T-062-06
T-1032 de 2001 Sala séptima de revisión Magistrados: Eduardo Montealegre
Lynett—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernánde
Sentencia
T-062/06
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Realización de exámenes excluidos del POS
ACCION DE TUTELA-Requisitos mínimos de
procedibilidad
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
Ha precisado
la Corte que no obstante la informalidad de la acción de tutela, tratándose del
agenciamiento de derechos fundamentales, es indispensable no solo que el agente
oficioso afirme actuar como tal, sino que además debe acreditarse que realmente
el interesado no está en condiciones de asumir su propia defensa, pues de otra
forma, la autonomía personal que como derecho fundamental le asiste al
agenciado para autodeterminarse en el ejercicio de sus atribuciones, podría
verse lesionada, así el tercero actúe en su nombre de buena fe
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por
conexidad con la vida digna
DERECHO A LA SALUD-Protección
constitucional
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Alcance.
El alcance
del servicio público de la seguridad social en
salud, es el suministro integral de los medios necesarios para el
restablecimiento de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados y  la
preservación de la garantía de llevar una existencia en condiciones dignas, de
acuerdo con las prescripciones médicas
aconsejadas para el caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera
específica, así como de las que surjan a lo largo del proceso, encuéntrense o
no contenidas dentro de las enlistadas como de asistencia obligatoria por parte
de las entidades que dispensan el servicio. Y en
este contexto, no puede invocarse falta de concreción de la afección secundaria
o residual al padecimiento conocido ni del servicio que a futuro sea requerido
para el propósito de preservar los derechos fundamentales afectados, para sustraer de la orden dada en el amparo
constitucional, el concepto de integralidad en la prestación del servicio.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Aplicación
del principio de integralidad
SERVICIO PUBLICO DE SALUD-Continuidad,
oportunidad e integralidad
acorde con la dignidad humana
Para la Corte
la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema
de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su
integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir,
deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones
quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el
seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para
mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y
en tal dimensión, debe ser  proporcionado a sus afiliados por las entidades
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Fundamental
por conexidad
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA-Extensión
de la vida y vinculación con la salud
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Tiene
carácter prestacional.
Por su
naturaleza, los derechos a la seguridad social y a la salud, son prestacionales
y por ello, en un primer momento, no presentan un rango fundamental, sino que
llegan a participar de tal categoría por conexidad cuando con su
desconocimiento resultan amenazados o vulnerados derechos que si lo son, como
los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, entre
otros, en razón a la relación inescindible que en determinadas circunstancias
puedan presentar con éstos, haciendo así posible la real protección de los
derechos fundamentales, que la Corte ha sostenido de manera consistente, debe
prodigarse en un Estado Social de Derecho.
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Contenido
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Integralidad
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Guía de
atención integral
ACCION DE TUTELA-Objeto del fallo
El Decreto
número 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política'', al referirse  al tema de  la
“Protección del derecho tutelado”, indica que el objeto del fallo que conceda
la tutela, es garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho y volver al
estado anterior a la violación, al establecer que se debe ordenar la inmediata
cesación de la actuación material, o de la amenaza existente y de que se evite
su nueva presencia, habilitando expresamente al juez para que  establezca los
demás efectos del fallo para el caso concreto
PREVENCION A ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD-Busca evitar repetición de acciones u omisiones que afecten
derechos fundamentales
Mediante la
figura de prevención a la autoridad el juez de tutela puede advertir a la
accionada para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones
que dieron mérito para conceder la tutela, no solo en los eventos en que
hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en
forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, sino en los demás casos en que lo considere adecuado, para evitar
la repetición de la misma acción u omisión, como de manera expresa se contempla
en el inciso final de esa norma.
ACCION DE TUTELA-Alcance de las órdenes
judiciales para la protección del derecho a la salud en conexidad con la vida
La orden de
suministrar tratamiento integral al paciente, no es una presunción de
violaciones futuras a derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han
tenido ocurrencia, sino una real y efectiva protección a las garantías
constitucionales. Evidentemente, la prevención que se hace por el juez de
tutela al dar la orden de atención integral, lejos de constituirse en una
presunción de violaciones futuras a derechos fundamentales por parte de la
accionada y por hechos que no han tenido ocurrencia, como se podría alegar por
la accionada, se constituye en una real y efectiva protección a las garantías
constitucionales, como deber ineludible del fallador, donde se aplican los
fundamentos constitucionales que orientan la prestación del servicio en el
estado social de derecho, sin dejar de lado que se cuenta con la presencia de
los presupuestos básicos exigidos por el artículo 86 Superior para la
utilización de la acción de tutela, toda vez, que como se advirtiera, mientras
no se haya prodigado la atención con que el paciente domine o mitigue su
enfermedad, persiste la amenaza de vulneración de los derechos fundamentales
que ya se han protegido por hechos u omisiones ciertos y comprobados como
trasgresores de los mismos. Al punto, no está por demás  poner de presente, la
recurrencia en este tipo de conductas omisivas y violatorias  por parte de las
empresas obligadas a la prestación del servicio, a pesar del gran número de
tutelas en que se les ha dado la misma orden de atender la preservación de los
derechos fundamentales mencionados por sobre las regulaciones limitantes de su
plena realización, tema ampliamente documentado en la jurisprudencia
constitucional.
ACCION DE TUTELA-Diferencia entre los
conceptos de vulneración y amenaza de derechos fundamentales
JUEZ DE TUTELA-Incompetente para
ordenar tratamientos médicos
En una actuación
de tutela promovida para el amparo de la atención integral de la salud cuando
por su ausencia se están afectando derechos fundamentales, no es al juez a
quien compete valorar la pertinencia de un tratamiento en su cantidad y/o
calidad, porque esta evaluación estará restringida al criterio, conceptos y
conocimientos médicos del caso, que no pueden ser sustituidos por los del
fallador, a quien lo que corresponde es impedir la violación de los derechos
fundamentales del paciente, impartiendo las órdenes que estime procedentes para
el efecto, las cuales, por la misma naturaleza de los derechos protegidos,
pueden extenderse  a hechos o situaciones futuras derivadas del supuesto
fáctico que originó el amparo
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Obligaciones
frente a tratamientos, procedimientos o medicamentos no incluidos en el POS
Es de
advertir de manera categórica, que si bien la atención integral en salud es un
derecho de los pertenecientes al sistema de seguridad social y una correlativa
obligación a cargo de las entidades prestadoras del servicio, como se ha
expuesto en esta providencia, ésta no implica que en todos los eventos se deba
dispensar sin atender las normas que regulan la prestación del servicio, como
por ejemplo lo relativo a las exclusiones del POS (S), cuotas moderadoras,
copagos y demás aspectos establecidos para ese fin asistencial, toda vez, que
estas reglamentaciones obedecen a la disposición constitucional de organización
del sistema y por tanto, como lo ha determinado la jurisprudencia, su inobservancia
solamente puede admitirse ante la comprobación que en cada caso concreto se
haga de la presencia de los presupuestos que en la actividad interpretativa
constitucional se han dispuesto como subreglas que llevan su inaplicación por
la necesidad de dar prevalencia a derechos fundamentales que se ven vulnerados
o amenazados con la aplicación de esas disposiciones.
DERECHO A LA SALUD-Aspectos que implica
la atención integral en salud
El objetivo
de la protección constitucional a la salud cuando una enfermedad mengua la
integridad física o el derecho a llevar una vida en condiciones dignas, por el
alivio que proporciona un tratamiento a los padecimientos, debe abarcar en
conjunto la prestación de todos los servicios de salud que para hacer efectiva la
preservación de esos derechos esenciales se requiera. Por ello, se ha dicho por
la jurisprudencia que para que haya una verdadera atención integral, ha de
proveerse al paciente: la práctica de los exámenes de diagnóstico necesarios
para identificar sus padecimientos; una vez detectadas las dolencias,
proporcionarle los procedimientos y medicamentos que se requieren para
erradicarlas o aliviarlas si su eliminación no es factible, incluyendo en ellos
las intervenciones quirúrgicas y los cuidados especializados que la situación
demande, incluyendo en determinados casos los requerimientos para el
desplazamiento de los enfermos; pues, cualquier limitación temporal,
cuantitativa o cualitativa que se introduzca a esa debida atención, impediría
garantizar el logro de tal finalidad. Y para ello, debe tenerse en cuenta que,
la variabilidad del estado de salud es propia de la condición del ser viviente,
por lo que, la identificación de todas las circunstancias que hagan necesaria
la prestación de un servicio de salud determinado, si bien en algunos casos
puede ser predecible por los médicos, su previsión absoluta no puede exigirse
ya que será a medida que por la situación vayan siendo requeridos, que serán
prescritos por los facultativos y que deben ser suministrados por las entidades
prestadoras del servicio.Entonces, desde que exista una relación de dependencia
o consecuencial entre el supuesto fáctico o enfermedad por el cual se prodigó
amparo constitucional al derecho a la salud por conexidad y los requerimientos de
seguridad social en salud de que den cuenta las prescripciones médicas que
surjan a partir de la orden del juez de tutela, éstos deben entenderse
cubiertos por la misma, con las mismas consecuencias ante su desatención,
porque de otra forma, se incurriría en vulneración de los derechos ya
protegidos.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Transporte de
pacientes para atención médica
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD-Condiciones
para llevar a cabo el transporte
de pacientes
Referencia: expediente  T-1176250
Acción de tutela instaurada por Jaime Gutiérrez Devia, como agente
oficioso de su esposa Marlene Ramos de Gutiérrez, contra, Susalud E.P.S.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C.,
dos (2) de febrero de dos mil seis (2006).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara
Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos por los Juzgados Veintinueve Penal
Municipal de Bogotá y Cincuenta y Uno  Penal del Circuito de la misma ciudad,
en el trámite de la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Gutiérrez
Devia, como agente oficioso de su esposa Marlene Ramos de Gutiérrez, contra,
Susalud E.P.S.
