T-993-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-993/05
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD FINANCIERA-Procedencia por prestación de servicio público
ENTIDAD FINANCIERA-Reliquidación y
redenominación de créditos en moneda legal a UVR es una disposición expresa del
legislador
ENTIDAD FINANCIERA-Informó a la usuaria
de la redenominación del crédito hipotecario
DEBIDO PROCESO EN ENTIDAD FINANCIERA-Inexistencia de vulneración en la redenominación del crédito hipotecario
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD FINANCIERA-Improcedencia por encontrarse en curso proceso ordinario
DERECHO DE PETICION-Inexistencia de
vulneración al darse respuesta oportuna y de fondo
Referencia: expediente T-1107655
Peticionaria: Julieta Isabel Mejía Arcila
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial –Sala de
decisión Civil y de Familia- Armenia, Quindío.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D. C., veintinueve (29) de septiembre
de dos mil cinco (2005)
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra –quien la preside-,
Humberto Antonio Sierra Porto y Álvaro Tafur Gálvis, ha
proferido la presente
S E N T E N C I A
en la revisión
del fallo adoptado por la Sala de decisión Civil y de Familia del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Quindío, en el proceso de tutela adelantado
por Julieta Isabel Mejía Arcila, en contra del Banco
Granahorrar.
El expediente de
la referencia fue seleccionado el 20 de mayo de 2005 por Auto de la Sala de
Selección Número Cinco de la Corte Constitucional.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos de
la demanda
Los hechos de la
demanda son consignados así por la tutelante.
a.
La peticionaria adquirió un crédito hipotecario
con el Banco Central Hipotecario, en 1997, por un valor de ochenta millones de
pesos ($80’000.000)
b.
El crédito fue pactado a 20 años con una tasa
del 9.5%, más el índice de variación del DTF.
c.
En 1998, el Banco Central Hipotecario concedió
a la demandante un beneficio por buen manejo del crédito, consistente en la
reducción de la tasa de interés. Así, en adelante, los intereses se calcularon
sobre el 8.0%, más la variación del DTF.
d.
En el año 2000, el Banco Central Hipotecario
cedió el crédito a Granahorrar.
e.
La peticionaria fue beneficiaria de la
reliquidación de crédito ordenada por el Gobierno Nacional con ocasión de la
crisis del sistema de financiación de vivienda.
f.
Asegura que Granahorrar reliquidó el crédito de
vivienda pero que los dineros resultantes de aplicar el beneficio los utilizó
para cubrir una mora, que era inexistente, circunstancia que fue objeto de
oportuno reclamo por la peticionaria, a quien le
informaron que el dato de la mora era resultado de un error derivado del
empalme con el BCH. La demandante afirma que las cuotas se pagaban
cumplidamente.
g.
Señala que Granahorrar, de manera unilateral y
abusando de su posición dominante, modificó las
condiciones del crédito que tenía en pesos, pues lo transformó en crédito de
UVR con la máxima tasa de intereses permitida, que es del 13.92%.
h.
Así, sostiene que la entidad crediticia modificó
un crédito en pesos, con tasa de interés variable del
8%, en un crédito de UVR, con la mayor tasa de intereses permitida -del 13.92%-
con lo cual la deuda total, después de siete años de abonos representativos de
$140’000.000, supera el valor comercial del inmueble y
asciende a los $150’000.000.
i.
Adicionalmente, indica que el alivio que se le
concedió al crédito fue “reversado”, tal como se evidencia al constatar el
monto de la deuda a 31 de diciembre de 1999, que ascendía a 107’153.435, con el
saldo de la deuda a 2 de enero de 2000, que era de
125’546.464, diferencia equivalente a dicho alivio.
j.
Alega que las explicaciones de Granahorrar,
fundadas en circulares externas de la Superintendencia Bancaria, no son de
recibo, pues las entidades bancarias debieron aplicar
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad derivada de la Sentencia
C-995 de 2000 sin necesidad del instructivo del ente de control.
En escrito
aditivo de la demanda, la solicitante afirma que ha elevado varias peticiones a la entidad crediticia, con el fin de precisar los términos de su
reclamación, pero que las mismas han sido infructuosas. Por el contrario,
indica que Granahorrar le ha pedido que manifieste que se encuentra de acuerdo
con el abono que por concepto de liquidación de su
crédito ha hecho el banco, pero que dicha aceptación no la puede firmar, porque
ella no está de acuerdo con ese procedimiento, pues el suyo es un derecho
adquirido.
2. Razones de
la vulneración de los derechos fundamentales
La demandante asegura que la conducta de Granahorrar pone en peligro sus derechos
constitucionales y constituye un abuso de su posición dominante. Así, precisa
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional advierte que la entidad
crediticia no puede modificar unilateralmente la
situación jurídica creada a favor del particular, so pena de vulnerar su
derecho al debido proceso.
Además, señala
que también para las entidades bancarias opera el
principio del respeto al acto propio, por lo que las mismas no pueden revocar
unilateralmente los actos que crean una situación subjetiva de derecho. En este
sentido, recuerda que la Corte Constitucional ya ha abordado situaciones parecidas, como la estudiada en la Sentencia T-793 de
2004, en donde la Corporación aseguró que las entidades que conceden créditos
hipotecarios no están autorizadas para modificar los créditos de vivienda de
los deudores si no es con el consentimiento previo del
afectado.
3. Petición
La demandante
solicita que se ordene a la entidad accionada restablecer el crédito en pesos,
a la tasa inicialmente pactada. Así mismo, verificar si a dicho crédito se le
están capitalizando los intereses y que, de ser así, se
hagan los ajustes del caso.
Igualmente, la
demandante solicita que se ordene a Granahorrar aplicar el alivio reconocido
por la Ley de vivienda, que fuera reversado dos días después de aplicado, y que
se ordene a la misma entidad abonar a su crédito las
sumas de intereses que se han pagado de más. Finalmente, solicita que, hechos
los ajustes, se le informe el monto definitivo de su deuda.
En escrito
adicional de la demanda, la peticionaria afirma que ha elevado varias
solicitudes a Granahorrar en las que ha solicitado que
se tenga en cuenta su situación económica y ha ofrecido alternativas de pago
tendentes a resolver su situación crediticia, pero que las mismas no han sido
resueltas de fondo. En consecuencia, solicita que le sean respondidas de acuerdo con lo pedido.
4.
Contestación de la demanda
En memorial de
descargos, Granahorrar aseguró que, en primer lugar, la tutela de la referencia
resultaba improcedente en la medida en que la demandante contaba con otras vías
de defensa judicial para impugnar las decisiones
crediticias de la entidad bancaria, que no son actos judiciales ni
administrativos, sino meros actos mercantiles.
No obstante lo
anterior, la entidad hipotecaria advierte que los créditos de vivienda
concedidos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999
estaban pactados en pesos y UPACs y fueron transformados a créditos en UVR por
ministerio de la ley -disposición que fue encontrada ajustada a derecho por la
Corte Constitucional- por lo que, en cumplimiento de dicha previsión, el crédito de la peticionaria fue transformado a UVR el 1 de enero
de 2000, asignándosele un sistema de amortización 1, es decir, de cuota estable
en UVR.
