporte de esta petición esgrime
los siguientes:
1.
Hechos
1.
El señor Juan de Jesús Martínez Tapiero hace parte de ASOTABA y como miembro de
dicha Asociación, se desempeña como taxista en el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón y sus zonas aledañas desde hace más de 40 años.
2. A raíz de su avanzada edad (74 años), el señor
Martínez padece de varias enfermedades como hiperplasia de la próstata e
incontinencia urinaria (Folio 15, cuaderno 1), que le dificultan la mayoría de
las tareas cotidianas, entre ellas, la conducción del taxi.
3. Además de su delicado estado de salud, su esposa,
la señora Rosalía Gutiérrez Zapata, padece de insuficiencia vascular venosa crónica
(IVC), condición que la pone en una situación de debilidad manifiesta. (Folios
22 a 27, cuaderno 1).
4. A partir de las dificultades para conducir su
vehículo, y la apremiante necesidad de mantener un ingreso estable, el señor
Martínez presentó derecho de petición el 23 de enero de 2012 ante ASOTABA, en
el que se solicitó se cediera a su hijo (Juan Carlos Martínez Gutiérrez) su
carné de afiliación No. 107 (Folio 11, cuaderno 1), para que en su lugar
pudiese trabajar como taxista en dicha Asociación.
5. En respuesta a la solicitud, el día 14 de febrero
de 2012, el presidente de la Asociación planteó: “el estatuto que rige a
ASOTABA en su capítulo XI - artículo 59º - literal 1º (se [creó] el
fondo de solidaridad para otorgar un auxilio a los asociados que se retiren en
forma definitiva de la misma, reconocimiento este que se hace con aportes de
mil pesos ($1.000) diarios hechos por todos y cada uno de los integrantes de la
Asociación). [Capítulo] III –artículo 7º - parágrafo 3º (en caso de que
el asociado fallezca un familiar que [esté] registrado en la base de
datos de la Asociación como beneficiario de [éste] derechos podrá
ingresar como reemplazo del fallecido, siempre y cuando cumpla con los
numerales 7-1 y 7-3), para este caso no aplica. (…) como es de su conocimiento
la cesión de derecho en vida no es posible debido a que por eso se estableció
reconocer este auxilio de conformidad con el estatuto”. (Folio 12, cuaderno
1).
6. Adicionalmente, el día 28 de febrero de la presente
anualidad, 82 miembros de ASOTABA supuestamente suscribieron una carta por
medio de la cual objetaban la cesión del carné por parte del señor Juan Carlos
Martínez Tapiero. En documento anexo a la demanda, se dice que: “CUANDO
ESTUVO EN ASOTABA REEMPLAZANDO A SU SEÑOR PADRE, [INCURRIÓ] EN ACTOS DE
INDISCIPLINA Y [ADEMÁS] PRESENTA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS [SEGÚN]
EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA [PROCURADURÍA] GENERAL DE LA [NACIÓN].
ADJUNTAMOS FIRMAS DE LOS ASOCIADOS EN SEÑAL DE DESACUERDO CON EL INGRESO DEL
SERÑO MARTÍNEZ [GUTIERREZ] CATALOGADO COMO PERSONA NO GRATA Y
MANIFESTAMOS QUE EL SEÑOR NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA INGRESAR A NUESTRA [ASOCIACIÓN]”.
(Folio 46, cuaderno 1).
7. En virtud de la negativa de ASOTABA, el señor
Martínez Gutiérrez presentó acción de tutela alegando la vulneración de sus
derechos a la igualdad, al trabajo, a la
vida y al mínimo vital y móvil.
2.
Solicitud y fundamentos de la demanda de tutela
Con
fundamento en los citados hechos, el peticionario solicita que se protejan los
derechos fundamentales de los miembros de su familia, pues las precarias
condiciones de salud de su padre y la negativa de ASOTABA a la cesión del carné
de afiliación, le impiden continuar con su trabajo y por ende percibir un
ingreso estable para su núcleo familiar. Por este motivo, pide que se amparen sus
derechos fundamentales y los de su padre, a la igualdad, al trabajo, a la vida
y al mínimo vital y móvil.
Para
justificar la pretensión de amparo del derecho a la igualdad, el accionante
alega que, en una ocasión previa, “le fue ACEPTADO por parte de la Asociación
“ASOTABA” y CEDIDO su cupo y no fue al hijo si no a un hermano el señor JULIO
RIVAS, entonces vemos que la Asociación no es equitativa además mi señor padre [dedicó]
toda su vida a dicha Asociación ahora manifiesta cederme ese cupo no porque él
quiera si no porque le toca por obligación pues su edad y sus enfermedades así
lo ameritan igual caso sucedió con el señor RIVAS pues el por sus enfermedades
fue que se tuvo que retirar y cederle el cupo a su hermano”. (Folio 3,
cuaderno 1).
En
relación con los otros derechos constitucionales invocados, el solicitante
argumenta que su subsistencia y la de su familia se encuentran en riesgo, pues
la única fuente de ingresos estable con la que cuentan en este momento es la
suscripción en la Asociación de taxis mencionada.
3.
Oposición a la demanda de tutela
El
27 de febrero de 2012, ASOTABA presentó su escrito de contestación y solicitó
negar el amparo invocado. Con este propósito, señaló que la prohibición de
cesión prevista en los estatutos, se deriva de la entrega de un auxilio por
retiro definitivo de sus miembros, por lo que no se prevé la cesión en vida de
sus cupos.  En seguida, planteó que: “el accionante no cumple con los
requisitos para ser aceptado como miembro de esta agremiación, puesto que en
tiempos pasados hizo parte activa de [ésta] Asociación, como reemplazo
temporal de su señor padre, y su comportamiento no fue el mejor cometiendo
actos de indisciplina, mal conducta esta que fue tenida en cuenta por todos los
asociados para declararlo persona no grata en este Asociación de los cual
presento firma de todo y cada uno de los integrantes de la misma. Además al
solicitársele a la Procuraduría General de la Nación, una consulta de
antecedentes, registra sanciones disciplinarias por mala conducta”. (Folio
43, cuaderno 1).
II. TRÁMITE PROCESAL
1.
Primera instancia
El
Juzgado Trece Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, mediante
sentencia del 5 de marzo de 2012,
concedió la tutela instaurada por el señor Juan Carlos Martínez Gutiérrez, al considerar que existen los suficientes elementos de
juicio para concluir que se vulneraron los derechos fundamentales invocados. En
primer lugar, en cuanto a la legitimación por activa, el juez de instancia
consideró que “si bien es cierto el accionante es el señor JUAN CARLOS
MARTÍNEZ GUTIERREZ, igualmente es cierto que el directamente afectado con la
conducta asumida por el accionado es el señor JUAN DE JESÚS MARTÍNEZ TAPIERO,
quien es el asociado y quien acudió ante las directivas para solicitar la
vinculación de su hijo”. (Folio 64, cuaderno 1).
En
segundo término, en lo referente a la falta de idoneidad del señor Juan Carlos
Martínez Gutiérrez para ser miembro de la Asociación, la providencia aclaró
que: “no es viable para este caso acogerse a la solicitud mancomunada de los
asociados firmantes frente a la declaratoria de persona no grata para el
accionante, toda vez que es el único que puede asumir la manutención de sus
progenitores a través de la vinculación a esa Asociación, además, para este
caso en particular no existe dentro del proceso o por lo menos no se allegó
prueba judicial contundente ante empresa privada que confirme que el señor JUAN
CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ tiene un comportamiento que ofrezca peligro para sus
congéneres o compañeros”. (Folio 64, cuaderno 1).
2.
Impugnación
Frente a la citada decisión se interpuso recurso de
apelación el 14 de marzo de 2012 por ASOTABA, en la que se esgrimieron los siguientes argumentos: (i) “el
señor JUAN DE JESUS MARTINEZ TAPIERO, es solamente un asociado que no tiene
vehículo automotor taxi para trabajar en la Asociación y mucho menos lo tiene
el hijo JUAN DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ, lo cual es requisito indispensable
para poder laborar en el aeropuerto”. (Folio 71, cuaderno 1); (ii) si los
mencionados señores fuesen propietarios de un vehículo, podrían “trabajar en
Cali o Palmira, según donde se inscriba, se tarjeta, sin necesidad de estar
afiliado a la Asociación ASOTABA”. (Folio 71, cuaderno 1).