I.-
ANTECEDENTES
El 17 de mayo de
2005, el señor Jaime Gutiérrez Devia instaura acción de tutela en contra de la
Empresa Prestadora de Salud, Susalud E.P.S., en condición de agente oficioso de
su esposa quien llevaba un mes hospitalizada, por cuanto esa entidad no le
autorizó todos los exámenes que le fueron ordenados por los médicos tratantes
para precisar el diagnóstico y avance de sus padecimientos, bajo el argumento
de que no se encontraban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y  que no
había riesgo para la vida de la paciente. Manifiesta que la omisión de la
accionada vulnera el derecho fundamental a la vida – salud y seguridad social,
así como ha trasgredido el derecho de petición de su señora por no responder
las solicitudes en forma oportuna. Expone como fundamentos los siguientes:
1.- Hechos y
Pretensiones.
Informa que la
señora Marlene Ramos de Gutiérrez, se encuentra afiliada al régimen
contributivo de salud como su beneficiaria, en la empresa demandada. Que su
estado de salud es delicado y médicamente le ha sido diagnosticado: “Síndrome
Nefrórico Parameoplasico (sic), Neoplasia Endocrina Múltiple, Miastemia Gravis,
Tumor en páncreas e hipertensión arterial”, por lo que los facultativos del
hospital donde estaba internada, le ordenaron la práctica de  un “octreoscan”
previo a procedimiento quirúrgico y de una “gamagrafía con octreoide (sic)
marcado con tecnecio o indio para detección de tumores y metástasis”, exámenes
cuya realización con cubrimiento del costo total de los mismos procedió a
solicitar a la EPS, recibiendo como respuesta una autorización parcial, ya que
para el segundo de los mencionados procedimientos, se negó su práctica
arguyendo que se encontraba por fuera del POS  y porque no había riesgo para la
vida de la paciente.
Aseguró que los
citados exámenes eran urgentes para  determinar el avance de la enfermedad  que
de manera vertiginosa deterioraba la integridad física de su esposa e invocando
el artículo 7º  del Decreto 2591 de 1991, solicitó al juez de tutela que como
medida provisional en favor de la misma y mientras se decidía la acción
interpuesta, le ordenara a la accionada  que “autorice, cubra y practique el
tratamiento integral incluyendo los exámenes, los medicamentos, los
procedimientos médico quirúrgicos o medico asistenciales, aparatos, unidad de
cuidados intensivos, elementos, ambulancias, hospitalización y todo lo
relacionado con el tratamiento ordenado por los médicos desde el ingreso a la
clínica hasta la recuperación total de la salud, de manera inmediata, en
principio a costa del presupuesto en el 100% de la EPS”, toda vez que por
la situación económica tanto de su esposa, quien por su enfermedad no puede
trabajar, como la de él, que en razón a la atención que debe brindarle, ha
tenido que dejar actividades de las que obtenían su sustento, al punto de que
son sus hijos quienes, además de las propias, deben cubrir sus necesidades y
por ello, tampoco cuentan con los ingresos económicos suficientes para sufragar
el tratamiento de la enfermedad de su señora madre, donde la sola gamagrafía
negada tiene un costo superior a los $4.000.000.
Estima además,
que ésta es una de las enfermedades denominadas catastróficas y ruinosas,
determinada por los mismos médicos de la EPS y por tanto, como lo ha
considerado la jurisprudencia constitucional[1],
ésta tiene la obligación de autorizar los exámenes, procedimientos,
medicamentos y en general, de otorgarle el tratamiento integral en pro de la
salud y la vida de su afiliada, así no estén enlistados en el POS, o si fuera
el caso, aunque no tuviera las semanas cotizadas necesarias o que no tuviera
contratos con IPS, así como si se estuviera en periodo de urgencias, pues
siempre tiene la acción de repetición  contra el Estado.
Pide por lo
anterior, que se acceda a tutelar en favor de su esposa, los derechos a la
salud y seguridad social en conexidad con el derecho fundamental a la vida y
como consecuencia de ello, se ordene concretamente a la accionada, dispensarle
de manera inmediata el tratamiento integral en la forma como se describió
anteriormente, adicionando en su petición el cubrimiento de “los
transplantes que lleguen a disponerse”, el suministro del “traslado en
ambulancia de la casa a la clínica y viceversa” y de “todos los aspectos
que llegue a requerir y que la atención de la salud conlleven”. Finaliza
solicitando, “que la EPS responda las solicitudes de sus afiliados de manera
oportuna sin dilaciones, ya que de no hacerlo incurrirá en desacato”.
2.- Actuación
en el juzgado.
2.1.- La
demanda de tutela es repartida al Juzgado 29 Penal Municipal de Bogotá,
despacho que en el acto de admisión, dispuso la medida provisional solicitada
por el accionante, impartiendo la orden respectiva a  Susalud EPS[2] y otorgándole el
término de 48 horas para presentar sus descargos.
2.2.-  La accionada acredita el cumplimiento de la medida provisional
ordenada, en lo relacionado con haber autorizado la “gamagrafía con octeotride
marcado con tecnecio o indio”, sin cobro alguno para la paciente[3]. Sin embargo, no
presenta respuesta alguna a lo demandado.
3.  Pruebas.-
Pueden citarse
como relevantes en el expediente las siguientes pruebas:
3.1.-- A Folio 8 y siguientes, reposa la
solicitud de autorización de servicios extendida por médico internista, para
practicar a Marlene Ramos, hospitalizada en la cama 409
de la Fundación Cardio Infantil, los siguientes procedimientos, cuya finalidad
se detalla en esos documentos: 1) “octreoscan” previo a la cirugía, para
detectar focos neoplásicos adicionales y 2) “gamagrafía
con octeotride marcado con tecnecio o indio para tumores endocrinos” para
detección de tumores y metástasis neuroendocrinas. Se adjunta  un “Resumen de la Historia Clínica”[4]
de la paciente  para justificar los exámenes
solicitados, en el que después de consignarse los que han sido sus antecedentes personales patológicos y
quirúrgicos, se relacionan los resultados de los exámenes de laboratorio, de
rayos X y de ultrasonografía que le fueron practicados y con base en los
cuales, en junta médica de medicina interna realizada
el 6 de mayo de 2005, se consideró necesario la práctica de un procedimiento
quirúrgico por hallazgos de neoplasia gastrointestinal, con el fin de dar
beneficio de disminuir la progresión de su enfermedad renal ya que ante el alto
riesgo tromboembólico, de que continuara con pérdida
proteica, de infecciones y de progresión a falla renal, no se estimaba
suficiente el manejo médico para el efecto. Luego se sintetiza el diagnóstico
de las patologías que padece, así:
1.
“Síndrome Nefrótico Paraneoplásico secundario a Carcinoide.
2.
Neoplasia Endocrina Múltiple, Tipo I.
·
Tumor en páncreas-gastrinoma?
·
Adenoma hipofisiario- Hiperproactinemia x HC.
·
Adenoma Paratiroides x HC.
·
Tumor Carcinoide gástrico y duodenal x HC.
3.
Desnutrición proteico-calórica.
4.
Inmunosupresión.
5.
Miastenia Gravis.
6.
Hipotiroidismo subclínico.
7.
Hipertensión arterial.
8.
Dislipidemia severa.”
3.2.—Formato de “Negación de Servicios”
No. 720 de fecha 2005/05/11[5], expedido por Susalud EPS a nombre de  paciente, en el que en el
aparte pertinente se lee: “Servicios No
autorizados: 996227 gamagrafía con octeotride. Justificación:  Prestación no
contemplada en el plan de beneficiarios del POS. Ley 100/93, Art. 162. Dec. 806/98 Art. 10, Res. 5281/94
Art. 18 Literal l. Alternativa para acceder
al servicio:  Procedimiento a cargo del
afiliado, de no tener capacidad de pago solicitar el traslado a la red pública
(Dec. 806/98 Art. 28).
Descripción del estado de salud:
Paciente sin alteración de la integridad física
funcional y/0 psíquica que comprometa su vida.
Si está en desacuerdo con las
decisión adoptada, eleve consulta ante la Supersalud (C.E. 009/98).”
