T-020-16
Sentencia
T-020/16
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir
de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y
daño consumado
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Juez debe
verificar que efectivamente cesó la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales
LEGITIMACION
EN LA CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
LEGITIMACION
EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA Y AGENCIA OFICIOSA-Si del escrito
de tutela se desprende la imposibilidad del titular del derecho de acudir en su
propio nombre para su defensa, el juez puede hacer la interpretación que se
acude como agente oficioso
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION
DE INVALIDEZ
La pensión de invalidez tiene
por finalidad proteger a la persona que ha sufrido una disminución considerable
en su capacidad laboral, puesto que, dicha limitación, física o mental, impacta
negativamente la calidad de vida del ser humano y la eficacia de otros derechos
sociales. Del mismo modo se busca proteger
el mínimo vital de la persona y su núcleo familiar, cuando éste depende de
los ingresos económicos del afiliado.
PENSION
DE INVALIDEZ-Requisitos para obtener reconocimiento y pago
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha
de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
PENSION
DE INVALIDEZ DE UN AFILIADO QUE PADECE ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O
CONGENITA-Caso
en que se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma
retroactiva
Cuando se trata del
reconocimiento de una pensión de invalidez de quien padece de una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, y se le ha determinado una fecha de
estructuración de invalidez en forma retroactiva, se deberán tener en cuenta
los aportes realizados al Sistema, durante el tiempo comprendido entre dicha
fecha, y el momento en que la persona pierde su capacidad laboral de forma
permanente y definitiva.
SUJETOS
DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE
DEBILIDAD MANIFIESTA-Persona con discapacidad o con alguna
enfermedad grave
La Constitución Política, la Corte Constitucional y los
Organismos Internacionales han sido reiterativos en la obligación del Estado de
proteger a aquellas personas que se encuentran en situaciones de debilidad
manifiesta, como es el caso de las personas con discapacidad; así mismo, han
señalado la importancia de resguardar su derecho fundamental a la seguridad social
y acoger medidas de orden positivo orientadas a que puedan superar la situación
de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven sometidas.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se reconoció
pensión de invalidez
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Orden
a Fondo de Pensiones reconocer y pagar la pensión de invalidez
Referencia:
expedientes T-5.160.943 – T- 5.173.997
Acciones
de Tutela instauradas por Jhon Steven Orozco Caro, apoderado del señor Walter
Arango Yepes en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones
y Cesantías Porvenir S.A. y Gloria Patricia Leiva Castaño en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Derechos
fundamentales invocados: Seguridad social, mínimo vital y móvil,
vida, salud, igualdad y dignidad humana.
Temas: (i) Carencia
actual de objeto; (ii) legitimación en la causa por activa; (iii)
procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de un
derecho pensional; (iv) carácter fundamental del derecho a la seguridad social
en pensiones y
la importancia de la pensión de invalidez y; (v) requisitos
para acceder a la pensión de invalidez.
Problema
jurídico: ¿Procede la acción de tutela para salvaguardar los derechos
fundamentales de los peticionarios, presuntamente vulnerados por la
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al negar el
reconocimiento de las prestaciones reclamadas argumentado el no cumplimiento de
los requisitos exigidos para acceder a sus pensiones?
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado
la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos por: (i) el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali, el veinticinco (25) de junio de
dos mil quince (2015), el cual confirmó la sentencia del quince (15) de mayo de
dos mil quince (2015), del Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santiago de
Cali incoada por Jhon Steven Orozco Caro apoderado del señor Walter Arango
Yepes en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. y; (ii) el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué – Sala Penal, el treinta (30) de junio de dos mil quince
(2015), el cual confirmó la sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos
mil quince (2015), del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué en el
trámite de la acción de tutela impetrada por la señora Gloria Patricia Castaño Leiva
en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
La
Sala Décima de Revisión mediante Auto del quince (15) de octubre de dos mil quince
(2015) decidió acumular, para ser fallados en la misma sentencia, el expediente
T- 5.173.997 al expediente T- 5.160.943, por presentar unidad de materia
relacionada con la vulneración de los derechos fundamentales derivada del no
reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez de los accionantes.
En
consecuencia, la Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y la decisión
judicial de cada uno de los expedientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE T- 5.160.943.
1.1.1     SOLICITUD.
Jhon
Steven Orozco Caro, actuando en nombre y representación de
Walter Arango Yepes, interpone acción de tutela en contra del
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., al
considerar que no reconocerle pensión de invalidez, bajo el argumento de no cumplir
con el requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas al fondo de
pensiones, dentro de los tres (3) años anteriores a la estructuración de la
invalidez, vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo
vital, vida, salud, igualdad y dignidad humana.
Por tanto,
solicita se le ordene al demandado reconocer la pensión de invalidez, conforme
a la calificación de pérdida de la capacidad laboral, que le fue diagnosticada
1.1.2.
HECHOS Y ARGUMENTOS DE DERECHO.
1.1.2.1.
Dentro
del escrito de tutela afirma el apoderado del accionante, que  Walter Arango
Yepes padece cáncer en la glándula parótida derecha con bacafque y reporta
carcinoma metastásico; el cual según concepto médico del Dr. Gustavo Adolfo
Cuello, evidencia induración en amígdala derecha.
1.1.2.2.
Señala
que por su grave estado de salud ha sido incapacitado por más de ciento ochenta
(180) días, sin embargo, a pesar de habérsele pagado los primeros ciento
ochenta (180) días de incapacidad por CONFENALCO VALLE EPS, lo mismo no ocurrió
con los días posteriores pues el Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A.
se negó al pago, debido al concepto desfavorable de rehabilitación que ya había
sido expedido.
1.1.2.3.
Indica
que debido al padecimiento de salud y por el concepto no favorable de
rehabilitación, CONFENALCO VALLE EPS, remitió toda su historia clínica al Fondo
de Pensiones para que se calificara la pérdida de su capacidad laboral.
1.1.2.4.
La
empresa de seguros de vida ALFA S.A. mediante comunicado de fecha cinco (5) de
diciembre de dos mil catorce (2014) le informó al señor Arango Yepes, que una
vez realizada la calificación de la pérdida de la capacidad laboral el
veintiocho (28) de noviembre del mismo año, se obtuvo como resultado un pérdida
de su capacidad laboral del sesenta y uno punto siete por ciento (61.7%), pues
padece cáncer de parótida derecha (carcinoma ductal infiltrante con invasión
vascular evidente), con posterior aparición de metástasis a nivel pulmonar y
con concepto final de rehabilitación desfavorable.
1.1.2.5.
En
razón a lo anterior, el veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015), el
accionante radicó solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez ante
la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A.
1.1.2.6.
La
entidad demandada le informó al actor que no es viable el reconocimiento de la
pensión de invalidez ya que para la fecha del dictamen de calificación, no
cumplía con el requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas al fondo de
pensiones, dentro de los tres (3) años anteriores a la estructuración de la
invalidez.
1.1.2.7.
Sostiene
el accionante que si bien es cierto el señor Arango Yepes fue intervenido el
quince (15) de febrero de dos mil catorce (2014), no lo es que desde esa fecha
se haya perdido su capacidad laboral, pues se debe tener en cuenta es la fecha
de la calificación de pérdida de la misma.
1.1.2.8.
Manifiesta
que en razón a la obligatoriedad y progresividad del derecho a la seguridad
social, el Constituyente le confirió al Congreso un amplio margen de
configuración política, el cual no puede predicarse como absoluta, pues se
encuentra limitado, de manera general por requisitos formales de trámite y
sustanciales que responden a los principios fundamentales del Estado Social de
Derecho.
1.1.2.9.
Arguye
que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha considerado que en
desarrollo de dicha potestad legislativa en materia de seguridad social, el
legislador debe procurar condiciones que amplíen los beneficios existentes, y
que no desmejoren las condiciones creadas; por tanto una disposición normativa
que resulte regresiva se presume, prima facie, inconstitucional, salvo
que se fundamente en razones justificables y proporcionadas en comparación con
las posibles circunstancias desfavorables que se causen.
1.1.2.10.
Refiere
que el régimen de seguridad social establece dos requisitos generales para que
se pueda tener acceso a la pensión de invalidez por riesgo común. En primer
término, quien la solicita debe tener pérdida de la capacidad laboral en un
cincuenta por ciento (50%) o más, lo cual se traduce en la imposibilidad de
desarrollar una actividad de tipo productivo y justifica la asistencia del
sistema para atender sus necesidades y, en segundo lugar, una cotización mínima
al mismo.
1.1.2.11.
Recuerda
que el estado de invalidez se determina por medio de una calificación proferida
por las entidades autorizadas por la ley, a partir de la cual se obtiene un
dictamen de la condición de la persona que comprende el porcentaje de
afectación producido por la enfermedad, en términos de deficiencia,
discapacidad y minusvalía que arrojan un valor y determinan en conjunto un
porcentaje global de perdida de la capacidad laboral; el origen de esta
situación y la fecha en la que se estructuró la invalidez, la cual resulta de
vital importancia, por cuanto es el indicativo temporal, que señala cuando la
persona ve mermadas sus capacidades laborales y, por tanto determina el momento
a partir del cual, al no serle posible continuar generando ingresos, la faculta
para exigir el pago de una prestación monetaria como sustituto de estos.
1.1.2.12.
Refiere
que las Leyes 797 de 2003 y 860 de 2003, establecieron unos requisitos más
estrictos para acceder a la pensión de invalidez, por cuanto aumentó el número
de semanas cotizadas requeridas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
estableciendo una exigencia de fidelidad adicional, lo cual a su juicio
constituye una medida regresiva en materia de seguridad social, pues de un
régimen más favorable, en el cual se exigían veintiséis (26) semanas de
cotización en cualquier tiempo se pasó a cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, y se estableció
un requisito adicional de fidelidad que no estaba previsto en la normatividad
anterior.
1.1.2.13.
Hace
mención a algunos pronunciamientos de esta Corporación, en casos similares
como: (i) sentencia T-1291 de 2005, en esta oportunidad se consideró que
dado que la accionante había empezado a cotizar bajo el régimen previsto en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y que para el momento en que se estructuró
la invalidez había cumplido con el requisito de cotizar veintiséis (26)
semanas; la modificación introducida por la Ley 860 de 2003, vulneraba el
principio de progresividad, y por ende los derechos fundamentales de la
demandante, al no establecer un régimen de transición y, (ii) sentencia
T-043 de 2007, en la cual se hizo mención a los casos en los que la Corte
consideró necesario inaplicar el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, en su
lugar, examinar los requisitos para acceder a la pensión de invalidez a la luz
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, pues las exigencias introducidas por la
nueva normatividad, imponen requisitos más gravosos para el acceso a la
prestación económica.
1.1.2.14.
Para
terminar, afirma que la fecha de estructuración de la invalidez, tenida en
cuenta por la aseguradora Vida Alfa S.A. no representa el momento en que
el accionante perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva,
como lo exige el Decreto 917 de 1999, pues con posterioridad al diecinueve
(19) de febrero de dos mil catorce (2014), fecha en la cual se diagnosticó la
patología, se encontraba afiliado al sistema, lo cual implica que la fecha de
consolidación de la invalidez debe ser el día del dictamen, es decir, el
veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014).
1.1.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Mediante
Auto del seis (6) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado Veinticuatro
Civil Municipal de Oralidad del Santiago de Cali, admitió la demanda
interpuesta y ordenó correr traslado de la misma a la entidad accionada para
que rindiera informe sobre los hechos objeto de la acción.
De
igual forma, como terceros interesados en las resultas del proceso, ordenó la
vinculación al trámite de la tutela a Comfenalco Valle EPS, Seguros Vida Alfa
S.A. y a la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca.
1.1.3.1.
Fondo
de pensiones y cesantías PORVENIR S.A.
El
Fondo de Pensiones y Cesantía PORVENIR S.A., a través de apoderado judicial,
respondió la acción de la referencia, y solicitó negar las pretensiones
elevadas por el accionante, con fundamento en los siguientes argumentos:
1.1.3.1.1.
Señala
que conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, procedió a revisar la
historia laboral del accionante, encontrando que no cumplía con el requisito de
las cincuenta (50) semanas de cotización en los tres (3) últimos años
anteriores a la fecha de la estructuración de su invalidez, por tanto no le era
viable el reconocimiento de la prestación pretendida.
1.1.3.1.2.
Afirma
que los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, deben darse de
manera simultánea, de tal forma, que la ausencia de uno de ellos impide que el
solicitante acceda a la prestación económica reclamada al sistema.
1.1.3.1.3.
Relata
que luego de conocerse la negativa del reconocimiento de la pensión de
invalidez, el señor Arango Yepes optó por la devolución de saldos, consagrada
en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, por lo cual se procedió con la misma,
a través de abono a la cuenta informada por el accionante, comunicándole de
dicha situación mediante oficio del veintiocho (28) de abril de dos mil quince
(2015).
1.1.3.1.4.
Señala
que es evidente que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor,
pues el hecho de que se haya rechazado la solicitud de pensión de invalidez por
no cumplir dentro del Sistema General de Pensiones con los requisitos de orden
legal para su causación, no constituye una conducta trasgresora de derechos
fundamentales, cosa diferente sería que una vez cumplidos por parte de un
afiliado los requisitos de orden legal para la generación del derecho a una
pensión, la entidad llamada a su reconocimiento se sustrajera de tal
obligación.
1.1.3.1.5.
Adicionalmente,
alegó que al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y 6 numeral 1º del Decreto 2591 de 1994, la acción de tutela resulta
improcedente, pues al tratar sus pedimentos de reclamación relativa a la
pensión de invalidez, debe acudir al procedimiento laboral ordinario
preceptuado en la Ley 712 de 2001, para hacer valer sus pretensiones ante esa
jurisdicción.
1.1.3.1.6.
Finalmente,
advirtió que la acción deviene improcedente por cuanto el accionante no aportó
ninguna prueba que demostrara que existe un perjuicio irremediable.
1.1.3.2.
COMFENALCO
VALLE EPS.
COMFENALCO
VALLE EPS, a
través de apoderado judicial, solicitó no conceder la tutela, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
Sostuvo
que dicha EPS no es la entidad llamada a realizar el pago de las prestaciones
económicas solicitadas en el escrito de demanda, ya que solo está obligada a pagar
las incapacidades correspondientes en los primeros ciento ochenta (180) días si
cumple con los requisitos para su reconocimiento, conforme lo establece la ley.
Adicionalmente,
alegó que todas las prestaciones económicas que se generen posteriores a los
ciento ochenta (180) días de incapacidad, deben ser reconocidas por el Fondo de
Pensiones PORVENIR S.A., ya que es el responsable de asumir las prestaciones
económicas que se derivan de la enfermedad profesional y que superan los ciento
ochenta (180) días.
1.1.3.3.
JUNTA
REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA.
La Directora
Administrativa y Financiera de la Sala dos (2) de la JUNTA REGIONAL DE
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, manifestó que el señor
Walter Arango Yepes no ha sido calificado por esa entidad, ni existe solicitud
para determinar la pérdida de su capacidad laboral por ninguna entidad.
1.1.4.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron como pruebas:
1.1.4.1.
Copia
de la historia clínica y epicrisis del señor Walter Arango Yepes, suscritas por
la Corporación Comfenalco Valle, el diecinueve (19) de diciembre de dos mil
trece (2013). (Fls. 3-6).