Por
lo demás, el fallo cuestionado (iii) vulnera el derecho de Asociación, en lo
referente a la libertad de escoger sus propios miembros. En este sentido, se
aclara que la Asociación “no afilia a nadie, es una Asociación y por lo
tanto asociado el individuo, la afiliación se hace ante empresas de transporte,
por lo general cooperativas para obtener tarjeta de operación, que nada tiene
que ver con el asociado”. (Folio 72, cuaderno 1).
En
desarrollo de lo expuesto, recuerda que “el hecho de que el hijo del
asociado no tenga ningún antecedente judicial no quiere decir, que sea una
persona grata para la Asociación, los asociados [tienen] un ingrato
recuerdo de este cuando alguna vez le permitieron reemplazar al padre,
cometiendo felonías en contra de los asociados, dejándoles un ingrato recuerdo
con su violencia que hoy no quieren volver a tener o revivir”. (Folio 72,
cuaderno 1).
Finalmente,
se esgrime que frente a la precaria situación de la familia del señor Martínez,
“se [creó] dentro de los estatutos el AUXILIO DE SOLIDARIDAD equivalentes a
10 salarios mínimos, para evitar que el asociado al querer retirarse de la Asociación
quedara inerme, desvalido [y] sin ningún recurso económico”. (Folio 72,
cuaderno 1).
3.
Intervención del peticionario
En
escrito dirigido al juez de segunda instancia, el accionante solicitó la
confirmación del fallo. Adicionalmente, se pronunció sobre el material
probatorio que allegó ASOTABA y resaltó que: “es de anotar que el día 31 de
Marzo de 2012 en la finca el paraíso del corregimiento de ROZO (VALLE) se
celebró ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE “ASOTABA”, en la cual en uno de sus
puntos el Presidente de dicha asamblea puso a disposición de todos los
asociados de ASOTABA el punto sobre la entrada mía en reemplazo de mi padre en
la cual ninguno de los asociados [objetó] este punto queriendo decir que [si]
están de acuerdo todos los asociados [en] que yo reemplace a mi señor padre”.
En
cuanto al listado de firmas que allegó ASOTABA para demostrar el sentir de
varios miembros de la Asociación, agregó: “lo que se nota claramente es que
el listado de firmas que paso como prueba el Presidente señor Ricaurte
Astudillo de asociados de ASOTABA en desacuerdo al Juzgado de Primera Instancia
ese listado lo [sacó] de sus archivos pues no hubo una recolección de firmas
físicas a casa uno de los asociados sino que por capricho de la Junta Directiva
tomaron la decisión por todos, pues la Asamblea general de Rozo se realiza con
videos y actas las cuales le hubiera podido servir a la Asociación en la
segunda instancia para comprobar lo contrario”. (Folio 82, cuaderno 1).
4.
Trámite del desacato
El
día 30 de marzo de 2012, el peticionario inició un trámite de desacato ante el
Juzgado Trece Penal Municipal de Cali. En virtud de los señalamientos
realizados por el señor Martínez, el despacho judicial de primera instancia
expidió el Oficio No. 296 por medio del cual solicitó a ASOTABA que le indicara
“las razones de su incumplimiento y aportara las pruebas necesarias para
hacer valer en su favor”. (Folio 80, cuaderno 1).
A
pesar de este requerimiento, no obra en el expediente documentación adicional
que permita constatar qué sucedió con dicho incidente. En todo caso,  el 12 de
marzo de 2012, el representante legal de ASOTABA, señor Ricaurte Astudillo Carabalí,
suscribió una carta por medio de la cual manifestó: “teniendo en cuenta la
sentencia de Tutela No 024 de marzo 5 de 2012, la cual resuelve tutelar el
derecho a la igualdad del Señor JUAN DE JESUS MARITNEZ TAPIERO, le comunico a
usted que se haga presente en las instalaciones de “ASOTABA” con la carta de
cesión de derechos al señor JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ, quien deberá llevar
diligenciado el formulario de solicitud de Asociación anexando los documentos
requeridos (…) e igualmente inscribiendo el automóvil taxi que va a utilizar;
como así lo ha previsto la sentencia de tutela que sin perjuicio de estos
numerales se acepta la cesión por usted solicitada”. (Folio 69, cuaderno
1).
5.
Segunda instancia
El
Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali revocó el fallo de primera instancia, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
En
primer lugar, esgrimió que el accionante, el señor Juan Carlos Martínez Gutiérrez,
no estaba legitimado para actuar como agente oficioso de su padre, pues aunque
la primera instancia le reconoció dicho rol, “está claro que lo pretendido
por el accionante es que se amparen sus derechos constitucionales fundamentales
a la igualdad, trabajo y mínimo vital”. (Folio 94, cuaderno 1).
En
segundo término, consideró que el peticionario “no tiene una relación de
subordinación o indefensión con la organización accionada, situación ésta que
hace improcedente la acción impetrada”. (Folio 96, cuaderno 1).
En
tercer lugar, en cuanto a la legitimación por pasiva, el juez de instancia
señaló que es posible iniciar una acción de amparo en contra de un particular, sí
se verifica la existencia de alguna de las causales contempladas en el numeral
4 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. En este sentido, al examinar la
naturaleza jurídica de ASOTABA, concluyó que “la presente acción de tutela
resulta improcedente, en tanto ninguna de las circunstancias en que el amparo
constitucional resultaría viable, están presentes en el caso objeto de
revisión”. (Folio 96, cuaderno 1).
Por
último, se realizó un juicio de ponderación en el que se otorgó primacía al
derecho de Asociación, al considerar que las disposiciones estatutarias
estudiadas encuentran asidero legal y, por lo tanto, “mal haría ésta
instancia en obligar a una entidad de carácter privado, a ir en contravía de
los estatutos que ellos mismos han adoptado, atendiendo precisamente a la libertad
de libre Asociación que también protege la Constitución”. (Folio 99,
cuaderno 1).
6.
Pruebas que obran en el expediente
1.
Certificado Judicial expedido el 13 de julio de 2011 por el Departamento
Administrativo de Seguridad, en el cual consta que el señor Juan Carlos
Martínez Gutiérrez “no registra antecedentes”. (Folio 10, cuaderno 1).
2.
Derecho de petición presentado por el señor Juan de Jesús Martínez Tapiero el
28 de enero de 2012, en el que solicita que su cupo en la Asociación sea cedido
a su hijo. (Folio 11, cuaderno 1).
3.
Respuesta del 14 de febrero de 2012 al derecho de petición presentado por el
señor Martínez Tapiero, en la que se plantea que no es posible acceder a su
solicitud, pues “la cesión del derecho en vida no es posible debido a que
por eso se estableció [el] auxilio de conformidad con el estatuto que rige
ASOTABA”. (Folio 12, cuaderno 1).
4.
Historia Clínica del señor Juan de Jesús Martínez Gutiérrez en la que consta sus
problemas próstata. (Folio 15, cuaderno1).
5.
Carta del 28 de febrero de 2012 firmada por 82 miembros de ASOTABA, en la que se
señala como persona no grata al señor Juan Carlos Martínez y se manifiesta que
no cumple con los requisitos para ingresar en la Asociación. (Folio 46,
cuaderno 1).
6.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General
de la Nación el día 24 de febrero de 2012, en el que consta que el señor Juan
Carlos Martínez Gutiérrez fue sancionado en la Fuerza Pública con una
suspensión de 60 días. (Folio 51, cuaderno 1).
7.
Certificado de existencia y representación de ASOTABA expedido el 1 de febrero
de 2012 por la Cámara de Comercio de la ciudad de Palmira. (Folios 53 a 55,
cuaderno 1).
8.
Libro contentivo de los Estatutos de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.
9.
Carta del 12 de marzo de 2012 por medio de la cual el representante legal de
ASOTABA acogió la orden del juez de la primera instancia y le comunicó al
peticionario que se hiciera presente para tramitar la correspondiente cesión.
(Folio 69, cuaderno 1).
II.
REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente
para revisar las decisiones proferidas en el trámite de la acción de tutela de
la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Actuaciones en sede de revisión
Para mejor proveer, mediante auto del 13 de septiembre de 2012, esta Sala de Revisión solicitó a ASOTABA
el envío de la siguiente documentación:
·
Cualquier documento que permita
comprobar las alegaciones de mala conducta que endilgan al peticionario, señor Juan
Carlos Martínez, durante su período de vinculación temporal con dicha Asociación.
·
Las actas de la Asamblea General de Asociados de
ASOTABA realizada en la finca el paraíso del corregimiento de Rozo (Valle del
Cauca) el día 31 de Marzo de 2012 y cualquier grabación que exista de
tal evento.
