C-288-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-288/09
ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR-Exequibilidad
La Corte
encuentra que las disposiciones del Estatuto Migratorio Permanente entre
Ecuador y Colombia, responde a múltiples compromisos adquiridos  y armonizan
plenamente con la Carta Política por cuanto tienden a impulsar la integración
de la comunidad latinoamericana en materia económica, social y cultural;
realizan los imperativos constitucionales en relación con las zonas fronterizas
que vienen a resultar beneficiadas y  defienden los derechos de los extranjeros
al regular de manera igualitaria bajo el concepto de dignidad humana, el
tránsito y la permanencia de las personas entre los territorios
colombo-ecuatoriano, con el objeto principal de buscar soluciones a la
situación de los migrantes irregulares.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA-Características
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Reinicio de trámite por detectarse vicio insubsanable
La Corte
precisa que el presente instrumento internacional ya había cumplido el trámite
correspondiente ante el Congreso siendo sancionado por el Presidente de la
República como Ley 968 de 2005, pero al surtirse el grado de revisión
constitucional fue declarada inexequible la ley aprobatoria en la sentencia
C-241 de 2006, por violación del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003,
que al presentarse desde el inicio del trámite del proyecto la tornó
insubsanable, correspondiendo entonces al Congreso darle un nuevo trámite que
ahora se encuentra nuevamente surtiendo el grado de revisión constitucional.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA-Ejercicio independiente de
consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Carácter formal y
material
El control de
constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos
necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado, como en el
trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de ley.
Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así manifestarlo la
Ley Orgánica del Congreso, salvo lo concerniente a la iniciación del debate en
el Senado de la República por referir a las relaciones internacionales y la
remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la ley aprobatoria a la Corte;
y, en cuanto al control de constitucionalidad material la función de esta Corte
se circunscribe a examinar el contenido del instrumento internacional y su ley
aprobatoria a la luz del contenido integral de la Constitución Política.
ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR-Constituye una herramienta complementaria a varios instrumentos
internacionales celebrados entre ambos países
El Estatuto
Migratorio Permanente entre Ecuador y Colombia constituye una herramienta
complementaria a varios instrumentos internacionales celebrados por ambos
países en esta materia como son: i) el Convenio entre Colombia y Ecuador sobre
tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales, marítimas y aeronaves
de 1990; ii) el Reglamento de tránsito transfronterizo aéreo y terrestre
ecuatoriano-colombiano; y iii) los convenios sobre migrantes indocumentados
suscritos en los últimos 30 años, que responde a múltiples compromisos
adquiridos, concretamente a las reuniones celebradas por los Miembros de la
Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana, que propenden por la
integración física y el desarrollo social entre las naciones a través de
acciones de cooperación y desarrollo fronterizo.
MIGRACION-Definición/MIGRACION-Concepto
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
De
conformidad con la Real Academia de la Lengua Española, migración se define
como “acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.
Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas
económicas o sociales”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido
como concepto de emigrar o migrar “dejar a un Estado con el propósito de
trasladarse a otro y establecerse en él”.
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM-Creación/ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM-Objetivo/ORGANIZACION
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM-Composición
La
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue creada en 1951 y
tiene como objetivo “cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la
migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias;
ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios; y ofrecer
asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan”. Actualmente componen
esa Organización 125 Estados Miembros y 94 observadores, entre los cuales 18
Estados y 76 organizaciones internacionales y no gubernamentales de alcance
mundial y regional. Se constituye en la principal organización
intergubernamental en materia de migración que funciona con asociados
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales.
MIGRACION-Factores que ocasionan la
movilidad mundial según la OIM
Como factores
que ocasionan la movilidad mundial, la OIM ha reseñado principalmente: las
tendencias demográficas; las disparidades económicas entre los países en
desarrollo y los países desarrollados; la liberalización del comercio que hace
necesaria una fuerza laboral móvil; las redes de comunicaciones que enlazan a
todo el mundo; y la migración transnacional.
MIGRACION-Ambitos que comprende
La migración
comprende distintos ámbitos como el laboral, la reunificación familiar, la
seguridad, la migración irregular, el comercio, los derechos de los migrantes,
la salud, la integración y el desarrollo. Adicionalmente, su ámbito en cuanto a
los sujetos incluye a los niños, las mujeres, los discapacitados, las personas
de la tercera edad, los desplazados, entre otros.
DERECHOS DE LOS MIGRANTES-Garantizados
por la comunidad internacional
Hoy en día la
migración es un asunto regulado por distintos instrumentos internacionales y
objeto de pronunciamiento por distintos órganos internacionales, que busca
garantizar los derechos humanos del migrante con independencia de su situación
de irregularidad, como obligación que pesa sobre todos los Estados y les hace
responsables de violación.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE MIGRANTES EN OPINION CONSULTIVA DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Obligación
de los estados con independencia de la situación de irregularidad en que se
encuentren
A propósito
de la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-18/03, resaltó la
obligación general de los Estados de respetar los derechos fundamentales del
migrante con independencia de la situación de irregularidad en que se
encuentren, garantizando, entre otros, el principio de igualdad y no
discriminación, los derechos laborales y el debido proceso.
DERECHOS DE EXTRANJEROS EN COLOMBIA-Alcance
Toda vez que la
migración toca esencialmente con los derechos de los extranjeros, la Corte debe
empezar por recordar su doctrina constitucional en la materia atendiendo los
mandatos constitucionales como internacionales, por lo que  resulta
indiscutible que en principio le asisten a los extranjeros los mismos derechos
que a los nacionales, y en la medida que los extranjeros gozan en el territorio
colombiano de las garantías concedidas a los nacionales salvo las limitaciones
constitucionales y legales, dicho reconocimiento genera a la vez la
responsabilidad de los extranjeros de cumplir los deberes que la misma
normatividad consagra para los nacionales, conforme al artículo 4 de la
Constitución.
ZONAS DE FRONTERA-Relevancia
constitucional de la integración comercial, económica, social y cultural
Esta Corte ha
avalado como una obligación del Estado la suscripción de instrumentos
internacionales bilaterales que busquen mejorar las condiciones sociales,
económicas y culturales de los habitantes en dichas zonas cuyas relaciones han
surgido por circunstancias históricas y sociológicas que los identifican en un
objetivo común, como lo es el desarrollo social comunitario entre los países
vecinos.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-Alcance/DIGNIDAD
HUMANA-Triple naturaleza constitucional, valor,
principio y derecho fundamental
En cuanto al concepto y alcance de la dignidad
humana, la Corte le ha reconocido un carácter absoluto por su triple naturaleza
de valor, principio y derecho fundamental autónomo que soporta la totalidad de
los derechos constitucionales. Principio fundamental que ha sido definido como
el “merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de
ser tal y así se convierte en la facultad…de exigir de los demás un trato
acorde con su condición humana”.
MIGRACION TEMPORAL EN ESTATUTO MIGRATORIO ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR-Términos, actividades previstas y requisitos
MIGRACION PERMANENTE EN ESTATUTO MIGRATORIO ENTRE COLOMBIA Y
ECUADOR-Requisitos y trámites
SEGURIDAD SOCIAL EN ESTATUTO MIGRATORIO ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR-Exigencia de afiliación tanto para el migrante permanente como para
el temporal
ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR-No es incompatible ni exonera a las partes en relación con los
compromisos adquiridos de regulación específica sobre comunidades indígenas y
refugiados
Referencia: expediente LAT-330
Revisión de constitucionalidad del “Estatuto Migratorio Permanente entre
Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos
mil (2000)” y la Ley aprobatoria No. 1203 del 4 de julio de 2008.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C., veintiuno
(21) de abril de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
una vez cumplidos los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de
1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
En cumplimiento
de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política,
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta
Corporación copia del “´Estatuto Migratorio Permanente´, entre Colombia y
Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”
y de la Ley aprobatoria No. 1203 del 4 de julio de 2008.
En desarrollo de
dicho mandato constitucional, el despacho sustanciador mediante providencia del
31 de julio de 2008, dispuso: i) avocar el conocimiento del Estatuto Migratorio
Permanente y de la ley aprobatoria, ii) decretar la práctica de algunas
pruebas, iii) fijar en lista el asunto en revisión y simultáneamente correr
traslado al Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de
rigor, iv) comunicar inmediatamente la iniciación del asunto al Presidente de la
República; al Presidente del Congreso de la República; al Ministro del Interior
y de Justicia; al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Comercio,
Industria y Turismo y al Ministro de la Protección Social, de conformidad con
los artículos 244 de la Constitución y 11 del Decreto 2067 de 1991, y
finalmente v) invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; Comisión
Colombiana de Juristas; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DJS;
y universidades Nacional, de los Andes, Externado de Colombia, Libre de
Colombia, Javeriana, Santo Tomás y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
para que aporten sus opiniones sobre el asunto de la referencia.
Por cuanto el
material probatorio solicitado no fue remitido en su totalidad oportunamente,
el despacho en proveído del 5 de septiembre de 2008, dispuso requerir a las
autoridades bajo el apremio del artículo 50 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de este asunto, y previo concepto
del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir sobre el
mismo.
II.  TEXTO
DEL TRATADO INTERNACIONAL Y DE SU LEY APROBATORIA.
“LEY 1203 DE 2008
(julio 4)
Por medio de la cual se aprueba
el “Estatuto Migratorio Permanente” entre Colombia y Ecuador, firmado en
Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
El Congreso de la República
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el “Estatuto
Migratorio Permanente” entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Estatuto Migratorio
Permanente” entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24)
de agosto de dos mil (2000), que por el artículo 1º  de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El Secretario General (E.) del honorable
Senado de la República,
SAÚL CRUZ BONILLA.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.
El Secretario General (E.) de la honorable
Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO
NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme el artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de julio de
2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO.
ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE
PREAMBULO
Como complemento del convenio
celebrado entre Colombia y Ecuador sobre “Tránsito de Personas, Vehículos,
Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves”, suscrito en Esmeraldas el 18
de abril de 1990, el Reglamento de Tránsito Transfronterizo Aéreo y Terrestres
Ecuatoriano-Colombiano; así como de los Convenios sobre Migrantes Indocumentados
suscritos en los últimos treinta años;
Convencidos de la necesidad y de la
conveniencia de facilitar el tránsito y la permanencia de personas en los dos
países, y
Animados de la firme voluntad de
estrechar aún más las relaciones entre ambos pueblos y con el objeto de
fortalecer la integración bilateral y fronteriza, hemos convenido adoptar el
siguiente Convenio:
I
MIGRACIÓN TEMPORAL
ARTÍCULO 1o. Los ecuatorianos y colombianos
podrán ingresar sin necesidad de visa de uno a otro país, hasta por el término
de 180 días en un año, de conformidad con las disposiciones vigentes en la
materia en cada país, portando el documento de identidad, para desarrollar
actividades con fines lícitos tales como: comercio itinerante, deporte,
cultura, tratamiento médico, estudio, ciencia y para ejecutar actos de comercio
en concordancia con el artículo 56 del Reglamento de Tránsito Transfronterizo
Aéreo y Terrestres Ecuatoriano-Colombiano.
PARÁGRAFO. Los nacionales de los dos
países que deseen continuar ejerciendo las actividades mencionadas por un
período superior a los 180 días en un mismo año calendario, deberán solicitar
ante las autoridades competentes la correspondiente visa prevista en la
legislación de cada país. Esta visa podrá ser concedida en el país donde está
desarrollando las actividades.
ARTÍCULO 2o. Los nacionales de los dos
países podrán realizar trabajos temporales, de carácter agrícola, ganadero,
petrolero, de la construcción o similares dentro de la Zona de Integración
Fronteriza, por un período de hasta 90 días, prorrogables por un período igual
y por una sola vez en un año calendario, de conformidad con las disposiciones
vigentes en la materia de cada país, para lo cual se requiere el registro ante la
Oficina de Trabajo correspondiente más cercana dentro de la Zona de Integración
Fronteriza y su respectiva afiliación a uno de los sistemas de seguridad social
existentes en cada país y presentarlos a la autoridad migratoria competente.
PARÁGRAFO. Los nacionales de los dos
países que deseen continuar ejerciendo las actividades mencionadas por un
período superior a la prórroga dentro de la Zona de Integración Fronteriza, en un
mismo año calendario, deberán ser contratados formalmente y solicitar ante las
autoridades competentes, la correspondiente visa prevista en la legislación de
cada país. Esta visa podrá ser concedida por el término de duración del
contrato y en el país donde está desarrollando las actividades.
ARTÍCULO 3o. Los nacionales de uno de los
dos países que deseen adelantar estudios en el otro país, por un período
superior a los 180 días de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia
de cada país, deberán solicitar la visa correspondiente de Estudiante Regular,
para lo cual deberán presentar el certificado de matrícula en el
establecimiento de educación legalmente reconocido y más documentos de ley.
II
MIGRACIÓN PERMANENTE
ARTÍCULO 4o. Se priorizarán para los
nacionales de uno y otro país, los trámites para la obtención de la visa de
residente.
ARTÍCULO 5o. La categoría de residente o
inmigrante permanente, será de carácter indefinido. Sin embargo tal calidad, se
perderá, si el titular de la misma se ausenta del país receptor por más de tres
años continuos.
ARTÍCULO 6o. El inmigrante permanente,
propietario de finca raíz deberá presentar ante la autoridad nacional
competente, el documento de identidad con una vigencia mínima de seis meses y
los de la propiedad de la finca raíz que posee para obtener la correspondiente
visa.
ARTÍCULO 7o. El inmigrante permanente,
trabajador agropecuario deberá presentar a la autoridad nacional competente,
los documentos de identidad, de afiliación a uno de los Sistemas de Seguridad
Social existentes en el país receptor con una vigencia mínima de seis meses
para obtener la correspondiente visa.
ARTÍCULO 8o. El inmigrante permanente
propietario de finca raíz, el trabajador agropecuario y el comerciante
estacionario o itinerante que se encuentre en situación irregular en el país
receptor y que pruebe haber permanecido en ese país por cinco años o más, antes
de la fecha de la suscripción del presente acuerdo, podrá legalizar su permanencia
y ser titular de una visa de residente o inmigrante permanente.
ARTÍCULO 9o. Podrán acogerse al presente
capítulo, quienes no registren antecedentes penales mediante la presentación
del certificado de antecedentes judiciales y récord policial según el país de
origen del migrante.
III
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
ARTÍCULO 10. El empleador está en la
obligación de afiliar al trabajador temporal o permanente a uno de los Sistemas
de Seguridad Social existentes en el país receptor.