1.1.4.2.
Copia
de la historia clínica y epicrisis del señor Walter Arango Yepes, suscritas por
la Corporación Comfenalco Valle, el quince (15) de febrero de dos mil catorce
(2014). (Fls. 7-13).
1.1.4.3.
Copia
de la historia clínica y epicrisis de Walter Arango Yepes, fechadas diecisiete
(17) de marzo de dos mil catorce (2014), suscritas por la Corporación
Comfenalco Valle. (Fls.14-17).
1.1.4.4.
Copia
de la historia clínica y epicrisis del señor Walter Arango Yepes, suscritas por
la Corporación Comfenalco Valle, el veintinueve (29) de marzo de dos mil
catorce (2014). (Fls. 18-22).
1.1.4.5.
Copia
de la relación de aportes efectuados por el señor Walter Arango Yepes a la
Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. (Fl. 23).
1.1.4.6.
Copia
de las tarjetas de identidad de los menores Jeison Steven Arango Rivera y Juan
Felipe Arango Rivera. (Fls. 24-25).
1.1.4.7.
Certificado
de incapacidades tramitadas por Walter Arango Yepes ante Comfenalco Valle,
expedido el dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015), junto con sus
respectivos soportes. (Fls. 26-35).
1.1.4.8.
Certificación
sobre la rehabilitación integral del señor Walter Arango Yepes, expedido por
Comfenalco Valle EPS. (Fl. 36).
1.1.4.9.
Copia
de la calificación de pérdida de capacidad laboral enviada al Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (Fl. 37).
1.1.4.10.
Copia
del formulario de dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad
laboral y determinación de la invalidez del señor Walter Arango Yepes,
realizado el veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014). (Fls.
38-41).
1.1.4.11.
Copia
del Oficio No. 536 del siete (7) de abril de dos mil quince (2015), mediante el
cual el Administrador de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. informa
al accionante la negativa a su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez. (Fl. 42).
1.1.4.12.
Copia
del Oficio No. 536 del veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015),
mediante el cual el Administrador de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR
S.A. le
informó al señor ARANGO YEPES que ha realizado un giro por valor de un millón
novecientos cincuenta y seis mil cero setenta y ocho pesos ($1.956.078) con
destino al Banco Av. Villas, en la cuenta de ahorros No. 126813307,
correspondiente al saldo existente en su cuenta de ahorro individual. (Fl.
140).
1.1.5.
DECISIÓN
JUDICIAL.
1.1.5.1.
FALLO
DE PRIMERA INSTANCIA
- JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI.
El
Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santiago de Cali, mediante providencia
del quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), declaró improcedente la
acción de tutela al considerar que el accionante cuenta con otro medio de
defensa a su alcance para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, sumado al hecho de que no se configuró la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio.
Sostiene
que la entidad accionada, Porvenir S.A., cumplió con lo solicitado, pues al
actor, mediante comunicación del día siete (7) de abril del dos mil quince
(2015), se le informó el rechazo de su solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez en la aplicación de la normatividad vigente al momento de
la fecha de la estructuración de la invalidez, por lo tanto se procedió sobre
la aprobación y al pago de la devolución de saldos.
Finalmente
dispuso declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el
accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para asegurar el pleno
respeto de los derechos invocados.
1.1.5.2.
IMPUGNACIÓN
DEL FALLO.
Indicó
el accionante, mediante escrito del veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015),
que la acción de tutela debió ser concedida, pues si bien es cierto se radicó
ante la entidad la solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, la cual fue negada mediante comunicado del siete (7) de abril del
dos mil quince (2015), en el cual, adicionalmente se le informó que en virtud
de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, podía optar por la
devolución del saldo existente en la cuenta individual de ahorro pensional y el
valor correspondiente a la redención anticipada de su bono pensional; no
obstante, la entidad demandada realizó dicha devolución de aportes sin que se
haya presentado solicitud alguna del actor o de su apoderado, como lo pretende
hacer ver la demandada, al realizar el giro en la cuenta No. 126813307 del
Banco AV VILLAS, por dicho concepto.
1.1.5.3.
FALLO
DE SEGUNDA INSTANCIA-JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI.
El
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali, mediante providencia del
veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), resolvió confirmar la
sentencia del quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), proferida por el
Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santiago de Cali.
La
decisión se fundamentó en que lo pretendido por el actor no puede ser objeto de
solución por vía de la acción de tutela, toda vez que, dentro de lo solicitado
se encuentra la discusión de situaciones, indemnizaciones y cargas
prestacionales laborales, que deben ser ventiladas dentro de un proceso que
amerite un amplio debate probatorio, que incluso le garantice además el
análisis por parte del Juez Natural especializado, como lo es el Juez Laboral,
a la luz de las pruebas y de los conocimientos sustantivos y procesales de la
acción ordinaria.
1.2.
EXPEDIENTE T- 5.173.997.
1.2.1. SOLICITUD.
La
señora Gloria Patricia Castaño Leiva demanda al juez de tutela proteger
sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, dignidad
humana, seguridad social, mínimo vital y móvil, vida digna y a la seguridad
social, presuntamente vulnerados por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones- al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez,
por
no acreditar el requisito de las cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los
tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, a pesar de que
afirma sí cumplirlas.
1.2.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO.
1.2.2.1
Dentro
del escrito de tutela sostiene la accionante que a pesar de estar afiliada al
régimen contributivo de salud desde mil novecientos noventa y siete (1997),
solo hasta el dos (2) de julio de dos mil doce (2012) fue inscrita al fondo de
pensiones.
1.2.2.2
Refiere
que el veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013), fue remitida a
medicina laboral por presentar posiblemente artritis reumatoide, la cual
reflejaba un progreso de manera rápida y dolor en múltiples articulaciones de
todo el cuerpo.
1.2.2.3
Posteriormente
fue valorada por el médico especialista Juan Guillermo López, quien confirmó el
diagnostico de “artritis reumatoide seropositiva” razón por la cual el
veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013) le comunicó a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) el concepto no favorable
de rehabilitación, con el fin de que se realizara un estudio técnico - médico
para establecer la pérdida de la capacidad laboral.
1.2.2.4
Manifiesta
que el tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013), se le comunicó el
Dictamen No. 201333134QQ del veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013),
cuyo resultado o porcentaje de calificación de invalidez, fue del cincuenta y
seis punto cincuenta y seis por ciento (56.56%) por enfermedad común.
1.2.2.5
La
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) mediante Resolución No.
GNR113391 del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014), negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez, por no acreditar el requisito de las
cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez.
1.2.2.6
Contra
el mencionado acto administrativo interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, los cuales fueron resueltos por la entidad mediante la Resolución
No. GNR314015 del nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014),
confirmando todas y cada una de las partes de la Resolución No. GNR113391 del
veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014).
1.2.2.7
Señala
que la enfermedad que padece es crónica y de naturaleza autoinmune,
caracterizada por la afectación simétrica de múltiples articulaciones, pudiendo
causar, en fases avanzadas, importantes limitaciones físicas, viéndose
seriamente afectada la calidad de vida de quien la padece. Así mismo provoca
dolor y dificultad de movimiento, perdiendo movilidad de manera progresiva.
1.2.2.8
Indica
que la fecha tenida en cuenta por Colpensiones como estructuración de la
enfermedad, no es cierta, ya que en la historia clínica se puede constatar que
los primeros síntomas de su patología ocurrieron después del cinco (5) de
septiembre de dos mil doce (2012), momento en el cual ya se encontraba
cotizando al sistema de seguridad social en salud y pensión. Además, recuerda
que la Corte Constitucional ha establecido que es imposible determinar la
pérdida de la capacidad laboral de forma definitiva en enfermedades
degenerativas.
1.2.2.9
Manifiesta
que al tenerse como fecha de estructuración de la invalidez el veinte (20) de
noviembre de dos mil trece (2013), de conformidad con la planilla adjuntada por
Colpensiones, daría como resultado un total de sesenta y nueve punto setenta y
dos (69.72) semanas cotizadas, lo cual demuestra que se cumple con los
requisitos mínimos establecidos por la Ley 860 de 2003 para obtener la pensión
de invalidez.
1.2.2.10
Narra
que la seguridad social se erige en el ordenamiento jurídico colombiano como un
derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, el cual se
complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son
varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las
personas a la seguridad social.
1.2.2.11
Sostiene
que el derecho a la seguridad social protege a las personas que están en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le
permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral. Por ende el derecho a la pensión de invalidez
es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social,
protege a las personas cuando padecen de una discapacidad que disminuye o anula
su capacidad laboral, que les dificulta o impide obtener los recursos para
disfrutar de una vida digna.
1.2.2.12
Indica
que el derecho a la seguridad social demanda el diseño de una estructura básica
que, en primer lugar, establezca las instituciones encargadas de la prestación
del servicio y precise, además, los procedimientos bajo los cuales éste debe
discurrir; en segundo lugar, debe definir el sistema a tener en cuenta para
asegurar la provisión de fondos que garanticen su buen funcionamiento. En este
punto cobra gran importancia la labor del Estado, el cual, por medio de
asignaciones de sus recursos fiscales, tiene la obligación constitucional de
brindar las condiciones necesarias para asegurar el goce del derecho
irrenunciable a la seguridad social.
1.2.2.13
Reitera
que la Corte Constitucional en diferentes oportunidades ha analizado en sede de
revisión las controversias jurídicas suscitadas por el cambio normativo sufrido
con la expedición de la Ley 860 de 2003, constatando que el requisito de
fidelidad al sistema consagrado en dicho precepto normativo es regresivo, ya
que genera una disminución de los niveles de protección de los titulares del
derecho a la seguridad social y además que no existían razones imperiosas que
justificaran al legislador hacer más gravosos los requisitos para obtener esta
prestación.
1.2.2.14
Así
las cosas, considera que para acceder a la pensión de invalidez únicamente es
necesario acreditar por parte de la persona que solicita una prestación: (i)
encontrarse en un estado de invalidez, es decir, haber perdido el cincuenta por
ciento (50%) o más de su capacidad laboral y; (ii) haber cotizado cincuenta
(50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez o al hecho causante de la misma.
1.2.2.15
Finalmente,
señala que cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una
pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de estructuración de la
invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y
permanente su capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%)
y, a partir de ésta verificar si la persona que ha solicitado la pensión de
invalidez cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable
para el caso.
1.2.3.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Recibida
la solicitud de tutela, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué procedió
a admitirla y ordenó correr traslado de la misma a la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones –.
Dentro
del término de traslado la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
–  no
se pronunció.
1.2.4.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron como pruebas:
1.2.4.1.
Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora Gloria Patricia Castaño Leiva. (Fl.
11).
1.2.4.2.
Copia
del carné de afiliación de la señora Gloria Patricia Castaño Leiva a la EPS
Servicio Occidental de Salud S.A. (Fl. 11).
1.2.4.3.
Copia
de la historia clínica de la señora Castaño, en la que consta la evolución y
trámite de su patología. (Fls. 12-28).
1.2.4.4.
Remisión
a medicina laboral por parte de la médico general Valentina Castaño López,
adscrita a la IPS PASBISALUD S.A.S. (Fl. 29).
1.2.4.5.
Copia
controlada de la historia clínica de la señora Castaño Leiva. (Fls. 30-32).
1.2.4.6.
Certificado
de aptitud médica ocupacional. (Fls. 33-34).
1.2.4.7.
Copia
del concepto no favorable de rehabilitación, suscrito por la dependencia
técnica de la Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud. (Fl.
35-36).
1.2.4.8.
Copia
de la historia clínica, suscrita el diez (10) de diciembre de dos mil trece
(2013), por el Doctor Juan Pablo Restrepo Escobar, internista – reumatólogo. (Fls.37-38).
1.2.4.9.
Copia
del dictamen de pérdida de la capacidad laboral de la señora Gloria Patricia
Castaño Leiva, junto con su respectiva constancia de notificación. (Fls.
40-43).
1.2.4.10.
Copia
de la Resolución No. GNR 113391 del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce
(2014), mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la accionante. (Fls.
44-46).
1.2.4.11.
Copia
del recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto contra la
Resolución No. GNR 113391 del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce
(2014). (Fls. 48-55).
1.2.4.12.
Copia
de la Resolución No. GNR 314015 del nueve (9) de septiembre de dos mil catorce
(2014), mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto y se
confirma en todas y cada una de sus partes la Resolución No. GNR 113391 del
veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014). (Fls. 55-58).
1.2.4.13.
Copia
de la Resolución No. VPB 5052 del veintiocho (28) de enero de dos mil quince
(2015), por la cual se resuelve el recurso de apelación impetrado en contra de
la Resolución No. GNR 113391 del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce
(2014). (Fls. 59-61).
1.2.4.14.
Reporte
de semanas cotizadas al sistema de seguridad social, actualizado al veintinueve
(29) de abril de dos mil quince (2015). (Fls. 62-63).
1.2.4.15.
Copia
de la Resolución No. GNR 153520 del veintiséis (26) de mayo de dos mil quince
(2015), mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de
invalidez a favor de la señora Gloria Patricia Castaño Leiva, por valor de
seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350). (Fls.
7-10 Cdno. 2).
1.2.5.
DECISIÓN
JUDICIAL.
1.2.5.1
DECISIÓN
DE PRIMERA INSTANCIA – JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ.
En
Sentencia proferida el diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, negó la solicitud de amparo de
los derechos invocados por la tutelante con base en los siguientes argumentos:
El a quo
recordó que la acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable; por lo tanto, al ser un procedimiento
preferente y sumario, como lo consagra el Decreto 2591 de 1991, implica que en
el trámite de la tutela prima el principio de celeridad y el papel del juez no
puede ser idéntico al que cumple ordinariamente, cuando deduzca una grave e
inminente violación o amenaza del derecho constitucional fundamental.
No obstante lo
anterior, dejó en claro que la efectividad de los derechos fundamentales y
legales por regla general se le encomienda al Juez ordinario y excepcionalmente
al constitucional, siempre y cuando no haya en el ordenamiento jurídico algún
mecanismo para su protección, o habiéndolo, en el caso concreto, este resulte
ineficaz o tardío, pero solo como mecanismos transitorio.
Con fundamento
en estas premisas, determinó que no se desconoce que la accionante tenga
derecho a la prestación que alega, pero la acción de tutela no es la vía
principal para su resolución, como tampoco transitoria, ya que existen otras en
la jurisdicción laboral para definir el conflicto planteado.
1.2.5.2.      IMPUGNACIÓN DE
LA DECISIÓN.
La
accionante impugnó la decisión con fundamento en lo siguiente:
De
conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la
acción de tutela no procede, en principio, para ordenar el reconocimiento de
prestaciones derivadas del derecho a la seguridad social. La razón para ello es
el carácter subsidiario que posee el mecanismo judicial previsto en el artículo
86 de la Constitución, pues el legislador ha establecido un escenario judicial
concreto para los eventuales conflictos que surjan a propósito de la exigencia
de este derecho, cual es la jurisdicción ordinaria en sus especialidades de
laboral y de seguridad social; sin embargo, con base en el artículo 86 de la
Constitución, también se han indicado dos excepciones a la regla general de la
improcedencia. En primer lugar, la acción de tutela procederá como mecanismo
principal en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de
controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto. En segundo lugar,
procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de un medio
judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un
perjuicio irremediable.