·
Cualquier documentación existente
sobre la cesión del cupo en la que haya participado el señor Julio Rivas.
El
día 19 de septiembre, por medio de fax enviado al número telefónico de este
despacho, el señor Juan de Jesús Martínez Tapiero envió escrito por medio del
cual señaló:
“me dirijo a usted con el fin de hacerle aclaración
sobre el reclamo hecho por mi hijo JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ en la acción
de tutela interpuesta por él, en la que solicitó la sesión de mis derechos como
asociado de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Internacional Alfonso
Bonilla Aragón cuando yo me encontraba efectuando un tratamiento médico, los
cuales no le fueron cedidos por no haber llenado los requisitos exigidos por el
reglamento interno que rige a la Asociación pero ya he recuperado mi salud
totalmente motivo por el cual he decidido seguir laborando en la agremiación
como lo he venido haciendo durante todos mis años de taxista”. (Folio 9,
cuaderno 2).
Por
otra parte, el día 20 de septiembre el representante de la Asociación demandada
envío escrito por medio de fax, en el que señaló: “quiero manifestar que con
fecha marzo 12 de 2012 dirigido al padre del accionante señor JUAN DE JESUS
MARTINEZ TAPIERO manifestándole que de conformidad a la sentencia de tutela No.
024 de marzo 05 del 2.012 que resolvió tutelar el derecho de la igualdad
manifestándole que debería preséntale la cesión de derechos hecha en favor de
JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ e igualmente se le manifiesta que presente
formulario de solicitud de Asociación adjuntando los requisitos que exige la Asociación”.
(Folios 10-11, cuaderno 1).
3.
Problemas jurídicos
A partir de las circunstancias fácticas que dieron
lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas en las
respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe resolver los
siguientes problemas jurídicos: (i) ¿Se encuentran acreditados los elementos de
la agencia oficiosa en cabeza del actor y, por lo tanto, se encuentra
habilitado para representar los intereses de su padre en la presente acción?
(ii) ¿Vulnera la Asociación demandada los derechos fundamentales al trabajo y
al mínimo vital de los señores Juan De Jesús Martínez y Juan Carlos Martínez al
negar la posibilidad de que el primero ceda su cupo en dicha organización al
segundo? (iii) ¿La declaratoria de ‘persona no grata’ realizada por la Asociación
demandada contra el peticionario transgrede el orden constitucional vigente?
Para dar respuesta a los citados interrogantes, Sala
Tercera de Revisión (i) verificará el cumplimiento de los elementos de
procedencia de la acción de tutela en el presente caso, con especial énfasis en
los criterios para el uso adecuado de la figura de la agencia oficiosa, y a
continuación, (ii) reiterará los precedentes jurisprudenciales que resultan
aplicables frente a la declaratoria de ‘persona no grata’.
4.
Procedibilidad de la acción de tutela
Antes
de proceder al examen de los asuntos de fondo que se plantean en el presente
caso, la Sala debe verificar el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela. Para tal efecto, primero es necesario
constatar que se alegue la vulneración de derechos fundamentales por parte de quien
presenta la acción de tutela. Una vez el juez ha verificado que se encuentran
en disputa derechos de raigambre iusfundamental, debe proceder a
analizar los elementos objetivos y subjetivos que condicionan la prosperidad
del amparo. El elemento subjetivo, referente a la legitimación por activa y por
pasiva de los sujetos que intervienen como parte en el proceso y, en segundo
término, el elemento objetivo, circunscrito al cumplimiento de los principios
de subsidiaridad y de inmediatez.
4.1.
Alegación de la afectación de derechos constitucionales
En
razón de la específica naturaleza que comporta la acción de tutela, el juez
debe constatar que los derechos que en ella se debatan sean de naturaleza
constitucional. Precisamente, el artículo 86 de la Constitución Política
dispone que: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales”. De ahí que, la acción de
tutela tenga como resorte exclusivo la disputa de posibles vulneraciones a
derechos fundamentales, sin que pueda llegar a ser utilizada para resolver
asuntos que comprendan disputas sobre derechos de carácter legal.
En
el presente caso se esgrimió ante el juez de tutela la vulneración de derechos
fundamentales en cabeza de dos sujetos diferentes. Por un lado, el señor Juan
Carlos Martínez argumentó la afectación de los derechos fundamentales de su
padre al mínimo vital y móvil, a la vida digna y a la igualdad. En cuanto a la
afectación de los derechos al mínimo vital y móvil y a la vida digna, en la
medida en que la negativa de la Asociación demandada a autorizar la cesión del
cupo o carné de afiliación representa un agravio inminente frente a la
subsistencia del señor Juan de Jesús Martínez, pues tanto él como su esposa
necesitan de los ingresos que se derivan de la explotación del cupo de taxi
para vivir. Arguye el solicitante que la salud de su padre está en un estado
delicado y que, por ello, su subsistencia depende del trabajo que él pueda realizar
en la Asociación. Por otra parte, en lo referente a la posible vulneración del
derecho a la igualdad, el peticionario sostiene que existió un caso con
supuestos de hecho iguales, en el que la Asociación sí permitió la cesión de un
cupo estando vivo el titular[1].
Por
otro lado, se estudia también una posible afectación de los derechos
fundamentales del actor, esto es, del señor Juan Carlos Martínez. Lo anterior
en cuanto se alega que la negativa de reemplazar a su padre en la Asociación
implica una vulneración de su derecho fundamental al trabajo, lo cual puede
conducir a una posterior afectación de sus derechos al mínimo vital y móvil y a
la vida digna.
En
desarrollo de lo expuesto, se evidencia que los derechos que se encuentran en
discusión en el presente caso sí son de raigambre constitucional y, por tanto, se
cumple este presupuesto inicial para la procedencia de la acción de tutela.
4.2.
Legitimación por pasiva
Como
se analizó previamente, la presente acción de amparo constitucional se presentó
para la protección de los derechos fundamentales de dos personas, el
accionante, esto es, el señor Juan Carlos Martínez, y su padre, el señor Juan de
Jesús Martínez. Por este motivo, el estudio de la posibilidad que tiene cada
uno de ellos de presentar la acción de tutela en contra de ASOTABA debe ser
resuelta de forma individual.
En
primer lugar, se analizará la legitimación por pasiva de la Asociación
demandada frente a las alegaciones que el señor Juan Carlos Martínez presentó
en nombre propio.
El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela se
podrá interponer contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública e
incluso de los particulares “encargados de la prestación de un servicio
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión”, en los términos en que se establezca en la ley. A este
respecto, el Decreto 2591 de 1991 consagró las condiciones en las que es
posible presentar una acción de tutela contra particulares. Precisamente, el
artículo 42 del citado decreto señala como cuarta causal la siguiente: “cuando
la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización”.
En
cuanto al concepto de indefensión, esta Corporación se ha pronunciado en
diversas ocasiones. Puntualmente, en relación con el estado de indefensión y la acreditación de la
legitimación por pasiva, la Corte ha dicho que:
“En relación con el estado de indefensión,
la jurisprudencia tiene sentado que el juez de tutela analizará los hechos y
las circunstancias que rodean el caso concreto de manera que si resulta que con
la acción u omisión del particular la persona ofendida se encuentra indefensa y
desamparada lo que se traduce en una ausencia e insuficiencia de medios
jurídicos que le permitan resistir la agresión o vulneración de sus derechos
fundamentales se abre paso a la acción de tutela como mecanismo excepcional con
que cuentan las personas para la protección efectiva de sus derechos”[2].
En otra providencia, una de las primeras dictadas al respecto, la T-573 de 1992, la Corte dispuso:
“La situación de indefensión a que alude el numeral
noveno del artículo 42, significa que la persona que interpone la tutela
carezca de medios de defensa contra los ataques o agravios que, a sus derechos
constitucionales fundamentales, sean realizados por el particular contra el
cual se impetra”.
Aun
así en la misma providencia, la Corte aclaró:
“El estado de indefensión o impotencia se analizará
teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas
involucradas y de los hechos relevantes (condiciones económicas, sociales,
culturales, antecedentes personales, etc.). Evidentemente, el concepto de
indefensión es relacional. Esto significa que el estado de indefensión en que
se encuentra el ciudadano en relación con otro particular habrá que
determinarlo de acuerdo al tipo de vínculo que exista entre ambos”[3].