ARTÍCULO 11. El migrante temporal que
trabaje de manera independiente y se radique en el lugar en donde desarrolle
sus actividades, deberá afiliarse a uno de los Sistemas de Seguridad Social
existentes en el país receptor.
PARÁGRAFO. Para la afiliación a uno de
los Sistemas de Seguridad Social, el migrante deberá presentar su documento
nacional de identidad.
IV
PROTECCION Y ASISTENCIA
ARTÍCULO 12. El migrante tendrá, en
general, los mismos derechos, garantías y obligaciones civiles que el nacional.
ARTÍCULO 13. Las autoridades nacionales
competentes identificarán periódicamente los principales asentamientos de
migrantes propietarios de finca raíz y/o trabajadores agrícolas, ganaderos, de
la construcción o similares, con el propósito de facilitar la regularización de
su permanencia.
ARTÍCULO 14. Los programas nacionales de
alfabetización para adultos y para los menores incluirán a los migrantes.
ARTÍCULO 15. Las autoridades migratorias,
de extranjería y demás, prestarán todas las facilidades para que el migrante
irregular legalice su situación en el país receptor, pudiendo obtener en el
mismo el visado correspondiente, previa la presentación de la solicitud y la
documentación para tal efecto.
V
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 16. Las visas que se expidan de
acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, se harán extensivas en
calidad de beneficiarios al cónyuge, o compañero permanente reconocido conforme
a la legislación interna del país receptor, y a los hijos menores de 18 años y
ascendientes en línea directa.
ARTÍCULO 17. Las visas que exijan las
normas legales nacionales con fines migratorios serán gratuitas. Se aplicará la
reciprocidad en el costo de los documentos que exijan las normas legales,
nacionales para fines migratorios. Para la ejecución del presente Acuerdo y con
fines de reciprocidad, se aplicarán los costos vigentes en el Ecuador por ser
de menor monto. En el caso de demandarse alguna modificación o reforma, esta se
acordará mediante Canje de Notas.
ARTÍCULO 18. Todo aquello que no se
encuentra regulado expresamente por este Convenio, se sujetará a lo dispuesto
en las respectivas legislaciones nacionales. La interpretación acerca del
alcance del presente Acuerdo será de facultad de las respectivas Cancillerías.
VI
DISPOSICION FINAL
El presente Convenio entrará en
vigor a partir de la fecha en que las Partes se notifiquen el cumplimiento de
sus requisitos internos. Tendrá vigencia indefinida y podrá ser denunciado por
cualquiera de las partes con doce meses de anticipación a través de
notificación expresa por la vía diplomática.
Se firma en la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, a los veinticuatro días del mes de agosto del
dos mil, en dos (2) ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.
El Ministro de Relaciones
Exteriores del Ecuador,
HEINZ MOELLER FREILE.
El Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
CERTIFICO:
Que la presente, contenida en
dos fojas útiles, es fiel copia del original del “Estatuto Migratorio
Permanente”, que reposa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Ecuador y que corresponde al texto aprobado por las partes. Dicho
instrumento internacional fue suscrito por los representantes de la República
del Ecuador y de la República de Colombia, en Bogotá, el 24 de agosto del año
2000.
Lo certifico. Quito, a 12 de
diciembre del 2001.
El Secretario General de
Relaciones Exteriores,
LUIS GALLEGO CHIRIBOGA.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., a los 5 de marzo
de 2002
Aprobado.
Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos Constitucionales.
(Fdo.), ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia,
(Fdo.), Guillermo Fernández de
Soto.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Estatuto
Migratorio Permanente” entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
Artículo 2o. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Estatuto Migratorio
Permanente” entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24)
de agosto de dos mil (2000), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable
Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro
de la Protección Social.
De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
El Ministro de la Protección
Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT”.
III.    INTERVENCIONES.
1.      Ministerio
de la Protección Social.
Mónica Andrea
Ulloa Ruíz, en calidad de apoderada del Ministerio de la Protección Social,
solicita a la Corte declarar la exequibilidad del tratado internacional y su
ley aprobatoria.
Empieza por
recordar que el Estatuto Migratorio Permanente fue aprobado en su oportunidad
por la Ley 968 de 2005, sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia
C-241 de 2006, la declaró inexequible por vicios de forma.
Encuentra que la
suscripción del presente instrumento es consecuencia de compromisos bilaterales
asumidos en reuniones de vecindad con anterioridad al año 2000. Además, explica
que las migraciones entre los dos países se presenta de manera creciente y se está
convirtiendo en un eje fundamental de la política internacional que facilita el
tránsito y permanencia de los ciudadanos en el otro país, fomenta el empleo,
deporte, cultura, tratamiento médico, estudio, ciencia y el empleo temporal en
la agricultura, ganadería, petróleo, construcción o similares, permitiendo la
inmigración permanente.
Concluye su
intervención señalando que la ley aprobatoria contribuirá indiscutiblemente a
mejorar las relaciones bilaterales dentro de un marco de vecindad y cooperación
mutua.
2.      Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
William Hernando
Sabogal Torres, como apoderado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
solicita a la Corte declarar la exequibilidad del tratado internacional y la
ley aprobatoria.
Expone en cuanto
a razones de conveniencia que la existencia de una frontera viva requiere de un
Estatuto que en términos de equidad asegure a los migrantes sus derechos
legales y fundamentales, regulando su estadía para el ejercicio de sus
actividades dentro del marco del derecho internacional.
Encuentra que
tanto el desarrollo de la negociación como el trámite en el Congreso se ajustó
a las formalidades legales y constitucionales. Transcribe algunas disposiciones
constitucionales y otras del ámbito internacional concernientes a la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados en materia de relaciones exteriores
del Estado, atribuciones del Presidente y el Congreso de la República, el
principio del pacta sunt servanda, irretroactividad de los tratados y regla
general de interpretación. Finaliza su exposición indicando que se trata de un
instrumento eficaz para regular el tránsito y la situación de los migrantes
entre los dos países.
3.      Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario[1].
Juan Ramón
Martínez Vargas, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario solicita a la Corte declarar la exequibilidad del
tratado internacional y de la ley aprobatoria.
Recuerda que el
presente instrumento internacional se estructuró dentro de las negociaciones
propiciadas por la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana concluyendo
que el Estatuto refleja el esfuerzo conjunto de los dos países por mantener
instituciones normativas de carácter internacional que faciliten el tránsito y
la permanencia de los ciudadanos de un Estado en el territorio del otro,
conservando un mecanismo expedito para regularizar a los ciudadanos que se
encuentren en una situación de ilegalidad, lo cual constituye una salida para
un importante número de nacionales ecuatorianos y colombianos que se encuentran
sin protección. Termina señalando que de esta forma dicho instrumento
internacional se aviene al texto de la Constitución, particularmente al
artículo 9º.
4.      Comisión
Colombiana de Juristas.
Fátima Esparza
Calderón, coordinadora del Área de Promoción y Debates de la Comisión
Colombiana de Juristas, se excusa de intervenir en esta oportunidad por motivos
de fuerza mayor.
5.      Universidad
Santo Tomás[2].
José Joaquín
Castro Rojas, Director de Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás,
interviene en este asunto para solicitar la exequibilidad del tratado
internacional y la ley aprobatoria.
Expresa que se
cumplió debidamente el procedimiento legislativo para la expedición de la ley
aprobatoria del tratado internacional. En cuanto al control material aduce que
contribuye positivamente a las relaciones bilaterales entre los dos países en
aspectos como los comerciales, laborales, sociales y culturales, instituyendo
los derroteros que se deben seguir para el libre tránsito de los nacionales, al
igual que las normas laborales que regirán en estos casos. Encuentra así que el
presente instrumento armoniza con la Carta Política, específicamente con el
Preámbulo y el artículo 150-16.
6.      Ministerio
de Relaciones Exteriores[3].
Myrian Yaneth
Suárez Callejas, en calidad de apoderada del Ministerio de Relaciones
Exteriores, solicita a la Corte declarar exequible el tratado internacional y
la ley aprobatoria.
En cuanto al
trámite que cumplió la ley aprobatoria indicó que fue suscrito por el Ministro
de Relaciones Exteriores de ese entonces quién de acuerdo con el artículo 7º de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no requiere de plenos
poderes. Además, añadió que le fue impartida aprobación ejecutiva al proyecto
de ley que surtió el trámite correspondiente ante el Congreso de la República.
Encuentra que se
debe promover y apoyar este estatuto que está dirigido a flexibilizar el
régimen migratorio y regularizar a los extranjeros de ambos países que están
indocumentados. Sostiene que ello permitiría mejorar las condiciones de vida de
los migrantes, reconocerles sus derechos fundamentales, permitir
reunificaciones familiares, instituir flujo de trabajadores transparentes y
consecuentes con las necesidades laborales y evitar discriminaciones contra tal
población. Al igual, indica que reduciría sustancialmente las actividades
ilícitas relacionadas con trata de personas y tráfico de migrantes, quienes
además tendrían acceso a i) la documentación que les permita trabajar de manera
regular, ii) mayor información sobre sus derechos en los países de acogida,
iii) posibilidad de presentar acciones, denuncias y peticiones ante las
autoridades competentes, iv) trato equitativo y justo, v) integración efectiva
al Estado y comunidad de destino, vi) envío de remesas y vii) capacidad de
asociación y participación comunitaria y política.
Concluye que la
adopción del Estatuto Migratorio Permanente resulta acorde con los artículos
9º, 67, 189-2, 226 y 227 de la Constitución.
7.      Universidad
Nacional de Colombia[4].
Antonio José
Rengifo Lozano, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad
Nacional de Colombia, interviene en este asunto para solicitar la exequibilidad
del tratado y la ley aprobatoria.
Inicia su
exposición señalando que este instrumento bilateral expresa un esfuerzo
conjunto por mantener dispositivos jurídicos tendientes a facilitar el tránsito
y la permanencia de los ciudadanos de un Estado en el territorio del otro,
permitiendo a la vez conservar mecanismos jurídicos expeditos para facilitar
que queden en situación de regularidad aquellos que se encuentren bajo
condición de ilegalidad.
Respecto al
artículo 12 del Estatuto, lamenta la falta de técnica de esa disposición al no
relacionar los derechos, garantías y obligaciones, ni tampoco instituir las
normas sobre las cuales deben ser considerados dichos derechos. Concluye
indicando que el Estatuto se ajusta a la Constitución, particularmente al
Preámbulo y a los artículos 9º y 96-2.
IV.    CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador
General de la Nación, en concepto No. 4666, recibido en la Secretaría General
de esta Corporación el día 21 de noviembre de 2008, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad del Estatuto Migratorio Permanente y la ley
aprobatoria.
En cuanto al
análisis formal, luego de precisar que dicho Estatuto había sido sancionado
como Ley 968 de 2005 y declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-241
de 2006, por violación del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003,
concluye que se cumplieron las exigencias constitucionales:
“Visto el procedimiento legislativo se constata que se
cumplió con la exigencia constitucional del párrafo primero del artículo 160.
Entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un
tiempo no inferior a ocho días, así: la aprobación en primer debate en la
Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 3 de mayo de 2007, mientras que la
aprobación en la Plenaria ocurrió el 10 de diciembre del mismo año; igualmente,
la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar
el 8 de abril de 2008, mientras que la aprobación en segundo debate en la
Plenaria se dio el 20 de mayo de 2008.
De otro lado, entre la aprobación del
proyecto en el Senado (10 de diciembre de 2007) y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes (8 de abril de 2008) transcurrió un lapso no inferir a
los quince días.
Además, es necesario manifestar que aunque
podría pensarse que no se le dio cabal cumplimiento al artículo 162 Superior
que señala que “ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos
legislaturas”, debe precisarse que por el contrario el proyecto de ley sí fue
considerado en menos de dos legislaturas. Lo anterior se verifica al observar
la fecha en que el proyecto fue radicado en el Senado de la República y la
fecha en que fue aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto fue radicado en el
Senado de la República el 14 de diciembre de 2006, es decir, en la legislatura
que empezó el 20 de julio de 2006 y que terminó el 20 de junio de 2007. Por su
parte, el proyecto fue aprobado por las Plenaria de la Cámara de Representantes
el 20 de mayo de 2008, o sea en la siguiente legislatura, que comenzó el 20 de
julio de 2007 y finalizó en 20 de junio de 2008. Por tanto, el proyecto fue
considerado dentro de dos legislaturas: la que se inició en julio de 2006 y
terminó en  junio de 2007, y la que empezó en julio de 2007 y finalizó en
junio de 2008.
El 4 de julio de 2008, el Presidente de la
República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de
examen, convirtiéndose en la Ley 1203 de 2008.
El texto de la ley fue remitido por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte
Constitucional, el 8 de julio de 2008, es decir, lo hizo dentro del término de
seis (6) días señalados por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución”.
En cuanto al
examen material, señala que los capítulos I y II resultan constitucionales al
promover la integración entre los dos países y facilitar el tránsito y
permanencia de los nacionales en el territorio del otro Estado, sin que se
vulnere la soberanía y seguridad nacional al fijarse ciertos límites y
requisitos razonables para que ello sea posible, como por ejemplo, que las
actividades a realizar sean lícitas, que los trámites de tránsito o permanencia
se efectúen de conformidad con el ordenamiento jurídico interno y que quienes
resulten beneficiados con lo instituido en el Estado no tengan antecedentes
penales. Así encuentra que se desarrolla los artículos 2º, 9º, 226 y 227 de la
Constitución.
En lo
correspondiente al Capítulo III, no encuentra reparo alguno al garantizar el
cumplimiento del artículo 48 de la Carta, toda vez que se consagra un
imperativo sobre los empleadores de afiliar a la seguridad social tanto a los
trabajadores migrantes como a los trabajadores independientes migrantes.
Sobre el
Capítulo IV, expone que resulta constitucional al reafirmar los artículos 5º,
13 y 100 de la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados por
Colombia, como el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También
encuentra el Estatuto coincidente con la opinión consultiva OC-18 del 17 de
septiembre de 2003, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así las cosas,
concluye que el presente instrumento internacional bilateral se ajusta al
ordenamiento constitucional, particularmente a los artículos 2º, 5º, 9º, 13,
48, 100, 226 y 227 de la Constitución.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.      Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para efectuar el control de constitucionalidad del
Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador y de la Ley aprobatoria
No. 1203 del 4 de julio de 2008, de conformidad con lo previsto en el numeral
10º del artículo 241 de la Constitución.
2.      Naturaleza del control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales
y las leyes aprobatorias.