Indica que la
redenominación de los créditos de vivienda en créditos de UVR es válida a la
luz de la normas que pretendieron que el sistema
reflejara el crecimiento de la economía y afirma que la corrección monetaria
como actualización del capital por efecto de la inflación no representa una
ganancia sobre el capital, por lo que no puede considerarse parte de los intereses. Agrega que la jurisprudencia constitucional
ha definido el tema y ha establecido que es legítima la redenominación del
crédito que opera por ministerio de la ley, siendo el caso de los créditos
conferidos por el Fondo Nacional del Ahorro un caso
distinto, cuyos presupuestos fácticos no son aplicables al asunto en mención.
5. Sentencia
de primera instancia
Por Sentencia
del 24 de febrero de 2005, el Juzgado Tercero de Familia de Armenia declaró
improcedente la tutela. Señaló que el debate sometido a
estudio tiene rango legal, respecto de obligaciones crediticias, y no involucra
la vulneración de derechos fundamentales.
Adicionalmente,
el despacho judicial considera que no son aplicables al caso las
consideraciones de la Sentencia T-006/05, que consagra
el principio del respeto por el acto propio de las entidades de crédito público
pues, de las pruebas aportadas al proceso se deduce que la demandante no probó
que Granahorrar hubiera revocado unilateralmente el abono que le hiciera al crédito de la peticionaria. Antes bien, del histórico crediticio de
la misma se tiene que no está probado que la deudora hubiera pagado
cumplidamente sus obligaciones comerciales.
Por último, el
despacho considera que la entidad de crédito no vulneró el derecho de  petición de la demandante, pues dio respuesta a las
solicitudes elevadas por la misma.
6. Impugnación
La demandante impugna la providencia desestimatoria e
insiste en que su derecho al debido proceso se vulneró desde que la entidad de
crédito decidió aumentar la tasa de intereses de su
crédito, de 8.0%, al 13.92% efectivo anual. Dice que esa tasa no es aplicable
al crédito concedido en pesos, en donde no se tiene en cuenta la inflación, y
que sólo se aplica a créditos en UVR.
Reitera que el Banco no podía
transformar unilateralmente la tasa de interés de su crédito, pues con ello
rompió el equilibrio económico del contrato. Por esto, sostiene que Granahorrar
abusó de su posición dominante, abuso que no podría enervarse en un proceso
ordinario cuya culminación ocurriría cuando ella ya
hubiera perdido su casa de vivienda, dado el incremento exorbitante de las
cuotas.
Dice que no acepta la afirmación del juez de primera
instancia, para quien no se demostró la revocación unilateral del abono al crédito de la peticionaria, pues del movimiento de cartera en línea
de Granahorrar se observa que el alivio decretado a su favor por el Gobierno
Nacional, efectivo a 31 de diciembre de 1999, fue revocado dos días después,
cuando el saldo en su contra se incrementó en
$19’927.542, pese a un abono de $1’515.200. Dice que este hecho se encuentra
debidamente probado, incluso con el recuento crediticio expedido directamente
por el banco.
Finalmente, asegura que el derecho de petición
implica la recepción de una respuesta de fondo a las
inquietudes del usuario, condición que no cumplieron las respuestas formales de
la entidad bancaria; y que los precedentes de la Corte Constitucional referidos
a tutelas interpuestas contra el Fondo Nacional del Ahorro son aplicables, pues se trata de situaciones materialmente idénticas a las
promovidas por Granahorrar.
7. Sentencia de Segunda Instancia
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quindío,
mediante providencia del 7 de abril de 2005, desató el recurso de apelación y resolvió confirmar la decisión de primera instancia. Considera
el Tribunal que la discusión sometida a estudio es de orden legal, involucra la
reliquidación de un crédito comercial y no puede ser presentada ante la
jurisdicción de tutela, encargada de la protección de
los derechos fundamentales. La improcedencia de la tutela deviene, además, de
que la misma no fue presentada como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Sostiene que los hechos narrados por la demandante no
coinciden con los que fueron objeto de pronunciamiento
por parte de la Corte Constitucional, pues en el precedente jurisprudencial se
demandó al Fondo Nacional del Ahorro, entidad de naturaleza jurídica especial
distinta a la de Granahorrar, al tiempo que dicha entidad
fue demandada por haber transformado el plazo de pago de los créditos ofrecidos
a sus clientes, mientras que la presente discusión se desenvuelve en el campo
de la modificación de los intereses promovida por la Ley 546 de 1999.
8. Pruebas decretadas por la Sala Novena de Revisión de Tutelas
Por Auto del 10 de agosto de 2005, la Sala Novena de
Revisión de Tutelas de la corte Constitucional solicitó a Granahorrar
información relacionada con el proceso de la referencia. En la providencia, la
Corte solicitó a la entidad financiera que respondiera
los siguientes cuestionamientos:
1)
¿Solicitó autorización el Banco a la deudora
hipotecaria para transformar su crédito de vivienda en pesos a UVR?
2)
¿Solicitó autorización
el Banco a la deudora hipotecaria para modificar la tasa de interés que se le
aplicó al crédito de vivienda de la deudora como consecuencia de la entrada en
vigencia de la Ley 546 de 1999?
3)
¿En qué fecha se realizó la reliquidación del
crédito de vivienda de la demandante?
4)
¿Cuál fue el monto total y definitivo del alivio
crediticio a que se hizo acreedora la demandante como consecuencia de lo
dispuesto para el efecto por la Ley 546 de 1999?
5)
¿Cómo se vio reflejado ese alivio en el saldo
adeudado por la demandante?
6)
¿Cuál es la razón de ser de la anotación que
figura en el extracto de movimiento de cartera del crédito de la demandante, en
la que se indica que, después de la reliquidación del crédito, este ascendió a
$108’006.435?
7)
¿A qué rubro de la deuda
fue abonado el alivio: a intereses o a capital?
8)
¿La demandante ha entrado en mora en el pago de
sus cuotas y, si es así, durante cuánto tiempo?
9)
¿Cuál es el saldo actual de la deuda de la
demandante?
10)
¿Ha intentado
Granahorrar llegar a un acuerdo de pago con la demandante?
A las preguntas de la Sala Novena, Granahorrar
respondió lo siguiente:
1)
La conversión del crédito a UVR operó por
ministerio de la ley, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, confirmado por la Circular
Externa 007 del 27 de enero de 2000. Así lo reconoció la Corte Constitucional
en la Sentencia T-212 de 2004. Adicionalmente, a la demandante se le informó,
en comunicación del 27 de junio de 2000, que el crédito
iba a ser redenominado.
2)
La modificación de la tasa de interés a que fue
sometido el crédito operó como consecuencia de la denominación del mismo en
UVR. La transformación del crédito de pesos a UVR condujo a la modificación del sistema de amortización.
3)
La reliquidación del crédito tuvo lugar el mayo
de 2000 y arrojó como resultado un alivio de $18’906.671. No obstante, la misma
fue revisada por la Superintendencia Bancaria que, en últimas, determinó un
nuevo valor, de $19’479.950, que fue aplicado al
crédito.
4)
El monto definitivo del alivio fue, entonces, de
$19’479.950.
5)
Inicialmente, el alivio se aplicó, en la suma de
$18’906.671, el 9 de marzo de 2001. No obstante, el
reajuste adicional decretado por la Superintendencia Bancaria se aplicó el 30
de noviembre de 2001. (Granahorrar transcribe los saldos a las fechas
indicadas)
6)
Granahorrar informa que la anotación hecha en el extracto de movimiento de cartera del crédito de la
demandante, en la que figura que después de la liquidación del crédito, el
mismo descendió a $108’006.435 corresponde al proceso de liquidación realizado
en 2000, que fue suministrado por el BCH, que no fue
avalado por la Superintendencia Bancaria, el cual no incluye el saldo
redenominado.