Con
este propósito, la Corte reconoció la doble naturaleza del concepto de
indefensión contenido en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Una primera
esfera que comprende la premisa general según la cual se encuentra en estado de
indefensión quien carezca de medios de defensa para impugnar las actuaciones en
su contra y, un segundo aspecto, en el que se examinan las vicisitudes
específicas de cada caso para determinar con certeza si existe una situación de
indefensión entre las partes enfrentadas.
En
compendio, la regla jurisprudencial que en este caso resulta relevante está
encaminada a proteger a aquellas personas que se ven afectadas por la decisión
de una entidad privada y no cuentan con los medios para impugnar la actuación
en su contra. Por consiguiente, cuando existe una organización de naturaleza
privada, y la misma realiza una actuación que repercute sobre los derechos
fundamentales de un tercero, que no pertenece a la Asociación y que, por ello, no
cuenta con medios de defensa para objetar dicha determinación, se configura la
causal de indefensión prevista en al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y se
hablita el uso de la acción de tutela por pasiva.
Al
respecto, en sentencia T-394 de 1999, esta Corporación puntualizó que se
configura la causal de indefensión cuando una Asociación de taxistas toma una
decisión que afecta los derechos de un tercero que no pertenece a la
organización y que, por tanto, no cuenta con los medios para refutar dicha
determinación. En la citada providencia la Corte reconoció la legitimación por
pasiva frente a una cooperativa de transportadores en un caso similar al ahora
expuesto. En esa ocasión, se decidió la controversia de una persona cuya
compañera permanente era socia de la empresa COTRANSGIL Ltda., en la cual tenía
inscrito su carro para prestar el servicio de taxi. El accionante, en aquella
oportunidad, pidió ser autorizado para ofrecer tal servicio en el vehículo
inscrito y su solicitud fue denegada, en atención a que no cumplía con el
requisito estatutario de la edad máxima de vinculación prevista en 50 años. Al
resolver el caso concreto, la Corte reconoció el estado de indefensión del
accionante, pues dicha determinación lo afectaba directamente y carecía de mecanismos
estatutarios o judiciales para controvertirla. Al respecto, se planteó que:
“Como se obtiene del texto constitucional contenido en
el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela constituye un procedimiento
judicial específico, autónomo, directo, sumario y subsidiario[4] de protección de los
derechos constitucionales fundamentales de las personas, frente a la
vulneración o amenaza de los mismos, por la acción u omisión de las autoridades
públicas y, en ciertos casos, por un particular[5],
como el que establece el numeral 4o. del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991,
acerca de la situación irregular en la cual se puede encontrar una persona por
la indefensión a la cual se ve sometida frente a una organización privada, en
razón a un actuación u omisión de ésta. (…) De la naturaleza privada de la
empresa accionada y del alcance de la decisión tomada por su órgano de
administración, que culminó en el retiro obligatorio del actor de la prestación
del servicio de conductor no asociado de la cooperativa, es predicable y
abiertamente ostensible su estado de indefensión ante la misma, así como por la
falta de medios de defensa para controvertirla directamente o en sede judicial,
en razón de no tener la calidad de asociado de la compañía.
De otro lado, el amparo constitucional exige que con
el reclamo ante los jueces, en todo momento y lugar, se pretenda una protección
inmediata de derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados de
manera grave e inminente. Como sucede en el caso que ocupa la atención de la
Sala y en la forma avizorada por el juez de tutela, la actuación de la empresa
accionada repercute en la efectividad no sólo del derecho fundamental al
trabajo, sino de otros también con esa jerarquía normativa y de titularidad del
actor”[6].
Como
puede observarse el precedente jurisprudencial referido previamente resulta
aplicable al caso bajo estudio, pues comparten los mismos supuestos de hecho
que permiten la habilitación del requisito de indefensión analizado a priori.
En
efecto, en el presente caso, se acredita la existencia de una relación de
indefensión del accionante frente a la Asociación demandada, pues la negativa
de ésta a autorizar la cesión del cupo o carné de afiliación de su padre,
supone en principio la imposibilidad de ingresar a trabajar como miembro activo
de ASOTABA, decisión que lo puede llegar a afectar en sus derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital y móvil. Frente a esta situación el
peticionario no cuenta con los medios suficientes para oponerse a dicha
determinación e incluso controvertir su alcance, toda vez que él no hace parte
de la Asociación y por ello no puede utilizar los recursos previstos para tal
fin en los estatutos. En virtud de estas premisas se constata la existencia de
la causal de indefensión que permite que la Asociación demandada se convierta
en sujeto pasivo de la presente acción de tutela frente a la solicitud que el
señor Juan Carlos Martínez presentó en nombre propio.
Ahora
bien, situación diferente es la del señor Juan de Jesús Martínez, padre del
peticionario y persona cuyos intereses se promovieron en la presente acción de
tutela por medio de la figura de la agencia oficiosa. En el caso del padre, se
habilita la legitimación por pasiva de la Asociación demandada pero en virtud
de otra de las causales para reconocer la presentación de la acción de tutela
en contra de particulares.
En
efecto, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 citado previamente, consagra
como otra de las causales de la tutela en contra de particulares la relación de
subordinación: “cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación
de subordinación o indefensión con tal organización”. Este precepto ha sido
desarrollado por la Corte al señalar que: “la subordinación tiene que ver con acatamiento,
sometimiento a órdenes proferidas por quienes, por razón de sus calidades,
tienen la competencia para impartirlas”[7]. En el mismo sentido esta Corporación ha
sido clara en sostener que “la subordinación supone una relación jurídica de
dependencia”[8].
Por
consiguiente es posible plantear que la situación de subordinación se configura
cuando existe un vínculo jurídico de dependencia en el que una parte tiene la
posibilidad de proferir órdenes que deben ser acatadas por la otra. En este
caso, es posible constatar que existe –entre la Asociación de taxis y el señor
Juan de Jesús Martínez– una relación de subordinación. En efecto, aun cuando en
principio no existen relaciones verticales en este tipo de estructuras
organizacionales (como ocurre con la figura del empleador), es innegable que la
Asociación como persona jurídica, representada por sus directivos, sí tiene la
potestad de impartir órdenes a sus asociados, quienes deben acatarlas. Por esta
razón, entre el señor Juan De Jesús Martínez y ASOTABA, se configura la causal
de subordinación para habilitar la acción de tutela en contra de particulares,
pues se advierte la existencia de una relación jurídica dependiente en la que
una parte puede imponer actuaciones a la otra. En este sentido, la Asociación
demanda también se encuentra habilitada como sujeto pasivo de la petición
realizada en interés del padre del accionante.
4.3.
Legitimación por activa
Como
tercera etapa en el examen de procedencia de la presente acción de amparo se
debe estudiar la legitimación por activa de cada uno de los sujetos que
intervienen para la protección de sus derechos.
La
Constitución Política, en el artículo 86, reconoce el derecho de toda persona
de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
Este
mandato constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
que consagra: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no este en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
(Negrilla por fuera del texto original).
En
este caso, como se ha dicho,  el examen de la legitimación por activa debe
hacerse desde una doble perspectiva, por un lado en relación con quien
directamente interpone la acción, esto es, el señor Juan Carlos Martínez y, por
otro, en relación con Juan De Jesús Martínez Tapiero, cuyos derechos pretende
agenciar el gestor del amparo.
4.3.1.          En
relación con el señor Juan Carlos Martínez, en cuanto obra en su propio nombre,
se observa que está habilitado para acudir al amparo, puesto que pretende la
protección inmediata de sus propios derechos que estima le han sido
desconocidos en el presente caso.
4.3.2.          Como
se infiere de lo expuesto, en la acción de tutela es procedente el uso de la
agencia oficiosa, con el fin de promover el amparo constitucional de quien se
encuentra imposibilitado para ejercer su propia defensa, a través de la
intervención de un tercero indeterminado que actúe a su favor[9], sin la mediación de poderes. Al pronunciarse sobre
el objeto y alcance de este instrumento procesal, la Corte ha dicho que:
“(…) cuando una persona distinta al titular
del derecho fundamental sobre el cual se reclama protección es quien ejerce la
acción en nombre de aquél, sin que exista mandato expreso en la forma indicada,
estamos frente a la figura de la agencia oficiosa, caso en el cual el agente no
necesariamente debe ser abogado, pero sí especificar la calidad en que actúa en
el escrito de tutela correspondiente.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece que la agencia oficiosa puede ejercerse en aquellos eventos en los
que el titular del derecho no se encuentra en condiciones de promover su propia
defensa. La importancia de esta figura radica en permitir que las personas que
por alguna razón no pueden ejercer por sí mismas la defensa de sus derechos,
sea porque tienen algún impedimento jurídico, físico, mental o fáctico, cuenten
con un medio alternativo que les permita acceder al amparo judicial de sus garantías
fundamentales.