El examen de
constitucionalidad que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre
los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias tiene las siguientes
características: i) es previo a la ratificación del tratado aunque posterior
a la aprobación del Congreso y la sanción del Gobierno, ii) es automático por
cuanto deben remitirse por el Gobierno a la Corte dentro de los seis (6) días
siguientes a la sanción de la ley, iii) es integral toda vez que se
examinan los aspectos formales y materiales de los actos frente al texto
integral de la Constitución, iv) es preventivo al buscar garantizar el
principio de supremacía de la Constitución (art. 4) y el cumplimiento de los
compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad internacional, v) es
una condición sine qua non para la ratificación del instrumento
internacional, y vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional.
El control de
constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los
requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado,
como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del
proyecto de ley[5]. Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una
ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta
Política y así manifestarlo la Ley Orgánica del Congreso[6],
salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República
por referir a las relaciones internacionales y la remisión oportuna por el
Gobierno del tratado y la ley aprobatoria a la Corte.
De esta manera, la
Corte ha manifestado que el examen formal comprende los siguientes
presupuestos: i) la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley
aprobatoria (art. 241-10 C.P.), ii) la validez de la representación del Estado
colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado, como la
competencia del funcionario que lo suscribió, iii) la iniciación del trámite en
la cámara correspondiente (art. 154 C.P.), iv) las publicaciones efectuadas por
el Congreso (art. 157 C.P.), v) la aprobación en primer y segundo debate
respectivamente (art. 157 C.P.), vi) el cumplimiento de los términos que debe
mediar para los debates en una y otra cámara (art. 160 C.P.), vii) el quórum
deliberatorio y decisorio al igual que las mayorías con las que fue
aprobado el proyecto, y viii) el anuncio previo a la votación (art. 160 C.P.).
Y, en cuanto al control
de constitucionalidad material la función de esta Corte se circunscribe a
examinar el contenido del instrumento internacional y su ley aprobatoria a la
luz del contenido integral de la Constitución Política.
Por último, la
Sala recuerda que los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y
utilidad de los tratados internacionales son materias ajenas a las funciones
jurídicas que le han sido encomendadas a la Corte Constitucional como guardiana
de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241-10 superior). Su
valoración corresponde constitucionalmente al Presidente de la República en el
ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales (art. 189-2) y al
Congreso de la República al disponer la aprobación o improbación de los
tratados (art. 150-16).
3.
Aclaración previa.
La Corte precisa que el presente instrumento internacional ya había
cumplido el trámite correspondiente ante el Congreso siendo sancionado por el
Presidente de la República como Ley 968 de 2005. No obstante, al surtir el
grado de revisión constitucional fue declarada inexequible la ley aprobatoria en
la sentencia C-241 de 2006, por violación del artículo 8º del Acto Legislativo
01 de 2003, que al presentarse desde el inicio del trámite del proyecto la
tornó insubsanable, correspondiendo entonces al Congreso darle un nuevo trámite
que ahora se encuentra nuevamente surtiendo el grado de revisión constitucional[7].
4.      La oportunidad en la remisión por el Gobierno a la Corte del tratado
internacional y la ley aprobatoria.
El día 8 de
julio de 2008, fue recibido en la Secretaría General de la Corte
Constitucional, proveniente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, fotocopia autenticada de la Ley No. 1203 del 4 de julio de
2008, que aprueba el “Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y
Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”.
Quiere ello decir, que el Gobierno remitió el texto de la ley junto con el tratado
internacional al segundo día de sancionada la ley y, por tanto, dentro del
término de los seis (6) días previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución.
5.      Negociación
y celebración del tratado internacional.
5.1.   Competencia
del funcionario que lo suscribió.
Conforme se
aprecia del texto del tratado que nos ocupa, fue suscrito por el Dr. Guillermo
Fernández de Soto, en ese entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Estado
colombiano.
El Ministerio de
Relaciones Exteriores informó a la Corte que toda vez que quién suscribió el
mencionado instrumento internacional fue el Ministro de Relaciones Exteriores,
en virtud de sus funciones no requiere presentar plenos poderes al considerarse
que representa al Estado colombiano, según el artículo 7º de la Convención de
Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969[8].
Como lo ha determinado esta Corporación, la revisión
constitucional de los tratados internacionales incluye el examen de las
facultades del representante del Estado colombiano para negociar el instrumento,
adoptar el articulado y autenticar el texto del tratado internacional, de
acuerdo con lo previsto en los numerales 7º a 10º de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985.
El artículo 7 de la mencionada convención, indica que en la
celebración de tratados se considera que una persona representa al Estado para la adopción, autenticación del texto y manifestación del
consentimiento del Estado en obligarse, cuando: i)
presenta los adecuados plenos poderes o, ii) se deduce de la práctica seguida
por los Estados o de otras circunstancias que la intención ha sido considerarlo
representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de
plenos poderes. Así mismo, en virtud de sus funciones y sin presentar plenos
poderes: i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y Ministros de
Relaciones Exteriores para la ejecución de actos relativos a la
celebración, ii) los jefes de misiones diplomáticas para la adopción del texto
entre los Estados, y iii) los representantes acreditados por los Estados ante
una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de
sus órganos para la adopción del texto de un tratado en dicha conferencia,
organización u órgano.
De esta forma, ha considerado la Corte que verificada la
ocurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas se tiene por cumplido el
requisito de la debida representación del Estado colombiano para la negociación
y celebración de los acuerdos internacionales[9].
Para la Corte, al
haber sido suscrito el presente instrumento internacional por el entonces
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en virtud de sus funciones, se
encontraba debidamente acreditado para representar al Estado colombiano sin
requerir los plenos poderes.
5.2.   La
confirmación por el Presidente de la República.
El 5 de marzo de
2002, el entonces Presidente de la República, Dr. Andrés Pastrana Arango,
impartió aprobación al instrumento internacional, conforme al artículo 8º de la
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
6.      Revisión
formal de la Ley No. 1203 de 2008, aprobatoria del Estatuto Migratorio
Permanente entre Colombia y Ecuador.
Conforme a la
documentación que reposa en el expediente se observa que el trámite dado al
proyecto de ley 185 de 2006 Senado y 206 de 2007 Cámara, el cual culminó con la
expedición de la Ley No. 1203 de 2008, fue el siguiente:
6.1.   Trámite
en el Senado de la República al proyecto de ley 185 de 2006.
El 14 de diciembre
de 2006, el Gobierno radicó en la Secretaría
General del Senado de la República, el proyecto de ley 185 de 2006 Senado, “Por
medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y
Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”,
a través de la Ministra de Relaciones Exteriores Dra. María Consuelo Araujo
Castro y el Ministro de la Protección Social Dr. Diego Palacio Betancourt. A
continuación, la Presidencia del Senado dio por repartido el proyecto de ley a la
Comisión Segunda Constitucional de esa célula legislativa.
El texto original
del proyecto de ley y del instrumento internacional junto con la exposición de
motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 682 del 20 de diciembre
de 2006, Senado[10].
6.1.1.  La
ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el Senador Manuel Ramiro
Velásquez Arroyave, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 75 del 15 de marzo
de 2007, Senado[11].
Conforme al Acta
32 del 2 de mayo de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 438 del 7 de septiembre
de 2007, Senado[12], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“Proyectos de ley para anunciar los cuales serán discutidos y
votados en la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado.
…
9. Proyecto de ley número 185/06 Senado, por medio de la cual se
aprueba el estatuto migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en
Bogotá el 24 de agosto de 2000.
…
…se cita para mañana a las 11 de la mañana…”.
Según el Acta 33
del 3 de mayo de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 438 del 7 de
septiembre de 2007, Senado[13], en esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 185 de 2006, Senado. El quórum
deliberatorio y decisorio fue de 11 de los 13 Senadores que conforman esa
Comisión[14].
6.1.2.  La
ponencia para dar segundo debate en la Plenaria del Senado de la República fue presentada por el Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave,
siendo publicada en la Gaceta del Congreso 187 del 17 de mayo de 2007,
Senado[15].
Conforme al Acta
24 del 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 40 del 15
de febrero de 2008, Senado[16], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto
Legislativo número 01 de 2003 la Secretaría anuncia los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
…
Proyecto de ley número 185 de 2006 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en
Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
…
…la presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 5
de diciembre de 2007…”.
Conforme al Acta
25 del 5 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 41 del 15
de febrero de 2008, Senado[17], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la Presidencia  y de conformidad con el Acto
Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que
se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señora Presidenta, los proyectos para la próxima sesión Plenaria del
día lunes son los siguientes:
…
. Proyecto de ley número 185 de 2006 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en
Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
…
…la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día lunes 10 de
diciembre de 2007, …”.
Según el Acta
26 del 10 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 58 del
26 de febrero de 2008, Senado[18], en esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 144 de 2007, Senado. El quórum
deliberatorio y decisorio fue de 94 de los 102 Senadores que conforman esa
Plenaria[19].
6.2.   Trámite
en la Cámara de Representantes al proyecto de ley 206 de 2007 Cámara y 185 de
2006 Senado.
6.2.1.  La
ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes fue presentada por el Representante Oscar
Fernando Bravo Realpe, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 88 del 27 de
marzo de 2008, Cámara[20].
Conforme al Acta
20 del 2 de abril de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 396 del 27
de junio de 2008, Cámara[21], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
…
Realizar los anuncios para la próxima sesión.
Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez
Arias:
Es decir, señor Presidente si le entendí, el próximo martes
aprobamos proyectos de ley y el miércoles se hace el debate que se ordenó
el día de ayer por la Comisión.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Así es señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez
Arias:
Sí señor Presidente.
Anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión, según lo acaba de ordenar el
señor Presidente, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo
número 1 de 2003.
…
2. Proyecto de ley número 185 de 2006 Senado, 206 de 2007 Cámara, por
medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y
Ecuador, firmado en Bogotá, el 24 de agosto de 2000.
…
Efectuados los anuncios señor Presidente, conforme lo ordena el
artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003.”
Según el Acta
21 del 8 de abril de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 397 del 27
de junio de 2008, Cámara[22], en esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y
decisorio fue de 17 de los 19 Representantes que conforman esa Comisión[23].
6.2.2.  La
ponencia para dar segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Oscar Fernando Bravo Realpe,
siendo publicada en la Gaceta del Congreso 180 del 25 de abril de 2008,
Cámara[24].
Conforme al Acta
108 del 13 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 353 del 11
de junio de 2008, Cámara[25], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
“Por favor anunciar los proyectos para el próximo martes, o para la
fecha en que se discutan proyectos para segundo debate.
Mañana miércoles tenemos debate de control político.
…
Proyecto de ley número 206 de 2007 Cámara, 185 de 2006 Senado,  por
medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y
Ecuador, firmado en Bogotá, el 24 de agosto de 2000.
…
Señor Presidente, se anuncian los proyectos para el próximo martes
20 de mayo de 2008 o para la sesión próxima donde se debatan proyectos de ley y
están anunciados de acuerdo con el Acto Legislativo que lo reglamenta”.
Según el Acta
110 del 20 de mayo de 2008 (el Acta 109 del 14 de mayo de 2008, registra
debate de control político[26]), publicada
en la Gaceta del Congreso 403 del 27 de junio de 2008, Cámara[27],
en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 206 de 2007 Cámara, 185
de 2006 Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 155 de los 166 Representantes
que conforman esa Plenaria[28].
6.3.  De la secuencia legislativa anterior consistente en el trámite dado
al proyecto de ley 185 de 2006 Senado y 206 de 2007 Cámara, la Corte concluye
lo siguiente:
6.3.1. Inició su
trámite en el Senado de la República (art. 154 de la Constitución).
6.3.2. Se
efectuaron las publicaciones oficiales según el numeral 1º del artículo 157 de la
Carta, por cuanto: i) se publicó el texto original del proyecto de ley junto
con la exposición de motivos en la Gaceta del Congreso 682 del 20 de diciembre
de 2006, Senado, antes de darle curso en la comisión respectiva y ii) en la
Comisión Segunda del Senado se publicó la ponencia en la Gaceta 75 del 15 de
marzo de 2007, en la Plenaria del Senado en la Gaceta 187 del 17 de mayo de
2007, en la Comisión Segunda de la Cámara en la Gaceta 88 del 27 de marzo de
2008 y en la Plenaria de la Cámara en la Gaceta1 80 del 25 de abril de 2008,
todas las cuales se dieron antes de iniciarse los debates.
6.3.3. Se
cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates
(art. 160 superior)[29], toda vez
que i) en el Senado el primer debate en la Comisión fue el 3 de mayo de 2007 y
en la Plenaria fue el 10 de diciembre de 2007 (más de 8 días), ii) en la Cámara
el primer debate en la Comisión fue el 8 de abril de 2008 y en la Plenaria el 20
de mayo de 2008 (más de 8 días) y iii) la aprobación del proyecto
en la Plenaria del Senado fue el 10 de diciembre de 2007 y la iniciación del
debate en la Cámara fue el 8 de abril de 2008 (más de 15 días).
6.3.4. El
proyecto de ley fue aprobado en primero y segundo debate conforme al quórum y
mayorías exigidos por los artículos 145 y 146 de la Constitución y el
Reglamento del Congreso.
6.3.5. En cuanto
al requisito del anuncio previo a la votación contemplado en el artículo 8º del
Acto Legislativo No. 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la
Constitución, se aprecia su cumplimiento por cuanto:
6.3.5.1.  En el
primer debate en la Comisión Segunda del Senado i) se anunció debidamente el
proyecto de ley para votación al emplearse las expresiones “Proyectos de ley
para anunciar los cuales serán discutidos y votados”, ii) el anunció se
realizó en sesión distinta (2 de mayo de 2007, Acta 32) y previa a la votación
(3 de mayo de 2007, Acta 33) y iii) la fecha de la votación fue determinada
porque si bien en principio se utilizó la expresión “próxima sesión”, al
finalizar la sesión se indicó que se “cita para mañana”, como se cumplió
efectivamente y puede verificarse con el consecutivo de las actas.
6.3.5.2. En el
segundo debate en la Plenaria del Senado i) se anunciaron debidamente el
proyecto de ley para votación al utilizarse las expresiones “de conformidad
con el Acto Legislativo número 01 de 2003 la Secretaría anuncia los proyectos
que se discutirán y aprobarán” y “de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y
aprobarán”, ii) los anuncios se verificaron consecutivamente en sesiones
distintas (4 de diciembre de 2007, Acta 24 y 5 de diciembre de 2007, Acta 25) y
previa a la votación (10 de diciembre de 2007, Acta 26)[30]
y iii) la fecha de la votación fue determinada por cuanto si bien en principio
se utilizaron en los anuncios la expresión “próxima sesión”, al
finalizar las sesiones se indicó que se “convoca para el día miércoles 5 de
diciembre de 2007” y se “convoca para el día lunes 10 de diciembre de 2007”
, como se cumplió efectivamente y puede verificarse con el consecutivo de las
actas.