Como
fundamento de lo anteriormente expuesto, hace mención a la sentencia T-075 de
2009, en la cual la Sala de Revisión concedió el amparo a una señora que
contaba con sesenta y siete (67) años y ochenta y ocho punto seis por ciento
(88.6%) de incapacidad laboral, cuyo único ingreso económico era el salario por
lo que al perder su capacidad laboral quedó sin poder realizar alguna actividad
que le permita subsistir dignamente.
Adicionalmente,
menciona la sentencia T-217 de 2009, en la cual se ordenó reconocer la pensión
de invalidez a una señora de sesenta (60) años que sufrió una pérdida de la
capacidad laboral del sesenta y nueve por ciento (69%) debido a la enfermedad
renal crónica terminal que padecía, la cual a su vez, le impedía valerse por sí
misma y trabajar.
Finalmente,
manifiesta que la afectación de sus derechos fundamentales corresponden a una
medida urgente que no puede dar espera y por ende requiere de la protección
inmediata por parte de la administración de justicia, toda vez que no cuenta
con otro medio de defensa de sus derechos, en razón a su precario estado de
salud, el cual pone en riesgo su vida, como está demostrado en la historia clínica
y en los conceptos médicos, ya que a pesar de existir otros mecanismos
judiciales para el reconocimiento y pago de la pensión solicitada, estos serían
excesivamente extensos y es posible que ni siquiera pueda gozar de la pensión
que le dignifique en algo su vida.
1.2.5.3.
SEGUNDA INSTANCIA – TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, SALA DE DECISIÓN PENAL.
Mediante
Sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil quince (2015)
la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Tolima, confirmó la
sentencia de primera instancia.
Señaló
el Tribunal que el reconocimiento de derechos pensionales no consulta los
propósitos de la acción de tutela y, por lo tanto, no es el mecanismo judicial
idóneo, pues existen otros medios e instrumentos procesales en la jurisdicción
laboral para lograr tal cometido.
Estableció
que las pretensiones de la señora Gloria Patricia Castaño Leiva no son asunto
del juez de tutela, a quien no le son atribuibles funciones que le competen a
otras autoridades, sino que esos pronunciamientos se logran a través de
acciones o recursos conducentes donde sea el juez o la autoridad competente el
que indique si le asiste o no razón a la accionante.
2.
ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN
2.1.
Mediante
auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015), el magistrado
sustanciador ordenó a la Secretaría General de la Corte Constitucional que
oficiara al Administrador de Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A., para
que remitiera certificación en la que conste de forma clara, concreta y
detallada la relación de aportes efectuados por el señor Walter Arango Yepes,
el estado actual de su afiliación y las razones o fundamentos jurídicos tenidos
en cuenta para realizar la devolución de saldo existente.
2.2.
A
través de oficio radicado el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015)
en la Secretaría General de la Corte Constitucional, Porvenir S.A. allegó al
expediente la historia laboral del señor Arango Yepes referente a los aportes
realizados ante esa Sociedad Administradora hasta el treinta (30) de agosto de
dos mil quince (2015); certificó que en su registro aparece reportado con “prestación
definida rechazo de pensión de invalidez con devolución de saldos” y; que la
disposición normativa tenida en cuenta como soporte de la devolución de aportes
fue el artículo 72 de la Ley 100 de 1993.
2.3.
Mediante
oficio radicado el veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016) en la
Secretaría General de la Corte Constitucional, la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones-, informa que mediante Resolución GNR 153520 del
veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015), reconoció y ordenó el pago de
la pensión de invalidez a la señora Gloria Patricia Castaño Leyva, identificada
con cédula de ciudadanía No. 25.101.094.
3.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1.
COMPETENCIA.
La
Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y con el Decreto 2591
de 1991.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO.
Conforme
a lo reseñado respecto de las situaciones fácticas planteadas y de las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia en el trámite de las
solicitudes de amparo objeto de revisión, corresponde a la Sala Séptima de
Revisión determinar si las entidades accionadas están vulnerado los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida, al mínimo vital y a la
dignidad humana, de los accionantes al negarles el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, con el argumento de no haber cotizado cincuenta
(50) semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración del estado de invalidez exigidas por el artículo 39
de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 860 de 2003.
3.2.1.
Para
solucionar el problema jurídico planteado, esta Sala examinará: primero,
el
fenómeno de la carencia actual de objeto; segundo, la
legitimación en la causa por activa; tercero, la procedencia excepcional
de la acción de tutela para el reconocimiento de un derecho pensional; cuarto,
el carácter fundamental del derecho a la seguridad social en pensiones y la
importancia de la pensión de invalidez; quinto, requisitos
para acceder a la pensión de invalidez; sexto, la protección
constitucional reforzada de los sujetos de especial protección constitucional
como las personas con discapacidad o con alguna enfermedad grave y; séptimo,
los casos concretos.
3.2.2.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
La acción de tutela fue concebida para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales de las personas
ante la vulneración o amenaza de los mismos. Pero, si durante el trámite de la
misma los motivos que generan esa vulneración o amenaza, cesan o desaparecen
por cualquier causa, la tutela pierde su razón de ser ya que no existe ningún
objeto jurídico sobre el cual pronunciarse. Cuando se presenta esta situación,
estamos ante el fenómeno de la carencia actual de objeto, el cual a su vez, se
concreta a través de dos eventos: el hecho superado y el daño consumado.
Al
respecto, la Corte ha entendido que el hecho superado se presenta cuando “en
el entretanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del
fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya
protección se ha solicitado”[1].
Igualmente,
la Sentencia T-096 de 2006[2],
expuso lo siguiente:
“(C)uando
la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho
alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde
toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial,
pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico
resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción.”
Frente
a estas circunstancias la Corte ha entendido que:
“el
hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el
requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de
tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el
sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”[3].
El
daño consumado está consagrado en el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991, según el cual, una de las causales de improcedencia de la acción de
tutela se configura cuando “sea evidente que la violación del derecho
originó un daño consumado”. Con base en este precepto legal, se tiene que
una consecuencia necesaria de la ocurrencia del daño consumado es la
improcedencia de la acción de tutela. Cabe ahora citar textualmente lo que en
varias oportunidades ha expresado esta Corporación:
En
la Sentencia T-449 de 2008[4],
acerca del concepto de daño consumado, se expuso que:
“…
hay una carencia actual de objeto por la presencia de un daño consumado cuando,
al igual que en la hipótesis anterior, se constata que las condiciones de hecho
que generan la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales del
accionante cesan, desaparecen o se superan pero, sin existir una reparación del
derecho.”
Por
otro lado, la Sentencia T-612 de 2009[5],
indicó:
“Ahora
bien, la carencia de objeto por daño consumado supone que no se reparó la
vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía
se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de
tutela.”.
De
otro lado, se habla de daño consumado cuando efectivamente la amenaza al
derecho fundamental se materializa, aun estando en trámite la solicitud de
amparo, generando consecuencias negativas sobre los derechos del solicitante,
situación que precisamente se buscaba evitar con el mecanismo de protección
constitucional. Al ser una situación que de hecho recae sobre la persona,
haciéndola irreversible, un pronunciamiento de fondo por parte del juez de
tutela con el objetivo de proteger el derecho sería inocuo, en tanto, ya se ha
generado un daño, que si bien puede ser reparado, el objetivo principal era evitarlo.
Debe
tenerse en cuenta que las premisas que sustentan el fenómeno jurídico de la
carencia actual de objeto y sus dos posibles consecuencias, hecho
superado y daño consumado, si bien son producto de un mismo supuesto “carencia
de objeto”, presentan características disímiles que las hacen
incomparables. Por un lado, el hecho superado se presenta cuando cesa la
violación del derecho fundamental o el hecho que amenazaba vulnerarlo, es
decir, en el curso del proceso de tutela las situaciones de hecho generadoras
de la vulneración o presunta vulneración desaparecen o se solucionan; por
el otro, en el daño consumado, la amenaza de vulneración se perfecciona,
configurándose un perjuicio para el actor. Tanto el hecho superado como el daño
consumado se deben presentar durante el trámite de la acción de tutela.
3.2.2.1.
El
fallo judicial en sede de revisión frente al hecho superado y el daño consumado.
La
Corte Constitucional ha sido enfática en establecer la diferencia entre hecho
superado y daño consumado, valorando principalmente si tendría sentido emitir
un pronunciamiento de fondo, en tanto se ha presentado una circunstancia de
hecho concomitante al trámite de tutela, como lo es por ejemplo, la muerte del
accionante[6]
o la garantía efectiva del derecho fundamental por parte del accionado, por
mencionar sólo algunos ejemplos.
Al
abordar el tema de la carencia actual de objeto, la Corte ha sostenido que la
tutela debe declararse improcedente, por cuanto cualquier orden que se pudiera
pronunciar sería ineficaz para la defensa y protección de los derechos
fundamentales de quien los invoca, finalidad última del recurso de amparo.
No
obstante, en virtud del papel de la Corte Constitucional como intérprete del
alcance de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Política, cuando
se presenta un hecho superado, la función de las Salas de Revisión debe ir más
allá de declarar la improcedencia de la acción de tutela, por lo que les es
imperativo “que la providencia judicial incluya la demostración de que en
realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción
de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado[7],
lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia
actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas
que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su
conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de
que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.”[8]
Bajo
el mismo presupuesto anteriormente señalado, frente al daño consumado, la Corte
expresó:
“En
estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como
en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos
invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe
informar al demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas
de toda índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como
disponer la orden consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades
que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción
u omisión causó el mencionado daño”.[9]
De
acuerdo con lo anterior, la ocurrencia de un daño consumado por carencia actual
de objeto no necesariamente debe conducir al juez constitucional a declarar
improcedente la acción de tutela. Por el contrario, debe evaluar de fondo las
alternativas que pueden llevar a solucionar la continuidad del daño o detenerlo,
o en caso de ser materialmente imposible, tomar las medidas necesarias
tendientes a que se investigue y determine la responsabilidad de los autores
del mismo, de acuerdo con las características particulares de cada situación.
Más aún si se trata de un Tribunal Constitucional, cuyas facultades exceden a
las de un juez ordinario con el fin de garantizar la protección de los derechos
fundamentales vulnerados.
3.2.3.
LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
Tal como se encuentra estipulado en
el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
judicial en
virtud del cual a través de un procedimiento preferente y sumario, toda persona
puede acudir ante cualquier juez a solicitar la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten lesionados o
amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.
Desde sus inicios esta
Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene como una de
sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo,
edad, origen de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible
que la ejerzan los niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los
analfabetas y en general todo individuo de la especie humana que se halle
dentro del territorio colombiano.”.[10]
Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en
el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir
de manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa[11].
Ahora bien, de
la informalidad de la acción se ha entendido “que quien la ejerza no
requiere ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se
trata de un procedimiento preferente y sumario que puede iniciarse, como lo
dice la Constitución, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los
jueces, "...por sí misma o por quien actúe a su nombre...", la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Estamos
ante una acción con características singulares que, en razón de su objeto, han
sido trazadas por la misma Carta Política, de lo cual resulta que no podrían el
legislador ni el intérprete supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos
corrientemente por la ley para otro tipo de acciones.”[12]
Por lo tanto carecería de todo fundamento que en los eventos en que la acción
es ejercida por un tercero como agente oficioso, se exigiera el título de
abogado, puesto que se desvirtuaría la informalidad que caracteriza la acción,
arriesgando la efectividad de la misma. Caso distinto es cuando se ejerce la
tutela a nombre de otro pero a título profesional, en virtud del mandato
judicial.  Frente a lo cual, esta Corporación en la sentencia T-550 de 1993,
sostuvo:
“(E)s evidente
que en tal caso actúa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio
de la profesión de abogado, razón por la cual debe acreditar que lo es según
las normas aplicables (Decreto 196 de 1971).
Ello no
solamente por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se
concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los
intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo
apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias
judiciales y que responderá por su gestión.
Al respecto debe
recordarse que, según el artículo 26 de la Constitución, si bien toda persona
es libre de escoger profesión u oficio, la ley podrá exigir títulos de
idoneidad y las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio
de las profesiones.
El artículo 229
de la Carta garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia pero advierte expresamente que la ley indicará en
qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado.
El caso
específico de los procesos de tutela ha sido regulado directamente por la
Constitución (artículo 86) en los ya expresados términos, pero en concreto
sobre la representación judicial no estableció norma alguna, luego en ese
aspecto son aplicables las reglas generales que establecen como principio el de
que toda representación judicial -salvo los casos determinados en la ley-
únicamente tendrá lugar a través de abogado.
El artículo 38,
inciso 2º, del Decreto 2591 de 1991 dispone: "El abogado que promoviere la
presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y
derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos
por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar".
Esta disposición
no tendría sentido ni podría ser aplicada si no se entendiera, como lo hace la
Corte, que para ejercer la representación con base en mandato judicial y
actuando el apoderado a título profesional, así sea en materia de tutela, es
indispensable que aquel sea abogado titulado y en ejercicio, de conformidad con
las normas del Decreto 196 de 1971.
En el proceso de
cuya revisión se trata, tenemos que quien suscribe la demanda, a nombre de
varias personas con base en poder especial otorgado por éstas, dice ser abogado
con Licencia Provisional expedida por el Tribunal Superior de Cali.
Esta clase de
licencias (artículo 18 Decreto 196 de 1971), a diferencia de las temporales,
permite el ejercicio de la profesión sin restricciones ante todos los jueces y
tribunales del país, pues constituye el documento que acredita el título y la
inscripción del abogado mientras se expide la correspondiente Tarjeta
Profesional.
Por tanto, en
este caso podía el firmante apoderar a unas personas naturales si éstas
estimaban violados sus derechos constitucionales fundamentales y ejercer, en
representación judicial de ellas, la acción de tutela.”
Posteriormente, en la sentencia T-531
de 2002[13],
se realizó un análisis de los requisitos constitucionales y legales para que se
perfeccione la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela
cuando la misma se promueve por intermedio de apoderado judicial, así:
“El fundamento de validez.
Al igual que la agencia oficiosa en materia de tutela el
apoderamiento judicial tiene como fuente de validez los enunciados normativos
del art. 86 de la Constitución y los del art. 10 del decreto 2591 de 1991, esto
es que la promoción de la acción puede hacerse por cualquiera persona
directamente o “por quien actúe en su nombre” (art. 86), enunciado que es
reinterpretado por el legislador delegado del decreto 2591 de 1991 en el
sentido de concretar el sentido de la norma constitucional al introducir la
posibilidad de la representación[14], de
tal forma que toda persona podrá adelantar la acción de tutela “por sí misma o
a través de representante” (art. 10).
Elementos normativos.
Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la
Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe
realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito llamado poder que se
presume auténtico[15].
(iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial.[16] En
este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los
intereses en un determinado proceso no se entiende conferido[17] para la promoción[18] de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen[19] en el proceso inicial. (iv) El
destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho[20] habilitado
con tarjeta profesional[21].
Efectos del
apoderamiento.
El principal efecto del
apoderamiento, es el de perfeccionar la legitimación en la causa por activa,
por lo cual el juez de tutela estará en la obligación, después de constatar sus
elementos, de proceder a pronunciarse de fondo sobre los hechos y las
pretensiones relacionados en el escrito de acción respectivo.”