3.3. --  Constancia de la autorización dada por la
accionada el 2005/05/18,
para la  realización de la gamagrafía con octeotride a la señora  Marlene Ramos
de Gutiérrez, en cumplimiento de la orden provisional que en ese sentido le fue
impartida por el juzgado de instancia.[6]
II.-   DECISIONES OBJETO DE REVISION.
1.-  Primera
instancia[7].
Mediante
sentencia del 31 de mayo de 2005, el Juzgado
Veintinueve Penal Municipal de Bogotá, concede la
tutela impetrada al considerar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional[8], este es uno de los casos en que se deben inaplicar las normas que
regulan las exclusiones del Plan Obligatorio de Salud,
porque contravienen derechos fundamentales a la paciente en favor de quien
fuera interpuesta la acción. Se estimó que en el trámite quedó demostrado que
por el estado de salud de la señora de Gutiérrez, requiere de forma inaplazable no solo de los exámenes antes mencionados sino de
otros más;  por lo que concluyó, que con la actitud de negación de la accionada
sin que tuviera en cuenta lo anterior, se le conculcaron a la enferma los
derechos a  la salud y a la seguridad social en
conexidad con el derecho fundamental a la vida, y por ello le ordenó, que debía
dispensarle, con un cubrimiento del 100% a su cargo, no solo el examen que
provisionalmente ya se había dispuesto, sino de manera integral, todos los
demás que necesite la paciente, facilitándole lo que
requiera para que se le proporcione el  cubrimiento de las medicinas,
tratamientos, cuidados intensivos, cirugías y en fin lo que necesite para la
recuperación de la patología que presenta. Igualmente, facultó a la accionada a repetir en contra del Fosyga por los valores que no
estuviere obligado a cubrir.
1.1.—Impugnación.[9]
El  apoderado de
la accionada manifiesta desacuerdo con la anterior decisión, en cuanto la misma
parte del supuesto de vulneración de derechos
fundamentales  por parte de su representada, lo que considera que no ocurrió;
y, porque además de la gamagrafía, se le ordena en forma indeterminada y
genérica brindarle a la afectada una atención integral, considerando esta
exigencia como una norma en blanco en cuanto a su
contenido, porque las obligaciones que debe asumir la accionada no se enmarcan
ni en una temporalidad ni en un límite. Dice que así, la acción de tutela se
convierte en un mecanismo de protección de hechos futuros e inciertos y específicamente de solicitudes futuras e inciertas para
la afiliada, contraviniéndose el  fundamento de su viabilidad, que está en la
protección de derechos fundamentales frente a acciones concretas que los
vulneren o amenacen en forma inminente y que, para esos
supuestos futuros, al desconocerse los tratamientos que requerirá la
accionante, la forma en que deben prestarse o si están o no cubiertos por el
POS, el juez parte de una violación que no existe, desconociendo con ello el
principio de buena fe que en la Carta Política se
presume en el actuar de todos los asociados y violando a la accionada el
derecho de defensa y el debido proceso al no dársele a conocer  los cargos con
los que se infieren las futuras amenazas o violaciones de su parte.
2.—Segunda
instancia.[10]
El juzgado 51
Penal del Circuito de Bogotá,  en providencia del 28 de junio de 2005, aunque
confirma el amparo tutelar concedido y demás determinaciones, decide modificar
el numeral segundo del fallo controvertido, limitando
las ordenes dadas para su efectividad por el a-quo, a los exámenes ya
concretamente ordenados por el médico tratante y consistentes en el “octreoscan
previo a procedimiento quirúrgico” y a la “gamagrafía” realizada en
cumplimiento a la disposición provisional del juez de
primera instancia. Accede así a la petición del recurrente, acogiendo para el
efecto el argumento de impugnación relativo a la imposibilidad de que la orden
del juez de tutela cobije hechos futuros e inciertos, porque aún no han tenido ocurrencia.
ACTUACIONES
EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Remitido el
proceso para su eventual revisión, llega la actuación a esta Corporación el
día 8 de Agosto de 2005 y el caso fue excluido para esos efectos mediante auto
del 7 de septiembre de la presente anualidad, según se registra a
folio 3 del cuaderno respectivo.
Con fecha 30 de
agosto de 2005, estando en términos[11], el Magistrado Jaime Araújo Rentería, en
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33 del Decreto 2591 de
1991, presenta solicitud de insistencia para su selección, considerando la
necesidad de que por la Corte se determine si el cambio introducido por el juez
de segunda instancia, implica un desmejoramiento
injustificado de la condición de la paciente y si por ello, se anulan los
efectos de la concesión del amparo que confirmó. Estima que, independientemente
de la decisión a que llegue la Sala de Revisión, el caso resulta importante para que la Corte analice el alcance del derecho a la salud en
conexidad con la vida digna para situaciones análogas[12].
La Sala de
Selección número diez, mediante auto del 14 de octubre de 2005[13], aceptando la anterior insistencia en la
revisión, selecciona el caso y en el mismo acto, lo reparte para su
sustanciación a la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández.
III.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1.     Competencia.
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y
demás disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso para su examen.
2. Problema jurídico
que se debate.
En el sub lite,
al reconocerse en sede de tutela la presencia de los presupuestos
jurisprudenciales establecidos para acceder a la inaplicación de las normas
relativas a las exclusiones de exámenes del Plan Obligatorio de Salud, por la
afectación negativa que su observancia implicaba en la salud de la señora
Marlene Ramos de Gutiérrez, le fueron amparados por esta vía a la citada, el
derecho a la salud y seguridad social en conexidad con el derecho fundamental a
la vida. Para la efectividad de la decisión, el operador judicial de la primera
instancia, consideró que no solamente debían cobijarse con la medida aquellos
exámenes que ya habían sido prescritos por los médicos tratantes, sino que la
protección debía extenderse a todos los que a futuro fueran necesarios para
preservarle la vida e integridad personal; y que, mediante el suministro de un
tratamiento integral a sus padecimientos, también se le debían dispensar las
medicinas, tratamientos, cuidados intensivos, cirugías y en fin, lo que se requiera para la recuperación de su salud. Así, impartió la orden a la accionada para que prestara el servicio de salud a la
paciente, con un cubrimiento del 100%  de los gastos a
su cargo, facultándola para repetir en contra del Fosyga por los valores que no estuviere obligado a sufragar. El ad-quem al conocer
de la impugnación a la anterior decisión, la confirma pero poniendo como
límites de la obligación de la accionada, la prestación de los servicios
médicos efectivamente prescritos por los médicos,
acogiendo el argumento por ella propuesto de inviabilidad del amparo tutelar
para los que aún no se hubieren ordenado por los facultativos, por
incertidumbre o falta de concreción.
Frente a la
anterior determinación, corresponde entonces a la Sala
dilucidar si verificada la procedencia de la acción de tutela para amparar los
derechos a la salud y a la seguridad social en conexidad con el derecho
fundamental a la vida, las específicas prescripciones médicas que no fueron
atendidas y por las cuales se accionó, se constituyen
para el juez de tutela en  el límite de la protección constitucional a
reconocer o, si puede el fallador, de oficio o a petición de parte, extender la
cobertura fáctica de los servicios que deben suministrarse al accionante.
Para el
efecto, se reiterarán los fundamentos jurisprudenciales que motivan la
protección constitucional del derecho a la salud como componente del primordial
derecho a la vida y a que ésta sea llevada en condiciones dignas; así, como se
expondrá lo relativo al principio de integralidad del servicio de seguridad
social en salud y el objetivo que en estos eventos debe perseguirse en el fallo
de tutela como límite del amparo tutelar, para luego decidir el caso concreto.
3.-
Consideración previa:  Legitimidad del agente oficioso.
Esta Corporación ha precisado, que dada la naturaleza jurídica de la
acción de tutela, su ejercicio está subordinado a la existencia de unos
requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra la
legitimación o titularidad para promoverla. De allí que, atendiendo lo previsto
por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[14]
ha señalado que pueden ser titulares de la acción de tutela todas las personas
cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados o amenazados y que de
acuerdo con la citada disposición, además del titular del derecho o su
representante, la acción puede ser promovida por un agente oficioso, lo cual se
admitirá en la forma y en los eventos señalados en la ley.
Al respecto, ha precisado la Corte que no obstante la informalidad
de la acción de tutela, tratándose del agenciamiento de derechos fundamentales,
es indispensable no solo que el agente oficioso afirme actuar como tal, sino
que además debe acreditarse que realmente el interesado no está en condiciones
de asumir su propia defensa, pues de otra forma, la autonomía personal que como
derecho fundamental le asiste al agenciado para autodeterminarse en el
ejercicio de sus atribuciones, podría verse lesionada, así el tercero actúe en
su nombre de buena fe[15].