6.3.5.3.     En
el primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara i) se anunció debidamente
el proyecto de ley para votación al emplearse las expresiones “Anuncio de
proyectos de ley …, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo
número 1 de 2003”, ii) el anunció se realizó en sesión distinta (2 de abril
de 2008, Acta 20) y previa a la votación (8 de abril de 2008, Acta 21) y iii)
la fecha de la votación resulta determinada por cuanto si bien en principio se
utilizaron las palabras “próxima sesión”, también se precisó que era
para el “próximo martes”, como se cumplió efectivamente y puede
corroborarse según el consecutivo de las actas.
6.3.5.4.       En
el segundo debate en la Plenaria de la Cámara i) se anunció debidamente el
proyecto de ley para votación al utilizarse las expresiones “anunciar los
proyectos…en que se discutan ... para segundo debate…donde se debatan proyectos
de ley y están anunciados de acuerdo con el Acto Legislativo que lo reglamenta”,
ii) el anuncio se verificó en sesión distinta (13 de mayo de 2008, Acta 108) y
previa a la votación (20 de mayo de 2008, Acta 110[31])
y iii) la fecha de la votación resulta determinable al emplearse las palabras “próxima
martes 20 de mayo de 2008 o para la sesión próxima donde se debatan proyectos
de ley”, lo cual puede verificarse al cumplirse efectivamente en la
siguiente sesión para debates de proyectos de ley realizado el 20 de mayo de
2008.
De esta forma, la
Corte puede concluir que la Ley No. 1203 de 2008, aprobatoria del Estatuto
Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, cumplió debidamente los
requisitos formales exigidos por la Carta Política. A continuación, la Corte
pasa a examinar materialmente dicho instrumento.
7.      Revisión
material del Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador,
aprobado por la Ley No. 1203 de 2008.
7.1.  Descripción
del Estatuto Migratorio Permanente.
El Estatuto Migratorio
Permanente entre Colombia y Ecuador consta de un Preámbulo y seis capítulos
para un total de dieciocho artículos.
En el Preámbulo
se hace explícito que el presente Estatuto constituye un instrumento
complementario i) del convenio celebrado entre Colombia y Ecuador sobre
Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y
Aeronaves, suscrito en Esmeraldas el 18 de abril de 1990, ii) del Reglamento de
Tránsito Transfronterizo Aéreo y Terrestres Ecuatoriano-Colombiano y iii) de los
Convenios sobre Migrantes Indocumentados suscritos en los últimos treinta años.
Como motivos de
la suscripción del presente instrumento internacional se señala la voluntad de
estrechar aún más las relaciones entre ambos pueblos y fortalecer la
integración bilateral y fronteriza con la finalidad de facilitar el tránsito y
la permanencia de las personas en los dos países que encuentran necesario y
conveniente.
El Capítulo I,
sobre Migración Temporal lo componen tres artículos. El artículo 1º establece
que los ecuatorianos y colombianos podrán ingresar sin necesidad de visa de uno
a otro país hasta por 180 días en 1 año, conforme a las disposiciones vigentes
en cada país,  portando el documento de identidad para desarrollar actividades
lícitas como el comercio itinerante, deporte, cultura, tratamiento médico,
estudio, ciencia  y para ejecutar actos de comercio atendiendo el artículo 56
del Reglamento de Tránsito Transfronterizo Aéreo y Terrestres. Además, señala
que los nacionales que deseen continuar ejerciendo tales actividades por un
periodo superior, deberán solicitar la visa prevista en la legislación de cada
país, que podrá concederse en el país donde se desarrollen las actividades.
El artículo 2º
dispone que los nacionales de los dos países podrán realizar trabajos
temporales de carácter agrícola, ganadero, petrolero, de la construcción o
similares dentro de la Zona de Integración Fronteriza hasta por 90 días,
prorrogables por un periodo igual y por una sola vez en 1 año calendario,
conforme a las disposiciones vigentes en cada país, requiriendo el registro
ante la Oficina de Trabajo y afiliación al Sistema de Seguridad Social, y
presentarlos a la autoridad migratoria. Adicionalmente, se expone que quienes
deseen continuar ejerciendo tales actividades por un periodo superior a la
prórroga en un mismo año calendario, deberán ser contratados formalmente y
solicitar la visa prevista en la legislación de cada país, que podrá concederse
por el término de duración del contrato y en el país donde se desarrollen las
actividades.
El artículo 3º
estipula que quienes deseen estudiar en el otro país por un periodo superior a 180
días, deberán solicitar la visa de estudiante regular allegando el certificado
de matrícula del establecimiento educativo legalmente reconocido más los
documentos de ley.
El Capítulo II, alusivo
a la Migración Permanente lo constituyen seis artículos. El artículo 4º,
señala que se priorizarán para los nacionales de ambos países, los trámites
para la obtención de visa de residente. El artículo 5º confiere carácter
indefinido a la categoría de residente o inmigrante permanente; no obstante, esa
calidad se pierde cuando el titular se ausenta del país receptor por más de 3
años continuos. El artículo 6º establece que el inmigrante permanente
propietario de finca raíz debe presentar ante la autoridad competente el
documento de identidad con vigencia mínima de 6 meses y los de la propiedad que
posee para obtener la visa. El artículo 7º instituye que el inmigrante
permanente, trabajador agropecuario debe presentar a la autoridad competente
los documentos de identidad, afiliación al Sistema de Seguridad Social del país
receptor con vigencia mínima de 6 meses para obtener la visa. El artículo 8º
dice que el inmigrante permanente propietario de finca raíz, el trabajador
agropecuario y el comerciante estacionario o itinerante que esté en situación
irregular y pruebe haber permanecido en el país receptor por 5 o más años, con
anterioridad a la suscripción de este instrumento, podrá legalizar su
permanencia y ser titular de una visa de residente o inmigrante permanente. Y
el artículo 9º precisa que podrán acogerse a este capítulo quienes no registren
antecedentes penales a través del certificado de antecedentes judiciales y
record policial según el país de origen del migrante.
El Capítulo III, concerniente
al Sistema de Seguridad Social, lo componen dos artículos. El artículo
10, estatuye como obligación para el empleador de afiliar al trabajador
temporal o permanente a uno de los Sistemas de Seguridad Social del país
receptor. El artículo 11 señala que el migrante temporal que trabaje
independientemente y se radique en el lugar donde desarrolle sus actividades,
debe afiliarse a uno de los Sistemas de Seguridad Social del país receptor.
Además, exige para tal afiliación el presentar el documento nacional de
identidad.
El Capítulo IV,
relativo a la Protección y Asistencia, está conformado por cuatro
artículos. El artículo 12 indica que el migrante tendrá en general los mismos
derechos, garantías y obligaciones civiles que el nacional. El artículo 13
esboza que las autoridades nacionales competentes identificarán periódicamente
los principales asentamientos de migrantes propietarios de finca raíz y/o
trabajadores agrícolas, ganaderos, construcción o similares, con la finalidad
de facilitar la regularización de su permanencia. El artículo 14 establece los
programas nacionales de alfabetización para adultos y menores incluirán a los
migrantes. Y el artículo 15 establece que las autoridades migratorias,
extranjería y demás, prestarán las facilidades para que el migrante irregular
legalice su situación en el país receptor, pudiendo obtener el visado previa la
presentación de la solicitud y la documentación respectiva.
El Capítulo V,
sobre Disposiciones Generales, está compuesto por tres artículos. El
artículo 16, señala que las visas expedidas se harán extensivas como beneficiarios
al cónyuge o compañero permanente reconocido conforme a la legislación del país
receptor, y a los hijos menores de 18 años y ascendientes en línea directa. El
artículo 17 estipula que las visas exigidas por las normas nacionales con fines
migratorios serán gratuitas. Además, se aplicará la reciprocidad en el costo de
los documentos. Así mismo, dispone que se aplicaran los costos vigentes en el
Ecuador por ser de menor valor. Añade que en el caso de demandarse alguna
modificación o reforma, ésta se acordará mediante Canje de Notas. Y el artículo
18 indica que todo aquello que no se encuentra regulado expresamente por este
convenio, se sujetará a lo previsto en las respectivas legislaciones nacionales,
indicando que la interpretación del alcance de este acuerdo será de facultad de
las respectivas cancillerías.
Por último, el
Capítulo VI denominado Disposición Final expone que este convenio
entrará en vigor a partir de la fecha en que las Partes se notifiquen el
cumplimiento de sus requisitos internos. Agrega que tendrá vigencia indefinida
y podrá denunciarse por cualquiera de las partes con 12 meses de antelación por
medio de notificación expresa vía diplomática. Fue firmado el 24 de agosto de
2000.
7.2.   La
conformidad con la Constitución Política del Estatuto Migratorio Permanente
entre Colombia y Ecuador.
7.2.1.    La
migración como asunto determinante en el orden mundial. Los principios de
dignidad humana y de igualdad sobre las fronteras.
De conformidad
con la Real Academia de la Lengua Española, migración se define como “acción
y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Desplazamiento
geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o
sociales”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido como
concepto de emigrar o migrar “dejar a un Estado con el propósito de
trasladarse a otro y establecerse en él”[32].
En la historia
de la humanidad este no es un tema nuevo. Con el inicio del Siglo XXI, la
comunidad internacional ha catalogado la migración como un asunto que reviste
la mayor importancia en el orden mundial dado que cada vez son más las personas
que se trasladan de un lugar a otro. De ahí la creación en 1951 de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene como objetivo “cerciorarse
de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación
internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones
prácticas a los problemas migratorios; y ofrecer asistencia humanitaria a los
migrantes que lo necesitan”[33]. Entonces, la migración
en condiciones de humanidad y de manera ordenada viene a beneficiar a los
migrantes y a la comunidad.
Actualmente
componen esa Organización 125 Estados Miembros y 94 observadores, entre los
cuales 18 Estados y 76 organizaciones internacionales y no gubernamentales de
alcance mundial y regional. Se constituye en la principal organización
intergubernamental en materia de migración que funciona con asociados
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales[34].
Como factores
que ocasionan la movilidad mundial, la OIM ha reseñado principalmente: las
tendencias demográficas; las disparidades económicas entre los países en desarrollo
y los países desarrollados; la liberalización del comercio que hace necesaria
una fuerza laboral móvil; las redes de comunicaciones que enlazan a todo el
mundo; y la migración transnacional[35].
Según el “Informe
sobre las Migraciones en el Mundo 2008”, presentado por la OIM, actualmente
existen más de 200 millones de migrantes internacionales. Como aspectos
principales se destacan: i) en este siglo la migración girará en torno a la
búsqueda de trabajo y a los trabajadores, ii) los movimientos de personas
dentro y por medio de las fronteras se efectúan para satisfacer los retos
socioeconómicos que conlleva la globalización y que hacen que la búsqueda de
trabajo propicie la mayoría de los movimientos en este siglo, iii) las demandas
de mayor eficacia en la producción que atiende la fuerte competencia mundial
hace que los trabajadores vivan en un mundo laboral interconectado que ocasiona
una mayor movilidad laboral, iv) la movilidad humana se ha constituido en una
opción de vida motivada por la disparidad de oportunidades demográficas,
económicas y laborales, v) las presiones de migración laboral seguirán
aumentando toda vez que los países industrializados, que compiten por los
migrantes altamente calificados, también carecen de mano de obra poco o
semicalificada, vi) la creación de empleos en el país de origen es prioritario
para la mayoría de los migrantes que provienen de países en desarrollo, y vii) el
disponer de medios planificados y previsibles para combinar la demanda de mano
de obra con una oferta segura, legal y humana, garantiza una protección más idónea
de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familiares[36].
Incluso, en
materia de migración laboral se ha afirmado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que si todos vivieran juntos formarían el quinto país más
poblado de la tierra[37].
Ahora bien, la
migración comprende distintos ámbitos como el laboral, la reunificación
familiar, la seguridad, la migración irregular, el comercio, los derechos de
los migrantes, la salud, la integración y el desarrollo[38].
Adicionalmente, su ámbito en cuanto a los sujetos incluye a los niños, las
mujeres, los discapacitados, las personas de la tercera edad, los desplazados,
entre otros.
La comunidad
internacional consciente de esta situación desde inicios del siglo pasado se ha
ocupado por garantizar los derechos de los migrantes en toda su dimensión, como
puede apreciarse a continuación:
La Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos (1966); el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales 1966); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969); el Protocolo Adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador; la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Convenio
sobre la inspección de los Emigrantes, 1926; el Convenio sobre la Conservación
de los Derechos de los Migrantes, 1935; el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes,
1939; el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (revisado), 1949; el Convenio
sobre los Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias), 1975; la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados (1951); el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados (1967); la Recomendación sobre las Estadísticas de Migraciones,
1922; la Recomendación sobre la Protección de los Emigrantes a bordo de buques,
1926; la Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes, 1939; la Recomendación
sobre los Trabajadores Migrantes (colaboración entre Estados), 1939; la Recomendación
sobre los Trabajadores Migrantes (revisado), 1949; la  Recomendación sobre la Protección
de los Trabajadores Migrantes (países insuficientemente desarrollados), 1955; la
Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes, 1975; y los Protocolos de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR y la Carta Andina
para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos. Además, de otros
instrumentos internacionales que pueden ser utilizados en relación con las
migraciones.
Respecto a la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus familiares, debe señalarse que fue aprobada
en Colombia mediante la Ley 146 de 1994 y declarada exequible en la sentencia
C-106 de 1995[39].
Para la
comunidad de países latinoamericanos este es un asunto de vital importancia. En
la VIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, celebrada en Montevideo,
Uruguay, del 17 al 19 de septiembre de 2008, los representantes de las
Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, hicieron explícitos su posición común en
materia migratoria, al declarar, entre otros aspectos[40]:
“1.- Su absoluta convicción de que el ser
humano  es el centro de las políticas y programas migratorios y,
consecuentemente, se debe priorizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas migrantes.