En otra oportunidad, la Corte en
sentencia T-995 de 2008[22],
reiteró los requisitos del apoderamiento judicial en los procesos de tutela, y
estableció que:
“La Corte en reiterados fallos ha señalado los elementos del
apoderamiento en materia de tutela[23], así:
(i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito; (ii) se
concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico[24]; (iii) el referido poder para
promover acciones de tutela debe ser especial; en este sentido (iv) el poder
conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido[25] para la promoción[26] de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen[27] en el proceso inicial; (iv) el
destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional.
Respecto a este último elemento, la Corte, en sentencia T-207 de
1997, se extendió en consideraciones acerca de la informalidad, propia de la
acción de tutela y de sus implicaciones frente al ejercicio de la misma.
Con respecto al apoderamiento judicial, como excepción al principio de
informalidad de la acción, señaló:
“Caso distinto es el de quien ejerce la acción de tutela a nombre
de otro a título profesional, en virtud de mandato judicial, pues es evidente
que en tal caso actúa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio
de la profesión de abogado, razón por la cual debe acreditar que lo es según
las normas aplicables (Decreto 196 de 1971).  Ello no solamente por razón
de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en el campo
disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del cliente, a
quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de
acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responderá
por su gestión.”[28]
Sobre la obligatoriedad de que la representación judicial en
tutela sea asumida por abogados en ejercicio, la Corte ante el vacío legal y
constitucional, en una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, ha
sostenido en reiterada jurisprudencia que a partir de las disposiciones
generales sobre representación judicial y en especial a partir de la
disposición del artículo 38 del decreto 2591 de 1991, el cual señala las faltas
para los abogados que promuevan irregularmente acciones de tutela, concluyó que
esta disposición no tendría sentido de no entenderse que la representación
judicial sólo pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio[29]. (Negrilla fuera de texto)
Por otro lado, la ley ha determinado de forma especifica qué
procesos pueden ser adelantados por quienes se les ha otorgado la licencia
temporal de abogado, y entre esta enumeración no se encuentra la acción de
tutela”[30].
Finalmente, la sentencia T-417 de
2013[31],
reiteró la importancia de la especificidad del poder, señalando:
“La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los
elementos del apoderamiento en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal
que se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico;
(ii) tratándose de un poder especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; (iii)
el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación por activa se
configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado
y se anexa el respectivo poder especial, de
modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier
proceso para solicitar el amparo constitucional.”
3.2.3.1.
Elementos normativos que
caracterizan la agencia oficiosa como forma de configurar la legitimación
activa de los procesos de tutela.
La agencia
oficiosa en los procesos de tutela, al igual que el apoderamiento judicial,
tiene su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Constitución
Política, y su fundamento legal en el mismo artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 que establece que se podrán reclamar derechos ajenos “cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”
Esta Corporación en
diversas oportunidades ha abordado el tema, fijando algunos parámetros para su
correcta configuración, entre ellas la sentencia T-531 de 2002, en la cual
dispuso:
“Fundamento de validez de la agencia oficiosa.
El fundamento de validez de la norma de permisión consistente en
la potestad en cabeza de personas indeterminadas para promover acción de tutela
en favor de terceros se encuentra en el enunciado normativo del segundo inciso
del artículo 10[32] del
decreto 2591 de 1991 en el cual el legislador delegado previó que se podían
agenciar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa.”
Para la Sala la validez de esta norma de permisión se ve reforzada
con tres principios constitucionales: el principio de eficacia de los derechos
fundamentales[33], que
como mandato vinculante tanto para las autoridades públicas como para los
particulares, impone la ampliación de los mecanismos institucionales para la
realización efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales.
El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas[34] el
cual en estrecha relación con el anterior está dirigido a evitar que por circunstancias
artificiales propias del diseño de los procedimientos se impida la protección
efectiva de los derechos. Y el principio de solidaridad[35] que impone a los miembros de la
sociedad colombiana velar por la defensa no sólo de los derechos fundamentales
propios, sino también por la defensa de los derechos ajenos cuando sus
titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa.
Elementos normativos de la agencia oficiosa.
Los elementos normativos de la agencia oficiosa están señalados
expresamente en el decreto 2591 de 1991 y de manera implícita en la
Constitución y en los decretos reglamentarios de la acción tutela. La Sala los
sintetiza de la siguiente manera: (i) La manifestación[36] del agente oficioso en el sentido
de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de
tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir[37],
consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones
físicas[38] o
mentales[39] para
promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica[40] una
relación formal[41] entre
el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación[42] oportuna[43] por
parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignadas en el
escrito de acción de tutela por el agente.
Efectos de la figura.
Configurados los elementos normativos anteriormente señalados se
perfecciona la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela estará
en la obligación de pronunciarse de fondo[44] sobre los hechos y las
pretensiones relacionadas en el escrito de tutela. Si los mismos no se
presentan en el caso concreto, el juez deberá según el caso rechazar de plano[45] la
acción de tutela o en la sentencia no conceder[46] la tutela de los derechos
fundamentales de los agenciados. Sin embargo considera la Sala que el análisis
acerca de la configuración de los referidos elementos debe realizarse por el
juez de tutela en atención a las circunstancias propias del caso concreto[47],
derechos fundamentales invocados, calidad y condiciones de las partes, características
socio económicas de las mismas, lugar geográfico de la supuesta vulneración
etc., esta obligación que pesa sobre los jueces de tutela deriva directamente
del principio de eficacia de los derechos fundamentales[48] que como ha reiterado la Sala
inspira e informa la figura procesal de la agencia oficiosa en materia de
tutela.
Autonomía de la figura.
A pesar de guardar similitudes con la figura de la agencia
oficiosa consagrada y regulada en el código de procedimiento civil[49], la
agencia oficiosa en materia de tutela tiene características propias que
permiten identificarla y diferenciarla[50] de aquella, por lo cual las
hipótesis para su configuración son las propias reguladas en el decreto 2591 de
1991 y las que se desprenden de la interpretación de los enunciados
constitucionales[51] a
partir de los principios que gobiernan la materia.
Propósito constitucional de la agencia oficiosa.
La finalidad[52] de la
agencia oficiosa se encuentra en estrecha relación con los principios
constitucionales que la inspiran, su consagración legal es entonces a la vez,
la concreción efectiva de los mismos, de esta forma el principio de eficacia de
los derechos fundamentales, se concreta en la operatividad de la figura de la
agencia oficiosa en tanto y en cuanto con la misma se realiza el principio de
prevalencia del derecho sustancial y el derecho al acceso a la administración
de justicia.”
Luego, en la sentencia T-995 de 2008[53], se dispuso que “configurados los elementos normativos
anteriormente señalados se perfecciona la legitimación en la causa por activa y
el juez de tutela estará en la obligación de pronunciarse de fondo[54] sobre
los hechos y las pretensiones relacionadas en el escrito de tutela. Si los
mismos no se presentan en el caso concreto, el juez deberá según el caso
rechazar de plano la acción de tutela o en la sentencia no conceder la tutela
de los derechos fundamentales de los agenciados. No obstante lo anterior, en
virtud del principio de eficacia de los derechos fundamentales, es deber del
juez constitucional analizar en cada caso concreto la configuración los elementos
atendiendo a las circunstancias fácticas que lo caracterizan.”
Sin embargo, lo anterior no es obstáculo para que en algunos eventos
excepcionales el juez constitucional, atendiendo la prevalencia del derecho
sustancial, la finalidad de la acción de tutela, y el acceso a la
administración de justicia, modere las exigencias procesales referentes  a la
agencia oficiosa, con el objeto de hacer efectivos los derechos fundamentales
de las personas.
Por lo tanto, “cuando en el escrito de tutela no se manifiesta
en forma expresa que se están agenciando derechos de personas que se encuentran
imposibilitadas para acudir a un proceso, pero del contenido mismo de la
demanda de tutela se concluye que se actúa en nombre de otro, el juez
constitucional debe interpretar la demanda y aceptar la procedencia de la
agencia oficiosa”[55]
3.2.4.
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL
DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA ORDENAR EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO PENSIONAL.
El
artículo 86 constitucional consagra la acción de tutela como un  mecanismo de
protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las
personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en
los casos establecidos en la ley.
En virtud del principio de subsidiariedad, la
acción de tutela sólo procede (i) cuando no existe ninguna otra acción judicial
por la que se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un
derecho fundamental; (ii) cuando existiendo otras acciones, éstas no resultan
eficaces o idóneas para la protección de tales derechos; (iii) cuando aun
existiendo acciones ordinarias, resulta imprescindible la intervención del juez
de tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable.[56]
De
esta manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido, por regla
general, la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo para el
reconocimiento de derechos pensionales, toda vez que existen otros mecanismos
idóneos establecidos en la jurisdicción ordinaria laboral o en la contencioso
administrativa, según sea el caso.
Sin
embargo, de manera excepcional, el juez de tutela puede ordenar el
reconocimiento de dicha prestación económica, si (i) existe certeza sobre la
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el
reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente
demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del
derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv)
cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina
que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional
que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.[57]
Ahora
bien, la Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las hipótesis
descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no existe
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.[58]
De
igual forma, esta Corporación ha indicado que cuando el amparo de los derechos
prestacionales es solicitado por personas de la tercera edad, los requisitos de
procedencia de la acción de tutela deben ser analizados con mayor flexibilidad
en atención a que el peticionario es un sujeto de especial protección
constitucional.
De
esta manera, en la sentencia T-456 de 2004, esta Corporación expresó que:
“(…)
en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento
deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un
criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de
especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de
tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados,
ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza
extrema”.[59]
Por
tanto, cuando el peticionario pertenece a la tercera edad, el juez
constitucional debe declarar la procedencia de la acción de tutela aunque
disponga de otro medio de defensa judicial para solicitar las prestaciones
pensionales.
Así,
se manifestó la Corte en la sentencia T-001 del 15 de enero de 2009, Magistrado
Ponente Nilson Pinilla Pinilla:
“Someter
a un litigio laboral, con las demoras y complejidades propias de los procesos
ordinarios, a un adulto mayor con disminución de su capacidad laboral que le
impide acceder a un trabajo, resulta muy gravoso para él, con serios perjuicios
para el desenvolvimiento inmediato de su vida personal y familiar, menguando su
calidad de vida. Por esta razón, la Corte ha tutelado el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en forma definitiva[60],
de personas cuyo derecho a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital
resultan afectados por la omisión atribuible a las entidades demandadas.”
3.2.5.
CARÁCTER
FUNDAMENTAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA IMPORTANCIA
DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
El derecho a la
seguridad social se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Constitución
en los siguientes términos:
“La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.
El
Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la Ley.
La
Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No
se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la
Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La
ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante.”
Inicialmente,
por regla general se negó que el derecho a la seguridad social fuera un derecho
fundamental autónomo. Sin embargo, debido a su gran importancia y a la
necesidad de protegerlo, la Corte Constitucional permitió la procedencia de la
acción de tutela en dos eventos excepcionales: i) cuando la vulneración del
derecho a la seguridad social conllevaba la violación de derechos fundamentales
autónomos (argumento de la conexidad)[61]
y, ii) cuando el peticionario era un sujeto de especial protección
constitucional.[62]
Posteriormente,
la Corte desechó estas teorías y acogió la tesis, más garantista, de la
trasmutación de los derechos sociales en virtud de la cual, cuando su contenido
era desarrollado a nivel legal o reglamentario, tales derechos superaban su
calidad de indeterminación y se convertían en verdaderos derechos fundamentales
autónomos capaces de ser protegidos por vía de acción de tutela.[63]
Una
de las garantías de la seguridad social son las pensiones por vejez o por
invalidez. La pensión de invalidez tiene por finalidad proteger a la
persona que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral,
puesto que, dicha limitación, física o mental, impacta negativamente la calidad
de vida del ser humano y la eficacia de otros derechos sociales.[64]
Del
mismo modo se busca proteger el mínimo vital de la persona y su núcleo
familiar, cuando éste depende de los ingresos económicos del afiliado.
Con
fundamento en estas consideraciones, esta Corporación, en sentencias como la
T-628 de 2008[65],
ha señalado el carácter fundamental que tiene el derecho a la seguridad social
por su relación con la garantía de la dignidad humana; dijo al respecto:
“El
derecho a la seguridad social, en la medida en que es de importancia
fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana, es un
verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a
entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social
fundado por la Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa
preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior) y en los
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad;
cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente
arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su especificación
en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales
preestablecidos.”
De
esta manera, siguiendo el lineamiento constitucional esbozado en el inciso
segundo del artículo 93 de la Constitución Política que establece que todos los
derechos constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, es de vital importancia
establecer el contenido del derecho a la seguridad social a la luz de las preceptivas
internacionales.
Al
respecto, esta misma sentencia en estudió señaló:
“Sobre
el particular, de manera reciente[66]
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) -órgano
encargado de supervisar la aplicación del Pacto- emitió la observación general
número 19, sobre "El derecho a la seguridad social (artículo 9)". De
manera puntual, el Comité destacó la enorme importancia que ostenta dicha
garantía en el contexto de plena satisfacción de los derechos humanos[67],
en la medida en que el derecho a la seguridad social adquiere el estatuto de
condición ineludible de tal posibilidad de goce dentro de los esfuerzos que han
de llevar a cabo los Estados para superar las condiciones materiales de pobreza
y miseria que se oponen al disfrute de las libertades individuales.”
(…)
De
manera precisa, en cuanto al contenido del derecho bajo examen, el Comité
señaló lo siguiente: “El derecho a la seguridad social incluye el derecho a
obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin
discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la
falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez,
maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar, b) gastos
excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en
particular para los hijos y los familiares a cargo.”[68]
(Subraya fuera de texto)
De
lo anterior se puede concluir, que la garantía a la seguridad social y su
fundamentalidad está muy ligada a la satisfacción real de los derechos humanos,
especialmente el de la dignidad humana, pues a través de este derecho puede
afrontarse la lucha contra los índices de pobreza y miseria.
De
manera especial, con la protección de esta garantía en las hipótesis de
invalidez se busca evitar los efectos negativos que emanan de la falta de
recursos económicos para cubrir aspectos básicos como la salud y el
sostenimiento del hogar, máxime si al interior del mismo se encuentran hijos
menores de 18 años, debido a la imposibilidad del trabajador de seguir
desempeñándose en el mercado laboral.
En la actualidad
la Corte reconoce que el derecho a la seguridad social es un derecho
fundamental, independiente y autónomo, que puede ser objeto de protección constitucional
mediante la acción de tutela, cuando, entre otras, se comprueba la ocurrencia
de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad del medio judicial
ordinario para protegerlo.[69]
3.2.6.
REQUISITOS
PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.
Como
se recordó en sentencia T-292 de 1995[70],
la pensión de invalidez es una manifestación del derecho a la seguridad social,
por lo tanto, el derecho a esta pensión también tiene el carácter de
fundamental.
De
acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, para efecto del
reconocimiento de la pensión de invalidez, se requiere acreditar una pérdida
del 50% o más de la capacidad laboral de una persona, según la calificación
realizada por una Junta Regional o una Junta Nacional, dependiendo del caso en
concreto.[71]
Siguiendo
el mismo lineamiento, en su artículo 39, la Ley 100 de 1993 estableció los
demás requisitos para poder acceder a la pensión de invalidez y al respecto
señaló:
“a.
Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b.
Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca el estado de invalidez.”
El artículo 11 de la Ley 797 del 29 de
enero de 2003, modificó los anteriores requisitos, así: (i) que el afiliado
hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral generada por enfermedad
común, (ii) que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y (iii) que su
fidelidad de cotización para con el sistema sea de al menos el 25% del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez.
Esta disposición fue declarada
inexequible por esta Corporación en sentencia C-1056 del 11 de noviembre de
2003[72],
por vicios de procedimiento en su formación, dado que vulneraba el principio de
consecutividad del trámite legislativo.
Posteriormente,
los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez fueron
formulados por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, modificando así el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993:
“Artículo
1º. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo
39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la
pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez.
2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma, y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez.
PARÁGRAFO
1° Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al
hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO
2° Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, sólo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
Teniendo
en cuenta lo anterior se pueden observar dos aspectos importantes: en primer
lugar, el legislador para poder acceder a la pensión de invalidez ha
establecido que se deben cumplir una serie de requisitos, los cuales están
representados en un mínimo de cotizaciones al sistema, y que la persona tenga
certificada una considerable pérdida específica de la capacidad laboral. En
segundo lugar, se encuentra que el cambio normativo dispuso la implementación
de unos requisitos más rigurosos, toda vez que aumentó el número de semanas de 26
a 50 dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y agregó el requisito de fidelidad al sistema que posteriormente
fue declarado inexequible por esta Corporación en Sentencia C-428 de 2009[73],
la cual sostuvo:
“Ahora
bien, la Corte no puede desconocer, al confrontar los textos normativos del
artículo 39 (original) de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones
introducidas en los numerales 1º y 2º del artículo 1º de  la Ley 860 de
2003, que el Legislador  agregó un requisito de acceso al beneficio
pensional más gravoso para el cotizante. En la norma -numerales 1° y 2°-, se
estipuló la demostración de su fidelidad de cotización para con el sistema con
cotizaciones mínimas del “veinte por ciento (20%) del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez.”
El
establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no estaba prevista
en la Ley 100 de 1993, aparece, prima facie, como una medida
regresiva en materia de seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la
pensión de invalidez.(Negrilla y subrayado nuestro)
(…)
En
efecto, como se expuso anteriormente, implica la exclusión de determinadas
situaciones previamente protegidas, a través de un requisito que no conduce
realmente a la realización de los propósitos perseguidos por la norma.”
Las
anteriores consideraciones, llevaron a esta Corporación a concluir la
inexequibilidad del requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada,
tanto en su numeral 1° como en el 2°, por cuanto se logró demostrar su
regresividad y no se encontró la necesidad de la medida de acuerdo con los
fines perseguidos por la misma.
Teniendo
en cuenta el precedente jurisprudencial citado, se analizarán las
circunstancias de cada caso en particular y se determinará si se cumplen con
los requisitos definidos por la jurisprudencia.
3.2.6.1.
Reglas
constitucionales para garantizar el derecho a la pensión de invalidez en los
casos de enfermedad crónica, degenerativa o congénita, cuando la pérdida de la
capacidad laboral es progresiva.
Conforme
a lo señalado en precedencia, el régimen legal para acceder a la pensión de
invalidez se encuentra prescrito en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. La
norma dispone que tendrá derecho a la pensión de invalidez la persona que sea
declarada inválida, por enfermedad o por accidente, y que “haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración.”[74]. La norma
señala que el término para completar las cincuenta (50) semanas requeridas, se
cuenta a partir de la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, del
momento a partir del cual la persona ha perdido la capacidad de laborar en tal
grado, que le es imposible seguir cotizando al Sistema. La determinación de
cuándo se tiene una pérdida de capacidad relevante para efectos pensionales, se
establece a través del dictamen médico que realizan las Juntas Calificadoras de
Invalidez.
Ahora
bien, cuando se trata de accidentes o de situaciones de salud que generan la
pérdida de capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración de la
invalidez coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho; sin embargo,
existen casos en los cuales la fecha en que efectivamente una persona está en
incapacidad para trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de
calificación de pérdida de capacidad laboral; esta última situación se
presenta, generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, degenerativas
o congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral es progresiva, en
estos casos las calificaciones de invalidez se determinan generalmente con base
en la fecha en la que se presentó el primer síntoma de la enfermedad, o en
aquella que señala la historia clínica como de diagnóstico de la enfermedad.
Empero, en este tipo de enfermedades dichas calificaciones no corresponden de
manera cierta al momento en el que la persona pierde la capacidad laboral de
manera permanente y definitiva, tal y como lo exige la normatividad que
regula la pensión de invalidez.[75]
En consecuencia se genera una desprotección constitucional y legal de las
personas con invalidez.[76]
Sobre
el tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades,
entre ellas en la sentencia T-843 de 2004[77], donde
sostuvo que:
“…la
persona que se encuentra infectada por el VIH, dadas las incalculables
proporciones de ese mal, ve amenazada su existencia misma, y frente a ello no
puede el Estado adoptar una posición indiferente sino activa para garantizar
que no se le condene a vivir en condiciones inferiores. Con tal fin debe
implementar políticas y programas para, aunque no sea posible lograr una
solución definitiva, por lo menos hacer menos gravosa y penosa esa enfermedad.
La
Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en casos de personas que padecen
dicha enfermedad y ha manifestado que esa patología coloca a quien lo padece en
un estado de deterioro permanente con grave repercusión sobre la vida misma,
puesto que ese virus ataca el sistema de defensas del organismo y lo deja
totalmente desprotegido frente a cualquier afección que finalmente termina con
la muerte[78].
La
protección especial a ese grupo poblacional[79] está
fundamentada en los principios de igualdad, según el cual el Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.P.)
y en el de solidaridad, como uno de los principios rectores de la seguridad
social (arts. 1 y 48 C.P.). Bajo esos parámetros la Corte ha manifestado que
con el fin de hacer efectiva la igualdad y la dignidad humana[80]
de esas personas la protección que debe brindar el Estado en materia de salud
debe ser integral dados los altos costos que esa enfermedad demanda y con el
fin de que no se generen tratos discriminatorios[81].
También ha sostenido que “este deber constitucional [de protección] asegura que
el enfermo de SIDA reciba atención integral y gratuita a cargo del Estado, a
fin de evitar que la ausencia de medios económicos le impida tratar la
enfermedad y aminorar el sufrimiento, y lo exponga a la discriminación.”[82]
En
la sentencia T-262 de 2005[83],
se señaló:
“se ha
considerado que el V.I.H. –SIDA, constituye una enfermedad catastrófica que
produce un acelerado deterioro en el estado de salud de las personas que la
padecen y, consecuentemente, el riesgo de muerte de los pacientes se incrementa
cuando estos no reciben el tratamiento adecuado de  forma oportuna. Por
consiguiente, es deber del Estado brindar protección integral a las personas
afectadas.”
De
igual forma, en la sentencia T-699A de 2007[84], se sostuvo
que:
“(…)
es posible que, en razón del carácter progresivo y degenerativo de la
enfermedad, pueden darse casos, como el presente, en los que, no obstante que
de manera retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la
invalidez, la persona haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho,
haya continuado con su vinculación laboral y realizado los correspondientes
aportes al sistema de seguridad social hasta el momento en el que se le
practicó el examen de calificación de la invalidez. Así pues, el hecho de que
la estructuración sea fijada en una fecha anterior al momento en que se pudo
verificar la condición de inválido por medio de la calificación de la junta,
puede conllevar a que el solicitante de la pensión acumule cotizaciones durante
un periodo posterior a la fecha en la que, según los dictámenes médicos, se
había estructurado la invalidez, y durante el cual se contaba con las
capacidades físicas para continuar trabajando y no existía un dictamen en el
que constara la condición de invalidez.
En
consecuencia, se presenta una dificultad en la contabilización de las semanas
de cotización necesarias para acceder a la pensión, toda vez que, si bien la
ley señala que tal requisito debe verificarse a la fecha de estructuración, en
atención a las condiciones especiales de esta enfermedad, puede ocurrir que, no
obstante que haya algunas manifestaciones clínicas, el portador esté en la
capacidad de continuar trabajando, y de hecho siga realizando los aportes al
sistema por un largo periodo, y, solo tiempo después, ante el progreso de la
enfermedad y la gravedad del estado de salud, se vea en la necesidad de
solicitar la pensión de invalidez, por lo que al someterse a la calificación de
la junta se certifica el estado de invalidez y se fija una fecha de
estructuración hacia atrás. Así las cosas, no resulta consecuente que el
sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión.”
En
la sentencia T-710 de 2009[85],
esta Corporación señaló:
“(…)
a pesar del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad que padece
el señor (…), se advierte que éste pudo conservar sus capacidades funcionales
y continuó trabajando y aportando al sistema de seguridad social por dos años y
cuatro meses después de la fecha señalada como de estructuración de la
invalidez, bajo la vigencia de la Ley 860 de 2003. Lo anterior demuestra que a
pesar de las manifestaciones clínicas del actor, éste se mantuvo activo
laboralmente, cotizando a la seguridad social y solo ante el progreso de la
enfermedad, se vio en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez y de
someterse a la calificación de su pérdida de capacidad laboral. Y fue en este
momento, 11 de octubre de 2006, cuando el fondo de pensiones fija una fecha de
estructuración anterior, de la que desprende el no reconocimiento de pensión de
invalidez solicitada.”[86]
Posteriormente
esta Corte decidió ampliar el precedente en la sentencia T-163 de 2011[87],
al analizar el caso de una persona con insuficiencia renal crónica, afirmando
que:
“Frente
a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que las Juntas de Calificación
de Invalidez establecen como fecha de estructuración de la invalidez aquella en
que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la
historia clínica como el momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar
de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de capacidad
laboral permanente y definitiva -Decreto 917 de 1999-. Esta
situación genera una desprotección constitucional y legal de las personas con
invalidez.”
(…)
“En
estos eventos, por tratarse de enfermedades cuyas manifestaciones empeoran con
el tiempo, la persona puede continuar su vida laboral con relativa normalidad,
hasta el momento en que por su condición de salud le es imposible continuar
cotizando al Sistema. Así, aunque legalmente una persona adquiere el derecho a
la pensión de invalidez cuando pierde la capacidad para continuar trabajando,
las Juntas de Calificación de Invalidez crean la ficción de situar el momento a
partir del cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una
etapa de la enfermedad en la que la persona sigue siendo un trabajador
productivo y funcional, y puede aportar al sistema.”
Esta
posición de la Jurisprudencia constitucional, ha sido reiterada al señalar la
especial protección para los enfermos de VIH[88], debido a
las características de esta enfermedad y a sus nefastas consecuencias, toda vez
que requieren
de una mayor atención por parte del Estado, para que sigan gozando del derecho
a la igualdad respecto a las demás personas como también, protección
especial con el fin de defender su dignidad[89] y evitar que
sean objeto de un trato discriminatorio. En la sentencia T-671 de 2011[90]
la Corte consideró que:
“se
desconoció el derecho a la seguridad social de la accionante, ya que al
resolver la petición pensional se “tomó como fecha de estructuración de la
invalidez el momento en que se manifestó por primera vez la enfermedad de la
agenciada”, ignorando que la demandante había realizado cotizaciones al sistema
después de esa fecha. Por tal razón, la Sala tomó “el 27 de febrero de 2007
como fecha de estructuración de la invalidez, dado que este fue el día en que
el galeno de medicina laboral del ISS la determinó,” en consecuencia concedió
la tutela por encontrar que se cumplían los requisitos de cotización exigidos
por la normatividad (artículo 1° de la ley 860 de 2003) para acceder a la
pensión de invalidez.
Luego,
en la sentencia T-885 de 2011[91],
se reiteró la regla constitucional fijada en la sentencia T-163 de 2011[92],
señalando que la fecha de estructuración registrada en el dictamen de
calificación de la pérdida de capacidad laboral, no representaba “el momento
en que el peticionario perdió su capacidad laboral en forma permanente y
definitiva, como lo establece el artículo 3° del Decreto 917 de 1999, porque el
actor estuvo laboralmente activo hasta el año 2009. Es la fecha de la
calificación de la invalidez, como se desprende de las consideraciones
expuestas, la que se debe tener en cuenta, dadas las especiales condiciones de
salud del actor, y el hecho de que continuó aportando al Sistema, alcanzando a
cotizar un total de 147 semanas, a pesar de los síntomas de su enfermedad VIH.”
Adicionalmente
en la sentencia T-773 de 2012[93]
la Sala Séptima de Revisión sostuvo que:
“Se
debe tener en cuenta: (i) que las personas con VIH-SIDA son sujetos de especial
protección constitucional, por cuanto es una enfermedad mortal que causa el
deterioro progresivo del estado de salud y que hace exigible un trato
igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta
en que se encuentran y; (ii) que la pensión de invalidez, como expresión del
derecho a la seguridad social, persigue “compensar la
situación de infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral,
mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud”[94],
esta Corporación ha considerado que dicha prestación puede ser exigida por vía
de tutela.
Por
esa razón, la Corte ha considerado que la omisión en el pago o reconocimiento
del derecho prestacional, pone en riesgo o amenaza gravemente la vida en
condiciones dignas de una persona con esta alteración a su salud[95].
Y por esta circunstancia ha señalado que[96], “dadas
las características de esta enfermedad, no resulta coherente con un esquema de
solidaridad en materia de seguridad social y, por el contrario, resulta
desproporcionado exigir a los peticionarios en estas condiciones que acudan a
la justicia ordinaria o contenciosa, motivo por el cual en estos casos no puede
admitirse que la protección de sus derechos fundamentales quede supeditada y
postergada a la definición de este tipo de litigios[97]”.
Finalmente,
en la sentencia T-043 de 2014[98],
esta Corte manifestó que:
“Cuando
una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez
de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a
quien se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma
retroactiva, deberá tener en cuenta los aportes realizados al Sistema durante
el tiempo comprendido entre dicha fecha, y el momento en que la persona pierde
su capacidad laboral de forma permanente y definitiva. Es decir, la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral debe alcanzar un grado de
determinación que refleje la situación médica y laboral real de la persona.[99]
En
este último punto la Sala estima fundamental recordar el rol que cumplen los
organismos que la ley ha señalado como competentes para realizar el estudio
técnico y médico de la perdida de la capacidad laboral. Dichas entidades
cumplen un papel de importancia capital, en tanto determinan a través de sus
dictámenes un elemento esencial para el cumplimiento de los requisitos de la
pensión de invalidez, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad
laboral permanente y definitiva. Esta labor de gran responsabilidad
iusfundamental debe cumplir con todas las rigurosidades y consideraciones de
orden técnico, fáctico y probatorio para que la emisión del dictamen permita
posteriormente establecer si el sujeto que se examina cumple con los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez.
Finalmente
la Sala recuerda y resalta que la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido de
forma reiterada, coherente y decantada, en múltiples pronunciamientos, la
condición especial de las personas que sufren enfermedades crónicas
degenerativas o congénitas, respecto de las cuales la imprecisión en la fecha
de estructuración de su pérdida de capacidad laboral, afecta su derecho a la
pensión de invalidez. Por estas consideraciones se ha entendido que la fecha
establecida por los organismos calificadores de la invalidez es ficta y el juez
puede desvirtuarla a favor del beneficiario.”