Respecto de la forma en que debe ser
interpretada la norma por los operadores judiciales, esta Corporación ha
señalado: “A juicio de la Corte, corresponde al juez de tutela,
ponderando las circunstancias del caso, definir si, en efecto, la persona de
cuyos derechos fundamentales se trata podría haber presentado por sí misma la
demanda, evento en el cual carecería de sustento jurídico la agencia oficiosa y
se configuraría la ilegitimidad en la causa por el aspecto activo. (…)”
4.3.2.1.
Requisitos de la agencia oficiosa
En
innumerables sentencias esta Corporación se ha pronunciado sobre los requisitos
que rigen el uso de la agencia oficiosa, la cual, como se ya se dijo, está
prevista para permitir la defensa de los derechos fundamentales de aquellas
personas que están en imposibilidad de solicitar directamente su amparo. En
este sentido, la Corte ha reconocido que se pueden agenciar derechos ajenos,
siempre y cuando quien actué en nombre de otro: i) exprese que está obrando en
dicha calidad, y ii) demuestre que el agenciado se encuentra en imposibilidad
física o mental de ejercer su propia defensa[10].
En
relación con el primer requisito, la Corte ha señalado que:
“La exigencia de estos requisitos [los de la agencia
oficiosa] no puede interpretarse formalmente, es decir, su cumplimiento no
está supeditado a la existencia, dentro de la petición de tutela, de frases
sacramentales o declaraciones expresas que den cuenta de la agencia oficiosa,
pues bien puede ocurrir -como en el caso que es objeto de estudio en esta
oportunidad por parte de la Corte- que las circunstancias que impiden que una
persona actúe a nombre propio, justificando la intervención oficiosa de otro,
sean hechos que se desprenden naturalmente de la narración hecha por el
petente, cuya veracidad y alcance deben ser valorados por el juez, pudiendo,
incluso, desplegar sus atribuciones en materia probatoria para establecer la
certeza de las afirmaciones hechas”[11].
(Negrilla por fuera del texto original).
En
cuanto al segundo, esta Corporación ha insistido en su acreditación de forma
expresa o implícita[12], pues de él depende la salvaguarda de la libertad y
autonomía de cada persona para interponer acciones judiciales en defensa de sus
propios derechos e intereses. Textualmente, la Corte ha precisado que:
“De acuerdo con lo dispuesto en esta norma (artículo
10 del Decreto 2591 de 1991) y con la jurisprudencia de esta Corporación, en el
agenciamiento de derechos ajenos, debe estar debidamente demostrado que
realmente el interesado no está en condiciones de asumir la defensa de sus propios
derechos. Esta exigencia no es resultado de un capricho del legislador, ni
corresponde a una mera formalidad, encaminada a obstaculizar el acceso a la
administración de justicia, especialmente cuando se trata de la defensa de un
derecho fundamental. No. Esta exigencia es desarrollo estricto de la
Constitución sobre el respeto a la autonomía personal (art. 16). Una de las
manifestaciones de esta autonomía se refleja en que las personas, por sí
mismas, decidan si hacen  uso o no, y en qué momento, de las herramientas
que la Constitución y la ley ponen a su alcance, para la protección de sus
derechos en general, trátese de los fundamentales o de los simplemente
legales”.[13]
Con posterioridad, esta Corporación ha sido enfática
en señalar y exponer el objetivo de estos requisitos, con el fin de autorizar
la procedencia de la agencia oficiosa, en los siguientes términos:
“Esta Corporación ha sostenido que el
ejercicio de la agencia oficiosa sólo opera cuando el titular del derecho no
puede asumir su defensa personalmente (o mediante apoderado), debido a que es
la persona que considera amenazado un derecho fundamental quien decide, de
manera autónoma y libre, la forma en que persigue la protección de sus derechos
constitucionales, y determina la necesidad de acudir ante la jurisdicción.
Estas consideraciones se desprenden directamente de la autonomía de la persona
(artículo 16, C.P.) y del respeto por la dignidad humana (artículo 1º, C.P.),
fundamento y fin de los derechos humanos (…) si bien la agencia oficiosa cumple
el fin constitucionalmente legítimo y necesario de posibilitar el acceso a la
jurisdicción constitucional a aquellas personas que se encuentran en
imposibilidad de asumir por su cuenta la defensa de sus derechos
constitucionales, no se trata, empero, de un mecanismo que pueda ser
utilizado para suplir al interesado en la adopción de decisiones autónomas
sobre el ejercicio, defensa y protección de los mismos”[14]. (Negrilla
por fuera del texto original).
El
análisis de estos requisitos le permite a la Corte concluir que su exigibilidad
no es simple formalismo que restrinja la finalidad de protección que identifica
al amparo constitucional, pues su constatación por el juez constitucional
apunta a salvaguardar la libertad, la voluntad y la autonomía de quien
realmente se ve afectado en sus derechos, asegurando la realización del
principio de eficacia en la administración de justicia.
Con
fundamento en lo expuesto, esta Sala procederá a examinar si las citadas exigencias
se acreditan en el caso concreto, pues de ello depende la satisfacción del
requisito subjetivo de la legitimación por activa, como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela.
4.3.2.
De la agencia oficiosa en el caso concreto
Al
examinar el caso sometido a decisión de esta Corporación, se observa que sí
bien se invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, a la vida y al mínimo vital y móvil del accionante y de su padre, el
hecho generador de la violación que motiva el amparo constitucional, subyace en
la negativa de ASOTABA de autorizar la posibilidad de ceder el cupo o el carné
de afiliación que el señor Juan de Jesús Martínez Tapiero tiene en dicha Asociación
a favor de su hijo, esto es, de quien acudió ante las autoridades judiciales en
ejercicio de la acción de tutela.
De
lo anterior se desprende que el amparo solicitado se origina en una controversia
referente a la realización del principio de disponibilidad, consistente en este
caso en definir si el señor Juan de Jesús Martínez Tapiero puede o no ceder a
favor de su hijo el cupo o carné de afiliación en ASOTABA, en virtud de la
protección que demandan sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y
al mínimo vital, entre otras, por su condición delicada de salud. Esto
significa que la acreditación de la legitimación por activa en el asunto bajo
examen, en lo referente a la interposición de la acción de tutela por parte del
señor Juan Carlos Martínez Gutiérrez, pasa no sólo por la demostración de su
actuar en calidad de agente oficioso, sino por la imposibilidad de su padre de
promover la defensa de sus propios derechos, esto es, de lograr el amparo de
sus garantías iusfundamentales a partir de la demostración de su voluntad
de transferir o ceder su cupo en la citada Asociación. Así las cosas, se
procederá al examen de los citados requisitos en el caso concreto.
4.3.1.1.
Manifestación de actuar en calidad de agente oficioso
El
primer requisito de la agencia oficiosa es que quien actúe como agente lo
manifieste así en el escrito de tutela. Esta exigencia, en términos de la Corte[15],  se traduce en que debe quedar absolutamente claro
que quien suscribe la acción lo está haciendo en nombre de otra persona, sin
que necesariamente se deba manifestar de forma expresa que lo hace en dicha condición,
lo que se ha denominado agencia oficiosa tácita.
Por
este motivo, la Sala considera que este requisito se verifica cuando no queda
duda de que la acción de amparo constitucional se presenta para intermediar por
los derechos de otro, sin que importe la denominación específica bajo la cual
se adelanta dicha intervención,
siempre que no se trate de un “falso agente”[16] o, en otras palabras, alguien que carece de interés y
suplanta la voluntad del directo interesado en la protección de sus derechos
constitucionales. Esta interpretación del primer requisito se ajusta al
principio de primacía de lo sustancial sobre las formas previsto en el artículo
228 de la Carta Política.
