T-362-16
Sentencia T-362/16
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Naturaleza y alcance
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE SALUD-Traslado
excepcional de los afiliados de una EPS a otra porque a la primera le ha sido
ordenada su liquidación
El hecho de que la entidad
prestadora del servicio de salud haya sido liquidada no significa que la
obligación de prestar el servicio haya cesado, pues la misma debe ser asumida
por la entidad que la haya reemplazado, puesto que los usuarios son reasignados
y sobre ellos no puede recaer la carga. De igual manera, la negligencia de la
entidad liquidada no puede afectar su derecho a la salud, el cual debe ser
prestado sin interrupciones en su tratamiento, ello en aras de proteger su
derecho a la vida.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE NIÑOS Y
NIÑAS-Reiteración de
jurisprudencia
La Corte Constitucional en reiteradas
ocasiones ha manifestado que el derecho a la salud de los niños, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, por tener el carácter
de ‘fundamental’, debe ser protegido de forma inmediata por el juez
constitucional en los casos en que sea vulnerado. Este postulado responde,
además, a la obligación que se impone al Estado y a la sociedad de promover las
condiciones para que el principio de igualdad se aplique en forma real y
efectiva, así como a la necesidad de adoptar medidas en favor de quienes, en
razón de su edad, se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta. En el
caso de los niños y de las niñas, la acción de tutela procede directamente para
defender su derecho fundamental a la salud.
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA
DIGNIDAD HUMANA Y A LA VIDA-Vulneración
por EPS al no prestar de manera efectiva y continua los servicios de salud
requeridos por el accionante
Los derechos fundamentales a la salud, a la integridad
personal, a la vida digna y a la seguridad social del tutelante, están siendo
vulnerados puesto que la liquidación de una EPS no es excusa para negar la
autorización de un servicio médico prioritario, ya que en este caso tanto la
EPS emisora como la receptora tienen la obligación legal de prestar el servicio
de salud de forma continua al usuario, sin colocar barreras administrativas que
retarden la prestación efectiva del mismo.
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA
DIGNIDAD HUMANA Y A LA VIDA-Orden
a EPS autorizar procedimiento y todos los tratamientos médicos que requiera el
accionante para el manejo de su enfermedad, y que hayan sido ordenados por su
médico tratante
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE NIÑOS Y
NIÑAS-Vulneración por EPS
al dilatar la prestación eficiente del servicio de salud requerido y ordenado
por médico tratante, colocando barreras administrativas
Los derechos fundamentales
a la salud, integridad personal, a la vida digna y a la seguridad social del
menor, están siendo vulnerados puesto que la liquidación de una EPS no es
excusa para negar la autorización de un servicio médico prioritario, ya que en
este caso tanto la EPS emisora como la receptora tienen la obligación legal de
prestar el servicio de salud de forma contínua al usuario, sin colocar barreras
administrativas que retarden la prestación efectiva del mismo.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE NIÑOS Y
NIÑAS-Orden a EPS
autorizar remisión de menor a especialistas y prestarle todos los servicios que
requiera para el tratamiento integral y continuo de su enfermedad
Referencia: expedientes T- 5.446.976 y T-5.450.211.
Acciones de Tutela instauradas por el señor Daniel Elías
Vásquez Ochoa contra la EPS Saludcoop  y Corporación IPS; el Defensor del
Pueblo de la Regional Guaviare el Doctor Trian Jesús Zúñiga Rueda en calidad de
agente oficioso del menor de edad Dumar Alejandro Alfonso Mora contra la EPS
Caprecom Territorial Guaviare, la Secretaria de Salud del Departamento del
Guaviare y otros.
Tema: primero, el
alcance del derecho fundamental a la salud; segundo, el principio de
continuidad en la prestación del servicio de salud.  Traslado excepcional de
los afiliados de una EPS a otra porque a la primera le ha sido ordenada su
liquidación y, tercero la protección especial y el derecho a la salud de los
niños y niñas.
Problema jurídico: Corresponde a la Sala
analizar si las entidades que asumieron las obligaciones de las accionadas (las
cuales fueron liquidadas), están vulnerando los derechos fundamentales de los
tutelantes, al negarse autorizar los servicios médicos ordenados por sus
médicos tratantes y requeridos con urgencia para mejorar su estado de salud.
Derechos Fundamentales invocados: Salud,
vida digna, seguridad social, integridad personal y los derechos de los niños y
niñas.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,  siete (7) de julio de dos mil
dieciséis (2016)
La Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Alberto Rojas Ríos y Luís
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos por: (i) el Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi, Antioquía,
que negó en única instancia la protección de los derechos fundamentales a la
salud, a la seguridad social y a la integridad personal, en el trámite de la
acción de tutela instaurada por el señor Daniel Elías Vásquez Ochoa contra la
EPS Saludcoop  y Corporación IPS;  (ii) el Juzgado Promiscuo de Familia
del Circuito de San José del Guaviare que negó en única instancia las
pretensiones del Defensor del Pueblo de la Regional Guaviare en calidad de
agente oficioso del menor de edad Dumar Alejandro Alfonso Mora contra la EPS
Caprecom Territorial Guaviare, la Secretaria de Salud del Departamento del
Guaviare y otros.
Los expedientes T- 5.446.976 y T- 5.450.211
fueron seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia relacionada
con el derecho a la salud, mediante auto del día catorce (14) de abril de dos
mil dieciséis (2016)  proferido por la Sala de Selección número cuatro (04) de
la Corte Constitucional, para ser fallados en una sola sentencia.
En consecuencia, la Sala procede a exponer
los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales adoptadas en cada uno de
los expedientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE T-5.446.976
1.1.1. Solicitud.
El señor Daniel Elías Vásquez Ochoa,
solicita ante el juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales a la
salud, a la integridad personal, a la vida digna y a la seguridad social
presuntamente vulnerados por la EPS Saludcoop en liquidación y la IPS Central
de Especialistas de Florida Nueva, al negarse autorizar la cirugía denominada “COLECISTECTOMIA
POR LAPAROSCOPIA, TIPO DE CIRUGÍA PRIORITARIA” que requiere por sus
padecimientos de vesícula y que fue ordenada por su médico tratante. Dicha
solicitud se fundamenta en los siguientes hechos:
1.1.2. Hechos y argumentos de derecho.
1.1.2.1.
Señala el actor que
está afiliado al régimen contributivo en salud desde comienzos del año 2013, en
condición de cotizante, concretamente a la EPS Saludcoop.
1.1.2.2.
Asegura que el
veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015), le realizaron una ecografía
abdominal total, donde le dictaminaron: “vesícula biliar parcialmente distendida,
de paredes delgadas, con múltiples cálculos en su interior que oscilan entre 6
y 20 mm de diámetro, ocupan casi completamente la vesícula y generan sobra
acústica posterior”.
1.1.2.3.
Expresa que el
seis (06) de marzo de dos mil quince (2015), el doctor Juan Fernando Gallego
Patiño, expidió boleta de solicitud de sala de cirugía, procedimiento a
realizar “COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA, TIPO DE CIRUGÍA PRIORITARIA”.
1.1.2.4.
Sostiene que el
veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015), firmó consentimiento
informado de anestesia con la doctora Luz Stella Ojeda Álvarez, anestesióloga,
y a la fecha han transcurrido ocho (08) meses[1]
y no le han realizado el procedimiento.
1.1.2.5.
Asevera que posteriormente
acudió a la Superintendencia de Salud mediante quejas con radicados número
4-2015-084724, 22-06-15 y 4-2015-062189 y no ha recibido a la fecha respuesta
de dicho ente regulador[2].
1.1.2.6.
Manifiesta que su
problema persiste  y su calidad de vida se está viendo seriamente afectada con
dicha situación. Asiste al trabajo y al permanecer todo el tiempo sentado se le
aumenta el dolor en el abdomen.
1.1.2.7.
Indica que la orden
de exámenes emitida por el anestesiólogo es el último documento requerido en
estos tediosos trámites para que se realice la cirugía, sin embargo, aún no se
le programa la misma y su salud día a día se va deteriorando, situación que lo
está afectando psicológicamente, porque cada vez que ingiere alimento y
permanece sentado  se torna insoportable el dolor.
1.1.2.8.
Por último,
sostiene que su temor es que se complique con una “Pancreatitis
que es la complicación más grave y se produce cuando pasa el barro o las
piedras de la vesícula al conducto de la bilis y tapona el páncreas,
produciendo infección”, la cual según informes médicos produce el 10% de
mortalidad.
1.1.2.9.   Con base en lo descrito, solicita la
protección de sus derechos fundamentales y que se ordene a las entidades
accionadas en el término de cuarenta y ocho (48) horas autorizar la cirugía
denominada “COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA, TIPO DE CIRUGÍA PRIORITARIA” que
requiere por sus padecimientos de vesícula y que fue ordenada por su médico
tratante.
1.1.2.10.
Es importante
precisar que Saludcoop EPS fue liquidada en noviembre del año dos mil quince
(2015) y sus usuarios fueron reasignados a Cafesalud EPS. Entidad encargada
desde diciembre de la misma anualidad de continuar con la prestación efectiva
del servicio de salud.
1.1.3. Traslado y contestación de la demanda.
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Amalfi, Antioquía, mediante oficio del veinticuatro (24)
de noviembre de dos mil quince (2015), resolvió admitir la acción de tutela y
ordenó a las entidades accionadas que dentro del término de dos (02) días
contados a partir de la notificación del auto remitieran informe detallado sobre
los hechos de la demanda.
1.1.3.1.
Dentro del término para dar respuesta, las
entidades accionadas guardaron silencio.
1.1.4. Decisiones judiciales.
1.1.4.1.   Decisión única de instancia, Juzgado
Promiscuo Municipal de Amalfi, Antioquía.
Mediante fallo del cuatro (04) de diciembre
de dos mil quince (2015), el Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi, Antioquía
resolvió negar la protección de los derechos invocados por el accionante. Lo
anterior, debido a que a su juicio al encontrarse la EPS Saludcoop en toma de
posesión, su obligación de prestar el servicio ha cesado, entrando a
reemplazarla la EPS Cafesalud. Por tanto, la acción se torna improcedente por
falta de legitimación en pasiva, ya que las autorizaciones respectivas deberán
ser expedidas por la nueva entidad, a la cual fueron trasladados los afiliados
a la EPS intervenida.
1.1.5. Pruebas documentales.
1.1.5.1.
Copia de los
resultados de la ecografía abdominal total, donde se corroboran los hallazgos
manifestados en el escrito de tutela (Folio 2, cuaderno No. 2).
1.1.5.2.
Copia de la boleta
de solicitud de cirugía prioritaria (Folio 4, cuaderno No 2).
1.1.5.3.
Copia de la
autorización de servicios emitida por la EPS Saludcoop (Folios 5 y 6, cuaderno
2).
1.1.5.4.
Copia del
consentimiento informado de anestesia firmado por el paciente el veintisiete
(27) de marzo de dos mil quince (2015) (Folios 7-9, cuaderno 2).
1.2.
EXPEDIENTE T-5.450.211
1.2.1. Solicitud.
El Defensor del Pueblo de la Regional
Guaviare, actuando como agente oficioso del menor de edad Dumar Alejandro
Alfonso Mora,  solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la salud,
a la vida digna, a la integridad personal, a la seguridad social y los derechos
de los niños y niñas. Lo anterior, al considerar que las entidades accionadas los
han vulnerado al negarse a: (i) prestarle el servicio de salud integral
al que tiene derecho; (ii) a ordenar su remisión a un centro médico de
tercer nivel de pediatría para el manejo integral de la infección en vías
urinarias complicada que padece; (iii) prestarle atención por
medicina especializada en neurología pediátrica, gastroenterología pediátrica,
nefrología pediátrica, y por último, la práctica de una ecografía
de vías urinarias. Basa su solicitud en los siguientes hechos:
1.2.2. Hechos y argumentos de derecho.
1.2.2.1.
Sostiene el
Defensor que la señora Laura Grisales acude a la Defensoría del Pueblo Regional
Guaviare con el propósito de solicitar la protección de los derechos
fundamentales de su primo, el menor Dumar Alejandro Alfonso Mora, los cuales a
su juicio han sido vulnerados por las entidades accionadas, al negarse a
ordenar su remisión a un centro médico de tercer nivel pese a conocer su
diagnóstico clínico.
1.2.2.2.
Indica el agente
oficioso que el menor tiene dos (02) años de edad y el día diecinueve (19) de
noviembre de dos mil quince (2015), fue hospitalizado de urgencias en el
hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, donde permaneció hasta el día
tres (03) de diciembre de la misma anualidad.
1.2.2.3.
Añade que estando hospitalizado el médico
tratante le diagnosticó “infección urinaria crónica” por lo cual, le
ordenó varios exámenes clínicos y solicitó valoración por medicina
especializada en “urología pediátrica, gastroenterología pediátrica y
nefrología pediátrica”. Así como la práctica de una ecografía de vías
urinarias.
1.2.2.4.
Con posterioridad, señala que ante la falta
de autorización y realización de los exámenes y la valoración por medicina
especializada ordenada por el médico tratante, la familia lo llevó a la casa
pero no presenta mejoría en su salud. Por esta razón, su madre se dirigió a la
EPS Caprecom Territorial Guaviare, con el propósito de que le fueran
autorizadas las órdenes médicas. Sin embargo la EPS accionada se negó a la
solicitud bajo el argumento de no contar con servicio de pediatría.
1.2.2.5.
Afirma que el menor
debe recibir un tratamiento médico especializado pues su patología a largo
plazo puede afectar otros órganos como los riñones y generar lo que se conoce
como “daño renal irreversible” que pondría en riesgo no solo su salud
sino su vida.
1.2.2.6.