Teniendo
en cuenta lo anteriormente visto, se concluye que, cuando se trata del
reconocimiento de una pensión de invalidez de quien padece de una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, y se le ha determinado una fecha de
estructuración de invalidez en forma retroactiva, se deberán tener en cuenta
los aportes realizados al Sistema, durante el tiempo comprendido entre dicha
fecha, y el momento en que la persona pierde su capacidad laboral de forma
permanente y definitiva.
3.2.7.
LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA DE LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON ALGUNA ENFERMEDAD
GRAVE.
Nuestro
ordenamiento Constitucional ha introducido normas mediante las cuales dispone
un tratamiento preferencial para las personas que se encuentran en una
situación mayor de vulnerabilidad, como manifestación del principio de igualdad
material, una de las principales innovaciones del modelo de Estado Social de
Derecho, a saber:
El
artículo 13, en los incisos 2 y 3, señala:
“El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
Siguiendo
los mismos lineamientos, el artículo 47 de la Carta establece que:
“…
el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran”.
Del
mismo modo, el artículo 54 superior consagra de manera expresa el deber del
Estado de “...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud...”.
Con
fundamento en los artículos 13, 47 y 54, la Corte señaló en la sentencia T- 884
de 2006[100]
que la Constitución impone al Estado los siguientes deberes frente a las
personas con discapacidad:
“…
impone a las autoridades públicas (i) la obligación de abstenerse de establecer
diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, mentales o sensoriales; y
(ii), el deber de adoptar medidas de discriminación positiva en favor de las
personas con discapacidad para que puedan disfrutar, en igualdad de condiciones,
de sus derechos y libertades, lo que implica su plena inclusión social como
manifestación de la igualdad real y efectiva; (iii) dentro de dichas medidas,
la Constitución contempla aquellas relativas al ámbito laboral acorde con las
condiciones de salud de esta población y “la formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran”, así como la educación para las
personas con limitaciones físicas o mentales”.
Igualmente,
esta Corporación, en sentencias T-826[101] y T-974[102]
de 2010, ha señalado la importancia de proteger  a las personas que se
encuentran en circunstancias de indefensión debido a su situación de
discapacidad y a su imposibilidad de desarrollarse en el campo laboral, lo que
afecta directamente su mínimo vital y el de su núcleo familiar.
También
ha indicado, en sentencias como la T-093 de 2007[103],
“… que la omisión de proporcionar especial amparo a las personas colocadas
en situación de indefensión bien sea por razones económicas, físicas o mentales
puede incluso equipararse a una medida discriminatoria…”[104].
Lo anterior, por cuanto la situación que enfrentan estas personas les impide
integrarse de manera espontánea a la sociedad para poder ejercer sus derechos y
responder por sus obligaciones, así que el Estado no puede negarse a adoptar un
conjunto de medidas de orden positivo orientadas a superar en la medida de lo
factible esa situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven
avocadas.
Teniendo
en cuenta lo anterior, el Estado debe brindar las condiciones normativas y
materiales que permitan a las personas colocadas en situaciones de debilidad
manifiesta, en la medida de lo posible, superar su situación de desigualdad.
Este deber de protección no sólo radica en cabeza de las y los legisladores,
sino también le corresponde ejercerlo a las y a los jueces, quienes han de
adoptar medidas de amparo específicas según las circunstancias de cada caso en
concreto[105].
Ahora
bien, la discapacidad como un factor de indefensión que justifica la adopción
de medidas de diferenciación positiva, es definida por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en aplicación del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 5º[106],
como:
“…Con
la palabra “discapacidad” se resume un gran número de diferentes limitaciones
funcionales que se registran en las poblaciones. La discapacidad puede revestir
la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que
requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias
o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.
De
conformidad con el enfoque seguido en las Normas Uniformes, en la presente
Observación general se utiliza la expresión "persona con
discapacidad" en vez de la antigua expresión, que era "persona
discapacitada". Se ha sugerido que esta última expresión podía
interpretarse erróneamente en el sentido de que se había perdido la capacidad
personal de funcionar como persona.” (Subraya fuera de texto).
La
discapacidad comprende la invalidez; en efecto, en la sentencia T-198 de 2006[107],
esta Corporación especificó que los conceptos de discapacidad e invalidez son
disímiles, siendo el último una especie dentro del género de las
discapacidades. Puntualmente se dijo:
“se
encuentra establecido que se presenta una clara diferencia entre los conceptos
de discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse que la discapacidad es
el género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no
siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una
persona invalida. La invalidez sería el producto de una discapacidad severa.”
Así
lo ha entendido el legislador al redactar el artículo 38 de la Ley 100 de 1993,
en el que resaltó que solamente la pérdida de capacidad severa, es decir, la
que supera el 50%, es considerada invalidez. Al respecto señaló:
“ARTÍCULO
38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se considera
inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no
provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral.”
En
resumen, la Constitución Política, la Corte Constitucional y los Organismos
Internacionales han sido reiterativos en la obligación del Estado de proteger a
aquellas personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta,
como es el caso de las personas con discapacidad; así mismo, han señalado la
importancia de resguardar su derecho fundamental a la seguridad social y acoger
medidas de orden positivo orientadas a que puedan superar la
situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven sometidas.
4.
LOS CASOS CONCRETOS
De
acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala reitera que el derecho a la
pensión de invalidez es una especie del derecho a la seguridad social, razón
por la cual adquiere el carácter de derecho fundamental.
Esta
prestación económica tiene por objeto proteger a la persona que ha sufrido una
disminución considerable en su capacidad laboral, y asegurarle unos ingresos
para garantizar su mínimo vital y el de su núcleo familiar. Así mismo, es una
respuesta a la obligación que nuestra Carta Magna impone al Estado de proteger
aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como es el
caso de las personas con discapacidad.
Hecha esta aclaración, pasa la Sala a resolver los
casos concretos:
4.1.
EXPEDIENTE T-5.160.943.
4.1.1.
Resumen.
El
señor Jhon Steven Orozco Caro actuando como apoderado judicial de Walter
Arango Yepes, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, mínimo vital, vida, salud, igualdad y dignidad humana, debido
a que la
Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., le
negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, bajo el argumento de
no cumplir con el requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas al fondo
de pensiones, dentro de los tres (3) años anteriores a la estructuración de la
invalidez. Al respecto señaló Porvenir S.A.:
“…
en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, usted puede
optar por la devolución del saldo existente en la cuenta individual de ahorro
pensional y el valor correspondiente a la redención anticipada de su bono
pensional, si a éste hubiere lugar, o continuar cotizando para obtener una
pensión de vejez, razón por la cual usted deberá informar a esta administración
la decisión adoptada.
Lo
anterior, en consideración a que no se encuentra acreditado, al momento de la
estructuración de la invalidez, el requisito de cincuenta (50) semanas de
cotización, previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, el cual a su vez fue declarado parcialmente
inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-428 del 1º de julio de
2009.
Por
las anteriores razones PORVENIR S.A. rechaza su solicitud pensional.”
4.1.2.
Examen de procedencia.
A partir de las consideraciones anteriores pasará esta
Corte a establecer si en el caso bajo estudio se cumplen
los requisitos de legitimación en la causa por activa, como agente oficioso o
como apoderado judicial, que permita en consecuencia entrar a
pronunciarse de fondo sobre los hechos y las pretensiones de la presente
acción, si se tiene en cuenta que el señor Jhon Steven Orozco Caro en el
escrito de acción que generó la sentencias objeto de la presente revisión,
actúo como apoderado judicial del señor Walter Arango Yepes valiéndose del
poder que le había sido concedido.
Bajo este orden de ideas se procederá a estudiar si
existe legitimación en la causa en cabeza del señor Jhon Steven Orozco Caro, en
virtud del poder especial otorgado para interponer la presente acción.
Conforme al material probatorio que obra en el expediente, se
advierte que el señor Walter Arango Yepes le confirió poder especial al señor
Jhon Steven Orozco Caro para que en su nombre y representación impetrara acción
de tutela contra la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A., por presuntamente haber vulnerado sus derechos fundamentales a la
seguridad social, mínimo vital, vida, salud, igualdad y dignidad humana. Sin
embargo, el señor Orozco Caro actúa en virtud de una licencia temporal de
abogado otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que quiere decir
que el apoderado carece de título profesional de abogado y por lo tanto de
tarjeta profesional.
Al aplicar los precedentes jurisprudencial adoptados por esta
Corporación, y que fueron expuestos en la parte motiva de esta providencia, se
tiene que si bien es cierto el poder otorgado al señor Jhon Steven Orozco Caro se
dio por escrito, autenticado, y es un poder especial; no lo es que el
destinatario del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho
habilitado con tarjeta profesional, pues es un estudiante al que por haber
terminado sus materias se le ha concedido una licencia temporal,
autorizándosele el ejercicio del derecho sólo para los casos que señala de
forma expresa la ley.
Sin embargo, no puede pasar por alto esta Corporación que el señor
Arango Yepes, padece de cáncer en la glándula parótida derecha con bacafque y
reporta carcinoma metastásico, además que fue calificado con el sesenta y uno
punto siete por ciento (61.7%) de discapacidad laboral; por lo tanto en aras de salvaguardar el derecho sustancial según lo ordena
el artículo 228 de la Constitución y teniendo en cuenta las circunstancias de
salud en que se encuentra el afectado, se procederá al análisis de fondo del
asunto, a pesar de no afirmar categóricamente el señor Jhon Steven Orozco Caro que el afectado
esté imposibilitado para promover su propia defensa y que por esta razón lo
hace él en calidad de agente oficioso.
Adicionalmente, el
estado de profunda vulnerabilidad padecido por el accionante, denota sus
difíciles condiciones de salud y de posibilidad de autosostenimiento económico.
Estos elementos son suficientes para concluir que los medios ordinarios de
defensa judicial son ineficaces en el caso concreto, en razón de las complejas
condiciones de existencia del demandante.
4.1.3.
Análisis
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
En
el caso sub examine se estudia la situación del señor Walter Arango Yepes, a
quien a pesar de presentar una pérdida de capacidad laboral del sesenta y uno
punto siete (61.7%), según calificación de la Aseguradora Alfa S.A., la
accionada se negó a reconocerle la pensión de invalidez, argumentando que no
cumple con el requisito de semanas cotizadas exigidos por la Ley 860 de 2003,
por la cual se reformó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
En
efecto, la Sala encuentra que según el reporte de semanas cotizadas
suministrado por Porvenir S.A. (Fl. 23 Cuaderno 1), el accionante al momento de
diagnosticársele la patología, diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce
(2014), no contaba con las cincuenta (50) semanas cotizadas en los últimos tres
años anteriores; sin embargo como se expuso a lo largo de esta providencia, es
erróneo considerar que es ese el momento en el cual se estructura la invalidez,
toda vez que nos encontramos frente a una enfermedad crónica y degenerativa.
Sin
embargo, al analizar la relación de aportes allegados al expediente se observa,
en primer lugar, que para la fecha de elaboración del dictamen de pérdida de la
capacidad laboral, el cual coincide con la fecha real de estructuración de la
invalidez, es decir, veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014), el
señor Arango Yepes había cotizado más de las cincuenta (50) semanas exigidas
para el reconocimiento de la pensión de invalidez; y en segundo lugar, que
continuó cotizando al sistema hasta el treinta (30) de agosto de dos mil quince
(2015), semanas que no fueron tenidas en cuenta por la accionada.
En
efecto, si bien el accionante no cumplía con el requisito de las cincuenta (50)
semanas cotizadas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a
la fecha de diagnóstico de la enfermedad, de la relación de aportes allegada
por Porvenir S.A, en el trámite de revisión, se puede evidenciar que sí cumplía
con el requisito de semanas cotizadas a la fecha real de estructuración de la invalidez,
como se dejó visto en precedencia; aunado a que el actor continuó cotizando
hasta agosto de dos mil quince (2015), completando más de cien (100) semanas de
aportes al sistema.
Entonces,
la Sala considera necesario traer a colación que en algunos pronunciamientos
esta Corporación ha determinado que en lo concerniente al pago de aportes con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, surge una
obligación a cargo de las entidades administradoras del sistema de tenerlas en
cuenta para contabilizar las semanas cotizadas por el interesado. Al respecto,
esta Corporación en sentencia T-268 de 2011[108] manifestó:
“(…)
salvo que exista una prueba concreta y fehaciente de que la situación
invalidante se configuró en un momento cierto y anterior, la fecha de
estructuración de invalidez suele ubicarse en época relativamente próxima a
aquella en la que se emite el respectivo dictamen de calificación, hipótesis en
la cual el trabajador puede incluso haber alcanzado a realizar algunas
cotizaciones adicionales, mientras se produce tal calificación.
Frente
a esta situación, es pertinente aclarar que, si bien el juez de tutela debe
analizar aspectos como la fecha de la estructuración y de la notificación de la
invalidez, no es procedente dejar de lado la situación de especial protección
que merecen las personas que padecen algún tipo de discapacidad y que, a pesar
de dicha limitación, han seguido contribuyendo a pensiones después de
estructurada la invalidez, puesto que una interpretación diferente contraría
los principios rectores del Sistema General de Seguridad Social y acarrea una
conculcación de derechos fundamentales (…)”http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-072-13.htm
- _ftn34
Por
lo expuesto, la Sala encuentra que: (i) el accionante presenta una pérdida de
capacidad laboral del 61.7%; (ii) cotizó más de 70 semanas en los 3 años
inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez (28 de noviembre
de 2014), según reporte de semanas allegado por Porvenir S.A. al expediente; y
(iii) cotizó más de 30 semanas después de la fecha de estructuración de su
invalidez, las cuales deben ser tenidas en cuenta según la jurisprudencia de
esta Corporación, lo que da más de cien (100) semanas cotizadas.
Entonces,
dado que: i) al tratarse el presente caso de un sujeto de especial protección
constitucional que demanda un trato digno ante las circunstancias de debilidad
en que se encuentra; y ii) al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley
860 de 2003 y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para acceder a
su pensión de invalidez, la Sala procederá a revocar la sentencia del veinticinco
(25) de junio de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Santiago de Cali, quien confirmó la sentencia del quince (15)
de mayo de dos mil quince (2015), del Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de
Santiago de Cali.
En
su lugar, se concederá el amparo constitucional, y se ordenará a Porvenir S.A. que
reconozca y pague la pensión de invalidez a favor del accionante a partir del primero
(1º) de septiembre de dos mil quince (2015), momento en el cual se evidencia
dejó de cotizar al sistema de seguridad social.
Ahora
bien, en cuanto a la devolución de aportes realizada por Porvenir S.A. al señor
Walter Arango Yepes, mediante giro en la cuenta No. 126813307 del Banco Av
Villas, no existe prueba de que la misma se haya hecho por solicitud expresa
del accionante, por lo tanto, se ordenará a la demandada, descontar del
retroactivo al que haya lugar por el reconocimiento pensional ordenado en
precedencia, los valores cancelados por concepto de devolución de aportes.
4.2.
EXPEDIENTE T-5.173.997.
4.2.1.
Resumen.