En el presente
caso, instaura la acción de tutela el esposo de la señora Marlene Ramos de
Gutiérrez, quien manifiesta que por el delicado estado de salud de su cónyuge,
para la fecha de interposición, ésta se encontraba hospitalizada desde hacía
aproximadamente un mes y en ese lapso le fueron ordenados los exámenes por los
que reclama. Es evidente que la razón por la cual es el señor  Jaime Gutiérrez
Devia quien promueve esta acción, es la imposibilidad física de la agenciada de
ejercer su propia defensa por encontrarse recluida en un centro hospitalario,
en una clarísima situación de indefensión. Así, la presente situación de
agenciamiento se ajusta a las prescripciones de la norma mencionada y a las
previsiones jurisprudenciales de procedibilidad señaladas para admitir la
actuación por agente oficioso.
3.
4.-  El derecho a la salud y su relación
con los derechos a la vida e integridad personal. Protección constitucional.
Reiteración de jurisprudencia.
Desde el
preámbulo de la Constitución Política, donde se da sentido a los preceptos que
la Carta contiene y se señalan al Estado las metas hacia las cuales debe orientar
su acción, se consagra al derecho a la vida humana como un valor superior
dentro del Estado Social de Derecho, que debe ser asegurado, garantizado y
protegido, tanto por las autoridades públicas como por los particulares; y en
la consagración constitucional de este derecho, se le atribuye la
característica de ser inviolable[16].
La Corte ha
interpretado que el derecho a la vida, identificado en el ordenamiento jurídico
como un bien inherente a la persona humana[17],
es inalienable y se constituye en el presupuesto ontológico necesario
sin el cual, no es posible el ejercicio de los demás derechos[18]; y así, es abundante
la jurisprudencia constitucional en la que de manera perseverante se destaca su
importancia para señalarlo como el más trascendente y fundamental de todos los
derechos,  cuya protección tiene lugar cuando quiera que de alguna forma se
afecte su goce. En este sentido ha dicho la Corporación:
“[...]en
materia constitucional la protección del derecho a la vida incluye en su núcleo
conceptual la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa
la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza, con tal de que ella sea
cierta.
Una amenaza
contra la vida puede tener niveles de gravedad diversos, puede ir desde la
realización de actos que determinen un peligro adicional mínimo para alguien,
hasta la realización de actos de los cuales se derive la inminencia de un
atentado. Con independencia de la responsabilidad penal que se deduzca de cada
una de estas situaciones, la Constitución protege a las personas contra todos
aquellos actos que pongan en peligro de manera objetiva la vida de las
personas. El hecho de que el peligro sea menor no permite concluir una falta de
protección. El Estatuto Fundamental protege el derecho a la vida y dicha
protección tiene lugar cuando quiera que se afecte el goce del derecho, no
importa el grado de afectación”.[19]
Igualmente, se
ha entendido por la Corporación que la noción de vida no es una acepción
limitada a la posibilidad de existir o no, sino que se halla fundada en el
principio de dignidad humana y por tanto, el derecho a la vida debe
interpretarse en un sentido integral de “existencia digna” conforme con lo
dispuesto en el artículo 1º Superior, que establece que la República se funda
“en el respeto de la dignidad humana” y
en tal sentido, el Estado tiene la obligación de respetar y de proteger la vida
humana no solo desde una simple consideración de carácter formal, sino a través
de todos aquellos medios sociales y económicos que le permitan a la persona
vivir conforme a su propia dignidad. Así, ha sostenido la Corporación que:
“El derecho a la vida no significa la simple posibilidad de existir
sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario,
supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la
mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de
manera que cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la
persona, siendo evitable de alguna manera, compromete el derecho que establece
el artículo 11 de la Constitución Política”[20].
Como se advierte, bajo esta perspectiva la jurisprudencia considera
una interrelación de la vida humana con otros derechos que por su esencia la
integran y por tanto, influyen en que ésta se lleve en las condiciones de
dignidad expuestas; lo que se ha expresado por la Corte en los siguientes
términos:
“[...]la vida, se vincula y relaciona con otros derechos, que
sin perder su autonomía, le son consustanciales y dependen de él, como la salud
y la integridad física; por lo tanto, esta Corte, ha expuesto reiteradamente,
que la salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, pero
nunca desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello,
cuando se habla del derecho a la vida se comprende necesariamente los derechos
a la salud e integridad física, porque lo que se predica del género, también
cobija a cada una de las especies que lo integran”.[21]
“Lo que pretende la jurisprudencia es entonces respetar un concepto
de vida no limitado a la restrictiva idea de peligro de muerte, ni a la simple
vida biológica, sino a consolidar un sentido más amplio de la existencia que se
ate a las dimensiones de dignidad y decoro. Lo que se busca con dicha noción es
preservar la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena
dignidad, ya que, al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida
saludable, en la medida de lo posible”[22].
Ahora bien, para
la jurisprudencia el derecho a
la salud comprende “la
facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser. Implica, por tanto, una
acción de conservación y otra de restablecimiento”[23]. Así,
identifica en este derecho elementos que permiten darle dos connotaciones a su
naturaleza: la de ser un componente o  predicado inmediato del derecho a la
vida, que implica un estado completo de bienestar físico, mental y social, el
cual es variable y susceptible de afectaciones múltiples que inciden en mayor o
menor medida en la vida del individuo[24]
y de otra parte, el ser un derecho de reconocimiento constitucional que, en
principio, según se sienta en el artículo 49 de la Carta Política, no es
derecho fundamental autónomo[25],
pues su efectividad se encuentra ligada a la existencia de regulaciones para la
prestación del servicio por parte del Estado, lo que hace que corresponda a un
derecho de carácter prestacional[26].
Pero igualmente, se ha reconocido que puede adoptar la calidad de derecho
fundamental por conexidad, merced a su relación inescindible con el derecho a
la vida y a la integridad física, lo que sucede, cuando es necesario garantizar
estos últimos a través de la recuperación del primero[27] y por la garantía
constitucional del Estado social de derecho, al disfrute de unas condiciones
dignas mínimas de orden vital[28].
La Corporación
ha sostenido que el derecho a la salud en conexión con el derecho a la vida, no
solo debe ampararse cuando se está frente a un peligro de muerte, o de perder
una función orgánica de manera definitiva, sino cuando está comprometida la
situación existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad[29]. Esta relación jurisprudencial de la salud
con el derecho a la vida digna, se ha expresado en múltiples pronunciamientos
de la Corte, entre otros, en los siguientes términos:
“(...) El ser
humano, ha dicho la jurisprudencia, necesita mantener ciertos niveles de salud
para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas
anomalías en la salud, aun cuando no tenga el carácter de enfermedad, afectan
esos niveles, poniendo en peligro la dignidad personal, resulta válido pensar
que el paciente tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar
alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la posibilidad de
una vida, que no obstante las dolencias, pueda llevarse con dignidad.”[30]
“El derecho constitucional fundamental a la vida no significa, en
manera alguna, la posibilidad de existir de cualquier manera, sino la
posibilidad de tener una existencia digna. Así, no solamente el que la persona
sea puesta al borde de la muerte amenaza el derecho a la vida, sino que, aunque
tal circunstancia sea lejana, también lo amenaza el hecho de que su titular sea
sometido a una existencia indigna, indeseable, dolorosa, etc. El dolor es, sin
lugar a dudas, una de aquellas circunstancias que hacen indigna la existencia y
si insistimos en que el derecho a la vida debe entenderse a la luz del artículo
1° de la Constitución Política, que funda esta República unitaria en "el
respeto de la dignidad humana", aunque su padecimiento no ponga a quien lo
sufre al filo de la muerte, hay violación de dicha garantía fundamental cuando
nada se hace para superarlo, siendo ello posible.”[31]
Luego, en las sentencias T-090 y T-794 de 2003
con ponencia de la Magistrada Clara Inés vargas Hernández, al enfatizar sobre
la necesidad de que se prodigue una protección preventiva al derecho a la salud
cuando adquiere la categoría de fundamental por conexidad con la vida digna y
no solo en caso de gravedad, la Corporación precisó:
“La vida en
condiciones dignas hace alusión a que el individuo considerado en su persona
misma, pueda desarrollarse como ser autónomo y libre, con la suficiente
idoneidad para desempeñar cualquier función productiva dentro de la sociedad,
pero el padecimiento de alguna enfermedad no conlleva necesariamente la muerte
física sino que puede menoscabar sus aptitudes limitando la existencia misma
del ser humano; entonces, no debe esperar el juzgador a que la vida esté en
inminente peligro para poder acceder al amparo de tutela, sino siempre
procurando que la persona pueda actuar normalmente en su entorno social. En
consecuencia, la Corte ha señalado que la tutela puede prosperar no sólo cuando
se trate de circunstancias que traigan como consecuencia la muerte misma o el
menoscabo en alguna función orgánica vital, sino ante situaciones menos graves
que puedan llegar a comprometer la calidad de vida de la persona”
Ahora, tratándose del derecho fundamental a la integridad física[32], en pronunciamientos
como la sentencia T-645 de 1996, entre otros, se ha concebido por la Corte como
una “prolongación del primordial derecho a la vida” y en virtud de ello,
predica que “para garantizarlo,  se
impone tanto el respeto por el derecho a la no violencia física y moral, como
el derecho al máximo trato razonable y la mínima disminución del cuerpo y el
espíritu, exigiéndose así del Estado, preservar razonablemente y en las
condiciones más óptimas posibles la salud de los administrados, colocando todos
los medios económicos posibles para obtener la mejoría de los mismos cuando aquella
está afectada; es allí donde se encuentra el indiscutible contenido
prestacional del derecho a la salud, cuya destinataria es la administración” [33]
Para la Corte la
salud e integridad física de la persona, como se advirtió, son condiciones
integrantes del derecho fundamental a la vida y se revela entre ellos una
conexidad de las partes y el todo. Por esto precisa que la protección
constitucional,  a estos derechos  no sólo ha de brindarse cuando la vida sea
amenazada con desaparecer totalmente, sino también cuando son sus componentes
los que se afectan o perturban, toda vez que por ello de una u otra forma se
afecta la vida humana y se  menoscaba el curso digno que debe tener la misma[34]. Así, como para la
jurisprudencia constitucional la vida del hombre merece ser una vida digna y
debe contar con la garantía de ser del respeto a la integridad física, la
Corporación ha insistido en la relación entre el derecho a la dignidad humana y
la integridad física que se preserva a través de la salud, respecto de la cuál,
señaló lo siguiente:
“El derecho a la integridad física comprende
el respeto a la corporeidad del hombre de forma plena y total, de suerte que conserve su estructura
natural como ser humano. Muy vinculado con este derecho - porque también es una
extensión directa del derecho a la vida- está el derecho a la salud,
entendiendo por tal la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional,
tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica o funcional de
su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento, lo que conlleva a la
necesaria labor preventiva contra los probables atentados o fallas de la salud.