Sostiene que no
existe justificación o razón legal para que las accionadas se nieguen a
autorizar la remisión del menor, más aun si se tiene en cuenta que tiene dos
(02) años de edad y cualquier complicación en su salud puede ser mortal y quien
además estuvo hospitalizado por el término de un mes, sometido a tratamientos
invasivos que no mejoraron su estado de salud, por el contrario ha empeorado y
en el Hospital San José del Guaviare no se le puede garantizar el tratamiento
médico requerido.
1.2.2.7.
Por último, indica
que a la fecha de presentación de la acción de tutela, las entidades accionadas
persisten en negar la remisión del menor, a sabiendas que es un sujeto de
especial protección constitucional y que el concepto del médico tratante tal y
como lo ha manifestado la jurisprudencia constitucional prevalece cuando se
encuentra en contradicción con el de los funcionarios de la EPS.
1.2.2.8.
Con base en lo
anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales del menor Dumar
Alejandro Alfonso Mora y que se ordene a las entidades accionadas a: (i)
prestarle el servicio de salud integral al que tiene derecho; (ii) a
ordenar su remisión a un centro médico de tercer nivel de pediatría para el
manejo integral de la infección en vías urinarias complicada que padece; (iii)
prestarle atención por medicina especializada en neurología pediátrica,
gastroenterología pediátrica, nefrología pediátrica, y por último, la
práctica de una Ecografía de vías urinarias.
1.2.2.9.
Por último, es importante precisar que Caprecom
EPS fue liquidada en diciembre del año dos mil quince (2015) y sus usuarios
fueron reasignados a la Nueva EPS desde el primero (01) de enero del año dos
mil dieciséis (2016). Entidad encargada de continuar con la prestación efectiva
del servicio de salud.
1.2.3. Traslado y contestación de la demanda.
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare, mediante oficio del
día veintidós (22) de diciembre de dos mil quince (2015), resolvió admitir la
acción de tutela  y ordenó oficiar al Director General de la EPS Caprecom, a la
Secretaría Departamental del Guaviare y al Gerente de la E.S.E primer nivel, para
que en el término de dos (2) días siguientes a la notificación remitiera un
informe detallado sobre los hechos de la demanda.
Igualmente, accedió a la medida provisional
solicitada. En consecuencia, ordenó al Director Territorial de la EPS Caprecom
o a quien haga sus veces que dentro de las seis (06) horas siguientes a la
notificación del auto procediera a autorizar y a realizar la remisión del menor
para ser valorado por la especialidad de urología pediátrica, gastroenterología
pediátrica,  nefrología pediátrica y la práctica de la ecografía de las vías
urinarias.
1.2.3.1.
Red de
Servicios de Salud de Primer Nivel, Empresa Social del Estado
1.2.3.1.1. Mediante escrito del veintiocho (28) de diciembre de dos
mil quince (2015), la Doctora Martha Cecilia Romero Páez en calidad de
Representante Legal de la Red de Servicios de Salud de Primer Nivel Empresa
Social del Estado, procedió a pronunciarse respecto de los hechos y las
pretensiones presentadas en la demanda de tutela por el Defensor en calidad de
agente oficioso del menor Dumar Alejandro Alfonso Mora. Al respecto indicó:
1.2.3.1.2. Afirmó que quien es responsable de autorizar las
remisiones es la entidad responsable del pago, que en este caso en concreto es
CAPRECOM EPS. Añade que la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel es una
IPS (Institución Prestadora de Salud), que vende servicios de salud a las EPS
bien sean del régimen contributivo o subsidiado, donde nuestra responsabilidad
llega hasta que el médico tratante ordena la remisión del paciente a un nivel
de mayor complejidad y es allí donde empieza la referencia y contrarreferencia,
que no es otra cosa que buscar hasta encontrar centro de salud de mayor nivel
donde pueda ser atendido el paciente.
1.2.3.1.3. Reitera que de acuerdo al Decreto 4747 de 2007, quien
estaría llamado a autorizar la cita a un hospital de III nivel al menor, sería
la EPS, puesto que la ESE Red de Servicios de Salud se encuentra enmarcada
dentro del artículo 3 de dicho decreto. Para lo cual reitera que es una IPS
cuyo objeto es la venta de servicios de salud y no es menester de ellos
autorizar, suministrar insumos o elementos diferentes a los medicamentos
incluidos en el POS por la aseguradora contratada.
1.2.3.1.4. Por último, expresa que en ningún momento ha vulnerado
los derechos del menor toda vez que su ingreso es en el Hospital Simón Bolívar
de la ciudad de Bogotá.
1.2.3.1.5. Por lo anterior, solicita de manera respetuosa que no
se vincule a su representada toda vez que dicha IPS de primer nivel no esta
llamada autorizar citas y/o remitir al menor.
1.2.3.2.
Secretaría
Departamental de Salud del Guaviare.
1.2.3.2.1. Mediante oficio del veintiocho (28) de diciembre de
dos mil quince (2015), el doctor Jesús Vicente Mayo Torres, Secretario (E) de
Salud Departamental del Guaviare refiriéndose a los hechos de la tutela
señala:
1.2.3.2.2. Los procedimientos solicitados están incluidos dentro
del POS conforme a Resolución 5521 de 2013 y se identifican así: “890202
consulta de primera vez por medicina especializada; 890302 consulta de control
o de seguimiento por medicina especializada; 881332 ultrasonografía de vías
urinarias (riñones, vejiga y próstata transabdominal)”.
1.2.3.2.3. Arguye que conforme concepto médico emitido por
personal de la secretaría, se consideró que es necesario que efectivamente y
con oportunidad se le autoricen y garanticen el procedimiento y las
valoraciones solicitadas al menor agenciado, por parte de su EPS, toda vez que
requiere seguimiento y manejo de manera contínua, a fin de garantizar un
oportuno tratamiento que evite o minimice el riesgo de daño renal irreversible.
1.2.3.2.4. Afirma que al tratarse de procedimientos que se
encuentran incluidos en el POS, es la EPS Caprecom la responsable de ordenar lo
solicitado en la presente acción de tutela y brindar una atención integral, en
virtud de lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T-1021 de
2010 y lo solicitado en la tutela.
1.2.3.2.5. Resalta que es responsabilidad de la EPS como
asegurador garantizar una red de atención que preste los servicios a los
usuarios bajo las características de oportunidad, accesibilidad, continuidad,
seguridad, integralidad e integridad, pertinencia, costo-efectividad, respeto
por la dignidad humana y el derecho a la intimidad. Situación que no se evidencia
por los largos tiempos de espera y oportunidad de este y otros usuarios,
afiliados a dicha EPS para acceder a los servicios de salud.
1.2.3.2.6.  Por último, solicita que se absuelva de cualquier
responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental, por cuanto la
responsabilidad de atención integral del representado es de la EPS-S CAPRECOM.
Añade que se debe ordenar a la EPS atender los tratamientos solicitados en la
presente tutela puesto que están incluidos dentro del POS.
1.2.3.2.7. Aclara que si dentro del proceso de atención integral
del menor agenciado, se llegare a presentar eventos NO POS, dicha dependencia
estará en disposición de cancelar todo tipo de cobros que presente la EPS, de
acuerdo al procedimiento adoptado en las Resoluciones 656 y 929 de 2015.
1.2.4. Decisiones judiciales.
1.2.4.1.
Decisión Única
de Instancia, Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de San José del
Guaviare, Guaviare.
Mediante providencia del seis (06) de enero
de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de
San José del Guaviare negó el amparo solicitado.
Lo anterior, toda vez que a su juicio debe
tenerse en cuenta que el Gobierno Nacional a través del Decreto 2519 de 2015,
dio inicio al proceso de liquidación de la Entidad Promotora de Salud CAPRECOM,
puesto que se encontraba en una situación crítica que le impedía prestarle a
sus afiliados el servicio de salud, por tanto sus afiliados fueron reasignados
a otras entidades a nivel nacional, según ubicación y disponibilidad. En
consecuencia, la vulneración de los derechos del menor accionante por parte de
CAPRECOM deben tenerse como un hecho superado, en la medida en que al haberse
ordenado la disolución de la EPS ya no es posible en este momento obligarla
legalmente a seguirle garantizando la atención medica al usuario como afiliado
al régimen subsidiado de salud, puesto que para obtener los servicios debe
concurrir a la EPS a la cual fue asignado.
Siguiendo con el mismo lineamiento,  afirmó
que es la EPS a la cual fue asignado el menor, la obligada en la actualidad a
garantizarle el servicio, conforme a la orden dada por el médico tratante. En
caso de no conocer a cuál fue reasignado comunicarse con unos números
telefónicos que transcribió.
1.2.5. Pruebas documentales
1.2.5.1.
Copia de la
Epicrisis del menor Dumar Alejandro Alfonso Mora emitida por el Hospital Simón
Bolívar (Folios 14-15,  cuaderno No. 2).
1.2.5.2.
Copia de la  Gestión
Científica Referencia y Contrareferencia del Hospital Simón Bolívar (Folio 16,
cuaderno No. 2).
1.2.5.3.
Copia de la orden
de servicio para control de urología pediátrica  emitida en el Hospital Simón
Bolívar (Folio 17 y 18, cuaderno No. 2).
1.2.5.4.
Copia de la orden
de servicio para control de nefrología pediátrica  emitida en el Hospital Simón
Bolívar (Folio 19, cuaderno No. 2).
1.2.5.5.
Copia de la orden
de servicio para control de gastroenterología pediátrica emitida en el Hospital
Simón Bolívar (Folio 20, cuaderno No. 2).
1.2.5.6.
Copia de la orden
de servicio para ecografía renal y de vías urinarias 881332 emitida en el
Hospital Simón Bolívar (Folio 21, cuaderno No. 2).
2.
ACTUACIONES DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
PRUEBAS
SOLICITADAS:
2.1.1. Mediante auto del veintitrés (23) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), el Magistrado Sustanciador, dados los hechos y pretensiones referidos, consideró
necesario solicitar las siguientes pruebas:
“PRIMERO: En el expediente T- 5.446.976, por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, poner en
conocimiento de la Entidad Prestadora de Salud CAFESALUD EPS (Sede
Principal: Calle 116 No. 21-37 y/o Calle 73 No. 11-66 Piso 1, Bogotá D.C.) y de
la Superintendencia de Salud (Av. Ciudad de Cali No. 51-66 Bogotá, World
Business Center, Sede Administrativa Piso 6 -7),  la solicitud de tutela de la
referencia y los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días
hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, exprese lo que estime
conveniente.
SEGUNDO: ORDENAR, que por intermedio de la Secretaría General
de la Corte Constitucional, se oficie a la CAFESALUD, para que en el
término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación
informe a este Despacho lo siguiente:
a.
Si al señor
Daniel Elías Vásquez Ochoa, accionante en la acción de tutela de la referencia,
se le realizó la cirugía denominada “COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA, TIPO DE
CIRUGÍA PROIORITARIA” que requiere por sus padecimientos de vesícula y que fue
ordenada por su médico tratante y autorizada previamente por Saludcoop EPS. En
caso de no ser así, explique las razones por las cuales no se ha realizado.
b.
Indique si los
trámites administrativos previamente aprobados por Saludcoop EPS en aras de
realizar los procedimientos ordenados por el médico tratante tienen continuidad
y plena validez frente a CAFESALUD EPS, o si por el contrario el afiliado tiene
que volver a solicitar las autorizaciones respectivas.
c.
Informe la
situación médica actual del accionante y si la entidad le está prestando el
servicio de salud adecuado para sobrellevar la afección que padece.
d.
Como ha sido la
prestación de los servicios de salud frente a los usuarios que fueron reasignados
de Saludcoop EPS y que ya tenían tratamientos, medicamentos, procedimientos u
otros autorizados.
TERCERO:
ORDENAR, que por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se oficie a la
Superintendencia de Salud, para que en el término de tres (3) días hábiles
contados a partir del recibo de la comunicación informe el trámite que le ha
dado a las quejas presentadas por el señor Daniel Elías Vásquez Ochoa,
accionante en la acción de tutela de la referencia y cuyos radicados son 4-2015-084724,
22-06-15 y 4-2015-062189. Así mismo, indique si por parte de dicha entidad se
le ha hecho seguimiento al caso del tutelante.
CUARTO. En el expediente T- 5.450.211, por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, poner en
conocimiento de la Entidad Prestadora de Salud NUEVA EPS (Sede Principal:
CRA. 85K No. 46A-66, Bogotá D.C.),  la solicitud de tutela de la referencia y
los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días hábiles
contados a partir del recibo de la comunicación, exprese lo que estime
conveniente.
QUINTO. ORDENAR, que por intermedio de la Secretaría General
de la Corte Constitucional, se oficie a la Entidad Prestadora de Salud NUEVA
EPS, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del
recibo de la comunicación del presente auto, ENVIE la siguiente
información:
a.
Copia de la
historia clínica del menor de edad Dumar Alejandro Alfonso Moral.
b.
Informe a este
Despacho si al menor agenciado se le está prestando el servicio de salud, más
específicamente el tratamiento integral teniendo en cuenta la afección que
padece, la cual podría generar un “daño renal irreversible”.
c.
Informe a este
Despacho si al menor ya se le realizaron los exámenes clínicos ordenados por su
médico tratante y la valoración por medicina especializada en “urología
pediátrica, gastroenterología pediátrica y nefrología pediátrica”.
SEXTO. ORDENAR, que por intermedio de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, se oficie al Defensor del Pueblo de la
Regional Guaviare, accionante dentro del expediente de tutela R- 5.450.211
(Calle 7 No. 24-127, San José del Guaviare, teléfonos (098)
5841155-3108539340),  para que en el término de tres (3) días hábiles, contados
a partir de la notificación del presente auto, informe a este Despacho si le ha
hecho seguimiento al proceso y cuál es el estado actual de salud del menor
agenciado.
SÉPTIMO. COMUNICAR esta decisión a todas las partes dentro
del presente proceso de tutela”.
2.2.