7)
El alivio aplicado al crédito de la demandante
fue aplicado a capital desde el 7 de diciembre de 2001, con la correspondiente
retroactividad al 1º de enero de 2000, a través de una
nota crédito por $6.796.040
8)
La demandante presenta mora en el pago de sus
obligaciones, así. Para el vencimiento del 2 de septiembre de 2004, sólo se
pagó $1’000.000 de un total de $2’190.418, siendo éste el último abono efectuado. La mora, a la fecha de expedición de esta
respuesta, era de $35’722.036
9)
El saldo total de la deuda a la fecha es de
$184’882.551
10)
Granahorrar ha intentado llegar a acuerdos con
la demandante, pero las propuestas no se encontraron viables.
Granahorrar informa a la Corte que en la actualidad
se tramita un proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de la
demandante contra el Banco Granahorrar, al tiempo que
se promovió un proceso ejecutivo hipotecario del Banco en contra de la
tutelante, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, en el que las
excepciones de mérito están sustentadas en los mismos argumentos que fueron expuestos como soporte de la acción de tutela de esta
referencia.
La demandante, Julieta Isabel
Mejía Arcila, a propósito del cuestionario remitido al Banco Granahorrar por la
Corte Constitucional, sostuvo lo siguiente:
1)
Señala que el Banco nunca le pidió autorización
alguna para convertir su crédito de pesos a UVR. Sobre este punto, aclara que
los créditos en pesos se convirtieron en créditos UVR siempre y cuando se
hiciesen las devoluciones de la DTF en exceso sobre la inflación. Precisa que,
tal como consta en el record del crédito, es notoria la omisión de la
metodología de aplicación y equivalencias contenidas en el mencionado decreto,
por lo cual debe entenderse que el Banco incumplió con sus obligaciones legales
y, por consiguiente, no se perfeccionó ni la redenominación ni la adecuación
documental, así como tampoco la reliquidación del crédito, en los términos
previstos por la mencionada ley, razones por las cuales el crédito no se podía
transformar de pesos en UVR.
2)
Dice que el Banco nunca le solicitó autorización
para transformar la tasa de amortización del crédito. Sobre el particular,
afirma que, consultado un asesor financiero, la tasa fue incrementada lo fue
unilateralmente y por encima de lo permitido, con lo cual se quebrantó el
artículo 17 de la Ley 549 de 1999.
3)
Advierte que la reliquidación no produjo efectos
financieros o económicos en los saldos, dado que al corte del 31 de diciembre
de 1991, el saldo quedó en $107’153.435 y al día siguiente se incrementó en
$113’615.924, dos días después de lo cual el crédito se incrementó hasta los
$125’565.778, no obstante el abono de $1’515.200 que se había hecho. Por lo
anterior, dice que no existe explicación razonable y que las imprecisiones no
fueron saneadas porque a partir del 3 de enero de 2000 el saldo nunca fue
inferior a 125’565.778.
4)
Dice que el alivio nunca se hizo, por lo que el
monto del mismo fue de cero pesos ($0.00)
5)
Sostiene que el alivio no se vio reflejado en el
saldo.
6)
Dice que si bien pueden aparecer registradas
presuntas moras de su parte, en realidad, el monto de sus derechos excede la
cuantía de las cuotas cobradas por el Banco, máxime cuando las mismas están
viciadas por la sobrefacturación del crédito.
7)
Advierte finalmente que
ha intentado llegar a un acuerdo con el banco, pero la entidad ha condicionado
el estudio de las propuestas a que firme un documento en el que manifieste que
el alivio otorgado fue correctamente aplicado.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°
de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia-Quindío, por la cual se resolvió en
segunda instancia la tutela de la referencia.
2. Problema
jurídico
En el caso
sometido a estudio, esta Sala abordará los siguientes problemas jurídicos: en
primer lugar, debe determinar si la acción de tutela es procedente contra
entidades financieras por vulneración de los derechos de los usuarios del
sistema financiero. Seguidamente, la Corte estudiará
las condiciones en que fueron convertidos a UVR los créditos de vivienda
pactados en pesos y cómo dicha conversión afectó el crédito de la tutelante. La
Sala también estudiará la conversión de la tasa de interés del crédito de la demandante y determinará si la misma se atuvo a los
lineamientos legales fijados en la materia. La Sala abordará la discusión
acerca del alivio al crédito de vivienda de la demandante, y de cómo afecta
dicha discusión el hecho de que exista un proceso
judicial ordinario en curso para resolver ese interrogante. Finalmente, se
estudiará la posible vulneración del derecho de petición de la demandante,
frente a las solicitudes elevadas a Granahorrar.
3.
Procedencia de la acción de tutela frente a entidades financieras
La
jurisprudencia constitucional reiterada ha señalado que la acción de tutela es
procedente contra entidades del sector financiero como reflejo de la posición
dominante y de privilegio que las mismas tienen en el esquema de la prestación
del servicio público financiero.
Mientras el
artículo 335 de la Carta Política advierte que la actividad financiera es de
interés público, la Corte Constitucional ha reconocido en ella el ejercicio de
un servicio público, razón de más para considerar que en desarrollo de su
posición dominante, las entidades financieras pueden vulnerar los derechos de
los usuarios al punto de afectar sus garantías fundamentales. En reciente
pronunciamiento, la Corte resaltó la posición de privilegio que las entidades
financieras tienen en el mercado y la posibilidad de que las decisiones
atentatorias de los derechos de los usuarios sean atacadas por vía de acción de
tutela:
“La Banca, de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional, ejerce un servicio público en razón
de la importancia que posee la actividad financiera en el marco de las
relaciones económicas entre los distintos agentes del mercado.  La captación de
recursos del público y el suministro del crédito son labores indispensables
para el desarrollo de múltiples actividades del conglomerado social,
preeminencia que llevó al constituyente a consagrar la necesaria inspección y
vigilancia estatal, junto con la necesidad de autorización previa para su
ejercicio.
(…)
…[L]as entidades financieras, en las actuaciones frente a sus
usuarios, tienen una posición privilegiada que las erige como verdaderas
autoridades ante ellos, condición que, a la vez que les otorga prerrogativas
superiores a la de los particulares, las obliga a ejercer las acciones
necesarias para garantizar el libre y adecuado ejercicio de los derechos
fundamentales de sus clientes y, entre ellos, el del debido proceso.”(
Sentencia T-083 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño)
Esta posición es
reiteración de la doctrina ya expuesta por la Corporación, en la que se enfatiza sobre el carácter público del servicio que prestan
las entidades financieras y se previene sobre la posibilidad de acudir a la
tutela para contrarrestar los efectos antijurídicos de la prestación de dicho
servicio.
“Ahora bien, pese a que no existe norma que de
manera expresa así lo determine[1], en el derecho Colombiano es claro que
la actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas características
así lo determinan. En efecto, la importancia de la labor que desempeñan para
una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el interés comunitario que
le es implícito, o interés público de la actividad y la necesidad de
permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción, indican que
la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público.