La
señora Gloria Patricia Castaño Leiva demanda al juez de tutela proteger
sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, dignidad
humana, seguridad social, mínimo vital y móvil, vida digna y a la seguridad
social, presuntamente vulnerados por la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones- al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez, por
no acreditar el requisito de las cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los
tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, a pesar de que
afirma sí cumplirlas.
4.2.2.
Examen de procedencia.
Conforme a lo narrado en los
antecedentes del caso objeto de estudio, es claro que las pretensiones de la
acción están orientadas a que se ordene a través del medio exceptivo de la
tutela el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a la señora Gloria Patricia Castaño Leiva, por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -, en razón a la
enfermedad crónica que padece, la cual le ha ocasionado una pérdida progresiva
de la capacidad laboral, según el certificado de aptitud médica allegado al
expediente a folio 33.
Sin embargo, no puede pasar por alto esta Corporación, que del material
probatorio que obra en el plenario, allegado en el trámite de la segunda instancia,
y del oficio remitido el veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), por
Colpensiones a esta Corporación, es claro que mediante Resolución No. GNR
153520 del veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015), la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones – le reconoció a la señora Leiva Castaño
la prestación aquí reclamada.
El mencionado acto administrativo, dispuso:
“ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de una pensión de
invalidez a favor de la señora CASTAÑO LEIVA GLORIA PATRICIA, ya
identificada, en los siguientes términos y cuantías:
Valor mesada a 1 de junio de 2015 = $644.350.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación será ingresada en la
nómina de 201506 que se paga en 201507en la central de pagos del banco POPULAR
C P 2DA QUINCENA de la ciudad de IBAGUÉ CL 10 3 55.
ARTÍCULO TERCERO: a partir de la inclusión en nómina de la
presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la
ley 100 de 1993 en SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD.”
Por lo tanto, es claro que en el presente caso se configura el fenómeno de
la carencia actual de objeto por hecho superado; argumento suficiente para que
esta Corte se abstenga de estudiar el fondo del asunto y por ende de proferir
alguna orden relacionada con el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
de la señora Castaño Leiva, toda vez que la entidad demandada ya le otorgó la
prestación requerida.
No
obstante como quiera que el juez constitucional de primera y segunda instancias
denegaron erradamente el amparo de los derechos fundamentales invocados, por
contar la accionante con otro medio de defensa judicial, desconociendo las
pruebas allegadas al expediente, procederá esta Corporación a revocar dichos
fallos, para en su lugar declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.
5.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
En el expediente T-5.160.943, REVOCAR la sentencia
proferida por Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali del veinticinco
(25) de junio de dos mil quince (2015), que confirmó la sentencia de primera
instancia de fecha quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), del Juzgado
Veinticuatro Civil Municipal de Santiago de Cali, en cuanto declaró
improcedente la acción, por contar el tutelante con otro mecanismo de defensa
judicial idóneo y, En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos
fundamentales a la vida, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad
y a la dignidad humana del señor Walter Arango Yepes.
SEGUNDO. ORDENAR a
Porvenir S.A., que proceda, en el término de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, a reconocer y pagar
la pensión de invalidez a favor del señor Walter Arango Yepes; a partir de la
última cotización al sistema. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO.
ORDENAR a
Porvenir S.A. descontar
del retroactivo al que haya lugar por el reconocimiento pensional ordenado en
el numeral anterior, los valores cancelados al señor Walter Arango Yepes por
concepto de devolución de aportes.
CUARTO.
En el expediente T-5.173.997, REVOCAR la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el
treinta (30) de junio de dos mil quince (2015), mediante la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué
el diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), que negó el amparo de los
derechos fundamentales de la señora Gloria Patricia Castaño Leiva y, en su
lugar, se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, de conformidad
con las consideraciones hechas en esta providencia.
QUINTO. LÍBRESE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERENESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia T-612 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[2] MP, Rodrigo Escobar Gil.
[3] Sentencia SU-540 de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[4] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[5] Ibíd.
[6] Sentencias T- 291 y T-197 de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, las cuales reiteraron la sentencia T-233 de 2006, en la cual esta
Corte adoptó la expresión hecho superado para referirse a la muerte del
accionante en la tutela. En esa providencia se afirmó que si el accionante
muere durante el trámite de la tutela, ésta pierde sentido por carencia
actual de objeto, por cuanto la decisión tendiente a proteger los derechos
invocados resulta ya inocua.
[7] Sentencia T-170 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[8] Sentencia T-585 de 2010,
M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
[9] Sentencia T-612 de 2009, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
[10] Sentencia T-459 de 1992. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[11] Sentencia T-417 de 2013. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[12] Sentencia T-550 de 1993. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[13] Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[14] Ver sentencia T-550 de 1993.
[15] Esta presunción fue establecida por el
legislador delegado en el decreto 2591 de 1991.  Sobre la misma se
pronunció tangencialmente la Corte en sentencia T-001 de 1997 en la cual la
Corte resuelve el caso de abogados que presentaron acción de tutela como agentes
oficiosos sin demostrar la indefensión de los agenciados, la Corte niega la
tutela por que no se configura  la agencia oficiosa y no se reúnen los
requisitos  para el apoderamiento judicial, afirmó la Corte: “Los poderes
se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no
presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien
apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello
aparezca acreditado”.
[16] En la sentencia T-001 de 1997 la Corte
afirmó que por las características de la acción “todo poder en materia de
tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el fin específico y
determinado de representar los intereses del accionante en punto de los
derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en
relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.”
[17] En este sentido la Corte ha acogido las
disposiciones del código de procedimiento civil en la materia, así en la
sentencia T-530 de 1998 acoge y aplica la disposición del artículo 65 inciso
1º: “En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de
modo que no puedan confundirse con otros.”
[18] En este sentido en la en la sentencia
T-695 de1998 la Corte  no concedió la tutela impetrada debido a que el
abogado quien presentó la tutela pretendió hacer extensivo el poder recibido
para el proceso penal al proceso de tutela. En esta oportunidad la Corte
reiteró la doctrina sentada en la sentencia T-550 de 1993 oportunidad en la
cual la Corte afirmó:  “De otro lado, debe desecharse la hipótesis de que
el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al propósito de
intentar la acción de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se
trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela tiene un
carácter informal, también lo es que tal informalidad no lleva a presumir la
existencia de un poder que no se presentó y que es necesario allegar siempre
que se ejerza la acción de tutela a nombre de otro y a título
profesional”  En un sentido similar ver sentencia T-002 de 2001, en la
cual la Corte afirmó que la condición de apoderado en un proceso penal no
habilita  para instaurar acción de tutela, así  los  hechos en
que se esta se fundamenta tengan origen en el proceso penal.
[19] En la sentencia  T-530 de 1998 la
Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte
civil en un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de
tutela, consideró que el a-quo no debió darle trámite al
respectivo proceso  debido a que el  abogado no allegó el poder
respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso.  En este sentido
aseveró que  “Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la
parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe
desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal
es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme
al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente
para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción
de tutela.”
[20] En la sentencia T-207 de 1997 la Corte se
extendió en consideraciones acerca de la informalidad, propia de la acción de
tutela y de sus implicaciones frente al ejercicio de la misma.  Con
respecto al apoderamiento judicial como excepción al principio de informalidad
de la acción señaló: “Caso distinto es el de quien ejerce la acción de
tutela a nombre de otro a título profesional, en virtud de mandato judicial,
pues es evidente que en tal caso actúa dentro del marco legal y las reglas
propias del ejercicio de la profesión de abogado, razón por la cual debe
acreditar que lo es según las normas aplicables (Decreto 196 de 1971).
Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio,
que se concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los
intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo
apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias
judiciales y que responderá por su gestión.”
[21]  Sobre la obligatoriedad de que la
representación  judicial en tutela sea asumida por abogados en ejercicio
no existe regulación expresa ni en la Constitución ni en los decretos
reglamentarios de la acción de tutela, ante este vacío la Corte en sentencia
T-550 de 1993  mediante  interpretación sistemática del ordenamiento
jurídico,  a partir de las  disposiciones generales sobre representación
judicial y en especial a partir de la disposición del artículo 38 del decreto
2591 de 1991 (que  señala las faltas  para los abogados que promuevan
irregularmente acciones de tutela) concluyó que esta disposición no tendría
sentido  sino se entendiera que la representación judicial  sólo
pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio.
[22] M.P. Mauricio González Cuervo.
[23] Ver entre otras las sentencia
T-531 de 2002 y T-552 de 2006.
[24] Ver artículo 10 del decreto 2591
de 1991.
[25] Artículo 65, inciso 1º del Código
de Procedimiento Civil.
[26]  En este sentido, ver entre otras, las sentencias T-695
de1998 y T-550 de 1993.
[27]  En la sentencia  T-530 de 1998 la Corte al
revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte civil en
un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela,
consideró que el a-quo no debió darle trámite al respectivo
proceso  debido a que el  abogado no allegó el poder respectivo ni
manifestó su calidad de agente oficioso.  En este sentido aseveró
que  “Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la parte
civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse
esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal es la parte
civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme al poder
específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente para la
actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción de
tutela.”
[28] T-207 de 1997. M.P. Gregorio
Hernández Galindo.
[29] Ver entre otras, las sentencias
T-550 de 1993 y T-531 de 2002.
[30] Artículo 13 del Decreto 196 de
1971.
[31] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[32]  Artículo 10, decreto 2591 de 1991, Legitimidad e
interés.   Segundo inciso: (...) “También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el  titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.”
[33]  Este principio es encuentra consagrado en el artículo
2 de la Constitución,   sobre el enunciado del mismo, se pronunció la
Corte en sentencia T-011 de 1993 y afirmó que “Cuando la Constitución
colombiana habla de la efectividad de los derechos  (art., 2
C.P.)  se refiere al concepto de eficacia  en sentido estricto,
esto es,  al hecho de que las normas determinen la conducta ciudadana
por ellas prescrita y, además logren la realización de sus objetivos, es decir
realicen sus contenidos materiales y su sentido axiológico.”
[34] En la Sentencia T-603 de 1992 la
posibilidad del agenciamiento de derechos ajenos en materia de tutela
constituye desarrollo “lógico”  del principio de prevalencia de los
aspectos sustantivos  sobre los aspectos formales.  Así también en
sentencias T-044 de 1996 en la cual la Corte afirmó que con la agencia oficiosa
“Se trata una vez más de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por
encima de  formalidades externas, en una manifestación de la prevalencia
del derecho sustancial...”
[35] En la sentencia  T-029 de
1993 la Corte se pronuncia sobre la acción de tutela interpuesta por dos
personas a favor de un tercero que se encontraba en estado de indigencia, con
el fin de lograr la protección del derecho a la igualdad  y a la vida en
condiciones dignas, a pesar de que en este caso se niega la tutela, la Corte
acepta el agenciamiento de  derechos debido al “estado de postración e
indigencia” y a las “especiales condiciones mentales” en que se encontraba el
agenciado lo que le representaba encontrarse imposibilitado para velar por la
protección de sus derechos fundamentales. Y seguidamente  afirma que “tal
protección debería proveerse cuando la soliciten personas que actúan en
desarrollo del principio de solidaridad previsto en el artículo 1 de la
Constitución.”   Igualmente en la sentencia T-422 de 1993  la
Corte  confirma la sentencia del ad-quem en la que se negaba la
tutela en el sentido de  que efectivamente el demandante en el caso,
omitió expresar en la solicitud, las circunstancias que impedían a los
titulares de los derechos promover su propia defensa.  Y Sin embargo
después de afirmar que “el mejor vocero del derecho es quien debe  en
primer término buscar su protección judicial”  incluye la excepción que
justifica la agencia oficiosa: “salvo  que se encuentre en imposibilidad
circunstancial  de promover su propia defensa” y recurre  nuevamente
al principio de solidaridad al afirmar que en este momento “la solidaridad
social está llamada a abogar por su causa, que en últimas, tratándose de las
violaciones a los derechos fundamentales es la de todos los miembros de la
comunidad.”
[36] Sobre el requisito de manifestar
que se actúa bajo tal condición y que el agenciado  se encuentra en
imposibilidad de promover su defensa, la Corte ha realizado interpretaciones
dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias del caso.  Por
ejemplo en la Sentencia T-555 de 1996 la Corte resolvió el caso de un agente
oficioso (estudiante de consultorio jurídico) que promovió tutela a favor de
una persona para lograr protección de su derecho a la no reformatio in pejus, y no manifestó la circunstancia
de imposibilidad de promover su propia defensa en la cual aquel se encontraba.
En esta oportunidad   la Corte concedió la tutela bajo la idea según
la cual los derechos involucrados tenían además una dimensión objetiva que
hacía imperiosa su protección, por lo cual “en aquellos casos en que, como en
el presente, se encuentra de por medio la efectividad de un derecho fundamental
con dimensiones de carácter objetivo y la violación a este derecho es manifiesta
y constatable prima facie, el
agente oficioso - en razón de la naturaleza del derecho fundamental cuya
vulneración se debate - actúa, adicionalmente, en nombre de un interés general,
que supera el interés individual de la persona cuyos derechos agencia.”
[37] Sobre la posibilidad de inferir la
situación de imposibilidad de promover la propia defensa, la Corte se pronunció
en sentencia T-452 de 2001 en este caso la Corte revisó la sentencia de un juez
que negó la tutela de los derechos de un agenciado bajo el argumento de que el
agente no señaló expresamente la situación en que aquel se encontraba y que le
impedía promover su propia defensa, no obstante que en el escrito tal situación
se mostraba como evidente.  En esta oportunidad la Corte consideró la
posibilidad de pronunciarse de fondo  tras aceptar la existencia de una “agencia
oficiosa tácita” ya que según la Corte “la exigencia de estos requisitos (la
manifestación de la imposibilidad) no puede interpretarse formalmente, es decir, su cumplimiento no está
supeditado a la existencia, dentro de la petición de tutela, de frases
sacramentales o declaraciones expresas que den cuenta de la agencia oficiosa,
pues bien puede ocurrir -como en el caso que es objeto de estudio en esta
oportunidad por parte de la Corte- que las circunstancias que impiden que una
persona actúe a nombre propio, justificando la intervención oficiosa de otro,
sean hechos que se desprenden naturalmente de la narración hecha por el
petente...” Además  esto fue posible porque la Corte constató que el
agenciado no corría riego alguno por el acto de  la agencia, lo cual para
la Corte sólo es posible  “siempre que exista  un respaldo fáctico
del cual se pueda deducir –no simplemente presumir- que se está realizando un
acto a favor de otro.”
[38] En la sentencia T-342 de 1994 dos
personas actuando como agentes oficiosos para la defensa de los derechos
fundamentales a la diversidad étnica y consecuencialmente los derechos a la
igualdad, autonomía, libertad de conciencia, libertad de expresión  etc.,
de la comunidad indígena  nómada Nukak Maku  debido a que una
asociación  asentada en un lugar estratégico en el departamento del
Guaviare  había comenzado una serie de actividades dirigidas a la catecumenización
y reducción cultural de los indígenas,  La Corte decidió que la agencia
oficiosa era en ese caso procedente, porque además de haberlo manifestado
expresamente,  “las circunstancias  actuales de aislamiento
geográfico, desconocimiento jurídico, incapacidad económica y limitaciones de
lenguaje que presentan los integrantes de dicha comunidad, se corroboró que
éstos no están  en condiciones de promover su propia defensa.”  De
esta forma se amplía notablemente el referente de la expresión del decreto 2591
de 1991 “no encontrarse  en condiciones físicas” pues no se alude con el
mismo solamente a incapacidad estrictamente física como limitación corporal,
sino que alude a un marco más amplio de condiciones materiales.