INFORMES
RECIBIDOS EN SEDE DE REVISIÓN.
Mediante oficio del trece (13) de junio de dos mil
dieciséis (2016), la Secretaría General de esta Corporación informó al Despacho
del  Magistrado Sustanciador que el auto de pruebas del veintitrés (23) de mayo
de dos mil dieciséis (2016), fue
notificado mediante oficio del veintiséis (26) de mayo de la misma anualidad, y
durante el término probatorio allegaron los siguientes documentos:
2.2.1.
Superintendencia
de Salud.
Mediante oficio del siete (07) de junio de
dos mil dieciséis (2016), el Doctor Andrés Orlando Ortegon Ocampo, en calidad
de Asesor del Despacho del Superintendente Nacional de Salud, manifestó:
“(…) si bien esta Superintendencia mediante
Resolución 002414 de 24 de noviembre de 2015 ordenó la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO
COOPERATIVO, con NIT 800.250.119-1, la prestación de los servicios de salud
de los afiliados a Saludcoop EPS desde el 1 de diciembre de 2015 pasó a ser
Cafesalud EPS, en consecuencia esta EPS receptora asumió el aseguramiento y la
continuidad en la prestación de los servicios de salud. En el caso del
accionante, se verificó la Base de Datos Única de Afiliación al Sistema de
Seguridad Social, evidenciando que el señor LUIS ENRIQUE QUEVEDO ALEJO (sic)
se encuentra en ESTADO ACTIVO, afiliado a CAFESALUD EPS desde el 1 de diciembre
de 2015.
Por lo anterior, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Amalfi-Antioquía, antes de proferir el fallo de primera instancia
debió vincular a CAFESALUD EPS, por ser un tercero con interés en las resultas
del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto
2089 de 2015, que modificó el artículo 9 del Decreto 3045 de 2013.
De la demanda se extracta que el accionante
solicita se autoricen el procedimiento denominado “COLECISTECTOMIA POR
LAPAROSCOPIA, TIPO DE CIRUGÍA PRIORITARIA”, para lo cual, una vez revisada la
Resolución Numero 5592 de 2015 “Por la cual se define, aclara y actualiza
íntegramente el Plan Obligatorio de Salud (POS)” y la Resolución 4678 de 2015,
se encontraron los siguientes reportes:
55.0.0 COLECISTOTOMIA Y COLECISTOSTOMÍA CON
EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS
51.2.1 COLECISTECTOMÍA
En consecuencia, CAFESALUD EPS en su
condición de EPS receptora del señor VASQUEZ OCHOA debe garantizar el
procedimiento prescrito por el médico tratante del accionante, bajo estándares
de oportunidad, accesibilidad, calidad y eficiencia. (…)
Mediante el radicado NURC 2-2016-048909 del
primero de junio de 2016, se le informó al accionante lo siguiente:
Respetado señor:
En atención a su comunicación con el Código
Único PQR CC706302553-050303-1, esta Superintendencia tuvo conocimiento de las
presuntas irregularidades presentadas por parte de CAFESALUD EPS,  en relación
con los servicios de salud requeridos por DANIEL ELIAS VASQUEZ OCHOA
identificado con CC…., en consecuencia me permito informarle que esta Dirección
ha requerido a dicha EPS con la instrucción de que informe sobre el caso. Dicha
petición deberá ser atendida y resuelta de manera efectiva, dentro del término
de dos /02) días hábiles, contados a partir de la comunicación por parte de la
entidad (…)
Finalmente se solicita a esa Alta
Corporación Judicial desvincularnos de toda responsabilidad dentro de la
presente acción teniendo en cuenta que la violación de los derechos que se
alegan como conculcados, no deviene de una acción u omisión atribuible a la
Superintendencia Nacional de Salud (…)”
2.2.2.
Empresa Social
del Estado, Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, Departamento del
Guaviare.
Mediante oficio del siete (07) de junio del presente
año el señor Gabriel Cárdenas Bejarano, en calidad de Gerente de la Empresa
Social del Estado, Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, Departamento del
Guaviare informa al despacho que la acción interpuesta no es en contra de dicha
entidad sino contra la EPS Saludcoop en Liquidación y Corporación IPS, por
tanto remite la competencia a las respectivas entidades correspondientes.
2.2.3.
Por último,
CAFESALUD EPS, NUEVA EPS y el Defensor del Pueblo de la Regional Guaviare no se
manifestaron al respecto.
3.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1.
COMPETENCIA.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en los procesos de esta referencia. Además, procede la revisión en
virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto
verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
3.2.
PROBLEMA
JURÍDICO.
Corresponde a la Sala analizar si las entidades que asumieron las
obligaciones de las accionadas (las cuales fueron liquidadas), están vulnerando
los derechos fundamentales a salud, a la vida digna, a la seguridad social, a
la integridad personal y los derechos de los niños y niñas de los tutelantes,
al negarse autorizar los servicios médicos ordenados por sus médicos tratantes
y requeridos con urgencia para mejorar su estado de salud.
Para resolver la controversia, la Sala Séptima de Revisión de
Tutelas  examinará: (i) el alcance del derecho fundamental a la salud, (ii)
el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud.
Traslado excepcional de los afiliados de una EPS a otra porque a la primera le
ha sido ordenada su liquidación, (iii) la protección especial y el
derecho a la salud de los niños y niñas y, (iv) a la luz de las
anteriores premisas, se analizarán los casos concretos.
3.3.
El ALCANCE DEL
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de
la Organización Mundial de la Salud, establece que:
“la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades (…) el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno
de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social (…) considerada
como una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad”.[3]
De igual forma, la Declaración Universal de Derechos
Humanos dispone:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios (…).”[4]
Así mismo, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho,
figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en
todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La
prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso
de enfermedad.[5]”
En el mismo sentido, la Observación No. 14
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales preceptúa el derecho
al disfrute del nivel más alto posible de salud, considerando que “la salud
es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás
derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud que le permita vivir dignamente.”[6]
En nuestro ordenamiento colombiano, la
Constitución Política consagra el derecho a la salud y a la seguridad social en
el artículo 48, cuando define la seguridad social “como un servicio público
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (...).”
Teniendo en cuenta este mandato constitucional, en el
año 1993 se expidió la Ley 100, mediante la cual se reglamentó el sistema de
seguridad social con el fin de configurar entre otros, el sistema general en
materia de Salud, así mismo desarrollar sus fundamentos, organización y
funcionamiento desde la perspectiva de una cobertura universal[7].
La jurisprudencia constitucional ha señalado en muchas
ocasiones que, de conformidad con el artículo 49 Superior, la salud tiene una
doble connotación: como derecho y como servicio público , precisando que todas
las personas deben acceder a él, y que al Estado le corresponde organizar,
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación atendiendo los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad.[8]
En un principio, esta Corporación al
referirse a la naturaleza del derecho a la salud consideró, que el mismo no
tenía el carácter de fundamental, puesto que era considerado esencialmente como
un derecho prestacional; sin embargo, podía ser protegido por vía de tutela
cuando su vulneración implicaba la afectación de otros derechos de carácter
fundamental, como el derecho a la vida, la dignidad humana o la integridad
personal.
Después de varios análisis, la fundamentalidad del
derecho a la salud fue establecida por la jurisprudencia de esta Corporación
como un derecho autónomo, ante la necesidad de garantizar al individuo una vida
en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho
indispensable para el ejercicio de las demás garantías esenciales.
Esta posición del Alto Tribunal fue analizada en la
sentencia T-144 de 2008[9]
donde se precisó:
“Se trata entonces de una  línea
jurisprudencial reiterada por esta Corte, la cual ha establecido que el derecho
a la salud es un derecho fundamental, que envuelve como sucede también con los
demás derechos fundamentales, prestaciones de orden económico orientadas a
garantizar de modo efectivo la eficacia de estos derechos en la realidad. Bajo
esta premisa, el Estado a través del Sistema de Seguridad Social en Salud,
proporciona las condiciones por medio de las cuales sus asociados pueden
acceder a un estado de salud íntegro y armónico.
(…) la salud puede ser
considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la vida como
mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial para el
mantenimiento de la vida en condiciones dignas y que (el acceso a tratamientos
contra el dolor o el suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas son incurables, debe
propenderse por todo lo necesario para un padecimiento en condiciones dignas)”.
En esta medida, la Corte a lo largo de su
jurisprudencia ha precisado que todas las personas sin excepción pueden acudir
a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su derecho
constitucional fundamental a la salud cuando consideren que está siendo
vulnerado. Por tanto, todas las entidades que prestan la atención en salud,
deben procurar no solo de manera formal sino también material la mejor
prestación del servicio, con la finalidad del goce efectivo de los derechos de
sus afiliados, en especial el derecho a la vida y a la dignidad; los cuales
deben ser garantizados por el Estado Colombiano de conformidad con los mandatos
internacionales, constitucionales y jurisprudenciales.
Posteriormente, en la sentencia T-760 de 2008[10],
la Corte Constitucional sistematizó y compiló las reglas jurisprudenciales
sobre el derecho a la salud. En dicha ocasión argumentó, que el derecho a la
salud es un derecho fundamental autónomo, y como tal, lo definió como un
derecho complejo, que protege múltiples ámbitos de la vida humana, desde diferentes
perspectivas. De allí que concluyó, que su ámbito de protección, no está
delimitado por los planes obligatorios de salud, de manera que la prestación
del servicio debe suministrarse aunque no esté incluido en dicho plan, cuando
estos se requieren con necesidad, el cual puede comprometer en forma grave la
vida digna de la persona o su integridad personal.
La citada sentencia señaló:
“En tal sentido, el ámbito del derecho
fundamental a la salud está delimitado por la dogmática constitucional, que
reconoce los contenidos garantizados a las personas en virtud del mismo. El
ámbito de protección, por tanto, no está delimitado por el plan obligatorio de
salud. Puede existir un servicio de salud no incluido en el plan, que se requiera
con necesidad y comprometa en forma grave la vida dignidad (SIC) de la persona
o su integridad personal.
(…) la salud es un derecho fundamental que
debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos. No hacerlo
conduce a que se presenta un déficit de protección constitucionalmente
inadmisible. Por ejemplo, la Corte decidió que representaba una violación al
derecho a la dignidad humana excluir del régimen de salud a la pareja de una
persona homosexual, extendiendo así el alcance de la primera sentencia de
constitucionalidad relativa al déficit de protección en que se encuentran las
parejas homosexuales. En este caso resolvió reiterar la decisión
jurisprudencial de reconocer (…) que el derecho a la salud es, autónomamente,
un derecho fundamental y que, en esa medida, la garantía de protección debe
partir de las políticas estatales, de conformidad con la disponibilidad de los
recursos destinados a su cobertura.” Esta decisión se adoptó considerando la
estrecha relación entre la salud y el concepto de la ‘dignidad humana’, (…)
elemento fundante del estado social de derecho que impone a las autoridades y a
los particulares el trato a la persona conforme con su humana condición.
El reconocimiento de la salud como un
derecho fundamental en el contexto constitucional colombiano, coincide con la
evolución de su protección en el ámbito internacional. En efecto, la génesis y
desenvolvi­miento del derecho a la salud, tanto en el ámbito internacional como
en el ámbito regional, evidencia la fundamentalidad de esta garantía.
Siguiendo con el mismo lineamiento, recientemente en
sentencia T-745 de 2014[11],
esta Corte reiteró su posición frente a la salud como derecho fundamental. Así
mismo, resaltó que dicho servicio debe ser prestado en condiciones de
integralidad. Razón por la cual, se debe garantizar a los usuarios del sistema,
una atención que implique la prestación con calidad, oportunidad y eficacia en
las fases previas, durante y posteriores a la recuperación del estado de salud,
por lo cual los afiliados tendrán derecho a la atención preventiva, médico
quirúrgica y los medicamentos esenciales que ofrezca el Plan Obligatorio de
Salud. Al respecto indicó:
“(…)  la atención en salud debe ser
integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de medicamentos,
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de
diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro
componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de
la salud del/ de la paciente.
El principio de integralidad es así uno de
los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos
referidos a la protección del derecho constitucional a la salud. De conformidad
con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud
- SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con
independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera
concreta la prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela
deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios
para concluir un tratamiento[12].
Por lo tanto, las personas vinculadas al
Sistema General de Salud independiente del régimen al que pertenezcan, tienen
el derecho a que las EPS les garantice un servicio de salud adecuado, es decir,
que satisfaga las necesidades de los usuarios en las diferentes fases, desde la
promoción y prevención de enfermedades, hasta el tratamiento y rehabilitación
de la enfermedad y con la posterior recuperación; por lo que debe incluir todo
el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico,
tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere necesario
para restablecer la salud del paciente o para aminorar sus dolencias y pueda
llevar una vida en condiciones de dignidad”.
Por último, es importante resaltar que esta
nueva categorización del derecho a la salud como autónomo y fundamental, fue consagrada por el legislador estatutario en la Ley 1751 de
2015[13],
cuyo control previo de constitucionalidad se ejerció a través de la Sentencia
C-313 de 2014[14]. Así las cosas, tanto en el artículo 1
como en el 2 de la aludida ley, se dispone que la salud es un derecho
fundamental autónomo e irrenunciable[15] y que comprende –entre otros
elementos– el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con
calidad, con el fin de alcanzar su preservación, mejoramiento y promoción.
Con la finalidad de garantizar
el citado derecho fundamental, el legislador estatutario estableció una lista
de obligaciones para el Estado, reguladas en el artículo 5 de la Ley 1751 de
2015, cuya lectura no puede realizarse de forma restrictiva, pues responden al
mandato amplio del deber del Estado de adoptar medidas de respeto, protección y
garantía[16].