Así mismo, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha reconocido el carácter de servicio público de la
industria bancaria. Al respecto se dijo:
"la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de los recursos captados al público,
atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no
escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses
particulares (artículo 1º de la Constitución Política), lo cual se concreta en
el carácter de servicio público" [2]
En idéntico sentido, la Corte Suprema
de Justicia[3] y el Consejo de Estado[4] reconocieron el carácter de servicio público para
la actividad bancaria, antes de la promulgación de la actual Carta. No
obstante, su carácter no se discute en la doctrina del derecho administrativo. Sin embargo, cabe anotar
que, al tenor del artículo 56 superior, es diferente una actividad de
prestación de servicio público y una actividad dirigida a prestar un servicio
público esencial, esta última requiere de expresa disposición legal que así lo determine.
La Corte Constitucional ha dejado en
claro que si un particular asume la prestación de la actividad bancaria
adquiere una posición de supremacía material - con relevancia jurídica- frente
al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que,
por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho
constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial[5].
Por
consiguiente, las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria,
independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en
ejercicio de una autorización del Estado para cumplir uno de sus fines, que es
el de la prestación de los servicios públicos, por lo cual gozan de algunas
prerrogativas propias de la actividad, pero igualmente se obligan a cumplir
condiciones mínimas de derechos de los usuarios.” (Sentencia SU-157/99  M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
La afirmación de que la acción de tutela procede como garantía de
protección de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema financiero
incluye la protección del derecho al debido proceso. En este sentido, las
entidades del sector están en la obligación de adelantar los trámites
administrativos de los usuarios con el lleno de las garantías de su derecho de
defensa, en el marco de la protección de su derecho de propiedad y en el
contexto del respeto por las decisiones que constituyen manifestación de la
autonomía de su voluntad.
4. Análisis
del caso concreto
Luego de
establecido que la acción de tutela es mecanismo judicial idóneo para reclamar
la protección del derecho fundamental al debido proceso cuando el mismo se
reputa vulnerado por una entidad financiera, pasa la Corte a definir si el
comportamiento comercial de Granahorrar afectó injustamente los derechos
fundamentales de la peticionaria. Para tales efectos, la Sala estudiará uno a
uno los reproches elevados por la demandante respecto de la conducta asumida
por Granahorrar en relación con su crédito de vivienda.
En concreto, la
peticionaria considera que las siguientes decisiones de la entidad financiera son vulneratorias de su derecho fundamental al debido proceso:
a)
Granahorrar convirtió unilateralmente el crédito
que la demandante tenía en pesos, en crédito en UVR.
b)
Granahorrar modificó unilateralmente la tasa de
interés del crédito, que inicialmente era del 8.0% más
la tasa DTF nominal anual trimestre anticipado, al 13.92%, más la variación del
DTF.
c)
Granahorrar se abstuvo de abonarle al crédito de
la demandante el alivio decretado por la ley 546 de 1999.
d)
Granahorrar no ha resuelto suficientemente los
derechos de petición elevados.
a) Conversión del crédito de vivienda pactado en pesos a Unidades de
Valor Real (UVR)
La demandante
asegura que Granahorrar vulneró su derecho al debido proceso, al haber transformado
su crédito hipotecario en UVR, a pesar de haberse pactado en pesos, -en el año
de 1997-, tal como consta en el pagaré de crédito para comprador en moneda
corriente con tasa de interés variable del Banco Central Hipotecario, adosado a
folio 3 del expediente.
Granahorrar
explica que la transformación del crédito de pesos a UVR operó por ministerio
de la Ley, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 39 de la Ley 546 de 1999,
por lo que su decisión no constituye abuso de su posición dominante.
Para resolver
este primer interrogante, esta Corporación debe resaltar que, de conformidad
con el artículo 39 de la Ley 546 de 1999, que modificó el sistema de acceso al
crédito de vivienda, “los pagarés mediante los cuales se instrumenten las
deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en
UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por
ministerio de la presente ley”. Dice así la norma citada:
Artículo 39. Adecuación de los documentos
contentivos de las condiciones de los créditos. Los establecimientos de crédito
deberán ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los créditos
de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley a las disposiciones previstas en la
misma. Para ello contarán con un plazo hasta de ciento ochenta (180) días
contados a partir de la vigencia de la presente ley.
No obstante lo anterior, los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas,
cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su
equivalencia, en UVR, por ministerio de la presente ley.
Parágrafo 1°. La reliquidación de los créditos en los términos de que trata el presente capítulo y los correspondientes documentos en
los que consten las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo
plazo, no constituirá una novación de la obligación y por lo tanto, no causará
impuesto de timbre.
Parágrafo 2°.
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, y a solicitud de quien al 31 de diciembre de 1999, pueda acreditar
que se encuentra atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de otra
persona natural o jurídica, podrá requerir a las
entidades financieras para que actualicen la información y se proceda a la
respectiva subrogación, siempre y cuando demuestre tener la capacidad de pago
adecuada. Obtenida la subrogación, dichos créditos podrán ser objeto de los
abonos previstos en este artículo. (el aparte subrayado
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-955 de
2000)
La Corte
Constitucional, en la Sentencia C-955 de 2000, por la cual estudió la
exequibilidad del artículo en mención, aseguró que la norma legal estaba acorde
con la Constitución Política en cuanto que representaba una de las
consecuencias del cambio de sistema de financiación de los créditos de vivienda
adoptado por el legislador para aliviar la carga económica provocada por el
sistema anterior. En este sentido, la Corte aseguró lo siguiente:
El artículo 39, que consagra la obligación de los establecimientos
de crédito de ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los
créditos de vivienda individual a largo plazo,
desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley a las
disposiciones previstas en la misma, es apenas una
consecuencia del cambio de sistema, el cual repercute forzosamente en los
contratos que se venían ejecutando.
No se viola la Constitución con el aludido
mandato, toda vez que éste, por su carácter general e imperativo, ajusta al
nuevo orden las relaciones jurídicas establecidas con anterioridad, y ello se
encuentra incluido en la órbita de atribuciones del legislador.
Lo propio puede afirmarse en relación con el
plazo concedido, de 180 días, que para la fecha de esta providencia ya ha
expirado.
También resulta constitucional que, por ministerio de la ley, los
pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos,
se entiendan por su equivalencia en UVR, previa -desde luego- la reliquidación
en los términos precedentes.
El parágrafo primero dispone que la
reliquidación de los créditos no constituye una
novación de la obligación y, por lo tanto, no causará impuesto de timbre. Al respecto, entiende la Corte que se desarrolla por parte del
legislador la atribución de precisar cuál es el alcance jurídico de las
operaciones que regula, introduciendo las precisiones y
modificaciones necesarias al orden jurídico a cuyo amparo las obligaciones
fueron contraídas (art. 150, numeral 1, C.P.), para estructurar el sistema y
asegurar la transición eficiente entre una y otra modalidad de crédito.
Además, en cuanto se consagra una exención
tributaria, también ella es del resorte del Congreso Nacional.
El parágrafo segundo preceptúa que quien a 31 de diciembre de 1999
se encontraba atendiendo un crédito de vivienda que
estuviese a nombre de otra persona natural o jurídica, podrá requerir a las
entidades financieras para que actualicen la información y se proceda a la
respectiva subrogación, siempre y cuando se demuestre tener la capacidad de
pago adecuada. Obtenida la subrogación, señala la norma
que dichos créditos podrán ser objeto de los abonos previstos en la Ley.
No se presta a controversia que el propósito del legislador, en ese
sentido conforme con la Carta Política, es el de hacer prevalecer el derecho sustancial (art. 228 C.P.), haciendo que salga a la luz
una situación jurídica hasta ahora encubierta, consistente en que alguien
pagaba en realidad un crédito pero aparecía como deudor otra persona natural o
jurídica. Es claro que ese deudor puede reclamar los
abonos reconocidos en la Ley a todo deudor en sus mismas circunstancias.