Y esto porque la salud es una condición existencial de la vida humana en
condiciones de plena dignidad:  al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable.
La persona humana requiere niveles adecuados de existencia, en todo tiempo y en
todo lugar, y no hay excusa alguna para que a un hombre no se le reconozca su
derecho inalienable a la salud”.[35]
En consecuencia,
la Corte ha señalado que la tutela puede prosperar no sólo cuando se trate de
circunstancias que traigan como consecuencia la muerte misma o el menoscabo en
alguna función orgánica vital, sino ante situaciones menos graves que puedan
llegar a comprometer la calidad de vida de  la  persona.
5.-  Alcance de la prestación del servicio de salud y de la seguridad social en salud. Reiteración de
jurisprudencia.
La seguridad social se instituye en el artículo 48 Superior como un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley, norma en
que a la vez, se  garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a
la seguridad social. Es decir, es un derecho constitucional que debe ser
desarrollado en la ley.
Dentro de las distintas actividades que integran la seguridad
social, está la atención en salud; por lo que, en desarrollo de lo dispuesto el
artículo 49 ibídem, que garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y que obliga al
Estado, como encargado de hacer efectivo este derecho, a reglamentar su
prestación, se ha determinado en el numeral tercero del artículo 153 de la Ley
100 de 1993 que: “El sistema general de seguridad social en salud
brindará atención en salud integral a la población en sus fases de
educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio
de salud”. (Subrayas fuera de texto).
De acuerdo con los fundamentos jurisprudenciales que se han expuesto
en forma precedente, se concluye que por su naturaleza, los derechos a la
seguridad social y a la salud, son prestacionales y por ello, en un primer
momento, no presentan un rango fundamental, sino que llegan a participar de tal
categoría por conexidad cuando con su desconocimiento resultan amenazados o
vulnerados derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la dignidad
humana, la integridad personal, entre otros, en razón a la relación
inescindible que en determinadas circunstancias puedan presentar con éstos[36], haciendo así posible
la real protección de los derechos fundamentales, que la Corte ha sostenido de
manera consistente, debe prodigarse en un Estado Social de Derecho.
En este contexto, se ha establecido por la Corporación que la
seguridad social en salud en Colombia tiene como principio el de la
"integridad", lo que expresó en la sentencia T- 179 de 2000[37], con el siguiente
análisis normativo:
“El plan obligatorio de salud es para todos los habitantes del
territorio nacional para la protección integral de las familias a la
maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las
patologías (artículo 162 ley 100 de 1993).
Además, hay guía de atención integral, definida por el
artículo 4° numeral 4 del decreto 1938 de 1994: “Es el conjunto de
actividades y procedimientos mas indicados en el abordaje de la promoción y
fomento de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación
de la enfermedad; en la que se definen los pasos mínimos a seguir y el orden
secuencial de éstos, el nivel de complejidad y el personal de salud calificado
que debe atenderlos, teniendo en cuenta las condiciones de elegibilidad del
paciente de acuerdo a variables de género, edad, condiciones de salud,
expectativas laborales y de vida, como también de los resultados en términos de
calidad y cantidad de vida ganada; y con la mejor utilización de los recursos y
tecnologías a un costo financiable por el sistema de seguridad social y por los
afiliados al mismo”.
Por otro aspecto, el sistema esta diseñado, según el Preámbulo de la
ley 100 de 1993, para asegurar a la calidad de vida para la cobertura
integral, de ahí que dentro de los principios que infunden el sistema de
seguridad social integral, está, valga la redundancia, el de la integralidad,
definido así: “Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la
salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la
población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y
recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por la ley”(artículo
2° de la ley 100 de 1993).
Es más: el numeral 3° del artículo 153 ibídem habla de protección
integral: “El sistema general de seguridad social en salud brindará
atención en salud integral a la población en sus fases de educación,
información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”.
A su vez, el literal c- del artículo 156 ibídem expresa que “Todos
los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan
integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico
quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio
de salud” (resaltado fuera de texto).
Hay pues, en la
ley 100 de 1993 y en los decretos que la reglamentan, mención expresa a la
cobertura integral, a la atención básica, a la integralidad, a la protección
integral, a la guía de atención integral y al plan integral. Atención integral,
que se refiere a la rehabilitación y tratamiento, como las normas lo indican.”
Bajo esta
óptica, para la Corte la atención y el tratamiento a que tienen derecho los
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de
enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones
dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes
para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el
médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la
salud del paciente[38]
o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores
condiciones; y en tal dimensión, debe ser  proporcionado a sus afiliados por
las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social
en salud.
Así, ha de
concluirse que el alcance del servicio público de la seguridad social en salud,
es el suministro integral de los medios necesarios para el restablecimiento de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados y  la preservación de la
garantía de llevar una existencia en condiciones dignas, de acuerdo con las
prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya conocidas, pronosticadas  o
previstas de manera específica, así como de las que surjan a lo largo del
proceso, encuéntrense o no contenidas dentro de las enlistadas como de
asistencia obligatoria por parte de las entidades que dispensan el servicio. Y
en este contexto, no puede invocarse falta de concreción de la afección
secundaria o residual al padecimiento conocido ni del servicio que a futuro sea
requerido para el propósito de preservar los derechos fundamentales afectados,
para sustraer de la orden dada en el amparo constitucional, el concepto de
integralidad en la prestación del servicio.
Evidentemente, como se expuso, cuando el derecho a la salud se
identifica en conexidad con los mencionados derechos fundamentales, lo que se
busca con su protección constitucional es la preservación del principalísimo
derecho a la vida con sus integrantes básicos de integridad personal y dignidad
humana, para los que los padecimientos de salud  ya evidenciados así como sus
secuelas, previsibles o no,  son factores de riesgo de vulneración  que deben
ser contrarrestado de manera eficaz y oportuna; y así, en aquellos eventos  en
que el tratamiento necesario conlleve el suministro de servicios no
contemplados en el POS, no puede someterse al paciente a recurrir en cada
oportunidad a la acción de tutela para lograrlos.
Atendiendo las
consideraciones expuestas, la Corte ha considerado que la prestación de estos
servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual necesaria para el
caso de la enfermedad, sino también la obligación de suministrar oportunamente
los medios indispensables para recuperar y conservar la integridad física
afectada, dentro de lo razonable y prudente que enseñe la experiencia médica en
la materia. Se dijo al respecto en la sentencia T-732 de 1998 con ponencia del
Magistrado Fabio Morón Díaz:
“Así la Corte ha tutelado casos semejantes[39],
cuando en estos eventos, este derecho comporta no sólo el deber de atención
puntual necesaria en caso de enfermedad, sino también la obligación de
suministrar oportunamente los medios indispensables para recuperar y conservar
la integridad física afectada, claro está, dentro de lo razonable y prudente
que enseñe la experiencia médica en la materia, lo cual implica que el derecho
a la vida no significa la simple existencia, como lo ha reiterado múltiples
veces esta Corte, sino la existencia en condiciones dignas y cuya negación es
precisamente la prolongación de dolencias físicas, o la generación de nuevos
malestares, o el mantenimiento de un estado de enfermedad, cuando es
perfectamente posible mejorarla en aras de obtener una óptima calidad de vida.”