Dichas obligaciones incluyen, a grosso modo, dimensiones positivas y
negativas. En las primeras, el Estado tiene el deber de sancionar a quienes
dilaten la prestación del servicio, así como generar políticas públicas que
propugnen por garantizar su efectivo acceso a toda la población; mientras que,
en las segundas, se impone el deber a los actores del sistema de no agravar la
situación de salud de las personas afectadas[17]. Resaltando los elementos esenciales
del derecho a la salud, los cuales son: la disponibilidad, la aceptabilidad, la
accesibilidad y la calidad e idoneidad profesional[18].
Precisiones reiteradas por esta Corte en la Sentencia T- 121 de 2015[19].
De lo anterior, se puede concluir que tanto la
jurisprudencia constitucional como la Legislación Colombiana han sido enfáticos
en la obligatoriedad de la protección de la salud como derecho fundamental de
todos los habitantes del territorio nacional, el cual puede ser invocado a
través de la acción de tutela cuando resultare amenazado o vulnerado, para lo
cual, los jueces constitucionales pueden hacer efectiva su protección y
restablecer los derechos vulnerados.
3.4.
EL PRINCIPIO DE
CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD.  Traslado excepcional de
los afiliados de una EPS a otra porque a la primera le ha sido ordenada su
liquidación. Reiteración de Jurisprudencia.
Tal y como se señaló en el
acápite anterior el derecho a la salud tiene una doble connotación: como
derecho y como servicio público. En esta medida todas las personas deben
acceder a él, y es al Estado a quien le corresponde organizar, dirigir,
reglamentar y garantizar su prestación atendiendo los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, conforme a lo estipulado en el artículo 49
Superior.
La Ley 100 de 1993, en su
artículo 153, numeral 9° contempló la calidad como principio rector del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al respecto resaltó:
“El Sistema establecerá
mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la calidad
en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua, y
de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional.
De acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno, las instituciones
prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia.”
Sobre el particular, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que “la eficiencia en la
prestación de los servicios públicos está ligada al principio de
continuidad, el cual supone que la prestación del servicio sea ininterrumpida,
permanente y constante; y con ello, en aras de proteger los derechos
fundamentales, el juez constitucional está en el deber de impedir que
controversias de tipo contractual, económico o administrativo “permitan a una
entidad encargada de prestar servicios de salud incumplir la responsabilidad
social que tiene para con la comunidad en general, y con sus afiliados y
beneficiarios en particular.”[20]
(Negrilla fuera de texto)
Posteriormente, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, en cumplimiento del
mandato legal contenido en el precepto anteriormente citado y de la
jurisprudencia constitucional, expidió el Decreto 055 de 2007 “Por el cual
se establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en el
aseguramiento y la prestación del servicio público de salud en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
En el artículo 1° del citado
decreto señala como objetivo el “establecer las reglas para garantizar la continuidad
del aseguramiento y la prestación del servicio público de salud a los afiliados
y beneficiarios del régimen contributivo, cuando a una entidad promotora de
salud cualquiera sea su naturaleza jurídica, se le revoque la autorización de
funcionamiento para administrar el régimen contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud o sea intervenida para liquidar por la
Superintendencia Nacional de Salud. Igualmente aplicará a las entidades
públicas y a las entidades que fueron autorizadas como entidades adaptadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuya liquidación sea ordenada por
el Gobierno Nacional, y aquellas entidades que adelanten procesos de
liquidación voluntaria.”
Siguiendo con el mismo
lineamiento, en su artículo 4° numeral 2, al hacer mención a los mecanismos de
traslado excepcional de los afiliados[21]
dispuso que:
“La Entidad Promotora de
Salud objeto de la revocatoria de autorización de funcionamiento para
administrar el régimen contributivo, intervención para liquidar, supresión o
liquidación voluntaria, decidirá a cuál o cuáles Entidades Promotoras de Salud
públicas o en donde el Estado tenga participación, se deben trasladar los
afiliados, decisión que deberá adoptar y comunicar a la Entidad receptora, en
un término máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha en que
quede en firme el acto de revocatoria, o de ordenada la intervención para
liquidar, o de proferida la orden de supresión o liquidación voluntaria, plazo
en el cual implementará los mecanismos para realizar las actividades,
procedimientos e intervenciones de salud que se encuentren aún pendientes y
autorizados.”, y en su
numeral 3° determina que “Las Entidades Promotoras de Salud receptoras deberán
garantizar la prestación de los servicios de salud a los afiliados, a
partir del momento en que se haga efectivo el traslado conforme lo señalado en
el inciso segundo del numeral anterior. Hasta tanto, la prestación será
responsabilidad de la Entidad objeto de la medida de revocatoria de
autorización de funcionamiento, intervención para liquidar, supresión o
liquidación voluntaria.”
De lo anterior, se puede
evidenciar que el legislador colombiano buscó garantizar la continuidad en
la prestación de los servicios de salud a los afiliados independientemente
de que las Entidades Promotoras del régimen contributivo (i) sean
intervenidas para su liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud, (ii) les sea revocada su autorización de funcionamiento, (iii)
se les ordene su supresión o liquidación por parte del Gobierno Nacional o (iv)
se disponga su liquidación voluntaria. Lo anterior, debido a que dichos
procesos se deben desarrollar sin solución de continuidad en la prestación de
los servicios de salud para así garantizarles a los usuarios sus derechos
fundamentales a la vida, la integridad personal y a la dignidad humana.
Debido a lo anterior, esta
Corporación ha sido enfática  en resaltar que la prestación adecuada del
servicio de salud al afiliado no puede ser afectada pese a que sea éste
reasignado a otra empresa promotora de salud. En esa medida en Sentencia T- 169
de 2009[22]
esta Corte señaló:
“la decisión de cambio de
Empresa Promotora de Salud no afecta la continuidad del servicio público de
salud, como quiera que le corresponde prestar la atención médica a la EPS que
se retira el trabajador, hasta el día anterior a la vigencia de la nueva
relación contractual”[23];
y ello porque “la continuidad del servicio se protege no solamente por el
principio de eficiencia. También por el principio consagrado en el artículo 83
de la C.P: “las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”. Esa buena fe sirve de
fundamento a la confianza legítima que tiene una persona para que no se le
suspenda un tratamiento luego de haberse iniciado[24]
(…)
Por consiguiente, sea cual
fuere la causa de interrupción en la prestación de los servicios de salud, en
virtud del principio de continuidad el juez de tutela debe garantizar su
suministro para impedir que las Entidades Promotoras de Salud desconozcan la
responsabilidad social que tienen con la comunidad en general, y con sus
afiliados y beneficiarios en particular”.
Siguiendo con el mismo lineamiento,
recientemente en Sentencia T-681 de 2014[25],
esta Corporación reiteró la línea fijada en la Sentencia T-169 de 2009 y a la
vez agregó que:
los afiliados al sistema no pueden verse
afectados por los inconvenientes de carácter presupuestal que atraviesen las
E.P.S., porque los pacientes no deben ver obstaculizado su procedimiento médico
en razón de los trámites internos que a nivel administrativo adelanten las
entidades de salud[26].
En esa medida, una E.P.S. que entra en
liquidación debe asegurar la continuidad en la prestación del servicio de sus
beneficiarios, hasta que el traslado a otra entidad se haya hecho efectivo y
opere en términos reales[27].
Por su parte, la entidad receptora tiene la obligación de continuar con la
prestación de los servicios pendientes y autorizados.
Lo anterior obedece a que los afiliados no
deben ver afectados sus derechos fundamentales por la negligencia y falta de
previsión de la entidad prestadora del servicio de salud, como tampoco pueden
asumir por cuenta de la imprevisión administrativa la obligación de desarrollar
una serie de procedimientos con el fin de obtener autorización para el
suministro de medicamentos o tratamientos médicos que requieran con urgencia o
con ocasión de una enfermedad ruinosa o catastrófica[28].
En esa medida, debe entenderse que cuando
se traslada a un usuario de una entidad encargada del servicio de salud a otra,
en razón de la liquidación de aquella, y exista una orden previa para la
prestación de servicios (POS o no POS), por ejemplo decretada por un juez de
tutela, la E.P.S. receptora debe asumir la obligación impuesta y no puede
justificar su negativa a suministrar el servicio, con base en el argumento de
que al no haber sido parte en el proceso de tutela, tal imposición vulnera su
derecho al debido proceso.
De lo anterior, descendiendo a los casos
objeto de estudio, se puede concluir que el hecho de que la entidad prestadora
del servicio de salud haya sido liquidada no significa que la obligación de
prestar el servicio haya cesado, pues la misma debe ser asumida por la entidad
que la haya reemplazado, puesto que los usuarios son reasignados y sobre ellos
no puede recaer la carga. De igual manera, la negligencia de la entidad
liquidada no puede afectar su derecho a la salud, el cual debe ser prestado sin
interrupciones en su tratamiento, ello en aras de proteger su derecho a la
vida.
3.5.
PROTECCIÓN
ESPECIAL  Y DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, JURISPRUDENCIA REITERADA.
Siguiendo con la línea de argumentación, es necesario
hacer alusión a las múltiples formas de manifestación del derecho a la salud,
dentro de las que encontramos el carácter fundamental que tiene la continuidad
en los tratamientos de salud y la protección que merecen los sujetos que gozan
de especial protección constitucional[29],
elemento este último que es pertinente para la solución del caso objeto de
estudio, toda vez que uno de los accionantes dentro de los casos objeto de
estudio es un niño de dos (2) años de edad que padece de una infección urinaria
crónica y, requiere con urgencia valoración por medicina especializada en urología
pediátrica, gastroenterología pediátrica y nefrología pediátrica. Así como la
práctica de una ecografía de vías urinarias.
Al respecto, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha establecido que hay casos en los que la misma Constitución de
1991 es quien ha conferido una protección especial a ciertos grupos humanos que
debido a sus condiciones particulares merecen una mayor protección por parte
del Estado, como es el caso de los niños, de las personas que se
encuentran en estado de indefensión, de quienes se encuentran en estado de
debilidad manifiesta y de los grupos que han sido históricamente marginados,
entre otros, para los cuales la protección de su derecho fundamental a la salud
deviene reforzado.
La atención primordial que demandan las personas que
ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional, impone al
juez constitucional la obligación de tomar medidas en  beneficio de la
efectividad de dicha protección especial. Así, entre mayor sea la desprotección
de estos sujetos, mayor debe ser la eficacia de las medias de defensa que se
tomen, en aras de consolidar los principios rectores del Estado Social de
Derecho.
De igual manera, es necesario tener en
cuenta que el régimen constitucional de protección de la niñez se complementa
con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que sobre el
particular han sido ratificados por Colombia, los cuales, según los términos
del artículo 93 superior, prevalecen en el orden interno. En efecto, en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989,
ratificada por Colombia mediante Ley 12 de 1991, al reconocerse que la infancia
supone cuidados y asistencia especiales, dada la falta de madurez física y
mental del niño.
Igualmente, en lo atinente al derecho a la
salud y a la seguridad social de los niños, la Constitución Política en su
artículo 44 consagra sus derechos como prevalentes sobre los derechos de
los demás, razón por la cual dadas las condiciones específicas de
vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran los menores de edad y el
interés constitucional que existe en cuanto a su protección, integridad y
adecuado desarrollo, se autoriza la defensa inmediata de sus derechos, frente a
quien de alguna manera pueda vulnerarlos o ponerlos en peligro. [30]
La Corte Constitucional en reiteradas
ocasiones ha manifestado que el derecho a la salud de los niños, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, por tener el carácter
de ‘fundamental’,[31]
debe ser protegido de forma inmediata por el juez constitucional en los casos
en que sea vulnerado.[32]
Este postulado responde, además, a la obligación que se impone al Estado y a la
sociedad de promover las condiciones para que el principio de igualdad se
aplique en forma real y efectiva, así como a la necesidad de adoptar medidas en
favor de quienes, en razón de su edad, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta (Art. 13, CP). En el caso de los niños y de las niñas, la acción de tutela procede
directamente para defender su derecho fundamental a la salud.[33]
En lo concerniente al derecho a la salud de los niños
y niñas, esta Corporación lo ha interpretado, teniendo en cuenta los tratados
internacionales en la materia y ha considerado que “la fundamentalidad del
derecho a la salud de la niñez implica que los servicios de salud que deben
brindarse son tanto aquéllos incluidos en los planes obligatorios de salud del
régimen contributivo y del régimen subsidiado y en planes adicionales como
aquéllas prestaciones contempladas en diferentes instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos de conformidad con los cuales deben
interpretarse los derechos constitucionales”.[34]
Por otra parte es
necesario resaltar que la Jurisprudencia Constitucional ha sido reiterativa al
sostener que los niños son sujetos de especial protección constitucional,
debido a la situación de indefensión y vulnerabilidad a la que se ve sometida
la población infantil, razón por la cual se busca garantizar la protección
integral de sus derechos en aras de dar cumplimiento al principio
constitucional del interés superior de niño. Al respecto en la sentencia T- 417
de 2007 señaló:
“…es claro que en los casos en que está de
por medio la salud de un niño, independientemente de la edad que tenga, por el
sólo hecho de ser un menor tiene derecho a recibir una atención adecuada y de
forma regular por parte de las entidades que tienen a su cargo esa función, sin
dilaciones injustificadas, pues, de lo contrario, se vulneran los derechos
fundamentales del niño al no permitirle el acceso efectivo a la prestación del
servicio de salud que demanda.” [35]
Además, los
derechos a la salud y a la seguridad social, conforme a lo establecido en la Sentencia
T-760 de  2008, tienen el carácter de fundamental y autónomo. En esa oportunidad, la Corte manifestó:
“[…] el desarrollo de un menor es integral
cuando se da en las diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva,
deportiva, social, cultural). El desarrollo de un menor es armónico cuando no
se privilegia desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la
formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos.”
En esa misma
oportunidad, la Corte reiteró el carácter fundamental del derecho a la salud de
los niños, e indicó que “debe
ser protegido en forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que
sea amenazado o vulnerado.”