Que tal hecho se haga explícito es legítimo y bajo esa perspectiva
la norma es exequible. (Sentencia C-955 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo)
Recientemente,
la Corte Constitucional, en providencia T-212 de 2004, precisó que el cambio de
denominación de los créditos de vivienda inicialmente pactados en UPAC a UVR
había ocurrido como consecuencia directa de la decisión del legislador, por lo
cual no era viable sostener que su aplicación se hiciera depender de
interpretaciones judiciales. Dijo al respecto la Corte:
Para efectos del presente caso, el artículo 39 de la Ley 546 de
1999, declarado exequible por la Sentencia C-955 de 2000, permiten concluir que
la conversión de los pagarés denominados en UPAC a UVR
no es una cuestión de interpretación judicial sino una decisión que adoptó el
legislador al ordenar que estos pagarés “se entenderán por su equivalencia, en
UVR, por ministerio de la ley”.
De los apartes
transcritos es posible deducir que -en términos generales- la transformación de
los créditos de vivienda en pesos a UVR operó por voluntad de la ley y que por
ello, en el caso concreto, el crédito para vivienda conferido por el BCH y
cedido a Granahorrar en el año 2000, constante en el pagaré de crédito para
comprador en moneda corriente con tasa de interés variable del Banco Central
Hipotecario, adosado a folio 3 del expediente, fue convertido en crédito de UVR
por disposición expresa del legislador y no por una decisión adoptada en abuso
de la posición dominante de la entidad financiera.
Esta conclusión
lleva a la Sala a considerar que en el punto relativo a la conversión del
crédito en pesos a UVR, Granahorrar no contravino el derecho al debido proceso
de la demandante, más todavía si se tiene en cuenta que, en su momento, la
entidad financiera informó a la peticionaria que su crédito sería transformado
a UVRs en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 546 de 1999.
Ciertamente,
mediante oficio remitido a la demandante el 27 de junio de 2000, y que consta a
folio 26 del expediente, los presidentes del Banco Granahorrar y del Banco
Central Hipotecario informaron a la peticionaria que “aunque a la fecha los
alivio de la Ley Marco de Vivienda ya habían sido aplicados, estaba pendiente
la redenominación del crédito a uno de los nuevos sistema de amortización en
UVR autorizados por la Superintendencia Bancaria y la reaplicación de los pagos
efectuados” durante ese año.
La demandante
advierte en el escrito remitido a la Sala Sexta de Revisión con ocasión de la
información solicitada a Granahorrar que el Banco nunca le formuló dicha
solicitud, haciendo ver que el banco nunca le pidió la autorización respectiva,
pero de lo visto se evidencia que la redenominación del crédito ocurrió por
voluntad de la ley y que el Banco le informó oportunamente a la tutelante que
dicho cambio iba a hacerse, por lo que el reclamo tardío, consistente en que la
conversión estaba condicionada a la devolución de las DTF pagadas en exceso
parece inoportuna.
Ahora bien, del
expediente no emerge reclamación alguna en la que conste que, cuando se le
informó de la transformación de su crédito de pesos a UVR, la demandante
hubiera manifestado su descontento con esa decisión. En el expediente reposan
respuestas de Granahorrar a supuestas reclamaciones de la demandante en las que
se explican las condiciones en que tuvo lugar la transformación del crédito,
pero no hay evidencia de una reclamación formal a la entidad en la que se
pusiera de manifiesto que la actora no estuvo de acuerdo con dicha
modificación.
Es más, del
texto de una de las comunicaciones remitidas por el Banco Central Hipotecario,
que consta a folio 24 del expediente, puede inferirse que fue la propia
demandante la que pidió la reliquidación del crédito una vez fue expedida la
Ley 546 de 1999. En efecto, en la comunicación del 15 de febrero de 2000 del
BCH, remitida a Julieta Isabel Mejía Arcila, la entidad le indica –entre otras
cosas- que “En atención a su carta en donde solicita la reliquidación de la
Obligación Hipotecaria N° 001020-7 a su cargo me permito informarle que de
acuerdo con la Ley 546 de Diciembre de 1999, a las obligaciones Hipotecarias
para vivienda vigentes y al día a 31 de diciembre de 1999 como es su caso se
les efectuará la reliquidación de forma automática.”
Aún si lo
anterior no fuera considerado, es innegable que la reclamación judicial de la
demandante se presentó por vía de tutela casi 5 años después de que se le
informara que su crédito iba a ser transformado en UVRs, de acuerdo con el
nuevo sistema de financiación.
En estas
condiciones, la Sala aprecia que, independientemente de la legitimidad de la
decisión que sobre el particular hubiera adoptado Granahorrar, la demandante
formuló su oposición a la medida financiera más de cinco años después,
circunstancia que desvirtúa el principio de inmediatez que deben cumplir las
acciones de tutela.
En efecto, desde
1999, año en que la Corte Constitucional adoptó el principio de inmediatez como
elemento determinante de la procedencia de la acción constitucional, la
Corporación ha venido reiterando en su jurisprudencia que el carácter sumario y
preferente de la tutela se deriva de la necesidad urgente y apremiante de
reparar el perjuicio que se cierne sobre el derecho fundamental o el de evitar
que un peligro inminente lo afecte de manera irremediable.
Por ello, aunque
el paso del tiempo no determina per se la procedencia de la acción, las
circunstancias de tiempo sí son relevantes para establecer si la protección
requerida es viable concede el amparo solicitado. Sobre este particular, la
Corte Constitucional estableció en la Sentencia SU-961 de 1999
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, y como lo sostuvo
la Sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los
arts. 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 (Sentencia C-543 de 1992, M.P. José
Gregorio Hernández), la acción de tutela se puede interponer en cualquier
tiempo, y sería inconstitucional pretender darle un término de caducidad.
La posibilidad de interponer la acción de
tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad.  La
consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el
paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo.  Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este
punto es: ¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin
consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la
violación del derecho fundamental?
Las consecuencias de la premisa inicial,
según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al
aspecto procedimental de la acción, en particular a su admisibilidad, sin
afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo está determinada por los hechos, y dentro de estos puede
ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción, como puede que
sea irrelevante.
(…)
Hay otro supuesto en el cual, sin que se trate de hechos superados,
el tiempo, en conjunto con otros factores, puede jugar
un papel determinante.  Se trata de casos en los cuales la tutela, por no
haberse ejercido dentro de un plazo razonable, vulnera derechos de terceros.
Ello hace que se rompa la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los
derechos fundamentales de las personas.
Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y
fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la
acción de tutela no deba interponerse dentro de un
plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo está determinada por la
finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es
susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha
interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción.
(…)
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que
la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe
ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a
través de un deber correlativo: la interposición
oportuna y justa de la acción.
(…)
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda
la acción de tutela, del mismo modo, es necesario
aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un
término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el caso en que sea la
tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la
Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio
oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos
no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los
casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión.
(Vladimiro Naranjo Mesa)
Tendiendo en
cuenta la tesis de la Corte y descendiendo con ella al caso concreto, esta Sala
encuentra que la tutela de la referencia carece del
elemento de inmediatez exigido por la jurisprudencia para la procedencia de la
acción, pues, a más de 5 años de haberse transformado el crédito en UVR por
parte de Granahorrar, la peticionaria decide impugnar una decisión jurídica de
naturaleza monetaria que, si así se estima ahora,
siempre debió ser considerada ilegítima.