2.- Que el hecho migratorio tiene una
naturaleza multidimensional y que la aplicación de medidas restrictivas por los
países de destino no constituye una solución realista a la emigración
irregular. Que el hecho migratorio debe ser abordado de manera integral y
comprehensiva, con políticas que se dirijan a eliminar los factores que causan
la emigración y mediante la promoción del diálogo entre los países de origen,
tránsito y destino de la migración.
…
4.- Rechazar la criminalización del
migrante, la xenofobia, la discriminación y abuso de autoridad y las
deportaciones masivas por parte de algunos países receptores.
…
15.- Reafirmar la decisión de los Estados
de la región de combatir los execrables delitos de la trata de personas y el
tráfico ilícito de migrantes, recordando, al propio tiempo, que el
reforzamiento de políticas y medidas migratorias de carácter restrictivo por
algunos países de destino, son uno de los factores que propician el incremento
de esos delitos, poniendo en mayor vulnerabilidad a nuestras poblaciones. Asimismo,
promover la cooperación internacional para la protección a las víctimas en los
países de origen, tránsito y destino, que incluya la orientación, la protección
jurídica y la asistencia para el retorno decidido libremente.
16.- Destacar los avances logrados rumbo al
común objetivo de la libre circulación de las personas, como fundamento del
desarrollo y propulsor de la integración regional, e instar a los países que
aun no lo han hecho a adherir a los Acuerdos de Residencia y Regularización
Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados.
17.- Su decisión de consolidar la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones como una instancia permanente de
diálogo político y cooperación en la región. La Presidencia Pro Témpore, en
consulta con todos los países, presentará en la IX Conferencia un proyecto que
proponga los mecanismos de funcionamiento y desarrollo estratégico de la CSM.
18.- En el marco de las buenas prácticas sobre gestión migratoria acuerdan
conformar la Red Sudamericana Para la Gobernabilidad Migratoria, con el
objetivo de aprovechar y difundir las capacidades desarrolladas por cada país
que integra la CSM y potenciarla con base en la cooperación horizontal
sudamericana y al fortalecimiento de la integración regional”.
Ahora bien, dada
las necesidades de la población migrante colombiana, la  OIM se estableció en
Colombia desde 1956, cuya misión busca “responder
a los desafíos que plantea la gestión de la migración, fomentando una mayor
comprensión de las cuestiones migratorias, alentando el desarrollo social y
económico a través de la migración, y velando por el respeto de la dignidad
humana y el bienestar de los migrantes”[41]. De ahí que ha venido implementando diversos programas denominadas
áreas de acción de la OIM, como son: i) migrantes que salen al exterior o
retornan y necesitan asistencia para su reintegración, ii) poblaciones víctimas
de desplazamiento forzado interior, iii) víctimas y potenciales víctimas de la
trata de personas, iv) menores desvinculados de los grupos armados ilegales, y
v) programas de fortalecimiento de la paz[42].
El primer programa lo compone un Área de Cooperación
Técnica para las Migraciones, CTM, que persigue beneficiar a las poblaciones
migrantes en el exterior y sus familias a través de cuatro esferas de trabajo
como son la migración y desarrollo (Programa de migración laboral a España), la
reglamentación de la migración (Política pública migratoria), la migración
facilitada (Programas de movilización de migrantes y retorno a Colombia.
Programa de migración laboral a Canadá )
y la migración  forzada (Programa de asistencia de emergencia para personas en
búsqueda de protección internacional a lo largo de las fronteras con Panamá,
Ecuador y Venezuela)[43].
Los asuntos de
migración no han sido extraños a las decisiones de órganos internacionales. A
propósito de la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-18/03, resaltó
la obligación general de los Estados de respetar los derechos fundamentales del
migrante con independencia de la situación de irregularidad en que se
encuentren, garantizando, entre otros, el principio de igualdad y no
discriminación, los derechos laborales y el debido proceso. Las conclusiones a
las que llegó fueron las siguientes:
“1.          Que los Estados tienen la
obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con
este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que
limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas
que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.
2. Que el incumplimiento por el Estado,
mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de
respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad
internacional.
3. Que el principio de igualdad y no
discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los
derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno.
4. Que el principio fundamental de igualdad
y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es
aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en
determinado tratado internacional.  En la actual etapa de la evolución del
derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación
ha ingresado en el dominio del jus cogens.
5. Que el principio fundamental de igualdad
y no discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones
erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con
respecto a terceros, inclusive particulares.
6. Que la obligación general de respetar y
garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de
cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las
personas.
7. Que el derecho al debido proceso legal
debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a
todo migrante, independientemente de su estatus migratorio.  El amplio alcance
de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas
las personas, sin discriminación alguna.
8. Que la calidad migratoria de una persona
no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio
de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral.  El migrante, al
asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben
ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o
irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la
relación laboral.
9. Que el Estado tiene la obligación de
respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores,
independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar
situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones
laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador).  El
Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los
trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales.
10.           Que los trabajadores, al ser
titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios
adecuados para ejercerlos.  Los trabajadores migrantes indocumentados poseen
los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del
Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para
que así se reconozca y se cumpla en la práctica.
11.           Que los Estados no
pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad
ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus
políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter
migratorio”.
Puede, entonces,
señalarse que hoy en día la migración es un asunto regulado por distintos
instrumentos internacionales y objeto de pronunciamiento por distintos órganos
internacionales, que busca garantizar los derechos humanos del migrante con
independencia de su situación de irregularidad, como obligación que pesa sobre
todos los Estados y les hace responsables de violación.
7.2.2.    El
caso concreto.
Motivados en el
origen histórico común y de relaciones de hermandad entre los pueblos, y
específicamente con el ánimo de impulsar la integración y el desarrollo
bilateral y fronterizo entre las naciones, los gobiernos de Ecuador y Colombia han
encontrado aconsejable facilitar, de tiempo atrás, el tránsito y la permanencia
de las personas en ambos países.
De este modo, el
Estatuto Migratorio Permanente entre Ecuador y Colombia responde a múltiples
compromisos adquiridos, concretamente a las reuniones celebradas por los
Miembros de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana, que
propenden por la integración física y el desarrollo social entre las naciones a
través de acciones de cooperación y desarrollo fronterizo[44].
Estatuto que
constituye una herramienta complementaria a varios instrumentos internacionales
celebrados por ambos países en esta materia como son: i) el Convenio entre
Colombia y Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales,
marítimas y aeronaves de 1990; ii) el Reglamento de tránsito transfronterizo aéreo
y terrestre ecuatoriano-colombiano; y iii) los convenios sobre migrantes indocumentados
suscritos en los últimos 30 años.
El primero de los
cuales, como se expuso, fue objeto de examen constitucional por esta Corte en
la sentencia C-504 de 1992 y declarado ajustado a la Constitución. En dicha
decisión, se indicó:
“Considera la Corte que,
por otra parte, dada la naturaleza de los asuntos a que se refiere el Convenio,
éste constituye instrumento apto para
desarrollar el objetivo de regular de una manera igualitaria, soberana y
democrática el tránsito de personas y vehículos entre los pueblos hermanos de
Ecuador y Colombia.
En el concierto
internacional los países acuerdan los lineamientos de sus relaciones recíprocas
sobre bases civilizadas y razonables que respetan la independencia e igualdad
de cada uno de los Estados Partes. Es justamente lo que ha hecho el Convenio que nos
ocupa.
16. Así mismo el Convenio
simplifica y homologa los trámites y procedimientos para el paso de frontera,
lo cual se inscribe en los principios constitucionales relativos a la eficacia,
celeridad y economía en la gestión (artículo 209 constitucional), así como en
los principios que pretenden hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el
procedimental (artículo 228 idem), todo ello en el marco de un Estado social de
derecho que desea colocar a las instituciones al servicio de la persona
(artículo 1º idem).
Para esta Corte existe
pues armonía entre el texto del Convenio y la Constitución Política de
Colombia, en lo referente a las bases conceptuales de la gestión estatal.
(…)Las zonas fronterizas,
igualmente, se ven beneficiadas con las facilidades introducidas en el Convenio
para el transporte binacional, lo cual fue también una preocupación del
constituyente.
…
De estas dos normas se
deduce sin dificultad que un Convenio como el que nos ocupa se inscribe
perfectamente en la filosofía integracionista que la Constitución  consagra
para los casos especialísimos de las zonas de frontera.
18. Menos evidente aunque
no es despreciable, el derecho al trabajo (artículo 25) invocado por la
apoderada del Ministerios de Relaciones Exteriores podría verse, de paso,
protegido”.
Ahora bien, la
migración toca esencialmente con los derechos de los extranjeros. De manera que
la Corte debe empezar por recordar su doctrina constitucional en la materia
atendiendo los mandatos constitucionales como internacionales sobre la materia
(art. 93 de la Constitución[45]).
En primer lugar,
resulta indiscutible que en principio le asisten a los extranjeros los mismos
derechos que a los nacionales. Como disposiciones constitucionales pueden citarse
las siguientes: 4º, deber de los nacionales y extranjeros en Colombia de acatar
la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades; artículo
13, igualdad ante la ley y no discriminación por razones de origen nacional;
artículo 48, garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
seguridad social; artículo 96, nacionales colombianos por nacimiento y adopción[46].
El Capítulo III del Título III, refiere en su artículo 100 a los extranjeros, en
los siguientes términos:
“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de
los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la
ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o
negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el
territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo
las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.
Los derechos políticos se reservan a los
nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia
el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter
municipal o distrital”.
Sobre el alcance
de los derechos fundamentales de los cuales son titulares los extranjeros en
Colombia, la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades pudiendo
resaltarse la sentencia C-834 de 2007, donde se sintetizaron los principales
lineamientos constitucionales sobre la materia:
“(E)n numerosas oportunidades[47],
la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con los contenidos y
alcances de estos derechos fundamentales de los cuales son titulares los
extranjeros en Colombia.
En tal sentido, esta Corporación ha considerado que (i) cualquier persona, sea colombiana o extranjera, puede instaurar una acción de tutela, por cuanto “Los sujetos de la protección no lo son por virtud del vínculo político que exista con el Estado colombiano sino por ser personas”[48]; (ii) si la medida de expulsión del territorio opera durante los estados de normalidad, con mayor razón puede el legislador de excepción proceder a decretarla, cuando sean los extranjeros quienes estén perturbando el orden público, pues está encaminada precisamente a restablecer el orden alterado y evitar la extensión de sus efectos[49]; (iii) en ningún caso el legislador esta habilitado para desconocer la vigencia y el alcance de los derechos fundamentales garantizados en la Carta Política y en los tratados internacionales en el caso de los extranjeros, así aquéllos se encuentren en condiciones de permanencia irregular en el país[50]; (iv) bajo la vigencia de la nueva Constitución es claro que las autoridades colombianas no pueden desatender el deber de garantizar la vigencia y el respeto de los derechos constitucionales de los extranjeros y de sus hijos menores[51]; (v) la Constitución o la Ley pueden establecer limitaciones con respecto a los extranjeros para los efectos de su permanencia o residencia en el territorio nacional[52]; (vi) cuando es la propia Constitución la que de manera expresa señala las condiciones para acceder a ciertos cargos públicos, no puede la ley adicionarle requisito o condición alguna…así entonces, si para ser Presidente o Vicepresidente de la República, Senador de la República, Magistrado de las Altas Corporaciones de justicia, Fiscal General de la Nación, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, miembro del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, Contralor General de la República, Contralor Distrital y Municipal y Procurador General de la Nación, la Carta Política sólo exige la condición de ser colombiano por nacimiento, no le es dable a la ley inhabilitar al natural colombiano por el hecho de que éste tenga otra nacionalidad[53]; (vii) la ley no puede restringir, en razón de la nacionalidad los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, dado que ellos son inherentes a la persona y tienen un carácter universal[54]; (viii) el mismo artículo 100 de la Constitución atenúa la fuerza de la expresión “origen nacional” contenida en el artículo 13, cuando ella se aplica a las situaciones en que estén involucrados los extranjeros[55]; (ix) no en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo para los nacionales y los extranjeros…ello implica que cuando las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales…por lo tanto, la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por analizar[56]; (x) el derecho fundamental de asociación sindical se reconoce como derecho humano, universal, a todas las personas que tengan la condición de trabajadores para que puedan agruparse en organizaciones que representen los intereses que son comunes a todas ellas en el ámbito laboral, nada interesa, por consiguiente, el origen nacional de las personas para que puedan gozar del referido derecho, pues lo relevante es que se trate de trabajadores[57]; (xi) en materia de derechos de los extranjeros en Colombia, no hay un derecho de origen constitucional a recibir un trato preferencial en el campo tributario, a no pagar un impuesto o a deducir de su cuantía determinado monto o porcentaje[58]; (xii) el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los nacionales[59]; (xiii) la sola existencia de un tratamiento legal diferenciado entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros no tiene por qué reputarse inconstitucional pues la Carta Política, recogiendo el contenido que hoy se le imprime a la igualdad como valor superior, como principio y como derecho, ha contemplado la posibilidad de que se configure un tratamiento diferenciado… lo importante es, entonces, determinar si ese tratamiento diferenciado es legítimo o si está proscrito por el Texto Fundamental[60]; (xiv) la aplicación de un tratamiento diferente  debe estar justificado por situaciones de hecho diferentes, una finalidad objetiva y razonable y una proporcionalidad entre el tratamiento y la finalidad perseguida[61]; (xv) la reserva de titularidad de los derechos políticos para los nacionales tiene su fundamento en el hecho de que por razones de soberanía es necesario limitar su ejercicio, situación que está en concordancia con el artículo 9° de la Carta, que prescribe que las relaciones exteriores del Estado colombiano deben cimentarse en la soberanía nacional[62]; (xvi) cuando el legislador establezca un trato diferente entre el extranjero y el nacional, será preciso examinar si el objeto regulado permite realizar tales distinciones, la clase de derecho que se encuentre comprometido, el carácter objetivo y razonable de la medida, la no afectación de derechos fundamentales, la no violación de normas internacionales y las particularidades del caso concreto[63]; y (xvii) el legislador no está impedido para instituir un determinado trato diferencial entre nacionales y extranjeros, si existen razones constitucionales legítimas que así lo justifiquen[64].
De igual modo, debe
precisarse que en la medida que los extranjeros gozan en el territorio
colombiano de las garantías concedidas a los nacionales salvo las limitaciones
constitucionales y legales, dicho reconocimiento genera a la vez la
responsabilidad de los extranjeros de cumplir los deberes que la misma
normatividad consagra para los nacionales, conforme al artículo 4 de la
Constitución[65].