Siguiendo con la misma línea argumentativa, en
Sentencia T-133 de 2013[36],
reiteró que el derecho a la salud de los niños y niñas prevalecen en caso de
que se presenten conflictos de intereses puesto que por encontrarse en
condición de debilidad manifiesta merecen mayor protección.
“(…) los menores de edad gozan de un
régimen de protección especial en el que prevalecen sus derechos sobre los de
los demás y que cualquier vulneración a su salud exige una actuación inmediata
y prioritaria por parte de todas las autoridades públicas, incluyendo al juez
constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del servicio médico
afecta los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida de los niños
y las niñas, se deberán modular o inaplicar las disposiciones que restrinjan el
acceso a los servicios que requieren, teniendo en cuenta que tales normas de
rango inferior impiden el goce efectivo de sus garantías Superiores. los
menores de edad requieren de una atención en salud idónea, oportuna y
prevalente, respecto de la cual toda entidad pública o privada tiene la
obligación de garantizar su acceso efectivo a los servicios como lo ordena el
artículo 50 Superior, en concordancia con los principios legales de protección
integral e interés superior de los niños y niñas”.
Posteriormente, en Sentencia T-200 de 2014[37],
se resaltó:
La jurisprudencia de esta Corporación, al
interpretar el cuerpo normativo que regula la garantía de los derechos de los
niños, ha concluido que en todos los casos relacionados con la protección de
sus derechos, el
criterio primordial a seguir por las autoridades competentes debe ser el de la
preservación y protección del interés prevaleciente y superior del menor. El
principio del interés superior de los niños también se encuentra incorporado en
la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3.1), al exigir que en “todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
Por último, tal y como se señaló en el acápite
anterior, mediante Ley 1751 de 2015, se reguló el derecho fundamental a la
salud. Otro de los principios que incluyó la misma fue el de prevalencia de
los derechos. En esta medida, conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 6 de la citada
ley, le compete al Estado “implementar medidas concretas y específicas para
garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes. En cumplimiento
de sus derechos prevalentes establecidos por la Constitución Política.
Dichas medidas se formularán por ciclos vitales: prenatal hasta seis (6) años,
de los (7) a los catorce (14) años, y de los quince (15) a los dieciocho (18)
años”.
Por tanto, en lo concerniente a menores de
edad, el derecho a la salud cobra mayor relevancia, toda vez que se trata de
sujetos que por su temprana edad y situación de indefensión requieren de
especial protección. Por esta razón, a partir de lo dispuesto en el artículo 44
de la Constitución Política[38], la jurisprudencia constitucional ha
establecido que, como respuesta a su naturaleza prevalente[39],
en lo que atañe al examen de los requisitos para el otorgamiento de
prestaciones en salud, la Corte ha concluido que su análisis debe realizarse de
forma flexible, en aras de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos[40].
En resumen, de lo manifestado con anterioridad se
puede concluir que tanto esta Corporación como la Legislación colombiana han
sido enfáticos acerca del trato preferente que tienen los derechos de los
menores frente a otros derechos, razón por cual en los casos en que se encuentra de por medio la salud
de un niño, sin importar la edad que tenga, tiene derecho a recibir una
atención preferente, integral, adecuada y proporcional a su diagnóstico médico,
esto por el sólo hecho de ser un menor de edad. De igual manera, para el Estado deben prevalecer los derechos fundamentales de los niños,
debido a su condición de vulnerabilidad física y mental; así mismo cuando la
acción de tutela va encaminada a defender el derecho fundamental de la salud.
4.
CASOS CONCRETOS
4.1.
Expediente T-
5.446.976
4.1.1. Resumen
Tal y como se indicó en los
antecedentes, el señor Daniel Elías Vásquez Ochoa, solicita al juez de
tutela que ampare sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la
seguridad social,  por considerar que la EPS Saludcoop en liquidación y la IPS
SC Central de Especialistas de Florida Nueva los han vulnerado al no autorizar
la cirugía denominada “Colecistectomía por Laparoscopia, tipo de cirugía
Prioritaria” que requiere debido a sus padecimientos de vesícula y que fue
ordenada por su médico tratante.
El Juez Promiscuo
Municipal de Amalfi, Antioquía en única instancia resolvió negar la protección
de los derechos invocados por el accionante, debido a que a su juicio al
encontrarse la EPS Saludcoop en toma de posesión, su obligación de prestar el
servicio ha cesado, entrando a reemplazarla la EPS Cafesalud. Por tanto, la
acción se torna improcedente por falta de legitimación en pasiva, ya que las
autorizaciones respectivas deberán ser expedidas por la nueva entidad, a la
cual fueron trasladados los afiliados de la EPS intervenida.
En sede de tutela el Magistrado Sustanciador mediante
auto del veintitrés (23) de mayo de dos
mil dieciséis (2016), resolvió vincular a la EPS Cafesalud al proceso objeto de
estudio en aras de garantizar su derecho fundamental al debido proceso, puesto
que al ser la receptora de los usuarios de Saludcoop se podría ver afectada con
la decisión. Sin embargo, dentro del término probatorio dicha entidad no se
manifestó al respecto.
4.1.2. Examen de procedencia
4.1.2.1.
Subsidiariedad e
Inmediatez
Esta Corporación ha reconocido
que en ciertas ocasiones, aunque existen mecanismos judiciales diferentes a la
acción de tutela que serían procedentes para solucionar la controversia
planteada, estos no son eficientes ante una situación de riesgo o peligro
inminente, en la que el derecho fundamental amenazado podría  resultar afectado
de manera grave y definitiva. Es en estos casos, la acción de tutela se
convierte en el mecanismo idóneo y eficaz para amparar el derecho amenazado en
el menor tiempo posible.
La Sala estima que para el caso
objeto de estudio, la acción de tutela es el mecanismo apropiado para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable  y proteger los derechos
fundamentales del tutelante, ya que la demora en la autorización del servicio
médico requerido puede empeorar su estado de salud.
En cuanto al requisito de
inmediatez, encontramos que se encuentra acreditado, toda vez que el perjuicio
es actual e inminente; el actor aún se encuentra a la espera de una solución a
su problemática por parte de las entidades accionadas, debido a que aún pese
haber firmado consentimiento informado para anestesia no se ha realizado el
procedimiento quirúrgico requerido y su estado de salud cada día empeora.
4.1.2.2.   Legitimación en la causa por activa
Los artículos 86 constitucional y 10° del
Decreto 2591 de 1991 indican que es titular de la acción de tutela cualquier
persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o
amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el amparo constitucional
o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus apoderados, representantes o
agentes oficiosos, para el caso de las personas que no se encuentran en
condiciones de interponer la acción por sí mismas.
En virtud de lo establecido
precedentemente, encuentra la Sala que el tutelante se encuentra legitimado
para  representar sus propios intereses, puesto que es el titular de los
derechos y la decisión proferida en su contra está afectando su salud, puesto
que la no realización de la cirugía ordenada puede generar un empeoramiento en
su salud e incluso una pancreatitis. Por tanto, el caso objeto de
estudio sí cumple con este requisito.
4.1.2.3.
Legitimación
por pasiva
En el caso sub examine se demandó a Saludcoop EPS;
así mismo, en sede de revisión, mediante Auto del veintitrés (23) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), se vinculó a la EPS Cafesalud, entidad encargada de
prestar el servicio requerido puesto que todos los usuarios de la EPS Saludcoop
que fue liquidada por el Gobierno Nacional fueron remitidos a esta última.
Además, en este caso la legitimación
por pasiva también está dada  porque la EPS accionada, participa en la prestación de servicios de seguridad
social, por tanto,  prestan servicios públicos, por lo que sus actuaciones están
cobijadas por el citado artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
4.1.3. Análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del señor Daniel Elías Vásquez Ochoa
4.1.3.1.
En primer lugar,
es importante precisar que debido a la desaparición de Saludcoop EPS sus
usuarios fueron reasignados a Cafesalud EPS, entidad ahora encargada de la
prestación efectiva de los servicios de salud requeridos por sus nuevos
afiliados. Por esta razón, el Magistrado sustanciador resolvió vincular a dicha
entidad al proceso de tutela, en aras de salvaguardar su derecho a la defensa y
al debido proceso. A pesar de ello, esta EPS no se manifestó en el término
probatorio acerca de los hechos que dieron origen a la presente acción.
4.1.3.2.
En segundo
lugar, teniendo en cuenta que la orden del médico tratante para la práctica
de la  cirugía del actor es del seis (06) de marzo de dos mil quince (2015), y Saludcoop
EPS fue liquidada mediante Resolución 2414 del veinticuatro (24) de noviembre
de la misma anualidad, a esta sala le corresponderá determinar (i) si la
entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del tutelante al retardar
por más de ocho (08) meses una autorización de un procedimiento denominado como
“prioritario” por el médico tratante; (ii) si Cafesalud EPS
receptora tiene responsabilidad al no continuar sin interrupciones la
prestación eficiente del servicio de salud.
4.1.3.3.
Ahora bien, quedó
probado en el proceso que el tutelante padece de “vesícula biliar
parcialmente distendida, de paredes delgadas, con múltiples cálculos en su
interior que oscilan entre 6 y 20mm de diámetro, que ocupan casi completamente
la vesícula y generan una acústica superior”. Por ello su médico tratante
ordenó realizar de manera prioritaria una cirugía denominada “colecistectomía
por laparoscopia” y Saludcoop EPS dilató la autorización de la misma,
puesto que al momento de interposición de la tutela aún no se había hecho
efectiva.
Igualmente, está demostrado
dentro del sumario que al primero (01) de junio de dos mil dieciséis (2016),
Cafesalud EPS aún no había autorizado los procedimientos médicos requeridos por
el tutelante pese a que la Superintendencia de Salud ya le había informado que
se trataba de un caso de riesgo de vida y que el peticionario llevaba más de un
año a la espera de dicha autorización.  En este momento, conforme a lo
estipulado por la Superintendencia de Salud en el oficio enviado a esta Corte
durante el término probatorio previsto, la EPS exige al tutelante ser valorado
nuevamente por medicina general. [41]
De lo anterior, se puede
evidenciar que un año y tres meses después de la orden prioritaria emitida por
el médico tratante aún no se ha realizado el procedimiento requerido con
urgencia para evitar una complicación mayor en la salud del actor,
circunstancia que incluso podría desencadenar en una pancreatitis. Vulnerando
de esta manera el derecho fundamental a la salud del señor Vásquez Ochoa tanto
la EPS emisora como la receptora, ya que ambas tenían la obligación legal de
agilizar y autorizar la realización del procedimiento de una forma oportuna y
efectiva, sin colocar trabas administrativas para la prestación del mismo. Al
respecto, esta Corporación ha precisado[42]:
Es razonable que para la prestación de
algún servicio médico el paciente tenga que cumplir con algunos trámites
administrativos, pero lo que resulta inadmisible es que dichos trámites sean
excesivamente demorados y que además le impongan una carga al usuario que no
está en condiciones y que no le corresponde asumir. La jurisprudencia de esta
Corte al analizar las diferentes vulneraciones al derecho a la salud, ha
evidenciado que los usuarios se tienen que enfrentar a múltiples trabas
administrativas y burocráticas para poder acceder a la prestación del servicio
de salud. Estas barreras atrasan la prestación del servicio, aumentan el
sufrimiento de las personas y muchas veces tiene consecuencias graves en la
salud de los usuarios[43]”
4.1.3.4.
Sobre este punto,
es importante advertir al juez de instancia (Juzgado Promiscuo Municipal de
Amalfi, Antioquía), que todos los jueces de la República tienen la obligación
de proteger el derecho fundamental a la salud, ya que el Legislador Colombiano y
la Corte Constitucional (Ley 1751 de 2015[44],
cuyo control previo de constitucionalidad se ejerció a través de la Sentencia
C-313 de 2014[45]), han estipulado que la salud es un derecho fundamental autónomo e
irrenunciable[46] y que comprende –entre otros
elementos– el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con
calidad, con el fin de alcanzar su preservación, mejoramiento y promoción.
En esta medida, en aras de la
protección de los derechos fundamentales del actor el juez de instancia debió
vincular a la EPS Cafesalud y no declarar improcedente la acción por falta de
legitimación y ordenar al usuario solicitar nuevamente el servicio en la EPS
receptora, ya que con su actuar está vulnerando el principio de continuidad en
la prestación del servicio colocándole una barrera administrativa y una carga
adicional la cual no tiene la obligación de soportar, al exigirle realizar
trámites para la prestación del servicio ante la otra entidad por que la
accionada ha sido liquidada.
Al respecto, la jurisprudencia
de esta Constitucional ha resaltado que “la eficiencia en la prestación de
los servicios públicos está ligada al principio de continuidad, el cual supone
que la prestación del servicio sea ininterrumpida, permanente y constante;
y con ello, en aras de proteger los derechos fundamentales, el juez
constitucional está en el deber de impedir que controversias de tipo
contractual, económico o administrativo “permitan a una entidad encargada de
prestar servicios de salud incumplir la responsabilidad social que tiene para
con la comunidad en general, y con sus afiliados y beneficiarios en particular.”[47]
(negrillas y subrayado fuera del texto)
4.1.3.5.
Así mismo, tal y
como se mencionó en la parte considerativa de este proyecto, cabe advertir que el
Decreto 055 de 2007 al mencionar los
mecanismos de traslado excepcional de los afiliados[48] dispone en
su artículo 4°, numeral 2° que la Entidad Promotora de Salud, en este caso
intervenida para liquidar tiene la obligación de trasladar a sus afiliados a
otra entidad en un término máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la
fecha en que quede ordenada la intervención para liquidar. en dicho
término deberá implementar los mecanismos adecuados para realizar las
actividades, procedimientos e intervenciones de salud que se encuentren aún
pendientes y autorizados. Así mismo en su numeral 3° determina que las
Entidades Promotoras de Salud receptoras deberán garantizar la
prestación de los servicios de salud a los afiliados, a partir del momento
en que se haga efectivo el traslado.