Adicionalmente,
aunque la demandante alega en su escrito de demanda que Granahorrar abusó de su
posición dominante porque convirtió a UVR su crédito de vivienda pactado en
pesos, de la explicación dada a la Corte
Constitucional, con ocasión de la prueba decretada por la Sala de Revisión se
tiene que la demandante plantea reparos en relación con la forma en que se
efectuó la reliquidación, lo cual entra en contradicción con la primera reclamación que consistía en la objeción llana de que el
crédito hubiera sido reliquidado.
Así lo sugiere
la comunicación remitida por la peticionaria a la Sala Sexta de Revisión, en
respuesta a la prueba decretada por esta Corporación, cuando afirma que el Banco incumplió las obligaciones derivadas del contrato de
mutuo celebrado con ella pues la entidad financiera no tuvo en cuenta las
metodologías y equivalencias contenidas en el Decreto 2702 de 1999, regulatorio
de la conversión de los créditos de mutuo en pesos a
UVR, por lo que forzosamente se colige que no se perfeccionaron ni la
redenominación ni la adecuación documental, como tampoco la reliquidación del
crédito en los términos previstos en la ley.
Para a Sala, esta respuesta denota que la demandante
está en desacuerdo con la forma en que se efectuó la reliquidación del crédito,
pues dice que el mismo se hizo en contravía de lo dispuesto en el Decreto 2702
de 1999 y, por lo mismo, indica que la inconformidad de la tutelante reside en
la forma en que se efectuó la reliquidación, tema que
no fue discutido oportunamente ante la entidad financiera, pero que se
contradice con el hecho de que la demandante diga que nunca se le consultó la
conversión del crédito. En últimas, no existe claridad acerca de si la demandante cuestiona la conversión del crédito o la
metodología que se utilizó para dicha conversión.
En este sentido,
la Sala no considera que sea procedente conferir el amparo solicitado por la
tutelante, pues, además de las razones jurídicas
expuestas para justificar la legitimidad del comportamiento financiero de
Granahorrar, la reclamación judicial que por vía de tutela se eleva contra la
entidad financiera ocurre más de cinco años después de habérsele informado a la
tutelante que su crédito iba a ser transformado en UVR.
b) Granahorrar modificó unilateralmente la tasa de interés del
crédito, que inicialmente era del 8.0% más la tasa DTF nominal anual trimestre
anticipado, al 13.92%, más la variación del DTF.
La demandante
sostiene que su derecho al debido proceso ha sido igualmente vulnerado por
Granahorrar en la medida en que la entidad crediticia le transformó la tasa de
intereses del crédito tomado con el BCH, aumentándola del 8.0% al 13.92%.
Granahorrar, por
su parte, explica en la comunicación remitida al juez de primera instancia que
el aumento de la tasa de interés es consecuencia del cambio de sistema
crediticio de vivienda y refleja una equivalencia con los intereses cobrados
bajo el régimen anterior, por lo que, aunque nominalmente existe un incremento
de la tasa, la adopción de la nueva metodología implica una reducción de la
deuda total.
Atendiendo a las
razones de la demandante y de la entidad bancaria, esta Sala considera que el
problema planteado con el incremento de los intereses va de la mano del asunto
de la transformación del crédito de pesos a UVR.
En efecto, tal
como lo indica el Banco, la implantación del nuevo sistema crediticio de
vivienda en el país, que se adoptó por disposición de la Ley 546 de 1999, trajo
consigo la incorporación de una nueva metodología de financiación del crédito
de vivienda. Quizá la reforma más significativa del sistema fue la
desvinculación del DTF del programa de financiación crediticio. Así, mientras
los planes tradicionales vinculaban los intereses a los puntos porcentuales del
DTF, la nueva metodología eliminó esa dependencia, recurriendo en cambio a la
sujeción del crédito al índice de inflación –IPC-.
La
redenominación del crédito de vivienda de pesos a UVR implicó la modificación
de la tasa de interés. Así, en el caso de la demandante, de una tasa del 8.0%,
que se sumaba al DTF, el crédito de vivienda se financió con una tasa del
13.92% que se suma al índice de la UVR, tasa que apenas refleja el índice de
inflación, es decir, no implica ganancia sobre el capital, sino la
actualización del valor adquisitivo de la moneda. Cabe aclarar que el crédito
de vivienda de la demandante no era para vivienda de interés social, por lo que
la tasa del 13.92 era la permitida para ese tipo de deuda.
Por lo anterior,
aunque bajo el nuevo sistema la tasa de interés experimenta un incremento
nominal, el costo del crédito sufre una reducción real, pues el mismo
únicamente se hace depender del índice que refleja la pérdida real del poder
adquisitivo de la moneda y no está vinculado al DTF, que era la razón por la
cual los créditos anteriores a la reforma ascendieron a niveles impagables[6]. De acuerdo con esta
lógica, carecería de sentido que un crédito transformado a Unidades de Valor
Real, dependiente únicamente de la variación del IPC, continuara atado a los
índices del DTF, que es lo que precisamente quiso evitarse.
Lo anterior,
como es obvio, tomando como supuesto el hecho de que el crédito ha sido
convertido a UVR y que tal conversión operó por ministerio de la ley sin que
tan pronto se hizo la conversión la demandante hubiera manifestado su
inconformidad con el procedimiento que ahora impugna.-
Ahora bien,
independientemente de las razones expuestas para considerar que tal reducción
es válida, esta Sala insiste en que la demandante del caso de la referencia
dejó pasar más de 5 años antes de interponer la acción de tutela para obtener
la defensa de sus intereses, con lo cual se ve desfigurado el principio de
inmediatez que debe guiar el amparo constitucional. Así, en punto al cálculo de
los intereses, Granahorrar informó a la demandante, en comunicación del 13 de
noviembre de 2000, que “la tasa de interés de su obligación hipotecaria a
partir del 3 de septiembre del presente año, será como máximo la autorizada por
el Banco de la República, equivalente al 13.92% E. A. para créditos diferentes
de VIS, conforme con lo estipulado en la Circular Externa 014/00, disminución
que verá reflejada en la cuota que debe cancelar en el mes de diciembre”.
Aunque la
demandante elevó posteriormente algunas solicitudes a la entidad, es claro que
la demanda de tutela se presentó 5 años después de que aquella hubiera pagado
las cuotas de su crédito de vivienda a los intereses que le fueron anunciados
en noviembre de 2000 por el banco acusado. En estas condiciones, la Sala
encuentra que la vulneración del derecho al debido proceso, de haber existido,
debió atribuirse a la imposición de una nueva tasa de interés, pero no a las
dificultades económicas que ahora enfrenta la demandante para saldar su deuda.
Ahora bien, la
demandante solicita en su demanda que se apliquen los precedentes
jurisprudenciales consignados por la Corte en la materia, específicamente el
contenido en la Sentencia T-793 de 2004, en donde de la Corporación ordenó al
Fondo Nacional del Ahorro restituir un crédito de vivienda a las condiciones en
que inicialmente había sido pactado por el deudor. No obstante, esta Sala
encuentra que el caso sometido a estudio en la Sentencia T-793 de 2004
planteaba la modificación de las condiciones del crédito de vivienda a un
deudor al que nunca se le informó de dicha transformación. No obstante, en el
caso sub judice, de las pruebas aportadas el proceso es posible
determinar que la demandante sí fue informada de la modificación en las
condiciones de su crédito, modificación a la que aquella pudo oponerse
oportunamente e, incluso, acudir a la protección de la acción de tutela, pero
en su momento.