En
el presente caso, los jueces de instancia no tuvieron una posición uniforme  frente
a la posibilidad de que el señor Martínez Gutiérrez hubiese actuado como agente
oficioso de su padre. Precisamente, en la sentencia de segunda instancia, se
señala que: “en el escrito de tutela presentado por el señor JUAN CARLOS
MARTÍNEZ GUTIERREZ, se aprecian una serie de pasajes ambiguos que podrían
prestarse para entrar en confusión, sobre si el accionante está ejerciendo la
acción pública en nombre propio o si se encuentra agenciando los derechos
fundamentales de su progenitor JUAN DE JESÚS MARTÍNEZ TAPIERO. Esa situación
lleva a esta juez constitucional a entrar en desacuerdo con las consideraciones
realizadas por el funcionario a quo, al tener al señor JUAN CARLOS MARTINEZ
GUTIERREZ, como agente oficioso de los derechos fundamentales del señor JUAN DE
JESÚS MARTINEZ TAPIERO, pues, si bien el escrito resulta farragoso, está claro
que lo pretendido por el accionante es que se amparen sus derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, trabajo y mínimo vital”.
(Folio 94, cuaderno 1).
A
juicio de esta Sala de Revisión, sin importar lo complejo o “farragoso” que
pueda resultar la identificación de los hechos de una demanda o los argumentos
esgrimidos para justificar un amparo constitucional, es obligación del juez de
tutela dilucidar cuál es la controversia iusfundamental que se encuentra
sometida a su conocimiento y si los sujetos que en ella intervienen están
legitimados o no para promover su protección, en nombre propio o en el de un
tercero, sin que se pueda entender que este ejercicio se convierte en un
obstáculo para la protección judicial efectiva de los derechos que se constatan
en riesgo por parte del juez de amparo[17].
En
el caso concreto, como previamente se expuso, es claro que en la acción
presentada por el señor Martínez Gutiérrez se discute la vulneración y
protección de sus propios derechos fundamentales, pero también los de su padre.
Indiscutiblemente,
la posibilidad o no de que el señor Martínez Gutiérrez pueda reemplazar a su
padre en la Asociación de taxis es un asunto que repercute en sus intereses,
pues le permitiría el desarrollo de una actividad económicamente lucrativa. Aun
así, otro de los derechos que está en discusión es el derecho que tiene su
padre, como miembro de la Asociación demandada, de ceder o no su cupo o carné
de afiliación. Dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 7º de los
estatutos de ASOTABA, como derecho de los asociados, por lo que la
realización del principio de disponibilidad frente al mismo, repercute
directamente en el patrimonio del señor Juan de Jesús Martínez Tapiero y en su
posición como asociado. Por consiguiente, y en desarrollo de lo expuesto, se
procederá entonces a la constatación de los requisitos de la agencia oficiosa.
En
este orden de ideas, en primer lugar, al examinar el contenido de la demanda,
la Sala encuentra que el señor Martínez Gutiérrez sí acreditó el requisito de
invocar la condición de agente oficioso, de forma tácita, aun cuando
explícitamente no lo haya realizado. Esta situación se evidencia en diversos
apartes de la acción, por ejemplo, en su encabezado que reza así:
“PROCESO: ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
AFECTADO: JUAN DE JESUS MARTINEZ TAPIERO”[18]
De
igual modo, las razones esgrimidas tienden en su mayoría a demostrar el
delicado estado de salud de su padre y, como consecuencia de ello, la
imposibilidad para desempeñar las labores de conductor[19]. De ahí que, si bien el demandante
no manifestó estar actuando bajo la figura de la agencia oficiosa, para la Sala
es claro que esa era su verdadera intención.
4.3.1.2.
Imposibilidad del titular de los derechos de ejercer su propia defensa
Como
previamente se expuso, la procedencia de una acción de tutela interpuesta por
medio de un tercero en calidad de agente oficioso, implica acreditar que el
titular de los derechos en disputa se encuentra en imposibilidad de presentar
por sí mismo la acción. Este segundo requisito está encaminado a proteger su libertad
y autonomía, pues de no ser así se podría llegar a ver afectado directamente con
las órdenes que se expidan en una sentencia, quizás, contraria a sus propios
intereses. Por este motivo, no puede obrar en el expediente una manifestación
de voluntad por parte del titular del derecho, en el que se esgriman razones o
consideraciones distintas a aquellas que justifican la acción que en su nombre
se presenta.
En
este contexto, en el transcurso del trámite de revisión, el señor Juan De Jesús
Martínez Tapiero remitió a esta Sala un escrito por medio del cual declaró su
deseo de seguir laborando en la Asociación de taxistas demandada y, por ende,
de poner fin a la controversia originada en la disputa de su derecho de cesión.
Expresamente manifestó que:
“me dirijo a usted con el fin de hacerle aclaración
sobre el reclamo hecho por mi hijo JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ en la acción
de tutela interpuesta por él, en la que solicitó la [cesión] de mis derechos
como asociado de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Internacional Alfonso
Bonilla Aragón cuando yo me encontraba efectuando un tratamiento médico, los
cuales no le fueron cedidos por no haber llenado los requisitos exigidos por el
reglamente interno que rige a la Asociación pero ya he recuperado mi salud
totalmente motivo por el cual he decidido seguir laborando en la agremiación
como lo he venido haciendo durante todos mis años de taxista”. (Folio 9,
cuaderno 2).
Queda
entonces claro que el titular de los derechos, esto es, el señor Juan de Jesús
Martínez Tapiero, desautorizó la actuación judicial adelantada en su nombre por
su hijo. De manera específica, al poner de presente que su estado de salud ha
mejorado significativamente, al punto que se encuentra facultado para trabajar
de nuevo como taxista, se descarta el requisito de indefensión que se requiere
para acudir a la justicia a través de un tercero en ejercicio de la agencia
oficiosa. Por esta razón, también se evidencia que el titular del derecho se
encuentra en capacidad de actuar por sí mismo, siendo improcedente la
intermediación pretendida, pues al argumentar que las condiciones de hecho que
le imposibilitaban continuar laborando ya desaparecieron, los elementos
fácticos que habilitaban el uso de la presente acción de tutela por parte de su
hijo, han perdido su vigencia también.
En
consecuencia, no se acredita el requisito de procedencia de la acción de tutela
referente a la demostración de los supuestos que legitiman el ejercicio la agencia
oficiosa por parte del señor Juan Carlos Martínez frente a los intereses de su
padre. Por ende, resulta claro que el examen de procedencia frente al señor
Juan de Jesús Martínez, no se puede continuar pues él mismo ha expresado su
deseo de no adelantar la presente acción.
Por
otro lado, como previamente se expuso, el señor Juan Carlos Martínez sí se
encuentra legitimado para actuar en contra de la Asociación demandada en
representación de sus propias pretensiones y, por lo tanto, la Sala continuará
el examen de procedencia de la acción respecto del peticionario.
4.4.
Principio de subsidiaridad
El
artículo 86 de la Carta establece que la acción de tutela “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. Esta característica de la acción de tutela está encaminada a
proteger el carácter subsidiario de la misma, asegurando que sea utilizada
cuando ya se hubiesen agotado las instancias regulares que la jurisdicción
ordinaria o contenciosa prevén para la resolución de los conflictos o cuando se
evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En
esta ocasión resulta evidente que el peticionario no cuenta con otros medios de
defensa judicial, pues precisamente esta situación es la que habilitó la causal
de indefensión que se plasmó en el acápite (4.2) de esta providencia. En
efecto, en vista de que el señor Juan Carlos Martínez no es asociado de la
organización demandada, no cuenta con los mecanismos para impugnar la decisión
que le prohibió entrar a reemplazar a su padre. Por este motivo, se cumple con
el requisito de subsidiaridad en la presente acción.
4.5.
Principio de inmediatez
El
artículo 86 que consagra la acción de tutela en la Constitución Política dispone
que la misma está prevista para la “protección inmediata” de los
derechos constitucionales que se consideren vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
términos previstos en la ley. De esta manera, el ordenamiento constitucional
busca asegurar que la acción de amparo constitucional sea utilizada para
atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la intervención del
juez de tutela.
En
el presente caso, pasaron seis días entre la negativa de la Asociación de la
solicitud de cesión del cupo y la acción de tutela, pues la primera se expidió
el día 14 de febrero del 2012 y la acción fue presentada el día 20 de febrero
de la misma anualidad. Por lo tanto, no admite duda que en el presente caso se
satisface el principio de inmediatez.
5. Estudio de los elementos de fondo. Reiteración
de jurisprudencia sobre la declaratoria de ‘persona no grata’.
Una
vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la
presente acción de tutela, en cuanto al señor Juan Carlos Martínez, la Corte
pasará al estudio de los elementos de fondo que componen el presente asunto.