En estas
condiciones, por ejemplo, cuando una persona solicita el suministro de un
medicamento que puede ser solo para el alivio de su enfermedad, aunque no sea
para derrotarla, lo hace con la finalidad de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la salud en conexidad con la integridad física y a una
vida en condiciones dignas y con ello, si acude a la acción de tutela para
lograrlo, el mecanismo sería procedente, como en múltiples oportunidades lo ha
sostenido la Corte. Al punto ha indicado la jurisprudencia:
“Esta Corte ha sido clara al señalar que el tratamiento que debe
proporcionársele al enfermo, no se reduce al que está dirigido a obtener su
curación; cuando se trata de enfermedades crónicas como la diabetes, y aún de
terminales, la persona tiene derecho a recibir todos los cuidados médicos
dirigidos a proporcionarle el mayor bienestar posible mientras se produce la
muerte, y a paliar las afecciones inevitables de los estados morbosos crónicos,
que muchas veces son también degenerativos”[40]
6.- Alcance de las ordenes judiciales para la protección del derecho
a la salud en conexidad con derechos fundamentales. Objeto de la orden de
tutela.
El Decreto número 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'',
al referirse  al tema de  la “Protección del derecho tutelado”[41], indica que el objeto
del fallo que conceda la tutela, es garantizar al agraviado el pleno goce de su
derecho y volver al estado anterior a la violación, al establecer que se debe
ordenar la inmediata cesación de la actuación material, o de la amenaza
existente y de que se evite su nueva presencia, habilitando expresamente al juez
para que  establezca los demás efectos del fallo para el caso concreto; y en el
mismo contexto debe interpretarse la figura de la “Prevención a la autoridad”[42] que en esa
reglamentación se estatuye, en la que el juez de tutela puede advertir a la
accionada para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones
que dieron mérito para conceder la tutela, no solo en los eventos en que
hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en
forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, sino en los demás casos en que lo considere adecuado, para evitar
la repetición de la misma acción u omisión, como de manera expresa se contempla
en el inciso final de esa norma.
Así, la orden de suministrar tratamiento integral al paciente, no es
una presunción de violaciones futuras a derechos fundamentales por abarcar
situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una real y efectiva protección a
las garantías constitucionales.
Evidentemente, la prevención que se hace por el juez de tutela al
dar la orden de atención integral, lejos de constituirse en una presunción de
violaciones futuras a derechos fundamentales por parte de la accionada y por
hechos que no han tenido ocurrencia, como se podría alegar por la accionada, se
constituye en una real y efectiva protección a las garantías constitucionales,
como deber ineludible del fallador, donde se aplican los fundamentos
constitucionales que orientan la prestación del servicio en el estado social de
derecho, sin dejar de lado que se cuenta con la presencia de los presupuestos
básicos exigidos por el artículo 86 Superior para la utilización de la acción
de tutela, toda vez, que como se advirtiera, mientras no se haya prodigado la
atención con que el paciente domine o mitigue su enfermedad, persiste la
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales que ya se han protegido
por hechos u omisiones ciertos y comprobados como trasgresores de los mismos.
Al punto, no está por demás  poner de presente, la recurrencia en este tipo de
conductas omisivas y violatorias  por parte de las empresas obligadas a la
prestación del servicio, a pesar del gran número de tutelas en que se les ha
dado la misma orden de atender la preservación de los derechos fundamentales
mencionados por sobre las regulaciones limitantes de su plena realización, tema
ampliamente documentado en la jurisprudencia constitucional.
De igual forma, es pertinente reseñar que la doctrina
jurisprudencial ha sentado los elementos para diferenciar los conceptos de
vulneración y de amenaza de los derechos fundamentales, en los siguientes
términos:
“La vulneración de los derechos fundamentales requiere de una
verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela mediante
la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión
jurídico-constitucional; la amenaza en cambio, incorpora criterios tanto
subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la
autoridad pública o del particular, cuando sea del caso, sino por el resultado
que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona
presuntamente afectada. Para que se determine la hipótesis constitucional de la
amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o
externos. El temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la
convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, tiene
como significado el que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en
que se desarrollan los hechos. El criterio constitucional para evaluar la
existencia de amenazas a los derechos fundamentales es racional. No supone la
verificación empírica de los factores de peligro, sino la creación de un
parámetro de lo que una persona en similares circunstancias podría
razonablemente esperar”[43] (Subrayas fuera de texto).
Se concluye de todo lo anterior que, en una actuación de tutela
promovida para el amparo de la atención integral de la salud cuando por su
ausencia se están afectando derechos fundamentales, no es al juez a quien
compete valorar la pertinencia de un tratamiento en su cantidad y/o calidad,
porque esta evaluación estará restringida al criterio, conceptos y
conocimientos médicos del caso, que no pueden ser sustituidos por los del
fallador, a quien lo que corresponde es impedir la violación de los derechos
fundamentales del paciente[44],
impartiendo las órdenes que estime procedentes para el efecto, las cuales, por
la misma naturaleza de los derechos protegidos, pueden extenderse a hechos o
situaciones futuras derivadas del supuesto fáctico que originó el amparo.
Es de advertir de manera categórica, que si bien la atención
integral en salud es un derecho de los pertenecientes al sistema de seguridad
social y una correlativa obligación a cargo de las entidades prestadoras del
servicio, como se ha expuesto en esta providencia, ésta no implica que en todos
los eventos se deba dispensar sin atender las normas que regulan la prestación
del servicio, como por ejemplo lo relativo a las exclusiones del POS (S),
cuotas moderadoras, copagos y demás aspectos establecidos para ese fin
asistencial, toda vez, que estas reglamentaciones obedecen a la disposición constitucional
de organización del sistema y por tanto, como lo ha determinado la
jurisprudencia, su inobservancia solamente puede admitirse ante la comprobación
que en cada caso concreto se haga de la presencia de los presupuestos que en la
actividad interpretativa constitucional se han dispuesto como subreglas que
llevan su inaplicación por  la necesidad de dar prevalencia a derechos
fundamentales que se ven vulnerados o amenazados con la aplicación de esas
disposiciones[45].
7.- Caso concreto.
Como se señaló, en el presente caso los jueces de instancia consideraron
que estaban presentes los presupuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para inaplicar las normas del Plan Obligatorio de Salud que
excluían del mismo la realización del examen denominado “gamagrafía con
octeotride” que había sido ordenado por los médicos tratantes a la paciente
Marlene Ramos de Gutiérrez y por ello, se mantuvo en segunda instancia la orden
de su realización, que había sido dispuesta inicialmente de manera provisional
y luego definitiva en el fallo de primera instancia; pero para el ad-quem,
admitiendo los argumentos de la impugnación, no era procedente disponer en
tutela la atención integral de la enferma con cubrimiento de exámenes,
medicamentos y demás aspectos que ello implicara, si no que la orden debía circunscribirse
a los prescritos por el médico, pues de otra forma, se estarían amparando
hechos que no habían tenido ocurrencia, contrariándose así en su parecer, la
esencia de la acción de tutela que debía concretarse a los supuestos fácticos
verificados en el caso; por ello, revocó este aparte de la decisión que
revisaba.
Siendo así, el juicio que debe hacer esta Sala en la revisión de la
actuación, dando por aceptada la presencia de los presupuestos de
procedibilidad de la inaplicación de las normas del POS por corresponder a lo
definido por la Corte, según el análisis de efectuado por los falladores de
instancia, debe referirse a si la orden del juez de segunda instancia, es
suficiente para restablecer los derechos fundamentales que se comprobó fueron
vulnerados a la señora Marlene Ramos de Gutiérrez, o si esa orden debe ser
complementada a fin de garantizar a la accionante el pleno restablecimiento de
sus derechos, dentro de los parámetros establecidos por la Corporación sobre el
alcance del servicio público de la seguridad social a los que se ha aludido en
forma precedente.
En esa perspectiva, de acuerdo con los hechos y jurisprudencia
reseñados, debe la Sala enfatizar para este caso, la necesidad de atender el
principio de la integralidad en la prestación de ese servicio público en las
circunstancias analizadas, por las condiciones de salud en que se encuentra la
paciente, de que da cuenta el cuadro clínico reseñado por los médicos tratantes
y por la carencia de medios económicos para que ella o su familia asuman el
costo del tratamiento que no esté cubierto en el plan obligatorio de salud,
según se ha alegado por su esposo que accionara como agente oficioso, situación
no desvirtuada en la actuación.