Doctrina
constitucional que para la Corte responde adecuadamente a los tratados
internacionales sobre derechos humanos que consagran los derechos de los
extranjeros, como el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el artículo 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; los artículos 3º y 9º del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador; el artículo 2º de
la Convención de los Derechos del Niño; y particularmente la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
Ahora bien, dada
la pertinencia de la Opinión Consultiva 018 de 2003, de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, esta Corte procederá a resaltar algunas premisas que se
extraen de la misma, a efectos de dilucidar el presente caso, como son:
i) la situación
de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes, ii) la obligación de todos
los Estados de respetar y garantizar sus derechos fundamentales, adoptando
medidas positivas, evitando iniciativas que desconozcan sus derechos
fundamentales y suprimiendo las medidas y prácticas que lo afecten, iii) el
incumplimiento por el Estado a través de un tratamiento discriminatorio de
respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional,
iv) la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula
independientemente del estatus migratorio de las personas y, en esa medida, los
Estados deben asegurar en su ordenamiento jurídico interno el acceso a un
recurso sencillo y efectivo que los ampare en sus derechos, v) los Estados
pueden establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes
indocumentados a su territorio, sin embargo, ello debe observar los derechos y
las garantías como el respeto a la dignidad humana y el debido proceso, vi) las
relaciones laborales que se establecen entre los trabajadores migrantes y
terceros empleadores pueden generar responsabilidad internacional del Estado.
Los Estados tienen el deber de vigilar el reconocimiento y aplicación de los
derechos laborales que el ordenamiento jurídico consagre, así como también son
responsables cuando toleren acciones y prácticas de terceros que afecten a los
trabajadores migrantes porque no les reconocen los mismos derechos que a los
nacionales o les reconocen iguales derechos pero con algún tipo de discriminación,
y vii) no es admisible que un Estado de empleo proteja su producción nacional
fomentando o tolerando la contratación de trabajadores migrantes indocumentados
para su explotación laboral o considerándolo como oferta laboral menos costosa
o negándoles la posibilidad de reclamar su violación ante la autoridad
competente.
En el caso
concreto, la Corte encuentra que las disposiciones del Estatuto Migratorio
Permanente entre Ecuador y Colombia, armonizan plenamente con la Carta Política
por cuanto tienden a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana en
materia económica, social y cultural (Preámbulo y arts. 226 y 227 de la
Constitución); realizan los imperativos constitucionales en relación con las
zonas fronterizas que vienen a resultar beneficiadas (arts. 289 y 337 de la
Constitución); defienden los derechos de los extranjeros al regular de manera
igualitaria bajo el concepto de dignidad humana, el tránsito y la permanencia de
las personas entre los territorios colombo-ecuatoriano, con el objeto principal
de buscar soluciones a la situación de los migrantes irregulares[66].
Todo lo cual resulta
congruente con los principios que orientan las relaciones exteriores del Estado
como son la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia (art. 9º de la Carta), en la medida que se parte del respeto mutuo
entre Estados iguales como sujetos de derecho internacional, quienes gozan de
autonomía e independencia para la regulación de los asuntos internos, como del
reconocimiento a cada Estado de resolver las cuestiones que le competen en
ejercicio de su soberanía y de manera independiente.
En la exposición
de motivos al proyecto de ley 185 de 2006, Senado, el Congreso de la República
validó la importancia de la aprobación del presente instrumento, al señalar:
“Este estatuto es el resultado del
cumplimiento de los compromisos adquiridos por representantes de los Gobiernos
de Ecuador y Colombia en reuniones de la Comisión de Vecindad e Integración y
refleja el esfuerzo conjunto por mantener instituciones normativas de carácter
internacional que faciliten el tránsito y permanencia de los ciudadanos de un
Estado en el territorio del otro, y permitan mantener un mecanismo expedito
para regularizar a los ciudadanos de ambos países que se encuentran en
situación de ilegalidad.
…
Con estas facilidades se pretende promover
el comercio, favorecer las actividades agrícola y ganadera, incrementar la
oferta y demanda de servicios médicos y educativos y, el intercambio cultural y
deportivo de la región”.
En cuanto a la
relevancia constitucional de la integración comercial, económica, social y cultural
en las zonas de frontera, esta Corte ha avalado como una obligación del
Estado la suscripción de instrumentos internacionales bilaterales que busquen
mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los habitantes en
dichas zonas cuyas relaciones han surgido por circunstancias históricas y
sociológicas que los identifican en un objetivo común, como lo es el desarrollo
social comunitario entre los países vecinos. Así lo recordó en la sentencia
C-206 de 2005[67], al señalar:
“(E)l citado instrumento representa una
importante solución a la problemática social que se vive en las zonas de frontera
pues aprovecha las ventajas derivadas de la propia situación geográfica de
estos territorios, para impulsar la integración económica con los países
vecinos y facilitar el fortalecimiento de  la cooperación e integración
económica, cultural y comercial entre las entidades territoriales limítrofes a
fin de lograr el desarrollo económico y social comunitario, la prestación
eficiente de los servicios públicos y la preservación del ambiente, propósitos
éstos a los que debe propender la actividad del legislador en este campo tal
como lo disponen los artículos 289 y 337 de la Constitución y lo ha reconocido
la jurisprudencia constitucional, que al referirse a la intervención del
legislador en esta materia en Sentencia C-076 de 1997,… señaló:
“La Corte no desconoce el papel activo
que la ley debe desempeñar con el objeto de promover programas de cooperación e
integración en los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas. La
conservación de la soberanía exige la presencia visible del Estado en los
territorios limítrofes y la existencia de comunidades laboriosas y pujantes que
desarrollen un sentimiento de arraigo nacional. Pero, al mismo tiempo, es
importante que se estrechen los lazos culturales y económicos con las
poblaciones de las naciones vecinas, como corresponde al ideario
integracionista de la Carta.
Entre "las facultades que la
Constitución atribuye a la ley con el propósito de promover el desarrollo de
las zonas de frontera, se encuentra la de establecer "normas especiales en
materias económicas y sociales" (CP. art. 337)".
…
La Corte también ha recalcado la función
social que tiene la intervención del legislador en la regulación de las zonas
de frontera. En Sentencia C-269 de 2000,…dijo sobre el particular:
“3.  De las zonas de frontera en la Constitución y
la ley
“3.1. La Constitución Política de 1991 reconoce
como regiones de singular importancia económica y social (artículos 289 y 337),
para darles un tratamiento especial, a las denominadas zonas de frontera,
entendidas éstas como aquellos lugares donde sus habitantes viven una realidad
diferente a la de los demás sectores nacionales, en virtud de la vecindad con
los países limítrofes, lo cual influye notablemente en sus actividades
culturales, el intercambio de bienes y servicios, la circulación de personas y
vehículos, y genera por las circunstancias mencionadas, la libre circulación de
monedas con la incidencia que ello conlleva en la economía regional[68].
“En relación con estas entidades, dispone
el artículo 289 de la Carta Política, que por mandato de la ley, los
departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente
con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas
de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario,
la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.
“Por su parte, según el artículo 300-2
ibídem, corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas,
expedir las disposiciones relacionadas con el desarrollo de sus zonas de
frontera.
“E igualmente, el artículo 337 superior
preceptúa que la ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y
marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a
promover su desarrollo, lo cual se enmarca dentro del contexto de la
internacionalización y globalización de la economía.
“3.2. Dentro del marco constitucional descrito,
se hace necesario entonces, que el legislador busque el mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y culturales de los habitantes de las zonas de
frontera, cuyas relaciones sociales y económicas han surgido en razón de
circunstancias históricas y sociológicas que los identifica, adoptando para
ello soluciones que deben estar acordes con el principio constitucional del
Estado social de derecho, cuyas finalidades coinciden con el contenido
programático del artículo 337 superior.
“Precepto éste que adopta un cometido
estatal específico de fomento, estímulo y promoción de las zonas de frontera
que comporta para el legislador el deber de su realización práctica. En esa
medida, las soluciones que se adopten deben tener en cuenta las ventajas de la
propia situación de esas zonas, para aprovecharlas e impulsar la integración
económica con los países vecinos y facilitar, entonces, el fomento de proyectos
de cooperación e integración con las entidades territoriales limítrofes a fin
de lograr el desarrollo económico y social comunitario, la prestación eficiente
de los servicios públicos y la preservación del ambiente (arts. 226, 227 y 289
C.P.)[69].
“En esta medida, se hace necesario
garantizar la efectividad del mandato constitucional del artículo 337, mediante
la promoción de programas de cooperación e integración económica y social en
los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas, donde la conservación
de la soberanía, de la independencia nacional y de la integridad territorial
son fines esenciales del Estado colombiano, lo cual exige de éste su presencia
efectiva, y donde es fundamental para su desarrollo, que se estrechen los lazos
culturales y económicos con las poblaciones de las naciones vecinas dentro del
ideal integracionista de la Carta Política de 1991. Principio éste que se
desprende del preámbulo, al señalar que la Constitución tiene como uno de sus
fines esenciales, impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, así
como del artículo 9º a cuyo tenor la política exterior del Estado se orientará
hacia la integración latinoamericana y del Caribe.”
La Corte ha reconocido
la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores migrantes
irregulares en orden a la protección y garantía de sus derechos fundamentales.
En la sentencia C-106 de 1995, que declaró ajustado a la Constitución la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, manifestó:
“El hombre siempre se ha dirigido hacia las
regiones en las que ve posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas, y
continuará haciéndolo mientras subsistan los desequilibrios entre los espacios
habitables.
…
No sólo se encuentran lejos de su lugar de
origen (de su familia y de su comunidad) sino que la necesidad los impulsa a
aceptar condiciones laborales inferiores a las legalmente permitidas. Así
mismo, suelen ser objeto y discriminación por parte de las autoridades locales,
sobre todo en aquellos casos en los cuales han ingresado al país en el que
laboran sin cumplir los requisitos legales.
Los flujos laborales migratorios vienen
siendo objeto de preocupación por parte de la comunidad internacional desde
principios de siglo. En 1926 se firmó el primer convenio de la O.I.T., relativo
a los trabajadores migratorios. Sin embargo, el tema ha ido aumentando en
importancia con el paso del tiempo. Lo anterior se debe al cambio en las
condiciones de la economía mundial.
…
Estos instrumentos buscan la protección de
esta clase de trabajadores, asegurando la satisfacción de sus necesidades
básicas en el trayecto hacia su lugar de trabajo y la igualdad de
oportunidades, trato y protección, una vez lleguen a su destino.
…
El Constituyente de 1991 se preocupó por
garantizar la totalidad de los derechos a los que esta se refiere, a todo
habitante del territorio nacional, sin considerar su procedencia u ocupación”.
Igualmente, esta
Corporación ha señalado que conforme al nuevo marco constitucional no puede
desconocerse la “vigencia y el alcance de los derechos fundamentales ni los
derechos inherentes a la persona humana garantizados en la Carta Política y en
los tratados internacionales en el caso de los extranjeros, así aquéllos se
encuentren en condiciones de permanencia irregular”[70].
En cuanto al concepto y alcance de la dignidad humana
(art. 1º superior), la Corte le ha reconocido un carácter absoluto[71] por su triple
naturaleza de valor, principio y derecho fundamental autónomo que soporta la
totalidad de los derechos constitucionales[72]. Principio fundamental que ha sido definido como el “merecimiento
de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal y así se
convierte en la facultad…de exigir de los demás un trato acorde con su
condición humana”[73]. Más recientemente, en la sentencia C-075 de 2007, la Corte refirió
a la dignidad humana en los siguientes términos:
“Esta Corporación ha expresado que la
dignidad humana es un valor superior y un principio fundante del Estado Social
de Derecho, conforme al cual todas las personas deben recibir un trato acorde
con su naturaleza humana.[74] Ha
señalado la Corte que “.. dentro del sistema constitucional colombiano, el
principio de dignidad constituye el centro axiológico a partir del cual se
derivan las obligaciones de protección, respeto y promoción de los derechos
constitucionales y el aseguramiento del cumplimiento de los deberes
constitucionales, bajo la égida del orden justo.”[75]
Para la Corte, “[p]or dignidad se entiende
la supremacía que ostenta la persona como atributo inherente a su ser racional,
cuya valoración y reconocimiento no puede estimarse como la causa o el efecto
de alguien o de algo (es decir, como objeto), sino como un fin superior que
subyace en sí mismo.”[76]
En la jurisprudencia constitucional[77]
la dignidad humana se ha tratado como expresión de la autonomía individual[78],
como expresión de ciertas condiciones materiales de existencia[79],
o como expresión de la intangibilidad de la integridad física y moral[80].
En ese contexto, la previsión constitucional conforme a la cual el Estado se
encuentra fundado en el respeto a la dignidad humana (C.P. art. 1.), impone a
las autoridades públicas el deber de adoptar las medidas de protección indispensables
para salvaguardar los bienes jurídicos que definen al hombre como persona”.
En torno a la
vinculación del principio de dignidad humana con el trabajo, el artículo 25 de la
Constitución, al prever el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas,
comporta “su realización en un entorno sin características humillantes o
degradantes o que desconozca los principios mínimos fundamentales establecidos
por la Constitución, y además que permita su desarrollo en condiciones
equitativas para el trabajador”[81].
Por tanto, desde
un punto de vista general, el presente Estatuto Migratorio Permanente entre
Colombia y Ecuador resulta concordante con los valores, principios y derechos
constitucionales (parte dogmática) y demás disposiciones constitucionales
(parte orgánica), al igual que con los tratados internacionales de derechos
humanos (art. 93 superior).
A la misma
conclusión se llega partiendo de un análisis particular de las disposiciones del
presente Estatuto.
El Preámbulo
armoniza plenamente con la Ley Suprema por cuanto en él se hacen explícitos los
objetivos que llevaron a la celebración del tratado, como disposición
vinculante e irradiadora de todas las disposiciones que lo comprende. Frente a
la situación actual que impone el tránsito y permanencia de personas en ambos
países suscitado por múltiples factores, corresponde a los Estados brindar la
debida atención y oportuna solución a través de la celebración de instrumentos bilaterales,
que tienen por finalidad esencial facilitar el tránsito y permanencia de las
personas (libertad de locomoción) y fortalecer la integración bilateral y
fronteriza entre las dos naciones bajo la rúbrica de la garantía y respeto a
los derechos humanos (Preámbulo y arts. 1º, 2º, 9º, 226 y 227 de la
Constitución).