Al
respecto, es preciso recordar que la presente acción de tutela fue interpuesta
por el citado señor Martínez para proteger sus derechos fundamentales al
trabajo y al mínimo vital, en vista de que la Asociación demandada no le
permitió reemplazar a su padre en el cupo que dejaría libre a raíz de su retiro
de la organización. Ahora bien, es claro que a partir de la comunicación que
envió el padre del peticionario, en la que alega que no desea ceder su cupo y que
se encuentra en condiciones perfectas para trabajar, ya no existe la
posibilidad de disponer el remplazo o la cesión solicitada y, por ende, desaparecen
los supuestos de hecho que dieron lugar a la presente acción.
En
cuanto a este fenómeno jurídico la Corte ha planteado que “la sustracción de
materia se describe como el evento en que el juez verifique que en el
transcurso de la acción de tutela la situación de hecho que dio lugar a la
solicitud de protección, ya ha sido satisfecha, ninguna razón de ser tendría
una eventual orden en busca de la defensa del derecho en disputa, pues la
situación ya se ha superado”[20]. En el mismo sentido, se ha dicho que: “en la
medida en que durante el trámite de la acción la vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales desaparezca, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo
estas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que
evitar”.[21]
En
el caso bajo estudio se hace evidente que la tutela ha perdido su razón de ser,
pues la posibilidad de que el peticionario reemplace a su padre como miembro de
la Asociación demandada ha dejado de ser una opción. Por este motivo se
presenta el fenómeno de sustracción de materia y se declarará la carencia
actual de objeto en la parte resolutiva de esta providencia.
Por
último, en vista de que se pudo constatar que en el expediente existe una
declaratoria de ‘persona no grata’ del accionante y pese a que no se promovió
el amparo constitucional para controvertir dicha determinación, esta Sala estima
necesario realizar un pronunciamiento expreso sobre la materia, en virtud de la
prohibición constitucional que la jurisprudencia ha reconocido frente a dicho
tipo de sanción.
Indiscutiblemente,
y como quedó previamente expuesto, la acción de tutela presentada por el señor
Juan Carlos Martínez para la protección de sus derechos a al mínimo vital y
móvil y al trabajo carece de objeto por sustracción de materia y, por ello, es
improcedente. Aun así, existe un hecho plenamente probado en el expediente, que
ha sido aceptado por ambas partes, y es la declaratoria de ‘persona no grata’
que realizó la Asociación en contra del peticionario. Este suceso amerita y
habilita el pronunciamiento de la Sala pues constituye un hecho que en definitiva
representa una afrenta al orden constitucional vigente, al vulnerar los
derechos al buen nombre y a la honra del accionante.
Aunque
de manera general, las actuaciones del juez deben estar guiadas por los
elementos de hecho y pruebas allegadas por las partes, la jurisdicción de
tutela cuenta con diferentes potestades pues el juez debe hacer respetar los
derechos fundamentales en la situación que se presenta para su decisión. Esta
potestad implica también pronunciarse frente a materias que no fueron
argumentadas por el accionante pero que en definitiva pueden resultar
vulneratorias de derechos fundamentales.
Por
este motivo, es posible proferir fallos ultra o extra petita pues se ha
dicho que en razón a que la Constitución consagra la naturaleza informal de la
acción de tutela y exige garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales, el juez constitucional no está sometido a la causa petendi
y puede estudiar la vulneración de derechos que no fueron invocados por el
actor. Al respecto, esta Corporación ha dicho que:
“la naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo
de protección de derechos fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de
una serie de facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no
posee. La principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por
quien hace uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita.
Prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin
ser expuestos como fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de
pronunciamiento, por estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos
de rango constitucional fundamental”[22].
En
virtud de estas consideraciones, y a la luz de los hechos del presente caso, se
amerita el estudio y pronunciamiento por parte de la Sala frente a los hechos
de la declaratoria de ‘persona no grata’ que realizó la Asociación demandada,
pues es claro el precedente constitucional ha establecido una prohibición
expresa en contra de este tipo de señalamientos.
De
acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Asociación de Taxistas
del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Valle, el 28 de
febrero de 2012, profirió un documento en el que se afirmó:
“LOS AQUÍ FIRMANTES MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE
TAXISTAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON “ASOTABA”,
OBJETAMOS LA CESION DEL CARNET No. 99, AL SEÑOR JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ (…) ADJUNTAMOS FIRMAS DE LOS ASOCIADOS EN SEÑAL DE
DESACUERDO CON EL INGRESO DEL SEÑOR MARTINEZ [GUTIERREZ] CATALOGADO
COMO PERSONA NO GRATA Y MANIFESTAMOS QUE EL SEÑOR NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS PARA INGRESAR A NUESTRA ASOCIACION”. (Folio 46, cuaderno 1).
(Negrilla y subrayado por fuera del texto original).
Como
se planteó previamente, en varias oportunidades esta Corporación ha definido a
la declaratoria de ‘persona no grata’ como una sanción inconstitucional, por
las razones que se expondrán a continuación.
Cuando
un cuerpo colegiado o cualquier tipo de agrupación deciden catalogar a una
persona como ‘no grata’, están recriminando el comportamiento de una persona,
como consecuencia de un actuar que se considera censurable, con derivaciones
concretas frente a los derechos al buen nombre y a la honra de la personas
afectadas con dicho apelativo. En efecto, la declaratoria de ‘persona no grata’
se impone a la luz de determinadas actuaciones o conductas que son reprochadas
por la comunidad, al considerar que la persona castigada trasgredió el orden
moral que regula una organización.
Son
la expulsión, la privación del desarrollo de una actividad o el destierro del
sancionado, las consecuencias que por lo general se derivan de esta sanción,
por lo que su configuración constituye un acto de proscripción, que se
encuentra expresamente prohibido en el artículo 136 de la Constitución
Política. Al respecto, la citada disposición señala que: “Se prohíbe al
Congreso y a cada una de sus cámaras (…) Decretar actos de proscripción o
persecución contra personas naturales o jurídicas”. Del mencionado texto
constitucional se infiere que el Constituyente prohibió que el parlamento
creara este tipo de sanciones, por lo que -como lo ha expuesto en varias
oportunidades esta Corporación-  no podrían los agentes privados reproducir dicha
prohibición, que recae sobre la ley, para plasmarla en textos que regulen sus
propios actos. Así lo ratificó la Corte en la providencia T-386 de 2002 en la
que planteó:
“La declaratoria de “persona no grata”
constituye una medida que responde a ciertas actitudes y conductas en que
incurre una persona, en virtud de la cual se reprocha o censura socialmente un
determinado comportamiento. Constituye pues un acto de proscripción rechazado
por la propia Carta en su artículo 136, en el cual se prohíbe al Congreso
“decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o
jurídicas”, prohibición que se hace extensiva a todas las autoridades, ya que
si no están permitidos al legislador, mucho menos a las demás autoridades y a
los particulares”[23].
Adicionalmente,
la Corte también ha considerado que la imposición de esta sanción es contraria
al debido proceso (CP art. 29), por  la subjetividad que subyace tras el
concepto de lo moral y lo ético y de lo bueno y lo malo, de suerte que las
razones para su imposición son efímeras y siempre parcializadas. En este orden
de ideas, no existen elementos de seguridad jurídica que acompañen una correcta
imposición de la sanción[24].
Esta
posición ha sido reiterada por la Corte en varias providencias que resultan
relevantes para esta ocasión.
En
la Sentencia T-465 de 1996,
esta Corporación resolvió el caso de un señor que se desempeñó como Director
del Centro de Salud del municipio de Mosquera, quien al manifestar varios desacuerdos
con el Concejo de dicha municipalidad, fue sometido a la declaratoria de
‘persona no grata’ mediante una proposición aprobada por unanimidad. En esta
ocasión, la Corte planteó:
“El derecho a la honra exige como supuesto
previo el mérito de quien lo alega. El Concejo municipal ha generado una
distorsión desdeñando el prestigio  personal  del peticionario como
ciudadano y como médico. Ordenar el envío de la declaración de "persona no
grata" a la gobernación y al secretario de Salud del departamento sin
permitir al peticionario recurrir a mecanismos de defensa idóneos para obtener
su  desagravio, lesiona de manera fehaciente  el derecho fundamental
al buen nombre, con lo cual se tergiversa la imagen pública, porque dicha
declaración trascendió al conocimiento general del público. En el caso, están
en entredicho los derechos  fundamentales constitucionales del "buen
nombre, de la honra, el de igualdad y el de la dignidad humana"; por otra
parte se desconoce  una garantía general como la de que no se pueden
dictar actos de proscripción o persecución de las personas naturales y
jurídicas. (…)  No puede el Concejo Municipal incurrir en actos de proscripción de las
personas naturales o jurídicas, garantía que consagra la Constitución Política
al prohibirle al Congreso  y cada una de las Cámaras  tales
decisiones, lo cual cabe también en relación con corporaciones públicas de
elección popular, como el Concejo y las Asambleas, que si bien tienen un
carácter administrativo, sin duda tienen también el rango de representación
popular, en el ámbito de sus respectivos municipios  y departamentos”[25].