A lo anterior
cabría agregar que las condiciones de otorgamiento del crédito en el Fondo
Nacional del Ahorro no son las mismas que determinan la adquisición de créditos
en las entidades financieras del sistema general, dado que, como la Corte misma
lo explicó “La distinción entre establecimientos de crédito y el Fondo
Nacional del Ahorro tiene efectos prácticos, ya que a diferencia de aquellos,
el Fondo Nacional de ahorro asigna los créditos con base en un sistema de
puntuación en el que toma en cuenta el ingreso del solicitante y el tiempo que
lleva vinculado a la institución, para, con base en dichos factores, establecer
tanto el monto del crédito como la tasa de interés al que éste estará sujeto[7]. Todo
ello de acuerdo con los propósitos constitucionales que claramente están
vinculados con la razón de ser del Fondo”[8].
c) Granahorrar se abstuvo de abonarle al crédito de la demandante el
alivio decretado por la Ley 546 de 1999
En este punto,
la demandante asegura que Granahorrar abusó de su posición dominante y aplicó
el alivio crediticio otorgado por la Ley 546 de 1999 a una mora inexistente
-que después reconoció como un error- tras lo cual echó para atrás el mismo
alivio pues “como puede observarse en la documentación que aporto, el saldo
del crédito a 31 de diciembre de 1999 luego de la aplicación del beneficio fue
de 107’153.435, 98 y al 2 de enero de 2000, tenía un saldo de 125’5456.464, 54
lo que indica que en dos días el capital aumentó un valor equivalente al
descontado por el alivio”.
Frente a dicha
acusación, Granahorrar asegura que el alivio decretado por la Ley 546 de 1999
fue anunciado a la demandante el 17 de marzo de 2000, mediante comunicación en
la que se le informó que su saldo a 31 de diciembre de 1999 era de $124’768.000
y que al mismo se le aplicaría una reducción de $18’906.761. Granahorrar
asegura que dicha reducción se aplicó inicialmente el 13 de marzo de 2001, pero
que a raíz de un ajuste posterior, se determinó que el alivio debía ascender a
$19’479.950.00, el cual se hizo efectivo el 7 de diciembre de 2001, reportando
un beneficio mayor para el cliente.
Al margen de lo
expuesto por la demandante y la accionada, esta Sala encuentra lo siguiente: el
Banco Central Hipotecario informó a la demandante, mediante comunicación del 17
de marzo de 2000, que su saldo a 31 de diciembre de 1999 era de $124’768.000 y
que al mismo se le haría una reducción de $18’906.761 (folio 25).
Posteriormente, el BCH, mediante comunicación del 9 de mayo de 2001, informa a
la demandante que el Banco ha aplicado al crédito de la referencia el valor de
$13’595.539.90, correspondiente al alivio autorizado por la ley de vivienda
(folio 29). Con posterioridad, el 7 de diciembre de 2001, Granahorrar informó a
la peticionaria que el alivio aplicado al crédito había sido sometido a un
proceso de revisión por la Superintendencia Bancaria, entidad que había
autorizado una reducción de $19.479.950.00, lo cual implicaba un incremento de
$672.772.20 al alivio originalmente liquidado por Granahorrar (folio 30).
Igualmente, la
Sala percibe que en el extracto de los movimientos de cartera en línea, el
crédito de la demandante termina con un saldo final sin reliquidación de
$124’768.000 (folio 33), y empieza el año 2000 con un saldo de $125.546.464.54
(folio 34). No obstante, en una anotación al final en el extracto en línea del
folio 33 indica que el crédito fue liquidado y que el saldo total después de la
liquidación fue de $108’006.435.52
Recopilada la
información precedente, esta Sala entiende que la afirmación de la demandante,
según la cual su crédito fue reliquidado en diciembre de 1999 y dos días
después, en enero de 2000, el alivio de la reliquidación fue reversado, tiene
como sustento la información extraída del extracto en línea consultado por
ella, que figura a folio 33 del expediente, pero no corresponde al alivio
anunciado oficialmente por la entidad crediticia mediante las comunicaciones
del 17 de marzo de 2000 y 9 de mayo y 7 de diciembre de 2001.
No obstante, la
demandante pretende comprometer la voluntad de la entidad financiera con la
anotación final de un extracto que no refleja la intención oficial de
Granahorrar, más todavía cuando el 31 de diciembre de 1999, fecha en la que
aparece la anotación de reliquidación, era una fecha temprana para determinar
cuál sería el alivio concreto decretado para cada crédito, en cumplimiento de
lo dispuesto por la Ley 546 de 1999.
Esta Sala
considera que el monto del alivio por aplicar fue el que oficialmente se comprometió
a hacer la entidad responsable del manejo del crédito, en este caso, el de
$18’906.761, incrementado después a $19’479.950.00, alivio incluso mayor que el
que la demandante sostiene que debió habérsele hecho en los primeros días del
año 2000. Así las cosas, la Sala no considera que el alivio crediticio
decretado por Granahorrar hubiera sido retrotraído a comienzos de 2000, tal
como lo asegura la demandante.
Ahora bien,
sobre el particular, la tutelante dice que su caso es similar al estudiado en
el proceso que culminó con la Sentencia T-006 de 2005 y que por ello es dable
conceder el amparo solicitado. No obstante, visto el contenido de dicha
providencia, esta Sala encuentra que en esa oportunidad la Corte Constitucional
concedió el amparo constitucional a un deudor del sistema de crédito de
vivienda a quien la entidad financiera le había informado sobre la cancelación
de su crédito, a pesar de lo cual posteriormente procedió a cobrarle un saldo
que no había sido informado. Bajo esas condiciones, la Corte aplicó el
principio general del respeto por el acto propio y obligó a la entidad
financiera a dejar sin efectos las actuaciones de cobro subsiguientes.
En el caso
sometido a estudio, por el contrario, la Sala ha determinado que no existe
pronunciamiento del Banco demandado del que pudiera inferirse que éste
manifestó a la demandante, de manera inequívoca y oficial, que aplicaría el
alivio al crédito de vivienda en el monto que se deduce del extracto de finales
de año de 1999, por lo que, aquí, el principio de respeto por el acto propio no
es aplicable. Por el contrario, el compromiso del Banco, reflejado en la
comunicación del 17 de marzo de 2000, fue el de reducir el crédito en
$18’906.671, reducción que luego se incrementó en casi $600.000 a favor de la
deudora y que según el banco se hizo en fechas posteriores.
En efecto, aún
en el caso de admitir que el Banco Granahorrar quedó comprometido por dicha
liquidación y que el abono al crédito fue echado para atrás a principios de
2000, esta Sala encuentra que, tal como lo afirma Granahorrar en la respuesta a
la solicitud enviada por la Sala Sexta de Revisión, al crédito de la demandante
le fue abonada una suma de $18’906.671 por concepto de la reliquidación
derivada de la Ley 546 de 1999, abono que se hizo, no a comienzos de 2000, sino
en marzo de 2001, tras lo cual fue reajustado el 7 de diciembre de 2001 en lo
que había autorizado la Superintendencia Bancaria. Hecha la revisión de las
planillas en las que consta la historia del crédito se tiene que, a folio 87
del expediente, existen dos notas crédito a favor del préstamo de la
demandante, hechas, la primera, por valor de $18’906.671, y la segunda por
valor de $19’479.950.