4.1.3.6.
De lo anterior, se
puede concluir que el hecho de que la entidad prestadora del servicio de salud
haya sido liquidada no quiere decir que la obligación de prestar el servicio
haya cesado, pues la misma debe ser asumida por la entidad que la haya reemplazado,
ya que los usuarios son reasignados y sobre ellos no puede recaer la carga.
Tampoco la negligencia de la entidad liquidada puede afectar su derecho a la
salud, el cual debe ser prestado sin interrupciones en su tratamiento, ello en
aras de proteger su derecho a la vida.
4.1.3.7.
En esta medida, sí
existe una vulneración de los derechos fundamentales del accionante por parte
de Saludcoop EPS y Cafesalud EPS ya que ambas tenían la obligación legal de
prestarle de manera efectiva y continua los servicios de salud requeridos por
el señor Daniel Elías Vásquez Ochoa, puesto que dichos procesos se deben
desarrollar sin solución de continuidad para garantizarles a los usuarios sus
derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y a la dignidad
humana.
Por tanto, al juez de tutela no le es dado
negar el amparo solicitado por los afiliados y beneficiarios de Saludcoop con
el argumento de que la solicitud del servicio médico, procedimiento quirúrgico
o medicamento requerido que se había radicado ante aquélla, se debe presentar
nuevamente ante la Cafesalud EPS receptora, pues como quedó demostrado a lo
largo de esta parte considerativa, el proceso de liquidación de la EPS se llevó
a cabo con plena observancia del principio de continuidad en la prestación de
los servicios de salud a través de la aplicación del Decreto 055 de 2007 y
de la jurisprudencia que al respecto ha desarrollado esta Corporación.
4.1.3.8.
En vista de lo
anterior, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
concluye que los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, a
la vida digna y a la seguridad social del tutelante, están siendo vulnerados
puesto que la liquidación de una EPS no es excusa para negar la autorización de
un servicio médico prioritario, ya que en este caso tanto la EPS emisora como
la receptora tienen la obligación legal de prestar el servicio de salud de
forma continua al usuario, sin colocar barreras administrativas que retarden la
prestación efectiva del mismo.
En consecuencia, se revocará la
decisión proferida en única instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Amalfi, Antioquía que negó las pretensiones del actor y en su lugar se
protegerán los derechos fundamentales a la salud, integridad personal, a la
vida digna y a la seguridad social.
Así mismo, se ordenará a
CAFESALUD EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta providencia, autorice el procedimiento
denominado “colecistectomía por laparoscopia, tipo de cirugía prioritaria”,
todos los tratamientos médicos que requiera el señor Daniel Elías Vásquez
Ochoa para el manejo de su enfermedad, y que hayan sido ordenados por su
médico tratante.
Se advertirá al Juzgado Promiscuo
Municipal de Amalfi, Antioquia, que en los casos similares al objeto de estudio
deberá dar estricto cumplimiento al Decreto 055 de 2007 y a la jurisprudencia
que al que ha desarrollado esta Corporación en lo referente al principio de continuidad en la
prestación del servicio de salud.
Igualmente se advertirá a
CAFESALUD EPS, para que en un futuro se abstenga de hacer requerimientos
administrativos adicionales y garantice de forma inmediata el principio de
continuidad en la atención de salud, en relación no sólo al caso objeto de estudio
sino a los demás usuarios que puedan encontrarse en situación similar a la del
accionante.
Por último, se comunicará la
presente decisión a la Superintendencia de Salud, para que dentro de la órbita
de sus competencias, haga un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
4.2.
Expediente T-
5.450.211
4.2.1. Resumen
Tal y como se indicó en los
antecedentes, el Defensor del Pueblo de la Regional Guaviare, actuado como
agente oficioso solicita al juez de tutela que ampare los derechos fundamentales
a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y los derechos de los
niños y niñas del menor de edad Dumar Alejandro Alfonso Mora, quien padece de “infección
urinaria crónica”, por considerar que la EPS accionada los ha vulnerado al
no autorizar el tratamiento integral, los exámenes clínicos ordenados por su
médico tratante y la remisión a valoración por medicina especializada en “urología
pediátrica, gastroenterología pediátrica y nefrología pediátrica”.
Sobre este punto Caprecom EPS no se
manifestó al respecto. Sin embargo, la Secretaría Departamental de Salud del
Guaviare, señaló que al estar los procedimientos requeridos por el menor incluidos
en el POS, es la EPS Caprecom la responsable de ordenar lo solicitado en la
presente acción de tutela y brindar una atención integral, en virtud de lo
manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T-1021 de 2010 y lo
solicitado en la tutela.
El Juez Promiscuo de Familia del Circuito
de San José del Guaviare negó en única instancia el amparo solicitado. Lo
anterior, porque el Gobierno Nacional a través del Decreto 2519 de 2015, dio
inicio al proceso de liquidación de la Entidad Promotora de Salud CAPRECOM, por
tanto sus afiliados fueron reasignados a otras entidades a nivel nacional,
según ubicación y disponibilidad. En consecuencia, al haberse ordenado la
disolución de la EPS ya no es posible en este momento obligarla legalmente a
seguirle garantizando la atención medica al usuario como afiliado al régimen
subsidiado de salud, puesto que para obtener los servicios debe concurrir a la
EPS a la cual fue asignado.
En sede de tutela el Magistrado
Sustanciador mediante auto del veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis
(2016), resolvió vincular a la Nueva EPS al proceso objeto de estudio en aras
de garantizar su derecho fundamental al debido proceso, puesto que el menor fue
reasignado a dicha entidad, por tanto la misma se podría ver afectada con la
decisión. Sin embargo, dentro del término probatorio en sede de tutela no se
manifestó al respecto.
4.2.2. Examen de procedencia
4.2.2.1.
Subsidiariedad e
Inmediatez
En diversas ocasiones, la Corte
Constitucional ha establecido como regla general que la acción de tutela es el
mecanismo idóneo para solicitar la protección de los derechos fundamentales a
la salud los niños y niñas.
En el caso objeto de estudio se
encuentra acreditado que el niño Dumar Alejandro Alfonso Mora de dos (02) años
de edad padece de una “infección urinaria crónica”, y necesita recibir
el tratamiento médico especializado puesto que su patología a largo plazo puede
afectar otros órganos como sus riñones y generar un “daño renal
irreversible”.
Por lo tanto, en virtud de su
condición de sujeto de especial protección constitucional y, ante la inexistencia
de otros mecanismos ordinarios que garanticen efectivamente la defensa de los
derechos invocados, la acción de tutela se abre paso como el mecanismo idóneo
para invocar el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida
digna.
En cuanto al principio de
inmediatez, se encuentra acreditado, toda vez que la situación de salud del
menor persiste y las entidades accionadas a la fecha de presentación de la
acción veintidós (22) de diciembre de dos mil quince (2015), no habían autorizado
la remisión hospitalaria del menor ni los servicios médicos requeridos.
4.2.2.2.   Legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de
la Constitución Política de 1991 establece que todas las personas que estén
dentro del territorio nacional o fuera de éste pueden recurrir a la acción de
tutela directamente a través de un procedimiento preferente, informal y sumario[49]. A pesar
de lo anterior, también se contempla la opción de que se interponga por un
tercero si se presenta alguno de los siguientes eventos: "(i) quien
actúa es el representante legal del titular de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados; (ii) el accionante es el apoderado judicial de aquel
que alega sufrir un menoscabo a sus derechos, o (iii) el tercero actúa como
agente oficioso. "[50]
La jurisprudencia
de la Corte Constitucional[51]
ha establecido que para utilizar la agencia oficiosa se debe demostrar la
necesidad de utilizar la figura y probar que el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no puede promover por sí sola su propia defensa por
incapacidad física o mental.[52]
A partir de la norma mencionada, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
determinó que la tutela se puede ejercer por cualquier persona cuyos derechos
se vean vulnerados o amenazados y que existe la posibilidad de promoverla por
medio de representante legal o de un agente oficioso[53].
En la Sentencia T-214 de 2014 esta
Corporación señaló que la agencia oficiosa es una figura que se
utiliza cuando el titular de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados está en la imposibilidad de ejercer su defensa, por lo cual se
legitima a un tercero indeterminado para que actúe a su nombre sin que se
requiera que medie un poder.[54]
En ese sentido, se indicaron los requisitos que se exigen para que opere la
agencia oficiosa: (i) que se exprese claramente por parte del
agente que actúa a nombre de otra persona; (ii) que en el escrito
de tutela se deje expresamente manifestado que el titular del derecho sobre el
cual se solicita protección no esté en condiciones físicas o mentales de
promover su defensa; (iii) que estén totalmente identificados el o
los agenciados; y (iv) que oportunamente mediante actos
positivos del agente se ratifique frente a los hechos y pretensiones de la
tutela.[55]
En el mismo
sentido se indicó que la procedencia de la agencia oficiosa se fundamenta en
principios constitucionales como "i) la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas (artículo 228 CP.), cuyo objetivo principal es
hacer efectiva la protección de los derechos de las personas e impedir se
presenten circunstancias y requisitos superfluos; ii) el principio de eficacia
de los derechos fundamentales (artículo 2o CP.), el cual vincula
tanto a las autoridades públicas como a los particulares; iii) el principio de
solidaridad (artículo 95 CP.), que exige velar por la defensa no sólo de los
propios derechos, sino también de los ajenos cuando los titulares se encuentren
en imposibilidad de hacerlo por sí mismos.,"[56]
La Corte
Constitucional ha establecido que el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales pueden ejercer la acción de tutela como agentes oficiosos con el
objeto de proteger los derechos fundamentales de aquellas personas que no
pueden acudir a la administración de justicia directamente.[57]
En estos eventos,
se requiere que se presenten dos (2) elementos para que se configure la agencia
oficiosa: (i) que el algente oficioso exprese
claramente que actúe en tal condición y (ii) que el titular de
los derechos fundamentales que se invocan no tenga las condiciones que le
permitan instaurar a nombre propio la acción de tutela[58].
Esta Corporación
paulatinamente ha flexibilizado la exigencia de señalar de manera expresa que
se actúa como agente oficioso y también la referente a indicar los motivos por
los cuales el titular de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados
no puede interponer por sí mismo la acción de tutela.
Por lo anterior,
se ha establecido que en los eventos en donde el titular de los derechos
invocados no pueda actuar por sí mismo por motivos físicos, mentales y
síquicos, y no se indique esa situación ni que se adelanta una actuación como
agente oficioso, el juez de tutela está en la obligación de identificar las
razones que generan que el accionante actúe en nombre de otra persona[59]. Así
mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla que el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales están legitimados para interponer la acción
de tutela en nombre de un tercero cuyos derechos fundamentales se vean
vulnerados o estén en riesgo de verse afectados.[60]
Por su parte, el
artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 legitima al Defensor del Pueblo para
interponer acciones de tutela en nombre de terceros: "Artículo
46.- Legitimación. El Defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que
asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier
persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo e
indefensión." Así mismo, esta Corporación ha reconocido que el
Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales o Distritales tienen
competencia para instaurar una tutela como agentes oficiosos en dos
circunstancias específicas: "(i) cuando actúen en representación
de una persona que lo haya solicitado y (ii) cuando la persona se encuentre
desamparada o indefensa. [61]
De esta manera,
se tiene que en el primer caso si la persona solicitó la intervención y
representación de cualquiera de estas dos (2) autoridades existe la voluntad de
quien considera afectados sus derechos fundamentales, lo anterior es necesario
para poder garantizar que se acceda a la administración de justicia del titular
de los derechos vulnerados, quien puede desistir de la acción en cualquier
momento[62].
En cuanto al segundo supuesto, esta Corte ha señalado que se refiere a eventos
en donde la persona "se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin
medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes
para resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho
fundamental".[63]
En relación con
el caso concreto, se encuentra demostrado que la señora Laura Grisales acude a
la Defensoría del Pueblo del Guaviare con el propósito de solicitar la
protección de los derechos fundamentales de su primo el menor Dumar Alejandro
Alfonso Mora, quien se encontraba hospitalizado en urgencias del hospital Simón
Bolívar de Bogotá con una “infección urinaria crónica” y la EPS
accionada no autorizaba su remisión a medicina especializada pese a que se
trataba de un menor de edad con una situación de salud grave que podría incluso
causarle la muerte o afectar definitivamente otros órganos.
Teniendo en
cuenta la información suministrada por la señora Laura Grisales y su solicitud
de ayuda, el veintidós (22) de diciembre de la misma anualidad la Defensoría
del Pueblo - Regional Guaviare interpuso una acción de tutela como agente
oficioso de Dumar Alejandro Alfonso Mora pues sus derechos fundamentales a la salud,
a la vida digna e integridad personal se veían amenazados ante la negativa de
la accionada. De conformidad con lo anterior, debe concluirse que la Defensoría
del Pueblo Regional Guaviare  está legitimada por activa, puesto que  se trata
de menor de edad en situación de debilidad manifiesta, quien necesita con
urgencia la protección de su derecho fundamental a la salud y además indica que
actúa como agente oficioso.
4.2.2.3.
Legitimación
por pasiva
En el caso sub examine se demandó a la EPS
Caprecom Territorial Guaviare y a la Secretaría de Salud del mismo departamento;
así mismo, en sede de revisión, mediante Auto del veintitrés (23) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), se vinculó a la Nueva EPS, por ser la entidad
prestadora de salud a la que fue reasignado el menor Dumar Alejandro y por ser
la presunta vulneradora de los derechos fundamentales alegados.
En este caso la legitimación por pasiva está dada
porque tanto la Secretaría de Salud del Guaviare como la EPS accionada,
participan en la prestación de
servicios de seguridad social respectivamente y, por tanto,  prestan servicios
públicos, por lo que sus actuaciones están cobijadas por el citado artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.