Ciertamente,
conforme se expuso en las consideraciones referidas, el objetivo de la
protección constitucional a la salud cuando una enfermedad mengua la integridad
física o el derecho a llevar una vida en condiciones dignas, por el alivio que
proporciona un tratamiento a los padecimientos, debe abarcar en conjunto la
prestación de todos los servicios de salud que para hacer efectiva la
preservación de esos derechos esenciales se requiera. Por ello, se ha dicho por
la jurisprudencia que para que haya una verdadera atención integral, ha de
proveerse al paciente: la práctica de los exámenes de diagnóstico necesarios
para identificar sus padecimientos; una vez detectadas las dolencias,
proporcionarle los procedimientos y medicamentos que se requieren para
erradicarlas o aliviarlas si su eliminación no es factible, incluyendo en ellos
las intervenciones quirúrgicas y los cuidados especializados que la situación
demande, incluyendo en determinados casos los requerimientos para el
desplazamiento de los enfermos[46];
pues, cualquier limitación temporal, cuantitativa o cualitativa que se
introduzca a esa debida atención, impediría garantizar el logro de tal
finalidad. Y para ello, debe tenerse en cuenta que, la variabilidad del estado
de salud es propia de la condición del ser viviente, por lo que, la
identificación de todas las circunstancias que hagan necesaria la prestación de
un servicio de salud determinado, si bien en algunos casos puede ser predecible
por los médicos, su previsión absoluta no puede exigirse  ya que será a medida
que por la situación vayan siendo requeridos, que serán prescritos por los
facultativos y que deben ser suministrados por las entidades prestadoras del
servicio.
Entonces, desde
que exista una relación de dependencia o consecuencial entre el supuesto
fáctico o enfermedad por el cual se prodigó amparo constitucional al derecho a
la salud por conexidad y los requerimientos de seguridad social en salud de que
den cuenta las prescripciones médicas que surjan a partir de la orden del juez
de tutela, éstos deben entenderse cubiertos por la misma, con las mismas
consecuencias ante su desatención, porque de otra forma, se incurriría en
vulneración de los derechos ya protegidos.
En el caso que
nos ocupa, se tiene que fue evidenciada la vulneración a derechos fundamentales
de la agenciada por parte de la accionada, al no prestarle en forma oportuna
los servicios que requería para que se establecieran de manera cierta sus
padecimientos y el grado de avance de los mismos y por ello, prosperó la acción
de tutela. Esta situación se muestra en forma tan irrefutable, que la accionada
ni siquiera dio respuesta a la demanda para controvertir o los hechos
denunciados o la alegada precariedad de la situación económica del accionante o
de la agenciada para asumir el costo de lo que desde un principio fue demandado
bajo el concepto de atención integral que se ha expuesto, admitiéndose por
tanto de su parte, la procedencia de la acción instaurada en las circunstancias
en que fue concedida por el a-quo.
No obstante el
advertido silencio, pretende la accionada revivir su oportunidad de
contradicción al petitum por fuera de la etapa delimitada para el efecto; pues
es solo en el tiempo de impugnación que entra a rebatir lo solicitado en la
demanda bajo el pretexto de atacar la decisión, como si lo fallado se tratara
de aspectos concedidos por el juez de manera oficiosa  e inconsulta rebasando
lo pedido, generando con ello además, un desequilibrio procesal en la actuación
al privar a la parte activa de su legítima oportunidad  para exponer sus argumentos
acerca de las tardías razones de controversia que formulaba, de acuerdo con lo
que se decidiera en primera instancia.
El ad-quem, no
reparó en la  anterior situación procesal; y sin fundamentos distintos a las
alegaciones del impugnante que acogió completamente,  después de admitir que
hubo vulneración a los derechos invocados, introdujo una limitación al derecho
que se le había reconocido a la paciente a obtener de la accionada una atención
integral en salud, bajo el argumento de inviabilidad en la extensión del amparo
a las situaciones que surgieran en razón de la enfermedad de la amparada, por
una supuesta falta de concreción o incertidumbre en las mismas.
De acuerdo con
la jurisprudencia expuesta en esta providencia, estos argumentos contrarían
abiertamente los supuestos que consultan el principio de integralidad que debe
guiar la prestación del servicio de seguridad social en salud y del objetivo
que se le ha trazado normativa y jurisprudencialmente al contenido del fallo de
amparo tutelar, haciéndolos por ende inadmisibles desde todo punto de vista.
Se constituye
así ese pronunciamiento en una restricción injustificada del fallador, por ser
una decisión con la que se cercena el pleno disfrute de los derechos
fundamentales a la integridad física y a llevar una vida en condiciones dignas
de la agenciada, los que estaba obligado a garantizar;  pues, una vez se
estableció y reconoció procesalmente su vulneración, el límite del amparo
tutelar solamente estaba en el pleno restablecimiento del derecho y/o la
completa efectividad de las garantías superiores, como lo ordena la Carta y se
había dispuesto por la primera instancia. En tales condiciones, la decisión
restrictiva será revocada, para en su lugar restablecerse por la Corporación la
orden de atención integral a la agenciada  a cargo de la accionada, que deberá
prestarse de acuerdo con las prescripciones que dispongan de los médicos
tratantes, adicionando a los conceptos indicados en el fallo proferido por el
a-quo, el suministro del transporte de la enferma para la realización de
exámenes o procedimientos, siempre y cuando se cumplan las condiciones
determinadas por la jurisprudencia para el efecto[47].
Sobre las condiciones para llevar a cabo el transporte de pacientes,
la Corte  hizo alusión en la sentencia T-467 de 2002[48], en los siguientes
términos:
“Las situaciones en las cuales se
determina si una empresa prestadora de servicios de salud debe brindar el
servicio de transporte a sus pacientes tienen como base ciertos supuestos, como
por ejemplo (i) el incumplimiento de la regulación sobre transporte de
pacientes, que obliga a una EPS o a una ARS a prestar el servicio bajo ciertas
circunstancias (ii) que el paciente no pueda desplazarse por sus propios
medios, ni su familia cuente con los recursos suficientes para ayudarle a
acudir a los servicios de la entidad prestadora de servicios de salud a la cual
está afiliado (iii) que tal situación pone en riesgo su vida o su integridad (iv)
y que pese a haber desplegado todos los esfuerzos exigibles, no existen
posibilidades reales y razonables con los cuales poder ofrecer ese servicio”.
La decisión que
adoptará la Sala, entonces, obedece a que como ya se mencionó, para el caso
fueron evidenciados los presupuestos jurisprudenciales que permiten la
inaplicabilidad de las restricciones del POS, entre los cuales se encuentra la
actual incapacidad económica de la beneficiada con el amparo deprecado y la de
su familia para asumir los costos que implican lograr la atención de su salud,
en razón a la enfermedad de que se da cuenta en esta actuación; así, como por
las mismas razones alegadas en la demanda, se estima razonablemente que puede
persistir tal circunstancia y que lo mismo ocurrirá con los gastos que llegaren
a ser necesarios para la efectiva protección de sus derechos, si se tiene en
cuenta además, que la situación de precariedad económica no fue desvirtuada la
por la accionada como era de su cargo. Se ordenará entonces a la accionada Susalud
EPS, a su cargo y por el tiempo que sea necesario, la prestación oportuna e
integral del servicio de salud a la señora  Marlene Ramos de Gutiérrez, en las
condiciones que se han detallado, quedando facultada para repetir contra el
Fosyga por los valores a cuyo cubrimiento no esté legalmente obligada.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR el numeral primero de la sentencia
proferida por el Juzgado Cincuenta y uno Penal del
Circuito de Bogotá el 28 de junio de 2005,  que modificó el numeral segundo del
fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Veintinueve Penal Municipal
de esta ciudad, el 31 de mayo de la presente anualidad, dentro de la  acción de
tutela instaurada por Jaime Gutiérrez Devia, como agente oficioso de su esposa
Marlene Ramos de Gutiérrez, contra, Susalud E.P.S., por las razones expuestas
en las motivaciones de esta decisión.
Segundo.-
CONFIRMAR en su integridad el fallo de primera
instancia referido, donde se ordena a la accionada Susalud E.P.S, a su cargo y
por el tiempo que sea necesario, prestar oportunamente la atención integral en
salud que por los padecimientos identificados en esta actuación, solicite la
agenciada Marlene Ramos de Gutiérrez según las prescripciones de los médicos
tratantes, adicionando a los conceptos indicados en ese fallo, de ser el caso ,
la facilitación del transporte de la enferma y un acompañante para la
realización de los exámenes o procedimientos médicos del caso.
Tercero.- Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Invoca las sentencias  T-484 de 19992, C-112 de 1998; T-150  y T- 941 de 2000 y
T-885 de 2001.
[2]
Folios 16 y 17.
[3]
Constancias a folios 18 y 19.
[4]
Folio 9.
[5]
A Folio 12.
[6]
Folio 19.
[7]
Folio 20.
[8]
Invoca la sentencia T-328 de 1998, M.P., Vladimiro Naranjo Mesa.
[9]
Folios 25 y 38.
[10]
Folio 57.
[11]
Según constancia secretarial obrante a folio 4 vuelto del cuaderno de revisión.
[12]
Folio 3 ibídem.
[13]
Folio 5 ib.
[14]
“ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no este en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales”.
[15]
Cfr. entre otras, las sentencias T-498 de 1994 M.P., Eduardo Cifuentes Muñoz,
SU-707 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara; T-503 de 1998 M.P, Alfredo
Beltrán Sierra; T-315 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández  Galindo; T-924 de
2004 M.P., Clara Inés Vargas Hernández.
[16]
Artículo 11 Superior.