[39] En la sentencia T-414 de 1999 el
padre de  una persona mayor de edad enferma mental, actuando como agente
oficioso presenta acción de tutela con el fin de lograr la protección de los
derechos a la salud  y a la seguridad social de su hija.  La Corte
frente al requisito de  “las condiciones para promover su propia defensa”
en el presente caso afirmó que  “...para la procedencia de la agencia
oficiosa es indispensable no sólo que el agente oficioso afirme actuar como
tal, sino que además demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado
se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por
circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que
pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de
indefensión que le impida acudir a la justicia.” (subrayas fuera de texto).
[40] En la sentencia T-422 de 1993
según la Corte “No corresponde a la esencia de la agencia oficiosa y tampoco se
aviene a su naturaleza, exigir la configuración de una relación formal entre el
agente y los titulares de los derechos que no están en condiciones de promover
su propia defensa. Por el contrario, se trata de una relación de hecho que
puede reclamar efectos jurídicos válidos y desplegar eficacia representativa si
se cumplen los requisitos previstos en la ley.” Reiterada en Sentencia T-421 de
2001.
[41] En este predicado, propio de la
agencia oficiosa,  se  concreta el principio constitucional de
solidaridad  de tal forma que la posibilidad de agenciar derechos ajenos
está abierta para cualquiera persona,  en este sentido no se requiere la
existencia de relación  alguna, ya sea con fundamento en la filiación, el
parentesco o en relaciones contractuales específicas. Así por ejemplo en el
caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales de menores en la
sentencia  T-408 de 1995. La Corte  concedió la tutela en un proceso
promovido por la abuela de una menor quien actuaba como agente oficiosa de su
nieta para proteger su derecho fundamental a no ser separada de su madre,
debido a que el padre se negaba a permitirle a su hija visitar a su madre por
encontrarse privada de la libertad.  Frente a la posibilidad  de
presentar acción de tutela como agente oficioso de menores afirmó:
“...cualquiera persona está legitimada para interponer acción de tutela en
nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la
inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia
de representante legal.”  Igualmente ver la sentencia T-029 de 1993
caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales del indigente,  o la
sentencia T-422 de 1993 caso de la agencia oficiosa de los derechos de los
vecinos.
[42] El requisito de ratificación se
introduce de una manera incipiente pero determinante en la Sentencia T-044 de
1996. En este caso no se concede la tutela pretendida por un falso agente
debido a que la agenciada no  ratificó ni los hechos ni las pretensiones
de la acción incoada.   En la Sentencia T-277 de 1997 el agente
oficioso esposo de la titular del derecho a la salud, interpone acción de
tutela con el fin de que se ordenará una intervención quirúrgica, la  titular
con posterioridad se dirigió al juzgado y ratificó los hechos y las
pretensiones, por lo cual la Corte consideró que se configuraba en el caso la
legitimación en la causa, por consiguiente consideró procedente entrar al
examen de fondo sobre los hechos.   Para la Corte en este caso el
requisito de ratificación se encuentra implícito en el requisito de
“imposibilidad de promover la propia defensa”  reforzado con los
argumentos del respeto tanto a la autonomía personal  (art., 16)
como a la dignidad humana (art., 1) sobre estas consideraciones ver sentencia
T-503 de 1998.
[43] En la sentencia T-088 de 1999 la
Corte reiterando jurisprudencia   concluyó que el abogado, quien
actuaba como  apoderado del interesado para obtener  cumplimiento de
un fallo de tutela anterior,  carecía de poder especial para el caso
y  no actúo como agente oficioso,  En esta ocasión resolvió la
Corte  que no vale el poder otorgado para  tutela anterior por lo
cual negó el amparo.  Igualmente frente al tema de la ratificación afirmó
que por haberse presentado en sede de revisión, además de ser improcedente en
el caso, la misma era inoportuna.
[44]  Así fue reconocido en Sentencia T-315 de 2000 caso en
el cual el hermano de un enfermo grave presentó tutela como agente oficioso con
el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de aquel al
trabajo y al mínimo vital, la Corte afirmó que el hermano del agenciado actuó
“válidamente como agente oficioso... lo que permite a la Sala pasar al examen
de fondo de los hechos objeto de proceso.”
[45] Asumiendo una postura más estricta
frente al  requisito de la manifestación que debe hacerse sobre la
imposibilidad de defenderse en que se encuentra el agenciado la Corte afirmó
que en su ausencia el juez debería proceder a rechazar de  plano  la
acción, así en Sentencia T-555 de 1996 (referida en sentencias SU-707 de 1996 y
T-414 de 1999) “si del escrito mediante el cual el agente oficioso demanda el
amparo constitucional de los derechos de su agenciado no surge, de manera clara
y expresa, que éste último se encuentra en absoluta imposibilidad de defender
sus derechos por sí mismo, la acción de tutela deberá ser rechazada de plano,
sin que al juez le esté autorizado entrar a estudiar ninguna de las cuestiones
de fondo que se han sometido a su conocimiento.”
[46] Así en la sentencia T-573 de 2001
oportunidad en la cual la Corte confirmó la sentencia del ad-quem en
el sentido de revocar la sentencia  del a-quo  que
concedió la tutela de los derechos del agenciado, pues se comprobó que la
enfermedad del agenciado no le impedía promover su propia defensa y además el
agente no  manifestó expresamente que el agenciado no se encontraba en
condiciones para promover la acción en el escrito de acción de  tutela,
por lo cual consideró la Corte que en este caso se configuró “la falta de
legitimación en la causa.”
[47] Sobre la importancia de consultar
las circunstancias propias del caso concreto ver sentencia T-555 de 1996
sentencia T-452 de 2001 y sentencia T-573 de 2001 en esta última la Corte
afirmó que el eventual análisis garantiza “no sólo la adecuada y oportuna
protección de los derechos fundamentales, sino que también  permite evitar
que se acuda a este mecanismo cuando ello no resulta indispensable, o el
presuntamente afectado no considera vulnerado o amenazado su derecho.”
[48] Aunque no en estos términos así lo
afirmó la Corte en sentencia T-555 de 1996 en el sentido de afirmar que los
jueces deben proveer por  “llevar a cabo una defensa cabal, adecuada y
oportuna de los valores, principios y derechos constitucionales, la cual no
sería posible si la agencia oficiosa, en materia de tutela, se rigiera por
reglas inflexibles que no respondieran a las particularidades de cada situación
concreta." Afirmación reiterada en la sentencia T-452 de 2001. Oportunidad
en la cual la Corte consideró que el juez como garante del principio de
eficacia de los derechos fundamentales debe adelantar una conducta activa
en materia probatoria con el objeto de establecer con precisión los hechos y
afirmaciones puestos a su consideración en los escritos de tutela.
[49] Una integración normativa de la
figura de la agencia oficiosa del código de procedimiento civil, dirigida a
incluir tales exigencias en sede de tutela resultaría abiertamente contraria a
la Constitución.  Dice el artículo 47: “Agencia oficiosa procesal.
Se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder,
siempre que esté ausente o impedido para hacerlo;  para ello bastará
afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la
presentación de aquella.  El agente oficioso deberá prestar caución dentro
de los diez días siguientes a la notificación a él del auto que admita la
demanda, para responder de que el demandante la ratificará dentro de los dos
meses siguientes. Si este no la ratifica, se declarará terminado el proceso y
se condenará al agente, a pagar las costas y los prejuicios causados al
demandado.  La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación
al demandado del auto admisorio de la demanda,  El agente deberá obrar por
medio de abogado inscrito, salvo en los casos exceptuados en esta ley.”
[50]  Por lo cual se encuentra “desprovista de
requisitos tales como la caución y la ratificación posterior de los
interesados principales, que en otro tipo de diligencia se exigen”  esto
se explica también a partir de la naturaleza “informal” y “sumaria” del proceso
de tutela.  Así en sentencia T-452 de 2001.
[51] En este sentido la Corte en
Sentencia T-422 de 1993 afirmó  “La disciplina normativa de la acción de
tutela se inspira en un amplio designio cautelar y elimina, en este campo,
exigencias estrictas que ordinariamente se establecen para la agencia oficiosa
procesal, tales como la caución y la ratificación posterior de los interesados
principales. El régimen legal aplicable a la acción de tutela reduce al mínimo
los requisitos de esta modalidad de intervención judicial.”
[52] Esta idea subyace en la Sentencia
T-044 de 1996 caso en el cual un agente oficioso recurrió abusivamente al
ejercicio de la figura con el objetivo de obtener decisión judicial favorable a
sus propios intereses,  en las consideraciones la Corte resaltó la finalidad
de la figura de la agencia oficiosa a partir de la realización de los
principios constitucionales (eficacia de los derechos fundamentales (arts., 2 y
86) y prevalencia del derecho sustancial art., 228), introdujo algunos
elementos dirigidos a reconocer la exigencia de la ratificación del
agenciado  y reprochó la conducta del falso agente.  En este caso no
se concedió la tutela porque se pudo comprobar que la supuesta agenciada no
tenía interés en la causa al no encontrarse afectados o vulnerados derechos
fundamentales.
[53] M.P. Mauricio González Cuervo.
[54]  Así fue reconocido en Sentencia T-315 de 2000 caso en
el cual el hermano de un enfermo grave presentó tutela como agente oficioso con
el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de aquel al
trabajo y al mínimo vital, la Corte afirmó que el hermano del agenciado actuó
“válidamente como agente oficioso... lo que permite a la Sala pasar al examen
de fondo de los hechos objeto de proceso.”
[55] Sentencia T-095 de 2005. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[56] Sentencia T-434 de 2008,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[57]Ver entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de diciembre de 2005,
M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de mayo de 2005,
M.P. Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 de mayo de 2004,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[58]Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[59]Sentencia T-456 del 11 de mayo de 2004; M.P. Jaime Araujo Rentería.
[60] Sentencia T-860 del 18 de agosto de 2005 y SU-1354 de 2000.
[61]Sentencias T-495 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1014 de
2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-354 de 2005,
M.P. Rodrigo Escobar Gil y; T-338 de 2004,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[62]Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias SU-062
de 1999, T-429 del 29 de mayo de 2002,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-020 del 23 de enero de 2003,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[63]Sentencia T-468 del 12 de junio de 2007,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto en la cual se afirmó que: Una vez ha
sido provista la estructura básica sobre la cual ha de descansar el sistema de
seguridad social, lo cual, además de los elementos ya anotados – prestaciones y
autoridades responsables -; a su vez supone el establecimiento de una ecuación
constante de asignación de recursos en la cual están llamados a participar los
beneficiarios del sistema y el Estado como último responsable de su efectiva
prestación, la seguridad social adquiere el carácter de derecho
fundamental,  lo cual hace procedente su exigibilidad por vía de tutela.
[64] Organización de los Estados Americanos,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El acceso a la justicia como
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares
fijados por el sistema interamericano de derechos humanos” OEA/Ser. L/V/II.129
Doc. 4, 7 de septiembre de 2007.
[65] MP. Humberto Antonio Sierra Porto
[66] 39° período de sesiones del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
[67] De manera textual el Comité señaló lo
siguiente: ´El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental
para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias
que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos
en el Pacto´”.
[68] Sentencia T-658 de 2008.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[69] Sentencia C-1141 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[70] M.P. Fabio Morón Díaz.
[71] Ver artículos 41,42 y 43 de la Ley 100 de
1993.
[72] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[73] M.P. Mauricio González Cuervo.
[74] Sentencia C-428 de 2009. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[75]
Artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y Decreto 917 de 1999. En la sentencia T-163
de 2011, M.P. María Victoria Calle, se estableció: (i) En los casos que se
enmarcan dentro del presupuesto señalado, la fecha de estructuración no
responde a este criterio; por el contrario, se establece en un momento en que
los síntomas de la enfermedad -crónica, degenerativa o congénita- se hacen notorios,
pero no son definitivos. (ii) El artículo 3 del Decreto
917 de 1999 (Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995 -por el cual
se adopta el Manual Único para la Calificación de la Invalidez.-) define la
fecha de estructuración de la invalidez como “la fecha en que se genera en
el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y
definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la
historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior
o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona
reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las
prestaciones derivadas de la invalidez”.
[76] Sentencia T-163 de 2011,
M.P. María Victoria Calle.
[77] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[78] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-505 del 28 de agosto de 1992 y T-271 del 23
de junio de 1995.
[79] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias
T-484 del 11 de agosto de 1992, T-185 del 28 de febrero de 2000, T-1181 del 4
de diciembre de 2003, T-010 del 15 de enero de 2004 y T-260 del 17 de marzo 17
de 2004, entre muchas otras.
[80] Sentencia T-505 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[81] Sentencia SU-256 de 1996. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[82] Sentencia T-1283 de 2011.
[83] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[84] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[85] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[86] El caso concreto se trató de una persona
con VIH-SIDA, con pérdida de capacidad laboral de 65.75% y fecha de
estructuración de la invalidez del 23 de junio de 2002. Solicitó la pensión de
invalidez, pero el fondo de pensiones se la negó bajo el argumento de no reunir
las semanas de cotización requeridas a la fecha de estructuración de su
invalidez. En las consideraciones de la sentencia, la Sala estimó que a pesar
de su enfermedad, el actor pudo seguir cotizando al Sistema hasta completar las
semanas mínimas de cotización requeridas, exigidas por la Ley 860 de 2003. Se
ordenó, entonces, el reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta todas la
semana cotizadas por el accionante, hasta el momento en hizo su solicitud de la
pensión.
[87] M.P. María Victoria Calle Correa.
[88] Sentencias T-505 de 1992; T-502 de 1994;
T-271 de 1995; C-079 de 1996; T-417 de 1997; T-328 de 1998; T-171 de 1999;
T-523 de 2001; T-925 de 2003, T-326 de 2004; T-1064 de 2006 y T-550 de 2008,
entre otras.
[89] Sentencia T-505 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[90] M.P. Humberto Sierra Porto.
[91] M.P. María Victoria Calle Correa.
[92] M.P. María Victoria Calle Correa.
[93] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[94] Sentencia T-292 de 1995. M.P. Fabio Morón
Díaz.
[95] Ver Sentencias T-026 de 2003; T-1282 de
2005, T-077 de 2008.
[96] Sentencia T-452 de 2009. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez.
[97] En el mismo sentido las sentencias T-1064
de 2006, T-469 de 2004 y SU-647 de 1997
[98] M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[99] Sentencia T-163 de 2011,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[100] M.P. Humberto Sierra Porto.
[101] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[102] M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[103] M.P. Humberto Sierra Porto.
[104] Ver,
entre otras, Corte Constitucional, Sentencia T-378 de 1997.
[105] Sentencia T-841 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[106] La Corte Constitucional colombiana ha reconocido que las
observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité
DESC), intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ayudan a definir el contenido y alcance de los derechos
económicos sociales y culturales. Sobre este tema pueden verse, entre otras,
las sentencias T-200 de 2007 y T-1248 de 2008.
[107] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[108] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.