En su carácter
de instrumento complementario precisa una realidad actual que busca regularizar
en sus variados ámbitos, para beneficio de los ciudadanos de ambos países y el
fortalecimiento de las relaciones de vecindad.
Dada la situación
de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes, la Corte considera que este
instrumento constituye una medida positiva y expedita que atiende materialmente
el contexto de la situación actual. Los capítulos que comprenden este Estatuto como
son la migración temporal, la migración permanente, el sistema de seguridad
social, la protección y asistencia, las disposiciones generales y la disposición
final, cumplen satisfactoriamente los lineamientos constitucionales e
internacionales sobre migración.
En cuanto al
Capítulo I sobre migración temporal, el artículo 1º del Estatuto permite el
ingreso sin necesidad de visa hasta por 180 días, con sólo el documento de
identidad para desarrollar distintas actividades lícitas como el comercio
itinerante, deporte, cultura, tratamiento médico, estudio, ciencia y actos de
comercio, además, de permitir continuar ejerciendo dichas actividades por un
periodo superior, debiendo ahora sí solicitar la visa. Para la Corte la
disposición armoniza con la Constitución al instituir un requisito mínimo que
facilita el ingreso y permanencia de los ecuatorianos y colombianos en ambos
países para desarrollar las distintas actividades mencionadas, lo cual además, busca
atender la creciente migración entre los dos países como también legalizar la
situación de los migrantes irregulares que abona el camino hacia una mayor exigencia
de los derechos fundamentales (en materia comercial: Preámbulo y arts. 9,  226
y 227 de la Constitución; deporte: art. 52 de la Constitución; cultura: arts.
67 y 70 de la Constitución; tratamiento médico: arts. 48 y 49 de la
Constitución; estudio: art. 67 de la Constitución; y ciencia: arts. 67 y 70 de la
Constitución).
El artículo 2º
del Estatuto se acompasa con el ordenamiento constitucional al facilitar
igualmente la realización de trabajos temporales a nivel agrícola, ganadero,
petrolero, construcción o similares dentro de la zona de integración fronteriza
por un periodo de hasta 90 días, prorrogables por un periodo igual y por una
sola vez, requiriendo el registro ante la Oficina de Trabajo y su afiliación a
uno de los sistemas de seguridad social, que debe presentar ante la autoridad
migratoria competente. En el evento de un periodo superior al establecido,
deben ser contratados formalmente  y solicitar la visa. Así las cosas, para la
Corte se proporciona sin mayores dificultades la ejecución  de actividades laborales
en la zona de integración fronteriza al reconocer la fuerza laboral extranjera
como factor de desarrollo y crecimiento económico que contribuirá
indefectiblemente a mejorar las condiciones de vida de los migrantes, como
también las relaciones bilaterales dentro de un marco de cooperación mutua (artículos
289 y 337 de la Constitución). Así mismo, la afiliación a la seguridad social
responde a la obligación de garantizar los derechos laborales de los migrantes en
orden a la salud, pensión y riesgos profesionales (arts. 48, 49 y 53 de la
Constitución).
El artículo 3º
del Estatuto al instituir que quienes deseen estudiar en el otro país por un
periodo superior a 180 días, deben solicitar la visa de estudiante regular
allegando el certificado de matrícula del establecimiento educativo legalmente
reconocido más los documentos de ley, se ajusta al Texto Fundamental al
pretender regularizar la situación de los estudiantes que buscan permanecer por
un mayor tiempo al inicialmente instituido.
Respecto al
Capítulo II sobre Migración Permanente, los artículos 4º al 9º del Estatuto
responden favorablemente al texto de la Constitución toda vez que agiliza el
trámite para la obtención de la visa de residente al priorizar su trámite
(artículo 4º); expone el carácter indefinido al inmigrante residente o
permanente bajo la salvedad allí establecida (artículo 5º); exige al inmigrante
permanente propietario de finca raíz el presentar solamente el documento de
identidad con vigencia mínima de 6 meses y los de la propiedad para obtener la
visa (artículo 6º); exige del inmigrante permanente trabajador agropecuario el
presentar únicamente el documentos de identidad y afiliación al sistema de seguridad
social con vigencia mínima de 6 meses para obtener la visa (artículo 7º); facilita
para el inmigrante permanente propietario de finca raíz, trabajador
agropecuario y comerciante estacionario o itinerante que esté en situación
irregular y pruebe su permanencia por 5 o más años, con anterioridad a la
suscripción de este instrumento, el poder legalizar su permanencia y ser
titular de una visa de residente o inmigrante permanente (artículo 8º); y establece
como favorecidos por este Capítulo a quienes no registren antecedentes penales
a través del certificado de antecedentes judiciales y record policial (artículo
9º).
De este modo, para
la Corte se facilitan y simplifican los trámites para obtener la categoría de
residente o inmigrante permanente bajo unas exigencias mínimas que se ajustan  a
los principios de celeridad, economía y eficacia en la gestión administrativa
(art. 209 superior), en desarrollo del principio de prevalencia del derecho
sustancial (art. 228 superior) y en el marco de la realización de los fines
esenciales del Estado social de derecho (arts. 1º y 2º de la Constitución).
En relación con
el Capítulo III sobre Sistema de Seguridad Social, constituye un fiel reflejo
de los artículos 48 y 53 de la Constitución, que le confiere a la seguridad
social el carácter de derecho irrenunciable y de servicio público obligatorio
que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  De ahí que al
instituir la obligación para el empleador de afiliar al trabajador temporal o
permanente a uno de los sistemas de seguridad social (art. 10º) y establecer
para el migrante temporal que trabaje independientemente y se radique en el
lugar donde desarrolle sus actividades, el afiliarse también a dicho sistema
del país receptor, para lo cual debe presentar el documento nacional de
identidad; resultan plenamente conformes a la Constitución.
La Corte, en la
sentencia C-279 de 2004, se pronunció favorablemente sobre la garantía a la
seguridad social para los migrantes al declarar la constitucionalidad del
Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República
Oriental del Uruguay:
“La necesidad de búsqueda de mejores oportunidades laborales,
sumada a las necesidades productivas a nivel mundial, han implicado la
migración de trabajadores que asuman un rol dentro de la generación de bienes y
servicios. Esta realidad se ve enfatizada en un mundo globalizado como el
presente…El hecho de abandonar temporal o definitivamente su país de origen
pone a estos trabajadores en estado de vulnerabilidad. Así las cosas, se ha
hecho imperioso consagrar en diferentes normas internacionales la protección a
los trabajadores migrantes. En efecto, disposiciones laborales favorables con
respecto a la forma de vinculación, pago de salarios, atención a riesgos
profesionales, protección a los miembros de su familia, entre otros, se han
venido desarrollando a nivel internacional desde comienzos del siglo veinte.
5.2. Dentro de tales disposiciones, en virtud del
asunto en estudio, vale la pena resaltar las relativas a la protección de la
seguridad social en pensiones. A través de éstas se busca que el hecho de
trasladarse de un país a otro no afecte los derechos pensionales adquiridos,
bien sean relativos a la jubilación, invalidez o sobrevivencia, y no
obstaculice su eventual adquisición”.
En torno al
Capítulo IV sobre Protección y Asistencia, para la Corte se resaltan medidas
positivas adicionales en orden a regularizar la situación de los migrantes y
otorgarles un trato igualitario con independencia del territorio en que se
encuentren, que tienden a restablecer el concepto de dignidad humana bajo el
respeto pleno de sus derechos fundamentales. De este modo, se acompasa con la
Carta Política las medidas concernientes a que el migrante tendrá en general
los mismos derechos, garantías y obligaciones civiles que el nacional (art.
12); las autoridades nacionales competentes identificarán periódicamente los
principales asentamientos de migrantes propietarios de finca raíz y/o
trabajadores agrícolas, ganaderos, construcción o similares, con la finalidad
de facilitar la regularización de su permanencia (art. 13); los programas
nacionales de alfabetización para adultos y menores incluirán a los migrantes
(art. 14); y, las autoridades migratorias, extranjería y demás, prestarán las
facilidades para que el migrante irregular legalice su situación en el país
receptor, pudiendo obtener el visado previa la presentación de la solicitud y
la documentación respectiva (art. 15).
El Capítulo V
sobre Disposiciones Generales, también resulta conforme a los mandatos
constitucionales al señalar que las visas expedidas se harán extensivas como
beneficiarios al cónyuge o compañero permanente reconocido conforme a la
legislación del país receptor, y a los hijos menores de 18 años y ascendientes
en línea directa (art. 16), lo cual en opinión de la Corte responde
constitucionalmente al concepto de familia como núcleo fundamental de la
sociedad (art. 42 de la Constitución). Igualmente, al preverse que las visas
exigidas por las normas nacionales con fines migratorios serán gratuitas y se
reglan el costo de los documentos con el de menor valor, y en el caso de demandarse
alguna modificación o reforma ésta se acordará mediante canje de notas (art.
17). Por último, se señala que todo aquello que no se encuentre regulado
expresamente por este convenio se sujetará a lo previsto en las respectivas legislaciones
nacionales, indicando además que la interpretación del alcance de este acuerdo
será de facultad de las respectivas cancillerías (art. 18). De esta manera, se
busca llenar los vacíos normativos que pudieran presentarse en el desarrollo
del tratado bilateral acudiendo para ello a las legislaciones nacionales lo
cual resulta consonante con la Constitución. Así mismo, frente a las
dificultades que pudieran presentarse en el marco de la ejecución del tratado son
los Estados Partes los llamados a producir la interpretación del instrumento
internacional conforme a las reglas establecidas en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969[82], a
través de sus voceros como son las cancillerías, que habrán de sujetarse al
ordenamiento constitucional y particularmente a lo dispuesto en esta decisión
para el caso de Colombia.
Y el Capítulo VI
denominado Disposición Final que alude a la vigencia y denuncia del
presente convenio, no presenta objeción alguna de constitucionalidad.
Por último, en
materia fronteriza conviene precisar que el presente tratado bilateral constitutivo
del Estatuto Migratorio entre Colombia y Ecuador no es incompatible ni exonera
a las partes en relación con los compromisos internacionales adquiridos de regulación
específica sobre las comunidades indígenas y refugiados.
También,
debe recordarse lo previsto en el artículo 63 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1969, conforme al cual “La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre
partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre
ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones
diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado”.
De esta forma,
se atienden los lineamientos impuestos por la Constitución Política y los
instrumentos internacionales sobre la migración, por lo cual la Corte declarará
ajustado a la Constitución el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y
Ecuador, y la ley aprobatoria 1203 del 4 de julio de 2008.
VI.    DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
:
Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley No. 1203 del 4 de julio de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el Estatuto
Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el “Estatuto Migratorio Permanente
entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de
dos mil (2000)”.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
CLARA ELENA REALES GUTIERREZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Del informe de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea.
Este escrito, con la supresión de algunos párrafos, fue presentado nuevamente
el 5 de noviembre de 2008, ahora firmado por el Dr. Alejandro Venegas Franco,
Decano de la Facultad de Jurisprudencia.
[2] Del informe de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea.
[3] Del informe de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea.
[4] Del informe de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea.
[5] El artículo 150-14 de la Constitución, señala que
corresponde al Congreso la función de “Aprobar o improbar los tratados que
el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.
Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas
atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o
consolidar la integración económica con otros Estados”.
La Ley 5 de 1992, artículo 217,
refiere: “Condiciones en su trámite.. Podrán presentarse propuestas de no
aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios
Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las
propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que
prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así
como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en
el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes elevarán a las
plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre
si debe accederse o no a la autorización solicitada”. Disposición orgánica que fue
declarada exequible en la sentencia C-227 de 1993. Cft. sentencia C-578 de 2002.
[6] Ley 5 de 1992, artículo
204. “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de
presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se
tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las
especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento”.
[7] En la sentencia C-241 de 2006, se sostuvo: “Análisis
del caso concreto: La Sala observa que en el trámite de la ley de la
referencia no se cumplió con la finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, toda vez que en una ocasión no existió claridad acerca del anuncio
de la votación del proyecto en la siguiente sesión, motivo por el cual los congresistas
no pudieron tener la certeza del momento en que se iban a realizar las
votaciones. …En virtud de que el vicio se presentó al inicio del trámite del
proyecto de ley, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación (Auto A-089/05
fundamentado en lo determinado en las Sentencias C-737/01 y C-760/01), éste se
torna insubsanable. Lo anterior, toda vez que sería casi equiparable devolver
el proyecto para que fuera subsanado el vicio que retirar del ordenamiento la
ley en estudio para que se le dé nuevo trámite en el Congreso. En consecuencia,
la Sala declarará la inexequibilidad de la ley de la referencia”.
[8] Oficio OAJ.CAT No. 40935, del 6 de agosto de 2008.
[9] Sentencias C-933 de 2006; C-241 de 2006; y C-1139 de
2000. Auto de Sala Plena No. 119 de 2007.
[10] Págs.
1 a 3.
[11] Págs.
8 a 23.
[12] Págs.
3 y 5.
[13] Págs.
18 y 19.
[14] Pág. 5.
[15] Págs.
3 a 19.
[16] Págs.
33, 34 y 56.
[17] Págs.
45 y 46.
[18] Pág.
45.
[19] Págs. 1 y 2.
[20] Págs.
2 a 5.
[21] Págs.
1 y 2.
[22] Págs.
10 y 11.
[23] Pág. 1.
[24] Págs.
2 a 6.
[25] Págs.
31 y 32.
[26] Gaceta
del Congreso 409 del 7 de julio de 2008.
[27] Págs.
12 a 15.
[28] Págs. 4 y 5.
[29] La Corte ha señalado que los plazos que deben mediar
entre los debates se contabilizan en días comunes y no hábiles. Sentencias
C-1153 de 2005 y C-309 de 2004, entre otras.
[30] En
relación con votaciones realizadas al día siguiente del anuncio de la votación,
puede consultarse la sentencia C-181 de 2007.
[31]Debe recordarse que al Acta 109 del 14 de mayo de 2008, registra debate de
control político, según Gaceta del Congreso 409 del 7 de julio de 2008.