4.2.3. Análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del niño Dumar Alejandro Alfonso Mora
4.2.3.1.
Quedó probado
dentro del expediente que el menor de edad Dumar Alejandro Alfonso Mora padece
de una infección complicada en las vías urinarias denominada “infección
urinaria crónica”, por la cual en diciembre de 2015 se encontraba
hospitalizado en urgencias del Hospital Simón Bolívar de Bogotá.[64]
Sin embargo, pese a su situación grave de salud, ya que en un niño de tan solo
dos (02) años de edad dicho diagnostico puede afectarle sus riñones u otros
órganos, la EPS accionada negó su remisión a medicina especializada y no
autorizó la práctica de la ecografía de las vías urinarias. Lo anterior, según
los relatos del tutelante por no contar con servicio de pediatría, afirmación
que no fue desvirtuada y, por tanto, debe ser tomada como cierta.
Igualmente, se encuentra
comprobado que la EPS accionada fue liquidada  mediante Decreto 2519 del
veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015) y sus usuarios fueron
reasignados a la Nueva EPS, entidad que tal y como se manifestó
antecedentemente fue vinculada al proceso de tutela en sede de revisión, en
aras de salvaguardar su derecho fundamental al debido proceso.
4.2.3.2.
En vista de lo
anterior, esta Sala de revisión estudiará si de conformidad con las preceptivas
constitucionales y las legales que regulan el tema, las EPS- accionada y
vinculada, vulneraron el derecho fundamental a la salud del menor de edad. Además,
sí por este hecho resultaron afectados otros derechos superiores como la vida
digna, integridad personal y la seguridad social.
4.2.3.3.
En principio,
observa la sala que Caprecom EPS señala que no puede autorizar la remisión del
menor a medicina especializada puesto que no cuenta con servicio de pediatría. De
lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿Puede la EPS accionada liberarse
de la responsabilidad de autorizar la remisión y el procedimiento prescrito por
el médico tratante del menor para mejorar su calidad de vida, argumentando que no
cuenta con el profesional especializado para ello?
Para dar respuesta al
interrogante planteado, es necesario recordar  que cuando se trata de niños y niñas,
sujetos de especial protección constitucional, el derecho a la salud debe
garantizarse de manera integral, aún respecto de aquellos tratamientos
catalogados como No-POS.[65]
De igual forma, la integralidad del servicio de salud debe entenderse como
la prestación de todos los servicios que los niños y niñas requieran para el
mejoramiento de su calidad de vida.
Por tanto, de ninguna manera se
debe negar la prestación del servicio médico por no contar con el especialista.
Es obligación de la EPS contratar el personal médico adecuado para atender
cualquier padecimiento de los afiliados. Al respecto esta Corte en Sentencia
C-313 de 2014[66],
precisó:
“(…) se
torna imperioso revisar y actualizar el catastro relativo a los profesionales
especializados en las diferentes áreas de la salud, en aras de evitar la
negación del acceso al derecho por falta de personal especializado. Por ende,
se debe exigir a los aseguradores y prestadores el cubrimiento necesario en
todas las áreas especializadas de la salud (…)”.
En el caso objeto de estudio, el
niño Dumar Alejandro, padece de una “infección urinaria crónica” y,
requiere ser remitido con urgencia a especialistas en “urología,
gastroenterología y nefrología pediátrica” y la realización de una
ecografía en las vías urinarias. Lo anterior, para evitar un daño renal
irreversible. Por tanto, la negativa de la prestación del servicio por parte de
la EPS accionada no solo vulneró los derechos fundamentales del menor de edad,
sino que también constituye una falta al deber que tienen las entidades
prestadoras del servicio de salud de contar con  el personal competente y
apropiado desde el punto de vista médico y técnico, para así responder con los
estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas[67].
En esta medida, ninguna EPS
debe negar la prestación del servicio de salud requerido, aduciendo no contar
con el profesional adecuado para ello, puesto que es un deber legal estar
dotado del personal necesario para atender todas las necesidades del afiliado.
En caso de no contar con el debe contratarlo o prestarlo mediante otra IPS; más
aún cuando se trata de la salud de un menor de edad.
4.2.3.4.
Ahora bien, a
diferencia de lo expresado por el juez de instancia, esta Sala considera que la
desaparición por liquidación de la EPS Caprecom no es justificación suficiente
para negar la prestación de los servicios de salud requeridos con urgencia por
los afiliados y más aún cuando quien requiere el servicio es un menor de edad,
pues tal y como se señaló en la parte considerativa de esta  providencia, los
usuarios de Caprecom EPS fueron reasignados a la Nueva EPS. Como se advirtió, el
menor desde el primero (01) de enero del presente año se encuentra activo en
dicha entidad, por tanto la prestación del servicio, pese a la desaparición de
la entidad emisora, debe ser continua y no son admisibles barreras
administrativas para retardar la prestación efectiva del mismo, ya que es
suficiente la orden médica emitida por el médico tratante para que la EPS
accionada esté obligada a ordenar el procedimiento, toda vez que por medio de
ésta se entiende requerida. Además,  por el riesgo en que se encuentran otros
órganos del menor como sus riñones, es de prima urgencia el inicio del
tratamiento para mejorar su calidad de vida.
En esta medida “Las Entidades Promotoras de Salud receptoras deberán
garantizar la prestación de los servicios de salud a los afiliados, a
partir del momento en que se haga efectivo el traslado (…). Hasta tanto, la
prestación será responsabilidad de la Entidad objeto de la medida de
revocatoria de autorización de funcionamiento, intervención para liquidar,
supresión o liquidación voluntaria.[68]”
Lo anterior obedece a que los usuarios no pueden ver afectados
sus derechos fundamentales por la negligencia y la falta de previsión de la entidad prestadora del
servicio de salud, como tampoco pueden asumir por cuenta de la imprevisión
administrativa la obligación de desarrollar una serie de procedimientos con el
fin de obtener autorización para el suministro de medicamentos o tratamientos
médicos que requieran con urgencia o con ocasión de una enfermedad ruinosa o
catastrófica[69].
4.2.3.5.
Por tanto, es
importante advertirles a los jueces de tutela que  la prestación adecuada del servicio de salud al
afiliado no puede verse afectada con la reasignación a otra empresa promotora
de salud. En esa medida en Sentencia T- 169 de 2009[70] esta Corte
señaló que “la decisión de cambio de Empresa Promotora de Salud no afecta la
continuidad del servicio público de salud, como quiera que le corresponde
prestar la atención médica a la EPS que se retira el trabajador, hasta el día
anterior a la vigencia de la nueva relación contractual”[71]; y
ello porque “la continuidad del servicio se protege no solamente por el
principio de eficiencia. También por el principio consagrado en el artículo 83
de la C.P: “las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”. Esa buena fe sirve de
fundamento a la confianza legítima que tiene una persona para que no se le
suspenda un tratamiento luego de haberse iniciado[72].
En consecuencia, se advertirá al Juzgado Promiscuo de
Familia del Circuito de San José del Guaviare, que en los casos similares al
objeto de estudio deberá dar estricto cumplimiento al Decreto 055 de 2007 y a
la jurisprudencia que ha desarrollado esta Corporación en lo referente al
principio de continuidad en la prestación del servicio de salud.
4.2.3.6.
De lo manifestado
con anterioridad, se puede concluir que en el caso objeto de estudio se han
vulnerado los derechos fundamentales del menor de edad Dumar Alejandro ya que, tanto
Caprecom EPS como la Nueva EPS, han dilatado la prestación eficiente del
servicio de salud requerido y ordenado por su médico tratante colocando
barreras administrativa y cargas adicionales que el menor no tiene la
obligación de soportar. Entidades encargadas de contar con los médicos
especializados suficientes para afrontar cualquier padecimiento de los usuarios.
Al respecto, esta Corte ha señalado:
“…las EPS no pueden imponer como requisito
de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de cargas administrativas
propias de la entidad’.[73]
En tal sentido, cuando una EPS niega servicios de salud a una persona que
tiene derecho a ellos, porque no realizó un trámite que le corresponde realizar
a la propia entidad, irrespeta su derecho a la salud, puesto que crea una
barrera para acceder al servicio...”
Por lo anterior se repite que las EPS están
obligadas a prestar el servicio de salud y no pueden colocar obstáculos
innecesarios para evadir su responsabilidad en la prestación del servicio y más
aún cuando con dicha negativa se está poniendo en riesgo la salud de un niño,
quien es considerado sujeto de especial protección constitucional.
4.2.3.7.
En vista de lo
anterior, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
concluye que los derechos fundamentales a la salud, integridad personal, a la
vida digna y a la seguridad social del menor Dumar Alejandro Alfonso Mora,
están siendo vulnerados puesto que la liquidación de una EPS no es excusa para
negar la autorización de un servicio médico prioritario, ya que en este caso
tanto la EPS emisora como la receptora tienen la obligación legal de prestar el
servicio de salud de forma contínua al usuario, sin colocar barreras
administrativas que retarden la prestación efectiva del mismo.
En consecuencia, se revocará la
decisión proferida en única instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de San José del Guaviare que negó las pretensiones del actor y en su
lugar se protegerán los derechos fundamentales a la salud, integridad personal,
a la vida digna y a la seguridad social.
Así mismo, se ordenará a la
NUEVA EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de
la notificación de esta providencia, autorice la remisión del menor a
especialistas en urología, gastroenterología y nefrología pediátrica y la
realización de la ecografía en las vías urinarias. Así como también la
prestación de todos los servicios que requiera para el tratamiento integral y
continuo de su enfermedad, sin importar si se encuentran o no incluidos en el
Plan Obligatorio de Salud. Para ello, garantizará el derecho al diagnóstico, a
partir de la realización de una cita médica en la cual se determine el estado
actual de la salud del tutelante y los tratamientos, procedimientos,
medicamentos e insumos que sean necesarios para garantizar su derecho
fundamental a la salud[74].
Se advertirá al Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare, que en los casos
similares al objeto de restudio deberá dar estricto cumplimiento al Decreto 055
de 2007 y a la jurisprudencia que al que ha desarrollado esta Corporación en lo
referente al principio de
continuidad en la prestación del servicio de salud.
Igualmente, se advertirá a la
Nueva  EPS, para que en un futuro se abstenga de hacer requerimientos
administrativos adicionales y garantice de forma inmediata el principio de
continuidad en la atención de salud, en relación no sólo al caso objeto de
estudio sino a los demás usuarios que puedan encontrarse en situación similar a
la del accionante.
Por último, se comunicará la
presente decisión a la Superintendencia de Salud y a la Defensoría del Pueblo
Regional Guaviare para que dentro de la órbita de sus competencias, haga un
seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
5.
CONCLUSIONES
5.1.
En la presente oportunidad la Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional decidió reiterar y precisar
su jurisprudencia respecto de la obligación que tienen las entidades
prestadoras del servicio de salud de garantizarle a los afiliados la
continuidad en la prestación del mismo, con independencia de intervenciones para
su liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, revocatoria
de su autorización de funcionamiento, orden de supresión o liquidación por
parte del Gobierno Nacional o de su liquidación voluntaria, pues dichos
procesos se deben desarrollar sin solución de continuidad en la prestación de
los servicios de salud para garantizarles a los usuarios sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la dignidad
humana.
5.2.
En esta medida la Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la
salud, a la integridad personal, a la vida digna y a la seguridad social de los
tutelantes los cuales están siendo vulnerados al negarles la prestación de los
servicios médicos requeridos. En consecuencia, advirtió que la liquidación de
una EPS no es excusa para negar la autorización de un servicio médico
prioritario, ya que tanto la EPS emisora como la receptora tienen la obligación
legal de prestar el servicio de salud de forma continua al usuario, sin colocar
barreras administrativas que retarden la prestación efectiva del mismo.
6.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. En el expediente T-5.446.976
REVOCAR, por las razones
expuestas en la presente providencia, la sentencia proferida el cuatro (04) de
diciembre de dos mil quince (2015), en única instancia por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Amalfi, Antioquía que negó las pretensiones del actor y en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, integridad
personal, a la vida digna y a la seguridad social del señor Daniel Elías Vásquez
Ochoa.
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a CAFESALUD EPS que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de esta providencia, autorice el procedimiento denominado “colecistectomía
por laparoscopia, tipo de cirugía prioritaria”, y todos los tratamientos
médicos que requiera el señor Daniel Elías Vásquez Ochoa para el manejo
de su enfermedad, y que hayan sido ordenados por su médico tratante.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi,
Antioquía, que en los casos similares al objeto de estudio deberá dar estricto
cumplimiento al Decreto 055 de 2007 y a la jurisprudencia que ha desarrollado
esta Corporación en lo referente al principio de continuidad en la prestación
del servicio de salud.
CUARTO. ADVERTIR a CAFESALUD EPS, para que en un futuro se
abstenga de hacer requerimientos administrativos adicionales y garantice de
forma inmediata el principio de continuidad en la atención de salud, en
relación no sólo al caso objeto de estudio sino a los demás usuarios que puedan
encontrarse en situación similar a la del accionante.
QUINTO. COMUNICAR la presente decisión a la Superintendencia
de Salud, para que dentro de la órbita de sus competencias, haga un seguimiento
del cumplimiento de esta providencia.
SEXTO. En el expediente T-5.450.211
REVOCAR, por las razones
expuestas en la presente providencia, la sentencia proferida el seis (06) de
enero de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de San José del Guaviare que negó las pretensiones invocadas por el
Defensor del Pueblo regional Guaviare como Agente oficioso del menor de edad Dumar
Alejandro Alfonso Mora y en su lugar, CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales a la salud, integridad personal, a la vida digna y a la
seguridad social del menor.