En
Sentencia T-1106 de 2005, se estudió el caso de una Asamblea General de
Copropietarios que sancionó con la declaratoria de ‘persona no grata’ a uno de sus
copropietarios, por el hecho de enviar una carta solicitando que la Asamblea no
iniciara un proceso de cobro ejecutivo por dineros adeudados. Al resolver el
conflicto presentado, la Sala señaló:
“es claro que
las asociaciones de copropietarios no podían por sí mismas aplicar sanciones a
sus miembros, y mucho menos hacerlo de plano, sin permitir al afectado ejercer
su derecho de defensa. Para hacerlo, debían acudir a un juez, autoridad
revestida de la competencia para tales efectos. Ciertamente, siguiendo lo dicho
por la Corte en un caso similar, “la asamblea de copropietarios y el consejo de
administración de un conjunto residencial sometido al régimen de propiedad
horizontal, si bien tienen la facultad de decidir cuáles son las medidas que se
deben adoptar en orden a garantizar la seguridad, existencia y conservación del
respectivo conjunto, no pueden con esas medidas contrariar la Constitución”
(…) la
calificación de persona non grata, es justamente eso, una calificación,
producto de una valoración subjetiva de una o varias personas. A nadie en
nuestro orden constitucional, le está permitido hacer de sus valoraciones
despectivas y despreciativas sobre otros, una declaración oficial o
institucional o una declaración pública. Esto, so pena de vulnerar el derecho a
la honra y al buen nombre, como aconteció en el caso sub judice”.[26]
Como previamente se mencionó, ASOTABA tomó la decisión
de declarar ‘persona no grata’ al peticionario, al considerar que sus
actuaciones constituyeron actos de indisciplina. Cuando esta Sala de Revisión,
mediante oficio OPT-A-480/2012, le solicitó a la Asociación que allegara las
pruebas que permitieran comprobar dichas faltas, tan sólo se obtuvo como
respuesta una copia de la sanción que le fue impuesta en la Procuraduría en el
año 2008 y el documento por medio del cual se manifestó la decisión de ASOTABA de
impedir su entrada a la misma. (Folios 13 a 15, cuaderno 2). Así las cosas, en
el presente caso, la Corte encuentra que no sólo se vulneraron los derechos al buen nombre y a la honra del peticionario, por la
imposición de una sanción contraria al orden constitucional, sino también el
derecho al debido proceso por
la misma causa y por la falta de justificación de la conducta reprochable, la
cual se construyó con base en elementos inciertos.
Por estos motivos, la Corte dejará sin efecto la
declaratoria de ‘persona no grata’ que la organización demandada le impuso al
peticionario y le advertirá que se abstenga de imponer este tipo de sanciones,
pues las mismas constituyen una afrenta al orden constitucional vigente.
6. Conclusión
En vista de las consideraciones realizadas, en primer
lugar, la Sala decretará la improcedencia de la acción de tutela. Por un lado,
frente a los intereses del señor Juan de Jesús Martínez Tapiero, padre del
peticionario, se declarará la improcedencia del amparo pues no fue posible
constatar la existencia de los requisitos que se exigen para justificar la
agencia oficiosa y; por el otro, en cuanto al señor Juan Carlos Martínez, actor
directo de la presente acción, se dispondrá la improcedencia de la protección
incoada frente a sus derechos al trabajo y al mínimo vital por configurarse la
carencia actual de objeto por sustracción de materia. Sin embargo, en segundo
término, frente a sus derechos al buen nombre y a la honra, se dejará sin
efectos la declaratoria de ‘persona no grata’ y se advertirá a la Asociación
que en el futuro se abstenga de imponer estos apelativos contrarios al orden
constitucional.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional
de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia del veinticuatro (24) de abril de 2012
proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali que negó el amparo
solicitado y, en su lugar, declarar la IMPROCEDENCIA, en primer lugar, de
la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Martínez Gutiérrez en nombre
propio contra la Asociación de Taxistas del Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón –ASOTABA– para la protección de sus derechos al mínimo
vital y móvil y al trabajo por
carencia actual de objeto y, en segundo término, la acción de amparo propuesta
por el señor Juan Carlos Martínez Gutiérrez en representación de su padre, Juan
de Jesús Martínez Tapiero, en contra de la misma Asociación, para la protección de sus derechos al mínimo vital y
móvil y a la igualdad por
la falta de acreditación de los requisitos que se exigen para justificar la
procedencia de la agencia oficiosa.
SEGUNDO.-    AMPARAR  los derechos del señor  Juan Carlos Martínez al buen
nombre y a la honra y, en consecuencia,  DEJAR SIN EFECTOS la
declaratoria de ‘persona no grata’ realizada por ASOTABA en contra del señor
Juan Carlos Martínez Gutiérrez y ADVERTIR a dicha Asociación para que se
abstenga en el futuro de imponer nuevamente este tipo de sanciones.
TERCERO.-
LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
LUÍS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Así lo expuso la misma Asociación en el escrito allegado a
esta Corporación dando respuesta al Oficio OPT-A-480/2012. En el mismo
argumentó: “se adjunta la documentación sobre la cesión del cupo hecha a
favor del señor JULIO CESAR RIVAS por su hermano HERNANDO RIVAS quien reunió
los requisitos exigidos por los estatutos que regían a la Asociación de
taxistas del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (ASOTABA) en la
fecha del procedimiento”. (Folio, cuaderno 2).
[2]
Sentencia T-064 de 2000.
[3]
Sentencia T-573 de 1992.
[4]
Ver la Sentencia T-368/98, M.P. Fabio Morón Díaz.
[5]Consultar,
entre otras, la Sentencia T-476/98, M.P. Fabio Morón Díaz.
[6]
Sentencia T-394 de 1999.
[7]
Sentencia T-233 de 1994.
[8]
Sentencia T-160 de 2010.
[9]
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que el ejercicio de la
agencia oficiosa, no implica la existencia de un vínculo formal, de filiación o
parentesco entre el agenciado y su agente. Véase, al respecto, la Sentencia
T-542 de 2006.
[10] En este
sentido: “la presentación de la solicitud de amparo a través de agente
oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente oficioso manifiesta actuar en tal
sentido; y, (ii) de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se
infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados
se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden su interposición
directa.” Sentencia T-659 de 2004.
[11] Sentencia T-452 de 2001.
[12]
Sentencia T-770 de 2011.
[13] Sentencia T-503 de 1998.
[14] Sentencia T-312 de 2009.
[15] Véanse, entre otras, las
Sentencias T-1012 de 1999, T-451 de 2001, T-301 de 2003 y T-312
de 2009.
[16] Sentencia T-044 de 1996.
[17] Sentencia T-350 de 2000.
En esta oportunidad, se aceptó la procedencia de una acción de tutela
interpuesta por el hermano de una persona que, debido a su estado precario de
salud, no podía compadecer ante las autoridades judiciales para defender sus
derechos fundamentales personalmente. La Corte, al pronunciarse sobre el caso
concreto, hizo énfasis en la necesidad de un análisis comprehensivo de los
hechos que constituyen la tutela sin exigir formas sacramentales que
sacrifiquen el uso de la agencia oficiosa.
[18]
Folio 1, cuaderno 1. Subrayado y sombreado por fuera del texto original.
[19]
Al respecto se puede ver por ejemplo la historia clínica que allegó el
peticionario del señor Juan De Jesús Martínez Gutiérrez en la cual consta su
delicado estado por problemas que afectan su próstata y su vejiga. En la misma
se diagnostica un “riesgo muy alto de incontinencia” situación que le
imposibilita el desarrollo de labores cotidianas. (Folio 15, cuaderno 1).
[20]
Sentencia T-698 de 2002.
[21]
Sentencia T-1077 de 2008.
[22]
Sentencia T- 886 de 2000.
[23]
Sentencia T-386 de 2002.
[24] Cfr. Ibidem.
[25]
Sentencia T-465 de 1996.
[26]
Sentencia T-1106 de 2005.