[32] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión
Consultiva OC-18 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos
Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. En el
glosario para efectos de dicha opinión también se dieron los siguientes
significados: emigrante: persona que deja un Estado con el propósito de
trasladarse a otro y establecerse en él; inmigrar: llegar a otro Estado con el
propósito de residir en él; inmigrante: persona que llega a otro Estado con el
propósito de residir en él; migrante: término genérico que abarca tanto al
emigrante como al inmigrante; estatus migratorio: situación jurídica en la que
se encuentra un migrante, de conformidad con la normativa interna del Estado de
empleo; trabajador: Persona
que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada;
trabajador migrante documentado o en situación regular: persona que se encuentra
autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el
Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos
internacionales en que ese Estado sea parte; trabajador migrante  indocumentado o en situación
irregular: persona que no se encuentra
autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el
Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos
internacionales en que ese Estado sea parte, y que, sin embargo, realiza dicha
actividad; Estado de origen: estado del cual es
nacional el trabajador migrante; Estado de empleo o Estado receptor: Estado en el cual el trabajador migrante vaya a
realizar, realiza o haya realizado una actividad remunerada.
[33] Página de la OIM. A propósito de la OIM:
www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/2.
[34] Ver, “A
propósito de la migración”. Página en Internet de la OIM:
www.iom.int/jahia/jahia/lang/es/pid/2.
[35] Ibidem. En el documento se señala: “La
liberalización económica. El clima comercial y de inversión ha sostenido el
flujo de migrantes. La mayor demanda de mano de obra en las economías
desarrolladas y la disponibilidad de mano de obra en las economías subdesarrolladas
han puesto en movimiento la migración laboral global. El enorme mercado laboral
mundial ofrece a los empleadores la oportunidad de contratar a trabajadores
migrantes como parte de sus estrategias de reducción de costos.Además, la
globalización, con sus fuerzas asociadas, ha aumentado la movilidad de la
fuerza laboral a través de las fronteras y ha reforzado el movimiento de
trabajadores calificados. Las corporaciones multinacionales favorecen el
movimiento de mano de obra, especialmente la mano de obra altamente calificada.
Ante una escasez aguda de mano de obra, las industrias de los países
desarrollados están evaluando las políticas migratorias y demuestran
preferencia por la implementación de un mecanismo relativamente flexible. Las
industrias de servicios estadounidenses y europeas, en particular, han tratado
de alentar una "política liberal" para considerar a los trabajadores
en movimiento como "proveedores de servicios", especialmente en las
industrias hotelera y de hostelería, de programación, de seguros y la industria
financiera. La recesión económica. Desde inicios de 2001, la economía mundial
ha experimentado una recesión. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado
un crecimiento global inferior al de años anteriores en un 3,2 %. Esto ha
producido una presión a la baja en el movimiento de la mano de obra,
especialmente en los sectores de tecnología de la información (TI),
construcción y manufactura. Sin embargo, el impacto real de la recesión
económica, en términos del retorno de la fuerza laboral migrante a sus países
de origen, todavía no se ha dado. La experiencia de la crisis financiera de
1999 en Asia sugiere que la mayoría de los migrantes tiende a permanecer en el
país de destino incluso tras un empeoramiento de las condiciones. La recesión
temporal no siempre causa una perturbación considerable en los flujos
migratorios, ni altera las tendencias de manera significativa. Los cambios
demográficos. El crecimiento mundial de la población difiere entre países
desarrollados y países en desarrollo. En los primeros, la tasa anual de
crecimiento actual es inferior al 0,3%, mientras que en el resto del mundo la
población está aumentando casi seis veces más rápido. Los cambios demográficos
afectan la migración internacional de dos maneras. Un raudo crecimiento de la
población combinado con dificultades económicas obliga a las personas a
abandonar su hábitat, y una población cada vez menor y más vieja conduce a los
países a aceptar a los migrantes. Dada la baja tasa de natalidad en muchos
países desarrollados se observa un envejecimiento de su población. La población
"menos numerosa y más vieja" proyectada para los países desarrollados
en los próximos 50 años podría acrecentar las posibilidades de una mayor
movilidad de las personas. Según proyecciones demográficas de las Naciones
Unidas, se espera que el Japón y todos los países de Europa registren una
disminución en el crecimiento de la población durante los próximos 50 años. Por
ejemplo, se prevé que la población de Italia pasará de 57 millones en la
actualidad a 41 millones para el año 2050. Asimismo, la población del Japón
pasará de 127 millones en la actualidad a 105 millones en el año 2080. Además
de la disminución en el tamaño de la población, el Japón y los países de Europa
están atravesando un proceso relativamente  marcado de envejecimiento de
su población. El proceso gradual de “migración de reemplazo”, aunque de por sí
no es una solución, es una herramienta para abordar este problema. El
surgimiento de las “redes de migrantes”. Las redes de migrantes de una región
específica se han convertido en una fuerza dominante para mejorar la movilidad
de las personas. Influyen en las decisiones políticas de los países de acogida
de prestar asistencia económica a los países de origen. También influyen en las
relaciones económicas y comerciales entre el país de origen y el país de
destino, y requieren procesos de integración más creativos y productivos.
El
surgimiento de la migración transnacional. Los avances en el transporte y en
las tecnologías de la comunicación, que vinculan lugares y personas a nivel
mundial, conducen al surgimiento de un "espacio de migración
transnacional". Este cubre más de un espacio geográfico en el cual los
migrantes pueden trasladarse de un hogar a otro. Aparte del movimiento físico,
el flujo de información, competencias y remesas son los demás componentes del
"espacio migratorio transnacional". Las brechas entre el
"espacio geográfico" y el "espacio migratorio" han
disminuido, lo cual tiene serias consecuencias en la migración internacional.
El resultado más inmediato de este fenómeno es la creciente aceptación de la
doble ciudadanía, el tener múltiples propiedades y el derecho a voto. Ahora los
países reconocen que la membresía no se basa en el territorio. Por ello surge un
nuevo tipo de relación "persona-Estado", que se está arraigando
rápidamente en la política internacional, y que probablemente influirá en el
curso futuro de la movilidad humana. Pocos países encauzan eficazmente la
migración. Una de ellas es que pocos países tienen una política migratoria bien
definida y articulada. Resulta difícil encauzar algo si no existe una
estructura política para guiar a los gestores. No obstante, aun los países que
sí cuentan con una política migratoria bien respaldada por su legislación,
experimentan serias dificultades en materia de gestión migratoria. Algunos
críticos de las políticas públicas, particularmente en los países
desarrollados, han caracterizado el periodo comprendido entre mediados de los
años setenta y la actualidad como un cuarto de siglo de mala gestión
migratoria. Más aún, el movimiento de personas a gran escala no ha cesado. La
migración irregular se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes de
nuestros tiempos. El tráfico de migrantes actualmente se equipara al
narcotráfico como una de las fuentes más importantes de ingresos para el crimen
organizado. La trata de personas se ha vuelto una preocupación importante a
nivel mundial. La migración ha escalado puestos en la lista de problemas
cruciales que los países del mundo desarrollado deben afrontar y ahora ocupa el
primer lugar en la agenda política de los países del G8. Por tanto, no es
difícil entender por qué las personas de las regiones más pobres del globo
desean emigrar a países más prósperos. Las personas siempre se han movilizado
dentro de su región o de una región a otra con el fin de mejorar su nivel de
vida, proporcionar a sus hijos mayores oportunidades para salir adelante o
escapar de la pobreza, la guerra y el hambre. Esta es la regla de oro que ha
regido la migración desde los albores del tiempo. Los modernos sistemas de
transporte y telecomunicaciones, incitan a más personas a movilizarse. Los
pobres y no privilegiados ahora pueden ver con sus propios ojos la gran
disparidad entre su nivel de vida y el de las personas más adineradas y con más
privilegios del mundo. También aspiran a esa riqueza y, gracias a los sistemas
modernos de transporte, son capaces de llegar a tierras más ricas en unas
cuantas horas. Con la globalización económica y la proliferación de las
empresas internacionales, también hay un aumento en la demanda de movilidad de
los profesionales. El desafío que tienen ante sí todos los países es encontrar
los medios para regular y encauzar estos movimientos migratorios a gran escala”.
[36]
Información extraída de la
página de la OIM. Noticias sobre el Informe de las Migraciones en el Mundo
2008. www.iom.int/jahia/jahia/newsartcleeu/lang/es/cache/offonce?entryld=20343.
[37]Ver, “Migración
laboral”. Página en Internet de la OIT.
www.ilo.org/global/Themes/Labourt_migration/lang--es/index.htm
[38] Ver,
“A propósito de la migración”. Página en Internet de la OIM.
www.iom.int/jahia/jahia/lang/es/pid/3.
[39] La Corte resolvió: “PRIMERO.- Con la
salvedad que se señala en el artículo siguiente, declarar exequible la
Convención y la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprobó la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares".  SEGUNDO.- La exequibilidad
de los artículos 15, 46 y 47 de la “Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares”, aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido
de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias,
cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores
migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación
de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y
ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones
de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo
34 de la CP. En consecuencia, el Presidente de la República hará la
correspondiente reserva”.
[40] Expresan su rechazo a la aprobación por la Unión
Europea de la llamada Directiva de Retorno y la criminalización de los
migrantes que pueda implicar la aplicación de este tipo de normativa, y
destacar que el retorno solo puede resultar de una decisión libremente adoptada
por el migrante.
[41] Página de la OIM, Misión en Colombia: www.oim.org.co
[42] Ibidem.
[43] Ibidem.
[44] Cft.
Acuerdo entre Colombia y Ecuador para
Regular el Tránsito de Personas y Vehículos, convenido mediante notas
reversales, en Quito, el 14 de octubre de 1977. Decretos 1927 de 1989, 1635 de
1991, 2005 de 1991, 751 de 1992, 203 de 1993, 1499 de 1993 y 2797 de 2003.
[45] Ver, sentencias C-179 de 1994, C-1007 de 2002, C-1024
de 2002, C-149 de 2003.
La
Corte ha acogido el concepto de bloque de constitucionalidad procedente del
derecho francés, para señalar que “está compuesto por aquellas normas y
principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto
constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados
a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.
Son pues verdaderos  principios y reglas de valor constitucional, esto es, son
normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces
contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado
constitucional estricto sensu” (sentencia C-225 de 1995). De ahí que la revisión de constitucionalidad que
corresponde a la Corte debe cumplirse no sólo frente al texto formal de la
Carta Política sino también atendiendo otras normatividades que i) aunque no
aparezcan formalmente en el texto constitucional son utilizados como parámetros
de control de constitucionalidad vía remisión al tener jerarquía
constitucional, ellos son los tratados internacionales que reconocen derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción (art. 93
superior), que se les ha denominado bloque de constitucionalidad estricto
sensu y ii) aunque no tengan rango constitucional configuran parámetros
para examinar la validez constitucional de las normas sujetas a control al
estar por encima de las leyes ordinarias como son las leyes estatutarias y
algunos convenios internacionales de derechos humanos, calificados como
integrantes del bloque de constitucionalidad lato sensu (sentencias
C-155 de 2007, C-047 de 2006, C-028 de 2006, C-1001 de 2005, C-067 de 2003,
C-200 de 2002 y C-774 de 2001).
[46] Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a) Los
naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre
hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el
momento del nacimiento y; b) Los hijos de padre o madre colombianos que
hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en territorio
colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 2. Por
adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización,
de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la
nacionalidad colombiana por adopción; b) Los Latinoamericanos y del Caribe por
nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de
acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como
colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y; c) Los miembros de
los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del
principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional
colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los
nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de
origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán
recobrarla con arreglo a la ley.
[47] Entre otras, ver T- 172 de 1993, T- 380 de 1998, C-
1259 de 2001, C- 339 de 2002, C- 395 de 2002, T- 680 de 2002, C- 523 de 2003,
C- 913 de 2003, C- 1058 de 2003, C- 070 de 2004 y C- 238 de 2006.
[48] Sentencia T- 172 de 1993.
[49] Sentencia C- 179 de 1994.
[50] Sentencia T- 215 de 1996.
[51] Sentencia T- 215 de 1996.
[52] Sentencia T- 321 de 1996.
[53] Sentencia C- 151 de 1997.
[54] Sentencia C- 385 de 2000.
[55] Sentencia C- 768 de 1998.
[56] Sentencia C- 768 de 1998.
[57] Sentencia C- 385 de 2000.
[58] Sentencia C- 485 de 2000.
[59] Sentencia C- 1259 de 2001.
[60] Sentencia C- 1259 de 2001.
[61] Sentencia C- 395 de 2002.
[62] Sentencia C-523 de 2003.
[63] Sentencia C- 913 de 2003.
[64] Sentencia C- 070 de 2004.
[65] Cft.
sentencia T-215 de 1996.
[66] En
opinión de la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante
irregular es una “persona que habiendo ingresado irregularmente o tras
vencimiento de su visado, deja de tener status regular en el país receptor o de
tránsito. El término se aplica a los migrantes que infringen las normas de
admisión del país o cualquier otra persona no autorizada a permanecer en el
país receptor (también llamado clandestino/ilegal/migrante indocumentado o
migrante en situación irregular).
[67] Revisión constitucional
de la Ley 894 del 21 de julio de 2004, “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y
eventos de Frontera” suscrito en la ciudad de Quito el veintinueve (29) de
septiembre del año dos mil (2000).
[68] Sentencia C-076 de 1997.
[69] Sentencia C-076 de 1997.
[70] Sentencia T-215 de 1996.
[71] C-695 de 2002.
[72] T-881 de 2002.
[73] T-572 de 1999.
[74] Cfr. Sentencia T-386 de 2002. En el sentido aquí
expresado, la Corte, en sentencia C-239 de 1997, manifestó: “La dignidad humana
... es en verdad principio fundante del Estado, ... que más que derecho en sí
mismo, es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero
sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución”. En la
Sentencia T-792 de 2005, en relación con la dignidad de la persona se expresó:
“Así pues, es un deber que comporta por parte del Estado y de sus autoridades,
la adopción de medidas y políticas que se encaminen a garantizar un trato acorde
a la condición de seres humanos, a todos y cada uno de  los miembros de la
sociedad.”
[75]    Sentencia C-684 de 2005.
[76]    Sentencia C-111 de 2006.
[77]  En la sentencia T-881 de 2002, la Corte hizo una
amplia exposición de la jurisprudencia constitucional sobre la dignidad de la
persona.
[78] Ver sentencias T-532 de 1992, C-542 de 1993, C-221 de
1994, T-477 de 1995, T-472 de 1996, C-239 de 1997 o T-461 de 1998.
[79]  Sentencias T-596 de 1992, T-124 de 1993, C-239 de
1997, T-296 de 1998, o T-556 de 1998.
[80]  Ver sentencias T-461 de 1992, T-123 de 1994, o T-562
de 1999.
[81] Sentencia C-107 de 2002.
[82] Parte III, observancia, aplicación e interpretación
de los tratados.