[17] El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley  74 de 1968,
en su artículo 6º prescribe: “ 1. El derecho a la vida es inherente a la
persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser
privado de la vida arbitrariamente”;  y en este sentido son concordantes el
artículo 11 de  la constitución política y normas internacionales igualmente
acogidas en nuestro ordenamiento  como: Declaración universal de derechos
humanos, artículo 3º, derecho a la vida; Convención americana sobre derechos
humanos, Ley 16 de 1972, artículo 4º, derecho a la vida; Convención para la
prevención y la sanción del crimen de genocidio, Ley 28 de 1959.
[18]
Sentencia T-732 de 1998 M.P., Fabio Morón Díaz.
[19]
En la sentencia T-525 de 1992. M.P. Ciro Angarita
Barón, la Corte previno sobre el parámetro esencial e inmediato de
interpretación a los que los jueces deben acudir cuando se plantea la violación
de un derecho fundamental para brindar su protección, el cual, será el texto
constitucional y no la legislación ordinaria vigente, precisando además que,
una vez determinado el carácter fundamental del derecho y  establecida la
violación, con independencia de su gravedad, surge el derecho a la protección
constitucional.
[20]
Sentencia T-499 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
[21] Sentencia T-645 de 1998, M.P.,  Fabio Morón Díaz.
[22] Sentencia T-395 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[23]
Sentencia T-271 de 1995 M.P, .Alejandro Martínez Caballero.
[24]
Ver Sentencias T-597 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y T-645 de 1998 M.P., Fabio Morón Díaz.
[25]
Ver sentencias T-395 de 1998, T-076 de1999 y T-231de 1999,  M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-090 de 2003 M.P., Clara Inés Vargas Hernández, entre
muchas otras.
[26] En
la sentencia T-484 de 1992, M. P. Fabio Morón Díaz, esta Corte precisó: “El
derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos
que pueden agruparse en dos grandes bloques:  el primero, que lo identifica
como un  predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar
contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida.  Por
estos aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental.  El
segundo bloque de elementos, sitúa el derecho a la salud con un carácter
asistencial, ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado
Social de Derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas.
La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es
imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, pero
en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando
está relacionado con la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo
conservan esta naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto
allí del control de tutela”. En el mismo sentido pueden consultarse las
sentencias SU-039 de 1998; SU- 819 de 1999;  T-1104 de 2000; T- 689 de 2001.
[27]
Esta línea jurisprudencial se ha seguido de manera reiterada en múltiples
pronunciamientos de la Corporación, entre los cuales se enuncian para su
confrontación, las sentencias T-494 de 1993 M.P,. Vladimiro Naranjo Mesa;
T-271de 1995 M.P., Alejandro Martínez Caballero, T-
927 de 2004, T- 510, T- 616 y T- 618 de 2005 M.P., Álvaro Tafur Galvis; T- 681,
T-828 de 2005 M.P.,  Humberto Antonio Sierra Porto; T- 581, T- 738 de 2004,
T-940 de 2005 M.P., Clara Inés Vargas Hernández.
[28] Sentencia T-732 de 1998 M.P., Fabio Morón Díaz.
[29]
Ver Sentencia T-271 de 1995 M.P, .Alejandro Martínez Caballero
[30]
Sentencia T-1344 de 2001, M.P.,  Álvaro Tafur Galvis.
[31] Sentencia T-010 de
1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[32]
Artículo 12 Constitución Política.
[33]  Con ponencia del
magistrado Alejandro Martinez Caballero.
[34]
Sentencia T-913 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[35] Sentencia T-494 de 1993, M.P.,
Vladimiro Naranjo Meza, reiterada en otros pronunciamientos tales como las
sentencias T- 075 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett;  T-850 de 2001,
M.P., Marco Gerardo Monroy Cabra; T- 577 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
T-548 de 2000, M.P., Alejandro Martinez Caballero.
[36]
Ver sentencias T-491 de 1992, M.P., Eduardo Cifuentes Muñoz,  SU-039 de 1998,
M.P., Hernando Herrera Vergara, entre muchas otras.
[37]
M.P., Alejandro Martinez Caballero.
[38]
En este sentido se ha pronunciado la Corporación, entre otras, en la sentencia
T-136 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] Sentencias T-452 de 1992 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo,
T-236 de 1993, T-374 de 1993, T-432 de 1994, T-535 de 1994  M.P. Dr. Fabio
Morón Díaz.
[40]
Sentencia T-926 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[41]
“ART. 23.—Protección del derecho tutelado.
Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad el fallo que
conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su
derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un
acto o una omisión, el fallo ordenara realizarlo o desarrollar la acción
adecuada, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la
autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular y lo remite al
juez en el término de 48 horas, éste podrá disponer lo necesario para que el
derecho sea libremente ejercido sin más requisitos. Si se hubiere tratado de
una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenara su
inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza,
perturbación o restricción.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos
del fallo para el caso concreto”( Subrayas fuera de texto).
[42] “ART. 24.—Prevención a la autoridad. Si al
concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se
hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el
goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad
pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo
contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás
casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción
u omisión.” ”( Subrayas fuera de texto).
[43] Sentencia T-102 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[44]
La jurisprudencia ha considerado que si bien dentro de un Estado social de derecho,
en el que se ha de velar por los derechos fundamentales de todas las personas,
por ello no existen instituciones o funcionarios que se puedan sustraer al
control de sus actos, so pretexto de conseguir esta finalidad, en las
relaciones médico-paciente el juez constitucional no puede sustituir criterios
y conocimientos del médico llegando a ser él quien valore un tratamiento,
porque su actuación debe circunscribirse al campo del derecho, verificando la
existencia o no de la violación o riesgo de violación de los derechos
fundamentales del paciente en el caso concreto y  a contrarrestar o impedir la
vulneración evidenciada. En este sentido se pronunció en la sentencia T-050 de
1999, M.P., Eduardo Cifuentes Muñoz y se ha reiterado entre otras en las T- 179
de 2000;  T-1037 de 2001; T- 1125 de 2002;  T- 1022 de 2004 y  con ponencia de
la Magistrada Clara Inés vargas Hernández , en las sentencias  T-260, T-858,
1163 de 2004 y T-560 de 2005.
[45]
En reiterada jurisprudencia, la Corte
Constitucional ha establecido que se amenazan grave y directamente los derechos
fundamentales a la vida y a la integridad física de quien necesita un
tratamiento, un medicamento o una prueba de diagnóstico fuera del POS cuando: (i)
la falta del medicamento, tratamiento o prueba de diagnóstico vulnera o amenaza
los derechos a la vida y a la integridad física de quien lo requiere; (ii)
ese tratamiento, medicamento o prueba de diagnóstico no puede ser sustituido
por otro que se encuentre incluido en el POS; (iii) el interesado no
puede directamente costear el tratamiento, el medicamento o la prueba de
diagnóstico, ni puede acceder a éstos a través de otro plan de salud que lo
beneficie, ni puede pagar las sumas que por acceder a éstos le cobre, con
autorización legal, la EPS y (iv) el tratamiento, medicamento o prueba
de diagnóstico ha sido prescrito por un médico adscrito a la EPS de quien se
está solicitando el tratamiento.
[46]
Sobre el transporte de pacientes para atención
médica, la  jurisprudencia ha considerado que: “En ciertos casos especiales
las EPS tienen la obligación de proveer los medios para que sus pacientes
puedan transportarse a los lugares en los cuales prestan los servicios médicos,
o deben ellos mismos desplazarse hasta el domicilio del paciente para brindarle
la atención requerida de forma ininterrumpida. Lo anterior por cuanto la
garantía de todas las personas a tener acceso a la recuperación en salud no
puede ser entendida como una simple norma programática, sino que por el
contrario ese mandato constitucional "debe ser real y no formal". De
acuerdo al análisis de los casos concretos, esta Corporación ha precisado que
si bien en principio la obligación de acudir a un tratamiento corresponde de
forma prevalente al paciente y a su familia, existen ciertos eventos en los
cuales el deber recae en la institución prestadora del servicio”. (Ver
sentencia T-467 de 2002, M.P., Eduardo
Montealegre Lynett)
[47] La
Corte al considerar que no solo es necesario garantizar el acceso a la salud
como derecho que es, sino también asegurar la accesibilidad a la prestación del
servicio de salud,  en oportunidades  ha ordenado a la EPS o ARS obligada, la
prestación del servicio de trasporte del enfermo y de ser necesario de
acompañante, ante la comprobación de las circunstancias de pertinencia,
necesidad y urgencia de la medida, así como las condiciones económicas de los
sujetos involucrados, es decir, del paciente y de sus familiares, como puede
establecerse en las sentencias T-197 y T- 350 de 2003 M.P., Jaime Córdoba
Triviño; T- 755 de 2003 y T-1025 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-223 y
T-364 de 2005, M.P., Clara Inés Vargas Hernández; T-276 de 2005 M.P., Humberto
Antonio Sierra Porto.
[48]
M.P., Eduardo Montealegre Lynett.