De acuerdo con
lo expuesto, la Sala tampoco considera que el derecho al debido proceso de la
demandante haya sido desconocido por este aspecto.
d) Improcedencia de la tutela por existencia de proceso ordinario en
curso
Además de las
razones indicadas previamente, por las cuales la Sala considera que el amparo
solicitado no es procedente, de la respuesta de la
entidad bancaria, solicitada en las pruebas por esta Sala de Revisión, se
evidencia también que los argumentos esbozados por la demandante para
cuestionar el comportamiento de Granahorrar, los que denotan la inconformidad de
la demandante con la forma en que se reliquidó su
crédito, son los mismos que actualmente sirven de sustento jurídico a una
demanda por responsabilidad civil extracontractual que la señora Mejía Arcila
inició contra el Banco.
Para la Sala, el
hecho de que la demandante discuta actualmente el
contenido de su obligación dineraria con la entidad bancaria ante la
jurisdicción ordinaria indica -además de lo que se ha dicho- que el asunto
sometido a estudio es objeto de análisis por el juez competente y que, en esa medida, el juez de tutela no puede ingresar a resolver el
conflicto de manera directa, más todavía cuando no se demuestra la existencia
de un perjuicio irremediable.
Claramente, la
demandante esta en posibilidad de seguir pagando sus cuotas mientras discute ante la jurisdicción ordinaria si la reliquidación de su
crédito se hizo según los parámetros legales o si, por el contrario, aquella
desconoció los parámetros fijados por el Gobierno. Sin embargo, atendiendo al
hecho de que tal discusión ya está en camino, el juez
de tutela no es competente para resolver el conflicto.
Igualmente, el
Banco Granahorrar inició proceso ejecutivo en contra de la demandante, en el
que, a manera de excepciones, aquella podría proponer algunas las objeciones
pertinentes que tiene respecto de la indebida
liquidación del crédito. Esta razón, aunada a la existencia del otro proceso,
denotan la improcedencia de la tutela, pues a la luz de la normativa
constitucional pertinente, la acción de tutela resulta improcedente cuando existe otro medio de defensa judicial. En este caso, dicho medio de
defensa está en curso y el juez de tutela no puede interferir en la decisión
del juez ordinario.
e) Satisfacción del derecho de petición de la demandante
Finalmente, la
demandante asegura que Granahorrar desconoció su derecho fundamental de
petición por cuanto no dio respuesta de fondo a las solicitudes elevadas con el
fin de proponer fórmulas de arreglo para su situación crediticia.
La demandante
afirma que Granahorrar no ha dado respuesta a sus peticiones de 19 de agosto de
2004 y del 28 de septiembre del mismo año en las que ha planteado dichas
soluciones, y que la entidad de crédito le dice que para ser escuchada deberá
firmar un documento en el que acepte que no tiene reparo alguno respecto del
abono al crédito de vivienda que el banco le aplicó a su deuda luego de
reliquidarla.
Sobre este
particular, la Sala de Revisión observa que el Banco, en efecto, ha respondido
dos derechos de petición en los que, en primer lugar, rechaza la propuesta de
pago de la peticionaria (folio 69) y, en segundo término, condiciona el estudio
de la propuesta de pago a que la demandante acepte la firma de dos cartas de
compromiso en las que se aquella reconocería que no tiene reparo alguno
respecto del abono que por concepto de reliquidación a que hace referencia la
Ley 546 de 1999 fue aplicado a su crédito hipotecario (folio 75). Estas
respuestas constituyen contestación al derecho de petición de la demandante,
por lo que la Sala no evidencia vulneración del mismo.
No obstante,
para esta Sala, las mismas obstruyen las posibilidades de que la demandante
adelante un proceso de negociación de la deuda con el Banco Granahorrar.
Efectivamente,
la demandante ha tratado de ventilar ante el juez de tutela una discusión que,
a más de jurídica, expone la difícil situación financiera por la que atraviesa.
Igualmente, sus pretensiones son objeto de demanda ante la jurisdicción
ordinaria, misma que tramita un proceso ejecutivo en su contra. En estas
condiciones, la Sala reconoce que sus intenciones frente a Granahorrar son las
de discutir, tal vez en otro escenario distinto al judicial, las diferentes
posturas que tiene frente al crédito de vivienda.
f) Exhortación
Por la razón
anotada, la respuesta de la entidad dificulta la posibilidad de encontrar un
acuerdo directo con ella e impide que los tropiezos financieros que han frenado
el desarrollo normal de esta obligación se resuelvan por vía distinta a la del
proceso judicial. Por ello, en aras de garantizar el acuerdo entre las partes
de este litigio y consciente de que una respuesta como la suministrada por
Granahorrar obstaculiza las posibilidades de arreglo directo al que pudiera
llegarse entre la entidad financiera y la deudora, esta Sala exhortará
al banco demandado que escuche personalmente a la demandante con el fin de que
evalúe las diferentes propuestas que ésta tenga para hacerle, los reclamos que
tenga frente al manejo de su crédito y se llegue a un arreglo que aliviane la
carga económica de la misma.
La Sala
considera que si bien esta decisión no compromete a ninguna de las partes en la
adopción de una alternativa concreta de arreglo, por lo menos las acerca en el
esfuerzo por encontrar una salida a la encrucijada económica que agobia a la
peticionaria y que podría dar lugar a la finalización de los procesos
judiciales ya iniciados.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión  de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E
Primero.- LEVANTAR la suspensión de los
términos, decretada en el proceso de la referencia por auto del 10 de agosto de
2005.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia del 7 de abril de 2005 dictada por el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Armenia-Quindío, que a su vez confirmó la sentencia del
24 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Armenia,
que denegó por improcedente la acción de tutela de la
referencia.
Tercero.- EXHORTAR al Banco Granahorrar
para que cite a una reunión a la señora Julieta Isabel Mejía Arcila con el fin
de que ésta personalmente exponga las objeciones que tiene respecto al manejo
de su crédito, así como las propuestas que tenga para
hacerle en relación con las diferentes alternativas de pago que pudieran
dársele a su crédito de vivienda. La demandante podrá ir acompañada de su
abogado.
Cuarto.- Por Secretaria General, LÍBRESE la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] El Decreto 1593 de 1959, que se expidió con fundamento en el
inciso i) del artículo 1º del Decreto 753 de 1956, fue derogado por el 3º de la
Ley 48 de 1968, razón por la cual no está vigente.
[2] Sentencia T-443 de 1992. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[3] Sentencia de junio 12 de 1969. M.P. Hernán Toro Agudelo.
[4] Sentencia del 7 de julio de 1989. Sección Cuarta. C.P. Consuelo
Sarria Olcos.
[5] Sentencia C-134 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] “En realidad, debe reconocerse que a las
sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, dictadas por esta Corte, y a la expedición
de la Ley acusada antecedieron inocultables síntomas de perturbación social
ocasionada por el aumento exagerado de las tasas de interés, por la vinculación
de la DTF al cálculo de la unidad de poder adquisitivo constante y por la
capitalización de intereses en las obligaciones contraídas con el sector
financiero”. (Sentencia
C-955 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
[7] Sentencia T-822/03 (M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra) Cita a su
vez la Sentencia C-625/98.
[8] Sentencia T-793 de 2004 M.P. Jaime Araújo
Rentería