SÉPTIMO. ORDENAR a la NUEVA EPS que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, autorice la remisión del menor  Dumar Alejandro Alfonso Mora
a especialistas en urología, gastroenterología y nefrología pediátrica y la
realización de la ecografía en las vías urinarias. Así como también le preste
todos los servicios que requiera para el tratamiento integral y continuo de su
enfermedad, sin importar si se encuentran o no incluidos en el Plan Obligatorio
de Salud. Para ello, garantizará el derecho al diagnóstico, a partir de la
realización de una cita médica en la cual se determine el estado actual de la
salud del tutelante y los tratamientos, procedimientos, medicamentos e insumos
que sean necesarios para garantizar su derecho fundamental a la salud[75].
OCTAVO.  ADVERTIR al Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de San José del Guaviare, que en los casos similares al objeto de estudio
deberá dar estricto cumplimiento al Decreto 055 de 2007 y a la jurisprudencia
que ha desarrollado esta Corporación en lo referente al principio de continuidad en la prestación del
servicio de salud.
NOVENO.  ADVERTIR a la NUEVA EPS, para que en un futuro se
abstenga de hacer requerimientos administrativos adicionales y garantice de
forma inmediata el principio de continuidad en la atención de salud, en
relación no sólo al caso objeto de estudio sino a los demás usuarios que puedan
encontrarse en situación similar a la del accionante.
DECIMO. COMUNICAR la presente decisión a la Superintendencia
de Salud y a la Defensoría del Pueblo Regional Guaviare para que dentro de la
órbita de sus competencias, haga un seguimiento del cumplimiento de esta
providencia.
UNDÉCIMO. Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Han transcurrido ocho (08) meses al momento en que el accionante
interpuso la acción de tutela. En sede de revisión ya ha transcurrido un año
desde la firma de su consentimiento.
[2] En el expediente no obra copia de las respuestas emitidas por la
Superintendencia de Salud.
[3] Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
[4] Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[5] Art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
[6] Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
art. 12.
[7] Artículo 152 de la Ley 100 de 1993.
[8] Ver Sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000, T-499 de 2014 y
recientemente la T- 121 de 2015.
[9] MP, Clara Inés Vargas Hernández
[10] MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] MP, Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[12] CFR T-574 de 2010.
[13] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud
y se dictan otras disposiciones. Declarada EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-634 de 2015.
[14] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[15] El artículo 1 de la ley en cita establece que: “La presente ley
tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y
establecer sus mecanismos de protección”. Por su parte, el artículo 2
dispone: “El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en
lo individual y en lo colectivo. // Comprende el acceso a los servicios de
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación
para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la
Constitución Política, su prestación como servicio público esencial
obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión,
organización, regulación, coordinación y control del Estado.”
[16] Al respecto, en la Sentencia C-313 de 2014, se indicó que: “Con
estos presupuestos, procede la Corte, a valorar las obligaciones de las cuales
se hace responsable al Estado, en el artículo 5 en evaluación. El precepto
señala al Estado como responsable de respetar, proteger y garantizar el goce
efectivo del derecho. Para la Corte, tales responsabilidades de respeto,
protección y garantía son congruentes con las obligaciones legales de carácter
general de respeto protección y cumplimiento, establecidas en la observación
14. No encuentra la Sala razones para censurar ninguna de las tres
responsabilidades que el legislador estatutario le endilga al Estado colombiano
en materia de la búsqueda del goce efectivo del derecho. Ahora, advierte la
Corporación que el precepto adoptado por el legislador debe comportar una
interpretación amplia del derecho objeto de regulación, por ende, la norma,
según la cual, únicamente serían responsabilidad del Estado las tres
obligaciones estipuladas en el enunciado legal, no es de recibo en el
ordenamiento constitucional colombiano”.
[17] El artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 dispone que: “El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce
efectivo del derecho fundamental a la salud; para ello deberá:
a) Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del
derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro
de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda
resultar en un daño en la salud de las personas;
b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el
goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la
población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de
todos los agentes del Sistema;
c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la
salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas,
mediante acciones colectivas e individuales;
d) Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho
fundamental a la salud y determinar su régimen sancionatorio;
e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un
órgano y/o las entidades especializadas que se determinen para el efecto;
f) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho
fundamental a la salud en todo el territorio nacional, según las necesidades de
salud de la población;
g) Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las
condiciones de salud de la población a lo largo del ciclo de vida de las
personas;
h) Realizar evaluaciones sobre los resultados de goce efectivo del
derecho fundamental a la salud, en función de sus principios y sobre la forma
como el Sistema avanza de manera razonable y progresiva en la garantía al
derecho fundamental de salud;
i) Adoptar la
regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible
los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de
manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población;
j)
Intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en salud
con el fin de optimizar su utilización, evitar las inequidades en el acceso,
asegurar la calidad de los mismos o en general cuando pueda derivarse una grave
afectación de la prestación del servicio”.
[18] En relación con cada uno de ellos la norma en cita establece que: “a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la
existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de
programas de salud y personal médico y profesional competente;
b) Aceptabilidad. Los diferentes agentes del
sistema deberán ser respetuosos de la ética médica así como de las diversas
culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y comunidades, respetando
sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud, permitiendo su
participación en las decisiones del sistema de salud que le afecten, de
conformidad con el artículo 12 de la presente ley y responder adecuadamente a las necesidades de
salud relacionadas con el género y el ciclo de vida. Los establecimientos
deberán prestar los servicios para mejorar el estado de salud de las personas
dentro del respeto a la confidencialidad;
c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de
salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del
respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al
pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la
accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información;
d) Calidad
e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías
de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto
de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las
comunidades científicas. Ello requiere, entre otros, personal de la salud
adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e investigación
científica y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y
tecnologías ofrecidos”.
[19] MP, Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[20] cfr. Sentencia T-169 de 2009 que retomó la línea contemplada en la
Sentencia T-246 de 2009, MP, Humberto Sierra Porto.
[21] Decreto 055 de 2007, artículo 2°: “Mecanismos de traslado
excepcional de afiliados. Para garantizar la continuidad en el
aseguramiento y la prestación del servicio público esencial de seguridad social
en salud en el régimen contributivo, teniendo en cuenta el número de afiliados,
en las Entidades Promotoras de Salud a las que se les revoque la autorización
de funcionamiento para administrar el régimen contributivo, o sean objeto de
intervención para liquidar, o se les haya ordenado la supresión o liquidación,
o se haya dispuesto la liquidación voluntaria, se establecen dos mecanismos
excepcionales de traslado de afiliados: afiliación a prevención o afiliación
por asignación que se definen en el presente Decreto.
La
Superintendencia Nacional de Salud al resolver sobre la revocatoria de
autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo o la
intervención para liquidar, o la autoridad al ordenar la liquidación de las
entidades promotoras de salud públicas o de las entidades adaptadas, o el
organismo competente que disponga la liquidación voluntaria, debe evaluar y
ordenar la aplicación de uno de los mencionados mecanismos de traslado, según
se considere adecuado para la garantía de la continuidad en la prestación
del servicio público esencial de seguridad social en salud.”  (negrilla fuera de texto)
[22] MP, Humberto Sierra Porto.
[23] Corte Constitucional. Sentencia T-270 de 2005.
[24] CFR Sentencia T-993 de 2002.
[25] MP, Jorge Iván Palacio Palacio.
[26] Sentencia T-270 de 2005. MP, Álvaro Tafur Galvis.
[27] Ídem.
[28] Sentencias T-270 de 2005. MP, Álvaro Tafur Galvis  y T-170 de 2002. MP, Manuel José Cepeda
Espinosa.
[29] Véase la Sentencia T- 898 de 2010. MP, Juan Carlos Henao Pérez.
[30] T- 084 de 2011 MP,Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31] Sentencias T-514 de 1998, T-415 de 1998, T-408 de 1995, T-531 de 1992,
T-287 de 1994, T-556 de 1998, T-117 de 1999.
[32] Ver entre otras, las sentencias T-075 de 1996, SU-225 de 1998, T-236
de 1998, T-286 de 1998, T-453 de 1998, T-514 de 1998, T-556 de 1998, T-784 de
1998, T-796 de 1998, T-046 de 1999, T-117 de 1999, T-119 de 1999, T-093 de
2000, T-153 de 2000, T-610 de 2000, T-622 de 2000, T-1430 de 2000.
[33] Sentencia T-860 de 2003.
[34] Sentencia T- 893 de 2010, MP, María Victoria Calle Correa
[35] MP, Álvaro Tafur Galvis
[36] MP, Jorge Iván Palacio Palacio
[37] MP, Alberto Rojas Ríos
[38] Al respecto, la norma en cita dispone que: “Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (…)”
[39] El inciso 3 del artículo 44 del Texto Superior, establece que: “Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
[40] Consideración tomada de la Sentencia T-121 de 2015.MP, Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[41] Folios 48-53, cuaderno principal.
[42] T- 745 de 2014, MP, Mauricio González Cuervo
[43] a) Prolongación del sufrimiento, que consiste en la angustia
emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo
para ser atendidas y recibir tratamiento; b) Complicaciones médicas del estado
de Salud, esto se debe a que la persona ha tenido que esperar mucho tiempo para
recibir la atención efectiva, lo cual se refleja en el estado de salud debido a
que la condición médica empeora; c)Daño permanente, cuando ha pasado demasiado
tiempo entre el momento en que la persona acude al servicio de salud y hasta el
momento en que recibe la atención efectiva, empeorando el estado de salud y por
lo tanto generándole una consecuencia permanente o de largo plazo; d)
Discapacidad permanente, se da cuando el tiempo transcurrido es tal entre el
momento que el paciente solicita la atención y hasta cuando la recibe, que la
persona se vuelve discapacitada; e) Muerte, esta es la peor de las
consecuencias, y se puede dar cuando la falta de atención pronta y efectiva se
tarda tanto que reduce las posibilidades de sobrevivir o cuando el paciente
necesita de manera urgente ser atendido y por alguna circunstancia el servicio
es negado.
[44] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud
y se dictan otras disposiciones. Declarada EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-634 de 2015.
[45] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[46] El artículo 1 de la ley en cita establece que: “La presente ley
tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y
establecer sus mecanismos de protección”. Por su parte, el artículo 2
dispone: “El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en
lo individual y en lo colectivo. // Comprende el acceso a los servicios de
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación
para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la
Constitución Política, su prestación como servicio público esencial
obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización,
regulación, coordinación y control del Estado.”
[47] Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2005, T- 022 de 2014.
[48] Decreto 055 de 2007, artículo 2°: “Mecanismos de traslado
excepcional de afiliados. Para garantizar la continuidad en el
aseguramiento y la prestación del servicio público esencial de seguridad social
en salud en el régimen contributivo, teniendo en cuenta el número de afiliados,
en las Entidades Promotoras de Salud a las que se les revoque la autorización
de funcionamiento para administrar el régimen contributivo, o sean objeto de
intervención para liquidar, o se les haya ordenado la supresión o liquidación,
o se haya dispuesto la liquidación voluntaria, se establecen dos mecanismos
excepcionales de traslado de afiliados: afiliación a prevención o afiliación
por asignación que se definen en el presente Decreto.
La Superintendencia Nacional de Salud al resolver sobre la revocatoria de autorización de
funcionamiento para administrar el régimen contributivo o la intervención para
liquidar, o la autoridad al ordenar la liquidación de las entidades promotoras
de salud públicas o de las entidades adaptadas, o el organismo competente que
disponga la liquidación voluntaria, debe evaluar y ordenar la aplicación de uno
de los mencionados mecanismos de traslado, según se considere adecuado para
la garantía de la continuidad en la prestación del servicio público esencial de
seguridad social en salud.”  (negrilla
fuera de texto)
[49]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 11 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[50]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[51]
Sentencia de la Corte Constitucional T-845 de 2011 MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[52]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 11 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[53]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa. Ver sentencias T-330 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-545
de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[54]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[55]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa
[56]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[57]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
[58]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias SU-707 de 1996,
M.P. Hernando Herrera Vergara; T-659 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-414
de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-574 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-239 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-078 de 2004,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-681 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería;
T-095 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-365 de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-299 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-050
de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-591 de 2009, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; y T-961 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
178
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
179Sentencia de la Corte
Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[61] Sentencia T-682 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
181 Sentencia
T-682 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
182Sentencia T-682 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[64] En sede de revisión, teniendo en cuenta la edad del menor y su
condición de salud delicada, este Despacho se comunicó telefónicamente con la
defensora accionante con la finalidad de conocer el estado actual de salud del
menor, obteniendo como respuesta que la funcionaria no tenía conocimiento del
estado del mismo. Aunado a lo anterior, tampoco se manifestó dentro del término
probatorio dado mediante auto del  veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis
(2016).
[65] Sentencia T-974 de 2010, MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[66] MP, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[67] Ley Estatutaria  1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”
“(…)
Artículo 14. Prohibición de la negación de
prestación de servicios. Para acceder a servicios y tecnologías de salud no se
requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de
servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud
cuando se trate de atención de urgencia.
Artículo
6°. Elementos y principios del derecho
fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud incluye los
siguientes elementos esenciales e interrelacionados: (…)
d)
Calidad e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías
de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto
de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las
comunidades científicas. Ello requiere, entre otros, personal de la salud
adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e investigación
científica y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y
tecnologías ofrecidos (…)”
[68] Artículo 3 Decreto 055 de 2007 “Por el cual se establecen mecanismos
tendientes a garantizar la continuidad en el aseguramiento y la prestación del
servicio público de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones”.
[69] Sentencia T-681 de 2014, reiteró la línea fijada en la Sentencia
T-169 de 2009.
[70] MP, Humberto Sierra Porto.
[71] Corte Constitucional. Sentencia T-270 de 2005.
[72] CFR Sentencia T-993 de 2002.
[73] T-976 de septiembre de 2005, MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[74] Cfr. T-787/14
[75] Cfr. T-787/14